Source: https://issuu.com/comunicaflip/docs/informe_flip_2016
Timestamp: 2017-08-17 03:17:47+00:00

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Informe de la FLIP 2016: Silencioff, ¿las regiones tendrán la palabra? by Fundación para la Libertad de Prensa - issuu
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), 2017 © Licencia Creative Commons
Presidenta Juanita León Director Ejecutivo Pedro Vaca Villarreal Asesor de Dirección Emmanuel Vargas Penagos Coordinación de Defensa y Atención a Periodistas Jessica Cortés Casas Julián David García Luisa Fernanda Isaza Ibarra Centro de Estudios de Libertad de Expresión Jonathan Bock Ruiz María Camila Moreno Área de comunicaciones César Rojas Ángel Área Administrativa Sandra Patricia Garzón Cortés Angélica Rocha Pérez Diseño y diagramación Leidy Sánchez Jiménez leidy731@yahoo.es John Avellaneda Aponte Ilustraciones Día S.A.S Diego Otero Santiago Rocha
Esta publicación fue posible gracias al apoyo del pueblo Americano y el gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos de este Informe son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de USAID ni del gobierno de los Estados Unidos. Este material ha sido financiado parcialmente por la National Endowment for Democracy (NED). Los textos que se publican son de responsabilidad de sus autores y no comprometen necesariamente el pensamiento del cooperante y/o financiador.
Silencioff,
¿las regiones tomarán la palabra? www.flip.org.co info@flip.org.co*
La FLIP es una organización no gubernamental que hace seguimiento a las violaciones contra la libertad de prensa en Colombia, desarrolla actividades que contribuyen a la protección de los periodistas, medios de comunicación y otros ciudadanos que ejercen la libertad de expresión sobre asuntos de interés público en Colombia. Además, promueve la libertad de expresión y el acceso a la información
Libertad de prensa en cifras. Pág 11
Posconflicto: ¿habrá garantías para la libertad de prensa? Pág 50
Editorial. Pág 6
30 años de impunidad: de Guillermo Cano a Flor Alba Núñez. Pág 85
La censura infectó Internet. Pág 24
Los pueblos del silencio. Pág 64
Reporteras: ¡no más anonimato! Pág 107
¡Urgente! Hay que cambiar el programa de protección a periodistas. Pág 38
Ambiente legal para la libertad de expresión. Pág 75
Casos destacados de 2016. Pág 117
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La censura cambia en sus métodos, pero no se va “Tenemos mucho que agradecerle a la censura”. La confusa afirmación es de Guillermo Cano Isaza, director de El Espectador asesinado hace 30 años, y surgió en un periodo de grandes presiones políticas y económicas que dificultaban el expresarse libremente en la segunda mitad del siglo XX. Por entonces, el Gobierno y los militares tenían gran incidencia en la difusión de noticias. “Gracias a ella, hoy sabemos mejor que nunca lo que vale la libertad como instrumento de justicia y como freno a la arbitrariedad, sabemos cuánto cuesta mantenerla y cuánto la odian los tiranos y los delincuentes”.
Más de 30 años después, estamos lejos de entender a la censura como una amenaza extinta en Colombia. Por fortuna, están disminuyendo los asesinatos a periodistas y en 2016, por primera vez en 7 años, no asesinaron a ningún reportero por causas asociadas a su oficio. Pero las presiones, amenazas, obstáculos y agresiones en general se han multiplicado. La censura, en otras palabras, sigue mutando y está lejos de irse. En 2016, la FLIP registró 216 violaciones a la libertad de prensa que afectaron a 262 víctimas. Dentro de los casos más graves está el secuestro por
parte del ELN en el Catatumbo, Norte de Santander, de los periodistas Salud Hernández-Mora, Diego D’Pablos, Carlos Melo, William del Carmen Mora y Diego Velosa. También causa especial preocupación que un líder público como el expresidente Álvaro Uribe ha continuado estigmatizando periodistas en redes sociales. Durante el 2016, el cubrimiento de diferentes temas de interés público no contó con suficientes garantías a la libertad de prensa. El paro agrario se prestó para que los manifestantes ejercieran violencia contra algunos medios de comunicación. A lo anterior hay que sumar que tanto el Gobierno como el Consejo Nacional Electoral intentaron blindar las críticas o cubrimiento al plebiscito del 2 de octubre
Retos de la protección
Paz sin libertad de prensa
Las regiones silenciadas
con normativas contrarias a la libertad de expresión. Todo esto en medio de un año decisorio para la búsqueda de paz en Colombia. Los casos puntuales son un reflejo de los problemas para garantizar la libertad de prensa en el país. La censura ya no mata tantos periodistas como en los 90 o comienzos de la década del 2000, pero ha evolucionado hacia formas más sofisticadas, que no cuentan con suficiente rechazo público y logran obstaculizar el libre flujo de la información. En 2016 la FLIP registró 90 amenazas contra la prensa, un incremento del 52,5% frente a los casos documentados el año anterior. Hay otro tipo de agresiones que no son directas ni usan la violencia. Hay una tendencia creciente de promover la eliminación de contenidos por vía judicial. En estos casos, las personas men-
cionadas en notas periodísticas se presentan con nombre propio y amenazan con acciones judiciales si no se borra o corrige cierta información publicada en medios físicos o digitales. Estos últimos casos son los más problemáticos. En el universo de datos del siglo XXI, la información a la que se accede más fácilmente está mediada por los algoritmos de gigantes como Google o Facebook. Si se deja en sus manos el poder de filtrar o no el acceso a ciertos vínculos, la libertad de acceso a la información se puede ver marginada. Hay muchos intereses detrás de este tipo de normatividad. El discurso bienintencionado de quienes quieren proteger, por ejemplo, la honra, la privacidad, los datos personales y la buena imagen de las personas, puede degenerar en una medida para que los poderosos involucrados en escándalos de interés público ordenen
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esconder los contenidos asociados a su nombre en Internet. En el año 2016 se registraron agresiones físicas contra 47 periodistas y obstruyeron el trabajo de 44. Hay subregistro en los casos de violencia contra las mujeres periodistas. En parte porque muchas no denuncian, pero también porque las autoridades ignoran el carácter diferenciado de estas agresiones. Sin embargo, frente a estas y otras categorías que analiza la FLIP, nada tan grave, contundente y premeditado como una amenaza. A modo de ejemplo, una periodista al norte del país tuvo que soportar varias amenazas por denunciar casos de corrupción, medio ambiente y orden público en su región. Luego se materializó la censura.
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La periodista renunció al medio al que servía como corresponsal, abandonó el periodismo y empezó a trabajar en el área de comunicaciones de una empresa de su municipio. ¿La asesinaron? No, pero sí lograron sacar su voz del debate público.
va con el papel que cumplirá la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad en los casos de crímenes contra el periodismo. Estos escenarios deberían contribuir a reducir la brecha de impunidad que le hace tanto daño a la libertad de prensa en Colombia.
El país está en deuda de encontrar justicia en todas las amenazas y crímenes contra la prensa. La tarea es urgente para reparar a las víctimas, primero, pero además para que los periodistas que se quedaron en las regiones donde ocurrieron los crímenes tengan la certeza de que los delincuentes que asesinaron a sus colegas no podrán arremeter contra ellos si continúan denunciando los mismos temas. Las responsabilidades están repartidas entre distintos actores del Estado, las guerrillas, los grupos paramilitares y las bandas criminales. De ahí que haya tanta expectati-
La ausencia de condenas a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos y otros crímenes contra la prensa ha llevado al miedo y al silencio. En las zonas más conflictivas y aisladas del país, los reporteros dejan de cubrir ciertos temas, a veces los medios cesan actividades, muchos abandonan su profesión para dedicarse a otras labores y, en el peor de los casos, se consolida la autocensura, aprender a callar para evitar represalias. La FLIP lleva varios años denunciando estos fenómenos y por eso molesta la
negligencia de las autoridades judiciales y la indiferencia por parte de la sociedad. El Informe sobre el Estado de la Libertad de Prensa en Colombia en 2011 escogió estos asuntos como un problema central: “¿La censura en las regiones llegó para quedarse?” . Con distintos matices, hoy, más de cinco años después, las respuestas a esta pregunta no son muy alentadoras. La impunidad en los crímenes contra periodistas todavía es elevada, los temas vetados se repiten en muchas zonas del país, nadie investiga de dónde vienen las amenazas, las estigmatizaciones por parte de las autoridades oficiales siguen siendo frecuentes y los periodistas siguen siendo mal remunerados. El resultado es que muchas regiones del país se han quedado sin medios de comunicación que informen sobre
asuntos locales, no hay confianza para hablar libremente. La pauta publicitaria oficial es un elemento que distorsiona considerablemente la libertad de prensa a nivel nacional y local, premiando el silencio y castigando la crítica. Algunas emisoras con espacios informativos y de opinión se convirtieron en estaciones con programación exclusivamente musical. Todo esto sin mencionar que la débil cobertura y penetración de Internet en zonas apartadas es un aspecto que desestimula la creación de medios en línea. La FLIP investigó en profundidad las condiciones de los medios en zonas de conflicto durante el año 20161. Una conclusión aterradora es que: en las zonas más afectadas por el conflicto o bien los 1	Parte de este panorama se expone en el proyecto Cartografías de la información de la FLIP.
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ciudadanos no cuentan con suficientes medios de comunicación que informen sobre asuntos locales, o no existen garantías para el trabajo periodístico libre. También es necesario avanzar en la relevancia social de los valores democráticos. Allí los funcionarios públicos, los empresarios, los actores que participaron en el conflicto que quieren entregar las armas, la sociedad y organizaciones civiles tienen un papel fundamental en procurar un clima óptimo para la libertad de prensa. Para ilustrar que este desafío no es menor, basta recordar el secuestro de los cinco periodistas en el Catatumbo, Norte de Santander, a mediados de mayo; la retención al equipo de Los Informantes de Caracol Televisión por parte de la comunidad en Puerto Cachicamo, Guaviare; o las constantes intimidaciones de la alcaldía a los periodistas en Yopal, Casanare; por mencionar algunos casos.
Si se establece una meta nacional por la libertad de prensa, quizá, algún día, el tema de los periodistas escoltados será una anécdota del pasado. Para llegar hasta allá hay que invertir en fórmulas más preventivas, y no en las soluciones reactivas que ofrecen botones de emergencia y chalecos antibalas. Es hora de responder a las amenazas con justicia, investigación y sanciones efectivas sobre quienes atentan contra un periodista. El periodismo y los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la transición en la que se encuentra el país. Ahora que estamos en la capacidad de identificar dónde acecha la censura, es responsabilidad de todos combatirla para que el día de mañana no nos deje sin palabras.
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Am ena za
Tr 13 o dato i n eg h ra um da a nt no e*
14 Atentado infraestructura*
Agresi ones
De spl aza mie nto
ataques contra la prensa que dejaron un total de
216 262 periodistas
al ileg n ó i enc Det
l n a co cció dísti stru rio Ob jo pe ba tra
ÒÒ El número de ataques y sus víctimas fue el siguiente:
Durante el 2016 se presentaron
n ció a iz at m tig Es
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ÒÒ ¿Quiénes son los agresores? d ero
Presuntos Agresores Desconocido
ÒÒ ¿Quiénes amenazan?
Funcionario Público Fuerza Pública
son cometidas por la Fuerza Pública, funcionarios, políticos, delincuencia común, guerrilla, etc.
Bacrim y paramilitares
Guerrilla Político
son cometidas por particulares
de los casos se desconoce el autor de las amenazas.
son cometidas por Bacrim y Paramilitares.
ÒÒ Geografía de la censura:
Quindío Caldas
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�	Las violaciones más frecuentes
ÒÒ Amenazas: un riesgo latente
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Atentados contra la infraestructura
Las cometieron informe ANUAL 2016 | 16 funcionarios públicos
ÒÒ Total de ataques
Fueron cometidas ÒÒ De 38 obstrucciones por particulares
Las cometió la Fuerza Fública
Las cometieron funcionarios públicos
Fueron cometidas por particulares
ÒÒ De 36 agresiones
Agresiones secuestros
Las cometió la Fuerza Pública
Diego William Los Informantes. De Pablos del Carmen 5 horas en y Carlos Melo Mora y Diego cautiverio Velosa
1 semana en cautiverio
Las cometió la Paz sin libertad de prensa
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Programa de protección a periodistas en Cifras El presupuesto de la UNP en 2016 fue de cerca de millones de pesos.
480 mil 147
Actualmente, periodistas cuentan con alguna medida de protección de la UNP
millones se destinaron a la protección de periodistas.
reporteros hacen su trabajo con escoltas
Durante el 2016, el gobierno retiró las medidas de proteción a periodistas.
Lo cual equivale al del presupuesto de la entidad.
periodistas se trasladan en vehículos de seguriad.
Estas decisiones no estuvieron respaldadas en decisiones judiciales contra quienes causaron el riesgo inicial.
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La impunidad, el principal enemigo de los crímenes contra periodistas 153 periodistas asesinados
Solo se han condenado a autores intelectuales y autores materiales
desde 1977 hasta la fecha
La impunidad es del
En los casos de amenazas contra periodistas el porcentaje de
impunidad es del
A 2016 han prescrito
condenas por aceptación de cargos en el caso de la periodista
casos de asesinatos a periodistas por razón de su oficio.
47.7% del total de homicidios.
los problemas de impunidad y revictimización persisten.
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regiones silenciadas 17
uma yo
Bajo Cauc Ca a tat um bo
Para la primera entrega del proyecto Cartografías de la información la FLIP investigó cómo está el periodismo en 220 municipios repartidos en 9 departamentos y 2 subregiones. En el proceso se mapearon 447 medios de comunicación. A continuación los principales datos.
ño i r Na s ona z a Am
Si tiene informativo No tiene informativo
Total 111 61
Total municipios Total 220 municipios
Menos 1 SMMLV 52 Municipios
sin medios 52 Municipios sin medios
Más 1 SMMLV informe ANUAL 2016 | 20
Población en municipios sin medios 609.109
Total periodistas 1.000
Total periodistas 1.000 233
Editorial Mujeres 233 Las regiones silenciadas
Hombres Cifras Ambiente legal
internet HombresCensura en767 30 años de impunidad
ó uma yo
ÒÒ Los salarios de los periodistas
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o riñ a N as zon a m A
Menos 1 SMMLV
Más 1 SMMLV
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En estos departamentos habitan
0,2% 3,5%
ayo Guaviare
Bajo Cauc a Ca tat um bo
están suscritas a internet.
Porcentaje de población de cada departamento con suscripción a Internet.
5'720.082 232.374
o riñ a N as zon a Am Vichada
La población suscrita a Internet en estas regiones varía entre el 0,2% y el 8% Editorial
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Bajo Cauca Chocó
Veces más lento que en Bogotá
Veces más lento que en Medellín
Veces más lento que en Medellín Bogotá
60 Veces más lento que en Medellín
azo nas
La velocidad de subida de Internet
La velocidad de bajada de Internet
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El sábado 26 de marzo de 2016, Fernando Calao, periodista y administrador de la página www.icetextearruina.com , se enteró de que su sitio web estaba temporalmente fuera de servicio. Esta situación se presentó por una solicitud del ICETEX a Godaddy, empresa encargada del alojamiento de dicha página web, por hacer un supuesto uso ilegal de la marca de dicha entidad pública. Casi un año después, la página sigue bloqueada, el ICETEX se mantiene en su censura y ni la Procuraduría, ni el gobierno consideran que sea un asunto del cual preocuparse.
“Mejor que los estudiantes no sepan quién los arruina”.
El caso de Icetex te arruina es un ejemplo de cómo, en sintonía con la tendencia global, Internet está cambiando las dinámicas del periodismo en Colombia. Por un lado, el espectro de quién o qué puede considerarse como periodista o como medio de comunicación se ha incrementado. Entre los cambios provocados por la tecnología se destaca el hecho de que los gobiernos y otros actores estén interesados en crear nuevas reglas del juego. Esto, en muchos casos, abre la posibilidad para nuevas formas de censura que se expanden como un virus.
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Periodismo, de las salas de redacción a cualquier lugar del mundo Antes de que existiera Internet, las posibilidades de hacer periodismo o de crear un medio de comunicación eran reducidas. Por entonces, las opciones que tenían las audiencias para participar en la producción de historias eran menores que hoy en día. Con Internet, las personas pueden tener un contacto directo con el periodismo y crear sus propios espacios de opinión o información mediante blogs, canales de video y podcasts, entre otros medios. Hoy en
día, una persona con un celular y una conexión inalámbrica puede tener el mismo impacto en la opinión pública que toda una sala de redacción. En definitiva, la gente cuenta con un campo más amplio para ejercer la libertad de expresión. En 2011, esto fue reconocido en la Declaración
Conjunta sobre Libertad de Expresión emitida por los relatores de libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP). En ese documento, los relatores dijeron que Internet es un “medio que permite que miles de millones de personas en todo el mundo expresen sus opiniones, a la vez que in-
crementa significativamente su capacidad de acceder a información y fomenta el pluralismo y la divulgación de información”.
Cualquier persona puede hacer periodismo sin necesidad de que alguien lo acredite o lo avale.
Ese campo también se ha ampliado en Colombia. En el 2012, Germán Rey, exdirector del Centro Ático de la Universidad Javeriana (Vea más información aquí ), hablaba de un “big bang” de medios digitales en Colombia: entre 2010 y 2012, entre el primer y segundo Estudio de Medio Digitales, se registró el aumento de 391 a 745 medios de este tipo en el país. Por otro lado, 11% de los 701 periodistas encuestados en la IV encuesta nacional a Periodistas sobre Libertad de Expresión y Acceso a la información en Colombia (Vea más información aquí ), realizada en 2016, afirmó trabajar en un medio digital.
Estas facilidades para ejercer el periodismo y crear medios de comunicación también tienen un origen legal. El terreno empezó a abonarse en 1985, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que un periodista “no es, ni puede ser, otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado”. Luego, en 1998, la Corte Constitucional consideró que exigir una tarjeta profesional para ejercer el periodismo en Colombia era contrario a la Constitución. De acuerdo a esto, cualquier persona puede hacer periodismo sin necesidad de que alguien lo acredite o lo avale. Complementariamente, en Europa, durante la
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última década, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha reconocido que, al igual que los periodistas, otras personas como los activistas y las oenegés ejercen un rol de “perro guardián” de la democracia. Esto, junto a Internet como plataforma, implica que el actor “Periodista” y el concepto de “medio” sea cada vez menos nítido en su definición.
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La Censura se traslada a Internet No es nuevo que, tras la irrupción de una tecnología como Internet, la libertad de expresión se enfrente a la censura e incluso al rechazo de algunas personas. El nacimiento de la imprenta estuvo acompañado de una serie de decretos, leyes, bulas y otras órdenes del Estado y de la Iglesia católica que buscaban restringir la impresión y circulación de libros, alcanzando su máxima notoriedad en el conocido Index Librorum Prohitorum, promulgado en 1559 por el papa Paulo IV y que estuvo vigente hasta 1966.
De la misma forma, el desarrollo de servicios postales nacionales estuvo En Colombia, la Corte Constitucioacompañado por sistemas de intercepnal ha querido responder a las tación, inspección y ocultamiento de nuevas formas de censura que correo, conocidos como censura aparecen en la red. Es así copostal. También el avance de la mo en la sentencia C 1147 industria del cine durante las de 2011, la Corte dijo que primeras décadas del siglo XX la libertad de expresión, enfrentó censura por parte de así como otros derechos gobiernos. Así, por ejemplo, fundamentales vitales para según lo cuenta el libro Political la democracia, aplica de igual Censorship of the Arts and the forma en Internet: “[n]adie Press in Nineteenth-Century Europodría sostener que, por pe, para 1914 todos los países tratarse de Internet, de Europa habían estaa los usuarios sí pueden blecido mecanismos de ¿nuev sufrir mengua en sus censura de películas [1]. tecnología? derechos constitucioEn la misma línea, el libro Nueva censura nales”. Es claro que A History of the Russian and Soviet Film cuenta que Internet está llamado a Vladímir Purishkévich, un sumar y no a restar garantías político ruso de extrema derecha, para la libertad de expresión, pero se refería al cine como una “nueva plael riesgo de censura en Internet es ga” y “horrenda arma de propaganda”. vigente y real en Colombia.
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Los casos de censura digital en Colombia
Para esto, la gente contrata a firmas de abogados para que contacten a los medios de comunicación y soliciten eliminar artículos periodísticos legítimamente publicados.
En los últimos años la FLIP ha documentado y denunciado múltiples casos de censura en Internet. En 2016, los casos se incrementaron, en especial aquellos relacionados con las solicitudes de eliminación o desindexación de contenidos en Internet. En el último año, la FLIP registró 9 casos, que involucraban a 16 personas (en su mayoría médicos o cirujanos plásticos), y pretendían eliminar información negativa de internet.
¿Cómo hago para que mis clientes no sepan que yo estuve involucrado en el escándalo de las cirugías?
Estas solicitudes suelen confundirse con un concepto errado: el inexistente “derecho al olvido”, que en la práctica es un acoso judicial que busca intimidar a los periodistas presentando una serie de argumentos con aparente sustento legal. En ocasiones, los demandantes amenazan con iniciar acciones en contra de los medios de comunicación. Lamentablemente, algunos han cedido a las presiones, a pesar de tener las herramientas legales para mantener sus artículos en línea.
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Costeja contra Google, el detonante para perder la memoria Parte del crecimiento de casos en los que se pide eliminar o desindexar contenidos de Internet tiene su origen en mayo de 2014, con la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso de Mario Costeja. Costeja buscaba que Google eliminara los vínculos a dos artículos del periódico español La Vanguardia, en los que se mencionaba una subasta relacionada con un embargo por deudas que él tenía con la Seguridad Social española.
La solicitud de Costeja se basaba en la Directiva de la Unión Europea sobre protección de datos personales. De acuerdo a esa directiva, las personas “responsables” del “tratamiento de bases de datos”1 están obligadas a “suprimir” o “bloquear” determinados datos que, de acuerdo a esa directiva, 1	En Colombia, por ejemplo, hacen parte de esta lista empresas de riesgo financiero, entidades promotoras de salud con respecto a la información de sus afiliados, entidades públicas con respecto a la información de sus beneficiarios o de las personas que atienden, entre muchos otros.
afecten los derechos de la persona de la que trata dicha información. El TJEU consideró, en una polémica decisión, que estas reglas de protección de datos personales aplican a los buscadores de Internet. Esto llevó a que, en Europa, los buscadores estén obligados a resolver solicitudes como la de Costeja y determinar si efectivamente se están vulnerando los derechos de la persona afectada, salvo que exista un “interés preponderante” para el público. El principal problema con esta decisión es que
se pone en manos de un privado, como Google, la capacidad de decidir sobre casos en los que la libertad de expresión se enfrenta con otros derechos. Adicionalmente, se deja de lado que los buscadores de Internet hacen una tarea automatizada que vincula palabras con páginas web y, además, no son quienes crean los contenidos. En 2015, en Colombia, la Corte Constitucional consideró que aplicar medidas como las que dispuso el TJEU en el caso de Costeja era contrario a la Constitución Colombiana. No obstante, dejó un precedente preocupante: la Corte consideró que los medios de comunicación, cuando cubran procesos judiciales, tienen un deber de actualizar la información de cada caso, incluso sin que la actualización sea solicitada por el supuesto afectado. Además, la Corte dijo que los medios de comunicación deben
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“desindexar”2 los contenidos sobre procesos penales que, con el paso del tiempo, estén desactualizados y puedan afectar los derechos de la persona implicada. Por último, la Corte dijo que esto no aplica en casos de personas de notoriedad pública, servidores públicos o hechos relacionados con la “comisión de delitos de lesa humanidad o que hayan lesionado de forma grave los derechos humanos”.
Para saber más sobre las reglas de rectificación, consulte el manual “Información al Derecho”
La mayoría de los casos que se presentaron durante el año tienen como fundamento la Ley de Protección de Datos Personales, que en Colombia no aplica para bases de datos y archivos periodísticos. En otros casos, las solicitudes simplemente sostienen que la información publicada es falsa, sin más, desconociendo que lo procedente en tales casos es una solicitud de rectificación y no de eliminación de los artículos. 2	Hacer que no sean visibles en buscadores web.
El 9 de agosto, un grupo de senadores del Centro Democrático, liderado por el Senador Jaime Amín, presentó el Proyecto de Ley con el radicado No. 91 de 2016 de Senado. Esta iniciativa busca que la ley colombiana de datos personales aplique a empresas que no tienen domicilio ni residencia en el país (como Facebook o Google) si realizan tratamiento de datos de personas que se encuentran en Colombia. Este proyecto, aunque bien intencionado, es contrario al principio de territorialidad de la ley, según el cual las leyes de cada país sólo aplican en su propio territorio. Este principio está atado a la soberanía que tiene cada Estado, que no puede ser impuesta sobre el territorio de otros.
Un proyecto de ley que puede empeorar las cosas
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Juntando peras con manzanas Lo curioso es que el proyecto está siendo promovido por el senador Jaime Amín como una forma de proteger la honra y el buen nombre de los colombianos en Internet. Sin embargo, ni el articulado del proyecto ni la exposición de motivos hacen referencia a la honra o al buen nombre. Además, el proyecto de ley no tiene en cuenta que, actualmente, ya existen herramientas para proteger la reputación de las personas, como la rectificación y la tutela.
El problema es el mensaje que se envía: plataformas como Facebook o Google serían responsables de la reputación de los colombianos. Esto es, ser responsables por lo que los usuarios o creadores de contenidos digan en las redes sociales. Esto significa un riesgo muy grave para la libertad de expresión en Internet que en sintonía con la desafortunada decisión en Europa, implicaría asignar responsabilidades sobre censura a organismos privados que no han sido legitimados democráticamente para ejercer ese poder.
¿Y quE tiene que ver esto con el “derecho al olvido”? Quienes abogan por la implementación del mal llamado “derecho al olvido” sostienen que las personas deben tener la posibilidad de solicitar que información negativa que está en Internet (como por ejemplo, un artículo periodístico sobre una investigación penal en su contra) sea “olvidada”, en especial cuando consideran que la información ya no es “relevante”. El olvido puede venir de la eliminación de la información, la anonimización de los involucrados o la desindexación de los links en los resultados de buscadores como Google.
El senador Amín ha sostenido que este proyecto de ley no tiene nada que ver con el “derecho al olvido”. Explica que en ninguna parte del proyecto se leen esas palabras, lo cual es cierto, pero no es necesario que la ley expresamente las enuncie para convertirse en una herramienta de derecho al olvido y censura. Debido a que la noción de “derecho al olvido” en Internet es un tema relativamente nuevo, existe confusión en la región sobre qué implica tal concepto y sobre cómo debería abordarse. El concepto más cercano es el del TJUE en el caso Costeja, según el cual, en la Unión Europea, los buscadores de Internet (co-
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mo Google) son responsables del tratamiento de datos personales por información publicada por terceros (como el periódico La Vanguardia en el caso Costeja). Acá es donde entra el proyecto de ley defendido por el senador Amín: decir que plataformas como Facebook y Google serán responsables por el honor y la honra de las personas, es decir, que serán responsables por lo que publican terceros en relación con esas personas.
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¿Las plataformas como Facebook o Google deben ser responsables por lo que terceros publican en Internet? Hacer responsables a plataformas como Facebook o Google por lo que publican terceros (medios de comunicación, usuarios, etc.) tendría gravísimas consecuencias en cuanto a la libertad de expresión en Internet: ÒÒ En primer lugar, estas plataformas tomarían decisiones sobre
formas podrían simplemente optar por ocultar información publicada por terceros, antes de afrontar reclamaciones y procesos legales.
cuándo un contenido afecta ilegítimamente a un ciudadano y cuando, por el contrario, está protegido por la libertad de expresión, un derecho que solo puede ser limitado por jueces en circunstancias muy específicas. ÒÒ Incluso en los casos en los cuales la información es legítimamente publicada y está protegida por la libertad de expresión, las plata-
Es por esta razón que en la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión en Internet se dijo que ninguna entidad que ofrezca únicamente servicios técnicos de Internet (como los motores de búsqueda) debe ser responsable por contenidos generados por terceros que se difundan a través de esos servicios. Además, señala el documento que los Estados también deben considerar proteger a otros intermediarios (como los que prestan servicios de redes sociales) respecto a estos contenidos.
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El caso de los portales de noticias En junio de 2015, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) resolvió el caso Delfi AS v. Estonia. En 2006, Delfi, un popular portal de noticias en Estonia, publicó una noticia que informaba sobre la destrucción accidental de una carretera por parte de la empresa SLK. En la sección de comentarios se publicaron varios mensajes en contra del principal accionista de la empresa. A pesar de que Delfi procedió a eliminar los comentarios por solicitud de la empresa, el TEDH encontró que Delfi (el medio)
¿Deberían los portales de noticas ser responsables por lo publicado por sus usuarios en las secciones de comentarios?
era responsable. El TEDH consideró que los comentarios en contra de la empresa eran claramente ilegales y que incentivaban al odio, por lo que Delfi tenía que haber actuado de una forma casi que inmediata para eliminarlos. En febrero de 2016, en el caso MTE e Index v. Hungría, una sala de menor nivel del TEDH intentó suavizar la visión adoptada en el caso Delfi. El caso es similar: Index, un portal de noticias, y MTE, un organismo de autorregulación de los proveedores de
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Para más información, consulte el capítulo de ambiente legal en la página 80.
contenidos en Internet, publicaron en sus páginas web una noticia sobre las prácticas poco éticas de una empresa de publicidad. En las secciones de comentarios de las páginas se publicaron mensajes ofensivos en contra de la empresa. Sin embargo, el TEDH encontró que MTE e Index no eran responsables por los comentarios. El Tribunal argumentó que, dado que los artículos se referían a las faltas éticas de la empresa para con sus clientes, existía un interés público en asegurar un debate bien informado. Además, los comentarios, aunque ofensivos e incluso vulgares, no incitaban al odio o a la violencia. Este tipo de casos plantean muchas preguntas sobre qué tratamiento
deben dar los portales de noticia a los espacios de comentarios. ¿Vale la pena mantenerlos si se exponen a ser responsables de lo que digan sus usuarios? ¿Valdrá la pena sacrificar espacios para la libertad de expresión que son altamente valorados por los usuarios?
que, en su lugar, se publicara una disculpa. En ningún momento se trató la responsabilidad que podía tener Facebook en el caso. No obstante, es preocupante que se establezcan estándares tan altos para un espacio semi privado como un muro de Facebook.
En Colombia, la Corte Contitucional decidió en la sentencia T 050 de 2016 sobre un caso con algunas similitudes. Una persona publicó en su muro de Facebook una información sobre una deuda que otra persona tenía con ella. La Corte dijo que, aunque la información era veraz, afectaba la honra y buen nombre de la deudora. Como resultado de esto, la Corte ordenó que la publicación fuera borrada y
Este tipo de discusiones y otras que están por venir muestran que el campo de juego para el periodismo en Internet, aunque más amplio, es inestable. Más aún, este tipo de debates tienen que mirarse a nivel global y deben tratarse con cuidado. El resultado, al final, puede ser el de tener a Internet como un medio de comunicación fortalecido y esencial para la democracia o, al contrario, como una herramienta desperdiciada.
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Reforma tributaria: ¿Internet para pocos? En diciembre de 2016, el Congreso aprobó la última reforma tributaria (Ley 1819 de 2016). Estas son algunas de las medidas que impactarán internet. En primer lugar, el servicio de internet fijo sufrirá el aumento general de tres puntos del IVA. Además, el servicio prestado a suscriptores residenciales de los estratos 1 y 2 pasará de estar exento a estar excluido del impuesto. Esto quiere decir que, si bien el impuesto no se cobra directamente al usuario, los proveedores no podrán solicitar la devolución del IVA que pagan por los bienes y servicios que requieren para prestar su propio servicio. Esto, sin duda, se verá reflejado en el precio final que pagan los usuarios.
Lo anterior hace que ahora los beneficios democratizadores de internet sean más difíciles de obtener para los residentes en estratos 1 y 2. Esto implica menor capacidad tanto para acceder como para producir contenidos. Además, es incompatible con los esfuerzos del gobierno de que todo el país esté conectado a internet. Por su parte, los planes de datos móviles, además del aumento del IVA, pagarán un impuesto al consumo del 4% si son mayores a $47.000. La reforma también trae a Colombia el llamado “impuesto Netflix”, en virtud de cual servicios que se prestan por internet (como los prestados por Net-
flix, Spotify, Coursera u Open English) estarán gravados con IVA. Este IVA será retenido por las entidades financieras emisoras de tarjetas de crédito y débito, recaudadores de efectivo y demás entidades a través de los cuales se pagan estos servicios. Este sistema de retención empezará a regir en 18 meses. Algunos aplauden la medida ya que con ella se “nivelan las cargas” entre los proveedores de servicios locales y aquellos que lo hacen a través de internet. Sin embargo, el inevitable aumento en el precio de estos servicios (Spotify ya anunció que en tres meses los precios de sus planes aumentarán) también hace cuestionarse sobre el desincentivo que se crea a la innovación y al uso de herramientas que permiten acceder a contenidos educativos o culturales en internet.
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Cuatro cambios estructurales Desde el año 2000 Colombia cuenta con un programa de protección a periodistas que se encuentran en riesgo por razón de su oficio. En un principio, esta responsabilidad estaba a cargo del Ministerio del Interior, pero a partir del 2012 se creó la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad que hasta la fecha protege a 147 periodistas.
a la Mi derecho no n ó informaci una a z lo garanti oltada esc prensa
Lo garantiza una prensa libre
A pesar de que el programa ha cumplido con su función disuasiva en medio de la violencia contra periodistas -que pasó de 39 asesinatos entre 2000 y 2005 a 14 homicidios registrados entre 2006 y 2016-, lo cierto es que la protección de los reporteros en el país está lejos de brindar garantías plenas a la libertad de prensa. Es un sistema policivo, de custodia, que obliga a los periodistas a convivir con el riesgo, debido a que el Estado es incapaz de desactivar su origen o diagnosticar con responsabilidad su vigencia. El Estado no ha tratado este tema de manera integral y se hace necesaria la implementación de, al menos, cuatro cambios estructurales.
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1. Un sistema de protección no puede limitarse a ser reactivo La UNP continúa activando sus protocolos de protección únicamente cuando se presenta una situación de riesgo inminente, atendiendo solicitudes a partir de las amenazas reportadas. A pesar de que el gobierno está en la obligación de destinar dinero para la prevención de agresiones, su responsabilidad se limita a la prestación de servicios de seguridad. Este hecho obliga a los periodistas a convivir con el riesgo.
El programa de protección a periodistas debe enfocar sus esfuerzos en la prevención, vinculando a otras entidades del estado con influencia en las regiones para que se comprometan con la creación de climas favorables para el ejercicio periodístico.
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2. Reducir los tiempos de atención disminuiría el riesgo Según el decreto que ampara el programa de protección a periodistas, entre la recepción de la solicitud de medidas de seguridad y la determinación final, la UNP debe tardar máximo tres meses. El proceso se hace extenso por la cantidad de etapas y el tiempo que tarda cada una. Si bien es cierto que los tiempos estipulados ya son, de por sí, bastante extensos frente a la inminencia de una amenaza; las demoras de la
A pesar de que durante el 2016 la UNP invitó a la FLIP y a otras organizaciones para hacerles ajustes al protocolo de atención a periodistas, la realidad es que los cambios estructurales deben hacerse a través de la modificación del decreto.
UNP se convierten en un factor de riesgo adicional. Los plazos que fija el decreto no se cumplen. Actualmente los casos se demoran entre cinco y siete meses en ser estudiados y lo más preocupante es que la misma normatividad minimiza la responsabilidad del estado. Esta situación disminuye la confianza de los beneficiarios en el programa de protección y fomenta otros fenómenos como la autocensura.
El Analista somete el estudio a revisión de un asesor del Grupo Control de Calidad del Análisis de Riesgos (GCCAR).
El Analista de Evaluación de Riesgo cuenta con 22 días hábiles, luego de la firma del consentimiento, para realizar el estudio en terreno.
El CTRAI envía el caso al Grupo de Valoración Preliminar (GVP) para que allí los nueve delegados recomienden las medidas de seguridad para el periodista.
El GVP envía las recomendaciones al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) para que allí los 14 delegados (cinco de ellos con voto) tomen la decisión final sobre las medidas de protección.
Al cabo de 3 meses de enviada la solicitud, la UNP debe informar el resultado del estudio.
El analista tiene 8 días calendario para que el solicitante firme el acta de consentimiento que autoriza a la entidad a hacer el estudio de riesgo.
Abril Abril *Esta cronología se basa en los tiempos establecidos en el decreto de la UNP.
La UNP tiene 8 días calendario para generar el primer contacto con el periodista desde el Grupo Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información (CTRAI)
como debería funcionar*
A finales de febrero de 2016 José recibió una amenaza a través de una llamada telefónica por denunciar hechos de corrupción de la administración del municipio donde vive.
El 14 de marzo José decidió abandonar su municipio, debido a que se sentía completamente desprotegido. Tuvo que dejar a su familia y su trabajo como reportero. A la UNP se le solicitó el estudio de nivel de riesgo el 5 de abril (Punto del decreto) 1
tiempos proceso de protección
El analista de la entidad entrevistó a José a mediados de Junio (Punto y del decreto). 2 3 Firmó el acta de consentimiento el mismo día). Todo ese tiempo dejó de desarrollar sus labores de denuncia.
*Esta cronología está inspirada en un caso real. La identidad del periodista se oculta por seguridad.
como funciona en realidad *
A finales de julio, cansado de esperar una respuesta del estado, José regresó a su municipio asumiendo los riesgos.
El 22 de diciembre le fueron implementadas las medidas de protección a José. El periodista tuvo que esperar casi ocho meses y medio para retomar sus labores periodísticas con las medidas de seguridad del estado.
A mediados de diciembre José recibió la notificación de las medidas de protección (Ver punto del decreto. 7 Pasaron más de 3 meses)
El 30 de noviembre hubo CERREM de periodistas, el caso de José fue analizado y se determinaron sus medidas de protección. (Punto del decreto) 6
3. Medidas ineficientes en riesgo de ilegalidad Durante el 2016 la FLIP documentó varias irregularidades que se presentaron en la implementación de los esquemas de protección por parte de la UNP que, a pesar de haber sido denunciadas, la entidad continúa sin solucionar.
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Contar con medidas de protección no puede convertirse en un costo adicional A partir del 8 de abril de 2016 la UNP eliminó el subsidio de transporte para sus beneficiarios. Esta medida de protección consistía en una destinación de dineros por parte de la entidad para que los protegidos, a quienes no se les implementaba un vehículo en su esquema, contrataran un transporte privado con el fin de minimizar los riesgos durante sus traslados. Sin embargo, luego de la decisión, la UNP no resolvió la problemática de los costos de transporte de los beneficiarios a quienes se les implementaba un hombre de protección sin un vehículo. Hoy en día los reporteros con este tipo de esquemas deben asumir, no solo el costo total de los transportes, sino además los obstáculos que implica.
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La UNP asegura que la asignación de los esquemas es responsabilidad del CERREM. Este Comité sostiene que el diseño de los esquemas de protección es responsabilidad de la UNP y la entidad dice que los costos de transporte de los guardaespaldas son un compromiso de las empresas contratistas. Al final, nadie soluciona el problema.
Cuando los periodistas viajan a otras regiones con sus equipos de trabajo pueden verse afectados, debido a que muchas veces el hombre de seguridad debe tomar un transporte distinto. Este hecho hace que el riesgo se incremente durante los traslados y dificulta la sincronización entre el protegido y el guardaespaldas para la llegada al sitio de destino.
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Botón de apoyo: más dudas que garantías El botón de apoyo es un mecanismo con el que los protegidos tienen la posibilidad de enviar una alerta a la entidad cuando se encuentren ante una situación de riesgo inminente. Una vez enviada la alerta, la UNP está en la obligación de monitorear la ubicación del periodista y ofrecerle seguridad. Sin embargo, la entidad no aclaró algunas dudas antes de su implementación, entre ellas, el acceso que tiene la empresa privada a la información de los traslados del beneficiario; los tiempos de atención de las emergencias y la cobertura que tiene el dispositivo.
La UNP asegura que la geolocalización se activará únicamente cuando el periodista oprima el botón y se suspenderá cuando la entidad se asegure que está a salvo. Sin embargo, preocupa que esta información sensible quede a cargo de una empresa privada, teniendo en cuenta el escaso control que ha demostrado tener la entidad pública sobre sus contratistas.
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Varios beneficiarios a quienes ya se les implementó la medida de protección aseguran que, luego de activar el dispositivo, no han recibido comunicación inmediata. Algunos funcionarios de la Unidad han tardado más de dos horas en efectuar la primera llamada.
La cobertura del dispositivo depende de las regiones a donde llegue la señal de Claro. Este es un aspecto preocupante si se tiene en cuenta que muchas veces el trabajo investigativo obliga a muchos periodistas a trasladarse a zonas apartadas.
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Tercerización, una forma de eludir responsabilidades Varias de las medidas de protección que implementa la UNP como el botón de apoyo y la asignación de los hombres de protección, dependen de los contratos que la entidad firma con empresas privadas. Durante el 2016 la FLIP reportó hechos irregulares por parte de guardaespaldas en contra de sus protegidos y la Unidad se negó a iniciar procesos disciplinarios argumentando que estas personas estaban contratadas por las empresas privadas y esto les impedía tomar las acciones correspondientes.
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4. Sin condenas judiciales el riesgo no cesa. Durante los 16 años de vigencia del programa de protección, el componente judicial ha sido el principal ausente. Se supone que los avances en las investigaciones que adelanta la Fiscalía por hechos de amenaza son tenidos en cuenta dentro de los estudios de riesgo, sin embargo, no es un componente determinante para implementar o retirar esquemas de seguridad. Actualmente, la continuidad de las medidas de seguridad dependen de la ocurrencia de nuevos hechos de amenaza y no hay un solo retiro que esté respaldado por decisiones judiciales que condenen a los agresores. Este tipo de determinaciones denotan una alta irresponsabilidad por parte de los funcionarios del GVP y del CERREM, debido a que en la mayoría de casos los actores violentos mantienen su capacidad de daño en las regiones donde los reporteros desarrollan su labor.
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Un reto adicional para los medios de comunicación Varias organizaciones de periodistas en el mundo han coincidido en su preocupación por la falta de protocolos de autoprotección que disminuyan los riesgos durante los trabajos de campo. La FLIP es una de las organizaciones que firmó un acuerdo denominado Acos Alliance, en el que se comprometen a fomentar la protección por parte de los medios de comunicación y los mismos periodistas. El primer paso para fortalecer la prevención de agresiones contra la prensa en Colombia es que los medios de comunicación, más allá de los compromisos laborales, asuman su responsabilidad frente a los riesgos que genera la labor periodística derivada del abordaje de temas sensibles. A partir de allí, los medios deben comprometerse con la implementación de protocolos que les permita reducir las vulnerabilidades de sus reporteros y actuar oportunamente frente a las situaciones de riesgo.
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El 2016 trajo varios desafíos sobre las garantías en el cubrimiento periodístico del proceso de paz. En el terreno, varios periodistas encontraron dificultades para grabar escenas, acceder a zonas o eventos de interés público. Mientras tanto, en diferentes instancias del Estado se discutieron aspectos relacionados con la garantía del derecho a la libertad de expresión y el trabajo de los medios de comunicación durante la campaña previa al plebiscito del 2 de octubre. Al final, la sensación que deja el actuar de algunas entidades del Estado, las FARC y actores claves dentro del proceso de paz, es que hay un interés de evitar que los medios hagan un cubrimiento que pueda derivar en críticas de temas que son de alto interés público.
Algunos de los hechos registrados muestran que es menos problemático tener medios de comunicación pasivos y a la espera de la información que le suministren las diferentes instancias con competencia dentro del acuerdo de paz. Esto último va en contra de los intereses de la ciudadanía, que exigen un periodismo que dé a conocer los aspectos cómodos e incómodos de diferentes hechos que afectan a la sociedad. El escenario es difícil. La transición hacia la paz ha estado acompañada por algunas restricciones a la libertad
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de prensa que no cuentan con suficiente rechazo de las entidades públicas a cargo; el Gobierno busca mostrar resultados que dependen del ambiente en el debate público y; los órganos judiciales y de supervisión electoral se debaten entre facilitar, balancear o ser contrapeso al desarrollo del proceso de paz. Al mismo tiempo, el país es consciente de que se están tomando decisiones trascendentales que requieren debates amplios e informados. Hay lecciones aprendidas y precedentes que pueden ser nefastos para la democracia.
El ple bisci to po r la pa z, ¿un nue vo raser o para el cu bri mien to de elecci ones ? Durante el 2016, varias de las discusiones relacionadas con el proceso de paz estuvieron enfocadas en el plebiscito que se realizó el 2 de octubre. La Ley 1806 de 2016, que reglamentó ese mecanismo de participación, tal y como fue aprobada en el Congreso, dejaba dudas sobre la garantía de la libertad de expresión. La forma en la que se discutieron algunas de estas preguntas en la Corte Constitucional y el desarrollo que hubo después por parte del Consejo Nacional Electoral(CNE) dejan, por un lado, un alivio sobre las reglas que siguen aplicando para proteger la libertad de expresión y, por el
otro, preocupaciones sobre cómo se terminan interpretando esos lineamientos. Los cuestionamientos de libertad de expresión en la ley del plebiscito se basaban principalmente en las facultades que se le otorgaban al Presidente para hacer uso de espacios en canales de televisión y en radio. De acuerdo a esa Ley, el Gobierno Nacional, con el fin de dar publicidad y difundir el acuerdo de paz, podría hacer uso de, entre otros medios, cinco minutos gratuitos en espacio prime time diarios en emisoras de radio comercial de alcance nacional y comunitarias, al igual que en canales de televisión pública y privada.
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de comunicación por parte del Gobierno Nacional. La facultad de escoger “los aspectos más relevantes” podía implicar que se escogieran los más favorables, haciendo omisión de los aspectos más polémicos.
Para esto último, el Gobierno debía presentar “una síntesis de los aspectos más relevantes del acuerdo final”. El principal problema con esta norma era que, sin los controles adecuados, podría presentarse una imposición de contenidos a los medios
La FLIP manifestó estas dificultades en un documento de intervención remitido a la Corte y durante una audiencia realizada el 26 de mayo. En esos dos momentos, la FLIP sostuvo que era importante que los mensajes que difundiera el Gobierno Nacional con respecto a los acuerdos de paz cumplieran con criterios de veracidad, imparcialidad y posibi-
lidad de rectificación para las personas que se sintieran afectadas. La decisión de la Corte Constitucional tuvo en cuenta los problemas mencionados. La sentencia C 379 de 2016, dada a conocer el 18 de julio, dice que la divulgación de los acuerdos por parte del Gobierno Nacional debía hacerse cumpliendo condiciones de objetividad e imparcialidad y no podía tener cargas valorativas ni estratégicas que pudieran incidir en el voto del ciudadano. Además, la Corte dijo que los medios de comunicación tenían libertad de adoptar la postura editorial que desearan con respecto al plebiscito y con respecto al acuerdo de paz.
Audiencia realizada el 26 de mayo
El Consejo Nacional Electoral abusó de sus competencias El 24 de agosto, el Presidente sancionó la Ley del Plebiscito. A partir de esto, las entidades a cargo de organizar y vigilar las elecciones debían hacer reglamentaciones puntuales y encaminar acciones logísticas. El 31 de Agosto, El Consejo Nacional Electoral (CNE), publicó la Resolución 1733 de 2016 dejando un precedente grave en lo que respecta a la garantía de la libertad de expresión y a la interpretación de lo dicho por la Corte Constitucional.
El artículo 12 de esa Resolución estableció que los concesionarios y operadores de televisión, radio, prensa y otros medios de comunicación debían “garantizar el pluralismo, el equilibrio informativo y la imparcialidad, así como la veracidad en el manejo de la información sobre las campañas por la opción del Sí o por la opción del no”. Para estos efectos, los medios debían remitir un informe semanal al CNE, quien tenía la facultad de verificar el cumplimiento de lo previsto. Adicionalmente, el literal c del artículo 17 de esa Resolución establecía que el CNE podía ordenar la realización de rectificaciones. Por último, el artículo 21 de esa norma establecía que las multas que se impusieran cuando hubiera inconsistencias en encuestas aplicaban a los medios de comunicación que las reprodujeran. Esta regulación, aunque no presentó problemas en la práctica, sienta un mal
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precedente para la garantía de la libertad de expresión en las elecciones y el rol del organismo de vigilancia electoral como garante de la libertad de prensa por varias razones. Primero, permitió que el CNE estableciera criterios de veracidad e imparcialidad basándose en la cantidad de emisiones realizadas, más que en los matices de la información presentada. Segundo, desconoció que las discusiones sobre rectificación las deben definir jueces, no el CNE. Tercero, generó un efecto disuasivo en los medios de comunicación que deseen publicar encuestas, pues estos no controlan los aspectos técnicos de la realización de encuestas. Los medios se debatieron entre dejar de publicar encuestas antes de enfrentarse al riesgo de una multa. Esto, al final, afecta el derecho a la información de los ciudadanos en las elecciones.
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El riesgo de censura en las zonas veredales El punto 3 del Acuerdo final, que se firmó el pasado 12 de noviembre entre el gobierno y las Farc, establece que se crearán 20 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), donde se empezarán a ubicar los miembros de las Farc a partir de la refrendación del acuerdo. Estos territorios se crearon con el fin de iniciar la reincorporación a la vida civil de los excombatientes y facilitar las labores de monitoreo y verificación que realizarán diferentes organismos internacionales. Según lo estipulado en los acuerdos, la FLIP realizó la siguiente ilustración para mostrar cómo será la disposición de cada ZVTN.
Los medios en las zonas veredales
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Tránsito de civiles, periodistas y demás autoridades
Zona campamentaria (sólo Farc y Onu)
Zona de atención para medios de comunicación y organizaciones
1 km Zona Veredal
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Las restricciones registradas por la FLIP en 2016 y lo dispuesto en el Acuerdo que regula las Zonas Veredales generan serios cuestionamientos sobre las garantías que tendrá la prensa para el cubrimiento del desarme.
¿Los medios de comunicación están haciendo cubrimiento sin ningún tipo de limitación?
No. los medios de comunicación pueden hacer cubrimiento periodístico en cada zona veredal (demarcada con la franja azul en el gráfico anterior), pero tienen restringido el ingreso a la zona donde estarán ubicados los campamentos (región demarcada con el circulo amarillo). Esto sucede, tanto para los medios como para el resto de la población civil, debido a que allí solo podrán ingresar los miembros de las Farc que hacen parte de la ZVTN y los veedores internacionales. Así las cosas, se tiene previsto hacer un centro de atención para medios de comunicación (zona demarcada en naranja) y otras organizaciones, donde los miembros de las Farc y los veedores internacionales ofrecerán declaraciones.
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¿Son claras las limitaciones que tendrá la prensa en el cubrimiento de las zonas veredales?
No. El punto tres del Acuerdo Final establece que los civiles, incluidos los medios de comunicación, no pueden ingresar a las zonas donde están ubicados los campamentos (región demarcada con el circulo amarillo). Sin embargo, no se ha establecido un protocolo por parte del gobierno que determine las condiciones para ejercer el oficio periodístico entre la zona campamentaria y el anillo de seguridad dispuesto por el Ejército. En estos territorios se pueden presentar dificultades debido a que, en caso de presentarse algún procedimiento irregular contra la prensa, las autoridades locales podrían justificar su actuación en procedimientos de rigor para mantener las condiciones de seguridad.
¿Habrá alguna autoridad que garantice el cubrimiento periodístico en las zonas veredales?
Aparentemente sí. Según lo dispuesto en el acuerdo, las autoridades locales seguirán ejerciendo sus funciones con normalidad en las zonas veredales, entre ellas garantizar el respeto por el derecho a la libertad de prensa. Sin embargo, preocupa que ante una situación de riesgo contra algún medio de comunicación, la alcaldía que tenga a su cargo la vereda se declare impedida, o pueda estar limitada para actuar argumentando que los hechos ocurrieron en las zonas transitorias, donde la toma de decisiones no son exclusividad de la administración local. En síntesis, es favorable que las autoridades locales conserven el control en los municipios, pero es apresurado asegurar que tendrán total gobernabilidad en las zonas. Este es un escenario previsible.
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úb a lic r io o
obstrucciones al trabajo periodístico
Ataques reportados
La mayoría de casos se presentaron cuando miembros del grupo guerrillero realizaron pedagogía sobre lo pactado en La Habana y cuando el
gobierno realizó labores previas para la entrada en vigencia de los acuerdos. Los demás ataques se registraron luego de que los periodistas emitieran contenidos en sus medios de comunicación sobre lo pactado en la mesa de negociación, ya fuera a favor o en contra.
Durante el 2016, la FLIP documentó 8 casos de agresiones contra periodistas en el cubrimiento de hechos relacionados con los acuerdos entre el Gobierno y las Farc.
Resp on sa bl Fu nc P ion
De las agresiones contra la prensa en el 2016, al cubrimiento en las Zonas Veredales durante el 2017
Fu n Pú cion bli ari co o
atentado contra infraestructura
Las FARC: Obstrucción y amenaza El 3 marzo de 2016, durante una jornada de pedagogía sobre los acuerdos logrados en La Habana, que realizaron las Farc en un municipio de Cauca, periodistas de dos medios de comunicación fueron víctimas de obstrucción al trabajo periodístico. Mientras iban por un camino montañoso, hombres vestidos de civil detuvieron a los reporteros y les advirtieron que era mejor que no grabaran. Algunos de ellos se sintieron intimidados y se devolvieron. Otros continuaron por el
camino y unos metros más adelante se encontraron con miembros de las Farc que estaban armados y vestidos con camuflado. Los guerrilleros les prohibieron el ingreso a la zona, argumentando que no estaba permitido el cubrimiento periodístico.
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ción en que la prohibición, tal como estaba redactada, constituye una violación a la libertad de prensa de conformidad con los estándares que consagran este derecho en Colombia.
Esta situación se presentó luego de que el gobierno publicara un comunicado en el que se daba a conocer los términos en los que se realizarían los eventos de pedagogía del proceso de paz por parte de las FARC. La comunicación establecía lo siguiente: “No debe haber ningún tipo de divulgación, tampoco edición de productos audiovisuales con fines de difusión, ni presencia de medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales”. Ese mismo día la FLIP emitió un pronunciamiento llamando la aten-
Lo expuesto por el gobierno no cumplía con los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad exigidos para limitar la libertad de expresión. Al día siguiente, a través de un pronunciamiento el gobierno respondió a la solicitud de aclaración de la FLIP. En la comunicación se expresa
que la prohibición de difusión, edición y cubrimiento es “una regla que deben cumplir las FARC. No se trata en ningún caso de una limitación impuesta por el Gobierno Nacional, ni mucho menos por la Mesa de Conversaciones, a los medios de comunicación”. Este episodio marcó el inicio de tensiones que sin ser abultadas en número sí advierten que el escenario de transición plantea riesgos para las garantías a la libertad de prensa. 6 meses después, durante la décima conferencia de las Farc, que se realizó entre el 13 y el 19 septiembre de 2016, más de 300 medios de comunicación enviaron a sus corresponsales a la zona del Yarí para hacer la cobertura del encuentro. Estando allí, uno de los cabecillas de las Farc se acercó a un periodista y le recla-
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mó de forma amenazante por una nota que una semana antes había publicado el medio. El guerrillero le dijo al reportero que esa situación la iban a solucionar, ya fuera allí o en cualquier otro lugar. Unos meses atrás, el periodista había recibido amenazas a través de redes sociales por sus críticas al proceso de paz. Esto contrasta con lo dicho por Carlos Antonio Lozada, jefe de las Farc, en entrevista con VerdadAbierta.com, donde aseguró que no conocía ningún caso en que un periodista pudiera decir que las FARC habían restringido la libertad de prensa1. 1	“Yo no conozco un caso en que un periodista pueda decir ‘mire, a mí las Farc me prohibió o me restringió, o me negó’” en VerdadAbierta.com
Los particulares que promueven la censura A finales de marzo de 2016, alias “Pastor Alape”, jefe de las Farc, se trasladó a Segovia, Antioquia para reunirse con miembros de la comunidad. Benjamín Pelayo, corresponsal de RCN en el departamento, llegó a la región para cubrir el encuentro y algunos miembros de organizaciones sociales le impidieron grabar y atacaron sus equipos de trabajo. Una situación similar se presentó en Conejo, Guajira, cuando Bernardo
Sanabria, corresponsal de RCN Tv, llegó a uno de los corregimientos del departamento y fue recibido con agresiones e insultos. Algunos habitantes lo atacaron y rompieron una de las ventanas del vehículo del canal. La situación se presentó luego de que el medio hiciera una nota sobre la presencia de miembros de las Farc en la Guajira y que calificó como actos de proselitismo por parte del grupo armado.
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El sábado 29 de octubre se presentó otra agresión en Bogotá durante una manifestación de los defensores del “No”. El equipo de Noticias Uno, en cabeza del periodista Eduardo López, se trasladó al monumento de los caídos donde se desarrollaba el plantón y los manifestantes intentaron agredirlos físicamente mientras los estigmatizaban con expresiones como “ladrones”, “enmermelados”, “guerrilleros”, “terroristas”, etc.
Agentes del Estado también agredieron a la prensa Durante una visita del gobierno a la zona veredal ubicada en Los Encantos, Cesar, el periodista de El Pilón, Martín Mendoza, y otros reporteros fueron víctimas de una obstrucción por parte de miembros del Ejército, quienes aseguraron que los medios no podían hacer cubrimiento. La directora de El Pilón llamó a una funcionaria de comunicaciones de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, quien le aseguró que no había ninguna orden por parte del gobierno para restringir el acceso a la prensa. Aproximadamente una hora después, los uniformados permitieron el ingreso de los periodistas.
El 26 de septiembre de 2016, Andrés Rozo, periodista de Semana, fue agredido por Daniel Garay, funcionario de comunicaciones de Presidencia. Durante la firma del acuerdo de paz en Cartagena, Rozo intentó entrar a la ceremonia religiosa en la iglesia de San Pedro para obtener declaraciones de miembros del Gobierno y las Farc. Garay le impidió la entrada argumentando que solo estaba permitido el ingreso para prensa oficial. Debido a la actitud del funcionario, Rozo comenzó a grabar con su celular y Garay lo agredió para impedir el registro y le lesionó al reportero. Durante el hecho, una persona mencionó que Rozo trabajaba para Semana y el funcionario respondió: “Menos Semana, o sea no. Gracias por el dato. Menos Semana”.
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La FLIP tuvo conocimiento de que en varias regiones del país, las bandas criminales o nuevas estructuras paramilitares intimidaron a líderes y defensores de derechos humanos que apoyaban la firma de los acuerdos entre el gobierno y las Farc. Días antes de las votaciones del 2 de octubre, un periodista en Chocó fue víctima de una amenaza a través de un mensaje de texto en el que lo declaraban objetivo militar por hacer pedagogía sobre lo pactado en La Habana.
Héctor Fabio Osorio cruza todos los días el Río Amazonas y cambia de país para hacer periodismo. Viaja desde Leticia, en Colombia, a Santa Rosa, un caserío construido en calles de tierra ubicado en territorio peruano. El recorrido no tarda más de 20 minutos. Allí, en una casa de madera entra a la estación de radio donde todos los días emite su programa con contenido hecho para colombianos. La travesía de Osorio, periodista que bien conoce las camisas de fuerza a las que está sometido el periodismo, es parecida a la que realiza, a más de 1500 kilómetros del Amazonas, Jesús Humberto Mejía, en Arauquita, a media hora de Arauca capital. Mejía navega el río Arauca hasta llegar a La Victoria, en Venezuela, para hacer su programa de radio dirigido a los colombianos.
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“en Colombia no tengo la posibilidad de tener una emisora”
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En la Costa Pacífica, en las ciudades de Quibdó y Tumaco, las personas se las ingenian para emitir programas de televisión. La precariedad en equipos y recursos económicos, o los constantes apagones eléctricos, son los obstáculos de cada emisión.
las noticias, en las regiones hay varias historias sobre los medios de comunicación que han cerrado y resulta fácil señalar en el mapa decenas de veredas, pueblos y ciudades donde no existen noticias locales.
Así es cómo se construye el periodismo en buena parte del país. También, así es como se está destruyendo el periodismo. De una a otra ciudad resulta frecuente encontrar periodistas que han perdido el aliento por buscar
Este panorama, dramático tanto para la democracia como para el fortalecimiento de las comunidades, hace parte de las conclusiones de una radiografía realizada por el Centro de Estudios de la
En su primera etapa este trabajo ha podido caracterizar 447 medios de comunicación, en 220 municipios de 9 departamentos y dos subregiones: Bajo Cauca, en Antioquia, y Catatumbo, en Norte de Santander.
FLIP, que en el 2015 dio inicio a la investigación ‘Cartografías de la Información’ . El resultado parcial de Cartografías de la Información indica que 2.460.000 personas viven en lugares donde no existen medios de comunicación que produzcan noticias locales. También, que al menos la mitad de los municipios de los departamentos estudiados son zonas silenciadas. En Chocó, Bajo Cauca y Catatumbo el 50% de sus habitantes no tiene acceso a la información local. En los departamentos de Putumayo, Cauca y Caquetá ese porcentaje es del 40%.
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Las claves de la censura
La investigación ahonda en el impacto que tiene la militarización de la radio, que en las últimas dos décadas ha sido utilizada como un arma de guerra del Estado en contra de las guerrillas y otros actores armados. De los 447 medios incluidos en este informe parcial, hay 41 emisoras que son de la Fuerza Pública. Esto representa el 9% de los medios analizados. En Guaviare, El Bajo Cauca, Vichada y Amazonas el número de estas emisoras superan o igualan al de medios comunitarios. Hay municipios como Miraflores y Calamar, en Guaviare; Caloto, Guapi y Miranda,
en Cauca; Solano, en Caquetá; Cumaribo en Vichada y El Bagre en Bajo Cauca, donde el único medio que existe es del Ejército o de la Policía. La paradoja que significa tener un robusto y potente sistema de medios de la Fuerza Pública y la precariedad de los medios públicos civiles se explica por el desinterés del Estado en generar contenidos de calidad y fortalecer el sistema público de medios. Se ha relegado a un segundo plano la necesidad de mantener informada a la población sobre los aspectos relevantes para su comunidad. El mapa de medios en zonas de conflicto envía un
mensaje claro: primero la guerra, la información para los ciudadanos no es prioridad. De los centenares de testimonios que se han recogido en esta investigación también se puede identificar que el acceso a las frecuencias para
“Al estar uno adscrito a esa entidad obviamente hay cosas que no va a poder decir (…) desde ese punto de vista hay autocensura. Uno no puede negar que hay ocasiones en que uno tiene que quedarse sencillamente callado, porque eso puede causar problemas. Sin embargo, a la censura y la autocensura, yo le agregaría algo más: la conveniencia propia. Uno no va a sacar información en contra de quien le da la pauta, nadie va a atentar contra quien le da; uno no va a morder la mano que le está dando de comer”.
Periodista del Cauca
los periodistas, por medio del arrendamiento de espacios o subarriendo de frecuencias, es un problema que condiciona de manera negativa el ejercicio del oficio. En este modelo, que está reglamentado en la Resolución 415 de 2010 del Ministerio de las TIC1, el periodista, en virtud de un contrato llamado de arrendamiento o 1	Artículo 48 “: los proveedores del Servicio de Radiodifusión Sonora Comercial podrán dar en arrendamiento las estaciones de radiodifusión hasta por el término de vigencia de la concesión, informando al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del contrato de arrendamiento. El arrendamiento de una estación de radiodifusión sonora no implica modificación del contrato de concesión y el titular será solidariamente responsable con el arrendatario por el cumplimiento de todas las obligaciones emanadas del mismo.
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concesión, paga una mensualidad a la emisora para hacer uso de un espacio dentro de una frecuencia. De tal manera que los periodistas no son contratados por la emisora para desarrollar un programa, sino que arriendan el espacio para producir sus propios contenidos. La única condición es el pago oportuno de un canon de arrendamiento al gerente de la emisora. En la práctica, esto significa que los periodistas se convierten en empresarios y deben velar por la sostenibilidad del espacio buscando fuentes de financiación. Por lo general, estas provienen de la publicidad oficial que asignan alcaldías y gobernaciones, instituciones que al mismo tiempo son las fuentes principales de consulta para su oficio periodístico.
Esta doble relación, en un alto porcentaje de los casos, tiene como consecuencia el condicionamiento de la información que se emite con los contratos que se asignan. La ausencia de un marco legal que vigile y regule la asignación de la publicidad oficial fomenta prácticas discrecionales y discriminatorias por parte de funcionarios que utilizan
De los 447 medios estudiados 193 operan bajo esta modalidad de cupos publicitarios. Por otro lado 117 medios pagan a sus periodistas menos de un salario mínimo mensual legal vigente, y solo 74 pagan más de un salario mínimo.
estos recursos como una herramienta de presión económica que logra moldear el debate público. Así se afecta el derecho a la información de los ciudadanos.
El hecho de que los recursos de la publicidad se entreguen como subsidios a los medios también afecta de manera indirecta la precariedad laboral en la que se encuentran centenares de periodistas. La mayoría de los periodistas no tienen un contrato laboral con el medio y su forma de vinculación es a través de la modalidad de cupos publicitarios.
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“ésta es una región complicada para realizar periodismo, ya que el acceso a municipios es difícil por las condiciones de las vías y el contexto del conflicto en el cual se encuentra el departamento, pues genera genera inseguridad para los desplazamientos y cubrimientos de ciertas noticias”. Vea más testimonios en el documental de la Flip “En el medio: los silencios del periodismo colombiano”.
Periodista de Ocaña Editorial
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¿Por dónde empezar a reconstruir? El ecosistema de los medios colombianos está gravemente afectado. Las ‘Cartografías de la Información’ presentan hallazgos y datos alarmantes y confirman varios de los problemas que desde hace décadas periodistas y organizaciones han denunciado: La publicidad oficial se utiliza como herramienta de chantaje; las presiones económicas de políticos y otras fuerzas estatales condicionan el contenido de los medios; la mayoría de los medios comunitarios están asfixiados económicamente; existen agujeros en la
normatividad de publicidad oficial y medios comunitarios; y la militarización de los medios públicos. Sin duda, el conflicto colombiano ha sido el caldo de cultivo de este panorama. La violencia contra la verdad y contra los periodistas en Colombia ha buscado lastimar a la democracia y a la sociedad. En 40 años han sido asesinados 153 periodistas, Flor Alba Nuñez, periodista de Pitalito, Huila, asesinada el 10 de setiembre de 2015, es la última de esa lista.
“Acá no puede haber un perfil diferente a un registro de noticias, por diferentes razones (…) porque para hacer una investigación no tienes tiempo, no te pagan lo suficiente para tu arriesgarte. Para hacer un periodismo de investigación te da miedo”. Todas estas situaciones han llevado a que el 30% de los medios de comunicación en las regiones investigadas no tengan informativos locales.
Periodista de Caquetá
“Los medios de comunicación indígenas entregados por el Estado, como una pequeña parte de nuestro derecho a la palabra, han sido de mala calidad técnica y con una cobertura local. Por eso solicitamos que el acceso a los medios de comunicación propios sea bajo una categoría especial como medios indígenas, que reconozca los mecanismos de resistencia a los procesos de aculturación y el empeño por fortalecer los Planes de Vida”.
En ese sentido, el fin de las FARC como grupo armado es una noticia importante, si de hablar sobre garantías a la Libertad de Expresión se trata. Ahora, las FARC deberán aprender a vivir en democracia, siendo tolerantes a la crítica y absteniéndose de dar lecciones pontificando sobre qué tipo de periodismo debe hacerse. Esto parte de evitar estigmatizaciones y dejar de señalar a los medios de comunicación cuando los contenidos que publican no son de su agrado. Las posturas públicas que las FARC han planteado sobre los medios desprecian la tolerancia a la crítica de los actores relevantes de una sociedad como un estándar fundamental de la vida democrática. Si uno de los objetivos del proceso de paz es la incursión de las FARC como un actor político, deberán entender que eso trae implí-
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cito ser foco de atención y de críticas que deben ser respondidas sin atacar a quien las formula. Pero también hay una responsabilidad principal del aparato estatal. En tiempos de guerra pareciera que lo importante es controlar, reducir o acabar con el periodismo. Si bien, en el país no ha existido, en los últimos 40 años, una ley que permita la censura o el control informativo por parte del gobierno de turno, sí ha existido total indiferencia frente a este desmoronamiento y se ha trazado un laberinto jurídico lleno de trabas y vacíos legales que permite la consolidación de obstáculos para el ejercicio periodístico.
Este desorden persiste. Actualmente el gobierno está trabajando en una política pública de libertad de expresión, un proceso de reparación colectiva a periodistas, la revisión al Programa de Protección a Periodistas y algunos proyectos para reformar el sector, unos a cargo de la ANTV, otros del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y un último en el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Sin embargo, ninguna de estas iniciativas se articula y de nuevo, más que apuestas claras del sector de comunicaciones parece la maqueta desordenada de un gran laberinto. La implementación de los acuerdos de paz forzará a abrir algunas oportunidades para hacer ajustes normativos a temas importantes como la publicidad oficial y los medios comunitarios. Sin embargo, estos no pueden ser retazos de colcha. Más temprano que tarde, el
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déficit de liderazgo y metas del sector deberá ser compensado. A los ciudadanos, empresarios y a los políticos en general les debería importar que la implementación de los acuerdos, así como la inversión pública y privada que se realice en los próximos años, tengan medios que vigilen y que procuren la deliberación pública. A todo el país le debería importar que, en Vichada, el segundo departamento más extenso de Colombia, y sin duda un lugar estratégico para las futuras inversiones, solo existan 8 medios de comunicación, la mitad en manos de la Fuerza Pública, y otros 4 sin capacidad de producir información local. Con este mapa, el escenario no pinta promisorio para que la implementación de los acuerdos ocurra bajo un escrutinio real, independiente y robusto.
Cómo son los medios que informan a Colombia
Municipios sin medios de comunicación
La Playa, San Calixto
14 Albania, Morelia
Televisión Comunitaria Televisión Comercial Televisión Pública
Total medios por sector
10 *Solo hay en Leticia
Radio Comunitaria Radio Comercial Radio Pública Radio Fuerza Pública
46 19 12 8
25 6 9 5
Recetor, Nunchía y La Salina Chocó
112.62 4
70 555.7
.5 299
Bajo Cauca Catatumbo
63% 9 .731 .35 153.311 187 37 5 9 21 0 1 6 1 1 64
Suficiente información: Hay más de un medio de comunicación que cubre todo el municipio y que produce información local.
43% Población en silencio: 2.460.743
Insuficiente información: Al menos un medio de comunicación cubre todo el municipio y produce información local.
Porcentaje de la población en silencio:
En silencio: No existen medios de comunicación en el municipio o si existen, no cubren todo el municipio y no producen información local.
% Población en silencio
5.720.082
Población sin información
Municipios Municipios con suficiente información Municipios con información insuficiente Municipios en silencio
TOTAL Total población:
PROYECTOS DE LEY En 2016 hubo avances y retrocesos en el ambiente legal sobre libertad de expresión. Se aprobó una ley que hace cambios en los delitos de injuria y calumnia. Se presentaron al Congreso dos proyectos, uno está en trámite y otro fue archivado. La Corte Constitucional dictó cinco sentencias con distintas consecuencias en cuanto a libertad de expresión. Además, la regulación del plebiscito del Consejo Nacional Electoral tuvo detalles regresivos para la libertad de información.
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Protección de datos personales: un riesgo para la libertad de expresión en Internet ¿Qué tiene que ver con la libertad de expresión? – Este ¿De qué trata el proyecto? – Busproyecto va en contravía del ca ampliar el ámbito de protección principio general del derecho de la Ley de protección de datos perde territorialidad de la ley. Lo sonales (L. 1581 de 2012) para que curioso es que, a pesar de ser un ésta sea aplicable a las entidades proyecto sobre habeas data, está no residentes en Colombia (como siendo promovido por el senador Facebook o Twitter) que realizan Jaime Amín Hernández como un tratamiento de datos de personas proyecto para proteger la honra y ubicadas en el país. La iniciativa buen nombre de los colombianos también pretende que la Superinen Internet. Es decir que podría tendencia de Industria y Comercio afectar la circulación de información pueda intervenir en estos casos. El de interés público en redes sociales Proyecto de Ley No. 91 de 2016 fue y otras páginas web. Vea más inpresentado por un grupo de senadoformación aquí res del Centro Democrático. ¿En qué va? – El proyecto fue aprobado en primer debate.
¿Qué más hay que saber? – Jaime Amín se contradice.
Este proyecto no tiene nada que ver con el derecho al olvido
Google podrá ser responsable del tratamiento de datos por la información publicada por terceros
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Publicidad oficial: el debate pendiente ¿En qué quedó? – El proyecto fue archivado en debate en junio de 2016.
¿De qué trataba el proyecto? – Se Toca controlar pretendía regular la asignación la mermelada de la publicidad del gobierno oficial a través de que gasta en un procedimiento publicidad oficial transparente y objetivo. El Proyecto de Ley No. 98 de 2014 Senado y No. 128 de 2015 Cámara, fue presentado en 2014 por senadores del Centro Democrático.
¿Qué tiene que ver con la libertad de expresión? – El objetivo del proyecto de ley era crear procedimientos para la asignación de la publicidad oficial
Pero el problema no es solo ese. Hay que ver cómo la pauta afecta la libertad de expresión.
¡No no no! Mejor archiven eso.
¿Qué más hay que saber? – Más allá de sus buenas intenciones, el proyecto se quedaba corto en garantizar la equidad para que los contratos no se concentraran en los grandes medios de comunicación. A pesar de que la perspectiva de libertad de expresión sí estaba incluída en la exposición de motivos, el proyecto estaba más enfocado en la austeridad, con pocos instrumentos para la libertad de expresión en el interior del articulado.
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Nueva ley Contravenciones penales: un nuevo capítulo para la injuria y la calumnia
¿Cómo fue el trámite de esta ley? – El proyecto de ley fue presentado en 2015 por Yesid Reyes, Ministro de Justicia y Derecho. Fue aprobado en Senado y Cámara en diciembre de 2016 y sancionado como ley en enero de 2017. ¿De qué trata esta ley? – Esta ley define un procedimiento especial abreviado para los delitos querellables, como la injuria y la calumnia. Además, permite la acción penal privada, en virtud de la cual se podrá solicitar la exclusión del fiscal, dando entrada a un acusador privado, es decir, a un abogado que tendrá facultades de fiscal.
¿Qué tiene que ver con la libertad de expresión? – Esta ley no considera la desigualdad de condiciones en la que se podría encontrar un periodista frente a grandes firmas de abogados penalistas, usualmente contratadas en casos en los que personajes públicos hacen denuncias de este tipo. Por otra parte, es cuestionable que, a pesar de que en al exposición de motivos del proyecto se reconoce que estas conductas son menos graves, el cambio que hace la ley no vaya acompañado de una reducción en las penas.
¿Qué más hay que saber? – La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que el uso de acciones penales contra la expresión constituye una restricción innecesaria y desproporcionada a la libertad de expresión. Sin embargo, la eventual despenalización de la injuria y la calumnia requerirá de un trabajo coordinado para lograr también un necesario ajuste en la legislación civil, de forma que las posibles consecuencias civiles que puedan derivarse de estos casos no generen un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión.
Sentencias de la Corte Constitucional ¿Qué norma se estudió? – La Ley 1341 de 2009, que regula el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, establecía en el numeral 4 del artículo 14 que aquellas personas que hayan sido condenadas a penas privativas de la libertad (salvo en el caso de delitos políticos o culposos) no podían obtener permisos para el uso del espectro radioeléctrico. Este espacio es una franja a través de la cual se transmiten las ondas radioeléctricas para prestar servicios de telecomunicaciones, como televisión o radio. La inhabilidad que establecía la norma limitaba el derecho fundamental a la libertad de expresión de las personas Sentencia C-634/16 que habían sido condenadas y su derecho a fundar medios de comunicación.
Personas condenadas podrán acceder a permisos para radio y tv.
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¿Qué resolvió la Corte Constitucional? – Luego de estudiar la norma, la Corte la declaró inconstitucional, debido a que asumía una incapacidad moral de quienes habían sido condenados. Adicionalmente, la consideró desproporcionada e incompatible frente al fin resocializador de la pena y con la libertad de expresión y el derecho fundamental de fundar medios de comunicación.
¿Cómo queda la libertad de expresión? – . La decisión de la Corte reafirma que la libertad de expresión es un derecho fundamental y universal para todas las personas. También refuerza el concepto de que las personas que incurren en actividades delictivas pueden ver restringidos algunos de sus derechos, pero no todos. Algunos, como la libertad de expresión, no son restringibles.
Los límites a la libertad de expresión en Facebook. Sentencia T-50 de 2016.
¿Qué resolvió la Corte? – La Corte sostuvo que los mensajes con intención dañina o insultante no están protegidos por la libertad de expresión. De acuerdo con la Corte, independientemente de su veracidad, esta publicación atentó contra los derechos al buen nombre, honra, intimidad e imagen de Lucía. En consecuencia, ordenó que Esther eliminara el mensaje y que publicara una disculpa en su muro de Facebook.
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¿Cuál era el caso? – En 2014, Esther publicó en su muro de Facebook un mensaje en el que decía que Lucía se negaba a pagarle una cantidad de dinero que le debía. La publicación iba acompañada de una foto de Lucía, quien solicitó a Esther que eliminara la publicación de Facebook. En vista de que Esther se negó a retirarla, Lucía interpuso una acción de tutela.
¿ ? 2 DE FEBRERO DE 2017
¿Cómo queda la libertad de expresión? – Es cuestionable que la Corte obligue a una persona a eliminar una publicación de Facebook, sin considerar su veracidad, en especial si se tiene en cuenta que la libertad de expresión es un derecho amplio que, según jurisprudencia de la misma Corte, cobija expresiones chocantes, ofensivas o escandalosas. Más cuestionable es que obligue a Esther a publicar determinado mensaje en Facebook, sobre todo cuando no se estableció que existiera derecho de rectificación en cabeza de Lucía. La Corte lleva el derecho de rectificación más allá de lo dispuesto en la constitución y atribuye a Facebook el carácter de medio de comunicación. Estas son nuevas y difíciles discusiones que apenas empiezan en Colombia sobre la libertad de expresión y sus límites en Internet.
Séptimo Día debe rectificar a favor de la ONIC.
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¿Cuál era el caso? – Entre julio y agosto de 2015, el programa Séptimo Día del Canal Caracol emitió tres programas en un especial titulado “Desarmonización, la flecha del conflicto”, sobre comunidades indígenas en Colombia. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) consideró que los programas tergiversaron los hechos o presentaron información infundada, que afectó la honra y el buen nombre de los pueblos indígenas.
Sentencia T-500 de 2016
¿Qué resolvió la Corte? – La Corte decidió tutelar los derechos al buen nombre, a la honra y a la rectificación de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) que encontró vulnerados por el programa Séptimo Día del Canal CaLa Corte le quitó racol. Según la Corte, en el programa el “auto” a se hicieron afirmaciones infundadas y generalizaciones injustas que autorregulación. tergiversan la realidad y reafirman los prejuicios que se tienen en contra de las comunidades indígenas. En consecuencia, ordenó a Séptimo Día rectificar la información presentada y a emitir un episodio completo del programa para permitir que la ONIC se defienda de las acusaciones hechas contra los pueblos indígenas. Además, le ordenó al programa adoptar un manual de ética que incluya reglas sobre cómo abordar los temas relacionados con minorías étnicas, sexuales y demás sujetos que han sido tradicionalmente estigmatizados y discriminados en Colombia, dictando una serie de parámetros que deben seguir en el diseño de tal manual.
¿Cómo queda la libertad de expresión? – La decisión de ordenar la adopción de un manual de ética es cuestiodebido nable, a que abre la puerta para que la Corte interfiera en cómo los medios de comunicación deben hacer periodismo. Además, se inmiscuye en aspectos reservados, que son fuero exclusivo de la autorregulación de los propios medios.
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Palomino se queda en el libro “La comunidad del anillo”. Sentencia T-546 de 2016.
¿Cuál era el caso? – En abril de 2016, el abogado Jesús Rafael Vergara publicó el libro “La comunidad del anillo”, que contiene un compendio de noticias relativas a una supuesta red de prostitución masculina en el interior de la Policía Nacional y que fue cubierta por varios medios de comunicación. En la portada del libro aparece la foto de Rodolfo Palomino, quien había sido involucrado en el escándalo. Esto llevó a que el exgeneral interpusiera una acción de tutela contra el autor, pretendiendo que el material impreso fuera recogido de las librerías, centrando su reproche en la utilización de su imagen en la portada.
¿Quedé como la cara de la comunidad?
¿Qué resolvió la Corte? – La Corte Constitucional decidió negar el amparo solicitado. Este tribunal argumentó que Palomino es una figura pública y que, en consecuencia, está sometido a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Teniendo en cuenta, además, que se trata de un asunto de interés público, el contenido del libro cuenta con una protección reforzada por parte del Estado y que la foto que se utilizó, retrata a Palomino en ejercicio de sus funciones y no desarrollando una actividad privada, por lo cual no se requiere su consentimiento.
¿Cómo queda la libertad de expresión? – . Dice la Corte: “[E]l contenido del libro ‘La comunidad del anillo’ se enmarca dentro del discurso sobre asuntos de interés público, que según la jurisprudencia de este Tribunal, tienen una protección reforzada por parte del Estado dada la importancia que tienen como mecanismo de control político dentro de un Estado democrático”.
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¿Cuál era el caso? – Jean Eve May Bernard, una mujer nativa de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y residente en Bogotá, interpuso una acción de tutela al percatarse de que los operadores de televisión por suscripción en esta ciudad no ofrecían en sus parrillas el canal público regional “Teleislas”. La Ley 680 de 2011 impone a los operadores de televisión por cable la obligación de garantizar a sus suscriptores la recepción de los canales colombianos nacionales, regionales y municipales. Sin embargo, la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) no había regulado la forma de dar cumplimiento a esta obligación.
¿Qué resolvió la Corte? – La Corte declaró que la ANTV Canales vulneró los derechos fundamentales a la libertad de expreregionales sión e información, a la participación en la vida cultural y a deberán ser la identidad cultural de la accionante; resaltando la imde que las manifestaciones sociales, transmitidos portancia políticas y culturales regionales se difundan por los a través de los medios de comunicación, forma de construir la identidad operadores de como nacional. En consecuencia, ordenó a la televisión por Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) que regule la obligación de estos suscripción.
Sentencia T-599 de 2016.
operadores para que transmitan la señal de los canales regionales.
¿Cómo queda la libertad de expresión? – . Dice la Corte: “El interés público inherente a estos medios es evidente, pues a través de ellos es posible cubrir los temas que la televisión privada no aborda y visibilizar las expresiones culturales que no logran acceder a los espacios de la televisión comercial Una televisión pública robusta, plural e independiente de los poderes políticos y económicos, en suma, es indispensable para garantizar el régimen democrático y el orden justo que se propuso alcanzar la Constitución de 1991”.
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La regulación del plebiscito por el CNE
Para ampliar información sobre el papel del CNE en el cubrimiento de los medios durante el plebiscito ir al capítulo sobre libertad de prensa en el Postconflicto. Pág. 52.
¿De qué trata la resolución?– En agosto de 2016, el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó la Resolución 1733 de 2016 a través de la cual reglamentó algunos temas concernientes al plebiscito para la refrendación del acuerdo de paz celebrado entre el gobierno nacional y las FARC.
¿Qué tiene que ver con la libertad de expresión? – La Resolución del CNE, que reglamenta las campañas del Sí y del No, contempla disposiciones regresivas para la libertad de expresión.
¿Como cuáles? – Se abre la puerta para que el CNE establezca estándares de veracidad e imparcialidad, distintos de los establecidos por la Corte Constitucional; afecta la autonomía editorial de los medios de comunicación; desconoce la jurisprudencia de la Corte Constitucional en cuanto a contenidos de opinión (en oposición a los de información); prevé rectificaciones por vía administrativa, entre otros.
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De acuerdo a registros de organizaciones internacionales, como el Comité de Protección a Periodistas (CPJ) y la UNESCO, en los últimos años se han reducido los asesinatos contra periodistas, pero se han incrementado considerablemente otro tipo de agresiones, como los secuestros y las amenazas. En Colombia, por ejemplo, durante el 2015 se presentó un secuestro, mientras que en el 2016 se registraron cuatro. Las amenazas también aumentaron de 59 a 89 de un año a otro, mostrando un incremento del 50%.
El Comité de Protección a Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) afirma que los asesinatos a periodistas a nivel mundial se han reducido entre otros factores porque “se ha incrementado la presión internacional orientada a promover la seguridad de los periodistas y enfrentar los elevados índices de impunidad”1.
Adicionalmente, las organizaciones aseguran que, a pesar de que los índices de impunidad son muy altos (en Colombia es de un 99,34% en casos de asesinatos a periodistas), en los últimos años ha aumentado la cantidad de juicios por estos crímenes.
1	CPJ, 2016. Muertes de periodistas bajan de niveles récord; asesinatos disminuyen y muertes en combate aumentan.
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Según el informe de la Directora General de la UNESCO sobre la Seguridad de los Periodistas y los Peligros de la Impunidad, entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2013 han asesinado a 593 periodistas en el mundo. 123 de estos casos (el 21%) se registraron en América Latina, la tercera región con más crímenes después de los países árabes y Asia-Pacífico. De los 62 países en los que se registraron asesinatos, 26 no aportaron información. Solo 39 homicidios habían sido resueltos (6,6% de los 593) y no hay información en 382 casos (64,4%).2
En Colombia, de los 153 asesinatos contra periodistas entre 1977 y 2016, sólo hay 4 casos que registran condenas contra autores intelectuales.
En el Día Internacional para poner Fin a la Impunidad en 2	UNESCO, 2016. Es hora de romper el ciclo de violencia contra periodistas.
ÒÒ Caso Jaime Garzón: En 2004 fue condenado Carlos Castaño Gil3 ÒÒ Caso José Emeterio Rivas: Julio César Ardila Torres, Fabio Pajón Lizcano y Abelardo Rueda Tobón fueron condenados en 2009 ÒÒ Caso Rafael Prins: Fue condenado Jorge Luis Alfonso López en 2014 ÒÒ Caso Orlando Sierra: En 2015 fue condenado Ferney Tapasco 3	El 10 de marzo de 2004 condenan a Carlos Castaño Gil como coautor del asesinato del periodista, sin embargo Castaño muere el 16 de abril del mismo año y nunca pagó por estos hechos.
“De todas las causas que originan violencia, la constante más grande es la impunidad. Cada caso que no se investiga, que no se resuelve, es la invitación a que sucedan muchos casos más”, sentenció Frank La Rue, Subdirector General de Comunicación e Información de la UNESCO.
los Crímenes contra Periodistas, que se celebró el 2 de noviembre, reporteros y expertos en libertad de expresión rindieron un homenaje a Guillermo Cano por el 30 aniversario de su asesinato. Durante la conmemoración, los participantes respaldaron la Declaración por la libertad de prensa en Colombia que consagra, entre otros puntos: “Para avanzar hacia mejores garantías a la libertad de prensa en Colombia es necesario: 1.1. Que ante situaciones de violencia contra la prensa, exista una pronta respuesta por parte de autoridades del Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación para que, de manera integral, corresponsable, y coordinada, brinden medidas de protección, investiguen y sancionen a quienes atenten contra la prensa en Colombia.” Precisamente, la ausencia de investigaciones por parte del sistema judicial del Estado frente a los delitos cometidos contra
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periodistas, envían un mensaje de permisividad institucional que, a su vez, crea un ambiente propicio para que estas agresiones se reproduzcan4. Las amenazas, por ejemplo, no se investigan con diligencia, debido a que no son consideradas como intimidaciones “letales” para el ejercicio de la libertad de expresión. Entre septiembre de 2015 y junio de 2016, la Fiscalía General de la Nación registró 163 denuncias por amenazas a periodistas, todas estas, al igual que las interpuestas en años anteriores, se encuentran en etapa de indagación y no hay ningún presunto responsable por estas intimidaciones. 4	Muestra de ello es que las investigaciones por las amenazas recibidas por los periodistas Luis Carlos Cervantes y Luis Antonio Peralta nunca fueron resueltas; tiempo después ambos fueron asesinados
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A pesar de que en el año 2016 no se registraron asesinatos a periodistas por razón de su oficio, las investigaciones en la justicia colombiana para sancionar las agresiones contra la libertad de prensa no mostraron avances favorables. Este año se registraron dos condenas en el caso de Jineth Bedoya LIma y hubo avances notorios en el caso de Jaime Garzón, estos fueron los hechos más destacados:
PRESCRIPCIONES De los 153 casos de periodistas asesinados por razón de su oficio, han prescrito5 73 a diciembre de 2016, es decir el 47,7%. Estos fueron los casos del 2016: ÒÒ Norvey Díaz Cardona, director del periódico Rodando Barrios, en Gi-
5	La prescripción entendida como el agotamiento del tiempo de 20 años establecido en la ley para que la justicia colombiana investigue y sancione a las personas responsables por estos crímenes.
rardot (Cundinamarca), asesinado el 18 de octubre de 1996. ÒÒ Alfredo Antonio Matiz, asesinado el 5 de enero de 1996. Era fundador y copropietario de la emisora La Voz del Cinaruco en Arauca. Los próximos casos a prescribir son: ÒÒ Santiago Rodríguez Villalba, periodista de Sucre, asesinado el 2 de febrero de 1997. ÒÒ Freddy Elles Ahumada, reportero gráfico de Bolívar, asesinado el 18 de marzo de 1997.
GUILLERMO CANO ISAZA, TRES DÉCADAS DE IMPUNIDAD En julio de 2010 el asesinato de Guillermo Cano Isaza fue declarado crimen de lesa humanidad. Aunque la decisión de la Fiscalía evita que el crimen prescriba, la entidad judicial no ha mostrado avances en la investigación. El expediente lleva 6 años quieto6 y refleja de la constante impunidad en los crímenes contra periodistas. El 17 de diciembre de 2016 se cumplieron 30 años del asesinato del Director de El Espectador , Gui6	Ver El Tiempo (2016). Caso de Guillermo Cano no se mueve hace 6 años .
llermo Cano Isaza, ejemplo y maestro para muchos periodistas por defender la independencia y autonomía de la prensa. Desde que se cometió el crimen se rumora que los miembros del Cartel de Medellín fueron los responsables, sin embargo, aún no se tienen mayores certezas judiciales.
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“Sólo la independencia, el carácter, la objetividad y el buen criterio del periodista y de los medios pueden vencer estas tormentas terribles en el nuevo mundo amenazado por todas partes de la libre información.” Guillermo Cano Isaza. Agosto 18 de 1984
Héctor Giraldo Gálvez, antiguo asesor jurídico de El Espectador, defendía la tesis de que detrás del magnicidio estaba Pablo Escobar. El abogado no alcanzó a completar tres años al frente de la investigación, cuando el 29 de marzo de 1989 dos
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sicarios lo asesinaron en la calle 72 con carrera 247. La guerra declarada de Escobar contra el país retrasó aún más la investigación. Solo hasta mediados de la década de los 90, cuando ya la mayoría de los presuntos autores intelectuales habían sido abatidos, empezaron a llegar las condenas. En octubre de 1995 condenaron a María Ofelia Saldarriaga, Pablo Enrique Zamora, Carlos Martínez Hernández, Castor Emilio Montoya Peláez y Luis Carlos Molina Yepes por su participación en el crimen. Tras la apelación, un año después absolvieron a la mayoría y solo le ratificaron la condena a los dos últimos.
Las dos únicas condenas Cast or Mon Emilio toya •	Condenado por haber sido intermediario en la contratación de los sicarios •	Nunca fue capturado
7	Ver El Espectador (2014). El periodista que sí aclaró el magnicidio de Guillermo Cano .
arlos s C s i Lu a Yepe n Moli •	Conocido como el banquero del cartel de Medellín y desde cuya cuenta bancaria se giró el cheque para pagar a los asesinos •	Apresado en 1997. De una condena de 16 años y 8 meses de cárcel, solo pagó 6 años por rebaja de penas8.
8	Ver El Tiempo (2004). Libre autor del asesinato de Guillermo Cano
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JAIME GARZÓN FORERO, A LA ESPERA DE CONDENAS INDIVIDUALES ! EL E
STADO E DEL A S RESPONS SESINA A TO! BLE
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El 28 de septiembre de 2016, la Fiscalía declaró el asesinato del periodista como un crimen de lesa humanidad y resaltó que Garzón “fue considerado en los informes de inteligencia del Ejército una persona que por sus labores humanitarias a favor de la paz con los grupos insurgentes, estaría favoreciendo dichos grupos”.
El 14 de septiembre de 2016, el Consejo de Estado condenó al Estado por su responsabilidad en el asesinato de Jaime Garzón Forero , declarando la complicidad en el crimen del Ministerio de Defensa, el Ejército, la Policía y el desaparecido DAS.
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A pesar de la importancia de estas decisiones, es lamentable que se hayan tomado diecisiete años después de que ocurrió el crimen. Sobre todo si se tiene en cuenta que siete fiscales Generales de la Nación se comprometieron públicamente a investigar en su momento el caso y que desde 2004 se discutió la participación de miembros de la Fuerza Pública en el asesinato del periodista. A todas estas irregularidades hay que añadir el desvío de la investigación penal. En el proceso están involucrados el exsubdirector del DAS José Miguel Narváez, el coronel (R) Jorge Eliécer Plazas Acevedo y Diego Murillo, alias ‘Don Berna’ . Además, en la investigación también se ha hablado de
la responsabilidad del general (R) Mauricio Santoyo (a quien la Fiscalía ha señalado como uno de los responsables por desviar la investigación), el general (R) Rito Alejo del Río y el general (R) Jorge Enrique Mora Rangel9.
El único condenado ha sido Carlos Castaño Gil, quien murió en un enfrentamiento un mes después de la sentencia proferida por el Juez VII Penal Especializado de Bogotá en 2004.
La declaratoria de lesa humanidad garantiza que el crimen no prescribirá. Sin embargo, como ya se mencionó en el caso de Cano, se corre el riesgo de que la justicia no sea diligente para condenar a los responsables por falta de presiones. Luego de la condena contra el Estado, se espera que suceda lo mismo con los funcionarios públicos que participaron en el crimen. 9	Ver El Espectador (2016). Asesinato de Jaime Garzón fue un crimen de . Estado: Fiscalía
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JINETH BEDOYA LIMA, DOS CONDENAS Y LAS REVICTIMIZACIONES CONTINÚAN Este año hubo avances favorables en el caso de la periodista: dos personas fueron condenadas y se excluyeron a dos de sus agresores de la Justicia Transicional (anteriormente Justicia y Paz).
absoluta impunidad. El papel que jugó la periodista y sus representantes para que las investigaciones prosperaran ha sido trascendental. No obstante, estos fallos no pueden ser vistos como una garantía de justicia por parte del Estado colombiano, pues en ambos casos la voluntad de confesar por parte de los dos criminales fue el sustento de las sanciones.
Mario Jaimes Mejía y Alejandro Cárdenas Orozco fueron excluidos de Justicia y Paz por faltar a la verdad
Si bien estas condenas representan avances para esclarecer estos hechos, es necesario resaltar que las mismas se dan luego de más de 15 años de
Como resultado de estas condenas por aceptación de cargos, el 19 de agosto de 2016, el Tribunal Superior de Bogotá - Sala de Justicia y Paz, excluyó de los beneficios de la Ley 975 de 2005 a Mario Jaimes Mejía y Alejandro Cárdenas Orozco al considerar que ambos postulados faltaron a la verdad y rindieron versiones contradictorias sobre los hechos de los que fue víctima la periodista Jineth Bedoya Lima el 25 de mayo del año 2000.
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El Juzgado 5to Penal del Circuito Especializado de Bogotá profirió estas dos condenas en 2016
ra cont El a d cipa , alias “ i t n jía aa enci mes Me ”, t n e S ro ai io J Panade Mar
Senten Alejan cia anticipa dro Cá d rdena a contra alias J s Orozco , .J. •	11 años y 5 meses de prisión más una multa de 90 SMMLV por los delitos de secuestro simple y tortura , luego de que éste aceptara su responsabilidad por los hechos en el 2011 •	24 de febrero de 2016
•	28 años y 2 meses de prisión, además de una multa de 125 SMMLV por los delitos de secuestro simple , tortura y violencia sexual, aceptados por éste el 2 de febrero de 2016. •	18 de marzo de 2016
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Pese a ello, el Estado colombiano envía un mensaje contradictorio debido a que la periodista ha sido revictimizada en lo corrido del 2016. Muestra de ello es que en el marco del 157º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la primera audiencia del caso, los representantes del Estado afirmaron haber cumplido cabalmente con sus obligaciones y no tener responsabilidad alguna por estos hechos. La indemnización económica que fue entregada a la periodista por ser víctima del conflicto se mostró allí como prueba de la buena fe del Estado . Sumado a ello, en agosto de 2016, el juez que conoce del juicio contra
Jesús Emiro Pereira (alias Huevo de Pizca) y Alejandro Cárdenas Orozco (J.J.) pidió el testimonio de Jineth Bedoya, el cual fue solicitado por la Fiscal del caso y las defensas de ambos procesados. Dentro de la investigación del caso constan once declaraciones, que la periodista ha rendido a lo largo de dieciséis años sobre lo sucedido y la información relacionada con los hechos de los que fue víctima. A pesar de que la prueba fue apelada por la representación de la FLIP, esta fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá - Sala Penal. Esta decisión desconoce el derecho de las mujeres víctimas de violencia sexual de no confrontar a sus agresores y a no ser sometidas a pruebas repetitivas.
“La impunidad, todos los días, nos quita algo de sobrevivientes y nos va matando lentamente”, Jineth Bedoya Lima ante la CIDH, abril de 2016. Vea el testimonio completo
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FLOR ALBA NUÑEZ 23 Febrero 2016, audiencia de imputación contra Juan Camilo Ortíz
En lo corrido de 2016, las defensas de los capturados como autores materiales de la muerte de ambos periodistas han solicitado varios aplazamientos de audiencias, lo que podría llevar a un eventual vencimiento de términos.
3 aplazamientos de la defensa
2 de septiembre de 2016, inicio audiencia preparatoria
Pendiente inicio de juicio
Aplazamiento de la defensa
Audiencia acusación
10 Noviembre, continuación audiencia preparatoria
Etaba programada para el 19 y 20 de septiembre la continuación de la audiencia preparatoria
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Luis Antonio Peralta Es preocupante que los defensores de los acusados usen este tipo de maniobras dilatorias para obtener su libertad. Con el fin de evitar que esto suceda es importante que la administración de justicia y la Defensoría del Pueblo no sean permisivas ante estas estrategias
Acusado, Yean Arlex Buenaventura
Octubre de 2016, audiencia lectura decisión apelación
27 De abril de 2016, audiencia preparatoria
y sancionen a quienes pretendan entorpecer el curso del proceso. Igualmente es urgente que se evalúen los términos de los despachos judiciales, debido a que la alta carga laboral no puede justificar irregularidades en contravía del debido proceso y de los derechos de las víctimas.
El Defensor público y la Fiscal, apelaron algunas de las pruebas decretadas
Juicio programado para el 11 - 12 enero de 2017
6 Meses en espera a que el tribunal resuelva el recurso
Se había programado para el 29 - 30 noviembre inicio juicio
JOSÉ MIGUEL NARVÁEZ ES CULPABLE, PERO NO FUE CONDENADO POR LAS CHUZADAS DEL DAS Este año se presentaron dos decisiones importantes en el caso de las interceptaciones ilegales, del que fueron víctimas varios periodistas, defensores(as) de Derechos Humanos, Magistrados de las Altas Cortes, entre otros. El 26 de julio, el Juzgado 4 Especializado de Bogotá condenó a siete años y diez meses de prisión a José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS por ser promotor y
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¡Oiga, nos cogió la noche con lo de narváez!
organizador del grupo de inteligencia ilegal G3, desde el cual se ordenaron las interceptaciones ilegales a opositores del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entre los periodistas afectados que fueron reconocidos en el proceso están el director del semanario Voz, Carlos Arturo Lozano, y los periodistas Hollman Morris y Juan Pablo Morris del programa Contravía.
El Tribunal Superior de Bogotá, en noviembre, confirmó esta decisión y aumentó la pena a ocho años y nueve meses de prisión contra Naváez por el delito de concierto para delinquir agravado, debido a que ya había prescrito el de interceptaciones y seguimientos ilegales. Esta sentencia representó un mensaje favorable para condenar este tipo de conductas delictivas contra la prensa que realizaban denuncias contra el gobierno de turno.
La justicia colombiana fracasó en actuar con celeridad y permitió que un alto exfuncionario del Estado saliera impune
de Narváez, el exsubdirector continuará en prisión debido a que sigue vinculado como autor en el caso de Jaime Garzón. El exfuncionario tiene un expediente abierto por tortura psicológica contra de la periodista Claudia Julieta Duque y está acusado por su participación en el secuestro de Piedad Córdoba y el magnicidio de Manuel Cepeda Vargas.
Sin embargo, el 15 de diciembre de 2016, el mismo Tribunal Superior de Bogotá decidió, al resolver una acción de tutela, prescribir la acción penal en contra Narváez y declarar la “cesación del procedimiento” penal. Aunque el Magistrado que resolvió la tutela también ordenó la libertad
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La justicia colombiana fracasó en actuar con celeridad y permitió que un alto exfuncionario del Estado saliera impune de un episodio tan lamentable como lo fueron las chuzadas del DAS. Lo anterior demostró su responsabilidad, confirmando una vez más que es la misma tardanza de la administración de justicia la que provoca la impunidad. Por esta razón, es urgente que en los demás procesos en los que está involucrado Narváez no prescriba su responsabilidad. El crimen contra Jaime Garzón ya fue declarado de lesa humanidad, pero preocupa que suceda lo mismo que en el caso por tortura psicológica del que fue víctima la periodista Claudia Julieta Duque, en el que Narváez está vinculado.
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el caso de CLAUDIA JULIETA DUQUE a ritmo de tortuga En 2016 se vincularon 4 personas más en la investigación : Emiro Rojas Granados, exsubdirector del DAS; William Alberto Merchán, actual director de Telemática del CTI de la Fiscalía; Juan Carlos Sastoque, exdetective del G-3 asilado en Estados Unidos y Néstor Pachón Bermúdez, exdetective de inteligencia. En noviembre de 2016, un juez ordenó la detención preventiva de Emiro Rojas Granados y Néstor Pa-
chón Bermúdez. El primero había denunciado a la periodista por injuria y calumnia cuando ella investigaba el caso de Jaime Garzón y por haber afirmado que el exsubdirector había desviado dicha investigación. Pachón Bermúdez, por otro lado, es señalado de haber participado en los seguimientos y el secuestro de los que fue víctima la periodista en 2001. Este año han incrementado las amenazas y hostigamientos hacia Claudia Julieta Duque y su familia al tiempo que avanza la investigación por la tortura psicológica agravada de la que fue víctima la periodista por parte del DAS. El proceso, además, corre el riesgo de caer en la impunidad ante las dilaciones por parte de la defensa.
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LAS ESTRATEGIAS DE LA FISCALÍA EN AGRESIONES CONTRA PERIODISTAS
La Fiscalía General de la Nación, con la Directiva 002 de 2015, amplía el concepto de priorización entendido como “…una política orientada al diseño e implementación de una técnica de gestión estratégica de la carga de trabajo y del flujo de casos que son puestos en conocimiento de la Fiscalía, para el manejo analítico de la investigación, y del ejercicio de la acción penal y de la acción de extinción de dominio”.10 Igualmente en algunos casos esta entidad realiza Comités Técnico Jurídicos, donde se hace un seguimiento y evaluación de algunos casos desde el nivel central. 10	Fiscalìa General de la Nación, Priorización: Nuevo sistema de investigación penal
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Investigaciones por asesinatos a periodistas
Algunas de estas han sido priorizadas por iniciativa de la Fiscalía. Sin embargo, desde noviembre de 2015 la FLIP solicitó priorizar 25 de estos casos, al considerar que su pronta investigación podría contribuir a un contexto general sobre el tema e impulsar otros casos en los que no haya avances. En mayo de 2016, el Comité de Priorización de la Fiscalía acogió algunas de las propuestas realizadas, además de ordenar otras estrategias como comités jurídicos y contextos de los casos. Pese a ello, a la fecha la resolución no ha sido firmada y no puede ejecutarse, debido a que el nuevo fiscal, Néstor Humberto Martínez, no ha definido directrices claras sobre el tema.
Solo desde el segundo semestre de 2016 se empezaron a emplear estrategias de priorización de casos en los que existen varias intimidaciones contra un mismo periodista y su nivel de riesgo es alto. La FLIP solicitó a la Fiscalía priorizar la investigación de 10 casos de amenazas contra periodistas, esperando que no suceda lo mismo que con la solicitud de asesinatos, la cual está pendiente de la decisión del Fiscal Martínez.
Preocupa el silencio del Fiscal respecto al tema de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, entre ellas la propuesta realizada por su antecesor, Eduardo Montealegre Lynett, y su compromiso de crear al interior de la entidad una Unidad especial para investigar crímenes contra periodistas, situación que nunca sucedió. A pesar de que esta entidad brinda capacitaciones especiales para que sus funcionarios(as) conozcan estándares relacionados con libertad de expresión y crímenes contra la prensa, las investigaciones penales por amenazas no avanzan. Este hecho evidencia la ausencia de protocolos y cuerpos de investigación idóneos que consideren la importancia de estudiar las amenazas contra un periodista como un contexto y su relación con el ejercicio de su profesión.
Impunidad contra la prensa: balance en rojo
Una agresión contra la prensa alcanza la justicia cuando los autores materiales e intelectuales son sancionados de manera ejemplar y efectiva. Si hay condenas sólo para algunos de estos, se trata de impunidad parcial. Héctor Giraldo Gálvez
En Colombia el índice de impunidad de asesinatos de periodistas asciende al 99,34%, El único caso en el que la Justicia ha condenado a toda la cadena criminal es el de Orlando Sierra. Ferney Tapasco, político Cladense y autor intelectual del crímen pretende que la Corte Suprema de Justicia lo absuelva y retorne el caso a la impunidad
Luis Daniel Vera López
1 Caso cerrado 4 Condenas autores intelectuales CIFRAS DE IMPUNIDAD
Adolfo Pérez Rosemena
27 Condenas autores materiales
153 Casos en total impunidad
Periodo entre 1977 y 1990
7 Alberto Lebrún Múnera
Carlos Castillo Monterrosa
José Jesús “Pepe” Valencia
Uriel Ríos Tamayo
Luis Palacio Iragorri
Álvaro Soto Pineda
Libardo Gil Ceballos
William Bendeck Olivella
Luis Camacho Prada
César López Árias
Guillermo Gómez Murillo
5 Silvio Emilio Quiñonez
Jorge León Vallejo
Roberto Sarasty Obregón
Diego Vargas Escobar
Ramiro Ariza Villamil
José Antonio Dumet
Mariam Ruiz Castañeda
Belisario Zambrano Roa
Silvia Duzán Sáenz
Renato Batalla Lides
Álvaro Falla Tamayo
Miguel Arturo Soler Leal
Rodrigo Navia González
Luis Muñoz Cifuentes
Rodrigo Vélez Toscano
Carlos Gómez Zuluaga
Mario Pineda Arboleda
Cristian Martínez Sarria
Nelson Gavini Alzate
Regino Pérez Oswaldo
Duvardo Piedrahita
Periodo entre 1991 a 2004
Miguel Burbano Muñoz
Condenas autores materiales
Condenas autores intelectuales
Casos en total impunidad
Jorge Torres Navas
Gerardo Didier Gómez
Arsenio Hoyos Lozano
José Colmenares Baptista
10 Marco Antonio Ayala
Flavio Iván Bedoya Sarría
Yesid Marulanda Romero
Edgar Tavera Gaona
Maria Helena Salinas
Víctor Omar Acosta
Carlos Restrepo Rocha
Arquímides Arias Henao
Jorge Urbano Sánchez
Oscar Alberto Polanco
Nelson De la Rosa Toscazo
Horacio Yepes Lozano
Iván Darío Pelayo
Rafael Solano Brochero
John Tirado Castañeda
Abelardo Marín Pinzón
Alfredo Matiz Espinosa
Alberto Sánchez Tovar
Eduardo Estrada Gutiérrez
Dennis Sánchez Lora
José Nel Muñoz
Martín La Rotta Duarte
Nestor Rojas Monje
José Cortés Soto
Danilo Baquero Sarmiento
Norvey Díaz Cardona
Jairo Elias Márquez
Amparo Jiménez Pallares
Pablo Medina Motta
Alvaro Alonso Escobar
Jaime Alberto Madero
Periodo entre 2005 y 2016
Julio Palacios Sánchez
Elacio Murillo Mosquera
Rafael Prins Velásquez
Atilano Pérez Barrios
Edison Molina Carmona
2 Luis Antonio Peralta
Luis Gómez Cubillos
Guillermo Quiróz Delgado
Jose Darío Arenas
Los registros de periodistas agredidas en razón a su género son escasos, no porque no ocurran, sino porque no se reportan o no se les da la importancia que merecen. En el proceso que inició la FLIP desde el 2014 con mujeres periodistas y que destacó en el capítulo de mujeres del informe anual de 2015, se evidenció que las agresiones contra las comunicadoras muchas veces son naturalizadas e invisibilizadas, incluso por ellas mismas. En 2016 varias organizaciones que promueven la libertad de prensa y expresión se pronunciaron sobre la situación de las mujeres reporteras, sus aportes para el periodismo, así como la urgencia de visibilizar y tomar medidas contra las agresiones que ellas sufren. IFEX, una red global que promueve estos derechos, resaltó el trabajo de mujeres periodistas como Jineth Bedoya Lima (Colombia), Mae Azongo (Liberia), Anabel Flores Salazar (México), entre otras, y los ataques que reciben por ejercer su trabajo.
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“Las mujeres periodistas son una pieza fundamental para que se pueda contar la 1 historia desde todos los ángulos.” IFEX. 2016
Shelly Camacho
Lucía Mejía* *La FLIP se reserva la identidad de la periodista por seguridad
Catherine Bekerman
1.	IFEX, 2016. Violencia de género contra las mujeres en los medios, y la necesidad del activismo cotidiano.
En el informe de la UNESCO sobre la Seguridad de los Periodistas y los Peligros de la Impunidad se afirma que entre 2006 y 2013 asesinaban en promedio cuatro mujeres periodistas al año, mientras que entre 2014 y 2015 esa cifra ascendió a nueve víctimas. El 94% del total de periodistas asesinados de 2006 a 2015 son hombres, pero esto no opaca el incremento en los crímenes contra mujeres periodistas a nivel mundial2. En el caso colombiano la última víctima fue Flor Alba Núñez en 2015. La violencia contra las mujeres periodistas no solo es física. “Como constantemente se las señala y se les dirigen comentarios abusivos, muchas periodistas mujeres pueden recurrir a repensar qué temas van a cubrir. Por esto, esta clase de agresiones constituye una 2	UNESCO, 2016. Es hora de romper el ciclo de violencia contra periodistas. Pág. 7.
amenaza clara y concreta para la existencia de medios libres y para la sociedad como un todo”3, alerta Dunja Mijatovic´,representante para la Libertad de los Medios de la OSCE, sobre las amenazas a las periodistas en línea. En lo transcurrido de 2016 la FLIP registró 33 mujeres periodistas víctima de agresiones. Sin embargo, se hace necesario resaltar que además del tipo de ataques cotidianos contra la prensa, como censura, amenazas e intimidaciones (que sufren tanto hombres y mujeres periodistas en el ejercicio de su labor), la FLIP empezó a detectar las agresiones concretas contra mujeres por su condición 3	Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), New Challenges to Freedom of Expression: Countering Online Abuse of Female Journalists. Ver también, Declaratoria VI Encuentro de la Red internacional de periodistas con visión de género, (2016).
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“…los asesinatos son apenas la parte visible del iceberg y las periodistas tienen que lidiar con distintas amenazas como la intimidación, el abuso y la violencia, incluidas las agresiones y el acoso sexuales” 4 UNESCO, 2016
de género. En lo corrido de 2016 registró dos casos y tuvo conocimiento de otro hecho ocurrido en el 2015. 4	Ibídem, ver también “Violence and harassment against women in the news media: a global picture” (2014). Fundación Internacional de los medios de información vinculados a la mujer y el Instituto Internacional para la Seguridad de la Prensa, realizada en colaboración con la UNESCO y con el apoyo del Gobierno austriaco.
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1. La bofetada
En la madrugada del sábado 2 de julio, Shelly Camacho y Andrés López, periodistas de La Lengua Caribe, fueron agredidos por José Jaime Parejo, Secretario de Salud de Córdoba. Los hechos ocurrieron en el municipio de San Pelayo, cuando los reporteros hacían el cubrimiento de la versión número 40 del Festival Nacional del Porro. Hacia las seis de la mañana, los periodistas grababan el momento en el que el cantante Peter Manjarrés fue bajado de la tarima por la petición de los demás músicos y promotores del porro. Cuando los reporteros cubrían el incidente, el funcionario les reclamó e intentó quitarles la cámara. Shelly Camacho le exigió respeto por su derecho a hacer cubrimiento periodístico
y Parejo respondió abofeteándola en dos ocasiones. Vea el comunicado de la FLIP aquí La FLIP considera que estos hechos constituyen violencia física contra la mujer, conducta sancionada en la Ley 1257 de 20085. El hecho que afectó directamente a la periodista Shelly Camacho evidencia una respuesta machista por parte de un funcionario público, quien creyó que con unos golpes podría silenciar los reclamos de una periodista que ejercía su trabajo.
5	Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.
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2. La imagen que incomoda A mediados de agosto de 2016, la presentadora Catherine Bekerman estaba haciendo una nota en la calle y notó que un hombre la grababa, le tomaba fotos y las enviaba a través de WhatsApp a otra persona. Cuando la periodista se acercó, el hombre le aseguró que era su fan. Desde abril la periodista viene recibiendo amenazas. Un hombre la llama al celular, le dice que no soporta verla en televisión y que la va a quemar con ácido. En otras ocasiones le hace comentarios con alto contenido sexual para intimidarla.
El caso de Catherine es uno de los más representativos de todas las formas de violencia contra las mujeres periodistas. Una reportera que trabaja en un noticiero televisivo, en el que informa sobre temas que pueden incomodar a determinadas personas, es víctima de agresiones específicas que no reciben sus colegas hombres. Por ejemplo, la gran mayoría de ataques con ácido (o amenazas de estos) son dirigidos a mujeres. Además, la figura de estereotipo sexual y el imaginario de que las mujeres que trabajan en televisión ofrecen servicios sexuales son recurrentes en nuestra sociedad y no afectan en la misma magnitud a los periodistas.
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3. La falsa protección
Este año la FLIP conoció el caso de la periodista regional Lucía Mejía6, quien fue víctima de violación por parte de un hombre del esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección. Si bien los hechos se remontan al 2015, solo hasta septiembre de 2016 la periodista se contactó con la FLIP para reportar la situación. Desde hace varios años, la periodista tiene un esquema de protección asignado por esta entidad como consecuencia de su trabajo periodístico, a través del cual ha denunciado a varios grupos armados, así como a bandas criminales de la región. Todo empezó cuando este escolta empezó a poner fotos alusivas a grupos paramilitares en su perfil de 6	La FLIP se reserva la identidad de la periodista por seguridad
Whatsapp cada vez que hablaba con Lucía, así como a tomar fotos con armas en el vehículo asignado por la UNP. Después inició el acoso. El escolta empezó a decirle que ella le gustaba, a pesar de que la periodista evitaba el contacto con él. Ante esta situación, Mejía le comentó lo ocurrido a un alto mando de la policía que era su amigo, la policía le asignó un escolta personal para cuidarla de los escoltas de la UNP. Un día, aprovechando que la periodista le había dado descanso al oficial de la Policía, el escolta de la UNP entró a su apartamento y abusó de ella sexualmente. La Unidad Nacional de Protección y otras entidades como la Unidad de Víctimas y la Policía Nacional conocieron de estos hechos, pero no le han dado el manejo adecuado;
particularmente la primera ha asumido una posición revictimizante con Lucía. La UNP desvinculó al escolta, pero no ha realizado todas las medidas de atención y protección establecidas en la ley para las mujeres víctimas de violencia sexual; más aún cuando estas situaciones de agresiones por parte de escoltas a personas protegidas no son excepcionales7.
7	Ver además Preocupación de la FLIP por hechos en el esquema de protección del periodista Javier Osuna.
Lucía Mejía6
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LA URGENCIA DE VISIBILIZARLAS
Entre los hallazgos encontrados se encuentran: Las agresiones contra mujeres periodistas no son aisladas. La imperceptibilidad de este tipo de violencia corresponde al sub registro por parte de instituciones, salas de redacción y organizaciones de periodistas, así como a la falta de denuncia por parte de las mujeres, por miedo a ser revictimizadas y ser expuestas en su trabajo. En el marco del Diagnóstico del Daño del proceso de Reparación colectiva a periodistas8, coordinado por la Unidad 8	Para encontrar los hallazgos de hechos victimizantes, así como medidas de reparación idóneas para el colectivo de periodistas, la Unidad de Víctimas, realizó varios encuen-
de Víctimas y en colaboración con otras organizaciones como la FLIP, se buscó incluir a las mujeres y al componente de género dentro de la larga historia de violencia que ha sufrido el gremio. La indagación se funda en la ausencia de información que se tiene sobre las agresiones contra las reporteras y la necesidad de hacer un diagnóstico completo. tros regionales de Diagnóstico del Daño. Para agosto de 2016 estaban ejecutados en las siguientes regiones: Norte (Bolívar, Atlántico, Córdoba, Magdalena, Sucre y San Andrés), Sur (Valle del Cauca, Nariño, Huila, Caquetá y Cauca), Oriente (Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cesar y Arauca) y Occidente (Antioquia, Risaralda, Quindío, Caldas y Chocó). Los resultados fueron documentados a partir de entrevistas a periodistas, material bibliográfico y prensa.
ÒÒ La discriminación en general: Las periodistas son víctimas de conductas de discriminación laboral, diferencias salariales y limitación para ocupar roles en el periodismo asociados a lo femenino.9 ÒÒ Afectación diferenciada del conflicto: las periodistas no sólo sufren el impacto del conflicto por la condición de su profesión, sino que además los efectos de la guerra “se exacerban en razón a la construcción de género; como consecuencia 9	Unidad de Víctimas, UARIV (2016). Diagnóstico del Daño al Proceso de Reparación Colectiva a Periodistas, p. 24
se encuentran múltiples limitaciones para acceder a los diferentes procesos que inicia el Estado para la atención y restablecimiento derechos”.10 ÒÒ Asesinatos: es el tipo de agresión que tiene datos más confiables en cuanto a víctimas mujeres en el ejercicio de su labor, ellas son: Mariam Ruiz Castañeda (1987), Marta Luz López (1989), Silvia Margarita Duzán (1990), Diana Turbay Quintero (1991), Amparo Leonor Jiménez (1998), María Helena Salinas Gallego (2000), Elizabeth Obando (2002) y Flor Alba Núñez (2015). ÒÒ Atentados contra infraestructura y periodistas: Judith Aristizábal Muñoz, periodista de La Voz de la Selva, sobrevivió a un atenta-
do en marzo 20 de 1991 por parte de grupos armados ilegales.11 ÒÒ Obstrucción al trabajo periodístico: el Diagnóstico destaca el caso de Claudia Julieta Duque, quien fue víctima de interceptaciones y seguimientos ilegales por parte de agentes del Estado desde 2001, ello en razón al trabajo periodístico que realizaba para encontrar justicia en el caso de Jaime Garzón. Igualmente, Yaneth Montoya, periodista del diario Vanguardia Liberal en el municipio de Barrancabermeja, en octubre del año 2003 fue víctima de amenazas de muerte que la obligaron a abandonar la ciudad y su profesión como periodista durante un tiempo. Fue señalada por 11	Ibídem, p. 33
10	Ibídem, p. 26
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“…ser periodista es un riesgo, pero ser mujer periodista es un riesgo mayor (si se puede nombrar así) nosotras no tenemos miedo que nos peguen un tiro o que nos secuestren, por el secuestro en sí, las mujeres comunicadoras todo el tiempo tenemos miedo que nos violen, porque eso hacían los actores armados, era su arma más vil porque no solamente silenciaban a la periodista, sino que por las dinámicas de nuestra sociedad, esa periodista se sentía culpable y tenía que cargar con tal situación sola por miedo al rechazo de la sociedad…”12
12 Ejercicio de Círculos Concéntricos. Antioquia, Urabá y Chocó. Mayo 12 y 13 de 2015
parte del Ejército Nacional de “ser portavoz de la insurgencia (…) y además, de atentar contra la buena imagen de la ciudad”.13 Un mes después, un comandante del Batallón Nueva Granada de esta ciudad, amenazó a la periodista Beatriz Elena Mantilla, corresponsal del diario Vanguardia Liberal en aquella ciudad, por la publicación de una noticia que causó molestia al militar.14
ÒÒ Secuestro: Aunque no fue víctima directa de este delito, se destaca el caso de la periodista Luz Helena Turcios, periodista en la ciudad de Sincelejo, cuyos familiares fueron secuestrados y posteriormente asesinados por parte de las FARCEP, lo que le impidió continuar normalmente su labor.
13	Unidad de Víctimas, UARIV (2016). Diagnóstico del Daño al Proceso de Reparación Colectiva a Periodistas. (pág. 51) citando la Entrevista Yaneth Montoya, Credhos Barrancabermeja, 2003. Tomada de [Cinep & Credhos. (25, 26 y 27 de agosto). Medios de comunicación y Derechos Humanos en Barrancabermeja. Barrancabermeja, la otra versión, No. 3, P. 132]  14	Ibídem, citando a Cinep & Credhos. (25, 26 y 27 de agosto). Medios de comunicación y Derechos Humanos en Barrancabermeja. Barrancabermeja, la otra versión, No. 3, P. 143.
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No se relaciona en el diagnóstico de la UARIV el caso de Jineth Bedoya Lima, quien fue víctima de secuestro en dos oportunidades. La primera en el año 2000, cuando iba a realizar un reportaje en la Cárcel Modelo de Bogotá, y fue secuestrada, torturada y violada por parte de paramilitares; y más adelante en 2003, cuando se dirigía a hacer una investigación sobre un secuestro masivo en Caño Jabón (Guaviare), en esta ocasión por parte de las FARC. El 21 de mayo de 2016 es secuestrada la periodista Salud Hernández por la guerrilla del ELN en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, cuando ella realizaba un reportaje para el diario El Tiempo.15 15	Ibídem, p. 63
ÒÒ Violencia sexual: este es tal vez uno de los tipos de agresiones más invisible, durante los encuentros las periodistas referenciaban el miedo que tenían a ser víctima de violencia sexual al realizar su trabajo. Además con el conflicto se “estableció un sistema patriarcal y machista en los diferentes espacios informativos no
solo por parte de los actores armados sino de los propios compañeros de profesión, generando brechas por género en el ejercicio profesional.”16 En este escenario se resalta el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima, quien fue víctima de violencia sexual por parte de paramilitares cuando se disponía a hacer su trabajo periodístico en mayo de 2000. Jineth es una activista por los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual; pero no es la única periodista que ha sufrido este drama. El caso de Laura Mejía* refleja la necesidad de encontrar todo tipo de agresiones contra las mujeres periodistas. Con esta reducida lista de casos la FLIP pretende reflejar las dificultades 16	UARIV, 2016. Diagnóstico del Daño, pág. 64
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de registrar la violencia dirigida a las periodistas por razón a su género. Si se visibiliza este fenómeno, se podrá contribuir al objetivo de destacar el trabajo de las mujeres periodistas; sus aportes a la sociedad y a la prensa, sus riesgos y las amenazas que sufren. Solo así se tomarán acciones al respecto, para prevenir este tipo de violencia y conseguir que todos los asesinatos, hostigamientos, discriminación y demás actos de violencia contra ellas se conozcan y no queden impunes.17 17	Al respecto en el Diagnóstico del Daño de la UARIV, se dijo “… A pesar de los importantes datos que se pudieron levantar no se ha podido establecer la magnitud de la violencia real que este grupo ha padecido y, en particular, es necesario destacar que existe un subregistro de la violencia sexual que ha sufrido las mujeres de este colectivo.” (p. 67)
La UNP emitió una resolución comunicándole a Carlos Melo que le serían finalizadas las medidas de protección, debido a que el estudio de seguridad realizado por la entidad califica el riesgo del periodista como ordinario.
Aún no hay sanción para los responsables.
Diciembre 27 de septiembre
Un juez de control de garantías de Bogotá ordenó la captura de los miembros del Comando Central del ELN por los secuestros.
Año Julio
La UNP les asignó un esquema de protección por separado a Diego D’Pablos y Carlos Melo. Compuesto cada uno por un hombre de protección, un vehículo blindado y un chaleco de seguridad. Se determinaron estas medidas mientras se realizaba el estudio de riesgo.
Gracias a la intermediación de la iglesia, Velosa pudo recuperar sus equipos periodísticos, pero estaban en mal estado
La UNP le asignó a Melo y a D’Pablos un esquema de protección por trámite de emergencia.
Salud Hernández viajó a El Tarra para continuar con sus labores periodísticas. Allí tuvo fuertes discusiones con líderes campesinos por sus posturas editoriales
Carlos Melo y Diego D’Pablos fueron declarados objetivo militar por parte del ELN a través de un mensaje de texto que llegó al celular de uno de los periodistas.
Salud Hernández-Mora viajó a Ocaña para investigar sobre el caso del Capitán del Ejército Wilmar Durán, condenado a 28 años de prisión por el asesinato de un campesino. La reportera también indagaba sobre la muerte de alias Megateo, exjefe del EPL, y sobre la erradicación de cultivos ilícitos en la región.
Luego de las discusiones con las organizaciones, la periodista fue despojada de sus equipos periodísticos
La semana en que el ELN tuvo en cautiverio a la prensa
Hernández viajó hacia la vereda de Filogringo, en el municipio de El Tarra, con la intención de recuperar sus pertenencias. En el camino fue interceptada por miembros del ELN, quienes la secuestraron
Diego D’Pablos y Carlos Melo, corresponsales de RCN viajaron hasta El Tarra para cubrir la desaparición de Salud Hernández. En el camino fueron interceptados por hombres del ELN que los secuestraron y los despojaron de sus equipos periodísticos.
Junio 27 de mayo
Melo y D’Pablos fueron sometidos a un interrogatorio por uno de los jefes guerrilleros. Este les advirtió que si ponían en conocimiento de las autoridades cualquier información obtenida durante el secuestro, ya sabían dónde vivían y quiénes eran sus familiares. Los condujeron en una camioneta a donde estaba la misión humanitaria para ser liberados y les entregaron los equipos.
23 de mayo 27 de mayo
A las 3 de la tarde Hernández fue liberada y entregada a funcionarios de la Defensoría del Pueblo y al párroco de San Calixto en Ocaña, Norte de Santander. Las personas que recibieron a Hernández firmaron un acta de entrega y a la periodista le devolvieron sus pertenencias.
El Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, confirmó que Hernández, Melo y D’Pablos estaban en poder del ELN. Roberto Pombo, director de El Tiempo, esperaba noticias de Salud Hernández-Mora desde el 23 de mayo.
Diego Velosa, corresponsal de Caracol Televisión, también viajó a El Tarra para cubrir lo sucedido, lo acompañó William del Carmen Mora, periodista de la región. Cuando los reporteros iban camino a Filogringo, miembros del ELN los interceptaron, les quitaron los equipos periodísticos y los retuvieron durante unas horas. Los dejaron ir, pero no les devolvieron la cámara ni los micrófonos.
informe ANUAL 2016 | 119
La Fuerza Pública: violentos contra la prensa y amenazantes frente a las investigaciones En el año 2016 se presentaron 25 agresiones contra la prensa por parte de la Fuerza Pública. Las agresiones fueron desmedidas y pusieron en riesgo la vida y la actividad periodística de los afectados. Adicionalmente, cuando se anunciaron sanciones, los reporteros implicados fueron víctimas de amenazas. A continuación se mencionan los casos más graves:
Miguel Ángel Castilla 17 de febrero. Miguel Ángel Castilla se dirigió hacia el resguardo de Lomamato en la región de Hato Nuevo, La Guajira, para hacer un trabajo periodístico en compañía de autoridades indígenas Wayúu. El periodista les reportó a miembros del Batallón Rondón Buenavista la razón de su visita. 35 minutos después de haber llegado a Lomamato, Castilla y los demás indígenas sintieron cinco disparos dirigidos hacia ellos. En diálogo con la FLIP, el teniente coronel Orlando González aseguró que sus hombres fueron víctimas de una emboscada de la guerrilla y que respondieron al ataque que provenía de la parte alta del cerro. Minutos después, se detuvieron cuando uno de los cabos recordó que allí estaban el periodista y sus acompañantes. (Si desea conocer más puede consultar aquí ).
Para conocer más sobre el caso del periodista Rafael Ríos consulte aquí.
Rafael Ríos 24 de febrero. Rafael Ríos cubría un desalojo de indígenas en Barrancas, La Guajira, donde se presentaron disturbios y enfrentamientos entre la comunidad y la policía. El periodista estaba registrando las agresiones y los uniformados, junto a un miembro de seguridad del Cerrejón, detuvieron al periodista y lo llevaron a la estación de Policía donde estuvo retenido cerca de media hora. Los uniformados le borraron los videos de las agresiones y luego lo dejaron en libertad.
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Germán Madera	31 de marzo. Germán Madera, periodista del diario Montería al Día, fue detenido por dos Policías de la estación de Buenavista mientras registraba el paro armado que impuso el Clan Úsuga en Córdoba. Madera fue trasladado a la estación de Policía y allí borraron el material de la cámara en el que aparecían los oficiales. En su momento, el intendente sostuvo que no hubo ninguna agresión contra el periodista, ni eliminación del material periodístico. (Para más información consulte aquí ).
Alejandro Buitrago 6 de junio. Alejandro Buitrago, periodista de Canal Capital, estaba haciendo un reportaje sobre el plan retorno en la vía La Mesa-Mosquera. El oficial de la Policía Giovanny Sierra se acercó, intimidó al periodista y le advirtió que solo podía grabar con su permiso. Después de identificarse, Buitrago grabó los insultos y agresiones de los que fue víctima. El intendente le dañó parte de sus equipos y le dio una fuerte golpiza con ayuda de otros patrulleros que se encontraban en el lugar. Al otro día de la agresión, se anunció la suspensión del intendente y la apertura de investigación disciplinaria. (Para conocer más detalles visite ).
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Víctor Ballestas y David Romero 4 de agosto. Ballestas y Romero, equipo del Noctámbulo de CityTV, estaban cubriendo la ciclovía nocturna en el centro de Bogotá. Cuando se acercaron a grabar un arresto, uno de los policías golpeó al camarógrafo. En ese momento los reporteros fueron detenidos y golpeados mientras Ballestas continuaba grabando. En la estación donde intentaban judicializar a los periodistas, Ballestas mostró los videos que varios ciudadanos le habían enviado a su celular y los oficiales tuvieron que ofrecer disculpas y dejarlos en libertad. La Policía Nacional anunció la apertura de la investigación disciplinaria contra los uniformados.
Si quiere conocer más detalles sobre el caso consulte los siguientes links: Continuan las agresiones y Sanciones pendientes
Posteriormente, los periodistas Víctor Ballestas y David Romero fueron víctimas de amenazas después de denunciar a policías que los agredieron y se han presentado anomalías en el proceso que lleva la Fiscalía contra los oficiales.
Oscar Mejía 16 de diciembre. Oscar Mejía, periodista de El Informador de Santa Marta, se acercó al conductor de una camioneta que se había estrellado. Uno de los oficiales de Policía que estaba atendiendo el accidente le dijo al conductor “no le diga nada que ese es periodista y ellos desinforman”. En ese momento Mejía y los uniformados empezaron a discutir. Cerca de las 10 de la mañana los policías detuvieron a Mejía, lo trasladaron a la URI para iniciar proceso judicial por agresiones contra funcionarios públicos. El Fiscal del caso lo tuvo retenido hasta la madrugada del día siguiente a pesar de la solicitud de liberación que hizo la coronel Vallejos.
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Un nuevo agresor recurrente: los particulares Uno de los agresores más frecuente durante este 2016 fueron los particulares, quienes cometieron 41 ataques contra la prensa, casi un 20% de los registrados por la FLIP durante este año. Estas fueron las situaciones en las que más se presentaron agresiones:
5 horas retenidos en Puerto Cachicamo, Guaviare. El 16 de agosto de 2016 el equipo periodístico de Los Informantes, de Caracol Televisión, viajó al corregimiento de Puerto Cachicamo para hacer un especial sobre la Carretera marginal de la selva. Cuando estaban registrando las imágenes, tres hombres que se presentaron como miembros de la Junta de Acción Comunal les impidieron continuar con la grabación en un espacio público. Otras personas de la comunidad se agruparon y les pidieron de forma amenazante el material obtenido durante la visita. Cuando el equipo decidió dejar la zona, les obstruyeron el paso del vehículo y los detuvieron por cinco horas. La situación terminó cuando los reporteros firmaron bajo presión un documento en el que indicaban que no estuvieron retenidos y que entraron al corregimiento sin el permiso de la comunidad. (Conozca más aquí ).
Paro agrario, manifestantes contribuyen a la censura Durante el paro agrario que se impuso en el país durante las últimas semanas de mayo y las primeras de junio, miembros de organizaciones campesinas e indígenas cometieron 9 agresiones contra la prensa. Uno de los casos más graves se presentó en el Cauca. El 31 de mayo, algunos manifestantes le impidieron tomar fotos a Oswaldo Páez, editor de
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fotografía del diario El País, y lo rociaron con gasolina. Además, el vehículo en el que se transportaba fue apedreado. Los demás hechos se presentaron en el occidente de Caldas, en el Cauca, Meta, Valle del Cauca, Cesar y Arauca. En estos departamentos se presentaron agresiones y obstrucciones a la labor periodística. Para conocer más detalles de las agresiones consulte aquí .
Paro de transportadores Durante el paro de transportadores que vivió el país en el mes de julio, la FLIP registró cinco agresiones contra la prensa por parte de miembros de este gremio. Boyacá fue uno de los departamentos donde se presentaron más obstrucciones al trabajo periodístico. La mayoría de agresiones, sumadas a los intentos de hurto de los equipos, ocurrieron sobre la vía Sogamoso-Tunja.
Vea aquí más detalles del caso.
Los funcionarios y su interés por la eliminación de contenidos
Tania Guevara, la censura del secretario general del Senado Gregogio Eljach El miércoles 16 de marzo la periodista Tania Guevara asistió a la presentación del proyecto de ley que pretende declarar el acceso al agua como un derecho fundamental. Entre las imágenes que tomó la reportera había tres fotos del secretario general del senado, Gregorio Eljach, escribiendo mensajes de textos en su celular. Al notarlo, el funcionario le pidió a sus guardaespaldas que formatearan la memoria, requisaron a Guevara, revisaron su documentación y se quedaron con una fotocopia de su cédula. Después de tres horas le permitieron abandonar el recinto, pero no le devolvieron la memoria de la cámara. Para conocer más detalles visite está página .
A mi no me tomen fotos mientras chateo en horas laborales
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Alexander Madrid, el concejal que se quedó con la cámara de Nortevisión El 27 de octubre, Luz Marina Rodríguez y Marcos Soto, periodistas de Nortevisión, estuvieron en el Concejo de Montería haciendo tomas de apoyo en las que aparecía el concejal Alexander Madrid. Cuando el funcionario notó que lo estaban grabando, reaccionó de manera agresiva y les quitó la cámara a los reporteros. Al cierre de este informe, la cámara continúa en poder del concejal. Si desea más información puede consultar aquí .
Liliana Rincón, la contratista de Ibagué que copia información de forma ilegal El 4 de octubre de 2016 la periodista de Cambio In, Paola Martínez, fue víctima de intimidaciones y agresiones por parte de Liliana Rincón, contratista de la actual administración. La reportera se encontraba en la alcaldía y Rincón le dijo “usted no sabe en el problema que está metida conmigo, parce”. Cuando Martínez comenzó a grabar las agresiones de las que estaba siendo víctima, Rincón le sujetó el brazo y le arrebató el celular. La periodista puso la situación en conocimiento de la Policía y del Personero Municipal, quien logró recuperar el equipo. Al revisar el celular, Martínez notó que Rincón había eliminado el video de la agresión y que, además, había revisado sus cuentas de Whatsapp,
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Facebook, correos electrónicos y demás información personal. Luego, el martes 18 de octubre, cuando Martínez estaba de nuevo en la Alcaldía, Rincón se le acercó y en voz baja le dijo que tenía en su poder toda la información que había extraído de su celular. La agresión de Rincón se dio luego de que Martínez publicara un artículo en el que se hace una crítica al trabajo de la funcionaria. La nota, además, estaba acompañada de fotos en el lugar de trabajo de Rincón que la tenían muy molesta.
Usted no sabe en el problema que está metida conmigo, parce
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Superintendencia de Industria y Comercio censura a Educar Consumidores Educar Consumidores es una organización dedicada a investigar temas relacionados con los hábitos de consumo que afectan la salud humana y el medio ambiente. En desarrollo de su labor, Educar Consumidores publicó en 2016 una pieza publicitaria televisiva en la que se advertía sobre las consecuencias negativas asociadas al consumo excesivo de bebidas azucaradas. Luego de una denuncia presentada por Postobón, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó que
Educar Consumidores cesara inmediatamente la difusión del comercial. Lo preocupante de la decisión es que la SIC además ordena que, en el futuro, cada vez que Educar Consumidores pretenda transmitir piezas sobre el consumo de bebidas azucaradas, éstas deben ser remitidas para aprobación previa de la SIC. Tal orden constituye un acto de censura previa, la cual está terminantemente prohibida en Colombia 1. 1	“[L]a propia Carta enuncia en forma contundente una presunción que no admite ser desvirtuada: la censura previa está prohibida de tal forma que cualquier regulación estatal o decisión de un funcionario del Estado que constituya censura implica, ipso jure, una violación del derecho a la libertad de expresión”. (Corte Constitucional. Sentencia T-391 de 2007. M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa).
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Las estigmatizaciones de Álvaro Uribe, el funcionario que desconoce sus obligaciones como garante de la libertad de prensa
El 29 de marzo el senador Álvaro Uribe Vélez publicó la siguiente estigmatización a través de Twitter en contra del periodista Yohir Akerman : “Johir Akerman, desteñido militante del ELN que busca notoriedad con la honra de los míos y la personal”2. Los señalamientos se hicieron luego de que el columnista escribiera un artí-
culo sobre los presuntos vínculos del exmandatario con el narcotráfico. En la edición de abril de Revista Semana, Daniel Coronell publicó una columna titulada “La criminalización del que investiga” en la que hace referencia a la estigmatización de la que fue víctima
Akerman. Luego de la publicación del artículo, el senador del Centro Democrático atacó de nuevo a Coronell asegurando que tenía vínculos con el narcotraficante extraditado, Pastor Perafán. El 29 de julio Uribe presentó una rectificación respecto a las afirmaciones
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que hizo en 2014 en las que señaló a Hollman Morris y al Canal Capital de tener vínculos con terroristas y ser afines a las Farc.
La comunidad del anillo, el tema que desapareció de la agenda
En diciembre la Corte Suprema de Justicia se negó a investigar a Uribe por los delitos de injuria y calumnia, luego de la denuncia interpuesta por Daniel Coronell en 2010. Sin embargo, el alto tribunal advirtió “El lenguaje agresivo es una manifestación de violencia. Y usado por un líder político en cualquiera de las redes sociales puede llegar a ser identificado por alguno de sus seguidores como una invitación, o por lo menos como una autorización velada al uso de la violencia física contra el destinatario del trino o del discurso descalificador”.
El 18 de febrero la periodista Vicky Dávila renunció a la dirección de La FM de RCN después de que divulgara un video íntimo de terceros aparentemente relacionado con un caso de corrupción en la Policía, denominado “La comunidad del anillo”. A raíz de esta investigación, Vicky Dávila y otros periodistas recibieron amenazas de muerte y fueron víctimas de interceptaciones ilegales. Este hecho demostró que el tema generaba un alto riesgo para los reporteros y, quizá por la salida de la periodista de la FM, ocasionó la autocensura frente a este tema por parte de los demás periodistas.
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Javier Osuna: un caso de persecución y hostigamiento
Durante el 2016 el periodista Javier Osuna fue víctima de varias agresiones. En su esquema de seguridad dispuesto por la Unidad Nacional de Protección se presentaron algunas irregularidades que elevaron su situación de riesgo. En este año, le robaron un maletín que contenía una USB y un celular de la UNP, forzaron las chapas de su oficina, lo estuvieron siguiendo en repetidas ocasiones y uno de sus escoltas lo fotografío e informó de sus movimientos a terceros. (Si desea conocer más detalles sobre el caso visite el siguiente link ).
Yopal, la ciudad en la que no se permite criticar a la administración De las 12 agresiones que se presentaron en Casanare durante el 2016, 11 ocurrieron luego de que los periodistas denunciaran hechos de corrupción por parte de la administración de Yopal. Los reporteros fueron víctimas de cinco amenazas, dos estigmatizaciones, dos agresiones, una obstrucción y un atentado contra la infraestructura de un medio de comunicación. La FLIP emitió tres comunicados solicitándole a Jhon Jairo Torres (conocido
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Sin licencias para informar, se pierde la pluralidad
popularmente como ‘John Calzones’), alcalde de la ciudad, que moderara sus señalamientos y el de sus funcionarios contra los periodistas. A pesar de estas peticiones, el mandatario justificó sus ataques en los contenidos de los medios. Las actuaciones de Torres demuestran el desconocimiento de su deber como funcionario público de garantizar un ambiente favorable para el oficio periodístico, a pesar de que estos sean críticos a su gestión.
Según reporteros de la región, al menos cinco emisoras de la capital chocoana no tienen licencias para transmitir. Esto se debe a que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) no ha abierto licitaciones para otorgar los permisos que les permitan a los gerentes de los espacios radiales operar legalmente. Esta situación afecta gravemente la libertad de información en la región pues cierra la posibilidad de que las audiencias tengan más medios que les permitan están bien informados. Adicionalmente, debilita la pluralidad de información y de opiniones que deben ser ideales en toda comunidad democrática.
informe ANUAL 2016 | 131
Internet, otra plataforma de censura Icetex te arruina ICETEX ha sido altamente criticada por los estudiantes receptores de los créditos por sus altas tasas de interés. Para exponer estas críticas, un grupo de jóvenes creo el sitio web “Icetex te arruina” (www.icetextearruina.com). En marzo de 2016, el sitio web fue bloqueado por GoDaddy (empresa proveedora de servicios de almacenamiento) por solicitud de ICETEX, la cual alegaba, sin fundamento, que la página estaba haciendo uso ilegal de su marca. A la fecha, el sitio continúa bloqueado. (Para más información ir aquí )
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Solicitudes de eliminación o bloqueo de artículos periodísticos En 2016, hubo un aumento significativo en las solicitudes de eliminación o bloqueo de artículos periodísticos en Internet, en las que se argumenta que el paso del tiempo hace que la información publicada sea obsoleta o irrelevante. En el primer semestre del año, se informó ampliamente en los medios de comunicación sobre el escándalo que involucraba a varios médicos en la realización de cirugías plásticas mal practicadas o sin los títulos académicos necesarios. Pocos meses después, la FLIP documentó las solicitudes de diez de estos médicos a seis medios de comunicación para que se eliminaran artículos publicados en Internet. Dos de los medios han retirado los contenidos. (Para más información ir aquí )
La actuación dudosa de Canal Capital durante el inicio de la nueva administración En los primeros días del mes de febrero de 2016, la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP - recibió una denuncia sobre el bloqueo de cuatro videos de Canal Capital en YouTube. Según la información recibida, los videos –producidos, financiados y
publicados por el canal- fueron retirados durante las primeras semanas del mes de enero, fechas que coinciden con el cambio de administración en la Alcaldía de Bogotá. El 11 de febrero, la FLIP intentó acceder a los cuatro videos de Canal Capital. El contenido estaba restringido y daba el siguiente anuncio: “el usuario ha suprimido este vídeo, disculpe las molestias”. Si la consulta a dichos enlaces se realiza hoy, la notificación cambia por “Este vídeo no está disponible”. Por su parte, Montenegro respondió a la FLIP el 24 de febrero que “Canal Capital no ha ordenado… la supresión de ningún contenido audiovisual en sus canales virtuales de Youtube”. (Para más información ir aquí )
informe ANUAL 2016 | 133
FOTOGRAFÍAS •	Pág. 28. Vladímir Purishkévich. Dominio público. •	Pág. 29. Foto: Archivo Particular. •	Pág. 53. ¿Dónde puedo votar este 2 de octubre? Foto: Colombia.com. •	Pág. 55. Así fue el desplazamiento de la tropa de las Farc a la zona veredal en Cesar. Foto: Néstor de Ávila / ElHeraldo.co •	Pág. 62. Atacaron esta mañana al equipo de Noticias RCN en La Guajira. Foto: ElPilon.com.co •	Pág. 66. Tumaco Stereo. Foto: Archivo FLIP. •	Pág. 67. Plaza Pública. Foto: Archivo FLIP. •	Pág. 69. Emisora en el Cauca. Foto: Archivo FLIP. •	Pág. 71. Patía Stereo. Foto: Archivo FLIP. •	Pág. 76. Foto: ElEspectador.com •	Pág. 77. Foto: ElEspectador.com •	Pág. 81. “No moriría por una historia”: Manuel Teodoro. Foto: Colprensa. •	Pág. 82. Foto: Archivo Semana.com •	Pág. 87. Foto Jaime Garzón: Archivo Cromos. Intervenida por Leidy Sánchez.
•	Pág. 87. Fotos Rafael Prins, José Rivas, Orlando Sierra. Archivos particulares. Intervenciones de Leidy Sánchez. •	Pág. 88. UNESCO: Cómo desarrollar la seguridad digital para el periodismo. Foto: Antonio Nieto / CINU México. •	Pág. 90. Foto: Archivo Particular. •	Pág. 91. Foto: Archivo El Espectador. Intervenida por Leidy Sánchez. •	Pág. 92. Foto Jaime Garzón: Archivo Cromos. Intervenida por Leidy Sánchez. •	Pág. 93. Carlos Castaño: perfil de un psicópata con aires de grandeza. Foto: Archivo Terra. •	Pág. 95. Jineth Bedoya, No es hora de callar. Foto: Archivo particular. •	Pág. 96. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Colombia: Caso Jineth Bedoya Lima. Foto: Daniel Cima. •	Pág. 97. Foto: Archivo La Preferida. Intervenida por Leidy Sánchez. •	Pág. 98. Foto: Archivo particular. Intervenida por Leidy Sánchez.
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•	Pág. 99. Foto: RCN Radio •	Pág. 100. José Miguel Narváez: ¿el ‘para-ideólogo’? Foto: LaSillaVacia.com •	Pág. 101. Claudia Julieta Duque y el DAS. Foto: Ricardo Pinzón / Revista Gente Colombia. Editorial Televisa. •	Pág. 102. Eduardo Montealegre y Néstor Humberto Martínez. Fotos: Colprensa. •	Pág. 108. Foto Catherine Bekerman: Archivo Particular. Foto Shelly Camacho: La Lengua Caribe. •	Pág. 116. Foto: Archivo particular. •	Pág. 119. Periodista denunció que militares le dispararon Foto: elmeridiano.co •	Pág. 120. Foto: Rafael Ríos @RafaelRiosDP •	Pág. 121. Colombia: Policía golpea a un equipo periodístico del canal Citytv. Foto: clasesdeperiodismo.com •	Pág. 122. Fotograma: Los Informantes.
•	Pág. 123. En imágenes: tensión en la vía Panamericana por protestas indígenas Foto: Oswaldo Páez / ElPais.com.co •	Pág. 124. Foto: agenciadenoticias.unal.edu.co •	Pág. 125. Foto: Cambioin.com Fotograma: Radio Interactiva. •	Pág. 126. Entrega de membresías Postobón. Foto: Museo de Antioquia. Creative Commons. AttributionNonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0) •	Pág. 128. Vicky Dávila renuncia a la dirección de La FM Foto: Colprensa. •	Pág. 129. Me hablarás del fuego Foto: Ediciones B. •	Algunas imagenes e ilustraciones fueron tomadas de www.shutterstock.com •	Ilustraciones de portada, portadillas y capítulo de Protección: Día S.A.S •	Infografías, gráficos e ilustraciones: Leidy Sánchez y John Avellaneda.
Informe de la FLIP 2016: Silencioff, ¿las regiones tendrán la palabra?
Cada año, la Fundación para la Libertad de Prensa publica un informe sobre el estado para la libertad de expresión en Colombia. En 2016, las...
comunicaflip

References: Resolución 
 artículo 12
 Resolución 
 artículo 17
 Resolución 
 artículo 21
 Resolución 
	Artículo 48
 artículo 14
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución