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Timestamp: 2017-10-23 06:19:24+00:00

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Ejercicio del derecho de petición silencio administrativo - jose maria pacori cari
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1. C I R C U L A C I Ó N N A C I O N A L Nº 1470 52 páginas en 2 cuerposLa Paz, JUEVES 5 de octubre de 2017 Bs 6.50 Ejercicio del derecho de petición FOTO:JUSTICIACONADOLESCENTES.COM El ensayo aborda la regulación del silencio en el procedimiento administrativo boliviano de acuerdo a la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo. El autor explica que la solicitud del administrado genera la obligación de las autoridades del área de resolver el tema dentro de un plazo establecido. El poder constituyente y el rol del TCP ante la imposibilidad de estar por encima del soberano, el pueblo boliviano Pág. 2 El delito imperfecto Tapa 5_Tapa 26 04/10/17 17:54 Página 1
2. La Paz, JU4 ensayos En artículos anteriores comentamos otros aspectos de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo de Bolivia, prom 2002. En esta oportunidad abordamos de esta norma el tema de la regulación del silencio en el procedimiento administ ara este comentario partimos del ejercicio del derecho de pe- tición del administrado que ge- nera la obligación de resolver de las autoridades administrativas, para que, en el caso de vencimiento del plazo, se aplique la técnica del silencio adminis- trativo a favor del administrado, sin per- juicio de la responsabilidad adminis- trativa que se genera en contra de los ser- vidores públicos. Para esto hemos tomado como refe- rencia la jurisprudencia de los tribunales de Bolivia y para hacer más realista el co- mentario a la regulación del silencio ad- ministrativo. OBLIGACIÓN DE RESOLVER DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA El artículo 11, parágrafo I, de la Ley 2341 (Bolivia) establece que:“I. La Administra- ción Pública está obligada a dictar resolu- ción expresa en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación”. COMENTARIO Realizado un pedido por el administrado se genera la obligación de las entidades públicas de resolver esta solicitud, para esto la autoridad administrativa debe emi- tir la correspondiente resolución que no es más que un acto administrativo. El ejercicio de toda potestad adminis- trativa genera, para la Administración Pú- blica, en cualquiera de sus niveles, la obligación de emisión de actos administra- tivos expresos, evitando dilaciones indebi- das, razón por la cual estos actos deben ser pronunciados dentro de los plazos pro- cedimentales establecidos por la ley. Este aspecto garantiza una tutela admi- nistrativa efectiva y brinda seguridad y cer- teza jurídica al administrado, materiali- zándose así el derecho de petición y res- puesta oportuna (Auto Supremo 49/2016-S, Bolivia). La Administración Pública está obliga- da a dictar resolución expresa en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. Este mandato busca preservar el dere- cho del administrado a contar con una deci- sión sobre su pretensión, por ello, cualquie- Obligación de resolve y silencio administrati P José María Pacori Cari* Con el pedido del administrado se genera la obligación de las entidades públicas de resolver. ra sea la forma de esa solicitud, la obliga- ción de absolver las cuestiones planteadas y los petitorios del administrado plasmando la decisión en una disposición expresa debe cumplirse en un plazo determinado, toda vez que no puede ni debe dejarse al intere- sado sin respuesta por tiempo indefinido (Auto Supremo 51/2016-S, Bolivia). En virtud al principio de eficacia, el ejercicio de toda potestad administrativa genera para la Administración Pública, en cualquiera de sus niveles, la obligación de emisión de actos administrativos evitan- do dilaciones indebidas, razón por la cual estos actos deben ser pronunciados den- tro de los plazos procedimentales estable- cidos por el “bloque de legalidad”. Este aspecto garantiza una tutela ad- ministrativa efectiva y brinda seguridad y FOTO:COMUNIDADISM.ES certeza jurídica al administrado, en esta perspectiva, el Estado Plurinacional de Bolivia ha incorporado a su ingeniería ju- rídica la técnica conocida en Derecho Comparado como “silencio administrati- vo” (Auto Supremo 464/2015, Bolivia). PLAZO MÁXIMO PARA EXPEDIR RESOLUCIÓN El artículo 11, parágrafo II, de la Ley 2341 (Bolivia) establece que: “II. El plazo máximo para dictar la resolución expresa será de seis (6) meses desde la iniciación del procedimiento, salvo plazo distinto es- tablecido conforme a reglamentación es- pecial para cada sistema de organización administrativa aplicable a los órganos de la Administración Pública comprendidos en el Artículo 2º de la presente Ley”. COMENTARIO Cuando la Administración Pública no emi- te pronunciamiento en el plazo de seis meses establecido en la ley, operará el si- lencio administrativo negativo, lo que con- llevaría el derecho de recurrir asu- miendo –ante tal silencio– que la preten- sión fue desestimada (Auto Supremo 51/2016-S, Bolivia). En ese sentido, se indica que el plazo máximo para dictar la resolución expresa será de seis (6) meses desde la iniciación del procedimiento, salvo plazo distinto es- tablecido conforme a reglamentación es- pecial para cada sistema de organización administrativa aplicable a los órganos de la Administración Pública. Queda así establecido el plazo en el que la Administración Pública debe pro- nunciarse sobre la solicitud del adminis- trado, con excepción de los casos en que este plazo es regulado en reglamentación especial de cada sistema de organización administrativa. Ahora bien, si este plazo no se cum- ple, si no existe una respuesta o decisión expresa sobre lo pretendido, se considera como una respuesta negativa a la solici- tud (Auto Supremo 51/2016-S, Bolivia). Resulta claro que ante la inexistencia de una respuesta expresa por más de seis meses por parte de la Administración Pú- blica a una pretensión del administrado, cualquiera sea la forma de iniciación de la misma, opera el silencio administrati- vo negativo. Así la parte puede hacer uso de los re- cursos que la ley prevea, tal como si exis- tiera un pronunciamiento expreso, para ello debe verse si la resolución o pronun- ciamiento expreso que hubiese emergido es recurrible y, en su caso, por qué me- dios (Auto Supremo 51/2016-S, Bolivia). SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO El artículo 11, parágrafo III, de la Ley 2341 (Bolivia) establece que: “III. Trans- currido el plazo previsto sin que la Admi- nistración Pública hubiera dictado la resolución expresa, la persona podrá con- siderar desestimada su solicitud, por si- lencio administrativo negativo, pudiendo deducir el recurso administrativo que co- rresponda o, en su caso jurisdiccional”. COM El sil pora do b princ ser d en vi juríd la ad minis tes (A OBJE El si gene tivo n ticas esta teme nistr verda el ún dad a E tral Adm la sa dada tías, socie vez q franq cho d con i recla ciale 49/2 DOB El sil estim mo e a trativ b rior. el sil renc vo, n nistr simp virtu admi para Centrales_Centrales 04/10/17 17:57 Página 2
3. La Paz, JUEVES 5 de octubre de 2017 5ensayos livia, promulgada el 23 abril administrativo boliviano. ver ativo o emi- e seis el si- e con- asu- eten- remo plazo presa ación to es- ón es- ación os de en el e pro- minis- n que ación ación cum- cisión idera olici- ia). encia e seis n Pú- rado, ón de trati- os re- exis- para onun- rgido é me- via). TIVO a Ley rans- Admi- do la á con- or si- iendo ue co- al”. desestimativa, por esta razón, se afirma que esta técnica constituye una ficción le- gal de efectos puramente procesales (Au- to Supremo 49/2016-S, Bolivia). ACTO PRESUNTO El silencio administrativo negativo consagra la previsión de un acto presunto como con- secuencia de la falta de respuesta a la peti- ción efectuada por el administrado, de tal forma que ante esa ausencia de respuesta, la ley ofrece al ciudadano la posibilidad de reclamar el fondo del asunto solicitado y ne- gado por vía de silencio administrativo ne- gativo a través de los mecanismos de impugnación administrativos o jurisdiccio- nales (Auto Supremo 49/2016-S, Bolivia). En ese orden de ideas, ante la inexis- tencia de una respuesta expresa por más de seis meses por parte de la Administra- ción Publica, a una pretensión del admi- nistrado, cualquiera sea su forma de iniciación de la misma, opera el silencio administrativo negativo y puede hacer uso de los recursos que le correspondían ante la existencia de la respuesta o pronuncia- miento expreso de su solicitud. En consecuencia, se debe ver si la re- solución o pronunciamiento expreso que hubiese emergido de su pretensión es re- currible y por qué medios y se debe hacer uso de los mismos para poder impugnar la desestimación de su pretensión presumida por el silencio administrativo negativo. Esto porque, si la respuesta o resolu- ción que debió emerger de la solicitud del administrado no es recurrible, no puede re- currirse de la presunción, ya que la misma normativa establece que ante el silencio administrativo negativo, se puede deducir el recurso administrativo que corresponda (Auto Supremo 48/2016-S, Bolivia). RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA El artículo 11, parágrafo IV, de la Ley 2341 (Bolivia) establece que: “IV. La au- toridad o servidor público que en el plazo determinado para el efecto no dictare re- solución expresa que resuelva los proce- dimientos regulados por la presente Ley, podrá ser objeto de la aplicación del ré- gimen de responsabilidad por la función pública, conforme a lo previsto en la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gu- bernamentales y disposiciones regla- mentarias”. COMENTARIO La observancia del plazo legal de seis meses es una obligación de la autoridad administrativa, su incumplimiento no so- lo habilita al administrado al uso del si- lencio administrativo, sino que implica la existencia de responsabilidad adminis- trativa por parte de los servidores públi- cos, esta responsabilidad es importante para evitar que los funcionarios usen el silencio como una forma de justificar su conducta omisiva en las prestación de los servicios públicos. SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO El artículo 11, parágrafo V, de la Ley 2341 (Bolivia) establece que: “V. El silencio de la administración será considerado como una decisión positiva, exclusivamente en aquellos trámites expresamente previstos en disposiciones reglamentarias especia- les, debiendo el interesado actuar confor- me se establezca en estas disposiciones”. COMENTARIO La regla general en el ordenamiento jurí- dico boliviano es el silencio negativo, siendo la excepción el silencio positivo, se entiende que esto es definido de esta ma- nera para cautelar los intereses públicos de la comunidad en su conjunto. El silencio administrativo, en sentido estricto, solo se da en los casos de proce- dimientos iniciados a instancia del intere- FOTO:THOMSONREUTERSLATAM.COM sado o por su solicitud en los que la admi- nistración pública tiene que responder a la petición del particular (Auto Supremo 464/2015, Bolivia). Debe quedar aclarado que el silencio administrativo negativo, a diferencia del silencio administrativo positivo, no se equipara a un acto administrativo desesti- matorio, ya que tiene simplemente efec- tos procedimentales en virtud de los cuales se abre el control administrativo o jurisdiccional posterior para la impugna- ción de esta presunción desestimativa. Por esta razón se afirma que esta técnica constituye una ficción legal de efectos pu- ramente procesales (Auto Supremo 49/2016-S, Bolivia). El silencio administrativo, como insti- tución del derecho administrativo, se ca- racteriza por la inactividad de la Administración Pública, opera como un mecanismo que permite, imputar a las en- tidades la realización de un acto adminis- trativo con las consecuencias que el hecho implica; cobra vida y trascendencia cuando un ciudadano hace conocer algu- na pretensión jurídica a la Administración Pública y esta no responde. Únicamente la ley determina en qué ca- sos el silencio administrativo es “positivo”; es decir que su solicitud se da por acepta- da, operando como un acto administrativo propiamente dicho, produciendo efectos re- ales, caso contrario actúa el silencio admi- nistrativo negativo, entendiéndose que el requerimiento del administrado se da por denegado, dando apertura a la fase admi- nistrativa de impugnación (Auto Supremo 464/2015, Bolivia). Por la falta de respuesta a la petición del administrado el silencio administrativo negativo prevé un acto. COMENTARIO El silencio administrativo negativo, incor- porado en el sistema normativo del Esta- do boliviano, bajo la disciplina de los principios de eficacia y eficiencia, puede ser definido como la institución jurídica en virtud de la cual la ley atribuye efectos jurídicos desestimatorios a la omisión de la administración de emisión de actos ad- ministrativos dentro de los plazos vigen- tes (Auto Supremo 49/2016-S, Bolivia). OBJETO DEL SILENCIO El sistema normativo regula como regla general la técnica del silencio administra- tivo negativo con los efectos y caracterís- ticas ya descritas, en el entendido que esta institución tiene un carácter eminen- temente garantista y protector del admi- nistrado, acercando al Estado al verdadero servicio del administrado, con el único objetivo de conducir a la socie- dad al vivir bien. Esto en razón a que el principio cen- tral que debe orientar el accionar de la Administración Pública en su conjunto es la satisfacción de las necesidades del ciu- dadano, respetando sus derechos y garan- tías, extremo ideal de respeto por la sociedad que no muchas veces se da, toda vez que los administrados sienten la in- franqueable barrera que representa el he- cho de que las entidades estatales actúen con indiferencia y negligencia frente a sus reclamos, vulnerando los derechos esen- ciales del ser humano (Auto Supremo 49/2016-S, Bolivia). DOBLE FINALIDAD El silencio administrativo negativo o des- estimatorio tiene una doble teleología, co- mo es (Auto Supremo 49/2016-S, Bolivia): a) Dar respuesta a peticiones adminis- trativas en un plazo razonable. b) Abrir un control jurisdiccional ulte- rior. Empero, debe quedar aclarado que el silencio administrativo negativo, a dife- rencia del silencio administrativo positi- vo, no se equipara a un acto admi- nistrativo desestimatorio, ya que tiene simplemente efectos procedimentales en virtud de los cuales se apertura el control administrativo o jurisdiccional posterior para la impugnación de esta presunción * Es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad José Carlos Mariátegui en Perú. Centrales_Centrales 04/10/17 17:57 Página 3
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 RESOLUCIÓN 
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 Artículo 2
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