Source: https://corte-suprema-justicia.vlex.cl/vid/concesiones-iquique-s-ilustre-701344109
Timestamp: 2019-12-08 11:24:10+00:00

Document:
Causa nº 25139/2017 (Casación). Resolución nº 24 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 18 de Enero de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 701344109
Rol de Ingreso: 25139/2017
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación: 244-2016 - C.A. de Iquique
Rol de Ingreso en Primer Instancia: C-1926-2014 - 3º JUZGADO DE LETRAS DE IQUIQUE
Vistos: En estos autos rol N° 25.139-2017, provenientes del Tercer Juzgado Civil de Iquique, caratulados "Concesiones Iquique S.A. con Municipalidad de Iquique”, sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios, se dictó sentencia de primera instancia que acogió la demanda, condenando a la demandada al pago de una indemnización de 10.233,99 Unidades de Fomento por concepto de daño emergente y que corresponde a las rentas que la Concesionaria dejó de percibir respecto de nueve locales comerciales dados en arrendamiento a terceros, más los intereses legales y reajustes conforme a la variación del índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, desde que el fallo quede firme y ejecutoriado, rechazándose la demanda en lo demás.
Impugnado que fuera dicho fallo, la Corte de Apelaciones de Iquique lo confirmó.
Que en un primer capítulo, el recurso de nulidad sustancial delata conculcado el artículo 1545 del Código Civil, lo que se produce al infringir los sentenciadores el contrato de concesión celebrado entre las partes, y que sirve de fundamento a las pretensiones reclamadas por la actora. Añade que se ha producido una errónea aplicación de la ley del contrato al haberse fijado incorrectamente el alcance de éste, imputándole a su parte el incumplimiento de una obligación genérica consistente en realizar todas las acciones dentro de la esfera de su competencia, para propender a mantener el equilibrio de los factores originalmente contemplados en el contrato, y así extender sus obligaciones a todo el ámbito de competencia de la Municipalidad demandada, circunstancia que constituye un error.
Indica que la referida obligación se encuentra contemplada en la cláusula 10° del contrato de concesión y en las bases administrativas, pero en ellas no se señala que ella sea de carácter genérico y que extienda todas las obligaciones de la Municipalidad en su calidad de ente público, o en las que tenga competencia y atribuciones, como es entregar patentes comerciales, contemplada en la Ley de Rentas Municipales.
Explica que su parte suscribió un contrato de naturaleza privada, y se entiende que mantiene ese carácter para todos los efectos, salvo las excepciones relativas a las facultades exorbitantes, no pudiendo extenderse las obligaciones suscritas en él a las atribuciones públicas entregadas al ente público estatal, el que actuando en el ámbito o esfera del Derecho Privado lo hace en un plano de igualdad de condiciones, pues de lo contrario, las atribuciones de un ente público podrían ser alteradas con la mera suscripción de un instrumento de naturaleza privada.
Indica que, de acuerdo al artículo 108 de la Constitución Política de la República, se desprende que las Municipalidades no pueden abandonar, ceder o traspasar el ejercicio de sus atribuciones y tampoco quedar en situación que les impida orientarse hacia la consecución de los objetivos previstos en la Carta Fundamental, razonamiento que se ve ratificado por el artículo 5 de la Ley N°18.695 Orgánica de Municipalidades.
Afirma que se infringe el artículo 1545 del Código Civil, pues la obligación de entregar patentes comerciales no tiene su fuente en el contrato, sino que en la ley, por lo que no puede ser incumplida contractualmente y menos ser fuente de responsabilidad civil, pues esa obligación tiene una fuente que escapa al contrato y que tiene su origen en los artículos 23 y siguientes de la Ley de Rentas Municipales.
Que en un segundo capítulo del recurso denuncia la infracción de los artículos 1706 y 1698 del Código Civil, con relación al artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, lo que se produce al vulnerarse las normas reguladoras de la prueba.
Expone que la sentencia recurrida reproduce en todas sus partes el fallo del juez a quo que estableció como un hecho de la causa que la parte demandante arrendó los locales comerciales, respecto de los cuales obtuvo el respectivo permiso de edificación, sin que haya podido obtener de la demandada las patentes comerciales que permitían su explotación.
Indica que es la existencia de estos contratos de arrendamiento la que genera, según los dichos de la actora, el supuesto perjuicio reclamado, lo que se dio por establecido con el mérito de los documentos acompañados. Sin embargo, considera que era de carga de esa parte también acreditar la existencia de la obligación, el perjuicio y su monto, lo que no se realizó.
En este contexto, explica que el juez a quo no consideró un hecho relevante en el curso de los referidos contratos y que tenía importancia para desvirtuar la existencia del perjuicio o su monto, esto es, la terminación ipso facto del mismo, lo que de acuerdo al tenor de ese instrumento se produciría si operaba una condición negativa y resolutoria, que en efecto se cumplió, pues en la cláusula 4.3 del contrato de arrendamiento se estipula expresamente que la arrendataria sería responsable, entre otras obligaciones, de la obtención de las autorizaciones, permisos y patentes municipales necesarias, y en caso de que la autoridad respectiva denegara el permiso o autorización, el contrato terminaba de pleno derecho en forma inmediata, debiendo la arrendataria restituir el local sin necesidad de requerimiento judicial.
Explica que en el caso de autos, es un hecho que la autoridad municipal negó la respectiva patente municipal, verificándose el hecho futuro e incierto contemplado en el contrato de arriendo para la terminación ipsofacto del mismo. Por ello, estima que encontrándose extinguidos de pleno derecho los contratos de arrendamiento desaparece el fundamento de las obligaciones demandadas, vulnerándose con ello el artículo 1698 del Código Civil al tener por acreditado el perjuicio provocado con el mérito de un contrato inexistente y que por el contrario, correspondía limitar la existencia de los perjuicios únicamente a la fecha en que aún no había operado la condición resolutoria tácita.
Señala que la terminación ipso facto de los referidos contratos impide que pueda realizarse una liquidación de la cuantía de los perjuicios sufridos por la demandante, haciendo improcedente cualquier indemnización, vulnerándose con ello el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, pues no existen en el proceso elementos que permitan determinar a cuánto ascenderían estos perjuicios.
Expone que también se infringe el artículo 1706 del Código Civil al restar valor probatorio a un hecho que desvirtúa la existencia y valoración del perjuicio, omitiéndose el análisis completo de los contratos acompañados, sin que se pueda acreditar la existencia de éstos durante el tiempo en que los contratos efectivamente se encontraban vigentes.
Que finalmente, denuncia la infracción del artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, norma jurídica que prescribe que las sentencias deben pronunciarse conforme al mérito del proceso, sin que el fallo recurrido se refiera en ninguno de sus motivos al término del contrato de arriendo que fundamenta el perjuicio reclamado por la actora, lo que configura una infracción de ley.
Que, en lo que concierne a la influencia de los vicios denunciados en lo dispositivo de lo resuelto, alega la recurrente que de no haberse incurrido en los errores de derecho denunciados, interpretando equivocadamente la cláusula 10° del contrato suscrito entre las partes, no se puede dar por acreditado el incumplimiento...

References: Resolución 
 artículo 1545
 artículo 108
 artículo 5
 artículo 1545
 artículo 173
 artículo 1698
 artículo 173
 artículo 1706
 artículo 160