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Timestamp: 2018-12-12 03:26:44+00:00

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﻿ RESOLUCIÓN 40796 DE AGOSTO 1 DE 2018
RESOLUCIÓN 40796 DE 01 DE AGOSTO DE 2018
CONTENIDO:MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. ADOPTA LA “POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO”.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO MINERO, INTERVINIENTES EN EL DERECHO MINERO, ENTIDAD DEL SECTOR MINERO Y ENERGÉTICO, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, DERECHOS HUMANOS, RECURSOS MINEROS, EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINEROS, EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINEROS, ORGANISMOS DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SECTOR ENERGÉTICO, RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS, AGENTE DEL MERCADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
RESOLUCIÓN 40796 DE 2018
“Por medio de la cual se adopta la Política de Derechos Humanos del Sector Minero Energético”.
en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial la que le confiere el numeral 1º del artículo 5º del Decreto 0381 de 2012.
Que Colombia ratificó la Declaración Universal de los Derechos Humanos a través de la Ley 16 de 1972, y a partir de ese momento ha incorporado a su bloque de constitucionalidad diferentes convenciones y pactos internacionales de respeto y garantía de los Derechos Humanos (DDHH) y del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Que en junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos, principal órgano intergubernamental de las Naciones Unidas, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos, hizo suyos los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, elaborados por el Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas.
Que los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, contemplan 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) junto con un compendio de metas que la humanidad debe alcanzar para acabar con la pobreza, el hambre y la desigualdad, promoviendo sociedades más equitativas e incluyentes, reconociendo para ello el papel de las empresas en su implementación mediante el respeto de los derechos humanos y alineando los mismos con los principios rectores de las Naciones Unidas sobre DDHH y empresas.
Que Colombia hace parte de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) desde la presente vigencia, y allí se establecen las Directrices para Empresas Multinacionales, incluyendo un capítulo sobre los Derechos Humanos cuyo contenido concuerda con el de los Principios Rectores de Naciones Unidas en Empresas y DDHH.
Que el Decreto 1081 de 2015, libro 2, parte 1, título 7, capítulo 1, Decreto Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, creó y organizó el Sistema Nacional de Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH), con el fin de articular a las entidades e instancias del orden nacional y territorial y coordinar sus acciones para promover el respeto y garantía de los Derechos Humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, mediante el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la cual se denomina Estrategia Nacional para los DDHH 2014-2034.
Que la Estrategia Nacional de DDHH y DIH contempla un capítulo sobre empresas y DDHH dentro del componente de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, el cual se convierte en la oportunidad para que entidades públicas y sector privado trabajen de manera mancomunada, asegurando el acatamiento de los mandatos legales en materia de DDHH y el cumplimiento de las obligaciones de las empresas.
Que el Plan Nacional de Acción fue formulado en el año 2015, como un instrumento de política pública, construido participativamente entre empresas, organizaciones de la sociedad civil, Gobierno Nacional y comunidad internacional, con la finalidad de garantizar la protección adecuada por parte del Estado de los derechos humanos, y que las actividades empresariales en Colombia sean respetuosas de los derechos humanos y contribuyan al desarrollo sostenible del país, incorporando acciones específicas sobre esta materia al sector minero energético.
Que mediante la Resolución 40391 de 2016 del Ministerio de Minas y Energía, se adoptó la Política Minera Nacional, la cual establece cinco pilares, dentro de los cuales el número dos, relacionado con la confianza legítima, busca generar valor agregado al desarrollo de las regiones a través del diálogo tripartita y los instrumentos de buenas prácticas como la responsabilidad social empresarial, la transparencia, la sustentabilidad ambiental, la seguridad y salud en las labores mineras y el respeto y garantía de los derechos humanos, en ese sentido, establece como una de las acciones: “Generar una política de empresa y derechos humanos aplicada al sector minero-energético, en el marco del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, liderado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos”.
Que la política de DDHH que se pretende incorporar a través de ésta resolución se ha venido alimentando de las diferentes acciones realizadas por el Ministerio, las agencias y demás entidades del sector. Así mismo, ha surtido un proceso de socialización y retroalimentación de las recomendaciones emitidas en el marco de los escenarios multiactor donde participan además de las ya mencionadas, empresas, gremios y algunas organizaciones de la sociedad civil.
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2º de la Resolución 4 0310 del 20 de abril de 2017, modificada por la Resolución 41304 del 24 de noviembre de 2017 “por la cual se reglamentan los plazos para la publicación de proyectos específicos de regulación que expida el Ministerio de Minas y Energía y se dictan otras disposiciones”, el presente proyecto normativo se publicó por el término de cinco días, del 25 al 30 de julio del 2018, en el link: https://www.minminas.gov.co/en/foros?idForo=24024925&idLbl=Listado +de+Foros+de+Julio+De+2018
Que los comentarios recibidos fueron debidamente analizados y valorados en la matriz que contiene la evaluación correspondiente, la cual se publicó junto con el proyecto normativo en la página web www.minminas.gov.co
ART. 1º—Objeto y ámbito de aplicación. Adoptar la “Política de Derechos Humanos del Sector Minero Energético”, la cual se anexa, y hace parte integral del presente acto administrativo, con el fin de generar un marco de acción para fortalecer la contribución del sector en la prevención, promoción, protección y garantía de los Derechos Humanos, con incorporación del enfoque diferencial.
El sector minero energético es importante para la economía del país. “En términos macroeconómicos, en los últimos 10 años la industria de hidrocarburos, energía y minería, han aportado en promedio con un 9% al PIB, siendo uno de los sectores que mayor aporte realiza a la economía. En ese mismo periodo, las exportaciones de petróleo y minería han representado más del 63% del total de las ventas externas del país. Adicionalmente alrededor del 46% de la inversión extranjera directa se ha canalizado hacia estos sectores, lo cual da muestra de la importancia y la confianza que los inversionistas tienen en la solidez y futuro del sector (…)”(1).
La producción minera, de hidrocarburos y de generación de energía en lo nacional tiene implicaciones sobre los flujos de inversión extranjera, las exportaciones y la generación de rentas e impuestos como las regalías, el impuesto de renta y el impuesto al patrimonio, entre otros. En el plano local, dicha producción genera encadenamientos productivos y empleo, transforma las dinámicas del uso del territorio y otros recursos locales, y genera impuestos y contribuciones subnacionales que son importantes para las finanzas de las autoridades territoriales.
El impacto económico del sector minero energético no puede verse aislado de las transformaciones sociales, culturales y ambientales que trae consigo la puesta en marcha de un proyecto en los territorios, así lo afirma el Banco Mundial cuando señala: “Los impactos económicos no son la única fuente de preocupación que genera una operación minera. Existen igualmente serias repercusiones sociales y culturales del establecimiento de una nueva mina”(2), de esta forma, el Estado y el sector privado deben prever posibles afectaciones en los derechos de la población y generar acciones dirigidas a la mitigación del riesgo o proceder a la atención cuando se haya generado algún daño, haciendo partícipes a la población y fortaleciendo los procesos de generación de confianza y de relacionamiento “el diálogo entre empresas, comunidades e instituciones debe permitir a las empresas comprender los entornos y sus rasgos culturales, sociales políticos y económicos”(3).
Es por esto que ver a la operación extractiva como parte de un contexto regional y poblacional, pasa por entender que los derechos humanos, son un asunto que, tanto para los grupos de interés como para la continuidad de la operación y el cumplimiento de objetivos estratégicos, debe ser de carácter prioritario.
Esto lo ha entendido el Ministerio de Minas y Energía quien como líder y orientador de la política pública, reconoce la necesidad de que en la actividad minera y energética, se oriente bajo un esquema común directrices en materia de DDHH, así como un mínimo de acciones que pretendan abordar los principales retos que en la materia tiene el sector.
Así las cosas, la presente política define 5 lineamientos generales y algunas acciones sugeridas, las cuales serán implementadas de manera gradual y progresiva.
Para su implementación, la política contará con un plan de acción a corto, mediano y largo plazo que determine actividades concretas, responsables, tiempos de ejecución, así como también metas e indicadores para cada una de las entidades que conforman el sector.
Esta política está dirigida además del Ministerio de Minas y Energía (MME), las agencias que conforman dicho sector, como lo son: la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Unidad Administrativa Especial con personería jurídica: Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME); no obstante, para la materialización de algunas de estas acciones se requiere de un ejercicio de articulación con el sector privado, para que en el marco de la corresponsabilidad, también establezcan acciones de debida diligencia en DDHH.
Finalmente, la política contempla el desarrollo de acciones específicas para grupos de especial protección constitucional, de tal forma que se garantice la inclusión del enfoque diferencial y de género en la identificación y definición de actividades a realizar para cada uno de los lineamientos.
De esta forma, es que podemos encontrar en la política de DDHH del sector minero energético una oportunidad en la que las entidades nacionales y locales, el sector privado y las comunidades, fortalezcan sus procesos de diálogo y de generación de confianza, mejoren la efectividad de la inversión social frente al contexto territorial donde se lleva a cabo la operación, se incremente la competitividad empresarial y se aproveche de mejor manera las capacidades locales de instituciones y organizaciones sociales frente al goce efectivo de derechos de la población.
Los lineamientos de política pública responden a la hoja de ruta institucional para la promoción y la protección de los derechos humanos que tiene el país denominada “Estrategia Nacional de DDHH y DIH 2014-2034”, la cual se orienta a partir de los principios contenidos en la Constitución Política, en los tratados ratificados por Colombia y en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, adoptados por la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
La Estrategia Nacional de DDHH y DIH se estructuró en el marco del Sistema Nacional de DDHH y DIH, el cual, de conformidad con el Decreto 1081 de 2015, título 7, capítulo 1, tiene como finalidad “articular a las entidades e instancias del orden nacional y territorial, y coordinar sus acciones para promover el respeto y garantía de los Derechos Humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, mediante el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y el diseño y consolidación de las políticas públicas sectoriales con enfoque de derechos y enfoque diferencial”.
A su vez, en el artículo 2.1.7.1.4 de la misma norma, se incorpora el principio de coordinación, el cual señala que el Sistema Nacional de DDHH y DIH debe garantizar la coordinación entre entidades del orden nacional y territorial, de tal forma que exista armonía y coherencia entre los planes, programas y proyectos que se realicen en el marco del sistema con enfoque de derechos humanos.
El Sistema Nacional de DDHH y DIH opera a través de 9 “subsistemas” en los que se concentra por cada tema a las entidades competentes, siendo el Ministerio de Minas y Energía una de las instituciones que ha hecho parte del mismo desde su conformación a través del subsistema de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales –DESGA–.
La Estrategia Nacional de DDHH y DIH contempla un capítulo sobre empresas y DDHH, el cual se convierte en la oportunidad para que entidades públicas y sector privado trabajen de manera mancomunada, asegurando el acatamiento de los mandatos legales en materia de DDHH y el cumplimiento de las obligaciones de las empresas.
El marco de acción sobre el cual se desarrolla este capítulo, son los 31 principios rectores sobre empresas y DDHH definidos por el Consejo de DDHH de las Naciones Unidas propuestos por el profesor John Ruggie y se basan en tres pilares fundamentales: “El primero es la obligación del Estado de ofrecer protección frente a los abusos de los derechos humanos cometidos por terceros mediante medidas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia. El segundo es la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos, lo que significa actuar con la debida diligencia para no vulnerar los derechos de terceros, y reparar las consecuencias negativas de sus actividades. El tercero es la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas a vías de reparación efectivas, tanto judiciales como extrajudiciales. Cada uno de estos principios constituye un elemento esencial de un sistema interrelacionado y dinámico de medidas de prevención y de reparación (...)”(4).
De esta forma, la Estrategia Nacional de DDHH y DIH a través de la estrategia 1.6, establece la necesidad de “diseñar una estrategia de corto y mediano plazo para avanzar en el respeto a los derechos humanos en dos sectores particularmente vulnerables y de relevancia para el país: el sector minero energético y el sector de agroindustria”. Esto mismo se ve reflejado en el Plan Nacional de Acción en DDHH y empresas.
Dicho Plan Nacional de Acción fue formulado en el año 2015(5) como un instrumento de política pública construido participativamente entre empresas, organizaciones de la sociedad civil, Gobierno Nacional y comunidad internacional; con la finalidad de garantizar la protección adecuada por parte del Estado de los derechos humanos y que las actividades empresariales en Colombia sean respetuosas de los derechos humanos y contribuyan al desarrollo sostenible del país.
Para lograr este objetivo, el Plan Nacional de Acción en DDHH y empresas, dispone de varias líneas de acción específicas con responsables para su implementación por cada una de ellas, conforme a las competencias misionales de las entidades del Estado que son convocadas a hacer parte del plan, e integra de igual forma, los principios voluntarios sobre seguridad y DDHH con el objetivo de promover su desarrollo.
Allí se dispone como una de las obligaciones a cargo del Ministerio de Minas y Energía la siguiente: “En el año posterior al lanzamiento de este plan, el Ministerio de Minas y Energía, diseñará una estrategia para avanzar en el respeto a los derechos humanos en el sector minero energético, que adaptará los Principios y Criterios de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) las necesidades nacionales”.
Con la finalidad de atender dicho mandato, en el presente año Colombia inició la candidatura a la iniciativa EITI desde el 2014 y en el presente año, fue aceptada como miembro. Sin embargo y pese a los avances alcanzados con la iniciativa EITI, el sector minero energético continúa con la necesidad de formular un marco orientador más amplio en DDHH, que no sólo atendiera a lo dispuesto en el Plan Nacional de Acción y la Estrategia Nacional de DDHH y DIH, sino que permitiera avanzar en el goce efectivo de derechos de la población a través de la formulación, identificación y fortalecimiento de acciones con un enfoque de derechos, así como crear las condiciones para el seguimiento y monitoreo de las mismas, siendo ello el inicio de la formulación de la política sectorial en DDHH desde el año 2017.
En complemento de lo anterior, mediante la Resolución 40391 de 2016 se adopta la política minera nacional, la cual establece 5 pilares, dentro de los cuales el número 2 relacionado con la confianza legítima, busca generar valor agregado al desarrollo de las regiones a través del diálogo tripartita y los instrumentos de buenas prácticas como la responsabilidad social empresarial, la transparencia, la sustentabilidad ambiental, la seguridad y salud en las labores mineras y el respeto y garantía de los derechos humanos, en ese sentido, establece como una de las acciones la de: “Generar una política de empresa y derechos humanos aplicada al sector minero-energético, en el marco del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, liderado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos”(6).
A su vez, la agenda internacional de los derechos humanos ha venido en aumento, por lo que los instrumentos nacionales han integrado en su totalidad, la agenda 2030 que contempla 17 objetivos de desarrollo sostenible –ODS– junto con un compendio de metas que la humanidad debe alcanzar para acabar con la pobreza, el hambre y la desigualdad, promoviendo sociedades más equitativas e incluyentes. Reconociendo para ello, el papel de las empresas en su implementación mediante el respeto de los derechos humanos y alineando los mismos con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre DDHH y empresas.
Es así como Colombia a partir de la solicitud de adherencia en el año 2011 y posterior ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE– durante la presente vigencia, ha avanzado en su actuar en materia de DDHH gracias a las directrices dirigidas por dicho organismo.
Colombia ha asumido el reto de posicionar el respeto a los derechos en el ámbito empresarial como un elemento esencial de la convivencia, pero también como un factor de competitividad para lograr, conjuntamente, los objetivos de insertarse asertivamente en la comunidad económica internacional y alcanzar un desarrollo económico sostenible que permita mejorar las condiciones de la población en general.
La creación de una política pública con enfoque diferencial debe ser multicultural e incluyente, adoptando medidas específicas para todos los grupos poblacionales según sus particulares características, en la que se parta del reconocimiento de la diversidad y el respeto por la diferencia. Es así como el enfoque diferencial, tiene un doble significado: es a la vez un método de análisis y una guía para la acción. En el primer caso, emplea una lectura de la realidad que pretende hacer visibles las formas de discriminación contra aquellos grupos o poblaciones considerados diferentes por una mayoría o por un grupo hegemónico. En el segundo caso, toma en cuenta dicho análisis para brindar adecuada atención y protección de los derechos de la población”(7).
Además, “resaltar la importancia del enfoque diferencial constituye un desarrollo específico del derecho a la igualdad, según el cual individuos o grupos humanos en situaciones similares deben ser tratados de forma igual y aquellos individuos o grupos en situaciones distintas deben ser tratados de manera distinta, en relación proporcional a dicha diferencia”(8).
Asimismo, el Derecho Internacional Humanitario, reconoce que algunos pueblos y grupos tienen necesidades de protección diferenciada basada en situaciones específicas de vulnerabilidad o desigualdades de las sociedades a las que pertenecen.
Por tales razones, para esta política es de especial relevancia hacer visible y adoptar acciones dirigidas a hombres, mujeres, pueblos indígenas, pueblo Rrom o gitano, comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras, los niños, niñas y adolescentes, jóvenes, personas con orientaciones sexuales diversas, personas mayores y personas con discapacidad, entre otros. Dichas acciones pretenden identificar y subsanar prácticas discriminatorias; visibilizar vacíos y riesgos en garantía de derechos; diseñar herramientas de solución diferenciadas; garantizar la participación efectiva y equitativa; e implementar medidas afirmativas soportadas en estas caracterizaciones.
El enfoque de género se refiere “a la identidad adquirida y aprendida que varía ampliamente intra e interculturalmente. El género es relacional ya que no se refiere exclusivamente a las mujeres o a los hombres, sino a las relaciones entre ambos”(9).
Dentro del enfoque diferencial y como valor agregado, incluir específicamente el enfoque de género en esta política, responde al marco normativo nacional e internacional(10) que obliga al Estado colombiano a implementar dicho enfoque dentro de sus planes, proyectos, programas y políticas con el objeto de transitar hacia el desarrollo sostenible, además de incidir en la productividad y competitividad, contribuyendo al cierre de brechas y favoreciendo a las empresas, trabajadores y Estado. De esta manera, el sector logra un posicionamiento a nivel nacional e internacional y promueve una transformación cultural, valorando el trabajo de hombres y mujeres por igual, reconociendo su aporte en beneficio al crecimiento económico e inclusivo del país.
Finalmente, para esta política, se resaltaron algunas acciones específicas para mujeres, atendiendo a los diagnósticos y datos preliminares oficiales encontrados, porque precisamente el análisis de género permite identificar situaciones discriminatorias, con el objeto de implementar medidas puntuales dirigidas a contrarrestar dicha situación.
Promover e impulsar acciones, mecanismos y escenarios que permitan una mejor gestión y coordinación interinstitucional del Estado, y en particular del sector minero energético, con el fin de afianzar las actividades dirigidas a la prevención, garantía y protección de los Derechos Humanos.
Avanzar en la consolidación de los mecanismos de diálogo que permitan transformar los conflictos sociales en los territorios alrededor de los proyectos del sector con el fin de minimizar los riesgos de violación de Derechos Humanos de las comunidades.
Visibilizar e implementar estrategias con el fin de lograr acciones concretas dirigidas a la inclusión de los grupos de especial protección, así como garantizar la igualdad de género en el sector minero energético, permeando la cultura organizacional de las instituciones a nivel nacional, como condición fundamental del desarrollo sostenible y productividad.
Aportar desde el sector minero energético a la construcción de la paz en el país, particularmente en lo relacionado con el desarrollo sostenible de las regiones, la generación de oportunidades de ingreso, la auto sostenibilidad económica y la disminución de la pobreza.
Los lineamientos son un instrumento que permite mitigar el riesgo o solucionar la problemática existente con relación a la efectividad de algún derecho. Por su parte, las acciones pueden ser consideradas como las que desarrollan, de manera específica, la forma a través de la cual se llegarán a cumplir los objetivos propuestos en la política. Éstas son sugeridas, no taxativas y su definición será parte de la hoja de ruta de implementación de la Política.
Tanto los lineamientos como acciones sugeridas deben ser considerados como complementarios, graduales y progresivos, de tal forma que su materialización se llevará a cabo de manera escalonada y de conformidad con las oportunidades de las entidades que hacen parte del sector.
7.1. Lineamiento 1. Articulación interinstitucional e intersectorial para la planeación y ejecución de las acciones del sector minero energético
Con el objetivo de hacer más efectivo el aporte que ha realizado el sector minero energético a la consolidación del Estado, es necesario que se avance en materia de articulación y coordinación interinstitucional e intersectorial.
7.1.1. Promover la coordinación y articulación de las entidades del sector en las acciones que prevean algún impacto en materia de Derechos Humanos con enfoque diferencial y de género; y de éstas con entidades territoriales y comunidad para asegurar que se provea una respuesta efectiva en su garantía y protección.
7.1.2. Construir por parte de las entidades que conforman el sector un mapa de riesgos de vulneración de DDHH en las zonas de operación e identificar y promover acciones de prevención o mitigación del riesgo por cada una de las fases de la cadena de exploración, explotación, producción, generación o suministro y cierre del sector minero energético, con especial énfasis en poblaciones de especial protección.
7.1.3. Construir un diagnóstico territorial por cada uno de los componentes de esta Política que evidencie el avance en materia de DDHH permitiendo identificar las necesidades básicas de poblaciones de especial protección, y los obstáculos para el acceso y participación.
7.1.4. Generar estrategias que fomenten la articulación del sector minero energético con las otras entidades estatales durante todas las etapas del proceso exploratorio y de producción minera y de hidrocarburos, así como de generación y suministro de energía eléctrica.
7.1.5. Incluir criterios claros y precisos de debida diligencia en materia de derechos humanos, en la actividad misional de las entidades que conforman el sector.
7.1.6. Formular anualmente un plan de acción que incorpore las acciones específicas que en materia de garantía y protección de DDHH con enfoque de género realice cada entidad que conforma el sector, las de fortalecimiento institucional en materia de DDHH y garantizar su incorporación al Sistema de Gestión de Calidad y presupuesto de dichas entidades.
7.1.7. Fortalecer los sistemas de información a nivel sectorial incluyendo variables relacionadas con DDHH, enfoques diferenciales y género, como categoría de análisis que permita recolectar, procesar, analizar y divulgar los datos e información, y desarrollar una batería de indicadores que evidencie el avance de los programas, planes y proyectos minero energéticos.
7.1.8. Conformar e impulsar equipos de trabajo dirigidos a avanzar en las estrategias de incorporación de los DDHH con enfoque de igualdad de género en las acciones misionales de las entidades del sector, así como también para hacer seguimiento, monitoreo y evaluación frente a su cumplimiento.
7.2. Lineamiento 2. Aportar a la sostenibilidad económica regional y a la reducción de la pobreza y la desigualdad
Este lineamiento busca incrementar y fortalecer los encadenamientos productivos, los proyectos dirigidos a las oportunidades de ingreso, autosostenibilidad económica bajo un nuevo modelo de desarrollo territorial, de forma tal, que se genere un efecto multiplicador del desarrollo económico regional que incluya de manera equitativa a las poblaciones de especial protección.
7.2.1. Identificar y articular estrategias público-privadas existentes para la creación de oportunidades de formación para el empleo y ejecutarlas priorizando población de las zonas de influencia, especialmente, personas en condición de discapacidad, jóvenes, mujeres, personas en proceso de reincorporación y víctimas del conflicto armado.
7.2.2. Promover con el sector privado alianzas y espacios de diálogo para el fortalecimiento de las políticas en favor de sujetos de especial protección.
7.2.3. Incentivar y apoyar la implementación de estrategias para incrementar habilidades socio productivas y empresariales mediante procesos de formación y puesta en marcha de iniciativas de negocio a poblaciones de especial protección, incluyendo en entre otras, acceso a mecanismos de fondos rotatorios.
7.2.4. Generar mecanismos que colaboren con el avance en el cumplimiento por parte de las empresas de las obligaciones derivadas de la garantía de los derechos fundamentales del trabajo y demás aspectos del trabajo en la cadena de exploración y producción minero energética.
7.2.5. Impulsar con el sector empresarial la política de pleno empleo como factor fundamental para la igualdad y la reintegración social, así como garantizar la inclusión de medidas y acciones hacia una contratación no discriminatoria en el sector público y privado.
7.2.6. Generar estrategias de apoyo técnico y financiero a los proyectos de desarrollo comunitario impulsados por las instituciones estatales, organizaciones internacionales, o de iniciativa empresarial a nivel territorial.
7.2.7. Fortalecer los procesos de asistencia técnica y divulgación de la oferta institucional encaminada a promocionar los programas de desarrollo comunitario.
7.2.8. Focalizar la oferta de programas y acciones, para la prevención, promoción y garantía de los DDHH en áreas estratégicas minero energéticas que preferiblemente correspondan a los territorios mayormente afectados por el conflicto en articulación con las empresas.
7.2.9. Diseñar, apoyar e implementar acciones en coordinación con el sector privado, tendientes a generar cambios estructurales en apoyo del desarrollo económico inclusivo, en perspectiva de superar condiciones de discriminación y desigualdad.
7.3 Lineamiento 3. Transformación de la conflictividad social a través del relacionamiento constructivo entre Estado, empresas minero energéticas y las comunidades
El Estado debe diseñar estrategias para la transformación de la conflictividad que permita avanzar en una visión conjunta de desarrollo territorial, donde se integre la visión de los diferentes actores que participan en el territorio, en especial la comunidad y se promuevan formas innovadoras o mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
7.3. Incorporar la estrategia de relacionamiento territorial del sector minero energético(11) a las acciones que realicen las entidades del sector minero energético sobre las cuales recae la presente política, articularla con las existentes en especial con la Estrategia Territorial de Hidrocarburos –ETH– y el programa de relacionamiento de la Agencia Nacional de Minería, con el objetivo de lograr una eficiente interlocución con comunidades y otros actores.
7.3. Diseñar mecanismos de seguimiento a la implementación y divulgación en instancias territoriales, de los avances por parte del Estado y de las empresas frente a los compromisos adquiridos con las comunidades y las entidades locales y departamentales.
7.3. Formular agendas de desarrollo territorial(12) en el marco de la Estrategia de Relacionamiento del sector minero energético, a corto, mediano y largo plazo, que incluya un acápite especial para poblaciones con especial protección y donde participe el sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil y academia.
7.3. Fortalecer a las entidades o dependencias responsables de liderar el diseño e implementación de las agendas de desarrollo local, en el conocimiento de la política minera y energética, su relación con otros sectores, así como también en la política nacional de DDHH y la Política Nacional de Equidad de Género para las Mujeres.
7.3.t. Fortalecer la estrategia de relacionamiento territorial incluyendo la generación de espacios de diálogo con poblaciones de especial protección, organizaciones de mujeres o articulándose con las ya existentes, con el fin de coordinar con entidades territoriales, para este último caso (Secretarías de la Mujer departamentales y/o municipales) la construcción conjunta de planes de trabajo comunitario y territorial.
7.3J. Garantizar un efectivo acceso a la información, transparencia y asistencia técnica a las comunidades de operación minero energética y especialmente, a los grupos étnicos, por parte de las instituciones encargadas de garantizar su derecho colectivo a participar en las decisiones que los afectan.
7.3.7. Identificar e impulsar las buenas prácticas nacionales e internacionales referentes a procesos de relacionamiento con comunidades étnicas y organizaciones de mujeres.
7.3J. 1 Implementar herramientas que permitan identificar el avance empresarial en el desarrollo de acciones dirigidas a la inversión social territorial, con enfoque diferencial.
7.3. Desarrollar estrategias que propendan por el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, en particular en los relacionados con el sector.
7.3.1. Fortalecer institucionalmente la respuesta ante quejas o denuncias ciudadanas relacionadas con la vulneración de sus derechos.
7.3 1. Asegurar que las empresas que conforman la cadena de valor del sector minero energético cuenten con mecanismos formales de quejas y reclamos, diseñados de manera diferenciada para los distintos grupos de interés, con mecanismos de seguimiento de satisfacción y mejoramiento continuo.
7.4. Lineamiento 4. Cultura y procesos de formación en derechos humanos en la cadena de valor del sector minero energético.
Una pieza fundamental de estos lineamientos consiste en ambientar el trabajo del sector hacia una cultura de derechos humanos y lo que esta implica. La formación y sensibilización son pieza fundamental de este trabajo.
7.4.1. Impulsar y potenciar la labor de apoyo y orientación de DDHH de las empresas hacia los operadores locales y las pymes con las cuales mantienen relaciones comerciales.
7.4.2. Apoyar y asesorar técnicamente la construcción de planes de formación y capacitación en DDHH dirigidos a funcionarios, contratistas, así como empresas del sector con el fin de fortalecer sus conocimientos y la transversalización de dichos enfoques.
7.4.3. Promover por parte de las entidades que conforman el sector, la destinación de espacios físicos y la dotación de materiales diseñados para la sensibilización y realización de actividades tendientes a generar conocimiento en temas relativos a la construcción de paz, DDHH y goce efectivo de los derechos de las mujeres.
7.4.4. Diseñar e implementar procesos de liderazgo y fortalecimiento de la participación ciudadana, en especial con poblaciones de especial protección.
7.5. Lineamiento 5. La transparencia como un factor de competitividad en el sector minero energético, a nivel regional y nacional
Teniendo en cuenta que el sector minero energético desarrolla proyectos de alto impacto social y económico a nivel regional, es necesario fomentar escenarios de participación, de rendición de cuentas que generen instrumentos y estrategias para proveer de información a la población del desarrollo del proyecto, fortalezca las capacidades de veeduría de los grupos de interés y en general, dote de transparencia su actuar misional.
7.5.1. Asegurar el cumplimiento de los compromisos del sector relacionados con la adhesión a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas - EITI.
7.5.2. Divulgar las acciones que en materia de transparencia realiza el sector minero energético a los actores territoriales y nacionales responsables de asuntos de planeación, tributación, fiscalización, derechos humanos, control medioambiental; instancias territoriales de los entes de control; organizaciones de sociedad civil y veedurías municipales y departamentales; así como asociaciones y cooperativas que prestan servicios al sector minero energético.
7.5.3. Generar acciones dirigidas a fomentar procesos adecuados de información y rendición de cuentas por parte de las empresas, en lo referente a su manejo de riesgos e impactos en Derechos Humanos, poblaciones de especial protección.
7.5.4. Promover la suscripción de pactos por la transparencia, la participación y el buen manejo de los recursos, por parte de las empresas del sector en conjunto con las entidades territoriales.
7.5.5. Construir indicadores de transparencia del sector y articular la información con el observatorio de Transparencia de la Presidencia de la República.
7.5.6. Fortalecer procesos ciudadanos de veeduría frente a las actuaciones del sector, incentivando la participación de sujetos especiales de protección y sus organizaciones.
7.5.7 Generar estrategias que promuevan la participación activa de la población y la cualificación de los líderes y lideresas de las zonas de operación.
1 Arce Zapata, Germán. Intervención Audiencia Pública consultas populares sobre proyectos minero energéticos. Abril 12 de 2018. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=TYR510w3bGk.
2 Ver: http://documentos.bancomundial.org/curated/es/ 429891468294074026/pdf/236061grandesOminas.pdf
3 Evaluación integral sectorial de impactos en Derechos Humanos. UPME y Reino de los Países Bajos, página 139. Ver: http://netfor.com.co/creeer/wp-content/uploads/2016/06/Evaluaci%C3%B3n-lntegral-de-lmpactos-de-la-mineria-en-Colombia.pdf
4 Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie. Ver: https:/1www.ohchr.org/Documents/lssues/Business/A.HRC.14.27_sp.pdf
5 El plan se encuentra en ajuste para lo cual la Consejería Presidencial de DDHH está desarrollando talleres regionales, que permiten recoger insumas para la respectiva actualización.
6 Ver: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/politica_minera_de_colombia.pdf
7 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos -OACNUDHhttp://www.hchr.org.co/acnudh/index.php?option=com_content&view=article&id=2470:un-granproceso-&catid=76:recursos
8 Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Estrategia Nacional para los Derechos Humanos 2014-2034.
9 INSTRAW, Glosario de Género. http://www.un.instraw.org. Septiembre 17 del 2008.
10 Tal como se describe en el acápite de Instrumentos Jurídicos Nacional e Internacionales, a nivel nacional, desde la Constitución de 1991, los Conpes, especialmente el 161 de 2013 (actualmente en ajuste), así como las leyes y decretos reglamentarios señalan la obligatoriedad de incluir la perspectiva de género con el objeto de desarrollar entre otros, principios como el de la igualdad y no discriminación que permiten la incorporación de criterios en igualdad de oportunidades en tanto fortalecen el empoderamiento de las mujeres en el país. Así mismo, a través del denominado bloque de constitucionalidad, que elevó a rango constitucional los tratados internacionales ratificados por el Congreso encontramos convenciones relevantes en el tema (Convención contra todas las formas de Discriminación contra las Mujeres, Convención Belem Do Para para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres), entre otras. Además, se tienen resoluciones y otros instrumentos que refuerzan dicha obligación.
11 Estrategia de Relacionamiento Territorial del MME. https://www.minminas.gov.co/relacionamiento-territorial
12 La estrategia de relacionamiento territorial contempla la construcción conjunta de estas agendas locales.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 artículo 5
 Resolución 
 resolución 
 artículo 2
 Resolución 
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 artículo 2
 Resolución 
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