Source: http://stajcantabria.blogspot.com/2009/04/
Timestamp: 2019-06-20 16:32:56+00:00

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JUSTICIA CIEGA: abril 2009
Marbella: El TSJ reconoce que haría falta el doble de juzgados
La memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha puesto nuevamente cifras a lo que es sobradamente conocido: los juzgados de Marbella están colapsados, especialmente la vía civil que supera en un 130% las cargas de trabajo establecidas como razonables por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El alto tribunal andaluz reconoce que harían falta el doble de juzgados de Primera Instancia para ir al día en los asuntos tramitados y eliminar una pendencia que supera ya los 8.000 asuntos civiles. Y eso sin contar con la vía penal, donde el problema no es tanto el volumen de casos sino la complejidad de los mismos.
El número de asuntos sin resolver al final de año empieza a ser casi tan elevado como los casos nuevos que entran. El problema es tal que si los juzgados de Primera Instancia trabajaran todo un año sin que entrara ningún asunto nuevo seguirían teniendo procedimientos pendientes.
La Junta de Jueces reclamó el pasado 21 de noviembre la creación de nueve juzgados más, tres de Instrucción y el doble de Primera Instancia, una reivindicación que los jueces acordaron solicitar por mayoría al TSJA para su traslado al Ministerio de Justicia. El tribunal andaluz es más realista en su memoria. Considera necesarios tres para no superar en más de un 20% el módulo del Poder Judicial, pero pide dos de forma «urgente» para aliviar el atasco judicial. La previsión para este año, sin embargo, es de un sólo juzgado, el de Primera Instancia número 7 que estará en funcionamiento previsiblemente en diciembre. Ocupará un local en la calle Doha, justo al lado del actual juzgado de Violencia sobre la Mujer, también de reciente creación. Los estudios previos empezaron hace un par de meses.
Marbella batió el año pasado nuevamente un dudoso récord: situarse un año más entre los tres partidos judiciales que más han crecido en el último año, por encima de capitales de provincia como Granada, Sevilla y la propia Málaga. Sólo los juzgados de Primera Instancia de Almería y la vecina Fuengirola ingresaron más asuntos por juzgado. Fuengirola ha sido la gran sorpresa de este año para el TSJA con un crecimiento del 62% de casos pendientes en 2008, la cifra más alta de toda la comunidad autónoma. Para ella pide dos juzgados más.
Estepona no se queda muy atrás. Según el TSJA harían falta al menos dos juzgados más para reducir la sobrecarga de trabajo que soportan los cinco de Primera Instancia e Instrucción que existen actualmente en la ciudad. Este año recibirá una nueva incorporación, el número seis.
Aún así, el número de juzgados sigue siendo claramente insuficiente. Estepona supera en un 72,3% el módulo del CGPJ. Serían necesarios tres juzgados más para hacer frente al volumen de asuntos. En la vía civil, cada órgano ingresó 853 nuevos casos el año pasado; en la penal, rebasaron por primera vez la barrera de los 3.000.
La crisis económica tiene mucho que ver en ello. Los procesos de familia, la mayoría divorcios, han caído en picado en Marbella y Estepona pero han aumentado considerablemente los pleitos contenciosos, la mayoría reclamaciones de cantidad y ejecuciones hipotecarias.
En la jurisdicción penal las cifras son más razonables. Marbella supera sólo en un 7% el tope del Poder Judicial. El problema es que casos como 'Malaya', 'Ballena Blanca' o 'Hidalgo' en Marbella, y 'Astapa' en Estepona absorben gran parte de los medios materiales y humanos de los juzgados de Instrucción. A pesar de la reclamación ya antigua de más órganos judiciales, el Ministerio de Justicia prefiere reforzar con más personal los ya existentes.
El déficit de órganos también se da en el resto de la provincia y en la capital.
Según el TSJA en total harían falta 38 nuevos juzgados para no sobrepasar ese 20% más de trabajo que establece el Consejo y dar un servicio adecuado al ciudadano. En la capital, donde hay 19 órganos, serían indispensables ocho más -uno exclusivo de familia- para hacer frente a los cerca de 26.000 asuntos que se registraron el año pasado.
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Divar advierte a los jueces que deben evitar las filtraciones para dar prestigio a la Administración de Justicia
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, criticó que determinadas resoluciones judiciales y deliberaciones del órgano de gobierno de los jueces que son secretas "sean publicadas a todos los vientos" y conminó a los operadores judiciales a hacer frente a esta situación con "valores éticos y morales". "Si queremos prestigiar la Administración de Justicia debemos empezar por nosotros mismos", afirmó.
Dívar hizo estas manifestaciones durante su discurso oficial en el acto de toma de posesión del nuevo presidente de la Audiencia Nacional, Angel Juanes Peces. Si bien no citó ningún asunto en particular, el presidente del Consejo se refería así a las filtraciones del sumario del 'caso Gürtel' sobre la trama corrupta del empresario Franciso Correa y a la publicación de las deliberaciones del CGPJ relativas a la designación del nuevo presidente de la Audiencia Nacional.
El presidente del Consejo subrayó que "en modo alguno" hacía alusión con sus palabras "a ningún juez en particular y a ninguna oficina", pues es consciente de que los asuntos judiciales pasan por las manos de "pluralidad de personas" durante su tramitación. No obstante, insistió en que "los valores éticos y morales son los únicos que pueden hacer frente a esta situación, que no está reñida con la transparencia" de los órganos judiciales.
Agregó que "en determinados momentos", se debe guardar el secreto de las deliberaciones y resoluciones judiciales porque "la Justicia tiene un tiempo y un momento para el éxito".
PETICION A LOS DIPUTADOS
Durante su discurso, el presidente del CGPJ se refirió a los diputados del Congreso presentes en el acto, pertenecientes a la Comisión de Justicia, a los que expresó su deseo de que en el futuro puedan incorporarse a los grupos de trabajo integrados por los vocales del órgano del gobierno de los jueces, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias en este ámbito "en aras a una mayor colaboración, con el fin de alcanzar un acuerdo social por la Justicia".
Se refirió también a que la crisis y los problemas de la Justicia que hoy se plantean, de los que destacó que son de eficacia del sistema y de los medios de los que se disponen, no de legitimidad de los jueces, a los que se refirió como "trabajadores en un cien por ciento y discretos en su práctica totalidad".
Finalmente, indicó que "la Audiencia Nacional debe regirse por algo tan fundamental como es la razón de Estado, porque el verdadero Estado es el justo y el de derecho".
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Cada juzgado valenciano tiene casi un millar de asuntos sin resolver
Suma y sigue. Igual que no dejan de crecer las listas del paro. De idéntica manera que se hunden los precios de la vivienda. Con la misma rapidez con la que el Banco Central Europeo reduce una y otra vez los tipos de interés en un intento por reanimar el consumo. Con semejante constancia y continuidad crecen y crecen los asuntos pendientes de ser tramitados por parte de los 370 órganos judiciales de la Comunidad Valenciana.
Los últimos datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial, publicados este mismo mes y referentes a todo el año pasado, reflejan unas cifras tan históricas como negativas para los tribunales valencianos. Pese a que los magistrados de la región siguen figurando a la cabeza de España en cuanto a tasa de resolución y número de sentencias dictadas, cada juzgado de la Comunidad Valenciana acumula una media cercana al millar de asuntos por resolver.
Los 370 órganos jurisdiccionales de la Comunitat cerraron 2008 con 356.853 asuntos en trámite. Eso significa que, en sólo un año, el número de asuntos atascados en los tribunales valencianos se ha incrementado en casi 50.000.
Los jueces de lo social han sido los últimos en poner el grito en el cielo. Los encargados de dirimir los conflictos laborales alertaban de que las demandas por despidos se habían triplicado y que su resolución se retrasaba ya hasta cuatro meses. Más jueces de refuerzo y un mayor número de juzgados es la única solución al colapso, que no puede sino ir a más teniendo en cuenta el devenir de la situación económica.
Los magistrados no han levantado el pie del acelerador, ni siquiera con las movilizaciones que comenzaron a llevar a cabo en el último trimestre de 2008 contra la falta de medios. El año pasado resolvieron un total de 1.012.448 asuntos, unos 4.000 más que en el periodo anterior.
Menores y malos tratos
Pero la pirámide del colapso sigue teniendo su base en la jurisdicción penal. El aumento del número de delitos y faltas hace que uno de cada tres casos que permanecen a la espera en las estanterías de los tribunales valencianos sean de naturaleza penal.
En dos órdenes especialmente sensibles, como son Menores y Violencia sobre la Mujer, se registran realidades distintas. Mientras que los juzgados encargados de la delincuencia juvenil están hoy más saturados de trabajo que hace un año (3.347 casos en 2008 frente a los 3.059 en 2007), los especializados en la lucha contra los malos tratos presentan menos asuntos penales atascados (5.937 frente a 5.593).
De hecho, los juzgados de violencia sobre la mujer -hay 46 en toda la Comunitat- tienen una de las medias más bajas de asuntos por juzgado, unos 24 por cada órgano, según el CGPJ.
La situación no es más halagüeña en los juzgados de lo mercantil, unos de los más influenciados por la crisis económica al encargarse de materias como suspensiones de pagos de empresas (procesos concursales). Si los seis órganos existentes en la Comunitat terminaron 2007 con apenas algo más de 2.000 casos pendientes, en un sólo año la cifra supera ya los 3.200 expedientes por tramitar.
Aunque este mismo mes se ha inaugurado un nuevo juzgado mercantil en la ciudad de Valencia, las negativas variables económicas que persisten en 2009 no invitan al optimismo. Como vaticinó la consellera de Justicia, el año podría terminar con unos 700 procesos concursales, frente a los 423 registrados en 2008.
El atasco no se encuentra únicamente en la fase de enjuiciamiento. Desde el Tribunal Superior, Decanato de los Juzgados y desde el propio Consejo General del Poder Judicial se ha insistido sin cesar en los últimos meses en la necesidad de crear más juzgados de ejecutorias o bien modificar el sistema. "De nada sirve la celeridad de la justicia si luego no se hace cumplir lo juzgado", ha llegado a decir Juan Luis de la Rúa, presidente del TSJ.
Pues los tribunales valencianos siguen sin ejecutar como debieran. La afirmación se sustenta al comparar dos datos: si la justicia de la Comunitat terminó 2006 con algo más de 172.000 causas en trámite de ser ejecutadas, la cifra se disparó el año pasado, que terminó con 222.000 asuntos pendientes.
La estadística demuestra, una vez más, que el atasco de asuntos no radica en una falta de trabajo por parte de los magistrados valencianos. Pese a ser la Comunitat una de las de litigiosidad más elevada, y menor número de jueces por cada 100.000 habitantes, los tribunales resolvieron en el último año más asuntos que en 2007.
Tal y como consta en la estadística del CGPJ, los juzgados de la región sacaron adelante el año pasado 166.000 sentencias y 675.000 autos, frente a unas cifras anteriores de 154.000 y 655.000. En total, los magistrados solventaron 1.012.448 asuntos en 2008, frente a 1.004.583 en el periodo anterior.
De esta forma, en la estadística de resolución no parecen haberse notado las juntas de jueces que, en octubre y al igual que en toda España, llevaron a cabo los magistrados de la Comunitat. La iniciativa paralizó los juzgados toda una mañana y suspendió cientos de procedimientos, aunque ello no ha impedido que siga incrementándose la tasa de resolución de los togados valencianos.
Junto a la sobrecarga de trabajo, otra de las explicaciones del constante incremento de los asuntos atascados en manos de la justicia valenciana es el incesante aumento del montante de casos que llegan a la vía judicial.
En 2006, el número anual de procedimientos tratados por los órganos judiciales de la región no superaba el millón. La última cifra del Poder Judicial habla de 1.068.834 ingresados por los juzgados de la Comunitat Valenciana a lo largo de 2008.
En una de sus primeras y últimas visitas a Valencia, el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo aseguró que esta iba a ser la legislatura de la Administración de Justicia. Bermejo apostó de una vez por todas por la modernización. Meses después, con una cacería inoportuna de por medio y la primera huelga de los jueces sobre la mesa, su dimisión ha dejado a su sucesor, Francisco Caamaño, una posición nada cómoda.
Eso sí, Caamaño tendrá que esforzarse para desconvocar una segunda jornada de huelga que los jueces de toda España pretenden poner en marcha para el próximo mes de junio. "La cosa sigue adelante, al menos de momento", aseguró un magistrado. No obstante, como ya ocurrió en el anterior paro de este año, la medida queda pendiente de ser confirmada por cada una de las juntas de jueces provinciales.
A comienzos de abril, el propio Congreso de los Diputados logró una de sus raras unanimidades para proclamar una realidad: la necesidad "urgente" de un gran acuerdo nacional para modernizar los tribunales y sacarlos de su actual "situación crítica". Reeditar el Pacto por la Justicia entre los grandes partidos políticos que, de momento, dan la callada por respuesta.
Caamaño: "El Gobierno va a realizar la mayor inversión en Justicia de la democracia"
Francisco Caamaño (Cee, 1963) está en las antípodas de su antecesor en el cargo, Mariano Fernández Bermejo. Incansable negociador, huye de la polémica y busca siempre el consenso. El ministro está convencido de que hay motivos para que los jueces no vayan de nuevo a la huelga.
-¿Cuáles son los dos objetivos prioritarios inmediatos?
-El primer reto es la nueva Oficina Judicial. En segundo lugar, tenemos que crear los mecanismos necesarios para que los juzgados puedan de una vez por todas trabajar en red. Quiero que a lo largo de esta legislatura podamos hacer, junto a las comunidades y el Consejo General del Poder Judicial, algo tan común en otros contextos como que un expediente judicial del juzgado de Cambados pueda llegar a Granollers en el momento.
-¿Para cuándo la nueva Oficina Judicial?
-Es una ley de mucho calado porque reforma 14 leyes procesales y delimita con mayor exactitud las funciones de los jueces, los secretarios judiciales y demás personal. Nosotros queremos que haya un juez y luego una oficina procesal, que puede estar al servicio de varios jueces, para aprovechar mejor los recursos. Está en fase de enmienda en el Congreso y creo que puede haber un acuerdo de los grupos sobre esta ley.
-¿Puede la crisis económica frenar la imprescindible modernización de la Justicia?
-Esta es una de las cosas que más discuto con los miembros del equipo económico del Gobierno, transmitirles que una buena economía necesita seguridad jurídica, sobre la inseguridad no se construye un tejido productivo. Por eso invertir en Justicia es invertir en seguridad, es decirles a los empresarios que cuando necesitan ejecutar sus créditos los van a tener en un plazo razonable.
-¿Le cuesta convencer a sus compañeros de Gobierno?
-Nos encontramos. El debate no es sobre la necesidad de invertir, sino de hacer un esfuerzo adicional. He pedido la solidaridad y la he obtenido del presidente y el equipo económico, sobre todo de la vicepresidenta segunda.
-¿Cuánto se va a destinar?
-Pretendemos que sean 600 millones en tres años. Es la mayor inversión que se ha hecho en la historia de la democracia. En la última legislatura del PP el presupuesto de Justicia se incrementó en 8 millones, mientras en la pasada, con Zapatero, aumentó en 180 millones.
-¿Se merece la Justicia la mala imagen que tiene?
-Pese a las críticas constantes a la Justicia, el número de litigios no deja de crecer, hemos pasado en dos años de seis millones a nueve. Si desconfiáramos tanto de la Justicia no sería así. Hay que hacer pedagogía y decir a los ciudadanos que no todos los conflictos tienen que acabar en un juez. Tenemos que potenciar la mediación. Lo mismo hay que hacer con los recursos; el ciudadano tiene derecho a acudir a un juez pero no a emprender una cadena sine die de recursos, esa no es la tutela de que habla la Constitución.
-¿Habrá una nueva huelga de jueces el 26 de junio?
-Estamos trabajando desde el primer día con las diversas asociaciones para ir encontrando puntos de acuerdo y soy muy optimista respecto a la posibilidad de que se pueda superar aquella situación que nos encontramos cuando llegué al ministerio. Pero nuestro horizonte no es ni mucho menos esa fecha; va mucho más allá.
-La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que va a llevar al Parlamento cambia las funciones del juez y el fiscal en el proceso de instrucción.
-En nuestro sistema, el juez instructor tiene que hacer dos cosas a la vez, investigar el delito y defender los derechos fundamentales de aquel a quien tiene que investigar, dos objetivos irreconciliables entre sí. Lo normal es que la averiguación corra a cargo del Ministerio Fiscal y el juez valore las pruebas y decida en un plazo razonable si hay que seguir adelante, para evitar las penas de banquillo, aparecer como imputado y tres años después que no haya nada. Queremos ir a una fórmula en el que fiscal sea el protagonista de la investigación y el esclarecimiento de los hechos, y que el juez garantice los derechos de los imputados en la instrucción.
-¿Se puede repetir el caso de Mari Luz?
-No debe ni tiene necesariamente por qué producirse, creo que se han adoptado medidas eficaces para evitarlo. En todo caso, debemos saber que la Administración de Justicia mueve muchos asuntos y en cualquier traslado, en cualquier decisión, puede cometerse algún error. Hay que valorar si es un error que está dentro de lo razonable o es una negligencia grave, en cuyo caso el CGPJ debe aplicar con rigor las leyes.
-¿La opinión pública no entiende por qué no se avanza en la localización del cuerpo de Marta del Castillo?
-Es un caso que ha creado gran alarma social, pero estamos en un Estado de derecho y los imputados tienen todo el derecho a no declarar contra sí mismos.
-¿Abrirá el Gobierno el debate sobre la cadena perpetua?
-España tiene uno de los sistema de penas más largas de nuestro entorno, en el que es posible que una persona cumpla ni más ni menos que 40 años privado de libertad, mientras en otros países que tienen cadena perpetua formalmente no hay cumplimiento efectivo o las penas son revisables cada cierto tiempo. Además, el artículo 25 de nuestra Constitución hace muy difícil cualquier posibilidad de regular la cadena perpetua.
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Cantabria: La crisis aumenta un 200% los casos por despido en los juzgados de lo Social
La ola de la crisis económica inunda ya los juzgados de Cantabria: las causas por despido aumentaron un 200% en el último trimestre de 2008, mientras en enero se triplicó la entrada de casos respecto a enero de 2007. Los juzgados de lo Social vieron un 22% más de casos en 2008 que en 2007, (y la tendencia se mantendrá en 2009), aunque las aguas alcanzan con mayor fuerza a los despachos judiciales de lo Mercantil, donde entre enero y marzo de 2009 se registraron 12 concursos, cifra similar a toda la habida en 2007.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa, no cree que remita este temporal por lo que presupone que las jurisdicciones Penal y Contencioso-Administrativa de la región también se verán salpicadas. Así que el futuro no se presenta «optimista», aseguró ayer al difundir la Memoria Judicial correspondiente a 2008, en la que se tacha de «alarmante» la situación en las jurisdicciones más pegadas a la realidad económica.
Los asuntos civiles también se han incrementado significativamente: un 13% frente a un aumento medio de casos, en todos los ámbitos, en 2008, del 8%.
Como viene haciendo desde hace cuatro años, cuando tomó posesión como presidente de la citada institución, Tolosa aprovechó este acto para reclamar más órganos judiciales. Son necesarios en Santander un juzgado nº 6 de lo Social y otro de Primera Instancia (el 12), además de un juzgado mixto nº 7 en Torrelavega.
No se demandan por el orden citado, explicó, aunque son «absolutamente imprescindibles e irrenunciables» para el buen funcionamiento de la justicia. Teniendo en cuenta que el panorama económico «no está para inversiones», el TSJC «ha sido prudente» a la hora de plantear sus requerimientos, señaló Tolosa.
El magistrado exigió, además, una mayor flexibilidad a la hora de poner en marcha estos juzgados. Porque, por rápida que vaya su creación, dependiendo del Ministerio de Justicia nunca entrarían en funcionamiento antes de diciembre de 2010 «y entonces llegan tarde y los problemas» a los que se pretende dar respuesta «ya están muy enquistados». La fecha de apertura de los nuevos juzgados deberían decidirla, en su opinión, las comunidades autónomas con competencias, entre las que ya se encuentra Cantabria.
Primera con competencias
Tolosa hizo hincapié en el hecho de que esta es la primera memoria que se presenta (ayer se dio a conocer al Gobierno regional y a la mesa y la junta de portavoces del Parlamento) tras haber asumido la autonomía las competencias de Justicia y tras la renovación del Consejo del Poder Judicial, dos factores que considera de «evidente trascendencia».
En el capítulo de necesidades, Tolosa reivindicó la modernización de los medios informáticos (con el desarrollo de aplicaciones que permitan la interconexión de órganos), la generalización de los sistemas de videoconferencia y el reforzamiento de los sistemas de seguridad en las sedes judiciales. En lo que se refiere a recursos humanos, están pendientes la racionalización de los equipos psicosociales y la elaboración de una lista de peritos que garantice la gratuidad de la justicia.
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El Ministerio de Justicia dice que expedientará a los funcionarios que curioseen por las bases de datos
Concretamente, la Circular 6/2009 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, sobre acuerdos adoptados en relación con las consultas realizadas a través del Punto Neutro Judicial (PNJ).
Este punto muestra, implícitamente, que se realizarán auditorías periódicas con el fin de poder detectar consultas indebidas realizadas en el PNJ por los funcionarios; en el supuesto de detectarse se pondrán en conocimiento del Secretario Judicial correspondiente.
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Caballero-Bonald: "Se quiere Justicia a velocidad de AVE, pero con máquinas de vapor"
En mayo abandonará el cargo de juez decano de Málaga que ha ocupado durante los últimos cuatro años. En este tiempo, a Manuel Caballero-Bonald le ha tocado vivir uno de los periodos más convulsos de la historia de la judicatura, con una huelga de jueces sin precedentes y el traslado de todos los juzgados de la capital a la Ciudad de la Justicia. Una etapa en la que se han creado 14 nuevos órganos judiciales y se han producido continuas peticiones de los magistrados de más medios humanos y materiales para desatascar los colapsados juzgados malagueños.
Tras cuatro años en el cargo, ¿qué diagnóstico hace de los problemas de la Justicia en Málaga?
Son los mismos que aquejan a todo el país: la falta de medios personales y materiales. Urge la reforma de la oficina judicial, de leyes procesales que datan del siglo XIX y una reforma estructural de la propia Administración de Justicia. También hay que cambiar la ley de planta judicial, que es de 1988 y que no responde a la realidad social y económica actual, y que da lugar a casos curiosos como que poblaciones con 20.000 habitantes tengan dos juzgados y otras con más de 60.000 habitantes, como Mijas, sólo un juez de paz.
¿Qué hay de la fórmula de arbitraje para pequeños conflictos?
Es una fórmula extrajudicial que es necesaria para aliviar la alta litigiosidad que existe. En Málaga de cada 1.000 habitantes, 212 tienen un pleito. Todo eso ahora acaba en los juzgados.
Cuando usted llegó al decanato había 59 juzgados, y ahora ya son 73.
Yo me estrené con la entrada del primer juzgado de violencia de género, y ya anticipé que se necesitaban más. Y eso se ha demostrado, pues ya son tres los que hay en esta materia, y que es una de las jurisdicciones que funciona mejor. Este es uno de los muchos problemas de la Justicia: se detectan las necesidades en un momento concreto, pero en vez de poner las soluciones en ese momento se espera a que no sean necesarios más medios. Al final los hechos son tozudos.
¿Eso es lo que está ocurriendo actualmente con los sobrecargados juzgados de lo social?
Por ejemplo. Es cierto que la situación de crisis económica está dando lugar a un aumento de la litigiosidad por los despidos. Hay que comprender esas opiniones que dicen que esto se soluciona con medidas coyunturales, pero es que hay que ponerlas ya. Ahora, mínimo, se necesitarían cuatro juzgados más de lo social aparte del que se va a crear este año. Si no se quieren crear, hay que poner dos más porque cuando pase la crisis seguro que van a ser igualmente necesarios.
¿Qué balance hace de estos cuatro años?
Moderadamente positivo, pero siento una cierta frustración e impotencia porque al final todo se reduce a una cuestión económica. Cada vez que hay recortes presupuestarios la tijera siempre lleva el nombre de Justicia, porque nunca se ha considerado como una necesidad, porque no da votos, y siempre se le ha dado preferencia a la sanidad, la educación o la agencia tributaria, a la que miro con mucha envidia. Nosotros nos conformaríamos con un treinta por ciento de lo que, por ejemplo, se va invertir este año de crisis en la línea de alta velocidad. Se pretende que la Justicia funcione como un tren de alta velocidad, pero utilizando máquinas de vapor y vías del siglo XIX.
¿Por qué cree que hay una opinión tan negativa de la Justicia y, sobre todo, de los jueces?
Primero, porque la Administración de Justicia funciona de una manera bastante deficiente y eso lo percibe el ciudadano como destinatario de ese servicio público. Y segundo, porque cuando el juez resuelve nadie queda satisfecho al cien por cien. Los jueces tenemos la sensación de que toda la responsabilidad de las disfunciones y errores del sistema se quieren hacer recaer sobre nuestras espaldas.
Pero con el juez Tirado sí se dio error judicial. De hecho fue sancionado.
Sí, fue sancionado. Pero tampoco se puede pretender que un juez de lo penal, que celebra 800 juicios y pone 600 sentencias al año, controle además y lleve en la cabeza todos y cada uno de las 1.500 procedimientos en fase de ejecución. La memoria tiene un límite y es el sistema informático el que tiene que alertar de que se está produciendo una anomalía.
¿Habrá otra huelga de jueces en junio?
Ahora estamos en una situación de expectativa. Confío en que las negociaciones que se están llevando a cabo con el Ministerio de Justicia lleguen a buen término y no haya otra huelga.
La reforma de la Ley de Seguridad Vial ha llevado a que a muchos de los condenados se le impongan penas de trabajos en beneficio de la comunidad, pero sólo hay 300 plazas y 2.000 personas en lista de espera.
Se hizo la reforma de la ley, que es positiva, pero se improvisó, porque en ese momento no se hizo ningún estudio serio de necesidades de juzgados y de plazas para cumplir las penas de trabajos en beneficio de la comunidad. Ahora hay riesgo de que en esa espera la pena pueda prescribir.
¿Cómo se va a solucionar la situación de interinidad de jueces?
Se va a crear un cuerpo de jueces adscritos a los tribunales superiores de justicia, que se van a llamar jueces volantes, que son de carrera pero en vez de tener un destino concreto van a ir cubriendo las vacantes que se vayan produciendo en los distintos juzgados hasta que lleguen los titulares.
¿Qué es lo que le ha resultado más difícil de abordar en estos cuatro años?
Ha sido un mandato difícil. Comencé con una huelga de funcionarios, luego vino el traslado a la Ciudad de la Justicia y los distintos problemas que fueron apareciendo en el día a día del funcionamiento de la nueva sede judicial. Luego, la huelga de febrero. De todas formas, lo más complicado ha sido la labor de mediación entre los distintos colectivos de la justicia: secretarios, abogados, funcionarios, procuradores, los propios jueces, para que no se quiebren las relaciones.
Publicado por LIBRA a las 22:37 0 comentarios
Ciudad Real: Justicia deniega el refuerzo para desatascar el Mercantil
Como un jarro de agua fría ha caído la negativa del Ministerio de Justicia a conceder una medida de refuerzo al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de la capital, encargado también de los asuntos mercantiles de toda la provincia, que ha visto multiplicar «por seis» el número de asuntos principalmente debido a los concursos de acreedores (quiebras y suspensión de pagos).
La crítica situación económica que atraviesa España se ha dejado sentir especialmente en este órgano judicial, que está soportando una extraordinaria litigiosidad por el cúmulo de asuntos mercantiles, más de doscientos, de los que cuarenta y cinco se acumularon de golpe, como reconoció recientemente el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), Vicente Rouco, quien solicitó una medida de refuerzo para aliviar la carga de trabajo que tiene este juzgado. Una petición avalada por el número de asuntos que registra el juzgado, que ha caído en saco roto, según aseguraron fuentes judiciales.
El TSJCM confirmó que el Ministerio de Justicia ha desestimado la petición de una medida de refuerzo para el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción que asumió la competencia de lo Mercantil. No obstante, el presidente del Alto Tribunal quiere pensar que no está todo perdido y está intentando aclarar la situación por medio del diálogo.
Rouco está dispuesto a agotar todas las posibilidades a fin de llegar a un entendimiento con el Ministerio y buscar una solución, consciente de la difícil situación en la que se encuentra este juzgado, un órgano mixto y único para toda la provincia, «por la extraordinaria litigiosidad que tiene y para que pueda despachar todo el cúmulo de asuntos mercantiles», principalmente procedimientos concursales que se han incrementado por la crisis económica.
Lo mismo opina el presidente de la Audiencia Provincial, José María Torres, quien también, en la memoria judicial remitida al CGPJ, reclamaba una medida urgente de refuerzo para este juzgado, al considerar que es harto difícil que pueda sacar adelante los asuntos propios de Primera Instancia e Instrucción y los relativos a la materia mercantil.
Torres, tras manifestar desconocer que el Ministerio hubiera desaprobado la medida de refuerzo, dijo que de ser así continuarán trabajando, insistiendo en ello. Además, aseguró que la propuesta no supone un gasto añadido, un desembolso, porque sería con cargo al presupuesto destinado a los jueces sustitutos.
Más duros y críticos con el Ministerio han sido el decano del Colegio de Abogados de Ciudad Real, Cipriano Arteche; y el presidente del Consejo de la Abogacía en Castilla-La Mancha, José Luis Vallejo. Los dos coincidieron en señalar que la decisión del Ministerio evidencia «una absoluta falta de sensibilidad e interés por solucionar el problema de la Justicia en Ciudad Real».
Para Arteche, es una decisión tomada sin tener en cuenta la crisis, a los ciudadanos y empresarios que «la están sufriendo en sus carnes» y que demandan una Justicia rápida y eficaz. De ahí que «no se entienda» porque, según aseguró, va a acarrear serios problemas, un retraso en los procedimientos concursales y en el resto de asuntos civiles y penales, difíciles de sacar adelante. «¿Cómo pretenden que se resuelvan los problemas de los ciudadanos y de las empresas sin dotar de medios a la Justicia?», dijo exasperado.
Vallejo aseguró estar «muy desencantado porque no se consiguen las cosas por las que estamos luchando». La situación en Mercantil «es caótica» y «sentimos una gran impotencia porque no se atienden las demandas avaladas con datos y números», concluyó.
Publicado por LIBRA a las 22:26 0 comentarios
Ceuta: Vivas transmite su colaboración para el nuevo Palacio de Justicia
La subdirectora del Ministerio de Justicia, García Nart, acompañada por el delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, acudió a la Presidencia de la Ciudad Autónoma para reunirse con el presidente Juan Vivas y con el consejero de Fomento, Juan Manuel Doncel, para hablar de la necesidad de contar con unas nuevas instalaciones en la ciudad.
En relación con esta cuestión se ha concretado que se debe trabajar, de manera conjunta, en dos direcciones.
En primer lugar, el propio departamento ministerial debe establecer con la Ciudad Autónoma cuales son las necesidades que tiene para las futuras dependencias judiciales, de manera que Fomento pueda redactar la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana.
Un trabajo parecido al que se ha realizado durante los últimos años con el Ministerio del Interior para la redacción de la modificación que fue aprobada en el pleno del mes pasado y que dará paso a la futura Comandancia, una vez que reciba el oportuno visto bueno del Ministerio de la Vivienda.
En segundo lugar, se ha decidido que deben existir reuniones donde participen las dos administraciones, pero que en la representación de la Administración General del Estado han de darse cita una serie de Ministerios implicados.
Por un lado, el propio de Justicia, por ser el que debe edificar las instalaciones; luego, el de Defensa, porque el mismo es el propietario del terreno y en tercer lugar el de la Vivienda, porque es quien tiene la última palabra para dar el visto bueno a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana.
Lo cierto es que por parte del presidente de la Ciudad, Juan Vivas, se ha transmitido el absoluto apoyo hacia el Ministerio de Justicia para colaborar en todo lo necesario para que Ceuta tenga unas dependencias judiciales modernas y efectivas.
También se habló del cine Africa
La subdirectora de Obras y Proyectos del Ministerio incidió al comienzo de la reunión en la parcela del cine Africa, extremo que ya fue desechado hace un año, aunque entendía que las actuales necesidades del mundo de la Justicia en Ceuta provocaría un edificio que no tendría mucho sentido en este lugar tan céntrico. De todas maneras, desde la Ciudad se les hizo ver que desde hace doce meses venían trabajando en un proyecto de viviendas para personas de la tercera edad.
Publicado por LIBRA a las 20:02 0 comentarios
Venezuela: Una juez denuncia el oscuro mundo de la justicia chavista
A mediados del año pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó de forma expedita su caso de asilo por razones políticas y la jueza, quien fuera titular del Tribunal 5 de Control del área metropolitana de Caracas, se estableció en Miami. En una entrevista López reveló por primera vez un testimonio de primera mano que muestra una inusitada ventana al oscuro mundo de la justicia chavista.
"El sistema de justicia venezolano es una anarquía y actúa al margen de la constitución y las leyes", aseguró López. "Es lo que diga Chávez, no hay autonomía ni de jueces ni de funcionarios judiciales en el país".
La jueza aseguró que cuando se negó a seguir instrucciones del despacho de un magistrado del circuito penal de Caracas, el más importante del país, fue acosada por la Guardia Nacional, recibió amenazas de despido, fue advertida de que su seguridad no estaba garantizada, y sufrió el intento de secuestro de su hijo de 11 años.
La jueza López aseguró que cuando admitió la querella por falso testimonio contra los dos fiscales, presentada por Cedeño, "comenzó la guerra en mi contra". Los fiscales demandados eran Gabriel Estagno y José Gregorio Arreaza, a quienes Cedeño acusaba de haber mentido bajo juramento en el caso que la fiscalía seguía en su contra.
López dijo que durante los tres días previos a que tomara una decisión, recibió llamadas de abogados y altos funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia y de la Fiscalía General, "haciéndome ver que se trataba del caso de un enemigo del gobierno".
Fuente: miamiherald.com
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"La Justicia es la asignatura pendiente en nuestro Estado de derecho"
Entrevista a Vicente Rouco, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Conoce el diagnóstico del estado de la Justicia en Ciudad Real y en el resto de las provincias de Castilla-La Mancha, y la receta que habría que administrar para mejorar su maltrecha situación.
Por primera vez en la historia los jueces fueron a la huelga porque dicen que la situación es insostenible por el abandono de la Administración de Justicia. ¿Qué opina el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha? ¿Cómo cree que ha influido en la sociedad?
No creo que se pueda hablar de huelga porque no ha sido tanto una huelga como una manifestación colectiva de protesta por la situación de la Administración de Justicia. Y lo ha sido tanto de aquellos que decidieron declararse en huelga, entre comillas, como de los que no decidieron sumarse al paro, porque yo creo que hay una práctica unanimidad en toda la carrera judicial en cuanto a que la situación de la Administración de Justicia en el momento actual no es nada buena.
Pero esta situación realmente no es nueva ….
Es cierto que viene de lejos, es histórica. Por eso se puede decir que no es una manifestación de protesta contra un determinado Gobierno, contra una determinada opción política, sino una llamada de atención, un clamor ante la propia sociedad y los poderes públicos para que se adopten las medidas necesarias y se modifique este estado de cosas. Creo que pocas instituciones han estado tan abandonadas en España desde la implantación del sistema democrático y la Constitución como la Justicia. Se ha mejorado mucho en sanidad y en educación y se han hecho esfuerzos importantes para dotar adecuadamente el sistema universitario, y por eso pienso que la Justicia es la asignatura pendiente en nuestro Estado de derecho y en la democracia, y lo es desde el principio de la transición. La sociedad está cada vez más concienciada de que hay problemas y circunstancias que exigen una respuesta judicial adecuada, rápida, eficaz en tiempo, rigurosa... y eso no se puede hacer ahora porque la escasez de medios y plantillas no permite o no propicia que se pueda dar esa respuesta, esa tutela judicial efectiva, que es un derecho constitucional fundamental.
Un derecho cada vez más demandado.
Sí. Es algo que los ciudadanos reclaman cada vez con mayor insistencia y sobre todo en un momento de crisis económica que ha provocado una avalancha de la litigiosidad, que ha hecho más acuciante la necesidad de mejorar el estado de cosas de la Justicia. Yo pienso que ha llegado ya la hora de la Justicia, la hora de que los poderes públicos se preocupen.
¿Y en Castilla-La Mancha cómo estamos ? ¿Qué provincia se encuentra en peor situación?
No se puede decir que haya una provincia peor que otra. Todas necesitan de atención, de mejoras, de una reflexión general. Los tribunales normalmente han funcionado bien. Por regla general los jueces siempre han sido autoridades bien preparadas, responsables, que han procurado con su esfuerzo, lo mismo que los secretarios judiciales, los fiscales y los funcionarios, suplir las carencias que se tienen. Pero esta situación de sobreesfuerzo personal, que ha permitido hasta la fecha ir superando sin demasiadas dificultades la situación, ha llegado al límite. En primer lugar hay un déficit de la planta judicial, y eso es palmario en toda España.
La abogacía dice que estamos en el furgón de cola, ¿es cierto?
Nuestro número de jueces por habitante es sensiblemente inferior al de muchos países como Alemania, Francia e Italia. Este déficit provoca una merma de posibilidades en esa Justicia, porque, por muchos medios materiales de que se disponga, si no hay jueces bien preparados que puedan prestar ese servicio malamente se puede dar Justicia en un tiempo razonable. Para colmo, en Castilla-La Mancha tenemos la peor, o una de las peores, ratios de jueces por habitantes de toda España: estamos en el puesto último o penúltimo. Cuando pronuncié el discurso de la apertura del año judicial estábamos en el puesto decimosexto y este año hemos pasado al decimoséptimo. La ratio de jueces por habitantes no llega al ocho por 100.000. Hay países como Portugal, con 16 por 100.000 habitantes, o como Alemania, que tiene 26; y esto produce un déficit para prestar el servicio en condiciones adecuadas.
Los medios técnicos también brillan por su ausencia.
La situación de la Justicia en Castilla-La Mancha ha estado muy abandonada: no se han hecho reformas en los edificios desde que se construyeron ni se han ampliado las instalaciones de acuerdo con la creación de nuevos órganos judiciales. Las únicas provincias que están un poco mejor son Toledo, donde los juzgados estaban en condiciones infames, y Ciudad Real, que estrenó el nuevo edificio hace un par de años. No obstante, ya que se gastan el dinero, se lo podían haber gastado en poner una climatización adecuada en los juzgados de Ciudad Real, en unos buenos medios informáticos y en unas medidas de aparcamiento y de seguridad coherentes. Y, para más inri, los sistemas informáticos no son compatibles con los de otras comunidades vecinas. El otro día me ponían el ejemplo de una videoconferencia para practicar una diligencia de prueba, algo maravilloso, en la Audiencia de Albacete, pero el equipo no era compatible con el del juzgado de la ciudad andaluza (con la que debía conectarse), hecho que no se comprende en el siglo XXI. Tampoco se entiende que el sistema informático de tramitación procesal, diseñado para la Justicia, no permita un control de los procedimientos, un resumen de su situación, un aviso o alarma de los trámites especiales que faltan por practicar o de la situación del preso o del detenido, si esta en esta situación o en aquella.
De eso se quejan los jueces, estar pared con pared y no saber lo que pasa en el juzgado de al lado.
Así es. Información sobre litigantes en un determinado juzgado que serían provechosas para el otro juzgado no se pueden conocer por falta de comunicación de los sistemas informáticos.
Ninguna de las cinco nuevas unidades creadas este año viene a Ciudad Real. ¿qué pasa con el problema en Mercantil?
Yo no me fijaría tanto en el hecho de que a Ciudad Real no venga ningún juzgado. El año pasado se crearon dos nuevos órganos judiciales en la provincia, uno en Daimiel y otro en Alcázar de San Juan. También existen necesidades en Guadalajara, Toledo, Albacete. Yo en lo que me fijaría es en que quizá ese número de nuevas unidades judiciales que se crean todos los años no son suficientes para satisfacer las necesidades. En Ciudad Real podemos hablar de necesidades en Almagro, Puertollano y la propia capital. Por eso, creo que hace falta una revisión general de la planta judicial.
Precisamente el nuevo ministro, Francisco Caamaño, se ha comprometido a ello. Además dijo que ponía a cero el marcador de la Justicia, hecho que denota que tienen intención de...
Da a entender que se van a estudiar las reivindicaciones, que yo creo que son sensatas, no disparatadas. Creo que se puede hacer mucho y los jueces tampoco están pidiendo que se mejore de hoy para mañana o que se hagan unas inversiones monstruosas, pero sí se que vea un cambio de actitud que mejore sustancialmente la Justicia.
Habló de la planta judicial.
Parece que una de las promesas del ministro es aumentar las plazas judiciales de manera significativa. Yo creo que es una respuesta muy adecuada, aunque todo esto habrá que complementarlo obviamente con un esfuerzo formativo, porque habrán de convocarse oposiciones, aumentar el personal al servicio de la Administración de Justicia y formar a ese personal. No se trata de improvisar sobre papel nuevos juzgados, hay que dotarlos de recursos, mobiliario, aparatos informáticos, aplicaciones necesarias. Además, los juzgados son personas y tienen que estar formadas por personal cualificado. Debe haber jueces, fiscales, secretarios y funcionarios muy preparados y cualificados, porque uno de los problemas que estamos teniendo, con mayor agudeza actualmente es, precisamente, el de las vacantes de las plantillas de personal al servicio de la Justicia. Es un fenómeno que vemos de una manera acusada aquí en Castilla-La Mancha y que comentan todos los presidentes de tribunales superiores de Justicia, el gran número de funcionarios interinos que no cuentan con la formación y preparación adecuada.
¿Y cómo se puede resolver esta falta de personal cualificado?
Hay que adoptar medidas urgentes y ampliar las plantillas de funcionarios titulares. Es decir, convocar más oposiciones y mejorar los procedimientos de formación y selección de personal interino de las personas destinadas a los juzgados en situación de refuerzo con el fin de que tengan los conocimientos necesarios, la formación y especialización precisa para afrontar las demandas de personal que existen. Así, los jueces se podrán dedicar verdaderamente a su labor, que es la de celebrar juicios, dictar sentencias y hacer que se ejecuten.
Un ejemplo de interinidad es el caso del juzgado de Almagro. En la visita que hizo a Ciudad Real el ex ministro Mariano Fernández Bermejo dijo que había que analizar qué pasa ahí.
Almagro es un juzgado que responde al deseo de los ciudadanos de un determinado partido judicial de tener una justicia más cercana, pero no se dota con los suficientes medios. Es un juzgado único, y un juzgado único que podía tener sentido con una carga de trabajo moderada deja de tenerlo cuando el número de asuntos se dispara, porque no puede cumplir con esa demanda de Justicia eficaz. Al ser único, tiene que atender el mismo volumen de trabajo que cualquier otro juzgado de Ciudad Real y, además, una guardia continua porque no hay otro juez. Entonces, está en situación de guardia de disponibilidad al mismo tiempo que tiene que atender todos los juicios rápidos, todos los detenidos, todos los asuntos de violencia de género. El ex ministro me decía que no se podía crear un segundo juzgado en Almagro porque hay otros juzgados que tienen unos datos numéricos muy superiores y, en la filosofía de un administrador, que tiene unos determinados recursos, a lo mejor es comprensible su posición. Pero entendemos que la necesidad y los datos avalan la petición que hicimos y que este año se ha evidenciado porque los asuntos civiles se han multiplicado mucho más por encima de la ratio que establece el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial). Además, si a eso se suma el hecho de que no hay un juez titular ni secretario titular y que muchos de los funcionarios son interinos se provoca una situación de déficit que se ve incrementada por el hecho de que las instalaciones del juzgado no son las adecuadas.
El alcalde ofreció terrenos.
Sí, para construir un nuevo edificio y las gestiones van por buen camino, ya se ha desarrollado un proyecto que confío que se ejecute y ojalá vea la luz pronto, aunque quizá debería haberla visto mucho antes. Por el momento, gracias a nuestra insistencia, al menos el Ministerio ha decidido dotarlo de una medida de apoyo que permita poner al día los asuntos más atrasados en un local próximo.
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El Tribunal de Justicia de la UE permitirá el uso del valenciano, el gallego, el catalán y el vascuence
Los ciudadanos españoles podrán emplear el catalán, el gallego, el valenciano o el euskera cuando se dirijan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), en virtud del convenio que firmarán el próximo lunes 27 la corte y el Gobierno español. El secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, suscribirá el acuerdo en la sede del Tribunal, en Luxemburgo, junto con el secretario de la institución, Roger Grass, según ha informado la corte en un comunicado.
De este modo, los ciudadanos podrán dirigirse a esta institución también en dichas lenguas y tendrán derecho a ser respondidos en ellas, tal como ya sucede con el Parlamento (PE), el Consejo y la Comisión Europea. En junio de 2005, el Consejo de la UE acordó, a petición de España, permitir un uso limitado del catalán, el valenciano, el gallego y el euskera en las instituciones europeas, pese a que estas lenguas no son consideradas oficiales en el reglamento lingüístico comunitario.
Para que la decisión del Consejo se ha aplicado en la práctica, el Gobierno español ha debido suscribir acuerdos administrativos con las diferentes instituciones y órganos, además de asumir los gastos derivados de las traducciones.
En julio de 2006, la mesa del PE rectificó en su negativa inicial al uso de las lenguas cooficiales en las comunicaciones escritas de los ciudadanos con la institución. Sin embargo, los eurodiputados no pueden emplear estas lenguas ante el pleno. López Garrido avanzó en febrero que, después de las elecciones europeas del 7 de junio, el Gobierno español volverá a pedir formalmente que se permita intervenir en catalán, gallego, valenciano y euskera en la Eurocámara.
Moncloa mima a CCOO y UGT: Las subvenciones que reciben del Estado crecen un 50% desde 2006
CCOO y UGT no sufren con el mismo rigor que el resto el avance de la crisis. De hecho, algunas de sus principales subvenciones procedentes del Gobierno central han hecho caso omiso de las dificultades presupuestarias para permitir que desde el año 2006 los incrementos acumulados asciendan a casi un 50% -un 10% desde 2007-. Mientras, los salarios lo han hecho en torno a un 10% acumulado en tres años y un 7% en los últimos dos ejercicios.
Así, la suma de la subvención por actividades formativas y sindicales, la concedida por labores consultivas del Ministerio de Trabajo y la correspondiente a la participación en la mesa de la función pública arroja unos saldos un tanto reveladores. Si se toman los importes percibidos en los años 2007 y 2008 por estos conceptos, los cobros de CCOO se han incrementado un 11,2% y los de UGT un 9,9%.
Alguien podría pensar que se trata, sin más, de un avance de las cifras correspondiente a un incremento del número de delegados sindicales de estas dos organizaciones que, al conferirles más representatividad les permite acceder a más subvenciones. Pero lo cierto es que las normas han sido modificadas por el Gobierno provocando estos incrementos de fondos. Así, por ejemplo, las subvenciones concedidas en 2006 –y diseminadas en el BOE– por la participación en la Mesa General de la Función Pública beneficiaban a 7 sindicatos. El importe total entregado por el Gobierno para todos ellos se situó en 231.330 euros.
Sólo está en poder de cada organización la cifra concreta que ha recibido. Fuentes sindicales aseguran que a UGT y CCOO le corresponden cerca del 40%, respectivamente, de la cantidad total.
En los años 2007 (fecha real de inicio del debilitamiento económico) y 2008 (cuando estalla la recesión), sólo cinco sindicatos pasaron a cobrar por este concepto, entre ellos, por supuesto, CCOO y UGT y también ELA, de origen vasco (Euzko Languilleen Alkartasuna). Y, pese a que eran claramente menos a cobrar, el importe se multiplicó por cinco veces y media hasta sumar 1.255.970 euros y 1.281.090 en cada uno de esos años.
Uno de los sindicatos que salió de la mesa en ese periodo fue USO. La salida de USO de aquella mesa no fue casual. El Gobierno endureció en aquel momento sus exigencias para formar parte de este foro pidiendo, además de la representatividad del 10% tradicionalmente exigida, requisitos de presencia autonómica y local, lo que ha reforzado la presencia de ELA.
Las ayudas no acaban en las subvenciones. El PSOE, además, ha prometido un nuevo pago a los sindicatos, con la idea de zanjar cualquier posible foco de enfrentamiento en momentos de crisis. Si el Partido Socialista, fuerza con mayor representación en el nuevo Parlamento, cuenta ya directamente con responsables de UGT en sus equipos electos, ahora pretende saldar cuentas con CCOO. Así, abordará la devolución del patrimonio sindical acumulado y generado en la etapa de Franco, que puede suponer un fuerte desembolso.
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Extremadura: Consulta en la Asamblea sobre el proceso de transferencias de Justicia
En la Comisión de Administración Pública de la Asamblea de Extremadura, el diputado del PP, Antonio Quintana, preguntó sobre la situación en la que se encuentra el proceso de transferencias de competencias de personal de Justicia.
Según explicó el popular, se trata de un tema que tiene su origen cuando gobernaba en la región Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien anunció que las transferencias de Justicia pasarían a Extremadura antes de marzo de 2008.
“Estamos hablando de unas transferencias en las que todo el mundo está de acuerdo”, apuntó Quintana, que comparó este proceso con la obra “Esperando a Godot”, en la que dos hombres esperan a un señor que se llama Godot que nunca llega.
Asimismo, aseveró que “no queremos las transferencias de Justicia a cualquier precio”, sino que estas competencias lleguen suficientemente dotadas económicamente.
En respuesta, el director general de Justicia e Interior, Rafael Cuadrado, manifestó que están a la espera de que el Ministerio de Justicia les convoque para una reunión que su Dirección General solicitó, la cual se ha visto retrasada debido a los últimos cambios ministeriales en el Gobierno central.
Sin embargo, la Dirección general de Justicia e Interior está, en estos momentos, desarrollando labores de análisis de los distintos servicios que se prestan por la Administración de Justicia en Extremadura, donde se evaluará su coste y sus necesidades, y se estudiarán proyectos de futuro con la realización de un Plan Estratégico.
Madrid: Los juzgados ampliarán los horarios de atención a mujeres maltratadas
La Comunidad de Madrid cerrará los acuerdos con los sindicatos para ampliar el horario de atención psicosocial en los juzgados específicos de violencia de género.
El consejero de Justicia e Interior, Francisco Granados, ha respondido así a la portavoz de Izquierda Unida, Eulalia Vaquero, quien le ha recriminado el hecho de que este servicio tenga un horario restringido de 8 a 15 horas y sólo de lunes a viernes.
Granados ha detallado que la consejería está "a punto de cerrar" un acuerdo con los sindicatos, por el cual se otorgará a estos trabajadores un plus de 287 euros por la ampliación del horario de este servicio de atención psicosocial.
Durante su intervención, Vaquero ha instado al consejero de Justicia a que desbloquee la situación irregular de los Juzgados de Violencia de Género, porque ha dicho, "deja desamparadas a las mujeres" que acuden fuera del horario del servicio psicosocial.
Asimismo le ha pedido que "no supedite el derecho de la asistencia integral de las víctimas a meros intereses económicos".
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Las medidas para agilizar la Justicia no funcionan: 2008 se cerró con 380.000 casos más
Cada tribunal cerró 2008 con 780 causas abiertas de media. Los asuntos ingresados superan por vez primera los nueve millones y los procesos en trámite aumentan en casi 400.000 con respecto a 2007.
Los juzgados españoles vieron cómo el número de procedimientos se acumulaban cada vez más sin que, pese al esfuerzo de jueces y funcionarios, se haya podido evitar que los asuntos que esperan una resolución aumentasen trimestre a trimestre. Y así hasta finalizar 2008 con, prácticamente, 2.800.000 causas que estaban en tramitación a fecha de 31 de diciembre, lo que representa, ni más ni menos, que 379.064 más que con las que comenzó el año, según el Informe sobre la Situación de los Órganos Judiciales relativo al último año, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial.
Y todo ello, pese al incremento de la planta judicial y a que cada órgano judicial aumentó en 26,6 el número de asuntos resueltos respecto a 2007.
Las cifras del informe son reveladoras por sí mismas. Si 2008 comenzó con 2.419.953 asuntos que se tramitaban en los juzgados y tribunales, el 31 de diciembre las causas que esperaban resolución se elevaban hasta las 2.799.017, es decir, se había producido un incremento de algo menos de 400.000, o, lo que es lo mismo, una subida mensual de casi 33.000.
En estos datos tiene una especial relevancia el que, por primera vez, los juzgados y tribunales españoles superaron los nueve millones de asuntos ingresados.
El atasco que ello provoca en las sedes judiciales ha resultado determinante para que los jueces ni siquiera hayan podido resolver el mismo número de causas nuevas de las que se tuvieron que hacer cargo. En este punto, resolvieron 8.683.565, lo que representa la nada despreciable cifra de 423.784 más que el año anterior.
En lo que se refiere a las distintas jurisdicciones, la del orden Penal es, un año más, la que cerró el año con más asuntos en trámite, a la espera de una resolución, con 1.126.666, lo que supone que la «bolsa» aumentó en algo más de 94.000 procedimientos.
En este apartado, destaca cómo, por ejemplo, los Juzgados de Violencia contra la Mujer ingresaron el pasado año 211.916 nuevas causas, de las que se resolvieron 208.304. Al final, cada juez encargado de estos procedimientos tenía pendientes de resolver al inicio del año una media de 105.
Tras la jurisdicción Penal, y a muy poca distancia, se encuentra la Civil, que acumula casi 1.100.000 asuntos en espera de resolución, 201.000 más que al inicio del año, lo que representa que cada uno de sus órganos judiciales tiene como media 524 causas por resolver.
En el orden Contencioso-Administrativo, destaca la reducción de los recursos pendientes de decisión que se encuentran en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, gracias en buena parte a que sus magistrados resolvieron 9.191 asuntos, frente a los 7.900 que ingresaron. Pese a ello, 13.426 recursos se encontraban a la espera de una resolución definitiva.
Un descenso también significativo se ha producido en los juzgados de Menores, toda vez que se ha pasado de 20.070 asuntos pendientes al inicio de año a 8.506 a finales del citado período. Y ello porque los jueces dieron salida a más de 12.000 procedimientos, frente a los 3.458 que ingresaron.
Por comunidades autónomas, los juzgados de Madrid fueron los que más asuntos ingresaron por cada mil habitantes, con 234 –frente a los 217 con que acabó en 2007–, seguidos de los de Andalucía y de Valencia, con 227,99 y 212,51, respectivamente.
Por contra, las comunidades donde la litigiosidad es menor son País Vasco y Extremadura.
Para el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, todos estos datos, en especial los relativos a los asuntos pendientes, no reflejan más que la necesidad de agilizar la creación de nuevos juzgados y de «priorizar las reformas relativas a la Ley de Planta y Demarcación», para adecuar el número de órganos judiciales a la situación real de la Justicia. En este sentido, considera que sería necesario aumentar en, «al menos, un 25 por ciento» la planta de órganos judiciales. Y, junto a todo ello, «es el momento» de abordar las reformas que necesita la Justicia.
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Orellana: "El aumento de la carga de trabajo se nota por días"
La juez jerezana Ana María Orellana acaba de recibir la cruz distinguida de primera clase de la orden de San Raimundo de Peñafort, la máxima distinción para un profesional de la Justicia y a petición de sus compañeros de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Sevilla.
-Supongo que el mayor orgullo además es que la proponga un compañero para tal distinción.
-Pues llevo con el presidente trabajando codo con codo quince años, quince años ya en la sala de lo Social. Es muy importante porque conoce mi trabajo muy cerca.
-¿Qué significa para usted ese galardón?
-Pues una ilusión enorme, siempre es un reconocimiento a tu trayectoria profesional, a tu trabajo y esfuerzo, sobre todo en la carrera judicial que tenemos un trabajo muy encerrado en los despachos, en el juzgado celebrando juicios… Es un trabajo que es muy difícil que te lo reconozca alguien porque se ve poco. Siempre se habla mal de la Justicia y cuando se hace bien nadie te dice que está bien. La verdad es que la imposición fue en un acto muy entrañable, un acto muy bonito al que asistieron muchos compañeros de toda España, porque fueron unas trescientas personas. Ese día recibíamos la cruz el decano de los jueces de Sevilla y yo.
-Lleva en la jurisdicción Social desde hace casi veinte años pero, ¿cómo fueron sus comienzos en la carrera judicial?
- Pues en lo Social llevo desde el 90 y en el TSJA desde 1994, hace quince años. Empecé como juez en Ubrique, siempre he estado en la provincia de Cádiz y siempre me cogía los destinos más cercanos a Jerez, porque me gusta mucho mi ciudad. Allí estuve diez meses, luego pasé a El Puerto. Hice las oposiciones restringidas a magistrado especialista de lo Social, saqué el número 1 de España y me vine a Jerez y eso que podía haberme ido al TSJ del País Vasco o de Cataluña, pero pese a eso quise quedarme en el juzgado número 2 de lo Social de Jerez.
-En Jerez los juzgados de lo Social acusan una carga de trabajo excesiva, tanto que después de mucho esperar se ha creado un tercero de esa índole.
-La crisis económica supone un incremento de la litigiosidad en todos los órdenes jurisdiccionales, con los despidos en lo Social se está desbordado. Los juzgados de lo Mercantil tienen un trabajo excesivo. Mi hermana es titular de este juzgado en Cádiz y está desbordada. La gente también cuando no tiene dinero pues se mete a delinquir o deja de pagar las hipotecas, por lo que el orden civil y el penal también se ven afectados. La crisis afecta a la situación actual de la Justicia a todos los niveles.
-¿En qué estado se encuentra ahora la jurisdicción en la que trabaja?
-La jurisdicción de lo Social ha sido siempre la que mejor ha funcionado de todos los órdenes porque tenemos una ley de procedimiento laboral que te permite un proceso ágil, regido por el principio de celeridad. Toda la prueba se practica de forma oral en el juicio, ves al testigo y al confesante, se trata de un procedimiento muy vivo con la inmediación del juez para todo. Hubo un informe que elaboró el CGPJ en 2007 con datos del año anterior en el que se decía que la jurisdicción social era la que presentaba menor litigiosidad, en once años sólo había subido un 6,7%, mientras que en otros órdenes un 46%. Funciona bien, pero actualmente se ha incrementado mucho la carga de trabajo, algo que se nota por días. Haces una estadística al mes y al mes siguiente se te ha disparado la entrada de asuntos. Aumenta la litigiosidad progresivamente.
-¿Se le ve final a esa tendencia?
-Desde luego a las previsiones que había de crisis de un par de años o tres, pues no. Ahora mismo hay un plan de modernización de la Justicia, que está siendo estudiado por los órganos competentes del CGPJ y se está haciendo también un estudio de la carga de trabajo aceptable para cada órgano judicial para equipararnos al sistema de la Unión Europea. En la UE hay dieciséis jueces por cada 100.000 habitantes y en España estamos en siete. Por eso necesitamos más medios personales y materiales, porque tampoco la informática en la administración de Justicia tiene parangón con otras administraciones como la Agencia Tributaria. Se ha incrementado el trabajo a tal extremo que los jueces, que no pedíamos nada para nosotros, pues nos hemos dados cuenta de que no podemos seguir trabajando así para prestar una administración de Justicia de calidad. A raíz de nuestras reivindicaciones, que no eran personales, sólo más medios para prestar una Justicia de calidad.
-¿Están justificadas las quejas de los ciudadanos acerca de que la Justicia es lenta?
- Están justificadas. El ciudadano tiene derecho a quejarse porque la administración de Justicia es lenta, pero también hay que comprender que es una labor de los poderes públicos el darnos los medios para que podamos prestar un servicio eficaz. No se trata de que el juez no trabaje, se trabaja y mucho. No tenemos horario, pero eso no signifca que trabajemos menos. Es que hacemos una jornada muy superior a las 50 horas semanales. Conviene tener una carga de trabajo moderada porque también debemos conciliar la vida laboral con la familiar. Yo tengo cuatro hijos, por ejemplo y concilio como puedo.
-Es cierto que la rebelión de las togas ha sorprendido mucho.
-La gente se preguntaba que por qué ahora y no antes. Pues porque con la crisis se ha incrementado la litigiosidad en todo. La situación ha llegado a tal punto que es insostenible. Los jueces somos personas responsables y queremos hacer nuestro trabajo bien. No somos máquinas de poner sentencias. Queremos estudiar el caso como el ciudadano se merece. Para una persona el pleito que tenga es lo más importante en su vida, le quita el sueño, vida personal y le afecta a lo emocional. Decía Sócrates que las cuatro cualidades que un juez debe cumplir son escuchar cortésmente; decidir sabiamente; ponderar prudentemente y resolver imparcialmente. Ahí está el artículo 17 de la Constitución. Los jueces debemos someternos solamente al imperio de la ley, no de los poderes públicos. El poder judicial es independiente.
- La huelga para el 26 de junio aún sigue en pie, además de que se ha cobrado en parte la dimisión del ministro Bermejo.
-Pero ha supuesto el inicio del plan de modernización de la Justicia. Realmente es la primera vez que el poder judicial toma esta decisión, que fue sumamente complicada porque no nos gusta tampoco hacer este tipo de presión, pero era la única vía que nos dejaron. Entonces había que hacer algo para que nos tomaran en conciencia porque no es un problema virtual, sino que viene de años y que ahora se ha hecho insostenible. No sé si la dimisión del ministro anterior fue por la huelga o las connotaciones que había en el momento, pero realmente se ha iniciado ese plan de modernización que es lo importante.
- ¿Cómo son las relaciones con el ministro nuevo, Caamaño?
-Pues parece una persona muy dialogante, pero todavía lleva muy poco tiempo como para valorar cuál va a ser su actuación con el gran problema que tiene la administración de Justicia, porque se encuentra con un gran problema. Ahora mismo coger el Ministerio de Justicia no es una tarea fácil. Habrá que esperar un tiempo.
-¿Seguirá en pie la huelga?
- No lo sé. La carrera judicial no quiere llegar a ese extremo. Es una medida de presión para conseguir algo, no es un objetivo en sí. Si se ve una voluntad real para adoptar las medidas necesarias para que la administración de Justicia sea equiparable a la de otros países de la UE pues no habrá motivo entonces para hacer la huelga.
-Hay casos como el de Marta del Castillo o la niña Mari Luz que han despertado la conciencia ciudadana con respecto a la Justicia. Se pide un referéndum para la cadena perpetua. ¿Se puede legislar de esa manera?
-Para una iniciativa legislativa más que un referéndum haría falta esa acción popular. Con el cumplimiento efectivo de las penas sí estoy de acuerdo, pero eso para determinados delitos como los de terrorismo, los muy graves en general que tengan una enorme trascendencia social, pero con revisiones claro. No se puede tener a una persona que haya hecho algo con 18 años de forma indefinida en prisión sin revisión alguna. Lo justo sería con revisiones para valorar cada cierto tiempo. Esto es algo muy difícil porque con casos como los de Marta del Castillo los padres han perdido a una hija. No puedo hablar de temas que llevan otros compañeros, pero en general la cadena perpetua sería más bien el cumplimiento efectivo de la pena, si se piden penas muy grandes. Lo que pasa es que luego operan los beneficios penitenciarios y se quedan en bastante menos. En ese cumplimiento efectivo de las penas siempre cabe un juicio de revisión cada diez años.
-¿Una de sus aspiraciones personales sería formar parte del Tribunal Supremo?
-He estado interna ya tres veces y el tema está ahí. La verdad es que me veo en el Supremo, pero es un nombramiento del CGPJ, no depende de mí, sino de méritos y de que consideren que eres la persona idónea para estar en el cargo en ese momento. Estoy dispuesta a asumir esa responsabilidad. Me haría mucha ilusión.
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Canarias tiene los jueces más jovenes de España
Canarias es la Comunidad Autónoma con los jueces y magistrados más jóvenes de toda España, con una edad promedio de 42,62 años, lejos de los 49 años de media de Aragón y Madrid. También es una de las comunidades con mayor número de mujeres ejercientes en la judicatura, un 50,5 por ciento, aunque en el País Vasco el porcentaje sube al 58,8 por ciento mientras que en Navarra apenas alcanza a un tercio, el 33,33 por ciento.
Son datos del informe sobre la Estructura demográfica de la carrera judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a fecha de 1 de enero de este año, pero hecho público en marzo pasado.
De acuerdo con este informe, Canarias es una de las comunidades más dinámicas en el ámbito de la judicatura, tanto por movilidad de los jueces, con una permanencia media que no llega a los ocho años, como por traslado entre órganos judiciales.
El mismo informe indica que Canarias es, a su vez, una de las regiones con una cifra media de jueces y magistrados por cada 100.000 habitantes de derecho, con una tasa de 9,92, casi a la par que la del archipiélago balear (9,97), lejos de las máximas de Castilla-La Mancha (con una tasa de 13,12) y de Madrid (12,04), pero también a distancia de la menor tasa de España que es la de Castilla y León, con sólo 5,87 jueces y magistrados por cada 100.000 habitantes residentes. La media en España es una tasa de 9,61 jueces, muy por debajo de otros países de Europa como Francia (11,9 jueces de media por cada 100.000 habitantes), Alemania (24,7); Austria (20,2) e incluso Ucrania (14,8).
Según la oficina estadística de la Unión Europea, Eurostat, España es el tercer país en número de juzgados de Primera Instancia (2.106) sólo por detrás de Rusia y Turquía, y también uno con el mayor número de órganos específicos o especializados, como el de Violencia sobre la Mujer, de los que 7 de cada diez jueces son mujeres. La presencia femenina también destaca en los juzgados mixtos de Primera Instancia (civiles) e Instrucción, con un porcentaje medio en España de 63,66 juezas.
Presencia simbólica.
Sin embargo, y pese al espectacular aumento en la última década de juezas y magistradas en la judicatura española, su presencia es apenas simbólica en los órganos de poder de la Justicia, como son el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.
En el Supremo, nueve de cada diez magistrados son en la actualidad hombres, y en los juzgados centrales de la Audiencia Nacional el porcentaje de mujeres sube tan sólo a un tercio (36,51 por ciento).
Tampoco supera el tercio la presencia de mujeres en los 17 tribunales superiores de Justicia, incluido el de Canarias, mientras que en el Registro Civil central y los juzgados de Vigilancia Penitenciaria la paridad es total: 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de hombres.
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Alicante: Jueces y secretarios pagan estanterías de sus bolsillos
Mientras España asiste a un amplio debate sobre la necesidad de modernizar la Justicia, una administración desatendida cuando no anclada en el siglo pasado, mientras el Ministerio prometerle digitalizarla para enterrar el papel y equipararla a Hacienda o a la Seguridad Social, cientos de miles de legajos continúan acumulándose sin control en juzgados cada vez más colapsados y faltos de espacio físico.
Buen ejemplo de ese compendio de penurias es la decisión que han tomado algunos jueces y secretarios de Alicante: comprar con dinero de su propio bolsillo estanterías metálicas para guardar los expedientes ante el caso omiso que la Consejeria de Justicia ha hecho en los últimos meses a sus peticiones en tal sentido.
«Es una cuestión de orden para no tener las causas en el suelo», señalan fuentes judiciales ante una habitación repleta de carpetas donde se han improvisado a base de imaginación y un punto de bricolaje casero nuevos soportes de almacenamiento con un tablón de madera como leja y cajas de folios como pilares.
Las fuentes consultadas aseguran que se están dando situaciones similares en otros órganos. El decano de los jueces de Alicante, Juan Carlos Cerón, dijo desconocer la compra de material y elementos de oficina por parte de funcionarios públicos, pero confirmó la carestía de estanterías: «Las pedimos, pero no llegan. No sabemos qué está pasando».
Carencias de medios tan elementales como éstos y, fundamentalmente, la saturación de trabajo y la lentitud en la creación de nuevos juzgados explican la convulsa situación que atraviesa la Administración de Justicia y la movilización de secretarios y magistrados que culminó el pasado 18 de febrero con la primera huelga en la historia en España del segundo de estos colectivos.
Un grupo de jueces de la provincia ha convocado para el próximo lunes una asamblea donde se deberá ratificar, o rechazar, la propuesta de acudir a un nuevo paro de dos días de duración en mayo.
Por su parte, las asociaciones mayoritarias en la judicatura, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la progresista Jueces para la Democracia (JpD), mantienen su convocatoria de huelga para el 26 de junio pese a la dimisión del anterior ministro, Mariano Fernández Bermejo, y su relevo por Francisco Caamaño, a quien todos reconocen un talante mucho más dialogante.
La crisis ha acentuado los problemas endémicos y estructurales de la Justicia de este país. Se ha cebado fundamentalmente en los Juzgados de Primera Instancia, que tramitan las deudas particulares, las letras de cambio y las hipotecas, en los Juzgados de lo Mercantil (suspensiones de pagos empresariales) y en los de lo Social, encargados de los despidos y las reclamaciones laborales.
Pero otras jurisdicciones también cabalgan hacia la saturación total, como la de lo Contencioso-Administrativo, que recibe los recursos de los ciudadanos contra cualquier decisión de las instituciones públicas.
El trabajo en esa especialidad se ha duplicado. Los cuatro juzgados de Alicante dedicados a esta materia (hay otro en Elche) han recibido en estos primeros cuatro meses del año 2.100 asuntos.
El enorme volumen de entrada de demandas, que lleva a los magistrados de lo Contencioso-Administrativo a duplicar los módulos de trabajo establecidos como razonables por el Poder Judicial, ha obligado a nombrar dos jueces de apoyo. El objetivo es tratar de agilizar los procedimientos, ya que algunos juzgados estaban señalando juicios para principios del 2012.
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El registro judicial de medidas cautelares funciona mal y ralentiza los procedimientos
Las semanas han ido pasando desde que el entonces todavía ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, acudiera a Sevilla para inaugurar a bombo y platillo el registro de medidas cautelares, sentencias no firmes y requisitorias. Y la queja de los secretarios judiciales, los funcionarios sobre los que recae la supervisión de estos registros, sigue siendo la misma de la que advertían cuando empezó a funcionar: suponen una sobrecarga de trabajo para las ya sobrecargadas oficinas judiciales.
Curso de dos horas y media
Así lo explicaba Isabel Roca, secretaria del juzgado de lo penal número cinco de Sevilla que era tajante. «Funciona mal», decía explicando la complejidad de un proceso para el que sólo les han dado un curso de dos horas y media.
Y es que aunque al principio parece fácil acceder, ya que el registro es visible en la pantalla del portal Adriano de la consejería de Justicia, luego, en la práctica no es tan fácil su uso. En primer lugar para acceder a él, los funcionarios tienen que poner el nombre de usuario y después la clave. A continuación, una vez que se abre el programa, hay que elegir entre el de violencia doméstica y el de medidas cautelares, según sea el tipo de procedimiento a anotar.
Un proceso que, según reconoce la secretaria, es lento y supone una sobrecarga de trabajo del veinte por ciento para cada juzgado. Y eso se ha hecho, advierte Roca, sin que hayan dotado de más funcionarios a los juzgados.
«Son muchos datos los que hay que meter», dice esta secretaria que, en cualquier caso ha dado prioridad en su juzgado a las ejecutorias de personas en busca y captura. O lo que es lo mismo a casos como el de Santiago del Valle. De hecho, el presunto asesino de Mari Luz, es uno de los que se ha metido primero en ese registro ya que, precisamente en ese juzgado, tenía una causa pendiente.
Pero además de ser muchos los datos que hay que meter, el problema es que con este sistema las ejecutorias son más lentas. Ahora, según dice esta secretaria, se tardan veinte minutos más en cada procedimiento. Y la consecuencia es que, «esos veinte minutos que pierden los funcionarios, son veinte minutos menos que tienen para tramitar los asuntos».
Seguramente por eso admite que los funcionarios están dándose cuenta de que se les está sobrecargando de trabajo ya que cada asunto hay que registrarlo tres veces. Primero en el sistema informático del juzgado, el Adriano, luego, una vez que hay sentencia, hay que meterla con todos los datos. Y finalmente cuando la sentencia es firme hay que hacer la anotación en el Registro de Penados y Rebeldes. Lo lógico sería que del segundo paso se pasara inmediatamente al tercero con sólo darle a un botón. Pero como no es así, hay que volver a teclear los datos. Seguramente por todo eso esta secretaria es clara. «Supone un agobio para todo». Y además insiste en que es verdad que «es importante la modernización de la Justicia pero hay que hacerlo con los medios necesarios no sobrecargando el trabajo de órganos que ya están sobrecargados». «Esto no es darle a un botoncito y ya están todos los datos; hay que revisar las ejecutorias atrasadas para rellenarlas y eso no se hace en tres meses», afirma.
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Huelva: El TSJ dice que faltan 79 funcionarios
El último informe sobre la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dejó patente las carencias de personal que existía en los juzgados onubenses (repartidos en seis partidos judiciales: Aracena, Valverde del Camino, La Palma del Condado, Ayamonte, Moguer y Huelva). Este Tribunal califica la situación en la provincia de Huelva de "singular y preocupante" y cifra en 79 plazas la necesidad de incrementar las plantillas de los jugados de la provincia, que suman 13 órganos judiciales. En concreto estima que en los cinco partidos judiciales de los pueblos faltan 40 funcionarios mientras que los otros 39 corresponden en la capital.
La falta de personal no es lo único que preocupa al Tribunal andaluz pues además muestra especial interés por la temporalidad que caracteriza a las plantillas de los juzgados onubense, en las que hay más personal interino que fijo. De hecho, destaca que frente a los 140 titulares (dejando fuera a los funcionarios del servicio común de la Audiencia) existen 159 interinos, fruto de la política de refuerzos que viene siguiendo la Junta de Andalucía para tratar de paliar las carencias de personal que se detectan en los órganos judiciales. A esto se suma el hecho de que en la provincia de Huelva existen un total de 35 órganos judiciales unipersonales de forma que si el funcionario se va de vacaciones o se ausenta por alguna circunstancia, el servicio se queda sin nadie que pueda hacerse cargo.
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Tenerife: Arreglar la sede provisional de los juzgados de lo Social costó 2 millones
La remodelación de la nueva sede de los juzgados de lo Social ha costado finalmente 1.982.638,05 euros frente a los 300.000 inicialmente presupuestados. Este es el precio que se ha pagado por reconvertir lo que era la galería comercial Orly en el nuevo emplazamiento de seis juzgados de la jurisdicción Social en el que también hay cabida para el juzgado de lo Social 7, que debía haber entrado en funcionamiento el 1 de enero y lo hará el 15 de mayo, y para un futuro juzgado más, el 8 de lo Social.
La viceconsejera de Justicia y Seguridad Carolina Déniz explicó que el coste de remodelación sería de 300.000 euros, pero adaptar ese espacio de casi 3.000 metros cuadrados alas condiciones de higiene y salud que marca la normativa y exigían los funcionarios, magistrados y secretarios judiciales ha multiplicado el gasto, ya que hubo que añadir aseos y habilitar una entrada independiente para el público a las cuatro salas de vistas creadas, de forma que el tránsito de personas no alterara el trabajo del personal judicial.
El resultado ha dejado por fin satisfechos a los jueces y a los representantes sindicales de los trabajadores, una vez subsanados todos los errores detectados sobre plano.
Los funcionarios se quejaron de falta de espacio, luz natural y de ventilación, pero la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, María Dolores Alonso, explicó durante una visita a las nuevas instalaciones, que "tanto la ventilación como la luz se deberá evaluar una vez que esté ocupado el inmueble".
"El local ya ha sido visitado por los técnicos en prevención de Salud y Riesgos y han comprobado que se cumple estrictamente con los requerimientos que exige la Ley", añadió.
Rehabilitación minuciosa
El espacio habilitado responde a los criterios de lo que deben ser las nuevas oficinas judiciales, es decir, espacios diáfanos en los que haya zonas comunes para los funcionarios encargados de la tramitación y gestión judicial, y mostradores de asistencia a los ciudadanos. Los funcionarios dispondrán de sus propios aseos, lo que en un primer proyecto no se contemplaba, y las salas de vistas, ubicadas al fondo y con acceso independiente (lo que tampoco estaba previsto), han sido insonorizadas. La sala de espera también se ha separado de la zona de trabajo de los propios juzgados.
"El resultado es una sede acorde con los requisitos presentes y futuros de la oficina judicial", indicó Alonso, pese a que se trata de una sede provisional, a la espera de que se construya el nuevo Palacio de Justicia en Cabo Llanos, que reunirá a todos los órganos judiciales, ahora dispersos en torno a la avenida Tres de Mayo.
Alonso explicó que la Consejería de Presidencia se planteó la compra del inmueble, "pero se desestimó a la espera del nuevo Palacio de Justicia". El alquiler del local costará 63.000 euros mensuales.
Cuatro órganos a la espera
El traslado de cinco de los seis juzgados de lo Social que hay en la provincia tinerfeña, ahora ubicados en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, dejará espacio para la sección sexta (penal) de la Audiencia Provincial, aprobada por el Ministerio de Justicia para 2008 pero que no entrará en funcionamiento hasta el 15 de mayo. También lo harán ese día el juzgado de lo Social 7, que lo hará en la nueva sede; de lo Contencioso-administrativo 4, que quedará en el espacio de la calle Aurea Díaz flores que ahora ocupa Social 6, y el juzgado de Menores 2, que también quedará en el Palacio de Justicia.
Los traslados de los juzgados de lo Social comenzarán el 5 de mayo, para que el día 15 puedan entrar en funcionamiento los cuatro nuevos órganos judiciales. Este retraso ha sido duramente criticado por magistrados y funcionarios, pero desde el Gobierno de Canarias se explicó que era más importante reforzar a los juzgados más sobrecargados.
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References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 25
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 17