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Timestamp: 2020-05-31 10:09:35+00:00

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﻿ Sentencia 39866 de abril 9 de 2014
SENTENCIA 39866 DE 09 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:PROHIBICIÓN PARA AGENTES DIPLOMÁTICOS DE EJERCER FUNCIONES DISTINTAS A LAS ASIGNADAS LEGALMENTE. DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL LITERAL C) DEL ARTÍCULO 66 DEL DECRETO 10 DE 1992, QUE REGULA EL SERVICIO EXTERIOR, LA CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR, NINGUNA PERSONA PUEDE EJERCER FUNCIONES DISTINTAS A LAS ASIGNADAS LEGALMENTE COMO AGENTE DIPLOMÁTICO. DE ESTA MANERA, SI SE EJERCEN CARGOS ADICIONALES A LOS DESIGNADOS LEGALMENTE PARA EJECUTAR MISIONES DIPLOMÁTICAS, NO ES DE RECIBO ALEGAR LA EXISTENCIA DE BENEFICIOS EN LOS CARGOS ADICIONALES QUE DESEMPEÑO EL AGENTE DIPLOMÁTICO, PUES DEBE APLICARSE EL PRINCIPIO GENERAL DEL DERECHO SEGÚN EL CUAL NADIE PUEDE BENEFICIARSE U OBTENER PROVECHO DE UNA CONDUCTA ILÍCITA O PROHIBIDA POR LAS NORMAS QUE INTERESAN AL ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL -COMO LO SON LAS QUE REGULAN EL SERVICIO DIPLOMÁTICO- Y LA BUENA FE.
TEMAS ESPECÍFICOS:COEXISTENCIA DE CONTRATOS DE TRABAJO, CONTRATO DE TRABAJO, ADMINISTRADOR SOCIETARIO, CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR, ASESORÍA ILEGAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:511 DE JULIO DE 2014, PÁG.1250
Sentencia 39866 de abril 9 de 2014
Rad. 39866
SL4940-2014
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia censurada, para que, en sede de instancia, revoque la del a quo, y en su lugar, condene a los demandados “como responsables solidarios con el empleador, a reconocer y pagar al doctor Carlos Upegui Zapata los valores adeudados por los salarios insolutos o dejados de percibir desde el 9 de febrero de 1996 hasta el 3 de junio de 1999, a cargo de Gascol, los salarios en dinero, parcialmente retenidos y dejados de pagar en parte, de marzo a junio de 1999, en cuantía de $ 4.500.000, la cesantía correspondiente al periodo laborado entre el 1º de febrero de 1968 y el 3 de junio de 1999, los intereses a las cesantías liquidados a partir del 31 de enero de 1998, teniendo en cuenta el salario total devengado, las vacaciones causadas a partir del 1º de febrero de 1996, fecha de la última anualidad vacacional reconocida por Gascol, pero liquidada en forma incompleta, las bonificaciones o primas de vacaciones, con base en la tabla de derechos concedidos a los empleados no cobijados por las diferentes convenciones colectivas; las primas de servicio (semestrales) dejadas de cancelar en el mes de junio de 1999, con base en la tabla de prestaciones extralegales adoptada por la OAL para los empleados de Gascol y las restantes compañías, la indemnización ocasionada por terminación unilateral del contrato sin justa causa, la pensión vitalicia de jubilación a partir del 3 de junio de 1999, con sus aumentos legales y, en subsidio, el pago de la diferencia entre la pensión que ha debido reconocer el ISS y la que finalmente le reconoció al doctor Upegui Zapata, en menor cuantía y las mesadas pensionales acumuladas a partir del mes de junio de 1999 y, en caso de mora, por cada mes en que ella se registre y hasta cuando el pago se haga íntegramente efectivo, la indemnización moratoria contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, las condenas extra o ultra petita, la corrección monetaria o indexación aplicada a todos los valores...”.
Acusa la sentencia recurrida de violar por la vía indirecta, por aplicación indebida, los artículos “22, 55, 65, 127, 140, 158, 186, 249 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo, 1º, 5º, 6º, 55 y 99 de la Ley 50 de 1990, 8º de la Ley 171 de 1961, 1º de la Ley 52 de 1975, 8º del Decreto 617 de 1954, 17 del Decreto 2351 de 1965 (adoptado como legislación permanente por el art. 3º de la L. 48/68), 8º del Decreto 1373 de 1966 y 2º y 5º del Decreto 116 de 1976”.
“1. No dar por demostrado, estándolo, que entre el doctor Carlos Upegui Zapata y el doctor Carlos Ardila Lülle, como empleador, existió un único contrato de trabajo desde el 1º de febrero de 1968 hasta el 3 de junio de 1999.
2. No dar por demostrado, estándolo, que los salarios y prestaciones sociales correspondientes al contrato de trabajo existente entre el doctor Carlos Upegui Zapata y el doctor Carlos Ardila Lülle, fueron pagados por las sociedades Tapas la Libertad S.A., Troqueles y Envases S.A., Procesadora de Corcho y Plástico, Coltejer, Gaseosas Colombianas y Servinsa S.A., pertenecientes todas ellas a la denominada por el doctor Ardila “Organización Ardila Lülle”.
3. No dar por demostrado, estándolo, que el doctor Carlos Ardila Lulle mediante Circular de octubre 28 de 1982 comunicó a las empresas de su Organización la designación del doctor Carlos Upegui Zapata como presidente de la, por él denominada, Organización Ardila Lülle.
4. No dar por demostrado, estándolo, que el doctor Carlos Ardila Lulle difundió ampliamente a través de los diarios El Tiempo, El Espectador, La República, El Siglo, El Colombiano y El Mundo, la designación del doctor Carlos Upegui Zapata como Presidente de la Organización Ardila Lülle.
5. No dar por demostrado, estándolo, que a partir de la designación del doctor Carlos Upegui Zapata como presidente de la Organización Ardila Lülle, el demandante siempre figuró como presidente de la misma.
6. Dar por demostrado, sin estarlo, “que no hubo un único contrato (de Carlos Upegui Zapata) con el señor Carlos Ardila Lulle, sino varios contratos laborales con las empresas Tapas la Libertad S.A., Troqueles y Envases SA., Procesadora de Corcho y Plástico, Coltejer y Gaseosas Colombianas, desde el 1º de febrero de 1968, el cual finalizó el 18 de enero de 1996”.
7. No dar por demostrado, estándolo, que pese a existir varios contratos de trabajo del doctor Carlos Upegui Zapata, con las sociedades Tapas la Libertad S.A., Troqueles y Envases S.A., Procesadora de Corcho y Plástico y Coltejer, la liquidación de prestaciones sociales causadas en el periodo comprendido entre el 1º de febrero de 1968 y el 9 de febrero de 1996, estuvo a cargo exclusivo de Gaseosas Colombianas S.A.
8. No dar por demostrado, estándolo, que pese a haber estado vinculado el actor laboralmente a Tapas la libertad (sic) S.A. entre el 1º de enero de 1968 y el 31 de mayo de 1978 (según se lee en la historia laboral expedida por el ISS), Gaseosas Colombianas tuvo en cuenta este periodo en la liquidación de prestaciones sociales a su cargo.
9. No dar por demostrado, estándolo, que pese a haber estado vinculado el actor laboralmente a Troqueles y Envases S.A. entre el 1º de febrero de 1973 y el 6 de noviembre de 1974 (según se lee en la historia laboral expedida por el ISS), Gaseosas Colombianas tuvo en cuenta este periodo en la liquidación de prestaciones sociales a su cargo.
10. No dar por demostrado, estándolo, que pese a haber estado vinculado el actor laboralmente a Procesadora de Corcho y Plástico, entre el 1º de febrero de 1973 y el 12 de noviembre de 1974 (según se lee en la historia laboral expedida por el ISS), Gaseosas Colombianas tuvo en cuenta este periodo en la liquidación de prestaciones sociales a su cargo.
11. No dar por demostrado, estándolo, que pese a haber estado vinculado el actor laboralmente a Radio Cadena Nacional, entre el 1º de junio de 1974 y el 12 de mayo de 1978 (según se lee en la historia laboral expedida por el ISS), Gaseosas Colombianas tuvo en cuenta este periodo en la liquidación de prestaciones sociales a su cargo.
12. No dar por demostrado, estándolo, que pese a haber estado vinculado el actor laboralmente a Coltejer. (sic) entre el 3 de abril de 1978 y el 28 de febrero de 1980 (según se lee en la historia laboral expedida por el ISS), gaseosas colombianas tuvo en cuenta este periodo en la liquidación de prestaciones sociales a su cargo.
13. No dar por demostrado, estándolo, que pese a haber estado vinculado el actor laboralmente a Coltejer. (sic) entre el 31 de marzo de 1980 y el 15 de noviembre de 1982 (según se lee en la historia laboral expedida por el ISS), Gaseosas Colombianas tuvo en cuenta este periodo en la liquidación de prestaciones sociales a su cargo.
14. No dar por demostrado, estándolo, que pese a haber sido el doctor Carlos Upegui Zapata afiliado al ISS por Gaseosas Colombianas S.A., el 15 de noviembre de 1982 (según se lee en la historia laboral expedida por el ISS), esta sociedad asumió el pago de la liquidación de prestaciones sociales del demandante por el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 1968 y el 9 de febrero de 1996.
15. No dar por demostrado, estándolo, que pese a haber sido designado el doctor Upegui Zapata como presidente de la Organización Ardila Lülle a partir del 28 de octubre de 1982, la sociedad Gaseosas Colombianas S.A. asumió el pago de las prestaciones sociales causadas hasta el 9 de febrero de 1996.
16. No dar por demostrado, estándolo, que Gaseosas Colombianas S.A. reconoció y pagó salarios y prestaciones sociales al doctor Carlos Upegui Zapata durante el periodo comprendido entre el 7 de julio de 1995 y el 9 de febrero de 1996, periodo durante el cual el demandante se desempeñaba como embajador de Colombia ante el gobierno de Portugal.
17. No dar por demostrado, estándolo, que la sociedad Gaseosas Colombianas S.A. reconoció salarios al doctor Carlos Upegui Zapata, sin que existiera prestación efectiva de servicios durante el periodo comprendido entre el 7 de julio de 1995 y el 9 de febrero de 1996, periodo durante el cual el demandante se desempeñaba como embajador de Colombia ante el gobierno de Portugal, por haberlo dispuesto así su empleador.
18. No dar por demostrado, estándolo, que la sociedad Servinsa S.A., representada por el doctor Carlos Ardila Lulle, efectuó mensualmente pagos al doctor Carlos Upegui Zapata durante el periodo comprendido entre el 9 de febrero de 1996 y el 6 de febrero de 1997, periodo durante el cual el demandante continuó desempeñándose como embajador de Colombia ante el gobierno de Portugal.
19. No dar por demostrado, estándolo, que la sociedad Servinsa S.A., representada por el doctor Carlos Ardila Lülle, continuó efectuando mensualmente pagos al doctor Carlos Upegui Zapata, sin que existiera prestación efectiva de servicios durante el periodo comprendido entre el 9 de febrero de 1996 y el 6 de febrero de 1997, periodo durante el cual el demandante se desempeñaba como embajador de Colombia ante el gobierno de Portugal, por haberlo dispuesto así su empleador.
20. No dar por demostrado, estándolo, que a partir del mes de mayo de 1996 y hasta el 3 de junio de 1999 la sociedad Servinsa, representada por el doctor Carlos Ardila Lülle, efectuó consignaciones en efectivo y en cheque mensualmente en la cuenta del Banco de Crédito a nombre de Carlos Upegui Zapata.
21. No dar por demostrado, estándolo, que los pagos efectuados por Servinsa S.A., representada por el doctor Carlos Ardila Lülle, en la cuenta del Banco de Crédito a nombre Carlos Upegui Zapata, se hicieron siguiendo instrucciones impartidas por el Dr. Carlos Ardila Lülle.
22. No dar por demostrado, estándolo, que los pagos realizados con posterioridad a la desvinculación del actor de Gaseosas Colombianas S.A., y efectuados por la “Organización Ardila Lülle” fueron cargados en la cuenta personal del demandado principal, correspondían a los salarios originados en la relación laboral existente entre Carlos Upegui Zapata y Carlos Ardila Lülle.
23. Dar por demostrado, sin estarlo, que “los pagos realizados con posterioridad a la desvinculación del actor para con la Organización Ardila Lülle, las cuales fueron cargados a la cuenta personal del demandado principal, no constituyen per se prueba suficiente para determinar que el actor continuó prestando sus servicios bajo la continuada dependencia y subordinación del señor Ardila Lülle”.
24. No dar por demostrado, estándolo, que las sumas consignadas por instrucciones del doctor Carlos Ardila Lülle y a su cargo, en la cuenta del Banco de Crédito a nombre Carlos Upegui Zapata correspondan a salarios originados en la prestación personal de servicios a diversas sociedades de la denominada por el demandado principal Organización Ardila Lülle.
25. No dar por demostrado, estándolo, que el último salario pagado por Servinsa al doctor Carlos Upegui Zapata del doctor Carlos Ardila Lülle de $ 2.000.000 mensuales, valor que fue consignado a partir del 1º de marzo de 1999 al 3 de junio del mismo año.
26. No dar por demostrado, estándolo, que el doctor Carlos Upegui Zapata mediante comunicación recibida por Fabriciano Matallana Londoño, el 24 de mayo de 2001, interrumpió la prescripción de los derechos reclamados en este proceso.
27. No dar por demostrado, estándolo, que al suspender la sociedad Servinsa S.A., el 3 de junio de 1999, los pagos mensuales que efectuaba al doctor Carlos Upegui Zapata, terminó en forma unilateral e injustificada la relación laboral existente entre Carlos Upegui Zapata y Carlos Ardila Lülle.
28. No dar por demostrado, estándolo, que el doctor Carlos Ardila Lülle y las sociedades solidariamente demandadas en este proceso, procedieron de mala fe al desconocer la relación laboral del doctor Carlos Upegui Zapata con la sociedad Servinsa S.A.”.
Señala que los errores acusados se cometieron por la indebida apreciación de las siguientes pruebas:
“... el memorando 050-0078 del departamento personal Gascol - Centro, por el cual certificó que el señor Upegui Zapata ingresó a la compañía el 1º de enero de 1970, así mismo, de la referida certificación, se establece que existe memorando de don Jairo Gómez, mediante el cual informa que para efectos de prestaciones sociales la fecha es 1º de febrero de 1968 (fl. 27), la circular de 28 de octubre de 1982 en la cual se lee que el demandante ejerció el cargo de presidente de Coltejer y a la fecha de la circular pasó a ser presidente de la Organización (fls. 29 a 31), el documento firmado por el demandado principal doctor Carlos Ardila Lülle, el Acta 3.013 del 26 de octubre de 1982, por la cual los consejeros asistentes, el presidente de la compañía y la secretaria, nombran como presidente de la Organización al doctor Carlos Upegui Zapata, los extractos sobre artículos de prensa (fls. 42 a 48), los cuales dan constancia que el señor Upegui Zapata fue designado como presidente de la Organización, el organigrama de la Organización Ardila Lülle de 16 de febrero de 1994, de la cual se establece que el actor era el asesor jurídico (fls. 50 a 51), el certificado de existencia y representación legal de la Organización Ardila Lülle en Liquidación, en la que certifica que la sociedad Inversiones Caribe SA., controla a la Organización Ardila Lülle en Liquidación (fls. 53 a ss.), los soportes de pagos correspondientes a los años de 1993, 1994 y 1995 (fls. 82 a 85), el certificado emanado del jefe de personal de Gaseosas Colombianas S.A., en el que se lee que el señor Upegui Zapata recibió durante el año de 1995 por salarios y demás ingresos laborales $ 49.716.750 y por cesantías e intereses $ 4.670.955 (fl. 87), la historia laboral del doctor Carlos Upegui Zapata (fls. 88 a 89 y 1017 a 1023), el aviso de entrada del trabajador a la empresa Tapas La Libertad S.A., en la que se constata que el doctor Carlos Emilio Upegui Zapata ingresó a esa empresa el 12 de enero de 1970, devengando una remuneración mensual de $ 11.000, el memorando dirigido al actor por el señor Luis Ángel Rico, en la que le informa que el ISS Seccional Cundinamarca, mediante Resolución 011829 de diciembre 7 de 1995, le reconoció pensión (fl. 109), la carta dirigida al doctor Upegui Zapata de fecha 18 de enero de 1996, emanada de la sociedad Gaseosas Colombianas S.A., en la que se le informó la terminación del contrato laboral por virtud de lo establecido en el numeral 14 del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, la fotocopia de la liquidación de prestaciones sociales, realizada por la sociedad Gaseosas Colombianas S.A., a favor del demandante, correspondiente al mes de marzo de 1996 (fl. 111), los comprobantes de pagos correspondientes a las anualidades 1993 a 1999 (fls. 122 a 145), la carta de 7 de octubre de 1999, suscrita por el señor Fabriciano Matallana Londoño, apoderado del demandado principal (fls. 159 a 162), el interrogatorio de parte del señor Carlos Ardila Lülle, el cual fue absuelto por su apoderado general, señor Fabriciano Matallana Londoño (fls. 622 a 639), el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de Tapas la Libertad S.A., del cual se infiere que actor (sic) estuvo vinculado entre el 1º de enero de 1970 y el 13 de junio de 1978, el interrogatorio de parte absuelto por el doctor Fabriciano Matallana Londoño, como apoderado de Servinsa S.A. en el que afirmó que el actor ingresó a laboral (sic) a la compañía Tapas la Libertad mediante un contrato laboral, negando que entre el señor Upegui Zapata y el señor Ardila Lülle hubiera existido relación laboral alguna, el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de Gaseosas Posada Tobón “Postobón” (fls. 1031 a 1035), quien afirmó que realizó pagos a favor del actor, por mera liberalidad, sin que los mismos puedan tener como retribución de un servicio, dado que el actor jamás estuvo vinculado con la empresa, el interrogatorio de parte absuelto por representante legal de Gascol, en el cual afirmó que el actor se vinculó laboralmente a la empresa que representa desde el año de 1968 hasta el 9 de febrero de 1996 (fls. 1062 a 1067), la liquidación final efectuada por Gaseosas Colombianas S.A. al señor Upegui Zapata el 1º de marzo de 1996, la carta por la cual la demandada, Gaseosas Colombianas S.A., da por terminado el vinculo (sic) laboral para con el señor Upegui Zapata, con fundamento en lo establecido en el numeral 14 del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965”.
Asimismo, por la falta de apreciación del interrogatorio extra proceso absuelto ante el Juez Primero Laboral del Circuito de Bogotá, el 27 de febrero de 2001, por el apoderado del demandado señor Fabriciano Matallana Londoño (fls. 389-390A y 399 a 403) y la declaración rendida ante juez comisionado por Luis Javier Pérez Estrada el 8 de mayo de 2006 (fls. 415 a 419, cdno. despacho comisorio).
Para sustentar la acusación, refiere sobre las pruebas que enlista, lo siguiente:
La circular dirigida por Carlos Ardila Lülle a las empresas de la organización (fls. 29 a 35), informa la designación del demandante como presidente y demuestra las calidades con las que actuó a partir de esa fecha en la Organización Ardila Lülle; en la relación del consejo de directores de la Organización Ardila Lülle y su organigrama, figura Carlos Ardila Lülle como presidente, y el demandante dependiendo directamente de aquel y de Carlos Julio Ardila Gaviria y Antonio José Ardila Gaviria (hijos del demandado), en calidad de asesor jurídico de dicha organización (fls. 49 a 51); las informaciones de prensa publicadas en los diarios El Tiempo, El Espectador, La República, El Siglo, El Colombiano y El Mundo (fls. 42 a 48) que refieren a la designación del actor como presidente de la Organización Ardila Lülle.
Afirma no entender las razones por las cuales el ad quem no estableció la calidad que tenía el actor como presidente de la Organización cuando la misma consta en documentos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 26 de enero de 1989; de la Asociación Nacional de Industriales ANDI de 11 de agosto de 1989, julio 24 de 1992 y septiembre 14 de 1994; de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras de marzo 12 de 1986; de Colfuturo de noviembre 11 de 1992; de Iberplast de octubre 11 de 1992; de Coltefinanciera de 20 de octubre de 1988; de la Organización Ardila Lülle de enero 31 de 1990; de Radio Cadena Nacional S.A. de enero 31 de 1990; de Postobón de 30 de junio de 1993 y del Departamento Nacional de Planeación de 18 de junio de 1990, documentos dirigidos al demandante como presidente de la Organización Ardila Lülle.
A fin de demostrar los errores 6 a 16, relativos al pago efectuado por Gaseosas Colombianas S.A., acude a la liquidación del contrato de trabajo por el periodo comprendido entre el 1º de febrero de 1968 y el 9 de febrero de 1996, (fls. 111 y 341 A, 345 A, 348 A), y a la historia laboral expedida por el ISS (fls. 88 a 89), y asevera que en los anteriores documentos se evidencia que Gaseosas Colombianas S.A., asumió el pago de una liquidación de prestaciones sociales por un lapso que no había sido laborado en su totalidad en dicha empresa (ene. 1º/68 a feb. 9/96), sino en varias de las sociedades de la Organización Ardila Lülle, “lo cual explica que por instrucciones de sus directivos se hubiese efectuado y pagado esa liquidación como si se tratara de un único contrato de trabajo con una única sociedad”.
En cuanto a los yerros fácticos relacionados con los pagos que efectuaba mensualmente Servinsa S.A. en la cuenta 007240062 del Banco de Crédito de la cual era titular el demandante, sustentados en las copias de las consignaciones que obran a folios 122 a 131, no comprende el censor “como el tribunal los califica de esporádicos y por mera liberalidad cuando comprende un periodo que corre entre el mes de mayo de 1996 y el mes de febrero de 1999”.
De otro lado, refiere que mientras se desempeñaba como embajador de Colombia ante el gobierno de Portugal entre el 9 de febrero de 1996 y el 6 de 1997 (sic), no se interrumpieron los pagos que mensualmente efectuaba esa sociedad con cargo a la cuenta personal de Carlos Ardila Lülle, en esa medida no se trataron de pagos por mera liberalidad como “inexactamente y ajeno a la verdad” lo expresaron Fabriciano Matallana y Luis Javier Pérez Estrada, en el interrogatorio de parte extra proceso absuelto por el primero (fls. 389 a 390 A y 399 a 403) y en la declaración del segundo ante juez comisionado (fls. 415 a 419 cdno. despacho comisorio), y que en su sentir, contradicen “groseramente lo que reflejan las consignaciones efectuadas con cargo a la cuenta del doctor Carlos Ardila Lülle mensualmente y durante los años de 1996, 1997, 1998 y 1999”.
Continúa con el siguiente contenido argumental:
“La realidad de los pagos que esporádicamente, y por mera liberalidad se le hicieron al doctor Carlos Upegui Zapata por parte de Servinsa, se reflejan en las relaciones de las consignaciones y que corresponde al periodo comprendido entre el 10 de mayo de 1996 y el 3 de junio de 1999, así:
Memorando de folio 122 enviado por el doctor Javier Pérez Estrada al doctor Carlos Upegui Estrada al fax 9035117933318 en Lisboa Portugal, mediante el cual le remitía las consignaciones efectuadas por Servinsa durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 1996, en la cuenta corriente del Banco del Estado 007240062, de la cual era titular el doctor Carlos Upegui Zapata, así:
Fecha Valor Depósito efectuado en: Folio
10-05-96 $ 2.500.000 Efectivo 123 del cuaderno 16
11-06-96 $ 2.500.000 Cheque 123 del cuaderno 16
08-07-96 $ 2.500.000 Cheque 123 del cuaderno 16
09-08-96 $ 2.500.000 Cheque 123 del cuaderno 16
13-09-96 $ 2.500.000 Cheque 124 del cuaderno 16
15-10-96 $ 2.500.000 Cheque 124 del cuaderno 16
15-11-96 $ 2.500.000 Cheque 124 del cuaderno 16
Memorando de folio 125 enviado por el doctor Javier Pérez Estrada al doctor Carlos Upegui Estrada al fax 2117031 en Bogotá, mediante el cual le remitía las consignaciones efectuadas por Servinsa durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 1997, en la cuenta corriente del Banco del Estado 007-240062, de la cual era titular el doctor Carlos Upegui Zapata, así:
15-01-97 $ 2.500.000 Cheque 126 del cuaderno 16
14-02-97 $ 2.500.000 Cheque 126 del cuaderno 16
10-03-97 $ 2.500.000 Cheque 126 del cuaderno 16
14-04-97 $ 2.500.000 Cheque 126 del cuaderno 16
13-05-97 $ 2.500.000 Cheque 127 del cuaderno 16
12-06-97 $ 2.500.000 Cheque 127 del cuaderno 16
10-07-97 $ 2.500.000 Cheque 127 del cuaderno 16
08-08-97 $ 2.S00.000 Cheque 127 del cuaderno 16
09-09-97 $ 2.500.000 Cheque 128 del cuaderno 16
02-10-97 $ 2.500.000 Cheque 128 del cuaderno 16
05-11-97 $ 2.500.000 Cheque 128 del cuaderno 16
Memorando de folio 129 enviado por el doctor Javier Pérez Estrada al doctor Carlos Upegui Estrada al fax 2117031 en Bogotá, mediante el cual le remitía las consignaciones efectuadas por Servinsa durante los meses de enero de 1994 y enero a noviembre de 1997.
Memorando de folio 130 enviado por el doctor Javier Pérez Estrada al doctor Carlos Upegui Estrada al fax 2117031 en Bogotá, mediante el cual le remitía la consignación efectuada por Servinsa el 5 de diciembre de 1997 en la cuenta corriente 007-240062 por $ 2.500.000.
Memorando de fecha 9 de marzo de 1998 (fl. 131), enviado por el doctor Javier Pérez Estrada al doctor Carlos Upegui Estrada al fax 2117031 en Bogotá, mediante el cual le remitía las consignaciones efectuadas por Servinsa durante los meses de enero, febrero y marzo de 1998, en su cuenta corriente del Banco del Estado 007-240062, así:
09-01-98 $ 2.500.000 Cheque 132 del cuaderno 16
05-02-98 $ 2.500.000 Cheque 132 del cuaderno 16
06-03-98 $ 2.500.000 Cheque 132 del cuaderno 16
08-04-98 $ 2.500.000 Cheque 133 del cuaderno 16
05-05-98 $ 2.500.000 Cheque 134 del cuaderno 16
05-06-98 $ 2.500.000 Cheque 135 del cuaderno 16
03-08-98 $ 2.500.000 Cheque 136 del cuaderno 16
04-09-98 $ 2.500.000 Cheque 137 del cuaderno 16
02-12-98 $ 2.500.000 Cheque 138 del cuaderno 16
07-12-98 $ 4.000.000 Cheque 139 del cuaderno 16
07-01-99 $ 6.500.000 Cheque 140 del cuaderno 16
04-02-99 $ 6.500.000 Cheque 141 del cuaderno 16
01-03-99 $ 2.000.000 Cheque 142 del cuaderno 16
06-04-99 $ 2.000.000 Cheque 143 del cuaderno 16
04-05-99 $ 2.000.000 Cheque 144 del cuaderno 16
03-06-99 $ 2.000.000 Cheque 145 del cuaderno 16
Memorando de fecha 8 de abril de 1998 (fl. 133), enviado por el doctor Javier Pérez Estrada al doctor Carlos Upegui Estrada al fax 2117031 en Bogotá, mediante el cual le remitía la consignación efectuadas por Servinsa, el 8 de abril de 1998, en su cuenta corriente del Banco del Estado 007-240062”.
Asegura que se encuentra documentado en el proceso que los pagos realizados con posterioridad a la desvinculación del actor de Gaseosas Colombianas S.A y efectuados por la Organización Ardila Lulle, fueron cargados a la cuenta personal del demandado principal. Luego, esos pagos no podían corresponder a un concepto diferente a los salarios reconocidos por Carlos Ardila a su favor, “así estos no hubiesen tenido esa denominación, muy probablemente para no reportarlos como tales para efectos fiscales, parafiscales y laborales”.
Sostiene que es inexplicable que el sentenciador de segunda instancia considere que esos pagos efectuados habitualmente entre febrero 9 de 1996 y el 3 de febrero de 1999, y posteriormente suspendidos, no son prueba suficiente para acreditar la existencia del contrato de trabajo hasta esa fecha, pues independientemente de haberse prestado o no los servicios, el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo regula la situación jurídica de la existencia de un salario sin prestación del servicio por disponerlo así el empleador.
Sobre la prescripción, sostiene que en la comunicación de 23 de mayo de 2001 (fls. 184 a 188), se establece que el demandante interrumpió la prescripción de los derechos que reclama en este proceso.
Asevera que en virtud de estar demostrado que Servinsa suspendió a partir del 3 de junio de 1999 los pagos mensuales al actor, “tal conducta conlleva la terminación unilateral e injustificada del contrato de trabajo, constituyéndose tanto el doctor Ardila Lülle como las sociedades demandadas en forma solidaria en deudores de la correspondiente indemnización por despido injusto de una relación laboral iniciada el 1º de febrero de 1968 y terminada el 3 de junio de 1999”, y a inferir que los demandados actuaron de mala fe al no reconocer la existencia del contrato de trabajo, amén que los apoderados de aquellos torpedearon el curso de las audiencias.
Aduce que la demanda de casación presenta hechos nuevos, como son los relacionados con el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo que regula la situación jurídica de un salario sin prestación del servicio por disponerlo así el empleador o el concerniente a que las sumas consignadas en la cuenta del Banco de Crédito a nombre del demandante son pagos salariales. Refiere que en el alcance de la impugnación se trae pretensiones nuevas que no fueron debatidas en instancia, como el reconocimiento y pago de los intereses a la cesantía a partir de 31 de enero de 1998; el reconocimiento y pago de las vacaciones causadas a partir de 1º de febrero de 1996 y las primas de servicios de junio de 1999.
Afirma que la proposición jurídica está incompleta, al no citarse las normas sustanciales referentes a la indemnización por despido injusto, solidaridad, retención de salarios, prescripción de acciones laborales, entre otras.
Afirma que no se indicó de qué manera el sentenciador aplicó indebidamente el conjunto de normas, bien por apreciación errónea o por falta de apreciación de las pruebas, pues el censor se limitó a lamentar que el tribunal no hubiera declarado la existencia del contrato de trabajo.
De otro lado, asevera que el cargo carece de fundamentos, pues si bien es cierto el demandante estuvo vinculado a las empresas Coltejer S.A., RCN, Procesadora de Corcho y Plástico S.A., Tapas La Libertad S.A., Troqueles y Envases S.A., también lo es que las mismas no fueron demandadas en el proceso, resultando irrelevante los errores de hecho que trae a colación frente a ellas.
Finalmente y después de referirse a la inoperancia de la interrupción de la prescripción, señaló que el juez de apelaciones apreció correctamente las pruebas, por lo que el cargo se asemeja a un alegato de instancia.
Se contrae a determinar si existió una relación laboral entre el demandante Carlos Upegui Zapata y el demandado Carlos Ardila Lülle durante el periodo comprendido entre el 1º de febrero de 1968 al 3 de junio de 1999.
Para efectos de su análisis, se estudiara el cargo propuesto en los siguientes tramos:
2. Contratos de trabajo con sociedades de la Organización Ardila Lülle (feb. 1º/68 a oct. 27/82).
Respecto a este lapso, el promotor del proceso, con miras a demostrar la existencia de un contrato de trabajo con el demandado, aduce que la liquidación de prestaciones sociales efectuada por Gaseosas Colombianas S.A. y que abarcó el periodo comprendido entre el 1º de febrero de 1968 y el 9 de febrero de 1996 (fl. 111) —es decir, tiempos en los cuales desempeñó cargos gerenciales al servicio de otras compañías de la Organización Ardila Lülle, tales como Tapas La Libertad S.A., Troqueles y Envases S.A., Procesadora de Corcho y Plástico, Coltejer S.A., Gaseosas Colombianas S.A. y Radio Cadena Televisión RCN— da cuenta que por instrucciones de sus directivos se pagaron sus créditos “como si se tratara de un único contrato con una única sociedad”.
Pues bien, sobre el particular importa precisar que, para esta corporación no es posible concluir, con basamento en la referida liquidación de acreencias laborales, la existencia de un contrato de trabajo durante el periodo objeto de estudio, comoquiera que los otros elementos de convicción apuntan a una realidad diametralmente opuesta: que el demandante hasta su nombramiento como presidente de la Organización Ardila Lülle (oct. 28/82), prestó sus servicios exclusivamente en beneficio de los entes económicos que se encontraban bajo su dirección en calidad de gerente o presidente.
Da fe de ello las siguientes pruebas:
i) Aviso de entrada del trabajador a Tapas La Libertad de fecha 1º de enero de 1970 (fl. 90);
ii) Comunicado en el que Tapas La Libertad le informa al actor que la junta aprobó a su nombre una acción en el Club de Ejecutivos (fl. 100);
iii) Contrato de trabajo con Coltejer, recibo de vacaciones y orden de pago (fls. 339 A - 341);
iv) Liquidación de prestaciones de Coltejer (fl 346);
v) Contrato de trabajo con Radio Cadena Nacional y liquidación (fl. 346-348);
vi) Liquidación final Tapas La Libertad (fl. 349);
vii) Circular del 28 de octubre de 1982(fls 29-31).
De los documentos enlistados, la Sala destaca la circular suscrita por el empresario Carlos Ardila Lülle y dirigida a toda la Organización, en la que se informa del nombramiento del doctor Carlos Upegui Zapata como presidente de la OAL, en los siguientes términos:
“Ante todo, la designación del doctor Carlos Upegui Zapata, quien desde marzo de 1978 venía ejerciendo el cargo de presidente de Coltejer y quien pasará a ser presidente de la Organización (...).
Estas funciones, por su propia naturaleza, deben ser cumplidas por un ejecutivo de la más elevada categoría en cuanto a capacidades y demás condiciones personales, representatividad máxima de confianza y lealtad. De ahí la selección que al efecto hice en la persona del doctor Upegui, a quien no solo en la Organización sino en los distintos medios sociales se le admira por su inteligencia, sus eximias dotes de jurista y preparación general y además por su calor humano y quien, por las importantes posiciones que ha ocupado en la Organización, entre ellas las de vicepresidente jurídico, gerente de Tapas La Libertad, presidente de RCN, presidente de Coltejer y miembros de la dirección central de la organización, conoce ampliamente la problemática global de la misma. El doctor Upegui Zapata, además, viene de realizar en Coltejer una imponderable labor, como que le correspondió implementar, con gran éxito, la administración de la Organización en esa compleja agrupación industrial, en la cual dejó en marcha, por otra parte, muy positivas realizaciones y programas en materia de ensanches, modernización, eficiencia y diversificación productiva.
Para reemplazar al doctor Upegui, ha sido exaltado a la presidencia de Coltejer el ingeniero Adolfo de Greiff Ramos, quien venía actuando como vicepresidente ejecutivo de dicha compañía desde marzo de 1978...” (negrillas fuera del texto original).
Nótese como en la misiva se exalta la labor realizada por el demandante a favor de algunas sociedades de la denominada Organización Ardila Lülle (OAL), entre ellas, el ejercicio de la presidencia de Coltejer y cómo para su reemplazo se designó una nueva persona, de donde se infiere que hasta la fecha de la circular, las funciones que ejercía el demandante eran en beneficio de las compañías que regentaba en su calidad de gerente o presidente y dentro del marco de una política corporativa diseñada para el respectivo sector de la industria.
Se suma a todo lo anterior, el hecho de que no existe en el expediente una prueba apta que dé cuenta de que durante ese lapso, el promotor del proceso ejerció esos empleos como misiones o encargos que el demandado dictaminaba en su beneficio directo e inmediato y con desplazamiento de los órganos sociales competentes para el nombramiento y control de la gestión de los asuntos que le concernían —al demandante— como gerente.
Desde luego, la circunstancia de que durante ese tiempo haya sido una de las personas de confianza del empresario Carlos Ardila Lülle, quien además de ser el socio con mayor representatividad accionaria, ostentaba la calidad de administrador(1) de algunas de esas empresas, facilitó que se le encomendaran labores de alta responsabilidad en cargos del nivel directivo y en pro del crecimiento y fortalecimiento de esas compañías, sin que ello signifique que esos servicios se hayan prestado de manera personal y en beneficio exclusivo de la persona natural accionada.
En tal sentido, si el demandante quería demostrar la existencia de la relación laboral con el demandado durante el periodo en que fue contratado en calidad de gerente de esas compañías de la Organización Ardila Lülle, era de su resorte demostrar, sin vacilación alguna, que los actos del accionado, en su condición de socio mayoritario, se alejaron de su legítima y genérica función de control sobre su inversión en el capital de la sociedad y en la marcha del negocio, a tal punto que las funciones que ejerció —el demandante— como administrador siempre estuvieron subordinadas a sus designios, con exclusión de los demás órganos sociales encargados de controlar su gestión, es decir, le correspondía acreditar que durante el lapso en que desarrolló esos cargos gerenciales, el demandado lo utilizó como instrumento o vehículo para imponer su voluntad sobre los asuntos societarios.
Para finalizar este análisis, debe acotarse, que el hecho de que en la liquidación de prestaciones (fl. 111) y en la confesión contenida en la contestación de la demanda, Gaseosas Colombianas S.A. haya admitido que el contrato de trabajo que la ligó con el demandante tuvo vigencia desde el 1º de febrero de 1968 al 9 de febrero de 1996 (fls. 744-763), nada concluye sobre la existencia de la relación laboral querida por este, en tanto que esa manifestación no tiene la capacidad de extenderse al codemandado Carlos Ardila Lülle, sobre todo cuando en el plenario no existe una prueba habilitante que apunte a la acreditación de una relación de trabajo personal desarrollada entre los contendientes.
3. Presidencia de la Organización Ardila Lülle y designación como asesor jurídico al servicio de la misma Organización (oct. 28/82 a jun. 4/95).
Con relación a este lapso, indudablemente le asiste razón al demandante cuando le endilga al juez de segundo grado no haber dado por demostrado que a partir del 28 de octubre de 1982 y hasta el 15 de febrero de 1994, se desempeñó como presidente de la denominada Organización Ardila Lülle, y luego, desde el 16 de febrero de 1994 y hasta el 4 de junio de 1995, se le designó en el cargo de asesor jurídico al servicio directo de los señores Carlos Julio Ardila Gaviria, Antonio José Ardila Gaviria y Carlos Ardila Lülle en su condición de presidente.
Lo expuesto encuentra asidero en las siguientes pruebas calificadas:
i) Circular de 28 de octubre de 1982 (fls. 29-31);
ii) Acta 3.013 del 26 de octubre de 1982, por la cual los consejeros asistentes, el presidente de la compañía y la secretaria, nombran como presidente de la organización al doctor Carlos Upegui Zapata (fls. 37-41);
iii) Organigrama de la Organización Ardila Lülle de 16 de febrero de 1994 (fls. 50-51).
Se agrega a ello, los documentos obrantes a folios 191 a 210, dirigidos al demandante en su calidad de presidente de la Organización Ardila Lülle y provenientes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la Asociación Nacional de Industriales ANDI, de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, de Colfuturo, de Iberplast, de Coltefinanciera, de la Organización Ardila Lülle, de Radio Cadena Nacional S.A., de Postobón y del Departamento Nacional de Planeación.
El análisis anterior, evidentemente omitido por el juez de segundo grado, era vital para efectos del análisis del sustrato fáctico expuesto en la demanda y el esclarecimiento de la verdad procesal, en la medida que la denominada Organización Ardila Lülle (OAL), nombre utilizado en el argot popular —tal y como lo anotó el apoderado del demandado en el interrogatorio de parte anticipado evacuado ante el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el día 30 de agosto de 2000 (fl. 321) y como se ratificó en la contestación de la demanda (fl. 289A-311)— no es una persona jurídica ni un ente diferente a la persona que lleva su nombre —Carlos Ardila Lülle—, en tanto y en cuanto la OAL es una denominación que el demandado, en su condición de socio mayoritario, le da a un conjunto de empresas.
Por manera que, para la época en que se presentaron los hechos, existía plena identidad entre la OAL y la persona natural Carlos Ardila Lülle, tan es así, que el empresario frente a los cambios en los cuadros directivos, entre ellos, el nombramiento del doctor Carlos Upegui Zapata como presidente de la OAL, expresó frente a los medios de comunicación: “Es que la organización Ardila Lülle soy yo mismo” (fl. 36, periódico El Tiempo de fecha 28 de octubre de 1982 —artículo de prensa que si bien no es prueba calificada, es procedente estudiarlo comoquiera que previamente se demostró el error ostensible en las pruebas hábiles)—, lo que se traduce en que el censor no tuvo un empleador diferente al accionado para la época en que prestó sus servicios directamente a la organización, siendo la empresa Gascol una simple intermediaria para el pago de los salarios, prestaciones y aportes a los riesgos de IVM.
Lo expuesto cobra más fuerza dado el cargo de presidente que desempeñó el demandante al servicio de la denominada Organización Ardila Lülle durante un tiempo, de donde refulge que no tuvo un superior jerárquico diferente al demandado, como tampoco puede decirse que su gestión hubiese sido controlada por una junta o consejo directivo u otro órgano o persona diferente. Igual apreciación cabe respecto a la fijación de la remuneración para el trabajo que desarrolló.
3. (sic) Extremo final de la relación laboral con Carlos Ardila Lülle.
En lo concerniente a la fecha de extinción de la relación laboral que germinó entre las partes durante el tiempo en que el señor Upegui Zapata fue trabajador de la Organización Ardila Lülle, importa precisar, que el vínculo no tuvo y no podía tener continuidad después del 5 de junio de 1995, en primer lugar, por cuanto el demandante desempeñó funciones oficiales como embajador a partir de esta fecha, y en segundo lugar, por cuanto no se acreditó que después de finalizado el cargo diplomático, haya desplegado actividad personal alguna a favor del industrial Carlos Ardila Lülle
Respecto a lo primero, obra a folio 1025 certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores que da fe de que el señor Carlos Upegui Zapata ejerció el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante el gobierno de Portugal, en el periodo comprendido entre el 5 de junio de 1995 y el 28 de febrero de 1997, de donde se colige que a partir de la primera de las fechas referidas concluyeron sus labores a favor del empresario Carlos Ardila Lülle, en la medida que, no podía ejercer funciones diferentes a las que legalmente le correspondían como agente diplomático, según lo ordena el literal c) del artículo 66 del Decreto 10 de 1992, que regula el servicio exterior de la República y la carrera diplomática y consular.
Y es que si en gracia de discusión se demostrara el desempeño de empleos diferentes durante el lapso en el que el accionante fue funcionario diplomático, ello tampoco daría lugar a la creación de derecho alguno a su favor bajo el principio general del derecho según el cual nadie puede beneficiarse u obtener provecho de una conducta ilícita o prohibida por las normas que interesan al orden público y social —como lo son las que regulan el servicio diplomático— y la buena fe. A lo que debe sumarse el hecho de que el actor, en su calidad de jurista, tenía conocimiento a cabalidad de los alcances de su conducta.
Respecto a lo segundo, esto es, si después de que culminó su cargo diplomático, hubo una reactivación o no del contrato de trabajo que sostuvo el actor con el empresario Carlos Ardila Lülle, en razón a que este en fecha posterior a su desvinculación de la Organización le realizó unas consignaciones periódicas en su cuenta bancaria, cabe precisar, tal y como lo hizo el tribunal, que no es posible predicar de esas entregas de dinero la existencia o presunción de un contrato laboral, puesto que esos comprobantes por sí solos y sin que este acompañados de una correlativa prestación personal del servicio, nada concluyen sobre la existencia de la relación jurídica anhelada.
Sabido es que para la configuración del contrato de trabajo se requiere que, como presupuesto mínimo, en la actuación procesal esté demostrada la actividad personal del trabajador a favor de la parte demandada, pues en lo que concierne a la subordinación jurídica, esta se presume iuris tantum conforme lo preceptúa el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que para el caso que ocupa la atención de la Sala, sería en su versión posterior a la Sentencia Corte Constitucional C-665 de 1998, que declaró inexequible su segundo inciso, dado que el actor alega como fecha de ruptura de la relación jurídica el 3 de junio de 1999.
En consecuencia, si el demandante no cumplió con su carga procesal de demostrar el despliegue de una actividad personal a favor del empresario Carlos Ardila Lülle en fecha posterior a su desvinculación del conglomerado empresarial, particularmente, a partir de la cesación de sus funciones como embajador de la República de Colombia, mal haría el juez de segundo grado en declarar la existencia de un contrato realidad durante ese lapso, puesto que, se insiste, esas consignaciones bancarias, de forma insular, no reflejan que obedezcan a una retribución a un servicio prestado, amén que en nuestro ordenamiento jurídico laboral no existe una presunción a favor de los pagos periódicos y habituales similar a la contemplada en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo.
Se agrega a ello, la circunstancia de que no se acreditó que por disposición o voluntad del empleador no se hubiese prestado el servicio, y en esa medida se habilitara la aplicación del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo que el censor invoca como fundamento jurídico de su recurso extraordinario.
Así las cosas, se concluye que la relación laboral que unió a las partes y que tuvo inicio el día 28 de octubre de 1982, cuando el demandante fue designado como presidente de la Organización Ardila Lülle, finalizó el 4 de junio de 1995.
Por lo expuesto, el cargo tiene vocación de prosperidad dado que el tribunal incurrió en los errores fácticos endilgados con la connotación de manifiestos, y por ende, se casará la sentencia recurrida.
No hay lugar a costas en el recurso extraordinario por haber prosperado la demanda de casación.
Las consideraciones expuestas en la esfera casacional son suficientes para revocar la sentencia de primer grado y declarar la existencia de un contrato de trabajo que vinculó al demandante y al demandado Carlos Ardila Lülle, pero con las siguientes delimitaciones:
1. Extremos de la relación laboral subordinada.
Son los indicados en las consideraciones del recurso de casación, esto es, del 28 de octubre de 1982 al 4 de junio de 1995.
2. Prescripción de los derechos.
Comoquiera que el contrato realidad que vinculó a las partes finalizó el 4 de junio de 1995, para la fecha de interposición de la demanda —31 de mayo de 2002— los derechos deprecados, a excepción de la pensión —que se analizará más adelante—, se encontraban prescritos de conformidad con el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, en armonía con lo consagrado en el canon 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Por las mismas razones, el estudio de la interrupción de la prescripción que dice el actor tuvo lugar el 23 de mayo de 2001, no ha lugar, comoquiera que ya había operado el fenómeno prescriptivo.
3. Pensión de jubilación reclamada.
Comoquiera que el demandante impetró a su favor y con cargo al demandado, el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, la Sala ha de precisar, que no es procedente su concesión, toda vez que: i) el actor no hace parte del régimen de transición de los artículos 59 y 60 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de ese año, ya que no había ni siquiera iniciado a laborar a favor del demandado para la fecha en que el Instituto de Seguros Sociales asumió el riesgo de vejez —teniendo en cuenta que su relación laboral comenzó el 28 de octubre de 1982, conforme se expuso supra—; y ii) tampoco cumplió los 20 años de servicio que exige el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo para causar el derecho a la pensión plena de jubilación, dados los extremos que cobija la declaratoria del contrato realidad (oct. 28/82 a jun. 4/95).
En cuanto a la pretensión subsidiaria en la que se solicitó el pago de la diferencia entre la pensión que le reconoció el ISS y la que le debió reconocer si se hubiesen efectuado los aportes sobre el salario real, esta Sala debe acotar que fue un aspecto no objeto de inconformidad en el recurso de apelación, ya que este se circunscribió a la pensión de jubilación, lo cual fue dilucidado en el párrafo que precede.
Para concluir, no debe perderse de vista que, al fin y al cabo, el demandado afilió al señor Carlos Upegui Zapata a los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Lo anterior, si se tiene en cuenta que desde el escrito inaugural del proceso, el demandante descartó expresamente la posibilidad de una coexistencia de contratos e insistió a merced de una “única” relación laboral con el empresario Carlos Ardila Lülle, arguyendo que devengó su salario de forma fraccionada entre sus diferentes compañías y que a través de una ellas se surtía la afiliación pero que se aportaba con un salario incompleto, lo que significa que sí existió el acto jurídico de la afiliación.
Las costas del proceso serán a cargo del demandado Carlos Ardila Lülle en las dos instancias.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 30 de octubre de 2008, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., dentro del juicio ordinario laboral seguido por Carlos Upegui Zapata contra Carlos Ardila Lülle, Servicios e Inversiones S.A. —Servinsa— (hoy Servinsa OAL S.A.), Gaseosas Colombianas S.A. —Gascol—, Gaseosas Posada Tobón S.A. —Postobón— y Tapas La Libertad S.A.
1. Revocar la sentencia proferida el 27 de marzo de 2008, por el Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá.
2. Declarar la existencia de un contrato de trabajo que vinculó al demandante Carlos Upegui Zapata y al demandado Carlos Ardila Lülle desde el 15 de noviembre de 1982 hasta el 4 de junio de 1995.
3. Declarar probada la excepción de prescripción propuesta por la parte demandada, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones de instancia.
4. Absolver a los demás accionados de las pretensiones de la demanda.
(1) De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 222 de 1995, se consideran administradores: el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones.

References: ARTÍCULO 66
 artículo 65
 Resolución 
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 140
 artículo 140
 artículo 66
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 140
 artículo 488
 artículo 260
 artículo 22