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﻿ SENTENCIA 9481 DE SEPTIEMBRE 12 DE 2002
SENTENCIA 9481 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2002
CONTENIDO:IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA CUANDO LO QUE SE PRETENDE CONTROVENTIR ES EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA FUNCIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PRINCIPIO DE AUTONOMÍA FUNCIONAL DEL JUEZ
Sentencia 9481 de septiembre 12 de 2002
Rad.: 20029481 01, sep. 12/2002
Aprobado según Acta Nº ochenta y nueve (89) de la fecha
Tema a decidir
Se resuelve la impugnación impetrada por el apoderado del señor Miguel Iglesias Rueda, contra el fallo del 6 de agosto del año que discurre, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, denegó la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa invocados a favor de su procurado y presuntamente conculcados por la Inspección Segunda de Policía Urbana de Floridablanca —Santander.
En el escrito introductorio de la acción constitucional el actor en cita, luego de referir que mediante compra adquirió dos predios rurales ubicados en el sector nororiental del barrio La Cumbre de Floridablanca —Santander—, contrató a los mejores profesionales de la ingeniería para que hicieran el diseño de alcantarillado en todo el sector.
Adujo que, dada la seriedad de los estudios y diseños el entonces alcalde doctor Ulises Alcázar Navarro le dio todo el apoyo técnico, financiero y político para seguir adelante con su gestión urbanística.
Agregó que entre otras cosas, la señalada alcaldía lo apoyó dotándolo de los recursos necesarios para la construcción de las redes de servicios públicos realizando incluso, un convenio con la electrificadora de Santander, razón por la cual, el arquitecto coordinador de proyectos de la alcaldía municipal “... me certificó por escrito la gestión que he venido realizando para la construcción de servicios públicos, de acueducto del sector nororiental”.
En concreto, para Iglesias Rueda, la intervención del juez de tutela está legitimada, en tanto, la administración municipal actual mediante Resolución 05 del 16 de noviembre de 2001 resolvió “Ordenar la suspensión y sellamiento de la urbanización que se adelanta en el área del terreno ubicado en el sector nororiental Florida Campestre del barrio la Cumbre, donde se construyen viviendas...”; e igualmente lo sancionó con multa a favor del tesoro municipal de Floridablanca en suma equivalente a 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes; pues en su sentir, en la investigación administrativa que finalizó con las determinaciones antes citadas, la señora inspectora desestimó sin justificación las probanzas allegadas a las diligencias con las cuales se demuestra que “... sólo soy representante legal de una corporación de vivienda, que sólo he venido gestionando una acción urbanística realizada por unos ingenieros que he pagado con dineros de mi exclusiva propiedad”.
Además, advirtió que en el trámite contravencional “no se decretaron y por ende no se practicaron las pruebas que solicité como tampoco las pruebas que aporté se tuvieron en cuenta, el suscrito y eso que quede bien claro nunca construí ni siquiera una mediagua, ni una vía, hice una gestión, mediante el diseño de la malla vial así como los estudios de suelo y de impacto ambiental que elaboraron un grupo de ingenieros contratados para el efecto”.
Consecuente con lo anterior, el petente solicita del juez constitucional se le ordene a la señora inspectora accionada “declarar nula la resolución con la cual me impone sancionar(sic) con multa de 70 salario mínimos legales vigentes, porque no se observó la plenitud de las formas propias de cada juicio por violación al derecho de defensa y el debido proceso, al no practicarse y no tenerse en cuenta toda la prueba aportada al proceso” (fls. 1 al 6, cdno. o.).
Admitida La acción el magistrado ponente de la Sala a quo libró las comunicaciones de rigor (fls. 73 al 75, cdno. o.) por lo que, en respuesta a los hechos consignados en el libelo constitucional, el inspector segundo (e), Carlos Alberto Monsalve Jiménez aportó a las diligencias escrito en el cual al oponerse a la pretensión de amparo dijo: “dentro del término legal allego a su despacho copia integral del proceso contravencional radicado al número 1823 adelantado por control de obra, el cual consta en 119 folios... de la misma manera expongo, para que sea tenida en cuenta que el fundamento legal para ordenar la demolición y la sanción correspondiente es la Ley 1052 de 1998 que exige o requiere(sic) en su artículo cinco; antes de la iniciación de cualquier obra de construcción, que en ningún momento procesal se demostró cumplir con este requisito. Que si bien demuestra otras gestiones administrativas para su proyecto de construcción, éstas en ningún momento suplen la licencia requerida por ley, las cuales si se tuviera en cuenta constituirían una violación flagrante a la misma y el reconocimiento legislativo alos(sic) administradores de turno... respecto que al señor Miguel Iglesias Rueda se le trató como constructor, ¿qué nombre y qué trato puede recibir la persona que se dedica a la construcción masiva de vivienda... que se le violó su derecho a la defensa? Revisadas las diligencias tuvo suficiente oportunidad procesal para actuar hasta el punto que no ejerció (sic) su recurso de apelación” (fls. 77 y 78 cdno. o.).
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar el pasado 6 de agosto del año en curso, luego de razonar en torno a la ausencia de mecanismo alterno de defensa para deprecar el amparo del derecho fundamental que invoca el actor, precisó que el querellado contó con la posibilidad de peticionar la práctica de pruebas al interior del proceso policivo, participó en forma activa sin deprecar la práctica de probanza alguna. Además interpuso recurso de reposición el cual le fue fallado de manera adversa contra la Resolución 05 de noviembre de 2001 “..sin que aparezca que no se haya apreciado la totalidad del material allegado al trámite contravencional...”.
Consecuente con lo anterior, el colegiado de instancia denegó la tutela (fls. 80 al 88 cdno. o.).
Razones del impugnante
Inconforme con la anterior decisión, el abogado del actor aportó al expediente escrito de impugnación, en el cual señalando que su procurado viene siendo perseguido por la actual administración municipal de Floridablanca, precisó que por lo menos dieciséis entidades que de antaño adelantan planes de construcción no han sido investigadas.
Insistiendo en que su procurado es objeto de persecución política alega que la autoridad policiva no valoró en debida forma el certificado de existencia y representación allegado por Iglesias Rueda para probar que no es constructor. En general, el togado dedica la mayoría de sus razonamientos a desvirtuar la calidad de constructor de su defendido, pidiendo la revocatoria del fallo de primera instancia (fls. 92 al 97 cdno. o.).
Dicha acción muestra por su finalidad un carácter extraordinario, en la medida en que su utilización parte del respeto legal de las jurisdicciones ordinarias y especiales, así como de las respectivas acciones, procedimientos, instancias y recursos que ante las mismas se surten, lo que supone un uso en forma supletiva con carácter subsidiario; de manera que, la procedencia de la tutela se restringe a la inexistencia de otros medios de defensa judicial o a la ineficacia de los mismos, como también a su utilización transitoria ante la presencia de un perjuicio irremediable que permita contrarrestar dicho efecto en forma temporal, con una operancia inmediata, urgente, rápida y eficaz, mediante el trámite de un procedimiento preferente y sumario, hasta tanto la autoridad correspondiente decida el fondo del asunto.
3.Improcedencia de la tutela cuando lo que se pretende controvertir es el ejercicio de la autonomía funcional.
La Corte Constitucional a propósito de la acción de tutela contra determinaciones proferidas por autoridades en razón de un trámite que debe estar reglado por el debido proceso, ha precisado que la tutela no es una vía alterna, ni menos un mecanismo para rectificar decisiones en firme, ni para desautorizar interpretaciones que se hacen dentro del marco de la autonomía y de la independencia propia de los funcionarios, en este caso de la titular de la Inspección Segunda de Policía de Floridablanca.
Por consiguiente, tampoco es un instrumento que pueda ser utilizado indiscriminadamente para atacar o impugnar decisiones que tienen fuerza ejecutoria, a menos que éstas configuren una vía de hecho. Al respecto ha señalado la citada corporación:
“…De manera que el juez de la tutela no puede reemplazar al juez competente para fallar en lo que le autoriza la ley, sino que su accionar es un medio de protección de derechos propios de la persona humana en su primacía” (Sent. T-008/92. M.P. Jaime Sanín Greiffenstein y Fabio Morón Díaz).
En este orden de ideas, es claro que la acción de tutela, en ningún caso puede utilizarse como recurso procesal anexo para que el juez encargado de la protección de los derechos fundamentales, entre a resolver la cuestión objeto de la litis. Su labor se limita a analizar si la conducta del funcionario judicial se revela como arbitraria, abusiva o caprichosa, o si con ella se ha violado el derecho al debido proceso, para mediante una orden judicial restablecer su goce efectivo.
En el presente evento se trata de establecer si en efecto, como lo informa el actor la ya señalada autoridad policiva al dictar la Resolución 05 del 16 de noviembre de 2001, con las consecuencias adversas referidas en acápites anteriores, adversas en todo caso al señor Iglesias Rueda, incurrió en vía de hecho, y por ende conculcó los derechos fundamentales que invoca el mismo, en su escrito de tutela.
En el anterior orden de ideas, acorde con la jurisprudencia constitucional, es claro que una actuación como la que se adelantó en contra del actor, se torna en una vía de hecho susceptible de control constitucional de la acción de tutela cuando la conducta del agente carece de fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la persona, evento que como bien lo adujo el juez constitucional de primer grado, no se evidencia en el sub examine toda vez que, contrario a lo afirmado por el inconforme, la inspección de policía accionada:
“...Las diligencias se iniciaron con base en un informe de la secretaría de planeación municipal de Floridablanca fechado el 20 de febrero de 2001 en el que se indicaba que entre los proyectos de construcción de vivienda que no estaban legalizados se encontraban los adelantados por la corporación de vivienda representada por el demandante Iglesias Rueda. Según informe de los inspectores se realizó visita a los responsables de las asociaciones de vivienda y se les hizo las respectivas citaciones. En el caso del citado Iglesias Rueda la diligencia de descargos se realizó el 20 de marzo siguiente y en ella el querellado expresó que proyecta una segunda etapa de viviendas unifamiliares ... y reconoce que son constructores ...”.
Pronunciamiento el anterior, que en sentir de la corporación lo que refleja es una disparidad de criterios entre el querellado y la autoridad policiva sobre la calidad de constructor que rechaza el primero, y que fue pilar para que la accionada en últimas lo sancionara a través de la Resolución 05 de 2001, pues de las copias anexas al plenario constitucional, se observa que los argumentos que se exponen al operador constitucional, bien pudieron ser planteados a la demandada, para que en dicho estadio se resolviera por el juez natural lo pertinente.
Para esta colegiatura es claro entonces que en el ámbito de sus atribuciones, la autoridad demandada interpretó las normas jurídicas en las cuales fundaron su decisión y ello hace parte, justamente, de la autonomía que la Constitución le garantiza, lo que impide al juez de tutela desestimar el alcance y contenido de la determinación motivo de encono por parte del accionante, toda vez que, la interpretación a partir de la cual entre otras cosas se le sancionó al actor, no puede tomarse como una vía de hecho, o como una trasgresión del ordenamiento jurídico, como lo pretende el censor, olvidando que es el mismo quien en diligencia de descargos acepta no tener la licencia que requiere por ley para defender su intención en el proceso policivo.
Si ello es así como en efecto lo dedujo el a quo, no cabe la tutela en el sub examine en razón a la interpretación —se repite—, que la demandada en el ejercicio de sus funciones, hizo al dictar la Resolución 05 de 2001 y que dicho sea de paso fue confirmada por la autoridad al resolver la reposición, interpuesta por el afectado.
Esa es la misma razón para que la Corte Constitucional, haya sostenido que tampoco es posible iniciar procesos disciplinarios contra los funcionarios judiciales con motivo de las providencias que profieren o a partir de las interpretaciones que en ellas acogen.
Menos todavía puede concebirse, frente al ejercicio de esa autonomía judicial, una acción de tutela encaminada a invalidar la interpretación que la autoridad de turno haya dado a las normas aplicables al asunto particular, pues de ningún modo es admisible, entonces, que quien resuelve sobre la tutela extienda su poder de decisión hasta el extremo de resolver sobre la cuestión litigiosa que se debate en un proceso, o en relación con el derecho que allí se controvierte.
No se puede por tanto, por vía de tutela proferir resoluciones o mandatos que interfieran u obstaculicen decisiones judiciales ya ordenadas, ni modificar providencias, no solamente por cuanto ello representaría una invasión en la órbita autónoma del funcionario judicial y en la independencia y desconcentración que caracterizan a la administración de justicia (C.N., art. 228), sino porque, al cambiar inopinadamente las reglas predeterminadas por la ley en cuanto a las formas propias de cada juicio (C.N., art. 29), quebrantaría abierta y gravemente los principios constitucionales del debido proceso. Lo anterior sin tener en cuenta la ostensible falta de competencia que podría acarrear la nulidad de los actos y diligencias producidos como consecuencia de la decisión con los consiguientes perjuicios para las partes, la indebida prolongación de los procesos y la congestión que, de extenderse, ocasionaría esta práctica en los despachos judiciales.
Conclúyese entonces, que la acción de tutela no puede convertirse en mecanismo de justicia paralela al que el legislador ha consagrado en el ordenamiento jurídico vigente, pues de ser así se estaría ante la posibilidad de hallarse frente a decisiones encontradas entre las jurisdicciones ordinarias y la constitucional.
En este orden de ideas, es de notar que la decisión y en general el procedimiento implementado por la autoridad en comento, está soportada en determinado criterio jurídico, admisible a la luz del ordenamiento o de la interpretación de las normas aplicables, circunstancia que permite inferir que el debido proceso como derecho fundamental, entendido como el conjunto de garantías que procuran la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten las formalidades propias de cada juicio y se logre la aplicación correcta de la justicia, en el caso que nos ocupa no sufrió desmedro.
Así las cosas, atendiendo lo expuesto en precedencia y al no advertirse la vía de hecho que permita acceder al amparo deprecado por la impugnante la Sala confirmará la sentencia de instancia.
1. CONFIRMAR el fallo materia de impugnación, conforme quedó consignado en la parte motiva de esta sentencia.
Magistrados: Temístocles Ortega Narváez, Presidente—Jorge Alonso Flechas Díaz, vicepresidente —Guillermo Bueno Miranda—Eduardo Campo Soto—Fernando Coral Villota—Rubén Darío Henao Orozco—Leonor Perdomo Perdomo.

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