Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/24264
Timestamp: 2020-02-22 23:22:30+00:00

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Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 206/2014
SENTENCIA 206/2014, de 15 de diciembre
ECLI:ES:TC:2014:206
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1140-2014, planteada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con el art. 623.1 párrafo segundo del Código penal, por posible vulneración de los arts. 24.2, 25.1 y 9.3 CE. Han formulado alegaciones el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado y se han personado el Congreso y el Senado. Ha sido Ponente el Magistrado don Santiago Martínez-Vares García, quien expresa el parecer de la Sala.
1. El día 26 de febrero de 2014 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona al que se acompaña, junto con el testimonio del correspondiente procedimiento (recurso de apelación de juicio de faltas 132-2013), el Auto de 18 de febrero de 2014 en el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 623.1, párrafo segundo, del Código penal, por posible vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), y de los principios de culpabilidad, en su vertiente de responsabilidad por el hecho, de legalidad penal (art. 25.1 CE) y de seguridad jurídica (art. 9.3 CE).
a) Doña Antonia Jiménez Rodríguez fue condenada en el juicio de faltas núm. 368-2013 seguido ante el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Sant Boi de Llobregat, por Sentencia de 3 de julio de 2013, como autora de una falta de hurto tipificada en el art. 623.1 del Código penal (CP), donde se le impuso la pena de diez días de localización permanente a cumplir en establecimiento penitenciario. En ese precepto se prevé la imposición de la pena de localización permanente (y no de la alternativa pena de multa), que el Juez puede disponer que se cumpla en centro penitenciario, en caso de perpetración reiterada de la falta de hurto (hurto cuyo valor no excede de los 400 €). Conforme a su párrafo segundo, “para apreciar la reiteración, se atenderá al número de infracciones cometidas, hayan sido o no enjuiciadas, y a la proximidad temporal de las mismas”. El fundamento de Derecho tercero de la Sentencia impuso la pena de localización permanente “teniendo en cuenta el número de antecedentes que constan … por hechos de la misma naturaleza, contándose en el último año un total de 14 denuncias interpuestas”.
b) La Sentencia fue recurrida en apelación mediante escrito redactado y firmado de puño y letra por la Sra. Jiménez, en el que solicita que “le cambien la pena en multa, en arresto en casa o trabajos sociales” por tener cinco hijos y estar embarazada y separada, sin tener quien se haga cargo de ellos.
c) Una vez finalizada la tramitación del recurso como el rollo de apelación núm. 132-2013, mediante providencia de 13 de enero de 2014, el Magistrado designado para conocer como órgano unipersonal del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), acordó conceder a las partes personadas un plazo de diez días para formular alegaciones sobre la oportunidad de promover cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 623.1, párrafo segundo, del Código penal, por su posible contradicción con los arts. 9.3, 24.2 y 25.1 CE por razones idénticas a las reseñadas en el antecedente 1 c) de la STC 185/2014.
d) El Ministerio Fiscal, mediante escrito de 29 de enero de 2014, sin entrar al fondo, pero recordando que no puede prosperar una cuestión que plantee dudas interpretativas, consideró que “la norma cuestionada es determinante para la resolución del recurso porque ha sido el art. 623.1 CP el precepto aplicado al caso de autos por el juzgador a quo y el que debe aplicar, en su caso, el juzgador ad quem, y que también el momento procesal es el oportuno, pues sólo resta dictar sentencia para concluir el rollo de apelación”. La apelante condenada dejó pasar el plazo sin presentar alegaciones.
e) El órgano judicial dictó Auto el 13 de enero de 2014 en el que acordó plantear la presente cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 623.1, párrafo segundo, del Código penal por posible vulneración de los arts. 24.2, 25.1 y 9.3 CE.
a) Comienza con el desarrollo del juicio de relevancia constitucional en idénticos términos a los reflejados en el antecedente 3, letras a), b) y c) de la STC 185/2014.
b) El Auto concluye con el pertinente juicio de relevancia procesal, donde se defiende la relevancia de la norma cuestionada para la resolución del recurso de apelación, que sustentó la apelante en la disconformidad con la pena de localización permanente en centro penitenciario por ser el único soporte familiar, solicitando la pena de multa. Expone que la expulsión o la interpretación conforme a las exigencias constitucionales del cuestionado art. 623.1, párrafo segundo, conllevaría su estimación. Por otro lado, sostiene también que el momento procesal es el oportuno, pues está concluso el procedimiento y se plantea dentro del plazo para dictar Sentencia resolutoria del recurso de apelación.
4. Por providencia de 27 de mayo de 2014, el Pleno, a propuesta de la Sección Segunda de este Tribunal, acordó admitir a trámite la presente cuestión de inconstitucionalidad y deferir a la Sala Primera el conocimiento de la misma, de conformidad con lo dispuesto por el art. 10.1 c) LOTC así como dar traslado de las actuaciones recibidas, como dispone el art. 37.3 LOTC, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y al Fiscal General del Estado, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimasen convenientes. Igualmente se acordó comunicar dicha resolución a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona a fin de que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35.3 LOTC, permanezca suspendido el proceso hasta que el Tribunal resuelva definitivamente la presente cuestión y publicar la incoación de la cuestión en el “Boletín Oficial del Estado”.
5. Mediante escrito registrado el día 5 de junio de 2014, el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó a este Tribunal que la Mesa de dicha Cámara acordó la personación en el proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Por escrito registrado el 11 de junio de 2014, el Presidente del Senado comunicó a este Tribunal que la Mesa de dicha Cámara acordó la personación en el proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
Como segundo óbice procesal se plantea que no era necesario someter la disposición legal cuestionada al juicio de constitucionalidad para resolver el proceso por razones en gran medida coincidentes con las sintetizadas en el antecedente 7 a) de la STC 185/2014. El Fiscal parte de que la apelante manifestó en su recurso no estar de acuerdo con la Sentencia dictada en la medida en que se le imponía la pena de localización permanente en centro penitenciario, ya que es madre de cinco hijos, estaba embarazada y separada y no había nadie que pudiera hacerse cargo de ellos. Si el motivo de disconformidad no versa sobre la condena conforme al art. 623.1 CP a la pena de localización permanente, sino sobre el concreto hecho de que se cumpliera en centro penitenciario, y el art. 623.1 CP deja en manos del juez la decisión sobre el lugar de cumplimiento de la localización permanente (casa o centro penitenciario), concluye el Fiscal, el órgano podía resolver la apelación en el sentido solicitado atendiendo a consideraciones de proporcionalidad, decretando una localización en casa, sin necesidad de cuestionar la validez constitucional del precepto. Incluso, propone alternativamente, podría imponer una pena de multa si aplicara la interpretación acomodada a Constitución que el órgano proponente comparte (aunque juzga contraria al principio de legalidad) y que ya ha aplicado en otras ocasiones.
Como se puso de manifiesto reiteradamente en los antecedentes, las objeciones de fondo planteadas en la presente cuestión de inconstitucionalidad son idénticas a las resueltas en la reciente STC 185/2014, de 6 de noviembre, donde se dio respuesta a otra demanda formulada por el mismo órgano judicial respecto al párrafo segundo del art. 623.1 CP, y cuyos pronunciamientos habrán de guiar la presente resolución. La única diferencia, y es sólo parcial, atañe a los óbices procesales reprochados a la cuestión que se abordarán antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión.
b) El segundo óbice procesal alegado por el Fiscal General afecta al juicio de relevancia imprescindible conforme al art. 35 LOTC para admitir una cuestión de inconstitucionalidad, por cuanto niega que la norma cuestionada, por más que aplicable al caso, sea decisiva en la resolución del proceso, ya que estima que la condena en que se concrete el recurso de apelación conoce múltiples posibilidades penológicas —respecto a la imposición de la pena de localización permanente, en domicilio o centro penitenciario, e incluso de multa— que pueden concurrir con independencia del resultado del examen de constitucionalidad del precepto cuestionado.
3. Al abordar ahora las vulneraciones de preceptos constitucionales imputadas a la norma cuestionada, hay que insistir de nuevo en la identidad del contenido de fondo de la presente cuestión de inconstitucionalidad y el de la resuelta en la STC 185/2014, tanto en lo relativo al precepto impugnado y los motivos de inconstitucionalidad aducidos como en lo atinente a su concreto desarrollo argumentativo. En ambas demandas, el órgano judicial proponente sostenía que el párrafo segundo del art. 623.1 CP cuestionado y, en concreto, su referencia a “infracciones cometidas, hayan sido o no enjuiciadas” podría resultar contrario al derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y al principio de culpabilidad en su vertiente de responsabilidad por el hecho por cuanto su tenor permite que hechos que no han sido declarados probados por sentencia firme sean considerados como cometidos para aplicar la respuesta penal agravada. Asimismo plantea la posible vulneración de los principios de legalidad penal (art. 25.1 CE) y de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), tanto por el precepto, por cuanto adolece de falta de taxatividad, lo que acarrea déficits de certeza y previsibilidad, como por una hipotética interpretación conforme a la Constitución, en cuanto supondría una reconstrucción reductora del ámbito objetivo de la disposición que forzaría su literalidad y génesis y sería lesiva de la reserva de ley y del principio de taxatividad.
En la STC 185/2014 se rechazan las dudas enunciadas por entender que el precepto impugnado admite una interpretación conforme con la Constitución que no sólo no fuerza el tenor literal del precepto, sino que se acomoda al mismo a la par que constituye el resultado exegético inmediato de una interpretación atenta a los principios constitucionales rectores del ius puniendi y acorde con los criterios hermenéuticos al uso en Derecho penal. Esa comprensión secundum constitutionem establece como requisito típico para apreciar la reiteración de faltas de hurto la previa comisión de varias infracciones en un plazo temporal próximo, sean faltas de hurto declaradas en previa sentencia firme, sean faltas probadas en el proceso en que se plantea la aplicación de la figura de perpetración reiterada de faltas de hurto conforme al art. 623.1 CP, sin que pueda bastar para apreciarla la existencia de previas denuncias, imputaciones o condenas no firmes por falta de hurto.
Tipo y número de registro Cuestión de inconstitucionalidad 1140-2014
Planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con el segundo párrafo del artículo 623.1 del Código penal.
Se desestima la cuestión de inconstitucionalidad relativa a la tipificación de la falta de hurto en el Código penal, concretamente de la cláusula “para apreciar la reiteración, se atenderá al número de infracciones cometidas, hayan sido o no enjuiciadas, y a la proximidad temporal de las mismas”. En aplicación de la doctrina sentada en la STC 185/2014, de 6 de noviembre, la Sentencia afirma que la cláusula legal cuestionada es conforme a los derechos de presunción de inocencia y de legalidad penal, y al principio de seguridad jurídica si se entiende que las “faltas ya enjuiciadas” han de haber sido declaradas en previa sentencia firme y las faltas “no enjuiciadas” han de ser probadas en el concreto proceso en que se plantea la aplicación de la figura de la falta de hurto con reiteración.
Asunto idéntico al resuelto por la STC 185/2014 [FJ 1].
El precepto impugnado admite una interpretación conforme con la Constitución si se entiende que delimita como requisito típico para apreciar la reiteración de faltas de hurto la previa comisión de varias infracciones en un plazo temporal próximo, sean faltas de hurto declaradas en previa sentencia firme, sean faltas probadas en el proceso en que se plantea la aplicación de la figura de perpetración reiterada de faltas de hurto conforme al art. 623.1 CP, sin que pueda bastar para apreciarla la existencia de previas denuncias, imputaciones o condenas no firmes por falta de hurto (STC 185/2014) [FJ 3].
No hay una divergencia entre los reproches de inconstitucionalidad que el órgano judicial desarrolla en el Auto de planteamiento y los que esbozó en la providencia, ya que en ella se enunciaron con claridad tanto el precepto cuestionado como los preceptos constitucionales presumiblemente infringidos, lo que permite entender que las partes pudieron determinar cuál era la duda de constitucionalidad que asaltaba al órgano judicial (SSTC 183/2013, 38/2014; ATC 57/2014) [FJ 2 a)].
El control sobre el juicio de relevancia debe atender tanto a si la constitucionalidad afecta a la regla legal en la que debe fundamentarse la resolución como a si el pronunciamiento sobre la validez condiciona la resolución del juzgador [FJ 2 b)].
Artículo 623.1 párrafo segundo (interpreta)
Artículo 623.1 párrafo segundo, ff. 1, 3
Juicio de relevancia suficienteJuicio de relevancia suficiente, f. 2 b)
HurtoHurto, f. 3
ReincidenciaReincidencia, ff. 1, 3
Firmeza de las resoluciones judicialesFirmeza de las resoluciones judiciales, f. 3
Trámite de audienciaTrámite de audiencia, f. 2 a)

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 artículo 623
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Artículo 623

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