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Timestamp: 2016-09-26 20:44:02+00:00

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Las elecciones autonómicas, un paso más en el proceso constituyente - Viento Sur
Las elecciones autonómicas, un paso más en el proceso constituyente
03/04/2015 | José Errejón En este largo ciclo electoral que ha comenzado con las elecciones andaluzas del pasado 22 de marzo y que ya han merecido comentarios diversos, las autonómicas pueden jugar un papel clave para la resolución de la disyuntiva entre la continuidad del régimen del 78- mutado en otro posdemocrático y (aún más) oligárquico- o la apertura de un proceso constituyente cuyos ritmos e hitos fundamentales sería prematuro aventurar. Y ello en razón de que en las CC AA residen la mayor parte de las competencias relacionadas con lo que son los pilares del Estado del Bienestar, aquellas políticas y servicios públicos que tienen como misión garantizar el ejercicio de los derechos sociales. Son estas políticas y servicios públicos los que han sido puestos en jaque con las políticas austeritarias y en nombre de la viabilidad financiera. Lo estamos viendo en Grecia, donde un programa mayoritariamente aprobado por la mayoría de la población es rechazado por instancias externas sin legitimidad democrática alguna.
Hay que tener claro lo que nos jugamos en estas elecciones. Es frecuente que el cometido de las CC AA sea desdeñado y reducido a una visión estrictamente “administrativa” de sus quehaceres.
Nada más lejos de la realidad. La vigente distribución competencial entre el Estado y las CC AA ha asignado a estas un importante bloque de materias que van desde la política de medio ambiente y recursos naturales hasta la cultura, pasando por aquellas que constituyen los pilares del Estado del Bienestar: la sanidad, la vivienda, la educación ó la dependencia. De modo que la garantía del ejercicio de los derechos sociales corresponde a las administraciones autonómicas, que la desempeñan con una dotación de recursos precaria desde su origen, ya que la norma que lo regula, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), partía de una visión muy limitada y paternalista del hecho autonómico que las sucesivas reformas del modelo de financiación no han conseguido superar.
Esta visión insuperada tiene que ver con la concepción del constituyente sobre las administraciones regionales, más parecida a las prefecturas francesas que a los laënders alemanes lo que se ha traducido en una muy reducida atribución de competencias en materia fiscal a las CC AA. La consecuencia ha sido la de unas administraciones que crecían mucho por el lado de los gastos en comparación con el crecimiento por el lado de los ingresos, lo que ha acarreado desde el principio una situación de déficit permanente, más o menos cubierto con las aportaciones del Estado y por el creciente endeudamiento. Lo que, a su vez, ha hecho posible la difusión de un lugar común, bien atizado por los medios de la derecha extrema, de siempre beligerantes contra la autonomías territoriales, en el que las administraciones autonómicas aparecen como uno (junto a los sindicatos, otro de los “agentes despilfarradores” y blanco preferido de los ataques de esta modalidad de franquismo neoliberal que tiene su sede en el PP y en FAES) de los causantes del despilfarro que ha conducido a la crisis/1.
Con este lugar común como bandera y con el inapreciable apoyo de los think tanks de la gran y mediana patronal/2, se ha puesto en marcha toda una ofensiva contra las autonomías que tiene como blanco, hay que reiterarlo, los derechos sociales que ellas gestionan.
En esa ofensiva ha colaborado cierto sector del PSOE que, desde un pretendido jacobinismo de izquierdas, no ha dejado el soniquete de la igualdad de derechos de los españoles para oponerse a que los parlamentos autonómicos, en el uso de su competencia de dictar normas adicionales de protección, establecieran normas más exigentes para la protección de determinados derechos/3.
La política de consolidación fiscal, concretada en España con la modificación del artículo 135 de la Constitución y con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ha venido a añadirse al cúmulo de restricciones políticas al despliegue de la autonomía política en defensa de los derechos sociales, otorgándole una cobertura jurídica que la coloca en una situación de desventaja respecto de aquellos sectores de la oligarquía y los aparatos de estado tradicionalmente beligerantes contra ella. Las medidas de cumplimiento forzoso previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que reproducen las previsiones del artículo 155 de la Constitución, establecen un sistema de control no sólo de los actos de las CC AA sino sobre sus propios órganos, pudiendo llegar hasta la disolución de la Comunidad Autónoma que hubiera desobedecido o desconocido las reglas sobre el déficit dictadas por el Ministerio de Hacienda. En lo sucesivo sólo hay una política económica a ejecutar, la que se deriva del cumplimiento de los imperativos austeritarios que fijan, a través del artículo 135 de la Constitución, el objetivo del déficit cero para 2020.
Es así como la reforma constitucional llevada a cabo por la modificación de ese artículo 135 alcanza una dimensión mucho mayor, afectando elementos que parecían basales de la Constitución del 78 como la autonomía consagrada en el art 137 de la misma, claramente vaciada en virtud de lo más arriba comentado. Una reforma que ha tenido su origen en una decisión tomada por un sujeto no previsto en la Constitución y que, sin embargo, opera de facto como un auténtico poder constituyente. Es verdad que ese “proceso constituyente” se ha venido produciendo prácticamente desde el Tratado de Maastricht para culminar en el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (Fiscal Compact) y que en virtud del mismo buena aparte de la dirección política de la economía se ha ido hacia instancias no electas, dando lugar a lo que una parte de la doctrina constitucionalista ha llamado “constitucionalismo europeo sustancial”. Pero la crisis ha evidenciado y hecho explícito este proceso de mutación constitucional al que el teórico depositario de la soberanía ha permanecido ajeno.
Cualquier modalidad de silencio o indiferencia respecto a este proceso, que se desarrolla de forma sistemática y continuada por el gobierno del PP, es cómplice de sus resultados que, junto a la pérdida de soberanía antes señalada, consiste en una fuerte recentralización de las estructuras y las actuaciones del Estado. Una modificación de la morfología y la fisiología del Estado, funcional a las necesidades de reestructuración del capital español en su pugna por hacerse un hueco en el esquema global de poder que está saliendo de la postcrisis (¿) y en el que los “costes de transacción” derivados de la existencia de varios y autónomos centros de decisión deben ser reducidos en pos de la consecución de ciertos umbrales de competitividad.
Contra lo que el optimista discurso del capitalismo en red presumía, los Estados contemporáneos lejos de perseverar en sus procesos de descentralización, aumentan el grado de centralización. Más allá de las formas jurídicas y las proclamaciones soberanistas, a lo que asistimos en realidad es a un fortalecimiento de los estructuras supraestatales sin compensación democrática alguna; el caso de la UE es elocuente al respecto. Este es, en mi opinión, el marco en el que debería enfocarse las próximas elecciones autonómicas y, más en general, las posibilidades del hecho autonómico mismo. Las veleidades descentralizadoras del Título VIII de la Constitución y de algunos sectores del régimen/4 parecen estar tocando a su fin, acompañando la propia mutación del régimen.
La resistencia contra este proceso y contra el desmantelamiento de las potencialidades democráticas presentes en la Constitución del 78 debe partir de la constatación de las profundas modificaciones operadas en el terreno de las alianzas sociales que han soportado la historia del régimen, del bloque histórico que ha constituido su encarnadura. En adelante no parece posible que ningún sector de la burguesía se muestre dispuesto a experiencias similares a las de los ochenta del pasado siglo. Tal parece que asistimos a un cierre de filas del conjunto de los sectores oligárquicos en torno a un Estado de similar naturaleza, después de que se hayan ahondado los procesos de desposesión de amplios sectores de las clases medias y que estas hayan perdido su condición de participantes en el bloque dominante a título de “clase-soporte” del mismo. Lo que no debería interpretarse, al menos por lo que al Estado español se refiere, por un abandono súbito de las estructuras territoriales de poder fraguadas en estos años en torno al hecho autonómico. Se trata más bien de un proceso gradual de desustancialización de este hecho, por la vía del progresivo vaciamiento competencial y la imposibilidad de mantener unas estructuras que pueden irse viendo sustituidas por empresas prestadoras de servicios a cargo de las grandes corporaciones privadas en forma similar a lo que asistimos en el campo de los servicios locales. Un proceso que se inició en la escena internacional hace más de dos décadas con la creación de la Organización Mundial del Comercio y que de forma imperceptible ha ido ganado terreno a lo público en la medida que el capital iba encontrando cada vez más dificultades para encontrar nuevos espacios para la valorización en el centro del sistema.
Financiarización y privatización de espacios crecientes de la vida social son, así, procesos paralelos en la historia reciente que se convierten en convergentes para dar lugar a un “Estado del capital financiero” en el que los intereses generales son traducidos de forma creciente como los intereses del capital financiero, el único que puede aportar cierta cohesión a las fragmentadas sociedades de comienzos del siglo XXI. El peso creciente de determinados grupos empresariales controlados por entidades financieras nacionales o extranjeras en la prestación de determinados servicios públicos de la competencia de las CC AA es un buen ejemplo que parece difícil que no se vaya a extender en el contexto de restricciones presupuestarias que viven estas administraciones.
Es este el marco general en el que se van a celebrar las elecciones autonómicas. Como el resto de las que van tener lugar en este ciclo electoral, va a primar en ellas su condición de primarias de las generales. No serán en estas elecciones objeto de debate las propuestas de uno u otro actor para el mejor ejercicio de las competencias autonómicas puesto que todos son conscientes, aunque no lo digan, de que lo que está en juego son precisamente las reglas del juego. En Asturias no se abordará el modelo para la salida postindustrial, ni en Murcia alternativa alguna al complejo agroinmobiliario dependiente del trasvase Tajo Segura, ni en Castilla la Mancha cómo reactivar la economía regional después de las ayudas agrarias, etc., etc. En todas y cada una se dirime mantener o, al contrario, conquistar espacios de poder desde los que defender/asediar el poder del Estado para desde él continuar/acometer el proceso constituyente de distinto y antagónico signo de los que los partidos del régimen versus Podemos son portadores.
El PP y el PSOE pugnarán por acumular el máximo de poder en las instituciones para neutralizar desde ellas el ascenso de “invitados molestos”, Podemos sobre todo. Y Podemos intentará lo mismo para acumular fuerzas y moral de cara a lo que considera cita definitiva de noviembre (si Rajoy no las retrasa, cosa que no habría que descartar). Esta hoja de ruta de Podemos convierte la dimensión autonómica- con frecuencia y de forma significativa denominada como subestatal- en secundaria dentro del proceso político constituyente, lo que, en mi opinión, constituye un error de proporciones similares a la renuncia a concurrir a las municipales, enmendada deprisa y corriendo en algunas ciudades ante el aluvión de desencanto que para sus bases potenciales significaba renunciar a dar la pelea en el ámbito local, aquel en el que el régimen ha echado sus raíces más profundas.
Un error que no tiene que ver solo con el aprovechamiento del “momento de oportunidad” que postulan los más significados portavoces de la dirección de Podemos. Tiene que ver con la concepción misma del proceso constituyente. Hemos visto más arriba el fortísimo proceso de recentralización política y administrativa que la reestructuración del capital demanda. La consecuencia de ambos procesos- el de reestructuración del capital y el de centralización estatal que le sirve-es una profunda desvalorización de la población trabajadora que pasa a ser población excedente, junto a una asimismo intensa desvalorización de una parte del territorio que pasa a ser un agregado de “no lugares”, desapareciendo del mapa económico y, por tanto, carente de significación política alguna.
En su inevitable ruptura con esa dinámica, el proceso constituyente está obligado o, mejor, necesita de un proceso de signo contrario, de revalorización de los territorios condenados por el proceso reestructurador. Este proceso de revalorización no buscará factores de ventaja comparativa ni los incentivará para atraer inversiones de capital porque no busca la “puesta en valor” del territorio. La revalorización de la que se habla se dirige a sus propios habitantes convertidos en protagonistas de su quehacer colectivo y responsables del mismo.
Es esta una de las condiciones para que este “comenzar de nuevo” lo sea realmente. La experiencia del pasado ha mostrado cómo, por intensos y profundos que fuesen, procesos constituyentes desplegados básicamente en el centro del país han terminado asfixiados por el peso inercial de un territorio (la “provincia”) conservador y ajeno a las dinámicas de cambio vividas en el centro.
La condición de existencia y efectividad del proceso constituyente es que se desarrolle de abajo arriba, “de la periferia al centro”/5, de modo que la nueva constitución sea el resultado de un proceso de autoinstituciones en el territorio, federados entre sí y del que surjan las reglas del juego fundamentales para ordenar la convivencia entre todos ellos.
Este proceso puede darse aquí y ahora si se comienza de inmediato. Las elecciones autonómicas pueden tener esta condición constituyente si desde el polo de la ruptura se plantea explícitamente así. La campaña para las andaluzas ha permitido vislumbrar estas posibilidades a pesar de las timideces y titubeos en el discurso de campaña. De alguna manera el conjunto de las fuerzas políticas/6 y buena parte del electorado presiente esta “potencialidad constituyente” que está abierta desde el 25 de mayo del 2014.
Es preciso el máximo de audacia en las propuestas, entre las que no pueden faltar reformas de los Estatutos de Autonomía en sentido constituyente como, por ejemplo, la consagración de determinados derechos de nueva hornada (derecho al agua, a la renta ciudadana) o el establecimiento de garantías para la efectividad en el ejercicio de otros como la salud, la vivienda o el medio ambiente. Se trata de ir avanzando ya en esta dinámica constituyente sin esperar a que se constituyan las nuevas Cortes salidas de las elecciones de noviembre de modo que, cuando lo hagan, el debate constituyente esté en marcha y naturalizado en la opinión pública. Una propuesta generalizada de reforma de los Estatutos de Autonomía para consolidar los derechos sociales y garantizar los servicios públicos de los que las CC AA tienen la competencia exclusiva, además de atribuir la iniciativa para configurar la agenda política, popularizaría el debate y ayudaría a asentarlo en el imaginario colectivo de cara a las elecciones generales.
Pero hay que insistir en la sustantividad del debate autonómico, en impedir su banalización. El PP presentará un cuadro optimista para el gasto público autonómico con la recuperación económica y las posibilidades de mayores ingresos tributarios que lo hacen posible. Es preciso volver el argumento en su contra denunciando la asfixia económica y la consiguiente parálisis de las políticas autonómicas impuesta por el artículo 135 y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria/7. E incluir en el paquete de propuestas para la reforma de los Estatutos de Autonomía las destinadas a asegurar la financiación de las competencias autonómicas relacionadas con el ejercicio de los derechos sociales, mediante una sustancial reordenación de la potestad tributaria.
Como estas propuestas serán combatidas desde la derecha y desde una parte del PSOE como fomentadoras de aumento del gasto público, junto a una firme defensa de la prioridad de aquel destinado a atender las necesidades sociales básicas, habrá que proponer una muy sustancial reducción de gastos suntuarios en las administraciones autonómicas/8 que deberá verse complementada en su día con las operadas en aquellos departamentos ministeriales de la Administración del Estado que, sin ninguna competencia sustantiva, mantienen costosos aparatos administrativos (Cultura, Agricultura, Vivienda, Educación, Sanidad, etc).
No hay por qué regalar la vitola de la austeridad a los partidos del régimen, ellos que han despilfarrado los recursos públicos en infraestructuras inútiles que nadie utiliza y que ni siquiera cubren sus costes de amortización o en salvar entidades de crédito después de que hubieran protagonizado la locura de la burbuja inmobiliaria. La gente de abajo valora mucho la buena administración porque la practica en su vida cotidiana, pero no admite que se le nieguen aquellas prestaciones que, además de ser derechos largo tiempo peleados, se sostienen con sus aportaciones.
Gobiernos autonómicos austeros y responsables sí pero ante todo gobiernos responsables ante la gente que los ha elegido, no entregados a la tutela y control de los poderosos.
El cambio puede haber empezado en Andalucía y puede seguir en las próximas elecciones autonómicas si se abordan no como un mero trámite sino como una posibilidad de alterar de forma significativa la relación de fuerzas con los partidos del régimen. Si conseguimos sacarlos del gobierno de algunas CC AA habremos dado un paso de gigante en el proceso constituyente para la apertura de una senda de democracia para las mayorías de este país
/1 El lugar común por excelencia que maneja la derecha es que “habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades”. Con ello se mataban dos pájaros de un tiro, tirando contra las CC AA y el Estado del Bienestar.
/2 Estos últimos manejando a discreción el mantra de la intocable “unidad de mercado”, presumiblemente puesta en peligro por el ejercicio de las potestades legislativas de las CC AA.
/3 Por ejemplo, los ambientales. Hay que recordar al respecto la campaña llevada a cabo en su día contra el establecimiento por el gobierno balear de izquierdas de una tasa en los establecimientos hoteleros destinada a financiar medidas para mejorar el medio ambiente del litoral y que finalmente fue echada abajo por el Tribunal Constitucional.
/4 El hito acaso más ilustrativo de estas veleidades descentralizadoras lo constituye el discurso de la España plural escenificado en Santillana del Mar por Rodríguez Zapatero y los barones socialistas de entonces, incluyendo a Pascual Maragall
/5 Para negar la idea misma de centro y periferia consustancial al Estado capitalista
/6 Otra cosa es que la mayoría de ellas pretenda desconocerlo y se afane en “normalizar” el acontecimiento para asentar en el electorado la idea de continuidad.
/7 A pesar de los cuales 13 de las 17 CC AA incumplieron el objetivo del déficit en 2014. Lo que pone de manifiesto la esencial inadecuación de las políticas de consolidación fiscal hasta para la reducción del déficit, al tiempo que señala cómo el PP ha aprovechado las mismas para estrangular a las CC AA y justificar la vuelta a su modelo preferido de Estado asociado con la más rancia tradición centralista.
/8 Los 60.000 euros gastados por la Comunidad de Madrid en seguimiento de la imagen de los altos cargos de la misma, incluso si no se hubieran dedicado a pagar amiguetes, sería un verdadero disparate con el que hay que acabar cuanto antes.

References: resolución 
 artículo 135
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