Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-stl6858-2015-39466-de-mayo-28-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_8a6d91fd69e04160a9eb2ac599c9fe9d&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-17 02:54:47+00:00

Document:
SENTENCIA STL6858-2015 DE 28 DE MAYO DE 2015
CONTENIDO:NO TODOS LOS TRABAJADORES DE CONTRATISTAS DE PETROLERAS SON ACREEDORES A CONVENCIONES COLECTIVAS DE ESTAS ÚLTIMAS. ASÍ REPROCHÓ LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LA DECISIÓN DE UN JUEZ LABORAL DE IMPONERLE A ECOPETROL LA RESPONSABILIDAD DE RECONOCER COMO ACREEDORES DE SU CONVENCIÓN COLECTIVA Y HACER EFECTIVOS LOS BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES DE VARIAS DE SUS EMPRESAS CONTRATISTAS. LA SALA LABORAL DESESTIMÓ QUE EN ESTE CASO TUVIERA APLICABILIDAD EL ARTÍCULO 1º DEL DECRETO 284 DE 1957, QUE PERMITE QUE EL RÉGIMEN SALARIAL, PRESTACIONAL Y HASTA LOS PACTOS COLECTIVOS DE LA EMPRESA DEL SECTOR DE PETRÓLEOS QUE ACTÚE COMO BENEFICIARIA DE LA CONTRATISTA RIJAN TAMBIÉN PARA LOS TRABAJADORES DE ESTAS ÚLTIMAS. LO ANTERIOR PORQUE, SIN QUE LAS PRETENSIONES SI QUIERA LO PLANTEARAN, EL TRIBUNAL ACCIONADO CONCLUYÓ QUE LAS LABORES ERAN INHERENTES A LA ACTIVIDAD PETROLERA, DESCRIBIENDO UN CASO DE TERCERIZACIÓN LABORAL, CUANDO EN REALIDAD LA SOLICITUD SE LIMITABA EXIGIR EL RECONOCIMIENTO DE PAGO DE BENEFICIOS CONSAGRADOS EN LAS CONVENCIONES DE CADA UNA DE ESAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y NO EL DE LA FIRMA BENEFICIARIA. EN CONSECUENCIA, LA CORTE NO SOLO TUTELÓ LOS DERECHOS DE ECOPETROL SINO QUE PIDIÓ INVESTIGAR PENAL Y DISCIPLINARIAMENTE LAS PROBABLES CONDUCTAS INCORRECTAS EN LAS QUE HABRÍAN INCURRIDO LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CÚCUTA QUE ADOPTARON ESTAS TESIS.
Sentencia STL6858-2015/39466 de mayo 28 de 2015
Rad.: 39466
Se resuelve la acción de tutela instaurada por Ecopetrol S.A., contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la misma ciudad.
1. La apoderada de la empresa accionante fundamentó la solicitud de amparo constitucional en que, en síntesis, en contra de su representada fueron promovidos múltiples procesos ordinarios laborales en diversos juzgados laborales del Circuito de la ciudad de Cúcuta —Víctor Manuel Agudelo y otros ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito; Tiberio Ortega Orozco y otros ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito; José Lion Tamayo Rivera y otros ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito; Roony Alexander García Méndez y otros ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta; Miguel Arcángel Pinzón Anaya y otros ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito; Luis Javier Tabares García y otros ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito; y Mario Enrique Díaz y otros ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito— los cuales fueron acumulados a este último ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, con el propósito de que, en suma, la empresa demandada fuera condenada a reconocerles y pagarles las diferencias salariales, prestacionales, indemnizaciones, dotaciones y demás conceptos de orden laboral legal y extralegal que precisaron en sus respectivas demandas, deducidas de lo percibido y lo que realmente les correspondía conforme con las convenciones colectivas de trabajo que regían las relaciones laborales de Ecopetrol con sus servidores para los años 2005, 2006 y 2007, en atención a su calidad de trabajadores de las empresas contratistas de la demandada y en razón a lo dispuesto por el fenómeno de solidaridad laboral derivada de los decretos 284 de 1957 y 3164 de 2003, así como del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo.
Adujo la abogada que el despacho judicial de primera instancia, por sentencia de 28 de junio de 2012, no solo accedió a los pedimentos de los actores, sino que, sin motivación alguna y violando las normas que reglan la congruencia de la sentencia judicial y la condena en concreto, declaró que los demandantes tenían total derecho a las condenas impuestas —entre las que incluyó indexación e indemnización moratoria—, por todas y cada una de las vinculaciones laborales que tuvieron con sus respectivas empleadoras, contratistas de la demandada, con fundamento en que ella era la única responsable de que estos no hubieran percibido el valor real de sus derechos laborales legales y extralegales, de modo que ni las empresas contratistas ni las correspondientes empresas aseguradoras tenían sobre tal situación responsabilidad alguna, por haber sido impuesto por la contratante el pago de sus derechos en los mínimos establecidos por el Código Sustantivo del Trabajo.
Sostuvo que a pesar de aducir en la apelación del fallo las anomalías que este presentaba en cuanto a conceptos como solidaridad laboral, aplicabilidad de beneficios de la industria petrolera, soporte probatorio de la sentencia, congruencia de la misma, litis consorcios necesarios, alcances de las disposiciones convencionales que la regían, etc., el Tribunal de Cúcuta confirmó totalmente la sentencia apelada, introduciendo en su parte motiva razonamientos absolutamente ajenos y contrarios a la litis, como que los demandantes fungieron como trabajadores en misión, sus empleadores como empresas temporales, la demandada como verdadera empleadora, ausencia de responsabilidad laboral de los contratistas y confusión sobre el objeto de la actividad de las empresas contratistas. Es decir, agregó, el tribunal accionado claramente violó principios procesales y reglas sustanciales del trabajo como los de consonancia y congruencia de la sentencia, no reformatio in pejus, condena en concreto, facultades extra y ultra petita, aplicación de la ley, responsabilidad laboral, solidaridad, etc.
Indicó la apoderada de la empresa accionante que no obstante interponerse el recurso de casación contra la sentencia del tribunal, le fue negado por falta de interés jurídico para recurrir, decisión que la Corte mantuvo en providencia de 3 de septiembre de 2014 por vía del recurso de queja que se interpuso, es decir, que se agotaron todos los medios de defensa procesal posibles, hasta un incidente de nulidad que le resultó adverso ante el mismo juzgador cuestionado, mediante proveído notificado el 10 de noviembre anterior, por lo que acude a la acción de tutela como mecanismo reparador, habida cuenta de que los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia le han sido gravemente conculcados a su representada.
2. Luego de algunas contingencias procesales que afectaron el trámite de la acción aquí estudiada, esta Sala avocó conocimiento del asunto y ordenó comunicar a las autoridades judiciales accionadas, así como a los demás intervinientes dentro del proceso donde se profirieron las decisiones cuestionadas, para que se pronunciaran.
El Tribunal Superior de Cúcuta aseveró que no se configuró vulneración alguna de los derechos fundamentales de la empresa accionante en el proceso de marras, por cuanto su decisión fue resultado de lo previsto en los artículos 34 y 45 del Código Sustantivo del Trabajo, dado que “se demostró que las labores que fueron desarrolladas por los demandantes no eran actividades temporales, ocasional, accidental o transitoria (sic) por el contrario obedecían a cargos de planta de la empresa demandada, ya que los actores no estaban reemplazando a alguien que estuviese disfrutando de vacaciones, de una licencia o incapacitado (sic), como tampoco se estaba atendiendo incrementos en la producción”, de modo que Ecopetrol fungió como una verdadera empleadora. Además, que resolvió en debida forma la apelación, resaltando que las actividades desarrolladas por los demandantes se corresponden con lo precisado por los decretos 284 de 1957 y 3164 de 2003.
La procuradora delegada para los asuntos de trabajo y de la seguridad social intervino para avalar la solicitud de amparo de la empresa accionante, fundada en que la sentencia del tribunal se produjo “a partir de un hecho no probado dentro del proceso, es decir, manifestando que las vinculaciones laborales las había hecho Ecopetrol a través de empresas de servicios temporales [de donde]] concluyó que la verdadera relación laboral se había dado entre los demandantes y la empresa demandada”, en contra del principio de consonancia. Adicionalmente, aseveró, la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo se impuso sin haberse probado la mala fe; que las sentencias proferidas en abstracto en ambas instancias “desconocieron los elementos básicos del núcleo esencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, violando consecuencialmente la prohibición de proferir sentencias en abstracto prevista en el art. 307 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento laboral por remisión del artículo 145 del CPTSS”; y que al final los trabajadores demandantes “no saben con certeza si lo reconocido corresponde a lo pretendido y como no se estableció cuantía no se les permite a las partes acudir al recurso extraordinario de casación (…)”.
I. De las copias aportadas por la accionante y las remitidas por el tribunal, para lo que resulta pertinente a la presente acción, fluyen indiscutibles los siguientes aspectos fácticos de la situación en estudio:
1. Que los múltiples demandantes en el proceso ordinario laboral referido por la empresa accionante persiguieron el reconocimiento y pago de las diferencias salariales, prestacionales e indemnizatorias de orden legal y extralegal, comida, dotación, intereses moratorios, indexación e indemnización moratoria del artículo 65 del CST, etc., dejadas de percibir como trabajadores que fueron de empresas contratistas de la empresa demandada para actividades propias de la industria del petróleo en la zona norte del país, conforme a las convenciones colectivas que rigieron la empresa petrolera durante los años 2005, 2006 y 2007 y en atención a lo dispuesto por el Decreto 3164 de 2003 y el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo (antecedentes del fallo del juzgado de 28 de junio de 2012 y del tribunal de 29 de agosto de 2013, fls. 52 a 63 y 132 a 133).
2. Que la empresa demandada negó los hechos propios atribuidos en las varias demandas, excepcionó y se opuso a todas las pretensiones de los actores, llamando en garantía a varias empresas aseguradoras.
3. Que las empresas contratistas si bien admitieron la prestación de servicios aducidos por los actores, y de consiguiente la existencia de los contratos de trabajo, desconocieron obligación alguna con ellos, por haber cubierto lo debido y no serles aplicables las convenciones colectivas de trabajo que invocaron en su favor.
4. Que las empresas llamadas en garantía alegaron ser ajenas a las obligaciones reclamadas conforme al objeto de las pólizas de seguro extendidas.
5. Que para el juzgador de primer grado no fue tema de discusión, y por eso así debía concluirse, que los demandantes prestaron sus servicios a las empresas contratistas de Ecopetrol, desarrollando actividades que para ese juzgador “encuadran dentro de las posibilidades que prevén el artículo 1º del Decreto 284 de 1957 y el artículo 1º del Decreto 3163 de 2003” (fl. 100).
6. Que según el mismo juzgador, y atendiendo un concepto del Ministerio de la Protección Social, “los trabajadores de un contratista independiente al servicio de una empresa petrolera, que realizan una de las actividades señalas en el artículo 1º del Decreto 3164 de 2003, tendrán derecho a exigir de su empleador los salarios y prestaciones de los trabajadores de la empresa beneficiaria, lo cual no se hizo en los casos que nos ocupan, no porque así lo quisieran las empresas contratistas, sino porque así fue dispuesto por la empresa contratante Ecopetrol S.A, desconociendo las actividades contratadas y desconociendo la responsabilidad que ello le podría generar” (ibídem).
7. Que invocando las anteriores consideraciones el juzgado desestimó las alegaciones y excepciones de la demandada, declaró que todos los actores tenían los derechos reclamados “por razón de las relaciones laborales que tuvieron con las empresas (…)” contratistas, y condenó a la aquí accionante a pagarles “la diferencia salarial, prestacional y demás beneficios existentes con los trabajadores directos de la empresa Ecopetrol S.A., con fundamento en la convención colectiva de trabajo vigente para la época en que se dieron cada una de las relaciones laborales”, junto con el valor de la alimentación y dotación “que corresponda sumistrárseles (…)”, indexación, indemnización moratoria “hasta cuando se haga efectivo su pago total”, absolvió a las empresas contratistas y demás llamadas en garantía, declaró que “no hay lugar a pronunciamiento alguno en relación con las excepciones propuestas (…), por las razones arriba expuestas”, e impuso costas a la demandada.
8. Que en el alegato de Ecopetrol al apelar el anterior fallo comprendió los aspectos atinentes a la responsabilidad laboral endilgada en el fallo del juzgado, la solidaridad laboral deducida por el a quo, la relación de los contratistas con sus trabajadores, la ausencia de comunidad de objeto en las actividades de dichos trabajadores con los de la empresa, la normatividad de los trabajadores de la industria del petróleo y la derogatoria de la obligación convencional de la empresa de exigir a sus contratistas un trato salarial y prestacional específico con sus servidores.
9. Que luego de compendiar los antecedentes del proceso, la sentencia proferida por mayoría por el Tribunal Superior de Cúcuta el 29 de agosto de 2013, resolvió confirmar la impugnada “en todas sus partes por las razones expuestas en la parte motiva” (fl. 172).
10. Que el juez de la alzada, una vez precisó las restricciones propias al principio de consonancia de la sentencia en los procesos del trabajo en conformidad con el artículo 35 de la Ley 712 de 2001 y la sentencia de exequibilidad que lo examinó, asentó que “en consideración a que nos encontramos frente a unas empresas de servicios temporales, es necesario señalar si efectivamente les asiste la razón a los actores cuando manifiestan que se configuró un contrato de trabajo realidad (…)”, y por tanto “analizar si la prestación de servicios de los trabajadores obedeció a una actividad temporal o si por el contrario se trata de un cargo de planta de la empresa”, pasando a resaltar los puestos de trabajo de todos y cada uno de aquellos al servicio de sus respectivas empleadoras contratistas de la demandada, para concluir que “de lo anterior se colige, que la actividad que desarrollaron los actores como empleados en misión nada tenía que ver con una actividad ocasional, accidental o transitoria, ya que los demandantes no estaban reemplazando a alguien que estuviese disfrutando de sus vacaciones, de una licencia o incapacitado, como tampoco se estaba atendiendo incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, sino por el contrario, tanto del contrato que firmaron las partes, no encuentra esta sala que haya sido contratado para reemplazar a alguien dentro de la empresa usuaria, sino que se disfraza a través de contratos con empresas de servicios temporales para evadir la responsabilidad como un verdadero empleador”.
11. Que adicional a lo anterior, después de subrayar que el Decreto 3164 de 2003 había enlistado las actividades laborales consideradas como propias y esenciales de la industria de petróleo, señaló que aquellas “son aplicables al presente caso en estudio en razón a las funciones y al objeto de los diferentes contratos celebrados entre Ecopetrol y sus diferentes contratistas y por ello los actores desarrollaron las funciones descritas en los numerales antes transcritos, tales funciones entres otras fueron: 1. Reconstrucción de un tanque de almacenamiento de petróleo en la estación J-10. 2: reconstrucción de un tanque de almacenamiento de petróleo en la estación I-21 (refinería) 3. Colocación de los diferentes oleoductos recolectores de crudo (petróleo) de los diferentes campos del pozo petrolero de Tibú y Campo Río Zulia”, de donde concluyó que “acorde a los antecedentes que se han señalado, se puede indicar de manera categórica que la demandada Ecopetrol debe responder en su condición de usuaria como una empleadora, tal y como lo dispone, no solo la Ley 50 de 1990, sino además los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales y demás normatividades traídas a colación, por las acreencias laborales e indemnizaciones a que tenga (sic) derecho los demandantes por haber suscrito de manera fraudulenta e ilegal los contratos a que se han (sic) hecho referencia con las demandadas Unión Temporal MAM Consorcio CAC Unión Temporal LR. Unión Temporal Pipe de Colombia Ltda. Y Fluequitec Ltda. Insercaor Ltda. y Consorcio Comsistec”, con fundamento en todo lo cual dijo que “se declarará primero que todo que existió una vinculación laboral de contrato realidad a término indefinido como lo prevé el artículo 47 del C. S. del T. subrogado por el Decreto-Ley 2351 de 1965, artículo 5º, por darse los presupuestos de la norma aludida (…)”, y en relación con la solidaridad predicada entre las empresas contratistas de Ecopetrol y esta, no obstante que “las empresas de servicios temporales sirvieron de intermediarias para dicha contratación”, lo cierto era que habían pagado a los trabajadores lo debido en atención a los contratos comerciales celebrados entre estas, de manera que, como “lo que se está solicitando son salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos convencionales, por lo tanto, no es de recibo para esta Sala la condena en solidaridad alegada por el recurrente, por lo tanto se tiene que el juez a quo no cometió ningún yerro al absolver a las diferentes empresas contratistas (…) y las llamadas en garantía por esta última, en consecuencia se confirma en todas sus partes la sentencia del a quo”.
12. Y por último que uno de los magistrados integrantes de la Sala accionada salvó parcialmente su voto basado en los argumentos expuestos en escrito adicional al fallo atacado mediante esta acción constitucional.
II. Compete, entonces, a la Corte establecer si al obrar en la forma antedicha los juzgadores de las instancias en el proceso de que se ha hecho cita violaron los derechos fundamentales aducidos por la accionante, y de ser así, cuál deberá ser el proceder para remediar tal situación o para adoptar las decisiones que corresponda.
Para tal efecto, cabe empezar por recordar que la acción de tutela constituye un mecanismo de orden constitucional que tiene por objeto la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de la persona, cuando quiera que estos resulten vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública. Y que en tal sentido la Sala ha comprendido que la dicha protección cabe predicarla respecto de cualquier persona, natural o jurídica, así como en frente de providencias judiciales, cuando constituyan verdaderas vías de hecho, por ser incuestionable que tanto para su forma como para su contenido el juez debe acatar el orden jurídico en su conjunto, y servirse, de ser necesario, de los criterios auxiliares previstos en la normativa constitucional o en cada una de las particulares disciplinas del derecho. De esa manera es que, de ser necesario, se conjuren las arbitrariedades, caprichos o mal entendidos arbitrios judiciales fundados en conceptos errados de autonomía e independencia del juzgador, mayormente, cuando quiera que respecto de una particular decisión o no existan mecanismos procesales de corrección o estos se hubieren agotado infructuosamente.
Para este caso claro se ve, a simple vista y sin para ello se requiera de conocimientos mayúsculos del derecho, que las decisiones judiciales censuradas por la empresa accionante desconocieron abiertamente nociones elementales, pero de carácter trascendental, de varias disciplinas del derecho, lo cual, como se dirá enseguida, impondrá a la Corte no solamente adoptar los remedios procesales adecuados a la preservación de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva de la empresa allí demandada, sino poner en conocimiento de las autoridades competentes la actuación surtida para que, si a ello hubiere lugar, se investiguen los comportamientos de los funcionarios comprometidos y se tomen las medidas que en los campos del derecho penal y disciplinario correspondan.
En efecto, en primer lugar habrá de memorarse que las sentencias judiciales son providencias que deciden sobre las pretensiones de la demanda o las excepciones que no tengan el carácter de previas, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien (CPC, art. 302), cuyo contenido deberá corresponder a la síntesis de la demanda y su contestación, la motivación razonada sobre los medios de prueba del proceso y las disposiciones de derecho que fundamenten las decisiones adoptadas respecto de las dichas pretensiones y excepciones o demás asuntos que conforme a la ley corresponda decidir (art. 304 ibídem), que serán expuestos guardando adecuada simetría o consonancia con aquellas y los hechos aducidos en la demanda y en las demás oportunidades previstas por el legislador, sin que sea dable condenar por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido, ni por causa diferente a la oportunamente invocada (art. 305 ibídem), salvo por el Juez del Trabajo respecto de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, siempre y cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados, o por sumas mayores que las demandadas, cuando aparezca que son inferiores a las que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas (CPT y S.S., art. 50).
Toda infracción a las anteriores directivas normativas procesales no solo desdice de la actividad judicial, sino que, según su envergadura, puede trascender a la vida de las personas y afectar, sin soporte jurídico válido, bienes superiores, entre ellos, el patrimonio moral y económico, las relaciones laborales, profesionales y comerciales, entre otros, se repite. Pero además, vulnera caros valores, principios y reglas constitucionales relacionados con el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva.
También, que figuras del derecho del trabajo como el contrato mismo de trabajo (CST, arts. 23 y 24), las empresas temporales (L. 50/90, art. 71), los contratistas independientes (CST, art. 34 ), la solidaridad laboral a cargo del beneficiario del trabajo o dueño de la obra (ibídem), entre otras; y especiales como las actividades de la industria del petróleo (D. 284 de 1957), la extensión de convenciones colectivas del trabajo (CST, arts. 470 y 471) y las obligaciones laborales a cargo de las empresas de la industria del petróleo y de sus contratistas (D. 284/57 y 3154/2003), están claramente regladas en la ley e instruidas por la jurisprudencia en cuanto a su aplicación, interpretación e integración, de suerte que, constituyen la fuente a donde habrá dirigirse el juez —en todas sus categorías—, o donde como criterio auxiliar habrá de apoyarse, para resolver la controversia ante él propuesta, pues de no ser así, será el primero llamado a explicar las razones de su apartamiento de ese marco de razonamientos, so pena de que su decisión sea derruida y se adopten otra clase de correctivos ante lo injustificado de su proceder.
Su desconocimiento, aplicación indebida o interpretación errónea conducen a la afectación de los derechos materiales de las partes del proceso e impiden su realización y efectivización, llegando, inclusive, a desconocer la directiva constitucional que rige la administración de justicia, por ser sabido que en sus actuaciones prevalecerá el derecho sustancial.
Aquí, el tribunal accionado, al resolver la apelación propuesta y sustentada por la empresa demandada, y contra su propia invocación procesal inicial de consonancia debida a la sentencia, se apartó abruptamente del thema decidendum en la alzada y sin parar mientes en el marco jurídico y probatorio del proceso, desconoció en sus razonamientos una situación jamás discutida en la primera instancia, como fue la calidad de trabajadores de empresas contratistas de la demandada de los actores, pues, a golpe seco, los tuvo por trabajadores en misión de empresas de servicios temporales (EST) y a la demandada como empresa usuaria de aquellas (L. 50/90, art. 7º), con lo cual quebró el marco causal del proceso y tomó camino por una pretensión en modo alguno formulada por aquellos en sus múltiples demandas, al concluir de manera indebida que pretendían que se declarara que les ató en realidad a la demandada sendos contratos de trabajo, de modo que esta fue su verdadera empleadora. Y sin escrúpulo alguno, haciendo caso omiso de la naturaleza jurídica de las empresas contratistas de la demanda, y aún de esta propia, con fundamento en la mera actividad laboral de los trabajadores, concluyó en un abuso de la tercerización laboral que nadie había propuesto en el proceso, ni siquiera en la alzada.
Pero respecto de los argumentos esgrimidos en la apelación nada dijo, sencillamente, de la denominación de la actividad de los actores, y a espaldas de la calidad de verdaderos trabajadores de la demandada que sin petición alguna ya había visto, encontró total similitud entre los oficios por estos cumplidos con las actividades operativas descritas por el artículo 1º del Decreto 3164 de 2003, en la forma como modificó el artículo 1º del Decreto 2719 de 1993, como inherentes a la actividad petrolera. Lo anterior, para de allí no tenerlos como trabajadores de las empresas contratistas de la demandada con la pretensión inicial de obtener similar tratamiento convencional a los de aquella, sino para reiterar una condición de trabajadores en misión enganchados a la demandada de manera fraudulenta y a sus empleadoras como “simples intermediarias” (CST, art. 35).
Y sin mantener el hilo de su deshilvanado discurso negó una solidaridad de dichas empresas no reclamada en la alzada, pues ya se vio que lo que discutió la apelante fue el habérsele llamado a ella como solidaria de obligaciones de sus contratistas, a lo que accedió de una manera muy particular el juzgado a quo, para rematar en que, de conformidad con las reflexiones ya vistas, “el juez a quo no cometió ningún yerro al absolver a las diferentes empresas contratistas”.
Bien lo advirtió ya la Corte, el tribunal violó la consonancia debida a la sentencia con las materias propias de la alzada, partió de un marco causal y pretensional ajeno al proceso, y remató, sin reflexión alguna sobre los medios de prueba del proceso y las normas que gobernaban el thema decidendum, ahí sí, en que coincidía con los razonamientos del juzgado. No queda duda a la Corte que antes que una sentencia, e inclusive un alegato de parte, la sentencia del tribunal se constituyó en una verdadera vía de hecho, no solo por los defectos procedimentales ya indicados, sino por el tamaño de los dislates sustantivos enunciados.
Y por su parte el juzgado, en su curiosa sentencia, por decir lo menos, en un ejercicio carente de la adecuada sindéresis a las materias de su decisión, fuera de incurrir en el mismo desafuero de concluir la coincidencia de las actividades de los actores con las propias e inherentes a la industria del petróleo sobre supuestos datos probatorios no precisados, sin atención alguna a las normas que regulan tal clase de situaciones sustanciales de derecho, así como a conceptos como la solidaridad laboral (que es sabido solo tiene por fuente la ley o el acuerdo de voluntades), trasladó la responsabilidad de las acreencias laborales de los actores a la empresa demandada y justificó la falta de responsabilidad de las empresas contratistas, en una deducción desprovista de toda lógica y rigor jurídico y, por supuesto, de elemento probatorio alguno, al concluir que los demandantes tenían derecho a las prebendas convencionales de los trabajadores directos de la demandada a cargo de esta, pues impuso a sus contratistas las reglas de contratación con aquellos.
Así, además, pasó por alto la abundante jurisprudencia de la Corte sobre los alcances jurídicos de dichas figuras. Para demostrar el entuerto que formó en su razonamiento basta traer a colación lo dicho por la Corte en sentencia de 11 de septiembre de 2013 (Rad. SL 653-2013 e interna 52.109), que debió conocer sobradamente el juzgador, pues provino a la Corte del mismo despacho. En ella se dijo por la Corte:
“La controversia del proceso, que se repite en el recurso extraordinario y debe resolver la Corte, se contrae a elucidar si los servicios prestados por el actor a la empresa contratista AN - Son Drilling Company of Colombia S.A., del 5 de enero de 1978 al 28 de noviembre de 1989, como ‘soldador 1 A’, que aparecen certificados en el documento de folio 7 del expediente y que no fueran discutidos en el proceso, son susceptibles de sumar a los que prestara en su momento a la ‘unidad de empresa’ conformada por la Empresa Colombiana de Petróleos —Ecopetrol—, la Colombian Petroleum Company —COLPET— y la South American Gulf Company —SAGOC—, según certificación de folio 8 del expediente y que igualmente no fue controvertida en el proceso, para acceder a las pensiones establecidas en la convención colectiva de trabajo de la Empresa Colombiana de Petróleos —Ecopetrol—, específicamente la del artículo 110, inciso segundo, vigente en 1989, por virtud de la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, por ser igualmente indiscutible que habiendo sido la empresa AN - Son Drilling Company of Colombia, contratista de la Empresa Colombiana de Petróleos —Ecopetrol—, sus servidores tienen los mismos derechos salariales y prestacionales que los de sus contratante, como lo dispuso el artículo 1º del Decreto-Ley 284 de 1957, declarado exequible por la Corte Constitucional según Sentencia C-994 de 2001, habida cuenta de que la demandada es una persona jurídica dedicada a los ramos de exploración, explotación, transporte o refinación de petróleos y realiza labores esenciales y propias de su negocio o de su objeto social mediante el empleo de contratistas independientes, tales como la referida empresa AN - Son Drilling Company Of Colombia.
Para el cometido indicado es suficiente recordar que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-944 de 2001, declaró exequible el inciso primero del artículo 1º del Decreto Legislativo 284 de 1957, que dispone que “Cuando una persona natural o jurídica dedicada a los ramos de exploración, explotación, transporte o refinación de petróleos realice las labores esenciales y propias de su negocio o de su objeto social mediante el empleo de contratistas independientes, los trabajadores de estos gozarán de los mismos salarios y prestaciones a que tengan derecho los de la empresa beneficiaria, en la respectiva zona de trabajo, de acuerdo con lo establecido en las leyes, pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales”, en el entendido de que el criterio garantista que guarda en beneficio de los trabajadores de los contratistas independientes dedicados a la industria petrolera, en el sentido de que tendrán los mismos derechos salariales y prestacionales que los trabajadores de las empresas contratantes (beneficiaria), se acompasa con orden jurídico superior, pues, “se adecua al principio de igualdad de los trabajadores ante la ley, según el cual quienes desempeñen un mismo trabajo, deben recibir un mismo salario, lo cual encuentra sustento en los artículos 1º, 13, 25 y 53 de la Carta Política”, y tiene por objeto, para el juez constitucional, que “las obligaciones de carácter laboral para con los empleados del contratista independiente recaen de manera exclusiva en este último, quien adquiere la obligación de pagarles los mismos salarios y prestaciones a que tienen derecho los trabajadores de la beneficiaria en la misma zona de trabajo, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 1º del Decreto 284/57, transcrito en la jurisprudencia antes citada”, lo que en deja en claro que allí aparezcan claramente diferenciadas dos relaciones jurídicas autónomas: a) la que surge entre la persona natural o jurídica dedicada a las actividades propias de la industria del petróleo y el contratista independiente, a quien aquella le encarga la función de desarrollar las labores propias de su objeto social; y b) la que surge entre el contratista independiente y los empleados que trabajan a su servicio.
Respecto de esta última, que es la que interesa al caso destacar, la misma providencia memora que esta corporación, en sentencia de 15 de septiembre de 1993 (radicación 5.898), reiterada en sentencia de 2 de febrero de 1996 (radicación 7.942), a ese respecto precisó la imposibilidad del sustento de la demanda inicial, acogido erróneamente por el tribunal, de que resulte plausible acumular, sumar o adicionar los tiempos de servicios prestados a empresas contratistas independientes con el fin de exigir a la empresa contratante un derecho pensional acudiendo al argumento de la solidaridad laboral.
“Para responder todos y cada uno de los fundamentos del cargo en estudio basta con suficiencia transcribir la sentencia proferida por esta misma sección de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 15 de septiembre de 1993, en proceso similar al presente, con radicación 5.898, con ponencia del mismo suscrito magistrado. En dicho proveído la corporación, haciendo un desarrollo completo del instituto de la solidaridad —que es el título invocado para vincular obligacionalmente a la sociedad demandada— negó idéntica petición a la aquí invocada, apoyándose, además, en pronunciamiento hecho por la misma sección en igual sentido del 24 de agosto de 1993, radicación 4.516. No sobra advertir a la hora de ahora que esta misma sección produjo otra sentencia acogiendo iguales fundamentos de orden jurídico y que la Sección Segunda, en pretérita ocasión había sentado los mismos razonamientos aquí memorados, en sentencia del 10 de septiembre de 1981, Radicación 8.103, con ponencia del Dr. Juan Hernández Sáenz.
“ʻPara resolver el punto cardinal del ataque, relativo a la infracción, en el concepto de aplicación indebida de los artículos 3º del Decreto Legislativo 2351 de 1965, que subrogó el 34 del Código Sustantivo del Trabajo, y 1º del Decreto Extraordinario 284 de 1957, estima la Corte pertinente hacer las siguientes precisiones:
ʻ1. La forma normal de establecerse las obligaciones en la vida de relación de los seres humanos es aquella que involucra a un acreedor, portador del poder de exigir una conducta, que es en lo que consiste el crédito, y a un deudor, portador del deber de observar o cumplir dicha conducta de dar, hacer o no hacer algo, que es lo que constituye el débito.
ʻ2. Sin embargo hay ocasiones en que la obligación, abstracción hecha de su fuente, implica a más de una persona, ya desde el punto de vista del crédito, ora desde el del débito, o desde el de ambos: son las obligaciones plurisubjetivas o subjetivamente complejas de que habla la doctrina y que la ley contempla en el artículo 1495 del Código Civil, al decir que ʻcada parte puede ser de una o de muchas personasʼ.
ʻ3. Cuando se presenta este caso —el de la complejidad subjetiva de la obligación— la regla general, en nuestro ordenamiento jurídico, es la que del objeto de la obligación es satisfecho a cada acreedor o por cada deudor en proporción a su parte o cuota en él. Así se desprende del artículo 1568 del Código Civil, conforme al cual ʻ en general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda y cada uno de los acreedores, en el segundo, solo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el créditoʼ; y lo reitera el 1583, ibídem, al expresar: ʻSi la obligación no es solidaria ni indivisible, cada uno de los acreedores puede solo exigir su cuota, y cada uno de los codeudores es solamente obligado al pago de la suyaʼ. Son las obligaciones simplemente conjuntas, que para algún sector de la doctrina deben más propiamente denominarse disyuntivas.
ʻ4. Mas por excepción, ya insinuada en las disposiciones legales transcritas, la obligación subjetivamente compleja puede ser pagada en su totalidad a uno cualquiera de los acreedores o exigida de igual forma a uno cualquiera de los deudores. Esta especial circunstancia deriva, entonces, de la indivisibilidad del objeto, de donde surgen las obligaciones indivisibles, o de la disposición de la ley, del testador o de las partes, que imponen que un objeto divisible no pueda ser pagado o exigido por cuotas o partes, sino que cada deudor esté obligado al pago total de la deuda o cada acreedor pueda exigir la misma en su integridad, son las obligaciones solidarias.
ʻ5. Contrayendo el examen a estas últimas, que convienen específicamente al caso de autos, se tiene, entonces, que la solidaridad es una modalidad de las obligaciones plurisubjetivas y de objeto divisible, que implica excepción al principio general de ser simplemente conjuntas las que tienen tales sujetos y objeto. Son, pues, solidarias las obligaciones ʻ que aunque tengan un objeto divisible, dan a cada acreedor el derecho de exigir o imponen a cada deudor la obligación de pagar la totalidadʼ, como las define Eugéne Gaudement con gran sencillez y concisión. O, para usar la expresión propia de nuestra ley: ʻ pero en virtud de la convención, el testamento o de la ley puede exigirse a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum. La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la leyʼ (C. C. art. 1568, inc. 2º y 3º).
ʻ6. Tanto la ley como la doctrina desarrollan en extenso los efectos de la solidaridad pasiva tanto desde el punto de vista de las relaciones del acreedor con los codeudores (vinculum), como de las de estos entre sí (commodum). Para los efectos de la especie de esta litis no es necesario particularizar mayormente sobre dichas relaciones, salvo por lo referente a uno de los efectos del commodum, y es el relativo a que, extinguida la deuda por pago o alguno de los medios equivalentes al mismo, el deudor que lo hace ʻqueda subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deudaʼ, según lo estatuye el inciso 1º del artículo 1579 del Código Civil, en armonía con el ordinal 3º de su artículo 1668.
ʻ7. El Código Sustantivo del Trabajo no contiene disposiciones que consagren un sistema distinto de la institución de la solidaridad, pero ni siquiera normas que modifiquen el del derecho común. Por tal razón, cuando aquel se refiere a ella hay que entenderla en el contexto general en que el derecho civil la concibe, desde el punto de vista de su estructura y de sus efectos.
ʻ8. En este orden de ideas debe ubicarse, entonces, la solidaridad que consagra el artículo 3º del Decreto-Ley 2351 de 1965, subrogatorio del 34 del Código Sustantivo del Trabajo, en los siguientes términos:
“ʻ1. Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos patronos y no representantes o intermediarios las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadoresʼ (destacado de la Corte).
ʻY debe entenderse, entonces, que como de la solidaridad se trata, la hipótesis del artículo transcrito necesariamente supone pluralidad de sujetos deudores (ʻel contratista independienteʼ y ʻel beneficiario del trabajo o dueño de la obraʼ en el ámbito de cuya actividad normal encuadra el servicio del trabajador acreedor), y un objeto divisible, como lo es normalmente el de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo dependiente.
ʻ9. Y de que la solidaridad se trata sí que no queda la menor duda cuando al final de lo transcrito, sin modificar el sistema del derecho común, reitera el efecto principal del commodum al señalar que cuando el beneficiario del trabajo o dueño de la obra satisfaga la obligación debida al trabajador repita contra el patrono de este —el contratista independiente— lo que le pagó por tal concepto.
ʻ10. Por su parte, el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo establece el derecho a la pensión de jubilación a favor de todo trabajador que preste servicios a una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) o superior, que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuosʼ. Este derecho, según lo ha expresado la jurisprudencia de la Corte, tiene los siguientes elementos, claramente contenidos en la norma transcrita: a) la prestación de los servicios subordinados a una misma empresa cuyo capital sea igual o superior a $ 800.000, durante por lo menos veinte años; y b) Llegar o haber llegado a la edad legalmente establecida: 50 años en la mujer y 55 en el varón. Conjugados estos dos elementos nace el derecho a la pensión, surge el status de pensionado; o a contrario sensu, en ausencia de uno cualquiera de tales requisitos, y principalmente del relativo al tiempo de servicios, el derecho no surge, no nace. Se plantea de esta forma, pues en última instancia que el requisito del tiempo de servicios es el determinante del derecho, en el sentido de que satisfecho el mismo el de la edad fatalmente se cumple y da lugar a la consolidación del derecho, o si no —porque el expectante titular del derecho muera— de todas maneras posibilita el surgimiento de otras situaciones jurídicas que no es del caso reseñar aquí, pero que toman el primer elemento como cardinal supuesto de otros derechos en cabeza ya de los causahabientes del trabajador fallecido.
ʻ11. En el pleito que ahora retiene la atención de la Sala el ad quem, ante los supuestos fácticos de la vinculación laboral del actor con diferentes contratistas de la demandada, la relación jurídica de esta con dichos contratistas, el objeto social de la demandada en cuyo contexto se inscribe la función que cumplió el actor, el consecuente carácter de beneficiaria, de la demandada, de ese servicio del trabajador, la edad y el último salario de este, aplicó el artículo 3º del Decreto 2351 de 1965, que subrogó el 34 del Código Sustantivo del Trabajo, y el 1º del Decreto 284 de 1957.
ʻ12. Ahora, sobre tales supuestos, que no admitían la posibilidad de predicar la existencia de por lo menos dos titulares del débito propio del presunto derecho pensional del actor, no cabía aplicar, en consecuencia la normatividad consagratoria de la solidaridad entre contratista independiente y beneficiario del trabajo o dueño de la obra (CST, art. 34, en la forma como lo subrogó el D. 2351/65, art. 3º). En efecto: si, como ya ha sido dicho, el derecho a la pensión exige la prestación de los servicios a una misma empresa durante veinte años continuos o discontinuos y dicha circunstancia solo se encontró acreditada frente al beneficiario de la obra mas no frente a ninguno de los contratistas independientes de la demandada, que fue con quienes el actor celebró sus contratos de trabajo, como lo admite el tribunal, no puede decirse en sana lógica, como lo dice este en su sentencia, que ʻa todas luces se dan los supuestos del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado por el artículo 3º del Decreto 2351 de 1965, resultando así la responsabilidad de quien en forma directa se aprovechó del servicio.ʻPues ello equivaldría a decir que exista una obligación solidaria con un obligado único, lo que repugna a la lógica de la institución que, como se ha sentado antes, supone por esencia complejidad subjetiva —por pasiva en el caso presente— y objeto divisible.
ʻPor ello se afirmó por la sección en un caso en el que se debatió idéntico asunto al presente (con la diferencia de que en ese caso el tribunal no reconoció la pensión deprecada por el actor, quien concurrió ante la Corte como impugnador): ʻEn el sub examine, ninguno de los contratistas podía ser exigido individualmente para satisfacer el requerimiento de pensión hecho por el trabajador, como que este no había cumplido respecto a ninguno las exigencias establecidas por el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo. y consecuencialmente no tenía vocación para obtener tal prebenda.ʼ (Sent., ago. 24/93, Rad. 5.516).
ʻ13. Por demás, mirado el asunto desde el punto de vista del commodum, se advierte con facilidad que de aceptarse la obligación en la demandada al título que se la impuso el ad quem, o sea como deudora solidaria —en cuanto beneficiaria de un trabajo que el actor desarrolló al servicio de varias sociedades que fueron contratistas independientes de aquella— ello necesariamente supondría la posibilidad de la Texas de repetir contra las sociedades contratistas lo pagado por concepto de una obligación que no existía en cabeza de ninguna de ellas. Este concepto fue expresado también en la sentencia que acaba de mencionarse, en los siguientes términos: ʻAdemás, en la hipótesis que se condenara a la accionada al pago de la pensión de jubilación, esta se encontraría en la imposibilidad de repetir efectivamente contra cualquiera de los codeudores (contratistas), circunstancia que quebrantaría ese derecho, el cual, consagrado por el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo., se otorga como corolario equitativo de la solidaridad impuesta legalmenteʼ.
ʻ14. Pero tampoco el artículo 1º del Decreto 284 de 1957 (ʻPor el cual se dictan normas sobre salarios y prestaciones de los trabajadores de contratistas a precio fijo, en empresas de petróleosʼ) era aplicable al caso. En efecto: es claro, según el texto de dicha disposición, que en ella se consagra a favor de los trabajadores vinculados a contratistas de personas o entidades dedicadas a ʻlos ramos de exploración, explotación, transporte o refinación de petróleoʼ el derecho a gozar de los mismos salarios y prestaciones de los trabajadores directos de dichas personas o entidades; como lo es también que las personas directamente obligadas son, indiscutiblemente, los contratistas respecto de sus propios trabajadores, como se desprende claramente del párrafo final de dicho artículo, que dice: ʻsi los contratistas independientes no tuvieren los elementos adecuados para atender a las referidas prestaciones, podrán convenir (los dichos contratistas, obviamente) con la empresa beneficiaria que esta las atienda por cuenta de aquellos (también es obvio, los contratistas independientes). Si no fuere ello posible (finaliza la norma), los contratistas deberán compensar en dinero a sus trabajadores el valor de las prestaciones que no pudieren atender, previa autorización del gobiernoʼ (destacados y paréntesis son de la Corte).
ʻEs claro, entonces, que esta disposición, en parte alguna consagra a cargo de una ʻempresa de petróleosʼ la obligación de pensionar a los trabajadores de los contratistas independientes de ellos cuando con respecto a estos contratistas el trabajador no ha adquirido la pensión. Y por ello, se reitera, la conclusión necesaria es que al aplicarla el tribunal al caso debatido, cuyos supuestos fácticos ya fueron anotados y de los cuales, contra lo que piensa la opositora, no discrepa el censor, lo hizo de modo indebido.
ʻ15. En consecuencia, como las transgresiones legales denunciadas se produjeron y condujeron, como lo plantea el recurrente, a las demás normas que el cargo invoca, este debe prosperarʼ.
ʻLo dicho, se reitera, da cuenta en su integridad del fundamento mismo de los cargos bajo examen. Pero no obsta decir algo, a efecto de responder una última y gratuita inquietud de la censura, en el sentido de que la sentencia transcrita y la del 24 de agosto de 1993 ʻconstituyen la aprobación de los actos fraudulentos efectuados por la demandada con el fin de sustraerse a la obligación de pagar la pensión de jubilación y el desconocimiento de los objetivos señalados en los artículos 48, 53 y 94 de la Constitución Nacional y 1º del Código Sustantivo del Trabajoʼ (fl. 16 del cdno. de la Corte).
ʻNada más alejado de la verdad ni más ajeno al propósito de esta corporación, que no es y no puede ser otro que el de aplicar con apoyo en la mejor doctrina y en los más justos desarrollos jurisprudenciales las normas legales que regulan las relaciones de empleadores y trabajadores.
ʻY por ello, en aplicación de este cardinal desideratum, que no desoye ni puede desoír la Corte, so riesgo de incurrir en flagrante desacato al orden jurídico, hace actuar el derecho en el ámbito propio de su operatividad y reconoce la obligación donde aparece demostrada su fuente —como es y debe ser— y no lo hace cuando ella no se acredita fehacientementeʼ (subrayas de la Corte).
El anterior criterio de la Corte permanece plenamente vigente, y se reiteró en sentencia de 9 de julio de 1999 (Rad. 11.846), en la cual se agregó además que “(…), no sobra repetir lo expresado por esta corporación en sentencia de Sala Plena Laboral del 14 de diciembre de 1970 (G.J., Tomo CXXXVI, pág. 524), reiterada en la del 10 de agosto de 1994, Radicación 6494 (Sección Segunda), en el sentido de que el trabajador puede demandar solamente al beneficiario de la obra, como deudor solidario, si la obligación del verdadero patrono —el contratista independiente— “existe en forma clara, expresa y actualmente exigible, por reconocimiento incuestionable de este o por que se le haya deducido en juicio anterior adelantado tan solo contra el mismo” (Destacado fuera del texto).
Así las cosas, y como quiera que no hay discusión alguna en cuanto a que para la unidad empresarial, predicada de la demandada y las primeras dos empresas para las que prestó sus servicios el actor, no cumplió el tiempo de servicios mínimo que él mismo dice exigir el artículo 110 convencional cuya aplicación reclama, de 18 años, y tampoco los completó para la última empresa contratista de la demandada, en su favor no surge en manera alguna el socorrido derecho pensional”.
Fuera de ello, que es lo que interesa al caso, y con toda razón como lo alega la accionante, no refirió fundamento alguno para imponer condenas como la de la indemnización moratoria, dictó una sentencia genérica prohibida en normas de orden público (CPC, art. 307), y, como lo hiciera el juez de la alzada, hizo caso omiso de las alegaciones y excepciones propuestas por la parte demandada.
En fin, sin abundar en mayores razonamientos, como ocurrió con el tribunal, la Corte concluye que la citada providencia de primera instancia fue fruto del arbitrio del juzgador, no de los razonamientos probatorios y jurídicos que a ella se debían al tenor de las normas arriba citadas.
De consiguiente, y como no ha lugar a reprochar a la accionante exigencias de procedibilidad y oportunidad de la acción constitucional que la hagan inviable, se accederá a la protección de sus derechos fundamentales, disponiéndose dejar sin valor ni efecto la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cúcuta el 29 de agosto de 2013, para que, en su lugar, y en todos los aspectos resaltados, decida la alzada atendiendo estrictamente las directrices aquí plasmadas.
1. CONCEDER la protección solicitada mediante la presente acción de tutela por la Empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol S.A. contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta y el Juzgado Tercero Laboral del circuito de esa misma ciudad.
2. DEJAR sin valor ni efecto la sentencia proferida por la Sala Laboral el Tribunal Superior de Cúcuta el 29 de agosto de 2013, para que, en su lugar, este decida la alzada en todos los aspectos aquí resaltados atendiendo estrictamente las directrices plasmadas en la parte motiva del presente fallo y consigne los ajustes que corresponda.
3. NOTIFICAR a los interesados telegráficamente o por cualquier otro medio expedito.
4. COMPULSAR copias de todo lo actuado con destino a la Fiscalía General de la Nación, a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, para que se investiguen las posibles conductas punibles y disciplinarias en que pudieron incurrir los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Felix María Galvis Ramírez y Fernando Castañeda Cantillo, y el Juez Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta Samuel Darío Rodríguez Duarte.
5. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada.
Magistrados: Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Rigoberto Echeverri Bueno—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas.

References: ARTÍCULO 1
 artículo 34
 artículo 65
 artículo 145
 artículo 65
 artículo 34
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 35
 artículo 47
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 110
 artículo 34
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1495
 artículo 1568
 artículo 1579
 artículo 1668
 artículo 3
 artículo 260
 artículo 3
 artículo 34
 artículo 3
 artículo 260
 artículo 34
 artículo 1
 artículo 110