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Timestamp: 2019-09-20 05:26:13+00:00

Document:
Sentencia: CE SIII E 14092 DE 2000
El plazo razonable para realizar los estudios técnicos, económicos y jurídicos
CE SIII E 14092 DE 2000
ACCIÓN PÚBLICA DE NULIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 4º DEL DECRETO REGLAMENTARIO 0287 DE 1996
DECRETO REGLAMENTARIO 0287 DE 1996
“Artículo 4 : Cuando la entidad estatal establezca que el plazo del numeral 7º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, previsto originalmente en los pliegos de condiciones o términos de referencia, no garantice el deber de selección objetiva, podrá modificarlo, determinando un nuevo plazo que no podrá exceder del término inicialmente definido.”
¿Puede el Presidente de la República en un decreto reglamentario de la ley 80 de 1993 establecer que cuando la entidad estatal instaure que el plazo previsto originalmente en los pliegos de condiciones o términos de referencia, no garantice el deber de selección objetiva, podrá modificarlo, determinando un nuevo plazo que no podrá exceder del término inicialmente definido, sin violar el numeral 7º del artículo 30 de la ley 80 de 1993 en cuanto establece que en la licitación o concurso, de acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en los pliegos de condiciones o términos de referencia, se señalará el plazo razonable para realizar los estudios técnicos, económicos y jurídicos?
La potestad reglamentaria solo opera para los conceptos jurídicos indeterminados. «(...) La expedición de los decretos, resoluciones y órdenes “necesarios para cumplida ejecución de las leyes” - num 11 art. 189 C. N -, como representación del poder reglamentario nace cuando se da la necesidad mencionada. Por el contrario, cuando la ejecución de la ley es posible por sí sola, porque está completo su sentido y los requisitos para su materialización están determinados en ella no existe la posibilidad legal para el ejercicio de la potestad reglamentaria, por no ser necesaria para su cumplida ejecución.
En el primer evento mencionado, es decir, cuando la ley no contiene todos los conceptos normativos para su ejecución o los fijados resultan, jurídicamente, “indeterminados”, la potestad reglamentaria aparece. (...)»
«(...)De conformidad con lo anterior, y entendido el concepto jurídico indeterminado como aquel que no demarca el ámbito de realidad al que refiere el legislador de una manera precisa e inequívoca, la Sala encuentra que la frase “plazo razonable” contenida en la norma reglamentada constituye un concepto jurídico indeterminado.
La concreción del plazo razonable “dentro del cual la entidad deberá elaborar los estudios técnicos, económicos y jurídicos necesarios para la evaluación de las propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables” pende, entre otros, de hechos futuros e inciertos.
No tiene duda lo anterior por cuanto el decreto reglamentario tuvo en cuenta el espíritu de la norma reglamentada cuando aludió al plazo razonable, es decir “justo, conforme a la razón”, referido a cuando por la realidad de los hechos sobrevinientes (cuantitativos y cualitativos explicados) el inicialmente pactado era insuficiente. (...)»
El Presidente de la República puede en un decreto reglamentario de la ley 80 de 1993 establecer que cuando la entidad estatal instaure que el plazo previsto originalmente en los pliegos de condiciones o términos de referencia, no garantice el deber de selección objetiva, podrá modificarlo, determinando un nuevo plazo que no podrá exceder del término inicialmente definido, sin violar el numeral 7º del artículo 30 de la ley 80 de 1993 en cuanto establece que en la licitación o concurso, de acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en los pliegos de condiciones o términos de referencia, se señalará el plazo razonable para realizar los estudios técnicos, económicos y jurídicos, porque:
El poder reglamentario se justifica cuando es necesario para cumplida ejecución de las leyes, es decir, cuando la ley no contiene todos los conceptos normativos para su ejecución o los fijados resultan, jurídicamente, indeterminados.
La frase “plazo razonable” contenida en la norma reglamentada constituye un concepto jurídico indeterminado.
La concreción del plazo razonable dentro del cual la entidad deberá elaborar los estudios técnicos, económicos y jurídicos necesarios para la evaluación de las propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables” depende, entre otros, de hechos futuros e inciertos.
NIÉGASE la pretensión de nulidad formulada respecto del artículo 4 del decreto reglamentario 0287 del 9 de febrero de 1996, proferido por el Presidente de la República, contenida en forma doble en las demandas que dieron origen a los procesos Nos. 12.038 y 14.092, acumulados.
Numeral 7º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993
Plazo razonable para elaborar los estudios técnicos, económicos y jurídicos. «(...) La expresión “plazo razonable” del numeral 7º del artículo 30 de la ley 80 de 1993 tiene las siguientes características: (i) no fue definido por el legislador; (ii) fue condicionado para su fijación a “la naturaleza, objeto y cuantía del contrato” y delimitado, en forma indeterminada, en cuanto dentro de él “la entidad deberá elaborar los estudios técnicos, económicos y jurídicos necesarios para la evaluación de las propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables”; y (iii) sea cual fuere el sentido de “plazo razonable”, condiciona a la Administración en las etapas subsiguientes del procedimiento licitatorio o de concurso, en el desarrollo de otros procederes suyos (adjudicación y suscripción del contrato), según el caso. (...)»
Ficha: El plazo razonable para realizar los estudios técnicos, económicos y jurídicos ..
El plazo razonable para realizar los estudios técnicos, económicos y jurídicos ..
Consejo de Estado - CP Maria Elena - Contencioso Administrativo - Sección Tercera - i de Junio de 2

References: ARTÍCULO 4
 artículo 30
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 artículo 4
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