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BOE.es - Documento BOE-A-2001-6008
Documento BOE-A-2001-6008
«BOE» núm. 75, de 28 de marzo de 2001, páginas 11509 a 11532 (24 págs.)
BOE-A-2001-6008
https://www.boe.es/eli/es/l/2001/03/26/3
Las poblaciones de peces se distribuyen en determinadas áreas de los mares y océanos, sin entender de fronteras políticas. Es biológicamente imposible pretender la gestión de una parte del conjunto de la población sin contar con el resto de la comunidad, que mantiene entre sí estrechas interacciones. Por este motivo, a menudo la cooperación internacional constituye el "sine qua non" de una adecuada gestión de los recursos pesqueros.
En el orden internacional, la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982, ratificada por España mediante instrumento de 20 de diciembre de 1996, emplaza a los Estados para que incorporen a su ordenamiento interno las medidas de gestión responsable de los recursos pesqueros, tanto en sus zonas económicas exclusivas como en alta mar, correspondiendo a la Comunidad Europea la obligación de establecer las medidas necesarias en relación con los nacionales de los Estados miembros, así como la competencia para cooperar con terceros países y Organismos internacionales con la finalidad de conservar y proteger los recursos vivos. Las conferencias y convenios internacionales establecen compromisos para los Estados, que han de orientar su política pesquera hacía objetivos concretos.
Así, los objetivos derivados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo y el Código de Conducta de la FAO para la Pesca Responsable forman parte, asimismo, del marco jurídico aplicable a la actividad pesquera.
De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el ejercicio de la potestad normativa estatal exige una interpretación del alcance y los límite de la competencia legislativa del Estado definida en la Constitución y en los Estatutos, imprescindible, en todo caso, en el "iter" de elaboración de toda norma o acto de los poderes públicos.
El artículo 149.1.19.a de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas. A su vez el artículo 148.1.11.a, establece la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas en materia de pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura. Los Estatutos de Autonomía atribuyen a las Comunidades Autónomas competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la normativa básica del Estado en materia de ordenación del sector pesquero. La doctrina del Tribunal Constitucional ha dotado de contenido material a los títulos competenciales "pesca marítima" y "ordenación del sector pesquero". La Ley regula el ámbito estricto de la pesca marítima, competencia exclusiva del Estado y por tanto vedada a la acción normativa y ejecutiva de las Comunidades Autónomas, y contiene las imprescindibles garantías de certidumbre jurídica en la definición de la normativa básica en materia de ordenación del sector pesquero, lo que permitiría a las Comunidades Autónomas ejercer sus competencias de desarrollo y ejecución del marco jurídico estatal estableciendo los ordenamientos complementarios que satisfagan sus propios intereses.
La Ley establece, asimismo, al amparo del artículo 149.1.13.a de la Constitución, la normativa básica sobre la comercialización de los productos pesqueros, regulando la importación de los mismos en base a la competencia exclusiva del Estado establecida en el artículo 149.1.10.a La necesaria coherencia de la política económica exige un marco jurídico común que asegure un tratamiento uniforme en todo el territorio nacional de dicha actividad comercial, en orden a la consecución de los objetivos económicos del sector pesquero, evitando que se produzcan disfunciones por la estrecha interdependencia de las actuaciones comerciales, no sólo entre sí sino también en relación directa con la actividad extractiva, ya que la prohibición de comercializar productos capturados contraviniendo la normativa sobre protección y conservación de los recursos pesqueros es la forma más eficaz de disuasión de capturas ilegales y la mejor garantía de una política de pesca responsable. Corresponde a las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias estatutarias asumidas en materia de comercio interior, el desarrollo y ejecución de la normativa básica en su ámbito territorial, con el fin de lograr un mercado nacional de productos pesqueros transparente, dinámico, competitivo y con información veraz a los consumidores, lo que supondrá el aumento del valor añadido de dichos productos en beneficio del sector pesquero y de la economía nacional, en función de su mayor aportación al producto interior bruto.
De acuerdo con ello, el régimen sancionador propio de la pesca marítima es competencia exclusiva del Estado y se aplica en las aguas exteriores. En materia de ordenación del sector y de comercialización de productos pesqueros, la Ley establece el catálogo mínimo de infracciones y sanciones de aplicación común y uniforme en todo el territorio y en las aguas bajo jurisdicción o soberanía nacional. Así, todas las Comunidades Autónomas, tanto las del litoral por su competencia de desarrollo y ejecución de la normativa básica en materia de "ordenación del sector pesquero", como las del interior, por tener atribuciones estatutarias en materia de "comercio interior", conforme a sus respectivos Estatutos de Autonomía, son competentes para inspeccionar y sancionar las conductas tipificadas por la Ley.
En conclusión, la Ley es una exigencia formal y material para la funcionalidad de las Administraciones públicas en cuanto acota el ámbito de la competencia exclusiva estatal sobre "pesca marítima" y determina el marco normativo básico que deben tener en cuenta las Comunidades Autónomas para poder ejercer sus competencias en materia de "ordenación del sector pesquero" y de "comercio interior" de productos pesqueros.
El régimen de acceso a los recursos pesqueros y el derecho constitucional a la libertad de empresa, están necesariamente limitados por la patente escasez de los recursos pesqueros que justifica la adopción por la Ley de medidas de limitación de la actividad pesquera, ya que, sin perjuicio de la consideración de los intereses individuales, el ordenamiento jurídico ha de garantizar y amparar el fin social común de los recursos pesqueros.
Esta confrontación ente el derecho a pescar y la obligación del estado de "delimitar el contenido del derecho de propiedad en relación con cada tipo de bienes", conforme establecen los artículos 33, 40, 45, 128 y 130 de la Constitución, es el núcleo de la regulación de la actividad pesquera contenida en esta Ley.
Por otro lado, la Ley prevé la redistribución de las posibilidades de pesca cuando sus titulares no hagan
uso de ellas, o lo hagan de forma parcial. Dicha medida se ajusta a los principios constitucionales de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, y de defensa de la productividad, consagrados en el artículo 38 de la Constitución. Precisamente, en aras de dichos principios, la Ley prevé la posible prescripción del derecho a las posibilidades de pesca no utilizadas o infrautilizadas.
La aplicación a la pesca marítima de recreo de las medidas de conservación y protección de los recursos establecidos en esta Ley para la pesca profesional, sin perjuicio de las limitaciones específicas que para la misma establezca el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es imprescindible para evitar que estas actividades puedan llegar a comprometer la efectividad de tales medidas, y garantiza la compatibilidad de estas actividades con la de los profesionales del sector.
Mención aparte merecen las actividades de pesca recreativa realizadas desde embarcaciones como actividad comercial. En efecto, el desarrollo del sector turístico en España, y del sector del ocio en general, está favoreciendo la proliferación de embarcaciones cuya finalidad comercial no reside en la captura de productos pesqueros para su comercialización, sino en facilitar la actividad de pesca recreativa a terceros. Es evidente que este tipo de actividades, tanto por su propia naturaleza como por la mayor incidencia en los recursos pesqueros, exigen un mayor control para evitar desequilibrios que incidirían negativamente tanto en el propio sector de ocio y turismo, como en la pesca profesional. Por este motivo se hace necesario llevar un control de las embarcaciones y, en su caso, la asignación de cupos anuales de determinadas especies, sin perjuicio de las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas en materia de ordenación y promoción del turismo o del deporte en su ámbito territorial, cuando dicha actividad sea calificada como turística o deportiva de acuerdo con la normativa autonómica aplicable.
La necesidad del régimen sancionador es mayor ante el hecho de que el Reglamento CEE 2847/93, del Consejo de 12 de octubre, por el que se establece un régimen de control de la política pesquera común, impone a los Estados miembros velar por el cumplimiento de la normativa comunitaria en sus aguas, tanto de sus buques como de otros Estados miembros y países terceros.
Asimismo, los Estados miembros velarán por la actividad pesquera de sus buques en todas las aguas, incluida la alta mar, y controlarán el cumplimiento de la normativa comunitaria, estando obligados a adoptar las medidas sancionadoras apropiadas.
a) La regulación de la pesca marítima, competencia exclusiva del Estado, conforme a lo establecido por el artículo 149.1.19.a de la Constitución.
b) El establecimiento de la normativa básica de ordenación del sector pesquero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 149.1.19.a de la Constitución.
c) El establecimiento de normas básicas de ordenación de la actividad comercial de productos pesqueros, y la regulación del comercio exterior de los mismos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.13.a y 10.a, respectivamente, de la Constitución.
d) La programación de la investigación pesquera y oceanográfica de competencia del Estado, en el ámbito de la política de pesca marítima, de acuerdo con el artículo 149.1.15.a de la Constitución.
Esfuerzo pesquero: la intensidad con que es ejercida la actividad pesquera, medida con la capacidad de un buque, según su potencia y arqueo, el tiempo de actividad del mismo, y otros parámetros que puedan incidir en su intensidad de pesca. El esfuerzo de pesca desarrollado por un conjunto de buques será la suma del ejercicio por cada uno de ellos.
1.º Aguas sometidas a soberanía o jurisdicción española, incluyendo el mar territorial, la zona económica exclusiva y la zona de protección pesquera del Mediterráneo, con excepción de las aguas interiores, de acuerdo con lo regulado en la Ley 10/1977, de 4 de enero, sobre el mar territorial ; en la Ley 15/1978, de 20 de febrero, sobre la zona económica exclusiva, y en el Real Decreto 1315/1997, de 1 de agosto, por el que se establece una zona de protección pesquera en el mar Mediterráneo.
Sección 1.ª Zonas de protección pesquera
Sección 2.ª Actividades susceptibles de alterar los recursos pesqueros
Sección 1.ª Requisitos generales para el ejercicio de la actividad pesquera
Sección 2.ª Requisitos especiales para el ejercicio de la actividad pesquera
Sección 3.ª Medidas de gestión de las posibilidades de pesca
Sección 4.ª Documentos y comunicaciones relativas a la gestión de la actividad pesquera
Sección 2.ª Las Cofradías de Pescadores
Sección 3.ª Las organizaciones de productores
Sección 4.ª Otras entidades representativas del sector pesquero
2. En las medidas de fomento que en su caso se dispongan, el Gobierno, oídas las Comunidades Autónomas, otorgará preferencia a aquellos proyectos que mantengan un porcentaje significativo de tripulantes o
trabajadores comunitarios, en condiciones socio-laborales equiparables a las que disfrutan en el ámbito de la Unión Europea.
2. La primera venta de productos pesqueros frescos se realizará a través de las lonjas de los puertos. No obstante, las Comunidades Autónomas podrán autorizar centros para la primera venta, como son los centros de expedición de moluscos y depuradoras, ubicados en el recinto portuario o fuera del mismo, sin perjuicio, en su caso, de las competencias de la Autoridad Portuaria
sobre la ubicación de dichos centros. Asimismo podrán establecerse reglamentariamente excepciones de la venta en lonja para capturas realizadas con determinadas modalidades de pesca.
3. Las capturas pesqueras decomisadas de talla antirreglamentaria, apta para el consumo, podrán distribuirse entre entidades benéficas y otras instituciones públicas y privadas sin ánimo de lucro o, en caso contrario, se procederá a su destrucción.
v) Toda conducta tipificada como leve en materia de pesca marítima, cometida por españoles en el ejercicio de sus atribuciones de mando en buques con pabellón de países calificados reglamentariamente como de abanderamiento de conveniencia.
i) Toda conducta tipificada como grave en materia de pesca marítima o violación de las obligaciones establecidas en virtud de los Convenios, Acuerdos o Tratados internacionales cometida por españoles en el ejercicio de sus atribuciones de mando en buques con pabellón de países calificados reglamentariamente como de abanderamiento de conveniencia.
a) El retraso en el cumplimiento de las preceptivas obligaciones de información a las Administraciones públicas.
c) La tenencia, la consignación, el transporte, el tránsito, el almacenamiento, la transformación, la exposición
y la venta, en cualquiera de las formas previstas legalmente, de productos pesqueros prohibidos o de talla o peso inferior a la reglamentada.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 9.983.326 a 49.915.800 pesetas, 60.001 a 300.000 euros.
b) Incautación de artes, aparejos o útiles de pesca:
las infracciones previstas en el artículo 96, apartados 2.a), 3.b), 3.c) y 3.d).
c) Decomiso de los productos o bienes obtenidos en la comisión de: las infracciones previstas en el artículo 96, apartados 1.a), 1.c), 1.f), 1.g), 1.h), 1.m), 1.q), 1.r), 1.s), 2.a), 2.c), 2.d), 2.e), 2.f), 2.g), 3.a), 3.b), 3.c) y 3.d).
d) Suspensión, retirada o no renovación de las autorizaciones durante un período no superior a tres años:
las infracciones previstas en el artículo 96, apartados 1.b), 1.c), 1.e), 1.g), 1.j), 1.k), 1.l), 2.b), 2.c), 2.d) y 3.a).
las infracciones previstas en el artículo 97, letras a) y b).
b) Suspensión, retirada o no renovación de las autorizaciones durante un período no superior a cinco años:
las infracciones previstas en el artículo 99, letras a), b), c), e) y m).
a) Suspensión, retirada o no renovación de las autorizaciones durante un período no superior a cinco años:
las infracciones previstas en el artículo 100, letras b) y c).
b) Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades durante un período no superior a cinco años:
1. Constituyen legislación de pesca marítima y se dictan al amparo del artículo 149.1.19.a de la Constitución, el Título I y los artículos 89.a), 93, 94, 95, 96, 97, 101, 102, 103, 105, 107, disposiciones adicionales primera y sexta y disposición transitoria única.
2. Constituyen legislación básica de ordenación del sector pesquero y se dictan al amparo del artículo 149.1.19.a de la Constitución, el Título II y los artículos 89.b), 98 a 102, 104, 106.1, 108 y disposición adicional quinta.
3. Constituyen legislación básica de ordenación de la actividad comercial y se dictan al amparo del artículo 149.1.13.ade la Constitución, el Título III y los artículos 89.b), 99.a), c), d), j) y m), 100.a) y b), 101, apartado 1, párrafos a), b), c), e), f) y g), y apartados 2 y 3, 102, 104, 106.2, 108 y disposición adicional quinta.
4. Constituyen bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y se dictan al amparo del artículo 149.1.18.ade la Constitución, los artículos 90, 91 y 92.
5. El Título IV se dicta al amparo de la competencia del Estado sobre el fomento y la coordinación general de la investigación científica y técnica, de acuerdo con el artículo 149.1.15.ade la Constitución.
Disposición adicional quinta. Tenencia ilegal de especies.
A la entrada en vigor de la presente Ley seguirán vigentes los censos publicados en el "Boletín Oficial del Estado", así como las posibilidades de pesca que en los mismos se reconocen a las empresas o asociaciones de empresas titulares de los buques incluidos en dichos censos, hasta la elaboración de los nuevos censos de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de esta Ley.
Fecha de disposición: 26/03/2001
Fecha de publicación: 28/03/2001
Entrada en vigor: 17 de abril de 2001.
con el art. 74 ter y la disposición final 2, sobre el desarrollo de la actividad de pesca-turismo: Real Decreto 239/2019, de 5 de abril (Ref. BOE-A-2019-5816).
y regula la pesca del atún rojo en Atlántico Oriental y Mediterráneo: Real Decreto 46/2019, de 8 de febrero (Ref. BOE-A-2019-1789).
con el título V, y aprueba el Reglamento del régimen sancionador de pesca marítima en aguas exteriores: Real Decreto 182/2015, de 13 de marzo (Ref. BOE-A-2015-2715).
SE DEROGA, con efectos desde el 31 de julio de 2015, el título VI; y SE MODIFICA, SE AÑADE y SE RENUMERA determinados preceptos, por Ley 33/2014, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2014-13516).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 42 sobre regulación de los títulos profesionales del sector pesquero: Real Decreto 36/2014, de 24 de enero (Ref. BOE-A-2014-1687).
SE ACTUALIZA el art. 102, por Real Decreto 114/2013, de 15 de febrero (Ref. BOE-A-2013-2209).
sobre el procedimiento de regularización de buques pesqueros y su actualización en el censo de la flota pesquera: Real Decreto 1081/2012, de 13 de julio (Ref. BOE-A-2012-9369).
con el art. 62, y establece un plan nacional de desmantelamiento de buques pesca internacional: Real Decreto 1362/2011, de 7 de octubre (Ref. BOE-A-2011-15815).
SE AÑADE el título VI, por Ley 35/2011, de 4 de octubre (Ref. BOE-A-2011-15625).
sobre pesca marítima de recreo en aguas exteriores: Real Decreto 347/2011, de 11 de marzo (Ref. BOE-A-2011-6099).
con el art. 39 y la disposición adicional 4, y regula el procedimiento de control de acceso a puertos de buques de terceros paises y la importación y exportación de productos de la pesca: Orden ARM/3522/2009, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-21179).
SE MODIFICA el art. 37, por Ley 25/2009, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-20725).
con la disposición adicional 4, sobre puertos y servicios portuarios para buques pesqueros de terceros países: Resolución de 11 de diciembre de 2009 (Ref. BOE-A-2009-20625).
sobre ordenación del sector pesquero y adaptación del Fondo Europeo: Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre (Ref. BOE-A-2009-16144).
y regula la pesca del atún rojo en Atlántico Oriental y Mediterráneo: Orden ARM/956/2009, de 16 de abril (Ref. BOE-A-2009-6544).
y establece el Reglamento del régimen sancionador de pesca marítima en aguas exteriores: Real Decreto 747/2008, de 9 de mayo (Ref. BOE-A-2008-9156).
y regula la pesca del atún rojo en Atlántico Oriental y Mediterráneo: Orden ARM/1244/2008, de 29 de abril (Ref. BOE-A-2008-7807).
y regula la pesca con el arte de palangre de superficie: Orden APA/2521/2006, de 27 de julio (Ref. BOE-A-2006-14018).
y regula el acceso de la flota española a los caladeros de terceros países: Real Decreto 1549/2004, de 25 de junio de 2004 (Ref. BOE-A-2004-12697).
SE MODIFICA arts. 27, 28, 90, 94 a 98, 103 y la disposición adicional 9, por Ley 62/2003, de 30 de diciembre de 2003 (Ref. BOE-A-2003-23936).
sobre ordenación del sector pesquero y ayudas estructurales: Real Decreto 1048/2003, de 1 de agosto (Ref. BOE-A-2003-15478).
y regula las organizaciones de productores de la pesca, acuicultura y sus asociaciones: Real Decreto 724/2003, de 13 de junio (Ref. BOE-A-2003-12780).
con el art. 39.1, y regula el ejercicio de las funciones de control e inspección: Real Decreto 176/2003, de 14 de febrero (Ref. BOE-A-2003-4012).
con la disposición final 2, sobre aplicación de sanciones a españoles enrolados en buques con abanderamiento de conveniencia: Real Decreto 1134/2002, de 31 de octubre (Ref. BOE-A-2002-21181).
CORRECCION de erratas en BOE num. 174, de 21 de julio de 2001 (Ref. BOE-A-2001-14163).
DEROGA la Ley 14/1998, de 1 de junio (Ref. BOE-A-1998-12728).
Consejo Nacional Pesquero

References: artículo 149
 artículo 148
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 38
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 Real Decreto 
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 97
 artículo 99
 artículo 100
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 26
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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 Resolución 
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