Source: http://boe.vlex.es/vid/ley-reguladora-mediacion-familiar-andalucia-55457673
Timestamp: 2015-04-26 11:29:02+00:00

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Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 55457673
Marginal:BOE-A-2009-5491
Fecha de Entrada en Vigor:13 de Septiembre de 2009
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. CAPÍTULO I. Disposiciones generales. CAPÍTULO II. - arts. 6 a 12
CAPÍTULO III. - arts. 13 a 18
CAPÍTULO IV. - arts. 19 a 27
CAPÍTULO V. Sección 1ª. Infracciones - arts. 28 a 32
Sección 2ª. Sanciones - arts. 33 a 36
Sección 3ª. Procedimiento sancionador - arts. 37 a 39
Disposición adicional única. Órgano de participación.
Disposición transitoria única. Disposiciones Finales. CONTENIDO
Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículos 1 a 39
La presente ley tiene por objeto regular las actuaciones de mediación familiar que se refieran a los supuestos del apartado 2 de este artículo, cuando se desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como su régimen jurídico.
De la mediación familiar y su finalidad
A efectos de la presente ley, se entiende por mediación familiar el procedimiento extrajudicial de gestión de conflictos no violentos que puedan surgir entre miembros de una familia o grupo convivencial, mediante la intervención de profesionales especializados que, sin capacidad de decisión sobre el conflicto, les asistan facilitando la comunicación, el diálogo y la negociación entre ellos y ellas, al objeto de promover la toma de decisiones consensuadas en torno a dicho conflicto.
Personas unidas por vínculo conyugal, o integrantes de parejas de hecho conforme a la definición dada por el artículo 3.1 de la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho.
Derechos de las partes en conflicto
Iniciar de común acuerdo el procedimiento de mediación familiar en los términos dispuestos en la presente ley, así como desistir del mismo en cualquier momento, notificándolo a la persona mediadora.
Recibir prestación gratuita de la mediación familiar de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 27.
Recusar al profesional o la profesional designado para el proceso de mediación, si se da alguna de las causas de abstención y recusación recogidas en el artículo 17.
Acceder al recurso de mediación familiar, abonando las correspondientes tarifas cuando se superen los límites fijados para la asistencia gratuita en virtud de lo establecido en el artículo 27.
Solicitar al Registro de Mediación Familiar de Andalucía el listado de personas mediadoras y designar de común acuerdo al profesional o la profesional que intervendrá en su proceso de mediación, excepto en los supuestos de mediación gratuita por alguna de las partes, en cuyo caso será el órgano encargado del Registro el que realice la designación, por turno de reparto.
Conocer previamente las características y finalidad del procedimiento de mediación, así como el coste aproximado del mismo, en los supuestos en que no proceda la gratuidad de la prestación.
Ser tratadas con el adecuado respeto y consideración durante el procedimiento de mediación.
Recibir copia del documento de aceptación, del acta de la sesión inicial, de los documentos de asistencia de las sesiones, así como del acta final, en la que se contenga el acuerdo alcanzado.
Presentar queja o reclamación por prestación inadecuada del servicio, insatisfacción con el mismo o incumplimiento de cualesquiera de los derechos que les asisten en la correspondiente hoja de reclamación, según la normativa vigente al efecto.
Cualquier otro derecho que se desprenda del contenido de la presente ley, así como de sus normas de desarrollo.
Deberes de las partes en conflicto
Cumplir el procedimiento de mediación familiar en todos sus términos.
Actuar de buena fe, de forma respetuosa y con predisposición a la búsqueda de acuerdos en todo el proceso de mediación familiar, velando por el interés superior de las personas menores de edad y de las personas en situación de dependencia.
Satisfacer, en su caso, los honorarios y gastos ocasionados a la persona mediadora, excepto para los supuestos de mediación gratuita.
Asistir personalmente a las sesiones del proceso de mediación.
Firmar el compromiso de aceptación de la mediación, los documentos de asistencia de las sesiones y las actas del procedimiento.
Cumplir con los acuerdos adoptados en el procedimiento de mediación familiar.
Cualquier otro deber que se establezca en la presente ley, así como en sus normas de desarrollo.
Interés de las personas menores de edad y de las personas en situación de dependencia
La persona mediadora, como tercera imparcial en el proceso, deberá ayudar a que las partes alcancen acuerdos mutuamente satisfactorios, sin tomar partido por ninguna de ellas.
La persona mediadora no podrá imponer soluciones o medidas concretas, tendrá en cuenta los intereses de quienes intervengan en el proceso, y respetará los distintos puntos de vista y la igualdad de las partes en la negociación.
Confidencialidad de la mediación familiar y secreto profesional de la persona mediadora
Artículos 13 a 18
La mediación familiar se efectuará por profesionales de titulación universitaria o título de grado en las disciplinas de Derecho, Psicología, Psicopedagogía, Sociología, Pedagogía, Trabajo Social o Educación Social, o cualquier otra homóloga de carácter educativo, social, psicológico o jurídico.
La persona mediadora deberá estar inscrita en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía.
Asimismo, la persona mediadora deberá acreditar:
La formación específica o la experiencia en mediación familiar en los términos que reglamentariamente se determine.
El cumplimiento de cualquier otro requisito exigido para el ejercicio de su función por la legislación vigente.
Equipos de personas mediadoras
Las personas mediadoras, que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13, podrán agruparse entre sí a través de las fórmulas que estimen más convenientes, con el objeto de fomentar la colaboración interdisciplinar entre profesionales, sin perjuicio de la necesaria actuación individual de un profesional o una profesional en cada procedimiento concreto de mediación.
Para poder constituir un equipo de personas mediadoras será requisito imprescindible que al menos tres de las personas integrantes del equipo tengan titulaciones distintas, dentro de las exigidas en el artículo 13.1.
Los equipos de personas mediadoras deberán estar inscritos en el Registro.
A excepción de la persona mediadora interviniente en el procedimiento concreto de mediación, el resto de profesionales que integren el equipo no tendrán relación alguna con las partes en conflicto, prestando únicamente apoyo, si es preciso, al profesional o la profesional interviniente.
Los miembros del equipo que presten apoyo a la persona mediadora no podrán exigir a las partes en conflicto honorarios o percepción económica alguna.
Derechos de la persona mediadora
Participar, cuando se solicite su intervención, en un proceso de mediación familiar.
Renunciar a iniciar un proceso de mediación, o a continuarlo desde el momento en que aprecie falta de voluntad por alguna de las partes o exista una imposibilidad manifiesta para llegar a un acuerdo, así como si concurre cualquier otra circunstancia que haga inviable el procedimiento.
Percibir los honorarios o cuantías económicas que correspondan. Los colegios profesionales podrán establecer honorarios orientativos en función de la complejidad y duración de la mediación familiar. En todo caso, para los supuestos de mediación gratuita serán establecidos reglamentariamente.
Recibir de las partes en conflicto una información veraz y completa.
Recibir asesoramiento del equipo de personas mediadoras en el que se encuentre inscrito en el Registro, si así se requiere, manteniendo la confidencialidad exigida.
Cualquier otro que se establezca en la presente ley y en sus normas de desarrollo.
Deberes de la persona mediadora
Informar a las partes en conflicto, previamente al inicio del proceso de mediación, de las características y finalidad del procedimiento, así como de su coste económico aproximado cuando no proceda la gratuidad de la prestación.
Conducir el procedimiento de mediación, facilitando la comunicación entre las partes para alcanzar un acuerdo satisfactorio para ellas, dentro de la legalidad vigente.
Ejercer la actividad mediadora conforme a la buena fe y a la adecuada práctica profesional, y en su caso respetando las normas deontológicas del colegio profesional al que pertenezca.
Velar en todas sus actuaciones por el interés preferente de los hijos e hijas menores y de las personas dependientes.
Propiciar que las partes tomen sus propias decisiones y que dispongan de la información y el asesoramiento suficientes para que desarrollen los acuerdos de manera satisfactoria libre, voluntaria y exenta de coacciones.
Mantener la neutralidad e imparcialidad, respetando las posiciones de las partes, y preservar su igualdad y equilibrio durante el proceso de mediación, dando efectivo cumplimiento, en su caso, al principio de igualdad por razón de género.
Redactar, firmar y entregar a las partes el documento de aceptación, las actas y los justificantes de la celebración y asistencia a las reuniones.
Mantener la reserva y el secreto profesional respecto de los hechos conocidos durante el curso de la mediación.
Velar por el cumplimiento de los principios establecidos en la presente ley.
Abstenerse de ofrecer a las personas en conflicto sus servicios fuera del campo de la mediación familiar o ejercer, con las mismas personas, otra función distinta de la mediación.
Cualquier otro establecido en la presente ley, así como en sus normas de desarrollo.
Son motivos de abstención para intervenir como persona mediadora:
Haber realizado actuaciones profesionales relacionadas con las titulaciones especificadas en el artículo 13.1, a favor o en contra de alguna de las partes.
Que exista vínculo de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado, amistad íntima o enemistad manifiesta entre la persona mediadora, ya actúe individualmente o como parte integrante del equipo de personas mediadoras, y alguna de las partes.
Que la persona mediadora tenga intereses económicos, patrimoniales o personales en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudieran influir los resultados de la mediación.
En los casos previstos en el apartado anterior, las partes en conflicto podrán promover la recusación de la persona mediadora en cualquier momento del proceso, en los términos que se determinen reglamentariamente.
Finalizado el proceso de mediación, cualquier profesional que haya ejercido como persona mediadora no podrá asistir o representar a ninguna de las partes en conflicto en un litigio posterior relacionado con ese proceso, debiendo comunicar al tribunal el haber ejercido de persona mediadora en caso de ser citado como testigo o designado como perito o perita.
Se crea el Registro de Mediación Familiar de Andalucía, que tendrá carácter administrativo y estará adscrito a la consejería competente en materia de familias.
Cualquier profesional que quiera desarrollar la mediación familiar como persona mediadora, o, en su caso, como parte integrante del equipo de personas mediadoras, además de reunir los requisitos exigidos por los artículos 13 y 14, respectivamente, de esta ley, deberá solicitar su inscripción en el Registro.
Reglamentariamente se regularán la organización y funcionamiento del Registro, así como el procedimiento de inscripción y las causas de cancelación, el régimen de acceso y la publicidad de su contenido.
Actuaciones de mediación familiar
Con carácter general, las partes en conflicto que no tengan reconocido el derecho a la mediación gratuita podrán solicitar del Registro que se les facilite la lista de personas mediadoras para designar ellas, de común acuerdo, al profesional o la profesional que intervendrá en el proceso de mediación familiar. A falta de acuerdo, la persona mediadora será designada conforme a lo establecido en el apartado siguiente, si así lo decidieran las partes.
En el supuesto de que cualquiera de las partes en conflicto tuviera reconocido el beneficio de mediación familiar gratuita, la designación de cada profesional se efectuará por el órgano encargado del Registro. La persona designada será aquella a quien corresponda por turno de reparto para la localidad donde se vaya a realizar el proceso de mediación.
La forma de notificación de la designación a la persona mediadora y el procedimiento para resolver las causas de abstención y recusación se determinarán reglamentariamente, siendo el órgano encargado del Registro el competente para resolver estos procedimientos.
Efectuada la primera reunión se levantará un acta inicial, donde constarán el lugar y fecha de celebración, las personas que hayan participado, el objeto de la mediación y la aceptación por las partes de los principios y deberes de la mediación. El acta será firmada por las partes y por la persona mediadora como prueba de entendimiento y aceptación de las condiciones de la mediación.
De cada una de las sesiones que se celebren se podrá redactar, a petición de cualquiera de las partes, el correspondiente documento justificativo de asistencia.
El procedimiento de mediación familiar finalizará con la sesión final, de la que se levantará la correspondiente acta, que deberá ser firmada por todas las partes en conflicto y por la persona mediadora, en prueba de conformidad.
La duración del procedimiento dependerá de la naturaleza, complejidad y conflictividad de las cuestiones objeto de mediación planteadas por las partes, si bien la persona mediadora, a la vista de las circunstancias anteriores, realizará una previsión razonable de su duración, que no podrá exceder de tres meses, a contar desde que se levante el acta inicial.
No obstante, cuando se aprecie la necesidad de ampliar el plazo previsto en el apartado anterior para la consecución del acuerdo, se podrá proponer que se prorrogue por un período que no excederá de otros tres meses.
Desistimiento libre y voluntario de cualquiera de las partes en conflicto.
Cualquier otra causa que se desprenda del contenido de la presente ley y de sus normas de desarrollo.
Los acuerdos que se adopten versarán sobre los conflictos establecidos en el artículo 1.2 que hayan sido tratados en el proceso de mediación.
El contenido de los acuerdos podrá incluir toda o una parte de los conflictos y deberá respetar las normas de carácter imperativo establecidas en la legislación vigente. Una vez firmados, serán vinculantes, válidos y obligatorios para las partes, siempre y cuando en ellos concurran los requisitos necesarios para la validez de los contratos.
En todo caso, los acuerdos que se adopten tendrán como prioridad el interés superior y el bienestar de las personas menores y de las dependientes.
Supuestos de gratuidad de la prestación
Si el beneficio de la mediación familiar gratuita solo le fuera reconocido a alguna de las partes en conflicto, la otra parte o partes tendrán que abonar el coste de la mediación que proporcionalmente les corresponda, con arreglo a las tarifas que reglamentariamente se establezcan.
Reconocido el derecho a la mediación gratuita y concluido el procedimiento de mediación sin que las partes hayan alcanzado acuerdo alguno, se podrá solicitar nuevamente la mediación gratuita, para la resolución del mismo conflicto, una vez transcurrido un año desde la finalización del proceso.
Artículos 28 a 39
Artículos 28 a 32
Se consideran infracciones administrativas las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas por la presente ley que sean imputables a la persona mediadora en el ejercicio de las funciones de mediación, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden en que pueda incurrir.
Las infracciones se clasifican en leves, graves o muy graves.
El incumplimiento de cualquier otro deber que incumba a la persona mediadora, contenido en el artículo 16 de la ley, que no esté calificado como infracción grave o muy grave.
La comisión de la tercera falta leve en el término de un año.
El cobro de compensación económica u honorarios o gastos por la actividad mediadora, en aquellos supuestos en que las partes tengan reconocida la gratuidad de la misma.
El incumplimiento del deber de confidencialidad y secreto profesional, salvo los supuestos previstos en el artículo 16, letra h.
La comisión de una infracción, cualquiera que sea, cuando el autor o autora haya sido sancionado por resolución firme por la comisión de dos faltas graves en el término de un año.
Participar en procedimientos de mediación estando suspendido para ello, o ejercer la mediación familiar prevista en la presente ley sin estar inscrito en el Registro.
Artículos 33 a 36
Las infracciones leves podrán ser sancionadas con:
Multa de hasta 300 euros.
Suspensión temporal para ejercer como persona mediadora por un período de entre tres meses y un año.
Multa desde 301 hasta 6.000 euros.
Suspensión temporal para ejercer como persona mediadora por un período de entre un año y un día y tres años.
Multa desde 6.001 hasta 15.000 euros.
La gravedad del perjuicio físico, psíquico, moral o económico ocasionado a las partes implicadas en el procedimiento de mediación, cuando no se haya tenido en cuenta para tipificar la infracción.
El grado de intencionalidad o negligencia en la acción u omisión.
El beneficio económico obtenido por la persona infractora de forma que la sanción que se le imponga no sea inferior al beneficio obtenido con la comisión de la infracción.
La reincidencia o reiteración, cuando no se haya tenido en cuenta para tipificar la infracción.
El incumplimiento de advertencias o requerimientos previos por la Administración.
La gravedad del riesgo o peligro creado para las partes o personas implicadas en el procedimiento.
A los efectos de la letra e del apartado anterior, se entenderá que existe reincidencia cuando se haya cometido, en el término de un año, más de una infracción de la misma naturaleza, declarado así por resolución firme en vía administrativa.
El ejercicio de la potestad sancionadora se efectuará previa instrucción del oportuno procedimiento, conforme a lo dispuesto en el capítulo II del título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , y en las demás normas reglamentarias que resulten de aplicación.
Si en cualquier momento del procedimiento se considerase que las infracciones cometidas pudieran ser constitutivas de delito o falta, el órgano competente dará traslado al Ministerio Fiscal, suspendiéndose el procedimiento sancionador hasta que adquiera firmeza la resolución judicial dictada. No obstante, la suspensión no alcanzará a la ejecutividad de las medidas cautelares adoptadas para restablecer el orden jurídico vulnerado.
Asimismo, la instrucción de causa penal ante los Tribunales de Justicia suspenderá la tramitación del procedimiento administrativo sancionador que se hubiera incoado por los mismos hechos y, en su caso, la ejecución de los actos administrativos de imposición de sanción.
La sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa cuando exista identidad de sujeto, hechos y fundamento.
Si la autoridad judicial acordase el archivo de las actuaciones o dictase auto de sobreseimiento o sentencia absolutoria, la Administración podrá continuar el procedimiento sancionador, basándose en los hechos que la jurisdicción competente haya considerado probados, salvo que la resolución se fundamente en la inexistencia misma de los hechos.
Sevilla, 27 de febrero de 2009.–El Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves González.
(Publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 50, de 13 de marzo de 2009.)
Ley de Mediación Familiar de Castilla y León (Ley 1/2006, de 6 de abril)
Ley de Mediación Familiar (Ley 3/2007, de 23 de marzo)
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 26 de mayo de 1999 por la que se desarrolla el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre.
REAL DECRETO 974/1995, de 16 de Junio, por el que se modifican los Estatutos del Colegio nacional de Doctores y Licenciados en ciencias politicas y Sociologia.
Real Decreto 485/2001, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 2001/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos colorantes autorizados para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización.

References: artículo 3
 artículo 27
 artículo 17
 artículo 27
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 resolución 
 artículo 1
 resolución 
 artículo 16
 artículo 16
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 

REAL DECRETO 

Real Decreto 
 Real Decreto