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Timestamp: 2017-05-26 14:58:45+00:00

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SITUACIÓN QUE AFECTA A ALUMNOS DE UNIVERSIDAD DEL MAR
Sesión 84ª, en miércoles 12 de diciembre de 2012
(De 12:7 a 14:18)
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau, y de Educación, señor Harald Beyer Burgos. Asimismo, se encontraba presente el Rector de la Universidad de Valparaíso y Presidente del Consorcio de las Universidades del Estado, señor Aldo Valle Acevedo.
--Se abrió la sesión a las 12:7, en presencia de 15 señores Senadores.
Segundo informe de la Comisión de Agricultura e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios (boletín N° 7.484-01) (con urgencia calificada de "suma").
Informes de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga a los funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles condiciones especiales para la bonificación por retiro voluntario por el periodo que indica y una bonificación adicional (boletín Nº 8.447-04) (con urgencia calificada de "simple").
Del señor Presidente de la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y el modo de resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que modifica, en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones (boletín N° 8.091-21), para que se autorice a dicho órgano técnico para sesionar simultáneamente con la Sala.
Antes de entrar a analizar la materia objeto de esta sesión especial, quiero saludar al Octavo año B de la Escuela Oriente de Quellón.
Bienvenidos. Gracias por acompañarnos
La presente sesión especial ha sido convocada con la finalidad de abordar la situación que afecta a los alumnos de la Universidad del Mar
El primer inscrito para intervenir es el Senador señor Muñoz Aburto. El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente, el caso de la Universidad del Mar es un paradigma de cómo hacer las cosas mal, cómo vulnerar la ley, cómo simular acciones e instituciones, cómo transformar un buen fin en algo ilícito.
Un paradigma del fracaso del Estado para fiscalizar adecuadamente y sancionar a tiempo, aun habiendo señales claras, como el caso de las carreras brujas denunciado hace unos años. Digo esto con conocimiento de causa, porque incluso fui amenazado con querellas por los ejecutivos de este plantel cuando señalé que la carrera de criminalística era una especie de estafa para las familias.
Un paradigma de la tolerancia y liberalismo extremo del modelo educacional chileno.
Digamos las cosas como son. El problema de la Universidad del Mar, y también de otras, era un secreto a voces. A muchos nos pareció raro que un plantel superior creciera en forma tan acelerada. A muchos nos pareció raro que su modelo de negocios fuera esencialmente financiero, basado en los créditos internos. A muchos nos parecía discutible su solvencia académica.
Y las señales eran claras. Recuérdese cómo Southern Cross desistió de ingresar a la propiedad de la institución. Sin embargo, poco o nada se hizo por indagar.
Primó el libre mercado, primó el ideologismo neoliberal, primó la libertad de enseñanza y tantos otros conceptos que de poco sirven a la hora de buscar una solución para los miles de estudiantes, docentes y funcionarios. Y ellos primaron porque, en muchos casos, la Universidad del Mar vino a llenar un vacío académico. Carreras que no se impartían, sedes en ciudades que no contaban con educación superior, horarios adecuados para trabajadores, menores costos, crédito propio.
En Magallanes, todo ello es efectivo. La Universidad del Mar creció como la espuma. Surgió de la nada. Al poco tiempo, aprovechando la carencia de opciones académicas, propia de una Región extrema, ya contaba con un buen número de carreras; siguió aumentando su oferta, amplió sus dependencias e incluso, a través de la inmobiliaria paralela Valparenas -entre cuyos integrantes se encontraba el ex Gobernador de Valparaíso Pablo Zúñiga- construyó un moderno edificio.
La edificación era el chiche de la ciudad. Allí empezaron a hacerse los congresos y reuniones locales, incluso del gobierno regional en administraciones anteriores, lo que siempre cuestioné, inclusive no asistiendo a muchos eventos.
Todo se derrumbó cual castillo de arena.
Hace rato ya que esta universidad registraba problemas. En junio de 2010, en la sede Punta Arenas empezaron los retrasos en los pagos al personal, lo que se buscó corregir con una curiosa fórmula: pagos bimensuales o parcializados durante el semestre.
La creciente morosidad de los alumnos y las dificultades de liquidez se hacían evidentes. También las acciones anómalas. En la actualidad, la Universidad del Mar mantiene más de 18 cuentas corrientes en distintos bancos de Punta Arenas.
De allí en adelante -y especialmente en 2011- solo se agudizaron las dificultades: suspensión de actividades, paros por las carencias de materiales y equipamiento imprescindible para impartir las clases y problemas en la obtención de campos clínicos.
Pese al evidente descalabro, las autoridades universitarias se esmeraban en aparentar normalidad. Se esperaba la obtención de créditos estatales para regularizar la situación.
Según datos del MINEDUC, se aportaron $ 3.392.279.145 (tres mil trescientos noventa y dos millones doscientos setenta y nueve mil ciento cuarenta y cinco pesos) por concepto de Crédito con Aval del Estado. Y la normalidad no se produjo.
Se llegó a 2012, cuando las autoridades universitarias culparon de la situación a la morosidad estudiantil. Se señala que solo 23 por ciento de los jóvenes están cancelando mensualidades. Y ello es obvio. ¿Quién va a pagar una universidad que no cumple sus obligaciones? Lo que no se dice es cuánto retiraron los controladores.
Hoy la situación es de un colapso general. Con docentes y funcionarios que no reciben sus sueldos desde hace meses, a los cuales se les adeudan las cotizaciones y no se les han pagado sus créditos con las cajas de compensación.
La institución ha perdido sus edificios. El que arrendaba a la Cruz Roja fue desalojado por orden judicial en septiembre pasado. En este punto es relevante indicar que mientras la inmobiliaria Valparenas le alquilaba el inmueble a la entidad benéfica por 2 millones de pesos, le cobraba a la universidad 28 millones de pesos mensuales.
El edificio principal, construido hace pocos años, en el tiempo de bonanza, fue vendido hace pocos días.
La incertidumbre, entonces, es total.
Es urgente buscar una solución institucional para la crisis generada en la Universidad del Mar.
Lo obrado por el Ministerio de Educación, al proponer el cierre de la entidad, es tardío e insuficiente.
La merma que se producirá en las matrículas pondrá en riesgo la continuidad no desde que se determine el cierre, si esa constituye la sanción final, sino desde los próximos meses, al no haber nuevas matrículas y emigrar parte importante del alumnado. Y en ese momento hay que tener respuestas.
A mi juicio, la solución a esta problemática pasa por diseñar un plan de contingencia que combine dos medidas.
Por una parte, una gestión decidida del Estado para impulsar la reubicación de alumnos en los casos en que ello sea posible, manteniendo los créditos y ayudas estudiantiles, promoviendo la flexibilidad académica para ajustar las mallas curriculares, cuando sea necesario, y facilitando la realización de trámites de traslado y obtención de certificados y concentraciones de notas.
Por otro lado, debe impulsarse un cierre programado, bajo la tuición del Estado, a fin de que quienes deseen continuar sus estudios puedan hacerlo. Esto resulta especialmente importante para sedes como Punta Arenas, donde muchas de las carreras no se imparten en otros establecimientos de la Región, o en los mismos horarios o a similar valor.
Ello es imprescindible también para el personal académico y administrativo, que requiere que se regularicen sus ingresos y se salden sus deudas.
Si es necesario posibilitar dicha medida a través de una modificación legal, ello debe implementarse a la brevedad. Estamos disponibles para una enmienda que autorice al Estado a intervenir planteles en crisis.
Lo importante es adoptar medidas urgentes y decididas que pongan término a la incertidumbre y permitan a todos los estudiantes culminar sus estudios, sea en el mismo u otro plantel.
Además, señor Presidente, lo importante es aprender de una vez la lección: lo raro debe indagarse.
Raro era el modelo de negocios de Inverlink, y sabemos cómo terminó. Rara era la solvencia de La Polar, pese a apuntar a segmentos de bajos recursos, y también sabemos en qué se convirtió. Raro era el crecimiento de la Universidad del Mar, y acá estamos, buscando soluciones.
El señor BEYER (Ministro de Educación).-
Señor Presidente, señoras Senadoras y señores Senadores...
Perdón, señor Ministro.
Debo advertir a las tribunas que la norma es escuchar con respeto y atención.
Señor Presidente, señores Senadores y señoras Senadoras, quiero narrar brevemente los antecedentes acerca del caso que nos convoca: la Universidad del Mar.
Si ustedes recuerdan, hubo denuncias graves en la primera parte de este año respecto de la manera en que dicho plantel estaba funcionando. Ellas fueron realizadas por funcionarios, por académicos, por estudiantes y también por un ex rector de la universidad.
Atendidas esas denuncias, y como corresponde a la legislación vigente, el Ministerio de Educación inició una investigación, siguiendo los criterios legales en vigor, las normas establecidas para estos propósitos.
Producto de esa indagación, llevada a cabo seriamente, donde se visitaron las sedes, se entrevistó a distintas personas, se recogieron antecedentes, se revisaron los estados financieros y las actas de la institución, se llegó a la conclusión de que la universidad estaba incumpliendo gravemente sus estatutos, es decir, la legislación vigente.
Frente a esa situación, la única alternativa que le queda al Ministerio de Educación es pedir la cancelación de la personalidad jurídica de la universidad -así lo establece la legislación- al Consejo Nacional de Educación. Este debe fallar a favor o rechazar el planteamiento efectuado por nuestra Cartera, atendidos los antecedentes presentados. Este proceso se encuentra hoy en desarrollo. Esperamos que concluya a la brevedad. Es tarea del Consejo Nacional de Educación establecer los plazos y definir el momento apropiado para emitir su resolución.
Ahora bien, dicho proceso se ha ido desarrollando en función de lo que establece la ley.
Mientras tanto, el Ministerio de Educación se ha estado preparando para la eventual cancelación de la personalidad jurídica de esta institución, para su eventual cierre. Eso significa preocuparse en todo el país de que los estudiantes -así lo dispone la ley- puedan ser reubicados, y que a aquellos que están por terminar les sea posible obtener su titulación.
Indudablemente, el cierre no ocurre de un día para otro. Una vez que lo sancione el Consejo Nacional de Educación o lo rechace, tendremos que proceder en concordancia.
Si esta entidad independiente, autónoma, dictaminara el cierre y avalara nuestro planteamiento, el Ministerio, tal como lo establece la normativa vigente, se tiene que hacer cargo del plantel. Y estamos preparados para ello; para velar por su cierre paulatino, en un plazo razonable; para reubicar a los estudiantes y, eventualmente, para asegurar que se puedan titular aquellos próximos a terminar. Tenemos las capacidades, los recursos para llevar adelante este proceso.
Pero dicha instancia se debe iniciar una vez que el Consejo Nacional de Educación falle. Porque existe la posibilidad de que se pronuncie en contra del planteamiento del Ministerio de Educación. Y, en ese contexto, se desata otro escenario.
Si el dictamen es favorable a nuestra presentación, existe un escenario claramente establecido en la ley y que el Ministerio de Educación está preparado para enfrentar.
Señor Presidente, en primer término, saludo a los estudiantes y dirigentes de la Universidad del Mar que nos acompañan, en especial...
... a la delegación de Temuco, que se ha dado el tiempo y ha hecho el sacrificio de llegar hasta acá.
Y a los estudiantes de la Escuela de Medicina de la Universidad del Mar, Viña del Mar, que también nos acompañan.
Me encuentro entre los Senadores que promovieron esta sesión especial, como uno de los pocos instrumentos de que dispone este Parlamento para convocar a las autoridades y revisar qué estamos haciendo, qué puede hacer el Legislativo, el Ejecutivo, cuáles son las otras iniciativas factibles de adoptar ante esta situación, que en mi opinión es grave.
Agradezco la presencia del Ministro Harald Beyer y del Presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, don Aldo Valle, quien ha mostrado buena disposición para buscar algunas alternativas. Esperamos que hoy día nos pueda iluminar respecto de qué posibilidades tiene la Universidad de Valparaíso de acoger a los estudiantes de la Universidad del Mar. Se ha excusado el Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, don Juan Manuel Zolezzi, al igual que los Presidentes de la Comisión Nacional de Acreditación y del Consejo Nacional de Educación.
El Ministro planteó que el Gobierno está disponible para atender la situación, cualquiera que sea la decisión que adopte el Consejo Nacional de Educación.
El problema, Ministro, radica en que aquí tenemos 17 mil estudiantes que no saben qué van a hacer, para los cuales no existe en su universidad la continuidad de una matrícula. En otros años, a estas alturas ya estaba abierto el proceso de matrícula. Hoy no lo está, ni este mes ni tampoco se sabe cuándo.
Entonces, hay que enfrentar esta emergencia. Y no creo que sea adecuado continuar con la incertidumbre en cuanto a qué va a ocurrir.
Si tenemos cómo enfrentar ambos escenarios, deberíamos ofrecer un plan concreto para que los estudiantes sepan a qué atenerse.
Si el Ministerio posee facultades para intervenir la Universidad, ¿por qué no lo hace ahora? Si no las tiene, busquemos alternativas.
Recién estábamos debatiendo -continuaremos haciéndolo más tarde- una reforma constitucional de emergencia relativa a las autoridades regionales, para prorrogar sus mandatos, con urgencia de "discusión inmediata".
Entonces, si existe disposición del Ejecutivo para atender esta demanda de más de 17 mil alumnos y sus familias, por qué no buscamos una fórmula mediante la cual el Ministerio les dé certidumbre.
El señor Ministro hace referencia a la legislación vigente. Bueno, cambiémosla. Para eso hemos convocado esta sesión.
Debo reiterar a quienes se encuentran en las tribunas que deben abstenerse de efectuar manifestaciones, a favor o en contra.
Vamos a tener paciencia, porque sé que vienen de muy lejos y es muy sacrificado, y la situación que les afecta es muy delicada. Yo los comprendo. Sin embargo, el Reglamento está por encima de mis opiniones personales. Y si no hay respeto y orden en las tribunas, se tienen que desalojar.
Puede proseguir el Senador señor Tuma.
Señor Presidente, esta universidad no está siendo cuestionada por la baja calidad en la enseñanza, por la calidad de sus docentes. La mayoría de ellos trabaja también en otras universidades, muchas de ellas acreditadas. ¡La Universidad del Mar fue acreditada por el Estado! ¡Aquí está la fe pública de por medio! Por algo los estudiantes se inscribieron en esta institución, que, supuestamente, les iba a prestar el servicio de educación. Porque hasta ahora no es un derecho. Por ello, cuando dicha casa de estudios cae en falencia desde el punto de vista administrativo-financiero -¡no es un problema académico, sino financiero!-, el Estado es el que debe buscar una solución y ver el modo de darles certidumbre a esos estudiantes.
Además, buena parte de estos jóvenes trabaja o son madres solteras. Por lo mismo, recurren a una fórmula de educación basada en una oferta académica de carácter vespertino. Y la mayoría de las instituciones de educación superior no ofrece esta alternativa. Entonces, cuando decimos que otras universidades (estatales, del CRUCH o privadas) podrían hacerse cargo de estos alumnos, es necesario aclarar que ello no es posible, por cuanto carecen de la modalidad vespertina.
Por lo tanto, invito al Ministerio de Educación y al Consejo Nacional de Educación a evaluar la situación. ¡No puede continuar esta incertidumbre por más tiempo! Tenemos que dar a esos estudiantes certeza jurídica; tenemos que posibilitarles la continuidad de sus estudios. Insto al señor Ministro para que en una próxima intervención demuestre su disposición a cambiar las leyes que sea necesario modificar y a enviar con ese fin un proyecto al Congreso con "discusión inmediata", porque estos 17 mil alumnos y sus familias no pueden seguir esperando. He dicho.
Debo recordar a la Sala que los tiempos se distribuyen por Comité, de acuerdo al Reglamento. Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.
Señor Presidente, yo también soy uno de los que pidieron esta sesión especial, junto con los Senadores señores Tuma, Muñoz Aburto y Lagos. Ello, porque nos pareció que la situación de la Universidad del Mar es crítica y grave. Al respecto, hay que distinguir dos materias absolutamente distintas: por una parte, lo relativo a los controladores, para quienes pedimos el mayor rigor de la ley, luego de realizarse las investigaciones pertinentes, y por otra, lo concerniente a la situación que están viviendo los estudiantes de dicha casa de estudios -ascendían a 18 mil; hoy día están en el rango de los 11 mil- y, también, los académicos y funcionarios. Hemos estado trabajando con estos últimos, porque durante largo tiempo se les adeudaron tanto las remuneraciones como las cotizaciones previsionales. Se hicieron gestiones para que se pagaran los salarios con los fondos del CAE, que estaban retenidos, con listas expresas a fin de evitar que ni un peso de tales recursos se usara para el pago de los controladores o de los arriendos. También se sostuvieron reuniones en el Ministerio de Educación, a efectos de asegurar la liberación de esos fondos para el pago de las remuneraciones de dicho personal correspondientes al segundo semestre. Estamos hablando de alrededor de 11 mil estudiantes y de, aproximadamente, 4.500 funcionarios y académicos. Hay que hacerse cargo también de la realidad que a estos les ha tocado vivir. Asimismo, en la solución del problema, el Estado, a nuestro juicio, debe hacerse parte. Básicamente porque la Universidad del Mar, al igual que otras que hoy día están siendo investigadas, obtuvo una acreditación estatal. Por lo tanto, las miles de familias que optaron por matricularse en alguna de las entidades de educación superior que en la actualidad se encuentran sometidas a proceso judicial, con el objeto de esclarecer la forma en que obtuvieron su acreditación, no cometieron pecado alguno, pues confiaron en el respaldo dado por el Estado. En ese sentido, los Diputados señora Girardi y señor González presentaron una moción que busca otorgar facultades al Ministerio de Educación para que pueda intervenir esas universidades. Con el mismo objetivo, presentamos un proyecto de acuerdo sobre la materia. Iba a ser votado ayer, pero, por falta de quórum, no se alcanzó a despachar, por lo cual pediré que al final de esta sesión se someta al pronunciamiento de la Sala. La situación de los alumnos de la Universidad del Mar es bastante compleja. Por ejemplo, los estudiantes de los campus de San Fernando y de Quillota que cursan una carrera en modalidad vespertina no tienen posibilidad alguna de ser reubicados en otra casa de estudios superiores en iguales condiciones, precisamente por esa circunstancia excepcionalísima en la que estudian.
Asimismo, se debe hacer notar el caso específico de los estudiantes de Medicina, que están viviendo en el peor de los mundos, junto con los de Kinesiología, porque la Resolución Nº 240 establece, independiente de lo que pase con dicho plantel universitario el próximo año, la prohibición de realizar prácticas profesionales o desarrollarse en el área clínica, debido a la eventual pérdida de la acreditación.
Así, existen aspectos puntuales en todas y cada una de las 15 sedes que esta universidad tiene en las distintas Regiones del país.
Por ello, pedimos que el Estado se haga parte en la búsqueda de alternativas de solución para los estudiantes de la Universidad del Mar y, también, para sus funcionarios y académicos. Con el Presidente de la Federación de Estudiantes nos reunimos en el Ministerio de Educación. Ahí advertimos una buena disposición por parte de la División de Educación Superior para buscar un arreglo con los alumnos, funcionarios y académicos. Debemos dar la oportunidad para que ellos sean parte de la solución. Entiendo la preocupación que han mostrado muchos colegas en esta materia: los Senadores señores Zaldívar -también se reunió con la autoridad en el MINEDUC-, Prokurica, señora Rincón, señores Pérez Varela, Lagos, Muñoz Aburto, Uriarte, Bianchi, entre otros, quienes han planteado la necesidad urgente de resolver el problema de los estudiantes de sus respectivas circunscripciones electorales afectados por la situación que atraviesa esa universidad.
Por lo mismo, señor Presidente, pido al Estado que asuma su responsabilidad. Acá hubo personas que confiaron en la acreditación que este otorgó al referido plantel de educación superior. Lo ocurrido con la Universidad del Mar y con otras casas de estudio debe ser un ejemplo en mano dura: tiene que aplicarse con rigor la ley y llevarse a cabo la investigación de todos y cada uno de los hechos acontecidos, tal como ha procedido el Ministerio de Educación al emprender las acciones respectivas después de la denuncia efectuada por el ex Rector Raúl Urrutia. Pero el Estado también debe asumir la responsabilidad por la grave situación que hoy afecta a los estudiantes y académicos. Hago presente, además, que con los representantes de los alumnos involucrados nos reunimos con el señor Aldo Valle, en su calidad no solo de Rector de la Universidad de Valparaíso, sino de Presidente del Consorcio de las Universidades del Estado, para analizar las situaciones puntuales de los estudiantes de Medicina de la Universidad el Mar. ¡Lo que no puede ocurrir, de ninguna manera, es que los estudiantes dejen una institución de educación cuestionada para irse a otra universidad privada que se encuentre en la misma condición! Sería como salir del fuego para caer a las brasas. De hecho, la Universidad del Mar ya había recogido alumnos de la UTEM. Respecto de ellos, hay una revictimización. Por tales razones, señor Presidente, solicitamos que se liberen cupos de matrícula en las universidades estatales -por su intermedio, se lo pido encarecidamente al señor Ministro-, dadas las condiciones especialísimas de tales estudiantes. El Rector Aldo Valle nos decía: "En esta universidad no estamos en condiciones de comprometer una solución total, pero sí, de ser parte de ella". Por tanto, pido al señor Ministro que se entreguen soluciones particulares, con sentido de la realidad -porque acá no se trata de vender ilusiones- y examinando la situación plantel por plantel. Y espero que, en definitiva, no se resuelva que los alumnos de la Universidad del Mar se reubiquen solo en 4 o 5 casas de estudio privadas, las cuales podrían caer en una situación de cuestionamiento, al igual que aquella.
Señor Presidente, creo que en esto hay involucrado un deber, una responsabilidad del Estado, el que debe hacerse cargo de ello.
El Senador señor Chahuán ha ocupado 8 minutos y medio de los 19 que le corresponden al Comité Renovación Nacional.
La Democracia Cristiana ha designado al Senador señor Zaldívar para hacer uso de su primer tiempo.
Señor Presidente, resulta oportuno, aunque un poco tardío, realizar esta sesión especial en el Senado, con la presencia del señor Ministro de Educación, para analizar la situación que afecta a los alumnos de la Universidad del Mar.
Y este asunto tal vez adquiera mayores dimensiones que las que presenta hoy día. Considerando lo que está sucediendo en toda la educación superior con relación a la actuación de la Comisión Nacional de Acreditación y a los procesos judiciales por esa causa, más las intervenciones que he escuchado, no sé lo que va a pasar en marzo con el problema de la Universidad del Mar, que es, principalmente, financiero más que académico. Quizás, a raíz del escándalo provocado por las irregularidades en las acreditaciones, algunas universidades privadas -espero que sean las menos- también entren en ese ciclo de crisis financiera.
Yo me pregunto: ¿Habrá alguna familia que quiera poner a uno de sus hijos en la Universidad del Mar, si aún está vigente el cuestionamiento respecto a ella y el Consejo Nacional de Educación emitirá su resolución en marzo o abril? ¿Qué pasará si no hay matrícula para primer año en esa casa de estudios superiores? ¿Es factible que funcione desde el punto de vista de sus recursos?
Además, el propio Presidente de la República, en un programa de televisión, recomendó a los padres -y con razón- que tomaran nota sobre dónde matricular a sus hijos y, por supuesto, sugirió no hacerlo en la Universidad del Mar. Y también aludió a la Universidad Pedro de Valdivia.
¿Qué pasará en marzo? ¿Tendremos solo el caso de la Universidad del Mar o habrá otros planteles cuestionados, por el hecho de haberlos acreditado con tanta facilidad y sin los resguardos necesarios?
¿Qué sucederá con los estudiantes de la referida casa de estudios superiores?
Yo conozco la situación de la Universidad del Mar en la Séptima Región, que represento. Ahí está la Sede Centro-Sur de Talca y el Campus Curicó. Y en la Sexta Región se halla el Campus San Fernando.
La realidad de esas sedes es absolutamente diferente de la que afecta al resto de los campus de la universidad. Si se analizan las cifras, se observa que hay más de 3 mil alumnos matriculados en las sedes mencionadas, las cuales están perfectamente financiadas. Incluso, arrojan excedentes de recursos, que se entregan a la casa central.
Entonces, ¿qué se debe hacer para resolver el problema? Seamos claros: la solución no va por la vía de la autogestión de la Universidad del Mar. ¡Tal como está, se halla absolutamente condenada a no subsistir, porque no tendrá estudiantes nuevos matriculados el próximo año!
No nos queda otra cosa que buscar una solución que haga que los 18 mil alumnos, con sus familias, no sigan sufriendo un verdadero calvario, como el que viven hoy. Ya estamos en el mes de diciembre y no se sabe qué pasará con dicho plantel universitario de aquí a marzo. Y todavía desconocemos si la resolución del Consejo Nacional de Educación va a salir en diciembre, en febrero, en marzo o en junio. Dependiendo de esa decisión, según señaló el propio Ministro, veremos la reacción que tendrá el MINEDUC.
A mi juicio -y en esto recojo lo que expresó el Senador Tuma-, a fin de enfocarnos en el asunto, considerando que a lo mejor este no será el único caso que se presente -insisto en ello-, debiéramos estudiar una legislación de emergencia para afrontar lo que pasará de aquí al próximo tiempo y dar una solución global a los problemas de los estudiantes universitarios que pueden resultar afectados por crisis de esa naturaleza.
Si me preguntaran qué hacer con las sedes de Talca, Curicó y San Fernando de la Universidad del Mar, sugeriría que se entregaran en administración delegada a una casa de estudios superiores que cuente con la acreditación y la seriedad suficientes para responder por la educación de esos 3.500 alumnos. ¡Así solucionaríamos por lo menos ese punto!
Se dice: "Vamos a hacer la reubicación".
¡La reubicación de los alumnos no es posible! Se lo digo al Ministro con toda seriedad. ¡Es imposible! En primer lugar, porque el 40 por ciento de ellos asiste en modalidad vespertina y el 60 por ciento restante, en horario diurno. En segundo término, porque los padres muchas veces son de modestos recursos y han hecho un gran esfuerzo para financiar la educación de sus hijos.
Por tanto, esos estudiantes no pueden ser reubicados. Alguien de San Fernando en esas condiciones tendría que irse a otra provincia. Y no podrán trasladarse a otra ciudad así como así.
Por lo demás, a los alumnos que han querido reubicarse en el mismo entorno regional, cuando llegan a la nueva universidad, se les dice: "Señor, su educación no vale. Debe empezar en primer año", en circunstancias de que va en tercero o cuarto.
Además, no se les mantienen los créditos. ¡Es un drama! Cuando yo viajo a Curicó o a Talca, se me acercan estos jóvenes y me cuentan su situación dramática. Y uno lo entiende. ¡Porque ellos no saben lo que va a pasar!
No basta con que nos digan que el Consejo Nacional de Educación va a resolver en un tiempo determinado. ¡No sabemos cuándo! Debemos ver cómo les damos solución y seguridad a esas personas.
Y la seguridad se otorga sobre la base de que las sedes de la Universidad del Mar sigan funcionando y los estudiantes puedan terminar su educación. Y aquellos que logren reubicarse bien, con crédito y todo, que lo hagan.
En el caso de las sedes Centro-Sur de Talca, Curicó y San Fernando, según tengo entendido, se han reubicado -o están tratando de hacerlo- alrededor de 200 a 300 alumnos.
Algunos, por supuesto, ya saben que no podrán seguir estudiando en la Universidad del Mar. Pero yo insisto, señor Presidente, en la necesidad urgente de que el Gobierno nos traiga aquí un mecanismo de solución para este problema en la educación superior en su conjunto y no solo en la Universidad del Mar, aunque este caso particular en sí me interesa. Tal proposición podría establecer, para la sede Centro-Sur, por ejemplo, la alternativa de una administración diferente, delegada, a fin de que dicho campus siga funcionando y los alumnos allí matriculados terminen sus estudios.
Pido que se envíe un proyecto de ley para enfrentar algo que, a mi parecer, de todas maneras se va a producir en marzo. Entonces no será solo una universidad, sino varias las que presentarán problemas financieros críticos y no podrán seguir operando. Por supuesto, mucha gente dudará de si es conveniente o no matricular a un hijo en una universidad que no cuente con la acreditación suficiente, por todo lo que está pasando hoy día y los escándalos que hemos conocido.
Como este es un asunto serio, solicito al Ministro de Educación lo siguiente: primero, urgencia; segundo, si es necesario legislar, que presente la iniciativa respectiva -nosotros estaremos dispuestos a estudiarla-; tercero, que realmente se resguarden los derechos de esos 18 mil estudiantes, quienes el día de mañana pueden ser muchos más si no ponemos coto a la situación de esa universidad, que fue autorizada por el Estado y acreditada por un tiempo determinado.
Le doy un minuto más para que termine.
Eso es lo que la gente está esperando de nosotros. Por ello es importantísima esta sesión del Senado.
Urge que el Ejecutivo nos traiga una solución, para que los alumnos, tanto de la Universidad del Mar como de otras casas de estudios superiores, tengan la garantía de que podrán seguir cursando sus carreras en las condiciones en que el Gobierno debe responsabilizarse que lo harán.
En el tiempo del Comité Independientes, tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
Señor Presidente, me hace total, completo y absoluto sentido la intervención del Senador señor Zaldívar. La secundo por completo. Creo que los jóvenes que hoy día nos acompañan en las tribunas -y me parece que también es la idea de quienes están viendo la sesión a lo largo de todo el país- vienen, antes que a escuchar discursos más o menos encendidos, en la búsqueda de una solución.
Habría preferido que se comenzara al revés, es decir, escuchando al señor Ministro de Educación explicar cuál es la solución del Gobierno, para poder resolver en conjunto el grave problema que enfrenta hoy la Universidad del Mar, el cual puede expresarse en otras probablemente en un par de meses más. El Estado, en su momento, no cumplió con la debida fiscalización de la acreditación que le entregó a ese plantel de enseñanza superior.
Apoderados, jóvenes, madres y padres nos han hecho llegar una enorme cantidad de correos con la súplica de resolver la situación, lo que, desgraciadamente, no pasa por nuestras manos. Lo que sí se encuentra dentro de nuestras posibilidades es lo que estamos haciendo ahora: celebrar una sesión especial para que el Gobierno se pronuncie y exponga, en definitiva, cuál es la verdadera forma de superar la seria dificultad que afecta a casi 18 mil estudiantes en todo Chile.
Recuerdo, señor Presidente, que cuando vino a conversar conmigo quien presidía el directorio de la Universidad en el último tiempo -según entiendo, falleció-, junto con el nuevo Rector, les pedí encarecidamente que asumieran una responsabilidad. Lo hice porque, cuando llamé al señor Pablo Zúñiga, quien todavía ocupaba el cargo de Gobernador, fue simplemente imposible lograr una manifestación de voluntad en orden a buscar una respuesta para miles y miles de jóvenes que ven absolutamente truncada la posibilidad de proseguir sus estudios.
Aquí se ha consignado que el caso de distintas carreras, entre ellas la de Medicina, es bastante grave. Muchos padres han tenido que hacer la pérdida. ¡Se engañó, se estafó, se vendió un producto que no resultó ser lo que se esperaba y los estudiantes están pagando las consecuencias!
Por lo tanto, con prescindencia de discursos más o menos encendidos, siento que con el Gobierno y el Estado es preciso encontrar una solución definitiva que permita, de marzo en adelante, proseguir sus carreras a los que tomaron la decisión, aun a riesgo de perderlo todo, de continuar en la Universidad del Mar, porque no tienen otra opción. Una cantidad importante de ellos asisten en horarios vespertinos y muchos son trabajadores y personas que, con gran esfuerzo, cursan estudios superiores, por lo que no tienen cabida en planteles que no corresponden al mismo modelo. Ello determina que el Estado tenga que resolver la situación, para que nadie vea truncada su posibilidad de salir airoso ante el desafío que plantea una carrera universitaria.
Hicimos todo lo que pudimos para que se cancelaran las remuneraciones, para que no se cerrara la sede en Punta Arenas y para que no se vendiera el edificio. Nada de eso ha ocurrido.
La cuestión radica, en consecuencia, en lo expuesto por mi Honorable colega Zaldívar. La respuesta no está en nuestras manos, ni en las de los apoderados, los profesores o los jóvenes. ¡El Estado tiene que pronunciarse! ¡El Gobierno debe encargarse de hacerlo y encontrar una solución! ¡No se efectuó la fiscalización correspondiente y se debe asumir la responsabilidad!
En el tiempo del Comité UDI, tiene la palabra por tres minutos el Senador señor Coloma.
Señor Presidente, cinco parlamentarios del Partido usarán de ella y nos hemos limitado el tiempo, para poder transmitir nuestras inquietudes al Gobierno.
Por eso, no voy a referirme al sistema de financiamiento para los estudiantes, que ha sido claramente discriminatorio y obsoleto; ni a los graves problemas de gestión de la Universidad del Mar; ni al desequilibrio entre la autonomía y el control por parte del Estado; ni a las atribuciones del Ministerio; ni al proceso investigativo y sancionatorio hoy día en desarrollo. No me cabe duda de que lo anterior será abordado en el resto de las intervenciones.
En forma precisa y concreta, deseo pedir al Gobierno una respuesta, también precisa, respecto a lo que deberán vivir, durante las próximas horas, los estudiantes de la Universidad del Mar, y en particular los 3 mil 281 correspondientes a la zona centro-sur, a los cuales se ha hecho referencia, cuyo caso es distinto, ya que asisten a clases en inmuebles arrendados y con sus pagos al día.
¿Qué quiero plantear, señor Presidente? Comprendo lo que han expresado el Ministro de Educación y el Primer Mandatario a través de distintos programas de televisión. Me parece que eso está bien para el momento inicial. Pero estamos en otra situación. Conocemos el problema, su dimensión, de qué se trata. Perdón por ser tan franco, mas necesitamos un horizonte de soluciones e imponernos de cuándo el Gobierno -sabemos que no creó el problema, pero le toca enfrentarlo, pues para eso están los Gobiernos- va a poder entregar una respuesta clara a las familias de los estudiantes y al país.
No se trata de anunciar indefectiblemente una salida y la mantención de las becas. No. Cabe preguntarse qué ocurrirá a partir de marzo próximo; dónde se va a funcionar físicamente; si otra organización se hará cargo de los estudiantes, como grupo, y si es posible diferenciar -porque no todos los casos son iguales- según el tipo de sede, para que otras personas o instituciones puedan contribuir a una solución.
Señor Presidente, mi planteamiento es sencillo, acotado, pero dice relación, a mi juicio, con aspectos muy importantes.
Sé que el asunto ha sido muy difícil. A nadie le gustaría estar en los pantalones de la autoridad, ante un problema heredado o producto de malas gestiones en distintas universidades. Pero lo urgente, lo indispensable, es que en esta sesión ojalá sepamos cuál será el futuro, a partir de mañana, de los miles de estudiantes que tienen derecho hoy día a recibir una respuesta y la colaboración del Estado.
Tiene la palabra el Senador señor Gómez en los tres minutos del Comité Radical Social Demócrata.
Señor Presidente, la dificultad que enfrentamos surge en una universidad fundada en 1989 y a la cual se le dio autonomía en 2002. Solo en diciembre de 2010 recibió una acreditación por dos años. Pero la cuestión afecta a la globalidad del sistema.
Se han tomado decisiones complejas. El señor Ministro podría haber solicitado perfectamente un análisis de las condiciones de cada sede. El caso de algunas de ellas se puede resolver bien, pero se pidió el cierre total. A mi juicio, ese fue un gravísimo error, porque se ha traducido, finalmente, en miles de estudiantes en problemas.
Deseo consignar que, por otra parte, miles de titulados trabajan y registran un rendimiento laboral. Entonces, todo lo que hoy día se dice que es malo no mereció esa calificación, probablemente, en ciertos períodos.
Por eso, es necesario que el Gobierno tome una decisión clara y precisa. Se lo hemos pedido en dos oportunidades e insistiré en ello, con mucho respeto. Tiene que enviar un proyecto de ley, con urgencia calificada de "discusión inmediata", para hacerse cargo del asunto, intervenir la institución y determinar precisamente cuáles son los problemas y cómo se establecen criterios de mejoramiento de calidad para que los estudiantes se puedan titular.
Pero no es posible que quede al arbitrio de alguien si a ellos se les escucha o no, cuando, en realidad, la universidad que nos ocupa y todas las privadas fueron autorizadas por el Estado. Es este último, por lo tanto, el responsable de la situación actual.
El representante del CRUCh ha manifestado que ellos están disponibles para participar, en la medida en que exista una fórmula que les permita intervenir, a fin de asegurar que los estudiantes terminen y se cuente con capacidad desde los puntos de vista técnico y profesional.
No hay ninguna razón -y, por eso, se lo pedimos con respeto al señor Ministro- para no presentar la iniciativa aludida, excepto la de querer mantener un sistema que todos entendemos que está colapsado. Porque el problema no es solo de la Universidad del Mar: sabemos que hay otros casos.
Es distinto lo referente a los hechos investigados, y tendrán que aplicarse las sanciones que correspondan. Pero hoy día la preocupación se encuentra radicada en los 18 mil estudiantes de la Universidad del Mar y en miles que pueden sumarse de otros planteles de enseñanza superior.
Un proyecto con urgencia de "discusión inmediata" permitiría, de todas maneras, la intervención del Estado y la seguridad de que estos jóvenes van a poder terminar.
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro en los tres minutos del Comité MAS.
Señor Presidente, para quienes tuvimos la posibilidad de discutir el proyecto de ley respectivo en la otra rama del Congreso quedaba claro cuáles eran las voluntades en el sentido de avanzar o no en la acreditación.
Hubo Diputados que preguntaban para qué se requería. Se argumentó que se atentaba contra la libertad de enseñanza, que era imposible que los estudiantes acreditaran y que el Estado poco y nada tenía que hacer.
Así fue el debate.
Y quienes proponíamos la obligatoriedad del requisito nos enfrentamos a la tesis de la voluntariedad.
Es muy claro que la Derecha estuvo por la acreditación voluntaria, defendió la libertad de enseñanza y se opuso a la intervención del Estado en la creación de universidades privadas. Y tajantemente. Tengo aquí las intervenciones del entonces Senador señor Chadwick: "¿Por qué tienen que acreditar los estudiantes?"; "¡Para marzo...!"; "¡La Comisión es para acreditar la calidad de la educación!". Ello se registró en la sesión 50ª, de 14 de diciembre de 2005.
El editorial de "La Tercera" del viernes 7 del mes en curso expresa claramente que "El sistema universitario y las autoridades deben ofrecer una solución viable a quienes confiaron en la falsa certificación de calidad dada por el sistema de acreditación". Se agrega que no es posible incurrir en el error de que esa función quede nuevamente en manos del Estado.
Un informe de la OCDE señala que, en los países desarrollados, los privados invierten muy poco en educación, y el Estado, mucho más. Chile es el que más gasto familiar registra -85 por ciento-, pero en los primeros la proposición es inversa. Se recomienda que la certificación o acreditación sea obligatoria.
"La Tercera" expone que "Determinar esa calidad debe quedar entregada a las decisiones autónomas de los estudiantes y de sus familias, sobre la base de información cuya extensión y confiabilidad sí es papel del legislador asegurar". No dice que ellos tengan la posibilidad de acceder a información para que puedan acreditar.
Por tanto, el debate que sostenemos -y creo que es la duda que le surge al señor Ministro- se refiere a quién vamos a entregar la responsabilidad. Ahí surge el factor ideológico de quienes estiman que nada es gratis en la vida y que es preciso pagar, desconfiándose profundamente del Estado.
Y son más los inventores del sistema. Lo dije en su oportunidad. ¿Quién creó el modelo de universidades privadas, absolutamente desregulado? Por cierto, muchos de ellos se encuentran a cargo de una Secretaría de Estado: el Ministro señor Lavín, de Educación; el Ministro señor Larroulet. Ellos fundaron planteles de enseñanza superior de esa índole.
Se registra una confrontación, entonces, de una estructura educacional...
Olvidaba, por cierto, al actual Ministro de Justicia, el ex Diputado señor Ribera.
El tiempo es cruel, Su Señoría: se acabó.
¡Los tres minutos me entusiasmaron demasiado...!
Tiene la palabra la Honorable señora Allende en el tiempo del Comité Socialista.
Señor Presidente, quiero sumarme a las voces que se han levantado hoy día para exigirle al Gobierno una solución y claridad.
Nos apenan y abochornan todos los escándalos dolorosos que se han registrado, los que, además, implican un tremendo drama para miles de familias, no solo en el caso de la Universidad que nos ocupa y de los estudiantes hoy día presentes, a quienes saludo, sino también en el de otros establecimientos que están siendo cuestionados.
El Gobierno tiene que ser preciso, concreto, sin perjuicio de la disposición del Senado a legislar en todo lo que sea necesario para llegar a una solución.
Me limitaré a referirme a la situación específica de la Región que represento, esto es, a la sede de la Universidad del Mar en Copiapó, con cuyas autoridades me reuní, al igual que con asociaciones de sus estudiantes.
En realidad, cabe concluir que no se puede plantear tan ligeramente una relocalización, como lo hicieron en su momento el Presidente de la República o el propio Ministro en la Sala, en el sentido de que pudiera tratarse simplemente de un cambio de casa. "¿Sabe? No me funcionó el arriendo. Me voy a ir a otra".
En Copiapó, los estudiantes provienen mayoritariamente de escuelas municipalizadas. Obtienen menos puntajes. Cuando uno de ellos se ha dirigido a otra de sus opciones, en la Universidad de Atacama le han dicho: "Va a tener que entrar a primero o a segundo año", en el mejor de los casos. Porque también sucede que no existe la carrera. Psicología, por ejemplo, no es impartida por la UDA, y quienes la cursan en la Universidad del Mar, por lo tanto, no tienen alternativa.
Pero resulta más grave el hecho de que la gran mayoría de los estudiantes corresponden a horarios vespertinos. Provienen de familias de origen relativamente modesto. Haciendo un esfuerzo, trabajan y después estudian en la tarde, lo que constituye una gran oportunidad que les ha ofrecido la universidad. Y me alegra que así sea.
Ni la UDA ni Santo Tomás, entonces, que son las dos únicas alternativas en Copiapó, pueden ofrecer la relocalización.
Entonces, no basta con decir "Estamos a la espera de la resolución que emane de la Comisión Nacional de Educación", porque eso, francamente, es dejar en absoluta indefensión a 16 mil y tantos estudiantes y sus familias.
Por mi parte, me comprometí a que en la presente sesión iba a levantar la voz por Copiapó y destacar la necesidad de que el Gobierno sea más proactivo. Porque, además, reconozcamos que existe una responsabilidad; que se ha roto la fe pública. Ello, más allá del abuso, de lo que la justicia esté haciendo, de los encausados, de que no se trata de un problema financiero -perdóneme, señor Presidente-, sino de decisiones arbitrarias que tomaban...
Podemos extenderle el tiempo, Su Señoría, a cuenta del que le corresponde al Comité Socialista.
Necesito solo cincuenta segundos.
Solo deseo expresar, señor Presidente, que espero que la sesión signifique algo concreto en relación con nuestra responsabilidad, con lo que estamos pidiendo.
Por mi parte, presenté un proyecto de acuerdo -lo conversé con las autoridades, con los alumnos- tendiente a permitir el egreso, al menos hasta dos años más, si sigue funcionando la sede de la Universidad del Mar en Copiapó, de estudiantes que no tienen ninguna posibilidad de ser relocalizados.
Entonces, seamos prácticos, concretos, y proporcionemos una solución real.
En lo personal, estoy abogando por el egreso si no media una intervención directa del Estado, si no se presenta un proyecto de ley que resuelva la situación.
Al Comité Socialista le quedaban seis minutos. Ahora le restan dos.
En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el Honorable señor Ignacio Walker.
Señor Presidente, hace tres semanas me llamó un médico del Hospital San Martín, de Quillota, para decirme: "Senador, mi hijo es uno de los 13 mil alumnos de la Universidad del Mar. No los dejen botados".
Y creo que eso es lo que no estamos haciendo en la presente sesión.
En esa ciudad existe una de las catorce sedes de la Universidad del Mar.
Solo cabe calificar los hechos como un escándalo. Conversamos al respecto en la reunión que la Comisión de Educación realizó hace dos o tres semanas, la que contó con la presencia del señor Ministro, y se escuchó a representantes de los estudiantes, quienes se encuentran obviamente preocupados por su futuro.
La Universidad del Mar inició sus actividades en 1990, y doce años después, en 2002, obtuvo la plena autonomía.
¿Qué ha ocurrido en estos veinte años? Se ha registrado un proceso de crecimiento y diversificación inorgánico, incontrolado, irregular, absolutamente irresponsable. Doy tres ejemplos.
En primer lugar, al momento de lograr su autonomía, el año 2002, la Universidad del Mar tenía una sede. A los dos años, el 2004, ya tenía 14. ¡En dos años!
En segundo término, cuando logra la autonomía, en el 2002, dicha casa de estudios tenía 26 programas y carreras. Solo 7 años después, en 2009, pasó de 26 a 451 programas y carreras. Hoy tiene 318.
O sea, ¡es casi un chiste!
En consecuencia, aquí existió improvisación e irresponsabilidad en el manejo de la situación, a pesar de haber recibido un crédito público -por así decirlo- al reconocerse su plena autonomía en 2002.
Tercer ejemplo. Con relación a la matrícula, al momento de obtener su plena autonomía en el 2002, la Universidad del Mar contaba con no más de 3 mil 600 estudiantes. Cinco años después, el 2007, pasa de 3 mil 600 a 22 mil alumnos. Hoy día tiene cerca de 15 mil.
¡O sea, verdaderamente, esto es un escándalo!
Esos son solo algunos ejemplos del manejo irregular que ha existido en esta materia. ¡Ni hablar de los docentes, que son cerca de 2 mil, ni de los funcionarios administrativos, que son más 3 mil!
En términos de calidad en la educación superior, la Universidad del Mar obtuvo la acreditación institucional en el año 2010 por un plazo de dos años, cosa que hoy día se halla en cuestión -como sabemos- a raíz del litigio en los tribunales. Independientemente de este, la acreditación, habiendo concluido el plazo por el cual fue otorgada, ya prescribió. Es decir, por donde se lo mire, este caso es un escándalo absoluto.
Por eso, opino que debemos darle crédito a don Raúl Urrutia, quien en mayo del presente año, a 43 días de haber asumido como rector, acusó a los dueños de la universidad de que, pese a deber 550 millones de pesos a sus trabajadores y profesores, prefirieron pagar 600 millones de pesos en arriendos a inmobiliarias que ellos mismos controlaban.
Si eso no es un escándalo, ¿qué entendemos, entonces, por escándalo?
Yo felicito al rector Raúl Urrutia por haber actuado con tanta transparencia en esta materia.
El Ministerio de Educación ha hecho su propia investigación y solicitó al Consejo Nacional de Educación que decrete la cancelación de la personalidad jurídica y el retiro del reconocimiento oficial a la universidad, trámites que aún están pendientes.
Esa resolución del Consejo Nacional de Educación tomará varios meses y, obviamente, a los alumnos, a sus familias, a los profesores, al personal administrativo no se les puede asegurar su continuidad.
¿Qué debemos hacer? A mi juicio, dos cosas.
En primer lugar, elaborar un plan de acción. Así se lo propuso la unanimidad de la Comisión de Educación hace dos semanas al Ministro de Educación...
Termino a la brevedad, señor Presidente.
Decía que la unanimidad de la Comisión de Educación solicitó ese plan de acción. Y con mucho respeto le señalo al Ministro -quien se halla presente en la Sala- que queremos un plan de acción ¡aquí y ahora!, sin esperar la resolución del Consejo Nacional de Educación.
En segundo lugar, hacer la pega como Senado y Cámara de Diputados para avanzar en las reformas estructurales que requiere la educación superior en Chile, en tres materias.
Primero, financiamiento de la educación superior -estuvimos en la sesión de ayer en la Comisión estudiando ese aspecto-; segundo, Superintendencia de la Educación Superior para revisar la fiscalización, y tercero, acreditación, que viene en un proyecto que debiera ingresar al Senado o a la Cámara Baja en los próximos días.
Por lo tanto, señor Presidente, necesitamos un plan de acción para asegurar la continuidad de estos estudiantes y darles una respuesta a los más de 13 mil alumnos de la Universidad del Mar. He dicho.
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
Señor Presidente, me da un poco de impotencia la presente sesión porque siento que los Senadores y las Senadoras nos vamos a desahogar en este tema, pero finalmente los alumnos y las alumnas que nos acompañan esta mañana se irán sin una respuesta concreta con respecto a los plazos.
Eso me preocupa, y espero que el diagnóstico, que es compartido transversalmente aquí por los señores Senadores, tenga eco y logremos dar hoy día una respuesta concreta como Corporación a las personas que nos acompañan.
Muchos de nosotros hemos sostenido diversas reuniones con alumnos, con apoderados, con docentes, con funcionarios de la Universidad del Mar. Y muchos de nosotros representamos en el Senado a Regiones donde hay sedes de esa casa de estudios, por ejemplo, la ciudad de Quillota, entre otras.
Opino que una de las cosas que debe sacarse de encima la Universidad del Mar es el estigma. Quienes han egresado, se titularon o son alumnos o alumnas de ella tienen una legítima aprensión, miedo y mucho susto en el sentido de que los va a acompañar el resto de sus vidas el haber estudiado en una universidad que hoy está cuestionada y pisoteada comunicacionalmente, y no por responsabilidad de ellos. Fue el Estado el que acreditó y, por tanto, él es el responsable, sea cual sea el Gobierno de turno.
¡Mala suerte que le tocó al nuestro, pero el Gobierno debe hacerse cargo de una responsabilidad del Estado!
Por tal razón, me parece muy importante ayudar a que los alumnos, los egresados y los titulados de la Universidad del Mar tengan oportunidades laborales, y nosotros como Senado también podemos contribuir en este punto.
¿Y por qué lo planteo? Porque una gran cantidad de ellos -ya se dijo aquí, creo que por el Senador Tuma- son jefes de hogar: un 40 por ciento estudia en horario vespertino. Además, hay dos sedes -San Fernando y Quillota- en que no tienen posibilidades de reubicación -¡no las tienen!-, porque no hay casas de estudios alternativas en dichas comunas ni en esas provincias. ¡No existen! Una de las razones por las cuales los alumnos ingresaron a la Universidad del Mar fue, precisamente, porque no había otras universidades en esas ciudades y, prácticamente, un 80 por ciento de quienes entraron a esa casa de estudios lo hicieron porque era la única que otorgaba títulos profesionales en aquellos lugares.
Dicho lo anterior, me parece muy importante, entonces, crear una conciencia social y una masa crítica con respecto a un tema que es bien de fondo: hoy día es la Universidad del Mar, pero mañana puede ser cualquier otra.
Señor Presidente, nosotros, los Senadores, tenemos tres cosas que avalan nuestra conducta parlamentaria: una es la coherencia entre nuestra vida pública y nuestra vida privada; otra es nuestra trayectoria, y la última, por supuesto, es cómo votamos.
Recuerdo que cuando nos pronunciamos acerca de la idea de legislar del proyecto relativo al control de las sociedades espejos yo fui de los que se pronunciaron en contra de dichas entidades, y también voté por regular el lucro cuando median aportes del Estado en establecimientos educacionales. Y estoy muy contenta de haber votado en ambos sentidos. Porque el tiempo nos ha dado la razón; porque hicimos lo correcto; porque cuando en aras de la libertad de enseñanza -que yo comparto- la educación se convierte en un negocio, pasa lo que sucedió en la Universidad del Mar.
Allí no fallaron ni los docentes ni los estudiantes ni los funcionarios, sino los controladores, los propietarios y los encargados de hacer buena gestión. Porque cuando se prioriza el pago del arriendo a inmobiliarias por encima de los sueldos de los funcionarios y docentes lo que se está priorizando es la rentabilidad de un negocio, no un proyecto educativo.
Y ello, para quienes creemos en la libertad económica, es una contradicción. Porque la libertad económica se cautela, se protege y se cuida generando todos los mecanismos que resguarden esa libertad económica del abuso y de la estafa. Eso es lo que hoy día estamos presenciando en este caso.
De ahí que el problema sea tan de fondo: hoy día es la Universidad del Mar, pero mañana puede ser cualquier otra.
Por tal razón, los alumnos y alumnas han planteado dos alternativas: la relocalización o reubicación de carreras y sedes -a lo cual hizo mención el señor Ministro de Educación-, que tal vez sea posible en algunas, pero en otras no; o la toma de control de la Universidad por el Estado.
Yo no le tengo miedo a ninguna de esas dos soluciones. A mí lo que me interesa, señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente-, es que exista una solución. A nosotros lo que nos tiene que importar es que, más allá del daño a la fe pública, realmente haya un resarcimiento para aquellos que han estudiado, para aquellos que han puesto toda su esperanza, sus ingresos económicos y su esfuerzo personal y familiar en un proyecto educativo.
Si nosotros no cautelamos ese modelo educativo, estará destinado al fracaso más rotundo. Por esa razón, tenemos que velar porque realmente exista una solución satisfactoria para los afectados. Y aquí los afectados son los estudiantes. Por último -con esto termino, señor Presidente-, nosotros aprobamos una reforma tributaria que incluye mayores recursos para educación y despachamos una Ley de Presupuestos con más fondos para educación. Si el Gobierno requiere mayores recursos para solucionar este problema en particular, ellos están disponibles. Y, si hay que hacer un esfuerzo adicional, que el Ejecutivo nos envíe un proyecto, en forma urgente, para que nosotros lo podamos despachar con la celeridad que se requiere. Pero esto debe tener una solución inmediata, rápida y que realmente deje satisfechos a los afectados, que son los estudiantes.
De los 30 minutos del Ejecutivo, le quedan 16.
Señor Presidente, deseo hacer una precisión, porque de repente me parece que se mezclan aspectos en el debate: aquí no estamos hablando de un problema financiero. El problema es mucho más profundo: esta es una universidad que incumplió gruesa y gravemente sus estatutos y que no cauteló su propio proyecto, su propia misión. Este no es un proyecto universitario con un objetivo, un propósito. Ese fue justamente el planteamiento que nosotros le hicimos al Consejo Nacional de Educación. La ley es clara: se cometió una ilegalidad. Y, si se comete una ilegalidad, la única respuesta posible, en opinión del Ministerio, dado lo que establece la legislación vigente, es pedir la cancelación de la personalidad jurídica. Eso tiene que ocurrir, a nuestro juicio.
Pero dependemos del fallo del Consejo Nacional de Educación. Por eso no somos partidarios de intervenir en la presente etapa la universidad.
Reitero que esta cometió una ilegalidad, y cuando ello ocurre corresponde el cierre. Distinto es qué pasa una vez que eso se sanciona. En tal situación, el Ministerio de Educación va a administrar el proceso y se hará cargo, por lo tanto, de esa institución. Y lo va a llevar adelante de una forma razonable. El Ministerio ha desarrollado su plan de acción, tiene claro dónde hay sedes que carecen de una alternativa, dónde hay sedes que sí la tienen y, administrando ese proceso, vamos a poder resolverlo.
En tal sentido, yo llamo a la calma a los estudiantes. Ellos no tienen que temer.
Aquí hay un proceso de cierre porque existe una ilegalidad. Una vez que ese proceso se sancione, el Ministerio de Educación va a administrar esa institución y va a velar porque se produzca adecuadamente la titulación eventual de los estudiantes o, si ellos lo desean, su reubicación.
Pero no podemos actuar si esto no se sanciona claramente y si no se ratifica la propuesta del Ejecutivo de que, dadas las infracciones graves a la legislación vigente, procede la cancelación de la personalidad jurídica de la institución.
Ello tiene que quedar claro: no puede ser, creemos nosotros, que una institución que incumpla gravemente la ley se quede sin cierre. Y ese proceso se tiene que sancionar, porque es importante que se siente un precedente.
Aquí nunca se ha hecho esto. Y ello forma parte del problema. Porque esta universidad tenía 4 mil estudiantes el año 2002 y pasó a tener 22 mil el 2007, sin ningún control. No hay ningún oficio del Ministerio de Educación de esa época preguntando siquiera qué estaba pasando.
Por lo tanto, creemos que la legalidad vigente se debe cumplir y, en opinión del Ministerio de Educación, se tiene que ratificar el cierre. Indudablemente, una vez que eso ocurra, nosotros vamos a administrar el proceso de cierre y a hacernos cargo de los estudiantes.
Tranquilidad en las tribunas; hay que saber escuchar.
Le quedan 4 minutos al Comité del PPD y nos ha remarcado que los dos Senadores que van a intervenir ocuparán 2 minutos cada uno.
Tiene la palabra el Senador señor Quintana. El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, conozco la situación directamente por los estudiantes de la Universidad del Mar en Temuco y también he conversado con los alumnos de medicina de esta sede.
La Senadora Lily Pérez recién planteaba dos vías. Yo creo que ambas pueden ser utilizadas. Quiero centrarme en la solución, porque no tiene sentido discutir si no surgen de aquí un conjunto de acciones y de soluciones. Y, a mi juicio, en este caso la solución es legal. Es muy difícil pensar que solo la reubicación resolverá el problema. Uno se pregunta en qué planteles. Puede estar la mejor disposición del Rector de la Universidad de Valparaíso, Presidente del CRUCH, aquí presente, pero eso no es suficiente, por razones de infraestructura, académicas, de requisitos, mil cosas.
Señor Ministro, usted ha señalado que no tiene atribuciones. Pues bien, este Senado está por darle las atribuciones. Y usted sabe que muchos Diputados -nos acompañan la Diputada Cristina Girardi y los Diputados Rodrigo González y Mario Venegas- plantearon este tema en la Comisión Investigadora y lo alertaron de esta situación, incluso antes de que lo hiciera el Rector Urrutia. Sin embargo, el Ministerio de Educación actuó tardíamente. Y hoy día el Ministro señala que tendría atribuciones solo en el evento de cierre.
Ahora bien, este es más que probable. En ello el Ministro tiene toda la razón. Aquí ha habido incumplimiento, se ha vulnerado la ley, se han pasado a llevar los estatutos. Por lo tanto, lo más probable es que se produzca el cierre. ¡Si sabemos que este viene! Lo que decimos nosotros es que actuemos preventivamente. Y lo que hace este proyecto de ley, que han firmado miembros de la Comisión de Educación, como los Senadores Navarro, Ignacio Walker, el que habla y, por supuesto, los Senadores Tuma y Lagos -seguramente va a recibir un apoyo transversal-, es darle al Ministro atribuciones ahora.
Ello, a través de dos vías: permanentes, por si el cierre es a todo evento, y provisorias, para restablecer condiciones de normalidad en algunas universidades donde podamos hacernos cargo de lo que va a pasar con estos 18 mil alumnos.
Por lo tanto, nosotros le vamos a dar al Ministro las atribuciones legales que ha dicho que no tiene.
En el tiempo de la UDI, tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
La Senadora Von Baer intervendrá primero, señor Presidente.
Hay un nuevo cambio.
Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar a los alumnos de la Universidad del Mar, que hoy día se encuentran sufriendo esta situación, y especialmente a la sede San Fernando, que dirige Marta Molina, quien está liderando el proceso...
... en forma absolutamente tranquila, de una manera muy importante de mantener.
Yo les quiero decir, estimados amigos estudiantes y señores Senadores, que la Sede Centro Sur vive una situación totalmente distinta.
Aquí estamos trabajando en forma absolutamente transversal. Porque aquí, señor Ministro, usted escucha el apoyo del Senado para que disponga de todos los instrumentos que sean necesarios para que estos alumnos, que no son los responsables sino las víctimas de la situación que ha ocurrido, puedan recuperar el prestigio que ya perdió la universidad. Pero no hay derecho para que estos vivan lo que han vivido. El Estado acreditó esta universidad. Y ellos hoy día exigen de la institución que les dio la confianza una respuesta.
Y en eso, señor Ministro, creo fundamental que esta resolución salga ya, con el fin de que, en virtud de las leyes que sean precisas, se pueda intervenir la Sede Centro Sur o las demás, las tomen a su cargo otras universidades de prestigio o se establezca una administración delegada. Pero que no se siga afectando la fe pública.
Hoy día necesitamos justamente el apoyo de los estudiantes. Y quiero valorar el trabajo realizado tanto por el Rector de la Sede Centro Sur como por sus trabajadores y docentes, quienes, no teniendo muchas veces recursos, lograron terminar el semestre pasado. Y durante el actual la sede Centro Sur subsidia al resto de la Universidad. Sin duda que hay complejidades para la entrega de esos recursos, y ellos siguen estudiando. Más del 90 por ciento hoy día continúa sus clases en la universidad.
Y la sede de San Fernando no tiene opción, como lo dijeron muchos colegas y también la Senadora señora Lily Pérez. Prácticamente el 30 por ciento de los alumnos no la posee. Con eso, se está quitando a una familia lo más preciado de ella. Porque el padre y la madre esperan que su hijo sea profesional o lo sean ellos mismos, ya que pueden estar estudiando en forma vespertina las carreras que ahí se imparten.
Señor Presidente, pido que, que en nombre del Senado,...
El Comité Partido Renovación Nacional me cedió un minuto de su tiempo, señor Presidente.
Puede concluir, señor Senador.
Señor Presidente, debe actuarse en forma inmediata. Los alumnos de la Universidad del Mar no pueden seguir esperando. La situación psíquica de cada uno de ellos es dramática. De manera que decimos al señor Ministro que contará con el apoyo para que disponga de los instrumentos que sean necesarios a fin de que ellos tengan lo que se merecen y lo que el Estado les ofreció.
Señor Presidente, primero que nada quiero saludar a los alumnos, académicos y comunidad educativa de la Universidad del Mar que asisten a esta sesión.
Hace algún tiempo, nos juntamos con el Senador señor Quintana y con dirigentes estudiantiles de la sede de Viña del Mar. Frente a la angustia de sus familias, el Presidente de la Comisión de Educación convocó a una sesión para conversar con el Ministro. En esa oportunidad, frente a las preguntas del Senador señor Cantero, el Ministro de Educación dijo -lo recuerdo bien- que el 70 por ciento de los alumnos serían reubicados. Obviamente, la duda que surgió fue qué pasaría con el 30 por ciento restante al llevarse a cabo ese proceso.
Al poco tiempo, escuchamos las declaraciones del Consejo de Rectores, el cual declaró que no recibiría a los estudiantes. Todo eso provocó en sus familias una angustia incalculable. Se trata de 18 mil alumnos, mil 500 docentes y 3 mil administrativos, diseminados en más de diez sedes a lo largo de país. Se han realizado esfuerzos para que los alumnos estudiaran en muchos casos fuera de sus ciudades, y en otros, inmersos en un sistema diurno -como explicaron los Senadores señor Zaldívar y señora Lily Pérez-, el cual obviamente no permite que sean reubicados en lugares distintos. Entonces, se optó por el plantel que estaba cercano a su entorno de vida y de trabajo.
Por primera vez hoy escuchamos al señor Ministro de Educación -lo cual me alegra- señalar que la Cartera a su cargo asumirá la administración de las casas de estudio cuando los estudiantes no puedan ser reubicados.
Eso abre el corazón y la mente para pensar que habrá una solución para esas familias.
Por su intermedio, señor Presidente, quiero pedir al Gobierno -como lo hizo mi colega Senador por la Sexta Región- que se comprometa a una solución clara y definitiva para los estudiantes.
Actualmente algunos alumnos en la sede de Viña del Mar carecen de luz y de Internet. Se nos dio a conocer que mañana se cortará la electricidad en la sede de Santiago.
Esa es la situación que está viviendo esta casa de estudios. Y no tiene que ver con lo que han entregado los profesores ni los estudiantes en su trayectoria académica.
Necesitamos respuestas sobre qué va a pasar con las reubicaciones que se logren, con el Crédito con Aval del Estado para los estudiantes; cuál será la situación de las sedes y de los alumnos en aquellas ciudades en que la Universidad del Mar es la única casa de estudios; qué va a ocurrir con los alumnos de cuarto, quinto y hasta sexto año de su carrera y con quienes están ad portas de egresar; cuándo pretende el Gobierno que se haga pública la resolución del Consejo, y que ello dé certeza a los alumnos, quienes, a más tardar en enero próximo, deberían tener respuesta, en febrero suscribir convenios y en marzo estar estudiando normalmente.
Igualmente, necesitamos saber qué va a pasar con los saldos de la deuda de los alumnos con la Universidad del Mar y que sean reubicados.
Todo eso debe ser abordado desde el Gobierno. Es el Estado el que acreditó a esta universidad.
Señor Presidente, no puedo dejar de hacer una última reflexión.
No parece sano -como señaló el Senador señor Zaldívar- que el Presidente de la República insinúe al país que algunas universidades pueden presentar problemas y que las familias deben tener cuidado al elegirlas. Y no lo parece porque tal insinuación puede convertirse en una verdadera bola de nieve, donde ya no tengamos a 18 mil alumnos con problemas -que el Estado debe enfrentar y resolver, por la garantía que les dio a ellos y a sus familias-, sino a 20 mil, 30 mil o más en situación de riesgo. Porque lo que hace una afirmación de ese tipo es sembrar un manto de dudas respecto de universidades, que por lo mismo no recibirán matrícula y se verán enfrentadas a una situación crítica desde el punto de vista financiero.
Estamos, pues, frente a un hecho complejo y difícil.
Cuando hace más de un año los estudiantes denunciaron esta situación, muchos no los escucharon. Hoy día chocamos con la cruda realidad: aquellos tenían toda la razón. Y quienes en el pasado los acusaron de reaccionarios, de violentos y de ideologizados hoy guardan silencio.
Señor Presidente, el Senado en particular, y el Parlamento en general, deben facilitar las herramientas necesarias para una solución. Pero el Gobierno debe decirnos cuáles son los caminos que ofrecerá para acoger a los estudiantes y a sus familias, a fin de que no pierdan el tiempo, los esfuerzos ni el dinero que han empeñado para aportar al desarrollo de nuestro país.
Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Educación, quiero decir que estamos ante una situación absolutamente crítica. Miles de familias depositaron sus sueños, sus esfuerzos y su trabajo en instituciones que fueron acreditadas por el Estado, el que les puso un sello de calidad. Y resulta que tales instituciones hoy día no están respondiendo a ese sello que les fue otorgado. Por lo tanto, nos hallamos ante la necesidad de ponernos en la situación de esas familias, que hoy no saben cómo van a seguir adelante con sus sueños, que muchas veces son de superación.
La Universidad del Mar no es solo un plantel de enseñanza superior que atiende a estudiantes para que sigan una carrera, pues muchos trabajadores, en cursos vespertinos o nocturnos, tratan de salir adelante y de perfeccionarse.
En consecuencia, hablamos de situaciones muy diversas, pero en donde hay involucrado mucho esfuerzo.
Todos nosotros creemos que cuando el Estado califica la calidad de las instituciones, también debe responder por ese sello que entregó.
Sin embargo, hoy día en nuestra institucionalidad no hay mecanismos a través de los cuales podamos asegurar que una universidad que pierde el reconocimiento estatal pueda transitar en forma tranquila y asegurar a los estudiantes el término de sus estudios. Pero no contamos con instancias legales para dar esa tranquilidad. Por lo tanto, el cambio institucional para la educación superior resulta absolutamente urgente. Y creemos que debe producirse por tres caminos.
Primero, le hemos pedido al Ministro, con insistencia, una nueva Ley de Acreditación que brinde seguridad y tranquilidad a las familias cuyos integrantes acceden a la educación superior, en el sentido de que las universidades respondan a estándares vigentes a nivel nacional, para que no abriguen inquietud cuando sus hijos ingresan a ellas.
Segundo, contar con una Superintendencia de Educación Superior. El proyecto de ley respectivo se halla en la Comisión de Educación hace meses. Y todos estamos de acuerdo con su despacho. Me alegra escuchar al Senador señor Ignacio Walker, quien también cree que hay que avanzar con la iniciativa. Hagámoslo y lleguemos a consenso. Votemos el texto legal para que dispongamos de una institución que se preocupe de velar por el cumplimiento de la ley y, asimismo, porque se acate lo que se establece y lo que se promete a las familias. Y, al mismo tiempo, para tener un sistema que se haga cargo de la situación cuando un plantel pierde su acreditación o el reconocimiento del Estado.
Por último, en cuanto al financiamiento, la iniciativa correspondiente también se encuentra en la Comisión de Educación, y debemos votarla.
Por lo tanto, espero que podamos avanzar y que nos pongamos de acuerdo para que acá no solo pidamos soluciones, sino que el Senado sea capaz de dar respuestas. En la Comisión de Educación hemos pedido al señor Ministro que establezca un plan para los estudiantes de la Universidad del Mar, el que debe darse a conocer, porque actualmente no se sabe si dicho establecimiento va a seguir funcionando ni qué pasará con sus estudiantes.
Señor Presidente, respecto del problema que nos convoca, alguien tiene que hacerse cargo. Y debe ser el Estado. ¿Por qué? Porque concedió la acreditación y la autonomía a la Universidad del Mar. Pero además debemos hacernos responsables nosotros de una institucionalidad para el futuro de la educación superior.
Tiene la palabra el Senador señor Lagos, por dos minutos.
Señor Presidente, respecto de lo que sucede con la Universidad del Mar, ni los alumnos, ni los profesores ni los apoderados son responsables de lo ocurrido.
Hay que hacerse cargo de la solución concreta. --(Manifestaciones en tribunas). Y eso hay exigirlo, entonces¿
Quiero explicar a quienes nos acompañan en las tribunas que el mecanismo para resolver la situación no es la presente sesión, sino más bien un proyecto de acuerdo. Y entiendo que hay dos que se darán a conocer a la Sala y se votarán. En ellos estarán contenidas las propuestas que surjan del debate.
Solicito a los señores Senadores que han planteado su apoyo, que los presenten antes del término de la sesión, para leerlos y conocer las resoluciones. Por tanto, pido paciencia al público.
Puede continuar el Senador señor Lagos.
Reitero que lo ocurrido no es responsabilidad de los alumnos, de los apoderados ni de los profesores.
Tenemos que concentrarnos en la solución del problema. Y el Gobierno dice que la está estudiando, pero no anticipa cuál va a ser. Yo quiero decir que ella no pasa por recursos económicos.
Pero el Presidente de la Republica da malas noticias. Por televisión dijo que la Universidad del Mar está funada y anticipa que habrá otros planteles con dificultades.
Hay que decir que acá el remedio no pasa por recursos, sino por una visión ideológica, pues el único camino viable y real para los alumnos es una intervención del Estado de esa universidad. --(Aplausos en tribunas).
Pero a esa alternativa se van a oponer aquellos que no creen en el rol del Estado en la educación superior y que han defendido a ultranza la libertad de enseñanza y de elegir. Y cuando queda la tendalada, entonces vemos qué hacer. ¿Saben qué? Las primeras reacciones fueron declarar que era una cuestión entre privados. Lo mismo dijeron de la crisis bancaria en el año 1982. ¡Y hasta el día de hoy estamos pagando la deuda subordinada!
Por ende, subyace un problema de fondo.
Y me resulta irrelevante si antes se hizo más o menos o mejor. Porque algunos sí creemos en la educación superior.
¿Cuántos alumnos de la Universidad del Mar habrían preferido estudiar Medicina en la Universidad de Valparaíso? No pudieron ingresar. ¿Saben por qué? Porque esta última no tiene más vacantes, porque el Estado no le provee más recursos. Entonces, el estudiante que podría haber ingresado a la Universidad de Valparaíso termina en un plantel que, además, es un negocio. Pero estamos hablando del cierre. ¿Cuándo se cerró una universidad tradicional? ¡Nunca! ¿Cuándo fue la última vez que se vendió una universidad tradicional? ¡Nunca! ¡Porque las universidades del CRUCH no son negocio! Sí lo son las otras. Y los apoderados tuvieron que aceptar el sistema del año 1981 porque no fuimos capaces de cambiar lo que las estaba llevando a la actual situación.
Desde esa óptica, el punto de inflexión de lo que va a ocurrir es ideológico, señor Presidente. Y de ahí la mala noticia de lo que vamos a tener que enfrentar ahora. Ojalá que la solución sea correcta para los estudiantes de la Universidad del Mar y para los otros cientos de jóvenes y casas de estudios superiores.
Uno lee en los diarios que dos de los tres controladores ofrecen ceder derechos. Son empresas. En tal sentido, cuando sostenemos que se trata de una cuestión ideológica no es politiquería. Los de las bancas de enfrente manifiestan que es un problema del Estado. Entonces, ¿por qué no darle al Estado la oportunidad de tener mejores universidades? ¿Por qué tuvimos que achicar la Universidad de Chile y dividirla a lo largo de todo el territorio? Porque esa fue la visión de los militares y de los Chicago Boys. ¡Esa es la verdad! --(Aplausos en tribunas).
Señor Presidente, en verdad no hay tiempo para entrar a un debate más de fondo sobre la universidad o sobre problemas ideológicos. Lo que me preocupa realmente -y lo que debe inquietar al Senado- es cómo resolver el problema concreto de los miles de alumnos que se hallan en una situación muy compleja.
Según la información oficial, en abril de 2012, en la Universidad del Mar había 16 mil 907 alumnos. Probablemente, por lo ocurrido, muchos otros -se supone que alrededor de 5 mil- se habrían cambiado a otros planteles de enseñanza superior. Independiente de cuál sea la cifra exacta, subsiste un asunto por solucionar. Y ello tiene que ver no con una cuestión ocasionada por los alumnos o por los profesores -como aquí se ha dicho-, sino por un problema de gestión. Aquí esta fracasó. Ha habido irregularidades e ilicitudes de parte de la junta directiva, de los dueños, de quienes sean. Esa materia se tendrá que zanjar, como corresponde, ante la ley. Pero aquí hay una cuestión de carácter académico. Y la Universidad del Mar es una institución que no estaba en crisis académica. Probablemente tendría distintos niveles académicos a lo largo de sus diversas sedes o carreras; pero hay ahí -a mi juicio- la fuerza que puede ayudar a resolver la crisis que hoy la afecta.
Por eso, entiendo al señor Ministro cuando dice que la Cartera a su cargo no puede actuar mientras no se halle cerrada la universidad por acuerdo del Consejo Nacional de Educación. Eso es lo que el Senado quiere modificar. Nosotros -creo interpretar el sentimiento unánime de la Sala- queremos que se resuelva el problema ahora, sin esperar que dicha instancia determine el cierre de la Universidad. ¿Por qué? Porque necesitamos que los alumnos sepan cuál va a ser su situación. En algunos casos -suponiendo que no va a continuar- hay la posibilidad de trasladarlos a otras universidades, hacer convenios buenos y que queden en condición adecuada. En otros, eso no va a ser posible. Pero la Universidad tiene su reserva académica y puede, con un plan de apoyo y la intervención del Ministerio de Educación, atender a esos alumnos hasta su total egreso y titulación. ¡Puede hacerlo! La Universidad del Mar, pese a toda la crisis por la que atraviesa, posee esas capacidades. Y si hay que reforzarlas, así se procederá. Pero lo sustantivo -y eso es lo que quisiéramos ver-, es un plan concreto que permita a la brevedad proponer a los estudiantes qué se va a hacer campo por campo, alumno por alumno, y sus alternativas, con ciertas garantías de calidad y de continuidad, sin que haya problemas de carácter económico. Me parece que eso es lo justo. Esta no es una responsabilidad del Gobierno, sino -como aquí se ha subrayado- del Estado. No obstante, la administración del problema está en manos del Ejecutivo.
Por eso queremos pedir al Gobierno que, además de hacer avanzar los proyectos de acreditación, de creación de la Superintendencia de Educación Superior y de la Subsecretaría de Educación Superior -que también se anunció, pero en ello no se ha progresado-, tengamos cuanto antes un plan concreto, para proporcionar a los alumnos una respuesta como se merecen. Porque el problema podrá obedecer a muchas causas, de fondo, de forma o de lo que se quiera, pero no se origina en los alumnos ni en los profesores.
En consecuencia, la responsabilidad del Estado -nosotros, como Senado, también la compartimos al ser una institución del Estado de Derecho democrático- tenemos que asumirla entregando respuestas concretas.
Por eso, señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente-, me sumo a las peticiones en orden a que no espere que dictaminen el cierre de la universidad para avanzar en otorgarles a los alumnos soluciones concretas respecto de los problemas que los aquejan hoy.
Pido a los señores Senadores que están trabajando en el proyecto de acuerdo que ojalá lo tengamos a la brevedad, para poder distribuir el texto, de manera de no suspender la sesión y así votarlo al término de esta.
Hay que hacerlo circular, porque los Senadores no lo conocemos.
El Senador señor Chahuán está trabajando en la redacción, Su Señoría.
Señor Presidente, aquí se ha mencionado que al Estado le asisten responsabilidades porque acreditó a la Universidad del Mar.
No me voy a meter en la discusión que hemos sostenido con la Derecha durante años respecto a la educación superior, a si la acreditación tendría que haber sido obligatoria y a si el Estado debería haber cumplido una función más importante. Ahí tenemos una discrepancia.
Pero en cuanto a la responsabilidad del Estado acerca de esta situación, el Gobierno y el Ministro tienen responsabilidad, porque no cumplieron la ley.
¡La presentación ante el Consejo Nacional de Educación debe ser un proceso reservado, y la publicaron en la portada de "El Mercurio" al día siguiente!
¡Digamos las cosas como son! Porque el Ministro aquí lo reconoció a su manera, cuando dijo: "Hay que dar un ejemplo en esta situación". Lo que ha hecho es tener cautivos a 18 mil alumnos producto de una decisión política, ideológica.
Le expusimos el camino en la Ley de Presupuestos. Quienes hemos seguido esta materia con detención sabemos que no necesitamos palabras, sino hechos. Le hago presente al señor Ministro que en la normativa mencionada se encuentra el camino para que desde ya se firmen convenios con las instituciones que quieran hacerse cargo de los alumnos, sin perjudicarlos. Y no es necesario que concluya el proceso ante el Consejo Nacional de Educación. Lo redactamos de forma tal que se pueda implementar ahora.
Lo que hoy necesitamos es la decisión política.
Porque en la glosa pertinente se señala: "Estos recursos podrán financiar planes de nivelación de instituciones que incorporen alumnos provenientes de instituciones respecto de las cuales el Ministerio de Educación haya solicitado al Consejo Nacional de Educación la revocación del reconocimiento oficial".
Es decir, ya están las condiciones para que el Gobierno y el Ministerio de Educación puedan promover convenios con el CRUCH y otras instituciones.
Lo que pasa es que algunos quieren que la solución no sea del Estado, sino del mercado. Ese es el problema de fondo. Algunos desean que se haga cargo cualquiera, que las familias paguen el costo.
El Senado de la República, transversalmente, está diciendo algo. No queremos que sea el mercado el que resuelva este problema; no deseamos que las familias paguen los costos; no queremos que los alumnos salgan perjudicados. A mi juicio, el Ministerio de Educación, al proceder de la forma en que lo hizo, ayudó a funar a estos estudiantes, porque denostó a la universidad antes de que el tema estuviera resuelto. Este no es un problema académico. Esta universidad ha producido buenos profesionales, en varias áreas, quienes están trabajando, desempeñándose bien. Pero les cortaron las alas a una cantidad de estudiantes que se encontraban en su proceso de término de carrera, sin decir nada.
Yo pido que seamos sinceros.
Nos encontramos ante un problema que se generó no solo por los administradores de la universidad. Yo no los voy a amparar. Algunos han hecho cosas muy condenables. Pero los argumentos para llevar adelante esta intervención son que la junta directiva se constituyó de una forma equis o i griega, de que se ejercieron facultades equis o i griega. Y no van al fondo, que es la realidad de 18 mil alumnos.
Yo pido que lleguemos a un proyecto de acuerdo para deslindar responsabilidades. Porque aquí hay una responsabilidad política, a mi juicio, del Ministro de Educación. Le hemos entregado los instrumentos legales en la Ley de Presupuestos, y aquí nos ha dicho que no los quiere asumir. Y creo que frente a eso es importante deslindar responsabilidades.
Las universidades quieren entregar soluciones. Ahora deseamos saber si el Gobierno quiere resolver el problema.
Voy a ofrecer la palabra a don Aldo Valle, Presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile.
El Ministro tiene prioridad.
La cedo.
Pero cede la palabra.
Señor Presidente, tiene que pedir autorización de la Sala para que intervenga.
Solicite la unanimidad.
El Senador señor Hernán Larraín, siempre buen conocedor del Reglamento, me recuerda que hay que recabar el asentimiento unánime de la Sala para otorgarle el uso de la palabra a don Aldo Valle.
Solicito autorización en tal sentido.
Tiene la palabra el señor Aldo Valle.
El señor VALLE (Presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile).-
Muchas gracias, señor Presidente y señores Senadores.
No me imaginé estar en esta Sala a propósito de un drama y de un dolor como este. He venido en otras ocasiones al Senado por razones distintas. Y creo que lo más leal es señalar también que no dejo de hacerlo con algunos sentimientos encontrados o en conflicto.
Lo digo porque, desde luego, una universidad estatal no puede ser indiferente a una situación como esta. No puede ser distante. No podemos ser meros observadores de lo que acontece.
Sin embargo, también debo señalar, como Presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, que, si bien tenemos voluntad, disposición, nos encontramos con limitaciones. Y estas últimas vienen de un sistema de admisión que institucionalmente sujeta a procedimientos públicos el ingreso a nuestras carreras. Hago presente esto porque año tras año las universidades del Consejo de Rectores y las universidades estatales dejamos a miles de estudiantes sin matrícula, sin vacantes, sin posibilidad de ingresar a nuestras instituciones. Y perdonen que sea autorreferente. En el caso de la Universidad de Valparaíso, en particular, 10 mil 500 estudiantes postulan, después de haber cumplido con todos los requisitos, a 3 mil vacantes que ofrece nuestra casa de estudios.
Pero esa limitación, ciertamente, obedece a razones que no es del caso analizar ahora.
Existen esas razones y esas limitaciones, no obstante que nos duele la situación de estos jóvenes, pues pienso que no se puede defraudar a alguien en materia de educación cuando está entre los 18 y los 23 años, porque solo una vez en la vida se tiene esa juventud, ese vigor y esa oportunidad.
Y como se trata de un problema ciertamente público, las universidades hemos acordado contribuir incorporando jóvenes conforme a nuestros procedimientos. Pero sabemos que al final será una solución parcial, no integral ni totalizadora. Y ello, no porque no queramos ni porque no tengamos disposición, sino porque, simplemente, no podemos hacer más.
Debo mencionar que a la Universidad de Tarapacá se han incorporado 262 alumnos. En la Universidad de Magallanes han ingresado ya 20 estudiantes. Y en otros planteles hemos acordado dejar abiertas las posibilidades para que, dependiendo de las situaciones individuales y conforme a los procedimientos preestablecidos, se puedan incorporar más estudiantes. Pero hay casos en que, efectivamente, nuestra voluntad no será suficiente, por las limitaciones que existen.
Por lo mismo, me parece muy importante hablar aquí de algo que considero un poco fuerte, pero que los Honorables Senadores me permitirán decir: se necesita una tregua en la disputa que a veces observamos desde fuera; una tregua en la disputa política e ideológica respecto de la educación. El país tiene que levantar la mirada en este ámbito.
Este no es un problema del actual Gobierno ni de un Gobierno anterior, ni tampoco de imputarse responsabilidades pequeñas o de corto alcance. Se trata de mirar al país en su conjunto. Y lo digo recordando la frase de Raymond Aron, intelectual público liberal francés: todos somos y no podemos sino ser observadores comprometidos. No basta la racionalidad jurídico-formal, como tampoco, muchas veces, la racionalidad económica, de medios y de fines; se requiere una solución mayor. Y es obvio que aquí está, creo yo, la fuente, la posibilidad, la esperanza de esa solución.
Perdónenme que hable en estos términos, en virtud de la ley. Porque no estamos ante una situación puntual, y hay incertidumbre. ¿Qué ocurrirá si finalmente el Consejo Nacional de Educación, en el ejercicio de sus facultades, rechaza el cierre? ¿Cuál va a ser la respuesta que se dará? ¿Permitirá el sistema de educación superior que se produzcan otros casos como este? Me parece que hay que responder esta pregunta: ¿Qué va a ocurrir? Porque, jurídicamente, que el Consejo rechace el cierre está dentro de las posibilidades. En ese caso, ¿permanecerán los jóvenes y sus familias en la institución?
Por eso pienso que una solución concreta puede darse en virtud de la ley. Y, a propósito de eso, quiero expresar que las universidades del Estado formamos parte de la institucionalidad pública, aunque a veces no se entienda o no se haya entendido así. En tal sentido, no podemos sino ser parte igualmente de la solución que la propia ley pueda establecer. Entendemos que un mandato del Estado, un mandato de la ley, es vinculante para nosotros, no solo desde la perspectiva jurídica, sino también desde los puntos de vista cívico y moral.
En consecuencia, considero que debe haber una solución integral, porque puede haber situaciones sobrevinientes donde aparezcan otras instituciones afectadas. Ojalá no ocurra. Pero creo que la lección ya es suficiente como para que haya una respuesta más integral de parte del Estado de Chile y, ciertamente, de los órganos que son fuente de la voluntad de la República.
Perdónenme que hable en estos términos, pero a mí estos hechos me conmueven como rector de una universidad pública en la que día a día hacemos un esfuerzo para que, con la mayor seriedad y responsabilidad, nuestros jóvenes tengan las mejores oportunidades. No crean ustedes que eso no acarrea un costo y que no es un afán que debamos honrar a diario. Y por lo mismo nos irrita y nos impacienta moralmente ver hoy a tantos jóvenes deambulando en búsqueda de una solución.
Disculpe, señor Presidente, que me haya excedido en el tiempo.
No hay problema, señor Rector.
Estamos a segundos de que se cumpla la hora fijada para el término de esta sesión.
Por lo tanto, solicito prorrogarla por 15 minutos, para lo cual se requiere la unanimidad de la Sala.
Acordado. Ha pedido intervenir el señor Ministro. El señor Secretario me indica que aún le queda tiempo.
Señor Presidente, deseo recalcar cuál es el punto central en esta materia.
No hay duda de que nosotros vamos a usar todos los instrumentos y todas las atribuciones disponibles para resolver la situación de la Universidad del Mar y particularmente la de sus estudiantes. Lo hemos dicho muchas veces. Y para ello vamos a conversar con quien tengamos que conversar. Pero aquí, en opinión del Ministerio, ha habido un quebrantamiento de la ley. Sin embargo, hay que entender lo siguiente.
Hoy las instituciones son autónomas. Eso lo establece la ley. Y mientras no se cancele su personalidad jurídica, cada institución sigue siendo autónoma, por lo que nosotros no podemos administrarla. Estamos disponibles para hacerlo, pero primero se tiene que producir la solución que prevé la legislación chilena vigente en este momento. Otras soluciones no van a cambiar la situación, pues, si bien el Consejo Nacional de Educación ya está revisando el procedimiento, se va a mantener dentro de ese canal.
Ahora, resuelto lo anterior, nosotros vamos a usar todas las atribuciones contenidas en la Ley de Presupuestos y en otras normativas para cautelar el bienestar de los estudiantes. Pero, ¡por favor!, entendamos cuál es la realidad legal en la que nos estamos desenvolviendo ahora.
Como he dicho, estamos dispuestos a considerar todas las opciones; no descartamos ninguna. Tenemos planes para cada una de ellas. Estamos trabajando con un equipo en esa línea, pero, de nuevo, reitero que esto también depende de la voluntad de otras instituciones. Me alegran las palabras del Rector Valle, porque al Rector Zolezzi le he escuchado decir cosas totalmente distintas, lo cual, indudablemente, nos obliga a estar alertas y preocupados de estar barajando distintas alternativas. Ya he dicho y vuelvo a repetir que nosotros no descartamos que en algunos casos no haya que reubicar a los estudiantes y estos se mantengan en la institución, en la sede que corresponda, hasta que salga el último egresado de esa casa de estudios. Eso es algo que hemos considerado. Y como Ministerio, en representación del Estado, vamos a estar administrando la institución, para velar porque se cierre adecuadamente.
Tal es nuestro compromiso. Lo hemos dicho en todos los tonos y vamos a seguir reiterándolo todas las veces que sea necesario.
Pido paciencia a las tribunas, para que podamos concluir la sesión en buena forma.
A los estudiantes les digo que en estos momentos se está trabajando en una propuesta concreta.
Señor Presidente, en primer lugar, deseo señalar que la Universidad de La Frontera, en Temuco, surgió de la fusión de las sedes de la Universidad de Chile y de la ex Universidad Técnica del Estado. Hoy, después de 30 años, es una gran institución, que prestigia y da identidad a nuestra Región de La Araucanía. Lo digo porque no comparto las expresiones que se usaron para explicar por qué las ex sedes de la Universidad de Chile hoy están transformadas en universidades regionales.
Desde mi punto de vista, qué bueno que así sea, pues en la actualidad se han convertido en actoras relevantes del quehacer regional. Yo al menos me siento orgulloso de lo que es la Universidad de La Frontera, que -repito- nació de la fusión de sedes de la Universidad de Chile y de la ex Universidad Técnica del Estado.
A continuación entro en la materia que nos preocupa, que son los estudiantes de la Universidad del Mar y sus familias. Aquí, obviamente, está en juego la fe pública, como lo han indicado muchas señoras y señores Senadores, y qué bueno que haya yo diría casi unanimidad respecto de tal responsabilidad. Porque, en este caso, el Estado entregó una acreditación; dio un certificado y dijo que la del Mar era una universidad que cumplía con los requisitos y los estándares mínimos para ofrecer alternativas de educación superior a los estudiantes, que no solo son personas jóvenes, como se expresó, o que solo se encuentran en la edad propia de seguir estudios universitarios; también hay trabajadoras, dueñas de casa, personas que han querido buscar una oportunidad de perfeccionamiento, incluso haciéndola compatible con su vida laboral. Y creo que, en función de esa responsabilidad, el Estado y el Ministerio de Educación -al cual se le entregaron herramientas a través de la Ley de Presupuestos para el año 2013- deben efectuar todo el acompañamiento que sea necesario, ya sea para reubicar, ya sea para permitir que los estudiantes de la Universidad del Mar terminen con su proceso de titulación. No podemos defraudar a esos jóvenes y a sus familias. Ellos confiaron en lo que el Estado hizo respecto de la acreditación. Por lo tanto, mi posición personal es que tenemos que apoyar a todos los estudiantes y, asimismo, a sus familias, de tal manera que resuelvan su problema y puedan obtener el título correspondiente.
Tiene la palabra al Senador señor Uriarte.
¿Cuántos minutos le quedan a mi Comité, señor Presidente? El señor NAVARRO (Vicepresidente).-
Cuatro, señor Senador.
Señor Presidente, ante todo, quiero manifestar que soy partidario de las universidades privadas; que creo firmemente en el rol que cumplen y en el tremendo desempeño que han tenido en el crecimiento y en el desarrollo social de nuestro país, como también, en la movilidad social que han permitido.
En lo personal, estudié y me formé en una de ellas, hasta que egresé. Y, por lo mismo, soy un agradecido de que, como yo, muchas otras personas hayan tenido una oportunidad en el mundo universitario.
Sin embargo, creo que el escándalo provocado es de tal magnitud que merece el repudio absoluto, completo, de toda la sociedad, de todas las instituciones y, por cierto, de este Hemiciclo.
Yo también creo en el rol subsidiario del Estado, señor Presidente. Y este es el típico caso en que el Estado tiene la obligación de intervenir. Es -como bien decía el señor Rector- uno de los casos en que tenemos que hacer un "alto al fuego" y tratar de buscar una solución concreta de inmediato. Más de 16 mil jóvenes y sus familias, a través del territorio -en la ciudad de La Serena llegan a 1.526-, se están viendo injustamente afectados por esta situación. A todos ellos, y no solo a los de La Serena, sino de Chile entero, entre los que están los estudiantes de Medicina con quienes nos reunimos ayer, hay que entregarles una solución ahora. Y, para eso, reclamo la intervención del Estado subsidiario, del Estado de Chile, para hacerse cargo del problema.
Por las razones anotadas yo apoyo, al igual que los Senadores que han intervenido, el plan a que se ha hecho referencia, el que espero se encuentre plasmado en un proyecto de acuerdo y que, en verdad, sirva para resolver el problema. Y que al Ministro -se lo digo por su intermedio, señor Presidente- también le sirva saber que cuenta con todo nuestro respaldo para tal efecto.
Esto requiere de voluntad política. Y esa voluntad política está acá, en el Senado. Por eso nos hemos congregado en esta sesión especial y espero que en pocos minutos más aprobemos un proyecto de acuerdo que permita crear las condiciones para solucionar de una vez por todas el problema, que ojalá nunca más se repita en el país.
Sin perjuicio del proyecto de acuerdo que, según creo, firmaremos la totalidad de los Senadores, quiero plantearle al señor Ministro algo que es esencial. No podemos esperar el trámite administrativo del Consejo Nacional de Educación, que puede demorar hasta marzo o junio del próximo año.
La solución se requiere ahora. Y si para obviar dicho trámite se requiere un proyecto de ley, aquí tiene al Senado para darle todos los instrumentos necesarios a fin de resolver la situación de la Universidad del Mar y de otras universidades que tengan el mismo problema.
Pido al público asistente guardar silencio.
Comprendemos su inquietud. Se halla inscrito a continuación el Senador señor Quintana, pero el tiempo del PPD está agotado.
Votemos los proyectos de acuerdo, señor Presidente.
Todavía no tenemos el texto de ellos, Su Señoría. Se suspende la sesión por dos minutos.
--Se suspendió a las 14:9.
--Se reanudó a las 14:12.
Que se lean los proyectos de acuerdo, señor Presidente.
Estamos afinándolos, señor Senador.
Se suspende la sesión por otros dos minutos.
--Se suspendió a las 14:12.
--Se reanudó a las 14:13.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Continúa la sesión
PLAN DE ACCION PARA SOLUCIÓN DE CRISIS QUE AFECTA A UNIVERSIDAD DEL MAR. PROYECTOS DE ACUERDO
Se han presentado dos proyectos de acuerdo sobre la materia.
El primero, suscrito por los Senadores señor Chahuán, señoras Allende, Pérez San Martín y Rincón y señores Coloma, Espina, García, Lagos, Larraín Fernández, Letelier, Navarro, Prokurica, Rossi, Tuma, Uriarte y Zaldívar, tiene por objeto solicitar al Presidente de la República que disponga la ejecución de un programa de acción para resolver la situación que afecta a los distintos estamentos de la Universidad del Mar y, en especial, la reubicación inmediata de los alumnos de las carreras de Medicina, Enfermería, Kinesiología y Pedagogía (boletín N° S 1.543-12).
Su texto es el siguiente.
"1°.-
Que la Universidad del Mar ha entrado en una crisis que afecta su funcionamiento integral, lo que ha motivado su proceso de cierre por parte del Ministerio de Educación, en conformidad a las normas pertinentes de la ley N° 20.370, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el Decreto con Fuerza de Ley N° 2, del Ministerio de Educación, publicado el 2 de julio de 2010.
"2°.-
Que esta situación afecta a los distintos estamentos de dicha casa de estudios, compuestos por los académicos, trabajadores y alumnos, en sus diversas sedes.
"3°.-
Que se hace necesario resolver esta situación, a la mayor brevedad, mediante acciones legislativas y reglamentarias, según sea procedente, con el fin de ejecutar un programa que contemple tanto los problemas que afectan a las sedes donde no existe otra alternativa para garantizar la continuidad de los alumnos, como asimismo el pago de los sueldos y cotizaciones previsionales de los académicos y funcionarios, que aún se adeudan.
"4°.-
Que de igual modo, debe garantizarse la continuidad de los estudios de los alumnos, reconociendo la validez de los estudios cursados.
"5°.-
Que esta universidad tiene una matrícula de alrededor de dieciocho mil y cerca de cuatro mil funcionarios y docentes, lo que obliga al Estado a asumir esta situación como un tema de país.
"6°.-
Que también debe actuarse con rigor en la obtención de responsabilidades, para lo cual el Estado debe hacerse parte en el proceso judicial pertinente.
"Solicitar a S.E. el Presidente de la República que presente un plan integral que posibilite la continuidad de la comunidad universitaria, en todos sus estamentos, estableciendo diversas garantías que van desde el envío de un proyecto de ley urgente, para intervenir administrativamente la Universidad del Mar y en los casos que no fuere posible, resolver la continuidad de los estudios a través de la reubicación de los alumnos, analizando en este caso, la situación puntual de cada uno de los planteles y sedes, como también la reubicación inmediata de los alumnos de Medicina, Enfermería, Kinesiología y Pedagogía.
"Asimismo, dicho plan debe contemplar una solución a la deuda histórica que mantienen los estudiantes con el mismo establecimiento, producto de los créditos tanto internos como externos.
"También se solicita respetar el avance curricular de los alumnos en las distintas carreras y sedes, en los casos que deban ser reubicados.
"Respecto a los funcionarios y académicos, velar por el pago oportuno de sus remuneraciones y cotizaciones previsionales adeudadas como también respecto de su futuro laboral, dando cumplimiento a las normas pertinentes.
"Que el Estado asuma su responsabilidad en el proceso de acreditación, a través del envío de las modificaciones legales pertinentes que permitan materializar lo expresado anteriormente.
"El Ministerio de Educación, por su parte debe ampliar las matrículas de las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores.".
El segundo proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señoras Allende y Rincón y señores Chahuán, García, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Prokurica, Rossi, Tuma y Zaldívar (don Andrés), tiene por objeto solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que, en el caso de la Universidad del Mar o de los establecimientos de educación superior a los que se les impusieren medidas de cierre, se aseguren el egreso y la conclusión de sus estudios a todos los alumnos actualmente matriculados en alguna carrera de la institución afectada; la vigencia de estándares de buena calidad académica; la aplicación permanente de medidas de transparencia por el Consejo Nacional de Educación y la intervención del Estado para garantizar la permanencia definitiva de dichos establecimientos (boletín Nº S 1.542-12).
El texto del otro proyecto de acuerdo es el siguiente:
"Ante la situación de la Universidad del Mar y en general, de todas las casas de estudios superiores del país a la cual se le apliquen medidas de cierre de su labor docente, solicitamos lo siguiente:
Permitir y asegurar el egreso de todos y cada uno de los alumnos que hoy se encuentran cursando alguna carrera en esta casa de estudios superiores, permitiéndoles terminarla en la misma, manteniendo su matrícula. Esto significa que la situación de los estudiantes en términos de créditos cursados, planes de estudios, becas y créditos con aval del Estado otorgados se mantenga mientras dure esta transición.
Asegurar estándares mínimos de calidad académica en el proceso de egreso de los alumnos que hoy se encuentran cursando alguna carrera en dicha casa de estudios, a través de la creación de instrumentos de seguimiento, control y fiscalización permanente que permita garantizar la calidad de la educación impartida.
Considerar mecanismos de transparencia permanentes en la página web del Consejo Nacional de Educación y del Ministerio de Educación que den cuenta de los procesos de acreditación de todas las universidades e institutos profesionales, y en aquellos casos que correspondan, el avance de las medidas contra la dirección de estos establecimientos, del procedimiento iniciado para la medida de cierre y del desarrollo de las medidas transitorias de cierre.
"4.- Considerar la intervención del Estado para la permanencia definitiva de los establecimientos educacionales, dados factores de oferta de profesionales en la zona, número de egresados de estudiantes de enseñanza media y situación de vulnerabilidad de los matriculados.".
Debo aclarar que un proyecto de acuerdo es una petición, una rogativa al Gobierno, presentada por los Senadores o por la unanimidad de la Sala para que se materialice su solicitud.
¿Habría acuerdo en darlos por aprobados
La Senadora señora Allende ha pedido votación.
La Sala se pronunciará por cada uno de ellos en forma separada.
No. Votemos los dos juntos.
En votación ambos proyectos de acuerdo.
--Se aprueban los dos proyectos de acuerdo (19 votos).
Votaron las señoras Allende, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Navarro, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
--(Aplausos en la Sala y en tribunas),
--Se levantó a las 14:18.

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