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Timestamp: 2019-02-21 16:11:16+00:00

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Foro Legal | Abogados Barcelona: julio 2010
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Regularizan médicos extranjeros sin abordar el problema de los mestos
Cualquier médico extracomunitario que lleve un año al menos un año trabajando en España, con un título de especialista no homologado, podrá regularizar ahora su situación, según dispone el Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, de reconocimiento de títulos extracomunitarios de especialista en ciencias de la salud, que entró en vigor el pasado 4 de mayo.
Junto al requisito de haber ejercido en España por un año, el artículo 3 del Real Decreto exige otros requisitos, como acreditar la formación seguida en el país de origen para la obtención del título de especialista o, en caso de provenir de estados cuya lengua oficial no sea el español, acreditar un conocimiento suficiente del mismo.
Opciones de homologación
Para la homologación de sus títulos, los cerca de 2.100 médicos extranjeros que pueden acogerse a esta regularización podrán optar por dos vías. La primera de ellas es la realización de unas prácticas profesionales, por un periodo que no podrá ser superior a tres meses y tendrá carácter retribuido, llevándose a cabo, si es posible, en la Comunidad Autónoma que el interesado haya solicitado (artículo 10).
La otra vía de reconocimiento será la realización de unas pruebas teórico-prácticas. Según el artículo 12, la primera prueba, la teórica, consistirá en un cuestionario de preguntas que evaluará los conocimientos teóricos, clínicos y habilidades diagnósticas de los médicos que la realicen. La segunda prueba, la práctica, planteará supuestos que el médico deberá resolver para acreditar su capacidad de toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas.
La primera prueba constará de unas cien preguntas con respuesta múltiple, mientras que la segunda consistirá en resolver casos prácticos y contestar preguntas sobre los mismos, de forma abierta y razonada.
Todos aquellos médicos extranjeros que obtengan el reconocimiento de su título por estas vías, que tendrán carácter excepcional, se integrarán en el Registro Nacional de Especialistas en Ciencias de la Salud, según prevé el artículo 16 del Real Decreto.
La situación de los mestos
Esta regularización de médicos extranjeros no ha sido bien acogida por los colegios profesionales de médicos, que consideran que se ha perdido una nueva oportunidad de regular la situación de los llamados “mestos”, que es el acrónimo de “médico especialista sin título oficial”. Es la situación en que se encuentran aquellos facultativos que comenzaron a ejercer la especialidad correspondiente antes de la implantación del actual sistema de obtención de especialidades, que es el MIR (médico interno residente).
Se calcula que el colectivo de mestos podría alcanzar los 10.000 profesionales y, en la mayoría de los casos, se trata de médicos con una gran experiencia clínica cuya situación no está, sin embargo, debidamente regulada, a pesar de que en los años 1994 y 1999 se produjeron sendas regularizaciones. Según los colegios de médicos, debería llevarse a cabo una tercera regularización de estos profesionales, con carácter previo a la homologación de títulos extranjeros.
Análisis del copago
Otra de las novedades que podría introducirse en el sector sanitario es el copago en la asistencia que presta la Seguridad Social, es decir, obligar al usuario a efectuar algún tipo de aportación (de carácter simbólico) a la hora de recibir servicios asistenciales.
Aunque la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados ya rechazó, el 11 de marzo de 2009, una proposición no de ley acerca de la introducción de este mecanismo, la actual situación de déficit del sistema público sanitario ha hecho reabrir el debate acerca del copago.
Los detractores de esta medida señalan que se trata, en realidad, de un repago, por cuanto el usuario ya ha pagado los servicios mediante sus aportaciones al sistema. Además, advierten del peligro de exclusión de los más desfavorecidos y consideran que la propuesta atenta contra el carácter universal de la asistencia sanitaria en España.
Por su parte, sus defensores consideran que podría resultar útil para descongestionar el sistema, al hacer que sólo aquellas personas que verdaderamente necesitaran atención médica (especialmente en los casos de urgencias) acudieran a recibirla, evitando así colapsos de los servicios.
En distintos países de la Unión Europea funcionan ya sistemas de copago. En Francia, por ejemplo, el usuario debe abonar el precio de la visita al médico y, después, el estado se lo reembolsa. En Portugal, se debe pagar un pequeño importe por cada visita, mientras que en Suecia se pagan los gastos de hospitalización.
Fomento de los genéricos
Con el objeto, también, de sanear las arcas de la Seguridad Social, se estudia extender al conjunto de España las distintas medidas que Cataluña y Valencia aplican ya para el fomento de la prescripción de medicamentos genéricos.
Dichas medidas consisten, fundamentalmente, en vincular la retribución de los médicos a una serie de objetivos, entre los que se encuentra recetar un determinado número o porcentaje de medicamentos genéricos.
En caso de alcanzar dichos objetivos, el médico recibe un complemento salarial, con lo que se busca fomentar el uso de estos medicamentos que, teniendo las mismas propiedades que los fármacos de marca, tienen un coste un 30% inferior, ya que no deben realizar inversiones en investigación ni en patentes.
En el año 2009, el estado asumió el pago de 17.000 millones de euros por medicamentos, lo cual supone un 32% de la inversión total en el sistema público sanitario, lo cual sitúa a España un 7% por encima de la media europea.
Fotografía: Waldo Jaquith
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Las denuncias por protección de datos crecieron un 75% en 2009
Las denuncias frente a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) crecieron durante el año 2009 un 75%, lo cual dio lugar a un total de 709 expedientes sancionadores que acabaron con la imposición de multas por un importe global de 24,8 millones de euros.
Por sectores, la mayor parte de denuncias derivaron de la difusión de datos a través de Internet, de la videovigilancia y de la inclusión indebida en listas de morosos.
Muchas personas solicitaron también a la AEPD información acerca de cómo ejercer su “derecho al olvido en Internet”, es decir, de qué modo podían conseguir que sus datos personales dejaran de estar disponibles en la red y dejaran también de aparecer en buscadores.
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El Supremo protege la confidencialidad entre abogado y cliente
El Tribunal Supremo ha resuelto, mediante una Sentencia de su Sala Penal, que las grabaciones de las conversaciones entre abogados y clientes son una prueba ilícita que, por tanto, no puede surtir efectos en un proceso.
La misma Sentencia, sin embargo, otorga plena validez a las grabaciones de conversaciones entre los detenidos que se hallen en un calabozo, lo cual ha generado controversia entre los magistrados, hasta el extremo de que dos de ellos han emitido votos particulares en contra.
En cualquier caso, la comunicación con el letrado queda protegida, como declaró ya en su momento el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación al caso Gürtel.
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El Banco de España controlará a posteriori la publicidad de productos
La publicidad de los distintos productos y servicios que ofrecen los bancos y entidades de crédito ha cambiado su régimen de control, de conformidad con la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 1718/2010, de 11 de junio.
El cambio más significativo es la supresión del control a priori de dicha publicidad, para pasar a ejercerlo a posteriori por parte del Banco de España. Este cambio se justifica para adaptarse a la práctica de los países de nuestro entorno jurídico y para dotar de mayor agilidad a la oferta de productos.
Por otro lado, señala la Orden la importancia de que sean las propias entidades las que apuesten decididamente por la transparencia, al señalar que en la Unión Europea “son comunes los sistemas de autorregulación publicitaria, sistemas que gozan de un considerable y creciente reconocimiento”, sin perjuicio del control al que el Banco de España someta estas comunicaciones.
Este control se traduce fundamentalmente en la posibilidad de que el Banco de España pueda requerir el cese o la rectificación de cualquier campaña publicitaria sobre productos y servicios si, a su juicio, incumple los requisitos necesarios para considerar que se defienden suficientemente los derechos de los consumidores y usuarios, tal y como prevé el artículo 5.
Además, se reserva para el Banco de España una facultad sancionadora en caso de que la publicidad que lleven a cabo las entidades incumpla las normas básicas que la rigen.
Las campañas meramente corporativas –que contengan sólo información sobre la entidad pero no sobre productos concretos– no quedan sometidas a este régimen de control. Como no lo quedan tampoco los contenidos de las páginas web que no estén directamente destinados a publicitar productos y servicios concretos.
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Los cónyuges podrán elegir la ley aplicable al divorcio en la Unión Europea
El Parlamento Europeo dio su visto bueno, el pasado 16 de junio, al acuerdo alcanzado entre catorce estados miembros para permitir que las parejas mixtas –es decir, las formadas por ciudadanos de países distintos– puedan elegir cuál debe ser la ley aplicable a su proceso de divorcio. Junto a España, los demás países promotores del acuerdo son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Portugal y Rumanía.
La iniciativa no es nueva y, de hecho, la Comisión Europea presentó ya el 17 de julio de 2006 una propuesta de nuevo Reglamento sobre esta cuestión, para modificar el actual Reglamento 2201/2003 sobre competencia judicial en materia matrimonial.
Dicha propuesta contempla la posibilidad de que la pareja elija libremente cuál será la ley que deberá regir el procedimiento, dando así un mayor campo a la autonomía de la libertad de las partes. Además, se persigue también dar cabida a la regulación de nuevas situaciones, como los matrimonios entre personas del mismo sexo o la de aquellas personas que residan en estados que no reconozcan el divorcio como institución jurídica válida.
Sólo cuando resulte imposible la elección de ley aplicable y tribunal competente por parte de los cónyuges, se recurrirá a un conjunto de criterios establecidos por el acuerdo entre los estados antes señalados o, cuando esté aprobado, el nuevo Reglamento (que se conocerá como Roma III): la residencia habitual, la nacionalidad común y, en última instancia, la Lex Fori, es decir, la ley del estado en el que vaya a llevarse a cabo el procedimiento. De este modo, se tratará de evitar la inseguridad jurídica que, como admite la propia Comisión, existe en este momento, por la falta de disposiciones comunitarias.
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Etiquetas: abogados barcelona, Derecho civil, divorcio, lex fori, ley aplicable, Parlamento Europeo, Roma III, Unión Europea
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References: Real Decreto 
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 12
 artículo 16
 Real Decreto 
 artículo 5