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Timestamp: 2017-11-23 07:49:39+00:00

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La regulación jurídica de la accesibilidad | Discapnet
¿Qué se entiende por accesibilidad?
¿En qué normas se recoge la regulación jurídica de la accesibilidad?
La accesibilidad en los edificios en régimen de propiedad horizontal
La accesibilidad en los espacios públicos urbanizados y edificaciones
La accesibilidad en las relaciones con la administración general del estado
La accesibilidad referida al ejercicio del derecho al voto
La accesibilidad referida a la sociedad de la información y los medios de comunicación social
La accesibilidad en los transportes
1.- ¿Qué se entiende por accesibilidad?
Se puede entender la accesibilidad como la posibilidad de tener acceso, paso o entrada a un lugar o actividad sin limitación alguna por razón de deficiencia, discapacidad, o minusvalía.
En este sentido, se puede hablar de:
Accesibilidad urbanística, referida al medio urbano o físico.
Accesibilidad arquitectónica, referida a edificios públicos y privados.
Accesibilidad en el transporte, referida a los medios de transporte públicos.
Accesibilidad en la comunicación, referida a la información individual y colectiva.
2.- ¿En qué normas se recoge la regulación jurídica de la accesibilidad?
El artículo 9 de la Constitución Española exige a los poderes públicos garantizar el máximo bienestar de vida a todos los ciudadanos, facilitando a su vez su participación en la vida política, económica, cultural y social. Asimismo, la Constitución, en su artículo 49, teniendo en cuenta la existencia en nuestra sociedad de un círculo considerable de ciudadanos que tienen algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial, preconiza una política de previsión e integración de dichas personas.
Por otra parte, el artículo 148.1.3.º y 20.º del Texto Constitucional atribuye a las Comunidades Autónomas la competencia en materia de ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y en materia de asistencia social. En virtud de tales competencias casi todas ellas han establecido normativa que garantiza, en mayor o menor medida, la accesibilidad en las ciudades, las edificaciones, el transporte y la comunicación, siendo la normativa básica al respecto la siguiente:
Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad del País Vasco
Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción a la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de Cataluña, desarrollada por Decreto 135/1995, de 24 de marzo
Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, desarrollada por Decreto 35/2000, de 28 de enero
Decreto 72/1992, de 5 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía
Ley 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras de Asturias, desarrollada por Decreto 37/2003, de 22 de mayo
Ley 3/1996, de 24 de septiembre, sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación de Cantabria
Ley 5/1994, de 19 de julio, de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la accesibilidad de La Rioja, desarrollada por Decreto 19/2000, de 28 de abril
Ley 5/1995, de 7 de abril, de condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas y promoción de la accesibilidad general de la Región de Murcia, que, hasta la aprobación de su propio Reglamento, ha de entenderse desarrollada por Decreto 39/1987, de 4 de junio
Ley 1/1998, de 5 de mayo, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación de la Comunidad Valenciana, desarrollada por Decreto 39/2004, de 5 de marzo
Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación de Aragón, desarrollada por Decreto 19/1999, de 9 de febrero
Ley 1/1994, de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras en Castilla-La Mancha, desarrollada por Decreto 158/1997, de 2 de diciembre
Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación de Canarias, desarrollada por Decreto 227/1997, de 18 de septiembre
Ley 8/1997, de 18 de junio, de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura, desarrollada por Decreto 8/2003, de 28 de enero
Ley 3/1993, de 4 de mayo, para la mejora de la accesibilidad y de la supresión de las barreras arquitectónicas de las Islas Baleares, desarrollada por Decreto 20/2003, de 28 de febrero
Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de la Comunidad de Madrid, desarrollada por Decreto 13/2007, de 15 de marzo
Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla y León, desarrollada por Decreto 217/2001, de 30 de agosto
Ley Foral 4/1988, de 11 de julio, sobre barreras físicas y sensoriales de Navarra
Todas estas disposiciones, así como su normativa de desarrollo, están disponibles para su consulta en el apartado Legislación de discapnet.
En lo que a la normativa estatal se refiere, debe mencionarse una norma de especial relevancia a estos efectos, como es la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (BOE de 3 de diciembre de 2.003). En desarrollo de las previsiones contenidas en su artículo 10 y, en cumplimiento del mandato recogido en diferentes Disposiciones Finales, durante el año 2.007 se aprobaron disposiciones tan relevantes en este ámbito como:
El Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado, desarrollado por Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero.
El Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
El Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.
El Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
Centrándonos en la accesibilidad en edificios, merecen destacarse:
El Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios (BOE de 23 de mayo de 1.989), en el que se establecen una serie de medidas mínimas que deben garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad. Sin embargo, sólo resulta aplicable en ausencia de normativa autonómica, por lo que tiene escasa relevancia práctica.
La Ley 15/1995, de 30 de mayo, por la que se establecen límites al dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad, cuya regulación se explica con detalle en la pregunta 3.6.
3.- La accesibilidad en los edificios en régimen de propiedad horizontal
3.1.- ¿Qué se necesita para instalar elementos que faciliten la movilidad de las personas discapacitadas - un ascensor o una rampa - en un edificio en régimen de propiedad horizontal?
Desde la reforma de la Ley 49/1960, de 21 de Julio, de Propiedad Horizontal (BOE de 23 de julio de 1.960), llevada a cabo en el año 2003, la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con discapacidad, incluso cuando impliquen la modificación del título constitutivo, es decir, de la configuración inicial del edificio en conjunto y de cada piso o local en particular, o de los estatutos, requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.
Esto quiere decir que exige una doble mayoría. En primer lugar de propietarios; esto es, si son 7 propietarios, deberían estar a favor, como mínimo 4. En segundo lugar, de cuotas. Cuando se construye una casa de pisos, cada uno de ellos cuenta con una participación en los elementos comunes de la totalidad del inmueble, participación que se determina con un porcentaje. Dicha cuantía viene en la escritura de cada uno de los pisos. Hace falta que el porcentaje sumado de las personas que quieren instalar el ascensor o la rampa alcance, como mínimo, el 51%.
El camino a seguir sería solicitar mediante un escrito al Presidente de la Comunidad, del que habrá que quedarse con una copia firmada que acredite la recepción por éste, que, conforme al artículo 16.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, la Junta de propietarios habría de estudiar y pronunciarse sobre la instalación de un ascensor o de una rampa. El presidente estará obligado a incluir dicha mención en el orden del día de la siguiente Junta que se celebre.
Tal como se encarga de establecer la Ley en su artículo 17.1, ”Los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a lo dispuesto en esta norma obligan a todos los propietarios”. Esto quiere decir que si la mayoría de los vecinos están de acuerdo en instalar un ascensor o una rampa, por ejemplo, dicho acuerdo obliga al resto de los copropietarios.
A estos efectos, se computarán como votos favorables los de aquellos propietarios ausentes de la Junta debidamente citados, quienes una vez informados del acuerdo adoptado por los presentes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 9, no manifiesten su discrepancia por comunicación a quien ejerza las funciones de secretario de la Comunidad en el plazo de treinta días naturales, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción.
Una vez tomado el acuerdo, debe cumplirse pues, conforme establece la Ley de Propiedad Horizontal en su artículo 18.4, los acuerdos de la Junta de Propietarios son ejecutivos. Por tanto, existiendo el acuerdo de la instalación del ascensor o la rampa, deberá requerirse al Presidente de la Comunidad para que se ejecute el acuerdo tomado. Asimismo, sería interesante solicitar un certificado del contenido concreto del acuerdo.
En el caso en que la Comunidad no hiciera nada, el paso siguiente sería acudir ante el juez para que obligase a la citada Comunidad a hacer la obra. Sin embargo, se trataría de un proceso lento y que tendría costes, y aunque se terminase ganando (lo cual es lo normal), se retrasaría el proceso de instalación.
Así, la medida más rápida y efectiva sería denunciar este hecho al Servicio de Urbanismo Municipal de la Localidad donde se resida. Asimismo, denunciar dicho hecho ante la Consejería de Urbanismo de la Comunidad Autónoma de residencia. Esto es así, ya que existe normativa sectorial que regula la eliminación de barreras arquitectónicas. A través de la vía administrativa, que podría llegar a la imposición de sanciones a la Comunidad, se podría “motivar” a esta a la instalación de la rampa o ascensor.
Por otra parte, si se convoca la Junta de Propietarios y ésta vota en contra de la propuesta de instalación, el paso a realizar sería impugnar judicialmente el acuerdo, conforme al procedimiento establecido en el artículo 18 de la Ley 49/1960, solicitando al juez la anulación del acuerdo y que se declare la obligación de realizar la instalación del ascensor o de la rampa.
3.2.- ¿Es necesario contar con un determinado porcentaje de minusvalía para exigir la instalación de elementos que faciliten la accesibilidad?
Ni la Ley de Propiedad Horizontal ni en la normativa autonómica se establece la necesidad de una determinada minusvalía para poder instalar este tipo de elementos. Estos pueden ser instalados por la mera conveniencia o comodidad para los propietarios de un inmueble.
Ahora bien, en caso de falta de acuerdo entre estos y, de cara a la utilización de los recursos legales previstos en casos de discapacidad, se considera que valdría únicamente con contar con una minusvalía declarada de al menos el 33 %.
3.3.- ¿Quién ha de pagar la instalación del ascensor o la rampa?
Conviene tener presente, a este respecto, las previsiones contenidas en la Ley de Propiedad Horizontal (tras la modificación operada por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad) en relación con esta cuestión. Esta norma establece en su artículo 10.2. que:
“Asimismo, la comunidad, a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan, trabajen o presten sus servicios altruistas o voluntarios personas con discapacidad, o mayores de setenta años, vendrá obligada a realizar las obras de accesibilidad que sean necesarias para un uso adecuado a su discapacidad de los elementos comunes, o para la instalación de dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan su comunicación con el exterior, cuyo importe total no exceda de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes.”
Es decir, la Comunidad está obligada a realizar y costear obras de accesibilidad solicitadas por personas discapacitadas o mayores de 70 años siempre y cuando el coste de las mismas no supere las tres mensualidades de gastos comunes. ¿Qué ocurre si las obras superan ese coste?.
El artículo 11.3 de la misma Ley establece que:
“Cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de accesibilidad, la comunidad quedara obligada al pago de los gastos aun cuando su importe exceda de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes.”
Es decir, si el coste de las obras supera las tres mensualidades de gastos comunes, la comunidad quedará obligada igualmente a realizar y costear las obras de accesibilidad siempre que haya un acuerdo válidamente adoptado al respecto. En este sentido, el artículo 17.1.ª, párrafo tercero, de la Ley establece que:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de esta ley , la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con minusvalía, incluso cuando impliquen la modificación del título constitutivo, o de los estatutos, requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.”
Es decir, bastaría que suscribieran el acuerdo una mayoría de propietarios que, a su vez, representaran el 51 % de cuotas de participación (Cuando se construye una casa de pisos, cada uno de ellos cuenta con una participación en los elementos comunes de la totalidad del inmueble, participación que se determina con un porcentaje. Dicha cuantía viene en la escritura de cada uno de los pisos).
Por otra parte y, conforme a lo establecido en el artículo 9 e) de la misma Ley, los propietarios deberán contribuir a financiar la instalación “con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización”. Esto quiere decir que se debe pagar conforme al porcentaje establecido en la escritura de división horizontal de la casa, siendo ilegal el pacto de establecer un sistema de pagos diferenciado para el ascensor o la rampa.
En el caso de los ascensores, suele suceder que los vecinos propietarios de pisos bajos de las casas o de las primeras plantas, muchas veces no tienen inconveniente a que se instale el ascensor, ya que en principio no lo utilizarían (caso de las plantas bajas), pero lo que no quieren es pagar. Tal como le hemos dicho, el acuerdo de instalación obliga a todos los propietarios a pagar, pero algunas comunidades llegan a algún tipo de acuerdo con los propietarios que no quieren pagar, mediante el cual estos dan su consentimiento a la obra, pero no pagan. En algunos casos lo que se suele hacer es instalar una llave en el ascensor, de forma que éste sólo funcione si la persona tiene la llave. Ésta se le entrega a los propietarios que han pagado, y si alguna persona que no pagó, en su día quiere incorporarse, se le liquidaría la parte que debiera haber pagado (art. 11 LPH), y se incorpora al uso del ascensor.
En definitiva, el pago debería distribuirse conforme al sistema de porcentaje establecido en la escritura de división horizontal, o en su defecto por las normas generales de la Comunidad. En principio, sería ilegal la modificación de dichas cuotas.
3.4.- Una vez acordada por la Comunidad la instalación de un ascensor o rampa, ¿Qué trámites son los siguientes?
Una vez adoptado el acuerdo de instalación de un ascensor debe realizarse un proyecto de obra, firmado por Arquitecto o Arquitecto Técnico. Los servicios competentes del Ayuntamiento de que se trate, a la vista del mencionado proyecto, concederán, o no, la licencia de obra. Es decir, la licencia de obra es posterior al acuerdo de instalación del ascensor.
Si se aprueba en la Junta de Propietarios la instalación de un ascensor, y el Ayuntamiento concede la correspondiente licencia de obra, los propietarios que se oponen no podrían hacer nada. No podrían denunciar la obra al Ayuntamiento, ya que éste la ha autorizado, y las molestias que se les causen deberían soportarlas, conforme establece el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal.
Normalmente y, en relación con la con la instalación de ascensores, se suele plantear el problema de la reducción del hueco de la escalera. En cuanto a las dimensiones de ésta, en principio, las normas técnicas de la edificación, establecen que debe tener una anchura mínima de 100 cms. Sin embargo, y así lo constata la propia experiencia, en algunos casos los Ayuntamientos han concedido licencia para reducir la escalera, incluso hasta a 90 cms., si con ello se facilitaba la instalación de ascensores para personas ancianas o discapacitadas. Especialmente en los supuestos en los que existen empresas que construyen ascensores a medida para casas que instalan dichos aparatos a posteriori, una vez construidas las casas. Incluso, los Ayuntamientos conceden licencia para instalar ascensores pequeños, donde no llega a entrar una silla de ruedas, porque tienen la consideración que un ascensor pequeño es mejor que no tener ascensor.
3.5.- ¿Qué ocurre si, para instalar un ascensor, hay que invadir parte de una vivienda particular?
La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal efectuada por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, favorece la instalación de ascensores, si bien aún se plantean algunos problemas cuando dicha instalación requiere “expropiar” parte de la vivienda de otros propietarios.
Con carácter general, conforme al artículo 17.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, el establecimiento o supresión de los servicios de ascensor, portería, conserjería, vigilancia u otros servicios comunes de interés general, incluso cuando supongan la modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación.
Sin embargo, las obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con discapacidad, incluso cuando impliquen la modificación del título constitutivo, o de los estatutos, requerirán solamente el voto favorable de la mayoría de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.
Por tanto, con carácter general, la instalación de un ascensor necesitaría únicamente la mayoría de los propietarios.
Ahora bien, el propio articulo 17.1 LPH se encarga de establecer una mención: “sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de esta Ley”.
Concretamente, en el artículo 10 se determina que será obligación de la Comunidad la realización de las obras necesarias para el adecuado sostenimiento y conservación del inmueble y de sus servicios, de modo que reúna las debidas condiciones estructurales, de estanqueidad, habitabilidad, accesibilidad y seguridad. Asimismo, la Comunidad, a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan, trabajen o presten sus servicios altruistas o voluntarios personas con discapacidad, o mayores de setenta años, vendrá obligada a realizar las obras de accesibilidad que sean necesarias para un uso adecuado a su discapacidad de los elementos comunes, o para la instalación de dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan su comunicación con el exterior, cuyo importe total no exceda de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes.
Dado que la instalación de un ascensor excede el importe superior a tres mensualidades ordinarias de gastos comunes, sería de aplicación el artículo 11 LPH.
Así, en el apartado tercero de dicho artículo se establece que cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de accesibilidad, la Comunidad quedará obligada al pago de los gastos aun cuando su importe exceda de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes.
Sin embargo, en el apartado siguiente se establece que las innovaciones que hagan inservible alguna parte del edificio para el uso y disfrute de un propietario requerirán, en todo caso, el consentimiento expreso de éste.
Por tanto, aunque conforme al artículo 17.1 LPH bastase únicamente el voto afirmativo de la mayoría de los propietarios que a su vez fuesen mayoría de cuotas de participación para instalar el ascensor, es requisito si ne qua non el consentimiento expreso de los propietarios de las viviendas que resulten afectadas por la instalación.
¿Qué podría hacer la Comunidad?
Normalmente, lo que se suele hacer es tasar por una inmobiliaria o por una sociedad de tasación los metros afectados, e indemnizar al propietario en cuestión. Ahora bien, si los propietarios no quisieran vender, o si pidieran un precio desproporcionado, poco se podría hacer. Esto es así porque legalmente no se puede obligar a un propietario a sufrir esa merma o “expropiación” de su propiedad.
¿Cuál sería la única vía de actuación?
Convocar una Junta General Extraordinaria que llevara como único punto del orden del día “instalación de ascensor: medidas a adoptar”. En esa Junta a la que deberían ser citados todos los propietarios se estudiarían los presupuestos del ascensor y se ofrecería a los propietarios de los locales afectados la indemnización por la obra a realizar; si estos la rechazaran por insuficiente, o pidieran mayor cantidad; no habría acuerdo. En tal caso, sólo quedaría la posibilidad, incierta en su resultado, de impugnar el acuerdo de la Comunidad, solicitando al Juez que declarase la obligación de los dueños de las viviendas afectadas de ceder la parte necesaria de las mismas para la instalación del ascensor.
3.6.- ¿Hay alternativas a la negativa de la Comunidad de Propietarios de instalar el ascensor o la rampa?
En el caso en que no se pueda aprobar la instalación del ascensor o la rampa, con carácter general, puede recurrirse a lo establecido por la Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad (BOE de 31 de mayo de 1.995).
Dicha Ley se aplica a las obras de adecuación de fincas urbanas ocupadas por personas minusválidas que impliquen reformas en su interior, si están destinadas a usos distintos del de la vivienda, o modificación de elementos comunes del edificio que sirvan de paso necesario entre la finca urbana y la vía pública, tales como escaleras, ascensores, pasillos, portales o cualquier otro elemento arquitectónico, o las necesarias para la instalación de dispositivos electrónicos que favorezcan su comunicación con el exterior.
Dentro del campo de aplicación se encuentran las personas con discapacidad, pero se establece expresamente que son directamente aplicables por los mayores de setenta años sin que sea necesario que acrediten su discapacidad con certificado de minusvalía.
Los requisitos materiales se encuentran en su artículo 3:
a) Ser el titular o el usuario de la vivienda una persona con disminución permanente para andar, subir escaleras o salvar barreras arquitectónicas, se precise o no el uso de prótesis o de silla de ruedas.
b) Ser necesarias las obras de reforma en el interior de la finca urbana o en los pasos de comunicación con la vía pública para salvar barreras arquitectónicas, de modo que se permita su adecuado y fácil uso por personas con discapacidad, siempre que las obras no afecten a la estructura o fábrica del edificio, que no menoscaben la resistencia de los materiales empleados en la construcción y que sean razonablemente compatibles con las características arquitectónicas e históricas del edificio.
La persona discapacitada notificará por escrito al propietario, a la Comunidad o a la Mancomunidad de propietarios, la necesidad de ejecutar las obras de adecuación por causa de minusvalía. Se acompañará al escrito de notificación el proyecto técnico detallado de las obras a realizar.
En el plazo máximo de sesenta días, la Comunidad o la Mancomunidad de propietarios comunicarán por escrito al solicitante su consentimiento o su oposición razonada a la ejecución de las obras; también podrán proponer las soluciones alternativas que estimen pertinentes. En este último supuesto, el solicitante deberá comunicar su conformidad o disconformidad con anterioridad al ejercicio de las acciones judiciales pertinentes. Transcurrido dicho plazo sin efectuar la expresada comunicación, se entenderá consentida la ejecución de las obras de adecuación, que podrán iniciarse una vez obtenidas las autorizaciones administrativas precisas. La oposición comunicada fuera de plazo carecerá de eficacia y no impedirá la realización de las obras.
Comunicada en el tiempo y forma señalados la oposición a la ejecución de las obras de adecuación, o no aceptadas las soluciones alternativas propuestas, el titular o usuario de la finca urbana podrá acudir en defensa de su derecho a la jurisdicción civil, tramitándose el procedimiento como juicio verbal – arts. 437 y ss. Ley de Enjuiciamiento Civil –. El juez dictará sentencia reconociendo el derecho a ejecutar las obras en beneficio de las personas discapacitadas, pudiendo, no obstante, declarar procedente alguna o parte de las alternativas propuestas por la parte demandada.
Los gastos que originen las obras de adecuación de la finca urbana o de sus elementos comunes correrán a cargo del solicitante de las mismas, sin perjuicio de las ayudas, exenciones o subvenciones que pueda obtener, de conformidad con la legislación vigente. Normalmente suelen existir subvenciones concedidas por los servicios de vivienda y urbanismo, así como los servicios sociales, para la remoción de las barreras que impiden, o dificultan, la movilidad de las personas con discapacidad.
Las obras de adecuación realizadas quedarán en beneficio de la propiedad de la finca urbana.
4.- La accesibilidad en los espacios públicos urbanizados y edificaciones
4.1.- ¿Qué norma regula esta materia?
Esa norma se corresponde con el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, sobre accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones (BOE de 11 de mayo de 2.007), con el que se desarrolla la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, de 2 de diciembre de 2003, tal y como se prevé en la Disposición Final Novena de la misma, en relación con su artículo 10.
Este Real Decreto regula las condiciones básicas de accesibilidad en edificios y espacios públicos urbanizados para garantizar a todas las personas un uso independiente y seguro de los mismos, y esto con la finalidad de hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas que presentan alguna discapacidad.
La norma armoniza y unifica las condiciones requeridas por las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Además, establece unas condiciones básicas para garantizar la accesibilidad desde el diseño pensado en todos y para su autonomía personal, con una visión más abierta de las necesidades existentes, asumiendo la pluralidad dentro de la discapacidad y mejorando los mecanismos de control existentes.
4.2.- ¿Qué condiciones básicas de accesibilidad contempla el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, en relación con los edificios?
El Real Decreto referido establece las siguientes condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en lo que a su acceso y utilización se refiere:
a) Accesos (Art. 2):
En todo edificio existirá un itinerario accesible fácilmente localizable que comunique al menos una entrada principal accesible con la vía pública y con las plazas accesibles de aparcamiento, que deberán existir siempre.
Las puertas de las entradas accesibles contarán con señalización e iluminación suficiente para ser localizadas tanto desde el interior como desde el exterior.
Asimismo, carecerán de desnivel en el umbral y a ambos lados existirá un espacio para el acceso de usuarios en sillas de ruedas. El pavimento deberá contar con la textura adecuada para disminuir los riesgos de resbalamiento.
Se habilitarán pasos alternativos accesibles cuando los sistemas de control de acceso al edificio supongan un obstáculo para personas con discapacidad.
Los edificios contarán con los elementos necesarios para permitir el acceso y uso de los mismos a personas acompañadas de perros guía o cualquier otro tipo de ayuda.
b) Accesibilidad en los espacios destinados a usos o servicios de un edificio público y en los espacios comunes de edificios de vivienda (Art. 3):
Dichos espacios contarán con las características necesarias para permitir su utilización independiente por personas con discapacidad, estando comunicados por itinerarios accesibles.
c) Espacios situados a nivel (Art. 4):
Contarán con un itinerario accesible que comunique el acceso y la salida del edificio, las zonas de refugio y los ascensores u otros elementos de comunicación vertical accesibles.
Ese itinerario debe garantizar la circulación de personas en silla de ruedas y la comunicación visual de determinados espacios, según su uso, en beneficio de las personas sordas. Además, su pavimento ha de ser adecuado para reducir la posibilidad de resbalamientos.
d) Espacios situados en diferentes niveles (Art. 5):
Contarán, en todo caso, con un medio accesible alternativo a las escaleras. En el caso de edificios de pública concurrencia de más de una planta, siempre contarán con ascensor accesible, mientras que en el caso de edificios de viviendas con más de dos plantas, contarán con rampa o ascensor accesible, o bien cumplirán las condiciones que permitan su instalación posterior.
El espacio frontero a la puerta del ascensor debe permitir el acceso al mismo por personas en silla de ruedas o necesitadas de otras ayudas técnicas, salvo cuando esto no sea posible en el caso de edificios ya existentes.
e) Utilización accesible (Art. 6):
El mobiliario de los edificios será dispuesto de tal forma que permita la utilización segura e independiente por personas con discapacidad, especialmente discapacitados visuales o usuarios en silla de ruedas.
Además, en salones de actos, salas de espectáculos y locales con asientos fijos deberán existir asientos convertibles cercanos a las vías de salida.
Todos los edificios públicos de nueva planta estarán dotados de aseos accesibles.
f) Información y señalización (Art. 7):
La información, señalización e iluminación del edificio deberá permitir a los usuarios del edificio, cualquiera que sea su discapacidad, la localización de las distintas áreas del mismo y de sus itinerarios accesibles, así como su utilización en condiciones de seguridad.
g) Seguridad en caso de incendio (Art. 8):
Los edificios contarán con mecanismos que permitan a las personas discapacitadas percibir la existencia de un incendio, así como con señalización óptica, acústica y táctil en los recorridos de evacuación. Del mismo modo, contarán con ascensores de emergencia con accesos en cada planta y con zonas de refugio en todos los niveles donde no haya salidas de emergencia, dependencias que habrán de ser resistentes al fuego.
4.3.- ¿Qué condiciones básicas de accesibilidad recoge dicho Real Decreto en relación con los espacios públicos urbanizados?
Con el objeto de garantizar a todas las personas un uso no discriminatorio, independiente y seguro de los espacios públicos urbanizados, el Real Decreto establece las siguientes condiciones básicas de accesibilidad:
a) Itinerarios peatonales y su accesibilidad (Arts. 10 y 11):
Los itinerarios peatonales son los espacios públicos destinados al tránsito no discriminatorio de los peatones. Han de garantizar, tanto en plano rasante como en altura, el paso, el cruce y el giro o cambio de dirección de cualquier persona. Serán continuos, sin escalones sueltos y con pendientes que posibiliten la circulación, especialmente, de personas en silla de ruedas o acompañadas de perro guía.
Habrá itinerarios de estas características en zonas de estancia tales como plazas, parques y jardines, áreas de juegos infantiles, playas urbanas etc., que continuarán hasta los puntos de interés o uso público. Las personas usuarias de perros guía gozarán plenamente del derecho a hacer uso de los espacios públicos urbanizados, sin que puedan ver limitada su libertad de circulación y acceso por esta circunstancia.
b) Elementos de urbanización (Art. 12):
En los itinerarios peatonales la pavimentación ha de constituir una superficie continua y sin resaltes y contar con la suficiente textura que disminuya los riesgos de resbalamiento, textura que también deberán respetar en cuanto a colores para evitar confusiones a los discapacitados visuales. En los vados peatonales el pavimento será distinto en textura y color para hacerlos reconocibles, algo que también ocurrirá en el caso de límites con desnivel, zonas de peligro o arranque de rampas o escaleras.
Los elementos para salvar desniveles contarán con las dimensiones adecuadas para su utilización autónoma por todos los peatones, así como con elementos de ayuda (barandillas, zócalos...), dispositivos de manejo accesibles y señalización e iluminación que permita localizarlos y detectarlos fácilmente.
Las rejillas, registros y demás elementos de infraestructuras deberán estar enrasados o fuera del espacio de los itinerarios peatonales. Además, en el caso de rejillas y sumideros, deberán estar diseñados de manera que no entorpezcan el paso de sillas de ruedas y eviten la entrada de bastones, muletas etc.
c) Puntos de cruce, entradas y salidas de vehículos: (Art. 13):
Los vados de peatones que formen parte de los itinerarios peatonales tendrán las dimensiones necesarias para garantizar la circulación peatonal. Las pendientes en el pavimento y el encuentro con la calzada deben garantizar un paso sin dificultad a cualquier persona discapacitada, contando con un pavimento diferente en cuanto a textura y color para garantizar su fácil detección.
Los pasos de peatones tendrán la misma anchura que los vados que los unen, procurando que se
an perpendiculares a la acera para facilitar el cruce de discapacitados visuales. Se señalizarán con pintura antideslizante y estarán ubicados donde sean fácilmente localizables por los conductores. En todo caso habrá de garantizarse la visibilidad de los semáforos peatonales y de la calzada, que no podrá verse dificultada por obstáculos de ningún tipo (vegetación, señales, bolardos...).
Los semáforos peatonales dispondrán de señal sonora e, incluso, de señal de emergencia acústica y luminosa si se colocan en zonas cercanas a pasos de vehículos de emergencia (bomberos, hospitales, policía...). De igual forma existirán señales visuales y acústicas de peligro o precaución en las salidas de emergencia de los edificios de pública concurrencia.
d) Urbanización de frentes de parcela (Art. 14):
Las obras de este tipo se realizarán de manera que no interfieran en el itinerario peatonal colindante con la fachada.
e) Mobiliario urbano (Art. 15):
Los elementos de mobiliario urbano como farolas, señales etc., se dispondrán de manera que no invadan el itinerario peatonal. Con carácter general, se colocarán lo más cerca posible de la calzada, salvo en el caso de zonas estrechas, en que se ubicarán adosados a las fachadas.
A la hora de elegir el mobiliario urbano se considerará el que su utilización sea cómoda y segura y su fácil detección.
Las marquesinas de espera y refugio serán accesibles y no deberán obstruir el itinerario peatonal, debiendo situarse en plataformas adicionales o ensanches del mismo.
f) Aparcamiento y elementos de control y protección del tráfico rodado (Art. 16):
Se reservarán plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida en los principales centros de actividad de la ciudad, con independencia de las existentes por residencia o trabajo. Tales plazas, que deben estar adecuadamente señalizadas, estarán lo más cerca posible a los accesos al edificio y siempre junto a un vado peatonal. Por otra parte, tendrán las dimensiones suficientes, con independencia del tipo de aparcamiento, como para permitir la aproximación de la silla de ruedas y la posterior transferencia de la misma al vehículo.
Se evitarán en la medida de lo posible los sistemas antiaparcamiento que, en ningún caso, podrán obstruir los itinerarios peatonales, y las vallas y elementos de delimitación y protección habrán de ser estables y fácilmente detectables.
g) Obras en la vía pública (Art. 17):
En lo que a las obras se refiere, deberán estar perfectamente delimitadas con elementos estables, rígidos y fácilmente detectables, garantizándose así la seguridad del peatón, sin que en los itinerarios peatonales pueda haber resaltes ni elementos salientes que dificulten un paso seguro y continuo.
La señalización en zonas de obras debe ser adecuada y perceptible por todas las personas con independencia de su discapacidad.
h) Actividades comerciales en la vía pública (Art. 18):
Por lo que a las actividades comerciales respecta (quioscos, terrazas de bares, cajeros...), no podrán invadir los itinerarios peatonales. Además, no podrán tener salientes en altura, toldos bajos o expositores de difícil detección.
En todo caso, se garantizará el acceso de las personas discapacitadas a cajeros automáticos, máquinas expendedoras, cabinas de teléfono etc.
i) Señalización e información urbana (Art. 19):
Se garantizará la fácil localización de los principales espacios y equipamientos del entorno, mediante señalización direccional que garantice su lectura por peatones desde los itinerarios peatonales, facilitando su orientación dentro del espacio público.
Los itinerarios peatonales dispondrán de una completa señalización que asegure la ubicación y orientación de los peatones con cualquier tipo de discapacidad.
En el Anexo del Real Decreto se recogen algunas definiciones de los términos utilizados en el mismo.
4.4.- ¿En qué plazo serán de obligado cumplimiento las condiciones básicas de accesibilidad impuestas por el Real Decreto 505/2007?
Según establece la Disposición Final Quinta del mismo, las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones serán obligatorias a partir de 2.010 para los espacios urbanizados y edificios nuevos, así como para las obras de ampliación o reforma que se lleven a cabo en los ya existentes. Para los espacios públicos ya urbanizados y para los edificios ya existentes las condiciones básicas serán exigibles a partir de 2.019, siempre que las mismas se puedan implantar de forma razonable.
Al menos un año antes de que entre en vigor la obligatoriedad apuntada para los edificios nuevos, las condiciones básicas aludidas se incorporarán al Código Técnico de Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE de 28 de marzo de 2.006).
5.- La accesibilidad en las relaciones con la administración general del estado
5.1.- ¿Qué norma regula las condiciones de accesibilidad en esta materia?
El Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado (BOE de 24 de marzo de 2.007), que busca garantizar la accesibilidad y eliminar cualquier discriminación de este colectivo en los accesos a oficinas, impresos, medios telemáticos y cualquier otra vía de comunicación oficial (art. 1).
Con esta finalidad, el texto define las condiciones de accesibilidad que habrán de reunir las oficinas y servicios de atención al ciudadano, inspirándose para ello en los principios consagrados en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (art. 2).
5.2- ¿Qué condiciones de accesibilidad contempla el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, en relación con las Oficinas de Atención al Ciudadano?
Entre esas condiciones cabe citar las siguientes:
a) La ubicación de las Oficinas en entornos que garanticen el acceso a personas con discapacidad (Art. 4):
La Oficina se ubicará en planta a nivel de la vía pública. En caso contrario, deberá disponer de rampas de acceso o ascensores con características que permitan su uso autónomo y seguro por personas con discapacidad.
La Oficina debe estar correctamente señalizada visualmente desde el exterior, de tal forma que sea fácilmente identificable. La señalización deberá ser diseñada de modo que resulte inteligible y comprensible por parte de las personas con discapacidad intelectual.
Las Oficinas de Atención al Ciudadano, en caso de disponer de plazas de aparcamiento, reservarán un número suficiente de plazas, convenientemente señalizadas, destinadas en exclusividad a personas con movilidad reducida, con dimensiones adecuadas para el acceso lateral y posterior a los vehículos, garantizando la existencia de itinerarios accesibles entre las plazas y la propia Oficina
b) Acceso a las Oficinas (Art. 5):
El espacio adyacente, tanto interior como exterior, a la puerta de acceso a la oficina debe ser horizontal y no presentar obstáculos, permitiendo la aproximación y la apertura de la puerta de forma autónoma a todos los usuarios.
c) Recepción en las Oficinas de Atención al Ciudadano (Art. 6):
Los sistemas de control de acceso no supondrán obstáculo para la circulación de personas con problemas de deambulación o usuarias de sillas de ruedas, ni para la circulación de personas que utilicen otros dispositivos de ayuda a la movilidad como perros-guía o de asistencia o bastón de movilidad. Tampoco deben interferir con dispositivos personales electromagnéticos tales como marcapasos y prótesis auditivas.
El vestíbulo de recepción se organizará de forma que facilite la orientación a los usuarios. A estos efectos, se señalizarán de forma visual y táctil los recorridos que den acceso a las diferentes zonas y usos del edificio. Si la oficina estuviera dotada de zona de espera, ésta contará con mobiliario concebido con arreglo a criterios de diseño para todos.
d) Señalización interior accesible (Art. 7):
El contenido de la información será conciso, básico y con símbolos sencillos, fácilmente comprensible, evitando toda información superflua.
La información relevante se dispondrá, al menos, en dos de las tres modalidades sensoriales: visual, acústica y táctil (altorrelieve o braille) para que pueda ser percibida también plenamente por las personas con discapacidad visual y auditiva.
La megafonía estará acondicionada con los bucles de inducción magnética y amplificadores de campo magnético necesarios para posibilitar la mejor audición a personas usuarias de audífonos. Toda la información emitida por megafonía debe mostrarse también en paneles textuales bien visibles.
e) Configuración de los puestos de atención (Art. 8):
La altura de los mostradores y puntos de información debe ser adecuada para recibir a todo tipo de usuarios Al menos una parte del mostrador o mesa de atención ha de estar a la altura de una mesa de trabajo, para atender a personas de diferentes alturas, usuarios de sillas de ruedas y muletas o, en general, personas que necesiten sentarse.
Los puntos con información telefónica, así como cualquier tipo de servicio de atención telefónica al ciudadano, estarán dotados con sistemas de telefonía de texto, de fax y, de permitirlo técnicamente, de videotelefonía para facilitar la lectura labial. Asimismo, el personal deberá estar formado y conocer su correcta utilización.
f) Sistemas interactivos de información (Art. 9):
Toda la información en formato texto debe estar también en modo sonoro. Toda la información sonora debe estar transcrita en formato texto. Los dispositivos audiovisuales que se empleen deben contar con sistemas de amplificación y mejora de la señal auditiva. Debe existir confirmación con mensajes sonoros de todas las acciones activadas.
Los mandos, el teclado y los botones deberán estar adaptados con etiquetas o iconos de alto contraste, letras grandes, en altorrelieve y braille. Las pantallas deben de ser antirreflectantes y tener buen contraste. La información debe ser clara, sin demasiadas opciones en una misma pantalla y permitir un dilatado tiempo de respuesta.
g) Elementos complementarios de accesibilidad (Art. 10):
Las Oficinas de Atención deberán contar, al menos, con un área higiénico-sanitaria accesible, para cuya configuración se tendrán en cuenta las características y especificaciones técnicas a las que se refiere la Disposición Final Segunda del Real Decreto.
5.3.- ¿En qué plazo serán de obligado cumplimiento estas condiciones de accesibilidad?
La Secretaría General para la Administración Pública será la que determinará las Oficinas de Atención al Ciudadano que deberán cumplir las condiciones previstas con anterioridad al 4 de diciembre de 2012. A estos efectos, se establecerá un calendario de adaptación gradual de las Oficinas, que será objeto de actualización y seguimiento periódico (Disposición Transitoria, apartado Primero).
5.4.- ¿Qué condiciones de accesibilidad se establecen en relación con los impresos y documentos?
a) Disponibilidad de documentos e impresos (Art. 12):
Se garantizará mediante su ubicación en estantes, dispensadores u otro mobiliario que permitan la máxima autonomía de estas personas para obtenerlos.
A requerimiento de la persona con discapacidad, se ofrecerán en formatos alternativos utilizando tipografías grandes o ampliadas, en braille o bien se contará con personal de apoyo para facilitar su cumplimentación.
Además, los documentos e impresos deberán estar en todo caso disponibles en las correspondientes páginas web y en formato electrónico accesible.
b) Accesibilidad del contenido y estructura (Art. 13):
Los documentos e impresos estarán redactados con un lenguaje simple y directo, sin que se utilicen siglas o abreviaturas. Los documentos básicos de información de uso más habitual deberán contar con versiones simplificadas para personas con discapacidades intelectuales o problemas de comprensión escrita.
En los impresos destinados a cumplimentación por los ciudadanos se reservarán espacios apropiados en tamaño para ser rellenados con comodidad y se evitará la utilización de fondos con dibujos y tintas que presenten poco contraste. Deberán ir acompañados de instrucciones claras y concisas.
5.5.- ¿En qué plazo serán de obligado cumplimiento esas condiciones de accesibilidad previstas para impresos y documentos?
Los documentos e impresos, la prestación de los servicios de atención (a los que se refiere la siguiente pregunta) y demás medios existentes deberán cumplir estas condiciones en el plazo de un año desde la entrada en vigor del Real Decreto (Disposición Transitoria, apartado Segundo), que se produjo el 25 de marzo de 2.007.
5.6.- ¿Qué condiciones de accesibilidad se contemplan en relación con la prestación de servicios de atención al ciudadano?
En la formación del personal de la Administración General del Estado encargado de la prestación de servicios de atención al ciudadano se atenderá especialmente al conocimiento de las distintas discapacidades y sus consecuencias en el desarrollo de los servicios de atención, en el trato e interacción con las personas con discapacidad y en el uso de medios auxiliares facilitadores de dicho trato.
5.7.- ¿Han sido desarrolladas o concretadas las previsiones del Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo?
En efecto, las especificaciones y características técnicas de concreción de este Real Decreto se recogen en la Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero (BOE de 25 de febrero de 2.008). Las especificaciones y características técnicas de dicha Orden serán de aplicación a las Oficinas de Atención al Ciudadano, a los servicios de atención al ciudadano, a los impresos y cualesquiera otros medios que, comprendidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 336/2007, la Administración General del Estado dedique específicamente (art. 1.2).
En relación con la configuración de los puestos de atención al ciudadano, las áreas higiénico-sanitarias, el pavimento y los sistemas de seguridad contra incendios de las Oficinas de Atención al Ciudadano, las especificaciones técnicas serán exigibles en aquellas oficinas previamente determinadas mediante resolución de la Secretaría General de la Administración Pública (art. 1.3).
Se concretan en el artículo 2 las condiciones de diseño que, en al menos una parte de 100 cm, deberán presentar los puestos de atención al público en las Oficinas de Atención al ciudadano, tales como mostradores o mesas para permitir el acercamiento a los usuarios de silla de ruedas.
En el precepto tercero se prescribe las características técnicas que han de presentar las áreas higiénico-sanitarias de las Oficinas de Atención al Ciudadano para permitir el acceso, la movilidad interior y el uso del mismo a todas las personas que puedan utilizar el edificio o espacio donde se encuentran, incluidas las personas con discapacidad, a través de los siguientes apartados:
Mecanismos de control ambiental
Condiciones de señalización
Condiciones de diseño de aparatos
En referencia a la pavimentación de las Oficinas de Atención al ciudadano deben presentar, conforme al artículo 4, una serie de características técnicas para cumplir con su estabilidad y dureza, su capacidad antideslizamiento en seco y en mojado, la ausencia de rugosidades distintas de la propia pieza, la ausencia de deslumbramientos y reflejos, y la correcta transmisión de información.
En el artículo 5 se recogen las recomendaciones y características técnicas que han de poseer los sistemas de seguridad contra incendios de las Oficinas de Atención al Ciudadano, tales como la señalización de emergencia de salidas, vías de evacuación y sistemas de extinción que deben indicar mediante el símbolo SIA, los sistemas de alarma con emisión de mensajes en diferentes modalidades sonora y visual, y los pulsadores de alarma y extintores que deberán estar ubicados de modo que permitan su uso a todas las personas, entre otros.
Se regulan en el artículo 6 las condiciones de accesibilidad de documentos e impresos en soporte papel, los cuales deberán tener en consideración, entre otras, las siguientes especificaciones y características técnicas:
el texto debe estar justificado, debe redactarse de forma directa, con frases sencillas y evitando un lenguaje complejo.
ha de usarse un tamaño de letra entre 14 y 18 puntos, como mínimo de 12 puntos y con un espacio y medio entre líneas.
el texto debe imprimirse con el mejor contraste posible entre el fondo y los caracteres.
ha de incluirse en todos los impresos unas instrucciones de cumplimiento con explicaciones claras, sencillas y fácilmente comprensibles.
En último lugar, el artículo 7 establece, entre otras, las siguientes especificaciones en la prestación de servicios verbales de atención al ciudadano a través de interlocución personal presencial o por medio del canal telefónico o análogo:
se procurará tener establecido un servicio de intérprete de lengua de signos española y a disposición de la persona sorda que lo solicite.
los servicios telefónicos de atención al ciudadano deben estar dotados de telefonía de texto y de fax, y el personal deberá conocer el manejo y funcionamiento de estos sistemas para permitir el acceso a la comunicación de las personas sordas o con discapacidad auditiva.
en los casos en que la persona que tiene que realizar el trámite, gestión o consulta, necesite o desee estar acompañado, se debe dejar pasar al acompañante (siendo casos de especial consideración el de las personas mayores y el de las personas con discapacidad).
los perros-guías y los perros de asistencia para personas con discapacidad serán siempre admitidos, no podrán ser separados de la persona que los necesita, y no serán molestados ni distraídos.
se debe promover la integración de los servicios de atención, implementando el sistema de “ventanilla única de servicios”, para evitar desplazamientos y facilitar las gestiones administrativas.
Las especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminación de esta orden ministerial serán exigibles antes del 4 de diciembre de 2012 conforme a un calendario de adaptación gradual de las Oficinas de Atención al Ciudadano elaborado por la Secretaría General para la Administración Pública -que será objeto de actualización y seguimiento periódico-, de acuerdo con la previsión de la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo.
6.- La accesibilidad referida al ejercicio del derecho al voto
6.1.- ¿Qué normativa regula esta materia?
Uno de los Derechos Fundamentales reconocido en el artículo 23 de la Constitución es el derecho de sufragio universal, cuyo ejercicio por parte de las personas con discapacidad visual está regulado en el artículo 87 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que, hasta finales del año 2.007, se limitaba a reconocer la posibilidad de que en el ejercicio del derecho de votación, las personas con discapacidad visual pueden ser asistidos de una persona de su confianza (Art. 87.1).
Esta situación cambió tras la aprobación de la Ley Orgánica 9/2007, de 8 de octubre, por la que se introdujo un apartado segundo en el artículo 87 referido, en virtud del cual se encomendaba al Gobierno la regulación de un “procedimiento de votación para las personas ciegas o con discapacidad visual que les permita ejercer su derecho de sufragio, garantizando el secreto del voto”.
En cumplimiento de tal previsión, el Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio (BOE de 8 de diciembre de 2.007), regula un procedimiento de voto accesible que permita a las personas con discapacidad visual usuarias del sistema Braile identificar su opción de voto sin ser asistidas de una persona de su confianza, y, por ello, con plenas garantías para el secreto de su sufragio.
Para ello, conjuga el principio de proporcionalidad en la utilización de los medios públicos con las reivindicaciones tradicionales del colectivo de personas con discapacidad visual. Por ello, se ha optado por la utilización de papeletas y sobres de votación normalizados a los que se acompaña documentación complementaria en sistema Braille que va a permitir a la persona con discapacidad visual identificar la papeleta y el sobre de votación sin necesitar la colaboración de una tercera persona, procediendo, a continuación, a depositar su voto en la mesa electoral correspondiente.
De esta manera, el Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, y la Orden INT/3817/2007, de 21 de diciembre (BOE de 27 de diciembre de 2.007), que lo desarrolla, representan una medida de acción positiva que asegura la participación de los discapacitados visuales en la vida política y los procesos electorales, promoviendo así la plena ciudadanía y la inclusión de las personas con discapacidad en el medio social, tal y como exigen la Ley 13/1982, de 7 de abril, y la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.
6.2.- ¿Qué previsiones recogen el Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, y la Orden que lo desarrolla?
En el Art. 1 del Real Decreto se contempla, como objeto del mismo, la regulación de un procedimiento de voto accesible que permite la identificación de la opción de voto, con autonomía y plena garantía para el secreto del voto, a las personas ciegas o con discapacidad visual grave.
El procedimiento será aplicado en las consultas directas al electorado (Referéndum), a las elecciones al Parlamento Europeo, al Congreso de los Diputados, al Senado y a las Asambleas Legislativas de las CCAA (Art. 2 RD).
Para utilizar este procedimiento de voto accesible, las personas con discapacidad visual que conozcan el sistema de lectura-escritura Braile, y tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33% o sean afiliados a la ONCE, deben comunicarlo expresamente al Ministerio del Interior en un plazo de 27 días a contar desde la convocatoria del proceso (Art. 3.1 RD) utilizando el teléfono gratuito habilitado al efecto (Art. 1.1 Orden).
La Orden INT/3817/2007, de 21 de diciembre, señala en su artículo 1.2 que los electores deben indicar, en concreto, su nombre, apellidos, domicilio, número de DNI, y número de teléfono de contacto, recibiendo en ese mismo momento, vía telefónica, la confirmación de la recepción de su solicitud por parte de la Administración. Además, deberán manifestar que conocen el sistema de lectura-escritura Braile, y que tienen reconocido el grado de minusvalía anunciado o que son afiliados a la ONCE, pues todo ello le habilitará, previa presentación del DNI, para recoger la documentación en la Mesa electoral correspondiente.
La Administración podrá requerir en cualquier momento la verificación de los datos personales del elector con discapacidad visual solicitante de esta modalidad de voto (Art. 3.4 RD).
El Ministerio del Interior realizará una campaña informativa, en formato accesible, que se emitirá gratuitamente en los medios de comunicación de titularidad pública, conforme al artículo 50.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Art. 3.1 RD), en la que se informará, entre otros, acerca del teléfono gratuito del Ministerio del Interior, antes mencionado (Art. 1.3 Orden).
En desarrollo de la previsión contenida en el artículo 8 del Real Decreto, la Orden INT/3817/2007 establece, en sus artículos 2 y 3, que los electores podrán consultar las candidaturas proclamadas y los candidatos integrados en las mismas en la sede electrónica del Ministerio del Interior, “página web” - creada a tal fin en formato accesible -, y en el teléfono gratuito mencionado, así como obtener información acerca del procedimiento de voto accesible en este último; estando, en ambos casos, tal información disponible hasta el día de la celebración de las elecciones.
En el artículo 4 del Real Decreto se regula el procedimiento y documentación para el voto accesible. Este procedimiento consiste en la utilización de papeletas normalizadas, junto con una documentación específica en sistema Braile que se encontrará bajo la custodia del Presidente de la Mesa Electoral en la que corresponda ejercer el derecho al voto. La documentación específica utilizada estará integrada por un sobre que indicará, en tinta y en sistema Braile, las elecciones que se celebran y la fecha de la votación, y que debe incluir:
unas instrucciones sobre la utilización de la documentación, impresas en sistema Braile.
un sobre de votación normalizado.
un sobre por cada una de las candidaturas con la indicación de ésta en tinta y en sistema Braile.
En relación con las elecciones a las Cortes Generales, el artículo 5 del Real Decreto establece que el sobre anteriormente referido incluirá, además de lo mencionado, otros dos sobres, uno para la votación al Congreso de los Diputados y otro para la del Senado, llevándolo indicado en tinta y en sistema Braile en su exterior.
La documentación que incluye el sobre para la votación del Congreso será la ya señalada, mientras que la de la votación del Senado será la siguiente:
una plantilla que permita identificar a cada candidato para lo cual llevará troqueladas las ventanas correspondientes a los candidatos, en las que el elector debe marcar su opción de voto.
la papeleta de votación normalizada, que irá colocada dentro de la plantilla anterior.
una guía en Braile, e identificada en tinta, que recoja los candidatos de la circunscripción que figura en la papeleta normalizada.
El elector con discapacidad visual se dirigirá el día de la elección al Presidente de la Mesa electoral en la que le corresponde votar. Éste o alguno de los vocales le entregará la documentación que integra el procedimiento de voto accesible y le indicará el espacio del Colegio electoral habilitado para su manipulación (Art. 6 RD).
El Real Decreto prevé que los locales electorales deben disponer de un espacio concreto, accesible y adecuado que garantice la privacidad del elector y que se encuentre lo más cerca posible de la Mesa en la que le corresponde ejercer su derecho de sufragio (Art. 7 RD).
La Comisión Braile española, bajo la supervisión de la Administración Electoral, homologará la correspondencia entre los textos Braile y tinta de un ejemplar de cada modelo distinto de etiqueta o documento a utilizar en el procedimiento de voto accesible, así como que la documentación que se encuentre bajo la custodia de los miembros de la Mesa electoral (Art. 9 RD).
Por último, se señala en el artículo 10 del Real Decreto que todos los intervinientes en el procedimiento de voto accesible observarán especialmente la normativa en materia de protección de datos carácter personal, velando por su cumplimiento efectivo.
Conforme a la Disposición Adicional Única, el Gobierno evaluará los resultados de la aplicación del procedimiento regulado en el Real Decreto y estudiará las necesarias adaptaciones para las Elecciones Locales, pues dadas las singulares características de éstas, requerirán de una regulación específica.
7.- La accesibilidad referida a la sociedad de la información y los medios de comunicación social
7.1.- ¿Qué norma regula las condiciones básicas de accesibilidad en esta materia?
El Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social (BOE de 21 de noviembre de 2.007), norma que es fruto de diferentes mandatos normativos contenidos en preceptos tan diversos como los siguientes:
La Disposición Final Séptima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad, en la que se dispone que “en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará, según lo previsto en su artículo 10, unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y de cualquier medio de comunicación social, que serán obligatorias en el plazo de cuatro a seis años desde la entrada en vigor de esta ley para todos los productos y servicios nuevos, y en el plazo de ocho a diez años para todos aquellos existentes que sean susceptibles de ajustes razonables.”
La Disposición Adicional Quinta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (BOE de 12 de julio de 2.002), que obliga a las Administraciones Públicas a adoptar las medidas necesarias para que la información disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda ser accesible a personas con discapacidad de acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos, antes del 31 de diciembre de 2005.
El artículo 3, “Objetivos y principios”, de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (BOE de 4 de noviembre de 2.003), en el que se contempla la defensa de los intereses y la satisfacción de las necesidades de las personas con necesidades especiales, tales como las personas con discapacidad, y el artículo 22 de la misma norma, que establece, dentro del ámbito del servicio universal, que los usuarios finales con discapacidad deben tener acceso al servicio telefónico disponible al público desde una ubicación fija y a los demás elementos del servicio universal en condiciones equiparables a las que se ofrecen al resto de usuarios finales.
La Disposición Adicional Quinta de la Ley 10/2005, de 14 de junio, de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo (BOE de 15 de junio de 2.005), que garantiza la accesibilidad de la televisión digital terrestre para las personas con discapacidad.
El artículo 4.c) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (BOE de 23 de junio de 2.007), en el que se establece el principio de accesibilidad a la información y a los servicios por medios electrónicos en los términos establecidos por la normativa vigente en esta materia, a través de sistemas que permitan obtenerlos de manera segura y comprensible, garantizando especialmente la accesibilidad universal y el diseño para todos los soportes, canales y entornos con objeto de que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, incorporando las características necesarias para garantizar la accesibilidad de aquellos colectivos que lo requieran.
El Plan Avanza (http://www.planavanza.es/ ) también vincula a los Ministerios de Administraciones Públicas, de Trabajo y Asuntos Sociales y de Industria, Turismo y Comercio en el mismo sentido.
Así, en cumplimiento de los mandatos señalados, el Real Decreto referido establece los criterios y condiciones que se consideran básicos para garantizar la accesibilidad y no discriminación en el acceso y utilización de servicios relacionados con las telecomunicaciones, la Sociedad de la Información y los medios de comunicación social (Art. 1), y lo hace inspirándose en los principios establecidos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, fundamentalmente, accesibilidad universal y diseño para todos (Art. 2.c) y d) de la Ley).
Y es que, tal y como se pone de manifiesto en el Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012 (Visualizar PDF, 1.15MB: http://usuarios.discapnet.es/disweb2000/lex/AccePlan2004-2012.pdf ), las personas con discapacidad utilizan intensamente las tecnologías, sistemas, productos y servicios relacionados con la comunicación, incluso por encima de la media española, estando la utilización de estos recursos tecnológicos singularmente vinculada a la calidad de vida y la integración en la sociedad de las personas con discapacidad. Por ello, las barreras que se producen en este campo deben ser eliminadas de raíz.
7.2.- ¿Qué medidas contempla el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, en materia de accesibilidad a servicios de telecomunicaciones?
Se amplían las prestaciones del servicio a través de la modificación de su Reglamento regulador, aprobado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril (BOE de 29 de abril de 2.005). En concreto:
Se incorpora la obligación de que la guía telefónica “universal” sea accesible a través de Internet con las condiciones de accesibilidad previstas para las páginas web de la Administración Pública (Disposición Adicional Primera, que modifica el artículo 30.2 del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril).
Se amplían las obligaciones relativas a la adaptación de los teléfonos públicos de pago para facilitar su accesibilidad por los usuarios con discapacidad y, en particular, por los usuarios ciegos, en silla de ruedas o de talla baja (Disposición Adicional Primera, que modifica el artículo 32.4 del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril).
Se establece la obligación para el operador de garantizar una oferta suficiente de terminales fijos adaptados a los distintos tipos de discapacidad, tales como teléfonos de texto, videoteléfonos o teléfonos con amplificación para personas con discapacidad auditiva, o soluciones para que las personas con discapacidad visual puedan acceder a los contenidos de las pantallas de los terminales (Disposición Adicional Primera, que modifica el artículo 33.2 del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril).
Se obliga a los operadores a poner a disposición de los usuarios ciegos, o con grave discapacidad visual, una determinada franquicia en las llamadas al servicio de consulta telefónica sobre números de abonado, así como la de facilitar, de forma gratuita, las facturas y las condiciones de prestación del servicio, en sistema Braille o en letras grandes (Disposición Adicional Primera, que modifica el artículo 35.2.a) del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril).
Se impone a todos los operadores la obligación de que los sistemas de atención al cliente permitan su acceso por personas con discapacidad, así como la de facilitar a los abonados con discapacidad visual que lo soliciten, en condiciones y formatos accesibles, los contratos, facturas, y demás información suministrada a todos los abonados (Art. 3).
Se encomienda al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la labor de promover la existencia de una oferta suficiente de terminales de telefonía móvil adaptados a los diferentes tipos de discapacidades, considerándose, a tal efecto, elementos o funcionalidades como la marcación vocal, la información de las diferentes opciones disponibles en cada momento o de cualquier cambio que se produzca en la pantalla a través de una síntesis de voz, los conectores para instalar equipos auxiliares tales como auriculares, amplificadores con bobina inductiva, pantallas externas, o teclados para enviar mensajes, o las pantallas de alto contraste, con caracteres grandes o ampliados y posibilidad de configuración por el usuario (Art. 4).
7.3.- ¿Qué medidas recoge el Real Decreto en materia de accesibilidad a servicios de la Sociedad de la Información?
Se establecen los criterios de accesibilidad aplicables a las páginas de Internet de las Administraciones Públicas o con financiación pública. En concreto, se prevé que las páginas de Internet se adapten al nivel mínimo de accesibilidad que cumpla las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2004 (Art. 5).
De igual forma, se establece que las Administraciones Públicas promoverán el cumplimiento progresivo de los criterios de accesibilidad por páginas de Internet privadas, principalmente cuando sus contenidos sean de índole educativa, sanitaria y de servicios sociales (Art. 6).
Se determinan tanto las entidades competentes como el procedimiento a seguir para certificar la accesibilidad de las páginas de Internet (Art. 7).
Se establecen unas condiciones básicas de accesibilidad a los equipos informáticos y a programas de ordenador, y se prevé que deberán ser accesibles a las personas con discapacidad (Art. 8).
Se prevé que las normas sobre accesibilidad de páginas de Internet y las condiciones básicas de accesibilidad a equipos informáticos y a programas de ordenador sean aplicables a los servicios y dispositivos de firma electrónica (Art. 9).
7.4.- ¿Y en materia de accesibilidad a medios de comunicación social?
Se establecen las condiciones básicas de accesibilidad a los contenidos de televisión. Se indica que los contenidos audiovisuales serán accesibles a todas las personas con discapacidad mediante la incorporación de subtitulación, audiodescripción e interpretación con lengua de signos en los términos previstos específicamente en la legislación general audiovisual (Art. 10).
Se regulan las condiciones de accesibilidad a la televisión digital. A estos efectos, se establece que las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios de televisión digital, así como una oferta suficiente de equipos receptores de televisión digital que permitan recibir sus contenidos de acuerdo con los principios de accesibilidad universal y diseño para todos (Art. 11).
Se establecen las condiciones básicas de accesibilidad a publicidad institucional en soporte audiovisual. Las campañas de publicidad institucional que se difundan en este tipo de soporte preverán en sus pliegos de cláusulas los procedimientos de acondicionamiento destinados a permitir que los mensajes contenidos sean accesibles a todas las personas con discapacidad y de edad avanzada (Art. 12).
7.5.- ¿En qué plazo serán de obligado cumplimiento estas medidas?
Los plazos en los que todas las medidas habrán de cumplirse necesariamente, según establece la Disposición Transitoria Única del Real Decreto aprobado, se corresponden con los siguientes:
Serán exigibles desde el 4 de diciembre de 2009 para todos los productos y servicios nuevos, y desde el 4 de diciembre de 2013 para todos aquellos existentes que sean susceptibles de ajustes razonables.
En lo que las páginas de Internet de las Administraciones Públicas o con financiación pública se refiere, las nuevas deberán ajustarse a la prioridad 1 de la Norma UNE 139803:2004 desde la entrada en vigor de este Real Decreto, que se produjo el 22 de noviembre de 2.007, o en 6 meses tras dicha entrada en vigor si de páginas existentes se trata.
No obstante lo anterior, a 31 de diciembre de 2008 todas las páginas, tanto existentes como de nueva creación, deberán cumplir la prioridad 2 de la Norma UNE referida.
Por lo que respecta a las obligaciones introducidas en el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios (Real Decreto 424/2005, de 15 de abril - BOE de 29 de abril de 2.005), serán exigibles a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto, salvo en lo referente a la accesibilidad a la guía telefónica universal a través de Internet, supuesto en que serán de aplicación los plazos establecidos para las páginas de las Administraciones Públicas.
7.6.- ¿Qué apoyos complementarios se establecen para estas medidas?
Finalmente, interesa destacar que la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto aprobado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 c) de la Ley 51/2003, establece que las personas con discapacidad y sus familias podrán beneficiarse de las subvenciones y ayudas económicas que se establezcan para la adquisición de los elementos, bienes, productos y servicios de la sociedad de la información. Del mismo modo, gozarán de prioridad a la hora de acceder a las iniciativas, programas y acciones de infoinclusión y de extensión de la sociedad de la información que desarrollen las Administraciones Públicas.
En este sentido, el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio de Industria Turismo y Comercio habilitarán una página de Internet , accesible a las personas con discapacidad, que contendrá información global, completa y actualizada sobre este particular.
8.- La accesibilidad en los transportes
8.1.- ¿Qué norma regula las condiciones básicas de accesibilidad en esta materia?
El Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad (BOE de 4 de diciembre de 2.007).
Con esta norma se viene a dar un paso más en el camino para hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad recogido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, sobre igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, que entronca con los principios consagrados en los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución, como son los de libertad, igualdad, participación y atención a las personas con discapacidad, garantizando unos niveles mínimos extensibles a todo el Estado sin los cuales se podrían sufrir desequilibrios territoriales que generarían discriminaciones y desventajas al grupo ciudadano de las personas con discapacidad.
Por otra parte, el Real Decreto aprobado no es sino cumplimiento del mandato contenido en el artículo 10 de la Ley referida, en el que se establece que el Gobierno “regulará unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que garanticen unos mismos niveles de igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos con discapacidad”.
De esta manera, el Real Decreto 1544/2007, en cuya elaboración han colaborado, además de las Administraciones implicadas y de las asociaciones profesionales y empresas del sector, el CERMI y el Consejo Nacional de la Discapacidad, determina las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para su utilización por las personas con discapacidad para los modos de transporte ferroviario, marítimo, aéreo, por carretera, en autobús urbano y suburbano, ferrocarril metropolitano, taxi y servicios de transporte especial, fijando también su calendario de implantación, en el marco de lo establecido por la Disposición Final Octava de la Ley 51/2003.
No obstante y, según se deriva de la Disposición Final Tercera del Real Decreto aprobado, a estas condiciones de accesibilidad y no discriminación, que tienen carácter básico, podrán adicionarse otras por parte de las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales.
Interesa destacar, finalmente, que, para atender a los costes derivados de la aplicación de este Real Decreto a las infraestructuras y medios de transporte de competencia estatal, en la Disposición Final Quinta se prevé la adopción de las medidas presupuestarias necesarias para que los Ministerios responsables de su aplicación puedan afrontarlos sin menoscabo de la ejecución de los planes que tengan establecidos.
8.2.- ¿Qué condiciones básicas de accesibilidad se establecen en relación con el transporte ferroviario y en qué plazos serán de obligado cumplimiento?
Además de la normativa europea en materia de especificaciones técnicas de interoperatividad (ETI) sobre accesibilidad de las personas con movilidad reducida, al transporte ferroviario serán de aplicación las condiciones básicas de accesibilidad que recoge el Anexo I del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, distinguiendo, a tal efecto, entre:
1.- Las estaciones, para las que se establecen las siguientes previsiones:
a) En sus aparcamientos deberán existir plazas reservadas para personas con discapacidad autorizadas y con identificación.
b) Contarán con Itinerarios accesibles tanto en el entorno inmediato a la estación como en el interior de las mismas, de manera que quede conectado el acceso adaptado de la estación con los puntos esenciales de la misma: venta de billetes, información, aseos, cafetería y andenes.
No podrán formar parte de estos itinerarios las escaleras que no cuenten con algún dispositivo que permita que sea salvada por usuarios de sillas de ruedas, ni tampoco las escaleras mecánicas.
Por su parte, las rampas fijas en los recorridos principales, cuyo suelo será antideslizante, tendrán una anchura libre de paso mínima de 90 centímetros, medido entre barandillas. En lo que a las rampas mecánicas o pasillos rodantes se refiere, contarán con pasamanos laterales a 90 centímetros de altura y una pendiente máxima del 21,26%.
Los pasos elevados y subterráneos que formen parte de un itinerario accesible deberán disponer a lo largo de los mismos de un área libre de obstáculos de 160 centímetros de ancho y una altura libre de 220 centímetros.
Los ascensores de uso público integrados en el itinerario deberán permitir su uso a usuarios de sillas de ruedas con su equipaje y acompañados de una persona.
En cuanto a los accesos, existirá, al menos, una puerta designada como accesible, de acceso a la estación y otra de entrada a los andenes, en su caso.
Los aseos estarán acondicionados para permitir su utilización por personas en silla de ruedas.
El mobiliario, complementos y elementos en voladizo de la estación contrastarán con el entorno y tendrán sus bordes redondeados, de manera que sean fácilmente identificables por personas con discapacidad visual y no puedan causarles daño.
Los mostradores de venta de billetes, información y atención al cliente serán fácilmente identificables y, al menos uno de ellos, será accesible a efectos de desempeñar estas tres funciones.
En cada grupo de máquinas expendedoras y otros elementos interactivos, como las cabinas de teléfono público, deberá existir un elemento adaptado para personas con discapacidad.
Las informaciones sobre variaciones de última hora, incidencias o situaciones de emergencia deberán proporcionarse de manera visual y acústica, de tal modo que la información sea fácilmente comprensible por las personas con discapacidad.
Los andenes de nueva construcción asegurarán, en la medida de lo posible, que las puertas de los trenes designadas para usuarios de sillas de ruedas no queden enfrentadas con elementos fijos (tales como pilares, postes, escaleras, ascensores, rampas, etc.) que impidan el normal desenvolvimiento de éstos, algo que se garantiza mediante el establecimiento de distancias libres mínimas.
El suelo del andén deberá ser antideslizante y, en la zona de aproximación a la vía, se colocarán bandas cuyos colores intensos y relieves permitan a la persona discapacitada identificarla fácilmente.
2. El acceso al tren, en relación con el cual deberá existir una puerta a cada lado del mismo que conecte una zona adaptada del propio tren con el andén, contando además con algún dispositivo que cubra la distancia que, en su caso, exista entre coche y andén.
Aquellos trenes que no se hayan adaptado a la altura de los andenes en los que presten servicio una vez transcurrido el período de adaptación de 13 años establecido en el artículo 2.5, deberán contar con un elevador a bordo (plataforma elevadora) situado bien en cada lado del tren o bien con equipos móviles en andén, que serán manejados por el personal de la operadora del transporte.
Como condición básica que necesariamente ha de observarse en las estaciones de tren se establece que la entidad responsable de los servicios de asistencia en las estaciones y los operadores de los servicios de transporte de viajeros acordarán la forma en que todo usuario de silla de ruedas sea auxiliado con los medios precisos para subir o bajar del tren en toda estación en condiciones de dignidad y seguridad.
3. Los trenes, que deberán contar con:
a) Asientos prioritarios para uso de las personas con discapacidad, debiendo habilitarse:
Al menos un 10 % en los trenes o servicios ferroviarios cuya utilización no requiera reserva previa de asiento.
1, 2, 3 o 4 asientos dependiendo de si el tren tiene menos de 110 metros, de 110 a 205 metros, de 205 a 300 metros y de más de 300 metros, respectivamente. Estos asientos los ocuparán viajeros que acceden al tren en silla de ruedas pero que viajan en un asiento convencional.
b) En el caso de viajeros que no abandonen su silla de ruedas, se habitarán, en función de la longitud del tren antes referida, de 1 a 4 espacios destinados a ellos, en los que se deberá garantizar la correcta sujeción de la silla.
c) Todas las puertas del tren, tanto exteriores como interiores, deberán ajustarse a las medidas de accesibilidad que precisan las personas con discapacidad visual o física.
d) Cuando un tren lleve aseos, y las dimensiones interiores de los coches lo permitan, se facilitará un aseo universal (diseñado para ser utilizado por todos los viajeros, incluidas todas las categorías de personas con discapacidad) adyacente al espacio destinado a las sillas de ruedas y, en su caso, a las plazas de camas accesibles, y se ajustará tanto a los requisitos de los aseos estándar (no está diseñado para uso por parte de personas en silla de ruedas) como a los requisitos de los aseos universales.
e) Los pasillos y zonas inmediatas a los espacios destinados a los viajeros en sillas de ruedas contarán con las dimensiones necesarias para facilitar el normal desenvolvimiento de estas personas.
f) La información al viajero se facilitará de tal forma que sea accesible y comprensible por el mayor número de personas con discapacidad y, así, se recurrirá al color y al contraste en los trenes, andenes y accesos, procurando, en la medida de lo posible, que los mensajes orales también se muestren en forma de texto escrito.
Esto será especialmente importante en el caso de señales de seguridad, advertencia, obligación y prohibición, que se incluirán en pictogramas.
g) En lo que a los desniveles se refiere, la huella de todos los escalones de una escalera será destacada por una banda en el borde, que será de textura y coloración diferente y bien contrastada.
No se permiten escalones entre el vestíbulo de una puerta exterior accesible para sillas de ruedas, el espacio destinado a las sillas de ruedas, un compartimento dormitorio universal y el lavabo universal.
h) Por su parte, se colocarán pasamanos a ambos lados de las entradas que tengan más de dos escalones.
i) En el caso de que el tren disponga de plazas de camas para los viajeros llevará un vehículo en el que habrá por lo menos una plaza de cama accesible para personas usuarias de sillas de ruedas, que deberán reunir las condiciones de accesibilidad oportunas y contar con un lavabo universal cercano.
j) En lo que a los estribos que ayudan a subir o bajar el tren se refiere, serán no deslizantes y tendrán una anchura real y sin obstrucciones tan amplia como el vano de la puerta.
En el caso de estribos movibles, funcionarán en conjunción con las secuencias de apertura/cierre de la puerta, de manera que la extensión del estribo deberá quedar completada antes de que se inicie la apertura de la puerta, y, a la inversa, la retracción del estribo sólo podrá comenzar cuando la puerta esté completamente cerrada. Por otra parte, estarán provistos de un dispositivo que detenga su movimiento de salida si su borde anterior entra en contacto con cualquier objeto rígido.
k) Finalmente, se recogen los requisitos generales de accesibilidad y seguridad que deben reunir los medios auxiliares para la subida al tren de viajeros en sillas de ruedas, estableciendo las concreciones oportunas en el caso de rampas, rampas semiautomáticas y planchas-puente, que son aquellas integradas en el coche, automáticas o manuales, activadas, cuando sean automáticas, en conjunción con las secuencias de apertura/cierre de las puertas.
En lo que a los Plazos de cumplimiento se refiere, según establece el artículo 2 del Real Decreto aprobado, las condiciones de accesibilidad que se han puesto de manifiesto deberán reunirlas las estaciones que soporten un tráfico de viajeros superior a 1000 viajeros / día de media anual o las de capitales de provincia en un plazo no superior a 8 años desde la entrada en vigor del mismo, que se produjo el 5 de diciembre de 2.007.
Las estaciones de tráfico menor o igual a 1000 viajeros / día y superior a 750 viajeros / día deberán cumplir sólo algunas de las especificaciones apuntadas (marcadas con un asterisco en el Anexo I del Real Decreto) en un plazo no superior a 13 años.
No obstante lo anterior, tales medidas serán de aplicación a las estaciones nuevas o las existentes que sufran modificaciones estructurales, en las condiciones que determinada la Disposición Adicional Primera, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor del Real Decreto.
En lo que a los trenes se refiere, los que se adquieran tras los 12 primeros meses de vigencia del Real Decreto deberán adaptarse a las condiciones establecidas en el mismo. Los que ya estén en servicio o se adquieran dentro de esos 12 meses siguientes a la aprobación del Real Decreto deberán adaptarse a las medidas contempladas en el plazo máximo de trece años. Los trenes de valor histórico o patrimonial serán objeto de adaptación e la medida en que la misma no suponga detrimento o pérdida de dichos valores.
8.3.- ¿Qué condiciones básicas de accesibilidad se establecen en relación con el transporte marítimo y en qué plazos serán de obligado cumplimiento?
Al transporte marítimo serán de aplicación las condiciones básicas de accesibilidad previstas en el Anexo II del Real Decreto aprobado, distinguiéndose al respecto entre:
1. Medidas aplicables en el entorno urbanístico de las instalaciones portuarias:
a) En las zonas de estacionamiento deberá reservarse un número de plazas suficientes destinadas a los vehículos que transporten personas con discapacidad permanente, situadas inmediatamente, o tan cerca como sea posible de los itinerarios peatonales destinados a acceder a las instalaciones marítimas y otras instalaciones de uso público.
En el caso de garajes o aparcamientos con más de una planta, se establecerán itinerarios de entrada y salida accesibles y, en caso de que sea necesaria la instalación de un ascensor, su cabina y las puertas de entrada serán accesibles, estando colocado lo más cerca posible de los espacios reservados para aparcamiento adaptado y lo más próximos posibles a los itinerarios de acceso.
Tanto las zonas de aparcamiento reservadas a las personas con discapacidad como los ascensores accesibles deberán estar dotados de los medios de comunicación suficientes que permitan solicitar asistencia del personal de los puertos en caso de necesidad.
b) Deberá haber al menos un itinerario peatonal que conecte las plazas reservadas en los aparcamientos para las personas con discapacidad con el resto de las infraestructuras e instalaciones portuarias de uso público, lo más directo posible, respetándose, a este respecto, las condiciones de accesibilidad necesarias en cuanto a anchura, rampas, pavimento, etc.
Respecto de los espacios de los muelles e instalaciones de embarque, deberán tomarse medidas específicas para la circulación cómoda y segura de las personas con discapacidad física y visual, singularmente, con el pavimento adecuado, vías de encaminamiento, señalización de cantiles y puntos peligrosos y cubrimiento y techado de dichas vías.
2.- Accesos a los edificios de uso público de los puertos y estaciones marítimas, que deberán permitir el fácil desenvolvimiento de las personas con discapacidad, cuidando de forma especial la iluminación, la señalización de puertas y accesos y la accesibilidad y seguridad de desniveles y rampas.
3.- Accesibilidad dentro de los edificios de uso público de los puertos y estaciones marítimas:
a) Los vestíbulos, salas de espera y zonas de servicio al público deberán de estar dotados de itinerarios señalizados mediante sistemas gráficos o acústicos y adaptados a su uso por personas con discapacidad. Además, su pavimento ha de ser antideslizante y continuo.
b) El mobiliario cercano a los itinerarios internos de los edificios anteriormente citados, así como el existente en las zonas de servicio y espera, deberá adaptarse de forma que sus acabados, cantos y esquinas estén redondeados, a efectos de evitar golpes y lesiones a las personas con discapacidad visual, a la par que permitan la mayor movilidad posible y el acceso más cómodo a los servicios a las personas usuarias de sillas de ruedas.
c) Deberán tomarse las medidas precisas para el descanso de las personas con discapacidad física, con asientos y apoyos isquiáticos, debiendo estar ambos dispositivos colocados en los lugares y según el diseño más adecuado para las necesidades de las personas con discapacidad física.
d) Las instalaciones de atención a los usuarios con discapacidad, tales como mostradores, ventanillas, máquinas expendedoras de billetes y puntos de información. Deberán estar diseñadas de forma que permitan el fácil acceso a las mismas, con especial atención a establecer espacios suficientes que garanticen y faciliten un radio de giro adecuado para las personas usuarias de sillas de ruedas, estando ubicadas en zonas aledañas o en su defecto, lo más próximas posibles a los itinerarios accesibles. Además, deben facilitar su uso por personas con discapacidades visuales, auditivas o intelectuales.
e) En cada grupo de teléfonos públicos debe instalarse al menos uno de ellos específicamente habilitado para personas con discapacidad auditiva, visual o física.
f) Los aseos estarán especialmente habilitados para usuarios de sillas de ruedas, de forma que dentro de cada batería de aseos se disponga de uno que permita su utilización en adecuadas condiciones por los usuarios citados sin necesidad de ayuda externa.
Además, en los aseos comunes de uso público deberán tomarse medidas precisas para facilitar su utilización por las personas con discapacidad visual, auditiva o de baja talla.
g) Deberán tomarse las medidas que permitan establecer las mejores condiciones posibles de accesibilidad y seguridad en las vías, medios y equipos de circulación de uso público de la estación marítima, tales como escaleras fijas, escaleras mecánicas, rampas fijas, ascensores y plataformas elevadoras.
h) En las zonas de embarque y desembarque deberán implementarse las medidas de accesibilidad que faciliten soluciones de continuidad en la circulación puerto-buque, mediante el establecimiento de los correspondientes pasos peatonales, barandillas en corredores, escaleras, rampas, plataformas, elevadores o ascensores.
i) La Información sobre situación de elementos e instalaciones deberá ser accesible para personas con discapacidad, especialmente cuando se trate de dar a conocer situaciones de emergencia (paneles o señalizaciones visuales o en braille, así como de sistemas de megafonía apoyados por bucles de inducción magnética).
Además, se pondrá a disposición de las personas con discapacidad que así lo soliciten y deban desplazarse en sillas de ruedas, camillas o que tengan afectada la visión en más de un 50 por ciento, un servicio de acompañamiento.
j) En todo caso, las personas que precisen del acompañamiento de perros guía y de asistencia podrán acceder a los edificios e instalaciones de uso público de los puertos y de las estaciones marítimas.
k) En los planes de emergencia de los puertos y de las estaciones marítimas deberán contemplarse las medidas precisas para garantizar la evacuación de las personas con discapacidad, así como dotar las instalaciones, espacios y edificios portuarios y de las estaciones marítimas de uso público de los elementos que sean precisos para el tratamiento de las situaciones de emergencia, tales como alarmas, vías de evacuación y formación de personal.
4.- Adaptabilidad de los buques de pasaje, en relación con lo cual las administraciones públicas competentes en materia de transporte marítimo adoptarán las medidas precisas, siempre que ello sea factible por razón de la seguridad del buque, para que las personas con discapacidad puedan gozar de un acceso y una estancia cómodos y seguros a bordo de los buques de pasaje de las clases A, B, y C y en todas las naves de pasaje de gran velocidad. En este sentido:
a) En el acceso a los buques referidos mediante pasarelas o rampas deberá garantizarse la seguridad de personas discapacitadas.
b) En el desplazamiento dentro de los buques, ya sea horizontal o vertical, deberá garantizarse el paso para las sillas de ruedas y la seguridad para las personas con discapacidad visual o que deban utilizar elementos de apoyo para su desplazamiento. En todo caso los pasillos y corredores deberán contar con pisos no deslizantes y estar debidamente señalizados y marcados mediante sistemas luminosos o acústicos.
c) Las instalaciones y zonas de servicios, incluidas las zonas comerciales, recreativas y consultorios médicos, en su caso, deberán permitir los desplazamientos con sillas de ruedas y evitar en la medida de lo posible, de acuerdo con las características estructurales del buque, resaltes y desniveles, debiendo estar suficientemente indicadas mediante la utilización de medios de señalización, tanto luminosa como acústica.
Por otra parte, habrán de habilitarse espacios, debidamente acondicionados, destinados tanto a personas con discapacidad que no abandonen la silla de ruedas durante la travesía como a personas que sí la abandonen.
d) De acuerdo con las dimensiones y los parámetros de seguridad estructural del buque, se habilitarán aseos que permitan su utilización por personas discapacitadas en condiciones de seguridad.
e) Se adoptarán las medidas necesarias para que las personas sordas y con discapacidad auditiva disfruten de los medios audiovisuales y accedan a la información transmitida por megafonía (bucles de inducción magnética, instalación de frecuencia modulada, infrarrojos, subtitulación, lengua de signos y otras medidas técnicas), .
Respecto de las personas con discapacidad visual se ha de disponer de una adecuad iluminación de las posibles ayudas técnicas que auxilien en la realización de la travesía; además, se señalizarán en braille los asientos se están numerados.
En todo caso, se permitirá la utilización de perros de asistencia con sujeción a las normas a este respecto aplicables en las instalaciones portuarias y siempre que se respete la normativa en materia de sanidad exterior.
f) Los camarotes de los buques deberán estar adaptados para su utilización por personas con discapacidad, habilitándose uno de cada cien o fracción del total de los mismos para su utilización por pasajeros con sillas de ruedas, y tres camarotes para su uso por personas con discapacidad distintas de los usuarios de sillas de ruedas.
g) En lo que a las situaciones de emergencia se refiere, la camarotes que ocupen las personas con discapacidad se ubicarán los más cerca posible de los medios de evacuación, se establecerán vías de evacuación o, en su caso, áreas de rescate asistido, considerando las necesidades de las personas con discapacidad y los elementos de aviso (alarmas y señalización), información (instrucciones) y salvamento deberán ser fácilmente accesibles a las personas con discapacidad.
h) Las compañías marítimas deben formar a la tripulación, de acuerdo con los protocolos que al efecto establezcan los organismos competentes, para el trato a las personas con discapacidad, su asistencia y auxilio para los que precisen en toda la travesía de forma singular en el camarote, los espacios públicos, los aseos, y de forma especial en las emergencias y evacuaciones.
i) Precisamente con el objeto de atender a pasajeros con discapacidad en la forma debida, los miembros de la tripulación deberán conocer de qué pasajeros se trata.
En el mismo sentido, las personas con discapacidad deberán hacer constar su condición y el tipo de discapacidad que padecen en el momento de adquirir su billete, además de la circunstancia de si precisan algún tipo de asistencia o atención especial, de manera que se pueda garantizar su seguridad durante las operaciones de embarque y la navegación, así como facilitar el cumplimiento de las obligaciones de las navieras tanto en lo que se refiere a la reserva de camarotes, espacios reservados para aparcar vehículos, dotación de equipos adaptados, etc.
En cada buque y de forma proporcional a sus características se dispondrán ayudas técnicas a los pasajeros con discapacidad, en especial a los usuarios de sillas de ruedas (sillas adaptadas a las condiciones de los buques, andadores, bastones) y a las personas sordas, o con discapacidad auditiva (despertadores y timbres, luminosos y vibratorios, Internet, con sistema de videoconferencia, televisión con teletexto, teléfonos de texto, etc.).
En lo que a los Plazos de cumplimiento se refiere, según dispone el artículo 3 del Real Decreto aprobado, las estaciones marítimas existentes deberán adaptarse a las condiciones básicas de accesibilidad apuntadas en el plazo máximo de cuatro años desde su entrada en vigor, que se produjo el 5 de diciembre de 2.007. Por su parte, la nuevas instalaciones portuarias deberán ser accesibles a partir de los dieciocho meses desde esa entrada en vigor.
En lo que a los buques se refiere, las empresas dedicadas al transporte marítimo deberán contar, al menos, con un barco accesible a las personas con discapacidad para cada línea regular de viajeros, en cada día de servicio y en cada sentido de la derrota, en un plazo máximo de 3 años desde la vigencia del Real Decreto. Los nuevos buques deberán cumplir las condiciones de accesibilidad previstas a partir de los dos años siguientes a la aprobación del Real Decreto.
8.4.- ¿Qué condiciones básicas de accesibilidad se establecen en relación con el transporte aéreo y en qué plazos serán de obligado cumplimiento?
Adicionalmente a las normas de protección y asistencia recogidas en el Reglamento (CE) n.º 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo, se establecen en el Anexo III del Real Decreto aprobado otras condiciones de accesibilidad relativas tanto a las infraestructuras aeroportuarias como a los sistemas de información y comunicación.
1.- En lo que a las infraestructuras aeroportuarias se refiere, la entidades gestoras del aeropuerto garantizarán:
a) La accesibilidad de todas las nuevas instalaciones y equipamiento de las infraestructuras bajo su responsabilidad, tanto en el interior de los edificios terminales, como en el exterior a los mismos.
b) La existencia de una ruta alternativa accesible cuando las puertas de embarque y desembarque no se encuentren comunicadas mediante pasarelas telescópicas con la puerta de la aeronave, o el embarque y desembarque se realice a nivel de la plataforma del aeropuerto.
c) La interconexión mediante vías accesibles entre las terminales de transportes públicos metropolitanos terrestres y las terminales del aeropuerto, entre los aparcamientos y los puntos de llegada o salida, entre éstos y las instalaciones de facturación y recogida de equipaje, entre los diferentes edificios terminales que puedan dar servicio al aeropuerto, entre los mostradores de facturación y la aeronave y entre las puertas de llegada y las salas de recogida de equipaje.
d) La intercomunicación telefónica entre determinadas plazas de aparcamiento reservadas para las personas con discapacidad y los puntos de llegada o salida, que habrán de ser accesibles en la medida de lo posible.
e) La existencia de infraestructuras de intercomunicación y solicitud de ayuda accesibles en la medida de lo posible para todas las discapacidades, incluidas las de telefonía, entre los puntos de llegada o salida y las organizaciones que han de prestarle asistencia.
f) La disponibilidad de sistemas de telecomunicación e información accesibles a los pasajeros con discapacidad auditiva y visual.
g) La existencia de un equipo automático de emisión de billetes y de facturación para ser utilizado por personas discapacitadas en el caso de que haya dos o más.
h) La existencia de una máquina expendedora accesible cuando haya dos o más máquinas expendedoras del mismo tipo en cada área.
i) El acondicionamiento de vías de evacuación accesibles.
2.- Por lo que a las condiciones básicas del sistema de información y comunicación respecta:
a) Con la finalidad de alcanzar un sistema coordinado e integrado de atención a las personas con discapacidad, la entidad gestora del aeropuerto deberá utilizar en sus comunicaciones con cualquiera de los órganos de gestión afectados, la clasificación y códigos establecidos en el Documento 30 de la Conferencia Europea de Aviación Civil y basados principalmente en la Resolución 700 y las Prácticas recomendadas 1700 de la IATA.
b) Por su parte, los transportistas aéreos y sus agentes autorizados y los operadores turísticos, deberán:
Como mínimo y, a petición de una persona con discapacidad, proporcionar información relativa a las condiciones de acomodación a bordo de una aeronave (disponibilidad de asientos y aseos accesibles, de elementos de desplazamiento a bordo, de almacenaje en cabina de sillas de ruedas, incluidas las eléctricas, y de transporte en cabina de perros guía o de asistencia certificados).
Informar a las personas con discapacidad que lo soliciten sobre las condiciones de accesibilidad de los aeropuertos de destino en el extranjero.
Procurar, en la medida que lo permita la tecnología, medios y procedimientos de telecomunicación, que las personas discapacitadas tengan las mismas oportunidades que el público en general a la hora de obtener información sobre las condiciones del transporte.
c) Por su parte, la entidad gestora del aeropuerto deberá tomar las medidas necesarias para informar a los personas con discapacidad acerca de cómo proceder en la realización de un viaje, desde el momento en que necesita información relativa a un vuelo, hasta la finalización del mismo, incluida la reserva y adquisición del billete, la llegada y desplazamientos en el interior del aeropuerto.
d) Los transportistas aéreos españoles establecerán en sus respectivos manuales operativos procedimientos detallados relativos al servicio que deba darse a las personas con discapacidad.
e) En el caso de que la información relativa al viaje, tanto en el aeropuerto como a bordo de la aeronave, no sea accesible en los sistemas de información generalmente usado por todos los pasajeros, se proporcionarán sistemas específicos para pasajeros con dificultades auditivas o visuales.
f) El Ministerio de Fomento elaborará y distribuirá a las entidades gestoras de los aeropuertos, a los operadores aéreos y operadores turísticos, y a las empresas de transporte terrestre público de pasajeros desde y hacia el aeropuerto, un cuaderno en el que se incluya información relativa a las condiciones, medios y procedimientos necesarios para la atención a las personas con discapacidad. Contendrá asimismo información para que las personas con discapacidad puedan programar y realizar el vuelo.
g) En cuanto a las personas con discapacidad auditiva, se procurará, en el ámbito de la gestión aeroportuaria, disponer de alarmas de emergencia visuales y luminosas, avisos e información visuales mediante rótulos y sistemas de reconocimiento de voz, transcripción de mensaje oral emitido por megafonía a texto escrito, mediante sistemas de reconocimiento de voz, sistemas de inducción magnética (bucles magnéticos), teléfonos de texto, vídeos subtitulados.
En lo que a los Plazos de cumplimiento se refiere, según se deriva del artículo 4 del Real Decreto aprobado, las medidas de accesibilidad previstas para las infraestructuras aeroportuarias serán de aplicación en los plazos máximos previstos en el apartado 1 de la Disposición Final Octava de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, es decir, de cinco a siete años para las infraestructuras y material de transporte nuevo, y de quince a diecisiete años para todos aquellos existentes que sean susceptibles de ajustes razonables.
En lo que a las medidas sobre sistemas de información y comunicación se refiere, serán obligatorias transcurridos dieciocho meses desde la entrada en vigor del Real Decreto, que se produjo el 5 de diciembre de 2.007.
8.5.- ¿Qué condiciones básicas de accesibilidad se establecen en relación con el transporte por carretera y en qué plazos serán de obligado cumplimiento?
Las condiciones básicas de accesibilidad al transporte por carretera se fijan en el Anexo IV del Real Decreto, distinguiendo al efecto entre:
1.- Infraestructuras e instalaciones fijas de acceso público:
a) En lo que a las estaciones se refiere, el Real Decreto aprobado se remite a las condiciones básicas aplicables de las del transporte ferroviario.
b) Por lo que se refiere a los andenes, deberán reunir las siguientes condiciones específicas:
Existencia de itinerarios accesibles entre el edificio principal y cada una de las dársenas y andenes.
Carácter antideslizante el pavimento, empleándose franjas de pavimento especial, de acabado táctil-visual, para ayuda de las personas con discapacidad.
Disponibilidad de asientos y apoyos isquiáticos en número y lugar adecuados.
Iluminación adecuada en toda la superficie pisable de estos ámbitos, especialmente en el borde de los andenes y en el lugar de embarque y desembarque de los autocares.
Señalización comprensible para personas con discapacidad visual o auditiva en cuanto a horarios, salidas y llegadas por andenes y dársenas, incidencias, situaciones de emergencia, etc.
2.- Por lo que a los autobuses respecta, cumplirán las condiciones básicas que establezca la normativa de la Unión Europea en la materia así como las correspondientes disposiciones de transposición y complementarias. No obstante lo anterior, el Real Decreto aprobado establece, específicamente, las siguientes:
a) Para todos los servicios de transporte público regular permanente de viajeros de uso general interurbanos:
Adquisición electrónica de billetes por Internet en las líneas que tengan 10 ó más vehículos adscritos.
Reserva de plazas para personas con discapacidad cercanas a los accesos al vehículo.
Piso del vehículo antideslizante.
Barras, asideros u otros elementos destinados a facilitar el acceso y abandono del vehículo.
Señalización adecuada de los bordes de los escalones u otros obstáculos que pueda haber.
Acceso gratuito a perros-guía o de asistencia.
Señalización interior de los elementos de acceso y abandono del vehículo.
Versión subtitulada de proyecciones audiovisuales.
Transporte gratuito de órtesis y dispositivos que pueda precisar un viajero con discapacidad.
b) Para los servicios cuyo itinerario exceda de una comunidad autónoma, además de los requisitos previstos en el apartado anterior, se establecen los siguientes:
Accesibilidad para personas que viajen en su propia silla de ruedas así como los medios necesarios para el acceso al vehículo del viajero en la silla.
Información sonora y en texto en el interior de los vehículos.
Reserva de espacio gratuito para los utensilios, ayudas, aparatos o mecanismos que constituyan una ayuda técnica de las personas con discapacidad.
c) En los servicios cuyo itinerario discurra íntegramente dentro de una comunidad autónoma o en las ciudades de Ceuta y Melilla y dispongan de 10 o más vehículos adscritos, el 10% de estos, como mínimo, deberá cumplir los requisitos apuntados.
En lo que a los Plazos de cumplimiento se refiere, según establece el artículo 5 del Real Decreto aprobado, las estaciones de autobuses e intercambiadores existentes que soportan un tráfico superior a 1.000.000 de viajeros anuales y las estaciones de las capitales de provincia deberán reunir las condiciones apuntadas, en su totalidad, en un plazo no superior a los ocho años desde la entrada en vigor del mismo, que se produjo el 5 de diciembre de 2.007.
Las estaciones e intercambiadores con tráfico igual o inferior a 1.000.0000 de viajeros anuales, se adaptarán a las medidas referidas en un plazo no superior a los trece años desde la entrada en vigor del Real Decreto. En estas estaciones sólo serán de obligado cumplimiento algunas de las especificaciones señaladas (marcadas con un asterisco en el Anexo IV del Real Decreto).
Las nuevas estaciones de autobús e intercambiadores serán accesibles, cumpliendo las condiciones básicas indicadas, a partir de los dos años de la vigencia del Real Decreto.
Se establecen, por otra parte, diferentes plazos de cumplimiento en relación con las condiciones de accesibilidad previstas para las líneas regulares de transporte interurbano en autobús.
Además, se dispone que las condiciones de accesibilidad exigidas para los autobuses se incluirán, con carácter de mínimos, en todos los pliegos de condiciones de las concesiones de los servicios de transporte que se otorguen a partir de la entrada en vigor del Real Decreto.
Finalmente, se establece que, en el caso de autobuses y servicios de líneas con un tráfico inferior a un millón de viajeros por kilómetro y año y cuya ruta más larga no supere los 100 kilómetros, sólo se exigirán determinadas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación (Las contempladas en las normas del anexo IV.2, apartados 1.b) al 1.i), 2.c), 3 y 4).
8.6.- ¿Qué condiciones básicas de accesibilidad se establecen en relación con el transporte urbano y suburbano en autobús y en qué plazos serán de obligado cumplimiento?
Es en el Anexo V del Real Decreto aprobado donde se recogen las condiciones básicas de accesibilidad en el transporte urbano y suburbano en autobús.
1.- En lo que a las paradas se refiere:
La presencia de las mismas se señalizará en el pavimento mediante la colocación de una franja de detección tacto-visual.
Los caracteres de identificación de la línea tendrán una altura mínima de 14 centímetros y contrastarán con la superficie en la que se inscriban.
Los postes correspondientes a las paradas contarán con información sobre identificación y denominación de la línea en sistema Braille.
Junto al bordillo de la parada, se instalará una franja tacto-visual de tono y color amarillo vivo y ancho mínimo de 40 centímetros.
El ámbito de la calzada anterior, posterior y de la misma parada ha de protegerse con elementos rígidos y estables que impidan la invasión de vehículos que indebidamente obstaculicen la aproximación que debe realizar el autobús para que la rampa motorizada alcance el punto correcto de embarque.
Por lo que a las marquesinas respecta, deberán permitir el acceso bien lateralmente, bien por su parte central, con un ancho libre mínimo de paso de 90 centímetros.
Los cerramientos verticales transparentes o translúcidos dispondrán de dos bandas horizontales y de colores vivos y contrastados.
La información correspondiente a la identificación, denominación y esquema de recorrido de las líneas, contará con su trascripción al sistema Braille. Cuando se informe a los usuarios con una pantalla de la situación de los autobuses de las líneas que pasan en esa parada se procurará completar el dispositivo con la información sonora simultánea, a la demanda de un invidente, con un mando de los utilizados para el accionamiento de la sonorización de las señales semafóricas; o sistema alternativo.
Se dispondrá al menos de un apoyo isquiático y algún asiento.
2.- Por lo que a los autobuses respecta, cabe distinguir entre:
a) Los autobuses urbanos, de clase I (provistos de zonas para viajeros de pie y con capacidad superior a 22 pasajeros) y clase A (provistos de zonas para viajeros de pie y con capacidad no superior a 22 pasajeros), que deberán cumplir la Orden CTE/1612/2002, de 25 de junio, por la que se actualizan los anexos I y II de Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación de determinadas directivas de la CE, relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos (BOE de 28 de junio de 2.002).
Los autobuses urbanos de piso bajo y de clase I son aquellos en los que al menos el 35 % de la superficie disponible para viajeros de pie constituye una superficie llana sin escalones, con acceso, como mínimo, a una puerta de servicio. Además, deberán reunir las siguientes condiciones de accesibilidad:
La altura desde la calzada al piso del autobús por al menos una de las puertas de servicio, medida con el sistema de inclinación (Kneeling) activad, no ha de ser mayor de 25 cm.
Deben contar, al menos, con un espacio para alojar al menos a un pasajero en silla de ruedas, que deberá reunir las condiciones establecidas en cuanto a colocación, accesibilidad, seguridad en el transporte, etc.
Dispondrán de pulsadores de solicitud de parada que indicará al conductor que un pasajero de éstas características quiere salir del autobús.
Tendrán una rampa motorizada o elevador y sistema de inclinación («Kneeling») para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida.
Deben contar con una trama completa de barras y asideros, sin zonas en las que existan dificultades para asirse.
Al menos cuatro asientos próximos a la puerta de acceso estarán reservados a personas con movilidad reducida, no usuarios de sillas de ruedas, señalizándolos con pictograma normado.
Las personas ciegas podrán viajar acompañadas de su perro guía y las que tengan otras discapacidades, con su perro de asistencia.
El piso del vehículo será de materiales que no produzcan reflejos y será no deslizante tanto en seco como en mojado.
Existirán avisadores acústicos y luminosos que permitirán a las personas con discapacidad sensorial localizar la puerta de servicio (también se señalizará con el símbolo de accesibilidad) y obtener información sobre las paradas.
El autobús dispondrá en su exterior de tres letreros (parte delantera, trasera y derecha) en los que se coloque el número que le identifica y la línea a la que corresponde.
En el interior, la línea de borde del suelo de acceso, se señalizará en toda su longitud con una franja de color fuertemente contrastado en relación con el resto del suelo.
La información en los paneles luminosos interiores, deberán poseer caracteres gráficos con tamaño según norma.
b) Para los autobuses interurbanos-suburbanos, de clase II (vehículo con capacidad superior a 22 viajeros, que irán sentados, o de pie pero sólo en el pasillo o en una zona que no sobrepase el especio de dos asientos dobles), será obligado el cumplimiento de la Orden CTE/1612/ 2002, de 25 de junio, por la que se actualizan los anexos I y II de Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación de determinadas directivas de la CE, relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos (BOE de 28 de junio de 2.002).
Los de piso bajo habrán de reunir las mismas condiciones básicas previstas para los autobuses urbanos de piso bajo.
Los que tengan escalones también deberán reunir las condiciones previstas para los autobuses de piso bajo aunque con las siguientes matizaciones: deberán contar con una plataforma elevadora para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida y los escalones deberán reunir las condiciones necesarias de accesibilidad.
En lo que a los Plazos de cumplimiento se refiere, según establece el artículo 6 del Real Decreto, las paradas existentes de los servicios de transporte urbano y suburbano en autobús se adaptarán a las disposiciones de las condiciones básicas de accesibilidad establecidas en el plazo no superior a dos años, desde la entrada en vigor del presente Real Decreto, que se produjo el 5 de diciembre de 2.007, si la parada es utilizada por más de una línea; y en un plazo no superior a cuatro años, en el resto de los casos.
Todas las nuevas paradas serán accesibles a partir del año a partir de la vigencia del Real Decreto.
Los autobuses nuevos afectados, clases I y II, serán accesibles a partir del año desde esa vigencia.
8.7.- ¿Qué condiciones básicas de accesibilidad se establecen en relación con el transporte en ferrocarril metropolitano y en qué plazos serán de obligado cumplimiento?
En el Anexo VI del Real Decreto aprobado se agrupan las condiciones básicas de accesibilidad de los tres sistemas de transporte que pueden ser parte del ferrocarril metropolitano: metro convencional o pesado, metro ligero y tranvía.
A) En lo que a las estaciones se refiere, hay que distinguir entre las destinadas al metro y las paradas de tranvía.
1.- En cuanto a las estaciones de Metro se refiere:
a) Deberán existir plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad, autorizadas y con identificación, ubicadas lo más cerca posible de la entrada accesible, estando comunicadas con la misma por un itinerario accesible.
b) Contarán con itinerarios accesibles, tanto exteriores como interiores, con las condiciones de accesibilidad previstas en el propio Real Decreto, similares a las ya apuntadas para el transporte ferroviario.
c) Existirá, al menos, una puerta designada como accesible de acceso a la estación, destacada visualmente. Además, ha de ser parcialmente transparente y con bandas señalizadoras a la altura de los ojos.
d) Todo el mobiliario, complementos y elementos en voladizo contrastarán con su entorno y tendrán sus bordes redondeados, evitando materiales que brillen o destellen.
En cada área de descanso existirá, al menos, un espacio dotado de asientos ergonómicos, con respaldo, y se colocaran también apoyos isquiáticos.
e) Donde existan mostradores para venta de billetes, mostradores de información y puntos de asistencia al viajero, se procurara una clara identificación de los mismos, existiendo al menos un mostrador para cada función accesible para las distintas discapacidades.
f) Si existen baterías de máquinas para la misma función o que expenden el mismo producto, al menos una de ellas deberá tener las instrucciones de uso en formato accesible para las distintas discapacidades.
En cada grupo de teléfonos públicos debe instalarse al menos uno de ellos habilitado para personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva y con discapacidad física.
g) Se debe proporcionar de manera visual y acústica la información básica para los viajeros. Se considerarán informaciones básicas las variaciones de última hora, incidencias o situaciones de emergencia. La información escrita se procurará emitir simultáneamente en una pantalla con la lengua de signos.
En este sentido, los elementos de señalización, las pantallas de información dinámica y los pictogramas reunirán las condiciones establecidas para procurar su fácil lectura e identificación.
h) En lo que a los andenes se refiere:
Su altura no superará la del piso del tren en su posición más baja y su borde será de traza recta.
El suelo de los mismos será antideslizante y contrastará con el de las zonas especiales.
En lo que a las zonas especiales se refiere, se pueden distinguir: La pieza de borde de andén, que será de material ranurado y tendrá un color que contrate con el de la vía.
Se aconseja instalar aneja a la pieza de borde y hacia su interior una línea de puntos de luz, a todo lo largo del andén, que emitan ligeros destellos ante la llegada del tren.
Adosada a la anterior, se ha de colocar una franja de advertencia de peligro próximo, de botones de color amarillo vivo y reflectante.
Si hay espacio suficiente, además de las bandas anteriores se colocará una banda de pavimento listado que encamine por textura y color, paralela al borde del andén, a todos los puntos de interés, ante los que se colocarán franjas de advertencia. Una de las más importantes de estas franjas formará la llamada “zona segura”. La misma, transversal al andén, conduce a la “puerta de servicio accesible” del tren.
Se sugiere que en el borde del andén se coloque un panel a todo lo largo, con puertas que abran solamente cuando el tren pare exactamente en lugar que empareje sus puertas con las del panel del borde.
El andén, por otra parte, habrá de estar convenientemente alumbrado.
Los andenes contarán con dispositivos de información visual y sonora que permitan a las personas con discapacidad sensorial obtener información sobre el transporte.
Las situaciones de emergencia han de advertirse en toda la estación, también en los andenes, con los medios luminosos y sonoros normados.
En cuanto al mobiliario se refiere, los andenes han de disponer asientos y apoyos isquiáticos accesibles.
i) Las estaciones de todo tipo, con niveles de uso público a nivel con el del viario, subterráneos o aéreos, contendrán vías de evacuación accesibles o, en su defecto, Áreas de Rescate Asistido.
2.- Por lo que a las paradas de tranvía se refiere:
La superficie del andén no estará a más altura que la del piso del vehículo en su posición más baja.
El pavimento será de superficie antideslizante, tanto en seco como en mojado, y no producirá deslumbramientos.
Las paradas se comunicarán con el resto del viario peatonal urbano con un itinerario accesible.
La presencia de las paradas se señalizará en el pavimento mediante la colocación de una franja de detección tacto-visual.
Junto a la pieza de bordillo del andén, en la zona del pavimento adyacente al mismo, se instalará una franja tacto visual de botones de color amarillo vivo reflectante. Dicha franja transcurrirá sin interrupciones a lo largo de todo el andén.
Si se informa a los usuarios en una pantalla de la situación de los tranvías de las líneas que paran en una parada se procurará completar el dispositivo con la información sonora simultánea, a la demanda de una persona con discapacidad visual, con un mando a distancia de los utilizados para el funcionamiento de la información sonora de los semáforos, o sistema alternativo.
En el caso de existencia de marquesinas, la configuración de las mismas deberá permitir el acceso bien lateralmente, bien por su parte central, con un ancho libre mínimo de paso de 90 centímetros.
Si alguno de los cerramientos verticales fuera transparente o translúcido, éste dispondrá de dos bandas horizontales de colores vivos y contrastados para hacerlos fácilmente identificables.
La información correspondiente a la identificación, denominación y esquema de recorrido de las líneas, contará con su transcripción al sistema Braille.
La ubicación de máquinas expendedoras, canceladoras y terminales de información se señalizarán mediante la instalación en el pavimento de una franja tacto visual con contraste de color elevado, dispuesta en paralelo al frente de la máquina, adyacente a la misma y con una longitud igual a dicho frente. Al menos una de las máquinas tendrá las medidas de accesibilidad para las distintas discapacidades.
Las condiciones de accesibilidad apuntadas serán obligatorias en su totalidad en las estaciones nuevas de todo tipo, y en las existentes, ya sean cabecera, de paso o final, por la que pase más de una línea y las que formen parte de un intercambiador. En las estaciones existentes por las que pasa una sola línea serán obligatorias sólo las disposiciones señaladas con un asterisco en el Anexo VI del Real Decreto.
B) Habrán de respetarse las distancias óptimas entre el metro o tranvía y el andén, de manera que puedan ser salvadas con seguridad.
C) En cuanto a las características de los metros y tranvías se refiere:
1.- Al menos una de las puertas de acceso de cada tren o tranvía garantizará la accesibilidad de las personas con movilidad reducida. Será la primera del tren, inmediata a la cabina del maquinista.
La puerta de acceso irá acompañada de paletas o rampas motorizadas cuando resulten necesarias para salvar la distancia entre el vehículo y el andén.
Por lo demás, deberán tener la anchura suficiente y un alto contraste cromático en relación con el correspondiente al resto del vehículo.
Estarán provistas de un dispositivo anti-aprisionamiento.
De ser necesario un pulsador para la apertura, éste se situará accesible, con alto contraste de color y detectable fácilmente por su forma por una persona ciega.
2.- La solicitud de parada se confirmará de forma sonora y visual. Deberá existir un pulsador en el espacio reservado para pasajeros en silla de ruedas que, al igual que el resto de pulsadores existentes en el vehículo, deberá estar señalizado visual y táctilmente, siendo de un color que contraste con la superficie a la que estén fijados y permitiendo su accionamiento con la palma de la mano.
3.- En todo el tren o tranvía se dispondrá una trama completa de barras y asideros de un material antideslizante y color que contraste con su entorno, sin que puedan quedar zonas en las que existan dificultades para asirse.
4.- Al menos dos asientos próximos a la puerta de acceso, por coche, estarán reservados a personas con discapacidad no usuarias de sillas de ruedas, señalizándolos con el pictograma correspondiente.
5.- El piso del vehículo será de materiales que no produzcan reflejos y será no deslizante tanto en seco como en mojado.
6.- Existirá un avisador acústico y luminoso en las inmediaciones de la puerta de servicio accesible con el fin de facilitar la localización de ésta y también un dispositivo que de forma visual y sonora informe sobre parada solicitada y sobre denominación de la próxima parada.
Del mismo modo, las puertas contendrán avisadores sonoros y luminosos de apertura y cierre de puertas, perceptibles tanto desde el interior como desde el exterior.
7.- El símbolo internacional de accesibilidad se fijará en la parte frontal derecha del vehículo y en la puerta de servicio accesible.
8.- En el interior, la línea de borde del suelo y el borde de los peldaños, en su caso, se señalizarán en toda su longitud con una franja de color fuertemente contrastado en relación con el resto del suelo.
9.- La información en los paneles luminosos interiores deberán poseer caracteres gráficos según norma técnica específica.
10.- Debe de existir al menos un espacio libre de asientos con capacidad para alojar al menos a dos pasajeros en silla de ruedas, con las dimensiones y condiciones de sujeción y accesibilidad establecidas al respecto.
En lo que a los Plazos de cumplimiento se refiere, según establece el artículo 7 del Real Decreto aprobado, las estaciones de una red de metro, ya sean cabecera, de paso o final, de más de dos líneas, y aquellas que formen parte de un intercambiador serán accesibles en un plazo no superior a los cuatro años desde la entrada en vigor del mismo, que se produjo el 5 de diciembre de 2.007. En aquellas estaciones de más de una línea dicho plazo será de siete años.
En las demás estaciones de metro y paradas de tranvía existentes el plazo será de diez años. En estas estaciones serán de obligado cumplimiento las especificaciones señaladas en el Anexo VI del Real Decreto con un asterisco; las demás tendrán carácter de recomendaciones.
Toda nueva estación de metro o parada de tranvía y todas las existentes que se sometan a actuaciones de transformación estructural serán accesibles a partir de la vigencia del Real Decreto.
En lo que al material rodante se refiere (metro convencional, metro ligero y tranvía) será accesible a partir de los dos años de la entrada en vigor el Real Decreto. El material rodante existente con vida útil superior a los diez años se adaptará en un plazo no superior a los cuatro años a partir de esa entrada en vigor.
8.8.- ¿Qué condiciones básicas de accesibilidad se establecen en relación con el transporte en taxi adaptado y en qué plazos serán de obligado cumplimiento?
En lo que al transporte en taxi se refiere, en el Anexo VII del Real Decreto aprobado se distingue entre:
1.- Medidas relativas a las paradas de taxis que, básicamente, estarán unidas con el entorno urbano a través de vías accesibles.
2.- Medidas relativas a la accesibilidad en los taxis, en relación con lo cual se dispone que los vehículos que presten servicio de taxi o autotaxi, a efectos de ser calificados como accesibles para poder transportar personas con discapacidad, deben satisfacer los requisitos recogidos en la Norma UNE 26.494 y sus posteriores modificaciones.
En todo caso, el vehículo estará acondicionado para que pueda entrar y salir, así como viajar en el mismo, una persona en su propia silla de ruedas; todo ello con comodidad y seguridad. Además, los taxis adaptados deberán llevar las tarifas escritas en sistema Braille.
Si entre el suelo y el marco de la puerta trasera hubiera una altura superior a 25 cm, el vehículo deberá contar con un escalón.
No podrán ser homologados como autotaxis los vehículos tipo furgoneta ni los vehículos todo terreno.
En lo que a los Plazos de cumplimiento se refiere, según dispone el artículo 8 del Real Decreto aprobado, en todos los municipios, los ayuntamientos promoverán que al menos un 5 por ciento, o fracción, de las licencias de taxi correspondan a vehículos adaptados. Los titulares de las licencias solicitarán voluntariamente que su taxi sea adaptado; pero si no se cubre el citado porcentaje, los ayuntamientos exigirán a las últimas licencias que se concedan que su autotaxi sea accesible.
Esta medida será planificada por los ayuntamientos antes del año desde la entrada en vigor del Real Decreto, que se produjo el 5 de diciembre de 2.007. La ejecución de la misma no podrá superar los diez años tras esa entrada en vigor.
8.9.- ¿Qué condiciones básicas de accesibilidad se establecen en relación con los servicios de transporte especial y en qué plazos serán de obligado cumplimiento?
Un servicio de transporte especial (STE) es aquél que no tiene todas, aunque pueda tener alguna de las características de un servicio de transporte ordinario; esto es, regularidad, horarios, tarifación comercial y recorridos fijos, entre otras.
Además, es un servicio que se concibe expresamente para transportar a los ciudadanos con más grave discapacidad de cualquier tipo; que por ello no pueden o no quieren utilizar los servicios de transporte ordinario, aunque sean accesibles. Esto puede suceder por su grave discapacidad intelectual o física (falta de equilibrio, de coordinación de movimientos, incapacidad de manejar o valerse de una silla de ruedas...).
Las condiciones básicas de accesibilidad en los servicios de transporte especial se recogen en el Anexo VIII del Real Decreto aprobado, en el que se establece que:
Sólo se prestarán con vehículos adaptados; en este sentido, los vehículos con capacidad hasta 9 plazas, incluido el conductor, deberán ajustarse a lo establecido en la Norma UNE 26.494/2004. Los vehículos con capacidad superior a 9 plazas reunirán las condiciones de accesibilidad establecidas en la serán las establecidas en la Orden CTE/1612/ 2002, de 25 de junio (BOE de 28 de junio de 2.002).
Se prestarán por personal cualificado en todo el proceso del servicio: antes y durante el mismo.
Podrán darse, siempre a la demanda, con antelación o sin ella, en grupo o individual; con vehículos de diferentes capacidades, siempre automóviles, pero desde turismos hasta autobuses, pasando por furgonetas, microbuses y minibuses.
Puesto que debe resolver las carencias de los servicios de transporte ordinario, el ámbito en el que pueden operar los STE no tiene límite, si bien el mínimo debe ser el ámbito municipal - en las grandes ciudades ese ámbito se puede parcelar -, aunque en los pequeños núcleos de población será preciso que preste servicio en ámbitos mancomunados o comarcales.
En lo que a los Plazos de cumplimiento se refiere, según dispone el artículo 9 del Real Decreto aprobado, los ayuntamientos, mancomunidades de municipios, comunidades comarcales y comunidades autónomas realizarán antes de los dos años desde su entrada en vigor, que se produjo el 5 de diciembre de 2.007, un estudio técnico de las necesidades de STE de la población con discapacidad que vive en sus ámbitos.
Las mismas entidades antedichas, en el plazo no superior a los tres años desde esa entrada en vigor, pondrán en marcha y mantendrán los STE que den respuesta a la demanda habida. Ello deberá ser objeto de un plan que deberá ejecutarse en su totalidad en un plazo de seis años desde la vigencia del Real Decreto.
8.10.- ¿Qué son las medidas transversales?
Se recogen en el Anexo IX del Real Decreto aprobado y serán de aplicación cuando no se contemple ninguna específica sobre la materia en el Anexo sectorial correspondiente. Tales medidas con las siguientes:
1.- En las instalaciones de transporte público de entidad tal que su gestión lo permita se dispondrá de un servicio asistencial, debidamente formado, para atender a las personas con discapacidad, en su tránsito por la instalación, facilitarles la información que precisen y atenderles en la expedición de billetes.
2. Los perros-guía y de asistencia serán aceptados en todos los vehículos de los servicios de transporte público y en los edificios y dependencias de uso público de aquellos servicios.
3.- Los servicios e instalaciones de entidad tal que su gestión lo permita dispondrán de:
a) Página o sitio de Internet, adaptada a las pautas de accesibilidad establecidas, en la que se procurará recopilar y concentrar en un enlace toda la información disponible que pueda ser de utilidad para los viajeros potenciales con alguna discapacidad.
b) Folletos informativos específicos, en formatos que los hagan útiles para el mayor número de discapacidades, que recojan un extracto de la información precisa para preparar y realizar el viaje en las mejores condiciones posibles, derechos del viajero con discapacidad, normas de seguridad, protocolos, etc.
c) Otros medios y, así, si el servicio de transporte contara con otros medios de información, generales o convencionales, como guías impresas, éstas incluirán una información al menos básica sobre la accesibilidad de sus infraestructuras, servicios disponibles, etc.
4.- En lo que al material auxiliar que puedan precisar las personas con discapacidad se refiere, deberán disponer del mismo tanto los servicios de larga distancia, cuando el medio de transporte lo permita, como las instalaciones de transporte interurbano de entidad tal que su gestión lo permita; esta últimas, además, contarán necesariamente con sillas de ruedas ordinarias.
En todo caso, el material auxiliar o las ayudas técnicas propiedad de las personas con discapacidad que utilicen en el viaje se almacenarán en lugar adecuado y de forma estable y segura.
5.- Por lo que respecta a las situaciones de emergencia, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del Real Decreto, que se produjo el 5 de diciembre de 2.007, habrá de aprobarse el protocolo y previsión de actuaciones en las situaciones de emergencia que pudieran darse en el viaje, considerando, especialmente, las distintas situaciones de discapacidad.
Además, en las terminales de viajeros., las vías de evacuación de uso general serán accesibles a todas las personas, siempre que ello resulte posible y proporcionado.
6.- Cuando circunstancias excepcionales exijan la utilización de un medio de transporte de apoyo, éste deberá organizarse considerando que los servicios extraordinarios que procedan tienen que prestase en condiciones de dignidad y accesibilidad para los viajeros con discapacidad.
7.- Los dispositivos de alarma de uso público en situaciones de emergencia serán accesibles en todo vehículo y, en la medida de lo posible, a las personas con cualquier discapacidad.
8.- Las empresas operadoras que deban prestar atención al pasaje establecerán procesos de formación para su tripulación a fin de que puedan asistir y auxiliar a los pasajeros con discapacidad, cualquiera que sea la situación.
9.- En todos los medios de transporte público en que sea factible existirán plazas de ocupación preferente para personas con discapacidad, y esto para todas las clases; en el supuesto de que sólo hubiera plazas de ocupación preferente en clases superiores, el viajero con discapacidad tendrá derecho a utilizarlas abonando solamente el precio del billete de clase inferior.
Las condiciones apuntadas serán de obligado cumplimiento para entidades de grandes dimensiones. En lo que a las infraestructuras y servicios de pequeñas entidades se refiere, se considerarán condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación las relativas a los perros-guía, la información básica sobre accesibilidad de infraestructuras, servicios, etc., el almacenamiento de material auxiliar propiedad de la persona discapacitada en lugar seguro y estable durante el viaje, las situaciones de emergencia, los dispositivos y de alarma y las plazas reservadas.
A modo de principio general, al final del Real Decreto aprobado se recoge un previsión que promueve la utilización de equipos y dispositivos que aseguren el viaje y la asistencia a las personas con discapacidad en condiciones de dignidad, así como de comodidad y seguridad razonables, impidiendo recurrir, salvo en circunstancias excepcionales, a medios improvisados como el traslado “a pulso” de los viajeros con necesidades intensas de apoyo (usuarios de sillas de ruedas, etc.).
8.11.- ¿Cuál es el procedimiento para denunciar el incumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1544/2007?
La Disposición Adicional Cuarta del mismo remite a la legislación de infracciones y sanciones en materia de accesibilidad universal y no discriminación para sancionar el incumplimiento de sus previsiones, es decir, a la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

References: artículo 9
 artículo 49
 artículo 148
 artículo 10
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 9
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 17
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 17
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 17
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 10
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 23
 artículo 87
 artículo 87
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 50
 artículo 8
 artículo 4
 Real Decreto 
 artículo 5
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 10
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 10
 artículo 3
 artículo 22
 artículo 4
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 30
 Real Decreto 
 artículo 32
 Real Decreto 
 artículo 33
 Real Decreto 
 artículo 35
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 10
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 10
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 4
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 5
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 7
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 8
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 9
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto