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Timestamp: 2020-01-26 20:50:23+00:00

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STC 93/1983, 8 de Noviembre de 1983 - Jurisprudencia - VLEX 15034730
STC 93/1983, 8 de Noviembre de 1983
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 497/1982
1. En desarrollo del derecho a la tutela judicial efectiva, las Leyes procesales han de prever un cauce procedimental para que todas las personas puedan obtener una resolución de fondo, fundada en Derecho, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. La Constitución no impone un tipo de procedimiento determinado, pudiendo valorar el legislador cuál sea el más adecuado, siempre que no se produzca indefensión. 2. La regulación procesal no afecta a la tutela judicial efectiva si en el correspondiente proceso el actor puede obtener una resolución de fondo, fundada en Derecho, sea o no favorable a sus pretensiones, con todas las garantías procesales.
Sentencia citada en: 103 sentencias, 19 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 497/1982 formulado por don Julián O. P., Procurador de los Tribunales, en nombre de don José J. G., bajo la dirección del Letrado don Ignacio J. F. M., contra el Auto de 25 de noviembre de 1982, dictado por el Juzgado de Primera Instancia de Tudela, sobre reconocimiento de eficacia civil de una decisión pontificia de dispensa de matrimonio rato y no consumado. En el proceso han comparecido el Ministerio Fiscal y doña María A. P. D., representada por el Procurador don Manuel A. T., bajo la dirección del Letrado don José A. P. N. A.. Ha sido Ponente el Magistrado don Rafael G. F. M., quien expresa el parecer de la Sala.
1. En 21 de diciembre de 1982, el Procurador de los Tribunales don Julián O. P., en nombre y representación de don José J. G., formula recurso de amparo contra el Auto de 25 de noviembre de 1982, dictado por el Juzgado de Primera Instancia de Tudela, por el que se acordó archivar las actuaciones en el procedimiento a que puso fin sobre dispensa de matrimonio rato y no consumado, con la súplica de que se declare su nulidad y se acuerde devolver los autos al mencionado Juzgado a fin de que proceda a otorgar eficacia civil a la resolución canónica firme, una vez examinado efectivamente que dicha resolución canónica es auténtica y ajustada al Derecho español. Por Otrosí, la representación del recurrente manifiesta que, a su juicio, no es constitucional la disposición adicional segunda de la Ley 30/1981, de 7 de julio, solicitando de este Tribunal Constitucional que proceda, en su caso, conforme al art. 55.2 de la Ley Orgánica.
2. Los hechos que se exponen en la demanda son los siguientes: a) don José J. G. y doña Adoración P. D. contrajeron matrimonio canónico el 6 de mayo de 1972; b) en el mes de junio de 1981, el actor solicitó del Pontífice la dispensa del matrimonio rato y no consumado; c) en 26 de agosto de 1982 se dictó resolución pontificia de disolución del matrimonio canónico mediante dispensa de matrimonio rato y no consumado; d) en el procedimiento de dispensa, iniciado en Pamplona el día 1 de junio de 1981, la esposa del actor fue citada formalmente por dos veces, compareciendo a la primera citación, y pudo hacer valer en dicho procedimiento su mejor derecho, teniéndosela por comparecida a los efectos jurídicos y procesales pertinentes; e) mediante escrito de 4 de octubre de 1982 el recurrente solicitó ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tudela, la eficacia civil de la referida resolución canónica, acompañando la documentación pertinente; f) tramitado dicho escrito conforme a las normas previstas en la Disposición Final Segunda de la Ley 30/1981, de 7 de julio, y conferido traslado al Ministerio Fiscal y a la esposa, ésta presentó escrito oponiéndose a la solicitud del actor; g) mediante Auto de 15 de diciembre de 1982, el Juzgado puso fin a las actuaciones, ordenando el archivo de las mismas, sin entrar a considerar el fundamento de la oposición formulada por la esposa, ni si la resolución canónica, cuya eficacia civil se solicitaba, se ajustaba al Derecho español; h) en el mencionado Auto, acompañado por el actor, se decreta el archivo de las actuaciones «sin perjuicio del derecho que asiste a las partes y al Ministerio Fiscal para formular su pretensión en el juicio correspondiente», sobre la base de la oposición de la esposa y de lo prevenido en la Disposición adicional 2.ª , 3, de la Ley 30/1981.
3. En cuanto a la fundamentación jurídica de la demanda, la representación del actor considera vulnerados los arts. 14, 16.1 y 3, 24 y 96 de la Constitución. En primer lugar, se ha producido la vulneración de los arts. 14 y 16.1 -igualdad y libertad religiosa-, en cuanto es contrario a la Constitución otorgar al actor el mismo trato que a doña Adoración P. D., pues ambos han utilizado de forma diferente el mismo derecho de libertad religiosa, al no haber ejercido su derecho la esposa por omisión, de donde no puede derivarse que quien los ejercitó se vea privado de los mismos. Ante esta actuación diferente, es contrario a la Constitución uniformar su trato, debiendo prevalecer el principio de trato específico, que ampara el pluralismo religioso, pudiendo afirmarse que en el terreno del obrar religioso, que es diferente y dispar en las personas y confesiones, no cabe la igualdad como uniformidad (dar a todos lo mismo) sino como justicia (dar a cada uno lo suyo). El actor, a consecuencia de una omisión del Juzgado de Primera Instancia de Tudela, que le priva de sus garantías procesales constitucionales, es tratado desigualmente respecto de su esposa. No tiene igual amparo el derecho de libertad religiosa de uno y otro. La omisión o no ejercicio de doña Adoración P. D. nunca puede suponer que el legítimo ejercicio de ese derecho de libertad religiosa sea coartado hasta ser anulado como le ocurre al demandante.
4. Por providencia de 9 de febrero de 1983 la Sección acordó admitir a trámite la demanda y, una vez recibidas las actuaciones, por providencia de 9 de marzo de 1983 tuvo por personado y parte al Procurador don Manuel A. T. en representación de doña María A. P. D., y, asimismo, acordó dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes.
c) La representación de doña Adoración P. D. suplicó en su escrito de alegaciones que se denegase el amparo solicitado. En cuanto a los hechos, negó o puso en duda determinados extremos de los formulados por el recurrente en relación con la tramitación del expediente de dispensa canónica y con la solicitud de reconocimiento de eficacia civil de aquélla. Y en cuanto a los fundamentos de derecho, se opuso a los alegados por el recurrente, negando que se hayan infringido los arts. 14, 16.1 y 3, 24 y 96 de la Constitución Española.
5. Entre las actuaciones recibidas figura el escrito de oposición formulado por el Procurador don Victoriano H. C., en representación de doña Adoración P. D., oposición que se fundamenta, sustancialmente, en que:
Pero en todo caso, y aunque pretendiera deducirse este deber de cooperación de la libertad religiosa que reconoce el art. 16.1 de la Constitución, es lo cierto que tampoco podríamos afirmar que la resolución impugnada hubiera afectado al mismo, dado que se dicta en virtud de lo dispuesto en la Disposición adicional segunda , de la Ley 30/1981, que a su vez fija un procedimiento para hacer efectivo lo convenido entre el Estado Español y la Santa Sede en el Acuerdo sobre asuntos jurídicos firmado el 3 de enero de 1979 (art. VI), que por ello no puede entenderse modificado; por lo demás, como antes hemos señalado, el Juez ha actuado siguiendo el cauce establecido en el Ordenamiento interno para el reconocimiento de la eficacia civil de la decisión pontificia de matrimonio rato y no consumado.
STSJ Castilla y León 148/2007, 16 de Marzo de 2007
STS 73/2017, 6 de Julio de 2017

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