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Timestamp: 2020-04-09 22:59:22+00:00

Document:
de 17 de septiembre de 2014 (*)
«Función pública — Personal de Frontex — Agente temporal — No renovación de un contrato de duración determinada — Procedimiento de renovación — Artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Derecho a ser oído — Vulneración — Influencia en el sentido de la decisión»
En el asunto F‑117/13,
que tiene por objeto un recurso interpuesto al amparo del artículo 270 TFUE,
Kari Wahlström, antiguo agente temporal de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea, con domicilio en Espoo (Finlandia), representado por el Sr. S. Pappas, avocat,
Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (Frontex), representada por los Sres. S. Vuorensola y H. Caniard, en calidad de agentes, asistidos por los Sres. D. Waelbroeck y A. Duron, avocats,
1 Mediante demanda recibida en la Secretaría del Tribunal el 30 de noviembre de 2013, el Sr. Wahlström solicita la anulación de la decisión del director ejecutivo de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (Frontex), de 19 de febrero de 2013, de no renovar su contrato de agente temporal.
2 Con arreglo al artículo 17 del Reglamento (CE) no 2007/2004 del Consejo, de 26 de octubre de 2004, por el que se crea una Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (DO L 349, p. 1), el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Estatuto») y el Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Régimen de los otros agentes») se aplican al personal de Frontex.
El Régimen de los otros agentes
3 El artículo 2 del Régimen de los otros agentes, en su versión aplicable al litigio, está redactado así:
4 En lo que respecta al fin del contrato, el artículo 47 del Régimen de los otros agentes, en su versión aplicable al litigio, dispone lo siguiente:
«Además de en caso de cese por fallecimiento, el contrato del agente temporal quedará extinguido:
b) en los contratos de duración determinada:
i) en la fecha establecida en el contrato;
ii) al término del plazo de preaviso establecido en el contrato, si éste contiene una cláusula que otorgue al agente o a la institución la facultad de rescindir el contrato antes de su vencimiento. [...]»
El procedimiento de renovación de los contratos de agente temporal en el seno de Frontex
5 En el momento de los hechos, el procedimiento de renovación de los contratos de agente temporal en el seno de Frontex se regía por unas Directrices, comunicadas al personal de Frontex el 26 de julio de 2010 mediante la nota administrativa nº 40, cuyo objetivo principal era garantizar la coherencia, la transparencia y la equidad en el desarrollo del procedimiento (en lo sucesivo, «las Directrices»). Según el punto 2 de las Directrices, el procedimiento de renovación consta de cuatro etapas:
– una vez que el agente ha manifestado su interés en la renovación de su contrato, el evaluador introduce sus comentarios y su propuesta sobre la renovación en un formulario especial;
– el ratificador examina la propuesta del evaluador e indica en el mismo formulario su acuerdo o su desacuerdo motivado; en caso de desacuerdo entre el evaluador y el ratificador, este último expresa por escrito las razones de su desacuerdo;
– el director de la división de que se trate formula su recomendación en dicho formulario;
– el director ejecutivo adopta la decisión definitiva.
6 A tenor del punto 3, letra a), de las Directrices:
«Si el Director ejecutivo decide renovar el contrato por 5 años, [el departamento de recursos humanos] preparará un escrito en el que se propondrá al agente una renovación de su contrato por ese plazo. [...]
Tras recibir una respuesta positiva del agente, [el departamento de recursos humanos] preparará un anexo al contrato que estará listo dos meses antes de la expiración del contrato en vigor, para que el agente dé su conformidad y lo firme. [...]»
7 El punto 3, letra c), de las Directrices precisa lo siguiente:
«Si el Director ejecutivo decide no renovar el contrato, [el departamento de recursos humanos] preparará un escrito que recoja los argumentos expuestos por el evaluador (motivos relacionados con el interés del servicio, motivos relacionados con el rendimiento o una combinación de ambos). El escrito será firmado por el Director ejecutivo y comunicado al agente 12 meses antes de la expiración del contrato en vigor.»
8 El 1 de agosto de 2006, el demandante entró al servicio de Frontex como agente temporal, en el sentido del artículo 2, letra a), del Régimen de los otros agentes, por un período de cinco años renovables. Inicialmente fue designado jefe de la unidad de servicios administrativos de Frontex y clasificado en el grado A*12, segundo escalón.
9 A principios de 2008 se creó un nivel directivo intermedio entre las unidades y el director ejecutivo, constituido por «divisiones» dirigidas por «directores de división». En la primavera de 2008 se inició un procedimiento selectivo para los puestos directivos intermedios de directores de división. El demandante, a quien el Director ejecutivo animó en aquel momento a que participara en el procedimiento, presentó su candidatura para el puesto de director de la división administrativa, pero su candidatura no fue seleccionada y el puesto fue atribuido al Sr. C.
10 Tras un procedimiento de selección interno, y con arreglo a un anexo de su contrato firmado el 22 de junio de 2010, el demandante fue destinado al puesto de jefe de la oficina operativa de Frontex en El Pireo (Grecia), con efectos a 1 de agosto de 2010. En junio de 2010, sus funciones de jefe de la unidad de servicios administrativos fueron transferidas al director de la división administrativa, el Sr. C., que, como tal, era también su superior jerárquico.
11 En lo que respecta a la evaluación del rendimiento profesional del demandante, en noviembre de 2009 se dio por finalizado su informe de evaluación correspondiente al año 2008. En dicho informe, el director de la división administrativa, el Sr. C., superior jerárquico directo del demandante, y como tal evaluador suyo, y el director ejecutivo adjunto, como ratificador, estimaron que el rendimiento del demandante se situaba en el nivel III, dado que, según ellos, «había respondido parcialmente a las expectativas en materia de eficacia, de capacidad y de conducta en el servicio». En cambio, en el siguiente informe de evaluación, finalizado el 23 de junio de 2010 y correspondiente al año 2009, el mismo evaluador y el mismo ratificador situaron el grado de rendimiento del demandante en el nivel II, por considerar que este último «había respondido plenamente a las expectativas en materia de eficacia, de capacidad y de conducta en el servicio». Por último, el 23 de febrero de 2011 se comunicó al demandante su proyecto de informe de evaluación correspondiente al año 2010, en el que el evaluador y el ratificador, que habían cambiado y eran, respectivamente, el director ejecutivo adjunto y el director ejecutivo, estimaron que el grado de rendimiento que el demandante se situaba en el nivel III.
12 El 28 de abril de 2011, el demandante presentó un recurso contra su proyecto de informe de evaluación correspondiente al año 2010 ante el Comité de evaluación conjunta, creado por el artículo 13 de la Decisión del Director ejecutivo de Frontex de 27 de agosto de 2009 por la que se establecía el procedimiento de evaluación del personal. El 13 de junio de 2012, dicho comité formuló su dictamen, en el que indicaba que, «debido a la falta de fijación de objetivos en el informe y a la insuficiencia de las pruebas en apoyo de algunas de sus apreciaciones», era preciso «mejorar la imparcialidad y la objetividad» del informe, y que, «a causa de los largos períodos de baja por enfermedad del recurrente en 2011 y de la consiguiente dificultad para seguir todas las etapas del procedimiento de evaluación», consideraba «por una parte, que no se había seguido el procedimiento aplicable pero que, por otra parte, no podía considerarse claramente responsables de ello al evaluador ni al ratificador».
13 Mediante correo electrónico de 11 de julio de 2012, el demandante fue informado de que el ratificador había decidido confirmar su informe de evaluación correspondiente al año 2010 sin introducir modificación alguna. El demandante impugnó dicho informe ante este Tribunal, que desestimó el recurso en su sentencia de 9 de octubre de 2013, Wahlström/Frontex (F‑116/12, EU:F:2013:143, actualmente recurrida en casación ante el Tribunal General de la Unión Europea en el asunto T‑653/13 P).
14 Por otra parte, en lo que respecta a la renovación del contrato de agente temporal del demandante, que según lo estipulado en él expiraba el 31 de julio de 2011, el departamento de recursos humanos preguntó al demandante, mediante correo electrónico de 22 de julio de 2010, si estaba interesado en la renovación de su contrato, con objeto de determinar si procedía «iniciar el procedimiento de renovación con 12 meses de antelación», conforme a lo establecido en las Directrices. Mediante correo electrónico de ese mismo día, el demandante respondió afirmativamente, indicando «que estaba más interesado que nunca, dadas las actuales misiones y circunstancias y las perspectivas de futuro [del puesto], que le permitía servir a Frontex aprovechando su formación como oficial de guardacostas y sus 20 años de experiencia en materia de control de fronteras». El departamento de recursos humanos respondió de inmediato al demandante, mediante un correo electrónico de respuesta, informándole de que iba a «iniciar» el procedimiento de renovación del contrato y de que cabía esperar una decisión al respecto para finales de septiembre o principios de octubre de 2010.
15 En una reunión celebrada el 9 de diciembre de 2010, el director ejecutivo, en su condición de autoridad facultada para proceder a la contratación de personal de Frontex (en lo sucesivo, «AFPC»), informó al demandante de su intención de no renovarle el contrato. Al día siguiente, siguiendo la recomendación del director ejecutivo adjunto, que había puesto de relieve en el formulario de renovación del contrato, como evaluador del demandante, que el rendimiento profesional de este último en los últimos cuatro años no había respondido a las expectativas, el Director ejecutivo adoptó formalmente la decisión de no renovar el contrato del demandante. El demandante recibió notificación de esta decisión el 16 de diciembre siguiente.
16 El demandante impugnó, en un procedimiento administrativo previo, la decisión de 10 de diciembre de 2010 del director ejecutivo de Frontex de no renovar su contrato, y a continuación la recurrió ante este Tribunal, que en su sentencia de 30 de enero de 2013, Wahlström/Frontex (F‑87/11, EU:F:2013:10), anuló dicha decisión por vicios sustanciales de forma, tras comprobar que el procedimiento de renovación del contrato del demandante adolecía de un vicio de falta de competencia por parte del evaluador consultado. Tras esta anulación, el director ejecutivo de fronteras, en su condición de AFPC, adoptó de nuevo, el 19 de febrero de 2013, la decisión de no renovar el contrato del demandante (en lo sucesivo, «decisión impugnada»), decisión que fue notificada al demandante el 22 de febrero siguiente, junto con el nuevo formulario de renovación de su contrato rellenado por el evaluador y el ratificador.
17 El 23 de abril de 2013, el demandante interpuso una reclamación contra la decisión impugnada con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto. Dicha reclamación fue desestimada mediante decisión de la AFPC de 21 de agosto de 2013.
18 El demandante solicita al Tribunal que:
– Ejercite «su competencia jurisdiccional plena para garantizar la efectividad de su resolución».
– Condene en costas a Frontex.
19 Frontex solicita al Tribunal que:
20 En apoyo de sus pretensiones de anulación, el demandante invoca cinco motivos de recurso, el primero basado en una violación del derecho de defensa, el segundo en la violación del punto 3, letra c), de las Directrices, el tercero en la violación del principio de respeto de la confianza legítima, el cuarto en el incumplimiento del deber de asistencia y protección y el quinto en un error manifiesto de apreciación.
21 En su primer motivo de recurso, el demandante reprocha a Frontex que no le oyera antes de adoptar la decisión impugnada, la cual constituye un acto lesivo capaz de provocar graves consecuencias en su situación profesional, puesto que, basándose en una apreciación de sus cualidades y de su cualificación, le priva del mantenimiento de su relación de trabajo. A juicio del demandante, pues, tal decisión debe analizarse como una decisión adoptada al término de un procedimiento incoado en su contra.
22 El demandante alega, además, que el derecho a ser oído constituye un principio fundamental del Derecho de la Unión, que prevalece sobre las Directrices, de modo que, aunque en estas últimas no se contemple la consulta a los agentes interesados, ello no puede impedir la aplicación de ese principio. Únicamente en casos muy especiales, cuando se revele imposible en la práctica o incompatible con el interés de servicio proceder a una consulta previa al interesado, podrá considerarse que una audiencia del interesado con la mayor brevedad posible tras la adopción de la decisión lesiva satisface las exigencias derivadas del mencionado principio. Ahora bien, según el demandante, Frontex no le consultó ni antes de adoptar la decisión impugnada ni en la primera ocasión que se presentó tras su adopción.
23 Frontex no niega que la decisión impugnada es lesiva para el demandante, ni tampoco que el respeto del derecho de defensa en todo procedimiento incoado contra una persona y que pueda desembocar en un acto que le sea lesivo constituye un principio fundamental del Derecho de la Unión, que debe garantizarse aun cuando no exista ninguna normativa reguladora del procedimiento de que se trate. Sin embargo, Frontex alega que el mero hecho de que una decisión constituya, desde un punto de vista procedimental, un acto lesivo no basta para que la administración esté obligada a oír adecuadamente al agente de que se trate antes de adoptar dicha decisión. Para ello sería preciso, además, que el procedimiento administrativo a cuyo término se adopta la decisión lesiva fuera un procedimiento incoado en contra del interesado. Ahora bien, a su juicio, no es éste el caso del procedimiento de renovación del contrato de agente temporal, que se aplica siguiendo las mismas reglas y criterios de evaluación a todos los agentes temporales cuyos contratos expiran próximamente y que desean, precisamente, que sean renovados. Dadas estas circunstancias, considera contradictorio afirmar que un procedimiento de este tipo se incoa en contra del agente interesado.
24 En la vista, Frontex alegó igualmente que el artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no le obligaba tampoco a oír al demandante a propósito de la renovación de su contrato, puesto que esa renovación no podía resultarle lesiva.
25 A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, el respeto del derecho de defensa en todo procedimiento incoado contra una persona y que pueda desembocar en un acto que le sea lesivo constituye un principio fundamental del Derecho de la Unión, que debe garantizarse aun cuando no exista ninguna normativa reguladora del procedimiento de que se trate (sentencias Bélgica/Comisión, 234/84, EU:C:1986:302, apartado 27; Alemania/Comisión, C‑288/96, EU:C:2000:537, apartado 99, y Comisión/De Bry, C‑344/05 P, EU:C:2006:710, apartado 37).
26 En el presente asunto, el demandante sostiene que la decisión impugnada se adoptó al término de un procedimiento incoado en su contra, en la medida en que lo sanciona privándolo de su relación de trabajo con base en una valoración de sus cualidades y de su cualificación. Sin embargo, como alega acertadamente Frontex, el procedimiento de renovación de los contratos de agente temporal, tal como lo regulan las Directrices, pretende precisamente permitir que la AFPC examine, una vez que los agentes interesados han manifestado su interés en ello, si procede renovar los contratos de éstos que expiran próximamente, según unas reglas que les garantizan un tratamiento idéntico, en un ámbito en el que la AFPC dispone de una amplia facultad de apreciación. Dadas estas circunstancias, no cabe considerar que el procedimiento que desembocó en la decisión impugnada haya sido tramitado en contra del demandante, que no puede por tanto invocar en este contexto un derecho de defensa.
27 Si bien es cierto que no se ha acreditado, pues, en el presente asunto que la decisión impugnada se adoptara al término de un procedimiento tramitado en contra del demandante, no es menos cierto que esta decisión afecta desfavorablemente a la situación de este último, ya que tiene como resultado privarlo de la posibilidad de proseguir su relación de trabajo con Frontex. Ahora bien, el derecho de defensa, tal como lo consagra actualmente el artículo 41 de la Carta —que es de aplicación general, según la jurisprudencia de la Unión (sentencia L/Parlamento, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, apartado 81)—, comprende, pese a ser más amplio, el derecho procedimental establecido en el apartado 2, letra a), de dicho artículo, según el cual toda persona tiene derecho a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente (véanse, en este sentido, las sentencias Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, apartado 65; M., C‑277/11, EU:C:2012:744, apartados 81 a 83, y Comisión/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartados 98 y 99). Por consiguiente, en virtud del artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta, Frontex estaba obligada a permitir que el demandante formulara adecuadamente sus observaciones antes de adoptar la decisión impugnada. Ahora bien, Frontex reconoce que no dio al demandante la oportunidad de ser oído antes de adoptar dicha decisión.
28 Sin embargo, según reiterada jurisprudencia, para que una violación del derecho a ser oído pueda dar lugar a la anulación de la decisión impugnada, es preciso examinar además si, de no concurrir tal irregularidad, el procedimiento habría podido desembocar en un resultado diferente (sentencias G. y R., C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, apartado 38 y jurisprudencia que allí se cita, y CH/Parlamento, F‑129/12, EU:F:2013:203, apartado 38).
29 En el presente asunto, se deduce del nuevo formulario de renovación del contrato que la recomendación del evaluador de no renovar el contrato del demandante está basada en el nivel del rendimiento profesional de éste en el año 2009, tal como había sido valorado en el informe de evaluación finalizado el 23 de junio de 2010. En efecto, en la decisión impugnada se retomaron esas apreciaciones en lo esencial, e incluso en gran medida literalmente, pues el evaluador recalcó «el nivel de rendimiento insuficiente (competencias y comportamiento) en los ámbitos considerados esenciales, clave y prioritarios para el puesto de titular», poniendo de relieve precisamente los dos objetivos no alcanzados que se habían mencionado en la sección B (titulada «Consecución de los objetivos en el periodo de referencia») del mencionado informe de evaluación. Del mismo modo, las dificultades relacionales con ciertas unidades y la persistencia en la adopción de decisiones inadaptadas, puestas de manifiesto en la sección D de dicho informe, «Capacidades (competencias y cualificación) en el periodo de referencia», fueron retomadas literalmente en la decisión impugnada, como comentarios del evaluador. Ahora bien, no se discute que el demandante fue oído en el procedimiento de evaluación relativo al año 2009.
30 Sin embargo, el diálogo mantenido entre el demandante y el evaluador en ese procedimiento de evaluación no puede demostrar por sí mismo que, incluso de no haber concurrido la irregularidad de procedimiento constatada en el apartado 27 supra —es decir, incluso en el supuesto de que se hubiera oído al demandante antes de adoptar la decisión impugnada, dándole así la oportunidad de defenderse ante el riesgo de perder su empleo—, el procedimiento de renovación del contrato no habría podido desembocar en un resultado diferente, ya que los dos procedimientos de que se trata, de los cuales uno tiene por objeto la elaboración de un informe de evaluación y el otro la renovación o no de un contrato, tienen objetos ciertamente próximos, pero sin embargo diferentes, y pueden emplear criterios de valoración diferentes. En particular, el nivel de las prestaciones y de las competencias del agente de que se trate es sólo uno de los datos que la AFPC puede tener en cuenta cuando debe pronunciarse sobre la renovación de un contrato.
31 La conclusión anterior resulta especialmente cierta en relación con los comentarios del ratificador, o sea, del director ejecutivo adjunto, también consultado en el nuevo procedimiento de renovación del contrato que se tramitó tras la sentencia anulatoria de este Tribunal. Esos comentarios se referían al rendimiento profesional del demandante en el año 2010, que ya había sido valorado por este último, esa vez en su condición de evaluador del demandante, en el procedimiento de evaluación de 2011. Pues bien, en su sentencia Wahlström/Frontex (EU:F:2013:143, apartado 38), al pronunciarse sobre el recurso contra el informe de evaluación elaborado en el procedimiento de evaluación de 2011, este Tribunal comprobó precisamente que no había existido diálogo alguno entre el evaluador y el demandante en dicho procedimiento.
32 Habida cuenta de las consideraciones expuestas, no cabe excluir que la conclusión de la AFPC en el sentido de no renovar el contrato del demandante hubiese podido ser diferente si se hubiera dado a este último la posibilidad de dar a conocer adecuadamente su punto de vista sobre el nivel de sus prestaciones profesionales tanto en 2009 como en 2010, en relación con la perspectiva de continuar su relación de trabajo con Frontex. Por lo tanto, el respeto del derecho a ser oído habría podido influir así en el contenido de la decisión impugnada.
33 En las circunstancias del presente asunto, considerar que Frontex habría adoptado una decisión idéntica incluso después de haber oído al demandante equivaldría, simple y llanamente, a vaciar de contenido el derecho fundamental a ser oído que se consagra en el artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta, dado que el propio contenido de este derecho implica que el interesado tenga la posibilidad de influir en el proceso de toma de decisiones de que se trate (sentencia Marcuccio/Comisión, T‑236/02, EU:T:2005:417, apartado 115).
34 Se deduce de las consideraciones expuestas que el primer motivo de recurso es fundado y que, por consiguiente, procede anular la decisión impugnada sin necesidad de examinar los demás motivos de recurso.
Sobre las pretensiones de que el Tribunal ejercite su competencia jurisdiccional plena
35 El demandante, tras considerar que su recurso, en la medida en que solicita la anulación de la decisión de no renovar un contrato de agente temporal, lleva aparejadas consecuencias pecuniarias, solicita a este Tribunal que ejercite la competencia jurisdiccional plena que le reconoce el artículo 91, apartado 1, del Estatuto condenando a Frontex al pago del importe que estime necesario, en equidad, para garantizar la efectividad de su resolución.
36 Frontex estima que no procede que el Tribunal ejercite su competencia de plena jurisdicción condenándola a abonar una indemnización de daños y perjuicios.
37 A este respecto, procede recordar que la anulación de un acto por el juez de la Unión tiene como consecuencia eliminar retroactivamente dicho acto del ordenamiento jurídico y que, cuando el acto anulado ya ha sido ejecutado, la eliminación de sus efectos exige restablecer la situación jurídica en que se encontraba la parte demandante antes de la adopción del acto (sentencias Landgren/ETF, F‑1/05, EU:F:2006:112, apartado 92, y Kalmár/Europol, F‑83/09, EU:F:2011:66, apartado 88). Además, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 266 TFUE, incumbe a la institución de la que emane el acto anulado «adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».
38 Es preciso subrayar, además, que la decisión impugnada ha sido anulada porque el demandante no fue oído adecuadamente por la AFPC antes de su adopción.
39 En este contexto, no cabe excluir en todo caso que la AFPC estime que puede adoptar de nuevo la decisión de no renovar el contrato de agente temporal del demandante tras un nuevo examen del expediente, en el que tenga en cuenta los fundamentos de Derecho de la presente sentencia.
40 Por otra parte, si las pretensiones del demandante que aquí se examinan debieran entenderse en el sentido de que con ellas se persigue la reparación del perjuicio que éste considera haber sufrido a causa de las ilegalidades reprochadas a la AFPC en sus pretensiones de anulación, es preciso sin embargo hacer constar que la demanda no contiene demostración alguna de que la anulación de la decisión impugnada sería insuficiente para reparar en su totalidad el supuesto perjuicio moral causado por dicha decisión.
41 Por consiguiente, no es preciso que el Tribunal, ejercitando la competencia de plena jurisdicción que le confiere el artículo 91, apartado 1, del Estatuto, garantice la efectividad de la presente sentencia anulatoria.
42 A tenor del artículo 87, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, sin perjuicio de las demás disposiciones del capítulo octavo del título segundo de dicho Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Conforme al apartado 2 del mismo artículo, el Tribunal de la Función Pública, si así lo exige la equidad, podrá limitarse a imponer una condena parcial en costas a la parte que pierda el proceso, o incluso no condenarla en costas.
43 Se desprende de los fundamentos de Derecho de la presente sentencia que Frontex ha perdido el proceso. Además, el demandante ha solicitado expresamente en sus pretensiones la condena en costas de Frontex. Como las circunstancias del asunto no justifican la aplicación de lo dispuesto en el artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, procede condenar a Frontex a cargar con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido el demandante.
1) Anular la decisión del director ejecutivo de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea, de 19 de febrero de 2013, de no renovar el contrato de agente temporal del Sr. Wahlström.
3) Condenar a la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea a cargar con sus propias costas y con las costas del Sr. Wahlström.
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 17 de septiembre de 2014.

References: Artículo 41
 artículo 270
 artículo 17
 artículo 2
 artículo 47
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 90
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 91
 artículo 266
 artículo 91
 artículo 87
 artículo 87