Source: http://correctoresenlared.blogspot.com/2012/04/malvinas-un-poco-de-historia.html
Timestamp: 2018-06-24 06:45:24+00:00

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Las islas Malvinas son un archipiélago ubicado en el mar Argentino, en el océano Atlántico Sur, a una distancia mínima de la Patagonia de 480 km. Según la ONU, constituyen un territorio en litigio entre la República Argentina y el Reino Unido, quien en 1833 las tomó por la fuerza y las administra como un Territorio Británico de Ultramar.
Argumentos argentinos respecto a sus derechos de soberanía
La Argentina sustenta sus derechos sobre las islas en base a consideraciones geográficas, históricas y jurídicas.
Derechos geográficos
Continuidad geográfica: las islas Malvinas se encuentran a escasa distancia del territorio continental argentino (a unos 480 km), emergiendo con continuidad geológica de la plataforma continental argentina.
España basó sus derechos sobre las islas en las bulas Inter caetera del papa Alejandro VI y Dumun Si Quidem del 3 y 4 de mayo de 1493, y en el Tratado de Tordesillas.
Las islas fueron descubiertas por barcos al servicio de España antes del supuesto descubrimiento atribuido a John Davis en 1592, en épocas en que el mero descubrimiento otorgaba derechos de dominio eminente.
Tanto España como la Argentina hicieron ocupación efectiva de las islas, principio que el Reino Unido y los principales países europeos reconocían entonces como título esencial para la adquisición de la soberanía territorial.
La ocupación británica de Puerto Egmont (1765-1774) es considerada con características negativas:
ilícita, por ser violatoria de los tratados vigentes; clandestina, por permanecer oculta hasta su descubrimiento por parte de los españoles;tardía, porque ocurrió con posterioridad a la ocupación francesa;contestada, porque España opuso resistencia y reservó sus derechos; parcial, porque se redujo a Port Egmont, a la vez que España poseía Puerto Soledad; breve, porque sólo duró ocho años;
precaria, al ser abandonada en 1774. España al devolver Port Egmont en 1771 lo hizo como un acto de reparación y formuló explícita reserva de sus derechos. En 1777 destruyó los símbolos dejados por los británicos allí, sin que éstos hicieran protesta alguna sobre sus derechos, lo que se interpreta como un abandono físico de la pretensión británica.
La Argentina tras su independencia, heredó los derechos de España en virtud de la doctrina del uti possidetis iuris y de la de sucesión de estados, por lo que ejerció un dominio eminente a partir de 1810. Al reconocer España la independencia argentina, cedió explícitamente esos derechos con retroactividad al 25 de mayo de 1810.
Cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata tomaron posesión efectiva de las islas el 6 de noviembre de 1820, el Reino Unido no efectuó protesta alguna. Ni lo hizo el 15 de diciembre de 1823 cuando reconoció a las Provincias Unidas, ni cuando firmó con ellas el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación del 2 de febrero de 1825. Su primera protesta ocurrió recién el 19 de noviembre de 1831.
El Reino Unido ocupó las islas por la fuerza en 1833, expulsando a su población y no permitiendo su retorno, vulnerando así la integridad territorial argentina y su unidad nacional. Los cual es contrario a la Resolución 1514 (XV) de las Naciones Unidas relativa a la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, la cual establece en su párrafo sexto que todo intento encaminado a quebrar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Gran Bretaña abandonó su asentamiento en 1774 y renunció a su soberanía firmando un tratado. Mientras la Argentina siempre ha reclamado su soberanía y nunca ha renunciado a ella (nunca ha hecho de relictio y menos aún ha cedido por tratado alguno su soberanía sobre las islas).
La invasión de 1833 fue ilegal ante el Derecho de Gentes y violó el artículo 4° de la Primera Convención de Nutka firmada el 28 de octubre de 1790. Violó también otros tratados firmados por Gran Bretaña que reconocían a España sus derechos en América del Sur y a la exclusividad de navegación en el Atlántico Sur: Tratado Americano de 1670 y la Paz de Utrecht de 1713 junto con los tratados posteriores que la ratificaron.
Argumentos británicos respecto a sus derechos de soberanía
Las bulas Inter caetera no fueron reconocidas por Gran Bretaña por no ser un país católico romano (aunque para 1492, año de la bula, Gran Bretaña sí era católica romana), ni tampoco el Tratado de Tordesillas, derivado de ellas, al ser celebrado sólo entre España y Portugal.
Cuando abandonaron Port Egmont en 1774 dejaron una placa de plomo y una bandera como símbolo de la continuación de su posesión sobre el territorio, la cual decía: "Conste ante todas las naciones que la isla Falkland con su fuerte, depósito, muelles, (...) pertenecen a Su Muy Sagrada Majestad Jorge III, Rey de Gran Bretaña".
La firma de las Convenciones de Nutka impidiendo colonizar territorios en Sudamérica, no incluía territorios sin control efectivo. La Malvinas se habían convertido en res nullius nuevamente al abandonarlas los españoles en 1811.
Los intentos argentinos de colonizar las islas entre 1820 y 1833 fueron esporádicos e inefectivos y no reconocidos por otros estados (por ej. los Estados Unidos).
El principio del uti possidetis "no es válido en derecho internacional", sólo vale la ocupación efectiva.
El Reino Unido afirma que la población argentina de 1833 "no era indígena" y que la única población original de esas islas es la actual británica que habita desde el siglo XIX. Algunos de los actuales malvinenses son la quinta generación nacida allí.
La posesión continuada de las islas en forma notoria, pacífica y no interrumpida hasta 1982, da al Reino Unido derechos de propiedad sobre ellas mediante la usucapión (o prescripción adquisitiva). La doctrina del Estoppel, o de desinterés del reclamante por inacción frente al actos soberanos de otro estado, lo que se interpreta como una renuncia a sus derechos, quedó desacreditada en 1982.16
El derecho a la autodeterminación de los isleños es prioritario sobre cualquier reclamación argentina.
Según la Argentina
La Constitución de la Nación Argentina establece desde 1994 que las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes "son parte integrante del territorio nacional". La Ley Nacional argentina N° 346 establece en su artículo 1: "Son Argentinos: 1.- Todos los argentinos nacidos o que nazcan en el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres, (...)" (principio de ius soli).52 Por la Ley N° 23.059: "Se declaran inválidas y sin ningún efecto jurídico las pérdidas o cancelaciones de la nacionalidad argentina (...)", (principio de nacionalidad perenne) por lo tanto para el gobierno argentino las personas nacidas en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas. A pesar de que esos territorios sean considerados por Argentina como "ocupados ilegalmente por el Reino Unido", la ley reconoce que los nacidos allí, aunque sean ciudadanos de otro país no pierden su ciudadanía natural argentina.
Según el Reino Unido
Por el "British Overseas Territories Act" de 2002, cualquier persona que sea ciudadano de un territorio de ultramar británico, es un ciudadano británico. Por lo que por el solo hecho de haber nacido en las islas, se es ciudadano británico.53 Previamente, la "British Nationality Act" de 1981 establecía que los hijos de "ciudadanos de territorios dependientes británicos" no nacían británicos. Eran, igual que sus padres, "ciudadanos de territorios dependientes británicos": una categoría especial, que no les daba derecho a vivir y trabajar en el Reino Unido. La "British Nationality (Falkland Islands) Act" de 1983 otorgó ciudadanía británica a los habitantes de las Malvinas.
La Constitución de las islas Malvinas, que entró en vigor el 1 de enero de 2009, da el derecho a la libre determinación de los isleños, diciendo que "Todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación y en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política situación y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural y puede, para sus propios fines, disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones internacionales derivadas de la cooperación económica, basada en el principio de beneficio mutuo e internacional Derecho...".
Derecho a la autodeterminación y partes en disputa
Para la Argentina, los nativos de las islas son ciudadanos argentinos de pleno derecho que habitan una parte indivisible del territorio nacional que se encuentra ocupada ilegalmente por una potencia invasora, por lo tanto no puede aplicárseles el principio de autodeterminación, sino que corresponde aplicar el principio de integridad territorial del estado. El párrafo sexto de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea de la ONU, sancionada el 14 de diciembre de 1960, establece que "todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente [...] la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas". Luego, en la resolución 2353 (XXII), del 8 de enero de 1968, la Asamblea ratificó que "toda situación colonial que destruye total o parcialmente [...] la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas".
De esta forma sólo habría dos partes en la disputa de soberanía, la República Argentina y el Reino Unido. La Argentina considera que la Resolución 2065 (XX) instó a resolver la disputa a través de negociaciones, teniendo en cuenta los "intereses" y no los "deseos" de los isleños. De acuerdo con la resolución 1514 (XV) de 1960, la Asamblea General de la ONU la autodeterminación es la libre expresión de "la voluntad y el deseo" de los habitantes de un territorio sin autogobierno. La Argentina considera que no se reconoce derecho a la autodeterminación cuando se hace referencia a los "intereses" de los habitantes de las islas Malvinas y se recomienda que sean "tenidos en cuenta" por los dos países que se disputan la soberanía.56
La República Argentina niega que corresponda a esa población, que considera artificialmente conformada, decidir a cuál de los dos países pertenece el territorio, considerando que los isleños no constituyen un pueblo, son súbditos británicos y, como tales, no pueden ser los árbitros de un conflicto en el cual el Reino Unido es parte.
Para el Reino Unido, los nativos de las islas son ciudadanos británicos e inscribió a las islas en la ONU como "territorio no autogobernado" cuyo futuro depende del "deseo" de los isleños, otorgándoles el derecho de autodeterminación. De acuerdo con el artículo 1º de la carta de la ONU, todo pueblo tiene el derecho de determinar libremente, sin interferencias externas, su estatus político, así como perseguir su desarrollo económico, social y cultural. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se aceptó que los pueblos con identidad cultural y conciencia nacional eran acreedores al derecho de soberanía. Ese criterio se tradujo en un principio de derecho internacional: "la voluntad soberana de un pueblo colonizado extingue cualquier derecho que la metrópoli haya podido ganar mediante la colonización". Se trataba, en general de pueblos preexistentes, que habían sido sometidos por un poder extraño, lo cual según la Argentina no ocurre en las Malvinas, donde no hay una disputa sobre el estatus político, entre la población colonial y la metrópoli.
Desde el final de la guerra de 1982, el Reino Unido se negó a tratar la cuestión de la soberanía, si ésta no se conformaba a los deseos de los habitantes de las islas.
La cuestión de la nacionalidad de los isleños
La Constitución de las islas Malvinas, controversia
La Constitución del Territorio Británico de Ultramar de las Islas Malvinas (en inglés, Falkland Islands Constitution) en su forma actual, fue aprobada el 5 de noviembre de 2008 por la reina Isabel II en una reunión del Consejo Privado en el Palacio de Buckingham. La Constitución fue presentada al Parlamento del Reino Unido el 12 de noviembre de 2008 y se convirtió en ley el 1 de enero de 2009. La actual Constitución sustituye a la versión de 1985 (que había sido modificada en 1997).
La nueva constitución fue criticada por la Argentina, que reclama la soberanía de las Islas Malvinas. Jorge Taiana, el entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, describió la Constitución como una "flagrante violación de la soberanía argentina y del derecho internacional", diciendo que "el único objetivo que, en definitiva, persigue el Reino Unido otorgando y aprobando lo que denomina reformas es perpetuar una anacrónica situación colonial por más que el Reino Unido se empeñe en evitar el uso de ese término usando sinónimos menos irritantes en pleno siglo XXI".
La medida desató un profundo rechazo dado que el texto ignora los reclamos que se hacen desde La Argentina ante los foros internacionales para que Londres acepte negociar la soberanía del archipiélago.
Pero llama profundamente la atención un dato. Londres no le concedió al gobierno isleño su deseo expreso de restringir a los ciudadanos argentinos -aunque también a otras nacionalidades- la posibilidad de acceder al estatus de isleño, que el Ejecutivo malvinense quería extender exclusivamente a los británicos. Este punto figuró en el último borrador constitucional presentado a Londres por el legislativo.
Al mismo tiempo, el gobierno británico dejó sin modificaciones el derecho a la autodeterminación de las islas, que reconoce Naciones Unidas, pese a que Malvinas es un caso especial. Este derecho es invocado sólo a veces por los isleños, contradictorios en torno a su autodeterminación, porque jamás querrían ver marcharse a las tropas británicas que desde el final de la guerra con Argentina ejercen su defensa.
Desde hace al menos ocho años, isleños y británicos negocian modificar la constitución de Malvinas, que data de 1985. Aquel texto, aprobado tres años después de la victoria del Reino Unido sobre la Argentina en la guerra de 1982, le concedió a islas una enorme autonomía política y económica, no exenta de tensiones con Londres sobre el uso de esos derechos.
Según expresó el 6 de noviembre del 2008 la secretaria de Estado británica, Gillian Merron, la nueva constitución de Malvinas es un instrumento que reforzará la "democracia local" al tiempo que retiene suficientes poderes para que el gobierno británico "proteja los intereses de este país y asegure la buena gobernanza del territorio".
Es que si no fuera por el desconocimiento británico de los reclamos históricos que hace la Argentina, y de los llamados de la comunidad internacional a que lo haga, la constitución que Malvinas estrenará en enero, no sería sino la adaptación de un viejo texto al de los tiempos que corren.
De hecho, la nueva constitución incorporará mecanismos de transparencia para las cuentas públicas, más la contemplación de convenciones internacionales como las que hacen al respeto a los derechos humanos. Al mismo tiempo, clarifica la división de poderes entre el Ejecutivo local y el gobernador británico de las islas, que es siempre un funcionario del Foreign Office. CC
Actualidad efemérides Islas Malvinas posición argentina y británica
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 artículo 1
 resolución 
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