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Derecho al buen nombre - Docsity
juliana2905198929 de septiembre de 2017
derecho al buen nombre , Otro de Derecho Constitucional. Universidad La Gran Colombia
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acción de tutela, donde se reconoce el derecho al buen nombre..
REGISTROS CONTABLES DE ENTIDADES FINANCIERAS- Materialización del derecho de habeas data
1 Expediente T-2319187
1.2 Al averiguar la accionante por el origen de la obligación que aparecía a favor del Banco de Bogotá, se le informó que ésta correspondía a una deuda contraída en el año 1990, por valor de $542.000 con el Banco
Popular, la cual fue cedida por dicha entidad al Banco de Bogotá. No obstante, dicha cesión no fue notificada a la actora, quien indica que existió un acuerdo de pago con el Banco Popular del cual no contaba con los soportes correspondientes.
1.9 El 24 de Marzo de 2009 recibió respuesta del Banco Popular, oficina de Zipaquirá, en la cual se indicó que según lo señalado por las centrales de riesgo se encontraba pendiente una deuda por valor de $378.387 por concepto de capital, con intereses corrientes de $81.008 e intereses de mora
3 Expediente T-2319187
por valor de $2.183.763.64, correspondientes a 6.884 días de mora. Igualmente, se le informó que si dicha deuda fue cancelada al Banco de Bogotá “…ellos deben tener el dinero, le pedimos que aclare esta situación y sea ubicado el dinero en esta Oficina y sí (sic) poder solucionar este problema.”
• Fotocopia de la cedula de ciudadanía (Cuad. 1, folio 9). • Fotocopia de la relación o reporte expedido por la central de riesgo
Datacredito (Cuad. 1, folio 10 y 11). • Copia del acuerdo de pago firmado el 14 de Octubre de 2008 por el
esposo de la accionante el Sr. José Wadid Rocha, identificado con la cedula de ciudadanía número 19.322.368 y el Banco de Bogotá (Cuad. 1, folio 12).
• Comprobante de la consignación efectuada al Banco de Bogota por la suma de $502.000 con fecha 7 de octubre de 2008 (Cuad. 1, folio 13).
• Fotocopia de la misma consignación (Cuad. 1, folio 14). • Fotocopia del Paz y Salvo que expidió el Banco de Bogotá a la
accionante y firmado por la Gerente de Gestión Avanzada de fecha 10 de noviembre de 2008 (Cuad. 1, folio 15).
• Copia del derecho de petición presentado al Banco de Bogotá el 15 de Diciembre de 2008 (Cuad. 1, folio 16 y 17).
• Copia del derecho de petición presentado al Banco Popular el 15 de diciembre (Cuad. 1, folio 18).
• Copia de la segunda carta presentada al Banco de Bogotá con fecha 26 de Febrero de 2009 (Cuad. 1, folio 19 y 20).
• Copia de la tercera y última carta presentada al Banco de Bogotá (Cuad. 1, folio 21 y 22).
• Repuesta del Banco de Bogotá al derecho de petición interpuesto por la accionante el 15 de Diciembre de 2008, con su respectiva guía de envío fechado el 20 de Marzo de 2009, recibida el 21 de Marzo del mismo año, por la cual se informa a la accionante que la obligación número 720131548 pertenece a un crédito adquirido por la accionante desde el año de 1980 como deudora principal. (Cuad. 1, folio 25).
• Copia de la carta que envió a la accionante el Banco Popular de Zipaquirá, en la cual se relacionan las obligaciones pendientes (Cuad. 1, folio 26).
• Copia de la propuesta de pago enviada por la accionante al Banco Popular (Cuad. 1, folio 27 y 28).
• Copia del recurso de queja interpuesto por la accionante ante la Superintendencia de Industria y Comercio con copia enviada a la Superintendencia financiera de Colombia con fecha 13 de Abril de 2009 (Cuad. 1, folio 29 a 32).
•.2 Mediante Auto de 13 de octubre de 2009, la Sala Primera de Revisión con fundamento en los artículos 96 y 98 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero, según los cuales “vencido este lapso [5 años para mantener los documentos físicos de una obligación financiera], podrán ser destruidos siempre que por cualquier medio técnico se garantice su reproducción exacta” (Resaltado fuera de texto), solicitó lo siguiente:
• Al Banco de Bogotá y al Banco Popularcopiadel soporte documental con el cual se acredite la existencia de la obligación distinguida con el número 720-131548 y la identificada con el número 0000000583214491, respectivamente, de las cuales aparece como deudora principal la señora EDDY DEL CARMEN GÓMEZ TABARES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.718.583 de Bogotá.
• A la SOCIEDAD COMPUTEC S.A., división DATACRÉDITO y a la ASOCIACIÓN BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA CENTRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA –CIFIN-, remitir toda la documentación o información que sirvió de soporte a esas entidades para incluir en su base de datos a la señora EDDY DEL CARMEN GÓMEZ.
• Comunicación del Banco Popular RP No.4553 radicada el 23 de octubre de 2009, mediante la cual se informa que la señora EDDY DEL CARMEN GÓMEZ no presenta endeudamiento alguno con el Banco Popular, como tampoco se observa novedad alguna reportada por el Banco a las Centrales de Riesgo.
• Comunicación de COMPUTEC S.A. división DATACRÉDITO radicada el 27 de octubre de 2009, mediante la cual se informa que antes del 13 de enero de 2009, la señora EDDY DEL CARMEN GÓMEZ se encontraba reportada por el Banco de Bogotá como “cartera castigada” y a partir del 13 de octubre de 2009 se modificó su historial a “Pago Voluntario”, sin que DATACREDITO posea información adicional a la que la misma entidad reporta a través del Sistema NOVEDAT, la cual no requiere información física.
• Comunicación de ASOBANCARIA radicada el 27 de octubre de 2009, por la cual se indica que cada entidad financiera envía sus novedades vía electrónica. No obstante, de acuerdo con sus registros históricos la información reportada por el Banco Popular se hizo por primera vez el 23 de marzo de 1996, información que fue eliminada el día 22 de agosto de 2009.
En cuanto a la información relativa al Banco de Bogotá, CIFIN señala que el reporte se hizo por primera vez el día 15 de mayo de 1995, con una mora correspondiente al corte de agosto de 1992. Sin embargo, esta información fue inactivada de la base de datos por cumplimiento de la
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fecha de permanencia, de acuerdo con las normas vigentes al 12 de octubre de 2009.
• Comunicación del Banco de Bogotá radicada el 28 de octubre de 2009, mediante la cual se niega a aportar los documentos que sirven de sustento a los asientos contables, con el argumento de que existen varias clases de documentos, unos ad probationem que son aquellos que deben existir para demostrar un acto o hecho jurídico y otros ad solemnitatem o ad substantiam actus, que son aquellos que deben reunirse para la validez de los actos jurídicos.
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá confirmó la sentencia de tutela del 28 de abril de 2009 proferida por el Juzgado 12 Civil Municipal de Bogotá, mediante fallo 8 de junio de 2009. Según el juzgado, si la accionante afirma no haber sido cliente directa del Banco de Bogotá, resulta extraño que reconozca y pague una obligación que no existió con el único propósito de ser retirada de las centrales de riesgo y, que al no ser excluida de inmediato de ellas, proceda a instaurar acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS. Competencia. 1. La Corte Constitucional es competente para revisar el presente fallo de tutela de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la
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Constitución Nacional, el Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones pertinentes.
De la norma citada se infiere que procede la acción de tutela contra particulares, cuando estos: (i) prestan servicios públicos; (ii) configuran, respecto de un tercero, una relación de subordinación e indefensión; (iii) han recibido una solicitud en ejercicio del derecho de habeas data y (iv) prestan funciones públicas, entre otros. 5. El punto concreto que es objeto de reclamo tiene que ver con la vulneración a los derechos de petición, al buen nombre y habeas data, derivado del reporte efectuado por el Banco de Bogotá a la centrales de riesgo a partir de una obligación que la actora afirma inexistente y a la renuencia de la entidad financiera de exhibir los soportes correspondientes a los asientos contables, pese a las reiteradas solicitudes dirigidas en tal sentido. 6. Tal circunstancia la ubica de manera automática en varias de las situaciones que habilitan la acción de tutela contra particulares. La primera de ellas, tiene que ver con la existencia de una clara relación de “subordinación” e “indefensión” de la actora como usuaria del sistema financiero frente a la entidad bancaria, circunstancia que la Jurisprudencia Constitucional ha explicado con suficiencia:
“la Corte en su jurisprudencia ha señalado que éste no tiene origen en la obligatoriedad que se deriva de un vínculo jurídico, sino en la situación de ausencia o insuficiencia de medios físicos y jurídicos de defensa para resistir u oponerse a la agresión, amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales. La indefensión no puede ser, entonces, analizada en abstracto, sino que requiere de un vínculo entre quien la alega y quien la genera, que permita asegurar el nexo causal y la respectiva vulneración del derecho fundamental”1.
“En este orden de ideas, la acción de tutela procede tanto por la violación al derecho de petición como por las vulneraciones que puedan emanar de una relación asimétrica como es la que se entabla entre una entidad financiera y los usuarios, al tener los bancos atribuciones que los colocan en una posición de preeminencia desde la cual pueden con sus acciones y omisiones desconocer o amenazar derechos fundamentales de las personas. Independientemente de su naturaleza pública, privada o mixta los bancos actúan con una autorización del Estado para prestar un servicio público por ello, los usuarios están facultados para utilizar los mecanismos de protección que garanticen sus derechos (...)’ ‘(…) En relación con las obligaciones que emanan de los contratos bancarios si algo debe saber el usuario, sin ninguna duda en forma expresa, diáfana y clara, es cuánto debe y por qué concepto, máxime si la entidad financiera emite comunicados contradictorios e ininteligibles(…)’
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1 T-482 de 2004.
‘(…) Los jueces de instancia desconocen abiertamente la doctrina de esta Corte en un acto contrario al deber que tiene el juez en el Estado social de derecho, pero fundamentalmente su comportamiento constituye un acto de denegación de justicia al no proteger los derechos y garantías de las personas en situación de desequilibrio frente a un poder preeminente como el que tienen las entidades financieras.”2 (Resaltado y subrayado fuera de texto)
7. De otra parte, la acción de tutela también resulta procedente para proteger tanto el derecho de petición3 como los derechos fundamentales al buen nombre y de hábeas data, siempre que en relación con este último se haya agotado el requisito de procedibilidad señalado por la ley, consistente en que el actor haya efectuado solicitud previa a la entidad correspondiente, para corregir, aclarar, rectificar o actualizar el dato o la información que se tiene sobre él.
8. En el caso concreto, la Sala de Revisión advierte que el requisito de procedibilidad exigido para la interposición de acción de tutela, por vulneración del derecho fundamental al hábeas data fue cumplido a cabalidad por la accionante, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, mediante las cuales se demuestra con suficiencia que ésta interpuso varios derechos de petición orientados a solicitar al Banco de Bogotá, no sólo claridad sobre el origen de la obligación que se le imputaba sino, además, copia de los documentos que sirvieron de soporte a dicho crédito. Por otro lado, la renuencia del banco a exhibir los soportes de los registros contables, aun después de haberlos solicitado directamente la Corte Constitucional, confirma el estado de indefensión en que se encuentra la actora, de manera que en consideración a que las acciones judiciales alternativas devienen ineficaces, la Corte encuentra que la acción de tutela se erige como único mecanismo de defensa judicial idóneo para la controversia planteada por la demandante, por lo que entrará a estudiar de fondo el caso concreto. Los derechos al buen nombre, al habeas data y el derecho de petición como derechos constitucionales fundamentales. Reiteración.
2 C-134 de 1994. 3 T-312 de 2006, T-814 de 2005 y T-377 de 2000.
9. El artículo 15 de la Constitución Política consagra los derechos fundamentales al buen nombre y al habeas data, los cuales, si bien guardan estrecha relación, tienen dimensiones específicas que los individualizan, de tal suerte que la vulneración de alguno de ellos no siempre apareja el quebrantamiento del otro. En efecto, esta Corporación ha escindido el núcleo de protección de tales derechos en los siguientes términos4:
“[D]ebe decirse que en lo relativo al manejo de la información, la protección del derecho al buen nombre se circunscribe a que dicha información sea cierta y veraz, esto es, que los datos contenidos en ella no sean falsos ni erróneos. Por su parte, la garantía del derecho a la intimidad hace referencia a que la información no toque aspectos que pertenecen al ámbito de privacidad mínimo que tiene la persona y que sólo a ella interesa. Finalmente, el derecho al habeas data salvaguarda lo relacionado con el conocimiento, actualización y rectificación de la información contenida en los mencionados bancos de datos”5 (Subrayado fuera de texto)
10. El buen nombre ha sido comprendido en la doctrina y en la jurisprudencia constitucional como la reputación o fama de una persona, esto es, como el concepto que el conglomerado social se forma de ella. El buen nombre se erige en derecho fundamental de las personas y constituye uno de los elementos más valiosos dentro del patrimonio moral y social, a la vez que en un factor intrínseco de la dignidad humana. En efecto, esta Corporación ha precisado que el derecho al buen nombre se encuentra ligado a los actos que realice una persona, de manera que a través de éstos, el conglomerado social se forma un juicio de valor sobre la real dimensión de bondades, virtudes y defectos del individuo6. Es por ello que la vulneración del derecho al buen nombre se concreta cuando se difunde información falsa o errónea sobre las personas, de tal suerte que se distorsione la imagen que éstas tienen ante la sociedad en sus diferentes esferas generando perjuicios de orden moral o patrimonial. Es así como en la sentencia T-783 de 2002, se precisó en relación con el concepto del buen nombre:
En otros términos, la Corte ha señalado que no constituye violación al derecho personalísimo al buen nombre el hecho de consignar en bases de datos o de difundir en diferentes medios de información actuaciones imputables a la persona que menoscaban la imagen que ha construido en la sociedad, de
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4 T-067 de 2007. 5 T-411 de 1995. 6 T-067 de 2007.
manera que la difusión de información respecto de actuaciones que repercutan negativamente en el reconocimiento social de un individuo, cuando atiende a la realidad, no puede ser censurada. En cambio, si será motivo de reparo la divulgación o difusión de información falsa o inexacta. En este sentido, la Corte ha señalado lo siguiente:
“[…] en otras palabras, sólo se desconoce el derecho al buen nombre cuando la información suministrada por la entidad pertinente, registre un hecho o un comportamiento carente de veracidad. En consecuencia, si los datos económicos de carácter histórico son fidedignos y muestran el comportamiento crediticio de un sujeto, no pueden violar el derecho al buen nombre, pues en caso contrario, estaría la Corte protegiendo en pie de igualdad, a quienes cumplen con sus obligaciones, frente a quienes no lo hacen, no habiendo entonces una diferencia de trato entre la probidad comercial y el manejo descuidado de estos asuntos, lo cual se constituiría en un ejercicio abusivo y arbitrario de las decisiones judiciales”. 7
11. Por otro lado, del mismo artículo 15 Superior se desprende el derecho constitucional de habeas data que tiene por núcleo fundamental, de una parte, el derecho a la autodeterminación informática, que consiste en la facultad que tienen los individuos para autorizar la conservación, uso y circulación de los datos que versen sobre ellos y, de otra, la libertad en general, y en particular la económica. La Corte ha establecido el derecho que tienen las instituciones financieras de conocer la solvencia económica de los usuarios de los servicios que prestan, en la medida en que la función que desempeñan comporta el recaudo y manejo de dinero del público, actividad celosamente vigilada y regulada por el Estado colombiano, por ser ésta una actividad de interés público tal como lo señala el artículo 335 de la Carta Política. No obstante, en relación con esa prerrogativa de administrar información de sus usuarios, la Corte ha sostenido que las entidades financieras deben ejercerla dentro de límites razonables como son el respeto por el buen nombre y la intimidad de las personas, de tal suerte que no les es dado transmitir información que: (i) sea recogida de forma ilegal, (ii) sea errónea, (iii) o verse sobre aspectos reservados de la esfera personal del individuo. 12. Así, la transmisión de información errónea afecta el derecho al buen nombre de las personas, por cuanto distorsiona la imagen o buena fama que ha conseguido construir en sociedad. Los efectos lesivos para la persona, derivados de la divulgación de información errónea, se hacen más notorios en materia de administración de datos financieros, habida cuenta que el deterioro de la imagen comercial o financiera de un individuo puede implicar perjuicios significativos en materia económica, aspecto frente al cual ha dicho la Corte:
“Es claro que si la información respectiva es falsa o errónea, no solamente se afectan los derechos a la honra y al buen nombre de la persona concernida, sino que, precisamente por el efecto multiplicador que tiene el informe negativo en las instituciones receptoras de la información incorporada al banco de datos o archivo, resulta notoriamente perjudicada en su actividad económica y en su situación patrimonial. No se pierda de vista que un cierre del crédito puede provocar una cadena de incumplimientos forzados, la incapacidad de contraer nuevas obligaciones, la cesación de pagos y la quiebra”.8
7 T-067 de 2007. 8 Sentencia T-094 de 1995.
“(…) b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita (...)9 ”.
Señaló en aquella oportunidad la Corte, a propósito del proyecto de la actual Ley 1226 de 2008, que la reglamentación que introducía el artículo 16 sobre
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9 Sentencia T-377 del 3 de abril 2000
estas expresiones del derecho de petición en el ámbito específico del hábeas data, atendía los elementos esenciales que conformaban el ejercicio de este derecho fundamental al cumplir una doble finalidad10: (i) permitir a los interesados elevar peticiones o solicitudes respetuosas a las entidades u organizaciones públicas o privadas que participan en el proceso de administración de los datos personales; y (ii) asegurar mediante la imposición de una obligación con cargo a las organizaciones requeridas, la respuesta y/o resolución de dicha petición, de manera oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo pedido11.
De acuerdo con lo señalado, encuentra la Corte que la regulación de los mecanismos de petición, consulta y reclamación respetan el contenido esencial del derecho de petición, como medio para garantizar a plenitud el derecho fundamental al hábeas data. Principio de exactitud, veracidad e integridad de la información que suministran las fuentes sobre información financiera y bancaria a las centrales de riesgo. 16. La Ley estatutaria 1266 de 2008, mediante la cual se dictan disposiciones generales relativas al hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial, la financiera, crediticia, comercial y de servicios, señala en su artículo 4º los principios generales que rigen la administración de datos, entre ellos, el de veracidad y calidad de los registros, según el cual la información radicada en los bancos debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Según el principio de veracidad, los datos personales deben corresponder a situaciones reales, lo que impone la prohibición de recopilar, procesar y circular información falsa, errónea o equívoca. Por su parte, el principio de
10 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias T-911/01, T-381/02 y T-425/02. 11 Así, lo estableció esta Corporación en Sentencia T-1160A de 2001: “c) la respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad. “. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado. 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición”. En idéntico sentido, esta Corporación precisó que: “..el derecho de petición comprende no sólo la manifestación de la administración sobre el objeto de la solicitud, sino también el hecho de que dicha manifestación constituya una solución pronta del caso planteado. El derecho fundamental a la efectividad de los derechos (C.P. Arts. 2º y 86) se une en este punto con el principio constitucional de la eficacia administrativa (art.209) (...) Por lo menos tres exigencias integran esta obligación. En primer lugar, la manifestación de la administración debe ser adecuada a la solicitud planteada....en segundo lugar, la respuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se plantea...y finalmente, la comunicación debe ser oportuna...” (Sentencia T-220 de 1994).
integridad impone la obligación a las fuentes de información y a los operadores de suministrar y recopilar datos personales completos, de tal forma que está prohibido el registro y divulgación de información parcial, incompleta o fraccionada12. 17. La información personal recolectada por los operadores, según lo establece la Ley 1266 de 2008, debe ser suministrada a los titulares de dicha información o personas debidamente autorizadas por estos y a sus causahabientes, mediante el procedimiento de consulta, con el fin de que éstos puedan verificar o corroborar, precisamente, la veracidad de sus contenidos en aquellos casos en que alberguen dudas sobre la inexactitud o veracidad de la información. Es precisamente el cuestionamiento del dato el que activa el derecho fundamental al debido proceso, por cuanto la persona afectada con una información desfavorable, incierta o incorrecta, debe tener la facultad de verificar la fuente y soportes del dato con el fin de presentar sus argumentos y razones para cuestionarlo. Deber de exhibir los soportes de los registros contables al titular del crédito cuando este discuta la existencia y veracidad de los datos de la información financiera. 18.El artículo 6 de la Ley 1266 de 2008, faculta al titular de un dato de ejercer el derecho fundamental al hábeas data, mediante la utilización de los procedimientos de consulta o reclamo, sin perjuicio de los demás mecanismos constitucionales y legales. En idéntico sentido el artículo 8 de la ley impone a la fuente de la información la obligación de garantizar las condiciones de acceso a la información, de manera completa, exacta y, sobre todo, comprobable. Al punto que, corresponde a la fuente atender “integralmente” las solicitudes en un término de diez (10) días hábiles que pueden extenderse de manera impostergable hasta por cinco (5) días más. 19. La materialización del derecho de consulta tiene relación directa con el manejo contable de los datos por parte de las entidades financieras. Los hechos económicos que tienen lugar en desarrollo de la relación que se traba entre los usuarios del sistema y las entidades financieras se reflejan en los registros contables, los cuales están llamados a dar cuenta de lo que genéricamente se ha denominado “dato”. Estos registros reflejan las operaciones financieras cursadas y, por lo mismo, se constituyen en prueba idónea de la veracidad e integridad de la información, de allí que su manejo y guarda adquiera especial valor en relación con el derecho de habeas data. 20. Los registros de los hechos económicos en los asientos contables deben encontrarse respaldados, tal como lo ordena la ley, en los respectivos soportes, de manera que las operaciones de crédito deben documentarse mediante los preliminares de aprobación de crédito, el contrato de mutuo debidamente instrumentalizado a través de un pagaré o cualquier otro medio utilizado por las partes usuarios y operadores para formalizar sus negocios jurídicos y sus relaciones financieras. Es por ello que dichos soportes deben adherirse a los comprobantes de contabilidad respectivos y deben conservarse debidamente de manera que sea posible su verificación – artículo 123 del Decreto 2649 de
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12 Sentencia C-1011 de 2008.
1993-. Por tal razón el artículo 124 del Decreto 2649 de 1993, señala expresamente que las partidas asentadas en los libros contables “…deben estar respaldadas en comprobantes de contabilidad elaborados previamente …” y que dichos “comprobantes deben prepararse con fundamento en los soportes…”, de forma que no es posible predicar la existencia de un registro contable sin la existencia del soporte correspondiente. 21. En igual sentido, el artículo 51 del Código de Comercio señala que hacen parte de la contabilidad todos los comprobantes que sirvan de respaldo a las partidas asentadas en los libros, así como la correspondencia directamente relacionada con tales negocios. Por su parte, el artículo 53 del mismo estatuto señala que el comprobante de contabilidad es el documento que debe elaborarse previamente al registro de cualquier operación y al cual deben anexarse los documentos que la justifiquen. De esta manera, si entre los asientos contables registrados en los libros y los comprobantes de las cuentas no existe la debida correspondencia, tales registros carecerán de eficacia probatoria contra el comerciante obligado a llevarlos – artículo 59 del C. de Co.-. 22. El deber de asegurar los datos contables y sus respectivos soportes es predicable de las entidades financieras, que como cualquier comerciante están en la obligación de “…llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales…”, según lo señala el artículo 19, numeral 3 del Código de Comercio. Al respecto, se pronunció la Sección Cuarta del Consejo de Estado en Sentencia del 30 de abril de 1998, Expediente 8790, Magistrado Ponente Daniel Manrique Guzmán, que sobre el particular expresó:
"Los libros y papeles a que se refiere este capítulo deberán ser conservados cuando menos por diez años, contados desde el cierre de aquellos o la fecha del último asiento, documento o comprobante. Transcurrido este lapso, podrán ser
destruidos por el comerciante, siempre que por cualquier medio técnico adecuado garantice su reproducción exacta. Además ante la cámara de comercio donde fueron registrados los libros se verificará la exactitud de la reproducción de la copia, y el secretario de la misma firmará acta en la que anotará los libros y papeles que se destruyeron y el procedimiento utilizado para su reproducción. Cuando se expida copia de un documento conservado como se prevé en este artículo, se hará constar el cumplimiento de las formalidades anteriores".
Desde ese punto de vista los libros y papeles del comerciante, conforme se infiere de los artículos 49 y 51 del Código de Comercio y 123 a 131 del Decreto 2649 de 1993, comprenden, entre otros, todos los comprobantes que sirvan de respaldo a las partidas asentadas en los libros. De allí que el deber de conservación de los libros y papeles del comerciante, cobre especial sentido en relación con el punto de debate, dada la inescindibilidad de la relación que, desde el punto de vista contable, existe entre los documentos que representan el hecho económico, los soportes y comprobantes de contabilidad y los asientos que registran el hecho económico en los libros auxiliares y principales. Al punto que, se encuentre autorizado el uso de la microfilmación de los archivos de las entidades sometidas a inspección y vigilancia, según se señala en lo decretos 2527 de 1950 y 3354 de 1954, a más de los demás mecanismos
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previstos en el Decreto 2620 de 1993, según el cual es posible emplear la microfilmación, la micrografía y los discos ópticos o cualquier otro medio técnico adecuado que garantice la reproducción exacta de los archivos. 26. Por los motivos anteriores no le asiste razón al Banco cuando afirma que “…la ley en ningún momento exige para la existencia o validez de una obligación que además de los registros contables deban existir otros documentos o sea una pluralidad de pruebas..”, pues como quedó evidenciado, el registro contable impone la existencia de los soportes correspondientes cuya ausencia le resta eficacia probatoria al registro contable. En ejercicio del derecho de habeas data no existe razón alguna para que la entidad financiera niegue al titular de un crédito la exhibición de los soportes que le permitan verificar, en caso de duda o discrepancia, la existencia, integridad, exigibilidad y condiciones de la obligación que se le imputa, pues sólo así se garantiza la posibilidad de comprobar la veracidad y actualidad del dato. De otra parte los libros de comercio podrán examinarse por orden de autoridad competente como en el caso que nos ocupa, en que la Corte directamente ordenó la exhibición de los respectivos soportes de los registros contables al punto que de existir renuencia en su exhibición “se tendrán como probados en su contra los hechos que la otra parte se proponga demostrar”, según se señala en el artículo 67 del Código de Comercio.
Caso concreto. 27. De las pruebas recabadas se infiere que en efecto el Banco de Bogotá vulneró el derecho de petición, el buen nombre comercial y el derecho de habeas data de la solicitante, en la medida en que a pesar de ser requerido por la Corte Constitucional, no fue posible establecer el origen de la obligación imputada a la señora Eddy del Carmen Gómez, así como la veracidad del crédito y mora reportada a las centrales de riesgo. En principio, el Banco de Bogotá informó a la señora Eddy del Carmen que la obligación en mora que se había reportado, correspondía a un crédito adquirido por ella en el año 1990 con el Banco Popular, por valor de $542.000, el cual fue cedido a esa entidad financiera, operación de la cual nunca fue debidamente notificada en calidad de deudora cedida. No obstante, una vez proveído el pago y ante el reporte efectuado por el Banco Popular, nuevamente la usuaria invoca el derecho de petición con el fin de precisar el origen del crédito cancelado, a lo cual el Banco de Bogotá responde que se trata de una deuda adquirida con esa entidad en el año 1980, que entra en mora a partir del año 1992, sin proveer información adicional alguna. 28. A ello se suma la renuencia del Banco de Bogotá a exhibir los respectivos soportes de la obligación que se imputa a la señora EDDY DEL CARMEN GÓMEZ –titular de la información- alegando para el efecto: Comunicación de 20 de abril de 2009 (Folio 55 de cuaderno del juzgado municipal)
• Con fundamento en el artículo 96 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Banco deberá mantener sus archivos físicos por un lapso de 5 años, período este, a hoy, ampliamente superado.
• En este caso en los libros de contabilidad del Banco aparece que la señora Eddy Gómez Tabares tuvo una obligación a favor de esta entidad que ya fue cancelada, libros que al ser llevados de legal forma se presumen auténticos (ver artículo 252 del C.P.C.), principio de prueba que es calificado por el legislador según lo estatuido en el artículo 69 del Código de Comercio.
• El Banco como cualquier otro comerciante lleva sus libros de contabilidad en legal forma, por lo que al hacer los asientos respectivos se orienta bajo los principios que rigen o gobiernan la contabilidad dentro de los cuales se encuentra el de veracidad, que de no tomarse en cuenta significaría que el Banco no podría confiar en sus propios libros.”
“ Teniendo en cuenta que las normas que establecían que los actos o contratos de cuantía superior a $500 debían constar por escrito fueron derogadas (ver artículo 698 del CPC), para probar las obligaciones acudimos al régimen general en materia de pruebas señalado en el artículo 232 inciso 2º del CPC, que expresamente indica: “…Cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención, o el correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará por el juez como un indicio grave la inexistencia del respectivo acto, a menos…’ Siendo ello así, resulta claro que la ley en ningún momento exige para la existencia o validez de una obligación la prueba que hoy se solicita (pagaré, carta de instrucciones, etc.), ya que la norma determina expresamente que la falta de documento se apreciará por el juez como un indicio grave de la inexistencia de la obligación. En este caso SI existe el principio de prueba por escrito, que no es otro que los libros de contabilidad del banco –donde aparece que la señora GÓMEZ TABARES tenía una obligación a favor del Banco la cual fue cancelada de manera voluntaria el día 17 de octubre de 2008, tal y como consta en los propios reportes de las centrales de información financiera – libros que al ser llevados en legal forma se presumen auténticos ( ver artículo 252 del CPC), principio de prueba que es calificado por el legislador según lo estatuido en el artículo 69 del Código de Comercio. Por lo anterior, la ley en ningún momento exige para la existencia o validez de una obligación, que además de los registros contables deban existir otros documentos o sea una pluralidad de pruebas (prueba de prueba – ver artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley 527 de 1999) De otro lado, el Banco como cualquier otro comerciante lleva sus libros de contabilidad en legal forma, por lo que al hacer los asientos respectivos se orienta bajo los principios que rigen o gobiernan la contabilidad, dentro de los que se encuentra el de la veracidad, que de no tomarse en cuenta significaría que el Banco no podría confiar en sus propios libros Aunado a lo anterior a que la reclamante, a través del pago que voluntariamente realizó al Banco de Bogotá, reconoció sin lugar a equívocos la existencia de la obligación que origina la presente acción, aclarado que el
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reporte de la misma es correcto toda vez que da cuenta del pago voluntariamente realizado, habiendo cumplido de esta manera el Banco de Bogotá con las obligaciones que legalmente le son exigibles.”
29. De lo trascrito se infiere que la apoderada del Banco de Bogotá pretende pasar por alto lo siguiente: i. Los soportes de las operaciones financieras forman parte integral de los
asientos contables en los términos de los artículos 123 y 124 del Decreto 2649 de 1993 y los artículos 51 a 53 del Código de Comercio.
En ese orden de ideas, correspondía al Banco de Bogotá -independientemente del pago voluntario efectuado por la actora-, demostrar el origen de la obligación, su existencia y pertinencia, permitiendo el acceso de la “aparente” titular del crédito a los correspondientes soportes, los cuales la entidad bancaria se encuentra en la obligación de conservar. No obstante, por razones que se desconocen, la entidad se negó sistemáticamente a suministrarlos, aún mediando orden judicial, en contravía del Código de Comercio y la Ley de Habeas Data y las leyes contables, lo cual lleva inexorablemente a esta Sala de Revisión a concluir la inexistencia de la obligación que se imputa a la señora Gómez Tabares, aplicando para el efecto los artículos 59 y 67 del Código de Comercio ya reseñados. 30. De otra parte el pago efectuado por la actora a la entidad bancaria, no puede entenderse en este caso como una aceptación inquebrantable de la existencia del crédito, pues resulta evidente que el pago estuvo condicionado por la necesidad de que le fuese aprobado un crédito en el Fondo Nacional del Ahorro y de que su historial crediticio favoreciera la aprobación del mismo. Para el efecto, se apoyó en la convicción de que procedía al pago de una obligación contraída por ella con el Banco Popular, entidad respecto de la cual aceptaba la existencia de un vínculo negocial. De allí que la actora se ubica en el terreno del “pago de lo no debido” contemplado en el artículo 2313 del Código Civil, según el cual quien paga una deuda inexistente o que no es suya, creyéndola erradamente propia, paga lo que no debe y tiene derecho a repetir del acreedor lo dado o su equivalente pecuniario debidamente actualizado, de manera que en los términos de los artículos 2318 y 2319 del Código Civil, quien ha recibido dinero que no se le
debía está obligado a devolverlo, acompañado de los intereses corrientes en caso de haberlo recibido de mala fe, la cual en este caso aparece evidente en la renuencia a exhibir los soportes la obligación que se imputaba a la tutelante. En el caso concreto la señora Eddy del Carmen Gómez procedió al pago, fundada en la convicción errada de estar atendiendo una obligación contraída por ella con el Banco Popular que fue cedida al Banco de Bogotá, en la medida que acepta haber mantenido con el primero un vínculo comercial. Es precisamente, a raíz de un reporte negativo que encuentra del Banco Popular que solicita al Banco de Bogotá aportar claridad sobre el origen de la obligación que fue cancelada y, frente a la cual no encuentra respuesta alguna por la entidad accionada. En esos términos, encuentra la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional que en efecto: 1. Existió un pago de la demandante al Banco de Bogotá. 2. Que dicho pago carece de soporte legal y 3. Que el pago obedeció a un error inducido por el Banco de Bogotá. 31. Desde ese punto de vista corresponde a la entidad accionada restituir el pago de lo no debido con su correspondiente actualización monetaria, así como ordenar a las centrales de riesgo eliminar cualquier referencia -positiva o negativa- a la obligación Y0000000000720131548 en lo que dice relación al Banco de Bogotá, lo cual será ordenado por esta Sala de Revisión.
La Sala Tercera de Revisión considera que existe violación de los derechos fundamentales de petición, al buen nombre y al habeas data de la accionante, toda vez que se obstaculizó el derecho a comprobar la existencia y pertinencia de la obligación de crédito imputada y se reportó una obligación que no fue adquirida por la accionante, de manera que se actuó en detrimento de la reputación que ella ha adquirido en materia financiera, afectando de manera injustificada su historial crediticio. En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
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23 Expediente T-2319187
Sociedad en nombre colectivo - Apuntes - Derecho Mercantil
La Persona Y El Nombre De La Persona - Apuntes - Derecho Civil
Sociedades en nombre colectivo - Apuntes - Derecho Mercantil
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References: artículo 15
 artículo 15
 artículo 335
 resolución 
 artículo 16
 resolución 
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 123
 artículo 124
 artículo 51
 artículo 53
 artículo 59
 artículo 19
 artículo 67
 artículo 96
 artículo 252
 artículo 69
 artículo 698
 artículo 232
 artículo 252
 artículo 69
 artículo 2313