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Timestamp: 2019-08-20 05:06:46+00:00

Document:
STC 110/1999, 14 de Junio de 1999 - Jurisprudencia - VLEX 15354636
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 3.069/1995
1. Hemos dicho que «no basta con alegar la abstracta procedencia del recurso de casación en unificación de doctrina; siendo éste un recurso de naturaleza extraordinaria, sometido por el legislador a estrictos requisitos de admisibilidad (art. 216 L.P.L., corresponde a la parte que pretende hacer valer su no interposición, como motivo de inadmisibilidad de la demanda, acreditar la posibilidad de recurrir en esta extraordinaria vía, absteniéndose de efectuar vagas invocaciones sobre la procedencia del recurso, como ha sucedido en este caso, pues es claro que la diligencia de la parte para la tutela de su derecho ante los Tribunales ordinarios no alcanza a exigirle, a priori, la interposición de recursos de dudosa viabilidad.» (STC 210/1994) [F. J. 1]. 2. Como señalamos en nuestra STC 73/1991 «es doctrina consolidada de este Tribunal que la ejecución de las Sentencias "en sus propios términos" forma parte del derecho fundamental a la tutela efectiva de Jueces y Tribunales, ya que en caso contrario las decisiones judiciales y los derechos que en las mismas se reconocen no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad ninguna SSTC 167/1987 y 92/1988 entre otrasñ, cuestión de esencial importancia para dar efectividad al establecimiento del estado social y democrático que implica, entre otras manifestaciones, la sujeción de los ciudadanos y de la Administración Pública al ordenamiento jurídico y a las decisiones que adopta la jurisdicción, no sólo juzgando, sino también ejecutando lo juzgado, según se desprende del art. 117.3 C.E. SSTC 67/1984 y 167/1987, entre otrasñ.» [F. J. 4]. 3. Partiendo de las anteriores consideraciones, y siguiendo en lo esencial las Sentencias citadas, en el incidente estudiado destacan dos rasgos. De una parte, la limitación del objeto del incidente sólo permite dos pronunciamientos:si se ha producido en forma la readmisión o no; limitación que lleva consigo, además, que las alegaciones y pruebas a aportar hayan de ceñirse a ese objeto. De otra parte (y éste es el segundo rasgo definidor del incidente), tratándose de la ejecución de un despido nulo, la declaración de que no se ha producido la readmisión en forma ha de ir acompañada de la orden de readmitir al trabajador y del apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se adoptarán las medidas adicionales a que hemos hecho mención, sin que quepa aquí la transformación del fallo indicado en una condena al pago de una indemnización sustitutoria, como en la hipótesis de un despido improcedente [F. J. 5].
Sentencia citada en: 122 sentencias, 3 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 3.069/95, promovido por don Ernesto R. P. representado por el Procurador don Rafael Rodríguez Montaut y asistido de Letrado, frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 29 de junio de 1995, recaída en suplicación contra la dictada por el Juzgado de lo Social núm. 10 de Barcelona. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Guillermo Jiménez Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito presentado el 4 de agosto de 1995 en el Juzgado de Guardia de Madrid, el Procurador don Rafael Rodríguez Montaut, en nombre y representación de don Ernesto R. P. interpuso demanda de amparo constitucional contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 29 de junio de 1995.
a) El recurrente obtuvo Sentencia de 9 de septiembre de 1993, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 10 de Barcelona, en los autos 396/93, en la que se declaró nulo su despido y se condenó a las empresas demandadas, «Unión Deriván, S. A.»; «Thomas y Cía, S. L.»; «Thomas y Cía, S. A.», y Fondo de Garantía Salarial a que readmitiesen «al actor en su puesto de trabajo en las mismas condiciones y a que se le abonen los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta aquella en la que la readmisión tenga lugar».
Tras ser recurrida en suplicación la citada Sentencia de instancia por «Unión Deriván, S. A.»; «Thomas y Cía., S. L.», y «Thomas y Cía., S. A.», dicha Sentencia quedó firme al desestimarse el recurso por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mediante Sentencia de 26 de abril de 1994.
b) Una vez firme la declaración de nulidad del despido, «Unión Deriván, S. A.», sucesora de las empresas condenadas merced a su fusión por absorción, remitió al trabajador un telegrama indicándole que debía personarse el 1 de junio de 1994 en las dependencias de la empresa con el camión de su propiedad para reanudar los trabajos de transporte necesarios en las mismas condiciones que lo hacía hasta el 9 de febrero del pasado año, tal y como textualmente declara el fallo de la Sentencia de 9 de septiembre de 1993.
Tras desestimarse el recurso de reposición oportunamente deducido, se interpuso recurso de suplicación, en el que, además de solicitarse la revocación del Auto recurrido, se pidió que se tuviese por decaído al actor en su derecho al reintegro en la empresa. El recurso de suplicación fue estimado por el Tribunal Superior de Justicia en la Sentencia ahora recurrida. En ella se declaró que la aportación del camión por el trabajador no desvirtúa la relación laboral y que la empresa obró correctamente exigiendo la continuidad de la vinculación en los mismos términos que existían cuando fue condenada; de ahí, sigue la Sentencia, que fuese la postura del trabajador la que imposibilitó el cumplimiento del fallo del Juzgado de lo Social. En su parte dispositiva declaró «regular la readmisión realizada por la empresa y el decaimiento del derecho del actor al reingreso en la empresa», desestimando el resto de las pretensiones del recurso.
6. Por providencia de 25 de abril de 1996 se tuvo por personado al Procurador don Eduardo Morales Price en nombre y representación de «Unión Deriván, S. A.», y se acordó dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que, en el término común de veinte días, formulasen las alegaciones que estimaran pertinentes.
8. La representación procesal de «Unión Deriván, S. A.», presentó alegaciones el 27 de mayo de 1996. En ellas comenzaba por oponer la extemporaneidad del recurso, dado que la resolución recurrida se había notificado el día 12 de junio de 1995 mientras que el recurso había tenido entrada en el Registro General de este Tribunal el 9 de agosto de 1995. Entendía igualmente que el recurso era inadmisible por falta de agotamiento de la vía judicial previa art. 44.1 a) LOTC, ya que no se había interpuesto el recurso de casación para unificación de doctrina siendo jurídicamente posible. Finalmente esgrimía una última causa de inadmisibilidad del recurso, la de no haber realizado una invocación formal del derecho constitucional pretendidamente infringido en el incidente de inejecución.
1. Antes de comenzar el estudio de la cuestión de fondo, hemos de analizar los motivos de inadmisión del recurso de amparo que se oponen por la representación de «Unión Derivan, S. A.»:
A) El primero de ellos entiende que la demanda fue interpuesta una vez que habían transcurrido los veinte días desde la notificación de la resolución recurrida en amparo. Para ello parte de que la Sentencia se notificó el día 12 de junio de 1995 y que el recurso de amparo se presentó el día 9 de agosto de 1995, por lo que se habrían superado los veinte días que para la interposición establece el art. 43.2 LOTC. Sin embargo basta con observar los documentos presentados por el actor a requerimiento del Tribunal para comprobar que la notificación de la Sentencia que se recurre tuvo lugar el día 12 de julio de 1995 y que el escrito de demanda se presentó en el Juzgado de Guardia de Madrid el 4 de agosto siguiente, último día del plazo. De ahí que haya de rechazarse la extemporaneidad denunciada por la parte demandada, conforme a reiterados pronunciamientos de este Tribunal que admiten la presentación de la demanda de amparo en el Juzgado de Guardia de Madrid el último día del plazo de caducidad señalado en el art. 43.2 LOTC (SSTC 221/1997 y 354/1993).
Por lo que se refiere a la falta de invocación formal en el proceso judicial previo del derecho que se entiende vulnerado arts. 50.1 a) y 44.1 c) LOTC, ha de hacerse notar que la vulneración de la tutela judicial efectiva se entiende producida por el demandante en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con la cual se ponía fin a la vía jurisdiccional ordinaria. De ahí que si la vulneración se achaca precisamente a la resolución que pone fin a dicha vía, no pueda haberse invocado ante la jurisdicción ordinaria; sencillamente porque no hubo momento procesalmente hábil para ello. Y es que la lesión que se invoca no se produjo en la resolución judicial dictada en primera instancia, sino en la emitida en segunda instancia; en la que puso término al recurso de suplicación (STC 210/1994).
En lo atinente a la falta de agotamiento de la vía judicial previa por no haberse interpuesto frente a la Sentencia impugnada el recurso de casación para unificación de doctrina regulado en los arts. 215 y siguientes del Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril, hemos dicho que «no basta con alegar la abstracta procedencia del recurso de casación en unificación de doctrina; siendo éste un recurso de naturaleza extraordinaria, sometido por el legislador a estrictos requisitos de admisibilidad (art. 216 de la Ley de Procedimiento Laboral), corresponde a la parte que pretende hacer valer su no interposición, como motivo de inadmisibilidad de la demanda, acreditar la posibilidad de recurrir en esta extraordinaria vía, absteniéndose de efectuar vagas invocaciones sobre la procedencia del recurso, como ha sucedido en este caso, pues es claro que la diligencia de la parte para la tutela de su derecho ante los Tribunales ordinarios no alcanza a exigirle, a priori, la interposición de recursos de dudosa viabilidad». (STC 210/1994). En el presente caso la alegación de la demandada no va acompañada de la cita de ninguna resolución que pudiera justificar la interposición del recurso extraordinario citado.
2. El solicitante de amparo impugna la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la cual, revocando el auto del Juzgado de lo Social que declaró irregular la readmisión del trabajador, además de estimar regular la readmisión realizada por el empleador declara también «el decaimiento del derecho del actor al reingreso en la empresa». Esencialmente el motivo de impugnación se centra en que, a juicio del demandante, el pronunciamiento sobre el decaimiento del derecho al reingreso del trabajador excede de los estrechos límites del incidente de ejecución en que fue dictada la Sentencia impugnada. En la medida en que ese pronunciamiento no fuese posible en este tipo de procesos de ejecución se habría vulnerado el derecho a la ejecución de las Sentencias en sus propios términos, que integra el derecho a la tutela judicial efectiva.
3. Hemos de resolver, por tanto, si el pronunciamiento judicial discutido (decaimiento del derecho a la readmisión) podía adoptarse en el incidente de que tratamos. Porque, de no ser así, aparecería desconectado del fallo, tal y como configura el legislador la ejecución de Sentencias de despido y, por ende, se vulneraría el derecho consagrado en el art. 24.1 C.E., pues, como señalamos en nuestra STC 73/1991 «es doctrina consolidada de este Tribunal que la ejecución de las Sentencias "en sus propios términos" forma parte del derecho fundamental a la tutela efectiva de Jueces y Tribunales, ya que en caso contrario las decisiones judiciales y los derechos que en las mismas se reconocen no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad ninguna -SSTC 167/1987 y 92/1988 entre otras-, cuestión de esencial importancia para dar efectividad al establecimiento del estado social y democrático que implica, entre otras manifestaciones, la sujeción de los ciudadanos y de la Administración Pública al ordenamiento jurídico y a las decisiones que adopta la jurisdicción, no sólo juzgando, sino también ejecutando lo juzgado, según se desprende del art. 117.3 C.E. -SSTC 67/1984 y 167/1987, entre otras-».
4. La cuestión sometida a nuestra consideración exige hacer una referencia al marco normativo en el cual se produce la resolución impugnada. No sólo porque el juicio sobre la viabilidad del pronunciamiento judicial (acertado o no en el fondo) ha de realizarse partiendo de la estructura del incidente de ejecución, sino también porque los precedentes existentes en este Tribunal que guardan mayor semejanza con el supuesto ahora enjuiciado (a los que necesariamente hemos de aludir) arrancan de una regulación del incidente parcialmente distinta, aunque no radicalmente diversa en lo sustancial.
En nuestra Sentencia 33/1987 razonábamos que nada se oponía a que el órgano judicial que conoce de la ejecución pudiese tener en cuenta, como cuestión previa, hechos obstativos a la readmisión efectiva no imputables al empresario, sino precisamente al trabajador que con su conducta impidiese que tuviera lugar la readmisión intentada por aquél. En tal caso, decíamos, el Tribunal puede declarar que no ha habido «incumplimiento de la readmisión» para no imponer al empresario las consecuencias adversas que del incumplimiento del deber de readmitir deriva el ordenamiento jurídico. En el supuesto entonces resuelto, la conclusión que se derivó de ello fue admitir la licitud de la sustitución de la readmisión por el abono de una indemnización sustitutoria a cargo del empleador, sin que nos corresponda ahora analizar cual sería la conclusión a la que, en definitiva, debería llegarse ante las circunstancias concretas en este caso, puesto que no debemos invadir la esfera de competencia propia de los Tribunales de Justicia. Lo que importa destacar es que los hechos específicos a contemplar por éstos tienen incidencia en la valoración de la conducta del empleador en relación con la readmisión, pero que la conducta del trabajador ya readmitido en forma, como hecho posterior al incidente, queda fuera de él al haberse agotado ya su objeto. Por su parte, en la STC 73/1991, si bien, en referencia a un supuesto de ejecución de Sentencia de despido declarado improcedente, en el cual el empresario optó por la readmisión, se concluye que la resolución judicial declarando correcta la readmisión y a la vez la extinción de la relación laboral, es irrazonable y contraria a lo preceptuado en el art. 211 de la Ley de Procedimiento Laboral, entonces vigente, por lo que vulnera el derecho a la ejecución de las Sentencias en sus propios términos.
En fin, el carácter limitado del conocimiento judicial en el incidente de ejecución de Sentencias de despido ha sido remarcado en reiteradas ocasiones por este Tribunal (STC 3/1998 y las en ella citadas).
Debemos, por tanto, otorgar el amparo solicitado anulando la declaración relativa al «decaimiento del derecho del actor al reingreso en la empresa», sin que ello signifique que por este Tribunal se adopte resolución alguna sobre la existencia o no de dicho decaimiento, cuestión que, en todo caso, correspondería resolver, si se plantease en el cauce procesal adecuado, a la jurisdicción ordinaria.
Estimar parcialmente el amparo solicitado por don Ernesto R. P. y, en su virtud,
1. Reconocer que se ha lesionado el derecho del solicitante de amparo a la tutela judicial efectiva en su dimensión del derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes en sus propios términos.
2. Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad parcial de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 29 de junio de 1995, dictada en el rollo 413/95, en cuanto declara el «decaimiento del derecho del actor al reingreso en la empresa».
SAP Baleares 471/2006, 31 de Octubre de 2006
STSJ Asturias 1672/2014, 25 de Julio de 2014

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 Real Decreto 
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