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Timestamp: 2018-07-19 05:04:29+00:00

Document:
Juana Salinas González
1 SENTENCIA TC/0063/14 República Dominicana EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Referencia: Expediente núm. TC , relativo al recurso de revisión constitucional incoada por Henry Sánchez Castillo o Henry Castillo, contra la Resolución núm , dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha veinte (20) de agosto de dos mil diez (2010). En el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia de Santo Domingo, República Dominicana; a los diez (10) días del mes de abril de dos mil catorce (2014). El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Hermógenes Acosta de los Santos, Justo Pedro Castellanos Khoury, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, Jueces, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos y 277 de la Constitución, 9 y 53 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: Página 1 de 20
2 I. ANTECEDENTES 1. Descripción de la Sentencia recurrida La Resolución núm , objeto del presente recurso de revisión, fue dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en fecha veinte (20) de agosto de dos mil diez (2010). Mediante dicha decisión se declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la Resolución núm. 822/2008, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo. La Resolución previamente descrita fue notificada mediante el Acto núm , de fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil doce (2012), instrumentado por el ministerial Alfredo Otáñez Mendoza, alguacil de estrados de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. 2. Presentación del recurso en revisión En el presente caso, Henry Sánchez Castillo o Henry Castillo interpuso un recurso de revisión contra la referida sentencia núm , mediante escrito de fecha siete (7) de noviembre de dos mil doce (2012) y remitido a este tribunal el veinticuatro (24) de enero de dos mil trece (2013). Los alegatos en los cuales se fundamenta el recurso se expondrán más adelante. El recurso de revisión fue notificado mediante el Acto núm. 270/12, de fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil doce (2012), instrumentado por el ministerial Aldrin Daniel Cuello Ricart, alguacil de estrado de la Suprema Corte de Justicia. Página 2 de 20
3 3. Fundamentos de la sentencia recurrida El tribunal que dictó la sentencia recurrida decidió lo siguiente: Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Henry Castillo, contra la resolución dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 13 de noviembre de 2008, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de la presente resolución; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas del proceso; Tercero: Ordena que la presente resolución sea notificada a las partes. Los fundamentos dados por dicho tribunal son los siguientes: Atendido, que el artículo 426 del Código Procesal Penal limita los fundamentos por los cuales la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia pueda declarar la admisibilidad de los recursos de casación, al disponer que éste procede exclusivamente por la inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de orden legal, constitucional o contenidas en los pactos internacionales en materia de derechos humanos, en los siguientes casos: 1. Cuando en la sentencia de condena se impone una pena privativa de libertad mayor a diez años; 2. Cuando la sentencia de la Corte de Apelación sea contradictoria con un fallo anterior de ese mismo tribunal o de la Suprema Corte de Justicia; 3. Cuando la sentencia sea manifiestamente infundada; 4. Cuando están presentes los motivos del recurso de revisión; Atendido, que de la evaluación de los motivos en que el recurrente apoya su recurso de casación, de los hechos relatados y del análisis de la decisión impugnada, se desprende que el presente recurso resulta inadmisible, por no estar comprendido dentro de las causales Página 3 de 20
4 establecidas en el artículo 426 del Código Procesal Penal. 4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión El recurrente en revisión constitucional pretende que se anule la resolución recurrida y, para justificar dichas pretensiones, alega en síntesis, lo siguiente: a. Fundamentó su recurso en que se le violó su derecho a recurrir al declarar inadmisible el recurso de apelación. (véase página 5 sentencia Sala Penal SCJ). b. Con la sentencia recurrida se incurrió en infracciones al principio-valorderecho a la igualdad (Art. 39 CRD), derecho a una justicia accesible y oportuna (art CRD), el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable (69.2 CRD); el respeto al derecho de defensa (art CRD); el derecho a la motivación de la sentencia (art. 40.1); y el derecho a un recurso efectivo (art. 69.9) y 149, párrafo III de la CRD). c. La declaratoria de inadmisibilidad emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en relación con el recurso de casación interpuesto por el señor Henry Sánchez Castillo ha producido a este la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso (acceso a la justicia, al derecho de defensa, al recurso efectivo y al derecho a la igualdad) que intenta proteger el artículo 69 de la Constitución dominicana, ocasionándole que fuera condenado definitivamente a una pena injusta e ilegal de treinta (30) años de reclusión mayor. d. Que la vulneración al derecho al acceso a la justicia, al derecho a la igualdad y a un recurso de apelación efectivo pudo haber sido subsanada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia si hubiera admitido el recurso Página 4 de 20
5 de casación interpuesto por el señor Henry Sánchez Castillo, debido a que dicho recurso contaba con los méritos formales requeridos por el artículo 426 del Código Procesal Penal, en virtud de que la declaratoria de inadmisibilidad producida por la Corte de Apelación, que se pretendía anular con el recurso de casación, fue originada obviando el principio de transparencia versus oscurantismo que rige el derecho de acceso a la justicia, mediante el cual los operadores de la administración de justicia están en la obligación de solventar la falta de información existente en los diferentes actores procesales respecto a un procedimiento establecido, en este caso particular una resolución, máxime si la interpretación dada en principio a la Resolución núm. 1733/2005, tanto por las secretarías de las oficinas de jurisdicción permanente, en este caso la correspondiente al Departamento Judicial de Santo Domingo, como por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de dicho departamento judicial, fue la accesibilidad del depósito de los recursos de apelación y casación ante dicha oficina. Muestra de ello son los casos siguientes: 1. Caso núm , recurrente Henry Soriano Coste, depositado ante la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Departamento Judicial de Santo Domingo en fecha dieciséis (16) del mes de julio de dos mil siete (2007), a las 8:05 horas de la noche, contra la Sentencia núm , de fecha ocho (8) de junio de dos mil siete (2007), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de Santo Domingo, el cual fue declarado admisible mediante la Resolución núm , en fecha veintisiete (27) de agosto de dos mil siete (2007); y 2. Caso núm , recurrente Ramón Antonio Santa Ramírez, depositado ante la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Departamento Judicial de Santo Domingo en fecha veinticuatro (24) de marzo de dos mil ocho (2008), a las 7:10 horas de la noche contra la Sentencia núm , de fecha cinco (5) de febrero de dos mil ocho (2008), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de Santo Domingo, el cual fue declarado Página 5 de 20
6 admisible mediante la Resolución núm , en fecha catorce (14) de mayo de dos mil ocho (2008). e. La Sala Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, así como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, al abocarse a decidir los recursos depositados por el hoy accionante, debieron sopesar que al momento de depositar el primero por ante la Oficina Judicial de Atención Permanente en fecha dos (2) de octubre de dos mil ocho (2008), siendo aproximadamente las 5:36 p.m., estaba dentro del último día del vencimiento del plazo previsto en el artículo 418 del Código Procesal Penal, ya que la decisión le había sido notificada a su defensora en fecha dieciocho (18) de septiembre de dos mil ocho (2008), que conforme a lo previsto en el artículo 413 de la indicada norma vencía a las doce de la noche, y por demás, que la Secretaría del Primer Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de Santo Domingo había cerrado en el horario regular en el que funcionan todos los tribunales del orden judicial, es decir, a las 4:30 p.m., en consecuencia, el único tribunal disponible para garantizar lo establecido en la norma procesal referida era la Secretaría de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ya que no hubo renuncia ni abreviación al plazo conferido a favor del hoy accionante (Art. 144 CPP), por lo que el no depósito en la Secretaría del tribunal de primer grado no podía derivar en una afectación negativa, cuando no se habían creado las condiciones necesarias para que el mismo estuviera disponible para tal actuación dentro del plazo conferido por la norma a favor del hoy accionante. f. Además habría que apreciar en su justa dimensión que al señor Henry Sánchez Castillo en ningún momento le fue notificada la Sentencia núm. 345/2008, de primer grado, en la Penitenciaría Nacional La Victoria, recinto en el que se encontraba y aún permanece privado de libertad, y que este tampoco había hecho elección de domicilio en la oficina procesal de su Página 6 de 20
7 abogada apoderada, lo cual se comprueba con la certificación expedida en fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil doce (2012) por la secretaria Anelsa Darlina Rosario Mejía, de la Sala Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, lo cual ha sido consignado como requisito en la Sentencia núm. 1, de fecha cuatro (4) de julio de dos mil siete (2007), de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, al indicar que: ( ) para que sea considerada regular y válida la notificación de una sentencia realizada en manos del abogado apoderado o defensa técnica de la parte interesada, se requiere que ésta haya efectuado fijación de domicilio procesal en la dirección correspondiente a su abogado constituido, lo cual necesariamente debe hacerse mediante escrito firmado por la referida parte, no evidenciándose autorización escrita a tales fines en el caso de la especie. 5. Hechos y argumentos jurídicos del recurrido en revisión Los recurridos, señores Moisés Esteban Saldaña y Milagros Enerio, no depositaron escrito de defensa, a pesar de que el recurso de revisión constitucional que nos ocupa les fue notificado el veintinueve (29) de noviembre de dos mil doce (2012). 6. Pruebas documentales Los documentos más relevantes depositados en el trámite del recurso de revisión constitucional que nos ocupa, son los siguientes: a. Certificación núm , de fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil doce (2012), suscrita por Anelsa Darlina Rosario Mejía, secretaria de la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial Página 7 de 20
8 de Santo Domingo, Despacho Judicial Penal de la Provincia Santo Domingo, mediante la cual se hace constar que la Sentencia , de fecha once (11) de agosto de dos mil ocho (2008), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo fue notificada en manos de la señora Rosmery Jiménez, por la señora Deonelys M. Valenzuela Báez, supervisora de la Unidad de Citaciones, Notificaciones y Comunicaciones Judiciales del indicado despacho judicial, en fecha dieciocho (18) de septiembre de dos mil ocho (2008), a la 1:40 p. m. b. Resolución núm. 822/2008, de fecha trece (13) de noviembre de dos mil ocho (2008), dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, que declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el hoy recurrente, por no cumplir con las formalidades del artículo 418 del Código Procesal Penal. c. Acto núm. 270/12, de fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil doce (2012), instrumentado por el ministerial Aldrin Daniel Cuello Ricart, Alguacil de Estrado de la Suprema Corte de Justicia, mediante el cual fue notificado por el hoy recurrente el recurso de revisión a los recurridos, los señores Moisés Esteban Saldaña y Milagros Enerio. d. Resolución núm , de fecha veinte (20) de agosto de dos mil diez (2010), dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por el hoy recurrente por no estar comprendido dentro de las causales establecidas en el artículo 426 del Código Procesal Penal. Página 8 de 20
9 II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL 7. Síntesis del conflicto En el presente caso, según los documentos depositados, los hechos y argumentos invocados por la recurrente, el conflicto se origina con ocasión de la Sentencia núm. 822/2008, de fecha once (11) de agosto de dos mil ocho (2008), dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de Santo Domingo que condena al señor Sánchez Castillo o Henry Castillo a 30 años de reclusión mayor. Dicha sentencia fue recurrida en apelación ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, la cual fue declarada inadmisible por haber sido depositada ante un tribunal distinto al que dictó la sentencia impugnada, contrario a lo dispuesto por el artículo 418 del Código Procesal Penal. Esta última decisión fue recurrida en casación, recurso que también fue declarado inadmisible mediante la decisión objeto del recurso que nos ocupa. 8. Competencia El Tribunal Constitucional se declara competente para conocer del presente recurso de revisión constitucional de sentencia, en virtud de lo que establecen los artículos y 277 de la Constitución y 53 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional a. Previo a referirnos a la admisibilidad del presente recurso conviene indicar que de acuerdo con los numerales 5 y 7 del artículo 54 de la referida Página 9 de 20
10 Ley núm , el Tribunal Constitucional debe emitir dos decisiones; una para decidir sobre la admisibilidad o no del recurso, y la otra, en el caso de que sea admisible, para decidir sobre el fondo de la revisión constitucional de la sentencia; sin embargo, en la Sentencia TC/0038/2012, del 13 de septiembre de 2012, se estableció que en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal solo debía dictarse una sentencia, criterio que el Tribunal reitera en el presente caso. b. El recurso de revisión constitucional procede, según lo establecen los artículo 277 de la Constitución y el 53 de la Ley núm , contra las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada después de la proclamación de la Constitución del 26 de enero de En el presente caso se cumple el indicado requisito, en razón de que la decisión recurrida fue dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de c. Las causales que justifican el recurso que nos ocupa son la siguientes: 1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional, y 3) cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental. d. En el presente caso, el recurso se fundamenta en la violación al derecho a recurrir que le asiste a las partes en el proceso, es decir, que se está invocando la tercera causal indicada en el párrafo anterior, caso en el cual, según el mismo artículo 53, el recurso procederá cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya Página 10 de 20
11 tomado conocimiento de la misma; b)que se hayan agotado todos 1os recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada; c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión de1 órgano jurisdiccional, con independencia de 1os hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar. e. En la especie se cumplen los requisitos indicados en el párrafo anterior, ya que la violación al derecho a recurrir puede ser, eventualmente, imputable al tribunal que dictó la sentencia recurrida en casación. Por otra parte, dicha violación fue invocada ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, según consta en el recurso de casación. Por último, la sentencia objeto del recurso de revisión que nos ocupa no es susceptible de recursos en el ámbito del Poder Judicial, ya que fue dictada por una de las salas de la Suprema Corte de Justicia y mediante ella se declaró inadmisible el referido recurso de casación. f. La admisibilidad del recurso de revisión constitucional está condicionado, además, a que exista especial transcendencia o relevancia constitucional, según el párrafo del mencionado artículo 53 y corresponde al Tribunal la obligación de motivar la decisión en este aspecto. g. De acuerdo con el artículo 100 de la Ley núm , que el Tribunal Constitucional estima aplicable a esta materia, la especial transcendencia o relevancia constitucional ( ) se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y concreta protección de los derechos fundamentales. La referida noción, de naturaleza abierta e indeterminada, fue Página 11 de 20
12 definida por este tribunal en la Sentencia TC/0007/12, del 22 de marzo de h. El Tribunal Constitucional considera que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que resulta admisible dicho recurso y el Tribunal Constitucional debe conocer su fondo. La especial transcendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del fondo permitirá delimitar el alcance del derecho a recurrir. 10. El fondo del presente recurso de revisión de decisión jurisdiccional a. En el presente caso, el señor Henry Sánchez Castillo fue sometido a la acción de la justicia acusado de haber violado los artículos 295, 296, 297, 265, 267 y 302 del Código Procesal Penal; 39 de la Ley núm. 36, sobre Porte y Tenencia de Armas de Fuego, del 17 de octubre de 1965, y 3 y 12 de la Ley núm , que crea el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, del 22 de julio de El referido proceso fue conocido por el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia de la provincia Santo Domingo, tribunal que declaró culpable al señor Henry Sánchez Castillo de violar los indicados textos legales y lo condenó a 30 años de reclusión mayor y al pago de las costas del procedimiento, mediante la sentencia núm. 345/2008, de fecha once (11) de agosto de dos mil ocho (2008). b. El señor Henry Sánchez Castillo recurrió la Sentencia núm. 345/2008, ante la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo. Dicho recurso fue declarado inadmisible mediante la sentencia dictada el treinta (30) de abril de dos mil nueve (2009). c. El tribunal de apelación declaró inadmisible el referido recurso de apelación en razón de que fue depositado ante la Oficina Judicial de Servicios Página 12 de 20
13 de Atención Permanente, y no en la Secretaría del tribunal que dictó la sentencia recurrida, en la especie el Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo, como lo indica la ley. Dicho tribunal sustenta su sentencia en el artículo 418 del Código Procesal Penal, texto según el cual: La apelación se formaliza con la presentación un escrito motivado en la secretaría del juez o tribunal que dictó la sentencia, en el término de diez días a partir de su notificación. En el escrito de apelación se expresa concreta y separadamente cada motivo con sus fundamentos, la norma violada y la solución pretendida. Fuera de esta oportunidad, no puede aducirse otro motivo. Para acreditar un defecto del procedimiento el recurso versará sobre la omisión, inexactitud o falsedad del acta del debate o de la sentencia, para lo cual el apelante presenta prueba en el escrito, indicando con precisión lo que pretende probar. d. La referida sentencia fue objeto de un recurso de casación, el cual se fundamentó en el medio de casación siguiente: Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada; a que la Sala Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, al declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el recurrente bajo los alegatos de que la decisión objeto del recurso de apelación no era propia de la fase de investigación y que la misma provenía de un juzgado de primera instancia y que si depósito ante la jurisdicción permanente, un tribunal distinto al que dictó la sentencia impugnada invalida su recurso por ser contrario a las disposiciones del artículo 418 del Código Procesal Penal; resulta que esta situación lesiona el derecho a recurrir del imputado Henry Castillo, ya que como se puede evidenciar la Corte a-qua hace una Página 13 de 20
14 cuestionable discriminación con otros procesos y no respondió conforme al voto de la ley lo solicitado por el recurrente negándole el derecho al acceso a la jurisdicción de segundo grado como se condiga en nuestra constitución política y en la ley adjetiva vigente. e. El referido recurso de casación fue declarado inadmisible por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por la razón siguiente: la evaluación de los motivos en que el recurrente apoya su recurso de casación, de los hechos relatados y del análisis de la decisión impugnada, se desprende que el presente recurso resulta inadmisible, por no estar comprendido dentro de las causales establecidas en el artículo 426 del Código Procesal Penal. f. El recurrente en revisión pretende la anulación de la sentencia recurrida, en el entendido de que tanto la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia violaron el derecho a recurrir y el derecho de acceso a la justicia al declarar inadmisible el recurso de apelación y el de casación de referencia. g. Sostiene el recurrente que la sentencia recurrida en apelación le fue notificada el dieciocho (18) de septiembre de dos mil ocho (2008) a la 1:40 p.m. (véase la Certificación núm emitida por la Secretaría de la Sala Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo). Fundamentado en la indicada certificación el recurrente alega que el plazo de 10 días para recurrir, previsto en el artículo 418 del Código Procesal Penal, venció el dos (2) de agosto de dos mil ocho (2008), específicamente a las 12:00 P. M. en aplicación de lo que dispone el artículo 143 del mismo código, texto según el cual: Los actos procesales deben ser cumplidos en los plazos establecidos por este código. Los plazos son perentorios e improrrogables y vencen Página 14 de 20
15 a las doce de la noche del último día señalado, salvo que la ley permita su prórroga o subordine su vencimiento a determinada actividad o declaración. Los plazos determinados por horas comienzan a correr inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento que fija su iniciación, sin interrupción. Los plazos determinados por días comienzan a correr al día siguiente de practicada su notificación. A estos efectos, sólo se computan los días hábiles, salvo disposición contraria de la ley o que se refiera a medidas de coerción, caso en el que se computan días corridos. Los plazos comunes comienzan a correr a partir de la última notificación que se haga a los interesados. h. El recurso de apelación fue depositado en la Secretaría de la Oficina de Atención Permanente a las 5:46 p.m. del dos (2) de agosto de dos mil ocho (2008), de manera que estaba dentro del plazo. Dicho recurso no fue depositado en la Secretaría del tribunal que dictó la sentencia recurrida en apelación porque al igual que las secretarías de todos los tribunales, funciona hasta las 4:30 p.m. i. Lo anterior, según sostiene la recurrente, constituye una situación de urgencia que debió tomar en cuenta el tribunal de apelación así como la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia; y sin embargo, prefirieron declarar inadmisible los recursos y, en consecuencia, conculcar el derecho a recurrir y el derecho de acceso a la justicia. j. El Tribunal Constitucional considera que el recurso de apelación que nos ocupa fue interpuesto dentro del plazo previsto en la ley y que el recurrente no tenía la posibilidad de depositarlo ante la Secretaría del tribunal que dictó la sentencia recurrida, en razón de que se encontraba cerrada por haber concluido las labores del día. Ante tal circunstancia, el recurrente no tenía otra Página 15 de 20
16 alternativa que depositarlo en la Oficina de Atención Permanente, órgano que funciona las 24 horas del día, precisamente para atender los casos de urgencia como el que nos ocupa. k. En este orden, conviene destacar que según el artículo 14 de la Resolución núm , de fecha quince (15) de septiembre de dos mil cinco (2005), el recurso de apelación puede ser depositado en la Secretaría de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente cuando, como ocurre en el presente caso, dicho depósito se haga el último día hábil para recurrir en horario de 3:30 p.m. a 11:30 p.m. En efecto, en el referido texto se establece que: Recepción de documentos judiciales. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente recibirá exclusivamente aquellos documentos judiciales sujetos a plazos perentorios de conformidad con las disposiciones del artículo 143 del Código Procesal Penal. A esos fines se facilitará el servicio de recepción mediante buzón con sello electrónico para registrar la fecha de presentación del documento judicial. La reglamentación para la utilización del servicio de buzón quedará a cargo de la Suprema Corte de Justicia. Hasta tanto se habilite el buzón, como medida de economía procesal, será obligación del secretario de turno entre las 3:30 P. M. y 11:30 P. M. recibir y tramitar sólo los siguientes documentos: Contestación a la acusación; Recursos de apelación de las decisiones del Juez de la Instrucción; Presentación de acusación y cualquier otro acto conclusivo al tenor del artículo 150 del Código Procesal Penal; Requerimiento de acto conclusivo presentado por parte de la víctima y del Ministerio Público, al tenor del artículo 151 del Código Procesal Penal; Recursos de oposición fuera de audiencia, apelación o de casación. Párrafo. En todo caso, la recepción del documento se encuentra Página 16 de 20
17 limitada a aquellos asuntos que deban tramitarse ante el mismo distrito judicial en que debe ejercerse el recurso o llevarse a cabo la diligencia. La secretaría sólo recibirá los recursos o actuaciones en el horario de 3:30 de la tarde a 11:30 de la noche cuando se trate del día de vencimiento para el ejercicio del mismo. Acto seguido los inscribirá en un Registro de Documentos Judiciales Recibidos destinado a esos fines. Será obligación del secretario realizar todas las diligencias necesarias para que, a primera hora del día siguiente de haber recibido los documentos, éstos sean tramitados a los juzgados correspondientes. l. No obstante lo anterior, el recurso de casación interpuesto por el señor Henry Sánchez Castillo fue declarado inadmisible mediante la sentencia recurrida, en el entendido de que las causales previstas no se configuraban en el artículo 426 del Código Procesal Penal. m. Según el referido artículo 426: El recurso de casación procede exclusivamente por la inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de orden legal, constitucional o contenidas en los pactos internacionales en materia de derechos humanos en los siguientes casos: 1) cuando en la sentencia de condena se impone una pena privativa de libertad mayor a diez años; 2) cuando la sentencia de la Corte de Apelación sea contradictoria con un fallo anterior de ese mismo tribunal o de la Suprema Corte de Justicia; 3) cuando la sentencia sea manifiestamente infundada; 4) cuando están presentes los motivos del recurso de revisión. n. Contrario a lo decidido por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional considera que el recurso de casación era admisible, en razón de que el recurso de apelación que fuera declarado inadmisible fue interpuesto contra la Sentencia núm , dictada por el Página 17 de 20
18 Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de Santo Domingo el once (11) de agosto de dos mil ocho (2008), condenó al señor Henry Sánchez Castillo a 30 años de reclusión mayor, es decir, a una condena mayor de 10 años de reclusión mayor, que es uno de los requisitos previstos en el texto objeto de interpretación. Por otra parte, la sentencia recurrida en casación es manifiestamente infundada, ya que declara inadmisible un recurso de apelación interpuesto dentro del plazo previsto en la ley, por el hecho de que no se depositó en la Secretaría del Tribunal que dictó la sentencia recurrida, sin tomar en cuenta que materialmente no era posible que se depositara ante dicho órgano, ya que este último no estaba laborando cuando el recurrente fue a depositar su escrito, como lo establece la ley. Además de lo anterior, según el referido artículo 14 de la Resolución núm , el recurso de apelación que se deposita en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente es regular y válido cuando se deposita el día en que vence el plazo para recurrir como, precisamente, ocurrió en la especie. o. El Tribunal Constitucional debe, cuando anula una sentencia, devolver el expediente ante la jurisdicción que dictó la sentencia recurrida con la finalidad de que el caso sea fallado con estricto respeto a la Constitución, en aplicación de lo que establece el artículo de la Ley núm Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Ana Isabel Bonilla Hernández, Víctor Joaquín Castellanos Pizano y Víctor Gómez Bergés, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Página 18 de 20
19 Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional DECIDE: PRIMERO: ACOGER, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de sentencia interpuesto por el señor Henry Sánchez Castillo o Henry Castillo, contra la Resolución núm , dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha veinte (20) de agosto de dos mil diez (2010). SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso descrito en el ordinal anterior, y, en consecuencia, ANULAR la Resolución núm , dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha veinte (20) de agosto de dos mil diez (2010). TERCERO: DISPONER el envío del referido expediente a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, con la finalidad de que conozca el recurso de casación interpuesto por el señor Henry Sánchez Castillo o Henry Castillo, en fecha tres (3) de diciembre de dos mil ocho (2008), contra la resolución dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, el trece (13) de noviembre de dos mil ocho (2008). CUARTO: DECLARAR el presente proceso libre de costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011). Página 19 de 20
20 QUINTO: ORDENAR la remisión del presente expediente a la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia para que esta a su vez lo envíe a la Segunda Sala de ese alto Tribunal, para los fines de lugar. SEXTO: COMUNICAR esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, al recurrente, Henry Sánchez Castillo o Henry Castillo; y a los recurridos, señores Moisés Esteban Saldaña y Milagros Enerio. SÉPTIMO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional. Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año anteriormente expresados, y publicada por mí, Secretario del Tribunal Constitucional, que certifico. Julio José Rojas Báez Secretario Página 20 de 20

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 artículo 426
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 artículo 69
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 artículo 418
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 artículo 426
 artículo 418
 artículo 54
 artículo 277
 resolución 
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 100
 artículo 418
 artículo 418
 artículo 426
 artículo 418
 artículo 143
 artículo 14
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