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Timestamp: 2018-10-22 01:59:47+00:00

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﻿ SENTENCIA C-490 DE OCTUBRE 2 DE 1997
SENTENCIA C-490 DE 02 DE OCTUBRE DE 1997
CONTENIDO:LA CORTE DECLARA EXEQUIBLES LOS APARTES ACUSADOS DE LOS ARTÍCULOS 12, 31, 48, Y 63 DE LA LEY 336 DE 1996 "POR EL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO NACIONAL DE TRANSPORTE"Y EXEQUIBLE, CONDICIONADO A LOS TÉRMINOS DE LA SENTENCIA, EL ARTÍCULO 46 DE LA REFERIDA LEY.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO PÚBLICO, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD, ACTIVIDAD TRANSPORTADORA, TRANSPORTE
Sentencia C-490 de octubre 2 de 1997
Ref.: Expediente D-1621
Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 12 (parcial); 31, parágrafo; 46, literal e); 48, literal e); y 63 de la Ley 336 de 1996 “Por el cual se adopta el estatuto nacional de transporte”.
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., según consta en acta número cuarenta y seis (46), a los dos (2) días del mes de octubre de mil novecientos noventa y siete.
«A) Normas acusadas
Las disposiciones consideradas inexequibles son las que, debidamente subrayadas, se transcriben a continuación:
ART. 31.—Los equipos destinados al servicio público de transporte en cualquier modo, deberán cumplir con las condiciones de peso, dimensiones, capacidad, comodidad, de control tráfico o electrónico de velocidad máxima, de control a la contaminación del medio ambiente, y, otras especificaciones técnicas, de acuerdo con lo que se señale en el reglamento respectivo, para efectos de la homologación correspondiente.
d) En los casos de incremento o disminución de las tarifas o de prestación de servicios no autorizados, o cuando se compruebe que el equipo excede los límites permitidos sobre dimensiones, peso o carga, eventos en los cuales se impondrá el máximo de la multa permitida;
e) En todos los demás casos de conductas que no tengan asignada una sanción específica y constituyan violación a las normas de transporte.
ART. 63.—Suprímese el impuesto de timbre de vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor a que se refiere el artículo 260 de la Ley 223 de 1995”.
La Corte es competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4, de la Constitución, pues se demandan artículos que hacen parte de una ley.
1. La constitucionalidad del término “recurso humano” en el tema del transporte.
2. Si el principio de unidad de materia se afecta al regular, en un estatuto de transporte, temas que se refieren al tránsito.
3. La violación del principio del debido proceso por parte del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, al establecer sanciones para conductas que no se encuentran establecidas previamente.
4. La inexequibilidad de un literal del artículo 48, que debió remitir a un artículo que consagra una multa, pero que, en su lugar, remite a una norma que no consagra multa alguna.
5. Si es posible que un estatuto de transporte tenga la facultad de suprimir un impuesto, sin afectar el principio de unidad de materia.
Además, establecer si el hecho de que el Congreso prive de un impuesto a los entes territoriales es inconstitucional, teniendo en cuenta que principios como el de la descentralización y la autonomía de tales entes podrían quebrantarse.
3. Razones por las que la expresión “recurso humano” del artículo 12, no es violatoria de la Constitución.
Vale la pena recordar que esta corporación, en sentencia C-037 de 1996, sostuvo que la expresión “recursos humanos”, utilizada en un título de la ley estatutaria de la justicia era inexequible, teniendo en cuenta que en ese específico caso, se asimilaban las personas a un recurso material u objetivo, atentando por ello contra la dignidad humana.
Sin embargo, el sentido que se le quiso dar a la expresión “recurso humano” en el artículo 12 del estatuto de transporte, en ningún momento constituye una violación del artículo 1º de la Constitución, teniendo en cuenta que lo que se pretende es resaltar el papel que el hombre, como tal, juega en la actividad del transporte y en su organización, papel cuya importancia se ratifica en el inciso segundo del mismo artículo.
Además, el término “recurso humano”, tiene un carácter técnico que la ciencia de la administración suele utilizar, sin que implique la asimilación del hombre a un simple medio o recurso material, ni mucho menos un trato peyorativo.
A todo lo cual cabe agregar que la propia Constitución, en el artículo 334, inciso segundo, emplea la expresión “recurso humano” en un sentido similar al de esta norma.
Por las anteriores razones, se declarará la exequibilidad del aparte acusado.
4. La constitucionalidad del artículo 31 de la Ley 336 de 1996.
El artículo 158 de la Carta Política no se ve afectado por el parágrafo del artículo 31, toda vez que no se rompe el principio de la unidad de materia al tratar el tema del tránsito en el estatuto del transporte, por cuanto el mismo está íntimamente ligado a la actividad transportadora por el principio de la seguridad, que es un tema central de la Ley 336 de 1996, y constituye un objetivo básico.
No se puede comprender cómo la regulación del tema del tránsito pueda ser ajena a la materia de un estado de transporte, que regula una actividad que implica necesariamente la movilización de personas y cosas.
En cuanto al tema de la revisión técnico mecánica, esta corporación en sentencia C-362 de 1996, en la que el artículo demandado fue el 140 del Decreto 2150 de 1995, que eliminó el trámite de la revisión técnico mecánica para todos los vehículos automotores, con excepción de aquellos que cumplen un servicio público de transporte de pasajeros, carga o mixto, declaró la exequibilidad de la norma.
Sin embargo, es necesario hacer una precisión al respecto: la Corte Constitucional en dicha providencia no se pronunció de fondo sobre la revisión técnico mecánica como tal, por lo que no se configura el fenómeno de la cosa juzgada.
La norma del Decreto 2150, claramente establece que la revisión técnico mecánica persiste para los vehículos que prestan el servicio público de transporte de carga, pasajeros o mixto.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, esta corporación no encuentra óbice alguno para pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo acusado, que en desarrollo del principio de seguridad consagra la obligación de revisar los vehículos para quienes prestan el servicio de transporte, ejerciendo de esa manera un control sobre la actividad transportadora, que no resulta incompatible de manera alguna con la Constitución.
5. Exequibilidad del literal e) del artículo 46.
El literal e) del artículo 46 será declarado exequible, porque no contraría la Constitución, concretamente el artículo 29 de ésta.
Hay que entender que las violaciones que en este literal se sancionan son todas las infracciones de las normas de transporte, diferentes a las expresamente señaladas en el mismo artículo 46. No se quebranta, pues, el principio de legalidad de la pena.
Se advierte, sin embargo, que las sanciones, dentro de la escala prevista en el artículo 46, deben ser razonables y proporcionales a la violación.
Así, se declarará exequible esta norma.
6. Motivos por los cuales el literal e) del artículo 48 es constitucional.
De la lectura del literal demandado, se desprende que la remisión que se hace al artículo 49, y que en realidad se refiere al artículo 46 de la misma ley, corresponde simplemente a una cita equivocada, sin que esto implique su inconstitucionalidad. Sin embargo, esta corporación hace claridad sobre el punto, indicando que la norma a la cual remite el artículo 48 en su literal e), es el literal d) del artículo 46 del estatuto de transporte, que consagra la multa a la que se refiere el aparte acusado.
7. Por qué el artículo 63 se ajusta a la Constitución.
En lo que tiene que ver con el cargo de inconstitucionalidad que hace el actor contra el artículo 63 del estatuto de transporte, encuentra esta Corte que el principio de unidad de materia no se ve afectado, porque el impuesto suprimido se refiere precisamente a uno que gravitaba sobre los transportadores en razón del ejercicio de la gestión transportadora, y el hecho de suprimirlo no se aleja de la materia propia de la ley, y, por el contrario, constituye un estímulo para el desarrollo de la mencionada actividad.
A pesar de que el actor no menciona en su escrito de demanda el artículo 362 de la Carta Política, es pertinente ver si el Congreso tiene la facultad de suprimir impuestos en detrimento de los ingresos de los entes territoriales. Sobre este particular, la Corte considera necesario reiterar lo sostenido en jurisprudencia anterior, a saber, la sentencia C-219 de 1997, Magistrado Ponente doctor Eduardo Cifuentes Muñoz.
15. Las consideraciones hasta aquí realizadas, conducen a reiterar, una vez más, la posición de la Corte en la materia que se estudia. En efecto, en oportunidades anteriores, esta corporación ha establecido que el nivel central de gobierno se encuentra limitado por el artículo 362 de la Carta, según el cual los bienes y rentas de propiedad de las entidades territoriales gozan de la misma protección que la propiedad de los particulares. No obstante, a juicio de esta corporación, las disposiciones del artículo 362 de la Constitución deben armonizarse con el contenido de los artículos 150-12, 300-4 y 313-4 del estatuto superior, en el sentido de afirmar que la garantía contenida en la primera de las normas mencionadas no es contraria a la facultad del Congreso de autorizar, modificar o derogar tributos de las entidades territoriales.
En suma, el poder tributario del legislador es pleno. Por esta razón, puede crear, modificar y eliminar impuestos, así como regular todo lo pertinente a sus elementos básicos, sin que con ello afecte lo dispuesto en el artículo 362 de la Carta. En este orden de ideas, el Congreso de la República puede modificar el régimen legal de un impuesto territorial, así ello disminuya el recaudo efectivo de recursos por ese concepto, y puede extinguirlo con base en consideraciones de conveniencia u oportunidad, como quiera que la supresión es una facultad implícita consustancial al ejercicio de la función legislativa en materia tributaria.
De lo anterior se deriva con claridad que, la expresión, “renta tributaria”, contenida en el artículo 362 de la Carta, se refiere a los recursos provenientes de tributos de propiedad de las entidades territoriales, que ya ingresaron a su patrimonio.
16. En virtud de las consideraciones realizadas, debe la Corte desestimar el cargo del demandante en cuanto se refiere a una presunta violación del artículo 362 de la Carta. De una parte, queda claro que la mencionada disposición constitucional protege los recursos tributarios propios, en los términos en los cuales la ley autorizó la fuente tributaria que los originó y no en forma plena o absoluta. En efecto, atendiendo al texto del artículo 362 estudiado, cabe sostener que, la garantía constitucional que ampara a las entidades territoriales respecto de sus rentas tributarias es similar, pero no superior, a la que se otorga a los particulares respecto de sus bienes y derechos y, por lo tanto puede, en principio, ser limitada en los mismos términos en los cuales puede serlo la propiedad privada. De otro lado, como quedó visto, la norma demandada no afecta derechos adquiridos de las entidades territoriales”. (El resaltado es nuestro).
Los mencionados argumentos sirven para reiterar que en este caso, es decir, la supresión del impuesto de timbre para vehículos de transporte público que hace el artículo 63, no constituye una violación del artículo 362 de la Constitución, ni compromete el principio de autonomía de las entidades territoriales (C.P. arts. 287 y 298), ya que dentro de las facultades del legislador está el hacerlo.
Es por esto que se declarará su exequibilidad.
1. Decláranse exequibles los apartes acusados de los artículos 12, 31, 48 y 63 de la Ley 336 de 1996, con la aclaración de que el literal e) del artículo 48 del mencionado estatuto, se refiere al literal d) del artículo 46 y no al literal d) del artículo 49.
2. Declárase exequible el literal e) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, con la advertencia de que, dentro de la escala prevista por el artículo 46, las sanciones deberán ser razonables y proporcionales a la gravedad de la infracción.

References: ARTÍCULO 46
 artículo 260
 artículo 241
 artículo 46
 artículo 48
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 1
 artículo 334
 artículo 31
 artículo 158
 artículo 31
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 29
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 48
 artículo 49
 artículo 46
 artículo 48
 artículo 46
 artículo 63
 artículo 63
 artículo 362
 artículo 362
 artículo 362
 artículo 362
 artículo 362
 artículo 362
 artículo 362
 artículo 63
 artículo 362
 artículo 48
 artículo 46
 artículo 49
 artículo 46
 artículo 46