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Timestamp: 2020-03-30 20:35:06+00:00

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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 21 de Octubre de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 31675849
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 21 de Octubre de 2003
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PROPUESTA A FAVOR DE APOLINAR BATISTA BIDO CONTRA LA DIRECTORA DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN.
El licenciado L.A.A. ha presentado acción de habeas corpus a favor del señor A.B.B., contra la Directora Nacional de Migración y Naturalización.
Surtido el trámite pertinente, procede el Pleno a externar su decisión.
De acuerdo con el licenciado AROSEMENA, a su asistido, el señor A.B.B., quien había cumplido pena de prisión por la comisión del delito Contra el Pudor y la Libertad Sexual, se le mantiene detenido, actualmente a órdenes de la Dirección General de Migración y Naturalización, posiblemente para ser deportado, pese a tener cédula panameña, con más de 20 años de residir en el país e hijos de nacionalidad panameña.
El hecho que se mantenga detenido a su asistido pese haber cumplido con la pena que le fuera impuesta, considera que constituye una violación a sus derechos fundamentales, en virtud de lo cual solicita la declaratoria de ilegalidad de la orden de detención cuestionada.
INFORME DE LA AUTORIDAD DEMANDADA
Repartida la acción, ordenó el sustanciador que se librara el mandamiento de habeas corpus respectivo contra la funcionaria acusada, siendo contestado mediante Nota Nº 028-A.L. DNMYN, de 25 de agosto de 2003, visible a foja 5-6 del cuaderno de habeas corpus, en el que admite la funcionaria respectiva haber ordenado la detención del accionante. Además, señala que el señor A.B., de nacionalidad dominicana, registra graves antecedentes penales y administrativos, por lo que su conducta atenta contra la seguridad y el orden público del país, de ahí que el despacho a su cargo, manifiesta, haya resuelto cancelarle la residencia definitiva con derecho a cédula de identidad personal y a ordenar su deportación.
Para ilustración del Pleno se deja transcrito el informe comentado, en su parte medular:
"a. Si ordené la
detención del ciudadano A.B.B., de nacionalidad dominicana,
portador de la cédula de identidad personal Nº E-8-68402. Mediante Resolución Nº 1201 -DNMY-SI,
fechada 14 de agosto de 2003 se ordenó la detención del precitado ciudadano.
Telegrama Nº 341-DGSP-03 fechado 17 de julio de 2003, la Dirección General del
Sistema Penitenciario ordenó la Libertad del señor A.B.B., de
nacionalidad dominicana, por haber cumplido la totalidad de la pena impuesta
por el Delito de Posesión Ilícita de Drogas y Violación Carnal. Mediante Nota S/N fechada 8 de agosto
de 2003 del Centro de Rehabilitación
Nueva Esperanza fue puesto a órdenes de este Despacho el precitado ciudadano, a
fin de realizar las investigaciones correspondientes a su situación migratoria,
y así tomar las medidas pertinentes al caso.
De conformidad con lo que preceptúa el artículo 36 del Decreto Ley Nº 16 de 1960, "El Ministerio de Gobierno y Justicia podrá negar la entrada al país o el tránsito por el mismo a cualquier extranjero así como expulsar del territorio nacional a cualquier extranjero que se encuentre residiendo en él, siempre que ello sea necesario o conveniente por razones de seguridad, de salubridad o de orden público".
Cabe señalar, que una vez examinado el expediente que reposa en nuestros archivos, el señor A.B.B., de nacionalidad dominicana registra graves antecedentes penales administrativos, toda vez que, según informes policiales de la Provincia de Veraguas, el prenombrado ha protagonizado actos de destrucción de propiedad privada y agresión física y verbal contra ciudadanos veragüense.
En virtud de la conducta infractora (Delito de posesión ilícita de drogas y violación carnal) incurrida por el ciudadano A.B.B., de nacionalidad dominicana y, en atención a lo contemplado en el citado artículo, este Despacho considera que las acciones del citado ciudadano atentan contra la seguridad y el orden público del país.
En atención a lo expuesto en líneas anteriores, evocamos la necesidad de esta dependencia de colaborar con la justicia en la disminución del alto índice de delincuencia que azota a nuestro país, tomando en consideración que en la actualidad, son los extranjeros quienes infringen en su mayoría las normas en nuestro país.
Sí tengo en custodia y a mis órdenes a la persona que se ha mandado a presentar. Mediante Resolución Nº 7376 de 18 de agosto de 2003 este despacho resolvió Cancelar en todas sus partes lo dispuesto en la Resolución Nº 120090 de 07 de diciembre de 1995 mediante la cual se Concede la Permanencia Definitiva con Derecho a Cédula de Identidad Personal al ciudadano A.B.B., de nacionalidad dominicana." (f.5-6)
La accionante alega desconocer las razones o motivos por los cuales se mantiene privado de la libertad a su asistido y que se le intenta deportar, no obstante tener cédula panameña, más de 20 años de residir en Panamá e hijos panameños. Además, manifiesta que a su defendido se le intenta condenar dos veces por la comisión de un mismo hecho, respecto del cual cumplió ya la pena que le fuera impuesta, objeción esta última que no resulta cierta, puesto que según se desprende de las piezas probatorias que constan en autos, la detención preventiva que padece el accionante obedece a orden girada por la Dirección Nacional de Migración y Naturalización, en proceso distinto a aquél en el cual fue condenado el demandante, por la comisión de delito "Contra el Pudor y la Libertad Sexual".
La orden de detención preventiva dictada contra el accionante aparece a foja 10 del cuaderno de habeas corpus y en la misma se señala que dicha medida cautelar personal obedece a razones de Seguridad y de Orden Público. Si bien, como se indica en la demanda de habeas corpus y corrobora el informe de la autoridad demandada, al señor A.B. le había sido concedida la permanencia definitiva con derecho a cédula de identidad personal, mediante Resolución Nº 12090, de 7 de diciembre de 1995, lo cierto es que la Ley Nº 16 de 30 de junio de 1960, le confiere facultad a la Dirección General de Migración para expulsar a extranjeros que se encuentren residiendo en el territorio nacional, cuando ello sea necesario por razones de seguridad, salubridad o de orden público (artículo 36 de la citada ley), que es precisamente la circunstancia que se produce respecto del accionante, quien además, advierte el Pleno, registra graves antecedentes penales, lo que de acuerdo al artículo 37 de la citada Ley Nº 16 de 1960, constituye causa de prohibición de inmigración al país.
La Dirección General de Migración y Naturalización, en efecto, le imputa al señor A.B. BIDO la comisión de conductas que atentan contra la Seguridad y el Orden Público, como consecuencia de lo cual resolvió cancelarle mediante Resolución Nº 7376 de 18 de agosto de 2003 (f. 11) la residencia definitiva, decisión que no fue objetada oportunamente por el afectado y que se encuentra en firme.
El artículo 21 de la Constitución que consagra el derecho a la libertad individual, dispone que la misma sólo podrá limitarse mediante diligencia escrita, expedida por autoridad competente y por motivo previamente definido en la ley, presupuestos todos que se cumplen en el presente caso, en el cual aparece a foja 10 la orden de detención escrita, expedida por la Dirección Nacional de Migración y Naturalización, autoridad competente en el caso; además, el hecho imputado al accionante se encuentra previsto en la ley, de donde se sigue que la orden impugnada resulta legal.
Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva ordenada contra el señor A.B.B., por la Dirección General de Migración y Naturalización.
ARTURO HOYOS -- CÉSAR PEREIRA BURGOS -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- WINSTON SPADAFORA FRANCO -- JOSÉ A. TROYANO -- ADÁN ARNULFO ARJONA L. -- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ -- GRACIELA J. DIXON C.

References: Resolución 
 artículo 36
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 37
 Resolución 
 artículo 21