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Timestamp: 2019-11-16 02:26:46+00:00

Document:
Sala de casación penal eugenio fernández carlier magistrado Ponente ap3351-2015 Radicación 45937
AP3351-2015
Radicación 45937
(Aprobado en acta No. 212)
Decide la Sala acerca de la admisibilidad de los fundamentos lógicos y de apropiada argumentación de la demanda de casación presentada por el apoderado de la parte civil, contra la sentencia de 14 de enero de 2015 mediante la cual el Tribunal Superior de Cundinamarca confirmó la emitida por el Juzgado Penal del Circuito de Villeta, que absolvió a JAIRO REINALDO ANTONIO BENAVIDES FERNÁNDEZ y DIEGO ALEXANDER BENAVIDES BARTELS del delito de fraude procesal.
El 20 de septiembre de 1999 DIEGO ALEXANDER BENAVIDES BARTELS, con intermediación de su padre JAIRO REINALDO ANTONIO BENAVIDES FERNÁNDEZ, entregó en calidad de mutuo $70.000.000,oo a Jorge Vargas Linares, pactando un interés mensual del 3%.
Para garantizar el préstamo el cuñado del deudor Jorge Eleazar Arango Segura constituyó a favor de BENAVIDES BARTELS hipoteca abierta de primer grado, sin límite de cuantía, sobre el predio rural denominado “Argelfina”, con matrícula inmobiliaria 156-0002419, mediante escritura pública N° 884 de 20 de septiembre de 1999 de la Notaría Única del Circulo de Funza y firmó en blanco unos pagarés y letras de cambio.
Dado que a partir del segundo mes Vargas Linares dejó de pagar el valor correspondiente a los intereses, al requerirlo BENAVIDES FERNÁNDEZ acordaron que éste último haría los pagos mensuales a su hijo, lo que en efecto ocurrió, y le entregó al primero, en préstamo otra suma de $5.000.000,oo.
Para el mes de febrero de 2002, Vargas Linares adeudaba los 70.000.000,oo inicialmente prestados; $62.250.000,oo de intereses causados durante 29 meses más $5.000.000,oo prestados posteriormente con sus rendimientos, por lo que llegaron a un nuevo acuerdo en el cual BENAVIDES BARTELS, prestaba otros 70.000.000,oo que cubrían los pagos que había hecho su progenitor, ascendiendo así el capital adeudado a $140.000.000,oo.
Como respaldo de la obligación Vargas Linares entregó siete pagarés en blanco firmados por Jorge Eleazar Arango Segura.
Ante el incumplimiento de la obligación, BENAVIDES BARTELS promovió en el año 2004 proceso ejecutivo mixto ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Sasaima con fundamento en los últimos títulos valores entregados, por un monto total de $140.000.000,oo dando lugar a que se librara mandamiento de pago.
Vargas Linares formuló denuncia penal argumentado que el valor adeudado sólo correspondía a $70.000.000,oo cifra que comprende un crédito inicial de $50.000.000,oo y otro posterior de $20.000.000,oo y que el proceso civil se había adelantado por el doble de lo que en realidad correspondía, previo diligenciamiento abusivo de los pagarés en cuanto no medió autorización para que cada uno de los siete títulos valores fuera llenado por el valor de $20.000.000,oo.
Los hechos anteriores sirvieron de fundamento para que la Fiscalía General de la Nación abriera formal investigación penal y vinculara a través de indagatoria a DIEGO ALEXANDER BENAVIDES BARTELS y JAIRO REINALDO ANTONIO BENAVIDES FERNÁNDEZ, contra quienes el 19 de octubre de 2009 se les profirió resolución de acusación por el concurso delictual de falsedad en documento privado y fraude procesal.
La Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Superior de Bogotá, al conocer del recurso de apelación formulado contra el calificatorio, por decisión de 4 de agosto de 2010 declaró la prescripción del ilícito atentatorio del bien jurídico de la fe pública y confirmó la acusación respecto del relacionado con la eficaz y recta impartición de justicia.
La fase del juicio la adelantó en principio el Juzgado Penal del Circuito de Funza y posteriormente su homólogo de Villeta, una vez que el Tribunal Superior de Cundinamarca dirimiera la colisión de competencia suscitada entre ambos despachos.
Surtida la audiencia pública, el 14 de marzo de 2013 en aplicación del principio in dubio pro reo, se dictó sentencia absolutoria en favor de los procesados, decisión avalada por el citado juez plural el 14 de enero de 2015 cuando resolvió el recurso de apelación promovido por el apoderado de la parte civil.
Inconforme con tal determinación, el mismo sujeto procesal insiste con la impugnación extraordinaria, allegando la respectiva demanda de casación, de cuya admisibilidad se ocupa la Corte.
Al amparo de la causal primera, prevista en el artículo 207 de la Ley 600 de 2000, formula un cargo por violación indirecta de la ley sustancial debido a un error de hecho que aparejó la infracción de los artículos 232, 233, 237, 238, 259 y 266 del Código de Procedimiento Penal, a través de los cuales se aplicaron indebidamente los artículos 29, 30, y 453 del Código Penal.
Pregona un falso juicio de identidad en relación con los testimonios de Jorge Vargas Linares, Gustavo Enrique Gamba Betancourt y Jorge Eleazar Arango Segura, así como en el documento privado en el que BENAVIDES BARTELS aprobó el crédito inicial por la suma de $50.000.000,oo, por lo cual el Tribunal dio por demostrado, sin estarlo, que:
1.- En septiembre de 1999 los procesados prestaron en un solo contado $70.000.000,oo.
2.- A febrero de 2002 los intereses de la anterior suma, más los $5.000.000,oo prestados posteriormente ascendían a $70.000.000,oo.
3.- Desde septiembre de 1999 a febrero de 2002 se adeudaba 29 meses de intereses, tanto del capital de $70.000.000,oo como de los $5.000.000,oo posteriores.
4.- También en ese lapso los intereses mensuales por el capital de $70.000.000,oo correspondían a $2.100.000,oo, y por los $5.000.000,oo eran $150.000,oo.
5.- Que el procesado BENAVIDES BARTELS en febrero de 2002 prestó la suma de $70.000.000,oo en efectivo al denunciante Jorge Vargas Linares.
6.- Que los siete pagarés podían ser llenados por la suma de $20.000.000,oo cada uno para un total de $140.000.000,oo.
Para el impugnante, el Tribunal erró al estimar que los intereses mensuales a razón del 3% eran de $2.100.000,oo, pues los $50.000.000,oo sólo producirían $1.500.000,oo, además, tampoco los 29 meses de plazo podían sumar $70.000.000.oo.
Paralelamente, asevera que el Ad quem no dio por demostrado, estándolo que:
1.- En septiembre de 1999 los procesados sólo entregaron en préstamo $50.000.000,oo.
2.- Jorge Vargas Linares pagó los intereses en los dos primeros meses de octubre y noviembre de 1999, sobre el capital realmente prestado.
Pone de presente que desde la denuncia y en sus intervenciones procesales Jorge Vargas Linares ha señalado que inicialmente recibió la suma de $50.000.000,oo y luego $20.000.000,oo, lo cual fue ratificado por Gustavo Enrique Gamba y Jorge Eleazar Arango.
Que ciertamente adeudaba los intereses desde diciembre de 2009 a febrero de 2002, es decir, 27 meses, que al multiplicarlos por $2.100.000,oo arrojaría la suma de $56.700.000,oo, más los «supuestos» $5.000.000,oo daría como resultado $61.000.000,oo y no $70.000.000,oo como estimó el Tribunal.
A su turno, expone que en un documento presentado ante notario consta el ofrecimiento de $50.000.000,oo, el cual no fue tachado de falso, pese a ello judicialmente se aceptó la «tramoya, la trampa, la trapisonda» de los procesados al argumentar que ese monto bien pudo tener como objetivo disminuir los impuestos o gravámenes a partir de la cuantía del acto hipotecario.
Aduce que el juez plural formó un «barullo», cuando inicialmente estimó que BENAVIDES BARTELS no hizo un segundo préstamo por la suma de $70.000.000,oo a VARGAS LINARES, para pagarle a BENAVIDES FERNÁNDEZ los 29 meses de intereses adeudados, y al mismo tiempo, desechó la argumentación de éste último acerca de la entrega de siete pagarés en blanco, para concluir luego que el total de intereses, más los $5.000.000,oo prestados posteriormente y sus rendimientos arrojaban $70.000.000,oo dados para evitar la iniciación de un juicio ejecutivo, cuando la verdad, ese trámite judicial finalmente se surtió.
Expone que como pruebas para condenar obra la escritura pública 884 de 20 de septiembre de 1999 ante la Notaria del Circulo de Funza constitutiva de una hipoteca de primer grado abierta y sin límite de cuantía por parte de Jorge Eleazar Arango Segura a favor de BENAVIDES BARTELLS, con la cual se garantizó un crédito por $50.000.000,oo.
Que también se acreditó que Gustavo Enrique Gamba Betancourth fue el encargado de conseguir la persona que pudiera hacerle el préstamo de $50.000.000,oo el cual luego fue ampliado en otros $20.000.000,oo.
Pone de presente que el acreedor no estaba facultado para llenar los pagarés, porque no recibió instrucción escrito o verbal para ello, de ahí que se falseó la verdad, pues solo se podía hipotéticamente respecto de los $50.000.000,oo iniciales y luego los $20.000.000,oo, engañando al Juez Promiscuo Municipal de Sasaima, que libró mandamiento de pago por $140.000.000,oo.
En consecuencia, solicita revocar el fallo y dictar decisión de reemplazo de carácter condenatorio en contra de los enjuiciados por el delito de fraude procesal, al imponer a BENAVIDES BARTELS 55 meses de prisión y multa de 300 s.m.l.m.v., en tanto que a BENAVIDES FERNÁNDEZ que “confesó ser un avezado delincuente” y ya fue condenado por otro ilícito, 60 meses de prisión y 500 s.m.l.m.v., sin que sean merecedores de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
Dado que en la resolución de acusación se precisó frente a la conducta de fraude procesal que se tenía el 19 de julio de 2005 como fecha en la que se rompió el engaño generado al Juez Promiscuo Municipal de Sasaima-Cundinamarca, y en atención a que el artículo 11 de la Ley 890 de 2004 previó un aumento punitivo para el aludido ilícito al quedar la sanción máxima en doce (12) años de prisión, el recurso de casación procede por la vía ordinaria.
Sin embargo, el desarrollo del cargo formulado dista del principio lógico de razón suficiente que conlleva la explicación metódica del vicio judicial con una argumentación que se baste a sí misma, porque si bien el censor anuncia un yerro fáctico por falso juicio de identidad respecto de las declaraciones de Gustavo Enrique Gamba Betancourt y Jorge Eleazar Arango Segura, así como en el documento privado en el que BENAVIDES BARTELS aprobó el crédito inicial por la suma de $50.000.000,oo, no explica de qué manera fueron deformadas tales pruebas y las que el juzgador fundamentó la sentencia absolutoria.
La modalidad de error por la que opta el demandante, por regla general tiene lugar cuando el juzgador al apreciar la prueba distorsiona su expresión fáctica poniéndola decir lo que ella materialmente no dice. Es claro que tal desatino se da al interior del elemento de convicción y no a través de su confrontación con otros, de ahí que el actor corra con la carga de precisar lo que dice objetivamente y lo que del mismo se distorsionó en la decisión, sea con agregados que no corresponden a su texto, por cercenamiento de algunos de sus apartes o por la transmutación de su literalidad.
Aquí el recurrente no indicó el contenido integral de las pruebas que supuestamente adolecen de tal defecto, y menos aún refirió el análisis que de ellas se hizo en la sentencia, únicamente señala que el Tribunal indebidamente dio por demostrado, sin estarlo, que el crédito inicial fue por $70.000.000,oo y que sus intereses, mas $5.000.000,oo prestados luego, con sus rendimientos ascendían a otros $70.000.000,oo y que los siete pagarés entregados en garantía podían ser llenados por la suma de $20.000.000,oo cada uno para cubrir la sumatoria de tales cifras, planteamiento propio de un falso juicio de existencia por invención.
Igual postura equivocada se advierte cuando señala que el juez plural no dio por demostrado, estándolo que el mutuo en principio fue por $50.000.000,oo, y sobre los mismos Jorge Vargas Linares pagó los intereses en los dos primeros meses de octubre y noviembre de 1999.
Pasa por alto las razones judiciales con las cuales se le restó credibilidad a las manifestaciones tanto del denunciante Jorge Vargas Linares, como de Jorge Eleazar Arango Segura, cuando sostenían que los siete pagarés cuestionados fueron entregados el 20 de septiembre de 1999 al momento de otorgar la escritura pública mediante la cual constituyó hipoteca sobre un predio de éste último, porque resultaba imposible «por cuanto LEGIS S.A. certificó que las formas minerva que se trasformaron en aquellos títulos valores salieron de bodega el 2 de diciembre de ese mismo año».
Ciertamente, la aludida empresa de comercialización de formatos y modelos indicó que las formas P-5688937, P-5688938, P-5688935, P-5688934, P-5688933, P-5688929 fueron objeto de impresión el 29 de octubre de 1999 y entregadas en bodega para su posterior distribución, el 2 de diciembre siguiente, lo que para el juez plural denotaba serias dudas del llenado arbitrario de los títulos valores, y a cambio la posibilidad de que los deudores hubieran acudido a la vía penal para impedir el cobro ejecutivo de la obligación que el primero adeudaba y el segundo garantizaba.
No ataca el apoderado de la parte civil la conclusión del Tribunal acerca de la posibilidad que los aludidos pagarés hubieran sido entregados con posterioridad, una vez medió el incumplimiento del pago de los intereses por parte de Vargas Linares y se renovó el mutuo, tal y como lo señalaron los procesados, esto es, que el 1° de febrero de 2002, se produjo un cambio de los pagarés inicialmente firmados y entregados en garantía, por unos nuevos firmados en blanco por Arango Segura, siendo también posible que se hubiera acordado su llenado para cubrir la nueva cuantía adeudada.
Para esa Corporación, lo anterior adquiría relevancia frente a la declaración que Jorge Vargas Linares rindió ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Sasaima-Cundinamarca el 11 de mayo de 2004 en el proceso ejecutivo, cuando admitió que no había pagado los intereses causados desde el momento en que recibió el préstamo, cambiando tal versión en la audiencia pública al asegurar que sí los había cancelado «sin dar una explicación satisfactoria de su nueva postura, ni mucho menos aportar el más mínimo elemento de juicio tendiente a acreditar su dicho de última hora».
Por ello, al considerar judicialmente el monto del préstamo, tasa de interés pactada y tiempo de incumplimiento del deudor, sumados a otros $5.000.000,oo, que le fueron dados también en mutuo, con los rendimientos de éste, se encontró verosimilitud en las manifestaciones de los procesados acerca de la renovación o sustitución el 1° de febrero de 2002 de los pagarés inicialmente entregados el 20 de septiembre de 1999, todo para evitar una acción ejecutiva con garantía hipotecaria inmediata y la autorización de su llenado ante la cuantiosa suma que respaldaban.
En estas condiciones, el recurrente sólo presenta su oposición a la valoración probatoria obtenida a través de las instancias, sin enseñar en su disquisición la existencia de errores manifiestos y esenciales con incidencia en el sentido de la decisión que denotaran la inexistencia del grado cognoscitivo vacilante y de contera la indebida aplicación del principio de resolución de duda en favor de los procesados.
En este orden, el desarrollo del cargo carece de la contundencia necesaria para derruir la presunción (iuris tamtum) de inocencia.
Como se concluye que el libelo no será admitido, es necesario señalar que la Sala no observa con ocasión del trámite judicial o en el fallo impugnado violación de derechos o garantías de los sujetos procesales como para que se hiciera necesario el ejercicio de la facultad legal oficiosa que le asiste a fin de asegurar su protección en los términos del artículo 216 del citado ordenamiento procesal.
NO ADMITIR la demanda de casación interpuesta por el apoderado de la parte civil contra la sentencia de 14 de enero de 2015 del Tribunal Superior de Cundinamarca confirmatoria de la absolución impartida en favor de JAIRO REINALDO ANTONIO BENAVIDES FERNÁNDEZ y DIEGO ALEXANDER BENAVIDES BARTELS por el delito de fraude procesal.

References: resolución 
in dubio
 artículo 207
 resolución 
 artículo 11
 resolución 
 artículo 216