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Timestamp: 2019-05-20 22:56:26+00:00

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TITULO PRIMERO. El Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón
CAPITULO PRIMERO. Contenido, fuentes normativas y clasificación
TITULO II. Bienes demaniales de la Comunidad Autónoma de Aragón
CAPITULO PRIMERO. Caracteres y prerrogativas
CAPITULO II. Uso y aprovechamiento de los bienes demaniales
CAPITULO III. Concesiones administrativas y reservas demaniales
CAPITULO IV. Afectación, desafectación y mutación de los bienes demaniales
Artículo 39 Desafectación de bienes demaniales de entidades de Derecho público
TITULO III. Bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Aragón
CAPITULO II. Adquisición de los bienes patrimoniales
CAPITULO III. Enajenación y otras formas de disposición de los bienes patrimoniales
CAPITULO IV. Uso y administración de los bienes patrimoniales
CAPITULO V. Actividad empresarial del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón
L 10/1998 de 22 Dic. CA Aragón (tasas y precios públicos)
Artículo 30 redactado por Ley [ARAGON] 4/1998, 8 abril («B.O.A.» 13 abril), de Medidas Fiscales, Financieras, de Patrimonio y Administrativas. Número 1 del artículo 51 redactado por Ley [ARAGON] 4/1998, 8 abril («B.O.A.» 13 abril), de Medidas Fiscales, Financieras, de Patrimonio y Administrativas. Número 1 del artículo 54 redactado por Ley [ARAGON] 4/1998, 8 abril («B.O.A.» 13 abril), de Medidas Fiscales, Financieras, de Patrimonio y Administrativas. Número 4 del artículo 54 redactado por Ley [ARAGON] 4/1998, 8 abril («B.O.A.» 13 abril), de Medidas Fiscales, Financieras, de Patrimonio y Administrativas. Número 3 del artículo 57 redactado por Ley [ARAGON] 4/1998, 8 abril («B.O.A.» 13 abril), de Medidas Fiscales, Financieras, de Patrimonio y Administrativas. Número 1 del artículo 58 redactado por Ley [ARAGON] 4/1998, 8 abril («B.O.A.» 13 abril), de Medidas Fiscales, Financieras, de Patrimonio y Administrativas. Letra b) del artículo 65 redactada por Ley [ARAGON] 4/1998, 8 abril («B.O.A.» 13 abril), de Medidas Fiscales, Financieras, de Patrimonio y Administrativas. Número 5 del artículo 65 introducido por Ley [ARAGON] 4/1998, 8 abril («B.O.A.» 13 abril), de Medidas Fiscales, Financieras, de Patrimonio y Administrativas. Artículo 73 redactado por Ley [ARAGON] 4/1998, 8 abril («B.O.A.» 13 abril), de Medidas Fiscales, Financieras, de Patrimonio y Administrativas. Número 4 del artículo 81 redactado por Ley [ARAGON] 4/1998, 8 abril («B.O.A.» 13 abril), de Medidas Fiscales, Financieras, de Patrimonio y Administrativas. Disposición adicional 6.ª redactada por Ley [ARAGON] 4/1998, 8 abril («B.O.A.» 13 abril), de Medidas Fiscales, Financieras, de Patrimonio y Administrativas.
Ley [ARAGON] 5/1987, 2 abril derogada por D Leg. [ARAGON[ 2/2000, 29 junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón («B.O.A.» 30 junio).
El Estatuto de Autonomía de Aragón se refiere expresamente al Patrimonio de la Comunidad Autónoma en sus artículos 47 y 58, imponiendo una reserva de Ley, consecuente con la establecida en el artículo 132 de la Constitución Española, para la determinación de su régimen jurídico. A esta exigencia responde esta Ley, que, al mismo tiempo, ha de satisfacer una necesidad en el avance del proceso de autogobierno de la Comunidad Autónoma.
La Ley pretende ser, y así queda explicitado en su texto respetuosa con los límites marcados tanto por el texto constitucional como por el Estatuto de Autonomía manteniendo criterios conformes con la legislación reguladora del Patrimonio del Estado, especialmente con todos aquellos que pueda inducirse que constituyen materialmente legislación básica, y procurando dar una respuesta a los problemas actuales y a los previsibles en un futuro inmediato.
También han estado presentes en la elaboración de esta Ley las disposiciones sobre bienes contenidas en el Código Civil, la regulación de las llamadas «propiedades especiales», la legislación sobre contratación administrativa y concesiones, etc., a fin de conseguir el total cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 149 del texto constitucional.
Esta Ley responde asimismo a la determinación contenida en la Ley 4/1986, de 4 de junio, de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, en la que se establece que el régimen del Patrimonio se regulará por Ley de las Cortes de Aragón.
El Patrimonio de la Comunidad Autónoma
La Ley da un carácter unitario al Patrimonio de la Comunidad Autónoma, al mismo tiempo que permite la existencia de patrimonios separados, especialmente referidos a las Entidades públicas dependientes de aquélla, salvando a lo largo de todo su texto las situaciones especiales, cuyo reconocimiento resulta preciso, a fin de asegurar el cumplimiento de los fines que motivaron la creación de estas Entidades.
A este respecto, conviene resaltar la acogida que en el texto de la Ley se produce a la posición jurídica de la Comunidad Autónoma respecto a aquellos bienes incorporados a su Patrimonio como consecuencia de las transferencias de servicios. Ha de entenderse, siguiendo la doctrina emanada del Tribunal Constitucional, que respecto a estos bienes se ha producido una sucesión, no una cesión gratuita, y, por tanto, ante la inexistencia de legislación básica que se oponga a ello, la Comunidad Autónoma puede regular y decidir «sobre el destino de los bienes afectados a los servicios públicos cuya titularidad ostenta».
Por otra parte, la Ley limita su aplicación a los bienes y derechos cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de la protección que el artículo 19 dispensa a los bienes de terceros afectados por las concesiones y «necesarios para su buen fin».
Afectación y protección
Constituye la afectación la clave para determinar la divisoria entre los bienes demaniales y los patrimoniales, quedando definida por la vinculación que entraña a usos o servicios públicos. La especial consideración que otorga la Ley a tal vinculación permite diferenciar la afectación expresa de la tácita o de la presunta, independientemente de la que pueda producirse por así establecerlo una Ley.
Precisamente, el régimen jurídico aplicable a los bienes demaniales responde a una necesidad de garantizar su protección por razones de los usos o servicios públicos a que estén afectos. Se trata en definitiva, no tanto de atribuir privilegios a la Administración de la Comunidad Autónoma, como de garantizar la satisfacción de los intereses generales a la que los bienes de dominio público estén vinculados; por ello, la Ley incorpora los principios enunciados en el artículo 132 de la Constitución, a los que adiciona las potestades de recuperación de oficio, de investigación y de deslinde.
La especial protección jurídica se extiende también, aunque con menor intensidad, a los bienes patrimoniales que se declaran inembargables, sin perjuicio de que siempre haya de ser tenida en cuenta la previsión contenida en el apartado 3 del artículo 27 de la Ley de la Hacienda de la Comunidad Autónoma, en relación con la ejecución de las sentencias judiciales, derivada del mandato impuesto por el artículo 118 del texto constitucional.
Asimismo, el Inventario General de Bienes y Derechos, la contabilidad patrimonial, la inscripción registral y, en su caso aseguramiento son instrumentos y constituyen medios que han de contribuir decisivamente a la protección y a la adecuación del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, en íntima relación con la Ley de su Hacienda y con la legislación hipotecaria.
El capítulo II del título III desarrolla lo establecido en el artículo 47 del Estatuto de Autonomía de Aragón al especificar las formas de adquisición de bienes y derechos. A través de algunas de ellas, los bienes adquiridos tendrán una afectación tácita a un uso o servicio públicos y, consiguientemente, habrán de ser clasificados como demaniales. No obstante, existe la presunción legal de que los bienes adquiridos sean patrimoniales en todos aquellos supuestos en que no conste su naturaleza ni se den las circunstancias por las que la propia Ley los declara afectados.
La Ley regula de forma específica las adquisiciones de bienes mobiliarios y de participaciones en el capital de Empresas, exigiendo requisitos especiales, no sólo por razón de cuantía, sino también, cuando la adquisición de las participaciones traiga consigo la posición de socio mayoritario de la Comunidad Autónoma en el capital de tales Empresas.
La clasificación que contiene la Ley de los usos de que son susceptibles los bienes demaniales representa la acogida de criterios ya incorporados a nuestro ordenamiento jurídico positivo, ampliamente estudiados por la doctrina.
Salvo en casos excepcionales, la observancia de los señalados principios es exigida también en la regulación que la Ley efeectúa del uso por los particulares de los bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma. Los particulares podrán hacer suyos los frutos, rentas y productos que se deriven de la explotación de estos bienes, sin que la Comunidad Autónoma, como propietaria de los mismos, pierda la facultad de comprobar e investigar la utilización que se haga de aquéllos.
Expresamente se hace referencia a los actos separables al regular el procedimiento de contratación, cuando la naturaleza del contrato sea civil, pero esta distinción de actos de una u otra naturaleza ha de ser consecuencia obligada de la del contrato y para ello se incluye una remisión a los criterios contenidos en la legislación específica y, en su defecto, en la reguladora de los contratos administrativos
Para la declaración de alienabilidad, que es requisito indispensable en la enajenación de los bienes inmuebles, habrá de ser delimitada la situación física y jurídica, incluso regularizando, si fuera preciso, la inscripción registral.
Queda restringida en este texto legal la posibilidad de ceder gratuitamente bienes patrimoniales a favor de particulares y aún de otros entes públicos. En todo caso se exige la vinculación de los bienes cedidos al cumplimiento de fines de utilidad pública o de interés social o de los propios de Entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma, a favor de las cuales también pueden ser adscritos bienes demaniales o patrimoniales, sin cambio de titularidad.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 56 y 57 del Estatuto de Autonomía de Aragón, la Comunidad Autónoma podrá crear Empresas públicas o participar en otras, siempre con la finalidad de contribuir al desarrollo económico y social en su territorio.
El texto legal tiene en cuenta, y así se reconoce, la existencia en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón de referencias a los Organismos autónomos o a las Asociaciones mercantiles, eliminando toda contradicción normativa, sin perjuicio del mayor desarrollo dado a algunos extremos.
Con carácter general, se enuncia el deber de utilizar adecuadamente los bienes afectos al uso o servicio públicos, incurriendo en responsabilidad quienes incumplan este deber. Asimismo se establecen las responsabilidades a que da lugar el incumplimiento de los deberes específicos señalados en el artículo 76 de la Ley.
Se recoge en la Ley el principio «non bis in idem», al excluir las sanciones administrativas cuando exista un ilícito penal dejando a salvo el resarcimiento de los daños y perjuicios causados.
La atribución de competencias sobre el Patrimonio de la Comunidad Autónoma, pormenorizada a lo largo del texto legal, se centra en el Departamento de Economía y Hacienda, aunque hay supuestos en los que, por razón de naturaleza o cuantía serán competentes las Cortes de Aragón, la Diputación General u otros Departamentos. Estos últimos tienen competencias sobre la gestión de los bienes a ellos adscritos para el cumplimiento de los fines que motivaron la adscripción, en los términos fijados por la Ley, y a las Cortes de Aragón se les reconoce autonomía patrimonial, sin detrimento del carácter unitario que tiene el Patrimonio de la Comunidad Autónoma.

References: Artículo 39

Artículo 30
 artículo 51
 artículo 54
 artículo 54
 artículo 57
 artículo 58
 artículo 65
 artículo 65
 Artículo 73
 artículo 81
 artículo 132
 artículo 149
 artículo 19
 artículo 132
 artículo 27
 artículo 118
 artículo 47
 artículo 76