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Timestamp: 2019-10-15 09:30:34+00:00

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﻿ SENTENCIA T-190 DE ABRIL 27 DE 1995
SENTENCIA T-190 DE 27 DE ABRIL DE 1995
CONTENIDO:IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA DE TUTELA. PUEDE SER TOTAL O PARCIAL. TÉRMINOS JUDICIALES. CUMPLIMIENTO ESTRICTO POR EL JUEZ
TEMAS ESPECÍFICOS:TÉRMINO JUDICIAL, DEBERES DEL JUEZ, DEBERES ESPECÍFICOS DEL JUEZ, IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA, TRÁMITE DE IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:283 DE JULIO DE 1995, PÁG.742
Sentencia T-190 de abril 27 de 1995
IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA DE TUTELA
EXTRACTOS: «Como ha venido sosteniendo la Corte, el de impugnar las providencias mediante las cuales se resuelve acerca de acciones de tutela es un derecho de rango constitucional, reconocido a las partes que intervienen en el respectivo procedimiento, y, por ello, el acceso a la segunda instancia no está condicionado al cumplimiento de requisitos formales distintos al de hacer uso del recurso dentro del término dispuesto por la ley.
En el caso examinado, la determinación inicial del Tribunal de segundo grado consistió en no dar curso a la impugnación, por cuanto ésta, según su criterio, no versaba sobre el tema de la violación o amenaza de derechos fundamentales sino que pretendía controvertir la decisión adoptada por el juez de primera instancia sobre envío de copias al Ministerio Público para la investigación de posibles faltas disciplinarias.
Debe decir la Corte al respecto, como ya lo hizo en auto del 2 de diciembre de 1994, que la posibilidad de impugnación alude a la decisión judicial como un todo, esto es, se refiere a la integridad de su contenido.
Obviamente, a quien ha sido afectado por la providencia judicial —que puede ser el accionante o la persona o autoridad contra la que se instauró la acción— le interesa en principio que el superior del juez verifique lo actuado para que se revoque o modifique aquélla, en lo que le es desfavorable.
Puede ser que el impugnante acepte parte del fallo —aun en el evento de haberse proferido en su contra— y, en consecuencia, a ese respecto no habría impugnación, pero ésta sí se tendría en los aspectos que el recurrente estima deban ser reconsiderados.
Así las cosas, la sentencia de tutela puede ser impugnada total o parcialmente, en ejercicio del mismo derecho de rango constitucional al que se alude.
Tal como lo manifestó la Sala en la aludida providencia, si ello es así, mal puede el juez de segunda instancia descalificar la impugnación por la sola circunstancia de que se refiera a una parte del proveído judicial atacado, pues admitirlo así significaría aceptar que decisiones tales como las de compulsar copias o adelantar ciertos trámites adicionales a la determinación de fondo no hacen parte de la sentencia.
Consideró la Sala —y estima necesario reiterarlo— que, si bien desde el punto de vista material bien puede distinguirse entre las resoluciones adoptadas por el juez, ya que no todas tocan con el fondo de la controversia —la cual radica en determinar si la acción instaurada está llamada a prosperar y en definir las órdenes judiciales que en caso afirmativo deben impartirse—, es lo cierto que la misma sentencia, en aquellas resoluciones que no aluden al asunto principal, puede afectar derechos de cualquiera de las partes y, por tanto, no tiene sentido excluirlas de la opción de impugnar, menos todavía cuando el constituyente no estableció al respecto discriminación alguna.
Despréndese de lo dicho que, habiéndose interpuesto a tiempo el recurso, desconocerlo y abstenerse de tramitarlo, sobre la base de clasificar las decisiones tomadas por el juez de primera instancia, implica vulnerar el derecho que la Carta Política otorga a las partes dentro del procedimiento de tutela.
Ello es todavía más claro si se tiene en cuenta el carácter preferente y sumario de este mecanismo, el cual puede implicar la adopción de determinaciones que prima facie parezcan acertadas pero que ameriten su modificación o revocatoria merced al más reposado análisis del superior, fundado en los argumentos expuestos por el impugnante. Estos, si bien no son indispensables para que se tramite la impugnación, pueden ser presentados con el objeto de ilustrar al juez o tribunal competente sobre los puntos que son motivo de descontento.
Entonces, no se justificaba la distinción hecha por el Tribunal cuando se abstuvo de resolver en segunda instancia suponiendo que la parte del fallo relativa a la investigación de los aspectos disciplinarios no podía ser objeto de ataque».
CUMPLIMIENTO ESTRICTO POR EL JUEZ
EXTRACTOS: «Los términos judiciales tienen por objeto la fijación de límites legales al lapso que pueden tomarse los jueces para resolver acerca de los asuntos que se les confían.
La jurisdicción no puede operar adecuadamente ni cumple la tarea que le es propia si los procesos se extienden indefinidamente, prolongando la indefinición de los litigios y controver-sias y atentando gravemente contra la seguridad jurídica a la que tienen derecho los asociados.
El acceso a la administración de justicia, como lo ha dicho esta Corte, no debe entenderse en un sentido puramente formal, en cuya virtud pueda una persona acudir a los tribunales, sino que radica sobre todo en la posibilidad real y verdadera, garantizada por el Estado, de que quien espera resolución —ya por la vía activa, ora por la pasiva— la obtenga oportunamente.
Ello significa que los términos judiciales obligan tanto a quienes tienen la calidad de partes o intervinientes dentro de los procesos como a los jueces que los conducen.
De allí que el artículo 228 de la Constitución haya dispuesto, como mandato perentorio, que los términos procesales se observarán con diligencia y que su incumplimiento será sancionado.
La Corte Constitucional ha señalado y ratifica ahora lo siguiente:
“El mencionado artículo 228 alude de manera directa al tema que nos ocupa y estatuye de modo perentorio: “Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”. Esta norma debe interpretarse en relación con el artículo 6º de la Constitución, relativo a la responsabilidad de los servidores públicos por omisión en el ejercicio de sus funciones y con el 256 ibídem, que al enunciar las atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura, confía a este organismo la de “llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales”.
En cuanto al derecho de la persona afectada por la omisión, de manera específica se configura una obstrucción indebida para el acceso a la eficaz administración de justicia (art. 229), derecho este cuyo carácter fundamental es para la Corte innegable, habida cuenta de su necesaria vinculación con otros derechos tales como la vida, la integridad personal, la libertad, el debido proceso, la igualdad ante la ley, la propiedad, el trabajo, el derecho a la personalidad jurídica y el libre desarrollo de la personalidad, entre otros, pues la realización concreta de éstas depende en grado sumo de la celeridad con que actúen los jueces en el cumplimiento de la misión que les ha encomendado el constituyente.
Considera la Corte que no se trata únicamente de velar por el cumplimiento de los términos por sí mismo ya que él no se concibe como fin sin como medio para alcanzar los fines de la justicia y la seguridad jurídica, sino de asegurar que, a través de su observancia, resulten eficazmente protegidos los derechos de los gobernados, muy especialmente el que tienen todas las personas en cuanto a la obtención de pronta y cumplida justicia.
Al tenor del artículo 122 de la Carta, “ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben”. Ese juramento compromete al juez y conduce a su responsabilidad cuando falta a su deber, según los artículos 6º y 124 de la Constitución”. (Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-431 del 24 de junio de 1992).
En sentencia T-572 del 26 de octubre de 1992 (M.P. Dr. Jaime Sanín Greiffenstein), la Corporación resaltó la importancia del acatamiento a los términos judiciales como parte integrante del derecho a un debido proceso:
“...el funcionario judicial —el juez— debe velar por la aplicación pronta y cumplida de la justicia. Los términos procesales son improrrogables y obligan tanto a las partes como a los jueces. El funcionario que incumpla los términos procesales o que dilate injustificadamente el trámite de una querella, solicitud, investigación o un proceso sin causa motivada, incurrirá en causal de mala conducta. El abuso en la utilización de los recursos y mecanismos procesales, que conducen a la dilación de los trámites jurisdiccionales, contraría este principio.
Se debe por tanto fortalecer la institucionalización de la mora como causal de mala conducta, para obligar al juez a cumplir estrictamente los términos procesales y a darle un curso ágil y célere a las solicitudes que ante la administración judicial presenten los ciudadanos, dentro de la garantía consagrada en el artículo 29 de la Constitución —el debido proceso—”.
La Corte estima necesario afirmar en esta ocasión, complementando lo ya dicho, que el carácter imperativo del enunciado precepto constitucional impide a los jueces optar por aplicaciones flexibles o amplias de las normas que establecen topes a los términos y, por el contrario, están obligados a un concepto estricto e implacable que otorgue certeza y garantice exactitud.
El desarrollo de los procesos con invariable apego a los términos señalados en la ley, además de realizar el principio de celeridad —aplicable a todas las actuaciones estatales—, permite a quienes participan en ellos obtener conocimiento preciso sobre los distintos momentos de definición y acudir con mayor seguridad a las sucesivas etapas procesales, en defensa de sus derechos.
Tales criterios son aplicables con mayor razón en el campo penal, toda vez que, estando de por medio la libertad de las personas y el deber estatal de perseguir y castigar el delito, la prontitud en la adopción de resoluciones judiciales tiene un carácter de verdadera urgencia, que sólo admite la demora razonable implícita en la formación del criterio del fallador, cuya extensión en el tiempo no debe superar el término que haya señalado la ley.
El transcurso de lapsos prolongados, más allá del término previsto por el legislador, para la toma de decisiones que afectan la libertad del individuo, representa no solamente la transgresión de un mandato legal por parte del funcionario, bien sea el instructor o el fallador, sino que se traduce en omisión, concebida como falta de la actividad debida, la cual en sí misma —con plena independencia del contenido y del sentido de la determinación que hubiera podido adoptar— es violatoria de los derechos a la libertad personal y al debido proceso.
No puede perderse de vista que, por otra parte, la permanencia indefinida de una persona a la expectativa de actos que resuelvan acerca de su situación jurídica, en especial cuando se tiene conocimiento público sobre la iniciación de procesos penales e investigaciones en su contra, ocasiona necesariamente un perjuicio a su honra y a su buen nombre. Si bien ello acontece como contingencia propia de la actividad estatal ordenada a la persecución del delito, la persona cuya conducta está sub judice tiene derecho a una definición pronta y cierta sobre el particular, de modo que la falta de observancia de los términos para hacerlo compromete también, inconstitucionalmente, la reputación del individuo y afecta su dignidad.
Para la Corte es claro que la eficiencia, cuya consagración se manifiesta en el artículo 228 de la Carta cuando impone el cumplimiento de los términos procesales, constituye principio de ineludible acatamiento por parte de los jueces y fiscales, so pena de las sanciones legales por la falta disciplinaria en que incurren cuando los desconozcan, lo cual tiene por finalidad específica la de obtener prontitud y calidad en la impartición de justicia.
Los funcionarios judiciales no pueden, por vía general, esquivar la responsabilidad que les cabe por la inobservancia de los términos, escu-dándose apenas en la disculpa de la congestión de trabajo debida al número de procesos en curso.
Las dilaciones injustificadas. Carácter estricto de la justificación.
Esa norma, entendida en armonía con la del artículo 228, establece un principio general —el de obligatoriedad de los términos—, que únicamente admite excepciones muy circuns-tanciales, alusivas a casos en concreto, cuando no quepa duda del carácter justificado de la mora. La justificación, que es de alcance restric-tivo, consiste únicamente en la situación probada y objetivamente insuperable, que impide al juez o fiscal adoptar oportunamente la decisión.
Desde luego, vencido el término que no pudo cumplirse por el inconveniente justificado, resulta perentorio el trámite preferente para el asunto que no se alcanzó a decidir en tiempo. De allí que no pueda admitirse de ninguna manera el aplazamiento indefinido de la resolución, estando obligado el juez o fiscal, en ese excepcional evento, a otorgar prioridad al proceso que resultó afectado por la causa justifi-cada.
De lo anterior se concluye que la sola referencia a una acumulación de procesos a conocimiento del juez o fiscal no constituye por sí misma, sin más evaluación, argumento suficiente para justificar la dilación en que se haya incurrido.
En lo concerniente a la investigación previa, a cargo de las fiscalías, debe recordarse que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 116 y en el título VIII, capítulo 6º, de la Constitución Política, la Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial del poder público y, en consecuencia, le son aplicables los principios generales relacionados con la administración de justicia y los preceptos constitucionales que regulan su actividad. Así ocurre con el ya mencionado artículo 228 de la Carta, que manda a los servidores públicos a cargo de la función judicial observar los términos procesales con diligencia, contemplando imperativamente que su incumplimiento será sancionado.
El respeto a los términos en el curso de la investigación no es una dádiva en favor de la persona contra quien se ha iniciado, sino una obligación ineludible del Estado, el cual, partiendo de la presunción constitucional de inocencia, debe agotar, dentro del debido proceso, las etapas conducentes a la definición cierta y oportuna acerca de si esa persona es penalmente responsable. Están de por medio los derechos fundamentales del implicado y la necesaria certidumbre de la sociedad sobre la eficaz gestión estatal en la lucha contra el delito.
Se reitera lo expresado en caso similar por esta misma Sala:
“De la diligencia con que se adelanten las investigaciones y se impulse y lleve a cabo la indagación inicial, a cargo de la Fiscalía, depende en gran medida la oportunidad y la eficacia de actuaciones procesales posteriores y el logro final de los objetivos que en este campo persigue la administración de justicia: el merecido castigo al delincuente y, hasta donde sea posible, el resarcimiento de los perjuicios causados a su víctima” (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-399 del 17 de septiembre de 1993).
El artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 41 de la Ley 81 de 1993, dispone:
“La investigación previa cuando existe imputado conocido, se realizará en el término máximo de dos meses, vencidos los cuales se dictará resolución de apertura de investigación o resolución inhibitoria. No obstante, cuando se trate de delitos de competencia de jueces regionales el término será máximo de cuatro meses”.
Como lo expresó el juez de primera instancia, bien que la resolución sea inhibitoria, ora que mediante ella se ordene la apertura de investigación —lo cual debe ser calificado y definido por el fiscal correspondiente—, lo cierto es que, según la norma legal que rige el proceso, el funcionario no puede tomarse más de dos meses para proferirla, si se trata de imputado conocido, ni de cuatro cuando la competencia haya sido confiada a los jueces regionales.
Observa la Sala, entonces, que en el asunto sometido a revisión, el fiscal regional encargado de la investigación previa adelantada contra M..., incumplió injustificadamente el término con que contaba para proferir la correspondiente resolución, pues la excusa invocada, consistente en el crecido número de expedientes para la época de su posesión, no es admisible en el caso concreto, si se considera que, en lo concerniente a la resolución que interesa a la imputada, transcurrió un término muy amplio, que excedió en mucho el legalmente previsto, sin que aquella se hubiera producido. Con ello vulneró el derecho al debido proceso que ampara a la accionante, dado el carácter injus-tificado de la dilación, y faltó a la eficiencia exigible a la administración de justicia, por lo cual es pertinente conceder la protección solicitada.
Se confirmarán las decisiones de instancia.
Eso si, debe advertir la Corporación que la accionante excedió las facultades que en su favor consagra el artículo 86 de la Carta, toda vez que al ejercer la acción solicitó que fuera proferida “...la resolución inhibitoria a la que hay lugar”, petición que resulta abiertamente improcedente, pues se repite que la facultad para decidir sobre la clase de resolución que deba dictarse —inhibitorio o de apertura de investigación— está radicada en cabeza del funcionario judicial.
De otra parte, la Sala encuentra que no es procedente la condena contra la Nación, solicitada por la accionante, toda vez que la peticionaria cuenta, para alcanzar tal objetivo, con los medios ordinarios dispuestos por el Código Contencioso Administrativo.
Advertencia necesaria.
Repárese en que la Corte Constitucional, al avalar las decisiones de instancia que brindaron protección a la accionante, no absuelve ni condena a la imputada, pues ello no le corresponde en el preciso ámbito de su jurisdicción. De allí que no pueda entenderse este fallo como argumento a favor de las pretensiones de fondo que la defensora de la accionante quiera obtener ante la Fiscalía Regional. El único sentido de la tutela otorgada es el de favorecer una oportuna definición a cargo del funcionario judicial en el evento examinado, cualquiera sea su sentido».
(Sentencia T-190 de abril 27 de 1995. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

References: resolución 
 artículo 228
 artículo 228
 artículo 6
 artículo 122
 artículo 29
 artículo 228
 artículo 228
 artículo 116
 artículo 228
 artículo 324
 artículo 41
 resolución 
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 resolución 
 resolución 
 artículo 86
 resolución 
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