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Timestamp: 2016-10-28 08:46:33+00:00

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Ángel Martin Salazar
1 30 Martes 26 noviernbre.1985 BOE núm Suplemento Pleno. Co~flieto positivo de- competencia numero Sentencia número 149/1985, de 5 de noviembre. El P ~no del Tribunal Constitucional, compuesto por don Jeránimo ArozaDlena Sierra. don Angel latorre Segura,. don Manuel Diez de Velasco Vallejo, don Francisco Rubio Llorenie, doña Gloria Begué Cantón, don Luis Diez-Picazo, don Francisco Tomás y Valiente, don Rafael GÓmez Ferref Morant, don Angel Escudero del Corral y don Francisco Pera VerdaBuer, Magistrados, ha pronunciado la siguiente EN NOMBRE DEL REY SENTENCIA en el conflicto positivo de competencia número 508/19"82, promo-, vido por el Gobierno de la Nación.. representado por el Abogado del Estado, frente a la Generalidad de Cataluña, y en relación con el Decreto número 264/1982, de 26 de julio. aprobado por el Consejo Ejecutivo de la Comunidad Autónoma indicada, sobre regulación de los billetes de entradas en las sa1as de exhibición cinematográfica. Ha sido parte en el mismo la Generali dad de Ca\Jlluña representada y defendida por el Abogado. don Manuel María Vicens i Matas. Y ha sido ponente el Magistrado 'don Angel Escudero del Corral. quien expresa el parecer del Tribunal.. I. ANTECEDENTES 1. Por escrito presentado en este Tribunal el 23 de diciembre de 1982, el Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación..J'lanteó conflicto positivo de competencia frente a la. Generalida de Cataluña en relación con el Decreto 264/1982, de 26 de julio, aprobado por. el Consejo Ejecutivo de la indicada Comunidad Autóno~ sobre la regulación de los billetes de entrada a las salas de exhibición cinematográfica" publicado en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya», número 253, de 25 de agosto de 1982, en solicitud de que se dicte Sentencia por la que declarando que corresponde al Estado la gestión del control de taquillas cinematográficas anule el citado Decreto. Por «otrosí» se solicitó, igualmente, la suspensión de la vigencia de la disposición objeto del conflicto por haberse invocado por el Gobierno el arto de la Constitución <C.E.). 2. Por acuerdo de 15 de octubre de 1982 el Gobierno requirió al Consejo Ejecutivo 'de la Generalidad de Cataluña que derogase íntegramente el Decreto 264/1982, requerimiento que.jue recha zado por dicho Consejo Ejecutivo con fecha 18 de noviembre siguiente. 3. Los motivos en los que se basa la pretensión del Abogado del Estado se re~umen así: A) El Decreto 264/1982 viene a reducir sustancialmente la reguldción contenida en el Real Decreto 1419/1978, de 26 de junio, por el que se establecen nonnas de control de taquilla-en salas de exhibición cinematográfica. Dicha reiteración no es sólo reprochable desde una perspectiva de corrección técnico-juridic3'(según ha señalado este Tribunal en 1a$ Sentencias números 40/1981 y 10/1982). sino que además exp~ícitamente..comporta.~n este caso: a) la atribución a los órganos del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña de las competencias de 'gestión o ejecución de la indicada regulación. b) La afirmaciónpor el Consejo Ejecutivo de una competencia normativa. consecuencia de la cual es no sólo la emanación del impugnado Decreto 264/1982 (incluyendo las habilitaciones a ulteriores desarrollos normativos que aparecen en sus arts. 3 y 9 Y en la disposición final primera) sino, <idemás, sobre todo, el sustento de una titularidad que en cualquier momento permitía al Consejo Ejecutivo alterar aquella regulación. B) Se trata. por tanto. de discutir estrictamente una cuestión de titularidades competenciales, lo que, conforme al art 62 de la LOTC, debe hacerse atendiendo al orden de competenoas establecido en la C.E. y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. El control de taquilla en las salas de exhibición cinematográfica, como objeto de unas específicas competencias normativas y de gestión, aparece por primera vez en el arto 4.2 de la Ley de 17 de julio de 1958, de creación del crédito dnematováfico que preveia «la ordenación progresiva del sistema de billetaje de e~trada en los locales cinematográficos».. Desde entonces la regulación del control de taquilla aparece conectada con el Fondo de Protección a la Cinematografia Nacional (disposición transitoria de la Ley de 17 de julio de 1958), ya que trata de articular un mecanismo instrumental que permita comprobar la exacción de las diferentes figuras tributarias a cuys recaudación vincula el arto I del Decreto 2959/1967, de 17 de diciembre, la dotación del Fondo.. Las sucesivas regulaciones contenidas en el Decreto 3224/1965, de 28 de octubre, las Ordenes de 29 de diciembre de 1965, de 26 de julio de 1968, que modifica y refunde las de 22 de diciembre de 1964 y 9 de mayo de 1967 Y 30 de septiembre de 1971, asi como el Decreto 1419/1978, de 26 de junio, confirman que las medidas relativas al taquillaje cinematográfico no sólo nacieron pan posibi litar el adecuado control" de los tributos vinculados al Fondo de Protección a la Cinematografia -extendiéndose más tarde su eficacia al control de otra figura tributaria de perfiles singulares como es el impuesto-del S por 100 sobre las entradas y localidades de los espectáculos públicos, creados por la Ley de 29 de diciembre de 1910 y Reglamentado por Decreto de 23 de julio de 1953, cuyos arts. 24, 31 y 36, concernientes al control de taquillas, fueron modificades, para el caso de espectáculos públicos de carácter cinematográfico, por el antes citado Decreto 3224/1965" de 28 de octubre- sino que, además.. sólo para servir a estas nnalidades continúan concebidas.. En este mismo sentido, los arts. 3, C) y F) y 22 de la Ley 1/1982, de 24 de febrero (preceptos.no impugnados en el recurso de inconstitucionajidad núm. 182/1982, promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña) corroboran el significado del cqntrol de taquillaje como'medio de cqmprobación de unas exacciones obtemdas por la venta de billetes al precio oficialmente establecido y cuyos resultados se encuentran ali:ctos al Fondo de Protección a la Cinematografia. Correspondiendo al Ministro de Cultura actual la gestión de las tasas por licencia de doblaje de peliculas extranjeras (art. I del Decreto 4292/1964, de 17 de diciembre), se expllca que los partesdeclaración previstos en el art. 11!Iel Real Deqeto 1419/1978,. según el arto 12 del mismo, se efectúen en ejemplar triplicado, destin6ndose a la Delegación de Hacienda (a efectos de la tributación general del exhibidor cinematográfico,.sin&ljlarmente del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas), a la Junta de Protección de Menores. (beneficiaria del impuesto del 5 por 100) y a la Dirección General de Cinematografia, explicándqse la compe~ tencia de dicha Directión General sóto por el carácter de gestora de las tasas reguladas en el Decreto 4292/1964, por la afección de esas : tasas al Fondo de Protecci6n a la Cinematografia, sino también por razón de las propias reglas de aplicación del Fondo.. Conforme al art, 13 de la Orden de 12 de marzo de 1971, según la redacción dada por Orden de 21 de septiembre de 1973, las subvenciones concedidas con cargo a disponibilidades del Fondo equivaldrán al 15 por 100 de la recaudación bruta en taquilla. El control de ésta resulta, pues, imprescindible para el correcto desenvolvimiento del Fondo de Protección a la Cinematografia, tanto en orden a sq dotación como en cuanto a su aplicación. Resulta, pues, que tanto en su origen y desenvolvimiento histórico como en su regulación actual, la especifica intervención administrativa de los billetajes de entrada a las salas de exhibición cinematográfica evidencia una conexión instrumental con la actua ci6n de fomento y coordinación de la industria cinematográfica articulada a través del Fondo, concluyéndose que la materia del presente conflicto, el control de taquillaje _cinematográfico, se integra de manera inescindible en el conjunto o grupo normativo que la regulación de las transferendas a la Generalidad de Cataluña identifica como el que rige- al Fondo de ProtecciÓD a la Cinematogratia.. C) Ya en las alegaciones, formuládas por el Abogado del' Estado en el contlieto de competencia número 447/1982, se justificaba como el concepto de -medios de comunicaclón social empleado en el art , C.E., tiene un alcance superior al agregado «prensa, radio y televisióo», expresa y singularmente mencionado en dicho precepto, lo que obliga a pensar Que éste Quiere _incluir en su ámbito cualquier soporte o vehículo para cualquier mensaje que pretenda una difusión social, comprendiendo así el libro, el cine y los expectáculos artisticos, en todos los cuales. exist~ una difusión social de determinado mensaje o contenido expresivo. El mencionado precepto constitucional sirve así a un objetivo de preservación de un mínimo cultural compartido, de un «espacio cultural espafio~ sin peljuicio de la diversi dad cultural de España; y la competencia estatal resultante del repetido art. encuentra congruente correspondencia en los arts. 9.2, 44 Y del texto constitucional. Por otro lado, y según se expuso en el recuno de inconstitucionalidad núm. 182/1982 «<lado que un mismo objeto es susceptible -generalmente- de ser situado en divenos campos» (Sentencia núm. 42/1981), si la inv\>c8ción del titulo de competencia exclusiva' en materia de cultura hubiera de atraer a favor de las Comunidades J\utónomas todas aquellas materias en las que es cpncebible una '\cción política o administrativa de matiz cultural, el resultado sería vaciar 4e contenido una gran parte de las competencias estatales. Resulta, además, que si bien en relación a Ul cinematografla puede darse un entrecruzamiento de muy divers.os-titulos compe2 BOE núm Suplemento Manes 26 noviembre tenciale.. l. precitada Sentencia núm. 42/1981, antes de dar JlOr producida.esa concurrenciá. múltiple de distintos criterios de distribución de competencia y de entrar en dificiles juicios de prevalencia, oblip a del>urar el anilisis del contenido inherente a cada competencia, y eúo, naturalmente, respecto no a toda la materia en su conjunto, sino en cuanto al punto concreto objeto de la controversia. Desde este punto de vista, la intervención administrativa en el.taquillaje cinematográfico no parece corresponder al contenido inherente a competencias culturales, siendo, sin duda, mllcho más congruente su incardinación en el título competencial concerniente a la regulación de los medios de comunicación social, o, probable. mente, en el.relativo a la ordenación del sector industrial (como se señaló por el Gobierno en el requerimiento de incompetencia).. D) En todo caso, ya porque la exclusividad de las competen cias autonómicas en materia de cultura viene utilizada- por la generalidad de los antes citados arts. 9.2 Y 44 de la C.E., y' especlficamente por el arto ~9.2 de la misma, ya potrue a tenor de los arts del texto constitucional y los.arts ó del Estatuto de Cataluila, la competencia de la Generalidad se delimite por el respeto a la ordenación básica que es competencia estatal. la conclusión será la indicada intervención admidlstrativa sobre el billetaje de enttada en las salas de exhibición cinematogró. fica, en cuanto que instrumento para la dotación y aplicación del Fondo de Protección a cuyo través se articulan las actuaciones de coo.rdinación y fomento. alcanza un carácter de ordenación bási~ en sentido material y a su respeto quedan sujetas las competencias.autonómicas.. E) Podriá 1lJliüil"Se que siendo cierto el carácter bésico de la existencia de unas medidas para el control del taquillaje cinematográfico y de los arts. esenciales que hayan inspirado t4les medidas, en cambio, la concreción de cuáles sean esas medidas y la gestión y aplicación de las mismas no alcanzarán naturaleza básica, quedando por euo comprendidas en elllmbito de las competencias autonómicas. Pero el Real Decreto 1010/19&1 (cuya relevancia para la resoluci&n delconllieto resulta de los arts , d), de la C.E. y disposición transitoria 6.1 del. Estatuto de Cataluña) atendiendo a la finalidad del Fondo de Protección a la Cinematografia y a la ordenación actual del mismo ~n la que se incluye el Decreto 1419/1978, sobre control de taquillas- ha estimado preferente las exigencias de gestión unitaria de dicbo Fondo,.compatibilizando ese criterio: a) de UIl lado, con la participación de la Generalidad en la aplicación del Fondo, transfiiiendo a aquélla una parte para que la propia Generalidad resuelva sobre el otorgamiento de subvenclo/les; y b) de otro lado, con la posibilidad, que se mantiene abierta, de una futura nueva regulación con la que resulte viable la asunción 'tie competencias ejecutivas o de gestión de la Genera lidad. F) El anexo B, número 2, del Real Decreto 1010/1981, de 27 de febrero, sobre traspaso de servicios del Estado a la Generalidad de Cataluña, entre otras en materia de cinematografía, contempla expresamente la materia objeto de este conflicto señalando: «En cuanto al Fondo de Protección a la Cinematografia, en tanto se manten!\"; la actual normativa que la rige, se transfiere a la Gerierahdad el porcentaje que se determine por convenio, de la. parte del Fondo destinada a subvencionar películas de especial calidad y especiales para menores». El precepto transcrito singulariza el tratamiento de esta materia frente al que, con carácter genérico, se asi$na a la cinematografia. En cuanto al Fondo de Protección. se artjcula un mecanismo de cesión conforme al,.cual ~n tanto se mantenga la actual normativa que lo rige- las competencias de gestión de la Generálidad quedan concretadas al otorgamiento de subvenciones con cargo a la parte cedida, manteniéndose-los servicios estatales en la gestión de las rentantes actividades conóernientes a la dotación y aplicación del Fondo.. G) Las razones de esta sig'ularidad pudieran encontrarse en la direcla transcendencia fiscal del control de taquillas cinematogrifi. cas (es significati,, o en este sentido el Decreto impu~o. que en lo demis reitera el contenido del Real Decreto 1419/1978, omita en ~mbio un precepto semejante al arto 12 de este último, en..donde se contempla la, presentación de partes -declaración por el exhibi dor. destinados, 'entre otros,,a la Delegación de Hacienda del domicilio fiscal) y en las dificultades de fragmentar entre los diversos territorios autonómicos los resultados obtenidos por la explotación de una peucula cinematogrifica. En todo caso, ya el propio Consejo Ejecutivo de la Generalidad (en las a1egaaones formuladas tanto en el recuno de inconstitucionalidad núm. 182/19g2, como en el conllicto de competencia 344/1982) ha ~D.1do.que referü'se a esta excepcionalieiad. respecto alfando de Protección a la cinematosrafia.. H) Aunque es cieno Que el tenor de un Decreto de transferen cias no puede Vincular la interpretación -de lascom~tencias que <x>nstitucioual y estatutariamente, resulten de titulandad estatal o autonómica. lo es también que le norma de transferencia no es un título por el que se atribuye la competencia a una Comunidad Autónoma y, en consecuencia, que de ninguna manera la regla de transferenc~ puede impedir a la Comunidad ostentar las titularidades que constitucional y estatutarimente le vengan atribuidas, }', en cuando se trate de competencias normativas. procede al ejercicio de las: mismas.. Pero en el caso presente, y a tenor de la expresa y específica regulación del apartado B, 2, del anexo del Real Decreto tolo/1981. lo que en realidad se cuestiona no es la competencia normativa, sino la gestión, y ello ademas en relación más que a la titularidad, respecto a las posibilidades de efectivo ejercicio de tal titularidad. 1) Conforme al arto d) de la C.E. y disposición transitoria sexta del Estatuto de Ca1a.luña, el criterio.de transferencia de medios'personales y materiales impide la organización o puesta en funcionamiento de un $ervicio por la Comunidad Autónoma hasta tanto no se _verifique el traspaso ateniéndose al procedimiento contenido en la citada. disposición transitoria. Ocurrirá así que, viniendo atribuido el título p'or el precepto estatutario, la asunción de la CQmpetencia de gestión sólo queda perfeccionada cuando tiene Jugar el modo que impli~ la transferencia. Desde esta perspectiva, la normativa de transferencias, con el respaldo constitucional y estatutario que_ le ofrecen los preceptos citados! si condiciona, ya que no la titularidad de las competencias, las posibilidades de ejercicio de las mismas. J) Cuando. como aqui ocurre, la regla de transferencia elaro. rada con arreglo al arto d) de la C.E. y disposición transitoria sexta del Estatuto de Cataluila, singulariza el traspaso respecto a la materia, ditiriendo así en el tiempo la posibilidad de efeetivo ejercicio de una com~tenciade gestión. resul~ claramen~e i~admi. Slble que la Comurndad Autónoma, procediendo a ejercitar su competencia normativa -ejercicio de competencias -normativas en principio perfectamente legítimo desde la entrada en vigor del Estatuto- venga a articular el ejercicio de competencias de gestión por los órganos de la Comunidad, al málllen del órgano y procedimiento previstos para las transferencias en }Ps repetidos preceptos de la C.E. y del Estatuto de Cataluña., Dar por buena esta técnka implicaría privar de sentido a la noción de transferencia y desvalorizar la regulación que, por mandato expreso del art d) de la C.E., se contiene en la disposición transitoria sexta del Estatuto de Cataluña. De la misma forma que el ejercicio por elestado de una competencia normativa que le' corresponda (ya a salvo la singularidad que comporta la técnica del arto de la C.E.), difici1mente.podria determinar que una competencia de gestión ya traspasada a una Comunidad Autónoma y, por tanto, plenamente asumida por ésta, revistiera al Estado, debe también sostenerse que el ejercicio por la Comunidad Autónoma de las competencias normativas cuya titularidad le corresponda, entre otros límites constitucionales y estatutarios, debe respetar el condicionamiento temporal a la asunción de facultades de gestión que pueda venir impuesto por una norma de transferencia. Y es que, en definitiva, según el art: 147.2,d), de la C.E. y disposición transitoria sexta del Estatuto de Cataluña, no entra dentro dellmbito de las competencias normativas autonómi eas el regular unilateralmente la transferencia de servicios, de furma Que el intento de soslayar esta regulación a través del ejercicio de aquéllas implica defraudar los preceptos constitucional y estatutario tantas veces citados mediante una extralimitación respecto de los que amparen el ejercicio de las competencias normativas invocadas por la Comunidad. K) Como conclusión, cabe afirmar que el Decreto impugnado, aunque resultado del -.ejercicio d~ una competencia nonoativa propia de la Generalidad de Cataluña, en la medida Que sin hacer reserva alguna asigna el ejercicio de la totalidad de las competen ~s ejecutivas o de gestión a los órganos de dicha Comunidad Autónoma, está: de un lado, vulnerando uno de los principios esenciales que actualmente constituy~n ordenación básica de la materia (la gestión unitaria, a salvo el otorgamiento de las subvenciones previstas en el anexo B. 2 del Real Decreto 1010/1981), y, en todo caso, infringiendó la competencia estatal Que respecto ala transferencia de servicios resulta del art d) de la C.E. y disposición transitoria sexta del Estatuto de Cataluña.. 4. Por providencia de 28 de diciembre de 1982, la Sección Segunda del Pleno de este Tribuual acordó: tener por planteado el conflicto de competencia frente al Decreto 264/1982, de 26 de julio, del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, y dar traslado a dicho Consejo de la demanda y documentos, para que en el plazo de veinte días aportase cuantos documentos y alepelones estimare conveniente, comunicándole al mismo la suspensión de )a vigencia y aplicación del referido. Decreto. desde la fecha de formalización del conflicto; y dirigiendo comunicación al Presidente de la Audiencia Temtorial de Barcelona. para conocimiénto de la Sala de'lo Contencioso-Administrativo, por si ante ella estuviere impugnada, o se impugnare. el Decreto mencionado a los efectos del arto3 32 Martes 26 noviembre 1985 BOE núm Suplemento 62.2 de la LOTC; y mandando publicar en el «Boletin Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» la formalización del conflicto y la suspensión acordada, mediante edictos, conforme previene el art de la WTC.. 5. Por escrito presentado el día 19 de enero de 1983, el Abogado de la Generalidad, en su representación y defensa, -se personó y compareció en el conflicto, solicitando la concesión de prórroga del plazo para efectuar las alegaciones.. 6. Por providencia del día siguiente la Sección acordó: tener por comparecido al Abogado don Manuel Vicens i Matas.. en nombre y representación del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, y concederle prórroga de diez días. a contar desde el siguiente de la expiración del plazo señalado en la providencia de 28 de diciembre de 1982, para. formular alegaciones. 7. Por escrito presentado el 8 de febrero de 1983, el Abogado de la Generalidad, en representación y defensa de la '.misma., formuló alegaciones en el conflicto, con suplica de que se dietara Sentencia desestimando la petición adversa y declarando que la Generalidad de Cataluña era-competente para dictar el Decreto motivo del conflicto.. Los argumentos en los que fundamenta su pretensión se sintetizan de la siguiente manera: A) Al igual que en las alegaciones formuladas en el confieto de competencia número 447/1982, planteado por el Gobierno en relación con el Decretó de la Generalidad núm. 194/1982, debe reiterarse que se trata de vaciar de contenido las competencias autonómicas por el sencillo procedimiento de ampliar el campo de lo «básico» y permitir que en él pueda moverse a sus anchas el Gobierno, no sólo por medio de normas reglamentarias~ sino incluso a través de actos concretos de ejecución. ' B) La invocación que de adverso se hace de las Sentencias del Tribunal Constitucional de 18 de diciembre de 1981 Y23 de febrero de 1982 es, además de errónea -la Sentencia de 23 de febrero de 1982, es en realidad de marzo del mismo ado-, improcedente, toda vez que si bien los supuestos que en las_mismas se contemplan podrían guardar. a primera vista, cierto parecido con el caso que aquí se debaté, en realidad existe una notable diferencia entre ambos que exije un tratamiento distinto. La Senteneta de 18 de diciembre de 1981, en su fundamento l.c), se refiere textualmente a «la reiteración en normas de rango inferior, de lo que se establece por norma de carácter superior». por lo que la correspondiente doctrina jurisprodencial no puede trasladarse como se hace en la demanda al supuesto que ahora se discute. pues teniendo en cuenta que las normas son del mismo rango, es más que palmario Que cualquier PQsible modificación del Real Decreto 1419/1978, no tiene porque afectar al contenido del Decreto 264/1982, no habiendo lugar, por consiguiente, al margen de inseguridad y de error a que se refiere la citada Sentencia.. C) Igualmente, la utilización de la técnica eriticada por parte del Consejo Ejecutivo es una m.anifestación!fe competencias y titularidad Que en materia de cinematografia tiene la Generalidad, que no viene obligada a moverse dentro de otras coordenadas que las resultantes de la CE. Ydel Estatuto de Aut01t0mia. Asi, de la misma manera que se ha reproducido en materia de -control de billetaje de las salas de exhibición cinematográfica la normativa estatal podría haberse introducido una regulación totalmente «ex novo» sobre la materia, sin que por ello el Consejo Ejecutivo se hubiera excedido en 10 más mímmo de las competencias que le vienen atribuidas constitucional y estatutariamente. La similitud del Decreto impugnado con el Real Decreto 1419/1978, no obedece a otra razón que la que deriva de su propio contenido. La actividad interventora que en el mismo se regula es de carácter puramente inst"".lmental. y por ello no se ha creído necesario introducir innovaciones, hmitándose a atribuir al Depar~ tamento Cultura de la Generalidad aquellas funciones que según la normativa estatal corresponden al Ministerio de Cultura. La reproducción de nonnas, en este caso, debe considerarse más como expresión de un propósito de uniformar los procedimientos en una misma materia partiendo de una visión solidaria del Estado de las Autonomías, que fruto de la incapacidad de innovar o de un mal entendido mimetismo.. D) Aunque no fuera equívocado -como 10 es- sostener, que losespectáculos cinematográficos quedan sujetos, al mismo régimen que los llamados «medios de comunicación social» en orden a la posibilidad que se atribuye al Estado de dietar normas básicas sobre estos últimos con arreglo a lo dispuesto en el art de la C.E., no se comprende cómo de esta premisa puede concluirse que «la intervención administrativa sobre los billetes de eiltrada a las salas de exhibición -cinematográficas alcanzan un éarácter -de ordenación básica». Esta afirmación es totalmente gratuita, no sólo, IX'rquc en la demanda no se contiene ni la más mínima referencia a lo que haya de entenderse como «básico» o «legislación básica» en materia de «medios de comunicación social», sino también porque en materia de protección}' fomento. e incluso la coordinación, en el marco en que se desarrolla el conllícto (los espectáculos y la cultura) vienen atribuidas a todas los poderes públicos y en especial a los autonómico. (arts. t Y 18 de la CE., 9.4 y 31 'del Estatuto de Cataluña, y núm. 2, de la letra B, del anexo del Real Decreto 1010/1981). 'E) La representación del Gobierno admite sin ambages, que por su origen, desenvolvimiento histórico. así como por su regulación actual «la específica intervención administrativa de los billetes de entrada a la salas de exhibición cinematográfica evidencia una conexión instrumental con la actuación de fomento...». Si ello fuera así, el con11ícto podria quedar zanjado, no sólo teniendo en cuentra que la Generalidad de Cataluña dispone de competencias exclusivas en materia de cultura y espectáculos púbhcos, que incluyen la actividad de fomento en todos sus niveles (arts. 9.4 y 31 del Estatuto), sino también señalando que el número segundo del apartado B del anexo al Real Decreto 1010/1981, -transfiere a la Generalidad el porcentaje, a determinar por convenio, de la parte del Fondo destinada... subvencionar películas de especial calidad y especial para menores.,_ A DO ser por medio del control sobre el taquillaje de los espectáculos cinematográficos, la Generalidad de Cataluña no podria negociar con ef Estado el IX'rcentaje que te corresponde sobre el Fondo de Protección Cinematográfica y ulteriormente subvencionar con criterios rigurosos y datos precisos las películas antes mencionadas. Así. el arto 12. parrafo primero. de la Orden ministerial de 12 de marzo de 1971, dispone que: AA los productores -de J;ll'lículas españolas de largometrl\ie se- les concede una subvención en metálico en proporción a los ingresos en taquilla producidos por la exhibición de cada Película en Españ... y es que, como dice el Abogado e1el Estado, hay una conexión instrumental -es decir. de medio a fin~ entre el control de taquilla y la actuación de fomento. Todo lo demás son paralogismos. F) En otro orden de co_ las participaciones en el Fondo de Protección a la Cinematografia reservada a la Generalidad pone de manifiesto que dicho Fondo no constituye ya un elemento reservado en exclusiva al Estado y del que éste pueda disponer unilateralmente, sino todo lo contrario, y además, aquelll participación legitima a su. vez la intervención de dicha Comunidad Autónoma en el control del taquillaje, la cual pasa a. formar parte del co11iunto normativo regulador del Fondo de Protección de que se trata. Conjunto que desde el advenimiento del Estado de las Avtonomias, y por obra de la distribución territorial del poder público y político que el mismo comporta; ya no se nutre de una única y monolítica fuente de producción de normas sinq de la diversidad de centros de produce;íón que suponen las distintas Comunidades Autónomas dotadas de competencias en la materia. En definitiva, la nonnativa sobre el Fondo de Protección a la Cinematografia y el carácter de este Fondo lejos de- poner ea entredicho las competencias de la Generalidad de Cataluña, las confirma y afianza.. G) El Decreto impugnado no puede estudiarse' a la luz de la competencia estatal en materia de «normas básicas» de la -radio, prensa... y demás medios de comunicación social (art de la e.e.), ya que los espectáculos cinematográficos _y artísticos no son, en estrictos términos juridico-constitucionales «medios de comunicación sociai», siquiera pudieran serlo en términos doctrinales e inclusó sociológicos, dada la ámplitud del conoepto.. En efecto, mientras en materia de medios de comunicación socíai lo primordíal es la nota de la «objetivídadjo, en materia de espectáculos y en general de «CUltura», lo esencial es la «libertab, ya que salvados los valores esenciales y.el debido respeto a los demás en estas últimas materias ha de rechazarse 1000 dirigismo publico y cualqwer autor tiene derecho '3 expbner 4<SUS pecuahares punt.os de vista», es decir. su «verdad», siquiera ésta sea muy parcial. Esta distinción la recogen plenamente la CE. y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. La primera distingue claramente las cuestiones relativas al fomento- de la cultura y promoción de la adecuada utilización del ocio (art y 18), de los medios de comunicación socíai (art ), y el segundo regula en arts. separados lo concerniente a la cultura y espectáculos (arts. 9.4 y 31), conftgurando tales materías como competencias,exclusivas en sentido estricto, y el desarrollo legislativo y la ejecución en el marco de las normas básicas del Estado. del rtgimen'de radiodifusión, televisión. prensa Y. en general, de todos los medios de comunicación social (art y 2)... Por tanto, siendo el control del billetaje en los cinematógrafos -sobre el que versa el Decreto impugnado- una- cuestión instrumental, directa e inmediatamente relacionada con la competencia exclusiva de la. Generali<!ad en materiad.. «cultu"", y «espectáculos», es obvio que el encajo del Decreto en cuestión ha de ef"ectuarse en el arto 9.4 y 31 del Estatuto de Cataluña y no en los arto 16.1 Y 2 del propio Estatuto en relación con el art de la C.E. H) Además, atendidoa los términos claros del Estatuto 'de Autonomía y la distinta índole y tratamiento constitucional de los Mostrar más
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