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Timestamp: 2019-09-20 18:30:22+00:00

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Resolución de 26 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la realización de actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectos de patologías derivadas de la utilización laboral del amianto
ANEXO 3 . Actividades relacionadas con la exposición al amianto
ANEXO 4 . Patología relacionada con la exposición al amianto (CIE 10)
Suscrito el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la realización de actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectos de patologías derivadas de la utilización laboral del amianto, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.
Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la realización de actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectos de patologías derivadas de la utilización laboral del amianto
Y, de otra parte, la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, representada por el Consejero de Salud, en funciones, don Manuel Villegas García, nombrado en virtud del Decreto de la Presidencia nº 19/2017, de 4 de mayo, debidamente facultado para este acto en virtud de Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 27 de febrero de 2019.
Que según se dispone en el artículo 1.1.a) del Real Decreto 1300/1995, de 21 julio, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Entidad Gestora adscrita al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, es el órgano competente para determinar el derecho a percibir las prestaciones antes señaladas y la contingencia determinante de las mismas.
Que conforme el artículo 11.1 del Estatuto de Autonomía, se atribuye a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de sanidad, higiene, ordenación farmacéutica y coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 16 del artículo 149.1 de las Constitución. Así mismo, según el artículo 12 del Estatuto de Autonomía, corresponde a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en los términos que establezcan las leyes y las normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función ejecutiva en las siguientes materias: 4.–Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en el número 17 del apartado uno del artículo 149 de la Constitución, reservándose al Estado la alta inspección conducente al cumplimiento de la función a la que se refiere este precepto.
Que la Consejería de Salud de la Región de Murcia es, en virtud de lo dispuesto en el Decreto de Consejo de Gobierno nº 73/2017, de 17 de mayo, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Salud, el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las siguientes materias: sanidad; higiene; ordenación farmacéutica; coordinación hospitalaria general, incluida la de la Seguridad Social; drogodependencia; las competencias de ejecución en materia de productos farmacéuticos y de gestión de asistencia sanitaria que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tenga legalmente atribuidas.
Que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha creado un registro de trabajadores con antecedentes de exposición a amianto (RETEA) como parte del Programa para la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores que han estado expuestos a amianto en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Celebrar el presente Convenio en orden a promover aquellas actividades de coordinación que permitan a ambas partes realizar el seguimiento y valoración de la afectación funcional y etiológica de aquellas personas en contacto con fibras de amianto en el desarrollo de su actividad laboral con sospecha de concurrencia de patologías relacionadas con dicho contacto o exposición.
Por ello, con la finalidad de fijar los compromisos entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se establecen las siguientes
El presente Convenio tiene como finalidad establecer actuaciones conjuntas entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Salud, destinadas a evaluar, con criterios facultativos homogéneos, el menoscabo funcional y la etiología o contingencia profesional, que presenta el trabajador/a afectado/a de patologías secundarias a la manipulación o exposición ambiental al amianto, de forma que la valoración de una posible situación de incapacidad temporal y/o permanente y, en su caso, del grado correspondiente de incapacidad, se efectúe con todos los antecedentes y elementos de juicio necesarios.
Una vez que el presente Convenio adquiera eficacia, el protocolo que se anexa será de aplicación a todos los procedimientos de evaluación y calificación de la situación de la Incapacidad Temporal y Permanente, a efecto de las prestaciones de la Seguridad Social, que se inicien en el ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y respecto a los trabajadores expuestos a amianto en el desarrollo de su trabajo en los que pueda existir sospecha de presentar patologías relacionadas con la mencionada exposición.
Ambas partes se comprometen a constituir un Grupo de Trabajo, integrado paritariamente por expertos procedentes de la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, para coordinar el seguimiento de los trabajadores expuestos a amianto, residentes en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, intercambiar información que permita mantener las bases de datos correspondientes, revisar la tipología de pruebas diagnósticas necesarias y los informes de especialistas, así como recabar cualquier otro tipo de información que resulte aconsejable para agilizar la determinación del menoscabo funcional. Asimismo, se determinará la información necesaria para la valoración de los distintos puestos de trabajo susceptibles de exposición al riesgo.
En todo procedimiento que se inicie para la evaluación y calificación de una situación de incapacidad temporal, incapacidad permanente o determinación de la contingencia en trabajadores, activos o no, que manejan o han manejado en el pasado, productos que contengan amianto, habrá de incorporarse al correspondiente expediente, los informes contemplados en el protocolo que se anexa, los cuales estarán sustentados por los resultados de las pruebas diagnósticas realizadas y custodiadas por los Servicios de Neumología designados como Unidades de Referencia por la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Toda la información recabada con este fin, por la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, estará centralizada en la Dirección General de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano, desde donde será remitida, cuando proceda, al Instituto Nacional de la Seguridad Social con el fin de que este pueda iniciar el procedimiento correspondiente para la evaluación de la situación de incapacidad y determinación de contingencia.
A tal efecto, cuando el procedimiento se inicie de oficio por la Inspección de Servicios Sanitarios de la Comunidad Autónoma, la Consejería de Salud, a través de la Subdirección General de Atención al Ciudadano e Inspección Sanitaria, se compromete a remitir al Instituto Nacional de la Seguridad Social, junto al informe propuesta, la información disponible que incluya el resultado de las pruebas diagnósticas y los informes especializados contemplados en el referido protocolo.
Cuando el procedimiento se inicie de oficio por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o a instancia de la parte interesada, el citado Instituto recabará dicha información de la Consejería competente en materia de sanidad, a través de la Unidad de Seguimiento de Enfermedades Profesionales de la Subdirección General de Atención al Ciudadano e Inspección Sanitaria.
Ambas partes se comprometen a mantener un intercambio de información en el siguiente sentido: la Unidad de Salud Laboral de la Consejería de Salud comunicará las altas en el Registro de Expuestos –RETEA–, y el INSS informará sobre las resoluciones de determinación de contingencia que se produzcan, así como de aquellas determinaciones de personas no incluidas en el registro, y que demuestren que sí hubo exposición laboral al amianto, a fin de incorporarlas al mismo.
Además, ambas partes se comprometen a intercambiar la información necesaria para mantener actualizadas las bases de datos correspondientes.
La Consejería de Salud, de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional decimoséptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se encuentra amparada para el tratamiento de los datos a los que se refiere este convenio por el artículo 9.2 i) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, puesto en relación con la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública que incluye entre las prestaciones de salud pública la salud laboral (artículos 32 y 33).
Del mismo modo, la Consejería de Salud, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la referida Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, norma estatal de carácter básico, no precisa obtener el consentimiento de las personas afectadas para el tratamiento de datos relacionados con la salud cuando ello sea estrictamente necesario para la tutela de la salud de la población y, a tales efectos, las personas públicas o privadas cederán a la autoridad sanitaria, cuando así se las requiera, los datos de carácter personal que resulten imprescindibles para la toma de decisiones en salud pública. Siendo los datos a los que se refiere el apartado primero de esta cláusula necesarios para el ejercicio de las actuaciones sanitarias en materia de vigilancia de los riegos sobre la salud relacionados con el trabajo, previstas en el apartado 2 del art. 33 de la referida Ley 33/2011, de 4 de octubre.
El tratamiento de los datos por el INSS, cuyo intercambio con la Consejería de Salud se contempla en la presente cláusula, está fundado en el cumplimiento de una obligación legal y por tanto exigible al INSS como responsable, conforme al artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, por cuanto el INSS tiene atribuida la competencia en materia de gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social en aplicación del artículo 66 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Las partes firmantes del convenio garantizarán el cumplimiento de las previsiones contenidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Al objeto de efectuar el seguimiento de las actuaciones previstas en las cláusulas tercera y cuarta, se constituirá una comisión mixta integrada por tres representantes designados por la Consejería de Salud y tres representantes designados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, cuyas funciones serán las siguientes:
• Elaborar, al fin del ejercicio, un documento en el que, además de incluir un balance de actuaciones, se recoja un estudio o análisis de impacto de las patologías derivadas del amianto en el conjunto de las incapacidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se regirá por lo establecido en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2. Por acuerdo escrito y unánime de los firmantes, en las condiciones que ambas estipulen.
4. Por el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en virtud del presente convenio por una de las partes firmantes.
5. Por denuncia de una de las partes. Esta denuncia deberá realizarse por escrito expresando las causas que la motivan y notificarse a la otra parte con una antelación mínima de tres meses, de tal forma que puedan finalizarse adecuadamente todos aquellos acuerdos específicos que estuvieran en vigor en el momento de la citada notificación, siendo improrrogable este plazo de tres meses para la finalización de las actuaciones en curso de ejecución con carácter previo a la liquidación del convenio.
En caso de resolución, la Comisión de Seguimiento será la encargada de determinar la forma de finalizar las actuaciones en curso y de efectuar la liquidación que, en su caso, corresponda.
Por acuerdo unánime de los firmantes se establece que el Convenio de la misma naturaleza y finalidad, firmado en fecha 27.08.2015 y cuya vigencia se encuentra prorrogada hasta el 27.08.2019, quedará sustituido en su totalidad en la fecha en la que el presente Convenio adquiera eficacia jurídica, esto es, en la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado previa inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal.
En consecuencia, en la fecha en la que el presente convenio adquiera eficacia y vigencia, el convenio anterior mencionado quedará resuelto, liquidado y extinto.
–María Gloria Redondo Rincón,
Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
–Manuel Villegas García,
Consejero de Salud en funciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La patología derivada de la exposición laboral a amianto queda recogida en el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre (modificado por Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre y por el Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo), por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de Seguridad Social y establece criterios para su notificación y registro. Tendrán consideración de enfermedad profesional cuyo origen sea la exposición laboral a amianto la asbestosis, las afecciones fibrosantes de la pleura y pericardio que cursan con restricción respiratoria o cardiaca provocadas por amianto, la neoplasia maligna de bronquio y pulmón, el mesotelioma pleural, el mesotelioma peritoneal, el mesotelioma de otras localizaciones y el cáncer de laringe. Las citadas patologías vienen relacionadas con las principales actividades y trabajos capaces de producirlas (anexo 1).
Actividades relacionadas con la exposición al amianto
Patología relacionada con la exposición al amianto (CIE 10)
• Alteraciones en las pruebas de función respiratoria.

References: artículo 48
 artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 11
 artículo 149
 artículo 12
 artículo 149
 artículo 9
 artículo 41
 artículo 8
 artículo 66
 Real Decreto 
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