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Timestamp: 2019-11-21 00:54:12+00:00

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Bolivia: Ley Orgánica del Ministerio Público, 11 de julio de 2012
Artículo 4°.- (Ejercicio)
Las funciones del Ministerio Público se ejercerán por jerarquía, por la o el Fiscal General del Estado, Fiscales Departamentales, Fiscales Superiores, Fiscales de Materia y otros Fiscales designadas y designados en la forma que esta Ley determina.
1. Legalidad Por el cual perseguirá conductas delictivas y se someterá a lo establecido en la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales vigentes y las leyes. Los actos del Ministerio Público se someten a la Constitución Política del Estado, tratados y convenios internacionales vigentes y las leyes.
2. Oportunidad Por el que buscará prioritariamente la solución del conflicto penal, prescindiendo la persecución penal, cuando sea permitido legalmente y no exista afectación grave al interés de la sociedad, mediante la aplicación de las salidas alternativas al juicio oral.
3. Objetividad Por el que tomará en cuenta las circunstancias que permitan demostrar la responsabilidad penal de la imputada o el imputado, también las que sirvan para reducirla o eximirla, cuando deba aplicar las salidas alternativas al juicio oral.
4. Responsabilidad Las y los servidores del Ministerio Público, serán responsables por sus actos en el ejercicio de sus funciones, conforme a la Constitución Política del Estado y las leyes.
5. Autonomía En el ejercicio de sus funciones no se encuentra sometido a otros Órganos del Estado.
6. Unidad y Jerarquía Es único e indivisible en todo el territorio del Estado Plurinacional, ejerce sus funciones a través de las y los Fiscales que lo representan íntegramente, con unidad de actuación. Para el cumplimiento de sus funciones se organiza jerárquicamente, cada superior jerárquico controla el desempeño de quienes lo asisten y es responsable por la gestión de las servidoras y los servidores a su cargo, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a cada servidora o servidor por sus propios actos.
7. Celeridad El Ministerio Público deberá ejercer sus funciones de manera pronta, oportuna y sin dilaciones.
8. Transparencia El Ministerio Público proporcionará la información investigativa para las partes que intervienen dentro del proceso penal, además de la aplicación de las normas vigentes sobre transparencia.
Artículo 6°.- (Pluralismo jurídico e interculturalidad)
El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones, respetará la coexistencia de los sistemas jurídicos.
Artículo 7°.- (Probidad y trato humano)
Las y los Fiscales sujetarán sus actuaciones de acuerdo a criterios de justicia, transparencia, eficiencia y eficacia, garantizando a la sociedad un acceso equitativo y oportuno al Ministerio Público.
Artículo 8°.- (Promoción de la acción penal pública)
Las y los Fiscales, bajo su responsabilidad, promoverán de oficio la acción penal pública, toda vez que tengan conocimiento de un hecho punible y donde se encuentre flagrancia.
Artículo 9°.- (Confidencialidad)
El Ministerio Público cuidará que la información a proporcionar no vulnere los derechos de las partes, establecidos en la Constitución Política del Estado y las leyes, en particular la dignidad y presunción de inocencia; ni ponga en peligro las investigaciones que se realicen, o atenten contra la reserva que sobre ellas se haya dispuesto.
Artículo 10°.- (Gratuidad)
El ejercicio de las funciones del Ministerio Público y la Policía son gratuitos.
Artículo 11°.- (Protección a víctimas, testigos y servidoras y servidores públicos)
El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Boliviana, Órganos del Estado e instituciones públicas, protegerá a las personas que por colaborar con la administración de justicia corran peligro de sufrir algún daño. A tal efecto, dispondrá de programas permanentes de protección a testigos, denunciantes, peritos, víctimas y a sus propias servidoras o servidores.
Defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, a través del ejercicio de la acción penal pública en los términos establecidos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y las leyes.
Informar a la víctima sobre sus derechos en el proceso penal y sobre el desarrollo de las investigaciones, aunque no se haya constituido en querellante.
Informar a la imputada o al imputado sobre los Derechos y Garantías Constitucionales y legales que el asisten.
Requerir la asignación de defensora o defensor estatal a la imputada o al imputado carente de recursos económicos o a favor de aquel que se niegue a designar defensora o defensor particular.
Requerir a las instituciones encargadas para el efecto, la asignación de una abogada o abogado estatal a la víctima carente de recursos económicos, cuando así lo solicite o soliciten.
Prestar la cooperación judicial, administrativa o investigativa internacional prevista en leyes, Tratados y Convenios Internacionales vigentes.
Intervenir en la inventariación, control y asignación de bienes incautados, decomisados o confiscados.
Toda otra función que establezca la presente Ley.
Artículo 14°.- (Coordinación interinstitucional)
Con el objeto de garantizar el cumplimiento de sus funciones el Ministerio Público actuará en coordinación con los Órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Electoral; Tribunal Constitucional Plurinacional, Defensoría del Pueblo, así como otras instituciones y dependencias del Estado.
Se deberá reunir anualmente el Fiscal General del Estado, Ministro de Gobierno, Director Nacional y Directores Departamentales de los Organismos de Investigación de la Policía Boliviana y otras instituciones.
Reuniones con juntas vecinales y organizaciones civiles.
Fiscal Superior.
Tener título de Abogada o Abogado en Provisión Nacional.
No estar comprendida o comprendido en las prohibiciones, impedimentos e incompatibilidades establecidos en la Constitución Política del Estado y la presente Ley.
Las o los interdictos, declaradas o declarados judicialmente.
Las o los que tengan pliego de cargo ejecutoriado.
Las o los que hayan patrocinado a personas que resultaren culpables de la comisión de delitos contra la unidad del Estado, así como quienes hayan participado de la conformación de gobiernos dictatoriales o hayan patrocinado procesos de entrega o enajenación de recursos naturales y patrimonio nacional.
Las o los que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada por la comisión de delito.
Las o los que hayan sido sancionadas o sancionados con destitución en proceso disciplinario y/o administrativo en entidades u órganos públicos.
La militancia activa o dirección en partidos, agrupaciones u organizaciones políticas, que se encuentren registrados en los libros del Órgano Electoral Plurinacional.
El ejercicio de la profesión de Abogada o Abogado libre, salvo que se trate de causa propia, de ascendientes o descendientes directos y de su cónyuge o conviviente.
El ejercicio de cargos públicos o privados sean remunerados o no.
Las y los Fiscales que tengan parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad en el Ministerio Público.
El ejercicio de la docencia o cátedra universitaria.
Asumir representación no delegada, a cualquier acto o reunión pública que no corresponda al ejercicio de sus funciones.
Emitir requerimientos en procesos no asignados, salvo los casos que conozca por suplencia conforme a las reglas de esta Ley.
Residir en lugar distinto para el ámbito territorial para el que fueron designadas o designados salvo desplazamientos o comisiones de servicio.
Conformar consorcios o asociaciones con abogados, jueces y/o policías.
Postularse a cargos electos públicos o privados remunerados o hacer proselitismo electoral.
Solicitar o fomentar la publicidad respecto de su persona, en el ejercicio de sus funciones.
A no ser destituidas o destituidos, removidas o removidos, cesadas o cesados y suspendidas o suspendidos de sus funciones, salvo en los casos establecidos en la Ley.
Percibir remuneración de acuerdo con su categoría y jerarquía.
Recibir capacitación y actualización permanente.
No ser obligadas u obligados a cumplir órdenes, instrucciones o indicaciones que no sean impartidas en las formas y condiciones previstas conforme a Ley.
No ser trasladadas o trasladados de manera indefinida del ámbito territorial donde fueron designados, salvo las condiciones y formas señaladas en el Reglamento.
A su protección física y la de sus familiares inmediatos, en caso de que su seguridad se vea amenazada como consecuencia del desempeño de sus funciones.
Artículo 24°.- (Cesación y destitución)
Las o los Fiscales cesarán en el ejercicio de sus funciones por:
Incurrir en algún impedimento, prohibición, o incompatibilidad prevista en la Constitución Política del Estado y la Ley.
Cuando exista sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, sentencia condenatoria ejecutoriada en Juicio de responsabilidades, resolución definitiva de destitución en proceso disciplinario, o pliego de cargo ejecutoriado, según corresponda.
Calificación de insuficiencia para el ejercicio del cargo emergente de la evaluación de desempeño, por dos veces, conforme con la Carrera Fiscal.
Haber cumplido el período de funciones para el cual fue designada o designado de acuerdo con esta Ley.
Artículo 25°.- (Suplencias)
En caso de impedimento temporal por viaje o enfermedad de la o el Fiscal General del Estado, será suplida o suplido por la o el Fiscal Departamental de Chuquisaca; y en ausencia de éste, lo suplirá el o la Fiscal Departamental de acuerdo al orden de prelación establecido en el parágrafo V de este Artículo.
Funciones en el cargo.
Funciones en el Ministerio Público.
Haber cumplido treinta años de edad al momento de su postulación.
Haber desempeñado con honestidad y ética, funciones judiciales, fiscales, profesión de Abogada o Abogado, docencia o cátedra universitaria en el área jurídica, durante ocho años acreditados.
Informar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, anualmente.
Publicar el informe anual con datos estadísticos de la gestión.
Artículo 32°.- (Jerarquía, representación y ejercicio de atribuciones)
Las y los Fiscales Departamentales son los representantes de mayor jerarquía del Ministerio Público en su Departamento.
Artículo 33°.- (Requisitos, designación y periodo de funciones)
Para optar al cargo de Fiscal Departamental se requiere, además de los requisitos generales, haber ejercido las funciones de Fiscal, Jueza, Juez o la profesión de Abogada o Abogado, con crédito por seis años.
Representar al Ministerio Público en el ámbito departamental al que pertenecen.
Ejercer la dirección funcional de la investigación criminal en casos de relevancia social o delegarla.
Ejercer la supervisión del ejercicio de las investigaciones por los Fiscales de Materia.
Cumplir y hacer cumplir las instrucciones de la o el Fiscal General del Estado.
Elaborar el presupuesto de su departamento para ponerlo a consideración de la o del Fiscal General del Estado, así como su ejecución mensual en el marco de las leyes, bajo responsabilidad.
Conceder licencias a las o los Fiscales a su cargo, conforme a reglamento.
Establecer el rol de turnos y suplencias, de las o los Fiscales en su Departamento.
Coordinar el trabajo investigativo con las demás Fiscalías Departamentales y prestarles la cooperación que requieran.
Impartir órdenes e instrucciones a las y los Fiscales y servidoras y servidores dependientes, tanto las de carácter general como las relativas a asuntos específicos, en los términos y alcances establecidos en esta Ley.
Designar a uno o más integrantes del Ministerio Público, para que actúen en comisión en casos determinados, reemplazarlos entre sí, formar equipos que trabajen conjuntamente cuando asuma directamente la dirección funcional en casos de relevancia departamental o que afecten gravemente al interés colectivo.
Disponer el desplazamiento temporal de fiscales por razones de servicio, garantizando la continuidad y la celeridad de las investigaciones, bajo responsabilidad.
Elevar informes escritos de sus labores a la o el Fiscal General del Estado trimestralmente y toda vez que ésta autoridad así lo requiera.
A requerimiento del Fiscal de Materia, solicitar a la autoridad policial competente la aplicación de procesos disciplinarios, para los servidores y servidoras policiales que sean separadas o separados de la investigación, por haber incumplido requerimientos Fiscales, o por haber actuado en forma negligente o ineficiente, bajo responsabilidad.
Autorizar la ejecución de las partidas presupuestarias asignadas a su Departamento.
Controlar el desempeño de las y los Fiscales a su cargo y llevar un registro de los actos iniciales y requerimientos conclusivos.
Resolver las objeciones de las resoluciones de rechazo e impugnación a sobreseimientos, conforme a procedimiento.
Velar por que las y los Fiscales mantengan actualizado el registro de actividades en los sistemas de seguimiento informático o de otra naturaleza, conforme a los procedimientos establecidos institucionalmente.
Informar al Fiscal General del Estado, de la radicatoria de la acusación formal contra Fiscales de Materia pertenecientes a su ámbito departamental, bajo responsabilidad.
Tener especialidad en una o más áreas del Derecho.
Haber ejercido las funciones de Fiscal, Jueza o Juez o la profesión de Abogada o Abogado con crédito por 4 años.
Intervenir en representación del Ministerio Público ante el Tribunal Superior de Justicia con todas las atribuciones que señala el Código de Procedimiento Penal, sin perjuicio de la intervención de la o el Fiscal asignado o asignada a la causa.
Las demás que los asigne la o el Fiscal General del Estado de acuerdo a Reglamento.
Haber ejercido las funciones de Fiscal, Jueza, Juez o la profesión de Abogada o Abogado, durante cuatro años acreditados, previa convocatoria pública.
Haber vencido el Curso de Formación Inicial en la Escuela de Fiscales del Estado con antigüedad en la profesión de abogado libre de 3 años.
Ejercer la acción penal pública, la dirección funcional de la investigación y de la actuación policial, en los casos que los sean asignados en la investigación.
Intervenir en todas las diligencias de la etapa preliminar, preparatoria e intermedia, determinadas por Ley, velando por que dentro el término legal, se cumpla la finalidad de estas etapas del proceso y emitir los requerimientos correspondientes dentro del plazo previsto por Ley, bajo responsabilidad.
Intervenir en la etapa del juicio, sustentar la acusación y aportar todos los medios de prueba para fundar una condena.
Interponer y defender las acciones o recursos que franquea la Ley.
Informar oportunamente a la persona imputada sobre los derechos y garantías constitucionales y legales que el asisten.
Asegurarse que la persona imputada sea asistida por una defensora o defensor particular o estatal; y en su caso se el nombre una traductora o un traductor o intérprete.
Atender las solicitudes de las víctimas e informarles acerca de sus derechos, asegurándose de que sea asistida por una Abogada o Abogado particular o estatal; y en su caso se el nombre una traductora o un traductor o intérprete, cuando así lo solicite.
Requerir las medidas para que la víctima reciba atención médica y psicológica de urgencia, evitar su revictimización, y que se ponga en peligro su integridad física y psicológica, así como las medidas conducentes para que se haga extensiva a testigos y personas afectadas por el hecho delictivo.
Derivar, cuando corresponda, a las víctimas directas e indirectas a las Instituciones de Protección a las víctimas y testigos.
Asegurarse que todos los indicios y elementos de prueba recolectados sean debidamente resguardados dentro de la cadena de custodia, en particular los recolectados de la víctima.
Resolver de manera fundamentada la imputación formal, el rechazo, el sobreseimiento, acusación formal en los plazos que establece la Ley.
Solicitar a la autoridad judicial de la causa el decomiso o confiscación de los instrumentos y productos del delito y la entrega al Ministerio Público como depositario.
Intervenir en la inventariación, control y asignación de bienes incautados, decomisados o confiscados, para garantizar los medios de prueba necesarios para la investigación y el juicio.
Intervenir en la destrucción de sustancias controladas.
Requerir, de manera fundamentada, la aplicación de salidas alternativas al juicio, cuando corresponda.
Remitir una copia de las resoluciones de rechazo y los requerimientos conclusivos a la o el Fiscal Departamental en caso de que no exista víctima o querellante, para efectos de control.
Separar por razones justificadas a las servidoras o los servidores policiales que intervengan en la investigación, cuando injustificadamente incumplan los actos de investigación dispuestos por el o la Fiscal.
Solicitar, a través de la Fiscalía Departamental, la aplicación de procesos disciplinarios para las servidoras o los servidores policiales que sean separados de la investigación, por haber incumplido requerimientos Fiscales, o hubieren actuado en forma negligente o ineficiente.
Finalizada la etapa preparatoria, según corresponda, presentar ante la autoridad judicial competente la acusación, requerir la aplicación de una salida alternativa al juicio o decretar el sobreseimiento.
Inspeccionar los centros policiales de detención para verificar el respeto a los derechos fundamentales.
Elevar trimestralmente a la o el Fiscal Departamental, informe sobre los asuntos a su cargo.
Cumplir y hacer cumplir las instrucciones de la o el Fiscal Departamental.
Las y los Fiscales informarán a su superior jerárquico inmediato, los asuntos a su cargo que, por la multiplicidad de los hechos, el elevado número de imputadas, imputados o víctimas, o por hallarse vinculados a delitos de narcotráfico, trata y tráfico de personas, corrupción, tráfico de armas, terrorismo, y/o cometidos por organizaciones criminales, requieran un tratamiento especial, indicando concretamente las dificultades y proponiendo el modo de solucionarlas. En estos casos el o la Fiscal Departamental, de oficio o a solicitud de la o el Fiscal encargada o encargado, podrá ordenar la conformación de una Junta de Fiscales para evaluar la marcha de la investigación, estudiar el caso y sugerir medidas que considere necesarias.
La información solicitada por los organismos estatales, que no sean parte del proceso sobre casos concretos, deberán tramitarse por intermedio de la o el Fiscal Departamental.
Las y los Fiscales deben registrar sus actuaciones en los sistemas informáticos y de registro físico establecidos por el Ministerio Público, así como brindar la información estadística que el sea requerida, en términos de veracidad y oportunidad.
Artículo 44°.- (Asesoras especializadas o asesores especializados)
La o el Fiscal General del Estado; las o los Fiscales Departamentales, a solicitud del Fiscal de Materia, mediante resolución fundada, dispondrán la contratación de asesoras y asesores especializados para formar equipos interdisciplinarios en aquellos casos en que por la multiplicidad de los hechos, el elevado número de personas imputadas o de víctimas o por tratarse de delitos vinculados a la delincuencia organizada, o que requieran de investigación especializada.
Artículo 45°.- (Naturaleza y composición)
El Consejo del Ministerio Público es la instancia consultiva del Ministerio Público, estará compuesto por:
La o el Fiscal General del Estado, que preside el Consejo.
Las o los Fiscales Departamentales.
Una o un Fiscal Superior y Fiscal de Materia, que será nombrada o nombrado anualmente, por la o el Fiscal General del Estado, de entre las o los fiscales que hayan obtenido el mayor puntaje en el escalafón.
Proponer a la o el Fiscal General del Estado, proyectos de reglamentos del Ministerio Público o sus modificaciones.
Proponer a la o el Fiscal General del Estado, la creación de asientos Fiscales o unidades especializadas.
Proponer criterios para la aplicación de las leyes, medidas para el mejoramiento de la persecución penal, Gestión Fiscal, la calidad del servicio y para unificar la acción del Ministerio Público.
Evaluar la aplicación de las instrucciones generales e instrucciones particulares ratificadas, por la o el Fiscal General del Estado para adoptar los correctivos que correspondan.
Asesorar a la o el Fiscal General del Estado, cuando éste lo solicite.
Las demás establecidas por Ley.
Artículo 49°.- (Instrucciones)
Con el objeto de establecer criterios para la aplicación de las leyes y de establecer la unidad de acción del Ministerio Público, la o el Fiscal General del Estado y las o los Fiscales Departamentales, impartirán a las o los Fiscales a su cargo las instrucciones inherentes al ejercicio de sus funciones.
Artículo 51°.- (Objeción)
Contra las instrucciones de la o el superior jerárquico, sólo procederá su reconsideración vía objeción, siempre y cuando la o el Fiscal que las reciba haga conocer a su superior jerárquico, fundadamente, que las considera contrarias a la Ley o manifiestamente arbitrarias o inconvenientes a las funciones institucionales.
Artículo 52°.- (Trámite)
Las objeciones serán planteadas ante la misma autoridad que las haya impartido dentro del plazo perentorio de cuarenta y ocho horas, a partir de su notificación, excepcionalmente se considerará el término de la distancia según corresponda.
Artículo 54°.- (Decisión)
La o el Fiscal General del Estado podrá ratificar, modificar o revocar las instrucciones objetadas, sin recurso ulterior. Las instrucciones modificadas por la o el Fiscal Departamental, sólo podrán ser objetadas ante el Fiscal General del Estado.
Artículo 55°.- (Ejercicio de la acción penal pública)
Las y los Fiscales en cumplimiento de sus funciones, realizarán todos los actos procesales necesarios, de manera pronta, oportuna, cumpliendo los plazos procesales y en tiempo razonable, en el ejercicio de la acción penal pública.
En los casos en los que las partes no hayan fijado de forma precisa domicilio real y procesal, éste no fuere conocido, las notificaciones se practicarán en el tablero de la Fiscalía. Estos tableros deberán ser de acceso público. En todos los trámites y procesos que sean de conocimiento de la Fiscalía General del Estado, las notificaciones se practicarán siempre en su tablero y/o correo electrónico que la parte hubiere puesto en conocimiento.
Durante la etapa preparatoria si el testigo citado no se presentare en el término que se el fije, ni justifique un impedimento legítimo, la o el Fiscal librará mandamiento de aprehensión con el objeto de cumplir la diligencia correspondiente.
Artículo 59°.- (Actas)
Las actuaciones de las y los Fiscales que deban consignarse en acta, para su validez se registrarán observando los requisitos y formalidades previstos en el Código de Procedimiento Penal, y en su caso disponer la corrección de los requisitos de forma de las mismas de manera oportuna.
Artículo 61°.- (Cuadernos de investigación)
Los cuadernos de investigación se organizarán siguiendo criterios de orden y utilidad, estarán a disposición de las partes, salvo casos de reserva.
Artículo 64°.- (Conciliación)
Artículo 66°.- (Revisión)
La máxima autoridad del Ministerio Público de manera excepcional y de oficio, en uso de sus atribuciones, podrá revocar las resoluciones de rechazo o sobreseimiento, debidamente fundamentada, dictadas por Fiscales de Materia o Departamentales, cuando se trate de delitos que atenten gravemente contra los intereses generales de la sociedad, cuando no exista querellante y por violación a derechos fundamentales, dentro de los diez días de recibidas las actuaciones.
Artículo 67°.- (Garantías para la persona imputada)
La o el Fiscal cuidará en todo momento que la persona imputada conozca sus derechos fundamentales, las garantías constitucionales y legales que el asisten, el estado de las investigaciones o del proceso, salvo los casos de reserva declarados por el Juez de la causa, así como las condiciones que debe cumplir, toda vez que sea procedente una salida alternativa al juicio.
Artículo 68°.- (Garantías para la víctima)
El Ministerio Público atenderá los intereses de la víctima y el informará sobre sus derechos y obligaciones en el proceso penal y sobre el resultado de las investigaciones, aunque no se haya constituido en querellante, precautelará el derecho que tiene a ser oída antes de cada decisión Fiscal y Judicial, y requerirá se el asigne Abogado o Abogada, defensora o defensor estatal a la víctima carente de recursos económicos, traductora o traductor o intérprete, y personal especializado con el objeto de evitar la victimización secundaria, siempre que lo solicite.
El desarrollo del proceso no cause mayor daño al adolescente.
Estos casos deben desarrollarse en absoluta reserva, bajo absoluta responsabilidad.
La sanción sea proporcional y adecuada a los fines de educación, rehabilitación y reinserción social.
En lo pertinente las medidas socio-educativas no adquieran las características de sanciones penales.
Artículo 71°.- (Reserva de actuaciones)
Los resultados de las investigaciones contra adolescentes imputables serán de absoluta reserva, aún después de que se haya dictado sentencia en el respectivo caso.
Artículo 72°.- (Procesos contra miembros de naciones y pueblos indígena originario campesinos)
En las investigaciones y procesos penales contra personas miembros de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, en la Jurisdicción Ordinaria, el Ministerio Público actuará respetando su diversidad cultural y cosmovisión.
El parentesco con la víctima, querellante o la persona imputada, sus Abogadas o Abogados, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como el parentesco espiritual.
Amistad estrecha o enemistad manifiesta con la víctima, querellante o la persona imputada, que se demuestre por hechos notorios, unívocos y recientes. No procederá en ningún caso por ataques u ofensas inferidas al o por el Fiscal después de haber asumido la dirección funcional de un caso o el conocimiento de un asunto.
Ser acreedora, acreedor, deudora, deudor, socio o garante de la víctima, querellante o la persona imputada.
Haber sido Abogada, Abogado, mandataria, mandatario, testigo, tutora o tutor en el asunto que debe conocer.
En casos de Fiscales Departamentales, si hubiera dictado la resolución de rechazo o sobreseimiento en el mismo caso.
Haber recibido beneficios y dádivas de las partes.
Artículo 74°.- (Excusa)
Las o los Fiscales podrán excusarse haciendo conocer su impedimento a la o el superior jerárquico, mediante informe fundado, dentro del término de vienticuatro horas a partir de su conocimiento, sin perjuicio de realizar los actos imprescindibles para conservar los medios de prueba o las actuaciones procesales imprescindibles.
Artículo 75°.- (Recusación)
Dentro de los tres días de conocida la causal, la víctima, querellante o la persona imputada, podrán formular fundadamente la recusación, ante la o el Fiscal Jerárquico, acompañando la prueba suficiente e indicando de manera expresa la fecha y circunstancias del conocimiento de la causal invocada. El planteamiento de la recusación no impedirá a la o el Fiscal recusado continuar el conocimiento de la investigación o proceso.
Artículo 78°.- (Dirección funcional)
Las servidoras y los servidores policiales que ejerzan actividad de investigación deberán desempeñar sus labores bajo la dirección funcional de la Fiscal, el Fiscal o Fiscales asignados al caso. Orgánica y administrativamente se hallan sujetos a la Policía Boliviana.
La dirección legal y estratégica de la investigación.
El cumplimiento obligatorio por parte de las y los investigadores policiales de todos los requerimientos relativos a la investigación de hechos delictivos emitidos por la Fiscalía. La autoridad administrativa policial no podrá revocar o modificar el requerimiento emitido ni retardar su cumplimiento.
A requerimiento del Fiscal la asignación directa y obligatoria de investigadoras e investigadores policiales para la investigación del hecho delictivo. Asignadas o asignados las o los investigadores, la autoridad administrativa policial no podrá apartarlos de la investigación ni encomendarles otras funciones que los impidan el ejercicio de la investigación, sin conocimiento del Fiscal.
La separación de la investigación de la investigadora o el investigador policial asignado dentro de la investigación, con noticia a la autoridad policial, cuando incumpla un requerimiento Fiscal, actúe negligentemente o no sea eficiente en el desempeño de sus funciones.
Cuando corresponda, el Fiscal podrá solicitar, fundamentadamente, a la autoridad policial competente, a través de la Fiscalía Departamental, la aplicación de procedimientos disciplinarios para los funcionarios policiales separados de la investigación.
Artículo 79°.- (Informe técnico conclusivo)
Las servidoras y los servidores policiales, realizarán investigaciones preliminares e informarán al Ministerio Público de las diligencias practicadas, al término de la etapa preparatoria deberán elaborar el informe técnico conclusivo de la investigación.
Asesorar a la o al Fiscal General en políticas de protección y asistencia a la víctima, testigos y miembros del Ministerio Público.
Ejecutar y coordinar la implementación de políticas y programas de protección especializada y diferenciada, y de atención de la víctima, testigos y miembros del Ministerio Público.
Solicitar mediante requerimiento Fiscal a que la Policía Boliviana brinde protección física a las víctimas, denunciantes, testigos, servidores del Ministerio Público o personas que colaboren en la persecución de delitos.
Supervisar y evaluar la ejecución de planes y programas de protección especializada y diferenciada, y de atención.
Las demás atribuciones que el sean asignadas por la o el Fiscal General del Estado.
Artículo 91°.- (Carrera fiscal)
La Carrera Fiscal es el sistema que establece el ingreso, la designación, permanencia y/o destitución de las y los Fiscales en el Ministerio Público. Se basa en el reconocimiento de méritos y acreditación progresiva de conocimientos y formación jurídica de las y los Fiscales, de acuerdo a Reglamento.
Artículo 93°.- (Alcance y estructura)
Están sujetos a la Carrera Fiscal, las y los Fiscales Superiores y de Materia.
Convocatorias públicas internas y externas.
Selección a través de concursos de méritos, exámenes de oposición y competencia, de manera pública y transparente.
Incorporación e inducción a través de las acciones necesarias para hacer conocer a la nueva servidora o al nuevo servidor, la misión, planes y programas del Ministerio Público y del puesto que asume, así como de las normas a cumplir.
Artículo 95°.- (Subsistema de evaluación, permanencia y promoción)
El subsistema de evaluación, permanencia y promoción comprende el conjunto de normas y procedimientos para evaluar el desempeño de las y los Fiscales en el cumplimiento de las responsabilidades de su cargo, en términos de probidad, transparencia, idoneidad y eficiencia a fin de determinar su permanencia y promoción en la Carrera Fiscal de acuerdo a Reglamento.
Artículo 96°.- (Subsistema de capacitación)
El Subsistema de Capacitación, es el proceso de formación y actualización permanente de las y los Fiscales y demás servidoras y servidores del Ministerio Público, según las necesidades y requerimientos del servicio que propicia su especialización en las funciones propias del cargo, y en su caso en la persecución de determinados delitos.
Evaluar los resultados obtenidos producto del ejercicio de la acción penal, empleando herramientas de verificación, y estadísticas.
Velar porque el Ministerio Público cuente con sistemas informáticos para registrar oportunamente los actuados de las o los Fiscales y demás servidoras o servidores, o cualquier otro medio que asegure este objetivo.
Diseñar y proponer políticas de gestión institucionales.
Proponer metas de gestión institucional considerando la oportunidad y eficiencia de las o los servidores y la calidad de los servicios teniendo en cuenta la cantidad, complejidad y naturaleza de los casos, así como los medios humanos y materiales con que cuenten.
Coordinar con la Escuela de Fiscales del Estado la formación inicial, continua, permanente y especializada de los Fiscales, así como los instrumentos de evaluación de desempeño y materias de investigación.
Toda otra que el asigne la o el Fiscal General del Estado.
Planificar y Ejecutar los programas de formación y capacitación de las servidoras y los servidores del Ministerio Público.
Implementar los cursos de formación, actualización y especialización.
Prestar soporte técnico jurídico a las instancias encargadas de la selección de Fiscales así como a aquéllos otros que se constituyan para las diferentes modalidades de promoción en el ámbito de la Carrera Fiscal.
Desarrollar los concursos para la selección de profesorado de la Escuela de Fiscales del Estado.
Otras determinadas de acuerdo con el Reglamento.
Artículo 106°.- (Dependencia)
La Escuela de Fiscales del Estado depende de la o del Fiscal General del Estado, estará a cargo de una Directora o un Director, designada o designado por dicha autoridad, previa convocatoria pública, y contará con el personal necesario.
Artículo 108°.- (Estructura y unidades de capacitación)
Su estructura y funcionamiento se establecerá mediante Reglamento.
Artículo 110°.- (Personal)
Para el cumplimiento de sus funciones, la Fiscalía General del Estado dispondrá del personal administrativo y técnico necesario, organizado de acuerdo a Reglamento.
Artículo 112°.- (Vacaciones)
Las y los Fiscales y servidores del Ministerio Público, gozarán de una vacación, que será programada por la Fiscalía General del Estado en coordinación con las Fiscalías Departamentales, de acuerdo a Reglamento.
Artículo 116°.- (Autoridades disciplinarias)
Son autoridades disciplinarias del Ministerio Público en primera instancia, las o los sumariantes en cada Departamento, cuyo número será determinado anualmente por la o el Fiscal General del Estado, según las necesidades del servicio. En segunda instancia la o el Fiscal General del Estado.
La ausencia injustificada al ejercicio de sus funciones por un día o dos días discontinuos en un mes, sin perjuicio de los descuentos que se establezcan reglamentariamente.
El maltrato que no implique discriminación a los sujetos procesales y las o los servidores de apoyo fiscal e investigadoras o investigadores.
Ausentarse del lugar donde ejerza sus funciones sin causa justificada, sin perjuicio de los descuentos que se establezcan reglamentariamente.
Abandonar el lugar donde ejerza sus funciones sin la respectiva licencia o autorización, y sin justificación legal.
Manejar de forma inadecuada los cuadernos de investigación o registros.
Cualquier otra acción que represente conducta profesional negligente, desciudada o retardo en el ejercicio de sus funciones o menoscabo de su objetividad, que no pueda ser reparada o corregida.
Desempeñar funciones ajenas a sus específicas labores durante las horas de trabajo.
No introducir o registrar oportunamente los actuados procedimentales e investigativos en el sistema informático en las formas y conforme a los procedimientos establecidos institucionalmente.
El incumplimiento culposo de las instrucciones o circulares recibidas que ocasionen daño al proceso penal o a la institución, siempre que las mismas hubieren sido impartidas en la forma prevista en esta Ley.
La ausencia injustificada, por más de dos días continuos o tres discontinuos en el período de un mes, sin perjuicio de los descuentos que se establezcan reglamentariamente.
El incumplimiento injustificado de plazos, salvo los previstos como falta muy grave.
Pérdida de documentos, indicios y elementos de prueba a su cargo por falta de un debido ciudado en su custodia, que genere perjuicio a un proceso o a la institución.
Impartir instrucciones, interferir o ejercitar cualquier clase de presión, con el objeto de favorecer indebidamente a alguna de las partes dentro de un proceso penal, administrativo o disciplinario.
Dar intencionalmente información errónea a las partes, relacionada al proceso penal.
No dar información a las partes sobre el proceso penal, salvo cuando se haya declarado la reserva de las actuaciones conforme a lo previsto en el procedimiento penal, o exista deber de confidencialidad o reserva legalmente establecido.
Difundir por cualquier medio, información que lesione derechos reconocidos constitucionalmente a favor de los sujetos procesales o de la víctima.
Declarar falsamente en la solicitud o trámites de licencias, salidas, comisiones, autorizaciones, declaraciones de incompatibilidad y sueldos.
Informar falsamente en los reportes estadísticos.
El abuso de su condición de Fiscal para obtener para sí o de terceros un trato favorable de autoridades, servidoras y servidores públicos o particulares.
Ausencia injustificada de tres o más audiencias o actuaciones en el lapso de un año, en los cuales su presencia sea de carácter obligatorio en las que la Constitución Política del Estado, los Tratados, Convenios Internacionales y las leyes, señalan que su presencia es obligatoria.
La comisión de tres faltas leves ejecutoriadas, en el término de doce meses.
Acumular descuentos equivalentes a diez días de descuento en un año.
Suspender injustificadamente las audiencias señaladas para actuaciones procedimentales y/o investigativas.
Realizar actos de violencia física, contra superiores jerárquicos, subalternos, compañeros de trabajo, o a las personas que intervienen en la investigación y en el proceso penal.
No emitir los requerimientos conclusivos o de procedimiento mediato en los plazos establecidos por Ley.
La negación u omisión del deber de coordinación y cooperación establecida en la Ley de Deslinde Jurisdiccional entre el Ministerio Público y la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina.
El incumplimiento doloso de las instrucciones o circulares recibidas, que ocasionen daño al proceso penal o a la institución, siempre que las mismas hubieren sido impartidas en la forma prevista en esta Ley.
La ausencia injustificada, por más de tres días continuos o cinco discontinuos, en el lapso de un mes, sin perjuicio de los descuentos que se establezcan reglamentariamente.
Concurrir a cumplir sus funciones en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias controladas.
Destruir, modificar, ocultar, suprimir, alterar, falsificar, y/o insertar o hacer insertar declaraciones falsas en resoluciones, documentos, indicios o elementos de prueba de los procesos penales o disciplinarios, por si o a través de otro, sin perjuicio del proceso penal que corresponda.
El incumplimiento doloso de plazos que dé lugar a la extinción de la acción penal, o la preclusión, deserción o pérdida de recursos de apelación restringida o casación. En este caso se considerará la conveniencia y factibilidad del recurso para los fines del caso concreto conforme a las políticas de la institución.
Formular imputación o acusación formal a sabiendas que tienen como base prueba obtenida en violación a derechos fundamentales y/o garantías jurisdiccionales vulnerando la Constitución Política del Estado, Convenios, Tratados Internacionales y las leyes, o cuando los indicios o elementos de prueba sean notoriamente falsos.
Solicitar o recibir, directamente o por interpósita persona, para sí o para un tercero, dinero, dádivas o cualquier otra ventaja o aceptar ofrecimiento o promesa, para hacer, dejar de hacer o retardar un acto relativo a sus funciones, sin perjuicio del proceso penal que corresponda.
Aceptar o ejercer consignas, presiones o encargos que comprometan la objetividad y probidad en el cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio del proceso penal que corresponda.
Subordinación indebida respecto a alguna autoridad, persona, organización o entidad que comprometa la objetividad y probidad en el cumplimiento de sus funciones, que se manifieste por hechos notorios.
Permitir la intervención de otras personas ajenas a la institución en las funciones propias del fiscal, salvo convenio previo u autorización expresa de la autoridad jerárquica.
Hostigamiento o acoso sexual en el ámbito de la relación funcionaria o de prestación de servicios, que provoque un entorno objetivamente intimidatorio, hostil o humillante para la persona o las personas objeto de la misma.
Maltrato y/o denegación de acceso al servicio por motivos de discriminación fundada en razón de sexo, origen, raza, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, condición económica o social, orientación sexual, discapacidad u otras establecidas en la Constitución Política del Estado y las leyes, sin perjuicio del proceso penal que corresponda.
La comisión de tres faltas graves ejecutoriadas dentro del plazo de doce meses.
Retirar acusaciones presentadas o desistir de recursos planteados, sin la expresa autorización del superior jerárquico.
Revelar o publicitar hechos o datos conocidos en el ejercicio de sus funciones, que comprometa la investigación o sobre los que exista el deber de reserva.
Permitir que las o los servidores policiales en el ejercicio de sus funciones que realizan la acción directa, ejerzan cualquier acto de violencia, malos tratos o torturas, prohibidos por la Constitución Política del Estado, Convenios, Tratados Internacionales y las leyes en el ejercicio de sus funciones.
Contar con dos excusas declaradas ilegales durante doce meses.
Dictar resoluciones indebidas o insuficientemente fundadas, con el fin de perjudicar o beneficiar a una de las partes.
Devolver y/o apropiarse de manera irregular de vehículos, bienes inmuebles y otros bienes muebles secuestrados, incautados o decomisados, sin perjuicio del proceso penal que corresponda.
Para las faltas leves, llamadas de atención o amonestación escrita, las mismas que serán impuestas directamente por el superior.
Para las faltas graves, pérdida del derecho a promoción durante un año, suspensión temporal del cargo sin goce de haberes por un tiempo que no exceda de dos meses o una multa de hasta el 40% de su haber mensual.
Para las faltas muy graves, destitución definitiva del cargo y consiguiente retiro de la carrera Fiscal, sin perjuicio de iniciarse proceso penal si corresponde.
Artículo 123°.- (Restitución)
Las o los Fiscales que sean procesadas o procesados disciplinariamente, serán restituidos a sus funciones si los cargos en su contra fueren desvirtuados. La restitución implicará el pago de los haberes devengados. Igualmente se restituirán los haberes devengados en caso de imponerse una sanción distinta a la suspensión sin goce de haberes o a la destitución.
Artículo 124°.- (Prescripción)
Las Faltas leves prescribirán a los tres meses de su comisión, Las Graves a los doce meses y las Muy Graves a los dieciocho meses de su comisión, salvo las que constituyan delito en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 127°.- (Proceso sumario)
Recibida la denuncia, la autoridad sumariante, en un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas, podrá admitirla o rechazarla.
Artículo 128°.- (Recurso jerárquico)
La decisión adoptada por la autoridad sumariante admitirá recurso jerárquico, presentado ante la misma autoridad en el plazo de tres días hábiles, en caso de que la resolución no sea recurrida, la misma será comunicada al Fiscal General para su cumplimiento inmediato.
Artículo 130°.- (Dirección de Régimen Disciplinario)
La Dirección de Régimen Disciplinario está encargada de coadyuvar en las investigaciones realizadas por las autoridades sumariantes, cuando éstas lo requieran en los casos de faltas graves y muy graves.
Las asignaciones anuales del Tesoro General de la Nación, que serán suficientes para garantizar el cumplimiento del ejercicio de sus funciones.
Los recursos propios provenientes de:
El 50% en valor monetario de los bienes confiscados por delitos de sustancias controladas, corrupción pública o vinculada al crimen organizado, cuando tenga sentencia ejecutoriada.
El 50% en valor monetario del producto del remate de mercancías decomisadas por delitos aduaneros o impositivos, cuando tenga sentencia ejecutoriada.
Los recursos provenientes de convenios interinstitucionales con instituciones u organismos nacionales o extranjeros celebrados por el Ministerio Público.
Los recursos provenientes de la enajenación de sus bienes, previa aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Y otros propios.
Infraestructura y equipamiento de la institución, independientemente de lo que proporcione el Estado.
Capacitación de fiscales, servidoras y servidores públicos.
Sostenimiento de programas de apoyo y protección a la víctima, testigos, fiscales, servidoras y servidores, y personas que hayan colaborado en la persecución penal.
Los recursos propios no podrán ser utilizados para el pago de sueldos o asignaciones especiales a las o los miembros del Ministerio Público, salvo cuando los convenios o donaciones así lo establezcan de acuerdo a Ley.
Artículo 136°.- (Función)
La Dirección Administrativa Financiera es la encargada de la administración, uso y disposición de los bienes, patrimonio y recursos económicos del Ministerio Público, con arreglo a la Ley.
Toda otra atribución que expresamente el delegue la o el Fiscal General del Estado.
El requisito exigido de hablar dos idiomas oficiales para ser Fiscal será aplicado en forma progresiva, de acuerdo con un plan de enseñanza ejecutado por la Escuela de Fiscales del Estado, debiendo concluirse con la correspondiente capacitación en un plazo máximo de tres años.
Las y los Fiscales, personal de apoyo y demás servidoras y servidores del Ministerio Público, actualmente en ejercicio, podrán continuar en sus funciones hasta la designación de las nuevas servidoras o servidores del Ministerio Público.
Gaceta 396NEC, 2012-07-12, Ley, julio/2012
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/140053
Gaceta Oficial de Bolivia 396NEC - Publicado el: 2012-07-12, 201207d.lexml
Fdo. Lilly Gabriela Montaño Viaña, Richard Cordel Ramírez, Mary Medina Zabaleta, David Sánchez Heredia, Luis Alfaro Arias, Angel David Cortéz Villegas. Fdo. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Luis Alberto Arce Catacora, Cecilia Luisa Ayllon Quinteros, Claudia Stacy Peña Claros.
[BO-L-N344] Bolivia: Ley Nº 344, 26 de febrero de 2013
Amplia por única vez el plazo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica del Ministerio Público Nº 260 del 11 de julio de 2012.

References: Artículo 4

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 14

Artículo 24
 resolución 

Artículo 25

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 44
 resolución 

Artículo 45

Artículo 49

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 59

Artículo 61

Artículo 64

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 71

Artículo 72
 resolución 

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 91

Artículo 93

Artículo 95

Artículo 96

Artículo 106

Artículo 108

Artículo 110

Artículo 112

Artículo 116

Artículo 123

Artículo 124

Artículo 127

Artículo 128
 resolución 

Artículo 130

Artículo 136