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Timestamp: 2019-12-09 09:57:01+00:00

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Derechos fundamentales - Página 4
En aplicación de la doctrina de la Sala, se estima que debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión y de información sobre el derecho al honor, pues el programa radiofónico, informaba a los oyentes del programa de que la mitad de la fianza depositada en un Juzgado de Bilbao, para la libertad del imputado, correspondía a un aval prestado por una Caja de Ahorros, entidad que pertenecía a un grupo empresarial. Junto con estos hechos, la periodista demandada formuló una serie opiniones personales a las que, por tanto, resultan aplicables los límites a que está sujeto el ejercicio de la libertad de expresión. La Sala recuerda que debe tenerse en cuenta que se trataba de un programa de radio y que las dos partes del programa (antes y después de la pausa) no deben separarse, pues no debe prescindirse de las características de este tipo de programas caracterizados por su inmediatez.
La sentencia destaca que, si bien las personas jurídicas pueden ver lesionado su derecho al honor, en términos generales este derecho no se presenta con la misma intensidad que el de las personas físicas, como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, sino que los derechos fundamentales de las personas jurídicas deben considerarse en relación con sus fines y su ámbito de actuación y, particularmente, el derecho al honor debe entenderse en relación con la protección para el ejercicio de sus fines y las condiciones de ejercicio de su identidad, aspectos que se proyectan sobre un ámbito externo y funcional. Desde este punto de vista, por consiguiente, el peso de la libertad de expresión frente al derecho al honor es, en el caso examinado, de una importancia considerable.
Consecuentemente, el límite que representa el contenido del derecho al honor, ha de ceder ante la mayor virtualidad del derecho a la libertad de expresión, cuando se trata de una crítica al hecho objetivo de la prestación de parte de una fianza, que era una noticia de interés público, pues el grado de afectación de la libertad de expresión es de gran intensidad y el grado de afectación del derecho al honor es débil.
La sentencia concluye que el juicio de ponderación por parte de la sentencia recurrida, no se ha ajustado de manera satisfactoria a las pautas fijadas jurisprudencialmente y, por ende, en ella se aprecia la infracción denunciada en el motivo de casación.
2.1. En materia de propiedad industrial, y en concreto sobre patentes, merece mencionarse la STS-11-07-2012 (RCIP 513/2009) en la que la Sala resolvió la cuestión jurídica relativa a la fecha de los efectos de una patente europea en España y las consecuencias de la falta de remisión de la correspondiente traducción a la Oficina Española de Patentes y Marcas. En la sentencia se determina, al amparo del artículo 64 del Convenio sobre la Patente Europea de 5 de octubre de 1973, que la patente europea produce sus efectos desde la publicación de la nota de concesión en el Boletín Europeo de Patentes. Este Convenio faculta a los Estados contratantes a exigir la traducción en el plazo de tres meses desde la publicación en el Boletín Europeo de Patentes, pudiendo establecerse su nulidad desde el origen. Esta facultad ha sido utilizada por España, que sanciona la falta de traducción con la ineficacia de la patente europea en España.
2.2. La STS 18-07-2012 (RC 1807/2008) ha resuelto el conflicto que enfrentaba a Vileda y Spontex, por violación del derecho de propiedad industrial y por competencia desleal, relativo al uso de un modelo de utilidad titularidad de la primera, consistente en un dispositivo que permite la unión entre palo de fregona y el mocho por el sistema de "click-clak". La demanda, rechazada en primera instancia, fue parcialmente estimada en apelación, donde se declaró la violación de los derechos de propiedad intelectual y se condenó a Spontex a cesar en sus conductas, con embargo de los mochos de fregona con "cabezales universales" ya terminados o en proceso de fabricación. La Sala confirma este fallo y, además, concede a las demandantes una indemnización por los daños y perjuicios sufridos que había sido denegada por la Audiencia Provincial pese a declarar la existencia de perjuicio porque en la demanda no se habían fijado las bases para su determinación. La Sala aplica su doctrina que matiza el excesivo rigor del artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con respecto a la necesidad de concretar las bases o criterios que permitan la cuantificación de la indemnización sin reserva de liquidación.
3.1. La STS 18-01-2013 (RC 1869/2009), de pleno, resuelve un asunto en el que el autor de una obra escultórica demandó a un Ayuntamiento, reclamado su derecho a que dicha obra permanezca en el mismo lugar físico donde se instaló y para el que fue concebida.
La sentencia declara que el derecho del recurrente a la integridad de la obra, previsto en el artículo 14.4 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), se extiende a la tutela de la ubicación de la obra en el emplazamiento para el que fue específicamente creada, como derecho distinto del consistente en que la exposición de la obra se realice en condiciones que no perjudiquen su honor o reputación profesional regulado en el artículo 56.2 TRLPI. Además, el derecho del autor de la obra plástica no tiene carácter absoluto e ilimitado, no puede enjuiciarse exclusivamente desde una perspectiva individualista y no prevalece sobre el derecho del propietario del objeto en el que cristaliza la misma subordinándolo y relegándolo a un derecho residual, de tal forma que, en caso de discordancia entre ambos, no cabe imponer al dueño de la obra sacrificios desproporcionados susceptibles de ser encuadrados en el abuso que nuestro sistema repudia (artículo 7 el Código Civil).
Estos límites se acentúan cuando la obra se crea para ser exhibida en un espacio público, y para una Administración Pública. Y así:
1º el derecho del autor de la obra plástica, creada para ser colocada en un lugar específico, comprende el derecho a que no se modifique su ubicación.
2º La alteración del lugar de ubicación vulnera el derecho del autor a la integridad de la obra y afecta a sus legítimos intereses, aunque se exhiba en condiciones que no supongan un perjuicio a su reputación.
3º La integridad de la obra creada para un lugar específico no se vulnera necesariamente cuando se sitúa en otra ubicación, si la modificación del emplazamiento no interfiere en el proceso de comunicación entre el artista mediante su obra y la comunidad.
4º El derecho del autor a la integridad de la obra puede comportar el de que no se exhiba en una ubicación distinta a aquélla para la que fue creada, pero no es absoluto.
5º El derecho del autor, al igual que el del propietario del soporte material, debe ejercitarse de buena fe, de forma no abusiva ni anómala y debe coordinarse con los del propietario del soporte material y los de la comunidad.
6º La decisión en supuesto de conflicto debe ser el resultado de la ponderación del caso concreto.
En el caso concreto, la Sala considera que no se ha probado nada sobre la posible nueva ubicación futura, por lo que declara el derecho moral del autor a que no se modifique la ubicación de la escultura creada en ejecución del encargo por el Ayuntamiento, y declara que, al amparo del derecho moral del autor a la integridad de la obra, no ha lugar a prohibir la modificación de su emplazamiento, de forma absoluta, y en ninguna circunstancia, debiendo, en cada caso, ponderarse los intereses concurrentes.
4. Transporte aéreo de personas.
4.1. En materia de transporte aéreo debemos reseñar la STS-03-09-2012 (RCIP 250/2011), que resuelve los recursos interpuestos por la empresa transportista en el caso del accidente ocurrido el 26 de mayo de 2003 en el que murieron 62 militares españoles que regresaban a España tras cuatro meses y medio de misión en Afganistán, al estrellarse un avión Yakovlev en Turquía cerca del aeropuerto de Trebisonda. La sentencia de primera instancia estimó la demanda, que fue confirmada por la Audiencia Provincial de Zaragoza. Se declaró probado que la causa del accidente fue la ejecución por los pilotos del Yakovlev de un intento de aterrizaje de un modo técnicamente inadecuado a las circunstancias concurrentes. Esta sentencia fue recurrida por la empresa Chapman Freeborn Airmarketing GmbH, transportista contractual. La Sala desestima los recursos interpuestos y confirma la decisión de la Audiencia Provincial. En cuanto a las cuestiones procesales planteadas, considera que la competencia del asunto correspondía a los órganos judiciales del ámbito civil por tratarse de una acción de condena por responsabilidad civil contra un particular (responsabilidad del porteador por la deficiente ejecución de la prestación de transporte), responsabilidad distinta de la responsabilidad patrimonial de la Administración. También confirma la competencia objetiva para conocer del asunto de los Juzgados de Primera Instancia. En cuanto al fondo del asunto, la parte recurrente planteaba la existencia de un vínculo de solidaridad con el Ministerio de Defensa, lo que determinaba, a su juicio, que las cantidades abonadas por el Ministerio por las indemnizaciones concedidas en cumplimiento del Real Decreto Ley 8/2004, de 5 de noviembre, fueran descontadas de la indemnización a que fue condenada. Esta pretensión es desestimada porque la indemnización concedida por la Administración no tenía el mismo régimen jurídico que la concedida en el proceso civil, ya que no procedía de una responsabilidad del Estado por la deficiente ejecución de la prestación del servicio de transporte. Además, señala que el Real Decreto Ley 8/2004 preveía la compatibilidad de las indemnizaciones que concede con otras indemnizaciones posibles por otra vía.
5. Responsabilidad profesional de abogado.
5.1. La STS 5-06-2012 (RC 187/2010) revisa la cuantía de la indemnización fijada por la Audiencia Provincial. Los hechos enjuiciados se refieren a la demanda interpuesta por una arrendataria contra su abogado en reclamación de los daños y perjuicios causados por no haber ejercitado este su derecho de retracto al no interponer la demanda en el plazo de 60 días marcado por la ley. La demanda contra el abogado fue estimada, concediéndose una indemnización a la demandante en cuantía superior a 200.000 euros en primera instancia, que fue reducida a 50.000 euros por la Audiencia Provincial al considerar que, si bien la acción era viable, el éxito de la demanda era incierto debido a las causas de oposición que podían haber sido alegadas. La Sala estima el recurso de casación interpuesto por la arrendataria y recuerda que su doctrina acerca de la no revisión en casación de las cuantías de las indemnizaciones concedidas, salvo supuestos excepcionales como error notorio, arbitrariedad o infracción del ordenamiento jurídico en la determinación de las bases para su fijación. La sentencia considera que, en el caso que resuelve, atendiendo a la base fáctica de la sentencia recurrida que, si bien determinó que la acción era viable, no fijó un porcentaje de viabilidad, el perjuicio de la demandante, dadas las posibilidades de éxito y de fracaso, debía fijarse en un 50 % y no reducirse, como hizo la Audiencia Provincial, en más de un 75%. En consecuencia, la Sala casa y anula la sentencia recurrida en cuanto al importe de la indemnización, que lo eleva.
También en materia de responsabilidad profesional del abogado, la STS 22-04-2013 (RCIP 896/2009) casa en parte la condena impuesta en segunda instancia a una abogada por responsabilidad profesional en la defensa de los intereses de su cliente, al considerar que la Audiencia apreció indebidamente una concurrencia de conductas negligentes y, consecuentemente, que no procedía moderar por este motivo la indemnización reclamada, cuya cuantía, no obstante, se mantiene, por considerarla adecuada al valor del daño patrimonial sufrido, consistente en la oportunidad procesal que resultó frustrada por la mala praxis de la letrada. La sentencia reitera su consolidada doctrina sobre la existencia y cuantificación de la responsabilidad profesional de los abogados en los casos en que el daño ocasionado tiene que ver con la frustración de una acción judicial. Según declara, cuando un abogado acepta un encargo, corresponde a este, en el desempeño diligente de su profesión, poner todos los medios jurídicos precisos para obtener el resultado perseguido por su cliente. Y aunque no toda deficiencia en el cumplimiento del encargo recibido puede ser determinante de responsabilidad, sí lo es cuando, como sucede en el caso, del examen de los hechos declarados probados resulta que la abogada no desplegó la diligencia que le era exigible en el cumplimiento del encargo profesional que asumió de su cliente. La Sala concluye que, en supuestos como el presente, en que el daño derivado de la frustración de la acción judicial es patrimonial, dado que la acción tenía por finalidad obtener una ventaja de contenido económico, y el daño se ha traducido en la pérdida de la condición de acreedor de dominio, la cuantificación del daño a los efectos de su indemnización exige un juicio o cálculo prospectivo sobre las posibilidades de éxito de la pretensión, sin que sea posible revisar en casación la suma concedida en la instancia más que en casos de notoria desproporción.
6. Propiedad horizontal.
6.1. La STS 20-07-2012 (RCIP 1678/2009) confirma la sentencia de la Audiencia que rechazó la demanda formulada por varios propietarios de inmuebles situados en un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal, en la que se instaba la nulidad de determinados acuerdos relativos a la instalación de un ascensor. Se plantearon como cuestiones a resolver la legitimación para impugnar acuerdos, la instalación ex novo de un ascensor y el régimen de mayorías para ello, los consentimientos precisos para la ocupación de parte de un espacio común de uso privativo y la exoneración en el pago para su instalación. La sentencia que resuelve el recurso de casación razona, en cuanto a la legitimación, que no puede sustentarse la acción de los condueños en el hecho de que se privara indebidamente del derecho a votar a algún copropietario distinto de los que formalizaron la demanda origen del pleito, pues solo este comunero estaría legitimado para impugnar el acuerdo por tal motivo. En cuanto a los problemas de instalación de ascensor con necesaria ocupación de un espacio privativo, que deben ponderarse los bienes jurídicos afectados (derecho del propietario a no ver perjudicado su derecho de propiedad, y derecho de la comunidad de propietarios a instalar un ascensor, como elemento que garantizará la accesibilidad y la habitabilidad del inmueble), constituyendo doctrina jurisprudencial que esta instalación permite la constitución de una servidumbre con el oportuno resarcimiento de daños y perjuicios, incluso cuando suponga la ocupación de parte de un espacio privativo, siempre que concurran las mayorías exigidas legalmente para la adopción del acuerdo, sin que resulte preceptivo el consentimiento del copropietario directamente afectado y siempre que el gravamen impuesto no suponga una pérdida de habitabilidad y funcionalidad de su espacio privativo. En el caso enjuiciado, la Sala considera que concurrían las mayorías necesarias y que también fue indemnizado el propietario afectado por la privación del 25% de su parte. Y en cuanto al carácter necesario de la obra, que por tratarse de una instalación exigible para mejorar la accesibilidad y habitabilidad del inmueble es válido el acuerdo adoptado por mayoría de 3/5, sin que haya razones para revertir la interpretación de la Audiencia sobre la existencia de una previsión estatutaria para exonerar de los gastos de su instalación a los propietarios de plazas de parking.
6.2. La STS 20-09-2012 (RC 2217/2008) confirmó la estimación de la demanda formulada por una comunidad de propietarios que solicitaba se declarase la ilegalidad de unas obras y la desestimación de la reconvención planteada por el comunero afectado, en la que interesaba se declarase la nulidad de un acuerdo adoptado por la referida comunidad. La sentencia comienza rechazando el motivo en el que el recurrente sostenía que la decisión comunitaria tomada en el año 2006 era nula y no meramente anulable, por ir en contra del principio de los actos propios. La sentencia recuerda la jurisprudencia según la cual son meramente anulables los acuerdos que entrañan infracción de algún precepto de la Ley de Propiedad Horizontal o de los estatutos de la Comunidad, mientras que los que entrañan la infracción de cualquier otra ley imperativa o prohibitiva o son contrarios a la moral o al orden público son nulos de pleno derecho y no meramente anulables, y, por tanto, insubsanables con el paso del tiempo. Sería por tanto nulo si se hubiera transgredido la doctrina de los actos propios. Pero tal cosa, según la Sala, no sucedió. La doctrina de los actos propios, sigue recordando la sentencia, tiene su fundamento último en la protección de la confianza y de la buena fe, a fin de evitar que se pueda limitar la libertad de actuación fundada en expectativas razonables, tratándose de una doctrina que solo es aplicable cuando lo realizado se oponga a actos anteriores que hubieren creado una situación o relación de derecho que no podía ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla. Así, la Sala rechaza que la sentencia de la Audiencia haya infringido esta doctrina pues, contrariamente a lo sostenido por el recurrente, no declaró el carácter no vinculante o no ejecutivo de un acuerdo comunitario válidamente aprobado, sino que consideró que el acuerdo adoptado en la junta de 1998 era nulo de pleno derecho, razonando además que, aún en el caso que no lo fuera, el ahora recurrente no realizó ninguna actividad a su amparo, sino que, al contrario, se dirigió a la comunidad antes de iniciar las obras y, ante la invocación del acuerdo del año 1998, se celebró una junta extraordinaria en agosto de 2006, en la que se acordó no autorizar la realización de las obras que pretendía ejecutar el recurrente, todo lo cual permite concluir que la situación creada con el acuerdo de 1998 no fue dejada sin efecto unilateralmente por quien debía respetarla, porque ninguna actuación llevó a cabo el recurrente conforme a esa autorización y además se alteró la decisión que se adoptó por quien estaba facultado para ello, la junta de propietarios. A continuación, partiendo de la ya declarada distinción entre acuerdos meramente anulables por transgresión de la Ley de Propiedad Horizontal o de los estatutos y acuerdos nulos de pleno derecho, aborda el problema de su plazo de impugnación. Según la Sala, la consecuencia de que en el acuerdo de 1998 se autorizasen unas obras sin que tal cuestión figurase en el orden del día solo puede ser la anulabilidad de dicho acuerdo y no la nulidad radical del mismo, cuya validez no podía discutirse al no haberse impugnado en plazo. Además, también da la razón al recurrente cuando sostiene que el acuerdo del año 2006 por el que se dejaba sin efecto la autorización para realizar obras en su terraza concedida en el año 1998 exigía, para su validez, la unanimidad del consentimiento de los propietarios, circunstancia que no se respetó en la junta celebrada en el año 2006, con la consecuencia de que, al tratarse de un acuerdo adoptado sin respetar el régimen de mayorías establecido en la Ley de Propiedad Horizontal, el plazo para impugnar el acuerdo de 2006 no era de tres meses, como sostiene la Audiencia Provincial, sino de un año, y este plazo no había transcurrido cuando el recurrente lo impugnó en vía reconvencional.
7. Derecho de sociedades.
7.1. La STS 02-11-2012 (RCIP 681/2010) se pronuncia sobre la regularidad del procedimiento para el ejercicio del derecho de adquisición preferente y sobre la posibilidad judicial de controlar la valoración de las acciones. En esta sentencia se declara que la competencia para la adquisición de acciones es de los administradores previamente autorizados por la Junta General, sin que su actuación sin autorización previa haga esta actuación ineficaz, sino obligatoria para la sociedad. Analiza los estatutos de la sociedad demandada que atribuía a la Junta la competencia con posibilidad de delegación al Consejo de Administración, concluyendo que la decisión adoptada estaba dentro de la legalidad y de los estatutos, vinculando así a la compañía. Se analiza la figura del auditor y se califica, conforme a la jurisprudencia de la Sala, no como árbitro sino como "arbitrador" para desempeñar una función por encargo de las partes debiendo observar criterios objetivamente adecuados a los criterios normales del sector. Se afirma la posibilidad de impugnar ante los Tribunales su decisión y también la posibilidad de sustituir el valor fijado por el auditor conforme a los Principios de Derecho Europeo de los contratos. Sobre estas afirmaciones y atendiendo a lo planteado por las partes, se desestiman los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación afirmando que la prueba practicada no podía calificarse, conforme a la jurisprudencia de la Sala de ilógica o arbitraria.
7.2. Sobre asociaciones deportivas profesionales la STS 12-12-2012 (RC 857/2010) desestima el recurso de casación interpuesto por el ex presidente de un club de fútbol y parte de su Junta Directiva y confirma la decisión de la Audiencia, que les condenó a garantizar mediante aval la parte del total de pérdidas computadas en el ejercicio 2002/2003, que resultaban imputables a su gestión. Esta sentencia analiza el núcleo de la controversia, referente a la obligación de avalar los eventuales resultados económicos negativos generados durante su gestión que pesa sobre los miembros de las Juntas Directivas de los clubes (Asociaciones Deportivas Profesionales), y atinente también al valor liberador de responsabilidad que pueda derivarse de la actuación de la Liga de Fútbol Profesional (cancelando el aval y eximiendo de prestarlo en lo sucesivo) y considera que la obligación de prestar aval es un deber legal, más allá de que para su cumplimiento se atribuyan funciones de control a la LFP. Además, al infringirse un deber legal, no es de aplicación el plazo de caducidad que rige para impugnar las infracciones meramente estatutarias. También se rechaza el argumento de que los que se incorporan a la Junta durante un mandato no deben avalar, pues la Ley del Deporte diferencia entre la responsabilidad mancomunada de quienes integran las Juntas Directivas por los resultados económicos negativos que se generen "durante el período de su gestión", y la cuantía del aval que está referido al órgano en su conjunto. También se precisa que, aunque el aval debe prestarse antes de comenzar cada ejercicio, no cabe equiparar, como pretendían los recurrentes, el incumplimiento de la obligación en el plazo fijado por la norma con la imposibilidad de cumplir como modo de extinción de la obligación que, en consecuencia, no podría exigirse posteriormente, eliminando la posibilidad de cumplimiento retardado.
7.3. La STS 4-04-2013 (RC 1906/2010) desestima el recurso de casación de quien fue administradora de una sociedad condenada a devolver las disposiciones de efectivo que había realizado de la "caja B" de la sociedad que administraba, en el que planteaba la prescripción de la acción y la aplicación de la doctrina jurisprudencial en materia de enriquecimiento sin causa, alegando que en el caso existía un negocio jurídico válido adoptado por la sociedad para retribución de los administradores. La sentencia mantiene la resolución recurrida y, con argumentos distintos, considera que la Audiencia Provincial resolvió de forma correcta que la acción no estaba prescrita porque la acción de reintegro de las cantidades no pudo ejercitarse mientras que la demandada estuvo en la sociedad sino cuando el control pasó al liquidador de la misma. Considera que también debe desestimarse el recurso en cuanto al enriquecimiento injusto al no existir razón jurídica que justifique esas disposiciones, sobre todo cuando se va contra los intereses públicos por el fraude a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social, los intereses de los acreedores y las disposiciones del Derecho societario en materia de retribución de administradores, siendo por tanto, ilícita la causa del negocio jurídico alegada.

References: artículo 64
 artículo 219
 artículo 14
 artículo 56
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución