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Timestamp: 2017-03-27 02:44:12+00:00

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Jueves 16 de Marzo de 2017Gaceta: LXIII/2SPO-102/69732	Jueves 16 de Marzo de 2017Gaceta: LXIII/2SPO-102/69732	Proposiciones De la Sen. Adriana Dávila Hernández, a nombre de Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instruir a las dependencias de la administración pública federal a llevar a cabo acciones de supervisión en los centros de asistencia social que atienden niñas, niños y adolescentes y adultos para prevenir tragedias.FUE CONSIDERADO DE URGENTE RESOLUCIÓN. INTERVINO LA SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, PRI, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA DE ADICIÓN, MISMA QUE SE ACEPTÓ. EL PUNTO DE ACUERDO ADICIONADO FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA.
ARCHIVOS PARA DESCARGAR:Descargar Documento ( Propuesta_modificacion_aprobada.pdf
)Descargar Documento ( Propuesta_adicion_aceptada.pdf )Sen. AdrianaDávila FernándezPROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE INSTRUYA A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL QUE CORRESPONDAN PARA QUE SE LLEVEN A CABO ACCIONES DE SUPERVISIÓN EN LOS CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL QUE ATIENDEN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y ADULTOS PARA PREVENIR TRAGEDIAS COMO LA SUCEDIDA EN GUATEMALA Y ANTERIORMENTE EN MÉXICO; ASIMISMO, SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA QUE SE ESTABLEZCA UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS ALBERGUES, REFUGIOS Y CASAS DE MEDIO CAMINO ESPECIALIZADOS PARA LAS VÍCTIMAS, OFENDIDOS Y TESTIGOS DE LOS DELITOS, TANTO PÚBLICOS COMO PRIVADOS, QUE ATIENDEN A VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS.
El 8 de marzo pasado, fuimos testigos otra vez más, de un caso en el cual el Estado es cómplice de una tragedia en la cual fallecen personas inocentes por la ausencia de supervisión en relación con las medidas mínimas de protección en albergues provistos para la atención de personas que por algún motivo se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Nos referimos al incendio que sucedió en el albergue Hogar Seguro Virgen de la Asunción en Guatemala, por el cual suman 40 niñas las que han perdido la vida a consecuencia conflagración, misma que al parecer fue causada por las mismas niñas en protesta por los maltratos, vejaciones y abusos sexuales de los que eran objeto en el lugar.
Las versiones apuntan a que las niñas se encontraban bajo llave a raíz de que un día antes se habría registrado un motín en el que cerca de 60 de ellas lograron escapar, y a consecuencia de eso, a modo de castigo, los encargados del albergue habrían cerrado puertas y ventanas, por lo que una vez iniciado el incendio por la protesta, les fue imposible lograr ponerse a salvo.
Es evidente la responsabilidad que tienen los administradores del lugar por su negligencia en las medidas de prevención para el caso de un hecho de esas magnitudes; sin embargo, las autoridades también tienen un alto grado de responsabilidad ante la omisión de superivisión por parte de un centro de atención que contenía a niñas, niños y adolescentes con un sinumero de circunstancias variadas.
Hacinamiento, vejaciones, abusos psicológicos y físicos, incluidos de índole sexual, haber sido incorporadas al albergue de forma irregular, entre otras circunstancias, fueron las causas de las protestas que derivaron en el motín y el incendio suscitado el jueves, sin que las autoridades del estado hayan acusado de recibo ni tomado medidas urgentes encaminadas a proteger los derechos y la integridad de las menores de edad.
Sin duda, las omisiones no solo fueron de instancias de supervisión de medidas de protección, sino también de aquellas encargadas de cerciorarse de las condiciones en que vivían dentro del centro y hasta de las instancias de procuración de justicia a pesar de que se habían denunciado abusos sexuales dentro del lugar sin que ninguna autoridad interviniera.
Son lamentables los hechos acontecidos en nuestro país hermano; sin embargo, ese no es un hecho que hayan vivido únicamente ellos, la ausencia de medidas de supervisión y de atención hacia ese tipo de centros de atención en los cuales se encuentran albergadas un número amplio de personas por alguna circunstancia educativa, de institucionalización, de vulnerabilidad o de abandono, ha desencadenado tragedias o violaciones graves a derechos humanos ha sido también el caso de México.
Aquí, hemos sido testigos de casos similares en los cuales las omisiones de las autoridades para supervisar y actuar ante denuncias interpuestas por ciudadanos han generado hechos luctuosos y lamentables para la sociedad mexicana, con consecuencias difíciles de reparar.
En octubre de 2015, en el cual fueron rescatadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 49 personas, 41 hombres 6 seis adolescentes que, presuntamente era explotadas laboralmente, tales personas estaban ingresadas en un centro de rehabilitación en Iztapalapa, en ese caso, ni las personas de la delegación ni las del gobierno local realizaron verificación alguna al funcionamiento de ese tipo de centros que por sus características son proclives a mantener lo que ahí suceda de forma oculta.
En julio de 2014, salió a la luz el caso del Albergue la Gran Familia, cuya directora era la señora Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, caso en el cual, luego de varias denuncias que acusaban a su directora de retener ilegalmente a varios menores de edad en contra de su voluntad y la de sus padres, la noche del 15 de julio de las autoridades de procuración de justicia lograron entrar al albergue y detener a la directora y otras seis personas, recatándose a 596 personas de las cuales 278 era niños, 174 niñas, 6 bebés y 138 adultos, los cuales eran víctimas de abusos, vejaciones, maltratos físicos, psicológicos y sexuales, todo ello ante la ausencia de las autoridades de los tres nivelesde gobierno para brindar atención.
Por ello surge la inquietud de hacer un exhorto a distintas instancias de gobierno, con el objeto de que cumplan su responsabilidades previstas en las normas generales y de la materia, y realicen las supervisiones y verificaciones pertinentes, que eviten tragedias y violaciones a derechos humanos por la abstención y complicidad de unos cuantos de cumplir con las normas por conveniencia o intereses de que las cosas funcionen indebidamente.
Para el caso de niñas, niños y adolescentes, nuestra Constitución determina la protección más amplia mediante el interés superior de la niñez que“deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales:
El interés superior del menor deberá ser una consideración primordial a que se atenderá que incluye todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas adoptadas por las autoridades administrativas deben evaluarse en función del interés superior del niño.
Para materializar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece el derecho a la vida y a la supervivencia:
Artículo 14.Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo.
De esa forma el derecho a la vida se erige como un derecho a la persona humana, que corresponde a todos los individuos y sin el cual no cabe la existencia de cualquier otro derecho.
De tal manera que el Estado está obligado a llevar a cabo todas las acciones que garanticen el derecho a la vida de las niños, niños y adolescentes.De acuerdo con el artículo 107 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,“las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal establecerán los requisitos para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes privados de cuidado parental o familiar, atendidos en dichos centros”.
Así, las autoridades federales, estatales y municipales deben certificar y supervisar los centros de asistencia social para que cumplan con los requisitos siguientes:
I.Ser administradas por una institución pública o privada, o por una asociación que brinde el servicio de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar;
II.Su infraestructura inmobiliaria deberá cumplir con las dimensiones físicas acordes a los servicios que proporcionan y con las medidas de seguridad y protección civil en términos de la legislación aplicable;
III.Ser acordes con el diseño universal y la accesibilidad en términos de la legislación aplicable;
IV.Contar con medidas de seguridad, protección y vigilancia necesarios para garantizar la comodidad, higiene, espacio idóneo de acuerdo a la edad, sexo o condición física o mental de niñas, niños y adolescentes alojados, de manera tal que se permita un entorno afectivo y libre de violencia, en los términos de las disposiciones aplicables;
V.Alojar y agrupar a niñas, niños y adolescentes de acuerdo a su edad y sexo en las áreas de dormitorios, sin que por ningún motivo éstos puedan ser compartidos por adultos, salvo que necesiten ser asistidos por algún adulto;
VI.Contar con espacios destinados especialmente para cada una de las actividades en las que participen niñas, niños y adolescentes;
VII.Atender los requerimientos establecidos por las autoridades de protección civil, salubridad y asistencia social, y
VIII.Procurar un entorno que provea los apoyos necesarios para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad vivan incluidos en su comunidad.
De lo anterior destaca el hecho de que los centros de asistencia social deben cumplir con ciertos estándares relativos a medidas de seguridad y protección civil en términos de la legislación aplicable.
Cabe destacar que de conformidad con el artículo 112 del mismo cuerpo normativo, las Procuradurías de Protección de las entidades federativas en coordinación con la Procuraduría de Protección Federal, serán las autoridades competentes para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social destinados a brindar los servicios, para lo cual conformarán el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social”.
Lo cierto es que la asistencia social es una actividad que no solo se encarga de ofrecer ayuda a menores de edad, sino que incluye a grupos que por su condición de vulnerabilidad se consideran más desprotegidos.
La Ley General de Salud, en su artículo 167 que la asistencia social es el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.
A su vez el artículo 168 de la misma ley señala que son, entre otras, actividades básicas de Asistencia Social:
La atención a personas que, por sus carencias socio-económicas o por su condición de discapacidadse vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo;
La atención en establecimientos especializados a menores y adultos mayores en estado de abandono o desamparo y personas con discapacidadsin recursos;
El ejercicio de la tutela de los menores, en los términos de las disposiciones legales aplicables.
Otro caso de seres humanos que quedan vulnerables ante este tipo de eventos son las víctimas del delito. En particular, la ley contra la trata de personas, en su artículo 90 señala que es responsabilidad de la Comisión Intersecretarial regular la construcción de albergues, refugios y casas de medio camino especializados para las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos previstos en dicha Ley, donde se garantice un alojamiento digno por el tiempo necesario, asistencia material, médica, psiquiátrica, psicológica, social, alimentación y cuidados atendiendo a sus necesidades y a su evolución.
Es tiempo de recordar las grandes tragedias que han sacudido a nuestra nación. Es momento de apoyar y solidarizarse con Guatemala. Pero también es tiempo de tomar medidas preventivas para que en México no se repitan esta clase de hechos mortales.
En nuestro país casos similares que se han suscitado, se mantienen aún en la impunidad, basta con recordar al menos “Casitas del Sur” en el Distrito Federal y “La Gran Familia” en Michoacán, que no obstante denuncias de maltratos, abusos físicos y otros delitos como la trata de personas con fines de mendicidad forzada, prostitución forzada y adopciones ilegales, presentadas incluso 20 años atrás; hasta la fecha no hay claridad de que se haya hecho justicia para la víctimas, e incluso se desconoce el paradero de muchas de ellas.
Po lo anterior, es oportuno proponer la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a los refugios tanto públicos como privados que atienden a víctimas de trata de personas; pues no obstante que en el caso de México, estos lugares están obligados a informar sobre las acciones y el destino de los recursos públicos y privados que reciben, así como los mecanismos de atención a víctimas de atención a víctimas, no basta con dar por cierto que los datos otorgados sean veraces y se esté cumpliendo con los objetivos planteados.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente propuesta de urgente resolución:
PRIMERO.- Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que instruya a las dependencias de la administración pública federal que correspondan para que se lleven a cabo acciones de supervisión en los centros de asistencia social que atienden niñas, niños y adolescentes y adultos para prevenir tragedias como la sucedida en Guatemala y anteriormente en México.
SEGUNDO.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para que se establezca una Comisión especial para dar seguimiento a los albergues, refugios y casas de medio camino especializados para las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos, tanto públicos como privados, que atienden a víctimas de trata de personas.
Senado de la República, a 16de marzo de 2017.
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69732 INFOMEX

References: Artículo 14
 artículo 107
 artículo 112
 artículo 167
 artículo 168
 artículo 90