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Timestamp: 2019-01-19 14:27:56+00:00

Document:
9. Comisiones evaluadoras
10. Idioma de la prueba
11. Desarrollo de la prueba
12. Resultados y calificación
13. Aportación de documentación
A. Materias comunes al ejercicio de la profesión de Abogado
B. Materias específicas
OM PCI/1424/2018 de 28 Dic. (convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2019)
Véase la Orden PCI/1424/2018, de 28 de diciembre, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2019 («B.O.E.» 29 diciembre).
OM PCI/949/2018, de 14 Sep. (convocatoria de la segunda prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado para el año 2018)
Véase la Orden PCI/949/2018, de 14 de septiembre, por la que se convoca la segunda prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado para el año 2018 («B.O.E.» 15 septiembre).
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, y en el artículo 18 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, es competencia de los Ministerios de Justicia y de Educación, Cultura y Deporte convocar la prueba de evaluación de aptitud para el ejercicio de la profesión de Abogado.
Apartado único. Se convoca la prueba de evaluación de la aptitud profesional para la profesión de Abogado para el año 2018, que se regirá por lo dispuesto en la presente convocatoria, que figura como anejo a esta orden.
Se convoca la prueba de evaluación para la acreditación de la capacitación profesional para el acceso a la profesión de Abogado dirigida a comprobar la formación suficiente para el ejercicio de la profesión, el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales y en particular la adquisición de las competencias previstas en los cursos de formación impartidos por Universidades o Escuelas de práctica jurídica debidamente acreditadas.
El programa que ha de regir la evaluación se encuentra en el anexo II de la presente convocatoria y contiene una descripción orientativa de las materias y competencias necesarias para el acceso a la profesión de Abogado que serán objeto de la evaluación.
Podrán concurrir a la prueba de evaluación quienes reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar en posesión, del título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio o, en su caso, de las certificaciones sustitutorias.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.
Los aspirantes deberán cumplir este requisito con anterioridad a la admisión al curso de formación especializada para el acceso a la profesión de Abogado de conformidad con el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.
b) Haber superado los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de la profesión de Abogado, y el período de prácticas externas tuteladas, acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación Cultura y Deporte e inscritos en el Registro Administrativo del Ministerio de Justicia establecido al efecto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 a 8 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.
Los aspirantes deberán cumplir este requisito a la fecha en que se realice la prueba.
c) Ser mayor de edad y no estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión de Abogado.
Los aspirantes deberán cumplir este requisito a la fecha en la que se realice la prueba.
Quienes deseen participar en la prueba de evaluación para el acceso al ejercicio de la abogacía deberán cumplimentar el modelo de solicitud de inscripción dirigido a la Secretaría de Estado de Justicia, que podrá descargarse en el portal web del Ministerio de Justicia y que se adjunta como anexo I de la presente convocatoria.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, también se podrá presentar la solicitud de participación en el Registro General del Ministerio de Justicia, calle Bolsa, número 8, 28012 Madrid, pudiendo remitirse también por correo certificado o presentarse en cualquiera de las dependencias aludidas en el meritado artículo 16.4 de Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos, se presentarán en sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja del documento que se quiera enviar se hagan constar, con claridad, el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión.
Los aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 podrán pedir en el modelo oficial de solicitud, las adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios a fin de asegurar su participación en la evaluación en condiciones de igualdad, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional 5.ª de la Ley 34/2006 y en el artículo 2.2 de su Reglamento.
Junto con la solicitud deberán aportar el dictamen técnico facultativo acerca de la procedencia de dicha adaptación, emitido por el órgano técnico de valoración que dictaminó el grado de discapacidad.
Si han cumplimentado la solicitud de forma telemática, deberán presentar la documentación indicada en el apartado anterior, dentro del plazo de presentación de solicitudes, en el Registro General del Ministerio de Justicia, calle Bolsa, número 8, 28012 Madrid, pudiendo remitirse también por correo certificado o presentarse en cualquiera de las dependencias aludidas en el meritado artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La adaptación de tiempos y medios no se otorgará de forma automática, sino únicamente en el caso de que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar, correspondiendo a Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia resolver la procedencia y concreción de la adaptación.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia publicará la lista provisional de aspirantes incluidos y excluidos a la prueba de aptitud que podrá consultarse en la página web del Ministerio de Justicia https://www.mjusticia.gob.es, apartado «Trámites y gestiones personales-Acceso a la profesión de Abogado».
En los términos previstos en la base 10 de esta convocatoria, en la lista provisional de aspirantes incluidos y excluidos se hará constar, en su caso, el idioma de realización de la prueba solicitado por el aspirante.
Finalizado el plazo de subsanación, por resolución de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que podrá consultarse en el portal web del Ministerio de Justicia y fijará el lugar, la fecha y la hora para la realización del ejercicio.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, y 19 de su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, se constituirán las Comisiones evaluadoras con posteridad a esta convocatoria, en función del número de aspirantes presentados procedentes de las distintas Universidades y Escuelas de práctica jurídica de cada Comunidad Autónoma. Serán designadas conforme a lo dispuesto en el artículo 19.2 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.
A tal efecto, los Ministerios de Justicia y de Educación, Cultura y Deporte, por Resolución conjunta de la Secretaría General de la Administración de Justicia y de la Secretaría General de Universidades, respectivamente, designarán a los miembros de las Comisiones evaluadoras y a sus suplentes que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
La composición de cada Comisión evaluadora será la siguiente:
c) Un representante de la Comunidad Autónoma correspondiente, designado entre funcionarios de Cuerpos de especialidad jurídica por la Consejería con competencias en materia de Justicia.
d) Un Abogado con más de cinco años de ejercicio profesional, propuesto por el Consejo General de la Abogacía Española.
e) Un Profesor universitario de alguna de las distintas disciplinas jurídicas, designado por el Consejo de Universidades, entre el personal docente con vinculación permanente con una Universidad.
A efectos de comunicación y demás incidencias, todos los aspirantes deberán dirigir sus escritos a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, calle San Bernardo, 19, Madrid, dirección de correo electrónico: acceso.abogacia@mjusticia.es.
Corresponderá a las Comisiones evaluadoras la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de la prueba, adoptando al respecto las decisiones que estimen pertinentes y que harán constar en el acta de examen.
Las Comisiones evaluadoras dependerán funcionalmente del Ministerio de Justicia, a cuyos representantes corresponderá la presidencia en cada una de las mismas, ostentando la secretaría los representantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El funcionamiento de la Comisión se regirá por lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por lo dispuesto en las demás disposiciones vigentes que resulten de aplicación.
La prueba de aptitud podrá realizarse, a libre elección del aspirante, en castellano o en la lengua cooficial autonómica del lugar de celebración del examen.
A efectos de facilitar la realización de la prueba en cualquiera de las lenguas cooficiales autonómicas, el interesado deberá señalar el idioma en el que desea realizar la misma en el apartado correspondiente de su solicitud de inscripción. En caso de que no se consignara ninguno, se entenderá que realizará el examen en castellano.
La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia pondrá a disposición de los aspirantes la realización de la prueba en la lengua cooficial correspondiente, de acuerdo con lo señalado en su solicitud de inscripción. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el aspirante señalara la realización de la prueba en una lengua cooficial de una Comunidad Autónoma en la que, de conformidad con la Base 9 de esta convocatoria, no se constituyera Comisión evaluadora, realizará el examen en castellano.
La evaluación consistirá en una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples, cuyo contenido se ajustará a la normativa publicada en el «Boletín Oficial del Estado» en la fecha de la presente convocatoria, aun cuando no hubiese entrado en vigor y tendrá una duración de 4 horas.
Su contenido se fijará por el Ministerio de Justicia y su finalidad es medir los conocimientos teórico-prácticos de los participantes acerca del ejercicio de la profesión de Abogado así como el conocimiento de las normas deontológicas y profesionales. Tendrá como base el programa orientativo de materias que se contiene en el anexo II de la presente convocatoria.
A los aspirantes se les entregará un cuaderno de examen, que contendrá:
a) 50 preguntas sobre las materias que figuran en el apartado A «Materias comunes al ejercicio de la profesión de Abogado» del anexo II de la presente convocatoria.
Además, el cuestionario incluirá seis preguntas de reserva para el apartado A «Materias comunes ejercicio de la profesión de Abogado» del anexo II de la presente convocatoria, y dos por cada especialidad jurídica del apartado B, «Materias específicas» de citado anexo II.
La hoja de respuestas estará dividida en dos partes: Una primera parte de 50 respuestas, cada una con 4 respuestas alternativas de las que sólo una es la correcta, que se referirán a las materias relacionadas con el apartado A «Materias comunes al ejercicio de la profesión de Abogado» y una segunda parte con cuatro bloques de 25 respuestas cada bloque y cada una con 4 alternativas de las que igualmente sólo una de ellas es correcta, con la mención en la parte superior de la especialidad jurídica de que se trate.
En esta segunda parte, los aspirantes únicamente deberán elegir una especialidad jurídica entre las cuatro posibles. En los supuestos en los que en la hoja de respuestas se conteste a más de una especialidad jurídica, o no se señale ninguna especialidad jurídica o se cumplimente de forma incorrecta, el aspirante resultará eliminado automáticamente de la prueba.
Finalizada la sesión cada Comisión evaluadora levantará acta que será suscrita por todos sus miembros. El original se entregará a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, y en ella se hará sucinta referencia al desarrollo de la prueba y, en particular, al número de aspirantes presentados y retirados de su práctica, así como los abandonos del aula y cualquier otra circunstancia relevante que se haya producido en el transcurso de la prueba.
1. Resultado de la prueba. El cuestionario se valorará sobre una escala de 0 a 75 puntos, obteniéndose 1 punto por cada respuesta correcta, descontándose 0,33 puntos por cada respuesta incorrecta y no obteniendo ninguna puntuación las preguntas no contestadas. La calificación total se obtendrá mediante la suma de las puntuaciones obtenidas por las respuestas correctas deduciéndose las incorrectas.
Tras la celebración de la prueba, se harán públicas las plantillas provisionales de las respuestas correctas, mediante su publicación en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es) apartado «Trámites y gestiones personales-Acceso a la profesión de Abogado».
Una vez publicadas las plantillas provisionales, los interesados, en un plazo de cinco días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación, podrán presentar la/s reclamación/es que estimen pertinente/s, respecto a la formulación de las preguntas y de las correspondientes respuestas correctas dirigidas a la siguiente dirección de correo electrónico: acceso.abogacia@mjusticia.es.
Las reclamaciones serán resueltas por el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia.
La/s pregunta/s que resulten anulada/s será/n sustituida/s, por su orden y en función del apartado al que pertenezcan, por la/s pregunta/s de reserva, de tal modo que en todo caso el cuestionario constará de 75 preguntas válidas. Una vez resuelta/s la/s reclamación/ es se publicará en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es, apartado «Acceso a la profesión de Abogado») la plantilla definitiva de respuestas.
2. Calificación de la evaluación. La nota final de la evaluación será de apto o no apto.
La calificación final resultará de la media ponderada entre el 70 % de la calificación obtenida en la prueba de evaluación y el 30 % de la nota obtenida en el master o curso de formación especializada, no siendo necesario obtener una nota mínima en la prueba de evaluación para efectuar la media ponderada.
Cada aspirante recibirá su calificación final de la evaluación de forma individualizada y anónima a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es.).
Los aspirantes que no hayan aprobado la evaluación podrán presentar por escrito, a los efectos de subsanar exclusivamente posibles errores materiales en la corrección, en el plazo de tres días, desde la fecha en que se publiquen las calificaciones definitivas, solicitud de revisión dirigido a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, calle San Bernardo, 19, 28071 Madrid, que dará traslado a la correspondiente Comisión evaluadora para que resuelva.
Una vez efectuada la revisión de los posibles errores materiales en la corrección, el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia dictará la correspondiente resolución sobre la reclamación presentada, que pondrá fin a la vía administrativa, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.
El Ministerio de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, expedirá los títulos profesionales de Abogado de todos los aspirantes que hayan resultado aptos y de los cuales se haya acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta convocatoria.
Al objeto de simplificar la gestión administrativa y eliminar cargas administrativas, las Universidades y las Escuelas de práctica jurídica acreditarán, mediante certificaciones emitidas al efecto que los aspirantes que han superado la formación especializada en dichos centros formativos poseen las condiciones de capacidad y los requisitos exigidos en la presente convocatoria y en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, y su Reglamento de desarrollo.
La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia podrá no obstante requerir documentación a aquellos aspirantes cuyos requisitos de acceso no hayan podido comprobarse o no hayan sido certificados por su Universidad o Escuela de práctica jurídica. Quienes, dentro del plazo que se fije al respecto por resolución y, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada, no presenten la documentación o, del examen de la misma, se dedujera que carecen de alguno de los requisitos establecidos, no podrán obtener el título profesional de Abogado, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
Los títulos profesionales de Abogado de aquellos aspirantes que hayan resultado aptos y hayan realizado la evaluación en una Comunidad Autónoma que haya asumido la competencia ejecutiva de expedición de títulos profesionales, serán expedidos por los órganos competentes de dichas Comunidades Autónomas, una vez acreditados los requisitos exigidos en esta convocatoria.
Contra la presente convocatoria, se podrá interponer, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o, potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante la titular de este Departamento.
a.1 Deontología profesional, organización y ejercicio de la profesión de Abogado
1. Principios esenciales de la profesión de Abogado.
2. Derechos y deberes de los Abogados.
3. El Estatuto General de la abogacía española.
4. Los colegios profesionales de Abogados. La organización colegial.
5. Las formas de ejercicio de la profesión: individual y colectiva. Relación laboral especial.
6. Régimen de previsión social de los Abogados.
7. Obligaciones del Abogado ante la Ley de protección de datos y el blanqueo de capitales.
8. La responsabilidad del Abogado en el ejercicio de su profesión: civil, penal y disciplinaria.
9. El seguro de responsabilidad civil. La cobertura de la responsabilidad civil profesional.
10. Los honorarios: determinación y procedimientos de reclamación e impugnación.
11. La contabilidad y la fiscalidad del Abogado.
a.2 Cuestiones generales de la asistencia letrada y del proceso
12. Tutela judicial efectiva. El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. El derecho a la defensa y a la asistencia letrada.
13. Ley de Planta y Demarcación judicial. La organización judicial.
14. Los órdenes jurisdiccionales. Jurisdicción y competencia. Extensión y límites de la jurisdicción en cada orden jurisdiccional.
15. El sistema jurisdiccional de la Unión Europea. Competencias de los Tribunales europeos e internacionales y asuntos que se pueden plantear.
16. Protección de los derechos fundamentales.
17. Mecanismos jurídicos de defensa. Estrategias para la defensa de los derechos de los clientes.
18. La defensa en los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos: el arbitraje, la mediación, la transacción, la negociación y otros.
19. La buena fe, el abuso de derecho y el fraude de ley.
20. Hechos y actos procesales. Actos preparatorios de los juicios. Cuestiones incidentales. La aclaración del proceso. La pretensión como objeto del proceso.
21. Las cuestiones prejudiciales.
22. Asistencia jurídica gratuita.
23. El turno de oficio.
24. Los efectos económicos del proceso; costas y tasas judiciales. Supuestos de devengo de tasas. Criterios para la imposición en los distintos órdenes jurisdiccionales. La tasación de costas.
b.1 Materia civil y mercantil
1. Contratos tendentes a la transmisión de la propiedad. Contratos de uso y disfrute.
2. Representación en el negocio jurídico. Representación directa e indirecta. Representación voluntaria y legal. El poder.
3. La protección de la propiedad.
4. La hipoteca y otras garantías de crédito.
5. Cuestiones matrimoniales. Edad e incapacitación. Testamento, legítimas y sucesión intestada. Partición de la herencia.
6. El registro civil. Eficacia de los asientos. Publicidad y rectificación de los asientos.
7. Jurisdicción y competencia en el orden civil y mercantil.
8. Las partes en el procedimiento civil. Capacidad, legitimación, representación y defensa.
9. Los plazos procesales, caducidad y prescripción.
10. La acumulación de acciones.
11. Procedimientos: ordinario, verbal general, sobre la capacidad de las personas, matrimoniales y de menores, monitorio y concursales.
12. Las resoluciones procesales: tipos y medios de impugnación.
13. La rebeldía.
14. La ejecución provisional y definitiva de títulos judiciales y no judiciales. Oposición a la ejecución.
15. Los derechos civiles forales y especiales. El derecho interregional en España.
16. Cooperación judicial civil internacional. Las relaciones jurídico-privadas internacionales.
17. Las sociedades mercantiles y su régimen fiscal. Los contratos y operaciones mercantiles. El registro mercantil. El Abogado mercantil: asesoramiento y representación de las sociedades mercantiles.
18. La protección de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial.
19. La defensa de la competencia.
20. Las cuestiones procesales en materia de concurso.
b.2 Materia penal
1. Tipos de infracciones penales: delitos graves, delitos menos graves y delitos leves.
2. Causas de exención o atenuación de la imputabilidad. Circunstancias de exención o atenuación de la culpabilidad Supuestos de exclusión de la punibilidad.
3. Las penas y las medidas de seguridad. Su aplicación. Las consecuencias accesorias.
4. La responsabilidad penal y la responsabilidad civil derivada de los delitos.
5. La responsabilidad penal de los menores.
6. La incoación del procedimiento.
7. Jurisdicción y competencia en el orden jurisdiccional penal.
8. Las partes en el procedimiento penal. Capacidad, legitimación, representación y defensa.
9. El sumario.
10. El procedimiento abreviado. El procedimiento para el juicio sobre delitos leves. El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. El procedimiento ante el tribunal del jurado.
11. Los procesos penales especiales.
12. La intervención del Abogado en centros policiales y judiciales.
13. La actuación del Abogado en las distintas fases del proceso penal.
14. La prisión y la libertad provisional.
15. El juicio oral en los distintos procesos penales.
16. La prueba en los procesos penales.
17. Las resoluciones procesales. Recursos.
18. La ejecución de las penas y las alternativas al ingreso en prisión.
19. El cumplimiento de las condenas.
20. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Penas y criterios de determinación. Responsabilidad civil.
b.3 Materia administrativa y contencioso-administrativa
1. Procedimiento administrativo: fases, plazos y formas de terminación.
2. Recursos en vía administrativa.
3. Responsabilidad patrimonial de la Administración. Procedimientos.
4. Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración.
5. Jurisdicción y competencia en el orden contencioso-administrativo.
6. Procedimiento contencioso-administrativo ordinario.
7. Procedimientos contencioso- administrativo especiales.
8. Las partes en el procedimiento contencioso-administrativo. Capacidad, legitimación, representación y defensa.
9. La actuación del Abogado en las distintas fases del proceso.
10. La prueba.
11. Las medidas cautelares.
12. Las resoluciones procesales: tipos.
13. Recursos contra las resoluciones procesales. Especial referencia al recurso de casación.
14. Ejecución de sentencia. Extensión de efectos de las sentencias.
15. La ejecución provisional y definitiva en procesos contencioso-administrativos de títulos judiciales. Oposición a la ejecución.
16. Técnicas de intervención administrativa: autorizaciones, concesiones, declaración responsable y comunicación previa.
17. La expropiación forzosa.
18. Los contratos del sector público.
19. El régimen jurídico de extranjería.
20. Los procedimientos tributarios. La vía económico-administrativa: la revisión de los actos administrativos en materia tributaria.
b.4 Materia laboral
1. Elementos y eficacia del contrato de trabajo.
2. Modalidades de contrato de trabajo.
3. Contenido del contrato de trabajo. Duración. Derechos y deberes derivados del contrato de trabajo. Promoción profesional. Salarios. Tiempo del contrato de trabajo.
4. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
5. Faltas y sanciones. Prescripción de infracciones y faltas.
6. Derechos de representación colectiva. Reclamaciones en materia electoral.
7. La negociación colectiva. La huelga, los conflictos colectivos.
8. El accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Incapacidad temporal y permanente. Invalidez. Recargo de prestaciones.
9. Jurisdicción y competencia en el orden jurisdiccional social.
10. Las partes en el procedimiento laboral. Capacidad, legitimación, representación y defensa.
11. La acumulación de acciones y procedimientos.
12. Las actuaciones procesales. Las resoluciones procesales.
13. La evitación del proceso. La conciliación o mediación previas. Laudos arbitrales.
14. La reclamación previa a la vía judicial.
15. El proceso ordinario. El proceso monitorio.
16. El proceso de despido y de impugnación de sanciones. El procedimiento de impugnación de actos administrativos en materia de Seguridad Social.
17. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo y derechos reconocidos legal o convencionalmente.
18. Procesos de conflictos colectivos.
19. Las resoluciones procesales: tipos y medios de impugnación.
20. La ejecución provisional y definitiva de títulos judiciales. Oposición a la ejecución.

References: artículo 18
 Real Decreto 
 artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 2
 artículo 16
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 19
 Real Decreto 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 2
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