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Timestamp: 2019-01-20 13:51:36+00:00

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﻿ Sentencia 1995-00037 de marzo 20 de 2013
SENTENCIA 1995-00037 DE 20 DE MARZO DE 2013
CONTENIDO:CONFIGURACIÓN DE LA INTERVENSIÓN DEL TÍTULO. SI EL DUEÑO CONSIENTE EN QUE EL TENEDOR EDIFIQUE SU SUELO, ESTO NO IMPLICA LA PÉRDIDA DE LA POSESIÓN SOBRE ESTE, PUES AQUEL SOLO DEBE PAGAR LAS MEJORAS QUE HARÁN PARTE DE SU PROPIEDAD. PARA ADQUIRIR EL BIEN MEDIANTE PRESCRIPCIÓN, EL TENEDOR PUEDE CONVERTIRSE EN POSEEDOR, LO CUAL CONFIGURA LA INTERVENSIÓN DEL TÍTULO. SIN EMBARGO, ESA MUTACIÓN DEBE EXPRESARSE PÚBLICAMENTE CON ACTOS POSESORIOS A NOMBRE PROPIO Y BAJO EL RECHAZO DEL PROPIETARIO, ES DECIR, SIN RESPETO DEL DERECHO DE DOMINIO DE ESTE. EN ESE SENTIDO, NO PUEDE COMPUTARSE EL TIEMPO EN QUE SE DETENTÓ EL INMUEBLE A TÍTULO PRECARIO PARA OBTENER LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA.
TEMAS ESPECÍFICOS:OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, POSEEDOR, PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA, MEJORAS, TENEDOR
Sentencia 1995-00037 de marzo 20 de 2013
Ref.: Expediente 47001-3103-005-1995-00037-01
1. La causal primera de casación fundamentada en errores de hecho, ocurre por violación indirecta de una norma sustancial y como en reiteradas ocasiones lo ha dicho la corporación, ella se produce “…siempre con motivo de la labor investigativa del tribunal en el campo probatorio; fuera de éste no puede haber violación indirecta de la ley. Así, pues, sólo cuando trata de saber el juzgador de instancia si los hechos materia del litigio están o no probados, es cuando puede acaecer la violación indirecta, esto es, por contragolpe, a causa de las equivocaciones que el sentenciador sufra en esa investigación” (G.J. T. LXVIII, pág. 64).
1.1. Por sabido se tiene, que es el recurrente quien ostenta la carga de demostrar, en el caso concreto del motivo primero de casación, por yerros de facto o de jure, el desatino cometido por el fallador en la estimación probativa. A él le toca adelantar la labor de cotejar lo que en puridad emana de la probanza correspondiente con la conclusión que de ella, aquél haya extractado, por cuanto sólo en esa eventualidad, podrá la Corte, dentro del marco de la crítica, establecer si se dio el dislate que con las características de protuberante resultan exigibles, dado que, cual lo tiene dicho la corporación, en tratándose de un ataque por errores de tal estirpe, “el acusador, en su gestión de demostrar los yerros del juzgador, (…) tendrá que precisar los apartes relativos a cada una de las falencias de valoración probatoria, confrontando la realidad que resulta de la prueba con la errada ponderación efectuada por el sentenciador, tarea esta que no queda cabalmente satisfecha si el censor se contrae apenas a plantear, por más razonado que ello resulte, lo que desde su perspectiva debió ser el juicio del tribunal, por supuesto que un relato de ese talante no alcanza a constituir una crítica al fallo sino apenas un alegato de instancia” (Sent. 056, abr. 8/2005, exp. 730).
1.2. Lo anterior, destácase, sin perjuicio de la independencia del juzgador en la valoración probatoria para tomar la decisión que corresponda, de manera que, sobre los elementos de convicción, en línea de principio, “sus conclusiones al respecto son intocables en este recurso extraordinario”. Por tanto, la providencia “no puede derribarse más que cuando el sentenciador se estrelló violentamente contra la lógica o el buen sentido común, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisión so pretexto de aquella autonomía” (G.J., t. CCXXXI, pág. 644).
2. En el asunto que reclama la atención de la Sala, se observa que el tribunal revocó el proveído del a quo, luego de advertir que no se colmó el tiempo dispuesto para adquirir la heredad por el carril de la prescripción adquisitiva extraordinaria, para lo que previamente tuvo que evaluar dos esenciales supuestos, que dijo, la accionante no acreditó: uno, la presunción de hombre respecto de la dirección del hogar por parte del marido y, dos, el desconocimiento claro y contundente de la calidad de dueño que sobre el inmueble ostentaba su cónyuge, entre otras razones al no demostrar la interversión(sic) del título de mera tenedora a poseedora. Ello, con apoyo en los argumentos que esgrimió en torno a las valoraciones que del caudal de probanzas, fundamentalmente testimoniales, se allegaron al expediente.
2.1. Para arribar a esa conclusión, se valió esa Colegiatura, a más de la doctrina invocada en el fallo, de los testimonios de Dilia Ether Maradey Pugliese, Carlos Enrique Vargas De La Hoz, Maria Luisa Rangel Viuda de De La Rosa, Amalia Barleta de Linero, Estela del Socorro Linero Barleta y Yolanda Eloisa Linero Barleta, estableciendo que la demandante no logró probar que ostentaba la calidad de poseedora para el período de separación matrimonial por parte del esposo-propietario, debido a que su cónyuge “no abandonó el bien ni efectuó entrega con ánimo de transferir dicha posesión”, antes por el contrario, mientras vivió, su animus se prolongó durante el tiempo de separación (1965) hasta su muerte, ocurrida en 1984.
2.2. Al recurrente, para desvirtuar esa resolución, no le bastaba con descalificar la valoración que el tribunal en su soberanía hizo de los prenombrados deponentes, en tanto que, cual lo ha reseñado la Corte “las simples conjeturas, aunque acompañadas de alguna razón, no son bastantes a la casación, terreno en el que es preciso armarse de razones potísimas. (…) En casación no se triunfa con sólo sembrar dudas, sino sobre la certeza del despropósito en que haya incidido el sentenciador de instancia” (Cas. Civil, sent., mar. 27/2003, exp. 7537).
2.3. Así, en tratándose de la causal que se aborda, esto es, la primigenia de casación por violación de la ley sustancial como consecuencia de errores de hecho, ésta se abre paso cuando, ha destacado la jurisprudencia de la Corte “… aparezca de manera incontrovertible, cierta, que no deje resquicio alguno por donde pueda insinuarse un ápice de duda” ( LXXVII 149 ), pues “si márgenes de duda permitieran a esta sustituir con otro el criterio adoptado por el sentenciador de instancia en la apreciación del material probatorio, entonces, se desfiguraría el recurso de casación para tornarse en una instancia más del proceso. No es a la Corte, sino a los juzgadores de instancia, a quienes la ley ha confiado la ponderosa tarea de decidir sobre los extremos del litigio, apreciando con tal propósito la integridad del material probatorio y concediendo o negando a cada medio el valor de persuasión de que los encuentre investidos” (se resalta, CLXXXVIII, 56 y CCXXXVII, 645, entre otras).
2.3.1. Y es que, de las supuestas declaraciones preteridas del tribunal, según lo expone el impugnante (fls. 22-28, cdno. de la Corte) cuando asegura “los testimonios antes reseñados, provenientes de personas algunas de las cuales conocieron a la demandante hace muchos años, refieren el conocimiento de hechos de los que puede concluirse, (…) que a partir de 1965 el señor Linero Noguera se fue del inmueble que habitaba con su cónyuge y sus hijos; que después del tal año no volvió a residir en tal inmueble; que unas muy contadas ocasiones el señor Guillermo Linero pasó a ver a sus hijos y siguió su camino (…)”, lo que se observa es que el casacionista no comparte los argumentos de la sentencia, pues en relación con las presuntas declaraciones desechadas, encuentra la Sala que éstas si fueron ponderadas y producto de ello, es que consideró el ad quem que tales versiones no demostraban los presupuestos necesarios para alegar la exclusiva posesión de la señora Barletta de Linero, por cuanto el hecho de que no estuviera su cónyuge viviendo en la casa después de la disputa marital, en manera alguna implicaba un abandono automático de su derecho a la posesión o que se entendiera terminada esa relación jurídica con el inmueble.
2.3.2. Pero, además, pese a que no fue asunto objeto de debate en las instancias, como tampoco en la opugnación extraordinaria, en todo caso, según dimana del artículo 2530 del Código Civil, “la prescripción se suspende siempre entre cónyuges”, norma vigente para la época de los hechos, dado que fue derogada por la Ley 791 de 2002. Y la calidad de esposos se mantuvo entre el señor Noguera Linero y la accionante aún después de ocurrida la separación de facto en el año de 1965.
2.3.3. Adicionalmente, inadvierte el impugnante que de vieja data la corporación ha hecho ver cómo la “posesión no se configura jurídicamente con los simples actos materiales o mera tenencia que percibieron los declarantes como hecho externo o corpus aprehensible por los sentidos sino que requiere esencialmente la intención de ser dueño, animus domini —o de hacerse dueño, animus remsibi habendi—, elemento intrínseco que escapa a la percepción de los sentidos”. (G.J., t. LXXXIII, págs. 775 y 776); criterio este que ha reiterado, entre otras, en la sentencia 064 de 21 de junio de 2007 (exp. 7892).
2.3.4. Anotado lo anterior cumple precisar, que es el señorío que se ejerce sobre el bien lo que otorga la condición de poseedor, no el contacto físico o material sobre aquél. Y ese imperio en cabeza del señor Linero Noguera no fue desdibujado con la invocada preterición de declaraciones a que alude el cargo. De manera pues, que, mal podría considerarse, cual se esgrimió en la acusación, que el fallador dio por probado, sin estarlo, que el señor Guillermo Linero, siguió poseyendo el inmueble desde el año de 1965.
2.3.5. Pero, asimismo, respecto del contenido de los otros tres testimonios censurados por el impugnante, correspondientes a las declaraciones de quienes, según su dicho “refieren al hecho de que da cuenta el tribunal” en el sentido que el señor Linero Noguera no abandonó su relación con el inmueble, se observa que se trata de las testificales de Ubaldo Enrique Jacquin Quintero, Eduardo José Linero Montes y Alonso Alfredo Linero Salas, siendo solo éste último el considerado y expresamente relacionado en la sentencia acusada. Baste ver, que en ningún apartado de la sentencia objeto del ataque, aludió el tribunal a las versiones de los dos primeros testigos señalados por el actor en casación.
Obsérvese en lo referido con esa declaración, su contenido, luego de que fue inquirido el deponente sobre la posesión que presumiblemente ejercía la convocante Amalia Elvia Barleta: “Bueno, cuando yo iba a esa casa, en vida de mi tío Guillermo, ella no ejerció nunca posesión sobre ese predio, y aclaro, la persona que solventaba los gastos que podían justificar una posesión era mi tío Guillermo Linero Noguera, su esposo. Esto me consta por haberlo presenciado, porque lo conocí perfectamente y lo traté, y por mis relaciones de parentesco con sus otros hijos, que son apellido Linero Montes, con quienes frecuentemente iba a esa casa y hacía los gastos que correspondían, por ejemplo dos cuartos que hizo detrás de la cocina en el patio, los cuales hizo él. Es posible que después de que mi tío falleciera, de lo cual no han transcurrido 20 años, las hijas de mi tía Amalia, alguna de las cuales siempre trabajaron y su hermana Carmen Barleta hayan tenido que facilitarle el proceso de vida en esa casa, porque bueno es decirlo, desde que yo tengo uso de razón la conocí viviendo ahí, porque mi abuelita le mandó las llaves, cuando ella se casó con mi tío (…) el hecho de que una relación interpersonal entre cónyuges no sea la mejor, no da derecho a suponer que uno está ejerciendo posesión contra su propio esposo, por lo menos mientras él estuvo vivo (…)” (resaltado de la Sala).
Así, diamantinamente la indicada atestación, aquí trasuntada in extenso y además traída a cuento por el recurrente al lanzar expresiones sobre aquella, al igual que de las otras dos, tales como: “el tribunal no se percató de la deficiencia de los tres testimonios” o “tuvo en cuenta, además tres testimonios que carecen en absoluto de responsividad”, expresiones que como puede apreciarse, lejos de la reflexión que realiza quien cuestiona la legalidad del fallo, ellas lo que hacen es soportar y ratificar las conclusiones del sentenciador, siendo evidente que no aparecen absurdas e irrazonables, pues la crítica no resulta suficiente para anular el juicio de la sentencia en lo relativo al desacreditado ejercicio legítimo de actos de posesión que suplicó la accionante le tuvieran en cuenta, al menos desde el año 1965.
Baste ver que fue esa (la declaración de Alfonso Linero Salas), como ninguna otra versión, la considerada por el tribunal como la más responsiva, precisa y clara en cuanto a las condiciones de tiempo, modo y lugar que rodearon la confrontación posesional, a más que no fue un testigo de oídas, pues presenció muchos de los acontecimientos que envolvieron el debate.
Recuérdese, que: “en presencia de varios testimonios contradictorios o divergentes que permitan conclusiones opuestas o disímiles corresponde al juzgador, dentro de su restringida libertad y soberanía probatoria y en ejercicio de las facultades propias de la sana crítica establecer su mayor o menor credibilidad (…)”. (CCIV, pág. 20 y CCXLIX, pág. 1360)”. (Cas. Civ. oct. 27/2000; exp. 5395).
2.4. Además, la decisión acusada —como parece olvidarse— amplio análisis dedicó al alcance de diversas relaciones jurídicas que pueden ostentarse sobre un predio, en este caso, tenencia y posesión, destacando que para que la primera transmute en la segunda, el tenedor debe realizar mejoras, obras y comportamientos sobre el bien “sin el consentimiento del que disputa la posesión”, asunto que ha rotulado de tiempo atrás la jurisprudencia como conversión de título de tenedor a poseedor, lo que exige, destacó el ad quem: “no una ambigua relación de hechos sino un expreso, manifiesto e indubitable desconocimiento del derecho de dominio de quien en el proceso viene a discutir aquella posesión y a exigir el reconocimiento de su derecho de dominio”.
A propósito valga la pena anotar, porque es lo cierto, que si el dueño consiente en que el tenedor edifique su suelo, no por ello pierde la posesión; quedará obligado al pago de las mejoras, pero haciéndose propietario de ellas (C.C., arts. 738 y 739).
2.4.1. Pese a la sustancial diferencia que existe entre “tenencia” y “posesión”, y la clara disposición del artículo 777 del Código Civil, con base en la cual “el simple lapso del tiempo no muda la mera tenencia en posesión”, puede ocurrir que cambie el designio del tenedor, transmutando dicha calidad en la de poseedor. Es la denominada, iterase, interversión del título, lo que sitúa a quien pretende se le reconozca aquella, en la posibilidad jurídica de adquirir el bien por el modo de la prescripción. Pero para ello, tiene sentado la Sala, “esa mutación debe manifestarse de manera pública, con verdaderos actos posesorios a nombre propio, con pleno rechazo del titular, y acreditarse plenamente por quien se dice “poseedor”, tanto en lo relativo al momento en que operó la transformación, como en los actos categóricos e inequívocos que contradigan el derecho del propietario, pues para efectos de la prescripción adquisitiva de dominio, no puede computarse el tiempo en que se detentó el bien a título precario, que no conduce nunca a la usucapión y sólo a partir de la posesión podría llegarse a ella, si se reúnen los dos elementos a que se ha hecho referencia, durante el tiempo establecido en la ley” (sent. Cas. Civ., abr. 13/2009, exp. 52001-3103-004-2003-00200-01).
En otro pronunciamiento la Corte sostuvo igualmente que: “La interversión del título de tenedor en poseedor, bien puede originarse en un título o acto proveniente de un tercero o del propio contendor, o también, del frontal desconocimiento del derecho del dueño, mediante la realización de actos de explotación que ciertamente sean indicativos de tener la cosa para sí, o sea, sin reconocer dominio ajeno. En esta hipótesis, los actos de desconocimiento ejecutados por el original tenedor que ha transformado su título precario en poseedor, han de ser, como lo tiene sentado la doctrina, que contradigan, de manera abierta, franca e inequívoca, el derecho de dominio que sobre la cosa tenga o pueda tener el contendiente opositor, máxime que no se puede subestimar, que de conformidad con los artículos 777 y 780 del Código Civil, la existencia inicial de un título de mera tenencia considera que el tenedor ha seguido detentando la cosa en la misma forma precaria con que se inició en ella” (sent. de Cas., abr. 18/89, reiterada en la de jun. 24/2005, exp. 0927).
2.5. En este asunto objeto de estudio es claro que el fallador de segunda instancia sentó como uno de los argumentos centrales de su decisión el hecho que la parte demandante no destruyó la presunción de dueño en cabeza del cónyuge y que debía hacerlo mediante la demostración de actos de poseedora, efectuados sin respeto del derecho de dominio del titular del mismo y mediante comportamientos inequívocos que no dejaran duda que estaba actuando en calidad de dueña sin subordinarse a un derecho de mayor envergadura. Esa es la prueba que echa de menos, que condujo a revocar la decisión de primera instancia y a denegar las pretensiones de la demanda.
Dijo así la sentencia: “…Pues bien, tal prueba no está traída al proceso por la demandante, porque si bien es cierto se probó la realización de algunas obras por parte de la actora, no se estableció irrefutablemente que ellas se llevaron a cabo sin el consentimiento del propietario,…” (resaltado fuera de texto).
2.5.1. A más de lo reseñado en precedencia, en cuanto a que no fue demostrada, según lo expuso el tribunal la mutación del título, igualmente el embate del casacionista se dirigió contra lo dicho por el ad quem en relación con la posesión, así: “como lo reconoce la misma actora (…) el demandado mientras vivió no abandonó su relación con el inmueble”; acusación que se hace al considerar que esa motivación del tribunal se hizo sin indicar en donde efectuó tal aceptación la parte demandante de la prescripción adquisitiva, pues ni en la demanda ni en su declaración, realizó una manifestación en tal sentido, ataque que si bien se pudiera considerar acertado, aún así no resulta un argumento suficiente a la casación, por cuanto no fue aquél, el único medio valorado y utilizado por el tribunal como soporte del proveído enjuiciado.
2.6. El dictado de la instancia materia del ataque, entre otros razonamientos también, edificó su providencia a partir de la invocada presunción de hombre sobre la dirección del hogar por parte del marido, tópico respecto del cual, debe decirse, el opugnador guardó completo silencio, debido a que ningún reparo hizo de ella en su escrito impugnativo.
En efecto, la sentencia fundamentó su decisión en que “la presunción de que en nuestra sociedad, quien lleva la dirección del hogar es el hombre y la formación cristiana romana de la institución familiar descansa sobre el principio de que la mujer ha de seguir el domicilio y residencia del esposo (…)”.
Sobre el particular, valga la pena señalar, que al margen del tino o desacierto del aludido argumento, en lo que se refiere a la existencia de una presunción, ella ocurre cuando, “pende de la certeza del hecho conocido y de su relación con el desconocido” (Cas. Civ. dic. 12/2002, exp. C-6754), el punto no fue materia de crítica por el casacionista; empero no deja de llamar la atención que se hubiera utilizado como fundamento de una sentencia emanada de la jurisdicción, en este siglo XXI, una presunción hoy carente no solo de respaldo legal, porque de acuerdo con el artículo 177 sustantivo civil, modificado por el artículo 10 del Decreto 2820 de 1974, “el marido y la mujer tienen conjuntamente la dirección del hogar”, sino por cuanto, esa es una atestación que en su miramiento ontológico desconoce la reivindicación de la mujer en cuanto al restablecimiento de todos sus derechos civiles, políticos y fundamentales, lo que se tradujo en una consecuencial variación del Código Civil, que lo distanció de la orientación original de la obra de Andrés Bello.
Nótese que igualmente, el artículo 179 de la misma obra, también reformado por el referido Decreto de 1974 estableció: “el marido y la mujer fijarán la residencia del hogar. En caso de ausencia, incapacidad o privación de la libertad de uno de ellos, la fijará el otro. Si hubiere desacuerdo corresponderá al juez fijar la residencia teniendo en cuenta el interés de la familia”.
3. A propósito de la necesidad de derrumbar todas los soportes basilares de la sentencia —que como ya se expresó en esta instancia no ocurrió— memórese que la Corte al respecto ha expresado que bajo pretexto alguno, “puede olvidarse que al recurrente le compete derribar la totalidad de los cimientos del fallo, pues si alguno de ellos permanece en pie y, en sí mismo considerado, resulta suficiente para preservar las conclusiones a las que llegó el juzgador”. (Cas. Civ. Sent. nov. 16/2010, exp. 2004 01074). Y en momento posterior igualmente dijo, “que en tratándose de la causal primera de casación, cuando la sentencia atacada se apoya en varios puntales, es necesario y adicionalmente imprescindible, que se combatan todos ellos para poder invalidarla, ya que si el ataque no involucra el grueso de los sustentos que le sirven de basamento, o si aún haciéndolo queda por lo menos uno que sea suficiente para respaldar el fallo, éste no puede ser quebrado (…)” (Cas. Civ. Auto nov. 8/2011, exp. 2005-00501-01, entre otros).
3.1. Por último, estimó el recurrente que se dio por “probado, sin estarlo, que las mejoras realizadas en el inmueble después de 1965 se realizaron bajo el costo y dirección del señor Guillermo Linero”, pues, como lo advirtió en su libelo “el tribunal también precisó que no se demostró que las obras del inmueble se llevaron a cabo sin el consentimiento del propietario, aspecto en el cual reiteró el error de hecho imputado respecto de los testimonios (…) que demuestran irrebatiblemente que tales obras fueron ordenadas y pagadas por la demandante y no por el señor Linero Noguera”.
3.1.1. Frente a tal postura, ya se hizo el estudio relacionado con las declaraciones que, acorde con el criterio del recurrente, las mejoras, todas, se hicieron por cuenta de la demandante, quedando ello parcialmente acreditado, porque, si así se considerara, ello no es suficiente, como lo dijo el tribunal, pues no fue demostrada su calidad de poseedora en virtud de la interversión del título desde 1965 hasta 1984; no es como plantea el casacionista, que sin más, se dio por demostrado, estándolo, que las mejoras realizadas en la vivienda después de 1965 se realizaron bajo el costo y dirección del señor Guillermo Linero Noguera, dado que lo que consignó el fallo fue en contexto lo siguiente: “pues bien, tal prueba no está traída al proceso por la demandante, porque si bien es cierto se probó la realización de algunas obras por parte de la actora, no se estableció irrefutablemente que ellas se llevaran a cabo sin el consentimiento del propietario, incluso, existe prueba de que éste no abandonó su relación con el inmueble y que algunas de esas obras se realizaron bajo el costo y dirección del propietario, siendo entonces que mientras tal vínculo permanezca, la posesión no se ha perdido”. Adicionalmente hay que destacar que no todas las declaraciones informaron que las mejoras las hizo la señora demandante; existen testimoniales que le atribuyen la ejecución de mejoras al cónyuge de ella, una de las cuales como ya se manifestó, fue tenida en cuenta por el ad quem.
Es que, itérase, la carga de demostrar el error de hecho imputable al juzgador, corresponde exclusivamente al impugnante por mandato del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, laborío que no puede reducirse, simplemente a contraponer el punto de vista del recurrente con el del tribunal sobre el sentido del material probatorio y las conclusiones que de aquél se condense. Por eso, tiene expuesto la Sala “que el censor debe darse a la tarea de determinar la prueba sobre la cual el sentenciador cometió el yerro, (…), sin que esa determinación pueda consistir en una enumeración del acervo probatorio de un proceso, sino que esta determinación y la demostración del yerro exige del impugnante que defina qué no vio o vio mal o supuso el ad quem, indicando no sólo la errónea consecuencia deducida de la misma, sino también la que de manera diáfana se desprende de la prueba, porque si el desacierto corresponde a una simple exposición de puntos de vista antagónicos, fruto de razonamientos meticulosos y detallados, dejaría de ser evidente o manifiesto como lo exige la ley, (…)” (cas. civ. jun. 1º/2001, exp. 6606). Y esa exigencia, natural por demás en este recurso extraordinario, no se halló satisfecha, en la medida que no podía ser bastante que el casacionista se remitiera a lo que según su percepción emanaba de los testimonios de los señores Carlos Vargas De La Hoz, Carmen Sofía Fernández de Cuello, Dilia Ester Maradey Pugliese, Miriam Camargo Santiago, Lina Jimeno, María, Luisa Rangel Viuda de De La Rosa, Estela del Socorro y Yolanda Linero Barleta, de quienes no precisó en este último aspecto el alcance de sus versiones, y que igualmente, tampoco fueron las únicas, dado que se valoró una declaración que le atribuye la ejecución de mejoras al señor Linero Noguera.
Habida cuenta de lo dicho, síguese entonces, que el silencio del censor frente a reflexiones como la de la presunción de dirección del hogar en cabeza del hombre como jefe y la carencia de demostración de la destrucción de la presunción de poseedor del propietario del bien en virtud de la interversión del título, a más del respeto por la valoración probatoria que del caudal incorporado al proceso hizo el sentenciador de segundo grado, en otros aspectos torales de la sentencia enjuiciada, la torna intangible para la Corte y apareja que siga incólume. Por consiguiente, quedan desprovistos de eficacia los reparos formulados a las argumentaciones expuestas en la decisión atacada y consignadas en la demanda casacional.
Puestas las cosas como se anotó en precedencia, el cargo no se abre paso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
1. NO CASA la sentencia proferida el 24 de septiembre de 2009, por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro del proceso ordinario identificado en el encabezamiento de esta providencia.
2. Se condena en costas del recurso de casación al recurrente. Por concepto de agencias en derecho inclúyase la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000) m/cte.

References: artículo 2530
 artículo 777
 artículo 177
 artículo 10
 artículo 179
 artículo 374