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Timestamp: 2019-11-21 12:10:57+00:00

Document:
Ley 12/1994, de 17 de junio
24 Sep 2007 07:12
Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco.
Artículo 3. Finalidad y beneficiarios.
CAPÍTULO II. DE LA CONSTITUCIÓN DE FUNDACIONES.
Artículo 4. Fundadores.
Artículo 5. Modos de constitución.
Artículo 6. Escritura de constitución.
Artículo 8. Facultades provisionales.
Artículo 9. Dotación patrimonial.
CAPÍTULO III. DEL GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN.
Artículo 10. Órgano de gobierno.
Artículo 11. Capacidad.
Artículo 14. Interdicción de la autocontratación.
Artículo 16. Sustitución, cese y suspensión.
Artículo 17. Facultades delegadas y de gestión.
Artículo 18. Gratuidad de cargos.
Artículo 19. Personal al servicio de la fundación.
CAPÍTULO IV. DEL PATRIMONIO.
Artículo 20. Composición y administración.
Artículo 21. Liberalidades.
Artículo 22. Actos de disposición o gravamen.
Artículo 23. Inventario y registro de bienes y derechos fundacionales.
CAPÍTULO V. DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES.
Artículo 24. Publicidad y objetividad.
Artículo 25. Actividades empresariales.
Artículo 26. Contabilidad y presupuestos.
Artículo 27. Rendición de cuentas.
Artículo 28. Auditoría de cuentas.
Artículo 29. Servicios remunerados.
Artículo 30. Destino de ingresos.
CAPÍTULO VI. MODIFICACIÓN, EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
Artículo 34. Procedimiento de extinción.
Artículo 35. Liquidación.
CAPÍTULO VII. DEL PROTECTORADO Y DEL REGISTRO DE FUNDACIONES
Artículo 36. Protectorado.
Artículo 37. Actos presuntos.
Artículo 38. Gestión provisional.
Artículo 40. Registro de Fundaciones.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Fundaciones con ámbito superior a la Comunidad Autónoma.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Adscripción orgánica.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Cumplimiento de la ley.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Fundaciones constituidas por personas jurídicas públicas.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Registros de Fundaciones.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Tasas.
Se hace saber a todos los/las ciudadanos/as de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la siguiente: Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco
En cuanto a la reserva legal -Ley formal-, se cumple debidamente a través de la Ley autonómica, que deberá respetar en todo caso el contenido esencial del derecho de fundación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.1 de la Constitución Española.
Salvando ese contenido esencial, no hay en materia de fundaciones ninguna clase de sometimiento a bases o principios fundamentales deducidos de leyes del Estado. La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en la citada materia, siempre que su legislación se manifieste dentro de los condicionamientos establecidos por la Constitución.
Por otra parte importa resaltar que, en términos de concisión similares a los constitucionales, el Código Civil se ocupa únicamente de la fundación como persona jurídica -al igual que el Derecho Comparado, europeo en general-, regulando su nacimiento -conforme a Derecho y su extinción, siendo éste precisamente uno de los aciertos: insertar exclusivamente las escasas normas propiamente civiles, dejando fuera de su articulado todas las restantes normas, que se regirán por lo que dispongan las leyes especiales y las complementarlas y necesarias de carácter orgánico y administrativo.
Ello trae causa de la naturaleza dual del derecho de fundación, en el que confluyen múltiples aspectos de tipo político, administrativo, civil, etcétera, cabalgando entre lo público y privado. A este respecto es preciso subrayar que las fundaciones son entidades jurídicas de derecho privado pero erigidas para la consecución de un interés general o público, como puede ser la satisfacción de necesidades de carácter docente, artístico, benéfico, asistencial y similares. Por todo lo cual deviene consecuencia obligada el sometimiento a la tutela y protección de los poderes públicos como garantía de cumplimiento de la voluntad fundacional plasmada en una finalidad de interés general.
En base a la competencia exclusiva ejercida se regulan los aspectos jurídico-administrativos de las fundaciones, incidiendo sólo colateralmente sobre sus aspectos civiles, incidencia esta que, además de resultar obligada para el legislador, cobra singular relieve cuando se trata de la aplicación de la Ley 3/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del País Vasco.
Se elude, conscientemente, entrar a definir legalmente la fundación por tratarse de un concepto delimitado por la doctrina y la jurisprudencia (STC 49/1988).
En función de la filosofía eminentemente liberal adoptada, se vertebra la figura jurídica de la fundación atendiendo a dos líneas fundamentales. Por una parte, el respeto a la voluntad del fundador, y por otra, la nueva configuración que se otorga al protectorado, que pasa de un régimen tradicional de autorizaciones (control ex ante) a otro de aprobaciones y comunicaciones (control ex post), dotando a las fundaciones de una gran autonomía, correlativa al régimen de responsabilidad de los patronos y gestores.
El ámbito de aplicación se circunscribe a las fundaciones que desarrollen su actividad principalmente en la Comunidad Autónoma del País Vasco, según lo determinado en el acto fundacional o Estatutos.
Se permite a las personas jurídicas públicas constituir fundaciones, ya sea por sí o con la participación de otras entidades o particulares.
La fundación adquiere personalidad jurídica en el momento de la inscripción de su escritura de constitución en el Registro de Fundaciones, siguiendo modelos comparados vigentes.
En lo que a la dotación respecta se introducen elementos novedosos que permitirán ejercer el derecho de fundar en términos de gran elasticidad y efectividad, desde el enunciado de su integración por cualesquiera bienes o derechos suficientes para el desarrollo del primer programa de actuación hasta la posibilidad de aportaciones sucesivas, con la fijación de un plazo de realización flexible en función de la naturaleza de los bienes objeto de las mismas.
En cuanto al órgano fundacional se opta por una configuración legal colegiada -como mínimo, de tres personas-, siempre salvo disposición en contrario del fundador. Asimismo, en coherencia con los principios de libertad y modernidad que se postulan, la ley huye deliberadamente de la denominación tradicional de patronato, posibilitando, no obstante, la utilización de dicho término.
El capítulo referente al patrimonio fundacional, constituido por toda clase de bienes y derechos susceptibles de valoración económica, aparece imbuido en profundidad de las razones propias de la concepción liberal, distanciándose por ello en mayor medida de los modelos existentes al eliminarse de los actos de disposición y liberalidades la totalidad de las trabas administrativas que venían configurándose a través de las autorizaciones previas, y que ahora se transforman en simples comunicaciones, lo cual agiliza substancialmente la gestión patrimonial dotándola de autonomía.
En lo relativo a las actividades mercantiles o industriales se asume en plenitud la idea de un patrimonio dinámico en continua adaptación al medio, en contra de la rigidez absoluta de un capital congelado y estático. Así se permite a las fundaciones ejercer dichas actividades bien directamente o a través de: sociedades, siempre que tengan limitada la responsabilidad, como garantía de que los riesgos empresariales no comprometan la existencia de la fundación. Por su parte, aquellas fundaciones consideradas de relevancia económica deberán someterse a una auditoría externa de cuentas.
En lo que al protectorado se refiere, de la filosofía en que se inspira la Ley no podía desprenderse, obviamente, sino un protectorado ágil y moderno con misión de ayudar a las fundaciones en su tarea de llevar a cabo los fines fundacionales con eficacia.
Para ello se configura como un órgano administrativo eminentemente asesor e informador, sin perjuicio de las funciones de supervisión exigidas por el interés general de la fundación en cuanto al ejercicio de su derecho de tener conocimiento completo de las actividades de la fundación, sus presupuestos, cuentas y memorias, así como de promover ante las autoridades judiciales las acciones (de responsabilidad, sustitución, etc.) pertinentes, en tutela de dicho interés general cuyo cumplimiento debe garantizar. De este modo, las atribuciones administrativas quedan limitadas a promover la intervención judicial, en aras del principio de tutela judicial efectiva, pieza clave del listado de Derecho.
Por otra parte, siguiendo otros modelos autonómicos que han dado pruebas de acreditada eficacia, se opta Por un sistema de protectorado único, a través del Departamento de Justicia, y sin perjuicio de las funciones de los Departamentos con competencias en el ámbito sectorial de las fundaciones, previéndose la integración de éstos en una Comisión Asesora con funciones de asistencia al protectorado y de informe previo a la inscripción registral.
Por último, el Registro de Fundaciones se diseña también, en coherencia con el sistema establecido para el protectorado, con carácter único, superando la actual dispersión existente entre los diferentes Departamentos competentes sectorialmente en la materia.
La presente Ley tiene por objeto la regularización de las fundaciones de competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.13 del Estatuto de Autonomía.
1. La finalidad de la fundación debe ser lícita, servir un interés general y beneficiar a personas no individualmente determinadas.
2. En ningún caso podrán constituirse fundaciones con la finalidad de destinar sus prestaciones a los cónyuges o parientes del fundador hasta el cuarto grado inclusive.
DE LA CONSTITUCIÓN DE FUNDACIONES.
1. Toda persona física o jurídica, ya sea pública o privada, puede constituir fundaciones sometidas al ámbito de esta Ley.
2. Las personas físicas precisarán de la capacidad de obrar suficiente, según lo exigido por las leyes, para disponer a título gratuito de los bienes y derechos objeto de dotación.
3. Las personas jurídicas requerirán el acuerdo válidamente adoptado Por el órgano competente para ello en el que se manifieste su voluntad de constituir una fundación, así como la designación de quien por ellas actúe.
4. Las personas jurídicas públicas, para constituir fundaciones o participar con otras entidades o particulares en la constitución de fundaciones, deberán cumplir lo que las leyes o disposiciones por las que se rijan establezcan para este supuesto y, en su defecto, las normas para la disposición a título gratuito de los bienes o derechos que aporten.
1. La fundación podrá constituirse por actos inter vivos o mortis causa, formalizándose en ambos casos mediante escritura pública, con cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo siguiente.
En el acto fundacional mortis causa el fundador podrá otorgar por sí mismo la escritura pública o designar a las personas que hubieren de otorgarla. En caso de que el fundador se hubiese limitado a establecer su voluntad de crear una fundación y disponer de los bienes de la dotación, la escritura pública en la que se contengan los demás requisitos exigidos por esta ley se otorgará por el comisario foral o por el albacea testamentario, o, en su defecto, por los herederos o las personas a quienes en derecho corresponda la ejecución del testamento u otra disposición mortis causa, según la legislación civil aplicable.
2. Las fundaciones tendrán personalidad jurídica desde la inscripción de su escritura de constitución en el Registro de Fundaciones.
3. La inscripción sólo podrá denegarse, en resolución motivada, si la entidad constituida no reúne los requisitos exigidos en esta Ley y demás legislación aplicable. No obstante, si el defecto fuere subsanable se otorgará un plazo a tal efecto, que se determinará reglamentariamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.
Las circunstancias que acrediten la personalidad de los fundadores, sean personas físicas o jurídicas, y determinen su capacidad para constituir una fundación, con mención específica de su nacionalidad, domicilio, vecindad civil y, en su caso, régimen económico matrimonial.
La voluntad de constituir una fundación con sujeción a las disposiciones de esta Ley.
La aportación patrimonial inicial de la fundación, con descripción y naturaleza de los bienes y derechos que la integran, su titularidad, sus cargas y el título de, aportación, y demás elementos exigidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.
Los Estatutos fundacionales, que deberán contener los extremos señalados en el artículo 7.1.
La identificación de las personas que integran el órgano de gobierno y, en su caso, la aceptación del cargo si se realiza en el acto fundacional.
El fundador o fundadores podrán dar a la escritura pública el carácter de carta fundacional, con el fin de que puedan adherirse otras personas con el carácter de fundadores. En tal caso, se fijará el plazo durante el cual haya de formularse tal adhesión.
1. Los Estatutos de la fundación deberán contener, como mínimo, los siguientes extremos:
La denominación de la entidad, en la que deberá figurar la palabra fundación o fundazioa o iraskundea, que no podrá coincidir con ninguna otra previamente inscrita en el Registro de Fundaciones.
El domicilio de la fundación, que deberá radicar en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El órgano de la fundación facultado para la determinación de las sedes de sus establecimientos o delegaciones, si las hubiere.
El órgano de gobierno y representación, con expresión de su composición, reglas para la designación y sustitución de sus miembros, causas de su cese, sus atribuciones y la forma de deliberar y adoptar los acuerdos.
La regulación del régimen jurídico de los colaboradores de la fundación, si los hubiere, así como su participación en los órganos de gobierno de la misma.
2. Asimismo, los Estatutos podrán contener normas especiales sobre modificación de Estatutos, fusión o extinción de la fundación y cualesquiera otras cláusulas o condiciones lícitas que tengan a bien establecer los fundadores.
3. Toda disposición en los Estatutos de la fundación o manifestación de la voluntad del fundador que siendo contraria a la presente Ley no afecte a la validez constitutiva de aquélla se tendrá por no puesta cuando haya transcurrido el plazo para subsanación previsto en el artículo 5.3 sin llevarse a efecto manifestación o adecuación alguna en tal sentido, en cuyo caso procederá la inscripción de la fundación en el Registro de Fundaciones.
En el supuesto de constitución mortis causa el fundador podrá otorgar al comisario foral o a los albaceas facultades para ponderar, siempre de conformidad con el espíritu fundacional, las consecuencias de la calificación registral.
En el supuesto de una fundación en fase de inscripción una vez otorgada la escritura fundacional, sus órganos de Gobierno podrán, tras aceptar sus cargos conforme a lo previsto en el artículo 12 y dentro de sus facultades, otorgar actos, adquirir bienes o derechos y contraer obligaciones que consideren inaplazables en nombre o interés de aquella, los cuales se entenderán asumidos automáticamente por la fundación cuando se produzcan la inscripción en el Registro. En caso de no inscripción, el patrimonio fundacional responderá de las obligaciones contraídas, y, en su defecto, la responsabilidad recaerá solidariamente sobre las personas que compongan dichos órganos de gobierno y no se hayan opuesto a la asunción de las mismas.
1. La dotación matrimonial podrá consistir en bienes y derechos de cualquier tipo, que habrán de ser suficientes para el desarrollo del primer programa de actuación, que deberá constar en la escritura fundacional junto con un estudio económico que acredite la viabilidad del mismo utilizando exclusivamente dichos recursos.
2. La aportación de la dotación patrimonial podrá hacerse en forma sucesiva, en cuyo caso el desembolso inicial no será inferior al treinta por ciento del total previsto por la voluntad fundacional, debiéndose: aportar el resto en un plazo de cinco años contados desde el otorgamiento de la escritura pública de constitución. No obstante, cuando se trate de derechos podrá ampliarse dicho plazo en función de la naturaleza de los mismos, siempre que se den las garantías necesarias Para asegurar su realización.
3. A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se podrán considerar como dotación las aportaciones comprometidas por terceros, siempre que estuvieren garantizadas. En ningún caso se considerará como tal el mero propósito de recaudar donativos.
DEL GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN.
1. En toda fundación sujeta a esta Ley existirá un órgano de Gobierno que podrá adoptar la denominación de patronato u otra similar.
2. El órgano de Gobierno ostentará la representación de la fundación y ejercerá todas aquellas facultades que sean necesarias para la realización de los fines fundacionales. En concreto, administrará los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación.
3. Salvo que el fundador haya establecido otra composición, el órgano de Gobierno será colegiado y estará integrado por tres miembros, como mínimo, eligiendo de su seno un Presidente, si no estuviera designado.
4. En el supuesto de que el fundador fuera persona física, podrá reservar para sí, con carácter vitalicio, el ejercicio de todas las competencias asignadas al órgano de gobierno de la fundación.
1. Podrán ser miembros del órgano de gobierno de la fundación las Personas físicas o jurídicas.
2. Las personas físicas deberán tener plena capacidad de obrar y no estar inhabilitadas Para el ejercicio de un cargo público. No obstante, cuando haya de ser miembro nato una persona incapacitada, actuará en su nombre su representante legal.
3. Las personas jurídicas deberán hacerse representar en el órgano de gobierno por una persona física.
4. Cuando el cargo recaiga en persona física deberá ejercerse personalmente y no podrá ser delegado. No obstante, cuando el mismo sea atribuido al titular de un cargo público o privado, podrá éste designar una persona para que lo ejerza en su nombre.
Los miembros del órgano fundacional comenzarán su gestión después de haber aceptado expresamente el cargo. Dicha aceptación, que se inscribirá en el Registro de Fundaciones, se podrá instrumentar de alguna de las maneras siguientes:
En la propia escritura pública fundacional o en escritura aparte.
En documento privado con firma legitimada por notario.
En comparecencia realizada al efecto ante el encargado del mencionado Registro.
Cumplir y hacer cumplir estrictamente los fines fundacionales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y los Estatutos de la fundación.
Administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación y mantener plenamente la productividad de los mismos, según los criterios económico-financieros de un buen gestor.
Servir el cargo con la diligencia de un representante leal.
1. Los miembros del órgano de gobierno son responsables frente a la fundación en los términos que determinen las leyes.
2. Quedarán exentos de responsabilidad quienes se hubiesen opuesto al acuerdo generador de la misma o no, hubiesen participado en su adopción, salvo que se pruebe que tenían conocimiento de aquél y no expresaron su disconformidad.
3. Serán objeto de inscripción en el Registro de Fundaciones el ejercicio, ante la jurisdicción ordinaria, de la acción correspondiente de exigencia de responsabilidad de los órganos de gobierno y la sentencia firme que recaiga.
4. El Protectorado, por propia iniciativa o a solicitud razonable de quien tenga interés legítimo, podrá ejercitar dicha acción de responsabilidad. También podrá ser ejercitada la misma por el fundador cuando la actuación de los miembros del órgano de gobierno sea contraria o lesiva a los fines fundacionales.
1. La sustitución de los miembros del órgano de gobierno se producirá en la forma establecida en los Estatutos, sin perjuicio del supuesto contemplado en el artículo 38.
2. El cese de los miembros del órgano de gobierno se producirá:
Por muerte o declaración de fallecimiento, así como por extinción de la personalidad jurídica.
Por no desempeñar el cargo con la diligencia prevista en el artículo 13, si así se declara en resolución judicial.
Por las causas establecidas válidamente en los Estatutos.
Por resolución judicial firme que estime la acción de responsabilidad ejercida contra el mismo y prevista en el artículo precedente. Por el transcurso del plazo, si fueron nombrados por tiempo determinado.
Por dejar de desempeñar el cargo por razón del cual fueron designados.
Por renuncia formalizada a través de los medios previstos en el artículo 12.
3. La suspensión de los miembros del órgano de gobierno podrá ser acordada por el juez cuando se entable contra ellos la acción de responsabilidad a que se refiere el apartado 2.c) del presente artículo.
4. La sustitución, cese y suspensión de los miembros del órgano de Gobierno se inscribirá en el Registro de Fundaciones.
1. Si los Estatutos no lo prohibieran, el órgano de gobierno podrá constituir una o varias comisiones delegadas o ejecutivas, con las facultades que en cada caso determine, así como delegar sus facultades en uno o más de sus miembros y nombrar apoderados generales o especiales con funciones y responsabilidades mancomunadas o solidarias. En ningún caso serán objeto de delegación la aprobación de cuentas y del presupuesto, los actos que excedan de la gestión ordinaria o necesiten de autorización del protectorado y aquellos expresamente prohibidos por el fundador o Estatutos.
2. Las delegaciones y apoderamientos generales, salvo que sean para pleitos, así como sus revocaciones, deberán ser inscritos en el Registro de Fundaciones.
1. Salvo que los Estatutos o la Carta fundacional establezcan otra cosa, las fundaciones podrán encomendar el ejercicio de la gerencia o gestión, o la realización de otras actividades en nombre de la fundación bien a algún miembro del órgano de gobierno, bien a terceras personas, con la remuneración adecuada a las funciones desempeñadas. Podrán también designar, de igual modo, un secretario del órgano, no miembro del mismo.
2. Estas remuneraciones y, en su caso, los conceptos comprendidos en el artículo anterior se considerarán gastos de administración a los efectos, establecidos en el artículo 30.2 de la presente Ley.
1. El patrimonio de la fundación puede estar constituido por toda clase de bienes y derechos susceptibles de valoración económica.
2. La administración y disposición del patrimonio corresponderá al órgano de gobierno en la forma establecida en los Estatutos y con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley.
1. De los actos de disposición o gravamen sobre los bienes o derechos que formen parte de la dotación patrimonial, o estén directamente adscritos al cumplimiento de los fines o su valor sea superior al veinte por ciento del activo de la fundación que resulte del último balance anual, se dará cuenta inmediatamente al protectorado.
2. También se necesitará dicha comunicación para someter a arbitraje o transacción los bienes y, derechos a que hace referencia el apartado anterior.
3. El protectorado exigirá y controlará el cumplimiento de las cargas duraderas impuestas sobre bienes para la realización de fines de interés general.
4. Los actos comprendidos en este artículo se harán constar en el Registro de Fundaciones sin perjuicio de la inscripción, cuando proceda, en el Registro correspondiente. El protectorado podrá exigir que se acrediten las condiciones y circunstancias concurrentes y, en su caso, ejercer las acciones de responsabilidad que correspondan contra los miembros de los órganos de gobierno.
DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES.
1. La fundación podrá realizar, por sí misma, actividades mercantiles o industriales cuando éstas tengan relación con los fines fundacionales o estén al servicio de los mismos.
2. En todos los demás supuestos deberá realizar dichas actividades a través de sociedades, incluidas las de economía social, que tengan limitada la responsabilidad de sus socios.
3. Las actividades comprendidas en este artículo deberán ser puestas en conocimiento del protectorado.
1. El órgano de gobierno deberá elaborar anualmente el inventario, el balance de situación y la cuenta de resultados, en los que se reflejará la situación patrimonial, económica y financiera de la fundación, así como una Memoria de las actividades realizadas durante el ejercicio económico, suficiente para conocer y justificar el cumplimiento de la finalidad fundacional. La Memoria habrá de comprender necesariamente el cuadro de financiación, así como cualquier alteración, ya sea patrimonial o de su órgano de gobierno o dirección.
2. Asimismo, las fundaciones deberán confeccionar anualmente un presupuesto de gastos c ingresos. correspondiente al ejercicio siguiente. Dicho presupuesto se presentará al protectorado en el último trimestre del año de su aprobación, junto con una Memoria explicativa.
3. En función de las actividades que desarrollen, las fundaciones ajustarán su contabilidad a la normativa general que sea de aplicación y a las exigencias de la legislación fiscal.
1. El órgano de gobierno deberá justificar su gestión adecuada a los fines fundacionales. A tal efecto presentará al protectorado dentro del primer semestre del año:
El inventario, el balance de situación y la cuenta de resultados del ejercicio anterior, cerrados en la fecha que señalen los Estatutos o, en su defecto, al 31 de diciembre.
Memoria expresiva de las actividades fundacionales del año anterior en los términos previstos en el artículo 26.1.
Liquidación del presupuesto de gastos o ingresos del ejercicio anterior.
2. Los documentos a que se refiere el apartado 1 deberán ser depositados en el Registro de Fundaciones a efectos de lo establecido en el artículo 24 de esta Ley.
1. Las fundaciones de relevancia económica deberán someterse a una auditoría externa de cuentas.
2. Se determinarán reglamentariamente los requisitos que deban concurrir en una fundación para ser considerada de relevancia económica, tomando en consideración, entre otros, los siguientes aspectos:
Valor del patrimonio fundacional.
Volumen de actividades gestionadas.
Servicios remunerados por beneficiarios.
3. En todo caso, tendrán esta consideración las fundaciones en las que se den las circunstancias que obligan a las sociedades anónimas a someterse a una auditoría de cuentas de acuerdo con su Ley reguladora.
4. La cualidad de relevancia económica de una fundación deberá constar en el Registro de Fundaciones.
5. Lo dispuesto anteriormente se entenderá sin perjuicio de la función fiscalizadora que corresponde al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en su Ley reguladora, respecto de la correcta utilización y destino de ayudas y subvenciones que eventualmente se hubieren concedido por las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma a cualquier fundación.
No sea contrario a la voluntad fundacional.
El importe obtenido se destine a los fines fundacionales, y
1. El destino de al menos el 70 % de los ingresos de la fundación, obtenidos por todos los conceptos, deberá ser la realización de los fines determinados por la voluntad fundacional, salvo que se trate de aportaciones efectuadas en concepto de dotación patrimonial, bien en el momento de su constitución, bien en un momento posterior.
2. El resto deberá destinarse a incrementar la dotación fundacional, una vea deducidos los gastos de administración, que no podrán sobrepasar en ningún caso la proporción que reglamentariamente se determine. Asimismo, reglamentariamente se determinarán las partidas que se imputarán a gastos de administración.
3. La fundación podrá hacer efectivo el destino de la proporción de las rentas o ingresos a que se refiere el presente artículo en el plazo de tres años a partir del momento de su obtención.
MODIFICACIÓN, EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
1. El órgano de gobierno podrá acordar la modificación de los Estatutos de la fundación, siempre que sea respetado el fin fundacional y no exista prohibición del fundador.
2. El órgano de gobierno tiene el deber de acordar la modificación de los Estatutos fundacionales cuando las circunstancias que motivaron la constitución de la fundación hayan variado de tal manera que ésta no pueda actuar satisfactoriamente con arreglo a aquéllos, salvo que para el supuesto de que se trate haya previsto el fundador la extinción de la fundación.
3. Si el órgano fundacional no diera cumplimiento, a lo previsto en el apartado anterior, el protectorado, sin perjuicio de ejercer la acción de responsabilidad frente a los miembros del órgano, podrá pedir a la autoridad judicial que ordene la realización de la modificación que proceda.
4. El acuerdo de modificación, que deberá ser razonado, habrá de formalizarse mediante escritura pública, contar con la aprobación del protectorado y ser inscrito en el Registro de Fundaciones.
1. El órgano de gobierno podrá proponer la fusión con otra u otras fundaciones, siempre que concurran las circunstancias señaladas en el número 1 del artículo anterior.
2. El protectorado podrá solicitar de la Autoridad Judicial la fusión de aquellas fundaciones que, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, no puedan cumplir sus fines por sí mismas, cuando éstos sean análogos, exista oposición de sus órganos de gobierno y no lo haya prohibido el fundador.
3. La fusión será formalizada en escritura pública e inscrita en el Registro de Fundaciones.
Cuando así lo prevean sus Estatutos o la escritura de constitución.
Cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 39 del Código civil o en otras leyes.
Cuando así resulte de un proceso de fusión acordado conforme a lo establecido en el artículo anterior.
Cuando sea disuelta por resolución judicial firme.
1. En los supuestos de los apartados a) y b) del artículo anterior, la extinción de la fundación requerirá acuerdo del órgano de gobierno ratificado por el protectorado.
2. El acuerdo de extinción será en todo caso razonado, con expresión de la situación patrimonial y del programa de liquidación.
3. Si no hubiese acuerdo del órgano de gobierno, o éste no fuese ratificado por el protectorado, la extinción de la fundación requerirá resolución judicial motivada, que podrá. ser instada, en cada caso, por el protectorado o por el órgano fundacional.
4. El acuerdo de extinción o, en su caso, la resolución judicial motivada se inscribirá en el Registro de Fundaciones.
1. Salvo en el supuesto de fusión de fundaciones, el acuerdo de extinción de la fundación o, en su caso, la resolución judicial pondrá fin a sus actividades ordinarias y dará comienzo a las operaciones de liquidación, que serán llevadas a cabo por el órgano de Gobierno bajo el control del protectorado.
2. Los bienes y derechos que resulten de la liquidación fundacional serán destinados a otras entidades o actividades de interés general que haya ordenado el fundador o los Estatutos o que determinen los miembros del órgano de Gobierno de la fundación si estuvieren para ello autorizados por aquél o éstos. Podrá también el fundador en el acto fundacional o los Estatutos encomendar a alguna persona, cargo o entidad la elección del destino de los bienes resultantes, dentro de lo establecido en este artículo. En defecto de la anterior determinación, los bienes y derechos se destinarán por el protectorado a otras fundaciones o entidades que' persigan fines análogos a la extinguida, preferentemente a las que tengan su domicilio en el mismo municipio o, en su defecto, en el mismo territorio histórico.
3. Las fundaciones constituidas por personas jurídicas públicas podrán prever en sus Estatutos o cláusulas fundacionales que los bienes y derechos resultantes de la liquidación sean destinados a otras entidades públicas, de naturaleza no fundacional, que persigan fines análogos.
1. El Protectorado es el órgano administrativo de asesoramiento, apoyo técnico y control de las fundaciones que facilitará y promoverá el recto ejercicio del derecho fundacional y asegurará la legalidad de su constitución y funcionamiento.
2. Al protectorado le corresponderán las siguientes funciones.
Asesorar e informar a las fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones y a las que se encuentren en período de constitución sobre el régimen jurídico general aplicable a las fundaciones y el régimen fiscal que les sea, asimismo, de aplicación.
Velar por el efectivo cumplimiento de los fines de cada fundación, conforme a la voluntad expresada por el fundador, e interpretar, suplir e integrar esta voluntad cuando fuere necesario.
Verificar si los recursos económicos de las fundaciones han sido aplicados al cumplimiento de las finalidades fundacionales y de las obligaciones previstas en esta Ley.
Ejercitar la acción de responsabilidad contra los miembros del órgano de gobierno de la fundación, conforme a lo establecido en esta Ley.
Dar publicidad suficiente a la existencia y, actividades de las fundaciones, favoreciendo así a los potenciales beneficiarios.
Ejercer cuantas otras funciones le sean atribuidas por la presente u otra Ley.
3. El protectorado será ejercido por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través del Departamento de Justicia, y estará asistido por una Comisión Asesora, encargada de prestarle la debida asistencia técnica, de la que formarán parte aquellos Departamentos con competencias en el ámbito sectorial en el que desarrollen sus actividades las fundaciones.
4. Corresponderá a estos Departamentos, en el ámbito de sus competencias, emitir informe vinculante en relación con las funciones descritas en los apartados c) y d) del número 2 de este artículo, así como instar del protectorado el ejercicio de la acción de responsabilidad a que se refiere el apartado e) y las funciones de fomento, ayuda y coordinación de las fundaciones según la naturaleza de los fines fundacionales. A tales efectos el protectorado les comunicará los datos de las fundaciones que registre.
5. La estructura y funcionamiento del protectorado y de la Comisión Asesora se determinarán reglamentariamente.
1. La autorización para el supuesto de la autocontratación, previsto en el artículo 14 de la presente Ley, se entenderá otorgada una vez transcurrido el plazo de tres meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud al protectorado sin que haya recaído resolución expresa. Este plazo se interrumpirá cuando la solicitud no reúna los requisitos necesarios o no se presente debidamente documentada y el protectorado así lo notifique al órgano de gobierno de la fundación. El plazo comenzará a contar de nuevo desde el momento en que tales defectos se hayan subsanado.
2. En los restantes casos en los que se solicite la autorización o aprobación del protectorado siempre que no haya recaído resolución expresa en el plazo arriba mencionado, se entenderá desestimada la solicitud formulada.
1. Si el protectorado advirtiera una gran irregularidad en la gestión económica, con peligro de la subsistencia de la fundación, o una desviación grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada, requerirá del órgano rector de la fundación, una vez oído éste, la adopción de las medidas que estime pertinentes para la corrección de aquélla.
2. Si el requerimiento al que se refiere el apartado anterior no fuese atendido en el plazo de un mes, el protectorado podrá demandar a la fundación ante la autoridad judicial para que autorice, previa audiencia del órgano rector de aquélla, la gestión provisional de la actividad de la fundación.
3. Si el juez autorizase al protectorado para asumir la gestión provisional de la fundación, éste asumirá todas las atribuciones legales y estatutarias que correspondan al órgano rector de la fundación durante el tiempo que el juez hubiere determinado. La intervención quedará alzada automáticamente por el mero transcurso de aquel plazo, salvo que el juez accediere a prorrogarlo mediante una nueva resolución judicial.
4. En aquellos otros supuestos en los que la fundación carezca de órgano de gobierno o éste haya sido suspendido en sus funciones por decisión judicial, el protectorado, previa autorización judicial, podrá asumir provisionalmente la gestión de la actividad fundacional, que no podrá prolongarse por más de dos años, dentro de cuyo plazo se habrá de dotar a la fundación de los órganos estatutarios de gobierno o, en caso de imposibilidad, proceder a su disolución o liquidación.
5. En el Registro de Fundaciones se inscribirán tanto la presentación de la demanda correspondiente como la resolución judicial que recaiga.
1. Se crea el Registro de Fundaciones en el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, que tendrá por objeto la inscripción de las fundaciones y de los actos que con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley sean inscribibles.
2. La inscripción de la fundación, que deberá contener los elementos establecidos en el artículo 6, requerirá, en todo caso, el informe favorable de la Comisión Asesora prevista en el artículo 36.3 de la presente Ley.
3. El Registro es público. La publicidad se llevará a cabo mediante certificación del contenido de los asientos, por simple nota informativa o copia compulsada de los mismos.
4. El régimen de llevanza y funcionamiento del Registro, así como los plazos de inscripción, se determinarán reglamentariamente.
2. Creación y extinción.
La constitución de fundaciones por parte de las personas jurídicas públicas deberá ser autorizada por el órgano de gobierno que resulte competente, con carácter previo a la adopción del correspondiente acuerdo, previos informes favorables de los órganos competentes en materia de hacienda y régimen jurídico de cada institución.
En el expediente administrativo relativo a la constitución o a la participación en una fundación por parte de una persona jurídica pública deberá incluirse una memoria en la que, entre otros aspectos, se justifiquen de manera suficiente las razones o motivos por los que se considera que se alcanzará una mejor consecución de los fines de interés general a través de una fundación que mediante otras formas jurídicas, públicas o privadas, contempladas en la normativa vigente.
También deberá obrar en el citado expediente una memoria económica que se pronunciará sobre la suficiencia de la dotación inicialmente prevista, así como sobre los compromisos presupuestarios futuros necesarios para garantizar su continuidad. Asimismo, se acompañará de un borrador de estatutos previamente informado por el Protectorado y el Registro de Fundaciones del País Vasco.
3. Régimen legal.
El Protectorado de Fundaciones del País Vasco y los órganos competentes en materia de contratación y función pública de cada persona jurídica pública velarán por que las contrataciones que realicen estas fundaciones se ajusten a la legislación aplicable en materia de contratación pública, y en todo caso a los principios de publicidad y concurrencia, así como por que la selección de su personal se rija por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de la correspondiente convocatoria.
Las fundaciones constituidas o participadas por personas jurídicas públicas que realicen, directa o indirectamente, actividades mercantiles o industriales ajustarán su actuación a los principios y normas de la libre competencia.
4. Fundaciones constituidas por entes instrumentales.
1. En el plazo de dos años, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las fundaciones sujetas a la misma constituidas con anterioridad deberán adaptar sus respectivos Estatutos a los preceptos de ésta, salvo aquellos cuya aplicación conlleve, según la voluntad del fundador, el cumplimiento de una condición resolutoria que implique la extinción de la fundación. Los Estatutos adaptados deberán ser presentados en el Registro de Fundaciones dentro de dicho plazo, y, una vez transcurrido el mismo, quedarán sin efecto las disposiciones estatutarias que la contradigan.
2. El protectorado podrá conceder, excepcionalmente y a petición razonada del órgano de gobierno una prórroga del plazo a que se refiere el apartado anterior. en las condiciones y circunstancias previstas en la legislación vigente.
Se modifica la sección primera del capítulo 11 del título II de la Ley 3/1990, de 31 de mayo, de tasas y precios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que pasa a tener el siguiente texto:
02.01. Tasa por actuaciones del Registro de Asociaciones y del Registro de Fundaciones
Artículo 49. Devengo
Artículo 50. Cuota
1. Registro de Asociaciones:
1.1. Por la inscripción de constitución: 500 pesetas.
1.2. Por la inscripción de utilidad pública: 1.000 pesetas.
1.3. Por cada inscripción de otro tipo: 400 pesetas.
1.4. Por cada consulta, certificación o compulsa: 380 pesetas.
1.5. Por cada habilitación de libro: 380 pesetas.
2. Registro de Fundaciones:
2.1. Por la inscripción de constitución: 6.000 pesetas.
2.2. Por cada inscripción de modificación estatutaria, fusión o extinción: 5.000 pesetas.
2.3. Por cada inscripción de otro tipo: 2.500 pesetas.
2.4. Por cada certificación o compulsa: 1.000 pesetas.
2.5. Por cada habilitación de libro: 600 pesetas.
Palacio de Ajuria-Enea, a 4 de julio de 1994.
Añadido por Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi.

References: Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 14

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 40
 artículo 53
 artículo 10
 resolución 
 artículo 4
 artículo 9
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 12
 artículo 38
 artículo 13
 resolución 
 resolución 
 artículo 12
 artículo 30
 artículo 26
 artículo 24
 artículo 39
 resolución 
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 artículo 14
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 artículo 6
 artículo 36

Artículo 49

Artículo 50