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Timestamp: 2020-08-03 18:34:15+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2010-13881
Documento BOE-A-2010-13881
Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, y de sus filiales.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 218, de 8 de septiembre de 2010, páginas 77004 a 77009 (6 págs.)
BOE-A-2010-13881
https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/08/20/1072
1. TRAGSA y sus filiales son medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de los poderes adjudicadores dependientes de aquélla y de éstas.
2. TRAGSA y sus filiales están obligadas a realizar los trabajos y actividades que les sean encomendados por las entidades a que se refiere el apartado anterior.
3. Las actuaciones urgentes o las de emergencia que se declaren con motivo de catástrofes o calamidades de cualquier naturaleza que le sean encomendadas por la autoridad competente serán ejecutadas por TRAGSA y sus filiales, con carácter obligatorio y prioritario.
4. TRAGSA y sus filiales, en virtud de su condición de medios propios instrumentales, podrán ser aportadas por la Administración General del Estado o las comunidades autónomas en sus relaciones de cooperación con otras Administraciones o sujetos jurídico-públicos.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, y de las competencias específicamente atribuidas a otros órganos de la Administración General del Estado y a sus entidades dependientes, las funciones tutelares con respecto a TRAGSA y sus filiales, serán ejercidas por el Ministerio de Medio Ambiente, y de Medio Rural y Marino.
6. Las relaciones de TRAGSA y sus filiales con la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y con los poderes adjudicadores dependientes de ellas en su condición de medio propio y servicio técnico tienen naturaleza instrumental y no contractual, por lo que, a todos los efectos, son de carácter interno, dependiente y subordinado, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional trigésima de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
1. TRAGSA y sus filiales percibirán por la realización de las obras, trabajos, asistencias técnicas, consultorías, suministros y prestación de servicios que se les encomienden, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de este real decreto, el importe de los costes en que hubieren incurrido, mediante la aplicación del sistema de tarifas regulado en el presente artículo. Este mismo sistema de tarifas también será aplicable para presupuestar dichas actuaciones.
2. Las tarifas se calcularán y aplicarán por unidades de ejecución y de manera que representen los costes reales totales, tanto directos como indirectos.
3. Para determinar el presupuesto de ejecución de las actuaciones encomendadas a TRAGSA o a sus filiales se calculará el coste correspondiente a su realización material aplicando las tarifas respectivas, al que se añadirán las tasas y los impuestos que la sociedad estuviere obligada a satisfacer por dicha actuación.
4. Cuando determinadas unidades no tengan aprobada una tarifa, su coste podrá valorarse a partir del correspondiente al de los elementos que integren otras unidades con tarifa aprobada y que también formen parte de la unidad de que se trate. En el supuesto de que tampoco pudiera aplicarse el procedimiento descrito anteriormente, su coste será el que figure en el presupuesto aprobado por la Administración, siendo los costes así determinados válidos solamente para la actuación concreta a que se refiera el encargo.
5. La aplicación del sistema de tarifas previsto en los apartados anteriores servirá de justificante del importe de los costes reales totales de la actuación de que se trate, no siendo necesario aportar ningún otro.
6. Los trabajos de elaboración de nuevas tarifas, de modificación de las existentes y de determinación de los procedimientos, mecanismos o fórmulas que, según la naturaleza de los trabajos, deban aplicarse para su revisión, así como su aprobación, se llevarán a cabo por una comisión adscrita al Ministerio Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino e integrada por representantes del Estado y de las comunidades autónomas, que recibirá la denominación de Comisión para la determinación de tarifas de TRAGSA.
7. La aprobación de nuevas tarifas o la modificación de las existentes requerirá, en primera votación, el voto favorable de la mayoría de los miembros de la Comisión que representen la mayoría del capital social de la «Empresa de Transformación Agraria, S. A.» (TRAGSA). En defecto de acuerdo, se realizará una segunda votación dentro de los diez días naturales siguientes, bastando en este supuesto para la aprobación o modificación de las tarifas, el voto favorable de los miembros de la Comisión que representen las dos terceras partes del capital social de la empresa.
8. La resolución por la que se aprueben las tarifas se publicará en el Boletín Oficial del Estado por el Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
9. Las nuevas tarifas y las que se hubiesen modificado se aplicarán a las nuevas encomiendas que formule la Administración a partir de su aprobación o de la fecha que en ella se acuerde, pero no a las anualidades sucesivas de las actuaciones en curso.
10. La Comisión determinará el régimen económico aplicable a las actuaciones de TRAGSA y sus filiales realizadas en el exterior, en consideración a las circunstancias concurrentes en este tipo de encargos.
11. Cuando las Administraciones Publicas encarguen a TRAGSA o a sus filiales la construcción o la explotación de infraestructuras agrarias, medioambientales, y de equipamientos de núcleos rurales, podrán encomendar la participación de las citadas sociedades en la financiación de dichas actuaciones, en los términos específicamente previstos para este fin en los respectivos presupuestos anuales de TRAGSA y sus filiales. El saldo vivo de la deuda total de las cantidades financiadas, sin incluir intereses, no podrá superar, en ningún caso, el importe del patrimonio neto consolidado del Grupo TRAGSA, debiendo acreditarse esta circunstancia en cada operación de financiación.
1. Las actuaciones obligatorias que les sean encomendadas a TRAGSA o a sus filiales estarán definidas, según los casos, en proyectos, memorias u otros documentos técnicos y valoradas en su correspondiente presupuesto, conforme al sistema de tarifas a que se refiere el artículo precedente.
2. Antes de formular la encomienda, los órganos competentes aprobarán dichos documentos y realizarán los preceptivos trámites técnicos, jurídicos, presupuestarios y de control y aprobación del gasto.
3. La encomienda de cada actuación obligatoria se comunicará formalmente por la Administración a TRAGSA o a sus filiales, haciendo constar, además de los antecedentes que procedan, la denominación de la misma, el plazo de realización, su importe, la partida presupuestaria correspondiente y, en su caso, las anualidades en que se financie con sus respectivas cuantías, así como el Director designado para la actuación a realizar. También le será facilitado el documento firmado por el órgano competente en que se defina dicha actuación, con su presupuesto detallado.
4. La comunicación encomendando una actuación a TRAGSA o a sus filiales supondrá la orden para iniciarla.
5. TRAGSA y sus filiales realizarán sus actuaciones conforme al documento de definición que el órgano encomendante le facilite y siguiendo las indicaciones del Director designado para cada actuación.
6. Mensualmente, o en su caso, con la periodicidad establecida en la encomienda, el Director de la actuación extenderá la certificación o el documento acreditativo que corresponda del avance de los trabajos con expresión de las unidades realizadas desde su comienzo y su correspondiente valoración, de acuerdo con las tarifas aplicables. El importe de los trabajos realizados en cada período, una vez se apruebe su valoración, será abonado por la entidad encomendante a TRAGSA o a sus filiales en el plazo de los treinta días siguientes a la fecha de la aprobación de la certificación o documento que acredite la realización total o parcial de la actuación de que se trate, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de luchas contra la morosidad en las operaciones comerciales.
7. Finalizada la actuación se realizará su reconocimiento y comprobación en los términos legalmente establecidos, extendiéndose el documento correspondiente y procediendo a su liquidación en el plazo de los tres meses siguientes.
8. En las encomiendas de gestión cuyo objeto sea la ejecución de obras, se liquidarán a TRAGSA los excesos de obra ejecutada, sin necesidad de que se haya tramitado una modificación de la encomienda, cuando las variaciones consistan en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del importe inicial de la encomienda, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido. En caso de que se produjeran estas variaciones, se recogerán y abonarán en la certificación final, con cargo a una retención adicional de crédito del 10 por ciento del importe de la encomienda que se efectuará en el momento en que ésta se realice. Esta retención se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo fijado en la encomienda para la terminación de la obra o al siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación final.
9. TRAGSA y sus filiales podrán percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas para la ejecución de las encomiendas de gestión, conforme al régimen y los límites que se determinen en la encomienda, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía.
10. Para la realización de actuaciones de apoyo y servicio institucional a la cooperación española en el ámbito internacional la Administración podrá autorizar a TRAGSA o a sus filiales la colaboración con organismos internacionales de desarrollo, de acuerdo con los mecanismos de actuación exigidos por éstos.
11. En todo lo no previsto en este artículo y no regulado expresamente en las encomiendas de gestión, se aplicará, analógicamente, lo dispuesto en la normativa de contratación pública para resolver las dudas y lagunas que surjan con relación a las incidencias de carácter técnico que se planteen en la ejecución de las encomiendas realizadas a TRAGSA y a sus filiales. En ningún caso serán de aplicación los aspectos que, por su propia naturaleza, sean incompatibles con el carácter instrumental de la relación.
1. TRAGSA y sus filiales podrán requerir en sus actuaciones obligatorias la colaboración de empresarios particulares en los términos de la LCSP sin que el importe de dicha colaboración pueda ser igual o superior al 50 por ciento del importe total del proyecto, suministro o servicio encomendado.
2. En ningún caso se considerarán colaboradores en sus relaciones recíprocas TRAGSA y sus sociedades filiales o participadas.
Disposición transitoria segunda. Pervivencia de los actos, encomiendas de gestión, convenios y contratos relativos a TRAGSA.
Fecha de derogación: 27/02/2019
SE DEROGA, por Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero (Ref. BOE-A-2019-2637).
SE MODIFICA, con efectos de 1 de enero de 2015, el art. 3.9, por Real Decreto 952/2015, de 23 de octubre (Ref. BOE-A-2015-11433).
DEROGA el Real Decreto 371/1999, de 5 de marzo (Ref. BOE-A-1999-6348).
DE CONFORMIDAD con con la disposición adicional 30 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18874).

References: Real Decreto 
 artículo 2
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto