Source: https://tc.vlex.es/vid/2003-stc-36429965
Timestamp: 2020-02-22 22:51:38+00:00

Document:
STC 29/2008, 20 de Febrero de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 36429965
Número de Recurso: 1907-2003
Recursos de amparo 1907-2003 y 1911-2003 (acumulados). Promovidos por don Alberto Cortina de Alcocer y otro respecto a la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que les condenó por delitos de falsedad en documento mercantil y estafa en perjuicio de los socios minoritarios de la sociedad mercantil Urbanor. Supuesta vulneración de los derechos a un proceso con garantías, a la presunción de inocencia, a la prueba y a la legalidad penal: sentencia de casación penal que condena sin incongruencia en relación con la prejudicialidad civil, sin necesidad de celebrar vista pública y sin recurso ulterior; pruebas de cargo suficientes, incluidas las declaraciones sumariales de un testigo que no pudo comparecer en el juicio; interpretación del tipo penal del delito de estafa previsible. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: apreciación sobre la prescripción del delito que no ofrece una tutela reforzada de la libertad personal del acusado al interpretar la ley vigente (STC 63/2005). Voto particular.
Sentencia citada en: 2173 sentencias, 31 artículos doctrinales, 3 temas prácticos, 2 resoluciones administrativas, una noticia
STC 29/2008, de 20 de febrero de 2008
Mediante dos escritos registrados en este Tribunal con fecha de 1 de abril de 2003 el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación de don Alberto Cortina de Alcocer y de don Alberto de Alcocer Torra, interpuso otros tantos recursos de amparo contra la resolución judicial mencionada en el encabezamiento de esta Sentencia.
Las dos demandas de amparo se basan esencialmente en los siguientes hechos:
Sobre la base de la supuesta falsedad cometida por medio de una carta que, con fecha de 23 de noviembre de 1987 y aparentemente firmada por Richard M. Robinson en nombre de la sociedad KIO, se hizo llegar a los socios minoritarios de la entidad Urbanor, S.A., ofertándoles la compra de unos derechos de suscripción preferente (derechos que, en definitiva, se traducían en la propiedad de unos solares sobre los que posteriormente serían edificadas las llamadas “torres KIO”) por un precio inferior (150.000 pesetas por metro cuadrado) al supuestamente pactado con los socios mayoritarios de dicha entidad (don Alberto Cortina de Alcocer y don Alberto de Alcocer Torra) de 231.000 pesetas por metro cuadrado, los primeramente citados presentaron, con fecha de 6 de enero de 1993 —un día antes del vencimiento del plazo de prescripción—, una querella criminal —sin firma y sin acompañarla del preceptivo poder especial— contra los segundos por delitos de falsedad en documento mercantil y de estafa, querella que, tenida por presentada a los “únicos fines registrales y de control” por Auto del Juzgado de 20 de enero de 1993, que acordó también su ratificación por los querellantes, no fue formalmente subsanada sino hasta pasados dos meses desde su inicial presentación y una vez ya transcurrido el plazo de prescripción de cinco años, que había vencido el 7 de enero de 1993.
Por Sentencia de 29 de diciembre de 2000 la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, tras afirmar que los acusados habían cometido efectivamente dichos delitos, declaró en su fundamento de derecho octavo que los mismos se encontraban “claramente prescritos”, dado que, aun partiendo de la interpretación más favorable al ejercicio de la acción penal que identifica la expresión contenida en el art. 114.2 del Código penal (CP 1973) en materia de interrupción del plazo de prescripción (“desde que el procedimiento se dirija contra el culpable”) con la simple presentación de una querella sin necesidad de que se haya producido su admisión, al haber sido presentada la querella en la fecha más arriba indicada (6 de enero de 1973) sin firma del querellante y sin poder especial del procurador de ningún modo podía concluirse que en dicha fecha se hubiera presentado, en verdad, querella alguna. De manera que, habiendo sido admitido por todas las partes que el dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción era el de la venta de los derechos de suscripción preferente de acciones por parte de los socios minoritarios de Urbanor —esto es: el 7 de enero de 1988— el plazo de prescripción legalmente establecido de cinco años había concluido el 7 de enero de 1993, sin que en dicha fecha se hubiera presentado querella eficaz alguna hasta que el 9 de marzo de 1993 (una vez prescritos ya los delitos) se procedió a su ratificación por uno de los querellantes. En consecuencia la Sala absolvió a los demandantes de amparo de los delitos de los que venían acusados al considerarlos prescritos y extinguida su responsabilidad penal por los mismos.
Contra esta Sentencia absolutoria dictada en instancia presentaron recurso de casación las acusaciones particulares, el Ministerio Fiscal y también la representación de los demandantes de amparo, por entender éstos últimos que las afirmaciones vertidas en la misma acerca de la comisión por su parte de los delitos que les habían sido imputados constituía una lesión de varios de sus derechos fundamentales, pese a que finalmente hubiesen resultado absueltos por motivo de apreciarse que dichos delitos habían prescrito. Tanto las acusaciones particulares como el Ministerio Fiscal atacaron en sus respectivos recursos la conclusión alcanzada por el Tribunal de instancia acerca de la prescripción de los delitos imputados a los demandantes de amparo. Examinado dicho motivo de casación por la Sala Segunda, el órgano casacional concluyó, en contra de lo decidido por la Audiencia, que, pese a no haberse acompañado la querella presentada contra los Sres. Cortina y Alcocer del preceptivo poder especial, de acuerdo con la doctrina sostenida por la Sala en los últimos tiempos “la simple presentación de una querella o denuncia en el Juzgado” constituye “una actuación procedimental susceptible de subsumirse bajo la expresión legal ‘dirigir el procedimiento contra el culpable”, ya que sería posible “otorgar a la querella la condición de cauce legítimo para poner en conocimiento del Tribunal un hecho delictivo perseguible de oficio (notitia criminis)”. Dicho de otra manera: a juicio de la Sala Segunda, la querella defectuosamente presentada contra los Sres. Cortina y Alcocer “tuvo la virtualidad de integrar una denuncia”, ya que, aun carente de poder especial, bastaba “con la firma o suscripción del mandatario con poder general para trasladar al Tribunal la notitia criminis que debió obligarle a actuar, al tratarse de delito perseguible de oficio, sin perjuicio de que la ulterior ratificación de la querella permitiera la atribución de la condición de parte procesal en la causa al querellante”. En consecuencia el referido motivo de casación fue estimado, declarándose que los delitos imputados a los demandantes de amparo no habían prescrito; por el contrario los motivos de casación planteados por éstos fueron desestimados en su totalidad, siendo condenados, como autores responsables de un delito de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa, con la circunstancia modificativa de la responsabilidad de especial gravedad en atención al valor de lo defraudado estimada como muy cualificada, a la pena de un año de prisión menor y multa por importe de 6.000 euros por el primero de dichos delitos, con 50 días de arresto sustitutorio en caso de impago, y de dos años y cuatro meses de prisión por el delito de estafa, debiendo asimismo responder solidariamente y por mitades de las indemnizaciones señaladas en la resultancia probatoria de la Sentencia de instancia, siendo responsables civiles subsidiarias las entidades Construcciones y Contratas, S.A., y Corporación Financiera Hispánica, S.A. La Sentencia dictada en sede de casación fue notificada a la representación de los demandantes de amparo el mismo día 14 de marzo de 2003.
Notificada la Sentencia a las partes, por la representación de los demandantes de amparo se presentó una solicitud de aclaración de determinados extremos de la misma que fue resuelta por Auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2003 en un sentido que en nada afecta a las cuestiones planteadas en el presente recurso de amparo.
De acuerdo con el orden de exposición desarrollado en la demanda de amparo presentada por el Sr. Cortina de Alcocer, se atribuye a la resolución recurrida la vulneración de los siguientes derechos fundamentales: 1) derechos a un proceso con todas las garantías, a la utilización de los medios de prueba pertinentes y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE); 2) derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE); 3) derecho a la igualdad ante la Ley (art. 14 CE); 4) derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE); y 5) derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE).
Se aduce, en primer lugar, que los órganos judiciales han realizado una interpretación “extravagante” de dos de los elementos típicos del delito de estafa: el “engaño bastante” y el “perjuicio patrimonial”. Con cita expresa de las SSTC 137/1997 y 151/1997 se sostiene que, en el caso de autos, la Sala Segunda ha sustituido el primero de dichos elementos típicos por la necesidad de que concurra en la estafa, no ya un engaño bastante para producir error, sino un engaño eficaz para producir “sus efectos defraudadores” (FJ 11: “el engaño ha de entenderse bastante cuando haya producido sus efectos defraudadores”); interpretación que se extiende más allá de lo permitido por el texto legal y que, por consiguiente, se considera contra legem y lesiva del derecho a la legalidad penal. De haberse exigido, por el contrario, como requisito del engaño que fuera bastante para producir error en los querellantes, obviamente la conclusión tendría que haber sido distinta, por cuanto: 1) se trataba de profesionales del sector inmobiliario con amplia experiencia; 2) las condiciones reales de la venta de los terrenos habían sido divulgadas por la prensa; y 3) los querellantes contrataron directamente con KIO la cesión de sus derechos de suscripción. En realidad se habría procedido a reemplazar el referido elemento típico por una especie de infracción de los deberes de lealtad existentes entre los socios que nada tiene que ver con el tipo penal de la estafa y que, por ello mismo, convierte su aplicación al presente caso en un hecho sorpresivo y contrario a las más mínimas exigencias de seguridad jurídica. Semejante identificación entre engaño eficaz y engaño bastante habría constituido, pues, una interpretación irracional, en cuanto ajena al tenor literal de la norma y a las pautas compartidas de argumentación jurídica que rigen su análisis.
Se considera asimismo vulnerado el derecho del actor a la legalidad penal por motivo de la interpretación dada en las Sentencias de instancia y de casación al elemento del delito consumado de estafa, consistente en la exigencia de producción de un “perjuicio patrimonial”. Pues, según se razona, si por perjuicio ha de entenderse la diferencia patrimonial negativa existente entre el antes y el después del acto de disposición patrimonial (en este caso: de la transmisión de los solares propiedad de Urbanor, S.A., a KIO), no se ve en qué modo habrían podido ser perjudicados los querellantes por haber recibido en contrapartida un precio que no sólo era muy superior al que por dichos terrenos habían pagado, sino que, en cualquier caso, fue considerado adecuado por quienes —se insiste una vez más en ello— eran profesionales avezados con una amplia experiencia en el mercado inmobiliario. Se habría producido, además, en las Sentencias recurridas, una extraña asimilación del concepto de “precio de mercado” a la cantidad que estaban dispuestos a pagar los adquirentes por los indicados terrenos, lo que supone una subjetivización absoluta de dicho concepto y conduce a una interpretación extravagante de este elemento típico. El perjuicio habría consistido aquí en que los querellantes, en lugar de haber vendido a 231.000 pesetas / metro cuadrado, lo habrían hecho sólo a 150.000 pesetas / metro cuadrado; pero ese defecto de ganancia no equivaldría a una pérdida patrimonial en el sentido requerido por el tipo penal del delito de estafa, ya que, según constantes doctrina y jurisprudencia, en dicho delito la determinación del perjuicio responde a criterios objetivos de daño emergente, traducidos en términos de pérdida patrimonial efectiva y no en términos de lucro cesante. En ambas Sentencias se reconoce, por lo demás, que el precio de 150.000 pesetas por metro cuadrado recibido por los querellantes, no sólo les pareció adecuado, sino que les supuso la obtención de importantes beneficios en comparación con el precio de compra que por los solares de referencia habían satisfecho en su momento. Así las cosas, calificar los hechos a título de estafa supone una interpretación irracional de los elementos típicos de este delito, y entre ellos del resultado del mismo, que resulta lesiva del derecho a la legalidad penal al incurrir en irracionalidad de naturaleza semántica, metodológica y axiológica.
Todavía en este plano de quejas relativas a la infracción del derecho consagrado en el art. 25.1 CE, puesto esta vez en relación con el derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión, se cuestiona en la demanda la interpretación ofrecida por la Sentencia dictada en sede de casación acerca de la interrupción del plazo de prescripción, considerándose que dicha interpretación es extensiva in malam partem y, además, manifiestamente irracional y arbitraria, en tanto que opuesta al fundamento y fines de esta institución; ya que, de un lado, habría ido más allá del significado literal posible de los términos utilizados en el art. 114 CP de 1973 toda vez que la mera presentación de una querella criminal no puede ser interpretada como un acto procesal si no es forzando la letra de la ley (nuevamente se citan aquí las SSTC 137 y 151/1997; se cita también el ATC 904/1987, de 15 de julio, en cuyo FJ 4 se admite que a través de la prescripción puede resultar afectado el derecho a la legalidad penal siempre y cuando su no apreciación venga dada por “una exigencia en sus requisitos que represente una abierta extralimitación de los arts. 113 y 114 CP”). Según se expone en la demanda la expresión contenida en dicho precepto en relación con el momento interruptivo del plazo de prescripción (“cuando el procedimiento se dirige contra el culpable”) no puede ser interpretada sino como coincidente con el momento en que se dicta una resolución judicial admitiendo la querella o acordando la incoación del procedimiento, y no con el momento de presentación de la misma que, en el caso de autos, ni tan siquiera fue formalmente correcta. No se habla en dicho precepto de entablar una acción penal, en cuyo caso sería posible tal interpretación, sino de “dirigir el procedimiento”, para lo cual tienen que producirse necesariamente actos procesales. Así lo habría interpretado el propio Tribunal Supremo en numerosas ocasiones (se cita, a este respecto, la STS de 26 de febrero de 1993). Cualquier otra interpretación sería extensiva y, por ende, contraria al derecho a la legalidad penal. Con mayor razón aún cuando, como aquí sucede, ni siquiera se trata de una querella o denuncia válida sino de una simple notitia criminis, según se reconoce en la Sentencia dictada en casación por la Sala Segunda. Además dicha interpretación resulta contraria a la exigencia de seguridad jurídica, dada su absoluta falta de previsibilidad.
Finalmente el derecho a la legalidad penal también se considera infringido por haberle sido aplicada al Sr. Cortina una norma, el art. 114 CP, basada en una interpretación desfavorable que fue adoptada con posterioridad a la comisión de los hechos que se le imputaron, ya que no era la mantenida en dicho momento por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Dicha interpretación, por lo tanto, de ningún modo le pudo ser previsible. Si las normas que regulan la prescripción son normas penales y, por lo tanto, están sujetas al principio de irretroactividad de la ley posterior desfavorable, este mismo principio sería aplicable a las interpretaciones jurisprudenciales de dichas normas. Dicho de otra manera: las modificaciones de una jurisprudencia estable no pueden aplicarse retroactivamente sin con ello lesionar intolerablemente la seguridad jurídica de los ciudadanos (se citan a este respecto algunas decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos).
Por lo que se refiere a la demanda de amparo presentada por don Alberto de Alcocer Torra debe advertirse, con carácter previo, que las vulneraciones de derechos fundamentales que en ella se invocan coinciden casi exactamente con las aducidas por el Sr. Cortina de Alcocer en el recurso de amparo núm. 1907-2003. Habida cuenta de esta coincidencia en los planteamientos, nos limitaremos a destacar en este punto tan sólo los aspectos diferenciales que presenta el recurso de amparo núm. 1911-2003 respecto de su predecesor.
5) Invoca finalmente el recurrente, en forma interrelacionada, la lesión de sus derechos a la presunción de inocencia y a la legalidad penal por haberse basado la condena que le fue impuesta en “deducciones indiciarias contrarias a las reglas de la lógica y de la experiencia para el establecimiento de los hechos probados, especialmente (pero no exclusivamente) en relación con la imputación a mi representado de la falsificación de determinada carta de 23 de noviembre de 1987, y no existir la mínima prueba de cargo suficiente”. Entre esas “deducciones indiciarias” o “inferencias” contrarias a “las reglas de la lógica, del criterio humano o de la experiencia en los términos exigidos para desvirtuar la presunción de inocencia” se destacan las que habría llevado a cabo la Sentencia de instancia para imputar al demandante de amparo, junto al coprocesado Sr. Cortina de Alcocer, la falsificación de una carta, de fecha 23 de noviembre de 1987, pese a que dicho documento, del que únicamente obra en autos una fotocopia, no había sido objeto de prueba alguna que hubiera permitido identificar y objetivar cuál había sido la “manipulación” atribuible al recurrente. También se combate, “más allá del ámbito de lo indiciario”, el proceso de valoración de la prueba que condujo a los órganos judiciales de instancia y de casación, o bien a “prescindir por completo de determinados medios probatorios”, o bien a optar por otros “ampliamente contradichos”.
Por escrito presentado con fecha de 9 de julio de 2003 el entonces Magistrado de este Tribunal don Tomás S. Vives Antón manifestó su intención de abstenerse de intervenir en la presente causa por motivo del trabajo de un familiar en el despacho de uno de los Letrados que habían asumido la defensa de los intereses de los demandantes de amparo. Dicha abstención fue aceptada por Acuerdo de fecha 10 de julio de 2003, quedando consiguientemente modificada la composición de la Sala para conocer de los presentes recursos de amparo.
Por medio de dos providencias, de fecha 15 de julio de 2003, la Sala Segunda acordó conocer de los recursos de amparo núms. 1907-2003 y 1911-2003, interpuestos ambos por el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén en nombre de don Alberto Cortina de Alcocer y don Alberto de Alcocer Torra, respectivamente, así como dirigir atenta comunicación a los órganos judiciales de instancia y de casación a fin de que, en un plazo no superior a diez días, remitieran fotocopia adverada del conjunto de las actuaciones ante ellos practicadas, solicitando al propio tiempo a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid que procediera a emplazar a quienes, a excepción de los demandantes de amparo, fueron parte en el procedimiento para que, también en un plazo máximo de diez días, pudiesen comparecer en los presentes recursos de amparo si ese fuera su deseo.
Por otras dos providencias de esa misma fecha la Sala Segunda acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 56 LOTC, conceder un plazo común de tres días al Ministerio Fiscal y a los demandantes de amparo para que, dentro de dicho término, alegaran cuanto estimasen procedente en relación con la petición de suspensión interesada.
Por medio de dos escritos, registrados en este Tribunal con fecha 23 de julio de 2003, el Procurador de los Tribunales don Victorio Venturini Medina solicitó ser tenido por comparecido y parte en ambos recursos de amparo en nombre y representación de don Pedro Sentieri Cardillo. Por otros cuatro escritos de fecha 31 de julio de 2003 ese mismo Procurador formuló idéntica solicitud en nombre de don Luis García Alarcón y de don Francisco Castelló Piera. Por dos escritos de fecha 1 de agosto de 2003, el Procurador de los Tribunales don Manuel Sánchez-Puelles y González-Carvajal se personó en ambos recursos de amparo en nombre de doña Paloma San Martín Martín-Pozuelo y de don Eduardo Benzo Perea. Lo mismo hicieron el Procurador de los Tribunales don Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de doña María Pilar San Martín Abad, don ángel Odériz Divassón, doña María Teresa San Martín Abad y don Alberto Sagües Agudo, por medio de dos escritos de fecha 8 de agosto de 2003, y el Procurador de los Tribunales don Florencio Aráez Martínez en nombre y representación de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A,. y Corporación Financiera Hispánica, S.A, por medio de dos escritos de fecha 4 de septiembre de 2003.
Por medio de dos escritos, de fecha 4 de marzo de 2004, el Procurador de los Tribunales don Victorio Venturini Medina presentó, en nombre de don Pedro Sentieri Cardillo, sus alegaciones a los recursos de amparo núms. 1907-2003 y 1911-2003, en las que concluía interesando la denegación del amparo solicitado por don Alberto Cortina de Alcocer y por don Alberto de Alcocer Torra..
Por medio de dos escritos de fecha 4 de marzo de 2004 el Procurador de los Tribunales don Victorio Venturini Medina formuló, en nombre de don Francisco Castelló Piera, sus alegaciones a los recursos de amparo núms. 1907-2003 y 1911-2003, en las que concluía interesando la desestimación de los mismos por razones sustancialmente similares a las expuestas en el apartado anterior de estos antecedentes.
Por medio de dos escritos de fecha 8 de marzo de 2004 el Procurador de los Tribunales don Victorio Venturini Medina formuló, en nombre de don Luis García Alarcón, sus alegaciones a los recursos de amparo núms. 1907-2003 y 1911-2003, en las que también concluía interesando la desestimación de los mismos por razones sustancialmente similares a las ya expuestas.
Por medio de dos escritos de fecha 8 de marzo de 2004 el Procurador de los Tribunales don Manuel Sánchez-Puelles y González Carvajal, en nombre y representación de doña Paloma San Martín Martín-Pozuelo y de don Eduardo Benzo Perea, cumplimentó el trámite de alegaciones correspondiente a ambos recursos de amparo, oponiéndose también a la estimación de los mismos por considerar no concurrentes ninguno de los motivos de amparo aducidos.
Por otros dos escritos, de fecha 8 de marzo de 2004, el Procurador de los Tribunales don Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de doña Maria Pilar San Martín Abad y otros, presentó sus alegaciones a los recursos de amparo 1907-2003 y 1911-2003, alegaciones cuya síntesis se omite al ser sustancialmente idénticas a las ya expuestas en estos antecedentes.
Mediante dos escritos de fecha 8 de marzo de 2004 el Procurador de los Tribunales don Florencio Aráez Martínez cumplimentó el trámite de alegaciones en nombre y representación de Fomento de Construcciones y Contratas y Corporación Financiera Hispánica, entidades condenadas a título de responsables civiles subsidiarias, limitándose a solicitar que se concediera el amparo a los Sres. Cortina y Alcocer.
Por otros dos escritos, de fecha 8 de marzo de 2004, el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación, respectivamente, de don Alberto Cortina de Alcocer y de don Alberto de Alcocer Torra, presentó sus alegaciones, en las que expresamente se remitía a las ya formuladas en las extensas demandas de amparo presentadas por ambos recurrentes, acompañándolas de algunos argumentos adicionales.
El Fiscal ante el Tribunal Constitucional evacuó el trámite de alegaciones correspondiente a los recursos de amparo núms. 1907-2003 y 1911-2003 mediante dos escritos de fecha 9 de marzo de 2004, en los que concluía interesando la desestimación de ambos recursos.
Por providencia de 18 de marzo de 2004 la Sala Segunda acordó unir a las actuaciones los precedentes escritos, y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 83 LOTC, conceder a las partes personadas y al Ministerio Fiscal un plazo común de diez días para que en dicho término alegasen cuanto estimaran pertinente acerca de la posible acumulación al recurso de amparo núm. 1907-2003, promovido por don Alberto Cortina de Alcocer, del recurso de amparo núm. 1911-2003, promovido por don Alberto de Alcocer Torra.
Por escrito de fecha 24 de noviembre de 2004 el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación de don Alberto Cortina de Alcocer, manifestaba que, después de evacuado el trámite de alegaciones, se habían producido hechos nuevos que deseaba poner en conocimiento de este Tribunal a fin de que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 84 de su Ley Orgánica, abriese al respecto el correspondiente trámite de audiencia a las partes si así lo consideraba oportuno.
Por providencia de fecha 2 de diciembre de 2004 la Sala Segunda acordó incorporar a lo actuado el escrito presentado por el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén y conceder a las partes personadas y al Ministerio Fiscal un plazo común de diez días para que formulasen cuantas alegaciones estimasen oportunas en relación con el contenido de dicho escrito.
Por escrito de fecha 7 de diciembre de 2004 el Procurador de los Tribunales don Ramón Rodríguez Nogueira comunicó a este Tribunal que, por motivo de incompatibilidad, renunciaba a la representación de sus mandantes en el presente proceso constitucional.
El trámite de alegaciones abierto por la providencia de la Sala Segunda de 2 de diciembre de 2004 fue evacuado por el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación de don Alberto Cortina de Alcocer, mediante un escrito de fecha 27 de diciembre de 2004 en el que sustancialmente reiteraba lo ya anteriormente argumentado respecto de la aparición de un hecho nuevo con relevancia para decidir sobre algunas de las vulneraciones de derechos fundamentales invocadas en el recurso de amparo núm. 1907-2003, añadiendo la sospecha de falta de imparcialidad en el ponente de la Sentencia de la Sala Segunda recurrida, por cuanto ese mismo ponente se había manifestado en esa nueva Sentencia en forma contradictoria con lo antes sostenido respecto del momento interruptivo de la prescripción.
Por providencia de 20 de enero de 2005 la Sala Segunda acordó incorporar a lo actuado los precedentes escritos presentados por las partes personadas y por el Ministerio Fiscal, así como tener por personado y parte al Procurador de los Tribunales don Isidro Orquín Cedenilla, en nombre y representación de doña María Pilar y doña María Teresa San Martín Abad, don ángel Oderiz Divasson y don Alberto Sagües Agudo, en sustitución de su compañero don Ramón Rodríguez Nogueira.
Mediante escrito del Procurador Sr. Venturini Medina, en nombre de don Francisco Castelló Piera, de fecha 1 de julio de 2005, al haberse producido, según su criterio, un hecho nuevo, cual era la Sentencia 65/2005, que suponía “una ruptura constitucional respecto de la actuación mantenida hasta la fecha por ese Alto Tribunal (art. 13 LOTC)” (sic), se solicitó la unión del escrito a los autos y se vieran en Pleno los recursos de amparo aquí acumulados, escrito el referido que, en virtud de diligencia de ordenación de 7 de julio de 2005, quedó unido a los autos. Por su parte el Procurador Sr. Sánchez-Puelles y González Carvajal, por escrito de 11 de julio de 2005, interesó asimismo se vieran por el Pleno los recursos de referencia, quedando este escrito unido a los autos conforme a lo determinado por diligencia de ordenación de 18 de julio de 2005. El Procurador don Argimiro Vázquez Guillén, en escrito de 29 de julio de 2005, contestó las alegaciones precedentes y acabó suplicando a la Sala el rechazo de las nuevas pretensiones deducidas de contrario.
Dada cuenta de los anteriores escritos y alegaciones, por proveído de la Sala en el que se hace mención a haberse dado traslado a las partes personadas y al Ministerio Fiscal de las nuevas alegaciones producidas en torno al dictado de la Sentencia de esta Sala 65/2005, se resolvió que en su día se acordaría en punto a las nuevas pretensiones interesadas en los referidos escritos.
Mediante proveído de la Sala de fecha 19 de febrero de 2008 se acordó la resolución del recurso por la Sala y no por el Pleno y se señaló al efecto la audiencia del día 20 del mismo mes y año.
Los presentes recursos de amparo acumulados núms. 1907-2003 y 1911-2003 tienen por común objeto una Sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la que, anulando la Sentencia absolutoria pronunciada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, se condenaron a distintas penas a los recurrentes en tanto que autores responsables de un delito de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa.
Con ser prácticamente idénticas las vulneraciones de derechos fundamentales aducidas por cada uno de los demandantes de amparo, así como sus respectivos fundamentos argumentales, no lo es sin embargo el orden seguido en cada una de las dos demandas en lo relativo a su exposición. No acogeremos aquí ni uno ni otro de esos dos esquemas de ordenación, sino que, de acuerdo con el criterio lógico de ordenación que hemos venido adoptando en otras ocasiones, comenzaremos el examen de los mencionados motivos de amparo por el relativo a la vulneración del derecho de los actores a la tutela judicial efectiva, que se atribuye tanto a la Sentencia de instancia como a la dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en razón a la supuesta incongruencia omisiva en que habrían incurrido al no haberse pronunciado acerca de las cuestiones prejudiciales de naturaleza civil que habían planteado. Esta prioridad de análisis se debe a que la hipotética estimación de la queja generaría una retroacción de actuaciones que convertiría en prematuro el análisis del resto de las quejas de la demanda.
Todavía en el plano de los vicios in procedendo denunciados los demandantes de amparo consideran vulnerado su derecho a un proceso con todas las garantías en una doble vía: en primer lugar, por haber incumplido la Sentencia recurrida el principio de doble instancia en materia penal, consagrado por el art. 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP), ya que la condena que les fue impuesta por primera vez en casación no pudo ser objeto de revisión; en segundo lugar, por haber sido dictada dicha Sentencia condenatoria en ausencia de las debidas garantías de oralidad, inmediación y contradicción, en contra de la doctrina establecida por este Tribunal a partir de la STC 167/2002, de 18 de septiembre.
La primera de dichas quejas carece de fundamento, a la vista de que este Tribunal ha venido declarando en forma constante, a partir de la STC 70/2002, de 3 de abril, que el mencionado precepto del Pacto internacional de derechos civiles y políticos es perfectamente compatible con la revisión en casación de las sentencias condenatorias dictadas en instancia “siempre que se realice una interpretación amplia de las posibilidades de revisión en sede casacional y que el derecho reconocido en el Pacto se interprete, no como el derecho a una segunda instancia con repetición íntegra del juicio, sino como el derecho a que un tribunal superior controle la corrección del juicio realizado en primera instancia, revisando la correcta aplicación de las reglas que han permitido la declaración de culpabilidad y la imposición de la pena, en el caso concreto. Reglas entre las que se encuentran, desde luego, todas las que rigen el proceso penal y lo configuran como un proceso justo, con todas las garantías; las que inspiran el principio de presunción de inocencia, y las reglas de la lógica y la experiencia conforme a las cuales han de realizarse las inferencias que permiten considerar un hecho como probado. Esta interpretación es perfectamente posible a la vista del tenor literal del Pacto y conforme a la efectuada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en relación con los arts. 6.1 CEDH y 2 del Protocolo núm. 7 del citado Convenio (STEDH de 13 de febrero de 2001, caso Krombach c. Francia, que declara conforme al art. 2 del Protocolo 7 el modelo de casación francés, en el que se revisa sólo la aplicación del Derecho)” (FJ 7; en el mismo sentido, SSTC 80/2003, de 28 de abril; 105/2003, de 2 de junio; 123/2005, de 12 de mayo; 296/2005, de 21 de noviembre; y 136/2006, de 8 de mayo).
Respecto a la infracción del derecho a un proceso con todas las garantías, que los recurrentes entienden cometida por haberse dictado Sentencia condenatoria en casación sin haberse observado las debidas garantías de inmediación y de contradicción, ha de recordarse, en primer lugar, que las conclusiones alcanzadas por este Tribunal en la STC 167/2002, de 18 de septiembre —resolución citada a favor de su tesis por los demandantes de amparo— no son directamente extrapolables a la casación penal, dadas las diferencias que cabe establecer entre la revisión que se produce en dicha sede, de carácter limitado y tasado, y la que tiene lugar en apelación a través de un novum iudicium. A ello ha de añadirse que, al haber admitido íntegramente la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su segunda Sentencia los hechos declarados probados en la Sentencia de la Audiencia Provincial, en modo alguno puede decirse que el fallo condenatorio contenido en aquélla se haya basado en una valoración de la prueba de naturaleza personal distinta de la efectuada por el Tribunal de instancia, de manera que los referidos reproches de ausencia de las garantías de inmediación y de contradicción no podrían de ninguna manera alcanzarle. Hubo además, según se hace constar en la Sentencia de 14 de marzo de 2003, vista oral del recurso de casación, celebrada el 20 de febrero de 2003, en la que los representantes de los demandantes de amparo pudieron ejercer su derecho a la defensa contradictoria de sus pretensiones en situación de inmediación con el órgano judicial que dictó la Sentencia condenatoria. Por todas estas razones, no cabe reprochar a tal Sentencia la vulneración del derecho de los actores a un proceso con todas las garantías sobre la base de lo concluido por este Tribunal en su STC 167/2002, de 18 de septiembre, pues, ni se constata déficit alguno de contradicción, ni que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo haya sustentado la condena “sobre su propia apreciación de lo sucedido a partir de su valoración de testimonios a los que no ha asistido” (STC 112/2005, de 9 de mayo, FJ 2). Tampoco se produce la vulneración denunciada por incluir en el fallo condenatorio una determinación del quantum de responsabilidad civil ex delicto directamente derivada, sin introducción de corrección alguna, de las cantidades declaradas probadas por la Sentencia de instancia, en concepto de perjuicios, dado que dichas cantidades, referentes al aspecto civil del proceso, no sólo pudieron ser objeto de debate contradictorio en instancia sino que también podrían haberlo sido en casación de haber sido impugnadas a través de los correspondientes motivos, sin que a este respecto resulte razonable la explicación ofrecida por los demandantes de amparo en el sentido de que no las impugnaron por no haber formado parte dichas cantidades del fallo absolutorio contenido en la Sentencia de instancia, dado que tampoco formaban parte de dicho fallo las restantes conclusiones que, en relación con la comisión de los delitos de falsedad y estafa por el demandante de amparo, se expresaban en el relato de hechos probados de la mencionada Sentencia, no obstante lo cual ello no representó un obstáculo para que las combatieran ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Los demandantes estiman que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, en conexión con la vulneración de sus derechos a un proceso con todas las garantías y a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa, por la supuesta existencia de irregularidades en la forma en que los órganos judiciales de instancia y de casación procedieron a otorgar validez como prueba de cargo a la declaración inicial del testigo Sr. Robinson ante el Juez de Instrucción, dándole valor de prueba anticipada, en patente contraste con su negativa a valorar como prueba de descargo las posteriores afirmaciones de ese mismo testigo, sucesivamente incorporadas a una carta y a una declaración notarial, en las que se desdecía de esa primera declaración incriminatoria. Pues, si bien reconocen que, ante declaraciones contradictorias por parte de un testigo, los órganos judiciales pueden optar por dar credibilidad a unas u otras, consideran que ello es así sólo en la medida en que, en el acto del juicio oral, se haya dado a dicho testigo oportunidad de explicar en forma contradictoria las diferencias detectables entre sus sucesivas declaraciones. Resulta evidente sin embargo, a su entender, que en el caso de autos, no sólo no se dio esa oportunidad, sino que se procedió a blindar la primera de dichas declaraciones mediante la adjudicación a la misma de una discutible naturaleza de prueba anticipada, en contraste, por lo demás, con la negativa del órgano judicial de instancia a valorar las citadas carta y declaración notarial del Sr. Robinson por motivo de no haber sido sometidas a contradicción por las partes, siendo así que habría sido el propio órgano judicial quien habría impedido que dicho debate contradictorio hubiera tenido lugar, al denegar la comisión rogatoria solicitada y al rechazar su lectura en el plenario no obstante haber sido interesada por la defensa.
La compleja argumentación desarrollada por los demandantes de amparo en apoyo de la denuncia de la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia, en conexión con sus derechos a un proceso con todas las garantías y a la utilización de los medios de prueba pertinentes para su defensa, no puede ser examinada por este Tribunal sin una previa consideración individualizada de algunos de sus distintos elementos integrantes. Así, en primer lugar, hemos de analizar si la declaración prestada por el testigo Sr. Robinson ante el Juez de Instrucción podía ser valorada como prueba de cargo no obstante su falta de ratificación en el acto del juicio oral. Y seguidamente tenemos que afrontar la cuestión relativa a la naturaleza de las declaraciones de ese mismo testigo contenidas en una carta y en un documento notarial, al efecto de determinar si cabe dirigir algún reproche al Tribunal de instancia por no haber permitido que dichos escritos fueran leídos en el acto del juicio oral. Sólo una vez resueltos los anteriores extremos estaremos en condiciones de pronunciarnos acerca de si la condena de los demandantes de amparo se basó en una auténtica prueba de cargo practicada con todas las garantías constitucionalmente exigibles.
Por lo que se refiere al valor de prueba preconstituida otorgado por el órgano judicial de instancia a la declaración sumarial prestada ante el Juez de Instrucción por el testigo Sr. Robinson ha de observarse que, como hemos tenido ocasión de reiterar recientemente —en la STC 92/2006, de 27 de marzo, FJ 2— que, “de acuerdo con la doctrina mantenida en forma constante por este Tribunal a partir de la STC 31/1981, de 28 de julio, únicamente pueden considerarse auténticas pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal en el momento de dictar Sentencia las practicadas en el juicio oral, tal y como establece el art. 741 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim), pues el procedimiento probatorio ha de tener lugar necesariamente en el debate contradictorio que, en forma oral, ha de desarrollarse ante el mismo Juez o Tribunal que debe dictar Sentencia; por el contrario las diligencias sumariales son actos de investigación encaminados a la averiguación del delito e identificación del delincuente (art. 299 LECrim) que no constituyen en sí mismos pruebas de cargo, pues su finalidad específica no es la fijación definitiva de los hechos para que éstos trasciendan a la resolución judicial, sino la de preparar el juicio oral, proporcionando a tal efecto los elementos necesarios para la acusación y defensa y para la dirección del debate contradictorio atribuido al juzgador. Sólo cuando las diligencias o actuaciones sumariales son de imposible o muy difícil reproducción en el juicio oral es posible traerlas al mismo como prueba anticipada o preconstituida, puesto que, estando sujeto también el proceso penal al principio de búsqueda de la verdad material, resulta preciso asegurar que no se pierden datos o elementos de convicción. De esta manera la prueba preconstituida o anticipada poseerá virtualidad para destruir la presunción de inocencia siempre y cuando se haya practicado con observancia de las garantías establecidas en la Constitución y en el ordenamiento procesal y haya sido incorporada al juicio oral mediante su lectura, de tal manera que se permita a la defensa del acusado someterla a contradicción, no bastando con la utilización de simples fórmulas de estilo como la consistente en darla por reproducida” (vid. también SSTC 195/2002, de 28 de octubre, FJ 2, y 80/2003, de 28 de abril, FJ 5). Así, la STC 280/2005, de 7 de noviembre, recordaba que “la validez como prueba de cargo preconstituida de las declaraciones prestadas en fase sumarial se condiciona al cumplimiento de una serie de requisitos que hemos clasificado en materiales (su imposibilidad de reproducción en el acto del juicio oral), subjetivos (la necesaria intervención del Juez de instrucción), objetivos (que se garantice la posibilidad de contradicción y la asistencia letrada al imputado, a fin de que pueda interrogar al testigo) y formales (la introducción del contenido de la declaración sumarial a través de la lectura del acta en que se documenta, conforme al art. 730 LECrim, o a través de los interrogatorios), lo que posibilita que su contenido acceda al debate procesal público y se someta a contradicción en el juicio oral ante el Juez o Tribunal sentenciador (entre otras SSTC 80/1986, de 17 de junio, FJ 1; 40/1997, de 27 de febrero, FJ 2; 153/1997, de 29 de septiembre, FJ 5; 2/2002, de 14 de enero, FJ 7; 12/2002, de 28 de enero, FJ 4; 155/2002, de 22 de julio, FJ 10; 80/2003, de 28 de abril, FJ 5, y 187/2003, de 27 de octubre, FJ 3)” (FJ 2).
Insisten los recurrentes en sus respectivas demandas en la apreciación de que la negativa por parte del Tribunal a quo a dar lectura a la declaración de ese mismo testigo, incorporada a un documento notarial suscrito en Londres, lesionó sus derechos a un proceso con todas las garantías y a la utilización de los medios de prueba pertinentes, vulnerando además su derecho a la presunción de inocencia tal rechazo, expresamente motivado por la ausencia de contradicción en torno a lo allí declarado al no haber facilitado los acusados la dirección londinense del Sr. Robinson, supuso una inversión de la carga de la prueba contraria a la indicada presunción al hacer recaer en los demandantes de amparo la obligación de presentar a juicio a un testigo de cargo.
Del examen de las actuaciones se desprende, finalmente, que no fue la declaración sumarial del indicado testigo la única prueba de cargo que el órgano judicial de instancia tuvo en cuenta para fundamentar su conclusión acerca de la culpabilidad de los recurrentes en relación con los delitos de falsedad en documento mercantil y estafa de los que venían acusados, sino que, junto a dicho testimonio, tomó en consideración la existencia de otras pruebas de naturaleza personal —declaraciones de los querellantes y otros testigos—, pericial —informes y evaluaciones de mercado— y documental que, debidamente engarzadas a través de un razonamiento lógico, avalaron tal convicción. Desde el control externo que a este Tribunal le corresponde a la hora de verificar si hubo en el proceso prueba de cargo suficiente para fundamentar la condena no cabe, por consiguiente, duda alguna de que la hubo, de que fue practicada con todas las garantías y de que, por todo ello, ninguna vulneración del derecho de los recurrentes a la presunción de inocencia cabe estimar producida en este caso.
En otro orden de ideas son varias las razones por las que los demandantes de amparo consideran vulnerado su derecho a la legalidad penal. En unos casos dicha lesión se atribuye a las Sentencias dictadas en instancia y en casación, en tanto que en otras ocasiones únicamente le es reprochada a esta última resolución. Comenzaremos por referirnos a los primeros, toda vez que la eventual estimación del referido motivo de amparo conduciría inexorablemente a la anulación de ambas resoluciones, a diferencia de lo que sucedería en el caso de ser estimado exclusivamente en relación con la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Buena parte de los argumentos por los que los recurrentes consideran que debería ser anulada la Sentencia que les condena a penas de dos años y cuatro meses de prisión, y de un año de prisión y 6.000 euros de multa, por la autoría, respectivamente, de un delito de estafa y, en concurrencia medial, un delito falsedad en documento mercantil, se refieren a la decisión del Tribunal Supremo de negar la prescripción de estos delitos. Sostienen en sus demandas que esta decisión sólo ha sido posible a través de una interpretación y aplicación del artículo 114 del Código penal de 1973 que vulnera sus derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la legalidad penal (art. 25.1 CE). En términos muy similares al vigente art. 132.2 del Código penal de 1995, dicho artículo establecía que “[e]l término de la prescripción comenzará a correr desde el día en que se hubiere cometido el delito. Esta prescripción se interrumpirá desde que el procedimiento se dirija contra el culpable, volviendo a correr de nuevo el tiempo de la prescripción desde que aquél termine sin ser condenado o se paralice el procedimiento”.
Esta doctrina constitucional no es sino la aplicación de otra más genérica, que entiende que el análisis constitucional de la suficiencia de la tutela judicial es distinta y más exigente —“reforzada” (por todas, SSTC 63/2001, de 17 de marzo, FJ 7; 164/2003, de 29 de septiembre, FJ 5; 63/2005, de 14 de marzo, FJ 3) — cuando, a pesar de que la decisión judicial no verse directamente sobre la preservación o los límites de un derecho fundamental, uno de estos derechos, distinto al de la propia tutela judicial, esté implicado (STC 11/2004, de 9 de febrero, FJ 2), vinculado (STC 180/2005, de 4 de julio, FJ 7), conectado (SSTC 25/2000, de 31 de enero, FJ 2; 11/2004, de 9 de febrero, FJ 2; 71/2004, de 19 de abril, FJ 4), resulte puesto en juego (SSTC 63/2001, de 17 de marzo, FJ 7; 115/2003, de 16 de junio, FJ 3), o quede afectado (SSTC 186/2003, de 27 de octubre, FJ 5; 192/2003, de 27 de octubre, FJ 3) por tal decisión. Lo que en estos supuestos exige el art. 24.1 CE para entender que se ha dispensado una tutela suficiente y eficaz es, además de una resolución motivada y fundada en Derecho, una resolución coherente con el derecho fundamental que se encuentra en juego (SSTC 11/2004, de 9 de febrero, FJ 2; 63/2005, de 17 de marzo, FJ 3). Es necesario así, en primer lugar, que se dé una “relación directa y manifiesta existente entre la norma que el juzgador declara aplicable y el fallo de la resolución exteriorizada en su argumentación jurídica” (STC 115/2003, de 16 de junio, FJ 3), y que “en la propia resolución se evidencie de modo incuestionable que su razón de ser es una aplicación razonada de las normas que se consideran adecuadas al caso” (STC 186/2003, de 27 de octubre, FJ 5). Y sobre todo es necesario también que la resolución judicial sea “conforme” con el derecho fundamental (STC 24/2005, de 14 de febrero, FJ 3), “compatible” con él (STC 196/2005, de 18 de julio, FJ 4): que exprese o trasluzca “una argumentación axiológica que sea respetuosa” con su contenido (STC 63/2005, de 17 de marzo, FJ 3). Este plus de motivación que supone la tutela judicial reforzada en casos de implicación de un derecho fundamental “hace referencia a exigencias de orden cualitativo y no cuantitativo, al ser perfectamente posible que existan resoluciones judiciales que satisfagan las exigencias del meritado art. 24.1 CE, pues expresen las razones de hecho y de derecho que fundamenten la medida acordada, pero que, desde la perspectiva del libre ejercicio de los derechos fundamentales, no expresen de modo constitucionalmente adecuado las razones justificativas de las decisiones adoptadas (STC 14/2002, de 28 de enero, FJ 5)” (STC 251/2005, de 10 de octubre, FJ 4).
En relación con el derecho a la libertad hemos dicho que “en un Estado social y democrático de Derecho, como el que configura nuestra Constitución, la libertad personal no es sólo un valor superior del Ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE), sino además un derecho fundamental (art. 17 CE), cuya trascendencia estriba precisamente en ser presupuesto de otras libertades y derechos fundamentales. En un régimen democrático, donde rigen derechos fundamentales, la libertad de los ciudadanos es la regla general y no la excepción, de modo que aquéllos gozan de autonomía para elegir entre las diversas opciones vitales que se les presentan. De acuerdo con este significado prevalente de la libertad, la Constitución contempla las excepciones a la misma en los términos previstos en el art. 17.1 CE: ‘nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la Ley’. En palabras de las SSTC 140/1986, de 11 de noviembre (FJ 5), y 160/1986, de 16 de diciembre (FJ 4), ‘el derecho a la libertad del art. 17.1, es el derecho de todos a no ser privados de la misma, salvo ‘en los casos y en la forma previstos por la Ley’: En una ley que, por el hecho de fijar las condiciones de tal privación, es desarrollo del derecho que así limita’. De modo que la ley, dentro de los límites que le marcan la Constitución y los tratados internacionales, desarrolla un papel decisivo en relación con este derecho, pues es en ella donde se conforman los presupuestos de la privación de libertad por imperativo constitucional, y donde —aunque no sólo— se determina el tiempo razonable en que puede ser admisible el mantenimiento de dicha situación (STC 241/1994, de 20 de julio, FJ 4). Pero a pesar de este carácter decisivo de la ley respecto a la posibilidad de prever restricciones a la libertad, no cabe duda de que tal ley ha de estar sometida a la Constitución, por lo que hemos afirmado que el derecho a la libertad no es un derecho de pura configuración legal [SSTC 2/1992, de 13 de enero, FJ 5; 241/1994, de 20 de julio, FJ 4; 128/1995, de 26 de julio, FJ 3; 157/1997, de 29 de septiembre, FJ 2; 47/2000, de 17 de febrero, FJ 2; 147/2000, de 29 de mayo, FFJJ 3 y 4 a)]”. (STC 82/2003, de 5 de mayo, FJ 3). 8. Partiendo de la base de la doctrina que ha quedado expuesta, debe destacarse el dato de que la exigencia del canon reforzado del derecho de tutela judicial efectiva cuando están en juego derechos fundamentales, y en este caso con especial relevancia el derecho fundamental consagrado en el art. 17 CE, estaba inequívocamente proclamada antes de la Sentencia impugnada en el presente recurso de amparo; por lo que a la hora de resolverlo, y ciñéndonos estrictamente a nuestro papel de jurisdicción constitucional, el ajuste o no de la Sentencia recurrida a nuestra doctrina debe ser elemento imprescindible de nuestro enjuiciamiento.
Entrando ya en el análisis de las circunstancias del caso aquí enjuiciado debe destacarse, en primer lugar, que, como afirma la Sentencia condenatoria recurrida, no existía controversia entre las partes en que el término prescriptivo concluía el 7 de enero de 1993; que el día anterior se presentó en el Juzgado de guardia un escrito que se autocalificaba de querella, sin poder especial para formularla a favor del Procurador firmante y sin firma de quienes figuraban como querellantes, escrito éste que se remitió al día siguiente al Juzgado Decano para su reparto, que recayó en el Juzgado de Instrucción núm. 18 de Madrid; que este Juzgado dictó el día 20 de enero un Auto de incoación de diligencias previas que, en su único razonamiento jurídico y en su parte dispositiva, estableció que la incoación de referencia se hacía “a los únicos fines registrales y de control procesal” y que al propio tiempo, esta vez sólo en la parte dispositiva, dispuso la ratificación del querellante y que “por su resultado” se acordaría; que la ratificación, que afectaba a las tres personas nominadas como querellantes en el tan repetido escrito, se produjo los días 9 de marzo, 20 de abril y 26 de julio siguientes y que el día 22 de noviembre de 1993, diez meses y quince días después del día en que finalizó el plazo de prescripción, el Juzgado dictó Auto de admisión de la querella.
Y en segundo término que, en contra de lo decidido por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estima que antes de que finalizara el plazo de prescripción “se había dirigido el procedimiento contra el culpable”. Argumenta para ello que aun cuando la querella se hallaba “huérfana de poder especial”, y aunque por ello tampoco podía calificarse de denuncia, y aunque la ratificación posterior “no puede afectar, ni siquiera de modo indirecto, al transcurso del tiempo para completar la prescripción, que actúa de modo objetivo e implacable, … sí es posible otorgarle a la querella la condición de cauce legítimo para poner en conocimiento del Tribunal un hecho delictivo perseguible de oficio (notitia criminis) … La querella tuvo la virtualidad de integrar una denuncia que, aun carente de poder especial, a efectos de traslado de responsabilidades al denunciador (v.gr. denuncia falsa), bastó con la firma o suscripción del mandatario, con poder general, para trasladar al Tribunal la notitia criminis que debió obligarle a actuar, al tratarse de delito perseguible de oficio, sin perjuicio de que la ulterior ratificación de la querella permitiera la atribución de la condición de parte procesal en la causa al querellante”. Y continúa la Sentencia recurrida observando que “existió, a su vez, procedimiento judicial, que se colma, según jurisprudencia de esta Sala, con la anotación en el registro general del Juzgado (S. núm. 162 de 4-2-2003), circunstancia que dota de certeza y de seguridad jurídica a la hora de computar los términos (art. 9.3 CE). El Juzgado de guardia, que actúa a prevención de los demás, en casos de inactividad de los otros de su mismo partido judicial (el día de la presentación de la querella era festivo), es tanto como si se hubiera presentado en el Juzgado al que por turno correspondió instruir el asunto. Prueba de la competencia eventual o excepcional, es que de haber sido precisa la práctica de alguna diligencia urgente, que no admitiera demora, la debió practicar el Juzgado de guardia; pero ése no fue el caso” (FD primero). 10. Continuando el análisis constitucional anunciado debe repararse en que, a diferencia de la STC 63/2005, de 14 de marzo, no se trata aquí de dilucidar si la presentación de una querella que sólo mucho después es admitida a trámite puede entenderse, desde la perspectiva del art. 24.1 CE en su relación con el art. 17.1 CE, como un acto de dirección de procedimiento penal contra quien en la misma figure como imputado. Como ya se ha detallado, es el que ahora abordamos un supuesto diferente, en el cual lo que se produce el último día de la finalización del plazo prescriptivo es la presentación de un escrito que no reunía los requisitos de una querella, pero en el que quienes figuraban como autores trasladaban a un órgano judicial, a través de un mandatario, una notitia criminis; escrito éste cuya autenticidad no fue corroborada hasta más de seis meses después de su presentación, que no dio lugar a un Auto de admisión hasta pasados cuatro meses más y que inclusive sólo tuvo un acto de interposición judicial “a los únicos fines registrales y de control procesal” —el Auto del Juzgado de Instrucción de 20 de enero de 1993, cuyo encabezamiento reza textualmente “auto de incoación de previas”— trece días después al del vencimiento del plazo de prescripción. La propia Sentencia recurrida del Tribunal Supremo (FD 1, punto 9) afirma la diferencia de este supuesto, que cataloga de “querella defectuosa”, de aquéllos en los cuales lo que se discute es la eficacia interruptiva de la presentación de una querella.
Téngase presente que la inteligencia del carácter reforzado del canon de enjuiciamiento constitucional aplicable al caso de autos —el del art. 24 CE—, como se ha expuesto en el fundamento jurídico 7, parte de la idea de que la prescripción penal afecta a los derechos de libertad del art. 17 CE, “en cuanto no puede desconocerse que la decisión judicial desestimatoria de la prescripción extintiva de una infracción penal abre paso a la posibilidad de dictar una Sentencia condenatoria que, por su propio contenido, supone la privación de bienes jurídicos protegidos constitucionalmente, pues descarta que concurra uno de los supuestos en los que el legislador ha establecido una renuncia o autolimitación del Estado al ius puniendi por el transcurso del tiempo (STC 157/1990, de 18 de octubre, FJ 3)” —STC 63/2001, de 17 de marzo, FJ 7 y demás anteriormente citadas. Al ser así, y al resultar toda la materia relativa a los casos en que está en juego el derecho a la libertad sometida al principio de legalidad por imposición de la propia Constitución (art. 25.1), resulta patente que los términos en que el instituto de la prescripción —un instituto regulado por normas penales, perteneciente al Derecho penal material “y, concretamente, a la noción del delito”, como ha tenido ocasión de declarar la Sala Segunda del Tribunal Supremo (v.gr. SSTS 137/1997, de 8 de febrero, y 1211/1997, de 7 de octubre, entre otras)— venga regulado han de ser interpretados con particular rigor en tanto perjudiquen al reo. Por ello la jurisdicción constitucional no puede eludir la declaración de inconstitucionalidad en aquellos casos en los que la interpretación de la norma penal —en el de este proceso, la reguladora del instituto de la prescripción—, aunque no pueda ser tildada de irrazonable o arbitraria, lleve consigo, al exceder de su más directo significado gramatical, una aplicación extensiva o analógica en perjuicio del reo. Y es por ello también que la expresión “[la] prescripción se interrumpirá desde que el procedimiento se dirija contra el culpable” no pueda entenderse en sentido distinto al de su claro tenor literal, es decir, en el de que es indispensable para dicha interrupción que haya comenzado un procedimiento que, al tener que estar dirigido contra el culpable —cualquiera que sea la impropiedad con que este término haya sido empleado—, no puede ser otro que el procedimiento penal o, lo que es lo mismo, el abierto o iniciado por quien tiene atribuido el ejercicio del ius punendi del Estado en el actual estado de la legislación; esto es, el Juez. Utilizando palabras de la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 753/2005, de 22 de junio, “el art. 132.2 del Código Penal, interpretado en la forma que impone su contexto normativo y con el rigor semántico que requiere el ius puniendi, obliga a entender que el único procedimiento cuyas actuaciones tienen legalmente la eficacia de interrumpir la prescripción es el propiamente criminal” y “que el momento que legalmente cuenta es el de iniciación del proceso penal stricto sensu contra los acusados”.
Aparte de la cuestión de si puede entenderse que manifiestamente falta el nexo lógico entre la norma y la decisión adoptada o, en otros términos, si es en mayor o menor grado razonable la aplicación que del art. 114 CP se ha realizado en el caso, cuestión de la que se ha tratado en el fundamento jurídico que antecede, ha de profundizarse en la relativa a si la tutela prestada en la Sentencia frente a la que se demanda amparo ha sido efectiva y suficiente desde la perspectiva del derecho a la libertad que está en juego, cosa que sólo sucederá si dicha resolución ha ponderado suficientemente la presencia del derecho a la libertad en el trasfondo de la cuestión y si, en ello, la solución que incorpora es congruente con los fines a los que sirve la institución de la prescripción penal, tal y como hemos destacado en los dos fundamentos jurídicos que preceden y como este Tribunal ha mantenido en las Sentencias allí reseñadas.
Es con esta perspectiva de consistencia axiológica con los fines de la prescripción desde la que estimamos que la decisión adoptada por el Tribunal Supremo no es constitutiva de la tutela judicial reforzada a la que tenían derecho los recurrentes. Tal decisión consistió, recordémoslo de nuevo, en negar que hubieran prescrito los delitos que se enjuiciaban y en afirmar para ello que en el momento de finalización del plazo prescriptivo se dirigía ya el procedimiento contra quienes luego resultarían imputados. Su inidoneidad para satisfacer dicha tutela judicial reforzada por estar implicado el derecho a la libertad deriva de las siguientes consideraciones:
A efectos de razonar sobre la congruencia de la solución adoptada por la Sentencia aquí impugnada con los fines del instituto de la prescripción de las infracciones penales, que es elemento integrante del canon de enjuiciamiento constitucional que hemos definido en el fundamento jurídico 7 de la presente de acuerdo con una consolidada doctrina de este Tribunal, ha de destacarse, en primer lugar, que dicha solución no aparece suficientemente ajustada al valor de la seguridad jurídica, que constituye finalidad primordial de la prescripción y que exigía, ante la implicación del derecho a la libertad, una ponderación especial que evitara una interpretación contra el reo que en el caso aquí enjuiciado se ha producido.
Con independencia de lo anterior, en segundo término, el mismo canon de enjuiciamiento constitucional reforzado que hemos enunciado por implicación del derecho a la libertad, obliga a exigir que el momento interruptivo de la prescripción ex art. 114 CP (1973) o ex art. 132.2 CP (1995) se refiera al del ejercicio del ius puniendi o, al menos, quede razonablemente vinculado con él.
En tercer lugar, con la exigencia de un acto de interposición judicial para entender iniciado un procedimiento (en el sentido de que ello sólo puede ser mediante un acto realizado por quien tenga atribuido el ius puniendi del Estado, porque “el único procedimiento cuyas actuaciones tienen legalmente la eficacia de interrumpir la prescripción es el propiamente criminal”, como se ha dicho antes con palabras de la STS, Sala Segunda, 753/2005, de 22 de junio) este Tribunal no extravasa su competencia arrogándose interpretaciones que, por ser de mera legalidad, corresponde hacer a la jurisdicción ordinaria.
En suma: la consideración por parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de que la mera recepción del escrito presentado el día 6 de enero de 1993 significaba ya que “el procedimiento se dirigía contra el culpable” constituye, en el caso aquí enjuiciado, una interpretación y aplicación del art. 114 del Código penal de 1973 lesiva del derecho fundamental de los recurrentes a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en cuanto insuficientemente respetuosa del derecho a la libertad (art. 17.1 CE) que estaba en el trasfondo de la decisión. Hemos pues de otorgar en este punto el amparo que se nos solicitaba y declarar la nulidad de la Sentencia impugnada a este respecto, que es sólo la dictada en casación. A la vista de la índole de la vulneración declarada (tutela defectuosa en materia de prescripción) y de que a partir de los hechos enjuiciados el restablecimiento del derecho pasa por la estimación de la concurrencia de la prescripción en este caso, la naturaleza sustantiva del derecho fundamental vulnerado y la innecesariedad de un nuevo enjuiciamiento que no estaría destinado a corregir el desconocimiento en contra de los recurrentes de normas procesales con relevancia constitucional, hace improcedente la retroacción de actuaciones como consecuencia del otorgamiento del amparo (SSTC 157/1989, de 26 de octubre, FJ 3, y 4/2004, de 16 de enero, FJ 4). La anulación del fallo por el motivo acabado de expresar hace innecesario también el pronunciamiento sobre las quejas que se sustentaban en torno a la negación de la prescripción como causa de la vulneración del derecho a la igualdad (art. 14 CE) y a la vulneración de la legalidad penal, ésta en cuanto comprensiva, en el entender de la demanda, del derecho a la irretroctividad de las interpretaciones jurisprudenciales desfavorables (art. 25.1 CE).
Declarar que ha sido vulnerado el derechos de los demandantes a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en relación con su derecho a la libertad personal (art. 17.1 CE).
Restablecerlos en la integridad de su derecho y, a tal fin, anular la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 298/2003, de 14 de marzo.
Desestimar la demanda de amparo en lo demás.
Voto particular que formula el Magistrado don Ramón Rodríguez Arribas en la Sentencia dictada en los recursos de amparo, acumulados, núms. 1907-2003 y 1911-2003.
He de comenzar por reiterar que como ya dije en mi Voto particular concurrente expresado con respecto a la Sentencia 163/2005, de 14 de marzo, “Las Sentencias y Autos que hasta ahora —esto es hasta la STC citada— ha dictado este Tribunal en relación con la prescripción penal, así entre las más antiguas la STC 301/1994 hasta el reciente ATC 340/2004, de 13 de septiembre, pasando por la serie de Sentencias 63, 64, 65 y 66 de 2001, han partido de una constante doctrina en la que, por un lado, se ‘ha señalado que la apreciación del sentido y alcance del instituto jurídico de la prescripción, como causa extintiva de la responsabilidad penal, es una cuestión de legalidad, que corresponde a los órganos judiciales ordinarios y sobre cuya procedencia no puede entrar este Tribunal desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva (SSTC 152/1987, y 157/1990)’, y por otro lado ‘también ha afirmado que corresponde al mismo, como garante último del derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales, examinar los motivos y argumentos en que se funda la decisión judicial, al objeto de comprobar la razonabilidad constitucional del motivo apreciado, reparando, en su caso, en esta vía de amparo, la aplicación arbitraria o carente de fundamento, así como aquella que resulte de un error patente con relevancia constitucional (SSTC 23/1987, 36/1988, 149/1989, 63/1990, 164/1990. 192/1992 y 55/1993)’, conforme se recoge en la serie de Sentencias que citamos al principio”.
En definitiva, la interpretación del precepto regulador de la prescripción penal es una cuestión de legalidad ordinaria que solo puede ser examinada en amparo con arreglo al canon del art. 24.1 CE, es decir, comprobando si existe razonabilidad y ausencia de arbitrariedad o error patente, en el caso concreto
El referido y hasta ahora invariable criterio ha supuesto que los casos que nos son sometidos, han de examinarse uno por uno, con un inevitable y obligado casuismo, sin establecer ninguna doctrina interpretativa general que, por sugestiva y acertada que se presente, puede invadir las funciones que son propias de la jurisdicción ordinaria, conforme al art. 117 CE y singularmente, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que, por otra parte, en esta cuestión tampoco ha tenido un criterio uniforme
En el presente caso la Sentencia de la que discrepo hace un esfuerzo para tratar de ceñirse al caso concreto, pero se extiende en una serie de consideraciones genéricas que, a mi juicio, invaden funciones interpretativas que corresponden a la jurisdicción ordinaria y, de otro lado, tampoco comparto el análisis específico que se hace respecto de las circunstancias que concurren sobre la discutida prescripción.
En cuanto a lo primero, se viene a establecer un matizado canon de constitucionalidad en relación con las Sentencias penales, configurado por el tradicional de este Tribunal de que la interpretación y aplicación de un precepto punitivo no incurra en arbitrariedad, irrazonabilidad o error patente para ser conforme a la exigencia de la tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución, que ha de ser reforzada en su motivación cuando, además, esté afectado otro derecho fundamental y ahora —y este es el matiz— en el concreto caso de la prescripción de los delitos a ese reforzamiento, por la específica relación con el derecho a la libertad (art. 17 CE) se añade una rígida exigencia de aplicación restrictiva en la interpretación de las causas de interrupción del plazo prescriptivo.
Cierto es que el instituto de la prescripción pone límites temporales al ejercicio por el Estado del ius puniendi en aras de la seguridad jurídica y que no caben interpretaciones extensivas o analógicas en perjuicio del reo que prolonguen el plazo de aquel ejercicio, pero ni estimo que en tal defecto incurra la interpretación formulada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ni tampoco creo que sean constitucionalmente imponibles a la jurisdicción ordinaria interpretaciones tan estrictas que puedan conducir a privar a la víctima de un delito de su derecho a que el Estado actúe, dentro del plazo legal pero en toda su extensión, contra quien la convirtió en perjudicada por una conducta ilícita, obligando incluso a prevenir los retrasos de los órganos jurisdiccionales para calcular cuántos días antes de la fecha límite del período prescriptivo ha de actuar para evitar que el delito quede impune.
En el análisis del caso concreto, tampoco comparto las conclusiones de la Sentencia de la mayoría, distinguiendo entre la cuestión de si la interposición de una querella es o no causa interruptiva de la prescripción y la cuestión de autos que se sitúa en la falta de firma e insuficiencia de poder de la documentación presentada (que la Sentencia impugnada reconoce como querella “defectuosa”) en el último día del plazo prescriptivo y en el retraso de las posteriores actuaciones judiciales, para llegar a negar que hubiera “dirección del procedimiento contra el culpable”, y tan siquiera “iniciación del procedimiento”, terminando en la ausencia de interrupción de la prescripción.
SAP Asturias 184/2006, 12 de Mayo de 2006

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
e contrario
 resolución 
 resolución 
 artículo 114
 resolución 
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