Source: https://blog.erreius.com/2017/08/29/ordenan-afiliar-a-una-menor-a-la-obra-social-de-su-progenitor-afin/
Timestamp: 2020-07-04 12:00:40+00:00

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Ordenan afiliar a una menor a la obra social de su progenitor afín
Se hace lugar a la acción de amparo y se ordena a una obra social afiliar a la hija menor de la cónyuge del afiliado (progenitor afín), al concluirse en la inconstitucionalidad de la reglamentación de afiliación que no lo permite por sostener un concepto limitado de familia, pues lo contrario se traduciría en la privación de su derecho a la salud, sumándose a ello su inconvencionalidad en tanto se desnaturaliza el derecho a la salud integral, la protección de los niños, niñas y adolescentes y la protección de la familia, consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos incorporados en la Constitución Nacional.
Progenitor afín. Interés superior del niño. Protección familiar
O. M., J. V.; B., C. A. c/Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de julio de 2017.-
los autos indicados en el epígrafe, los cuales se encuentran en condiciones de dictar sentencia y de los que resulta:
1. A fojas 1/18 se presentan J. V. O. y C. A. B., por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad Y.C.G., con el patrocinio letrado del Defensor Interino CAyT nº 2, Pablo De Giovanni, e interponen acción de amparo contra la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) a fin de que ordenarle afiliar a la niña Y.C.G.
J. historia que es docente de música jubilado y que está afiliado a la ObSBA por haberse desempeñado en distintos establecimientos del GCBA por más de treinta años. Relata que su núcleo familiar se compone por C., madre de Y.C.G de nueve años y con quien se encuentra casado desde mayo de 2011 y V.O.B., el hijo de cinco años que tienen en común.
De consuno con los artículos 43 de la CN y 14 de la CCABA, la vía procesal escogida requiere que la pretensión amparista acredite una lesión, restricción, alteración o amenaza, actual o inminente. La doctrina señala que dicha lesión debe ser “real, efectiva, tangible, concreta e ineludible”(1). Asimismo, debe configurarse una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta. Es decir, si se viola el derecho positivo o, aún de existir legalidad en sentido amplio, si el plexo normativo invocado en el supuesto de autos es írrito por apartarse de la voluntad del legislador o es irracional.
La jurisprudencia del fuero tiene dicho que “La idoneidad de la vía debe determinarse en función de la naturaleza y caracteres que reviste el acto u omisión presuntamente violatorio de derechos o garantías constitucionales o legales y de la concreta necesidad de acudir a la garantía en examen para evitar o hacer cesar prontamente sus efectos”.(2)
1. Los amparistas persiguen la afiliación de la niña Y.C.G., hija de C. A. B.. Cimientan su pedido en un alegado exceso reglamentario efectuado en el Reglamento de Afiliaciones de la ObSBA el cual fuera aprobado por Resolución n° 398/0bSBA/02 y modificado por la Disposición n° 72/ObSBA/03. Ello, por considerar que restringe el derecho a la salud de la niña Y.C.G. garantizado en la ley nº 472, en particular su artículo 19 por no permitir la afiliación de aquélla por no estar bajo la guarda del Sr. O.
De tal compulsa surge que los amparistas se encuentran casados desde el 19/05/2011 (vide partida de matrimonio de foja 25) y que la Sra. C. B. es la madre de la niña Y.C.G. de diez años de edad (vide fojas 24 y 26).
Además, que el Sr. O., la Sra. B. y el niño V.O.B. (hijo en común de los amparistas) están afiliados a la ObSBA bajo el registro de afiliación nº …, … y …, respectivamente, (vide fojas 22 y 28) y que el Sr. O. -al iniciar esta acción- se encontraba recientemente jubilado (vide foja 44 vta). Cabe destacar que dichos extremos no han sido controvertidos por la demandada.
En este contexto, cabe memorar que el artículo 5º del Reglamento de Afiliaciones de la ObSBA establece que el grupo familiar primario está integrado por “(…) todas las personas que tengan un vínculo filial o relación conyugal con el afiliado titular” .
Como derivación lógica surge sin mayor dificultad que la no afiliación a la ObSBA de la niña Y.C.G. encuadra normativamente en el artículo 6 del Reglamento de Afiliaciones a raíz de no encontrarse bajo la guarda o tutela legal allí prevista. De tal suerte que ello conduce a la privación delderecho a la salud integral por no contar con las prestaciones sanitarias que tornan posible su resguardo.
Recuérdese que el principio de razonabilidad se erige en un estándar para establecer cuándo una restricción a un derecho resulta compatible con la carta constitucional, en tanto los derechos constitucionales no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio (artículo 28(3) de la Constitución Nacional y 10(4) de Constitución local).
Da cuenta de ello el surgimiento de la familia ensamblada, entendida ésta como una organización familiar originada en parejas estables, matrimoniales o en uniones convivenciales que cohabitan con hijos comunes y/o con los hijos de anteriores nupcias y/o uniones(5). En el seno de este modelo se gestó la figura del progenitor afín como consecuencia de la ampliación de los efectos propios de los vínculos familiares a relaciones que en épocas precedentes no resultaban alcanzados por ellas.
Se puede describir este nuevo concepto de familia como un conjunto solidario formado por quienes jurídicamente deben contribuir al sostenimiento del grupo convivencial, ya sea en forma pecuniaria o en especie(6) con una encarnación que trasvasa lo biológico para trascender en lo sociológico, cultural e ideológico y que brinda una nueva identidad a raíz del arraigo de vínculos y afectos.
Nótese que esta evolución socio-cultural ha sido recogida por el nuevo Código Civil y Comercial(7) el cual en su artículo 672 define al progenitor afín como “… el cónyuge o conviviente que vive con quien tiene a su cargo el cuidado personal del niño o adolescente” y en su artículo 673 reza que “El cónyuge o conviviente de un progenitor debe cooperar en la crianza y educación de los hijos del otro, realizar los actos cotidianos relativos a su formación en el ámbito doméstico y adoptar decisiones ante situaciones de urgencia…”.
De ello se sigue que el progenitor o progenitora afín tiene ahora el deber legal de contribución y cooperación pecuniaria según sus posibilidades dentro de la economía del grupo familiar(8). El mismo se le impone por el hecho de compartir el hogar y se ve materializado en la carga de soportar con sus recursos aquellos gastos que genera el sostenimiento de la vivienda familiar y de sus miembros, tanto de los hijos comunes como también de los afines.
2.2. En este contexto surge evidente que la ley obliga al progenitor afín a cumplir con las responsabilidades en el cuidado, protección y asistencia integral del niño. El Estado, por su parte no puede deslindarse de la co-responsabilidad en torno a adoptar las medidas apropiadas para dar efectividad a los derechos y responsabilidades que al efecto se consagran en los artículos 18 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño.(9)
3.1. El derecho a la salud, se integra con la ley n° 472(10) de creación de la ObSBA, continuadora del Instituto Municipal de Obra Social.
Erigida como un ente público no estatal(11), con capacidad de derecho público y privado, su objeto es la prestación de servicios de salud que contenga acciones tendientes a la atención íntegra de los agentes que se desempeñen bajo relación de dependencia en la administración central, organismos descentralizados y autárquicos de la Ciudad, junto a su grupo familiar.(12)
En uso de las facultades reglamentarias, a través de su artículo 10, el Directorio de la ObSBA emitió el Reglamento de Afiliaciones, que en su artículo 5(13) establece quiénes conforman el grupo familiar primario. El inciso e) de su artículo 6º dispone que poseen vínculo filial con el afiliado titular “los menores de 21 años que se encuentren bajo guarda o tutela del titular otorgada legalmente”.
Así, el artículo 8º reza que entre aquéllos se encuentran -en lo que aquí interesa- “… b) Los jubilados y pensionados nacionales y los de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”.
A esta altura del análisis, no es ocioso recordar que la obligación constitucional de dictar normas que gocen de legalidad y legitimidad recae sobre todos los órganos y entes públicos(14), mandato del que la ObSBA no está exento. Máxime cuando mediante la emisión de normas se afectan directamente los derechos y garantías de los afiliados.
5.1. En definitiva, se impone la descalificación del precepto en crisis en virtud del acotamiento que el inciso e) del artículo del Reglamento de Afiliaciones introduce respecto a determinados miembros de la familia alcanzados dentro del universo conceptual de “grupo de familia primario”que él mismo utiliza.
7.2. Así las cosas, cabe memorar que desde antaño ha sido reconocido el deber de los jueces de examinar las leyes en los casos concretos, confrontándolas con el texto constitucional y “…abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición con ella…”(15). En razón de ello, corresponderá declarar la inconstitucionalidad del inciso e) de artículo 6º del Reglamento de Afiliaciones de la ObSBA y su consecuente Disposición nº 459/UNAA/15 en tanto exige recaudos mayores a los establecidos por normas de jerarquías superiores para poder ser afiliado a dicha obra social.
En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que los jueces “…deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana”.(16)
Conteste con ello, el Alto Estrado recoge de modo expreso el control de convencionalidad interno que enuncia la Corte Interamericana de Derechos Humanos como pieza central de la plena eficacia de los derechos humanos.(17)
En particular, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a través de la Observación General n° 14(18) señala que el derecho a la salud no implica solamente un derecho a estar sano sino que acarrea además un conjunto de libertades y derechos, entre los que se incluye el derecho a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud.
En ese sentido, refuerza la inconvencionalidad de la norma en crisis el principio de no regresividad al que el país y esta ciudad se hallan obligados a respetar en virtud del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales(19), incorporado a la Constitución Nacional y por el reconocimiento del artículo 10 de la constitución local a los tratados suscriptos. Desde luego, no resulta permisible la adopción de medidas regresivas que impacten negativamente en el pleno y efectivo goce de los derechos que consagra el plexo.
2.1.1. El contenido internacionalmente delineado respecto al derecho a la salud(20) forma parte de nuestro bloque constitucional federal en atención a la jerarquía constitucional dada a los tratados internacionales de derechos humanos en el inciso 22 del artículo 75 de la CN. Impronta que se manifiesta en el orden local en el capítulo segundo de la Constitución de la Ciudad -artículos 20 a 22-, en el cual se reafirma el reconocimiento al derecho a la salud de manera amplia, mediante la clara expresión de la extensión del contenido del derecho(21), la creación de obligaciones para los órganos locales(22) y la fijación de principios rectores para la materia.
2.1.2. A partir de lo dispuesto en los tratados internacionales, nuestro Máximo Tribunal ha reafirmado el derecho a la preservación de la salud entre otros y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas.(23)
Este escenario compromete a los organismos que deben velar por la salud y la vida de sus afiliados -cual la demandada- por expresa exigencia constitucional y legal. Ello, en tanto alumbra el derecho a la salud integral consagrado en la ley nº 153(24), con apoyo en diversos principios tales como su concepción integral, el desarrollo de una cultura de la salud, el gasto público como una inversión social, la cobertura universal y la solidaridad social como filosofía rectora de todo el sistema.(25)
2.2.1. En particular, la Observación General n° 19 del Comité de Derechos Ecnómicos, Sociales y Culturales(26) interpreta el derecho a la seguridad social, reconocido en el artículo 9º del PIDESC, como comprensivo del “derecho a no ser sometido a restricciones arbitrarias o poco razonables de la cobertura social existente y del derecho a la igualdad en el disfrute de una protección suficiente contra los riesgos e imprevistos sociales”. Ello, en consonancia con en el artículo XVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
En relación con ellos, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 24, asegura que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios y a recibir asistencia médica y atención sanitaria necesaria(27) y en artículo 27 se garantiza el desarrollo integral del niño(28). Por su parte, el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege el derecho a la vida.(29)
Acorde con esa concepción la Corte Suprema de Justicia tiene dicho que “…la protección constitucional de la familia no se limita a la surgida del matrimonio…”(30)
En ese mismo sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño establece las obligaciones de los Estados, obligándolos a adoptar diversas medidas tendientes a que el niño goce de los cuidados propios del entorno familiar.(31)
En mérito de las consideraciones precedentes, es dable destacar que tanto los tratados internacionales como las observaciones o recomendaciones generales, los fallos judiciales u opiniones consultivas de los comités creados por los tratados a los fines de su cumplimiento, resultan de aplicación obligatoria, según lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en oportunidad de reconocer a los órganos de los tratados como únicos interpretes autorizados de éstos, por lo que los tribunales inferiores deben adecuarse a dicha interpretación.(32).
Por ende, de consuno con el artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos(33) en su alusión a las restricciones permitidas al ejercicio de los derechos, se concluye en la definitiva inconvencionalidad de la reglamentación en juego y su consecuente Disposición nº 459/UNAA/15 en tanto desnaturalizan el derecho a la salud integral, a la protección de los niños, niñas y adolescentes y a la protección de la familia, que encuentran protección en las normas supranacionales antedichas.
Como corolario de la conclusión arribada ut supra, la ObSBA deberá afiliar a la niña Y.C.G. (DNI …).
Por todas las consideraciones vertidas,
1º) Hacer lugar a la acción de amparo incoada por J. V. O. M. (DNI …) y C. A. B. (DNI …). Sin imposición de costas dado que la parte actora está representada por el Ministerio Público de la Defensa.
2º) Declarar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 6 inc. e) del Reglamento de Afiliaciones y de su consecuente Disposición nº 459/UNNA/15, en cuanto el derecho de afiliación de la niña Y.C.G. (DNI …) que consagra el artículo 19 inciso c) de la ley nº 472, a tenor de lo decidido en los apartados IV, V y VI.
3º) En consecuencia, se condena a la ObSBA a que proceda afiliar a la niña Y.C.G. (DNI …) en forma inmediata.
Pasos a seguir ante la ejecución de póliza de seguro de caución por daño ambiental de incidencia colectivaModificación del régimen de licencias para magistrados, funcionarios y empleados de la Justicia

References: Resolución 
 artículo 19
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 672
 artículo 673
 artículo 10
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 10
 artículo 75
 artículo 9
 artículo 22
 artículo 24
 artículo 27
 artículo 6
 artículo 30
 artículo 6
 artículo 19