Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2017/se201700323.html
Timestamp: 2019-03-22 14:54:01+00:00

Document:
se201700323
SENTENCIA: 323/2017.
EXPEDIENTE: 37/2014.
PARTES: Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 15 a 21 de obrados, impugnando la Resolución R.J. No. 1852/2013, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la contestación de fs. 48 a 51, los antecedentes procesales.
Señaló la demandante que con la facultad conferida por la Ley 2492 el 28 de septiembre de 2012, la Jefatura de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, emitió la Liquidación por Determinación Mixta No. 781/2012, la cual estableció que de acuerdo con el Art. 97 de la Ley 2492, concordante con el numeral 3 del parágrafo I del Art. 93 de la Ley 2492 en mérito a la información y los datos proporcionados por el sujeto pasivo, y registrados en el sistema informático de esta Administración Tributaria, a través de la modalidad de Determinación Mixta se ha procedido con la liquidación del importe a pagar de las gestiones 2006 y 2007, que a la fecha no han sido canceladas dentro del plazo de vencimiento, sumando un total general adeudado de Bs. 891.-, determinación que fue anulada en la instancia de alzada y confirmada en la jerárquica.
1.- La actora mencionó que la actuación de la Autoridad de Impugnación Tributaria y de los argumentos jurídicos que sustentan la Resolución del Recurso Jerárquico expone los siguientes agravios: que ha existido una errónea interpretación del Art. 97-III y aplicación indebida del Art. 99-II de la Ley 2492 por parte de la Directora Ejecutiva General Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (Sic), teniendo presente lo dispuesto por el Art. 97-III de la Ley 2492 y siendo necesario remitirse en primera instancia a lo dispuesto por el Art. 93-3 de la Ley 2492, para demostrar que ésta Administración Tributaria se ha enmarcado estrictamente a la Ley al aplicar este procedimiento, por lo que al haberse efectuado la determinación de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 93-3 del Código Tributario, siendo que el importe a pagar se fija en virtud a los datos aportados por el contribuyente, teniendo como hecho generador para el pago de éste impuesto, el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de vehículos automotores al 31 de diciembre de cada gestión de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 2 del Decreto Supremo 24205 de 23 de diciembre de 1995; la liquidación así practicada de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 97-III de la Ley 2492, tendrá el carácter de una Resolución Determinativa. Los datos aportados por los contribuyentes se encuentran registrados en el Padrón Municipal de Contribuyentes que es el banco de datos cuyo contenido es fiel reflejo de los datos aportados y consentidos por los contribuyentes administrado por el Área de Recaudaciones dependiente de la Jefatura del Departamento de Ingresos del G.M.S. vigente desde el año 1993 a través de la Ordenanza Municipal 50/93, además se ha emitido la Resolución Administrativa Tributaria Municipal 17/2010 con la facultad prevista por el Art. 64 del Código Tributario, la misma que resuelve en su Art. 1 “Validar la información reproducida por el sistema informático que refleja los datos proporcionados por los contribuyentes mediante Declaraciones Juradas a través de formularios físicos de empadronamiento, respecto de los datos generales de los contribuyentes mediante Declaraciones Juradas a través de formularios físicos de empadronamiento, respecto de los datos generales de los contribuyentes y del objeto gravable correspondiente al impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, Vehículos Automotores y patentes por actividades económicas. Cualquier discrepancia o desacuerdo que tuviere el contribuyente o sujeto pasivo respecto a la veracidad de la información que reproduce el sistema informático deberá ser comunicado a la Administración Tributaria en el plazo de 30 días calendario de publicada la presente Resolución caso contrario, dicha información se tendrá como válida a todos los efectos jurídicos y/o tributarios”, teniendo por lo tanto el valor legal a todos los efectos la liquidación efectuada en virtud de los datos registrados en ésta administración tributaria, aspecto que en ningún momento fue objetado por el contribuyente, habiendo efectuado de manera regular los pagos de gestiones anteriores a la gestión 2006, 2007 tal cual consta en la Consulta Vehículos Pagos que se adjuntó debidamente legalizado, habiéndose pronunciado la A.G.I.T. sobre algo que no fue pedido por el contribuyente es decir de forma ultrapetita, atentando al derecho a la defensa, ya que al otorgarse más allá de lo que se ha pedido, se afecta a la otra parte, sin posibilidad de la contradicción que en caso de haberse pedido, se haya opuesto, emitiéndose un resultado no pedido por el recurrente y más aún no defendido por la parte afectada, aspecto reconocido plenamente en la Sentencia Constitucional 1564/2010-R de 11 de octubre.
Mencionó también que en virtud de esa errónea interpretación del Art. 97-III se ha efectuado una aplicación indebida del Art. 99-II de la Ley 2492 al pretender que la liquidación que resulte de la determinación mixta contenga todos los requisitos exigidos y estipulados en el artículo señalado, por el hecho de tener el carácter de una Resolución Determinativa, debiendo tenerse muy en cuenta que se trata de una liquidación, tiene el carácter de Resolución Determinativa en cuanto a sus efectos y no así en cuanto a su forma cómo interpreta la AGIT, por lo que la Resolución de Determinación por Liquidación Mixta G.M.S./J.D.I. 78172012 de 28 de septiembre emitida por la Administración Tributaria en base a los datos presentados por el impetrante y registrados en el sistema de recaudaciones, habiendo verificado el vencimiento para el pago del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores correspondiente al Vehículo con placa de control 655 RSB, se evidenció el no pago de la deuda tributaria de las gestiones 2006 y 2007 por lo que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 93 y parágrafo tercero del Art. 97 de la Ley 2492 de fecha 2 de agosto de 2003 efectuó la liquidación del adeudo tributario correspondiente a la gestión 2007, no habiéndose por lo tanto en ningún momento vulnerado el derecho al debido proceso y a la defensa, por lo que refiriéndonos a la fundamentación y al debido proceso se debe tener presente lo dispuesto por la Sentencia Constitucional 0742/2010 de 26 de julio.
Pide se Revoque la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1825/2013, manteniéndose firme la Liquidación por Determinación Mixta 781/2012 de 28 de septiembre y subsistente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0038/2013 emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca (sic).
Corrida en traslado la demanda y citada legalmente la Autoridad demandada, en tiempo hábil se apersona Daney David Valdivia Coria Director Ejecutivo General a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, quien por memorial de fs. 48 a 51, contesta a la demanda en forma negativa, expresando en síntesis lo siguiente:
La Autoridad demandada menciona que corresponde resaltar que es lo que establece nuestra norma en relación al procedimiento de Determinación Tributaria en los Artículos 92 y 93 de la Ley 2492, señala que es el acto a actos mediante los cuales, ya sea el Sujeto Pasivo o la Administración Tributaria, declaran la existencia o inexistencia de una deuda tributaria; en este entendido, existen tres formas de realizar la determinación: 1. por el Sujeto Pasivo o tercero responsable; 2. Por la Administración Tributaria en ejercicio de las facultades conferidas por ley; y 3. Mixta, efectuada con la participación tanto del sujeto activo como del sujeto pasivo, siendo esta última forma de determinación aplicable al IPBI. Es en este entendido que para aplicar el procedimiento especial en el ámbito municipal, según los Artículos 92 y 93 de la Ley 2492 y 13 Parágrafo III inciso b) del D.S. 27310, se debe cumplir necesariamente los siguientes requisitos: primer requisito, referido a la publicación previa en un órgano de prensa de circulación nacional o local de la Resolución Administrativa que debe establecer las cuantías para practicar las notificaciones masivas, de lo cual en el presente caso se evidencia que el 15 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria publicó en el periódico “Correo del Sur”, la Resolución Administrativa Tributaria J.D.I. No. 072/2008, de 24 de octubre de 2008, que aprobó el Reglamento para Notificaciones Masivas y Cuantías máximas para la misma, habiendo la Administración Tributaria Municipal cumplido con éste requisito, segundo requisito, sobre la aportación de datos del contribuyente, en el presente caso, se observa que el 28 de enero de 2013, el Responsable del área de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Sucre, certificó que de acuerdo a los datos extraídos del sistema RUAT, se detalla información y características concernientes al sujeto pasivo y al vehículo que posee registrado en el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, de lo cual se tiene que dicha información fue utilizada para la elaboración de la Liquidación por Determinación Mixta por parte de la Administración Tributaria. En este contexto, sobre la aportación de datos del contribuyente con relación a la Liquidación por Determinación Mixta No. 781/2012, no se evidencia que la Administración Tributaria Municipal haya demostrado la existencia de la declaración jurada en la que conste la información y datos proporcionados por el Sujeto Pasivo en el momento de empadronar el bien mueble observado, siendo que en virtud del Artículo 76 de la Ley Nº 2492 para demostrar la correcta liquidación y procedimiento realizado, tenía la carga de la prueba y no aportó documentos que demuestren la correcta determinación, por lo que se establece la falta de respaldo de sus actuaciones, es así que la Declaración Jurada en el ámbito municipal, dispuesta en el Artículo 25 del D.S. 27310 señala que las declaraciones juradas, son las declaraciones que realizan los Sujetos Pasivos o terceros responsables sobre las características de sus bienes gravados, que sirven para determinar la base imponible de los impuestos bajo su dominio, las mismas que pueden ser rectificadas o modificadas; asimismo, según el Artículo 7 del citado Decreto Supremo, la información comunicada a la Administración Tributaria, a través de los sistemas informáticos o medios electrónicos, por cualquier usuario autorizado, que dé como resultado un registro electrónico, tiene validez probatoria.
En ese entendido, la Declaración Jurada se realiza mediante un documento físico, que debe ser suscrito por el titular del bien, alternativamente la declaración puede ser efectuada por medio informático o comunicada vía electrónica, por un usuario autorizado, por lo que no existiendo constancia de que los datos consignados en su sistema informático correspondan a los declarados y proporcionados por Teófilo Calderón Céspedes; en virtud del Parágrafo III, Artículo 97 de la Ley Nº 2492 se establece que la Administración Tributaria no cumplió con este requisito, para aplicar el procedimiento especial, el tercer requisito, cabe referir que la inexistencia de la declaración jurada que refleje o no fielmente los datos proporcionados por el Sujeto Pasivo, lo que tampoco fue demostrado en esta instancia recursiva, conforme dispone el Artículo 76 de la Ley Nº 2492, más aun teniendo en cuenta que en virtud de este Artículo, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, en este sentido es evidente que la carga de la prueba recae en la Administración Tributaria Municipal, observándose que tampoco cumplió con el tercer requisito, por lo que se puede concluir que de la existencia de vicios de anulabilidad en el procedimiento determinativo especial aplicable al ámbito municipal tributario, por incumplimiento del Artículo 97, Parágrafo III de la Ley Nº 2492 y considerando que estas infracciones se encuentran sancionadas con la nulidad de obrados, toda vez que un acto es anulable cuando carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados; de conformidad con lo previsto en los Artículos 36 de la Ley Nº 2341 y 55 del D.S. 27311, aplicable en materia tributaria en virtud de los Artículos 74, Numeral 1 y 201 de la Ley Nº 2492; corresponde anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Liquidación por Determinación Mixta, conforme establece el Artículo 97, Parágrafo III de la Ley Nº 2492, respecto al IPVA, sin perjuicio de que la Administración Tributaria opte por el procedimiento de determinación previsto en los Artículos 95 y siguientes de la Ley Nº 2492, pidiendo además se tenga presente lo dispuesto en la Sentencia Constitucional 0824/2012 de 20 de agosto.
Solicita se dicte sentencia declarando improbada la demanda, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico 1852/2013.
Que, el 28 de septiembre de 2012 la Jefatura de Ingresos dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, emitió la Liquidación por Determinación Mixta No. 781/2012, por la que se ha procedido con la liquidación del importe a pagar de las gestiones 2006 y 2007 que a la fecha no han sido canceladas dentro del plazo de vencimiento, habiéndose establecido una suma adeudada de Bs. 891.-, así mismo se le informa a Teófilo Calderón Céspedes que no habiendo su persona cancelado la obligación tributaria dentro del plazo de vencimiento, el presente acto se constituye en Título de Ejecución Tributaria conforme establece el numeral 7 del Art. 108 de la Ley 2492, debidamente notificado con dicha determinación, el Sujeto Pasivo mediante apoderado interpuso el correspondiente Recurso de Alzada impugnando la Liquidación por Determinación Mixta, luego de realizados los trámites pertinentes el Recurso es resuelto mediante la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0038/2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca que resolvió Anular la Liquidación por Determinación Mixta No. 781/2012, en conocimiento de dicha determinación Teresa Araujo Loayza Jefe de Ingresos interino y representante legal de la Administración Tributaria Municipal, dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de Sucre mediante memorial de 18 de abril de 2013 interpuso en contra de la citada Resolución el Recurso Jerárquico, por lo que el 7 de octubre d 2013 la Autoridad demandada emite la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1852/2013 que confirmó la Resolución ARIT-CHQ/RA 0038/2013, manteniéndose en consecuencia la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Liquidación por Determinación Mixta No. 781/2012 de 28 de septiembre, acto administrativo que dio lugar al presente proceso contencioso administrativo.
1.- Si la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1852/2013 de 7 de octubre interpretó erróneamente el Artículo 97- III y aplicó indebidamente, el art. 99 - II ambos del Código Tributario (Ley Nº 2492), al haber establecido que la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, al emitir Liquidación por Determinación Mixta Nº 781/2012 de 28 de septiembre, no cumplió con todos los requisitos establecidos para ella.
Antes de ingresar a resolver la controversia suscitada, corresponde señalar que teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, que reviste las características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución de la controversia en única instancia corresponde a Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, siendo el objeto de acuerdo a las circunstancias acreditadas o no, conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos sucedidos en fase administrativa, y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, con lo anotado se pasa a resolver las controversias de acuerdo a lo siguiente:
De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que la Jefatura de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, emitió Liquidación por Determinación Mixta Nº 781/2012 de 28 de septiembre, señalando que de acuerdo a la información y los datos proporcionados por el contribuyente y registrados en el sistema informático de la Administración Tributaria, Teófilo Calderón Céspedes, es sujeto pasivo del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) de conformidad al art. 58 de la Ley Nº 843 correspondiente al vehículo Placa de Control Nº 655 RSB y determinó deuda tributaria por la gestión 2007, en la suma de Bs. 891, liquidación fundada en el Art. 97 y el numeral 3 del parágrafo I del art. 93 del Código Tributario, bajo la modalidad de Determinación Mixta. La citada Liquidación, fue notificada en forma masiva el 20 de noviembre y 5 de diciembre de 2012, conforme se tiene de las copias legalizadas extendidas por el Diario Correo del Sur, cursantes a fs. 3 a 8 de Antecedentes Administrativos (Anexo 2).
La Liquidación por Determinación Mixta, objeto del presente proceso, fue recurrida en Recurso Alzada por Teófilo Calderón Céspedes a través de su representante legal, invocando vicios de nulidad, recurso que fue resuelto por Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0038/2013 de 1 de abril, anulando la Liquidación por Determinación Mixta, esta a su vez fue objeto de recurso jerárquico resuelto por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1852/2013 de 7 de octubre, disponiendo que la Administración Tributaria Municipal, efectué liquidación conforme el parágrafo III del Artículo 97 de la Ley Nº 2492, sin perjuicio de que la Administración Tributaria opte por el procedimiento de determinación previsto en los Artículos 95 y siguientes del Código Tributario; todo de conformidad con el Artículo 212 inciso b) de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB).
La Autoridad General de Impugnación Tributaria al emitir la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1852/2013 de 7 de octubre, lo hizo bajo el razonamiento de que la Liquidación por Determinación Mixta Nº 781/2012 de 28 de septiembre, efectuada por la Administración Tributaria Municipal no fue conforme a lo establecido en el art. 97. III y parágrafo II del art. 99 de la Ley Nº 2492 Código Tributario, correspondiéndole a este Tribunal verificar si ello es evidente.
De acuerdo al Artículo 92 del Código Tributario, la Determinación de la deuda tributaria, es el acto por el cual ya sea el sujeto pasivo (contribuyente) o la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de deuda tributaria o su inexistencia. Dentro de la formas de determinación tenemos tres formas, la primera realizada por el sujeto pasivo o tercero responsable a través de declaraciones juradas; la segunda por la Administración Tributaria de oficio, y la tercera, donde intervienen tanto el sujeto pasivo o tercero responsable y la administración tributaria, siendo de interés en el presente caso esta última, también llamada determinación mixta regulada por el parágrafo I numeral 3 del art. 93 del Código Tributario Ley Nº 2492 que señala: “Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar”.
De antecedentes administrativos, se establece que el 28 de septiembre de 2012, la Jefatura de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, emitió la Liquidación por Determinación Mixta Nº 781/2012, estableciendo las obligaciones impositivas por el IPVA, respecto del vehículo con Placa de Control Nº 655 RSB, de propiedad Teófilo Calderón Céspedes, en la suma de Bs. 861.- correspondiente a la gestión 2007, Liquidación que fue notificada de forma masiva en el periódico de circulación nacional “Correo del Sur”, los días 20 de noviembre y 5 de diciembre de 2012, notificaciones que cumplieron los requisitos establecidos en el art. 89 del Código Tributario y art. 13 de su Reglamento, toda vez que las publicaciones fueron realizadas en un órgano de prensa de circulación local; asimismo se adjuntó la publicación de la Resolución Administrativa J.D.I. Nº 072/2008 que establece las cuantías para practicar notificaciones masivas.
A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 97. III del Código Tributario en sentido de que la Liquidación por Determinación Mixta debe contener exactamente los datos proporcionados por el contribuyente, la Administración Tributaria Municipal, respaldó esos datos con Resolución Administrativa Municipal Nº 379/2011, publicada el 12 de noviembre de 2011, resolución que validó los datos del sistema informático, respecto a la propiedad de vehículos automotores y que fueron aportados anteriormente por el contribuyente, adjuntando además una certificación del RUAT de 28 de enero de 2013, que señala que en la base de datos del Registro Único de la Administración Tributaria RUAT de Vehículos Automotores del Municipio de Sucre, existe el registro del vehículo con Placa de Control 655 RSB, Marca NISSAN, Tipo Cóndor, registrado como propietario a Teófilo Calderón Céspedes, con C.I. 1126543 Ch; empero, no consta en antecedentes administrativos el medio por el cual esos datos fueron proporcionados por el sujeto pasivo, para ser registrados en el sistemas informático, y que los datos consignados en el sistemas correspondan exactamente a los datos proporcionados por el contribuyente a efectos del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores IPVA de la gestión 2007, en consecuencia se tiene que la Administración Tributaria Municipal, no cumplió con lo establecido en el art. 97-III del Código Tributario referido al procedimiento de determinación en casos especiales.
Respecto a que si la Liquidación por Determinación Mixta Nº 781/2012 de 28 de septiembre, debía cumplir los mismos requisitos establecidos para las Resoluciones Determinativas fijadas por el parágrafo II del art. 99 Código de Tributario, se tiene que la misma consigna el lugar de emisión y la fecha, así como el nombre o razón social del sujeto pasivo, también contiene algunas especificaciones de la deuda tributaria; sin embargo, no se expresan los fundamentos de hecho y de derecho ni la calificación de la conducta incurrida, y cuales las consecuencias emergentes; en otras palabras, no contiene la debida motivación o justificación, tomando en cuenta que la Liquidación por Determinación Mixta tiene carácter de una Resolución Determinativa, por disposición del art. 97 del Código Tributario Ley Nº 2492.
Cabe acotar a lo ya razonado, que la Liquidación por Determinación Mixta, tiene carácter definitivo, debido a que la norma no prevé que ese cálculo de deuda tributaria efectuado por la Administración Tributaria Municipal plasmada en la liquidación pueda ser modificada, como sucede en un procedimiento de determinación normal, pues al sujeto pasivo se le hace conocer una pretensión de la deuda tributaria, misma que puede ser modificada en función a los descargos que pudiera presentar en etapa probatoria, al contrario de lo que ocurre en la Liquidación por Determinación Mixta, toda vez que en su determinación no existe la fase de descargos, por ello la normativa exige el cumplimiento de ciertos requisitos, puesto que la Liquidación por Determinación Mixta, constituye un título de ejecución tributaria, conforme dispone el numeral 7 del Artículo 108 del Código Tributario.
En consecuencia, la Liquidación por Determinación Mixta al equiparase a una Resolución Determinativa, debe cumplir con los presupuestos establecidos en el art. 99. II del Código Tributario y debe estar suficientemente motivada, más aun si la motivación constituye una garantía constitucional, al respecto la Sentencia Constitucional Nº 0623/2013 de 27 de mayo de 2013 ha establecido sobre la motivación de las resoluciones: “El Tribunal Constitucional Plurinacional en su amplia jurisprudencia, estableció que la fundamentación y motivación que realice un juez o tribunal ordinario a tiempo de emitir una resolución, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión” ; en ese sentido, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, ratificando lo señalado en la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, entre otras, refirió que: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R, de 25 de junio, que ampliando el entendimiento de la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre señaló lo siguiente: '(…) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión”.
Por lo expuesto precedentemente, la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1852/2013 de 7 de octubre interpretó y aplicó correctamente los arts. 97. III y 99. II del Código Tributario Ley Nº 2492, y este Tribunal evidencia que la Liquidación por Determinación Mixta, emitida por la Administración Municipal, no cumplió con los presupuestos necesarios para su emisión, configurándose los presupuestos establecidos en art. 36-II de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341 que señala: “No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.” concordante con el art. 55 de su Reglamento establecido por DS N° 27113 de 23 de julio de 2003.
Del análisis precedente, éste Tribunal Supremo habiendo verificado los actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerce control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, determina que la Autoridad General de Impugnación Tributaria al haber pronunciado la Resolución ahora impugnada no ha causado agravios a la demandante por lo que conforme a los fundamentos expuestos corresponde confirmar la Resolución del Recurso Jerárquico.
POR TANTO: La Sala Plena a del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 4 y 6 de la Ley No. 620 de 29 de diciembre de 2014 y, lo dispuesto en los arts. 778 y 781 del Código Procedimiento Civil, declara IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 15 a 21 de obrados interpuesta por la Jefatura de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de Sucre, declarándose firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT R.J. No. 1852/2013 de 7 de octubre pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

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 Artículo 76
 Artículo 25
 Artículo 7
 Artículo 97
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 Artículo 212
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 Artículo 92
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