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Timestamp: 2020-08-09 17:17:34+00:00

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Administraciones Públicas. Régimen jurídico. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. | Col·legi de Notaris de Catalunya
Administraciones Públicas. Régimen jurídico. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En el ordenamiento que tuvo su origen en el régimen autocrático precedente se venía reduciendo el Gobierno al Organo Superior en el que culmina la Administración del Estado y, en consecuencia, concibiéndolo como un mero apéndice o prolongación de la misma, con la que compartiría, en buena medida, su naturaleza administrativa. El artíiculo 97 de la Constitución arrumba definitivainente esta concepción y recupera para el Gobierno el ámbito políitico de la función de gohernar, inspirada en el principio de legitimidad democrática. Se perfilan así con nitidez los rasgos propios que definen al Gobierno y a la Administración como instituciones públicas constitucionalmente diferenciadas y los que establecen la subordinación de la Administración a la acción política de dirección del Gobierno.
Es preciso ahora que el marco que recia el régimen jurídico de las Administraciones Públicas sea objeto de una adaptación normativa expresa que lo configure de forma armónica y concordante con los principios constitucionales.
Por otra parte, la Administración Local, cuyo régimen jurídico está establecido como básico en el mismo artículo 149.1.l8.ºde la Constitución tiene una regulación específica en su actual Ley de Bases que no ofrece ninguna dilicultad de adaptación a los objetivos de esta Ley y que no exige modificaciones específicas.
El artículo 149.1.18. de la Constitución distingue entre las bases del régimen jurídico de las Adnnnistraciones Públicas, que habrán de garantizar al administrado un tratamiento común ante ellas; el procedimiento admistrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas.
La delimitación del régimen jurídico de las Administraciones Públicas se engloba en el esquema «bases más desarrollo» que permite a las Comunidades Autónomas dictar sus propias normas siempre que se gusten a las bases estatales. Sin embargo, respecto al procedimiento administrativo común y al sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas, aunque su formulación jurídica sea la manifestación expresa y la traducción práctica para los ciudadanos de la aplicación regular del propio régimen jurídico, la Constitución las contempla como una competencia normativa plena y exclusiva del Estado.
La Ley recoge esta concepción constitucional de distribución de competencias y regula el procedimiento administrativo común, de aplicación general a todas las Administiaciones Públicas y fija las garantías mínimas de los ciudadanos respecto de la actividad admntistrativa. Esta regulación no agota las competencias estatales o autonómicas de establecer procedimientos específicos ratione materiae que deberán respetar, en todo caso, estas garantías. La Constitución establece la competencia de las Comunidades Autónomas para establecer las especialidades derivadas de su organización propia pero ademaás, como ha señalado la jurisprudencia constitucional, no se puede disociar la norma sustantiva de la norma de procedimiento, por lo que también ha de ser posible que las Comunidades Autónomas dicten las normas de procedimiento necesarias para la aplicación de su derecho sustantivo, pues lo reservado al Estado no es todo procedimiento sino sólo aquél que deba ser común y haya sido establecido como tal. La regulación de los procedimientos propios de las Comunidades Autónomas habrán de respetar siempre las reglas del procedimiento que, por ser cormpetencia exclusiva del Estado, integra el concepto de Procedimiento Admnistrativo Común.
Con independencia de la Ley de 19 de octubre de 1889, que en su intento de uniformar el procedimiento constituyó un paso significativo en la evolución del Derecho público español -aunque se plasmara en un amasijo de Reglamentos departamentales-, la primera y única relación del régimen jurídico del procedimiento administrativo de la Administración Pública, en nuestro ordenamiento, es la contenida en los artículos 22 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de la Adminstración del Estado, de 26 de julio de 1957 y en la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de l9S8, que constituyen, ciertamente, una aportación relevante en la configuración de nuestro Derecho Administrativo; en particular esta última.
El marco jurídico que diseñan estas normas tiene como objeto explícito, sobre todo, la unificación de normas preexistentes, «...reunir en un texto único aplicable a todos los Departamentos Ministeriales...», para garantizar una actuación común, casi didáctica, en el funcionamiento interno de la Administración, en el que la garantía de los particulares se contempla desde la unificación del procedimiento y desde el concepto de la autorización previa para el reconocimiento de un derecho o la satisfacción de un interés legítimo.
La Constitución de 1978 alumbra un nuevo concepto de Administración, sometIda a la Ley y al derecho, acorde con la expresión democrática de la voluntad popular. La Constitución consagra el carácter Instrumental de la Administración, puesta al servicio de los Intereses de los ciudadanos y la responsabilidad política del Gobierno correspendiente, en cuanto que es responsable de dirigirla.
El régimen jurídico de las Adrninistraciones Públicas debe establecerse desde este concepto y trascender a las reglas de fuicionamiento interno, para integrarse en la sociedad a la que sirve como el instrumento que promueve las condiciones para que los derechos constitucionales del individuo y los grupos que integran la sociedad sean reales y efectivos.
Pero además, el régimen jurídico no es neutral en una dinámica de modernización del Estado. El procedimiento administrativo es un instrumento adecuado para dinamizar su avance y por lo tanto, las reglas esenciales del procedimiento son una pieza fundamental en el proceso de modernización de nuestra sociedad y de su Administración.
Desde esta óptica, el cambio que opera la ley es profundo y se percibe a lo largo de todo el articulado, en el que se ha respetado, incluso literalmente los preceptos más consolidados en la técnica de la gestión adnministrativa. La recepción que la Ley opera del anterior ordenamiento constituye en si misma un reconocimiento de la importancia que aquél tuvo en su día y que hoy, en buena parte conserva.
La múltiple y compleja realidad que supone la coexistencia, de la Administración del Estado, las Admmistraciones de las Comunidades Autónomas y las de las Entidades Locales, proyectando su actividad sobre un mismo espacio subjetivo y geográfico, hace necesario propiciar un acercamiento eficaz de los servicios administrativos a los ciudadanos. Objetivo que demanda a su vez una fluida relación entre las Administraciones Públicas y un marco jurídico de actuación común a todas ellas que permita a los particulares dirigirse a cualqwer instancia administrativa con la certeza de que todas actúan con criterios homogéneos.
La eficacia en el resultado de la actuación de esa realidad plural y compleja que son las Administnaciones Públicas, hace que la operación entre ellas resulte un principio activo, no sólo deseable, sino indispensable a su funcionamiento. La cooperación es un deber general, la esencia del modelo de organización territorial del Estado autonómico, que se configura, como un deber recíproco de apoyo y mutua lealtad que no es preciso que se justifique en preceptos concretos porque no puede imponerse, sino acordarse, canformarse, o concertarse, siendo el principio que, como tal, debe presidir el ejercicio de competencias compartidas o de las que se ejercen sobre un mismo espacio físico. Esta necesaria cooperación institucional entre Administraciones Públicas permitirá, en el marco de la modernización de sus estructuras, la simplificación de todas ellas y, cuando sea posible, también la reducción de la organización territorial de la Administración General del Estado, en las Comunidades Autónomas que, por razón de su nivel competencial propio, hayan asumido la gestión de las materias en que se desarrollen las funciones de aquellos órganos territoriales.
Las nuevas corrientes de la ciencia de la organización aportan un enfoque adicional en cuanto mecanismo para garantizar la calidad y transperencia de la actuación administrativa, que configuran diferencias sustanciales entre los escenarios de 1958 y 1992. La Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 pretendió modernizar las arcaicas maneras de la Administración española, propugnando una racionalización de los trabajos burocráticos y el empleo de «máquinas adecuadas, con vista a implantar una progresiva mecanización y automatismo en las oficinas públicas, siempre que el volumen de trabajo haga económico el empleo de estos procedimientos». Este planteamiento tan limitado ha dificultado el que la información, soporte y tejido nervioso de las relaciones sociales y económicas de nuestra época haya tenido hasta ahora incidencia sustantiva en el procedimiento administrativo, por falta de reconocimiento formal de la validez, de documentos y comunicaciones emitidos por dicha vía. El extraordinario avance experimentado en nuestras Administraciones Públicas en la tecnificación de sus medios operativos, a través de su cada vez mayor parque informático y telemático, se ha limitado al funcionamiento interno, sin correspondencia relevante con la producción jurídica de su actividad relacionada con los ciudadanos. Las técnicas burocráticas formalistas, supuestamente garantistas, han caducado, por más que a algunos les parezcan inamovibles, y la Ley se abre decididamente a la tecnificación y modernización de la actuación administrativa en su vertiente de producción jurídica y a la adaptación permanente al ritmo de las innovaciones tecnológicas.
Conjugar esta pluralidad de factores obliga a Intensificar las relaciones de cooperación, mediante la asistencia recíproca, el intercambio de información, las Conferencias sectoriales para la adopción de criterios o puntos de vista comunes al abordar los problemas de cada sector, o la celebración de convenios de colaboración; como aspectos generales que podrán ser susceptibles de concreción en los distintos sectores de la actividad administrativa.
La Ley recoge estos aspectos, que ya han demostrado su fecundidad en la práctica, e introduce como novedad la figura del Convenio de Conferencia Sectorial, que propiciará el acuerdo multilateral para acciones sectoriales, sin menoscabo de su origen pactado, que requiere la conformidad expresa de todas las partes intervinientes. De este modo, las Conferencias sectoriales, sin sustituir o anular las facultades decisorias propias de cada Administración Pública, recibirán un nuevo impulso en el decisivo papel que ya estan jugando en la consolidación del Estado de las Autonomías.
El título II dedica su capítulo I a regular los principios generales del régímen de los órganos administrativos, derivados de los principios superiores de indisponibilidad de la competencia, jerarquía y coordinación, en el marco de lo previsto por el artículo 103 de la Constitución. Plenamente respetuosa con la potestad de autoorgarización de las Administraciones Públicas, la Ley se limita a regular el núcleo estricto de lo que constituye la normativa básica de toda organización administrativa, cuya observancia tiene efectos directos sobre la validez y eficacia de los actos administrativos.
El capítulo III, que, recoge las normas generales de abstención y recusación de las Autoridades y personal de las Administraciones Públicas es corolario del mandato que la Constitución acoge en su artículo 103.1 cuando predica que la Administración Pública sirve, con objetividad, a los intereses generales. La normación común de las causas objetivas de abstención y recusación es tanto como garantizar el principio de neutralidad, que exige mantener los servicios públicos a cubierto de toda colisión entre intereses particulares e intereses generales.
El título IV, bajo el epígrafe «De la actividad de las Administraciones Públicas», contiene una transcendente formulación de los derechos de los ciudadanos en los procedimientos administrativos, además de los que le reconocen la Constitución y las Leyes. De esta enunciación cabe destacar como innovaciones significativas: La posibilidad de identificar a las autoridades y funcionarios bajo cuyo responsabilidad se tramiten los procedimientos -rompiendo la tradicional opacidad de la Administración-, el derecho de formular alegaciones y de aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el de no presentar los ya aportados a la Administración actuante, y el de obtener información y orientación sobre los condicionamientos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos que se propongan abordar.
En esta materia cobran especial relevancia los principios de cooperación, coordinacíón y colaboración, posibilitando el que los ciudadanos puedan presentar las solicitudes, escritos y comunicaciones que dirijan a las Administraciones Públicas en los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado o a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, al margen de las restantes posibilidades ya establecidas o que se establezcan. A tal efecto se prevé que, mediante convenio de colaboración entre las Admistraciones Públicas, se implanten sistemas de Intercomunicación y coordinación de registros que garanticen la compatibilidad informática y la transmisión telemática de los asientos.
El derecho a la identificación de las autoridades y funcionarios bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos, a que antes se hizo referencia, se complementa ahora con la posibilidad de solicitar la exigencia de responsabilidad por las anomalías en ia tramitación.
Le Ley introduce un nuevo concepto sobre la relación de la Administración con el ciudadano, superando la doctrina del llamado silencio administrativo. Se podrá decir que esta Ley establece el silencio administrativo positivo cambiando nuestra norma tradicional. No seria exacto. El objetivo de la Ley no es dar carácter positivo a la inactividad de la Administración cuando los particulares se dirijan a ella. El carácter positivo de la inactividad de la Administración es la garantía que se establece cuando no se cumple el verdadero objetivo de la Ley, que es que los ciudadanos obtengan respuesta expresa de la Administración y, sobre todo, que la obtengan en el plazo establecido. El silencio administrativo, positivo o negativo, no debe ser un instituto jurídico normal, sino la garantía que impida que los derechos de los particulares se vacien de contenido cuando su Administración no atiende eficazmente y con la celeridad debida las funciones para las que se ha organizado. Esta garantía, exponente de una Administración en la que debe primar la eficacia sobre el formalismo, sólo cederá cuando exista un interés general prevalente o, cuando realmente, el derecho cuyo reconocimiento se postula no exista.
El capitulo II regula los requisitos de los actos administrativos, partiendo de los principios de competencia y legalidad, con expresión de los que requieren motivación, recogiendo su forma escrita como regla general.
En el capítulo IV se regulan las causas y efectos de la nulidad y anulabilidad de los actos administrativos. La Ley incluye, como causa de nulidad de pleno derecho, la lesión del contenido esencial de los derechos y libertades suscepibles de amparo constitucional, en virtud de la especial protección que a los mismos garantiza la Constitución.
El titulo VI regula la, estructura general del procedimiento que ha de seguirse para la realización de la actividad jurídica de la Administración.
Las solicitudes de los interesados se abren a la posible utilización de medios telemáticos e incluso audiovisuales, para facilitar su formulación, siempre que quede acreditada la autenticidad de su voluntad.
Se regulan asimismo, en este capítulo, otras cuestiones conexas a la iniciación, como el período de información previa, las medidas provisionales para asegurar la eficacia, de la resolución, la acumulación de asuntos y la modificación, o mejora voluntaria de los términos de la solicitud formulada por los interesados.
La instrucción del procedimiento se recoge en el capítulo III mediante la regulación de las alegaciones, medios de prueba e informes. Recibe tratamiento específico el supuesto, cada vez más frecuente, de emisión de Informes por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento, previendo que su no evacuación no paralizara necesariamente el procedimiento, a fin de evitar que la inactividad de una Administración redunde en perjuicio de los interesados.
El trámite de información pública, cuando lo requiera la naturaleza del procedimiento, se regula de modo netamente diferenciado de la audiencia, pues ni la comparecencia otorga, por si misma, la condición de interesado, ni la incomparecencia enerva la vía de recurso para los que tengan esta condición.
El capítulo IV regula las formas y efectos de la finalización del procedimiento, a través de resolución, desistimiento, renuncia o cadacidad. Se introduce la posibilidad de utilizar instrumentos convencionales en la tramitación y terminación de los procedimientos.
La ejecutividad de los actos administrativos y los medios de ejecución forzosa queda recogidos en el capítulo V. La autotutela de la Administración Pública, potestad que permite articular los medios de ejecución que garanticen la eficacia de la actividad administrativa, queda en todo caso subordinada a los límites constitucionales, debiendo adoptarse los medios precisos para la ejecución, de modo que se restrinja al mínimo la libertad individual y de acuerdo con el principio de proporcionalidad.
El titulo VII, «Revisión de los actos administrativos», establece una profunda modificación del sistema de recursos administrativos vigente hasta hoy, atendiendo los más consolidados plateamientos documentales, tanto en lo referente a la simplificación, como a las posibilidades del establecimiento de sistemas de solución de reclamaciones y recursos distintos a los tradicionales y cuya implatación se va haciendo frecuente en los países de nuestro entorno y que ya existen, en algún caso, en nuestro propio ordenamiento.
El sistema de revisión de la actividad de las Administraciones Públicas que la Ley establece, se organiza en torno a dos líneas básicas: La unificación de los recursos ordinarios y el reforzamiento de la revisión de oficio por causa, de nulidad.
La primera línea, supone establecer un solo posible recurso para agotar la vía administrativa, bien sea el ordinario que se regula en la Ley, o el sustitutivo que, con carácter sectorial, pueda establecer otras leyes.
La revisión de oficio, por su parte, se configura como un verdadero procedimiento de nulidad cuando se funde en esta causa, recogiendo la unanimidad de la doctrina jurisprudencial y científica.
El título IX regula los principios básicos a que debe someterse el ejercicio, de la potestad sancionadora de la Administración y los correspondientes derechos que de tales principios se deriva para los ciudadanos extraídos del texto constitucional y de la ya consolidada jurisprudencia sobre la materia. Efectivamente, la Constitución en su aiticulo 25, trata, conjuntamente los ilícitos penales y adsninistrativos, poniendo de manifiesto la voluntad de que ambos se su eten a principios de básica identidad, especialmente cuando el campo de actuación del derecho administrativo sancionador ha ido recogiendo tipos de injusto procedentes del campo penal no subsistentes en el mismo en aras al principio de mínima intervención.
Entre tales principios destaca el de legalidad o «ratio democrático» en virtud, del cual es el poder legislativo el que debe fijar los límites de la actividad sacionadora de la Administración y el de tipicidad, manifestación en este ámbito del de seguridad jurídica, junto a los de presunción de inocencia, información, defensa, responsabilidad, proporcionalidad, interdicción de la analogía, etc.
Todos ellos se consideran básicos al derivar de la Constitución y garatizar a los administrados un tratamiento común ante las Administraciones Públicas, mientras que el establecimiento de los procedimientos materiales concretos es cuestión que afecta a cada Administración Pública en el ejercicio de sus competencias.
El titulo X «De la responsabihdad de las Administraciones Públicas y de sus Autoridades y demás personal a su servicio», incorpora la regulación de una materia estrechamente unida a la actuación administrativa y que constituye, junto al principio de legalidad, uno de los grandes soportes del sistema. Se hace así realidad la previsión contenida en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución sobre el establecimiento de un «sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas».
En lo que a la responsabilidad patrmonial se refiere, el proyecto da respuesta al pronunciarniento constitucional de indemnización de todas las lesiones que los particulares sufran en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, de acuerdo con las valoraciones predorminates en el mercado, estableciendo además la posibilldad de que hasta un determinado límite pueda hacerse efectiva en el plazo de treinta días, siempre que la valoración del daño y la relación de causalidad entre la lesión y el funcionamiento normal o anormal del servicio público sea inequívocos.
Art1 Objeto de la Ley.
La presente Ley establece y regula la bases del régimen jurídico, el procedimiento administrativo común y el sistema de responsabilidad de las Admistraciones Públicas, siendo aplicable a todas ellas.
Art2 Ambito de aplicación.
2. Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas tendrán asimismo la consideración de Administración Pública. Estas Entidades sujetarán su actividad a la presente Ley cuando ejerza potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación.
Art3 Principios generales.
1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actua de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley al Derecho.
2. Las Administraciones Públicas en sus relaciones, se rigen por el principlo de cooperación, y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos.
Art4 Principios de las relaciones entre las Administraciones Públicas.
1. Las Administraciona Públicas, en el desarrollo de su actividad y en sus relaciones recíprocas, deberán:
a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administreciones de sus competencias.
b) Ponderar en el ejercicio de las competencias propias la totalidad de los intereses públicos implicados y en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a las otras Administraciones.
c) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competenclas.
d) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras Adminisitraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias.
3. Le asistencia requerida sólo podrá negarse cuando el Ente del que se solicita no esté facultado para prestarla o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a sus intereses o al cumplimiento de sus proplas funciones. Le negativa a prestar la asistencia se comunicará motivadamente a la Administración solicitante.
4. La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local deberán colaborar y auxiliarse para aquellas ejecuciones de sus actos que hayan de realizarse se fuera de sus respectivos ámbitos de competencias.
Art5 Conferencias sectoriales.
1. A fin de asegurar en todo momento la necesaria coherencia de la actuación de las Administraciones Públicas y, en su caso, la imprescindible coordinación y colaboración, podra convocarse a los órganos de gobierno de las distintas Comunidades Autónomas en Conferencia sectorial con el fin de intercambiar puntos de vista, examinar en comúm los problemas de cada sector y las medidas proyectadas para afrontarIos o resolverlos.
2. Le convocatoria de la Conferencia se realizará por el Ministro o Ministros que tengan competencias sobre la materia que vaya a ser objeto de la Conferencia sectorial. La convocatoria se hará con antelación suficiente y se acompañará del orden del día y, en su caso, la documentación precisa para la preparación previa de la Conferencia.
3. Las acuerdos que se adopten en una Conferencia sectorial irán firmados por el Ministro o Ministros competentes y por los titulares de los órganos de gobierno correspondientes de las Comunidades Autónomas. En su caso, estos acuerdos podrán formalizarse bajo la denominación de convenio de Conferencia sectorial.
Art6 Convenios de colaboración.
1. El Gobierno de la Nación y los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios de colaboración entre sí en el ámbito de sus respectivas competencias.
e) Le necesidad o no de establecer una orgarización para su gestión.
g) Le extinción por causa disinta a la prevista en el apartado anterior, así como la forma de terminar las actuaciones en curso para el supuesto de extinción.
Art7 Consorcios.
1. Cuando la gestión del convenio haga necesario crear una organización común ésta podrá adoptar la forma de consorcio dotado de personalidad jurídica.
2. Los Estatutos del consorcio determinarán los fines del mismo, así como las particularidades del réfimen orgánico funcional y financiero.
Art8 Efectos de los convenios.
Art9 Relaciones con la Administración Local.
Las relaciones entre la Administración General del Estado o la Administración de la Comunidad Autónoma con las Entidades que integran la Administración Local, se regirán por la legislación básica en materia de Régímen Local, aplicándose supletoriamente lo dispuesto en el presente Título.
Art10 Comunicaciones a las Comunidades Europeas.
Cuando en virtud de una obligación derivada de los Tratados de las Comunidades Europeas o de los actos de sus Instituciones, sea precisa la comunicación a éstas de disposiciones de carácter general, resoluciones, proyectos de disposiciones, o cualquier otra información cuyo envío resulte obligado por imperativo del Ordenamiento Jurídico Comuinitario, la Administración Pública correspondiente proceden a su remisión en el plazo de quince días al órgano competente de la Administración General del Estado para realizar la comunicación a dichas Instituciones.
Art11 Creación de orgános administrativos.
1. Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su propio ámbito competencial las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización.
3. No podrán crearse nuevos órganos que supogan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de éstos.
Art12 Competencia.
1. La competencia es irrenunciable se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectuen en los términos previstos en ésta u otras leyes.
La enomienda de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titulandad de la competencia, aunque si de los elementos deterrninantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
3. Si alguna disposición atribuye competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio, y, de existir varios de estos, al superior jerárquico común.
Art13 Delegación de competencias.
1. En cada Administración Pública se podrá acordar la delegación del ejercicio de competencias atribuidas a sus órganos administrativos en otros órganos, aunque no sean jerárquicamente dependientes, cuado existan circunstancias de índole técnica, económica, social, y territorial que lo hagan conveniente.
a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno de la Nación, Cortes Generales Pre sidencias de los Ccnsejós de Gobierno de las Comunidades Autónomas y Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
3. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca con órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de éste.
Art14 Avocación.
En los supuestos de delegación de competencias en órganos no jerarquicamente dependientes, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante.
2. En todo caso, la avocación se rara mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad a la resolución final que se dicte.
Art15 Encomienda de gestión.
1. La realizición de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de derecho público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de la misma o de distinta Administración, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.
2. La encomienda de gestión no supone cesión de tltularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concieta actividad material objeto de encomienda.
3. La encomienda, de gestión entre órganos administrativos o Entidades de derecho público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos, o Entidades intervinientes. En todo caso el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución debe ser publicado, para su eficacia en el Diario oficial correspondiente.
Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que inclinarán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada.
4. Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente conveiuo entre ellas, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares, que se regirá por la legislación de Régimen Local.
5. E] régimen jurldico de la,enconuenda de gestión que se regula en este artículo no sería de aplicación cuando la realización de las actividades enumeradas en el apartado primero haya de recaer sobre personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado, ajustándose entonces, en lo que proceda, a la legislación correspondiente de contratos del Estado, sin que puedan encomendarse a personas o Entidades de esta naturaleza actividades que, según, la legislación vigente, hayan de realizarse con sujeción al derecho administrativo.
Art16 Delegación de firma.
1. Los titulares de ]os órganos administrativos podrán, en materia de su propia competencia, delegar la firma de sus resoluciones, y actos administrativos a los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependen, dentro de los límites señalados en el artículo 13.
Art17 Suplencia.
2. La suplencia no implicaré alteración de la competencia.
Art18 Coordinación de competencias.
1. Los órganos admmlstratlvos en el ejercicio de sus competencias propias ajusttsi su actividad en sus relaciones con otros órganos de la misma o de otras administraciones a los principios establecidos en el artlculo 4.1 de la Lay, y la coordinarán con la que pudiera corresponder legítimamente a éstos, pudiendo recabar pera ello la información que precisen.
2. Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependen jerárquicamente entre si o pertenezcan a otra Administración.
Art19 Comunicaciones entre órganos.
Art20 Decisiones sobre competencia.
Art21 Instrucciones ordenes de servicio.
1. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante intrucciones y órdenes de servicio.
Cuando una disposición específica, así lo establezca o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el periódico oficial que corresponda.
2. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.
Art22 Régimen.
1. El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas en el presente capítulo sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones Públicas en que se integran.
2. Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, así, como aquéllos, compuestos por representaciones, de distintas Administraciones Públicas cuenten o no con participación de organizaciones representativas de intereses sociales podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento.
Art23 Presidente.
d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, excepto si se trata de los Organos colegiados a que se refiere el número 2 del artículo 22, en que el voto será dirimente si así lo establecen sus propias normas.
g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del Organo.
2. En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente será sustituido por el Vicepresidente que corresponda y en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de entre sus componentes.
Esta norma no será de aplicación a los órganos colegiados previstos en el número 2 del artículo 22 en que el régimen de sustitución del Presidente debe estar específicamente regulado en cada caso, u establecido expresamente por acuerdo del Pleno del órgano colegiado.
Art24 Miembros.
2. Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a éste, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo validamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio órgano.
Cuando se trate de órganos colegiados a los que se refiere el número 2 del artículo 22, las organizaciones representativas de intereses sociales podrán sustituir a sus miembros titulares por otros, acreditándolo ante la Secretaría del órgano colegiado, con respeto a las reservas y limitaciones que establezcan sus normas de organización.
Art25 Secretario.
Art26 Convocatorias y sesiones.
Cuando se trate de los Organos colegiados a que se refiere el número 2 del artículo 22, el Presidente podrá considerar válidaniente constituido el órgano, a efectos de celebración de sesión, si están presentes los representantes de las Administraciones Públicas y de las organizaciones representativas de intereses sociales miembros del órgano a los que se haya atribuído la condición de portavoces.
2. Los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si éste no está previsto por sus normas de funcionamiento. Tal régimen podrá prever una segunda convocatoria y especificar para ésta el número de miembros necesarios para constituir válidainente el órgano.
Art27 Actas.
2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciendose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.
Art28 Abstención.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
Art29 Recusación.
5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que termine el procedniento.
Art30 Capacidad de obrar.
Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, además de las personas que la ostenten con arreglo a las normas civlles, los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico-adininistrativo sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exeeptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.
Art31 Concepto de interesado.
b) Los que sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
c) Aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en cedimiento en tanto no haya recaldo resolución definitiva.
Art32 Presentación.
Art33 Pluralidad de Interesados.
Cuando en una soticitud. escrito o comunicación fqrnren varios interesados, las actuciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que ftgure en primer término.
Art34 Identificación de interesados.
Si durante la instrucción de un procesamiento que no haya tenido publicidad en forma legal, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya iden- tificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicara a dichas personas la tramitación del procedimiento.
Art35 Derechos de los ciudadanos.
b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se trasniten los procedimientos.
e) A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedrniento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.
Art36 Lengua de los procedimientos.
1. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea oficial en ella.
En cualquier caso, deberán traducirse al castellano las documentos que deban surtir efectos fuera del territono, de la Comunidad Autónoma y los dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente.
3. Los expedientes o las partes de los mismos redactados en una lengua cooficial distinta del castellano, cuando vayan a surtir efectos fuera del territono de la comunidad Autónoma, deberán ser traducidos al castellano por la Administración Pública instructora.
Art37 Derecho de acceso a Archivos y Registros.
1. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión, gráfica, sonora o en imágen o el tipo de soporte material en que figuren, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud.
2. El acceso a los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las personas estará reservado a éstas, que, en el supuesto de observar que tales datos fueran incompletos o inexactos, podrán exigir que sean rectificados o completados, salvo que figuren en expedientes caducados por el transcurso del tiempo, conforme a los plazos máximos que determina los diferentes procedimientos, de los que no pueda derivarse efecto sustantivo alguno.
8. El derecho de acceso coallevará el de obtener copias o certificados de los documentos cuyo examen sea autorizado por la Administración, previo pago, en su caso, de las exacciones que se hallen legalmente establecidas.
Art38 Registros.
1. Las órganos administrativos llevarán un registro general en el que se hará el correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que sea presentado o que se reciba en cualquier unidad administrativa propia. También se anotarán en el mismo, la salida de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos o particulares.
2. Los órganos administrativos podrán crear en las unidades administrativas correspondientes de su propia organización otros registros con el fm de facilitar la presentación de escritos y comunicaciones. Dichos registros serán auxiliares del registro general, al que comunicarán toda anotación que efectúen.
3. Los registros generales así como todos los registros que las Admistraciones Públicas establezcan para la recepción de escritos y comunicaciones de los particulares o de órganos administrativos, deberán instalarse en soporte informático.
b) En los registros de cualquier órgano adminsitrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las Entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio.
Mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones Públicas, se establecerán sistemas de intercomunicación y coordinacíón de registros que garanticen su compatibilidad informática y la transmisión telemática de los asientos.
Art39 Colaboración de los ciudadanos.
2. Las interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante.
Art40 Comparecencia de los ciudadanos.
1. La comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas públicas sólo será obligatoria cuando asi esté previsto a una norma con rango de ley.
Art41 Responsabilidad de la tramitación.
1. Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormaiidad en la tramitación de procedimientos.
Art42 Obligación de resolver.
1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa sobre cuantas solicitudes se formulen por los interesados así como en los procedimientos iniciados de oficio cuya instrucción y resolución afecte a los ciudadanos o a cualquier interesado. Estan exceptuados de esta obligación los procedimientos en que se produzca la prescripción, la caducidad, la renuncia o el desistimiento en los térmimos previstos en esta Ley, así como los relativos al ejercicio de derechos que sólo deba ser objeto de comunicación y aquéllos en los que se haya producido la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento.
2. El plazo máximo para resolver las solicitudes que se formulen por los interesados será el que resulte de la trimitación del procedimiento aplicable en cada caso. Cuando la norma de procedimiento no fije plazos, el plazo máximo de resolución será de tres meses.
La ampliación de los plazos a que se refiere este artículo no podía ser superior al plazo inicialmente establecido en la tramitación del procedimiento.
Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos no cabía recurso alguno.
3. Los titulares de los órganos administrativos que tengan la competencia para resolver los procedimientos que se tramiten y el personal al servicio de las Admmistraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, son responsables directos de que la obligación de resolución expresa se haga efectiva en los plazos establecidos.
Art43 Actos presuntos.
El vencimiento del plazo de resolución no exime a las Administraciones Públicas de la obligación de resolver pero, deberán abstenerse de hacerlo cuando se haya emitido la certificación a que se refiere el artículo.
2. Cuando en los procedimientos iniciados en virtud de solicitudes formuladas por los interesados no haya recaído resolución en plazo, se podrán entender estimadas aquéllas en los siguientes supuestos.
b) Solicitudes cuya estimación habilitaría al solicitante para el ejercicio de derechos preexistentes salvo que la estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, en cuyo caso se entenderán desestimadas.
c) En todos los casos las solicitudes en cuya normativa de aplicación no se establezca que quedarám desestimadas si no recae resolución expresa.
3. Cuando en los procedimientos iniciados en virtud de solicitudes formuladas por los interesados no haya recaído resolución en plazo, se podrá entender desestimada la solicitud en los siguientes supuestos.
b) Resolución de recursos administrativos. Ello no obstante, cuando el recurso se haya interpuesto contra la desestimación presunta de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el recurso si llegado el plazo de resolución de éste el órgano adminitrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo.
4. Cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio no susceptibles de producir actos favorables para los ciudadanos, se entenderán caducados y se precederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el propio órgano competente para dictar la resolución, en el plazo de treinta días desde el vencimiento del plazo en que debió ser dictada, excepto en los casos en que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, en los que se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver el procedimiento.
5. Cada Administración, para mejor conocimiento de los ciudadanos, podrá publicar de acuerdo con el réfimen de actos presuntos previsto en la presente Ley una relación de los procedimientos en que la falta de resolución expresa produce efectos estimatorios y de aquellos en que los produce desestimatorios.
Art44 Certificación de actos presuntos.
1. Los actos administrativos presuntos se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier otra persona natural o jurídica, pública o privada.
2. Para su eficacia, los interesados o la propia Administración deberá acreditar los actos presuntos mediante certificación emitida por el Organo competente que debió resolver expresamente el procedimiento, que deberá extenderla inexcusablemente en el plazo de veinte días desde que le fue solicitada salvo que en dicho plazo haya dictado resolución expresa, sin que se pueda delegar esta competencia específica.
La certificación de actos presuntos de órganos colegiados se emitirá por los Secretarios de los mismos, o por las personas que tengan atribuídas sus funciones.
3. La certificación que se emita deberá ser comprensiva de la solicitud presentada o del objeto del procedimiento seguido de la fecha de iniciación, del vencimiento del plazo para dictar resolución y de los efectos generados por la ausencia de resolución expresa.
Si la certificación no fuese emitida en el plazo establecido en el número anterior, los actos presuntos serán igualmente eficaces y se podrán acreditar mediante la exhibición de la petición de la certificación sin que quede por ello desvirtuado el carácter estimatorio o desestimatorio legamente establecido para el acto presunto.
5. Los plazos para interponer recursos administrativos y contencioso-adminstrativo respecto de los actos presuntos se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la certificación, y si ésta no fuese emitida en plazo, a partir del día siguiente al de finalización de dicho plazo.
Art45 Incorporación de medios técnicos.
1. Las Admnistraciones Públicas, impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desrrrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que a la utilización de estos medios establecen la Constitución y las Leyes.
2. Cuando sea compatible con los medios técnicos de que dispongan las Admmistraciones Públicas, los ciudadanos podrán relacionarse con ellas para ejercer sus derechos a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos con respecto de las garantías y requisitos previstos en cada procedimiento.
4. Los programas y aplicaciones electrónicos, informáticos y telemáticos que vayan a ser utilizados por las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus potestades, habían de ser previamente aprobados por el órgano competente, quien deberá difundir públicamente sus características.
5. Los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos por las Administraciones Públicas, o los que éstas emitan como copias de originales almacenados por estos mismos medios, gozarán de la validez y eficacia de documento original siempre que quede garantizada su autenticidad integridad y conservación y, en su caso, la recepción por el interesado así como el cumplimiento de las garantías y requisitos exigidos por ésta u otras Leyes.
Art46 Validez y eficacia de documentos y copias.
3. Las copias de documentos privados tendrá validez y eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad de las Adminstraciones Públicas, siempre que su autenticidad haya sido comprobada.
4. Tienen la consideración de documento público administrativo los documentos válidanente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas.
Art47 Obligatoriedad de términos y plazos.
Art48 Cómputo.
1. Siempre que no se exprese otra cosa, cuando los plazos señalen por días, se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.
4. Los plazos expresados en dias se contarán a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate o, en su caso, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 44.5.
Los restantes plazos se contarán a partir del día de la notificació o publicación del correspondiente acto salvo que en él se disponga otra cosa y, respecto de los plazos para iniciar un procedimiento, a partir del día de la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los registros del órgano administrativo competente.
5. Cuando un día fuese hábil en el Municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la invensa, se considerará inhábil en todo caso.
Art49 Ampliación.
1. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no, exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero.
Art50 Tramitación de urgencia.
1. Cuando razones de interés público lo aconsejen se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicacion al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
2. No cabía recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento.
Art51 Jerarquía y competencia.
1. Las disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las Leyes ni regular aquellas materias que la Constitucion o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
Art52 Publicidad e inderogabilidad singular.
2. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general aunque aquéllas tengan igual o superior rango a éstas.
Art53 Producción y contenido.
Art54 Motivación.
Art55 Forma.
3. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como, nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado.
Art56 Ejecutividad.
Art57 Efectos.
2. La eficacia quedará demorada cuando asi lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.
Art58 Notificación.
3. Las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido de la resolución o acto objeto de la notificación, o interpongan el recurso procedente.
Art59 Práctica de la notificación.
4. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio en el «Boletín del Estado», de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.
5. La publicación en los términos del artículo siguiente sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos en los siguientes casos:
b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo la convocatoria del procedimiento deberá indicar el tablón de anuncios o medio de comunicación donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.
Art60 Publicación.
Art61 Indicación de notificaciones y publicaciones.
Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar en el diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podían comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
Art62 Nulidad de pleno derecho.
Art63 Anulabilidad.
3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando asi lo imponga la naturaleza del término o plazo.
Art64 Transmisibilidad.
Art65 Conversion de actos viciados.
Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de esta.
Art66 Conservación de actos y trámites.
Art67 Convalidación.
3. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárrquico del que dictó el acto viciado.
TITULO VI De las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos
Art68 Clases de iniciación.
Art69 Iniciación de oficio.
Art70 Solicitudes de iniciación.
a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, asi como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones.
2. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única soticitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa.
Art71 Subsanación y mejora de la solicitud.
1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane las falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más trámite, con los efectos previstos en el articulo 42.1.
2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o miciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.
3. En los procedimientos inciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ellos se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento.
Art72 Medidas provisionales.
1. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolverlo, podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello.
2. No se podrán dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.
Art73 Acumulación.
Art74 Impulso.
El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la exigencia de responsabilidad discipunaria del infractor o, en su caso, será causa de remoción del puesto de trabajo.
Art75 Celeridad.
Art76 Cumplimiento de trámites.
Art77 Cuestiones incidentales.
CAPITULO III Instrucción del procedimiento
Art78 Actos de instrucción.
Art79 Alegaciones.
SECCION 2.ª Prueba
Art80 Medios y período de prueba.
Art81 Práctica de prueba.
3. En los casos en que, a petición del interesado, deban efectiarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba. La liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos.
SECCION 3.ª Informes
Art82 Petición.
Art83 Evacuación.
SECCION 4.ª Participación de los interesados
Art84 Trámite de audiencia.
Art85 Actuación de los interesados.
Art86 Información pública.
2. A tal efecto, se anunciará en el «Boletin Oficial del Estado», de la Comunidad Autónoma, o en el de la Provincia respectiva, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento, o la parte del mismo que se acuerde.
La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por si misma, la condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.
Art87 Terminación.
1. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la soticitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el Ordenamiento Jurídico, y la declaración de caducidad.
Art88 Terminación convencional.
1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea a disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.
3. Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros, los acuerdos que versen sobre materias de la competenia directa de dicho órgano.
4. Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de la competencias atribuidas a los órganos administrativos ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios relativas al funcionamiento de los servicios públicos.
SECCION 2.ª Resolución
Art89 Contenido.
Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto en aquéllos por un plazo no superior a quince días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso los medios de prueba.
2. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por este sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.
3. Las resoluciones contendrán la decisión, que sera motivada en los casos a que se refiere el artículo 54. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin periuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
SECCION 3.ª Desistimiento y renuncia
Art90 Ejercicio.
Art91 Medios y efectos.
2. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento.
SECCION 4.ª Caducidad
Art92 Requisitos y efectos.
1. En los procedimientos iniciados a sohcitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la ceducidad del mismo.
Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes.
3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrampirán el plazo de prescripción.
Art93 Título.
1. Las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que límite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico.
Art94 Ejecutoriedad.
Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo lo previo en los artículos 111 y 138, y en aquellos casos en que una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o autorización superior.
Art95 Ejecución forzosa.
Art96 Medios de ejecución forzosa.
1. La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el pnncipio de proporcionalidad, por los siguientes medios:
Art97 Apremio sobre el patrimonio.
Art98 Ejecución subsisidiaria.
1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de acots que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.
Art99 Multa coercitiva.
1. Cuando así lo autoricen las leyess y en la forma y cuantía que estas determinen, las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos:
Art100 Conlpulsión sobre las personas.
2. Si, tratandose de obligaciones personalisimas de hacer, no se realizase la prestación, el obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación y cobro se procederá en vía administrativa.
Art101 Prohibición de interdictos.
Art102 Revisión de actos nulos.
2. El procedimiento de revisión de oficio, fundado en una causa de nulidad, se instruirá y resolverá de acuerdo con las disposiciones del Título VI de esta Ley. En todo caso, la resolución que recaiga requiere dictamen previo del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, y no es susceptible de recurso administrativo, sin perjuicio de la competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
3. Las Admmistraciones Públicas, al declarar la nulidad de un acto podrán establecer en la misma resolución por la que se declara esa nulidad, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 139.2 y 141.1 de esta Ley.
Art103 Revisión de actos anulables.
3. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado, la declaración de lesividad se realizará mediante Orden ministerial del departamento autor del acto administrativo, o bien mediante acuerdo del Consejo de Ministros; cuando su norma de creación así lo determine, la declaración se reallzará por los órganos a los que corresponda de las Entidades de Derecho Público a que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley.
Art104 Suspensión.
Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para resolver podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjulcios de imposible o difícil reparación.
Art105 Revocación de actos.
1. Las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos, expresos o presuntos, no declarativos de derechos y los de gravamen, siempre que tal revocación no sea contraria a ordenamiento jurídico.
2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquler momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
Art106 Límites de la revisión.
SECCION 1.ª Principios generales
Art107 Objeto y clases.
1. Contra las resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión podrá interponerse por los interesados el recurso ordinario a que se refiere la sección 2.1 de este capítulo.
2. Las Leyes podrán sustituir el recurso ordinario, en supuestos o ámbitos sectoriales deerminados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación o reclamación, incluidos los de conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respecto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los órganos representativos electos establecidos por la Ley.
3. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la ilegalidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.
Art108 Recurso de revisión.
Art109 Fin de la vía administrativa.
Poner fin a la vía administrativa:
a) Las resoluciones de los recursos ordinarios b) Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere el artículo 107.2.
c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley eslablezca lo contrario.
Art110 Interposición de recurso.
a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificacion del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones.
2. El error en la calificacíon del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.
3. La interposición de recurso contencioso-adniinistrativo contra actos que ponen fin a la vía administrativa requerirá comunicación previa al órgano que dictó el acto impugnado.
Art111 Suspensión de la ejecución.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensón y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto recurrido, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Art112 Audiencia de los interesados.
1. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las aIegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes.
Art113 Resolución.
SECCION 2.ª Recurso ordinario
Art114 Objeto y plazo.
1. Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 107.1 podrán ser recurridas ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de los Administraciones Públicas se considerarán dependientes de la Autoridad que haya nombrado al Presidente de los mismos.
Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso. la resolución será firme a todos los efectos, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
Art115 Motivos.
Art116 Interposición.
2. Si el recurso se hubiera presentado ante el órgano que dictó el acto impugnado, este deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.
3. El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimieento de lo previsto en el párrafo anterior.
Art117 Resolución presunta.
Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso ordinario sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado, salvo en el supuesto previsto en el artículo 43.3. b) y quedará expedita la vía procedente.
SECCION 3.ª Recurso de revisión
Art118 Objeto y plazos.
1. Contra los actos que agoten la vía admitustrativa o contra los que no se haya interpuesto recurso administrativo en plazo, podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano no administrativo que los dictó, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
3.ª Que en la resolución hayan incluido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
4.ª Que la resolucion se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.
2. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá cuando se trate de la causa primera, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar, desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial, quedó firme.
Art119 Plazos y resolución.
2. El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revision debe pronunciarse no solo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido.
3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin que recaiga resolución, se entenderá desestimado, quedando expedida la vía jurisdiccional contencioso admnistrativa.
Art120 Naturaleza.
Art121 Efectos.
1. Si planteada una reclamación ante las Admistraciones Públicas, ésta no ha sido resuelta y no ha transcurrido el plazo en que deba entenderse desestimada, no podrá deducirse la misma pretensión ante la jurisdicción correspondiente.
2. Planteada la reclamación previa se interrumpirán los planos para el ejercicio de las acciones judiciales, que volverán a contarse a partir de la fecha en que se haya practicado la notificación expresa de la resolución o, en su caso, desde que se entienda desestimada por el transcurso del plazo.
Art122 Iniciación.
2. En la Administración General del Estado se planteará ante el Minístro del Departamento que por razón de la materia objeto de la reclamación sea competente. Las reclamaciones podían presentarse en cualquiera de los lugares previstos por esta Ley para la presentación de escritos o solicitudes.
Art123 Instrucción.
1. El órgano ante el que se haya presentado la reclamación la remitirá en el plano de cinco días al órgano competente en unión de todos los antecedentes del asunto.
Art124 Resolución.
1. Resulta la reclamación por el Ministro u órgano competente, se notificará al interesado.
2. Si la Administración no notificará su decisión en el plazo de tres meses, el interesado podrá considerar desestimada su reclamación al efecto de formular la correspondiente demanda judicial.
Art125 Tramitación.
1. La reclamación deberá dirgirse al Jefe administrativo o Diector del establecuniento u Organismo en que el trabajador preste sus servicios.
2. Transcurrido un mes sin haber sido notiticada resolución alguna, el trabajador podrá considerar desestimada la reclamación a los efectos de la acción judicial laboral.
Art126 Reclamaciones del personal civil no funcionario de la Administración Militar.
Art127 Principio de legalidad.
2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresasnente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario, sin que pueda delegarse en órgano distinto.
Art128 Irretroactividad.
Art129 Principio de tipicidad.
2. Unicamente por la comisión de infracciones administrativas podían imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley.
3. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidaa legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes.
Art130 Responsabilidad.
2. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnzación por los daños y perjuicios causados que podrán ser determinados por el órgano competente, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su satisfacción en el plazo que al efecto se determine, y quedando, de no hacerse así, expedita la vía judicial correspondiente.
Art131 Principio de proporcionalidad.
1. Las sanciones administrativas sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar directa o subsidiariamente, privación de libertad.
Art132 Prescripción.
1. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.
Art133 Concurrencia de sanciones.
No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o admmistrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.
Art134 Garantía de procedimiento.
1. El ejercicio de la potestad sancionadora requerirá procedimiento legal o reglamentariarnente establecido.
Art135 Derechos del presunto responsable.
A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constiruir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instrutor de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.
Art136 Medidas de carácter provisional.
Art137 Presunción de inocencia.
Art138 Resolución.
1. La resolucion que ponga fin al procedimiento habrá de se motivada y resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente.
Art139 Principios de responsabilidad.
2. En todo caso, el daño alegido habrá de ser efectivo, evaluab]e económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
3. Las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que ésto no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezcan en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos.
Art140 Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas.
Cuando de la gestión dimanante de fórmulas colegiadas de actuación entre varias Administraciones Públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Adminstraciones intervinientes responderán de forma solidaria.
Art141 Indemnización.
2. La indemnización, se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación de expropiación forzosa, legislación fiscal y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado.
4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y, convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado.
Art142 Procedimientos de responsabilidad patrimonial.
1. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se inciarán de oficio o por reclamación de los interesados.
2. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán, por el Ministro respectivo el Consejo de Ministros si una Ley así lo dispone o por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades que integran la Adminstración Local. Cuando su norma de creación así lo determine la reclamación se resolverá por los órganos a los que corresponda de las Entidades de Derecho Público a que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley.
3. Para la determinación de la responsabilidad patrimonial se establecerá reglamentariamente, un procedimiento general con inclusión de un procedimiento abreviado para los supuestos en que concurran las condiciones previstas en el artículo 143 de esta Ley.
5. En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la deternunación del alcance de las secuelas.
Art143 Procedimiento abreviado.
1. Iniciado el procedimiento general, cuando sean inequivocos relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, el órgano competente podrá acordar la sustanciación de un procedimiento abreviado, a fin de reconocer el derecho a la indemnización en el plazo de treinta días.
3. Si no recae resolución expresa se podrá entender desestimada la solicitud de Indeminización.
Art144 Responsabilidad de Derecho Privado.
Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las
Art145 Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado directamente a los lesionados podrá exigir de sus Autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia del procedimiento que reglamentariamente se establezca.
3. Asimismo, podrá la Adminstración instruir igual procedimiento a las Autoridades y demás personal a su servicio por los daños o perjuicios causado, en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, culpa o negligencia grave.
4. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a vía administrativa.
Art146 Responsabilidad civil y penal.
1. La responsabilidad, civil y penal del personal la servicio de las Administraciones Públicas se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente.
Reglamentariamente en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se llevará a efecto la adecuación a la misma de las normas reguladoras de los distintos procedimientos administrativos, cualquiera que sea su rango, con específica mención de los efectos estimatorios o desetimatorios que la falta de resolución expresa produzca.
1. La impugnación de los actos de la Seguridad Social y Desempleo, en los términos previstos en el artículo 2.º del texto articulado de la Ley de Procedimiento laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril, así como su revisión de oficio, se regirán por lo dispuesto en dicha Ley.
En el ámbito de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado c) del artículo 109.1 ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes:
b) Los adoptados por los Ministros en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas losa Departamentos de los que son titulares.
«El recurso contencioso-administrativo será admisible en relación con las disposiciones y con los actos de la Administración que hayan puesto fin a la vía administrativa, de conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.» Disposición adicional undécima.
f) Acreditación de haber efectuado al órgano administrativo autor del acto impugnado, con carácter previo, la comunicación a que se refiere el artículo 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proceso Administrativo Común.»
Se autoriza al Consejo de Ministros a dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo de la presente Ley sean necesarias, y en particular, para las que se refieran a la efectividad material y temporal del derecho reconocido en el artículo 35.f).
Madrid, 26 de noviembre de 1992. JUAN CARLOS R.
dijous, 26 novembre, 1992

References: artículo 149
 artículo 149
 artículo 103
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 artículo 149
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 artículo 13
 artículo 22
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 artículo 44
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 artículo 54
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 artículo 2
 artículo 107
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 artículo 43
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 artículo 2
 artículo 143
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 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 109
 artículo 110
 artículo 35