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Timestamp: 2018-08-15 19:03:12+00:00

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Daa y la minería quimsacocha web2 by FIAN Ecuador - Issuu
El Derecho a la Alimentación y las Implicaciones de la Minería a Gran Escala en Quimsacocha
Análisis de casos en defensa del Derecho a la Alimentación en Ecuador
FIAN Ecuador FIAN Internacional es una organización no gubernamental que tiene como objetivo fundamental la defensa del Derecho a la Alimentación, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Fundada en 1986 en Alemania, la organización tiene hoy secciones nacionales en África, Asia, América del Sur y Europa, y miembros procedentes de más de 50 países. Cuenta con un estatus consultivo ante las Naciones Unidas. Es una organización sin ánimo de lucro y sin filiación política o religiosa. Desde su creación en 2006, FIAN Ecuador se dedica a la vigilancia del Derecho Humano a la Alimentación en Ecuador. FIAN analiza, documenta y da seguimiento a casos de violaciones al Derecho Humano a la Alimentación Adecuada a través de mecanismos de exigibilidad e incidencia política y jurídica; a fin de que los Estados cumplan las obligaciones emanadas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Realiza trabajo de capacitación y formación sobre Derecho a la Alimentación a la sociedad civil, autoridades estatales y público en general. En el sistema de Naciones Unidas, y en otros sistemas de derecho internacional, aboga por el respecto de los Derechos Humanos con el objetivo de fortalecer y mejorar la protección de los mismos. Para mayor información, póngase en contacto con:
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Autora: Nataly Torres Guzmán1 Cartografía y datos estadísticos: Paola Maldonado Tobar2 Revisión: Lina Cahuasquí Carlos Pérez – Ecuarunari Contribuciones: Enith Flores Diseño e Impresión: Ekseption Publicidad Fotos: Archivos FIAN Ecuador Archivos FOA Con el apoyo de: MISEREOR Pan Para Todos Forum Syd
Economista y máster en Desarrollo Territorial Rural, responsable del Programa de Exigibilidad y Monitoreo de Políticas Públicas en FIAN Ecuador. 2 Ingeniera geógrafa e investigadora en FLACSO Ecuador – Maestría de Desarrollo Territorial Rural. Miembro del Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador.
Grupo de mujeres Sumak Warmi
Gloria Zhingre
Centro de Sanación Casaloma
Parroquias Tarqui y Victoria del Portete
Hilda Quizphe
Carmen Pugo
Campesinas e Indígenas del Azuay (F.O.A)
Efrén Arévalo
Angel Saquipay
María Virginia Pulla
Bernardo Guamán
Myriam Chuchuca
Angelita Loja
Elena Tacuri
Ermelinda Guamán
Tránsito Rumipulla
Ana Rumipulla
El Derecho a la Alimentaci贸n y las Implicaciones de la Miner铆a a Gran Escala en Quimsacocha
Aspectos metodológicos	10
Capítulo 1: Los Derechos Humanos con énfasis en el Derecho a la Alimentación
Capítulo 2: Diagnóstico del territorio de Quimsacocha desde los actores locales	17
13 Adecuada, como una herramienta de lucha y defensa del territorio	15	Los conflictos por los recursos naturales: El caso del agua
Contexto en el Ecuador continental	17
Cobertura vegetal y usos del suelo en Quimsacocha	19
División hidrográfica y concesiones de agua	22 Áreas de conservación ambiental	27 Presiones sobre el territorio de Quimsacocha: la minería a gran escala	31 Vulnerabilidad de territorio de Quimsacocha por el proyecto minero “Loma Larga”	34
Viabilidad económica del proyecto “Loma Larga”	37
Capítulo 3: Violación y vulneración de los Derechos Humanos: El caso del Derecho a la Alimentación Adecuada y al Agua
Derechos de la comunidades a la consulta sobre toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente	43 Derecho a la Alimentación Adecuada	50
Situación de los defensores y defensoras de los Derechos Humanos	52
Capítulo 4: Estrategias de las comunidades, juntas de agua y organizaciones sociales en contra del proyecto minero “Loma Larga”
Estrategias organizativas en defensa de Quimsacocha	61
Lazos nacionales e incidencia internacional	65
Acciones jurídicas de defensa del territorio	67
Situación actual de las organizaciones	70
A partir del establecimiento de la minería en Quimsacocha, las comunidades localizadas en la cuenca baja de este humedal han realizado una serie de actividades en rechazo del proyecto minero conocido actualmente como “Loma Larga”. La lucha de las comunidades campesinas se ha constituido como un caso emblemático de resistencia y conflicto socio-ambiental a nivel nacional como internacional. FIAN Ecuador, con el objetivo de vigilar y exigir el cumplimiento del Derecho a la Alimentación Adecuada –DaA– presenta el siguiente informe que aborda sobre la minería y el Derecho a la Alimentación en Quimsacocha. El objetivo de esta investigación es evaluar las amenazas a este territorio y el derecho a la alimentación de las poblaciones aledañas por la posible explotación minera. Este estudio pretende generar espacios para el debate académico y una posible incidencia de política pública. Para la elaboración de este informe se contó con la participación de organizaciones sociales y habitantes de las parroquias Tarqui y Victoria del Portete, quienes reconstruyeron los límites y la memoria colectiva con respecto al humedal. Además, se recurrió a fuentes secundarias e informes oficiales. El documento está distribuido de la siguiente manera. En la primera parte, se analiza las características ecológicas, sociales y culturales, así como el “territorio de sacrificio” para la minería en Quimsacocha. Luego, se analiza la violación y vulneración de los derechos humanos con énfasis en el derecho a la alimentación adecuada y el agua en Quimsacocha. Posteriormente, se describir los alcances de las formas de resistencia organizativa, jurídica, ambientales y políticas por parte de las comunidades, juntas de agua y organizaciones sociales a partir de la movilización social contra la minería. Finalmente, se presenta las conclusiones respectivas.
l territorio de Quimsacocha, o Kimsakocha (en kichwa)3, está localizado en la Cordillera Occidental de los Andes, al sur del Ecuador. Se ubica en la provincia del Azuay, en los cantones Cuenca, Girón y San Fernando. Este territorio comprende una superficie total de 10 226,85 hectáreas pertenecientes a las comunidades aledañas. En el año 2001, la empresa canadiense IAMGOLD obtuvo la adjudicación de gran parte de este territorio comunal para realizar trabajos de exploración minera.
En este informe, se utiliza el término “Quimsacocha” debido a los registros de información oficial e histórica. Sin embargo, por cambios recientes en el idioma kichwa, esta palabra se escribe como “Kimsakocha”, que significa “Tres Lagunas”.
Aspectos metodológicos Para el presente informe se utilizó, como instrumento de análisis, tres variables claves: territorio, violación de derechos humanos con énfasis en el derecho a la alimentación adecuada y estrategias locales contra la minería. La metodología consistió en la recopilación de información de fuentes primarias y secundarias.
La recopilación de información primaria se realizó mediante el recorrido de campo en Quimsacocha y las parroquias de Tarqui y Victoria del Portete, que consistió en: mapeo participativo, entrevistas a actores claves y grupos focales. Para ello, se realizó tres visitas a las zonas de estudio, como se detalla a continuación:
Visita 1. Acercamientos con los actores locales y socialización de la investigación. Establecimiento de acuerdos en cuanto a agenda de visitas, personas que acompañarán el proceso de recopilación de información. Visita 2. Mapeo participativo como elemento fundamental de reconstrucción colectivo e integral del territorio de estudio. Recorrido por las parroquias San Gerardo (Girón) y Victoria del Portete (Cuenca), y el humedal de Quimsacocha. Visita 3. Entrevistas abiertas y grupo focal para retroalimentación de la información. Las fuentes de información secundaria provienen de la revisión bibliográfica de estudios técnicos, cartografía existente, revisión de diarios locales y nacionales, tesis, publicaciones, documentos públicos y escrituras públicas. Las principales instituciones que proporcionaron información cartográfica para esta investigación son: Dirección Provincial del Azuay del Ministerio del Ambiente de Ecuador, Agencia de Regulación y Control Minero del Azuay, Demarcación Hidrográfica del Santiago de SENAGUA, Gobierno Provincial del Azuay, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y Ministerio del Ambiente. Dicha información fue unificada y georreferenciada (en los casos que eran necesarios) para poder integrar todo en un sistema de información geográfica (SIG) usando el datum WGS-84, zona 17 Sur. Se usó cartografía base a escala 1:50.000 del Instituto Geográfico Militar y la División Político Administrativa del INEC. Las unidades de análisis son el territorio de Quimsacocha y las 7 parroquias que le rodean. De ellas, 6 cortan el territorio y 1 queda fuera, pero está dentro de la zona de influencia, como se describe más adelante. Con esta información se realizaron los análisis respectivos para presentar una descripción del territorio y estadísticas de distintos temas de interés. La sistematización de esta información se realizó en tres momentos: 1.	El territorio como unidad de análisis y estrategia de defensa de los Derechos Humanos El territorio constituye un instrumento para la reconstrucción del conocimiento a través de los actores locales quienes generaron la demarcación de Quimsacocha, identificaron sus potencialidades, cosmovisión, usos y amenazas. Mientras tanto, el “territorio de sacrificio” es analizado a partir de las presiones sobre Quimsacocha por el desarrollo de un proyecto minero. Los aspectos importantes de este análisis constituye: la creación de infraestructura minera (vías de acceso, campamentos, pozos, entre otros) y cambios del uso de suelo, posibles amenaza y vulnerabilidad del territorio frente al desarrollo del proyecto minero.
2.	Las violaciones y vulneraciones de los derechos humanos con énfasis en el derecho a la alimentación adecuada y al agua. Para este acápite se recurrió al levantamiento de información secundaria proveniente de periódicos locales, informes de derechos humanos que se complementaron con entrevistas a profundidad. 3.	Análisis de las estrategias en contra de la minería a gran escala
Las estrategias de las comunidades locales se identificaron mediante la recopilación de la información secundaria y entrevistas a actores claves.
Capítulo 1 Los Derechos Humanos con énfasis en el Derecho a la Alimentación Adecuada, como una herramienta de lucha y defensa del territorio
a Alimentación Adecuada es un Derecho Humano reconocido en varios instrumentos internacionales y en legislaciones de diferentes países. Al ser un derecho, los Estados tienen la obligación de “respetar, proteger y hacer efectivo”; eso significa que, el propio Estado no debe privar a nadie del acceso a una alimentación adecuada; debe impedir que nadie sea privado de dicho acceso de cualquier otra forma; y, que cuando alguien carezca de hecho de una alimentación adecuada, el Estado debe crear de forma proactiva un entorno favorable para que las personas logren la autosuficiencia alimentaria o, cuando ello no sea posible, debe garantizar que se proporcionen alimentos (FAO, 2006: 2-3). La Declaración Universal de los Derechos Humanos manifiesta que: “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios […]” (Artículo 25). Este instrumento internacional, considera al derecho a la alimentación dentro de un conjunto de otros derechos fundamentales. El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ratificado por el Ecuador el 6 de marzo de 1969, manifiesta que: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan (Artículo 11).
El PIDESC establece como responsabilidad del Estado la promoción, protección y cumplimiento del derecho a la alimentación.
Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de las Naciones Unidas, en el artículo 11 de la Observación General No. 12, manifiesta que:
El Derecho a la Alimentación Adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otro, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos. El derecho a la alimentación adecuada tendrá que alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados tienen la obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre […] (CDESC, Observación General No. 12).
De acuerdo al CDESC, la alimentación adecuada es un derecho que tienen las personas para acceder a todos los elementos nutritivos que necesita para vivir una vida sana y activa, y a los medios para tener acceso a ellos (FAO, s/f: 3). Esto implica que los individuos y comunidades deben tener la posibilidad de mantener, acceder, utilizar y proteger la tierra y otras fuentes naturales de alimentos fundamentales para la realización de su derecho humano a la alimentación adecuada (Landívar et al., 2013: 16). En noviembre del 2004, los 187 países miembros de la FAO aprobaron las Directrices Voluntarias en Apoyo de la Realización Progresiva del Derecho a la Alimentación Adecuada que constituyen un instrumento práctico y basado en los derechos humanos para ayudar hacer realidad el derecho a la alimentación adecuada (FAO, s/f: 10). Las Directrices son de carácter voluntario y más bien sirven de guía para que los Estados cumplan con las obligaciones en materia de derechos a la alimentación en sus países. El derecho a la alimentación adecuada está relacionado con otros derechos como el derecho a la salud es decir, a una buena nutrición; el derecho a la vida mediante la reducción de enfermedades de desnutrición y otras relacionada; y, como se mencionó anteriormente, al agua para la producción y preparación de alimentos. En Ecuador, la Constitución del 2008, como parte del régimen del Buen Vivir o el Sumak Kawsay, reconoce estos derechos: Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. Art 32.- La salud es un derechos que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derechos al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, loa ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir (CPE, 2008).
Adicionalmente, el Estado ecuatoriano incorporó a su normativa legal la promoción de la soberanía alimentaria y el apoyo a la agricultura campesina. La soberanía alimentaria es una propuesta realizada por la Vía Campesina4, en 1996, durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación realizada en Roma. La soberanía alimentaria es: 4 La Vía Campesina lo conforman 148 organizaciones campesinas de 69 países de Asia, América del Norte y del Sur, Europa y África. Fue creada en 1993, en Mons-Bélgica.
El capítulo tercero del Régimen de Desarrollo, artículo 281 de la Constitución, manifiesta que “la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente”. Se establece responsabilidades del Estado como: adoptar políticas que protejan el sector alimentario y pequero nacional (inc. 1); promover políticas redistributivas que permitan el acceso de campesinado a la tierra, el agua y otros recursos productivos (inc. 4); precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos y sean criados en un entorno saludable (inc. 7), entre otros. Además, se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización de agua y sus fuentes (Art. 282). Por otro lado, la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA), que entró en vigencia en mayo del 2009, establece mecanismos mediante los cuales, el Estado cumpla su obligación y objetivo estratégico de garantizar la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente (Art. 1). La LORSA comprende los factores de la producción agroalimentaria; la agrobiodiversidad y semillas; la investigación y dialogo de saberes; la producción, transformación, conservación, almacenamiento, intercambio, comercialización y consumo; así como la sanidad, calidad, inocuidad y nutrición; la participación social; el ordenamiento territorial, la frontera agrícola; los recursos hídricos; el desarrollo rural y agroalimentario; la agroindustria, empleo rural y agrícola; las formas asociativas y comunitaria de los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores, las formas de financiamiento, entre otras (Art 2, segundo párrafo). La LORSA constituye el marco legal para garantizar la soberanía alimentaria. Es decir, garantiza el acceso y disponibilidad de alimentos suficientes, sanos y de calidad y el acceso, de los pequeños y medianos agricultores, al agua y a la tierra como factores de producción alimentaria. El derecho a la alimentación adecuada, en tanto, es un mecanismo de defensa de los territorios y de los recursos –como el agua y la tierra– de las poblaciones campesinas e indígenas frente a amenazas y conflictos latentes que atentan al ejercicio real de este derecho mediante el diseño de medidas especiales de protección para su cumplimiento.
Los conflictos por los recursos naturales: El caso del agua La minería a gran escala está íntimamente relacionada con los grandes destrozos ambientales y la agudización de la pobreza en las zonas en donde ésta se desarrolla. La expansión de esta actividad en América Latina, principalmente en la época neoliberal, ha desencadenado una serie de conflictos socio-ambientales vigentes hasta la actualidad. El Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL), en el 2013, estimaba 206 conflictos en 215 proyectos implicados que afectan a 311 comunidades (www.conflictosmineros.net/ocmal_db).
[..] El derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental (Declaración, Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria Cuba, 2001 en Carrión y Herrera, 2012: 14-15).
Las comunidades, nacionalidades y pueblos indígenas son las principales opositoras a la minería a gran escala por los daños que ha ocasionado alrededor del mundo y por los posibles riesgos que se perciben frente a los proyectos mineros en exploración. En la mayoría de ocasiones, las mujeres están al frente de esas luchas.
Según Guha y Martínez Alier, esta corriente de movilización se origina en conflictos ambientales producidos por el crecimiento económico que conlleva la extracción de recursos, expansión de vertederos y riesgos de contaminación para quienes el ambiente es la base material de sustento (Guha y Martínez Alier, 1997 en Walter, 2009). Este tipo de ambientalismo se conceptualiza como ecologismo de los pobres (Martínez Alier, 2002) o ecologismo de los medios de vida (Bebbington y Humphreys, 2009). De acuerdo a estos conceptos, los conflictos se dan por la calidad de, y la accesibilidad a, aquellos recursos naturales que sostienen los medios de vida de distintos sectores de la población (Bebbington y Humphreys, 2009); el agua, por ejemplo.
Según Bebbington y Humphreys, los actores principales tienden a ser personas quienes perciben que sus recursos naturales están amenazados; por ejemplo: las y los campesinos preocupados porque van a perder acceso a su tierra o al agua de riego que necesitan, así como citadinos preocupados porque la minería amenaza sus fuentes de agua potable o su salud. Para estas personas lo que prima es el deseo por mantener formas de vida y sostener los medios que las hacen viables. En este caso, el conflicto es más profundo en la medida en que, la minería y la población requiere acceso a exactamente el mismo recurso –el agua– (2009: 121). Las luchas de resistencia no se tratan en nombre de la negación del progreso, sino ahora es posible leerlas como formas de resistencia basadas en la defensa de sistemas tradicionales de organización social para el uso y disposición comunitaria de los recursos humanos y naturales frente a los embates de la mercantilización (Alimonda, 2011: 39) En Ecuador, los movimientos sociales, indígenas y campesinos que se oponen a la minería tienen como bandera de lucha, la defensa del agua que necesariamente conllevan a la defensa del derecho a la alimentación, a vivir en un ambiente sano, a la salud y a mantener la propia identidad cultural. Según la Constitución del Ecuador, el agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable (Artículo 12) y el Estado es el garante de la conservación, recuperación y manejo integral de recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico (Artículo 411). Además, manifiesta que se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua y el equilibrio de los ecosistemas, especialmente, en fuentes y zonas de recarga de agua (Artículo 411). El agua es un derecho fundamental, estrechamente ligado a la alimentación. A diferencia de otros países, Ecuador no presenta problemas de abastecimiento. Sin embargo, “el rápido descongelamiento de los glaciares y el deterioro de los páramos pueden afectar seriamente el futuro a los caudales en la Sierra, y a las regiones que dependen de ellos aguas abajo” (Larrea 2011: 5). La expansión de la frontera agrícola ha afectado considerablemente a los páramos, cuya situación se agravaría con la apertura minera en este ecosistema, con impactos significativos para la provisión futura de agua y alimentos.
Capítulo 2 Diagnóstico del territorio comunal de Quimsacocha Contexto en el Ecuador continental l territorio de Quimsacocha está localizado en la Cordillera Occidental de los Andes, al sur del Ecuador. Se ubica en la provincia del Azuay, en los cantones Cuenca, Girón y San Fernando. Este territorio comprende una superficie total de 10 226,85 hectáreas que se distribuye en 6 parroquias, según se muestra en el siguiente cuadro:
La parroquia Victoria del Portete concentra el 33,80% del territorio de Quimsacocha y la parroquia Baños, el 22,04%. Es decir, el 55,84% del territorio está comprendido dentro del cantón Cuenca. El 22,99% del territorio se asienta en el cantón San Fernando: la parroquia Chumblín comprende alrededor del 12,91% del territorio y la parroquia San Fernando, el 10,08%. El restante 21,16% del territorio se localiza en el cantón Girón: la parroquia San Gerardo comprende el 12,20% y la parroquia Girón, el 8,95%. Quimsacocha se ubica en un rango altitudinal que va desde los 3 400 m.s.n.m. (inicio del páramo en el Sector de “El Durazno”), hasta los 3 969 m.s.n.m. en el sitio llamado “Paredones del Inca”.
Fuente: Instituto Geográfico Militar (2014), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012), Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo del Azuay, Escrituras Públicas (2008), mapeo comunitario, entrevistas, grupo focal, Sistema Único de Información Ambiental (SUIA)/Ministerio del Ambiente de Ecuador (2008). Elaboración: Paola Maldonado.
En Quimsacocha no existen registros de asentamientos humanos; sin embargo, la propiedad de la tierra se caracteriza por ser comunitaria. La reconstrucción del conocimiento local por parte de las y los comuneros ubicados en la cuenca baja del páramo nos permitió identificar el carácter comunal de las tierras: Estos territorios le pertenecen a las comunidades porque nuestros antepasados utilizaban para el pastoreo. Durante las temporadas de invierno y fuertes heladas, ellos traían el ganado a Quimsacocha ya que en lo que hoy es la “playa” de Victoria de Portete había inundaciones y subían a la altura hasta que pase el invierno (Grupo focal Victoria del Portete, 16 de agosto de 2014).
Las declaraciones de los pobladores que validan a este territorio como propiedad comunal se legitima por la recuperación de escrituras públicas que corresponden al siglo XIX. De acuerdo a este título de propiedad, 192 comuneros y comuneras pertenecientes a las parroquias Tarqui, Victoria del Portete y el Valle adquirieron todos los derechos y acciones del hato denominado 5
La reconstrucción de los límites territoriales de Quimsacocha se basó en la revisión de escrituras públicas (escritura del predio Sombrederas) y el diálogo con habitantes de las comunidades aledañas al territorio, tanto en entrevistas personales como en reuniones y trabajo de campo.
“Sombrederas” (Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo del Azuay, 2008), ubicado dentro del territorio de Quimsacocha.
Cobertura vegetal y usos del suelo en Quimsacocha
De acuerdo al mapa de ecosistemas del Ecuador continental (Gráfico No. 2), el territorio de Quimsacocha presenta cinco tipos de ecosistemas: el 74,4% de la superficie corresponde al herbazal de páramo o páramo de pajonales, el 13,3% corresponde al bosque siempre verde montano o bosque andino, el 6,35% corresponde al herbazal inundable o páramo inundable, el 0,7% corresponde al arbustal siempre verde y herbazal de páramo o páramo arbustivo y el 5% corresponde a zonas de intervención antrópica donde los ecosistemas naturales han sido transformados para dar paso a otro tipo de cobertura vegetal y usos del suelo (SUIA/MAE, 2008).
Gran parte del territorio de Quimsacocha está cubierto por páramos, bosque montano alto y, en menor medida, por herbazal inundado de páramo, intervención antrópica, entre otros (Anexo No. 1).
19 Fuente: Instituto Geográfico Militar (2014), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012), Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo del Azuay, Escrituras Públicas (2008), mapeo comunitario, entrevistas, grupo focal, Sistema Único de Información Ambiental (SUIA)/Ministerio del Ambiente de Ecuador (2008). Elaboración: Paola Maldonado.
La cobertura vegetal fuera del territorio comunal de Quimsacocha, muestra que gran parte corresponden a zonas intervenidas en las parroquias San Fernando, Chumblín, San Gerardo y Victoria del Portete. Mientras tanto, en la parroquia Baños, en la zona noroccidental, Quimsacocha se conecta a otras zonas de herbazal del páramo como: Soldados y la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas (Gráfico No. 2).
En cuanto al uso del suelo, al año 2008, las tierras comunitarias de Quimsacocha se encuentran distribuidas de la siguiente manera: el 98,6% corresponde a vegetación natural (páramo, principalmente); el 1,1% corresponde a tierras agropecuarias, que incluyen pastizales y plantaciones forestales; y, el 0,3% corresponde a otros usos (infraestructura, áreas sin vegetación, zonas sin información) (Anexo No. 2).
Las áreas uso agrícola dentro del territorio comunal se concentran especialmente en la parte sur de Quimsacocha, en las parroquias Chumblín y San Fernando (Gráfico No. 3).
En cuanto al uso de suelo, fuera del territorio comunal, se observa que gran parte está cubierto por pastizales. En los cantones San Fernando y Girón este tipo de suelos son predominantes. La parroquia Baños del cantón Cuenca existen extensas hectáreas de páramo que se conectan con Quimsacocha; mientras que, en la parroquia Victoria del Portete, existe diversificación en
cuanto al uso del suelo (Gráfico No. 3).
Un análisis histórico del cambio en el uso del suelo demuestra que, el avance de las tierras agrícolas, a pesar de ser bajo, se da a costa de los páramos y la vegetación arbustiva. Entre los años 2000 y 2008, el avance de la deforestación ha sido mayor (Gráfico No. 4).
21 Fuente: Instituto Geográfico Militar (2014), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012), Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo del Azuay, Escrituras Públicas (2008), mapeo comunitario, entrevistas, grupo focal, Sistema Único de Información Ambiental (SUIA)/Ministerio del Ambiente de Ecuador (2008). Elaboración: Paola Maldonado.
El uso del suelo para tierras agrícolas pasó de menos de una hectárea en 1990, a 22,8 hectáreas en el año 2000, mientras que, en el año 2008, este fue de 99,93 hectáreas. Por su parte, la superficie de tierras correspondiente a vegetación arbustiva y herbácea pasó de 9883,03 hectáreas en 1990, a 9 839,84 en el año 2000, y 9 755,64 en el año 2008 (Ver Anexo No. 3)
División hidrográfica y concesiones de agua en Quimsacocha
Quimsacocha está ubicado estratégicamente en la divisoria de dos grandes cuencas hidrográficas: la del río Jubones, que drena sus aguas directamente hacia el Océano Pacífico; y, la del río Santiago, que drena sus aguas hacia el río Amazonas, que finalmente llegan al Océano Atlántico, convirtiéndose en un ecosistema de suma importancia en términos de provisión de agua para las comunidades que se ubican en la cuenca baja (Ver Gráfico No. 5). El 54,3% del territorio de Quimsacocha forma parte de la subcuenca del Río Rircay que es parte de la cuenca del Jubones y el 45,7% forma parte de la subcuenca del Río Namangoza, que forma parte del río Santiago.
Fuente: Instituto Geográfico Militar (2014), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012), Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo del Azuay, Escrituras Públicas (2008), mapeo comunitario, entrevistas, grupo focal, SENAGUA (2013). Elaboración: Paola Maldonado.
Según la información proporcionada por SENAGUA, en el territorio comunal de Quimsacocha, existen 82 concesiones de agua de las cuales, 76 se encuentran vigentes y todas corresponden a usos consuntivos del agua. El 81,6% de las concesiones se localizan en la subcuenca del río Rircay y el 18,4% en la cuenca del Namangoza (Gráfico No.6). El 63,2% de las concesiones de agua provienen de vertientes; el 19,7% de río; el 11,8% de quebradas; y, 2,6% provienen de lagunas. En cuanto a usos del agua, el 42,1% corresponde a riego; 28,9% corresponde a uso doméstico; el 25,0% para abrevadero; y un 2,6% para uso industrial. Las concesiones de agua que están dentro del territorio de Quimsacocha suman un total de 350 litros por segundo.
Fuente: Instituto Geográfico Militar (2014), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012), Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo del Azuay, Escrituras Públicas (2008), mapeo comunitario, entrevistas, grupo focal, Concesiones de agua y división hidrográfica, Demarcación Hidrográfica de Santiago, Secretaria Nacional del Agua SENAGUA (2013). Elaboración: Paola Maldonado.
En la cuenca baja de Quimsacocha existe un número mayor de concesiones de agua que se distribuyen en las diferentes parroquias. De acuerdo al Gráfico No. 7, la mayor parte de las concesiones de agua para consumo humano y riego se localizan en el sur del territorio comunitario, es decir en la cuenca del Río Jubones. Sin embargo, en la cuenca del Rio Santiago, existen concesiones de agua para consumo humano, cuyos caudales son más elevados; por ejemplo, la parroquia Baños cuenta con concesiones de agua de más de 100 l/s.
Es importante recalcar que la parroquia Tarqui, perteneciente al cantón Cuenca, no se encuentra dentro de los límites del territorio comunal de Quimsacocha; sin embargo, esta parroquia depende en gran medida de este humedal, en términos de provisión de agua para un significativo extracto de la población6. Existe una concesión para uso industrial dentro del territorio comunal. Esta concesión corresponde a la empresa IAMGOLD para desarrollar proyectos de exploración minera. El caudal total es de 0,80 l/s, que es considerada una concesión pequeña.
Por las condiciones descritas en este acápite, la parroquia Tarqui también se encuentra dentro de los análisis del presente informe.
Las concesiones de agua fuera del territorio comunal de Quimsacocha se encuentran inscritas a títulos individuales (Gráfico No.8).
Se conoce que la empresa IAMGOLD tiene una concesión de 8 l/s (IAMGOLD, 2009) que no aparece en los registros de SENAGUA.
Áreas bajo conservación ambiental en Quimsacocha En el territorio de Quimsacocha, para el año 2012, 8 731,7 hectáreas se encuentran bajo algún mecanismo de protección ambiental. Existen un total de cinco áreas protegidas distribuidas de la siguiente manera: tres corresponden a los bosques protectores conocidos como Cuenca del río Paute (Yanuncay-Irquis), Chorro y Sun Sun - Yanasacha; un predio corresponde al Área Nacional de Recreación Quimsacocha, que forma parte del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE); y otro predio que forma parte de la iniciativa Socio Bosque (Versión Socio Páramo) (Anexo No. 4).
De acuerdo a lo anterior, el 85,4% del territorio de Quimsacocha cuenta con algún mecanismo de conservación. Desde una perspectiva histórica, la superficie y mecanismos de conservación en Quimsacocha que cuenta con una categoría de conservación ha tenido un importante incremento.
Hasta el año 2008 (Gráfico No. 9a), existían dos bosques protectores que cubrían un total de 4 063,5 hectáreas del área del territorio comunal de Quimsacocha; para el año 2010, el área bajo conservación ambiental se incrementa a 6 971,4 hectáreas debido a que se incorpora un predio individual a la iniciativa Socio Bosque (Gráfico No. 9b); y, finalmente, al año 2012, el área de conservación se incrementa a 8 731,67 hectáreas debido a que se incorpora el predio de la Comuna Sombrederas al mecanismo Socio Bosque y además se crea el Área Nacional de Recreación Quimsacocha (Gráfico No. 9c) (Ver información Anexo No. 5). La cobertura de áreas protegidas se extiende más allá del territorio comunitario de Quimsacocha. Hasta el 2010, tomando como referencia las parroquias, la superficie bajo conservación ambiental se distribuye de la siguiente manera:
El 64,11% de las áreas bajo conservación se encuentran en la parroquia Baños. La superficie de conservación en esta parroquia suma un total de 27 926,88 hectáreas. Victoria del Portete es la segunda parroquia que tiene un mayor porcentaje de áreas bajo conservación (19,04%). Mientras que el resto de parroquias tienen un porcentaje menor de áreas bajo conservación (Gráfico No. 10).
Cabe recalcar que, la declaratoria de Área Nacional de Recreación Quimsacocha se sobrepone al área de Bosques y Vegetación Protector Yanuncay-Irquis que suma un total de 39 451,33 hectáreas. Esta superficie cuenta con esta categoría de conservación a partir de 1985. Adicionalmente, en agosto de 2013, en la cuenca baja del humedal, la Comisión de Gestión Ambiental del Municipio de Cuenca incluyó 701 hectáreas en el sector Santo Tomas-Descanso de Sucre para protección municipal (Diario El Tiempo, 29 de agosto de 2013). Quimsacocha es un humedal que al unirse con otros páramos como Soldados y Yanasacha (zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas), Hornillo, Tucto, Paredones del Inca y páramos de Shaglli (suroccidente de Quimsacocha), forman un complejo hídrico integral. Por lo que, la protección ambiental debería extenderse más allá de los límites del territorio comunal; es decir, en los cerca de 40 000 hectáreas de pajonales.
Presiones sobre el territorio comunal de Quimsacocha: la minería a gran escala
En 2007, el Estado revirtió 3 280 hectáreas concesionadas a la empresa IAMGOLD, ubicadas en la parte media-baja del Río Bermejos; los humedales y Tres Lagunas Quimsacocha; y, la zona de influencia del Canal NERO. Con esta acción, se modificaron los límites de las adjudicaciones a la empresa IAMGOLD, cuyas concesiones mineras se establecieron en 8 030 hectáreas, de las cuales 6 127,81 hectáreas se encuentran dentro de Quimsacocha. Es decir, las concesiones cubren el 59,59% del territorio comunal. Sin embargo, en el territorio se han otorgado otras concesiones que cubren 141,1 hectáreas adicionales, el 1,4% adicional del territorio comunitario (Ver Anexo No. 6).
En el gráfico No. 11 se pueden observar las concesiones que fueron revertidas al Estado y que posteriormente fueron declaradas áreas protegidas. Además, el mapa muestra las concesiones actuales de la empresa IAMGOLD dentro del territorio comunal de Quimsacocha.
En el año 1999, la empresa canadiense IAMGOLD se instaló en gran parte del territorio comunal de Quimsacocha para realizar trabajos de exploración minera. Para ello, en el 2001, la empresa solicitó la concesión minera a la Dirección Regional de Minería del Azuay. IAMGOLD obtuvo la concesión de “Río Falso” (3 208 ha.), “Cerro Casco” (2 572 ha.), “Cristal” (2 250 ha.) y “San Martin” (1 467 ha) en Girón, San Gerardo (cantón Girón) y Victoria del Portete (cantón Cuenca)8.
Sin embargo, desde 1970, se registra actividades de exploración minera llevadas a cabo por las Naciones Unidas, COGEMA, Newmont Mining y Oro TVX. Los resultados de la exploración no fueron de interés de estas empresas que optaron por retirarse del sitio.
Fuente: Instituto Geográfico Militar (2014), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012), Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo del Azuay, Escrituras Públicas (2008), mapeo comunitario, entrevistas, grupo focal, Sistema Único de Información Ambiental (SUIA)/Ministerio del Ambiente de Ecuador (2008), Agencia de Regulación y Control Minero, 2011. Elaboración: Paola Maldonado.
Existen más de 4 500 hectáreas de concesiones mineras que se traslapan con las áreas protegidas dentro del territorio comunitario de Quimsacocha. Dentro del Bosques y Vegetación Protectores existen 3 877,4 hectáreas de la concesión de la empresa IAMGOLD, esto es el 85% de las concesiones mineras en el territorio. En lo que tiene que ver con el Patrimonio de Áreas Naturales, son 116,6 hectáreas del Área Nacional de Recreación Quimsacocha que se traslapan con el área de concesión minera. En el caso del programa de conservación Socio Bosque, ubicado en la Comuna Sombrederas, 469,93 hectáreas están cubiertas por la concesión minera otorgada a IAMGOLD (Ver Anexo No. 7 y Gráfico No. 12).
Fuente: Instituto Geográfico Militar (2014), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012), Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo del Azuay, Escrituras Públicas (2008), mapeo comunitario, entrevistas, grupo focal, Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM (2011). Elaboración: Paola Maldonado.
Como ya se mencionó anteriormente, gran parte de las áreas protegidas se encuentran traslapadas por concesiones mineras. El Área Nacional de Recreación Quimsacocha, creada para evitar posibles afectaciones al páramo por la minería, se encuentra rodeada de concesiones mineras. Esta área corresponde a las concesiones de IAMGOLD que fueron revertidas al Estado. Cabe recalcar que junio de 2012, la empresa IAMGOLD vendió el 45% de sus derechos de explotación a la empresa canadiense INV Metals. Este tipo de negociación de acciones se da al interior de la empresa, por tanto, IAMGOLD continúa siendo propietaria de las concesiones mineras en Quimsacocha, esto se comprueba en la base de datos de la Agencia de Regulación y Control Minero del Azuay.
Vulnerabilidad de territorio de Quimsacocha por el proyecto minero “Loma Larga”
La minería a gran escala es una actividad que genera grandes impactos ambientales que dependen de “las condiciones geográficas, climáticas, tecnología empleada, el tipo de mineral que se extrae, tamaño de la mina, método de explotación utilizado y además con la etapa del proceso extractivo que se lleve a cabo [...]” (Bustamante y Lara, 2010: 29). El mayor impacto de la minería es al agua. Estas afectaciones pueden venir por el lado del deterioro de la calidad de agua debido a la contaminación y el drenaje ácido de minas; y, su agotamiento por la destrucción de acuíferos y la alta demanda hídrica para el proceso extractivo. Estos factores se convierten en la principal amenaza de dotación de agua para consumo humano en el futuro. En esta investigación, para identificar la vulnerabilidad del territorio frente a la actividad minera, se consideró como criterio de análisis, la posible contaminación del agua. Para ello, se tomó como análisis un kilómetro de los principales drenajes del área de depósito de los minerales y la ubicación de la actual infraestructura minera (campamentos y depósitos de materiales)9. De acuerdo al documento Quimsacocha Gold Project, Ecuador NI-43-101 Technical Report10 elaborado por la empresa IAMGOLD, los principales ríos son: en el sureste, el Rio Irquis (Quebrada Quinuahuaycu11) y el Rio Portete (Quebrada de Calluancay); en el sur, el Rio Zhurucay (Quebrada Falso y Quebrada Cristal). La microcuencas que involucran estos ríos son: microcuenca del Rio Mishaquiyacu, Rio Santa Ana, Rio Rircay; y, los drenajes menores constituyen: el rio Tarqui, la quebrada del Rio Portete y Quebrada del Rio Irquis. De los ríos anteriormente citados, existen concesiones de agua para consumo humano y riego que podrían ser afectados por la posible contaminación ambiental. Al considerar las concesiones que se encuentran hasta 500 metros de distancia de estos ríos, existen 670 concesiones de agua susceptibles de afectación, de los cuales 460 corresponden a riego y abrevadero, 194 de uso doméstico y 6 de uso industrial (Gráfico No. 13). 9 Información 10 En
tomada en el recorrido de campo (13 de julio de 2014).
http://www.iamgold.com/files/operations/43101%20Technical%20Report%20Quimsacocha,%20February%202009.pdf 11 Según el reporte de la empresa IAMGOLD, la Quebrada Quinuahuaycu, es la zona que probablemente será más afectada por el proyecto minero (IAMGOLD, 2009).
Considerando el mismo criterio, se incorporó los centros poblados que podrían ser afectados por la contaminación. Se identifica que el existen las siguientes poblaciones vulnerables: un centro cantonal (Girón); 4 centros parroquiales (Victoria del Portete, Natividad de Chumblín, San Gerardo y Tarqui); y, 31 poblados (El Chorro, Portete, Descanso de Sucre, Churuguzho, San Pedro de Escaleras, Estación de Cumbe, Aguarongos, Irquis, Las Américas, entre otros) (Gráfico No. 14).
Fuente: Instituto Geográfico Militar (2014), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012), Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo del Azuay, Escrituras Públicas (2008), mapeo comunitario, entrevistas, grupo focal, Concesiones de agua y división hidrográfica, Demarcación Hidrográfica de Santiago, Secretaria Nacional del Agua SENAGUA (2013), Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM (2011). Elaboración: Paola Maldonado.
El proyecto minero Loma Larga, denominado inicialmente como “Quimsacocha”, es considerado, por el gobierno nacional, como un “proyecto estratégico de interés nacional”. Los estudios de exploración realizado por la empresa canadiense IAMGOLD, encargada inicialmente del proyecto, identificaron una reserva probable de 1,68 millones de onzas de oro; 74 millones de libras de cobre; y 9,5 millones de onzas de plata (IAMGOLD, 2009: 1-9). Esta empresa no dio a conocer los detalles del proceso de extracción; sin embargo, manifestaba que la explotación se realizaría bajo el esquema de minería subterránea. La producción del mineral se diseñó sobre la base de 3 000 toneladas al día de roca durante una vida útil de 8 años. De acuerdo a esta información, el Ministerio de Recursos No Renovables, estimó una inversión de $ 372 millones para el desarrollo de la mina y $ 432 millones por gastos operativos. El desarrollo de esta mina proveería al Estado, por concepto de regalías e impuestos, 40 millones de dólares anuales durante los 8 años de duración del proyecto. En cuanto a la creación de puestos de empleo, se estima que el proyecto creará 1 000 empleos directos y 1 520 empleos indirectos durante la fase de construcción; mientras que en la etapa de operación se generará 526 empleos directos y 1 520 empleos indirectos (Plan de Desarrollo Minero 2011-2015). La empresa IAMGOLD estuvo a cargo del proyecto durante 13 años aproximadamente; sin embargo, en junio del 2012, la empresa vendió el 45% de sus derechos de explotación a la empresa canadiense INV Metals Inc. IAMGOLD señalaba que transacción se realizaría en dos pagos hitos: el primero sería de 50 millones de acciones cuando INV Metales firme un contrato de explotación con el gobierno de Ecuador y el segundo hito, un pago de 25 millones de acciones se abonaría al lograr una producción comercial (www.iamgold.com en Diario El Mercurio, 7 de diciembre de 2012). La empresa INV Metals Inc. tenía previsto la actualización de la ingeniería previa, el trabajo ambiental y otros estudios necesarios para el avance del proyecto y, la búsqueda de descubrimientos de oro adicionales (INV Metals, 2012a).
Viabilidad económica del proyecto “Loma Larga”
En febrero de 2015, INV Metals Inc. presentó un comunicado de prensa sobre el estudio de viabilidad preliminar positivo (“SSA”) del proyecto “Loma Larga” y en marzo de 2015, hizo público el Reporte Técnico NI 43-101. El estudio determinó reservas probables por 1,1 millones de onzas de oro; 5,7 millones de onzas de plata; y, 46,4 millones de libras de cobre. Según el reporte, el estudio contempla una mina subterránea con una tasa diaria de “producción” de aproximadamente 948 toneladas por día (“tpd”) de roca durante 13 años de vida del proyecto. La cantidad de minerales extraídos sería de 80 000 onzas de oro, 400 000 onzas de plata y 2,9 millones de libras de cobre por año. El costo anticipado para construir la mina sería de $244,7 millones.
De acuerdo a la información presentada por la empresa, para la explotación de los minerales se tiene previsto construir carreteras de acceso de 21.25 km por 7.5 m de ancho tanto para la importación de maquinaria e insumos y exportación de concentrado. Por otra parte, se indica que se accederá a la energía a través de una conexión a la subestación local de Cuenca, aunque existe la opción de generar electricidad propia en la zona. La empresa tiene planificado construir otras infraestructuras en el sitio, incluyendo una planta de tratamiento para las aguas para remover los metales pesados (aun no diseñada), una pila de ‘relaves secos’ tóxicos dentro del campamento de pinos para almacenar 2,5 millones toneladas de desechos durante los 13 años de la operación de la mina. Según el informe técnico, estos desechos tienen la potencialidad de generar drenaje ácido y de lixiviación de metales pesados (pp. 18-3, 18-5). En cuanto al desarrollo de la mina, esta se extendería a 175 metros debajo de la superficie a una altura de 3 560 metros. La explotación se realizaría mediante el sistema “stoping longhole” (enfoque de “máxima extracción” sin pilares) ya que proporciona una alta extracción. El mineral sería transportado en camiones a la planta de procesamiento, ubicada aproximadamente 7,5 km al sur de la mina, donde se procesaría dos concentrados: un concentrado de pirita y oro; y un concentrado de cobre y oro. Estos concentrados serían transportados a una instalación de almacenamiento en el puerto de Guayaquil para su envío a un “tercero” para su fundición y refinación (INV Metals, 4 de febrero de 2015; Cox, Jason et al., 2015). La producción estimada del proyecto, según el comunicado de la empresa, encuadra en la categoría “minería de mediano tamaño”. Si bien aún no existe la normativa que regirá esta categoría, la empresa señala que estaría sujeta a un impuesto corporativo sobre la renta del 22%, una regalía de un 4% sobre las ventas de los metales, impuestos al valor agregado, una distribución de utilidades del 5% y una distribución de utilidades de 10% con el Estado para proyectos de desarrollo social (Minería Pan-Americana, s/f). En términos económicos, la empresa calculó sus ingresos en base a un precio de oro de $1 350 por onza, el cobre en $3,00 por libra y plata en $23 por onza (pp. 22-1). En el cuadro siguiente se presentan las estimaciones realizadas por la empresa sobre los impuestos y regalías otorgadas al Estado por la explotación minera en Quimsacocha (pp. 22-1 y 22-2).
La empresa estima generar ingresos de $519 millones durante la vida de la mina y recuperar los costos en 3.3 años sin considerar los impuestos. Mientras que, después del pago de impuestos, estima generar $309 millones de dólares y recuperar sus costos en 4.4 años. No existe aún información y/o pronunciamientos oficiales sobre los beneficios para el Estado de acuerdo a los nuevos balances presentados por la empresa INV Metals Inc. Por otro lado, la alta volatilidad de los precios de los minerales13 y la dificultad de calcular la producción de concentrados de minerales debido a que estos serán transportados fuera del país para la extracción de metales en estado puro hacen prever pocos impactos en la economía ecuatoriana14. Adicionalmente, existen algunas experiencias y estudios en el ámbito nacional e internacional que evidencian los impactos negativos en términos sociales y ambientales (Ver Machado et al., 2012; Acosta, 2009; Sachs y Warner, 1997; Kocian y Harrison-Cox, 2011; Thorp, 1998). La extracción de minerales en Quimsacocha dejaría recursos económicos al Estado por concepto de regalías e impuestos en el corto plazo. Sin embargo, los costos de externalidades negativas en el ambiente, no asumidos por la empresa, terminarían siendo un costo importante para el país a largo plazo. Estas externalidades deberían ser restados de los ingresos del Estado (Duque et al., s/f).
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Se incluye el valor del impuesto VAT de 12% en los costos del proyecto y las operaciones. Los precios reales al 31 de mayo de 2015 fueron: oro $1 185/onza, cobre $2,72/libra, plata $16,70/onza. Un ejemplo de aquello es la difícil situación económica actual del Ecuador frente a la caída de los precios internacionales de petróleo.
De acuerdo al Reporte Técnico de la empresa INV Metals Inc., en términos ambientales, la influencia del proyecto se limita a áreas menores que se dirigen hacia el pacífico y no hacia la ciudad de Cuenca. Agregan que, “los desafíos ambientales relacionados con el drenaje ácido y el manejo del agua, aunque manejable, requieren atención debida y más estudio para efectivamente mitigar los riesgos” (pp. 12). Mientras tanto, los estudios hidrogeológicos necesitan actualización; sin embargo, anticipan que va a existir mucho flujo de agua hacia dentro de la mina, viéndose en la necesidad de bombear permanentemente para poder operar. Los cálculos anteriores estimaron un flujo de agua hacia la mina de entre 15,8 l/s y 28,5 l/s y actualmente, se estima un total de hasta 41,4 l/s que se van a tener que bombear de la mina permanentemente. En cuanto a la cantidad de agua requerida, se estima que se necesitan 12 l/s de agua para la mina subterránea (es decir, más de un millón de litros de agua por día) (pp. 16-29). Los costos de cierre se han estimado en $4,2 millones. El plan de cierre incluye varios elementos entre otros, tapar la mina y tapar la pila de relaves y monitoreo por 10 años (pp. 20-29). A nivel internacional, se conoce los altos costos de remediación ambiental por actividades mineras (Ver Cuadro No. 7). En caso de Quimsacocha, al tratarse de un páramo de alta fragilidad y diversidad, el alto riesgo de generación de drenaje ácido más los costos por consumo, degradación, tratamiento y monitoreo a perpetuidad del agua no contabilizadas por la empresa evidencian pocas ventajas económicas del proyecto minero “Loma Larga” para el Estado ecuatoriano y las poblaciones aledañas. La remediación ambiental, después del cierre de la mina, por lo general, no se lo cumple a
cabalidad debido a que los costos para reparar los impactos de la minería son elevados, más aún cuando se trata de una zona frágil y de alta diversidad. En la mayoría de los casos, las empresas mineras agotan los fondos de remediación o se declara en bancarrota para evitar aún más costos a la compañía holding, mientras que los gobiernos locales deben asumir los costos de lidiar con los desechos, y la población locales sufren los impactos ambientales y de salud (Kocian et al., 2011: 37).
Capítulo 3 Violación y vulneración de los Derechos Humanos: El caso del
Derecho a la Alimentación Adecuada y al Agua
as concesiones mineras otorgadas por el Estado ecuatoriano a la empresa IAMGOLD para realizar trabajos de exploración minera generaron malestar en las comunidades que se encuentran bajo la influencia directa del proyecto denominado actualmente “Loma Larga”. El primer encuentro entre la empresa minera y las poblaciones de Victoria del Portete y Tarqui, en el año 2003, fue conflictivo debido a que la empresa impidió el paso en el campamento de San Gerardo, a una delegación que intentaba realizar una “inspección comunitaria” en sus páramos. Tras este incidente y al comprobar la presencia de la empresa minera, las comunidades iniciaron con una serie de acciones debido a las preocupaciones respecto a los posibles impactos ambientales de la minería en las fuentes de agua. Las demandas de las poblaciones campesinas e indígenas al Estado se enmarcan en la moratoria de las concesiones mineras en Quimsacocha por tratarse de un ecosistema estratégico en términos de provisión de agua. Para FIAN Ecuador, organización no gubernamental que promueve la defensa y protección del Derecho a la Alimentación Adecuada, los reclamos son justos porque en este caso se percibe una clara amenaza al derecho a la alimentación producto de la actividad minera. Por lo anterior, a partir del 2010, esta organización inició un proceso de acompañamiento a las comunidades desde una perspectiva de defensa del territorio a través de la exigibilidad del cumplimiento de derechos humanos relacionados con el derecho a la alimentación. En este proceso se ha identificado una serie de violaciones y amenazas a los derechos humanos consagrados en instrumentos internacionales y ratificados en la legislación nacional, durante el proceso de exploración minera, mismos que son analizados a continuación.
1.	Derecho de las comunidades a la consulta sobre toda decisión o
autorización estatal que pueda afectar al ambiente
El Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por el Ecuador, el 15 de mayo de 1998, establece que los gobiernos deberán: consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente (Art. 6, literal a); establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan (Art. 6, literal b); establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin (Art. 6, literal c). La Declaración Internacional de los Derechos de los Campesinos establece que estos, tienen derecho a participar en el diseño de políticas, en la toma de decisiones, la implementación
y el monitoreo de todo proyecto, programa o política que afecte sus tierras y territorios (Art. 2, inciso 4). La Constitución del Ecuador, en el artículo 398 establece que: Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta.
El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley (CPE, 2008). Por su parte, la Ley de Gestión Ambiental, vigente desde 1999, establece que toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado. El incumplimiento del proceso de consulta que dispone la Constitución15 tornará inejecutable la actividad de que se trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos (Art. 28). Además, toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que pueda producir impactos ambientales (Art. 29). El Texto Unificado de Legislación Ambiental (TULA) reconoce la participación ciudadana en la gestión ambiental. La finalidad es incorporar los criterios y las observaciones de población directamente afectada de una obra o proyecto, sobre las variables ambientales relevantes de los estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental. La participación social en la gestión ambiental se rige por los principios de legitimidad y representatividad y se define como un esfuerzo tripartito entre las instituciones del Estado, la ciudadanía y el promotor interesado en realizar una actividad o proyecto (Art. 20). Las comunidades ubicadas en la zona de influencia directa de proyecto minero manifiestan que no se realizó un proceso adecuado de consulta previa para el otorgamiento de concesiones mineras, ni existió una participación de la población en la elaboración de planes ambientales para los diferentes permisos otorgados a la empresa IAMGOLD: Cuando nosotros nos enteramos de la presencia de la minera, está ya había obtenido las concesiones en nuestro territorio. Nunca nos consultaron si estábamos de acuerdo con el proyecto. Lo que hace la empresa para decir que existe buena relación con la comunidad es llevar grupos de personas como estudiantes, personas de la ciudad de Cuenca para explicarles los proyectos que desarrollan en los campamentos ubicados en San Gerardo y no les llevan a donde nacen nuestros ríos, donde van a explotar. Luego, la firma de asistencia forma parte de lo que la empresa denomina “sociabilización” (Grupo Focal Victoria del Portete, 16 de agosto de 2014).
Se refiere al Artículo 89 de la Constitución de 1998, que no era tan garantista, ni concebía derechos a la naturaleza, en consecuencia la garantía constitucional está vigente solo que no se refiere al mismo artículo sino al 57 y otros que trata sobre la consulta (Pérez, 2012b: 30).
Por otra parte, de acuerdo al Ministerio de Recursos no Renovables, la empresa IAMGOLD ha cumplido con todos los requisitos legales para operar en la zona: •	Aprobación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) 19 Junio 2002, Aprobación del EIA 7 de Junio 2004, Aprobación EIA Ampliatorio 26 de Enero 2006, Aprobación EIA Ampliatorio 7 de Julio de 2009, Aprobación de la Actualización del Plan de Manejo Ambiental, MAE •	Aprobación de Auditorías Ambientales (AA) 29 Marzo del 2004, Aprobación de AA 24 de Octubre 2005, Aprobación de AA 14 de Diciembre 2007, Aprobación de AA Julio 2011 Aprobación AA (Ministerio de Recursos No Renovables, 1 de septiembre de 2011).
Sin embargo, los estudios de impacto ambiental y planes de manejo para la exploración minera en Quimsacocha se realizaron sin la participación social ni consentimiento de las comunidades que se encuentran en las zonas de influencia directa del proyecto, en contradicción con las normas legales. Para constancia de lo anterior, la Comisión designada por el Presidente Rafael
De acuerdo a la información presentada por el Ministerio de Recursos no Renovables, tomando el “Libro de Registros”, la población informada sobre el proyectos, hasta el 2011, fueron varias autoridades nacionales, regionales y locales, comunidades científicas, universidades, comunidades de la zona de influencia directa e indirecta, colegios, escuelas, periodistas, entre otros (Ministerio de Recursos No Renovables, 1 de septiembre de 2011). El número de visitas de difusión se resumen en el gráfico siguiente:
Correa para el análisis y revisión de las concesiones mineras en el Azuay adjuntó al informe, documentos públicos en donde constan 57 declaraciones juramentadas de dirigentes de agua que ratificaron no haber sido consultados para la prospección ni exploración minera (Pérez, 2012a: 73)16.
Sin embargo, el incumplimiento del Estado frente a la consulta motivó a la asamblea de usuarios del Sistema Comunitario de Agua Tarqui - Victoria del Portete realizar una consulta comunitaria sobre la explotación minera en Quimsacocha. Previo a la consulta comunitaria, en uno de los diarios más importantes de la ciudad de Cuenca, se publicó un comunicado, firmado por el gobernador del Azuay, en donde se alerta a la ciudadanía “a no participar en la consulta por ilegal e inconstitucional…” (Pérez, 2012a: 172). Pese a las advertencias, el 2 de octubre del 2011, usuarios y usuarias de agua del Sistema comunitario de las parroquias Tarqui y Victoria del Portete acudieron masivamente a dar su opinión sobre la minería.
Con la presencia de 15 observadores internacionales (Universidad de Pensilvania, Observatorio de Conflictos Mineros para América Latina, Diario Le Monde, CONAIE, ECUARUNARI, Defensoría del Pueblo, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Asamblea Nacional, CDES, País Vasco, Consejo Provincial del Azuay, Proyecto Nero, Acción Ecológica, entre otros), acudieron a dar su opinión libre y voluntariamente 1 037 personas de las 1 557 empadronadas. La pregunta fue la siguiente: ¿Está usted de acuerdo con actividades mineras en Kimsakocha? Luego de los escrutinios por parte del Tribunal Electoral Comunitario, en ese mismo día, se hicieron público los siguientes resultados:
Esta información fue tomada de una publicación realizada por uno de los miembros de la Comisión. Para efectos de este informe no se tuvo acceso al documento oficial.
Los resultados evidencian la oposición a la minería por parte de las poblaciones aledañas. Myriam Chuchuca, quien participó en el proceso como organizadora, manifiesta que “con esta consulta comunitaria se dejó claro que el 90% de usuarias y usuarios del agua dijeron “si a la vida, no a la minería”, “si al agua, no al oro” (Entrevista Miriam Chuchuca, 17 de agosto de 2014). En abril del 2012, habitantes del cantón Girón, respaldados por Jorge Duque (alcalde en ese entonces de esta jurisdicción), iniciaron un proceso de solicitud para convocar a consulta sobre minería ante la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral. La pregunta a ser consultada dice: ¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Quimsacocha? Dos años después de ser entregada la solicitud, el Consejo Nacional Electoral entregó a las comunidades, los formularios para que inicien con la recolección del 10% de las firmas del padrón electoral de este cantón para dar paso a la consulta, tal como establece la ley. Hasta el cierre de esta edición, a menos de dos meses para que se cierre el plazo, las comunidades recolectaron el mínimo requerido de firmas para acceder a una consulta popular.
Pese a experiencias como la anulación de la solicitud de consulta popular para la no extracción del crudo del Yasuní-ITT en la Amazonía Ecuatoriana por parte del colectivo Yasunidos y, la trampa que la misma Constitución presenta en el Art. 398, en donde establece que la decisión final de ejecutar o no un proyecto dado una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior, las comunidades no han renunciado a la institucionalidad electoral.
Por otra parte, las comunidades opuesta a la minería en Quimsacocha también critican la aprobación de leyes sin un debate nacional. La Ley de Minería, aprobada en 2009 en el contexto de una amplia protesta social, no recogió los puntos que solicitaban amplios sectores, entre los que se destaca las parroquias Tarqui y Victoria del Portete. La Ley no incorporó el pedido moratoria de las actividades mineras en fuentes de agua, zonas de alta biodiversidad y en territorios de comunidades y pueblos indígenas y campesinos.
Durante el debate de la Ley de Minería, nueve personas iniciamos una huelga de hambre para exigir al gobierno y a los asambleístas que prohíba actividades mineras en fuentes de agua pero nuestra medida no sirvió […]. Cuando aprobaron la Ley de Minería para mí fue algo feo porque sentí que hagamos lo que hagamos, los que nos gobiernan siempre tienen el poder (Entrevista Myriam Chuchuca, 17 de agosto de 2014).
La nueva Ley de Minería recibió total rechazo por las comunidades que se encuentran bajo influencia de los proyectos mineros “estratégicos” porque consideran que a través de esta ley se viabiliza la minería a gran escala que entra en contradicción con el modelo del Buen Vivir. Por otra parte, los primeros meses del 2010, en una multitudinaria marcha, las comunidades exigieron que en la nueva Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua se incluya un artículo que “extinga, prevenga, prohíba y sancione a toda concesión extractiva que se encuentre en fuentes de agua y zonas de recarga hídrica”. La ley no contó con los votos necesarios para ser aprobada por lo que la Asamblea Nacional decidió llamar a un proceso de consulta prelegislativa a las comunidades y pueblos indígenas. Después de dos años, la ley fue aprobada sin incorporar las propuestas presentadas por las organizaciones entre ellas: la prohibición de la minería en fuentes de agua; eliminación de toda forma de privatización y acaparamiento del agua para su inmediata redistribución para el pueblo; y, la conformación del Consejo Plurinacional del Agua, como autoridad única y rectora con participación y decisión comunitaria, como un paso concreto para la construcción del Estado Plurinacional. La Ley fue aprobada mientras la Caminata por el Agua, la Vida y la Libertad de los Pueblos recorría la ruta Pangui (Zamora) – Quito como una medida de protesta y exigencia para que sus demandas sean incorporadas en la Ley. Las mujeres que participaban en la marcha, reunidas en la ciudad de Cuenca, frente a la aprobación de la Ley, redactaron el siguiente Manifiesto:
- Que no desarrollar la Ley desde la Constitución, que establece que el agua es un derecho humano fundamental y que prohíbe toda forma de privatización del agua y su redistribución, al tiempo que dispone que las comunidades, conjuntamente con el Estado, deben operativizar el uso del agua, sería una clara traición al mandato popular. - Que no incorporar las propuestas presentadas por las organizaciones en el proceso de consulta prelegislativa, va en contra del ejercicio de la participación democrática en un Estado de derechos. - Que permitir actividades mineras en fuentes de agua como se pretende en la Cordillera del Cóndor, Fruta del Norte, Pananza, Quimsacocha, Río Blanco, Jeco, Aguarongo, Fierro Urco, Jatun Kañar, Pacto-Nanadel-Nanadelito, Intag, San Luis de Pambil, San Pablo de Amalí, atenta contra el derecho humano al agua, a la alimentación y a la soberanía alimentaria. - Que la prohibición de la privatización del agua no contempla la redistribución de las concesiones anteriores, otorgadas en su mayoría a los sectores agroindustriales, bananeros, hacendados, entre otros, permitiendo la concentrándose en pocas manos del uso y aprovechamiento del agua. - Que la creación de una Autoridad Única del Agua elimina la posibilidad de la participación directa de los sectores campesinos, entre ellos, las mujeres quienes al ser cuidadoras del agua en nuestros hogares y comunidades sentimos la necesidad de participar en las decisiones relacionados con este bien común. Por lo tanto: Rechazamos la aprobación de la Ley de Agua que no incorpora las demandas de las organizaciones entre ellas: - la extinción, prevención, prohibición y sanción a toda concesión extractiva que se encuentre en fuentes de agua y zonas de recarga hídrica; - la eliminación de toda forma de privatización y acaparamiento del agua para su inmediata redistribución para el pueblo; - la conformación del Consejo Plurinacional del Agua, como autoridad única y rectora con participación y decisión comunitaria, como un paso concreto para la construcción del Estado Plurinacional; - Rechazamos la aprobación de esta ley que ha eliminado las disposiciones sobre la soberanía alimentaria para favorecer la transformación de la matriz productiva ampliando el extractivismo. - Ratificamos nuestra participación permanente en la Marcha por el Agua, la Vida y la Libertad de los Pueblos e invitamos a otros sectores y organizaciones de mujeres a sumarse a esta caminata que busca fortalecer los procesos de resistencia. - Exigimos al Estado Ecuatoriano respeto a los derechos fundamentales, como el derecho humano al agua y la soberanía alimentaria, contemplados en nuestra norma constitucional y ratificados por el Estado ecuatoriano en los Tratado Internacionales. Firman: Dirigencia de mujeres-CONAIE Dirigencia de mujeres- ECUARUNARI Dirigencia de mujeres- Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay (FOA) Centro de Sanación Casaloma- Tarqui Sumak Warmi- Victoria del Portete Educación Bilingüe- Saraguro
Nosotras mujeres, campesinas, indígenas que luchamos por una Ley de Aguas que favorezca a los intereses de la mayoría de la población, desarrollada a partir de los planteamientos de la Constitución de Montecristi, y partícipes de la Caminata por el Agua, la Vida y la Libertad de los Pueblos, desde Zamora hacia la ciudad de Quito, creemos:
2.	Derecho a la Alimentación Adecuada El Derecho a la Alimentación Adecuada es un elemento necesario para el cumplimiento de los Derechos Humanos (Flores y Aguinaga, 2014: 58), que está reconocido en instrumento internacionales como: la Declaratoria Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –PIDESC–, la Observación General 12 del Comité DESC; y, ratificado por la legislación nacional.
De la descripción territorial de las comunidades aledañas, se conoce que las actividades económicas están relacionadas con la agricultura y ganadería de subsistencia. Para estas poblaciones, Quimsacocha es un sitio sagrado ya que proporciona agua, tanto para consumo humano como para la producción agrícola que, además, sirve para autoconsumo.
Quimsacocha es una fuente de agua que nos permite, a todos los que estamos en la parte baja, cultivar nuestros alimentarnos; es decir, nos da la vida. También nos permite mejorar nuestros pastos para desarrollar la agro-ganadería (Entrevista Elizabeth Guzmán, 17 de agosto de 2014). El agua para nosotras, las mujeres, tiene muchos significados para la vida. Por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, el vientre está lleno de agua, si se acaba el agua, se acaba también la vida. Para las actividades productivas y la huerta familiar, el agua es indispensable. También, el ganado si no toma agua, no produce leche. El agua es todo (Entrevista Miriam Chuchuca, 17 de agosto de 2014).
La minería a gran escala en Quimsacocha se presenta como una gran amenaza para las fuentes de agua debido a que esta actividad es altamente contaminante y necesita de abundante agua para operar. Para las poblaciones, y sobre todo las mujeres, la preocupación principal de hacer minería en este territorio es que se afecte el páramo y, por ende, su fuente principal de agua. Si se da la minería se acabaría Quimsacocha, porque ahí vendría la contaminación del agua, de la tierra. Cuando viene el verano ya sufrimos por agua pero cuando venga la minería sería más complicado conseguir. Estos impactos serían mayores para las mujeres porque nos aumentaría la carga de trabajo productivo y para garantizar los alimentos para nuestras familias por la contaminación minera. Las mujeres tendrían que realizar actividades adicionales para conseguir el agua por lo que el tiempo y carga de trabajo aumentan (Entrevista Miriam Chuchuca, 17 de agosto).
Las mujeres, al tener más relación con el agua por las actividades domésticas y productivas del hogar que, por lo general, están a su cargo, están conscientes de que la minería impactaría en sus vidas. Esto atenta contra el derecho a la alimentación adecuada debido a que pone en riesgo uno de los elementos indispensables para garantizar este derecho, el agua.
El proyecto minero en Quimsacocha se encuentra actualmente en etapa de exploración. Según las comunidades, hasta la fecha no se registra disminución o pérdidas en la producción agro-ganadera ni de sus tierras fértiles en la cuenca baja; sin embargo, ya existen algunos impactos debido a la intervención minera en el páramo: Hace 11 años en ese tiempo los pajonales eran altos, luego que entraron los mineros todo fue cambiando (Grupo Focal, 16 de agosto de 2014). La primera vez que fui a Quimsacocha fue bonito. La paja era altísima pero después, por la apertura de carreteras, la paja vino a morirse ahora es más pequeña. El agua había por todo lado, había que usa botas para caminar por ahí. Cuando entraron la gente de la minería, vino a secarse el agua. Igual la paja que sacaron para obtener las muestras ya no creció luego de la reforestación (Entrevista Miriam Chuchuca, 17 de agosto de 2014).
Aun cuando los impactos de la minería son pequeños en la etapa de exploración, se prevé que iniciada la etapa de explotación se generen graves impactos ambientales con nocivas consecuencias para el ejercicio pleno del derecho a la alimentación.
de los defensores y defensoras de los Derechos
La Declaratoria Internacional de Derechos de los Campesinos manifiesta que:
1. Los campesinos tienen derecho a asociarse libremente y a expresar su opinión de acuerdo con sus tradiciones y culturas, incluyendo reclamos, peticiones y movilizaciones, en el ámbito local, regional, nacional e internacional. 2. Los campesinos tienen derecho a crear y formar parte de organizaciones independientes de campesinos, sindicatos, cooperativas o cualquier otra organización o asociación con el objeto de proteger sus intereses. 3. Los campesinos, en forma individual o colectiva, tienen derecho a expresarse por medio de sus costumbres locales, idiomas, culturas locales, religiones, literatura y arte local. 4. Los campesinos tienen derecho a no ser criminalizados por sus reclamos y luchas. 5. Los campesinos tienen derecho a resistir contra la opresión y a recurrir a la acción pacífica directa para proteger sus derechos (Artículo 12. Libertad de asociación, opinión y expresión).
La Constitución de la República establece que “los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o pueda vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos” (Artículo 98). Las diferentes acciones legítimas de resistencia frente al proyecto minero en Quimsacocha, por parte de las comunidades son constantemente reprimidas por el gobierno central. Las intenciones de desarrollar la minería a gran escala como un motor de desarrollo ha generado una serie de protestas sociales por parte de las comunidades y otros sectores opuestos a estos proyectos. Sin embargo, la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos y de la naturaleza se complica cuando el Estado, a través de los administradores de justicia, utiliza mecanismos como la judicialización de líderes y lideresas para deslegitimar sus acciones de protesta. Las figuras legales de delitos por sabotaje, terrorismo, obstrucción de vías entre otros, fueron utilizadas como parte de un proceso de criminalización de las protestas en defensa de Quimsacocha. El día 23 de junio del 2006, habitantes de la parroquia Victoria del Portete se tomaron el local de la Junta Parroquial para presionar a las autoridades locales la renuncia de sus cargos por comprobarse su participación en actos que beneficiaban a la empresa minera IAMGOLD. Como respuesta a esta acción, 18 personas fueron procesadas penalmente. De acuerdo al Proceso Penal Nro. 101-07 del Juzgado Primero de lo Penal del Azuay, citado por Pérez (2012a), los líderes y lideresas comunitarios enjuiciadas son: “Federico Guzmán, Geovany Guzmán, Manuel Paute, Jhon Novillo, Gerardo Novillo, José Vergara, Rosa Remache, Azucena Chuchuca, Miguel Merchán, José Mogrovejo, Paúl Mogrovejo, Carlos Ramiro Mogrovejo, Marilupe Mogrovejo, Olmedo Castro, Enrique Guzmán, Eloisa Quinde, Rosa Carmen Rumipulla, Luz María Rumipulla”.
Posteriormente, “el juicio prospera cuando el fiscal acusa por delito de plagio en pandilla” (Pérez, 2012a: 138). El proceso penal tuvo como objetivo apagar el conflicto que recién se estaría forjando. La criminalización de líderes y lideresas no logró parar al movimiento antiminero que poco a poco ganaba terreno y legitimidad tanto a nivel local como nacional.
En los primeros días de julio del 2007, las parroquias Tarqui y Victoria del Portete, para afirmar su oposición a la minería en Quimsacocha, decidieron protestar mediante la toma de vías en la Panamericana Sur. Por esta acción fueron detenidas varias personas entre ellas: Ignacia Pérez, Medardo Tenesaca, Francisca Zhagui, incluido el sacerdote Oswaldo Jara, párroco de Victoria del Portete que se alineó a la lucha antiminera (Pérez, 2012a: 142). Las acciones de resistencia y protesta de las y los defensores de los Derechos Humanos y de la Naturaleza fueron penalizadas bajo la figura de “rebelión, promoción y organización de manifestaciones públicas sin permiso; terrorismo; atentados contra funcionarios públicos; obstáculos a la ejecución de obras públicas; asociación ilícita; intimidación; instigación a delinquir; apología del delito; incendio; delito contra la propiedad como robo; secuestro o plagio, entre otros” (CIDH, 2011: 33). Estos procesos penales culminaron con las Resoluciones del 14 de marzo y el 22 de julio de 2008 de la Asamblea Nacional Constituyente que “procesó amnistías a [350] personas criminalizadas por causas ambientales” en el país (Martínez, 2011 en Acosta y Martínez, 2011: 22). La Asamblea Constituyente reconocía: Que, varios hombres y mujeres de nuestro país se han movilizado en defensa de la vida, de los recursos naturales y el ambiente; en contra de las compañías que han devastado el ecosistema, movidos por la desatención y el abandono; los afectados han realizado varias acciones de resistencia y protesta; Que, algunos de ellos han sido reprimidos y luego enjuiciados por delitos políticos y comunes conexos con los políticos, en algunos casos por compañías nacionales y extranjeras, en otros por intermediarios e inclusive por funcionarios públicos (Asamblea Nacional Constituyente, 2008 en CEDHU y FIDH, 2010: 21).
“Las resoluciones de amnistía beneficiaron de manera inmediata a cientos de ciudadanos” (CEDHU y FIDH, 2010: 21), entre ellos opositores al proyecto minero en Quimsacocha. Es así como la Asamblea decretó una amnistía a un gran grupo de defensores del medio ambiente que por su participación en la defensa de sus territorios habían sido acusados por terrorismo, sabotaje o destrucción de la propiedad (Martínez, 2011 en Acosta y Martínez, 2011: 22). En consecuencia, la Constitución ecuatoriana vigente, consignó el derecho a la resistencia (CEDHU y FIDH, 2010: 21).
Las exigencias del sector campesino e indígena se hicieron cumplir el 18 de abril 2008, con la aprobación del Mandato Constituyente No 6. La Asamblea Nacional Constituyente, de plenos poderes, expidió un “Mandato Minero” que extinguía, sin compensación económica, las concesiones mineras que se hallaren en la fase de exploración; que no hayan realizado ninguna inversión en el desarrollo del proyecto; que se encuentren al interior de las áreas naturales protegidas, bosques protectores y zonas de amortiguamiento; y, aquellas que afecten nacimientos y fuentes de agua. También extinguía, las concesiones mineras que en número mayor de tres hayan sido otorgadas a una sola persona natural o a su cónyuge, o a personas jurídicas y sus empresas vinculadas y aquellas otorgadas a funcionarios y ex funcionarios del Ministerio de Recursos Naturales, Ministerio de Energía y Minas, y Ministerio de Minas y Petróleos (Mandato Minero No. 6, 2008). La característica que tiene el Mandato Minero, de conformidad con el artículo 425 de la Constitución del Ecuador, es que sigue vigente aun después de la aprobación de la nueva Ley Minera (ley ordinaria) en el 2009 (EDLC-Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente y Mining Watch Canadá, 2014: 10). Por lo tanto, con la expedición del Mandato, todas las concesiones mineras fueron derogadas. Según Chicaiza, lo que tenían que hacer logísticamente los Ministerios es entregar las comunicaciones a las empresas que las concesiones otorgadas por Estado quedaban sin efecto. Si las empresas estaban dispuestas a entregar las concesiones sin compensación alguna, podrían haber aplicado un nuevo trámite, en el nuevo marco normativo (Entrevista Gloria Chicaiza, 10 de marzo del 2014). Sin embargo, este Mandato dejó intacta las concesiones de grandes corporaciones transnacionales que, por lo general, se encuentran en áreas de alta biodiversidad y en ecosistemas frágiles como los páramos. Varios puntos del Mandato quedaron pendientes: •	No se revirtieron todas las concesiones al Estado tal como disponía el Mandato Minero; •	No se dio paso a la extinción –sin compensación económica alguna- de las concesiones mineras que en número mayor a tres habían sido otorgadas a una sola persona natural o jurídica y a sus empresas vinculadas; se mantiene el acaparamiento y el monopolio, base de la especulación minera;14 •	No se han extinguido las concesiones de ex funcionarios de los Ministerios de Recursos Naturales, Energía y Minas, y Minas y Petróleos (Sacher y Acosta, 2012: 19-20).
“Si el Mandato Minero se hubiese aplicado, ninguna de las operaciones mineras debían haber llegado al momento en el que están actualmente. Consecuentemente, el primer contrato minero –Proyecto Mirador– está viciado de nulidad” (Entrevista Gloria Chicaiza, 10 de marzo del 2014). En el caso del proyecto minero “Quimsacocha” se incumplió el artículo 3 del Mandato. Este proyecto minero se encuentra en el área de bosque y vegetación protectora Yanuncay- Irquis y en fuentes de agua. Sin embargo, los títulos fueron sustituidos a la empresa minera. Según
el Memorial Amicus Curiae presentado, en la Corte Constitucional, por el Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente (EDLC) y Mining Watch Canadá, como respaldo a la demanda de incumplimiento del Mandato presentado por parte de la FOA: Esta sustitución es ilegal debido a que, como quedó comprobado, estas concesiones afectan bosques protectores más los nacimientos y fuentes de agua, lo cual implicó su extinción de acuerdo al artículo 3º del Mandato Constituyente No. 6 (EDLC y Mining Watch Canadá, 2014: 21)
A pesar de los incumplimientos de Mandato Minero, el 12 de enero de 2009 se aprobó la nueva Ley Minera sin un debate nacional. Previo a la aprobación de esta Ley (diciembre del 2008 y enero del 2009), los Sistemas Comunitarios de Agua realizaron jornadas de protesta con el bloqueo de la vía Panamericana Sur del Azuay y las vías del Norte de Cuenca. Sin embargo, “hubo una fuerte intervención policial que permitió el paso temporal de vehículos” (Diario El Mercurio, 7 de enero de 2009: 8A). Como consecuencias de la represión policial, se registraron 30 personas detenidas entre estas mujeres y niños: “Vinicio León, Juan Bautista Maxi, Pablo Patricio Pangol, Mario Rubén Carchipulla Jarama, Segundo Isaías Cajamarca Carchipulla, Bolívar Enrique Nugra Chimbo, Miguel Castro, Luis Guzmán, Manuel Chacha, Santiago Pulla, Ignacia Pérez, Medardo Tenesaca, Francisca Zhagui, Enrique Tacuri, Marco Chuchuca, María Chacha, Tobías Guzmán, Julia Tepán, entre otros” (Perez, 2012a: 150).
Además, la represión policial con gases lacrimógenos dejó como saldo tres personas agredidas: Pablo Cochancela que resultó con fracturada en la cara y el maxilar superior derecho, Iván Villa con severas lesiones en la frente por impacto de una bomba lacrimógena; y lo más grave Ángel Rodas, operador del Sistema Comunitario de agua Tarqui - Victoria del Portete, fue intervenido con una cirugía cerebral en el IEES, tras un impacto de proyectil en su cabeza y con pronóstico reservado (Pérez, 2012a: 150; Diario El Mercurio, 7 de enero de 2009: 8A)17. En este operativo participaron más de 400 policías y fuerzas especiales del GIR, GOE y comandos traídos de Machala y Guayaquil, incluidos canes que ingresaban allanando los domicilios de los campesinos de Tarqui y el amedrentamiento en helicópteros, buses, maquinaria y vehículos antimotines de la policía (Diario El Mercurio, 7 de enero de 2009: 8A).
Mientras tanto, los Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay, en reiteradas ocasiones, exigieron el cumplimiento del Mandato Minero. Las exigencias de este sector tomaron fuerza en los primeros días de junio con el cierre de carreteras de acceso a la provincia del Azuay como la Panamericana Sur, Panamericana Norte y Molleturo – Naranjal durante cuatro días.
Ver documental “A cielo abierto, derechos minados” del cineasta ecuatoriano Pocho Álvarez.
En tanto, diez usuarios/as de agua inician la huelga de hambre en la Corte de Justicia de Cuenca. Impedidos de utilizar este espacio, se trasladaron a la iglesia de San Roque donde mantuvieron su medida de hecho por seis días hasta la aprobación de la Ley Minera. Esta medida afectó a la salud de las manifestantes: Mi participación en estas protestas me ha hecho bastante daño en mi salud. Durante el debate de la Ley de Minería, algunos compañeros se declararon en huelga de hambre, ellos llevaban ya 6 días sin comer. Yo me uní a la huelga los dos últimos días. Los doctores nos realizaban chequeos. Tomábamos solo agua y nuestros cuerpos vinieron a debilitarse. Luego de la huelga yo no podía comer, el estómago estaba muy débil. Sin embargo, con esta medida no se consiguió nada porque igual la Ley se aprobó (Entrevista Myriam Chuchuca, 17 de agosto de 2014).
Durante estos mismos días (8 de enero del 2009), el dirigente Carlos Pérez fue apresarlo durante 5 horas. Este proceso estuvo viciado de nulidad ya que no se contaba con un orden judicial (Diario Expreso de Guayaquil, 9 de enero de 2009: 18). La aprobación de la Ley de Minería constituyó un adelanto en materia minera con respecto al papel regulador del Estado y los beneficios estatales derivados de la extracción. Sin embargo, la sola aprobación de esta Ley implicó la violación de varios derechos humanos y en especial, los DaA consagrados en la Constitución: no se reconoce el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado; la libertad de prospección minera irrespeta el derecho a la propiedad imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras comunitarias e indígenas; la privatización del agua implica la privación del derecho humano al agua y la prelación en su uso; el derecho que garantiza la alimentación; debilidades en el ámbito ambiental; preeminencia sobre otras leyes, entre otros (Entrevista Gloria Chicaiza, 10 de marzo del 2014; Sacher y Acosta, 2012: 22; Ley Minera, 2009). Posteriormente, el 4 de mayo de 2010, la Asamblea Nacional discutía el segundo y definitivo debate de la Ley de Aguas por lo que los Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay como una medida para que sus demandas sean acogidas, bloquearon las vías en la provincia del Azuay.
Con la intención de despejar las vías y frenar las protestas, la policía detuvo a los dirigentes Carlos Pérez, Federico Guzmán, Efraín Arpi en la Y de Tarqui y Pablo Quezada e Isaac Lojano en la autopista Cuenca- Molleturo a la altura de San Joaquín acusados de “sedicción, alteración del orden público, opresión a miembros policiales y destrucción de bienes públicos, paralización y obstaculización de servicios públicos” (CEDHU, s/f). A pesar de la detención de los dirigentes, las manifestaciones continuaron con el cierre de vías en Girón, Santa Isabel, Nabón, Victoria del Portete, Tarqui entre otros.
El Señor Presidente de la República quería parar la lucha deteniendo al Dr. Carlos Pérez, Federico Guzmán, Efraín Arpi, pero la valentía de las mujeres hizo que se continuara la lucha, esto quedará guardado en la historia, el padre Ángel Lobato animó a la gente (MP, Acta No 5 Asamblea Plurinacional del Sur, 2010b) Sentimos la brutal agresión por parte de la policía a las mujeres y en especial a la señora madre del Dr. Carlos Pérez. Cuando los compañeros detenidos fueron llevados a la audiencia, las compañeras derramaron lágrimas, la decisión fue tomarse el Palacio de Justicia hasta la noche que fueron liberados (IP Acta No 5 Asamblea Plurinacional del Sur, 2010b) En la mañana del martes 4, la policía, a las 7:30 de la mañana, en donde detuvo a los dirigentes pensando que la gente se retiraría de las calles, pero gracias a las mujeres las vías continuaron tomadas. (MC Acta No 5 Asamblea Plurinacional del Sur, 2010b).
En la tarde del 7 de mayo de 2010, el Dr. José Vicente Andrade, presidente de la Corte de Justicia de Cuenca, ordenó la libertad de los 5 detenidos, ante un amparo de libertad propuesto por los abogados defensores; el fiscal XI de lo Penal de Azuay, Julio Inga Yanza, interpuso el recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia, a fin de los procesados sean condenados como autores del delito de obstaculización de vías públicas (CEDHU, s/f). El 14 de agosto de 2012, la Sala Penal de la Corte Nacional con voto de mayoría de los doctores Merino e Iñiguez, desecha la casación y condena a prisión a los líderes indígenas, defensores del agua mientras que el juez Blum con voto de minoría declara la nulidad del proceso por interponer mal la fiscalía el recurso de casación en vez de apelación (CEDHU, s/f). El 15 de enero de 2013 se ejecutó la sentencia contra Carlos Pérez18, Federico Guzmán19 y Abel Arpi20 acusados de “terrorismo, sabotaje y sedición” y posteriormente de “interrupción de la vía pública” (CEDHU, s/f). La situación legal de Pablo Quezada e Isaac Lojano continúa pendiente. Inicialmente, la sentencia condenó a 1 año de prisión para los tres defensores del agua pero “por tratarse de personas que no constituyen peligro para la sociedad, y que las motivaciones para su inconducta fueron de carácter altruista y social, en defensa del agua (...) ve como atenuante y rebaja la pena a 8 días”21. 18
Dirigente de la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay FOA y de la Unión de Sistemas comunitarios de Agua del Azuay. 19 Presidente de la Junta Parroquial de Victoria del Portete durante el periodo 2009-2014. 20 Comunero de la parroquia Tarqui del Cantón cuenca, provincia del Azuay. 21 Sentencia (proceso 128-11) dictada por la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay. Página 29, citado en Continúa criminalización de defensores de derechos humanos en Ecuador: paramo de Quimsacocha (2012), FIAN et al.
Las mujeres desempeñaron un papel importante en estas jornadas quienes además fueron agredidas:
Los instrumentos utilizados para condenar a defensores de derechos humanos son las leyes del Código Penal. Según Barragán et al., los tipos penales utilizados han sido los artículos 115 hasta 166 que tipifican delitos como: sabotaje y terrorismo o delitos contra la Seguridad Interior del Estado (Barragán et al., 2011: 54). Agregan que, el uso de estos tipos penales han permitido que la Policía y el Ejercito utilicen sus armas contra los manifestantes causando lesiones; descalificar al grupo social que se resiste, estigmatizando como “terrorista” lo cual criminaliza más aún la resistencia; detenciones policiales sin mandato judicial porque se configura la flagrancia (2011: 54-55). Estos hechos constituye una vulneración del derecho a la resistencia, amparado en la Constitución (Art. 98), contra proyectos de minería a gran escala en fuentes de agua y una clara criminalización de la protesta social. Otro acontecimiento que merece analizar es la militarización de la planta comunitaria de agua Tarqui - Victoria del Portete que dota de agua para consumo humano a 1 500 familias de estas poblaciones. El 2 de Julio 2011, la planta de tratamiento de agua amaneció ocupada por militares debido a supuestos “atentados” contra la infraestructura. La militarización fue concebida por las parroquias como una “guerra por agua”; según una nota periodística, las comunidades denuncian que: “el propósito es atemorizar a la comunidad, romper la organización comunitaria y allanar el paso a la minera metálica (Iamgold) en Quimsacocha, lugar donde nacen varios ríos” (Adital, 6 de febrero de 2014). La visita del presidente Correa al proyecto minero, en octubre de 2011, fue una oportunidad para lograr un dialogo entre la autoridad principal y las comunidades que por oposición a la minería a gran escala en fuentes de agua había mantenido distanciamiento. Sin embargo, el presidente Correa, llegó acompañado de “640 efectivos entre policías y militares” que impidieron este acercamiento (Diario El Mercurio, 26 de octubre de 2011, 6A).
El protagonismo de las mujeres proceso en la lucha en defensa del agua, ha sido significativo. No obstante, ellas han recibido agresiones por parte de agente de la Policía Nacional durante varias acciones emprendidas por la defensa del agua, principalmente.
Durante la caminata el mandatario recibía explicaciones de los técnicos tanto de Programa de Manejo de Suelos (PROMAS) de la Universidad de Cuenca y el Ministerio de Recursos no Renovables; ellos le informaron que en esta área, ubicada a 3 820 metro sobre el mar –en donde están las lagunas que dotan de agua a las cuencas del Yanuncay y Jubones – no se encuentran dentro de la concesión minera. Además que “el suelo de roca dura, no permite la filtración de agua y la probabilidad de contaminación es mínima” (Diario El Mercurio, 26 de octubre del 2011: 6A). Hombre, mujeres y niños que llegaron a San Gerardo (Cantón Girón), lugar de acceso a los páramos, fueron impedidos de acompañar en la caminata. El presidente, en ese entonces, de la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay, Leonardo López, fue detenido “por arremeter supuestamente contra un vehículo de la comitiva” (Diario El Mercurio, 26 de octubre del 2011: 6A).
Capítulo 4 Estrategias de las comunidades, juntas de agua y organizaciones sociales en contra del proyecto Minero “Loma Larga”
1.	Estrategias organizativas en defensa de Quimsacocha Desde septiembre del 2003, fecha en la que se verificó la presencia de una empresa extranjera en los páramos de Quimsacocha, las y los pobladores de Victoria del Portete y Tarqui, así como usuarios(as) de los sistemas de agua para riego y consumo humano iniciaron una larga y vigente lucha por su derecho humano al agua, en tanto a la alimentación. La estrategia que mantiene la lucha es la organización. A inicios de la resistencia contra la minería, se conformó el Comité de Defensa del Medio Ambiente de Victoria del Portete y posteriormente el Comité Cívico Victoria del Portete para iniciar varios trámites en entidades públicas con el fin de acceder a información sobre la autorización minera en Quimsacocha. Sin embargo, estas organizaciones perdieron protagonismo al incorporarse a la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay (FOA) y la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay (UNAGUA) que posteriormente se convirtieron en grandes frentes de oposición a la minería.
os alcances de las formas de resistencia social contra la minería a gran escala y en defensa del agua, de la biodiversidad, la integridad y la calidad de la tierra y la soberanía del territorio en Quimsacocha, van desde las acciones pacíficas, ejercicio del derecho a la resistencia hasta acciones judiciales.
La asamblea de usuarios del Sistema Comunitario de Agua de las parroquias Tarqui y Victoria del Portete, perteneciente a UNAGUA, resolvió rechazar el proyecto por constituirse en una amenaza para sus fuentes de agua. Las concentraciones en espacios públicos y entidades gubernamentales y provinciales para hacer cumplir su pedido fueron varias: Gobernación del Azuay (27 de enero de 2005), Dirección Regional de Minería del Azuay (6 de mayo de 2005), Parque Calderón (25 de agosto de 2005), Ministerio de Minas y Petróleos (23 de noviembre de 2005), sin obtener mayores resultados (Pérez, 2012a: 134, Diario La Tarde, 25 de febrero del 2007: 2). Simultáneamente, como respuestas a estas acciones, la empresa IAMGOLD anunciaba que en el 2005 elevaría el gasto en el proyecto “Quimsacocha” de USD 3,9mn a USD 5,3mn para apoyar nuevas perforaciones y análisis (Business News Americas, 20 de octubre de 2005).
El 10 de enero del 2006, cientos de comuneros realizan una caminata desde Victoria del Portete a Cuenca (20 km.) (Pérez, 2012a: 135). Pocas fueran las respuestas que consiguieron por parte de las autoridades; sin embargo, las acciones sirvieron para que habitantes de la ciudad de Cuenca conozcan el caso y de surgimiento a movimiento urbanos conformados por ambientalistas, universitarios, académicos, entre otros, fortaleciendo así la organización campesina. Se destaca la Coordinadora por la Defensa de la Vida y la Soberanía, Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca, Clínica Ambiental, Huella Verde, Comunidad Ecologista Quizha-Quizha, Asamblea de los Pueblos del Sur, Pastoral Social de Cuenca, Juntas de Agua del Cantón Girón, entre otros. Actualmente, las preocupaciones de los campesinos y las poblaciones indígenas con respecto al agua son compartidas también por la población urbana. Esto hace que la protesta social no sea local sino se articula con redes cada vez más globales.
Por otra parte, frente a las jornadas de protesta por la Ley de Aguas, en el 2010, se instaló el Parlamento Plurinacional de los Pueblos del Sur con la participación de representantes de organizaciones eclesiásticas entre estos los sacerdotes Ángel Lobato, Teodoro Delgado, Juan de la Cruz Rivadeneira y Kléver Pañi así como los Sistemas Comunitarios de Agua, autoridades locales, estudiantes, ambientalistas y sectores sociales. Durante este Parlamento, se realizaron actos religiosos, informe de la comisión que participó en la Asamblea Nacional para conocer la situación de la nueva ley, almuerzo comunitario, entre otras actividades. El 25 de octubre del 2010, como respuesta a la visible amenaza de acaparamiento y destrucción de las fuentes de agua, las comunidades ascienden a los páramos para colocar la imagen de la virgen de las aguas de Quimsacocha junto a las lagunas, acompañados de sacerdotes y dirigentes nacionales del movimiento indígena. Sin embargo, al día siguiente, la imagen desapareció del sitio. Luego de un mes de búsqueda la imagen de la virgen fue encontrada en la Tenencia Política de San Gerardo (Pérez, 2012a: 168). La imagen fue llevada a este sitio ya que “fue colocada dentro de propiedades privadas”, de acuerdo a la información presentada por la Tenencia Política. El Encuentro Continental de la Abya Yala por el Agua y la Pachamama realizado, del 21 al 24 de junio del 2011, por los Sistemas Comunitarios de Agua y otros sectores sociales en Cuenca permitió reunir a 3 000 representantes de 26 países como: Ecuador, Uruguay, Colombia, Nicaragua, Argentina, Guatemala, entre otros. Durante el encuentro internacional se instaló el Tribunal Ético Internacional donde fueron presentados 189 procesados penalmente por defender la Naturaleza acusados por el gobierno (Pérez, 2012a: 169). Las resoluciones de Encuentro fueron declarar a la Abya Yala libre de minería metálica a gran escala, del saqueo y depredación, a la intervención territorial y la destrucción que generan las corporaciones mineras como crímenes de Lesa Naturaleza. La oposición a la expansión de las fronteras petroleras, a la construcción de refinerías y complejos petroquímicos, a la de hidroeléctricas, trasvases y represas que cortan los ríos y permite procesos de concentración del agua, y toda acción ilegítima que altere y devaste los bosques, páramos, manglares y demás espacios de vida (Declaración del Encuentro Continental de los Pueblos de la Abya Yala por el Agua y la Pachamama, 2011 en Pérez, 2012a). Durante este encuentro también se compartieron experiencia de consultas comunitarias como nuevos procesos de resistencia y de autodeterminación de los pueblos. Este encuentro fue clave para que el Sistema Comunitario de Agua realice una consulta comunitaria sobre la minería, presentado en el acápite anterior. Las consultas comunitarias o ciudadanas constituye un mecanismo que aporta a la solución pacifica de los conflictos mineros a su vez que es una acción legitima para hacer efectiva la democracia directa y el derecho a la libre determinación, el cual se concreta en el derecho al consentimiento. En América Latina existen varias experiencias de consulta comunitarias como estrategias de defensa territorial. Por ejemplo, Guatemala (Champerico), Perú (Tambogrande), Argentina (Esquel), Colombia (Tolima), entre otros.
Las acciones de protesta como el bloque de carreteras, en cierta medida ayudaron para establecer una serie de “diálogos para la vida”. El 4 de julio del 2007, veinte y seis dirigentes de los sistemas comunitarios de agua del Azuay se reunieron con el presidente Correa quien reafirmó que suspendería las concesiones de IAMGOLD, pero que necesitaba pruebas que las concesiones mineras estaban sobre fuentes de agua y habían sido otorgadas irregularmente, caso contrario el país obtendría una tremenda demanda. Para ello propuso conformar una comisión con representantes de las comunidades y el Estado que revisara la concesión en el ámbito jurídico y ambiental (Pérez, 2012a: 142).
El papel de las mujeres en estos procesos ha sido importante. Las mujeres han estado presentes en las manifestaciones, en las asambleas, en la organización de eventos, en la preparación de alimentos para las manifestaciones, intercambios con otras comunidades afectadas por la minería tanto en Ecuador como en Perú. No obstante, en la actualidad existe un debilitamiento en la organización y el aporte de las mujeres no es visibilizado. La participación de las mujeres contra la minería ha sido excelente. Sin embargo, en estos días la voz de la mujer está apagada. Antes las compañeras hacían temblar a la policía, pero ahora ya no hay quien nos motive y además dicen que nos van a llevar presas si protestamos […]. Antes asistía a todos los talleres y en mi mente está que la minería contaminaría nuestra agua pero ahora quiero que vaya otra gente, gente nueva, que pareciera que no le interesan estos temas, para que escuche sobre el problema de la contaminación (Entrevista Myriam Chuchuca, 17 de agosto de 2014).
Si bien la participación de las mujeres sido importante pero no han podido tener representación directa en las organizaciones y participar. Por otra parte, las mujeres han venido reclamando espacios de participación dentro de la misma organización. Durante la elaboración del Mandato de las mujeres por el agua, ellas discutieron la poca apertura para que las mujeres den declaraciones a la prensa sobre el avance de la caminata contra la Ley de Agua que debatía la Asamblea Nacional, por ejemplo. Las mujeres, en la actualidad, esperan poder organizarse para comenzar a trabajar en alternativas a la minería, es decir en proyectos productivos como las huertas orgánicas, tejidos, abono orgánico, capacitación para mejora la producción ganadera, entre otros.
2.	Lazos nacionales e incidencia internacional
Acción Ecológica, organización dedicada a la defensa de la naturaleza, ha promovido estrategias de intercambios y articulaciones internas de las luchas socio-ambientales entre defensores y defensoras de Quimsacocha y defensores y defensoras de Intag o de Molleturo que luchan contra los proyectos mineros desde la década de los 90. La idea de estos intercambios es que, ante la posibilidad de la instalación de distritos mineros, se pueda construir corredores de resistencia (Entrevista Gloria Chicaiza, 10 de marzo de 2014). Hay comunidades que tienen luchas exitosas en cuanto a resistencia, alternativas, pero en el plano internacional también hay impactos ambientales. Acción Ecológica es parte del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) por ello logró tener miradas distintas respecto a la minería a gran escala y establecer contacto con países que están en etapa de explotación (Entrevista Gloria Chicaiza, 10 de marzo de 2014).
Por lo tanto, Acción Ecológica también promovió intercambios a Perú para que la gente pueda ver los impactos de la minería a gran escala. Esta estrategia fue “súper” efectiva porque la gente observa la realidad que viven otras comunidades que dieron paso a la minería, los conflictos, estrategias de las empresas y también estrategias de lucha las comunidades (Entrevista Gloria Chicaiza, 10 de marzo de 2014). Otras organizaciones como el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Internacional de Servicios Públicos (ISP), Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) han apoyado con formación y capacitaciones. Gracias al apoyo de varios movimientos y organizaciones y las exigencias del sector campesino e indígena, la base de la protesta social en torno a la minería se amplió significativamente. Por su parte, FIAN Ecuador, desde la perspectiva de defensa de los derechos a la alimentación, viene acompañando a las comunidades en varias acciones. Desde el 2010, esta organización se vinculó a la lucha de las comunidades de Quimsacocha a través de talleres sobre derechos colectivos dirigidos a jóvenes. Este acercamiento se debe a las relaciones que se habían establecido entre la actual directora de FIAN Ecuador, Lina Cahuasquí, con organizaciones como la Ecuarunari y sus organizaciones filiales y fraternas en el Azuay como la Unión de Comunidades Indígenas de Azuay (UCIA), la Organización Campesina del Azuay (UNASAY) y la Federación de Organizaciones Campesinas e indígenas del Azuay (FOA). El relacionamiento con dirigentes de la FOA, principalmente, permitió que FIAN Ecuador acompañe a las comunidades desde la defensa del derecho a la alimentación: Nosotros tenemos un seguimiento dentro del acompañamiento de casos. Cuando identificamos un eventual violación del derecho a la alimentación, y cuando hay una fuerte organización, nosotros planteamos a esta organización apoyarle en lo que sabemos hacer, ese nivel de incidencia en políticas públicas a nivel nacional e internacional. Las comunidades cuando efectivamente tienen reuniones en el consejo de gobierno, debaten esas propuestas y finalmente aceptan. Nosotros procedemos a realizar una agenda de actividades con las comunidades. Así fue como se construyó la relación con la FOA (Entrevista Lina Cahuasquí, 9 de agosto de 2014).
Desde el acercamiento con las organizaciones, FIAN Ecuador ha desarrollado una serie de
Los procesos organizativos y las acciones en función de la defensa de Quimsacocha ha sido bien vista por organizaciones dedicadas a la protección de derechos humanos y de la naturaleza, mismas que han acompañado a las comunidades y organizaciones en el proceso de resistencia contra la minería.
acciones en el proceso de acompañamiento del caso, entre los que se destacan: actividades de capacitación a la dirigencia y, actualmente, a los grupos de mujeres sobre temas de exigibilidad, el derechos internacional y legislación nacional relativos a los derechos a la alimentación; actividades de incidencia comunicacional por ejemplo, la elaboración de minivideos para difusión nacional como internacional; actividades relacionadas a la investigación como: elaboración de cartillas sobre la información geográfica, historia de resistencia, entre otros, mediante el levantamiento de información con la comunidad; y apoyo organizativo a las comunidades. FIAN ha logrado una tener incidencia en órganos internacionales de derechos humanos. En esa perspectiva, ha organizado dos giras europeas con representantes de las parroquias Tarqui y Victoria del Portete. En noviembre del 2012, Lizardo Zhagui , dirigente de la parroquias Tarqui y miembro de la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay, junto con Enith Flores de FIAN Ecuador presentaron a los miembros del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas el caso de Quimsacocha. Como resultado de la visita, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas manifestó al Estado su preocupación por “la ausencia de consultas que permitan expresar el consentimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas de manera previa, libre e informada sobre los proyectos de explotación de recursos naturales que les afectan” (Organización de Naciones Unidas, 30 de noviembre de 2012). Respecto al caso presentado por el representante de las comunidades de Quimsacocha, manifiesta: El Comité se encuentra preocupado por las investigaciones y las condenas penales contra líderes sociales e indígenas que han participado en manifestaciones públicas con ocasión de las iniciativas legislativas del Gobierno del Estado Parte sobre la administración del agua y el desarrollo de proyectos que generarían impactos sobre reservas naturales como en el caso de la Laguna Kimsakocha. Al Comité le preocupa que en el Estado parte no existan suficientes mecanismos de concertación social sobre las actividades de extracción de recursos naturales, de manera que se puedan armonizar con la cosmovisión del desarrollo de los pueblos y nacionalidades indígenas (Organización de Naciones Unidas, 30 de noviembre de 2012).
El testimonio de Lizardo Zhagui permitió que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recoja en su informe preocupaciones y recomendaciones al Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos y derechos de participación.
Por otra parte, en el año 2013, Federico Guzmán, dirigente de la parroquia Victoria del Portete, inició una visita por Europa para sostener reuniones de alto nivel en Estocolmo, Umea, Milán y Bruselas, para sensibilizar al Parlamento Europeo sobre la criminalización por parte del Estado ecuatoriano contra él y otros dirigentes, por su resistencia contra de la minería en los páramos de Quimsacocha. Esta gira sirvió para resaltar el tema de criminalización de defensores de Derechos Humanos y, en particular, resaltar el caso de las tres personas que cumplieron una condena por la defensa del agua. Según Lina Cahuasquí de FIAN Ecuador, que participó en las reuniones, la información presentada fue nueva pero preocupante para los miembros del Parlamento Europeo quienes manifestaron que iban a enviar “notas de preocupación” a Naciones Unidas. Sin embargo, no se sabe si esto ocurrió (Entrevista Lina Cahuasquí, 9 de agosto de 2014). Mientras tanto, en noviembre de 2014, Miriam Chuchuca, líder indígena del Quimsacocha, realizó un viaje a Suecia para incrementar la concienciación de la lucha de diez años de las comunidades en contra de la minería (FIAN Internacional, noviembre de 2014).
3.	Acciones jurídicas de defensa del territorio En el año 2008, la aprobación del Mandato Minero fue un instrumento para revocar cientos de concesiones mineras en donde se plasmó las demandas de las comunidades, sin embargo se dieron pobres resultados como los analizados anteriormente. Frente al incumplimiento de este Mandato, las comunidades decidieron llevar este caso a la Corte Constitucional. La Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay (FOA) y los Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay (UNAGUA), en el 2011, interpusieron una Acción de Incumplimiento del Mandato Constituyente No. 6. En el 2012, Acción Ecológica y la CEDHU también recurrieron a esta figura legal. Estas dos acciones están acumuladas y la Corte Constitucional ha realizado dos audiencias pero con la participación únicamente de la FOA y UNAGUA. Las comunidades y organizaciones esperan que la Corte Constitucional de un dictamen favorable a la mayoría de la población.
En esta acción legal se argumenta que el Mandato Minero no se cumplió ya que en su artículo 3, “declara la extinción sin compensación económica alguna de las concesiones mineras otorgadas al interior de áreas naturales protegidas, bosques protectores y zonas de amortiguamiento definidas por la autoridad competente, y aquellos que afecten nacimientos y fuentes de agua” (Mandato Minero, 18 de abril del 2008). La FOA y UNAGUA demandan que:
La disposición transcrita es suficientemente clara que no requiere mayor abundamiento, es decir por mandato del poder plenipotenciario sin interpretaciones y menos regulaciones para “aplicaciones” el representante legal o delegado del Ministerio de Minas y Petróleos, hoy Ministerio de Energías No Renovables debió imperativamente dar estricto cumplimiento al Mandato Minero, haciendo que toda concesión minera que se encuentre dentro de una zona o bosque protector como es el caso del Bosque Protector de la Microcuenca de los ríos Tarqui y Yanuncay dentro del cantón Cuenca, provincia del Azuay sea extinguida, desapareciendo ipso facto tal acto administrativo de concesión minera a todas las compañías concesionarias entre otras la Compañía Iam Gold, Cornestone, Mega Minig, Ecuador Gold, entre otras que se encuentran dentro de áreas que forman el bosque protector, así como aquellas que se encuentran situados en fuentes y nacimientos de agua y no pensar siquiera en aquellos lugares que a más de fuentes de agua constituyen reservorios naturales de agua dulce con abundante biodiversidad, sistema lacustre, humedales, que permite captar, reservar y regular el ciclo hidrológico beneficiando a centenares de miles de pobladores (Acción de Incumplimiento del Mandato Minero, 2011).
Adicionalmente, el título Disposiciones Finales del Mandato Minero prescribe que “Notifíquese al Ministerio de Minas y Petróleos disponiendo que cumpla con los actos administrativos regulatorios para el estricto cumplimiento del presente Mandato” (Mandato Minero, 2008: Primera Disposición final). Según la Acción de Incumplimiento de la FOA y UNAGUA: En consecuencia demandamos el inmediato cumplimiento del Mandato Constituyente número 6 al representante legal del Ministerio de Minas y Petróleos hoy ministerio de Energías No Renovables, legalmente representado por su ministro el Ingeniero Wilson Pastor en lo referente a ejecutar la extinción de todas las concesiones mineras otorgadas a empresas multinacionales áreas del territorio nacional que estén dentro del bosque protector como es el caso de la transnacional Iamgold que está emplazada dentro de la microcuenca de los ríos Tarqui y Yanuncay, cuya jurisdicción son de las parroquias Victoria del Portete y Baños del cantón Cuenca y de la parroquia San Gerardo del cantón Girón, provincia del Azuay, consecuentemente sigan proveyendo de agua y vida para miles de familias cuencanas y azuayas, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales por acción u omisión de los funcionarios llamados a cumplir y hacer cumplir la Constitución, los Tratados y Convenios Internacionales (Acción de Incumplimiento del Mandato Minero, 2011).
Durante la audiencia pública sobre el incumplimiento del Mandato Minero, presidida por el Dr. Manuel Viteri Olvera, desarrollada en la Corte Constitucional, se presentaron argumento a favor y en contra de la demanda. Caupolicán Ochoa, abogado del Ministerio de Recursos no Renovables, desconoció a los dirigentes Carlos Pérez y Leonardo López quienes firmaron la acción, al manifestar que en el proceso no existen los nombramientos y los estatutos y que la Corte no debía dar trámite a la solicitud del incumplimiento del mandato, porque ya se habían devuelto una parte de la concesión en Kimsakocha (3 500 has) por parte de la Compañía Iam Gold (Zhagui, 2012). Por su parte, Federico Auquilla, Viceministro del Ministerio de Recursos no Renovales, dijo que no va a haber afectación a las fuentes de agua de Cuenca y que la explotación minera está garantizada a través de tecnología de punta (Zhagui, 2012). En defensa de la Acción de Incumplimiento, el constitucionalista Julio César Trujillo, lamentó los pronunciamientos anteriores ya que se justifican de manera simple la explotación minera, sin importar el agua que es la vida en sí. Al pronunciamiento de Ochoa que la Corte debía negarse a lo solicitado por los dirigentes, dijo que: “eso debió impugnarse a su debido tiempo, ahora es
El 4 de febrero de 2014, en la Corte Constitucional, las organizaciones y comunidades de Kimsakocha (Azuay), Cóndor Mirador (Zamora Chinchipe), Intag (Imbabura), la Ecuarunari y Acción Ecológica, presentaron el Amicus Curiae que fue enviado por el Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente (EDLC) y Mining Watch Canadá que respalda la acción presentada por la comunidades en influencia directa del proyecto minero “Quimsacocha”. El Amicus Curiae es un documento que ayuda a sostener la argumentación técnica jurídica a la Acción de Incumplimiento del Mandato Constituyente No. 6 (Entrevista Gloria Chicaiza, 10 de marzo del 2014). Esto significa que existe una preocupación a nivel internacional en cuanto a la vulneración de los Derechos Humanos y de la Naturaleza. Según Carlos Pérez: “el efecto jurídico de este documento es que ayuda a sostener la demanda que presentamos. Si la Corte falla en contra de las comunidades da fuerza para llevar el caso a Cortes Internacionales” (Entrevista Carlos Pérez, 4 de febrero del 2014). Por otra parte, los resultados poco favorables de las protestas en contra de la Ley Minera llevaron a los campesinos e indígenas a realizar otras estrategias de resistencia, esta vez por la vía judicial. La Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay (FOA) (Acción No. 011-09-IN) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE (Acción No. 008-09-IN) presentaron por separado una demanda de inconstitucionalidad de la Ley Minera. Las organizaciones demandantes afirmaron que los contratos mineros violan el Mandato Minero, pues no contemplan un estudio que muestre que en las zonas que se licitan no existan nacientes de agua (PADH, 2012). Además, “estas observaciones versan sobre los siguientes aspectos: la territorialidad indígena, la consulta previa, la calidad de las aguas, los ecosistemas críticos, los riesgos de desastres, entre otros” (Acción Ecológica, 24 de junio de 2009). Sin embargo, la Corte Constitucional, el 26 de marzo de 2010, dejó sin lugar la demanda sin antes conformar la comisión solicitada por las comunidades para que visiten Quimsacocha.
tarde”. En cuanto a la no vigencia del Mandato Minero, él recordó que no es un texto jurídico sino administrativo, la ejecución debía ser de manera inmediata, no lo fue, es por ello que la acción por incumplimiento está justificada (Zhagui, 2012).
Frente a esta acción de la Corte Constitucional, el 19 de diciembre de 2010, la FOA y la UNAGUA presentan una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la expedición de la Ley de Minería en forma inconsulta (Pérez, 2012a: 169).
4.	Situación actual de las organizaciones
Las organizaciones que han resistido a la minería y las comunidades vienen afrontando una serie de problemas relacionados a la fragmentación y debilitamiento de las mismas. A partir del año 2013, la ausencia del dirigentes en el nivel organizativo por la salida del líder Carlos Pérez como presidente FOA para asumir las responsabilidades al frente de la presidencia de la organización indígena nacional, Ecuarunari, y el agotamiento propio de las organizaciones por los 10 años de activismo contra la minería han ocasionado que la comunidad sufra uno de los mayores debilitamientos en temas de organización, convocatorias y acciones frente a la minería. Estos problemas en la organización junto con las estrategias de fraccionamiento del Estado en el territorio, a través de las obras de infraestructura en el marco del programa Ecuador Estratégico y las políticas asistencialistas (Bono de Desarrollo Humano), han permitido el avance de las empresas (culminación de la exploración avanzada e inicio de las negociaciones con el gobierno), y que se abra finalmente el camino hacia la explotación minera en Quimsacocha. A lo largo de esta investigación, se evidenció una clara desconexión entre la dirigencia y sus bases. El principal problema radica en las agendas nacionales que han adoptado los líderes al frente de las organizaciones nacionales. En esta coyuntura, las mujeres han iniciado un proceso de revitalización de la lucha desde sus territorios. Ellas consideran que muchas veces los talleres y reuniones sobre la minería son repetidos y cansan a la gente. Por ello, su estrategia es organizarse para desarrollar proyectos productivos como alternativa a la minería. Aunque nuestros líderes no estén presentes nosotras siempre estaremos aquí. Estamos claras que la minería afectará a nuestras fuentes de agua, por eso queremos capacitarnos pero no en los mismos temas que a veces cansan y no logran convocar a la gente. Ahora queremos organizarnos para desarrollar proyectos productivos como: el abono orgánico, los tejidos, huertas orgánicas (Reunión San Pedro de Escalera, Grupo de mujeres de Tarqui y Victoria del Portete, 11 de junio de 2014). No nos sentimos perdidas, solo pedimos a Dios que nos dé más valor entendimiento con la gente que esta con la minería. Ya no estamos para pelear con nuestra gente sino para ser amigos. Los proyectos que se ejecutaron con la junta parroquial anterior no unieron con las personas que apoyan la minería. Ahí conversamos con las mujeres que estaban en los proyectos; yo les decía ustedes tienen niños, que futuro les van a dar, si la minería va a contaminar el agua […]. Algunas compañeras se quedan pensando, otras están convencidas que con la minería va a venir el desarrollo (Entrevista Myriam Chuchuca, 17 de agosto de 2014).
Esta situación constituye una oportunidad para que las mujeres que han estado presentes en la resistencia contra la minería eleven su participación al liderazgo de las organizaciones y no sean simplemente las mujeres que cocinan, que están presentes en las asambleas pero que finalmente, no participan en la toma de decisiones directamente.
l presente informe tiene como objetivo analizar las implicaciones de la minería a gran escala en el derecho a la alimentación de las comunidades campesinas aledañas al territorio comunitario de Quimsacocha. Para ello se utilizó tres variables claves de análisis: el territorio comunal, la violación de derechos humanos con énfasis en el derecho a la alimentación adecuada y estrategias locales contra la minería.
1.	El análisis espacial de Quimsacocha revela la existencia de múltiples formas de entender el territorio y múltiples formas de gestionarlo. Es así que, se superpone una lógica de conservación de los ecosistemas, a través de las áreas protegidas, y la importancia por los recursos minerales existentes en el subsuelo sobre una forma de entender el territorio desde las lógicas culturales, sociales, de abastecimiento y de pertenencia de las poblaciones locales. Esto genera una tensión con la propia visión de conservación y con la mirada que sobre estas tierras comunitarias tienen los habitantes de Victoria del Portete, Tarqui y otras poblaciones usuarias y beneficiarias del páramo. 2.	Luego de la reconstrucción colectiva de los límites del territorio comunal de Quimsacocha se identificó de que este cuenta con una extensión de 10 226,85 hectáreas que se distribuye entre los cantones Cuenca, Girón y San Fernando. De este territorio, el 74,4% de la superficie corresponde al herbazal de páramo o páramo de pajonales y el 13,3% corresponde al bosque siempre verde montano o bosque andino. En cuanto al uso del suelo, al año 2008, el 98,6% de las tierras comunitarias de Quimsacocha corresponde a vegetación natural (páramo, principalmente). 3.	Quimsacocha está ubicado estratégicamente en la divisoria de dos grandes cuencas hidrográficas (Río Jubones y Río Santiago), convirtiéndose en un ecosistema de suma importancia en términos de provisión de agua para las comunidades campesinas. En el territorio comunal, existen 82 concesiones de agua de las cuales, 76 se encuentran vigentes y todas corresponden a usos consuntivos del agua. El 42,1% de estas concesiones corresponde a riego; el 28,9% corresponde a uso doméstico; el 25,0% para abrevadero; y un 2,6% para uso industrial. Las concesiones de agua que están dentro del territorio de Quimsacocha suman un total de 350 litros por segundo; sin embargo, existen un gran número de concesiones de agua ubicadas en la cuenca baja del humedal que permiten desarrollar actividades económicas de subsistencia. La gran mayoría de estas concesiones de agua para consumo humano y riego se localizan en el sur del territorio comunitario, es decir en la cuenca del Río Jubones. Sin embargo, en la cuenca del Rio Santiago, existen concesiones de agua para consumo humano, cuyos caudales son más elevados. 4.	Por la importación ecológica de Quimsacocha, más del 85,4% del territorio cuenta con algún mecanismo de conservación. En 1985, a partir de la declaratoria de Bosque y Vegetación Protectora Yanuncay-Irquis, gran parte del territorio consta como área protegida. Posteriormente, se han implantado otras áreas protegidas con el Área Nacional de Recreación Quimsacocha y el programa Socio Bosque (versión Socio Páramo).
5.	La minería a gran escala ejerce presiones sobre el territorio ya que se localiza en una zona de alta vulnerabilidad y fuente de agua de varias poblaciones. Las concesiones mineras otorgadas a la empresa IAMGOLD cubren el 59,59% del territorio comunal de Quimsacocha. Sin embargo, en el territorio se han otorgado otras concesiones que representan el 1,4% adicional del territorio comunitario. Estas concesiones se encuentran en zona de páramo y se sobreponen a áreas de conservación ambiental. Dentro del Bosques y Vegetación Protectores existen 3 877,4 hectáreas de la concesión de la empresa IAMGOLD, esto es el 85% de las concesiones mineras en el territorio; 116,6 hectáreas del Área Nacional de Recreación Quimsacocha se traslapan con el área de concesión minera; y, 469,93 hectáreas del programa Socio Bosque están cubiertas por la concesión minera otorgada a IAMGOLD.
6.	Las concesiones mineras atentan contra las poblaciones campesinas, sus medios de subsistencia y la soberanía alimentaria. Tomando como criterio la contaminación ambiental y 1 kilómetro de los principales drenajes del área de depósito de los minerales y la ubicación de la actual infraestructura minera (campamentos y depósitos de materiales), se identifica que existen concesiones de agua para consumo humano y riego ubicadas entre los 100 y 500 metros cercanos al río que podrían ser afectados por la posible contaminación ambiental. Estos es, 670 concesiones de agua susceptibles de afectación, de los cuales 460 corresponden a riego y abrevadero, 194 de uso doméstico y 6 de uso industrial. Tomando estos mismos criterios, existe un centro cantonal (Girón); 4 centros parroquiales (Victoria del Portete, Natividad de Chumblín, San Gerardo y Tarqui); y, 31 poblados (El Chorro, Portete, Descanso de Sucre, Churuguzho, San Pedro de Escaleras, El Rodeo, Estación de Cumbe, Aguarongos, Irquis, Las Américas, entre otros) vulnerables a la contaminación ambiental. 7.	El establecimiento de un proyecto minero en Quimsacocha ha generado que se violen y vulneran varios Derechos Humanos entre ellos, el Derecho Humano a la alimentación y al agua. Para iniciar la adjudicación de tierras y la exploración minera en Quimsacocha, se vulneró el derecho de las comunidades a la consulta sobre toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente. La minería a gran escala atenta contra el derecho al agua que está estrechamente ligado al Derecho a la Alimentación Adecuada. La minería a gran escala, para las comunidades campesinas, se presenta como una gran amenaza para las fuentes de agua debido a que esta actividad es altamente contaminante y necesita de abundante agua para operar. Los defensores y defensoras de los Derechos Humanos por su activismo contra el proyecto minero en Quimsacocha han sido constantemente reprimidas por el gobierno central. Por lo general, se han utilizado mecanismos judiciales contra los líderes y lideresas para deslegitimar sus acciones de protesta. Las figuras legales de delitos por sabotaje, terrorismo, obstrucción de vías entre otros, fueron utilizadas como parte de un proceso de criminalización de las protestas en defensa de Quimsacocha. 8.	Finalmente, las comunidades, juntas de agua y organizaciones sociales han desarrollado una serie de actividades para frenar el avance del proyecto minero conocido como “Loma Larga”. La estrategias de las comunidades locales tienen que ver con la creación de organizaciones que aglutinan varios frentes defensas del territorio, acciones a nivel nacional e internacional, acciones jurídicas contra las leyes que vulneran los derechos humanos (Ley de Minería) y acciones legales por el incumplimiento de normas como el “Mandato Minero”. En esta investigación también se identificó que no existen acciones legales en contra del proyecto minero “Loma Larga” ni a la empresa responsable del proyecto.
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www.fianecuador.org.ec El Derecho a la Alimentación y las Implicaciones de la Minería a Gran Escala en Quimsacocha
82 Con el apoyo de:
Daa y la minería quimsacocha web2

References: artículo 11
 artículo 281
 artículo 398
 resolución 
 Artículo 89
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 artículo 425
 artículo 3
 artículo 3
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