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Timestamp: 2019-05-24 20:28:55+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 9
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DE AGUAS
INTERVENCIÓN : Ramon Vega Hidalgo
INTERVENCIÓN : Julio Canessa Robert
HOMENAJE A DON MATEO MARTINIC BEROS, PREMIO NACIONAL DE HISTORIA
HOMENAJE : Jose Ruiz De Giorgio
HOMENAJE : Sergio Fernandez Fernandez
HOMENAJE : Antonio Horvath Kiss
Sesión 9ª, en miércoles 8 de noviembre de 2000
(De 16:19 a 19:12)
Sesión secreta: se adopta resolución sobre solicitud de rehabilitación de ciudadanía (boletín Nº S 519-04)
Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica el Código de Aguas (876-09) (queda pendiente su discusión general)
Homenaje a don Mateo Martinic Beros, Premio Nacional de Historia (se rinde)
--Lagos Cosgrove, Julio
--Pérez Walker, Ignacio
Concurrieron, además, el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social , y los señores Subsecretario de Obras Públicas y Director General de Aguas.
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 21 señores Senadores.
Se da por aprobada el acta de la sesión 6ª, ordinaria, en 18 de octubre del año en curso, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 7ª, ordinaria, en 31 de octubre del presente año, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor SEPÚLVEDA (Prosecretario).-
Del señor Subsecretario de Pesca, con el que contesta dos oficios enviados en nombre del Senador señor Moreno, relativos a la regulación de la pesca deportiva.
Del señor Héctor Guillermo Olivares, con la que pide la rehabilitación de su ciudadanía (Boletín Nº S 523-04).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Algunos de los integrantes de la Comisión Mixta de Presupuestos ¿en especial los Senadores que tienen interés en intervenir en los dos primeros proyectos del Orden del Día de hoy, entre ellos los Honorables señores Ominami ( Presidente de esa Comisión), Boeninger, Novoa y Prat, entre otros--, debido a los plazos para despachar el proyecto de Ley de Presupuestos, me han solicitado que la iniciativa sobre seguro de desempleo ¿cuya aprobación requiere quórum de ley orgánica- sea discutida y despachada en general en el primer lugar de la sesión ordinaria del martes próximo. Traté de informar de ello al señor Ministro del Trabajo , pero no pude hacerlo, porque tenía que viajar. Similar petición ¿es decir, no tratarlo en esta oportunidad- se hizo respecto del proyecto sobre otorgamiento de pensiones a través de rentas vitalicias, el cual también necesita votación especial.
Si así se resolviera, continuaríamos ahora la discusión iniciada ayer relativa a la modificación del Código de Aguas. He avisado al señor Ministro de Obras Públicas , quien ha pedido que lo represente el Subsecretario de la Cartera . Éste junto con el Director de Aguas se encuentran afuera, en espera de que se resuelva su ingreso a la Sala.
Pido al Senado que se facilite el despacho de la tabla de hoy, con el tratamiento inmediato, como si fuera de fácil despacho, del informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en la solicitud de rehabilitación de ciudadanía del señor Ricardo Demetrio Werlinger Padilla.
El señor PÉREZ.- Entonces, los proyectos sobre rentas vitalicias y seguro de desempleo no se verían hoy.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- No, señor Senador.
Además, no se votaría ahora el proyecto sobre el Código de Aguas; sólo continuaría su discusión. Hay varios señores Senadores inscritos. El compromiso es no votarlo hoy, ya que también requiere quórum especial.
El señor HAMILTON.- ¿Cuándo se votaría, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Se determinará cuando finalice su discusión. No se puede saber cuándo.
El señor SABAG.- Debe quedar claro lo siguiente: la discusión debate sobre el proyecto que modifica el Código de Aguas continúa ahora y prosigue en otra sesión; o sea, no se clausura el debate.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- El martes comenzaríamos el Orden del Día con el proyecto sobre el seguro de desempleo y, luego, seguiríamos con el Código de Aguas.
La señora MATTA.- Hoy día, señor Presidente , no se vota.
Si le parece a la Sala, así se procedería.
Se va a constituir la Sala en sesión secreta.
--Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 16:23 y adoptó resolución respecto de la solicitud de rehabilitación de ciudadanía del señor Ricardo Demetrio Werlinger Padilla.
--Se reanudó la sesión pública a las 16:26.
Continúa la sesión pública.
En segundo lugar, corresponde continuar la discusión general del proyecto de ley de la Cámara de Diputados sobre modificación del Código de Aguas, con informes de las Comisiones de Obras Públicas, de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda.
--Ingresan a la Sala los señores Subsecretario de Obras Públicas y el Director de Aguas, ya autorizados para hacerlo.
--Los antecedentes sobre el proyecto (876-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 26ª, en26 de agosto de 1997.
Obras Públicas, sesión 5ª, en 17 de octubre de 2000.
Constitución, sesión 5ª, en 17 de octubre de 2000.
Hacienda, sesión 5ª, en 17 de octubre de 2000.
Sesión 8ª, en 7 de noviembre de 2000 (queda pendiente su discusión general).
Por no encontrarse presente en la Sala el Senador Horvath, el primer inscrito para esta sesión, tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
De acuerdo con las atribuciones del señor Presidente, le solicito mantener mi derecho para el lugar subsiguiente.
Entonces, tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
Señor Presidente, mi intervención tiene más bien por objeto plantear dos cosas. Primero -este punto se relaciona directamente con el problema del agua y, dada su disminución paulatina y progresiva tanto en el hemisferio sur como en el resto del planeta-, la necesidad de que el Supremo Gobierno adopte las medidas tendientes a que el vital elemento sea parte de un tratamiento de concepción de seguridad nacional, por ser tan importante como el petróleo, por ejemplo. De modo que es imprescindible que, junto con el Código de Aguas, se implemente una política de Estado respecto de los recursos hídricos nacionales, porque evidentemente ellos están disminuyendo. Los acuíferos están contaminados, las nieves han disminuido, hay menos filtración y la disponibilidad de aguas subterráneas se ha reducido aceleradamente, junto con el aumento de su utilización y la mala tecnología empleada en el uso del agua de superficie.
En segundo lugar, echo de menos en el código en cuestión un capítulo referente a la conveniencia de considerar la obtención del agua por otras fuentes que no sean las naturales. Me refiero al derretimiento de las nieves, a las lluvias o a las aguas acumuladas en lagos o en acuíferos, cuando es subterránea, y a la. evaporación del agua de mar. Estos aspectos debieran estar ya consignados en la legislación para facilitar la instalación de plantas desalinizadoras que empleen métodos modernos, los cuales son, por supuesto, más baratos y eficientes que los antiguos, y para que el agua que así se logre pueda ser destinada también al uso agrícola, industrial y humano.
Tales son los dos aspectos que deseaba poner en conocimiento del señor Ministro al debatirse en general esta iniciativa.
Señor Presidente, el tema relacionado con el Código de Aguas es, por cierto, extremadamente complejo y difícil, sobre todo a partir de la realidad que justifica la existencia del proyecto en debate. Esto se vincula con la no utilización de las aguas, principalmente en el ámbito de los derechos no consuntivos. A partir de ahí se ha generado la necesidad, por motivos de carácter social y de abrir este espacio a la inversión, de una legislación bastante compleja que ha motivado un proyecto de modificación del Código de Aguas, que aun cuando lleva muchos años de tramite ha dado lugar a cuestionamientos de distinta naturaleza. Esta circunstancia nos obligó a hacer presente -particularmente en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, que analizó y que informó esta iniciativa, como han podido apreciar Sus Señorías- la inconveniencia que representa la introducción de ciertas instituciones como la patente por el no uso de los derechos de aguas y, al mismo tiempo, las inquietudes que concitan las atribuciones que se confieren a la Dirección General de Aguas y al Ejecutivo en lo fundamental, por el carácter discrecional de las mismas.
En cuanto al primero de los temas, hay temores de distinta naturaleza. La patente por la no utilización provoca dudas de índole constitucional y técnico. En el primer aspecto, acerca del cual hubo una larga discusión en la Comisión de Constitución, sin poder llegar a un acuerdo, las principales inquietudes que motivan las dudas de constitucionalidad se refieren a los siguientes puntos.
El primero de ellos dice relación a las facultades esenciales del dominio, porque la Carta Fundamental, al regular este derecho en el inciso final del Nº 24 del artículo 19, señala que "Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos". Y la propiedad sobre los derechos de agua implica introducir en ella las facultades esenciales del dominio que tienen sus titulares sobre los derechos de aprovechamiento, en este caso, de las aguas. Parte esencial en los atributos del dominio es precisamente el uso, goce y disposición del bien corporal o incorporal sobre el cual recae la titularidad del dominio.
En este proyecto, al establecerse un cobro especial por la no utilización del elemento, estamos introduciendo una carga que limita el ejercicio del dominio en un aspecto muy esencial como el uso, porque el no uso es una atribución de que dispone precisamente el titular del dominio. En consecuencia, se abre aquí una situación sumamente compleja y discutible. Es cierto que los atributos del dominio pueden ser objeto de limitaciones. Sin embargo, cuando éstas se justifican, la ley establece ciertos caminos, por ejemplo, el de la expropiación. Es posible recurrir a este procedimiento; no obstante, no estamos hablando de eso, sino de una patente que, como voy a explicar, es un tributo, lo cual genera una complicación adicional. Por eso, hay aquí, desde un punto de vista constitucional, un primer aspecto, que ha merecido reparos por parte de un constitucionalista como don Raúl Bertelsen en el seno de nuestra Comisión.
Un segundo tema se refiere al establecimiento de tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. El que estemos frente a uno no es algo que sea discutible. La idea de la patente dice relación al hecho de que no existe una contraprestación por parte del Estado. Por ello, estamos en presencia de un verdadero impuesto por el no uso, que, por lo demás, es bastante elevado (era tan alto que el propio Ejecutivo lo rebajó en la discusión que sostuvimos en la Comisión de Constitución).
Sin embargo, éste sigue siendo extremadamente elevado, y el transcurso del tiempo agrava todavía más el monto que se cobra por la patente, lo cual hace estos tributos se conviertan en manifiestamente desproporcionados o injustos, cuestión que está especialmente representada en el Texto Constitucional, cuando se refiere a la materia.
Finalmente, nos encontramos frente a un problema de igualdad ante la ley y de no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. Aquí se distingue entre patentes por no uso de derechos consuntivos y de derechos no consuntivos, lo que genera una diferenciación que trae consigo una escala de cobros enteramente distinta. No existe mayor justificación objetiva para esto, salvo una situación de hecho, que es la que se trata de combatir y que entendemos en el sentido último de la ley, pero no en el mecanismo utilizado para combatir la excesiva concentración de los derechos no consuntivos en una sola mano, o en pocas, si se desea extender más aún esto.
No ocurre lo mismo en el caso de los derechos consuntivos.
Sin embargo, la iniciativa establece una diferenciación que no se funda en la naturaleza de los derechos, sino en una situación de hecho y, por lo tanto, es una materia que no tiene, en sí misma, una justificación racional, objetiva y, por tanto, da pie para pensar que no existe verdadera igualdad o que hay discriminación en el trato que el Estado debe dar en materia económica.
Estas dudas de carácter constitucional se hallan acompañadas de otras de índole técnico.
La verdad es que resulta absurdo -y no es el hábito de nuestra legislación- castigar el no uso de los derechos. Pareciera que se trata de una situación confusa y contradictoria que induce, desde el punto de vista económico, a comportamientos equivocados. Desde luego -como lo hicieron presente algunos economistas en la Comisión de Hacienda-, es un incentivo al mal uso del elemento. Los académicos señores Andrés Gómez-Lobo y Ricardo Paredes señalaron que tal vez sería mejor cobrar una patente el solo hecho de ser titular de un derecho de agua, sin distinguir entre su uso o no uso. Ello, por la sencilla razón de que si hay un cobro por el no uso, el incentivo al mal uso es espontáneo, automático. Esta situación, obviamente, genera un absurdo de carácter económico que es cuestionado desde la perspectiva de la teoría económica respecto de lo que eso significa.
Y -agregan los mencionados economistas- si acaso se produjera una concentración generando ineficacias en el mercado como asignador de recursos, la respuesta natural no es introducir un mecanismo que genera incentivos equivocados, sino más bien encargarle a un organismo específico -como la Comisión Antimonopolio- que resuelva los problemas existentes cuando se forma un poder de mercado excesivo, porque son ellos los que determinan si efectivamente se producen abusos asociados a este exceso de poder.
Por otra parte, tan absurda es la situación de esta patente, que no sólo se ha conformado con el cobro de estos derechos cuando se trata de derechos efectivos que se poseen, sino que, también (a pesar de que la Comisión de Constitución lo eliminó), la Comisión de Hacienda restituyó la posibilidad de cobros de patentes de no uso a los derechos eventuales. Esto resulta extremadamente delicado. ¿Por qué? ¿Cuándo estamos frente a un derecho eventual? El derecho eventual es aquel que faculta a utilizar las aguas sólo cuando los titulares de derechos de aprovechamiento permanente hayan sido previamente abastecidos en su totalidad (cosa que rara vez ocurre). Y, además de eso, estos derechos eventuales se satisfacen por orden de su fecha, por lo cual quienes poseen derechos más remotos tienen menos probabilidades de ser alguna vez abastecidos.
Sin embargo, a pesar de esta situación, se establece -porque la Comisión de Hacienda lo repuso, pues en la de Constitución lo habíamos eliminado-, que también hay pago de patente por no uso de los derechos eventuales.
Señor Presidente , quiero manifestar que esta situación me parece absolutamente absurda. Es más, estimo que se está creando una obligación imposible de cumplir.
Al respecto, el Senador señor Aburto , al fundar su rechazo en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, señaló que esto no sólo constituye una falta de equidad, sino, además, una obligación sin causa, toda vez que si no hay aguas disponibles, no se puede ejercer el derecho de aprovechamiento eventual.
Empero, a pesar de que no pueda ejercerse el derecho, se está cobrando por el no uso del mismo. Es decir, la voluntad del legislador en este proyecto lleva a un extremo considerablemente discutible.
Hay, también, inquietudes respecto a la comparación que se ha hecho de esta patente como si fuera semejante a la patente minera. Desgraciadamente, por razones de tiempo no voy a poder analizar este punto. Pero la verdad es que no tienen ninguna vinculación, puesto que existen regímenes completamente diferentes.
Adicionalmente a las preocupaciones que desde un punto de vista constitucional y técnico me representan el establecimiento de la patente por no uso, quisiera señalar que estamos disponibles para legislar sobre la creación de una patente de aguas, que se cobre independientemente del uso y que, por esa vía, se puedan evitar los perjuicios que esto traerá en el funcionamiento económico del país.
En el seno de nuestra Comisión recogimos muchas inquietudes de distintos ámbitos productivos, en donde todos, cual más cual menos, plantearon la tremenda inquietud por el marco macroeconómico que se establecía al generar este esquema de patente por el no uso. En el sector agrícola, obviamente, el pago de una patente por no uso de los derechos consuntivos genera una preocupación a quienes tienen predios regados y que por uno u otro motivo, o no tienen las obras que les permitirían apelar a la presunción que establece la ley o, simplemente, por una u otra temporada no riegan, porque ésa es su voluntad. Ciertamente genera una inquietud injustificada, puesto que, además, sería un pago adicional sobre uno que ya existe, porque las contribuciones de bienes raíces de los predios rurales incluyen dentro de su tasación el hecho de ser o no regado. Por lo tanto, si a un predio que ya paga contribuciones adicionales por riego le cobramos una patente por no uso, se estaría en medio de una contradicción, a menos que cambie la tasación de ese predio para compensar lo que no está siendo recibido por el otro lado. Pareciera que aquí hay un exceso de materia.
En el ámbito de la minería también se han levantado inquietudes, desde luego porque los proyectos demoran años en establecerse y el pago, aunque concede cierta gracia, puede recuperarse. Cuando un proyecto minero tiene cuarenta o cincuenta años -como han ocurrido muchos en el país-, obviamente, esto genera un desincentivo a la inversión minera demasiado considerable.
Por eso, un pago de patente de agua, independientemente de consideraciones de uso o no uso, pareciera ser el camino que evitara el daño social que pudiera traer consigo el no uso de las aguas, sobre todo en el ámbito de los derechos no consuntivos, que son realmente aquellos respecto de los cuales el proyecto quiere afectar. Porque en el terreno de los derechos consuntivos prácticamente no hay derechos que queden por otorgarse. En los no consuntivos, hay un porcentaje muy elevado. Se habla de cerca de 70 por ciento que estaría en una sola mano, y eso, evidentemente, produce problemas que deberían ser corregidos.
Espero que esta materia -he elaborado un anteproyecto- la podamos discutir, si acaso así se tiene por conveniente.
Respecto del otro tema que mencioné, aparte las dudas constitucionales y técnicas referidas a la patente misma, surge una inquietud cuando uno analiza el proyecto en su globalidad. Lo revisé después de un tiempo en que no estuve involucrado en él y, efectivamente, tengo una tremenda inquietud por las considerables atribuciones que entrega a la Dirección General de Aguas.
Así, por ejemplo, en el caso del artículo 140 del respectivo Código, que se propone sustituir, se agrega la exigencia de presentar una memoria explicativa en la cual se justifique la cantidad de agua que se necesita extraer. No se ve muy claramente la justificación de esto. Desde luego, el titular del derecho puede enajenarlo a un tercero, no importando los motivos que tuvo para solicitarlo. Además, podría prestarse para que eventualmente dicha repartición pueda rechazar discrecionalmente un derecho. Reitero: se trata de una atribución que puede prestarse para una posible arbitrariedad. Eso, por un lado.
En segundo lugar, en el artículo 147 bis, que faculta a la Dirección General de Aguas para denegar o limitar las solicitudes de derechos de aprovechamiento en determinados casos, aparte las muchas situaciones que plantea, la Comisión de Hacienda agregó un número nuevo, que otorga al Presidente de la República la facultad para que, mediante decreto fundado, con informe de la Dirección General de Aguas, por circunstancias excepcionales y de interés general, disponga la denegación total o parcial de una solicitud de derecho de aprovechamiento. Aquí estamos ante una decisión absolutamente discrecional del Jefe del Estado para, con informe de la referida repartición, decir que, por interés general y sin que esto tenga un contenido explícito ni justificación objetiva, se deniega o limita la solicitud.
En mi concepto, se está cambiando sustancialmente la naturaleza del régimen de aguas vigente en Chile y entregándoselo, por medio de los dos mecanismos que acabo de señalar, a un organismo administrativo para que disponga de él.
En relación con el artículo 141, desde el momento que se elimina el inciso final de la norma vigente, que obliga a la Dirección General de Aguas a constituir el derecho, en caso de que no se hayan presentado oposiciones, siempre que exista disponibilidad del recurso y sea legalmente procedente, dicha repartición no estará obligada a hacerlo cuando medien esas condiciones.
Reitero: estamos entregando a la Dirección General de Aguas un cúmulo de atribuciones discrecionales, lo cual nos hace pensar que en una materia de suyo delicada, con tanta incidencia en el desarrollo económico del país, ello no parece conveniente, menos aún con las reglas económicas que rigen el desarrollo del país en la actualidad.
En resumen, manifiesto mi inquietud respecto de la constitucionalidad de la patente por no uso de las aguas, además de las dudas sustanciales que ella genera, desde el punto de vista técnico, por las consideraciones que brevemente he expuesto. Y no obstante considerar razonable -tal es el ánimo que ha imperado en el debate en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en su momento- y conveniente buscar algún instrumento que evite el daño social que puedan representar eventuales circunstancias por el no uso de las aguas, manifestamos nuestra absoluta disposición a contribuir con un anteproyecto al establecimiento de un régimen de patentes de aguas que evite esa dificultad.
Subrayo también que el proyecto, además de establecer un mecanismo que presenta dudas constitucionales y técnicas, concede amplias facultades discrecionales a la Dirección General de Aguas, lo cual ha despertado enorme reticencia en distintos ámbitos del sector productivo, lo que para nosotros, por las características del régimen económico en aplicación y dentro de la filosofía constitucional que rige al país, no pareciera ser especialmente adecuado. Pretendemos que los organismos tengan las atribuciones que necesitan para desempeñarse, pero los ámbitos de discrecionalidad deben reducirse a su mínima expresión.
Señor Presidente, en verdad, éste es un tema que para la Senadora que habla, representante de una Región desértica, reviste importancia extrema. Más aún, creo que si en algo debemos trabajar muy especialmente, con la mirada puesta en las regiones es, justamente, en este proyecto. No puede darse el mismo trato a las distintas zonas del país, a las que tienen agua porque llueve prácticamente a diario, o que las cruzan ríos, y a otras, como sucede en el norte, donde el líquido elemento pasa a ser un elemento vital, esencial y más que necesario para la sobrevivencia.
Es por eso que, desde hace mucho, nuestro interés ha sido mirar esta iniciativa desde un punto de vista muy particular. En la Segunda Región hemos velado por el máximo aprovechamiento de las aguas: se llamó a licitación para la desalinización de las del mar; tenemos gasoductos que traen gas natural desde Argentina, con lo cual estos procesos se abaratarán; el borde costero está saneado y prácticamente ningún colector de aguas servidas termina en el océano, y estamos recuperándolas.
Para nosotros, es fundamental cautelar los derechos de agua. En la Región que represento, normalmente se ha privilegiado el uso del vital elemento para la minería y dejado morir la agricultura, de la cual sobreviven el pueblo atacameño y sectores muy importantes de la zona. Claro está que ellos son menos numerosos que quienes trabajan en la minería; pero es de vital importancia que nuestra etnia sobreviva, se la proteja y se le dé el agua necesaria para subsistir. No queremos convertir a nuestra zona en un lugar en el cual, cuando termine la actividad minera, sólo queden un hoyo y campamentos muertos, sino en uno donde también se desarrolle la agricultura, tal vez muy artesanal, en pequeña escala, pero no por eso vamos a dejarla morir.
Ha habido una disputa permanente en materia de derechos de agua. Para nosotros, la ley en proyecto resulta fundamental. El agua no puede privatizarse; es un bien común que debe cautelarse de manera muy regulada; no podemos regalar los derechos de agua ni permitir que se haga comercio con ellos. Debemos proteger a las etnias, que tienen sus derechos de agua, y velar por que el vital elemento se utilice en la minería, pero sin que ésta la acumule o no la utilice, a la espera de proyectos mineros futuros. Al mismo tiempo, es necesario evitar que se desvalorice un quehacer importante de los pueblos originarios que han habitado esos lugares desde siempre.
Eso también es hacer patria, como lo es mantener los poblados atacameños y lograr que sobrevivan, o cautelar nuestras fronteras con Argentina, Bolivia y Perú. Queremos desarrollar ese mundo para que no muera. Para ellos -repito-, el agua resulta primordial.
Por eso queremos que se regule y que el Estado, a través de su Dirección de Aguas, tenga potestad para impedir por todos los medios la privatización del recurso o un aprovechamiento tal que termine con él. Respetamos mucho a la minería y ojalá hubiera muchos otros yacimientos en la región; pero no podemos darles toda el agua que pidan, que muchas veces no usan y la guardan; o utilizan las de origen freático que, como todos saben, son fáciles de recuperar, o las subterráneas que extraen a través de los salares, lo cual, al final, hará morir los ríos y cauces naturales.
Los señores Senadores podrán recordar los problemas suscitados con el río Loa. Nosotros aprendimos -y nuestros niños seguirán haciéndolo- que es el cauce del desierto más largo de Chile; pero no se está enseñando que está prácticamente seco. Entonces, es muy bonito mostrarlo en el mapa; sin embargo, sólo va quedando el cauce seco. Ni siquiera estamos protegiendo un río como el Loa, que sirve para estudiarlo, pero no para usarlo como corresponde.
Por eso, consideramos adecuado sancionar de alguna manera, a través de patentes, el no uso o el mal uso del agua. Y ello debe quedar claramente establecido, como se hace en el proyecto que nos ocupa.
No nos parece inconstitucional la iniciativa, que involucrará a todos los ciudadanos. No se trata únicamente del agua de las regiones del centro y sur de Chile, en que se desarrolla de manera masiva la agricultura y donde muchas veces los derechos de agua vendidos quedan en pocas manos. Deseamos resguardar el agua, elemento vital para todos los habitantes del país, desde la primera hasta la última región.
Por lo tanto, esta iniciativa no sólo debe mirarse desde la perspectiva de una zona agrícola, sino también, y muy especialmente, desde el punto de vista de las regiones desérticas, de donde proviene la mayor riqueza del país: la minería.
Estoy de acuerdo: protejamos la minería, démosle el agua que requiere; pero no dejemos morir a nuestros pueblos ancestrales, a nuestras etnias, quitándoles el agua, elemento vital para su sobrevivencia.
Señor Presidente , estoy absolutamente a favor del proyecto. Pienso que tiene todo aquello que sirve a las regiones. Con seguridad, más adelante podremos darle todavía mayores matices regionales, porque las leyes, a pesar de que deben ser útiles para todo el país, sin duda han de contener matices locales muy claros. Y ésta es la más típica de las iniciativas donde hay que observar el país en su conjunto, en su realidad. Las diferencias de Chile son muy extremas en cuanto a clima. Por lo tanto, un proyecto de Código de Aguas es especialmente sensible para esa realidad.
Obviamente, votaré a favor de la iniciativa. Y, a mi entender, las mayores recomendaciones deben ir en la dirección de que la ley en proyecto sirva a todos, sin pensar sólo en lo constitucional, que puede ser útil únicamente a algunos sectores. Pensemos también en las zonas que no tienen mucha representación; tal vez no son numerosas, pero cobijan a chilenos que necesitan nuestro apoyo y legislaciones humanas a su servicio.
El pueblo atacameño -lo saben las autoridades de Gobierno- ha trabajado largamente en sus derechos de agua. Porque también se comete el abuso tremendo de que personas con más conocimientos o mayores recursos compran derechos de agua ancestrales y, al final, hacen mal uso de ellos o los venden a empresas mineras en millones luego de haber malpagado o, muchas veces, engañado a los verdaderos dueños.
Las materias en cuestión se cruzan con las de otros proyectos. Pero, sin duda, esta iniciativa ayudará a configurar un desierto más humano, como corresponde a una sociedad moderna y globalizada.
Señor Presidente, concurriré con mi voto favorable al proyecto, que viene a corregir, aunque a mi juicio todavía débilmente, las graves distorsiones del estatuto jurídico actual, establecido en el Código de Aguas aprobado en 1981.
Dicho estatuto genera graves distorsiones y una suerte de anarquía en el uso de un elemento tan fundamental como el agua, al punto que me atrevo a calificarlo de jurídica y económicamente aberrante. Pienso que en pocas ocasiones como en ésta se da una conjunción tan perfecta de la defensa de intereses, que finalmente ha llevado a una gran monopolización de ese recurso vital, con una teoría del funcionamiento del mercado de aguas que, después de casi 20 años de aplicación y no obstante que supuestamente iba a permitir una autorregulación eficiente del uso de las aguas, ha demostrado ser absolutamente falsa.
Señalo lo anterior porque se ha aludido mucho a que estaríamos intentando cambiar reglas sanas del funcionamiento económico.
Me parece que no hay situación más aberrante -y trataré de demostrarlo-, desde los puntos de vista jurídico y económico, que la del Código de Aguas aprobado en 1981.
La ley en proyecto, desgraciadamente, no corrige -y ésa es su limitación- el origen de las aberraciones, que, a mi juicio, no es otro que la contradicción absoluta de la afirmación -era muy difícil hacerlo de otra manera- de que las aguas son bienes nacionales de uso público y, por tanto, se otorga a los particulares un derecho de aprovechamiento. Y aquí se siguió la vieja doctrina.
Es evidente que el agua es un bien natural escaso, de usos múltiples y con demanda creciente de utilización -en Chile y en el resto del mundo-, la que algunas veces puede ser alternativa, y otras, complementaria: consumo humano, energético, agrícola, industrial, sin contar las funciones -ecológicas, y hasta turísticas- que cumplen los cauces y los depósitos de agua dulce.
Claro resulta que el desarrollo en todos los planos significa un aumento creciente de la demanda de tan escaso recurso natural en los diversos países del mundo contemporáneo, y por supuesto en Chile, especialmente en sus zonas más áridas, como señaló recién la Honorable señora Frei .
El Código de Aguas establece un derecho de aprovechamiento que no es tal, porque introduce de manera completamente artificiosa, bajo el título "Derecho de Aprovechamiento", algunas de las atribuciones del dominio y convierte a aquél en un derecho al que se pretende dar el carácter de patrimonial. Entonces, la aberración está en el texto mismo de la ley.
Es claro: privatizaron el agua. No podían decirlo, pues resulta muy violento, incluso en una dictadura, privatizar ese vital elemento; sería como privatizar el aire. Eso era excesivamente impresentable, incluso sin opinión pública.
No hay en el mundo un estatuto jurídico del agua como éste. Porque es completamente incompatible afirmar el carácter de bien nacional de uso público del agua y disponer que el derecho de aprovechamiento, que por tanto no debería ser un derecho de apropiación total, tiene los mismos atributos del dominio.
Cualquier abogado o jurista tendría que llegar a esa conclusión. Existe una contradicción en los términos.
Incluso, cuando se plantea que deseamos gravar el no aprovechamiento del derecho llamado "de aprovechamiento", nos dicen que estamos vulnerando (y lo sostiene gente estudiosa, sensata: el señor Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, el Senador señor Larraín ) un derecho de propiedad, el que no es tal, incluso en su definición formal.
Creo que eso es una aberración.
Es aberrante establecer un derecho de aprovechamiento que no tiene precio. Él se adquiere por una vía puramente administrativa, sin especificación del aprovechamiento que se hará de lo que se reclama y sin precio.
Señor Presidente , no hay teoría económica alguna que pueda sustentar por qué el mercado después va a ser eficiente en la asignación de un recurso que en su origen no tiene precio. Díganme Sus Señorías qué bien económico no tiene precio en el mercado. Y aquí se adquiere un bien, por vía administrativa, sin precio.
¡Después se viene a decir, por señores con títulos de universidades muy importantes pero que exponen una teoría que en mi concepto no funciona, que el mercado regulará el buen uso!
En condiciones de competencia, el mercado regula bien -muchas veces muy bien- distintos tipos de bienes. Pero una de las características de toda economía de mercado es que no hay bienes libres -ello me parece evidente- y, además, que digan relación al dominio. Pueden existir, sí, concesiones libres, temporales, etcétera.
Entonces, se advierte una contradicción. Hay un sistema aberrante y que ha provocado consecuencias aberrantes -eso es claro-: ha determinado que el bien de uso público que nos ocupa se pueda convertir en un bien especulativo, en un bien no usado aun ante necesidades sociales evidentes, y ha llevado a una anarquía potencial, muy profunda, en todo lo que es la administración de un recurso requerido para el desarrollo. Se registran muchas diferencias regionales, pero prácticamente en todo Chile el manejo de las aguas, sobre todo en el tiempo venidero, constituirá un elemento central.
La ley en proyecto corrige en parte ese estatuto jurídico aberrante. Y espero que con la maduración del país nos sea posible abocarnos, en otro momento legislativo, a la enmienda del tema de fondo. Porque en este instante no estamos resolviendo el problema central. Y quiero llamar la atención al respecto. Por lo tanto, estimo que se da un paso que rectifica una situación aberrante, pero no su raíz, configurada por un ordenamiento que no se sostiene ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista económico en una economía que desee ser efectivamente moderna y aprovechar bien sus recursos, que son escasos.
Y se plantea la cuestión técnica. Lo que se pretende es castigar el no uso. En ese sentido, estoy de acuerdo. En la Comisión se efectuó todo el análisis sobre cuál es la mejor forma de gravar, lo que significa generar las condiciones de un mercado de las aguas donde un elemento tan escaso, de todos los chilenos, no se use como bien patrimonial de quienes en algún momento adquirieron su propiedad.
Como se decía ayer, parte de los titulares de grandes derechos son empresas eléctricas privadas anteriormente públicas. Y, por ende, lo relativo a quién era el dueño de las aguas cuando aquéllas eran públicas no revestía la gravedad que adquirió cuando se traspasaron todos los derechos a los nuevos propietarios particulares, sin mediar ninguna consideración acerca de si las empresas iban a usar el recurso o no para su fin propio, que era la producción de electricidad. Es evidente que ésta no se puede obtener, en un sistema de empresas privadas como el chileno, que opera con bastante eficiencia en la generación hidroeléctrica, sin cierta seguridad jurídica y económica respecto de un insumo tan importante de esa industria como el agua. Pero ello, sin duda, debe ser puesto en función de un derecho que -insisto- es de aprovechamiento. No reviste carácter patrimonial, por lo menos el que se quiso establecer en la letra de la ley.
Se ha discutido si gravar el uso en vez del no uso. Yo comparto más bien los argumentos -y éste es ya un asunto puramente instrumental- en el sentido de que, técnicamente, sería muy difícil determinar un tipo eficiente de gravamen acerca del uso. Sobre esa base, me parece que gravar el no uso es una disposición razonable.
Aprovechando la presencia de los señores Subsecretario de Obras Públicas y Director General de Aguas, quiero manifestar una inquietud respecto de un tema que juzgo central, considerado en algunos de los Gobiernos anteriores durante los debates que precedieron a la larga discusión sobre las reformas del Código de Aguas y no incluido en el proyecto que nos ocupa, pero que también es muy urgente enfrentar. No se trata ya sólo del estatuto jurídico del aprovechamiento y utilización del agua, sino también de su manejo, y fundamentalmente del de las cuencas.
Represento a dos provincias donde se hallan dos de las cuencas más importantes del país. Una de ellas, sin duda, es la de mayor relevancia desde el punto de vista de la producción eléctrica: la del Maule. Las últimas cifras indican que genera aproximadamente 50 por ciento de esa clase de energía. Además, se encuentra ubicada en una zona fundamentalmente agrícola.
Se han presentado, en especial durante los últimos años, conflictos de intereses en el manejo de las aguas, los cuales son inherentes a la naturaleza del recurso y a la conjugación de los derechos consuntivos y los no consuntivos.
En la Región que represento son recurrentes los conflictos de intereses entre regantes y productores hidroeléctricos. Y no hay sistema ni autoridad que pueda regular el uso de los dos derechos cuando entran en contradicción. Esto último sucede, evidentemente, cuando el agua es escasa. En un país que ha sufrido -y creo que ello seguirá sucediendo- cambios climáticos a veces tan extremos como los observados en los últimos años, la situación es reiterada y no se ha podido resolverla.
En la cuenca del Maule, además, se registraron durante el año en curso gravísimas dificultades por anegamientos y pérdida de suelos agrícolas, ya que en un momento no se contaba con ninguna autoridad capaz de regular el cauce del río del mismo nombre. Incluso, existen varias querellas de privados contra las empresas hidroeléctricas, que manejan la descarga de la represa de Colbún. Es evidente que el interés de ellas es mantener los depósitos de agua. Sin embargo, elementos bastante fundados, a mi juicio, revelan que medió mucha imprudencia en las descargas hechas, lo que significó, en las comunas de Maule y de Villa Alegre, la pérdida de centenares de hectáreas. Ello es irreparable. Los suelos lavados por el río ya no se recuperarán.
Señalo lo anterior como ejemplo de que es indispensable establecer un sistema de manejo de cuencas, para que una autoridad pueda dirimir los conflictos en ese ámbito y no intervengan, como hoy, los tribunales. Porque es evidente que tales situaciones se presentan estacionalmente. Resulta del todo absurdo que los tribunales de justicia deban administrar un recurso como el agua. Pueden dirimir después las disputas o las pérdidas ocasionadas, pero no son los llamados a resolver un sistema de preservación y de manejo de cuencas.
Y no sólo cabe consignar la cuestión de los intereses distintos, sino también el hecho de que el manejo de nuestras cuencas ha sido de tal manera desprolijo y sin ningún criterio de cuidado ambiental, que se han arruinado muchos suelos, como expresé. En el caso concreto de la cuenca del Mataquito, anualmente tanto los ríos Lontué y Teno, que son los principales afluentes del Mataquito, como este último erosionan suelos agrícolas de alta calidad. Y esa pérdida no es recuperable sino en cientos de años.
Por lo tanto, en presencia de la autoridad política del Gobierno, subrayo el beneficio de dar carácter prioritario al tema, que -entiendo- ha sido objeto de cierta discusión o prediscusión, de estudios, de proyectos. A mi juicio, es altamente conveniente que el país se halle dotado de una institucionalidad capaz de establecer un manejo de cuencas que permita arbitrar los conflictos de intereses de los titulares de derechos al uso de aguas y, también, generar las condiciones para un aprovechamiento integral de las cuencas; para proteger la vida humana, que a veces corre peligro por el mal manejo de ellas; para preservar suelos de calidad agrícola que, como dije, tardan cientos de años en formarse, etcétera.
Quisiera que, dentro de la programación política legislativa del Ministerio de Obras Públicas, ente encargado de llevar asuntos como el que nos ocupa, la generación de dicha institucionalidad se incluyese entre las prioridades de los próximos años.
Tiene la palabra el Senador señor Vega.
El señor VEGA .-
Señor Presidente, como todos sabemos, los objetivos centrales de la política económica chilena -desde siempre y a largo plazo- son, primero, mantener una tasa de crecimiento elevada, estimada entre el 5 y el 7 por ciento anual y, segundo, mejorar significativamente la distribución del ingreso a fin de terminar con la pobreza en un futuro previsible. Ambos objetivos -por cierto muy legítimos- tienen importantes consecuencias para la estructura de la economía y para las principales áreas del desarrollo nacional. Estamos hablando de la seguridad nacional, de la soberanía, de la autonomía, etcétera.
Dichas implicancias, precisamente, determinan que las proyecciones acerca de los requerimientos de agua -en la hidroelectricidad, el riego, la industria, la minería, el agua potable, en fin- adquieran cada día una importancia más estratégica para todos nosotros.
Por tal razón, el desarrollo del país, en un escenario de uso intensivo del agua, requerirá de instancias institucionales muchos más eficientes para el aprovechamiento del recurso. En consecuencia, considero que se justifica revisar el marco legal vigente con el objeto de regular esta materia en forma apropiada.
La legislación sobre aguas que rige en Chile es única en el mundo, y es compatible con la dinámica económica del momento, que las considera más como bien económico que como parte fundamental para desarrollo de los pueblos, del ser humano y del bien común.
Sobre esa base, los derechos originales de aprovechamiento de este bien nacional de uso público son otorgados gratuitamente por el Estado a los particulares, quienes los solicitan para uso exclusivo. Actualmente, el sistema de su asignación se caracteriza, primero, porque quien reclama el derecho para su aprovechamiento no está obligado necesariamente a justificar la cantidad solicitada, y eso es un problema; segundo, porque la conservación de los derechos en el tiempo no tiene un costo real para el potencial dueño; y, por último, porque no existe la obligación para los titulares de usar este recurso fundamental.
Lo anterior permite que los particulares presenten peticiones por cualquier caudal -sin que necesariamente existan proyectos para su utilización-, quedando la autoridad pública en la obligación de darles curso. Esto es único en el mundo, ya que en los países desarrollados de Europa y en Estados Unidos se aplica el principio de que quien no usa el derecho lo pierde.
Producto de este marco legal, existen en Chile derechos constituidos en el patrimonio de los particulares -de carácter no consuntivos-, por 13 mil 500 metros cúbicos por segundo (ENDESA tiene el 70 por ciento de estos derechos), pero sólo se utilizan menos de 2 mil. O sea, hay 11 mil 500 metros cúbicos por segundo que no se usan. Sus dueños no tienen ningún incentivo para aprovecharlos y no se les puede multar ni quitarles el derecho. Pareciera que sólo lo utilizan como una barrera de entrada para sus competidores.
Es decir, Chile aplica un concepto opuesto al de los países desarrollados, por supuesto contradictorio con los principios de la economía de mercado en lo relativo a la sana competencia.
Respecto del proyecto en análisis, se han manifestado diversas opiniones en cuanto al establecimiento de una patente para los derechos de agua no utilizados -o algo equivalente-, a la justificación de las nuevas solicitudes y a las atribuciones que ahora se otorgan a la autoridad administrativa.
Sobre el particular, el Código vigente reconoce plenamente los derechos de agua constituidos antes de 1981. Por lo tanto, sus titulares estaban en condiciones de regularizar su situación ante los juzgados de letras. Según la Dirección General de Aguas, se trata aproximadamente de 350 mil, pero en la actualidad sólo tienen en regla su registro ante ese organismo alrededor de 15 mil. Es decir, no se hallan identificados ni registrados 335 mil, lo que complica enormemente cualquier solución, siendo la alternativa más factible y directa la de implementar el pago de patentes, tema sujeto a una discusión más en detalle.
En cuanto a la justificación de la cantidad de agua solicitada y a la correspondiente autorización a particulares para usarla con exclusividad, me parece que debe otorgarse con la razonable convicción de que el requerimiento corresponde a una necesidad muy directa y real, y que no derivará en un perjuicio -es lo que siempre debe evitarse respecto de esta normativa u otra-, dado que el agua es vital para el desarrollo de cada pueblo de Chile. Por lo tanto, estimo correcta la proposición en el sentido de establecer la obligación de justificar la cantidad de agua solicitada, de tal forma que exista una concordancia entre los caudales y los fines invocados por el propio peticionario.
Las nuevas facultades que contempla el proyecto para la administración del recurso tienen como propósito reservarlo para abastecer a la población o a determinadas actividades productivas que se califiquen como relevantes para la estrategia de desarrollo regional, tema relacionado con su ordenamiento territorial -existen programas de este tipo en la Novena, Undécima y Cuarta Regiones-, al no haber otras alternativas de abastecimiento posible, evitando con ello que, por la simple petición de un particular, se vea afectado el futuro de una población o de una región, como ha sucedido en algunos casos.
El punto central es, entonces, que el actual Código de Aguas puso un énfasis muy fuerte en el otorgamiento de mayores seguridades para que los privados obtuvieran derechos de agua, pero no incluyó ningún contrapeso para controlar el recurso que se utilizará efectivamente -produciéndose numerosos problemas que se tratan de corregir con este proyecto-, y simultáneamente dar oportunidad a muchas otras iniciativas empresariales -también muy valederas y que promueven el desarrollo nacioal- dentro de un esquema de legítima competencia.
Conforme a lo anterior, resulta evidente que el agua -como bien ambiental, económico y básico para el desarrollo de las naciones, y cuya regulación es mundialmente aceptada- no está resguardada en la actual legislación.
La importancia estratégica que el recurso hídrico adquirirá para Chile, a medida que cumpla las metas de crecimiento y alcance su pleno desarrollo, representa un verdadero fundamento más para adecuar racionalmente esta normativa a los escenarios de largo plazo, que constituyen para el país los verdaderos desafíos del mañana.
Tiene la palabra el Honorable señor Canessa.
El señor CANESSA.-
Señor Presidente, nos encontramos discutiendo un proyecto de ley que, por la materia sobre la cual versa -el agua y su regulación jurídica-, es de la más alta significación e importancia, tomando en consideración que este recurso natural, por diversas razones, se ha tornado escaso y lo seguirá siendo aún más en el futuro.
Es necesario tener en cuenta que el 97 por ciento de las aguas del planeta son saladas, que el 2 por ciento la constituyen los hielos polares y que tan sólo el 1 por ciento es susceptible de ser utilizada en su estado natural por el hombre.
Chile, obviamente, no escapa a esa realidad. A ello se debe la importancia de establecer una correcta regulación jurídica sobre el uso de este recurso hídrico.
Nuestra actual legislación, estipulada en el Código de Aguas de 1981, las define como bienes nacionales de uso público, respecto de los cuales se puede conceder a los particulares un derecho real de aprovechamiento, con características similares al derecho de dominio en materia civil, para usar, gozar y disponer de él al arbitrio de su titular. Este derecho se concedía y se otorga en la actualidad de manera gratuita, y su objetivo es propender al desarrollo económico de las actividades donde el agua se hace necesaria.
En virtud de esta legislación, del sostenido crecimiento económico y del desarrollo social experimentado por el país desde 1981 a la fecha, se ha generado una demanda sostenida de recursos hídricos por parte de los distintos sectores usuarios, lo que ha llevado a que actualmente casi la totalidad de las aguas ya se encuentren entregadas a través de este derecho de aprovechamiento.
No obstante lo anterior y a pesar de la idea original del legislador de 1981 en el sentido de otorgar seguridad jurídica tanto en la obtención como en la disposición del derecho de aprovechamiento y, en definitiva, del uso de las aguas, hoy existen diversos titulares de ese derecho que no sólo no realizan un empleo efectivo de ellas sino que simplemente no las utilizan en ninguna forma. De esta manera, el derecho de aprovechamiento en vez de constituir una función generadora de inversiones -cual era la intención del legislador de aquella época- ha pasado a ser una función de carácter especulativo cuyo único propósito es el lucro.
La realidad legal imperante en este momento permite solicitar el aprovechamiento del recurso hídrico por cualquier caudal, sin que necesariamente exista algún proyecto específico donde será utilizado. La autoridad pública tiene la obligación de concederlo, sobre todo considerando que los derechos originales de aprovechamiento son otorgados gratuitamente por el Estado a los particulares que los requieran para un uso exclusivo, para lo cual sólo deben cumplir algunos requisitos formales, y condicionados a que no se afecte el derecho de terceros.
Es así como, según datos estadísticos respecto de derechos de aprovechamiento de carácter permanente y consuntivo, desde el río Biobío hacia el norte prácticamente todos se encuentran constituidos, quedando en esta área sólo los derechos hídricos eventuales y de tipo subterráneo.
Situaciones como las descritas han tenido lugar al amparo de la normativa vigente, que las permite en su letra pero obviamente no en su espíritu, produciendo consecuentemente una acumulación de aguas por parte de algunos titulares que las han solicitado sólo con fines de acaparamiento y especulación, colocando eventualmente barreras de entrada a otros competidores, que se ven privados de este vital recurso para sus proyectos de inversión.
Por eso, es indispensable legislar sobre la materia para establecer mecanismos tendientes a corregir las deficiencias del sistema actual, pero teniendo en cuenta que debe mantenerse la libre comercialización de los derechos de aprovechamiento de aguas, que sin lugar a dudas constituyen un adecuado y eficiente mecanismo de uso y asignación del recurso.
En este orden de ideas, el presente proyecto contiene un cuerpo orgánico de disposiciones cuyo objeto es vincular el derecho de aprovechamiento a un empleo justificado de las aguas, lo que guarda estrecha relación y concordancia con el pago de una patente por el no uso de las mismas.
De esa manera, quien posea un derecho de aprovechamiento deberá ocupar el agua a que él se refiere, o pagar por su no utilización. En el evento de que no opte por alguna de tales alternativas, podrá renunciar a su derecho, posibilitando así que otra persona haga un mejor empleo del recurso hídrico.
Se ha criticado el sistema antes descrito aduciendo que atentaría contra el dominio del titular sobre su derecho de aprovechamiento y lo desvirtuaría en su esencia. No me parece que esto sea así, ya que el derecho no se desvirtúa sino que simplemente se perfecciona en su aplicación.
Señor Presidente , creo que la corrección que pretende introducir al sistema en vigor es la adecuada, teniendo en cuenta la naturaleza del agua como bien social, ambiental y económico, fundamental para el desarrollo de los países, particularmente del de Chile.
Otras soluciones serían hoy inaplicables, por ejemplo la de cobrar una patente a todos los titulares de derechos de aprovechamiento sin entrar a discernir si emplean o no el agua. Para posibilitar esto deberían determinarse claramente tanto el derecho que se pretende gravar como su titular, situación que en nuestro país se halla muy lejos de la realidad, ya que existen miles de usuarios de agua que ni siquiera han formalizado su derecho.
Por otra parte, el proyecto guarda armonía con el eje central de la legislación dictada en 1981; esto es, considerar al mercado como ente regulador y eficiente asignador del recurso hídrico.
No obstante todo lo anterior, durante la discusión de la iniciativa deberemos abocarnos en detalle a la fijación del monto de la patente que se consagra por el no uso de las aguas, pues si fuera muy elevado podría tener un carácter confiscatorio del derecho de aprovechamiento, desvirtuándose de este modo la esencia del proyecto y pudiendo incluso llegar a ser inconstitucional.
Asimismo, se deberá disponer la forma como se determinará el empleo que se dará al agua, la cantidad requerida para proyectos determinados, los datos técnicos que habrán de proporcionarse a la autoridad al momento de presentar la correspondiente solicitud, etcétera, aspectos en los cuales la Dirección General de Aguas, al amparo de este proyecto, jugará un rol fundamental, con atribuciones, en mi opinión, demasiado amplias respecto de estos y otros elementos. Este punto es de particular importancia por cuanto dicho organismo necesariamente deberá tomar sus decisiones sobre la base de antecedentes técnicos y no en forma discrecional.
Por último, se hace indispensable contemplar mecanismos de reclamación idóneos y justos frente a actuaciones de la propia Dirección General de Aguas, que en caso necesario permitan enervar -conforme a derecho y por las instancias judiciales pertinentes- todas aquellas resoluciones dictadas por esa repartición consideradas injustas, abusivas o arbitrarias por los eventuales peticionarios de derechos de aprovechamiento.
Si bien en la iniciativa se trata este aspecto, me parece que no se desarrolló en plenitud, pues el recurso de reconsideración debe interponerse precisamente ante el organismo que dictó la resolución respectiva -la Dirección General de Aguas-, con lo cual la imparcialidad con que debe obrar podría verse disminuida. Y respecto del recurso de reclamación -que se deduce ante la Corte de Apelaciones correspondiente-, no serán pocas las veces en que ese alto tribunal fallará basándose en los informes técnicos entregados por la misma Dirección de Aguas.
Señor Presidente , advierto que hay consenso en orden a perfeccionar la legislación sobre aguas para corregir los vicios que se han venido produciendo desde su dictación, los cuales de alguna manera he procurado describir, a fin de preservar lo mejor posible nuestros recursos hídricos, que indudablemente constituyen un elemento vital para el desarrollo y progreso de Chile.
Por las consideraciones expuestas, en su oportunidad votaré favorablemente el proyecto.
Señor Presidente, la sustentabilidad del desarrollo económico futuro del país se encuentra severamente comprometida como consecuencia de una muy mala legislación en materia de recursos naturales, elaborada a partir de una concepción ideológica muy definida, especialmente en la década de los 80, y cuyos negativos efectos percibimos dramáticamente hoy.
Durante los años 90 se presentaron en el Congreso Nacional varios proyectos de ley que apuntaban justamente a efectuar rectificaciones sustantivas en esa normativa. Desgraciadamente, casi no se ha avanzado en el estudio de ellos.
¡Qué extraña paradoja, señor Presidente ! Esta tarde advertimos en la Sala un muy alto grado de consenso acerca de la necesidad y urgencia de reformar el Código de Aguas. Pero ¡cuántos años ha debido esperar el proyecto para llegar a este estado de tramitación! ¿Y no ocurre lo mismo con la iniciativa de ley sobre el bosque nativo? ¿Y no ocurre lo mismo con los intentos de reforma a la Ley de Pesca? En las afueras del Congreso tuvimos ayer manifestaciones de trabajadores desesperados porque ven comprometidas sus fuentes de trabajo por la irresponsabilidad con que se ha manejado un recurso natural clave, por la forma en que se ha procedido a la explotación de bienes que, conforme al artículo 19, número 23º de la propia Constitución Política, la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres.
Por eso, celebro que por fin se dé este paso y quiero formular pública petición al Gobierno para que todos estos proyectos que dicen relación con nuestros recursos naturales se prioricen y pasen a ser un asunto central en la agenda legislativa del año 2001. En caso contrario, la sustentabilidad del desarrollo económico futuro del país seguirá estando severamente comprometida.
Toda esa legislación tiene un elemento común: está referida a bienes con una naturaleza jurídica perfectamente definida, distinta de la generalidad de los bienes, los cuales, justamente porque la naturaleza los hizo comunes a todos los hombres, han recibido el reconocimiento de bienes nacionales de uso público, o de bienes del Estado. Pero esa legislación, se trate de las minas, de las aguas o de los bosques, ha abierto las puertas, en nombre de la libertad, a la generosa constitución de derechos rodeados de la máxima garantía jurídica para hacer posible la explotación de esos recursos naturales. Ha hecho posible, también, el que se busque la regulación no en la acción del Estado que está llamado a velar por el interés general y por el bien común, sino principalmente en la acción del mercado. Los resultados están a la vista y distan mucho de ser siquiera medianamente satisfactorios.
En el caso particular del Código de Aguas, a lo que mis distinguidos colegas ya han planteado en sus intervenciones cabe agregar el que no sólo hemos llegado a un punto crítico en que, sobre la base de las demandas actuales de derecho de aprovechamiento -tal como se señala en los respectivos informes de las Comisiones que conocieron el proyecto- no existe ya capacidad de respuesta, por lo menos en materia de derechos consultivos. Esa demanda excede en 30 por ciento a la capacidad con que cuentan nuestros cauces naturales y artificiales. En consecuencia, estamos evidentemente frente a una situación crítica.
Un estudioso del tema, don Alberto Tala Japaz , en su reciente obra "Derecho de Recursos Naturales: Ambiente, Aguas, Minas", ha resumido las críticas al Código de Aguas en los siguientes términos: "El concepto según el cual la asignación del recurso hídrico debiera abandonarse fundamentalmente a las leyes económicas de mercado, con un criterio de mínima intervención de la autoridad administrativa, se ha traducido en un mercado muy imperfecto. Así es como, en el sur de Chile, en donde los recursos hídricos se orientan fundamentalmente al sector agrícola, el deseado mercado de aguas no existe básicamente por razones culturales agrarias y ciertas deficiencias en la claridad de los títulos de dominio; al paso que, en el norte de Chile, si bien existe un profuso mercado de aguas, el mismo es valorado con una connotación negativa, en cuanto resulta ser un mercado especulativo que se traduce en la búsqueda de una ganancia financiera inmediata por parte del tenedor del derecho de aprovechamiento de aguas, a despecho de los intereses económicos productivos que tienen una repercusión de interés nacional evidente.
"Además, se critica la estructura del actual Código de Aguas, que resulta ser uno y el mismo para todo el país, en circunstancias de que a lo largo de Chile existen diferencias climáticas, pluviométricas, hidrológicas y, en general, ambientales, evidentes. Así, ciertas corrientes de opinión, no entienden cómo un mismo Código de Aguas puede ser aplicable al desierto de Atacama y a la Región de Magallanes con una abundantísima pluviometría.
"También se critica la estrechez del concepto de aguas que maneja el Código del rubro, lo que redunda en la falta de utilización de otras formas de manifestación de la presencia del recurso hídrico en el ambiente, como son las aguas en estado sólido (...) o gaseoso (...).
"Tampoco el Código de Aguas ha sido lo suficientemente eficaz en orden a la resolución de conflictos intersectoriales entre los diversos ámbitos de actividad económica y de preservación y conservación ambientales, todos ellos hidrodependientes.".
Para qué seguir. Se ha dicho aquí con razón que hay una diferencia evidente entre el Código de 1981 y el que lo antecedió, de 1951, en lo que dice relación con la tutela del interés general y del bien común. Aquel Código establecía una prelación de uso y en la asignación del recurso el destino del mismo era una cuestión central que quedaba perfectamente definida en el acto constitutivo de los derechos. Hoy ni siquiera eso tenemos. El derecho se otorga con absoluta prescindencia del uso que se vaya a dar al recurso. Y hemos llegado por eso a la masiva constitución de derechos de aprovechamiento que no tienen un destino conocido y en torno a los cuales la especulación por parte de los propietarios, con un bien que la naturaleza ha hecho común a todos los hombres, es lo que hoy día manda.
Se precisa, pues, una reforma de fondo en este sentido. Yo entiendo que el proyecto en debate, nacido de una iniciativa del Presidente Aylwin, de 1992, constituye un primer paso en esa dirección, lo que es ya motivo suficiente para respaldar la idea de legislar.
A este proyecto, sin embargo, se le han hecho algunos cuestionamientos constitucionales. Los hemos escuchado esta tarde. En homenaje al tiempo, diré simplemente que en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se recibió un informe en Derecho del profesor José Luis Cea , informe que consta en el que la Comisión nos hiciera llegar en su oportunidad, y que es claro y concluyente en la materia. Por eso, cuando el tema se votó en esa Comisión, antes en la de Obras Públicas, después en la de Hacienda, no hubo un Senador que al momento de fundamentar su voto planteara reservas de carácter constitucional. Yo no tengo dudas sobre el particular y comparto plenamente el enfoque y las conclusiones del señor Cea Egaña .
La existencia de una patente como instrumento para incidir en el uso efectivo de los recursos es algo que la legislación chilena contempla. No es este proyecto absolutamente novedoso en ese punto. Si bien esta patente no es en nada asimilable a la patente minera, tiene algunos elementos en común con ella. Es lógico que aquel que constituyó los derechos con el fin de especular y que no ha tenido, ni tiene, el propósito de hacer un ejercicio efectivo de ellos tendrá que pagar la patente, y si no lo hace -ahí está lo central del proyecto-, podrá entonces haber intervención estatal para, a la larga, a través de los procedimientos de cobranza de las patentes y de remate consecuencial del derecho, poder reasignarlo a un usuario efectivo.
La patente pasa a ser así no sólo una señal, sino que un instrumento real para garantizar que nuestras escasas aguas se usen de verdad. Y a ello se añade en este proyecto de reforma el que no se usen indiscriminadamente, sino para aquel propósito que fue el que determinó, desde la presentación de la solicitud misma del peticionario, el otorgamiento y la constitución del derecho.
Señor Presidente , no hay más tiempo que perder. Si de verdad nos interesa el desarrollo futuro del país, debemos abordar sin tardanza las rectificaciones de fondo que requiere toda nuestra legislación en materia de recursos naturales.
¿Me concede una interrupción, señor Senador ?
Con mucho gusto, con la venia de la Mesa.
Señor Presidente, sólo quiero hacer una precisión sobre la mención al informe del profesor José Luis Cea . En realidad, el documento no fue encomendado ni solicitado por la Comisión de Constitución, como muy bien lo consigna nuestro informe en la página 7. En efecto, allí se dice: "El mencionado Secretario de Estado " -se refiere a don Jaime Tohá - "señaló, como cuestión previa, que el Ejecutivo solicitó al profesor José Luis Cea su opinión sobre el proyecto desde punto de vista constitucional, de la cual se dejará constancia en el presente informe.". De modo que no fue un requerimiento de la Comisión.
En momentos en que me correspondía presidir la Comisión, antes de que entráramos a tratar el tema hice presente que quizás la principal duda sobre esta materia se refería a su constitucionalidad, y que por ello era muy conveniente que el Ejecutivo solicitara un informe a una persona que tuviera verdadera autoridad en la materia. Se encargó entonces al profesor Cea que nos hiciera llegar algunas precisiones acerca del asunto.
En cuanto a la votación de la idea de legislar, el informe de la Comisión, en su página 44, textualmente expresa que el Senador señor Díez y quien habla "hicieron presentes algunas dudas relacionadas con la constitucionalidad de ciertas disposiciones del proyecto."; agregando que "Por estas razones, ambos se abstuvieron.".
Es decir, ni el Senador señor Díez ni el que habla, como ocurre hoy, hemos hecho reserva de constitucionalidad, porque hemos manifestado nuestras dudas sobre la constitucionalidad en las materias que personalmente reseñé y que se individualizan en el informe.
Como se trata de un debate, simplemente hago esta precisión para que no haya lugar a alguna interpretación errónea, sin perjuicio de que en el fondo sus opiniones me parecen muy legítimas, aun cuando podamos tener diferencias en el enfoque del problema.
--Pasa a presidir, en carácter de Presidente accidental, el Senador señor Ruiz-Esquide.
Señor Presidente, me alegro mucho que se esté debatiendo la modificación del Código de Aguas. En verdad, la discusión de este proyecto en el Congreso se ha dilatado más allá de todo lo razonable y lógico. La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados en 1992, y revestía una importancia muy grande en ese momento. Tan así es que esa rama del Parlamento constituyó una Comisión Especial para tratarla. Era un proyecto muchísimo más complejo y completo. Abarcaba más áreas. Se le dio un especial tratamiento y, si la memoria no me traiciona, el propio Subsecretario, señor Juan Carlos Latorre , formó parte de esa Comisión.
Tras largos debates, finalmente la Cámara de Diputados lo despachó en 1997. En agosto de ese mismo año ingresó al Senado y, lamentablemente en mi opinión, aquí ha sufrido una tramitación demasiado lenta.
¡Harto más corta que en la Cámara de Diputados!
Hasta el momento, porque no sabemos cuándo se despachará definitivamente.
El análisis que se hizo en 1990 respecto de cómo se aplicaba el Código de Aguas; de los efectos que estaba produciendo; lo que sucedía con los derechos de aprovechamiento -en especial, los no consuntivos-, así como las dificultades en el otorgamiento y aprovechamiento de los derechos de agua, fue lo que llevó a presentar el proyecto que modifica el actual Código.
Como los derechos entregados en concesión son gratis, en la práctica -y aquí se ha dicho en repetidas oportunidades-, muchas veces se produce el riesgo de la acumulación o del acaparamiento de los derechos de aprovechamiento en manos de unos pocos titulares, los que no los usan o no se interesan en usarlos, o, lisa y llanamente, especulan con los derechos, lo que es gravísimo. No tienen obligación de usarlos ni de desarrollar proyectos en áreas como la minería, la agricultura o el sector hidroeléctrico. Por lo tanto, un primer objetivo que se tuvo en vista al enviar el proyecto fue el de recuperar los derechos de agua no usados, con el objeto de hacer que llegaran a ser bien utilizarlos.
En el fondo, hasta el día de hoy la discusión se ha radicado en que, si esos derechos no son bien usados, o si no se usan en absoluto, lo que corresponde es que se pague por el no uso; o, lisa y llanamente, por ser el agua un recurso escaso y un bien nacional de uso público, como aquí se ha dicho, lo lógico será devolverlos para luego entregarlos nuevamente en concesión a quienes tengan proyectos por realizar.
El otro objetivo central de la iniciativa tiene que ver con la modernización del sector y la forma como la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas entrega los derechos.
Como se ha señalado, los recursos hídricos son escasos. Hay que dejar constancia de que, conforme a nuestra realidad, prácticamente todos los derechos posibles de entregar han sido otorgados. Desde la Octava Región al norte no hay disponibilidad alguna de acceder al recurso. Por lo tanto, los derechos de agua están todos constituidos, y según las cifras que se proporcionan en el informe, en total alcanzan a alrededor de 150 mil.
Uno se pregunta qué significa esto; cuál es el desafío que el país deberá enfrentar más adelante. Es algo muy sencillo que está establecido en el informe, La estimación sobre requerimientos de agua para los próximos veinte años apuntan a que se duplicará el actual consumo doméstico, industrial y minero de dicho recurso. Algo menor, pero también sumamente importante, es lo que se plantea para el sector agrícola.
También se considera en el proyecto la necesidad de velar y proteger el medio ambiente, así como de garantizar que exista en nuestros ríos lo que se denomina "caudal mínimo ambiental" que asegure la existencia de los ecosistemas que esos cauces y ríos generan.
El problema, como aquí se ha dicho, radica en que el actual Código es en extremo permisivo. Se ha planteado una visión liberal del asunto en el sentido de que tal vez el mercado puede regular lo que pasa en un sector y en un área donde el bien es escaso. Pero en la práctica no ha ocurrido así. Más bien ha existido abuso de la legislación actual. Además ésta obliga al Estado a entregar los derechos sin condiciones de ningún tipo, sin siquiera exigir la presentación de proyectos, como sí lo plantea la modificación en estudio.
Tampoco se establecen limitaciones en cuanto a la cantidad de agua. Por lo tanto, ante cualquier persona que lo solicite, existiendo disponibilidad, hay obligación de entregarla, sin condiciones de ningún tipo.
Ello ha llevado a que hoy existan solicitudes aprobadas y en trámite en cantidad que casi dobla el total disponible en el país. Lo anterior ha llevado en la práctica -y hay que decir las cosas por su nombre- a un acaparamiento, a una acumulación, al punto de que una sola empresa posee prácticamente el 80 por ciento de los derechos de agua no consuntivos disponibles. Ello, en verdad, constituye un monopolio inaceptable; impide el desarrollo de proyectos sumamente importantes para el país; tergiversa por completo lo que debe ser el libre acceso a esos recursos; genera una distorsión en el mercado, quedando el principio de la libre competencia absolutamente fuera de lugar.
Los principales objetivos que persigue el proyecto son siete: primero, establecer el pago de una patente por la no utilización de las aguas y un procedimiento judicial de cobranza de las mismas; segundo, modificar el sistema de concesión de los derechos de aprovechamiento; tercero, fortalecer el mecanismo de conservación y protección de las aguas y cauces; cuarto, considerar la relación entre las aguas superficiales y subterráneas para otorgar los derechos de aprovechamiento; quinto, mejorar el procedimiento de regularización de títulos contenido en el artículo 1º transitorio del Código de Aguas; sexto, establecer obligaciones a los Conservadores de Bienes y Raíces, en relación con el Catastro Público de Aguas, y, por último, extender la personalidad jurídica a las comunidades de aguas.
El punto más importante y que más se ha discutido es, indudablemente, el pago o no pago de patente. El debate sobre esta materia, dadas las presiones, el lobby, las influencias, la protección de los intereses, especialmente de las empresas hidroeléctricas, ha ido haciéndose complejo o complicándose más allá de lo razonable. En mi opinión, lo que en el fondo busca el proyecto al establecer una patente es que los recursos hídricos tengan un uso intensivo; es decir, que, dada su escasez, sean bien aprovechados en las distintas áreas: energética, agrícola, minera, y puedan acceder libremente a ellos todos quienes deseen desarrollar proyectos. Y, evidentemente, también pretende evitar la especulación y el acaparamiento.
Estoy totalmente de acuerdo con el pago de una patente por la no utilización de las aguas. Esta materia -como señalé- fue objeto de una discusión larguísima. A mi juicio, constituye un principio elemental el hecho de que quienes obtienen gratuitamente derechos de aprovechamiento de recursos hídricos, siendo éstos un bien común de uso público, deben usarlos bien y no especular con ellos. El asunto es sencillo: si alguien no desea utilizarlos, que pague. Y si alguien considera que el costo es muy alto, que no está de acuerdo con la evaluación del proyecto, más simple aún: que devuelva los derechos y permita que otros puedan usar intensivamente esos recursos para hacer rentable los proyectos o establecer un beneficio común.
Al respecto, la Senadora señora Frei dio a conocer áreas, sobre todo en la zona norte, donde hay localidades, poblados, regiones, cuya supervivencia y desarrollo, sin la garantía de la existencia de agua para los seres humanos, lisa y llanamente sería imposible.
Eso, en la práctica, es lo que más se ha discutido. Y se ha especulado mucho sobre quiénes deben pagar las patentes. Aquí se ha involucrado al sector hidroeléctrico, que es el que más ha presionado; pero también se ha dicho que los agricultores están en contra y que pueden verse afectados por ello. En verdad, los que deben pagar son quienes no utilizan las aguas. ¿Y quiénes son? El uno por ciento de los 350 mil titulares de derechos de aprovechamiento de aguas. ¿A quiénes corresponde ese porcentaje? A las empresas hidroeléctricas. ¿Cuál de todas? Con nombre y apellido: ENDESA. Es la única que en realidad debería pagar patente. El resto del sector productivo, el minero y especialmente los agricultores, no debe abrigar temor alguno acerca de la aplicación de esta enmienda. Por el contrario. Porque los agricultores son los que hacen mayor uso intensivo de las aguas. El proyecto establece que quienes tienen una mínima infraestructura u obra que permita el buen uso de las aguas, lisa y llanamente no pagarán patente. Y obviamente lo que más requieren los agricultores es infraestructura de riego. Por lo tanto, por ningún motivo ellos pagarán. Por el contrario. La Sociedad Nacional de Agricultura, en sus planteamientos respecto del nuevo Código de Aguas, manifiesta claramente que no se opone al pago de la patente, porque entiende que ésta debe aplicarse urgentemente, es justo y absolutamente necesario para cautelar el bien común de que se trata.
A mi me parece razonable, y está dentro de la lógica planteada, el hecho de que quien solicite un derecho de agua deba justificar para qué lo desea y presentar un proyecto. La persona debe saber que al hacer una petición sobre un bien común que es escaso, el proyecto para el cual se pretende contar con esa agua ha de ser plenamente justificado. Evidentemente, cuando se necesita para desarrollar proyectos agrícolas, mineros, hidroeléctricos, alguien debe analizarlos, evaluarlos. Y ello tiene que hacerlo el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Aguas.
Sobre el particular, en mi opinión, en la discusión del proyecto ha existido claramente un temor y prejuicio acerca del ejercicio de esta atribución que se entrega a la autoridad, en el sentido de que podría generar arbitrariedades o ser mal usada. Yo, francamente, creo que tales aprensiones no sólo son injustas, sino que, además, están alejadas completamente de la realidad. La única instancia técnica con que cuenta el país para resguardar este bien común se halla justamente radicada en la Dirección de Aguas. Por lo tanto, lo que debemos hacer es velar por dicho recurso y por el desarrollo económico del país.
Por consiguiente, en la discusión larguísima habida sobre el proyecto, espero que haya una opinión mayoritaria y positiva de parte del Senado para aprobar las modificaciones propuestas. El Código de Aguas busca velar por el bien común. No se puede, mediante la vía de no legislar, seguir favoreciendo a los especuladores o a quienes poseen un verdadero monopolio sobre los derechos de aprovechamiento de aguas. Por el contrario. Necesitamos que el país desarrolle proyectos que permitan ir a la par del crecimiento económico y no frenarlo por proteger los intereses de unos pocos.
Desde ya anuncio que, cuando nos corresponda pronunciarnos acerca de la iniciativa en debate, indudablemente la votaré a favor.
Tiene la palabra el Honorable señor Aburto.
Señor Presidente, hablando en términos generales, ocurre que el proyecto en debate fue presentado al Parlamento en 1992.
De ello se deduce que ha tenido un lento peregrinar a través de las diferentes instancias legislativas, de lo cual se infiere además -como presunción- que se trata de un tema complejo y no fácil de abordar como es el caso de la redacción de un estatuto jurídico que comprenda todas las situaciones, emergencias y eventualidades en que puede encontrarse en nuestro país el uso de las aguas en cuanto a bien jurídico y económico.
Nuestro Código de Aguas, en actual vigencia, que data de 1981, es un compendio -podría decirse- recopilador de distintos preceptos legales que regían en ese tiempo y que en un momento dado se acomodaron y completaron con nuevos preceptos en un texto sistematizado que se promulgó como Código de Aguas en una época en que el escenario bajo el cual se amparaba esta materia era completamente distinto del actual, que se caracteriza en forma preponderante por la escasez de este elemento vital para el desarrollo de la vida humana y de la sociedad en general.
En la época de la vigencia del Código de Aguas, el uso de éstas era prácticamente libre y sin grandes cargas económicas.
Antiguamente la utilización de las aguas superficiales se realizaba a través de permisos administrativos que se concedían sobre el uso de las aguas como bien nacional de uso público, concesiones que se denominaban "mercedes de aguas"; hoy se llaman "derechos de aprovechamiento".
Como ya se señaló, el agua es esencialmente un bien económico y, siendo así, su uso o aprovechamiento exige un principio legal de certeza, lo que se traduce en la circunstancia de que el titular del derecho debe gozar de la posesión de un título.
En seguida, no debe perderse de vista que se trata de un bien social, porque es indispensable para el desarrollo de la sociedad.
Además, es necesario también tener en consideración que es un factor ambiental, ya que aparte del desarrollo humano, constituye un elemento básico para el desarrollo de muchos recursos naturales como la fauna en general, las plantaciones, los bosques naturales, el sistema climático, etcétera.
De todo lo anterior fluye que la normativa que se ha de dictar sobre el tema debe comprender, obviamente, todos los factores que antes se han indicado, para así llegar a una conclusión elemental que es el cuidado extremo que debe procurarse en el uso efectivo de las aguas. ¡Repito: el uso efectivo de este recurso!
Se colige de lo antes expuesto que nadie puede ser titular de un derecho de aprovechamiento de una cantidad excesiva de agua, esto es, que sobrepase las necesidades para cuya satisfacción se ha otorgado el respectivo derecho de aprovechamiento. Por consiguiente, debe estar presente como un axioma que el agua no puede ser objeto de especulación y, por último, que el derecho de aprovechamiento siempre debe ser usado en forma prudente, razonable y eficiente.
Todos estos principios son los que sirven de base al desarrollo del proyecto de ley sobre el cual estamos opinando en este momento, encaminado a modificar el Código de Aguas.
Esta iniciativa recoge esencialmente todos esos factores.
En este contexto establece el proyecto que los derechos de aprovechamiento consuntivos (artículo 129 bis, 5) de ejercicio permanente que no sean utilizados total o parcialmente estarán afectos en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente en beneficio fiscal. En cuanto al monto de estas patentes, el proyecto establece todo un sistema que considera, entre otros factores, la ubicación del caudal por regiones, por zonas, y el volumen de los respectivos derechos de aguas.
También se considera otro sistema para el pago de patente de los derechos de aprovechamiento no consuntivos que no sean utilizados total o parcialmente (artículo 129 bis, 4).
El no pago de la patente habilita para iniciar un procedimiento judicial de remate, como asimismo en caso de la renuncia, en razón de la extinción del derecho.
Estas consideraciones de orden general me mueven a dar mi aprobación al proyecto, sin perjuicio de lo que pueda determinar en su discusión en particular.
Debo advertir al señor Subsecretario de Obras Públicas , quien ha solicitado usar de la palabra, que se ha fijado como término de esta parte de la sesión las 18:30. Por ello, le consulto si el tiempo que resta es suficiente para completar su intervención.
El señor LATORRE ( Subsecretario de Obras Públicas ).-
Deseo manifestar, en nombre del Gobierno, nuestra satisfacción por el hecho de que la iniciativa en debate se encuentre a punto de finalizar su discusión en general en el Senado.
Como lo ha destacado la mayoría de los señores Senadores que han participado en el debate, se trata de un proyecto de ley cuyo estudio se inició en el año 1992 y que ha tenido un largo trámite tanto en la Cámara de Diputados como en las distintas Comisiones del Senado. Desde luego, creemos que su aprobación en general -sin perjuicio de que en su trámite posterior podamos recoger muchas de las inquietudes que aquí se han planteado- resulta una necesidad.
A nivel mundial existe un creciente consenso en el sentido de que el agua será en el siglo XXI un elemento crítico para el desarrollo de los pueblos. En Chile, el sostenido crecimiento económico y desarrollo social experimentado por el país en la última década ha generado demandas cada vez mayores sobre los recursos hídricos por parte de los distintos usuarios. Este crecimiento sostenido, sin precedentes en la historia, se produce en un contexto en el cual los recursos hídricos en buena medida ya están comprometidos en el abastecimiento de distintos usos actuales.
En el futuro, este escenario, ya extraordinariamente restrictivo, se acentuará notablemente debido a los nuevos requerimientos.
Por otra parte, es importante destacar que la experiencia de los países altamente desarrollados indica que la gestión de los recursos hídricos pasa progresivamente de una fase en la cual predominan los problemas de tipo cuantitativo a una en que la restricción principal la imponen los aspectos de calidad de las aguas y de protección del medio ambiente. Sin lugar a dudas, ya podemos observar cómo nuestro país está siguiendo una tendencia similar, con las ventajas de las experiencias obtenidas por las naciones desarrolladas y con las particularidades que le imponen su geografía y las características de su estructura económica.
Asimismo, el marco jurídico-económico debe favorecer la implementación de estas alternativas como único medio de evitar que la escasez de recursos hídricos sea un obstáculo para el desarrollo sustentable del país.
En principio, estimamos que el marco jurídico-económico con relación a las aguas presenta, en la práctica, la ventaja de otorgar gran seguridad jurídica sobre los derechos de aprovechamiento. Ello permite la realización de muy significativas inversiones en algunos sectores para mejorar la eficiencia de aprovechamiento y para la exploración y uso de aguas subterráneas.
Así también, la libre transacción de los derechos de aprovechamiento, aun cuando en muchas zonas sea poco activa, sin lugar a dudas constituye en general un mecanismo adecuado para la reasignación de derechos concedidos, permitiendo un nuevo uso más productivo desde el punto de vista del interés general.
Ahora bien, así como reconocemos los aspectos positivos que otorga el marco jurídico existente, también identificamos los vacíos o errores que contiene, en especial en la forma como se constituyen los nuevos derechos de aprovechamiento. Ello por las siguientes razones:
1.- Se incentiva el acaparamiento y especulación con los derechos de aprovechamiento de aguas, evitando que éstas efectivamente se utilicen por quien las necesita, o bien se constituyen en verdaderas barreras de entrada para nuevos competidores a los mercados.
2.- En ocasiones, los derechos constituidos, en el mediano o largo plazo, se transforman en graves obstáculos para atender las necesidades básicas de la población o afectan gravemente el desarrollo regional. Ejemplos de esto lo escuchamos en las intervenciones de varios de los señores Senadores que han participado en la discusión.
3.- Se permite e incentiva la constitución de derechos por caudales muy superiores a los que efectivamente se necesitan por parte de los peticionarios.
4.- No se consideran adecuadamente, en el proceso de constitución de nuevos derechos, los factores ambientales-ecológicos que hacen aconsejable exigir la mantención de un flujo mínimo en los cauces naturales.
Lo que he expuesto hasta aquí es una visión muy resumida de los principales elementos que conforman el problema de los recursos hídricos en el país. Pero lo importante es que los señores Senadores tengan clara conciencia de la gravedad y urgencia que tiene para el desarrollo de la nación corregir estas anomalías, y que ello no es una mera declaración del Gobierno, sino que responde a las realidades que diariamente se constatan en el administración de las aguas.
La modificación del Código de Aguas que se propone aprobar considera aproximadamente diez materias priorizadas por el Gobierno. Se ha hecho mención de ellas por parte de uno de los señores Senadores que ha intervenido en el debate.
A continuación queremos entregar algunos comentarios solamente con relación a las modificaciones que han sido motivo de mayor controversia, como son el establecimiento de una patente a los derechos no utilizados y las nuevas atribuciones para la autoridad.
Cabe adicionalmente destacar que la modificación incluye también -y me permito citar solamente los títulos correspondientes- el otorgamiento de personalidad jurídica a las comunidades de agua, tema de gran interés para muchas organizaciones; la obligación de reserva de un caudal ecológico en la constitución de nuevos derechos; el fortalecimiento de las facultades de la autoridad en materia de policía y vigilancia de aguas y cauces, y el perfeccionamiento de uno de los procedimientos para regularizar derechos de agua y garantizar su transparencia.
Con relación al establecimiento de la obligación de pago de una patente por los derechos de agua constituidos y cuyos dueños no los utilizan, es importante tener presente que, como ya se ha dicho, en la actualidad los derechos de aprovechamiento son concedidos en forma gratuita y a perpetuidad a quien los solicita, y sin ningún compromiso de uso ni aprovechamiento productivo.
El objetivo del Gobierno en esta materia es corregir el grave escenario que se generó en el país con relación a las solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas a partir del Código de 1981. Como Sus Señorías recordarán, antes de esa fecha el derecho de aprovechamiento se concedía en forma definitiva sólo cuando las obras de aprovechamiento ya estaban construidas, de lo cual se concluye que los derechos constituidos antes de 1981 no debieran pagar patente, toda vez que existirían obras para su aprovechamiento efectivo.
Debemos ser muy claros. El Gobierno tiene la completa convicción en el sentido de que lo que está haciendo esta reforma es favorecer la competencia en los mercados asociados al uso del recurso hídrico, permitiendo que el agua esté disponible para quien desee utilizarla efectivamente. En este sentido, lo importante debiera ser tener buenos proyectos y no sólo derechos de agua.
Obviamente, por otra parte, la fijación de una patente a los derechos no utilizados supone una forma de definir qué se entiende por no uso y una participación de la Administración en el proceso de identificación de los pagadores. Con este propósito se ha definido una presunción de uso orientada a dar transparencia y objetividad al proceso y a restringir la discrecionalidad administrativa, para lo cual existirá un reglamento especial. Dicha presunción establece que se entenderán utilizadas las aguas para las cuales existan las obras que permitan su captación.
Si existe obra de captación, se asume que hay uso.
En todo caso, bien sabemos que en Chile, en los lugares en que se desarrolló el riego antes de 1981, existen más canales que agua. En consecuencia, en todas esas áreas no hay posibilidad alguna de que se aplique una patente por no uso. Lo mismo sucede con relación a los pozos de agua subterránea que tienen sus instalaciones y son utilizados en forma esporádica.
Aquí, con relación a uno de los aspectos señalados por el Senador señor Larraín , quiero destacar que la Sociedad Nacional de Agricultura indicó expresamente en uno de sus acuerdos: "Finalmente, el Comité se pronunció por la conveniencia de establecer el cobro de una patente por no uso de las aguas correspondientes a los derechos consuntivos y no consuntivos, vinculada a la existencia de la presunción de derecho sobre uso de las aguas". Éste es un documento que el citado organismo puso a disposición de las distintas Comisiones durante el debate en ellas del proyecto. Adicionalmente, dicho documento hace alcances acerca de otros puntos respecto de los cuales hemos recogido gran parte de sus inquietudes.
Cabe destacar que sí ha existido una preocupación central con relación al tema de las empresas, particularmente de una de ellas, la que por su historia, por el rol que ha jugado en el país, acumuló un porcentaje excesivo de los derechos no consuntivos, los que hoy constituyen, objetivamente, una barrera de entrada para el desarrollo de ese sector.
Ahora bien, algunos señores Senadores han sostenido durante la discusión del proyecto en la Comisión de Hacienda que esta solución (las patentes por no uso) no sería el instrumento adecuado. Se ha dicho en este sentido que la patente, desde una perspectiva económica, incentivará un uso ineficiente del agua y será un estímulo al derroche del recurso y que, por tanto, se debe reemplazar la patente por no uso por un cobro a todos los titulares de derechos de agua.
Esta última proposición constituye otro proyecto, de alcances distintos al actual en trámite, pero quizás complementario y compatible con el mismo, el cual deberá ser evaluado en sus méritos propios en una perspectiva de implementación de mediano o largo plazo.
No obstante, una norma del proyecto que proponemos podría ser en el sentido de que "pagarán patente todos los titulares de derechos de agua, pero se encontrarán exentos aquellos que los utilicen". Es una forma de expresar la idea en cuanto a que lo que hoy aparece extraordinariamente inconveniente para el país es que haya titulares de derechos de agua (tanto personas jurídicas como naturales) cuya preocupación ha sido acumular estos derechos durante los últimos años, desde 1981 hasta la fecha, y especular sistemáticamente con ellos.
Es imprescindible tener presentes algunos de los elementos que dificultan la fácil o próxima implementación de la alternativa propuesta.
Si se recogiera la inquietud planteada en orden a cobrar por el uso, se afectaría a la totalidad de los titulares de derechos de agua existentes, los cuales se estiman en aproximadamente 350 mil, los cuales pertenecen a distintos sectores usuarios (agricultura, minería, hidroenergía, agua potable), con la esperable reacción de los interesados. Es decir, se trata aproximadamente de 100 veces el número de eventuales afectados por la patente por no uso, en la forma que se propone en el proyecto.
Será, además, imprescindible contar previamente con un completo rol o catastro de los titulares individuales de derechos de agua. En la actualidad, sólo una parte menor de los usuarios tiene debidamente regularizados sus títulos. Cabe destacar que los constituidos a contar de 1981 lo han sido por resolución de la Dirección General de Aguas y están debidamente registrados.
Entre las dificultades que vale la pena señalar, está el hecho de que para evitar doble pago por parte de los agricultores, la alternativa propuesta supondría el reavalúo completo de la propiedad agrícola del país. En efecto, como Sus Señorías saben, actualmente el avalúo de los bienes raíces agrícolas es diferente atendiendo a si disponen o no de agua para su riego.
En conclusión, a este respecto creemos que las iniciativas de patente por la no utilización de los derechos de agua y el cobro por la tenencia de derechos de agua son instrumentos compatibles y complementarios, no obstante que sus objetivos, urgencias y plazos de concreción son muy divergentes. En efecto, la patente por no utilización es de urgente y de sencilla implementación, y pretende corregir la distorsión introducida por el Código de 1981 en la constitución de derechos. Por el contrario, el cobro por la tenencia es una iniciativa a largo plazo, de muy compleja definición y busca, a través de la explicitación del valor económico del recurso hídrico, mejorar su eficiencia de uso.
No obstante lo anterior, el Gobierno está consciente del interés por avanzar en el tema, por lo que en el proyecto se incluyen importantes normas que permitirán en el mediano plazo alcanzar el catastro completo...
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-
¿Me permite una interrupción, señor Ministro , con la venia de la Mesa?
Con mucho gusto, señor Senador.
Señor Presidente , me parece tan de fondo lo planteado por el señor Subsecretario en este punto que me pregunto si acaso sería posible una mayor profundización al respecto, pues, en mi concepto, ahí radica quizás uno de los aspectos centrales de esta materia. Estimo conveniente una explicación más abierta con relación a lo que se está señalando.
Puede continuar, señor Subsecretario .
Señor Presidente , si el Honorable señor Adolfo Zaldívar está de acuerdo, quisiera terminar lo que estaba exponiendo y, en seguida, retomar el punto para reiterar algunas ideas que, obviamente, el Gobierno estima fundamentales en el análisis de este proyecto.
Decía que, no obstante lo anterior, el Gobierno está consciente del interés por avanzar en el tema, por lo que en el proyecto se incluyen importantes normas que permitirán en el mediano plazo alcanzar el catastro completo de los derechos de agua existentes (debo hacer presente que varias de estas normas han sido propuestas por los propios señores Senadores durante la discusión de la iniciativa en las Comisiones de Obras Públicas, de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Hacienda, en su última etapa), lo que, además, será de indudable beneficio para la gestión de los recursos hídricos.
Por otra parte, con respecto a la obligación que se impone a los solicitantes de derechos de agua de ajustar sus peticiones de caudales a las reales necesidades y la consecuente facultad para la autoridad de poder denegar, en todo o parte, tales peticiones si no se las justifica adecuadamente, se hace necesario señalar, en primer lugar, que resulta de la más elemental prudencia que el traspaso a un privado de un bien que legalmente es definido como un bien nacional de uso público, se realice con una razonable convicción de que dicho bien al menos va a ser utilizado. De lo que se trata es de que el Estado no se vea obligado a entregar los caudales de todo un río -como existen, en más de un caso-, sin que se sepa si existe algún proyecto para utilizar las aguas.
Deseo hacer un comentario, si Sus Señorías me lo permiten, acerca de uno de los alcances señalados por el Senador señor Larraín . En la Décima Región, del total de los derechos concedidos, sólo uno por ciento de los consuntivos aparece claramente consignado como de aprovechamiento efectivo.
Es cierto que uno de los problemas centrales que aborda el proyecto es el de los derechos no consuntivos referidos a las empresas hidroeléctricas; pero, tal como se ha destacado en la discusión, la realidad regional es disímil, porque así como en la Séptima Región -lo indicó el Senador señor Gazmuri - se da un grado de utilización de las aguas, tanto con fines consuntivos como no consuntivos, prácticamente de utilización plena, hay otras regiones en las cuales se da una tremenda discusión acerca de la utilización de derechos, como sucede en el norte del país, donde comienza una disputa entre derechos para desarrollo minero versus, incluso, los destinados a agua potable. ¡A ese extremo! Y podemos señalar casos en los cuales se presenta esa situación. También ocurre en el sur, donde, por razones históricas y climáticas, hay derechos efectivamente concedidos pero que no se utilizan, y existe una enorme potencialidad de derechos no consuntivos concedidos a una empresa en particular, del sector hidroeléctrico, lo que constituye un aspecto estratégico para el futuro desarrollo del país. Esto hay que señalarlo. Algunas intervenciones han destacado la enorme importancia estratégica que ello tiene para el porvenir de Chile. Nosotros compartimos esa preocupación, particularmente expresada por el Senador señor Martínez en su intervención, al indicar que debiera existir una política nacional sobre recursos hídricos. Compartimos plenamente su inquietud, y puedo asegurar que hay una propuesta elaborada en los últimos años, denominada "Política Nacional de Recursos Hídricos", contenida en un documento de política general, a nivel de país, susceptible de ser enriquecida, y uno de sus componentes fundamentales es que estas modificaciones al Código de Aguas puedan ser efectivamente una realidad en el corto plazo.
Cabe advertir que la propuesta del Gobierno establece la obligación de justificar la cantidad de agua que se solicita para que exista concordancia entre los caudales y los fines invocados, pero no se trata de justificar el destino que el privado desea dar al recurso. No se pretende dotar a la Administración de facultades para discernir en qué se utilizará el agua.
Por otra parte, esta materia ha sido cuidadosamente analizada en el trabajo de las Comisiones del Senado, a fin de evitar cualquier distorsión. Para ello, se establece que existirá un reglamento que consigne en forma objetiva las relaciones técnicas entre usos y caudales. Es del caso señalar que este tipo de reglamentos son del todo habituales en materia de agua en los países más avanzados.
Por otro lado, acogiendo sugerencias de los señores Senadores, el Gobierno estuvo de acuerdo en hacer una indicación que modificara las normas que venían siendo aprobadas con relación a la facultad de la autoridad para denegar nuevos derechos de agua en casos excepcionales y calificados.
En este sentido, la disposición a que aludió el Senador señor Larraín entregaba, a juicio suyo, cierto grado de discrecionalidad al Presidente de la República . El texto original se la otorgaba al respectivo Consejo de Desarrollo Regional, y en la Comisión de Hacienda surgió la alternativa de concedérsela al Primer Mandatario .
Insisto: la facultad para que, mediante decreto fundado, con informe de la Dirección General de Aguas, y por circunstancias excepcionales y de interés general, el Jefe del Estado pueda disponer la denegación total o parcial de una solicitud de derecho de aprovechamiento, tuvo su origen en una propuesta de la Comisión de Hacienda de esta Corporación.
Cabe hacer presente que, cuando se establece el remate, también existe en las normas vigentes una atribución del Presidente de la República en tal sentido.
Creemos que esa disposición soluciona de buena forma las objeciones que en esta materia se hicieron a una eventual participación de los Consejos de Desarrollo Regional.
De acuerdo con lo anterior, las modificaciones legales propuestas complementan las actuales atribuciones de la Dirección General de Aguas en lo tocante a la planificación del recurso hídrico en las fuentes naturales, incluyendo ahora la posibilidad de limitar o denegar una nueva solicitud por derechos de aprovechamiento.
En fin, estimamos que el proyecto que se presenta a la consideración de la Sala del Senado para su aprobación es un muy importante aporte para la adecuada gestión de los recursos hídricos del país, sin perjuicio de los perfeccionamientos que se le puedan introducir durante la discusión particular, recogiendo muchas de las inquietudes aquí planteadas, algunas de las cuales, efectivamente, son relevantes.
Se ha hecho referencia, asimismo, a complementar el proyecto con una reglamentación debida del manejo de cuencas. Es un aspecto central que originalmente era parte de la iniciativa en comento y que el Ejecutivo resolvió separar para discutirlo con posterioridad a la modificación del Código de Aguas. También es evidente que en él no existe un capítulo referido a la obtención del recurso a partir de evaporación de agua de mar con procedimientos tecnológicos de costo cada vez menor y, en consecuencia, posibilitan que el líquido obtenido pueda utilizarse para el regadío u otros fines; no siempre es agua potable, pues para que lo sea involucra un costo mayor. En fin, es un capítulo que falta y que, obviamente, debiera preocuparnos en el futuro.
Con esto quiero manifestar la voluntad del Gobierno de solicitar al Honorable Senado que dé su aprobación en general al proyecto, y que en el trabajo de las Comisiones unidas, solicitado por los señores Senadores, podamos ver en qué aspectos puede perfeccionarse.
Conforme a lo acordado, corresponde rendir homenaje al señor Mateo Martinic Beros, Premio Nacional de Historia, quien se encuentra presente en las tribunas.
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz De Giorgio.
El señor RUIZ (don José) .-
Señor Presidente, Honorables colegas, apreciado historiador y abogado, don Mateo Martinic , y su distinguida esposa, doña Dolores Rubín , señoras y señores:
Con legítimo orgullo de magallánico, desde esta Alta Tribuna rindo un merecido homenaje a un hijo ilustre de mi tierra, amigo desde la infancia, en la cual los salesianos nos iniciaron por los difíciles caminos de la vida, caminos que se siguieron encontrando cuando más tarde asumimos responsabilidades en el campo político, él como brillante Intendente de Magallanes bajo el mandato del recordado Presidente Frei Montalva , y yo desde la dirección política de mi partido en la entonces provincia de Magallanes.
Nos acompaña en esta sesión, junto a su distinguida esposa, don Mateo Martinic Beros , quien ha logrado que por primera vez se entregue el Premio Nacional de Historia fuera de la Capital, hecho de especial relevancia, porque junto con constituir un merecido reconocimiento a los méritos del historiador, abre un importante espacio al desarrollo de la cultura y de las ciencias en las regiones. Además, se distingue a la más austral de nuestra patria, punto de unión de los dos grandes océanos del planeta y antesala del continente antártico.
Para entender la magnitud de la obra realizada por don Mateo Martinic, es necesario adentrarse en la difícil geografía magallánica; asumir su riguroso clima y seguir el relato de las vivencias y los dramas de los aborígenes que poblaron inicialmente el bravío territorio de la Magallania; acompañar las aventuras de los navegantes que buscaron afanosamente el paso que a través del nuevo mundo les permitiera llegar a las Moluscas, tierra de las especias, y vibrar con la firme determinación de Hernando de Magallanes en su rumbo hacia la gloria, al navegar el estrecho que lleva su nombre y descubrir a Chile por el sur, adelantándose al valiente capitán español que llegaría por el norte dieciséis años más tarde; conocer las trágicas experiencias exploradoras de audaces navegantes españoles como Ladrillero, Cortés de Ojeda, Ulloa , Gallegos , y el más importante, Sarmiento de Gamboa , que exploraron los intrincados canales australes y dejaron sus muertos en ellos; rememorar los experimentos dramáticos de colonización con la fundación de la Ciudad del Nombre de Jesús, en las cercanías de Dungeness, primero, y, después, de la Ciudad del Rey Don Felipe, actual puerto San Blas de Sarmiento, denominado también Puerto del Hambre, por la tragedia que vivieron sus moradores; o seguir con Martinic las derrotas de los corsarios y piratas, como Drake, Cavendish, Merrik y Hawkins , o la historia de los misioneros, descubridores y científicos, como Juan García , Diego de Vera , Gabriel de Castilla, John Narborrough , los hermanos Nodal , Brouwer , Byron , Bougainville, Wallis , Cook , Banks , Parker Fing , Fitz Roy, Darwin y tantos otros; o recordar los proyectos colonizadores de ingleses y franceses que veían en el dominio del Estrecho de Magallanes, importante paso interoceánico, la llave del tráfico marítimo entre el Viejo Mundo y el vasto sector del Pacífico conocido como Oceanía, además de establecer la presencia de esas potencias coloniales en el extremo austral de América.
En fin, es recordar el acontecimiento vital, inspirado por el Padre de la Patria desde su lejano exilio, ordenado por el visionario Bulnes y realizado por el abnegado Comandante Juan Guillermos , quien el 21 de septiembre de 1843 tomó oportunamente posesión del Estrecho de Magallanes en nombre del Gobierno soberano de Chile, adelantándose por un par de días a la fragata francesa Phaeton, que traía las mismas intenciones.
En su historia, podremos sentirnos parte de la lucha de visionarios gobernadores del nuevo y lejano territorio de la República que buscaron con ahínco extender el poblamiento austral hasta donde jurídica e históricamente le correspondía a Chile, pero, también, conocer de la carencia de apoyo de los gobiernos centrales, que, faltos de voluntad y de visión para valorar la importancia estratégica de Magallanes, ignoraron a las autoridades locales y finalmente fueron responsables de la pérdida de una parte importante de nuestro territorio.
Viajando por las páginas que su fluida pluma nos ha entregado, podemos conocer las dificultades que debió superar el inicial poblamiento austral de la joven nación sudamericana; los serios problemas y los grandes sacrificios que provocó esta tarea; los desafíos que debieron enfrentar los hijos de Chiloé que llegaron a las inhóspitas estepas patagónicas, a los que se sumaron emigrantes europeos, especialmente croatas, dando origen a una población emprendedora y pujante que fue capaz de vencer las dificultades de la naturaleza y el rigor del clima, afianzando la soberanía chilena en el extremo austral de América.
Quizás un breve recuerdo del sueño de Don Bosco , quien vio en esas lejanas y bravías tierras un futuro de gran prosperidad y que requería la mano de Dios para humanizar y cristianizar la obra emprendedora que se concretó con el envío de sus misioneros, cuyo aporte a la defensa de los derechos de los nativos, primero, y a la educación y formación de juventudes, luego, fue vital para el desarrollo de la comunidad austral.
Nos permitimos con Mateo Martinic reconstruir el camino de los aónikenk, de los kawéskar, de los sélknam, de los yámanas; avizorar en el frío horizonte patagónico y fueguino los primeros encuentros de esos pueblos primigenios con los europeos y luego con los colonizadores chilenos; mostrar el choque desigual de dos culturas tan diferentes y el exterminio de esos seres generalmente pacíficos, que se inició con la ocupación de los amplios espacios que habitaban por milenios, donde antes libremente se desplazaban en sus cacerías de guanacos, y que los colonos cercaron y ocuparon con sus grandes rebaños de ovejas. Fue la lucha entre el progreso y la civilización y el derecho de los aborígenes a continuar viviendo en su tierra. Al final, las enfermedades y las balas de los civilizados terminaron con los bárbaros.
Lo dice muy bien Mateo Martinic en su "Historia de la Región Magallánica": "es un trayecto largo, larguísimo, iniciado muy atrás remontando milenios, hurgando casi a tientas entre las brumas del tiempo del poblamiento primigenio y proseguido en panorámico recorrido hasta nuestros días, a través del conocimiento de una secuencia de sucesos que han dado singularidad y carácter a la presencia humana.".
En ese crisol de razas y de amplios horizontes, de lejanías y de rigores climáticos, de angustias y esperanzas se forjó Mateo Martinic , hijo de emigrantes croatas, educado en la disciplina salesiana y con un profundo amor por su tierra. Buscó afanosamente en las profundidades del conocimiento y del estudio los elementos que le permitieron ir construyendo paso a paso, tenazmente, el caminar del ser humano por los gélidos espacios australes y sentirse parte integrante de esa larga odisea.
Por eso, apenas termina sus estudios de abogado regresa a Magallanes y se incorpora de lleno al quehacer de la comunidad. Participa con entusiasmo del proyecto político que encabeza Frei Montalva y es honrado con el cargo de Intendente de la provincia más austral del país. Su gestión es una suerte de síntesis que sólo pudo realizar quien se había adentrado en las profundidades de la historia y al mismo tiempo poseía la fuerza y el empuje de aquellos que forjaron el poblamiento inicial de Magallanes.
Magallanes es una tierra difícil, y su desarrollo no sólo requiere cuantiosos recursos, sino que, sobre todo, necesita el empuje de gentes de excepción. La mente preclara de Martinic supo tempranamente comprender que para conquistar un territorio tan inhóspito y consolidar su poblamiento era imprescindible conocer su historia. No resultaba posible construir el futuro sin hurgar en los rincones más lejanos del acontecer austral que le dieran una base sólida.
Su gestión estuvo marcada por el sello de esa experiencia vital y quedó impresa en los nuevos poblamientos, varios de ellos hoy convertidos en comunas que dieron una fisonomía distinta a la entonces provincia de Magallanes. Había que asentar a las familias cerca de los lugares de trabajo, entregándoles el apoyo del Estado para hacer patria y construir futuro.
Su clara visión de estadista le permitió ejercer el liderazgo de la región con un claro sentido de integración nacional, pero con un fuerte componente descentralizador.
Constituyó equipos de trabajo regional con los que proyectó y realizó la labor de desarrollo con gran autonomía, muchas veces sólo informando al gobierno central, labor que pudo efectuar gracias a su enorme prestigio y a la comprensión de quienes lo veían como un extraordinario realizador. Sus obras aún perduran en la mente de los magallánicos. La Corporación de Magallanes, importante herramienta de desarrollo regional, lamentablemente desaparecida, y el Instituto de la Patagonia, el más importante centro de investigación del austro, hoy dependiente de la Universidad de Magallanes, son quizás las más relevantes de sus realizaciones.
Entre los años 93 y 97, motivado por su permanente vocación de servicio, integra el Consejo Regional de Magallanes, donde sus conocimientos y experiencia le permitieron entregar un fructífero aporte al desarrollo regional.
Tempranamente se inicia en la historiografía, construyendo en forma paciente una obra que habría de depararle grandes satisfacciones y reconocimientos. Inicia su fecunda tarea con la memoria con que optó al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica, titulada "Presencia de Chile en la Patagonia Austral (1843-1879)". Hoy, su producción supera los 390 títulos, siendo el más importante la ya mencionada "Historia de la Región Magallánica", obra que condensa el conocimiento acumulado sobre la región austral, expuesto con agilidad, lo que hace de su lectura una agradable entretención y, ciertamente, constituye una fuente de consulta obligada para quienes buscamos afanosamente los caminos del desarrollo.
El aporte de Martinic a la historiografía de la Región de Magallanes es, sin duda, el mayor esfuerzo realizado hasta la fecha y, junto al trabajo de otros autores, conforma una fuente de conocimiento de gran relevancia que permite a los interesados contar con antecedentes que pocas Regiones del país pueden exhibir con tanta profundidad.
No en vano hace más de 30 años comenzó a recibir los primeros reconocimientos a su labor. En efecto, en 1969 la República de Yugoslavia lo condecora con la Orden de la Bandera de Yugoslavia en el grado de Gran Cruz; en 1982 es nominado Miembro Correspondiente de la Academia Chilena de la Historia del Instituto de Chile y condecorado como Hijo Ilustre de Magallanes; en 1985 es nombrado Consejero Supernumerario del Instituto del Patrimonio Territorial de Chile; en 1986 es designado Miembro Correspondiente del Instituto de Estudios Asturianos, de Oviedo, e incorporado al Ilustre Instituto de Artes y de Ciencias de Nueva York; en 1988 recibe la Medalla al Mérito Científico y Cultural de la Comunidad Croata de Magallanes; en 1991 es distinguido con el Premio Geopolítico de Chile por el instituto homónimo y obtiene la Medalla al Mérito Universitario Hernando de Magallanes; en 1992 fue distinguido con la dignidad de Socio Honorario de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía; en 1993 es incorporado como socio activo del Instituto Croata Latinoamericano, en Buenos Aires; en 1994 es recibido como Miembro Correspondiente de la Academia Naval y Marítima de Chile; en 1997 es designado miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios; en 1998 obtiene la Membresía correspondiente, en calidad de Académico de Mérito, de la Academia Portuguesa de Historia, y la República de Croacia le otorga la Medalla de la orden cultural Estrella Croata.
El amplio reconocimiento nacional e internacional a Mateo Martinic ha de ser un aliciente que lo impulse a continuar con renovados bríos su tarea de investigador, lo que permitirá que nos entregue conocimientos y valores que enriquezcan la historia magallánica y de todo nuestro país.
A través del presente homenaje, el Senado de la República se suma a los que han estimado justo reconocer los méritos de un chileno de excepción y un gran magallánico, quien nos acompaña hoy desde las tribunas.
Tiene la palabra el Senador señor Fernández.
Señor Presidente, estimado Mateo y distinguida esposa, Honorables colegas:
La opinión pública y los círculos culturales de todo el país han recibido con unánime beneplácito el otorgamiento del Premio Nacional de Historia en el año 2000 a Mateo Martinic Beros , distinción entregada por primera vez a un historiador regional.
El jurado fundamentó su elección en la "magnitud y trascendencia de su obra, que ha descubierto la historia de la Región de Magallanes a Chile y el mundo.".
"Ratifica la trascendencia de la obra del actual director del Instituto de la Patagonia de la Universidad de Magallanes , quien durante su vasta trayectoria acumula cerca de 400 publicaciones", editorializó el diario "El Magallanes", de Punta Arenas.
"Difícilmente se encontrará un acuerdo más extendido en torno a la calidad y al rigor científico de la obra de Mateo Martinic", señaló el diario "El Mercurio" de Santiago.
"El conjunto de obras de Martinic hace que Magallanes sea la región de Chile con la historia más estudiada. Es un ejemplo de descentralización cultural", afirma el historiador y también Premio Nacional Sergio Villalobos . A su juicio, "la "Historia de la Región Magallánica", de Martinic, constituye un panorama amplio, que es mucho más que un relato cronológico, pues variados temas de carácter geográfico, económico, social, cultural y político están tratados con valor en sí mismo y de manera detenida, de modo que hay un acercamiento a la historia de los grandes procesos.". Agrega: "Siempre parte de los hechos, tal como fueron, sin entregarse a alucinaciones teóricas.".
La unanimidad que se observa responde a una trayectoria indiscutiblemente sobresaliente y representativa, además, del gran aporte que pueden efectuar las Regiones a la vida nacional.
Nació en Punta Arenas el 20 de octubre de 1931, en la familia de los inmigrantes croatas Mateo Martinic y Rosa Beros, llegados a principios de siglo, y se encuentra casado con una descendiente de inmigrantes asturianos, Dolores Rubín.
Cursó sus primeros estudios en el Liceo San José, de esa ciudad. Su formación académica como historiador tuvo lugar en la Universidad Católica de Chile, donde el encuentro con Jaime Eyzaguirre lo movió a seguir su vocación: la historia. Primer fruto de ella fue su memoria "Presencia de Chile en la Patagonia Austral (1843-1879)", publicada en 1964 por la Editorial Andrés Bello.
No permaneció en la Capital, sino que regresó a Magallanes, donde demostró que, pese al aislamiento y las demás desventajas derivadas del centralismo, es posible desarrollar en las Regiones una labor intelectual de primera calidad. Y ello, con el mérito adicional de que trabajar, investigar y hacer historia desde Punta Arenas es redobladamente difícil. En palabras de Mateo Martinic, "significa trabajar aislado, en solitario, lejos del necesario intercambio académico con los pares, con fuentes no siempre suficientes ni completas.".
En dicha ciudad fundó, en 1969, el Centro de Estudios Patagónicos, hoy Instituto de la Patagonia , incorporado a la Universidad de Magallanes. Allí supo agrupar a investigadores de diversas disciplinas, con esa Región como centro específico de interés.
La labor de dicho Instituto ha sido cuantiosa, y sus "Anales" han ganado prestigio en los medios científicos de Chile y el extranjero. Es precursor y modelo para la formación y existencia de centros regionales de investigación científica. Actualmente trabaja allí más de una docena de investigadores, que abordan temas tan diversos como arqueología, glaciología, ecosistemas naturales, geología, historia y antropología, para contribuir al mejor conocimiento y desarrollo de la zona. La nociva marea roja, por ejemplo, ha venido siendo estudiada desde hace 25 años.
La enumeración de sus publicaciones no es posible aquí, pero su conjunto da cuenta de cómo, a lo largo de los siglos, han podido asentarse y sobrevivir grupos humanos de muy variado origen en un territorio tan particularmente difícil como Magallanes, y de cómo, en menos de cinco siglos, han dado el salto desde la prehistoria hasta la creación de una cultura propia, integrada a la idiosincrasia chilena, pero con rasgos distintivos propios.
La obra de Martinic comenzó con la investigación de la presencia jurisdiccional de Chile en el territorio patagónico austral entre 1843 y 1879, determinante para la posesión, así como para el dominio posterior. Luego se ocupó, de manera programada y sistemática, en aspectos referidos a la colonización.
Más tarde fue abordando punto por punto el proceso del poblamiento, en particular la inmigración europea. Posteriormente se orientó hacia el desarrollo social.
Su obra refleja las distintas etapas de la génesis y evolución magallánicas. Dos libros principales, además de muchas otras publicaciones específicas, dan una visión de los pueblos originarios de la Región. Uno de ellos es "Del mito a la realidad. Evolución iconográfica del pueblo tehuelche meridional", publicado en 1991 con otros autores. Esto último debe destacarse, pues, como su maestro Eyzaguirre , también Martinic ha sido inspirador, descubridor y alentador de vocaciones. En esa misma área destaca asimismo la obra "Los aónikenk. Historia y cultura", de 1995.
Otra parte importante de su labor historiográfica se halla dedicada a los viajes de descubrimiento, la colonización y la vida en esa zona de frontera. Cabe mencionar sus libros "Historia del Estrecho de Magallanes", "La Tierra de los Fuegos", "Última Esperanza en el tiempo", "Crónica de las tierras del sur del canal Beagle", "Los españoles en Magallanes", "Los alemanes en Magallanes", "La inmigración yugoslava en Magallanes".
Sus estudios sobre personalidades pioneras en la formación y desarrollo de la Región, como José Menéndez y José Nogueira , han sido calificados por especialistas como verdaderos "modelos de investigación".
Dos obras de conjunto, "Historia de la región magallánica" y "Cartografía magallánica 1523-1945", reúnen los resultados de casi 40 años de investigación y maduración y confirman, a juicio del historiador Fernando Silva Vargas , "la categoría universal que puede alcanzar la historia local".
Cuando inició su tarea, según él mismo señala, "no podía hablarse de una historia de Magallanes de manera clara, coherente y estructurada. Había episodios, tratados, elementos, pero no una visión coherente.".
Gracias a su "trabajo sistemático, ordenado y sostenido", ahora se dispone de "una visión coherente, integrada, orgánica del acontecer humano en la región magallánica, desde el principio del poblamiento hace 12 mil años hasta nuestros días.".
Esa labor está ya consagrada por todos los círculos especialistas, por el público lector y, ahora, por el Premio Nacional. Dista mucho, sin embargo, de haber concluido. Mateo Martinic se encuentra en plena producción. Sólo en los últimos dos años ha presentado tres publicaciones. Una de ellas recoge, en más de 300 páginas, la iconografía y mapas de la región austral desde 1523.
En el año en curso apareció su obra más reciente, "Rey Don Felipe : Acontecimientos Históricos", que trata sobre ese asentamiento, posteriormente bautizado como "Puerto del Hambre" por el pirata Cavendish. Ahora trabaja en una biografía doble de José Menéndez y Mauricio Braun , por ser ellos "dos empresarios excepcionales y visionarios. Hicieron de la nada, fundaron donde no había, levantaron donde fue necesario. Con el concurso de otros pioneros, echaron a andar a Magallanes .".
Sucesivas ediciones de la mayor parte de sus títulos dan testimonio de la perdurabilidad y vigencia de sus conclusiones.
La solidez de su obra responde, en parte decisiva, a la propia autodefinición de Martinic: "Soy un investigador en terreno", ha dicho hace poco. Su trabajo no ha nacido sólo de "revisar innumerables archivos. Nace igualmente de toda una vida en las tierras magallánicas, sus pampas, su mares, su clima de rigor extremo, sus gentes, que son mezcla de tan disímiles orígenes culturales".
"Para entender lo que pudo ser la adaptación de los pioneros al rudo clima austral" -sostiene Martinic - "es importante tener la experiencia de vivir una tormenta, de aguantar el viento y el frío. Hay que recorrer la estepa muchas veces para percibir -en su aparente monotonía- la belleza que tiene, su sensación de libertad e infinitud, sus cielos cambiantes, sus horizontes sin límites que capturaron a tanta gente". Sin eso "no se comprende la historia austral".
Ésa es una observación significativa no sólo para su obra, sino también para la labor de administración y legislación que se realiza desde el centro del país, a menudo sin un conocimiento cabal de la realidad magallánica.
Dicha realidad surge de una mezcla entre lo regional y lo inmigratorio, que ha sido calificada por Martinic como "determinante. La inmigración a esta zona ha provenido de dos grandes vertientes: la nacional, constituida principalmente por chilotes, y la europea. Entre 1890 y 1920 llegaron a radicarse 12 mil europeos, una cifra bastante alta para Chile y esta región. De ellos, un tercio fueron croatas, que en una enorme mayoría venían de Dalmacia, y específicamente de la isla de Brac (cerca del 70 por ciento). Los españoles eran predominantemente asturianos... y también gallegos, atraídos por el tema marítimo. Llegaron asimismo alemanes y británicos, de los cuales la mitad eran escoceses".
"De la fusión de los distintos contingentes surgió una sociedad pluriétnica, con caracteres de singularidad que la hacen única y diferente en Chile; ni mejor ni peor, pero distinta, con rasgos fuertes de laboriosidad y ahorro".
De allí la singular evolución de la Región: "El período comprendido entre 1890 y 1920 se caracterizó por un desenvolvimiento autogenerado, autosuficiente y autárquico que, en alguna medida, puso a Magallanes en una situación de relación laxa con el centro metropolitano y el resto de Chile, en lo que podría calificarse como una autonomía virtual. Los magallánicos se sintieron dueños de su destino y resolvieron por sí en lo que importaba, conscientes de que le entregaban al país un territorio nuevo y próspero".
Martinic asigna influencia en su pensamiento a la obra historiográfica múltiple de José Toribio Medina , a quien califica como "investigador magistral de nuestro pasado". Y siente una afinidad particular con Jaime Eyzaguirre , a quien considera "el mejor historiador chileno del siglo XX, por su claridad conceptual, su vitalidad expositiva y su forma de trabajo". Juicios que, con justicia, podrían aplicarse igualmente a la obra de Martinic.
El hecho de que la historia de Chile no pueda entenderse hoy en plenitud sin incluir la historia de Magallanes se debe, en forma decisiva, a la obra de Mateo Martinic. Ésta da cuenta de glorias y dolores; pero es también una obra que, al cabo de una vida de estudio, tiene una mirada esperanzada para el futuro de la Región.
Le duele la deprimida situación presente de Magallanes, pero la cree "sólo coyuntural". "Confío" -dice- "en que saldremos de ella más temprano que tarde".
Compartiendo esa confianza, sentimos el Premio Nacional a Martinic como un gran motivo de orgullo y, al mismo tiempo, de buen augurio y esperanza para Magallanes y para todos los magallánicos.
Señor Presidente , como representante de la Región de Aisén, vecina de Magallanes, no puedo estar ausente de este justo homenaje que se rinde a don Mateo Martinic Beros por su reciente Premio Nacional de Historia . Sus estudios comprenden la Patagonia entera -por cierto la Región de Magallanes-, la Patagonia argentina y también la Región de Aisén.
Además, como vecino, y producto del desarrollo de labores por más de veinte años en la búsqueda de la integración física entre Aisén y Magallanes , tempranamente tuve el honor de conocerlo y saber de su tremendo trabajo, que ha sido muy valioso para la geografía y el conocimiento de la historia de la zona austral.
Se da la feliz coincidencia de que nuestros antepasados también fueron vecinos, pues los míos provienen del imperio austro-húngaro, cercano a Croacia y particularmente a la isla de Brac, tierra de los padres de don Mateo Martinic.
Nació en Punta Arenas el 20 de octubre de 1931. Es hijo de Mateo Martinic y de Rosa Beros, inmigrantes croatas y originarios -como se ha dicho- de la isla de Brac (Dalmacia), quienes se radicaron en Magallanes a comienzos de siglo.
Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Liceo San José, que forma parte de la magnifica obra realizada por los salesianos en la zona austral. Ahí le fue imbuida y transmitida esta esperanza y sueño por el futuro, con la que también soñó don Juan Bosco .
Los estudios superiores que efectuó en las Universidades de Chile y Católica le permitieron recibir el grado de Licenciado en Derecho y el título de abogado, en 1963. En esa casa de estudios fue alumno y amigo de don Jaime Eyzaguirre , notable historiador de nuestro país.
En aras del desarrollo, la ciencia y la cultura, fundó en 1969 el Instituto de la Patagonia, conocido internacionalmente como Centro de Investigaciones Regionales. También fue gestor y fundador del Museo de la Patogonia, que forma parte de ese Instituto, y se mantuvo en su dirección hasta 1984. Luego de incorporarse a la Universidad de Magallanes, en 1985, prosiguió sus trabajos en esta casa de estudios superiores, donde posee la jerarquía de Profesor Titular , aparte de haber sido integrante de su Junta Directiva entre 1984 y 1989. Además, desde 1985, es coordinador del Centro de Estudio del Hombre Austral del Instituto de la Patagonia , y a partir de 1992 ocupa nuevamente la dirección de esta unidad académica.
Es importante destacar que este profesional e investigador pudo llegar a ocupar el cargo de máxima autoridad regional -el de Intendente-, sacando adelante una notable cantidad de obras de desarrollo.
Profundamente interesado en el conocimiento del pasado de la región patagónica, orientó tempranamente su labor hacia la investigación histórica y la historiografía. A la fecha, su producción supera -como aquí se ha señalado- los casi cuatrocientos títulos, entre libros, monografías, estudios, ensayos y artículos en diarios y revistas especializadas del país y del extranjero, particularmente en los Anales del Instituto de la Patagonia que el mismo fundara, el cual no sólo es conocido a nivel nacional, sino que también goza de gran prestigio internacional.
Entre sus publicaciones, cabe señalar las siguientes: "Presencia de Chile en la Patagonia Austral" (1843-1879), que fue su memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, calificada con distinción máxima, publicada por la Universidad Católica y reeditada posteriormente; "Magallanes , Síntesis de Tierra y Gentes" (1972); "Crónica de las Tierras del Sur del Canal Beagle" (1974); "Historia del Estrecho de Magallanes" (1977); "La Inmigración Croata en Magallanes" (1978); "Patagonia de Ayer y de Hoy" (1980); "Hielo Patagónico Sur" y "La Tierra de los Fuegos" (ambas publicadas en 1982); "Historia del Petróleo en Magallanes" (1983); "Última Esperanza en el Tiempo" (1985); "Nogueira, el Pionero" (1986); "Magallanes de Antaño" (1986); "Magallanes 1921-1952: Inquietud y Crisis" y "Punta Arenas en su Primer Medio Siglo 1848-1898" (editadas en 1988); "Voyagers to the Strait of Magellan", libro publicado por la Universidad de Portland, Oregón ( Estados Unidos de América ); "Historia de la Región Magallánica" (1992), obra de gran envergadura y con la que ha dado cima a una fecunda tarea historiográfica; "Los Aónikenk: Historia, Cultura" (1995), y "Cartografía Magallánica 1523-1945" (editada en 1999), lo que le significó hacer un recorrido por los principales centros del mundo para obtener toda la información. Últimamente publicó el libro "Rey don Felipe : Acontecimientos Históricos" (2000).
Aparte de esa actividad, desempeña una tarea docente a través de la cátedra " Historia Regional de Magallanes " en las distintas carreras de las Facultades de Ingeniería, Humanidades y Ciencias Sociales, y Ciencias, desde 1984 en adelante.
Cabe destacar que junto a su rigor, tenacidad y logros en las investigaciones, transmite permanentemente el amor que profesa a la tierra austral, su historia y sus habitantes. Y no sólo la da a conocer sino que hace entusiasmarse por ella y por su territorio.
La enorme cantidad de distinciones de que ha sido objeto fue detallada ya en este homenaje por los contentos representantes de Magallanes en esta Alta Corporación. Por mi parte, quiero señalar que el Premio Nacional de Historia 2000 no sólo hace justicia a su labor por la Patagonia, por la Región de Magallanes, sino que además constituye un testimonio de cómo desde una zona apartada -superando todas las adversidades de un país como Chile, que vive y sufre el centralismo- ha logrado proyectarse nacional e internacionalmente.
Don Mateo Martinic es una prueba fehaciente de lo que nuestro poeta Nicanor Parra en su lenguaje expresa: "O Dios está en todas partes o en ninguna". Él ha demostrado que en Magallanes, el último lugar del mundo, también está.
Señor Presidente, señores Senadores, señor Mateo Martinic y distinguida esposa, señores invitados especiales:
El Comité Institucionales 1 no quiere estar ausente en este homenaje que se rinde al Premio Nacional de Historia del año 2000 don Mateo Martinic Beros .
A todo lo que se ha dicho sobre su prolífica labor y su señera posición de líder en la historia de las Regiones, centrada en la de Magallanes, cabe agregar antecedentes conocidos quizás por muy pocos en la opinión pública, pero que de una u otra manera para el Senador que habla han significado una ligazón con su trabajo y -más que eso- un reconocimiento profundo no sólo a su labor extraordinariamente productiva, seria y documentada como historiador en esa parte del territorio; a su visión de chileno con un concepto de lo que debió haber sido la soberanía ejercida por Chile en esa zona, sino también a su desempeño como Intendente de Magallanes , cargo en el que fue nombrado en 1966.
Entonces yo era Comandante de una unidad modernísima de la Armada: la torpedera "Guacolda", que se incorporó a la zona austral para buscar la recuperación del equilibrio estratégico -en esa época tan cuestionado- en nuestras relaciones con Argentina con motivo del problema del canal Beagle . A ella se sumaron después tres unidades más, constituyendo una fuerza con la cual se logró el equilibrio estratégico que finalmente permitió al Supremo Gobierno -con la tranquilidad de contar detrás con un elemento de fuerza- entablar conversaciones diplomáticas, las que finalmente derivaron en que el conflicto del Beagle se presentara al Tribunal Arbitral de Su Majestad británica.
Recibí a bordo a don Mateo Martinic (probablemente él no lo recuerda) un día ventoso, como lo son todos en Punta Arenas; se le brindaron los honores correspondientes a su calidad de autoridad máxima regional y salimos a navegar. Sus comentarios y consultas indicaban que tenía una visión más allá de la del especialista en humanidades: la de un hombre que miraba un nuevo instrumento para asegurar la soberanía en el área. ¡Claro, el historiador conoce muy bien lo que significa el mar en la zona, porque sin el mar no existe Magallanes!
Transcurrieron los años y en 1994 la Academia de Historia Naval y Marítima, como reconocimiento a su obra, invitó a don Mateo a incorporarse como miembro activo de ella. Él aceptó y como Presidente de la institución me correspondió recibirlo.
Recuerdo que en una ocasión, cuando le comenté que el Gobierno nos había autorizado para iniciar los contactos a fin de adquirir un rompehielos con el propósito de solucionar los problemas de comunicación de Magallanes con la Antártida; un buque que pudiera ir allá en todas las estaciones del año y que reemplazara al viejo "Piloto Pardo", me dijo -y éste constituye un reconocimiento más a su visión de chileno sobre lo que significan esa porción de Chile y la soberanía-: "Almirante, le sugiero que lo denomine " Óscar Viel ", en honor a un Capitán de Corbeta que en la década de 1870 se hizo cargo de la Gobernación de Punta Arenas y que, entre otras cosas, se preocupó del desenvolvimiento económico del lugar y estableció la primera zona franca, con un concepto de desarrollo tan válido en ese momento como lo es hoy día.
Es así como actualmente la Armada y el Estado de Chile cuentan con el rompehielos "Contraalmirante Óscar Viel Toro".
Como dije al comienzo, el Comité Institucionales 1 se ha sumado al homenaje que se tributa esta tarde a don Mateo Martinic Beros porque no hay duda de que, más allá de su tarea de investigación, este Premio Nacional de Historia alberga un profundo sentimiento por la zona austral del país.
Lo felicitamos, don Mateo. Y desde aquí reciba un gran abrazo y nuestros deseos de completo éxito en lo que todavía le queda por realizar.
(Aplausos en la Sala y tribunas).
Desde la Testera saludamos a don Mateo, a su familia y a sus acompañantes.
Ha terminado el homenaje.
--Se levantó a las 19:12.

References: resolución 
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 artículo 19
 artículo 140
 artículo 147
 artículo 141
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 artículo 19
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 artículo 1
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