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Timestamp: 2019-12-15 06:09:59+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 259, de 31/05/2007
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 259
celebrada el jueves, 31 de mayo de 2007
- Proyecto de Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 131-1, de 30 de marzo de 2007. (Número de expediente 121/000131.)... (Página 12955)
- Solicitud, formulada por 80 Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de creación de una Comisión de Investigación para determinar las presuntas responsabilidades políticas del Gobierno en todo lo concerniente a las OPAs sobre ENDESA. (Número de expediente 156/000016.)... (Página 12969)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.)... (Página 12979)
Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación (Votación.)...
(Página 12979)
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Debates de totalidad de iniciativas legislativas... (Página 12955)
Proyecto de Ley orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil... (Página 12955)
Presenta el proyecto de ley el señor ministro del Interior (Pérez Rubalcaba), en nombre del Gobierno. Señala que el Gobierno ha querido presentar conjuntamente el proyecto de Ley reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil y el proyecto de Ley de régimen disciplinario de la Guardia Civil que envió al Congreso de los Diputados el pasado mes de marzo y lo ha hecho así porque considera que es la conjunción de ambos textos la que permite comprender mejor el sentido de las iniciativas. Con estas dos iniciativas el Gobierno, al tiempo que da cumplimiento a los compromisos electorales respecto a la Guardia Civil, pretende sentar las bases de lo que ha de ser la Guardia Civil del siglo XXI mediante el reconocimiento de ciertos derechos fundamentales de sus miembros, la definición precisa de sus deberes y el establecimiento de un régimen disciplinario eficaz, riguroso, garantista y plenamente adaptado a nuestras normas constitucionales. Señala que con la aprobación de estos dos proyectos de ley el Gobierno renueva su confianza en la tarea que ejerce la Guardia Civil en defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos.
Manifiesta que los proyectos incorporan una regulación novedosa y acabada de los derechos y deberes, tanto fundamentales como profesionales, de los miembros de la Guardia Civil y lo hace para canalizar las sensibilidades existentes en el cuerpo y para hacerlo compatible con el específico estatuto de dicha institución, que no se modifica.
Finaliza reiterando la plena satisfacción del Gobierno con el trabajo que desarrolla la Guardia Civil, y las actuaciones llevadas a cabo son una expresión de la obligación como Gobierno, pero también el reconocimiento al trabajo que desarrollan los guardias civiles, valoración que está seguro comparten la inmensa mayoría de los españoles.
En defensa de la enmienda a la totalidad, interviene la señora Sánchez-Camacho Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Martínez Sanjuán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Solicitudes de creación de comisiones de investigación... (Página 12969)
Solicitud, formulada por 80 diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de creación de una comisión de investigación para determinar las presuntas responsabilidades políticas del Gobierno en todo lo concerniente a las opas sobre Endesa... (Página 12969)
Presenta la solicitud de creación de una comisión de investigación el señor Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Manifiesta que hay motivos suficientes para que este Parlamento se ocupe de este tema en profundidad. Su grupo cree que los órganos jurisdiccionales tienen que estudiar las ilegalidades y las responsabilidades judiciales, pero en esta Cámara pide responsabilidad política. Si el voto es negativo seguirán investigando y se compromete a que cuando ganen las elecciones darán transparencia a este caso, porque es lo que conviene a la credibilidad del sistema financiero español.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo al proyecto de Ley orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, se rechaza por 120 votos a favor y 176 en contra.
Solicitudes de creación de comisiones de investigación. (Votación.)...
Sometida a votación la solicitud, formulada por 80 diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de creación de una comisión de investigación para determinar las presuntas responsabilidades políticas del Gobierno en todo lo concerniente a las opas sobre Endesa, se rechaza por 121 votos a favor, 174 en contra y una abstención.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REGULADORA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA GUARDIA CIVIL. (Número de expediente 121/000131.)
Punto VI del orden del día: debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proyecto de Ley orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.
En primer lugar, presentación del proyecto por un miembro del Gobierno, el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Señor presidente, señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para presentar el proyecto de Ley reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil que, junto con el proyecto de Ley de régimen disciplinario de la Guardia Civil, el Gobierno remitió al Congreso de los Diputados el pasado mes de marzo. Hemos querido aprobar y presentar los dos proyectos a la vez porque consideramos que es la conjunción de ambos textos la que permite comprender mejor el sentido de las iniciativas. En efecto, con esas dos iniciativas el Gobierno, al tiempo que da cumplimiento a los compromisos electorales respecto a la Guardia Civil, pretende sentar las bases de lo que ha de ser la Guardia Civil del siglo XXI mediante el reconocimiento de ciertos derechos fundamentales de sus miembros, la definición precisa de sus deberes y el establecimiento de un régimen disciplinario eficaz, riguroso, garantista y plenamente adaptado a nuestras normas constitucionales. Con la aprobación de estos dos proyectos de ley el Gobierno, en fin, renueva también su confianza en la tarea que ejerce la Guardia Civil en defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Y es que esta iniciativa, la tramitación parlamentaria de estos dos proyectos de ley, aunque prioritaria, supone un esfuerzo más entre las numerosas actuaciones que el Gobierno está realizando para que la Guardia Civil pueda cumplir mejor con las múltiples y trascendentales misiones que tiene encomendadas y, en consecuencia, para que nuestros ciudadanos puedan sentirse más seguros y, con ello, más libres. Para conseguir estos objetivos hemos incrementado en más de 4.000 los efectivos de la Guardia Civil en lo que va de legislatura, consiguiendo así recuperar los fuertes descensos sufridos durante las dos legislaturas anteriores. Hemos aumentado en otros 3.000 los cuadros de mando de la plantilla de mandos intermedios de la Guardia Civil y hemos puesto a disposición de este instituto un presupuesto, el de 2007, que ha experimentado el mayor aumento, un 15,2 por ciento, de los últimos diecinueve años. Por los mismos motivos hemos subido este año un 77 por ciento la partida presupuestaria dedicada a infraestructuras, un 800 por ciento en lo que va de legislatura la dedicada a acción social y, por idénticas razones, las retribuciones de los guardias civiles han crecido este año más del doble que las del resto de los funcionarios.
Pero todas estas medidas de carácter presupuestario y organizativo, siendo importantísimas para la Guardia Civil y para los guardias civiles, estarían limitadas si no fueran acompañadas de un nuevo marco regulador de su régimen jurídico que, manteniendo su naturaleza militar y su estructura orgánica, reconozca y ponga al día los derechos y deberes de sus miembros y que, al mismo tiempo, establezca un nuevo régimen disciplinario. El proyecto de Ley de derechos y deberes que hoy nos ocupa es la respuesta así a una demanda de evolución y adaptación de la Guardia Civil a la realidad social y a las necesidades que el servicio a los ciudadanos han ido configurando progresivamente.
Como apunté anteriormente, en el programa electoral con el que el Partido Socialista concurrió a las elecciones generales del año 2004 se comprometía la regulación del derecho de asociación profesional de los miembros de la Guardia Civil, de acuerdo con lo previsto en los artículos 22 y 104.2 de la Constitución, para la representación y promoción de las condiciones profesionales de sus miembros. Con la presentación de este proyecto de ley el Gobierno, además de alcanzar el citado compromiso, pretende llegar a tres grandes objetivos: el primero
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sería dotar al cuerpo de la Guardia Civil de un auténtico estatuto regulador de los derechos y deberes de sus miembros, superando el tratamiento excesivamente parco contemplado en la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El segundo objetivo sería disponer de una regulación que responda a la realidad social del cuerpo y a lo que la sociedad exige a sus miembros y, el tercero, como ya he indicado, regular el derecho de asociación profesional de los guardias civiles y establecer un nuevo órgano de participación, el consejo de la Guardia Civil, en el que se sienten los representantes de los miembros del instituto armado.
Para la elaboración de este proyecto de ley hemos tomado en consideración el parecer de las distintas sensibilidades existentes dentro de la Guardia Civil. Se ha tenido en cuenta la experiencia comparada mediante reuniones mantenidas con representantes de cuerpos policiales de naturaleza militar existentes en países de nuestro entorno, tales como Francia u Holanda, y se ha contado con la colaboración de los departamentos ministeriales más afectados por razón de la materia, Defensa, Justicia, Economía, Presidencia y Administraciones Públicas, la mayoría de cuyas consideraciones se han incorporado al texto final que hoy sometemos a esta Cámara. En este proyecto de ley se aborda, como ya he mencionado, la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos y garantizados para todos los ciudadanos, dando cumplimiento conjunto a las previsiones constitucionales que les reconocen y garantizan, a la vez que determinan que para diferentes grupos o sectores de servidores públicos se puedan establecer limitaciones o condiciones en su ejercicio, condiciones que vienen justificadas por las responsabilidades que se les asignan y que en todo caso están definidas y proporcionadas a la naturaleza y a la trascendencia que el mantenimiento de la seguridad pública exige de los responsables de su garantía. De esta forma, el texto regula el ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de los guardias civiles partiendo de una premisa esencial, que las peculiaridades que se introduzcan en su ejercicio sean mínimas y plenamente justificadas en virtud de las exigencias derivadas del servicio y de la propia configuración de la Guardia Civil. Este es el motivo por el que se contemplan determinadas limitaciones, entre otras, a las libertades de residencia y desplazamiento, al ejercicio de la libertad de expresión o al derecho de reunión, en tanto en cuanto aparecen necesariamente vinculadas al respeto, a la disciplina y a la debida neutralidad política y sindical. Por supuesto que la principal novedad que introduce este texto es el reconocimiento a los guardias civiles del derecho fundamental de asociación en una doble vertiente, la genérica, que podrán ejercer de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de asociación, y la específicamente profesional, a cuyo tratamiento detallado se dedica un título dentro de la propia ley. Este derecho de asociación profesional de los guardias civiles venía constituyendo una realidad de hecho, amparada incluso por el Tribunal Constitucional, pero desconocida formalmente hasta ahora por nuestro ordenamiento jurídico. El nuevo régimen jurídico por el que se regula el asociacionismo profesional comparte algunos rasgos con el de otros colectivos, como el de jueces, magistrados y fiscales, y permitirá la creación de asociaciones integradas exclusivamente por miembros no retirados de la Guardia Civil para la promoción de los intereses profesionales de sus asociados, sin que en ningún caso sus actuaciones puedan amparar o encubrir actividades que les están expresamente vedadas, como las de naturaleza sindical, la negociación colectiva, la huelga o la adopción de medidas de conflicto colectivo. A partir de estas premisas se contemplan aspectos esenciales para configurar las asociaciones profesionales, tales como su carácter no lucrativo, la posibilidad de obtener subvenciones públicas, los medios que se ponen a su disposición, así como las condiciones para que las asociaciones puedan celebrar reuniones en centros oficiales de la Guardia Civil.
Por otra parte, el proyecto pone especial énfasis en reforzar los mecanismos para garantizar la igualdad real y efectiva entre los hombres y las mujeres de la Guardia Civil, evitando así discriminaciones personales o profesionales. Además, el catálogo de derechos encuentra su correlativa enunciación en los deberes de los miembros de la Guardia Civil, comenzando con el deber de acatamiento a la Constitución, y por supuesto al ordenamiento jurídico, e incluyendo las obligaciones propias de los guardias civiles en aspectos tan relevantes como el respeto a la jerarquía y la subordinación, que el uso de la fuerza en el ejercicio de sus funciones sea siempre legítimo, así como lo relativo a las obligaciones profesionales de residencia, incompatibilidades y sometimiento a reconocimientos psicofísicos para determinar su aptitud para el servicio. También recoge este proyecto determinados derechos que, al mismo tiempo, constituyen deberes como el de defender a España, portar armas o usar el uniforme, y un catálogo de derechos profesionales que viene a determinar el marco al que habrá de ajustarse posteriormente la normativa de desarrollo que se apruebe en relación con aspectos tan relevantes para la vida de los guardias civiles como el horario de servicio, las vacaciones, la prevención de riesgos laborales, la presentación de quejas o su régimen retributivo. Por último, el proyecto de ley crea y regula el consejo de la Guardia Civil, un nuevo órgano colegiado en el que participarán representantes de los miembros de la Guardia Civil y de la Administración con el fin de mejorar tanto las condiciones profesionales de los guardias civiles como el funcionamiento de la propia institución. De esta forma, los guardias civiles elegirán a los representantes en el consejo de sus respectivas escalas mediante un procedimiento electoral al que podrán concurrir las propias asociaciones, así como las agrupaciones de electores de guardias civiles que se pudieran constituir a tal fin. En definitiva, el proyecto incorpora una regulación novedosa y acabada de los
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derechos y deberes tanto fundamentales como profesionales de los miembros de la Guardia Civil, y lo hace con una doble perspectiva: primero, para canalizar las sensibilidades existentes en el cuerpo, que hasta ahora no han encontrado un cauce adecuado y, en segundo término, para hacerlo compatible con el específico estatuto de dicha institución, que no se modifica.
Señorías, el Gobierno está plenamente satisfecho con el trabajo que desarrolla la Guardia Civil. Nuestras actuaciones, las que les he relatado hoy aquí, son una expresión, desde luego, de nuestra obligación como Gobierno, pero también un reconocimiento del trabajo que desarrollan los guardias civiles. Esta es una valoración que estoy seguro de que compartimos con la inmensa mayoría de los españoles. Estamos convencidos de que las medidas que hemos ido adoptando van a contribuir a mejorar la eficacia de la Guardia Civil, que es tanto como decir que van a aumentar la seguridad de nuestros conciudadanos. En consecuencia, no me resta más que expresar mi convencimiento de que con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios, a las que por supuesto el texto está abierto, esta Cámara conseguirá rubricar una ley de derechos y deberes acorde con lo que nuestros guardias civiles merecen y con lo que la sociedad del siglo que estamos iniciando nos demanda.
A continuación, turno a favor de la enmienda a la totalidad. Por un tiempo de 15 minutos, la señora Sánchez-Camacho. Adelante, por favor.
Señor ministro, señorías, asociaciones de la Guardia Civil, la Guardia Civil es una de las instituciones más importantes para la convivencia de los españoles y es una de las más valoradas y más queridas en España. La Guardia Civil cuenta hoy con más de 70.000 efectivos desplegados por todo el territorio nacional y tiene entre sus competencias la seguridad ciudadana en más del 90 por ciento del territorio y el 40 por ciento de la población. Junto a esta competencia genérica de seguridad ciudadana la Guardia Civil ejerce también las funciones, como ustedes muy bien saben, de resguardo fiscal del Estado, la vigilancia del mar territorial, la custodia de costas, fronteras, puertos, aeropuertos y vías de comunicación, el control de armas y explosivos, el tráfico interurbano, la protección del medio ambiente o la seguridad de centros penitenciarios y el traslado de presos. La Guardia Civil participa, además, en múltiples operaciones internacionales y ejerce las misiones de naturaleza militar que el Gobierno le encomienda. Todo ello convierte, señorías, a la Guardia Civil en uno de los cuerpos de seguridad con más competencias del mundo.
La evolución de la Guardia Civil en las dos últimas décadas ha sido espectacular, pasando de ser un cuerpo de seguridad eminentemente rural a convertirse en una de las fuerzas policiales más especializadas del mundo. Así, el número de especialistas en información, Policía judicial, fiscal, protección de la naturaleza, servicio marítimo o tráfico, entre otras unidades especializadas, alcanza ya a más de los 30.000 efectivos, casi la mitad de su plantilla. Esta capacidad de especialización y de adaptación a las nuevas demandas de seguridad ha venido acompañada de un proceso de innovación tecnológica; así, la Guardia Civil es hoy un cuerpo pionero en Europa en campos como la identificación genética, la acústica forense o en la investigación de delitos medioambientales. El protagonismo de la Guardia Civil a lo largo de los últimos 160 años hace que hoy sea difícil entender la historia contemporánea de España sin una referencia a este cuerpo. Es más, señorías, en un momento de pérdida de señas de identidad nacional, diluidas tanto a causa de la globalización externa como de la descentralización política interna, la Guardia Civil se mantiene como una de las instituciones que mejor simboliza la unidad y la identidad de la España del futuro. Su despliegue garantiza además una presencia efectiva del Estado en todo el territorio y la convierte en un elemento esencial de articulación de su política de seguridad. El desafío para las dos próximas décadas será proyectar esta fuerza histórica hacia un nuevo espacio de libertad y seguridad más amplio en el marco de la Unión Europea. La Guardia Civil es hoy una de las principales fuerzas de policía de la Unión Europea y el cuerpo de seguridad de naturaleza militar más evolucionado del mundo.
En resumen, señorías, estamos hablando de cuestiones fundamentales.
Estamos hablando de la seguridad de nuestro país, de una de las cuestiones más importantes de nuestro Estado de derecho y por eso consideramos relevantes, importantes y necesarias las reformas normativas que permitan mejorar y modernizar a la Guardia Civil. Señorías, nuestro grupo parlamentario ya inició este camino cuando elaboramos los distintos textos de régimen disciplinario y de derechos y deberes que no pudieron llegar a aprobarse. Así se lo dijimos, señor ministro, cuando usted anunció la presentación de estos dos textos legales. En ellos, en el de régimen disciplinario, establecíamos la supresión de arresto y, en el de derechos y deberes, el reconocimiento del derecho de asociación.
Señorías, este proceso de reforma y modernización se ha frenado durante estos años de Gobierno socialista, produciéndose el descontento, el desencanto y la desmoralización de la Guardia Civil. Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, quisiera decirles: Han tardado ustedes tres años en cumplir estas promesas electorales que reiteradamente solicitábamos desde el Grupo Parlamentario Popular. Han lanzado también algunos mensajes contradictorios, entre ellos la postura a favor de la desmilitarización que el propio portavoz de su grupo, el señor López Garrido o el señor Blanco
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afirmaron. Espero que hoy, y en los próximos debates de la Ley de régimen disciplinario, quede definida claramente la naturaleza militar de este instituto armado, que es absolutamente compatible con la modernización y la mejora de la calidad de vida de los guardias civiles.
Señorías, el pasado día 20 de enero en Madrid se produjo una manifestación de 3.000 guardias de uniforme con tricornio. Esta protesta, callejera, ruidosa y llamativa puso en un brete al Gobierno. Nunca antes en toda la historia de la Guardia Civil esta había mostrado su descontento con el Gobierno. Esa situación les ha obligado, les ha conducido a presentar de forma rápida, apresurada la Ley de derechos y deberes. Señorías, desde el grupo mayoritario de la oposición lamentamos que no se haya tenido el interés en dialogar y en consensuar esta ley. Espero que se rectifique esta actitud con respecto a esta y con respecto a la de régimen disciplinario, porque como le trasladamos, señor ministro, la mano del principal grupo de la oposición está tendida en una de las cuestiones fundamentales de nuestro país, que es: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Guardia Civil. Por ello, señorías, nuestro grupo parlamentario, en el ejercicio de la responsabilidad que nos corresponde, realizamos la valoración del texto que usted, hoy, señor ministro, ha presentado. Decimos que es un texto apresurado y que su calidad técnica es muy mejorable, en especial por la falta de estructura y sistemática.
Además, se presenta una clara falta de homogeneidad en la regulación más o menos rigurosa de los límites que, en algunos casos, dudosamente, salva el principio de legalidad y de reserva de ley. Asimismo, en muchos casos hay una reiteración del reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales, lo cual, como saben, supone además parte de lo que la doctrina constitucional ha afirmado que es inútil y disfuncional.
Señorías, señor ministro, además se presentan lagunas en la regulación.
Hay aspectos de los guardias civiles que el proyecto de ley no regula o lo hace de forma insuficiente, desde la perspectiva de este grupo parlamentario, como aquellos que se refieren a los derechos individuales de la Guardia Civil. Además, han sido algunas de las asociaciones de la Guardia Civil las que así lo han afirmado. La Unión Federal de Guardias Civiles se refería a este proyecto de ley como una amalgama de normativas ya existentes y restrictivas de derechos constitucionales y, a su vez, la Asociación Independiente de la Guardia Civil se refería a que con esta ley los derechos quedan más restringidos. Pero, señorías, hoy es un día importante y por ello el Partido Popular presenta un texto alternativo en base a dos consideraciones. En primer lugar, el Partido Popular, como partido de Gobierno que ha sido y como partido de Gobierno que espera volver a ser, considera necesario presentar una alternativa partiendo de las reformas ya realizadas y previstas por el Partido Popular, que contemplaban el reconocimiento del derecho de asociación profesional de los miembros de la Guardia Civil, así como su régimen jurídico. La segunda razón, señorías, señor ministro, se fundamenta y fundamenta nuestro texto partiendo del carácter liberal que consideramos debe sustentar la Ley de derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, en la que deben ser ampliados y mejorados sustancialmente los derechos individuales de los guardias civiles. Con nuestro texto alternativo se produce un mejor y más amplio desarrollo de los derechos individuales y de los derechos profesionales o sociales. En la Guardia Civil existe un déficit de derechos, existe un problema en el ejercicio de los derechos fundamentales, así como una carencia de derechos sociales. Por eso presentamos este texto alternativo que garantiza más derechos individuales y más derechos sociales y profesionales para los guardias civiles.
La estructura de nuestro texto consta de un título I, inspirador del resto del texto que recoge disposiciones generales referidas al ámbito de aplicación de la ley y al reconocimiento general. Entendemos que esta sistemática era más adecuada y que en algunos casos estos principios son los que determinan los límites de los derechos. Pero es en el título II donde radican las más importantes y sustanciales mejoras y avances en el reconocimiento de los derechos de los guardias civiles. Entendemos que se prohíba de forma expresa la privación de libertad del guardia civil por sanción, en concordancia a su vez con el texto de régimen disciplinario que ya eliminaba la sanción de arresto. Se reconoce el derecho al guardia civil a conocer su historial profesional, el historial médico y los resultados de las evaluaciones a las que sea sometido según la propia normativa. La libertad de expresión, señorías, señor ministro, se regula de manera más amplia en nuestro texto, reconociendo al guardia civil las críticas de carácter jurídico vinculadas con las tesis de defensa en el marco de impugnación de actos o actuaciones de superiores u órganos del instituto armado a través de las vías de recurso, quejas, reclamación, Defensor del Pueblo u otras peticiones. Se recoge explícitamente, a efectos de la inviolabilidad del domicilio, la consideración del pabellón donde reside el guardia civil como su domicilio y se reconoce el derecho del guardia civil a asistir a manifestaciones a título particular, como ciudadano y no como guardia civil. Por último, se regulan en nuestro texto alternativo una serie de derechos que no aparecen regulados en el texto del Gobierno: los derechos individuales de libertad religiosa; el derecho de sufragio pasivo; los derechos y garantías del honor y a la propia imagen del guardia civil. Con respecto al título dedicado a los deberes, hay una sustancial mejora en nuestro texto alternativo, que es la concepción nueva del deber de disponibilidad del guardia civil, que ha de estar modernizado y acompasado a la situación y a conciliar la vida laboral y profesional del guardia civil. Con respecto al título V, señorías, la otra parte importante de mejora y aportación del Grupo Parlamentario Popular, la que se refiere a los derechos profesionales de los miembros de la Guardia Civil, el Grupo Parlamentario Popular introduce
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importantes novedades. Se reconoce de forma explícita cómo se producirá el cómputo y la retribución de las horas extraordinarias que hasta este momento los guardias civiles no tenían en su mayor amplitud. Se reconoce el derecho del guardia civil a conocer con antelación suficiente su jornada y horario de trabajo y, en su caso, el régimen de turnos y los periodos en que podrá disfrutar de sus vacaciones, determinándose estos con la antelación que reglamentariamente se estipule. Para el establecimiento de los turnos, vacaciones y permisos se deberán tener en cuenta las necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar del guardia civil. La disponibilidad del guardia civil, señorías, tiene que modernizarse y acompasarse a los tiempos en los que vivimos. Se reconoce el derecho del guardia civil a una vivienda que le posibilite conciliar las exigencias derivadas de las necesidades del servicio, la movilidad y la disponibilidad permanente. Además, la protección social a que tienen derecho los guardias civiles se equiparará al resto de los funcionarios de la Administración General del Estado. Se establece, y lo destacamos como mención sustancial, una cobertura específica en la protección social a los guardias civiles víctimas del terrorismo y se recoge el derecho a ser informado de los riesgos cuando las misiones que se asignen puedan implicar un daño previsible para la salud y la integridad física del guardia civil. En cuanto a los criterios para fijar las retribuciones, se equiparan con los de la Administración civil del Estado, teniendo en cuenta sin duda sus peculiaridades como fuerzas y cuerpos de seguridad y su condición de militares. Se reconoce a su vez la inembargabilidad del salario del guardia civil a excepción del procedimiento judicial.
Señorías, en los dos últimos títulos que restan nos referimos a una parte importante, sustancial de este texto, el reconocimiento del derecho de los guardias civiles a la asociación profesional, derecho fundamental que se les reconoce en esta ley. Esta regulación realizada por el Gobierno nos parece de mínimos, y como el Partido Popular ya había iniciado esta reforma cuando estaba en el Gobierno, presentamos aspectos sustanciales en los que las diferencias claves con el texto del Gobierno son las siguientes. Por un lado, la inscripción de estas asociaciones, según el texto del Gobierno, se debería hacer en un registro habilitado al efecto en el Ministerio del Interior. Entendemos que dicho registro no es necesario y que dicha inscripción puede habilitarse en el registro que ya existe en el ministerio donde se inscriben todas las asociaciones. El texto del Gobierno diferencia entre asociaciones representativas y el resto y articula su texto sobre esa base. Nosotros entendemos que esta diferenciación no es justa ni equitativa y que cualquier asociación profesional constituida legalmente por miembros de la Guardia Civil debe gozar de los mismos derechos y deberes. Otro de los aspectos novedosos de nuestro texto es el hecho de permitir a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil proponer candidatos para la elección de vocales en los órganos de representación y de dirección de las mutualidades de las asociaciones y de los restantes órganos de previsión social constituidos por miembros de la Guardia Civil.
Por último, señorías, el título VII de nuestro texto alternativo regula el consejo de personal de la Guardia Civil, órgano que va a sustituir al actual Consejo Asesor. Lo primero que nos diferencia del texto del Gobierno es la composición, señorías. En ambos participarán representantes de los miembros de la Guardia Civil y de la Administración, pero en nuestro texto hay una serie de miembros de la Administración General del Estado que deben estar incluidos entre los miembros del consejo: el director general de la Guardia Civil, los subsecretarios de Defensa y de Interior, los directores adjuntos y subdirectores generales de la Guardia Civil y los responsables de jefatura a cargo de la enseñanza, acción social y gestión de personal, cuando fuera oportuno. Con el fin de mejorar tanto las condiciones profesionales de los guardias civiles como el funcionamiento de la propia institución, los guardias civiles elegirán a los representantes en el consejo de sus respectivas escalas mediante un procedimiento electoral al que podrán concurrir las propias asociaciones, así como los guardias civiles de cada escala que se determinen reglamentariamente en un sistema de listas abiertas; señorías, un consejo más democrático. La regulación de las funciones del consejo es significativamente más amplia en nuestro texto. Aquí el consejo conocerá y deberá ser oído en diversas cuestiones: estatuto profesional, régimen de personal, determinación de las condiciones de trabajo, régimen retributivo, programas de enseñanza y formación, régimen de permisos, vacaciones, licencias, índice de absentismo, así como en cuestiones referidas a la prevención de riesgos laborales. Además, nuestro texto crea una secretaría permanente del consejo como órgano de apoyo en el que se integrará la oficina de atención al guardia civil.
Señorías, la pervivencia de la institución de la Guardia Civil no solo se debe a sus servicios, sino sobre todo a su capacidad, a su sacrificio y a su adaptación. Gracias a ella los españoles somos hoy más libres y España es más segura. Gracias a la Guardia Civil los terroristas tienen menos esperanzas de doblegarnos y humillarnos por medio del crimen y la extorsión. Gracias a la Guardia Civil los ideales democráticos se han asentado en España con una solidez que los hace inmunes ante cualquier intento de ataque. Nuestro proyecto, señorías, contribuye a otorgar más derechos individuales y más derechos sociales a los guardias civiles, contribuyéndose así a una modernización y a una mayor eficacia del instituto armado. Señorías, les pedimos su apoyo para esta enmienda a la totalidad, en beneficio de los miembros de la Guardia Civil, sus familias y de todos los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez-Camacho.
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¿Algún grupo parlamentario desea utilizar el turno en contra? (Pausa.) Si no es así, fijación de posiciones. En primer lugar, Grupo Mixto. Son diez minutos.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente. Emplearé, en nombre del Bloque Nacionalista Galego, mucho menos tiempo.
Desde nuestro punto de vista, el problema fundamental para que hubiese una alternativa diferenciada de la del Gobierno es acabar con el carácter militar de la Guardia Civil de forma plena. Esta sí que sería una diferencia cualitativa entre el texto del Gobierno y el texto que ahora nos propone el Grupo Popular. Pero realmente el texto del Grupo Popular no opta por esta opción, sino simplemente por darle una forma diferenciada, tampoco cualitativamente distinta, al problema de los derechos y deberes fundamentales de la Guardia Civil o, si usted quiere, a los derechos individuales y sociales que deben de tener los guardias civiles. Es evidente que el tema de los derechos fundamentales debe de ser perfectamente respetado en todos los casos de los funcionarios, pero también es cierto que cuando se mantiene el carácter militar esos derechos fundamentales están sometidos a restricciones, muchas de ellas más que discutibles. Por eso nosotros no vamos a votar a favor de la enmienda a la totalidad. Pensamos que todo lo que plantea el Grupo Popular no solo es discutible sino matizable e incluso integrable en el proyecto del Gobierno. Cuando uno escucha este tipo de debates parece que está asistiendo más a una pugna por ver quien cae más simpático al cuerpo de la Guardia Civil o incluso quien puede hacer más alardes de demagogia en relación con esos derechos y deberes fundamentales. Nadie duda de que la Guardia Civil, como muchos otros cuerpos de funcionarios del Estado, tiene un papel a veces sacrificado y a veces meritorio. Ahora, ese tipo de laudatios, de exacerbaciones del papel de cualquier tipo de cuerpo de funcionarios nos parece que responden más a un interés político que a un interés objetivo por defender sus derechos como trabajadores y como trabajadoras. Por eso, ya que no vemos diferencias cualitativas, lo vamos a rechazar. Vuelvo a repetir que estoy por asegurar que en el debate, en el diálogo y en los trabajos de ponencia gran parte de las cuestiones que sin duda pueden tener interés, el Gobierno las va a integrar simplemente porque no contradicen para nada el texto gubernativo.
Coalición Canaria-Nueva Canarias, señor Mardones.
Señorías, señor ministro del Interior, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias en estos temas referentes a un cuerpo de seguridad del Estado con gran valor histórico y funcional, en el sentido de entrega al cumplimiento, como dice su himno, el orden y la ley, ha sido siempre tremendamente prudente y respetuoso. Son instituciones, podíamos decir en este caso con acierto, seculares vinculadas al mantenimiento de la ley y el orden en España desde que lo fundara el Duque de Ahumada. Por tanto, en toda la actuación legislativa sobre su estructura orgánica, y en este caso en el debate de totalidad al proyecto de Ley orgánica reguladora de los derechos y deberes presentado por el Gobierno, mi grupo quiere mantenerse en una posición responsable de equilibrio y de sensatez. El proyecto que ha presentado el Gobierno reúne una serie de condiciones que para nuestro grupo son muy aceptables. Dado que siempre me he definido a favor de una defensa del carácter militar de este instituto armado y esto se mantiene en el proyecto del Gobierno, nos permite dar apoyo a ese texto para que en los debates de ponencia y de Comisión puedan ser admitidas las enmiendas pertinentes como las que mi grupo ha presentado a este proyecto de ley, enmiendas que van dentro de un respeto al mantenimiento del carácter de instituto armado militar de la Guardia Civil. También debe haber una clara separación entre lo que se entiende en el derecho español por responsabilidades y derechos de sindicación, por un lado, y responsabilidades y derechos de asociación, por otro. Mi grupo, por ser consecuente con el primer enunciado que he dicho, mantiene también el criterio de defensa de asociación de la Guardia Civil, pero no de sindicación. Es muy importante que esto quede aclarado porque en las últimas semanas se han venido vertiendo conceptos dialécticos erróneos y equivocados, haciendo una especie de mezcla entre sindicato y asociación.
En el mundo laboral español está perfectamente claro qué es un sindicato y adónde llegan las responsabilidades y derechos de cualquier trabajador en un sindicato. Pero al mismo tiempo para la sociedad civil el derecho español tiene perfectamente reconocido qué es una asociación y hasta donde alcanzan sus obligaciones y responsabilidades jurídicas, civiles, penales o de cualquier orden. Esto también está contenido en gran medida en el proyecto que trae el Gobierno a esta Cámara, que curiosamente también queda recogido en el texto alternativo que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.
Mi grupo, como acaba de señalar el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, no ha visto una gran diferencia entre ambos textos. Al no entrar en ninguno de los dos proyectos, ni en el del Gobierno ni en el del Grupo Popular, en cuestiones que otros grupos desean, como la desmilitarización, podemos decir que prácticamente se están abordando cuestiones puramente de uniformidad administrativa y de reflejo de lo que en este momento es una reclamación. Por tanto, sí con claridad y nitidez a las asociaciones, y que queden perfectamente delimitadas, y al mismo tiempo, por supuesto, un avance clarificador para el Poder Legislativo, para los que tengan que aplicar las leyes y disposiciones legales derivadas de las mismas que afecten a la Guardia Civil, como es el caso del Ministerio del Interior e incluso del Ministerio
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de Defensa en las relaciones y vinculaciones que se puedan mantener al respecto en esta cuestión. En ese punto nosotros creemos que el proyecto del Gobierno puede ser perfectamente mejorado con aquellas enmiendas que precisamente traten de dar solidez jurídica a unos derechos individuales y colectivos de los guardias civiles como profesionales de una actividad.
En cualquier caso, en los antecedentes de esta Cámara hay algo que no debemos olvidar. Existen muchas disposiciones que afectan a la Guardia Civil -sobre todo la última ley orgánica al respecto, de 1979- y que traen causa de las leyes del Ministerio de Defensa. En este sentido hay que tener cuidado con este proyecto de ley -sobre todo con relación a la enmienda que ha presentado el Grupo Popular- para que por parte de la Guardia Civil no se traten de llevar a cabo actuaciones sobre el Ministerio de Defensa, ya que podría darse esa circunstancia. En la época del primer Gobierno del Partido Popular, del señor Aznar, don Eduardo Serra, ministro de Defensa a la sazón, trajo aquí el primer proyecto sobre esta materia que después se convirtió en la Ley 17/1999, del régimen del personal de las Fuerzas Armadas. Mi grupo presentó una enmienda sobre el derecho ya constitucional, por sentencia del Tribunal Constitucional, de asociación que las Fuerzas Armadas -que según la Constitución solamente están formadas por los ejércitos de Tierra, Mar y Aire- tenían reconocido. Pues bien, el ministerio contrarrestó la enmienda que mi grupo presentó a este respecto para que se reconociera a los militares el derecho de asociación de las Fuerzas Armadas con la creación de algo que no ha funcionado por estar mal concebido estructuralmente dentro de organismos tales como las Fuerzas Armadas o la Guardia Civil posteriormente, estructurados jerárquicamente con arreglo a una pirámide de mando. Eso no es un sindicato horizontal, sino una estructura jerárquica de mando, de abajo arriba, desde el soldado al general o desde el número de la Guardia Civil hasta sus oficiales superiores, los generales, en el mando del instituto armado operativamente hablando.
Pues bien, como digo, se crearon los consejos asesores de personal y ahora vemos que tenemos que desguazarlos porque no han funcionado. Incluso inteligentemente en el seno de la Guardia Civil, cuando se elaboró la Ley de la Guardia Civil, derivada de la de las Fuerzas Armadas, yo denuncié aquí -y está recogido en el "Diario de Sesiones"- que en el papel en que se había hecho la inscripción del texto del proyecto de la Guardia Civil los membretes no eran del Ministerio del Interior, sino del de Defensa, lo cual también es necesario clarificar porque si no podríamos entrar en un conflicto de intereses. A juicio de mi grupo, esta nueva ley reguladora de derechos y deberes de la Guardia Civil debe ser, en primer lugar, consensuada, así como respetuosa con el ordenamiento constitucional español, separando claramente responsabilidades de competencias. Por eso, como ha señalado el señor ministro del Interior, muchos aspectos de este proyecto de ley están relacionados con el proyecto que ha entrado en esta Cámara sobre el régimen disciplinario de la Guardia Civil, porque es imposible entender un régimen disciplinario de la Guardia Civil si al propio tiempo sus miembros, como ciudadanos españoles de uniforme, no tienen un derecho protegido al respecto tanto individual como colectivamente, lo cual era necesario llevar a la inscripción del papel.
Con esto voy terminando porque los debates debemos hacerlos posteriormente en ponencia, Comisión y Pleno, para que resulte un instrumento que satisfaga, también a la Guardia Civil. Mi grupo se ha ido reuniendo en estos días pasados con distintas asociaciones, entidades, consejos o representaciones, nuestra puerta no se ha cerrado a ningún colectivo de guardias civiles, pero no se nos ocurre hablar, ni a mí personalmente, de la Guardia Civil más que con respeto a esa institución porque estamos hablando de criterios variables y distintos que me han planteado diferentes asociaciones, entidades o como se les quiera llamar, de guardias civiles. He oído opiniones de guardias civiles de todas las escalas, unos a favor de una posición y otros a favor de otra. Por tanto, no es un criterio generalizado de todos los miembros de la Guardia Civil, setenta y pico mil personas en este momento, ni a mí se me ocurriría decir que todos piensan de la misma manera respecto a una ley de derechos y deberes que van a tener en relación con una ley de régimen disciplinario. Siempre he dicho que los que no quieran disciplina sobran en una institución que está jerarquizada y los que quieran disciplina, que encuentren en el derecho la protección en cualquier conducta de los actos profesionales que tengan que realizar.
Termino. Mi grupo se va a oponer a esta enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el sentido formal, porque muchos aspectos están recogidos en el texto que ha mandado el Gobierno. En nuestras enmiendas recogemos también muchas de las que acertadamente se contienen en el texto del Grupo Parlamentario Popular y que están en sintonía con la armonización que trata de hacer el Gobierno, pero mi grupo no va a poner arena en los cojinetes para que en este momento realicemos un debate improcedente sobre la funcionalidad, que nadie discute, de la Guardia Civil como instituto armado, como instituto defensor de unos principios de derecho constitucional, para que esto se pueda realizar. Por tanto, apoyaremos el texto del Gobierno y trataremos de mejorarlo con las enmiendas que mi grupo ha presentado con ideas de responsabilidad, sensatez, prudencia y beneficio para el principio del orden y la ley, que estamos obligados a cumplirlo y a defenderlo tanto los guardias civiles como los diputados en esta Cámara.
Izquierda Unida. Señora Navarro.
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A nuestro entender, detrás del texto alternativo del Grupo Popular lo que realmente encontramos es su posición conservadora e inmovilista. Señorías del Partido Popular, no quieren esta reforma ni ninguna, con lo que le ha costado sacarla al Partido Socialista. Evidentemente, creemos que tampoco estaban muy dispuestos, pero la realidad es que aquí está y desde Izquierda Unida pretendemos aprovechar su tramitación para apoyarla y mejorarla en el sentido de avanzar en los derechos y deberes de un colectivo tan castigado.
Volviendo al texto alternativo de la derecha, nos sorprende -porque aún tienen capacidad para sorprendernos- cómo deja claro abiertamente que ni siquiera se conforman con la Guardia Civil actual. Ustedes tienen su propio modelo de Guardia Civil, un modelo basado en la militarización, en el Todo por la patria, y por tanto la negación de derechos. Desde la exposición de motivos hasta el último artículo se puede comprobar la existencia de una postura notoria y clara: El Partido Popular pretende reforzar o blindar la condición militar de la Guardia Civil, la condición de militares de los guardias civiles, algo que ni quiere la mayoría de la Guardia Civil ni tiene, en la práctica, más sentido que la pura nostalgia. Podríamos decir que el Partido Popular ha venido a esta Cámara a presentar un manifiesto por la remilitarización de la Guardia Civil.
Estamos sencillamente ante una inédita negación de derechos, y además con toda una regulación precisa destinada a esa negación de derechos. Como lo oyen, quieren hacer una ley para negar y restringir derechos, no para regular derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. Son continuas las referencias al carácter militar de la Guardia Civil, a las limitaciones que dicho carácter impone o demanda, a juicio del Partido Popular, en relación con el estatus de ciudadanía de los guardias civiles. Podríamos llamarla la ley de los sin derechos y más deberes de la Guardia Civil. Para concluir esta afirmación basta con examinar algunas de las cuestiones a las que hacen referencia en su exposición de motivos: cuando aluden a la regulación restrictiva del derecho fundamental de asociación sin que en ningún momento dediquen una sola línea a manifestar la necesidad y la oportunidad de regular este derecho, al contrario, sus obsesiones son delimitar su alcance; o cuando hacen referencia a la regulación de derechos y libertades, reconduciéndola a las limitaciones y particularidades necesarias para la protección de otros derechos, bienes e intereses constitucionales. La filosofía, por tanto, de dichas limitaciones denota una concepción de la Guardia Civil absolutamente opuesta a la pretendida defensa de esta institución de la que ustedes hacen tanta bandera, tanta gala. También presentan como novedosa la creación del consejo personal de la Guardia Civil, que no es más que la sustitución del ya fracasado consejo asesor de personal de la Guardia Civil y con los mismos defectos.
En realidad el Partido Popular esconde bajo esta propuesta una postura de rígido inmovilismo y de preponderancia de una visión más cercana a la consideración de la Guardia Civil como un cuarto ejército, como apéndice de las Fuerzas Armadas, que como un cuerpo de seguridad del Estado, que es lo que se debe potenciar, esto es, la democracia interna, los mecanismos de participación de sus miembros y la mejora de las condiciones de prestación de los servicios y de la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil y de sus familias. El Partido Popular quiere presentarse aquí como el pitbull de las esencias de la Guardia Civil que ya no existe, viven de espaldas a lo que reivindican y a la realidad de miles de guardias civiles, obcecados en la defensa de los privilegios y prebendas de unos pocos, pero es el momento de que nos retratemos ante la sociedad y ante los guardias civiles, y este debate coloca a cada uno en su sitio. Esto quizás para ustedes es un halago, yo lo digo desde la más profunda crítica y desde la más profunda disconformidad. Ahora se comprueba que quienes se arrogan permanentemente el papel de defensores son los mismos que desconfían de la Guardia Civil, son los mismos que desconfían de cada uno de sus miembros, como si la modernización o el reconocimiento de derechos pudiera poner en riesgo al Estado o al propio sistema democrático, cuando, señorías, la conclusión debe ser precisamente la contraria. Así, cuando regulan el abuso y el ejercicio fraudulento de derechos y libertades reconocidos, es un auténtico descrédito para la institución; cuando hablan de que la regulación de la libertad de expresión y de información es mucho más amplia - como usted, doña Alicia Sánchez-Camacho, ha dicho-, es falso. El artículo 7 que propone el Gobierno comparado con el artículo 10 que ustedes proponen, es mucho más amplio porque no limita. Ustedes lo único que hacen es limitar, recoger la referencia a la posibilidad de expresar críticas de carácter jurídico vinculadas a las tesis de defensa. Señorías, eso ya lo tenía la Guardia Civil, lo que se pretende es regular y ampliar derechos y no todo lo contrario.
No vengo a defender aquí el texto del Gobierno, que es muy mejorable, pero ustedes me lo ponen muy difícil. Pretenden un manifiesto retroceso en el marco de las libertades públicas de la Guardia Civil. Por eso yo me pregunto: ¿qué concepción tiene el Partido Popular de los miembros de la Guardia Civil, acaso los guardias civiles son ciudadanos de pleno de derecho o para ustedes son siervos? Lo que pretenden, y es en lo que se centran, es sencillamente abusar de la capacidad de sometimiento y una obediencia ciega de los miembros de la Guardia Civil, el Todo por la patria, a la antigua usanza, ni más ni menos. Ustedes, señorías del Partido Popular, no avanzan, los miembros de la Guardia Civil, a su pesar, sí. En la misma línea, cuando regulan la libertad religiosa, queda sometida a las necesidades del servicio, organizativas y de uso de uniformidad; lo mismo ocurre cuando regulan el derecho de reunión y de manifestación. Eso sí, le voy a reconocer que en su
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regulación avanzan mínimamente más que el proyecto del Gobierno, que parece pretender que los guardias civiles, según el artículo 8, no puedan organizar o asistir a manifestaciones o reuniones de carácter político o sindical. Sería como decir que los miembros de la Guardia Civil no podrían ir de paisano a las manifestaciones contra la guerra de Irak o a cualquier otra en la que nos encontremos todos los ciudadanos que defendemos la libertad y los derechos. Es un absurdo. Ustedes, por lo menos, en su artículo 15 recogen la posibilidad de asistencia individual.
Entiendo que esto mejora manifiestamente el texto que nos propone el Gobierno.
En cuanto al derecho de asociación, el contenido del artículo 16 del texto del Partido Popular incide en una concepción del derecho que deliberadamente desvirtúa su contenido esencial y que supondría vaciarlo de contenido. Lo mismo ocurre en el régimen de horario de servicio y en la conciliación, a la que usted ha hecho referencia, porque se somete a que sean compatibles con las funciones asignadas. Siempre es la excepción la regla general en la regulación que ustedes nos presentan. También cuando pretenden regular el conocimiento con la antelación suficiente de la jornada y el horario de trabajo, que queda supeditado a la excepción de causas justificadas de servicio. Siempre la ley de negación de derechos. Lo mismo cuando se habla del derecho a la vivienda, porque establecen una regulación basada en una situación superada por la realidad. El Partido Popular apuesta claramente por los guetos, que en muchos casos es lo que son las casas cuartel, que no pueden ser tenidas en muchas ocasiones por viviendas habitables porque no son dignas. La visión del Partido Popular es verdaderamente arcaica y signo inequívoco del concepto que tienen ustedes de los guardias civiles y de sus familias como ciudadanos de segunda. Así, en la regulación de las asociaciones profesionales el Partido Popular no ha podido ser más explícito en cuanto a la negación de este derecho sin más, lo vacían una y otra vez de contenido. Es decir, pretenden prohibir de hecho y de derecho el asociacionismo profesional en la Guardia Civil, sin negar que también ahí es muy mejorable el texto que nos presenta el Gobierno. Al final, parece que cuando ustedes hablan de asociacionismo lo que quieren es que tengan una asociación cultural del derecho a la petanca o algo parecido, y lo que nosotros pretendemos es que no se camufle el ejercicio de un derecho que además llevan tiempo ejercitando y que es una garantía de democratización de los guardias civiles, de su situación y de la defensa de derechos como tiene cualquier ciudadano y como debe ser.
Creemos que el Partido Popular se equivoca en su estrategia de camuflar sus intenciones de eliminar estos derechos porque la Guardia Civil les ha tomado la matrícula. Toda su propuesta dice muy poco a favor de una cultura democrática en el seno del Partido Popular, porque pretenden perpetuar la situación en la que nos encontramos en la actualidad bajo una pretendida regulación de derechos, que no es más que, como decía, la regulación de la negación de esos derechos. Es decir, ustedes ni siquiera quieren decir claramente aquí, porque de su discurso se ha deducido, la propuesta que recoge el texto que artículo tras artículo nos presentan.
En cualquier caso, el texto del Gobierno nos parece un avance absolutamente insuficiente. No podemos olvidar que este proyecto llega con un gran retraso a la Cámara, incumpliendo los plazos comprometidos una y otra vez por el Gobierno socialista y por los portavoces del Grupo Socialista. Llega después de movilizaciones, de la reivindicación del reconocimiento de los derechos de la Guardia Civil. Para nuestro grupo parlamentario es el momento de que respondamos positivamente a una reivindicación histórica de este colectivo de funcionarios públicos. Por eso manifestamos nuestra satisfacción de que por fin tengamos esta tramitación y podamos abordarla y mejorarla.
En cualquier caso, quiero aprovechar este momento del debate para reconocer públicamente el esfuerzo y el sufrimiento de todos aquellos guardias civiles que han luchado con todas las consecuencias por el reconocimiento de los derechos constitucionales de los guardias civiles, entre ellos el del asociacionismo profesional, personas con nombres y apellidos que han dado la cara por la dignificación del cuerpo y por la conquista de derechos en un ámbito de funcionamiento de subordinación jerárquica tan elevado y partiendo de la negación absoluta de cualquier derecho, y más aún de la posibilidad de su reivindicación.
El señor PRESIDENTE: Señora Navarro, le ruego que concluya
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias a ellos estamos hoy aquí debatiendo y les doy la enhorabuena por la conquista de estos derechos.
Finalizo, señor presidente. Únicamente quiero decir que gracias a ellos vamos a avanzar como se merecen, por lo que este texto debe ser ampliamente mejorado en su tramitación. Tomo la palabra del señor ministro que ha hecho referencia a la posibilidad de negociar las enmiendas presentadas por los distintos grupos que no vienen más que a reivindicar aquello por lo que estas personas llevan tanto tiempo luchando. Escuchemos a los miembros de la Guardia Civil que saben muy bien lo que quieren y que van a apostar por la democratización por fin del cuerpo, por el ejercicio de sus derechos, por una conquista que el Partido Socialista debería apoyar ampliamente.
Señor Olabarría. Grupo Vasco.
Señora Sánchez-Camacho, tengo que decirle que he analizado con cariño y con respeto, el respeto que usted
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me merece, la enmienda presentada por su grupo y no la termino de ver ni me termina por convencer, pero no solo a mí, tampoco a la asociación más representativa de la propia Guardia Civil, que ha emitido ya un documento lacerante, muy crítico, muy duro con el texto y con la filosofía subyacente en su enmienda que yo, en términos generales, comparto. Me estoy refiriendo al documento elaborado por la UGC, que es el sindicato, la asociación -y perdone por el lapsus linguae que aflora permanentemente en mi boca utilizando la expresión sindicato, porque uno al fin y al cabo es tributario de su vocación laboralista- cuya representatividad es mesurable, ya que tiene más de 30.000 asociados, 25.000 cotizando; las demás son asociaciones respetables pero no mesuradas todavía en cuanto a la legitimidad como elementos o estructuras de interlocución a los efectos de negociar nada menos que la Ley que regula los derechos y deberes de la Guardia Civil. Tampoco me convence el texto presentado por el Gobierno, señor ministro del Interior. Llevo 20 años de actividad parlamentaria, lo hemos discutido usted y yo en numerosas ocasiones -de forma discontinua en mi caso, porque usted ha estado permanentemente aquí desde hace más de 20 años-, y todavía desconozco qué atavismos históricos impiden abordar de una santa vez la desmilitarización de un cuerpo que no tiene o que no cumple funciones de carácter militar, que han sido ya relatadas, y que se circunscriben y se pueden englobar en tres grandes funciones fundamentales: las de Policía judicial, de carácter manifiestamente civil; las de protección civil, de carácter, valga la redundancia, manifiestamente civil, y las de seguridad ciudadana en el sentido más amplio de la expresión, incluyendo control de fronteras, emisión de determinados documentos, control de determinadas costas marítimas, etcétera. Desde esa perspectiva no comprendo estos atavismos históricos, porque ningún ministro los ha sabido explicar o yo no he sabido comprenderlos, quizá en el debate parlamentario el señor ministro nos pueda ilustrar mejor sobre por qué todavía ustedes mantienen el carácter o la impronta militar y, por tanto, las características de estos funcionarios como funcionarios sujetos a un régimen de sujeción especial, lo cual limita derechos constitucionales que les debería afectar en sus propios términos en todo el despliegue y en todas las facultades que configuran su contenido esencial. Me estoy refiriendo a tres fundamentalmente, previstos en el artículo 20 de la Constitución, relativo al derecho de libertad de expresión; en el artículo 21, relativo al derecho de reunión pacífica y sin armas; y en el artículo 22, relativo al derecho de asociación, siempre que la asociación no esté destinada al cumplimiento de fines ilícitos o no utilice procedimientos ilícitos para su obtención. Sin embargo nos mantenemos todavía con la tensión dialéctica de este cuerpo y de todos los debates parlamentarios que han existido desde que se constituyó, nada menos que el 13 de mayo de 1844, por una encomienda del general Narváez al Duque de Ahumada, que elaboró una cartilla en la que se preconizaban como valores caracterizadores de los funcionarios de la Guardia Civil nada menos que los siguientes: el honor; la honradez; la cortesía; la disciplina; la abnegación; la austeridad, este es el requerimiento que mejor se ha cumplido dadas las escalas retributivas que han caracterizado a este cuerpo policial, el peor retribuido de todos los existentes en el Estado español; la lealtad; la capacidad de sacrificio, vinculada seguramente a lo menguado de sus estructuras o escalas retributivas; el talante benemérito; etcétera.
Desde esa perspectiva los avatares históricos de la Guardia Civil han estado caracterizados sobre todo por dos circunstancias que son particularmente relevantes: su actuación durante el sexenio revolucionario, entre el año 1868 y el año 1874, cuando se tuvo que confrontar con las masas obreras y campesinas -no voy a glosar su actuación en aquel momento, particularmente represiva- y la restauración canovista posterior, que todavía está impregnando la filosofía del Grupo Popular. Cánovas del Castillo, con la restauración canovista, lo que hizo fue potenciar la militarización del cuerpo, invocando una cosa que ha dicho la señora Sánchez-Camacho -no veo ningún precepto de la Constitución que atribuya esta función o legitime la existencia de la Guardia Civil con sus actuales características-: ser un cuerpo policial garante nada menos que de la unidad de la patria, de la estructura de la patria tal como está configurada en la Constitución. Ningún precepto de la Constitución atribuye a este cuerpo esa función específica; le atribuye funciones de naturaleza policial pero no el carácter de estructurador de la unidad de la patria, como S.S. invocaba mediante no sé qué elemento de legitimación constitucional o jurídico, y que quizás en otra ocasión pueda explicar. Desde esa perspectiva seguimos conviviendo con algo que puede gustar a la derecha, señor ministro, pero que me extraña que un Gobierno progresista invoque o preconice todavía, como es el mantenimiento del carácter militar derivado de la remilitarización o fortalecimiento de su carácter militar tras el sexenio revolucionario, y que proveyó el señor Cánovas del Castillo, una persona con una filosofía que todavía subyace en los principios ontológicos del Partido Popular. Me sorprende mucho que todavía ustedes la defiendan. Por lo menos algo han hecho, han desmilitarizado el régimen disciplinario.
Continuando con el carácter militar en materia de derechos y deberes, mantenemos a estos funcionarios en lo que técnicamente se llama funcionarios sujetos a un régimen especial. Cuando un cuerpo de funcionarios se adscribe a un régimen de sujeción especial estamos limitando el contenido esencial de derechos que constituyen verdaderos valores superiores del ordenamiento jurídico, y le he citado tres: el de libertad de expresión; el de libertad de asociación, que solo puede ser de reunión, que solo puede ser objeto de limitación -según la jurisprudencia constitucional que le puedo invocar si quiere- si este derecho de reunión se ejerce con armas o de forma manifiestamente prohibida contraviniendo el ordenamiento
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jurídico; y el derecho de asociación previsto en el artículo 22, que no tiene más limitación que aquella prohibición de asociaciones cuyo fin sea la comisión de actos ilícitos, ilegales o se utilice para su consecución.
Se ha hablado un poco de la capacidad de negociar las condiciones de trabajo y de realizar acciones de naturaleza sindical o indirectamente sindical, que es un término terriblemente perturbador e inseguro jurídicamente, pero que utilizan ustedes. Ustedes son únicos, a la hora de innovar en materia del derecho laboral, de verdad. No sé a qué se refieren cuando hablan de actuaciones que tengan naturaleza indirectamente sindical. Son actuaciones de naturaleza sindical o son actuaciones de otra naturaleza; no sé a qué se refieren con actuaciones de naturaleza indirectamente sindical, a las que vinculan nada menos que consecuencias disciplinarias. Si esto es así deberían identificarlas, tipificarlas, establecer un catálogo manifestando cuáles son esas actuaciones de naturaleza indirectamente sindical que ustedes prohíben a la Guardia Civil. Ya sé que los miembros de la Guardia Civil no pueden formar un sindicato, lo sabemos todos los que estamos aquí, pero es que tampoco pueden fundar un sindicato o una asociación las viudas, o unos prejubilados, o unos jubilados o unos desempleados. La Ley Orgánica de Libertad Sindical solo legitima para constituir sindicatos a los trabajadores empleados, en activo. ¿Qué impide, una vez desmilitarizado el cuerpo o incluso manteniendo su carácter militar, crear asociaciones cuyo fin sea negociar las condiciones de trabajo que afectan al Cuerpo de la Guardia Civil? Nada. Por otra parte, rayan en el arcaísmo, son verdaderamente rancias, algunas de las sanciones que se mantienen en su propuesta de texto alternativo, como la de arresto dentro del ámbito disciplinario. Este es un anacronismo que deberíamos remover. ¿Se imagina, señor ministro, que se arreste, por ejemplo, a un inspector de Hacienda? Se le podrá suspender de funciones, se le podrá detener si ha cometido un delito, pero no se deberían mantener algunos anacronismos en el ámbito disciplinario, punitivo que son de naturaleza manifiestamente preconstitucional, porque hay prolija jurisprudencia constitucional que lo impide.
La identificación de la prohibición de acciones de naturaleza sindical, directa o indirectamente sindical, requiere una aclaración. Se van a crear asociaciones para que los guardias civiles puedan negociar sus condiciones de trabajo, aquellas atinentes a sus retribuciones, a su jornada, a sus condiciones en relación con las previsiones de seguridad e higiene en el trabajo. Desde esa perspectiva no utilicemos expresiones metajurídicas inseguras jurídicamente que, por tanto, contravienen los requerimientos del artículo 9 de la Constitución y que pueden acarrear consecuencias disciplinarias mediante expedientes o sanciones que derivarían en nulos. Por último, hablando de deberes, señor ministro, no puedo evitar realizar una petición a los miembros de las asociaciones de la Guardia Civil que están presentes aquí -acabo con esto, señor presidente-. Desafortunadamente, este año hemos conocido un informe, bien documentado, de Amnistía Internacional en el que se denuncia la existencia de tratos degradantes, malos tratos e incluso la práctica de torturas, fáciles de erradicar con una legislación antiterrorista que debería ser objeto de revisión desde una perspectiva de puridad democrática, de principios. De ahí yo diría, sobre todo a los funcionarios, que la credibilidad de un cuerpo también se caracteriza por la probidad en el ejercicio de sus funciones, porque los malos tratos, las torturas, los tratos degradantes en los cuarteles de la Guardia Civil, en las comisarías de Policía, en cualquier ámbito en el que estos malos tratos degradantes, o en su caso torturas, se puedan producir, deslegitiman la credibilidad, crean problemas de credibilidad. Esta es una invocación en el ámbito de los deberes que todos los partidos democráticos aquí presentes tenemos la obligación moral y ética de hacer.
Señor ministro, por las dudas que le he comentado, dados esos atavismos que ustedes mantienen -algún día algún ministro me sabrá explicar por qué es necesario mantener el carácter militar de la Guardia Civil-, vamos a luchar por que las condiciones del Cuerpo de la Guardia Civil se ajusten a los requerimientos del siglo XXI, porque buena falta nos hace.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Señor presidente, señorías, procuraré ser breve.
Dicho de manera resumida: el proyecto del Gobierno no llega, pero su enmienda no va en el sentido ni en la dirección que debe ir un cuerpo policial del siglo XXI y en el contexto socioeconómico en el que nos movemos, que es el de Europa. Son saltos, pasos que se han dado de una manera muy tímida, pero que significan un avance interesante que nos permite y permitirá mejorar en el trámite parlamentario el proyecto del Gobierno, que ya digo que se queda muy corto, pero el de ustedes, el del Grupo Popular, ni llega a plantear algunos de los aspectos fundamentales para una policía europea y del siglo XXI.
A nadie se le escapa que el modelo policial de Esquerra Republicana pasa efectivamente por la unificación de los cuerpos policiales y la creación de una única policial estatal que efectiva y operativamente se coordine con las policías autonómicas y con las policías locales, para que paralelamente se haga toda una distribución de competencias y tipificación de delitos en función de los cuales debería actuar uno y otro cuerpo policial, y no como pasa en estos momentos, que dependiendo de la zona, el sitio o el lugar donde se produce un determinado delito tiene que actuar una u otra policía, lo que lleva a una confusión absolutamente absurda respecto a la actuación de los propios cuerpos judiciales, y con ello se resta una infinita capacidad de eficacia a
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los cuerpos policiales que no dependen en ningún caso de su actividad sino seguramente de su estructuración y de su organización. En el contexto en el que vivimos, una policía unificada, única en el ámbito estatal, daría mayor eficacia a las actividades y a los operativos de los cuerpos policiales. En estos momentos todo aquello que no vaya en la dirección de unificar la información y la jerarquía en la toma de decisiones de un único cuerpo de Policía no es factible, no mejora, por lo que es evidente para Esquerra -nunca lo hemos escondido- que la desmilitarización de la Guardia Civil es uno de los primeros objetivos para conseguir posteriormente una policía única y unificada en todo el ámbito estatal.
El proyecto del Gobierno apunta a unos ámbitos determinados en los que la jurisdicción militar es aplicable: en aquellas actividades y en aquellos operativos que efectivamente tienen una naturaleza militar y en los que debe mantenerse esa jurisdicción militar; pero saca justamente de ella algunos aspectos que se refieren a las actuaciones de la Guardia Civil en sus funciones estrictamente policiales. Es justo mejorar las condiciones de vida y laborales de los miembros de la Guardia Civil, y es lo que se requiere para una policía que tiene que responder no a unos criterios ideológicos ni de defensa de nada sino de operatividad, de eficacia; tenemos que garantizar no solo el honor o la honorabilidad sino también unas condiciones de vida materiales acordes con la situación y con el contexto socioeconómico en el que se mueve el Estado español. Era necesario dar este paso -aunque es corto- para lo que debe ser una policía homologable al resto de las policías europeas y justamente en el contexto europeo. Ya digo que el proyecto del Gobierno avanza, aunque no llega a lo deseado, pero el de ustedes ni se mueve, por tanto vamos a votar en contra de su enmienda a la totalidad.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.
Por Convergència i Unió, señor Maldonado.
Señor ministro, señorías, comparezco en nombre de Convergència i Unió para posicionarnos ante la enmienda de totalidad y para hacer una pequeña valoración de este proyecto de Ley sobre derechos y deberes de la Guardia Civil. Como el debate se inicia ahora, no profundizaremos -se ha dicho por más de un portavoz- porque nueve minutos no dan para abordar a fondo la ley, aunque manifestaremos cómo ve Convergència i Unió esta ley y estos procesos en los que está inmerso el Gobierno y el ministro del Interior. Es bueno adecuar la Guardia Civil a los tiempos actuales, había que hacerlo, por tanto aplaudimos que se haga. Esta ley -palabras textuales del ministro- se propone adecuar la Guardia Civil a la actualidad; es verdad, como lo es que el ejército ha tenido un proceso parecido durante la primera parte de la legislatura. Con el ministro Bono se iniciaron procesos legislativos como el de tropa y marinería, el de la carrera militar, etcétera y ahora el Ministerio del Interior está llevando a cabo también este proceso de adaptación jurídica, de adaptación normativa para dar instrumentos a la Guardia Civil, no sé si por la llegada del nuevo ministro Rubalcaba o por el time previsto por el Gobierno socialista. Esperemos que antes de acabar el periodo legislativo estas leyes estén aprobadas y se dote a la Guardia Civil de instrumentos de funcionamiento interno, de respeto democrático y, cómo no, de más libertades y derechos según los deberes que tiene este cuerpo. El señor ministro ha dicho que con la presentación de esta ley orgánica se cumplían tres objetivos que eran: dotar a la Guardia Civil de un estatuto regulador, disponer de una regulación y regular el derecho de asociación de la Guardia Civil.
No voy a ser negativo acerca de la redacción. La ley nos parece necesaria, está bien que se haya presentado, la valoramos positivamente, vamos a apoyarla y no entendemos la enmienda a la totalidad del Grupo Popular. El portavoz del Bloque Galego ha dicho que parece que estamos en una situación en la cual hay alguien que intenta ser el más simpático ante la Guardia Civil. Yo también saludo a las asociaciones de la Guardia Civil presentes y les agradezco su lucha por democratizar el cuerpo, tan necesario en la historia de la Guardia Civil, pero mi grupo no intentará ser el más simpático, porque este es un debate parlamentario y no se trata de hacer glosas. En su intervención la siempre brillante parlamentaria popular ha hecho una glosa en una ley de derechos y deberes en la que ha llegado a hablar de la unidad de España, de la unidad de España como el único garante de la Guardia Civil. No sé si esta ley da para interpretar la unidad de España, pero yo estaba un poco asustado por si acabábamos hablando de una grande y libre -he visto que no-, ya que es preocupante que tratando de derechos y deberes se hable de una España unida, cuando estamos en una España en la que precisamente se va hacia otros derroteros: la España de las autonomías, en la cual hay otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, hay cuerpos autonómicos.
Estamos viendo cómo se coordinan las actuaciones y se respetan las competencias. Quizá este era un intento de caer simpático, pero nosotros queremos facilitar la labor reguladora del Gobierno, y lo vamos a hacer.
Nos ha gustado el final del ministro, que ha dicho: Texto abierto, esperamos aportaciones. Las haremos, porque más que debatir la ley hoy aquí lo que tenemos que hacer es valorarla. Nos agrada que sea un texto abierto, ya que quiere decir que hay voluntad de consenso político, y por nuestra parte lo tendrá. Si va por la línea que usted dice, señor ministro, tendrá nuestra colaboración; en caso contrario, la aprobará el Gobierno sin duda con los apoyos que hagan falta, pero nos parece bien que usted haya iniciado este camino, que es tímido, quizá poco ambicioso.
Sabemos que el Gobierno tiene cortapisas y condicionantes, pero es una oportunidad, quizá única, con un gobierno de izquierdas en España, para llevar a cabo un proceso de democratización de la
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Guardia Civil mucho más amplio y ambicioso. No es que este sea malo, es positivo y con él se avanza. ¿Podría ser más ambicioso? Sin duda, siempre. Comentaba con un diputado socialista cercano a mi escaño que veremos si en el trámite parlamentario iniciamos un debate en el que se aporte más ambición y el Gobierno escuche. Convergència i Unió le pide, más que generosidad, ambición, ambición, entre comillas, democratizadora.
Hay algunos aspectos de la ley que nos preocupan, pero los enmendaremos en el trámite parlamentario. Nos preocupa que la Guardia Civil no se pueda manifestar; que no se pueda manifestar uniformada y con el arma reglamentaria es lógico por el carácter que tiene, pero sin el uniforme un guardia civil ha de tener libertad para poder manifestarse dentro de un marco. Señor ministro, ¿en una manifestación en defensa de la democracia, de la libertad o de conceptos básicos como el de la familia un guardia civil no puede manifestarse? Yo creo que sí; esto lo vamos a regular. Esta es una ley de derechos y deberes, cuyo punto 3 habla de regular el derecho de asociación de la Guardia Civil, pero, si este derecho de asociación está tan coartado como para tener que pedir permiso previo para reunirse dentro de dependencias, es entrar en el detalle. La Guardia Civil ha de poder reunirse en dependencias con toda libertad -estamos en un país democrático en el que no tiene que haber cortapisas de este tipo-, así como ha de tener derecho al desplazamiento. Yo he hablado con alguna asociación y me han hecho llegar estas preocupaciones, que requieren un debate en la Comisión, que requieren una ampliación de objetivos porque, si no, será una ley que puede quedar corta. Es una oportunidad histórica, porque no sabemos cuándo volverá a haber otro gobierno sensible, concienciado, con voluntad de dar derechos y deberes a la Guardia Civil; si hoy no lo hacemos perdemos esta oportunidad histórica. La Guardia Civil ha de poder asociarse, reunirse, desplazarse, manifestarse, porque es un cuerpo que tiene que eliminar anacronismos históricos. La Guardia Civil viene de un oscuro pasado de franquismo y de etapas anteriores, en el que ha tenido muchos problemas internos, muchas privaciones, muchas sanciones, muchas faltas de libertades, pero ahora el cuerpo pide democratizarse y una libertad de acción y de funcionamiento, y dentro de su marco se le tiene que dar como cuerpo de seguridad del Estado.
Nuestro resumen es sí a la ley, la valoramos positivamente, pero ha de ser un poco más ambiciosa y tiene que avanzar en aspectos relacionados con el asociacionismo. Nuestro grupo estará en su debate para mejorar la ley, para aportar y para dar un instrumento a la Guardia Civil. No olvidemos que pronto debatiremos aquí el régimen disciplinario, que es un régimen sancionador; si aquí no dejamos esta base bien colocada nos encontraremos con que la Guardia Civil en la segunda fase, con la nueva ley de régimen disciplinario, puede tener unas sanciones que no permitan el normal funcionamiento y la vida democrática en el interior de este cuerpo.
Grupo Socialista, señor Martínez Sanjuán.
Señoras y señores diputados, permítanme que mis primeras palabras sean de satisfacción por defender un proyecto histórico del Gobierno, necesario, claramente aperturista, respuesta fiel a un compromiso electoral -lo dijimos y lo cumplimos-, demandado por los guardias civiles, a los que quiero agradecer el esfuerzo, la actitud, la paciencia y el sacrificio a lo largo de tantos años para empezar a debatir un proyecto necesario para la Guardia Civil y sus miembros. Es un proyecto pactado, dialogado, que ha causado satisfacción en el sector, y tengo diferentes circulares tanto de oficiales como de asociaciones que representan mayoritariamente a los miembros del cuerpo de la Guardia Civil. Como decía, quiero manifestar mi satisfacción por defender un proyecto de ley en el que he creído siempre personal y políticamente. Quiero agradecer al Grupo Parlamentario Socialista la posibilidad que me ha brindado de defender este proyecto, especialmente a su portavoz, don Antonio Hernando, que me ha permitido hacerlo. Este proyecto, como decía el ministro, no es aislado; forma parte de un paquete que incluye el régimen disciplinario y un conjunto de importantes medidas que se han venido tomando a lo largo de esta legislatura, coherentes con lo que hemos pensado siempre de la Guardia Civil y con lo que dijimos en nuestro programa electoral respecto al presente y futuro de la Guardia Civil. Es un proyecto que se enmarca en el régimen disciplinario y en una serie de importantes medidas de carácter práctico, de carácter reglamentario y de carácter legislativo que ha tomado este Gobierno en materia de equiparación de salarios, regulación de jornadas, vacaciones, plantillas, aumento de las mismas, mejora de la productividad y de la coordinación; siempre hemos pensado -este Gobierno siempre ha sido su adalid- y hemos apostado por una Guardia Civil más preparada, con más medios, más eficaz, más policial, con más derechos y más democrática. Además hoy tenemos una Guardia Civil que, como todos los grupos parlamentarios han reconocido, es distinta, más profesional, más internacional, presente en diferentes países y que se ocupa de múltiples y diversos temas cada vez más especializados, con nueva savia, con más profesionalidad, con más tecnificación, con más estudios; tenemos una Guardia Civil cada vez más preparada, más parecida a la propia sociedad española. Si la sociedad ha cambiado y es exigente con sus derechos y con sus obligaciones, debe aplicarse el mismo planteamiento a la Guardia Civil. Este proyecto constituye un auténtico estatuto regulador - no lo había- de la Guardia Civil, superando no solo los amplios vacíos en materia de derechos y deberes, sino unificando las escasas disposiciones dispersas existentes. Se introduce por fin -digo por fin-, como consecuencia de la necesidad
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y de las justas reivindicaciones de los guardias civiles y en línea con otros países, como Francia, Holanda, o como en otros regímenes con carácter especial como jueces, magistrados o fiscales, el derecho de asociación profesional como un derecho fundamental. Se aborda por fin la regulación de los derechos fundamentales y de las libertades públicas reconocidas para los ciudadanos en la Constitución española. Se reconoce a los guardias civiles estos derechos con las menores limitaciones posibles derivadas del carácter y de las funciones específicas que las leyes asignan a la Guardia Civil y que nosotros no cambiamos, como algunos grupos han venido diciendo que queríamos hacer. Se permitirá la creación de asociaciones profesionales basadas en la promoción y defensa de sus intereses profesionales. Se constituirán como asociaciones, sin fines de lucro, que podrán desarrollar todas las funciones intrínsecas a su misión y tendrán un papel fundamental en ese futuro consejo de la Guardia Civil en todas las cuestiones que les afectan. Este proyecto además reconoce una serie de derechos y deberes importantísimos, como el derecho a la igualdad, a la libertad personal, a la intimidad, a la libertad de desplazamiento y circulación, a la libertad de expresión y de información, y a la de reunión y manifestación, entre otros.
Lo dijimos en la oposición, lo dijo concreta y brillantemente en muchas intervenciones mi compañero don Victorino Mayoral en la anterior legislatura, y planteamos lo mismo ahora, porque somos coherentes con nuestra palabra, con nuestro programa electoral y con la Guardia Civil.
No tengo tiempo para recordar las cosas que expusimos, pero dijimos lo mismo en la oposición, en el programa electoral y ahora. Otros no reconocieron los derechos y los deberes cuando tuvieron responsabilidades de Gobierno, no lo dijeron en el programa electoral y ahora dicen que tienen un texto alternativo y un modelo distinto al que presenta el Gobierno.
Es verdad que el Grupo Parlamentario Popular nos presenta su alternativa, quizá muy coherente con la visión del Partido Popular respecto a la Guardia Civil, a su carácter y -entre comillas- más marcadamente militar, a la luz de lo que se ha dicho, de lo que se piensa y de las enmiendas que han presentado a la Ley de régimen disciplinario de la Guardia Civil.
Tengo la sensación de que es un quiero pero no puedo, o no sé si no quiero pero no tengo más remedio que aceptar un régimen como el que ha presentado el Gobierno. La alternativa que presenta el Grupo Parlamentario Popular me parece que tiene un grado de desconfianza hacia el proyecto de ley, hacia los derechos y deberes, y es excesivamente reglamentista. Señora Sánchez-Camacho, a pesar de las genialidades que han introducido con carácter específico en algunas enmiendas, que podríamos calificar de parciales, no se justifica la presentación de un texto alternativo, porque reconocerán conmigo -lo han dicho otros grupos parlamentarios- que su texto es en más del 75 por ciento -diría más del 80 por ciento- una fotocopia del texto del Gobierno, con algunas, es verdad, genialidades que han incorporado. Así que no es un texto alternativo que necesiten los guardias civiles, quienes han dicho algunas perlas dialécticas respecto al mismo que yo no reproduciré ahora. Desde la exposición de motivos el texto del Partido Popular está orientado a recalcar una cierta limitación de derechos. Hay una especie de filosofía intrínseca que luego se va extendiendo por todos los artículos que ustedes han presentado. Por ejemplo, en el artículo 5, donde se dice previniendo de un posible abuso en el ejercicio fraudulento de los derechos excluidos de los guardias civiles, se da la sensación de una cierta desconfianza hacia las asociaciones y hacia sus dirigentes, tengo que reconocerlo. Da la sensación de que se ponen una venda antes de la herida. No entendemos esta filosofía. En el artículo 6, relativo al derecho a la igualdad -recuerdo el debate parlamentario que tuvimos con relación a la Ley de Igualdad-, ¿por qué quieren evitar y quitar del proyecto de ley del Gobierno que el Gobierno promoverá la igualdad real entre hombres y mujeres también en la Guardia Civil? ¿Por qué no les gusta que se promueva la igualdad, además de escribirlo de alguna manera? Hay una cierta desconfianza hacia el asociacionismo, hacia la igualdad y hacia los derechos y un permanente ritornelo a esas referencias permanentes al tema de lo de ni ser militares de carrera, para ir poco a poco recortando derechos en la línea de lo que han hecho con la Ley de Régimen Disciplinario. No hace falta ir poniendo toda especie de cautelas al respecto, todos esos artículos tan reglamentaristas que no se justifican en una ley orgánica en materia de régimen de horarios, de vacaciones, de vivienda, en cuanto a composición exacta y estricta de cómo tienen que ser las elecciones del Consejo de Personal de la Guardia Civil, de si tiene que haber suplentes, de si las listas tienen que ser abiertas. Dejen que todo eso se regule, se pacte y se acuerde con el asociacionismo, que empieza y está funcionando ya en la sociedad y al que queremos dar carta de naturaleza. No seamos tan desconfiados y dejemos que el asociacionismo, que tiene madurez, que tiene responsabilidad, sea capaz de negociar y de acordar el futuro del mismo y no tengamos que ir poniéndolo en un proyecto de ley como pretenden ustedes. Pero lo más preocupante -se lo digo en serio- es esa desconfianza en relación con el Consejo de la Guardia Civil. Para ustedes no es un consejo de verdad, no es un consejo autónomo, no es un consejo de personas mayores. Da la sensación de que al poner de nuevo que es un consejo asesor de la dirección no lo ven como un papel propio. Quieren volver otra vez a un periclitado y fracasado modelo anterior del Gobierno del Partido Popular, en el que en las últimas elecciones al Consejo de Personal de la Guardia Civil solo hubo una participación democrática de los guardias civiles del 1,6 por ciento, es decir fue el fracaso. Nosotros queremos dar un nuevo impulso a este modelo. Tengo la sensación de que su modelo es paternalista y, en cierto modo, inmovilista.
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Les pediría que si están tan de acuerdo con el modelo que ha presentado el Gobierno retiren el proyecto de ley alternativo, primero por coherencia con el pasado. Cuando nosotros les pedíamos derecho al asociacionismo, porque ustedes no lo hacían, ustedes decían: no, dejen al Gobierno que sea el que impulse el proyecto. Pues ahora les pedimos lo mismo: dejen que el Gobierno impulse el proyecto y tramitemos el proyecto del Gobierno, no el suyo. Por coherencia con lo que están pensando los guardias civiles, con los que se ha hablado y a los que les gusta el proyecto, que se puede mejorar o se puede modificar. Y le voy a dar una última razón: si se aprobara el proyecto de ley alternativo de ustedes empezaríamos de cero el proyecto y el trámite parlamentario y saben que no tendríamos tiempo para concluir la finalización del mismo. Es decir, terminaríamos el periodo de sesiones ordinario sin poder aprobar este proyecto de ley al tener que empezar de cero si se aprobara su proyecto alternativo. Aunque solo sea por esa razón, por que la Guardia Civil tenga un régimen de derechos y deberes, le voy a pedir, señora Sánchez-Camacho, a la vez que le tiendo la mano, como lo ha hecho el ministro para discutir las enmiendas parciales, que retire su texto alternativo.
- SOLICITUD, FORMULADA POR OCHENTA DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA DETERMINAR LAS PRESUNTAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DEL GOBIERNO EN TODO LO CONCERNIENTE A LAS OPAS SOBRE ENDESA. (Número de expediente 156/000016.)
El señor PRESIDENTE: Punto VII del orden del día: Solicitud de creación de comisiones de investigación. Solicitud formulada por ochenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de creación de una comisión de investigación para determinar las presuntas responsabilidades políticas del Gobierno en todo lo concerniente a las opas sobre Endesa.
Tiene la palabra, para defender la propuesta, el señor Martínez-Pujalte, por un tiempo de quince minutos.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, señorías: se establecerá una nueva regulación de las comisiones de investigación facilitando su creación a instancia de la oposición y garantizando su acceso a toda la documentación pública o privada necesaria para la investigación. Esto que he leído está en el programa electoral del PSOE: se facilitará la creación de la Comisión de investigación. En esta legislatura se ha dicho que no a debatir la Comisión de investigación por los incendios de Guadalajara; en esta legislatura el PSOE no ha querido ni que se debata la creación de una comisión de investigación, por lo sucedido con el helicóptero español en Afganistán con varios muertos; en esta legislatura el PSOE ha impedido que se debata la creación de una comisión de investigación por la detención ilegal de dos militantes del Partido Popular, por la que, por cierto, fueron condenados los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El Partido Socialista no cumple con lo que dijo de facilitar la creación de la Comisión de investigación. Hoy estamos debatiendo esta porque el Grupo Socialista no lo pudo impedir en la Junta de Portavoces, porque los grupos minoritarios le decían que ya estaba bien, que llevaba meses pedida y el PSOE no aceptaba no ya su creación, como dice su programa electoral, ni siquiera su debate.
Además, se ha solicitado la comparecencia del presidente del Gobierno sobre este tema, y la respuesta del Grupo Socialista ha sido: no. Se ha solicitado que compareciera ese genio electoral que han inventado, el señor Sebastián, que ni siquiera va a tomar posesión como concejal, y el Grupo Socialista ha dicho: no. Se ha solicitado que compareciera el director actual de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, señor Taguas, y el Grupo Socialista ha dicho: no. Se ha solicitado una comparecencia específica del vicepresidente económico del Gobierno, y el Grupo Socialista ha dicho: no. Se ha solicitado la comparecencia del señor Arenillas, y no la han admitido ni a trámite, ni a trámite.
Señorías, esa es la transparencia, la facilidad para la creación de comisiones de investigación que preconizaba en su programa electoral el PSOE. Ese es el talante, esa es la transparencia del PSOE, el no permanente a que el Parlamento debata.
Además se han presentado preguntas escritas como: ¿Se reunió el ministro Clos con representantes de ENEL en Moncloa? Y responde el Gobierno: información sometida a restricciones; no se da. ¿Tuvo conocimiento el señor Montilla de la opa? Respuesta: no se puede facilitar esa información. Preguntamos también por la profecía del señor Clos, por ese derroche de intuición que decía el señor Blanco, y la respuesta fue: no hay información. Hoy estamos aquí, señorías, porque de este tema se ha ocupado la Comisión Nacional de Energía en muchas sesiones, se ha ocupado la Comisión Nacional del Mercado de Valores en múltiples sesiones y se han ocupado el Tribunal de Defensa de la Competencia, el Supremo, la Comisión Europea y el Tribunal de Estrasburgo. Ha habido cientos de páginas de periódicos, decenas de editoriales en todos los periódicos, miles de horas de radio, prensa internacional. Ha sido tema de conversación en la calle, accionistas perjudicados o beneficiados, consumidores eléctricos perjudicados o beneficiados. Es un tema que ha estado en la actualidad mediática ya en primera línea durante más de dos años. ¿No debía el PSOE dejar que este tema se debatiera en
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el Parlamento? ¿No cree el PSOE que eso sería hacer lo que ellos decían de recuperar el papel central de las Cortes Generales, especialmente del Congreso, para impulsar su protagonismo en la vida política? ¿No creen que el Parlamento se podía ocupar de este tema? Llámenlo ustedes comisión de investigación, comisión de supervisión, llámenlo como quieran. Pero aquí se han producido interferencias del Gobierno, concesiones a cambio de condonaciones de crédito, presiones a miembros de órganos reguladores, dosieres ocultos, trapicheo con Europa para renunciar a fondos estructurales a cambio de que Europa no se arrogue la competencia en el tema de la opa. Ha habido seguimiento -todo esto es para el vodevil, hoy sale en la prensa y ayer lo reconocía el Gobierno en una pregunta parlamentaria- de guardias civiles a presidentes de empresas privadas implicadas en la opa. Son decisiones que favorecen a unos y que perjudican a otros. Señorías, ¿no creen que el Parlamento se debería de ocupar de esto? ¿No creen que deberíamos dedicarnos también a saber qué ha pasado aquí?
Les propongo tres campos de actuación. Primero, la opa, una opa que nace en septiembre promovida por el Gobierno. El señor Montilla -hoy ausente porque es presidente de la Generalitat de Cataluña- cuando se sentaba en ese escaño la conocía previamente, nunca pudo decir que no la conocía previamente porque así fue, la autorizó y la impulsó. Sea por los mil millones que le condonaron al PSC, sea porque era amigo de no sé quién, pero el señor Montilla la autorizó. Cuando a uno le condonan mil millones de pesetas para su partido tiene más incentivo para autorizar una operación, engrasa mejor la toma de decisión por lo menos, y aceptó los mil millones y dio la concesión. Desde ese momento en que se acepta por el Gobierno una opa hostil en un sector estratégico, cosa que no sucede en ningún país occidental, el Gobierno empieza a favorecer a una empresa determinada. Facilita las decisiones con tal magnitud que presiona a la Comisión Nacional de Energía y el ministro dice que 21 euros es un precio extraordinario, que los accionistas debían sentirse halagados por la oferta que les hace. Pero el Gobierno llega a más: como Bruselas dijo que ese tema era competencia suya, se trajeron a Durão Barroso en un avión privado -de estos que la ministra Calvo dice que son muy incómodos, pero que a ella le gustan aunque sean incómodos, les gusta a todo el Gobierno, más de mil viajes- del Ejército español, no en una línea regular, y negocian con él que no asuma las competencias a cambio de perder fondos estructurales para facilitar la opa. Luego las autoridades españolas sobre competencia dicen que no, dicen que no se autorice la opa. ¿Qué hace el Gobierno? Lo contrario, autorizarla. Cuando ya se ha autorizado la opa, como cuando empieza una opa se sabe el inicio pero no el final, viene otra empresa. Después de brindar el presidente con cava catalán con esa otra empresa, le engaña el del cava catalán y se pone a hablar con los alemanes que, por cierto, le empiezan a quebrar las piernas y aprueban un decreto con carácter retroactivo, que se lo retira Bruselas.
Le ponen unas condiciones que Bruselas les hace retirar. En eso ya aparece el genio de La Moncloa, la Oficina Económica, esos brókeres de Intermoney metidos a políticos sin respaldo popular porque no les vota nadie, y trae a una empresa italiana de la mano, a la que sí le facilitan la operación.
¿Ustedes no creen que esto es un vodevil, con decisiones equivocadas, con el señor Conthe diciendo que se ha perjudicado a unos y beneficiado a otros, que el que actúa fuera de la ley es el que tiene mayor beneficio, que el que no hace la opa tiene beneficio, que cuando hay una opa en marcha hay otros señores que dicen al mercado que van a comprar financieramente una participación para no hacer opa, y luego hacen una opa, y el señor Conthe dice que ahí hay un fraude y una decisión equivocada de la CNMV? ¿Ustedes no creen que esto lo tiene que investigar el Parlamento? ¿Ustedes no creen que el Parlamento se debería interesar por lo sucedido? ¿De verdad no creen que el Parlamento, para mejorar la credibilidad de las instituciones, debería preocuparse de lo sucedido e intentar saber qué ha pasado? ¿No creen que en cualquier país civilizado el Parlamento se ocuparía de estos temas, que están en la prensa, que están en las emisoras de radio, que están en los medios de comunicación, que están en las tertulias de la calle? ¿No creen ustedes que cuando la prensa internacional está hablando de credibilidad nosotros deberíamos ocuparnos?
Además hay un segundo capítulo, que es el de la CNMV. El señor Conthe dice en unas declaraciones: aquí hay una cucaracha -una actuación irregular-, y eso quiere decir que hay más cucarachas, más actuaciones irregulares.
Eso es lo que dice el señor Conthe, nombrado por ustedes, secretario de Estado con el PSOE, nombrado presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por el Gobierno socialista ante sí y para sí. Y dice: la decisión que se tomó el 2 de abril fue una decisión equivocada. Dice exactamente: parece claro que aquella decisión entrañaba un potencial conflicto entre lo que quería el Gobierno y lo que era el marco regulatorio.
Señorías, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha actuado de parte, bajo presiones del Gobierno que ha reconocido hasta el actual presidente, señor Segura, que dice que le llamaron de la Oficina del presidente del Gobierno. ¿Creen ustedes que la Oficina del presidente del Gobierno -desde luego no se ajusta a lo que leyó ayer el señor Solbes- está creada para llamar a órganos supervisores y órganos reguladores para presionarles en aquello que tienen que votar, a favor de unas empresas y en contra de otras? Pero, ¿es que creen ustedes que eso es racional? ¿Creen ustedes que no se debe investigar el tráfico de influencias del vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, al que el señor Conthe acusa (sic), textual: correa de transmisión de las presiones recibidas por Moncloa? ¿Creen que no hay que investigarlo? ¿Creen que no hay que investigar al señor Arenillas? Dice el señor Solbes
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que una cena de 250.000 pesetas para dos es normal, pero para mí no es normal. Yo no sé cuántos del Grupo Socialista han tomado una cena para dos de 250.000 pesetas, pero para el señor Solbes es normal. (El señor Villarrubia Mediavilla pronuncia palabras que no se perciben.) Y además es normal que después de esa cena, -con un vino de más de 100.000- contraten al hermano del señor Arenillas, y luego el señor Arenillas -en un gesto que no tiene nada que ver con la contratación de su hermano ni con la cena de 250.000 pesetas- presiona en la CNMV para que en un tiempo récord inscriban un fondo de inversión del señor que le invita a la cena, cuando otras inscripciones se están retrasando. Pero no tenía nada que ver; la cena y la contratación de su hermano no tienen nada que ver con lo otro. No son causalidades; para el Grupo Socialista son casualidades.
Primero la cena, luego la contratación del hermano y después la inscripción del fondo, pero todo es casual porque fue a cenar como cena todo el mundo todas las noches, por 250.000 pesetas, luego contratan al hermano y después inscriben el fondo donde él les dice; pero, señorías, no hay nada que investigar, no hay nada que investigar. ¿No creen que el Parlamento se debería ocupar de este tema?
Hay un tercer capítulo, que es la Oficina del presidente del Gobierno.
Ayer, el señor Solbes nos leyó un artículo en el que se dice que se dedica a hacer informes. Efectivamente, se dedica a hacer informes contra personas privadas -o si no los hace, los recibe y los tramita-; se dedica a convocar reuniones los sábados por la noche en la casa del vicepresidente de la CNMV, citando al presidente, para llevarles un dosier para desestabilizar a una entidad financiera y poner a un amigo del PSOE al frente del banco, pero eso tampoco hay que investigarlo.
Tampoco hay que investigar que la Oficina Económica del presidente del Gobierno parezca un bróker financiero dirigido por Intermoney, donde se compran acciones, se venden acciones, se presiona a órganos reguladores, se deja de presionar a órganos reguladores. Lo reconocen los señores del PSOE.
Señorías, me estoy pasando del tiempo y el presidente ya me ha hecho una indicación. Hay motivos suficientes para que este Parlamento se ocupe de este tema con profundidad. Nosotros no decimos ni presumimos nada; los órganos jurisdiccionales tienen que estudiar las ilegalidades y las responsabilidades judiciales. Hemos ido a los órganos jurisdiccionales, y además con orgullo, porque cuando uno tiene presunción de un delito, va a los jueces, pero aquí pedimos responsabilidad política. Ustedes pueden votar que no, pueden votar por la opacidad, pueden votar por la falta de transparencia, pueden votar por ocultar, por engañar, por intentar desviar la atención, pero yo les digo: ustedes pueden votar que no, pero a mí y a este grupo no nos van a callar. Vamos a seguir investigando y, desde luego, me comprometo a que en marzo -porque lo que valen son las elecciones y no las encuestas del CIS porque, si no, Sebastián sería alcalde de Madrid y parece que no va a ser ni concejal-, cuando ganemos, vamos a darle transparencia a este caso y se va a saber todo, porque es lo que conviene a la credibilidad del sistema financiero español.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar el turno en contra? (Pausa.) No siendo así, fijación de posiciones. Grupo Mixto. Adelante, señor Rodríguez.
Nos gustaría empezar, en representación del Bloque Nacionalista Galego, haciendo algunas consideraciones que pueden explicar nuestra actitud en relación con la propuesta del Partido Popular. La primera es que nosotros tenemos claro que concebir la economía, sobre todo la gran economía, al margen del poder político es la peor forma de hacer política, porque quiere dejar en una especie de nimbo neutral y justo el funcionamiento de lo que está determinado por unos intereses normalmente de carácter oligopólico. Desgraciadamente, todo este vodevil -como lo llamó el señor Pujalte- se está produciendo en relación con sectores estratégicos de la economía del Estado español, en particular el sector energético, que todos recordamos que es un sector que estuvo en algún momento estatalizado, por lo menos en parte, y hoy está totalmente privatizado, a través de procesos no precisamente beatíficos ni santos, en particular el caso de Endesa. No se puede negar que al frente de Endesa se pusieron personajes conspicuos que estaban en confesionalidad directa ya no con el Partido Popular, sino con el aznarismo.
En segundo lugar, pensamos que sería una especie de ingenuidad acreditar que los órganos reguladores, en una etapa especialmente convulsiva de la transnacionalización, también van a ser órganos neutrales; por lo demás, están constituidos por miembros del Partido Popular o al servicio del Partido Popular o del PSOE, mayoritariamente. Sería bueno que incluso en una democracia como la nuestra estos órganos reguladores funcionasen por lo menos con el rigor debido y con una formalidad o un formalismo externo de neutralidad, pero en los tiempos, en las sociedades en que vivimos no provocan precisamente el saber estar, el saber hacer a pesar de que uno pueda tener sus tendencias ideológicas. No es notorio solamente en los órganos reguladores, sino que se nota también en la Administración de Justicia, que es bastante más preocupante.
En tercer lugar, no vamos a negar que hubo una guerra político-económica, que, por cierto, fue canalizada al final con unas banderas de paz entre aquellos que sí tienen intereses económicos. El resultado final es un acuerdo de caballeros, con lo cual no sé qué pintamos nosotros en esta guerra, por lo menos el Bloque Nacionalista Galego. No pintamos nada y, como no pintamos nada, no vamos a participar en ella. Además queremos decirles a los señores del Partido Popular que debía ser
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una tranquilidad para ellos contar nada menos que con la ponderación o la frialdad del señor Solbes, ministro que se preocupa de aplicar los designios de la política que manda la OCDE y que es profundamente europeísta y partidario del respeto por las instituciones europeas -que, por cierto, funcionan también con muy poca neutralidad-. Les recuerdo que no hay ningún Estado de la Unión Europea que no haya tenido algún conflicto en concreto con la Comisión de la competencia, porque es lo normal si uno tiene un diseño político acertado o desacertado, interesado o no interesado en relación con su propio país. Por tanto, no creo que estas convulsiones, aunque aquí se den con algunos ribetes esperpénticos, no se produzcan a escala europea.
El intervencionismo de los poderes públicos es evidente: la señora Merkel no estuvo neutral en relación con E.ON, el señor Prodi tampoco en relación con ENEL, Francia no lo es con su sector estratégico y opina y participa -vaya si participa- e incluso las últimas elecciones en Francia han demostrado que los franceses, acertada o desacertadamente, quieren políticos que defiendan lo que ellos consideran el interés de Francia, y está dispuesta a influir de una manera decisiva en un diseño de la Unión Europea que garantice la presencia preponderante del Estado francés. El mal, por lo tanto, está en el papel descontrolado de la transnacionalización y también, en cierta manera, en que el vodevil político en el Estado español forma parte de una tensión bipartidista -que a la luz está- que caracterizó toda esta legislatura.
Por último, nos gustaría decir, señor presidente, que nosotros abogamos por unas relaciones del poder político con el poder económico intentando por parte del poder político que el poder económico sirva o, por lo menos, respete los intereses de las mayorías. No vamos a creer que el interés del Partido Popular es para beneficiar a los pequeños accionistas o a los consumidores, y estamos de acuerdo en que si hay síntomas de actividades delictivas, está bien llevarlas al juzgado -ya nos advirtieron que lo habían hecho, nosotros no tenemos nada contra eso-, pero una comisión de este tipo en el Congreso de los Diputados iba a provocar más debate liorta, bipartidista y confusionismo, desprecio por la política, no salir del vodevil y no aclarar nada. Por tanto, no vamos a participar en ese aquelarre que caracterizó la intervención del señor Pujalte, con alusiones oportunas a los gastos en ocio y lujo, que no sé si son o no ciertos. En todo caso, si el gran argumento final va a ser precisamente poner en tela de juicio el comportamiento personal de mucha gente por datos de ese tipo, ya saben que se puede proyectar inmediatamente contra todo el mundo, sea o no cierto. Por tanto, no vamos a contribuir al desprestigio de la política desde nuestro total desacuerdo, desde luego, con el funcionamiento y la estructura económica que hay en el Estado español y también en la Unión Europea.
A lo largo de estos meses hemos asistido al debate de este asunto en los medios informativos, y a debates con determinadas personalidades del Gobierno, empezando por su vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda y terminando con la comparencia en nuestra Comisión parlamentaria de Economía y Hacienda del anterior presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, señor Conthe. Entre ambos extremos de intervenciones y de fechas, el debate mediático, tanto en medios de opinión generalizada como en medios especializados en sistemas económicos y financieros, ha hecho evidente la necesidad de normalizar la legislación. Recordemos que el pasado mes de marzo debatíamos las enmiendas que venían del Senado para modificar la Ley 21/1988 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el fin de adecuarla a las directivas europeas, que tienen que tener un reflejo en nuestra legislación con la trasposición correspondiente. Vimos que era necesaria una clarificación en torno al mercado de las opas. Mi grupo no quiere hacer ningún juicio de valor previo a la situación, pero se han exigido una serie de responsabilidades gubernamentales, así como de la Comisión Nacional de la Energía y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores como órganos reguladores de la actividad financiera, y es necesario velar por el prestigio ante los mercados financieros exteriores de un órgano regulador español de características similares a los de otros países como es la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Mi grupo no hace, como he dicho, un juicio de intenciones o de valores, sino que concede el beneficio de la duda al Gobierno o a cualquiera de estas instituciones comprometidas -Comisión Nacional del Mercado de Valores, Comisión Nacional de la Energía-, porque todo gira alrededor del maremagno informativo que han generado una serie de opas sobre la empresa hidroeléctrica española Endesa, que es objeto en este momento todavía de unas operaciones de adquisición de acciones que están tensionando un principio informativo. No obstante, entendemos que, tal como está planteado este asunto, tiene que haber una actuación de catarsis, de introspección en la Cámara, con la sensatez y prudencia con que estamos tratando aquí el sistema financiero, un bien patrimonial fundamental en todo Estado de derecho, en el que la economía libre de mercado o las instituciones financieras están basadas en un principio de seguridad y legalidad que haga posible esta transparencia. Por tanto, mi grupo no se opone a la creación de una comisión de investigación. Creemos que, llegada la situación adonde ha llegado, hay que crear las condiciones favorables para que el Gobierno y esas instituciones puedan exponer ante una comisión de investigación los pros y los contras, partiendo de que se les
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concede el beneficio de la duda, porque yo no puedo hacer un juicio previo de una actividad dolosa de ninguna persona ni organismo de control público donde hayan podido estar las responsabilidades, en el sector gubernamental oficial, el que es accesible a una comisión de investigación. Mi grupo quiere ser consecuente con lo que figura en las actas de la Junta de Portavoces que dijo este portavoz que les habla: apoyo a la creación de una comisión de investigación para el tema de las opas sobre la empresa Endesa que dé claridad, tranquilidad y seguridad jurídica a todo el proceso. Por tanto, mi grupo votará favorablemente la petición de creación de esta comisión de investigación que ha presentado el señor Martínez-Pujalte.
IU. Señor Llamazares.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y en relación con la propuesta del Grupo Parlamentario Popular de creación de una comisión de investigación, no sé muy bien si en relación con la opa, en relación con la CNMV, en relación con la política energética del Gobierno, en relación con las comidas o en relación con qué en concreto -es una macedonia lo que nos propone hoy el Grupo Parlamentario Popular-, anuncio que no vamos a apoyar esta comisión de investigación. No la vamos a apoyar, en primer lugar, porque no da para tanto como ha dicho el portavoz del Partido Popular. Por mucha retórica que le pongamos a este affaire, no da ni siquiera para una tragedia griega, como mucho da para un melodrama o para una telenovela, en la cual, después de requerimientos apasionados, terminamos en un matrimonio de conveniencia en relación con el futuro de Endesa. Por tanto, no caben tantas alharacas de lo que en nuestra economía es mucho más modesto y no da, repito, para una tragedia griega como ha pretendido el portavoz del Partido Popular.
En segundo lugar, no vamos a aprobar esta iniciativa porque es un monumento a la hipocresía que pretende que la política se ha introducido en una iniciativa de carácter económico por la puerta de atrás y no reconoce que la política ha estado y está en este tipo de iniciativas económicas desde un principio; es decir, la empresa opada, la empresa Endesa tiene un origen en un proceso de privatización político, con una dirección política, y llama la atención que precisamente quien hizo ese proceso político ahora pretenda que la evolución económica de la empresa esté libre de toda sospecha. No hay libertad de toda sospecha en relación con esta materia. Además, como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, nosotros no estamos de acuerdo con esta supuesta asexualidad de la política económica. Da la impresión de que en todo esto ha habido presiones de grupos económicos que no son inconfesables, parece ser que legítimas, y presiones políticas, parece ser que por naturaleza ilegítimas. Creemos que en la opa de Endesa se estaban jugando cuestiones muy importantes para el país: se está jugando algo como es la política económica de una gran empresa, por tanto una parte importante de la economía española en el marco de la Unión Europea; se está jugando también la política energética, y hay intereses energéticos en esta empresa, por ejemplo, la seguridad del suministro, y nadie niega que ahí haya una responsabilidad pública. Nosotros no compartimos esta hipocresía por la cual se viene a decir que hay un intervencionismo político ilegítimo cuando hay probablemente intereses privados muy importantes e intereses públicos, algunas veces sinérgicos y otras en colisión. Vemos de forma mucho más natural las posiciones políticas en esta materia, no diría las intromisiones políticas, sino las legítimas intervenciones políticas en esta materia tanto en política económica como energética. No compartimos esta visión liberal por la cual no debe haber intervención pública en la política económica, pero sí debe haber en este caso una fuerte investigación pública en relación con actos de política económica.
No estamos de acuerdo con esa aparente paradoja y, por tanto, no nos sumamos a este monumento a la hipocresía que es la petición de la comisión de investigación por parte del Partido Popular, cuando la política ha estado en todo esto desde un principio en Endesa, empresa privatizada, y en la política energética que tiene que ver con intereses públicos y, repito, por ejemplo, con la seguridad del suministro, que nadie niega que sea un interés público, donde además se produce la colisión entre el liberalismo que sigue siendo predominante con el actual Gobierno en nuestro país respecto a la política económica, y el ultraliberalismo de la Unión Europea, que en todo esto, tanto en su Comisión de garantía de la competencia como en su política energética, es totalmente ultraliberal al margen de otras consideraciones. Por tanto, la política está en todo esto, nosotros no nos escandalizamos, no somos fariseos y no nos vamos a sumar a esta petición de comisión de investigación porque no queremos sumarnos a un monumento a la hipocresía.
En tercer lugar, tampoco compartimos la visión que traslada el Partido Popular sobre la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre todo porque la Ley de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que ha provocado la situación actual de inestabilidad de la misma, de una cierta situación esperpéntica en determinado momento del presidente de esa comisión, es hija de una ley elaborada por el propio Partido Popular según la cual los miembros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores eran nombrados, como decía el propio Partido Popular, por decisión administrativa del Gobierno y porque, por otra parte, también el presidente y el vicepresidente eran fruto del nombramiento gubernamental.
Por tanto, escandalizarse de que en un nombramiento gubernamental haya directrices desde el Gobierno en el marco de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
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cuando hay miembros del Gobierno en dicha comisión es también un monumento a la hipocresía. Ahora se plantea como solución al problema no solamente la autonomía de los miembros de la comisión -que tienen un fuerte estatuto de autonomía-, sino que el nombramiento del presidente y del vicepresidente y de los miembros del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores tenga que ser un nombramiento parlamentario, y nosotros nos felicitamos de haber convencido al Partido Popular de esa posición -no nos felicitamos de que Partido Socialista haya cambiado de posición-, pero estas cosas no pueden ser fruto de la ley del embudo, es decir que cuando se está en el Gobierno se nombra como da la gana y a quién da la gana y además es legítimo que traslade la posición del Gobierno, pero cuando se está en la oposición que al Gobierno no se le ocurra nombrar a ninguno de los miembros y mucho menos que estos traduzcan la posición del Gobierno. Nos parece que además de monumento a la hipocresía se nos propone una ley del embudo en materia de la CNMV con la que no estamos dispuestos a colaborar.
En cuarto lugar, nuestro grupo parlamentario tiene una crítica política al Gobierno, que no ha mantenido una posición común en política económica, porque parece que hay una política económica en el Ministerio de Economía y otra política económica en el gabinete de Presidencia, y no ha mantenido tampoco una política energética común, sino que a lo largo del proceso ha ido cambiando de política energética para asegurar los intereses públicos de nuestro país en la opa sobre Endesa. También tenemos una crítica política al Gobierno porque no sigue la orientación que había presentado como programa electoral en la campaña para las elecciones generales. Dijo que quería una CNMV nombrada, en sus altos cargos, por parte del Parlamento y ahora cambia de posición y considera desde el Gobierno que es bueno que los nombramientos los realice el Gobierno por razones de coherencia, administrativas o las que sean. En ese sentido tenemos una crítica política, pero que no nos lleva a respaldar una comisión de investigación que consideramos innecesaria.
En quinto lugar y por último, el PP ha decidido trasladar este tema a los tribunales, por lo que parece que la investigación está hecha, que el diagnóstico también está hecho y que la conclusión es definitiva, que es que estamos ante una ilegalidad que merece la pena ser investigada y castigada penalmente por los tribunales, que es lo que ha planteado claramente el Partido Popular. Esa es la orientación del Partido Popular, por lo que creemos que él mismo prescinde de la comisión de investigación. Ya no es un tema de responsabilidad de las administraciones, no es un tema de ilegitimidad o intervencionismo, sino que es una cuestión de ilegalidad, y el Partido Popular lo ha trasladado a los tribunales de Justicia. En definitiva, señorías, no contribuiremos a un monumento a la hipocresía, no contribuiremos a la ley del embudo, no contribuiremos a una investigación que ya está hecha por parte del partido que la traslada a esta Cámara y, por tanto, que instrumentaliza a esta Cámara. Me da la impresión de que vamos a hacer un ejercicio de lo que decía Groucho Marx que era la política -yo digo la mala política-, que es buscar un problema donde no existe o no tiene la dimensión que se dice, hacer un diagnóstico equivocado y proponer una solución errónea. Da la impresión de que estamos ante esto no solo en la opa sobre Endesa sino también en la propuesta de comisión de investigación que nos presenta el Grupo Popular.
Señor Azpiazu, Grupo Vasco.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras y señores diputados, el Grupo Popular trae hoy a esta Cámara una iniciativa más en relación con las opas sobre Endesa. Antes de dimitir, el señor Conthe tuvo ocasión de explicar en la Comisión de Economía y Hacienda los motivos por los que iba a abandonar la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Al respecto señaló en la Comisión que por parte del Gobierno, en concreto de la Oficina Económica de Moncloa, se habían producido presiones sobre algunos miembros de la comisión con el fin de influir en la toma de decisiones del organismo. Entre otras cosas, acusó directamente al señor Arenillas, vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de haberse prestado a dicho juego e incluso solicitó su cese como vicepresidente. A partir de ahí, el Partido Popular, y específicamente su grupo parlamentario en esta Cámara, incorporó a su agenda política tanto el asunto de la CNMV y de las opas sobre Endesa como la existencia de informes en contra de los intereses del hoy presidente del BBVA, Francisco González. Con estos elementos, han sido múltiples las iniciativas planteadas por el Grupo Popular, preguntas, proposiciones no de ley, interpelaciones, mociones, peticiones de comparecencias, y hoy demandan la creación de una comisión de investigación que depure -según consta en el escrito remitido a esta Cámara- responsabilidades políticas y que culmine sus trabajos en el plazo de seis meses, es decir, a la puerta de las elecciones. Sinceramente, señores del Partido Popular, da la sensación de que lo que ustedes buscan es sacar rédito electoral de un debate crispado y mediático con la disculpa de recuperar la credibilidad perdida de la CNMV.
El Grupo Vasco no quiere entrar en ese juego, que no es más que su juego, desde luego no es el nuestro. Por supuesto que nos preocupa la credibilidad y el buen funcionamiento de los órganos reguladores y de los mercados y nos preocupan también los intereses de los ciudadanos que pueden verse perjudicados por el comportamiento de algunos órganos reguladores. Podemos tratar de solventar las deficiencias observadas en estos órganos y en concreto en la CNMV; se puede y se debe
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regular el nombramiento de sus miembros por parte del Congreso de los Diputados, establecer reglas de transparencia y de buen funcionamiento, etcétera, y se puede hacer intentando consensuar una iniciativa parlamentaria con la mayoría de los grupos, pero para ello no es necesario montar una comisión de investigación y hacer mucho ruido, al menos no con la información disponible al día de hoy. En relación con el tema que nos ocupa solo podemos encontrar indicios más o menos fundados o infundados, sospechas y especulación política. Si más adelante estas sospechas se tornaran en pruebas e indicios más firmes podríamos apoyar una iniciativa de estas características, pero estas condiciones, a nuestro juicio, aún no se dan. Con nuestro voto en contra no pretendemos dar cobertura alguna al Gobierno ni ocultar, por supuesto, nada personal porque, como todo el mundo sabe, nunca ha habido nadie del Partido Nacionalista Vasco en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, solo queremos dar rigor y seriedad a la cuestión. Somos conscientes, y así lo hemos manifestado desde nuestro grupo parlamentario, de que la gestión del Gobierno en el tema de las opas a Endesa no ha sido precisamente un ejemplo, y si ha sido ejemplo de algo ha sido de cómo no hacer las cosas.
Hemos criticado el culebrón Gas Natural-Endesa, E.ON-Endesa y finalmente ENEL y Acciona-Endesa, así como el papel jugado incluso por el propio presidente del Gobierno. En un momento determinado parecía que el señor Rodríguez Zapatero y la señora Merkel apostaban por la opa de E.ON y Endesa, mientras que las empresas tomaban sus propias decisiones en función de sus intereses estricta y exclusivamente. Nos daba la sensación de que la política estaba al servicio de los intereses de las grandes empresas y, desde luego, que los intereses económicos primaban sobre los políticos, dejando en mal lugar a estos últimos. El Gobierno debería explicarnos con detalle todo este proceso, a la par que el comportamiento de la Oficina Económica de Moncloa en este asunto. De lo contrario, la sospecha y los malos entendidos van a sobrevolar el tema de la CNMV durante mucho tiempo. Nuestro grupo cree que el Gobierno, y en su nombre el vicepresidente segundo, debería comparecer a petición propia para informar exhaustivamente sobre lo acontecido. El Gobierno debe ofrecer datos y argumentos sólidos que ahuyenten la especulación política, es su responsabilidad y esperamos que, ahora que han pasado las elecciones, lo hagan a la mayor brevedad posible.
En coherencia con lo planteado, el Grupo Vasco va a votar en contra de la creación de la comisión de investigación porque creemos que forma parte de la instrumentalización partidaria que el Grupo Popular está haciendo del tema de la CNMV a raíz de las declaraciones del señor Conthe.
Insistimos en que esperamos también las explicaciones del Gobierno, pero creemos que con la información hoy existente no se justifica sensatamente la constitución de una comisión de investigación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiazu.
Señorías, nuestro grupo parlamentario no va a votar a favor de la comisión de investigación que propone el Partido Popular, y no porque no pueda tener razón en algún aspecto, sino porque nuestro grupo no va a entrar en un tema que se ha convertido en motivo de lucha partidista política y que el Partido Popular ha puesto entre sus objetivos cuando la situación de la opa no ha favorecido sus intereses. Nos hubiese gustado que esta comisión de investigación hubiese empezado en su momento cuando se produjo la opa de Gas Natural hacia Endesa, pero ahora no cuenten con nosotros, porque se ha planteado al final, cuando los dos grandes partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, han ido a sus intereses. Nuestro grupo parlamentario entiende que el Estado español y sus órganos reguladores han hecho el ridículo ante los medios económicos internacionales, ante los mercados internacionales, en todo el proceso de la opa, desde Gas Natural hasta E.ON, ENEL y Acciona. Lo dijimos en la Comisión de Economía, lo mantenemos ahora y entendemos que habría que reflexionar sobre la situación creada. El cambio del Partido Socialista sobre los nombramientos de los miembros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores demuestra este juego de intereses por parte del Partido Socialista y por parte del Partido Popular. Por tanto, que no cuenten con nosotros en este momento en que el Grupo Popular pide la creación de la comisión de investigación. Lo dijimos en la comparecencia del señor Conthe, quien se quejó de interferencias que se habían producido entre la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno y el Ministerio de Economía. Se han dado estas explicaciones y el Gobierno tampoco las ha desmentido. Se equivocan, señores del Partido Socialista, cuando no quieren explicar razonablemente lo que ha sucedido, porque algo ha sucedido. No han sido normales la dimisión del señor Conthe, su comparecencia y sus explicaciones. Creo que se equivocan no dando explicaciones claras de esta situación, porque lo que ha quedado es que ha habido interferencias y que se han producido disfunciones.
Nuestro grupo, repito, va a votar en contra de la comisión de investigación que solicita el Partido Popular porque no vamos a entrar en la utilización partidista que hace el Partido Popular de esta situación, pero entendemos que se han producido situaciones anómalas. Lo hemos dicho diferentes grupos parlamentarios en todo el proceso de la opa, que ha seguido un camino -alguien habló en su momento de maratón- entorpecido a cada momento y que ha sembrado más de una duda. Por tanto, la reflexión que planteamos al Partido Socialista es que en economía, en temas económicos, nos falta claridad en las explicaciones. Su política en el nombramiento de los miembros de la
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Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ha sido la de ir para atrás respecto a lo que especificaban en su programa electoral y que ahora no aceptan, es y sigue siendo un error y eso tendría que llevarles a modificar sus planteamientos y a ser valientes para afrontar una Comisión Nacional del Mercado de Valores -que es un órgano regulador- mucho más democrática e independiente. Ante esta situación, no vamos a apoyar la creación de la comisión de investigación, pero les pedimos que hablen con más claridad. El camino seguido en el tema de la opa no se ha encauzado bien y hemos hecho un triste papel. Al final cada uno se ha salido con la suya. Han pactado los grandes grupos económicos, pero como país hemos perdido parte de lo que se entiende como un país moderno y democrático en temas económicos. Por tanto, hay que clarificar lo que ha sucedido, porque algo ha sucedido entre la Oficina Económica del Gobierno y el Ministerio de Economía, y a partir de aquí el Grupo Popular aprovecha la ocasión. Nosotros no vamos a darles nuestro apoyo, pero ustedes también tendrían que cambiar de método a la hora de hablar de ciertas cosas.
CiU. Señor Sánchez i Llibre.
Señoras y señores diputados, la posición de Convergència i Unió respecto a la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular para la creación de una comisión de investigación acerca de las opas sobre Endesa va a ser votar en contra, siguiendo, señorías, la línea habitual de mi grupo de cuestionar la creación de comisiones de investigación, salvo en casos muy especiales en los que pudiera existir un consenso de todas las formaciones políticas, y aun en este caso en algunas ocasiones nos hemos abstenido. Existen tres motivos fundamentales, a los que luego me referiré brevemente, por los cuales nos oponemos a la creación de esta comisión de investigación. En primer lugar, porque existe un proceso judicial en curso. En segundo lugar, porque Convergència i Unió piensa que esta comisión de investigación sería un instrumento de confrontación partidista y que lo que menos importaría sería conocer la realidad de los hechos investigados. Y en tercer lugar, porque tenemos grandes dudas de que la comisión busque soluciones efectivas y claras para poder analizar en detalle los hechos investigados. Estos son los tres motivos fundamentales por los que nos oponemos a la creación de esta comisión de investigación.
Entro en el detalle de estas tres consideraciones y en primer lugar quiero decir que en caso de que prosperara esta iniciativa se superpondría a la investigación e instrucción del proceso judicial que ha sido iniciado con las diligencias formuladas por el grupo proponente. Mi grupo cree que, aparte de evitar las interferencias que se producirían entre las cuestiones judiciales y las parlamentarias, estas comisiones en sede parlamentaria contienen el germen de la desconfianza en el sistema judicial, atentan en cierta media, por la experiencia que tenemos, contra la división de los poderes y desvirtúan el funcionamiento normal de las instituciones democráticas. Respecto a la segunda consideración, más allá de supuestamente pretender conocer la verdad sobre determinados hechos graves, estas comisiones de investigación suelen ser un instrumento, una plataforma de confrontación partidista, donde lo que menos importa es conocer la cronología y la verdad de las circunstancias investigadas, así como sus responsabilidades. Más bien, en estas comisiones de investigación, unos, enrocados en sus posiciones, intentan demostrar, dejar patente la bondad, la perfección y la excelencia de la actuación de la Administración correspondiente sin admitir errores y disfunciones y, otros, en el extremo contrario, se empeñan excesivamente en demostrar la absoluta incompetencia de los responsables políticos del momento y el caótico e irracional abordaje de la catástrofe en cada caso. Señorías, esta solicitud reúne a priori todas estas características. Por una parte, todo indica que esta solicitud tiene un elevado riesgo de potenciar el ruido y la bronca sobre el trabajo serio y responsable, sobre lo que tendría que ser la aclaración de los hechos, sobre la aportación de garantías de mayores controles y, al mismo tiempo, sobre lo que podría representar respecto al planteamiento de mejores soluciones en el futuro o -por qué no decirlo- sobre la posible rehabilitación del prestigio del organismo regulador. Recordarán, señorías, que pusimos la base para alcanzar estos objetivos con la aprobación de la proposición no de ley, pero dudamos mucho de que la creación de la comisión de investigación fuera beneficiosa para aclarar o profundizar en los hechos que supuestamente pudiéramos investigar. Mucho nos tememos, señorías, que tenemos escasas garantías de que las dos grandes fuerzas parlamentarias realmente quieran avanzar en ello a través de los trabajos de una comisión de investigación, unos por obstrucción y otros por utilizarla como plataforma para la crítica, la confrontación política y la erosión, y todo ello en detrimento de lo que realmente tendría que ser una comisión de investigación, una comisión que trabajara para esclarecer los hechos y abordara soluciones para que estas situaciones no volvieran a repetirse. Nosotros, Convergència i Unió, no vamos a contribuir a la campaña electoral de nadie, ni del grupo proponente ni del grupo que apoya al Gobierno.
Antes de finalizar mi intervención, me gustaría recordar a la Cámara cuál ha sido la posición de nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, respecto al resultado final de la opa sobre Endesa. Nosotros entendemos -lo hemos repetido por activa y por pasiva, lo hemos repetido en las distintas comparecencias que ha tenido el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía en la Comisión- que la actuación
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del Gobierno en esta opa sobre Endesa ha sido torpe, muy negativa y muy desafortunada. Los resultados no podrían haber sido más negativos para lo que tendría que ser un sector estratégico para la economía española como es el sector eléctrico y para Endesa, empresa generadora del 50 por ciento de los recursos energéticos de los que se abastece España. El resultado final -repito- no podía ser más negativo y más desalentador, porque Endesa, que era y es una gran compañía energética en España, una compañía relevante y fundamental para el desarrollo económico de nuestro país, finalmente se va a trocear, y una parte va a ir a un grupo alemán, otra parte va a ir a un grupo italiano, que, para más inri, es en parte patrimonio del Estado italiano, con lo cual podríamos decir que una parte importante de Endesa va a ser propiedad del Estado italiano, y es verdad también que otra parte importante de la compañía, la energía eólica -probablemente si uno lee con atención el protocolo de esta opa definitiva podría llegar a esa conclusión-, quedaría en manos de una compañía española, de lo que nos hemos congratulado desde el primer momento. El resultado final es que un centro estratégico y una compañía importante se va a deslocalizar en otros puntos de la geografía internacional. Finalmente, se va a cumplir aquello que algunos grupos parlamentarios habían querido: sobre todo que esta compañía no fuera catalana, como lo era la primera empresa que opó a la compañía Endesa.
Desgraciadamente no va a ser catalana; tampoco va a ser alemana, que era lo que pretendía el grupo proponente de esta comisión de investigación, que fuera alemana antes que catalana, pero tampoco va a ser alemana, y finalmente nos vamos a encontrar con que no va a ser catalana ni va a ser alemana ni va a ser española, sino que una parte importante de esta compañía va a ser propiedad del Estado italiano. Por tanto, el resultado no puede ser más negativo, más catastrófico. Nosotros siempre habíamos entendido -y habíamos coincidido con el Gobierno- que sería importante que los sectores estratégicos españoles fueran compañías nacionales, gigantes nacionales con una musculatura importante de accionistas españoles. El resultado no ha sido así, pero esta ha sido la posición que nuestro grupo ha mantenido reiteradamente en las diferentes comisiones y entendemos que no estaría de más que también lo pudiéramos plantear en el Pleno.
Otra cuestión muy importante, por higiene democrática, por todo lo que ha acontecido y para que se pudieran clarificar los hechos ante esta Cámara, es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores y su presidente, don Julio Segura, pudieran dar a conocer a la opinión pública las actas que motivaron la dimisión del señor Conthe. Estas actas están en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y este grupo parlamentario entiende que, por higiene democrática, por transparencia, sería muy bueno e interesante que, en vez de crear una comisión de investigación, todos los grupos supiéramos que es lo que aconteció en la dimisión del señor Conthe.
Grupo Parlamentario Socialista, señor Torres.
El señor TORRES BALAGUER: Gracias, señor presidente.
Hemos asistido una vez más a una intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la que ha lanzado unas graves acusaciones sobre personas e instituciones sin aportar una sola prueba, con la pretensión de que los demás -a los que acusa- demuestren su inocencia, pretensión inconcebible en nuestro ordenamiento y ya erradicada, de viejos tiempos antidemocráticos. La construcción de falsas realidades ha sido un hecho en esta legislatura y baste recordar el 11-M, cómo se han tratado las cuestiones alrededor de ETA o la guerra de Irak. El Grupo Parlamentario Popular fija su estrategia política y construye su realidad al margen de la verdad o de la mentira. Ya sabemos por qué no se van a callar: por su interés partidista, aunque hagan daño a la economía española. Ha quedado acreditado en esta tribuna, en la Comisión de Economía y en bastantes foros que ustedes han tergiversado y manipulado los hechos y las declaraciones de los implicados, muchas de estas constan en actas públicas y en los medios de comunicación y son fácilmente verificables.
Por tanto, dejen ya de pretender que contestemos a cuestiones que no han sucedido o que opinemos sobre sus fabulaciones calenturientas.
El Gobierno ha trabajado, ante las sucesivas opas de las que ha sido objeto la empresa Endesa, cumpliendo con las obligaciones legales para conseguir los objetivos perseguidos. Le recuerdo: garantía del suministro eléctrico y defensa de los intereses de los accionistas y de los consumidores; el resultado final ha sido satisfactorio.
Claramente, ustedes no quieren hablar de la situación actual de la economía española, de un crecimiento brillante -4,1 el primer trimestre-, de un diferencial de un punto en el crecimiento sobre la zona euro -importantísimo-, de que los organismos internacionales -Fondo Monetario Internacional y OCDE- apuntan que este crecimiento va a continuar, de un fortísimo crecimiento de la inversión en bienes de equipo que apunta, a pesar de la disminución del peso de la construcción, un medio y largo plazo favorables. Ahí les duele. Ustedes no quieren hablar de los 700.000 empleos creados en el último año o de los 20 millones de ocupados, ustedes quieren hablar de otras cosas, de las que también podemos hablar.
En esta tribuna han hablado de que la CNMV, de que el Gobierno ha pasado por alto conductas ilícitas, ilegales, pero no han citado qué conducta ilegal se ha producido y, mucho menos, qué norma se ha infringido.
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Yo reto al portavoz del Grupo Popular a que diga qué norma se ha infringido porque, que yo sepa, en nuestro ordenamiento jurídico se tiene que respetar el principio de tipicidad, artículo 25 de la Constitución Española. Y ustedes dicen que se ha infringido, que se ha corrompido, pero no dicen qué precepto se ha infringido. Le reto a que diga qué precepto se ha infringido. Ustedes no tienen ni un solo argumento para afirmar que se ha perdonado una infracción, como figura en el argumento de su petición de una comisión de investigación. Acusan ustedes de falta de independencia de la CNMV, además alegan que ha habido conversaciones con miembros del Gobierno. Pero, ¿cuál es su concepto de la independencia? ¿No hablar con nadie de los problemas sobre los que hay que tomar decisiones? Parece de Perogrullo que disponer de toda la información posible y conocer las opiniones y los argumentos de todos los agentes implicados es conveniente; también del regulador, que les recuerdo que es el Gobierno. ¿O puede usted mantener, señor portavoz del Grupo Popular, que su Gobierno no mantenía contactos de intercambio de opinión? La verdad es que lo suyo es una pasada. Quiero recordarle que en diversas opas tanto el señor Piqué como el señor Aznar manifestaron públicamente si eran o no eran convenientes. Esto no era intervencionismo. Una conversación de intercambio de opinión sí que es intervencionismo. La independencia nada tiene que ver con un hipócrita aislacionismo sino con la necesidad de formar un criterio propio con la información al alcance, pero ustedes parece que no entienden lo que es la independencia. La CNMV ha hecho un buen trabajo. Estos dos últimos años, como es de todos conocido, ha tenido un aumento exponencial de sus responsabilidades, grandes modificaciones y numerosas regulatorias.
Además, ha habido numerosas operaciones societarias, opas, OPV y un alud de emisiones, derivados, etcétera. Quiero recordar a SS.SS. que este trabajo se ha realizado con extrema competencia y sin una sola crítica.
Nadie ha puesto en duda la competencia y rigor de la CNMV, salvo ustedes ahora, exclusivamente por intereses partidistas. No me hablen de indicadores de confianza, porque están al alcance de todos. ¿Qué confianza dicen ustedes que se ha perdido? Les recuerdo que el Ibex se ha doblado desde el principio de la legislatura; les recuerdo que la inversión extranjera, en el último año, ha aumentado un 35 por ciento. Y si queremos tomar datos del CIS, se confirma el aumento de la confianza de los españoles en la economía. El intervencionismo es cosa suya; el récord lo tienen ustedes. Solo les recuerdo el número de incumplimientos reclamados por Bruselas entre 1996 y 2004: 102 incumplimientos, algo extraordinario, cosa que ahora no ocurre. Por cierto, tanto el Financial Times como el Wall Street Journal en su informe anual de 2006 citan que la libertad económica en España ha mejorado notablemente. Hemos pasado del puesto 33 al 27, por delante de países como Francia o Italia. Esto ustedes no lo pueden discutir. Reconozcan que no ha habido ningún tipo de intervencionismo en la economía española.
Quiero recordarles quién ha salido perjudicado de la opa. Los accionistas están contentos del valor de sus acciones. Los consumidores tienen nuevos operadores en el mercado y, por tanto, estos nuevos actores aseguran una mejora en la competencia. Las empresas intervinientes han mostrado su satisfacción de manera pública y notoria. Los gobiernos alemán e italiano, por medio de sus portavoces, han manifestado su satisfacción por la operación. Solo podemos concluir que el único perjudicado es el Partido Popular, el Grupo Popular, porque se ha resuelto bien una opa complicada, compleja, una opa en la que el Partido Popular tenía mucho interés en desgastar al Gobierno socialista, aunque estuviera deteriorando el buen nombre de las instituciones sin aportar una sola prueba ni un solo argumento. Ahora se quedan sin un juguete que tenían, el juguete de desgastar al Gobierno con la opa. Su ansiedad por llegar al poder no tiene límite. El único perjudicado por la solución final de la opa de Endesa es el Partido Popular por la rabia que le da quedarse sin ese argumento de desgaste. Pero no se pasen; ya que ustedes apelan tantas veces al patriotismo tengan en cuenta que están haciendo daño a las instituciones con una verdad mediática construida por ustedes sin ningún fundamento. Tengan ustedes por una vez un buen concepto de ese patriotismo. Básense solo en hechos y déjense de maldades y de inventos que lo único que hacen es perjudicar a la economía española y al funcionamiento de las instituciones.
Señorías, llamamos a votación. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)
Dígame, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, el portavoz socialista ha hecho realmente un turno en contra y además ha hecho varias preguntas.
El señor PRESIDENTE: Llamamos a votación. No puedo aceptar su cuestión de orden. El debate estaba tasado; debate de totalidad. Lo discutimos en Junta de Portavoces y no es usted el que interpreta lo que ha dicho o deja de decir otro diputado. Se lo he dicho a lo largo de esta legislatura muchas veces. Esa es una tarea única y exclusiva del presidente. Llamamos a votación. (El señor Martínez-Pujalte López: No me haga gestos. Gestos los justos.)
Señor Martínez-Pujalte, le llamo al orden. Es el presidente el que dirige los debates, no los diputados. Ha habido un gesto que si quiere usted y le ha molestado lo retiro. Lo retiro porque no suelo ofender a nadie ni
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enredar. Eso no lo he hecho nunca. (El señor Martínez-Pujalte López: Gracias.) Le pido que tenga usted respeto hacia la Presidencia.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS (VOTACIÓN):
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votaciones.
En primer lugar, votación del debate de totalidad de iniciativas legislativas. Enmiendas de totalidad de texto alternativo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al proyecto de Ley orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 296; a favor, 120; en contra 176.
SOLICITUDES DE CREACIÓN DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN (VOTACIÓN):
- SOLICITUD, FORMULADA POR 80 DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA DETERMINAR LAS PRESUNTAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DEL GOBIERNO EN TODO LO CONCERNIENTE A LAS OPAS SOBRE ENDESA. (Número de expediente 156/000016.)
El señor PRESIDENTE: Segunda votación. Solicitud, formulada por 80 diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de creación una comisión de investigación para determinar las presuntas responsabilidades políticas del Gobierno en todo lo concerniente a las opas sobre Endesa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 121; en contra, 174; abstenciones, una.

References: artículo 7
 artículo 10
 artículo 8
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 9
in fine
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 25