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Timestamp: 2014-04-23 16:11:57+00:00

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Propuestas para la mejora del tercer sector de ambito social en Espa�a
PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL TERCER SECTOR DE �MBITO SOCIAL EN ESPA�A Informe para el Presidente del Gobierno CONCLUSIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
Madrid, 12 de enero de 1999
Propuestas elaboradas por los Grupos de Trabajo constituidos a partir del encuentro del 21 de mayo de 1998 del Presidente de Gobierno, Jos� Mar�a Aznar con las ONG's de �mbito social. PRESENTACI�N
El presente informe tiene por objeto presentar al Presidente del Gobierno Espa�ol, Sr Jos� Ma Aznar, las tareas realizadas por los Grupos de Trabajo constituidos a partir del encuentro realizado en el Palacio de la Moncloa el pasado 21 de Mayo de 1.998, entre el Presidente con una representaci�n de las ONG's de �mbito social. El informe esta estructurado en tres cap�tulos: En el primer capitulo, se da cuenta del proceso y la metodolog�a que se han seguido desde el 21 de Mayo hasta el 12 de Enero. El segundo capitulo resume las propuestas elaboradas por los Grupos de Trabajo constituidos a partir de la reuni�n de la Moncloa del 21 de Mayo de 1998. El tercer cap�tulo de conclusiones plantea las condiciones que se tienen que dar para garantizar la concreci�n de las propuestas planteadas. De forma aneja, el informe se acompa�a de cuatro documentos elaborados por las ONG'S que desarrollan con mas profundidad las propuestas que se han resumido en el mismo y que han constituido la base de trabajo de estos meses. Las ONG`s que han participado en el proceso de elaboraci�n de las propuestas planteadas han sido:
Cruz Roja Espa�ola Caritas Espa�ola Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Uni�n Espa�ola de Asociaciones de Asistencia al Drogodependiente (UNAD) Confederaci�n Espa�ola de Federaciones y Asociaciones Pro Personas Deficientes Mentales (FEAPS) Confederaci�n Coordinadora Estatal de Minusv�lidos F�sicos de Espa�a (COCEMFE) Uni�n Democr�tica de Pensionistas y Jubilados de Espa�a (UDP) Confederaci�n de Centros de Desarrollo Rural Uni�n Roman� Federaci�n de Mujeres Progresistas Prestaci�n, ayuda y servicios para Discapacitados Ps�quicos y tercera Edad. Asociaci�n Espa�ola del Deporte Especial (ANDE) Fundaci� Catalana de l'Esplai
Asociaci�n Trabajadores Inmigrantes Marroqu�es en Espa�a (ATIME) Confederaci�n Nacional de Sordos de Espa�a (CNSE.) Asociaci�n Espa�ola contra el C�ncer Federaci�n Nacional de la Mujer Rural Las ONG's se han dotado de la colaboraci�n de expertos en las distintas materias que han fundamentado y articulado, desde el punto de vista jur�dico, los documentos 1, 2 y 3 y las propuestas planteadas. Estos expertos han sido:
Sr. Raim�n Bergos (Ley de Fundaciones y propuestas del �mbito fiscal) Sr. Oriol Segarra (Ley de Contratos de las Administraciones P�blicas) Sra. Cristina Urbina (Ley de Asociaciones) Hemos de destacar la colaboraci�n y las aportaciones de los expertos colaboradores de las ONG's:
Sr. Miguel Angel Cabra de Luna y Jorge Garc�a-Andrade (Confederaci�n Espa�ola de Fundaciones) Sra. Juana Bengoa (Federaci�n de Mujeres Progresistas) Sr. Bruno Lantero (Despacho Ram�n y Cajal) Sra. Rosario P�rez de la Cruz (Cruz Roja Espa�ola) La tarea de los Grupos de Trabajo ha sido coordinada por Inocencio Valdivia, Presidente de COCEMFE (Grupo de Trabajo Econ�mico Administrativo) y por Josep Gass�, Presidente de la Fundaci� Catalana de l'Esplai (Grupo de Trabajo Legislativo). En la elaboraci�n de los documentos y las propuestas se ha tenido en cuenta y consultado los textos legislativos espa�oles vigentes, la jurisprudencia existente, los borradores de los proyectos de reforma legislativa en curso y la legislaci�n comparada en el �mbito europeo as� como los textos comunitarios elaborados en los �ltimos a�os.
1. ORIGEN, PROCESO Y METODOLOG�A
Origen y objeto del proceso El pasado 21 de Mayo de 1998 el Presidente del Gobierno, Jos� Ma Aznar convoc� en el Palacio de la Moncloa a una representaci�n de las ONG's del �mbito social con el objeto de incrementar la colaboraci�n del Gobierno con estas asociaciones en la lucha contra la exclusi�n social y la pobreza, conocer las preocupaciones del sector as� como sus opiniones y propuestas para un mejor desarrollo del mismo y su funci�n social.
En la reuni�n, presidida por el Presidente del Gobierno, participaron representantes de 16 ONG's de diversos �mbitos del sector social y el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas. El encuentro fue valorado muy positivamente por parte del sector y, a propuesta del Gobierno, se acord� constituir dos Grupos de Trabajo mixtos; ONG's y representantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del Ministerio de Econom�a y Hacienda. El primer grupo de Trabajo "Econ�mico-Administrativo" se centrar�a en propuestas para la mejora en la financiaci�n,formaci�n, estructura y gesti�n de las entidades as� como para la mejora de los mecanismos de relaci�n con las Administraciones P�blicas. El segundo Grupo de Trabajo "Legislativo" centrar�a su tarea en proponer reformas y mejoras del sector en el �mbito legislativo. El Presidente del Gobierno se comprometi� a recibir nuevamente a las ONG's para conocer las conclusiones de los Grupos de Trabajo y valorar la oportunidad de implementar las propuestas realizadas. Metodolog�a, desarrollo del trabajo y calendario
El 2 de Julio se realiz� una reuni�n de las ONG's con representantes del MTAS, presidida por Amalia G�mez en la que se acord� constituir formalmente los Grupos de Trabajo, se nombraron los coordinadores respectivos y se estableci� el objeto espec�fico, la metodolog�a y el calendario para la elaboraci�n de las propuestas. Durante los meses de Julio y Agosto se estableci� un proceso de elaboraci�n y comunicaci�n interna que nos permiti� recoger y contrastar opiniones y propuestas as� como circularizarlas y obtener un amplio consenso sobre las mismas En los primeros d�as de Septiembre, las ONG's hicieron llegar cuatro documentos de trabajo al MTAS y al Ministerio de Econom�a y Hacienda que completaban unas primeras propuestas y una demanda de informaciones que se solicitaron en una reuni�n el 28 de Julio a los representantes del Ministerio de Econom�a y Hacienda. Del 15 de Septiembre al 15 de Octubre hemos tenido ocasi�n de trabajar conjuntamente con representantes del MTAS y consensuar una buena parte de las propuestas que se anuncian en el presente documento. Con fecha 20 de Octubre tuvimos ocasi�n de presentar al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas el trabajo realizado hasta la fecha. Con posterioridad, entorno al 20 de noviembre, el Ministerio de Econom�a y Hacienda, a trav�s de la Direcci�n General de Tributos, emiti� un informe en el que, en esencia se planteaba la necesidad de recabar informaci�n y cuantificar las consecuencias de una eventual aplicaci�n de algunas de las propuestas planteadas por las ONG's y, en cualquier caso, contextualizaba la oportunidad de modificaci�n del articulado de la Ley 30/1994, de Fundaciones, en el marco de una reforma global de la Ley. Valoraci�n del proceso
En t�rminos generales, valoramos muy positivamente el proceso desarrollado hasta la fecha. Desde el punto de vista del sector, hay que destacar la implicaci�n, el esfuerzo y la madurez de las ONG's. Una tarea como la que hemos emprendido ha requerido la b�squeda del denominador com�n del sector, generar conocimiento, confianza y comunicaci�n entre las organizaciones y un trabajo a�adido en la elaboraci�n de propuestas que cada ONG ha aportado seg�n sus posibilidades. Podemos estar razonablemente satisfechos y convencidos de que este proceso ha permitido madurar al sector. Si el encuentro con el Presidente Aznar ya se percibi� de forma muy positiva, la expectativa del sector se ha incrementado cuando el trabajo ha empezado a dar sus frutos. Otro elemento a valorar ha sido el inter�s, la sensibilidad y la competencia de los representantes del MTAS, muy especialmente de Arnalia G�mez, Ma Teresa Mog�n y Consuelo S�nchez-Naranjo, as� como el trabajo de todos los t�cnicos del Ministerio que han participado en este proceso en el que el rigor, el buen clima de trabajo y la colaboraci�n han sido la nota dominante. Por otra parte, el nivel de coincidencia en el an�lisis y las propuestas planteadas ha sido muy alto. Sin duda, el impulso y la colaboraci�n del MTAS en el proceso han sido decisivos. Por otra parte, la implicaci�n del Gabinete de Presidencia a trav�s de la participaci�n de Daniel Sada en el proceso ha supuesto un elemento dinamizador y coordinador del mismo de gran importancia moral y pol�tica. Finalmente se�alar las dificultades que ha supuesto el calendario establecido para el Ministerio de Econom�a y Hacienda por cuanto la coincidencia en el tiempo de los trabajos planteados con la elaboraci�n de los presupuestos generales deI Estado y el proceso de reforma del IRPF no ha permitido un estudio con la profundidad requerida que permitiera avanzar en la concreci�n de las propuestas de �mbito fiscal y de la I.CAP. Probablemente, �sta ha sido la limitaci�n m�s relevante en el proceso emprendido hace seis meses. 2. PROPUESTAS ELABORADAS POR LOS GRUPOS DE TRABAJO
El presente cap�tulo expone seis grupos de propuestas que se desarrollan con m�s detalle en los documentos adjuntos. Los cuatro primeros, tal y como se formulan, han sido objeto de trabajo com�n con los representantes del MTAS y gozan de un importante nivel de consenso. Los dos restantes, entendemos que deber�n constituir objeto de trabajo espec�fico con los Ministerios implicados a partir del mes de Enero de 1999.
PROPUESTA N� 1: Elaborar un libro blanco sobre el tercer sector de �mbito social
La importancia creciente del tercer sector de �mbito social en Espa�a y el papel que est� llamado a desempe�ar en las pol�ticas p�blicas de servicios sociales en el contexto de la nueva etapa de la sociedad del bienestar, contrasta con la escasez de informaci�n sistem�tica sobre el sector de nuestro pa�s. Por otra parte, en el marco de las Naciones Unidas y de distintos organismos p�blicos y privados del entorno de la Uni�n Europea, se est�n emprendiendo proyectos destinados al conocimiento y evaluaci�n del sector as� como en el establecimiento de una metodolog�a especifica para su an�lisis continuado. PROPUESTA Entendemos que la elaboraci�n de un Libro Blanco sobre el Tercer Sector de �mbito social es un instrumento imprescindible para la conformaci�n de las pol�ticas p�blicas de car�cter social en Espa�a. Este Libro Blanco tendr�a que determinar el �mbito de actuaci�n dimensionar el sector:
N�mero de organizaciones que integra Naturaleza jur�dica de las mismas �mbito territorial Campos de actividad en los que intervienen N�mero de beneficiarios e incidencia social Voluntarios que canalizan
Profesionales y puestos de trabajo que generan Volumen econ�mico gestionado ' Determinaci�n de cuales son sus fuentes de ingresos An�lisis de los gastos Cuotas satisfechas en concepto de Impuestos de Sociedades, IBI e IAE Mecanismos de relaci�n con las Administraciones P�blicas Servicios gestionados Proponemos la creaci�n de un Comit� Director formado siete personas:
Tres representantes de la Administraci�n General del Estado (MTAS, INE y Econom�a y Hacienda - Instituto de Estudios Fiscales y Agencia Tributaria) Dos representantes de las ONG's Dos expertos destacados como estudiosos del sector Entendemos que ser�a necesario dotar al proyecto de una Direcci�n Ejecutiva residenciada en el MTAS as� como un Comit� ejecutivo para su implementaci�n. Para dar concreci�n a esta propuesta, creemos que en el mes de marzo de 1999 tendr�a que estar elaborado un anteproyecto del Libro Blanco y que desde el punto de vista presupuestario, ser�a conveniente obtener esponsorizaci�n del sector privado. Dado el inter�s y la necesidad de disponer de este instrumento en el marco de las Comunidades Aut�nomas, que tienen a su vez transferida la competencia exclusiva en materia de servicios sociales y asociaciones, consideramos oportuno la complicidad y la coordinaci�n con las mismas en este proyecto. PROPUESTA N�2: Impulsar un Plan Estrat�gico del Tercer Sector de �mbito social
El �mbito social en nuestro pa�s demanda una reforma en profundidad y un impulso decidido para que se pueda estructurar de acuerdo con los par�metros que exige la nueva situaci�n en el cambio de siglo. La funci�n p�blica compartida entre el Estado y el tercer sector de �mbito social, exige una estructuraci�n y madurez del sector social y un cambio en los dispositivos actuales del Estado.
Esta necesidad y el an�lisis compartido entre las ONG's sociales y el MTAS, requieren un instrumento operativo para garantizar su concreci�n. PROPUESTA En este sentido proponemos que el Gobierno impulse un Plan Estrat�gico del tercer sector de �mbito social.
Entendemos que este Plan Estrat�gico deber�a marcar unos objetivos y unas estrategias a medio plazo y concretar un paquete de medidas para su concreci�n, as� como los mecanismos de seguimiento y evaluaci�n correspondientes. De igual manera, se tendr� que garantizar la participaci�n de las ONG's en el proceso de elaboraci�n y aplicaci�n del Plan de la misma manera que se ha hecho en el PEV. Este Plan Estrat�gico deber�a integrar las propuestas de mejora del sector en:
La financiaci�n de las ONG's (plurianualidad, ayudas a la estructura, captaci�n de socios, mecenazgo, prestaci�n de servicios...) La formaci�n en la gesti�n de las entidades no lucrativas, La incorporaci�n de las nuevas tecnolog�as en el sector La obtenci�n de locales e infraestructuras para un mejor y m�s amplio desarrollo de sus actividades
Las medidas de control de calidad y seguimiento de los programas desarrollados, con la introducci�n de sistemas de evaluaci�n de impacto La presencia social del sector en los medios de comunicaci�n El proceso de modificaciones legislativas que se acordara emprender Participaci�n social de los voluntarios en las ONG's Participaci�n de los usuarios en los programas Relaci�n entre las Administraciones P�blicas y las ONG's Apoyo para la elaboraci�n estrat�gica del Estatuto Europeo de las ONG's Entendemos que para concretar este Plan Estrat�gico impulsado por el Gobierno ser�a necesario constituir una Comisi�n Interministerial con la participaci�n de los ministerios de Presidencia, Trabajo y Asuntos Sociales, Econom�a y Hacienda, Justicia e Interior y que a su vez se dotara de una Comisi�n T�cnica para su elaboraci�n y ejecuci�n. Los trabajos de elaboraci�n del Plan Estrat�gico tendr�an que desarrollarse en los pr�ximos seis meses para su presentaci�n y posterior aprobaci�n por el Gobierno. Los presupuestos del a�o 2.000 tendr�an que contemplar la puesta en marcha de las medidas planteadas.
PROPUESTA N�3: Garantizar la participaci�n del sector en el desarrollo de las pol�ticas p�blicas del �mbito social EXPOSICION DE MOTIVOS
El desarrollo de las pol�ticas de bienestar social en el contexto de una nueva etapa de responsabilidad compartida entre el Estado y la Sociedad requiere un tercer sector social fuerte y articulado con capacidad de interlocuci�n con las instituciones p�blicas y con la sociedad en general. No es posible pensar, por otra parte, en el ejercicio de la funci�n p�blica en materia de acci�n social sin contar con la complicidad y la concertaci�n de las organizaciones sociales.
El tercer sector de �mbito social es amplio, heterog�neo tanto por su diversidad en sus campos de actuaci�n como por su nivel desigual de implantaci�n y desarrollo, y est� insuficientemente articulado. Podr�a aprovecharse la experiencia del grupo de trabajo de ONG's, para establecer un consejo permanente de representaci�n, seg�n el modelo del Consejo estatal de mayores que participe en las iniciativas que plantee la Administraci�n General del estado sobre el sector. PROPUESTA Se propone que en todos los dispositivos de pol�tica social existentes y en los que se puedan crear, de acuerdo con el proceso de reforma emprendido, se garantice la participaci�n articulada del sector. Ello requerir� por parte del sector la capacidad propia para su autorregulaci�n y la concreci�n de sus mecanismos de representaci�n din�mica interna. Se propone la constituci�n de un �rgano colegiado de la Administraci�n General del Estado en el que est�n representadas las ONG's cuyos fines se enmarquen en el campo de la acci�n social dirigida a los colectivos sociales mas desfavorecidos. Este �rgano de participaci�n podr� desarrollar funciones asesoras y consultivas respecto a las necesidades a satisfacer, mediante la colaboraci�n de las ONG's y en la identificaci�n de las prioridades de las pol�ticas publicas en el �mbito social.
PROPUESTA N�4: Impulsar medidas de fomento y apoyo al sector
Dentro de este paquete se proponen diversas actuaciones encaminadas a dotar de un mayor apoyo al sector por parte de la Administraci�n General del Estado. a) Incentivar la formaci�n de los equipos profesionales de las ONG's mediante la FORCEM EXPOSICI�N DE MOTIVOS
Garantizar la formaci�n de los equipos profesionales de las ONG's sociales es esencial desde el punto de vista de la necesaria profesionalizaci�n y cualificaci�n del sector y del papel que est� llamado a ejercer en la prestaci�n de los servicios sociales. Muchas veces, las organizaciones, a pesar de su voluntad, no han podido implementar esta formaci�n por un problema de recursos. Por otra parte, a veces, los funcionarios y t�cnicos de las Administraciones P�blicas adolecen de un adecuado conocimiento del sector, lo cual dificulta una relaci�n fluida con las ONG's.
PROPUESTA Proponemos en este sentido que se articulen medidas para facilitar la formaci�n de los directivos y t�cnicos de las ONG's con cargo a los fondos gestionados por la FORCEM y que se tenga en cuenta la especificidad del sector. A su vez, se propone el desarrollo de acciones de formaci�n especifica para los funcionarios y t�cnicos de las Administraciones Publicas, destinada a dotarles de un mejor conocimiento del sector b) Fomentar medidas para la generaci�n de empleo en el marco de las organizaciones sociales EXPOSICI�N DE MOTIVOS
El tercer sector de �mbito social constituye un agente en la creaci�n de empleo con una importancia creciente. Esta generaci�n de empleo viene acompa�ada con mecanismos de formaci�n y de integraci�n de colectivos con especiales dificultades en la incorporaci�n laboral. Por otra parte, uno de los pilares del Plan de Acci�n para el Empleo del Reino de Espa�a y de las directrices europeas se�aladas en la Cumbre de Luxemburgo, hace referencia a los nuevos yacimientos de ocupaci�n y a las nuevas ocupaciones relacionadas con los llamados servicios de proximidad. En este contexto, las organizaciones no lucrativas est�n llamadas a jugar un papel importante en la consolidaci�n de estas nuevas ocupaciones. PROPUESTA Las propuestas formuladas en el documento 4 que se adjunta tienen que ver con el refuerzo del papel de las ONG's como generadoras de empleo y la integraci�n de colectivos con dificultades de inserci�n. Se propone analizar con detalle las medidas sugeridas para su concreci�n posterior. c) Apoyar la obtenci�n de locales, equipamientos y otros medios infraestructurales que permitan el mejor desarrollo de las actividades EXPOSICI�N DE MOTIVOS
Los d�ficit infraestructurales de las entidades constituyen una importante limitaci�n para el desarrollo de sus actividades y programas. PROPUESTA Se propone que las Administraciones P�blicas, tanto a nivel Estatal, Auton�mico o local, faciliten la obtenci�n de locales por parte de las ONG's, aprovechando las posibilidades de cesi�n de locales p�blicos que ofrece la Ley de Patrimonio del Estado (arts. 74 y 76), as� como el Texto Refundido en materia de R�gimen Local (art. 79 del R.D. Legislativo 781/1996). De igual manera, se propone la obtenci�n de recursos para facilitar la adquisici�n de equipamiento inform�tico y de aplicaciones espec�ficas para la gesti�n de las organizaciones no lucrativas, lo cual redundar� en una mejor y m�s moderna gesti�n de los recursos. d) Desarrollar el Plan Estatal del Voluntariado EXPOSICI�N DE MOTIVOS
En el a�o 1997 el Consejo de Ministros aprob� el Plan Estatal del Voluntariado, (1997-2000) como marco general de coordinaci�n de la pol�tica del voluntariado del Gobierno. La buena acogida que el Plan ha tenido entre las Comunidades Aut�nomas (fue aprobado por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales de 24 de junio de 1997) y las ONG's, ha generado grandes expectativas en cuanto al desarrollo de su contenido. PROPUESTA Constituci�n y dinamizaci�n del Consejo Estatal del Voluntariado para fomentar la coordinaci�n de las Administraciones P�blicas y de las propias ONGs en materia de voluntariado.
Continuar la promoci�n de Convenios institucionales con empresas, fundaciones y universidades para la promoci�n del Voluntariado en las mismas. Facilitar espacios en los medios de comunicaci�n, especialmente en las televisiones p�blicas y privadas para la promoci�n del voluntariado, valorando su rentabilidad social. Bonificando fiscalmente en un 15% las aportaciones en especie de las empresas de comunicaci�n que se realicen en programas y actividades de voluntariado. Apoyo social y econ�mico, por parte de la Administraci�n, en los programas de voluntariado que sirvan de respiro familiar para mantener la unidad y estabilidad de la familia evitando as� el desarraigo familiar y social. Reconocimiento de los servicios de voluntariado a efectos curriculares: Ante la funci�n p�blica.
Invitando a la empresa privada a reconocer este valor social. Promover la suscripci�n de acuerdos entre empresas y Organizaciones humanitarias para la incorporaci�n de trabajadores como voluntarios. Propiciar programas de preparaci�n a la jubilaci�n, en los que el voluntario sea una opci�n destacable de utilizaci�n del tiempo libre. Incluir un m�dulo de Voluntariado en los Master y cursos de postgrado que se promueven desde las Administraciones P�blicas. Incorporar como materia transversal en los distintos niveles de la ense�anza reglada contenidos orientados a crear entre los estudiantes una cultura de colaboraci�n solidaria (voluntariado). Apoyar la edici�n de libros de texto que incorporen materias curriculares relacionadas con el voluntariado.
Promover convenios y ayudas con las Universidades para la realizaci�n de actividades de investigaci�n, estudio y difusi�n del voluntariado. Impulsar a trav�s del Fondo de compensaci�n de seguros la existencia de un seguro de m�nima prima que de forma gratuita cubra a los voluntarios de las Organizaciones Humanitarias y prevea seguros de mayor cobertura a precio justo. e) Establecer nuevos mecanismos para un mejor seguimiento, control y evaluaci�n de los programas subvencionados o contratados de las ONG's EXPOSICI�N DE MOTIVOS
Una preocupaci�n expresada reiteradamente por muchas organizaciones sociales tiene que ver con las dificultades en los procesos administrativos y de justificaci�n de subvenciones de la Administraci�n General del Estado. Por otra parte, el sector de las ONG's sociales es el primer interesado en introducir el rigor y la transparencia en su gesti�n. PROPUESTA Por todo ello se plantea un conjunto de propuestas en el �mbito de la gesti�n y administraci�n de Convenios con la Administraci�n P�blica que se adjuntan en el Anexo documento 4, inspirados en los principios de simplicidad, rigor, control de calidad y transparencia que compartimos el MTAS y las ONG's. Para hacer mas operativas las propuestas planteadas se propone formar un Grupo de trabajo mixto, integrado por representantes del MTAS, del Ministerio de Econom�a y Hacienda (IGAE) y de las ONG's que establezca los nuevos mecanismos de relaci�n administrativa mencionados. Asimismo se propone impulsar la realizaci�n de auditorias de las ONG's que est�n desarrollando programas sociales. f) Trabajar para la mejora de la financiaci�n del sector EXPOSICI�N DE MOTIVOS
El tercer sector del �mbito social est� en proceso de estructuraci�n y se desenvuelve, en general, con una gran precariedad de recursos. En la perspectiva del papel que est� llamado a jugar en la lucha contra la exclusi�n social en las pr�ximas d�cadas la financiaci�n de las organizaciones debe de incrementarse sobre la base de recursos p�blicos y privados. PROPUESTAS Incrementar la consignaci�n del 0,52% del IRPF AL 1%. Conscientes de las dificultades que una medida de estas caracter�sticas puede acarrear, la propuesta podr�a aplicarse progresivamente en varios a�os para conseguir el objetivo de duplicar el volumen de fondos actualmente disponibles y que no atienden las demandas de las ONG's. Implantar programas de financiaci�n plurianual para favorecer la estabilidad y continuidad de los proyectos. Uno de los problemas que afectan a las entidades del sector es la incertidumbre sobre la continuidad de los programas subvencionados que, en la mayor�a de los casos, requieren una compleja organizaci�n y cierta estabilidad en el tiempo para alcanzar sus objetivos. Para evitar ese efecto podr�a arbitrarse un sistema de financiaci�n plurianual que afecte tambi�n a las inversiones. Establecer nuevas f�rmulas de financiaci�n para el apoyo de las estructuras asociativas. Se propone posibilitar Convenios y otros instrumentos de colaboraci�n destinados al mantenimiento de las estructuras de las asociaciones m�s all� de las ayudas y subvenciones a los programas concretos. Por otra parte, se propone que se instrumenten los acuerdos necesarios con las entidades de ahorro para avanzar las subvenciones sin repercutir intereses adicionales todo ello para solventar los problemas de liquidez que tienen las entidades y aminorar los gastos financieros. en sus presupuestos de gastos. Estimular la participaci�n del sector mercantil en las actividades de las ONG's. M�s all� de las propuestas formuladas en el orden legislativo que incentiven la participaci�n del sector mercantil en las actividades de inter�s general, se propone que tanto el tercer sector como las Administraciones P�blicas a�nen esfuerzos en el incremento de esta participaci�n, tanto en la creaci�n de opini�n como en el desarrollo de experiencias exitosas en este campo. PROPUESTA N� 5: Promover reformas legislativas en materia fiscal, contrataci�n p�blica y de interpretaci�n de la Ley
La reforma del tercer sector requiere la actualizaci�n legislativa que le afecta tanto en el sentido de reforma de textos vigentes como de interpretaci�n de la Ley. Todo ello con el objetivo de un tratamiento m�s acorde con la realidad y que suponga una mejora de las condiciones en las que se desenvuelven las ONG's del �mbito social.
Hay tres cuestiones previas y nucleares a resaltar por cuanto aportar�an un mayor conocimiento y claridad al sentido de las propuestas: en primer lugar el recabar informaci�n sobre el sector y la aplicaci�n de la Ley 30/1994 y, en segundo lugar el acuerdo sobre la no-consideraci�n de actividad mercantil de la actividad econ�mica de las ONG's que prestan servicios a colectivos desfavorecidos. Finalmente, la consideraci�n especifica de las entidades de car�cter social. 1. Informaci�n solicitada al Ministerio de Econom�a y Hacienda Hemos solicitado al Ministerio de Econom�a y Hacienda (mes de julio) una serie de informaciones que nos podr�n ayudar a evaluar la incidencia econ�mica actual de la aplicaci�n de la Ley de Fundaciones y de Incentivos Fiscales. Hasta la fecha no se nos ha podido suministrar esta informaci�n. Los datos solicitados han sido: N� de entidades que figuren con el NIF G. N� de entidades no lucrativas que, desde 1994, se han acreditado ante las Delegaciones de la Agencia Tributaria de conformidad con lo establecido en el art. 46 de la Ley 30/1994 de "Fundaciones e Incentivos Fiscales a la Participaci�n Privada en Actividades de Inter�s General".I N� de Fundaciones y Asociaciones declaradas de utilidad p�blica que presentan la Declaraci�n del Impuesto sobre Sociedades; base imponible y cuota pagada por dicho impuesto, desde el ejercicio 1993. Si es posible, determinar la cuota pagada por todas las entidades no lucrativas en concepto de IBI e IAE.
N� de entidades acreditadas ante la Delegaci�n de la Agencia Tributaria que hayan solicitado desde 1994 al Ministerio de Econom�a y Hacienda, de conformidad a lo establecido en el articulo 48.2 de la Ley 30/1994, la exenci�n de los rendimientos derivados de sus explotaciones econ�micas y determinaci�n de los expedientes declarando la exenci�n total y/o parcial. N� de contribuyentes del IRPF que desde1993 declaran realizar donaciones de cantidades o bienes a entidades sin fines de lucro con determinaci�n del porcentaje que representan respecto al n�mero total de declarantes por dicho impuesto, con determinaci�n del importe total deducido en millones de pesetas para cada ejercicio. N� de entidades sujetas y no exentas al Impuesto de Sociedades que desde 1993 declaran realizar donaciones deducibles de la Base imponible a favor de entidades sin fines de lucro con determinaci�n del porcentaje que representan respecto al n�mero total de declarantes por dicho impuesto, con determinaci�n del importe total deducido en millones de pesetas para cada ejercicio. 2. Sobre la actividad econ�mica de las ONG's del �mbito social Seg�n nuestro criterio, la actividad econ�mica de una entidad sin animo de lucro, que presta servicios con contraprestaci�n a colectivos desfavorecidos, no es una actividad mercantil.
Resulta del todo necesario compartir este concepto con el Ministerio de Econom�a y Hacienda pues de ello se deriva el sentido de buena parte de las propuestas. Esta afirmaci�n esta en el trasfondo de las diferentes interpretaciones que se hacen de las leyes que afectan al sector. Para avalar nuestra tesis no podemos resistir la tentaci�n de transcribir, por su claridad y acierto, una cita extra�da del Dictamen del Comit� Econ�mico y Social de la Uni�n europea sobre "La cooperaci�n con las asociaciones de solidaridad como agentes econ�micos y sociales en el �mbito social" (98/C73/23) Diario Oficial de las Comunidades Europeas C73 del 9.3.98, dice as�: �El "tercer sector" es tambi�n aquella parte de la econom�a en la que el deseo de participaci�n de los ciudadanos se expresa directamente, esto es, sin relaci�n con intereses econ�micos ni estatales En todos los pa�ses de la Comunidad existen en general "sociedades de personas que se caracterizan por la adhesi�n personal, libre y voluntaria de sus miembros, sin contribuci�n al capital social y sin �nimo de lucro individual. Entre ellas se distinguen tres tipos: cooperativas, mutuas y asociaciones. En los dos primeros casos, la adhesi�n garantiza el derecho a servicios y prestaciones. Este no es en absoluto el caso para las asociaciones, que pueden actuar tambi�n a favor de personas que no sean miembros. La actividad de las asociaciones de solidaridad se dirige fundamentalmente a un p�blico no especifico. Los receptores de las prestaciones son personas que sufren determinados perjuicios sociales o bien ciudadanos que necesitan ayuda social temporal o permanente. Las prestaciones no responden a ning�n inter�s lucrativo y por tanto no pueden seleccionarse con arreglo a criterios de econom�a de mercado. El desaf�o actual de las asociaciones de inter�s general consiste en la comercializaci�n sistem�tica de la satisfacci�n de necesidades sociales. Si las asociaciones de inter�s general estuviesen totalmente expuestas a la competencia irrestricta con prestatarios orientados al beneficio, solo actuar�an -conforme a su objetivo- en los sectores en los que la prestaci�n de servicios sociales resulta lucrativa. Las asociaciones de solidaridad dif�cilmente podr�an desempe�ar en esas condiciones la funci�n de protecci�n social general, debido, entre otras cosas, al alto nivel de gastos que conlleva. Ahora bien, las asociaciones de solidaridad no son simples prestatarias de servicios sociales; su pertenencia al "dialogo civil" se pone precisamente de manifiesto en su colaboraci�n con los voluntarios, aspecto constitutivo de las asociaciones de solidaridad. El compromiso .social voluntario del mayor n�mero posible de ciudadanos es indispensable para la construcci�n y el desarrollo de la comunidad social. El principio de la subsidiariedad cobra vida bajo diversas maneras: Grupos de autoayuda, ayuda vecinal, ayuda laica, ayuda no remunerada, compromiso ciudadano, en parroquias o asociaciones seculares, etc. Las asociaciones de solidaridad son puntos donde se concentra esta solidaridad.� Del texto reci�n extractado, se apunta ya que estas entidades sin �nimo de lucro, por multitud de razones, no pueden estar expuestas a la competencia con entidades lucrativas para obtener los servicios que son el motivo de su existencia. 3. Sobre el car�cter especifico de las entidades de car�cter social Ya en el mes de Mayo, tuvimos ocasi�n de expresar ante el Presidente Aznar que "no todas la Fundaciones son de inter�s social. No es lo mismo ni debe tener el mismo tratamiento una Fundaci�n de una gran empresa, una entidad financiera o de un gran club deportivo que una Fundaci�n que trabaja a favor de los sectores mas desfavorecidos''. Lo mismo ocurre en el caso de las asociaciones pues muchas de ellas, aun cuando se trata de entidades no lucrativas, no tienen objetivos coincidentes con el inter�s general o la labor social. La legislaci�n vigente no contempla la especificidad de las entidades de car�cter social ni da un tratamiento espec�fico a las organizaciones sin af�n de lucro que prestan servicios a favor de los sectores m�s desfavorecidos. Es esencial ponernos de acuerdo en la determinaci�n de esta condici�n, las actividades que comporta, los requisitos de quienes las desarrollan y el tratamiento fiscal especifico de estas organizaciones. En este sentido se propone:
a) Establecer una clasificaci�n de las entidades de inter�s social EXPOSICI�N DE MOTIVOS
La legislaci�n vigente no contempla la especificidad de las entidades de inter�s social. La actual Ley de Fundaciones e incentivos a la participaci�n privada en actividades de inter�s general (30/1994) trata de manera uniforme a todas las fundaciones con independencia de su objeto. Por otra parte,la Ley de Asociaciones vigente (1964) tampoco discrimina entre las asociaciones en raz�n del inter�s general o social. Ya en la Moncloa, tuvimos ocasi�n de expresar ante el Presidente Aznar que "no todas la Fundaciones son de inter�s social. No es lo mismo ni debe tener el mismo tratamiento una Fundaci�n de una gran empresa, una entidad financiera o de un gran club deportivo que una Fundaci�n que trabaja a favor de los sectores mas desfavorecidos". Lo mismo ocurre en el caso de las asociaciones pues muchas de ellas, aun cuando se trata de entidades no lucrativas, no tienen objetivos coincidentes con el inter�s general o la labor social. Por otra parte, el sector social es el primer interesado en autoregularse y establecer los criterios de calidad y rigor en la gesti�n en el �mbito social. Es pues absolutamente nuclear, al abordar las reformas en el sector, la determinaci�n de quienes son las entidades de inter�s social que merecen esta consideraci�n. PROPUESTA Proponemos que se establezca la clasificaci�n de "entidad de inter�s social" a partir de los criterios consensuados entre el sector y la Administraci�n General del Estado. Proponemos que en la reforma de la Ley de Fundaciones y en la futura Ley de Asociaciones se contemple de forma espec�fica a las entidades de inter�s social y que, en consecuencia se establezcan los registros y clasificaciones correspondientes para su acreditaci�n, control y seguimiento y los beneficios y consideraciones espec�ficas de las mismas. Estos registros y clasificaciones se tendr�n que establecer de acuerdo con el marco competencial establecido entre el Estado y las Autonom�as, establecer los protocolos correspondientes de intercambio de informaci�n y acordar los criterios y requisitos b�sicos que tendr�n que regirlos. Esta clasificaci�n capacitar�a a las entidades para acceder a la contrataci�n p�blica mediante las reformas planteadas en la LCAP. b) Inclusi�n de la cl�usula social en la Ley de Contratos de las Administraciones P�blicas (LCAP) Ley 13/1995 EXPOSICI�N DE MOTIVOS
Una de las preocupaciones del sector social que ya tuvimos ocasi�n de exponer al Presidente del Gobierno, es la irrupci�n de las sociedades mercantiles en la prestaci�n de servicios sociales y el consiguiente desplazamiento de las organizaciones sociales en la misma. La actual Ley de Contratos de las Administraciones P�blicas (LCAP) Ley 13/1995, elaborada en el contexto de la corrupci�n en nuestro pa�s, es excesivamente economicista y no considera de forma espec�fica los servicios de tipo social que est�n sujetas a otras 1�gicas y consideraciones como pueden ser el precio o la solvencia econ�mica de las empresas contratadas. Se tratar�a de introducir algunas reformas en la LCAP en el sentido de actualizarla de acuerdo con los objetivos de colaboraci�n y partenariado entre la Administraci�n p�blica y el tercer sector de �mbito social que las diversas instituciones de la Comunidad Europea, el Gobierno Espa�ol y el mismo sector social est�n definiendo. La Ley 13/1995, de 18 de Mayo, introdujo por primera vez la denominada cl�usula social, pero en forma parcial atendiendo �nicamente al sector o colectivo de minusv�lidos (f�sicos, ps�quicos, sensoriales) cuando hay otras personas en situaci�n o grave riesgo de exclusi�n social (desempleados de larga duraci�n, personas con cargas familiares no compartidas, j�venes en espera de su primer empleo, personas con problemas de drogas o en proceso de rehabilitaci�n, reclusos y exreclusos, minor�as �tnicas e inmigrantes, etc.) que tambi�n precisan de atenci�n para lograr, mediante la incorporaci�n laboral, la inserci�n social a que tienen derecho, siendo una de las medidas para lograrlo, la contrataci�n p�blica, sin que por ello queden en absoluto perjudicadas las personas con minusval�a. PROPUESTA En este sentido proponemos la reforma del art�culo 87 y de la Disposici�n adicional octava en los t�rminos siguientes: Articulo 87. Criterios para la adjudicaci�n del concurso En los pliegos de cl�usulas administrativas particulares del concurso se establecer�n los criterios objetivos, l�gicos y razonables que han de servir de base para la adjudicaci�n, que deber� efectuarse a la oferta m�s favorablemente orientada al inter�s p�blico y a la conveniencia social. Dichos criterios deber�n tener en cuenta el precio, la rentabilidad tanto en un sentido econ�mico como social, la f�rmula de revisi�n, en su caso, el plazo de ejecuci�n o entrega, el coste de utilizaci�n, la calidad, el valor t�cnico, las caracter�sticas est�ticas o funcionales, la posibilidad de repuestos, el mantenimiento, la asistencia t�cnica, el servicio posventa u otras semejantes, de conformidad a las cuales el �rgano de contrataci�n acordar� aqu�lla. Disposici�n adicional octava. Contrataci�n con empresas que tengan en su plantilla personas con minusval�a
u otra situaci�n de exclusi�n social. Los �rganos de contrataci�n podr�n se�alar en los pliegos de cl�usulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicaci�n de contratos para las proposiciones presentadas por aquellas empresas p�blicas o privadas que, en el momento de acreditar su solvencia t�cnica, tengan en su plantilla la mayor proporci�n de trabajadores minusv�lidos o en cualquier otra situaci�n o grave riesgo de exclusi�n social y con especiales dificultades para lograr su integraci�n en el mercado de trabajo normalizado, siempre que dichas proposiciones igualen en sus t�rminos a las m�s ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicaci�n. c) Modificar la ley de contratos de las administraciones p�blicas en relaci�n con la adjudicaci�n de contratos para la prestaci�n de "servicios sociales"
En el Anexo 2, Documento n�2 se detallan nuestras propuestas, hacemos aqu� un resumen del sentido y justificaci�n de las mismas. EXPOSICI�N DE MOTIVOS
Problem�tica que motiva el estudio: La irrupci�n de las sociedades mercantiles en la prestaci�n de los servicios sociales Las entidades sin �nimo de lucro cuyo objeto o fin fundacional lo constituye una "actividad social", surgen como necesidad de un servicio o actividad para con otras personas que lo necesitan, gracias o en virtud del puro altruismo y solidaridad de otras. Estas personas y entidades, van viendo como la Administraci�n o la sociedad, van reconociendo estos servicios como prestaciones que moralmente se deben cubrir o garantizar. Entran as� en juego, los mecanismos administrativos de conversi�n en servicios p�blicos. En este momento, y cuando se decide prestarlo de forma indirecta, se crean "ex novo" sociedades mercantiles para licitar a la adjudicaci�n, u otras existentes ven una oportunidad de negocio, quedando sistem�ticamente fuera de ella las entidades sin �nimo de lucro, dejando al margen de este servicio aquellas entidades y personas con m�s experiencia y preparaci�n, a parte de con unas cualidades espec�ficas, que quedan sin valorar.
La realidad actual es que este tipo de entidades queda sistem�ticamente al margen de este tipo de convocatorias, cuando en realidad ser�an sus destinatarios naturales. Se desperdician unos valores y capacidades por unas normas demasiado r�gidas, que lleva a los entes de contrataci�n a valorar de manera preferente la oferta econ�mica. Todo ello se produce, entre otras cuestiones, porque la actual Ley de Contratos de las Administraciones P�blicas (LCAP), elaborada en el contexto de la preocupaci�n por frenar la corrupci�n, prima en la prestaci�n de servicios criterios economicistas y de procedimiento administrativo y no considera la especificidad de los servicios sociales y los agentes que intervienen en este sector. PROPUESTAS Para poder proteger la contrataci�n con estas entidades por parte de las Administraciones p�blicas, por las razones expuestas, y en relaci�n con el actual texto de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones P�blicas, se plantean las siguientes posibilidades: Elaborar una norma que califique el contrato de este tipo de servicio como de naturaleza administrativa especial, incardin�ndolo dentro de los art�culos 5.2.b) y 8.
Esta propuesta persigue la elaboraci�n de una Ley que regule un contrato administrativo especial para adjudicar la gesti�n indirecta de los servicios sociales, preferentemente, a las entidades sin fines lucrativos. Esta norma deber�a contener, adem�s, como si de los Pliegos de Cl�usulas generales se tratara, un conjunto de indicaciones a insertar en los Pliegos de Cl�usulas particulares, as� como especificando los requisitos especiales para contratar, y dando criterios tambi�n espec�ficos para la adjudicaci�n tales como el orden, los valores, etc.
La norma en cuesti�n deber�a declarar los servicios a gestionar como de inter�s general. Modificaci�n del Art�culo 160 de la Ley 13/1995 Esta propuesta de modificaci�n de la LCAP, hace referencia a la especificidad de los servicios sociales y a la necesidad de priorizar en su contrataci�n las proposiciones de las ONG's de inter�s social. Esta propuesta se concreta en la inclusi�n de un apartado 3 en el art�culo 160 de la Ley y presentamos una doble formulaci�n en raz�n de las posibilidades de incluirla. Opci�n A:
Articulo 160 La gesti�n de servicios sociales, por un importe inferior a los 500 millones de Ptas., se adjudicar� preferentemente, mediante el procedimiento restringido, a las proposiciones de entidades sin fines lucrativos tales como fundaciones y asociaciones, inscritas en los registros de inter�s social. Estos servicios tendr�n la consideraci�n de inter�s general. Disposici�n adicional: Se autoriza al Consejo de Ministros para que, mediante Real Decreto, pueda establecer la lista de actividades consideradas servicios sociales de inter�s general que prev� el apartado 3.Del art�culo 160. Mientras no se desarrolle la norma prevista en el apartado anterior, se entender�n que los servicios son los que recoge el art�culo 20.UNO.8, de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre, del Impuesto del Valor A�adido. Se autoriza al Consejo de ministros para que, mediante Real Decreto, pueda establecer los requisitos de las asociaciones y Fundaciones que acceder�n a los registros de inter�s social que prev� el apartado 3. del articulo 160. Opci�n B:
Articulo 160 En la adjudicaci�n de contratos de prestaci�n de servicios sociales, por un importe inferior a los 500 millones de Ptas., constituir� un criterio objetivo, al que se otorgar� especial importancia y ponderaci�n, que los licitadores sean fundaciones y asociaciones de inter�s social. Estos servicios tendr�n la consideraci�n de inter�s general Disposici�n adicional: Se autoriza al Consejo de Ministros para que, mediante Real Decreto, pueda establecer la lista de actividades consideradas servicios sociales de inter�s general que prev� el apartado 3. Del articulo 160. Mientras no se desarrolle la norma prevista en el apartado anterior, se entender�n que los servicios son los que recoge el articulo 20.UNO.8, de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre, del Impuesto del Valor A�adido. Se autoriza al Consejo de Ministros para que, mediante Real Decreto, pueda establecer los requisitos que deber�n reunir las asociaciones y Fundaciones de inter�s social que prev� el apartado 3. del articulo 160. d) Modificaci�n parcial del titulo 11 de la Ley 30/1994, de fundaciones e incentivos fiscales a la participaci�n privada en actividades de inter�s general para las entidades declaradas de inter�s social EXPOSICI�N DE MOTIVOS
La elaboraci�n de la Ley 30/1994 de fundaciones e incentivos a la participaci�n privada en actividades de inter�s general estuvo envuelta de cierta desconfianza burocr�tica que ha dado pi�, en su aplicaci�n pr�ctica desarrollada por el RD 765/1995, a interpretaciones administrativas contrarias al esp�ritu y finalidad que inspiraron la Ley en su conjunto. Por otra parte, la Ley no establece medidas m�s incentivadoras cuando se trate de entidades de car�cter social propiciando una discriminaci�n positiva para con aquellas entidades que act�an sobre aquellos colectivos m�s desfavorecidos de la sociedad. Por todo ello, parece conveniente plantear algunas reformas parciales que resuelvan de forma favorable para el sector los inconvenientes que la actual legislaci�n y su aplicaci�n tienen en la actualidad. PROPUESTA En el documento anexo n� 1 se detallan nuestras propuestas. Hacemos aqu� un resumen del sentido y justificaci�n de las mismas. Proponemos la modificaci�n parcial del t�tulo II de la ley 30/1994, de 24 de noviembre, de fundaciones o incentivos fiscales a la participaci�n privada en actividades de inter�s general. Las propuestas planteadas se refieren a las entidades declaradas de inter�s social. Del cap�tulo I que se refiere al r�gimen tributario de las Entidades acogidas a la Ley proponemos modificar aspectos que se refieren a: a) Los requisitos para disfrutar de los beneficios, los art�culos 42,1,C y 42,2
b) El Impuesto sobre sociedades, art�culos48,2 49,2 50 c) Los Tributos locales, art�culo 58 Del cap�tulo 11 que se refiere al r�gimen tributario de las Aportaciones efectuadas a las Entidades acogidas a la Ley proponemos ampliar y estimular el alcance de algunos de los beneficios que deber�n ser m�s incentivadores cuando se trate de entidades de car�cter social (discriminaci�n positiva). a) Aportaciones efectuadas por personas f�sicas, art�culos 59, 60, 63,I,b
b) portaciones efectuadas por personas jur�dicas, art�culos 63,67,68,70
e) Profesionalizar en el �mbito directivo la gesti�n de las entidades no lucrativas EXPOSICI�N DE MOTIVOS
No es posible pensar que la gesti�n de las ONG's sociales que asumen la gesti�n de los servicios sociales con la dedicaci�n y profesionalidad que ello requiere, puedan hacerlo de forma exclusivamente voluntaria y en horas libres. Existe en nuestro pa�s la confusi�n en el sentido que el no �nimo de lucro o el inter�s general es sin�nimo de acci�n estrictamente voluntaria y ello no es as� en las organizaciones actuales de la misma manera que no lo es en el caso de los partidos pol�ticos o las organizaciones sindicales, pues requieren una dedicaci�n profesional de sus directivos. PROPUESTA Por todo ello se propone que no se haga una interpretaci�n restrictiva de la Ley 30/1994 cuando se establece en el art�culo l3.4 el car�cter gratuito en el desempe�o de la funci�n de patr�n y en el articulo 43 en el que expl�cita la gratuidad de los cargos de patronos como condici�n para acogerse a los beneficios fiscales, lo cual no impide que esta misma persona establezca una relaci�n laboral con la Fundaci�n por el ejercicio de funciones ejecutivas en la organizaci�n. Se trata de que exista la posibilidad de que algunos miembros de los �rganos de gobierno de las fundaciones y asociaciones puedan ser retribuidos por el ejercicio de una funci�n ejecutiva, distinta de la representativa, previa autorizaci�n administrativa. Ser�a conveniente para estos casos encontrar medidas correctoras en la l�nea de las propuestas del Consejo de Estado Franc�s. Esta reflexi�n es igualmente aplicable a las asociaciones y a las leyes que las regulan y en este sentido la futura Ley de asociaciones deber�a resolver bien esta cuesti�n, tal y como se desarrolla en el documento anexo n� 3. f) Proponemos la modificaci�n del Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de Setiembre, por el cual se aprueban las tarifas y la instrucci�n del impuesto sobre actividades econ�micas f.1) Inclusi�n de una nota en el ep�grafe 952. EXPOSICI�N DE MOTIVOS
Al igual que en el supuesto del grupo 951, el car�cter social de la actividad desarrollada, justifica perfectamente que en el supuesto de percibir cantidad inferior a 100.000 pesetas anuales por usuario, las entidades que prestan estos servicios tambi�n puedan beneficiarse de la tributaci�n por cuota cero. PROPUESTA Agrupaci�n 95. - Asistencia y servicios sociales. Grupo 952. - Asistencia y servicios sociales para ni�os, j�venes, disminuidos f�sicos y ancianos, en centros no residenciales. NOTA: Cuando �stos establecimientos cobren, por los servicios que presten a cada usuario, menos de 100.000 pesetas anuales, tributaran por cuota cero. f.2) Inclusi�n en el Real Decreto Legislativo y tributaci�n por cuota cero de las siguientes actividades econ�micas, seg�n prev� la Regla 15 del Anexo del mencionado Real Decreto: "La Administraci�n del Estado podr� declarar la tributaci�n por cuota cero de aquellas actividades, o modalidades de las mismas, que por su escaso rendimiento econ�mico no deban satisfacer cantidad alguna por el impuesto." EXPOSICI�N DE MOTIVOS
El conjunto de entidades sin �nimo de lucro, que cuentan actualmente con la participaci�n de un enorme colectivo de voluntarios, desarrolla actividades de important�simo inter�s social sin la percepci�n de rendimiento econ�mico alguno Esta realidad debe ser reconocida por la Administraci�n del Estado y por ello, declarar la tributaci�n por cuota cero de actividades que sean manifiestamente de inter�s social, tal y como sucede en los casos expuestos en los ep�grafes que se proponen En el supuesto concreto de la propuesta del Grupo 994, se justifica en raz�n de la aprobaci�n por el Consejo de Ministros, el 24 de Julio de 1997, del Plan Estatal de Voluntariado. Seg�n la medida 3,5 de "Dotaci�n de medidas materiales, de infraestructura y de otro tipo, a las organizaciones de acci�n voluntaria, est� previsto expresamente la actuaci�n de "promover instrumentos de soporte jur�dico, contable, econ�mico y financiero a gestores de las ONG mediante la creaci�n y el apoyo a servicios gestionados por el sector asociativo" PROPUESTA Agrupaci�n 99. - Servicios no clasificados en otras r�bricas. Se propone incorporar aquellas actividades de servicios contempladas en el articulo 20, apartado Uno, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor A�adido ." En todo caso se propone crear:
Grupo 992. - Servicios de cooperaci�n internacional en pa�ses subdesarrollados Grupo 993.- Servicios de solidaridad y sensibilizaci�n de valores sociales desde entidades de voluntariado. Grupo 994.- Servicios de formaci�n de voluntariado y elaboraci�n de instrumentos de soporte jur�dico, contable, econ�mico y financiero a gestores de las asociaciones y fundaciones mediante la creaci�n y el apoyo a servicios gestionados por el sector asociativo. g) Proponemos modificaciones por v�a de la Ley de acompa�amiento al presupuesto general del estado: g.l) El Real Decreto 113/1998, de 30 de Enero,
que modifica determinados preceptos de los reglamentos del IRPF y del IS referentes a retenciones y a otros pagos a cuenta que estableci� la obligaci�n de las Sociedades, empresarios y profesionales que sean arrendatarios de inmuebles de retener el 15% de la renta que abonen a los arrendadores, que tengan la condici�n de personas jur�dicas sujetas al Impuesto de Sociedades. Se deber�a incluir entre las exclusiones de la obligaci�n de retener el supuesto que el arrendador sea una entidad acreditada ante la Delegaci�n de la Agencia Tributaria, de conformidad a la Ley 30/1994. La raz�n es muy simple, si el arrendador es una fundaci�n y el inmueble forma parte de la dotaci�n fundacional, el rendimiento procedente del arrendamiento estar� exento al 100%. Si forma parte del patrimonio de la Fundaci�n y/o Asociaci�n declarada de utilidad p�blica, tributar� al tipo efectivo del 7%. No tiene sentido mermar la aplicaci�n de estas rentas a la satisfacci�n del inter�s general, cuando est�n total o parcialmente exentas y deber� procederse probablemente en ambos casos a la devoluci�n, que puede llegar a tardar hasta 2 a�os. g.2) La Ley 37/1992, de 28 de Diciembre (IVA),
deber�a contemplar la aplicaci�n del tipo reducido del 7% a los arrendamientos de inmuebles cuando el arrendatario sea una entidad de car�cter social, de conformidad con lo establecido en el art. 20.TRES de la citada Ley. Paras muchas de esta entidades, el IVA soportado no puede ser compensado al ser entidades de car�cter social y, por lo tanto, exentas de repercutir el IVA por sus servicios. Asimismo se deber�a modificar la Ley 37/1992, de 28 de Diciembre (IVA), a los efectos que los rendimientos derivados de los convenios de colaboraci�n en actividades de inter�s general regulados en el articulo 68 de la Ley 30/1994, se consideren rendimientos exentos de IVA, o no sujetos a dicho impuesto. No tiene sentido que los rendimientos derivados de estos convenios de colaboraci�n queden exentos del Impuesto de Sociedades, por lo que se les da un tratamiento an�logo al de las donaciones, y, en cambio, la entidad receptora de dichos recursos tenga que emitir una factura con repercusi�n del 16% de lVA como viene interpretando la Direcci�n General de Tributos g.3) Determinar una modificaci�n en la Ley sobre el Impuesto de Sociedades para incentivar fiscalmente a aquellas personas jur�dicas que cedan sin contraprestaci�n inmuebles de su propiedad a entidades de car�cter social. g.4) Proponemos modificaciones en las exenciones del IVA. A�n a sabiendas del peligro de incumplir la 6a directiva de la Uni�n Europea (por ejemplo hoy por hoy no est�n permitidos los tipos cero y no es posible escoger entre exenci�n y el tipo reducido para este tipo de actividades) creemos oportuno plantear en el �mbito pol�tico la necesidad de avanzar en las exenciones del IVA. En la Uni�n Europea existe una asociaci�n internacional "European Commission Charitable VAT" que lleva varios a�os negociando con las instancias pol�ticas europeas para lograr un tratamiento en el IVA de las entidades altruistas acorde con su naturaleza. En la reforma general de los aspectos fiscales que afectan a las entidades no lucrativas, debe incluirse la relativa al IVA, que, dado que se trata de un impuesto de car�cter comunitario, la propuesta que se formula consiste en que el Gobierno espa�ol apoye ante la Uni�n Europea las propuestas que aquella asociaci�n defiende ante la pr�xima reforma del r�gimen definitivo del IVA en Europa. Las propuestas principales consisten en lo siguiente: El mantenimiento de los actuales tipos reducidos y superreducidos del IVA y su extensi�n a otros conceptos. Para determinadas entidades como las educativas y sanitarias que actualmente disfrutan de una exenci�n consistente en la no-repercusi�n del IVA a los destinatarios de su actividad, se propone la incorporaci�n de una posibilidad de elecci�n entre la exenci�n y un tipo reducido repercutible que permita la devoluci�n. La extensi�n para todo tipo de entidades altruistas de un tipo reducido para las grandes inversiones o, al igual que ocurre en el caso de determinadas iglesias con relaci�n a sus templos, la incorporaci�n de un tipo cero. Siguiendo el ejemplo canadiense, para el IVA soportado por las entidades altruistas y no deducible, el Estado podr�a subvencionar una parte de aquella cuant�a. PROPUESTA N� 6: Elaboraci�n de una nueva Ley de Asociaciones
En el documento ANEXO n�3 se detallan nuestras propuestas, hacemos aqu� un resumen del sentido y justificaci�n de las mismas. EXPOSICI�N DE MOTIVOS
El articulo 22 de la Constituci�n Espa�ola de 1978 y las previsiones que en �l se contienen, se configuran como la base fundamental y el punto de partida com�n de un nuevo r�gimen jur�dico del derecho de asociaci�n. Pese a los a�os transcurridos desde la entrada en vigor de la Constituci�n, nos encontramos sin una ley post-constitucional que desarrolle legislativamente este articulo 22. La regulaci�n vigente data de 1964; la Ley 191/1964, de 24 de Diciembre y ha de ser interpretada a la luz de la Constituci�n, quedando por esta raz�n, autom�ticamente derogadas las disposiciones que se opongan a lo que establece la Carta Magna (Disposici�n derogatoria tercera). Esta normativa contradice frontalmente el esp�ritu y la letra del articulo 22 de la Constituci�n en la mayor�a de sus art�culos, sin embargo nos encontramos ante la paradoja de que hasta tanto no se desarrolle legislativamente este articulo, la Ley de 191/1964 y el Decreto 1440/195, que lo complementa, siguen vigentes en lo escasos art�culos que no se oponen al precepto constitucional. Con posterioridad a la Constituci�n, dos comunidades aut�nomas, la vasca en 1988 y la catalana en 1997, han aprobado en aras a la competencia exclusiva que les atribuyen sus respectivos estatutos, dos leyes que desarrollan un marco jur�dico general para las asociaciones de ambas comunidades, la Ley 3/1988, de 12 de Febrero y la Ley 7/1997, de 18 de Junio, respectivamente. En ambos casos han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional, todo y que recientemente, en sentencia de 23 de julio de 1988, el alto tribunal ha resuelto sobre el recurso interpuesto a la Ley 3/1988, a favor de la constitucionalidad de la mayor�a de los art�culos de la menci�n. De ah� que los resultados a los que ha llegado la jurisprudencia en la interpretaci�n y aplicaci�n de tal precepto, constituyan pr�cticamente el �nico y exclusivo punto de referencia del que puede disponerse en la actualidad a fin de concretar el cuadro normativo vigente regulador del derecho asociativo. Sin embargo, quedan desde una estricta perspectiva jur�dica, aunque con claras repercusiones pr�cticas, muchas dudas y problemas por resolver. En cuanto a la necesidad de una Ley Org�nica que desarrolle el derecho de asociaci�n y establezca el r�gimen jur�dico de las Asociaciones, el propio TC en su reciente Sentencia de 23 de julio de 1998 y con motivo del recurso de inconstitucionalidad n� l.014/88, contra diversos preceptos de la Ley del Parlamento Vasco de Asociaciones, se�ala que junto a la dificultad delimitadora que presenta la regulaci�n del derecho de asociaci�n y del r�gimen jur�dico de las asociaciones, "... se une, potenci�ndola, otra de no menor entidad y que consiste en que hasta la fecha no existe ninguna norma gen�rica de desarrollo directo del art�culo 22 de la CE.
Corresponde al Estado, de acuerdo con la jurisprudencia citada, regular el contenido primario, las facultades elementales y los l�mites esenciales en aquello que sea necesario para asegurar una igualdad de los espa�oles en el ejercicio del derecho de asociaci�n, lo que resulta un 'prius" del que deber� partir la regulaci�n auton�mica. Y ello significa la necesidad de establecer una definici�n del concepto legal de asociaci�n, de su r�gimen jur�dico externo (nacimiento de la personalidad y de la capacidad jur�dica y de obrar, r�gimen de responsabilidad y causas y efectos de la disoluci�n, que resultan "imprescindibles o necesarios" en orden a asegurar la igualdad de todos los espa�oles en el ejercicio del derecho de asociaci�n y que, en cuanto tales requieren un tratamiento uniforme. En tanto que legislaci�n estatal no se haya dictado, resultar�, como se�ala el TC,"...sumamente dif�cil atribuir a la legislaci�n auton�mica una invasi�n competencial, porque s�lo corresponde al Estado el establecer esas "condiciones b�sicas" uniformes, con objeto de garantizar la igualdad de todos los espa�oles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes constitucionales. No se trata ya de que el Estado no interfiera en el ejercicio de la libertad de los ciudadanos a asociarse, sino de que el Estado asuma una posici�n garantizadora de su libre ejercicio, y ello implica que se propicie un marco jur�dico adecuado que permita el normal desarrollo de cualquiera de las iniciativas asociativas y que garantice, a su vez, la plena neutralidad del poder p�blico, que favorezca y potencie el hecho asociativo. Enfatizar la necesidad, oportunidad pol�tica y jur�dica de contar con un instrumento que no s�lo establezca el r�gimen jur�dico com�n de las asociaciones como garant�a de participaci�n de y de promoci�n de la libertad y del pluralismo asociativo (desarrollo constitucional), sino tambi�n como respuesta a un fen�meno que caracteriza la sociedad de nuestro tiempo y que defina o articule el papel que corresponde a las asociaciones en el desarrollo del Estado del Bienestar, a trav�s del reconocimiento de las funciones que �stas cumplen como agentes sociales de cambio y transformaci�n social, como entidades prestadoras de servicios, como "grupos de presi�n" o de representaci�n de intereses colectivos, en su funci�n de garantizar valores y como estructuras mediadoras entre la Sociedad y el Estado. De otro lado, resulta tambi�n necesario un marco jur�dico que adem�s de basarse en el esp�ritu constitucional tenga en cuenta la legislaci�n europea. El Tratado de la Uni�n Europea de 1992, reconoce formalmente los v�nculos con este sector, en la Declaraci�n 23 aneja al tratado. En la misma l�nea, los trabajos existentes sobre el llamado Estatuto de la Asociaci�n Europea de 1993, destinados a dotar a las asociaciones de personalidad jur�dica en otros pa�ses de la Uni�n Europea. PROPUESTA Se propone la elaboraci�n de una nueva Ley de Asociaciones que tiene que tener como finalidad establecer un marco general estatal, del derecho de asociaci�n, que ofrezca una regulaci�n inspirada en la defensa y promoci�n de la libertad y el pluralismo asociativos y tengan en cuenta la realidad presente y futura del sector asociativo. Entendemos que esta ley debe abordar los siguientes aspectos que desarrollamos en el anexo documento n� 3:
Objetivo y �mbito de aplicaci�n de la ley No-�nimo de lucro Incorporaci�n de las personas jur�dicas como socios Voluntariado social Inscripci�n registral Contenido m�nimo estatuario y de organizaci�n interna Derechos y deberes de los socios Funciones de la autoridad administrativa Principio de libertad de organizaci�n interna Gratuidad de los cargos de la Junta Directiva Disoluci�n de la entidad
Asociaciones de Inter�s Social Registro de Asociaciones de Inter�s Social Asociaciones Prestadoras de Servicios Asociaciones Declaradas de Utilidad P�blica Medidas de fomento del asociacionismo Texto �nico 3. CONCLUSIONES Y CONDICIONES QUE SE TIENEN QUE DAR PARA GARANTIZAR EL PROCESO DE CONCRECI�N DE LAS PROPUESTAS
Una doble convicci�n
El paquete de propuestas planteado parte de una doble convicci�n. En primer lugar, de la necesidad de que nuestra sociedad disponga de un tercer sector en el �mbito social fuerte y estructurado, corresponsabilizado en la resoluci�n de los problemas colectivos, diverso y plural y con capacidad de prestar servicios sociales. En segundo lugar, de la oportunidad hist�rica que se nos presenta al existir una confluencia de voluntades en la lucha contra la exclusi�n social, entre el sector p�blico y la iniciativa social, y en afrontarla de forma conjunta y corresponsable en t�rminos de reconocimiento y colaboraci�n mutua. Las propuestas planteadas tienen que ver con el conocimiento sistem�tico del sector, con la necesidad y oportunidad de impulsar un Plan Estrat�gico, con el establecimiento de un marco estable de participaci�n del sector en las pol�ticas p�blicas, con el fomento y apoyo de las organizaciones y con las reformas e iniciativas legislativas para su mejor desarrollo. Estamos pues delante de la posibilidad de dar un paso de alcance hist�rico en la configuraci�n de un tercer sector de �mbito social que de respuesta a las nuevas necesidades planteadas en el cambio de siglo. Condiciones que se tienen que dar para el buen desarrollo de las propuestas
Entendemos que el calado global de las propuestas requiere que se produzcan una serie de condiciones para su buen desarrollo y concreci�n Implicaci�n de la Presidencia del Gobierno, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, del Ministerio de Econom�a y Hacienda y de las ONG's. Es necesario que en cada una de las propuestas se concrete la participaci�n de todas las partes implicadas. El proceso desarrollado hasta la fecha nos confirma la importancia de este hecho por cuanto concreta la voluntad pol�tica compartida y la implicaci�n de los Ministerios implicados y competentes en cada materia. Medios humanos y econ�micos para el desarrollo de las medidas Abordar el conjunto de propuestas planteada supone la dotaci�n adicional de medios humanos y econ�micos para afrontar una situaci�n que es extraordinaria y que, en consecuencia, requiere unos recursos extraordinarios

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 Real Decreto 
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