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FUNCION DE LA PENA Y TEORIA DEL DELITO EN EL ESTADO SOCIAL y DEMOCRATICO DE _DERECHO - PDF
FUNCION DE LA PENA Y TEORIA DEL DELITO EN EL ESTADO SOCIAL y DEMOCRATICO DE _DERECHO
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María Dolores Acuña Quintana
1 SANTAGO MR PUG FUNCON DE LA PENA Y TEORA DEL DELTO EN EL ESTADO SOCAL y DEMOCRATCO DE _DERECHO 2.& Edición Casa Editorial, S. A. - Urgel,. 51 bis - BARCELONA
4 SANTAGO MR PUG Catedrático de Derecho Penal FUNCON DE LA PENA Y TEORA DEL DELTO EN EL ESTADO SOCAL y DEMOCRATCO DE DERECHO 2: Edición revisada B O S C H, Casa Editorial, S. A. Urgel, 51 bis BARCELONA
5 BOSCH, Casa Editorial, S. A. Barcelona, 1982 SBN: Depósito Legal: B MPRESO EN ESPAliA PRNTED N SPAN mprenta Clarasó. S. A. - Villarroel Barcelona - 11
6 A Francesca y Oriol
8 índce Caps. Págs. PRÓLOGO A LA 2." EDCÓN NTRODUCCÓN 15 l. EL ESTADO SOCAL Y DEMOCRÁTCO DE DERECHO 19 ll. FUNDAMENTO polítco DEL DERECHO PENAL Y FUNCÓN DE LA PENA..., La función de la pena en el Derecho penal liberal., La función de la pena en el Derecho penal intervencionista Derecho penal totalitario y Derecho penal democrático: La función de la pena en el Estado social y democrático de Derecho , 29 V. FUNDAMENTO polítco-consttuconal DE LA PENA Y TEO- RíA DEL DELTO.., La función de la pena como base de la teoría del delito Función preventiva de la pena y concepción directiva de la norma , 42 V. LA ANTJURDCDAD EN EL DERECHO PENAL DE UN ESTADO SOCAL Y DEMOCRÁTCO DE DERECHO.., La exigencia de comportamiento humano Comportamiento y tipicidad como requisitos de la antijuridicidad ' Problemática general de la antiiuridicidad Cuestiones particulares , 65 A) El papel del resultado B) El dolo y la imprudencia en la concepción mantenida del injusto , 74 C) El problema de los conocimientos y facultades excepcionales del autor en la imprudencia D) El error de prohibición
9 -10- Caps. Págs. 5. La exclusión de la antijuridicidad.... A) Exclusión de la antijuridicidad y tipicidad B) Causas de justificación V. LA CULPABLDAD EN EL DERECHO PENAL DE UN ESTADO so- CAL y DEMOCRÁTCO DE DERECHO La doctrina de la libertad de voluntad La idea de la necesidad de pena La normalidad de la motivación como fundamento de la culpabilidad , Antijuridicidad y culpabilidad
10 PRÓLOGO A LA 2.a EDCÓN No hace aún tres años que apareció la La edición de este libro y la amable acogida que ha encontrado obliga a su reedición. El carácter originario de la obra puede mantenerse. Se trata de esbozar un programa básico a seguir por el Derecho penal que ha de venir exigido por el nuevo modelo de Estado que acogió la Constitución española de Entretanto, ese Derecho penal del "Estado social y democrático de Derecho" no ha llegado aún. El proceso de reforma del Código penal que condujo al Proyecto de 1980 se halla detenido. Pero, aunque efectivamente fuera aprobado dicho Proyecto, no habría que considerar definitivamente alcanzada la meta del Derecho penal futuro hacia el que hay que tender. Vivimos momentos de tránsito, con la conciencia de que no es posible conseguir ahora mismo resultados estables: no es el tiempo de las firmes convicciones que dieron lugar a la codificación napoleónica, sino el tiempo de la conciencia crítica, que obliga a revisar lo existente y a llevarlo hacia delante, pero que todavía no ha hecho posible un consenso suficiente sobre la dirección precisa que hay que seguir y el punto en que hay que detenerse. Conviene, pues, mantener el carácter programático del presente libro. Ello no significa, sin embargo, que renuncie a influir sobre el Derecho vigente, ya sea el actual, ya sea otro que le sustituya. Al contrario, quiere señalar caminos a los que acercar el Derecho vigente en la medida de lo que permita su integración. Se trata tanto de un programa legislativo como de reinterpretación de las leyes vigentes. En el corto espacio de tiempo transcurrido desde la publicación de la La edición, la doctrina ha enriquecido algunos puntos
11 -12 - de la problemática aquí contemplada. Aparte de aparecer distintos comentarios generales de la Constitución de 1978, la ciencia penal ha profundizado en el análisis de los conceptos de prevención general piénsese en su aspecto "positivo" o "de integración" y de resocialización que ha entrado en crisis precisamente en el momento en que el arto 25 de la Constitución obliga a orientar a ella las penas y las medidas de seguridad. Por otra parte, se han manifestado algunas opiniones adhiriéndose, coincidiendo o discrepando acerca de tesis sostenidas en la anterior edición de este libro. Todo ello había de ser tenido en cuenta en esta nueva edición, siquiera fuera de forma breve y dentro de los límites que permite su carácter. También era inevitable que la revisión sosegada del texto llevase a precisar o corregir algunos pasajes. Como consecuencia de las modificaciones efectuadas se han matizado varios extremos: desde la prevención general y la resocialización hasta la distinción de injusto y culpabilidad, pasando por la teoría de la norma y algunos puntos centrales de la teoría del delito, como el papel del resultado y el error de prohibición. Si tuviera que destacar alguna innovación, señalaría tal vez la acentuación de la importancia del papel del resultado en la teoría del delito. Se comprenden los recelos manifestados en la doctrina ante una posible relegación de la función limitadora que supone la exigencia del resultado. Ello no supone que ahora abandone la tesis de que el resultado no puede integrar el injusto, la prohibición, pero sí un nuevo esfuerzo por probar que la función de garantía limitadora del resultado puede mantener su significación político-criminal como límite de la punibilidad. No querría concluir esta presentación sin revelar mi visión de la obra tras el paso del tiempo, cuando éste me va permitiendo algún distanciamiento respecto del texto: por encima de las concretas opiniones que en él se sustentan, lo fundamental me parece la relativización de la teoría de la pena y de la teoría del delito, al sustraerles su pretensión de validez objetiva y condi-
12 -13 - cionarlas a la premisa valorativa de un modelo de Estado determinado. Ello no significa que la ciencia jurídica pueda exigir la aceptación de ningún modelo político, pero sí la coherencia va 10rativa de sus construcciones con el punto de partida político de que se parta. Y en un régimen constitucional este punto de arranque lo suministra al jurista la norma básica del ordenamiento jurídico. Barcelona, julio de 1982 SANTAGO Mm PUG
14 NTRODUCCÓN La función de la pena constituye un tema inevitablemente valorativo, opinable, pues, y sustraído a la posibilidad de una respuesta independiente del punto de vista que se adopte ante la cuestión de la función a atribuir al Estado. La pena es, en efecto, uno de los instrumentos más característicos con que cuenta el Estado para imponer sus normas jurídicas, y su función depende de la que se asigne al Estado. Esta evidencia (no siempre aprehendida con la suficiente claridad: piénsese en los intentos tradicionales de absolutizar el tema basando la función de la pena en una justicia absoluta desvinculada de la política), al relativizar la problemática de la pena y condicionarla a la filo~ sofía política que se adopte, ha constituido hasta nuestros días la principal dificultad con que han tropezado los intentos de hallar unaconcepción generalmente aceptable de la función de la pena. Pero precisamente creo que la primera condición para resolver el problema es reconocer abiertamente la vinculación axiológica expresada entre función de la pena y función del Estado. La discusión sólo podrá discurrir sobre cauces racionales si no se ocultan las premisas políticas de que depende..éste fue el punto de partida metodológico de mi monografía sobre las bases del Derecho penal, en que fundé expresamente ciertos límites del ius puniendi en la trilogía del "Estado social y democrático de Derecho".1 Ello aclaraba y confería racionali- 1 Cfr. S. MR, ntroducción a las bases del Derecho penal, Barcelona, 1976, pp. 123, 141 Y ss.
15 -16 - dad interna a mi discurso: pero, aunque yo acogía así la concepción del Estado que me parecía más susceptible de consenso en nuestro tiempo y en nuestro ámbito de cultura, no dejaba de elegir una opción discutible, que no impedía el ordenamiento jurídico-positivo, pero que, como es obvio, en absoluto se derivaba inequívocamente de él. El planteamiento constituía solamente una propuesta de interpretación alternativa de un sistema jurídico en buena parte anclado en perspectivas muy distintas. Consciente de estas limitaciones, preferí entonces no apoyar todo el edificio del Derecho penal sobre la base del Estado social y democrático de Derecho, que más expresaba un desideratum que una realidad jurídico-positiva. Así, aunque ya apunté la incidencia que tenía la fundamentación política del Derecho penal a partir de dicha trilogía para la función de la pena, esta última cuestión, eje del sistema, la resolví sobre la base, entonces única firme desde el prisma del Derecho positivo, del Código penal y, en especial, del Reglamento del servicio de prisiones. El importante giro que desde entonces ha experimentado el rumbo político de nuestro país, y que ha culminado en la reciente aprobación de la Constitución, ha venido a convertir en Derecho vigente lo que antes era una opción alternativa. El artículo 1.0, 1, de la reciente Constitución española empieza por declarar que "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho...". Ello supone la constitucionalización de un modelo de Estado análogo al proclamado por la Constitución alemana (artículos 20 y 28).2 Con anterioridad, tal modelo de Estado ya sirvió de base a mi planteamiento, pero ahora cabe generalizarlo y erigirlo como principio valorativo supremo que debe orientar 2 Cfr. W. ABENDROTH, Zum Begriff vom demokratischen und sozialen Rechsstaats..., en Festschrift f. L. Bergstriisser, Düsseldorf, 1954, p. 279, Y en el libro del mismo autor Antagonistiche Gesellschaft und politische Demokratie, Neuwied-Berlín, 1967 (traducción española de M. SACRSTÁN bajo el título Sociedad antagónica y democracia política, Barcelona, 1972, pp. 265 Y ss.).
16 -17 - toda elaboración dogmática del Derecho penal. 3 Sin perjuicio de la posibilidad de discrepar de lege ferenda y desde la filosofía política y político-criminal posibilidad que evidentemente sigue abierta,ahora la dogmática jurídico-penal, como elaboración del Derecho positivo, cuenta con una premisa valorativa fijada por el ordenamiento jurídico que debe inspirar todo el estudio del Derecho penal. En particular, la decisión político-criminal básica, a saber, la de qué función se atribuye a la pena, no sólo puede entenderse adoptada por leyes ordinarias, sino obligada por el artículo 1.0, 1, de la Constitución. Y una vez fundada constitucionalmente la función de la pena, también la teoría del, delito puede orientarse, y es conveniente que así suceda, en base al mismo fundamento constitucional, pues la teoría general del delito no hace sino establecer los presupuestos mínimos de 10 punible, esto es, traza límites a lo que puede castigarse con una pena, 10 cual depende de la función que la Constitución permita atribuir a la pena. No sólo la pena, sino también el delito han de encontrar, pues, su fundamento en la concepción del Estado social y democrático de Derecho, que se convierte así en el soporte (valorativo) de los dos pilares sobre los que gravita todo el sistema (teleológico) de la Parte General del Derecho penal. 3 En Alemania ya ha basado también su concepción de la pena y del delito en la imagen del Estado social y democrático de Derecho R. P. CALLESS, Theorie der Strafe im demokratischen und sozialen Rechtsstaat, Frankfurt, , - S, Mir Puig. - Función de la pena y teoría del delito
18 11 EL ESTADO SOCAL Y DEMOCRÁTCO DE DERECHO Pero antes de abordar las importantes consecuencias anunciadas debe interpretarse el sentido de la expresión "Estado social y democrático de Derecho" empleada por el artículo 1., 1, de la Constitución. No se trata, en este lugar, de acometer la difícil (y acaso imposible) labor de precisar con exactitud los caracteres del concepto de Estado de tal forma designado. Sí es necesario, en cambio, desentrañar el sentido general de la fórmula, contemplada en su totalidad y en sus tres componentes. Con ella la Constitución emplea una terminología ampliamente consagrada que apunta a una concepción sintética del Estado, producto de la unión de los principios propios del Estado liberal y del Estado social. Como toda síntesis, la imagen resultante del Estado supone una superación de sus componentes básicas aisladamente consideradas, lo que permite añadir la tercera característica de la fórmula constitucional: la democracia. La importancia respectiva que se atribuya a cada una de las tres componentes examinadas dependerá en forma notable de la concreta visión política de que se parta. 4 Aquí, sin embargo, sólo importa destacar el punto de acuerdo en que deben convergir las posibles interpretaciones del "Estado social y democrático de Derecho": es éste un modelo de Estado que pretende aunar, superándolos, los modelos de Estado liberal y Estado social. 4 Cfr. S. MR PUG, ntroducción, cit., pp. 123, 301 Y ss.; O. AL ZAGA, La Constitución española de 1978, comentario siste'mático, Ma drid, 1978, pp. 76 ss.
19 -22- autoritaria. Lo único esencial al mismo es la asunción de una función de incidencia activa en las relaciones sociales efectivas, y esta función puede ponerse al servicio no sólo de una minoría o de un discutible todo social, sino también del progreso efectivo de cada uno de los ciudadanos. Siendo así, no resultará contradictorio con ese Estado social el imponerle los límites propios del Estado de Derecho, igualmente al servicio del ciudadano, los cuales podrán impedir que se desarrolle la tendencia del Estado social a un intervencionismo autoritario, que dejaría de servir a los intereses también "reales" del particular. Pero la fórmula "Estado social y democrático de Derecho" supone no sólo la tentativa de someter la actuación del Estado social a la que no se quiere renunciar a los límites formales del Estado de Derecho, sino también su orientación material hacia la democracia realy~ Se pretende, por esta vía, acoger una modalidad de Estado social esto es, que tome partido efectivo en la vida social al servicio de todos los ciudadanos. En cuanto social y democrático, tal Estado deberá crear condiciones sociales reales que favorezcan la vida del individuo,13 pero para 12 Destaca con especial fuerza la orientación hacia la "democracia real" del "Estado democrático", desde una perspectiva socialista, E. DíAZ, Estado de Derecho, cit., pp. 16,.144 Y ss., 151. EL MSMO, El Estado democrático de Derecho en la Constitución española, en "Sistema", núm. 41, marzo 1981, pp. 57 ss. En esta línea, entiende que el "Estado democrático" constituye una etapa de evolución que supera las del Estado liberal y social, G. PECES BARBA, La Constitución española de 1978, Valencia, 1981, p. 29; ABENDROT, Zum Begriff, cit., pp. 277 Y ss., parece ver en la efectiva realización del principio de igualdad el sentido de la síntesis de las notas de estatalidad social y democracia. 13 En este sentido debe entenderse el arto 9:, 2., de la Constitución española: "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social."
20 -23 - garantizar el control por el mismo ciudadano de tales condiciones deberá ser, además, un Estado democrático de Derecho. El carácter democrático de ese Estado aparece vinculado, pues, a la síntesis del Estado social y del de Derecho, y expresa tanto la necesidad de libertad "real" oponiéndose a que el "Estado social" dirija sólo su intervención en beneficio de ciertos grupos - como "formal" cerrrando el paso a la posibilidad de un "Estado de Derecho" no controlado por todo el pueblo para los ciudadanos.
21 - 20- Del Estado liberal adopta, sin duda, la idea de Estado de Derecho,5 es decir, de Estado gobernado por el Derecho emanado de la voluntad general, expresada por los representantes del pueblo, en el cual radica la soberanía nacional (art. 1., 2, de la Constitución), en contraposición al estado absoluto, en el que el Derecho se halla en manos de uno o varios hombres. 6 Así, se expresa en el artículo 9., 1, de la Constitución que "los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico". Este modelo de Estado aporta a la trilogía acogida en el artículo 1.0, 1, de la Constitución la exigencia de que el ejercicio de los poderes públicos respete determinadas garantías formales, ciertos límites que aseguren la salvaguardia de las esferas de libertad formalmente reconocidas a los ciudadanos. El Estado liberal responde a la preocupación de defender a, la, socieda,d del Esta,do, lo que pretende conseguir mediante la técnica formal de la división de poderes y el principio de legalidad. El Estado social, 7 en cambio, supone el intento de derrum- 5 La expresión procede de R. VaN MOHL, Die Polizeiwissen schaft nach den Grundsiitzen des Rechtsstaates, Cfr. por ejemplo, E. DÍAZ, Estado de Derecho y Sociedad Democrática, Madrid, 1975, p. 13, Y O. ALZAGA, La Constitución, p. 77; también, J. DE ESTEBAN Y L. LóPEZ GUERRA, con la colaboración de GARCÍA MORLLO y PÉREZ TREMPS, El régimen constitucional español,, Madrid, 1980, pp. 55, 113 ss. En puridad, sin embargo, debe notarse que tampoco el Estado de Derecho escapa a la circunstancia de que el Derecho es en él obra de hombres, que lo crean y por tanto no pueden hallarse sometidos al mismo: los representantes del pueblo también son hombres. En rigor, pues, la diferencia entre el Estado absoluto y el de Derecho no es que en el primero el Derecho dependa del poder y en el segundo el poder dependa del Derecho, puesto que también en éste el Derecho depende del poder (legislativo). La diferencia es que en el Estado de Derecho los representantes del pueblo (expresión de la voluntad general) establecen el Derecho que traza el marco máximo dentro del cual pueden moverse los demás poderes (expresión de voluntades particulares). 7 El concepto fue acuñado por H. HELLER, Rechtsstaat oder
22 bar las barreras que en el Estado liberal separaban a Estado y sociedad. 8 Si el principio que regía la función del Estado liberal era la limitación de la acción del Estado, el Estado social se erige a continuación en motor activo de la vida socia1. 9 Si el Estado liberal pretendía reducirse a asegurar las garantías jurídicas y, por tanto, meramente formales, el Estado social se considera llamado a modificar las efectivas relaciones sociales. Del Estado-árbitro imparcial, del Estado-guardián preocupado ante todo por no interferir en el juego social, se pasa progresivamente al Estado intervencionista10 que deviene Welfare State. Históricamente, el Estado liberal y el social se hallan en la relación dialéctica de tesis y antítesis. La sustitución paulatina del Estado liberal por el intervencionista representó una progresiva relajación y un distanciamiento de las garantías liberales, que acaban viéndose como "prejuicios burgueses" puramente formales, frente a los cuales no tiene por qué retroceder la acción del Estado. Se llega así a los totalitarismos de izquierdas o de derechas que van sembrando el panorama político de entre las dos guerras mundiales. ll Pero ello no significa que el Estado liberal y el Estado social no puedan converger en una síntesis. El Estado intervencionista no implica necesariamente una concepción Diktatur?, Tübingen, 1930, pp. 9 Y ss. Y 26. No obstante, la realidad del intervencionismo estatal es muy anterior. Cfr. ABENDROTH, Zum Begriff, cit., p También CH. F. MENGER, Der Begriff des sozialen Rechtsstaats im Bonner Grundgesetz, Tübingen, 1933, pp. 3 Y ss. 8 Cfr. E. FORTSTHOFF, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, Allg. Teil, München, 1951, p Cfr. ABENDROTH, Zum Begriff, cit., pp. 276 Y s.; FORTSTHOFF, Lehrbuch, cit., p. 59; E. DÍAZ, Estado de Derecho, cit., p. 97; J. DE ESTEBAN, LÓPEZ GUERRA Y otros, El régimen constitucional español, cit., pp. 55 s., 313 ss. 10 F. Mu:&oz CONDE, La ideología de los delitos contra el orden socio-económico en el Proyecto de la Ley Orgánica de Código Penal, en "Cuadernos de Política criminal", núm. 16, 1982, p Sobre el Estado totalitario cfr. E. DÍAZ, Estado de Derecho, cit., pp. 45 Y ss.
24 111 FUNDAMENTO polítco DEL DERECHO PENAL Y FUNCÓN DE LA PENA Cada uno de los modelos de Estado que rápidamente se han examinado en el apartado anterior han supuesto una peculiar fundamentación del Derecho penal y, como consecuencia, determinadas posibilidades de concebir la función de la pena lo que es confirmación de que la función de la pena depende de la función que se atribuye al Estado. Las distintas concepciones del Derecho penal propias del Estado liberal, del Estado social y del Estado social y democrático de Derecho tuve ocasión de desarrollarlas ya en otro lugar,l4 por lo que no serán aquí objeto de específica consideración. Ahora importa contemplar únicamente las consecuencias de las mencionadas concepciones políticas en el entendimiento de la función de la pena. 1. La función de la pena en el Derecho penal liberal Bajo la vigencia del Derecho penal liberal se atribuyó a la pena tanto una función de prevenci6n de delitos, como la de retribuci6n por el mal cometido. La fundamentación del Estado y del Derecho liberales en el contrato social, concebido como pacto que los hombres suscriben por razones de utilidad, condu- 14 Vid. S. MR PUG, ntroducción, cit., pp. 119 Y s.
25 - 26- cía a asignar a la pena la función utilitaria de protección de la sociedad a través de la prevenció:v de los delitos, cuya esencia se veía, en un principio, en constituir un "daño social".15 Éste fue el planteamiento de la ilustración que sirvió de base a la obra que inicia el Derecho penal contemporáneo 16 y originó una importante línea de pensamiento a lo largo del Derecho penal clásico.l 7 Pero tanta o, acaso, mayor importancia tuvo en éste la concepción retributiva de la pena. Precisamente fueron dos de los máximos exponentes de la filosofía liberal, KANT y HEGEL, quienes quizá de la forma más pura y extrema defendieron una concepción absolutista de la pena como exigencia absoluta de la justicia. 18 Aunque sus formulaciones difieren tanto como sus sistemas filosóficos, ambos pensadores limitan la función de la pena a la pura realización de la justicia en base a su concepción liberal del mundo. En apoyo de ello me limitaré a recordar que para KANT la pena no podía servir a la protección de la sociedad ni, por tanto, a la prevención de delitos, porque ello supondría que se castiga al delincuente en beneficio de la sociedad, lo que encerraría una instrumentalización inadmisible del individuo, concebido como "fin en sí mismo"; 19 Y que según HEGEL sólo la pena justa trata al hombre como a un ser "racional" y no como el palo 15 Cfr. K. AMELUNG, Rechtsgüterschutz und Schutz der GeseLlschaft, Frankfurt, 1972, p Cfr. C. BECCARA, De los delitos y de las penas, trad. esp. de J. A. DE LAS CASAS, Madrid, 1968, pp. 27, 29 Y 30 Y ss. 17 Baste recordar, junto a autores como BENTHAM y FLANGE R, a A. v. FEUERBACH, que en Alemania encabezó la doctrina penal del siglo pasado partiendo de la teoría de la coacción psicológica como medio de prevención general. Cfr. su Lehrbuch des peinlichen Rechts, , 12 Y ss. 18 Cfr. H. MAYER, Kant, Hegel und das Strafrecht, en "Festschrift f. Engisch", 1969, pp. 64 Y ss.; E. SCHMDT, Eeinführrung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspfiege, Gottingen, , pp. 229 Y ss., Y 294 Y ss. 19 Cfr. 1. KANT, Die metaphysik der Sitten, 1797, p. 453.
26 -27 - al animal, hasta el punto de que aquella pena se convierte en un "derecho" para el delincuente. 2o La discrepancia existente entre las dos direcciones liberales señaladas la prevencionista.y la retributiva respondía a una distinta concepción del hombre, al que (según ambas, en cuanto liberales) debía servir el Derecho. Mientras que los utilitaristas pensaban en el hombre empírico, el idealismo alemán giraba en torno a un hombre ideal. De ahí que, mientras los primeros exigían de la pena que protegiese a los ciudadanos en sus bienes reales, los filósofos alemanes se preocupaban de que sirviera de testimonio y confirmación de los valores ideales del hombre-razón (desde su dignidad como ser racional autónomo, hasta la exigencia de justicia, también derivada de la razón humana). Una vez abandonado el planteamiento idealista del retribucionismo liberal, quedaría en pie la posibilidad de trazar un límite a la pena que impidiese castigar al delincuente más allá de la gravedad del hecho cometido. Ahora bien, como se verá, tal límite de garantía para el individuo también puede exigirse sin necesidad de renunciar a la función de prevención de la pena. 2. La función de la pena en el Derecho penal ntervenconsta Si el Derecho penal liberal permitió atribuir a la pena tanto una función de prevención como de retribución, según se concibiese al servicio del hombre empírico o del hombre ideal, el Derecho penal del Estado social no podía sino conferir a la pena la función de prevención. El nuevo planteamiento social, que llevaba al Estado a intervenir activamente en la vida efectiva de 20 Cfr. G. W. F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Frankfurt, 1970, pp. 185 Y SS., 187 Y ss.
27 - 28- la sociedad, debería reflejarse en lo penal atribuyendo a la pena el cometido de lucha contra el delito, en el sentido de lucha contra la delincuencia como fenómeno real de la existencia social. No se trataba sólo de realizar una l justicia ideal exigida por la razón, sino de combatir eficazmente, en el terreno de los hechos, una criminalidad que iba en aumento a lo largo del siglo XX,21 en especial como consecuencia de las dificultades de adaptación de amplias capas de la población a la nueva situación que determinaron el capitalismo, el maquinismo industrial y la aparición del proletariado. 22 Es sabido que la Escuela positiva, que surgió en la última tercera parte del pasado siglo, partió de la crítica a la ineficacia del Derecho penal clásico (esto es liberal) para atajar el delito. Las medidas de seguridad aparecieron, a sus ojos, como la vía científica de remoción de las causas del delito. 23 Pero también la dirección ecléctiva que mantuvo en pie la necesidad de la pena, siquiera añadiendo a ella un sistema de medidas, atribuyó al Derecho penal y en particular a la pena la función de prevención de delitos Cfr. S. Mm PUG, ntroducci6n, cit., pp. 176 Y SS., 217; E. SCHMDT, Einführung, cit., p Cfr. H. H. JESCHECK, Lehrbuch des Strafrechts, Berlín, , p. 23. (Hay trad. española, con Adiciones de Derecho español, por S. Mm PUG y F. MuÑoz CONDE, 2 vals., Barcelona, 1981.) 23 Cfr. S. Mm PUG, ntroducción, cit., pp. 179 y ss. 24 Pienso sobre todo en F. von LSZT y en su "Programa de Marburgo": "Del' Zweckgedanke im Strafrecht", en ZStW, 1883, pp. 1 y ss., y Strafrechtliche Ausfatze und Vortrage, 1905, reimpr., Berlín, 1970, pp. 126 y ss. Cfr. sobre esto P. BOCKELMANN, Franz von Liszt und die kriminalpolitische Konzeption des allgemeinen Teils, en F. v. Liszt zum Gediichtnis, Berlín, 1969, pp. 56 y ss.; JESCHECK, Lehrbuch, cit., p. 57; Mm PUG, ntroducción, cit., pp. 68 y ss., y 216 y ss. 25 Señala la tendencia de la prevención general al terror penal ROXN, Sinn und Grenzen staatlicher Strafe, en Strafrechtliche Grundlagenprobleme, Berlín-Nueva York, 1973,p. 9. (Hay trad. española, con notas, de D.-M. LUZÓN PEÑA, Madrid, 1976.)
28 Derecho penal totalitario y Derecho penal democrático: La función de la pena en el Estado social y democrático de Derecho El principio intervencionista, rector del Estado social, podía conducir, y así sucedió en algunos países, a un Derecho penal más preocupado por la eficacia de sí mismo que por servir a todos los ciudadanos. La pena se convirtió a veces en un arma del Estado esgrimida contra la sociedad, trocándose la eficacia de la pena en terror penal. Éste es el peligro que encierra un Derecho penal concebido para se reficaz. 25 bis Como toda arma peligrosa, la pena preventiva ha de someterse a un control riguroso. Un Estado democrático ha de evitar que se convierta en un fin en sí mismo o al servicio de intereses no convenientes para la mayoría de los ciudadanos, o que desconozca los límites que debe respetar frente a toda minoría y todo individuo. El ejercicio del iu8 puniendi en un Estado democrático no puede arrumbar las garantías propias del Estado de Derecho, esto es, las que giran en torno al principio de legalidad. Pero, al mismo tiempo, debe añadir nuevos cometidos que vayan más allá del ámbito de las garantías puramente formales y aseguren un servicio real a todos los ciudadanos. El Derecho penal de un Estado social y democrático no puede, pues, renunciar a la misión de incidencia activa en la lucha contra la delincuencia, sino que debe con- 25 bis Sigue esta línea 1. BERDUGO, El delito de lesiones, Salamanca, 1982, p. 37: "el traslado al campo penal de la obligación que el artículo 9., 2 (de la Constitución) impone a los poderes públicos de «promover» y «remover» los obstáculos que impidan «que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean rea les y efectivos» supone la obligación de prevenir la comisión de hechos delictivos incidiendo sobre la generalidad, esto es, se exige constitucionalmente que la prevención general sea uno de los fines perseguidos por la sanción penal."
29 - 30- ducirla por y para los ciudadanos. Ello podría concretarse del modo siguiente: 1.0 El Derecho penal de un Estado social y democrático debe,,: asegurar la protección efectiva de todos los miembros de la sociedad, por lo que ha de tender a la prevención de delitos (Estado social),25 bis entendidos como aquellos comportamientos que los ciudadanos estimen dañosos para sus bienes jurídicos "bienes" no en un sentido naturalista ni ético-individual, sino como posibilidades de participación en los sistemas sociales 26 fundamentales, y en la medida en que los mismos ciudadanos consideren graves tales hechos (Estado democrático). Un tal Derecho penal debe, pues, orientar la función preventiva de la pena con arreglo a los principios de exclusiva protección de bienes jurídicos, de proporcionalidad y de culpabilidad. 27 Se sigue de lo anterior que la Constitución conduce a un Derecho penal llamado a desempeñar, bajo ciertos límites de garantía para el ciudadano, una función de prevención general - sin perjuicio de la función de prevención especial a que más abajo me referiré. Quiero subrayar que un Estado democrá- 26 Así CALLESS, Theorie der Strafe, cit., pp. 143 Y ss.; MR PUG, ntroducción, cit., pp. 137 Y ss. 27 Vid. ampliamente, en este sentido, MR PUG, ntroducción, cit., pp. 128 Y ss., 151 y ss. Sobre el sentido en que en el texto se entiende el principio de culpabilidad, cfr. infra. En referencia a la La edición del presente libro escribe E. OCTAVO DE 'TOLEDO, Sobre el concepto del Derecho penal, Madrid, 1981, p. 280: "...puede convenirse con MR que del hecho de que el Estado, además de ser de Derecho, sea social y democrático, se desprende la idea de que el Derecho penal y, por tanto, la pena, tiene asignada una función preventivo-general... lo que no obsta para que este mismo modelo de Estado imponga que dicha función debe llevarla a cabo dentro de los límites trazados por la proporcionalidad y el principio de culpabilidad". ncluso desde una concepción funcionalista conviene mantener el límite representado por un concepto material de bien jurídico al efecto de evitar la absolutización de la importancia de la estructura social en perjuicio de la necesaria mediación del objeto y sujeto concretamente protegidos: cfr. así CALLES, Theorie der Strafe, cit., p. 146.

References: artículo 1
de lege ferenda
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 9