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Timestamp: 2020-08-12 21:12:04+00:00

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Revista e-Mercatoria - Libros y Revistas
Núm. 18-2, Julio 2019
Núm. 18-1, Enero 2019
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Núm. 17-1, Enero 2018
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Núm. 9-1, Enero 2010
La Ley 1480 de 2011 y su impacto en la estructura obligacional de las entidades fiduciarias como voceras de las fiducias de administración y pagos, también llamadas fiducias completas en desarrollos inmobiliarios Hacia un cambio de paradigma
El negocio jurídico de fiducia mercantil ha permitido en las últimas décadas un crecimiento acelerado del mercado inmobiliario que ha impactado positivamente la economía nacional. En este, las entidades fiduciarias participan bajo diversas y elásticas tipologías y posiciones contractuales, convirtiéndose en eje central y en el motor de desarrollo económico y social del país, pues trasmiten confianza y transparencia al consumidor y al constituyente fideicomitente, haciendo que el mercado inmobiliario adquiera una dinámica progresiva. En la mayoría de los casos, la decisión del consumidor a la hora de adquirir una unidad inmobiliaria va a estar soportada en el deber de seguridad y protección que otorga la entidad fiduciaria y que deriva de su experiencia, probidad, solidez, vigilancia y alta regulación. Pese a lo anterior, se ha creado una línea interpretativa alrededor del marco obligacional propio de las entidades fiduciarias, que desdibuja las expectativas legítimas del consumidor inmobiliario, pues sin ningún matiz o excepción, excluye de plano la responsabilidad por el cumplimiento de los pilares básicos sustanciales consagrados en la Ley 1480 de 2011 &quot;información y publicidad, garantía de calidad, idoneidad y seguridad y protección contractual&quot;, considerando la normativa dispuesta en el Código de Comercio y la regulación particular del sector financiero, la base de su tesis. Contrario a ello, se aborda en el presente el análisis hermenéutico en la materia de una forma sistémica y armónica a la luz de los principios consignados en la Carta Política, integrando a la normativa sectorial, las normas generales de protección al consumidor y las instituciones propias del derecho privado con un nuevo enfoque constitucional. Lo anterior, en tanto se trata de un tema de especial relevancia constitucional, pues afecta el núcleo esencial de derechos constitucionales reconocidos en la Carta Política como el derecho a la vivienda, a la dignidad humana, a la igualdad y el deber de solidaridad. De esta forma, se abre la posibilidad de considerar que, en ciertas categorías de negocios fiduciarios en materia inmobiliaria, puntualmente en fiducias inmobiliarias de administración y pagos llamadas también fiducias completas, dependiendo de la finalidad económica, de la actividad en la relación negocial y del rol asumido frente al consumidor inmobiliario, dichas entidades tengan una responsabilidad directa respecto de las obligaciones emanadas de la Ley 1480 de 2011, lo cual se cimienta en los siguientes ejes axiales: 1. La Ley 1480 de 2011 como régimen normativo integrado a la actividad fiduciaria a partir de: (i) Una interpretación sistémica, histórica y conforme a la constitución del ámbito de aplicación regulado en el artículo 2 de la Ley 1480 de 2011; y (ii) La conexidad contractual como institución hermenéutica de convergencia normativa - La construcción y adjudicación de la unidad inmobiliaria al consumidor como causa supra contractual del negocio subyacente en el contrato de fiducia; 2 El consumidor inmobiliario no persigue adquirir un producto financiero, verbigracia, una cuenta de ahorro, pese a que obtiene la unidad inmobiliaria a través de un vehículo financiero diseñado para el efecto, pues [...] &quot;el fideicomiso, en esencia, no es más que un mero vehículo de un negocio subyacente1 [...]; 3. Como consumidor de un bien material, es titular de todos los derechos consagrados en la Ley 1480 de 2011 y concordantes, cuyos bastiones fundamentales son: (i) La Información y Publicidad, (ii) La Garantía de Calidad, Idoneidad y Seguridad y (iii) La Protección Contractual. Los anteriores constituyen su principal interés, su finalidad última; 4. Conforme doctrina de gran autoridad en la materia2, las entidades fiduciarias en su actuación como gestores, deben procurar la satisfacción del interés o finalidad última del beneficiario, y por ende el régimen de responsabilidad a de deducirse de los dichos valores en juego, afirmación que emana del artículo 3 literal a) de la Ley 1328 de 2009[3]; 5. El consumidor como beneficiario en la mayoría de los casos, no es parte del contrato de fiducia inmobiliaria, es un tercero ajeno, cuya finalidad e interés es propio e independiente4; y 6. Las obligaciones en cabeza de las entidades fiduciarias no se circunscriben a las denominadas de medio bajo un régimen de responsabilidad subjetivo conforme lo normado en artículo 29.3 del Decreto 663 de 19935, pues todo dependerá del análisis, la naturaleza, la finalidad del consumidor, la correlativa gestión para otro, el pacto contractual y demás relaciones que se susciten en la ejecución del respectivo negocio.
La usanza del título valor 'cheque' por parte de la administración púbica según la legislación mercantil vigente
El pagaré es un título de crédito que por sus características tiene una efectividad muy amplia. Este instrumento prevé la posibilidad de pactar intereses, o bien, ajustarse al tipo legal. Por ende, puede darse el caso de que se pacten intereses usurarios. Producto de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos en 2011 se comenzó a aplicar el control de convencionalidad y uno de los primeros casos en ser tratados fue el de la inconvencionalidad de los intereses usurarios. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia comenzó a resolver controversias sobre la interpretación del artículo 21.3 del Pacto de San José, que &quot;en principio&quot; consideraban inconvencional el pacto de intereses usurarios. Pero conforme se han ido produciendo los diferentes criterios jurisprudenciales ha ido ajustando el proceder de los juzgadores en caso de advertir usura. La evolución fue de un criterio subjetivo a uno objetivo relativo.
No hay duda que dentro de la normativa colombiana, la consagración de la acción directa en contra de las aseguradoras constituye un mecanismo práctico y garantista, que les facilita a las víctimas de eventos constitutivos de responsabilidad civil un acceso menos tortuoso a la realización del derecho a la reparación integral. No obstante, el ejercicio de dicha acción acarrea una serie de problemáticas procesales y sustanciales de cara al asegurado (civilmente responsable), cuya resolución dista de ser pacífica. Particularmente, dichas dificultades se sintetizan en la necesidad o no de integrar en el contradictorio al asegurado, como quiera que su responsabilidad civil será un punto insoslayable de controversia en el litigio entablado en contra de la aseguradora. El presente artículo pretende explorar el marco jurídico que permite comprender correctamente la anotada dificultad, así como proponer una respuesta al mismo, desde la perspectiva del derecho colombiano.
Con el pasar del tiempo en el derecho civil, comercial e internacional se ha puesto en tela de juicio el verdadero valor de los laudos arbitrales y el reconocimiento del derecho arbitral como justicia privada, gracias a la procedencia de la acción de tutela contra tales decisiones. Razón por la cual, el interés de escribir este artículo tiene como propósito el cuestionar la acción de tutela como un límite al principio de la autonomía de la voluntad privada de las partes cuando de elegir el arbitraje para dirimir controversias se trata. En ese proceder y pese al reconocimiento estatal del arbitraje, como un mecanismo alternativo para la resolución de conflictos, según lo previsto en la Constitución Política de Colombia, el desarrollo legislativo y los tratados internacionales sobre la materia en particular, es de resaltar que el control constitucional generado por las altas cortes a los laudos arbitrales, específicamente el realizado por la Corte Constitucional en Colombia mediante la acción de tutela, se ha convertido en un tema de gran discusión entre los estudiosos del derecho y los abogados practicantes del derecho arbitral. Con la procedencia de dicha acción se ha puesto en tela de juicio la validez, eficacia, celeridad, confidencialidad, economía e idoneidad de los laudos arbitrales, pues al parecer, la Corte Constitucional se ha venido pronunciando sobre aspectos materiales y no procesales es sus decisiones, que afectan la fuerza ejecutoria del laudo arbitral y a su vez generan inseguridad jurídica para quienes acuden a él.
El negocio jurídico de fiducia mercantil ha permitido en las últimas décadas un crecimiento acelerado del mercado inmobiliario que ha impactado positivamente la economía nacional. En este, las entidades fiduciarias participan bajo diversas y elásticas tipologías y posiciones contractuales, convirtié...
La Ley de Garantías Mobiliarias trajo importantes modificaciones al régimen de insolvencia empresarial establecido en la Ley 1116 de 2006, las cuales, dicho sea de paso, consideramos no resultan ser del todo respetuosas de los principios tradicionales del derecho concursal y de la prelación de crédi...
El Régimen de Insolvencia para la Persona Natural no Comerciante consagrado en el nuevo Código General del Proceso no tuvo en cuenta a las personas que se encuentran en un estado de debilidad manifiesta y quienes por su condición no pueden atender en forma normal las obligaciones a su cargo. Dicho...
La ductilidad de la cesión de créditos es una de sus características principales, tal como lo hemos evidenciado nuevamente por medio del presente trabajo, en el que hemos confirmado la necesaria intervención de la misma en la primera etapa de algunas clases de titularización. No obstante, su...
Uno de los aspectos más inquietantes en el derecho de las obligaciones, es el atañedero a las obligaciones con sujeto plural. De antaño, en presencia de varios deudores, se consolidó la regla general de la mancomunidad, es decir, el acreedor debía dirigirse contra cada uno de sus deudores para...
El presente artículo tiene por objeto ilustrar la compatibilización entre dos bienes jurídicos de tutela en el orden económico internacional, el derecho a un medio ambiente sano y ellibre ejercicio de la competencia económica, mediante la introducción de acuerdos voluntarios de cumplimiento de...
El objetivo del artículo es el de abordar el equilibrio de la relación contractual hecho por el legislador en la Ley 1676 de 2013, también conocida como ley de garantías mobiliarias. En dicha ley es evidente la existencia de una ponderación por parte del legislador de los intereses de la relación...
En el mundo empresarial de hoy, cada vez se recurre con mayor frecuencia al concepto de buenas prácticas empresariales. En el ámbito del transporte de mercancías, aunque la discusión no es nueva, recientes pautas trazadas por las autoridades que intervienen en la materia han encendido de nuevo el...
Derivado de las profundas transformaciones que ha experimentado el Derecho internacional, la Lex Mercatoria y el Derecho suave (Soft law) han emergido como una alternativa al tradicional Derecho duro (Hard law). Con el paso del tiempo el Derecho suave (Soft law) ha ido adquiriendo un mayor...
El arbitraje virtual es figura legis de gran interés. Su temática ha tenido mayor desarrollo a nivel internacional donde se han identificado una serie de obstáculos ligados al pacto arbitral, el procedimiento y la eficacia de la decisión arbitral adoptada por medios telemáticos. En el presente...

References: artículo 2
 artículo 3
 artículo 29
 artículo 21
 resolución 
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