Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/S59-05.html
Timestamp: 2018-02-17 21:35:35+00:00

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4. El 22 de enero de 2004, la Comisión recibió una denuncia presentada por el abogado Nelson Caucoto, de la cual acusó recibo el 22 de abril del mismo año. El 4 de mayo de 2004, fue transmitida la denuncia y sus anexos al Gobierno de Chile, al que la Comisión solicitó presentar su contestación dentro del plazo de dos meses. El 18 de febrero de 2005 el Gobierno de Chile, respondió sobre la admisibilidad de la petición. La respuesta del Estado fue presentado siete meses fuera de plazo y el Estado no había solicitado una prorroga para contestar ni dio una explicación por el atraso de su respuesta.[2] El 22 de febrero de 2005, la Comisión transmitió la respuesta del Estado al peticionario. El 26 de abril de 2005, la Comisión recibió respuesta del peticionario a las observaciones del Estado, sin solicitar observaciones al respecto dado que las observaciones del peticionario reiteraron los argumentos planteados en la petición. No hubo más correspondencia con las partes desde esa fecha.
5. La petición aduce que luego de las inmensas secuelas que en vidas humanas y desapariciones dejó la dictadura militar, en Chile se han ido abriendo caminos en la resolución judicial de casos. En el ámbito penal, las investigaciones han logrado avanzar sustantivamente en el esclarecimiento de los hechos y el enjuiciamiento de los culpables. Sin embargo, señala la petición, lo que se ha avanzado en el ámbito penal se ha visto ensombrecido por el comportamiento de los órganos jurisdiccionales de Chile en el tema de la reparación.
6. El peticionario alega que en los casos a que se refiere la presente petición, a pesar de que constituyen delitos de lesa humanidad, el Estado se ha negado la reparación que a los familiares de las víctimas reconoce el derecho internacional, amparándose en normas internas de derecho privado. El peticionario expone que durante los años 2002 y 2003 la Corte Suprema de Justicia de Chile ha negado reparaciones a familiares de víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas cometidas durante la dictadura militar[3]. A juicio del peticionario, estos fallos han fijado una jurisprudencia negativa que ha sido seguida por los tribunales de menor jerarquía y que han hecho nugatoria la posibilidad de obtener reparaciones adecuadas en cuatro casos que litiga.
14. En su respuesta, el Estado manifestó que proporcionaba información a una denuncia referente a hechos ocurridos durante el régimen militar que estuvo en el poder en Chile entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.
19. La Comisión, previamente al análisis de la admisibilidad de la denuncia, lo considera necesario aclarar que el peticionario en el presente caso no denuncia la detención y desaparición de los señores Mario Melo Praderas, Ramón Luís Vivanco, Rodolfo Alejandro Espejo Gómez y Sergio Alfonso Reyes Navarrete, ni una posible violación del artículo 4 de la Convención Americana. El objeto de la denuncia tampoco concierne la investigación penal de esas ejecuciones extrajudiciales. El peticionario cuestiona la negativa de los tribunales chilenos de conceder una indemnización a los familiares de esas personas, sobre todo después del reconocimiento de la responsabilidad estatal por la muerte de los señores Sergio Alfonso Reyes Navarrete, Ramón Luís Vivanco, Rodolfo Alejandro Espejo Gómez y Mario Melo Pradenas en el Informe Rettig, y la compatibilidad de tales decisiones con las obligaciones del Estado bajo la Convención Americana.
24. En el presente caso, la totalidad del proceso judicial que constituye el objeto de la denuncia, se desarrolló con posterioridad a la fecha de la ratificación de la Convención Americana. En adición, la Comisión posee competencia ratione temporis, porque las sentencias se dictaron el 26 de junio de 2003, 3 de junio de 2003, 9 de julio de 2003 y 23 de enero de 2003, fechas en que ya estaba en vigor para el Estado chileno la obligación de respetar y garantizar los derechos consagrados en el Convención Americana.
25. La Comisión posee competencia ratione loci, ya que las violaciones de derechos alegadas ocurrieron dentro del territorio de un Estado parte de la Convención Americana.
26. El artículo 46(1) de la Convención Americana establece como requisito de admisibilidad de un reclamo el previo agotamiento de los recursos disponibles en la jurisdicción interna del Estado. El peticionario alegó haber promovido y agotado los recursos internos disponibles en la legislación chilena. Al respecto, se señaló que a través de las sentencias dictadas el 26 de junio de 2003, el 3 de junio de 2003, el 9 de julio de 2003 y el 23 de enero de 2003 se agotaron los recursos internos. El Estado, por su parte, no negó o controvirtió lo expuesto por el peticionario. En consecuencia, la Comisión considera que se encuentra surtido el requisito que prevé el artículo 46(1) de la Convención Americana. Asimismo, el peticionario cita tres fallos de la Sala Civil de la Corte Suprema de Chile emitidas durante 2002-2003 (supra parr. 11), la última emitida el 15 de abril de 2003, donde la Corte Suprema rechaza tres recursos de casación negando lugar a la reparación, para demostrar la practica constante de la Corte Suprema en la denegación de este recurso.
27. El Estado, en su respuesta a la petición, no presentó observaciones relacionadas con la falta de agotamiento de los recursos internos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en reiteradas oportunidades que “la excepción de no-agotamiento de los recursos internos, para ser oportuna, debe plantearse en las primeras etapas del procedimiento, a falta de lo cual se presume la renuncia tácita a valerse de la misma por parte del Estado interesado.
30. La Comisión entiende que en lo sustancial la petición no está pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, y que no es sustancialmente la reproducción de ninguna petición anterior ya examinada por la Comisión u otro organismo internacional. Por lo tanto se cumplieron también los requisitos establecidos en los 46(1)(c) y 47(d) de la Convención.
31. La Comisión toma nota de que en la petición se plantean importantes cuestiones referentes al alcance de la reparación civil a los familiares de una víctima de graves violaciones a sus derechos humanos. Por tanto, la Comisión concluye que en la denuncia del peticionario se describen actos que, de ser probados, podrían configurar violaciones a los derechos protegidos por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en relación con las obligaciones de los artículos 1(1) y 2, por lo cual se han cumplido los requisitos del artículo 47(b).
32. En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho que anteceden, la Comisión concluye que el caso de que se trata cumple los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 46 de la Convención Americana y, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto,
[5] Asimismo, los peticionarios alegan que la denegación de justicia se consumó con la sentencia de la Corte Suprema del 17 de enero de 2003. Los peticionarios presentaron su denuncia ante la Comisión el 14 de julio de 2003, o sea dentro del plazo de seis meses requerido por la Convención Americana.

References: resolución 
 artículo 4
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 47
 artículo 46