Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2006/A065-06.htm
Timestamp: 2017-11-18 01:00:47+00:00

Document:
Auto 065/06
Referencia: expediente I.C.C. 964
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero (1) de Menores de Bucaramanga y el Juzgado Segundo (2) Penal del Circuito Especializado de Cúcuta en la tutela promovida por la ciudadana Olga Lucía Ardila Galvis contra la E.S.E. Francisco de Paula Santander.
Provee la Corte, en relación con el Conflicto de Competencia suscitado entre el Juzgado Primero (1) de Menores de Bucaramanga y el Juzgado Segundo (2) Penal del Circuito Especializado de Cúcuta, en la tutela promovida por la ciudadana Olga Lucía Ardila Galvis contra la E.S.E. Francisco de Paula Santander.
1.- La ciudadana Olga Lucía Ardila Galvis interpuso acción de tutela el veintidós (22) de diciembre de dos mil cinco (2005), ante el Juez Penal Municipal (reparto) de Bucaramanga contra la E.S.E. Francisco de Paula Santander. Considera la demandante, que dicha entidad vulneró sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y a su mínimo vital.
2.- Mediante auto del veintitrés (23) de diciembre de dos mil cinco (2005), el Juzgado Primero (1) de Menores resolvió rechazar la solicitud de tutela presentada por la accionante y enviar la actuación surtida a los Juzgados del Circuito del Distrito Judicial de Cúcuta. Consideró para ello que: “Sería esta la oportunidad de avocar el conocimiento de la presente demanda de Acción de Tutela interpuesta por la ciudadana OLGA LUCÍA ARDILA GALVIS, sino advirtiera el Despacho que no somos competentes para ello, como quiera que la misma se impetra en contra de la E.S.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, quien tiene su asiento administrativo en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander), y es allí desde donde se proveen los salarios que reclama el accionante; luego, de conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que establece “son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.”, remítase por competencia las presentes diligencias a la Oficina de Apoyo a fin de que sea repartida entre los juzgados con categoría de circuito, proponiéndose desde ya colisión negativa de competencia en el evento que el juzgado a que le corresponda por reparto no comparta esta determinación.” (fl. 10)
3.- El Juzgado Segundo (2) Penal del Circuito Especializado de Cúcuta, mediante providencia del tres (3) de enero de dos mil seis (2006), se declaró incompetente para dar trámite a la acción de tutela de la referencia en consideración a lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que dice: “Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud(...).”
Consideró que, dado que la acción de tutela fue interpuesta en la ciudad de Bucaramanga, domicilio de la peticionaria y en el que se materializa la vulneración de sus derechos, la competencia recae en los juzgados del circuito de dicho municipio.
“Por considerar que es allí donde se presenta el agravio de sus derechos, tal elección debe respetarse, siendo competente en ese orden de ideas para tramitar la acción pública, los juzgados con categoría de circuito de la ciudad de Bucaramanga (Santander).” (fl. 14)
Asimismo, esta Corporación ha señalado que los conflictos de competencia que se susciten entre diversas instancias judiciales de la misma especialidad, como jueces de tutela, deben ser resueltos por su superior jerárquico común, si éste existe.
2.- Atendiendo entonces lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 270 de 1996 y al criterio funcional de la jurisdicción constitucional, en el presente conflicto de competencia el superior jerárquico común del Juzgado Primero (1) de Menores de Bucaramanga y el Juzgado Segundo (2) Penal del Circuito Especializado de Cúcuta es la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, es ésta quien, en principio, debería conocer del presente conflicto.
3.- La resolución de los conflictos de competencia debe atender los principios básicos que orienten la protección de los derechos fundamentales como uno de los objetivos principales de la Constitución Política. Es así que, de manera excepcional y en atención a los principios de celeridad del procedimiento de tutela, acceso efectivo a la administración de justicia y eficacia de los derechos fundamentales, corresponde a esta Corporación pronunciarse sobre los mismos.
2.- El decreto 1382 de 2000, por el cual se establecen las reglas para el reparto de la acción de tutela, prescribe que: “A los Jueces del Circuito o con categorías de tales, le serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental.” (art. 1º, num.1º). En el caso bajo estudio, la entidad demandada es la E.S.E. Francisco de Paula Santander y ambos Jueces sostienen tesis hermenéuticas diversas. Con el objeto de determinar, el Juez competente, para conocer este caso, será necesario estudiar el carácter jurídico otorgado a la Empresa Social del Estado por el Decreto 1750 de 2003, mediante la cual fue creada la institución.
3.- Así las cosas, el Decreto 1750 de 2003, “por el cual se escinde el Instituto de Seguros Sociales y se crean unas Empresas Sociales del Estado”, señala en su artículo segundo el carácter jurídico de la entidad de la siguiente manera: “Créanse las siguientes Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada del nivel nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscritas al Ministerio de la Protección Social, y cuyas denominaciones son: 1. Empresa Social del Estado Rafael Uribe Uribe; 2. Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla; 3. Empresa Social del Estado Antonio Nariño; 4. Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento; 5. Empresa Social del Estado Policarpa Salavarrieta; 6. Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander; y, 7. Empresa Social del Estado Rita Arango Alvarez del Pino.” (Subrayado fuera del texto).
En el mismo sentido, cabe señalar, que la Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander tiene por objeto “la prestación de los Servicios de Salud como servicio público esencial a cargo del estado o como parte del servicio público de la Seguridad Social, en los términos del artículo 194 de la ley 100/93.” Su sede central se encuentra ubicada en la ciudad San José de Cúcuta y, a su vez, abarca la red de prestadores del Nororiente Colombiano –Departamento de Santander, Arauca y Norte de Santander. Del mismo modo, está constituida por 4 unidades hospitalarias y 16 centros de Atención Ambulatoria. Cuenta también con una red de prestadores de servicios en los niveles I, II y III de complejidad dentro del Sistema de Seguridad Social de Salud Colombiano, en donde su área de influencia se encuentra en los Departamentos de Arauca: CAA Arauca; Departamento de Santander: Clínica Comuneros, Clínica Primero de Mayo, CAA Norte, CAA Central, CAA Oriente, CAA Bucarica-Floridablanca, CAA Barbosa, CAA San Gil, CAA Socorro, CAA Puerto Wilches, CAA Lebrija, CAA Girón, CAA Piedecuesta; Departamento de Norte de Santander: Clínica Cúcuta, CAA Atalaya, CAA Patios, CAA Santa Ana (Ocaña) y CAA Pamplona.[2]
4.- Bajo este derrotero, cabe anotar que en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998: “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, se definieron los organismos que hacen parte del sector descentralizado por servicios del orden nacional así:
5.- Por lo anterior y con el objeto de determinar la competencia en el conflicto de la referencia, es importante hacer alusión a la naturaleza jurídica de la E.S.E. Francisco de Paula Santander. Con esto, podemos establecer que dicha entidad es una Empresa Social del Estado, con una categoría especial de entidad pública descentralizada del nivel nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de la Protección Social.
6.- De este modo, el Decreto 1382 de 2000, prescribe que corresponde a los Jueces de Circuito, o con categoría de tales, el conocimiento en primera instancia de las acciones de tutela que sean presentadas contra cualquier autoridad u organismo del sector descentralizado del orden Nacional, así, la Empresa Social del Estado aludida cumple con esta esencial característica. De esta manera, son competentes a prevención para conocer las acciones de tutela que estén dirigidas contra la E.S.E. Francisco de Paula Santander los Jueces de Circuito, o con categoría de tales, del lugar donde ocurrió la violación o amenaza de vulneración que motivó la interposición de la acción constitucional o en el caso bajo estudio, los Jueces del Circuito, o con categoría de tales, del domicilio de la parte demandante.
7.- Ahora bien, el del Decreto 2272 de 1989: “Por el cual se organiza la Jurisdicción de Familia, se crean unos Despachos judiciales y se dictan otras disposiciones”, en el artículo 15 del capítulo sexto dispuso que: “Para ser Juez de Familia se exigen los mismos requisitos que para ser Juez de Circuito. Estos tendrán igual categoría y remuneración”. Igualmente, en el artículo 4 del capítulo segundo denominado: “De los Juzgados de Familia”, manifestó que: “Los jueces civiles y promiscuos de menores se denominarán en adelante jueces de familia y promiscuos de familia. }
Los jueces penales de menores se denominarán en adelante jueces de menores y seguirán ejerciendo sus funciones de acuerdo con la competencia establecida por la Ley.”. A la par, en uno de los apartes del artículo catorce del capítulo quinto prevé lo siguiente:“Circuito Judicial de Bucaramanga”, (...)Créase un (1) Juzgado de Menores con la siguiente planta de personal: 1 Juez Grado 17, 1 Secretario 10, 1 Oficial Mayor 09, 1 Auxiliar Judicial 09, 1 Asistente Social 09, 1 Escribiente 05, 1 Citador 04.” (Subrayado fuera del texto)
Así las cosas, el ordenamiento legal colombiano ha determinado que los jueces de familia ostentan la misma categoría de los jueces del circuito. Punto menos, los jueces de menores, se encuentran circunscritos en un mismo contexto normativo al de los jueces de familia, tal como lo determina el Capítulo II del Decreto 2272 de 1989. De la misma manera, la denominación de su cargo así como su clasificación gradual en la escala salarial confirma que los jueces de menores, en atención a su naturaleza jurídica, tendrán igual categoría y remuneración que la de los jueces del circuito.
8.- A este tenor, la normatividad que define el carácter jurídico de la E.S.E. Francisco de Paula Santander corresponde a los Jueces del Circuito, o con categoría de tales, el conocimiento en primera instancia de las acciones de tutela que sean interpuestas contra esta entidad.
9.- Finalmente, pese a que la entidad contra la cual se dirige esta acción de tutela tiene su sede administrativa en la ciudad de San José de Cúcuta, no se opone a que la actora de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y el Decreto 1382 de 2000 a prevención tramite su pretensión ante los Jueces de Circuito, o con categoría de tales de su domicilio.
Por lo tanto y en virtud de lo anterior, esta Corporación ordenará remitir el expediente al Juzgado Primero (1) de Menores de Bucaramanga para que asuma el conocimiento de la actuación.
Remítase el expediente contentivo de la acción de tutela propuesta por la ciudadana Olga Lucía Ardila Galvis al Juzgado Primero (1) de Menores de Bucaramanga, para que la tramite y decida en forma inmediata.
Salvamento de voto al Auto 065/06
Referencia: expediente ICC-964
Peticionario: OLGA LUCIA ARDILA GALVIS
[2] www.esefransciscodepaulasantander.gov.co/reseña/historica.

References: artículo 37
 artículo 37
 artículo 18
 resolución 
 artículo 194
 artículo 38
 artículo 189
 artículo 15
 artículo 4