Source: https://www.scribd.com/doc/175323835/2013-10-11-Auto-Diligencias-Pieza-Separada-11-10-13
Timestamp: 2017-01-17 02:17:06+00:00

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2013-10-11 Auto Diligencias Pieza Separada 11.10.13
BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksArticlesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinJUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO CINCO AUDIENCIA NACIONAL MADRID DILIGENCIAS PREVIAS 275/2008 PIEZA SEPARADA “INFORMEUDEF-BLA Nº 22.510/13” AUTO En Madrid, a once de octubre de dos mil trece. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- En este Juzgado se han venido presentando diversos escritos por parte de las acusaciones populares personadas en la causa en las que se han solicitado la práctica de diligencias de investigación en el marco de la presente Pieza Separada. En concreto: Escrito de la representación procesal de ADADE presentado en fecha 18.07.2013 en que se solicitaba la declaración testifical de Mariano Rajoy Brey, María Dolores de Cospedal, Rodrigo Rato Figaredo, Javier Arenas Bocanegra, Jaime Mayor Oreja y Francisco Álvarez Cascos. Escrito de la representación procesal de MANOS LIMPIAS presentado en este Juzgado en fecha 19.07.2013 en que se solicitaban 18 declaraciones testificales. Escrito de la representación procesal de DUDH – DESC de fecha 22.07.2013 en que solicitaban la declaración en calidad de imputado de Ángel Piñeiro, ex tesorero del Partido Popular. Escrito de la representación procesal de MANOS LIMPIAS presentado en este Juzgado en fecha 24.07.2013 en que se solicitaban la declaración como imputado de Pedro Arriola. Escrito de la representación procesal de IZQUIERDA UNIDA y otros con entrada en el Juzgado en fecha 31.07.2013 en que se solicitaba la práctica de diversas diligencias, entre ellas varias declaraciones y solicitud de documentación diversa, relacionadas a través de los 39 apartados contenidos en el escrito. Escrito de la representación procesal de Pablo Nieto Gutiérrez y otros presentado en fecha 2.08.2013 en que se interesaba la declaración testifical de los apoderados del Partido Popular en la sede de La Rioja. Escrito de la representación procesal de DUDH – DESC de fecha 19.08.2013 en que interesaban requerir a la representación procesal de de Luis Bárcenas a que aportara diversa documentación. Escrito de la representación procesal de Ángel Luna y otros de fecha 4.09.2013 en que se interesa recabar información sobre un embargo de 160.000 Euros en una cuenta bancaria del Partido Popular y la identificación de los gerentes provincial y regional del mismo en Pontevedra y Galicia. Escrito de la representación procesal de DUDH – DESC de fecha 5.09.2013 en que se solicitaba requerir al Ministerio de Fomento para que aportara copia de la integridad de los expedientes de los concursos y contrataciones suscritos entre los años 1990 a 2012 entre dicho Ministerio y 12 empresas que en dicho escrito relaciona.
SEGUNDO.- Evacuado el traslado conferido en cada caso, por el Ministerio Fiscal se han emitido dictámenes con registro de salida números 4199, 4200, 4243, 4281, 4602, 4603, 4605,
4606 y 4607 en que se informa sobre la práctica de tales diligencias con los argumentos que en dichos informes se exponen que se dan aquí por reproducidos. TERCERO.- Asimismo, en fecha 10.07.2013 se presentó escrito en este Juzgado en que la representación procesal de Ángel Luna y otros interesaba, entre otras peticiones, la declaración del imputado Álvaro De Lapuerta Quintero. A los efectos de dicha declaración, considerando el estado de salud del mencionado, mediante resolución de fecha 10.07.2013 se acordó que por el Instituto de Medicina Legal de la Audiencia Nacional se emitiera informe previo respecto del estado de salud que mantenía el imputado y si el mismo permitía que le fuese recibida declaración en este Juzgado, requiriéndose a su representación procesal para que en el plazo de una audiencia aportara documentación médica actualizada sobre el Sr. La Puerta, cursándose en su caso, el reconocimiento médico forense oportuno para la emisión del precitado informe. La citada documentación ha sido aportada por parte de la representación procesal del imputado y posteriormente se han realizado dos informes médicos forenses que han sido aportados al Juzgado por los forenses adscritos al Instituto de Medicina Legal. Asimismo, la propia representación procesal del imputado ha aportado a las actuaciones un informe pericial psiquiátrico y neuropsicológico del mismo, que también obra unido a las actuaciones con carácter reservado. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS PRIMERO.- Marco legal y jurisprudencial. El artículo 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece: “El Juez que instruya el sumario practicará las diligencias que le propusieran el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes personadas, si no las considera inútiles o perjudiciales”. Habiéndose ya referido este instructor a la necesaria ponderación jurisdiccional del respeto y ajuste a la actividad instructora en cuanto objeto y finalidad, y a la proporcionalidad entre la medida que se propone y el resultado que se persigue, a la luz de la doctrina jurisprudencial sentada, entre otras, en Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2006 (con cita de otras anteriores, así como de las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 7 de julio y 20 de noviembre de 1989, y 27 de septiembre y 19 de diciembre de 1990), al objeto de ponderarse la pertinencia, necesidad y posibilidad de las diligencias probatorias interesadas al juzgador, en orden a resolver sobre su admisibilidad o inadmisibilidad, todo ello en los términos que ya han sido expuestos en resoluciones precedentes dictadas en la presente causa. SEGUNDO.- Objeto de la presente Pieza Separada y estado de la instrucción. Partiendo del anterior marco legal y jurisprudencial, la solicitud de las diversas diligencias de investigación interesadas por las acusaciones populares, a raíz principalmente de las declaraciones prestadas en la presente Pieza Separada por el imputado Luis Bárcenas Gutiérrez en fecha 15.07.13, y por los testigos llamados entre los días 13 y 14 de agosto, así como del examen de la documentación aportada a la causa por el primero en la referida comparecencia, debe partir del necesario análisis de las premisas concurrentes en la instrucción al presente estadio procesal, que lógicamente difieren de las que pudieron ser tenidas en cuenta en una primera fase de la instrucción, en los términos que ha venido señalándose en resoluciones precedentes. En este sentido, y como ya se decía en autos de 30.07.13, de 19.09.13 y de 27.09.13, para el análisis de la pertinencia e idoneidad de la diligencias interesadas por las acusaciones populares y que serán objeto de la presente resolución “debe partirse de la correcta delimitación del objeto de la presente Pieza Separada”; “Debe así recordarse como la presente Pieza Separada, en los términos ya recogidos
entre otras en resoluciones de 7 y 15 de Marzo de 2013, tiene por objeto la determinación de las consecuencias y relevancia jurídico-penal derivada de las anotaciones contenidas en los soportes documentales que dieron origen a su incoación, y que indiciariamente aparecen atribuidos al imputado Luis Bárcenas Gutiérrez, siendo objeto de investigación tanto las consecuencias de índole penal que pudieren conllevar los hechos puestos de manifiesto a través de aquellos documentos, para el caso de acreditarse la certeza de los datos derivados de los apuntes contables en ellos contenidos así como la presunta llevanza de una contabilidad “B” u oculta respecto del Partido Popular, y ello tanto desde el punto de vista tributario (arts. 305 y ss. CP) -fundamentalmente en lo referente a los ejercicios fiscales de 2007 y 2008 (a la vista de que, los anteriores ejercicios fiscales aparecerían a priori afectados por el instituto de la prescripción)-, como contable (artículo 310 del Código Penal); constituyendo también objeto de investigación los hechos relatados en el cuerpo del escrito de querella interpuesto por Izquierda Unida y otros y admitido por auto de 11.03.2013 del Juzgado Central de Instrucción Número Tres, en lo que se refiere a la contratación pública vinculada a administraciones del Partido Popular durante el periodo temporal fijado en aquella resolución y la presunta percepción de dádivas o remuneraciones procedentes de los beneficiados por las diferentes adjudicaciones objeto de investigación (señalando a tal respecto el Auto de 27 de marzo de 2013 de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que “nos movemos en un ámbito muy provisional de una red (según la querella admitida en 11 de marzo de 2013) que a través de donativos a determinado partido político pudiera conseguir ventajas ilícitas en la adjudicación de construcciones, burlando los procedimientos de licitación o sin licitar directamente). Significándose que posteriormente se han acumulado a las presentes actuaciones querellas interpuestas por diferentes acusaciones populares, en relato de hechos parcialmente coincidente con los previamente investigados en la causa”. Se decía también que “Por otra parte, y en lo atinente al objeto de las presentes actuaciones, debe también recordarse cómo el Auto de 7 de junio de 2013 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional razonaba, respecto del contenido de las presentes actuaciones, sobre “la posible existencia de una contabilidad “B” del Partido Popular, que pudiera haber generado un fluido de ingresos no declarados, lo que indiciariamente podría haber acarreado la perpetración de un delito contra la Hacienda Pública, sin perjuicio de otros muchos relacionados con las malas prácticas políticas, incluidas las entregas de dinero a personas sin existir justificación para ello y soslayando la contabilidad oficial”. Finalmente, se venía a concluir, en razonamientos de plena aplicación al caso presente, que “Al presente estadio procesal resulta palmario cómo algunas de las primeras diligencias acordadas lo fueron al objeto de corroborar la veracidad de los apuntes recogidos en los estados contables aportados a la causa, así como al objeto de confirmar su autoría por parte del imputado Sr. Bárcenas. En la actual fase de la instrucción, mientras la autoría de los mencionados documentos por parte del Sr. Bárcenas se encuentra confirmada por él mismo (declaración de 15.07.13) así como por las pruebas periciales practicadas –estando pendiente la determinación de la intervención o participación del Sr. Lapuerta en su confección o llevanza-, la realidad de varios apuntes contables ha venido a ser confirmada por las diligencias de instrucción hasta el momento practicadas (así, declaraciones testificales, análisis documental comparativo con los datos de la contabilidad oficial remitida por el Partido Popular y el Tribunal de Cuentas, etc..), debiéndose acotar los márgenes temporales de la investigación en los términos puestos de manifiesto en anteriores resoluciones dictadas en la presente Pieza Separada, la última el proveído de fecha 19.07.2013, en el sentido de concretar el objeto de la pericial de la Unidad de Auxilio de la AEAT a las contingencias fiscales con responsabilidad jurídico penal de los ejercicios de 2007 en adelante, y el objeto de la pericial de la Unidad de Auxilio de la IGAE al análisis de las eventuales responsabilidades penales por participación en delitos contra la Administración Pública –cohecho y otros-, en periodo temporal que en principio, como quedó también reflejado en auto de 31.05.13 por el que se acordaban diligencias varias a instancia del Ministerio Fiscal, comprenderá desde el año 2002 en adelante, a los efectos del instituto de la prescripción, y sin perjuicio de ulteriores ampliaciones o concreciones sobre el objeto de la investigación”. A mayor abundancia, procede recordar cómo si bien al presente estadio se encuentra pendiente de emisión el informe recabado de la Unidad de Auxilio de la AEAT, en análisis de la documentación incorporada de las actuaciones en el ámbito de la contratación pública vinculada a los querellados y su presunta relación con las cantidades dinerarias supuestamente entregadas y reflejadas en la contabilidad manuscrita llevada por el Sr. Bárcenas, se ha emitido ya, con fecha de
registro 25.09.2013, Informe confeccionado por los funcionarios de la AEAT en funciones de Auxilio judicial, que dio lugar a las diligencias de imputación y entrada y registro que fueron acordadas en anterior resolución de 27.09.13, y cuyo contenido debe ser tenido en cuenta a la hora de valorar la pertinencia de las diversas diligencias de instrucción formuladas con anterioridad a la emisión del informe referido. TERCERO.- Diligencias improcedentes para la instrucción. Partiendo de las anteriores premisas, y sin perjuicio de las diligencias sobre las que se emitirá pronunciamiento en resolución aparte, no se encuentran en las diferentes alegaciones vertidas por las distintas acusaciones populares elementos de convicción suficientes que determinen la idoneidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de las siguientes diligencias interesadas, y ello, a modo de resumen, en atención a los siguientes motivos adicionales: a) Por adivinarse en la motivación de la solicitud de las diligencias un interés cuya legitimidad no puede ser reconocido en la tramitación de un procedimiento judicial penal, sin perjuicio de la relevancia o interés extraprocesal que pudiere ponerse de manifiesto al respecto, más sin que puedan coadyuvar al objeto de la instrucción, no deben tener acogida las declaraciones testificales interesadas por la representación procesal de ADADE en su escrito de 17 de julio de 2013, en concreto de Mariano Rajoy Brey, Rodrigo Rato Figaredo, Jaime Mayor Oreja, habiéndose ya resuelto afirmativamente y practicado en fechas 13 y 14 de agosto las declaraciones también interesadas de María Dolores de Cospedal García, Javier Arenas Bocanegra y Francisco Álvarez Cascos. b) Por no resultar necesarias para determinar el significado y alcance de los hechos investigados, y su consiguiente relevancia jurídico penal, bien por resultar redundantes con otras ya practicadas, bien por exceder del ámbito temporal que razonablemente pudiere delimitar la prescripción de los delitos en que pudieren traducirse los hechos ligados a los apuntes contables investigados o bien por apartarse claramente del objeto de la instrucción –ya concretado ut supradeben ser denegadas las declaraciones testificales interesadas por la representación procesal de MANOS LIMPIAS en su escrito presentado el 18.07.13 (además de las solicitadas por la representación procesal de ADADE, se incluían las testificales de Federico Trillo, Pedro Arriola – ésta también solicitada por la representación procesal de IZQUIERDA UNIDA y otros-, Miguel Ángel Rodríguez, José María Robles Fraga, José Miguel Ortiz Bordás, Teófila Martínez, Ángel Acebes, José Antonio Sánchez, Miguel Blesa y Ángel Piñeiro; y también las de Jaume Matas – quien ya declaró como testigo en la presente Pieza Separada- y la de Gonzalo Urquijo –quien ha sido imputado en las actuaciones por auto de 27.09.13, encontrándose pendiente de fijar fecha para recibirle declaración en dicha condición, que lógicamente anula la de testigo-). De forma adicional, por lo que respecta en concreto a las solicitudes de que declaren como testigos el Sr. Rajoy Brey y el Sr. Acebes Paniagua, y pese a no invocarse entre los motivos alegados por las acusaciones populares para interesar las anteriores declaraciones testificales, toda vez que en resoluciones precedentes se justificó la pertinencia de determinadas declaraciones testificales en la responsabilidad que algunos de los testigos propuestos habían ocupado, sucesivamente, en la Secretaría General del Partido Popular, y como quiera que tal responsabilidad habría alcanzado también en determinado espacio temporal a los precitados ahora propuestos como testigos por las acusaciones populares, debe en este punto invocarse, como ya se hacía en auto de 3 de julio de 2013, el criterio sostenido por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en Auto de fecha 5.05.11 dictado en el Rollo de Sala Apelación contra autos 94/2011, derivado de causa independiente a la presente, recogiendo la cita jurisprudencial de la STC 89/1986 en cuanto que el derecho a la prueba no comprende un derecho de llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada, “de manera que, estando el objeto del proceso perfilado al nivel indiciario que es exigible por ahora, no hay necesidad de que declaren más testigos, con lo que,
operando así, de alguna manera, se seguirán las pautas que el art. 363 de la L.E.Civil estable sobre limitación de testigos llamados a declarar sobre un mismo hecho”. Por este motivo debe ser también denegada la diligencia contenida en el ordinal nº 38 del escrito de la representación procesal de IZQUIERDA UNIDA y otros registrado el 31.07.13, consistente en requerimiento al Partido Popular para que identifique a las personas que se hayan desempeñado como presidentes, secretarios generales o secretarios generales adjuntos durante el periodo 1990 a 2008, y ello sin perjuicio de la valoración independiente que debe realizarse sobre la pertinencia o utilidad de ulteriores diligencias – testificales o de otra índole -, que bien de oficio o a instancia de parte resulte oportuno practicar en averiguación de los hechos objeto de instrucción. Finalmente, en idénticos motivos a los anteriormente expuestos debe sustentarse la improcedencia del conjunto de diligencias testificales interesadas por la representación procesal de IZQUIERDA UNIDA y otros en su escrito registrado el 31.07.13, en concreto las siguientes, y ello sin perjuicio del devenir de la instrucción: las de Rosendo Naseiro, Rosalía Iglesias Villar – quien ya figura como imputada en la causa principal-, las del Gerente y Tesorero del Partido Popular en el País Vasco entre los años 1999 a 2005, las de Severo Moto, del representante legal de PESCANOVA y GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSÉ, así como las de José Manuel Fernández Norniella, Antonio Cámara, Isabel Tenaille, Juan Roig Alfonso, José Antonio Romero Polo, Ignacio López del Hierro, Alberto Recarte, José Manuel Romay Becaría y María Elvira Rodríguez Herrer. Habiéndose ya resuelto con anterioridad sobre las testificales interesadas por otras acusaciones populares respecto de Cristóbal Páez (ya practicada el 13.08.13), Gonzalo Urquijo (imputado por auto de 27.09.13), Miguel Ángel Rodríguez Bajón, Federico Trillo, Javier Arenas Bocanegra, Miguel Blesa de la Parra. Y todo ello teniendo además en cuenta que, frente a varios de los testigos propuestos, se ha procedido posteriormente por la misma acusación popular a la formulación de la correspondiente ampliación de querella, por medio de escrito de 18.09.13 pendiente de informar por el Ministerio Fiscal y resolver, haciendo incompatible la condición de testigo con la de querellado. Sobre las testificales interesadas por esta acusación popular respecto de las personas de José A. Cañas Cañada, Vicente Tirado Ochoa, Manuel Manrique Cecilia, y Cecilio Sánchez Martín, se resolverá en auto aparte. c) Por no ofrecerse por las acusaciones populares elementos o indicios que permitan sostener con suficiente fundamento una imputación en el marco de la presente Pieza Separada, deben ser denegadas las solicitudes de que se reciba declaración en calidad de imputados a Angel Piñeiro (interesada por DUDH-DESC en su escrito de 22 de julio de 2013) y a Pedro Arriola (interesada por MANOS LIMPIAS en sus escrito de 22 de julio de 2013, apenas días después de haber interesado en otro anterior su declaración en calidad de testigo). En este sentido conviene este instructor con el Ministerio Fiscal que afectando al primero de los citados –identificado por la acusación como “ex tesorero del Partido Popular de Galicia” si bien en su declaración el Sr. Bárcenas se refiere a él como gerente regional del partido en Galicia- diversos apuntes recogidos en la contabilidad del Sr. Bárcenas que comprenden los años 1990 a 1995 ambos inclusive, y al segundo de los citados diversos apuntes reflejados en los mismos soportes documentales que comprenden desde noviembre de 1990 a julio de 1996, y los años 2002 y 2003 –además de los documentos entregados por el Sr. Bárcenas en su comparecencia, entre los que se encuentran facturas emitidas por Baratz Servicios de Teledocumentación SA y otros documentos manuscritos o mecanografiados de distintas fechas hasta 2000-, con independencia de la valoración y significancia jurídico penal que pudieran tener los hechos descritos frente a ambas personas, los eventuales ilícitos penales que de los mismos pudieren derivarse se encontrarían claramente prescritos, lo que convierte en infundada la imputación interesada, que tampoco se concreta por las acusaciones populares instantes.
d) Por su contenido excesivamente genérico o inconcreto, por partir de fuentes de conocimiento no documentadas en la causa o no coincidentes con el tenor de las declaraciones recabadas, o por omitir la acusación popular solicitante el motivo o fundamento de su petición – sin que ésta pueda ser racionalmente inferida de la redacción que contiene la solicitud de diligencia- deben ser denegadas: d.1) respecto del escrito presentado por IZQUIERDA UNIDA y otros en fecha 31 de julio de 2013, las diligencias documentales referidas a la entidad SUFI S.A. –a salvo de la diligencia referida con el ordinal 4 de su escrito y sin perjuicio de las que se acordarán al respecto en resolución aparte respecto de determinados pasajes relatados por el Sr. Bárcenas en su declaración del pasado 15.07.13-; a la entidad ACS para aportación de determinada documentación; al Ministerio del Interior para que aporte determinada información sobre subvenciones otorgadas al Partido Popular para procesos electorales desde 2002; al Registro de la Propiedad de Málaga sobre actos de disposición de inmuebles realizados entre 2000 a 2005 por SANDO o el imputado José Luis Sánchez Domínguez a favor de terceras personas y en especial de Carmen Rodríguez Flores; y al Registro Mercantil Central para que aporte información sobre las sociedades EDICIONES CONO SUR, IBÉRICA DE FIRMES, y VÍDEO SOLUCIONES; d.2) en relación con el mismo escrito, la diligencia pericial consistente en que por funcionarios de la AEAT se emita informe sobre posibles facturas falsas emitidas por las mercantiles que aparecen reflejadas en los denominados “papeles de Bárcenas” –ello sin perjuicio, como indica el Ministerio Fiscal, del resultado del informe pericial solicitado a los funcionarios de la IGAE que podrán analizar el cruce de operaciones y facturación emitida y recibida por las empresas investigadas hasta el momento, en orden a valorar, entre otros, los fines que genéricamente se formulan por la acusación popular-; d.3) la diligencia documental interesada por la representación procesal de DUDH-DESC por escrito de 19.08.13, consistente en requerir al imputado Luis Bárcenas para que a través de su representación aporte determinados documentos al Juzgado, bien por resultar irrelevante su conocimiento para los hechos objeto de investigación, bien por plantearse el requerimiento de forma prospectiva e inconcreta, bien por haberse ya requerido al imputado en los términos interesados en su declaración el pasado 15.07.13; d.4) las diligencias documentales interesadas por la representación procesal de DUDH-DESC por escrito de 5.09.13, consistentes en requerir al Ministerio de Fomento para que aporte a la causa “copia auténtica de la integridad de los expedientes de los concursos y contrataciones suscritos, entre los años 1990 y 2012, entre dicho Ministerio” y las doce empresas que relaciona así como sus predecesoras, sucesoras, subsidiarias y empresas participadas, al formularse la diligencia sin justificar la procedencia del requerimiento documental que se interesa, convirtiéndose aquélla en más propia de una investigación prospectiva que de una investigación de hechos concretos con indiciaria relevancia penal, como indica el Ministerio Fiscal en su informe, ello sin perjuicio de que por la acusación popular solicitante se pudieren ofrecer datos adicionales que coadyuvaran a concretar la proporcionalidad, necesidad y utilidad de las diligencias que se interesaren a los fines de la instrucción. e) Por tratarse de diligencias de prueba documental cuyo conocimiento no resulta necesario para la determinación de las consecuencias de entidad jurídico penal que hubieren de derivarse de los hechos objeto de investigación, deben también rechazarse, entre las diligencias interesadas por la representación procesal de IZQUIERDA UNIDA y otros en su escrito registrado el 31 de julio de 2013, las siguientes: el requerimiento al Registro Mercantil de Madrid respecto de la ampliación de capital de la sociedad LIBERTAD DIGITAL S.A.; los requerimientos a las entidades PESCANOVA S.A. y GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSÉ S.A. para la aportación de su contabilidad íntegra de los ejercicios 2000 a 2008; los mandamientos y requerimientos para aportación de documentación relativa a Pedro Arriola Ríos, Baratz Servicios de Teledocumentación S.A. e Instituto de Estudios Sociales SRL –además de por los motivos ya expresados en el apartado b) del presente Razonamiento-; y el requerimiento al Partido Popular del País Vasco para remisión de determinada documentación e información relativa a la compra de su sede en Bilbao.
f) Por ser redundante su petición, al encontrarse ya practicadas en las actuaciones o bien haberse resuelto previamente sobre tales particulares con anterioridad, no pueden recibir otro tratamiento diferente al desestimatorio las siguientes diligencias (de entre las interesadas por la representación procesal de IZQUIERDA UNIDA y otros en su escrito registrado el 31 de julio de 2013): el mandamiento notarial para aportación a la causa del acta de manifestaciones del Sr. Bárcenas (ya consta unido a la causa, concretamente al Tomo IV, folios 1062 y ss.); los requerimientos a las compañías telefónicas de la información y datos que se detallan respecto del Sr. Bárcenas (formulada en términos similares por otra acusación popular en fecha 15.07.13 y denegada por auto de 17.07.13); la pericial caligráfica respecto de los visés contenidos en los documentos contables (ya acordada por este instructor); y la diligencia de entrada y registro en el domicilio del imputado Sr. Bárcenas (amén de ser una diligencia cuya propia naturaleza determina que no haya de ser previamente conocida por la persona investigada y afectada por la misma, para garantizar su eventual eficacia e idoneidad para la instrucción –lo que difícilmente tendría cabida en el estado actual de tramitación de la causa, así como tampoco con la revelación extraprocesal de la formulación de tal diligencia ocurrida con anterioridad incluso de que el escrito proponiendo la misma tuviera entrada en el Juzgado-, tal diligencia fue ya denegada previa petición de la representación procesal de DUDH-DESC por el Juzgado que recepcionó la inicial querella interpuesta por dicha asociación -Juzgado de Instrucción nº 30 de Madrid, en sus DP 399/13, por auto de 18 de Abril de 2013, Razonamiento Jurídico Tercero-, siendo conocido tal devenir procesal por el propio Sr. Bárcenas en su condición de querellado, por lo que las solicitudes formuladas con posterioridad en reiteración de idéntica diligencia carecerían de fundamento ante la imposibilidad de justificar la idoneidad, eficacia y proporcionalidad de la medida); y asimismo la solicitud de puesta a disposición de las partes de la documentación contenida en el pen drive entregado por el imputado –habiéndose ya resuelto al respecto por auto de 30.07.13-. g) Finalmente, por su carácter excepcional, falta de utilidad y ausencia de los presupuestos legales y jurisprudenciales al presente estadio de la instrucción –en cuanto el art. 455 LECrim lo configura como una diligencia de último recurso- deben ser rechazadas las diligencias de careo entre el imputado Luis Bárcenas Gutiérrez y los coimputados Luis del Rivero, Juan Miguel Villar Mir y José María Mayor Oreja, propuestas por la representación procesal de IZQUIERDA UNIDA y otros. A tal respecto debe añadirse que respecto de tal diligencia recuerda el Tribunal Supremo, en STS 94/2007, de 14 de febrero, que la admisión o denegación del careo supone el ejercicio de una facultad que el legislador reconoce expresamente al instructor o al Tribunal de instancia, quienes, en cada caso, serán libérrimos a la hora de decidir la conveniencia de su práctica. En este sentido, también el Tribunal Constitucional, en STC 55/84 de 7 de mayo, resalta el carácter discrecional que tal prueba ostenta (art. 451 LECrim: “ (…) podrá el juez celebrar careos entre los (testigos) que estuvieren discordes”), siendo potestativo del Juez la celebración de los careos aun sin mediar solicitud de las partes (art. 729.1 LECrim) y su carácter subsidiario, dado que de acuerdo con el art. 455 de la mencionada Ley, solo se practicarán careos cuando «no fuere conocido otro modo de comprobar la existencia del delito o la culpabilidad de alguno de los procesados»; concluyendo que la negativa del órgano judicial de admitir careos no constituye vulneración del art. 24.2 CE. El anterior criterio se encuentra asentado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que tiene sentada la doctrina constante de que la decisión del Juez de instancia sobre la celebración o no del careo no está sujeta a revisión casacional, no pudiendo constituir materia de casación (SSTS 6.11.89 [RJ 1989, 8566], 18.11.91 [RJ 1991, 9448], 8.6.94 [RJ 1994, 4546], 4.3.98, 17.7.2000 [RJ 2000, 6586], 4.10.2000, 13.11.2000, 2.4.2001 [RJ 2001, 5141], 6.2.2003 [RJ 2003, 2434], 13.6.2003 [RJ 2003, 4352]).
Por lo demás, señala la jurisprudencia que al margen de los resultados probatorios disponibles al tiempo de la proposición, la finalidad de la diligencia de careo puede ser sustituida por el debate contradictorio que haya de tener lugar en sede de juicio oral, en el ejercicio de la contradicción propia e ínsita del plenario, que, como recuerda la STS de 8.06.1994, “suple ventajosamente la eventual y casi siempre nula práctica del careo” (STS 4.04.2000). Igualmente las SSTS 18.3.97, 9.2.98 y 3.12.99 abundan en el carácter excepcional de la diligencia de careo, calificando los careos solicitados en cada caso como innecesarios, al no percibirse “ninguna circunstancia que permita afirmar que el Tribunal «a quo» carecía de otros medios para comprobar la existencia del delito o la culpabilidad de un acusado”. Finalmente, la STS 615/2006 de 29 de mayo, sintetiza la doctrina expuesta, al afirmar que “Debe recordarse que el careo constituye una diligencia procesal facultativa para el Juzgador (v. art. 451 LECrim.), y que, por ello, una jurisprudencia reiterada y consolidada de este Tribunal viene declarando que más que una diligencia de prueba propiamente dicha es un instrumento de verificación y contraste de la fiabilidad de otras pruebas, y por ello su denegación, en cuanto facultad del Tribunal de instancia, no resulta recurrible en casación; habiendo declarado el Tribunal Constitucional que la denegación de una diligencia de careo no vulnera el art. 24.2 de la Constitución; afirmándose, además, que la contradicción propia del plenario suple con ventaja la eventual práctica de la diligencia cuestionada (v., ad exemplum, SsTs de 18 de febrero de 1998 y de 22 de abril de 2005). En el presente caso, la estricta aplicación de la doctrina jurisprudencial antes expuesta, a la luz de los precitados arts. 451, 455 y concordantes LECrim., debe llevar de forma necesaria a denegar la práctica de las diligencias de careo interesada. Se pretende por la parte proponente justificar dicha diligencia por las contradicciones observadas entre los testimonios ofrecidos en la causa por los coimputados Luis Bárcenas, y los Sres. Del Rivero, Villar Mir y Mayor Oreja. Sin embargo, respecto de las versiones aportadas por los coimputados a lo largo de la presente causa, y pese a la divergencia de sus testimonios, tales discrepancias no pueden por sí solas motivar la práctica de una diligencia de instrucción sumarial de carácter tan excepcional como la del careo, no valorándose la misma como útil y necesaria a los fines de la investigación, máxime cuando sí existen en la causa, y así se han acordado, otras diligencias que permiten avanzar, de forma indiciaria, en el conocimiento de la existencia del delito investigado y de sus posibles autores. CUARTO.- Diligencias pertinentes para la instrucción. Respecto de las diligencias interesadas por la representación procesal de Pablo Nieto y otros en su escrito de 1 de agosto de 2013, relativas a la compra de la sede del Partido Popular en La Rioja en el año 2008, en atención a las manifestaciones del Sr. Bárcenas efectuadas al respecto en su declaración del pasado 15.07.13 y las anotaciones recogidas en los documentos contables analizados, en concreto de un ingreso el 26 de mayo de 2008 bajo el concepto “Entrega de La Rioja” por importe de 200.000 euros, con carácter previo a resolver sobre la testifical interesada por la acusación popular de los firmantes de la escritura pública de adquisición de los locales para la sede del Partido Popular procederá, en el sentido informado por el Ministerio Fiscal, que por los funcionarios integrantes de la Unidad de Auxilio Judicial de la IGAE se examine la contabilidad del Partido Popular puesta a su disposición y se emita informe sobre los registros contables existentes referidos a la adquisición de los locales para la sede del partido en La Rioja, y su relación con la anotación antes referida existente en los soportes documentales contables objeto de investigación. De igual manera, en lo referente a la diligencia solicitada por la representación procesal de Ángel Luna y otros, interesando mediante escrito de 3 de septiembre de 2013 que se requiera al Partido Popular para que aporte información y documentación sobre el embargo de 160.000 euros en una de sus cuentas bancarias, por una deuda del Partido en Pontevedra, junto con la
identificación de los gerentes provincial y regional en Pontevedra y Galicia, respectivamente, al tiempo del embargo, para declarar como testigos, ello como consecuencia de la declaración de Luis Bárcenas y su referencia a la devolución de 50.000 euros por la delegación provincial en el mes de febrero de 2010, y posterior destino que el Sr. Bárcenas habría dado a dicha cantidad, resulta igualmente procedente, con anticipación a las diligencias ahora propuestas, y ante la ausencia de una referencia temporal al suceso del embargo, en orden a poder determinar su relevancia y relación con el objeto de la investigación, que por parte de los funcionarios integrantes de la Unidad de Auxilio Judicial de la IGAE se examine la contabilidad del Partido Popular puesta a su disposición y se emita informe sobre los registros contables existentes y su significado en orden a la existencia del referido embargo y sus contrapartidas de pago y compensación entre sedes. QUINTO.- Diligencias pendientes de resolver de las acordadas de oficio. En relación a la decisión pendiente en orden a determinar la procedencia de recibir nueva declaración judicial en condición de imputado de Álvaro de La Puerta Quintero, según lo acordado en proveído del 10 de julio de 2013, respecto a los hechos puestos de manifiesto en la presente Pieza Separada con posterioridad a su inicial declaración prestada en fecha 22.03.2013 (comparecencia en la que el imputado se acogió a su derecho a no declarar), se ha procedido en el modo previsto en los artículos 381 y siguientes LECrim., habiendo sido reconocido el imputado por los médicos forenses de este juzgado en fechas 19.07.2013 y de nuevo el 13.09.2013, emitiéndose los oportunos informes médicos forenses que obran en las actuaciones con carácter reservado. Asimismo, con fecha 12.09.2013 se emite informe pericial psiquiátrico y neuropsicológico firmado por el Profesor L. Ortega Monasterio sobre reconocimiento realizado al Sr. De La Puerta el 7 de septiembre de 2013, que es aportado a las actuaciones mediante escrito de su representación procesal y valorado por los médicos forenses del Juzgado. Examinados los anteriores informes médico forenses, si bien en los mismos se constatan las alteraciones neuropsíquicas y el deterioro cognitivo padecido en la actualidad por el Sr. De La Puerta, los forenses expresan las limitaciones que tales padecimientos supondrían para prestar “una declaración judicial compleja”, así como la propia “capacidad para declarar ante la autoridad judicial”. Junto a ello, en el último informe emitido de 23.09.2013 refleja una mejoría evidente respecto del examinado en el aspecto motor, en el área del lenguaje, pensamiento, concentración y cálculo, efectuándose un juicio futuro sobre la eventual fiabilidad de su testimonio a prestar en sede judicial. Para concluir que “ratificamos la conclusión del informe emitido el pasado día 19.07.2013 al considerar que Álvaro de La Puerta quintero continúa sin reunir las condiciones necesarias para realizar una declaración compleja ante la autoridad judicial”. Valorando todos los extremos anteriores, y no encontrándonos en el estado actual del procedimiento en la fase prevista en el artículo 383 LECrim. (que ordena el archivo de la causa por el Tribunal competente una vez concluso el Sumario, en los casos de demencia sobrevenida después de cometido el delito, y hasta que el procesado recobrara la salud), así como tampoco en aquella en la que corresponde la valoración de la fiabilidad del testimonio que pudiera aportar el imputado (que correspondería a la fase de juicio oral en valoración de la prueba que allí se practicara), a quien por otro lado debe dársele la posibilidad de ofrecer las explicaciones que en el ejercicio de su derecho de defensa tuviere por oportunas, ex art. 118 LECrim., máxime a la vista de la participación que por el coimputado Sr. Bárcenas se le atribuye en los hechos objeto de investigación a partir de su declaración del pasado 15.07.2013, y al estarse practicando diligencias de prueba que le afectan de una manera directa, como lo es la pericial caligráfica acordada al objeto de identificar la firma o “visé” del Sr. La Puerta en los documentos manuscritos originales aportados por el propio Sr. Bárcenas en su comparecencia precitada y que reflejan las anotaciones de la presunta contabilidad “B” o paralela del Partido Popular objeto de investigación, procederá por todo lo expuesto acordar la citación en condición de imputado del Sr. La Puerta a fin de que
con asistencia letrada preste declaración en el día y hora que se señalará en la parte dispositiva de la presente resolución, fecha para la que se requerirá la previa presentación en el juzgado del informe pericial antes referido o del avance que pudiere ser emitido, con la suficiente antelación para el conocimiento de las partes, por los peritos encargados de su confección. En virtud de lo expuesto, vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, PARTE DISPOSITIVA 1.- No ha lugar a la práctica de las diligencias interesadas por las representaciones procesales de ADADE, DUDH-DESC, MANOS LIMPIAS e IZQUIERDA UNIDA y otros, en sus escritos relacionados en los Antecedentes, en virtud de lo acordado en el Razonamiento Jurídico TERCERO de la presente resolución. 2.- Respecto de las diligencias interesadas por la representación procesal de Pablo Nieto y otros, y de Ángel Luna y otros, en sus escritos relacionados en los Antecedentes, con carácter previo a resolver sobre las mismas se acuerda que por parte de los funcionarios integrantes de la Unidad de Auxilio Judicial de la IGAE, previo examen de la contabilidad del Partido Popular puesta a su disposición, junto con la declaración efectuada por el imputado Sr. Bárcenas el 15.07.13 y documentación aportada por el mismo, se emita informe: 2.1.- sobre los registros contables existentes referidos a la adquisición de los locales para la sede del Partido Popular en La Rioja, y su relación con la anotación existente en los soportes documentales contables objeto de investigación. 2.2.- sobre los registros contables existentes referidos al embargo de 160.000 euros en una de sus cuentas bancarias, por una deuda del Partido en Pontevedra, y su significado en orden a la existencia del referido embargo y sus contrapartidas de pago y compensación entre sedes. 3.- Recíbase declaración en condición de imputado a Álvaro De Lapuerta Quintero, señalándose a tal efecto el próximo día 4 de noviembre de 2013, a las 10:00 horas, siendo citado a través de su representación procesal. Asimismo, requiérase a los funcionarios policiales encargados de la confección del dictamen pericial caligráfico acordado al objeto de identificar la firma o “visé” del Sr. La Puerta en los documentos manuscritos originales aportados por el propio Sr. Bárcenas en su comparecencia de 15.07.13, a fin de que el referido informe –o bien el avance que pudieren emitir sobre el mismo- obre en este Juzgado con al menos cinco días de antelación a la citada fecha. Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y contra ella podrán interponer recurso de reforma en el plazo de tres días a partir de su notificación ante este mismo Juzgado, y en su caso, recurso de apelación, que podrá ser interpuesto conjuntamente con el de reforma o con carácter subsidiario, para ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Así, por este mi auto, lo acuerdo, mando y firmo, Pablo Rafael Ruz Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción Nº 5. DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo ordenado. Doy Fe.
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References: resolución 
 artículo 311
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 383
 resolución