Source: https://boletinjuridico.wordpress.com/2017/01/11/importante-resolucion-en-relacion-con-el-cierre-en-falso-del-concurso-o-concurso-sin-masa/
Timestamp: 2018-07-18 10:53:43+00:00

Document:
IMPORTANTE RESOLUCIÓN EN RELACIÓN CON EL CIERRE EN FALSO DEL CONCURSO O CONCURSO SIN MASA – BOLETIN JURIDICO MENSUAL
La doctrina de esta Resolución debe ponerse en conexión con la “rectificación de la rectificación” llevada a cabo en las recientes Resoluciones de 01/08/2016 y de 22/08/2016 de la doctrina de la DGRN sobre la posibilidad de cancelar la inscripción de una sociedad sin activo y sólo con un acreedor, sin necesidad de instar la declaración de concurso. Como se recordará dos Resoluciones de 02/07/2012 y de 04/10/2012 cambiaron el criterio de las previas Resoluciones de 13/04/2013 y de 29/04/2011. Ahora no interesa tanto el hecho de que se vuela a reconocer aquella posibilidad, como la superación de la doctrina de las Resoluciones de 2012 en relación con el tema de la personalidad jurídica y el asiento de cancelación. Para justificar su postura, las Resoluciones de 2012 no dudaron en emplear un tono alarmista, que resultaba muy sorprendente a la vista de su propia doctrina a propósito de la DT 6ª de la Ley 19/1989. Aquella alarma descansaba en que la cancelación supondría la desaparición de la sociedad del mundo de los sujetos de derecho, sin más (no dice, de los sujetos “inscritos”), careciendo el crédito de un tercero de sujeto pasivo o persona contra la que dirigir la acción de reclamación (“parece evidente que en el caso que nos ocupa el liquidador no debe limitarse a constatar la existencia de un único acreedor y la inexistencia de bienes con que satisfacer su deuda, sino que debe cumplir con la obligación que le impone dicho precepto [art. 388.1 LSC] a fin de que el acreedor pueda reaccionar en defensa de sus derechos. Si así no lo hiciera, ese acreedor podría encontrarse sorpresivamente ante la situación de que cuando intentara el cobro de su crédito, bien por procedimientos de ejecución singular o bien por procedimientos de ejecución colectiva, su deudor habría desaparecido del mundo de los sujetos de derecho, careciendo su crédito de sujeto pasivo o persona contra la que dirigir la acción de reclamación“). La argumentación resultaba profundamente contradictoria, pues la misma Resolución reconocía en otro lugar que la personalidad jurídica continuaba, a pesar de esa cancelación (“y es que la sociedad mantiene su aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, y por tanto su personalidad jurídica, mientras no se hayan agotado todas las relaciones jurídicas pendientes de las mismas“). Sin cuestionar los robustos efectos del RM, tampoco conviene sacarlos de su cauce. Se presume la exactitud de lo que hay que presumir, pero nada más, y una cosa es la conclusión formal de las labores de liquidación, y otra la extinción efectiva y real de la persona jurídica. El RM nos puede decir que la primera ha tenido lugar, y cerrar el historial de la sociedad con evidentes consecuencias sustantivas, pero lo segundo es algo que ya escapa a su área de influencia, al menos en la actual situación legal. Tanto es así, que resulta posible practicar asientos post mortem, que no supondrán una reapertura de aquel historial, pero sí el reconocimiento de una vida más allá –o más acá- del RM. Pues bien, la sombra de duda que las Resoluciones de 2012 pudieron traer, ha de considerarse venturosamente despejada (no pueden ser más claras las Resoluciones de 2016: “por otra parte, la cancelación de tales asientos no perjudica al acreedor, toda vez que se mantiene la aptitud de la sociedad para ser titular de derechos y obligaciones, mientras no se hayan agotado todas las relaciones jurídicas pendientes de la misma … La cancelación de los asientos registrales de una sociedad no es sino una fórmula de mecánica registral para consignar una vicisitud de la sociedad, que en el caso de la disolución, es que se considere terminada la liquidación. Por ello, no impedirá la ulterior responsabilidad de la sociedad si después de formalizarse e inscribirse la escritura pública de extinción de la sociedad aparecieren bienes sociales no tenidos en cuenta en la liquidación”).
De todos modos, tampoco ha de haber inconveniente en inscribir al liquidador, ya que se trata de una vicisitud posterior a la cancelación de la que interesa obtener reflejo registral, siempre que se deje muy claro en el nombramiento que su función queda limitada a la liquidación del patrimonio del que se ha dejado constancia en el concurso, aunque sea exprés, pues la aparición de otros nuevos bienes cortocircuita –de momento- esa liquidación y obliga a la reapertura del concurso. Es el matiz que está detrás de la negativa a inscribir –confirmada- en la Resolución de 17/12/2012, pues el liquidador fue nombrado para hacer efectivos determinados créditos que, se afirma, se habían puesto de manifiesto (se lee en la Resolución: “a semejanza de la existencia de activo sobrevenido en el supuesto de funcionamiento ordinario de la sociedad, que se traduce en la continuación de las labores de liquidación, cuando la sociedad se extinguió como consecuencia de la existencia de una situación concursal, el precepto señala un efecto similar. Pero a diferencia del supuesto ordinario en el que dichas operaciones se llevan a cabo en el ámbito interno de la sociedad y de conformidad con las reglas ordinarias ahora, y como no puede ser de otro modo, la aparición de activo sobrevenido produce el efecto de reanudar las operaciones liquidatorias en el ámbito del procedimiento concursal y bajo la dirección del mismo Juzgado que conoció anteriormente. Consecuencia inevitable es que dichas operaciones a realizar en el ámbito del procedimiento concursal sean llevadas a cabo por las personas legalmente previstas al respecto … Es evidente que el recurso no puede prosperar y que la pretensión del escrito de recurso de que por aparición de activo sobrevenido se considere que la sociedad en concurso ha dejado de estarlo y se proceda como si aquél no existiera carece de toda base legal“).
Para hacer frente a los posibles reparos del RM siempre resultará preferible el nombramiento judicial/registral del liquidador. En todo caso contra la negativa del RM podrá interponerse un recurso judicial, antes que un recurso gubernativo. En cualquier caso, así será por una consideración de orden táctico, pues en nuestra opinión se ha de estar a las reglas societarias, que no pasan por extender el nombramiento judicial/registral con carácter general (de gran interés el AJM de Pontevedra [3] de 10/04/2012: “la cancelación de la sociedad en el registro mercantil -efecto formal de la conclusión del concurso- no puede impedir las eventuales transmisiones de bienes que puedan realizar un órgano de administración con plenitud de facultades -ex artículo 178.1-, sin perjuicio, claro está, de las responsabilidades en que dicho órgano de administración incurra para con socios y terceros. La propia LSC permite, en su artículo 400, fórmulas para la formalización de actos jurídicos tras la extinción de la sociedad, referidas en primer lugar a los antiguos liquidadores -que no existen en nuestro supuesto-, y que pasan en última instancia por la formalización por el juez del domicilio social, siendo así que es inscribible la resolución judicial en que conste la persona designada por éste -artículo 248 RRM- a pesar de la extinción; aunque dichos preceptos piensen en el supuesto de activo sobrevenido -ya veremos después que no es el caso-, no se observa, a la luz de dichas previsiones, inconveniente registral de capacidad a las transmisiones realizadas por el administrador de un concurso concluido inicialmente por insuficiencia de masa activa“)

References: RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 178
 artículo 400
 resolución