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Timestamp: 2018-10-16 06:53:44+00:00

Document:
Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut - Sesión 890 08-04-03
Sesión 890 08-04-03
- En Rawson, en el recinto de sesiones de la Honorable Legislatura del Chubut, a ocho de abril de dos mil tres, siendo las 23,08 dice el:
SR. PRESIDENTE (Gil): Con la presencia de veintiséis señores diputados en el recinto y un ausente con aviso, se declara abierta la sesión ordinaria del día de la fecha.
Sobre vuestras bancas se encuentra el Orden el día el que, de no mediar observaciones, se dará por aprobado.
SR. LORENZO: Señor Presidente, solicito que el punto 2° del Orden del día vuelva a Comisión, si los señores diputados así lo aprueban.
SR. DE BERNARDI: Señor Presidente, no estoy de acuerdo, solicito que se someta a consideración.
SR. RISSO: Señor Presidente, solicito que se convoque a los señores diputados que están en la Casa para que ingresen al recinto.
SR. PRESIDENTE (Gil): Se va a votar en primer término la moción del señor diputado Lorenzo.
SR. PRESIDENTE (Gil): Doce votos.
Se va a votar la segunda moción propuesta, que el dictamen se trate en el día de la fecha.
SR. RISSO: Señor Presidente, solicité anteriormente que convoque a los señores diputados presentes en la Casa, para que se hiciera presente la señora diputada Llamazares.
SR. PRESIDENTE (Gil): Señor diputado, hemos hecho el llamado y la señora diputada no se ha hecho presente.
SR. GARITANO: Señor Presidente, cuente bien los votos.
SR. PRESIDENTE (Gil): Señores diputados para evitar todo tipo de error, sírvanse levantar la mano.
SR. PRESIDENTE (Gil): Catorce votos. En consecuencia será tratado en el día de la fecha.
- Resolución de Presidencia N° 012/03, ad referéndum de la Honorable Legislatura.
- Autoriza Comisión de Servicios a la agente Nelly Guzmán a Reunión Nacional de Bibliotecarios.
- Nota de la Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda informando que han sido designados como autoridades de la misma el diputado Juan Ismael Retuerto, Presidente, y la diputada Argentina Noemí Martínez, Secretaria. Las reuniones se realizarán todos los miércoles a las 11.
- Nota de la Defensora del Pueblo de la Provincia del Chubut remitiendo el informe anual en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 4.518.
- Nota del Ministerio de Educación en respuesta al pedido de informes dispuesto por Resolución N° 013/03-HL., referida al cumplimiento de la Ley N° 4.864.
- Nota del Honorable Concejo Deliberante de Esquel remitiendo la Declaración N° 01/03, por la que se rechaza en forma categórica la guerra entre Estados Unidos e Irak.
- Nota del Honorable Concejo Deliberante de Puerto Madryn enviando la Declaración N° 05/03 y la Resolución N° 019/03, referidas a inclusión en el Presupuesto 2003 de la pavimentación y obras complementarias de la Ruta Provincial N° 1, tramo Puerto Madryn-Rawson, y la demarcación y alambrado lateral de la Ruta Provincial N° 2 en el ingreso a Península Valdés.
- Nota del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia enviando la respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública al pedido de informes dispuesto por Resolución N° 018/03-HL., referido a los hechos ocurridos en la Reserva Comunidad Mapuche-Tehuelche “Vuelta del Río”.
- Nota del señor Gobernador de la Provincia remitiendo copia del Informe Final sobre la República Argentina, aprobado por el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) Ley 24.759.
- Notas del Tribunal de Cuentas de la Provincia remitiendo las rendiciones de cuentas de dicho organismo correspondientes al mes de febrero de 2.003.
- Nota del diputado Carlos Lorenzo remitiendo la nota presentada por los señores Antonio Fermín y Demetrio Miranda de la Comunidad Mapuche de Cushamen, solicitando la declaración de interés provincial la “Cuarta Fiesta Provincial del Aborigen” que se desarrollará en dicha localidad.
- Nota del Ministerio de Salud en respuesta al pedido de informes formulado por Resolución N° 014/03-HL., referida al cumplimiento de la Ley N° 4.890 de control del hipotiroidismo.
- Nota remitida vía fax por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Federal de Minería haciendo llegar copia de la nota enviada al señor Gobernador con respecto a la posible sanción de dos proyectos de leyes por esta H. Legislatura referidos a la actividad minera.
SR. LORENZO: Señor Presidente, solicito que sea leída por Secretaría.
- Decreto nº. 248/03 del Poder Ejecutivo Provincial, por el que se incorporan partidas al Presupuesto General del pre¬sente ejercicio.
- Nota de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia remitiendo al archivo, de acuerdo con lo estable¬cido en el Reglamento Orgánico, los proyectos ingresados en los años 1999 y 2000 que no han tenido tratamiento. Asi¬mismo, informa acerca de los proyectos ingresados en dichos años que continúan en Comisión por estar en estudio.
- Se adjuntan los proyectos.
- Nota de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco remitiendo la Resolución nº. 158/03, por la que manifiesta su beneplácito por la realización de la consulta popular en Esquel.
- Nota del Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia in¬formando que, en respuesta a la invitación formulada por esta Legislatura, han sido convocados los integrantes de la Comisión creada por la Ley nº. 4900 para concurrir el día miércoles 9 del corriente a las 12 a la reunión prevista en la Comisión Permanente de Integración Regional e Internacio¬nal.
- A la Comisión Permanente de Integración Regional e Inter¬nacional.
- Proyecto de Ley N° 036/03, presentado por los diputados Risso, Llamazares, Cominetti y Griffiths, del Bloque de la Alianza, por el que se propone la modificación del artículo 25 de la Ley N° 4.086, del Consejo de la Magistratura.
- Proyecto de Ley N° 037/03, presentado por el Poder Ejecutivo, por el que se propicia la aprobación del Convenio celebrado entre la Provincia y el Instituto Nacional de Estadística y Censos, ampliatorio del suscripto anteriormente por ambas partes, para realizar el relevamiento de la “Encuesta Complementaria de Personas con Discapacidad”.
- Proyecto de Resolución N° 015/03, presentado por los diputados Llamazares, Risso, Cominetti y Griffiths, del Bloque de la Alianza, por el que se propone adherir al Proyecto de Ley presentado en el Congreso Nacional por la Senadora Marta Raso, referido a la modificación del artículo 23 de la Ley N° 24.196, por el que se crea un seguro de caución con el objetivo de proteger a los Estados Provinciales de las acciones que se deriven de la actividad minera.
- Proyecto de Resolución N° 016/03, presentado por la Diputado Czyz, del Bloque de la Alianza, por el que se solicita al Poder Ejecutivo que declare de interés provincial permanente la “Fiesta del Aborigen” a realizarse cada año, durante el mes de abril, en la localidad de Cushamen.
- Proyecto de Ley N° 038/03, presentado por el Poder Ejecutivo, por el que se propicia la aprobación del Convenio Marco de Asistencia y Cooperación suscripto entre la Provincia y el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, por el cual la Provincia adhiere al Programa Adolescencia e Integración Social.
- Proyecto de Ley N° 039/03, presentado por el Poder Ejecutivo, por el que se propone la aprobación del Acta Complementaria N° 1 del Convenio Marco firmado entre la Provincia y el Instituto Nacional del Agua (INA), para realizar el estudio de alternativas de tratamiento y transporte de los excedentes hídricos del sistema Laguna Negra y el anteproyecto hidráulico.
- Proyecto de Resolución N° 017/03, presentado por el Bloque Justicialista, por el que se solicitan informes al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con referencia al estado actual del Concurso de SERVICOOP (Puerto Madryn).
- Proyecto de Resolución N° 018/03, presentado por el Bloque de la Alianza, por el que se propone considerar de interés cultural para este Poder Legislativo el Programa radial “Pequeña Serenata Nocturna” que se emite por FM Galaxia de la ciudad de Trelew, conducido por el señor Alberto Paradella.
- Proyecto de Declaración N° 011/03, presentado por el Bloque de la Alianza, por el que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés cultural y educativo el Programa radial “Pequeña Serenata Nocturna” que se emite por FM Galaxia de la ciudad de Trelew, conducido por el señor Alberto Paradella.
- Proyecto de Ley N° 040/03, presentado por el Bloque de la Alianza, por el que se propone la prohibición de la actividad minera a cielo abierto en el ámbito provincial, y se establece que la comisión creada por la Ley N° 4900 deberá determinar una zonificación del territorio para la explotación de los recursos mineros con la modalidad de producción autorizada para cada caso.
SR. RETUERTO: Señor Presidente, solicito su reserva en Secretaría para su posterior pedido de tratamiento sobre tablas.
- Nota del señor Carlos Eduardo Hendrickse, de la localidad de El Hoyo, presentando denuncia por falta de cumplimiento de los deberes de su cargo contra el señor Gobernador de la Provincia, don José Luis Lizurume, y solicitando la realización de juicio político.
- Nota del Colegio Público de Abogados de la Circunscripción Judicial de Trelew enviando copia de la declaración emitida por los Colegios Públicos de Abogados de la Provincia del Chubut en su reunión ordinaria realizada en la ciudad de Esquel.
- Nota del Colegio Público de Abogados de la Circunscripción Judicial de Trelew enviando copia de la declaración aprobada por los Colegios Públicos de Abogados de la Provincia del Chubut con relación a la emergencia económica que impera en nuestra Provincia desde el año 1989.
En primer lugar se encuentra el proyecto de ley nº. 040/03. Tiene la palabra el señor diputado Retuerto.
SR. RETUERTO: Señor Presidente, para solicitar el tratamiento de este proyecto sobre tablas voy -de alguna manera- a reiterar el concepto que en esta Legislatura se ha vertido, básicamente porque nos encontramos ante un tema que indudablemente ha tenido repercusión no sólo provincial sino nacional.
Es clarísimo que el mensaje contundente de la ciudadanía de Esquel el pasado 23 de marzo, rechazando el emprendimiento minero del Cordón Esquel, constituye un ineludible dato de la realidad y un mensaje que debe ser receptado, por un lado, por las autoridades y también por el resto de los habitantes de la Provincia.
Consideramos -y lo expresamos hace dos semanas atrás en este recinto- que la comunidad de Esquel, en todo caso la comunidad cordillerana, había manifestado su opinión que resumía en la propia evaluación que había hecho sobre el impacto ambiental que el proyecto iba a generar.
Las propias dudas del proyecto, las indefiniciones técnicas que el mismo traía y, fundamentalmente, lo que la comunidad considera como un impacto excesivo e inaceptable sobre las actividades genuinas que allí se desarrollan, dieron marco o fundamento a ese 83% de votos negativos hacia el emprendimiento.
Emprendimiento que, básicamente, contenía dos características: el tipo de explotación y extracción del mineral a cielo abierto y, por otro lado, la utilización de cianuro y otros contaminantes en los procesos de lixiviación, en la extracción del mineral, con la utilización del producto cianuro, que profusamente se ha informado sobre los inconvenientes, los riesgos y las consecuencias macro y micro ambientales, que sobre el ambiente iba a determinar.
Dijimos en aquel momento que era necesario diferenciar dos cosas: primero, y lo vuelvo a ratificar, que la resolución de la situación del proyecto minero El Desquite, o mejor dicho Cordón Esquel, tenía que darse en el ámbito exclusivo de la legislación vigente, la propia Ley 4032 permite al Estado Provincial receptar el claro mensaje a que me he referido y resolver en consecuencia dado el impacto que ocasiona en el tejido social, y en todo caso en la zona cordillerana que se suma a una angustiosa situación de rechazo del emprendimiento. Pero además dijimos que la otra cuestión que había sido claramente expuesta por los ciudadanos de Esquel, era un tema que iba a traer un debate que hasta ese momento no se había generado en la Argentina y obviamente tampoco en nuestra provincia, sobre algunas particularidades de la explotación minera metalífera. Y dijimos que solicitamos para el tratamiento, que la bancada de la minoría proponía, de dos proyectos el tiempo mínimo y necesario para atacar y abordar el tema con una propuesta superadora, porque nos parecía necesario realizarla con respecto al proyecto presentado por el Bloque Justicialista. Necesitábamos decía, un tiempo para avanzar en lo que nosotros denominamos “zonificación” porque coincide en los aspectos centrales del proyecto presentado oportunamente que se refería a lo prohibido de la actividad minera metalífera a cielo abierto y su lixiviación por medio del cianuro. No coincidimos en la forma en que se daba lugar al ámbito de dicha prohibición. Es por ello que este Bloque ha trabajado en estas dos semanas, y realizado consultas técnicas, con las interpretaciones hechas en el marco de la legislación vigente, en el marco de la realidad que significan las explotaciones de este tipo, porque entendemos que estamos ante una cuestión de profunda importancia.
Señor Presidente, hemos ingresado por Mesa de Entradas de esta Legislatura el Proyecto N° 40 por lo que estamos con estas palabras solicitando que se habilite el tratamiento sobre tablas para que podamos, en un trabajo de síntesis que seguramente los señores diputados nos autorizan a través del tratamiento, arribar a una posición que básicamente se contempla en ese proyecto, reiterando la prohibición de este tipo de actividad a partir de la sanción de la presente ley, pero además una zonificación que entendemos traerá aparejado beneficios o, en todo caso, mejoras a otro tipo de delimitación geográfica.
Básicamente está contenido en esto, señor Presidente, porque entendemos que por un lado es necesario llevar tranquilidad a la zona cordillerana, al grupo social, de que estas actividades no van a prosperar o avanzar, pero también es necesario darle una seguridad hacia el futuro. No lo planteamos exclusivamente para la zona cordillerana sino que abrimos a través de este proyecto un marco de trabajo para que los organismos técnicos, como la propia Comisión de Información Territorial creada por Ley 4.900, sea el ámbito donde se incorporen otras áreas de la cordillera que pudieran o no ser incorporadas en el ámbito de esta prohibición.
La segunda variante que nuestro proyecto incluye es que la actividad minera en su conjunto, no solo la metalífera, debe ser delimitada con los mecanismos, métodos o herramientas de explotación para diversas áreas.
Es decir, pretende lograrse una ley que sea más abarcativa obviamente respetando el espíritu que la mayoría de los legisladores hemos expuesto, pero –insisto- en que la seriedad del tema nos llevaba a generar un proyecto como el que hoy hemos presentado.
Esto significaría un avance en el sentido de que daría mayores grados de protección, pero también daría una amplitud de manera tal que las restricciones que la cordillera plantea para su región, que sus cuerpos técnicos y los propios diputados, en su momento, pudiéramos llevarla a otra geografía de la Provincia. Es decir, si los señores diputados así lo decidieran, el último artículo de este proyecto, señor Presidente, contempla que ese trabajo técnico de la Comisión de Información Territorial debe venir en un plazo que fija este proyecto a esta Legislatura para su sanción.
Finalmente para dejar en claro el concepto político de este proyecto, es que ante el temor o la duda que pudiera generar que esta comisión no se expidiera o llegara a un consenso en el tiempo establecido, la propia ley establece claramente que a partir de la sanción que propondríamos en la noche de hoy, los dos temas más reclamados por la opinión ciudadana de Esquel están incluidos en el artículo 1°. Es decir, la prohibición de actividad minera a cielo abierto y, a su vez, los procesos de extracción del mineral a través del cianuro.
Señor Presidente, dicho esto, solicito que sirvan estos fundamentos tanto para el tratamiento del presente proyecto en la sesión del día de hoy, como también sirva de fundamento al contenido de la misma, más allá de cualquier otra intervención que los miembros de este Bloque consideren necesaria para la fundamentación o debate del mismo.
Once votos. En consecuencia, la moción no reúne los votos necesarios y el proyecto de ley pasa a las Comisiones Perma¬nentes de Asuntos Constitucionales y Justicia y de Desarro¬llo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente.
SR. LORENZO: Señor Presidente, en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria hemos acordado, en virtud de la hora del inicio de esta sesión, no hacer uso de la palabra en la Hora de Preferencia.
Por otro lado, quiero informar que en virtud de no haber sido ingresada en los Asuntos entrados, en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria del día de la fecha hemos introducido una nota presentada por la Federación de Coope¬rativas que solicita una reunión con los diputados para tra¬tar el tema de la emergencia eléctrica en la provincia del Chubut. Quiero comunicar al resto de los señores diputados que la reunión con la Comisión Permanente de Infraestructura y Servicios Públicos se ha fijado para el día de mañana a las 11 horas en la Sala de Presidencia, quedando invitados no sólo los integrantes de dicha comisión sino también todos los demás señores diputados interesados en el tema.
- Proyecto de Ley General nº. 031/03, presentado por el Blo¬que Justicialista, por el que se propicia la derogación de las Leyes nros. 3866 (adhesión a la Ley nacional nº. 24196, de inversiones mineras) y 4482 (modificatoria del artículo 6º de la Ley nº. 3425, de derecho de compensación minera); se restablece la vigencia de la Ley nº. 3598 (modificatoria del artículo 6º de la Ley nº. 3425, de derecho de compensa¬ción minera) y se suspende por un año la facultad del Poder Ejecutivo otorgada por el artículo 1º de la Ley nº. 3856 (de régimen de inversiones mineras de riesgo).
SR. DE BERNARDI: Señor Presidente, voy a ser muy breve dado que el dictamen que estamos proponiendo a los señores dipu¬tados aprobar para convertir en ley este proyecto ha sido ampliamente debatido en la sesión pasada, como en otras, donde hemos fijado posición cada uno de los Bloques en rela¬ción con lo que se solicita aprobar.
Debo dejar muy en claro que nuestra visión en esta cuestión es realizar y darle a la provincia del Chubut las herramien¬tas necesarias para que este tipo de actividades se realicen con los fundamentos técnicos y legales necesarios a efectos de darle una estabilidad y una situación jurídica conside¬rable a cualquier emprendimiento que se haga; pero dentro de una visión absolutamente distinta de la que se tenía hasta la realización de este dictamen, en donde deben tomar inter-vención otros aspectos que hacen a la vida económica de la provincia del Chubut.
Por lo tanto, reiterando lo que manifesté al comienzo, soli¬cito que se incorpore como fundamentación todo lo vertido en la sesión pasada y requiero el acompañamiento de los señores diputados para que este dictamen tenga su aprobación y este proyecto sea convertido en ley por esta Legislatura.
SR. LORENZO: Señor Presidente, el señor diputado preopinante ha dicho que se tengan como fundamentos los efectuados en la presentación del tema. Pero en la misma solamente se ha fun¬damentado la derogación a la adhesión de la ley nacional, que hoy no está en el presente dictamen. Por lo tanto, sería bueno que el señor diputado especifique un poco más los fun¬damentos a los efectos de darle el debido tratamiento al tema.
SR. DE BERNARDI: Señor Presidente, no he dicho lo que dijo el señor diputado intérprete de esta Cámara. Lo que he dicho es simple: está toda la argumentación fundada -si la quiere leer- en la versión taquigráfica de la sesión pasada.
Por lo tanto, me remito a ella con toda la argumentación que se hizo para no generar una ampliación del debate que considero absolutamente innecesaria en función de que ya fue dada toda nuestra argumentación. Si alguien quiere ampliar la fundamentación o generar una alternativa distinta a la que se propone en el dictamen está en toda su consideración hacerlo. Pero que me quieran forzar a hacer una ampliación, de ninguna manera lo admito, por lo tanto, me remito a lo que dije al principio, que se tenga como fundamentación la versión taquigráfica de la última sesión.
SR. PÉREZ MICHELENA: Señor Presidente, efectivamente, en la última sesión hubo un interesante intercambio de opiniones respecto de los proyectos despachados. Habiendo sido presentados por el Bloque Justicialista tenían despacho de las Comisiones Permanentes de Asuntos Constitucionales y Justicia y de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente sobre los proyectos de leyes números 031 y 032.
El proyecto 031 difiere en el despacho respecto del proyecto presentado toda vez que en el mismo se eliminó lo que establecía el proyecto en sí que era la desafectación del Estado Provincial a la Ley Nacional 24.196 a la cual nos encontramos adheridos por la Ley 3866.
Considero que este despacho tal como está, derogando la Ley 4482 en realidad es insuficiente; si el objetivo buscado es que la Provincia del Chubut tenga una política autónoma para la producción minera, es insuficiente por cuanto la derogación de la Ley 4482 no tiene efecto, prácticamente, desde el punto de vista de la aplicación de la misma.
¿Por qué digo esto? Porque la Ley 4482, que modifica el artículo 6° de la Ley 3425, establece un derecho de compensación minera modificando lo establecido por ésta; se trata, en realidad, de una trascripción del artículo 22° de la Ley nacional n° 24.196 a la que el Estado Provincial decidió adherir sin ningún tipo de restricción ni limitación mediante la Ley 3866.
Este detalle es importante pero plantear un criterio de supuesta autonomía por derogación de la Ley 4482 y mantener los términos de la Ley nacional 24.196 como Ley de la Provincia del Chubut, entendemos que no produce ningún tipo de efecto. Uno podría pensar que la Ley 4482 fue sancionada innecesariamente salvo que se leyera -cuando hace la trascripción del artículo 22° bis de la Ley 24.196 que eliminó el concepto de amortización- que a los efectos de determinar el valor del mineral en boca de mina, entre otras cosas debo decir que no es posible deducir el concepto de amortización. Esto es lo que dice el artículo 22° bis de la Ley 24.194. Evidentemente, en estos procesos de elaboración de leyes, de adhesiones y de des-adhesiones y demás, corremos el riesgo de introducir o de incorporar algunas alteraciones al régimen jurídico y, verdaderamente, esta alteración o esta modificación que se pretende sancionar hay que ponderarla, primero, en cuanto a la vigencia misma de la Ley nº. 24196 que, vuelvo a repetir, sigue vigente. Por consiguiente en el Estado Provincial va a seguir vigente el valor del 3% como derecho de compensación minera definido por el artículo 22 bis.
Éste dice claramente que se define como valor de boca mina de los minerales y/o metales declarados por el productor minero, como el valor obtenido en la primera etapa de su comercialización menos los costos directos y/u operativos necesarios para llevar el mineral de boca mina a dicha etapa, con excepción de los gastos y/o costos directos e indirectos inherentes al proceso de extracción. Los costos a deducir, según corresponda, son: a) costos de transporte, flete y seguros hasta la entrega del producto logrado menos los correspondientes al proceso de extracción del mineral hasta la boca mina. b) Costos de trituración, molienda, beneficio y todo proceso de tratamiento que posibilite la venta del producto final a que arribe la operación minera. c) Costos de comercialización hasta la venta del producto logrado. d) Costos de administración hasta la entrega del producto logrado menos los correspondientes a la extracción. e) Costos de fundición y refinación. Queda expresamente excluido de los costos a deducir todo importe en concepto de amortizaciones.
Éste es el párrafo incorporado a la Ley nº. 4482 que transcribía todo lo que acabo de leer.
En todos los casos, si el valor tomado como base de cálculo del valor boca mina fuese inferior al valor de dicho producto en el mercado nacional o internacional se aplicará este último como base de cálculo.
Independientemente del criterio o de la ponderación que a cada uno en forma personal le parezca respecto de este criterio establecido por la Ley Nacional, está claro que la Ley nº 24.196 sigue vigente en el Estado Provincial.
Paralelamente con esto hemos obtenido de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, de la cual depende la Dirección General de Minas, datos de lo que implica la vigencia de esta legislación. Visualizamos, en este momento, y para los años 2001 y 2002, que tributaban en la Provincia exactamente cinco empresas de producción minera.
Piedra Grande, localizada en el Valle Inferior del Río Chubut, que explota arcilla y caolín, no está adherida a la Ley de inversiones mineras; tributa el 2%; ha pagado en el año 2001 $ 1.994 y en el 2002 $ 7.500.
Minera Ameghino, del Valle Inferior del Río Chubut, también explota arcilla y caolín; sí se encuentra adherida a la Ley de inversiones mineras; tributa el 3% en concepto de canon; ha pagado en el 2001 $ 12.444 y en el 2002 $ 15.261.
La empresa Magri Gallardón de la localidad de El Hoyo, que explota turba, no se encuentra adherida a la Ley de inversiones mineras; tributa el 2%; ha pagado en el 2001 $ 921,78 y en el 2002 $ 2.882.
La empresa Marzullo, en el Valle Inferior del Río Chubut, que explota arcilla y caolín, no está adherida al régimen de promoción minera; tributa un 2%; no ha efectuado pagos en el 2001 y ha pagado $ 195 en el año 2002.
Caolinera Patagónica, del Valle Inferior del Río Chubut, también explota arcilla y caolín; sí se encuentra adherida a la Ley de promoción minera; tributa el 2% en concepto de regalías; no ha pagado en los años 2001 y 2002 ningún concepto por no tener explotación concreta.
La firma Klaukol no está adherida ni tampoco tiene explotación en particular.
Señor Presidente, para que tengamos un concepto del manejo acabado de los valores económicos que estamos referenciando, en el caso del caolín, con la aplicación de la Ley 3598 se tributaron $ 15,80 y con la aplicación de la Ley 4482 $ 21,68; la arcilla $ 13,95 con la Ley 3598 y $ 21,23 con la Ley 4482; la turba $ 4,00 con la Ley 3598 y $ 51,31 con la Ley 4482. Y finalmente, la sal $ 7,50 con la Ley 3598 y $ 17 con la Ley 4482.
Señor Presidente, evidentemente la adhesión dispuso un resultado para el Estado Provincial por la Ley de Promoción de Inversiones Mineras que apunta a generar una actividad económica en este sentido, en este tipo de actividades.
Sin lugar a dudas, y a pesar de esa adhesión, sigue siendo de muy bajo impacto económico en la Provincia del Chubut la actividad minera y los valores a los cuales hago referencia nos liberan de todo tipo de comentarios o consideraciones.
Paralelamente a esto, vuelvo a insistir en el concepto para que nos quede debidamente claro, el artículo 22° bis de la Ley 24.196 va a seguir vigente en la Provincia del Chubut por cuanto manifestamos la adhesión a dicha ley.
Por esta razón entendemos que en aras de este proceso de encontrar propuestas superadoras en los proyectos que se van generando en la Cámara y que tienen como base inquietudes a las cuales claramente hacía referencia el señor diputado Retuerto, es conveniente que este proyecto vuelva a comisión, y le demos un tratamiento más profundo, para ver la magnitud de la ley que estamos sancionando y su vigencia.
Por otro lado, planteamos la duda con respecto al artículo 2° en cuanto a que dice “restablécese la vigencia de la 3598”, que a partir de su derogación obviamente no existe más como texto legal y quizá sería necesaria una trascripción del texto anterior para su correcta sanción.
Por ahora nada más, señor Presidente. Simplemente volver a insistir porque entendemos que este despacho no da ninguna solución a las objeciones planteadas, con respecto de la aplicación o no del Régimen Federal de Promociones Mineras.
SR. RISSO: Señor Presidente, he escuchado como todos la argumentación del señor diputado preopinante. Pero lo voy a utilizar al revés porque pareciera que estamos debatiendo otra cosa que no tiene trascendencia. Por eso usando la argumentación al revés: si tiene tan poco impacto por qué tanta preocupación para la derogación de esta ley. Personalmente, y somos varios los que estamos pensando y no solamente en el ámbito de este parlamento, porque no es tan simple o sencilla la cuestión ya que no hablamos de una cuestión menor, sino de impacto en la economía de la provincia.
Señor Presidente, creo que a ninguno de nosotros nos cabe la menor duda de que cuando hablamos de la promoción de políticas de explotación de los recursos naturales, cuando la Constitución de la Provincia del Chubut habla de la promoción de estas actividades económicas vinculadas a los recursos naturales, cuando el Constituyente lo incorporó en el texto constitucional, señor Presidente, pienso que lo hizo tomando como base la filosofía general de nuestra ley fundamental, tanto nacional como provincial, procurando que todas las políticas se fijen en la búsqueda del bien común, del bienestar o del beneficio para la sociedad que representamos.
Señor Presidente, todas las políticas se justifican en la medida en que la implementación de esas políticas reflejen bienestar para la gente y que estén vinculadas al bien común. Nosotros venimos llevando adelante un debate -que no es nuevo- vinculado a los recursos naturales y lo hemos expresado muchas veces, no se trata ni siquiera de posicionamientos que puedan estar mezclados con cuestiones entre partidos políticos y muchísimo menos entre sectores dentro de un mismo partido político.
Hablamos, señor Presidente, de políticas –insisto- vinculadas al bien común y ésta es una política vinculada a la explotación de un recurso natural como es el minero.
Creemos que no es tan así, como lo expresara el señor diputado Pérez Michelena, de que estamos hablando de una cuestión menor, fundamentalmente por el tipo de explotación a que se hace referencia. Obviamente, deja de lado los proyectos económicos que se vienen como avalancha –por ejemplo el vinculado a la explotación del oro- y que genera toda esta problemática en la cordillera. Esto no se dio solamente evaluando su impacto ambiental o porque la gente haya reaccionado defendiendo su hábitat, ya que todos y cada uno de nosotros cada vez que se plantea la explotación de un recurso natural, naturalmente nos preguntamos cuál es el beneficio para la sociedad, nos preguntamos cuál es el beneficio para la sociedad y para la economía provincial cuando hablamos, por ejemplo, del petróleo.
También nos preguntamos obviamente cuál es el beneficio para la sociedad y el beneficio para la economía provincial cuando se produce la explotación de un recurso natural como es el pesquero, un recurso como el turismo, los bosques, la minería.
Se ha dicho muchas veces, señor Presidente, -creo que demasiadas- que el Estado provincial ha renunciado o delegado facultades que le son propias al momento de adherir a este régimen de promoción minera, incluso hay un dictamen de un estudio jurídico de Buenos Aires -que he leído en el día de la fecha- que se le dio a una cámara minera, creo que pertenecen al sector de la piedra que se explota en la Provincia del Chubut, que cuestiona severamente las potestades que tiene el Estado provincial para fijar políticas vinculadas a los recursos naturales.
Obviamente que vamos a encontrar especialmente en las Cámaras que representan a sectores económicos de explotación de recursos naturales, cuestionamientos severos hacia las potestades de la Provincia, no solamente del sector minero sino, por ejemplo, de las cámaras que representan empresas pesqueras.
Tal es así que en la justicia se han planteado recursos de amparo que han puesto en suspensión leyes sancionadas por esta Legislatura, que reglamentan la forma de explotación de un recurso natural como el pesquero. Las empresas se han dirigido a la Justicia solicitando que esas leyes sean impugnadas porque, obviamente, no las aceptan.
Tanto es así que hay quienes opinan que la Corte va a terminar centralizando la explotación de las políticas vinculadas a los recursos naturales y ésta es una posibilidad cierta, es un riesgo que el centralismo que ha caracterizado a la Argentina se vea reflejado en el pensamiento jurídico de la Corte, si cada jurisdicción provincial va a defender y fijar las políticas de sus recursos naturales, va a haber caos porque los sectores económicos o inversores no van a tener seguridad jurídica. Entonces las provincias dejarían las potestades centralizadas en el gobierno nacional y que éste fije las políticas. En estos momentos, hay cuestionamientos y hay hasta un dictamen del Procurador General de la Corte en un juicio contra la Provincia de Tierra del Fuego, que cuestiona la jurisdicción de ésta sobre su terri¬torio marítimo y pretende reducirla a las tres millas. Jus-tamente, partiendo de este concepto que se plantea permanen¬temente, las provincias han renunciado a sus potestades y provocan desorden cuando legislan y reglamentan, por ejem¬plo, la explotación de sus recursos. Hay que centralizar en el Gobierno Nacional, para que haya orden y seguridad jurí¬dica, para que los inversores conozcan cuáles son las reglas de juego. Ante esto, ¿cuál es la reacción? Insisto, no es un concepto que deba ser tomado -y ojalá que se entienda de una buena vez- como un concepto que se utiliza en una discusión política entre partidos políticos, sino que es una cuestión que supera lo partidario; estamos hablando de defender los derechos del Estado Provincial.
¿Alguien puede tener la menor duda de que si el Gobierno Nacional, o quienes forman parte del centralismo, o quienes buscan la centralización del poder en la búsqueda de la seguridad jurídica, si pudieran, no le quitarían todas las po¬testades y facultades a los Estados Provinciales? ¿Alguien tiene la menor duda de que si se produjera un debate a nivel nacional, en ese centralismo, no nos dirían: "miren, provo¬can desorden, no es lo mismo la legislación de Santa Cruz que la de Chubut o la de Río Negro; no levanten más las ma¬nos, lo vamos a hacer desde Buenos Aires; nosotros vamos a otorgar los permisos de pesca, a firmar los contratos de los recursos petroleros y las concesiones de la explotación de los recursos mineros; y a las Provincias las vamos a coparticipar".
Esto es lo que se viene y contra lo que tenemos que pelear. No debemos renunciar a las potestades que nos son propias. Es más, cuando en esta provincia del Chubut se firmaron le¬yes, como por ejemplo las vinculadas con la aplicación del tema minero, el Proyecto de Ley nº. 023/93, elevado por el doctor Maestro, en sus fundamentos hablaba de defender las potestades del Estado Provincial, y decía: "La Provincia del Chubut, como estado federal autónomo, en ejercicio de la soberanía inherente al pueblo de su respectivo territorio, se constituye en dueña originaria de todas las sustancias minerales del subsuelo, sin excluir hidrocarburos sólidos, lí¬quidos o gaseosos". Decía el doctor Maestro que "estos dos preceptos doctrinarios, fijados tanto por el Código de Minería como ley de fondo en la materia como por nuestra Consti¬tución Provincial, no dejan la menor duda del rol, misiones y funciones del Estado Provincial para actuar, fijar la le¬gislación y establecer las pautas sobre la actividad minera dentro de su ámbito jurisdiccional".
Y eso está bien. La propia Constitución Provincial de 1994 en su artículo 99º establece: "El Estado ejerce el dominio originario y eminente sobre los recursos naturales renova-bles y no renovables, migratorios o no, que se encuentran en su territorio y su mar, ejerciendo el control ambiental so¬bre ellos. Promueve el aprovechamiento racional de los re¬cursos naturales para garantizar su desarrollo, conserva¬ción, restauración o sustitución."
Asimismo, en el capítulo VI, del Medio Ambiente, declara el derecho inalienable del Estado Provincial por sobre cual¬quier legislación internacional, tratado o ley del Congreso de la Nación sobre nuestro propio medio ambiente. No hay po¬testad, ni internacional ni nacional que pueda cuestionar el derecho del pueblo de la Provincia del Chubut a decidir por sí cómo administra o cómo explota sus recursos naturales y cómo defiende su medio ambiente. Lo transcribió el propio doctor Maestro en 1993 pero ésta es la única actitud posible aunque haya convenios, aunque el Estado Nacional haya firmado un tratado con Chile, por la razón que sea, y ese tratado con Chile pone en peligro nuestra cordillera tenemos todo el derecho del mundo a desconocerlo o por lo menos a defender el derecho que tiene el pueblo de la provincia a defender su medio ambiente y a fijar las reglas y condiciones de la explotación de sus recursos.
No tengo la menor duda, sea el gobierno del color político que sea, de que desde Buenos Aires nos van a querer imponer las reglas y las condiciones y va a depender de nosotros que lo logren. De eso se trata y de eso estamos hablando. No puedo negar, como hombre de derecho que soy, lo que implica que la Provincia haya adherido al régimen de promoción minera porque la minería, como cualquier otra es una actividad lícita, es una actividad que existe en el mundo. No son piratas o delincuentes quienes realizan esa actividad, que es lícita, el Estado Provincial tiene el derecho inalienable como estado federal autónomo, como dice esta norma de 1993 del propio doctor Maestro, a fijar las reglas y las condiciones.
Podemos disentir en muchas cosas, podemos diferir en filosofías sobre el rol que debe cumplir el capital privado; es legítimo que esto sea así. Hay quienes están convencidos, y tienen derecho a hacerlo, de que la economía se desarrolla exclusivamente por el rol que cumple el capital privado y hay quienes pensamos que ésta no es la verdad absoluta, que el capital privado tiene derecho a gozar de garantías como es la estabilidad jurídica pero el mismo derecho tiene el pueblo de la provincia.
No deberíamos venir a sostener que el Estado Provincial renuncia, claudica derechos y facultades que le son propios. Si el tratado firmado con Chile es perjudicial a los intereses de la Provincia, tenemos todo el derecho a oponernos y a fijar las reglas. Si el convenio o Ley de Promoción Minera establece condiciones y el Estado Provincial ha adherido, pues bien, debatámoslo. Si está bien aquella adhesión defendámosla y si está mal, si con el tiempo –como han dicho los señores diputados Retuerto o Pérez Michelena- hemos descubierto lo que significó el proyecto minero en Esquel, es verdad que el transcurso del tiempo y la concreción del proyecto generó un plebiscito y un “no” en ese sector de la Provincia del Chubut; si lo descubrimos, si tomamos conciencia de que no es tan beneficioso para los intereses de la Provincia, digámoslo.
Hemos tomado conciencia de que son convenios que no nos benefician en nada y esto no significa claudicar en nada sino hacer política en la búsqueda del bien común, del bienestar común, es decir tienen que generar bien común. Esto lo digo con la mejor intención, tenemos por delante debates muy profundos vinculados con nuestros recursos naturales. El peor error que podríamos cometer es sostener posiciones que nacieron hace años por cuestiones, por marcos políticos, por lo que sea y hoy descubrimos que nos perjudican. Debemos modificarlas, debatirlas pero no podemos sostenerlas, en un régimen de promoción minera que, insisto, en el espíritu está bien; hoy los chubutenses, a diferencia de otras provincias tenemos experiencias invalorables como la que ocurrió en la cordillera.
Entonces, cabe hacer la pregunta en relación con el proyecto que estamos tratando, además del derecho natural a defender nuestro medio ambiente, ¿cuál es el beneficio que nos deja? ¿Cómo promovemos el bienestar común? Con una ley provincial que establecía un canon que nace en el 3% que dispone la ley de promoción minera.
Pero una vez que se aplican los descuentos, al Estado Provincial no le queda nada. Y hablamos de los grandes proyectos mineros. Cuando empiezan a aparecer las minas de oro, como la de Esquel o -acaso- los cateos lanzados en los últimos tiempos, comienza la avalancha de cateos, de titularización, las notificaciones a los propietarios de campos que tienen que dejar pasar porque le van a catear el campo. ¿Y vamos a dejar la misma ley vigente que establece deducciones que están por encima de lo que determina la Ley nacional de promoción minera?
Les voy a decir más. En oportunidad de sancionar esta ley, quienes la promovieron pensaron en mejorar las condiciones y generar mayor actividad en el sector minero. Como dijo el señor diputado Pérez Michelena: hagamos una evaluación de la actividad minera en la Provincia; es nula, el Estado Provincial no recauda nada, no se están explotando el oro y otros minerales preciosos que pueda tener el Estado Provincial. Entonces, promovámoslo, pongamos más incentivos, más deducciones.
Pero lo que ha ocurrido en los últimos tiempos ha demostrado que la posibilidad de beneficios y perjuicios deja un déficit negativo en el Estado Provincial por el impacto ambiental, por el daño, por la imposibilidad de reparar el daño, como bien lo dijo el señor diputado Retuerto hoy con respecto al déficit que tiene el proyecto minero de Esquel. Pero debemos tomar conciencia de que el proyecto minero de Esquel es el proyecto minero de la cordillera, que llega a Lago Puelo y a Epuyén.
Señor Presidente, hemos leído también detenidamente a qué se obliga el Estado Provincial. Si es que se quiere sostener el argumento y el criterio de que el Estado Provincial ha renunciado a la posibilidad de fijar las reglas de la explotación del recurso, en el convenio firmado dice que las provincias propiciarán la eliminación de aquellos gravámenes y tasas municipales que afecten directamente a la actividad minera. En correspondencia con las medidas adoptadas por la Nación, las Provincias propiciarán la eliminación del Impuesto de Sellos para todos aquellos actos jurídicos relacionados con la prospección, exploración, explotación y beneficio de sustancias minerales, con excepción de los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos.
Esto es a lo que se obligó el Estado y, de hecho, lo hizo; estas exenciones están establecidas por ley. Pero tengamos en cuenta cuáles son los beneficios que reciben las empresas mineras.
Tienen, por ley nacional, doble deducción de gastos de exploración; pueden deducir hasta el 100% del monto devuelto del cálculo del impuesto a las ganancias y además lo deducen de la Ley del Impuesto a las ganancias. Tienen la posibilidad de gozar de la devolución del IVA a la exploración; devolución de créditos fiscales; devolución del IVA a los 12 meses. Pero, además, gozan de estabilidad fiscal y cambiaria, estabilidad fiscal por 30 años. Esa estabilidad fiscal alcanza a los reembolsos por puertos patagónicos.
Tienen, como dijo el señor diputado Pérez Michelena, la posibilidad de una amortización acelerada en maquinarias, construcción, vehículos, infraestructura; lo amortizan en tres años; pueden trasladar el quebranto de una amortización acelerada en el próximo ejercicio fiscal cuando no fue utilizado en el 100% hasta que la empresa genere ganancias, hasta que permitan utilizarlas.
Tienen exención de aranceles y tasas aduaneras. No pagan derechos de producción o de todo otro gravamen, derecho tasa de estadística, bienes de capital, equipos e insumos. Tienen deducción por gastos de conservación en medio ambiente. Estos datos son de deducir el 5% en gastos de extracción y procedimiento del total. Están eximidos del impuesto a las ganancias y del régimen de regalías que establece la propia ley; el tope vigente en el país es del 3%.
Gozan de los beneficios de exención del impuesto a las ganancias mínimas. Tienen un régimen especial de capitalización y evaluación de reservas mineras; financiamiento del IVA y deducción anticipada del IVA, el Estado lo debe hacer dentro de los sesenta días y los créditos fiscales generados por el IVA pueden ser canjeados por el mismo monto.
Esta es la carga del 12% anual y el crédito puede ser por dos, cuatro o seis años.
Después dice que esto alcanza a todos los impuestos y gravámenes del presente año, nacionales o municipales. En el Acuerdo Federal Minero los estados provinciales federales acordaron la eliminación de todo gravamen, desde el Impuesto a los Sellos. Están eximidos del Impuesto a los Sellos y tienen reembolsos por puertos patagónicos; están eximidos del Impuesto al cheque y para el resto de las actividades una tasa del seis por mil. Tiene tasas del ciento por ciento en el Impuesto a los Combustibles Líquidos.
Esos beneficios son los que establece el Gobierno Nacional, y a esto deben agregarse los que establece la propia ley provincial, que es el 3% del valor boca de mina.
Pero después, como dijo el señor diputado Pérez Michelena, de ese 3% que tienen que pagar van a deducir, además de todos los beneficios que les otorga el Gobierno Nacional, los costos de transportes, de fletes, siguiendo con todo el proceso de extracción del mineral hasta boca de mina.
Quiere decir que todos los costos de fletes y transportes, hasta que comercializan lo deducen del 3%. Pueden deducir los gastos de escrituración, de molienda, gastos de operaciones que posibilitan la venta final, lo deducen de ese 3%. Pueden deducir costos comerciales hasta la venta del producto, logrando costos de comercialización, que es un concepto amplísimo y que puede abarcar la publicidad y todo trámite administrativo, hasta las distintas gestiones para la comercialización del producto y hasta la venta al exterior, que es ilimitada en el texto de la ley.
Se puede deducir el costo administrativo hasta la entrega del producto. Se contemplan todos los gastos de administración, todas las hojas, hasta los clips, todo se deduce del 3%. Obviamente, no tengo la menor duda de que esto se ha hecho dentro del espíritu de promover la actividad minera, como decía el señor diputado Pérez Michelena, que al Estado Provincial no genera recursos económicos.
Esto dice nuestra ley, de todos aquellos beneficios de promoción que tiene la actividad minera de la cual no gozan nuestros propios empresarios, porque debo recordar que en la actividad pesquera esto sucedió con los poderosos empresarios pesqueros y sin embargo nuestros empresarios no gozan de esta promoción. Las empresas mineras gozan de beneficios a la exportación, de todos los minerales que se comercializan en el exterior y además van a cobrar los reembolsos.
Lo que estamos planteando es que si estamos de acuerdo, porque nadie discute que es una actividad lícita y que puede ser productiva, tiene que serlo en la medida que sea productiva y ese beneficio económico se refleje en el bienestar general o en la economía provincial. Y está probado claramente que no va a producir beneficios, más allá de lo que sostienen muchos, por ejemplo en Esquel, donde se decía que la actividad económica que iba a generar la explotación minera, obviamente es así, pero también sabemos que no iba a durar más de diez años, y sabemos las consecuencias cuando las empresas mineras se retiran de los lugares de explotación, fundamentalmente cuando están cerca de centro habitados, de poblados importantes como Esquel; además es una experiencia que sufre la comunidad de Esquel.
Esta es la razón por la que planteamos la necesidad de derogar esta ley. Ahora bien, insisto en un concepto que a nuestro entender es fundamental, podemos compartir una filosofía de promoción de una actividad pero lo que no debemos hacer, es renunciar a los derechos que tiene el Estado Provincial, aunque corramos el riesgo de que la Corte nos diga en su momento –como dijo el señor diputado Pérez Michelena- de la preeminencia de la ley nacional -o la adhesión que hizo el Estado Provincial- pero no renunciemos nosotros.
Esto lo vamos a debatir y discutir porque no debemos olvidarnos de que por sobre la Corte siempre nos quedan otras instancias y no siempre los argentinos lo tenemos presente, podemos recurrir a tribunales fuera del país cuando están en juego derechos naturales inviolables como la protección del medio ambiente o la defensa de los recursos naturales. En esto no hay poder económico en el mundo que lo impida salvo la política de Bush en Irak a los tiros y bombazos, y no creo que éste sea nuestro destino.
El señor diputado Pérez Michelena recurre a la ley de promoción y lo que establece es un porcentaje del 3%. Les puedo asegurar que no tendríamos inconvenientes en dejar establecido ese porcentaje, pero deroguemos los beneficios, deroguemos las deducciones. Si hay voluntad en lo que debe ser un régimen minero y se desea volver a la ley anterior y se establece un 2%, porque obviamente si no se procesa el material en la provincia la ley va a establecer un incremento de un 300% que estaría vulnerando ese 3% que establece la Ley nacional a la que la provincia adhirió. Entonces discutámoslo y deroguemos estos beneficios, señor Presidente.
Creemos que, dentro de lo que es el espíritu de lo que debe ser una ley de promoción de los recursos naturales, debemos tener cuidado en lo que es la defensa de nuestros derechos.
Una última observación, señor Presidente, porque es peligroso a veces sostener algunas cuestiones que después nos juegan en contra, porque una de las grandes demandas y peleas del Estado Provincial, es una Resolución de la Secretaría de Energía que les permite a las empresas petroleras deducir de las regalías, por ejemplo, los costos de transporte, y algunos otros costos más.
Debemos recordar que cada vez que hablamos de las regalías, la provincia ha cuestionado esa Resolución de la Secretaría de Energía porque no es justo que las empresas petroleras antes de pagar las regalías a la provincia, reduzcan sus costos de transporte, es una cuestión que no podemos controlar.
Entonces, cómo convive el reclamo del Estado Provincial cuando hablamos de las regalías petroleras cuestionando severamente aquella Resolución de la Secretaría de Energía, sosteniendo que las empresas petroleras no tienen derecho a descontar sus costos de transporte. Estamos hablando de un valor de boca de pozo, y, por otro lado, cuando hablamos de la minería nosotros mismos incorporamos las deducciones que cuestionamos a esa Resolución de la Secretaría de Energía.
Este es un elemento que, llegado el momento, nos puede jugar en contra en un reclamo legítimo del Estado Provincial. Por eso, señor Presidente, si la decisión o la voluntad de la Cámara es que no podemos ir más allá de lo establecido en la Ley de Promoción Minera, el 3% del valor en boca de mina, tenemos otras alternativas como es la obligación de las empresas de generar un fondo de reparo, la garantía sobre la reparación del daño ambiental y el pasivo ambiental, garantías que no tenemos con las empresas petroleras porque tenemos otras facultades, pero planteémoslo así, señor Presidente.
Que quede claro cuál es la voluntad, más allá de la diferencia de opinión que podamos tener y cuál es la voluntad del Estado Provincial de defender un derecho que es inalienable, porque la Provincia del Chubut es una provincia federal y autónoma, tenemos derechos que nos devienen natural y legalmente de la propia Constitución Nacional, por lo tanto no pueden ser violentados por el Estado Nacional, mucho menos nuestra jurisdicción, nuestras potestades y nuestra competencia para fijar reglas de explotación de nuestros recursos naturales. Si no, no tenemos destino; lo que estamos sosteniendo hoy aquí nos va a jugar en contra cuando debatamos la política pesquera. Nosotros mismos vamos a terminar dándole la razón a quienes han promovido amparos. Vamos a debatir, no sé si en esta sesión o en la que viene, la irracionalidad de que haya empresas que han cuestionado la ley de emergencia ocupacional sancionada por esta Legislatura, como la empresa Arbumasa, que además de los permisos ya observados también tiene otros dos permisos más cuestio-nados por la propia Fiscal de Estado, que han sido derivados a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, una em¬presa que explota el recurso y que no ha generado trabajo.
Insisto, nos parece -y ojalá que se entienda- que, más allá de las diferencias que podamos tener, hay cuestiones, como las vinculadas con los recursos naturales, que nos deberían encontrar, al menos, con un discurso parecido. Por eso, por lo menos, nosotros, en este tipo de cuestiones, creemos que debemos defenderlas más allá de los colores partidarios e, incluso, de que se enoje nuestro propio Gobernador; porque no las compartimos, porque estamos convencidos de que son un error y porque, muchas veces, dudamos de los asesoramientos que recibe el señor Gobernador en cuestiones tan vitales e importantes, vinculadas con millones de dólares, que lamentablemente manejan algunos técnicos sin tener presente el interés que debieran representar y defender, en temas como la minería, la pesca, el petróleo y los bosques. El único interés que debemos defender es el provincial, aunque corramos el riesgo de tener que hacerlo ante la Corte de Justicia de la Nación, pero no podemos empezar a claudicar ahora.
Este proyecto de ley hay que votarlo, aunque si es posible, podríamos modificarlo y dejar el 3%. Defendamos todas las diferencias que permite la propia ley, pero asumamos el compromiso de legislar las leyes que faltan, como las compensa¬ciones, las reparaciones, el impacto ambiental, que son al¬gunas de las facultades que tiene el Estado Provincial y que nos podrían compensar por los beneficios que estamos dando por aquel convenio suscripto oportunamente con el Gobierno Nacional.
SR. PEREZ MICHELENA: Señor Presidente, en realidad, aplaudo el revisionismo histórico que ha efectuado el señor diputado Risso en el primer tramo de su intervención. Pero sin recurrir a tanta retórica, debo decir que lamentablemente no me ha escuchado. Evidentemente, no escuchó los fundamentos de nuestra posición, los que voy a reiterar.
El proyecto del Bloque Justicialista decía en su artículo 1º: "Derógase la Ley provincial nº. 3866, de adhesión a la Ley nacional nº. 24196, de inversiones mineras". El despacho suscripto, entre otros por el señor diputado Risso, dice en su artículo 1º: "Derógase la Ley provincial nº. 4482". Es decir, ya no derogamos la adhesión a la Ley nacional nº. 24.196; por consiguiente, ésta sigue vigente en la provincia del Chubut.
Además, insisto, el artículo 22º bis es el que establece el 3% y todas las excepciones a las cuales aludió el señor diputado Risso. No es que figure en una ley específica de la provincia. Figura en una ley específica de la provincia porque copiaron el artículo 22º bis de la Ley nacional nº. 24.196; y ésa es la razón por la que figura allí. Es más, dije que omitieron considerar una deducción, como son las amortizaciones, que la Ley nacional nº. 24.196 prohíbe y están incorporadas en la Ley nº. 4482.
Señor Presidente, si no nos escuchamos, no nos vamos a poner de acuerdo, éste es el primer detalle. Segundo detalle, pareciera ser que cuando uno habla, habla de cosas menores y cuando hablan otros hablan de cosas muy importantes y trascendentes.
El artículo 8° de la Ley 24.196 establece claramente: Los emprendimientos mineros comprendidos en el presente régimen gozarán de estabilidad fiscal por el término de treinta años contados a partir de la fecha de presentación de su estudio de factibilidad.
No voy a cometer la torpeza de leerlo por la hora, básicamente, se trata de un detalle de aproximadamente 230, 250, 280 emprendimientos mineros que están registrados en la Dirección General de Minas de la Provincia. Es muy probable que estos emprendimientos ya se encuentren incluidos en el artículo 8° adheridos en el estudio de factibilidad. Esto significa que lo que estamos legislando no tiene efecto para esto ni siquiera para la mina de oro porque la estabilidad fiscal que la Ley Nacional, a la que adhirió la Provincia sin ninguna reserva y ninguna restricción en el año 1993 –por eso hablo de revisionismo histórico- le da a todas estas empresas, incluye a Meridian Gold con 30 años de vigencia de estabilidad fiscal. Entonces, es absolutamente contradictorio el discurso del señor diputado Risso cuando habla de la defensa irrenunciable de los derechos de la Provincia, jamás nosotros hemos planteado un menoscabo a los derechos que la Provincia tiene sobre sus recursos naturales, muy por el contrario. ¿Pero qué ocurre? En el despacho de Comisión que suscribe el señor diputado Risso ha sido eliminada la desadhesión a la Ley 24.196, que entonces, sigue vigente. ¿De qué estamos hablando? Sigue vigente en todos y cada uno de sus artículos incluyendo el 22° bis que establece el 3% del valor de boca de mina, define el concepto de boca de mina y, entre otras cosas, hace un pormenorizado detalle –y me tomé el trabajo de leerlo- de los conceptos deducibles. Es decir que no están en la legislación provincial, están en la nacional porque el despacho mantiene la adhesión. Esto es para sorprender a alguien que no está atento, la Ley 24.196 a la que la Provincia se ha adherido sigue vigente.
Es muy probable que compartamos con el señor diputado Risso la necesidad de revisar estos aspectos y, seguramente, vamos a coincidir en que es posible que el 3% con todos estos conceptos deducidos sea insignificante e irrelevante desde el punto de vista de la actividad fiscal, del ingreso a las arcas del tesoro provincial. Quizá no sea tanto si desde este proceso deducible se podría deducir en la propia legislación que se ejecuta en la Provincia del Chubut, que para llegar a estos conceptos deducibles los mismos deben coincidir en la Provincia del Chubut.
Como visualizamos contradictorio este despacho respecto del mantenimiento de la Ley Nacional y nuestra propia adhesión es que sugerimos e insistimos –me expresé correctamente y he sido escuchado- en que vuelva a Comisión porque es probable que en el debate en Comisión podamos corregir este despacho que a todas luces está mal, porque deroga una Ley que lo único que hace es reproducir una parte de la Ley Nacional a la que adherimos por otra Ley. Es decir, no modifica nada, no minimiza el impacto que esto pueda tener, me ha malinterpretado quizá por mala voluntad el señor diputado Risso. Decir, derógase la Ley 4482 es jarabe de pico, no produce ningún efecto, lo único que le queda es este concepto -que no está incorporado en la trascripción del artículo 22° bis de la Ley 4482- de la amortización.
Sinceramente, no me encuentro en condiciones de ponderar el impacto económico que pueda significar. Todo lo demás que dijera el señor diputado Risso, respecto de la Ley 24.196, que todos la tenemos en nuestras manos, sobre esta Ley, señor Presidente, como no tengo la condición de hombre de derecho, quizá la que haga sea una interpretación incorrecta. Cuando la Provincia dice: adhiero a tal ley, creo yo que tiene vigencia plena en el Estado Provincial. Ésta es mi interpretación; quizás alguien me pueda demostrar lo contrario. Pero mientras tanto argumento, entonces, que esta ley, al mantener el Estado Provincial la adhesión a la Ley de Promoción Minera -vuelvo a reiterarlo- mantiene su plena vigencia. La ley 4482 puede estar o no estar, porque es exactamente lo mismo.
Creo haber sido suficientemente claro. Ésta es la razón por la que creemos conveniente profundizar la cuestión y es posible que en el transcurso de la misma arribemos a algún tipo de acuerdo, porque parece como excesivo, tratado así aisladamente, el nivel de descuentos que el artículo 22 bis prevé para las empresas que se adhieran al régimen de promoción minera en los términos del artículo 8º.
SR. CONRAD: Ha sido más que extenso y claro el señor diputado Pérez Michelena. Considero que si logramos desarrollo económico de otras actividades posteriores a la extracción minera, su industrialización en la Provincia seguramente no parecerán, por lo menos, a excepción del oro, desproporcionados los beneficios que vemos sobre todo en las actividades mineras que se están desarrollando en nuestra Provincia y que, realmente, merecerían el apoyo no sólo de la Legislatura sino de todo el Estado Provincial para consolidarlas. Porque es muy triste que dé lo mismo que una tonelada de caolín se procese o no en la Provincia, que por un camión de caolín que sale de la Provincia la empresa que lo traslade tribute solamente $ 2. Eso es muy triste.
Tendríamos que estar muy preocupados hoy, precisamente, en incorporarle nuevos procesos a la actividad minera, pero no solamente fijar una posición fiscalista, un mayor ingreso, sino que generen actividad económica y mano de obra que es lo que realmente necesitamos.
Pero pretendía intervenir simplemente para marcar lo que entiendo es un yerro con respecto al artículo 3º del citado proyecto, porque habla de suspender por un año las facultades del Poder Ejecutivo otorgadas por la Ley nº. 3856.
La citada ley no está derogada en términos expresos, porque no se ha derogado, pero sí está derogada en términos de su practicidad. Es una ley que fue, en su momento, como bien lo dijo el señor diputado Risso, promocionada por el diputado Cané, el Ministro de Economía Jorge Isidro Conrad y por el gobernador Carlos Maestro.
Esa ley fue conocida como la "Ley Cané" y declaraba bajo protección y reserva toda la Provincia. Bajo esta cuestión de la reserva se hacían licitaciones, como se hizo con las áreas petroleras. Esas licitaciones que se hicieron tenían una vigencia; se sacaba la explotación minera del Código de Minería y se licitaban las áreas.
Según consta en cada uno de los registros de nuestra Provincia, se realizaron concursos públicos nacionales e internacionales; se licitaron las áreas; no hubo oferentes y, al no haber oferentes, se hicieron aplicables los artículos que preveía la propia ley.
Con licencia de la Presidencia voy a proceder a leer el artículo 19º de la Ley 3850, que es la ley que envió el ex Gobernador Carlos Maestro, cuando el señor diputado Risso hacía mención a los considerandos de su mensaje de elevación.
Las áreas que no se adjudicaran en el término de cuatro años, contados a partir de la sanción de la presente ley, quedarán sujetas a disposiciones generales del Código de Minería, es decir, perdía vigencia esta licitación del área, que iba a ser en etapas.
El artículo 20° dice: “Las áreas restituidas por las adjudicatarias a la Provincia a lo largo de las etapas establecidas o fijadas por el concurso quedarán liberadas y sujetas al Código de Minería en igual forma a la prevista en el artículo anterior.”
Reitero, señor Presidente, que ninguna fue adjudicada, y ningún área fue devuelta. Lo importante es que al no ser adjudicada ninguna área, la Ley 3850 cuya fecha de sanción fue dada en la Sala de Sesiones de esta Honorable Legislatura el 6 de julio del 93, feneció en su aplicación. Es decir que no está vigente en la provincia. También con este despacho estamos restableciendo solamente el artículo 1°.
Quería hacer esta salvedad porque se trata de un yerro, y ese yerro se da porque en el texto del artículo 1° aparece como vigente, pero en realidad no lo está por su propio articulado.
SR. RISSO: Señor Presidente, me sorprenden los términos jurídicos tipo sentencia que no devienen de la justicia sino de una banca como verdades absolutas, y generalmente se termina adjudicando en forma directa una explotación minera. Lo ideal, y me voy a tomar del argumento del señor diputado Conrad, si no está vigente, de acuerdo con su opinión -que no creo que sea de la autoridad de aplicación, de la Dirección de Minas- me pregunto qué daño y perjuicio hay para aplicar una ley que no está vigente, por qué no la derogamos, deroguémosla y no corramos más riesgos, que ningún funcionario con una capacidad distinta la use para adjudicar en forma directa. Por qué no la derogamos, no hay daño.
En segundo lugar, utilizando el mismo argumento del señor diputado Pérez Michelena, habrán observado que hice un esfuerzo particular para no calificar ni juzgar, pero especialmente de no calificar, porque a estas alturas de nuestras vidas somos todos grandecitos y estamos en condiciones de juzgar e interpretar la posición de los demás. Ahora bien, se sostiene que la ley que establece el canon minero en la provincia no es necesaria, y por el artículo 22° bis que mencionaba el señor diputado Pérez Michelena se establece la deducción.
Pregunto: ¿por qué se sancionó en la provincia, para qué la sancionaron? Le pregunto al señor diputado Pérez Michelena que siempre tuvo un rol importante en el gobierno provincial, y porque ha tenido competencia en él debería saberlo. Entonces, si no sirve de nada esa ley ¿por qué razón en el año 1998 se sancionó la ley que determina el canon minero del 3% y establece las deducciones? Y sin embargo dice el señor diputado Pérez Michelena con lógica “Qué sé yo”.
Y ahora viene la segunda pregunta. Si éste es el argumento valedero para sostener una oposición a este dictamen, que responde a lo mismo que decía el señor diputado Conrad, si no tiene sentido y no causa perjuicio que esté vigente ¿por qué no la derogamos, cuál es la razón?
Si este debate que propone el señor diputado Pérez Michelena lo pudiéramos hacer en la Comisión, oportunamente, por qué no la derogamos si no causa daño.
Lo que sí me sorprende es el papelito que sacó antes y me gustaría tenerlo; doscientos setenta creo que dijo son las adjudicaciones de la autoridad de aplicación en la provincia, deben ser derechos de cateos -supongo que es lo de la avalancha que se ha producido en los últimos días-.
Iba a mencionar especialmente a Cushamen, que es donde más notificaciones recibieron los propietarios de campos, fue una avalancha de cateos, como si generaran derechos adquiridos. Esto es lo que nos va a ocurrir, señor Presidente. No estamos hablando de una actividad minera que venció en su primera intervención y no genera nada en la provincia, son 270 proyectos mineros en la Provincia del Chubut, que no van a ir por minerales de poco monto o valor sino que van por el oro, en el marco del convenio firmado con el gobierno chileno, esto es lo grave. Me hubiese gustado haberlo escuchado al principio, no al final.
Entonces no estamos hablando de una cuestión menor, sino que estamos hablando de un proyecto minero que alcanza a toda la provincia. Y si no incide, señor Presidente, deroguémoslo.
Y lo último, porque creo que todos actuamos de buena fe aunque a veces podamos estar equivocados, confundidos o ignorantes, sea cual sea la razón, hasta que no tengamos elementos para probarlo, todos actuamos de buena fe.
Lo que no debemos -reitero este concepto- es ocupar la banca para vertir -no digo que sea la actitud del señor diputado Pérez Michelena- argumentos que después sean utilizados por quienes van a pleitear contra el Estado Provincial, esto es lo que no debemos hacer. No podemos esgrimir argumentos, señor Presidente, que después las propias empresas esgriman en contra nuestra en sus planteos ante la Corte.
Si nosotros decimos que hay 270 proyectos mineros que tienen derechos adquiridos, cuál es el criterio para sostener semejante afirmación si por otro lado, en la sesión pasada nos dijeron que el Estado Provincial -dentro de la legislación vigente- tiene mecanismos para frenar el proyecto minero Esquel, entonces cuál es el argumento que tomo como válido. El del señor diputado Retuerto que sostiene que la misma legislación vigente nos permite frenar el proyecto minero de Esquel o el del señor diputado Pérez Michelena que nos acaba de decir que hay 270 proyectos mineros que tienen derechos adquiridos, que se van a regir por esta ley y por este canon, 270 proyectos a los que no les vamos a poder cobrar nada, nos van a agujerear la provincia y no les vamos a poder cobrar nada.
Cuando hemos dicho al mismo tiempo, señor Presidente, que bien pueden haber otras alternativas, tomando incluso la línea argumental del señor diputado Retuerto, dentro de la misma legislación nacional y provincial.
No debemos sostener en un debate, sea cual sea nuestra posición, argumentos que después sean utilizados en nuestra contra. Si vamos a discutir la potestad de la provincia, extendámosla -como algunos han dicho- a las doscientas millas marinas. Como creo que en algún momento se planteó, también hay un proyecto, no recuerdo exactamente los términos pero creo no equivocarme si digo que el señor diputado Retuerto y la señora diputada Zarcos firmaron un proyecto extendiendo la jurisdicción de la provincia haciendo referencia -si mi memoria no se equivoca- a algunos antecedentes internacionales para que el Estado Provincial tenga jurisdicción más allá de las doce millas.
Lo único que falta es que en un debate digamos que tiene razón la Corte o el Procurador de la Corte y el Estado Provincial tiene jurisdicción hasta las tres millas, a esto nos estamos refiriendo, señor Presidente. Todos sabemos leer, todos tenemos los textos legales pero -insisto- lo que debe primar sobre nosotros es el interés provincial.
Entonces, para finalizar y sin perjuicio de aceptar el convite, creo que vamos a estar todos de acuerdo en debatir una legislación que sea más favorable a los intereses de la provincia. Si no hay perjuicio, por qué no derogamos las dos leyes, llevamos ya como dos horas de discusión y, según he escuchado, son dos leyes que no tienen sentido, como dijeron los señores diputados Conrad y Pérez Michelena, deroguémoslas. ¿Cuál es el perjuicio? Ninguno.
Entonces eliminémoslas de los anales legislativos de la provincia del Chubut, deroguémoslas, entonces no hay facultad para adjudicación directa, veremos si algún funcionario utilizó en los últimos años esa ley para adjudicar directamente alguna concesión minera, porque en todos estos doscientos setenta cateos, hay que ver todos los concursos. No estoy seguro de los argumentos esgrimidos por el señor diputado Conrad, si en la época de Cané se licitó todo el territorio provincial en ese momento, no lo sé; ¿cómo se adjudicaron estos 270 ca¬teos, si no fueron en forma directa? Entonces, ¿está vigente o no la ley? Deroguémosla. La ley del canon, ¿rige la ley nacional? Tenemos la posibilidad, esbozada por el señor di¬putado Pérez Michelena, de discutir si vamos a seguir adhe¬ridos a este régimen de promoción nacional. Discutámosla, quizá nos pongamos de acuerdo y la deroguemos. Pero avance¬mos, porque será importante el mensaje que le vamos a dar al capital que quiera explotar nuestros recursos; sin embargo, las condiciones las vamos a poner nosotros desde la Provin¬cia del Chubut, no desde Buenos Aires.
SR. PEREZ MICHELENA: Señor Presidente, esto de que me hagan decir cosas que no he dicho o de que pongan en mí reflexio¬nes que no he efectuado, me parece de muy mal gusto.
Repito el concepto, me gustaría tener una respuesta clara y contundente por parte de los autores del proyecto y de quienes en definitiva han despachado el mismo. ¿Por qué razón se modificó el artículo 1º del proyecto de ley original, que planteaba: "Derógase la Ley nº. 3866, de adhesión a la Ley nacional nº. 24.196"? Ese artículo desapareció y, al transformar al 2º en 1º, que deroga la Ley nº. 4482, lógicamente mantiene vigente la Ley nacional nº. 24.196.
Pero esto que ha planteado el señor diputado Risso, de que las cosas que uno dice en un debate parlamentario pueden ser utilizadas como argumentos, en realidad es bastante "finito". En principio dije, para simplificar, que pueden ser, más o menos, 270, categorizados de distintas maneras: labor cateo, labor manifestación, labor mina. Pero lo impor¬tante son las fechas. Básicamente, a vuelo de pájaro: 2002, 2001, 2001, 2002, 2001, 2002, dos del 2003, 2001, 2002, 1993, 1942, 1981, 1942, 1940 -se refiere al año de inicia¬ción del expediente-, 1991, 1997 -en Esquel, Huemules, Grupo Minero Aconcagua, proyecto plomo, cobre, cinc, plata, Río Senguer-, 1940, 1996, 1995, 1997, 1945 -Minera del Atlán¬tico, mina cobre, Cushamen-.
Es decir, hay de todo -es probable-, como ha expresado el señor diputado Risso, en el marco de esta Ley nacional nº. 24196. Me pregunto: ¿dónde están los que votaron en ese momento, en julio de 1993? Es cierto, fui funcionario -y orgu¬llosamente lo digo- del gobierno del doctor Carlos Maestro. Pero me gustaría saber dónde estaban en julio de 1993 los que hoy señalan con sus dedos acusadores las conductas de los demás. ¿Dónde estaban en julio de 1993, cuando votaron la adhesión plena, sin ningún tipo de observación ni de sal¬vaguarda de los intereses provinciales, la adhesión a la Ley nacional nº. 24196? Sería muy bueno preguntárselo a quienes formaban parte de aquella Cámara. Dada en la sala de sesio¬nes a los seis días del mes de julio de 1993. Ley 3866 de adhesión a la Ley nacional n° 24.196.
Evidentemente, no hay peor sordo que el que no quiere oír; nosotros hemos sugerido, en aras de la trascendencia que estas leyes tienen, el argumento de que se elimine que se derogue la Ley 4482 y pareciera que tienen número suficiente para hacerlo. ¿Por qué no derogamos la adhesión a la Ley nacional 24.196? Esta es la pregunta.
Señor Presidente, ya todos nos hemos expresado, por lo tanto póngalo a consideración de la Cámara y que cada uno se haga responsable.
SR. PRESIDENTE (Gil): Les solicito a los señores diputados que ingresen al recinto para proceder a la votación.
SR. PRESIDENTE (Gil): Son catorce votos. Resulta aprobado en general.
- Dictamen en conjunto de las Comisiones Permanentes de Asuntos Constitucionales y Justicia y de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, sobre el Proyecto de Ley General N° 032/03, presentado por el Bloque Justicialista, por el que se propone establecer en la zona delimitada por la Ruta 40 al Este, el límite con la República de Chile al Oeste, el límite con la Provincia de Río Negro al Norte y el límite con la Provincia de Santa Cruz al Sur, la prohibición de la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto y la utilización de cianuro y otros contaminantes en los procesos de lixiviación.
SR. DE BERNARDI: Señor Presidente, voy a dar ahora el mismo argumento del proyecto anterior porque creo que ya lo hemos debatido suficiente y ampliamente. Hemos recolectado toda la información que necesitábamos para elaborar este proyecto y ponerlo a consideración de la Cámara. En la Provincia del Chubut ya se ha dado un debate por demás interesante y auspicioso para modificar leyes que hacen al manejo de los recursos naturales, como dijo el señor diputado Risso. No sólo en la sesión anterior dimos la argumentación sino en cada uno de los debates que se plantearon como necesarios para defender lo que nunca se debió haber perdido en la Provincia que es la voluntad que debe tener y esgrimir un gobierno en función de lo que el Estado representa para un pueblo.
Como consecuencia de esto creo necesario sostener el dictamen, del cual vamos a solicitar su apoyatura para que se convierta en Ley cuando sea tratado, dictamen que ha nacido en el conjunto de las comisiones respectivas. Por lo tanto, solicito que se ponga a consideración de la Cámara con las fundamentaciones introducidas en la última sesión y en las sesiones anteriores para que sirvan de sustento a este proyecto que, de alguna manera, va a generar una bisagra en la forma en que debemos tratar las cuestiones propias de los chubutenses.
Más allá de integrar el contexto nacional, más allá de este criterio, tal vez declamativo de un federalismo que todavía falta mucho por encontrar, creo que la Provincia del Chubut está dando un ejemplo a seguir por muchas provincias, como bien lo ha manifestado la Provincia del Chaco hacia el pueblo de Esquel que participó; nosotros también tendremos un reconocimiento por haber reasumido la facultad, la autonomía, de la Provincia del Chubut en manejar los recursos naturales conforme al mejor saber y entender de los ciudadanos del Chubut.
Solicito que sin más trámite se someta a consideración este dictamen y en buena hora sea aprobado.
SR. ONGARATO: Estoy de acuerdo en que debemos seguir conservando los recursos naturales en nuestra región, en la región cordillerana, pero también pienso que esto es extensivo para toda la Provincia. No se puede dejar expuesta a una franja de la zona cordillerana; esto debe abarcar a toda la Provincia.
Debemos evitar la contaminación del medio ambiente y, además, la contaminación visual del paisaje, porque en toda la Provincia tenemos lugares turísticos que queremos promocionar y es justo que lo hagamos. Entonces, no hablemos de una sola región, e incluso encasillarla a 50 kilómetros al este de la ruta nº. 40; yo diría que esto debe ser válido para todos.
Entiendo que el plebiscito en Esquel ha puesto a consideración de todos los ciudadanos de la Provincia que es válido conservar nuestro medio ambiente. Para ello debemos trabajar como se está haciendo hoy; se está estudiando la posibilidad de contaminación del arroyo Esquel y la Laguna Wilmanco por causa, por ejemplo, del tratamiento de los minerales en la zona alta de la cordillera. Esto se está estudiando. Aparentemente aparecen fisuras que podrían contaminar o no estos arroyos, al igual que la contaminación del río Chubut. Y esto lo tenemos que cuidar.
Para ello tenemos que determinar, más que una zona, cuál es la zona tipo cuenca, geológicamente cerrada, que tenga posibilidad, por su estructura geológica, su tipo de suelo, de algún tipo de filtraciones que pudieran contaminar a otras linderas. Por eso se deben hacer estos estudios con personal altamente calificado tanto en geología como en hidráulica, porque estas cuencas deben ser cerradas vertical y lateralmente para imposibilitar la contaminación del medio ambiente.
Y esto nos debe preocupar. Hoy, en la Provincia del Chubut tenemos varios ejemplos que no son muy halagüeños.
Tenemos depósitos de materiales que pueden contaminar las aguas del río Chubut o de algunos otros arroyos de otras zonas y pueden ser altamente contaminantes y afectan la salud de la población.
Esto es, justamente, lo que votó la ciudadanía de Esquel, que no se debe contaminar.
SR. RETUERTO: Tomo los conceptos vertidos por el señor diputado Ongarato en el sentido de que las restricciones y las preocupaciones del medio ambiente no deben quedar limitadas a una zona exclusiva de la cordillera, sino a toda aquella en la cual, después de un análisis serio, se considere que hay otros valores de la propia región que se deben conservar.
Dije hace un par de horas que proponía la consideración sobre tablas de nuestro proyecto, que sigue estando a consideración de los señores diputados pero, en caso de que se apruebe en general esta ley, en el tratamiento en particular efectuar las incorporaciones a favor de una mejor definición de las áreas a proteger.
SR. PRESIDENTE (Gil). Tiene la palabra la señora diputada Llamazares.
SRA. LLAMAZARES: Señor Presidente, me voy a referir a lo que fundamenté el 26 de noviembre de 2002, sobre la Ley de Suspensión de la Audiencia Pública.
Decíamos en esa oportunidad: “La minería a cielo abierto es una actividad industrial de alto impacto ambiental, social y cultural, también una actividad industrial insostenible por definición, en la medida que la explotación del recurso supone su agotamiento, utiliza en forma intensiva grandes cantidades de cianuro, una sustancia muy tóxica que permite recuperar el oro del resto del material removido. Que no escapa advertir que en este asunto estamos en presencia del viejo conflicto entre necesidades económicas versus medio ambiente”.
Señor Presidente, fundamentaba en esa oportunidad “En el marco de derechos y garantías establecidos por la Nación y la Provincia del Chubut, en sus respectivas Constituciones, y los principios generales contenidos en la Declaración de Río de Janeiro, de 1992, contenido en el Acuerdo de Basilea”. Ese acuerdo lo fundamentó la señora diputada María Rosa Suárez.
La Ley de Medio Ambiente en uno de sus fundamentos decía: “Prevención, atendiendo prioritariamente a las causas de los problemas que afecten o puedan afectar al ambiente, la diversidad biológica y la salud de las personas, así como sus consecuencias.”
Es cierto, señor Presidente, hoy cuando el señor diputado Retuerto proponía la modificación del despacho de comisión, de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia, y lo debatía personalmente cuando trabajábamos de tarde, que propusimos hacer el proyecto votado anteriormente y este proyecto; no me quedaba claro la “zonificación” y mi duda surgió a partir de los convenios que se han firmado. Y me preguntaba si con prohibir una zona específica no dejábamos liberada a toda la provincia para ser autoridad de aplicación, y es lo que quisiera saber.
Por otro lado, cuando fundamentábamos la Ley de Suspensión de Audiencias Públicas decíamos que esta Ley General de Medio Ambiente N° 4563 no había sido reglamentada, y hoy tampoco lo está.
Señor Presidente, propiciamos y exigimos en la Ley de Suspensión de Audiencia Pública la constitución del Consejo del Medio Ambiente. El 5 de marzo de 2003, por Decreto N° 180, el Poder Ejecutivo constituyó ese consejo.
Creo que es genuina la duda del señor diputado De Bernardi, la misma duda que teníamos nosotros cuando fundamentamos la Ley de Suspensión de la Audiencia Pública: dudas al control del Estado.
El Decreto que propicia el Consejo Provincial del Ambiente se constituye -como lo solicitamos en su oportunidad y como lo especifica el artículo 34° de la Ley de Medio Ambiente- con el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los señores ministros y secretarios de Estado, cuyas competencias abarcan temáticas ambientales, CORFO, el Instituto Provincial de la Vivienda y el IAC, que deben tener sus respectivos representantes.
Además, señor Presidente, en la Constitución del Consejo Provincial del Ambiente van a participar las organizaciones no gubernamentales debidamente inscriptas en el Registro Provincial de Organizaciones, la Universidad Nacional de la Patagonia, la Universidad Tecnológica Nacional, el CENPAT, el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónica y la Federación Empresaria Chubutense, cada núcleo de los que mencionaba anteriormente, señor Presidente, deberá designar un representante.
Por otro lado, señor Presidente, voy a proponer introducirle al despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, modificaciones cuando estemos en la votación en particular.
SR. LORENZO: Señor Presidente, simplemente quiero agregar a lo que ya ha expresado la señora diputada Llamazares, que ha adelantado correcciones en el tratamiento en particular, a lo que obviamente responde la intención que ha tenido el Bloque de la Alianza en el proyecto propio que hemos presentado. Lo que no vamos a apoyar en general es esta ley por dos cuestiones muy simples: la primera porque los legisladores del Chubut si sancionamos una ley en la preocupación de que el cianuro es un contaminante más que importante, no lo debemos hacer solamente para una zona de la provincia del Chubut sino que debemos legislar para todo el territorio de la provincia.
Por lo tanto, no compartimos la redacción del proyecto de ley tal cual ha salido presentado por el Bloque Justicialista. Entendemos también que pretender dar una zonificación no es hacer una raya en un mapa, sino que es analizar otro tipo de cuestiones.
Es por eso que nosotros desde el Bloque de la Alianza no vamos a acompañar este proyecto, pero si logra la cantidad de votos para su tratamiento, vamos a pedir los cambios que la señora diputada Llamazares ha solicitado.
SR. RETUERTO: Señor Presidente, nosotros –como dijo el Presidente de Bancada- pretendemos...
SR. DE BERNARDI: Perdón, señor diputado, ¿me permite una interrupción?
SR. RETUERTO: Sí, señor diputado.
SR. DE BERNARDI: Señor Presidente, hay una costumbre legislativa de que aquel que no acompaña en general -así se me hizo saber varias veces, en varios debates- no debe intervenir en particular. Por lo tanto, creo que si ése fue el sistema que se implementó en esta Legislatura, la coherencia del Bloque del “maestrismo” debe seguir fiel a su pensamiento. Creo que esto debe quedar de alguna manera reflejado, señor Presidente. Nada más.
SR. RETUERTO: No sé qué le habrán comentado pero creo que estamos acá haciendo cosas serias, señor diputado De Bernardi. Proponemos que tenga una modificación el artículo 1° en el entendimiento de que con dos modificaciones, reitero, la cobertura del mismo sea aún mayor.
Entonces proponemos que la redacción del artículo 1° sea la siguiente: “Prohíbese la actividad minera metalífera a partir de la sanción de la presente ley en el ámbito de la provincia del Chubut en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción mi-nera".
Brevemente, quiero acotar las variaciones, para que queden claras. En primer lugar, se fija que es a partir de la san¬ción de la ley y, en segundo término, en lo referente a la lixiviación ampliamos el concepto a los procesos de produc¬ción minera.
Por estas razones, proponemos esta modificación.
SR. PRESIDENTE (Gil): Por Secretaría se leerá el artículo 1º con la modificación propuesta.
Artículo 1º. Prohíbese la actividad minera metalífera en el ámbito de la provincia del Chubut a partir de la sanción de la presente ley en la modalidad a cielo abierto y la uti¬lización de cianuro en los procesos de producción minera.
SR. PRESIDENTE (Gil): Se va a votar el artículo 1º reciente¬mente leído por Secretaría.
SRA. LLAMAZARES: Señor Presidente, proponemos una modificación para este artículo, que quedaría redactado de la si¬guiente manera: "El Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM), creado por la Ley nº. 4563 e integrado conforme los términos del Decreto provincial nº. 180/03, determinará en el plazo de ciento veinte (120) días corridos a partir de la sanción de la presente ley: a) La zonificación del terri¬torio de la provincia para la explotación de recursos mine¬ros, con la modalidad de producción autorizada para cada caso. b) La definición de las áreas en que se exceptuará la prohibición establecida en el artículo 1º de la presente ley.".
SR. RETUERTO: Señor Presidente, adelanto el voto afirmativo de estos integrantes del Bloque, porque lo que acaba de expresar la señora diputada preopinante es básicamente lo que estaba incorporado en nuestro Proyecto de Ley nº. 040, con la adecuación -que también en su momento habíamos conver¬sado- de transformar la Comisión de Información Territorial por el COPRAM, que tiene los mismos fines, como es la zoni¬ficación en todo el ámbito de la provincia del Chubut.
Por estos motivos, acompañamos la redacción propuesta para el artículo 2º.
SR. DE BERNARDI: Señor Presidente, nuestro Bloque sostiene la redacción original del artículo en razón de que está prácticamente fundamentado que el área en donde existe este tipo de minerías es casualmente en donde estamos proponiendo la prohibición que se debe dar en adelante en la modalidad a cielo abierto y con la utilización, no sólo de cianuro, sino de otros contaminantes, cuyo uso en buena medida está ya determinado que genera contaminación del medio ambiente y vul¬nera lo que aquí se está sosteniendo con vehemencia acerca de este perjuicio que se ocasiona y, como consecuencia de eso, la posibilidad de que nuestro medio ambiente, nuestra gente y nuestros derechos sean vulnerados.
Por ello creo necesario mantener la redacción original, porque es ahí, en ese área, donde los 270 permisos de cateo es¬tán concentrados. Ojalá podamos llegar a determinar que la contaminación no se va a dar, como dijo el señor diputado Ongarato, porque son cuencas cerradas. Ojalá se diera eso pero, desgraciadamente, estamos ante una realidad absolutamente distinta, una realidad que determina que este tipo de minerales existe en nuestra zona montañosa, en la cordillera chubutense, como en el hemisferio norte existe también en toda su extensión montañosa; como hoy por hoy se acabaron esas reservas ahora vienen por nosotros.
Dejar librada la posibilidad de una zonificación en organismos, que ya hemos visto que no funcionan, que mandar a comisión no es más que afirmar que no se va a tratar la cuestión, creo que es dejar altamente vulnerable aquel mandato que nos dieron en los pueblos de la cordillera. No queremos esta actividad, hay que ser terminantes y tajantes, hoy no queremos legislar para una parte de la provincia, como se ha dicho, estamos generando otra cuestión. La realidad determina que el oro y el platino están en la cordillera y no hay posibilidad de que existan en otra parte del territorio. Por lo tanto, creo que es absolutamente innecesario, al contrario, es generar una dilación en el tiempo dar la alternativa que se propone con la modificación. En tal caso, lo que deberíamos modificar, si se quiere, es prohibir lisa y llanamente la actividad en esa modalidad pero no dejarlo sometido a que si el Poder Ejecutivo quiere emprender consultas primero acuda a organismos técnicos para ver la contaminación o el perjuicio posibles.
Como segunda medida, que se someta cada uno de los proyectos a la voluntad expresada por los pueblos que deben convivir con un beneficio o un perjuicio, conforme se dé el resultado. No vamos a avanzar en ninguna modificación, en consecuencia solicitamos que perdure en la forma en que hemos elaborado este proyecto. Si mañana la legislación tiene que modificarse no tengamos miedo o temor en función de las nuevas experiencias que se van a vivir cuando no estemos pero hoy es imperioso que esto quede en la forma en que fue presentado y con la voluntad expresada de un pueblo cordillerano que se manifestó de esta forma.
Señor Presidente, sométalo a votación y espero que los legisladores lo aprueben porque no estamos buscando otra cosa que defender los intereses y el beneficio para la provincia. Creemos que dejar librado a organismos extra gobierno la posibilidad de que la cosa se haga no va a prosperar, la realidad, la experiencia y la historia lo han demostrado.
SR. RISSO: Señor Presidente, el artículo 1° del proyecto que estamos discutiendo establece la prohibición de la explotación minera en la modalidad de cielo abierto y la utilización de cianuro. La misma redacción del artículo determina que esta prohibición entre en vigencia a partir de la sanción de la Ley.
En cuanto a la segunda parte, que está generando las observaciones y el rechazo a la modificación por parte de la Bancada Justicialista, entiendo que están planteados por el temor que existe en el sentido de que estos organismos no sean eficientes en el control o que estos organismos cambien o modifiquen la voluntad expresada por el pueblo de la cordillera.
Lo señalo al solo efecto de que quede bien claro en la versión taquigráfica que, a nuestro entender, no hay absolutamente ninguna duda de que esta prohibición en particular alcanza al pueblo de la cordillera. Es voluntad de esta Cámara y así lo han expresado, creo que todos sus miembros, la prohibición de la explotación minera en la modalidad a cielo abierto con la utilización de cianuro. Ninguno de los legisladores que dimos origen a este proyecto -lo que se denomina el espíritu del legislador al momento de la sanción de una Ley- pone en duda que queda prohibida en la cordillera la explotación minera con esta modalidad. Se han planteado, y el señor diputado De Bernardi en particular tiene que reconocerlo, cuestionamientos con la zonificación
y puede haber otros lugares en la Provincia -así se nos ha dicho- que pueden ser factibles de explotación minera en la modalidad de cielo abierto y con la utilización de cianuro.
Eso lo deben decidir los organismos: cuáles son los espacios de la Provincia, fuera de la cordillera, que son factibles de este tipo de explotación.
Éste es el espíritu -creo- de todos los legisladores al momento de sancionar la ley.
Quería dejar expresa constancia en la versión taquigráfica por si aparece un mal entendido o se interpreta en forma distinta lo que los señores diputados quieren aprobar.
SR. DE BERNARDI: Comparto, y me parece bien que quede expresada con claridad meridiana la voluntad del legislador. Pero también -debo ser muy claro- en la interpretación de las leyes muchas veces, por no decir siempre, la voluntad del legislador es dejada de lado y la interpretación se hace sobre la letra fría de lo que queda en la ley.
Por lo tanto, a mí no me aseguran, de ninguna manera, que esa interpretación sea llevada adelante en los procesos que se van a implementar desgraciadamente en la Provincia del Chubut.
SR. GARITANO: Sin duda este texto que se está proponiendo se contradice con el primer texto que se aprobó, porque si bien es cierto que el primer texto está prohibiendo, en el segundo artículo se está dejando supeditada esa prohibición a la determinación de una Comisión.
Acá se ha dicho claramente cuál es el funcionamiento de las Comisiones. Más allá de lo que pueda decir el señor diputado Risso sobre la voluntad, el sentimiento, la expresión, el deseo de los legisladores, aunque sea el de la prohibición, las leyes no se interpretan por deseos sino por lo que expresan en sus textos.
Lo más probable en ese sentido -y yo llevo esa interpretación por este lado- es que, en definitiva, lo único que hemos cambiado es que, en vez de ser la autoridad de aplicación que autorizaba los cateos y las concesiones, que hacía todo el procedimiento, es decir es la Dirección de Minas, esto recae en esta famosa Comisión que se propone en el artículo 2º. Y se producirán en la Provincia los mismos problemas que se produjeron en Esquel.
Por otro lado creo que no caben muchas interpretaciones a la expresión concreta, contundente y muy clara del pueblo de Esquel. En ese sentido, en este proyecto de ley está reflejada esa expresión.
Y es cierto y es verdad que se debe llevar a debate el espíritu de la zonificación. Es muy difícil determinar objetivamente, y sin lugar a no equivocarse, un área determinada.
Se tomó en el proyecto una zona lógica en el sentido de que en esa zona se ha generado el mayor conflicto y es donde existen las mayores probabilidades y posibilidades en relación a los yacimientos de oro y plata que pueden existir en la Provincia del Chubut; obviamente, sin dejar de lado que puede haber otras áreas, en otras zonas de la Provincia, donde también exista; pero hoy el conflicto está instalado en aquella área.
Entonces, si tomamos en cuenta los argumentos dados y fundados en el tratamiento del primer proyecto, que es llevar a la Provincia a un debate de fondo en relación con esta cuestión, probablemente en este debate con el tiempo necesario y la pacificación que se debe lograr, fundamentalmente en la ciudadanía de Esquel, podamos ver objetivamente con más criterio y amplitud para definir con muchas más precisiones algunos aspectos que en este proyecto de ley, y en el artículo 2º de nuestro proyecto, queda alguna duda para definir.
Sin duda, si hoy en esta Cámara surge el texto que se está proponiendo, del Bloque de la Alianza, no se resuelve en absoluto lo que el pueblo de Esquel ha decidido; simplemente sólo está confundiendo aún más a muchos ciudadanos de esta provincia.
SR. PRESIDENTE (Gil). Tiene la palabra el señor diputado Lorenzo.
SR. LORENZO: Señor Presidente, creo que hay dos cuestiones que ha planteado la señora diputada Llamazares; la primera es una necesidad relacionada íntegramente con el artículo 1°, que es la explotación a cielo abierto de minerales metalíferos por el sistema de lixiviación con cianuro, y la otra cuestión, por la que el Bloque de la Alianza hace mucho hincapié, es en la propuesta que hace la señora diputada para la aprobación de este artículo, que es la zonificación de la actividad minera en forma general. Porque no estoy convencido de que no se vaya a hacer un daño con una explotación de caolín en medio del bosque cordillerano.
Entendemos que es importante mencionar esto a todos los ciudadanos. Lo que no es cierto, porque el conocimiento vulgar así lo asegura, es que el yacimiento de oro más importante sea el de Telsen, Gan Gan y Gastre.
Entonces, digo simplemente que el ciudadano de Esquel, como bien se expresó en esta Cámara, lo que trata de interpretar es una situación que en nada se diferencia por sus derechos con el ciudadano de Gan Gan, y por eso se está proponiendo esta prohibición.
Esta zonificación tiene que estar dada no con un límite, estableciendo una raya al medio, sino con cuestiones más profundas. Y hay cuestiones como las que planteaba el señor diputado Garitano, que es lo que provocaría desconfianza. Falta agregar algo más en el artículo 3°, que no está en ese proyecto, habría que agregar lo que la señora diputada Llamazares decía junto con al artículo 2°: decir que esta Legislatura va a establecer esa zonificación, como se establece en el artículo 1° para la determinación política de esa responsabilidad técnica, más la que va a tomar esta Legislatura, y agregando ese artículo se resuelve el problema planteado por el señor diputado Garitano.
SRA. LLAMAZARES: Señor Presidente, creo que está demostrado el resultado electoral de Esquel. Los ciudadanos de Esquel se expresaron en su oportunidad y los legisladores de esta Cámara –lo vuelvo a reiterar- cuando votamos en su oportunidad la Ley de Suspensión de la Audiencia Pública lo hicimos expresamente en los artículos 109° al 111° de la Constitución Provincial. Además, señor Presidente, trajimos en esa oportunidad a esta Cámara todos los antecedentes mundiales que hay con respecto a la utilización del cianuro a cielo abierto. No sólo trajimos las comparaciones de los hechos ocurridos y de los desastres de un desarrollo no sostenible como es la explotación minera.
Decía en esa oportunidad, y tengo la versión taquigráfica sobre mi banca, cuando recién se empezaban a reunir los vecinos de Esquel, y había anticipado lo que iba a suceder como legisladora provincial, y todos los legisladores provinciales, que si legislara en el tema de la Pesca, y de la flota amarilla de Rawson le preguntaría al intendente qué le diría a los ciudadanos de Comodoro Rivadavia. Como no soy concejal sino diputada de la provincia y los respeto profundamente, voy a volver a reiterar lo que dije en noviembre del año pasado cuando fundamentábamos –y consta en la Versión Taquigráfica- el respeto hacia los ciudadanos de Esquel.
Señor Presidente, en su oportunidad todo el mundo nos decía que la ciudadanía de Esquel estaba de acuerdo con la mina. Viajamos a Esquel y ahí nos dimos cuenta, hablando con la gente, el criterio que tenía cada uno de los ciudadanos.
Sabe muy bien el señor escribano De Bernardi y saben muy bien los diputados del Bloque Justicialista, que el eje fundamental de este proyecto de ley es la preservación de vida, de la calidad de vida no sólo de los hermanos de Esquel sino de los chubutenses.
Y cuando planteaba mis dudas sobre la zonificación, señor Presidente, lo hacía en base a lo que estoy expresando, tenía miedo de dejar desprotegidos a otros ciudadanos de mi Provincia y quizás hoy, señor Presidente, tengamos las mismas dudas de la función indelegable que debe tener el Estado, pero hay universidades y centros de investigación como el CENPAT que tienen, señor Presidente, científicos que son reconocidos en Latinoamérica. Esto lo digo en base a trabajos en el tema de medioambiente y registro poblacional del cáncer, cuando empiezo a trabajar en el tema, me enteré en la Universidad de Odontología de La Plata, de los científicos que tenemos nosotros en el CENPAT.
Podríamos dudar de algunos funcionarios de nuestro gobierno, pero no voy a dudar de la capacidad de los científicos que cobran dos pesos, porque encima no son bien remunerados ni en el país ni en nuestra provincia, porque permanentemente tienen que pelear en el CONICET para poder tener investigaciones en nuestra provincia.
Vuelvo a reiterar que quizá tenga las mismas dudas pero confío, señor Presidente, en el material humano, en el material profesional, en la universidad de mi provincia, en los profesionales de la misma y en el compromiso que han tenido muchos profesionales de la Universidad Nacional de la Patagonia. En la zona de Esquel precisamente muchos fueron amenazados cuando se atrevieron –porque muchos de nosotros todavía no habíamos abierto la boca, lo vi en un programa de televisión en Esquel- a informar a la comunidad de Esquel sobre lo que podría producir el cianuro.
Señor Presidente, por esos profesionales, por esos técnicos, por ello propongo la constitución del Consejo Provincial de Medio Amiente porque creo todavía, señor Presidente, que las futuras generaciones se merecen una provincia distinta y no podemos legislar solamente para una ciudad que reconozco que se puso de pie y fue el ejemplo no sólo en la Provincia del Chubut sino en el país, de lo que puede un pueblo cuando el pueblo dice no.
Pero más allá de esto, señor Presidente, creo que debemos avanzar no solamente pensando en nosotros sino en las generaciones que vienen.
SR. DE BERNARDI: Señor Presidente, creo que el convencimiento viene en la maduración de las cosas.
Creo que todos estamos tratando este tema con profundidad y mucho respeto, con el convencimiento de que debemos hacer lo mejor para la Provincia del Chubut.
Como bien lo decía la señora diputada Llamazares, no confío en los organismos de control por parte del Estado, no confío en absoluto. Con esto no quiero decir que no sé de la capacidad técnica que tienen los científicos de muchos organismos, también quiero decir que muchos a veces se ven presionados y desgraciadamente no pueden cumplir acabadamente su rol.
Por eso insisto en mantener la zonificación establecida en el proyecto original. Si esto no es posible, como alterna-tiva y en función de los argumentos que han dado los señores diputados del Bloque de la Alianza, de las dos vertientes, propongo que realmente respetemos la voluntad de los pue¬blos. Se ha dicho, con precisión -lo ha manifestado el señor diputado Lorenzo-, que no está solamente determinado que sea la cordillera chubutense o de los Andes la que posee esta riqueza, sino también zonas como Gan Gan y Telsen. Por lo tanto, más allá de atribuirnos hoy la posibilidad de generar una zonificación, más allá del argumento técnico, debemos respetar la voluntad de los pueblos.
Muy bien lo ha expresado la Legislatura de la Provincia del Chaco, que felicita la actitud de Esquel y de la Provincia del Chubut de permitir la utilización del mecanismo de democracia semidirecta, como es la consulta popular. Más allá de que sea Gastre, Esquel o la cordillera, creo que todos los ciudadanos somos capaces de entender qué es lo bueno y lo malo para nuestro medio ambiente. Por lo tanto, creo que debemos ser respetuosos de lo que nosotros mismos damos como argumento, que es casualmente dejar que en la voluntad de los pueblos también se generen los destinos que se tienen que dar.
En función de esto y para no ser reiterativo y extenderme en una argumentación innecesaria -que ya hemos expresado en innumerables oportunidades-, propongo la siguiente redacción: "El Poder Ejecutivo podrá otorgar, en particular, excepcio¬nes a lo establecido en los artículos precedentes solamente a emprendimientos mineros que estén localizados en jurisdic¬ción de ejidos municipales. La excepción se otorgará cuando sea solicitada por las autoridades municipales y la misma esté avalada" -aquí viene la fundamentación técnica- "con fundamentos técnicos que justifiquen la inexistencia de riesgo ambiental por la utilización de la modalidad a cielo abierto y del uso de tóxicos. Esta petición sólo podrá ser considerada si está avalada por el resultado favorable de una consulta popular realizada entre los habitantes que acrediten una antigüedad mínima de tres años en el territo¬rio municipal" -del que se trate-.
Con esto, estaríamos dando alternativas para que sean partícipes no sólo estos veintisiete diputados sino el conjunto de aquellos ciudadanos que va a convivir, para bien o para mal, con una actividad, basados en hechos que realmente tie¬nen que existir, hechos técnicos y científicos cuyos resul¬tados demuestren que no habrá contaminación del medio am¬biente y que no corre riesgo la vida de los ciudadanos. Esto es lo que creo que la provincia del Chubut tendría que dar como ejemplo a la Nación, para que realmente las cosas co¬miencen a correr por los carriles que las mismas Constitu¬ciones Nacional y Provincial han dado como herramientas de la voluntad del pueblo, que es expresarse en los hechos de trascendencia y que van a modificar una perspectiva de vida. Esto lo digo con total convencimiento de que la comunidad cordillerana se valió de este recurso y que bien ha sido adoptado por la legislación para expresar su voluntad. Deje¬mos también que los demás se expresen. Por ello solicito que se someta a consideración que el artículo 2º del proyecto original sea remplazado por el que acabo de leer.
- Hace llegar a Mesa de Presidencia la redacción propuesta para el artículo 2º.
SR. PRESIDENTE (Gil): Por Secretaría se leerá la redacción propuesta por la señora diputada Llamazares.
- El Consejo Provincial del Medio Ambiente (COPRAM) creado por la Ley 4563 e integrado conforme los términos del Decreto Provincial N° 180/03, determinará en el plazo de 120 días corridos, a partir de la sanción de la presente Ley: a) La zonificación del territorio de la provincia para la explotación de recursos mineros, con la modalidad de producción autorizada para cada caso. b) La definición de las áreas en que se exceptuará la prohibición establecida en el artículo 1° de la presente Ley.
SR. PRESIDENTE (Gil): Por Secretaría se leerá la redacción propuesta por el señor diputado De Bernardi.
- El Poder Ejecutivo podrá otorgar, en particular, excepciones a lo establecido en los artículos precedentes solamente en emprendimientos mineros que estén localizados en jurisdicción de ejidos municipales. La excepción se otorgará cuando sea solicitada por las autoridades municipales y la misma esté avalada con fundamentos técnicos que justifiquen la inexistencia del riesgo ambiental por la utilización de la modalidad a cielo abierto y del uso de tóxicos. Esta petición sólo podrá ser considerada si está avalada por el resultado favorable de una consulta popular realizada entre los habitantes que acrediten una antigüedad mínima de tres años en el territorio municipal.
SR. PRESIDENTE (Gil): Se va a votar el artículo 2° con la redacción propuesta por la señora diputada Llamazares.
SR. PRESIDENTE (Gil): Son quince votos por la afirmativa.
Se va a votar el artículo 2° con la redacción propuesta por el señor diputado De Bernardi.
SR. PRESIDENTE (Gil): Son diez votos por la afirmativa.
Resulta aprobado el artículo 2° con la redacción propuesta por la señora diputada Llamazares.
SR. RETUERTO: Señor Presidente, para cerrar el tratamiento del presente proyecto de ley vamos a proponer, como anticiparan los diputados de este Bloque que me precedieron en el uso de la palabra, un tercer artículo que clarifica alguna duda que responsablemente han manifestado los miembros del bloque de la oposición. Me estoy refiriendo al claro criterio de que el espíritu del plebiscito de Esquel, tal como se ha dicho, está en el espíritu de quienes hoy proponen la sanción de este proyecto de ley. Queda claro también que si el Consejo que va a proponer esta zonificación no cumpliera su objetivo, de la lectura del artículo que vamos a proponer quedará claro que la prohibición para todo el ámbito provincial de utilización de cianuro quedará vigente.
El artículo 3° que proponemos es el siguiente: La aprobación de la zonificación propuesta por el Consejo Provincial del Medio Ambiente, COPRAM, en los términos del artículo 2° de la presente, se efectuará por Ley. Es decir que necesariamente tiene que venir a esta Legislatura cualquier modificación o cualquier adecuación que se produjera en los términos del artículo 1° con lo cual el espíritu de la población de Esquel queda perfectamente respetado porque no es otro que el espíritu de estos legisladores pero además, como bien dijo el señor diputado Lorenzo, contemplamos la posibilidad de aprobar por ley en su momento, estos legisladores, una zonificación mucho más abarcativa. No me refiero solamente a la cuestión minera metalífera sino a otras explotaciones mineras que entendamos tengan otro tipo de perjuicio para el medio ambiente. En tal sentido, solicito se someta a votación el artículo 3°.
SR. PRESIDENTE (Gil): Por Secretaría se leerá el artículo 3° propuesto.
Artículo 3º: La aprobación de la zonificación propuesta por el Consejo Provincial del Ambiente, COPRAM, en los términos del artículo 2º de la presente, se efectuará por ley.
Habiéndose aprobado en general y en particular, queda sanciona la presente Ley.
SRA. DI FILIPPO: Solicito que sea leída por Secretaría la Ley como quedó, ya que hubo votaciones a distintas propuestas y realmente me gustaría escuchar cómo quedó la redacción de la totalidad el proyecto.
Artículo 1º: Prohíbese la actividad minera metalífera a partir de la sanción de la presente Ley en el ámbito de la Provincia del Chubut en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera.
Artículo 2º: El Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) creado por la Ley nº. 4563 e integrado conforme los términos del Decreto Provincial nº. 180/03 determinará en el plazo de 120 (ciento veinte) días corridos, a partir de la sanción de la presente ley:
Artículo 3º: La aprobación de la zonificación propuesta por el Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) en los términos del artículo 2º de la presente, se efectuará por ley.
- Dictamen unánime de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia, sobre el Proyecto de Ley No General nº. 025/03, presentado por el Poder Ejecutivo, por el que se propicia la aprobación del convenio, celebrado entre la Provincia y el Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn, que tiene por objeto establecer una cooperación técnica y financiera entre la Inspección General de Justicia y dicho Colegio.
SR. RISSO: Viene a consideración de esta Cámara un convenio firmado por el Gobierno de la Provincia del Chubut, representado en este caso por el Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, y el Colegio de Abogados de la ciudad de Puerto Madryn que se rige por las cláusulas que en forma resumida voy a exponer.
Se deja establecida una cooperación técnica financiera entre la Inspección General de Justicia y el Colegio Público de Abogados de la ciudad de Puerto Madryn, que tenderá a obtener una mayor eficiencia en la labor diaria, informatización de datos obrantes en los respectivos legajos de la Inspección, conformación de una red interconectada entre la sede central y sus delegaciones y éstas entre sí.
Se establece también la capacitación permanente para el personal; adopción de medios conducentes para el otorgamiento de estímulos al personal mediante incentivos por asistencia y puntualidad, asignaciones especiales por productividad y premios, becas de capacitación y perfeccionamiento, viáticos, gastos, además de la adquisición de material bibliográfico, equipos de computación y descentralización operativa.
Se menciona también la colaboración con el cumplimiento de las misiones y funciones que otras leyes le acuerden a la Inspección, incluyendo al Registro Público de Comercio.
El convenio tendrá una duración de tres años contados a partir de su firma y quedará automáticamente renovado por igual período con una anticipación mínima de ciento veinte días a cada vencimiento por solicitud de cualquiera de los firmantes.
Los recursos financieros se conformarán con la percepción de la venta de formularios, estatutos modelos y todo otro concepto que provenga de lo establecido en el anexo 1 del Convenio.
El Colegio de Abogados de la ciudad de Puerto Madryn percibirá las contribuciones previstas en la cláusula tercera del Convenio y afectará al cumplimiento de los fines propuestos el 70%, el 10% para solventar los gastos propios del convenio, el 10% para el Colegio Público de Abogados de la ciudad de Puerto Madryn y el 10% restante para colaborar con la Delegación Esquel de la Inspección General de Justicia.
Señor Presidente, por este motivo que resulta de interés tanto para el gobierno de la provincia como para el Colegio de Abogados es que solicito el voto favorable de los señores diputados.
SR. PRESIDENTE(Gil): Por Secretaría se leerá.
SR. PRESIDENTE (Gil): Solicito a los señores diputados que se encuentran en la Casa ingresar nuevamente al recinto para dar quórum y proceder a votar.
- Ingresan varios señores diputados al recinto.
- Dictamen unánime de la Comisión Permanente de Legislación General, Cultura y Educación, sobre el Proyecto de Resolución N° 010/03, presentado por el Bloque de la Alianza, por el que se propone considerar de interés cultural provincial para este Poder Legislativo la “Patagonia Muestra – Por la Cultura y la Producción Regional” a desarrollarse del 17 al 20 de abril del corriente año en la ciudad de Trelew.
SRA. FARA: Señor Presidente, solicito el acompañamiento de esta Honorable Cámara al Proyecto de Resolución presentado por el Bloque de la Alianza, que cuenta con dictamen unánime, dado que consideramos oportuno que esta Cámara se exprese en relación a la muestra que se realizará por primera vez en la
ciudad de Trelew, durante cuatro días, en Semana Santa, denominada: “Patagonia Muestra por la Cultura y la Producción Regional”, organizada por instituciones gubernamentales y no gubernamentales; en particular por el municipio de Trelew, de las áreas de la Cultura, la Producción y el Turismo, como así también por el Foro Permanente de Políticas Culturales de Trelew, que se ha conformado el año pasado. Se pretende con este primer encuentro convocar a los artistas y artesanos a una muestra abierta de obras literarias, musicales y teatrales.
Dada la importancia que reviste, desde el punto de vista turístico-cultural, solicito el acompañamiento de esta Cámara para declarar dicho evento Interés Cultural.
- Dictamen unánime de la Comisión Permanente de Legislación General, Cultura y Educación, sobre el Proyecto de Declaración N° 05/03, presentado por los diputados Iralde y Lorenzo del Bloque de la Alianza, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Subsecretaría de Cultura, se analice la posibilidad de edición del Libro “Historia del Fútbol Comodorense” del autor Joaquín Atilio de Sousa Inacio.
SR. IRALDE: Señor Presidente, solicito que se lea el proyecto por Secretaría, dado que sirven como fundamento los considerandos del mismo.
- Dictamen unánime de la Comisión Permanente de Legislación General, Cultura y Educación, sobre el Proyecto de Declaración N° 06/03, presentado por los diputados Lorenzo y Zarcos, del Bloque de la Alianza, por el que se solicita al Poder Ejecutivo que declare de interés provincial la realización del Primer Congreso Internacional de Teatro Patagonia, a desarrollarse en Comodoro Rivadavia entre los días 18 y 22 de mayo del corriente año.
SRA. ZARCOS: Señor Presidente, del 18 al 22 de Mayo próximo, organizado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, tendrá lugar un intercambio cultural internacional que ha generado gran expectativa.
El mismo se denomina "Patagonia, Región Cultural del Mercosur" y participarán grupos de teatro de Uruguay, Paraguay, Brasil, México, Chile y Argentina. En el caso de México son dos grupos teatrales, un grupo independiente y otro estatal.
De nuestro país han comprometido su participación varias provincias y se han cursado invitaciones a todas las Municipalidades y Direcciones de Cultura de la Patagonia Argentina y Chilena. Incluye técnicas de actuación, puesta en escena, escenografía, iluminación, maquillaje, produce un intercambio que aportará a nuestra gente de teatro, valiosos conocimientos.
Se destaca muy especialmente la intención de incentivar la creatividad de autores chubutenses, la creación de obras, libretos y guiones, inspirados en temáticas regionales patagónicas. Los talleres se desarrollarán en el ámbito de la Ciudad Universitaria de Comodoro Rivadavia y las representaciones en el aula magna.
Por lo expresado, señor Presidente, solicito a los señores diputados el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de declaración.
- Dictamen unánime de la Comisión Permanente de Legislación General, Cultura y Educación, sobre el Proyecto de Declaración N° 08/03, presentado por los integrantes de dicha Comisión, por el que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, arbitre los medios para la construcción de un salón de usos múltiples en la Escuela N° 54 de la ciudad de Esquel.
SRA. MARCOVECCHIO: Señor Presidente, hemos recibido en el seno de la Comisión de Legislación General, Cultura y Educación, un pedido de la comunidad educativa, de los padres y docentes de la Escuela Provincial Nro. 54 de la ciudad de Esquel.
Solicitan que se realice en el predio de la escuela, un salón de usos múltiples dado que por el clima y la falta de espacio, no permite que cuatrocientos chicos puedan realizar sus tareas de recreación como también la ocupación de tiempo libre, y están solicitando que arbitremos los medios ante el Poder Ejecutivo para que se pueda realizar este tan sentido y necesario espacio.
Por lo tanto, en conjunto con los miembros de la Comisión mencionada, hicimos un proyecto de Declaración que tiene dictamen unánime donde solicitamos al Poder Ejecutivo que arbitre los medios a través del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia y del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a los efectos de dar respuesta a tan sentido pedido.
Informo a los señores diputados que hoy, a partir de las 11 horas, se va a realizar la reunión que informaba el Presidente del Bloque de la Alianza, señor diputado Lorenzo, con autoridades sobre la problemática energética.
- Eran las 02,10 del día 9 de abril de 2003.
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