Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=635815
Timestamp: 2019-05-19 21:42:06+00:00

Document:
PROYECTO DE ACUERDO SOBRE DISOLUCIÓN DE EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE Y OTORGAMIENTO DE FACULTAD A BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL
RENOVACIÓN Y ENMIENDA DE PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN DE AMPLIACIONES DE VIVIENDAS SOCIALES
MEJORAMIENTOS A RÉGIMEN DE PERSONAL DE SERVICIO MÉDICO LEGAL
SALUDO DEL SENADO A PAPA FRANCISCO, RECIENTEMENTE ELECTO
DECLARACIÓN DE 7 DE JUNIO COMO FERIADO PARA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Hector Munoz Aburto
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑOR NAVARRO, SEÑORA ALLENDE Y SEÑORES GÓMEZ, LAGOS, MUÑOZ ABURTO Y ROSSI, CON EL QUE SOLICITAN A SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EL REINTEGRO DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO Y EL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE SU INSTITUCIONALIDAD (S 1558-12)
Sesión 2ª, en miércoles 13 de marzo de 2013
(De 16:21 a 18:47)
Proyecto de acuerdo sobre disolución de Editorial Jurídica de Chile y otorgamiento de facultad a Biblioteca del Congreso Nacional (se aprueba)....................................
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que renueva y modifica el procedimiento de regularización de ampliación de viviendas sociales contemplado en la ley N° 20.251 (7818-14) (se aprueba en particular)..........................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce mejoras en el régimen del personal del Servicio Médico Legal (8129-07) (se aprueba en general y en particular)...........................................................................................................
Saludo del Senado a Papa Francisco, recientemente electo............................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que declara feriado el 7 de junio para la Región de Arica y Parinacota (6967-06) (se aprueba en general y en particular)..................................................................................................................
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley sobre Donaciones con Fines Culturales (7761-24) (queda pendiente la discusión particular)...................................................................................................................
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia , señor Cristián Larroulet Vignau; de Justicia, señora Patricia Pérez Goldberg, y el Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, señor Luciano Cruz-Coke Carvallo. Asimismo, se encontraba presente el Subsecretario de Telecomunicaciones , señor Jorge Atton Palma.
El señor ESCALONA ( Presidente ).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 100ª, ordinaria, en 5 de marzo; 101ª, especial, y 102ª, ordinaria, ambas en 6 de marzo, todas del año en curso, que no han sido observadas.
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", al proyecto de ley que crea la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, fortalece el rol de la Superintendencia de Seguridad Social y actualiza sus atribuciones y funciones (boletín N° 7.829-13).
Con el primero informa que prestó su aprobación al proyecto que modifica la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, facultando a los municipios a constituir Consejos Comunales de Seguridad Pública (boletín N° 8.517-25).
Con el segundo comunica que dio aprobación a las modificaciones propuestas por esta Corporación al proyecto de ley que regula el contrato de seguro (boletín N° 5.185-03).
Remite copia de resoluciones dictadas en el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de señores Senadores respecto de los incisos segundo y tercero del nuevo artículo 112 B, introducidos por el proyecto, en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, que modifica la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, para fortalecer la protección de principios activos de medicamentos (boletín N° 8.183-03).
Remiten, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13 de la ley N° 20.297, el informe correspondiente al primer semestre de 2012 respecto de tropas nacionales que participan en operaciones de paz fuera del territorio de la República.
Atiende petición, cursada en nombre del Senador señor Kuschel, relativa a la realización de auditorías en las Municipalidades de Llanquihue, Fresia, Frutillar, Maullín, Puqueldón y Queilen.
Responde solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Navarro, sobre factibilidad sanitaria del proyecto Fuerte Viejo en la comuna de Lota.
Nuevo segundo informe de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Transportes y Telecomunicaciones, unidas, recaído en los incisos cuarto y quinto del artículo 13, contemplado en el numeral 9 del artículo 1º propuesto en el segundo informe del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que permite la introducción de la televisión digital terrestre (boletín N° 6.190-19) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce mejoras en el régimen del personal del Servicio Médico Legal (boletín Nº 8.129-07) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
De la Comisión de Agricultura, recaído en el proyecto que modifica la ley N° 18.450, con el fin de fomentar la inversión privada en obras de riego o drenaje comprendidas en proyectos integrales y de uso múltiple cuyo costo supere las 30 mil unidades de fomento (boletín Nº 8.771-01) (con urgencia calificada de "suma").
De las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece nuevo mecanismo de cálculo del sueldo base para el personal a jornal de las Fuerzas Armadas (boletín Nº 8.613-02).
Moción de los Senadores señor Hernán Larraín y señora Alvear, con la que proponen un proyecto de ley que introduce el voto programático en la elección del Presidente de la República , de senadores y diputados y de alcaldes, y establece la obligación de rendir cuenta anual del cumplimiento de sus respectivos compromisos programáticos.
--Se declara inadmisible por contener materias de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , conforme lo dispone el número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política.
De los Senadores señor Navarro, señora Allende y señores Gómez, Lagos, Muñoz Aburto y Rossi, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República el reintegro de los trabajadores del Instituto de Fomento Pesquero y el fortalecimiento integral de su institucionalidad (boletín N° S 1.558-12).
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con la que informa que, en sesión del día de hoy, ha elegido como su Presidente al Senador señor Pedro Muñoz Aburto.
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con la que expone que, en sesión del día de hoy, eligió como su Presidente al Senador señor Patricio Walker Prieto.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- En este momento ha llegado a la Mesa una comunicación del Comité Partido Socialista, con la que informa que ha elegido como sus representantes a los Senadores señora Allende y señor Rossi.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se toma conocimiento.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Señoras y señores Senadores, la Comisión de Régimen Interior, en sesión del día de hoy, ha resuelto proponer a la Sala la aprobación del siguiente proyecto de acuerdo:
"Solicitar a S.E. el Presidente de la República tenga a bien disponer de todas las medidas necesarias para proceder a la disolución de la Editorial Jurídica de Chile y, en su oportunidad, presentar un proyecto de ley a fin de:
"1. Aprobar la disolución de la Editorial Jurídica de Chile, establecer una comisión liquidadora encargada del proceso de liquidación y cierre de la Editorial, regular el destino de los bienes sobrantes, una vez pagados sus acreedores, así como todos los efectos legales que procedan;
"2. Conferir a la Biblioteca del Congreso Nacional la función, con carácter exclusiva, de editar y publicar en formato digital los textos oficiales de los códigos de la República, manteniendo los procesos actualmente vigentes para esa edición. Los textos oficiales que publique la BCN en formato digital se pondrán a disposición de los usuarios de manera gratuita en la base de datos Ley Chile, facilitando el acceso de todos los habitantes de la nación a las fuentes legales oficiales.".
El señor ROSSI.- Señor Presidente , quiero pedirle que recabe la unanimidad de la Sala para tratar en Fácil Despacho el proyecto que figura en el número 5 del Orden del Día -siempre está en la tabla, pero se coloca muy abajo en la lista y no se alcanza a analizar-, que declara feriado el 7 de junio para la Región de Arica y Parinacota.
Con el Senador Orpis conversamos el asunto. Y la verdad es que estamos dispuestos a que se vote sin discusión.
El señor ESCALONA ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo?
El señor ROSSI.- ¿No?
El señor ESCALONA (Presidente).- Un señor Senador se opone.
El señor ESCALONA ( Presidente ).- A petición del Ejecutivo , solicito que se trate en el primer punto del Orden del Día, después de Fácil Despacho, el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley sobre Donaciones con Fines Culturales.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , deseo insistir en la solicitud de incluir en Fácil Despacho el proyecto que establece feriado legal el 7 de junio para la Región de Arica y Parinacota.
Entiendo que ahora sí habría acuerdo.
Dicha iniciativa es muy importante. Fue despachada en la Cámara de Diputados por unanimidad, y espero que ocurra lo mismo acá.
Que se vote sin discusión.
El señor ESCALONA ( Presidente ).- ¿Usted quiere incluir ese proyecto como punto 3 en la tabla de Fácil Despacho?
El señor NAVARRO.- Sí, señor Presidente .
El señor ESCALONA (Presidente).- Pero sin debate.
El señor NAVARRO.- Sin debate.
El señor ESCALONA ( Presidente ).- Lógicamente, no se puede impedir el fundamento de voto, en caso de que algún señor Senador lo solicite, porque ello escapa a la facultad de la Mesa.
¿Habría acuerdo para acceder a lo pedido en los términos señalados?
Conforme a lo acordado por los Comités, corresponde discutir en particular el proyecto, en segundo trámite constitucional, que renueva y modifica el procedimiento de regularización de ampliaciones de viviendas sociales contemplado en la ley N° 20.251, con segundo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7818-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Vivienda y Urbanismo: sesión 60ª, en 7 de noviembre de 2012.
Vivienda y Urbanismo (segundo): sesión 97ª, en 22 de enero de 2013.
Sesión 89ª, en 19 de diciembre de 2012 (se aprueba en general).
La iniciativa fue aprobada en general en sesión del 19 de diciembre de 2012.
La Comisión deja constancia de que el artículo 2º no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que conserva el mismo texto aprobado en general. En consecuencia, debe darse por aprobado, salvo que algún señor Senador, contando con la unanimidad de los presentes, solicite su discusión y votación. En todo caso, el número 1) de la referida disposición reviste rango orgánico constitucional, razón por la cual necesita 21 votos para su aprobación.
Asimismo, la Comisión hace presente que todas las indicaciones presentadas fueron retiradas; por tanto, corresponde dar por aprobada la iniciativa en particular en los mismos términos en que fue despachada en general por la Sala.
No obstante, cabe consignar que los incisos segundo y tercero del artículo 1º tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren, para su aprobación, el voto conforme de 21 señores Senadores.
Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado en el que se consigna el texto aprobado en general por el Senado, el cual no fue objeto de modificaciones en el segundo informe.
De consiguiente, dado que el proyecto contiene normas de quórum especial y otras que no lo son, la Secretaría sugiere efectuar una sola votación para todas las materias.
En votación el articulado de la iniciativa.
--Se aprueba el proyecto en particular (25 votos favorables), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido, y queda despachada la iniciativa en este trámite.
Votaron las señoras Allende y Pérez (doña Lily) y los señores Bianchi, Chahuán, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Gómez, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Señor Presidente , solicito que se agregue mi voto afirmativo.
Se deja constancia en la Versión Oficial de la intención de voto favorable del Senador señor Girardi.
Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce mejoras en el régimen del personal del Servicio Médico Legal, con informes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8129-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 57ª, en 30 de octubre de 2012.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 1ª, en 12 de marzo de 2013.
Hacienda: sesión 2ª, en 13 de marzo de 2013.
El objetivo principal de la iniciativa es extender algunos beneficios con los que ya cuenta el personal directivo del sector salud adscrito al Sistema de Alta Dirección Pública a los funcionarios que ocupen cargos equivalentes en el Servicio Médico Legal, con el fin de fomentar la postulación de interesados a los cargos de subdirector médico y de directores regionales del mencionado servicio forense.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió el proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Alvear y señores Espina, Larraín (don Carlos), Larraín (don Hernán) y Walker (don Patricio).
Asimismo, el referido órgano técnico deja constancia de su opinión en cuanto a que la Sala del Senado debería discutir tanto en general cuanto en particular esta iniciativa con el fin de darle una pronta tramitación.
La Comisión de Hacienda, por su parte, informa que la iniciativa legal no contiene normas de su competencia, por cuanto ella no incide en materia presupuestaria y financiera del Estado, de conformidad con el artículo 17 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Ello, porque en el primer trámite constitucional, en la Honorable Cámara de Diputados, se suprimió el artículo 1º del mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , que establecía una bonificación que sí incidía en materia presupuestaria del Estado.
La Comisión adoptó dicho acuerdo por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores García, Lagos, Novoa y Zaldívar.
El texto que se propone a la Sala para su aprobación se transcribe en el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Deseo hacer una precisión previa, señor Presidente .
Señor Presidente , efectivamente analizamos este proyecto en la Comisión de Hacienda hoy día en la mañana, aun cuando no requería informe de nuestro órgano técnico.
Uno de los temas que hice presente -y hablé con la Ministra de Justicia al respecto- fue que el artículo transitorio propuesto es absolutamente contradictorio en su redacción. Dice: "La aplicación de las disposiciones de esta ley será de cargo del presupuesto del Servicio Médico Legal y no irrogará un mayor gasto fiscal.".
Esta disposición debe ser eliminada: o irroga gasto fiscal desde el momento en que se reconoce que la aplicación de sus normas será de cargo del presupuesto del Servicio, o no irroga. Como sea, no es aceptable que el Parlamento aparezca despachando una iniciativa de ley, que el día de mañana será publicada en el Diario Oficial, con una disposición contradictoria en su contenido.
Por eso pedí a la Comisión hacer presente este aspecto durante la discusión en la Sala, con la finalidad de rechazar el artículo transitorio, de manera que, en el tercer trámite constitucional, la Cámara Baja pueda incorporar dicha corrección.
Si le parece a la Sala, se acogerá el planteamiento del Senador señor Zaldívar.
--Por unanimidad, se aprueba la eliminación del artículo transitorio.
El proyecto en análisis apunta a introducir mejoras en el régimen del personal del Servicio Médico Legal de una manera muy simple: extender algunos beneficios que ya tiene el personal directivo del sector salud adscrito al Sistema de Alta Dirección Pública a los funcionarios del Servicio Médico Legal que ocupan puestos equivalentes, con el fin de fomentar la postulación de profesionales calificados a los cargos de subdirector médico y de directores regionales de dicho organismo forense.
Para lograr tal objetivo, la iniciativa hace extensivos a los cargos de subdirector médico y de directores regionales del Servicio Médico Legal algunos beneficios con que ya cuentan otros profesionales que se desempeñan en el sector salud, como la posibilidad de destinar hasta un máximo de doce horas semanales de su jornada laboral a actividades clínicas o asistenciales y la de retener, sin goce de remuneración, la propiedad del empleo que hubieren desempeñado, en caso de ser nombrados en un puesto incompatible, por el periodo que indica.
Para el estudio de este proyecto, la Comisión de Constitución, que presido a partir de hoy, tuvo presente que el Servicio Médico Legal efectúa de manera permanente y muy destacada las labores de asesoría científica y técnica en materias médico-legales a los órganos jurisdiccionales y de investigación.
No obstante, la señora Ministra de Justicia hizo constar en la Comisión que existen dificultades en los procesos de postulación a ciertos cargos contemplados en la planta del personal del Servicio.
Agregó que lo anterior ha llevado a que algunos concursos para proveer los cargos de directores regionales han tenido que declararse desiertos por no reunir las respectivas nóminas al menos tres candidatos idóneos, tal como exige el Sistema de Alta Dirección Pública.
Para subsanar este problema, el proyecto, en su actual redacción, propone homologar, en determinados beneficios, a los altos directivos del Servicio Médico Legal con sus pares del sector salud.
Al explicar esta proposición, el Ejecutivo hizo presente que los funcionarios públicos pueden desarrollar actividades docentes durante su jornada laboral hasta por un máximo de doce horas semanales, conforme a lo que establece el artículo 8º de la ley Nº 19.863, sobre remuneraciones de autoridades de gobierno y cargos críticos de la administración pública y gastos reservados.
Añadió que la presente normativa tiene una excepción: los más altos cargos en hospitales y servicios de salud, seleccionados por el Sistema de Alta Dirección Pública, pueden destinar el máximo de doce horas ya indicado al desarrollo de actividades clínicas o asistenciales, en sustitución de dichas labores docentes.
Ese beneficio, establecido en el artículo 4° de la ley N° 20.261, no puede ser impetrado para los más altos cargos del Servicio Médico Legal.
Además, hay otro beneficio que no alcanza a los funcionarios del Servicio Médico Legal: la retención de la propiedad del empleo establecida en el inciso cuarto del artículo en la ley N° 15.076 no puede ser invocada por quienes desempeñan altas funciones en él.
Para subsanar esta disparidad, el proyecto propone extender al Subdirector Médico , al Director Regional Metropolitano y a los Directores Regionales del Servicio Médico Legal, seleccionados por la Alta Dirección Pública, los beneficios de la utilización de las horas docentes para fines clínicos y asistenciales y la retención del cargo de que ya gozan sus pares en el sector salud.
Señor Presidente, a la luz de estos antecedentes, la Comisión, por la unanimidad de sus integrantes, aprobó esta iniciativa y recomienda a la Sala proceder de la misma manera.
Tal es el informe que puedo entregar en mi calidad de Presidente de la Comisión de Constitución.
Y aprovecho esta oportunidad para hacer un reconocimiento al Presidente saliente de la Comisión , Senador señor Hernán Larraín , por la brillante labor que llevó a cabo durante un año, por su ecuanimidad y por su inteligencia.
Señor Presidente , como señaló el Senador señor Patricio Walker , este proyecto busca resolver un problema práctico del Servicio Médico Legal, el que ha enfrentado enormes dificultades para poder nombrar, con el visto bueno de la Alta Dirección Pública, a los Directores Regionales, precisamente, porque tenían condiciones muy distintas a las de otros profesionales de la salud en los hospitales y otros servicios.
Por eso, aprobamos este texto.
Por mandato de la Sala, correspondió a la Comisión de Hacienda determinar si había normas relacionadas con el Presupuesto o con administración financiera del Estado. Nosotros hemos concluido esta mañana que no hay tales disposiciones. Por eso, quiero sumarme a la solicitud hecha por el Senador señor Zaldívar en el sentido de eliminar el artículo transitorio, que señala: "La aplicación de las disposiciones de esta ley será de cargo del presupuesto del Servicio Médico Legal y no irrogará un mayor gasto fiscal".
En primer lugar, porque no hay nuevo gasto y, obviamente, siendo así, no puede afectarse el presupuesto del Servicio Médico Legal. Y, al mantenerse la norma, pudiera darse lugar a interpretaciones equívocas.
Por tales razones, recomendamos a la Sala aprobar el proyecto de ley y rechazar el artículo transitorio.
Entiendo que hay consenso para aprobar la iniciativa en la forma propuesta. La Comisión de Constitución la acogió por unanimidad, de manera que, salvo que hubiera alguna objeción, podemos darla por aprobada, con excepción del artículo transitorio, según solicitó el Senador señor Zaldívar en representación de la Comisión de Hacienda.
¿Me permite, señor Presidente ? Deseo fundamentar el voto.
Señor Presidente , está de más explicar la importancia de esta repartición estatal, a la que, como todos sabemos, se recurre en momentos muy difíciles.
Por eso, si uno analiza la situación de sus profesionales, advierte que tienen sueldos y regímenes de trabajo totalmente distintos. Este proyecto de ley lo que hace es justamente avanzar en mejorar sus condiciones de trabajo y terminar con ciertas incompatibilidades que los afectan para ejercer sus cargos.
Estoy seguro de que los Senadores que representan a las Regiones, y especialmente a la ruralidad, conocen el drama de muchas comunas en donde, frente al fallecimiento de un familiar en un día festivo o en fin de semana, no hay médico para hacer la autopsia y, por lo tanto, los deudos deben esperar viernes, sábado y domingo para recibir el cuerpo del occiso, con el tremendo dolor por haber perdido, primero, a un familiar y por comprobar, después, que no les entregan el cadáver para proceder a darle cristiana sepultura.
Por lo tanto, voy a apoyar este proyecto de ley porque, si bien es cierto que no resuelve todos los problemas del Servicio Médico Legal, va en la línea correcta de generar condiciones para que haya más postulantes y, en especial, para que aquellos que en este minuto se desempeñan como profesionales en él puedan tener un régimen que les permita evitar su fuga.
Como muchos señores Senadores se están inscribiendo para fundamentar el voto y la Mesa no puede prohibir que lo hagan, les rogaría que...
Bórreme, señor Presidente .
Tampoco intervendré.
Entonces, si le parece a la Sala, se aprobará en general y en particular el proyecto, sin el artículo transitorio.
--Por unanimidad, se aprueba en general el proyecto; por no haberse presentado indicaciones, se aprueba también en particular, y queda despachado en este trámite.
La señora PÉREZ ( Ministra de Justicia ).-
Señor Presidente , deseo agradecer la votación favorable al proyecto, cuyo fundamento es avanzar en igualdad; corregir la situación de mayor complejidad en la cual se encuentran hoy día los directivos del Servicio Médico Legal y, además, considerar el importante avance que ha implicado la modernización en términos de Alta Dirección Pública.
Hoy día, como se expresaba anteriormente, el Servicio Médico Legal tiene el porcentaje más alto de concursos desiertos debido a las dificultades que enfrentan los facultativos para postular a los cargos.
El señor ESCALONA (Presidente).- Deseo proponer que la Sala del Senado acuerde enviar un saludo al papa recientemente electo, Francisco, haciéndole llegar, naturalmente, los parabienes de la Corporación.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que declara feriado el día 7 de junio para la Región de Arica y Parinacota, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6967-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 52ª, en 3 de octubre de 2012.
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 92ª, en 8 de enero de 2013.
El objetivo de la iniciativa es declarar feriado en dicha Región el 7 de junio de cada año, en conmemoración de la Toma del Morro, ocurrida en tal día de 1880.
La Comisión discutió el proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único y le dio aprobación por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Bianchi, Orpis, Rossi, Sabag y Zaldívar, en los mismos términos en que fue despachado por la Honorable Cámara de Diputados.
El señor ESCALONA (Presidente).- Recuerdo a la Sala que se acordó tratar la iniciativa sin debate, de manera que voy a abrir la votación de inmediato.
Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Senador señor Orpis.
Señor Presidente , me voy a tomar más de cinco minutos, porque creo importante que el Parlamento conozca la historia en toda su dimensión.
El 7 de junio es una fecha trascendental para Chile, y especialmente para Arica.
Los ariqueños, año tras año, vibran con el recuerdo glorioso de la mayor gesta de la Infantería del Ejército, que en 55 minutos logró tomar, con su empuje, el bastión más artillado del Perú en la Guerra del Pacífico , gracias al ingenio de Pedro Lagos Marchant.
Pero no siempre coinciden en la historia las victorias militares con las posteriores negociaciones políticas.
En el caso de Arica, afortunadamente se dio, pero no de manera inmediata. No fue un 7 de junio de 1880, como todo el mundo supone. En verdad, la soberanía plena sobre el Departamento de Arica tiene una historia bastante más compleja. Debieron pasar 49 años para alcanzar la plena soberanía sobre el departamento de Arica. Se trata del último territorio anexado a nuestro país.
El Tratado de Ancón , celebrado en 1883, entró en vigencia en 1884. Junto con poner fin a las hostilidades entre Chile y Perú, se incorporó la Región de Tarapacá al territorio nacional.
Sin embargo, la situación de Arica y Tacna quedó pendiente. El destino final de ambas ciudades quedó subordinado a un plebiscito que se celebró diez años después de la firma de ese convenio internacional; es decir, en 1894.
Para que operara el referéndum, el artículo III del mencionado Convenio, ambos países debían suscribir un protocolo especial que fijaría las condiciones del plebiscito. Este instrumento se consideraba parte integrante del Tratado. No obstante, solo en 1892 ambas naciones comienzan a negociar el protocolo especial.
Chile y Perú no logran ponerse de acuerdo y se solicita la mediación de Estados Unidos, para que actuara como árbitro y fijase las condiciones del plebiscito.
Estados Unidos hace un primer intento cuando nombra al General Pershing, con el objeto de lograr un acuerdo entre las Partes. No obstante, fracasa en dicho intento.
En forma posterior, se realiza un segundo intento, que tampoco se materializa.
El problema de Arica y Tacna solo viene a despejarse cuando Chile y Perú llegan al convencimiento de que es imposible practicar el plebiscito y, por tanto, la única salida es repartir el territorio mediante una negociación directa, dejando el departamento de Tacna para Perú y el de Arica para Chile.
Tal decisión fue fuertemente impulsada por el Ministro de Relaciones Exteriores de la época, don Conrado Díaz Gallardo . Y esta visión la asume con mucha fuerza el Presidente Ibáñez en su primer mandato, razón por la cual nombra en Lima al ex Presidente de la República Emiliano Figueroa , quien jugó un rol fundamental en las negociaciones del Tratado de 1929.
La pregunta que surge -y aquí viene lo central, señor Presidente , y ojalá la Sala tome mucha atención- es qué pasó con los territorios correspondientes a los departamentos de Tacna y Arica en esos 49 años; es decir, entre el Tratado de Ancón y el de 1929.
Chile estaba en posesión de esos territorios.
Y aquí aflora un asunto muy trascendente y que cada día cobra más vigencia. El tema boliviano siempre estuvo presente durante este período en que la posición chilena se movió de un extremo a otro.
Sin duda, el hecho histórico más relevante en esta materia ocurrió en 1895.
Se trató de una negociación muy amplia con Bolivia. Se celebraron tres acuerdos, los Tratados de mayo de 1895.
En ese marco, nuestro país estuvo dispuesto a entregar Arica y Tacna a Bolivia en la medida en que se ganara el plebiscito. Y, si este se perdía, según dicho Convenio, Chile estaba dispuesto a entregar caleta Vítor hasta Camarones .
El artículo 2 del Tratado especial de transferencia fronteriza, señala textual: "Si a consecuencia del plebiscito que haya de tener lugar, en conformidad al tratado de Ancón o en virtud de arreglos directos, adquiriese la República de Chile dominio y soberanía permanente sobre los territorios de Tacna y Arica, se obliga a transferirlos a la República de Bolivia ".
Y el artículo 4 del mencionado instrumento establece: "Si la República de Chile no pudiese obtener en el plebiscito o por arreglos directos la soberanía definitiva de la zona en que se hallan las ciudades de Tacna y Arica, se compromete a ceder a Bolivia la caleta Vítor hasta la Quebrada de Camarones u otra análoga".
El Tratado de Paz y Amistad celebrado el 18 de mayo de 1895 con Bolivia, confirma la soberanía de Chile sobre los territorios al sur del Loa y hasta el paralelo 23.
El tercer Tratado, celebrado con Bolivia el 18 de mayo, se refería a materias de carácter comercial.
Estos tres Convenios, no solamente fueron negociados por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores Barros Borgoño, sino que fueron ratificados por el Parlamento chileno el 31 de diciembre de 1895.
El 25 de febrero de 1897, Bolivia aprobó los Tratados de mayo de 1895, con una reserva que era inaceptable para Chile, pues se establecía que si nuestro país entregaba Vítor u otra caleta similar para construir el puerto, correspondía al Poder Legislativo boliviano pronunciarse si el puerto y la zona que ofrecería Chile en sustitución de Tacna y Arica reunía o no las condiciones.
Esa limitación fue objetada inmediatamente por el recién asumido Presidente Federico Errázuriz Zañartu . Por lo tanto, el Congreso chileno no aprobó los protocolos complementarios, que eran parte esencial de esos instrumentos. A partir de ahí, cambia la posición chilena y, posteriormente, se estuvo dispuesto a entregar un corredor con soberanía. Luego, se celebró el Tratado de 1904, en que se excluye cualquiera de estas tesis.
En definitiva -es lo que quiero resaltar en esta oportunidad-, el 7 de junio trasciende meramente a un feriado, porque esto tiene que ver con la chilenidad, con la soberanía. Y en estos momentos, cuando los límites de la parte norte de nuestro país, sean de carácter marítimo o terrestre, son cuestionados por los países limítrofes, es fundamental revindicar esa fecha como el día en que Chile tomó posesión de esos territorios, aun cuando adquirió plena soberanía de ellos con el Tratado de 1929.
Por eso, el 7 de junio es para revindicar no solo esa gesta histórica, sino el compromiso de Chile de potenciar y desarrollar el territorio donde la soberanía no solo se realiza con acciones de carácter militar, sino con desarrollo y poblamiento.
Señor Presidente , concurriré a la aprobación de este importante proyecto de ley, que tuvo su origen en una moción.
¿Su Señoría hará una disertación como la del Senador señor Orpis?
Voy a realizar un esfuerzo de síntesis, señor Presidente , lo que le cuesta mucho al Senador señor Espina .
Me voy a saltar los elementos históricos a que hizo mención el Senador señor Orpis .
Efectivamente, uno podría decir que el 7 de junio es una fecha importante, más allá de lo que voy a señalar respecto de los elementos identificatorios de la cultura ariqueña, del Norte Grande.
Desde el punto de vista militar, el 7 de junio se inicia el camino hacia el ejercicio de la soberanía plena por parte del Estado de Chile al anexar territorios que hoy día nos enorgullecemos de que sean parte de nuestro país. Y, de hecho, esto es particularmente importante si consideramos tanto la permanente demanda marítima boliviana -que indudablemente genera incertidumbre en nuestra Región y muchas veces ha afecta las inversiones-, como también el litigio que tiene a Chile y al Gobierno peruano enfrentados en la Corte de La Haya, dada la demanda terrestre-marítima de este último.
Pero más allá de esto, que tiene aspectos militares, aspectos de ejercicio de soberanía, aspectos de diplomacia -aquí se mencionaron varios tratados con Bolivia e igualmente los Tratados de Ancón y de 1929-, yo quiero reivindicar la importancia del día 7 de junio en lo que dice relación con las tradiciones más preciadas del pueblo ariqueño.
Porque la verdad es que parte de la identidad de Arica, de lo que refleja lo que son los ariqueños, es la pampa y el salitre; es la cultura aimara, que puebla principalmente la provincia de Parinacota, pero también, por cierto, Arica; es la Junta de Adelanto y la historia de desarrollo de la Región propiciada por un grupo de hombres con visión de futuro que tomaron la decisión de sacarla adelante y superar su estancamiento; es la cultura chinchorro, que hoy día sentimos el orgullo de estar exportando al mundo -hay una petición del Gobierno japonés para mostrar a su pueblo una momia de esa cultura, lo cual es tremendamente importante; aquí alguien me dice que hay que oponerse; al contrario, yo creo que Arica crece en la medida que se muestra al exterior en todas sus dimensiones, particularmente en el arte, en la cultura-; es la historia de su puerto, de la agricultura en el Valle de Azapa, de los afrodescendientes, en fin.
No soy partidario de establecer cada vez más feriados, como lamentablemente lo hemos hecho en los últimos tiempos. Muchos de estos no tienen una clara justificación. Los feriados que -entre comillas- se chutean para un viernes o un lunes, a fin de "hacer sándwich", evidentemente no representan una fecha que se quiera conmemorar, que se quiera resaltar, que se quiera celebrar, que tenga importancia para el alma nacional o regional. Pero pienso que sí hay efemérides que para las Regiones son relevantes, por su historia, por su cultura, por sus valores, por sus tradiciones.
Desde ese punto de vista, se justifica plenamente establecer el 7 de junio como feriado regional. Así como el 16 de julio hoy es feriado nacional -partió con una moción del ex Diputado Pérez Opazo para declarar ese día como feriado regional, justificándolo en que tenía que ver con la identidad del Tamarugal, de la Región de Tarapacá-, para Arica es fundamental que el 7 de junio sea feriado a fin de que la gente pueda celebrar esa fecha como lo hace todos los años: primero, en la cima del Morro de Arica, y posteriormente, en todos los rincones de la ciudad.
Así que les agradecemos a los colegas que nos acompañan el que este proyecto se haya podido colocar en la tabla de Fácil Despacho y podamos aprobarlo esta tarde.
Sé que ello traerá mucha alegría al pueblo de Arica, por cuanto de alguna manera -como dije- significará el reconocimiento a una fecha de gran valor, desde el punto histórico y cultural, para cada uno de sus habitantes.
Señor Presidente , voy a aprobar esta iniciativa porque, indudablemente, el conmemorar el 7 de junio es muy importante para Arica y Parinacota, ya que implica dar un merecido reconocimiento a todos aquellos héroes que, gracias a la gesta de ese día, permitieron que esa Región fuera próspera y alcanzara el desarrollo que vive actualmente.
Sin embargo, quiero aprovechar este momento para llamar la atención de la Comisión de Educación del Senado.
Así como hoy apruebo con alegría este feriado regional, espero que a futuro también se pueda declarar así el 21 de septiembre, que recuerda la toma de posesión del Estrecho de Magallanes. Se trata de un hecho relevante para la Duodécima Región, puesto que ese día la goleta Ancud, tripulada por chilotes, tomó posesión del Estrecho y, de ese modo, permitió que gran parte de esa zona se incorporara al territorio nacional e impidió que los franceses tomaran posesión de ella.
Fue un acontecimiento trascendental no solamente para Magallanes, sino también para Chile. Lamentablemente, no se nombra en ningún texto de historia, a pesar de las promesas de todos los ministros de Educación de los diversos Gobiernos que hemos tenido en nuestro país.
Creemos que celebrar el 21 de septiembre es importante y, por eso, reitero mi llamado a la Comisión de Educación para que le dé debido trámite a la iniciativa pertinente. Se trata de un hecho simbólico que debe ser de conocimiento de todos los estudiantes y de todas las chilenas y chilenos.
Como Senador por la Región de Los Lagos, suscribo enteramente la petición del Honorable señor Muñoz Aburto .
Si les parece, el oficio al señor Ministro de Educación en lo relativo al rol cumplido por la goleta Ancud en la posesión del Estrecho de Magallanes será enviado en nombre del señor Senador y en el de la Sala.
Está inscrito a continuación el Honorable señor Bianchi, quien no se encuentra en el Hemiciclo en este momento.
Por tanto, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
Esta significa una gran señal de descentralización. Las Regiones deben tener identidad propia. Forma parte de su quehacer el destacar sus fechas importantes, a fin de vivirlas, regocijarse con ellas y, particularmente, celebrarlas.
Este proyecto tuvo su origen en una moción del Diputado Orlando Vargas y fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Cámara Baja, lo cual es tremendamente positivo. Y en el Senado ha recibido la misma acogida.
Siento que esto forma parte de la deuda que se tiene con las zonas extremas, en especial con Arica, la cual comienza a saldarse con la voluntad positiva que se manifiesta ahora.
Pero eso no es todo. Hay situaciones que se deben retomar, principalmente la preocupación por la inversión pública en las zonas extremas.
En tal sentido, señor Presidente , el aprobar por unanimidad que Arica y Parinacota celebren el 7 de junio significa todo lo que aquí se ha dicho: una revisión histórica; una actualización de la demanda de las Regiones, pero, más que nada, implica una señal muy positiva del Senado de la República en orden a ratificar que a ellas les asiste el derecho a tener identidad propia.
Señor Presidente , esta iniciativa, en segundo trámite constitucional, que declara feriado el día 7 de junio para la Región de Arica y Parinacota, efectivamente la analizamos en la Comisión de Gobierno.
Y quiero sumarme a lo ya manifestado por los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra y, fundamentalmente, a lo expresado por mi colega el Senador Muñoz Aburto , quien ha solicitado que también sea declarado feriado el día 21 de septiembre, fecha en que arribó la goleta Ancud a la Región de Magallanes.
Pero esta petición no ha tenido el fin que hubiésemos deseado.
Siento que el tema de los feriados en nuestro país tendremos que analizarlo más temprano que tarde. Recuerdo haber conversado en su momento con el Ministro Secretario General de la Presidencia del anterior Gobierno y con el actual titular de esa Cartera, el señor Larroulet. Pienso que se hace absolutamente indispensable revisar esta materia, sobre todo en lo relativo a los feriados en Regiones.
Si bien es posible que no sea necesaria una declaración como feriado nacional, sí corresponde que se conmemore, por ejemplo, lo que nosotros logramos con mucho éxito hace dos años, cuando se declaró feriado el día en que una localidad tan importante como Puerto Natales, de la provincia de Última Esperanza, cumplía un siglo de vida. Y este Senado, cada uno de ustedes, me acompañó en esa oportunidad con su voto para que esa ciudad, que conmemoraba su centésimo aniversario, pudiera tener un día feriado.
Me correspondió estar en ese lugar y ver cómo toda la comunidad se volcaba a las calles, sin excepción alguna (los servicios públicos, el área privada), y cómo se vibraba y se vivía aquello con esa forma tan propia de las Regiones.
En tal sentido, no solo me sumo con mi voto favorable al proyecto que ahora nos ocupa, sino que pido revisar las distintas mociones existentes sobre la materia, para que, por la trascendencia de las fechas que en ellas se señala, cada una de las Regiones tenga su respectivo feriado. Al menos nosotros, como Región de Magallanes, insistiremos en solicitar que se apruebe el proyecto que declara el 21 de septiembre, si no como feriado nacional, al menos como feriado regional.
Esa es una materia que deberemos discutir.
Por eso, me pliego a la solicitud del Senador Muñoz Aburto en cuanto a que la Comisión especializada, en este caso la de Educación, le dé algún grado de prioridad a dicha iniciativa, para resaltar una fecha tan especial e importante para Chile entero como lo es el 21 de septiembre.
Mientras, hoy votaremos favorablemente el proyecto que declara feriado el 7 de junio para la Región de Arica y Parinacota.
El mío no quedó registrado.
Se agregará el voto del Senador señor Espina, que no quedó registrado.
--Se aprueba en general el proyecto (29 votos afirmativos) y, por no haberse presentado indicaciones, queda aprobado también en particular.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Chahuán, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte y Zaldívar (don Andrés).
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón para un punto de reglamento.
Señor Presidente , la bancada democratacristiana solicita cambiar el acuerdo que adoptaron ayer los Comités en orden a extender el Orden del Día de hoy hasta las 21 y levantar la sesión antes. Ello, por cuanto a las 19 se realizará una presentación de gala de la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea de Chile con motivo de la celebración de su Octogésimo Tercer Aniversario, que se llevará a efecto en el Salón de Honor del Congreso Nacional y a la cual estamos todos invitados.
No habría inconveniente, señora Senadora. Pero tendríamos que reemplazar ese acuerdo por una sesión especial para el próximo martes, de 12 a 14, con el objeto de recuperar el tiempo que perderemos al finalizar anticipadamente el Orden del Día de hoy.
Señor Presidente , la solicitud que formulamos en el sentido de extender el Orden del Día de esta sesión hasta las 9 de la noche tenía por finalidad continuar tramitando el proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre.
Entiendo lo que se señala respecto a la celebración del nuevo aniversario de la Fuerza Aérea. Pero me gustaría que se mantuviera el acuerdo adoptado por los Comités en cuanto a que el martes y el miércoles de la próxima semana sesionáramos hasta las 21 para tratar de despachar dicha iniciativa. Si no, estaremos discutiendo el mismo proyecto todas las sesiones.
O sea, no citaríamos a sesión especial el martes 19, de 12 a 14, sino que alargaríamos hasta las 9 de la noche las sesiones ordinarias de la próxima semana.
Es más cansador. Pero está bien. ¡Si el ánimo está tan pletórico de vitalidad...!
Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín,
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente , ¿van a asistir al referido concierto los señores Senadores que quieren levantar antes la presente sesión?
Porque, en lo personal, si no se continúa hasta las 21, no iré...
Yo al menos sí concurriré.
Yo preferiría trabajar tal cual estaba programado.
Hay varios señores Senadores que tienen interés por participar en dicha actividad.
Señor Presidente , la petición la hice en nombre de mi bancada. Quiero ser tremendamente responsable con ello.
Ayer no estábamos todos presentes en la Sala para debatir el proyecto sobre televisión digital. Y ahora ocurrirá algo similar.
Simplemente, estoy previendo lo que pasará hoy con una actividad, además del Congreso, a la que al menos debieran concurrir el Presidente y el Vicepresidente de esta Alta Corporación.
Varios de los Senadores presentes asistiremos a ella, por respeto a la rama de las Fuerzas Armadas a la que homenajearemos.
La verdad es que fue penoso ver ayer cuántos parlamentarios estábamos en la Sala para discutir la referida iniciativa, que por cierto es bastante relevante.
Como hoy día hay una actividad que el Senado organiza, pedimos que se acorte la hora de término de esta sesión. Y, tal como lo señaló el colega Prokurica, podemos tomar las providencias del caso y extender las jornadas de la próxima semana para terminar la tramitación del proyecto sobre televisión digital terrestre.
Señor Presidente , efectivamente, considero importante despachar con cierta premura la iniciativa que permite la introducción de la televisión digital terrestre, pues su tramitación ya lleva demasiado tiempo.
Por eso, yo mantendría la sesión especial de 12 a 14, sin perjuicio de prolongar las sesiones ordinarias de la próxima semana y así poder sacar adelante un proyecto de esta naturaleza, lo cual muchas veces...
Habrá cambio de Mesa.
También tendremos dificultades por el cambio de presidencia en las Comisiones. En fin.
Por consiguiente, sugiero mantener la sesión especial y prolongar las sesiones ordinarias del martes y el miércoles de la próxima semana hasta las 9 de la noche.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende, para un asunto de reglamento
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, quiero pedir que se fije un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto sobre creación del Fondo de Desarrollo del Norte y de Comunas Mineras de Chile (FONDENOR). Ello, con el fin de que el Ejecutivo pueda enviar las suyas.
La verdad es que solicité antes que se ampliara dicho lapso, pero este venció y el Gobierno no envió sus indicaciones respecto a ese proyecto.
Por tal motivo, pido ampliar el plazo nuevamente, que puede ser hasta la próxima semana.
¿Le parece a Su Señoría que lo fijemos hasta el próximo lunes, a las 12
Es muy poco, señor Presidente. Que sean dos semanas.
La semana subsiguiente es regional. De modo que el plazo tendría que establecerse hasta el lunes 1° de abril, a las 12.
No, señor Presidente . La próxima semana habrá sesiones. Así que prefiero que el plazo sea hasta el martes que viene.
Entonces, se fijará plazo para presentar indicaciones a la referida iniciativa hasta el martes 19, a las 24, en la Secretaría de la Comisión de Minería y Energía.
Conforme al acuerdo adoptado por la Sala, corresponde tratar en primer lugar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley sobre Donaciones con Fines Culturales, contenida en el artículo 8° de la ley N° 18.985, con segundo informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
Hacienda (segundo): sesión 100ª, en 5 de marzo de 2013.
Sesión 36ª, en 18 de julio de 2012 (se aprueba en general).
La iniciativa fue aprobada en general por el Senado en su sesión del 18 de julio de 2012.
La Comisión deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 4°, 5°, 7°, 13, 15, 16, 17 y 18 permanentes y los artículos 1° y 2° transitorios, contenidos en el artículo único del proyecto, no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que deberían darse por aprobados, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador solicite, con el respaldo de la unanimidad de los presentes, su discusión o votación.
Señor Presidente , hay una norma respecto de la cual existe un posible problema de constitucionalidad, que se encuentra en el artículo 1° del Título I, "Definiciones".
Fue aprobada por mayoría de votos, así que tiene que votarse de todas maneras.
Entonces, se darán por aprobados los artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.
La Comisión de Hacienda realizó diversas modificaciones al texto despachado en general, las cuales fueron aprobadas por unanimidad, con excepción de una de ellas, que será puesta en discusión y votación oportunamente.
Las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición o existan indicaciones renovadas.
Señor Presidente , la modificación del párrafo primero del número 1) del artículo 1° efectivamente fue aprobada por unanimidad (4 votos afirmativos). Mediante ella se suprime en dicho párrafo la frase "y particulares reconocidos por el Estado".
Yo pido votación separada de esta norma.
Se toma nota de la solicitud de votación separada planteada por Su Señoría. Y, si no hubiera objeción, se aprobarían las demás enmiendas unánimes.
--Se aprueban las modificaciones acordadas por unanimidad en la Comisión de Hacienda, excepto la recaída en el párrafo primero del N° 1) del artículo 1°.
Correspondería resolver primero, entonces, la norma para la cual el Senador señor Novoa ha pedido votación separada -página 1 del comparado- en el artículo 1º, número 1), párrafo primero, respecto de la modificación introducida que suprimió la frase "y particulares reconocidos por el Estado", norma que figura en la legislación vigente y en el texto aprobado en general por la Comisión de Hacienda (primera y segunda columnas, respectivamente, del boletín comparado).
Por lo tanto, en dicha disposición se entenderían por beneficiarios "a las universidades e institutos profesionales estatales, a las bibliotecas abiertas al público en general o a las entidades que las administran,", etcétera.
En discusión la supresión de la aludida frase.
Tiene la palabra el señor Ministro, quien la había pedido con antelación.
Efectivamente, el Ejecutivo respalda lo que ha señalado el Senador Novoa, por cuanto se estima inconstitucional que algunas universidades reciban determinado beneficio y otras no. Además, por ser ello parte de la legislación original -que tiene más de 20 años-, estimamos que debe reincorporarse a las entidades de educación superior que fueron excluidas en la Comisión de Hacienda.
Si la Sala lo permite, quiero modificar la hora fijada recién para la presentación de indicaciones relativas al proyecto sobre el FONDENOR. Propongo que el plazo para tal efecto rija hasta el próximo martes, a las 12, de manera que la Secretaría de la Comisión las pueda procesar debidamente.
A continuación, se encuentra inscrito el Honorable señor García para hacer uso de la palabra.
Señor Presidente , el artículo 1º del proyecto que modifica la Ley sobre Donaciones con Fines Culturales, llamada también, con toda justicia, "Ley Valdés", entrega las definiciones para los objetivos que persigue la normativa, siendo la primera la relativa a los beneficiarios, es decir, quiénes pueden recibir donaciones con fines culturales.
El texto aprobado en general por la Comisión de Hacienda señala que son beneficiarios "las universidades e institutos profesionales estatales y particulares reconocidos por el Estado". Mediante una indicación se eliminó la frase "y particulares reconocidos por el Estado". Por lo tanto, se restringió la posibilidad de recibir donaciones con fines culturales solo a las universidades e institutos profesionales estatales, quedando fuera, por ejemplo, las Universidades Católica, de Concepción, Técnica Federico Santa María , Austral de Chile y varias otras que, en estricto rigor, no son estatales, aun cuando parte importante de su financiamiento lo obtienen a través de fondos públicos.
En dicho órgano técnico estuve a favor de esa indicación, básicamente porque el argumento dado fue que las universidades tenían su propia ley de donaciones. Sin embargo, me parece que dejar a importantes instituciones de educación superior sin la posibilidad de recibir donaciones con fines culturales constituye una discriminación claramente arbitraria, puesto que lo que finalmente importa es que tales recursos se destinen a los proyectos culturales de mayor significación para la población, a cargo de entidades que, además, hayan demostrado a través del tiempo tener una agenda de actividades culturales intensa y meritoria, abriendo sus puertas y brindando posibilidades a todas las expresiones artísticas y a todos los artistas de nuestro país.
Por eso, estimo que debiéramos rechazar lo propuesto en la referida indicación, aprobada por la Comisión de Hacienda, y dejar abierta la factibilidad de entregar donaciones culturales particularmente a ese tipo de universidades, de tal manera que la actividad cultural sea más amplia y diversa, porque es lo que finalmente enriquece el alma de nuestro país.
Señor Presidente , no cabe duda de que la legislación original, cuyo inspirador fue nuestro colega el Senador Gabriel Valdés, debe ser perfeccionada, y el Ejecutivo ha pretendido hacerlo en este proyecto a través de la incorporación de nuevos beneficiarios, como los proyectos destinados a restauración y conservación de nuestro patrimonio, lo que considero especialmente acertado; y las empresas de menor tamaño cuyo giro sea artístico o cultural.
Adicionalmente, se precisan normas respecto de las retribuciones culturales que deben realizar los beneficiarios de las donaciones en favor de la comunidad, así como mayores puntualizaciones en cuanto a la supervisión del uso de los recursos.
Por eso, yo también había pedido la palabra en el momento en que intervino el Honorable señor Novoa , porque coincido plenamente con él en cuanto a la indicación que eliminó a las universidades e institutos profesionales particulares del beneficio. Con ello, resulta evidente que se afecta a instituciones tan importantes como las Universidades de Concepción y Católica, y a muchos otros institutos, que prestan grandes servicios culturales.
La Universidad de Concepción no es mucho lo que recibe por tal concepto, pero parte de esos aportes los destina especialmente a su orquesta sinfónica, que ofrece conciertos en todas las comunas rurales gracias a ellos.
Por consiguiente, me parece que lo sugerido aparte de ser discriminatorio es absolutamente injusto y va a tener impacto en instituciones de educación superior que están prestando grandes servicios en sus respectivas zonas.
De ahí que coincido por completo en que el proyecto original enviado por el Ejecutivo es el que debemos aprobar. Por ello, en la votación separada que se ha pedido para la norma en cuestión, intentaremos restituir, por lo menos con mi voto, lo que venía en dicha iniciativa.
Dentro de los cambios adoptados también por la Comisión se encuentra el reemplazo de los parlamentarios en ejercicio como representantes del Congreso ante el Comité Calificador de Donaciones Privadas por ex Senadores y ex Diputados, según corresponda.
Sin embargo, se entrega a un reglamento la regulación de las distintas formas de retribución, lo que puede ser comprensible por cuanto se trataría de asuntos menores. Pero ello refleja una tendencia del último tiempo a reservar parte de la función legisladora al Ejecutivo , en desmedro, por supuesto, de nuestro Parlamento. Cuando se trata de materias técnicas menores, es una decisión incuestionable, sin embargo no puede constituirse en una práctica habitual.
Por eso, señor Presidente , votaré favorablemente en particular este proyecto, y trataremos de restituir lo que se suprimió con la referida indicación, que impide la participación a prestigiosas universidades de nuestro país en temas culturales, como la Universidad de Concepción.
Señor Presidente , los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra han expresado con claridad la razón por la cual solicité votación separada de la norma propuesta.
A mi juicio, lo aprobado por la Comisión corresponde efectivamente a una discriminación arbitraria, por lo tanto, deberíamos rechazarlo.
Señor Presidente , como hay varios colegas en la Sala que son abogados, quizás podrían ayudar a que se usen los conceptos en forma adecuada.
La ley permite discriminaciones. Cuando uno dice que hay una discriminación arbitraria tiene que ver con una calificación específica. Yo haría un llamado a eliminar ese concepto, porque el que se discrimine y se señale que solo las universidades estatales y no otras percibirán el beneficio, no es arbitrario.
Puede que ello no se comparta. Pero, primero, debemos ser muy rigurosos en el uso del lenguaje. Aquí no hay una discriminación arbitraria a las universidades privadas, sino un juicio político, una decisión al respecto. Algunos de los colegas que usaron de la palabra quizás han encauzado mal este debate.
Los problemas que existen son tres.
En primer lugar, la historia de las donaciones culturales del último tiempo nos muestra que el listado de los receptores -y aquí se halla presente el señor Ministro del ramo, quien puede desmentirnos en caso de que estemos equivocados- se encuentra altamente concentrado en unos pocos actores, que tienden a representar ciertos intereses y segmentos societales bastante acotados. Ellos concentran no solo el número de donaciones, sino, por sobre todo, la cantidad de recursos asignados. Un dato que nos tiene que hacer reflexionar acerca de cuál es el sentido más profundo de la ley en proyecto.
Lo segundo que quiero indicar es que la iniciativa en análisis no corresponde a la única legislación referida a donaciones. Hay, a lo menos, tres instrumentos sobre el particular: la Ley sobre Donaciones a Universidades e Institutos Profesionales, la Ley sobre Aportes a Ciencia y Tecnología y la Ley sobre Donaciones con Fines Culturales.
Por lo tanto, no tratemos de distorsionar el debate, porque en nuestro país existe un conjunto de normativas y una flexibilidad tremenda al respecto, que facilita que particulares puedan donar recursos a una universidad privada.
Aquí, bajo el argumento de los buenos, se ha hecho alusión a las Universidades de Concepción; Federico Santa María , que más que donaciones culturales necesita aportes para hacer más ciencia, dado que es un plantel de excepción extraordinario en dicho ámbito, y otras, como la Pontificia Universidad Católica, pero no es el tema de discusión.
Y el tercer problema radica en que al poner el concepto "y particulares reconocidos por el Estado" podríamos estar abriendo la puerta a establecimientos de educación superior como la Universidad del Mar, pues, como dijo y demostró el programa Esto no tiene nombre, a veces ha habido dueños de universidades que han originado escándalos dramáticos. Y no seré partícipe en la aprobación de un texto con un lenguaje de tal índole, más aún cuando no se aviene con el propósito principal del proyecto de ley en debate. El objetivo central de la iniciativa que nos han presentado acá dice relación con ampliar los aportes de las donaciones a los bienes tangibles e intangibles de desarrollo y valor patrimonial.
Aquí se nos está tratando de invitar a que abramos una ventana innecesaria en este momento, con un lenguaje del todo inadecuado, para que cualquier entidad particular de educación superior reconocida por el Estado pueda ser objeto de donaciones culturales.
A mi juicio, lo prudente -y llamaría a mis colegas a la prudencia en esta materia: lo quiero decir con mucha responsabilidad- sería que primero terminemos la discusión que estamos realizando en el Congreso Nacional acerca del sistema de acreditación de las universidades; de cómo vamos a regular de mejor forma situaciones indeseadas de lucro en la educación superior, en circunstancias de que ello no debiera existir. Y una vez que despejemos esas cuestiones, podremos ir acotando una forma de, por cierto, incorporar a otras entidades, como las que se mencionan acá, pero que no pueden agruparse bajo la categoría de "todas las instituciones particulares reconocidas por el Estado", porque eso podría generar en la educación superior un fenómeno muy negativo.
Y pediría que en esta materia tratáramos de evitar una discusión ideológica y que más bien hiciéramos un debate práctico. Porque no tengo ningún problema...
Decía que no tengo inconveniente alguno en que Universidades como la de Concepción, Pontificia Universidad Católica, Federico Santa María , si correspondiera, reciban donaciones culturales. Pero aquí se incorporan cerca de tres docenas más de instituciones universitarias y para qué hablar de cuántos institutos.
En verdad, estimo que aquí deberíamos hacer una reflexión más detenida.
Señor Presidente , considero que hay que mantener lo que se votó en la Comisión de Hacienda. Asimismo, hemos de hacernos cargo de los datos -no sé si el señor Ministro los habrá repartido durante el debate en la Comisión, pero el Senador Frei, quien por desgracia no nos acompaña hoy, dio ejemplos tremendos de cuán distorsionada se halla la situación- que validan el que la frase en comento la mantengamos fuera del texto que vayamos a aprobar.
Señor Presidente , quiero llamar la atención sobre el particular, porque en definitiva lo que se pretende hacer es establecer un margen, un límite, una barrera de entrada.
Sin embargo, el propio artículo 1° del proyecto de ley -en la última columna del comparado- menciona "a las corporaciones y fundaciones o entidades sin fines de lucro". Yo estoy de acuerdo con que las universidades privadas no debieran estar incluidas, pero a renglón seguido me dicen que sí han de estar "las corporaciones y fundaciones o entidades sin fines de lucro". Y las universidades, al menos en los hechos, sí persiguen el lucro. Pero en la ley se las define como entidades sin fines de lucro, lo que constituye una mentira del porte de un transatlántico.
Entonces, quiero preguntarle al señor Ministro y a los miembros de la Comisión de Hacienda, órgano que analizó la iniciativa, si en la definición "a las corporaciones y fundaciones o entidades sin fines de lucro" se va a considerar a las universidades, algunas de las cuales son -entre comillas- fundaciones sin fines de lucro.
¿Por qué voy a votar en contra de que tales universidades puedan tener acceso a donaciones con fines culturales?
En 2009, las donaciones a la Universidad de Los Andes alcanzaron los 3 mil 732 millones de pesos, mientras que en 2010 sumaron 4 mil 551 millones. La siguió de cerca la Pontificia Universidad Católica con 3 mil 433 millones de pesos en 2009 y con 4 mil 374 millones en 2010. En el tercer y cuarto lugares se ubicaron la Universidad de Chile: 2 mil 529 millones de pesos el año 2009 y 2 mil 511 millones el 2010, y la Universidad del Desarrollo: 1.205 millones de pesos en 2009 y 1.214 millones en 2010.
De acuerdo con esta información, dentro de las cuatro universidades que reciben más aportes de privados solo hay una estatal: la Universidad de Chile, y cuatro de ellas representan proyectos conservadores en lo valórico y liberales en lo económico, ambos paradigmas de la Derecha gremialista.
Aquí, señor Presidente, no se trata de que uno dona de manera amplia, por el bien común nacional.
El año 2009 las donaciones sumaron un monto global de 14 mil 749 millones de pesos. Pero de esta cifra, más de 8 mil 370 millones se dividieron entre las Universidades de Los Andes, Católica y del Desarrollo. El año pasado, el total de las donaciones escaló a 16 mil 353 millones de pesos, de los cuales 10 mil 139 millones se repartieron en el mismo trío de planteles. O sea, aquí no estamos hablando de donaciones entregadas para el beneficio de la nación, sino de donaciones de particulares a universidades con las que tienen diversas relaciones económicas.
Lo único que quiero aclarar es que no vaya a quedar incorporado dentro de la definición que se halla en el número 1) del artículo 1°: "corporaciones y fundaciones o entidades sin fines de lucro", porque estarían pasándonos gato por liebre. Es decir, claramente en el precepto están excluidas las universidades privadas.
En la última Ley de Presupuestos sostuvimos un gran debate por los 6 mil millones de pesos que se agregaban a las universidades privadas.
A mi entender, señor Presidente , este asunto lo vamos a debatir cuando tengamos claridad, como lo ha dicho el Senador Letelier, sobre cómo se van a acreditar las instituciones de educación superior, cómo vamos a financiar las universidades públicas, cómo se considerarán los aportes basales permanentes. Porque el papá Estado debiera ser demandado por pensión de alimentos respecto de la Universidad de Chile y de las demás universidades estatales, a las que tiene completamente abandonadas.
Entonces, señor Presidente, esta puertita de entrada, que significa un monto elevado de recursos, además es competencia desleal, absolutamente.
Existen mecanismos para hacer más equitativas las donaciones, salvaguardando efectivamente el mérito, el valor social, la pluralidad, porque, en definitiva, es plata de todos los chilenos.
Estoy de acuerdo con que la Universidad de Los Andes, si quiere, pueda hacer proselitismo sobre la base de un concepto de fe, pero que lo realice con su dinero. Porque si les van a dar recursos a la Universidad de Los Andes y a la del Desarrollo, también quiero que se los otorguen a la de Chile, a la Arturo Prat, a la de Valparaíso, a los planteles estatales en general, en igual condición y cantidad. Si no, tenemos un privilegio que, a estas alturas, después del comportamiento que han manifestado las universidades privadas, lejos de tenerlo, debieran ser objeto de fuertes sanciones. Porque el espectáculo que han dado o la trayectoria que han marcado no son de las mejores. Hay excepciones, por cierto. Y estimo un error meterlas a todas en un mismo saco o someterlas a igual evaluación.
No obstante, señor Presidente , también una incorporación como la que se pretende pasa por un debate más profundo.
Yo al menos no estoy disponible para aprobar un artículo que incluya a las universidades privadas si no contempla las condiciones que he señalado.
Por lo tanto, dado que el texto que estamos votando las excluye, me pronuncio a favor del artículo 1°.
Señor Presidente, se ha iniciado un debate importante en la Sala respecto de quiénes pueden ser beneficiarios en el marco de la Ley sobre Donaciones con Fines Culturales.
Yo quiero plantear la posibilidad de que se perfeccione el número 1) del artículo 1º.
Entiendo que el Senador Lagos planteó el punto en la Comisión para eliminar a las universidades privadas de la posibilidad de recibir donaciones culturales. Y, tal como se redactó la indicación de Su Señoría, también quedan marginadas de recibir aquellas donaciones las nueve universidades tradicionales no estatales del Consejo de Rectores.
Ese es en realidad el tema acerca del cual estamos conversando; o sea, de las nueve universidades tradicionales no estatales que forman parte del CRUCH: Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Concepción, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad Austral de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad Católica del Maule y Universidad Católica de Temuco.
El argumento entregado es el de que las universidades ya tienen una normativa legal que les permite recibir donaciones: la ley Nº 18.681. Sin embargo, esta legislación no incluye donaciones para fines culturales. Y ahí reside el problema.
Por último, hay que decir que quedan como beneficiarias las universidades estatales, a las cuales también se les debiera aplicar el argumento anterior.
Entonces, no parece justo ni equitativo excluir de ese tipo de donaciones a las nueve universidades tradicionales antes nombradas.
Todos sabemos que dichos establecimientos tienen una reconocida vocación pública.
Por ejemplo, la Universidad Santa María, que es una fundación, lleva no sé cuántos años instalada en Valparaíso entregando educación con becas. Se orienta fundamentalmente a la enseñanza técnico-profesional, y nunca ha discriminado por razones económicas; al contrario.
La Universidad de Concepción juega un papel bastante similar.
La Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, lleva adelante una actividad muy significativa en el desarrollo de la Cuarta Región, en áreas de las cuales pocas universidades se preocupan: las vinculadas al estudio y preservación de nuestros recursos marinos, a través de la Facultad de Ciencias del Mar.
Señor Presidente , lo que quiero destacar es que esas casas de estudios superiores tienen una vocación pública reconocida y entregan una contribución a toda la sociedad chilena en investigación, en posgrados, en extensión cultural, con una presencia muy relevante en la mayoría de las Regiones de nuestro país.
Me parece que eso no se puede asimilar a la realidad de las universidades privadas creadas con posterioridad a 1980.
En consecuencia, le pido derechamente a la Sala que vuelva el texto a la Comisión de Hacienda para establecer al menos que las universidades no estatales del Consejo de Rectores puedan acceder a las donaciones culturales.
A mí no me interesa que cuenten con esa posibilidad instituciones como la Universidad del Mar, la SEK u otras que, según sabemos, no cumplen ninguna función de orden público ni tienen tradición ni vocación, sino que lisa y llanamente buscan lucrar. Y eso es parte -entiendo- del objetivo que perseguía la indicación del Senador Lagos, quien, al eliminar la posibilidad de que se beneficiaran las particulares, dejó fuera a las nueve universidades tradicionales no estatales del CRUCH.
Reitero mi solicitud para que se recabe el pronunciamiento de la Sala a fin de que el texto regrese a la Comisión para dejar establecido que pueden ser beneficiarias todas las universidades no estatales del Consejo de Rectores.
De no accederse a ello, votaré en contra del artículo 1º, al objeto de retomar el artículo aprobado en general por la Comisión de Hacienda, con la corrección necesaria para establecer el beneficio...
... solo para las universidades que forman parte del Consejo de Rectores.
Es una forma positiva de reconocer el esfuerzo que esos establecimientos tradicionales han hecho durante décadas en pro de la educación superior de nuestro país.
¿Habría acuerdo de la Sala para que el proyecto volviera a la Comisión de Hacienda?
No. Que se vote la norma.
Se puede someter a votación la solicitud del Senador señor Pizarro .
Eso le quería consultar.
En consecuencia, ratificada la petición por Su Señoría, la someteré a votación luego de las intervenciones que restan.
Señor Presidente , quiero señalar en primer término que sería bueno que el debate se hiciera sobre esta iniciativa y no sobre fantasías que sirven para distorsionarlo.
Por ejemplo, el Senador señor Navarro decía que una universidad privada había recibido cuantiosas cifras por concepto de donaciones.
Quiero precisar que ello no se refiere a esta ley de donaciones culturales. Tales conceptos dicen relación con donaciones educativas que no están en análisis en el proyecto que nos ocupa.
Aquí nos encontramos frente a la "Ley Valdés", que se halla circunscrita, es extraordinariamente estricta y respecto de la cual no se conocen donaciones que hayan tenido mal uso.
Por consiguiente, si supiéramos de lo que estamos hablando nos evitaríamos parte del discurso demagógico, ideológico, donde se aprovechan estas cosas para "disparar con ventilador" en materias que no se hallan en cuestión.
En segundo lugar, aquí se excluye algo que ya existe. No se está agregando algo nuevo -contrariamente a lo que pareció sugerir alguien-, sino excluyéndose a un grupo de universidades e institutos profesionales reconocidos por el Estado de la posibilidad de recibir donaciones para fines culturales.
Con ello no solo se le causa un daño a la cultura -porque las referidas instituciones no podrán contribuir al desarrollo cultural del país, y eso constituye un daño objetivo al progreso en dicho ámbito-, sino que, además, se deja fuera arbitrariamente a algunos establecimientos y se otorgan beneficios que, por muchas razones, son contrarios a la Constitución.
Hay a lo menos tres razones que hacen que la supresión propuesta sea inconstitucional.
Primero, la incorporación o la supresión de la calidad de donante inciden directamente en la administración financiera o presupuestaria del Estado.
Y esa no es una interpretación personal de quien habla, sino la del Tribunal Constitucional.
Sobre la materia, dicho órgano ha sostenido que le corresponde al Presidente de la República "ejercer la administración económica de la nación", lo que significa -especifica el Tribunal- que "son atribuciones suyas, entre otras, la de fijar la política tributaria, arancelaria, presupuestaria, de fijación de precios, de remuneraciones", etcétera.
Sin lugar a dudas, proponer beneficios tributarios forma parte de una política tributaria. Ese concepto es propio de la administración financiera o presupuestaria del Estado, la que le corresponde en forma exclusiva al Primer Mandatario , al tenor del artículo 65, inciso tercero, de la Carta Fundamental.
Segundo, aunque sea de manera indirecta, se modifican las exenciones establecidas en la ley. Y ello provoca un efecto en la política tributaria.
En tal sentido, el número 1º del artículo 65 expresa que le corresponde solo al Presidente de la República "Imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza".
Los beneficios tributarios son una forma de condonación tributaria. Y esa atribución se le entrega exclusivamente al Primer Mandatario .
En consecuencia, aunque parezca justificado o no desde un punto de vista de política impositiva, esa acción implica invadir el campo exclusivo del Presidente de la República en materia tributaria.
A ese respecto hay también fallos del Tribunal Constitucional. Podría citarlos, pero no quiero extenderme demasiado, por razones de tiempo.
Y el tercer motivo es el más obvio. Ya se refirió a él el Senador señor Novoa .
En el texto propuesto se establece una discriminación arbitraria al excluirse a instituciones que tienen aptitudes institucionales para llevar adelante actividades de carácter cultural.
En el artículo 19, número 2º, la Constitución asegura a todas las personas "La igualdad ante la ley". Y agrega: "En Chile no hay persona ni grupo privilegiados.". Pero al final establece que se pueden hacer distinciones en la medida que no sean arbitrarias.
¿Es arbitrario o no expresar que unas universidades pueden realizar actividades culturales con beneficios tributarios y otras no? Ciertamente, lo es.
Alguien manifiesta: "Es que se pueden hacer diferenciaciones cuando se trata de universidades estatales y de otras que no lo son". Bueno, es factible realizar tales distinciones si la materia apunta directamente a la naturaleza institucional de que se trata. O sea, yo puedo exigir que en una universidad pública, por ejemplo,...
... el Presidente de la República tenga representación en la junta directiva. Pero en una privada, no.
Esa diferenciación apunta a la índole estrictamente estatal de algunas casas de estudios superiores, pero no le da derecho a intervenir en otras.
Tal discriminación no es arbitraria.
Sin embargo, cuando se apunta al desarrollo de actividades culturales, el cual forma parte de la naturaleza de todas las universidades (las particulares, las del CRUCH, las que no pertenecen a este), se está discriminando en razón de la naturaleza de su función.
Por eso no se justifica tal diferenciación, ni siquiera con respecto a las universidades que no pertenecen al CRUCH, que no se hallan entre las ocho antiguas y que derivaron en muchas otras. Esas, a mi juicio, no son las únicas que quedarían discriminadas si se las marginara del beneficio en cuestión.
En virtud de todas esas consideraciones, señor Presidente -por razones de tiempo no puedo extenderme más-, mi posición es de rechazo, atendido lo inadmisible de la modificación que se plantea.
Señor Presidente, nos encontramos en la discusión particular de un proyecto largamente tramitado, con muchos altos y bajos.
Voy a explicar el sentido de la indicación que presenté.
De las diez universidades que recibieron más donaciones de privados en 2010, una sola es estatal.
Las casas de estudios superiores que recibieron aportes por aquel concepto son conservadoras en lo valórico y liberales en lo económico y tienen una matrícula compuesta básicamente por alumnos de estrato alto.
Cuando uno dicta una ley de donaciones lo que hace es decirles a los chilenos, por ejemplo, que el fundador y dueño de la Universidad de Los Andes, el señor Fernández León , decidirá cómo gastar el 19 por ciento de impuesto que paga la señora Juanita cuando compra un litro de leche y que el Fisco deja de recaudar.
Eso ocurre cuando se otorga una franquicia tributaria. No se trata de dinero que no le pertenece a nadie.
Algunos siempre se llenan la boca y gustan mucho de preocuparse de la plata de los chilenos. Pero hay que tener presente que cuando uno dice "No le voy a cobrar impuesto si usted dona parte de su fortuna o de sus ingresos" le está señalando al Estado: "Usted va a tener menos recursos". ¿Y quién va decidir cómo gastarlos? ¡El privado!
Lo que sucede hoy día en las universidades es que la amplia mayoría va a un estrato determinado.
No se dona en función de que haya matrícula constituida por alumnos de bajos ingresos. No. No es un requisito.
¿Se dona en función de indicadores de excelencia académica, de investigación, de doctorado, de publicaciones? No. ¿Cómo se dona? Como lo desee quien pretenda descontar el impuesto. Y ese aporte, en parte, lo realizan todos los chilenos.
Ahí se apuntó con la indicación.
Me habría encantado tener otra posibilidad. Pero hoy día lo concreto es que las universidades que más reciben son aquellas que poseen un patrón determinado: están en la cota mil; en lo valórico, son extremadamente conservadoras; en general, son gremialistas, y sus alumnos pertenecen al estrato alto.
Entonces, yo pregunto por qué con la plata de todos los chilenos vamos a financiarle a la Universidad de Los Andes la mejor biblioteca de América Latina (porque eso se hizo, a un costo de mil millones de pesos). ¿Es legítimo?
Alguien se puede escudar todo lo que quiera en el tema constitucional vinculado con la discriminación.
Al respecto, cuando legislamos, permanentemente establecemos muchas discriminaciones.
En el sistema de educación pública les entregamos una subvención a las escuelas municipales y a las particulares subvencionadas con o sin fines de lucro.
Al aprobar en la última Ley de Presupuestos un fondo de contingencia para la educación pública discriminamos a la particular subvencionada. Esta podría haber alegado que se sentía discriminada porque les dábamos fondos adicionales a los colegios municipales y no a los particulares subvencionados.
Ahora bien, la única forma de evitar el problema sería disponer que no recibiera donaciones ninguna universidad.
Ante la posibilidad de que alguna se considere perjudicada, yo prefiero decir: "Entonces, voto en contra" (porque hay que hacer una crítica al sistema). De lo contrario, quedaría como rehén, producto del binominal, en el sentido de que nunca podría contar con una ley de donaciones como corresponde, ya que se van a escudar solo en el asunto de la no discriminación.
Señor Presidente , considero que hay espacio para legislar de una forma que no sea decirle a una de las universidades donde van los más ricos de Chile: "Usted, más encima, con los impuestos de la señora Juanita , va a financiar una de las mejores bibliotecas del mundo".
Aquello no me parece justo ni equitativo. Además, es impúdico. Porque eso está detrás de esta forma de legislar.
Entonces, no quedaría más que borrar la indicación.
El Senador Pizarro propone una fórmula que comparto ciento por ciento: que el proyecto vuelva a Comisión para que, si se quiere, discutamos de nuevo la materia.
Pero hay que decir derechamente lo que deseamos hacer: no compartimos la idea de que universidades privadas que cuentan con muchos recursos obtengan adicionalmente los aportes que realiza la gente más modesta de Chile cuando paga el IVA.
Señor Presidente , me correspondió en su momento participar en el debate del proyecto que dio origen a la "Ley Valdés", normativa que cambió la institucionalidad en materia de donaciones, pues, básicamente, se entendió que la cultura era parte de las actividades elegibles en que resultaba importante vincular al mundo de los privados.
Ese fue el raciocinio. Y si don Gabriel Valdés estuviera presente, habría quedado perplejo con la intervención que acabamos de oír. Porque, al parecer, el Senador Lagos (lamentablemente, Su Señoría acaba de salir; de lo contrario, se lo habría planteado en forma directa...
¡Fue al baño y vuelve...!
En realidad, señor Presidente , se intenta armar un escenario de confabulación a partir de la "Ley Valdés", como si el entonces Senador, a quien todos respetamos, hubiera tenido la capacidad de generar una lógica de fraude respecto a una acción tan significativa y legítima como la de colaborar con la cultura.
Aquí no estamos hablando de cómo se financian las universidades -eso es objeto de una discusión completamente distinta-, sino de si la cultura se halla dentro de aquellas actividades que requieren un esfuerzo adicional.
Algunos podrán decir: "Se trata de una responsabilidad del Estado, y punto".
Existen países donde la cultura es de responsabilidad del Estado, quien la desarrolla con el sesgo del gobierno de turno o de acuerdo a las capacidades económicas del erario.
En Chile se creó una institucionalidad diferente, que, al igual como ocurrió con la educación en otra normativa o con el deporte en la ley que lo regula, pone de manifiesto la importancia de incentivar la formación cultural con la ayuda de todos.
Alguien, para legitimar alguna discriminación, podrá decir que la cultura que entregan las universidades privadas es de peor calidad que la proporcionada por otras instituciones, mas no hacer una especie de vinculación mágica que convierte la normativa pertinente en una especie de fraude al espíritu de la forma de financiamiento.
Como parlamentario de Regiones -estoy seguro de que a varios Senadores les ocurre lo mismo; porque, obviamente, uno está en terreno-, muchas veces observo que los gastos en los actos culturales más trascendentes (por lo menos en la zona que represento) son cubiertos con el aporte de universidades privadas. Y nunca he visto una descalificación moral por el hecho de que el financiamiento se realice de esa manera. Al contrario, unos y otros asistimos a las actividades pertinentes, porque lo importante no es a quién pertenece la institución que presta el servicio, sino que se trate de un espectáculo cultural relevante, formativo y progresista.
Varios de los actos culturales realizados en mi Región se financian de aquel modo. Quizá en otras Regiones, por tratarse de sumas cuantiosas -probablemente así ocurre en la Metropolitana-, se aplican mecanismos diferentes.
Sin embargo, si a propósito de una norma que, con un mejoramiento de la capacidad de recibir, busca principalmente ampliar la forma de colaborar se pretende excluir a determinadas instituciones, generando una diferencia a mi juicio completamente arbitraria con respecto a la naturaleza jurídica de las universidades en un caso y otro, se incurre en un claro contrasentido.
En una sana reflexión, no sé qué explicación puedo dar en cuanto a los motivos por los cuales se registra tal situación, salvo la de que existe un sesgo ideológico o antiemprendimiento privado que considero propio de otra época.
¿Sabe lo que me pasa, señor Presidente ? Considero que la discusión exhibe esta última característica. Porque ya habíamos avanzado en consensos importantes, traducidos precisamente en la capacidad de colaboración de actividades privadas en materias de interés público. Entonces, a la pregunta de por qué entregar dineros al deporte, a la educación o a la actividad política -este último acuerdo también se logró en su momento-, cabe responder que existe una filosofía, en la que se había progresado positivamente, en el sentido de que el Estado podría recibir ayuda de privados para cumplir funciones públicas relevantes. Y como creo en un país con más cultura, sería un despropósito y un retroceso muy serio cambiar la naturaleza jurídica de quienes prestan esos servicios, encargados, mal que mal, por el Estado.
Por eso, señor Presidente, me parece que es preciso votar en contra de la enmienda y volver al espíritu original. Así contribuiremos a fortalecer la ley y no a aniquilarla.
Le hago presente que, como estamos en la discusión particular, restan cuatro minutos de los cinco que se le asignaron.
El señor CRUZ-COKE ( Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes).-
Señor Presidente , más allá de las consideraciones constitucionales del Senador señor Hernán Larraín , con las que por supuesto coincido, debo consignar que la frase de que se trata forma parte del cuerpo legal desde hace más de 20 años.
Y es preciso distinguir, porque existen distintos mecanismos legales de donación. Uno de ellos es de carácter social, por citar un caso. Otro dice relación con las universidades, mencionado justamente por los Honorables señores Navarro y Lagos, en tanto que la aplicación de la Ley de Donaciones Culturales o "Ley Valdés" ha sido ejemplar y muy bien administrada durante dos décadas. A lo anterior se suma el relacionado con el deporte.
Las enmiendas contenidas en el proyecto fueron tratadas con el propio Gabriel Valdés -tengo una carta firmada que lo verifica-, durante varias reuniones en su departamento de calle Burgos. Dificulto que pudiera hacerse un eventual cómplice de un mal uso de las mismas normas que promovió. Tendía a ir bastante más allá, incluso, en los beneficios.
Me parece que no corresponde, por lo tanto, sostener que la disposición podría distraer recursos públicos.
Hago presente que sí tiene lugar una discriminación arbitraria de algunas universidades, con respecto a otras.
En la ley que se modifica, a diferencia de otras sobre la materia, la donación se refiere a un proyecto presentado a un Comité con facultades fiscalizadoras, no a una institución. Esta última no es, en consecuencia, la que recibe per se y para siempre el crédito tributario de 50 por ciento, sino el primero, que requiere una evaluación y puede ser aprobado o rechazado.
Señor Presidente , con ocasión del debate sobre un proyecto relativo a una ley cuyas finalidades prácticas son evidentes y que registra años de operación exitosa -patrocinada, en sus orígenes, por un Senador de la Democracia Cristiana ya desaparecido, por desgracia-, se ha desatado aquí una discusión con una tremenda carga ideológica. Se han formulado afirmaciones verdaderamente afiebradas sobre el alcance de la iniciativa, la cual, al fin y al cabo, tiene por objeto ayudar al Estado en el cumplimiento de sus fines.
Dado que se ha hecho una gran cuestión de algo relativamente simple y práctico, conviene aclarar algunas aseveraciones.
Desde luego, se trata de las donaciones que se hacen con fines culturales. El énfasis se encuentra en esta última palabra, ya que la cultura se funda en la libertad. Es el conjunto de nociones que alimentan la vida social: ideas, valores, afirmaciones de índole general. Y esa vida colectiva se nutre de muchas vertientes. Es decir, resulta del ejercicio de la libertad humana.
El propósito del cuerpo legal al cual se hace referencia es precisamente el de fomentar la cultura. El que crea que esta solo emana de organismos oficiales se encuentra del todo equivocado. Esa es la peor de las variantes y, en general, es propia de Estados colectivistas. Afortunadamente, en Chile no estamos en esa situación. Y esperamos que no se llegue a ello.
Dado que algunos de los beneficiarios son, por ejemplo, universidades no públicas, cabe tener en cuenta que se trata de instituciones que ayudan en la elaboración de la cultura -ya se dijo-, en la diseminación de la educación. Por algo obtienen un reconocimiento legal; por algo se hallan amparadas en el aparato institucional; por algo sus alumnos reciben subvenciones, al menos indirectas. O sea, las universidades particulares no operan de manera clandestina, como quien dijera: son entes aceptados en la vida nacional por más de un capítulo.
Muchas de ellas integran el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh). Dos señores Senadores que me antecedieron en intervenir hicieron referencia a planteles de esa definición.
No me parece que la Universidad de Concepción, en lo que podríamos llamar "su predicamento cultural", sea muy ajena a la mentalidad de algunos de los colegas que ya usaron de la palabra.
La Universidad Austral, en Valdivia, es una entidad privada, gestionada autónomamente hasta el día de hoy. Y ojalá siga así. Privarla de la posibilidad de recibir donaciones constituiría un tremendo error.
Se ha dicho, con caracteres de denuncia gravísima, que en el ejercicio 2012 las universidades privadas habrían obtenido 16 mil millones de pesos por este concepto, es decir, el equivalente a 35 millones de dólares.
El Estado va a gastar, en el año en curso, 60 mil millones de dólares y el producto geográfico bruto es de 280 mil millones. O sea, los 35 millones mencionados son un vaso de agua en el océano.
Cabe recordar que estos planteles de enseñanza superior le han dado a mucha gente acceso a la educación. Es algo estadístico: el 70 por ciento de los jóvenes que han alcanzado tal nivel en los últimos 20 años son los primeros que lo han hecho en sus familias. Ello ha sido gracias a la irrupción de las universidades llamadas, como si fuera una lacra, "particulares".
Si ese logro no es valioso, ¿qué puede serlo?
Tiene un minuto adicional para terminar, Su Señoría.
Ahora, si se quiere hilar muy fino, el texto que quedaría vigente incluso si se suprimiera la frase "y particulares reconocidos por el Estado" permitiría la operación de donaciones, puesto que la mayor parte de las bibliotecas de acceso público que le quitan el sueño a un señor Senador son mantenidas por universidades de todos los tipos y definiciones estatutarias.
Por lo tanto, me atrevo a afirmar que la norma es muy sensata y que es preciso mantenerla en su forma original.
Además, las donaciones tienen límites. Y los donantes son evaluados por un Comité Calificador de Donaciones, con representación del Senado, dicho sea de paso.
Creo que aquí hay que bajarse del caballo ideológico, poner los pies en la tierra y comprender que la sociedad tiene muchas facetas y se compone de numerosas corrientes de pensamiento, incluidas las encarnadas en quienes se oponen al proyecto.
Puede usar de la palabra el Honorable señor Zaldívar.
Señor Presidente , primero que todo, quisiera que no abusáramos de la memoria de Gabriel Valdés. Estoy seguro de que si este interviniera en el debate, abrigaría las mismas inquietudes que nosotros deseamos exponer.
Participé con el entonces Senador Valdés en la aprobación de la ley N° 18.985, porque creía que esta iba a ser realmente muy beneficiosa para la cultura. Y pienso que efectivamente ha cumplido su objetivo.
Sin embargo, si Gabriel Valdés estuviera vivo, habría visto lo que ha pasado durante los últimos dos o tres años en universidades privadas en las que se ha registrado una situación gravísima, porque ha habido lucro a pesar de que la ley lo impide. El propio Ministro de Educación lo ha reconocido. ¿Y qué pasa con motivo de ello? Que estamos revisando la estructura de los planteles precisamente para evitar la infracción de la norma legal, aunque algunos quisieran permitir universidades con fines de lucro. El asunto se halla en discusión.
Entonces, ello legitima la revisión de cuáles pueden ser los beneficiarios de la ley N° 18.985. ¿Por qué? Porque, tal como está hoy día el cuerpo legal, un establecimiento como la Universidad del Mar, sin que mediara el escándalo que ya conocemos, podría haber optado a ser uno de ellos, ya que era una institución particular reconocida por el Estado.
¡Y todavía no sabemos si en otras puede presentarse el mismo problema que la afectó!
No se trata de discriminar por discriminar, sino de dictar una ley que evite favorecer a instituciones hoy día en tela de juicio. Por eso, es bueno que el proyecto pase a la Comisión de Hacienda para ver cómo adecuar la disposición a fin de no incurrir en una discriminación innecesaria.
No tiene razón mi Honorable colega Carlos Larraín respecto de las Universidades de Concepción y Austral, porque son del CRUCh. Por lo tanto, si mantenemos a todos esos planteles de enseñanza superior en el beneficio, no se originará una dificultad.
Pero habría que ver de qué manera se logra un texto -repito- que evite la discriminación. Por ese motivo, la iniciativa tiene que volver al órgano técnico, a fin de que la ley, como queremos dejarla, no favorezca con beneficios tributarios a donaciones que podrían destinarse a entidades puestas a prueba.
En el Senado estamos estudiando proyectos tendientes precisamente a fiscalizar el sistema y contar con una regulación para impedir este tipo de abusos.
No estoy de acuerdo con el aspecto constitucional planteado por el Honorable señor Hernán Larraín . Efectivamente, conforme al artículo 65, número 1°, de la Carta, son de iniciativa del Primer Mandatario aspectos relacionados con tributos; pero el Congreso, según el inciso final, puede aceptar, disminuir o rechazar lo que proponga el Presidente de la República .
¡Lo que proponga el Presidente de la República!
Estamos discutiendo un proyecto iniciado por el Gobierno y se ha propuesto otorgar un beneficio a determinadas personas.
Excúseme, Su Señoría. Por mi parte, lo escuché con atención.
Y el Congreso expresa: "No estoy de acuerdo con que sean tales y cuales, sino nada más que estas". Por lo tanto, la cuestión de la inconstitucionalidad no me tiene incómodo y creo que no se presenta.
Tampoco me tiene incómodo lo relativo a la discriminación, porque el Tribunal Constitucional ya ha reconocido que puede haberla en determinadas condiciones. Todos los años dictamos leyes en las que determinamos beneficios para unos y no para otros, como lo expuso el Honorable señor Lagos. Es el caso de la subvención escolar preferencial y el de su monto. A su vez, la Ley de Presupuestos contempla beneficios especiales para las universidades del CRUCh y no para las privadas, discusión que hemos sostenido en forma permanente.
Dispone de un minuto adicional para concluir, señor Senador.
Me parece, entonces, que lo relativo a la discriminación tampoco merece ser objeto de un análisis que tenga fundamento.
Reconociendo lo que Gabriel Valdés hizo en su momento, creo que si viviera estaría pidiendo que se estudiase cómo evitar estos problemas, que no se registraban al dictarse la ley, aparte que a nadie le surgían dudas. En cambio, hoy día se plantea una interrogante muy grande en relación con varias universidades que no han cumplido con el cuerpo legal y que han perseguido fines de lucro.
Reitero que lo lógico es que el proyecto vaya a la Comisión de Hacienda y que se nos presente una disposición que no excluya del beneficio a instituciones serias. Porque, tal como está, queda abierto para que se pueda cometer cualquier tipo de abuso en relación con la ley que deseamos aplicar.
Señor Presidente , comparto plenamente lo expresado por los Honorables señores Zaldívar , Pizarro y Lagos.
A mi juicio, el país tiene que dar un salto a la igualdad y a la construcción de una sociedad más integrada, más inclusiva. El instrumento de la segregación ha sido el modelo educacional, que ha construido dos Chile: uno lleno de privilegios, y otro, totalmente a merced de la vulnerabilidad y la precariedad social.
Aquí se ha señalado que las universidades privadas han sido tal vez el instrumento que ha permitido a miles de jóvenes estudiar. Pienso que eso habría pasado de todas maneras, porque es parte del desarrollo, es parte de una sociedad que evoluciona. Lo que sí ellas han hecho es condenarlos a endeudarse para toda la vida a fin de poder salir adelante. Y esa es una vergüenza.
Lo anterior sucede solo en Chile. Porque uno visita países vecinos, como Bolivia o Argentina, o conoce la experiencia alemana, francesa, sueca, finlandesa, y observa que la educación es gratuita, de calidad y constituye un derecho. Únicamente aquí existe la brutal anomalía que se quiere presentar como parte de la normalidad: que el mercado sea el asignador; que el tamaño del bolsillo de la familia decida. Y aquellas que tienen hijos con la posibilidad de ir a la universidad quedan endeudadas por el resto de su vida.
¡Ese es el modelo que aquí tanto se alaba! Me parece que tenemos que terminarlo y aplicar otro donde la educación vuelva a ser un derecho, como ocurre en la mayoría de los países con una educación de estándares comparativos de calidad.
Más encima, llevamos a cabo la discusión en un contexto en que universidades privadas capturan fondos del Estado y lucran, a pesar de que existe una ley para que ello no ocurra. ¡Lo hacen con los pocos recursos que tiene el país para educación!
Deseo recordar que se instruye una investigación del Ministerio Público por el lucro ilegal de muchos planteles de enseñanza superior. Ya hemos visto casos dramáticos como el de la Universidad del Mar, la cual, de existir en el futuro, se podría haber beneficiado, con mucha tranquilidad, de procedimientos como el que nos ocupa. Universidades de pacotilla, de pantalla, que no se encuentran animadas de la voluntad de educar, sino de capturar recursos, particularmente del Estado y de los más pobres, habrían sido susceptibles de resultar favorecidas, además, con donaciones.
Por cierto, a algunos no les importará que las diez instituciones que más las reciben sean universidades privadas. Ello es parte de un modelo, de una visión ideológica de un desarrollo desigual y que es para los más poderosos, para los más ricos, para que la elite se preserve y reproduzca. Esa es la concepción. Se apunta a impedir el acceso a la dirigencia cultural, política y social del país.
Entonces, me parece que aquí hay un asunto de fondo y que es preciso restablecer un proyecto de sociedad sustentado en la educación pública. Considero que los instrumentos que se generen tienen que destinarse a ella y a las universidades con la vocación necesaria, con compromiso.
Ahora, sí tengo un punto que plantear. Estimo que existen universidades que prefiero asimilar, por su trayectoria, por su vocación, al compromiso de la educación pública, como son las tradicionales y del CRUCh. En ese sentido, comparto que las Universidades de Concepción, Federico Santa María , Católica han sido grandes instituciones que han prestigiado la educación en este país.
Por ello, me gustaría que la iniciativa volviera a la Comisión para discutir este asunto, a fin de permitir que esas casas de estudio, porque las avala una trayectoria, porque tienen un compromiso, porque no han hecho uso abusivo de los instrumentos de financiamiento para obtener lucro a partir de recursos del Estado, también puedan beneficiarse. Soy partidario de que este debate se realice de nuevo en la Comisión, para generar una mayor amplitud.
Pero ha de mantenerse muy en alto el principio fundamental aludido: defender la educación pública y no permitir el lucro. Como se dijo aquí, ¡es absolutamente aberrante que la Universidad de los Andes construya la biblioteca más rica para los más ricos de este país! ¡Eso es inaceptable si se hace con los recursos de los más pobres!
Señor Presidente, cuando en las discusiones se cae en generalidades, se cometen muchas injusticias sobre el tema de que se trate. Creo que en esta oportunidad se han confundido varios conceptos. A mi juicio, el primero de ellos es el relativo al tipo de ley de donaciones. Hay, a lo menos, seis normativas en esta materia.
Pienso que varios de los que han impugnado la frase en comento, que ha sido el centro del debate esta tarde, básicamente han concentrado su argumentación en la Ley de Donaciones para las Universidades y no en la Ley sobre Donaciones con Fines Culturales.
Al respecto, señor Presidente, quiero hacerme parte de lo que se ha dicho.
En verdad, no comparto el concepto de que, por el hecho de que algunas instituciones en determinado momento no respetaron la ley, se debe suprimir la norma. ¡Eso es absurdo!
Con relación a esta disposición, podría ocurrir lo siguiente.
Dentro de los beneficiarios de la iniciativa están los museos, sean públicos o privados. Pero a estos últimos se les coloca la condición de que no podrán perseguir fines de lucro. Si el día de mañana algunos museos privados cometieren la irregularidad de buscar tales fines, ¿habría que ingresar una modificación a la Ley sobre Donaciones con Fines Culturales para eliminarlos de la normativa?
Pienso que no corresponde hacer el debate de esa manera. No podemos condicionar la existencia de las disposiciones jurídicas al hecho de que algunas instituciones las cumplan o no.
Las universidades en Chile no deben perseguir fines de lucro. Si algunas lo han hecho, se exponen a las sanciones que establece la propia ley. Pero no es posible que se excluya la norma, porque determinada institución la incumplió. A mi juicio, esa es una muy mala manera de legislar.
Cabe agregar, señor Presidente , que la Ley de Donaciones con Fines Culturales no solo establece los beneficiarios, sino que, además, tiene una doble condición. Porque existe un Comité Calificador de Donaciones Privadas, que se halla integrado por "el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (...); un representante del Senado; un representante de la Cámara de Diputados; un representante del Consejo de Rectores, y un representante de la Confederación de la Producción y el Comercio".
Es decir, no basta con la posibilidad de obtener donaciones. Cada proyecto -¡cada proyecto!- debe ser aprobado, además, por dicho Comité. Y nadie puede señalar que tal órgano está integrado mayoritariamente por personas provenientes del mundo privado. Está compuesto por el Poder Ejecutivo , el Poder Legislativo y el sector privado.
A eso me refería con tener una doble condición.
Por eso, señor Presidente , reitero que no cabe eliminar normas que son tremendamente importantes, en función del abuso que puedan cometer algunas instituciones.
¿Qué hay detrás de una ley de donaciones, independiente de cuál sea su naturaleza? La posibilidad de que el Ejecutivo multiplique sus acciones en determinadas áreas.
La cultura es algo fundamental para un país. La ley en proyecto busca aumentar la cantidad de beneficios para quienes están sujetos a este conjunto de disposiciones.
¿Y qué significa ello? Que el Estado, aportando la mitad de los recursos, puede multiplicar las acciones culturales, que son tan necesarias para un país. La otra mitad la debe conseguir el organismo correspondiente. No se trata de un regalo íntegro que da el Estado. La institución beneficiada debe aportar el otro porcentaje.
Las donaciones con fines culturales no solamente inciden en el impuesto de primera categoría, sino que también se fortalecen sobre la base de los impuestos global complementario y de segunda categoría.
Esa es la aproximación que debemos tener sobre la materia en análisis.
No porque exista abuso de ciertas instituciones, se debe eliminar una norma completa. Tal medida perjudicará a otras entidades que cumplen estrictamente la ley y que otorgan un tremendo beneficio, en este caso, a la cultura.
Señor Presidente, me llama la atención que, a partir de esta Ley de Donaciones, que a todos nos debiera alegrar por cuanto otorga dinero en apoyo directo a la cultura, la mirada se fije de nuevo, de una manera sumamente ideologizante, sobre nuestro sistema universitario.
Cuando se plantea que las familias chilenas se endeudaron por acceder a la universidad, resulta necesario recordar que muchas de ellas lo hicieron porque firmaron un crédito con aval del Estado cuya tasa de interés era de 6 por ciento, en lugar del 2 por ciento que se aplica al Fondo Solidario. Y otros estudiantes recibieron un crédito CORFO -¡de una institución estatal!-, con un interés de 9 por ciento.
A muchos de esos alumnos que obtuvieron un crédito del Estado se les embargaron sus casas.
Por lo tanto, miremos bien dónde está el problema para dar una real solución con las políticas públicas que funcionan.
El año pasado el Congreso rebajó al crédito con aval del Estado, teniendo presente la necesidad de la familia y no el tipo de universidad donde se matriculó el estudiante. Se les aplicó a todos -¡a todos, señor Presidente !- una tasa de 2 por ciento y no una tasa diferenciada, discriminatoria, como ocurría antes, cuando algunos pagaban 2 por ciento con contingencia al ingreso y otros 9 por ciento, pudiendo sus casas ser embargadas si no cancelaban la deuda.
Creo que tenemos que hablar las cosas como son y no como las queremos ver.
Por otra parte, se señala acá que ocurre una cosa distinta con las universidades tradicionales. Pero algunas de estas son privadas igual. Dentro del CRUCh existen planteles privados. Y ahora se dice que son diferentes porque tienen la calidad de tradicionales.
Señor Presidente , ayer en la Comisión de Educación estuvieron presentes varios rectores de universidades relativamente nuevas: el señor José Bengoa , de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano; el rector de la Universidad Arcis; el de la Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez, y el de la Universidad Miguel de Cervantes.
Ellos plantearon que debía permitirse que el sistema de educación superior siguiera asentándose. ¿Por qué? Porque eso le da pluralismo y diversidad al sistema.
Además, uno de los rectores argumentó que no es lo mismo una universidad con diez años de vida que otra a la que se le ha permitido existir durante cuarenta años.
Entonces, resulta que rectores de universidades que ideológicamente -podríamos decirlo así- están parados en la vereda de enfrente de la mencionada Universidad de Los Andes también han señalado que nuestro sistema -y estas son palabras del rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, don José Bengoa - ha democratizado -¡democratizado!- el acceso a la educación superior de personas con distintos niveles de ingreso. Ello ha permitido que muchos estudiantes que antes no tenían cómo acceder a ella hoy sí puedan hacerlo.
De hecho, aquellos pidieron que el sistema de acreditación no significara una igualación para todas las casas de estudios, a fin de favorecer el pluralismo y -repito la expresión del rector Bengoa- la democratización del ingreso a la educación superior.
Por lo tanto, si en la definición de "beneficiarios" excluimos a los planteles privados, les estamos negando la posibilidad de recibir donaciones con fines culturales a las universidades tradicionales privadas, a las instituciones que tienen cierta mirada sobre la sociedad y, también, a las otras. Se lo estamos negando a todas.
¡Yo creo en la libertad de todos, no solo en la de algunos, señor Presidente!
Tal como tiene derecho...
Decía que tal como tiene derecho a recibir este financiamiento una universidad que proyecta determinada mirada sobre la sociedad, también lo tienen la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, la Universidad ARCIS, la Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez y la Universidad Miguel de Cervantes.
Señor Presidente , la libertad debe ser para todos. Yo no sé por qué se critica a una casa de estudios cuando se funda en su propia visión de la sociedad. Si la tolerancia es para todos, debemos respetar también a los que defienden una mirada distinta de la realidad.
Yo me alegro de que cualquier universidad, aunque promueva un enfoque político diferente del mío, cuente con una gran biblioteca. ¡Ojalá todas las universidades, en todas las ciudades de Chile, tengan una gran biblioteca, y que esta sea financiada también con donaciones culturales!
¡Que se beneficien todas las universidades, no solo aquellas que comparten mi visión de la sociedad!
Tiene otro minuto.
Gracias, señor Presidente . Solo ocuparé medio minuto.
Se requiere una mirada de tolerancia que permita, realmente, democratizar la sociedad, democratizar la cultura. No cerremos la posibilidad a que universidades privadas de distintos enfoques reciban aportes para proyectos culturales.
Democratización de la cultura, no solamente del ingreso a la educación superior.
Tiene la palabra el señor Ministro, por casi tres minutos.
Solo deseo reiterar que la norma legal beneficia un proyecto presentado por una institución.
Considerando la existencia de la Ley de Donaciones a Universidades, el uso que hacen de la Ley Valdés corporaciones y fundaciones de carácter universitario es bastante menor.
Sin embargo, cabe señalar que acá se están confundiendo los instrumentos legales. El cuerpo normativo al cual se ha hecho referencia acá es a la Ley de Donaciones a Universidades y no a la Ley sobre Donaciones con Fines Culturales.
Tengo en mi poder la carta que me envió don Gabriel Valdés , fechada el 24 de marzo de 2011. En ella señala: "El funcionamiento de la Ley ha sido adecuado y las elocuentes cifras de dinero aportado por los contribuyentes y destinadas a actividades culturales entre 1991 y 2010 constituye prueba fehaciente de una acertada iniciativa, concertada por todas las corrientes políticas del país y acogida por toda la sociedad chilena".
Estamos hablando de la misma normativa que se aprobó en el Parlamento y que no ha sido objeto de malos usos durante los últimos años.
Por lo tanto, concentrarnos en esta parte de la iniciativa me parece una exageración.
En primer término, las universidades hacen poco uso de la Ley de Donaciones con Fines Culturales -para eso existe una legislación sobre donaciones universitarias- y, en segundo lugar, este cuerpo normativo no ha evidenciado mayores problemas en su implementación durante más de veinte años.
Señor Presidente, pediría que se votara.
La Mesa es la que decide cuándo se vota, señor Ministro.
Solo lo está solicitando, señor Presidente .
¡Es su derecho a petición!
¿Acaso no puede pedir el Ministro ?
Todos sabemos cómo es el trato entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional. Siempre les he dado todas las garantías a sus representantes.
¡Es que usted está restringiendo al Ministro para que solicite algo, señor Presidente!
No tiene necesidad de recordarme mis obligaciones, señor Senador.
Solo se lo recuerdo para que estemos claros.
Señor Presidente, pienso que este es un debate muy importante porque confronta dos visiones absolutamente distintas sobre la materia.
Aquí se demuestra, a mi juicio, la animosidad, la distancia que la Izquierda -en especial, el mundo socialista- tiene hacia el sector privado. Porque, cada vez que se presenta una iniciativa cuyo objetivo es que los alumnos de universidades privadas puedan llegar a gozar de un beneficio, los parlamentarios de dicho sector se oponen a tal posibilidad. ¿Por qué? Por el solo hecho de que esos jóvenes estudian en una universidad privada. Si esos mismos alumnos pertenecieran a un plantel público, sí tendrían derecho a ese beneficio.
Ocurre que estamos hablando de donaciones con fines culturales. Y, tal como bien explicó el Senador Orpis, no es verdad que con esos recursos se financie a la universidad. Lo que se financia es un proyecto. ¡Y no cualquier proyecto! Es uno que se presenta ante el Comité Calificador, integrado por un representante del Senado, un representante de la Cámara de Diputados, un representante del Consejo de Rectores, un representante de la Confederación de la Producción y el Comercio, etcétera.
¿Quiénes se van a beneficiar con esas donaciones? Entre otros, los estudiantes de las universidades privadas. ¿Y quiénes son esos alumnos, por regla general y en un altísimo porcentaje? Son jóvenes de origen muy modesto. ¡Los estudiantes de las universidades privadas son quienes obtienen menos puntaje en la PSU! ¿Y de dónde vienen, lamentablemente? De la educación pública. Y digo "lamentablemente" porque tenemos ahí un esfuerzo pendiente por mejorar la calidad de la educación. Los alumnos que asisten a los establecimientos públicos, en un porcentaje importante, pertenecen a familias de clase media y modesta.
Por lo tanto, cualquier análisis que se haga acerca de quiénes ingresan a las universidades privadas lleva a la conclusión de que se trata de estudiantes de origen modesto.
En consecuencia, la exclusión que se propone aquí va a impedir que se efectúen donaciones a esas casas de estudios superiores, negándoles a sus alumnos la alternativa de contar con mejores bibliotecas, centros de estudios, desarrollo de la cultura, programas culturales, etcétera.
¿Y cuál es el pecado de esos jóvenes? Estudiar en una universidad privada. Porque lo que se pretende aquí es, obviamente, achicar, eliminar, restringir, jibarizar todo lo que huela a privado, porque hay un dejo evidente de estatismo.
¡Ustedes aspiran a que el Estado tenga el control más absoluto de todos los medios de producción, de las universidades, incluso de la televisión, tal como lo hemos visto en la discusión del proyecto que introduce la televisión digital!
¡A eso aspiran!
Entonces, nos encontramos frente a dos conceptos.
Nosotros queremos un Estado fuerte, importante, fiscalizador, pero no pretendemos cohibir al sector privado, porque es este el que produce el desarrollo del país.
Por último, señor Presidente , dos consideraciones finales.
Si hay universidades privadas que lucran, como este es un delito, los responsables deben ir presos. Y en esto no hay doble estándar: ¡presos! Porque -esta es una opinión personal- se comete el siguiente delito: defraudación al Estado en la figura penal que corresponda de acuerdo a nuestro Código. Eso está prohibido. Reciben platas públicas y las aprovechan con un fin defraudatorio.
¡Y en esto no cabe guardar silencio! ¡El que lucró lo hizo ilegalmente!
Pero de ahí a demonizar las universidades privadas no me parece correcto, porque muchas de estas han hecho un tremendo aporte para Chile -¡un tremendo aporte!- y, gracias a ellas, hay un millón de jóvenes estudiando hoy día. Si no, no los tendríamos.
En cuanto al financiamiento, solo quiero pedirle a uno de los colegas que me antecedió en el uso de la palabra que, por favor, tenga un poco de pudor. ¡Si quienes entregaron un pésimo sistema de financiamiento fueron los Gobiernos anteriores! Solo 110 mil estudiantes tenían becas en esas Administraciones. ¡En nuestro Gobierno se elevaron a 400 mil! Y, además, los montos antes eran muy inferiores al costo de la carrera. ¿Por qué no recuerdan los créditos? ¡Les cobraban el 6 por ciento! ¡Es lo que debían pagar los alumnos! ¡Y por eso se produjo todo el movimiento de los estudiantes!
En consecuencia, venir hoy día a decir que tales cosas no ocurrieron en el pasado, que en un régimen presidencial estuvieron marginados y que nunca supieron de eso es de una falsedad absoluta.
Entonces, no transformemos esto en un debate en el cual las "blancas palomas" sostienen: "¿Saben qué más? Nosotros no tenemos nada que ver con la educación ni con las universidades privadas."
¡Por favor! ¡Si aquí la crisis del sistema se debió a la falta de fiscalización, a la inadecuada regulación y a la vista gorda que hubo sobre muchos de estos temas! ¡Se hicieron los lesos!
¡Este Gobierno es el que ha perseguido a las universidades que buscan lucro! ¡El Ministro actual es el que ha dicho que va a actuar contra ellas y ha presentado las querellas y los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado! ¡Este Gobierno es el que aumentó a 400 mil los estudiantes que pueden recibir becas y el que finalmente logró que tengan créditos susceptibles de ser pagados, no como antes!
Y, por último, señor Presidente , quienes están presos no están vinculados precisamente al sector político a que pertenecemos. Es cosa de comprobarlo. Y si alguien de nuestro lado hubiera cometido el delito, ¡entonces, que caiga preso!
Por esas razones, vamos a votar a favor.
¡Vista gorda es la que hicieron ustedes durante 17 años!
No hagamos diálogos, por favor.
Señor Presidente , trataré de ser lo más ecuánime en mis juicios.
Con todo respeto y fraternidad, deseo hacer ver a la Sala que son dos cosas las que no me gustaría que fueran el centro del debate.
Primero, nuestro camarada y amigo Gabriel Valdés está muerto, por si alguien no se ha dado cuenta. Y traerlo a la discusión que estamos teniendo es un poco festinar el recuerdo de una persona cuyo espíritu no está en la Sala.
¡Por favor, les digo que seamos más serios en esta materia, con todo el cariño y respeto que tengo por el señor Ministro y por mis colegas!
Segundo, la historia de Chile no comienza el 2010, ni cuando nosotros fuimos Gobierno ni durante la dictadura -que varios de los señores Senadores aquí presentes respaldaron-, sino mucho tiempo antes. Y del orden institucional que tiene Chile desde hace más de 200 años todos los sectores políticos, de alguna u otra manera, hemos sido históricamente responsables, unos más que otros, pero también los que han entrado a la política en el último tiempo.
Por lo tanto, señor Presidente, no se trata de eso. ¿De qué se trata, a mi juicio? De si las donaciones deben hacerse a todas las universidades.
La idea no es discriminar, ni decir que las universidades del CRUCH son buenas y que las privadas merecen lo mismo, ni tampoco manifestar que si hay que mandar a alguien a la cárcel, lo tenemos que hacer. Porque nadie en la Sala quiere que nos transformemos en Catones.
Ocurre que esto hay que insertarlo en la realidad política, social, económica e institucional de nuestro país, donde se aprecia una concentración del poder económico que ya nadie seguramente cree que pueda mantenerse en una sociedad que, a lo menos, es cristiana.
Vinculado con ello está el surgimiento de las universidades privadas, que son de dos clases: aquellas que venían del pasado, como la Universidad Católica, la de Concepción, etcétera, y las que se crearon durante la dictadura -seamos claros-, con el aval de quienes gobernaban en ese momento. Y estas últimas son expresión de los grupos económicos, por lo que, a mi juicio, no tienen por qué recibir recursos del Estado, que es lo que pasa con la Ley de Donaciones. Querámoslo o no, la universidad que se beneficia con una donación la recibe de parte de una persona o de una institución que dice: "Dono tal cantidad". Y el Gobierno contesta: "Muy bien", y la deduce de los impuestos.
Entonces, ¿quién paga? ¿Acaso el que da? Él se lleva el lustre de hacer la donación, pero, en realidad, lo hace el Estado con los impuestos de las personas más modestas.
Ese es el problema de fondo. Por eso, en una concentración económica como la actual, la plata nace de alguien que luego la recupera, pero finalmente la pone el Estado, el que puede hacer otras cosas con ella.
En el marco actual, las universidades particulares creadas durante la dictadura y poco después no tienen, salvo excepciones, la impronta clásica de lo que son, según la vieja definición de Alfonso X. Lo señalo independientemente de que hayan cometido delitos, como expresó el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra. Efectivamente, esto no es problema de ilícitos, sino de la concepción del sistema. Y entonces terminamos viendo que la cultura chilena no la llevan adelante ni las universidades ni las grandes instituciones educacionales, sino que termina siendo una materia en la cual sacan lustre, brillo, unos pocos. Como dice la definición que los propios empresarios hacen, se trata de mostrar la cara del bien.
Voy a apoyar el proyecto en la forma en que viene de la Comisión. Sin embargo, estoy abierto a que llevemos este punto a la Comisión de Educación, que es la pertinente, porque, a mi juicio, no es un problema solamente tributario, sino de concepción educacional, para que pueda solucionarse el problema de algunas entidades que pudieran ser innecesaria o equivocadamente agraviadas.
Como quedan cuatro Senadores inscritos, no se alcanzaría a concluir la lista de oradores.
Por tal motivo, levantaré la sesión, sin perjuicio de despachar el oficio que ha llegado a la Secretaría.
Al señor Intendente de La Araucanía y al señor Alcalde de Temuco, con el objeto de que informen sobre estado de "NUEVO PROYECTO EDUCATIVO ESCUELA LLAIMA DE TEMUCO".
--Se levantó a las 18:47.
1.- Que a poco más de un mes de la promulgación de la nueva Ley de Pesca, se ha comenzado a producir el naufragio de la investigación pesquera y acuícola. El Gobierno, que a través de esta ley propiciaba el fortalecimiento del IFOP para cumplir con la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos ha fracasado, ya que a un mes de la aplicación del cuerpo legal, el IFOP ha despedido a 28 trabajadores, entre los que se cuentan investigadores altamente calificados, como también administrativos de vasta experiencia; y de acuerdo con lo informado por el director ejecutivo del IFOP a los dirigentes sindicales, se proyectan más desvinculaciones.
2.- Que los funcionarios despedidos corresponden a las oficinas del IFOP en lquique, Tocopilla, Caldera, Valparaíso, Talcahuano, Puerto Montt, entre otras.
3.- Que lamentablemente el servicio no ha dimensionado adecuadamente el impacto de los despidos en la investigación científica pesquera, reduciendo la adopción de dichas medidas solamente a una percepción de reducción de gastos en personal, buscando de esa forma reducir el déficit operacional que arrastra.
4- Que a noviembre del 2007 el IFOP contaba con una planta nacional de 495 funcionarios; dicha planta -al mes de octubre de 2009- había disminuido a 481 funcionarios; mientras que a marzo de este año registraba un total de 574 funcionarios, lo que muestra que el grueso del incremento funcionario se ha producido durante la actual administración, lo que abre interrogantes respecto de los criterios utilizados para decidir las desvinculaciones.
5.- Que lo comprometido por el ministro de Economía durante la discusión de la Ley de Pesca en al año 2012, fue fortalecer al IFOP en su financiamiento, para cumplir su rol de asesoría al Estado de Chile para una adecuada toma de decisiones en manejo de los recursos pesqueros y acuícolas.
6.- Que el IFOP se encuentra sumido en una profunda y grave crisis financiera y administrativa, producto de una gestión deficiente de la Dirección Ejecutiva y del Consejo Directivo del organismo, ya que de recibir una institución saneada en el año 2010, con un superávit de $700 millones, hoy se encuentra con un déficit proyectado para el año 2012 de $800 millones y para el año 2013 de $400 millones, lo que hace un total de $1.200 millones de déficit.
7.- Que esta situación de crisis generada por los despidos producirá, inevitablemente, efectos directos debilitando la calidad de los procesos administrativos y operacionales en la ejecución de la investigación científica pesquera; afectará directamente algunos proyectos de investigación dirigidos al estudio de repoblamientos de algas y moluscos; generará pérdida de conocimiento para la sustentabilidad de las áreas de manejo en la línea de investigación de repoblamiento y cultivo; así como la pérdida de cobertura de monitoreo de las pesquerías en caletas y puertos, con la consiguiente pérdida de conocimiento del estado de las pesquerías.
Solicitar al Sr. Presidente de la República, Sebastián Piñera, pueda disponer:
1.- El reintegro de los funcionarios del IFOP que han sido desvinculados entre enero y febrero del año 2013.
2.- El fortalecimiento real, en materia de recursos humanos, de infraestructura y de financiamiento, del IFOP como el principal organismo asesor del gobierno en materia de investigación científica pesquera, clave en la correcta toma de decisiones en esta materia.
3.- El desarrollo y perfeccionamiento de la institucionalidad del IFOP, para ponerlo a la altura de las instituciones públicas que cumplen homólogas funciones en el resto de la región y del mundo.
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.- Isabel Allende Bussi, Senadora.- José Antonio Gómez Urrutia, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.- Pedro Muñoz Aburto, Senador.- Fulvio Rossi Ciocca, Senador.

References: artículo 112
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 artículo 2
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