Source: http://studylib.es/doc/381063/55193cde3e7faintervencion-de-terceros-en-el-proceso-civil
Timestamp: 2018-01-19 07:40:55+00:00

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Resulta necesario, antes de entrar de lleno en la materia que nos ocupa, dejar trazados una serie de
conceptos; conceptos que podrán ser calificados como elementales, pero de cuya debida
aprehensión depende el éxito de la comprensión de la difícil problemática en la que intentaremos
ahondar: la intervención de terceros en el proceso civil.
En principio, el proceso sólo comprende a las dos partes entre las que habitualmente tramita -el actor
y el demandado- y únicamente a ellas aprovecha o perjudica la sentencia que eventualmente pueda
recaer en él1.
Es preciso que usted tenga siempre en cuenta que el proceso civil es un fenómeno esencialmente
bipolar; es decir, que su estructura admite en principio, únicamente el juego dialéctico de la parte
actora y de la parte demandada. Este carácter de la relación procesal civil, hace que la presencia de
un tercero -directa o indirectamente relacionado con la causa-, se erija en un factor de perturbación
desequilibrante de aquella primitiva y simple relación entre dos personas 2. La irrupción de un tercero
a un juicio viene a constituir siempre una circunstancia atípica, que quiebra de alguna manera el
delicado equilibrio de fuerzas existentes entre actor y demandado.
Recordemos el concepto de Parte:
Conforme la definición suministrada por Chiovenda, parte es el sujeto procesal principal que peticiona
en nombre propio o en cuyo nombre se peticiona (actor) la satisfacción de una pretensión y también
el sujeto procesal principal frente al cual se reclama dicha satisfacción (demandado). “El concepto de
parte se deriva del concepto de proceso y de la relación procesal: es parte el que demanda en
nombre propio -o en cuyo nombre se demanda- la actuación de la ley y aquel frente al cual ésta es
demandada. La idea de parte nos la da, por tanto, el mismo pleito, la relación procesal, la demanda;
no es preciso buscarla fuera del pleito y en particular en la relación sustancial que es objeto de
contienda”3.Las partes -en sentido procesal- tienen la potencialidad de concretar el contenido del derecho de
acción y gozan de plenitud de facultades para conseguir sus propósitos (el acogimiento o el rechazo
de la pretensión aludida).Vemos de este modo que las partes son sujetos procesales principales. Su participación es
necesaria; sin partes no hay proceso civil. Se puede advertir de esta manera la diferencia que media
entre los sujetos procesales principales (juez y partes) y los sujetos procesales eventuales (terceros,
peritos, testigos, etc.).-
Concepto de Tercero:
Díaz Cornejo, Gabriel José, “La intervención de terceros. Tercerías, L.L Cba. 2003, pág. 1049.Martínez, Hernán, “Procesos con sujetos múltiples”, T. I, pág. 207, Edit. La Rocca.3 Chiovenda, “Principios de Derecho Procesal Civil, T. II, pág. 5.1
La doctrina tiene dicho que tercero es todo aquel que no es parte en un proceso dado. Hernando
Devis Echandía sostiene que “... son terceros quienes no tienen la calidad de parte...” 4. Precisando
más el concepto puede decirse que tercero es quien en el momento de trabarse la relación jurídicoprocesal, no tiene la calidad de parte por no ser demandante ni demandado 5.
En consecuencia podemos afirmar que tercero es quien no es sujeto activo ni pasivo de la relación
procesal, por no ser titular de la pretensión ni ser la persona en contra de quién esta va dirigida. Ello,
sin perjuicio de que el tercero, luego de su intervención, se convierta en parte (art. 432 última parte
del C.P.C.C).Categorías de terceros.Entre el universo de individuos que revisten el carácter de terceros respecto de un proceso dado
(pues no son partes), cabe hacer una primera distinción, entre los que ninguna vinculación tienen con
él, y aquellos otros que de un modo u otro participan en el juicio. Integran esta última especie de
“terceros”, todos los que sin ser parte ocupan un papel o rol en la causa judicial, tales como los
testigos, peritos, intérpretes, traductores. A esta clase de terceros los llamaremos “participantes” 6.Dentro de la aludida categoría de terceros “participantes”, corresponde separar los que intervienen en
el proceso sin interés propio (testigos, peritos, intérpretes, etc.), de aquellos otros, que ostentan un
interés en el resultado del pleito, razón por la cual se los denomina “terceros interesados”, de los que
a continuación nos ocupamos.Los Terceros Interesados.Como ya aludiéramos, al comienzo de este teórico, en principio, el proceso sólo comprende a los que
en él intervienen como actor y demandado, y únicamente a ellos aprovecha o perjudica la sentencia.
Pero las relaciones jurídicas son tan complejas que, con frecuencia, la litis afecta derechos de
terceros, que se ven así vinculados a un proceso en el que no han intervenido y de cuya sentencia,
no obstante, puede derivarles un perjuicio.
En tal sentido, cabe consignar como rasgo distintivo del verdadero tercero que “este se encuentra
interesado en el desenlace jurídico global del debate en que tercia. El acceso al proceso pendiente le
es facilitado por la ley, siempre y cuando posea un interés jurídico relevante, y no un mero interés”7.
La afectación en la esfera de los derechos del tercero es posible de dos maneras, según se trate de
un proceso de conocimiento o de un proceso de ejecución, pues en aquél su contenido será jurídico,
mientras que en éste será económico. En el primer caso, el tercero tendrá interés en intervenir en la
litis para suplir la omisión o prevenir el dolo de su deudor y evitar una sentencia desfavorable; en el
segundo, su interés estará limitado a la cosa sobre la cual se ha trabado el embargo, sea para
reclamarla como propia, sea para hacer valer una preferencia sobre el producto de su venta, pero
permaneciendo indiferente en cuanto a la litis objeto del proceso 8. De aquí las dos formas en que el
tercero puede hacer valer su interés: en el proceso de ejecución (cuando existe embargo), mediante
la tercería de dominio o de mejor derecho (art. 436 y ss. del C.P.C.C.), y en el proceso de
Devis Echandía, Hernando, Teoría General del Proceso, Tomo II, Bs. As., 1985.Vénica Oscar Hugo, Código Procesal Civil y Comercial de la Pcia. De Cba...., Edit. M. Lerner, tomo IV.6 Ferrer, Sergio E., La Intervención del abogado como tercero en el proceso o La Cenicienta sin hada madrina -el
otro punto de vista-; Sem. Jurídico, 1221, del 17/12/98.7 Díaz Cornejo, Gabriel, ob. cit..8 Alsina, Hugo, Tratado de Derecho Procesal..., Cap. VII, Proceso con Pluralidad de Partes, edit. Ediar.5
conocimiento (amplio o exiguo), mediante su intervención en la relación procesal (intervención de
terceros reglada por el art. 431 y ss. del C.P.C.C.). En uno y otro supuesto su posición es distinta,
porque en tanto que con la intervención asume el carácter de sujeto de la relación procesal y quedará
vinculado por la sentencia que vaya a dictarse, en la tercería conserva su calidad de tercero y no le
afecta la sentencia que decida la litis.En consecuencia, el tercero interesado se encuentra en una situación jurídica tal que el resultado del
pleito al cual es ajeno (porque no es parte), de alguna u otra forma, con mayor o menor intensidad
(según los casos) va a influir en su esfera de derechos. El proceso, por tanto, no agotará sus efectos
entre las partes (como es de rigor), sino que proyectará sus consecuencias más allá de las fronteras
subjetivas de la causa, hasta rozar (o golpear) los derechos de individuos que no revisten el carácter
de partes.Como se podrá apreciar, la figura del tercero interesado reconoce su génesis en el desborde
subjetivo de los efectos del proceso, que configuran, al decir de Peyrano, una relación procesal
afectante, por un lado, y por otro la concurrencia de un interés jurídico relevante del tercero,
susceptible de ser lesionado como secuela refleja del resultado del juicio 9.Noción de “interés jurídico relevante” y de “relación procesal afectante”.
Para que un tertius ingrese dentro de la categoría de tercero interesado, debe ostentar un “interés
jurídico relevante” que legitime su ingreso a la litis en trámite. Nótese que los restantes sujetos
procesales eventuales (testigos, peritos) carecen de ese interés específico a que nos referimos.Ahora bien, si nos preguntáramos en qué consiste el mencionado interés relevante, la respuesta
dependería del ordenamiento legal que se tome para el análisis. ¿Por qué esto? Ello es debido a
que no todos los códigos coinciden al normar cuáles son los intereses jurídicos que deben
computarse para convalidar el acceso de un tercero al litigio ya trabado.
Asimismo decimos que existe una relación procesal afectante cuando un pleito en trámite posee la
virtualidad de afectar o perturbar los intereses o derechos de quienes no actúan como partes del
mismo. Habrá relación procesal afectante en tanto y en cuanto una determinada litis se erija en una
amenaza para la esfera de intereses de un tertius -tercero-, cuando el desenlace jurídico de ella,
tenga potencialidad para interferir en la órbita de intereses de quien no es parte en la misma.Los conceptos de relación procesal afectante, y de interés jurídico relevante son de índole
complementaria: así, sólo podrá calificarse al pleito en trámite como relación jurídica afectante, si
existe un interés jurídico relevante en un sujeto que no es parte de aquélla.Resulta lógico pensar entonces que en la medida en que el tercero resulte lesionado por la relación
procesal afectante, justificará su intervención en la causa y, que a mayor grado de afectación,
mayores deberán ser las facultades rituales que nutren la legitimación del tercero.-
Tercero es aquel sujeto que no siendo parte (pues no es actor ni demandado) participa
del proceso, en forma espontánea o provocada, a fin de tutelar derechos o intereses
Ferrer Sergio E., ob. cit.. -
propios, susceptibles de ser afectados por la resolución del litigio.
En otros términos, tercero es el sujeto procesal eventual no necesario para la prestación de la
actividad jurisdiccional el cual, sin ser parte, tiene la chance de participar en una relación procesal
pendiente en la medida del interés jurídico que ostente y a través del instituto técnicamente
denominado intervención de terceros.
La intervención de terceros. Su fundamento.
En este apartado, repararemos en el fundamento jurídico sobre el que se asienta la figura del tercero.
La figura que analizamos tiene lugar cuando durante el desarrollo de un proceso dado, sea en forma
espontánea o provocada, se incorporan a él personas distintas de las partes originarias con el objeto
de hacer valer derechos o intereses que les son propios, aunque vinculados a la causa o al objeto de
la pretensión hecha valer en el juicio ya iniciado.El fundamento de la institución analizada reside en la conveniencia de extender los efectos de la cosa
juzgada a todos los interesados en una determinada relación o estado jurídico, sea por razones de
seguridad jurídica (con la intervención –strictu sensu- se impide el dictado de sentencias
contradictorias) o para evitar, incluso, el pronunciamiento de una sentencia inútil. Asimismo, el
fundamento de la intervención también reposa en el principio de seguridad o en los de economía y
celeridad procesal, según sea el tipo de relación que una al tercero con alguna de las partes
Ámbito material de aplicación del capítulo dedicado al instituto intervención de terceros
En lo que respecta al alcance de la normativa que estamos comentando (arts. 431/435 del C.P.C.C. y
arts. 90/96 del C.P.C.C.N.), podemos decir que quedan contempladas en la regulación todas las
hipótesis de participación ritual de un tercero en el proceso, a excepción de aquellos supuestos
previstos en otras leyes; esto es, que reconozcan una peculiar regulación legal. De esta manera, no
se aplican las disposiciones de este capítulo a los casos de citación en garantía del asegurador (art.
118 de Ln. 17.418), o los supuestos de tercerías -de dominio o de mejor derecho- (arts. 436 a 440 del
C.P.C.C. y arts. 97/103 del C.P.C.C.N.), como tampoco a la citación de evicción (arts. 442 a 447 del
C.P.C.C. y arts. 105/110 del C.P.C.C.N.)10.Sin perjuicio de ello, las normas que van a ser estudiadas en el presente desarrollo, son de aplicación
subsidiaria o residual, para todos aquellos aspectos en los que los respectivos estatutos legales no
prevean una solución específica11.
Presupuestos legales de admisibilidad
En el orden nacional, cabe agregar también a las previsiones de forma referidas a la acción subrogatoria (arts.
111/114 del C.P.C.C.N.).
11 Ferrer, Sergio –Ferrer, Germán, Código Procesal Civil y Comercial ..., Dir. Vénica, Oscar; ob. cit., tomo IV.-
Antes de comenzar con los presupuestos legales recalco lo dicho al comenzar el escrito en relación al
proceso civil entendido como un fenómeno esencialmente bipolar. Antes de proseguir, lo invito a que
repase el concepto expresado ut supra.
Teniendo en cuenta esto, el legislador deberá ser cuidadoso y exigente al normar los presupuestos
legales de admisibilidad. “No puede el proceso convertirse en una puerta abierta para que pueda
irrumpir cualquiera que lo desee”12.A su turno, Palacio – Alvarado Velloso13 destacan tres requisitos básicos para la intervención de los
terceros a saber: a) existencia de un proceso pendiente entre dos o más sujetos; b) la circunstancia
que el tercero sea una persona distinta a dichos sujetos originarios; y c) la demostración inicial de la
existencia de un interés jurídico que autorice su intervención.-
Clases de los terceros interesados
En relación a las clases de terceros interesados, diremos que existen muchas clasificaciones
propuestas por la doctrina en torno a la materia que nos ocupa. Proponemos estudiar el extremo
guiados por la clasificación que impone nuestro ordenamiento procesal (arts. 432 y 433) y el
ordenamiento procesal de la nación (arts. 90 y 94).La participación del tercero en el proceso reconoce una primera clasificación que distingue entre
intervención voluntaria e intervención obligada (también llamada coactiva).
La intervención voluntaria se caracteriza porque es la propia iniciativa del tercero la que determina
su inserción en la causa (art. 432 del C.P.C.C. y art. 90 del C.P.C.C.N.). En ella el tercero asume la
iniciativa y, espontáneamente, peticiona que se le permita ingresar al debate ya en trámite que lo
afecta o puede afectarlo (relación procesal afectante). El tercero participa del proceso porque él lo ha
juzgado conveniente a sus intereses, sin que medie pedido de parte ni citación del tribunal.
La intervención obligada se distingue de la anterior por el hecho de que el tercero decide intervenir
en el proceso, no ya por propia iniciativa sino como respuesta a un llamado o citación del tribunal,
originado en un pedido de parte o dispuesto oficiosamente (art. 433 del C.P.C.C. y art. 94 del
C.P.C.C.N.). En este caso es el juez de la relación afectante o las partes intervinientes en la misma,
quienes toman la iniciativa de propiciar el ingreso de un tercero al debate. No hay, como es obvio,
ninguna posibilidad de obligar -coaccionar- físicamente al tercero para que responda a la
convocatoria; en rigor se trata de una carga procesal (imperativo del propio interés): su
incomparecencia le puede acarrear consecuencias disvaliosas.
Tema 1: Intervención Voluntaria. Supuestos. Oportunidad. Trámite.Ahora sí, entramos de lleno al primer tema del programa académico.
a) Intervención Volunataria. Supuestos:
El art. 432 del C.P.C.C., refiere a dos subcategorías de intervención voluntaria. Por un lado, la
intervención voluntaria adhesiva o coadyuvante (inc. 1° y 2°) y por otro, la intervención voluntaria
principal, excluyente o agresiva (inc. 3°).
Peyrano, Jorge W., Procedimiento Civil y Comercial 2, Edit. Juris, 1992, pág. 59 y ss.-
Este último subtipo de intervención voluntaria no se encuentra previsto en el ordenamiento formal
nacional (vide art. 90). Como se ve, el artículo no comprende la denominada intervención principal o
excluyente, figura esta que si bien aparece descartada en su aplicación por la Exposición de Motivos
de la ley 17.454 –porque podría ser fuente de situaciones extremadamente complejas-, no se
encuentra prohibida14.-
a.1.- Intervención voluntaria adhesiva o coadyuvante. En este tipo de intervención voluntaria, el
tercero alinea su intervención ritual en el mismo sentido al de alguna de las partes. Aquí el tercero
busca ingresar a la relación procesal afectante para colaborar con una de sus partes en el logro de
sus propósitos (el acogimiento o el rechazo de la demanda). El tertius se beneficiaría -quedaría en
una situación favorable- si triunfara la parte a la que coadyuva. “El interés o derecho del tercero, cuya
tutela justifica su intervención en la causa, depende del éxito de una de las partes por sobre la otra, y
por tanto, apoyará la gestión procesal de aquella cuya victoria lo beneficie” 15.Esta clase de intervención voluntaria es a su vez, subdividida en dos tipos: a) la adhesiva o
coadyuvante simple, y b) la adhesiva o coadyuvante litisconsorcial 16.a.1.1). Intervención adhesiva o coadyuvante simple (inc. 1°). Se caracteriza por el hecho de que el
tercero no se encuentra legitimado para demandar o ser demandado. Ostenta sólo un interés conexo
a los derechos discutidos en el proceso al cual pretende acceder. El tercero participa movido por un
interés propio, pero en función de un derecho ajeno.
Como ejemplo de este tipo de intervención se ha nombrado al fiador simple que interviene en el
proceso seguido contra el deudor principal; el legatario que participa de la causa en la que se discute
la nulidad del testamento; el socio que apoya a la posición de la sociedad en el proceso donde se ha
planteado la nulidad de una asamblea. Es éste además el caso del abogado separado del proceso,
que continúa interviniendo en él en resguardo de sus honorarios (art. 18, 1º pàrr., de la ley 8226 –hoy
art. 18 de la ley prov. 9459-).a.1.2). Intervención adhesiva o coadyuvante litisconsorcial (inc. 2°).
En este caso el tercero se encuentra legitimado para demandar o ser demandado. Por ello, es éste
un tercero que se incorpora a un proceso que bien pudo tenerlo originariamente como uno de sus
contendientes. Como ejemplo de esta categoría de intervención se ha nombrado el caso en el que se
persigue el cobro de una obligación solidaria, y uno de los deudores, solicita su incorporación al
proceso. Como puede apreciarse, existe una vinculación directa entre el derecho del tercero y el
motivo de la litis; esto ha provocado que a este tipo de tercero se le reconozca una legitimación
amplia, otorgándosele sin ningún reparo, el carácter de parte autónoma.-
a.2.- Intevención voluntaria principal agresiva o excluyente.
Este supuesto se distingue de los anteriormente examinados, toda vez que el tercero se inserta en el
proceso mediante la deducción de una pretensión autónoma en contra de ambos litigantes,
Citados por Ferrer Martínez, ob. cit., pág. 822, nota 4.Conf. Kielmanovich, Jorge L., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Anotado, edit.
Abeledo Perrot, año 2009, Tomo I, pág. 143.15 Ferrer, Sergio E., La intervención del abogado..., ob. cit..14
incompatible con la posición jurídica de los contendientes originarios. “Se produce por causa de una
demanda interpuesta por un tercero, el cual pretende total o parcialmente el objeto, la cosa, o el
derecho de un proceso litigioso contra los dos”17.Reviste el carácter de auténtica demanda, que propone el que tercia en contra de actor y demandado.
El tercero adquiere a partir de su intervención la calidad de parte principal, toda vez que comparece
en defensa de un interés sustancial que le es propio, y postula una pretensión destinada a lograr el
reconocimiento de su derecho sustancial; en eso consiste su intervención.Así, en la intervención agresiva principal o excluyente, el tercero le disputará a las partes del pleito la
cosa o el derecho motivo del litigio, de forma tal que el interés del novel ingresante a la litis es
contradictorio con el de los litigantes originarios en el plano de la pretensión fondal deducida en el
litigio.La petición de inserción del tercero principal agresivo, depende de dos requisitos formales: a) la
pretensión del tertius debe llevar el mismo trámite que la impresa a la causa principal; y b) la
pretensión del tercero debe ser de la competencia del tribunal interviniente en el proceso principal.
Como ya lo adelantáramos, esta forma de participación fue expresamente excluida del texto del
actual Código Procesal de la Nación. Ello obedeció a que sus autores consideraran dicha institución
incompatible con la celeridad que se perseguía en el proceso y sostenían que los problemas que la
institución plantea se solucionaban con la acumulación de procesos.
b) Oportunidad de la solicitud:
Conforme lo establece la primera parte del art. 432 del C.P.C.C.18, el tercero se encuentra facultado
para deducir el pedido de inserción en la causa en cualquier etapa o instancia. A su vez, la misma
norma prohíbe retrotraer el trámite del proceso a etapas ya superadas, previendo el efecto no
suspensivo del trámite tendiente a decidir el ingreso del tercero a la litis.Como se ha puesto de resalto, el tertius debe tomar el proceso en el estado que se encuentra; incluso
deberá prever que el trámite del proceso no lo esperará hasta que sea habilitada su inserción
procesal, y en función de ello decidir la conveniencia de su participación en la causa.-
Cuando la intervención es voluntaria, quien se presente debe acompañar la prueba de los hechos en
que se funde y a presentación se le imprimirá el trámite de incidente -juicio abreviado- con la
intervención de actor y demandado19.La pretensión de incorporación del tercero deberá ser dirigida en contra de las partes del pleito,
quienes podrán resistir el intento de adición, ofreciendo la prueba que respalde su posición (art. 508,
1° párr. C.P.C.C.).16
Tanto el art. 432 del ordenamiento ritual autóctono como su par nacional (art. 90) tienen una similar redacción.
Fairén Guillén, citado por Parra Quijano, Jairo, “La intervención de terceros en el proceso civil, Edit. Depalma,
pág. 95.18 El art. 90 del C.P.C.C.N. establece: “Podrá intervenir en un juicio pendiente en calidad de parte, cualquiera
fuere la etapa o la instancia en que éste se encontrare…”. Como puede apreciarse, la previsión nacional tiene
similar factura que el art. 432 del código procesal cordobés.
19 Conf. Cámara 1° de Apel. C. y C., in re Euliarte, Alberto Ernesto c/ Municipalidad de Colonia Caroya –Daños y
Perjucios-, auto nro. 321 de fecha 26/07/04.17
El ámbito del debate del incidente de marras se circunscribirá a la discusión y juzgamiento de los
requisitos formales que hacen admisible el pedido de intervención del tercero. No será motivo de
contienda el mérito de las pretensiones fondales que el tercero invoque en su favor, pues este
extremo deberá resolverse en la sentencia, junto con la pretensiones esgrimidas por las partes
principales. En consecuencia, al tercero le bastará probar -a los fines de participar en la causa que le
es ajena- los extremos que hacen a su interés en el pleito, debiendo demostrar solamente la razón
justificante de su inserción.Tratándose de un incidente no suspensivo, deberá tramitar por cuerda separada (art. 429 del
C.P.C.C.).Conforme la regla de derecho contenida en el art. 432, primera parte del ordenamiento ritual
autóctono20, podríamos aventurarnos a afirmar que la resolución que le pone fin al incidente,
cualquiera sea su sentido, es apelable con efecto suspensivo. Pero un examen detenido y completo
de las reglas contenidas en el rito, nos lleva a la conclusión contraria. Comparto la observación de
quien señala que siempre que se impugne el decisorio que decida sobre el pedido de intervención de
terceros –favorablemente o negativamente-, el recurso se concederá con efecto suspensivo. Ello
surge de la sistemática del Código, y por otro lado evita el eventual desorden procesal que
ocasionaría la concesión del recurso con doble efecto –devolutivo para las partes originales,
suspensivo para el tercero interviniente-. Piénsese si no, como se desarrollaría la actividad procesal
en el caso de que en la Alzada se revoque la resolución del Juez de primer grado que había
denegado la solicitud de intervención: ¿podría el tercero recién ingresado al juicio, impugnar o
contestar actos procesales que afecten su derecho y que han sido cumplidos por las partes originales
del pleito?, ¿o debería primar el principio de preclusión de los actos?, ¿o corresponderá la
declaración de nulidad de todo lo actuado mientras el tercero no intervino en el proceso, ocasionando
un desgaste jurisdiccional que precisamente se intenta evitar con este tipo de institutos? 21.Esta interpretación concilia con la norma del art. 432, primera parte del C.P.C.C. antes citada, toda
vez que ésta última se refiere a la proscripción del efecto suspensivo al mero pedido de intervención.
En cambio, respecto de la apelación rige la regla del art. 365 del mismo plexo normativo.Por su parte, el art. 92 del Código Procesal de la Nación, establece el procedimiento previo a resolver
el pedido de intervención voluntaria de terceros. La directriz señalada exige que en el presentación se
cumpla, en lo pertinente, con los requisitos de la demanda, debiendo estar fundada en los hechos y el
derecho, y se deberá acompañar los documentos y se deberá ofrecer toda la prueba de la que el
tercero intente valerse. Del pedido de intervención se correrá traslado por cinco días a ambas partes,
y de mediar oposición de ésta o de alguna de ellas, se la sustanciará en una sola audiencia.
La directriz citada establece que el tercero puede postular su ingreso al pleito en cualquier etapa o instancia,
pero ello no provoca la suspensión ni retroacción del procedimiento.
21 Conf. Fernández, Raúl E., Impugnaciones ordinarias y extraordinarias en el C.P.C.C. de Córdoba, edit.
Alveroni, pág. 285/286. Respecto del efecto que cabe otorgar al recurso de apelación dirigido a tumbar la
resolución que acoge o deniega el pedido de intervención, se puede consultar con provecho un trabajo realizado
por el Dr. Gustavo Massano en “Manual de Derecho Procesal Civil –Dres. Ferreyra de De la Rúa-Rodríguez
Juárez-, Edit. Alveroni, Tomo I, pág. 214/216.-
Lo que podría cuestionársele a la regla de derecho analizada (art. 92 del C.P.C.C.N.) es que prevé la
realización de una audiencia con el fin de sustanciar las oposiciones que hubiese al pedido de
intervención, sin señalarse cómo se llevará a cabo la misma22.
Tema 2: Intervención Obligada o Coactiva. Requisitos. Supuestos. Oportunidad. Trámite.
a) Intervención Obligada:
Para el caso de la intervención obligada es el juez de la relación procesal afectante o las partes
intervinientes en la misma, quienes toman la iniciativa de propiciar el ingreso de un tercero al debate.
Aquí la participación del tertius no es el resultado de su libre iniciativa, sino que responde al
requerimiento efectuado por el juzgador.Son dos las razones que han movido al legislador a incluir este tipo de intervención. Una de ellas es
la de defender el interés del Estado en que se dicten sentencias útiles (ya que la emisión de
sentencias inútiles involucra un dañoso desgaste de actividad jurisdiccional). La otra razón entiende
que es beneficioso para la economía procesal, hacer oponible a un tercero el trámite de un proceso
entablado entre otros (ya que entonces el tercero no podrá volver a plantear cuestiones debatidas y
resueltas en el proceso al cual fue llamado).La intervención coactiva muchas veces no es más que la otra cara de la moneda de la intervención
voluntaria. Así por ejemplo, mientras el legislador le ofrece la oportunidad al tercero de pedir su
ingreso a la relación procesal afectante, simétricamente le ha concedido a los participantes en ésta
(juez y partes) la atribución de convocar al tercero afectado (o que puede serlo) que no ha hecho uso
de la facultad de pedir el ingreso al proceso que puede perturbar su derecho23.-
b) Requisitos: presupuestos legales del llamamiento coactivo del tercero.
Las normas antes mencionadas (art. 433 del C.P.C.C. y art. 94 del C.P.C.C.N.) tipifican como
presupuesto fáctico necesario para la procedencia de la citación coactiva u obligada del tercero a la
“controversia común”. En otras palabras, el tercero podrá ser traído a juicio en forma coactiva siempre
que la controversia que se ventila en la causa principal, y que liga al actor y al demandado, sea,
además, común al tercero.Surge entonces la siguiente pregunta: ¿cuándo la controversia es común al tercero?. En la
medida que podamos responder a este interrogante estaremos en condiciones de saber si una
determinada situación fáctica encaja en el presupuesto condicionante de la procedencia de la citación
coactiva u obligada.Se puede decir que la “comunidad de controversia” exigida, es algo más que un mero interés del
tercero en la decisión del proceso principal; se requiere un ligamen más intenso, que llegue a la
conexidad entre la pretensión del tercero y la deducida por los contendientes principales.
En este punto existen dos líneas de pensamiento. Desde un ángulo más exigente, hay quienes han
predicado que la conexidad para la procedencia de la citación coactiva reclama la identidad de
Cfr. Kielmanovich, Jorge, Código Procesal Civil…, ob. cit., pág. 146.-
“objeto” e identidad de “causa petendi” entre la pretensión del tercero y la de las partes. Siendo ello
así, “... pueden ser llamados a intervenir los sujetos que tienen una legitimación igual a la de los
sujetos que participan en el proceso y no los que sólo tengan legitimación secundaria” 24.El llamamiento coactivo serviría entonces para reunir a la causa originaria con la causa conexa que
pende entre personas distintas; pero que tienen en común los dos elementos objetivos de la
pretensión (objeto y título) y no tan sólo uno de ellos.Una tendencia más amplia, tiene dicho que la conexidad que caracteriza a la “comunidad de
controversia” exige la identidad de uno sólo de los elementos comunes a las pretensiones de las
partes y la del tercero, esto es, el objeto o la causa. Zanzucchi expresa que es condición de la
intervención coactiva que la causa sea común al citante y al citado. Este requisito no se concreta en
un mero interés del citante y del citado, sino en que la relación sustancial en torno a la cual existe la
litis entre actor y demandado, sea común al tercero (en cuyo caso el tercero habría podido o debido
asumir la posición de litisconsorte necesario) o, cuanto menos, conexo por la identidad de título o de
objeto, o por ambos elementos a la vez.En definitiva, cabe precisar que esos términos -controversia común, comunidad de controversiadeben servir para orientar al tribunal, tratándose por lo tanto de una norma de tipo abierto que los
jueces están llamados a integrar mediante el prudente auscultamiento del caso concreto.-
c) Supuestos: casos de intervención coactiva u obligada.A partir del concepto que le hemos dado al término “controversia común”, la citación coactiva u
obligada del tercero es susceptible de asumir distintas modalidades.-
c.1).- Denuncia de litis o Litis denuntiatio.La denuncia del pleito, en sentido estricto, tiene lugar cuando se anoticia la existencia del pleito al
tercero que puede ser sujeto pasivo de una acción de regreso, en caso de que el litigante sea vencido
en el juicio. Es una herramienta que usa el demandado, o el actor en su caso, para evitar que un
futuro proceso contra el tercero éste se valga de la exceptio mali processus (excepción de negligente
El Dr. Gustavo Massano cita como ejemplos de esta citación a los siguientes: a) El patrón que
indemniza el perjuicio causado por su dependiente (art. 1123 del C.C.); b) el tercero que excitó al
animal que ocasionó el daño (art. 1125 del C.C.); y c) el propietario de la cosa inanimada contra el
culpable del accidente25.
c.2).- Laudatio o nominatio autoris.Este tipo de intervención obligada se da cuando, frente a una acción real en contra del poseedor o
tenedor de un bien determinado, éste denuncia que lo posee o lo tiene en nombre de otro,
proporcionando todos los datos necesarios para su individualización y citación. En este supuesto, el
Peyrano, Jorge W, ob. cit..Ferrer, Sergio-Ferrer Germán, en Vénica, Oscar Hugo –Director-, “Código Procesal Civil y Comercial..., ob. cit.,
Tomo IV.25 Ejemplos citados Rodriguez Juarez-Enrico de Pittaro, “Código Procesal Civil y Comercial ...”, Edit. Alveroni.24
poseedor demandado denuncia el nombre de aquel por quien posee (art. 2782 C.C.). La
reivindicación puede dirigirse contra el que posee a nombre de otros, quien no está obligado a
responder a la acción si declara el nombre y la residencia de la persona a cuyo nombre la tiene,
debiéndose dirigir la acción, desde que así lo haga, contra el verdadero poseedor de la cosa.
Puede advertirse fácilmente que la finalidad de la denuncia del pleito, en este caso, es poner el litigio
en conocimiento del real poseedor, a los fines de que comparezca y libere de la obligación de
defenderse al primer demandado, quien en definitiva resulta ajeno a la cosa debatida en el juicio.
c.3). El llamamiento del tercero Pretendiente.
Esta categoría de citación coactiva participa esencialmente del concepto de intervención voluntaria
principal (art. 432 inc. 3° del C.P.C.C.), con la diferencia que no es el tercero quien voluntariamente
pide la participación, sino que es citado por el juez. En este caso el tercero es convocado por
estimárselo titular de todo o parte del derecho o cosa debatida en el juicio. “El demandado por la
entrega de una cosa o el cobro de una deuda, llama al tercero que también pretende ser propietario o
acreedor”26.Caso típico de este tipo de participación, es aquél en el que el demandado pide se cite a un tercero
que se atribuye la calidad de cesionario del crédito que el actor le reclama. Otro ejemplo lo
encontramos en la consignación, cuando fuere dudoso el derecho del acreedor a recibir el pago (art.
757 inc. 4 del C.C.).-
c.4).- El llamamiento del tercero colegitimado:
Cuando la citación persigue participar al tercero que por la ley sustancial se encuentra legitimado
para demandar o ser demandado, nos encontramos frente al supuesto del epígrafe. Sería el caso de
intervención litisconsorcial del tercero que puede ser activa o pasiva. Se convoca al tercero para que,
en caso de creerlo conveniente, comparezca y se constituya en litisconsorte de alguna de las partes
c.5).- Integración de la litis.
Este tipo de citación tiene lugar cuando en presencia de un caso de litisconsorcio necesario, no
actúan como partes todos los litisconsortes colegitimados, y en consecuencia la sentencia a dictarse
estará viciada de nulidad o será inejecutable27.
Corresponde memorar que existe litisconsorcio necesario cuando la relación material en litigio (el
derecho sustancial controvertido) es de naturaleza inescindible; resultando, por ende, indispensable
(si se quiere una sentencia útil-válida) que sea resuelta previa participación en el proceso de todos los
involucrados. Es el caso típico del condominio. Si Primus demanda a Secundus por división de
condominio de un bien y luego el juez (o Primus o Secundus) advierte que existe un tercer condómino
(Tertius), el magistrado está facultado para llamarlo oficiosamente. También se puede dar en el caso
Rodriguez Juarez – Enrico Pittaro, ob. cit..Ya hemos visto que este tipo de intervención se encuentra expresamente legislada en el Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación (art. 89).
del juicio de simulación, o en el incidente de redargución de falsedad de un instrumento público (art.
244 del C.P.C.C.).Es que de no proceder así estaría contribuyendo para que se dicte una sentencia inútil, puesto que
resultaría inoponible a Tertius; con lo que el propósito buscado (la división del condominio) no podría
concretarse. La sentencia en este supuesto sería de imposible ejecución.
Por orden oficiosa del tribunal, o a petición de parte, se cita a los litisconsortes necesarios ausentes,
para integrar correctamente la litis.-
c.6.- La llamada en garantía.
Consiste en lograr que el tercero asuma la defensa del citante y eventualmente se haga cargo en
forma personal e inmediata de las condenaciones que contenga la sentencia que se emita. Procede
cuando la demandada, se halla en juicio en razón de un derecho que ella misma ha causado y
respecto del cual un tercero ajeno a la relación material y procesal de aquél litigio, debe responder
personal e inmediatamente, asumiendo la defensa del garantizado y, en su caso, hacerse cargo de
las condenaciones, por hallarse vinculado con el demandado-citante, por una relación jurídica propia
que lo obliga a ello, y que ostenta un vínculo de afinidad por dependencia directa.
Son ejemplos de este tipo de participación obligada aquellos casos en los que, convencionalmente,
una de las partes se responsabiliza de ciertos riesgos; vgr.: el fabricante por las demandas de que
pueda ser objeto el vendedor de los productos elaborados por el primero; o el comprador de un
vehículo por los daños que se causen con el automotor, frente al titular registral; etc..-
d) Oportunidad de la citación. Límite temporal.La norma contenida en el art. 433 del C.P.C.C. determina la oportunidad en que debe deducirse la
petición de citación coactiva del tercero, para que resulte formalmente admisible. Al respecto, sitúa
dicho momento en la etapa introductoria de las cuestiones, es decir, en la demanda, cuando la
petición la formulara el actor, y en su contestación, si el requerimiento fuera practicado por el
accionado. Superados los referidos estadios procesales, la citación coactiva del tercero es
formalmente inadmisible por extemporánea.La citación presupone una litis de la cual se anoticia al tercero, con el objeto de que la sentencia
pueda serle opuesta. Por tanto, a diferencia de la intervención voluntaria, en la cual el tercero debe
aceptar la causa en el estado en que se encuentra, la intervención resultante de una citación
coactiva, debe efectuarse dando al tercero ocasión para actuar en el período inicial de sustanciación
de las pretensiones.Es decir, no sólo la litis debe estar pendiente, sino que además debe otorgarse al tercero oportunidad
amplia para ejercer el derecho de defensa, inclusive refutando la pretensión contenida en la demanda
o, en su caso, afirmando que ella sólo puede comprometer al demandado.-
La salvaguarda del derecho de defensa del demandado soporta, congruentemente, un límite
inexorable de preclusión: así como ésta opera para responder la demanda, igualmente funciona para
incorporar terceros al proceso, con motivo de la propia conveniencia de aquél 28.En el orden nacional, el trámite resulta de lo prescripto por el art. 94 del C.P.C.C.N..
Así, el pedido deberá ser formulado por el actor en el libelo introductorio29, y el demandado lo podrá
solicitar dentro del plazo para contestar la demanda, disponiéndose la citación del tercero, en la forma
dispuesta por los arts. 339 y ss. del C.P.C.C.N,; esto es, en la forma prevista para la citación de la
La situación de codemandado desistido: Qué solución correspondería para el caso en que el actor
demanda a dos sujetos (litisconsorcio pasivo), y con posterioridad al vencimiento del plazo para
contestar la demanda, desiste de la acción o del derecho respecto de uno sólo de ellos? ¿Cabría la
posibilidad de que el coaccionado subsistente se oponga a dicho desistimiento aduciendo que el
disistido es común a la controversia? Los artículos que se refieren a ese modo anormal de
terminación del proceso (arts. 349/351 del C.P.C.C. y arts. 304/306 del C.P.C.C.N.) no contienen
ninguna disposición al respecto. Sin embargo, somos de la opinión que debe concederse al
codemandado subsistente la prerrogativa de oponerse al desistimiento formulado, a pesar de que el
término para peticionar la citación coactiva haya vencido. Dicha circunstancia no podrá oponerse a
quien subsistirá en el papel de demandado, pues mientras aquel término corría, el desistido no
revestía la calidad de tercero30.-
Cuando la intervención es reclamada por el demandado, del pedido debe darse traslado al actor (art.
434 del C.P.C.C.). En este caso, el procedimiento se suspende hasta que comparezca el citado o se
venza el plazo que se otorgó para que lo hiciera31. Claro está que eso ocurre en el supuesto en que el
pedido se admita32. El tercero carece del derecho de oponerse a la citación, más podrá concurrir al
proceso aduciendo que no le cabe ninguna responsabilidad en la litis trabada entre actor y
Si el accionante controvierte la incorporación adjetiva del tercero, el tribunal resolverá mediante un
auto. Dicha resolución es declarada expresamente apelable, y lo será con efecto suspensivo.Según el Dr. Kielmanovich, del pedido de intervención de terceros formulado por el actor en su
demanda se correrá traslado al demandado 33 por el mismo plazo previsto para su contestación,
Zavala de González, Doctrina Judicial, Solución de Casos 4, Edit. Alveroni; Cám. 8ª C.C. Cba., 06-06-95;
Semanario Jurídico nro. 1051, 24-08-95.29 En estas condiciones, también lo podrá hacer el reconviniente en el escrito de reconvención (CSJN, 19/08/99,
“Inversiones y Servicios S.A. c/ Estado Nacional –Cumplimento de Contrato-“, Fallos: 322:1580).
30 Rodriguez Juarez – Enrico de Pittaro, “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba ...”, edit.
Alveroni; trabajo realizado por Gustavo Massano.31 El art. 95 del C.P.C.C.N., en idéntico sentido, dispone: “La citación de un tercero suspenderá el procedimiento
hasta su comparecencia o hasta el vencimiento del plazo que se le hubiere señalado para comparecer.
32 Cámara 1° de Apel. C. y C., fallo citado en la nota nro. 29.33 Humildemente discrepo con el destacado jurista porteño. Toda vez que el polo activo de la relación jurídicoprocesal tiene la prerrogativa de demandar a quien le plazca (principio de autoridad), entiendo que también
puede hacer lo mismo con las citaciones obligadas que proponga. Por ello, a mi juicio, el pedido que provenga
del actor no debe ser sustanciado.
debiendo hacerse lo propio con relación al que hubiese efectuado el demandado, debiendo el juez
resolver sobre las eventuales oposiciones que pudiesen deducirse sobre la base de la conjetural
inexistencia de los presupuestos que la autorizan34.
Tema 3: Cuestiones procesales. Citación. Facultad de los terceros. Ejecución de la sentencia.
Como puede advertirse de manera palmaria, el título hace referencia a la intervención obligada.
En lo que respecta al límite temporal de la citación al juicio del tertius, ya nos hemos referido ut supra,
adonde remitimos en honor a la concisión.
En lo que respecta a la forma de comunicar la citación, la misma debe ser practicada por cédula
dirigida al domicilio real del citado, cumplimentándose con los mismos requisitos que si se estuviera
notificando a una de las partes (tal como lo prevé el art. 94, última parte del C.P.C.C.N.). El plazo de
comparendo, deberá establecerlo el tribunal conforme lo dispuesto por el art. 163 del C.P.C.C. 35, que
tiene en cuenta la lejanía del lugar donde radica el juicio. Nos parece conveniente citar al tercero bajo
apercibimiento de rebeldía. Si bien esto se encuentra discutido en doctrina, creo que es la mejor
solución para lograr tener certeza del régimen de las notificaciones que se le deben cursar con
posterioridad durante el proceso.
Ahora bien, cabe preguntarse: ¿en cabeza de quién se encuentran las gestiones tendientes a hacer
efectivo el comparendo de los terceros citados –en forma coactiva-, y el desenvolvimiento posterior
de la litis?
Respuesta: Se tiene dicho que el actor no puede verse constreñido a litigar dificultosamente con
personas respecto de las cuales no tiene ningún interés. Por eso y aunque nuestro sistema procesal
no contiene una previsión expresa y genérica sobre el punto, las gestiones para hacer efectivo el
comparendo de los terceros citados, y en orden al desenvolvimiento posterior de la litis con ellos,
deben ser soportadas por el citante, y no por la otra parte36.
Si la citación fue pedida por el polo pasivo de la relación jurídico procesal, el actor no tiene porqué
asumir las gestiones necesarias para lograr el comparendo del tercero, las cuales deben pesar sobre
el litigante que ha peticionado la citación, a quien coherentemente incumbe hacerlas efectivas. “En
refuerzo de las consideraciones precedentes, se advierte que el art. 146, segundo párrafo, del Código
Procesal, establece que las cédulas serán suscriptas por el apoderado o el letrado de la parte que
tenga interés en la notificación, lo cual implica que la carga de practicar dichas notificaciones recae en
quien peticionó la citación coactiva de los terceros (sin perjuicio de la gestión que pudiera desplegar
la adversaria como contribución a la celeridad del proceso)” 37.
Kielmanovich, Jorge, Código Procesal…, ob. cit., pág. 146.
En cuanto al plazo para el comparendo de los terceros, debe ser de tres días (art. 163 C.P.C.C.), salvo que
tuviesen domicilios distintos, en cuyo caso rige el plazo mayor fijado en el art. 167 (Zavala de González).36 Zavala de González, Doctrina Judicial –Solución de casos 4-; Edit. Alveroni, pág. 373.37 Zavala de González, ob. cit., pág. 373. La autora alude, en apoyo de su postura, a la norma del art. 444 del
C.P.C.C. que prevé que el citante -en el caso de la evicción- tendrá la carga de activar las gestiones necesarias,
agregando que dicha normativa es aplicable a todos los casos de intervención obligada a mérito de lo
preceptuado por el art. 887 del C.P.C.C. (aplicación analógica a hipótesis similares).
De este modo, se impone emplazar al citante para que urja la notificación a los terceros, bajo
apercibimiento de declararlo como desistido en cuanto a la intervención de éstos. Bien podría el
tribunal otorgar un plazo razonable a fin de que el demandado haga efectiva la citación que peticionó,
a cuya finalización debe reanudarse el proceso, con prescindencia de que aquélla se haya o no
concretado y de cuántos terceros fueron citados.
La solución antes expuesta es extensible a cualquier otra notificación de las resoluciones que se dicte
b) Facultad de los terceros: Legitimación.El art. 432, último apartado del C.P.C.C., consagra el principio según el cual, el tercero gozará de “...
las mismas facultades y derechos que las partes...”. Ello significa lisa y llanamente que el legislador
cordobés ha pretendido equiparar a partes originarias y terceros, otorgándoles a éstos últimos, las
mismas facultades que el rito le otorga a las partes originarias.Lo expuesto puede predicarse, sin hesitación, respecto de todos aquellos terceros que gozan de
legitimación sustancial para intervenir en la contienda; como el tercero coadyuvante litisconsorcial
(inc. 2º) y el tercero principal, agresivo o excluyente (inc. 3º). Como en estos casos el tercero ejerce
un derecho que le es propio, no podría la ley -so riesgo de verse afectada la garantía de la
inviolabilidad de la defensa en juicio- brindar otra solución.Empero, más discutida se encuentra la legitimación del tercero voluntario adhesivo simple (inc. 1°); en
otras palabras, se discute qué facultades de actuación tiene en la contienda. Este tema se analizará
Legitimación del tercero adhesivo coadyuvante simple
Ya hemos explicitado que el supuesto de intervención de tercero contemplado en el inc. 1º del art.
432 del C.P.C., se caracteriza por el hecho de que el sujeto que pretende incorporarse a la litis carece
de legitimación sustancial, en términos que no pudo, en modo alguno, demandar o ser demandado en
la contienda principal. No obstante ello, su participación en la causa se justifica atento a que, aún
careciendo de legitimación, ostenta un interés legítimo en el pleito ya que la decisión que en él se
pronuncie habrá de influir en su esfera de derechos.
A partir de allí se discute la calidad y cantidad de facultades, derechos, y prerrogativas que
singularizan la posición del tercero no legitimado una vez incorporado a la causa como tal. En esta
inteligencia, se divisan dos posiciones enfrentadas, que a su vez, obran como fuente de regímenes
procesales antagónicos.
1) Tesis de la legitimación subordinada.Para cierto sector doctrinario, existe una nítida diferencia entre la capacidad de actuación de las
partes del litigio y la del tercero adhesivo simple. Este último ostenta un emplazamiento dentro del
proceso de carácter secundario, en función de lo cual, su actuación ritual no es autónoma sino que es
de naturaleza accesoria y se encuentra subordinada a lo obrado por la parte a la que coadyuva no
pudiendo probar ni alegar lo que estuviere prohibido a ésta.-
El C.P.C.C.N. participa de esta idea (art. 91) y, entre otros, también el ordenamiento ritual de Santa
Fé (art. 303).Ahora bien, enrolados los mentados ordenamientos procesales en esta línea de pensamiento -el
tercero adhesivo simple padece una limitación a su capacidad de actuación-, se discute asimismo la
medida de dicha restricción; en otras palabras, tampoco hay consenso dentro de esta tesis acerca de
cuáles son las facultades de obrar en concreto que tiene el tercero que reviste un mero interés
Hay quienes sostienen que el interviniente adhesivo simple no asume el carácter de una parte
autónoma, por cuanto su posición dentro del proceso está subordinada o dependiente respecto de la
que corresponde a la parte con la que coadyuva 38. Como consecuencia de ello, se ha dicho que no es
admisible el recurso del tercero contra la resolución que no fue impugnada por la parte; tampoco
podría recusar sin causa en forma autónoma al litigante principal; como tampoco puede hacer uso de
una defensa o prueba a la que el litigante principal haya renunciado, salvo lo dispuesto sobre el punto
por las leyes de fondo (por ej: arts. 2020, y 2022 del Cód. Civil); no se encuentra facultado para
disponer la conclusión anormal de la causa (desistimiento, allanamiento, o transacción); como
tampoco puede oponerse a la culminación atípica dispuesta por el contendiente principal; le está
vedado reconvenir, etc..
De otro costado, hay quienes - ampliando las fronteras de la legitimación del tercero - afirman que el
tercero adhesivo simple sí es parte, puesto que si se permite que una persona extraña al proceso
ingrese al mismo -por haber invocado un interés jurídico suficiente-, es necesario también que se lo
invista de los atributos propios de la parte. En virtud de ello, y pese a la subordinación existente
respecto a la parte que ayuda, el tertius puede suplir toda omisión procesal de la parte principal, en
tanto no haya operado la preclusión, tanto por extemporaneidad cuanto por renuncia expresa de la
parte principal; puede además ofrecer su propia prueba, con la sola limitación de no ser contradictoria
a la propuesta por la parte con la que mantiene un interés común; está legitimado también a impugnar
la resolución que lo perjudica, a excepción –claro está- del caso en el que el decisorio haya sido
expresamente consentido por la parte.
2) Tesis de la equiparación de facultades
En las antípodas de la posición precedente, la teoría de la equiparación de facultades, postula una
parificación absoluta entre la legitimación de partes y terceros, aún cuando estos sean del tipo
adhesivo simple. Así el cúmulo de facultades, derechos, prerrogativas y cargas, que singularizan a la
calidad de parte procesal, nutren con la misma intensidad a la capacidad de actuación del tercero 39.
Prescriben expresamente la equiparación de potestades, entre partes y terceros, nuestro código
procesal (art. 432 in fine) y los códigos procesales de La Rioja, y Mendoza.Según el texto expreso del ordenamiento procesal cordobés, partes y terceros se hallan parificados
en cuanto a la intensidad de sus respectivas legitimaciones para intervenir en la causa.
Ferrer, Segrio E., “La Legitimaciòn del tercero en el incidente de perención de la instancia”, L.L. Cba. 2000,
pág.781.39 Ferrer Sergio E., “Legitimación del tercero en el incidente de perención...”, ob. cit..38
La tesis mencionada hunde sus raíces en el derecho alemán, contrariamente a la descripta en el
punto anterior, que se asienta en el derecho clásico italiano. El régimen germano otorga una
legitimación autónoma fuerte al tercero interviniente, con la sola limitación de no asumir una posición
contradictoria a la de la parte principal.
En la base de la línea de pensamiento que da origen a este género de ordenamientos legales, se
halla la intención de fortalecer la aptitud legal del interviniente como tercero en el proceso,
equiparándolo a los litigantes originarios. Tal afirmación quizás merezca una aclaración. No se trata
de facilitar la inserción injustificada de terceros en la contienda que le es ajena, por el contrario, como
regla el proceso es un enfrentamiento dialéctico entre dos, que sólo excepcionalmente puede
involucrar a un tertius (el instituto debe ser interpretado con criterio restrictivo). Pero, cuando un
interés jurídico suficiente justifique que el proceso abra sus fronteras a la inclusión de un tercer sujeto,
la tesis que describimos considera inapropiado subordinar sus facultades a la de las partes, pues ello
pondría en tela de juicio la eficacia del instituto. La mezquindad en el otorgamiento de poderes
rituales al tercero tornaría insuficiente la tutela jurisdiccional de los intereses que justifican su
intervención en la causa, siendo ésta, por tanto, una alternativa que no alcanzaría a consumar los
fines que la inspiran y justifican40.
Es que no debe perderse de vista que si el tercero coadyuvante simple, por definición, desarrolla una
actividad ritual de colaboración con una de las partes del proceso, lo hace siempre en beneficio
propio. El interés del tercero es egoísta, no altruista. En realidad, el tercero más que colaborar con la
parte a la que adhiere, desarrolla una tarea de control, con el fin de evitar que el litigante principal, por
desidia, impericia o colusión con la contraria, conspire contra sus intereses. “La participación del
tercero en el proceso y la consecuente colaboración que éste brinda a una de las partes, se asienta,
antes que en el impulso de solidaridad, en un sentimiento de desconfianza. El tercero está en el
proceso para cuidarse de los litigantes y mitigar el riesgo de daño derivado de la causa” 41.
Es por ello que el tercero debe gozar de las más amplias facultades, equiparándoselo al rol de parte,
pues, aunque de un modo indirecto, en la litis también se juzga su derecho, de forma tal que cualquier
limitación a su legitimación devendría en la indefensión.
3) La cuestión en nuestro ordenamiento ritual.El art. 432 del C.P.C.C. - último párrafo - dispone que “el interviniente tendrá las mismas facultades y
derechos que las partes”, locución que comprende a las tres categorías de intervinientes que hemos
estudiado. Con lo cual no quedan dudas que el régimen procesal autóctono adhiere a la tesis de
equiparación de facultades entre partes y terceros.
Mediante la expresión transcripta entre comillas en el párrafo precedente, el legislador cordobés
formuló una trascendental elección. Frente a la alternativa de dos opciones que la materia brinda,
consistentes en: a) limitar la potestad de actuación del tercero -tesis de la legitimación subordinada-, y
b) emplazar al interviniente en el mismo rol que a cada parte -tesis de la equiparación de facultades-;
claramente prefirió a esta última en desmedro de la primera.
El legislador autóctono quiso que el tercero gozara de las mismas prerrogativas y responsabilidades
que las partes; y, simultáneamente no quiso, subordinar la legitimación del tertius a ninguna de ellas.40
Cfr. Vénica, Oscar H., “Código Procesal ...., ob. cit..-
4) El criterio del T.S.J..En un reciente fallo42 nuestro tribunal casatorio ha fijado los límites de actuación de un supuesto de
tercero adhesivo simple -abogado separado de su ministerio-, inclinándose –a nuestro juicio- por la
tesis de la legitimación subordinada. Luego de predicar que el tercero incorporado al proceso en
principio tiene una legitimación amplia, afirma que “...ésta no es una regla de carácter absoluto que
comporte una equiparación lisa y llana del coadyuvante con la parte principal en todas las situaciones
que puedan presentarse...”, aduciendo que hay que tener en cuenta las particularidades que exhiba
cada supuesto. El alto tribunal expresa: “Antes bien, es de entender que no pasa de ser una regla de
carácter general, cuya extensión es susceptible de sufrir limitaciones y restricciones en función de la
índole de los intereses en virtud de los cuales interviene el tercero. En este sentido debe interpretarse
la norma del art. 432 in fine del C.P.C., según la cual el tercero voluntario tendrá las mismas
facultades y derechos que las partes”.Sigue diciendo que esta regla general que se ha explicitado “... no autoriza a comprender que todos
los intervinientes adhesivos simples, cualquiera sea la situación en que se encuentren frente al litigio
principal, quedan absolutamente equiparados a las partes principales y dotados de idénticas
atribuciones que ellas. En el supuesto especial del abogado apartado del pleito, somos de la opinión
que sus prerrogativas están limitadas por el poder de disposición que la parte principal mantiene tanto
sobre sus derechos cuanto sobre el proceso que se ventila en torno de ellos, cuyo ejercicio por acción
u omisión no podría ser contrarrestado por el letrado, quien al contrario deberá soportar los efectos
que deriven de tales disposiciones”.Por último, dice que fuera de esta restricción que se propicia, el letrado -tercero adhesivo simpletiene un cúmulo de prerrogativas; entre ellas cabe incluir: “... la de esgrimir argumentos jurídicos en
aval de la pretensión o la de ofrecer y diligenciar medidas probatorias que estime pertinentes, y nada
impide considerar que las mismas puedan llegar a ser dirimentes en el momento de la definición del
pleito”43.En el ámbito nacional, el art. 91 del rito, establece una distinción según se trate de la intervención de
terceros adhesiva simple o litisconsorcial.
Así, en el caso del inc. 1° del art. 90 ib., la actuación del interviniente será accesoria y subordinada a
la de la parte a quien se apoya, no pudiendo alegar ni probar lo que estuviere prohibido a ésta.
En el caso del inc. 2° del art. 90 ib., el interviniente actuará como litisconsorte de la parte principal y
tendrá sus mismas facultades procesales.
Como se advierte, el sistema nacional prevé expresamente que en la intervención adhesiva simple, la
actuación del tercero sea accesoria o coadyuvante de la parte que apoya, no pudiendo, por ende,
alegar ni probar lo que estuviese prohibido a ella. De esta manera, le está vedado utilizar una defensa
o una prueba a la que hubiere renunciado la parte coadyuvada o personal de aquél. Aunque sí podrá
Ferrer, Sergio E., “La cenicienta...”, ob. cit..T.S.J., in re “Filloy German Hector c/ Eduardo Oscar Pinto –Ejecutivo-“, auto nro. 211 de fecha 4 de noviembre
de 2002.43 Fallo citado en nota anterior.41
subrogarse procesalmente a la misma, en la hipótesis de una actuación negligente o dolosa en su
perjuicio, apelando, incluso, la sentencia desfavorable 44.
En cambio, en la intervención adhesiva autónoma o litisconsorcial, el litisconsorte tiene autonomía de
actuación, pudiendo ejecutar actos procesales aún en oposición a la parte principal, desde que tiene
las mismas facultades que la parte principal45.
c) Efectos de la sentencia que a la postre se dicte: su ejecución.
En lo referente a la sentencia, existen posiciones encontradas. Para un sector de la doctrina y
jurisprudencia, la condena es ejecutable en su contra, mientras que para otro sector se trata
solamente de un precedente, que deberá hacerse valer en un proceso ulterior, en el que el tercero
sea demandado.
A nivel nacional -interpretándose el art. 96 del C.P.C.N. que prescribe que la sentencia afectará a los
terceros como a los litigantes principales- se ha dicho que lo resuelto en el pleito (en su aspecto
subjetivo, objetivo, y causal) no puede ser desconocido por el tercero, pues también respecto de él, el
decisorio adquiere valor de cosa juzgada. Sin embargo, no procede la ejecución en su contra, toda
vez que no ha sido demandado, y por ende no puede ser objeto de condena.En las antípodas se ubica un pensamiento jurídico que afirma que si la ley ritual impone la regla
según la cual la sentencia afecta a los terceros como a la partes principales del pleito, ello importa
hacer extensivos a dichos terceros todos los efectos prácticos del decisorio, lo cual comprende
también que sean juzgados sus derechos, y en mérito de ello, eventualmente sean condenados y
ejecutados, atento a que esta es la forma esencial en que la sentencia afecta a los litigantes
principales. Esta corriente ha recibido un importante respaldo, pues la C.S.J.N., por mayoría, le dio al
art. 96 del CPN el alcance referido, pues “resulta un inútil dispendio de actividad jurisdiccional diferir
la consideración de la responsabilidad de un tercero citado en los términos del art. 94 CPCN, cuando
aquél ha ejercido en plenitud el derecho constitucional de defensa en juicio, de modo que no existe
óbice para que, como lo dispone el art. 96 del mencionado cuerpo legal, la sentencia dictada después
de su citación o intervención lo afecte como a los litigantes principales” 46.Empero, tampoco es viable sostener que en todos los casos el decisorio final cause ejecutoria en
contra del tercero. Tal aserción se asienta en el hecho de que en ocasiones la ejecución del tercero
aparece como inalcanzable, debido a que se violentaría su derecho de defensa en juicio; vgr.: cuando
no se hubiera deducido -aunque sea en forma implícita- pretensión alguna en su contra, o cuando, no
se le hubiere dado suficientes oportunidades para discutir y probar sus derechos.Por tanto, comúnmente la condena será ejecutable en los supuestos de intervención obligada,
cuando el tercero hubiera podido ser demandado por el actor, o cuando es citado en garantía. Y si se
trata de intervención voluntaria, en las hipótesis del art. 432 inc. 2 y 3 del C.P.C.C., pues en relación
al inc. 1 del mismo precepto, carece de legitimación sustancial47.44
Cfr. Cám. Nac. Civ., sala D, 08/05/91, L.L. 1992-A-484.
Conf. Kielmanovich, Jorge, Código Procesal…, ob. cit., pág. 145.
46 C.S.J.N., Foro Cba nro. 51, pág. 127.47 El prestigioso Sergio Ferrer nos pone un ejemplo para que podamos entender mejor lo que venimos
sosteniendo. En un juicio en el que se persigue la indemnización por daños y perjuicios causados por la
destrucción de un edificio, seguido contra el dueño o guardián en virtud del art. 1113 del Cód. Civil, donde el
Por último, cabe describir la doctrina elaborada por nuestra casación local al respecto. En un reciente
fallo, nuestro cupular tribunal destacó: “La ratio iuris del principio de congruencia (que encuentra
expresa recepción normativa en el art. 330 del CPCC) radica en la garantía constitucional de defensa
en juicio, asegurando –de tal modo- que se otorgue a los litigantes la oportunidad legal de defender
cada una de las razones que sustentan sus respectivas pretensiones […] Por ello se ha afirmado –
con acierto- que la importancia de la congruencia deriva de su estrecha vinculación con el principio de
bilateralidad, pues si la cuestión no ha sido materia de debate, prueba y contralor por la contraria, el
juez afectaría la garantía de la defensa al pronunciarse sobre cuestiones ajenas al proceso […] En el
caso, la consulta detenida de las constancias de la causa evidencia que lejos de haberse
quebrantado el derecho de defensa de la citada como tercera, éste ha sido acabadamente respetado,
habiéndosele otorgado suficiente oportunidad de alegación y prueba […] Además, estimo que no
cabe una ciega aplicación rígida del principio dispositivo concerniente a la traba de la litis, cuando –
como en el caso- interviene un tercero con plenas posibilidades defensivas, ya que la aparición de
éste trueca y torna atípico el esquema de la relación procesal, admitiendo la ductilización de las
reglas procesales predispuestas para el proceso común bipolar. Por ello, si la naturaleza del proceso
lo permite y el asunto ha sido suficientemente discutido por todas las partes (incluido el tercero), no
hay ninguna razón para negar la posibilidad de que la sentencia afecte los intereses del citado, con el
único argumento de que no se involucró expresamente una pretensión en su contra en la demanda o
en la citación. Es que, tal como enseña Colombo, el tercero es tal mientras se mantiene o le permiten
que permanezca ajeno al proceso, pero en el instante mismo en que se incorpora con plenas
facultades procesales se transforma en parte; podría decirse que –conforme predica el autorcronológicamente es tercero, pero conceptualmente, parte, y por esa razón esta institución debería
denominarse “conversión de terceros en parte” (conf. COLOMBO, Carlos J.,“Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, Anotado y Comentado”, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 1969, T. I, pág. 526) […]
Por aplicación de tales pautas a la especie, se evidencia la inexistencia de agravio a las garantías
constitucionales de debido proceso y defensa en juicio y por tanto de la incongruencia denunciada en
el recurso sub exámine. En efecto, la posición de la citada recurrente durante todo el curso de la litis
resultó equiparada a la de parte principal, habiendo estado habilitada al uso de todas las
prerrogativas, derechos y deberes que legalmente le competen. Es que si bien pretendiendo limitar
el alcance de su intervención, aclaró que su participación lo era en calidad de tercera
interesada, lo cierto es que en los hechos controvirtió tanto la pretensión del actor como las
afirmaciones de la Municipalidad tendientes a endilgarle responsabilidad en el suceso lesivo.
demandado pide se cite al constructor como sujeto pasivo de una posible acción de regreso como responsable
de la ruina. El tercero comparece, hace presente que él no resulta responsable y controla la acción del
demandado, para que en la eventual acción de regreso, la pretensión sea menor. Ofrece pruebas, alega, expresa
agravios, se comporta como una parte más del pleito, pero no se discute ni se plantea la relación jurídica
sustancial entre el tercero y el demandado. En un caso como este el maestro Ferrer se pregunta: ¿podríamos
ejecutar la condena en contra del tercero? La respuesta negativa se impone. Este tercero, no tuvo oportunidad
de alegar y probar que no fue responsable de dicha ruina, ni siquiera se le permitió probar que él no fue el
constructor de la obra derrumbada, nada se discutió sobre la relación tercero-demandado, por lo que no
consideramos ajustada a derecho la ejecución en su contra. ¿Para qué sirve, entonces, la intervención del
tercero en este caso si no puede ser ejecutado? Respondemos: para que en la futura acción de regreso
intentada por el demandado condenado, no pueda oponer la excepción de mali processus o negligente defensa
(Ejemplo extraído de Ferrer Sergio – Ferrer Germán, “Intervención de Terceros” en Vénica, Director, Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, edit. Marcos Lerner, Tomo IV, pág. 222).-
Repárese en esta línea que invocó la prescripción de la acción del actor. Por otro lado, cuestionó los
hechos relacionados tanto por el accionante como por la demandada en su responde, negando que
pudiera atribuírsele a su parte algún tipo de responsabilidad en el hecho dañoso. Por lo demás, si
bien aduce que se vio privada de defenderse de una relación autónoma al hecho debatido (como
sería el vínculo contractual que la unía a la Municipalidad de Marcos Juárez), lo cierto es que no
menciona las defensas derivadas de tal vinculación que no pudieron ser objeto de debate en el
presente juicio, ni mucho menos explicita de cuáles alegaciones o prueba fue privada en función de
su carácter de tercera […] Finalmente, la confirmación del temperamento adpotado en la Alzada se
funda –y esto viste carácter decisivo- en razones que trascienden las de un mero formulismo, y que
se enlazan con el sentido moral del ordenamiento procesal y con la misma naturaleza de las cosas
[…] Diferir –aunque sea parcialmente- sus efectos o referirlos al resultado de un ulterior litigio, abre
expectativas e incertidumbres, lo que resulta contrario al sentido de la actividad judicial que exige que
las delimitaciones recíprocas, una vez fijadas, puedan ser objeto de un procedimiento práctico de
aplicación”48.
Tema 4: La intervención de los terceros en los distintos tipos de juicios. Limitaciones.
I.- La intervención de los terceros en los distintos tipos de juicios.
Pasaremos a analizar las particularidades existentes en tres clases de juicios a saber, la Intervención
de terceros en el proceso de daños, en el juicio de desalojo y en el proceso ejecutivo.
a) Intervención de terceros en el proceso de daños.Es prolífera la intervención de los terceros en los juicios de accidentes de tránsito, mala praxis
médica, como así también cualquier otro de tipo resarcitorio (daños edilicios, contaminación, etc.).
a.1) Supuestos Relevantes.Tres son los supuestos relevantes en el proceso resarcitorio:
a.- La citación del tercero por el demandado, al efecto de ejercer una posterior acción de
regreso, en caso de ser éste condenado (litis denuntiatio).
b.- La comunicación de la pendencia de una causa al tercero a quien el demandado considera
como responsable exclusivo, sin necesidad de acreditar que, para el supuesto de ser condenado,
sería titular de una acción de regreso en su contra.c.- La citación en garantía del asegurador (art. 118 del C.P.C.). El Tribunal Superior de
Justicia tiene dicho: “… desde el momento que el asegurador es llamado al pleito a consecuencia de
la citación en garantía que le realiza el demandado (su asegurado), se produce una litisdenuntiatio, lo
TSJ, Sala Civil, in re “Delgado c/ Municipalidad de Marcos Juárez –Daños y Perjuicios- Rec. Apelación-Rec.
Casación-“, 29/10/2007; Foro de Córdoba, Suplemento de Derecho Procesal nro. 14 (2008), pág. 83/102; y su
nota a fallo. Como se ve, la casación local entendió que la tercera citada coactivamente debía ser igualmente
condenada, pese a que ninguna de las partes en litigio había dirigido pretensión alguna en su contra y que el
propio tertius había denunciado, al contestar la demanda, que su participación lo era sólo en calidad de tercero
que se traduce en una citación en garantía propia: en este pleito el accionado llama a juicio a su
asegurador para que se haga cargo del pago de todo lo que resulte obligado en esta litis, si
correspondiere, de modo que éste viene al pleito, no como un tercero coadyuvante o adhesivo sino
como un interventor principal, lo que implica que este tercero se lo ha citado a juicio para que se
integre a la relación jurídico procesal como parte, porque es necesario, por ser un principio básico de
la disciplina del proceso, que se respete la bilateralidad de la acción contra él dirigida, como única
manera de garantizar el principio de contradicción. De lo contrario se vulneraría el derecho de
defensa en juicio, al no estar integrado el pleito con las defensas que pudiera oponer la aseguradora,
resultando imposible extender la eficacia de la sentencia al asegurador, que aplica sus efectos en los
que han sido titulares del interés litigioso. A éstos no se les puede impedir ejercer las defensas que
crean pertinentes para la defensa de sus derechos” 49. De esta forma, en el caso relacionado, la
casación local le otorga a la aseguradora citada en garantía poder impugnativo autónomo, esto es,
puede recurrir aunque su asegurado consienta la sentencia. La cuestión se ve mucho más clara
cuando quien solicita la citación a juicio de la aseguradora es la parte actora; en este caso, no nos
encontramos inmersos en el instituto en análisis, sino que -conforme lo señala prestigiosa doctrina-, la
parte pretensora dirige derechamente una acción en su contra, revistiendo la calidad de un
demandado más.
Expresa la Dra. Zavala de González que la diferencia entre la denuncia de litis y el llamamiento en
garantía radica en que, en el primer caso, el citante no hace valer una pretensión actual contra el
tercero citado, sino que anuncia que la hará valer en el futuro. En cambio, en el segundo, sí se ejerce
una pretensión del citante (de tal modo, la orientada a que la aseguradora citada por el demandado,
cumpla con la obligación de indemnidad patrimonial que asumió hacia él en el contrato de seguro).En el ámbito resarcitorio, resulta excepcional una citación de tercero pedida por el actor. Pues como
éste cuenta desde el inicio con la facultad de demandar a todos los posibles responsables, una de las
escasas hipótesis que en la práctica se concibe, es aquélla en que el actor llama a quienes podrían
haber sido sus litisconsortes, a fin de que coadyuven al triunfo de la pretensión resarcitoria; es decir,
a otras posibles víctimas del mismo hecho y titulares también de un derecho indemnizatorio contra el
o los demandados50.-
a.2) Procedencia de la citación.Constituye un requisito genérico de la intervención obligada de terceros, la mediación de una
comunidad de controversia con el citante (art. 433 del C.P.C.).Esa "comunidad de controversia" es incontestable cuando el demandado, en caso de ser vencido,
puede articular una acción de regreso contra el tercero. Por ejemplo: el principal demandado puede
citar coactivamente al dependiente, a fin de repetir posteriormente contra él lo que hubiese pagado a
la víctima (art. 1123 del C.C.); el copartícipe en un cuasidelito puede llamar al pleito a los restantes,
para ejercer la acción de reintegro en caso de tener que indemnizar una parte mayor que la que le
TSJ, Sala Civil, in re Ricca Alfonso A. c/ Amildo Ramón Delfabro –Demanda Ordinaria-Daños y perjuiciosRecurso de Revisión“; Sentencia nro. 29 del 17/03/98.50 Zavala de González; Resarcimiento de Daños Vol 3; El proceso de daños; edit. Hammurabi; pág. 447/450.49
corresponde acorde, con la influencia causal en el daño de sus respectivas conductas culposas (art.
1109, segunda parte del Cód. Civil).En general, existe entonces una comunidad de controversia stricto sensu, en el sentido de que la
generalidad de las defensas que pueden oponer el demandado y el tercero son similares, es decir,
están interesados en contradecir por análogos carriles la pretensión del actor (en el caso del principal
demandado y el dependiente citado como tercero, aquél tiene interés en negar la responsabilidad de
éste, a fin de excluir la propia).
Sin embargo, la controversia no deja de ser común a pesar de que los intereses del demandado y del
tercero sean conflictivos y opuestos entre sí. Verbigracia: cuando por motivo de un accidente de
tránsito, el conductor demandado afirma la culpabilidad exclusiva de un tercer conductor. Ello, toda
vez que es común todo duelo (la pretensión de que fracase el antagonista: en el caso, que se
considere a éste como único obligado); es decir, se trata de un asunto que atañe a ambos, a pesar de
que sus intereses sean diversos y recíprocamente incompatibles.Ahora bien, cabe destacar que lo exigible es la posibilidad teórica -aunque verosímil- de ejercer la
acción de regreso, aunque en definitiva el demandado condenado carezca de ella. Sin perjuicio de
ello, en todas las situaciones aludidas es preciso que el juez controle los presupuestos que tornan
razonablemente procedente la intervención del tercero, a fin de no generar una complicación inútil en
En tal sentido, se postula la necesidad de una "verificación previa que no solamente se atendrá a lo
formal, sino que incursionará, aunque más no sea liminarmente, en lo sustancial, verificando la
comunidad de controversia51.Esto ha hecho observar que "con respecto a terceros, no es completamente separable lo
estrictamente procesal de lo sustancial, como factores determinantes de su admisibilidad en
condición de partes"52.Asimismo, cabe resaltar que la citación es procedente aun cuando el demandado resista la pretensión
indemnizatoria, puesto que el resultado de esta contradicción recién se dilucidará al cabo del proceso
y, dado que es factible que aquél sea condenado, tiene interés en que, de presentarse esta
eventualidad, haya sido citado el tercero a cuyo respecto cuenta con una acción regresiva. "La
oposición de la defensa de falta de acción por parte de la accionada, no constituye un obstáculo para
que se cite a juicio a un tercero, en caso, de contar el demandado con una eventual acción de
regreso en su contra. Y ello es así porque el principio de eventualidad procesal faculta a plantear
conjuntamente, aun de manera subsidiaria, todas las argumentaciones que se estimen útiles a la
defensa del derecho de que se trate"53.Según una postura doctrinaria, la procedencia de la citación pedida por el demandado debe ser
valorada con carácter restrictivo. A nuestro juicio, basta exigir "estricta" conexidad entre la pretensión
dirigida contra el demandado y el fundamento de la citación por éste del tercero, en el sentido de que
éste hubiese podido ser también demandado por el actor, con motivo del mismo hecho lesivo que es
base de la acción contra la persona que sí demandó.
Martínez, Procesos con sujetos múltiples, tomo 1; pág. 345.Vallejo, Intervención de terceros en el proceso civil, comercial, y laboral; J.A., 1983-III-703.53 Zavala de González; ob. cit, pág. 460.52
Sabido es que además del interés del demandado en la preservación y eficacia de su eventual acción
de regreso, la incorporación al juicio de todos los eventuales responsables redunda en un mejor
esclarecimiento del asunto y en una mayor amplitud de los efectos de la cosa juzgada, impidiendo
reiteración de procesos o ahorrando esfuerzo jurisdiccional en otros procesos futuros.La jurisprudencia se ha hecho eco de los argumentos que apoyan a una orientación amplia: "La falta
de integración de la litis con los dependientes -profesionales médicos- de la demandada, al no haber
sido citados siquiera como terceros, en los términos del art. 94 del C.P.N., trae aparejado un grado de
incertidumbre, pues habrían podido aportar no sólo pruebas en su propio descargo, sino también en
defensa de la administración pública demandada, y lo que es muy importante, a que el juzgador
tuviera ante sí el precioso aporte de pruebas precisas, que lo ayudaran a tomar una decisión sin
margen de duda..."54.-
a.3) El demandado citante no puede ejercer aún la acción de regreso.La circunstancia de que, con su citación el demandado desee preservar o facilitar el ejercicio de una
acción de regreso contra el tercero, no autoriza -por lo menos en principio- a proponerla en el mismo
proceso donde se practica la citación (no cabe que el demandado se convierta en actor del tercero).-
a.4) Alcance de las facultades del tercero.Ya hemos adelantado que debe conferirse al tercero citado por el demandado completa autonomía
procesal, sin que pueda quedar atado a la actividad defensiva desarrollada por el citante y, mucho
menos, a la "falta" de tal actividad.Por aplicación de la doctrina anteriormente sustentada -tesis de la autonomía procesal-, se considera
que el tercero puede articular defensas diferentes de las introducidas por el demandado (o no
introducidas), e, inclusive, a pesar de que sean opuestas a las que éste dedujo. Vgr.: el allanamiento
del demandado no coartaría la defensa de falta de acción deducida por el tercero, en cuyo caso debe
proseguir la sustanciación del juicio, para decidir en la sentencia sobre esa defensa.Un problema interesante en torno al tema del acápite se plantea cuando el tercero citado quiere
oponer la defensa de prescripción -de la acción-, sin que el demandado -citante- la haya opuesto. Si
bien este intríngulis se puede plantear en toda clase de juicio declarativo, es muy frecuente en el
proceso de daños, por razones obvias.
En este sentido se ha dicho que esa defensa por el tercero carece de todo efecto y su tratamiento
debe postergarse para la eventual acción de repetición.Creemos que si la defensa que pretende introducir el tercero es la prescripción de la acción del
damnificado -actor- entablada en contra del demandado, la excepción es admisible y debe ser
considerada en la sentencia. Esa defensa, si ha sido opuesta sólo por el tercero, no obstará, por
cierto, a una eventual condena del demandado que no la opuso. Pero si la prescripción se acoge,
dicha condena no le será oponible al tercero en la eventual acción de regreso posterior (en realidad,
se tornará inútil emprender esta acción).
Zavala de González, ob. cit., pág. 464-
b) Intervención de terceros en el juicio de desalojo.El art. 754 de nuestra compilación adjetiva prescribe: “Cuando la notificación se cumpla en el
inmueble reclamado, el notificador deberá hacer saber de la existencia del juicio a cada uno de los
sublocatarios u ocupantes presentes en el acto aunque no hubieren sido denunciados, previéndoles
que la sentencia que se pronuncie producirá efectos contra todos ellos y que dentro del plazo para
contestar la demanda, podrán ejercer los derechos que estimen corresponderles” 55.
Es así que si el actor hubiese indicado en la demanda los nombres de los subinquilinos u ocupantes,
corresponde librar una cédula para cada uno de ellos. En caso contrario, y respecto de los no
denunciados que encontrare debe proceder como lo dispone la norma antes aludida. A esos efectos,
el ejemplar de la cédula a entregar debe contener el texto del primer párrafo del art. 754, y en el otro
dejará constancia de lo actuado, mencionando los nombres y las calidades que hubieran
manifestado56. La directriz analizada tiene a asegurar el derecho de defensa de las personas a
quienes está destinado, por lo que tiene razón de ser; por tanto, su incumplimiento torna inoponible la
sentencia de desalojo, siempre que concurran los requisitos que permiten declarar una nulidad
Los subinquilinos y ocupantes pueden intervenir en el proceso, incluso sin haber sido denunciados o
notificados haciendo uso de la vía del art. 432 del C.P.C.C. 57. Esa participación habilita a pronunciar
sentencia en su contra58, con mayor razón frente al art. 756 del mismo plexo normativo, cuya
introducción al Código Procesal local torna intrascendente las posibles infracciones al art. 754 59.
c) Intervención de terceros en el juicio ejecutivo.Es discutida la intervención del tercero en el juicio ejecutivo. Fassi y Yañez entienden que la
intervención de terceros procede en toda clase de juicios, apartándose de la tesis de Alsina que sólo
contemplaba la posibilidad de intromisión de un extraño al litigio originario en este tipo de juicios,
mediante la deducción de una tercería -de mejor derecho o de dominio-. De modo que para estos
autores la intervención es posible en el juicio ejecutivo 60.
Un sector jurisprudencial ha admitido la intervención de los terceros en el juicio ejecutivo, cuando la
misma no importa la desnaturalización del proceso compulsorio61.En esa línea de pensamiento, la Dra. Hiruela de Fernández ha expresado que la regla que veda la
intervención de los terceros en el juicio ejecutivo podría verse flexibilizada en el supuesto en el que
en la ejecución se debatiera e introdujera como objeto de pronunciamiento una cuestión atinente al
A su turno, el art. 756 del mismo ordenamiento legal establece que la sentencia se hará efectiva contra todos
los que ocupen el inmueble, aunque no hayan sido mencionados en la diligencia de la notificación o no se
hubiesen presentado en el juicio.56 Vénica, ob. cit., tomo VI, pág. 284 y 285.57 La intervención de terceros voluntaria ya estudiada.58 T.S.J.; L.L. Cba., 1995, pág. 662.59 Cfr. Tinti, Pedro León, El juicio de desalojo según el Código…, Edit. Advocatus, pág. 150. El citado autor
expresa: “La sentencia barrerá implacablemente con todos los ocupantes, hayan sido o no identificados [por el
notificador, agregamos nosotros]”.60 Falcón, Enrique M., Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, Edit. Rubinzal-Culzoni, Tomo 1, pág. 440.61 Cám. Nac. Civil, Sala “C”, del 15/03/95, in re “Marquínez y Perotta c/ Municipalidad de Buenos Aires; L.L., del
14/07/95, pág. 5; fallo citado por Massano, ob. cit., pág. 209.-
derecho sustancial, como -por ejemplo- una excepción de pago. En esos casos excepcionales
considera que debería pregonarse la conveniencia de la intervención del tercero.
Asimismo, considera además que sí serían viables el levantamiento de embargo sin tercería (arts.
436 a 441 del C.P.C.C.), la intervención del adquirente del bien subastado, etcétera 62.
Veamos como se ha expedido la doctrina judicial local. “Existen dos formas que el tercero puede
hacer valer su interés: en el proceso de conocimiento, mediante la intervención principal en la
relación procesal, esquematizada por el art. 432, inc. 3, del Cód. Procesal Civil y Comercial
cordobés; y, en proceso de ejecución, vía tercería: de dominio o mejor derecho. La intervención de
terceros está vedada en el proceso ejecutivo. Tal imposibilidad se encuentra asentada en la
imposibilidad de ingreso a la consideración de la causa de la obligación que da base al proceso
ejecutivo. De permitirse la intervención de terceros en los procesos ejecutivos, se debería
ineludiblemente ingresar en el marco causal, veda que se encuentra expresamente sostenida en
nuestra legislación ritual”63.
La justicia Nacional se ha expedido en idéntico sentido. Así, se ha destacado:”La intervención de
terceros en el juicio ejecutivo sólo ha de ser admitida excepcionalmente, por cuanto dicho supuesto
no está previsto en el Código Procesal (conf. Fenochietto y Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial
comentado”, t. 1, p. 389, 2° ed. actualizada […]). Surge entonces la limitación a que se debatan
cuestiones ajenas a la legalidad del título ejecutivo y a la concurrencia de los supuestos que habilitan
la vía elegida por el ejecutante […] Es decir, este instituto ha sido considerado privativo de los juicios
de conocimiento y extraño a los procesos ejecutivos, en los que la sumariedad del trámite obsta a la
incorporación de sujetos diferentes a aquellos contra los cuales el ejecutante dirigió la pretensión
(conf. Lambois, en Highton y Areán, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. 2, Ed.
Hamurabi, p. 379)”64.
También considero pertinente citar un caso resuelto por la Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca,
sala 2°, en donde el tribunal ad quem decide confirmar lo resuelto por el juez a quo de no permitir el
ingreso a la causa a dos personas que alegaban ser poseedoras del inmueble que devengó las tasas
que se reclamaban en un juicio iniciado por la Municipalidad de Tres Arroyos. Una vez dictada la
sentencia de trance y remate que mandó a llevar adelante la ejecución en cuestión, y estando
ordenado el remate de un inmueble de propiedad de la parte demandada, las incidentistas, invocando
el carácter antes enunciado (poseedoras del bien raíz) plantearon la nulidad de lo actuado sin su
intervención y opusieron excepciones al progreso de la acción. El tribunal de alzada expresó: “La
presente acción fue dirigida contra una persona de existencia ideal a la que se le reclama el pago de
una deuda. El sólo hecho de que, para hacer efectivo el crédito, se trabara embargo y se ordenara la
subasta del inmueble sobre el que las incidentistas alegan tener derechos, no las convierte en parte
Conf. Hiruela de Fernández, “La Ejecución Fiscal en la Provincia de Córdoba, Edit. Alveroni, pág. 152.Cám. 5° de Cba.; “Fisco de la Provincia de Córdoba c/ José M. Buteler Tierras y Urbanizaciones S.A.C.I. –
Ejecución Fiscal”; AI. 16 del 12/02/08, Cita cód.: 12341. En idéntico sentido, el mismo tribunal colegiado se
expidió en autos “Borchert e Lanatta, Frida c/ Jimenez, Ramona y otros –PVE-Alquileres-“; A.I. nro. 138 del
04/04/07; Cit. cód.: 11528
64 Cam. Nac. Civ., Sala E; 21/02/2007; in re Banco Itaú Buen Ayre c/ Figueroa, Raúl E.; Lexis Nexis, Cita nro.
35010627; en idéntico sentido: Cam. Nac. Civ., Sala H; 29/07/2005, in re “Tonti, Jorge c/ Vega, Nancy; Lexis
Nexis, Cita nro. 35002257; Cam. Nac. Civ., Sala C; 02/03/1993; in re “Balneario Las Toninas c/ Goypun S.A.,
J.A.-1994-III-322; Cam. Nac. Civ., 21/062007, sumario, Lexis Nexis, Cita nro. 10/9849.62
ni mucho menos les acuerda el derecho de oponer excepciones al progreso de una ejecución que no
fue dirigida en su contra. […] Por lo demás esta sala tiene dicho que el instituto de la intervención de
terceros se considera privativo de los procesos de conocimiento y ajeno a los de ejecución en la
medida que la sumariedad de éstos obsta a la incorporación de sujetos distintos de aquellos contra
los cuales el ejecutante dirigió su pretensión. El texto del art. 94 CPCC Bs. As. [similar a nuestro art.
433, referido a la intervención obligada] al determinar la oportunidad en que las partes deben solicitar
la citación, corrobora la doctrina expuesta dado que ninguna de las etapas procesales allí
mencionadas –contestación de la demanda y oposición de excepciones de previo y especial
pronunciamiento- forman parte del juicio ejecutivo […] Es verdad que el pregonado carácter propter
rem de las obligaciones fiscales podría determinar que en caso de que las incidentistas resultaran las
actuales poseedoras del inmueble que devengó las tasas y servicios reclamados, éstas fueran
demandadas por el cobro de la deuda, correspondiendo en tal caso analizar el alcance de su
obligación; pero el hecho es que no lo fueron ya que la Municipalidad enderezó su reclamo contra el
titular del bien. Y no es necesario expedirse en el caso sobre la cuestionada naturaleza de las deudas
fiscales pues es claro que aún quienes sostienen la tesis de que se trata de obligaciones
ambulatorias acuerdan en que en este particular supuesto el titular del bien no se libera de su carga
con la transmisión o con el abandono de la cosa, pudiendo el Fisco accionar contra el deudor
primitivo (ver Elena Highton, Cuestión de privilegios en el juicio ejecutivo, con especial referencia al
privilegio del Fisco”, Ed. ED. 114-962)”65.Por último, para quien quiera profundizar sobre el tema, puede leer mi trabajo titulado “Es admisible el
instituto de la intervención de los terceros en el proceso ejecutivo? El particular interés que puede
esgrimir el tercero adquirente de un inmueble que posee deudas fiscales generadas con anterioridad
a su compra, publicado en la Revista La Instancia Judicial, Cit.:
II.- Limitaciones.
En cuanto a los límites de la intervención de los terceros, ya nos hemos anticipado diciendo que en
principio, ésta se encuentra proscripta en los juicios ejecutivos. En relación a ello, me remito a lo
narrado en los párrafos precedentes.
Otra cuestión que se encuentra vinculada con el nombre del acápite, es hasta qué momento del iter
procesal puede el tercero insinuarse al proceso 66. La Excma. Cámara Quinta de Apelaciones de
Córdoba, en un caso en que la actora interpuso recursos de reposición y apelación en subsidio en
contra del decreto del juez a quo que disponía a su favor la devolución del inmueble objeto del pleito
pero con reserva de los derechos que le pudieren corresponder al tenedor del mismo en el carácter
Cam. Civ. y Com. Bahía Blanca, sala 2°; 10/05/2007; in re “Municipalidad de Tres Arroyos c/ Asociación de
Bienes Raíces del Partido de Tres Arroyos”, Lexis Nexis, Cita nro. 70039312. El resaltado me pertenece.66 Cabe recordar que al tratar la intervención necesaria hemos visto -con detenimiento- cuál es el dies ad quem
para solicitar citación compulsiva de un tercero. Allí nos remitimos.
de tercero interesado, expresó: “El art. 432 del C.P.C., si bien autoriza que en cualquier etapa o
instancia del juicio, podrá intervenir el tercero, se refiere indudablemente a los procesos recién
constituidos o todavía pendientes, no contemplándose el caso de que aquél haya finalizado con
sentencia. El único límite que el tercero tiene para intervenir en el proceso es la existencia de
sentencia firme. En nuestro caso, existe sentencia firme y ejecutoriada, razón por la cual nada tiene
que hacer en este juicio el tercero”; agregando que “la circunstancia de que el tercero haya firmado
un contrato de locación con la demandada, no autoriza su pedido de participación en un juicio en
donde ésta ha sido condenada a devolver el inmueble, juntamente con las personas que de ella
dependan; resultando por lo tanto dicho contrato de locación una cuestión ajena a este juicio
ventilado entre las partes”67. En idéntico sentido se ha expedido en un proceso ejecutivo el mismo
tribunal de alzada: “El art. 432 del CPC, si bien autoriza que en cualquier etapa o instancia del juicio,
podrá intervenir el tercero, se refiere indudablemente a los procesos recién constituidos o todavía
pendientes, no contemplándose el caso de que aquél haya finalizado con sentencia. El inc. 1 del
citado art. 432 nos dice que el tercero podrá intervenir, si “invocare que la sentencia podría afectar
un interés propio”; lo cual hace comprender inmediatamente que la mencionada sentencia o todavía
no se ha dictado, o para el caso de que la intervención sea en la ulterior instancia, la misma se
encuentre sometida a algún proceso recursivo en particular. Si la sentencia dictada en el marco de
un juicio ejecutivo se encuentra firme y ejecutoriada no puede dársele participación al tercero. ´El
único límite que el tercero tiene para intervenir en el proceso es la existencia de sentencia firme´. De
no entenderlo así, se confundiría la participación del tercero con la tercería, en la que el tercero es
afectado por una medida cautelar en la ejecución de un bien, del que no nace incompatibilidad entre
el objeto de la pretensión principal y el planteo de la tercería” 68.
Con ello damos por terminada la unidad número dos del módulo cinco y estamos en condiciones de
ingresar al estudio de la última unidad dedicada al estudio de otro proceso complejo: la tercería.
Cám. 5° de Cba.; in re “Soler Sánchez S.R.L. c/ Elisa Cristina González –Ordinario-“; A.I. nro. 280 del
30/07/02; Cita cód. 4389.
68 Cám. 5° de Cba.; “Fisco de la Provincia de Córdoba c/ José M. Buteler Tierras y Urbanizaciones S.A.C.I. –
04/04/07; Cit. cód.: 11528.67
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