Source: https://parcan.es/pub/ds.py/2014/132/7/
Timestamp: 2019-10-19 06:54:41+00:00

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Diario de Sesiones 132/2014, de fecha 9/7/2014 - Punto 7 - Parlamento de Canarias
Diario de Sesiones 132/2014, de fecha 9/7/2014 - Punto 7
8L/PL-0021 DEBATE DE PRIMERA LECTURA. PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS TRIBUTARIAS, ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES DE CANARIAS.
El señor PRESIDENTE: Con el orden del día que se había establecido, vemos a continuación el proyecto de Ley de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias, que también tiene enmienda a la totalidad.
Por parte del Gobierno, para la presentación del proyecto de ley, señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, don Javier González Ortiz.
El señor CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD (González Ortiz): Presidente, señorías, buenos días a todos y a todas.
Después de tres años de experiencia en la aplicación de normas de distinta índole, el Gobierno de Canarias ha valorado la necesidad de adecuar algunas disposiciones en vigor... (Rumores en la sala.)
El señor PRESIDENTE: Don Javier, perdone un momentito. Paro el tiempo.
Señorías, por favor, yo comprendo que después de la votación... Si tienen algo que hablar háganlo, pueden hablar en otro lugar y no perturbar la intervención del orador.
Decía que después de tres años de experiencia en la aplicación de normas de distinta índole, el Gobierno de Canarias ha valorado la necesidad de adecuar algunas disposiciones en vigor. Como consecuencia, este proyecto de ley tiene como objetivo adaptar en un único texto diversas leyes que requieren su actualización, con el fin de obtener una aplicación más efectiva.
Para continuar avanzando en la eficiencia, el Gobierno pretende ajustar un conjunto de disposiciones que precisan de las aclaraciones interpretativas, correcciones técnicas, la simplificación del trámite que reduzca cargas administrativas o la mejora de la organización de algunos órganos y funciones.
En definitiva, y después de una rigurosa evaluación tras estos tres años de legislatura, hemos concluido en la conveniencia de modificar determinados aspectos e introducir otros que son del todo necesarios para mejorar el alcance de las leyes; mejoras que obligatoriamente debemos tramitar mediante una ley de este tipo.
Nuestro Estatuto de Autonomía, del que tantas veces hemos pedido su actualización, carece de formas similares, de los reales decreto-leyes de los que sí dispone el Gobierno central o algunas otras comunidades autónomas. A modo de ejemplo citarles que el Gobierno de España utilizó esta posibilidad en 29 ocasiones en el año 2012, 17 en el 2013 y en lo que va de 2014 ya son 9. Una técnica legislativa que han utilizado para producir numerosos normativas, algunas de ellas de gran calado, el ejemplo más claro es el publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado sábado 5 de julio.
Y este, por lo tanto, es un aspecto central que desacredita las críticas vertidas a este proyecto cuando algunos afirman que tiene un contenido heterogéneo y un amplio alcance a la vez que arremeten contra la pluralidad de las disposiciones legales que pretende modificar, ¿no? A ellos, por tanto, debo recordarles la ausencia en Canarias de otra fórmula, por lo que les animo a que entre todos acaben con esas contradicciones y apoyen la actualización de nuestro Estatuto de Autonomía.
Volviendo a esta iniciativa, con ella se acometen cambios legislativos que afectan principalmente a los ámbitos de hacienda; agricultura, ganadería y alimentación; obras públicas, transportes y política territorial; asociaciones y juventud; políticas de igualdad y función pública.
En materia de hacienda, se abordan diversos aspectos encaminados a lograr un mayor control y eficacia de los recursos públicos, que, como saben, son más escasos en esta comunidad que en otras, consecuencia del deficiente sistema de financiación que en estos momentos algunos se resisten a modificar, aquellos mismos que lo califican uno y otro día de injusto. En estos aspectos, en el ámbito de hacienda, destaca la decisión de centralizar la contratación de los sistemas de información económico-financieros, lo que redundará en mayor eficiencia, reducción de costes y una mejor coordinación; una centralización que se realizará en la consejería competente en materia de hacienda, en coherencia con su ámbito de actuación, como lo es en otros aspectos, por ejemplo, la dirección de la contabilidad pública; y asimismo se realiza una importante reestructuración en el área de las reclamaciones económico-administrativas, con el nuevo diseño se reducen a una las tres juntas de reclamación que existen actualmente, disminuyendo así el número de órganos y eliminando un alto cargo más. Se constituye, por tanto, la Junta Económico-Administrativa de Canarias como único órgano para la resolución de este tipo de reclamaciones, basado en criterios de independencia funcional y gratuidad y presidido por un funcionario público, además se regulan sus competencias y se adoptan nuevas medidas con el fin de agilizar su funcionamiento.
También en el área de hacienda se regulan diversos aspectos de los fondos sin personalidad jurídica dependientes de la comunidad autónoma, destinados a mejorar el acceso a la financiación de las empresas, fondos de apoyo a la iniciativa empresarial que ahora se generalizan en el resto de administraciones pero que en Canarias comenzaron a aplicarse hace ya varios años. Hasta el momento su regulación venía contenida en las Leyes anuales de presupuestos. Dada la experiencia, ahora le daremos estabilidad normativa, sometiéndolos de forma expresa al control y auditoría de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En aras de una mayor transparencia, la nueva regulación pretende que el importe, detalle y destino de los fondos sea aprobado dentro de la propia ley anual de presupuestos y que la rendición de cuentas se haga de modo detallado en la `Cuenta General de la Comunidad Autónoma. Con ello, por tanto, quedan integrados legalmente dentro del sector público autonómico, con independencia de su forma de gestión, elevándolos así a rango legal dentro de la Ley de Hacienda Pública de Canarias.
Por otro lado, se modifica esta misma ley para orientar los planes de tesorería, no solo con el fin de garantizar la suficiencia financiera sino también para aumentar la agilidad en el abono de las facturas a proveedores, circunstancia que se complementa con la centralización de los pagos de todos los entes del sector público autonómico en la Dirección General del Tesoro. Se trata de una medida que permitirá una mejor planificación de la tesorería y disponer con ello de una adecuada distribución temporal de los pagos y de las operaciones financieras necesarias para sufragarlos. Como consecuencia, esta nueva disposición repercutirá en una mayor optimización de los recursos financieros y en la reducción de los periodos medios de pago a los proveedores de la comunidad autónoma.
En el área tributaria este proyecto de ley establece algunas precisiones técnicas y dispone de necesarias armonizaciones fiscales en varios de los impuestos en los que la comunidad autónoma tiene capacidad normativa.
En materia de sanciones, se incorpora un nuevo régimen que endurece las infracciones cometidas en el impuesto sobre el tabaco. Asimismo, se añade una nueva regulación sobre las sanciones que puedan incoarse en la devolución parcial del impuesto del gasóleo profesional, al que tienen derecho agricultores y transportistas.
Por otra parte, también es objeto de modificación la Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales, que se concreta en algunos cambios relativos a la aplicación del impuesto general indirecto de Canarias. Principalmente, se procede a determinadas armonizaciones del impuesto para equiparar hechos imponibles que siendo similares tenían tipos distintos, junto, también, a precisiones que se realizan en el concepto del comerciante minorista.
Con el fin de favorecer la labor de la asistencia social, se modifican los límites de edad, ampliándolos hasta los 6 años para la aplicación de la exención en la guarda de niños que realizan entidades de derecho público o establecimientos privados de carácter social.
A este cambio también se une en este proyecto de ley un apartado dedicado a las tasas con el fin de proceder a su actualización y adaptación a las nuevas demandas de servicios requeridos por los ciudadanos.
También, en el área de hacienda, y en aras de mantener un exhaustivo control del gasto público, se crea una central de información de riesgos de las entidades del sector público autonómico, así como de las empresas, fundaciones y universidades, con el fin de conocer en todo momento sus posiciones de deuda. Esta central contendrá información sobre las operaciones de préstamo, crédito, avales y emisiones de deuda pública que realicen estas entidades, teniendo obligación de remitir con periodicidad mensual estas operaciones para poder ejercer un estrecho control.
Como bien saben, la vigente Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria establece límites al endeudamiento de todas las administraciones, y el límite del endeudamiento otorgado a la comunidad autónoma comprende no solo la deuda y riesgos financieros de la propia administración, sino de todos los entes que consolidan con ella, es decir, universidades, empresas y organismos autónomos. Por tanto, es necesario elevar a rango legal un aspecto de gran importancia, cuyo control se viene ejerciendo hasta el momento a través de instrucciones dictadas por la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad.
A la luz de los resultados avalados por los datos que acreditan que somos la comunidad autónoma con menor deuda por habitante de España, es concluyente el éxito que hemos obtenido a lo largo de la historia por esta vía; sin embargo, la importancia de este asunto de cara al futuro recomienda incluirlo en la Ley de Hacienda Pública de Canarias y, por tanto, esta modificación. Con esta inserción se reforzará, además, el control y la transparencia de la información de la deuda de todos los entes del sector público autonómico, de igual forma que se adaptan algunos de sus artículos a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Con este mismo objetivo, en el mismo sentido, se interviene en materia de avales, aunque gran parte de esta regulación se ha ido reescribiendo en las sucesivas leyes de presupuestos de los últimos años.
Por otra parte, y en lo que se refiere al Istac como órgano adscrito a la consejería competente en materia de economía y hacienda, en este proyecto de ley se propone una modificación para mejorar su organización; estamos hablando de un Instituto de Estadística de Canarias, ¿no? Se establece, por lo tanto, así, una nueva norma estadística, que permitirá avanzar en la racionalización de sus medios humanos y técnicos, que repercutirá en la reducción del gasto público y en una mayor eficiencia en la prestación de sus servicios. Prueba de la optimización de recursos que se pretende alcanzar es la creación de un banco de datos administrativos para fines estadísticos, que se nutrirá principalmente de los diferentes departamentos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En otro orden de cosas, el proyecto de ley que hoy se debate abarca otros muchos asuntos, cambios normativos que requieren modificaciones y actualizaciones. Es el caso de las medidas relacionadas con la ordenación territorial, los puertos y los transportes. Sobre este último aspecto -el ordenamiento de los transportes-, se modifica la actual normativa que regula el transporte por carretera. En este sentido, se acomete una revisión a la baja del actual régimen sancionador, cuyo propósito es atemperar la grave situación por la que atraviesa el sector, equiparándolo de esta forma al que se aplica en el resto de las comunidades autónomas. En virtud de este cambio, las sanciones se graduarán de acuerdo con la repercusión social del hecho infractor, la intencionalidad, la naturaleza de los perjuicios causados, la magnitud del beneficio ilícitamente obtenido y, por supuesto, en función de la reincidencia en la conducta infractora.
En el ámbito de la ordenación territorial, el nuevo texto pretende eliminar controversias, dando certidumbre jurídica a distintas interpretaciones que se vienen dando sobre algunos aspectos de normas vigentes. Por ejemplo, recogiendo la petición de los cabildos insulares, es el caso, por tanto, de las modificaciones planteadas en la regulación del suelo destinado a la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.
En el ámbito de la regulación de puertos, se amplían los plazos máximos de las concesiones demaniales para adecuarlos a la reciente modificación de la normativa estatal del dominio marítimo-terrestre. Esto nos permitirá, por tanto, fomentar la colaboración público-privada en la construcción y explotación de los mismos, sin colisionar con las limitaciones de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Es obvio que, al tratarse de grandes inversiones, estas requieren de plazos mayores de amortización que garanticen un mayor atractivo para la participación del sector privado.
Otra de las normas previstas en este proyecto de ley está relacionada con las explotaciones ganaderas, referida a su regularización y registro, ¿no? Con la nueva norma, las explotaciones cuya legalización se pretende se encuentran ya en funcionamiento e inscritas en el registro de explotaciones ganaderas, por lo que resultaba urgente su regularización ante la conveniencia de darles continuidad y no paralizar su actividad. Por tanto, en este nuevo texto se establecen disposiciones que permiten agilizar y simplificar los procedimientos para obtener la correspondiente autorización, aunque, eso sí, siempre bajo determinadas condiciones. Además, en esta misma área, la de agricultura, ganadería y alimentación, se introducen mejoras en el régimen jurídico de los consejos reguladores de las denominaciones de origen de los quesos majoreros y palmeros.
Por otra parte, el Gobierno también ha estimado necesario realizar algunos cambios en materia de personal, tanto en las disposiciones genéricas para todos los empleados públicos como de forma específica para el Cuerpo General de la Policía Canaria y para el Servicio Canario de Salud. En este último departamento se prevé iniciar un proceso para homogeneizar las condiciones de trabajo del personal laboral con las establecidas para el personal estatutario. Con ello lo que se pretende es mejorar la gestión del conjunto de centros sanitarios e instituciones integradas en el Servicio Canario de Salud.
Desde el punto de vista general esta norma incluye modificaciones encaminadas a agilizar los procesos de planificación y distribución de los recursos humanos que prestan sus servicios en la comunidad autónoma, se rebajan así las cargas administrativas, burocráticas, para permitir en otras cuestiones una mayor agilidad en la tramitación de las relaciones de puestos de trabajo de los departamentos, a lo que se unen nuevas disposiciones para facilitar la promoción interna de los empleados públicos.
Con este proyecto de ley también rebajamos las cargas burocráticas en lo que se refiere al asociacionismo, con el fin de facilitar a las entidades, creo que tendrán la obtención de la declaración de interés público.
Damos ahora un paso más en este ámbito siendo Canarias una de las pocas comunidades autónomas que cuenta con una legislación propia reguladora del derecho de asociación reconocido constitucionalmente. Y en torno a este aspecto también se introduce una serie de modificaciones en la Ley Canaria de Juventud del 2007, norma que establece el marco y que aglutina a todos los agentes intervinientes en las políticas de juventud. Hasta el momento distintas circunstancias, especialmente la coyuntura económica y las dificultades presupuestarias de las administraciones públicas, han impedido la constitución y funcionamiento de los consejos de juventud bajo la fórmula diseñada en el año 2007. Sin embargo, y dada la importancia que tiene el establecimiento de estos canales de comunicación y participación, estimamos que los consejos no deben seguir posponiéndose; en consecuencia, procedemos a optar por una nueva modalidad de organización de los mismos.
También la Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres es puntualmente actualizada. Se pretende con ello agilizar la elaboración de las acciones necesarias para incorporar la perspectiva de género en todas las políticas y acciones que desarrolla la Administración autonómica. Entre otras medidas, se recoge en este proyecto de ley el tratamiento que tendrán, por ejemplo, los datos de salud en el ámbito de los servicios sociales. Con las nuevas disposiciones podrán intercambiarse los datos de pacientes entre los centros sanitarios y los sociosanitarios de carácter público en determinados supuestos y siempre que sean tratados por personal sujeto al secreto profesional. Tendrán como exclusiva finalidad garantizar la correcta asistencia al paciente, agilizar los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia o garantizar la prestación a los menores de edad, entre otros aspectos concretos.
De otro lado, también se analizan variaciones puntuales en las leyes reguladoras de los consejos escolares, la normativa del Consejo Económico y Social y la de Fundaciones.
Por último, entre las disposiciones finales destaca la modificación de la Ley sobre consejos sociales y coordinación del sistema universitario de Canarias con la finalidad de agilizar la tramitación de las becas universitarias. Se busca acortar significativamente los plazos entre la solicitud por parte de los alumnos y su definitivo abono.
En resumen, señorías, este es el proyecto de ley, es la consecuencia de la experiencia transcurrida en la aplicación de determinadas normas que ha puesto de manifiesto que este conjunto de modificaciones son necesarias y no pueden ser dilatadas más en el tiempo para que ganen en efectividad y eficiencia. En un último caso, el fin de estas modificaciones no es otro que mejorar la asistencia y la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos, continuar en los procesos de racionalización, los procesos de ahorro de la Administración pública; y, en definitiva, mejorar el servicio que prestamos a los ciudadanos.
Hay una enmienda de devolución por el Grupo Parlamentario Popular. Don Jorge Rodríguez tiene la palabra.
El señor RODRÍGUEZ PÉREZ: Señor presidente. Señorías. Señor consejero.
El Partido Popular, y en su nombre el Grupo Parlamentario Popular, dice no a la "ley González Ortiz", a la ley que pretende frenar la economía canaria por la vía de introducir nuevas tasas, de incrementar muchas de las ya existentes, de nuevos gravámenes y de una nueva subida en algunos impuestos a la economía canaria. Lo que se conseguirá es, finalmente, frenar aún más la economía canaria.
Usted, señor González Ortiz, con esta ley de medidas ha conseguido consolidar Canarias como la burocracia más cara de Europa; con esta ley que hoy presentan Coalición Canaria y Partido Socialista, el Gobierno bipartito de Canarias, perjudican claramente la economía canaria.
En lugar de tener, señorías, un consejero de Economía destinado a facilitar la actividad económica, a generar confianza, a crear las condiciones necesarias para que la economía canaria vuelva a crecer, pues, en lugar de eso, tenemos un consejero de Economía y un Gobierno de Canarias que, como han fracasado en el intento de sacar a Canarias de la crisis, intentan desviar la atención hablando de desafectos, hablando de problemas de Estado, en vez de hablar de lo que pueden hacer por la economía canaria.
Pregunto, señor consejero: ¿cuáles de los 27 artículos del proyecto de ley, 3 disposiciones adicionales, 5 transitorias, 10 finales de esta Ley de Medidas y sobre todo -las he contado- cuáles de las 173 normas, artículos, que modifica, de estas 27 leyes afectadas, favorecen el crecimiento económico, favorecen la salida de la crisis, favorece la creación de empleo? ¿Cuáles? ¿Qué artículo de este proyecto y de cuantos se modifican se orienta a la dinamización de la economía canaria? Ninguno. Ninguno, señor consejero.
Señoras y señores diputados, estamos ante una ley de medidas tributarias, administrativas y sociales que perjudica el ahorro, que perjudica el consumo y que perjudica la libertad económica. La capacidad de depredación y de invasión de este Gobierno no tiene límites. Son ustedes como Star Trek, explorando los límites de la capacidad de la rapiña fiscal. Lo tienen todo cartografiado, señor consejero. Depredadores, pero depredadores como vampiros. Vampiros tigre, que son vampiros insaciables. Su ansia de drenar recursos de los ciudadanos no tiene límites, señor consejero. El resumen de las medidas tributarias es más y más: más impuestos, más tasas. De verdad, vampiros tigre, no dejan ustedes títere con cabeza, no dejan ustedes una gota de sangre. Y, claro, cuando los vampiros chupan y chupan llega un momento en que matan a sus pobres víctimas. Si ustedes dejaran algo, dejarían tiempo a que se recuperasen, pero no, esa ansia vampírica de ustedes va a ser matar a la sociedad.
¿Sabe, señor consejero, cuál es el problema de esta ley? Que es un plato precocinado y que lo tenía preparado desde que cocinó la ley de presupuestos. Y el problema no es que sea malo -no superaría el Master Chef, no, no, es malísimo-, no es que sea malo, es que es indigesto; más que eso, es tóxico, perjudica seriamente la salud de los canarios, señor consejero.
Mire, unas medidas tributarias, fiscales, administrativas o sociales tienen que servir para que el conjunto de la sociedad alcance unos objetivos. Ahora mismo ese objetivo sería ayudar a sacar a Canarias de la crisis, impulsar su economía, impulsar el tejido productivo, reducir el desempleo, estos tendrían que ser, entre otros muchos, pero principalmente estos, los objetivos de una ley de medidas tributarias, administrativas y sociales seria, señor consejero.
¿Son estos los objetivos de esta ley? En absoluto. A usted y al gobierno del que forma parte les da igual, porque lo único que a estas alturas les importa es poder mantener el pacto de hierro de la confrontación al Gobierno del Partido Popular y que les mantiene a ustedes al frente del Gobierno de Canarias para gran preocupación de todos los canarios.
Con esta ley, señor consejero, se convierte usted en una especie de Anthony Blake, "Anthony Blake González Ortiz". Pero los magos crean ilusiones y juegan con la percepción y el engaño, y la magia está en la distracción y no en el truco. El problema es que esto no es magia, esto es trile, señor consejero. Y ustedes no son magos, sino que son trileros. No son prestigiosos, son prestidigitadores. ¿Podría haber una mejor ley de medidas tributarias, administrativas y sociales? Claro que sí. Aquella que impulsara, aquella que estableciera estímulos fiscales a empresas, a pymes, a autónomos, a familias, a vecinos en general; que utilizase el pequeño margen competencial fiscal que tiene la comunidad autónoma para impulsar la economía, el consumo; que utilizase sus mecanismos para eliminar estructuras administrativas innecesarias, para cerrar empresas públicas y fundaciones, para hacer una verdadera racionalización del sector público, para reformarlo, para muscular la Administración y ponerla al servicios de los ciudadanos. Pero eso sería pedir demasiado, claro, porque ustedes tienen otro objetivo, que no es otro que seguir ocupando el poder, que es muy diferente a gobernar, señor consejero. Y esto es un fraude social y es un fraude político.
Mire, señor consejero, el Partido Popular de Canarias le demanda una cosa muy sencilla. No le demandamos que ayude a la economía canaria, ya hemos visto lo que ha hecho usted en estos tres últimos años y no ha ayudado nada a la economía canaria; lo que le demandamos es mucho más sencillo: no perjudique a la economía canaria. Pero, desgraciadamente, con esta ley que usted hoy presenta, señor consejero, perjudica gravemente a la economía canaria, perjudica gravemente a los vecinos, perjudica gravemente a los consumidores, perjudica al sector servicios, con nuevas tasas, con nuevos impuestos... A los estudiantes de Formación Profesional, de grado, a los estudiantes de idiomas con numerosas tasas, incrementando más las tasas, perjudica la formación de los parados, perjudica a los emprendedores, perjudica al personal de la Administración pública canaria. Que la gente quiera estudiar, que pase por caja; que la gente quiere un certificado, que pase por caja...
La pregunta que nos hemos de hacer, señorías, es a quién no perjudica esta Ley de Medidas, una ley que constituye una nueva fuente de recaudación para una equivocada previsión de ingresos en la vigente ley de presupuestos de este año.
Pues bien, con esta situación tan lamentable de las finanzas públicas de la comunidad autónoma a causa de una pésima gestión del gobierno bipartito de Coalición y Partido Socialista, en lugar de hacer una política adecuada para incentivar la economía, lo que se plantea como recurso facilón es incrementar impuestos, incrementar tasas, incrementar gravámenes; en definitiva, aumentar la presión fiscal a diestro y siniestro.
Mientras comunidades autónomas como Madrid, Valencia, Baleares, Cantabria o Galicia ya llevan a cabo rebajas de impuestos, mientras el Gobierno de la nación, señor González Ortiz, mientras el Gobierno de Rajoy ya ha anunciado que a partir del 1 de enero de 2015 habrá una rebaja sustancial de los impuestos, mal que le pese a usted, el Gobierno de Canarias nos tiene en el más profundo túnel de los impuestos y las tasas sin ninguna esperanza de poder salir de él.
Señorías, señor González Ortiz, ¿qué mensaje se da a las empresas, qué mensaje se da a las familias canarias, qué mensaje se da a los vecinos de Canarias? ¿Es que alguien cree que se puede generar confianza de cara al futuro? Lo cierto es que esta ley nos saca de dudas: Coalición y Partido Socialista prefieren seguir subiendo impuestos que eliminar gastos superfluos; prefieren más tasas y más gravámenes que eliminar grasa administrativa y la administración paralela, que no ayuda en absoluto, como usted sabe, a dar valor añadido a la economía canaria.
Señorías, estamos ante un proyecto de ley apresurado e injusto, en la obsesión por recaudar más al precio que sea; estamos ante un proyecto de ley que genera nuevas incertidumbres e inseguridades jurídicas, incertidumbre y falta de certeza en las materias tributarias, administrativas y sociales que aborda. Son tantos los cambios que introduce, nada menos que en 27 leyes, y que afecta a no menos de 172 disposiciones entre artículos nuevos, otros que se suprimen y otros que se modifican, que es difícil determinar la normativa en vigor. En fin, lo de siempre, otra ley a la desesperada, razones más que suficientes para que usted se la lleve bajo el brazo.
La improvisación, el recorte por el recorte y la búsqueda rápida de recursos públicos sin considerar los efectos económicos negativos sobre la actividad productiva y, por tanto, sobre los ingresos futuros públicos parecen marcar la ruta de este gobierno.
Está claro que el Gobierno de Canarias sigue apostando por un fortísimo incremento de la fiscalidad y por una mayor intervención administrativa sobre el comportamiento de los ciudadanos, primando el corto plazo, rehuyendo atajar los problemas de fondo de nuestra comunidad autónoma. En definitiva, el Gobierno aboga por políticas que no resuelven, si acaso agravan, los problemas económicos y sociales que nos afectan a todos.
Señorías, las medidas de carácter fiscal incorporadas a este proyecto son una peligrosa senda que con toda probabilidad solo conducirá a un escenario de mayor degradación de la actividad económica y del empleo y, además, profundizará en la herida abierta en el tejido productivo, obligando a los operadores económicos a descartar cualquier posibilidad de recuperación económica. Estas medidas, señorías, vendrán a alimentar la espiral de desconfianza y de inseguridad en la que se encuentra sumido el empresariado canario.
Las medidas administrativas y sociales del proyecto no nos merecen menor crítica. En el caso de la Policía Canaria, se introduce el escalafón, una herramienta a nuestro juicio vetusta, casi suprimida del sistema público de empleo público español, que no aporta funcionalidad sino todo lo contrario, rigoriza y solidifica los sistemas de provisión.
Señor consejero, son tantos cambios en el ámbito del personal de la Administración pública canaria que lo que realmente manifiestan es la necesidad de una nueva ley de la función pública canaria, y no seguir poniéndole parches a una ley que data del año 1987, sobre todo con siete años ya de vigencia de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
En este breve repaso no puedo dejar de aludir a la barbaridad que se pretende con la modificación del apartado 2 del artículo 67 de la Ley de la Función Pública Canaria, para permitir que el personal laboral registre y haga compulsas, unos actos administrativos reservados a personal funcionario. Una propuesta que colisiona con el artículo 9.2 de la Ley del Estatuto del Empleado Público, y bien sabe que esa ley es norma básica.
La solución al problema, señor consejero, no está en hacer cosas prohibidas por la ley básica, sino en adecuar el vínculo del personal laboral a las funciones que son necesarias para la administración, tal y como hemos propuesto en varias ocasiones en enmiendas a la Ley de Presupuestos del 2013, a la Ley de Presupuestos del 2014...
No quiero dejar de mencionar aquí, señor consejero... A través de las enmiendas que hicimos a los presupuestos de 2013 y 2014, y además sabe usted que lo hicimos de conformidad con el parecer de la Fecam y un parecer que fue asumido públicamente por el presidente del Gobierno y por el consejero, el señor Hernández Spínola, que me da mucha lástima que no oiga en este momento mi intervención, que comprometió su palabra ante el señor alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el propio presidente de la Fecam de incorporar este hecho al proyecto de ley. Dígale al señor Hernández Spínola, dado que yo no se lo puedo decir, dígale que su palabra no vale nada; que él engañó al alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y los políticos que engañan no pueden sentarse en los bancos del Gobierno, señor consejero.
Desde el Partido Popular creemos que otra Canarias es posible. Creemos que es posible dejar de ser la burocracia más cara de Europa para ser la comunidad autónoma más próspera de España. No hay maldición bíblica que haga que los canarios hayamos de pagar tanto impuesto, tantas tasas, y sufrir tanta burocracia e invasión administrativa por decisión de este Parlamento, sino que lo que hay son unos pésimos gestores que se llaman don Javier González Ortiz, don Francisco Hernández Spínola, don José Miguel Pérez y don Paulino Rivero.
Usted, señor González Ortiz, si consigue que se apruebe esta ley, y así será por lógica parlamentaria, se convertirá en el consejero que más tasas habrá creado y que más impuestos habrá incrementado en esta legislatura. Este es su balance, señor consejero, esta habrá sido su contribución a la salida de la crisis en Canarias, es decir, a todo lo contrario. Por este motivo, el Grupo Parlamentario Popular ha planteado una enmienda a la totalidad que irá acompañada en su momento de numerosas enmiendas para, como mínimo, no entorpecer el crecimiento económico.
Como decía, otra Canarias es posible a la del tándem de don Paulino Rivero, don José Miguel Pérez, don Javier González Ortiz y el señor Hernández Spínola. Los canarios no nos hemos de conformar con la gestión de burocracia extrema a que nos tienen acostumbrados Coalición Canaria y Partido Socialista. Los canarios tenemos que decir que no a aquellos que quieren paralizar la economía canaria, a aquellos que quieren que la prima de riesgo suba, a aquellos que quieren que baje el producto interior bruto y que quieren que no venga la inversión extranjera a Canarias, pese a los viajes presidenciales. Los canarios se merecen, señor consejero, gobernantes que piensen en sacarnos de la crisis y no solo en el interés partidista para volver a ocupar la Presidencia.
Señor González Ortiz, mire, dígale al señor presidente del Gobierno, a don Paulino Rivero, que deje de obsesionarse con la consulta ilegal y que pregunte a los canarios, con una consulta legal, dentro del ámbito de sus competencias, si quieren que se les baje el tramo autonómico del IRPF, o dejar de pagar el impuesto de sucesiones y donaciones, y a las empresas pregúnteles si quieren que se les baje el IGIC. Seguro que la gran mayoría de canarios estaría de acuerdo. Traiga de una vez a este Parlamento una reforma fiscal y baje los impuestos a los canarios. Así lo ha hecho el Gobierno de la nación, aprobando una reforma fiscal que beneficiará a miles de contribuyentes canarios. El señor Rivero, que solo está comprometido con los chantajes y los desafíos independentistas, debería tomar ejemplo de los gobiernos serios y bajar los impuestos de los canarios como han hecho comunidades autónomas como Galicia, Madrid o Baleares y ahora últimamente Extremadura.
El proyecto de ley, señor consejero, si es rechazable por todo lo expuesto en relación con su contenido, quizá lo es mucho más por sus deliberadas omisiones, por lo que no plantea, por lo que omite, porque pudiendo plantear actuaciones de rebaja de impuestos como el del IGIC, el tramo autonómico del IRPF, supresión del impuesto de sucesiones, supresión de muchas de las tasas existentes y rebajas de otras tantas, que supondrían una inyección económica al consumo y al ahorro, que no nos vamos a cansar de repetirlo, las omiten premeditadamente, con alevosía y con impunidad.
Señorías, no nos resignamos en ningún caso. El Grupo Parlamentario Popular va a dar la batalla para bajar los impuestos a los canarios y presentará muy pronto en esta Cámara, ya en el próximo periodo de sesiones, una propuesta de reducción de impuestos que contemplará el tramo autonómico del IRPF, los tipos de gravamen del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, la eliminación definitiva del impuesto de sucesiones y una serie de medidas que rebajen la presión fiscal con la que el Gobierno de Canarias ahoga a los canarios. La idea es que los canarios tengan más dinero en el bolsillo y más capacidad de gasto y ahorro. Y como defiende la Alianza de Vecinos de Canarias cada euro, cada euro de más en el bolsillo de los canarios genera empleo, genera ahorro y genera mayor riqueza para el conjunto de la sociedad.
Esta es nuestra interpretación del proyecto de ley que, en consecuencia, señor consejero, intentaremos enmendar porque, desde luego, necesita ser profundamente enmendado.
Y permítanme, por último, señorías, hacer una digresión y que les ponga a ustedes, al pacto, en relación con una película, una película que se llama Thelma y Louise, del director Ridley Scott. Hoy yo lo he visto claro, ustedes recordarán que en los últimos dos minutos de la película de Thelma y Louise el Cadillac está parado, ellas están hablando, se dan un beso y cuando...
El señor PRESIDENTE: Siento interrumpirle en este momento, tiene dos minutos. Lo siento, puede continuar, don Jorge.
El señor RODRÍGUEZ PÉREZ: ...cuando ya se ven acosadas y están encerradas, no tienen salida, aprietan el acelerador, el coche toma velocidad, se dan la mano y saltan al vacío; se besan, se dan la mano y saltan al vacío, ese es el pacto de Coalición Canaria y Partido Socialista.
El problema es que esto no es una película, el problema es que ustedes no van solos, sino que nos llevan a todos con ustedes. El problema de Canarias se llama Coalición Canaria y Partido Socialista, pero es un problema, señorías, que durará poco porque pronto estarán fuera del Gobierno.
Hay un turno en contra...
(El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, González Ortiz, solicita intervenir).
No, no, don Javier, dígame.
El señor CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD (González Ortiz) (Desde su escaño): Señor presidente.
Ha habido en la intervención del señor Rodríguez numerosas alusiones personales y, además, creo necesario que en virtud del artículo 81.5 del Reglamento de la Cámara pueda contestar a alguna de las cuestiones a las que ha hecho referencia el señor Rodríguez.
El señor PRESIDENTE: Tiene dos minutos, ¿lo puede hacer desde el escaño?
El señor CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD (González Ortiz) (Desde su escaño): Sí.
El señor CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD (González Ortiz) (Desde su escaño): Señor Rodríguez, voy a obviar algunas de las consideraciones que me ha dirigido a mí personalmente, hablaba usted de trileros, hablaba usted de Darth Vader, pero lo más grave es que ha acusado a este Gobierno de engañar a los ciudadanos. Este Gobierno lo que ha hecho es intentar paliar las mentiras del Partido Popular a lo largo de toda esta legislatura, una tras otra.
Hablaba usted de una película, mire, el Partido Popular en el Gobierno primero ha empezado con una película de miedo, viernes tras viernes, en los que los ciudadanos no sabíamos con qué nueva medida del Partido Popular nos íbamos a encontrar. Y, finalmente, ha hablado usted de rebajas impositivas. Claro, habla usted de rebajas impositivas de las medidas que lleva a cabo el Gobierno del Partido Popular. ¿Como cuáles?, ¿como cuáles?, ¿como las consultas populares, habla usted, como las autorizaciones para explorar el petróleo, como las rebajas impositivas, como las rebajas impositivas a las que usted hace referencia, por las cuales lo que ustedes entienden es que los ciudadanos tengan, dice usted, más dinero en el bolsillo y los servicios públicos que los pague quien pueda y quien no pues... ¿Eso, señor Rodríguez, esa es la política que ustedes defienden? Esa la diferencia, señor Rodríguez, esa es la diferencia.
Cuando ustedes aquí lo que han hecho como Partido Popular es defender una y otra vez todas las actuaciones que ha llevado el Gobierno del Partido Popular castigando a los canarios. Podemos hacer una tras otra el listado de aquellas cuestiones que han perjudicado a Canarias, porque las reducciones en materia de empleo, de obras públicas, etcétera, a quien perjudican es al conjunto de los canarios, para que llegue usted, se suba aquí y hable usted de trileros.
Señor Rodríguez, el Partido Popular de Canarias, el Partido Popular de España, no tiene capacidad moral, capacidad moral ninguna para atacar y discutir las políticas que ha llevado a cabo este Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Don Jorge, un minuto. Sí, sí, un minuto, es perfectamente reglamentario (Ante comentarios efectuados desde los escaños).
(El señor Rodríguez Pérez solicita la palabra).
El señor RODRÍGUEZ PÉREZ (Desde su escaño): Señor presidente, no he visto en la intervención del señor González Ortiz que me justifique dónde he podido yo herir la sensibilidad o la susceptibilidad del señor consejero con alusiones personales. Yo he hablado de un gobierno trilero, y lo repetiré, un gobierno trilero, que engaña a los ciudadanos y tiene usted a su derecha a un consejero que engaña, que ha engañado de manera manifiesta al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, ¡lo ha engañado manifiestamente! De modo, señor consejero, que lo que tendría usted que preguntarse es qué hace usted por los 290.000 parados que tiene Canarias, que en estos momentos ha demostrado usted todo lo contrario.
(El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Hernández Spínola, solicita intervenir).
El señor consejero de Presidencia ha pedido la palabra, en este caso sí por alusiones.
Y permítame decirle, don Jorge (Dirigiéndose al señor Rodríguez Pérez), permítame decirle que precisamente le di un minuto porque el señor consejero de alguna manera dijo de alusiones y habló de discrepancias con su discurso, y por eso le di el minuto, no solo por las alusiones. Y en este caso sí que ha habido alusiones.
Y tiene la palabra el señor Hernández Spínola.
El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola) (Desde su escaño): Señor presidente, muchas gracias.
He sido informado, porque no he estado en la sala cuando ha intervenido el portavoz del Grupo Popular, de que me ha aludido en términos muy duros y... Sí, pero he sido informado (Ante manifestaciones desde los escaños del GP Popular).
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor. Señor consejero, yo le agradezco que se atenga a la alusión, aténgase usted a la respuesta a la alusión, no entre en...
El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola) (Desde su escaño): Y ha expresado en este pleno que este consejero ha engañado al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, y tengo que decir aquí ante este Pleno que eso es absolutamente falso. ¡Absolutamente falso! Y tengo testigos en esta sala, que son los portavoces y presidentes de algunos grupos parlamentarios que están aquí que pueden corroborar exactamente lo que estoy diciendo.
Lo que es increíble, absolutamente increíble, es que usted, que no estuvo en esa reunión, venga aquí a hacerse eco de no se sabe qué interpretación que habrá hecho o le habrá dicho el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria.
Como consejero del Gobierno de Canarias, en esa reunión dije con claridad, expresamente, que en el proyecto de Ley de Medidas no se incluiría una disposición relativa a la situación de ese personal laboral afectado por el problema que tiene Las Palmas de Gran Canaria...
El señor RODRÍGUEZ PÉREZ (Desde su escaño): ...(Sin micrófono).
El señor PRESIDENTE: Cálmese, don Jorge, usted siéntese, por favor. Mientras yo no les dé la palabra les agradezco que se sienten.
Mire usted, es una discusión de dos criterios que han quedado claros, de dos posiciones. La interpretación... Don Jorge, siéntese...
El señor PRESIDENTE: ¡Ah, bien!
El señor PRESIDENTE: Siéntese, siéntese, siéntese.
El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola) (Desde su escaño): ...(Sin micrófono).
El señor PRESIDENTE: Por favor, señor consejero... Siéntese.
Señor consejero, por favor, yo le ruego que se siente y vamos a poner orden.
Si usted me pide la palabra por una inexactitud... (Dirigiéndose al señor Rodríguez Pérez). Hablo yo con el aludido y a los demás, por favor, les agradezco silencio (Comentarios desde el Grupo Parlamentario Popular). Si usted me pide la palabra expresamente y exactamente diga qué es la inexactitud.
El señor RODRÍGUEZ PÉREZ (Desde su escaño): Fue efectivamente, señor presidente, por una inexactitud por la que pedí ahora...
El señor PRESIDENTE: Sí, sí, dígame, dígame. Por eso se la he dado.
El señor RODRÍGUEZ PÉREZ (Desde su escaño): En esa reunión, en la que estaban presentes el presidente de la Fecam, usted y a mi lado estaba el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, de modo que yo estaba presente, y usted, cuando el señor alcalde le retó a usted, y usted no me vuelva a mentir, no me vuelva usted a defraudar, usted dijo "no, no, eso no va a suceder porque estará en el proyecto de ley", y usted lo ha excluido.
El señor PRESIDENTE: Bueno, evidentemente, aclarada la inexactitud, le corresponde aclararla también al señor consejero, y se habrá acabado el debate este.
El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola) (Desde su escaño): Mire, yo no tengo ningún inconveniente en reconocer si me he equivocado, que usted estaba presente, en aceptarlo. Absolutamente. No tengo ningún problema. Yo no lo recordaba. Recordaba a los portavoces y presidentes de los grupos, al señor alcalde, y usted estaba representando al Partido Popular. Mis disculpas porque yo no recordaba que usted estuviera presente.
Ahora bien, dicho esto, si usted estaba presente, que ha quedado claro y usted lo ha corroborado y yo lo acepto, así fue, en lo que desde luego no me desdigo ni un ápice, ¡ni un ápice!, es en el contenido de mi intervención en esa reunión, donde dije una vez y varias que en el proyecto de ley no estaría esa iniciativa como medida que recogiera el Gobierno, que debía ser aquí, en sede parlamentaria, por acuerdo de todos los grupos parlamentarios, que se resolviera el problema, que se incluyera, si los grupos parlamentarios así lo entendían...
El señor PRESIDENTE: Démoslo por terminado. Bien. Muchas gracias, señorías.
Continuamos con el asunto del orden del día, y hay un turno en contra que lo lleva a cabo el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Manuel Fajardo Palarea.
El señor FAJARDO PALAREA: Buenos días, señorías.
Voy a intentar rebajar el nivel de tensión que se ha producido en la Cámara, aunque a lo mejor consigo todo lo contrario, pero no es mi intención.
Vamos a ver, señor consejero, yo me voy a quedar con lo positivo de la intervención del Partido Popular, que ya es difícil encontrar algo positivo, y yo definiría su intervención... Empezó con el espacio, con Star Trek; siguió con cuestiones culinarias, con MasterChef; pasó a la magia con Anthony Blake y terminó en el abismo, con Thelma y Luoise, así se puede considerar la intervención del representante del Partido Popular. Pero me quedo con las dos cosas positivas, que no ocurrió en la ley precedente del 2012 de medidas administrativas y fiscales, donde dijeron que no iban a presentar y no presentaron enmiendas al articulado, aquí sí, por lo menos nos ha anunciado el señor Rodríguez que van a colaborar para mejorar el texto del proyecto de ley que trae hoy el Gobierno; y una segunda cuestión que creo positiva, nos ha adelantado que se van a adelantar, valga la redundancia, las elecciones generales. Porque, claro, si se afirma que no pueden estar en el Gobierno las personas que mienten, me imagino que Rajoy disolverá las Cortes y convocará las elecciones generales cuanto antes, porque si hay un partido que ha mentido a la ciudadanía de España después de las elecciones del 2011 es el Partido Popular.
Bien, señorías y medios de comunicación, en nombre el Grupo Parlamentario Socialista vengo a contestar o de alguna manera a rebatir la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular. Y el esquema que voy a utilizar en mi intervención consistirá, en primer lugar, en contestar a esa enmienda a la totalidad en nombre de los grupos Socialista y Nacionalista; a continuación referirme escuetamente al contenido de la ley, porque ya ha sido de forma prolija explicado y explicitado por el señor consejero, y terminaré haciéndole alguna mención a algunas cuestiones relativas a enmiendas de mejoras del articulado que ya tenemos prácticamente ultimadas el grupo de Coalición Canaria y el Grupo Socialista. Con ello ya estoy adelantando que la posición de mi grupo a la toma en consideración, como no podía ser de otra forma, será positiva.
Entrando de lleno en la enmienda a la totalidad planteada por el Grupo Popular, es cierto que hoy la intervención del representante del Partido Popular ha excedido en mucho del texto que nos hacen llegar. Yo los quería felicitar por haber sido capaces de escribir siete párrafos completos. Comprendan mi sorpresa porque la última vez que el Gobierno trajo a esta Cámara una ley de estas características no fueron capaces de superar las ocho líneas -un párrafo y medio-: yo los felicito, esta vez han hecho ustedes siete párrafos, dos folios y medio, para una enmienda a la totalidad.
En segundo lugar, llama la atención, por no decir que debería remover algunas conciencias, que el Grupo Popular aduzca una deficiente técnica legislativa para echársela en cara al Gobierno de Canarias a la hora de traer a esta Cámara el proyecto de ley. ¿Y cómo lo hacen? Pues, extraen del informe del Consejo Consultivo lo que les interesa. Si se leen ustedes el informe del Consejo Consultivo que está en el dosier, verán como el informe del Consejo Consultivo al final no hace ningún reparo en cuanto a la constitucionalidad y al hecho de que se ajuste a derecho este proyecto de ley, y también dice muchas otras cosas que desdicen los trozos extraídos por parte del Partido Popular del dictamen del Consejo Consultivo.
Hombre, y sin ánimo de crispar, llaman trilero al Gobierno de Canarias y la verdad es que a mí me sorprende que esta afirmación la expresen los representantes públicos del mismo partido que hace apenas unos meses modificó por un procedimiento sumarísimo, para saltarse todos los controles, la justicia universal, evitando con ello que los crímenes contra la humanidad puedan ser juzgados por los jueces y las juezas españolas, por los intereses económicos con un país que todos sabemos cuál es; el mismo partido que se niega a que la reforma del aborto se someta a un informe del Consejo de Estado porque este órgano ratificó y aplaudió por unanimidad la ley de plazos de Zapatero; acusa al Gobierno de deficiente técnica legislativa el mismo partido que de forma exprés modificó la ley de radio y televisión española para echar a los representantes sindicales del consejo de administración de la corporación. Y, por último, les parece mal que legisle el Gobierno de Canarias a quienes han aforado a don Juan Carlos mediante dos enmiendas al proyecto de Ley orgánica complementaria de la Ley de Racionalización del sector público y otras medidas de reforma por la que se modifica la Ley del Poder Judicial, por cierto, en un apartado que tiene que ver con las vacaciones de jueces y magistrados, saltándose con ello cualquier posibilidad de acuerdo parlamentario. ¿Y saben cómo se ha calificado esta reforma por el señor don Jesús Posada, presidente del Congreso de los Diputados? Como una chapuza. Lo dijo el otro día, después ha tenido que rectificar o matizar, pero lo dijo en una reunión, en una conferencia que dio a unos estudiantes. Acusan de chapuza los chapuceros, según dice el presidente del Congreso de los Diputados, don Jesús Posada. Pues, miren, lo que sí les puedo decir a los compañeros parlamentarios del Partido Popular es lo que no es esta ley, y no es el producto de ningún rodillo parlamentario al servicio de ninguna ideología. La proposición de ley ha seguido todos los trámites de consulta que marca su tramitación, y ha sido participada; y basta leerse la documentación que se acompaña al proyecto de ley. Además, un último matiz sobre el tema de la técnica legislativa: podría decirles aquello de que como no encuentran argumentos para combatir el fondo y optan por meterse con las formas, pero, en lugar de ello, prefiero recomendarles lo siguiente: es que parece ser que en el día de ayer nadie se había leído lo que se publicó el sábado, el día 5 de julio. Claro, aquí es donde entra la gran contradicción, y no quiero entrar en el "tú más", pero es que es mucho peor: el día 5 de julio se publica el Real Decreto-Ley 8/2014, para la aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Es un nuevo decretazo, lo decía ayer el señor Ruano: léanse el artículo 86 de la Constitución, que establece que solamente por razones de urgencia, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá acudir a esta figura. Lo que pasa con el Partido Popular es que está convirtiendo lo extraordinario y excepcional en normal, o sea, está gobernando a base de reales decretos-leyes. Y es un nuevo decretazo parido en Moncloa que posterga cualquier debate.
Y ayer mientras estábamos discutiendo aquí, no vean la que se armó en la Permanente del Congreso de los Diputados -me imagino que habrán visto hoy la prensa y habrán leído lo que ocurrió-, y es que nos encontramos ante un decretazo que modifica 26 leyes, modifica otras disposiciones, entre otras varios reales decretos, y deroga preceptos de otras 7. Las materias reguladas son tan variopintas -y lo digo porque eso es de lo que acusan al Gobierno de Canarias- que acabaría antes diciéndoles cuáles no trata, pero por poner solo algunos ejemplos, modifica la Ley de haciendas locales, la de Minas, la de Navegación Aérea, la de Horarios Comerciales, el Estatuto de los Trabajadores, la de Ordenación del Comercio Minorista, la del Sector de Hidrocarburos -esta seguro que es de Soria-; regula la Garantía Juvenil, la del Registro Civil, la del IRPF, la del Impuesto de Sociedades, la del Impuesto de Patrimonio. Y me detengo aquí por no abusar, pero para aquellos que quieren convertirse en los adalides de la homogeneidad y critican la heterogeneidad de algunos textos legislativos, también este real decreto-ley que se publica el sábado y que entra en vigor el domingo abarca temas como: "Disposición adicional novena. Evento 120 años de la Primera Exposición de Picasso". ¡Qué tendrá que ver una cosa con el crecimiento, el emprendimiento, que son las medidas de las que en teoría se ocupa este real decreto! O con las materias que acabo de citar.
También modifica, por ejemplo, la Ley de la Carrera Militar; ¡tremendamente, están unidos, está perfectamente unida la Ley de la Carrera Militar con todo lo que acabo de decir! O modifica la Ley del Sector Ferroviario -no tiene absolutamente nada que ver-, y en el no va más, aparte de modificar también la Ley del Cine, modifica el Real Decreto de medidas para agilizar el pago de ayudas a los damnificados por el terremoto de Lorca. ¡Y vienen a acusar al Gobierno de Canarias de falta de homogeneidad, de demasiada heterogeneidad en la redacción de las leyes, cuando es que están en una situación insostenible! Pero es que esa situación insostenible hace que se produzca lo que les acabo de decir que se produjo ayer, basta ver los titulares: "Bronca en el Congreso por la tramitación exprés de las últimas medidas económicas"; "Toda la oposición se rebela contra el decreto ómnibus del Gobierno"; "La norma que se pretende votar el jueves -o sea, mañana, habiéndola aprobado el viernes y habiéndola publicado el sábado y habiendo entrado en vigor el domingo, o sea, en seis días-, modifica un total de 25 leyes"; "Los grupos acusan al Ejecutivo de 'secuestrar la democracia'"; "El Círculo de Empresarios descalifica la reforma fiscal", "Afirma que no cumple la promesa de revertir la subida del IRPF de 2012"; "Más que una reforma, es una rebaja selectiva que pone en riesgo la consolidación fiscal"; "No es transparente, penaliza el trabajo y no va en serio contra el fraude". O sea, estas son las reacciones... Sí, cuando se predica una cosa, pues, habrá que ser consecuente con lo que se intenta luego defender en la tribuna.
Aparte de todo esto, continúo diciendo que ustedes, en vez de usar, abusan, como acabo de decir, de los reales decretos-leyes. Y yo tenía la esperanza de que ustedes iban a subir hoy e iban a retirar la enmienda, porque siguiendo lo que pasó en el debate del 2012..., no intervino usted, señor Rodríguez, intervino un compañero que es una pena que no esté, igual está por fuera, don Miguel Cabrera Pérez-Camacho, porque empezaba su intervención citando a Adriano, y decía: "En el año 134 de nuestra era, el emperador Adriano ordenó al jurisconsulto Salvio Juliano la promulgación del llamado Edicto Perpetuo, ordenándole con una instrucción que decía que su propósito era mitigar, reducir la frondosa masa de contradicciones y abusos que acaban por convertir el derecho y los procedimientos en un matorral en que las gentes honradas no se animan a aventurarse". Pues, bueno, yo le digo que le mande la cita al señor Rajoy Brey a ver si coge un poquito de recorte, visto lo que han hecho ustedes el viernes pasado, publicado el sábado y entrado en vigor el domingo.
Y volviendo al contenido de la enmienda a la totalidad, ustedes hablan de subidas de impuestos, subidas de tasas, aumento del intervencionismo y de un batiburrillo de descalificaciones que no casan con la realidad del proyecto de ley. En ningún caso con lo que se presentaron a las elecciones, es curioso. Yo también me quedo con algo positivo, yo espero que cuando en septiembre traigan todas esas medidas que dicen que van a traer, no sé bajo qué forma, a la Cámara, de bajadas de impuestos y medidas para la incentivación de la economía canaria, traigan también medidas para exigir al Estado que cumpla con el Convenio de Carreteras, que vuelva a cumplir con el Convenio de Infraestructuras Educativas, que vuelva a cumplir con los convenios de obras públicas, que nos iguale a la media de inversión del Estado, yo espero que todo eso venga acompañado. ¿Por qué?, porque sería la única forma de poder entonces, si recibiéramos ese dinero, tomar algunas de las medidas que dice. Por cierto, citen a alguna comunidad que desde luego está de actualidad, no sé si conocen la reciente sentencia del Tribunal Europeo con respecto a una de ellas que les obliga a devolver doscientos y pico millones que, según el Tribunal europeo, estuvieron mal dados como subvención para una obra pública.
En cualquier caso, no deja de resultar paradójico que los que se presentaron a las elecciones diciendo que iban a bajar impuestos los subieran por valor de 30.000 millones, que los que dijeron que iban a hacer una reforma fiscal de calado para acabar haciendo un retoque de tipos solamente por un valor de 9.000 millones nos vengan a decir ahora que la política tributaria del Gobierno de Canarias es una política tributaria la peor de las posibles, según se dice en la enmienda. No resulta creíble y, además, es mentira.
La política tributaria del Gobierno es la única posible con un sistema de financiación que Rajoy no quiere cambiar y que nos resta 800 millones al año para servicios públicos esenciales, es la única política tributaria posible ante un escenario de contención de déficit en el que el Estado asume todo el objetivo autorizado por la Unión Europea y, sobre todo, es la única política tributaria posible ante los reiterados incumplimientos de los acuerdos firmados con Canarias a los que ya hice alusión con anterioridad.
Señorías del Partido Popular, desde el Gobierno de Canarias se construye el 74 % del cesto con los mimbres que nos manda el Estado, si quieren otro cesto, mándennos más mimbre, esa es la verdad definitiva.
Por último, no puedo dejar pasar la ocasión de contestar al contenido. Usted ha hecho alguna alusión, pero no ha hecho ninguna predicción concreta, ha dicho: no, esto va a ir a mal, a peor, si esta ley se aprueba; al contenido de esta enmienda a la totalidad contrastándolo con los augurios o predicciones que se hicieron en el 2012 sobre la última ley de estas características que aprobamos en este Parlamento. Hombre, usted hoy habló de muchas películas, en aquella intervención se nos habló de Gandhi, salió el general Custer, el Séptimo de caballería, las tribus indias siux, cheyenes y dakotas y unos cuantos personajes más, debe ser que está dentro de su discurso este tipo de referencias.
Pero, mire, sabe lo que afirmaban ustedes en el 2012, afirmaban: perderemos 6.000 empleos en lo que queda de 2012, desgraciadamente es verdad, se perdieron 1.800 empleos pero no 6.000; perderemos 15.000 empleos en 2013, se crearon 9.100; el PIB canario retrocederá un 1,2 %, retrocedió el que menos junto con Baleares, un 0,4 %; y, lo mejor, no recaudaremos nada con el impuesto sobre depósitos bancarios, se decía; igualmente les pone usted un recurso servido, señor consejero, a las entidades financieras y todas ellas tienen preparados los avales ya, no van a recaudar un duro de las entidades financieras por ese impuesto, todas van a recurrir, ninguna va a pagar; no espere pues recaudación por este concepto e, irán al Constitucional, pues hay ya, además, un asunto exactamente igual en el Tribunal Constitucional. ¿Le doy los datos?, en el año 2012 recaudamos con la compensación y la recaudación 70 millones de euros, el Estado nos va a compensar, en el año 2014, 90 millones de euros. Si les llegamos a hacer caso a ustedes hubiéramos dejado de percibir 160 millones de euros. Gracias a Dios que el Gobierno se mantuvo firme, los grupos que lo apoyan igual y mantuvimos ese impuesto, y todos saben lo que pasó después con los pasos que dio el Estado.
Señorías, en definitiva, ustedes no resultan creíbles, no dieron una entonces ni darán una con esta ley, sería preferible que se sumaran al esfuerzo por mejorarla -usted ha dicho, don Jorge, que lo va a hacer, y yo se lo agradezco-, en lugar de seguir aislándose en este Parlamento.
Mire, usted sí ha hecho referencia hoy a las disposiciones finales, le iba a decir que usted no se había leído el proyecto de ley, pero lo voy a retirar, pero sabe por qué se lo iba a decir, porque en el último párrafo dice: motivos que hacen de este proyecto de ley un proyecto de ley no modificable, de imposible mejora, del que solo cabe su impugnación global, su rechazo total y la supresión de todos sus capítulos, artículos y disposiciones adicionales y transitorias, y se olvidó usted de citar las once finales, que, por cierto, modifican ocho leyes.
Por eso, lo que tenía preparado, como usted hoy sí lo ha dicho -no lo dice en la enmienda-, lo retiro.
Con respecto a hacer una mención al formato y al contenido del proyecto de ley, decir que si partimos de la premisa de que distintas leyes canarias precisan de actualizaciones concretas en determinados artículos se nos plantean dos opciones, a cualquier gobierno. La primera es irnos a un conjunto de proyectos de ley a tramitar en lectura única, y después vienen las quejas de los partidos de la Oposición, y sobre los que difícilmente se puedan plantear nuevas materias objeto de modificación. Y la segunda opción, que yo creo que es la correcta, que es la seguida por el Gobierno, que pasa por concretar en un único texto todas las modificaciones puntuales y separar en su tramitación la fase de toma en consideración de las enmiendas puntuales. Sí va a haber debate, sí va a haber plazo para las enmiendas al articulado y se va a poder mejorar por todos los partidos, y, entre ellos, por los partidos que apoyamos al Gobierno.
Con ello creemos que se profundiza en el debate y se abre la posibilidad de que el texto se extienda a otras materias legales no contempladas en el mismo.
Y en cuanto al contenido de la reforma, como bien ha explicado el consejero, tiene un ámbito amplio, y tengo que decir que desde luego hay medidas que son muy positivas. Por ejemplo -ustedes no han querido hablar de esto-, el proyecto de ley concentra en una sola las tres juntas de reclamación económico-administrativa vigentes, centraliza toda la contratación de los sistemas de información y reorganiza el sistema de pagos a través de la Dirección General del Tesoro para mejorar, aún más, la media de pago a los proveedores. Medidas que yo estoy casi, bueno, casi no, estoy seguro de que serán comprendidas, entendidas y avaladas por las pymes, al contrario de lo que ustedes dicen. ¿Ustedes saben lo que es malo para la pymes, y ayer se refería el señor Rodríguez a esto?, lo que pasó hace unos días con el mercado alternativo a través de la famosa sociedad Gowex. ¿Y saben lo que es peor porque esta sociedad se vino beneficiando de un hecho?: que en marzo de este año el señor Rajoy le dio un premio, porque... No responsabilizo al señor Rajoy, es que el departamento del Ministerio de Hacienda, que depende del señor De Guindos, hizo un estudio y resulta que le dio un premio al que estaba falseando las cuentas -en marzo de este año-...
El señor PRESIDENTE: Dos minutos.
El señor FAJARDO PALAREA: He de decir que, en honor a la verdad, ayer mismo el Gobierno ha decidido retirarle el premio. Pero esto ha sido utilizado, lo dicen todos los comentaristas, este premio ha sido utilizado por este señor, que ha reconocido el falseamiento de las cuentas, para inflar el posible fraude que hubiera podido cometer con todos los pequeños ahorradores que confiaron en él.
En definitiva, señorías, nosotros creemos que el proyecto de ley del Gobierno es un proyecto de ley mejorable, es un proyecto de ley positivo para la economía canaria, y aquí nos dará o nos quitará el tiempo las razones. Cuando se opusieron ustedes en el año 2012, por las razones que adujeron, al proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales de ese año, nos auguraron todo lo que acabo de relatar y no se cumplió ninguna de las previsiones. Por no cumplirse..., incluso nos beneficiamos de ese proyecto de ley en 160 millones de euros, que ustedes decían que no íbamos a recaudar ni un solo euro; por no cumplirse no se cumplieron ni los augurios desastrosos en cuanto al empleo o a la bajada del producto interior bruto de Canarias.
Y yo creo que debemos de alegrarnos todos. Y yo espero del Partido Popular en este caso que haga buen uso de las enmiendas que puedan presentar al articulado. No solo, desde luego, las estudiaremos, como siempre estudiamos todo lo que nos presentan los grupos de la Oposición, el Gobierno las estudiará, estoy seguro de que las estudiará, y en todo aquello que sea posible debido al marco presupuestario que tenemos, que nos viene impuesto, en definitiva, por Madrid, seguro que se podrán lograr avances.
Nosotros, desde el Grupo Nacionalista y el Grupo Socialista, haremos no una sino unas cuantas enmiendas al articulado para mejorarlo. Ese es el deber que tenemos todos los diputados. Pero ahora, en lo que nos concierne, el voto va a ser positivo del Partido Socialista a la toma en consideración de esta ley.
Señores, aplíquense el cuento.
Realizado el turno en contra, para la fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez.
Como se ha podido comprobar, no hemos presentado enmienda a la totalidad a esta iniciativa. Primero, porque comprendemos que los gobiernos utilizan esta fórmula de legislar con demasiada frecuencia, pero es bastante inevitable, ¿no? Y para ilustrar este dato ayer en las Cortes Generales se armaba un lío en el que todos los grupos de la Oposición, encabezados por el Grupo Socialista, criticaban duramente al Gobierno de España una ley ómnibus que modificaba 25 leyes. Cierto es que, aunque yo estoy totalmente en contra de la orientación de esa ley, estaba destinada, en lo esencial, aunque hay de todo, ¿eh?, a responder, digamos, a la lógica frente a la crisis, ¿no?
Aprovecho para decirles que en esa ley entre las cosas que se crean está el impuesto a los depósitos bancarios, que lo crea el Partido Popular para toda España, gracias a que algunas comunidades pioneras como Andalucía, Extremadura y luego Canarias abrieron la brecha y produjeron ese impuesto porque había competencias para hacerlo, como bien se sabe. Bueno, el Gobierno español, con una acción yo creo que desleal desde el punto de vista institucional, creó el impuesto, puso tipo 0 e impidió la recaudación de las comunidades. Consecuencia de esa acción ha tenido que compensar a las comunidades y ahora, para resolver el problema de estas y de todas las comunidades, se ha creado el impuesto a los depósitos bancarios, que nosotros defendemos, lo único que decimos es que nos parece poco el 0,03% porque creemos que ese es un elemento también para recaudar recursos, no para tirar voladores sino para responder a las obligaciones públicas. Lo digo porque, las cosas de la vida, ¿no?, lo que parecía una agresión en toda regla a los intereses de los depositarios y un problema para la banca ahora está para toda España y, por lo tanto, esta comunidad seguirá recibiendo lo que le corresponde, y, además, también las que no tomaron esta decisión de crear el impuesto a los depósitos bancarios.
Dicho esto, la ley que nos trae aquí hoy, siendo respetuoso y considerado, es un cajón de sastre, un cajón de sastre. Aquí hay elementos tributarios, organizativos, fiscales razonables, que cualquier ley de estas características seguramente los considera. Esta no es una ley que pretenda recaudar, yo esa lectura no la veo, ¿eh?, la justa cosa, hay un impuesto que no hemos entendido, a ver si nos lo..., no toca explicarlo hoy, lo veremos en comisión, pues sería el tema de los biocombustibles, que se suma a ese tipo, y no hemos entendido qué razones..., no estaba en la memoria. Pero digamos que esta es una ley que lo que hace es, voy a caricaturizar si ustedes quieren el tema: "oiga, señores de los departamentos, ¿tienen algo pendiente?", y entonces se modifica la Ley de la Policía Canaria, los impuestos del tabaco, la Ley Canaria de Igualdad, la de los consejos escolares, la de participación ciudadana, la del Servicio Canario de Empleo, la del juego y apuestas, la de la Hacienda pública. En fin, así hasta 27 leyes. Es decir, un cajón de sastre, porque hay alguna ley ómnibus por ahí, en los antecedentes parlamentarios, como fue la Ley 4/2012, aquella que hicimos de medidas fiscales y administrativas, que tenía una lógica política y económica, esta no tiene, política no sé pero económica no tiene ninguna lógica. De manera que no pretendan buscar en esta ley respuesta a la crisis porque es que yo creo que no lo pretende la ley. Y, desde luego, si lo pretende no lo consigue porque esto es un batiburrillo de modificaciones puntuales, tal batiburrillo que el señor Rodríguez hacía referencia a que faltaba un elemento más, el de resolver algún problema en los temas del personal laboral de los ayuntamientos. Esta es una ley cajón de sastre.
¿Qué hemos pretendido nosotros de entrada? Oiga, ya que usted tiene la potestad de proponer leyes a este Parlamento, hagámoslo con normalidad para tener derecho a participar, controlar y mejorar, y eso lo hemos conseguido, porque la ley venía por el procedimiento abreviado, eso, desde luego, a mi grupo no le gustó porque nos quita oportunidad de participar, tiempo para estudiar las cosas y tiempo para hacer aportaciones, y yo creo que, después de una interesante discusión entre la Mesa y la Junta de Portavoces, logramos, aunque fuera por un procedimiento también un tanto extraño, volver esta ley a la normalidad, de forma que hoy se ve aquí la toma en consideración, las enmiendas a la totalidad y tenemos tiempo ahora para mejorar la ley y para estudiar la ley. Porque nosotros la ley no la tenemos lo bien estudiada que nos gustaría, porque no hay tiempo material. El Gobierno lo tiene más fácil porque se lo hacen y a los grupos del Gobierno habitualmente también se lo hacen; a los de la Oposición, desde luego el nuestro lo tenemos que hacer nosotros y nos cuesta, pues, repasar 27 leyes.
Por lo tanto, entendemos que se produzca este tipo de leyes, a esta ley no se le puede pedir respuestas a la crisis económica, para eso están las leyes de presupuestos, el sistema fiscal. Por cierto, del sistema fiscal un día tendremos que hablar, a pesar de nuestras limitadas competencias, sobre qué modelo fiscal precisamos para que las administraciones públicas cumplan con su función y los ciudadanos aporten en función de lo que tienen y que aporte todo el mundo, hay mucho que discutir sobre el sistema fiscal español, sistema fiscal profundamente injusto y, además, razonablemente fracasado con el 27% de fraude reconocido en los análisis. De manera que eso no lo vamos a resolver en esta ley ni tampoco en la ley que ayer se discutía en las Cortes Generales referida a esas 25 modificaciones legales a las que he hecho referencia.
Sobre este tema y sobre algunas cuestiones. Primero, buena cosa que tengamos ahora el mes de julio y agosto para hacer enmiendas. Nosotros aprovecharemos para hacerlo, y sí, vamos a hacer consideraciones de algunas cuestiones que nos parecen relevantes. Por ejemplo, explotaciones ganaderas. Esta mañana decíamos que la Ley de Medidas Urgentes del año 2009 pretendió cambiar el mundo y dio poder al Gobierno, que parecía que lo de las explotaciones ganaderas, lo de la renovación turística, lo del suelo industrial, lo de las instalaciones eléctricas, todo eso se iba a resolver con la Ley de Medidas Urgentes. Y competencias se dieron. El tiempo ha dicho que no se hacen milagros, y ni siquiera con el apoderamiento del Gobierno de asuntos que debieran ir por la vía de la planificación se resolvió. El tema de las explotaciones ganaderas es un tema preocupante; según la información que el Gobierno nos remite, hay como mil solicitudes, novecientas y largas, y solo se ha podido regularizar el 27 % -por cierto: ninguna del 2012, ninguna del 2013 y parece que ninguna del 2014-. La ley parece intentar mejorar este tema, para buscar una solución que tiene que ser segura, pero tiene que facilitar este tema. Lo analizaremos, lo estudiaremos, si estamos de acuerdo lo apoyaremos y si hay que enmendarlo lo enmendaremos, pero nos parece una cuestión importante porque actúa sobre un problema concreto que la Ley de Medidas Urgentes no resolvió, a pesar de las promesas no resolvió, y que esta ley ahora pretende encauzar.
Hay un tema -ya se lo decía al consejero-, sobre los biocarburantes: no hay opción de que me responda pero, si alguien del Gobierno o de los partidos que apoyan al Gobierno lo sabe, cuál era la razón de la subida fiscal del tema de los biocarburantes, porque no le encontramos explicación, no la tenemos.
Y luego hay una cuestión que sí me parece importante: los artículos 25 y 26 de esta ley, con relación a una polémica que aquí trajimos desde Nueva Canarias y es el acceso a la historia clínica de los empleados públicos. Tuvimos una interesante, intensa discusión, en la que no entendíamos que el Gobierno pretendiera entrar en las historias clínicas -a través de un servicio médico centralizado- de los empleados públicos, porque lo consideramos ilegal e innecesario, y pareció que de aquella discusión y de las consecuentes reuniones con las organizaciones sindicales se había cambiado de tercio. Se hace una redacción más moderada, más suave, menos contundente, pero, de entrada -y lo estudiaremos y lo analizaremos, porque hay una orden también por ahí sobre un nuevo registro de datos para este sistema de inspección, a ver qué es lo que se pretende-, de entrada los artículos 25 y 26 nos generan inquietud y preocupación, porque pudieran estar consiguiendo el mismo objetivo de meterse en las historias clínicas, que son inviolables, de los empleados públicos, por la vía que aquí se propone. En cualquier caso, reconocemos que es más sutil la redacción, pero creemos que el fondo sigue estando presente.
Y luego hay una consideración especial que quiero hacer, y es... Por supuesto la modificación de la Ley de Ordenación Sanitaria es razonable, la de la ley turística de las islas verdes es razonable, pero después, amigos míos, hay una modificación aquí, que esta mañana saqué yo en la discusión de la Ley de Armonización y Simplificación que ni armoniza ni simplifica, nosotros la llamamos la ley niní, porque se utiliza, o nini. El planteamiento es el siguiente: la ley turística se aprobó el 29 de mayo del pasado año, se cumplió el año el 29 de mayo de este año y se prometió aquí -es verdad que no lo dice la ley-, en términos políticos, a través de una proposición no de ley, que se evaluaría la ley para modificarla. Pasó el mes de junio, el de julio, pasará el de agosto, seguro, y vamos a ver si no pasa el de septiembre, para conocer la evaluación, porque se supone que la evaluación tenía el sentido de ver el impacto de la ley en los objetivos perseguidos para que se modificara si esto no era de esta manera. Sin embargo, aquí, en este proyecto de ley, se modifica la ley de renovación turística y eso me hace pensar -y yo no es que sea mal pensado, pero sí que tengo ya alguna experiencia- que qué sentido tiene modificar la ley de renovación turística ahora, deprisa y corriendo, cuando se supone que vamos a tener una evaluación, debiéramos tenerla ya, y producto de esa evaluación proceder a los cambios pertinentes. La sensación que uno tiene, la conclusión que uno saca es que no se va a modificar la ley. Puede ser que seamos mal pensados, pero yo creo que algo de lógica tiene lo que digo. Si en septiembre toca, no, tocaba en mayo, hacer la evaluación, y no se ha hecho y aquí se viene con una modificación que, además, no nos gusta... No nos gusta porque pretende lo siguiente: pretende aumentar la edificabilidad en las instalaciones en renovación a costa de la calidad. A ver en qué quedamos, a ver en qué quedamos. Es que hay que ser rigurosos en estas cuestiones. Por eso nosotros, que estamos dispuestos a la cooperación, porque es nuestra responsabilidad intentar que las cosas salgan bien, vamos a empezar a endurecer nuestras posiciones, es decir, no puede ser que uno se llene la boca diciendo una cosa y haga la contraria. Y entonces, por ejemplo, esta modificación aquí nos parece, de entrada, a no ser que nos expliquen maravillosamente el tema, nosotros vamos a pedir que se suprima, que se suprima esta modificación.
Y, además, la modificación en sí, tal como está, nosotros lo que interpretamos es, los espacios comunes de las instalaciones en renovación, a mejor vida a costa de más edificación, y eso significa menos calidad. Y ya bastante difícil lo tienen las instalaciones antiguas de las ciudades turísticas para hacer renovaciones con calidad. Un conocido empresario -hay varios de este tenor- que tiene hoteles de alta calidad en medio de las ciudades turísticas, antiguos y renovados, hoteles antiguos renovados, que tiene instalaciones en sitios nuevos, de la misma categoría, me decía: "cuando los clientes que pagan lo mismo van al hotel antiguo pero renovado en el centro de la ciudad turística las hojas de reclamaciones están a la orden del día y cuando vienen a los hoteles nuevos de las zonas de expansión salen diciendo maravillas", entre otras cuestiones porque la demanda de servicios turísticos evoluciona y la gente quiere espacios para descansar, de esparcimiento y amplios. Y, encima, esta propuesta que ustedes introducen aquí de rondón es a costa de la calidad: "te doy un pisito más y te cargas el hall, el espacio de la piscina, el gimnasio o lo que toque". De manera que ni el procedimiento nos parece adecuado, porque nos hace temer que no hay ninguna voluntad de reformar la ley turística como se prometió, y, además, el contenido que se propone nosotros de entrada lo rechazamos, a no ser que exista alguna explicación que no se nos haya ocurrido, que es posible, no es fácil, pero también es posible.
De manera, señorías, que nosotros nos vamos a reservar nuestra opinión final sobre la ley en la posibilidad de aportar y cambiar cosas de la norma. Hay cuestiones en las que estamos de acuerdo, que son razonables, que son cuestiones organizativas, de ajustes, que tienen sentido, y que las hacen todos los gobiernos. Por eso no hemos presentado... Ya digo, el Gobierno español, el viernes, una ley que modifica 25 leyes, insisto, por una cierta lógica económica, ¿no?, pero 25 leyes. Estas leyes ómnibus, que son una manera mala de legislar, inseguras, son perfectamente constitucionales, y eso está ya reconocido. De manera que nosotros no hemos hecho una enmienda a la totalidad por esta razón. Lo que decimos es que tiene que haber tiempo para que la Oposición discuta y participe, y lo hemos conseguido con esta revisión del procedimiento abreviado por un sistema de que las enmiendas las tenemos hasta el 2 o el 3 de septiembre, y, por tanto, tenemos más tiempo, y que luego hay contenidos que nos hacen sospechar, algunos positivos como el tema de las instalaciones ganaderas, otros negativos como la reforma turística o la historia clínica de los empleados públicos, y algunos que no comprendemos, pero seguramente es falta de información, como el aumento de los impuestos a los biocombustibles.
Por lo tanto, nos abstenemos con la voluntad de participar y mejorar esta ley porque nos parece francamente mejorable.
Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, don José Miguel Ruano León, fijación de posiciones.
Intentaré ser breve en mi exposición. Creo que, en términos generales, el consejero expuso con bastante precisión el contenido de este proyecto de ley que debatimos de totalidad y, por otra parte, la respuesta que daba el portavoz socialista, el señor Fajardo, a la enmienda a la totalidad, a su vez presentada por el Grupo Parlamentario Popular, creo que ha sido suficiente, respecto de la técnica normativa.
Este es un debate que tiene mucho carácter doctrinal, el tema de la técnica normativa, básicamente sobre cómo se hace la modificación de normas con rango de ley por leyes o por normas con rango de ley que tienen ese carácter, como decía, esa expresión de ómnibus de abarcar muchas cosas distintas. Habíamos hablado, y esto se comentó ya en la Comisión de Cabildos, donde tuvimos un primer debate sobre este proyecto de ley, respecto de la necesidad de que para garantizar seguridad jurídica el proyecto de ley, que tiene ese alcance de medidas tributarias, administrativas y sociales, contemple en todo caso, dentro de la exposición de motivos, todo el alcance, el contenido que va a tener. Yo, respecto de este asunto, creo que estamos en un proyecto de ley que contiene y comprende muchísimas cuestiones que tienen o requieren ya una respuesta normativa, y lo que, de alguna manera, lamentamos desde el Grupo Parlamentario Nacionalista es que no haya podido llegar antes al Parlamento de Canarias, porque muchas de las decisiones de rango legal que se tienen que articular ahora podrían y deberían haber llegado antes. Y esta no es precisamente la responsabilidad del consejero que ha presentado el proyecto de ley, porque me consta que su voluntad era que este estuviera hace al menos 3-4 meses en este Parlamento.
Yo creo que estamos ante un proyecto de ley que va a dar respuesta a modificaciones puntuales del ordenamiento jurídico-legal muy importantes, desde el punto de vista de la adaptación fiscal, en determinadas cuestiones, a las que me referiré más tarde, desde el punto de vista de la regulación de algunos ámbitos sectoriales, se ha hablado ya de la denominación de origen de los quesos, se ha hablado también de las explotaciones ganaderas, podríamos valorar, incluso, cómo se incardina el tema de la modificación de esa ley de 2009 con la Ley de Armonización, de la que, por otra parte, hemos tenido hoy un debate de totalidad aquí.
Se ha hablado..., voy a ver si tengo la suerte de que regrese el portavoz del Grupo Mixto porque ha hablado de algunas cuestiones de competitividad turística y quiero contestarle expresamente esa cuestión (Refiriéndose al señor Rodríguez Rodríguez que no se encuentra en ese momento en la sala).
La modificación que se propone respecto de la ley turística de las islas occidentales, la ley del 2003 -de las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro-, es una modificación que cuenta, como es conocido, con el propio impulso de los cabildos insulares de las islas occidentales, y, particularmente, de la isla de La Palma, y, por tanto, el Gobierno recoge el espíritu de la propuesta que los propios cabildos habían manifestado en torno a este asunto.
En el régimen de puertos, la necesidad de articular un ente empresarial competitivo, como viene haciéndose desde la propia conformación o desde la propia puesta en marcha del ente, los temas relativos a asociaciones, igualdad, función pública, a la propia actividad administrativa con reducción de cargas, con beneficios que tienen que ver con prestaciones sociales y servicios asistenciales; simplificar eso para que los datos sanitarios de una persona mayor o de cualquier persona con determinados niveles de dependencia sean temas de acceso directo por parte de los servicios sociales, facilitará sin duda la evaluación de los dependientes en cualquiera de su calificación. Por tanto, son decisiones que tenemos que ir articulando y cuanto antes deberían estar.
El régimen de ordenación que se hace de temas educativos como consejos escolares y demás es posible que al final lo articulemos directamente en el propio proyecto de ley y no mediante disposiciones adicionales, dado que la propia heterogeneidad del proyecto justifica la articulación, dentro de la parte esencial del proyecto, un conjunto de medidas, en este caso, respecto a educación, a las que se ha referido el señor consejero, algunas de las cuales son muy importantes. Venimos en muchísimas comparecencias, preguntas, significando la dificultad que hay en la gestión de becas, por ejemplo, en la tardanza en la gestión, y tenemos que articular medidas, en este caso, de respuesta legal que requieren una agilización del procedimiento y que están fundamentadas hoy también en una ley, una ley de 2003 sobre el régimen general de becas.
Por tanto, es necesario que este proyecto de ley se impulse cuanto antes.
Tiene ventajas el cambio o la decisión que se ha toma en la Junta de Portavoces respecto de la ampliación del plazo de enmiendas; también es cierto que tiene la desventaja de que se alarga el proceso de aprobación. No obstante, creo que puede darse la circunstancia, si llegamos a acuerdos con los principales grupos parlamentarios, para que el trabajo en ponencia sea realmente un trabajo intenso, y podamos, por tanto, una vez concluya el plazo de enmiendas, que es largo -2 de septiembre-, tener cuanto antes un informe y ser conocido por el Pleno del Parlamento cuanto antes. Creo que las medidas que se articulan son indispensables.
A lo largo del debate de esta mañana en relación con este proyecto de ley se han suscitado cuestiones que me gustaría intentar ver desde la moderación, desde la cordura, cuando uno está quizás en este sentido más tranquilo. Porque a veces el cruce de acusaciones, incluso cuando se habla de la conducta de personas, en este caso de miembros del Gobierno, en fin, creo que no ha sido afortunado, y quisiera referirme expresamente, si don Jorge Rodríguez puede escucharme, a una cuestión. Nosotros, los grupos parlamentarios que asistimos a la reunión a la que asistió también el Grupo Popular en relación con una medida concreta sobre el personal laboral y la dificultad que tiene, no solo el Ayuntamiento de Las Palmas, también hay otros ayuntamientos, no tan grandes, no capitalinos, como Las Palmas, sino ayuntamientos como Candelaria, que no está gobernado por el Partido Popular, algunos otros ayuntamientos gobernados por otras fuerzas políticas, que tienen un problema respecto del régimen de empleo del personal laboral. El compromiso que asumimos los grupos parlamentarios que estábamos en aquella reunión era buscar una solución legal que encajara dentro del ordenamiento jurídico, de tal manera, sí, de tal manera, estaba un catedrático presente, como usted recordará, que venía asistiendo a la Fecam, era don Francisco Villar, catedrático de Derecho Administrativo, y lo que decíamos es que, a ver, que buscáramos la manera para que la norma no violara el Estatuto Básico del Empleado Público y pudiera, por tanto, ser una norma efectiva, ser real. O sea, lo que queremos, queremos y seguimos queriendo, por tanto manifiesto nuestra voluntad de encontrar un acuerdo en este asunto que permita la viabilidad de dar respuesta a la situación de algunos ayuntamientos de Canarias que tienen graves problemas con el reconocimiento del personal laboral, digamos de forma indefinida, sin que hasta este momento se haya podido encontrar, porque no hay marco legal suficiente por parte de los ayuntamientos, una respuesta.
Le tiendo, por tanto, la mano al Partido Popular en este asunto. La tendemos porque sé que, además, también lo hace el Grupo Parlamentario Socialista. Y me parece innecesario, de verdad se lo digo, don Jorge, el espetar, en fin, así, a miembros del Gobierno sobre la credibilidad o no, porque, en fin, al fin y al cabo, el compromiso asumido fue el que acabo de comentar, el compromiso sigue vigente, sigue vigente el compromiso, y, por tanto, la posibilidad que tengamos de articular una respuesta normativa a ese problema que existe en determinados ayuntamientos, sigue siendo una posibilidad que tanto el Grupo Socialista -asiente su portavoz- como yo en nombre de mi grupo manifestamos. Esto debe quedar claro.
Después hay un montón de asuntos, a los que ha podido contestar ya el portavoz socialista, el señor Fajardo, respecto a su enmienda de carácter... sobre la política fiscal, que quiero por lo menos transmitirle nuestra preocupación. Nuestro grupo ha pedido una comparecencia al consejero de Economía, Hacienda y Seguridad en torno a la incidencia que va a tener la reforma fiscal del Estado respecto a la financiación de las comunidades autónomas, porque cuando se incide, por ejemplo, sobre un impuesto como es el IRPF y se sabe que el 50 % de la recaudación del IRPF está vinculado a la financiación autonómica, especialmente a los servicios públicos, nos entra la preocupación en el sentido de, si finalmente de la reforma fiscal se produce una menor recaudación fiscal, qué incidencia va a tener esa menor recaudación fiscal en el funcionamiento de la sanidad, en el funcionamiento de la educación, en las prestaciones sociales. Y no soy yo el que tiene esa preocupación, fíjense ustedes que invocan con frecuencia estos parámetros de evaluación de los organismos europeos o agencias externas de calificación. Puedo comentarles, por ejemplo, lo que dice la agencia Moody's: la mayor parte del ajuste -dice Moody's-, considera la reforma fiscal que se planea en el 2015 y que la mayor parte del ajuste vendrá por la vía del gasto, mientras que la mejora del mercado laboral y las medidas para reducir el tamaño del sector público deberían permitir algunos ahorros adicionales; "sin embargo, creemos que serán necesarios recortes adicionales del gasto para alcanzar estos objetivos", apunta la calificadora de riesgos, que confía en que la relajación fiscal -fíjense-, que confía en que la relajación fiscal como consecuencia del impacto de las elecciones autonómicas de 2015 no hará descarriar los esfuerzos realizados en los últimos años, por lo que el déficit podría acabar el próximo año en el 4,8 % del PIB, 6 décimas por encima del objetivo.
En fin, yo deseo, no deseo mal al Gobierno de España en su proyección, deseo bien porque si se equivoca en los cálculos la incidencia sobre la recaudación fiscal va a producir incidencia sobre nuestros servicios, lo que no sé realmente es si existe una preocupación objetiva por parte de quienes han tomado la decisión respecto del funcionamiento de los servicios públicos, porque lo que sí parece, y lo dice la calificadora de riesgos, Moody's, lo que sí parece es que la reforma fiscal está vinculada a que hay un proceso electoral próximo, las elecciones autonómicas y locales de 2015 -no sabemos si generales-, y, por tanto, esto puede condicionar y está condicionando los objetivos de consolidación fiscal. Nosotros no podemos jugar con ese riesgo.
Creo, señor consejero, que usted ha actuado con una responsabilidad enorme, desde el punto de vista de su departamento, creo que el Gobierno en su conjunto lo ha hecho porque todos los datos acreditan que nuestra comunidad cumple, como la que más, los objetivos de déficit y de deuda pública. Creo que esto es básico para este momento en el que empiezan a producirse, una vez tocado suelo, los primeros indicadores pequeños, leves, ligeros, de mejora económica, pero que nos permite estar en una buena posición de salida. Si se tomaran decisiones vinculadas al proceso electoral sobre la política fiscal autonómica, pondríamos en riesgo la situación para el futuro y, por tanto, estaría usted asumiendo a costa del próximo gobierno que se constituya tras las elecciones autonómicas de 2015 un riesgo que a nosotros nos parece inasumible, porque tenemos la responsabilidad de gobernar para la ciudadanía, para los hombres y mujeres que requieren una prestación de servicio, con una dedicación de las administraciones públicas que es la única que garantiza la equidad, la igualdad, frente a aquellos que no pueden pagarse los servicios por sí mismos.
Por tanto, señor consejero, agradecemos que no sea esa la política que se refleja en este proyecto de ley por parte del Gobierno y queremos emplazarle a seguir manteniendo esa política fiscal que nos garantiza la sostenibilidad de los servicios públicos, teniendo en cuenta, por otra parte, que la decisión de no hacer factible la revisión del modelo de financiación autonómica puede seguirnos produciendo graves problemas en el funcionamiento de los servicios públicos en 2015, y este es un hecho objetivo. La prórroga, una vez más, de la decisión hace que una comunidad como la nuestra, 800 millones de euros respecto de la media, vaya a seguir sufriendo las consecuencias de una política o de una decisión equivocada que tenemos la obligación de corregir cuanto antes. Y el Gobierno de España, de acuerdo con el artículo 149.1.1ª de la Constitución, es el que tiene la primera responsabilidad para que la prestación de los servicios públicos fundamentales sea uniforme en el conjunto del Estado.
Por tanto, señoras y señores, creo que estamos en unas condiciones para dialogar sobre enmiendas al articulado y, naturalmente, tenemos que discrepar con todo fundamento respecto a la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular.
(El señor presidente hace sonar el timbre de llamada a la votación).(Pausa).
Terminado el debate de toma en consideración del proyecto de Ley de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias, vamos a votar, en primer lugar, la enmienda de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Resultado: 54 presentes; 20 a favor, 34 en contra, ninguna abstención.
Vamos a votar ahora, señorías, el texto de la ley con su... ay, perdón. Sí, sí, perdón, perdón (ante un comentario efectuado por el vicepresidente primero, Cruz Hernández). El texto de la ley no se puede votar hasta que no estén tramitadas las enmiendas, vamos, el proyecto de ley va ahora a comisión y a ponencia para su tramitación.
8L/PL-0021 Sobre De medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias.

References: resolución 
 artículo 67
 artículo 9
 artículo 81
 artículo 86
 Real Decreto 
 artículo 149