Source: http://www.congresozac.gob.mx/cgi-bin/coz2/mods/secciones/index.cgi?action=articulo&art=17479&ley=119
Timestamp: 2016-12-06 12:07:36+00:00

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De los prestadores de servicios ambientales
Las personas que presten servicios de impacto ambiental, serán responsables ante el Instituto de los informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo que elaboren, quienes declararán bajo protesta de decir verdad que en ellos se incorporan las mejores técnicas y metodologías existentes, así como la información y medidas de prevención y mitigación más efectivas.
Los informes preventivos, las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo podrán ser presentados por los interesados, instituciones de investigación, colegios o asociaciones profesionales, en este caso la responsabilidad respecto del contenido del documento corresponderá a quien los suscriba.
No podrá prestar servicios ambientales, directamente o a través de terceros, el servidor público que intervenga en cualquier forma en la aplicación de la presente Ley, ni las personas con las que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda generar en beneficio para el, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, socios o personas morales de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. La infracción a lo anterior será sancionada en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y demás disposiciones aplicables.
Las empresas o particulares que presten sus servicios en materia de impacto y riesgo ambiental cuyos informes, manifestaciones o estudios contengan datos falsos o incorrectos, y omitan la identificación de impactos negativos por negligencia, dolo o mala fe, serán sancionados en los términos de la presente Ley y los demás ordenamientos jurídicos aplicables.
El Instituto, conforme al Reglamento establecerá y mantendrá actualizado un Registro de Prestadores de Servicios Ambientales que se integrará al Sistema Estatal de Información Ambiental. Podrán prestar servicios ambientales las personas físicas o morales, que cuenten con el registro anual otorgado por el Instituto, para quedar inscritos en este Registro, los aspirantes deberán de cumplir con el Reglamento.
El Instituto podrá cancelar en cualquier momento el registro de prestadores de servicios ambientales, cuando incurran en las causales establecidas en el Reglamento correspondiente. Sección Quinta Certificación ambiental estatal
Los productores, empresas u organizaciones empresariales deberán implementar procesos internos de regulación ambiental, a través de los cuales mejoren su desempeño ambiental, respetando la legislación y normatividad vigente en la materia y se comprometen a superar o cumplir mayores niveles, metas o beneficios en materia de protección ambiental. Las empresas llevarán acabo anualmente el trámite de Certificación Ambiental Estatal de acuerdo con el Reglamento.
La Certificación Ambiental Estatal practicada por el Instituto, tiene como objetivo:
I. El desarrollo de procesos productivos adecuados y compatibles con el ambiente, así como sistemas de protección y restauración en la materia, convenidos con cámaras de industria, comercio y otras actividades productivas, organizaciones de productores, organizaciones representativas de una zona o región, instituciones de investigación científica y tecnológica y otras organizaciones interesadas;
II. El cumplimiento de la normatividad ambiental vigente;
III. El establecimiento de sistemas de certificación de procesos o productos para inducir patrones de consumo que sean compatibles o que preserven, mejoren o restauren el medio ambiente, y
IV. Las demás acciones que permitan a las empresas a alcanzar los objetivos de la política ambiental, superiores a las previstas en la normatividad ambiental establecida.
Los responsables del funcionamiento de una empresa, a través de la Certificación Ambiental Estatal, deberán de realizar el examen metodológico de sus operaciones, respecto de la contaminación y el riesgo que generan, así como el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, con el objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger al medio ambiente.
El Instituto desarrollará un programa dirigido a la realización de Certificación Ambiental Estatal y supervisará su ejecución, en congruencia con los lineamientos establecidos en esta materia en la Ley General, para tal efecto: I. Elaborará los términos de referencia que establezcan la metodología para la realización de la Certificación Ambiental Estatal;
II. Establecerá un sistema de aprobación y acreditación de peritos y certificadores ambientales, determinando los procedimientos y requisitos que deberán cumplir los interesados para incorporarse a dicho sistema, debiendo, en su caso, observar lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Para tal efecto, integrará un comité técnico constituido por representantes de instituciones de investigación, colegios y asociaciones profesionales y organizaciones del sector industrial;
III. Desarrollará programas de capacitación en materia de peritajes y Certificación Ambiental Estatal, y
IV. Instrumentará un sistema de reconocimientos y estímulos que permita identificar a las industrias que cumplan oportunamente los compromisos adquiridos en la Certificación Ambiental Estatal.
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN AMBIENTAL
De la promoción y organismos de participación social
ARTÍCULO 80 El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos deberán promover la participación corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental, en los programas que tengan por objeto el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, así como en las acciones y medidas tendientes a disminuir los efectos producidos por el cambio climático y a promover el desarrollo sustentable de la entidad.
El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán en congruencia con el sistema estatal de planeación democrática, el establecimiento de los consejos consultivos estatales o municipales para el desarrollo sustentable, como órganos de concertación social y de coordinación institucional entre las dependencias gubernamentales en el ámbito federal, estatal y municipal con los diferentes sectores sociales.
Dichos consejos analizarán los problemas y propondrán planes, programas y acciones; darán seguimiento y evaluarán el impacto de los programas gubernamentales; promoverán la participación organizada de la sociedad y darán difusión a la problemática ambiental.
Corresponde a los consejos consultivos estatales o municipales:
I. Dar asesoría para el diseño, aplicación y evaluación de los programas estatales en relación con el medio ambiente y aprovechamiento de los recursos naturales;
II. Proponer y realizar recomendaciones sobre políticas, programas, estudios y acciones específicas en materia de medio ambiente y aprovechamiento de los recursos naturales;
III. Promover la consulta y deliberación pública y la concertación social sobre los planes, programas y presupuestos necesarios para el desarrollo sustentable de los recursos naturales;
IV. Elaborar recomendaciones para la adecuación de leyes, reglamentos y procedimientos, sobre materia ambiental, acordes al contexto social que vive el Estado y obtener así un mejor aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el mejoramiento ambienta, y
V. Coordinarse con organismos nacionales, regionales, estatales y municipales para intercambiar experiencias.
Para los efectos del artículo 80 de la presente Ley, el Instituto en coordinación con los Ayuntamientos:
I. Celebrará convenios de concertación con organizaciones obreras y grupos sociales para la protección del ambiente en los lugares de trabajo y unidades habitacionales; comunidades agrarias y demás organizaciones campesinas para el establecimiento, administración y manejo de áreas naturales
protegidas, y para brindarles asesoría en materia ambiental en las actividades relacionadas con el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; con organizaciones empresariales, en los casos previstos en esta Ley para la protección del ambiente; con instituciones educativas y académicas, para la realización de estudios e investigaciones en la materia; con organizaciones civiles e instituciones privadas no lucrativas, para emprender acciones ambientales conjuntas; así como con representaciones sociales y con particulares interesados en la preservación y restauración del equilibrio ecológico para la protección al ambiente;
II. Celebrará convenios con los medios de comunicación masiva para la difusión, información y promoción de acciones de preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;
III. Promoverá el establecimiento de reconocimientos a los esfuerzos más destacados de la sociedad para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente;
IV. Impulsará el fortalecimiento de la conciencia ecológica y la educación ambiental, a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la preservación y mejoramiento del ambiente, el aprovechamiento racional de los recursos naturales y el correcto manejo de residuos. Para ello, el Instituto podrá, en forma coordinada con los Municipios correspondientes, celebrar convenios de concertación con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas organizaciones sociales, y
V. Concertará acciones e inversiones con los sectores social y privado y con instituciones académicas, grupos y organizaciones sociales y demás personas físicas y morales interesadas para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
Del sistema estatal de información ambiental
El Instituto desarrollará un Sistema Estatal de Información Ambiental que tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información ambiental nacional y de la entidad, que estará disponible para su consulta. En dicho Sistema, el Instituto deberá integrar, entre otros aspectos, información relativa a los inventarios de recursos naturales existentes en el territorio, a los mecanismos y resultados obtenidos del monitoreo de la calidad del aire, del agua y del suelo, al ordenamiento ecológico del territorio y la correspondiente a los registros, programas y acciones que se realicen para la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
El Instituto reunirá informes y documentos relevantes que resulten de las actividades científicas, académicas, trabajos técnicos o de cualquier otra índole en materia ambiental y de preservación de recursos naturales, realizados en el país por personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, los que serán remitidos al Sistema Estatal de Información Ambiental.
Toda persona tendrá derecho a que el Estado y los Ayuntamientos pongan a su disposición la información ambiental que les soliciten, en los términos previstos por esta Ley. En su caso, los gastos que se generen, correrán por cuenta del solicitante.
Para los efectos de esta Ley, se considera información ambiental, cualquier información escrita, visual o en forma de base de datos, de que dispongan las autoridades ambientales en materia de agua, aire, suelo, flora, fauna y recursos naturales en general, así como sobre las actividades o medidas que les afectan o puedan afectarlos.
Toda petición de información ambiental deberá presentarse por escrito, especificando claramente la información que se solicita y los motivos que justifiquen la petición. Los solicitantes deberán identificarse indicando su nombre o razón social y domicilio.
Las autoridades a que se refiere el artículo anterior, denegarán la entrega de información cuando:
I. Se considere por disposición legal que la información es confidencial o que por su propia naturaleza, su difusión afecta la seguridad de la entidad, zona o área de la misma;
II. Se trate de información relativa a procedimientos judiciales o de inspección y vigilancia, pendientes de resolución;
III. Se trate de información aportada por terceros cuando los mismos no estén obligados por disposición legal a proporcionarla; o
IV. Se trate de información sobre inventarios e insumos y tecnologías de proceso, incluyendo la descripción del mismo.
El Instituto responderá por escrito a los solicitantes de información ambiental, en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de la recepción de la petición respectiva. En caso de que el Instituto conteste negativamente la solicitud, deberá señalar las razones que motivaron su determinación.
DEL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES
Del aprovechamiento sustentable del agua y de los recursos acuáticos
Para el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos de jurisdicción local, se tomarán en cuenta los siguientes criterios:
I. Corresponde a las autoridades de la entidad y a la sociedad la protección de las aguas de la jurisdicción del Estado;
II. El aprovechamiento racional y sustentable del agua y de los recursos naturales que involucren los ecosistemas acuáticos, debe realizarse sin afectar su equilibrio ecológico;
III. Para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que se involucran en el ciclo hidrológico, se deberá considerar la protección del suelo y áreas boscosas y selváticas, así como el mantenimiento de los caudales
naturales básicos de las corrientes de agua y la capacidad de recarga de los mantos acuíferos;
IV. La preservación, calidad y aprovechamiento sustentable del agua y de los ecosistemas acuáticos, es responsabilidad de las autoridades, sus usuarios y de quienes realicen obras o actividades que afecten o puedan afectar dichos recursos, y
V. Lo establecido en las leyes de la materia y en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.
Los criterios a los que se refiere el artículo anterior serán observados en:
I. La integración de un Programa estatal hidráulico e hidrológico;
II. El otorgamiento y aprovechamiento de concesiones, permisos y en general, toda clase de autorizaciones para la realización de actividades que puedan afectar el ciclo hidrológico y los mantos acuíferos, así como para el establecimiento de plantas de tratamiento y reciclaje de aguas residuales;
III. La operación y administración de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los Municipios del Estado;
IV. Las medidas que adopte el Ejecutivo del Estado en aquéllas actividades que deterioren la calidad de las aguas de jurisdicción local, o que afecten o puedan afectar los elementos de los ecosistemas;
V. Las previsiones contenidas en los planes de desarrollo municipal y programas de desarrollo urbano respecto a la política de aprovechamiento sustentable del agua;
VI. La regulación de las descargas de aguas residuales, de carácter municipal, industrial, agropecuario o de servicios, que se efectúen a los sistemas de drenaje y alcantarillado;
VII. Las políticas y programas para la protección de especies acuáticas endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial, y
VIII. El riego de áreas agrícolas y áreas verdes municipales e industriales.
Con objeto de garantizar el uso y disponibilidad del agua, así como el de abatir su desperdicio, el Instituto promoverá que las autoridades municipales dicten medidas para promover el ahorro del agua potable, así como el reuso de aguas residuales tratadas y para la realización de obras destinadas a la captación y utilización de aguas pluviales.
El Instituto de forma conjunta con los Ayuntamientos, realizarán acciones para evitar, y en su caso, controlar los procesos de deterioro y contaminación en las corrientes y cuerpos de agua de jurisdicción estatal y en caso necesario, se coordinarán con la Federación en los términos de la Ley General.
De la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo y sus recursos
Para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo, se considerarán los siguientes criterios:
I. El uso del suelo debe ser compatible con su vocación natural y no debe alterar el equilibrio de los ecosistemas;
II. El uso del suelo debe hacerse de manera que éste mantenga su integridad física y su capacidad productiva;
III. El uso productivo del suelo debe evitar prácticas que favorezcan la erosión, degradación o modificación de las características topográficas, con efectos ecológicos adversos;
IV. En las acciones de preservación y aprovechamiento sustentable del suelo, deberán considerarse las medidas necesarias para prevenir o reducir su
Erosión, deterioro de las propiedades físicas, químicas o biológicas del suelo y la pérdida de la vegetación natural;
V. En las zonas afectadas por fenómenos de degradación o desertificación, deberán llevarse a cabo las acciones de regeneración, recuperación y rehabilitación necesarias, a fin de restaurarlas;
VI. La realización de las obras públicas o privadas que por sí mismas puedan provocar deterioro severo de los suelos, deben incluir acciones equivalentes de regeneración, recuperación y restablecimiento de su vocación natural, y
VII. Las Normas Oficiales Mexicanas.
Los criterios a los que se refiere el artículo anterior, en el ámbito de competencia del Estado y sus municipios, serán observados en:
I. Los planes de desarrollo municipal y programas rectores para el desarrollo urbano de la Entidad y sus municipios;
II. La planeación del uso del suelo promoviendo actividades tendientes al desarrollo sustentable que permitan restablecer el equilibrio ecológico y la protección al ambiente;
III. El apoyo a las actividades agropecuarias para promover de manera directa o indirecta a través del crédito, la inversión o las técnicas, la progresiva incorporación de aquellas compatibles con el equilibrio ecológico y la protección al ambiente;
IV. El establecimiento de reservas territoriales para desarrollo urbano;
V. La fundación de centros de población y la radicación de asentamientos humanos;
VI. Las acciones de mejoramiento y conservación de los suelos tanto en las áreas rurales como en los centros de población;
VII. Las disposiciones, programas y lineamientos técnicos para la conservación y aprovechamiento racional del suelo y sus recursos;
VIII. Las actividades de extracción de materiales del suelo y del subsuelo, que sean competencia de la entidad;
IX. Los estudios previos y las declaratorias para la constitución de las áreas naturales a las que se refiere ésta Ley, y
X. La formulación de los programas de ordenamiento ecológico del territorio, previstos por la presente Ley.
Quienes realicen actividades agrícolas y pecuarias deberán llevar a cabo las prácticas de preservación, aprovechamiento sustentable y restauración necesarias para evitar la degradación del suelo y desequilibrios ecológicos y en su caso, lograr su rehabilitación, en los términos de lo dispuesto por ésta y las demás leyes aplicables. El Instituto promoverá ante la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y demás dependencias competentes, la introducción y generalización de prácticas de protección y restauración de los suelos en las actividades agropecuarias.
Para el otorgamiento de autorizaciones para efectuar cambios del uso del suelo, los Ayuntamientos deberán contemplar la autorización sobre el impacto ambiental cuando existan elementos que permitan prever grave deterioro de los suelos afectados y del equilibrio ecológico en la zona. Los cambios en el uso del suelo serán autorizados por los Ayuntamientos de acuerdo a sus planes de desarrollo municipal y de desarrollo urbano, así como al ordenamiento ecológico del territorio correspondiente.
De la explotación de los recursos no renovables
El aprovechamiento de los minerales, materiales o sustancias presentes en el suelo y subsuelo, no reservadas a la Federación, que puedan utilizarse o transformarse como materiales de construcción u ornamento, tales como rocas o productos de su fragmentación, arcillas, arenas o agregados, cuya exploración, explotación, extracción, beneficio y aprovechamiento provoque deterioro severo al suelo y subsuelo, requerirá autorización del Instituto, previa evaluación de su estudio de impacto ambiental.
El Instituto dictará las medidas de protección y restauración que deban ponerse en práctica en los bancos de extracción y en las instalaciones de beneficio, manejo y procesamiento.
TÍTULO SEXTO DE LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Es obligación de las autoridades estatales y municipales y derecho de las personas, organizaciones de los sectores social o privado y comunidades, actuar para la preservación, restauración y protección de las áreas naturales y sus ecosistemas dentro del territorio de la Entidad.
Las zonas del territorio del Estado consideradas objeto de preservación, restauración y protección, serán particularmente aquéllas áreas en las que los ambientes originales no hayan sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o aquellas que, a pesar de haber sido ya afectadas, requieran, por su especial relevancia para la entidad o su población, ser sometidas a programas de preservación o restauración, quedando sujetas al régimen previsto en esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.
La constitución de las áreas naturales protegidas y otras medidas tendientes a proteger el territorio, deberán llevarse a cabo con base en acuerdos explícitos entre el Estado, las autoridades Municipales y los Representantes Agrarios y, en su caso, de los fraccionamientos rurales.
Se entenderá por uso o aprovechamiento sustentable, a la realización de actividades que tiendan a mejorar de manera efectiva las condiciones económicas, culturales, educativas, de salud y, en general, de bienestar de las comunidades asentadas en el área de que se trate, siempre que éstas participen de manera directa en la toma de decisiones y realización de las actividades, usos o aprovechamientos pretendidos.
Para la autorización de cualquier tipo de actividad, uso o aprovechamiento que se pretenda realizar dentro del perímetro de un área natural protegida, la autoridad competente, estatal o municipal, deberá analizar y discutir previamente entre los propietarios o poseedores de la tierra, entre los habitantes de los pueblos y comunidades asentadas en el proyecto. Además deberá tomar en cuenta para la autorización respectiva, los programas de ordenamiento ecológico del territorio, el impacto ambiental que pudiere producirse directa e indirectamente a largo plazo, considerando el inicio y estableciendo, en su caso, las medidas que deberán tomarse para sula mitigación o prevención.
I. Preservar los ambientes naturales que no han sido significativamente alterados por la actividad del hombre, o que requieren ser preservadas o restauradas, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, así como dentro o en el entorno de los asentamientos humanos a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población y el desarrollo sustentable;
II. Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva, así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio del estado, en particular preservar las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial;
III. Asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos;
V. Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio estatal;
VI. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos agrícolas, zonas forestales en montañas donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico de cuencas, y las demás que tiendan a la protección de elementos circundantes con los que se relacione ecológicamente el área, y
VII. Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad nacional y de los pueblos indígenas.
El Instituto constituirá el Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas, que estará integrado por representantes de las Instituciones, dependencias y entidades de carácter federal, estatal, y municipal que tengan que ver con el conocimiento, planificación y manejo y aprovechamientos de las áreas naturales protegidas de la Entidad. El Consejo regirá su funcionamiento por el reglamento que tenga a bien expedir.
Este consejo tendrá como objetivo analizar los problemas y proponer prioridades, programas, y acciones para el manejo del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas. El Consejo fungirá además como órgano de consulta y apoyo del Instituto en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política para el establecimiento, manejo y vigilancia de las áreas naturales protegidas de su competencia. Las opiniones y recomendaciones que formule el Consejo, podrán ser consideradas por el Instituto. El Consejo podrá invitar a sus sesiones a servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y en general, cualquier persona cuya participación sea necesaria conforme al asunto que en cada caso se trate.
Se consideran áreas naturales protegidas de competencia estatal, las siguientes:
I. Reservas ecológicas;
II. Parques estatal;
III. Monumentos naturales, y
IV. Sitios de conservación.
Las reservas ecológicas se constituirán en áreas biogeográficas relevantes, representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano, o que requieran ser preservadas o restauradas, en las cuales habiten especies representativas de la biodiversidad, estatal, incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.
En tales reservas podrá determinarse la existencia de la superficie mejor conservada, o no alterada, que aloje ecosistemas o fenómenos naturales de especial importancia, o especies de flora y fauna que requieran protección especial, y que será denominada zona núcleo. En ella podrá autorizarse la realización de actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos, de investigación científica y educación ambiental, y limitarse o prohibirse aprovechamientos que alteren los ecosistemas.
En las propias reservas deberá determinarse la superficie a proteger, que protejan a la zona núcleo del impacto exterior, que serán conceptuadas como zonas de amortiguamiento, dentro de cuyos linderos podrán realizarse actividades productivas emprendidas por las comunidades que ahí habiten al momento de la expedición de la declaratoria respectiva o con su participación, que sean estrictamente compatibles con los objetivos, criterios y programas de aprovechamientos sustentable, en los términos del decreto respectivo y del programa de manejo que se expida, considerando las previsiones de los programas de ordenamiento ecológico que resulten aplicables.
Los parques estatales se constituirán, tratándose de representaciones biogeográficas, de uno o más ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, histórico, de recreo, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo, o bien por otras razones análogas de interés general.
En ellas sólo podrán permitirse la realización de actividades relacionadas con la preservación, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el incremento de su flora y fauna, y en general, con la preservación de los ecosistemas y sus elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y educación ambiental. En el otorgamiento de dichas autorizaciones se dará preferencia a quienes ahí habiten en el momento de la expedición de la declaratoria respectiva.
Corresponderá al Instituto, la promoción y elaboración de recomendaciones y coordinación con las autoridades federales, con el propósito de hacer efectivas las disposiciones que regulen y limiten las actividades dentro de las áreas naturales protegidas de competencia estatal, tales como actividades cinegéticas, de aprovechamiento de sus recursos naturales, de investigación y educación ambiental, de la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, recreación y turismo, con el propósito de compatibilizar los regímenes de protección correspondientes.
Los monumentos naturales se establecerán en áreas que contengan uno o varios elementos naturales, consistentes en lugares u objetos naturales, que por su carácter único o excepcional, interés estético, valor histórico o científico en el Estado, se resuelva incorporar a un régimen de protección absoluta. Tales monumentos no tienen la variedad de ecosistemas para ser incluidos en otra categoría de manejo.
En los monumentos naturales únicamente podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con su preservación, investigación científica recreación y educación.
Los sitios de conservación son aquéllas áreas no alteradas o poco alteradas, que contienen muestras de ecosistemas, rasgo o flora y fauna silvestre de valor natural. Dichas áreas generalmente no representan valores escénicos o recreativo sobresalientes, pero mantienen formas de vida vulnerables y una alta diversidad biológica. Tales áreas requieren ser protegidas, conservadas y mantener fenómenos o procesos naturales en un estado inalterado.
En los sitios de conservación sólo se permitirán actividades de estudios, investigación y educación ambiental compatible con la naturaleza y características del área.
Para el establecimiento, administración y manejo de áreas naturales protegidas de competencia estatal, deberán participar el Instituto y los Ayuntamientos; y en el caso del establecimiento, administración y manejo de áreas naturales protegidas de competencia municipal deberá corresponder a los propios Ayuntamientos. En ambos casos se impulsarán la participación de los habitantes, propietarios o poseedores de terrenos que se ubiquen en ellas, pueblos autóctonos y, en general, de todo tipo de interesado con el objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la protección y preservación de los ecosistemas, sus elementos y biodiversidad.
Para los efectos establecidos en el párrafo anterior, las autoridades podrán celebrar con los interesados, todos aquellos convenios de concertación o acuerdos de colaboración que resulten necesarios.
En las áreas naturales protegidas del Estado, quedará expresamente prohibido:
I. Verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y cualquier clase de cauce, vaso o acuífero, así como desarrollar cualquier actividad contaminante;
II. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidráulicos;
III. Realizar actividades cinegéticas o de explotación y aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestres sin estudios previos y sin autorización del Instituto, y
IV. Ejecutar acciones que contravengan lo dispuesto en la presente Ley, la declaratoria respectiva el plan de manejo y las demás disposiciones que de ellas se deriven.
Corresponde a los Ayuntamientos establecer las áreas naturales protegidas correspondientes a:
I. Las zonas de preservación ecológica de los centros de población, y
II. Los parques urbanos y municipales.
Las zonas de preservación ecológica de los centros de población podrán integrarse por cualquier área de uso público en zonas urbanas, industriales o circunvecinas de los asentamientos humanos en los que existan ecosistemas en buen estado, que se destinen a preservar los elementos naturales indispensables para el equilibrio ecológico y el bienestar de la población de la localidad correspondiente. Los Ayuntamientos deberán establecer las medidas de protección, administración y vigilancia que consideren pertinentes para lograr los objetivos por los que se someta al presenten régimen de este tipo de áreas protegidas.
Los parques urbanos y municipales son aquellas áreas de uso público, que se integran por parques públicos, corredores, andadores, camellones, y en general cualquier área de uso público en zonas urbanas, y que son constituidas por el Ejecutivo del Estado. Si el parque abarca el territorio de dos o más Municipios, cuyo destino es proteger y preservar el equilibrio de las áreas urbanas e industriales, entre las construcciones, equipamiento e instalaciones respectivas y los elementos de la naturaleza, de manera que se logre un ambiente sano el esparcimiento de la población y la protección de los valores históricos, artísticos y de belleza natural con significado en la localidad. Los planes de desarrollo urbano deben contemplar este tipo de equipamiento urbano a fin de que se considere un porcentaje de área verde para cada determinado número de habitantes.
En las áreas naturales protegidas no deberá autorizarse la fundación de nuevos centros de población.
De las declaratorias para el establecimiento, administración y vigilancia de áreas naturales protegidas
Las áreas naturales protegidas de competencia estatal, se establecerán mediante declaratoria que expida el Ejecutivo del Estado, con la participación de los Ayuntamientos.
Las áreas naturales protegidas de competencia municipal se establecerán mediante acuerdo de cabildo y de conformidad con la presente Ley y demás leyes aplicables.
Previamente a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas a que se refiere el artículo anterior, se deberán realizar los estudios que la justifiquen, en los términos del presente capítulo, en cuya elaboración podrán participar todos los interesados, de conformidad con lo establecido en este artículo. En los procedimientos para la expedición de las declaratorias correspondientes, el Instituto garantizará la participación de:
I. Los Ayuntamientos en cuyas circunscripciones territoriales se localice el área natural de que se trate;
II. Las autoridades agrarias, en caso de que el área natural sea ejido, propiedad privada o fraccionamiento rural, en cuyas circunscripciones territoriales se localice el área natural de que se trate;
III. Las dependencias y entidades de la administración pública estatal que deban intervenir, de conformidad con sus atribuciones;
IV. Los grupos y organizaciones de la sociedad civil y demás personas físicas o morales interesadas, así como las comunidades asentadas en el área natural de que se trate, y
V. Las universidades, centros de investigación, instituciones y organismos de los sectores público, social y privado interesados
Las organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas, podrán promover ante el Instituto, el establecimiento de áreas naturales protegidas en terrenos de su propiedad o mediante contrato con terceros, cuando se trate de áreas aptas para la preservación, protección y restauración de la biodiversidad. El Instituto, en su caso, promoverá ante el Ejecutivo del Estado, la expedición de la declaratoria respectiva, mediante la cual se establecerá el programa de manejo del área por parte del promovente, con la participación del propio Instituto, conforme a las atribuciones que al respecto se le otorgan en esta Ley.
Los sujetos señalados en el párrafo anterior, podrán destinar voluntariamente los predios que les pertenezcan a acciones de preservación de los ecosistemas y su biodiversidad. Para tal efecto, podrán solicitar al Instituto el reconocimiento respectivo. El certificado que emita dicha autoridad, deberá contener por lo menos, el nombre del promovente, la denominación del área respectiva, su ubicación, superficie y colindancias, el régimen de manejo a que se sujetará y, en su caso, el plazo de vigencia. Dichos predios se considerarán como áreas productivas dedicadas a una función de interés público.
Las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas señaladas en la presente Ley deberán contener, por lo menos, los siguientes aspectos:
I. La delimitación precisa del área, señalando la superficie, ubicación, deslinde y en su caso, la zonificación correspondiente;
III. La descripción de actividades que podrán llevarse a cabo en el área correspondiente, y las modalidades y limitaciones a que se sujetarán;
IV. La causa de utilidad pública que en su caso fundamente la expropiación de terrenos, para que el Gobierno estatal adquiera su dominio, cuando al establecerse un área natural protegida se requiera dicha resolución; en estos casos, deberán observarse lo establecido en la Ley Agraria, la Ley de Expropiación del Estado, la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado y demás ordenamientos aplicables;
V. Los lineamientos para la formulación de los planes de manejo de las áreas naturales protegidas;
VI. Los lineamientos generales para la administración, el establecimiento de órganos colegiados representativos, la creación de fondos o fideicomisos y la elaboración del programa de manejo del área, y
VII. Los lineamientos para la realización de las acciones de preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de las áreas naturales protegidas, para su administración y vigilancia, así como para la elaboración de las normas administrativas a que se sujetarán las actividades dentro del área respectiva, conforme a lo dispuesto en ésta y otras leyes aplicables.
Las medidas que el Ejecutivo del Estado podrá imponer para la preservación y protección de las áreas naturales protegidas, serán únicamente las que se establecen, según las materias respectivas, en la presente Ley, la Ley General y las demás que resulten aplicables.
El Instituto promoverá el ordenamiento ecológico del territorio dentro y en las zonas de influencia de las áreas naturales protegidas, con el propósito de generar nuevos patrones de desarrollo regional acordes con objetivos de sustentabilidad. ARTÍCULO 119
Las declaratorias deberán publicarse en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado y se notificarán previamente a los propietarios o poseedores de los predios afectados en forma personal. Las declaratorias se inscribirán en el registro público de la propiedad.
Una vez establecida un área natural protegida, sólo podrá ser modificada su extensión por la autoridad que la haya establecido, siguiendo las mismas formalidades previstas en esta Ley para la expedición de la declaratoria respectiva.
En el otorgamiento o expedición de permisos, licencias, concesiones, o en general de autorizaciones a que se sujeten la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos en áreas naturales protegidas, se observarán las disposiciones de la presente Ley, de las leyes en que se fundamenten las declaratorias de creación correspondiente, así como las prevenciones de las propias declaratorias y los programas de manejo.
El solicitante deberá en tales casos demostrar ante la autoridad competente, su capacidad técnica y económica para llevar a cabo la exploración, explotación o aprovechamiento de que se trate, sin causar deterioro al equilibrio ecológico.
El Instituto, las Secretarías, de Desarrollo Agropecuario y de Desarrollo Económico y en lo que corresponda la Dirección de Fraccionamientos Rurales, prestarán oportunamente a ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios o fraccionistas rurales, la asesoría técnica necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando éstos no cuenten con suficientes recursos económicos para procurársela.
El Instituto, tomando como base los estudios técnicos y socioeconómicos practicados, podrá solicitar a la autoridad competente, la cancelación o revocación del permiso, licencia, concesión o autorización correspondiente, cuando la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos ocasione o pueda ocasionar deterioro al equilibrio ecológico. ARTÍCULO 122
El Ejecutivo del Estado a través del Instituto, en coordinación con los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias:
I. Promoverán las inversiones públicas y privadas para el establecimiento y manejo de las áreas naturales protegidas;
II. Establecerán o, en su caso, promoverán la utilización de mecanismos para captar recursos y financiar o apoyar el manejo de las áreas naturales protegidas, y
III. Establecerán los incentivos económicos y los estímulos fiscales para las personas y las organizaciones sociales, públicas o privadas, que participen en la administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas y para quienes aporten recursos para tales fines o destinen sus predios a acciones de preservación.
El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán otorgar a los propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas y demás personas interesadas, concesiones, permisos o autorizaciones para la realización de obras o actividades en las áreas naturales protegidas, de conformidad con lo que establece esta Ley, la declaratoria y el programa de manejo correspondientes.
Los núcleos agrarios, los colonos sujetos al régimen de fraccionamientos rurales y demás propietarios o poseedores de los predios en los que se pretendan desarrollar las obras o actividades anteriormente señaladas, tendrán preferencia para obtener los permisos, concesiones y autorizaciones respectivos.
El Instituto formulará, dentro del plazo de tres meses contados a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, el programa de manejo del área natural protegida de que se trate, dando participación a los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos, a las demás dependencias competentes, los municipales, en su caso, así como a organizaciones sociales, públicas o privadas y demás personas interesadas. Una vez establecida un área natural protegida de competencia estatal, el Instituto en coordinación con el Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas, deberá designar al Director del área de que se trate, seleccionado por convocatoria y de preferencia entre los habitantes del área natural protegida, quien será responsable de coordinar la formulación, ejecución y evaluación del programa de manejo correspondiente, con la participación de los interesados mencionados y de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las disposiciones que de ella se deriven.
El programa de manejo de las áreas naturales protegidas deberá contener, por lo menos, lo siguiente:
I. La descripción de las características físicas, biológicas, sociales y culturales del área natural protegida, en el contexto nacional, regional y local, las características de la cubierta vegetal y el uso del suelo, así como el análisis de la situación que guarda la tenencia de la tierra en la superficie respectiva;
II. Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo, estableciendo su vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo y sus programas sectoriales correspondientes. Dichas acciones comprenderán, entre otras las siguientes: De investigación y educación ambientales, de protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la flora y la fauna, para el desarrollo de actividades recreativas, turísticas, obras de infraestructura y demás actividades productivas, de financiamiento para la administración del área, de prevención y control de contingencias, de vigilancia y las demás que por las características propias del área natural protegida se requieran;
III. La forma en que se organizará la administración del área y los mecanismos de participación de los individuos y comunidades asentadas en la misma, así como de todas aquellas personas, instituciones, grupos y organizaciones sociales interesadas en su protección y aprovechamiento sustentable;
V. La referencia a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a todas y cada una de las actividades a que esté sujeta el área;
VI. Los inventarios biológicos existentes y los que se prevea realizar, y
VII. Las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán las actividades que se desarrollen en el área natural protegida de que se trate.
El Instituto deberá publicar en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, un resumen del programa de manejo respectivo y el croquis de localización del área.
El Instituto integrará el Registro Estatal de Áreas Naturales Protegidas, en donde deberán inscribirse los decretos mediante los cuales se declaren las áreas naturales protegidas de interés estatal y municipal, y los instrumentos que los modifiquen. Deberán consignarse en dicho Registro los datos de la inscripción de los decretos respectivos en los registros públicos de la propiedad que correspondan. Cualquier persona podrá consultar el Registro Estatal de Áreas Naturales Protegidas, el cual deberá ser integrado al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales.
Todos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad, posesión o cualquier derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en áreas naturales protegidas, deberán contener referencia de la declaratoria correspondiente y de sus datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Los ingresos que el Estado y los Municipios perciban por concepto del otorgamiento de permisos, autorizaciones y licencias en materia de áreas naturales protegidas, conforme lo determinen los ordenamientos aplicables, se destinarán a la realización de acciones de preservación y restauración de los recursos naturales dentro de las áreas en las que se generen dichos ingresos.
Sección Cuarta Sistema estatal de áreas naturales protegidas
El Instituto constituirá el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas, con el propósito de incluir en el mismo las áreas declaradas bajo este régimen por la Federación, el Estado o los Municipios, cada una dentro de su propia jurisdicción, e integrar al mismo nuevas áreas que incluyan ecosistemas y corredores biológicos de la Entidad, a fin de asegurar su protección y preservación y garantizar los servicios ambientales que la biodiversidad presta a la población del Estado.
El manejo de dicho Sistema estará a cargo del Instituto, quien contará con la participación y asesoría del Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas.
Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, deberán considerar en sus programas y acciones que afecten el territorio de un área natural protegida de competencia estatal, así como en el otorgamiento de permisos, concesiones y autorizaciones para obras o actividades que se desarrollen en dichas áreas, las previsiones contenidas en la presente Ley, los reglamentos, normas que se expidan en la materia, en los decretos por los que se establezcan las áreas naturales protegidas y en los programas de manejo respectivos.
De las zonas de restauración
En aquellas áreas que presenten procesos de degradación o desertificación, o graves desequilibrios ecológicos, el Instituto formulará y ejecutará programas especiales de restauración ecológica, con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se desarrollaban.
En la formulación, ejecución y seguimiento de dichos programas, el Instituto promoverá la participación de los propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, gobiernos locales y demás personas interesadas.
En aquellos casos en que se estén produciendo procesos acelerados de desertificación o degradación que impliquen la pérdida de recursos de muy difícil regeneración, recuperación o restablecimiento, o afectaciones irreversibles a los ecosistemas o sus elementos, el Instituto propondrá al Ejecutivo del Estado y éste a su vez al Gobierno federal, la expedición de declaratorias para el establecimiento de zonas de restauración ecológica. Para tal efecto, elaborará previamente, los estudios que las justifiquen.
Las declaratorias deberán publicarse en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado y serán inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de conformidad al artículo 78 Bis de la Ley General.
El Instituto, en el ámbito de su competencia y en coordinación con las autoridades federales competentes, promoverá y realizará las acciones que le correspondan para la conservación, repoblamiento y aprovechamiento racional de la flora y fauna silvestres, por ello, formulará y concluirá la política estatal sobre la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre y emitirá las normas y reglamentos respectivos; para lo cual deberá cumplir con lo siguiente:
I. Establecer y aplicar disposiciones en materia de manejo, control y remediación de los problemas asociados con ejemplares y poblaciones federales;
II. Promover los usos y formas de aprovechamiento sostenible de la vida silvestre por parte de las comunidades rurales;
III. Dar apoyo, asesoría técnica y capacitación a las comunidades rurales para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre;
IV. Integrar, dar seguimiento y actualización al Sistema Estatal de Información sobre la vida silvestre;
V. Crear, integrar y administrar registros de organizaciones relacionadas con la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, de prestadores de servicios vinculados a la transformación, tratamiento, preparación, aprovechamiento y comercialización de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre y de mascotas de especies silvestres y aves de presa;
VI. Coordinar la participación social en las actividades de conservación y aprovechamiento de vida silvestre que son competencia del Ejecutivo del Estado, y
VII. Emitir recomendaciones a las autoridades federales en materia de vida silvestre, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación en la materia.
El Ejecutivo del Estado, promoverá el establecimiento de zoológicos, jardines botánicos, viveros, criaderos y granjas piscícolas, con la participación de los Ayuntamiento, los propietarios, poseedores del predio en cuestión y organismos sociales.
TÍTULO SÉPTIMO DE LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Del registro y emisiones de transferencia de contaminantes
El Instituto y los Ayuntamientos, en los términos que señalen los reglamentos correspondientes, deberán integrar los inventarios de emisiones atmosféricas provenientes de fuentes fijas y móviles, de descargas de aguas residuales en los sistemas de drenaje y alcantarillado y de residuos sólidos municipales e industriales no peligrosos, a fin de vigilar sistemáticamente el cumplimiento de la presente Ley, de las disposiciones municipales, las normas y reglamentos respectivos. El Instituto creará un sistema de información de las autorizaciones, licencias, permisos, sanciones, medidas de prevención, remediación y contingencia que en la materia deberán otorgarse.
Quienes realicen actividades contaminantes deberán asumir las medidas que se establezcan para minimizar la emisión de contaminantes y habrán de proporcionar toda la información que les sea requerida por las autoridades competentes a fin de dar cumplimiento con lo señalado en el artículo anterior. ARTÍCULO 137
El Instituto y los Ayuntamientos, deberán establecer los mecanismos y procedimientos necesarios, con el propósito de que los interesados realicen un sólo trámite, en aquellos casos en que para la operación y funcionamiento de establecimientos industriales, comerciales o de servicios, de competencia de la entidad y de sus municipios, se requiera obtener diversos permisos, licencias o autorizaciones en materia ambiental que deban ser otorgados por la propia dependencia.
De la prevención y control de la contaminación de la atmósfera
I. La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y las zonas del Estado, y
II. Las emisiones de contaminantes de la atmósfera, sean de fuentes naturales o artificiales, fijas o móviles, deben ser reducidas y controladas, para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico.
ARTÍCULO 139 Para prevenir y controlar la contaminación atmosférica y los efectos producidos por el cambio climático, los Gobiernos estatal y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias de conformidad con la presente Ley, tendrán las siguientes facultades: I. Controlar la contaminación del aire en los bienes y zonas de jurisdicción estatal, así como en fuentes fijas tales como establecimientos industriales, comerciales y de servicios; II. Aplicar los criterios generales para la protección a la atmósfera en los planes de desarrollo urbano, definiendo las zonas en que sea permitida la instalación de industrias contaminantes; III. Establecer medidas preventivas y correctivas para reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera producidas por fuentes fijas; IV. Requerir a los responsables de la operación de fuentes fijas, el cumplimiento de los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento correspondiente y las Normas Oficiales Mexicanas; V. Expedir las normas estatales ambientales que establezcan los niveles máximos permisibles de emisiones de gases y de partículas, por contaminante y fuente; VI. Integrar y mantener actualizado el inventario de fuentes de contaminación; VII. Establecer y operar sistemas de verificación de emisiones de automotores en circulación con base en las Normas Oficiales Mexicanas, que establezcan los límites máximos permisibles de emisiones de contaminantes a la atmósfera; VIII. Expedir las normas estatales ambientales para el establecimiento y operación de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire; IX. Establecer y operar, con el apoyo técnico, en su caso, de la Federación, sistemas de monitoreo de la calidad del aire. El Instituto remitirá a la Federación los reportes de monitoreo atmosférico, a fin de que se integren al Sistema Nacional de Información Ambiental; X. Exigirá a los propietarios o poseedores de vehículos automotores, el cumplimiento de las medidas de control dispuestas y en su caso, exigirá, por parte de la autoridad correspondiente, el retiro de la circulación, a aquellos vehículos que no acaten las Normas Oficiales Mexicanas y los reglamentos; XI. Establecer requisitos y procedimientos para regular las emisiones del transporte público, excepto el federal, las medidas de tránsito y la suspensión de circulación, en casos graves de contaminación y promover el mejoramiento del parque vehicular; XII. En coordinación con otras dependencias y entidades impulsará el desarrollo de las medidas necesarias para el mejoramiento de la vialidad y transporte colectivo, con el fin de evitar la concentración de emisiones contaminantes; XIII. Tomar las medidas preventivas necesarias para evitar contingencias ambientales por contaminación atmosférica; XIV. Elaborar los informes, sobre el estado del medio ambiente en la entidad o municipio; XV. Imponer sanciones por infracciones a la presente Ley, sus reglamentos o a las normas en la materia de acuerdo con esta Ley. Los Ayuntamientos por infracciones a los bandos y reglamentos de policía y gobierno que expidan; XVI. Formular y aplicar programas de gestión de calidad del aire, con base en las Normas Oficiales Mexicanas que expida la Federación, para establecer la calidad ambiental en el territorio nacional; XVII. Llevar a cabo campañas para racionalizar el uso de los vehículos automotores, así como para la afinación y mantenimiento de los mismos; XVIII. Emitir las disposiciones y establecer las medidas, consignadas en el reglamento correspondiente para evitar la quema de cualquier tipo de residuo sólido o líquido, incluyendo basura doméstica, hojarasca, hierba seca, esquilmos agrícolas, llantas, plásticos, lubricantes, solventes y otras, y las quemas con fines de desmonte o deshierbe de terrenos, y
XIX. Establecer las medidas necesarias para prohibir la,incineración de residuos sólidos urbanos y de residuos de manejo especial en el Estado;
XX. Ejecutar el Programa de Verificacion Vehicular que regula las emisiones de automotores en circulacion, con base en las Normas Dficiales Mexicanas que establezcan, los limites maxlmos permisibles de emisiones de contaminantes a la atmosfera;
XXI. Ejercerán las demás facultades que les confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
ARTÍCULO 140 Para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de jurisdicción estatal que emitan o puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, así como las de nueva creación, requerirán la autorización en materia de impacto ambiental. Será obligatoria la verificación, de acuerdo con los criterios que así se establezcan en el reglamento correspondiente, determinando el número de verificaciones anuales, en relación con el grado de riesgo de las actividades industriales o de servicios de que se trate, las cuales nunca podrán ser inferiores de una al año. Todo vehiculo automotor en circulacion matriculado en el Estado de Zacatecas, deberci someterse a la veriflcaciOn de emisiones contaminantes, en los centros de verificacion autorizados por el Instituto, en los terminos del Programa de Verificacion Vehicular que se eXpida.
En los casos en que un vehiculo rebase los limites mciximos permisibles de emisiones contaminantes fijados por las normas correspondientes, podrci quedar fuera de circulacion hasta que regularice su situacion ambiental.
Para efectos del ejercicio de las facultades que corresponden a los Ayuntamientos en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica, se consideran fuentes fijas y móviles de jurisdicción municipal las siguientes:
I. Los hornos o mecanismos de incineración de residuos sólidos, siempre que por su naturaleza no corresponda su regulación a la Federación;
II. Los hornos crematorios en los panteones o servicios funerarios y las instalaciones de los mismos;
III. Las emisiones que se verifiquen por los trabajos de pavimentación de calles o en la realización de obras públicas o privadas de competencia municipal;
IV. Los restaurantes, panaderías, tortillerías, molinos de nixtamal y en general, toda clase de establecimientos que expendan, comercialicen, procesen o produzcan de cualquier manera, al mayoreo o menudeo, alimentos o bebidas al público, directa o indirectamente;
V. Los hornos de producción de ladrillos, tabiques o similares y aquellos en los que se produzca cerámica de cualquier tipo;
VI. Los criaderos de todo tipo;
VII. Los talleres mecánicos automotrices, de hojalatería y pintura, vulcanizadoras y demás similares;
VIII. Los fuegos artificiales en fiestas y celebraciones públicas, autorizadas por el Ayuntamiento correspondiente;
IX. Los espectáculos públicos culturales, artísticos o deportivos de cualquier clase;
X. Las instalaciones y establecimientos de cualquier clase en ferias populares, y
XI. Las demás fuentes fijas que funcionen como establecimientos comerciales o de servicios al público, en los que se emitan olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera.
No podrán emitirse contaminantes a la atmósfera que ocasionen o puedan ocasionar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente. En todas las emisiones a la atmósfera, deberán ser observadas las previsiones de esta Ley y de las disposiciones reglamentarias que de ella emanen, así como las Normas Oficiales Mexicanas expedidas por las autoridades competentes.
Las personas físicas o morales que operen sistemas de producción agropecuario, industrial, comercial y de servicios, que tengan fuentes emisoras de contaminantes deberán:
I. Instalar equipos o sistemas de control de emisiones para cumplir con los niveles permisibles de contaminantes;
II. Realizar la medición periódica de sus emisiones a la atmósfera diurna y nocturna, conforme a lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas e informar al Instituto de los resultados de la medición, mediante el registro de las mismas, y
III. Sujetarse a la verificación del Instituto y realizar su auditoria ambiental de acuerdo a lo señalado en la presente Ley.
Las autoridades competentes promoverán, en las zonas que se hubieren determinado como aptas para uso industrial, próximas a las áreas habitacionales, la instalación de industrias que utilicen tecnologías y combustibles que generen menor contaminación.
El Instituto promoverá que en la determinación de usos del suelo que definan los programas de desarrollo urbano respectivos, se consideren las condiciones topográficas, climatológicas y meteorológicas, para asegurar la adecuada dispersión de contaminantes.
ARTÍCULO 145 Para el otorgamiento de estímulos fiscales, el Ejecutivo del Estado considerará a quienes:
II. Fabriquen, instalen o proporcionen mantenimiento a equipo de filtrado, combustión, control, y en general, de tratamiento de emisiones que contaminen la atmósfera;
III. Realicen investigaciones de tecnología cuya aplicación disminuya la generación de emisiones contaminantes;
IV. Ubiquen o se localicen sus instalaciones para evitar emisiones contaminantes en zonas urbanas, y
De la prevención y control de la contaminación del agua y de los ecosistemas acuáticos
Para la prevención y control de la contaminación del agua, serán considerados y tendrán en cuenta las Normas Oficiales Mexicanas, además de los siguientes criterios:
I. La prevención y control de la contaminación del agua, es fundamental para evitar que se reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas;
II. La participación y corresponsabilidad de la sociedad es condición indispensable para evitar la contaminación del agua;
III. De acuerdo a sus competencias, en las aguas de su jurisdicción, cada orden de gobierno y la sociedad deberá prevenir la contaminación de ríos, cuencas, vasos y demás depósitos y corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo;
IV. El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de contaminarla, conlleva la responsabilidad del tratamiento de las descargas, para reintegrarla en condiciones adecuadas para su utilización en otras actividades y para mantener el equilibrio de los ecosistemas, y
V. Las aguas residuales de origen urbano deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, cuencas, vasos y demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo.
En materia de prevención y control de la contaminación del agua, corresponde al Ejecutivo del Estado y a los Ayuntamientos, por sí o a través de sus organismos públicos descentralizados, que administren el agua, de conformidad con la distribución de competencias establecida en esta Ley, la Ley de Aguas Nacionales y demás leyes de la materia.
Para evitar la contaminación del agua, quedan sujetos a regulación estatal y municipal:
I. Las descargas de origen industrial y actividades agropecuarias que viertan al alcantarillado;
III. Las descargas de desechos, sustancias o residuos generados en las actividades productivas que viertan en los sistemas de drenaje y alcantarillado, y
IV. El vertimiento de residuos sólidos, materiales no peligrosos y lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales, en los sistemas de drenaje y alcantarillado y en cuerpos y corrientes de agua.
No podrán descargarse o infiltrarse en cualquier cuerpo o corriente de agua de jurisdicción estatal o a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, aguas residuales que contengan contaminantes que rebasen las Normas Oficiales Mexicanas, sin el permiso de la autoridad competente en el Estado o municipios, de acuerdo al ámbito de su competencia. Corresponderá a quien genere dichas descargas, realizar el tratamiento previo requerido.
Las aguas residuales provenientes de usos públicos urbanos y las de usos industriales o agropecuarios, que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de las poblaciones o en cualquier cuerpo o corriente de agua de jurisdicción estatal, deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir:
II. Interferencias en los procesos de depuración de las aguas, y
Los equipos y sistemas de tratamiento de las aguas residuales de origen urbano que diseñen, operen o administren dependencias o entidades de la administración pública estatal y municipal, deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto se expidan.
El Instituto, en coordinación con la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado y los Servicios de Salud de Zacatecas, emitirán opinión, para la programación y construcción de obras e instalaciones de tratamiento de aguas residuales de procedencia industrial que se viertan a los sistemas de drenaje y alcantarillado.
De la prevención y control de la contaminación del suelo
Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se considerarán los siguientes criterios: I. Corresponde al Estado, sus municipios y a la sociedad prevenir la contaminación del suelo; II. Deben ser controlados los residuos por constituir la principal fuente de contaminación de los suelos; III. Es necesario prevenir y reducir la generación de residuos sólidos, municipales e industriales; incorporar técnicas y procedimientos para su reuso y reciclaje, así como regular su manejo y disposición final eficientes; IV. La utilización de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, debe ser compatible con el equilibrio de los ecosistemas y considerar sus efectos sobre la salud humana a fin de prevenir los daños que pudiera ocasionar; V. En los suelos contaminados por la presencia de materiales o residuos peligrosos, deberán llevarse a cabo las acciones necesarias para recuperar o restablecer sus condiciones, de tal manera que puedan ser utilizados en cualquier tipo de actividad prevista por el programa de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que resulte aplicable, y VI. Realizar las gestiones ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la finalidad de que se lleve a cabo la remedición de los sitios contaminados derivados de actividades mineras.
VII. La prohibición de la incineración de residuos sólidos, por considerar sus efectos dañinos contra la salud y el medio ambiente.
Los criterios para prevenir y controlar la contaminación del suelo se considerarán, en los siguientes casos:
I. La planeación y regulación del desarrollo urbano;
II. La operación de los sistemas de limpia, recolección, clasificación, reciclaje y de la disposición final en rellenos sanitarios adecuados de residuos municipales e industriales no peligrosos;
III. La generación, manejo y disposición final de residuos industriales no peligrosos, así como en las autorizaciones y permisos que al efecto se otorguen, y
IV. El otorgamiento de todo tipo de autorizaciones para la fabricación, importación, utilización y en general la realización de actividades relacionadas con plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas.
Los residuos que se acumulen o puedan acumularse y se depositen o infiltren en los suelos deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir o evitar:
III. Las alteraciones en el suelo que afecten su aprovechamiento, uso o explotación, y
Para la prevención, restauración y control de la contaminación del suelo, las autoridades estatales y municipales deberán regular y vigilar:
I. La racionalización de la generación de residuos sólidos en los centros de población;
II. A los generadores tales como prestadores de servicios de salud, hospitales, industriales, hoteleros y agricultores sobre la recolección, tratamiento, reuso o bien disposición final de desechos sólidos no peligrosos;
III. El registro de transportistas, permisionarios, centros de acopio, incineradores, almacenes o rellenos sanitarios que en el territorio se relacione con el manejo de residuos sólidos municipales, domésticos, industriales no peligrosos, agropecuarios, hospitalarios y hoteleros, que se integrará al Sistema Estatal de Información Ambiental;
IV. La separación de los residuos sólidos para facilitar su reuso o reciclaje;
V. Los sistemas de manejo y disposición final de residuos sólidos en los centros de población;
VI. La fabricación de empaques y envases para todo tipo de producto, cuyos materiales permitan reducir la generación de residuos sólidos, y
VII. Los cambios de uso del suelo.
La prevención, restauración y control de la contaminación del suelo deberán ser reguladas por las autoridades municipales, conforme a la presente Ley, los Bandos de Policía y Gobierno y las Normas Oficiales Mexicanas que resulten aplicables, para lo cual el Ayuntamiento regulará:
I. La implantación, el funcionamiento y el mejoramiento de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales e industriales no peligrosos, ya sean operados por los propios municipios o concesionados;
II. La instalación y operación de centros de acopio de residuos sólidos municipales y domésticos, orgánicos e inorgánicos para su reuso, tratamiento y reciclaje;
III. El depósito o la quema de residuos sólidos en bienes de uso común, caminos, carreteras, vías públicas, lotes baldíos, así como los cuerpos y corrientes de agua, la red de drenaje y alcantarillado;
IV. La identificación de alternativas de reutilización y disposición final de residuos sólidos municipales, incluyendo la elaboración de inventarios de los mismos y sus fuentes generadoras;
V. El funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento y transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final de desechos sólidos municipales e industriales no peligrosos, ya sean operados por los municipios o concesionados, y
VI. La promoción y la celebración de acuerdos de coordinación y asesoría con el Instituto para impulsar estas medidas.
El Instituto y las autoridades municipales promoverán programas de reuso y reciclaje de los residuos generados por su propia actividad, en las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal.
En ningún caso podrá autorizarse la importación de residuos para su derrame, depósito, confinamiento, almacenamiento, incineración o cualquier tratamiento para su destrucción o disposición final en el territorio estatal. Se evitará la importación de residuos sólidos no peligrosos entre municipios, salvo cuando se encuentren con programas regionales de coordinación.
De las actividades consideradas de riesgo y bajo riesgo
El Instituto en coordinación con los Ayuntamientos, en la determinación de los usos del suelo especificará las zonas en las que se permita el establecimiento de industrias, comercios o servicios considerados como de riesgo y bajo riesgo tomándose en consideración:
II. Su proximidad a centros de población, previendo las tendencias de expansión del respectivo asentamiento y la creación de nuevos asentamientos;
III. Los impactos que tendría un posible evento extraordinario de la industria, agropecuario, de comercio o de servicio sobre los centros de población y sobre los recursos naturales;
El Instituto a través de una consulta amplia, convocará a las autoridades que considere y al Consejo Consultivo Estatal de Desarrollo Sustentable, para establecer la clasificación de las actividades que deban considerarse de riesgo y bajo riesgo en virtud de sus características, de los materiales que se generen o manejen en los establecimientos industriales, comerciales o de servicios, los volúmenes de manejo y la ubicación del establecimiento.
La realización de actividades industriales, comerciales o de servicios de riesgo y bajo riesgo, se llevarán a cabo con apego a lo dispuesto por esta Ley, las disposiciones reglamentarias que de ella emanen y las normas estatales que al efecto se expidan.
Quienes realicen actividades de riesgo y bajo riesgo, en los términos del Reglamento correspondiente, deberán formular y presentar al Instituto, estudios de impacto ambiental y de riesgo, así como someter a la aprobación de dicha entidad los programas para prevención de accidentes en la realización de actividades que puedan causar desequilibrios ecológicos.
Cuando para garantizar la seguridad de los vecinos de una industria que lleve a cabo actividades de riesgo y bajo riesgo, sea necesario establecer una zona intermedia de salvaguarda, el Ejecutivo del Estado podrá, mediante declaratoria, establecer restricciones a los usos urbanos que pudieran ocasionar riesgos para la población. El Instituto promoverá, ante las autoridades municipales competentes, establezcan en los planes de desarrollo municipal o los programas de desarrollo urbano, que en dichas zonas no se permitirán los usos habitacionales, comerciales u otros que pongan en riesgo a la población. CAPÍTULO VI
De la prevención y control de la contaminación ocasionada por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica y olores
Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, y olores en cuanto rebasen los límites máximos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, que consideran los valores máximos de contaminantes en el ambiente, permisibles para el ser humano. El Instituto y los Ayuntamientos según su ámbito de competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites y en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes.
En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica o lumínica, ruido vibraciones u olores, así como en la operación o funcionamiento de las existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio ecológico y el ambiente.
Las Normas Oficiales Mexicanas en materias objeto del presente Capítulo, establecen los procedimientos a fin de prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores, y fijarán los límites de emisión respectivos.
El Instituto, en coordinación con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, integrará la información relacionada con este tipo de contaminación, así como de métodos y tecnología de control y tratamiento de la misma.
Los Ayuntamientos deberán incorporar, en sus Bandos de Policía y Gobierno y reglamentos, disposiciones que regulen obras, actividades, procesos a fin de prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores, y bajo su precepto se fijarán los límites de emisión respectivos. ARTÍCULO 167
Cualquier actividad no cotidiana que se realice en los centros de población cuyas emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, rebasen o puedan rebasar los límites máximos establecidos por las Normas Oficiales Mexicanas, requieren permiso de la autoridad municipal competente.
De la contaminación visual y protección del paisaje
El Instituto emitirá normas estatales con el propósito de evitar el deterioro del paisaje en las zonas con valor escénico y la contaminación visual en los centros de población. Los Ayuntamientos deberán incorporar en sus Bandos de Policía y Gobierno, reglamentos y demás disposiciones que regulen obras, actividades y anuncios publicitarios, con el fin de evitar la contaminación visual en los centros de población.
El Instituto, los Ayuntamientos y el Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable determinará las zonas en la entidad que tengan un valor escénico o de paisaje y regulará y autorizará los tipos de obras o actividades que se puedan realizar con el propósito de evitar su deterioro.
De la prevención y control de emergencias ecológicas y contingencias ambientales
La prevención y control de las emergencias ecológicas y de las contingencias ambientales corresponden al Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, conforme a las políticas y programas que protección civil estatal al efecto establezca la Dirección de Protección Civil y Bomberos, cuando la magnitud o gravedad de los desequilibrios ecológicos o de los daños al ambiente no rebasen el territorio de la Entidad o no se haga necesaria la acción exclusiva de la Federación. TÍTULO OCTAVO
DE LA INSPECCION, VIGILANCIA, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES
Las disposiciones de este título se aplicarán en la realización de actos de inspección y vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, determinación de infracciones administrativas y de comisión de delitos y sus sanciones, y procedimientos y recursos administrativos, cuando se trate de asuntos de competencia estatal regulados por la presente Ley, salvo que otras leyes regulen en forma específica dichas cuestiones, en relación con las materias de que trata este propio ordenamiento. Cuando sean asuntos de competencia municipal, los Ayuntamientos aplicarán lo dispuesto en el presente Título con base en los Bandos de Policía y Gobierno y los reglamentos que para el efecto se expidan.
Los procedimientos administrativos que se promuevan ante el Instituto, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala la presente Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado y las Leyes Federales de Procedimiento Administrativo y sobre Metrología y Normalización.
Tratándose de materias referidas en esta Ley que se encuentran reguladas por leyes especiales, esta Ley será de aplicación supletoria por lo que se refiere a los procedimientos de inspección y vigilancia.
El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos propondrán al Ejecutivo Federal la celebración de convenios y acuerdos para realizar actos de inspección y vigilancia para la verificación del cumplimiento de asuntos de orden federal en materia del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. CAPÍTULO II
El Instituto y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, realizarán los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley, así como de las que del mismo se deriven.
Las autoridades competentes podrán realizar, por conducto de personal debidamente autorizado, visitas de inspección, sin perjuicio de otras medidas que puedan llevar a cabo para verificar el cumplimiento de esta Ley.
El personal autorizado, al iniciar la inspección se identificará debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, exhibirá la orden respectiva y le entregará copia de la misma con firma autógrafa, requiriéndola para que en el acto designe dos testigos.
En toda visita de inspección se levantará acta, en la que se harán constar en forma circunstanciada las irregularidades que se hubiesen presentado durante la diligencia, que presumiblemente constituyan infracciones en contra de la presente Ley, las normas oficiales mexicanas, las normas estatales ambientales y cualquier violación a las demás leyes que concedan la competencia al Instituto.
Concluida la inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia para que en el mismo acto formule observaciones en relación con las irregularidades asentadas en el acta respectiva, y para que ofrezca las pruebas que considere convenientes.
La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a permitir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección en los términos previstos en la orden escrita a que se hace referencia en el artículo 173 de esta Ley, así como a proporcionar toda clase de información que conduzca a la verificación del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables, con excepción de lo relativo a derechos de propiedad industrial que sean confidenciales conforme a la ley.
La autoridad competente podrá hacer uso de las medidas de apremio que considere necesarias para llevar a cabo las inspecciones, solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita de inspección o verificación, cuando alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la diligencia, independientemente de las sanciones a que haya lugar.
Una vez levantada y recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, se requerirá al interesado, propietario o responsable del establecimiento inspeccionado, mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicación necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, así como con los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones respectivas, fundando y motivando el requerimiento, señalando el plazo que corresponda, y para que dentro del término de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se reciba la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que considere procedentes, en relación con las irregularidades asentadas en el acta de inspección respectiva.
El Instituto requerirá al interesado, propietario o responsable del establecimiento inspeccionado para que designe un domicilio dentro de su jurisdicción, a fin de llevar a cabo las subsecuentes notificaciones y en caso de que no lo designe, las notificaciones se realizarán a través de los estrados que se fijen en el propio Instituto, sin que por ello se configure una violación al procedimiento administrativo.
Una vez recibidos los alegatos o transcurrido el término para presentarlos, el Instituto procederá, dentro de los treinta días naturales siguientes, a dictar por escrito la resolución respectiva, misma que se notificará al interesado, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.
En la resolución administrativa correspondiente, se señalarán o, en su caso, adicionarán, las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, el término otorgado al infractor para satisfacerlas y las sanciones a que se hubiere hecho acreedor conforme a la presente Ley.
Dentro de los cinco días hábiles que sigan al vencimiento del plazo otorgado al infractor para subsanar las deficiencias e irregularidades observadas, éste deberá comunicar por escrito y en forma detallada a la autoridad ordenadora, haber dado cumplimiento a las medidas decretadas en los términos del requerimiento respectivo, para lo que se deberá dar a conocer esta obligación al interesado en el cuerpo de la resolución respectiva. Cuando se trate de segunda o posterior inspección para verificar el cumplimiento de un requerimiento o requerimientos anteriores, y del acta correspondiente se desprenda que no se ha dado cumplimiento a las medidas previamente ordenadas, la autoridad competente podrá imponer además de la sanción o sanciones que procedan conforme al artículo 183 de esta Ley, una multa adicional que no exceda de los límites máximos señalados en dicho precepto.
En los casos en que el infractor realice las medidas correctivas de urgente aplicación o subsane las irregularidades detectadas, en los plazos determinados por el Instituto, siempre y cuando el infractor no sea reincidente y no se trate de los supuestos previstos en el artículo 181 de la presente Ley, ésta podrá revocar o modificar la sanción o sanciones impuestas.
En los casos en que proceda, la autoridad estatal hará del conocimiento del Ministerio Público la realización de actos u omisiones constatados en el ejercicio de sus facultades que pudieran configurar uno o más delitos.
Cuando la autoridad encuentre violaciones graves a los preceptos contenidos en la presente Ley, demás ordenamientos que de ella emanan u otras normas y leyes que den competencia al Instituto, aún cuando no exista instaurado un procedimiento administrativo, o exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, el Instituto, podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad:
I. La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes y de las instalaciones en que desarrollen las actividades a que den lugar a los supuestos a que se refiere el primer párrafo de este artículo;
II. El aseguramiento precautorio de materiales y residuos, así como de los bienes, vehículos, utensilios e instrumentos directamente relacionados con la conducta que da lugar a la imposición de la medida de seguridad;
III. La neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales o residuos generen los efectos previstos en el primer párrafo de este artículo, o
IV. La suspensión temporal de actividades, tratándose de centros de verificación vehicular con el resguardo a cargo del Instituto de la documentación correspondiente.
El Instituto podrá promover ante la autoridad competente, la ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad que se establezcan en otros ordenamientos.
Cuando el Instituto ordene alguna de las medidas de seguridad previstas en esta Ley, indicará al interesado, cuando proceda, las acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron la imposición de dichas medidas, así como los plazos para su realización, a fin de que una vez cumplidas éstas, se ordene el retiro de las medidas de seguridad impuestas.
Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen, serán sancionadas administrativamente por el Instituto o los Ayuntamientos, cuando así proceda, con una o más de las siguientes sanciones:
II. Clausura temporal o definitiva, total o parcial;
III. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas;
IV. La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes que hayan sido otorgados por el Instituto;
V. Remisión de vehículos a los depósitos correspondientes, y
VI. El decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos directamente relacionados con infracciones relativas a daños al equilibrio ecológico o al medio ambiente.
Si una vez vencido el término concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones que se hubieren cometido, resultare que dicha infracción o infracciones aún subsisten, el Instituto podrá imponer multas por cada día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de las multas exceda del monto máximo permitido.
En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces del monto originalmente impuesto, sin exceder del doble del máximo permitido, así como la clausura definitiva. Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto en el periodo de dos años contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hace constar la primera infracción, siempre que esta no hubiese sido desvirtuada durante el procedimiento respectivo.
Para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo anterior, se observarán las siguientes disposiciones:
I. El apercibimiento, la amonestación, la retención, remisión de vehículos a depósitos y el arresto administrativo, serán aplicados por el Instituto o los Ayuntamientos, de manera coordinada, nunca por ambos a la vez;
II. Las sanciones pecuniarias serán aplicadas por el Instituto o los Ayuntamientos, en los ámbitos de sus respectivas competencias por los montos y bajo las condiciones establecidas en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables;
III. La suspensión y clausura de actividades u obras serán aplicadas por el Instituto o por los Ayuntamientos, en su ámbito de competencia;
IV. La cancelación de permisos, concesiones, autorizaciones y asignaciones será aplicada por el Instituto o por los Ayuntamientos en su ámbito de competencia, y
V. La reparación del daño ambiental será impuesta por la autoridad competente previo dictamen técnico.
Se sancionará con multa por el equivalente de tres a cien cuotas de salario mínimo general vigente en el Estado al momento de imponer la sanción, a quienes:
I. Generen residuos sólidos de origen doméstico sin atender las disposiciones emitidas por los Ayuntamientos;
II. No cumplan con las medidas de ahorro de agua potable;
III. Generen emisiones contaminantes por ruido o rebasen los límites fijados en las Normas Oficiales Mexicanas;
IV. Generen emisiones contaminantes por vibraciones o rebasen los límites establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas;
V. Pode o trasplante un árbol público o afecte negativamente áreas verdes o jardineras públicas, incluyendo las localizadas en banquetas y camellones, sin la autorización previa de la autoridad competente;
VI. Generen emisiones contaminantes por energía térmica, lumínica o visual, rebasen los límites determinados por las Normas Oficiales Mexicanas;
VII. No observen los límites permitidos de emisiones señalados en los reglamentos y normas técnicas de vehículos automotores, ni su periodicidad para verificar;
VIII. No se someta a la verificación periódica de emisiones contaminantes que le corresponda, o no apruebe la verificación dentro del periodo o plazo respectivo, y
IX. Derribe un árbol perteneciente a un área natural protegida o en zonas colindantes con éstos, sin la autorización previa de la autoridad competente.
Se sancionará con multa de cien a mil cuotas de salario mínimo general vigente en el Estado al momento de imponer la sanción, a quien:
I. Impida al personal autorizado, el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección ambiental, en los términos previstos en la orden escrita;
II. Rebase los límites máximos permitidos de emisiones contaminantes en fuentes fijas, o impida la verificación de sus emisiones;
III. Construya una obra nueva, amplíe una existente o realice nuevas actividades industriales, comerciales o de servicios que puedan afectar al ambiente, sin contar previamente con la autorización del informe preventivo, en los casos en que éste se requiera, así como al que contando con la autorización, no dé cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidos en la misma;
IV. Deposite o arroje residuos en la vía pública o queme éstos o cualquier material no peligroso al aire libre;
V. Genere descargas de agua residual de origen agropecuario, industrial, comercial o de servicios, sin cumplir las medidas dictadas por la autoridad competente;
VI. Lleve a cabo el manejo y disposición final de residuos de origen agropecuario, industrial, comercial o de servicios, sin contar con la autorización respectiva;
VII. Realice actividades que puedan afectar considerablemente la calidad del suelo, porque no aplique las medidas de conservación, protección, restauración y recuperación dictadas por la autoridad correspondiente;
VIII. Deposite materiales o residuos que obstruyan las redes de drenaje y alcantarillado o cuerpos receptores de los municipios del Estado;
IX. No cumpla con las medidas de tratamiento y reuso de aguas tratadas, o
X. Generen descargas domésticas de agua residual o emisiones contaminantes a la atmósfera, agua, suelo o subsuelo, rebasando los límites establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas o condiciones particulares de descarga.
Se sancionará con multa por el equivalente de cien a cinco mil cuotas de salario mínimo general vigente en el Estado al momento de imponer la sanción, a persona que:
I. Realice obras y actividades de explotación o aprovechamiento de recursos en áreas naturales protegidas, sin sujetarse al programa de manejo del área;
II. Opere sistemas o plantas de tratamiento sin cumplir con las condiciones particulares de descarga de aguas residuales, así como suspender su operación sin previo aviso al Instituto con diez días hábiles de anticipación, si la suspensión estaba prevista o programada, o dentro de los cinco días hábiles siguientes si la suspensión fue imprevisible, o
III. Realice obras que pudieran causar alteración significativa del ambiente, sin contar con la autorización del impacto ambiental correspondiente, o que, contando con ella, incumpla los términos y condiciones establecidos en la misma.
Se sancionará a los a los propietarios o poseedores de fuentes fijas, con multa por el equivalente a cien a cinco mil cuotas de salario mínimo general vigente en el Estado, cuando:
I. No prevean y minimicen la generación y descarga de contaminantes y residuos o no maneje los residuos que se generen, de acuerdo con esta Ley y las Normas Oficiales Mexicanas y criterios ambientales estatales;
II. No se someta a la verificación periódica de emisiones contaminantes que le corresponda, o no apruebe la verificación dentro del término respectivo;
III. No cumplan con los programas de prevención, minimización, reciclaje, tratamiento, reuso y disposición de contaminantes y residuos, cuando éstos se
requieran por la cantidad o naturaleza de los contaminantes o residuos generados, de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas;
IV. No den aviso inmediato a las autoridades competentes o no tomen las medidas conducentes en caso de emisiones contaminantes por accidentes, fugas, derrames, explosiones o incendios que pongan en peligro o afecten la integridad de las personas o del ambiente;
V. No acaten las medidas que establezca el Instituto y las demás autoridades competentes en caso de contingencia ambiental, emergencia ecológica o como medida de seguridad, o
VI. Presten el servicio público de transporte de pasajeros o carga que no utilice las fuentes de energía, sistemas y equipos determinados por el Instituto o los Ayuntamientos correspondientes, para prevenir o minimizar sus emisiones contaminantes.
Se sancionará con multa por el equivalente de cien a cinco mil cuotas de salario mínimo general vigente en el Estado, a las personas físicas o morales que realicen servicio de verificación ambiental de fuentes móviles que:
XV. Que no realicen la verificación a fuentes móviles con apego al calendario publicado en el programa de verificación correspondiente, o
Se sancionará con multa de dos mil a veinte mil cuotas de salario mínimo general vigente en el Estado, a la persona que:
I. Ocupe, use, aproveche sin derecho un área natural protegida de la competencia del Estado o sus Municipios;
II. No repare los daños ecológicos que ocasione al ambiente, recursos naturales o áreas naturales protegidas de competencia estatal o municipal, por contravenir lo dispuesto en esta ley o en las Normas Oficiales Mexicanas. Lo dispuesto en esta fracción será aplicable a la exploración, explotación o manejo de minerales o de cualquier depósito del subsuelo, cuando no se reforeste el área o no se restaure el suelo, y subsuelo, que hayan sido afectados, o
III. Trafique, en los asuntos no reservados a la Federación, con una o más especies o subespecies silvestres de flora o fauna terrestres o acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras o sujetas a protección especial de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas; sin perjuicio de la denuncia ante el Ministerio Público.
Los prestadores de los servicios en materia de impacto y riesgo ambiental cuyos informes, manifestaciones o estudios presentados al Instituto contengan información falsa o incorrecta u omitan la identificación de impactos, incompetencia serán sancionados con:
I. Amonestación y multa de hasta setenta cuotas de salario mínimo general vigente en el Estado;
II. Arresto de hasta treinta y seis horas y multa de hasta quinientas cuotas de salario mínimo general vigente en el Estado, o
III. La pérdida de su registro y multa de hasta mil cuotas de salario mínimo general vigente en el Estado.
Para la imposición de las sanciones a las que se refieren las fracciones II y III anteriores, se tomará en cuenta; la gravedad de la infracción y, en su caso, la reincidencia en que haya incurrido el infractor, así como sus circunstancia económicas particulares, cuando se trate de sanción pecuniaria. En los casos en que sea demostrado que las infracciones referidas en este artículo hubieran sido incurridas por negligencia mala fe o dolo, las sanciones mencionadas en las fracciones I, II y III serán duplicadas.
Cuando proceda como sanción la clausura temporal o definitiva, total o parcial, el personal comisionado para ejecutarla procederá a levantar acta detallada de la diligencia, observando las disposiciones aplicables a la realización de inspecciones.
En los casos en que se imponga como sanción la clausura temporal, el Instituto deberá indicar al infractor las medidas correctivas y acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron dicha sanción, así como los plazos para su realización.
Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta Ley, se tomará en cuenta:
I. La gravedad de la infracción, considerando principalmente los siguientes criterios: impacto en la salud pública; generación de desequilibrios ecológicos; la afectación de recursos naturales o de la biodiversidad; y, en su caso, los niveles en que se hubieran rebasado los límites establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables;
V. El beneficio directamente obtenido por el infractor de los actos que motiven la sanción.
En el caso en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación o subsane las irregularidades en que hubiere incurrido previamente a que el Instituto imponga una sanción, dicha autoridad deberá considerar tal situación como atenuante de la infracción cometida y en caso contrario, la tomará en cuenta como una agravante al momento de imponer la sanción respectiva.
La autoridad correspondiente podrá otorgar al infractor la opción para pagar la multa o realizar inversiones equivalentes en la adquisición e instalación de equipo para evitar la contaminación o en la protección, preservación o restauración del ambiente o los recursos naturales, o en programas de cultura ambiental, siempre y cuando se garanticen las obligaciones del infractor y la autoridad justifique plenamente su decisión.
El Instituto podrá promover ante las autoridades federales, estatales o municipales competentes, con base en los estudios que haga para ese efecto, la limitación o suspensión de la instalación o funcionamiento de industrias, comercios, servicios, desarrollos urbanos, turísticos o cualquier actividad que afecte o pueda afectar el ambiente, los recursos naturales, o causar desequilibrio ecológico o pérdida de la biodiversidad.
En caso de que se expidan licencias, permisos, autorizaciones o concesiones contraviniendo esta Ley, serán nulas y no producirán efecto legal alguno, y los servidores públicos responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en la legislación en la materia.
Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones a lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones que de ella se deriven, se destinarán a la integración de fondos para desarrollar programas vinculados con la inspección, la vigilancia y la protección del equilibrio ecológico y del medio ambiente bajo los preceptos que señala esta Ley. CAPÍTULO V
En aquellos casos en que, como resultado del ejercicio de sus facultades, el Instituto o los Ayuntamientos tengan conocimiento de actos u omisiones que pudieran constituir delito conforme a lo previsto en la legislación aplicable, formulará ante el Ministerio Público la denuncia correspondiente.
El Instituto proporcionará, en las materias de su competencia y con el concurso de las universidades e instituciones de educación superior, los dictámenes técnicos o periciales que le soliciten el Ministerio Público o las autoridades judiciales, con motivo de las denuncias presentadas por la comisión de delitos ambientales.
Las resoluciones emitidas por el Instituto o los Ayuntamientos, podrán ser impugnadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios.
Los delitos ambientales serán los señalados en el Código Penal para el Estado.
Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y sociedades, podrán denunciar ante el Instituto, los Ayuntamientos o ante el Ministerio Público, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales, o contravenga las disposiciones de la presente Ley y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico. Si la denuncia fuera presentada ante el Instituto o el Ministerio Público del orden común y el delito es de competencia federal, deberá ser remitida inmediatamente para su atención y trámite a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
La denuncia ciudadana podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que se presente por escrito y contenga:
I. El nombre o razón social, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico del denunciante o representante legal;
Podrá formularse la denuncia por vía telefónica, en cuyo supuesto el servidor público que la reciba, levantará acta circunstanciada, y el denunciante deberá ratificarla por escrito, cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente artículo, en un término de tres días hábiles siguientes a la formulación de la denuncia, sin perjuicio de que la instancia competente investigue de oficio los hechos constitutivos de la denuncia.
No se admitirán denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, aquéllas en las que se advierta mala fe, carencia de fundamento o inexistencia de la petición.
Si el denunciante solicita a la instancia competente guardar secreto respecto de su identidad, por razones de seguridad e interés particular, ésta llevará a cabo el seguimiento de la denuncia conforme a las atribuciones que la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables le otorgan.
La autoridad competente, una vez recibida la denuncia, acusará recibo de su recepción, le asignará un número de expediente y la registrará. En caso de recibirse dos o más denuncias por los mismos hechos, actos u omisiones, se acordará la acumulación en un sólo expediente, debiéndose notificar a los denunciantes el acuerdo respectivo.
Una vez registrada la denuncia, la instancia competente, dentro de los diez días naturales siguientes a su presentación, notificará al denunciante el acuerdo de calificación correspondiente, señalando el trámite que se le ha dado a la misma.
Si la denuncia presentada fuera competencia de otra autoridad, se acusará el recibo al denunciante pero no se admitirá la instancia y la turnará a la autoridad competente para su trámite y resolución, notificándole de tal hecho al denunciante, mediante acuerdo fundado y motivado.
Una vez admitida la instancia, el Instituto llevará a cabo la identificación del denunciante y hará del conocimiento la denuncia a la persona o personas, o a las autoridades a quienes se imputen los hechos denunciados o a quienes pueda afectar el resultado de la acción emprendida, a fin de que presenten los documentos y pruebas que a su derecho convenga en un plazo máximo de quince días hábiles, a partir de la notificación respectiva.
El Instituto efectuará las diligencias necesarias con el propósito de determinar la existencia de actos, hechos u omisiones constitutivos de la denuncia e iniciar los procedimientos de inspección y vigilancia que fueran procedentes, en cuyo caso se observarán las disposiciones respectivas del presente Título.
El denunciante podrá coadyuvar con la instancia competente, aportándole las pruebas, documentación e información que estime pertinentes. Dicha dependencia deberá manifestar las consideraciones adoptadas respecto de la información proporcionada por el denunciante, al momento de resolver la denuncia.
La autoridad competente podrá solicitar a las instituciones académicas, centros de investigación y organismos del sector público, social y privado, la elaboración de estudios, dictámenes o peritajes sobre cuestiones planteadas en las denuncias que le sean presentadas. ARTÍCULO 206
Si del resultado de la investigación realizada por el Instituto, se desprende que se trata de actos, hechos u omisiones en que hubieren incurrido autoridades federales, estatales o municipales, emitirá las recomendaciones necesarias para promover entre éstas la ejecución de las acciones procedentes.
Cuando por infracción a las disposiciones de la presente Ley se hubieren ocasionado daños o perjuicios, los interesados podrán solicitar al Instituto, la formulación de un dictamen técnico al respecto, el cual tendrá valor probatorio pleno.
Cuando una denuncia ciudadana no implique violaciones a la normatividad ambiental, ni afecte cuestiones de orden público e interés social, el Instituto podrá sujetar la misma a un procedimiento de amigable composición en el que podrá avenir a las partes involucradas.
En caso de que no se compruebe que los actos, hechos u omisiones denunciados producen o pueden producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales o contravengan las disposiciones de la presente Ley, el Instituto lo hará del conocimiento del denunciante, a efecto de que éste emita las observaciones que juzgue convenientes.
La formulación de la denuncia ciudadana, así como los acuerdos, resoluciones y recomendaciones que emita el Instituto, no afectarán el ejercicio de otros derechos o medios de defensa que pudieran corresponder a los afectados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, no suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción o de caducidad. Esta circunstancia deberá señalarse a los interesados en el acuerdo de admisión de la instancia.
Los expedientes de denuncia ciudadana que hubieren sido abiertos, se darán por concluidos cuando:
I. No sean competencia del Instituto para conocer de la denuncia ciudadana planteada, en cuyo caso la turnará a la autoridad competente;
II. Sea dictada y ejecutada la recomendación correspondiente;
III. Cuando no existan contravenciones a la normatividad ambiental;
IV. Por haberse solucionado la denuncia ciudadana mediante conciliación;
V. Por la emisión de una resolución derivada del procedimiento de inspección;
VI. Por falta de interés del denunciante en los términos de este capítulo;
VII. Por haberse dictado anteriormente un acuerdo de acumulación de expedientes, o
VIII. Por desistimiento del denunciante.
Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será responsable y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con la legislación civil aplicable.

References: ARTÍCULO 80
 artículo 80
 ARTÍCULO 119
 ARTÍCULO 122
 artículo 78
 ARTÍCULO 137

ARTÍCULO 139

ARTÍCULO 140

ARTÍCULO 145
 ARTÍCULO 167
 artículo 173
 resolución 
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 artículo 183
 artículo 181
 ARTÍCULO 206
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