Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/4613
Timestamp: 2020-07-02 06:48:42+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 77/2002
SENTENCIA 77/2002, de 8 de abril
ECLI:ES:TC:2002:77
En el recurso de amparo núm. 4643/98, promovido por doña Isabel Preysler Arrastia, representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Eva de Guinea Ruenes y asistida por el Abogado don Ignacio Ayala Gómez, contra Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 1998, que declaró haber lugar al recurso de casación formulado contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona el 28 de abril de 1994, confirmatoria en apelación de la dictada el 30 de septiembre de 1992 por el Juzgado de Primera Instancia núm. 12 de Barcelona en juicio incidental de protección civil de los derechos al honor y la intimidad núm. 776/1991. Han intervenido, además del Ministerio Fiscal, Radio Popular, Cadena de Ondas Populares, S.A., (COPE), representada por el Procurador de los Tribunales don Manuel Lanchares Perlado, asistida por el Abogado don Luis del Olmo Gonzáles, y don Jesús Pérez Mariñas, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Elena Lourdes Fernández Fernández y asistido por el Abogado don Marcos García-Montes. Ha sido Ponente el Magistrado don Guillermo Jiménez Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito presentado en el Juzgado de guardia el 4 de noviembre de 1998, registrado en este Tribunal el 6 de noviembre siguiente, el Procurador de los Tribunales don Francisco de Guinea y Gauna, en nombre y representación de doña Isabel Preysler Arrastia, interpuso recurso de amparo contra la Sentencia citada en el encabezamiento.
a) A raíz de ciertos comentarios sobre su vida privada vertidos el 27 de noviembre de 1985 en el programa "Protagonistas", emitido por Radio Popular, Cadena de Ondas Populares, S.A., (COPE), la demandante de amparo interpuso, con fecha 7 de febrero de 1986, querella criminal por un presunto delito de injurias contra los periodistas don Luis del Olmo y don Jesús Mariñas ante el Juzgado de Instrucción correspondiente de Madrid. La querella fue admitida a trámite, mediante Auto de 18 de febrero de 1986, por el Sr. Juez de Instrucción núm. 13 de Madrid, que ordenó la incoación de diligencias previas. Suscitada una cuestión de competencia por el querellado Sr. del Olmo, el Juez dictó, con fecha de 11 de junio de 1986, Auto de inhibición a favor del de Instrucción Decano de Barcelona, al cual se remitieron las actuaciones.
b) La querella recayó por turno de reparto en el Juzgado de Instrucción núm. 22 de Barcelona, ante el cual se personó la recurrente interesando la admisión a trámite de la querella. Con posterioridad este Juzgado remitió las actuaciones al de Instrucción núm. 15 de Barcelona, el cual transformó el sumario en procedimiento abreviado a través de Auto de 13 de julio de 1990. Mediante Auto de 7 de marzo de 1991 se acordó el sobreseimiento libre y el archivo de las diligencias previas por no considerar constitutivos de delito los hechos examinados, "con reserva a favor de la parte querellante de las acciones que en el orden jurisdiccional civil pudiera ejercitar por los posibles daños y perjuicios sufridos".
c) El 11 de junio de 1991 la solicitante de amparo interpuso demanda incidental de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, al amparo de la Ley Orgánica 1/1982, contra ambos periodistas y contra Radio Popular, Cadena de Ondas Populares, S.A., (COPE). En la demanda se solicitaba la condena de los demandados como autores de una intromisión ilegítima en el derecho al honor o, en su caso, en la intimidad de la actora, y el pago de veinticinco millones de pesetas en concepto de indemnización. Por Sentencia de 30 de septiembre de 1992 el Juez de Primera Instancia núm. 12 de Barcelona estimó parcialmente la demanda, declarando que los demandados fueron causantes de una intromisión ilegítima en los derechos al honor y a la intimidad de la actora, condenándoles a la difusión de la Sentencia en el mismo programa que tuvo lugar la lesión o en otro de similar audiencia, y a indemnizar solidariamente a aquélla en la cantidad de cinco millones de pesetas. La Sentencia rechazó la alegación de caducidad de la acción opuesta por los demandados, señalando que el plazo de cuatro años fijado por el art. 9.5 de la Ley Orgánica 1/1982 debía empezar a contarse a partir de la terminación del pleito penal por sobreseimiento libre, el cual tuvo lugar el 7 de marzo de 1991 (fundamento jurídico primero).
d) Contra la anterior resolución, don Luis del Olmo, Radio Popular, Cadena de Ondas Populares, S.A., (COPE) y el Ministerio Fiscal formularon recurso de apelación, que fue desestimado por Sentencia de la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 28 de abril de 1994, confirmatoria de la Sentencia de instancia en su integridad. La Audiencia Provincial rechazó de nuevo la objeción de caducidad de la acción, indicando que la perjudicada reaccionó de forma inmediata ante la emisión radiofónica que consideró lesiva para su honor ejercitando los derechos que le concede la Ley 1/1982 en vía penal, a pesar de que esta jurisdicción hubiera entretenido "los papeles" más de cinco años para acabar remitiendo las actuaciones a la jurisdicción civil.
e) Frente a la Sentencia anterior Radio Popular, Cadena de Ondas Populares, S.A., (COPE) interpuso recurso de casación alegando defecto en el ejercicio de jurisdicción, transgresión del art. 9.5 de la Ley 1/1982, e infracción de la jurisprudencia aplicable respecto a la indemnización fijada en instancia, y solicitó que se admitiera la caducidad de la acción alegada dictando nueva resolución con dicho pronunciamiento. La demandante de amparo impugnó el recurso, interesando su inadmisión, y el Ministerio Fiscal informó negativamente la estimación del recurso dado el objeto del pleito y la conducta imputada.
Por Sentencia de 28 de septiembre de 1998 la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo declaró haber lugar al recurso, desestimando la demanda deducida por la hoy recurrente en amparo y absolviendo a don Luis del Olmo, a don Jesús Pérez Mariñas y a Radio Popular, Cadena de Ondas Populares, S.A., (COPE) de los pedimentos formulados en el escrito inicial. La Sentencia estima el segundo de los motivos de casación, por infracción del art. 9.5 de la Ley 1/982, que alegaba caducidad de la acción civil en base a que ésta y la acción penal son distintas. La Sala, después de afirmar el derecho del perjudicado a elegir la vía judicial que estime conveniente, sienta por primera vez el criterio según el cual el ejercicio de la acción penal lleva consigo el efecto de la extinción de la acción civil por tratarse del ejercicio de un derecho de opción, y argumenta que la posibilidad de ejercer la vía civil después de agotada la penal equivaldría a mantener indefinidamente la posibilidad reclamatoria, lo que sería contrario al espíritu de la Ley 1/1982, que emplea el instituto de la caducidad, y no el de la prescripción, para el plazo de ejercicio de las acciones, que fija en cuatro años.
3. La recurrente alega en su demanda de amparo que la Sentencia del Tribunal Supremo ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) al realizar una interpretación irrazonable y arbitraria de la legalidad que le deniega el acceso al proceso, puesto que le impide retroactivamente, y sin fundamento legal, la reparación de una lesión del derecho a la intimidad declarada previamente por las Sentencias de instancia.
4. Por providencia de 13 de septiembre de 1999 la Sección Tercera del Tribunal acordó abrir el trámite previsto en el art. 50.3 LOTC, concediendo un plazo común de diez días al Fiscal y a la solicitante de amparo para alegaciones a los fines del expresado precepto. La recurrente presentó su escrito de alegaciones el 14 de octubre de 1999, en el que dio por reproducido el contenido íntegro de la demanda de amparo, destacando el contenido constitucional de las quejas que en ella se vierten, en concreto, por vulneración del art. 24.1 CE al haber realizado la Sentencia impugnada una interpretación de la Ley 1/1982 contraria a dicho precepto constitucional. El Ministerio público, en escrito registrado el 20 de octubre de 1999, propuso la admisión a trámite de la demanda por no carecer de contenido constitucional. A su juicio el recurso de amparo no plantea una cuestión de legalidad ordinaria porque, de acuerdo con el art. 9 de la Ley 1/1982, el ejercicio de la vía penal conlleva, en caso de no renunciar a ello, el ejercicio de la acción civil, y la desestimación judicial de la primera no supone la desestimación de la segunda. Al desconocer el Tribunal Supremo que el ejercicio de la acción civil se hizo al mismo tiempo que la penal, por elección de esa vía protectora, se cerró el acceso al proceso creando un obstáculo procesal formalista y enervante que vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva.
5. Por providencia de 3 de diciembre de 1999 la Sala Segunda acordó la admisión a trámite de la demanda y, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir a la Sala Primera del Tribunal Supremo y a la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Barcelona para que, en el plazo de diez días, remitiesen, respectivamente, certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de casación núm. 1808/94 y al rollo de apelación núm. 855/93. Asimismo se acordó requerir al Juzgado de Primera Instancia núm. 12 de Barcelona la remisión, en el mismo plazo, de las actuaciones correspondientes al juicio de protección civil del derecho al honor, intimidad personal y propia imagen núm. 776/91, interesando al propio tiempo que se emplazara a quienes fueron parte en el procedimiento, con excepción de la recurrente, para que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer en el presente proceso.
6. Por escrito presentado el 25 de enero de 2000 la Procuradora de los Tribunales doña María Eva de Guinea Ruenes solicitó personarse en el proceso en nombre de la solicitante de amparo, en sustitución del Procurador que hasta entonces había ostentado dicha representación, por haber causado éste baja en el correspondiente colegio profesional. Por diligencia de ordenación de 31 de enero de 2000 la Sala Segunda acordó tener por personada a la Procuradora doña María Eva de Guinea Ruenes en nombre y representación de doña Isabel Preysler Arrastia, acordándose entender con ella las sucesivas actuaciones.
7. Por providencia de la Sala Segunda de 23 de mayo de 2000 se tuvo por recibido testimonio de los autos de menor cuantía núm. 776/91 del Juzgado de Primera Instancia núm. 12 de Barcelona, y se acordó librar comunicación al mencionado Juzgado requiriéndole que, a la mayor brevedad, practicara el emplazamiento de don Jesús Pérez Mariñas a fin de que, en plazo de diez días, pudiera comparecer en el amparo.
8. Mediante escrito presentado el 17 de enero de 2001 la Procuradora de los Tribunales doña Elena Lourdes Fernández Fernández, en representación de don Jesús Pérez Mariñas, se personó en el proceso de amparo solicitando que se entendieran con ella las actuaciones sucesivas.
9. Por escrito registrado el 4 de febrero de 2000 el Procurador de los Tribunales don Manuel Lanchares Perlado, en nombre de Radio Popular, Cadena de Ondas Populares, S.A., (COPE) se personó en el proceso, solicitando que se entendieran con él las actuaciones sucesivas y se le concediera vista de las practicadas para presentar alegaciones.
10. Por diligencia de ordenación de la Sala Segunda de 25 de enero de 2001 se acordó tener por personados y parte en el procedimiento al Procurador don Manuel Lanchares Perlado y a la Procuradora doña Elena Lourdes Fernández Fernández, en nombre y representación de Radio Popular, Cadena de Ondas Populares, S.A., (COPE) y de don Jesús Pérez Mariñas, respectivamente, entendiéndose con ellos las sucesivas actuaciones. Asimismo se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por un plazo común de veinte días, para que pudieran presentar las alegaciones que tuviesen por convenientes.
11. En escrito presentado el 26 de febrero de 2001 el Procurador de los Tribunales don Manuel Lanchares Perlado, en nombre de Radio Popular, Cadena de Ondas Populares, S.A., (COPE) formuló alegaciones solicitando la desestimación del amparo por inexistencia de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Señala que, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982, modificada por la Ley Orgánica 10/1995, una vez la recurrente eligió la vía penal se extinguió la vía civil, y en todo caso, cuando aquélla la ejerció ya había caducado por el transcurso de los cuatro años, sin que pueda atribuirse fuerza de Ley al pronunciamiento del juez de lo penal.
12. En el escrito de alegaciones presentado el 27 de febrero de 2001 la Procuradora doña Elena Lourdes Fernández Fernández, en nombre de don Jesús Pérez Mariñas, afirma que de acuerdo con el art. 9.5 de la Ley Orgánica 1/1982, la demanda de protección civil presentada en 1991 había caducado, y que, en todo caso, las expresiones pretendidamente injuriosas del Sr. Mariñas no constituyeron una intromisión ilegítima en la privacidad de la demandante.
13. En su escrito de alegaciones, registrado el 14 de febrero de 2001, la representación procesal de la recurrente dio por reproducidos los argumentos vertidos en la demanda de amparo, haciendo suyos los expresados por el Ministerio Fiscal en su escrito de 20 de octubre de 1999, invocando la STC 297/1994, en el que el Tribunal estimó el amparo en un caso semejante al que aquí se plantea.
14. Finalmente el Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones el 5 de marzo de 2001, interesando el otorgamiento del amparo por entender que la Sentencia del Tribunal Supremo, aquí impugnada, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Y ello porque, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional sobre el instituto de la caducidad, la resolución recurrida realiza una interpretación de los preceptos legales, en concreto del art. 9.5 de la Ley Orgánica 1/1982, que supone una desproporción manifiesta entre los fines que preservan los requisitos que se dicen vulnerados y los intereses que se sacrifican, en este caso el acceso a la jurisdicción para la defensa del derecho fundamental al honor.
15. Por providencia de 4 de abril de 2002 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 8 del mismo mes y año.
1. El presente recurso de amparo se dirige contra la Sentencia de 28 de septiembre de 1998 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que declaró haber lugar al recurso de casación formulado contra la Sentencia de 28 de abril de 1994 de la Audiencia Provincial de Barcelona, confirmatoria en apelación de la dictada por el Juez de Primera Instancia núm. 12 de Barcelona el 30 de septiembre de 1992. Esta última estimó parcialmente la demanda incidental de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen interpuesta el 11 de junio de 1991 por la aquí recurrente al amparo de la Ley Orgánica 1/1982; y declaró que los comentarios sobre su vida privada vertidos el 27 de noviembre de 1985 por los periodistas don Luis del Olmo y don Jesús Mariñas en el programa "Protagonistas", emitido por Radio Popular, Cadena de Ondas Populares, S.A., (COPE) constituyeron una intromisión ilegítima en sus derechos al honor y la intimidad, condenándoles a la difusión de la Sentencia en el mismo programa que tuvo lugar la lesión o en otro de similar audiencia y a indemnizarla solidariamente en la cantidad de cinco millones de pesetas.
Las representaciones procesales de Radio Popular, Cadena de Ondas Populares, S.A., (COPE) y de don Jesús Pérez Mariñas, personadas en este proceso, solicitan la desestimación del amparo por inexistencia de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva al considerar que una vez la recurrente eligió la vía penal, se extinguió la vía civil, y, en todo caso, cuando aquélla la ejerció ya había caducado por el transcurso de cuatro años.
2. Tal como ha quedado expuesto en los antecedentes, y se deduce de las alegaciones de las partes, la cuestión debatida en presente recurso de amparo es si la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 1998 vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de la recurrente al realizar una interpretación de los arts. 1.2 y 9.5 de la Ley Orgánica 1/1982 a virtud de la cual el ejercicio de la acción penal supuso la extinción, concluso el proceso penal, de la posibilidad del ejercicio subsiguiente de la acción civil ante esta jurisdicción, así como que, en todo caso, la posibilidad de ejercitar la acción civil ante tal jurisdicción habría caducado por el transcurso de cuatro años, sin que el ejercicio de la acción penal supusiese interrupción ni suspensión del citado plazo de caducidad. Merced a esta interpretación, el Tribunal Supremo, después de casar la Sentencia recurrida, absolvió a don Luis del Olmo Maroto, a don Jesús Pérez Mariñas y a la Entidad Radio Popular, Cadena de Ondas Populares, S.A., (COPE) de la demanda planteada por doña Isabel Preysler Arrastia.
3. Para valorar si la decisión recurrida en amparo vulnera efectivamente el art. 24.1 CE es preciso partir de la consolidada doctrina de este Tribunal según la cual una de las proyecciones del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consiste en el acceso a la jurisdicción, que se concreta en el derecho a ser parte en un proceso para poder promover la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial sobre pretensiones deducidas, salvo que lo impida una razón fundada en un precepto expreso de una Ley, que a su vez sea respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental (SSTC 13/1981, de 22 de abril, FJ 1; 21/1981, de 15 de junio, FJ 15; 119/1983, de 14 de diciembre, FJ 1; 93/1984, de 16 de octubre, FJ 5.a; 220/1993, de 30 de junio, FJ 3; 36/1997, de 25 de febrero, FJ 3; 61/2000, de 13 de marzo, FJ 3; 193/2000, de 18 de julio, FJ 2). El derecho a la tutela judicial se satisface igualmente cuando los órganos judiciales, apreciando la concurrencia de un motivo legalmente previsto que impide el examen de fondo, así lo declaren de manera fundada mediante la aplicación razonada de aquella causa legal, de tal forma que una resolución de inadmisión o meramente procesal es constitucionalmente admisible siempre que el razonamiento responda a una interpretación de las normas legales de conformidad con la Constitución y en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental (SSTC 39/1999, de 22 de marzo, FJ 3; 259/2000, de 30 de octubre, FJ 2). Por el contrario el derecho de acceso a la tutela puede verse vulnerado por aquellas interpretaciones de las normas que son manifiestamente erróneas, irrazonables o se basan en criterios que por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón revelan una clara desproporción entre los fines que aquella causa preserva y los intereses que se sacrifican, de forma que la negación de la concurrencia del presupuesto o requisito en cuestión sea arbitraria o irrazonable (STC 311/2000, de 18 de diciembre, FJ 3).
En este sentido hemos concretamente declarado que "no corresponde a este Tribunal revisar la legalidad aplicada ni establecer, en concreto, la interpretación que haya de darse a las normas que regulan los plazos de prescripción en el ejercicio de los derechos y acciones o establecen el cómputo de dichos plazos" (STC 220/1993). Ahora bien, nos hemos ocupado inmediatamente de advertir (en la última Sentencia citada) que "cuando este Tribunal, en innumerables ocasiones, declara que una determinada cuestión de Derecho es 'de legalidad ordinaria' o expresión similar, con la ineluctable consecuencia de declararla ajena a su propia competencia, y propia exclusivamente de la de los Tribunales ordinarios, no por ello está despojando de toda consideración de constitucionalidad a dicha cuestión. La Constitución, por el contrario, y muy particularmente los derechos fundamentales, inspiran y alientan todo nuestro ordenamiento, hasta sus últimas o más modestas manifestaciones. Ahora bien, ello no puede implicar el que este Tribunal esté llamado a imponer su criterio determinando, hasta el último extremo, la medida en que todas y cada una de las interpretaciones de la legalidad, llamada ordinaria, deben quedar influidas por los contenidos constitucionales. Tal cosa equivaldría a extender el ámbito de las 'garantías constitucionales' (art. 123.1 CE) que marca el límite de nuestra jurisdicción a la interpretación de todo el ordenamiento. Consecuencia de todo ello es que este Tribunal, en algunos casos, puede llegar a entender que interpretaciones de la legalidad ordinaria distintas de las que en el caso sometido a su consideración se hicieron acaso hubieran respondido más plenamente a los valores incorporados a los preceptos constitucionales y, muy en particular, a los relativos a los derechos fundamentales, lo que puede llevarle a sentirse distanciado respecto de la solución alcanzada. Pero una cosa es la garantía de los derechos fundamentales, tal como le está encomendada, y otra, necesariamente muy distinta, la de la máxima irradiación de los contenidos constitucionales en todos y cada uno de los supuestos de interpretación de la legalidad; esto último puede no ocurrir sin que ello implique siempre la vulneración de un derecho fundamental."
4. La argumentación hasta aquí desarrollada ha de llevarnos a entender que la apreciación de la caducidad de la acción de protección civil del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen que se establece en la Ley Orgánica 1/1982 para ser ejercitada ante la jurisdicción civil supera el canon de razonabilidad, arbitrariedad y error patente con el que, según ya indicamos con anterioridad, hemos de confrontar la resolución judicial a la que la queja contenida en la demanda de amparo se refiere. En efecto, la Sentencia del Tribunal Supremo aquí recurrida, luego seguida en otra posterior de 31 de julio de 2000, arranca de una doble peculiaridad en el régimen jurídico aplicable a los hechos enjuiciados, que pasamos a analizar.
En este estado jurisprudencial se dicta la STC 241/1991, de 16 de diciembre (recurso de amparo deducido precisamente contra la citada Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 1989), en la cual se realizan dos afirmaciones de capital importancia.
De una parte que no es discriminatoria la existencia de un doble régimen de preferencia de la jurisdicción penal y la civil según que se trate de hechos que, de entenderse delictivos, sean perseguibles de oficio o a instancia de parte. De otro lado que nada obsta a que el funcionario o la autoridad personalmente afectados por los hechos pueda, concluso el proceso penal, continuar con el ejercicio de la acción civil de protección de su derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen establecida en la Ley Orgánica 1/1982 que resultó suspendida por la tramitación de la causa penal.
5. La segunda peculiaridad o singularidad del supuesto enjuiciado por el Tribunal Supremo en la Sentencia objeto de este recurso de amparo reside en la trascendencia que se otorga al hecho de que el plazo para el ejercicio de las acciones de protección establecidas en la Ley Orgánica 1/1982 sea de caducidad y no de prescripción. Tal circunstancia hace que, en el segundo de los argumentos de la Sentencia impugnada, al que ahora ceñimos nuestro razonamiento, se entienda que cuando se formuló demanda ante el Juzgado de Primera Instancia, tras el sobreseimiento de la causa penal, el plazo de caducidad de la acción había ya vencido porque el ejercicio de la acción penal no supuso interrupción ni suspensión de su curso, lo que determina la absolución de la demanda.
6. La necesidad de que este Tribunal ciña su análisis a la vulneración del derecho fundamental invocado, en el presente caso exclusivamente el derecho a la tutela judicial efectiva, orillando cualquier consideración atinente al derecho fundamental sustantivo, el derecho al honor, que con el proceso judicial previo se trataba de preservar por el particular ante los órganos judiciales, pero respecto del cual no se formula ante nosotros queja alguna, ha de llevarnos a la desestimación del presente recurso de amparo. En efecto, aun cuando el otro de los argumentos empleados por el Tribunal Supremo para casar la Sentencia recurrida (que el ejercicio de la acción penal lleva consigo el efecto de la extinción de la acción civil por tratarse del ejercicio de un derecho de opción) pudiera resultar lesivo del derecho a la tutela judicial efectiva en la medida en que cupiera entenderse que contradice frontalmente lo dispuesto en el art. 116 LECrim, basta con que uno de los argumentos utilizados por el Tribunal Supremo supere el canon de constitucionalidad con el que venimos enjuiciando en amparo resoluciones judiciales del género de la ahora considerada para que hayamos de estimar que el derecho a la tutela judicial efectiva ha sido respetado y, en consecuencia, resulta procedente la desestimación del recurso de amparo.
Denegar el amparo solicitado por doña Isabel Preysler Arrastia.
Type and record number Recurso de amparo 4643-1998
Promovido por doña Isabel Preysler Arrastia frente a la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que, estimando un recurso de don Luis del Olmo, don Jesús Pérez Mariñas y Radio Popular, Cadena de Ondas Populares, S.A., desestimó su demanda por unos comentarios realizados en el programa “Protagonistas”.
La apreciación de la caducidad de la acción de protección civil del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen que se establece en la Ley Orgánica 1/1982, para ser ejercitada ante la jurisdicción civil, supera el canon de razonabilidad, arbitrariedad y error patente [FJ 4].
La línea jurisprudencial del Tribunal Supremo, que arranca del hecho cierto y diferencial de la caducidad de la acción civil establecida en el art. 9.5 de la Ley Orgánica 1/1982 por el transcurso de cuatro años, constituye una cuestión relativa a la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria que, con los límites expuestos en la STC 160/1997, corresponde en exclusiva a los órganos de la jurisdicción [FJ 5].
La interpretación efectuada por los Tribunales de Justicia de las normas relativas tanto a los plazos de caducidad como a los de prescripción es una cuestión de legalidad ordinaria (SSTC 27/1984, 160/1997). Sólo por excepción alcanzará relevancia constitucional, desde la perspectiva de la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva, cuando haga imposible en la práctica el ejercicio de la acción (SSTC 262/1988, 322/1993) [FJ 3].
Cuando la aplicación de la concurrencia de la prescripción se realiza tras el completo y regular desarrollo del proceso judicial, y en decisión adoptada por el propio juzgador del fondo de la pretensión, y no in limine litis, éste no se halla necesariamente vinculado por la regla hermenéutica pro actione, pues lo que ha podido existir es una desestimación de la pretensión de fondo y no una denegación del acceso a la justicia (SSTC 42/1997, 298/2000) [FJ 3].
El Tribunal Supremo es el supremo intérprete de la legalidad ordinaria [FJ 5].
Aun cuando el otro de los argumentos empleados por el Tribunal Supremo para casar la Sentencia recurrida (que el ejercicio de la acción penal lleva consigo el efecto de la extinción de la acción civil por tratarse del ejercicio de un derecho de opción) pudiera resultar lesivo del derecho a la tutela judicial efectiva en la medida en que cupiera entenderse que contradice frontalmente lo dispuesto en el art. 116 de la Ley de enjuiciamiento criminal, basta con que uno de los argumentos supere el canon de constitucionalidad para que hayamos de estimar que el derecho a la tutela judicial efectiva ha sido respetado [FJ 5].
La necesidad de que este Tribunal ciña su análisis a la vulneración del derecho fundamental invocado, en el presente caso exclusivamente el derecho a la tutela judicial efectiva, orillando cualquier consideración atinente al derecho fundamental sustantivo, el derecho al honor, que con el proceso judicial previo se trataba de preservar por el particular ante los órganos judiciales, pero respecto del cual no se formula ante nosotros queja alguna, ha de llevarnos a la desestimación del presente recurso de amparo [FJ 5].
Artículos 100 a 117, f. 5
Artículos 110 a 117, f. 4
Artículo 1968, f. 5
Artículo 1973, f. 1
Artículo 113, f. 5
Artículo 1.1, f. 4, 5
Artículo 9.5, ff. 1, 2, 5
Disposición final quinta, f. 4
Derecho de acceso a la jurisdicciónDerecho de acceso a la jurisdicción, Respetado, ff. 4 a 6
Protección civil del honorProtección civil del honor, ff. 4, 5
Supremo intérprete de la legalidad ordinariaSupremo intérprete de la legalidad ordinaria, f. 5
Interpretación de normas procesalesInterpretación de normas procesales, ff. 3, 5
Acción civilAcción civil, f. 5
Órdenes penal y civilÓrdenes penal y civil, f. 4
Plazo de prescripción de accionesPlazo de prescripción de acciones, f. 5
Prescripción y caducidad de accionesPrescripción y caducidad de acciones, ff. 3, 4, 5
Procedimiento de protección judicial de derechos fundamentalesProcedimiento de protección judicial de derechos fundamentales, f. 4

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 1968

Artículo 1973

Artículo 113

Artículo 1

Artículo 9