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Timestamp: 2017-05-30 03:38:12+00:00

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Diez & Romeo Media: abril 2016
La nueva Ley de Contratos Públicos en España
El pasado 18 de abril de 2016, entraba en vigor el nuevo régimen legal de los contratos públicos en España derivado de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, como consecuencia del efecto directo del Derecho Europeo. Víctor Almonacid Lamelas, Secretario de la Administración Local, nos expone sus reflexiones en un interesante artículo "18 de abril: entra en vigor el nuevo régimen de la contratación pública española", que se puede encontrar en http://www.legaltoday.com/practica-juridica/publico/d_administrativo/18-de-abril-entra-en-vigor-el-nuevo-regimen-de-la-contratacion-publica-española
De alguna manera entra "en vigor" una ley de contratos inexistente, esa que debió transponer la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE y que, en honor a la verdad, al menos se encuentra en tramitación. Obviamente, lo que en realidad entra en vigor es la propia Directiva, en una buena parte, por el efecto directo del Derecho europeo. En efecto, así es según la siguiente doctrina de interés, citada por orden cronológico: A) Sentencia del TJCE, del 23 de mayo de 1985 ("COMISIÓN versus ALLEMAGNE"), en la que el Tribunal Europeo ya precisa que no siempre es necesaria para la transposición de una Directiva que el Estado miembro emprenda una acción legislativa. B) Informe 17/2015, de 3 de diciembre de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, que establece los siguientes "criterios generales" para interpretar exactamente qué normas de las Directivas tienen efecto directo: a) Son de aplicación directa los aspectos claros y concisos que no requieran ningún acto de concreción (se mencionan como ejemplos, respecto de la Directiva 2014/24/UE, el concepto de poder adjudicador, las causas de elección de los procedimientos, los criterios de participación, selección y adjudicación, la división de los contratos en lotes, las normas sobre comunicaciones electrónicas, las definiciones y las previsiones sobre el cálculo del valor estimado de los contratos); b) Las previsiones de las directivas que positivizan la jurisprudencia europea en muchos casos están ya transpuestas, como consecuencia de la incorporación gradual de estos criterios (se mencionan como ejemplos, respecto de la Directiva 2014/24/UE, el concepto de medio propio, la cooperación horizontal, la regla de confidencialidad y los principios generales); y c) Quedan excluidos del efecto directo los contenidos de la Directiva que son susceptibles de transposición facultativa (se mencionan como ejemplos, respecto de la Directiva 2014/24/UE, el uso del procedimiento negociado sin publicación previa, la posibilidad de prever ofertas integradoras y la posibilidad de los estados miembros de establecer excepciones a los motivos de exclusión obligatoria por razones imperiosas de interés general). Como indica la jurisprudencia del TJUE, este efecto directo debe ser tenido en cuenta por los poderes adjudicadores, pues de no hacerlo sus decisiones serán ilegales (Conclusión I del Informe 17/2015, de 3 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón). C) Documento de estudio presentado y aprobado en reunión de Madrid, el 1 de marzo de 2016 por parte de los TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, titulado "Los efectos jurídicos de las directivas de contratación pública ante el vencimiento del plazo de transposición sin nueva ley de contratos del sector público". El objetivo del mismo es "servir como documento de análisis y reflexión para facilitar la interpretación que de la normativa aplicable a partir del 18 de abril de 2016 deberá realizar cada uno de los Tribunales administrativos de recursos contractuales en el ejercicio de sus funciones". El propio documento de estudio señala, en su apartado III relativo a conclusiones, que "obviamente, los órganos de contratación deberán aplicar estos criterios de interpretación" -no queda claro si los establecidos por la doctrina jurisprudencial comunitaria o los fijados por los Tribunales en el anexo I del propio documento, en el cual se analiza la aplicación o no directa de cada precepto de la directiva- "para no iniciar procedimientos ni dictar actos contrarios al ordenamiento jurídico vigente". D) Resolución de 16 de marzo de2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que sepublica la Recomendación de la Junta Consultiva de ContrataciónAdministrativa, sobre el efecto directo comunitarias en materia decontratación pública. Quizá sea el documento más claro de todos, en tanto en cuanto afirma que "Sea como fuere, llegado el 18 de abril de 2016, se producirá el denominado «efecto directo» de distintos aspectos de las Directivas citadas al no haberse llevado a cabo la completa transposición de las mismas al ordenamiento jurídico español. Dicho principio ha sido acotado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, haciéndose alusión específica más adelante al mismo". En efecto, como indica esta Recomendación de la JCCA: "la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido reconociendo efecto directo a las disposiciones de las directivas comunitarias una vez expirado el plazo de transposición de las mismas sin que ésta se haya llevado a cabo, pudiendo ser invocadas por los particulares ante la jurisdicción nacional, siempre que se cumplan una serie de requisitos que se establecen en la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia (entre otras, en las Sentencias Van Duyn, de 4 de diciembre de 1974; Ratti, de 5 de abril de 1979; Ursula Becker, de 19 de enero de 1982; y Pfeiffer y otros, de 5 de octubre de 2004). Dichos requisitos son los siguientes: Que la disposición sea lo suficientemente clara y precisa; Que la disposición establezca una obligación que no esté sujeta a ninguna excepción ni condición. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado en diversas ocasiones (entre otras, en la Sentencia Kaefer y Procacci, de 12 de diciembre de 1990) que una disposición es incondicional cuando no otorga a los Estados Miembros ningún margen de apreciación. Como puede comprobarse, el efecto directo no se predica de las Directivas en su conjunto, sino tan solo de aquellas disposiciones incluidas en ellas que cumplan los requisitos establecidos por el Tribunal de Justicia que se han citado". E) Informe 1/2016, de 6 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comisión Permanente) -Asunto: Contenidos de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, que tienen que ser de aplicación directa a partir del día 18 de abril de 2016, fecha en que finaliza el plazo para su transposición. Breve referencia a la aplicación directa de la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión-. En otro orden de cuestiones, una de las principales consecuencias de este efecto directo podría ser - y es- el adelanto en la obligación de implantar la licitación electrónica, sin perjuicio de que, más allá del debate sobre los plazos, sus ventajas en orden a la mayor transparencia, legalidad, eficacia, eficiencia son indiscutibles. Un buen ejemplo sería el Portal de licitación electrónica del Ayuntamiento de Alzira, muy adelantado en el tiempo a este 18 de abril de 2016 y no digamos ya al último trimestre de 2018, fecha máxima para la implantación de la licitación electrónica en todo el sector público europeo). Pero hablamos, ante todo, de Derecho europeo, por lo que cabe aquí indicar aquí, partiendo del derecho de un particular o una empresa a utilizar los medios electrónicos, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo ha abierto a los particulares la posibilidad de recurrir ante sus Tribunales nacionales contra el Estado miembro que no cumple con sus obligaciones, o que las cumple incorrectamente, y por la vía prejudicial llevar la cuestión al Tribunal comunitario. Hablando de licitación electrónica, y según la aludida doctrina, serían directamente aplicables los siguientes artículos de la Directiva: Artículo 22 (normas aplicables a las comunicaciones), apartado 2, relativo a la posibilidad de comunicación oral para determinadas comunicaciones, apartado 5, que establece la posibilidad de los poderes adjudicadores de exigir herramientas y dispositivos no disponibles de forma general, y apartado 6, en el cual se fijan las normas aplicables a las herramientas y dispositivos de envío y recepción electrónica de ofertas y de recepción electrónica de solicitudes de participación. Artículo 34 (sistemas dinámicos de adquisición) en el cual se establece, de manera imperativa y con detalle, el nuevo régimen jurídico de esta técnica de contratación electrónica y agregada, que incorpora diversas novedades respecto de la regulación comunitaria anterior -y, por lo tanto, de la contenida en el TRLCSP. Así, son aplicables directamente, por ejemplo, la desaparición de las ofertas indicativas y el plazo mínimo de 10 días para la presentación de ofertas, a partir de la fecha de envío de la invitación. Artículo 35 (subastas electrónicas) -al apartado 5, párrafos segundo, tercero y cuarto, que contienen "definiciones", ya se ha hecho referencia anteriormente-, en el cual no se limita a determinados procedimientos negociados, como se hace en el artículo 148 del TRLCSP, la utilización de las subastas electrónicas. Artículo 36 (catálogos electrónicos) -excepto el párrafo segundo del apartado 1, que contiene una disposición de transposición potestativa-, en el cual se establece el régimen jurídico de este nuevo instrumento. Artículo 53 (disponibilidad electrónica de los pliegos de la contratación), en el cual se establece la obligación de ofrecer por medios electrónicos un acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, y la obligación de prolongar 5 días el plazo de presentación de ofertas en caso de que no sea posible por las razones que la misma Directiva establece; así como el plazo, de 6 o 4 días, para proporcionar información adicional solicitada. Por último, tal y como señala el citado Informe 1/2016, de 6 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya, "los poderes adjudicadores tienen la obligación de ofrecer por medios electrónicos un acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de las contrataciones y de prolongar 5 días el plazo de presentación de ofertas en el caso de que no sea posible por las razones que la propia Directiva establece; y los anuncios en relación a contratos públicos que se publiquen a partir del 18 de abril de 2016, tienen que contener la información fijada en los respectivos anexos de la Directiva 2014/24/UE y se tienen que llevar a cabo mediante los formularios normalizados establecidos por el Reglamento de ejecución (UE) 2015/1986 de la Comisión". Publicado por
Valencia podría repetir el concurso de las 31 licencias de radio FM El Gobierno valenciano ha encontrado un resquicio legal para lograr con las radios lo que no pudo con las adjudicaciones de las TDT, un concurso que el anterior Consell liderado por Alberto Fabra (PP) dejó aprobado y que el nuevo Ejecutivo solo pudo limitarse a poner en marcha. Así lo dejó entrever el secretario autonómico de Comunicación, José María Vidal, en su comparecencia de este lunes en Les Corts Valencianes, donde admitió que estudian sacar adelante un nuevo concurso, ya que quedan 31 licencias de FM pendientes de adjudicar y el mapa se encuentra "un poco deshecho".
Licencias TDT Valencia: 10 adjudicaciones en 4 Demarcaciones
El lote 5-Elda (Canal 30 TL06A), se ha adjudicado a favor de:• Editorial Prensa Alicantina, S.A.,• Consorcio de Televisión Comarcal, S.L.• Comercial Narmasal, S.L.
El lote 12-Sagunto/Sagunt (Canal 36 TL04V), se ha adjudicado a:• Editorial Prensa Valenciana, S.A.
Los licitadores a los que se adjudica el lote 8-Morella (Canal 37 TL02CS) son• Editorial Prensa Valenciana, S.A.• TV CS Retransmisiones S.L.• Comunicaciones Els Ports, S.A.
Los licitadores a los que se adjudica el lote 14-Torrent (Canal 35 TL07V), son:• Editorial Prensa Valenciana, S.A.• Radio Difusión Torre, S.A.• Ribera Televisión, S.L.U.
Coto al porno de revancha, reacciona frente a la difusión de las fotos y videos íntimos
El denominado "porno de revancha", publicación de fotografías o vídeos íntimos o eróticos que llega al conocimiento de la víctima por las redes sociales, es un fenómeno que desgraciadamente está cada vez más en auge. Incluso en ocasiones viene precedido de amenazas o coacciones para que la víctima lleve a cabo algún tipo de acción, normalmente de carácter sexual o económico.
Los pasos para defendernos de la difusión de fotos y videos íntimos
El Código Penal español registra desde el año pasado este tipo de comportamientos como delitos que, además, son castigados con penas de hasta un 1 de prisión. Y la condena será la más alta posible si, además, el delito es cometido por el marido, mujer, pareja o ex pareja de las víctimas. La asociación estadounidense Without My Consent, que lucha contra este tipo de delitos, publica ahora una guía para enfrentarse a este tipo de situaciones. Son 5 pasos a seguir para que la eliminación de las fotos o vídeos sea segura, ya sea por las buenas o por los tribunales de justicia.
1. El pantallazo Si se han difundido fotos o vídeo a través de WhatsApp, Twitter, Youtube o sitios web de pornografía, Without My Consent recomienda registrar los pantallazos como prueba de la publicación o envío de los contenidos. De tal manera que en esa imagen quede registrado el nombre del usuario responsable de la publicación, el día, la fecha y el lugar en el que se ha hecho público. Además, es recomendable descargar los vídeos y las imágenes y guardarlas tanto en formato digital como impreso o en CD. "Aunque lo primero que se debe hacer es denunciar este hecho, este paso es también fundamental", dice el inspector Fernández. Sin esas pruebas se complica mucho el trabajo de la Policía, ya que este tipo de contenidos se suelen retirar muy rápido de la red, bien sea por el propio delincuente o los operadores de los sitios web que alojan el documento.
2. Borrado del contenido 'online' Existen leyes en contra de lo que se ha conocido como porno de revancha. Japón, algunas regiones de Reino Unido como Inglaterra y Gales y algunos estados de los Estados Unidos las han implantado ya. La guía de la asociación norteamericana recomienda aprovechar esta ventaja legal, pero también las normas internas de los propios canales de difusión. Muchas de las webs especializadas en contenidos pornográficos tienen normas propias en contra de este tipo de sucesos y, según esta organización, se eliminan fácilmente si se les solicita.
Además, existe la posibilidad de enviar una carta de solicitud de información para ser presentada como prueba en caso de iniciar un procedimiento legal. "En esos casos cuanta más información se tenga, mejor. Así que se puede solicitar a las webs o los proveedores de emails la IP del ordenador desde el que ha sido enviado el vídeo o las fotografías para identificar a la persona en concreto", dice la guía. Aunque es un buen recurso, no suele ser necesario "porque aunque no se conozca con seguridad la identidad de quien ha subido el contenido, se suelen tener sospechas" aclara el inspector Fernández. 3. Registro del copyright
4. Sentido común "Hay que educar para que no sucedan estas cosas", previene Ricard Martínez, presidente de la Asociación Profesional Española de la Privacidad. Ya existen recursos legales para compensar a las víctimas, pero, según Martínez, también deben existir para prevenir estos comportamientos.
En estos momentos la cadena sigue emitiendo la carta de ajuste después de que se especulara con su estreno este pasado 2 de abril coincidiendo con el clásico contra el FC Barcelona. Las informaciones confirmadas por prnoticias indican que la cadena apurará al máximo su salida en el plazo legal establecido (el 30 de abril). Si no lo hacen se pueden exponer a una sanción que va desde una multa a la retirada de la licencia.
Florentino tenía el 2 de abril como una fecha señalada en su calendario. Y no solamente por el que en principio sería el último clásico del año contra el FC Barcelona –si la Champions League no dice lo contrario- sino que además porque era la fecha inicial marcada para el comienzo de las retransmisiones en abierto en TDT de Real Madrid TV, uno de los sueños más largamente acariciado por el Presidente blanco. De hecho ésta era la planificación de hace poco más de un mes, no obstante, las cosas no resultaron según lo esperado y la fecha de lanzamiento se ha tenido que postergar hasta por lo menos finales de mes.
Como ya os hemos contado en prnoticias, Real Madrid TV está prácticamente listo para comenzar a emitir a la espera de la orden de Florentino Pérez. El objetivo es replicar básicamente lo que se viene haciendo en el pago actualmente y sumarle un par de programas nuevos, uno de ellos un zapping de deportes del que ya os contamos detalles hace unas semanas. No obstaste, la gestión de los derechos en abierto de algunos eventos deportivos está siendo más complicada de lo esperado.
Problemas con los derechos en abierto de Real Madrid TV
El objetivo de Real Madrid TV es replicarlo todo, incluyendo retransmisiones de partidos de Primera, los de la filial, etc... No obstante, deben negociar con La Liga y los operadores dueños de los derechos. En prnoticias también os hemos dicho que los contenidos de la cadena estarán centrados en informativos, tertulias y programas que aborden la actualidad del Real Madrid, siempre con una perspectiva que permita a Florentino Pérez dar “su visión” sobre los problemas que aquejan al madridismo. Una suerte de “arma arrojadiza” contra los medios de Comunicación que le critican constantemente.
Real Madrid TV se prepara para dar el salto a la TDT en abierto después de conseguir una de las seis nuevas licencias que adjudicó el Gobierno en octubre pasado tras un concurso público que se lanzó antes del verano. En este reparto además obtuvieron una licencia Atresmedia, Mediaset, 13TV, KISS TV y Secuoya. Atreseries está en antena desde diciembre, mientras que 13TV debutó en su nueva demarcación en solitario después de Semana Santa y TEN de Secouya ha anunciado su lanzamiento el 28 de abril. Be Mad (Mediaset) y KISS TV siguen manteniendo las incógnitas al igual que Real Madrid TV
El TSJA obliga a la Junta de Andalucía a anular las licencias de TDTL. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rechazado una petición de la Junta que solicitaba no ejecutar una sentencia de mayo de 2015, que anulaba el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de fecha 29 de julio de 2008, por el que se resolvió «el concurso para el otorgamiento de concesiones para la explotación del servicio público de televisión digital terrestre, de ámbito local, en Andalucía para su gestión por particulares». El auto concluye que «no ha lugar a la pretensión deducida por la Junta de Andalucía de posponer la ejecución de la sentencia 939/2015, de 18 de mayo articulada a través de un incidente de inejecución».
Esto ocurre en medio de la tramitación del Proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía y de los informes del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre televisiones ilegales. El fallo que ahora tiene que ejecutar la Administración corresponde a un recurso presentado por Teleclub Ubetense SL, empresa que emitía como Tele Úbeda y que tuvo que cerrar sus puertas en 2010 tras las adjudicaciones de Televisión Digital Terrestre que realizó la Junta dos años antes. El departamento encargado de todo este proceso fue la Consejería de Presidencia que ocupaba Gaspar Zarrías.
Tele Úbeda se quedó sin licencia, concesión que sí recibieron tres sociedades, dos de las cuales se encuentran emitiendo actualmente. Ahora la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía pilotó todo el proceso de adjudicación de las licencias de televisión digital terrestre, deberá convocar un nuevo concurso público para articular las nuevas licencias de TDT.
Los programas de corazón y defensa de menores en Televisión, Díez & Romeo Cada día vemos como los programas del corazón van adquiriendo un interés social muy relevante. Hace unos días viendo la televisión, en una cadena en abierto y en horario de sobremesa, se emitía un conocido programa de prensa rosa donde se contaban historias no aptas para un público infantil. En este sentido ¿cuál es la situación de la regulación relativa a las franjas horarias y edades mínimas en la programación televisiva para la defensa y protección de los menores? ¿Existe normativa europea en la materia? ¿Puede un particular denunciar este hecho?
• Control de la emisión de contenidos o aptos para menores en determinados horarios.• Respeto a los derechos de los niños que participan en la programación televisiva.• Colaboración con los adultos para facilitar el control de lo que ven los niños a su cargo (control parental).
Las tres medidas básicas
1.- Establecer horarios protegidos. En este sentido se establecen dos franjas horarias de protección:• Una franja de protección general: de 6:00 a 22:00 horas, la programación no podrá incorporar contenidos no recomendados para menores de 18 años.• Una franja de protección reforzada, donde las televisiones no podrán emitir contenidos no recomendados para menores de 13 años. En concreto, de lunes a viernes de 8:00 a 9:00 y de 17:00 a 20:00 horas; sábados, domingos y festivos de ámbito nacional: entre las 9:00 y las 12:00 horas.
Licencias audiovisuales: Castilla y León regula los procedimientos de comunicación audiovisual El pasado 9 de marzo se publicó en el BOCYL, la ORDEN FYM/148/2016, de 23 de febrero, por la que se regulan los procedimientos en materia de servicios de comunicación audiovisual, en Castilla y León.
• La comunicación fehaciente y previa prevista en el artículo 23 de la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual. • Los concursos públicos para la obtención de licencias audiovisuales (Televisión y Radio FM).
Stalking, primera condena en Navarra por el nuevo delito de acoso El
titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Tudela ha
dictado la primera sentencia en Navarra por el nuevo delito de acoso
(stalking). En concreto, ha condenado a un acusado que alteró la vida de una
mujer al hacerle llamadas de teléfono y enviarle mensajes de audio y texto —los
últimos de contenido sexual—, así como fotografías.
la sentencia, dictada de conformidad, el magistrado ha impuesto al inculpado
una multa de 480 euros, así como la prohibición de comunicarse con la
denunciante de cualquier forma o manera -por escrito o verbalmente- durante 6
la resolución se considera probado que el acusado, de 37 años, en diferentes
fechas a lo largo del presente mes de marzo, a raíz de conocer a la denunciante
por la pérdida y recuperación de un perro de su propiedad, comenzó a realizarle
llamadas telefónicas y enviarle los citados mensajes, que alteraron su vida
cotidiana. El
juez explica que el bien jurídico protegido es la libertad de obrar, entendida
como la capacidad de decidir libremente. Las conductas de stalking afectan al
proceso de formación de la voluntad de la víctima en tanto que la sensación de
temor e intranquilidad o angustia que produce el repetido acechamiento por
parte del acosador, le lleva a cambiar sus hábitos, sus horarios, sus lugares
de paso, sus números de teléfono, cuentas de correo electrónico e incluso de
lugar de residencia y trabajo. Asimismo,
añade el magistrado, se protege también el bien jurídico de la seguridad, esto
es, el derecho al sosiego y a la
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References: Resolución 
 Artículo 22
 Artículo 34
 Artículo 35
 artículo 148
 Artículo 36
 Artículo 53
 artículo 23
 resolución