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Timestamp: 2019-07-24 06:25:45+00:00

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CUIDADO CON COPIAR ESCRITOS DE OTRO COLEGA. PUEDE
Sancionan a un abogado que copió un escrito judicial ajeno y lo firmó como una elaboración propia
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la sanción impuesta a un abogado denunciado por haber utilizado en la contestación de demanda las argumentaciones técnico-jurídicas esgrimidas por otra profesional en otras causas.
En los autos caratulados “K. R. D. c/ CPACF”, la Sala II del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal impuso al Dr. R. D. K. una sanción de multa de 8 mil pesos, en los términos del inciso c) del artículo 45 de la Ley Nº 23.187.
El Tribunal de Disciplina remarcó que no existían dudas de que el DrK.se había provisto de las presentaciones realizadas por su colega para luego utilizarlas en beneficio de los intereses de su cliente, concluyendo que en el presente caso el plagio se encuentra consumado y, al respecto, explicitó que, además de una infracción del derecho de autor, ello es una infracción ética si se reproducen íntegramente escritos judiciales pertenecientes a otro letrado que no dio autorización para su reproducción.
A ello, el Tribunal de Disciplina agregó que hizo hincapié en que dicho actuar contraviene la buena fe que debe existir entre colegas y puso de relieve que resultaba evidente que las argumentaciones técnico-jurídicas del Dr. K.-en el escrito de contestación de demanda correspondiente a cierto expediente, son una copia fiel de las apreciaciones sostenidas tiempo antes por su colega D.B. en otra causa.
Ante la apelación contra dicho pronunciamiento presentada por el matriculado, los jueces que conforman la Sala III recordaron que “las sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal remiten a la definición como injustos de faltas puramente deontológicas, esto es, de infracciones éticas más que jurídicas, propiamente dichas, en cuyo diseño juegan enunciados generales e inespecíficos”.
En tal sentido, los camaristas explicaron que tales sanciones “si bien no resultarían admisibles en un sistema punitivo abstracto fundado en una situación de supremacía general, caben perfectamente, bajo una relación de supremacía especial, como expresión tanto de la disciplina interna de la organización como por la cercanía moral de los titulares del órgano sancionador, pares del inculpado, interpretando un sistema ético que les envuelve a ambos”.
Como consecuencia de lo expuesto, los magistrados destacaron que “la subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la fórmula de la infracción deontológica-profesional es, como principio, resorte primario de quien está llamado -porque así lo ha querido la ley- a valorar los comportamientos que, precisamente, pueden dar lugar a la configuración de aquellas infracciones, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en las que ha mediado indefensión o la decisión resulta manifiestamente arbitraria”.
Luego de aclarar que “el rol de la Cámara se circunscribe al control de legalidad y razonabilidad del obrar del Tribunal de Disciplina en el cumplimiento de la potestad específica de la función administrativa de policía profesional que le fue deferida por la ley n° 23.187”, la mencionada Sala determinó en relación al presente caso, que en la decisión aquí apelada, el Dr. R.D.K. fue sancionado por haber utilizado -sin el consentimiento de la letrada D.B.- en la contestación de demanda que realizara en una causa, las argumentaciones técnico-jurídicas esgrimidas por la citada profesional en las réplicas de las acciones formuladas en otro expediente.
Al confirmar la resolución recurrida, el tribunal concluyó en la resolución dictada el 4 de febrero de 2014, que “si bien el apelante esgrime tres documentos que habrían sido, a su vez, copiados por la denunciante, sin embargo y, aun así, lo cierto es que el recurrente no controvierte la circunstancia fáctica a él atribuida -y que constituye el sustento del reproche disciplinario-, de haber copiado -en lo sustancial- un escrito judicial ajeno y de haberlo firmarlo como una elaboración propia”.
Publicado en Abogados.com del 22 de abril de 2014
EJEMPLO DE UN JUEZ QUE ATRASA...Y MUCHO. O no tant
Sera justicia… con corbata
Etiquetas: corbata, defensores
El acta relata la audiencia en el intrincado, incomprensible y capcioso lenguaje forense. Y termina al tono. Así: “Se deja constancia que Su Señoría no ha presidido esta audiencia en virtud de lo informado por su secretario privado con relación a la vestimenta del letrado de la actora”, dice el párrafo final del acta, agregada a un expediente civil que tramita en los tribunales de esta ciudad. “El letrado de la actora” (es decir el abogado del reclamante en un juicio civil) que motivó la reacción del juez Carlos Guillermo Frontera es el firmante de esta nota. Mi vestimenta era un pantalón de vestir azul y una camisa de sport al tono. No soy un dandy, claro está, pero juro que estaba presentable, recién bañado (eran las 10 de la mañana), hasta peinado, y que aun la más severa de mis tías (las idishe tías son la única especie más severa que las idishe mames) me hubiera permitido entrar a su casa.
El juez fue más severo –o más discriminador– y consideró que este cronista, que es también un abogado próximo a cumplir 28 años de profesión, sin causas pendientes, sanciones penales ni siquiera apercibimientos era indigno de ser atendido por él si no lucía saco y corbata. Huelga decir que no existe disposición legal alguna que imponga tal vestimenta a los abogados. Y vale la pena recordar que en Buenos Aires la temperatura ambiente a las 10 de la mañana supera los veinticinco grados, aunque en los pasillos de Tribunales suele haber más. Claro que, para equilibrar el derroche de calor, suele haber escasez o ausencia total de bancos, sillas y baños para la gente que espera ser atendida por los magistrados. Hecho sobre el cual éstos no suelen dejar reclamos por escrito.
La situación (precedida de una inspección ocular que me propinó el secretario privado de Su Señoría) detonó 45 minutos después de la hora fijada para la audiencia. Eramos tres personas citadas, las tres fuimos hiperpuntuales, y nos hicieron amansar tres cuartos de hora, sin suscitar ningún comentario de Su Señoría. Ni constancia en el acta. Sería un desperdicio de energía y de papel porque se repite día a día en todos los juicios.
El episodio es chocante pero para nada sorprendente, si se tiene en cuenta la ideología de buena parte de los jueces argentinos. A ver si me explico. Es intrínsecamente reaccionario y castrense pensar que llevar un uniforme dignifica a las personas. Pero lo es aún más pensar que sólo las personas que llevan ese uniforme son respetables o aptas para reclamar los servicios públicos del Estado. Tal proclividad ideológica no es nueva: hubo una época en la Argentina en la que el Estado, que también se dedicaba a otras lindezas, prescribía con severidad el largo de pelo, el tipo de ropa, etcétera de los ciudadanos y sancionaba con variado rigor sus transgresiones. Por entonces no había Parlamento, el Poder Ejecutivo estaba en manos de una camarilla cívico militar mientras que el Poder Judicial produjo algunas purgas pero siguió funcionando casi sin cambios. Por cierto, a nadie se le ocurría por entonces plantear un hábeas corpus ni peticionar sin corbata.
Hablé de ideología y me acomete un temblor. ¿No es que hubo un desmoronamiento en Berlín, que las ideologías no existen más? Y sin embargo cuán parecido a una ideología (una visión coherente e integral del mundo, que lo explica racionalmente y se articula con intereses concretos) es el credo de tantos jueces argentinos, admiradores de los uniformes, discriminadores, antediluvianos, antidivorcistas, desdeñosos del tiempo, la comodidad, la salud de los desdichados que litigan en sus juzgados. Cuán ideológico es el poder que construye permanentemente su propiasuperioridad, sea usando un lenguaje abstruso e incomprensible para los profanos, sea obligándolos a amansadoras o a tratos “de inferior a superior”. Imponiéndoles la jerga, la ropa, falsos protocolos (¿por qué a un funcionario de la democracia se lo denomina con el mote de “Su Señoría”?).
Está de moda criticar a “la Justicia” designando con ese nombre egregio al Poder Judicial que es por esencia, bastante menos, apenas un poder del Estado, que funciona casi sin intervención popular. Los jueces no se votan y no se rotan. Duran en sus cargos de por vida, salvo que cometan faltas graves. Es intrínsecamente un poder conservador y elitista.
Es habitual cargar las tintas sobre un conjunto de jueces federales, que Domingo Cavallo identificó para siempre como “los de la servilleta”. Se los tilda de oportunistas, aventureros, poco serios y totalmente ligados al poder político. Tales críticas suelen ser justas pero incompletas. Porque el Poder Judicial argentino, amén de eso, anida una aún numerosa casta conservadora y autoritaria que existió mucho antes de la servilleta y que existirá cuando ésta, Cavallo y Corach sean sólo recuerdos. Hombres de ley, de convicciones arraigadas, de saco y de corbata.
Actualidad del Estudio Pérez Bodria y asociados
PONENCIA SOBRE EL ROL DE LA VÍCTIMA EN JORNADAS RI
JORNADAS RIOPLATENSES DE DERECHO DEL AÑO 2012
PONENCIA. Comisión nº 4, Tema II, punto 3
Autor: TOMAS ANGEL PÉREZ BODRIA
Tucumán 498, Pilar, Pcia. de Bs. As., Rep. Argentina
Conforme los instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, ¿cuál es el rol de la víctima en el proceso penal?
EL ROL DE LA VÍCTIMA Y LA IGUALDAD DE ARMAS EN EL PROCESO PENAL. SU TERGIVERSACIÓN
1.- El ingreso de la víctima en el proceso penal
Tradicionalmente, y tras la apropiación de la acción penal por el Estado l, la víctima cumplió un rol absolutamente pasivo. No mucho modificó al respecto la consolidación de los Estados Nación y aún el concepto de derecho penal liberal. El criterio imperante impedía toda contemplación de su actuación, puesto que el delito constituía una agresión a la sociedad por sobre el daño por aquella padecido. Ese concepto, receptado por todos los códigos de procedimientos de la época, entre los que se cuentan los vigentes en nuestro país hacia fines del siglo XIX y gran parte del XX, no ofreció mayores dificultades, puesto que respondió a la convicción política prevaleciente. Mucho más aún en los países que adoptaron aquellas legislaciones procesales connotadas por el principio inquisitivo, en que no sólo no se otorgó rol alguno a la víctima –ya expropiada- sino que, peor aún, se concentró en un mismo órgano la función de la investigación penal y la del dicisorio. Tampoco en otros de tono marcadamente acusatorio, como el vigente en EE.UU., en donde el único titular de la acción fue y es el fiscal que es considerado también el representante natural de víctima y no sólo del Estado. Sin embargo, la necesidad de satisfacer un cierto grado de participación reclamado por quienes resultaren damnificados por la comisión de un delito, abrió el proceso en nuestros países a la figura del querellante particular o particular damnificado (denominación esta última correspondiente al código elaborado por el jurista Tomás Jofré que obtuvo sanción en el año 1915 en la provincia de Buenos Aires, República Argentina). Se trató de una intervención acotada y, en última instancia, básicamente adherente a la actuación del ministerio público fiscal. Pero fue adquiriendo, sin apartarse de la estructura mencionada, algunas facultades relevantes, tales como la de intervenir directamente en el interrogatorio de los testigos, la de apelar el sobreseimiento del imputado, proponer medidas de prueba, etc. Sin embargo, seguía siendo el fiscal quien titularizaba la acción en los denominados delitos de acción pública, quedando de manifestó muy claramente dicha circunstancia, en la imposibilidad del particular damnificado o querellante particular de sostener la acusación, si no lo hacía el fiscal.
Ahora bien: ¿se podría connotar negativamente el apartamiento de la víctima de una función central en el proceso, tras la aludida expropiación por el Estado de la acción penal, en el marco de una estructura procesal que otorgaba un rol meramente tangencial al propio fiscal –colaborador marginal del juez de instrucción- y que condicionaba severamente la actuación del mismo imputado a través de la concentración funcional de los roles en el proceso total o prevalentemente inquisitivo -en este caso me refiero a los denominados procesos mixtos-? La respuesta seguramente será, en consideración a preservar cuanto se pueda del ya menguado respeto de las garantías individuales, negativa. Fácil es imaginar lo que quedaría de ellas a favor del imputado, si a la confusión de roles ya enunciada, se la hubiere reforzado con una actuación más amplia de la quien había resultado víctima de un delito de acción pública. Seguramente muy poco.
Pero sucede que durante los últimos años, se fue abriendo paso tanto en la Argentina como en gran parte de los países latinoamericanos, la reforma procesal tendiente a establecer un procedimiento de tinte acusatorio o, por conceptualizarlo más estrictamente, mayormente acusatorio. Se separaron los roles del investigador y acusador, del juez y de la defensa. Y este nuevo paradigma para la región, que retoma la senda correcta de un proceso de carácter democrático y garantista, encontró como reacción en corrientes fuertemente reaccionarios pero que forman opinión, una poderosa tendencia a emparentar el concepto de seguridad ciudadana y el proceso penal. Es decir que, al parecer, el reconocimiento operativo bastante tardío por cierto, de los derechos individuales de la persona sometida a un proceso penal frente al tremendo poder estatal, tendiente a colocar a las partes intervinientes en una mayor paridad de armas, fue sagazmente utilizado por los sectores más retardatarios de nuestras sociedades, contraponiendo ficticiamente los derechos de la víctima a tal progreso legislativo para, utilizándola aún en su perjuicio, imponer un valladar a las positivas consecuencias resultantes de los nuevos esquemas procesales desde el punto de vista de la democratización de los mismos, en nombre de la seguridad ciudadana. El metamensaje fue y todavía es: el reconocimiento de los derechos que garantiza la Constitución Nacional conspira contra la vida y los bienes de los ciudadanos, tal como lo demuestran las víctimas que los grandes medios masivos de noticias exhiben con pretendido afán pedagógico. Se trata de la imposición de del concepto víctima como ciudadano medio con el propósito muchas veces explicitado de coartar las garantías individuales del sometido a proceso (estereotipo también perfectamente elegido) que, a su vez, conlleva el objetivo implícito pero muy concreto de eliminar el estado de bienestar a favor de los espectros económicos y sociales que gozan de los mayores privilegios. Parece evidente que allí anida el avance procesal de la víctima y no, como se pretende, en la necesidad de salvaguardar sus derechos que, por otra parte, no son resguardados por la imposición de una pena que sólo satisface cierto afán de venganza comprensible en toda víctima.
Como se advierte fácilmente y como la triste experiencia vivida por nuestras sociedades lo demuestra, el argumento –metamensaje incluído- es falaz, toda vez que las causas de la denominada inseguridad ciudadana no guardan relación alguna –sabemos del fracaso de la pena como prevención especial- con el desenvolvimiento de un proceso penal. Sin embargo, la denominada criminología mediática (ZAFFARONI), para conectar su designio con la sensibilidad de las distintas capas sociales –especialmente la clase media- no trepidó en utilizar a la víctima para sus propósitos. Es así que hemos conocido a las que podemos denominar “víctimas emblemáticas”, entre las que cobraron una dimensión pasajeramente omnicomprensiva, personas como el supermediático falso ingeniero Juan Carlos Blumberg, que en su condición de padre de un joven secuestrado y asesinado, desplegó una acción que sostenida e impulsada por una avasallante cobertura publicitaria, llegó a destrozar nada menos que el código penal argentino. Con su contundencia acostumbrada, lo explica el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, recordando que “Simon describe en que los Estados Unidos el mayor peligro consiste en reemplazar la imagen del ciudadano medio que en el esquema del estado de Roosevelt era el trabajador manual, por el de la víctima, que es central en la construcción del estado penal de Reagan. En la Argentina se quiso copiar el modelo en forma por fortuna muy grosera, construyendo una supervíctima héroe con niveles de promoción mediática increíbles. El intento argentino de cambiar al ciudadano medio trabajador por el ciudadano medio víctima no escatimó esfuerzo alguno y el personaje llegó a ocupar toda la atención mediática. Los legisladores se inclinaron obedientes a las consignas de la poderosa criminología mediática encarnadas en la supervíctima héroe. Por fortuna el pobre hombre incurrió en exabruptos por efecto de la brutal interrupción de la elaboración del duelo que se le hizo padecer, se reveló que ostentaba un título profesional que no tenía, se volvió inmostrable y, como ya no servía, fue descartado sin miramientos” (1).
Sin la mediación de “la víctima”, utilizada y desnaturalizada por los poderosos sectores de interés mediático ya mencionados, esa tarea retrocesiva de las garantías hubiera resultado infructuosa. Obviamente, y aún merced a determinados mecanismos psicológicos que llevan a la construcción de la “víctima estrella”, el damnificado por el delito no presta su colaboración consciente a dicha tarea, aunque a caballo de su lógica afectación psicológica, es victimizada nuevamente por los mentores de la artificiosa pero efectiva construcción, deviniendo inevitable su participación.
Cabe entonces analizar, a la luz de la manda de los tratados internacionales, a qué víctima haremos referencia: si sólo a la que así resulta tal como consecuencia de la acción delictiva o, a la que se completa con el accionar mediático ya descripto someramente, utilizándola arteramente. Y en ese marco referencial, mientras se mantiene además la expropiación de la acción penal por parte del Estado en los delitos de acción pública, de qué modo se relacionan, coordinándose o interfiriéndose en uno u otro sentido, los derechos reales de la víctima con los del imputado. Por de pronto, baste con anticipar que en la actualidad en la República Argentina, por caso, el rol de la víctima ha avanzado considerablemente, hasta el punto de no sólo reconocérsele en los códigos modernos derechos específicos a la información, al desarchivo de actuaciones, al cese de las consecuencias del delito, etc., lo que sin duda es correcto, sino que en su participación en el proceso como particular ofendido, se han ampliado sus facultades al extremo de asignársele el derecho de impulsar la acción de modo independiente –cuando no lo hace el ministerio público fiscal (2). Es decir, que comparte la titularidad de la acción con el ministerio público fiscal.
2. Los tratados y sus derivaciones en el derecho local
A partir de la incorporación del art. 75 inc. 22 de la C.N., de la Nación Argentina, el bloque constitucional en este país queda integrado por la normativa de los Tratados Internacionales respectivos. En nuestra región, de especial trascendencia deviene la C.I.D.H., sin perjuicio de la vigencia de los restantes incorporados. En cuanto se refiere al tema bajo análisis, adelanto que ninguna norma de la C.I.D.H. ni del otro tratado atinente a la cuestión, cual es la D.D.C. y P. contempla expresamente a la víctima como parte necesaria en el proceso penal. Ambos instrumentos, en rigor, ponen énfasis en los derechos de aquellos que se encuentran sometidos a un proceso penal, enunciando sus derechos básicos. Así la C.A.D.H. enumera las garantías judiciales en su artículo 8. En su encabezamiento reconoce los derechos de toda persona a ser oída por juez competente en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones en materia civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. El resto del artículo se relaciona exclusivamente con los derechos de quien se encuentra sometido a proceso penal y sus respectivas garantías, al igual que los artículos 9 y 10. Similar derivación ofrece la lectura del artículo 14 del P.D.C.y P.
Es de hacer notar que al referirse a los términos de la imputación, ninguna de esas normas alude a la misma en número plural. Puesto que se ”sobre-entiende” que la acusación o imputación es única y unívoca. Por lo cual el imputado comienza a ejercer su derecho de defensa (desde el mismo momento en que se convierte en tal), teniendo conocimiento y comprensión completa del tenor de la misma. Para poder así rebatirla, confrontando a quienes le acusan (cfr. Doctrina del fallo “Benítez” de la CSJN).
Quienes postulan la participación más amplia de la víctima en el proceso penal, echan mano del art. 25 de la C.A.D.H., en cuanto establece un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tales violaciones las cometieren quienes actúen en ejercicio de funciones oficiales. Pues bien, de ningún modo se propone la negación de tales derechos, sino la de la pretensión de su ejercicio a través de la vulneración del derecho de defensa del sometido a proceso a través de una acusación múltiple. Se trata de preservar el principio igualdad de armas entre la persona imputada en ese proceso penal y su acusador, base ineludible del debido proceso penal. En tal sentido, he de poner de manifiesto que cuando el rol de la víctima, por su amplitud, al sumarse al del ministerio público fiscal, vulnera dicha paridad. Es allí cuando uno u otro debe ceder. Tal como lo propone el título de la famosa película protagonizada por el gran actor norteamericano Jack Nicholson “Alguien tiene que ceder”. De lo contrario, los fundamentos históricos del constitucionalismo penal, conformados básicamente por la necesidad de custodiar el derecho de defensa de quien es sometido al inmenso poder estatal que lo investiga y persigue, habrá dado por tierra. Y, desafortunadamente, y como producto de la tendencia contraconstitucionalista penal puntualizada en el punto precedente, tal es la situación que predomina en la actualidad. Y, sin quererlo ni proponérselo, la víctima ha sido arrastrada a conformar un factor preeminente de dicho desequilibrio, colocándose así en tela de juicio la plena vigencia de las garantías del debido proceso y la defensa en juicio cuando se trata de un proceso penal. Cabe, por lo tanto analizar, el mecanismo para restablecer el aludido equilibrio sin mengua de los derechos de la víctima que consagran los tratados internacionales vigentes refiriéndonos, por cierto, y retomando la diferenciación entre la víctima mediatizada y la víctima propiamente dicha, a esta última. Y para ello, no es posible abstraerse de la necesidad de retomar el camino de la apropiación del conflicto penal por la propia víctima, en todos aquellos casos en que manifiestamente no se vean afectados los derechos de la sociedad políticamente representada, es decir, del Estado. Y, por lo tanto, la discusión se ha de centrar exclusivamente en el remanente, es decir, los conformados por los hechos delictivos que sí se considere que afectan el interés estatal así definido, puesto que en los otros la víctima cuenta con todas las facultades para erigirse en dueña y señora de la acción (privada). Se trata de los delitos denominados de acción pública –art. 71 del C.P. Argentino- Naturalmente que como cuestión previa, ha de postularse la indefectible necesidad de reducir al mínimo indispensable la cantidad de figuras penales que ingresen en esta categoría, ampliándose en sentido inverso los de acción privada y dejándose definitivamente de lado ese híbrido compuesto pon los denominados delitos de acción público de instancia privada –art. 72 del C.P. Argentino- que, sin duda, han de engrosar la mentada ampliación. Y, por sus peculiares características, dentro de la nómina de acciones que se reservan para el interés del Estado, cabe formular una nueva distinción para ubicar el rol de la víctima. Se trata de los delitos de lesa humanidad. En estos, por la necesaria cobertura estatal para su comisión, la víctima contará con una prerrogativa adicional para su intervención, cobrando aquí sustento la normativa del art. 25 de la C.A.D.H.. Paradojalmente el incremento del rol de la víctima en las legislaciones procesales que, como ya dijera, nace de la necesidad de su utilización por las corporaciones mediáticas y agencias interesadas en contrarrestar el avance de la consagración de las garantías de la persona sometida a proceso –el denominado garantismo penal- llega de la mano de connotados sectores del progresismo penal (3)-. Pues bien, estos sectores han de ver plenamente justificados sus postulados, cuando se trate de los delitos de lesa humanidad, mas no así en los delitos comunes de acción pública. En estos últimos la actuación conjunta de la víctima y el fiscal conlleva ineludiblemente a una clara vulneración del principio de igualdad de armas que, reitero paradojalmente, los mismos sectores progresistas del proceso penal que han abierto el camino de amplitud participativa de la víctima, correctamente postulan. Por ende, el criterio auténticamente “garantizador” que consagra el estado de evolución del constitucionalismo penal, obliga a limitar el rol de la víctima en los procesos en que se ventilen conductas tipificadas como delitos comunes de acción pública (4) . En estos casos, obviamnte, ella tendrá asegurado el reconocimiento de sus derechos como tal (información amplia, cese de las consecuencias del delito, etc.) y proseguirá siendo esencial a los instrumentos de mediación penal, pero debe cesar su intervención como particular damnificado o querellante. Adviértase además, que la situación que se ve exacerbada en aquellos casos en que actúan más de una víctima con su propia representación procesal sin necesidad siquiera de unificar personería. El todos contra uno no puede pretenderse como una fórmula que resguarde el equilibrio entre la acusación y la defensa. Mucho menos cuando entre ese todos se encuentra el inmenso poder de un Estado. En todo el transcurso del proceso penal, ha de reconocerse en los términos del art. 28 de la C..N, el derecho del imputado a una acusación única de la cual defenderse.
La excepción postulada para los delitos de lesa humanidad, anida precisamente en que materializándose los mismos al amparo de un aparato estatal, corresponde otorgar a la víctima facultades plenas en el dominio de la acción, de modo que su actuación en este caso sí conlleva al postulado equilibrio, toda vez que la actuación del Estado en el proceso, incluso cuando ha cesado tal amparo, deviene en ocasiones sospechosa o dudosa. Y, por lo demás, los imputados de tales delitos, suelen contar con prolongaciones sobrevivientes de la maquinaria estatal en cuestión, aún cuando haya sido desplazada del control del Estado. En este sentido, el principio de no discriminación” consagrado por el art. 1.1. de la C.I.D.H. no se encuentra afectado, por tratarse de un trato diferenciado para una circunstancia también particular (5). Pero aún en estos supuestos, habrá de acudirse al litisconsorcio necesario cuando las querellas particulares sean plurales.
En definitiva, se trata de entender el verdadero rol que la víctima está siendo llamada a cumplir por los sectores que resisten la consagración de un Estado plenamente democrático y, dentro del mismo, del de bienestar. Muchos de estos sectores son propietarios de grandes medios de difusión o le son afines, especialmente diagramados en noticiarios de 24 hs. que, a fuerza de reiteración, logran imponer estereotipos delictivos, la figura del marginal a combatir y, también la de la víctima por un lado indefensa por la supuesta defección del Estado y, por el otro, heroica en su reclamo de justicia (en rigor venganza). En ese complejo marco es que, aún y paradójicamente de la mano de un discurso supuestamente progresista, se viene ampliando el rol de la víctima en el proceso penal. Ampliación que deriva, sin duda, tras su propia revictimización, en la ampliación de los márgenes de indefensión de los individuos frente al poder represivo estatal y, finalmente, en la falta absoluta de incidencia en los índices de inseguridad, puesto que la construcción en cuestión obedece a un diagnóstico interesadamente errado.
Es por ello indispensable comprender este denunciado mecanismo de construcción victimológica y sus propósitos explícitos e implícitos, para no seguir vulnerando un modelo constitucional penal operativo distinguido por la notas propias de un Estado plenamente democrático. Y ello porque conviene no olvidar que las normas procesales penales se legitiman esencialmente por su carácter garantista. Es decir, que su finalidad se corresponde con la necesidad de brindar a todo ciudadano sometido a proceso por el Estado expropiador de los conflictos penales, que cuenta a su favor con la presunción de inocencia, las máximas garantías de sus derechos individuales.
Y, por cierto, todo ello también con el ánimo de proteger a la misma víctima de un delito de acción pública -considerada en su verdadera esencia ontológica- de su sometimiento indefectible a una nueva victimización, reconociendo su deplorable utilización mediática con propósitos inconfesables, aunque bien conocidos En este marco, hasta alcanzar la reforma legislativa propuesta para invertir los términos de los delitos de acción pública y los de acción privada, conviene al menos recurrir de modo urgente al paliativo de exigir el litisconsorcio necesario -víctimas y fiscal- en todo proceso penal, a modo de paliativo de la restricción evidente del principio de igualdad de armas y del derecho de todo imputado a responder una acusación única.
(1) ZAFFARONI, Eugenio Raúl, La Palabra de los muertos, pág. 401.
(2) SANTILLÁN, Francisco Agustín s/ rec. de queja, FALLOS: 321: 2011 s, 1009, XXXII y C.P.P. Pcia. de Bs. As., art. 79, en especial inc. 4º (t.o. ley 13.183 del 16/4/2004).
(3) GRANILLO FERNÁNDEZ, Héctor M y HERBEL, Gustavo A., C.P.P. de la Pcia. de Bs. As., Tº 1, pág. 301 y sgtes.
(4) MAHIQUES, Carlos Alberto, Derechos fundamentales y constitucionalismo penal, EL DIAL, art. nº 2815, 2/1/2004.
(5) Op. Consultiva 04/84 de la CIDH
LA NOVELA DEL FISCAL CAMPAGNOLI
Los funcionarios de la fiscalía de Campagnoli aseguraron que los destinaban a un depósito. El suspendido fiscal habló de “un Estado totalitario”. Pero la procuración denunció una serie de irregularidades.
Por Raúl Kollmann en Página 12
La Procuración General denunció ayer una serie de maniobras protagonizadas por funcionarios que son la mano derecha del suspendido fiscal José María Campagnoli. Los allegados al fiscal sostuvieron que los mandaron a trabajar a un depósito, lo cual –según la procuración– es falso: fueron trasladados al edificio de la calle Tucumán donde funciona gran parte de las fiscalías. Afirman que los desplazan por investigar al empresario Lázaro Báez, cuando dos meses antes de la suspensión la Cámara no sólo dijo que el expediente debía pasar al fuero federal, sino también acusó a Campagnoli por sobreactuar y mantener una causa paralela. El viernes pasado, cortaron el teléfono, la luz e Internet en la fiscalía, lo que según el dictamen técnico fue un acto de sabotaje. Y ayer cerraron oficinas con una faja firmada por tres allegados al fiscal, algo para lo que obviamente no tienen competencia. De esa manera impidieron el trabajo de las dos fiscales, Claudia Katoc y Cristina Caamaño. Campagnoli salió a la cancha atribuyendo todo a un “Estado totalitario”. Anoche, cercanos a los empleados del fiscal suspendido le dijeron a este diario que concretarán la mudanza hoy y que no la habían iniciado por falta de una resolución escrita. La ofensiva del suspendido Campagnoli abarcó ayer distintos frentes, según consignó la procuración. El principal es que sus allegados en la fiscalía argumentaron que los mandaron a trabajar a un archivo.
“Es falso –señalaron desde la procuración–. Los trabajadores de la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE) desarrollaban sus tareas en dependencias de la fiscalía de los barrios Saavedra y Núñez, dado que ambas se encontraban a cargo del mismo fiscal, Campagnoli. Con la suspensión de su titular, cesó la razón para mantener a la SIPE en esas dependencias. Como consecuencia, se decidió que las siete personas que se desempeñaban allí pasaran a desarrollar las mismas tareas en el edificio donde funciona la Dirección General de Investigaciones de Delitos con Autor Desconocido (Dgidad), a cargo desde 2001 de Norberto Segretti, funcionario que en la estructura de la procuración es el responsable de coordinar la SIPE. El mencionado edificio se encuentra en la calle Tucumán 966 y allí funcionan varias fiscalías. Las siete personas alcanzadas por esta decisión trabajarán en un piso acondicionado a tal efecto. No se trata de un archivo ni de una dependencia aislada como se ha intentado presentar. La Dgidad es además el organismo que provee a la SIPE de sus insumos de trabajo cotidianos, por lo que la cercanía física conlleva la idea de mejorar su eficiencia. No ha habido hostigamiento ni persecución así como tampoco se afectaron fuentes de trabajo ni se produjeron cambios en las funciones. La decisión fue comunicada por la fiscal Katoc a los funcionarios y a la representación gremial.”
El argumento del personal de Campagnoli es que éste no fue destituido, sino que hay una suspensión provisoria, por lo cual no se justifica la mudanza. En la procuración afirman que este traslado debió hacerse hace rato y que el equipo se mantiene. Según afirmaron los hombres de Campagnoli, en el día de ayer mantuvieron un diálogo con Segretti y, dado que no se les cambiarán las funciones, hoy van a realizar la mudanza, aunque estaban estudiando si procede un amparo judicial.
Ya desde el viernes los allegados a Campagnoli iniciaron una especie de guerra. Por de pronto, se retiraron a las 13.30, y luego fueron cortados la luz, el teléfono e Internet. El informe técnico, que incluye fotos, demuestra que alguien desconectó un cable del armario de comunicaciones y hay una imagen con la roseta afectada. La empresa Telefónica, por su parte, también verificó un corte inusual de la línea de teléfono fijo en dos oportunidades. Y, para redondear, el baño de la fiscalía fue cerrado con llave sin que nadie pudiera dar cuenta de quién la tenía en su poder. Es decir que en la tarde del viernes no había personal –que solía quedarse hasta tarde– ni luz, ni Internet, ni teléfono, ni acceso al baño.
Desde hace unos veinte días la fiscal coadyuvante Cristina Caamaño viene pidiendo la llave del despacho de Campagnoli para determinar si allí hay causas judiciales. Caamaño no va a usar esa oficina, pero la cuestión es que, si existen expedientes, tienen plazos, por ejemplo de prescripción o de presentación de escritos. La llave está en poder del fiscal suspendido. Parece cantado que si no se provee la llave, la procuración tendrá que llamar a un cerrajero, entrar a la oficina y determinar si hay expedientes en ese lugar o no. En la fiscalía de Campagnoli hay 3500 causas y es obvio que no deben quedar paralizadas.
Durante la jornada de ayer, las oficinas del SIPE aparecieron con una especie de faja de clausura firmada por Ignacio Rodríguez Varela, Elías Collado y Guido Sassoli. “Esta medida sin antecedentes –sostiene un comunicado de la procuración– volvió a impedir el normal desarrollo de las tareas propias de la fiscalía, con la consecuente afectación de derechos. Son hechos gravísimos que han sido denunciados por las fiscales y están siendo investigados en el ámbito administrativo de la Procuración General así como en la justicia penal.” Del otro lado, los hombres de Campagnoli afirman que, en el diálogo que mantuvieron con el coordinador Segretti, éste les sugirió poner la faja para preservar las cosas antes de la mudanza. Según ellos, la faja tiene el teléfono de Segretti. En cualquier caso, en la procuración se evaluaba anoche la posibilidad de presentar una denuncia penal.
Campagnoli apareció en los medios hablando de la existencia de un Estado totalitario y adujo que todo era una represalia por su investigación del caso Lázaro Báez. Dos meses antes de que fuera suspendido, el expediente Báez ya había pasado a la Justicia Federal, es decir que Campagnoli ya no investigaba el caso. La Cámara consideró que sobreactuó y que duplicó los expedientes. Todo fue enviado al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Guillermo Marijuán. Antes de eso, para seguir manejando la investigación, Campagnoli recurrió a una maniobra: convirtió al financista Federico Elaskar de acusado por defraudación en víctima de una extorsión, sin que mediara ni siquiera un llamado a que declare. Estas actuaciones irregulares pusieron en marcha el jury que deberá llevarse a cabo antes de mitad de año.
A todo esto se sumaron otros dos hechos. El juez Fernando Caunedo, de larga trayectoria en la Justicia, también acusó a Campagnoli, quien hizo la investigación por venta irregular de entradas en River Plate, de “mal desempeño y abuso de poder”. Pero lo más grave es que anuló las pruebas recogidas por el fiscal. Otra denuncia surgió a raíz de casos de maltrato y discriminación contra habitantes del barrio Mitre: en el texto figura que el Sheriff, como le dicen algunos policías al fiscal por su brutalidad, trataba a los vecinos de “negros de mierda” y les allanaba las viviendas en forma reiterada.
La procuración sumará estas dos acusaciones al proceso de jury en que Campagnoli es defendido por el dirigente radical Ricardo Gil Lavedra.
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References: artículo 45
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 artículo 8
 artículo 14
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