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SOBRE LA CONVENIENCIA DE ATRIBUIR LA INSTRUCCIÓN PENAL AL MINISTERIO FISCAL
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Álvaro Bustos Soler
1 SOBRE LA CONVENIENCIA DE ATRIBUIR LA INSTRUCCIÓN PENAL AL MINISTERIO FISCAL Profesor Titular de Derecho Procesal Universidad de Valladolid La eventual asunción de las funciones instructoras por el Ministerio Fiscal es uno de los aspectos más sobresalientes y debatidos de la futura reforma integral de la Administración de Justicia Penal. Sin embargo, la falta de idoneidad orgánica y funcional de esta institución a tales fines hace recomendable el mantenimiento de la vigente jurisdiccionalidad de esta fase del proceso. SUMARIO 1. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN. 2. LOS ARGUMENTOS PRO-FISCALISTAS El argumento incomparado Los defectos de la instrucción judicial La naturaleza inquisitiva de la instrucción judicial La pérdida de imparcialidad del Juez de instrucción La lentitud de la instrucción judicial La imposibilidad de desarrollar una política criminal coherente. 1852 NÚMERO MONOGRÁFICO 3. LOS PRESUPUESTOS ORGÁNICOS Y FUNCIONALES DE LA REFORMA Los presupuestos orgánicos Los presupuestos funcionales La justicia negociada La intervención del resto de los sujetos procesales y otros factores. 4. A MODO DE CONCLUSIÓN Las medidas legales complementarias ante la Reforma Desde un punto de vista estructural Desde un punto de vista funcional Una propuesta de contrarreforma. 5. NOTA BIBLIOGRÁFICA. Listado de abreviaturas utilizadas: Art. artículo. CE Constitución española de CGPJ Consejo General del Poder Judicial EOMF Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, Ley 50/1981, de 30 de diciembre. L. Ley Ordinaria. LECrim Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 14 de septiembre de 1882 LO Ley Orgánica. LOPJ Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio. LOTJ Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo. MF Ministerio Fiscal. Op. cit. Obra citada. P. Página. Pp. Páginas. S. Sentencia. TC Tribunal Constitucional. TS Tribunal Supremo. 1863 1. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN Se avecina una reforma procesal penal, o cuando menos existe una fundada expectativa al respecto. Y es que, tras casi 120 años y 63 reformas parciales, la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal no admite más remiendos, y ya sea por su ancianidad, ya lo sea por una política legislativa errática y escasamente armónica en la gestión de esas fragmentarias actualizaciones, se nos muestra como un texto caduco y poco apto para afrontar los retos de la sociedad actual. De ahí que la teórica renovación habrá de ser superlativa, esto es, completa, concluyendo en la instauración de un nuevo código procesal penal, cuya trascendencia, no sólo técnica sino también estructural, es difícilmente mensurable al incidir en la propia esencia del Estado de Derecho. Presente la enormidad de semejante labor, esta reforma, una de las más anheladas y postergadas de la democracia, no tendrá lugar en la casi agotada VIII Legislatura. Más aún, a pesar de la urgencia, aquella magnitud y la deseable perdurabilidad de los resultados requerirán de un amplio consenso político, hoy por hoy inexistente. No son ni escasos ni insignificantes los aspectos que la futura reforma deberá abordar cumplidamente. Desde el papel de la Policía Judicial, pasando por la incidencia de las innovaciones tecnológicas en la investigación de los delitos y en la producción de pruebas, a los procedimientos sumarios o el sistema de recursos, buena parte de los elementos cardinales de la Justicia penal han de ser sometidos a revisión. Pues bien, entre ellos, la asunción por el Ministerio Fiscal de la dirección de la fase de investigación de las causas penales en régimen de exclusividad ha venido siendo considerado como uno de los puntales de la futura reforma integral del enjuiciamiento penal. Consecuencia directa de esta concreta reforma sería una merma de las facultades del Juez de instrucción, que pasaría a convertirse en Juez de garantías en orden a decidir acerca de cualquier medida limitativa de los derechos fundamentales de los sujetos o cuando fuera procedente la práctica anticipada de 1874 NÚMERO MONOGRÁFICO cualquier medio de prueba. Pero los efectos de esta reforma no serán meramente funcionales. Esto es, si la reforma en su conjunto tiene un marcado sesgo político pues se trata de una de las dimensiones más trascendentes del poder del Estado, la aplicación del ius puniendi, ese carácter resulta aún más acusado cuando se pretende la reasignación de la función instructora, ya que esta particular innovación comportará en último término un desplazamiento de esa tarea desde la órbita del Poder Judicial a la del Poder Ejecutivo (1). Esa pretendida y puntual novedad no plantea problema alguno desde un punto de vista constitucional, como tampoco hay cuestión si de lo que se trata es de mantener la actual distribución de poderes (2). Otra cosa es que la implantación del Fiscal-instructor no se anuncia como una reforma aislada, siendo más bien la punta visible de un movimiento reformista de más amplio espectro que comporta un replanteamiento general del papel de esta institución en la Justicia penal, conectándose fundamentalmente con el eventual reconocimiento de la exclusividad en el ejercicio de la acción penal, así como con una ruptura, aunque fuera limitada, con el principio de legalidad, en pro del principio de oportunidad en la formulación de la acusación. Las últimas acciones relatadas sí tendrán incidencia constitucional, hasta el punto de que serán inviables al afectar principios y derechos fundamentales proclamados en nuestra Carta Magna. Conviene advertir que no es la primera vez que esta proposición se plantea. En este sentido ya se recogía en el Proyecto de Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de 1980 (art. 3.4), así como en la Propuesta de Anteproyecto de la Ley del procedimiento abreviado (art. 781 a 789 LECrim.), allá por el año 1988, no ultimándose por diversas razones, entre ellas por la negativa respuesta de los operadores jurídicos (3). Las reflexiones del movimiento refor- 1. Suscribimos pues la tesis de MONTERO AROCA, J.: «Investigación e instrucción en el proceso penal (A favor del imperio de la ley y de las garantías de las partes en la preparación y evitación del juicio oral)», en Teoría & Derecho, I, junio/diciembre de 2007, pp. 41 a Acerca de esto último, el Tribunal Constitucional ha sido claro en sus SS. 41/1998, de 24 de febrero, y 87/2001, de 2 de abril. 3. Aun así, la LO 5/1995, del Tribunal del Jurado, comporta un reforzamiento de la posición del Fiscal toda vez que asume, bajo control judicial, la formulación de la imputación. La propia Exposición de Motivos de la Ley del Jurado se hace eco de esa tendencia: «si bien debe corresponder al Juez la realización de los actos sumariales, las peculiaridades que deben presidir el procedimiento ante el Jurado y la oportunidad de que se consolide el principio acusatorio, hacen necesaria la potenciación de las atribuciones del Ministerio Fiscal. De esta 1885 Sobre la conveniencia de atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal mador de entonces se reproducen en la actualidad, como también las objeciones de la doctrina que podemos calificar como contrarreformista. Examinaremos esta materia atendiendo a los siguientes aspectos: los argumentos de la reforma, incluyendo una puntual referencia a la situación vigente en los países de nuestro entorno; para, a continuación, abordar cuáles serían realmente los presupuestos orgánicos y funcionales de la misma y, en consecuencia, qué otros cambios deberían acompañar a la reforma; y, adelantando en este punto nuestras conclusiones, formular una propuesta de contrarreforma. 2. LOS ARGUMENTOS PRO-FISCALISTAS En el impulso del Fiscal-investigador hemos asistido a una verdadera «campaña de imagen», «montada ( ) sobre la denuncia sesgada de los incuestionables defectos y sólo defectos del (Juez de instrucción); y sobre el apologético sobredimensionamiento de las virtudes y sólo virtudes del (primero)» (4). Estas palabras de ANDRÉS IBÁÑEZ lo resumen a la perfección, al mismo tiempo que anticipan el desenlace de este apartado. Por supuesto, los testimonios pro-fiscalistas vienen encabezados por una reseña incompleta del derecho comparado, y, en particular, de los países donde se ha impuesto ese modelo, contraponiendo a modo de reclamo la supuesta modernidad de estas corrientes reformistas con la figurada decrepitud del sistema vigente en España. Evidentemente, y en la línea de lo afirma- forma, la incoación y su adaptación al nuevo procedimiento, así como la constitución del Ministerio Fiscal junto al Juez instructor y la inmediata puesta en conocimiento de la imputación, en los términos previstos en los arts. 24 y 25 de la Ley, tienen también su marco procesal mediante la incorporación de sendas previsiones en el art. 309, para el procedimiento ordinario, y en los arts. 780 y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para el abreviado». MARTÍN PASTOR, J.: El Ministerio Fiscal como director de la investigación oficial en el proceso penal, Bolonia, 2005, pp. 33 a 108, lleva a cabo un pormenorizado estudio de la evolución normativa e incluso político/institucional que ha experimentado esta materia. 4. ANDRÉS IBÁÑEZ, P.: «El Fiscal en la actual regresión inquisitiva del proceso penal», en Teoría & Derecho, I, junio/diciembre de 2007, p. 18. El mismo autor, ya hacía hincapié en esta circunstancia hace años en «El Ministerio Fiscal entre el «viejo» y «nuevo» proceso», en AA.VV., La reforma del proceso penal, Madrid, 1990, pp. 110 a6 NÚMERO MONOGRÁFICO do en el primer párrafo, si algo caracteriza a tales menciones es un enfoque panegírico y escasamente crítico EL ARGUMENTO INCOMPARADO A pesar de las apariencias, los modelos de instrucción fiscal vigentes en derecho comparado no son demasiado coincidentes entre sí. Excluyendo ab initio los sistemas de corte anglosajón, fundamento último de este replanteamiento del papel del Ministerio Público en la justicia penal pero más en los aspectos atinentes al impulso del principio de oportunidad que en la redirección de la fase de instrucción, los movimientos reformistas se mueven entre el modelo alemán y su decisivo Fiscal, pasando por el portugués, asimilable al anterior desde un punto de vista orgánico por su dependencia gubernamental mas no desde una perspectiva funcional, hasta llegar al modelo italiano, destacado por la independencia judicial que caracteriza a su Ministero Pubblico. En cualquier caso, advertimos que la orientación seguida por los ordenamientos de nuestro entorno jurídico es un argumento demasiado frágil para sustentar per se la pretendida reforma. El carácter decano en el panorama europeo del modelo procesal de la República Federal Alemana (5) y la perdurabilidad de la solución que propugna, unido a la proximidad estructural al Ministerio Fiscal español al regirse por los mismos principios funcionales legalidad [ 152 de la Ordenanza Procesal Penal alemana (StrafprozeBordung, StPO) e imparcialidad ( StPO)] y orgánicos unidad de actuación y dependencia jerárquica ( 145 y ss. de la Ley Orgánica de los Tribunales alemana, GVG), bajo el patrocinio del Fiscal General Federal, han propiciado su consideración como paradigma de la instrucción fiscal al resultar plenamente confrontable con nuestro sistema. Todo ello sin perjuicio de que su dependencia gubernamental sea comparativa- 5. Véase GÓMEZ COLOMER, J.L.: El Tribunal Penal Internacional: Investigación y acusación, Valencia, 2003, pp. 87 a 93; MARTÍN PASTOR, J.: El Ministerio Fiscal como director de la investigación oficial en el proceso penal, op. cit., pp. 113 a 127; PERRON, W. y LÓPEZ BARAJAS PEREA, I.: «El Ministerio Fiscal-Director de la investigación en el proceso penal alemán», en AA.VV., El Ministerio Fiscal Director de la instrucción, Madrid, 2006, pp. 75 a 96; REBMANN, K.: «La oficina del Fiscal General, su dimensión constitucional y su relación con las distintas ramas del Gobierno», en El Poder Judicial en Europa, v. I, Madrid, 1989, pp. 497 a7 Sobre la conveniencia de atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal mente mayor dado el sistema de nombramiento del Fiscal General y de todos los Fiscales Federales, designados por el Presidente Federal pero siempre a propuesta del Ministro Federal de Justicia, quien además asume las funciones de inspección y dirección de los miembros de la institución (art. 147 GVG). Partiendo de esos presupuestos orgánicos, el Ministerio Público alemán no sólo ostenta la dirección de la investigación penal con el apoyo del denominado Juez investigador como Juez de garantías ( 160 y ss. StPO (6) ), sino una posición hegemónica incontestable dentro del proceso penal considerado en conjunto. Menos aprovechable para nuestro sistema resulta la circunscrita intervención de la defensa en la investigación oficial y, particularmente, en las diligencias conducidas por la Policía o el Fiscal, con la única salvedad del interrogatorio del imputado ( 163.ªIII.2 y 168c.I StPO). En ese contexto de limitadísimo margen de participación, la defensa únicamente podrá concurrir a las actuaciones acordadas por el Juez, tales como el examen de testigos o la inspección ocular, si no se considera que su asistencia pondría en peligro el éxito de la investigación ( 168c.II, 168c.V.2 y 168d.II StPO). Evidentemente, la defensa no tendrá otro remedio que desarrollar una indagación propia. El atractivo del ejemplo germano se intensifica al reconocerse al Ministerio Público amplias facultades de archivo de la causa con arreglo al principio de oportunidad, entre las que se cuenta la posibilidad de sobreseerla sin condiciones y prácticamente sin supervisión judicial por delitos que lleven aparejada una pena de prisión inferior a un año cuando entienda que no concurre interés público alguno en la persecución ( 153 StPO). El control jurisdiccional de esa decisión pasará por que el ofendido la impugne ante el Juez competente, previo recurso de queja ante el Fiscal General Federal, y éste o aquél estimen fundada la solicitud, obligando al Fiscal a ejercer la acusación (7). La substancial hegemonía del Fiscal en el sistema procesal penal alemán se pone de manifiesto también en orden a la adopción de cualquiera medida limitativa de derechos fundamentales, sometida a un mero control de legalidad por el Juez de garantías, sin que en ningún caso se verifique su conveniencia 6. Ley de Reforma del Proceso Penal alemán de 9 de diciembre de La acusación particular se limita a muy pocos delitos ( 374 StPO). 1918 NÚMERO MONOGRÁFICO ( StPO), además de que en supuestos de urgencia podrá ordenar motu proprio la práctica de diligencias reservadas en principio a la autoridad judicial, tales como secuestros o registros ( 98, 105, 111, etc., StPO). Ni que decir tiene que ello deviene en un sistema profundamente inquisitorial, en que el derecho de defensa se ve notablemente postergado, amén de encarecido en términos económicos. Asentado sobre un principio de eficiencia en la persecución del delito, combinado con un amplio grado de discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal, su eventual traslación a España exigiría cambios, y no sólo estructurales, tan profundos que esta vía en su conjunto sería difícilmente trasplantable a España. Desde un punto de vista orgánico, en Portugal nos encontramos con un Ministério Público bastante similar al español o alemán, puesto que proclamada su sumisión al principio de legalidad, gozará de autonomía funcional moderada por la dependencia jerárquica de sus miembros integrados en una estructura piramidal (arts y Constitución portuguesa Cp y arts. 1, 2 y 76 Estatuto del Ministerio Público portugués, Ley 47/86, de 15 de octubre), en cuyo marco se hace presente la influencia gubernamental por la misma vía del nombramiento del Procurador Geral da República, cargo eminentemente político cuyo titular será designado por el Presidente a propuesta del Gobierno [art. 136.l) Cp], así como por las facultades de ordenación del Ministro de Justicia (art. 80 del Estatuto). La atribución de la investigación de los delitos al Ministerio Público que propugnaba la reforma portuguesa de 1987 (8) no fue una cuestión pacífica en el plano jurídico, habiendo padecido serios avatares constitucionales fundados en la reserva jurisdiccional para la instrucción de las causas penales (art º Cp). A la postre, fue el Tribunal Constitucional portugués (9) quien salvó ese escollo distinguiendo entre dos fases dentro del período preliminar: la investigación (inquérito), siempre necesaria y encomendada al Fiscal (arts. 262 y ss. Código Procesal Penal portugués CPPp ), y la instrucción (instruçao), eventual y a cargo del Juez, que sólo se materializa a instancia del imputado o del ofendido y que tendrá como fin comprobar la decisión del anterior (arts. 8. Decreto-Ley 78/1987, de 17 de febrero, por el que se aprobó el Código del Proceso Penal portugués. 9. «Acordao» 7/1987, de 17 de febrero. 1929 Sobre la conveniencia de atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal 286 y ss. CPPp), lo que en gran medida rebajaba las expectativas iniciales (10). Este mismo Juez, el denominado Juez de Instrucción, actuará siempre que sea preciso adoptar alguna medida que comporte la limitación de los derechos fundamentales de los sujetos, ya sea con carácter cautelar o instrumental a la investigación (arts Cp y 17 CPPp). Las facultades de disposición con arreglo al principio de oportunidad del Ministerio Público portugués se alejan del modelo alemán viéndose limitadas a la «suspensao provisória do proceso» o el «processo sumaríssimo» (arts. 281 y 282 y 392 y ss., respectivamente, CPPp) de forma similar a la conformidad del ordenamiento español. El mismo criterio atributivo impera en Italia (11), asumiendo el Ministerio Público la investigación de las causas penales (arts. 326 y 327 del Codice di Procedura Penale CPPi ), aunque diversamente a los anteriores sus miembros gozan de un estatus similar a los jueces ex articulo 104 y ss. de la Constitución Italiana Ci (y 4.1 del Ordenamiento Judicial OJi ), estando representados en el Consejo Superior de la Magistratura (art. 105 Ci). Todo ello a pesar de que recientemente se haya reforzado la dependencia jerárquica dentro de cada Fiscalía, donde se integran los Fiscales agregados, de quien haría las veces de Fiscal Jefe, el Procurador de la República afecto a cada Tribunal (art. 2.4 de la L. 150/2005, de 25 de julio). Por el contrario, el poder de avocación de una causa por el superior (normalmente desde la Fiscalía de la Corte de Apelación a la de Primera Instancia) se limitó, ya en 1987, a los supuestos de inactividad del segundo (art de la L. 81/1987). También en Italia se regula la figura del Juez de garantías, el Juez de investigaciones preliminares, aunque a diferencia del sistema alemán será el órga- 10. Sobre el reparto de papeles en la instrucción portuguesa véase el clásico trabajo de CARVALHO MAR- TINS, A.: O debate instructorio no Código de Processo Penal portugues de 1987, Coimbra, 1989; y recientemente, MARTÍN PASTOR, J.: El Ministerio Fiscal como director de la investigación oficial en el proceso penal, op. cit.., pp. 150 a 163; y MIRANDA RODRÍGUES, A. y CALAZA LÓPEZ, S.: «El Ministerio Fiscal-Director de la investigación en Portugal», en AA.VV., El Ministerio Fiscal Director de la instrucción, Madrid, 2006, pp. 209 a Acerca de este sistema véase CHIAVARIO, M.: «El Ministerio Público en Italia como responsable de la investigación preliminar», en AA.VV., El Ministerio Fiscal Director de la instrucción, Madrid, 2006, pp. 97 a 128; y MARTÍN PASTOR, J.: El Ministerio Fiscal como director de la investigación oficial en el proceso penal, op. cit., pp. 127 a10 NÚMERO MONOGRÁFICO no judicial quien acuerde, si procede, el archivo de la causa (arts y en relación con el CPPi), así como, en su caso, la adopción de medidas cautelares, la interceptación telefónica o telemática o la práctica anticipada de medios de prueba, a instancia del Ministerio Público (arts. 291 y 267 y 292 CPPi, respectivamente). El principio de oportunidad tiene tan sólo la operatividad que le permite el instituto de la conformidad (patteggiamento), muy parecido a nuestro diseño (12). Mayor interés presenta el tipo de diligencias de investigación que puede acordar el Fiscal italiano, e incluso en casos de urgencia la propia Policía, entre las que se cuentan no sólo la inspección ocular de personas, cosas y lugares (las ispezioni del art. 244 CPPi), sino también la entrada y registro o el cacheo y otras intervenciones corporales (las perquisizioni previstas en los arts. 352 y 370 CPPi, entre otros), la intervención de la correspondencia postal (art. 353 CPPi) o el secuestro de efectos e instrumentos del delito (art. 253 CPPi). La naturaleza pseudo-judicial del Ministero Pubblico juega a favor del reconocimiento de facultades que comportan una sustancial restricción de los derechos fundamentales. Paralelamente a la investigación fiscal, la defensa también podrá desarrollar su propia investigación con el apoyo del Juez de investigaciones preliminares (art. 391 y ss. CPPi). Para terminar este apartado, por lo que se refiere a los países anglosajones la investigación de los hechos delictivos se deposita en manos de la Policía, ostentando el órgano público una facultad revisora de los méritos del caso a fin de instar la apertura del juicio oral. Así acontece en Gran Bretaña con el Crown Prosecutor Service, creado en 1985 en virtud de la Prosecution of Offences Act, y en los Estados Unidos, con mínimas diferencias y tanto por lo que se refiere a la Administración Federal como a la Estatal (13). Habida cuenta lo precedente, de entre los países de nuestro entorno cultural tan sólo Francia, Bélgica y España se mantienen en el error de una instrucción judicial. 12. Vid. la regulación del «patteggiamento sul rito» o «sulla pena» en los arts. 444 a 448 CPPi. 13. Debe subrayarse que el Crown Prosecutor Service se limita a verificar la viabilidad procesal del asunto, pero, al contrario del Prosecutor norteamericano, ni presenta los cargos, ni sostiene la acusación, aspectos que se encomiendan a Abogados contratados por la Administración a ese fin. 19411 Sobre la conveniencia de atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal 2.2. LOS DEFECTOS DE LA INSTRUCCIÓN JUDICIAL La literatura favorable a la instrucción fiscal suele hacer hincapié en un cúmulo de imperfecciones que descalifican la intervención jurisdiccional, sintéticamente resumidas en las siguientes: su naturaleza inquisitiva, la pérdida de imparcialidad del Juez, la lentitud judicial en el desempeño de esta función y la imposibilidad de desarrollar una política criminal coherente (14) La naturaleza inquisitiva de la instrucción judicial En un primer nivel argumentativo, la doctrina pro-fiscalista se sitúa en el plano de los principios. En este sentido, se asevera que la atribución al Fiscal de la investigación de los hechos propiciaría un reforzamiento del principio acusatorio, dada la actuación «inquisitorial» del instructor (15). Según esta tesis, 14. Estos reproches se encuentran reiteradamente presentes en autores como FLORES PRADA, I.: El Ministerio Fiscal en España, Valencia, 1999, pp. 496 a 534; GIMENO SENDRA, V.: «Algunas sugerencias sobre la atribución al Ministerio Fiscal de la investigación oficial», en Justicia 88, núm. IV, pp. 829 a 834; «El Ministerio Fiscal», en AA.VV., El nuevo proceso penal, Madrid, 1989, pp. 65 a 106; «El nuevo Código Procesal Penal portugués y la anunciada reforma global de la Justicia española», en Estudios de Derecho Procesal (En honor de Víctor Fairén Guillén), Valencia, 1990, pp. 241 a 250; y más recientemente en «La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la posición del Ministerio Fiscal en la investigación penal», en La posición del Fiscal en la investigación penal: La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Pamplona, 2005, pp. 37 a 39; y «La reforma de la LECrim. y la posición del Ministerio Fiscal en la investigación penal», en AA.VV., El Ministerio Fiscal Director de la instrucción, Madrid, 2006, pp. 35 a 39; MORENO CATENA, V.: «La Justicia Penal y su reforma», en Justicia 88, núm. II, pp. 313 a 318; y más recientemente en «La posición del Fiscal en la investigación penal: La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», en La posición del Fiscal en la investigación penal: La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Pamplona, 2005, pp. 54 a 56; en «El papel del Juez y del Fiscal durante la investigación del delito», en Hacia un nuevo proceso penal (Manuales de formación continua de la Escuela Judicial), Madrid, 2005, pp. 55 a 92; y en «El Ministerio Fiscal, Director de la investigación de los delitos», en Teoría & Derecho, I, junio/diciembre de 2007, pp. 80 y ss; VIVES ANTÓN, T.S.: «Doctrina constitucional y reforma del proceso penal», en Poder Judicial, núm. especial II (Jornadas sobre la Justicia Penal), 1987, pp. 93 a 128; y acerca de la imparcialidad en «Sobre la imparcialidad del Juez y la dirección de la investigación oficial del delito», en Teoría & Derecho, I, junio/diciembre de 2007, pp. 99 a Ya en 1982, ARMENTA DEU, T., «El Fiscal instructor», en Cuadernos de Derecho Público, núm. 16 (mayo/agosto, 1982), pp. 216 a 218, planteaba serías dudas al respecto. En el mismo sentido se manifiesta BLAS- CO SOTO, M.C., «El sistema acusatorio formal y el principio inquisitivo», en Documentos Penales y Criminológicos, V. I (2001), pp. 465 a 470. Desde una perspectiva diversa MARTÍN PASTOR, J.: El Ministerio Fiscal como director de la investigación oficial en el proceso penal, op. cit., sostiene que la fase instructora será necesariamente inquisitiva, prescindiendo de a quién se encomiende la investigación, pues su contenido principal será inquirir, esto es: «investigar, averiguar el hecho delictivo y sus responsables» (p. 362). 19512 NÚMERO MONOGRÁFICO con el actual reparto de papeles la defensa debe hacer frente a dos acusadores: el Ministerio Fiscal y el Juez de instrucción, quien, además, tendría la posibilidad de generar en esta fase actos de prueba de modo anticipado. En suma, lo que se pretende es llevar a la instrucción una composición acusatoria similar a la vigente en el juicio oral (16), estimando que la actividad investigadora del instructor quiebra una de sus manifestaciones, el principio de igualdad de armas entre las partes. Pero ni se aporta justificación alguna al respecto, ni es ésta la conclusión que se desprende de los resultados estadísticos relativos al número de archivos del total de diligencias previas incoadas (17). Es más, aun admitiendo como artículo de fe semejante objeción cabe que nos preguntemos si ese supuesto desequilibrio no sería mas patente de encomendar la investigación a un órgano cuya actuación tiene tradicionalmente una tan acentuada tendencia incriminatoria y que, asimismo, está investido de unos poderes netamente superiores a los de la defensa (18). Por otro lado, resulta evidente que un uso inmoderado de las facultades de anticipación probatoria repercutirá negativamente en la plena vigencia del principio acusatorio por muchas salvaguardas que se dispongan (19). Pero este comportamiento puede y debe ser rectificado del mismo modo que cualquier otra corruptela procesal, toda vez que la LECrim. es clara en la reglamentación de los supuestos excepcionales en que es viable esa quiebra del principio de normalidad probatoria [arts y 781 en relación con el 730 LECrim. y 37.d) LOTJ]. 16. Así interpreta, y nosotros suscribimos, esta línea argumental MARTÍN PASTOR, J.: El Ministerio Fiscal como director de la investigación oficial en el proceso penal, op. cit., pp. 363 y De las diligencias previas en tramitación en el año 2004 en España tan sólo terminaron en juicio oral, siendo la relación aplicable al 2005 de aperturas de juicio oral sobre diligencias previas en tramitación. Fuente Memoria de la Fiscalía General del Estado (Años Judiciales 2005 y 2006), Madrid, 2005 y 2006, respectivamente. 18. En esta línea, BLASCO SOTO, M.C., «El sistema acusatorio formal y el principio inquisitivo», en Documentos Penales y Criminológicos, V. I (2001), p. 469; y DÍAZ-PICAZO, L.M.: «Siete tesis sobre la idea del Fiscal investigador», en Teoría & Derecho, I, junio/diciembre de 2007, pp y 32-33, quien a priori niega esa supuesta ruptura del principio de igualdad entre las partes en un contexto de instrucción judicial, habida cuenta la vigencia de las garantías constitucionales. 19. Aunque también es evidente que no existe un único modelo de proceso acusatorio, siendo natural la combinación de rasgos inquisitivos y acusatorios, incluso en los ordenamientos procesales de raíz anglosajona donde la vigencia del proceso acusatorio se ha mantenido casi inalterada a lo largo de la historia. Acerca de los sistemas procesales véase, entre otros, VERGÉ I GRAU, J.: La defensa del imputado y el principio acusatorio, Barcelona, 1994, pp. 15 a13 Sobre la conveniencia de atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal La pérdida de imparcialidad del Juez de instrucción Según se manifiesta, la atribución de la investigación de los delitos al Ministerio Fiscal permitiría soslayar los riesgos de pérdida de imparcialidad en el instructor, resultante de que se concentre en el mismo órgano la investigación del delito y la decisión sobre medidas limitativas de los derechos fundamentales. Mas, salvo en una tortuosa interpretación de los fines de la instrucción, reconducida meramente a preparar la acusación, no alcanzo a entender cómo podría cristalizar este supuesto peligro. Antes al contrario, creo que es, precisamente, ese conocimiento de los hechos lo que cualifica al instructor para tomar una decisión más informada desde su posición de independencia. No podemos obviar que el instructor, cuando se trata de acordar las medidas limitativas más graves, como la prisión o la libertad provisional, no actuará ex officio, sino a instancia de las partes (art. 504 y ss. LECrim.). Pero es más, el mismo razonamiento podría emplearse para cuestionar la imparcialidad de un órgano que en la hipótesis reformadora concentraría dos tareas a priori menos compatibles: la de investigar unos hechos y la de acusar con base en esos mismos hechos investigados, o, en su caso, acordar el sobreseimiento de la causa (20). No obstante, la cuestión es susceptible de otra lectura si retomamos el propio concepto de imparcialidad, que bien puede definirse con MONTERO AROCA como la «exigencia de desinterés subjetivo en la persona determinada que ha de conocer de un caso concreto para adoptar en él la necesaria decisión» (21). Desde esta perspectiva, la imparcialidad sería predicable tanto de los Jueces como de los Fiscales o incluso de cualquier otro funcionario público, y difícil- 20. El «Fiscal prevenido», consecuencia de los prejuicios que generaría la instrucción de la causa, a decir de DE LA OLIVA SANTOS, A.: Jueces imparciales, Fiscales investigadores y nueva reforma para la vieja crisis de la Justicia penal, Barcelona, Considera DÍAZ-PICAZO GIMÉNEZ, L.M.: «Respuestas a la encuesta. Primera pregunta: Debe encomendarse al Ministerio Fiscal la dirección de la investigación en el proceso penal? Por qué razones?», en AA.VV., La posición del Fiscal en la investigación penal: La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Pamplona, 2005, p. 93, que «un Fiscal que no sólo acusa sino que antes también ha investigado se halla en una posición psicológica e, incluso, institucional mucho más «involucrada» en el asunto que un Fiscal que se limita a sostener la acusación pública. Este último está más distanciado del resultado del caso, lo que resulta más en consecuencia con las ideas de imparcialidad y legalidad». Para GÓMEZ COLOMER, J.L.: El Tribunal Penal Internacional: Investigación y acusación, op. cit., pp. 122 y 123, se incurriría en una «contradicción insalvable». 21. MONTERO AROCA, J.: «Investigación e instrucción en el proceso penal», op. cit., p14 NÚMERO MONOGRÁFICO mente se vería comprometida salvo que entendiéramos que la previa intervención en el procedimiento condicionaría per se la aparición de un interés subjetivo, y por lo tanto inadmisible, en la causa, en cuyo caso tan necesaria sería la diversificación de funciones entre el Juez instructor y el Juez de garantías como entre el Fiscal-instructor y el Fiscal-acusador. Si lo primero es eventualmente posible, lo segundo resultaría ilusorio ya que los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica impedirían que ese reparto de tareas cumpliera el fin pretendido. Este supuesto no debe confundirse con la existencia o inexistencia de un interés objetivo en la propia causa, siendo que este último se encuentra siempre presente en la actuación del Fiscal como promotor del interés público (art. 124 CE) y habida cuenta su vinculación con el Ejecutivo (22), mientras que la Jurisdicción siempre estará desinteresada en los asuntos que decide (23). La administración de la Justicia ni debe ni puede someterse a un interés parcial, aunque fuera público o general, sino tan sólo a la Ley, siendo su mayor garantía la actuación jurisdiccional La lentitud de la instrucción judicial Una Justicia tardía no es Justicia. La preocupación por la celeridad y por la eliminación de trámites superfluos o redundantes y su identificación como factores determinantes para la consecución de una Justicia eficaz es un sentimiento que late de antiguo en buen número de las reformas parciales del enjuiciamiento penal y no sólo en España (24). Pues bien, en este punto los reformadores argumentan que la asunción por el Fiscal de las competencias instructoras permitirá agilizar y simplificar un trá- 22. Vid. supra. En este sentido, MONTERO AROCA, J.: «Investigación e instrucción en el proceso penal», op. cit., p. 55, destaca que «no existe una pretendida parte imparcial (contradictio in terminis)». 23. Ibidem. 24. Aunque por nuestra parte suscribimos la opinión de PEDRAZ PENALVA, E.: «Medidas procesales para la agilización de la justicia española», en AA.VV., VII Jornadas de la Fe Pública Judicial, Santiago de Compostela, 1995, p. 120, en el sentido de que «el imperativo de la eficacia no se agota en la celeridad», y de ahí que rechazamos a priori el intento de sacralizar esos objetivos en detrimento de otros intereses de dimensión constitucional, cuando menos de similar, casi siempre de superior relevancia, como puede ser el propio debido proceso. La mendacidad del argumento economicista es puesta de relieve también por MONTERO AROCA, J.: «Investigación», op. cit., p15 Sobre la conveniencia de atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal mite que en manos de los órganos jurisdiccionales discurre torpemente, prolongándose de manera generalizada e injustificada más allá del plazo razonable, entendiendo por tal no tanto el de un mes legalmente previsto (art. 324 LECrim.), como aquel otro prorrogado que resulta de la valoración de todos los elementos en juego, incluso factores para-jurisdiccionales, como puede ser la propia acumulación de asuntos en el Juzgado. Esa dilación instructora, sostienen estos autores, sería directamente imputable a los propios Jueces y, en particular, a su ánimo de exhaustividad, escasa preparación investigadora en comparación con la Policía o a la propia independencia judicial que impide, en igual medida, apremios o correcciones disciplinarias por dilaciones indebidas. Aquella figurada sencillez de la instrucción fiscal se conectaría con el principio de unidad de actuación y la natural colaboración entre las Fiscalías de las distintas Audiencias. Con algunos matices, el posicionamiento de los reformistas es una muestra más de la apologética alocución de las virtudes Fiscales que denunciábamos al inicio de este apartado sin base empírica alguna, inclusive obviando la realidad. En primer lugar, porque se carece de datos que avalen el resultado presupuesto, esto es, la aceleración procedimental que comportaría la reforma. En segundo, porque se descalifica directamente al Juez atribuyéndole carencias que, con la salvedad de la escasa, o nula, preparación investigadora, perfectamente predicable de los Fiscales, son meras conjeturas (25). Y, finalmente, por cuanto se obvian otros factores que, estos sí, necesariamente condicionan el retraso de las instrucciones judiciales, entre los que se cuentan la carencia de medios y la sobrecarga de trabajo o determinados «desajustes procesales» auspiciados por el modelo de nuestra propia Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el orden de ideas expuesto, la supuesta presteza de una instrucción fiscal soslaya situaciones actuales perfectamente verosímiles que indefectiblemen- 25. Aunque sería deseable que tanto instructores como Fiscales tuvieran algún tipo de preparación específica en técnicas de investigación, lo cierto es que su tarea principal tiene más que ver con dirigir la investigación que propiamente con investigar, función que es desempeñada realmente por la Policía ya fuera motu proprio, ya en cumplimiento de las órdenes de los jueces o, en su caso, de los Fiscales. De ahí que MONTERO ARO- CA, J.: «Investigación», op. cit., pp. 56 a 61, diferencie nítidamente entre la realización material de los actos de investigación, esto es, investigar, e instruir, que comporta la dirección de la anterior actividad y en su conjunto el resto de diligencias ordenadas a preparar el juicio oral. 19916 NÚMERO MONOGRÁFICO te tendrán un efecto retardador. A modo de apunte tan sólo sugerimos que se valore las consecuencias dilatorias que tendrá el ejercicio de sus derechos por parte de los sujetos particulares a los que la Constitución y las Leyes confieren la facultad de intervenir en los procesos, que deberán ser atendidos por el Fiscal-instructor, y cuyas decisiones al respecto en ningún caso quedarán exentas de control judicial. Actuación jurisdiccional que en la propuesta reformista no se detiene ahí, como es lógico, sino que alcanza a todas aquellas diligencias que comporten una limitación de los derechos fundamentales de los sujetos, incluida la eventual adopción de medidas cautelares o de aseguramiento anticipado de la prueba, así como la propia decisión de apertura del juicio oral, que no depende sólo de la iniciativa del Fiscal. El fragmentado conocimiento de la instrucción por parte del denominado Juez de garantías y su distanciamiento de la causa se convertirá en un factor más de demora (26). Por otro lado, si analizamos de cerca las mencionadas premisas de la actividad instructora jurisdiccional encontramos que lo que se nos presenta como deméritos fácilmente se torna en excelencias. De manera que ese supuesto perfeccionismo judicial (27) que lleva al instructor a prolongar la investigación penal hasta la extenuación puede tener otras explicaciones distintas a la fatua ostentación de sus aptitudes, como sería el cumplir debidamente con los fines de esta fase que, recordemos, no son tan sólo comprobar el hecho e identificar a los sujetos que participaron en su comisión a efectos de fundar la acusación, sino también recabar aquellos elementos exculpatorios de que se pudiera servir la defensa, depurando las causas que no merecen su continuación (28). Es más, resta por demostrar apropiadamente que esa misma intensidad no per- 26. Con base en esta diversificación de funciones MONTERO AROCA, J.: «Investigación e instrucción en el proceso penal (A favor del imperio de la ley y de las garantías de las partes en la preparación y evitación del juicio oral)», en Teoría & Derecho, I, junio/diciembre de 2007, pp. 47 y 48, aclara que la reforma pretende la atribución de la investigación de los hechos punibles al Fiscal y no de la instrucción propiamente dicha. Una vez concretado ese reparto de roles, optaremos por utilizar indistintamente las expresiones «Fiscal-investigador» y «Fiscal-instructor» toda vez que de esta es la línea seguida por la mayor parte de la doctrina especializada. Sobre este mismo aspecto véase también TORRES-DULCE LIFANTE, E.: «La reforma de la instrucción en el proceso penal y el Fiscal investigador», en La posición del Fiscal en la investigación penal: La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Pamplona, 2005, pp. 82 y Algunos autores hacen hincapié no tanto en un supuesto comportamiento virtuoso, aunque equivocado, como en una cierta actitud desidiosa. 28. Precisamente la satisfacción de todos esos fines inhabilitan al Fiscal para dirigir la investigación de los delitos, como sostiene TORRES-DULCE LIFANTE: «La reforma de la instrucción en el proceso penal y el Fiscal investigador», op. cit., p17 Sobre la conveniencia de atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal sistiría con el Fiscal instructor (29). Mientras que considerar la independencia judicial fuente de dilaciones presupone eludir su reverso y nota caracterizadora de la jurisdicción, la responsabilidad de Jueces y Magistrados. Concedemos que los sistemas de control son mejorables, pero de ahí a afirmar que esa independencia puede instrumentalizarse para encubrir una supuesta indolencia judicial dista mucho. Sin perjuicio de la necesidad de incrementar los medios humanos y los recursos económicos destinados a la Justicia, sobre todo la penal, dada la inflacionaria actuación legislativa en la penalización de conductas (30), hemos de valorar la incidencia de factores estructurales, derivados de las peculiaridades del modelo procesal vigente en España, en la probada dilatación que sufre habitualmente la instrucción de las causas. El potencial retardador de instituciones procesales tales como la intervención de una pluralidad de partes en el proceso con intereses muy diversos, ya antes aludida, quienes lejos de permanecer inactivos confiados del criterio del instructor son una fuente continua de peticiones atinentes tanto a la práctica de diligencias como también a la adopción o revocación de cautelas; un sistema de recursos profundamente garantista, del que se hace un uso abusivo; o la eventual acumulación de acciones civiles y penales en la misma causa, son algunos de los ejemplos que queremos destacar (31). Especial atención merece el argumento relativo a la contribución del principio de unidad de actuación al objetivo de simplificar la colaboración investigado- 29. Como sostiene ANDRÉS IBÁÑEZ: «El Ministerio Fiscal entre el viejo y nuevo proceso», op. cit., p. 112, «se da por supuesto lo que habría que acreditar, a saber: que el Fiscal tendrá menor interés en la condena del imputado que el Juez instructor; que será ajeno a cualquier condicionamiento psicológico derivado del afán de que sus peticiones de apertura de juicio y de condena encuentren eco en el Juez». 30. Algunos datos de la Provincia de Valladolid: en el año 2003 se incoaron diligencias previas, mientras que en el 2004 fueron , y en el ; además de juicios de faltas en el 2003, en el 2004 y en el 2005; para una planta de 5 Juzgados de Instrucción en Valladolid, uno más desde el 2005, más otros tres Juzgados de Primera Instancia e Instrucción en Medina del Campo (2) y Medina de Rioseco. Fuente Memoria de la Fiscalía General del Estado (Años Judiciales 2005 y 2006), Madrid, 2005 y 2006, respectivamente. 31. En esta línea BACIGALUPO, E.: «La posición del Fiscal en la investigación penal», en AA.VV., La posición del Fiscal en la investigación penal: La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Pamplona, 2005, sostiene que «la cuestión (de la celeridad) no consiste en quién conduce la investigación previa al juicio, si el Ministerio Público o un Juez de Instrucción, sino en cómo se estructura normativamente esta investigación» (p. 22). 20118 NÚMERO MONOGRÁFICO ra entre distintas Fiscalías, pues aceptando este argumento como uno de los más plausibles los procedimientos tradicionales de auxilio judicial suelen adolecer de una lentitud exasperante cabe que nos cuestionemos si no estaría perdiendo actualidad en la misma medida que se generaliza el uso de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, y, en particular, sistemas informáticos tales como INTER-IUS, que entre sus aplicaciones comprende una precisamente orientada a facilitar el auxilio entre Juzgados y Tribunales (32). No se valora en relación con este aspecto la predisposición a colaborar por parte de los titulares de los órganos jurisdiccionales requeridos, como tampoco se hace tratándose de distintas Fiscalías. Sin perjuicio de lo anterior, es obligado reconocer que la previsible mayor agilidad de la instrucción fiscal tendría mucho que ver con una devaluación de las garantías procesales para todos los sujetos intervinientes que comporta la actuación jurisdiccional La imposibilidad de desarrollar una política criminal coherente Este argumento toma forma desde una posición favorable a la consolidación, o cuando menos el reconocimiento legal, de la vinculación del Ministerio Fiscal al Poder Ejecutivo. De este modo y partiendo de que el Gobierno asume constitucionalmente la responsabilidad de dirigir la política interior (art. 97 CE), en cuyo marco se ubica la política criminal, la preeminencia judicial durante la fase de investigación, dada su encomiable independencia, es valorada como un grave inconveniente que condiciona precisamente esa política en todo lo que comporta de selección y prelación de objetivos. Cierto es que esas facultades directivas no se agotan en la asignación de recursos y en la ordenación de los medios sino que conllevan algo tan trascendente como la propia iniciativa le- 32. Acerca de las NTI s en la Administración de Justicia véase mi trabajo publicado en esta misma revista «La Administración de Justicia ante las innovaciones tecnológicas. Del entusiasmo a la desconfianza pasando por el olvido legal», en Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 7, 2005, pp ; así como el editado por Thomson/Civitas, Pamplona, 2006, «Las nuevas tecnologías en las actuaciones judiciales», AA.VV. (Coor. Fernando Galindo Ayuda), Gobierno, Derecho y Tecnología: Las actividades de los poderes públicos, pp19 Sobre la conveniencia de atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal gislativa del Ejecutivo, pero también que la transferencia de las facultades instructoras al Ministerio Fiscal desplazará el centro de decisión hacía una institución más afín a los postulados de este Poder del Estado, facilitando la aplicación uniforme de una concreta línea política. Late en esta tesis una comprensible preocupación por dar respuesta a un creciente índice de delincuencia con unos recursos necesariamente limitados, particularmente para solventar la denominada criminalidad de bagatela, donde se concentra buena parte de la actividad delictiva. Pues bien, se considera que la instrucción fiscal puede ser un instrumento especialmente adecuado para afrontar este problema, más aún si esa reforma se acompaña de una suerte de oportunidad en el ejercicio de la acción penal, por supuesto más allá de la actualmente en vigor. Esta tesis engarza con el principio economicista que ha animado algunas de últimas reformas por las que se pretende una simplificación, y a la postre abaratamiento, de los procedimientos penales, cuando no su mero abandono en favor de otras vías alternativas de carácter transaccional, como es la conformidad. La funcional interrelación entre la asunción por el Ministerio Fiscal de la instrucción de las causas y la potenciación de la justicia negociada en orden a la satisfacción de ese objetivo será objeto de análisis más adelante. Obviando la cuestión relativa a la vinculación gubernamental del Ministerio Fiscal, es factible analizar este aspecto desde otra perspectiva, trasladando el foco de atención hacia el Legislador y una política expansiva en la tipificación penal de conductas como única alternativa de tratamiento de problemas sociales cuya solución acaso se encontraría en otra sede (33). Corolario de esa actitud es la creciente dificultad para perseguir eficazmente la totalidad de los hechos delictivos que se cometen con pleno respeto hacia el debido proceso y la consecuente necesidad de priorizar la represión de algunos en menoscabo de otros. Desde luego no es en el trance de aplicar la Ley cuando se deben reconducir esas desviaciones. 33. ANDRÉS IBÁÑEZ: «El Fiscal en la actual regresión inquisitiva del proceso penal», op. cit., p. 15, habla con razón de la «impropia y masiva utilización del derecho punitivo como instrumento de gestión de (las consecuencias de) graves problemas sociales no afrontados en sus sedes específicas; que hace de él la única y no la última ratio en tales contextos». 20320 NÚMERO MONOGRÁFICO 3. LOS PRESUPUESTOS ORGÁNICOS Y FUNCIONALES DE LA REFORMA 3.1. LOS PRESUPUESTOS ORGÁNICOS Desde su aparición como Procurador Real hasta su diseño actual y de una forma más o menos explícita, el Ministerio Fiscal siempre se ha configurado a modo de agente del Ejecutivo ante la Administración de Justicia (34). Sin embargo, para una parte significativa de la doctrina jurídica la Constitución de 1978 habría supuesto un cambio en ese hasta entonces inmutable principio, hasta el punto de que los miembros de esta institución habrían adquirido una naturaleza para-judicial, desvinculándose del Ejecutivo (35). Desde luego, esta opinión ni era ni es compartida por otro sector doctrinal (36). Sobre este deba- 34. El «representante del Gobierno» en sus relaciones con el Poder Judicial (art. 763 de la Ley Provisional Orgánica del Poder Judicial de 1870, reproducido en el art. 1 del Estatuto de 1926 y del Reglamento Orgánico de 1958), el «órgano de comunicación» entre el Gobierno y los Tribunales (art. 35.I de la Ley Orgánica del Estado de 1967 y el art. 1 del Reglamento Orgánico de 1969). Acerca de la historia de esta institución no debe olvidarse el clásico trabajo de FERNÁNDEZ MARTÍN-GRANIZO, M.: El Ministerio Fiscal en España, así como, más recientemente, FLORES PRADA: El Ministerio Fiscal en España, op. cit., pp. 29 a Sustentaron y sustentan esta línea interpretativa entre otros: CALVO RUBIO, J.A.: «El Ministerio Fiscal en la Constitución», en AA.VV., Primeras Jornadas de Derecho Judicial: El Poder Judicial, Madrid, 1983, pp. 627 a 651; también en «El Ministerio Fiscal, su dimensión constitucional y sus relaciones con los distintos poderes del Estado», AA.VV., El Poder Judicial en Europa (Conferencia de los Presidentes y Fiscales de los Tribunales Supremos de los Estados miembros de las Comunidades Europeas), v. I, Madrid, 1989, pp. 523 a 548; CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C.: «El Ministerio Fiscal en la Constitución», en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 1981, pp. 583 a 595; también en «El modelo post-constitucional del Ministerio Fiscal en España», en Poder Judicial, núm. 27, pp. 9 a 20; en «Naturaleza y principios rectores del Ministerio Fiscal en la Constitución y en el nuevo Estatuto Orgánico», en AA.VV., Poder Judicial, v. I, Madrid, 1983, pp. 845 a 890; y en El Ministerio Fiscal, Pamplona, 1999, pp. 45 a 57; GIL-ALBERT VELARDE, J.M., «El Ministerio Fiscal en la Constitución», en AA.VV., Poder Judicial, v. I, Madrid, 1983, pp. 109 a 124; JIMÉNEZ VILLAREJO, J.: «El Ministerio Fiscal dentro del Poder Judicial», en Poder Judicial, núm. 3 (junio 1982), pp. 81 a 83; LOR- CA NAVARRETE, A.M.: Organización judicial española en el vigésimo aniversario de la Ley Orgánica del Poder Judicial, San Sebastián, 2005, pp. 497 a 499; MUÑOZ CALVO, J.L.: «La independencia del Ministerio Fiscal en España. Su problemática. El llamado Consejo Fiscal», en AA.VV., El Poder Judicial, v. III, Madrid, 1983, pp a Donde se ubican autores como, entre otros: ANDRÉS IBÁÑEZ, P.: «El Ministerio Fiscal entre el viejo y nuevo proceso», op. cit., pp. 81 a 83; COBO DEL ROSAL, M. y BOIX REIG, J.: «El Ministerio Fiscal», en AA.VV., Comentarios a las Leyes Políticas (Dir. por Óscar ALZAGA), t. IX, Madrid, 1987, pp. 571 a 593; FAIRÉN GUILLÉN, V.: «El Ministerio Fiscal en la reforma procesal de 1988 (y II)», en Tapia, marzo/abril de 1989, pp. 63 a 72; GARCÍA GARCÍA, M.A.: «La dependencia del Ministerio Fiscal y la investigación oficial», en Jueces para la democracia, núm. 8 (diciembre de 1989), pp. 17 y 18; GONZÁLEZ-CUÉLLAR GARCÍA, A.: «El Ministerio 204 Mostrar más
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 Resolución 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 1
 artículo 21
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 5
 Artículo 1
 resolución