Source: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2003/134/1
Timestamp: 2017-07-21 12:53:10+00:00

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Es notorio que en las últimas décadas vivimos una auténtica revolución de las tecnologías de la información. El fenómeno se hace patente en casi todos los ámbitos de la vida y, como no podía ser de otro modo, tiene profundo eco en las relaciones que traban las distintas Administraciones Públicas entre sí y con los ciudadanos. Las nuevas tecnologías han revolucionado la recogida de información por parte de las Administraciones Públicas, su tratamiento y la forma en que éstas pueden divulgarla y hacerla accesible; asimismo, la introducción y el progresivo uso de las nuevas tecnologías ha modificado el modus operandi de la actividad administrativa desde el punto de vista de los medios materiales a través de los que dicha actividad se instrumenta. También se advierte de forma creciente que el uso de redes de telecomunicación permit entablar relaciones jurídicas con los ciudadanos de forma más ágil e inmediata, abriendo una vía de excepcional potencial para apurar, hasta sus últimas consecuencias, el principio de eficacia en la actuación administrativa que proclama el artículo 103.1 de la Constitución.
Esta idea ha tenido su reflejo en la acción de gobierno mediante dos instrumentos claves: el Plan de Iniciativas Estratégicas para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Andalucía (i*landalus) y el Plan Director de Organización para la Calidad de los Servicios (PLADOCS). Ambos responden a la misma filosofía y pretenden servir de motores para la más rápida introducción del tejido social y económico andaluz, por una parte, y de la Administración de la Comunidad Autónoma, por otra, en la sociedad de la información y el conocimiento.
Se abordan así dos medidas esenciales de la iniciativa e- Europe: alcanzar una Administración en línea con servicios públicos de calidad y una salud en línea, con una estrategia digital en el sistema sanitario público de Andalucía capaz de llevar a la red la mayor parte de los servicios sanitarios.
Para lograr estos objetivos el Decreto regula los instrumentos básicos que van a hacer posible el desarrollo de la
"administración electrónica" en la Junta de Andalucía: el registro telemático único y la utilización generalizada de la firma electrónica. A ello se añaden las necesarias garantías jurídicas y técnicas para que el sistema sea viable y los ciudadanos puedan acceder sin dificultad tanto a los nuevos servicios en línea como a toda la información disponible en la red.
Todo ello incide de forma notable en el ámbito de las
relaciones administrativas tradicionales y determina la necesidad de aprobar normas jurídicas que disciplinen el modo y las técnicas con los que ajustar esta nueva realidad al ámbito del régimen de las Administraciones Públicas y del
Disposición Derogatoria Unica. Derogación de disposiciones.
Las referencias que se hacen a la Consejería de Gobernación en los Decretos 260/1988, de 2 de agosto, por el que se
desarrollan atribuciones para la racionalización administrativa de la Junta de Andalucía; Decreto 262/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de Andalucía; Decreto 104/1992, de 9 de junio, sobre coordinación de la elaboración y desarrollo de la Política Informática de la Junta de Andalucía; y, Decreto 204/1995, de
29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos, se entenderán referidas a la Consejería de Justicia y Administración Pública.
Administración Pública para dictar las normas de desarrollo y ejecución de este Decreto.
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CUYA TRAMITACION PUEDE HACERSE POR MEDIOS ELECTRONICOS (INTERNET)
Instituto Andaluz de la Juventud (Consejería de la Presidencia) Procedimiento para la obtención del Carné Joven Euro ' 26 de Andalucía.
Procedimiento para la obtención de subvenciones en materia de infraestructura turística.
Procedimiento para la autoliquidación y pago por banca
electrónica del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en transmisión entre particulares de vehículos usados (modelo 621).
Procedimiento para la solicitud de cursos de formación
Procedimiento para la obtención de datos de efectivos
productivos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas.
Procedimiento para la solicitud de tarjeta sanitaria.
Procedimiento para la elección de médico y centro de atención primaria por desplazamiento por tiempo superior a un mes e inferior a un año.
Procedimiento para la obtención de licencias de caza y pesca continental.
Procedimiento para la presentación del certificado de
destrucción de vehículos al final de su vida útil.
Procedimiento para la obtención de la tarjeta "Andalucíajunta sesentaycinco".
Procedimiento para la expedición del título de familia
Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Consejería de Asuntos Sociales)
Procedimiento para la obtención de pensiones no contributivas.
SERVICIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL CIUDADANO QUE PUEDEN OBTENERSE EN RED
Consejería de Economía y Hacienda Consultas de expedientes de gastos y pagos por terceros.
Descarga de programas informáticos de autoliquidación
Presentación de la Hoja de Sugerencias y Reclamaciones.
Instituto Andaluz de Administración Pública (Consejería de Justicia y Administración Pública)
Solicitud de admisión a pruebas de acceso a la Función Pública gestionadas por el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP).
Consejería de Obra Públicas y Transportes
Consulta de expedientes de ayudas del sector protegido de la vivienda.
Información sobre las pruebas para la obtención del certificado de capacitación profesional de las actividades de
transportista, auxiliares y complementarias del transporte por carretera.
Servicio de información en línea del estado de la tramitación y pago de los expedientes de ayuda por Superficie y Primas Ganaderas.
Asignación actualizada de derechos individuales a Primas Ovino- Caprino y Vacas Nodrizas.
Gestión personalizada de datos de los usuarios del Sistema Andaluz de Salud.
Ayudas en el marco de los Planes Andaluces de Investigación.
Consulta de situación de contratos.
Suscripción al boletín electrónico semanal "Noticias
Ambientales" y al servicio de envío de avisos por correo electrónico de publicación en el servidor web de las revistas "Aula verde", "Medio Ambiente" o el boletín "Noticias de la RENPA".
Consulta en línea de analíticas del Corredor Verde del
PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO DE USUARIO X.509.V3 EXPEDIDO POR LA FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE- REAL CASA DE LA MONEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO SUSCRITO POR LA CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA EL 26 DE JULIO DE 2002
a) Podrán solicitar certificado de usuario X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda las personas físicas que posean un Documento Nacional de Identidad (DNI) y las personas jurídicas que posean Número de Identificación Fiscal (NIF). Cuando el solicitante sea
extranjero, y no posea el NIF, deberá estar en posesión del Número de Identificación de Extranjeros (NIE).
c) Una vez obtenido el código de solicitud de certificado del interesado, éste deberá personarse en una oficina de la relación que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda tendrá disponible en su sitio web
http://www.cert.fnmt.es para proceder de la siguiente manera: Si el titular del certificado es una persona física deberá aportar:
Con esta operación la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, con el código de solicitud del certificado, descargará en el navegador del solicitante los datos públicos del certificado, a saber: datos identificativos propios del certificado y firma acreditativa de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. Este certificado, junto con la pareja de claves (pública y privada) que posee en el navegador el titular del certificado, debidamente verificado e instalado, servirá para que sea operativo. Hay que destacar que las medidas a adoptar en tal sentido se incardinan fundamentalmente en el concepto de "procedimiento administrativo común". Así se deriva de la naturaleza de las cuestiones a abordar, como lo prueba la legislación europea, estatal y de las Comunidades Autónomas producida hasta el momento. El referido concepto conecta con un título
competencial del Estado, enunciado en el artículo 149.1.18.ª de la CE; mas hay que tener en cuenta, por una parte, lo previsto en el Estatuto de Autonomía para Andalucía sobre la competencia de esta Comunidad Autónoma en materia de régimen jurídico (art.
15.1.1.ª) y de procedimiento administrativo derivado de las especialidades de su organización (art..4), y de otra parte, que el propio artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, abre a las distintas Administraciones Públicas, con la mayor amplitud, la posibilidad e incluso el deber de impulsar "el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos", sin otro límite que el de respetar, como es lógico, el propio régimen sustantivo de las instituciones y figuras del procedimiento que sean objeto de dinamización por dichos medios.
En consonancia con lo anterior y de acuerdo con las
modificaciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, operadas por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, el presente Decreto regula la prestación de servicios de información y de atención ciudadana por la Administración de la Junta de Andalucía, así como la tramitación de procedimientos administrativos a través de medios electrónicos.
En este sentido, mención especial merece el deseo simplificador que impregna la norma, a fin de evitar a los ciudadanos la aportación de documentos que no sean estrictamente necesarios o bien que se puedan obtener en formato electrónico directamente de otras Administraciones, con las debidas garantías en cuanto a la protección de datos personales. Se marca así una línea de trabajo cara al futuro para reducir y simplificar los
procedimientos administrativos y facilitar de este modo el acceso de los ciudadanos a los servicios que presta la
Por lo que atañe a su estructura, el Decreto consta de
diecinueve artículos, agrupados en seis capítulos, con cinco disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una derogatoria y tres finales, a las que se añaden tres anexos.
En el capítulo III se crea el Registro telemático único de la Junta de Andalucía y se regula su funcionamiento como servicio disponible veinticuatro horas todos los días del año. Esto permitirá la recepción de documentos electrónicos enviados desde cualquier lugar y en cualquier momento. El Registro emitirá un justificante de la recepción de los documentos presentados por el interesado en el que se hará constar el asiento de entrada. Así mismo se regula el archivo de
documentos electrónicos y su acceso y consulta.
En el capítulo VI se recoge el régimen de aprobación y
homologación de las aplicaciones, programas, medios y soportes, pues el funcionamiento del sistema exige una gran homogeneidad y compatibilidad.
En cuanto a las disposiciones de la parte final, son de destacar la disposición adicional primera, por cuanto
posibilita que las Universidades públicas y Entidades Locales de Andalucía, así como el Parlamento, el Defensor del Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas se incorporen al sistema de prestación de servicios públicos electrónicos, mediante el oportuno Convenio; la disposición adicional segunda, que prevé la entrada en funcionamiento del Registro telemático a las cero horas del día siguiente al de entrada en vigor del Decreto, momento este en que podrán tramitarse a través de Internet los procedimientos señalados en el Anexo I, conforme a lo
establecido en la disposición adicional cuarta, y estarán disponibles los servicios del Anexo II, tal como indica la disposición adicional quinta; y la disposición adicional tercera mediante la que se crea el Registro telemático
tributario dadas las especialidades procedimentales propias de esta rama del derecho en nuestro ordenamiento.
2. Asimismo, será de aplicación a las demás entidades
vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía, contempladas en los artículos 6 y 6 bis de la Ley
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en tanto ejerciten potestades administrativas.
1. La presente disposición regula la prestación de servicios de información y de atención al ciudadano por los órganos, unidades y entidades a las que se refiere el artículo 1, así como la tramitación de procedimientos administrativos a través de redes abiertas de telecomunicación, incluyéndose en la presente regulación las relaciones con las demás
Administraciones y entidades públicas cuando actúen como usuarios de los servicios o como interesados en los
procedimientos a los que resulte de aplicación este Decreto. Asimismo, regula la utilización de medios y técnicas
electrónicas e informáticas relacionados con el objeto del presente Decreto, en particular el Registro telemático y los sistemas de acreditación y firma electrónica que permitan garantizar la autenticidad, seguridad y confidencialidad de las relaciones a las que se refiere este Decreto.
Además de las definiciones contenidas en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma
electrónica, a los efectos del presente Decreto serán de aplicación las que se establecen a continuación:
a) "Medios electrónicos": mecanismo, equipo, instalación o sistema de tratamiento de la información que permite producir, almacenar o transmitir datos o información susceptible de incorporarse a un documento electrónico.
b) "Documento electrónico": entidad identificada y estructurada producida por medios informáticos que contiene texto, gráficos, sonido, imágenes o cualquier otra clase de información que puede ser visualizada, editada, almacenada, transmitida, extraída e intercambiada entre los usuarios de redes abiertas de telecomunicación como unidad diferenciada.
c) "Redes abiertas de telecomunicación": infraestructura de telecomunicación libremente accesible por cualquier usuario de los servicios que permiten la transmisión e intercambio de datos y el acceso a la información disponible en Internet mediante su conexión a medios informáticos.
d) "Soporte informático": medio informático en el que es posible grabar y recuperar documentos electrónicos.
e) "Aplicación": programa o conjunto de programas informáticos que tienen por objeto el tratamiento electrónico de la
f) "Consignación electrónica de fecha y hora": sistema o servicio proporcionado por un prestador de esta clase de servicios que permite acreditar el momento exacto en que la comunicación de un documento electrónico se produce y se accede a él por parte del destinatario.
Artículo 4. Garantías generales de carácter sustantivo.
1. La prestación de los servicios y las relaciones que
mantengan los órganos, unidades y entidades a las que se refiere el artículo 1 a través de redes abiertas de
telecomunicación se desarrollará de conformidad con la
legislación que regula el tratamiento automatizado de la información y, en especial, con respeto a las normas sobre intimidad y confidencialidad de las relaciones en los términos establecidos por la legislación sobre protección de datos y derechos sobre la propiedad intelectual, así como la relativa a los servicios de la sociedad de la información.
2. Los datos de carácter personal que la Administración obtenga por el solo hecho de que los ciudadanos realicen consultas o reciban información a través de redes abiertas de
telecomunicación no podrán formar parte de un fichero o base de datos administrativa, salvo autorización expresa del
interesado, sin perjuicio de que se puedan utilizar datos que no tengan carácter personal con fines estadísticos.
1. Los principios que rigen las relaciones que mantengan los órganos, unidades y entidades a las que se refiere el artículo
1 con los ciudadanos y con otras Administraciones Públicas a través de redes abiertas de telecomunicación son los de simplificación y agilización de los trámites, gratuidad, libre acceso, confidencialidad, y de seguridad y autenticidad en orden a la identificación de las partes y el objeto de la comunicación.
5. Las distintas Consejerías, organismos y entidades
comprendidas en la presente disposición deberán actualizar permanentemente la información puesta a disposición del público a través de redes abiertas de telecomunicación, con expresa indicación de la última fecha de actualización en cada caso. Artículo 6. Portal www.andaluciajunta.es.
Artículo 7. Servicios de información y de atención al
1. La información y documentación puesta a disposición del público por la Administración de la Junta de Andalucía a través de redes abiertas de telecomunicación, para cuyo acceso no será preciso utilizar ninguna modalidad de firma electrónica, no implica sustitución ni detrimento de la atención personalizada a prestar en las oficinas públicas dependientes de la Junta de Andalucía, o por cualquier otro medio, que continuará
rigiéndose en todo lo no dispuesto en la presente norma por lo establecido en el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios
administrativos de atención directa a los ciudadanos.
Asimismo, la información puesta a disposición del público comprenderá la relativa a los procedimientos administrativos que se tramitan por la Administración de la Junta de Andalucía, con indicación del plazo de resolución y del sentido del silencio; los principales formularios que en los mismos sean de aplicación y de cuáles de esos procedimientos, y qué fases de los mismos, pueden tramitarse a través de la red; así como la información sobre contratación administrativa en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, con inclusión de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas, generales y particulares, y de los anuncios de licitación que se
3. La difusión de información o documentación a través de redes abiertas de telecomunicación no eximirá del deber de publicar en los diarios oficiales correspondientes los actos jurídicos y disposiciones normativas cuando así esté legalmente
Artículo 8. Reclamaciones, sugerencias y peticiones concretas de documentación o información.
1. Los órganos, unidades y entidades incluidos en el artículo 1 atenderán a través de la red las peticiones concretas de documentación o información que no hayan sido previamente puestas a disposición del público y que puedan formular los ciudadanos y las distintas Administraciones públicas u otros organismos. Estas peticiones dirigidas por medios electrónicos a los órganos, organismos o entidades competentes en la materia se enviarán a través de las respectivas direcciones
electrónicas que a tal efecto figuren señaladas en el portal oficial
de la Junta de Andalucía al que se refiere el artículo 6 de este Decreto.
2. La formulación de reclamaciones y sugerencias por medios electrónicos se rige, en cuanto a su tramitación,
por lo dispuesto en el Decreto 262/1988, de 2 de agosto, por el que se establece el Libro de sugerencias y reclamaciones de la Junta de Andalucía y demás normativa que resulte de aplicación.
3. La presentación de sugerencias y de peticiones concretas de documentos o de información podrá requerir de alguna modalidad de firma electrónica que sea acreditativa de la identidad de quien la formule en los términos establecidos en los apartados
2 y 3 del artículo 12 de este Decreto. La presentación de reclamaciones deberá acompañarse, en todo caso, de algún tipo de firma electrónica por parte del reclamante.
Artículo 9. Creación, gestión y régimen general de
funcionamiento del Registro telemático.
1. Para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos en esta norma y la prestación de los servicios que en ella se contemplan se crea un Registro telemático único, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición adicional tercera. Dicho Registro sólo estará habilitado para la
recepción o transmisión de documentos electrónicos relativos a las actividades, servicios o procedimientos contemplados en la presente disposición y permitirá la entrada y salida de documentos electrónicos a través de cualquier soporte
reconocido según lo previsto en el artículo 18.
2. La administración de usuarios y el mantenimiento de los medios técnicos correspondientes al servidor central del Registro telemático es competencia de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Las
cuestiones relativas a las dudas o discrepancias que se produzcan acerca de la emisión o recepción de documentos electrónicos en este Registro las resolverá el órgano,
organismo o entidad competente para la tramitación del
documento electrónico de que se trate.
3. El Registro telemático permitirá la entrada de documentos electrónicos a través de redes abiertas de telecomunicación todos los días del año durante las veinticuatro horas. La fecha de entrada o salida de los documentos electrónicos en el Registro se acreditará mediante un servicio de consignación electrónica de fecha y hora. Dicha fecha producirá los efectos que la legislación sobre procedimiento administrativo común le atribuya en orden al cómputo de los términos y plazos en el seno del procedimiento administrativo. A efectos del cómputo de dichos términos y plazos, se entenderá que la recepción de documentos electrónicos en un día inhábil en el ámbito
territorial del órgano competente para tramitarlo surtirá sus efectos el primer día hábil siguiente, siendo ésta la fecha en la que el documento ha tenido entrada en el Registro del órgano competente para su tramitación.
4. La recepción de documentos electrónicos en el Registro telemático se producirá automáticamente. Los asientos de entrada practicados en el Registro telemático especificarán, para cada documento electrónico, un número de referencia, el asunto al que se refiere, la fecha de recepción del documento, el epígrafe expresivo de la naturaleza, órgano administrativo al que se dirige, hora de presentación y una descripción sucinta del asunto. Asimismo, si el interesado hubiese elegido la notificación electrónica como medio de notificación
preferente, se realizará el correspondiente asiento de salida en la misma forma.
5. El Registro telemático emitirá automáticamente un
justificante de la recepción de los documentos electrónicos presentados por los interesados en el que se dará constancia del asiento de entrada que se asigne al documento. Dicho justificante se hará llegar al destinatario a la dirección electrónica que éste haya indicado en el momento inmediatamente posterior al que tenga lugar el asiento del documento recibido.
6. Los documentos electrónicos transmitidos a través del Registro telemático serán válidos a todos los efectos legales siempre que quede acreditada su autenticidad, integridad, conservación, identidad del autor y, en su caso, la recepción por el interesado, en la forma prevista para cada caso o tipo de actuación en el artículo 12 de este Decreto.
Artículo 10. Archivo de documentos electrónicos.
1. Los documentos electrónicos que se reciban y transmitan a través del Registro telemático único serán archivados y custodiados en medios o soportes electrónicos por los
responsables de la gestión de los servidores de dicho Registro. Para su archivo podrá utilizarse el mismo formato o soporte en el que se originó el documento electrónico originario o cualquier otro que asegure la identidad e integridad de la información que el documento contenga.
3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores, lo es sin perjuicio de la obligación del órgano que tramite el
procedimiento de archivar la copia del documento electrónico que se le haga llegar, así como de las obligaciones de
transferencia de estos documentos a los archivos centrales en los supuestos que dispone la normativa de archivos aplicable.
Artículo 11. Acceso a documentos electrónicos y copias.
1. El acceso a los documentos almacenados por medios o en soportes electrónicos o informáticos, ya se encuentren
archivados en el Registro telemático único, ya en los Registros generales de cada Consejería, organismo o entidad, se regirá por lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y por la Ley Orgánica
Artículo 12. Requisitos del sistema.
1. La transmisión y recepción de información en red o de documentos electrónicos entre los órganos, unidades y entidades a los que refiere el artículo 1 o entre éstos y los ciudadanos u otras Administraciones Públicas podrá realizarse a través de los medios y soportes electrónicos a los que se
refiere este Decreto siempre que se garantice, en todo caso, el cumplimiento de los siguientes requisitos:
2. Cuando la relación que se establezca consista en la
solicitud de información personalizada a los órganos, unidades y entidades a los que se refiere el artículo 1 sobre documentos y datos que no hayan sido previamente puestos a disposición del público se exigirá, además:
b) que se identifique fidedignamente al remitente y
3. Cuando los medios, documentos y soportes electrónicos a los que se refiere el Decreto vayan a ser utilizados en las relaciones jurídico-administrativas que contempla esta
disposición y, concretamente, en las comunicaciones entre el interesado y los órganos, unidades y entidades a los que se refiere el artículo 1 que se deban producir en la tramitación de procedimientos administrativos a través de redes de
telecomunicación, se exigirá, además de todo lo anterior:
b) Que dicha firma se acompañe de un dispositivo o
servicio de consignación de fecha y hora que permita acreditar el momento exacto en la que la comunicación se produce y que, a su vez, permita evitar el rechazo de dicha comunicación por el remitente o el destinatario.
4. La Administración velará para que el funcionamiento de los sistemas se realice de acuerdo a unas políticas adecuadas de seguridad, de autenticación, de firma electrónica, emisión de sellos de tiempo y recibos electrónicos. Igualmente, los servidores informáticos funcionarán bajo el uso de un
certificado de componente emitido por un proveedor de servicios de certificación electrónica habilitado de conformidad con el Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica.
Artículo 13. Firma electrónica avanzada.
1. Para entablar alguna de las relaciones a las que se refiere el apartado 3 del artículo 12 de este Decreto las partes intervinientes tendrán que disponer de un certificado
reconocido de usuario que les habilite para utilizar una firma electrónica avanzada. De conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y en el Real Decreto 1317/2001, de 30 de noviembre, que desarrolla dicho precepto, los interesados podrán solicitar dichos certificados siguiendo el procedimiento establecido en el Anexo III del Decreto. No obstante, los certificados que pueden expedirse por la entidad acreditada en dicho Anexo no excluye que los servicios de certificación y expedición de firmas electrónicas avanzadas sean prestados por cualquier otro proveedor de servicios de certificación electrónica habilitado de
conformidad con el Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de
septiembre, sobre firma electrónica.
3. En los documentos electrónicos producidos por la
Administración de la Junta de Andalucía que se acompañen de una firma electrónica avanzada se garantizará, mediante el oportuno sistema de protección de códigos, que dicha firma sólo pueda ser empleada por los signatarios o sistemas debidamente autorizados en razón de sus competencias o funciones.
4. La Consejería de Justicia y Administración Pública, previo informe del Consejo Interdepartamental de Informática, podrá aprobar las condiciones adicionales que se consideren
necesarias para salvaguardar las garantías de cada
procedimiento administrativo en el que se utilice la firma electrónica avanzada, así como el régimen o los regímenes especiales de utilización de la firma en las relaciones que afecten a la seguridad pública. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de
septiembre, sobre firma electrónica, dichas condiciones serán objetivas, razonables y no discriminatorias, y no
obstaculizarán la prestación de servicios a los ciudadanos cuando en dicha prestación intervengan distintas
Administraciones Públicas, nacionales o extranjeras.
Artículo 14. Validez y eficacia de los actos y escritos electrónicos o informáticos.
1. Los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios electrónicos o informáticos por los órganos, organismos o entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este Decreto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, serán válidos siempre que garanticen su autenticidad, integridad, conservación y demás garantías y requisitos exigidos por la normativa aplicable. Desplegarán su eficacia cuando sean recibidos por sus
Artículo 15. Notificaciones mediante medios electrónicos o informáticos.
1. Para que las notificaciones administrativas que resulten de la aplicación de las actuaciones contempladas en este Decreto puedan llevarse a cabo mediante medios o soportes informáticos y electrónicos, de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, será preciso que el interesado haya señalado o consentido expresamente dicho medio de notificación como preferente mediante la identificación de una dirección electrónica al efecto. Dicha manifestación podrá producirse tanto en el momento de iniciación del procedimiento como en cualquier otra fase de tramitación del mismo. Asimismo, el interesado podrá, en cualquier momento, revocar su
consentimiento para que las notificaciones dejen de efectuarse por vía electrónica, en cuyo caso deberá comunicarlo así al órgano competente e indicar una nueva dirección donde practicar las notificaciones.
2. La notificación telemática se entenderá practicada a todos los efectos legales en el momento en que se produzca el acceso a su contenido en la dirección electrónica, de modo que pueda comprobarse fehacientemente por el remitente tal acceso. Cuando, existiendo constancia de la recepción de la
notificación en la dirección electrónica señalada,
diez días naturales sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo que de oficio o a instancias del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.
Artículo 16. Iniciación y tramitación de procedimientos administrativos electrónicos.
1. Las solicitudes de los procedimientos administrativos que se tramiten a través de redes abiertas de telecomunicación se cursarán por los interesados al Registro telemático regulado en esta disposición. Dichas solicitudes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el apartado 3 del artículo 12 de la misma. Se entenderá que el documento que incluya la firma electrónica avanzada, siempre que ésta esté basada en un certificado reconocido en la forma descrita en el artículo 13 del presente Decreto producirá, respecto a los datos y
documentos consignados de forma electrónica, los mismos efectos jurídicos que las solicitudes formuladas de acuerdo con el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Cualquier otro trámite evacuado por el interesado, así como las resoluciones que dicte la
Administración en un procedimiento tramitado electrónicamente, requerirán igualmente de los mismos requisitos de firma electrónica avanzada y de su emisión o recepción a través del Registro telemático único.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta, las Ordenes de las respectivas Consejerías mediante las cuales se establezca la tramitación telemática de los distintos procedimientos arbitrarán los medios necesarios para avanzar en la reducción y simplificación de su tramitación. A tal efecto, evitarán a los interesados la aportación de documentos que obren en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de otras Administraciones Públicas. A tal fin, dichas Ordenes podrán prever la obtención de datos de los órganos
administrativos en que se hallasen previo consentimiento del interesado, a cuyo efecto se suscribirán los Convenios
necesarios con las demás Administraciones para el acceso y consulta de sus bases de datos. Asimismo, propiciarán la sustitución de la aportación de documentos acreditativos del cumplimiento de requisitos por una declaración responsable del interesado que exprese la concurrencia de dichos requisitos y el compromiso de aportar los justificantes a requerimiento de la Administración, todo ello en la medida en que lo permitan las disposiciones reguladoras de los respectivos
3. La norma que establezca la tramitación telemática de un procedimiento deberá señalar la posibilidad de que el
interesado, una vez iniciado un procedimiento bajo un concreto sistema, pueda practicar actuaciones o trámites a través de otro distinto. En todo caso, en el momento de la aportación de documentos o datos en los Registros deberá indicarse
expresamente si la iniciación del procedimiento o alguno de los trámites del mismo se ha efectuado en forma electrónica o telemática.
4. Las Ordenes mencionadas en el apartado 2 de este artículo deberán prever, asimismo, el modo y forma en que los
interesados puedan obtener información personalizada por vía telemática del estado de tramitación del procedimiento y, en general, para el ejercicio de los derechos contemplados en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 17. Relación de procedimientos administrativos electrónicos.
1. Las Ordenes de las Consejerías a las que se refiere el artículo anterior, que serán publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, determinarán los procedimientos administrativos de su competencia, o de los organismos y entidades a ellas adscritos, que se incorporen al sistema regulado por el presente Decreto, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta.
4. La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía coordinará el proceso de incorporación de procedimientos al sistema contemplado en el presente Decreto mediante la evacuación del informe preceptivo al que se refiere el artículo 2.c) del Decreto 260/1988, de 2 de agosto, por el que se desarrollan atribuciones para la racionalización administrativa de la Junta de Andalucía, y asimismo,
establecerá los estándares de obligado cumplimiento para homogeneizar la aplicación de dicho sistema.
Artículo 18. Aprobación y homologación de aplicaciones, programas, medios y soportes.
Artículo 19. Organo técnico en materia electrónica e
Corresponden al Consejo Interdepartamental de Informática a que se refiere el artículo 3 del Decreto 104/1992, de 9 de junio, sobre coordinación de la elaboración y desarrollo
de la Política Informática de la Junta de Andalucía, las funciones de asesoramiento, control y propuesta en los aspectos técnicos relativos a las aplicaciones y programas informáticos y a los soportes y medios electrónicos que se requieren para el funcionamiento del sistema regulado en el presente Decreto.
Disposición Adicional Primera. Aplicación del Decreto a otros órganos, instituciones y entidades.
La presente norma será de aplicación a las Universidades públicas y Entidades Locales de Andalucía en la medida que determinen los Convenios de colaboración que para estos fines puedan suscribir con la Consejería competente de la Junta de Andalucía. A tal efecto, también se podrán suscribir este tipo de Convenios con el Parlamento de Andalucía, el Defensor del Pueblo y la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Disposición Adicional Segunda. Puesta en funcionamiento del Registro telemático.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 y la
Disposición Adicional Primera del presente Decreto, el Registro telemático único sólo funcionará para los procedimientos administrativos que sean competencia directa de las Consejerías y Organismos Autónomos de la Junta de Andalucía, excepto para los procedimientos tributarios competencia de la Consejería de Economía y Hacienda conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Tercera.
Disposición Adicional Tercera. Registro telemático tributario.
Disposición Adicional Cuarta. Puesta en marcha de la
tramitación electrónica de determinados procedimientos.
1. Desde las cero horas del día siguiente al de la entrada en vigor del presente Decreto, los procedimientos de la
Administración de la Junta de Andalucía que pueden tramitarse a través de redes de telecomunicación en la forma prevista en el artículo 16 del mismo son los que se relacionan en el Anexo I de esta disposición.
Disposición Adicional Quinta. Servicios de información y atención al ciudadano disponibles en red.
Sin perjuicio de los servicios que ya se encuentran disponibles en red a través de las correspondientes páginas web de cada Consejería, Organismo Autónomo u otras entidades, desde la cero horas del día siguiente al de la entrada en vigor del presente Decreto, estarán disponibles en red los servicios de
información y atención al ciudadano que se relacionan en el Anexo II de esta disposición.
Disposición Transitoria Primera. Homologaciones provisionales.
Disposición Transitoria Segunda. Aplicación del Decreto a los procedimientos en curso.
Disposición Transitoria Tercera. Aplicación de medidas para accesibilidad de ciertos colectivos.
Los órganos, unidades y demás entidades referidos en el artículo 1 deberán implantar progresivamente, y antes del 31 de diciembre de 2004, las técnicas que hagan posible la
accesibilidad de los colectivos de discapacitados y de las personas de edad avanzada a los servicios contemplados en el presente Decreto. Asimismo dichos órganos, unidades y entidades podrán exigir que las páginas de Internet cuyo diseño o mantenimiento financien apliquen los criterios de accesibilidad mencionados.

References: artículo 103
 artículo 149
 artículo 45
 artículo 1
 artículo 2

Artículo 4
 artículo 1
 artículo
1
 Artículo 6

Artículo 7
 resolución 

Artículo 8
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 12

Artículo 9
 artículo 18
 artículo 12

Artículo 10

Artículo 11
 artículo 37

Artículo 12
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1

Artículo 13
 artículo 12
 artículo 81
 Real Decreto 
 artículo 5

Artículo 14
 artículo 45

Artículo 15
 artículo 59
 artículo 59

Artículo 16
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 70
 artículo 35

Artículo 17
 artículo 2

Artículo 18

Artículo 19
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 16
 artículo 1