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Timestamp: 2017-06-28 10:23:40+00:00

Document:
El Yo Acuso Argentino: febrero 2012
Capítulo 471 - Los actores no estatales tienen obligaciones internacionales en virtud del derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos.
considerar los argumentos jurídicos existentes para la aplicación de esas
obligaciones de los grupos armados de oposición en función de cuatro aspectos.
En primer lugar, los individuos y los grupos están vinculados como nacionales
del Estado que ha contraído el compromiso internacional. En segundo lugar,
cuando un grupo está ejerciendo funciones similares a las gubernamentales, debería
ser considerado responsable en la medida en que esté ejerciendo de facto las
funciones gubernamentales del Estado. En tercer lugar, el tratado mismo directamente
concede derechos e impone obligaciones a los individuos y los grupos. En cuarto
lugar, las obligaciones como las que figuran en el artículo 3 común están
destinadas a los grupos rebeldes, y Theodor Meron ha argumentado que la aplicación
efectiva de esas normas no debería depender de la incorporación de obligaciones
en el derecho nacional. Según Meron: “Así pues, es deseable que se interprete que el artículo 3
impone obligaciones directas a las fuerzas que luchan contra el gobierno”.
El derecho internacional humanitario y las obligaciones de los actores no estatales.,
Los actores no estatales y sus obligaciones en un conflicto armado
Capítulo 470 - Donde hablamos de la aplicabilidad del artículo 3 Común en los Conflictos Armados No Internacionales.
como ya se ha observado, el Gobierno argentino inicialmente, pudo estar menos
dispuesto a reconocer la situación como conflicto armado, y en cambio preferir
calificarla como una lucha contra criminales y terroristas. Para
decirlo con claridad, la aplicación de las obligaciones no depende de la
aceptación, por los gobiernos, de que se ha alcanzado el umbral para la
aplicabilidad del derecho humanitario. En algunos casos, despejan la situación
resoluciones de la ONU que afirman que las normas humanitarias contenidas en el artículo 3 común
deben ser respetadas por ambas partes en un conflicto en particular.
recientemente, la Corte Suprema de Estados Unidos ha señalado la aplicabilidad del artículo 3 común con respecto a las garantías procesales ofrecidas por las comisiones militares encargadas de enjuiciar a
personas capturadas en Afganistán durante el
conflicto entre Estados Unidos y Al Qaeda. La Corte sostuvo que el artículo 3 común
era aplicable a ese conflicto. El subsecretario de Defensa, Gordon England,
publicó más tarde un memorando que comienza así: “La Corte Suprema ha
determinado que el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 se
aplica, como asunto de derecho, al conflicto con Al Qaeda. El memorando solicitaba
a los jefes y los departamentos de Defensa que iniciaran una pronta revisión de
sus políticas y procedimientos “a fin de garantizar que observaban los estándares del
artículo 3 común”. A los fines de este artículo, conviene recordar, simplemente,
artículo 3 común es, efectivamente, aplicable, entonces
los términos del artículo 3 común se
refieren a las obligaciones de cada “Parte” en el conflicto; en este caso, esto
significa que las obligaciones internacionales no
vinculan sólo a Estados Unidos, sino también
a Al Qaeda (y a sus miembros, en la medida en que sus acciones
constituyan crímenes de guerra).
Al parecer, la administración de Estados
Unidos no considera que el conflicto se limita al período del enfrentamiento
con Afganistán. Cabe recordar aquí la declaración del asesor jurídico del
Departamento de Estado, John Bellinger III, ante la Comisión de la ONU contra la Tortura, del 8 de mayo de 2006:
“Estados Unidos está librando un conflicto armado real, no retórico, con Al
Qaeda y sus seguidores y defensores, tal como quedó reflejado en los horrendos
ataques perpetrados por Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001, un ataque que
mató a más de 3.000 civiles inocentes. Es importante aclarar la distinción que
hacemos entre la lucha en la que están empeñados todos los países en el marco
de la ‘guerra global contra el terrorismo’ y el significado jurídico del
conflicto armado de nuestra nación con Al Qaeda, sus seguidores y defensores.
En el plano político, Estados Unidos cree que todos los países deben mostrar la
firme determinación de vencer la amenaza mundial del terrorismo transnacional.
En el plano jurídico, Estados Unidos cree que ha estado y sigue empeñado en un conflicto
armado con Al Qaeda, sus defensores y seguidores. Estados Unidos no considera
que está en una situación de conflicto armado internacional con todos los
grupos terroristas del mundo.”
La protección conferida por el Protocolo II adicional a los
Convenios de Ginebra sobrepasa los
estándares mínimos que contiene el artículo 3 común, a pesar de que esos
estándares siguen teniendo efecto incluso cuando
el Protocolo II es aplicable.
El Protocolo completa esos estándares con protección extra para los civiles,
los niños y el personal médico y religioso. Además, detalla las garantías procesales
que deben ofrecerse a las personas internadas o detenidas. En el presente contexto,
importante destacar que esa amplia gama de obligaciones se aplica a ambas
partes en un conflicto armado interno. Sin embargo, a fin de que se
aplique el Protocolo II, la intensidad de los enfrentamientos debe ser mayor
que lo que tradicionalmente se requiere para la aplicación del artículo 3
común. Conforme al artículo 1
(2) del Protocolo, éste no se aplica a situaciones de tensiones internas, disturbios interiores y
actos de violencia esporádicos. Además, el artículo 1 (1) del
Protocolo exige que los grupos armados disidentes estén bajo la
dirección de un mando responsable y que ejerzan sobre una parte de dicho
territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares y aplicar las
garantías del Protocolo. Por lo general, se considera que ésto constituye un umbral
más alto para la aplicabilidad que el artículo 3 común. Además, sugiere que los
rebeldes mismos están vinculados a través de su disposición a aplicar el
Protocolo. Como
se analizará más adelante, se han propuesto varias teorías en el pasado para explicar
cómo los rebeldes están vinculados por el Protocolo. Algunas de esas
teorías son hoy menos pertinentes, ya que las disposiciones clave son consideradas como derecho
internacional consuetudinario a los fines de los enjuiciamientos individuales.
basta observar que, en 2004, la Sala de Apelaciones del Tribunal Especial
para Sierra Leona sostuvo simplemente que “está bien establecido que todas las partes en
un conflicto armado, sean actores estatales
o no estatales, están vinculados por el derecho internacional humanitario, aunque sólo los Estados puedan ser Partes en los tratados
internacionales”. “Cuando se redactó el Protocolo II
adicional a los Convenios de Ginebra, varios Estados explicaron su
convicción de que los insurgentes empeñados en
una guerra civil eran simplemente criminales
y que el Protocolo no les confería personalidad jurídica internacional.
en día se considera que ese tratado contiene
obligaciones para los rebeldes que reúnen los
criterios establecidos en el Protocolo y cuando los enfrentamientos han pasado
el umbral del Protocolo. Se han propuesto
varias teorías para explicar cómo un tratado como el Protocolo II concertado
por los Estados puede crear obligaciones internacionales para un grupo rebelde. (N.
de R.: recordemos el accionar de la guerrilla en la Argentina. Quienes
sostenían que no tenían ninguna obligación convencional, durante el transcurso
de su actividad guerrillera, estaban equivocados. Hoy se sostiene que el grupo
rebelde tiene obligaciones). “ Hoy en día, incluso
en ausencia de un consenso acerca de una justificación teórica, no cabe duda de que
no sólo los rebeldes están vinculados como
partes en el conflicto por el artículo 3 común a
los Convenios de Ginebra, sino que también
lo están por las disposiciones del Protocolo II.
En realidad, en el Comentario del CICR sobre ese Protocolo, ya se afirmaba lo
siguiente: “La supresión en el texto de la mención ‘partes en conflicto’ tiene una
incidencia puramente redaccional y no modifica la estructura del instrumento en
el plano jurídico. Todas las normas se fundan en la hipótesis de que existen
dos o varias partes que se enfrentan. Ellas
confieren, tanto al Gobierno en el poder como
a la parte insurrecta, los mismos derechos y las
mismas obligaciones de índole estrictamente humanitaria.”. El Comentario subraya
las teorías que permiten la imposición de obligaciones internacionales a
individuos y grupos, y afirma el hecho de que la aplicación no es cuestionada
por los Estados en la práctica. A menudo se plantea la cuestión de cómo la parte
insurrecta puede estar vinculada por un tratado en el que no es Alta Parte
Contratante. Por lo tanto, es conveniente recordar aquí la
explicación dada en 1949:
contraído por el Estado vale no solamente para el Gobierno, sino también para
las autoridades constituidas y los particulares que se
encuentren en el territorio nacional, a los
cuales se les imponen así ciertas obligaciones. La extensión de los derechos y deberes de
los particulares es, pues, idéntica a la de los derechos y deberes del Estado.
Aunque esta afirmación haya sido a veces puesta en duda por la doctrina, la validez de la obligación impuesta a los insurrectos no ha sido impugnada.”
(N.de R.: señala
el autor que estas afirmaciones derivan del estudio realizado sobre este tema, por Rüdiger Wolfrum y Christiane E. Philipp,
“The Status of the Taliban: Their Obligations and Rights under International
Law”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 6, 2002, pp. 559-601,
quienes recuerdan que los regímenes de facto que ejercen control efectivo sobre
partes del territorio pueden gozar de derechos y obligaciones limitados en
cuanto al uso de la fuerza y pueden concluir que, en tanto régimen de facto (aunque no reconocido), los
talibán son considerados como un sujeto
internacional, y su complicidad con el grupo
terrorista Al Qaeda significaba que podían ser
atacados a fin de hacerles respetar sus
obligaciones jurídicas internacionales (p. 601). Publicado por
El artículo 3 Común y los guerrilleros en los conflictos armados no internacionales.
Capítulo 469 - Como eran los "jóvenes idealistas" que integraban el Ejército Revolucionario del Pueblo.
Con frecuencia, y oportunamente, los rebeldes acogerán favorablemente la designación de sus ataques como un conflicto armado, ya que ello constituye una curiosa suerte de reconocimiento internacional para ellos, y la aplicabilidad del artículo 3 común refuerza el papel especial del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Sin embargo en el caso de los guerrilleros argentinos, actuantes en la década del 70, al principio ostentaban su calidad de guerrilleros y a sus tropas las designaban como “ejército”. Recuerdo que el Estado argentino, en una época calificaba a los integrantes de las fuerzas subversivas, a las bandas de asesinos tantas veces citadas, como a una banda de delincuentes. El propio Perón, al principio, solía afirmar que se trataba de meros actos delictivos que la policía podía enfrentar eficazmente. Ello, nos consta, no ocurrió. La policía no pudo enfrentar a estas bandas sediciosas lo que obligó a que el gobierno peronista ordenara la intervención de las Fuerzas Armadas, con las secuelas que todos los argentinos conocemos. En cuanto a los sanguinarios subversivos, ellos mismos se complacían en auto titular su accionar como hechos de guerra. De la publicación del denominado Ejército Revolucionario del Pueblo, titulada “Estrella Roja” nº 22 del 12 de julio de 1973, o sea durante la época de un gobierno constitucional, se desprende que esta organización guerrillera se expresaba en forma belicosa señalando: “La única liberación verdadera es la Revolución Socialista. La única América Latina que puede enfrentar al amo yanqui (sic) es América Latina de los obreros, campesinos o indios, no la América Latina de los patrones latinoamericanos. Y la única manera de enfrentarlo es con la Guerra Revolucionaria del Pueblo. A 20 años del asalto al Cuartel Moncada, decimos a la Cuba socialista, al gran horno revolucionario de América: Seguiremos vuestro ejemplo hermanos cubanos, lucharemos hasta el fin contra el imperialismo, haremos de América Latina una Patria Grande, sí pero una Gran patria Socialista”. En la página 14 de este ejemplar, se encuentra lo que titula “Crónica de la Guerra Revolucionaria”. Con fecha 17 de diciembre de 193, la misma publicación refiere que “La guerrilla, particularmente nuestro ERP, es y debe ser cada día más sólidamente el núcleo de acero de la resistencia popular. (…) debemos preocuparnos de mejorar la calidad y capacidad operativa de nuestras unidades. Por aumentar su preparación, su armamento y su moral de combate. (…) Cada patriota, cada argentino o habitante de nuestro suelo,… tiene en el ERP un puesto de combate para luchar y derrotar al enemigo, siguiendo el ejemplo del Che, de los heroicos vietnamitas, de la gloriosa revolución cubana, de nuestros propios héroes y mártires que nos marcaron el camino de la guerra revolucionaria, para conquistar la Patria socialista.” Con el correr de los acontecimientos, los otrora guerrilleros de cuanto “ejército de facciosos había” se fue auto adjudicando el nombre de “civiles”. Inspirados posiblemente en los “especialistas jurídicos” de la banda. De allí un paso a ser una eventual “víctima”, con todos los derechos del caso. Evidentemente, reflexionaron que desde el punto de vista jurídico, les convenía aparecer como “civiles” inocentes que nada tenían que ver con las hostilidades internas. Publicado por
Como eran los jóvenes idealistas del sanguinario ERP
Capítulo 468: Derechos y obligaciones de los actores en un conflicto armado no internacional
Según Antonio Cassese, quien desempeñara numerosos cargos
jerarquizados en el ámbito de la Cruz Roja Internacional, para que se les
confiera ese reconocimiento, los insurgentes sólo deben reunir algunas
condiciones básicas, entre ellas la que enumera como “ 1)” y que a posteriori
la jurisprudencia de los tribunales internacionales, dio con tierra con ella: “El derecho internacional sólo establece
algunos requisitos poco precisos para ser considerado como sujeto
internacional. En pocas palabras, 1) los rebeldes deben probar que tienen el
control efectivo de alguna parte del territorio, y 2) la conmoción civil debe
alcanzar cierto grado de intensidad y duración (no puede consistir simplemente
en disturbios o en actos de violencia esporádicos y de corta duración). Corresponde a los Estados (tanto aquellos contra los que se desata
la tensión civil como otras partes) evaluar –otorgando
o denegando,
aunque sea implícitamente, el
reconocimiento de la insurgencia– si se reúnen esos requisitos”.
Con respecto a un grupo insurrecto reconocido como tal por el
Estado concernido, no cabe duda de que hay ciertos derechos y obligaciones
internacionales que derivan de su estatuto, en función de los términos del
reconocimiento. Conforme
a este derecho internacional tradicional, los insurgentes que eran reconocidos por el Estado contra el
cual luchaban no sólo como insurgentes, sino también, expresamente, como
beligerantes, fueron
asimilados a un actor estatal con
todos los derechos y obligaciones correspondientes que derivan de los derechos relativos a los
conflictos armados internacionales . Hoy en día, esos regímenes de reconocimiento han sido reemplazados por normas
obligatorias de derecho internacional humanitario que se aplican cuando los
enfrentamientos alcanzan cierto umbral. Algunos comentaristas,
como Ingrid Detter, sostienen que la
idea de que la aplicación de las normas de los conflictos armados está
relacionada con el reconocimiento de la beligerancia ha sido “abandonada”,
y Heather Wilson afirma que, desde la Primera Guerra Mundial, el antiguo
derecho es “más teórico que real”, dado que rara vez se ha efectuado tal
reconocimiento desde esa época.
A pesar de que siguen existiendo
posibilidades teóricas de que los Estados confieran derechos y obligaciones a
los rebeldes reconociéndolos como insurgentes o beligerantes, es más sensato
considerar hoy a los rebeldes (insurgentes no reconocidos) como destinatarios
de las obligaciones internacionales bajo el derecho internacional humanitario
contemporáneo, especialmente las obligaciones que figuran en el artículo 3
común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, el Protocolo II de 1977
adicional a los Convenios de Ginebra y el artículo 19 de la Convención de La
Haya sobre los bienes culturales, de 1954. Más adelante, se analizan estas obligaciones en forma más detallada. Hoy
en día, el derecho internacional impone obligaciones
a ciertas partes en un conflicto armado
interno independientemente
del reconocimiento efectuado por el Estado contra el cual están combatiendo o
por un tercer Estado. El problema es que los Gobiernos por lo
general son reticentes a admitir que se reúnen las condiciones para la aplicación
del derecho internacional, ya que aceptar tal
situación equivaldría a
reconocer que el Gobierno ha
perdido cierto grado de control y a “elevar”
el estatuto de los rebeldes. En algunos casos, se han concertado
acuerdos escritos durante los conflictos armados y después de éstos. En dichos
acuerdos las partes pueden comprometerse mutuamente a respetar no sólo las normas relativas a los conflictos
armados, sino también los derechos humanos. Esos acuerdos se concentran menos
en las antiguas cuestiones de reconocimiento y están destinados, simplemente, a
crear confianza, considerando la protección de la persona como el aspecto
fundamental de esas medidas. No obstante, esos acuerdos se basan, a veces, en
la capacidad real de los rebeldes de cumplir las obligaciones correspondientes. El preámbulo del
Acuerdo de San José sobre Derechos Humanos, entre El Salvador y el Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), incluye el siguiente
párrafo: “Recordando que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
tiene la capacidad y la voluntad, y asume el compromiso de respetar los
atributos inherentes a la persona humana” . En este caso, el acuerdo también fue firmado por el representante del secretario
general de la ONU (Álvaro de Soto), y este hecho, junto con los acuerdos para
el control por parte de la ONU, sugiere que se trata de un acuerdo regido por
el derecho internacional entre entidades a las que se reconoce el estatuto
internacional para asumir los derechos y las obligaciones dimanantes del derecho
internacional. (…) Este
ejemplo muestra cómo el derecho internacional ha
superado el reconocimiento de la
insurgencia durante los conflictos armados, para alcanzar un
nuevo tipo de reconocimiento
en relación con los derechos humanos.
Las obligaciones de los actores no estatales en esas
situaciones se extienden más allá de la duración de los conflictos armados y de las leyes que los rigen.
reconocimiento de la insurgencia o la beligerancia, y el grupo en cuestión no
es un movimiento de liberación nacional que ha logrado hacer aplicar las normas
de los conflictos armados internacionales, lo que queda es un conflicto armado interno donde participan rebeldes o lo que a veces se denomina “grupos armados de oposición”. El derecho humanitario
que se aplica durante los conflictos armados internos da lugar a algunas
obligaciones para esos rebeldes. La protección mínima conferida por
el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra contiene obligaciones
para “cada Parte en el conflicto”. Esas obligaciones son para con “las personas
que no participan directamente en las hostilidades” y “los heridos y los enfermos”.
prohibiciones incluyen los atentados contra la vida, el homicidio en particular, los
tratos crueles, la toma de rehenes, los tratos humillantes y degradantes, y las sentencias o las
ejecuciones sin garantías procesales. Por último, el artículo incluye la
obligación positiva de recoger y cuidar a los heridos y los enfermos. La
designación de una situación como “conflicto armado sin carácter internacional”,
de modo que sea aplicable el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de
1949, es
obviamente un acto de considerable
importancia política para todas las partes en el conflicto. Publicado por
Capítulo 467 - Regresemos a las disposiciones, no siempre aplicadas por la justicia, del derecho internacional humanitario consuetudinario.
No es la primera ocasión en que actos de tal naturaleza, nos llevan a reflexionar
acerca de los motivos que tienen nuestros magistrados, para soslayar las
clarísimas disposiciones de derecho consuetudinario que es imperativo aplicar,
en ocasión de proceder a juzgar a los militares imputados de violaciones de los
derechos humanos y a los integrantes de las sanguinarias bandas de forajidos
que cometieron actos subversivos y crímenes de guerra en nuestro país, al
violar indiscriminadamente, las clarísimas disposiciones del derecho
consuetudinario, relacionadas con este tema tan especial. Además, debemos
añadir como comparación, los informes de los Relatores Especiales de las
Naciones Unidas sobre los conflictos en el sur de Líbano (2006) y Gaza (2009) quienes se
basaron en el estudio para identificar las normas consuetudinarias del derecho internacional humanitario aplicable en esos conflictos.
El derecho internacional humanitario consuetudinario.
Capítulo 466 - Repasemos sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, tema "tabú" para nuestra Justicia.
Refiere el funcionario de CICR que “El derecho
internacional humanitario consuetudinario consiste en un conjunto de normas no
escritas que dimanan de una práctica general o común reconocida como derecho. Representa las reglas básicas de conducta en los
conflictos armados, aceptadas por la comunidad internacional. El derecho
internacional humanitario consuetudinario es de aplicación universal
-independientemente de la aplicación del derecho convencional- y se basa en prácticas estatales extensas y
virtualmente uniformes consideradas como derecho. Respondiendo a una solicitud de
la comunidad internacional, el CICR emprendió un estudio exhaustivo de las
actuales prácticas estatales en materia de DIH, con el fin de identificar las
normas del derecho consuetudinario aplicables en este ámbito. Antes de publicar el estudio, esas normas no estaban
escritas. Hoy, el estudio ha contribuido a identificar el núcleo común de
derecho internacional humanitario que es
vinculante para todas las partes en todos los conflictos
“El derecho internacional humanitario consuetudinario es importante
porque sus normas pueden reducir el costo humano de los conflictos armados. Complementa la protección otorgada a las víctimas
de los conflictos por el derecho convencional, y cubre ciertas lagunas ocasionadas por la falta de
ratificación de los tratados o por la ausencia, en el derecho convencional, de
normas detalladas en materia de
conflictos armados no internacionales.”
“Aunque los Convenios de Ginebra de 1949 han sido ratificados por todos
los países del mundo, no ha sucedido lo mismo con otros tratados
de derecho internacional humanitario, por ejemplo los
Protocolos adicionales de 1977. Como resultado de ello, las
víctimas de los conflictos armados, en particular las
personas afectadas por conflictos
armados no internacionales, no siempre están
plenamente protegidas por el derecho convencional. Por esta razón, se hizo necesario
determinar las normas que forman parte del derecho consuetudinario y que son,
aplicables a todas las partes en un conflicto,
independientemente de las obligaciones que les incumban en virtud de los
tratados.”
Además, gran parte de los
conflictos armados actuales son de carácter no internacional, y el derecho internacional humanitario basado en tratados
no los reglamenta en suficiente detalle. Esos conflictos están sujetos a un
número de normas convencionales mucho menor que los conflictos internacionales.
Por ejemplo, el Protocolo adicional II, relativo a los conflictos armados no
internacionales, contiene solamente 15 artículos sustantivos, mientras que el
Protocolo adicional I, referido a los conflictos armados internacionales,
contiene más de ochenta.
“Por todas estas razones, era importante
determinar si el derecho
internacional consuetudinario rige los conflictos armados no internacionales en mayor detalle que el derecho convencional. Las conclusiones del estudio realizado por el CICR
son que las normas básicas sobre la conducción de las hostilidades
relativas al uso de los medios y métodos de guerra y al trato de las personas
que caen en manos de una de las partes en el conflicto son plenamente aplicables
en los conflictos armados no internacionales.”
El estudio ha sido utilizado de
diferentes maneras por diversas entidades. Primero y principal, el CICR ha usado el estudio como unas importantes referencias jurídicas en conflictos armados internacionales y no internacionales. La Institución
hace referencia al estudio en su diálogo con las partes en conflicto, para
determinar las normas humanitarias a las que deben atenerse los combatientes y
También han utilizado el estudio las Naciones Unidas, los tribunales y las
cortes penales internacionales y mixtas, los tribunales nacionales, y las
organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, basándose en la práctica
recopilada en el estudio, el Tribunal Especial para Sierra Leona concluyó que el reclutamiento de niños soldado
constituye un crimen de guerra en los conflictos armados no internacionales, lo que refuerza la
protección de los niños, para que no sean reclutados ni utilizados como niños soldados. Publicado por
Argentina ignora normas internacionales para favorecer a subversivos,
La Justicia Argentina no aplica normas internacionales
Capítulo 465 - Algunas reflexiones sobre el terrorismo.
“Algunos aspectos específicos de la lucha contra el terrorismo que se inició tras los ataques contra Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 corresponden a un conflicto armado tal como se lo define en el DIH. La guerra que libró la coalición conducida por Estados Unidos en Afganistán a partir de octubre de 2001 es un ejemplo. Los Convenios de Ginebra de 1949 y las normas de derecho internacional consuetudinario eran plenamente aplicables en ese conflicto armado internacional, en el que participaron, la coalición liderada por Estados Unidos, por un lado, y Afganistán, por el otro. Sin embargo, muchas manifestaciones de violencia que actualmente se producen en otras partes del mundo y que suelen ser calificadas de " terroristas " son perpetradas por grupos poco organizados (redes) o por individuos que, en el mejor de los casos, tienen una ideología común. Con las pruebas de que habitualmente se dispone, no es posible calificar a esos grupos o redes como partes de algún tipo de conflicto armado, ni siquiera de un conflicto “transnacional”.
Pero esos actos están sujetos al derecho, aunque el derecho internacional humanitario no sea aplicable a ellos. Independientemente de las motivaciones de sus autores, los actos terroristas cometidos fuera de un conflicto armado incumben al derecho nacional y al derecho internacional, y no al derecho de la guerra. (…) “El " terrorismo " es un fenómeno. Tanto en la práctica como en el plano jurídico, no se puede librar una guerra contra un fenómeno. Sólo es posible combatir contra una parte identificable en un conflicto armado. Por estas razones, sería más apropiado hablar de " lucha contra el terrorismo “, lucha que adopta múltiples facetas, que de " guerra contra el terrorismo “.
“Los Estados tienen la obligación y el derecho de defender a sus ciudadanos contra los actos terroristas. Esto puede abarcar el arresto y la detención de personas que presuntamente han cometido crímenes terroristas. Sin embargo, esas medidas siempre deben tomarse de conformidad con un marco jurídico nacional y/o internacional claramente definido.(…) Se debe conferir a los combatientes capturados el estatuto de prisioneros de guerra; éstos pueden ser retenidos hasta el término de las hostilidades activas en ese conflicto armado internacional. No se puede juzgar a los prisioneros de guerra por su sola participación en las hostilidades, pero se los puede sancionar por cualquier crimen de guerra que hayan cometido. En este caso, pueden ser retenidos hasta que hayan cumplido la sentencia impuesta. En caso de duda en cuanto al estatuto de prisionero de guerra de una persona detenida, el tercer Convenio de Ginebra estipula que debe establecerse un tribunal competente para determinar ese estatuto. (…) “Las personas detenidas en relación con un conflicto armado no internacional librado en el marco de la lucha contra el terrorismo, como el caso de Afganistán desde junio de 2002, están protegidas por el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y las normas pertinentes del derecho internacional humanitario consuetudinario. Las normas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho nacional del Estado detenedor también son aplicables. Si son procesadas por algún crimen que hubieran cometido, esas personas tienen derecho a recibir las garantías judiciales que prevén el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos. Si esta lucha adopta la forma de un conflicto armado no internacional, el CICR puede ofrecer sus servicios humanitarios a las partes en el conflicto y obtener la autorización de las autoridades correspondientes para visitar a las personas detenidas. Fuera de las situaciones de conflicto armado, el CICR tiene un derecho de iniciativa humanitaria de conformidad con los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Por ello muchas de las personas que el CICR visita con regularidad fueron detenidas por razones de seguridad en tiempo de paz. Algunas de las convenciones internacionales sobre terrorismo existentes incluyen disposiciones específicas según las cuales los Estados pueden autorizar al CICR a visitar a personas que presuntamente han realizado actividades terroristas. Esas disposiciones, así como las previstas en tratados de derecho internacional humanitario y en los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, existen en reconocimiento del papel único que desempeña el CICR, basándose en sus principios de neutralidad e imparcialidad”. “Régimen Constitucional de los Tratados Internacionales en Centroamérica" por Aylín Brizeida Ordóñez Reyna (https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?fichero=20778). La finalidad de las normas del derecho internacional humanitario (DIH) consuetudinario es proteger a las víctimas de los conflictos armados. Esas normas complementan la protección prevista en el derecho convencional y cubren las lagunas ocasionadas por la falta de ratificación de los tratados. Jean-Marie Henckaerts, jefe del proyecto del CICR sobre derecho internacional humanitario consuetudinario, refiere la importancia del Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario y habla sobre el lanzamiento de una nueva base de datos que facilitará el acceso a estas normas fundamentales. Publicado por
Los fines del Derecho Humanitario Internacional Consuetudinario
Capítulo 471 - Los actores no estatales tienen obl...
Capítulo 470 - Donde hablamos de la aplicabilidad ...
Capítulo 469 - Como eran los "jóvenes idealistas"...
Capítulo 468: Derechos y obligaciones de los actor...
Capítulo 467 - Regresemos a las disposiciones, no ...
Capítulo 466 - Repasemos sobre el derecho interna...
Capítulo 465 - Algunas reflexiones sobre el terro...

References: artículo 3
 artículo 3
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 artículo 1
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