Source: https://www.hrw.org/legacy/spanish/inf_anual/2003/haiti.html
Timestamp: 2019-05-21 09:05:41+00:00

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En 2002 se agravaron la inestabilidad política, el estancamiento económico y el descontento popular, y se vieron estallidos de violencia en Haití. Tras más de dos años de paralización política, las protestas contra el gobierno cobraron fuerza y miles de haitianos tomaron las calles a mediados de noviembre.
Se avanzó muy poco para acabar con la situación de estancamiento político.
La situación de los derechos humanos siguió siendo mala, caracterizada por denuncias frecuentes por violencia política y detenciones arbitrarias e injustificadas, entre otros problemas. Los periodistas sufrieron graves amenazas, y fueron víctimas de hostigamiento, violencia física, secuestro y, en un caso de diciembre de 2001, de asesinato. Mientras la agonizante economía no daba muestras de recuperación, los haitianos se fueron impacientando cada vez más con la falta de voluntad o incapacidad aparente del gobierno para resolver sus muchos y persistentes problemas.
Se avanzó muy poco para acabar con la situación de estancamiento político proveniente de las elecciones locales y legislativas de 2000, marcadas por un fraude generalizado. A mediados de noviembre de 2002, las posturas de Fanmi Lavalas, partido del Presidente Jean-Bertrand Aristide, y Convergencia Democrática, principal partido de la oposición, estaban muy alejadas, a pesar de los esfuerzos negociadores de la Organización de Estados Americanos (OEA). En relación con este punto muerto, el Secretario General Adjunto de la OEA, Luigi Einaudi, se quejó de que los líderes políticos no estaban dispuestos a abandonar "posiciones personales hondamente arraigadas" con el fin de superar la "fragmentación y la parálisis política" que estaban llevando al país al desastre.
Tan sólo dos meses antes, el 4 de septiembre, el Consejo Permanente de la OEA, advirtiendo de "la posibilidad de un desastre humanitario" en Haití, aprobó una resolución defendiendo el levantamiento de la suspensión de la ayuda financiera internacional. Según muchas estimaciones, esta ayuda, gran parte de la cual llevaba varios años suspendida, importaba cientos de millones de dólares, aunque cierta asistencia humanitaria se estaba canalizando a través de organizaciones no gubernamentales.
En los 16 puntos de la Resolución 822 de la OEA se definían los pasos necesarios para fortalecer la democracia y restablecer la estabilidad democrática en Haití. Se señalaba, en particular, la promesa del gobierno haitiano de celebrar "elecciones legislativas y locales, libres, justas y técnicamente viables" en la primera mitad de 2003. Como primera medida para la convocatoria de elecciones, se pedía a las autoridades que crearan en dos meses un organismo electoral independiente, fiable y neutral (llamado el Consejo Electoral Provisional, CEP). Sin embargo, el plazo concluyó a principios de noviembre sin que se observaran avances para su establecimiento. La mayoría de la oposición no quiso participar en los preparativos electorales, afirmando que el gobierno no había implementado otros aspectos de la Resolución 822 y de otras resoluciones anteriores de la OEA.
El día del asalto, los simpatizantes del gobierno emprendieron una campaña de violencia política sin oposición por parte de la policía.
La evidente desconfianza de la oposición ante las promesas del gobierno, y su poca inclinación a cooperar con las iniciativas oficiales, estaba justificada al menos en parte por el amargo recuerdo de los violentos ataques de diciembre de 2001. En la madrugada del 17 de diciembre, varios hombres armados ataviados con uniformes del disuelto ejército haitiano asaltaron el Palacio Nacional de Port-au-Prince. Dos agentes de policía, dos transeúntes civiles y uno de los asaltantes murieron en el ataque. El gobierno haitiano condenó inmediatamente los hechos calificándoles de un intento de golpe, aunque la consiguiente investigación de la OEA concluyó que esta acusación era infundada.
El día del asalto, los simpatizantes del gobierno emprendieron una campaña de violencia política sin oposición por parte de la policía. En Port-au-Prince, los miembros de las llamadas óganizasyon popilé (organizaciones populares) alineadas con el partido del Presidente Aristide bloquearon las calles principales con torres de llantas en llamas. La muchedumbre atravesó la ciudad libremente, saqueando e incendiando los edificios vinculados con los partidos de la oposición o sus líderes. Quemaron las casas de los líderes opositores Gérard Pierre-Charles y Victor Benoit, y saquearon y destruyeron la sede de Convergencia Democrática y de otros tres partidos políticos, KONAKOM, KID y ALAH. En varias ciudades de provincias como Gonaives, Cap-Haitien, Petit-Goâve y Jeremie, tuvieron lugar actos similares de violencia y algunos asesinatos. Según numerosos testigos, la policía no hizo nada por evitar la destrucción generalizada.
Tras una investigación de tres meses, la OEA concluyó que el asalto al palacio había contado con la colaboración de algunos agentes de la Policía Nacional de Haití, que, inmediatamente después del asalto, utilizaron vehículos oficiales para atacar los edificios de la oposición y varios funcionarios del gobierno distribuyeron armas. En el informe de la OEA se pedía el enjuiciamiento de los responsables de los ataques y se concluía que el gobierno debía compensar de manera adecuada y rápida a todas las personas y organizaciones que habían sufrido lesiones o pérdidas económicas.
En la resolución del 4 de septiembre de la OEA se reiteraban estas peticiones de depuración de responsabilidades y de compensaciones económicas. Pero a mediados de noviembre, aunque había ofrecido aparentemente casi un millón de dólares de indemnización a los partidos de la oposición, el gobierno avanzó muy poco en la investigación y el enjuiciamiento de los responsables.
Amito Metayer, citado en el informe de la OEA como uno de los sospechosos de los ataques, fue detenido el 2 de julio, pero se fugó de prisión un mes después. Metayer, un antiguo aliado del Presidente Aristide y líder de una de las llamadas organizaciones populares, estaba implicado en el ataque a la casa que Luc Mesadieu, líder de la oposición posee en Gonaives, y en el asesinato de su asistente, Ramy Daran, al que rociaron con gasolina y prendieron fuego.
La espectacular fuga de Metayer, en compañía de más de 150 presos, se produjo después de que una banda de hombres fuertemente armados embistieran con un tractor robado contra el muro de la prisión. En los días previos y posteriores a estos hechos, la banda, conocida como el Ejército Caníbal, realizó varios ataques contra edificios locales. Inicialmente exigían la destitución del Presidente Aristide y atrajeron a miles de manifestantes. Al parecer, también acusaron al gobierno de orquestar el asalto del 17 de diciembre, lo cual fue negado por los portavoces oficiales. Sin embargo, una semana después de la fuga de la prisión, Metayer y sus hombres renunciaron a sus exigencias de cambio de gobierno, aunque mantuvieron su negativa de volver a la cárcel. A principios de diciembre, Metayer seguía en libertad y tenía el control de gran parte de la ciudad de Gonaives.
En noviembre de 2002, tuvieron lugar protestas aún más numerosas. En Port-au-Prince, los estudiantes universitarios protestaron contra lo que calificaban como injerencia del gobierno en la educación, ocupando edificios de la universidad y reclamando nuevas elecciones. La movilización culminó con dos marchas en las que participaron varios miles de estudiantes. En Cap-Haitien, la segunda ciudad más grande del país, se calcula que más de 10.000 personas participaron en una manifestación celebrada el 17 de noviembre en el centro de la ciudad para pedir la renuncia del Presidente Aristide. Al día siguiente, varios miles de manifestantes tomaron las calles de Petit-Goâve.
La libertad de prensa se vio seriamente amenazada en Haití, con el hostigamiento, las amenazas y los ataques contra periodistas. El incidente más grave ocurrió en las afueras de Petit-Goâve el 3 de diciembre de 2001, cuando una muchedumbre armada con machetes descuartizó al periodista de Radio Echo 2000 Brignol Lindor. El asesinato se atribuyó a simpatizantes de Fanmi Lavalas irritados por las informaciones políticas de Lindor.
En noviembre de 2002, se habían formulado cargos contra diez responsables del asesinato, aunque no se creía que se hubiera detenido a ninguno de ellos. El alcalde de Petit-Goâve, Bony Dume, no estaba imputado en el caso, a pesar de haber instado a los simpatizantes del gobierno a aplicar una política de "tolerancia cero" contra Lindor, lo que la mayoría entendió como una invitación al asesinato.
Se avanzó menos aún en la investigación por el asesinato, en abril de 2000, del destacado periodista radiofónico Jean Dominique. De hecho, estuvo paralizada durante varios meses debido a la inepta asignación de jueces al caso. El Juez Claudy Gassant, que había demostrado una voluntad real de proseguir la investigación durante 2001, huyó del país en enero cuando dejó de estar encargado del caso. Siguió un período de confusión y el caso no fue claramente asignado hasta julio.
Las condiciones en las cárceles fueron pésimas.
Durante el transcurso del año, al menos 30 periodistas fueron atacados o amenazados por presuntos partidarios del gobierno, y varios periodistas y sus familiares se exiliaron de Haití. En julio, secuestraron y maltrataron durante un día al periodista radiofónico Israel Jacky Cantave, que huyó del país en agosto. En mayo, Reporteros Sin Fronteras, un grupo de defensa de la libertad de prensa con sede en París, incluyó al Presidente Aristide en su lista negra de depredadores de la prensa.
La encarcelación continuada del ex general Prosper Avril, a pesar de una serie de órdenes judiciales para su puesta en libertad, despertó dudas sobre el respeto del gobierno a las instituciones judiciales. Avril-que dirigió el gobierno durante dos años tras el golpe de 1998 y cuyo régimen se caracterizó por los terribles abusos contra los derechos humanos-fue detenido en mayo de 2001. El enjuiciamiento de Avril, dentro de un esfuerzo real para determinar responsabilidades por abusos cometidos en el pasado, habría sido aplaudido si las circunstancias y el momento de la detención no sugirieran razones políticas. El arresto se produzco cuando Avril estaba firmando ejemplares de un libro crítico con el gobierno de Aristide, poco después de haber asistido a una reunión ampliamente difundida de la oposición. En junio de 2001, un tribunal de apelación decretó su puesta en libertad porque había prescrito el plazo fijado en la orden de detención contra él, pero esta resolución fue ignorada. En abril de 2002, el gobierno cumplió otra orden judicial para la puesta en libertad de Avril, pero, momentos después, volvió a detenerle por su implicación en una masacre en 1990. El juez instructor que firmó la orden de detención huyó del país semanas después, afirmando que las autoridades le habían obligado a hacerlo. En octubre, un tribunal dictaminó, por tercera vez, la puesta en libertad de Avril, pero a mediados de noviembre seguía encarcelado en la prisión nacional de Port-au-Prince.
El sistema penal continuó siendo profundamente ineficaz y abusivo. Aunque la mayoría de los delitos quedaron impunes-debido en parte al tamaño sumamente reducido de la fuerza policial-algunos sospechosos fueron tratados con violencia. La selección de delitos a perseguir por la policía parecía cada vez más influida por la política. La estrategia oficial declarada de "tolerancia cero" en la lucha contra la delincuencia despertó preocupación, y surgieron denuncias de secuestros y asesinatos por parte de la policía. También fueron habituales las denuncias de detenciones ilegales y arbitrarias.
Las condiciones en las cárceles fueron pésimas. Las prisiones del país, concebidas para unos 1.260 presos, albergaban a más de 4.100, más del triple de su capacidad. Los presos sólo recibían una comida diaria, lo que provocó altos niveles de desnutrición. Muchos reclusos sufrían enfermedades, algunas de ellas graves como la tuberculosis o el VIH/SIDA.
Haití siguió siendo el país de América Latina y el Caribe más afectado por el VIH/SIDA. Según los cálculos de las Naciones Unidas, el 12 por ciento de la población urbana y el cinco por ciento de la rural estaban infectados por el VIH. Muchos niños quedaron huérfanos a causa de la enfermedad.
La práctica común de utilizar "restavèks", servicio doméstico infantil, derivó frecuentemente en abusos graves. En abril, la Coalición Nacional para los Derechos de los Haitianos, una prestigiosa organización de derechos humanos, publicó un informe en el que describía dicha práctica y pedía su desaparición.
Dada la situación extremadamente polarizada y la debilidad general del estado de derecho, el trabajo de los defensores de los derechos humanos fue muy difícil en Haití. Los activistas pro derechos humanos, así como los jueces encargados de casos controvertidos, padecieron fuertes presiones y hostigamiento.
Los activistas pro derechos humanos, así como los jueces encargados de casos controvertidos, padecieron fuertes presiones y hostigamiento.
Los sindicalistas también corrieron grave peligro. Se informó de que hombres armados, entre los que se encontraban miembros de Fanmi Lavalas, atacaron un mitín sindical celebrado el 27 de mayo en la plantación Guacimal, cerca de la ciudad norteña de St. Raphael. Al parecer este grupo mató a dos campesinos ancianos y, poco después del ataque, la policía detuvo a varios sindicalistas, campesinos y periodistas, que estuvieron presos varios meses en Port-au-Prince. Dos de los detenidos, Jérémie Dorvil y Urbain Garçon, seguían, aparentemente, detenidos a mediados de noviembre. El Sindicato de los Trabajadores de St. Raphael Guacimal había convocado el mitin para exigir una mejora de las condiciones y las prestaciones laborales.
Los países donantes intentaron utilizar los cientos de millones de dólares de ayuda internacional humanitaria y para el desarrollo como incentivo para la adopción de mejoras en favor de la democracia y el Estado de derecho en Haití. El Presidente Aristide, utilizando una analogía obvia con la situación cubana, respondió a estas presiones criticando el "embargo" de la ayuda (o hasta el "bloqueo económico") impuesto a su país.
Dado que todavía no se había nombrado un nuevo experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en el país, no se presentó ningún informe sobre Haití en la sesión de 2002 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. En marzo, asignaron el puesto a Louis Joinet, que visitó Haití en septiembre.
Los representantes de la OEA, especialmente el Secretario General Adjunto Luigi Einaudi, continuaron su intensa actividad en la búsqueda de la solución negociada a la crisis política de Haití, por lo que la organización envió numerosas misiones al país. Mientras se especulaba con la posibilidad de invocar la Carta Democrática Interamericana, reciente acuerdo que establece la adopción de medidas preventivas cuando la democracia corra peligro en cualquier país miembro de la organización, el Consejo Permanente de la OEA también se hizo cargo de la situación y debatió el asunto en una reunión celebrada en enero. En la subsiguiente resolución de la OEA, con referencias a la citada Carta, se pedía al gobierno haitiano la adopción de medidas para resolver la crisis, entre ellas una investigación exhaustiva e independiente sobre los sucesos violentos del 17 de diciembre.
En marzo, como continuación de la reunión de enero, la OEA y el gobierno firmaron un acuerdo para el establecimiento de una Misión Especial de la OEA en Haití encargada de ayudar a la consolidación de la democracia, especialmente en materia de seguridad, justicia, derechos humanos y buen gobierno, que empezó a funcionar en abril.
En 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo dos visitas in loco a Haití. En agosto, publicó un informe declarando "su profunda preocupación por la debilidad del Estado de Derecho en Haití, la falta de independencia del Poder Judicial, el clima de inseguridad de los ciudadanos, la existencia de grupos que actúan con total impunidad y las amenazas de que han sido objeto algunos periodistas". El Relator Especial de la OEA sobre libertad de expresión, que también visitó Haití en agosto, constató un aumento de los actos de hostigamiento contra periodistas.
La Unión Europea (UE) continuó reteniendo parte de la ayuda financiera al gobierno haitiano, lo que supuso una suspensión de fondos valorados en unos 350 millones de dólares. En enero, la Presidencia de la UE emitió una declaración explicando la suspensión de la ayuda y afirmando que, en Haití, todavía no se respetaban los principios democráticos. En julio, la UE reiteró sus motivos para suspender dicha ayuda y añadió que la misma no se reanudaría hasta alcanzarse un acuerdo político básico entre el gobierno y la oposición.
La política de Estados Unidos con respecto a Haití giró en torno al narcotráfico y la inmigración, especialmente ante el temor a que una debacle nacional condujera a una emigración masiva a Miami.
A diferencia de los cubanos, que tienen automáticamente derecho a asilo al llegar al país, los haitianos fueron interceptados y repatriados por el Servicio de Inmigración y Naturalización.
A diferencia de los cubanos, que tienen automáticamente derecho a asilo al llegar al país, los haitianos fueron interceptados y repatriados por el Servicio de Inmigración y Naturalización (Immigration and Naturalization Service, INS). Sin embargo, la mayoría de los emigrantes haitianos no lograron a las costas de Estados Unidos; las patrulleras de la Guardia Costera los capturaron en el mar. Durante el año fiscal que terminó el 30 de septiembre, 1.486 haitianos fueron interceptados en el mar, una cifra comparable a la de años anteriores. Los relativamente pocos haitianos que alcanzaron el territorio estadounidense-como los 221 emigrantes cuyo barco quedó atracado, en octubre, en Key Biscayne, Florida-fueron detenidos automáticamente mientras se estudiaban sus solicitudes de asilo, de acuerdo con la política migratoria adoptada en diciembre de 2001. En un escrito presentado en noviembre, el INS argumentó que la puesta en libertad de los inmigrantes haitianos podría desencadenar un éxodo masivo con "consecuencias significativas para la seguridad nacional".
Se informó de que Estados Unidos había cancelado las visas de entrada a varios funcionarios del gobierno haitiano presuntamente implicados en el narcotráfico y la corrupción. Pero el hecho de que no se extraditara ni deportara a los altos mandos del régimen militar residentes en Estados Unidos, particularmente en Florida, continuó obstaculizando los esfuerzos para la rendición de cuentas por los abusos cometidos en el pasado. Emmanuel "Toto" Constant, un destacado lider paramilitar que había estado en la nómina de la Agencia Central de Inteligencia, seguía viviendo en Queens, Nueva York, después de que le extendieran las garantías de que no iba a ser deportado. No obstante, ciertos haitianos implicados en abusos cometidos durante la era golpista sí fueron expulsados del país. En marzo, Estados Unidos deportó al Capitán Jackson Joanis, un ex oficial de policía condenado en rebeldía por el asesinato en 1993 de Antoine Izmery, empresario simpatizante de Aristide. En abril, el INS detuvo a Herbert Valmond, un ex teniente coronel de Haití, e inició el proceso de deportación. Las autoridades haitianas habían emitido una orden de detención contra Valmond en 1998 por su presunta participación en la masacre de 25 campesinos ocurrida cuatro años antes.
A pesar de las presiones del Grupo de Congresistas Negros (Congressional Black Caucus) y otras personas en Estados Unidos, se mantuvo la suspensión de la ayuda directa al gobierno haitiano. Unos 55 millones de dólares de ayuda fueron canalizados a través de organizaciones no gubernamentales.

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