Source: https://www.elrincondelpolicia.es/2011/05/20/3-casos-pr%C3%A1cticos-tema-2-preceptos-legislativos/
Timestamp: 2019-04-25 13:45:15+00:00

Document:
3- Casos prácticos. Tema 2 Preceptos legislativos - El Rincón del Policía
Prueba gratis alguno de nuestros cursos de Policía Local
Supuesto práctico 3. Preceptos legislativos
Contamos cuales son las normas y leyes mas utilizadas en la labor policial.
supuestos practicos 3.pdf
TEMA II PRECEPTOS LEGISLATIVOS - CAPITULO I: LAS LEYES BÁSICAS
En nuestro país tienen capacidad de legislación, el Estado, desde el poder legislativo, las Comunidades Autónomas, desde sus respectivos Parlamentos y de cierta forma también los Ayuntamientos con la creación de sus ordenanzas municipales.
La Ley Suprema es la Constitución Española de 1978. En ella se cita los derechos básicos que nos asisten que no podrán ser vulnerados sin lo establecido en otras leyes a las que nos remite.
Los que más nos interesan son, el artículo 14, que establece la igualdad entre todos los españoles sin que exista ningún tipo de discriminación. El artículo 15 que establece el derecho a la vida, integridad física y moral, sin que, en ningún caso, pueda ser nadie sometido a torturas. El artículo 17, que establece el derecho a la libertad personal y a la seguridad, y cita la detención preventiva en el tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendientes al esclarecimiento de los hechos. Este es el tiempo máximo que puede estar una persona detenida y ya en todo caso, en 72 horas tendrá que ponerse en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
Es muy importante recordar que el tiempo máximo que puede estar una persona detenida es el estrictamente necesario para esclarecer los hechos y no 72 horas. Esto se debe a que, si es necesario detener a alguien por algún acto delictivo, debe ponerse en libertad o a disposición de la Autoridad Judicial una vez se hayan podido esclarecer los hechos o de lo contrario estaríamos vulnerando la Constitución Española (en adelante CE) a pesar de que aún no se hubieran cumplido las 72 horas. Cosa distinta sería si fuese necesario emplear el tiempo máximo para realizar las averiguaciones necesarias que sería hasta 72 horas o tras llamar al Juez este nos indique que lo pongamos a tal hora a su disposición, por lo que ya sería a partir de la hora de la llamada la puesta a disposición judicial y terminaría la detención preventiva aún estando nosotros bajo su custodia.
El artículo 18, establece el derecho al honor, por lo que jamás puede humillarse a ninguna persona aunque no haya público delante. También nos establece la inviolabilidad del domicilio salvo en 3 supuestos legales:
1. Que el propietario nos permita pasar. En este supuesto también cabe el caso de que tengamos suma confianza con el propietario del domicilio y entremos nosotros mismos sin su expreso permiso, que se da por consentido.
2. Que se cometa un flagrante delito. Debe ser justificado, y bajo nuestra responsabilidad, ha de haber síntomas evidentes de que allí se comete un delito.
3. Por orden de la Autoridad Judicial, en este caso el Secretario Judicial estará presente y dará fe de que se cumple la legalidad.
Hay otro caso justificado, que no viene citado en la CE, pero que nos autoriza a entrar en un domicilio empleando el artículo 21.3 de la L.O. Sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, “Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad. En tales supuestos, y para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas, no será preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que los tuviere a su cargo.”
Esto nos legitima a entrar en un domicilio si, por ejemplo, el vecino se va de vacaciones y se deja un grifo abierto y la vivienda empieza a inundarse, por ello empleando el artículo 21.3 de la L.O. Sobre Protección de la Seguridad Ciudadana 1/1992 (que veremos también más adelante debida a su importancia en la función policial) podremos entrar por la fuerza, siempre que nos sea imposible contactar con el vecino, o bien que este, esté lejos. Después de esta intervención hay que hacer un acta de la entrada en el domicilio de forma urgente y dar cuenta a la Autoridad Judicial.
No hay más legislación posible que nos autorice a entrar en un domicilio, no obstante esto no nos limitará, ya que más adelante veremos otras formas de entrada en un domicilio amparados por la ley, simplemente cometiendo el delito de allanamiento de morada pero contrarrestándolo con la eximente penal que corresponda.
Imaginemos una persona que se desmaya en el balcón de su casa, si queremos entrar en el domicilio para socorrerla no nos amparan las 3 excepciones de la CE y el articulo 21.3 puede mal interpretarse, pero en este caso el delito que puede cometerse de allanamiento de morada viene contrarestado por la eximente de estado de necesidad del Código Penal.
Aparte de la CE, Ley Suprema, Las leyes de mayor rango son las Leyes Orgánicas, que para ser aprobadas necesitan una mayoría cualificada.
La Ley de enjuiciamiento criminal (en adelante LEcrim) establece las pautas para el enjuiciamiento y especifica en el artículo 490 los motivos por los que puede detenerse y quién debe hacerlo, el artículo 520 establece los derechos que le asisten a toda persona detenida, dos artículos imprescindibles para todo Policía.
Puede detenerse a una persona, según el artículo 490:
Ejemplos correlativos al apartado anterior, con un atracador de banco:
1. Un individuo que entra por la puerta de un banco y en ese momento se pone un pasamontañas.
2. Al atracador mientras esta intimidando al banquero para que le entregue el dinero.
3. El mismo atracador que se escapa de la cárcel.
4. El atracador que se escapa de la cárcel provisional.
5. Si huye mientras es trasladado.
6. El atracador detenido que logra huir.
7. El atracador que se encuentra en busca y captura.
Ahora bien, ¿Quién puede detener?.
El mismo artículo, el 490 de la LECr, establece que todas las personas pueden detener. Esto es, que un ciudadano que observa un suceso como los anteriormente mencionados, puede proceder y detener a esa persona de forma legítima. Pero ¿Está obligado a ello?
Ningún ciudadano esta obligado a detener, eso tendría la lógica, si pensásemos que el Estado obligase a los ciudadanos a detener, sin preparación y sin material correcto para tal actuación, además de poner en peligro su propia vida.
Por ello, aunque el ciudadano no este obligado a detener, si este no se ve capaz, lo que si se le exige y a lo que esta obligado, es a pedir auxilio a la Policía, o bien ponerlo en conocimiento de las autoridades lo antes posible.
La Policía esta obligada a detener, se sobre entiende que son profesionales de la seguridad pública, por ello se le exige que actúen.
En el caso de la Policía, además de los supuestos anteriores por los que se puede detener, es de añadir que podrán hacerlo cuando haya indicios racionales de criminalidad, entendamos esto:
Una señora nos pide auxilio porque le han robado el bolso (veremos claramente el delito de robo más adelante), nos facilita una descripción bastante exhaustiva del autor, como la ropa que llevaba y el aspecto físico.
Minutos más tarde observamos, una persona con tal descripción, procedemos a identificarla y cachearla (si fuese el caso), encontramos que porta una cartera como la que describió la señora, además imaginemos que también en ella hay un DNI que no corresponde con el individuo.
En este ejemplo, siguiendo de pies juntillas el artículo 490 de la LEcrim, no hay precepto legislativo para detener, ya que no va a cometer ningún delito, ya que no es un delincuente in fraganti y no ha huido de ninguna cárcel, tampoco esta condenado en rebeldía. Pero, ¿No podremos detenerlo?
Cae por lógica que hay que proceder a detener el individuo, o bien sin tomar esta medida proceder a su identificación y dar cuenta a la Autoridad Judicial, pero solo si formamos parte de las FFCCs, en estos casos ningún particular puede hacerlo, además de que por sí, tampoco podría proceder a identificar a otro particular. En este ejemplo, nos basamos para detenerlo, en los principios racionales de criminalidad que nos son establecidos en el artículo 492 de la LEcrim.
El Código Penal 10/1995 (en adelante C.P.), es la L.O. instrumento, que define los tipos de delitos y faltas, y las penas que llevan aparejadas, también nos indica quien es responsable o quién carece de responsabilidad, los motivos por los que se agravan los delitos o por cuales se atenúan.
El conocimiento del código penal es de suma importancia para el desarrollo de supuestos prácticos, porque toda infracción penal ha de ser:
1. Una acción u omisión. Algo que se hace o no se hace.
2. Típica. Es decir, que este escrita integra en el propio C.P.
3. Antijurídica. Que sea contraria a la ley.
4. Culpable. Que haya alguien responsable.
5. Punible. Que se pague con penas.
Pongamos por ejemplo, el delito de hurto que establece: El que sustrajese una cosa mueble ajena, con animo de lucro, y contra la voluntad de su autor pero sin violencia ni intimidación, y cuyo importe ascendiera a más de 400 euros, cometiera tal delito.
Para que se dé el delito de hurto hace falta:
1. Una persona responsable.
2. Un objeto mueble, es decir, que puede ser transportado, por lo tanto no pueden hurtarse casas ni inmuebles en general.
3. Que la persona que se lo apodere sea para aumentar su patrimonio, es decir, quedárselo o venderlo.
4. Que el dueño de la cosa no tenga voluntad de darlo.
5. Que sea sin violencia ni intimidación.
6. Que la cosa mueble valiera más de 400 euros.
Si no se da alguna de esta circunstancia, ya no sería un delito de hurto, podría ser otro, pero de hurto ya no, ya que no estaría tipificado.
“El sujeto A tiene un teléfono móvil que vale 500 euros, que lo apoya encima de una mesa, entonces viene el sujeto B y lo coge sin que el sujeto A se dé cuenta de tal acción. El Sujeto B deposita el teléfono móvil a 200 metros del sujeto A, y se va. ¿Comete hurto el sujeto B?.”
Se dan todos los requisitos a excepción de uno, el punto 3, es decir, el ánimo de lucro. El sujeto B que coge el teléfono móvil no lo quiere para él, si no lo único que hace es cambiarlo de sitio, y esa acción no esta tipificada en el C.P. por tanto no es culpable de acción penal alguna.
Este ejemplo valga, para aprender a valorar todos los puntos que se dan en un suceso y establecer si corresponden a un ilícito penal o no.
De todas formas, no es necesario conocer todo el articulado del C.P., pues solo usando la lógica podemos entender lo que esta bien o esta mal, lo que son actos graves y aquellos que pueden acarrear una simple falta penal. Además como establece la LEcrim, por simples faltas no se puede detener salvo excepciones que veremos más adelante.
En cuanto a la L.O. 1/92 Sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, es la herramienta que tendremos a mano para enviar actas al subdelegado del gobierno.
Esta Ley cita los preceptos para establecer la seguridad ciudadana, establece el articulado necesario que ampara para poder identificar a personas en los supuestos establecidos, las medidas de seguridad en establecimientos, narra sobre la alteración al orden público y establece las infracciones que pueden aplicarse.
Esta Ley es de rango Estatal, lo que quiere decir que el ayuntamiento no es el organismo competente para sancionar, recordemos que los agentes de la autoridad solo denuncian y quien sanciona son las autoridades.
El gobierno descentraliza sus competencias en los Delegados de Gobierno, en las CCAA, y los Subdelegados de Gobierno, en las provincias, para que ejerzan todo el poder del Estado. Es por ello, que cuando denunciamos por la Ley de Seguridad Ciudadana, tendremos que hacerlo a la autoridad competente para sancionar, es decir, el Subdelegado o Delegado del gobierno de ser el caso.
La Policía Local tiene competencia suficiente para enviar actas al subdelegado, estas actas son las que incumplen la Ley de Seguridad Ciudadana, y lógicamente se desenvuelven por vía administrativa.
En este caso el consumo de drogas en la vía pública, la alteración del orden ó la desobediencia leve puede aplicarse usando actas acondicionadas para que el Subdelegado sancione a los responsables.
Las Leyes Ordinarias, como la Ley de Seguridad Vial (en adelante LSV), en su ley de bases 18/89, establece lo referente en materia de tráfico y competencias.
Una Ley de Bases, es una Ley que establece lo mínimo y la base para el desarrollo de otras leyes. La LSV, se desarrolla en reglamentos (Reglamento de circulación, Reglamento de Vehículos, Reglamento general de conductores…), que cada uno cumple con una temática distinta, pero fundamentada en la LSV.
En los Municipios, la materia de tráfico la rigen las ordenanzas municipales, que lógicamente tienen que ir relacionadas con la LSV y no contradecirlas, por ello, a la hora de denunciar tendremos que hacerlo por las ordenanzas correctamente establecidas.
¿Qué sucede si no hay una ordenanza concreta para una infracción de tráfico?, en algunos municipios hay carencia total o parcial en cuanto a cupo de infracciones de tráfico mediante ordenanzas municipales. Ello no quiere decir que el infractor quede exento, como cabe esperar, ya que en ese caso se aplica la LSV en vez de la ordenanza, cubriendo así, todos los supuestos de infracción.
Estás son las leyes que más a mano usaremos en nuestra tarea profesional, y es por ello, que son las más fundamentales a usar en el desarrollo de supuestos prácticos, aunque tendremos que acompañar con otra legislación relacionada, además de las actualizaciones pertinentes que en ella se desarrollen.
Paola (jueves, 28 julio 2011 12:24)
La verdad que a mi me encantan estas clases, ojalá me ayuden aún más a conseguir la plaza.

References: artículo 14
 artículo 15
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 490
 artículo 520
 artículo 490
 artículo 490
 artículo 492