Source: https://issuu.com/edicioneslegales/docs/nj-78
Timestamp: 2017-04-25 20:00:49+00:00

Document:
NJ-78 by Ediciones Legales - issuu
Los Estados Latinoamericanos y las violaciones a derechos
humanos y crímenes de lesa humanidad
Derecho, sociedad y cultura	27
El jurado en el Ecuador
Por: Ernesto Albán Gómez
Invitada	28
Vigencia de nuevas tendencias penales que surgen
Por: Pilar Sacoto Sacoto
Análisis de Casos 40
Jubilación de servidores universitarios
Por: Carlos Castro Riera
Perfil	46
Dr. Alfredo Corral Borrero
Derecho Tributario 52
¿Pagar o no pagar al fisco?
Por: Javier Bustos Aguilar
Foro	60
Asilo diplomático de Julián Assange:
Por: Alysa Arcos Ziemer
Destacamos	66
Didáctica	68
Alexis Oña V.
Cañar, 13 de noviembre de 2012
Quito.De mi consideración:
Reciba un atento y ponderado saludo y el mayor
de los éxitos al frente de la dirección de tan importante Revista, con la presente y en mi calidad de
subscriptor de Novedades Jurídicas, uno de los artículos de preferencia es la Sección Perfil, espacio
destinado a destacar y rememorar el pensamiento, trayectoria y vivencias de distinguidos juristas
y pensadores ecuatorianos; en esta oportunidad,
conociendo el espíritu pluralista de su persona
así como del Comité Editorial, como un homenaje
a la distinguida cañarense que, a sus treinta y un
años de edad, ocupó el Ministerio de Gobierno y
en 1945, fue la primera mujer diputada en el Congreso Nacional; y que participó activamente en la
revuelta popular conocida como la Gloriosa, llegando a ocupar la Presidencia de la República.
Conociendo que este 24 de noviembre se conmemora su natalicio, como un homenaje a la mujer de
América que luchó por la defensa de los derechos
de las mujeres, indígenas y sectores excluidos, sería importante que en este mes se publique en la
Sección Perfil su biografía.
Por la fina atención que sabrá dar a la presente le
expreso mis mayores sentimientos de consideración.
Jhon Ojeda Guamán
La promoción y protección de los derechos
humanos es una de las
1945, como los fundamentos para la libertad,
justicia y paz en el mundo.
cada año se declaró como
“Día Internacional de los Derechos Humanos”. El Abogado Danilo Caicedo Tapia en la sección Análisis, justamente se preocupa por el reto que tienen los Estados
Latinoamericanos ante las violaciones a estos derechos y los crímenes de lesa humanidad. Establece
que con el transcurso del tiempo, se han desarrollado un conjunto de instrumentos y mecanismos para
asegurar la primacía de los derechos humanos y para
hacer frente a las violaciones de estos dondequiera
que ocurran. Resalta el modelo de las Comisiones de
la Verdad en América Latina pues sus recomendaciones y conclusiones pueden ser “verdaderas guías para
alcanzar un Estado constitucional de derecho”.
La invitada de este número, catedrática universitaria Doctora Pilar Sacoto de Merlyn, cuestiona si los
ecuatorianos esperamos una nueva forma de hacer
justicia o una nueva administración de justicia. Desarrolla la vigencia de nuevas tendencias penales que
están surgiendo de la política criminal. Sobre todo le
preocupa la situación de nuestro país Américo Iberoindígena. Cita como conclusión final a Welzel, quien
sostiene que “el Derecho Penal en la medida que
existe y es aplicado, cree y fortalezca en la mayoría
de ciudadanos una actitud interna permanente, de
fidelidad al derecho, actitud que es legal y no moral”.
Desde la Universidad de Cuenca, el Doctor Carlos
Castro Riera, realiza un planteamiento actual y que
constituye un tema que ha concitado discusión: la
jubilación de los servidores universitarios, esto es el
caso de docentes, empleados y obreros de las universidades ecuatorianas. Luego de establecer el marco jurídico y la situación de estos servidores públicos,
expone conclusiones que deberán considerarse de
acuerdo al tipo de servidor y a la época de aplicación
del beneficio de la jubilación.
“¿Pagar o no pagar al fisco? Es la duda que presenta
el Abogado Javier Bustos Aguilar. Analiza una serie
de ejemplos a través de cuadros explicativos para
determinar estrategias a seguir en caso de diferencias discutibles con la administración tributaria. Le
preocupa que el diseño de un sistema que da un
tratamiento gravoso al pago de deudas tributarias,
para quienes deciden pagar al resultado de un juicio
condicionados a una “caución”; no es otra cosa que
un retorno al principio del “solve et repete” por el cual
se consideraba que la Administración era inmune a
cometer errores en los actos administrativos.
Desde la Universidad de Salamanca en España, Alysa
Arcos Ziemer estudia con una doble visión el asilo
diplomático de Julián Assange. Tema que sigue en
debate. La estudiante de último año, luego de analizar las generalidades de la institución, así como la
normativa que debe aplicarse, considera cuál será
el final de esta batalla legal. Su respuesta es dubitativa, pues al ser este caso uno muy peculiar, genera
expectativas diversas. Concluye con un pensamiento que debemos tomar en cuenta: “Tanto la justicia
como las leyes producen libertad para quienes las
Por último, en la Sección Perfil, destacamos la presencia del Doctor Alfredo Corral Borrero, quien colaboró
en importantes funciones públicas: como Contralor
General y como Ministro de Trabajo. Su trayectoria
profesional le ha permitido aportar en la cátedra
durante cuarenta años. En la entrevista se relieva la
sólida unión familiar que ha sido su mayor estímulo
en cada uno de sus emprendimientos.
Presidente Comité Editorial,
y las violaciones a derechos
humanos y crímenes de lesa
Universidad Católica del Ecuador;
Diplomado en Derecho Constitucional por la Universidad Andina
Simón Bolívar sede Ecuador;
Máster con mención en Derecho
Constitucional por la misma
Editor y autor de varios libros de
la Serie Justicia y Derechos Humanos – Neoconstitucionalismo
y Sociedad; Editorialista en varias
publicaciones jurídicas periódicas; docente e investigador en
materias de derechos humanos,
derecho constitucional y justicia
transicional a nivel nacional e
Miembro del Colectivo de
Derechos Humanos PRODH;
Comunicador en la “Revista de
Derechos Humanos al Derecho
y al Revés”.
Fue Analista de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia,
Colabóra en la Fiscalía General
Previamente, a contextualizar que representa el Estado constitucional de
derechos es necesario hacer un breve
recuento histórico, con el objeto de
caracterizarlo claramente en diferenciación a otras formas de Estado que le
antecedieron, así como también para
evaluar si actualmente nos encontramos viviendo en la modalidad de Estado mencionada con todos sus elementos y características.
Expuesto lo anterior, al igual que
lo señalan varias autores se parte de una clasificación de Estado
reduccionista pero útil para el
contexto de esta investigación,
en esta forma se hace referencia
a tres saltos dialécticos que representan a su vez, tres modalidades de Estado, descritos a continuación a breves rasgos: 1) el
Estado absoluto; 2) el Estado de
derecho o Estado legal de derecho; y, 3) El Estado constitucional
Entendemos por Estado absoluto a
aquel en el cual la centralidad del poder
radica en un solo individuo, casta o grupo plenamente identificado, basados
en la clasificación clásica de poderes o
funciones del Estado, podemos decir
que la autoridad única, administra el Estado y representa al gobierno, legisla en
términos amplios y ejerce facultades de
justicia. No existen límites al poder, en
correspondencia las personas carecen
de derechos y son considerados clases
subordinadas a manera de súbditos, vasallos o esclavos. En este contexto, la ley
existe meramente como representación
directa del poder, sin existir formalidades para su creación o aplicación.
Como consecuencia de constantes luchas de clases por alcanzar el poder,
nos encontramos ante el Estado de derecho, en esta modalidad existe al menos
en lo teórico una división entre poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), sin
embargo, la centralidad del poder se
encuentra en la práctica representada
en el órgano parlamentario formado
por la clase predominante optimo iure,
quienes emiten leyes las cuales a su vez
determinan la autoridad y estructuran el poder para quienes son ciudadanos optimo iure2.
Existe ley formalmente hablando y en consecuencia límites figurativos al poder, así como
derechos humanos limitados al espectro de la
clase política3.
Finalmente y como resultado de nuevas luchas
revolucionarias como consecuencia de las falencias del anterior modelo, nos encontramos
en el momento que da nacimiento al Estado
constitucional de derechos, concebido como
nuevo paradigma que adopta a modo de postulado teórico a la Constitución, siendo esta su
elemento central formal y material; este cuerpo
normativo no solo determina a la autoridad y
la estructura del poder sino que se nutre de los
derechos humanos como límites y vínculos al
Es así que el detentador del poder cambia diametralmente de una Asamblea, Congreso o
Parlamento hacia personas dotadas de un gran
número de derechos materializados, así como
de garantías para hacerlos efectivos mediante una Constitución directamente aplicable,
lo cual a su vez hace que la Ley como máxima
expresión de la función legislativa pase a un
segundo plano, encargada únicamente del desarrollo de la norma suprema4.
Aquel fenómeno afecta también en consecuencia a la administración de justicia, la cual
se ve transformada bajo el imperio de tribunales o cortes máximas de constitucionalidad con
amplias competencias en su haber y amplias
facultades para hacer cumplir sus decisiones,
esto con el objeto de cumplir de forma efectiva
con el principal papel del Estado como es respetar y hacer respetar los derechos humanos5.
La nueva visión de Estado se encuentra estrictamente ligada a la de democracia, entendida
como la manifestación de la voluntad ciudadana
dentro de la toma de decisiones de importancia
dentro de un Estado, esto independientemente
de las clasificaciones que se puedan hacer sobre la misma, en este sentido, la democracia no
puede ser concebida en abstracto, sino bajo el
enfoque de la Constitución y las personas redimensionadas por los derechos humanos.
En este contexto, si bien muchos autores suelen contraponer a la democracia
y la Constitución, al Estado y al ciudadano a manera de rivales o antagónicos , la nueva concepción de democracia nos permite alejarnos de esa idea,
fundamentando medios de conciliación
y técnicas que permitan su recíproca colaboración, con una idea base o guía en
mente, la plena vigencia de los derechos
De esta manera, no bastará únicamente el reconocimiento jurídico de los derechos humanos y
que las constituciones propugnen meramente
como enunciado que su más alto deber es lograr su respeto, sino que deberán instrumentar
todo un sistema de reglas, principios y valores,
que reflejados en garantías normativas y jurisdiccionales logren su estricto cumplimiento, es
así que el principal valor del ordenamiento es
el propio ser humano prescindiendo de construcciones externas como la legalidad estricta
y el ordenamiento gradado8.
Concluyendo, la idea principal de un Estado
constitucional de derechos, viene a ser el rein7
tegrar los elementos a su orden natural, es decir
poner al ser humano por encima de cualquier
otro elemento artificial o secundario.
Las afirmaciones anteriores nos llevan precisamente al encabezado de este acápite y a la idea
que queremos resaltar, la cual es que el Estado
y la Constitución son el medio para garantizar
los derechos humanos (por supuesto no el único pero quizá el más importante), y a la vez se
constituyen en un fin, al establecer una estructura cuya existencia se justifica en lograr una
convivencia pacífica, un régimen de bienestar,
o lo que en el Ecuador llamamos con características propias sumak kawsay o buen vivir9.
2. LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS
En este segundo acápite, comenzamos abordando la internacionalización de los derechos humanos, proceso que se encuentra en
construcción y que representa un elemento
esencial al hablar del Estado constitucional de
derechos, sobre todo dimensionando a un Estado en permanente relacionamiento con sus
pares, el proceso mencionado no es sino otro
de los muchos procesos de globalización que
se vienen produciendo desde ya hace varias
décadas, el derecho como cualquier otra creación humana se alimenta del contexto social
y de los distintos procesos en que la sociedad
se desarrolla y por supuesto se ve influenciado de procesos políticos y económicos, entre
Los procesos sociales a los que hacemos mención no se producen de manera aislada, porque las sociedades no caminan solas sino en
continua interrelación con otras sociedades
y evidentemente guiadas por una tendencia
hegemónica, en este caso y en los actuales
momentos, dictada desde dos aristas: La Europea que tiene su origen mismo y parámetro
de influencia desde los tiempos de la colonia y
la Norteamericana vista como parámetro pre8
ponderante de desarrollo económico y epítome cultural de modelo de vida10.
En el mundo del derecho, existe un hito específico que marca el punto de encuentro
entre las dos aristas mencionadas y este es la
Segunda Guerra Mundial, el suceso mencionado debe ser visto como una afectación de
incidencia global en cada aspecto de la vida
del ser humano, así en lo social, económico,
político, antropológico y por supuesto en lo
En el campo que nos atañe mayormente como
es el jurídico, damos cuenta de tres fenómenos relacionados con la Guerra:
El primero de ellos es llegar a entender a la
Guerra como la negación absoluta de los derechos humanos (tomando las palabras de Luigi
Ferrajoli), en este sentido, pues si bien existían
normas consuetudinarias de vieja data e incluso una que otra norma escrita de alcance
supranacional, se da cuenta de la insuficiencia
de estas disposiciones y se comienza a pensar
al menos en una insipiente regulación.
El segundo fenómeno íntimamente relacionado con el anterior, se refiere a recontextualizar
a la Guerra en la modernidad, aquello a través de considerar sus verdaderas y múltiples
implicaciones entre ellas la más importante
entender que los actos genocidas son una
práctica social no desprovista de elementos
subjetivos pero principalmente dotado de
cientificidad, organización y sistematicidad,
afirmación no solo aplicable a genocidios en
un contexto de guerra11.
Así también y de la mano, viene el dimensionar los daños que puede producir un conflicto
a gran escala sea este de naturaleza internacional o de índole no internacional, en el cual
se encuentre involucrado un gran número de
personas entre civiles y militares, dotadas de
un igual número de instrumentos para hacer
daño, tanto de manera individual pero sobre
todo colectiva12. Como consecuencia de lo
anterior y sobre la base de los principios del
Derecho Internacional Público, la costumbre
internacional y los tratados nace el Derecho
Internacional Humanitario13, encontrando su
mayor representación en las Conferencias de
la Haya de 1899 y 1907, los cuatro Convenios
de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos Adicionales de 197714.
A la par el sistema de justicia internacional se
ve fortalecido por “los tribunales internacionales que se han desarrollado desde la justicia de
los vencedores de la segunda guerra mundial,
en Núremberg y Tokio, pasando por el establecimiento del Consejo de Seguridad, de los Tribunales Ad Hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda,
hasta la creación de la Corte Penal Internacional18 con jurisdicción Potencialmente Universal”19.
Un tercer fenómeno que no hace relación directa con la guerra pero que si
se encuentra fuertemente influenciado por dicha práctica, es la búsqueda
común de la humanidad por establecer un catálogo mínimo de derechos
comunes a todas las personas, esta aspiración a la que hacemos referencia,
data de siglos atrás, sin embargo, a
comienzos del siglo pasado se concreta en la Carta de las Naciones Unidas
de 1945 y en la Declaración Universal
de Derechos Humanos de 1948 que
independientemente de toda crítica ,
representa el mayor logro en cuanto a
la conformación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
En las Américas producto de la suscripción mayoritaria de países de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San
José se cuenta con dos organismos con amplio
desarrollo y marcadas competencias como
son la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos20 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos21, pilares fundamentales de la
promoción, respeto y protección de derechos
y fuentes principales para determinar basados
en el cumplimiento si un Estado en realidad
reúne los requisitos necesarios para denominarse constitucional de derechos, así como
para vislumbrar el carácter democrático de sus
Sobre estos tres fenómenos los Estados constitucionales de Derechos se adscriben fuertemente a la tendencia de establecer un sistema de justicia internacional, damos cuenta a
nivel mundial, de aquello con las varias modalidades de Naciones Unidas de protección
y vigilancia de derechos humanos a través de
los distintos consejos, comisiones, comités,
juntas y grupos temáticos de derechos16, así
también por el trabajo focalizado de los Altos
Comisionados de Derechos Humanos y con la
implantación de mecanismos periódicos de
control, como es el reciente implementado
Examen Periódico Universal (EPU)17.
Por otra parte y en consecuencia a la corriente
de fortalecimiento de exigibilidad de los derechos a nivel nacional e internacional, las Constituciones de tendencia garantista de nuestro
continente han establecido distintas formas de
relacionarse con las fuentes supranacionales
En referencia, encontramos distintas modalidades como: cláusulas de remisión o reenvío que
redireccionan, completando y ampliando sus
disposiciones a otros cuerpos normativos nacionales e internacionales desarrollados o por
desarrollar; cláusulas interpretativas que establecen lineamientos y principios generales de
derechos humanos a manera de parámetros de
interpretación; cláusulas reconocedoras de derechos implícitos o no enumerados que completan su catálogo de derechos sobre la base
de una disposición abierta que no excluye o
niega a otros derechos previstos en cualquier
norma o aquellos que sin estar consagrados se
basen en la dignidad humana; y, cláusulas declarativas que recurren a principios o mandatos que pueden realizarse en diferente medida,
que no están precisamente determinados pero
que aparecen como antecedentes abiertos en
alcance e intensidad22.
A pesar de lo anterior es necesario dejar en claro que el camino es aún muy largo por recorrer, obstáculos para la internacionalización de
los derechos humanos y a la implementación
de un sistema internacional de justicia eficaz y
eficiente aún los encontramos en los mismos
lugares que hace varios siglos, con interpretaciones más elásticas pero que remanen irrompibles.
La soberanía de los Estados se constituye en el
más fuerte impedimento, en palabras de Anto10
nio Cassese, (ex Presidente del Tribunal Penal
Internacional para la Ex Yugoslavia), “el Estado
soberano aún sigue siendo vigoroso; todavía
una especie de dios inmortal; aún tiene en sus
manos la espada y no muestra intención alguna de cederla a las instituciones internacionales”23. Como bien lo señala dicho autor, existen
graves críticas a esta interpretación de soberanía como es que los Estados tienden a procurar
sus intereses a corto plazo, muchas veces en
detrimento de los intereses generales de la comunidad internacional, apuntan a proteger a
sus nacionales aun cuando transgreden ciertos
valores fundamentales y apelan con asiduidad
a cualquier medida para proteger a sus súbditos y asegurar la impunidad24.
Ante el panorama actual es indispensable ser
crítico, retomando y compartiendo lo expuesto por Ferrajoli, es evidente una crisis en la que
nos encontramos inmersos, “la impotencia del
derecho, es decir, su incapacidad para producir
reglas a la altura de los nuevos desafíos abiertos a la globalización”25, este último término en
palabras de dicho autor visto como un vacío
de derecho público, reflejo de la “ausencia de
una esfera pública internacional, es decir, de
un derecho y de un sistema de garantías y de
instituciones idóneas para disciplinar a los nuevos poderes desregulados y salvajes tanto en el
mercado como en la política”26
3. LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS EN
Con el antecedente del segundo acápite, podemos dejar por sentado que los Estados constitucionales de derechos, como consecuencia de
su propio concepto tienen como misión fundamental y razón de ser, el garantizar los derechos humanos.
En esta labor se encuentran en interrelación
con otros Estados, que sobre la base de com-
promisos puntuales conforman el Sistema Universal de Derechos Humanos que a su vez se
escinde en distintos Sistemas Regionales como
son el europeo, africano y el que nos atañe el
Este reconocimiento tanto de instrumentos
como de organismos internacionales, significa el establecer un límite a los poderes del
Estado el cual se encuentra dado por la propia
dignidad de las personas superior a los propios Estados, en consecuencia, se determina
un catálogo de derechos protegidos y una lista
de obligaciones estatales que el Estado debe
cumplir, so pena de consecuencias jurídicas
por sus faltas27.
En este contexto, un Estado solo podrá ser considerado constitucional de derechos, si cumple
con el postulado de “tomarse los derechos en
serio”28, lo cual en la práctica se refleja en el
cumplimiento efectivo de las obligaciones ge11
nerales de respetar, proteger y promover derechos humanos, mismas que se encuentran estrechamente relacionadas.
3.1. La obligación de respeto
En palabras de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, existe por parte de los Estados un compromiso que se traduce en una
primera obligación general de respetar los derechos y libertades de todas las personas que
se encuentre en su jurisdicción, sin distinción
alguna29. Aquello, implica un deber de orden
negativo, reflejado en la prohibición de utilizar
la propia estructura y organización del Estado
para violar derechos humanos, esto en el ejercicio de sus funciones o mediante el uso de
cualquier medio, así como también mediante
su respaldo o aquiescencia ante acciones u
omisiones violatorias de derechos.
En efecto, la obligación de respetar derechos
humanos comprende en primer término, el
impedir u obstaculizar el abuso del poder estatal, sea que este se presente como una acción
u omisión, a su vez y en un sentido represivo
determina que de producirse dicho abuso con
consecuencias violatorias a los derechos humanos, le pueda ser atribuida responsabilidad
al Estado, de acuerdo a las reglas del Derecho
Internacional30.
3.2. La obligación de protección
Una segunda obligación general para los Estados, la encontramos en proteger y garantizar
derechos humanos, este es un deber de orden
positivo que implica por una parte “el deber de
los Estados parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el
y pleno ejercicio de los derechos humanos.”31,
mientras que por otra parte deviene en el “prevenir, investigar y sancionar toda violación de
los derechos humanos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en
su caso, la reparación de los daños producidos
por las violaciones de derechos humanos”32.
En referencia, no solo será necesario construir
teóricamente un orden normativo que prevenga y proteja derechos humanos, sino en efecto
crear un sistema o red estatal que a través de su
institucionalidad se encargue en la práctica de
garantizar los derechos.
En relación a lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos crea el concepto de
garantía efectiva, es decir “no basta con que estos recursos se encuentren previstos de modo
expreso en la Constitución o la ley, o con que
sean formalmente admisibles, sino que se requiere, además, que sean realmente adecuados
y eficaces para determinar si se ha incurrido en
una violación a los derechos humanos y para
adoptar las medidas necesarias que permitan
restablecer el derecho vulnerado”33.
3.3. La obligación de promoción
Como tercera obligación general, se encuentra el deber de promover derechos humanos,
la cual se encuentra reflejada en que el Estado
debe realizar la mayor cantidad de esfuerzos
enfocados en la promoción de un mayor conocimiento y respeto de los derechos humanos, dichos esfuerzos deben ser integrales en
cuanto al contenido de los derechos, así como
también en lo referido a su alcance poblacional, además deben ser adecuados al medio y
situación, así como efectivos al fin buscado.
4. LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
Como un breve preludio, es necesario determinar el por qué de la existencia de derechos
específicos para las víctimas de violaciones de
derechos humanos, sin desmedro de la exis-
tencia de los derechos generales a todas las
personas que han sido víctimas de la criminalidad común, es decir de aquella que no proviene del Estado de manera directa o de su apoyo
o aquiescencia.
Existen particularidades que al enfrentarnos al
Estado en calidad de autor, cómplice o encubridor hacen que nos encontremos ante un sujeto
totalmente distinto al de la criminalidad común, incluso si esta última cuenta, como ocurre en muchos casos, con una colectividad de
sujetos bien organizados. El Estado a diferencia
de la criminalidad común puede imponer dentro de su territorio e incluso en ocasiones fuera
de su jurisdicción, un régimen de impunidad
basado en el abuso de su poder, esto a través
de un sin fin de medios desnaturalizados puestos a su exclusivo servicio34.
Es así que un Estado goza por principio de una
legitimidad a nivel nacional e internacional, se
financia casi ilimitadamente entre otras fuentes por los recursos entregados por otros Estados, así como también de la carga tributaria
impuesta a los ciudadanos y las ciudadanas,
precisamente con la justificación de garantizar
una calidad de vida digna a las personas. Es en
esta posición de garante con obligaciones propias como respetar, proteger y garantizar derechos humanos que el Estado utiliza toda una
red estructurada, organización permanente y
atribuciones de gran alcance que le son propias para gozar de impunidad en el abuso de
un poder ilegítimo y arbitrario.
Es en este contexto de particularidad, es que
la Organización de las Naciones Unidas ha
desarrollado de manera particular principios,
directrices y derechos propios de las víctimas
de violaciones de derechos humanos, con el
objeto de dar cuenta de una relación distinta
entre una sociedad puesta en posición de vulnerabilidad ante un Estado que no reúne calidad alguna de constitucional, de derecho y
democrático35.
Podemos sintetizar lo anterior, en el derecho a
la verdad, el derecho a la memoria, el derecho a la
justicia y el derecho a la reparación, estos cuatro
derechos se encuentran estrechamente vinculados, en constante relación y constituyen pasos que integralmente buscan dar cuenta de la
existencia de una víctima y satisfacer sus justas
4.1. El derecho a la verdad
El derecho a la verdad tiene antecedentes históricos muy lejanos dentro del derecho internacional humanitario, constituyéndose en la
costumbre internacional que luego se vería
formalizada en el Protocolo I Adicional a los
Convenios de Ginebra, este derecho inicialmente fue concebido como la facultad “que
asiste a las familias de conocer la suerte de sus
miembros”36.Con posterioridad, y como consecuencia de los graves procesos de violaciones
masivas de derechos humanos producidos en
el siglo pasado, nace una concepción más amplia, en la que podemos dimensionar con claridad una arista individual y la otra colectiva.
En referencia, existe un derecho a la verdad
de los individuos interesados directamente en
el conocimiento de lo sucedido con sus allegados, como también de toda la sociedad en
“conocer la verdad de lo ocurrido, así como las
razones y circunstancias en las que aberrantes
delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que
esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro” 37.
La obligación de dar respuesta a este requerimiento recae en el Estado quien deberá utilizar
su aparato estatal que no necesariamente se
limita al judicial para establecer una verdad38.
Establecido lo anterior, es necesario dar cuenta que la verdad como término polisémico nos
puede conducir a muy distintos lugares, así
podemos decir que dentro de las graves violaciones de derechos humanos existe en primer
término una verdad histórica que da cuenta de
sucesos particulares que afectaron a seres hu13
manos dentro de un contexto social, mientras
que por otra parte y sobre las mismas violaciones se puede establecer una verdad procesal
totalmente distinta pues deviene de los hechos
efectivamente demostrados y comprobados
dentro de un proceso legal39.
Basados en la diferenciación anterior, se puede
afirmar que la judicialización y su consecuente
verdad procesal es apenas uno de los espectros
de una verdad histórica mucho más compleja,
la cual puede ser descubierta mediante métodos muy diversos y en la cual como bien se lo
ha señalado el proceso penal puede ser una
herramienta demasiado indiferente, indolente
y tosca40, en respuesta a esto nacen distintas
formas de investigación, una de las cuales y
más importantes puede ser encontrada en los
mecanismos extrajudiciales de investigación
como son las comisiones de verdad en sus distintas y muy variadas formas, así como los denominados juicios de verdad, mecanismos que
difieren tanto en sus requerimientos, procedimientos y fines41.
El establecer una verdad sobre procesos de
graves y sistemáticas violaciones de derechos
humanos no puede ser sino un proceso traumático, pues viene a desbancar una memoria
oficial mantenida en muchos casos a manera
de dogma por varios años, décadas o siglos,
sacando así a la luz memorias ocultas, invisibilidades y demonizadas, mismas que permitirán
dar cuenta de un proceso histórico político totalmente distinto.
4.2. El derecho a la memoria
En este contexto es que concomitantemente al
derecho a la verdad podemos hablar de un derecho a la memoria que le puede ser exigido al
Estado como obligado principal pero que también deviene en una obligación social, pues “ni
la memoria ni la identidad son hechos naturales, sino procesos sociales y construcciones políticas”42.
Esta memoria por supuesto tiene una dimensión individual respecto a cada una de las víctimas de violaciones de derechos humanos, en
este sentido, es importante resaltar la individualidad de cada víctima y la particularidad de
cada proceso, evitar que las víctimas se encuentren invisibilizadas ante relatos de amplios procesos de violación, donde únicamente constituyen una fecha, un número o una estadística,
sino además se requiere deconstruir mensajes
en los cuales las víctimas se encuentran ocultas
en genéricos como “caídos, abatidos, occisos” o
en razones “ajuste de cuentas, actos violentos,
terrorismo, perpetradores, fuerzas obscuras” 43.
Como lo señala Daniel Ferenstein, es indispensable en este proceso “hablar de las víctimas
como sujetos activos, resistentes y no borregos
pasivos y obedientes”44, rescatar sus ideales,
razones de lucha, actos y prácticas de resistencia, pues “no resulta suficiente para los fines
genocidas eliminar materialmente (aniquilar)
a aquellos cuerpos que manifiestan dichas relaciones sino que aparece como tan o más importante clausurar los tipos de relaciones sociales que esos cuerpos encarnaban”.45
Lo anterior va de la mano con la construcción de una nueva memoria colectiva que venga a sustituir a una memoria
oficial o memoria estatal, en la cual a
través de estructuras de poder se crearon relatos colectivos, en los cuales basados en afirmaciones falsas, medias
verdades, negaciones y sucesos fuera
de contexto, se crearon justificaciones
para fundamentar genocidios (algo habrán hecho – amenazas a la seguridad,
al modo de vida occidental – inferioridad natural) y se invirtieron relaciones
entre victimarios y víctimas (héroes de
la nación- santos – ciudadanos y enemigos de la patria-demonios, villanos
contra el sistema), permitiendo que estos últimos incluso sean despojados de
sus características esenciales e incluso
de su categoría de seres humanos .
Además de lo expuesto anteriormente, es necesario precisamente el crear una nueva memoria
material y simbólica como garantía para la no
repetición de hechos atroces, conscientemente
realizados, sistemáticamente planificados y organizados, ante el peligro y siempre constante
resurgimiento de doctrinas revisionistas y negacionistas, ante la justificación, minimización
y bagatelización de los crímenes cometidos48.
Así como también contra el propio y muchas
veces provocado olvido, que permite la no activación de los jueces y tribunales o en su defecto provoca el estancamiento de la judicialización de estos casos49.
En fin, esta memoria se constituye en sí misma en una garantía de no repetición50, en un
instrumento de reconciliación individual y colectiva51, así también en un bien jurídico que
requiere de protección, los mecanismos para
activar la memoria pueden ser de la más diversa data, jugando un gran papel el contexto social y la creatividad52, a manera ejemplificativa
podemos mencionar las disculpas de autoridades públicas, la construcción de todo tipo de
memoriales, actos conmemorativos, fechas de
recordación y la conservación, rescate y acceso a archivos que den cuenta de esos procesos,
4.3. El derecho a la justicia
El derecho a la justicia de las víctimas implica para el Estado, de manera correlativa, una
obligación general de proteger derechos y en
concreto una serie de obligaciones particulares
derivadas de la primera, como son el garantizar
a las víctimas un acceso oportuno y eficaz a la
administración de justicia, así como también
el perseguir, investigar y sancionar a cualquier
partícipe con un grado de responsabilidad en
graves violaciones de derechos humanos53.
La importancia de cada uno de los deberes
mencionados es precisamente proporcional a
la magnitud del crimen cometido. De esta manera, el Estado deberá tener como prioridad
el conseguir a través de su administración de
justicia una condena adecuada a tan grave violación cometida, esta condena estatal sumada
a la condena moral de la sociedad implican dos
premisas fundamentales para el cumplimiento
de la garantía de no repetición de tan grotescos y deleznables actos54.
En este contexto, si fue necesario en una parte
de este ensayo rescatar el papel de la víctima
como un actor social y como un ser humano
que en la gran mayoría de casos era un sujeto de resistencia ante un poder desmedido del
gobierno, es ahora también necesario establecer con claridad el rol del responsable de graves
violaciones de derechos humanos, en su papel
de victimario, de esta manera como lo señala
Ferenstein refiriéndose al victimario genocida,
es preciso ir más allá de tachar al victimario de
malvado, loco o enfermo sino concebirlo en
su real dimensión como un ser consciente que
forma parte de un sistema bien organizado,
con procesos sistemáticos y sujetos disciplinados encargados de violar derechos humanos
con un propósito y fin determinado55.
El proceso en relación al victimario cumple una
función de reincorporación, ya que el mismo
“lo rescata del estado de hostis, ratificando que
para el derecho sigue siendo persona, pese a la
magnitud formidable del crimen cometido”56.
Adentrándonos en el derecho a la justicia partimos de una víctima que debe encontrarse debidamente protegida judicialmente, mediante
un recurso amplio y efectivo que le permita acceder a jueces o tribunales ante la violación de
sus derechos, sin importar si incluso dicha violación procede del mismo Estado57, el cumpli15
miento del deber requiere una efectiva división
de poderes, independencia ante órganos gubernamentales y no gubernamentales y un efectivo
convencimiento, coherencia y consecución de
un discurso de derechos humanos, incluso ante
la real posibilidad de repercusiones fácticas al enfrentar a sujetos dotados de gran poder.
El derecho de las víctimas a la justicia implica
también que en el proceso de persecución,
enjuiciamiento y sanción de perpetradores de
violaciones de derechos humanos, no exista
forma alguna de impunidad sobre todo ante
hechos de tal gravedad, es así que a nivel internacional tanto por la existencia del ius cogens,
costumbre internacional e instrumentos internacionales y al menos teóricamente a nivel interno de los Estados, existe consenso respecto
a ciertas medidas particulares que deben de
cumplirse en el tratamiento de graves violaciones de derechos humanos58, es necesario
aclarar que la calificación como delito de lesa
humanidad59 no depende en absoluto de los
Estados sino del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos60.
Así existen medidas especiales como la prohibición de prescripción tanto del delito como de
la pena, la restricción de la amnistía, la restricción de asilo territorial o diplomático, la prohibición de refugio político, la extradición como
principio salvo en el caso que se presuma que
el país requirente impondrá la pena de muerte,
la posibilidad de juzgamiento en ausencia garantizando los derechos del imputado, la prohibición de interponer obediencia debida como
eximente de responsabilidad, la invalidez de
normas de arrepentimiento eficaz como eximentes de responsabilidad y su admisión solo
para reducir la pena en caso que el imputado
contribuya a develar hechos de importancia
que contribuyan al derecho a la verdad, la pro-
hibición de juzgamiento por parte de tribunales militares o policiales.61
De igual manera, la Corte Interamericana con
claridad ratifica que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de
prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir
la investigación y la sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos
tales como la tortura, las ejecuciones sumarias,
extralegales o arbitrarias y las desapariciones
forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos”62.
En adición a lo anterior, la Corte Suprema de
Justicia de la Argentina, determinó que “Los
principios que se utilizan habitualmente para
justificar el instituto de la cosa juzgada y ne bis
in idem no resultan aplicables respecto a los
delitos contra la humanidad porque los instrumentos internacionales que establecen esta
categoría de delitos, así como el consiguiente
deber para los Estados de individualizar y enjuiciar a los responsables, no contemplan, y por
ende no admiten, que esta obligación cese por
el transcurso del tiempo, amnistías o cualquier
otro tipo de medidas que disuelvan la posibilidad de reproche”63.
4.4. El derecho a la reparación
El derecho a la reparación constituye el último
paso de un ciclo que comenzó con el derecho
a la verdad en una etapa preprocesal y judicial,
que siguió el derecho a la justicia que se presenta en la etapa judicial y finalmente la reparación que se da en cada una de las fases pero
sobre todo en la etapa de cumplimiento de
sentencia o en su defecto de un informe reali17
zado por una Comisión de la Verdad. La importancia de la reparación radica en las funciones
que cumple en relación a la víctima, la sociedad
y el Estado64.
Así en cuanto a la víctima, el reconocimiento
del Estado de dicha calidad y la puesta en marcha de su institucionalidad para reparar significa devolverle su dignidad como persona y
asumirse como lejos de cualquier excusa y justificación como un afectado de una grave violación de derechos humanos; este proceso además le permite realizar un cierre psicológico a
un largo proceso de victimización, y finalmente
de forma concreta permite reparar al menos en
una medida un proyecto de vida severamente
afectado en un ámbito moral, social y por supuesto económico.
En cuanto a la sociedad, el reparar a uno o
varios miembros de la colectividad conlleva
entender una nueva verdad histórica, que va
mucho más allá de la verdad procesal o la verdad institucional, permite reconocer víctimas,
eliminar estigmas, estrechar lazos, entablar
una reconciliación y fomentar la solidaridad, de
igual forma facilita la reintegración de las víctimas al conjunto social y al entramado de sus
relaciones, de igual manera el reparar permite
abrir un diálogo que contribuye a la no repetición de graves violaciones de derechos humanos65.
En cuanto al Estado, el asumir seriamente procesos de investigación, sanción y reparación
permite un cambio en la forma de relacionamiento de las personas con el Estado basada
en la democracia, confianza y el principio de
responsabilidad66, adicionalmente “la confrontación con el pasado es un indicador de la solidez del sistema jurídico y de la independencia
de la justicia en los países en cuestión”67, es un
indicio para crear una institucionalidad y política de Estado basada en derechos humanos,
permite crear una adecuada imagen a nivel internacional y es una de las principales premisas
para establecer una no repetición de violaciones de derechos humanos.
La reparación “es un principio del Derecho Internacional, que la jurisprudencia ha considerado
incluso una concepción general del derecho,
que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el
deber de repararlo adecuadamente”68.
Respecto a las modalidades de reparación, se
suele con frecuencia reducirlas al tema económico, pero como ha sido señalado por organismos internacionales, “las exigencias de la reparación (que) va más allá de las indemnizaciones
o las compensaciones patrimoniales, el conocimiento general de las faltas cometidas. En este
sentido, reviste un carácter más acusadamente
social, histórico, moral, pedagógico, que otras
expresiones de la justicia pública”69.
En la práctica existen serios problemas para la
concreción de este derecho, así podemos mencionar:
La falta de programas con presupuestos específicos para esta tarea, la falta
de competencia o insuficientes competencias de un órgano ejecutor del Estado en dicha función, la dificultad para
coordinar cambios estructurales entre
las distintas funciones del Estado, la
incapacidad de coordinación de tareas
entre las distintas funciones públicas,
la visión restringida a lo pecuniario en
cuanto a la forma de reparar que da
preeminencia solo a la indemnización,
la burocracia estatal que desconoce o
niega el derecho a ser reparado de las
víctimas y la obligación internacional
del Estado a reparar, la falta de acuerdo entre las víctimas y sus representantes legales y de estos con el Estado y
en ciertos casos, el grado de precisión
Lo anterior conlleva, que la etapa de cumplimiento de una sentencia, informe o recomendación que contenga la obligación de reparar
apenas sea el comienzo de un dilatado y engorroso proceso administrativo e incluso en algunos casos de un litigio judicial o acción de tipo
democrática, permite que el poder del Estado pase a un segundo plano ante los poderes
fácticos, provoca que la gente busque justicia
por su propia cuenta, estimula el delito, niega
la existencia de las violaciones cometidas y de
las víctimas que los sufrieron72, en concreto,
incumple con el más alto deber que consiste
en respetar y hacer respetar los derechos humanos y por tanto no puede ser denominado
como Estado constitucional de derechos.
Este incumplimiento total o parcial ante la obligación por parte del Estado de reparar, acarrea
como consecuencias el desnaturalizar el propio concepto de reparación, deslegitimar al
origen de la reparación sea este proveniente
de un órgano internacional o en su defecto de
un órgano nacional, revictimiza a los afectados
por graves violaciones de derechos humanos
pues les obliga a continuar actuando dentro de
un proceso, les impide cerrar un capítulo de su
vida tanto en el aspecto psicológico como en
el legal, les priva de un reconocimiento estatal
en calidad de víctimas, así como también de un
conjunto de acciones interdependientes que
les permitirían alcanzar una reparación integral
y por tanto una vida digna70.
5. EL ESTADO TERRORISTA O EL TERRORISMO DE ESTADO
Para finalizar este acápite, hay que resaltar que
estas tres medidas se interrelacionan estrechamente, así la reparación si bien constituye
la última etapa dentro de un ciclo de verdad
y justicia, sin embargo, de por si el establecer
mecanismos efectivos de verdad como suelen
ser las comisiones de la verdad es una forma de
reparar, así como el judicializar y obtener una
sentencia per se es una forma de reparación71,
además del vehículo más idóneo sin perjuicio
de otros para concretar acciones administrativas por parte del Estado.
Explicado lo anterior, diremos que en la actualidad debemos concebir al Estado constitucional de derecho como nuestra utopía y por
supuesto al Estado terrorista como nuestra
distopía, en otras palabras, “si los discursos utópicos suponen la formulación de un mundo alternativo, donde todo está bien y las cosas son
como deberían ser, ofrecidos como marcos de
crítica social y como modelos a ser emulados,
el discurso distópico, por el contrario, se encarga de proyectar un mundo de horror, en el que
las cosas han salido mal todo ha resultado al revés, y que en resumen, se halla en las antípodas
de la utopía”73.
Sobre la base de lo anterior, se puede concluir
que el Estado que no cumpla con estas tres
obligaciones, genera una sociedad de impunidad, amenaza la creencia de una sociedad
Previamente a entrar en este acápite es necesario hacer unas breves precisiones, así el hablar
de terrorismo como figura penal es algo que
como autor no comparto en lo absoluto, pues
bajo esta tipología se penaliza un sin número
de actos que de manera poco técnica son cobijados bajo el supuesto de causar terror. Más
aún resulta quizá un contrasentido hablar de
Estado terrorista, sin embargo, esta figura para
efectos de este ensayo es de enorme utilidad,
más aceptable en este contexto si resulta hablar de terrorismo de Estado como terminología que expresa precisamente la más pura antítesis del Estado constitucional de derechos.
A falta de una mejor definición por encontrar y
para objeto de este trabajo investigativo, diré
que el Estado terrorista es aquel que usa todos
sus poderes del cual está investido para violar
derechos humanos de forma generalizada y sistemática. De esta manera abarcamos la mayor
cantidad de representaciones de terrorismo
de Estado sin distingo de las razones en que
se fundamentaron, si acudiendo a su carácter
de proceso, planificado, organizado y con una
El terrorismo de Estado es un proceso social
que comienza por una construcción de identidad y alteridad, es decir creando “representaciones simbólicas que nos sugieran ciertos
modos de percibirnos a nosotros”74, de esta
manera se fundamenta un proceso criminal
que se nutre de la relación de pertenencia exclusión y en la relación amigo- enemigo
que esta engendra75. Por tanto, sobre la base
de estereotipos dominantes se crean opuestos irreconciliables, humanos y no humanos,
ciudadanos y marginales, normalizados y no
La creación del ser marginal, sospechoso y peligroso que se constituye en una amenaza para
la sociedad es una creación consciente que se
fundamenta en una tesis o teoría. En Latinoamérica y Centroamérica este proceso nace y
se fundamenta en los tres objetivos principales de la política exterior de los Estados Unidos para Latinoamérica en aquella época “1.
Proteger las materias primas utilizadas por el
mercado norteamericano. 2. Prevenir a los militares de América Latina del enemigo comunista. 3. Prevenir los efectos psicológicos generados por las críticas a los Estados Unidos”76.
En tanto, aquel ser que disienta del sistema de
vida propuesto para cada país en su funcionalidad para la potencia predominante, debería
ser marginado y este es un proceso que se
desenvuelve en una generalidad de aspectos, a través de múltiples exclusiones, que van
más allá de su representación en el derecho,
pasando por el lenguaje, la cultura, la moral,
la religión, la economía, lo comunicacional y
lo político, solo por destacar algunas relevantes77.
Este proceso de identificación en identidades y
alteridades permite marcar claramente a aquellos sujetos que ya excluidos, corresponde en
una segunda etapa hostigar, basados en su peligrosidad, en este punto el discurso se centra
en legitimar un poder punitivo descontrolado
por parte del Estado78, basado en una doctrina
del terror donde lo singular se convierte en la
regla general y la sociedad es forzada a vivir en
un régimen constante de guerra, para el cual el
Estado asume de manera regular poderes excepcionales79,
Esta doctrina del terror a la que hacemos mención en el contexto de nuestro continente,
adoptó el nombre de doctrina de seguridad
nacional, y hace referencia al conjunto de procesos y políticas de exclusión, hostigamiento
y aniquilamiento, respaldado además por el
denominado “Plan Cóndor, la articulación represiva entre las fuerzas de seguridad del Cono
Sur de América Latina, que implicó el trabajo
conjunto de las dictaduras de la Argentina,
Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y
Uruguay en el intercambio de prisioneros, la
transferencia de información de inteligencia y
la colaboración de acciones represivas en cada
uno de sus territorios, incluyendo acciones
conjuntas”80.
En este momento, es que el terrorismo de Estado se hace presente en su mayor expresión,
fortalecido con atribuciones especiales que le
permiten en un régimen de terror “admitir un
trato penal diferenciado para enemigos no
identificables ni reconocibles físicamente importa ejercer un control social más autoritario
sobre toda la población como único modo de
identificarlos, y además imponer a toda la población una serie de limitaciones a su libertad y
también el riesgo de una identificación errónea
y de consiguientes penas a inocentes”81.
Así también de manera correlativa, la prohibición de todo tipo de defensa o resistencia contra la afectación a sus derechos es considerada
un atentado contra el Estado, un indicio de culpabilidad mientras que los actos realizados por
el Estado son entendidos como un poder legítimo que actúa en función de la resistencia y
que se encuentra justificado en un interés más
grande que el proyecto de vida de cada uno de
sus ciudadanos y ciudadanas82.
Es aquí cuando el hostigamiento se convierte
en una doctrina de aniquilamiento, en la cual
toda medida es admisible para garantizar los
derechos, la seguridad y el modo de vida de
unos seres humanos en relación con aquellos
seres que carecen de derechos por cuanto no
reúnen dicha calidad. Solo de esta manera es
posible la ejecución de crímenes de lesa humanidad, cuando bajo una conceptualización
de enemigo, de ser marginal, de no persona se
priva a un ser humano de todos sus derechos,
siendo los más comúnmente afectados la vida,
la integridad y la propiedad83.
Volviendo a la idea inicial, es necesario resaltar
que este proceso de construcción de identidad
y alteridad, de hostigar al marginal y finalmente de aniquilar al enemigo no podría sino producirse con el respaldo, apoyo o aquiescencia
del Estado y de sus distintos poderes (siendo
precisamente este uno de los elementos del
delito de lesa humanidad) puesto que no solo
es necesario un régimen bajo el cual se ejecuten violaciones de derechos humanos sino que
las mismas se produzcan en un sistema que garantice la mayor libertad para dicha actividad,
así como la más absoluta impunidad a todos
En referencia a lo anterior, podemos afirmar
como una regla que el terrorismo de Estado
viene acompañado de un Estado totalitarista
entendiendo por aquel la deformación de cualquier forma estatal que propenda y ejecute “la
desaparición del espacio privado, el espacio
mental y también del espacio social”, con el
objeto de la instauración y puesta en marcha
dentro de sus fronteras de un poder absoluto y
sin contención84.
La tortuosa experiencia de Latinoamérica respecto a graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, nos enseña
que por regla general cada poder del Estado
ejerce un papel determinado en el sistema que
ejecuta y permite el terrorismo de Estado.
Así el poder ejecutivo en este modelo funge
como actor principal en las violaciones de derechos humanos, en razón de que bajo su organicidad y dirección se encuentran las fuerzas
armadas y la fuerza policial principales ejecutores de la política de terrorismo de Estado,
así también se encuentran a su disposición el
establecer mecanismos de impunidad como es
el determinar indultos particulares o generalizados, de igual manera el mal utilizar la institución de los estados de emergencia también
llamados de excepción, haciendo que dicho
mecanismo sea dentro de un largo plazo o de
forma permanente la manera de acaparar atribuciones omnímodas que escapen a los enunciados básicos de un Estado constitucional de
derechos85, el ejemplo más claro se suscita al
irrespetar la misma división de poderes, finalmente, posee la atribución de iniciativa legal
que entre otras cosas puede servir para restringir o limitar recursos y garantías judiciales86.
A su vez el poder legislativo funge como el mecanismo adecuado para instrumentalizar medios de impunidad como los ya mencionados
y avalar mediante su facultad normativa actos
violatorios de derechos humanos como es el
caso de la puesta en marcha de las llamadas
leyes de punto final, leyes de arrepentimiento
eficaz, leyes de amnistía, leyes de lucha antisubversivas, antiterroristas o de traición a la
patria87 e incluso reformar procesos constitucionales, penales, civiles y administrativos que
dejen en indefensión a las víctimas, así también
su función fiscalizadora puede ser utilizada
como un mecanismo de aquiescencia y respaldo ante los actos de la fuerza pública88.
El poder judicial que como autor o cómplice, permita y de visos de legalidad a actos de
violación de derechos humanos que homologue facultades discrecionales o competencias
extraordinarias para reprimir a la ciudadanía
como es el caso de facultar un uso de la fuerza
indiscriminado y excesivo, hacer valer informes
reservados o secretos que no tengan fundamento legal89, así como también para hacer
inaplicables acciones de inconstitucionalidad,
recursos de acceso a la información pública y
el caso más patético en lo referido al recurso de
habeas corpus90.
6. HACIA UN PROCESO EFECTIVO DE NO REPETICIÓN
Este último acápite en realidad implica el reiterar la que ha venido siendo la principal hipótesis de este ensayo, como es afirmar que
un Estado solo puede ser denominado como
constitucional de derecho, si cumple de manera permanente con los distintos deberes que
se derivan de garantizar derechos humanos,
obligaciones que deben ser vistas en una triple
dimensión temporal, es decir sobre el pasado,
en el presente que nos encontramos y como
proyección hacia el futuro. En este punto es necesario establecer ciertas condiciones o puntos
focales esenciales que el Estado debe reunir
para respetar, proteger y promover derechos
humanos de forma efectiva91.
En primer lugar y como condición esencial se
requiere el establecer un verdadero compromiso político estatal, y al utilizar estos términos me
refiero a un pacto permanente que vaya más
allá de la decisión del gobierno de turno para
establecer políticas, normas pero por sobre
todo acciones que desde cada uno de los entes
institucionales propendan a la defensa de los
Este enunciado tan etéreo encuentra concreción en el establecimiento de una institucionalidad específica que vele por los derechos
humanos, sea que esta se concentre en un solo
órgano o en muchos.
El consagrar en nuestras legislaciones nacionales principios y mecanismos de defensa de
derechos es un primer paso insuficiente, así
también el adherirnos a instrumentos internacionales con órganos de supervisión de
derechos. La dogmática de dicho enunciados
flaquea ante lo pragmático y esto último solo
puede ser logrado con órganos eficientes y
efectivos de ejecución de derechos, provistos
de suficientes competencias y recursos de todo
tipo, con énfasis en lo humano y económico.
La segunda condición es el impulsar una fuerte
cultura de derechos humanos de forma constante, los mecanismos son varios para entrar en la
psiquis de cada servidor público, el principal por
supuesto la educación permanente, a la vez este
proceso de aprendizaje tiene que ir de la mano
de un proceso de deconstrucción que mediante
una estrategia clara, planificada de gran alcance
a corto, mediano y largo plazo, implique el desmontar estructuras y prácticas a nivel estatal.
Este proceso nada pacífico requiere antes de
conformar una nueva estructura el deshacerse de estigmas pasados que promovieron las
violaciones de derechos humanos, acciones
concretas al respecto será el desmontar desde
la raíz y no solo en la nomenclatura a instituciones de gran poder que desde estructuras bien
organizadas y provistas de cuantiosos recursos,
utilizaron diversos medios para aplicar una política de terrorismo de Estado, en este punto la
reconstrucción del aparato estatal debe ser severa propendiendo a la no acumulación de poderes que puedan ser utilizados para reprimir,
finalmente es necesario depurar y reconfigurar
la lista de servidores de larga data e incluso
prestigio que se encuentren involucrados de
manera comprobada en hechos violatorios.
La tercera condición es manejar un discurso firme en derechos humanos, es decir, los derechos
humanos no pueden como en ocasiones ha
sucedido ser instrumentos políticos para fundamentar abusos, justificar poderes extraordinarios, implementar y consolidar regímenes de
facto. En relación a lo anterior es fundamental
el no usar a los derechos humanos como herramienta política de persecución de opositores
al régimen, los derechos humanos son valores
éticos que no pueden estar sujetos a la situación del momento.
Al respecto es indispensable hacer un saneamiento de las normas y políticas que se utilizaron en modelos de terrorismo de Estado,
sean estos decretos y leyes que por su contenido permitieron directamente la violación
de derechos o en su defecto la generación de
impunidad. De igual manera el suprimir normas que por su forma, es decir por su origen
o procedimiento fueron inconstitucionalmente
o ilegalmente expedidas, En este transcurso es
importante dejar sin vigencia también la normativa heredada de momentos históricos en
los cuales la discriminación y exclusión fueron
normalizadas y por tanto generalmente aceptadas, esto con la intención de resaltar el principio de supremacía constitucional y evitar su
como también los pronunciamientos, decisiones, recomendaciones sobre una materia específica, de igual manera las resoluciones y sentencias con especial énfasis en los argumentos de
votos salvados, que se constituyen en muchos
casos en estándares que se adelantan a su época y que constituyen fuentes de protección que
paulatinamente serán alcanzados.
Un cuarto paso es fortalecer el aparato de justicia
estatal, de tal manera que la justicia no sea permeable a la influencia de poderes fácticos gubernamentales y no gubernamentales, la independencia de poderes es una de las principales
garantías de un régimen democrático, esto no
basta para mejorar las condiciones de la justicia
nacional, se sugiere adoptar procesos intensivos
de capacitación con énfasis en lo constitucional
desde una visión garantista, la oxigenación de
los distintos operadores de justicia no puede
dejar de ser vista como una opción para hacer
un cambio radical de la actividad judicial.
El tipificar conductas que constituyan graves
violaciones de derechos humanos así como
crímenes de lesa humanidad es una actividad
básica, así como también implementar garantías específicas a las víctimas que sufren estas
violaciones y normar mecanismos de contacto
y comunicación entre organismos nacionales e
internacionales de justicia
La jurisdicción nacional debe ser el principal
medio donde la ciudadanía busque una tutela
efectiva a sus derechos, sin embargo, esto no
excluye el fortalecer también las jurisdicciones
internacionales que si bien son subsidiarias, son
fundamentales en un sistema de protección de
derechos, el ratificar instrumentos garantistas es
un importante paso pero le es complementario el adherirse a la instauración de organismos
de supervisión de derechos, así como el crear
organismos nacionales de ejecución de pronunciamientos internacionales sean estos de
carácter universal o regional, dichos organismos
nacionales deben estar provistos de suficientes
competencias y medios en su actividad, incluso
si aquello significa grandes erogaciones.
El implementar los más altos estándares internacionales de protección de derechos es una buena práctica que impedirá la violación de derechos, así como también propenderá a una más
eficaz protección, las decisiones de los organismos de justicia de la región son esenciales, así
Una quinta condición, que no puede dejar de
ser dimensionada es el implementar mecanismos extrajudiciales de investigación, en Latinoamérica el modelo de las Comisiones de Verdad
ha sido en muchos casos un instrumento importante para develar el terrorismo de Estado y
para facilitar un transición entre regímenes dictatoriales y Estados constitucionales de derecho,
así también para cerrar capítulos oscuros de gobiernos democráticos.
A pesar de lo anterior las Comisiones de la Verdad de ninguna manera garantizan una reconciliación si al menos estas no se conforman con
un mandato amplio, con independencia de los
poderes estatales y no estatales, con comisionados probos, con una integración que dé cuenta de la diversidad de un país, con poder para
obligar a la entrega de información, así también
para divulgarla, con capacidad de investigación
que sea lo suficientemente técnica para permitir
una posterior judicialización, con suficientes recursos técnicos, humanos y financieros y sobre
todo con capacidad para emitir un informe que
de forma integral y contextual de cuenta del origen de las violaciones sufridas, de las estructuras e individuos que las cometieron, de las víctimas que las sufrieron, así como de los medios
necesarios para que estas no vuelvan a ocurrir.
La actitud ética de los Estados para asumir un
Informe de una Comisión de Verdad es por demás importante, pues sus recomendaciones y
conclusiones pueden ser verdaderas guías para
alcanzar un Estado constitucional de derecho o
en su defecto consolidar un silencio institucional, abrir heridas sociales y generar expectativas
individuales y colectivas que puedan desembocar en una mayor impunidad y por tanto en más
graves procesos de sistemática violación de derechos humanos, fortalecidos ante una lección
tan poco ejemplar
1 Ramiro Ávila Santamaría, “Ecuador Estado constitucional de derechos y de justicia”, en Ávila Santamaría, Ramiro (ed.), Constitución del 2008 en el contexto andino, Quito, Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, 2008, pp. 20-22.
2 El término en cursiva hace referencia a una expresión que en Teoría General de los Derechos Humanos describe al ciudadano ideal dentro determinada sociedad en determinado momento
histórico, aquel que por su calidad debe gozar de todos los derechos, prerrogativas y privilegios.
3 Ramiro Ávila Santamaría, “Ecuador Estado constitucional de derechos y de justicia” … pp. 20-22.
4 Gustavo Zagrebelsky, El Derecho Dúctil, Madrid, Editorial Trotta, 4ta edición, Madrid, 2002, pp. 21-41.
5 Agustín Grijalva, ¿Constitución sin constitucionalismo?”, Revista de Derecho Foro No. 7, Quito; Universidad Andina Simón Bolívar, 2007, pp. 87-88.
6 Roberto Gargarella, “Las amenazas del constitucionalismo: constitucionalismo, derechos y democracia”, Alegre, Marcelo et al, Los derechos fundamentales, Buenos Aires, Editores del Puerto,
2003, pp. 3-18.
7 Luis Prieto Sanchis, Justicia constitucional y derechos humanos, Madrid, Editorial Trotta, 2003, pp. 137-161.
8 Carlos Santiago Nino, “El principio de la dignidad de la persona”, Ética y derechos humanos, Argentina, Editorial Astrea, 2da. Edición, 2005, pp. 267-284.
9 Para mayor información recomiendo consultar: Alberto Acosta y Esperanza Martínez (comp.), El Buen Vivir. Una vía para el desarrollo, Quito, Ediciones Abya-Yala, 2009.
10 Un excelente análisis que da cuenta de dicha afirmación puede ser consultado en: Boaventura de Sousa Santos, Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una Epistemo-
logía del Sur, Quito, Ediciones Abya – Yala, 2010.
11 Daniel Feierstein, El Genocidio como Práctica Social, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica de la Argentina, 2011, pp. 215-239.
12 Daniel Feierstein, El Genocidio como Práctica Social…., pp. 99-100.
13 Ramiro Ávila y José Valencia, Ecuador y el Derecho Internacional humanitario, Quito, Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 2da edición, 2008, p. 4.
14 Convenio I para aliviar la suerte que corren los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña; Convenio II para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y náufragos de las
fuerzas armadas en el mar; Convenio III relativo al trato debido a los prisioneros de guerra; Convenio IV relativo a la protección de la vida de las personas civiles en tiempo de guerra; Protocolo
I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales; y, Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949,
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional.
15 La principal crítica que se hace a este instrumento, es su visión predominantemente occidental y su perspectiva universalista de los derechos humanos.
16 Para mayor detalle sobre la estructura y organización de Naciones Unidas consultar: http://www.un.org/es/aboutun/structure/. Acceso 24 de octubre de 2011.
17 Para mayor detalle sobre el (EPU) consultar: http://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx. Acceso 24 de octubre de 2011.
18 Carlos Martín Beristain, “Intervención” en Seminario Internacional. Verdad y Justicia”, Bogotá, Naciones Unidas y Comisión Colombiana de Juristas, 2003, pp. 134-135.
19 “Para comprender el Estatuto de la Corte Penal Internacional es preciso recordar que no fue una imposición del Consejo de Seguridad sino el resultado de negociaciones. Estas generaron una
tensión constante entre una lógica de justicia penal internacional y una lógica de soberanía” Philippe Kirsh, “La Corte Penal Internacional frente a la Soberanía de los Estados” en Antonio
Cassese y Mireille Delmas-Marty, Crímenes internacionales y jurisdicciones internacionales, Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2004, p. 44
20 Convención Americana sobre Derechos Humanos, capítulo VII.
21 Convención Americana sobre Derechos Humanos, capítulo VIII.
22 Para una mayor profundización ver: Ariel Dulitzky, La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Buenos Aires, Editores del Puerto, 1998, pp. 39-50; y,
Rodrigo Uprimny, Bloque de constitucionalidad, derechos humanos y nuevo procedimiento penal, http://dejusticia.org/index.php. Acceso 24 de octubre de 2011.
23 Antonio Cassese y Mireille Delmas-Marty, “Hay un conflicto insuperable entre soberanía de los Estados y justicia penal internacional” en Antonio Cassese y Mireille Delmas-Marty,
Crímenes internacionales y jurisdicciones internacionales, Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2004, p. 25.
24 Antonio Cassese y Mireille Delmas-Marty, “Hay un conflicto insuperable entre soberanía de los Estados y justicia penal internacional”… pp. 25-26.
25 Luigi Ferrajoli, “Criminalidad y Globalización”, en Miguel Carbonell y Rodolfo Vázquez (comp.), Globalización y Derecho, Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009, p. 146.
26 Luigi Ferrajoli, “Criminalidad y Globalización”... p. 146.
27 Tara Melish, La protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano, Quito, Servigrafic, 2003, pp. 171-174.
28 La expresión utilizada hace referencia a: Ronald Dworkin, Los derechos en serio, España, Ariel Derecho, 2002.
29 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 1.
30 Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de Fondo del 29 de julio de 1988, párrafo 165.
31 Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de Fondo del 29 de julio de 1988, párrafo 166.
32 Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de Fondo del 29 de julio de 1988, párrafo 166.
33 Opinión Consultiva OC-9/87, del 6 de diciembre de 1987, párrafo 24.
34 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho inter-
nacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, Preámbulo y considerandos.
35 Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder.
36 Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra, Arts. 32, 33, 34.
37 Louis Joinet, Informe Final del Relator Especial sobre Impunidad y Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha Contra la
Impunidad, Introducción.
38 “Específicamente, para satisfacer los requerimientos de verdad, los estándares internacionales indican que los estados deben adoptar medidas que permitan a las víctimas y la sociedad
en su conjunto conocer las motivaciones de los crímenes atroces, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se cometieron, y la ubicación de las personas asesinadas o
desparecidas” Tomado de Corte (Caso Bámaca Velásquez y Caso Myrna Mack Chang) CIDH (Caso 11.481 Monseñor Oscar Arnulfo Romero vs Salvador y Caso 10.488 Ignacio Ellacuria
y otros vs El Salvador).
39 Daniel R. Pastor, “Procesos Penales solo Para Conocer la Verdad – La Experiencia Argentina” en Juan M Otero, Pablo D. Eiroa, Memoria y Derecho Penal, Buenos Aires, Fabián J Di Placido
Editor, 2007, p. 336.
40 Graciela Fernández Meijide, La Historia Íntima de los Derechos Humanos en la Argentina, Buenos Aires, Editorial Sudamericana S.A., 2009, p. 17.
41 Daniel R. Pastor, “Procesos Penales solo Para Conocer la Verdad – La Experiencia Argentina”… pp. 325- 351.
42 Martha Cabrera, “Exceso y defectos de la memoria: Violencia política, terror, visibilidad e invisibilidad” en OASIS Observatorio de Análisis de los Sistemas internacionales 2005-2006,
Bogotá-Colombia, Universidad Externado de Colombia., 2005, p. 40.
43 Martha Cabrera, “Exceso y defectos de la memoria: Violencia política, terror, visibilidad e invisibilidad”… pp. 45-46.
44 Daniel Feierstein, Seis estudios sobre genocidio. Análisis de las relaciones sociales: otredad, exclusión, exterminio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Editores del Puerto, 2008, pp. 61-115.
45 Daniel Feierstein, Seis estudios sobre genocidio. Análisis de las relaciones sociales: otredad, exclusión, exterminio,… p.131.
46 Eugenio R Zaffaroni, El Enemigo en el Derecho Penal, Buenos Aires, Ediar, 2009, pp. 11-12.
47 Massimo Pavarini, Castigar al enemigo. Criminalidad, exclusión e inseguridad, Quito, Flacso y Municipio Metropolitano de Quito, 2009, pp. 31-32.
48 Emanuela Fronza, “La-Protección Penal de la Memoria- sobre el Delito de Negacionismo” en Juan M Otero, Pablo D. Eiroa, Memoria y Derecho Penal, Buenos Aires, Fabian J Di Placido
Editor, 2007, pp. 145.
49 “(U)no de los casos más contundentes del olvido forzado y de la remoción institucional del testimonio de los sobrevivientes es el de España” “se estima que fueron más de 200.000
víctimas directas o indirectas de la represión franquista hasta los años 50”. Alberto Filippi, “Damnatio Memoriae y Humanitas del Derecho” en Juan M Otero, Pablo D. Eiroa, Memoria y
Derecho Penal, Buenos Aires, Fabian J Di Placido Editor, 2007, pp. 64-65.
50 “La memoria debe prohibirnos a nosotros, prohibirles a ustedes… La memoria debe impedirnos a nosotros, impedirles a ustedes… La memoria debe incitarnos, a nosotros y a ustedes…
especialmente a no ignorar los crímenes de hoy, sobre todo si se parecen a los de ayer”. Alfredo Grosser, El Crimen y la Memoria, Buenos Aires, Editorial Ateneo, 2010, pp. 40.
51 “Y nos acusan de no propiciar la reconciliación nacional, de activar los odios y resentimientos, de impedir el olvido. Pero no es así, no estamos movidos por el resentimiento ni por el espíritu
de venganza: solo pedimos la verdad y la justicia” Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), Nunca Más, Buenos Aires, Eudeba, 2011, pp. 14
52 Carlos María Beristain, Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en los casos de violaciones de derechos humanos, Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009, pp. 227-248.
53 Louis Joinet, Informe Final del Relator Especial sobre Impunidad y Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha Contra la
Impunidad, Principio 18.
54 Daniel Feierstein, Seis estudios sobre genocidio. Análisis de las relaciones sociales: otredad, exclusión, exterminio,… p. 3.
55 Daniel Feierstein, Seis estudios sobre genocidio. Análisis de las relaciones sociales: otredad, exclusión, exterminio… p.7.
56 Eugenio R. Zaffaroni, “Crímenes de Masa”, en Revista de la Asociación Americana de Juristas, septiembre, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ediciones del País, 2010, p.10.
57 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 25.
58 En la práctica la consecución de esta obligación suele enfrentarse a la falta de activación de los órganos de justicia, el desconocimiento de los actores del sistema judicial en especial de jueces
y fiscales, la obstaculización de los procesos mediante medidas legales y actos sociales, la ocultación de pruebas, el abandono de las iniciativas penales, presiones sociales e influencia de
59 Hasta hoy el crimen contra la humanidad compete, en efecto, a la enumeración siempre abierta de las-atrocidades que desafían la imaginación y contrarían profundamente la conciencia
humana. Preámbulo de la Convención de Roma que contiene al Estatuto de la Corte Penal Internacional.
60 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Delitos de Lesa Humanidad, “Causa No. 259 de 24-08-2009”, Buenos Aires, Corte Suprema de Justicia de la Nación – Secretaría de Jurisprudencia,
2009, pp. 127.
61 Louis Joinet, Informe Final del Relator Especial sobre Impunidad y Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha Contra la Impunidad,
62 Caso Barrios Altos vs Perú. Sentencia de Fondo, 14 de marzo de 2001.
63 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Delitos de Lesa Humanidad, “Fallos 330:3248 de 11-07-2007”, Buenos Aires, Corte Suprema de Justicia de la Nación – Secretaría de Jurisprudencia,
2009, pp. 203-204.
64 Sobre el tema reparatorio un libro ampliamente recomendable es: Carlos María Beristain, Diálogos sobre la reparación. (Tomo I y II), San José de Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos
Humanos, 2008.
65 Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación, Informe de la Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación (Versión abreviada), Lima, Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación,
2008, pp. 411-432.
66 Tatiana Rincón, “La Decisión Judicial en la Construcción de la Memoria Colectiva –Una aproximación desde la hermenéutica-” en Juan M Otero, Pablo D. Eiroa, Memoria y Derecho Penal,
Buenos Aires, Fabian J Di Placido Editor, 2007, p. 219
67 Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech), Santiago de Chile, Ministerio del Interior, 2009, p. 6
68 Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de Fondo, 29 de julio de 1988.
69 Caso La Cantuta vs Perú, Sentencia de Fondo, Voto razonado del Juez García Ramírez, 29 de noviembre de 2006.
70 Carlos María Beristain, Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en los casos de violaciones de derechos humanos,… pp. 119-173.
71 Este criterio es sostenido por todas las Cortes que forman parte de los sistemas regionales de las Naciones Unidas, así lo determina la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte
Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Posteriormente este criterio es adoptado por Tribunales y Cortes Nacionales.
72 Carlos Martín Beristain, “Intervención” en Seminario Internacional. Verdad y Justicia”,…. pp. 134-135.
73 Gustavo Remedi citado por Cristhian León, El Cine de la Marginalidad. Realismo sucio y violencia urbana, Quito, Ediciones Abya Yala, 2005, p. 22.
74 Daniel Feierstein, El Genocidio como Práctica Social,…., p. 395.
75 Alfredo Grosser, El Crimen y la Memoria, …. p. 38
76 Esteban de Gori, “Doctrina de la seguridad nacional y políticas de contrainsurgencia en Honduras” en Daniel Feierstein en Terrorismo de Estado y genocidio en América Latina, Buenos Aires,
Prometeo libros, 2009, p. 57.
77 Cristhian León, El Cine de la Marginalidad. Realismo sucio y violencia urbana, Quito, Ediciones Abya Yala, 2005, p. 12.
78 Eugenio R. Zaffaroni, “Crímenes de Masa”,…. p. 9.
79 Massimo Pavarini, Castigar al enemigo. Criminalidad, exclusión e inseguridad, Quito,…. p. 56.
80 Daniel Feierstein, “Guerra, genocidio, violencia política y sistema concentracionario en América Latina” en Daniel Feierstein en Terrorismo de Estado y genocidio en América Latina, Buenos
Aires, Prometeo libros, 2009, p. 14.
81 Eugenio R Zaffaroni, El Enemigo en el Derecho Penal,… p. 116.
82 “(S)e favorecieron y en cierta manera se enaltecieron, las estrategias políticas violentas, asignándoles atributos heroicos, justicieros o revistiéndolas con el aura de las grandes gestas colectivas”.
Graciela Fernández Meijide, La Historia Íntima de los Derechos Humanos en la Argentina,…. p. 34
83 Eugenio R Zaffaroni, El Enemigo en el Derecho Penal,… p.150.
84 Alfredo Grosser, El Crimen y la Memoria,…. p. 63
85 Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación, Informe de la Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación (Versión abreviada), Lima, Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación,
2008, pp. 316-318.
86 Comisión de la Verdad, Informe de la Comisión de la Verdad – Ecuador 2010, “Tomo 1 Violaciones de los Derechos Humanos” “Tomo 2 Crímenes de Lesa Humanidad”. 2010.
87 Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación, Informe de la Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación (Versión abreviada), Lima, Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación,
2008, pp. 323-328.
88 Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech), Santiago de Chile, Ministerio del Interior, 2009, pp. 167-171.
89 Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig), Santiago de Chile, Corporación Nacional de Reparación y Recon-
ciliación, 2007, p. 95
90 Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), Nunca Más, Buenos Aires, Eudeba, 2011, p. 396.
91 Gran parte de este análisis ha sido un ejercicio de recopilación y síntesis de las conclusiones y recomendaciones de los distintos Informes de las Comisiones de Verdad, Justicia y Reconciliación
de Ecuador, Perú, Argentina y Chile. Por lo cual expresamente exhorto el leer sus contenidos para tener una visión mucho más integral y para descubrir además que pese a que nuestros países
tienen particularidades que los hacen singulares, en el campo de la garantía de los derechos humanos tanto como en su violación compartimos sin duda más semejanzas que diferencias, por
tanto tenemos soluciones que nos son comunes.
He comentado en otra ocasión que, siendo todavía
estudiantes de derecho, empezamos a conocer, a
través del cine, las características del common law
anglo sajón. Nos llamó la atención uno de los rasgos
más distintivos de esa familia jurídica: la presencia
del jurado, especialmente en las causas penales. En
conversaciones ulteriores nos preguntábamos si
podría implantarse en el Ecuador este sistema, en el
cual el pueblo, representado por ciudadanos anónimos, legos en derecho, administra justicia, como
una forma de democracia directa.
No sospechábamos entonces que también en
nuestro país tuvimos durante largos años el mismo
sistema. En efecto, en 1848, durante la presidencia
de Vicente Ramón Roca, se dictó la Ley de Jurados,
porque, según se decía, “algunos delitos han cundido
en la República por la lentitud de las fórmulas judiciales”, lo que se superaría mediante este procedimiento. Aunque se desconoce cuál fue el antecedente
de la ley, es probable, dadas las circunstancias políticas de la época, que se haya inspirado en la ley
de la revolución francesa de 16 de septiembre de
1791, que a su vez fue adoptada del sistema inglés.
La Ley de Jurados de 1848 establecía, en su primer
artículo, la lista de los delitos (que seguramente se
consideraban más graves), que debían ser juzgados
por jurados: homicidios, abortos, lesiones, falso testimonio y perjurio, falsificación de moneda, atentados contra la autoridad paterna, matrimonios
clandestinos, hurtos, robos y abigeatos, incendios,
La Ley (Art. 4) aclaraba que los jurados no eran funcionarios públicos permanentes y que su carácter
era temporal y relativo a la causa que decidían; determinaba además (Art. 6) los requisitos que debía
reunir un jurado: tener más de treinta años, ser ciudadano en ejercicio, ser padre de familia, ser propietario o gozar de una renta, residir en la capital de
una provincia. El 8 de enero de cada año, los concejos municipales de las capitales de provincia debían
nombrar a cincuenta ciudadanos que durante ese
año ejercerían tales funciones. El cargo era obligatorio y solo por las razones previstas en la propia
Ley cabía la excusa.
Los ciudadanos designados debían ser sorteados
para integrar, unos, el jurado de acusación, y otros,
el jurado de decisión. Todos debían prestar un solemne juramento, que en el segundo caso era el siguiente: “Ciudadanos ¿juráis por Dios Nuestro Señor
y estos Santos Evangelios examinar con atención escrupulosa los cargos producidos contra N.; no comunicar con persona alguna hasta que hayáis hecho la
declaratoria, no escuchar el amor, el odio, la malignidad, el temor ni la prevención y decidir en vista de
los cargos y medios de defensa, según vuestra íntima
y profunda convicción, con imparcialidad y firmeza?”
El jurado de decisión debía responder a varias preguntas: ¿Es constante el hecho que ha dado lugar al
juicio? ¿El acusado ha cometido dicho crimen? ¿Ha
obrado con discernimiento? ¿Consta la circunstancia de excusa alegada por el acusado? Si el jurado
consideraba que el acusado no era culpable, debía
contestar otra pregunta: ¿Ha habido calumnia o injusticia notoria?
Para la condena se requerían necesariamente al
menos once votos conforme de los quince jurados;
para la absolución bastaban seis (Art. 97).
El juicio por jurados se mantuvo en los sucesivos
códigos de enjuiciamiento en materia criminal expedidos en el siglo XIX, y solo desapareció en la legislación procesal del siglo XX. Lamentablemente
no se ha investigado su funcionamiento, su eficacia
y las dificultades que seguramente llevaron a su eliminación
Vigencia de nuevas
tendencias penales que
surgen de la política criminal
de Cuenca de Licenciada en
Humanidades (1964) y de Doctora
en Jurisprudencia y Abogada de
los Tribunales de la República
(1968). Obtuvo la Licenciatura en
Criminología en la Universidad de
Lovaina, Bélgica (1973).
En el campo académico, en la
Ecuador se desempeña, desde
1981, como Profesora del Área
de Derecho Penal en las materias
de Criminología, Derecho Penal y
Política Criminal; además cumplió
importantes funciones, entre ellas
la de Decana de la Facultad de
Jurisprudencia. Igualmente fue
Profesora de materia penal, en
Maestrías de otras universidades.
En el ámbito judicial, desde 1993
hasta 2008, fue sucesivamente:
Ministra Conjueza y Ministra Jueza
de la Corte Superior de Quito y de
Ha recibido muchos reconocimientos y distinciones, la última
por parte del Ilustre Municipio de
Quito: Condecoración “Federico
González Suárez”a la Excelencia
¿Los ecuatorianos esperamos
una nueva forma de hacer justicia o una nueva administración
Para todo Jurista que se ocupa de la
Criminología, el Derecho Penal y la Política Criminal, en nuestro país Américo
Ibero-indígena, constituye una gran
preocupación el poder ver una nueva
forma de hacer Justicia, que pueda llegar a la aplicación de un discurso penal
que sea diferente al de trasplante hoy
en vigencia y, desde nuestro punto de
vista, creemos que éste debe enmarcarse, tanto en el camino transitado
por el Derecho Penal encauzado bajo la
influencia del mundo occidental, como
también en el respeto a la tradición y
por consiguiente a la costumbre de las
diferentes culturas indígenas asentadas
Esto implica proteger no solamente a
un grupo social mayoritario que exige
más dinamismo con seguridad, para
llegar por sendero seguro a la globalización; sino también a otros grupos cultu-
rales, que después de quinientos años
de letargo, exigen hoy de los gobiernos
democráticos más compromiso político
en sentido de responsabilidades, pero
con respeto a sus elementales derechos
humanos, y también a sus territorios, en
lo que fuera de antaño sus propios dominios; posiciones que han sido recogidas por la Constitución del 2008.
El dualismo señalado es significativo
en frágiles democracias como la nuestra al momento de proponer normas
de comportamiento, y sobre todo normas que contengan para asegurar su
cumplimiento la amenaza de una pena,
como es el caso del Derecho Penal, el
que además tiene la pretensión de que
sus normas sean obedecidas por todo
el conglomerado social.
Pues, “es evidente que las formas de
manejo comunitario de los conflictos,
entendidas por nosotros como castigo
ancestral, que son parte del Derecho
Indígena, y el castigo del sistema penal instaurado en el Ecuador desde comienzos de la República, coexisten en
nuestro territorio, y no son convergen-
tes. Entonces amerita que se los coordine, se
los enlace, se los compatibilice y, si existen choques conceptuales, se los analice y se decida su
prevalecía, en base de los principios universales de los derechos humanos, consagrando de
esta forma las exigencias de la norma Constitucional vigente contenidas en su Art. 171.” 1
Lo afirmado implica que el Estado
ecuatoriano, al incriminar, dentro del
contexto político en el que se desenvuelve y en relación al fenómeno criminal, como hecho social, debe tomar
en cuenta a todos LOS ACTORES y no
únicamente a los incriminados. Vale
aclarar: debe considerar a todo el grupo social y consecuentemente, ”todo el
conjunto de normas de tipo tradicional
(costumbres), no escritas ni codificadas”2, pues sólo así se puede vislumbrar el gran ideal del presupuesto, del
conocimiento de la Ley por parte de
todos los ciudadanos y en esta forma
aspirar a que sea obedecida por todos,
En este contexto, en pleno siglo 21, cuando en
Europa se habla del Derecho Penal del enemigo; cuando los grandes penalistas sudamericanos tienen dificultades, como la de decidirse
entre una concepción de la culpabilidad conforme a la teoría causal valorativa del delito
(Mezger) o de acuerdo a la teoría finalista (Welzel)3; cuando la estructura de un Derecho Penal,
se la discute y elabora como parte de los grandes sistemas de la Política Criminal, resulta un
tanto paradójico aunque no desconocido4, que
se tenga en mente otras propuestas de cómo
elaborar una normativa penal que integre los
sistemas penales coexistentes y amplifique una
real cobertura de protección de los bienes jurídicos, como la propuesta en nuestro trabajo:
“Como enlazar en una ley los dos sistemas jurídicos coexistentes en el Ecuador en cuestiones
de control de conflictos”.5 Esta propuesta cuya
publicación se hace constar, dejamos para la
curiosidad de los asistentes a este Seminario,
fue trabajada hace más de año y medio por recomendación de la Academia de Abogados, a
la que nos honramos en pertenecer.
En esta investigación se demuestra que esto no
significa de ninguna manera el ignorar el avance que ha tenido el Derecho Penal, hasta ponernos frente a las nuevas prácticas de Política
Criminal, que también han entrado a formar
parte de nuestra normativa penal (siguiendo la
corriente sudamericana), ni tampoco significa
el aceptar los “ajusticiamientos por mano propia” como manifestaciones de Justicia Indígena, sino simplemente, de poner en vigencia el
mandato constitucional que desde 1998 está
presente en este país, y que ha sido retomado
por la Constitución del 2008, sobre el pluralismo jurídico. Con una construcción así, podríamos ver posiblemente “una nueva forma de
hacer Justicia en el Ecuador”.
Empero, y pese a las no muy lejanas manifestaciones de las llamadas “justicia por mano propia”, que cuando se dan, convulsionan al país
entero y en las que se proclama el desconocimiento absoluto del Derecho Penal vigente,
la preocupación de los ecuatorianos en la actualidad, va por otros senderos, “EL SUEÑO” es
“DE UNA NUEVA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”, que si bien, a nuestro modo de ver, no
se convertirá en una realidad, sino después de
una larga maduración del grupo social, cuando
menos los caminos utilizados en su búsqueda,
podrían llegar a aliviar las grandes tensiones
que se producen hoy al querer solucionar la
“seguridad ciudadana” o lo que es peor “tratar
de educar a los ciudadanos” mediante la privación de la libertad, a través de la utilización
del Derecho Penal, el que como sabemos, solo
es uno más de los instrumentos de control del
A este nivel de la reflexión, surgen las preguntas: ¿Han existido intentos de reformas al sistema judicial? y ¿Cuál es el enigma en la perspectiva planteada, y sus posibles soluciones?.
La respuesta a la primera pregunta es categórica: “Sí”, se han planteado soluciones rápidas
tratando de encontrar eficacia en el control del
crimen, pero los sistemas judiciales son complejos porque sus componentes son diversos,
existen elementos normativos, institucionales,
de recursos humanos, pero también culturales y en este último, no debemos olvidar que
la quimera de los pueblos de América India en
general (según varios escritores), ha sido llegar
a la igualdad de derechos a través de la protección de la salud, del trabajo, del acceso a la
educación, inquietudes éstas, que fueron parte
del paradigma del siglo 20; y hoy se afirma, que
éste ha sufrido un cambio, no por el fracaso del
anterior, sino por el avance de estos pueblos en
la conquista de estos derechos y la necesidad
de un enfoque nuevo, que posibilite el triunfo
de esta ansiada igualdad ante la ley, por lo
que debemos ser muy cautelosos al respecto
y ver la mejor manera de integrar a los pueblos
indígenas, mediante ciertos cambios, siempre
con sujeción a lo dispuesto en la Constitución
con respecto del derecho de estos pueblos en
el Art. 171, en el que se limita la jurisdicción
de las autoridades indígenas a su ámbito terri30
torial, y para el procedimiento y las normas a
aplicarse por parte de estas autoridades, señala
que son los propios de ellos para la solución de
sus conflictos internos, siempre y cuando no
sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos
La respuesta a la segunda pregunta no es simple. Tendríamos que comenzar por separar lo
que es política preventiva del Estado de lo que
es política penal, y en nuestro caso, rehabilitadora del Estado. Esto nos obliga a un conocimiento básico de Política Criminal y a una revisión sucinta del desenvolvimiento del Derecho
Penal en nuestro país.
Para el efecto, primero comenzaremos por afirmar que históricamente y en forma por demás
esquemática (pues en este aporte no se encuentra, de ninguna manera, el deseo de precisar lo que se entiende por Política Criminal), la
Política Criminal que se ha dado en el Ecuador,
ha sido y es obra del Estado.
Efectivamente en nuestro país como en
la mayoría de los países americanos,
el trasplante del discurso jurídico ha
provocado un fenómeno similar con las
prácticas de Política Criminal y al asumir una Política Criminal, pues estas
se mantienen como en sus países de
origen, dependientes del pensamiento
ideológico de los gobernantes y de la
forma de gobierno establecido.
Para corroborar lo dicho, basta recoger datos de
los análisis hechos por los autores nacionales
sobre los códigos de Vicente Rocafuerte (abril
1837), de García Moreno (1871), de Eloy Alfaro
(1906). Cuerpos legales, los citados, en los que
se encuentran impresos el sello de los códigos
europeos que sirvieron de modelo, además
de ciertos cambios que dependen del gober-
nante, como en el caso del General Eloy Alfaro,
quien, al encontrarse inmerso en la corriente
liberal, permite que se acojan algunos de los
criterios aportados por el Positivismo Crítico
imperante en Europa, y además, acogiendo la
resolución de la abolición de la pena de muerte
en la Constitución de 1906, hace desaparecer la
misma en el Código Penal.
Por fin, en el Código de 1938 de la época del
General Enríquez Gallo, se nota que los juristas
que intervienen se han preocupado de introducir reformas en su parte dogmática y en los
tipos delictuales, siendo lo más importante y
para señalar como avance, lo establecido en el
Art. 43, en el que se manifiesta que lo dicho en
este código con respecto de los menores, sólo
se observará hasta cuando el Estado dicte leyes especiales con respecto de la inadaptabilidad dentro de la minoría penal, que es lo que
permite la elaboración del primer Código de
Menores que se expide el mismo año, mediante Decreto Ejecutivo Nª 181 y publicado en el
registro Oficial Nº2 de 12 de agosto.
La simple observación no deja lugar a
dudas de que se trata de una Política
Penal de trasplante, pero que de alguna manera permite un cierto orden
en la “Materia Penal”. A partir de ese
momento, se dejan de consultar y aplicar las teorías científicas acerca del
Derecho Penal, y se hacen una serie de
reformas, de remiendos, añadiduras al
Código. Entonces debemos aceptar sin
ambages que, si bien se han intentado
reformas, éstas han sido sobre todo
para conseguir eficacia en la persecución de ciertos delitos y un cierto incremento de la tutela de derechos y
garantías individuales, etc., pero no se
ha hecho ninguna reflexión acerca del
“Derecho Penal”, ni sobre su necesidad, ni sobre lo que se desea proteger
como bienes jurídicos (a veces parece
que nos alineamos a la dañosidad social, sin que sea certera la afirmación),
y menos aún sobre si a “la pena criminal” se debe recurrir sólo cuando sea el
único medio para evitar un mal mayor.
No podemos dejar de señalar que, como consecuencia de lo establecido en la Constitución
de 1998, se introduce la mediación, pero fue
muy poco acogida la mediación penal, que por
hoy se practica sin aceptación total.
Afirmamos que la misma tónica se venía manteniendo en cuanto al Procedimiento Penal. No
resulta difícil recordar que el modelo de enjuiciamiento en nuestro país correspondía al denominado “sistema inquisitivo”; la instrucción
sumarial durante mucho tiempo fue lo esencial. Si nos retrotraemos solamente hasta 1983
(código publicado en el RO Nº 511 de 10 de
junio), se habla entre otras instituciones, de la
pesquisa judicial, de la indagación policial, del
careo y citas, de la consulta, texto que se mantiene sin variación alguna hasta la codificación
de febrero del 2000.
A partir de este año, el 2000, en el que el desfase del funcionamiento del Código de Procedimiento Penal con las exigencias sociales ocasionadas por el incremento de una criminalidad,
no únicamente tradicional, sino esencialmente
por las incriminaciones en el narcotráfico contentivas de penas excesivas, el incremento de
la corrupción, los delitos económicos; se produce, en nuestro país, no sólo una creciente
inseguridad ciudadana y la deslegitimación
de las estructuras penales, sino el congestionamiento de las cárceles, y es este último, que
fue el detonante que puso en el tapete de la
discusión el tortuguismo del sistema escrito en
Es así, que en esta situación álgida y sin mucha
preparación fuimos al encuentro del sistema
oral (reforma del 24 de marzo del 2009.- RO-S
555), que desde luego ya se instauraba en otros
países de América Latina, pero para el que, en
algunos países, se tomaron las previsiones necesarias.
Hoy sabemos que este sistema oral
muy poco cumple con la “Eficiencia y
Celeridad” y que tampoco ha aliviado
el problema en los llamados muy pomposamente Centros de Rehabilitación.
Sin embargo debemos resaltar que otras reformas del 2009 se han dirigido especialmente a los órganos que intervienen en el proceso penal: simplificación del trámite, plazos
más cortos; y que también han permitido la
introducción en nuestro sistema procesal de
principios como la “Mínima intervención en
la investigación penal” (enumerado …5.4), el
límite de duración para la indagación previa,
medidas alternativas de dispersión como las
del enumerado …37.3 a continuación del
Art. 37 en caso de suspensión del proceso,
medidas cautelares diversas (aunque algunas
no correspondan a la naturaleza de éstas), la
conversión, la protección de la víctima y de
los testigos; etc. Lo que demuestra que hemos
dado paso a varias prácticas de Política Criminal a través del Proceso Penal.
Esta breve panorámica nos permite concluir:
- Que ha sido y es el Estado, el que adopta
la política de incriminar, la que se da necesariamente a través de su Poder Legislativo, como así reza hoy en el Artículo 132
de la Constitución, que dice: ”La Asamblea
Nacional aprobará como leyes las normas
generales de interés común. …”, numeral 2
“Tipificar infracciones y establecer sanciones”.
- Que es el Poder Legislativo, el que en principio consagra la Política Criminal a través
de la tipificación. Entonces debemos convenir que la Política Criminal adoptada por el
Estado, vendría siendo la mayor fuente del
delito; pues no olvidemos que en base del
principio de reserva, se impone un estilo legislativo, “el delito se encuentra establecido
en la Ley Penal”, “La Ley es la única fuente
del Derecho Penal”, en suma, se crea un
“monopolio normativo del Poder Legislativo”.
siones”, por ejemplo: una criminalidad cada
vez más grave; la opinión pública; medios
financieros restringidos y, en fin, la política
del gobierno en general. Debemos convenir que el contenido del fenómeno criminal
depende del énfasis que se ponga en tal o
cuál aspecto de éste por parte de la Política
Criminal estatal. Un ejemplo concreto: en el
último tiempo, se puso ponderación en el
sicariato y más allá de la discusión si está o
no tipificado (pues sí lo está en el Art. 450,
Nº2), lo que evidentemente se provocó es
un nuevo giro en la tipificación, que no es
un cambio en el “Discurso Penal”, y consecuentemente, ahora lo encontramos tipificado como delito autónomo en la propuesta del Código Penal Integral.
- Que además el Poder Legislativo es quién
se encuentra “confrontando muchas pre-
Haciendo un paréntesis, destacamos que, en
el código ulteriormente citado, se han incre33
mentado ciertos delitos, que desde luego
ameritaban ser considerados, por ejemplo: la
disposición de mala práctica médica (Art.198
hoy en el Congreso 135); la responsabilidad
de las personas jurídicas; y otros; pero también se ha criminalizado la falta de afiliación
patronal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por lo que señalamos con mucha
precisión al respecto, que si no se ha hecho
una investigación de cual es la realidad del
fenómeno criminal en el país, podemos dejar sin protección ciertas conductas, que sí
constan en el código en vigencia, y que, al
criminalizar nuevas conductas que pueden
ser resueltas en el campo administrativo o
por otras políticas preventivas del Estado o
prácticas de Política Criminal como la mediación por ejemplo, estamos creando una sobresaturación criminal.
Luego de estas acotaciones, afirmaremos
con entereza, que hoy como en épocas
anteriores, se ve que el Derecho Penal
responde a la Política Criminal instaurada
por la ideología del grupo gobernante del
Estado, y en cierta manera y como en un
aparte, lo que es de imperiosa tutela o lo
que el grupo social lo demanda.
En lo que a fundamento y fin de pena, se
La pena, esta reacción frente al hecho, que
difiere de la idea del hecho punible cometido
y de la protección del bien jurídico ya lesionado, puede ser de diferente índole y es por
esto que se han dado diferentes teorías sobre
su fundamento y fin, que a la postre “reclaman una determinada configuración de la
ciencia del derecho penal, y exigen una legislación y una jurisprudencia en consonancia”;
lo que a su vez, y cuando existen principios
que rigen la teoría penal, éstos se reproducen con ocasión de la puesta en marcha del
aparato penitenciario.
Al respecto, nuestro país ha participado igualmente de la corriente occidental que se ha movido dentro de estas perspectivas: aquella que
se funda en la idea de la represión, retribución
y eliminación, y aquella que se funda en la idea
de resocialización y el tratamiento penal.
Dependiendo de la forma de gobierno,
se ha pasado de la simple retribución
(de la que hoy, como sostiene Armin
Kaufmann6, ya nadie se atreve hablar”)
a la represión pura y simple, y se ha entrado paulatinamente a considerar la
resocialización y el tratamiento penal,
recogiendo este último criterio en la
Constitución como fin de la pena. Es
así que, cuando se expide el Código de
Ejecución de Penas en el año de 1982
se lo llama de “Ejecución de Penas y
Rehabilitación Social” y se procede a
la creación de la Dirección Nacional de
Rehabilitación y las cárceles toman el
nombre de centros de rehabilitación.
Creemos que había un desconocimiento absoluto de los análisis y críticas
que ya se hacían en Europa; basta leer
el artículo publicado en 1982 por el
Profesor Muñoz Conde: “La Resocialización del delincuente, análisis y crítica
de un mito)” .
En el mencionado trabajo se lee que las críticas
no son solamente a la resocialización como tal
sino al medio para conseguirla, “el tratamiento penitenciario”, y tomando las expresiones
de G. Kaiser, se manifiesta que su ineficacia es:
primero por las condiciones de vida existentes
actualmente en la prisión, y en segundo lugar,
por los peligros que implica la imposición de
un tratamiento para los derechos fundamentales del delincuente; y de su propio haber, el au-
tor arriba señalado añade un tercer argumento,
que parece escrito para el Ecuador, ”derivado
de las dificultades que origina la falta de medios
adecuados y de personal capacitado para llevar a
cabo un tratamiento mínimamente eficaz”.
Muy a pesar de esto y de los debates
alrededor de la pena, de sus fines, y sobre todo del fracaso entre nosotros del
sistema penitenciario basado en la rehabilitación, nuestro país se mantiene
alejado de toda esta problemática y, en
la Constitución del 2008, en la “Sección
decimotercera” que se intitula “Rehabilitación social”, se establece en el
Artículo 201, que la finalidad será la
rehabilitación integral de las personas
sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, y más aún, en el
numeral 5 del Artículo 203, se dice que
“el Estado establecerá condiciones de
inserción social y económica real de las
personas después de haber estado privadas de la libertad”. Declaración que
a nuestro modo de ver es sumamente
ilusoria, pues creemos que en realidad,
en este momento la rehabilitación en
nuestro país es un mito. Sin dejar de
reconocer los grandes esfuerzos
que hoy, como nunca antes, se están realizando con respecto del sistema penitenciario.
Este es el estado del problema en el Ecuador.
¡Qué lejos estamos de los planteamientos de
Política Criminal y de un nuevo Derecho Penal
que se hacen por los autores que homenajean
a Claus Roxin en 19978 por ejemplo!; y menos
aún de las grandes discusiones en Política Criminal en “El ámbito de la disponibilidad de la
vida humana (Eutanasia)” o de “Las Biotecno-
logías: Alcance, Eficacia y Legitimación del Derecho Penal” contenidos en Política Criminal y
Reforma Penal” del año 20079.
Sin embargo, después de esta revisión, un
poco concentrada, de la historia de nuestro
Derecho Penal y de la forma de desarrollar
la Política Criminal, que nos demuestra que
el sistema penal reposa sobre una legitimidad liberal tradicional: “relación privilegiada
de la ley”; que nos permite la afirmación que
somos herederos de los derechos penales de
la familia romano germánica, con un respeto
casi mítico del principio de legalidad; estamos
medianamente en capacidad de, cuando menos, respondernos aquella pregunta de ¿Cuál
es el enigma en el sueño ecuatoriano “de una
nueva administración de Justicia”? y por
supuesto plantear modestamente, posibles
Iniciamos la respuesta. Primero, desde la
existencia de la Ley Penal sustantiva, es decir desde la incriminación. Como la tarea para
nuestro legislador ha sido dura y de muy pocos
resultados, situación provocada en parte por la
agitada política nacional propia de países jóvenes con endebles democracias; y la mayoría de
las veces, por una desconexión profunda entre
los diferentes estamentos comprometidos con
el estudio y control de los comportamientos
antisociales relevantes para el grupo, y que deben ser objeto de preocupación por parte del
Estado; diremos que esto provoca un desconocimiento de la realidad del fenómeno criminal
a nivel nacional. Quizá amerite entonces, en
este contexto, crear una relación entre el Poder
Legislativo y el Poder Judicial.
La situación señalada no constituye un verdadero problema, pues el levantar estadísticas,
por ejemplo, para conseguir un conocimiento apropiado de la realidad criminal (decimos
“apropiado”, porque siempre quedará fuera del
alcance la cifra obscura de la criminalidad) ven35
dría a ser la primera tarea de las Comisiones de
Asambleístas encargados de la elaboración de
las Leyes penales, lo que no es posible conseguir a través de asesores, sino podría realizarse
a través del Consejo de la Judicatura, que es el
organismo que sí está en capacidad de recoger
esta información para proporcionar a los legisladores.
Pero también existe otro camino, la
“relación directa entre el Poder Legislativo y la sociedad civil”, que se
encuentra viabilizado por la propia
Constitución, en la Sección Cuarta, “Democracia Directa”, Art. 103, en donde
se da paso “a la iniciativa popular normativa” , la que nos permitiría ingresar con pie firme dentro de la nueva
era que transitamos en la regulación
del fenómeno criminal. Es necesario
que el grupo social se involucre y asuma su responsabilidad. Está claro que
una iniciativa como la propuesta por
la Constitución debe ser liderada por
“los conocedores, que enseñan y conducen el Derecho”, concretamente, en
este caso, por las Facultades de Jurisprudencia del País, que siempre deben
investigar, pero que dadas las nuevas
reglamentaciones en educación, tienen
Estas dos formas señaladas de aportación a la
Legislatura, nos permitirían: tener leyes contentivas de normas, cuyas descripciones hipotéticas
de comportamientos vayan realmente contra
los intereses más caros del grupo y, por lo tanto
más acordes con el sentir del grupo. El Estado
estaría protegiendo intereses que el grupo considera como los más importantes. Así conseguiríamos mayor técnica jurídica y quizá un mayor
respeto por estas normas por todo el conglomerado social, como comportamientos a reproducirse, como principios a observarse, y por qué
no, el comenzar a vislumbrar “el hacer aceptar
al delincuente estas normas básicas y generalmente vinculantes que rigen en esta sociedad”11
para comenzar a hablar de resocialización.
Nosotros hacemos notar aquí algo que fue señalado por Konrad Hobe: es un problema menos difícil para el científico, para el penalista la
elección de uno u otro modelo (como él los llama de Política Criminal), que para el Legislador.
Segundo, desde el fin de la pena: en líneas
anteriores nos referimos a que, en el Ecuador
como en el mundo occidental, se ha recorrido por los senderos de la pena represiva,
retributiva, incluso de eliminación y luego se
ha pasado a la resocialización y el tratamiento penal para centrarse actualmente en la rehabilitación pura y simple.
Aclaramos que al referirnos a la igualdad de derechos, nosotros lo hacemos
siempre pensando en los elementales derechos humanos, aquellos que
hacen posible el llamarnos hombres,
en los que la dignidad humana se encuentra comprometida. Derechos que
Nuestro Legislador tiene en efecto que responder en la norma penal a las exigencias de grupos culturales diferentes, y debe considerar la
protección de derechos en igualdad de condiciones para todos los ecuatorianos.
son tan propios de las mayorías y minorías; de los indios, de los blancos,
de los mestizos, de los negros; de las
mujeres, hombres y niños; derechos
que se han consagrado en un sinnúmero de instrumentos internacionales y particularmente dentro de las
constituciones de cada país y específicamente, en lo que nos atañe, en
la Constitución Ecuatoriana vigente
Por eso insistimos en que el Legislador debe tener presente el fundamento de pena en que se
apoya el Estado de Derecho. Conocemos que
generalmente en estos Estados, se hace prevalecer la utilidad de la pena, la que se legitima
cuando opera preventivamente y sin pasar el
límite de la pena justa.
Si el Legislador tiene claro este fin de pena y si
sabe diferenciar con precisión entre el comportamiento de infracción a las normas y el comportamiento de desviación de las normas, y es
consiente de que este último debe de estar en
manos de las políticas de prevención del Estado o del cuerpo social, con sus propias sanciones, no tendrá dificultad al momento de escoger medidas y penas.
Dependiendo del tipo de desviación, el Legislador debe escoger el tipo de medida que le
corresponda (educativas, de salud, o de otra índole), e incluso sanciones disciplinarias o sanciones administrativas, y no debe dejar nunca
las desviaciones en manos del Derecho Penal,
para así preservar el respeto a este instrumento
tan poderoso que tiene el Estado en materia de
Dentro de las normas de infracción, y si se dan
ciertas características en nuestro fenómeno
criminal, es evidente que no debe dudar en
utilizar penas de restricción o privación de la
libertad, dependiendo de la importancia y
gravedad de la lesión o daño al bien jurídico
protegido. Su graduación debe corresponder a
la repercusión del hecho en el grupo social y
así “le dejaría al Derecho Penal como el núcleo
más duro dentro de la Política Criminal” (expresiones de la profesora, Mireille Delmas Marty)12.
De otra parte, la Constitución nos habla de
“sanciones alternativas a la privación de la libertad”, en el numeral 11 del Art. 77 “De los Derechos de Protección”, Sección Octava. Más allá
de esta declaración, a nivel mundial se buscan
penas alternativas a la prisión, por el problema
álgido que presenta a los diferentes países el
mantener estas penas. Podemos decir que la
falta de medios económicos que no han permitido respuestas efectivas, en cualesquiera
de las formas de ejecutar las penas que se seleccione: represión sin un cuerpo policial suficiente; retribución sin capacidad de cubrir los
mecanismos que hagan efectiva las medidas
previstas; resocialización con cárceles y tortura
en muchas ocasiones, han llevado a la mayoría
de los países a buscar penas alternativas.
Dentro de esta corriente y en forma muy simple, en este aspecto nosotros podemos integrar algunas formas de castigo que a la vez permitirían mayor integración de nuestro grupo
social ecuatoriano, como lo hicimos en nuestro
planteamiento en “Como enlazar en una ley los
dos sistemas jurídicos coexistentes en el Ecuador en cuestiones de control de conflictos” y a
la vez recrear formas de castigo que se utilizaron ya en épocas pasadas en el país, con más
técnica y mejor control.
Así se evitarían contradicciones en el
discurso político criminal, de “una mínima intervención cuando hay máximo control”, lo que sucede sobre todo
cuando se controlan las infracciones y
las desviaciones, utilizando indiferentemente los mecanismos que tienen
cada una de éstas y que les son específicos, llegando en esta forma a producir una gran inseguridad ciudadana.
Es decir que cuando se trata de controlar tanto las infracciones como las
desviaciones a partir del Derecho Penal, imponiendo penas y de privación
de la libertad, estamos en el camino
Es posible que, como señala la Profesora Delmas-Marty, se produzca un deslizamiento de
la una hacia la otra, de estas dos formas de
separación de las normas del grupo social, en
algunos grupos de individuos; es entonces que
tendría que entrar en revisión la normatividad.
Tercero, desde el Procedimiento Penal: No
hemos olvidado que para llegar a una correcta
Administración de Justicia, o cuando menos al
sueño de los ecuatorianos de “una Nueva Administración de Justicia”, es muy importante el
Proceso Penal. En este campo, debemos seguir
trabajando tanto en lo que significa afinamien-
to del proceso para llegar a una oralidad completa, y se debe tener mucho más atención en
la preparación de los recursos humanos que se
necesitan, que son al final de cuentas los que
llevarán a la consolidación de las Instituciones
Así, para que el Derecho Penal, medio de control tan poderoso, porque protege los bienes
jurídicos del ciudadano y de la comunidad, y
que tiene por objeto obtener determinados
comportamientos en la vida social, junto a
otros mecanismos de control, entre estos: sistema educativo, distribución de servicios básicos, creación de fuentes de trabajo, formas de
organización familiar, manifestaciones religiosas, etc., sea eficaz, se necesita que el Estado
proteja, a través de éste, los bienes jurídicos,
los más caros, de todos los ciudadanos que forman su conglomerado social; y que no produzca una sobresaturación criminal y que tenga
muy claro el fundamento y fin de la pena. Así
podemos aspirar a conseguir que efectivamente, el “Derecho Penal en la medida que existe y
es aplicado, cree y fortalezca en la mayoría de
ciudadanos una actitud interna permanente,
de fidelidad al derecho, actitud que es legal y
no moral.”13
1 SACOTO DE MERLYN Pilar, “Cómo enlazar en una ley los dos sistemas jurídicos coexistentes en el Ecuador en cuestiones de control de conflictos”. (Revista Nove-
dades Jurídicas Nº 69 . Págs.14-28). - Ediciones legales.- Quito 2012.
2 STAVENHAGEN Rodolfo, (citado por Fernando García S. “Formas indígenas de Administrar Justicia; Estudios de caso de la nacionalidad quichua ecuatoriana”; FLACSO,
Sede Académica de Ecuador. 1ª Edición, enero 2002. Disponible en la dirección electrónica http://www.flacso.org.ec/docs/saformasindigenas.pdf
3 MUÑOZ CONDE Francisco, “Teoría General del Delito” (Pág. 137).- Editorial Temis, Bogotá 1990.
4 DELMAS–MARTY Mireille, “Les grands systèmes de politique criminelle” (Réseaux communautaires, Pág. 245).- Thémis Droit Privé, PUF, París 1992.
5 SACOTO DE MERLYN Pilar, Artículo citado supra.
6 KAUFMANN Armin, “La Misión del Derecho Penal”, con otros autores en: “Política Criminal y Reforma al Derecho Penal” (Págs. 118-130).- Editorial Temis, Bogotá 1982.
7 MUÑOZ CONDE Francisco, “La resocialización del delincuente, análisis y crítica de un mito”, con otros autores en “Política Criminal y Reforma al Derecho Penal”
(Págs.132-164), Editorial Temis, Bogotá 1982.
8 MIER PUIG y otros autores, “Política Criminal y Nuevo Derecho Penal” . Libro homenaje a Claus Roxin.- José María Bosch Editor, Barcelona 1997.
9 GÓMEZ MARTÍN Víctor (coordinador), “Política Criminal y Reforma Penal.- Serie EUROPA AMÉRICA .- EDISOFER, editorial de ID de IF, Montevideo-Buenos Aires, 2007.
10 Constitución de la República del Ecuador 2008.- Art. 103 incisos 1, 2,y 3.
11 MUÑOZ CONDE Francisco, “La Resocialización del delincuente, análisis y crítica de un mito”, con otros autores en “Política Criminal y Reforma al derecho Penal”
(Pág.138 ), Editorial Temis, Bogotá 1982.
12 DELMAS–MARTY Mireille, libro citado supra.
13 WELZEL Hans, retomado por Kaufman, en el artículo citado supra.
Jubilación de servidores
Universidad de Cuenca, Facultad
de Jurisprudencia y Ciencias
Políticas y Sociales, Escuela de
-	Licenciado en Ciencias Políticas
-	Doctor en Jurisprudencia y
Abogado de los Tribunales de
-	Diplomado Superior en Derecho Constitucional y Derechos
El pago de la bonificación por jubilación
de docentes, empleados y obreros de
las universidades es uno de los temas
que ha concitado la discusión en torno
al régimen jurídico aplicable para dicho
-	Catedrático de la Universidad
de Cuenca en las Facultades
de Filosofía (18 años) y
Jurisprudencia (29 años).
-	Miembro de los Tribunales de
-	Candidato a Diputado y
Prefecto de la Provincia del
-	Ministro Conjuez de la Tercera
Sala de la Corte Superior de
Justicia de Cuenca.
-	Ministro Conjuez de la Sala de
lo Social y Laboral de la Excma.
-	Subdecano de la Facultad de
Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca.
-	Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de
-	Concejal de Cuenca 2000-2004
-	Vicepresidente del I. Concejo
Cantonal de Cuenca.
-	Alcalde Encargado de Cuenca
(Agosto-Octubre del 2004).
El debate se suscita en torno al planteamiento realizado por algunos grupos de
servidores públicos universitarios jubilados que solicitan, e incluso han interpuesto demandas, en el sentido de que
debe hacerse de conformidad con el
monto establecido en el Mandato Constituyente 2 independientemente de la
fecha en que terminaron su relación laboral con la universidad para acogerse
a los beneficios de la jubilación.
2.- EL MARCO JURÍDICO DE LA BONIFICACIÓN POR JUBILACIÓN
El marco jurídico de la bonificación
por jubilación, está conformado por: el
Mandato Constituyente N° 2, la Constitución de la República del Ecuador del
2008, el Decreto Ejecutivo N° 1701, la resolución N° SENRES-2009-0200 de la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo
de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público, la Ley Orgánica
de Servicio Público (LOSEP) y por la Ley
Orgánica de Educación Superior (LOES).
3.- SITUACIÓN GENERAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS UNIVERSITARIOS
a)	En la actualidad existe un gran número de servidores públicos universitarios jubilados que se encuentran impagos de la bonificación por
b)	Varios ex servidores públicos universitarios han demandado el pago
de la bonificación por jubilación
ante los jueces y tribunales competentes.
c)	Las demandas están en diversas etapas de trámite y algunas de ellas están
con recursos de casación pendientes
de resolución e incluso con acciones
extraordinarias de protección.
4.- NATURALEZA JURÍDICA Y VIGENCIA DE LOS
El Art. 2 del Mandato Constituyente 1 publicado en el RO-S 223: 30-XI-2007, establece
que:“La Asamblea Constituyente ejerce sus facultades mediante la expedición de mandatos
constituyentes, leyes, acuerdos, resoluciones y las
demás decisiones que adopte en uso de sus atribuciones.
Las decisiones de la Asamblea Constituyente
son jerárquicamente superiores a cualquier otra
norma del orden jurídico y de obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales, jurídicas y demás poderes públicos sin excepción
alguna. Ninguna decisión de la Asamblea Constituyente será susceptible de control o impugnación por parte de alguno de los poderes constituidos.
Los jueces y tribunales que tramiten cualquier
acción contraria a las decisiones de la Asamblea
Constituyente serán destituidos de su cargo y sometidos al enjuiciamiento correspondiente. De
igual manera, serán sancionados los funcionarios públicos que incurran o promuevan, por acción u omisión, el desacato desconocimiento de
las disposiciones de la Asamblea Constituyente”.
Por su parte de conformidad con el Art. 2 del
Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente publicada en la Gaceta
Constituyente y en el RO-S 236: 20-XII-2007, en
el ejercicio de sus plenos poderes, la Asamblea
Constituyente aprobará: i) El texto de la nueva
Constitución que será sometido a referéndum;
ii) Mandatos Constituyentes; iii) Leyes; iv) Resoluciones e Instructivos; y, v) Acuerdos.
El Art. 2.2 del refereido Reglamento dice:
“Mandatos Constituyentes: decisiones y normas
que expida la Asamblea Constituyente para el
ejercicio de sus plenos poderes. Estos mandatos
tendrán efecto inmediato sin perjuicio de su publicación en el órgano respectivo”. (El subrayado
De conformidad con los textos antes
citados, los mandatos constituyentes
son decisiones y normas expedidos por
la Asamblea Constituyente para el ejercicio de los plenos poderes atribuidos
por el pueblo soberano, para el ejercicio del poder constituyente, de manera
que su vigencia, mientras no se expida
otra norma que regule la misma materia del mandato constituyente, rige
hasta la puesta en vigencia de la nueva
Constitución -aprobada en referendum
por el mismo pueblo soberano- con la
que se inaugura el poder constituido
y por lo tanto un nuevo ordenamiento
Esto significa que los mandatos constituyentes
rigen hasta la entrada en vigencia de la nueva
Constitución (RO 449:20-X-2008) y si luego de
la promulgación de la Constitución, se expiden leyes que regulen la misma materia de un
mandato constituyente, entran a regir dichas
leyes, pues el poder constituyente se expresa a
través de la nueva Constitución y por ende de
las funciones o poderes constituidos, como es
la función legislativa ejercida por la Asamblea
De los antecedentes expuestos se infiere que la
norma contenida en el inciso primero del Art.
8 del Mandato Constituyente N° 2 rige hasta la
entrada en vigencia de la nueva Constitución.
5.- APLICACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS
RELACIONADAS CON LA BONIFICACIÓN POR
5.1.- El inciso primero del Art. 8 del Mandato
Constituyente No.2, publicado en el S R. O.
261: 28 - I - 2008, establece que:
“El monto de la indemnización, por supresión de
partidas, renuncia voluntaria o retiro voluntario
para acogerse a la jubilación de los funcionarios, servidores públicos y personal docente del
sector público, con excepción del perteneciente
a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, será
de hasta siete (7) salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado por cada año de
servicio y hasta un monto máximo de doscientos
diez (210) salarios mínimos básicos unificados
del trabajador privado en total. Para el efecto,
las instituciones del sector público establecerán,
planificadamente, el número máximo de renuncias a ser tramitadas y financiadas en cada año
debiendo, para ello realizar las programaciones
presupuestarias correspondientes, en coordinación con el Ministerio de Finanzas, de ser el caso”.
Como la mencionada disposición señala que el
monto de la indemnización por retiro voluntario para acogerse a la jubilación de los servidores públicos incluido el personal docente del
sector público será de hasta siete (7) salarios
mínimos básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta un monto máximo de doscientos diez (210) salarios
en total, se necesitaba de una ley (por ser una
materia de regulación de derechos - Art. 132.1
de la Constitución) que reglamente las escalas
relacionadas con años de servicio y montos de
5.2.- Por su parte el Art. 229 de la Constitución de la República del Ecuador publicada
en el R. O. 449: 20-X-2008, establece que:
“Serán servidoras o servidores públicos todas las
personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público.
Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos
y remuneraciones para todo el sector público y
regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema
de remuneración y cesación de funciones de sus
Las obreras y obreros del sector público estarán
sujetos al Código de Trabajo.
La remuneración de las servidoras y servidores
públicos será justa y equitativa, con relación a
sus funciones, y valorará la profesionalización,
capacitación, responsabilidad y experiencia”. (El
Por lo tanto la Constitución de la República, ordena que será una Ley y no una norma de menor jerarquía, la que regule el ingreso, ascenso,
promoción, incentivos, régimen disciplinario,
estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de los servidores públicos.
Esa ley que regula el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de
funciones de los servidores públicos, es la Ley
Orgánica de Servicio Público (LOSEP), publicada en el S-R.O 294: 6 -X- 2010.
Por otra parte dejamos por el momento establecido que el Art. 349 de la Constitución en
vigencia, dice: ¨El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades,
estabilidad, actualización, formación continua
y mejoramiento pedagógico y académico; una
remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La
ley regulará la carrera docente y el escalafón;
establecerá un sistema nacional de evaluación
del desempeño y la política salarial en todos los
niveles. Se establecerán políticas de promoción,
movilidad y alternancia docente¨. (El subrayado
Así mismo la Constitución en su Disposición
Transitoria Vigésimo Primera establece que:
“El Estado estimulará la jubilación de las docentes y los docentes del sector público, mediante el
pago de una compensación variable que relacione edad y años de servicio. El monto máximo será
de ciento cincuenta salarios básicos unificados
del trabajador privado, y de cinco salarios básicos unificados del trabajador privado en general
por año de servicios. La ley regulará los procedimientos y métodos de cálculo”. (El subrayado es
Nótese que la Disposición Transitoria establece otra compensación por la jubilación de los
docentes del sector público, señalando que el
monto máximo será de ciento cincuenta (150)
salarios básicos unificados del trabajador privado, y de cinco (5) salarios básicos unificados del
trabajador privado en general por año de servicios, bien entendido que esta disposición constitucional solo se refiere a servidores públicos
que son docentes mas no a todos los servidores públicos. Igualmente la norma constitucio-
nal se remite a la Ley para que sea ésta la que
regule la forma de determinar los montos que
relacionen edad y años de servicio.
5.3.- Mediante Decreto Ejecutivo No.1701,
publicado en el R.O 592: 18 - V-2009, en la
Disposición Transitoria Segunda, se determina que:
“La SENRES, de conformidad con la planificación
señalada en el artículo 8 del Mandato Constituyente No. 2, establecerá los montos correspondientes a las indemnizaciones por renuncia
voluntaria para acogerse a la jubilación de los
servidores públicos, a efectos de que tengan una
adecuada compensación por sus años de servicio”.
Se hace notar por una parte que ni el Art. 8 del
Mandato Constituyente No. 2, ni la Constitución de la República confiere atribución para
que el Ejecutivo o la SENRES establezca los
montos correspondientes a las indemnizaciones por renuncia voluntaria de los servidores
públicos para acogerse a la jubilación; y, por
otra parte la Disposición Transitoria Vigésima
Primera de la Constitución, señala que será una
Ley la que establezca el procedimiento para
determinar estos montos para los docentes, de
manera que el mencionado Decreto Ejecutivo
no guarda relación, ni con el Mandato Constituyente referido, ni con la Constitución.
5.4.- En el S - R.O. 9: 21-VIII-2009, se publicó
la resolución No. SENRES-2009-0200 de la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Re43
cursos Humanos y Remuneraciones del Sector
Público, en la misma que se fijan los valores
para jubilaciones de los servidores públicos
que se acojan a los beneficios de la jubilación,
de conformidad a lo establecido en el Decreto
Ejecutivo 1701, lo cual significa que incluye a
los docentes, resolución que si bien se expidió
en aplicación del Decreto Ejecutivo 1701, sin
embargo, ha sido cuestionada por inconstitucionalidad.
5.5.- En el S R.O. 294: 6-X-2010, se publicó la
LOSEP, en cuyo inciso primero del artículo 129
se regula el beneficio por jubilación al señalar
“Las y los servidoras o servidores, de las entidades
y organismos comprendidos en el artículo 3 de
esta ley, que se acojan a los beneficios de la jubilación, tendrán derecho a recibir por una sola vez
cinco (5) salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio contados a
partir del quinto año y hasta un monto máximo
de ciento cincuenta (150) salarios básicos unificados del trabajador privado en total, para cuyo
efecto se efectuarán las reformas presupuestarias
correspondientes en función de la disponibilidad
fiscal existente. Se podrá pagar este beneficio con
bonos del Estado. Se exceptúan de esta disposición los miembros de las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional”. (El subrayado es nuestro).
En consecuencia, con la LOSEP se unifica nuevamente la bonificación para todos los servidores públicos incluidos los docentes.
5.6.- En el S R.O. 298: 12-X-2010, se publicó la
Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en
cuyo inciso segundo del art. 70 determina que
los profesores universitarios “… son servidores
públicos sujetos a un régimen propio que estará
contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema
de Educación Supeior, que fijará las normas que
rijan el ingreso, promoción, estabilidad, evalua44
ción, perfeccionamiento, escalas remunerativas,
fortalecimiento institucional, jubilación y cesación”. (El subrayado es nuestro).
Sin embargo el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema
de Educación Superior, está viciado de inconstitucionalidad en virtud de que el Art. 349 de
la Constitución de la República, establece que
debe ser una ley la que regule la carrera docente y el escalafón.
En efecto el Art. 349 de la Constitución en vigencia, dice:
¨El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa,
de acuerdo a la profesionalización, desempeño
y méritos académicos. La ley regulará la carrera
docente y el escalafón; establecerá un sistema
nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán
docente¨. (El destacado es nuestro).
Por lo tanto el Constituyente ha ordenado que
sea el legislador (Asamblea Nacional), el que a
través de una ley: (i) Regule la carrera docente
y escalafón; (ii) Establezca un sistema nacional
de evaluación del desempeño; y (iii) La política
salarial en todos los niveles.
Esta disposición, está en concordancia con el
Art. 133.2 de la Constitución que determina que
el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales se regularán a través de leyes orgánicas.
Se pretenderá sostener que el Art. 132.6 de
la Constitución, establece la posibilidad que
la Asamblea Nacional, mediante ley puede
otorgar a los organismos públicos de control
y regulación la facultad de expedir normas de
carácter general en las materias propias de su
competencia, sin que puedan alterar o innovar
En este caso se dirá que mediante la Ley Orgánica de Educación Superior se delega al Consejo de Educación Superior (CES) la expedición
del reglamento que regule la carrera docente
y escalafón del profesor e investigador del sistema de educación superior, pero ésta no es
competencia que el Constituyente a través de
la Constitución haya establecido a favor del
CES, sino como se trata de regular derechos, se
ha determinado que será una ley la que regule
la carrera docente y el escalafón.
Lo que la Constitución ha establecido
como competencia y ha delegado al legislador, éste no puede renunciar a esta
competencia constitucional y delegar a
su vez a otro organismo que como el
CES no tiene la competencia de regular
el ejercicio de los derechos y garantías
Por lo tanto al ser la educación un derecho establecido, regulado y garantizado por la Constitución y en tratándose de regular el ejercicio
de los derechos del personal docente en todos
sus niveles y modalidades, aquello solo puede
hacerse mediante la expedición de una ley por
parte de la Asamblea Nacional y no por medio
de un reglamento de inferior jerarquía, incluso
inferior al reglamento a la ley.
De lo que hemos analizado, existen por lo tanto, respecto de la bonificación por jubilación:
por una parte el Mandato Constituyente 2 que
establece un monto de hasta siete (7) salarios
mínimos básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta un monto
máximo de doscientos diez (210) salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado en
total; y, por otra parte la LOSEP que establece
cinco (5) salarios básicos unificados del trabaja-
dor privado por cada año de servicio contados a
de ciento cincuenta (150) salarios básicos unificados del trabajador privado en total.
El problema a resolverse es: ¿Cuál de las disposiciones de las normas jurídicas antes citadas
debe aplicarse para el pago de la jubilación?
a)	Los servidores públicos universitarios en
general, incluidos los docentes, que renunciaron para acogerse al beneficio de la
jubilación en el lapso comprendido entre
la fecha de vigencia del Mandato Constituyente No. 2 hasta antes de la vigencia de la
nueva Constitución, deberían ser acreedores al monto máximo de las indemnizaciones señaladas en dicho Mandato.
b)	Los empleados universitarios y los docentes, que presentaron sus renuncias para
acogerse al beneficio de la jubilación en
el lapso comprendido entre el 20 de octubre del 2008 (fecha de promulgación de la
Constitución) hasta antes del 6 de octubre
del 2010 (fecha de promulgación de la LOSEP), deberían ser acreedores a las indemnizaciones determinadas en dicha ley.
c)	Los empleados universitarios y los docentes, que renunciaron a partir de la vigencia
de la LOSEP, deben ser acreedores a las indemnizaciones determinadas en la LOSEP,
más no las determinadas en el Mandato
Constituyente No. 2. Para su pago debe estarse a lo establecido en el reglamento a la
d)	Los obreros que se acogieron a la jubilación luego de la vigencia del Mandato
Constituyente 2 deben ser acreedores a los
beneficios establecidos en el mismo
Un cuencano orgulloso de su origen, quien debido al ejercicio de su profesión y en el cumplimiento de importantes funciones públicas como la de Ministro de Trabajo y Contralor General
de la Nación, convirtió a la capital en su residencia.
Su hogar formado junto a su esposa Sra. Carmen Ponce, sus hijos y sus nietos son su alegría
Trabajador incansable, atiende su despacho, así como los casos sometidos a arbitraje en la Cámara de Comercio de Quito y la Cámara Ecuatoriana Americana.
Ha recibido importantes condecoraciones y homenajes por su trayectoria académica y como jurista.
Admirador de Bolívar, considera que el derecho es el camino para días mejores.
Gracias Doctor Corral por toda la colaboración brindada.
En el mes de noviembre se celebraron las fiestas de su ciudad
natal, Cuenca. ¿Cómo fue su niñez junto a su familia en ese bello
lugar de la patria?
Muy feliz en el hogar de mis padres, con once hermanos, entre los que ocupo el décimo lugar, en tan querida, bella y recordada ciudad.
¿Cuáles son sus mejores recuerdos de esa época?
Con su esposa Sra. Carmen Ponce
El maravilloso y sencillo hogar de mis padres, la familia, la escuela, las vacaciones en una quinta cercana, los muy sencillos
y modestos juguetes de madera en Navidad que “nos ponía”
el Niño Dios, la calidez y cariño de todos.
¿Conoce la obra “Los Corral en Ecuador”, escrita por el genealogista Fernando Jurado Noboa? Allí establece que Juan de Dios
Corral Zavala formó la rama de los Corral en Cuenca.
Si. Los Corral que vinieron de España se radicaron en Cuenca,
Riobamba y Manta. De ellos provenimos las varias ramas que
Conferencia en la OIT, Ginebra-Suiza, junio
1994. En funciones de Ministro del Trabajo
¿Dónde desarrolló su educación primaria y secundaria?
La primaria en la escuela San José, de los Hermanos Cristianos. La secundaria en el Colegio Borja, regentado y conducido por los Padres Jesuitas, que se distinguieron por ser excelentes educadores.
¿Por qué decidió estudiar derecho en la Universidad de Cuenca?
Provengo de ascendientes Abogados: mis abuelos, mi padre
Manuel Antonio Corral Jáuregui, quien, como ya habían tres
hijos abogados, un odontólogo, un ingeniero, me dijo que
sería bueno un médico en la familia – habían excelentes médicos Corral: hermanos, y sobrinos de mi padre –El Hospital
de Cuenca lleva el nombre de uno de ellos: Vicente Corral
Moscoso-, y me matriculé en Medicina, en cuya Facultad estuve una hora. Entré al anfiteatro, casi me muero, de allí pasé
“... la Democracia es
funciones del Estado, y
en quienes ejercen las
directamente a la Facultad de Derecho, decisión que mi padre apoyó y respaldó de inmediato. Mi inclinación siempre fue el derecho,
que me gusta, realiza y apasiona.
Usted fue un alumno muy destacado, fue el mejor bachiller de su colegio y también el mejor
egresado en la universidad, ¿quiénes fueron sus
maestros más exigentes?
Obtuve los premios “Mejor Bachiller” del Colegio Borja, y “Benigno Malo” en la Universidad,
destinados a los mejores egresados.
Siempre recuerdo con mucha satisfacción mis
estudios de Derecho, que entonces eran solamente presenciales, con asistencia obligatoria
y por seis años completos, con excelentes profesores de la talla de Carlos Cueva Tamariz, Luis
Monsalve Pozo, Víctor Lloré Mosquera, Gerardo
Cordero y León, los hermanos Reinaldo y Rafael
Chico Peñaherrera, Hugo Ordóñez Espinosa, mi
padre Manuel Antonio Corral y otros.
Usted ha sido catedrático universitario por cuarenta años, ¿cómo se vincula a la academia?
Ha sido una actividad sacrificada y de altísima jerarquía, poco remunerativa, pero con la
irrestricta obligación y enorme satisfacción
y beneficio espiritual e intelectual de estar
siempre sobre los libros y en contacto con la
juventud, retribuyendo a la sociedad el privilegio de haber obtenido una profesión universitaria.
¿Cuál ha sido siempre el consejo brindado a sus
Que aprovechen esa situación privilegiada de
poder adquirir una profesión noble y digna,
con el permanente estudio y la responsabilidad
consiguiente, en el camino de la rectitud y la
moral, para poder servir a la sociedad a la que
Su especialidad ha sido el derecho civil, ¿en el
ejercicio de la profesión, qué otras áreas del derecho ha patrocinado?
Mi padre fue mi profesor de Derecho Civil: obligaciones y sucesiones. Le reemplazó temporalmente mi hermano Julio Corral Borrero. Cuando ingresé a dicha cátedra por concurso de
oposición y méritos, cuando los concursos eran
un mecanismo idóneo de selección, sin direccionamientos de ninguna clase, los estudiantes
pusieron en una cartelera un aviso que decía:
“no ha sido sucesión por causa de muerte, sino
por causa de “vivos”.
También he mantenido cátedras de otras disciplinas jurídicas. En el ejercicio de mi profesión
básicamente he atendido asuntos civiles, comerciales, constitucionales, contencioso administrativos, societarios, etc.
¿Cuáles fueron sus más destacadas acciones
cuando ocupó la cartera de Trabajo en el año
Constituyó un gran honor para mí que, sin haber sido político -salvo en la dirigencia universitaria en la que fui Presidente de la FEUE de
Cuenca- el Presidente Sixto Durán Ballén me
distinga con dicha Cartera, en la que permanecí los cuatro años completos de su período
presidencial –único caso en la historia de dicho
Ministerio-.
La acción Ministerial se enfocó en tres lineamientos y políticas: laboral: armonía y equidad
en las relaciones empresariales laborales, ejerciendo los derechos y cumpliendo las obligaciones correlativas, en complementación del
capital y el trabajo; salarial: recuperación de
la capacidad adquisitiva del salario y ordenamiento de su estructura –unificación-; y de empleo: generación de fuentes de trabajo.
Se obtuvo una reducción sustancial de la conflictividad laboral; se incrementó el salario real
Condecoración Orden Nacional al Mérito otorgada por el Presidente Gustavo Noboa al Contralor Dr. Alfredo Corral Borrero, diciembre 2002. Están
presentes: Dr. Armando Bermeo en ejercicio de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y el Dr. José Cordero como Presidente del Congreso.
en más del setenta por ciento; bajó el desempleo y el subempleo. Se propició el Acuerdo
Nacional tripartito entre Gobierno, empresarios y trabajadores.
Como Contralor General del Estado en el año de
1998, nombrado de la terna que incluía al Arquitecto Alfredo Vera y Dr. Fernando Castro, ¿qué
experiencias positivas y negativas puede referirnos?
Fue la primera vez que el Congreso Nacional
conformó la terna, para que el Presidente
de la República nombre Contralor. Fue una
intensa, severa, seria e incansable tarea de
control del buen uso de los recursos públicos, que son de propiedad del pueblo, en el
lapso de cuatro años, con objetividad e independencia total de todas las funciones del
Estado. Se establecieron responsabilidades
administrativas, civiles e indicios de penal,
sustentadas en los actos investigados y auditados, sin influencias de ninguna clase, aún
respecto a altos funcionarios, e, inclusive, poderosas compañías privadas contratistas del
Estado, en abierto y frontal combate a la corrupción e impunidad.
Por su importante trayectoria pública y su experiencia, siempre ha sido considerado como analista jurídico. ¿Qué opinión le merece la nueva
designación del Consejo de la Judicatura?
Las últimas designaciones, a cargo del “Quinto Poder”: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que a nadie representa,
mal copiado de la Constitución de Venezuela,
han sido resultado de “Concursos” en los que
la ciudadanía no ha advertido transparencia
e independencia. El Consejo de la Judicatura
se integrará seguramente con los primeros
de las ternas provenientes de los propios organismos estatales: Presidencia, Asamblea
Nacional, Corte Nacional, Fiscalía, Defensoría
Pública. Quienes sean elegidos tendrán que
demostrar en sus actos la INDEPENDENCIA
que debe haber en este y en todos los organismos estatales y exigir a todos los jueces
que actúen y resuelvan en forma independiente, en base al derecho, a la justicia, a la
equidad, aún cuando una de las partes litigantes sea el Estado. La jurisdicción constitucional y la contencioso administrativa está
obligada a fallar contra el Estado cuando este
ha irrespetado y conculcado los derechos
ciudadanos que los Tratados Internacionales
de Derechos Humanos y la Constitución reconocen y establecen.
La Democracia es consustancial a la independencia de las funciones del Estado, y en
quienes ejercen las mismas.
Estuvo vinculado en su vida pública también al
IERAC, ¿qué procesos de ayuda llevó a efecto
con las comunidades campesinas?
Fue una época de intensa actividad profesional
y social en beneficio de los campesinos ecuatorianos, a quienes se les reconoció sus derechos, se los liberó de regímenes opresores que
existían, y se les entregó en propiedad tierras
para que las laboren y produzcan, a través del
proceso de reforma agraria, en especial, las de
propiedad del Estado (Asistencia Social), de
la Iglesia –Curias-, y de entidades privadas no
Esa experiencia le convirtió más adelante en
empresario dedicado a la comercialización de
maquinaria pesada, ¿cómo fue este cambio de
Cuando me alejé de Cuenca para residir en Quito, ingresé a trabajar en el campo empresarial y
comercial, pero siempre continué con mi actividad más importante: el ejercicio de la docencia
Actualmente es árbitro de la Cámara Ecuatoriana
Americana, ¿cómo ve esta nueva vía de solución
de conflictos en el futuro ecuatoriano?
Ejerzo las funciones de Árbitro de dicha Cámara y de la de Comercio de Quito. La jurisdicción
arbitral, como sistema alternativo de solución
de conflictos, ocupa un campo importante en
la administración de justicia, pero lamentablemente no se ha desarrollado lo suficiente,
especialmente por el costo que significa y por
la necesidad del convenio arbitral entre las partes, a pesar de que en los Tribunales Arbitrales
hay garantía de corrección e independencia,
atributos indispensables en todo Juez. Además
está mezclada con la administración de justicia
ordinaria en la ejecución de los Laudos Arbitrales y en acciones de nulidad de estos.
¿Nos puede compartir sobre su esposa Carmita
y sus descendientes?
Condecoración otorgada por el Presidente de la República
Arq. Sixto Durán Ballén, año 1996; mientras el Dr. Corral ocupaba la
Cartera de Trabajo.
Además de la feliz vida de hogar, mi esposa
me ha acompañado y apoyado siempre en
mis actividades, en especial las que desarrollé como Ministro y Contralor, con su entrega
y colaboración decididas. Ella no ha descansado en su permanente labor humanitaria y
social en beneficio de los demás, en especial
de los niños de escasos recursos a través de
las guarderías, sin remuneración alguna.
Con su familia en un viaje de vacaciones.
Tenemos la gran satisfacción de que nuestros
tres hijos Alfredo, Carmenza y Paúl, a pesar
de que existen tantas profesiones nuevas,
optaron por la más tradicional: el derecho,
habiendo obtenido, además, masterados en
universidades internacionales y nacionales.
Formaron sus hogares que fueron bendecidos con siete maravillosos nietos. He tenido mucha suerte en mi hogar y en mi vida
privada, con mi esposa, hijos y nietos, con la
protección y bendición de Dios.
¿Lo que más extraña de Cuenca?
Toda su personalidad e identidad. Además de
los familiares y amistades que allá viven, su
maravilloso entorno paisajístico y sus cuatro
¿Lo mejor de Quito, donde vive actualmente?
Toda la grandeza espiritual y material de Quito,
que nos da fuerza para soportar ahora la terrible saturación del tránsito vehicular.
Un libro que recomendaría su lectura y ¿por
Aunque casi ya no se lo nombra: el Quijote, por
su enorme riqueza filosófica, literaria, espiritual
Una lindísima coincidencia nos juntó en un espectáculo de flamenco hace pocos días, ¿qué opina
de este magnífico arte?
A mi esposa, sobre todo, le gusta mucho la música y baile español. Hay muchos géneros de
música popular que nos agradan: la romántica,
la latinoamericana, la nacional.
¿Podría compartir un mensaje a nuestros lectores?
Un mensaje de paz, confraternidad, solidaridad y esperanza, en defensa de la libertad,
valor consustancial del ser humano, a pesar
de los tan difíciles tiempos que vivimos
¿Pagar o no pagar
Profesor y responsable del Área
Tributaria en la Universidad San
Abogado, Universidad Católica
del Ecuador. Máster en Derecho
de los Negocios (España).
Gerente Tributario (CIAT). Representante del Ecuador al 11vo.
Foro Mundial de la OCDE sobre
Fiscalidad (Francia). Delegado
del SRI a la Agencia Española de
Administración Tributaria (España). Representante del SRI al VI
(España). Fedatario Fiscal (2000).
Especialista en el Área de Gestión
Tributaria SRI (2001-2004).
Asesor tributario en el Municipio
de Quito (2006). Procurador
del SRI (2006). Abogado de la
Dirección Nacional Jurídica SRI
(2007). Abogado de la firma Paz
Horowitz (2008). Articulista de
la Revista Judicial de Diario La
Hora. Tutor de “Derecho Tributario” y “Tributación Internacional”
en el Centro Interamericano de
(Panamá). Autor del libro “El
Impuesto al Valor Agregado y el
Régimen de Facturación en el
Impuesto a la Renta”.
Un contribuyente que ha sido
visitado por el SRI y resultado
de una auditoría integral (Acta
de Determinación) o simplificada (Liquidación de Pago) tiene
una diferencia a pagar; en la
gran mayoría de casos considera que el impuesto determinado por la Administración es
ilegal y generalmente impugna
dicha liquidación.
Si bien por la presentación del reclamo tributario (ante el mismo SRI) o la
demanda (ante los jueces tributarios)
se suspende la acción de cobro del
SRI, en buena parte de los casos puede ser aconsejable pagar al Fisco aún
cuando este no tenga derecho.
¿Cuándo no pagar al Fisco?
Cuando el contribuyente de la mano
de su asesor tributario considera que
el valor determinado a pagar por el
SRI es abiertamente ilegal o que la
presentación de pruebas o documentos adicionales permite fácilmente
desvirtuar las diferencias establecidas. Lo evidente es que no se pague,
presentando el reclamo o la demanda
Tenga en cuenta que el asesor
tributario por principio está
vedado asegurar un resultado
a su cliente, ya que su obligación es de “medio” no de “resultado” mal podría asegurar
un resultado, sin violentar su
Código de Ética, ya que la decisión depende de un funcionario
administrativo, un juez y no del
abogado. A tal punto que por
ejemplo el Código Deontológico de la Unión Europea1, prohíbe el pacto de “quota litis”,
dice en su artículo 3.3:
” 3.3. Pacto de quota litis.
3.3.1. El Abogado no podrá fijar sus honorarios
en base a un pacto de «quota litis».
3.3.2. El pacto de «quota litis» es un convenio
suscrito por el Abogado y su cliente antes de la
conclusión definitiva de un asunto en el que el
cliente es parte y en virtud del cual el cliente se
compromete a pagar al Abogado una parte del
resultado del asunto, pudiendo ésta consistir
en una suma de dinero o en cualquier otro tipo
de beneficio, bien o valor.”
Aún así hay que valorar que en la
“práctica administrativa” bajo un
falso entendido de protección de “espíritu de cuerpo” o cuando los resultados de un funcionario se miden en
función de recaudación; aún teniendo
la razón puede encontrarse el contribuyente con una Resolución confirmatoria del Acta de Determinación
En la vía judicial la situación actual demuestra un sistema que puede tardar varios años
una sentencia y en algunos casos con fuerte
presión de la Función Ejecutiva, a fin de obtener un resultado confirmatorio de las diferencias establecidas.
¿Cuándo pagar al Fisco?
Si los resultados de la Auditoría son acordes
con la normativa vigente a la época, con diferencias legalmente establecidas y plena-
mente acreditadas por el SRI. Parecería que
lo más razonable es pagar dicha diferencia.
Pero qué sucede, en casos en que las
diferencias son discutibles; ya sea por
falta de claridad de la norma que permite argumentar a favor o en contra,
o bajo presunciones que a falta de documento específico con una serie de
requisitos, se establece una diferencia
que se puede acreditar su esencia económica con otros documentos. O simplemente cuando el SRI en aplicación
del Código Tributario, valora un acto
jurídico por su verdadera esencia o
naturaleza alejándose de la interpretación dada por el contribuyente.
El pretender impugnar dicha Acta sin pago
con probabilidades de éxito entre un 40% a
80% –en lugar de pagar la misma e impugnarla (lo cual no es incompatible)- ; financieramente puede ser apropiado, esta última:
(Ver cuadro en la siguiente página Contribuyente ABC)
1. El SRI o el juez acepta dar de baja el Acta
de Determinación después de 3 años (suponiendo una instancia de reclamo y la apelación del reclamo en juicio):
(Ver cuadro en la siguiente página Caso 1)
Intereses (3 años al 12% anual)3
Intereses (3 años al 12% anual)4
Multas (Por no declarar. 3% men$100,000.00
sual del impuesto causado)
Solo por efectuar el pago en el momento de que se notifica con las “liquidaciones previas” del
acto liquidatorio definitivo el contribuyente se “ahorra” un 14,5%.
En este caso el haber obtenido un fallo favorable definitivo, me resultó mucho más ventajoso el haber efectuado el pago previo, ya
que recibiré una devolución o Nota de Crédito7 por $320,960.00 que incluye los intereses
de 3 años. Aquel contribuyente que decidió
impugnar sin pagar –el 99% de contribuyen-
tes- aún cuando debía pagar más (por efecto
de los recargos) al final el beneficio es menor ya que no “invirtió” pagándole al Fisco, el
cual reconoce una tasa de interés en pagos
indebidos, que duplica la tasa de interés pasiva referencial, que paga un banco por una
inversión tiene un máximo del 5.35%8 anual;
Valor pagado inicialmente que se $236,000.00
devuelve por indebido5
Valor dejado sin efecto (no paga$276,000.00
do por el contribuyente)
Intereses a favor del contribuyente por pago indebido (3 años al $84,960.00
Intereses a favor del contribuyen0
te (no aplica ya que no pagó)
Valor que se devuelve al contri$320,960.006
buyente
Valor que se ahorra el contribu$276,000.00
en tanto que la tasa de interés tributaria está
alrededor del 12% y 13%:
En el “Caso 2” bajo un escenario en
el que se pierde en instancia jurisdiccional el juicio contra el Servicio
Plazo 212 – 180
Plazo 181 – 360
Plazo 361 y más
de Rentas Internas. Para quien inicialmente decidió litigar contra el
SRI sin pagar el Acta la deuda inicial de $236,000.00 –al momento
de emitirse el Acta Borrador- al final
2. Ahora bien que ocurre si el SRI o los Tribunales confirman el Acta de Determinación,
en las glosas y el impuesto determinado por
la Administración Tributaria; de igual forma
transcurridos 3 años.
del juicio la deuda se ha incrementado en un tercio (32%), frente al
escenario de haber decidido inicialmente litigar sin pagar al SRI.
Intereses (3 años al 12% anual)10
Intereses (3 años al 12% anual)11
Intereses por el tiempo que dura
la impugnación (reclamo y juicio
Valor pagado inicialmente que
sería pago definitivo
Ello en un escenario optimista de litigio
en tres años que con casación pueden ser
otros tres años; con lo que la deuda a pagar frente a la inicial liquidada sería un 64%
para reclamar (lo mismo que ocurre
ahora con la “caución” del 10%, que
si no se consigue ¡se archiva el juicio¡).
El retorno al principio del “solve et repete”
Buena parte de los sistemas latinoamericanos eliminaron el solve et repete por considerar que su vigencia vulneraba los principios
constitucionales del debido proceso y de la
tutela jurisdiccional. Nuestra Constitución de
corte neoconstitucional, con especial énfasis
en la protección de los derechos de sus ciudadanos, sobre los principios citados dice en
el penúltimo inciso del artículo 11:
Antes de la República la Administración Pública era favorecida con la
aplicación del principio del solve et
repete, por el cual se consideraba
que la Administración era inmune a
cometer errores en la emisión de los
actos administrativos; y si el contribuyente decidía cuestionar la validez
de dicho acto en vía administrativa
o judicial debía previamente pagar
“El Estado será responsable por detención
arbitraria, error judicial, retardo injustificado o
inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva,
y por las violaciones de los principios y reglas
del debido proceso.”
Del análisis financiero realizado en este
artículo sobre las graves consecuencias económicas de no pagar el impuesto al emitirse
el Acta de Determinación; incrementando la
deuda en más de 30% por un juicio de 3 años,
y que en diez años –en los Tribunales Distritales de lo Fiscal existen gran cantidad de juicios
de la década del 90- ¡la deuda simplemente se
habrá duplicado¡. No es otra cosa que un retorno solapado del solve et repete.
Y lo más grave, conforme lo expresa el profesor uruguayo José Luis Shaw Orioste13 es
que el principio de capacidad contributiva
–como la aptitud personal económica para
soportar las cargas públicas en la medida de
sus posibilidades- ha sido deliberadamente
dejado de lado por los Tribunales para dar
paso a conceptos indeterminados y peligrosos como “interés fiscal” o “interés recaudatorio”. Dice así:
“En última instancia, lo que determinó a la SCJ fue aquel erróneo y peligroso concepto que,
como señalábamos en el numeral 1, se ha instalado en un sector de la jurisprudencia del valor
supremo de la recaudación como
el bien jurídico tutelado por el
Derecho tributario, representativo del “interés general” que se
identifica con el “interés fiscal”
o “interés recaudatorio”, cuando
en realidad el “interés general”
en materia tributaria es la aplicación de los tributos de acuerdo
con la capacidad contributiva de
los sujetos pasivos respetando
todas las garantías de las leyes y
la Constitución consagran. Así se
dice en la sentencia que “es de
interés general que los obligados
por la ley satisfagan los tributos
… y lo hagan regularmente, para
que el Estado pueda atender sus
En conclusión: El diseño de un sistema tributario que da un tratamiento gravoso al pago
de la deuda tributaria, para quien decide pagar al resultado de un reclamo o juicio –sin
incluir gastos en asesores legales y financieros- y en el que el acceso al sistema de justicia se condiciona a una “caución” que si no
se consigue simplemente se niega la posibilidad de acceder a un juez imparcial para la
revisión de un acto administrativo; no es otra
cosa que un retorno solapado al solve et repete
1 http://www.icalba.com/pdf/deontologico_union_europea.pdf
2 Por “práctica administrativa” el pago realizado con el Acta Borrador de Determinación o la Comunicación de Diferencias. Actos previos el SRI no aplica recargos de ley.
3 Art. 21.- Intereses a cargo del sujeto pasivo.- La obligación tributaria que no fuera satisfecha en el tiempo que la ley establece, causará a favor del respectivo sujeto activo y sin necesidad
de resolución administrativa alguna, el interés anual equivalente a 1.5 veces la tasa activa referencial para noventa días establecida por el Banco Central del Ecuador, desde la fecha de su
exigibilidad hasta la de su extinción. Este interés se calculará de acuerdo con las tasas de interés aplicables a cada período trimestral que dure la mora por cada mes de retraso sin lugar
a liquidaciones diarias; la fracción de mes se liquidará como mes completo.
5 Art. 122.- Pago indebido.- Se considerará pago indebido, el que se realice por un tributo no establecido legalmente o del que haya exención por mandato legal; el efectuado sin que haya
nacido la respectiva obligación tributaria, conforme a los supuestos que configuran el respectivo hecho generador. En iguales condiciones, se considerará pago indebido aquel que se
hubiere satisfecho o exigido ilegalmente o fuera de la medida legal.
6 Recordemos que el contribuyente pagó un Acta o Liquidación que posteriormente fue declarada ilegal
7 Lo cual es injusto ya que el contribuyente lo que pagó en dinero se lo devuelven en papeles (Notas de Crédito)
8 Valores fijados por el Banco Central del Ecuador a septiembre de 2012
9 Por “práctica administrativa” el pago realizado con el Acta Borrador de Determinación o la Comunicación de Diferencias. Actos previos el SRI no aplica recargos de ley.
10 Art. 21.- Intereses a cargo del sujeto pasivo.- La obligación tributaria que no fuera satisfecha en el tiempo que la ley establece, causará a favor del respectivo sujeto activo y sin necesidad
11 Idem. Los tres años son desde la fecha de declaración hasta la emisión del Acta. No incluye el periodo que dura el litigio.
12 Al haberse pagado el principal al momento de emitirse el Acta Borrador, no procede el cobro de intereses como obligación accesoria
13 SHAW ORIOSTE, José Luis. Modelo de Código Tributario para América Latina. Pg. 412. Edit. Universidad del Rosario. 2010
ras varios años de inestabilidad política y ruptura
del régimen democrático, Rafael Correa inauguró
una nueva etapa en la historia política del Ecuador.
Apoyado en grupos de izquierda, intelectuales, sectores sociales, algunos medios de comunicación y
organizaciones indígenas, Correa llegó al poder en
el año 2007 proponiendo un cambio radical con
respecto al pasado y enarbolando las aspiraciones
de buena parte de la sociedad: un liderazgo carismático, estabilidad, equidad, mayor participación
ciudadana, un manejo técnico y honesto de lo
público y garantía de derechos.
La Revolución Ciudadana ha sido el paraguas
simbólico bajo el cual el presidente Correa emprendió una serie de acciones en diversos campos de lo político.
El propósito de esta publicación es comprender este proceso: revisar sus fortalezas y debilidades. Desde lo político, económico y
social, realizar un balance.
No presentamos un trabajo sesgado o fundamentalmente ideológico. Esta es una propuesta amplia y
En este libro participan funcionarios del régimen, quienes revisan el contexto y los objetivos cumplidos.
Asimismo, con el fin de tener una perspectiva diversa y crítica, colaboran en este texto destacados analistas independientes.
Los autores: Juan Paz y Miño, Simón Pachano, Fander Falconí, Pabel Muñoz, Pablo Dávalos, Pablo Lucio
Paredes, Carlos de la Torre, Santiago Mejía, Ramiro Ávila, Gina Benavides, José Hernández, Fernando Martín, Jeannette Sánchez, Mauricio Pozo, Lenín Moreno, Carlos Marx Carrasco, María Elsa Viteri, Jorge León
y Julio Echeverría.
Asilo diplomático de
Alysa Arcos Ziemer
Licenciatura en Derecho en la
España, en la cual se dotó de
bases jurídicas y conocimientos
teleológicos del derecho dignos
de una institución que data
de 1218.
Estudió un año completo en la
University of Westminster en
Londres-Reino Unido por medio
de una beca de intercambio
europea Erasmus. En esta última
institución, focalizó sus estudios
en el Common Law proveniente
de los Estados anglosajones y el
Ha participado en varios congresos de derecho procesal, derecho
internacional, derecho europeo,
derecho penal y filosofía del
derecho tanto en Salamanca
Debate de la Universidad de
Ha realizado prácticas en varios
estudios jurídicos en Quito.
En el futuro realizará un máster
en derecho procesal ecuatoriano
y en derecho de familia.
“Compatriotas, las armas os darán la independencia, pero las leyes os darán la
libertad” Simón Bolívar.
En estos últimos días, o más bien dicho en los últimos meses, los medios
de comunicación han prestado mucha
atención al asilo diplomático concedido
por el gobierno ecuatoriano al fundador de Wikileaks, el australiano Julián
Assange. Ciertamente se habla mucho
sobre la repercusión mediática que se
ha creado en torno a Ecuador y a su
presidente el economista Rafael Correa,
ya que ciertamente son los que concedieron y mantienen el asilo diplomático
en la Embajada de Ecuador en Londres.
Aparte de las especulaciones sobre el
posible quebrantamiento de las relaciones diplomáticas de Ecuador con Reino
Unido, Suecia y Estados Unidos, y el
tornado mediático de atención hacia el
presidente Correa, es a mi parecer mucho más importante analizar las bases
legales sobre este movimiento y concluir si han sido en su totalidad jurídicas.
Es por eso, que a través de este análisis
se pretende exponer las bases legales
apoyándonos en las leyes nacionales y
tratados internacionales. Esto es lo que
será llamado la visión interna, que intentará abarcar los conceptos jurídicos
más importantes para así aplicarlos a las
decisiones y acciones de Ecuador. Por
otro lado, lo que será la visión externa
es un estudio sobre la política exterior
británica y como se diferencia entre la
situación de Pinochet y la situación actual de Assange. Es a través de este estudio de comparación que podremos
ver si es que existe o no un doble estándar en la política exterior del Reino Unido. Aunque existan muchos conflictos y
malentendidos entre países, gobiernos,
congresistas y hasta entre ciudadanos,
siempre las leyes prevalecerán como incondicionales para el orden, progreso y
Para comenzar nuestra visión interna es
imprescindible analizar que significa la
noción de ¨asilo diplomático¨ en primer
lugar. El asilo diplomático, basándonos
en la Convención de Asilo Diplomático adoptada en Caracas Venezuela el
día 28 de marzo de 1954, es el derecho
que tienen las misiones diplomáticas
de albergar, proteger y custodiar a una
persona que se encuentre perseguida por razones políticas. Esta Convención fue firmada y
ratificada por casi todos los países latinoamericanos, entre ellos Ecuador. En el caso de Assange, Ecuador concedió el asilo diplomático en su
embajada en Londres el 16 de agosto del 2012.
¿Está aplicada de manera correcta la Convención en este caso? Al leer el artículo III nos dice
que ¨no es lícito conceder asilo a personas que al
momento de solicitarlo se encuentren inculpadas
o procesadas en forma ante tribunales ordinarios
competentes y por delitos comunes¨1, ¿no es este
el caso de Assange? Assange ha sido inculpado
como sospechoso de los delitos de violación y
acoso sexual a dos mujeres en Suecia y tiene
sobre sí una Orden de Detención Europea. ¿No
son estos delitos comunes? Si lo planteamos
de esta forma, Ecuador estaría incumpliendo
la propia Convención en la que basa sus actos.
Por otro lado, en el Comunicado No. 042 del
Ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio e integración de la República del Ecuador,
se menciona las razones por las cuales se funda
el asilo. Entre ellas encontramos que ¨Todas estas modalidades de asilo y de protección internacional están justificadas por la necesidad de proteger a esta persona de una eventual persecución
política, o de una posible imputación de delitos
políticos y/o delitos conexos a estos últimos, lo
cual, a juicio del Ecuador, no solamente pondría
en peligro al señor Assange, sino que además
representaría una grave injusticia cometida en
su contra¨2. En definitiva las razones que fundamentan el asilo son la posible persecución
política y el peligro a la vida del individuo. De
la grave injustica de la que habla el comunicado, ¿a qué se refiere? ¿No es injusto para las
supuestas víctimas del acoso sexual y violación
que no se lo enjuicie?
El concepto de posible persecución política de
la que se habla en las razones fundamentadas
en el comunicado se puede ver reflejada y explicada en el Convenio de Ginebra de 12 de
agosto de 1949, relativo a la Protección Debida
a las Personas Civiles en Tiempos de Guerra en
el que dice en su artículo 45: ¨En ningún caso
se podrá transferir a una persona protegida a un
país donde pueda temer persecuciones a causa
de sus opiniones políticas o religiosas¨3. En el razonamiento de los representantes de Ecuador,
además de la Euro orden impuesta por un juez
de Suecia con el respaldo de todos los países
de la Unión Europea, existiría una gran posibilidad de persecución por delitos políticos por
parte de Estados Unidos. ¿Es esta una posibilidad viable? Sean cuales sean las posibilidades
futuras, las acciones de Ecuador concediendo
el asilo están imposibilitando la ejecución de la
Orden Europea de Captura y está interfiriendo
con la facultad de un país, en este caso Reino
Unido, de realizar las obligaciones previstas
por los tratados de la Unión Europea. ¿Está
consciente Ecuador que está lidiando
con un órgano supranacional compuesto por los países más poderosos del
1 Convención de Asilo Diplomático adoptada en Caracas Venezuela el día 28 de Marzo de 1954.
2	Comunicado No. 042 del Ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio e integración de la República del Ecuador (Tomado de la pagina WEB del Ministerio de Relaciones exteriores
http://www.mmrree.gob.ec).
3	Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección Debida a las Personas Civiles en Tiempos de Guerra.
Siguiendo el hilo de la idea, en el artículo 3.1
del Convenio Europeo de Extradición de 1957
nos dice que ¨No se concederá la extradición si el
delito por el cual se solicita es considerado por la
Parte requerida como delito político o como hecho conexo con un delito de tal naturaleza¨4. Esto
quiere decir que los países parte de Unión Europea están obligados a cierta manera analizar
sobre la decisión de extradición o no cuando
es inculpado por crímenes políticos. No es solo
Ecuador que crea firmemente que se debe proteger a una persona por persecución política,
sino que la Unión Europea también protege
a estos individuos y la prueba es este tratado
internacional. Asimismo, en el artículo 3.2 del
mismo convenio se hace referencia más concretamente a esta protección: ¨Se aplicará la
misma regla si la Parte requerida tuviere razones fundadas para creer que la solicitud de extradición, motivada por un delito de naturaleza
común, se ha presentado con el fin de perseguir
o castigar a una persona por consideraciones
de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o que la situación de dicha persona corre el riesgo de verse agravada por una u otra
de tales consideraciones¨5. Es decir, que
Assange o cualquier otro individuo que
se encuentre en similar posición tiene
de facto esta protección firmada por
los estados miembros en la Convención, si es que en conjunto deciden que
será perseguido por razones políticas,
o si su vida corre peligro en otro país
como en nuestro caso Estados Unidos.
Es de sobra decir que la razón que fundamenta Ecuador en su comunicado,
en cuanto a la posible desprotección y
peligro que sufre Assange no es totalmente correcta. No es correcta, porque
4 Convenio Europeo de Extradición de 1957.
en primer lugar Assange tiene que ser
enjuiciado y en su caso condenado, si
así se lo estima, como autor de los crímenes comunes que se le imputan. En
segundo lugar, si la posibilidad de ser perseguido por razones políticas o por expresar su opinión fuera verídica y Estados Unidos realizaría
una orden de extradición, los países europeos
firmantes de la antes mencionada convención
y otros tratados europeos tendrían la obligación de proteger al individuo y solo enjuiciarlo por las causas comunes. Asimismo, a pesar
de que el tratado europeo de extradición no
es aplicable a los Estados Unidos, existen otros
tratados como el Acuerdo del 2002 sobre extradición entre la Unión Europea y los EEUU, y
también los distintos acuerdos bilaterales que
tendrían que ser respetados. Es a mí parecer
basándome en normas internacionales, y más
concretamente en convenciones europeas que
esta es una pretensión no jurídica por parte de
Ecuador, ya que interfiere en las obligaciones
internacionales europeas de extradición y enjuiciamiento de posibles culpables.
Por otro lado, al conceder el asilo diplomático
se está haciendo uso solamente de los privilegios de las misiones diplomáticas, ya que tomando en cuenta la Convención de Caracas
sobre Asilo Diplomático de 1954, Assange no
tiene derecho al asilo diplomático en un país
no firmante y no reconocedor de tal asilo como
Reino Unido. Se puede decir que lo único que
limita la acción física de captura de Assange
son las inmunidades que goza la Embajada en
Londres. Entonces, ¿existe un abuso por parte
de Ecuador de los privilegios diplomáticos? Las
embajadas u otros edificios en los cuales se realicen actividades consulares u representativas
de un país extranjero tienen un estatuto legal
de inviolabilidad. Ninguna persona, ni autori-
dades, ni policías podrán entrar en el espacio
de la embajada sin permiso del jefe consular
o embajador. El Convenio de Viena sobre relaciones consulares de 1963 describe esta inviolabilidad de una manera sumamente clara:
¨1. Los locales consulares gozarán de la inviolabilidad que les concede este artículo. 2. Las autoridades del Estado receptor no podrán penetrar
en la parte de los locales consulares que se utilice
exclusivamente para el trabajo de la oficina consular, salvo con el consentimiento del jefe de la
oficina consular, o de una persona que él designe,
o del jefe de la misión diplomática del Estado que
envía¨6. Es decir, que nadie podrá violar la embajada y capturar a Julián Assange hasta que
los representantes de Ecuador y su gobierno
lo autoricen. Pero, ¿es esta inviolabilidad de las
misiones diplomáticas absoluta? Aunque así lo
sea para el derecho internacional, en la legislación británica encontramos una excepción.
En la ley Diplomatic and Consular Premises
Act de 19877 se prevé la posible intrusión de
la policía u autoridades en territorio diplomático de un país extranjero en el caso de que se
realicen acciones ilícitas aprovechándose de
aquella inmunidad. ¿Sería posible la aplicación
de esta ley en el caso de Julián Assange en la
embajada ecuatoriana? Si existe esa posibilidad aunque es casi imposible, ya que se debe
convencer a un tribunal de que la permanencia
6	Convenio de Viena sobre relaciones consulares de 1963.
7	www.legislation.gov.uk
de Assange en la embajada, es una violación
al derecho internacional. Esto se debe a que la
legislación que se relaciona con este tema fue
creada para cuestiones de extrema necesidad
y peligro de la seguridad pública, en casos de
terrorismo por ejemplo. Podríamos decir, que la
solución para este conflicto entre la embajada
de Ecuador y el gobierno de Reino Unido solo
podría darse por dos modos: si se concedería
el salvoconducto que Ecuador pide y que Londres rechazo; o si se infringiera la inmunidad de
la embajada al penetrar en ella y se detendría
al australiano. Siendo estas dos opciones muy
controversiales y difíciles de conseguir, la única
salida es el uso de la comunicación y negociación entre los Estados. Solo habría que esperar
que Ecuador analice la situación en base a las
consecuencias jurídicas reales y no solo a la
propaganda mediática que esto subyace.
En cuanto a la visión externa que he
dado sobre este tema, habría que abarcarlo en torno a una pregunta: ¿existe
un doble estándar de la política exterior inglesa? Para poder estimar una
respuesta a esta pregunta, se utilizara
la comparación entre las extradiciones
del fundador de Wikileaks y la del ex
dictador chileno Augusto Pinochet, la
cual nos resalta las grandes diferencias
entre las actitudes de Reino Unido en
Pinochet en su viaje a Londres en 1988 por razones médicas fue detenido por las autoridades inglesas. La razón de la detención y arresto
domiciliario fue la orden de detención y extradición realizada por el Juez Español Baltasar
Garzón fundado en el principio de Justicia Universal. Bajo este principio cualquier persona
puede ser juzgado bajo un órgano jurisdiccional competente de cualquier país por razones
de crímenes de lesa humanidad, en los casos
en que aquellos países la contemplen en su legislación interna. Entre los cargos se incluían
noventa y cuatro denuncias de tortura de ciudadanos españoles, el asesinato de un diplomático español y conspiración de tortura. El
ex dictador debía de ser extraditado a Madrid
para proceder en juicio en su contra, pero esto
no llego a pasar. Después de una ardua batalla
entre acusación y defensa que duro meses, el
ministro del Interior de Gran Bretaña Jack Straw
comunico la decisión ante la Cámara de los Lores de no conceder la extradición a España por
razones de debilidad de salud y expatriar libremente al ex dictador por razones humanitarias
a Chile. Al llegar a Chile, Pinochet hizo uso de
su inmunidad diplomática como embajador vitalicio de Chile, dando la espalda a la justicia.
¿En qué sentido coopero Reino Unido a España
como Estados parte de la Unión Europea?
Assange no parece ser un asesino, o torturador, o perpetrador de crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿Por qué existe tanta presión
para que se efectúe la Euro-orden a Suecia?
¿Por qué ahora y no en el año 1988 con el caso
de Pinochet? Aquí parece haber un doble estándar de la política británica. Luis Diez en su
artículo escrito para la revista CuartoPoder
de España8 nos propone la idea de que Gran
Bretaña actúa de manera contradictoria guiada estrechamente a razones de índole política.
Si es así, que falta de noción de justicia tenemos en nuestro sistema internacional. Tanto
la decisión de no extraditar a Pinochet como la
concesión de asilo diplomático a Assange son
basadas en derechos fundamentales humanos,
¿son las dos decisiones correctas o incorrectas?
¿Está la moralidad por encima de la legalidad?
Baltasar Garzón vuelve a introducirse en esta
culebrilla mediática, ahora como el abogado
defensor de Assange. En los últimos comunicados, ha dejado claro que seguirá defendiendo
el asilo y protección de su cliente hasta que
Suecia provea unas garantías de que Assange
no será extraditado a Estados Unidos para que
se le procese por crímenes políticos contra el
Estado. Es posible que si estas garantías se consiguen y se respeten los tratados internacionales de no extradición por razones políticas en
relación con la posible orden de EEUU, se consiga la solución más jurídicamente admisible.
¿Cuál será el final de esta batalla legal? No sabremos cual será todavía, pero lo que sí debería
ser y queremos creer es que las leyes siempre
van por encima de las especulaciones y beneficios políticos. El caso de Assange es uno muy
peculiar, ya que no existen muchas salidas,
pero si las hay legalmente escritas y firmadas
por tratados internacionales. El respeto de las
leyes y los convenios entre países es esencial
para vivir en armonía y sobreponer a la Justicia
sobre todo lo demás. Tanto la justica como las
leyes producen libertad para quienes las respetan. Si nuestros representantes no las respetan,
realizando acciones en contra o por sobre las
leyes, nosotros como ciudadanos nunca seremos libres y viviremos por siempre en un sentimiento de claustrofobia y encierro de “asilo
diplomático”
-Diez de Velasco, Manuel. Instituciones de Derecho Público Internacional. Ediciones Tecnos,
17ma edición, Madrid 2009.
-Luiz Diez, ¨Doble vara inglesa: de protectores
de Pinochet a justicieros de Assange¨. Revista
Cuarto Poder, Madrid, 20 de agosto de 2012.
-Convención de Asilo Diplomático adoptada en
Caracas Venezuela el día 28 de marzo de 1954.
-Comunicado No. 042 del Ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio e integración de
la República del Ecuador (Tomado de la página WEB del Ministerio de Relaciones Exteriores
www.mmrree.gob.ec).
-Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949
relativo a la Protección debida a las personas
civiles en tiempos de guerra.
- Convenio Europeo de Extradición de 1957.
-Convenio de Viena sobre relaciones consulares de 1963.
-www.legislation.gov.uk
-www.oas.org
-www.elpais.com	8 www.cuartopoder.es
Se expide la normativa sobre
Acuerdo No. 0444-12
(R.O. 822, 1-XI-2012)
Norma los parámetros a seguir para las actividades
de participación estudiantil obligatorias previas a la
obtención del título de bachiller.
Reglamento para el voto de las y los
y Policía Nacional en servicio activo.
Resolución No. PLECNE-2-10-10-2012
(R.O. 823-2S, 5-XI-2012)
Norma el procedimiento a cumplir por los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para
garantizar su derecho al sufragio.
Reglamento para la selección de
miembros e integración de las
juntas receptoras del voto para los
Resolución No. PLECNE-3-24-10-2012
(R.O. 827-2S, 9-XI-2012)
Define los criterios para la selección de las y los ciudadanos que integrarán las juntas receptoras del
Se declara como política de estado,
la acción que impulsa el Ecuador
en defensa de sus intereses en
la controversia con la empresa
Occidental y el reclamo de nulidad
del laudo emitido por el CIADI.
(R.O. 832, 16-XI-2012)
Se aclara que el reclamo de la nulidad del laudo
emitido el 5 de octubre de 2012 por el CIADI, se
fundamenta en que la caducidad se dictó en estricto
cumplimiento tanto de la ley como del contrato expresamente firmado por OEPC.
Se determina que los diferentes
registros que son administrados por
la Agencia Nacional de Regulación
y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial (ANT),
constituyan registros de datos
Resolución No. 016-NGDINARDAP-2012
La información que contengan estos registros deberá
remitirse a la Dirección Nacional de Registro de Datos
antecedentes penales o récord
policial para los trámites en los
procesos de capacitación y/o
formación profesional, para el
sector productivo y social, a nivel
Resolución No. SECAPDE-008-2012
(R.O. 832-S, 16-XI-2012)
Objetivo: acceder a estudios y formación dentro del SECAP.
Se expide el reglamento sobre
personas naturales o jurídicas que
realicen pronósticos electorales.
Resolución No. PLECNE-3-8-11-2012
(R.O. 832-2S, 16-XI-2012)
Regirá exclusivamente para asuntos relacionados
con la publicación y difusión de encuestas o pronósticos electorales, sondeos de opinión, a través de los
Se convoca a concurso público de
méritos y oposición, para cubrir 191
puestos en la Fiscalía General del
Resolución No. 148-2012
(R.O. 836-2S, 22-XI-2012)
La convocatoria tiene la finalidad de contar con personal idóneo, que le permita a la Institución cumplir
con su obligación constitucional de dirigir la investigación preprocesal y procesal penal.
Se expiden las normas para la
en la adquisición de bienes muebles
usados y normas para el sustento
documental en la devolución de
mercancía incautada por el SRI.
Resolución No. NACDGERCGC12-00739
(R.O. 837, 23-XI-2012)
Disposiciones para los sujetos pasivos que tienen
como parte de su actividad económica, la compraventa de bienes muebles usados.
Obligaciones tributarias para los
condominios inmobiliarios en razón
del ejercicio de cualquier actividad
Circular No. NACDGECCGC12-00019
(R.O. 838, 26-XI-2012)
Deben tomar en cuenta los sujetos pasivos constituidos en condominio inmobiliario que realicen actividades económicas distintas a la administración del
NJ-78

References: resolución 
 Artículo 132

Artículo 201
 Artículo 203
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 resolución 
 resolución 
 artículo 129
 artículo 3
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 11
 resolución 
 artículo 45
 artículo 3
 artículo 3

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución