Source: https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/sentencia-ejecutoria-contradiccion-26832624
Timestamp: 2020-02-24 08:48:27+00:00

Document:
Ejecutoria num. 3a./J. 43/93 de Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26832624
CONTRADICCION DE TESIS 30/92. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, LOS TRES EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día quince de noviembre de mil novecientos noventa y tres.
VISTO el expediente relativo a la contradicción de tesis arriba especificada; y,
Por escrito presentado el primero de septiembre de mil novecientos noventa y dos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, M.V.H., en su carácter de quejoso en el juicio de amparo en revisión 23/92 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, denunció la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por dicho órgano jurisdiccional al resolver el expediente precisado, así como los amparos en revisión 369/90, 479/90, 549/90, 9/91, 49/91, 53/91, 213/91, 23/92 y 109/92; y por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, estos últimos al resolver, respectivamente, los amparos en revisión 296/86, 479/86, 44/89, 74/89 y, 206/78 y 292/88. La expresión literal de dicho ocurso es la siguiente:
Por medio del presente ocurso, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en mi carácter de quejoso en el amparo No. 311/90 que se tramitó ante el C. Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, vengo a denunciar ante este H. Tribunal las contradicciones en que han incurrido al sustentar tesis discrepantes los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver diversos recursos de revisión que han tenido como principal materia, asuntos relacionados con el régimen de sociedad legal, legislado en el Código Civil del Estado de Jalisco en el capítulo VII, título quinto, artículos del 207 al 255. Antes de entrar a la exposición de las contradicciones objeto de la presente denuncia, como antecedente de la cuestión planteada, he de manifestar que el código citado, entró en vigor el día primero de enero de 1936 y se legisló con base en el Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, pero en la exposición de motivos y fundamentos que sirvieron a la comisión redactora que estudió las reformas y adaptaciones que se hicieron a esa legislación para avenirla al Estado de Jalisco, al referirse a los regímenes económicos del matrimonio sustentó textualmente el siguiente criterio: 'En cuanto a la parte económica del matrimonio, la antigua Ley de Relaciones Familiares había prohibido absolutamente el régimen o comunidad de bienes, buscando la independencia de la esposa y su igualdad con el marido; pero es evidente que nuestro medio, en que por tradición la mujer sólo atiende a los trabajos del hogar, que no se traducen en dinero, la esposa se encontraría al cabo de la vida sin bienes de ninguna especie, en tanto que el marido habría sido atendido y servido por ella y se habría hecho dueño de todos los frutos de un trabajo que sólo había podido sostener fiando en el cuidado que su esposa tenía entre tanto de la casa, de la familia de ambos y aun de sus propios alimentos. El código del Distrito volvió a permitir la sociedad conyugal, pero quiere que sea siempre fruto de capitulaciones expresas, llegando a decir que, cuando los interesados no expresen su convenio sobre el particular, el oficial del Registro Civil deberá formularlo. Ahora bien, es fácil comprender que tal sistema llevará, tarde o temprano, a hacer que los oficiales del Registro Civil adopten alguna forma impresa y preparada de antemano para todos los matrimonios en que no se presente convenio; y que de todas maneras, el arreglo que puede hacer un empleado de los lugares más apartados de la capital tiene que ser imprevisor y deficiente, siendo preferible, sin lugar a dudas, el que la misma ley establezca con un estudio más mediato. Por eso en el proyecto se admite la sociedad legal para todos aquellos casos en que los interesados hayan omitido la formación de su convenio particular, si bien exigiendo que se instruya a quienes pretendan contraer matrimonio, de la conveniencia de que se prevean y determinen los efectos de éste sobre sus bienes, de que el oficial del Registro tiene obligación de ayudarles a formularlo, y si a pesar de estas advertencias quieren omitir todo pacto, se les haga conocer cuál será, a grandes rasgos, su situación económica por efecto de la sociedad legal. Con esto, si el matrimonio se contrajo bajo este régimen, ya no será fruto de una ignorancia o de un descuido, sino una opción deliberada y consciente de que irá de acuerdo con el sistema de libre disposición que anima todo el código'. Se concretizaron los anteriores pensamientos en las normas legisladas y el artículo 207 del Código Civil del Estado de Jalisco, en su texto original mandó lo siguiente: 'El régimen de la sociedad legal consiste en la formación y administración de un patrimonio común diferente de los patrimonios propios de los consortes y cuya representación exclusiva y plena corresponde al marido como una de las funciones que la ley le asigna dentro del matrimonio, sin que el dominio de cada cónyuge sobre bienes o partes determinadas o alícuotas se precise sino al liquidarse la sociedad por las causas que la ley establece. La mujer sólo en los casos de excepción que señala la ley puede tener la administración de la sociedad legal'. Una reforma posterior (Decreto Número 9223 del Congreso del Estado de Jalisco, fechado el 8 de mayo de 1975), permitió la administración a cualquiera de los cónyuges, de acuerdo a lo establecido en la fracción V del artículo 87 del código en cita. Algunas entidades de la República, también consagran en sus legislaciones civiles el régimen de sociedad legal como sucede, entre otras, en los Estados de Sonora y Veracruz, a diferencia de Michoacán que sólo permite la separación de bienes. En vista de que el Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado, sobreseyó el amparo que solicitamos el suscrito y mi cónyuge C.G. HERRERA DE VALENZUELA, no individualmente sino en consuno como integrantes de la sociedad legal formada en nuestro matrimonio, recurrimos dicha sentencia interponiendo el recurso de revisión que se tramitó ante el H. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y se falló en la revisión principal No. 23/92, revocando el sobreseimiento y concediendo el amparo exclusivamente a mi esposa porque el suscrito 'no justificó que los inmuebles de que se trata hubieran sido adquiridos a costa del caudal común de la sociedad legal que tiene formada con su esposa, la diversa quejosa C.G.H.D.V., lo que obviamente lo excluye de ser propietario de los mismos, pues, en efecto, es suficiente leer el contenido de las escrituras que amparan los terrenos, para concluir que fueron adquiridos exclusivamente por la señora mencionada, quien aunque al momento de adquirirlos manifestó estar casada, ello solo no implica que su esposo sea también el legítimo propietario, puesto que se reitera, con tales documentos no se acredita que los bienes hayan sido comprados a costa del caudal común como lo exige el artículo 220, fracción VI, del Código Civil del Estado'. Este criterio contraría el texto expreso de la ley, la doctrina y la costumbre, como luego lo expongo. El Magistrado señor licenciado D.C.H.R. quien fue ponente, emitió voto particular manifestando que debió también revocarse el sobreseimiento a diversas razones y fundamentos legales tendientes a preservar la integridad de la sociedad legal que constituye una institución jurídica jalisciense, que de continuar aplicándose el criterio de interpretación que sustentaron los Magistrados licenciados MARIA DE LOS A.E.C.M. y J.F.C., en mi amparo, prácticamente resulta derogada, pues esa corriente, iniciada por funcionarios venidos de otros estados ha llegado al extremo de estimar, equivocadamente según mi particular criterio, que 'La sociedad legal que emerge del matrimonio es OCULTA; sólo existe como tal en las relaciones entre los socios, pero no en la de éstos con terceros; entonces sus efectos no son hacia el exterior, sino al interior de suerte que frente a terceros, cada cónyuge es único titular de los bienes adquiridos por él, individualmente, salvo que se hiciera del conocimiento de aquéllos la situación jurídica del bien'. (A. directo 675/87. M. delC. de R.. 22 de septiembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: C.A.G.Z.. Secretario: J.B.P.. Informe de Labores 1988, página 595. Esa ejecutoria es a todas luces contradictoria a lo que se resolvió en el amparo en revisión número 206/78. M.G.J. de R.. 25 de agosto de 1978. Unanimidad de votos. Ponente: J.G.T.M.. Secretario: J.M.Q.. Cuyo texto es el siguiente: SOCIEDAD LEGAL EN JALISCO. CONYUGE DEL DEMANDADO. SU INTERES JURIDICO.-Existe la presunción legal de que todos los bienes adquiridos bajo el régimen matrimonial presunto, forman parte de la sociedad legal y por tanto la quejosa como su cónyuge demandado en el juicio del que derivan los actos reclamados, y como miembro de su sociedad legal, resulta afectada directamente de sus intereses. Informe 1978. A continuación referiré en concreto otras contradicciones que estimo resultan imperativas para que esta H. Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelva lo que en derecho proceda y defina la constitucional interpretación y aplicación de las normas que rigen en el Estado de Jalisco la sociedad legal. 1o. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, pronunció una ejecutoria visible en la página 443 del Informe de Labores correspondiente al año de 1987, Tercera Parte donde dice bajo el título 'SOCIEDAD LEGAL NECESIDAD DE ACREDITAR QUE LOS BIENES DE CUYA AFECTACION SE DUELE EN EL AMPARO INGRESARON A LA, A FIN DE ACREDITAR EL INTERES JURIDICO.', que no todos los bienes adquiridos en el matrimonio ingresan a la sociedad legal, sino únicamente los que señalan los artículos 220 y 221 del Código Civil del Estado de Jalisco y que por ende, para acreditar que un inmueble pertenece a la misma sociedad, no basta demostrar el vínculo matrimonial y la obtención de un inmueble durante su vigencia, sino que es indispensable que ese bien sea de aquellos a que aluden los dos numerales citados. 2o. El mismo Primer Tribunal formó jurisprudencia, publicada en la Gaceta del Boletín Judicial de la Federación No. 16/18 abril-junio de 1989, página 138 a 139, bajo el rubro 'SOCIEDAD LEGAL, PRUEBA DE QUE UN BIEN PERTENECE A LA.', en la que textualmente se establece: Que no todos los bienes que adquiere algún cónyuge ingresan a la sociedad legal, sino que es menester que se trate de los adquiridos en el ejercicio de la profesión u oficio o los que provengan de herencia, legado, donación, hechos a ambos cónyuges o los que se obtengan por título oneroso a costa del caudal común, etcétera, y que por ende, no basta probar la existencia del matrimonio y la adquisición de bienes bajo el citado régimen, sino que es necesario comprobar que cualquier bien adquirido en las hipótesis que señala la ley. 3o. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, pronunció una ejecutoria consultable en las páginas 551 y 552 del Tomo II, julio-diciembre de 1988, Segunda Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Epoca, donde dice bajo el título 'SOCIEDAD LEGAL LEGITIMACION PARA PROMOVER AMPARO CONTRA ACTOS QUE AFECTEN BIENES DE LA.', que de acuerdo con el artículo 207 del Código Civil de Jalisco, el régimen de sociedad legal consiste en la formación de un patrimonio común, diferente de los patrimonios de los consortes, lo que corrobora el artículo 226 de la invocada codificación y que por tanto, cuando en un juicio seguido contra uno de los cónyuges se dictan actos que afectan bienes del fondo social, el otro, como tercera extraña, está en aptitud de acudir al juicio de garantías indirecto contra esos actos. 4o. Debo aquí remitirme a la tesis antes transcrita, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado de referencia y publicada en el Informe de 1978, Tercera Parte, bajo tesis número 10, página 307, consultable bajo el título 'SOCIEDAD LEGAL EN JALISCO. CONYUGE DEL DEMANDADO. SU INTERES JURIDICO.', expresando, que existe la presunción legal de que todos los bienes adquiridos bajo el régimen patrimonial presunto, forma parte de la sociedad legal y por tanto la quejosa, como cónyuge del demandado del juicio del que se derivan los actos reclamados y como miembro de su sociedad legal, resulta afectada en sus intereses jurídicos. 5o. Comentando el régimen de sociedad legal consagrado el Código Civil del Estado de Sonora, esa H. Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia pronunció ejecutoria consultable en las páginas 176 y 177, de los volúmenes CIII y CVIII, julio-diciembre de 1977, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca que dice bajo el título 'SOCIEDAD LEGAL, LEGITIMIDAD DE UNO DE LOS CONYUGES PARA DEMANDAR LA NULIDAD POR SIMULACION DE VENTA DE BIENES QUE FORMAN PARTE DE AQUELLA.', que si el matrimonio fue celebrado bajo el régimen de sociedad legal, en los términos de los artículos 1991, 2022 y 2023 del Código Civil del Estado de Sonora, los bienes adquiridos por el cónyuge durante el matrimonio forman parte de la sociedad legal y dichos bienes se presumen comunes y el domicilio y posesión de ellos reside en ambos cónyuges, por lo que la cónyuge está legitimada para demandar la nulidad por simulación de un contrato de compraventa que comprende varios inmuebles, sin importar que los bienes no hubieran sido adquiridos por la cónyuge demandante, por la sociedad legal o por su esposo y con su dinero o con el dinero de la sociedad legal, porque dichos bienes fueron adquiridos por el cónyuge demandado durante su matrimonio y debe considerarse de acuerdo con los preceptos indicados, que forman parte de la sociedad legal y la titularidad reside en ambos cónyuges. 6o. Bajo el título de 'SOCIEDAD CONYUGAL, BIENES DE LA.', legislación de Veracruz (ver la página 787, A. de 1985, Cuarta Parte, Tercera Sala), esa H. Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia aclaró; que si al contraerse el matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal (equiparable a la sociedad legal, cuando no se hacen capitulaciones matrimoniales), los consortes no poseían bienes que comunicarse, no era necesario el otorgamiento de la escritura pública de las capitulaciones matrimoniales, ni la inscripción de éstas en el Registro Público de la Propiedad, en el que sólo han de constar asientos sobre actos concretos, sobre bienes determinados y sólo tiene efectos publicitarios, por tanto, si los bienes se adquirieron después de contraído el matrimonio, la participación de la mujer respecto de aquéllos nació ipso jure, por lo que es innegable el derecho de la esposa para reclamar los bienes embargados a su esposo en el juicio ejecutivo mercantil que se le siguió, ya que a ella le corresponde pro-indiviso los bienes embargados pertenecientes a la sociedad legal en cincuenta por ciento, de conformidad con el artículo 976 del Código Civil de Veracruz. 7o. El H. Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, pronunció seis ejecutorias consecutivas concediendo el amparo a la parte quejosa que reclamó la afectación de sus derechos sobre bienes sujetos a la sociedad legal, con motivo de un juicio en el que había resultado tercero extraño. La tesis, sostenida por una de ellas, es consultable en la página 254 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, T.V., abril de 1991, y así se dice: Que los bienes del matrimonio no pueden tener más que dos destinatarios, pues pertenecen a la sociedad legal o a cada cónyuge; que si un bien radicado en Jalisco se rige por la ley de este Estado y si tanto la sociedad conyugal cuando no haya capitulaciones como la legal, se refieren a regímenes presuntos de copropiedad, ninguna razón habría para estimar como carga procesal la demostración de que los bienes regidos por la sociedad conyugal o legal son ajenos al patrimonio común que la costumbre es fuente de derecho y en el Registro Público de la Propiedad jalisciense se anotan los bienes atribuyéndolos a la comunidad de los consortes mediante el calificativo de 'Casado'; que en los juicios sucesorios, el cónyuge supérstite es el propietario de un cincuenta por ciento de los bienes del matrimonio, lo que es un hecho notorio; que en Jalisco no está superada la inferioridad fáctica de la mujer jalisciense, a quien trató de proteger el legislador; que los gananciales no son renunciables y que se presume la copropiedad salvo prueba en contrario, porque el caudal común está integrado también por esfuerzos personales y ellos son equiparables al cincuenta por ciento del capital social. De esas seis ejecutorias consecutivas: las dos primeras correspondieron a las revisiones 479/90 y 369/90, siendo el quejoso P.H.S., quien reclamó la afectación de su derecho de propiedad sobre un bien que adquirió para su sociedad legal; la tercera fue la revisión 549/90, donde se amparó a L.P. con motivo de un asunto similar. A propósito de las dos primeras revisiones, hubo voto en contrario de la Magistrada M. de los A.E.C.M., quien planteó la problemática referente a que el bien material del amparo, no obstante hallarse ubicado en Jalisco debía de regirse por las disposiciones del contrato de sociedad conyugal existente en Nayarit, porque los cónyuges se habían casado allá, y en aquel lugar no existe sociedad legal. Y a propósito de la tercera revisión, o sea la 549/90, el M.J.F.C. hizo voto aclaratorio, diciendo que él había formado mayoría con el M.C.H., porque advertía que en la escritura de compraventa del bien reclamado en el amparo, se decía que la esposa del quejoso había adquirido la finca para su sociedad legal, lo que presuponía la titularidad del inmueble en favor de la sociedad legal, añadiendo, que en las inscripciones registrales en Jalisco, se ponen notas aclaratorias, diciendo si el adquirente es o no casado y que estimando satisfechos esos requisitos, debía concederse la protección a la parte quejosa, en tanto que reclamaba la afectación de su derecho de propiedad con motivo de juicios en que eran extraños los quejosos por ser solamente demandados sus respectivos consortes. Sin embargo, ninguno de los Magistrados cuestionó la operancia de los principios rectores del matrimonio jalisciense, ni de la concordancia de la ley en cuanto a los motivos que la inspiraron, orientados a la protección de ambos consortes, particularmente de la mujer que soporta un injusto trato social, dado que por tradición desempeña labores no remuneradas, mientras que el esposo acrecienta su fortuna. Menos se dudó, que el matrimonio se inspirara en el amor y la ayuda mutua y se admitió que sería absurdo pensar que el legislador jalisciense, que trató de favorecer a los esposos en cada matrimonio, les exigiera desconfiar entre sí y llevar libros de contabilidad o llamar a testigos presenciales que pudieran a la postre declarar cómo y con dinero de quién se formó el fondo común. Pero con independencia de esas tres revisiones, que repito, se aprobaron por mayoría y contra el voto exclusivo de la Magistrada C.M., después se fallaron las revisiones principales 9/91, 52/91 y 49/91, los días siete de marzo, once y veinticinco de abril del año próximo anterior, las cuales se votaron por unanimidad con una aclaración de la M.C.M. cuando dijo, que en los amparos anteriores se trataba de la 'sociedad conyugal', pero que en la revisión 9/91, el caso se refería al problema de la 'sociedad legal', y estimando que losbienes adquiridos durante la vigencia de ésta pertenecen a ambos cónyuges, sumaba su voto a la mayoría sin reserva de ninguna especie; y así fue que se amparó a F.O. de B. y a M.M.C. de S., en tanto que reclamaron que en un procedimiento seguido contra sus respectivos consortes, se les había afectado en su derecho de propiedad en cuanto a los bienes inmersos en su sociedad legal. Es necesario hacer notar, que mientras que el Código Civil del Distrito Federal quiere que la asociación de los cónyuges en el matrimonio, sea siempre fruto de capitulaciones expresas, llegando al extremo de obligar al oficial de Registro Civil a formularlas en caso de que no lo hagan los contrayentes, el proyecto presentado al Congreso del Estado de Jalisco, admite la sociedad legal para todos aquellos casos en que los interesados hayan omitido la formulación de convenio particular, al extremo de que según lo dispone la fracción V del artículo 87 del Código Civil del Estado, ante la ausencia del convenio que los pretendientes deben de celebrar con relación a los bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio, en su lugar se podrá manifestar expresamente que se opta consciente y deliberadamente por el régimen de sociedad legal en cuyo caso indicarán, cuál de los dos contrayentes, tendrá la administración y por ello es claro que no se puede exigir que los cónyuges tengan la obligación de acreditar si los bienes que adquieren en el curso de su matrimonio están sujetos al cumplimiento de capitulaciones, porque sencillamente ante su ausencia, se aplica la presunción legal establecida por el artículo 223 del Código Civil de la entidad. 8o. No obstante el criterio contenido en las seis revisiones principales a que antes se hizo referencia, el propio Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, falló las revisiones R.P. 213/91, R.P. 19/92 y R.P. 109/92 y en la que el M.H.R. interpuso voto particular y sustentó un criterio contradictorio a los seis mencionados en el punto que antecede, pues ahora se argumentó (contra el voto en contrario del dicho Magistrado Hidalgo), que los bienes que se adquieren después del matrimonio, no entran ipso jure a la sociedad legal; que por ende, es imperioso demostrar que los propios bienes se compraron a costa del caudal común y que si no existe prueba aportada al juicio la copropiedad, no se justifica ni el interés jurídico del quejoso, habida cuenta que en todas esas revisiones se sobreseyeron los amparos, como ocurrió en mi caso. Es lógico entender, que esos criterios contradictorios de los tres colegiados que funcionan en Guadalajara, han producido el consiguiente desconcierto de los foros de la entidad, a tal grado, que el quince de abril de mil novecientos noventa y dos, en que rindió su informe el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad, dijo, que había detectado la enorme inquietud que existe en Jalisco, a propósito de la interpretación que los órganos de control estaban dando en cuanto al problema de la sociedad legal en Jalisco, porque mientras que la mayoría de los Estados Federales mantenían exclusivamente los sistemas referentes a la sociedad conyugal y a la separación de bienes, el legislador jalisciense creó el régimen presunto de copropiedad denominado 'sociedad legal', para proteger a ambos cónyuges y particularmente a la mujer, quien mientras que atendía al hogar mediante trabajo no remunerado, el esposo acrecienta su fortuna, siendo que los órganos de control sostenían en unas ejecutorias que los bienes ingresaban desde luego al patrimonio marital y en otros casos se sostenía lo contrario y que planteaba al H. Pleno estatal la necesidad de analizar esa problemática por si era necesaria la reforma del caso, a fin de retomar legislativamente el objetivo original de la sociedad legal dentro de un marco de dignidad, justicia y equidad. La contradicción de tesis, salvo mejor opinión de la Suprema Corte, es patente, porque unos colegiados consideran necesaria la prueba sobre la forma de adquirir los bienes a costa del caudal común y otros no e incluso, analizándose cuestiones similares existentes en otros estados, se han resuelto en formas diversas y como todo ello puede afectar el principio de seguridad jurídica, estimo procedente hacer la denuncia del caso para que la H. Tercera Sala de nuestro Máximo Tribunal resuelva lo que corresponda.
Por acuerdo de ocho de septiembre de mil novecientos noventa y dos, el presidente de esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mandó formar y registrar el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis de que se trata, otorgándole al efecto en el libro de gobierno correspondiente el número 30/92. En el mismo acuerdo se ordenó requerir a los Tribunales Colegiados antes precisados para que remitieran a esta S., los juicios de amparo en revisión del índice de cada uno de ellos, relacionados con la presente contradicción, o en su caso hicieran llegar copias certificadas de las ejecutorias dictadas en dichos expedientes.
En proveído de cinco de enero de mil novecientos noventa y tres, el presidente de esta Tercera Sala ordenó dar vista con el expediente que nos ocupa al procurador general de la República, especialmente con la denuncia, las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados y el acuerdo mencionado, que obran en la citada carpeta. De igual forma en el auto indicado se dispuso el turno del asunto al M.J.T.L.C., para que formulara el proyecto de resolución correspondiente.
Mediante acuerdo de presidencia de veintiocho de junio próximo pasado, se ordenó requerir al presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, a fin de que enviara el expediente relativo al amparo en revisión 53/91, por ser necesario para resolver la contradicción de tesis denunciada.
El diecinueve de agosto del año en curso, el presidente de esta Tercera Sala tuvo por recibido el amparo en revisión antes citado, que fue remitido por oficio 1014 de la secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.
Esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 26, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues se originó al resolverse juicios de amparo en revisión en materia civil por tres Tribunales Colegiados.
En primer término, antes de entrar en materia, debe señalarse, que en el expediente de contradicción de tesis en examen aparece la razón asentada por el actuario adscrito a esta Tercera Sala el diecinueve de enero de mil novecientos noventa y tres, en la que hace constar, que fueron entregadas al procurador general de la República las copias del acuerdo dictado por la presidencia del propio cuerpo colegiado el cinco del mismo mes y año, de la denuncia de contradicción y de las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados, en cumplimiento a lo ordenado en el citado proveído.
Al respecto, cabe destacar que el artículo 197-A, primer párrafo de la Ley de Amparo dispone lo siguiente:
Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
Ahora bien, en la especie el procurador general de la República se abstuvo de exponer por sí o por conducto de uno de los agentes del Ministerio Público Federal su parecer en relación a la contradicción de tesis denunciada, por lo que debe entenderse que no estimó pertinente intervenir en el asunto, en virtud de que la facultad prevista por el artículo supratranscrito es potestativa y no obligatoria, de tal forma que resulta procedente emitir la resolución que corresponda sin la opinión de mérito.
Sobre el particular, esta Tercera Sala, en sesión celebrada el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y dos aprobó la tesis de jurisprudencia 13/92, que a la letra dice:
CONTRADICCION DE TESIS. LA ABSTENCION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA DE EXPONER SU PARECER DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTIMO PERTINENTE INTERVENIR EN ELLA.-El artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo concede una facultad potestativa al procurador general de la República para que, por sí o por conducto del agente del Ministerio Público Federal que al efecto designe, emita su parecer dentro del plazo de treinta días en relación con las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, cuando el mencionado servidor público se abstiene de formular su parecer en el término de referencia debe interpretarse que no estimó pertinente intervenir en el asunto de que se trate, lo que por consiguiente vuelve procedente se dicte la resolución que corresponda sin la opinión de mérito.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los juicios de amparo en revisión 296/86 promovido por J.E.V.Z., 479/86 promovido por M.E.S.S., 44/89 promovido por M.M.N. de G., y 74/89 promovido por Banca Promex, Sociedad Nacional de Crédito, los días veintisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, veintiséis de junio de mil novecientos ochenta y siete, nueve de marzo de mil novecientos ochenta y nueve y trece de abril de mil novecientos ochenta y nueve, respectivamente, sustentó la tesis que aparece publicada en las páginas 138 y 139 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación números 16-18 abril-junio de 1988, que a la letra dice:
SOCIEDAD LEGAL, PRUEBA DE QUE UN BIEN PERTENECE A LA.-No todos los bienes que adquiere alguno de los cónyuges durante la vigencia de la sociedad legal ingresan a ésta, sino únicamente aquellos que señalan los artículos 220 y 221 del Código Civil del Estado de Jalisco, entre ellos los bienes adquiridos por cualquiera de los consortes en el ejercicio de su profesión u oficio; los que provengan de herencia, legado o donación hechos a ambos cónyuges sin designación de parte; los que se obtengan por título oneroso a costa del caudal común, etcétera. Entonces, para acreditar que un bien pertenece a dicha sociedad, no es suficiente que se demuestre, por una parte, la existencia del matrimonio contraído, en relación con los bienes, bajo el citado régimen económico y, por la otra, que el mencionado bien fue obtenido precisamente durante la vigencia del mismo, sino que también es menester comprobar que ese bien fue adquirido bajo cualquiera de las hipótesis indicadas.
De igual forma, en los amparos en revisión 296/86 y 476/86 antes citados, el órgano jurisdiccional de referencia sostuvo la tesis publicada en la página 443 del Informe de Labores correspondiente al año de 1987, Tercera Parte, del tenor literal siguiente:
SOCIEDAD LEGAL, NECESIDAD DE ACREDITAR QUE LOS BIENES DE CUYA AFECTACION SE DUELE EN EL AMPARO, INGRESARON A LA A FIN DE ACREDITAR EL INTERES JURIDICO.-No todos los bienes que adquiere alguno de los consortes durante la sociedad legal, ingresan a ésta, sino únicamente aquellos que señalan los artículos 220 y 221 del Código Civil para el Estado de Jalisco. Entonces, contra lo que sostiene la quejosa, hoy recurrente, para acreditar que el inmueble de cuya afectación se duele pertenece a la sociedad legal, no es suficiente que haya demostrado, por una parte, la existencia del lazo matrimonial contraído en relación con los bienes, bajo el régimen de sociedad legal y, por la otra, que el bien raíz de que se trata fue obtenido por su esposo precisamente durante la vigencia del mismo, sino que también es menester probar que ese bien es de aquellos a que se refieren los dos dispositivos últimamente citados.
En lo conducente, las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por dicho tribunal en los juicios de garantías en revisión antes precisados son las siguientes:
AMPARO EN REVISION 296/86
... c) A pesar de que es acertada la afirmación del disconforme, acerca de que en su demanda de garantías nunca se ostentó como administrador de la sociedad legal que tiene formada con su esposa E.V. de Valencia, y que por lo mismo, debe reconocerse que es incorrecta la apreciación del Juez Federal al haberle atribuido tal calidad, de cualquier modo ese error en que incurrió el a quo es intrascendente, en virtud de que los argumentos que sustentan el fallo recurrido también resultan aplicables en cuanto el agraviado se ostenta como copropietario del bien raíz cuya desposesión reclama, ya que sostiene que dicho bien fue adquirido por su esposa durante la vigencia del matrimonio que tiene celebrado bajo el régimen de sociedad legal; d) No está en lo correcto el recurrente al afirmar que no estaba obligado a justificar que el bien raíz fue adquirido a costa del caudal común, en primer término, porque contra lo que sostiene, sí manifestó en su demanda de garantías, concretamente en el segundo párrafo del primero de sus conceptos de violación, que aquel bien fue adquirido a título oneroso 'durante nuestra sociedad, a costa del caudal común' (foja 5), y en segundo, porque aun en la hipótesis de que no hubiere efectuado esa manifestación, ello no lo relevaba de justificar el extremo apuntado, toda vez que, al establecer el artículo 220, fracción VI, del Código Civil del Estado, que forman el fondo de la sociedad legal, los bienes adquiridos por título oneroso durante la sociedad a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, o bien para uno solo de los consortes, es necesario que se demuestre que esos bienes fueron adquiridos a costa del caudal común de la sociedad, y así lo ha establecido el más Alto Tribunal de Justicia del país, tanto en la tesis que citó el a quo, como en la primera tesis relacionada con la jurisprudencia número 280, y que bajo el rubro 'SOCIEDAD LEGAL (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO).', es visible en la página setecientos noventa, de la Cuarta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en mil novecientos ochenta y cinco; e) Ninguna violación a lo dispuesto por los artículos 207 y 220, fracción I y VI, del Código Civil del Estado, cometió el Juez de Distrito al sostener que el bien materia del juicio debe estimarse de la exclusiva propiedad de la esposa del agraviado, ya que no se justificó que su adquisición hubiese sido a costa del caudal común; en primer lugar, porque el artículo 207 del Código Civil del Estado, no establece que todos los bienes que se adquieran durante el matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad legal, pertenezca al fondo de ésta, y en cambio, el artículo 220 del propio cuerpo legal, señala de manera enunciativa cuáles son los bienes que deben considerarse que forman parte de aquella sociedad; luego entonces, no por el solo hecho de que la esposa del quejoso hubiere adquirido durante la vigencia de su matrimonio bajo el régimen de sociedad legal, el bien inmueble cuya desposesión se reclama, éste debe ser considerado como parte del fondo de la sociedad, pues para ello era indispensable que el promovente del amparo hubiere justificado que su adquisición fue hecha por cualesquiera de los medios o formas que señala el aludido artículo 220 en cita, cosa que en modo alguno hizo; y en segundo, porque en el caso, el quejoso disconforme no justificó que su esposa tenga profesión u oficio alguno, mucho menos que en ejercicio de una u otro, hubiese adquirido el aludido bien raíz, por el contrario, del escrito de demanda que planteó ante el Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil local, se desprende que la misma manifestó que se dedicaba a labores del hogar (foja 32), y por tanto, no puede afirmarse válidamente que aquel bien raíz forme parte del fondo social ni que exista presunción legal en ese sentido; f) No existe tampoco violación a lo dispuesto por los artículos 223 y 226 del Código Civil del Estado, por parte del Juez de Distrito, en primer lugar, porque la presunción legal contenida en el primero de esos numerales, sólo se da cuando se hace la separación de los bienes, lo cual no sucede en el caso; y en segundo, porque como se ha dicho ya, como el quejoso no justificó que la finca de que habla, forme parte del fondo de la sociedad, no puede estimarse entonces que la misma sea un bien común, y por lo mismo, indebidamente sostiene que el a quo no tomó en cuenta que el dominio y posesión de ese bien reside tanto en su esposa como en él, y que por ello la acción reconvencional debió ser dirigida contra los dos; g) Carecen de aplicación en la especie, las tesis que cita el disconforme en apoyo de su pretensión, pues la que aparece bajo el rubro 'SOCIEDAD LEGAL EN JALISCO. CONYUGE DEMANDADO SU INTERES JURIDICO.', no obliga a este órgano colegiado por provenir de otro tribunal similar, y además no se comparte el criterio que la misma sustenta, porque no es exacto que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio bajo régimen legal formen parte de la sociedad legal, pues aparte de que no existe dispositivo legal que así lo establezca, no debe perderse de vista que sólo pertenecen a ella, los bienes que enuncian el artículo 220 del Código Civil del Estado, y los que legalmente así presume el 223 del propio ordenamiento legal; en tanto que la tesis citada bajo el epígrafe 'SOCIEDAD LEGAL. LEGITIMIDAD DE UNO DE LOS CONYUGES PARA DEMANDAR LA NULIDAD POR SIMULACION DE VENTA DE BIENES QUE FORMEN PARTE DE AQUELLA (CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE SONORA DE 1884).', se refiere e interpreta disposiciones ajenas al Código Civil del Estado de Jalisco, como son las del Código Civil del Estado de Sonora, y que además corresponde al año de 1884, por lo que ni siquiera se puede saber si las disposiciones legales que en ella se mencionan son similares a las del código local; y, h) Aun aceptando que tuviera alguna razón el recurrente al afirmar, que es incorrecto el sobreseimiento decretado por el a quo respecto del acto reclamado que se hizo consistir en el fallo del Juez de primer grado, ello en forma alguna lo beneficiaría, pues de cualquier modo tendría que decretarse el sobreseimiento en el juicio por lo que ve a dicho acto, con base en los argumentos del a quo a que se hizo referencia en este considerando.
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II. Los anteriores agravios son infundados. En efecto, dentro del capítulo VII, del título quinto, del libro primero del Código Civil del Estado de Jalisco, que regula el régimen económico matrimonial de la sociedad legal, no existe ni un solo precepto que establezca, ni siquiera a guisa de presunción, que todos los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges durante la vigencia de dicha sociedad, pertenecerán a ésta. Por el contrario los artículos 211, 212, 214, 216, 217, 218 y 219 del ordenamiento en consulta, determinan en qué casos los bienes adquiridos durante la vigencia de la sociedad legal por alguno de los consortes, son propiedad del adquirente y no de aquélla y, por otro lado, los artículos 220 y 221 del propio ordenamiento, fijan cuáles bienes obtenidos mientras subsiste el citado régimen, pasan a formar parte del mismo. De lo anterior se sigue que no todos los bienes que adquiere alguno de los consortes durante la sociedad legal, ingresan a ésta, sino únicamente aquellos que se señalan en losinvocados artículos 220 y 221 del sustantivo en consulta. Entonces, contra lo que sostiene la quejosa, hoy recurrente, para acreditar que el inmueble de cuya afectación se duele, pertenece a la sociedad legal, no es suficiente que haya demostrado, por una parte, la existencia del lazo matrimonial, contraído, en relación con los bienes, bajo el régimen de sociedad legal y, por la otra, que el raíz de que se trata fue obtenido por su esposo precisamente durante la vigencia del mismo, sino que también es menester comprobar que ese bien es de aquellos a que se refieren los dos dispositivos últimamente citados.
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"... Por otra parte, y aun cuando pudieran estimarse fundados los restantes conceptos de agravio que vierte la quejosa disconforme, dirigidos a impugnar los argumentos que sustentan el sobreseimiento decretado en el juicio al que este toca se contrae, y por ende se estimara, que a pesar de que por su conducto se efectuó el emplazamiento del demandado en el juicio natural, tal evento no revela de manera indubitable que desde el quince de enero de mil novecientos ochenta y seis, fecha en que se verificó esa diligencia, haya tenido conocimiento de la naturaleza y objeto del juicio natural, y que por ello se considerara, que la presentación de su demanda el veintiséis de julio de mil novecientos ochenta y ocho, no resulta extemporánea, y que no consintió tácitamente algunos de los actos que reclama, ni que otros deban considerarse como derivados de otros consentidos; cabe decir, que ello es jurídicamente irrelevante y no da lugar a revocar el fallo recurrido, en virtud de que a juicio de este órgano colegiado se actualiza una diversa causal de improcedencia que obliga a confirmar el fallo recurrido. En efecto, señala la quejosa ahora recurrente en su demanda de garantías, que el bien inmueble que en ella describe y con relación al cual considera afectados sus derechos, pertenece al fondo de la sociedad legal que tiene constituida con su esposo F.R.G.M., parte demandada en el juicio natural, en virtud de que fue adquirido por éste durante la vigencia de tal sociedad, y además porque en la escritura de compraventa su aludido esposo señaló que era casado. Ahora bien, aun cuando es verdad que el bien inmueble en cuestión fue adquirido por el demandado y esposo de la ahora quejosa recurrente durante la vigencia de su matrimonio, pues así lo evidencian las constancias respectivas (fojas 10 y 17 a 19), no por ello puede estimarse así fuera cierto que en el capítulo de generales del documento que contiene el contrato de compraventa, su esposo hubiere manifestado que era casado, que ese bien inmueble pertenece al fondo de la sociedad, pues atento lo que dispone la fracción VI del artículo 220 del Código Civil del Estado de Jalisco, para ello era menester que la promovente del juicio de amparo hubiere justificado que esa adquisición fue hecha a costa del caudal común; acuden en apoyo de lo expuesto, los criterios de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenidos tanto en la tesis que bajo el rubro 'SOCIEDAD LEGAL. BIENES ADQUIRIDOS DURANTE SU VIGENCIA CON EL CAUDAL COMUN (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO).', que es visible en la página cuatrocientos sesenta y tres de los Volúmenes 145-150, de la Séptima Epoca, del Semanario Judicial de la Federación como en la que bajo el número 97 y epígrafe 'SOCIEDAD LEGAL.' puede consultarse en la página ochenta y nueve del Informe de Labores rendido por el presidente de su Tercera Sala, al finalizar el año de mil novecientos ochenta y uno y cuyas sinopsis, en ese orden señalan: De acuerdo con lo establecido en el artículo 220, fracción VI, del Código Civil para el Estado de Jalisco, son partes del fondo social: 'VI. Los bienes adquiridos por título oneroso durante la sociedad a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la sociedad, bien para uno solo de los consortes; de manera que si de las pruebas aportadas por uno de los cónyuges no se acredita plenamente que su consorte hubiera adquirido el inmueble a costa del caudal común para que pudiera considerarse como fondo social, es irrelevante que no se haya tomado en consideración el acta de matrimonio en la que consta el régimen de sociedad legal y por tanto tal omisión no es suficiente para probar la ilegalidad del fallo' y 'Es cierto como lo sostiene la quejosa en el inciso a) de sus conceptos de violación, que con la copia certificada de su acta de matrimonio, se demuestra que se casó con J.C.S. bajo el régimen de sociedad legal, figura jurídica -prevista por el artículo 207 del Código Civil para el Estado de Jalisco-, y que esa constancia no fue tomada en cuenta por la responsable en la sentencia impugnada. Sin embargo, esta omisión no es motivo suficiente para que se demuestre la ilegalidad del fallo; toda vez que contrariamente a lo que la quejosa expone, el bien cuestionado no es parte del fondo social, pues aunque ella se casó bajo el régimen de sociedad legal y su esposo adquirió el inmueble bajo la vigencia del matrimonio, en los términos del artículo 220 fracción VI del Código Civil para el Estado de Jalisco, son parte del fondo social: 'VI. Los bienes adquiridos por título oneroso durante la sociedad a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la sociedad, bien para uno solo de los consortes'; y según se advierte, con las pruebas que la señora M.M. de Cárabes ofreció, no se acredita el supuesto de que su esposo hubiera adquirido el inmueble a costa del caudal común para que se pudiera considerar como parte del fondo social, por lo que en estas condiciones, la quejosa no demuestra su reclamación. En esas condiciones, como la quejosa ahora recurrente no aportó ninguna prueba para demostrar el extremo de referencia, no puede estimarse que a ella le corresponda el cincuenta por ciento de los derechos de propiedad sobre el bien raíz motivo de la litis, y mucho menos, por tanto, que los actos que reclama afecten su interés jurídico, tanto más si se considera, que tampoco logró demostrar que se encuentre en la posesión actual de la finca en cuestión, pues la prueba testimonial que con tal objeto ofreció le fue declarada desierta en la audiencia constitucional; de ahí que, en consecuencia, se estime que en la especie se actualiza una causal de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 74 de la propia ley, lo que procede es sobreseer en el juicio."
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III. Son infundados e inoperantes los anteriores agravios. En efecto, desacierta la parte quejosa en cuanto afirma, que como en la escritura pública número 17995, pasada ante la fe del notario público Número 4 de esta ciudad y en el certificado de gravámenes expedido por el director del Registro Público de la Propiedad, el amparista V.G.H., aparece como casado, con ello queda demostrado, que lo está bajo el régimen de sociedad legal y que adquirió el inmueble en el ejercicio de su oficio (obrero), y que luego entonces, el embargo trabado sobre el cincuenta por ciento de la finca marcada con el número novecientos veinticuatro de la calle F.Z. de esta ciudad, señalado por la esposa del quejoso, está legalmente trabado; toda vez que, además de que basta imponerse de las documentales de referencia para percatarse que en ellas sólo se dice que compró estando casado, sin señalar bajo qué régimen, la parte recurrente pierde de vista que las mismas son ineficaces para demostrar una cuestión incidental, como lo es el estado civil, de acuerdo con el criterio jurisprudencial que bajo el número 132, es consultable en la página ciento noventa y siete de la Octava Parte del último A. al Semanario Judicial de la Federación, y que es del tenor literal siguiente: 'DOCUMENTOS PUBLICOS. NO PRUEBAN ACTOS INCIDENTALES.-Hacen fe respecto del acto o actos contenidos en ellos, y no de aquéllos que como incidentales o accesorios aparecen en los mismos documentos.', y que por otra parte, por el solo hecho de encontrarse unido en matrimonio -justo como lo señaló el Juez de Distrito-, no procede legalmente establecer que ese inmueble haya sido adquirido por el ahora quejoso a costa del caudal común de la sociedad legal que formó con su esposa, ya que conforme al artículo 220, fracción VI, del Código Civil del Estado de Jalisco, forman el fondo de la sociedad legal, los bienes adquiridos por título oneroso durante la sociedad a costa del caudal común, bien se haga la adquisición por la comunidad, bien por uno solo de los consortes, por lo que, dicho sea de paso, la conclusión a que llegó el a quo, en el sentido de que no está demostrado que la finca referida pertenezca a la sociedad legal que se dice formada por el ahora agraviado y su consorte, se encuentra ajustada a derecho, porque en primer lugar, el artículo 207 del Código Civil del Estado de Jalisco, no establece que todos los bienes que se adquieran durante el matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad legal, pertenezcan al fondo de ésta, y en cambio el artículo 220 del propio cuerpo legal, señala de manera enunciativa cuáles son los bienes que deben considerarse que forman parte de aquella sociedad, luego entonces, no por el solo hecho de que el quejoso V.G.H., hubiere adquirido durante la vigencia de su matrimonio el bien inmueble cuyo embargo reclama, éste debe ser considerado como parte del fondo de la sociedad, pues para ello era indispensable que se hubiera demostrado que su adquisición fue hecha por cualquiera de los medios o formas que señala el aludido artículo 220 en cita.
Cabe advertir, que en la publicación de la tesis transcrita en primer término, se indica como expediente que la informa el amparo en revisión 487/89, del que envió el Tribunal Colegiado respectivo copia de la ejecutoria, de la que se deriva que fue promovido por F.C.M., y que nada tiene que ver con la materia de la contradicción denunciada, pues se refiere a la valoración de las documentales para acreditar el interés jurídico en el amparo, y no así a la sociedad legal, por lo que resulta innecesario transcribir sus consideraciones.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito al resolver el juicio de amparo en revisión 206/78, promovido por M.G.J. de R., sustentó la tesis que aparece publicada en la página 307 del Informe de Labores correspondiente al año de 1978, Tercera Parte, que a la letra dice:
SOCIEDAD LEGAL EN JALISCO. CONYUGE DEL DEMANDADO. SU INTERES JURIDICO.-Existe la presunción legal de que todos los bienes adquiridos bajo el régimen matrimonial presunto, forman parte de la sociedad legal y por tanto la quejosa, como cónyuge del demandado en el juicio del que derivan los actos reclamados, y como miembro de su sociedad legal, resulta afectada directamente en sus intereses jurídicos.
Las consideraciones en que se sustenta la ejecutoria relativa son del tenor literal siguiente:
III. Los agravios son fundados en cuanto a lo que en ellos se alega, sustancialmente, en el sentido de que existe la presunción legal de todos los bienes adquiridos bajo régimen matrimonial presunto, como ocurre en el caso con el inmueble materia de los actos reclamados, forman parte de la sociedad legal y por tanto la quejosa, como cónyuge del demandado en el juicio del que derivan dichos actos y como miembro de su sociedad legal, resulta afectada directamente en sus intereses jurídicos, por lo cual no existe la causa de improcedencia que sirvió de base al sobreseimiento. Ciertamente, el artículo 223 del Código Civil de Jalisco, que la recurrente invoca, entre otros, en sus agravios, dispone: 'Todos los bienes que existen en poder de cualquiera de los cónyuges al hacer la separación de ellos, se presumen gananciales, mientras no se pruebe lo contrario' y la tesis jurisprudencial número 357, consultable bajo el rubro 'SOCIEDAD CONYUGAL, NECESARIA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES A NOMBRE DE LA, PARA QUE SURTA EFECTOS CONTRA TERCERO.', en las páginas mil sesenta y seis y mil sesenta y siete de la Cuarta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en 1975, establece que: 'Si el matrimonio se celebró bajo el régimen de sociedad conyugal y los bienes inmuebles se adquirieron durante su vigencia, en relación a los cónyuges, no hay duda de que tales bienes forman parte de la comunidad, pero ello no significa que tal situación sea oponible frente a terceros de buena fe, si los bienes aparecen inscritos en el Registro Público de la Propiedad a nombre de uno solo de los cónyuges, con quien contrató el tercero, y no de ambos, como debía ser, porque la inscripción en el Registro Público de la Propiedad es la única forma de garantizar los intereses de quienes contratan con los cónyuges casados bajo el régimen de sociedad conyugal, y evitar así que sean defraudados, por ocultaciones o modificaciones de capitulaciones matrimoniales que sólo conocen los cónyuges.'. Pues bien, conforme al principio jurídico que anima el precepto legal transcrito y a la primera parte de la jurisprudencia a que se acaba de hacer alusión, aplicable a este caso por analogía, debe admitirse que en verdad respecto de los bienes que se adquieren bajo el régimen de sociedad legal matrimonial, existe la presunción de que forman parte de dicha sociedad, o sea, que son de ambos cónyuges, y habiendo quedado demostrado en este caso con las copias certificadas de la escritura notarial respectiva y del acta de matrimonio que el inmueble en cuestión fue adquirido en las circunstancias a que se acaba de hacer referencia, por el cónyuge de la quejosa, eso basta para considerar que ella también tiene un interés jurídico que resulta afectado en el juicio del que emanan los actos reclamados y que, por tanto, no se surte en el caso la hipótesis de improcedencia en la que se basó la sentencia impugnada.
El propio tribunal, al resolver el veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho el amparo en revisión 292/88 promovido por B.L.A. de C., sustentó la tesis publicada en las páginas 551 y 552 del Tomo II, julio-diciembre 1988, Segunda Parte-2 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, cuya expresión literal es la siguiente:
SOCIEDAD LEGAL, LEGITIMACION PARA PROMOVER EL AMPARO CONTRA ACTOS QUE AFECTEN BIENES DE LA.-De acuerdo con lo que preceptúa el artículo 207 del Código Civil de Jalisco, el régimen de sociedad legal consiste en la formación de un patrimonio común, diferente de los patrimonios de los consortes, lo cual se corrobora con lo que dispone el numeral 226 de la invocada codificación. Por tanto, cuando en un juicio seguido contra uno solo de los consortes se dictan actos que afecten bienes del fondo social, el otro como tercero extraño, está en aptitud de acudir al juicio de garantías indirecto contra esos actos.
En lo conducente, la ejecutoria que informa esta tesis dice:
En cambio, son fundados los demás agravios, pero inoperantes; lo primero porque, como el inmueble embargado, ciertamente, forma parte del patrimonio común creado por los cónyuges, y de acuerdo con el artículo 207 del referido Código Civil, es distinto del patrimonio de uno y otro, sin embargo les pertenece en un 50% a cada uno de ellos, de modo que los actos que afecten a dichos bienes comunes indudablemente perjudican los intereses de cada socio, lo que los legitima para ocurrir en defensa de su parte alícuota. Lo anterior se corrobora con lo que dispone el artículo 226 de la ley sustantiva, que en lo conducente dice: 'El dominio y posesión de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la sociedad; y las acciones en contra de ésta o sobre los bienes sociales serán dirigidas contra ambos cónyuges' (...). Por lo antes señalado, la causal de improcedencia que invocó el a quo federal (artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo), no se surte por las razones que expuso; pero se surte de todas formas, por diferentes motivos, por lo siguiente: De las constancias que obran en el juicio de garantías, se pone de manifiesto que el Juez responsable remató únicamente los derechos del marido de la quejosa, respetando los de ésta, al advertir que el inmueble embargado pertenecía a la sociedad legal, y en esas condiciones, es claro que lo que reclama no afecta su haber pecuniario, representado por los derechos que le corresponden sobre la finca en cuestión, por lo que debe confirmarse la sentencia recurrida.
Por su parte el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver los amparos en revisión 213/91 promovido por G.N.M.F.O., 109/92 promovido por B.L.A.Z., y 23/92 promovido por C.G.H. y M.V.H., sostuvo lo siguiente:
AMPARO EN REVISION 213/91: (Fallado el 10 de julio de 1991).
III. Son infundados los agravios hechos valer. Aun cuando es verdad que la quejosa contrajo nupcias bajo el régimen de sociedad conyugal, también lo es que este sistema patrimonial se debe regir por las capitulaciones matrimoniales que al efecto se constituyan, en la inteligencia de que éstas deben constar en escritura pública, según lo disponen los artículos 183, 184 y 185 del Código Civil del Distrito Federal (artículos 174 y 175 del Código Civil del Estado de Jalisco), siendo importante señalar que la legislación capitalina no contempla el régimen de sociedad legal, como sí ocurre en Jalisco (artículo 207 del Código Civil), pero, es un error considerar que esa sociedad legal cuenta con personalidad jurídica propia, que obligue a los acreedores de los cónyuges a demandarla en forma especial, como si se tratara de un ente jurídico diverso de los esposos, ya que a este respecto no existe ninguna disposición en la ley que así lo prevenga, por lo que es obvio que cuando uno de los consortes pide amparo contra el desposeimiento de bienes porque se dice que pertenecen a uno solo de ellos, el promovente del juicio constitucional está obligado a acreditar que dicho bien fue adquirido con dinero del fondo común, o la existencia de las capitulaciones matrimoniales, cuando como en el caso el bien gravado aparece inscrito en las oficinas correspondientes, exclusivamente a favor de aquel a quien se demanda, según lo ha sostenido la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo criterio aparece en la tesis número 97, publicada en la página 89, Segunda Parte, del Informe rendido por su presidente al finalizar el año de 1981, que previene: 'SOCIEDAD LEGAL.'. Es cierto como lo sostiene la quejosa en el inciso a) de sus conceptos de violación, que con la copia certificada de su acta de matrimonio, se demuestra que se casó con J.C.S. bajo el régimen de sociedad legal, figura jurídica prevista por el artículo 207 del Código Civil para el Estado de Jalisco, y que esa constancia no fue tomada en cuenta por la responsable en la sentencia impugnada. Sin embargo, esta omisión, no es motivo suficiente para que se demuestre la ilegalidad del fallo; toda vez que contrariamente a lo que la quejosa expone, el bien cuestionado no es parte del fondo social, pues aunque ella se casó bajo el régimen de sociedad legal y su esposo adquirió el inmueble bajo la vigencia del matrimonio, en los términos del artículo 220 fracción VI del Código Civil para el Estado de Jalisco, son parte del fondo social: 'VI. Los bienes adquiridos por título oneroso durante la sociedad a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la sociedad, bien para uno solo de los consortes; y según se advierte, con las pruebas que la señora M.M. de Cárabes ofreció, no se acredita el supuesto de que su esposo hubiera adquirido el inmueble a costa del caudal, paraque se pudiera considerar como parte del fondo social, por lo que en estas condiciones, la quejosa no demuestra su reclamación'. Las anteriores consideraciones responden a la necesidad de que haya certeza y seguridad acerca de la existencia del derecho de propiedad, tanto para evitar los fraudes y los abusos provenientes de ocultación de gravámenes o de modificaciones a dicho derecho, por lo que, repítese, si el bien cuestionado no aparece adquirido a nombre de determinada sociedad, no puede invocarse frente a terceros derecho alguno que pretenda atribuirse a dicha sociedad, y aun cuando es verdad que por regla general, cuando se controvierte un bien de una sociedad legal, se debe llamar a juicio a ambos consortes para que deduzcan sus derechos, ello no acontece cuando como en el caso se demandó al esposo judicialmente y se reclama un bien en cuya compraventa participó únicamente aquél, toda vez que la cónyuge no demostró haber participado conjuntamente en la celebración del contrato de compraventa relativo y, sí por el contrario, el bien aparece a nombre del tercero perjudicado E.O. delP., de ahí que cobra aplicación el criterio referido, esto es, que la promovente del amparo sí está obligada a demostrar que el bien fue adquirido a costa del caudal común, y al no haber hecho así, es claro que no existe razón para que se le haya llamado al juicio natural, como erróneamente lo pretende, ya que en tratándose del consorte casado, los bienes adquiridos a su nombre, son de su exclusivo patrimonio, por lo que para enajenarlos, gravarlos o en cualquier otra forma disponer de ellos, no requiere el consentimiento ni la voluntad del otro cónyuge, según lo previene el artículo 172 del Código Civil del Distrito Federal (161 del Código Civil de Jalisco), de lo que sigue que contra terceros no pueden invocarse derechos de la multicitada sociedad legal, puesto que los efectos de ésta no son hacia el exterior, sino que sólo crean relaciones internas de esposo a esposa, sin adquirir derechos de copropiedad y, en todo caso, sólo implica un derecho personal o de crédito al obtener una participación en los gananciales, al funcionar en forma análoga a una sucesión en participación. Cabe señalar que no se discute el valor probatorio del acta de matrimonio correspondiente, sino la insuficiencia de dicha documental para acreditar los extremos pretendidos por la esposa, puesto que la inclusión de un bien en el fondo social no se da ipso jure, sino que se encuentra sujeto a las capitulaciones relativas, de tal suerte que no basta que el matrimonio se celebre bajo el régimen de sociedad conyugal para estimar lo contrario, ya que no es verdad que por el simple hecho de la existencia de la sociedad conyugal, deba considerarse necesariamente que forma parte del patrimonio de la misma el bien que aquí interesa, debido a que los bienes que se adquieren durante el matrimonio pueden entrar o no a la sociedad conyugal, según lo convengan los consortes. Resulta orientadora sobre este particular la cita que el doctor en derecho S.T.M.A. hace en su obra 'EL REGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO EN MEXICO', página 108, editorial P., primera edición, 1984, que textualmente previene: 'A pesar de la enorme diferencia entre los anteriores Códigos Civiles de 1870 y 1884 y el actual Código Civil de 1928 todavía persisten nuestros tribunales y los notarios, al igual que muchos abogados, en la creencia o en el perjuicio de que basta la simple anotación bajo régimen de sociedad conyugal estampada en el acta de matrimonio, para deducirse automáticamente de ella que todos los bienes adquiridos después del casamiento por alguno de los consortes, pertenecen en copropiedad a ambos cónyuges, sin necesidad de tener a la vista el tenor del contrato de capitulaciones matrimoniales como si a la fecha estuvieran aún en vigor las minuciosas y completas disposiciones sobre el régimen legal o supletorio de los derogados Códigos Civiles de 1870 y 1884'. Por otro lado, el tratadista R.S.M., en su obra CONTRATOS CIVILES, página 210, expone: 'NATURALEZA JURIDICA DE LA SOCIEDAD CONYUGAL'. Es una sociedad oculta, sin personalidad jurídica y que funciona en forma análoga a una asociación en participación, genera sólo derechos personales o de crédito, que consisten en obtener una cuota final de liquidación pero conforme nuestro Código Civil no da nacimiento a un derecho real de copropiedad sobre bienes asignados a la sociedad conyugal. El artículo 194 del Código Civil con su escueto y equívoco texto: el dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la sociedad, SOLO SE REFIERE A LOS BIENES ADQUIRIDOS EN COMUN POR LOS DOS CONSORTES POR ALGUN TITULO VERDADERAMENTE TRASLATIVO DE PROPIEDAD COMO VENTA, HERENCIA, PERMUTA, DONACION, etcétera; pero la sociedad conyugal por sí misma no transmite bienes, ni derechos reales, puesto que la aportación que se hace a la sociedad conyugal no es en copropiedad, toda vez que los bienes deben devolverse al final a cada cónyuge que los aportó, en consecuencia, las aportaciones de bienes que hacen los consortes a la sociedad conyugal son sólo aportaciones en cuanto al uso o aprovechamiento de tales bienes 'SOCIETAS QUOAD ASUM', de acuerdo con el artículo 2702, in fine, del Código Civil, aplicado supletoriamente (183, in fine). En este contexto cobra aplicación, por las razones que la informan, la tesis 28, consultable en la página 595, Tercera Parte, del Informe de 1988, que previene: 'SOCIEDAD LEGAL, SU NATURALEZA (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO).-La sociedad legal que emerge del matrimonio es oculta; sólo existe como tal en las relaciones entre los socios, pero no en las de éstos como terceros; entonces, sus efectos no son hacia el exterior, sino al interior de suerte que, frente a terceros, cada cónyuge es único titular de los bienes adquiridos por él, individualmente, salvo que hiciera del conocimiento de aquéllos la situación jurídica del bien.'. Por su parte, el tratadista R.S.M., en su obra titulada 'DE LOS CONTRATOS CIVILES, páginas 411, 414 y 415, dice lo siguiente: ENJUICIAMIENTO DE LA SOCIEDAD CONYUGAL'. Una verdadera costra de perjuicios sociales y jurídicos impide que el estudio y el enjuiciamiento de la sociedad conyugal ... Por otra parte, existe la errónea creencia generalizada de que basta que un matrimonio se contraiga bajo el régimen de sociedad conyugal y que esta escueta leyenda aparezca en el acta respectiva de matrimonio, para deducir que todos los bienes adquiridos después del matrimonio pertenecen definitivamente por mitad a cada uno de los consortes ... Los razonamientos que anteceden ponen de manifiesto que el contrato de sociedad conyugal en la forma defectuosa prevista en el vigente Código Civil, es un contrato meramente obligacional, porque sólo da nacimiento a un derecho de crédito consistente en el derecho a una cuota final de liquidación (204), y no es un contrato de efectos reales, porque no es un modo de adquirir la propiedad o la copropiedad. En suma, las censuras que pueden enderezarse contra la sociedad conyugal, son sólo por la forma defectuosa en que se encuentra prevista en el vigente Código Civil que equivocadamente supone que los contrayentes, al celebrar su matrimonio, van a estructurar suficientemente dicho régimen matrimonial y que si acaso llegan a dejar lagunas dentro de tal regulación, puede acudirse satisfactoriamente para completarla a los preceptos de la sociedad civil ... El más grave inconveniente a que da lugar actualmente la sociedad conyugal en la defectuosa forma prevista por el Código Civil en vigor, es hacer creer equivocadamente a los consortes que basta que opten ellos en el momento de contraer matrimonio por dicho régimen de bienes, para que automáticamente todos los bienes que en el futuro adquieran uno u otro cónyuge pertenezcan en copropiedad, por mitad, a ambos consortes, no obstante que hoy no existe en el Código Civil ninguna disposición expresa que así lo establezca, en contraste con las disposiciones de los códigos anteriores de 1870 y de 1884, que ciertamente consagraban ese especial y muy peculiar modo legal de adquirir la copropiedad entre cónyuges; no obstante tampoco en el texto de las capitulaciones matrimoniales no se otorgan los cónyuges poder recíproco para tal efecto, ni siquiera al adquirir bienes uno de ellos declara hacerlo a nombre de ambos y, a pesar, finalmente, de que el principio fundamental de la publicidad que inspira a nuestro sistema registral no permite el reconocimiento de una copropiedad clandestina del cónyuge que no fue parte ni estuvo representado por el cónyuge adquirente en el momento en que éste adquirió singularmente y a nombre propio un determinado inmueble. La mera persistencia del aislado precepto que habla de que 'el dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsiste la sociedad (194), no atribuye directamente a la luz de las actuales disposiciones legales en vigor, ninguna copropiedad a los cónyuges, sino sólo dispone lo que ha de hacerse cuando efectivamente exista copropiedad entre ambos cónyuges y tenga otro origen o causa diferente'. Consiguientemente y atento los razonamientos expuestos en los párrafos precedentes, es obvio que no asiste la razón a la quejosa, y menos es verdad que el a quo no hubiese estudiado el fondo del asunto, ya que, por el contrario, la simple lectura de la sentencia reclamada pone de manifiesto que fue precisamente con base en ese estudio, por el que se arribó a la constitucionalidad del acto reclamado, siendo importante destacar que la tesis de jurisprudencia invocada por el Juez Federal resulta aplicable analógicamente, dadas las razones que la informan, por tanto, es inexacto que hubiese probado en autos ser propietaria del automóvil cuestionado, y menos tener la posesión actual y material del mismo, sin que importe en contrario el proveído de diecinueve de junio de mil novecientos noventa, pronunciado por el Juez Quinto de lo Familiar dentro del expediente 817/90, en que la ahora quejosa demandó la devolución anticipada de la sociedad conyugal, ya que si bien se decretó la suspensión interina de los efectos de aquélla, ello fue sin 'perjuicio de los actos y obligaciones anteriores', toda vez que el cónyuge demandado enajenó el bien desde el ocho de febrero anterior y, por ende, no existe la pretendida violación a las garantías individuales invocadas por la quejosa, y ello obliga a confirmar la sentencia recurrida.
AMPARO EN REVISION 109/92. (Fallado el treinta de abril de mil novecientos noventa y dos).
... Es verdad que la recurrente aportó la copia certificada del acta de registro civil relativa al matrimonio que celebró el dos de septiembre de mil novecientos setenta y ocho con el tercero perjudicado R.M.H.; y no deja de ser menos cierto que el veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, su cónyuge adquirió el inmueble detallado en el capítulo correspondiente al acto reclamado del libelo de garantías (compra amparada con la escritura 3737, pasada ante la fe del notario público Número 23 de esta municipalidad y registrada el once de abril de mil novecientos ochenta y nueve, bajo el número de orden 15120, folio del 496 al 504 del libro 253 de la Sección Primera, de la oficina doce del Registro Público de la Propiedad, de Puerto Vallarta, Jalisco); e igualmente es verídico que dicho inmueble fue embargado en el juicio ejecutivo mercantil 1526/90, seguido por J.L.R.S. y H.G.N.G. como endosatarios en procuración de J.L.N.V., contra el marido de la quejosa R.M.H.. Sin embargo, como con atingencia lo expuso el Juez de Distrito, con independencia de que no fueron objetadas, dichas pruebas resultan insuficientes para acreditar que el bien aludido forme parte del patrimonio común que tienen formado dichos cónyuges, puesto que si la sociedad legal consiste en la integración de un patrimonio común diferente a los propios de los esposos, es obvio que no todos los bienes que posee cada uno de los consortes forman parte del fondo social, sino sólo aquellos a que se refiere el artículo 220 del Código Civil del Estado, de ahí que es inexacto que un bien adquirido durante la vigencia del citado régimen económico matrimonial ingrese ipso jure a tal fondo. Para que se considere parte de éste se hace indispensable acreditar que se surte cualquiera de las hipótesis del citado artículo 220. Y como en la especie la promovente asegura, se insiste, que el inmueble embargado es del fondo común por haberlo adquirido su marido estando vigente la sociedad legal que tienen formada, la situación guarda semejanza con lo dispuesto en la fracción VI del susodicho artículo 220, por lo que debe dilucidarse si en el caso es aplicable o no esa fracción. Al hacerlo se empieza por transcribir tal precepto que dice, en lo conducente, que: Forman el fondo de la sociedad legal: ... VI. Los bienes adquiridos por título oneroso durante la sociedad a costa del caudal común ... Se afirma que la situación guarda semejanza con el contenido de la fracción indicada, porque en la especie hubo una adquisición, por parte del marido de la quejosa, estando vigente su sociedad legal, mas para que quedara demostrado que el bien sí pertenece al fondo común debía haberse justificado (y no se hizo), justamente lo que previene el precepto, es decir, que la compra se verificó a costa del caudal común. Corrobora lo anterior la jurisprudencia, que este colegiado comparte, visible en la página 635 de la Tercera Parte del Informe de 1989, que dice: 'SOCIEDAD LEGAL, PRUEBA DE QUE UN BIEN PERTENECE A LA.-No todos los bienes que adquiere alguno de los cónyuges durante la vigencia de la sociedad legal ingresan a ésta, sino únicamente aquellos que señalan los artículos 220 y 221 del Código Civil del Estado de Jalisco, entre ellos los bienes adquiridos por cualquiera de los consortes en el ejercicio de su profesión u oficio; los que provengan de herencia, legado o donación hechos a ambos cónyuges sin designación de parte; los que se obtengan por título oneroso a costa del caudal común, etcétera. Entonces para acreditar que un bien pertenece a dicha sociedad, no es suficiente que se demuestre, por una parte, la existencia del matrimonio contraído, en relación con los bienes, bajo el citado régimen económico y, por la otra, que el mencionado bien fue obtenido precisamente durante la vigencia del mismo, sino que también es menester comprobar que ese bien fue adquirido bajo cualquiera de las hipótesis indicadas en los citados preceptos, como las que se especificaron con anterioridad.'. Así las cosas, si sólo se demandó judicialmente al esposo de la quejosa y se embargó un bien en cuya compra participó únicamente dicho marido, resulta que aquélla no comprobó que los actos que combate afecten sus intereses jurídicos, motivo por el cual debe modificarse el fallo que se revisa en la parte en que fue recurrida, para en su lugar sobreseer en el juicio con apoyo en los dispositivos de la Ley de Amparo citados en el párrafo segundo del presente punto considerativo. Como pudiera pensarse que no existe precepto legal que faculte al registrador a inscribir un inmueble a nombre de determinada 'sociedad legal', cabe aclarar que como las inscripciones sólo pueden hacerse en favor de personas físicas o morales, y es obvio que el aludido régimen no lo es ni forma parte de la segunda clase de tales personas porque no tiene escritura constitutiva, razón social, estatutos, ni consejo de administración, en Jalisco se ha acostumbrado (y la costumbre es fuente del derecho), como es notorio, que cuando un inmueble es adquirido por uno de los integrantes de una sociedad legal, pero para ésta, la inscripción respectiva se hace anotando el nombre del adquirente y luego entre paréntesis la palabra casado o casada, o bien sociedad legal, con el objeto de que puedan hacerse valer los derechos respectivos contra terceros adquirentes de buena fe, lo que es importante destacar porque dicho registro tiene efectos publicitarios, o sea, es el medio a través del cual los particulares pueden garantizar la seguridad y firmeza de los actos jurídicos que celebren. Además, en algunas ocasiones se estila que en el clausulado de la escritura correspondiente el marido comprador expresamente señala que la adquisición la hace para la sociedad legal que tenga formada con su consorte, y eso no ocurrió en el caso, pues, como puede advertirse, en la cláusula primera del contrato de compraventa, se señaló que: '... El señor J.O.G., en su carácter de apoderado general de CONSTRUCTORA AHUALULCO DE MERCADO, SOCIEDAD ANONIMA, VENDE, al señor R.M.H., quien COMPRA el inmueble que a continuación se describe: ...', en tanto que en la constancia de inscripción extendida por el jefe de la oficina del Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jalisco (a foja 38 del amparo), puede leerse que el documento aludido quedó registrado únicamente a favor de R.M.H., sin que aparezca alguna de las salvedades reseñadas. Lo expresado hasta aquí encuentra apoyo también en la ejecutoria que puede consultarse en la página 2920 de la Segunda Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que previene: 'SOCIEDAD LEGAL (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO).-Si un inmueble no ha sido inscrito en el Registro Público como correspondiente a una sociedad legal, es indudable que no puede hacerse valer contra tercero ningún derecho arguyendo que su propiedad pertenece a una sociedad legal, atenta la expresa prevención del artículo 3193 del Código Civil de 1884, según la cual los actos y contratos que conforme a la ley deben registrarse, no producirán efecto contra tercero si no estuvieren inscritos en el Registro Público respectivo, por lo que cualquier derecho que sobre el bien en cuestión pudiera tener la sociedad legal no puede surtir efecto alguno contra tercero, entre otros el acreedor hipotecario, si éste contrató teniendo en cuenta que la casa objeto de la hipoteca sólo aparecía inscrita a nombre del deudor hipotecario y no de la sociedad legal de que formaba parte. Para que pueda considerarse que un inmueble adquirido por uno de los cónyuges en lo personal y registrado exclusivamente a su nombre forma parte de la sociedad legal, debe demostrarse que el propio bien fue adquirido a costa del caudal común, de acuerdo con lo que disponen los artículos 200, fracción VI, y 212 del Código Civil del Estado de H.. Si una propiedad no aparece adquirida a nombre de determinado matrimonio y no ha sido inscrita en el Registro Público como de la sociedad legal, no puede hacerse valer contra tercero ningún derecho que pudiera atribuirse a dicha sociedad. Al que adquiere un inmueble de persona que figuraba como dueño en el Registro Público de la Propiedad y el título por el cual adquirió está debidamente registrado debe conceptuársele como tercer adquirente de buena fe y por lo mismo su contrato de compraventa no se invalida en cuanto a él.'. No es obstáculo para lo anterior lo que aduce la inconforme acerca de que en las generales del comprador, contenidas en el mencionado contrato de compraventa, se dijo que el estado civil de su esposo era el de casado, así como que esa misma circunstancia aparezca en el aviso de transmisiones patrimoniales, pues, se reitera, ello solo no basta para tener por demostrado que el bien se hubiera adquirido para la sociedad legal a costa del caudal común. Consiguientemente, sí resultan aplicables las tesis que invocó el Juez de las voces 'SOCIEDAD LEGAL, SU NATURALEZA (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO).' y 'SOCIEDAD CONYUGAL, NECESARIA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES A NOMBRE DE LA, PARA QUE SURTA EFECTOS CONTRA TERCEROS.', pues aunque la segunda se refiere a una legislación de otra entidad, la hipótesis aestudio es análoga a las disposiciones de Jalisco, donde, de acuerdo con lo explicado, sí debe demostrarse que los bienes se adquirieron con dinero común para que puedan ingresar a la sociedad legal. Por otra parte, resulta inaplicable la tesis que invoca la quejosa del rubro de 'SOCIEDAD LEGAL, LEGITIMACION PARA PROMOVER AMPARA CONTRA ACTOS QUE AFECTEN BIENES DE LA.', en virtud que en ella se parte de la base de que el inmueble cuestionado corresponda a la sociedad legal y, según se vio, en el caso no se demostró tal extremo.
AMPARO EN REVISION 23/92, fallado el cuatro de junio de mil novecientos noventa y dos.
En el caso los quejosos reclaman, en síntesis, la orden de desposesión de los inmuebles que describen en su libelo constitucional con motivo de la ejecución de la resolución dictada por el Juez Sexto de lo Civil de esta ciudad, en el juicio ordinario civil número 1821/73, promovido por J.R. y M., ambos de apellidos P.M., contra M. viuda de Pinto, sin haber sido aquéllos parte en el proceso de referencia. Ahora bien, analizadas que fueron las constancias que integran el juicio de garantías, se advierte que el a quo tuvo razón en sobreseer en el juicio por lo que ve al quejoso M.V.H., porque resulta que aunque es verdad que rindió pruebas para acreditar la tenencia de los predios que se contienden, no deja de ser menos cierto que con los elementos de prueba allegados, incluyendo no sólo los que tomó en consideración el Juez de Distrito sino también los que el recurrente enumera uno a uno en el escrito correspondiente, no justificó que los inmuebles de que se trata hubieran sido adquiridos a costa del caudal común de la sociedad legal que tiene formada con su esposa la diversa quejosa C.G.H. de V., lo que obviamente lo excluye de ser propietario de los mismos, pues, en efecto, es suficiente leer el contenido de las escrituras que amparan los terrenos, para concluir que fueron adquiridos exclusivamente por la señora mencionada, quien aunque al momento de adquirirlos manifestó estar casada, ello sólo no implica que su esposo sea también el legítimo propietario, puesto que, se reitera, con tales documentos no se acredita que los bienes hayan sido comprados a costa del caudal común como lo exige el artículo 220, fracción VI, del Código Civil del Estado; y si con tales escrituras, que son el medio idóneo, no se acredita la circunstancia que pudiera dar derecho a promover el amparo al citado señor V., menos aún lo demuestran las pruebas consistentes en informes de las responsables, recibos de impuestos prediales a nombre de C. y E.G., manifestación catastral a nombre de M.P., manifestación de contribución presentada por M.V., contrato celebrado por éste y la Comisión Federal de Electricidad, testimoniales, fotografías, recibos de pago de servicio telefónico a nombre de aquél y copias certificadas de los expedientes de donde devienen los actos reclamados, toda vez que inclusive relacionándolos uno a uno con las escrituras no se infiere, se insiste, que los inmuebles se hubieren adquirido con dinero del fondo común, requisito indispensable para que pudiera reconocerse al varón quejoso un interés legítimo y susceptible de ser tutelado a través del juicio de amparo. Así, resulta operante la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, y por ende cobra aplicación la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, visible en la página 443 del Informe relativo al año de 1987, Tercera Parte, que dice: 'SOCIEDAD LEGAL. NECESIDAD DE ACREDITAR QUE LOS BIENES DE CUYA AFECTACION SE DUELE EN EL AMPARO INGRESARON A LA, A FIN DE ACREDITAR EL INTERES JURIDICO.-No todos los bienes que adquiere alguno de los consortes durante la sociedad legal, ingresan a ésta, sino únicamente aquellos que señalan los artículos 220 y 221 del Código Civil para el Estado de Jalisco. Entonces, contra lo que sostiene la quejosa, hoy recurrente, para acreditar que el inmueble de cuya afectación se duele pertenece a la sociedad legal, no es suficiente que haya demostrado, por una parte, la existencia del plazo matrimonial contraído en relación con los bienes, bajo el régimen de sociedad legal y, por la otra, que el bien raíz de que se trata fue obtenido por su esposo precisamente durante la vigencia del mismo, sino que también es menester probar que ese bien es de aquellos a que se refieren los dos dispositivos últimamente citados.'. Bajo el razonamiento anterior es incuestionable que lo procedente entonces sea confirmar el sobreseimiento por lo que ve al quejoso M.V., sin que sea obstáculo para arribar a la anterior conclusión el hecho de que ese revisionista alegue que existe la presunción de que es copropietario de los bienes en disputa, debido a que el artículo 210 del Código Civil del Estado prevé que en tratándose de matrimonio celebrado fuera del Estado, bajo régimen económico presunto, la propiedad y adquisición de los bienes que los consortes adquieran y se encuentren ubicados en Jalisco, se regirán por las disposiciones del capítulo de la sociedad legal habida cuenta que aunque está probada la existencia del matrimonio de las personas que acuden al amparo bajo el régimen indicado, lo cierto es que debió haberse demostrado, aun cuando el bien aparezca a favor de la señora quejosa, que se compró con el caudal común; de ahí que el solo hecho de que estén casados bajo el régimen aludido no puede conducir a tener por justificada la presunción aludida, pues, se insiste, se debe acreditar la exigencia anterior, esto es, que se adquirió el bien con dinero del fondo común. No es obstáculo para la anterior conclusión, la circunstancia de que las pruebas rendidas por la parte quejosa, que después se examinarán, como son la testimonial y documentales, mencionen al quejoso M.V.H. como poseedor en unión de su esposa C.G.H. de V., porque habiéndose demostrado que es ésta la titular del derecho de propiedad del bien en disputa, debe considerarse que el quejoso M.V.H., únicamente se encuentra en la finca por el vínculo que lo une con la señora C.G.H., y si realiza actos de adquisición de otros bienes o contratos en relación con la finca, es precisamente por el carácter de esposo y no como titular del derecho de posesión.
Además, el presidente del Tribunal Colegiado de que se trata, envió a esta Tercera Sala los amparos en revisión 399/91 promovido por H.R.G., y 699/91 promovido por R.R.R., los que si bien no se mencionan en la denuncia a que se refiere el presente asunto, ni en el auto de su inicio, por encontrarse relacionados directamente con el tema de la sociedad legal en torno del cual se suscita la contradicción de tesis planteada, se transcriben, sus ejecutorias, en lo conducente, para los efectos procedentes.
AMPARO EN REVISION 399/91, fallado el diez de octubre de mil novecientos noventa y uno:
En efecto, es verdad que la recurrente contrajo matrimonio civil el quince de diciembre de mil novecientos cincuenta, con el tercero perjudicado A.S.T., bajo el régimen de sociedad legal, y no sociedad conyugal como lo cita en la demanda de amparo y como inexactamente lo afirmó el Juez Federal, también es verdad que su cónyuge, el ocho de mayo de mil novecientos sesenta y dos, adquirió el inmueble 527 de la calle B.D. en Colima, Colima y que el mismo fue embargado el dieciocho de abril de mil novecientos ochenta y nueve, dentro del juicio mercantil ejecutivo 707/89, tramitado ante la responsable, de donde proviene el acto reclamado, pues todo ello se desprende de las constancias procesales allegadas al juicio constitucional, las que surten efectos probatorios plenos en los términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles; sin embargo, dichas pruebas resultan insuficientes para acreditar que el citado bien forma parte del patrimonio común que tienen formado ambos cónyuges, pues no hay que perder de vista, conforme el régimen matrimonial elegido por los consortes, que la sociedad legal consiste en la integración de un patrimonio común diferente a los patrimonios propios de los esposos; luego, no todos los bienes que posee cada uno de los consortes forman parte del patrimonio social, sino sólo aquéllos a que se refiere el artículo 220 del Código Civil del Estado, de ahí que la inclusión del bien en el fondo social no se dé ipso jure, solamente porque se adquieren durante la vigencia del matrimonio, sino que se encuentra sujeto a las disposiciones legales relativas a la sociedad legal, de tal suerte que no basta que se acredite la existencia del matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad legal y que durante éste se adquirió un bien, como en forma errónea lo supone la recurrente para estimar que el bien corresponde a la sociedad, sino que también es menester dejar constancia de que éste se adquirió para dicha sociedad o a costa del caudal común, conforme lo establece claramente el citado artículo 220, fracción VI, del ordenamiento invocado, al señalar, en lo conducente, que: 'Forman el fondo de la sociedad legal ... VI. Los bienes adquiridos por título oneroso durante la sociedad a costa del caudal común' e igualmente lo corrobora la ejecutoria, que este colegiado hace propia, visible en la página 635 del Informe de 1989, que dice: 'SOCIEDAD LEGAL, PRUEBA DE QUE UN BIEN PERTENECE A LA.-No todos los bienes que adquiere alguno de los cónyuges durante la vigencia de la sociedad legal ingresan a ésta, sino únicamente aquellos que señalan los artículos 220 y 221 del Código Civil del Estado de Jalisco, entre ellos los bienes adquiridos por cualquiera de los consortes en el ejercicio de su profesión u oficio; los que provengan de herencia, legado o donación hechos a ambos cónyuges sin designación de parte; los que se obtengan por título oneroso a costa del caudal común, etcétera. Entonces, para acreditar que un bien pertenece a dicha sociedad, no es suficiente que se demuestre, por una parte, la existencia del matrimonio contraído, en relación con los bienes, bajo el citado régimen económico y, por la otra, que el mencionado bien fue obtenido precisamente durante la vigencia del mismo, sino que también es menester comprobar que ese bien fue adquirido bajo cualquiera de las hipótesis indicadas en los citados preceptos, como las que se especificaron con anterioridad.'. 'Así las cosas, si por una parte sólo se demandó judicialmente al esposo, si se embargó un bien en cuya compra participó únicamente dicho marido y si ni siquiera se asentó que era casado, aparte de que la cónyuge quejosa no demostró haber concurrido a la celebración de dicha operación, ni justificó que el bien se haya adquirido para la sociedad legal o a costa del caudal común, conforme lo dispone el artículo 220 en su fracción VI, del Código Civil de Jalisco y por otra, concurre la circunstancia de que no se demostró con elemento de prueba que el inmueble en comento se encuentra inscrito a nombre de la sociedad legal en el Registro Público de la Propiedad, lo que es importante destacar, porque dicho registro tiene efectos publicitarios, o sea, es el medio a través del cual los particulares pueden garantizar la seguridad y firmeza de los actos jurídicos que celebren, de manera que si no se justificó la inscripción del bien a favor de la sociedad, no puede hacerse valer dicha circunstancia contra terceros adquirentes de buena fe, todo lo cual lleva a concluir como acertadamente lo sostuvo el J.F., que en la especie justiciable no se afectó el interés jurídico de la quejosa, de donde resulta que es de aplicación la causal de improcedencia invocada por el Juez natural, así como la tesis jurisprudencial en que se funda, sin que estorbe en contrario que la recurrente arguya que existe jurisprudencia en el sentido de que no es necesaria la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, respecto a los bienes inmuebles a nombre de la sociedad conyugal ya que siempre se va a tratar de proteger el patrimonio de la familia, porque en principio la recurrente debió citar en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, los datos de dicho criterio, expresando el número, órgano jurisdiccional que la integró, rubro y tesis, a efecto de que este tribunal pudiera constatar su existencia y segundo, porque en el justiciable el problema a dilucidar no es que el bien embargado corresponda al patrimonio de la familia, sino si éste forma parte del haber que integra la sociedad legal, pero además, conforme al artículo 780 del Código Civil de Jalisco, que corresponde al lugar donde se celebró el matrimonio, para su constitución, debe precisarse quedar inscrito en el Registro Público de la Propiedad, lo que tampoco se acreditó en el sumario.
AMPARO EN REVISION 699/91, fallado el veinte de febrero de mil novecientos noventa y dos:
Por otra parte, no es verdad que el tribunal de apelación hubiera dejado de valorar las documentales ofertadas, habida cuenta que, según se vio, sobre ellas dijo que sólo prueban que el inmueble embargado es propiedad de la codemandada M.D.R.. Respecto de estas mismas probanzas cabe aclarar que ni aun relacionándolas entre sí pueden justificar el interés jurídico del quejoso para impugnar el secuestro reclamado, habida cuenta que de ellas no se desprende que el inmueble sobre el que se trabó ejecución haya quedado incluido entre los bienes que integran el fondo común de la sociedad legal, ni tampoco se deduce que pudieran ser de aquellos que enumera el artículo 220 del Código Civil del Estado de Jalisco. Sin que importe el hecho de que con la copia certificada del acta correspondiente se justifique el matrimonio de los demandados, dado que no todos los bienes de los consortes forman parte del patrimonio común como se explica en el precepto citado, ni tampoco se demostró lo contrario, pues en el testimonio de compraventa no se aclara que se adquirió con tal fin. Por tanto, al ser infundados los argumentos con los que se combate el sobreseimiento, debe confirmarse esa decisión. Finalmente, es inexacto que los efectos de la protección federal otorgada deban favorecer a la esposa codemandada del recurrente, porque como en el procedimiento de garantías la sentencia que se pronuncie únicamente debe estar relacionada con el quejoso (principio de relatividad), resulta claro que si la codemandada no acudió en demanda de amparo consintió lo actuado en el juicio natural, en donde además tuvo oportunidad de intervenir haciendo valer los medios de defensa y recursos pertinentes para proteger sus derechos. Así, es correcto que el fallo de primer grado le perjudique en lo que le corresponde.
Finalmente, en la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 19/92 promovido por J.M.R., a la que se hace alusión en la denuncia que nos ocupa, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito expresó lo siguiente:
III. Son infundados los agravios hechos valer. En primer término debe tenerse en cuenta que en la demanda de amparo el quejoso siempre adujo como violado el derecho de propiedad, sin que hubiera reclamado específicamente la desposesión; bajo esta base, debe considerarse que, como bien lo estimó el Juez de Distrito, es obvia la insuficiencia de las pruebas documentales que refiere el agraviado, para acreditar la legitimación del derecho de propiedad que dice tener respecto del vehículo secuestrado en el juicio del que derivan los actos reclamados, ya que el certificado del registro definitivo número 5346528, que respecto del automotor en cuestión expidió la Secretaría de Hacienda, no favorece las pretensiones del quejoso en virtud de que dicho documento fue expedido en favor de terceros, y lo mismo debe decirse por lo que ve a la factura original cuyo endoso fue hecha en favor de L.A.S.A.M., según autorización de diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y siete de la oficina recaudadora número 5 de esta ciudad, sin que importe en contrario la pretendida cesión de tales derechos en favor del quejoso, así como la copia fotostática del recibo 394192 del Departamento de Tránsito del Estado, relativa a la reposición de placas del vehículo que aquí interesa, pues es claro que, en tratándose de documentos privados no procedentes de alguna de las partes, deben ser examinados en cuanto a los datos que contienen a fin de apreciarlos con el valor que les corresponda, y no existiendo en uno de ellos fecha cierta, es obvio que dichos documentos no merecen la credibilidad que indebidamente pretende el quejoso, atento al alcance de las tesis de jurisprudencia que sobre el particular invocó el a quo, porque no basta la presentación del certificado de registro, factura y solicitud de reposición de placas, como se hizo referencia líneas atrás, para demostrar la propiedad que alega tener el quejoso respecto del vehículo embargado, ya que del conjunto de datos que obran en los mismos, es decir, que la Dirección del Registro Federal de Automóviles, otorgó certificado definitivo en favor de Ford Motor Company, Sociedad Anónima; que la factura relativa se endosó a L.A.S.A.M. y que éste presumiblemente cedió estos derechos al agraviado; pero de ello no se llega a la certeza de las manifestaciones hechas por el quejoso, y si bien éste alega que no acompañó la tarjeta de circulación porque al momento de la diligencia de embargo le fue sustraída por el secretario ejecutor, ello no deja de ser una simple afirmación carente de prueba, que de ninguna manera desvirtúa lo asentado en el acta respectiva por el funcionario judicial, quien hizo constar que la diligencia de mérito la entendió directamente con el demandado M.A.L.B., y en el propio domicilio de éste, quien a su vez señaló para su embargo el automóvil que aquí interesa (foja 23 del cuaderno de amparo). Si bien no es suficiente la simple objeción de un documento privado aportado en el juicio, ya que deben señalarse las causas en que se funda la objeción y demostrarse, según lo ha resuelto el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, ese criterio se refiere a documentos privados procedentes de las partes cuya objeción puede referirse a su contenido o a la firma que lo calza, debiendo aportarse 'pruebas respecto del punto concreto de que se hace consistir la objeción, puesto que si el documento procedente de un tercero, como es el caso del quejoso, consiste en la factura expedida por la casa vendedora de un bien, cabe decir que, independientemente de que sea objetado o no, el a quo tiene que examinar el valor probatorio que le corresponda como documento privado, en relación con las demás pruebas existentes en autos. Por lo demás es inexacto que la pretendida compraventa la hubiese manifestado el agraviado en una forma de solicitud de modificación de vehículos', sino que, en todo caso, lo que gestionó en el Departamento de Tránsito fue la reposición de placas del automotor, ante el extravío de una de ellas, según se desprende de la copia fotostática que acompañó a su demanda de garantías, de lo que se sigue la inaplicabilidad de la tesis con el rubro 'DOCUMENTOS NO TIMBRADOS, VALOR PROBATORIO DE LOS.', que invoca al efecto. Por otra parte y aunque el amparo resulta procedente no sólo cuando se lesionan derechos de propiedad, sino también cuando se transgreden los posesorios, cabe señalar que este extremo no se probó en autos, puesto que los testigos C.A.B. y S.S.V., al contestar el interrogatorio relativo (foja 8 ibidem), se refieren a la compraventa del vehículo por parte del quejoso, pues el mismo se conformó con tres preguntas, la primera de las cuales se cuestionó a los testigos acerca de si conocían alquejoso; mientras que en la segunda se les preguntó si el automóvil de referencia era propiedad y posesión de aquél; y a la tercera, en el sentido de que si sabían la fecha en que el agraviado compró el citado mueble, probanza ésta que fue desahogada en la audiencia constitucional, de cuya acta se desprende que los testigos contestaron afirmativamente a la primera pregunta, en tanto que a la segunda, C.A.B., dijo: 'Sí es de su propiedad, desde el año pasado ...;' y a la misma cuestión S.S.V., respondió: 'Efectivamente, porque yo lo acompañé a comprar el vehículo ...' y ambos coinciden en que fue en el mes de marzo de mil novecientos noventa, cuando el quejoso le compró el vehículo cuestionado al señor L.A.S.A.M.. Como se ve, ninguno de los testigos hizo referencia a la posesión que dice tener el quejoso del automotor en cita, y menos hubo preguntas encaminadas a ese sentido y, por consiguiente, la valoración que de las probanzas hizo el Juez Federal, se estima ajustada a derecho, cobrando aplicación al caso, dadas las razones que la norman, la tesis jurisprudencial 1492 que con el rubro: 'PRUEBAS, APRECIACION DE LAS, EN EL AMPARO.', aparece publicada en la página 2377, Segunda Parte, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación.
En el caso sí existe contradicción de tesis en la medida en que al resolver los juicios de amparo en revisión 296/86, 479/86, 44/89 y 74/89, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; los amparos en revisión 213/91, 399/91, 699/91, 23/92 y 109/92, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del propio circuito; y el amparo en revisión 206/78, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y adoptaron criterios discrepantes en las consideraciones jurídicas de las sentencias respectivas, partiendo del examen de los mismos elementos.
En efecto, la oposición de criterios se origina, esencialmente, a propósito de la legitimación para promover el juicio de garantías en función del interés jurídico, en torno de la sociedad legal regulada por el capítulo VII del título quinto, artículos 207 a 274, del Código Civil para el Estado de Jalisco, concretamente en cuanto a la integración de dicha comunidad, prevista por los artículos 220 y 221 que a la letra dicen, en su orden:
"Forman el fondo de la sociedad legal: I. Todos los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges en el ejercicio de su profesión u oficio; II. Los bienes que provengan de herencia, legado o donación hechos a ambos cónyuges sin designación de parte. Si hubiere designación de partes y éstas fueren desiguales, sólo serán comunes los frutos de la herencia, legado o donación; III. El precio sacado de la masa común de bienes para adquirir fincas por retroventa y otro título que merezca de derecho propio de alguno de los cónyuges, anterior al matrimonio; IV. El precio de las refacciones de crédito y el de cualesquier mejora y reparaciones hechas en fincas o créditos propios de uno de los cónyuges; V. El exceso o diferencia de precio dado por uno de los cónyuges en venta o permuta de bienes propios para adquirir otros en lugar de los vendidos o permutados; VI. Los bienes adquiridos por título oneroso durante la sociedad a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los consortes; VII. Los frutos, accesiones, rentas o intereses percibidos o devengados durante la sociedad, procedentes de los bienes comunes o de los peculiares de cada uno de los consortes.
Lo adquirido por razón de usufructo, pertenece al fondo social.
Al respecto, mientras los Tribunales Primero y Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito sostienen, que no existe ninguna disposición en la legislación antes citada, en la que se establezca que todos los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio celebrado bajo el régimen patrimonial de la sociedad legal, pasen a formar parte de ésta ipso jure, y que por el contrario, en los artículos 220 y 221 del ordenamiento indicado, se especifican los bienes que forman parte de esa comunidad, de tal suerte, que el cónyuge que invoca ser propietario de un bien adquirido únicamente por su consorte, debe acreditar que dicho bien fue comprado a costa del caudal común, o bien que se trata de alguno de los bienes previstos por los citados numerales; por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del propio circuito, considera que de conformidad con las reglas que norman la sociedad legal, sí existe la presunción legal de que todos los bienes adquiridos después de celebrado el matrimonio bajo el régimen de sociedad legal, pertenecen al fondo común que la constituye.
En cambio, debe precisarse que no existe contradicción de tesis, en lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en los amparos en revisión 369/90 el veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa, 479/90 en la misma fecha, 549/90 el veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y uno, 9/91 el siete de marzo de mil novecientos noventa y uno, 49/91 el veinticinco de abril de mil novecientos noventa y uno, y 53/91 el once de abril de mil novecientos noventa y uno; con el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, sustentado en las ejecutorias que han quedado precisadas en párrafos precedentes.
Ciertamente, bien es cierto que en estos expedientes el Tercer Tribunal Colegiado aludido sostuvo precisamente, que los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio celebrado bajo el régimen patrimonial de sociedad legal contemplado en la legislación sustantiva civil de Jalisco, ingresan ipso iure a ésta, es decir, se presume que todos los bienes adquiridos con posterioridad a la celebración de las nupcias, son integrantes del fondo común.
Sin embargo, no debe perderse de vista que la última fecha en que fue sustentado este criterio por dicho cuerpo colegiado fue el veinticinco de abril de mil novecientos noventa y uno, en el amparo en revisión 49/91, y que posteriormente en diversos amparos en revisión, el último con el número 23/92 el cuatro de junio de mil novecientos noventa y dos, el propio tribunal cambió su postura, considerando que no todos los bienes adquiridos después de celebrado el matrimonio bajo el régimen patrimonial de sociedad legal, ingresan a ésta, sino únicamente aquellos a que alude el artículo 220 del Código Civil del Estado de Jalisco.
De esta manera, resulta inadmisible la existencia de una contradicción de tesis, pues nos encontramos ante la modificación del criterio de un Tribunal Colegiado respecto de un tema determinado, lo cual no está prohibido, de tal manera que debe atenderse a la postura adoptada actualmente a fin de determinar si existe o no una oposición de criterios.
Así, al ser coincidente la actual corriente interpretativa sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos del Tercer Circuito, debe afirmarse que no existe contradicción de tesis entre dichos órganos jurisdiccionales, por el hecho de que uno de ellos, con anterioridad haya compartido consideraciones diversas.
Asimismo, debe declararse la inexistencia de contradicción de tesis entre la sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito al resolver el amparo en revisión 19/92, y lo resuelto por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del mismo circuito en las ejecutorias precisadas en esta resolución, en atención a lo siguiente:
Los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo de referencia, según lo hemos expuesto con antelación, consisten, el del primero, en que los bienes que se adquieren con posterioridad a la celebración del matrimonio bajo el régimen de sociedad legal, no ingresan al fondo común ipso iure, pues no todos los bienes forman parte de éste, sino únicamente los que alude la legislación civil del Estado de Jalisco, especialmente en su artículo 220; y el del segundo de los tribunales mencionados, en que, existe una presunción legal de que todos los bienes adquiridos en las condiciones antes precisadas, forman parte de la sociedad legal.
En cambio, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, al resolver el amparo en revisión 19/92, no abordó el tema en cuestión, sino que se ocupó de una cuestión esencialmente diferente.
Efectivamente, en la ejecutoria pronunciada en dicha revisión, cuyas consideraciones quedaron transcritas con antelación, se estimaron infundados los agravios hechos valer por la parte recurrente argumentándose, medularmente, que las pruebas aportadas por el quejoso, consistente en un certificado de registro definitivo del vehículo embargado, y la factura original de éste, no lo benefician, pues se encuentran expedidos a favor de terceras personas, y, si bien el juicio de amparo resulta procedente no sólo cuando se lesionan derechos de propiedad, sino también cuando se transgreden los posesorios, no obstante ello, debe tenerse en cuenta que en el caso no se probó ese extremo.
Consecuentemente, no existe contradicción de tesis alguna entre lo sustentado, por un lado por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, y por otro, por el Tercero, todos en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver los expedientes precisados en este fallo, el último de ellos, específicamente en la revisión 19/92; siendo aplicable en este sentido la tesis aprobada por esta Tercera Sala en sesión celebrada el doce de noviembre de mil novecientos noventa, con el número CLII/90, que a la letra dice:
CONTRADICCION DE TESIS. ES IMPROCEDENTE LA DENUNCIA QUE SE FORMULA RESPECTO DE RESOLUCIONES EN LAS QUE EL PROBLEMA JURIDICO ABORDADO ES DIFERENTE Y DE LO SOSTENIDO EN ELLAS NO DERIVA CONTRADICCION ALGUNA.-Los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, entendiendo por tesis el criterio jurídico de carácter general que sustenta el órgano jurisdiccional al examinar un punto de derecho controvertido en el asunto que se resuelve. Consecuentemente, debe considerarse improcedente la denuncia que se formula respecto de resoluciones que, aunque genéricamente, se hayan referido a un problema de similar naturaleza, en forma específica aborden cuestiones diversas y de lo sostenido en ellas no se derive contradicción alguna, pues no existe materia para resolver la contradicción denunciada.
En este orden de ideas, se impone aclarar finalmente, que tampoco existe contradicción de tesis entre lo sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito al resolver el amparo en revisión 292/88, cuyas consideraciones quedaron transcritas a fojas 34 a 35 de la presente resolución, y, lo sostenido por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero en Materia Civil del propio circuito, en los amparos en revisión precisados en este fallo, pues en el expediente antes indicado, no se abordó el tema de la sociedad legal en cuanto a su integración respecto de los bienes adquiridos después de celebrado el matrimonio bajo este régimen, sino que la litis se constriñó a la legitimación de los cónyuges para promover el amparo cuando se afecta un bien que forma parte del fondo común de dicha sociedad, sin aludir a dicha cuestión. En este sentido, resulta aplicable la tesis antes invocada.
En cuanto a los criterios en contradicción, esta Tercera Sala estima que debe prevalecer la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en atención a lo siguiente:
El régimen económico del matrimonio, en términos generales, aceptados por la doctrina especializada, se traduce en la normatividad que regula las relaciones patrimoniales surgidas con motivo del matrimonio, respecto de los cónyuges, entre sí, frente a sus hijos y terceras personas.
Ciertamente, la celebración del matrimonio origina además de los efectos de carácter puramente personal, también consecuencias patrimoniales. La ayuda mutua que se deben los esposos está implícita en la obligación que ellos tienen de proporcionarse alimentos, lo cual constituye el mínimo de todo régimen patrimonial de dicho vínculo.
De esta manera, surgen en la relación matrimonial, en derredor del aspecto financiero algunas cuestiones que precisamente vienen a ser materia de la reglamentación patrimonial, como lo es la situación de los bienes presentes y futuros de los consortes.
El tratamiento de esta materia ha sido cambiante y responde a la diversa conciencia social que en el tiempo y espacio se ha venido teniendo en torno del papel de la familia, y especialmente de la mujer.
Así, advertimos en la legislación tanto extranjera como nacional, una gama muy variada de sistemas cuyas diferencias radican o bien en la esencia misma del régimen (comunidad de bienes y separación de bienes) o, en algunos aspectos secundarios como lo son las formas de su creación (legal y consensual), su integración (universal o parcial, o simplemente de gananciales), su administración (conjunta y separada) etcétera.
No obstante lo anterior, resulta innegable que la esencia misma de los regímenes patrimoniales del matrimonio es una, la de ser parte integrante de la relación que le da vida y que tiene como finalidad la atención de las cargas matrimoniales en el aspecto económico. En este sentido, es común a toda clase de régimen patrimonial el interés de la familia, de tal suerte, que las normas sobre la materia son de interés público, al ser de dicha naturaleza las cuestiones familiares.
Y esta diversidad, debe tenerse en cuenta con especial cuidado para los efectos de solucionar cualquier problema que se suscite respecto del régimen patrimonial del matrimonio, en tanto que debe atenderse precisamente al sistema normativo que lo contemple, así como al medio en que tiene vida, pues de lo contrario se podría incurrir en apreciaciones generales indebidas.
Así, en nuestro medio jurídico, se impone tomar en consideración que dada la organización política del país, los Estados gozan de autonomía para legislar en la materia civil, dentro de los límites constitucionales, y que por ello específicamente en relación con el régimen patrimonial del matrimonio, se advierten distintas soluciones en el mosaico jurídico nacional que conforma nuestro sistema legal. Por ejemplo, los Estados de Michoacán y San Luis Potosí, establecen un régimen legal taxativo de separación de bienes; C. el alternativo de sociedad legal y separación de bienes, y además como supletorio, es decir a falta de manifestación de la voluntad de los consortes sobre el particular, el de separación de bienes; El Distrito Federal, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Querétaro, México, Coahuila, Baja California Norte, Baja California Sur y Tabasco, entre otros, previenen un sistema legal alternativo de sociedad conyugal y separación de bienes, mientras que Sonora, Aguascalientes, J. y Oaxaca previenen un sistema legal alternativo entre sociedad legal, sociedad conyugal y separación de bienes, estatuyendo el de sociedad legal como un régimen legal supletorio.
En la especie, la oposición de criterios que nos ocupa se origina en torno de la sociedad legal prevista por el Código Civil para el Estado de Jalisco, concretamente respecto de los bienes que la integran, y en esta medida debemos resolverla en función de la normatividad que la regula.
Al efecto, conviene transcribir los siguientes preceptos relacionados con el presente estudio:
"Art. 169. El contrato de matrimonio puede celebrarse bajo el régimen de sociedad voluntaria, separación de bienes o sociedad legal. Si no hubiere capitulaciones matrimoniales estableciendo alguno de los dos regímenes mencionados en primer término, se entenderá celebrado el matrimonio bajo el de sociedad legal, en cuyo caso los cónyuges indicarán cuál de los dos tendrá la administración."
"Art. 207. El régimen de sociedad legal, consiste en la formación de un patrimonio común diferente de los patrimonios propios de los consortes y cuya administración corresponde a cualquiera de los cónyuges de acuerdo a lo establecido en la fracción V del artículo 87."
"Art. 211. Son propios de cada cónyuge los bienes de que era dueño al tiempo de celebrarse el matrimonio, y los que poseía, antes de éste, aunque no fuera dueño de ellos, si los adquiere por prescripción, durante la sociedad."
"Art. 212. Lo son también los que durante la sociedad adquiere cada cónyuge por donación de cualquier especie, por herencia o por legado constituido a favor de uno solo de ellos."
"Art. 213. Si los legados o las donaciones fueren onerosos, las cargas de aquéllos, se deducirán de los bienes propios del consorte en cuyo favor se hubieren otorgado. Si fueren cubiertos o soportados por la sociedad, ésta representará en el legado o donación la parte proporcional con que hubiere contribuido."
"Art. 214. Son propios de cada consorte los bienes adquiridos por retroventa u otro título propio, que sea anterior al matrimonio, aunque la prestación se haya hecho después de la celebración de él."
"Art. 215. Los gastos que se hubieren causado para hacer efectivo el título, serán a cargo del dueño de éste."
"Art. 216. Son propios los bienes adquiridos por compra o permuta de los raíces que pertenezcan a los cónyuges, para adquirir otros también raíces que se sustituyan en lugar de los vendidos o permutados."
"Art. 217. Cuando se vendan los bienes inmuebles propios de uno de los cónyuges y su precio no se invierta en comprar otros inmuebles, el precio adquirido se considerará como propio del cónyuge dueño de los bienes vendidos, si éstos entraron a la sociedad conyugal sin ser estimados; pero si se estimaron al celebrarse el matrimonio o al otorgarse las capitulaciones matrimoniales, será de propiedad del dueño el precio en que fueron estimados, reputándose como ganancias perdidas de la sociedad el aumento o disminución que hayan tenido al ser enajenados."
"Art. 218. Es propio de cada cónyuge lo que adquiere por la consolidación de la propiedad y el usufructo, así como son de su cargo los gastos que se hubieren hecho."
"Art. 219. Si alguno de los cónyuges tuviere derecho a una prestación exigible en plazos, que no tenga el carácter de usufructo, las cantidades cobradas por los plazos vencidos durante el matrimonio no serán gananciales, sino propias de cada cónyuge."
"Art. 220. Forman el fondo de la sociedad legal: I. Todos los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges en el ejercicio de su profesión u oficio; II. Los bienes que provengan de herencia, legado o donación hechos a ambos cónyuges sin designación de parte. Si hubiere designación de partes y éstas fueren desiguales, sólo serán comunes los frutos de la herencia, legado o donación; III. El precio sacado de la masa común de bienes para adquirir fincas por retroventa y otro título que merezca de derecho propio de alguno de los cónyuges, anterior al matrimonio; IV. El precio de las refacciones de crédito, y el de cualesquier mejora y reparaciones hechas en fincas o créditos propios de uno de los cónyuges; V. El exceso o diferencia de precio dado por uno de los cónyuges en venta o permuta de bienes propios para adquirir otros en lugar de los vendidos o permutados; VI. Los bienes adquiridos por título oneroso durante la sociedad legal a costa delcaudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los consortes; VII. Los frutos, accesiones, rentas o intereses percibidos o devengados durante la sociedad, procedentes de los bienes comunes o de los peculiares de cada uno de los consortes."
"Art. 221. Lo adquirido por razón de usufructo, pertenece al fondo social."
"Art. 223. Todos los bienes que existen en poder de cualquiera de los cónyuges al hacer la separación de ellos, se presumen gananciales, mientras no se pruebe lo contrario."
Art. 226. El dominio y posesión de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la sociedad; y las acciones en contra de ésta o sobre los bienes sociales serán dirigidas contra ambos cónyuges.
En esta línea de pensamiento, podemos afirmar que la legislación supratranscrita, establece como régimen patrimonial del matrimonio, un sistema legal alternativo, cuyas opciones son: la sociedad voluntaria, separación de bienes y sociedad legal, y que en relación con el último de los sistemas, lo regula como un régimen legal supletorio, es decir a falta de manifestación de voluntad de los consortes.
Por cuanto a la sociedad legal, advertimos que si bien es cierto el legislador expresó una regulación abundante, sin embargo, genera duda en cuanto a su alcance.
Efectivamente, por un lado, se observa que en los artículos 212 a 219, se establecen los bienes que no forman parte de la sociedad legal, y por otro, en los artículos 220 y 221, se previenen los bienes que forman parte del fondo social.
De esta guisa, surge la confusión con relación al patrimonio que integra la sociedad legal, en la medida en que por una parte se aluden los bienes que no forman parte de ella y por otra a los que sí, de tal suerte que, se bifurcan las opiniones respecto de si los bienes adquiridos después de celebrado el matrimonio bajo el régimen precisado pasan a formar parte ipso jure de la comunidad, o si por el contrario debe tratarse concretamente de alguno de los previstos legalmente. En otra expresión, la interrogante se plantea así: ¿es regla general la pertenencia a la sociedad legal de los bienes adquiridos durante el matrimonio, o es la excepción?
Sobre el particular, esta Tercera Sala comparte el criterio del Segundo Tribunal Colegiado, esto es, considera que los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad legal prevista por la legislación sustantiva civil del Estado de Jalisco, pasan a formar parte del fondo común, salvo prueba contrario, por lo que el cónyuge que invoque la propiedad de un bien que se encuentre en estos supuestos, no se encuentra obligado a demostrar que fue adquirido a costa del caudal común. Esto por razones de una correcta interpretación de las disposiciones legales que previenen el régimen patrimonial de que se trata, basada en la lógica-jurídica y en los antecedentes del propio ordenamiento.
Efectivamente, de la lectura de los artículos 220 y 221 del Código Civil para el Estado de Jalisco, se deriva que los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad legal, sea a título oneroso o gratuito, pasan a formar parte del fondo común, a excepción de los que expresamente se excluyen por la misma codificación en sus artículos 211 a 219.
Y es que, si un bien no es adquirido a costa del caudal común, entonces es adquirido por uno solo de los cónyuges con el fruto de lo obtenido en el ejercicio de su profesión u oficio, por lo que también pasará a formar parte de la sociedad, y si tampoco es el caso, entonces la adquisición obedece a un título gratuito, como la herencia, legado o donación, en cuyo caso, si éstos se otorgan en favor de ambos pasan a la sociedad, y si es en favor de uno solo, por disposición expresa de la ley será un bien propio.
Es decir, en un orden lógico de ideas, los propios preceptos nos llevan a la convicción de que, todo bien adquirido por los cónyuges después de celebrado el matrimonio necesariamente encuadra en alguno de los supuestos previstos por los artículos 220 y 221 de la ley sustantiva civil jalisciense, a excepción de las hipótesis también contempladas en el ordenamiento aludido, como los son, los adquiridos por herencia, legado o donación constituidos en favor de uno solo de los consortes, o los bienes raíces que sustituyan otros bienes propios de los cónyuges que fueron vendidos o permutados para ese efecto.
En esta tesitura, es indudable que la regla general es la inclusión en la sociedad legal de todos los bienes adquiridos por los consortes durante su matrimonio, es pues una condición normal, constante, derivada de la naturaleza del régimen económico en cuestión. La excepción, la anormalidad, es que el bien no forme parte del caudal común, en cuyo caso debe tratarse entonces de uno de los bienes expresamente contemplados por el legislador.
En este sentido, cabe destacar la intención del legislador al establecer como un régimen supletorio la sociedad legal, reflejado en la exposición de motivos del código en examen.
Al respecto, entre otras manifestaciones, se dice en el documento que:
En cuanto a la parte económica del matrimonio, la antigua Ley de Relaciones Familiares había prohibido absolutamente el régimen de sociedad o comunidad de bienes, buscando la independencia de la esposa y su igualdad con el marido; pero es evidente que nuestro medio, en que por tradición la mujer sólo atiende a los trabajos del hogar, que no se traducen en dinero, la esposa se encontraría al cabo de la vida sin bienes de ninguna especie, en tanto que el marido habría sido atendido y servido por ella y se habría hecho dueño de todos los frutos de un trabajo que sólo había podido sostener fiando en el cuidado que su esposa tenía entre tanto de la casa, de la familia de ambos y aun de sus propios alimentos. El código del Distrito volvió a permitir la sociedad conyugal, pero quiere que sea siempre fruto de capitulaciones expresas, llegando a decir que, cuando los interesados no expresen su convenio sobre el particular, el oficial del Registro Civil deberá formularlo. Ahora bien, es fácil comprender que tal sistema llevará tarde o temprano, a hacer que los oficiales del Registro Civil adopten alguna forma impresa y preparada de antemano para todos los matrimonios en que no se presente convenio; y que de todas maneras, el arreglo que pueda hacer un empleado de los lugares más apartados de la capital tiene que ser imprevisor y deficiente, siendo preferible, sin lugar a dudas, el que la misma ley establezca con un estudio más mediato. Por eso en el proyecto se admite la sociedad legal para todos aquellos casos en que los interesados hayan omitido la formación de su convenio particular, si bien exigiendo que se instruya a quienes pretendan matrimonio, de la conveniencia de que prevean y determinen los efectos de éste sobre sus bienes, de que el oficial del registro tiene obligación de ayudarles a formularlo, y si a pesar de estas advertencias quieren omitir todo pacto, se les haga conocer cuál será, a grandes rasgos, su situación económica por efecto de la sociedad legal. Con esto, si el matrimonio se contrajo bajo este régimen, ya no será fruto de una ignorancia o de un descuido, sino una opción deliberada y consiente de que irá de acuerdo con el sistema de libre disposición que informa todo el código.
En esta línea de pensamiento, es evidente que la intención del legislador jalisciense no fue otra sino la de establecer una comunidad de bienes como régimen supletorio a falta de la expresión de la voluntad de los consortes respecto del régimen patrimonial del matrimonio, en favor de la familia y especialmente como un medio de protección de la mujer, de tal forma que, en consonancia la interpretación de las normas que la regulan debe ser en el sentido de que sí existe la presunción de que todos los bienes que se adquieran por los consortes ingresan a ella, salvo los que expresamente previene la ley.
Además, esta conclusión se corrobora con el contenido del artículo 223 del propio ordenamiento en estudio, en el que se dispone, que todos los bienes que existen en poder de cualquiera de los cónyuges al hacer la separación de ellos, se presumen gananciales, mientras no se pruebe lo contrario, ya que precisamente, si bien es cierto que la norma alude a la liquidación de la sociedad, no menos lo es que se basa en que la sociedad legal presupone el que todos los bienes por razón de la naturaleza de este régimen, deben considerarse como parte del fondo común, salvo prueba en contrario.
Más aún, por gananciales se entiende la masa que se incrementa durante el matrimonio y persigue como fin el sostenimiento de las cargas y en última instancia su división entre los consortes, llegado el momento de la disolución y liquidación de la sociedad.
Bajo esta óptica, la sociedad legal a la luz de las disposiciones legales del Código Civil de Jalisco que la informan, es una sociedad de gananciales básicamente, en tanto que comprende todos los bienes adquiridos durante el matrimonio a título oneroso, o bien gratuito cuando en este último caso, se constituye en favor de ambos consortes.
Al respecto, cabe advertir que el código en análisis es de similar contenido a su antecesor, el Código Civil del Estado de Jalisco del 31 de enero de 1887, que en sus artículos 2008, 2009 y 2019 del título IV, relativo a la sociedad legal, establecía lo siguiente, en su orden:
"Forman el fondo de la sociedad legal: I. Todos los bienes adquiridos por el marido en la milicia o por cualquiera de los cónyuges en el ejercicio de una profesión científica, mercantil o industrial, o por trabajo mecánico; II. Los bienes que provengan de herencia, legado o donación hechos a ambos cónyuges sin designación de partes. Si hubiere designación de partes, y éstas fueren desiguales, sólo serán comunes los frutos de la herencia, o legado o donación; III. El precio sacado de la masa común de bienes para adquirir fincas por retroventa u otro título que nazca de derecho propio de alguno de los cónyuges, anterior al matrimonio; IV. El precio de las fracciones de créditos, y el de cualesquier mejoras y reparaciones hechas en las fincas o créditos propios de uno de los cónyuges; V. El exceso o diferencia de precio dado por uno de los cónyuges en venta o permuta de bienes propios para adquirir otros en lugar de los vendidos o permutados; VI. Los bienes adquiridos por título oneroso durante la sociedad a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los consortes; VII. Los frutos, accesiones, renta e intereses percibidos o devengados durante la sociedad, procedentes de los bienes comunes o de los peculiares de cada uno de los consortes.
"Lo adquirido por razón de usufructo, pertenece al fondo social.
Todos los bienes que existen en poder de cualquiera de los cónyuges al hacerse la separación de ellos, se presumen gananciales mientras no se prueba lo contrario.
A su vez, esta codificación estuvo, indudablemente, influenciada por el Código Civil para el Distrito Federal de 1884, que reprodujo, en lo conducente el Código Civil de 1870, cuyos artículos 2008, 2009 y 2019, del capítulo IV del título décimo, relativo a la sociedad legal, prevenía en idénticos términos, lo preceptuado en el citado Código Civil del Estado de Jalisco de 1887, y de cuyo contenido se deriva el establecimiento de una sociedad legal esencialmente de gananciales que se integra principalmente por el acrecentamiento patrimonial, producto del trabajo de los cónyuges y de los frutos de sus patrimonios. Es interesante apuntar, que el Código Civil para el Distrito Federal de 1928, ya no previene la sociedad legal en tanto que el Código Civil para el Estado de Jalisco en vigencia sí la contempla por las razones expuestas por el legislador en la exposición de motivos antes transcrita en la parte relativa.
A mayor abundamiento, debe tomarse en consideración, por una parte, que el Código Civil para el Estado de Jalisco, en su artículo 174 previene la supletoriedad de las disposiciones del régimen patrimonial de comunidad, con las normas que el propio ordenamiento establece respecto de la sociedad en general, y que sobre el particular, en su artículo 2660, fracción III, dispone que:
"2660. Si alguno de los socios contribuyere sólo con su industria, sin que ésta se hubiere estimado, ni se hubiere designado cuota que por ella debiera recibir, se observarán las reglas siguientes: ... III. Si sólo hubiere un socio industrial y otro capitalista, se dividirán entre sí por partes iguales las ganancias; ..."
Y por otra parte, que la prueba de que los bienes se adquirieron con el fruto del trabajo de alguno de los cónyuges o a costa del caudal común, resulta de hecho imposible, si se atiende a las circunstancias de que el matrimonio no es una sociedad especulativa en la que se documenten las operaciones financieras, y a la circunstancia de que la propia legislación en examen, en su artículo 224 determina, que las confesiones de los socios, aun siendo judiciales, se estiman insuficientes para acreditar la propiedad de los bienes aunque sean judiciales.
En estas condiciones, resulta pues, que conforme a una sana interpretación sistemática de los preceptos que regulan la sociedad legal, y teniendo en cuenta los antecedentes que los informan, debe concluirse, que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio celebrado bajo este régimen, se presume, salvo prueba en contrario, que pasan a formar parte del fondo común que la constituye, de tal suerte que, el cónyuge que invoca la propiedad de un bien adquirido en estas circunstancias únicamente por su consorte, no está obligado a demostrar que el bien fue adquirido a costa del caudal común, o bien, que se trata de cualquiera de los bienes comprendidos en los artículos 220 y 221 del Código Civil para el Estado de Jalisco.
Finalmente, es importante destacar en relación con este criterio, que no pasa inadvertido para esta Tercera Sala el hecho de que, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1988, Segunda Parte, aparece publicada, en la página 2920, una tesis relacionada, con el rubro: "SOCIEDAD LEGAL (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO)."en la que, entre otros criterios, se expresa, que: "Para que pueda considerarse que un inmueble adquirido por uno de los cónyuges en lo personal y registrado exclusivamente a su nombre forma parte de la sociedad legal, debe demostrarse que el propio bien fue adquirido a costa del caudal común, de acuerdo con lo que disponen los artículos 200, fracción VI, y 212 del Código Civil del Estado de H..".
Empero, esta tesis que se produjo al resolver el amparo directo 5164/57 promovido por A. delT.C., en primer lugar debe aclararse que si bien es cierto en su rubro alude a la legislación del Estado de Jalisco, sin embargo, en su texto se refiere específicamente en este punto al Código Civil del Estado de H.; en segundo lugar, el asunto en que se originó fue aprobado por mayoría de tres votos, y por último, se trata de una tesis aislada, razones que aunadas a las consideraciones contenidas en esta resolución conducen a esta Tercera Sala con su actual integración, a no compartirla.
Además cabe destacar sobre el particular, que en la legislación civil del Estado de H., actualmente, el régimen patrimonial del matrimonio se rige por el Código Familiar, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el ocho de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, y que en relación a la sociedad legal, establece precisamente que el fondo común de ésta, se integra con todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, cualquiera que sea la forma de obtenerlos, siendo lícita, sin prevenir específicamente alguna clase de bienes. La disposición relativa, es del tenor literal siguiente:
ARTICULO 70. La sociedad legal consiste en la formación y administración de un patrimonio común diferente de los patrimonios propios de los cónyuges y cuya representación les corresponde conjuntamente; el haber social se integra con todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, cualquiera que sea la forma de obtenerlos, siendo lícita.
Consecuentemente, por las razones precedentes, debe prevalecer el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 de la Ley de Amparo, la tesis correspondiente quedará redactada con el siguiente rubro y texto:
SOCIEDAD LEGAL PREVISTA POR EL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO. BIENES QUE LA INTEGRAN.-Conforme a una recta interpretación de las normas que rigen la sociedad legal en el Código Civil para el Estado de Jalisco, debe concluirse, que este régimen patrimonial presupone que todos los bienes adquiridos en el matrimonio forman parte del fondo común que lo constituye, salvo prueba en contrario. Por esta razón, el cónyuge que invoque en su favor la propiedad de un bien adquirido en estas circunstancias, únicamente por su consorte, no está obligado a demostrar que dicho bien ingresó a la sociedad legal a costa del caudal común, por alguno de los medios a que aluden los artículos 220 y 221 de la legislación precisada.
Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 197-A, de la Ley de Amparo y 26, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se
No existe contradicción de tesis entre las sustentadas por una parte, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y por otra, por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, todos del Tercer Circuito, al resolver, el primero de ellos, los amparos en revisión 369/90, 479/90, 549/90, 9/91, 49/91, 53/91 y 19/92; el segundo, los amparos en revisión 296/86, 479/86, 44/89, y 74/89, y, el tercero de los tribunales mencionados, el amparo en revisión 206/78.
No existe contradicción de tesis entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado y los Tribunales Primero y Tercero, todos en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver, el primero de ellos el amparo en revisión 292/88, y los dos restantes los expedientes precisados, respectivamente, en el punto resolutivo que antecede.
Sí existe contradicción entre las tesis sustentadas, por una parte por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, y por otra por el Segundo Tribunal Colegiado, todos en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver, el Primero los amparos en revisión 296/86, 479/86, 44/89 y 74/89; el Tercero los amparos en revisión 213/91, 399/91, 699/91, 23/92 y 109/92; y el Segundo, el amparo en revisión 206/78.
Se declara que debe prevalecer la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en los términos precisados en la presente resolución.
N. y cúmplase; remítanse testimonios de esta resolución a los respectivos Tribunales Colegiados de Circuito, y en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente J.T.L.C., M.A.G., S.H.C.G. y M.M.G.. Fue ponente el primero de los señores Ministros antes mencionados.
Firman el presidente de la Sala y ponente con el secretario de Acuerdos de la misma que autoriza y da fe.
Tesis Aislada num. 1a. CCXXXIX/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas)

References: artículo 197
 artículo 207
 artículo 87
 artículo 220
 artículo 207
 artículo 226
 artículo 976
 artículo 87
 artículo 223
 resolución 
 artículo 197
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 artículo 220
 artículo 207
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 artículo 207
 artículo 220
 artículo 73
 artículo 74
 artículo 220
 artículo 207
 artículo 220
 artículo 220
 artículo 223
 artículo 207
 artículo 207
 artículo 226
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 artículo 220
 artículo 172
 artículo 194
 artículo 2702
in fine
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 artículo 220
 artículo 220
 artículo 220
 artículo 3193
 resolución 
 artículo 220
 artículo 73
 artículo 210
 artículo 202
 artículo 220
 artículo 220
 artículo 220
 artículo 196
 artículo 780
 artículo 220
 artículo 220
 artículo 220
 artículo 87
 artículo 223
 artículo 174
 artículo 2660
 artículo 224
 resolución 
 artículo 195
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