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Timestamp: 2018-11-15 10:50:48+00:00

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﻿ Auto 2013-00040 de octubre 31 de 2013
AUTO 2013-00040 DE 31 DE OCTUBRE DE 2013
CONTENIDO:ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES. LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES, CONSTITUYE UNO DE LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA FORMACIÓN Y VALIDO DESARROLLO DE LA RELACIÓN JURÍDICO PROCESALPOR TANTO, EXISTE UNA INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES EN UNA DEMANDA DE NULIDAD ELECTORAL, CUANDO SE ACUMULAN PRETENSIONES RELATIVAS A VICIOS EN LAS CALIDADES, REQUISITOS E INHABILIDADES DEL ELEGIDO O NOMBRADO, CON LAS QUE SE FUNDEN EN IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE VOTACIÓN Y EN LOS ESCRUTINIOSDICHA INDEBIDA ACUMULACIÓN ES CAUSAL DE INADMISIÓN DE LA DEMANDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL, AUTO, ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES, REQUISITOS DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES, ADMISIÓN DE LA DEMANDA, ACUMULACIÓN INDEBIDA DE PRETENSIONES, EFECTOS DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES
Auto 2013-00040 de octubre 31 de 2013
Radicación: 110010328000201300040-00
Accionado: Rodrigo Romero Hernández
En materia electoral, la demanda debe reunir las exigencias previstas en los artículos 162, 163, 164 y 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, relacionadas con la designación de las partes, expresión clara y precisa de lo que se pretende con los respectivos fundamentos de derecho, señalando las normas violadas y el concepto de violación, los hechos y omisiones determinados, clasificados y numerados, la petición de pruebas y el lugar de dirección y notificación de las partes, así como acompañarla con la copia del acto acusado. Además la presentación se debe dar dentro del plazo previsto en el literal a) del numeral 2º del artículo 164 del mismo código.
En lo que tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos, término para la presentación y sus anexos, observa la Sala que la demanda se ajusta a tales exigencias, por lo cual se admite respecto de la solicitud de nulidad del acto de llamamiento a ocupar curul, que es el acto administrativo susceptible de ser demandado en nulidad electoral de conformidad con el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En acápite especial del escrito de la demanda alega la demandante que la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo, de conformidad con el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede, porque el acto demandado contraviene manifiestamente los artículos 134 y 261 de la Constitución Política y 278 de la Ley 5ª de 1992.
Frente a la medida de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo como medida cautelar de conformidad con el artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se requiere: “petición de parte debidamente sustentada”, y acorde con el 231 ibídem, procederá “por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud”.
Entonces, la norma precisa que: 1) La medida cautelar se debe solicitar, ya con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, o ya en lo que el demandante sustente al respecto en escrito separado. Exige que la petición contenga una sustentación específica y propia para la procedencia de la medida excepcional, o una expresa remisión a que el apoyo de la medida se soporta en el mismo concepto de violación. 2) La procedencia de la suspensión provisional de los efectos de un acto que se acusa de nulidad puede acontecer si la violación de las disposiciones invocadas, surge, es decir, aparece presente, desde esta instancia procesal —cuando el proceso apenas comienza—, como conclusión del: i) análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o, ii) del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.
La norma autoriza al juez administrativo para que desde este momento procesal, obtenga la percepción de si hay la violación normativa alegada, pudiendo al efecto: 1) realizar un análisis entre el acto y las normas invocadas como transgredidas, y 2) que también pueda estudiar las pruebas allegadas con la solicitud.
Para efectos de decidir sobre la suspensión provisional, previamente se solicitó al Partido Verde y al Consejo Nacional Electoral, certificaran sobre la pertenencia o no de la señora Maturana Esquivia a dicho partido político.
Mediante oficio sin número del 3 de octubre de 2013, el señor Carlos Ramón González Merchán, en su calidad de representante legal del Partido Verde manifestó:
“Que la ciudadana Mercedes del Carmen Maturana Esquivia no es miembro del Partido Verde, lo anterior por cuanto: mediante oficio remitido a la Dirección Nacional del Partido Verde, la ciudadana Mercedes del Carmen Maturana Esquivia el día veinte (20) de mayo de 2013, renunció voluntaria e irrevocablemente como militante del Partido Verde, manifestando que lo que la unía al partido desapareció por completo, renuncia tramitada y aceptada por la dirección nacional, según acta de dirección nacional de fecha 23 de mayo de 2013”.
(…) “Que la ciudadana Mercedes del Carmen Maturana Esquivia posterior a la muerte de la honorable Senadora Gilma Jiménez, solicito (sic) inscripción a través de (sic) página web del Partido Verde, el día 4 de julio de 2013, solicitud que fue rechazada unánimemente por la Dirección Nacional del Partido verde”.
El Consejo Nacional Electoral a su vez en oficios CNE-SS-4134 y CNE-SS-4187 del 3 y 10 de octubre de 2013 respectivamente, señaló:
“(…) en los archivos de la entidad no reposa ninguna relación o listado de los militantes o miembros del Partido Verde; allegada por esa organización política a esta corporación”.
Por lo anterior no es posible certificar la afiliación de la ciudadana Mercedes del Carmen Maturana Esquivia al citado partido”.
Alega la actora que la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, de conformidad con el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, procede porque el acto demandado contraviene de manera palmaria las normas mencionadas. Que, por lo tanto, el llamamiento del señor Rodrigo Romero Hernández se opone manifiestamente a esos mandatos.
La Sala advierte que la conclusión a la que arriba la demandante corresponde a una interpretación aislada de las normas constitucionales y legales que le resultan favorables, sin embargo esta postura, no tiene la incidencia necesaria para lograr la suspensión pretendida, en tanto se trata de una interpretación que no tiene en cuenta otras normas que deben ser aplicadas al caso controvertido, en efecto:
En la Constitución Política y en la legislación, está establecido, sin lugar a ninguna controversia, que para ser elegido en un cargo público de elección popular, se debe contar con el aval de un partido o con el apoyo de un grupo significativo de ciudadanos, así mismo como miembro de una Corporación Pública se debe actuar en bancada, así señalado en el artículo 108 de la Carta:
ART. 108.—<Artículo modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:>
(…) Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue.
(…) Los estatutos de los partidos y movimientos políticos regularán lo atinente a su régimen disciplinario interno. Los miembros de las corporaciones públicas elegidos por un mismo partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos actuarán en ellas como bancada en los términos que señale la ley y de conformidad con las decisiones adoptadas democráticamente por estas (…) (resaltado fuera de texto).
De la misma manera, la Ley de Bancadas —Ley 974 de 2005— expresa:
Y por último las reformas políticas de 2003 y 2009(3), tal como ha sido indicado en la jurisprudencia de esta corporación, han tenido como objetivo fundamental el fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos.
En el caso que nos ocupa, de conformidad con la certificación signada por el representante legal del Partido Verde, se advierte que la señora Maturana Esquivia desde el 20 de mayo de 2013 renunció al Partido Verde, renuncia que fue tramitada y aceptada el 23 de mayo de 2013, y actualmente no pertenece a ese partido político.
Así las cosas, de conformidad con el principio de la unidad constitucional, que exige la interpretación de la Constitución como un todo armónico y coherente, y teniendo en cuenta lo señalado reiteradamente por la Corte Constitucional en el sentido que: “que la aplicación de una norma superior no debe contradecir o agotar el contenido de otras disposiciones constitucionales, sino que debe buscarse en lo posible, interpretaciones que permitan la máxima efectividad de todas las normas de la Constitución”(4) no es posible determinar en esta etapa la violación de las normas invocadas.
De acuerdo con lo anterior y lo consagrado en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo como ya antes se explicó, exige que la contradicción legal del pronunciamiento de la administración aparezca del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud, o del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas, situación que aquí, no es posible establecer por la razón que se señala.
Por lo anterior, considera la Sala que en esta etapa de admisión de la demanda, no es posible determinar la violación de las disposiciones invocadas, por lo tanto, resulta imperioso agotar las demás etapas del proceso para que en la sentencia se estudie de fondo el objeto del debate del presente proceso, en consecuencia, no hay lugar a acceder a la suspensión provisional del acto acusado.
Entonces será al decidir el proceso cuando se cuente con los elementos producto de la contestación de la demanda y de las pruebas que se hayan considerado necesarios allegar para tal fin, que se podrá determinar la prosperidad o no de las súplicas de la demanda.
Las anteriores razones son suficientes para negar la suspensión provisional del acto acusado, ya que no se advierte en principio la existencia de violación de las normas en las que debería fundarse.
PRIMERO. ADMITIR la demanda de nulidad electoral que presentó Mercedes del Carmen Maturana Esquivia, contra el acto de llamamiento al señor Rodrigo Romero Hernández a ocupar la curul del Senado de la República perteneciente al Partido Verde.
1. Notifíquese personalmente al Senador Rodrigo Romero Hernández, de conformidad con el numeral 1º del artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
2. Notifíquese personalmente este auto al presidente del Senado; en lo posible, acudiendo al mecanismo establecido en el numeral 2º del artículo 277 ibídem, mediante mensaje dirigido al buzón para notificaciones judiciales.
4. Notifíquese por estado a la demandante.
SEGUNDO. Negar la suspensión provisional solicitada.
(3) Exposición de motivos proyecto de Acto Legislativo 1 de 2002, por el cual se adopta una reforma política constitucional y se dictan otras disposiciones, acumulado con el proyecto de Acto Legislativo 3 de 2002, por el cual se adopta una reforma política constitucional y el 7 de 2002, por medio del cual se reforman los artículos 107, 109, 112, 113, 134, 171, 176, 258, 264, 266 y 281 de la Constitución Política de Colombia. Y exposición de motivos proyecto de Acto Legislativo 1 de 2009.
(4) Corte Constitucional. Entre otras sentencias C-255 de 1997, C-425 de 1995, C-535 de 2012.

References: artículo 164
 artículo 139
 artículo 231
 artículo 229
 artículo 231
 artículo 108
 artículo 2
 artículo 231
 artículo 277
 artículo 277