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Timestamp: 2020-08-14 14:05:35+00:00

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Sentencia de Tutela nº 531/16 de Corte Constitucional, 27 de Septiembre de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 650970297
DERECHO AL HABEAS DAT. VULNERACION AL CONSIGNAR EN SISTEMAS DE INFORMACION ORDENES DE CAPTURA NO VIGENTES. El accionante aduce que la Policía Nacional lo ha retenido de manera ilegal y arbitraria en varias oportunidades, sin encontrarse vigentes órdenes de captura en contra suya, ni tener antecedentes penales. Indica, que esta conducta le ha causado daños que deben ser imputados a las autoridades judiciales y policivas por resultar vulnerados sus derechos fundamentales. De otra parte alega, que el INPEC también ha trasgredido sus derechos, al no contestar su solicitud de dar de baja y retirar de su base de datos, los antecedentes disciplinarios. Se aborda temática relacionada con: 1º. La orden de captura, su actualización y el derecho de habeas data en su registro. 2º. Los procedimientos policiales de retención y su perspectiva constitucional. 3º. El derecho a la libertad personal y su alcance en materia de procedimientos de retención policial y, 4º. El derecho de petición. Reiteración de jurisprudencia. SE CONCEDE.
R.C.S.árez
Rama Judicial del Poder Público, F.ía General de la Nación, Instituto Nacional Penitenciario y C. -INPEC- y la Policía Nacional
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados J.I.P.P., G.S.O.D., y G.E.M.M., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
En la revisión del fallo dictado el 14 de abril de 2016, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se confirmó la sentencia proferida por El Tribunal Administrativo de Oralidad de Santander, el 10 de febrero de 2016, dentro de la acción de amparo constitucional instaurada por R.C.S. contra la Rama Judicial del Poder Público, F.ía General de la Nación, Instituto Nacional Penitenciario y C. -INPEC-, y la Policía Nacional.
R.C.S., presentó acción de tutela contra la Rama Judicial, la F.ía General de la Nación, Instituto Nacional Penitenciario y C.[1], y la Policía Nacional, con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales a la defensa, petición, libertad, buen nombre y honra.
2.1. El señor R.C.S., fue condenado con pena principal de 24 de meses de prisión, multa de 15 salarios mínimos legales e inhabilidad en el ejercicio de derechos y funciones públicas. Le fue reconocido “el subrogado de caución prendaria”, por el Juzgado Segundo Penal Municipal de B.[2] el 2 de febrero de 2004. Dicha providencia fue confirmada por el Juzgado Décimo Penal del Circuito de B., el 2 de febrero de 2005.
2.2. Habiendo cumplido su pena, manifestó que fue detenido en el Banco Occidente de G. y en las instalaciones del Hospital de Santander, siendo trasladado hasta la SIJIN, dejando su motocicleta a la deriva y, en consecuencia, debiendo recogerla en un parqueadero.
2.3. El 8 de octubre de 2015, el accionante fue capturado en la Terminal de Transportes de B., y trasladado a la F.ía General de la Nación, para legalizar la orden de captura, formular imputación, y decidir la medida de aseguramiento, por el presunto delito de fuga de preso, afectándolo material, moral y psicológicamente. En virtud de los anteriores hechos, no pudo asistir a su trabajo en “FIRMAC”, motivo por el cual fue despedido, al haber abandonado una tracto mula cargada con Productos Mac Pollo.
Solicita el accionante, se conceda el amparo de los derechos fundamentales a la libertad, vida, debido proceso, y honra y, en consecuencia, que las órdenes que en sede de tutela se profieran sean cumplidas por la F.ía General de la Nación, el INPEC, la Policía Nacional, y se proceda a restablecer su derecho por los daños materiales e inmateriales ocasionados.
Respuesta de la F.ía General de la Nación
La F.ía General de la Nación informó que cuenta con el punto de registro SIAN, Seccional de F. de B., sistema que se encarga de la recolección, registro, análisis y difusión de información vigente referente a órdenes de captura, medidas de aseguramiento, preclusiones o cesaciones de procedimiento por indemnización integral, sentencias condenatorias y absolutorias en firme, que profieren las autoridades judiciales, información que se actualiza con las certificaciones expedidas por las respectivas autoridades.
Manifestó que consultado el sistema en el cual se registran casos acaecidos entre el mes de diciembre de 1998 y el 31 de diciembre de 2005, se encontró el proceso radicado 121472, que conoció en su oportunidad la extinta F.ía Cuarta Local de B., actuación que se adelantó en contra del actor por el delito de lesiones personales. La investigación se encuentra inactiva, por ejecutoria de la resolución de acusación.
De otra parte, en el sistema Misional SPOA[3] el cual registra los casos a partir del 1º de enero de 2006, aparece la noticia criminal en la cual se aprehendió al actor el 8 de agosto de 2015, fuera de su residencia, en esta fecha, el señor R.C.S. gozaba del beneficio de prisión domiciliaria, motivo por el cual fue dejado en disposición de la URI de la F.ía Seccional de B., por el presunto delito de fuga de presos. Realizado el trámite de legalización de la captura, ante las autoridades competentes, el 24 de agosto de 2015, se tomó la decisión de archivar las diligencias por atipicidad de la conducta.
Manifestó la F.ía que las circunstancias que han motivado la aprehensión del actor, son los registros que aparecen en las bases de datos de otras instituciones diferentes de la F.ía.
Respuesta del Director Ejecutivo Seccional de la Administración Judicial de B.
Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Manifestó que consultada la base de datos de Investigación Criminal e INTERPOL, se registran los siguientes antecedentes: “Juzgado 2 Penal Municipal de Depuración de B. – Santander en oficio del 18 de junio de 2010, comunica EXTINCIÓN DE CONDENA, fallo del 3/08/2004 condenó a 24 meses de prisión, el Juzgado 4 de Penas (sic)B7manga en auto del 5/05/2009. Proceso 2004/00023 de lesiones.” Por consiguiente, teniendo en cuenta que se consigna la extinción de la condena, se certificó que no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales.
- Copia de la consulta en línea de antecedentes y requerimientos judiciales en la que consta que el señor R.C.S. no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales. (Folio 7).
- Copia de la consulta de procesos de la Rama Judicial, en la que se relaciona como demandado al señor R.C.S., quien es investigado por el delito de lesiones personales. (Folios 9 y 10).
- Copia de la solicitud de legalización de la captura del señor R.C.S., del 9 de agosto de 2015, proferida por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Garantías en la que se declara su ilegalidad. Radicado 68001-60-00-159-2015-09163. (folio 11).
- Copia del punto de Registro Sian 3.0 en el que consta que consultados los archivos vigentes a nivel nacional del sistema de información sobre antecedentes SIAN, no cuentan con información sobre prontuarios delictivos, investigaciones preliminares, como tampoco información sobre investigaciones formales en las cuales se hayan adoptado algunas de las decisiones ya mencionadas o que hayan sido reportadas en forma oportuna por las autoridades competentes respecto del señor R.C.S.. (Folio 26).
Consideró el juez colegiado que de conformidad con las respuestas allegadas por las entidades accionadas, se demostró que en los sistemas de información de la F.ía General de la Nación, el accionante no reporta ningún requerimiento judicial, como tampoco se advierte que exista amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales.
La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, mediante auto del 7 de julio de 2016, decretó las siguientes pruebas para mejor proveer en el asunto de la referencia: “a la F.ía General de la Nación, certifique si de conformidad con los Sistemas de Registro SIAN, SIJUF y SPOA el señor R.C.S., identificado con C.C. No 91.447.161 de B., es requerido actualmente por alguna autoridad judicial, si tiene orden de captura vigente. Así mismo, si contra él cursan investigaciones penales, cuáles aprehensiones se registran, y respecto de qué delitos.
Se solicitó del Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Garantías de B. copia de la investigación radicada 68001-60-00-159-2015-09163, en la cual es indiciado el señor R.C.S..”
-Oficio OPTA.1184 de 2016, en el que informa la F.ía General de la Nación que en la fecha y hora de notificación de la referida acción de tutela se verificó el módulo de información vigente de la base de datos SIAN de la F.ía General de la Nación, en la cual consta que en relación con el señor R.C.S. no figura registro vigente a nivel Nacional. (Folios 26 y 27).
-Oficio No. S-2016 - 061240 del 14 de julio de 2016, mediante el cual se comunica que el señor R.C.S. no tiene orden de captura activa en el sistema, y la única orden de captura que aparece fue por el delito de lesiones personales dolosas, que fue cancelada el 16 de junio de 2016. Informa además, que el actor fue capturado en flagrancia el 8 de agosto de 2015, por el delito de fuga de presos en B., única captura que aparece reflejada entre los años 2012 a 2016. (Folios 33 a 34).
-Oficio No.S-2016 054471 en el que consta que entre el periodo comprendido entre los años 2012 a 2013 y 2014 a 2016 nunca ha estado capturado el accionante en las estaciones de policía del Norte y G., y la Norte. Existe constancia de una captura en flagrancia el día 8-08-2015, por el delito de fuga de presos (Estación de Policía del Sur de B.). (Folio 38 a 41).
-Informe de la Policía de Vigilancia en casos de captura en flagrancia del 8 de agosto de 2015, del señor R.C.S. (Folios 54 a 57).
-Oficio 8120 OFAJU-81204 Grutu- TUT-0796 del 13 de julio de 2016, en el que se deja constancia que el accionante estuvo privado de la libertad desde el 2 de mayo de 2006, por parte del Juzgado Municipal de B., Santander, y quien vigilaba su pena era el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad. Fue condenado a la pena de 24 meses. (Folio 61).
-CD contentivo de la audiencia de la audiencia de legalización de captura del señor R.C.S.. (Folio 67).
- Escrito enviado por el Instituto Nacional Penitenciario y C.I., al Tribunal Contencioso Administrativo de Santander, en el cual informa sobre el cumplimiento de la acción de tutela de la referencia. (Folio 77).
La presente acción de tutela fue presentada por R.C.S. a través de apoderado judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta Política, el cual establece que toda persona que considere que sus derechos fundamentales han sido vulnerados o se encuentren amenazados, podrá interponer acción de tutela en nombre propio o a través de un representante que actúe en su nombre. Siendo así, en este caso, tal presupuesto se satisface.
La acción de amparo fue dirigida contra tres entidades públicas, la Policía Nacional, la F.ía General de la Nación y el Instituto Nacional Penitenciario y C.I., razón por la cual, en virtud de lo dispuesto por los artículos 5 y 13 del Decreto 2591 de 1991, se encuentran legitimados por pasiva.
Presentación del caso y el problema jurídico a resolver
El señor R.C.S. manifiesta que fue retenido de manera ilegal por la Policía Nacional, en el año 2014 y los días 8 de octubre de 2015 y 20 de enero de 2016, sin encontrarse vigentes ordenes de captura en contra suya. Dicha conducta estima le ha causado daños que deben ser imputados a las autoridades judiciales y policivas, razón por la cual considera que se encuentran vulnerados sus derechos fundamentales a la defensa, libertad y honra. Así mismo, afirma que el INPEC, al no contestar su solicitud de dar de baja y retirar de su base de datos los antecedentes disciplinarios, infringe su derecho de petición[8].
De conformidad con las precedentes manifestaciones, a esta Corporación le corresponde determinar si la actuación del INPEC, la F.ía General de la Nación, y la Policía Nacional vulneraron los derechos fundamentales a la libertad, buen nombre, habeas data y petición, de quien alega no contar con órdenes de captura vigentes, como tampoco tener antecedentes penales. A efectos de resolver el problema jurídico planteado, la sentencia delimitará su estudio a tres situaciones concretas: 1) si la Policía Nacional, la F.ía General de la Nación, y el INPEC vulneraron el derecho fundamental de habeas data, del señor R.C.S., al consignar en sus sistemas de información ordenes de captura que no se encontraban vigentes; 2) si la actuación de la Policía Nacional vulneró el derecho fundamental a la libertad del actor, pues afirma que su retención ocurrió de manera arbitraria e ilegal y, 3) Se estudiará la presunta vulneración del derecho de petición por parte del INPEC.
3.1.3. Los organismos con atribuciones de policía judicial, llevarán un registro actualizado de las capturas de todo tipo que realicen. Para el efecto, deberán remitir el registro a la F.ía General de la Nación, a fin de que la dependencia a cargo consolide y actualice dicho registro con la información sobre las capturas realizadas por cada organismo.[10] Este archivo deberá estar disponible para las autoridades que ejerzan funciones de policía judicial y la F.ía General de la Nación.[11]
3.1.4. De conformidad con el artículo 300 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 21 de la Ley 1142 de 2007, se puede ordenar una captura excepcional por parte del F. General de la Nación o su delegado, la cual deberá ser escrita y motivada en los eventos en los que proceda la detención preventiva y cuando no se encuentre un juez que pueda ordenarla, siempre que existan elementos materiales probatorios, evidencia física o información que permitan inferir razonablemente que el indiciado es autor o partícipe de la conducta investigada, además de concurrir causales como el riesgo inminente de que la persona se oculte, cuando exista probabilidad fundada de alterar los medios probatorios, o peligro para la seguridad de la comunidad o de la víctima en cuanto a que si no es realizada la captura, el indiciado realice en contra de ellas una conducta punible.
3.1.5. Ahora bien, en cuanto al registro que deben llevar las autoridades judiciales y administrativas, constituye una obligación de la F.ía General de la Nación contar con un sistema central de información, que permita asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, y en especial, la de dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.[12]
3.1.6. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 261 de 2000, modificado por el artículo 79 de la Ley 938 de 2004, se cuenta con el Centro de Información de Actividades Delictivas el cual, entre otras funciones, tiene la de definir la política de recolección, registro, análisis y difusión de la información requerida como soporte para el desarrollo de las investigaciones que debe adelantar la F.ía, así como establecer mecanismos que faciliten la utilización oportuna de la información básica por parte de las Unidades de Policía Judicial. Uno de estos mecanismos es el registro en el sistema de información sobre antecedentes y anotaciones, (SIAN)[13], sistema que se encarga de la recolección, registro, análisis y difusión de la información vigente de órdenes de captura, medidas de aseguramiento, preclusiones o cesaciones de procedimiento por indemnización integral, sentencias condenatorias y absolutorias en firme que profieren las autoridades judiciales. De otra parte, esta entidad tiene el registro del Sistema Penal Acusatorio denominado (SPOA), que registra los casos por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 2006[14]. El centro de información sobre actividades delictivas, en coordinación con las direcciones de fiscalías, implementará, de manera periódica, la realización de procesos de depuración de la información contenida en la base de datos. Para tal efecto, las autoridades judiciales deben aportar la mayor cantidad de información en los formatos diseñados para la realización de dicha labor.
3.1.7. La materialización de la captura no solo está en cabeza de la F.ía General de la Nación, sino que además, se trata de una función que le corresponde a la Dirección Central de Policía Judicial -DIJIN-. La F.ía dirige y coordina las funciones de Policía Judicial que en forma permanente cumple la Policía Nacional, demás organismos previstos en la ley y los restantes entes públicos a los cuales, de manera transitoria, el F. General les haya atribuido tales funciones.[15]
3.2.5. Debe destacar la Sala que la reserva judicial de la libertad a que se ha hecho referencia, encontró particular refuerzo en la reforma introducida en el Acto Legislativo 03 de 2002 en la que se estableció que en el nuevo sistema penal por el introducido, por regla general, la imposición de medidas restrictivas de la libertad, tales como la captura, deberá ser decretada solamente por el juez de control de garantías, ante quien la F.ía deberá presentar la solicitud pertinente y solo en casos excepcionales, según lo establezca la ley. La F.ía General de la Nación podrá realizar capturas sin orden judicial previa, que no obstante estarán sujetas a un control automático por parte del juez de control de garantías dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes (art. 250-1 C.P)[28]. No obstante lo anterior, solamente, cuando existan circunstancias de urgencia insuperables y sea necesario proteger un derecho fundamental en grave e inminente peligro, la autorización judicial previamente escrita podrá ser comunicada verbalmente, y, solamente cuando en estas circunstancias excepcionalísimas sea imposible requerir la autorización judicial, podrá actuarse sin orden del funcionario judicial debiéndose poner a la persona a disposición del funcionario judicial tan pronto como sea posible y en todo caso, dentro de las veinticuatro horas siguientes deberá informarse a la Procuraduría del hecho y de las razones que motivaron dicha actuación, para lo de su competencia[29].
3.5.1.El señor R.C.S. afirma que fue retenido de manera ilegal y arbitraria por la Policía Nacional, en el año 2014 y los días 8 de octubre de 2015 y 20 de enero de 2016, sin encontrarse vigentes ordenes de captura en su contra. A su juicio, dicha conducta le ha causado daños que deben ser imputados a las autoridades judiciales y policivas, razón por la cual considera que se encuentran vulnerados sus derechos fundamentales a la defensa, habeas data, libertad y honra. Así mismo, estima que el INPEC, desconoce su derecho de petición al no contestar las solicitud en la que requiere se retire su nombre de la base de datos de dicha institución.
3.5.2. De la situación fáctica expuesta, y de conformidad con la metodología señalada se estudiará: 1) si la Policía Nacional, la F.ía General de la Nación, y el INPEC, vulneraron el derecho fundamental de habeas data del señor R.C.S.´parez, al consignar en sus sistemas de información órdenes de captura que no se encontraban vigentes; 2) si la actuación de la Policía Nacional vulneró el derecho fundamental a la libertad del actor, pues éste afirma que las retenciones realizadas ocurrieron de manera arbitraria e ilegal y, 3) se estudiará la presunta vulneración del derecho de petición por parte del INPEC.
3.5.3.2. De las pruebas recaudadas se comprueba que en las bases de datos de la F.ía General de la Nación, SIAN, el accionante “no figura con registro vigente a nivel nacional”[39]. Asimismo, consultado el Sistema Misional SPOA que toma nota de estas novedades a partir del 1 de enero de 2006, consta la noticia criminal radicado No. 680016000159201509163, la cual, conforme fue informado “tuvo su génesis en la aprehensión del ciudadano R.C.S. el día 8 de agosto de 2015, cuando funcionarios de la Policía Nacional, en el ejercicio de sus funciones de vigilancia, realizaban el procedimiento de solicitud de antecedentes, y al consultar por la central de radio, según certificación del INPEC, refería que el citado gozaba de beneficio de detención domiciliaria, siendo interceptado fuera de este lugar, motivo por el cual fue dejado a disposición de la F.ía Seccional de B., por el presunto delito de fuga de presos, llevándose ante el juez de control de garantías”. Las diligencias fueron archivadas por atipicidad de la conducta[40].
3.5.3.4. El INPEC, en respuesta a las solicitudes efectuadas por la Sala Cuarta de Revisión, manifestó que revisado el sistema de información “Sistematizada del Sistema Penitenciario SISIPEC WEB[42] y la Cartilla Biográfica, “el accionante estuvo privado de la libertad en establecimiento penitenciario de Mediana Seguridad de B., desde el 2 de mayo de 2006, por parte del Juzgado Segundo Penal Municipal de B., quien vigilaba su pena era el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad. Estuvo condenado por los delitos de lesiones personales a la pena de 24 meses. Le fue concedida la libertad definitiva por parte del Juzgado Segundo Penal Municipal de B.”[43]. De igual manera, consta en el sistema de capturas de la Policía Nacional que el accionante se encontraba condenado por el delito de lesiones personales a órdenes del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, y que de conformidad con la constancia de fecha 8 de agosto de 2015 (certificación del SISIPEC),[44] se materializó la captura. Adicional a lo anterior, se agrega que la información que reposa en la certificación del INPEC, fue corroborada vía telefónica con funcionarios de dicha institución por parte de la Policía Nacional como consta en el acta de detención. Se advierte que actualmente todos los registros de captura del INPEC SISIPEC WEB aparecen con la leyenda “inactivo”, en relación con distintas autoridades judiciales que se encuentran relacionadas, y aparece constancia de la libertad del actor[45].
3.5.3.5. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 65 de 1993, modificada por la Ley 1709 de 2014, el Instituto Nacional Penitenciario y C.I., debe llevar un registro en los centros de reclusión, respecto del ingreso y egreso de cada interno (Cartilla Biográfica). Debe constar en esta cartilla la reseña dactiloscopia, hora de ingreso, estado físico y fotografía. De otra parte, se encuentra el Sistema de Información de Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y C. (SISIPEC) que constituye la fuente principal de información de las autoridades penitenciarias, carcelarias y judiciales en lo relativo a las condiciones de reclusión de cada una de las personas privadas de la libertad que se encuentren bajo custodia del Sistema Penitenciario y C.. En caso de que existan personas cuya identidad no ha sido determinada o se encuentran indocumentadas, el Instituto Nacional Penitenciario y C. llevará a cabo las gestiones ante la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de lograr su plena identificación. El SISIPEC deberá tener cifras y estadísticas actualizadas con los partes diarios de cada establecimiento sobre la situación de cada una de las personas privadas de la libertad y sus cartillas biográficas respectivas. Los Directores de los establecimientos penitenciarios deberán reportar y actualizar diariamente el SISIPEC so pena de incurrir en una falta disciplinaria gravísima[46].
3.5.3.6. Como quedó expresado en el acápite 3.1 los organismos con atribuciones de policía judicial, llevarán un registro actualizado de las capturas de todo tipo que realicen y deberán remitir el respectivo registro a la F.ía General de la Nación, para que la dependencia encargada consolide y actualice dicho registro con la información sobre las capturas realizadas por cada organismo. Se observa que consultados los registros en el sistema de información sobre antecedentes y anotaciones, (SIAN)[47], sistema que se encarga de llevar la recolección, registro, análisis y difusión de la información vigente de órdenes de captura, medidas de aseguramiento, preclusiones o cesaciones de procedimiento por indemnización integral, sentencias condenatorias y absolutorias en firme que profieren las autoridades judiciales, el actor no registra ordenes de captura vigentes. Se corrobora además, que en la consulta de antecedentes judiciales el actor no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales. Esto lleva a concluir a la Sala que actualmente todos los registros y bases de datos de la F.ía General de la Nación y de la Policía Nacional se encuentran actualizadas, razón por la cual en este momento no se evidencia afectación del derecho de habeas data, por parte de las mencionadas autoridades
3.5.3.7. Ahora bien, teniendo en cuenta que según los informes de la Policía Nacional no figura ninguna retención adicional del accionante con excepción de la ocurrida el 8 de agosto de 2015, la Sala considera pertinente estudiar el procedimiento realizado ese día, con el fin de dilucidar y establecer cuál es la razón que lleva a la Policía Nacional realizar los procesos de retención. De conformidad con la audiencia de legalización de la captura del accionante el 9 de agosto de 2015, la juez[48] llega a la conclusión de que la captura es ilegal, puesto que la conducta por la que se investiga al señor C.S. es atípica. La decisión del a quo tuvo como fundamento el hecho de que la pena por el delito de lesiones personales, único delito por el cual fue procesado el actor conforme las bases de datos de la F.ía General de la Nación y la Policía Nacional, ya se encuentra extinta[49]. No obstante lo anterior, si se revisa el procedimiento policial efectuado, se encuentra que la captura fue motivada por la información que reposa en el INPEC, a través del Sistema SISIPEC, en el que aparece que el actor se encuentra cumpliendo una condena por lesiones personales en su domicilio. Lo anterior, permite concluir que la información brindada por el INPEC es errada, y que de conformidad con el informe de captura de la Policía Nacional, la certificación enviada por el INPEC y la confirmación telefónica con dicha institución, fue lo que motivó la privación de la libertad del actor[50].
3.5.3.9. Conviene destacar que el Sistema de Información de Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y C. (SISIPEC) y la cartilla biográfica del interno constituyen una fuente para las autoridades penitenciarias, y judiciales, no solo en lo relativo a las condiciones de reclusión, sino que además, es una herramienta de consulta que permite a las autoridades policivas realizar capturas, en esa medida, se trata de una base de datos que debe ser manejada consultando la veracidad de la información personal a objeto de evitar que, como en este caso, cualquier error o duda en el reporte de la información, puede llevar a trasgredir el derecho de la libertad personal. Considera la Sala que en consecuencia, debe el sistema de información ser absolutamente claro en el manejo y reporte de datos, pues se trata de un soporte informático que no puede albergar duda, razón por la cual en el caso objeto de estudio debe el INPEC, ser preciso con la información que consigna no solo en el Sistema SISIPEC, sino en la cartilla biográfica y, por consiguiente, en el caso sub examine, debe corregir en la cartilla biográfica lo referente a la información domiciliaria del actor, haciendo claridad en que no se encuentra cumpliendo pena en su domicilio.
3.5.4.1.El actor afirma en la acción de tutela que fue retenido en tres oportunidades: la primera de ellas en el año 2014, en las instalaciones del Hospital Santander, la segunda el día 8 de octubre de 2015, en el Terminal de Transporte de la ciudad de B., fecha en la cual fue trasladado a la F.ía General de la Nación, para legalizar la orden de captura y donde le fue manifestado al día siguiente que sería puesto en libertad pues “se trataba de un homónimo”, la tercera ocurrió el día 20 de enero de 2016, y se le informó que se reportaba una orden de captura vigente por fuga de presos.
3.5.4.3. La Estación de Policía de G. informó que el actor efectivamente fue capturado el 8 de agosto de 2015, y aparece con un registro de detención domiciliaria en la base de datos SISIPEC, lo que es corroborado por funcionarios del INPEC, informando que esta persona goza del beneficio de casa por cárcel. Se advierte en el informe de Policía que el tiempo que permaneció en custodia de la patrulla le fueron respetados sus derechos, se afirma además, que fue solicitada información por escrito de tal situación, y se allegó certificación del INPEC en la que consta que el actor se encuentra condenado por el delito de lesiones personales y tiene prisión domiciliaria,[53]adicionalmente, vía telefónica se comunican con un funcionario del INPEC, quien confirmó que “efectivamente esta persona goza con el beneficio de casa por cárcel y su domicilio es el mismo que anteriormente se menciona”, así mismo, la Policía aportó copia de la consulta efectuada en la página web SISIPEC, en la que aparece fecha de captura 29 de abril de 2006, sin fecha de egreso, cuyo estado es “Prisión domiciliaria”.
3.5.4.5. Examinado el procedimiento efectuado por la Policía Nacional resulta claro que el accionante fue capturado en flagrancia, con fundamento en la información que reposa en las bases de datos del INPEC, aún mas, la Policía Nacional al momento de efectuar la captura y antes de poner a disposición de las autoridades judiciales al señor C.S., verificó la información que fue certificada por esta institución, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 56 y 62 del Código de Policía. De igual manera se confirmó que el proceso de legalización de captura se efectuó cumpliendo los términos establecidos, no habiendo transcurrido más de 36 horas desde su captura y la legalización de la misma[54].
3.5.5.1. El señor R.C.S., presentó de petición el 20 de enero de 2016[56] ante el INPEC, con el fin de “dar de baja retiro de pantalla, de esta entidad mi nombre ya que a diario las autoridades judiciales competentes requieren antecedentes disciplinarios” manifestó que en los antecedentes solicitados figura su nombre, y aparece como si estuviera cumpliendo pena de prisión domiciliaria, lo que le ha ocasionado varios inconvenientes con las autoridades policiales. Señaló que hasta el momento no se le ha dado respuesta a la petición presentada, lo que se evidencia de las documentales que obran en el expediente de tutela.
4.1. Las autoridades penitenciarias tienen el deber de llevar un registro actualizado de las personas condenadas, en el que aparezcan consignados todos los datos que de conformidad con la ley deban registrarse en la cartilla biográfica de los internos y en el Sistema de Información de Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y C. (SISIPEC). El mencionado sistema y la cartilla deben contener una información actualizada y veraz del personal condenado. Lo anterior, en la medida en que constituye una fuente de búsqueda no solo para las autoridades judiciales, sino para las policiales, respecto de la cual cualquier error o duda en el reporte de la información, puede llevar a trasgredir el derecho de la libertad personal. Los contenidos del sistema y la cartilla deben reportar datos que no generen dudas respecto de la situación del condenado, puesto que se trata de un soporte informático que maneja contenidos tan sensibles como la privación de la libertad.
4.4. Con sujeción a la precedente argumentación, la acción de tutela de la referencia está llamada a prosperar, razón por la cual esta Sala revocará parcialmente la sentencia dictada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, el 14 de abril de 2016, dejando incólume lo relativo a la negativa del amparo a la libertad personal. En su lugar, se concederá el amparo de los derechos fundamentales de habeas data y petición del señor R.C.S., en consecuencia, se ordenará al Instituto Nacional Penitenciario y C.I., que dentro del término de las 48 horas siguientes a la notificación de este proveído corrija y realice las correcciones necesarias relativas a la información domiciliaria del actor, y que se encuentra consignada en la cartilla biográfica del señor R.C.S., quien se identifica con C.C. No. 91.447.161, en cuanto a que no quede duda de que actualmente no se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, en relación con el proceso de lesiones personales, Radicado 2004-00023. Se exhortará al Instituto Nacional Penitenciario y C.I. para que en lo sucesivo, actualice el portal SISIPEC en lo que tiene que ver con la libertad de los condenados. Se ordenará al Instituto Nacional Penitenciario y C.I., que dentro de los 48 horas siguientes a la notificación de la presente decisión de respuesta a la petición presentada por el actor el 20 de enero de 2016.
Primero.- REVOCAR PARCIALMENTE el fallo dictado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, el 14 de abril de 2016, que a su vez confirmó la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Oralidad de Santander, el 10 de febrero de 2016, que negó la solicitud de amparo de los derechos fundamentales de habeas data y petición presentada por el señor R.C.S.. EN SU LUGAR, se CONCEDE el amparo de los derechos fundamentales de habeas data y petición del señor R.C.S. y, en consecuencia, SE ORDENA al Instituto Nacional Penitenciario y C.I., que dentro de las cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, corrija y realice las correcciones necesarias relativas a la información domiciliaria del actor, y que se encuentra consignada en la cartilla biográfica del señor R.C.S., quien se identifica con C.C. No. 91.447.161, en cuanto a que no quede duda de que actualmente no se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, en relación con el proceso de lesiones personales, Radicado 2004-00023. También SE ORDENA, al Instituto Nacional Penitenciario y C.I., que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la presente decisión de respuesta a la petición presentada el 20 de enero de 2016, por el señor R.C.S..
Segundo. EXHORTAR al Instituto Nacional Penitenciario y C.I. para que en lo sucesivo, actualice el portal SISIPEC en lo que tiene que ver con la libertad de los condenados.
[2] Le correspondió el conocimiento de dicho proceso a la F.ía 4 Local de B..
[22] “y L. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-176 de 2007, en el entendido que la privación de la libertad debe condicionarse a previo mandamiento escrito de autoridad judicial competente”.
[42] “Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y C.. Organización Sistemática de la información de los internos desde el momento de su ingreso al Establecimiento de Reclusión, hasta cuando salen en libertad”.
[48] El Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de B. decidió de la legalización de la captura del accionante, y en audiencia del 9 de agosto de 2015 declaró la ilegalidad de la captura. (folio 70 CD folio 71)
Sentencia nº 11001-03-15-000-2017-02069-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Quinta, de 26 de Septiembre de 2017

References: resolución 
 artículo 86
 artículo 300
 artículo 21
 artículo 79
 artículo 56