Source: http://www.sumate.org/parlamentario/9/diputados.html
Timestamp: 2017-09-25 04:16:54+00:00

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SALA ELECTORAL DEL TSJ LESIONA SOBERANÍA POPULAR DE POBLACIÓN DE AMAZONAS Y APURE
A ocho meses de la instalación de una nueva Asamblea Nacional, los 5 magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) siguen ignorando a los ciudadanos del Estado Amazonas, con la suspensión de la proclamación de sus diputados realizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) establece en su artículo 186: “La Asamblea Nacional estará integrada por diputados y diputadas elegidos o elegidas en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta con representación proporcional, según una base poblacional del uno coma uno por ciento de la población total del país. Cada entidad federal elegirá, además, tres diputados o diputadas.Los pueblos indígenas de la República Bolivariana de Venezuela elegirán tres diputados o diputadas de acuerdo con lo establecido en la ley electoral, respetando sus tradiciones y costumbres.Cada diputado o diputada tendrá un suplente o una suplente, escogido o escogida en el mismo proceso”.
La Asamblea Nacional para el período Enero 2016 – Enero 2021, está integrada por 167 diputados, de los cuales 113 corresponden a Diputados Nominales, 51 a la lista y los otros 3 a la representación indígena. De acuerdo a los resultados electorales publicados en el portal del Consejo Nacional Electoral
Los 3 Diputados de la Representación Indígena aun cuando no fueron postulados por la Mesa de la Unidad Democrática, se suman a la mayoría, para completar un total de 112 Diputados en representación a la oposición Venezolana, cuyo resultado le adjudica tener la mayoría calificada de las dos terceras partes, determinante para la toma de decisiones y sanciones, según lo dispuesto en el Reglamento de Interior y Debates, en el ejercicio de las funciones atribuidas en el 187 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
Los 167 Diputados fueron proclamados como tales por la Junta Nacional Electoral del CNE en el caso de la Representación Indígena, y por los órganos subordinados como las Juntas Regionales Electorales para la representación nominal y lista.
Antes de que los diputados electos y proclamados participaran en la instalación del periodo de sesiones el 5 de enero de 2016, tal y como lo establece el artículo 219 Constitucional; un grupo de candidatos a Diputados por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a quienes no les favoreció los resultados electorales, acudió a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para interponer recursos contenciosos electorales y medida cautelar de amparo, cuyos actos de recepción, tramitación, admisión y proveimiento cautelar, fueron verificados en fechas 29 y 30 de diciembre de 2015. Fueron ejecutadas en tiempo inhábil en razón de la prohibición legal expresa de realización de actos procesales en el lapso comprendido entre el 24 de diciembre de un año y el 6 de enero del año inmediato siguiente, mal llamado vacaciones judiciales, según el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil y de la interpretación constitucional vinculante que de esa norma, con fundamento en los artículos 334 y 335 de la Constitución, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su Sentencia N° 1.264, del 11 de junio de 2002.
De los recursos interpuestos, los 5 magistrados de la Sala Electoral del TSJ se pronunciaron admitiendo los recursos y declarando en algunos casos improcedente las medidas cautelares solicitadas. No obstante, bajo la acción incoada por la ciudadana NICIA MARINA MALDONADO MALDONADO, en su condición de candidata a Diputada de la Asamblea Nacional por el estado Amazonas, postulada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y otras organizaciones; asistida por las abogadas Ligia Carolina Gorriño Castellar y Mitzi Tuarez; quien presentó escrito contentivo de recurso contencioso electoral, conjuntamente con solicitud de amparo cautelar y medida de suspensión de efectos del acto de votación de las Elecciones Parlamentarias celebradas el pasado 6 de diciembre de 2015, en el circuito electoral del Estado Amazonas para el período constitucional 2016-2021, efectuadas por el Consejo Nacional Electoral, por estar viciado de NULIDAD ABSOLUTA, al ser producto de la manipulación de la votación libre y secreta de los electores del Estado Amazonas y que en su conjunto constituyen un fraude estructural y masivo que afecta al sistema electoral venezolano, basado en que en fecha 16 de diciembre de 2015, fue difundido por los medios de comunicación social grabación a través de la cual se puede escuchar a la secretaria de la Gobernación del Estado Amazonas, Victoria Franchi, discutir con otra persona anónima, como pagaba diversas cantidades de dinero a los electores para votar por candidatos opositores.
La Sala Electoral, en fecha 30/12/2015, bajo razones de hecho y de derecho esgrimidas en su sentencia N° 260, declara:
La competencia para conocer y decidir el recurso contencioso electoral conjuntamente con solicitud de amparo cautelar y, subsidiariamente solicitud cautelar de suspensión de efectos, interpuesto por la ciudadana NICIA MARINA MALDONADO MALDONADO
Admisión el recurso contencioso electoral interpuesto.
Procedencia de la solicitud de amparo cautelar y en consecuencia, ordena de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral respecto de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indígena en el proceso electoral realizado el 6 de diciembre de 2015 en el estado Amazonas para elección de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional.
INOFICIOSO el pronunciamiento respecto de la solicitud cautelar de suspensión de efectos.
Evidentemente la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ha sido catalogada por expertos juristas como inconstitucional y delictiva, y sobre ello sobran los argumentos. No obstante, el efecto más inmediato recae en que dicha decisión ratificada, elimina la diputación de un Diputado Nominal, dos por representación de la lista y uno en representación indígena; afectando la conformación constitucional del parlamento, tal como lo dispone el artículo 186 de la Constitución, en cuanto a que la misma se debe integrar con Diputados elegidos en cada entidad federal.
Por más de ocho meses todo el estado Amazonas y la Región Sur Indígena (estados Amazonas y Apure), han carecido de sus representantes propios ante la Asamblea Nacional y sin duda esto implica una merma, un déficit en términos democráticos, una violación del derecho de representación política y del derecho de participación política de la ciudadanía. Por más esfuerzo que realicen el resto de los Diputados por tener en cuenta los intereses de los ciudadanos de Amazonas, nunca puede esto sustituir el derecho fundamental de tener a sus propios representantes que fueron electos el pasado 6 de diciembre del 2015.
La demora reiterada y puesta de manifiesto en la cronología de las acciones en cuadro demostrativo anexo, y que a la fecha los 5 magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia no han evaluado las pruebas, por demás contrapuesto a lo establecido en artículo 49, numeral 1 de la Constitución donde se declara nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso, fundado en pruebas ilícitas en los que se transgreden los derechos fundamentales, (artículo 48 de la Constitución); se traduce en la violación de los lapsos procesales y en el debido proceso, muy a pesar de estar bajo una medida cautelar, en este caso de amparo cautelar.
Con su decisión de suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral respecto de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indígena en el proceso electoral realizado el 6 de diciembre de 2015 en el estado Amazonas para elección de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional; los magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia han cometido una falta gravísima al lesionar los derechos de los electores del estado Amazonas y la Región Sur Indígena.
Con esta decisión, los 5 magistrados de la Sala Electoral del TSJ han lesionado el principio democrático de la soberanía popular, la participación política de los 160.548 ciudadanos inscritos en el Registro Electoral del Estado Amazonas, así como de los 694.561 electores de la representación indígena de la Región Sur a la que se refiere el artículo 179.2 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), y a los artículos 2, 5, 62, 63 y 70 de la Constitución y a la ausencia de representación del pueblo y de los estados en su conjunto, al cercenársele a los Diputados electos, el ejercicio de sus funciones.
La decisión y sus efectos ha generado una serie de acciones las cuales se presentan a continuación:
CUADRO CRONOLÓGICO DE LAS ACCIONES
CUADRO CRONOLÓGICO DE ACTUACIONES
N° FECHA DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ACTORES MOTIVACIÓN/DECISIÓN
1 06/12/15
Elecciones Parlamentarias 2015. Se eligen 113 Diputados Nominales, 51 Diputados por Lista y 3 Diputados por la Representación Indígena, para un total de 167 Diputados.
Electores, Consejo Nacional Electoral y sus órganos subordinados, Candidatos a Diputados
Resultados electorales publicados en la página web del CNE. (Aún no han sido publicados en Gaceta Electoral violando lo establecido en el Artículo 155 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales).
2 08/12/15
Proclamación de Los Diputados Electos por la Circunscripción 1 y Lista del Estado Amazonas
Junta Regional Electoral del estado Amazonas Art.
Totalización, adjudicación y Proclamación de los Resultados.
3 08/12/15
Proclamación de los Diputados de la Representación Indígena de la Región Sur (Apure y Amazonas)
CNE Art. 374 y 385 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales
4 29/12/15
Recurso Contencioso Electoral, conjuntamente con solicitud de amparo cautelar y medida de suspensión de efectos contra las elecciones de diputados a la AN del Estado Amazonas.
Candidata a Diputada Suplente del estado Amazonas: Nicia Maldonado, postulada por el Partido PSUV y otros Partidos, asistida por la Abog. Ligia Carolina Gorriño Castelar El recurso se interpone contra el acto de votación de las elecciones Parlamentarias del 6/12/15, por estar viciado de NULIDAD ABSOLUTA, al ser producto de la manipulación de la votación libre y secreta de los electores del Edo. Amazonas y que en su conjunto constituyen un fraude estructural y masivo que afecta al sistema electoral venezolano, basado en Una grabación en la cual se podía escuchar una conversación telefónica entre la secretaria de la Gobernación del edo. Amazonas, con otra persona anónima, para que los electores votaran por (MUD)a cambio de dinero.
5 30/12/15 Decisión N° 260 de la Sala Electoral del TSJ, Exp. N° AA70-E-2015-000146 Sala Electoral del TSJ. Magistrada Ponente; Indira M.Alfonzo I. Admite el recurso y declara procedente la solicitud de amparo cautelar, y ordena de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del CNE respecto de los candidatos electos por voto uninominal, lista y representación indígena en el proceso electoral realizado el 6 de diciembre de 2015 en el edo. Amazonas para elección de diputados a la AN.
6 30/12/15
Notificación a las Partes, por auto del 30/12/15de la Sala Electoral del TSJ. Decisión N° 260
Juzgado de Sustanciación Acordó notificar a las partes, a la AN y a la Fiscalía General de la República de la decisión número 260 y notificar a los ciudadanos Diputados a la AN en el edo Amazonas, mediante cartel fijado en la sede del TSJ por un lapso de diez (10) días de despacho, visto que no consta en autos domicilio procesal, conforme al art. 93 de la Ley Orgánica del TSJ. Vía telefónica se notificó de la decisión a la apoderada de la recurrente.
7 05/01/16 Instalación Y Juramentación de la Asamblea Nacional período 2016-2020 163 Diputados Electos y acreditados Artículo 219 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (1999)
8 06/01/16
Sesión Ordinaria Junta Directiva Juramenta a los Diputados Julio Haron Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana electos Nominal, lista y en representación indígena La oposición venezolana alcanza mayoría calificada en la AN, con 112 Diputados y el oficialismo 55 Diputados.
Incorporación al expediente de las notificaciones realizadas por la Sala Electoral del TSJ
Alguacil de la Sala Electoral. Se consigna copia de los oficios de notificación practicada el 4 de enero de 2016 al CNE, la AN y a la Fiscalía General de la República; asimismo consigna original de boleta de notificación practicada en forma personal a la parte recurrente. Se deja constancia de la fijación de cartel de notificación en la sede jurisdiccional a los Diputados a la AN del edo. Amazonas
10 30/12/15 El Diputado lista electo por el PSUV del estado Amazonas Leonardo Rodríguez, se dio por notificado del fallo número 260 de la Sala Electoral
Leonardo Rodríguez asistido por el abogado Andrés Álvarez. Acude al TSJ y se da por notificado de la Decisión del TSJ N° 260 del 30/12/2015 y señaló domicilio procesal.
11 07/01/16 Los Diputados electos del Estado Amazonas Julio Haron Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, consignan diligencia
Julio Haron Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, y sus apoderados: Abogados Ramón José Medina y José Gregorio Torrealba En su alegado carácter de Diputados electos en el estado Amazonas, presentan diligencia otorgando poder apud-acta a los abogados Ramón José Medina y José Gregorio Torrealba
12 07/01/16 Solicitud de intervención como terceros interesados ante la Sala Electoral del TSJ
JulioHaron Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, Diputados electos del estado Amazonas Los Diputados electos de Amazonas solicitaron su intervención como terceros interesados en el proceso y se declare el desacato de la sentencia número 260 dictada por esta Sala el 30 de diciembre de 2015, de acuerdo a lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
13 07/01/16 Sala Electoral del TSJ, apertura el cuaderno separado y designa como ponente a la Magistrada Indira M. Alfonzo Izaguirre
Sala Electoral en pleno. Apertura del cuaderno separado. Designación de la Magistrada ponente se realiza a los fines del pronunciamiento correspondiente
14 07/01/16 Solicitud al TSJ por parte de la apoderada judicial Nicia Marina Maldonado Maldonaldo, como parte recurrente que provea lo conducente conforme a derecho a fin de que sea acatado el fallo de la decisión N° 260, en función a la tutela judicial efectiva, así como también se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la juramentación írrita efectuada en el hemiciclo legislativo 6/01/2016
Ligia Carolina Gorriño Castelar Solicitud de acción por parte de la Sala Electoral en atención al desacato de la sentencia 260 de fecha 30/12/2015 por la juramentación de los tres Diputados electos por el Estado Amazonas, realizada por la directiva de la Asamblea Nacional el 6 de enero de 2016.
15 07/01/16 Solicitud de intervenir en el proceso como terceros interesados los ciudadanos Pedro Carreño, Francisco Torrealba, Víctor Clark, Ramón Lobo y otros en su condición de Diputados de la Asamblea Nacional, asistidos por la abogada Ligia Carolina Gorriño, en ocasión a los hechos ocurridos en la sesión de la Asamblea Nacional celebrada en fecha 6 de enero del año en curso, en la cual se procedió a incorporar al Cuerpo Legislativo Nacional, a los diputados que habrían sido electos por el estado Amazonas, cuya elección se encuentra en revisión por el órgano judicial y el cual otorgó el amparo cautelar contenido en la sentencia N° 260 de suspendiendo los actos de proclamación.
Pedro Carreño, Francisco Torrealba, Víctor Clark, Ramón Lobo y otros representados por Ligia Carolina Gorriño Solicitud de acción por parte de la Sala Electoral por desacato de la sentencia 260 de fecha 30/12/2015 por la juramentación de los tres Diputados electos por el edo. Amazonas, realizada por la directiva de la AN el 6/1/16. Fundamenta la solicitud de intervención en el proceso según el art. 118 de la Ley Orgánica del TSJ, en concordancia con el art.370, ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil. Solicitan además: Ordene a la junta directiva de la AN que se abstenga de considerar válida la participación como integrantes del Órgano Legislativo Nacional, de los diputados de Amazonas, cuyo acto de proclamación fue suspendido por virtud de la sentencia N° 260. Declare la nulidad de cualquier decisión tomada por la ANl. Ordene a los órganos administrativos de la AN se abstenga de incorporar a la nómina de pago a los ciudadanos incluidos en el amparo. Que se ordene al Ejecutivo Nacional, la prohibición de publicar en Gaceta Oficial cualquier acto tanto legislativo como de control político que apruebe la Asamblea nacional mientras estos ciudadanos estén incorporados.
16 11/01/16 Decisión de la Sala Electoral, Sentencia del TSJ N° 1, según Expediente<. Exp. N° AA70-X-2016-000001 de fecha 11 de enero de 2016; donde se ratifica el contenido de la decisión N° 260 del 30 de diciembre de 2015
Sala Electoral del TSJ. Magistrada Ponente; Indira M.Alfonzo I. Decisión firmada por todos los integrantes de la Sala. Admite la intervención a los Diputados oficialistas como terceros en la causa contentiva del recurso contencioso electoral interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar. Ratifica el contenido de la decisión número 260 del 30/12/15, a los fines de su inmediato cumplimiento. Declara procedente el desacato de la sentencia 260 por los os miembros de la Junta Directiva de la AN: Henry Ramos Allup, Enrique Márquez y José Simón Calzadilla y por Julio Haron Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana. Deja sin efecto la juramentación y dictamina como de nulidad aboluta los actos de ña An dictados o que dicten mientras estén incorporados dichos diputados.
17 13/01/16 Presentación de escrito de oposición a la medida cautelar por parte de los Diputados principales y suplentes del estado de Amazonas.
Julio Ygarza, Romel Guzamana, Nirma Guarulla, Rosa Petit, Javier Linares y Mauligmer Baloa, asistidos por los abogados Ramón José Medina y José Gregorio Torrealba Presentan escrito de oposición a la medida cautelar dictada por esta Sala el 30 de diciembre de 2015
18 13/01/16 Presentación de escrito para solicitar su admisión como parte en el proceso y formularon oposición a la medida cautelar dictada por esta Sala el 30 de diciembre de 2015 (sic).
Pedro Cabare, Hernán García, Hilda Estrada, Alonzo Linares, José Díaz, Petra Pérez, Naida Unda, Pedro Mejías, Orfilia Fernández y Porfirio Jiménez en su condición de electores, asistidos por los abogados Ramón José Medina y José Gregorio Torrealba Solicitan su admisión como parte en el proceso y formularon oposición a la medida cautelar dictada por esta Sala el 30 de diciembre de 2015.
19 18/01/16 Solicitud de Intervención en el proceso a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y a la misma Asamblea, representada conforme a derecho y escrito de oposición a la medida de amparo cautelar según decisión N°260
Henry Ramos Allup, Enrique Octavio Márquez Pérez y José Simón Calzadilla, actuando en su condición de Presidente, Primer Vicepresidente y Segundo Vicepresidente, respectivamente, de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y ejerciendo el primero además la representación de la Asamblea Nacional asistidos por el abogado Dr. Jesús María Casal. Admita la intervención en el proceso a la Junta Directiva de la AN y de la misma AN representada, y sustancie conforme a Derecho esta oposición a la medida cautelar. Revoque las inconstitucionales e ilegales actuaciones llevadas a cabo en el proceso, en especial las producidas entre el 24/12/15 y el 6/01/16, ambos inclusive, por ser violatorias del art. 201 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con la sentencia de la Sala Constitucional N° 1264/2002 de 11 de junio. Anule, por vía de consecuencia, todas las actuaciones procesales posteriores a esa fecha y reponga la causa al estado de nueva admisión. Declare nula, o en su defecto revoque o deje sin efecto la sentencia N° 260 de conformidad con los arts. 244 del Código de Procedimiento Civil, 187 de la Ley Orgánica del TSJ y 602 del Código de Procedimiento Civil, así como su ratificación contenida en la sentencia N° 1 de 11 de enero de 2016. Revoque la declaratoria de desacato
20 27/01/16 La Sala Electoral deja constancia del retiro del cartel de notificación fijado en sede jurisdiccional a los Candidatos a Diputados a la AN en el Edo. Amazonas.
Sala Electoral del TSJ Constancia del retiro de cartel de notificación fijado en la sede de este órgano jurisdiccional a los ciudadanos candidatos a Diputados y Diputadas a la Asamblea Nacional en el estado Amazonas.
21 27/01/16 Presentación de diligencia para sustituir poder judicial
Ramón José Medina. Ramón José Medina, sustituyó poder en los abogados Ana Paula Diniz y Jaiber Núñez.
22 04/02/16 Sala Electoral del TSJ apertura de cuaderno por separado y emisión de auto para la apertura de la articulación probatoria.
Sala Electoral Se acordó abrir el cuaderno separado, y por auto de esa misma fecha, se abrió articulación probatoria de tres (3) días de despacho conforme al artículo 187 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
23 11/02/16 Promoción de Pruebas en la oposición a la medida cautelar dictada mediante sentencia N° 260
Jesús María Casal Hernández actuando con el carácter de apoderado de la AN. Presenta escrito con el cual promovió pruebas en la oposición a la medida de amparo cautelar dictada en la causa.
24 15/02/16 Sala Electoral del TSJ Designa Magistrada Ponente a Indira M. Alfonzo Aguirre.
TSJ Se designa a los fines del pronunciamiento correspondiente.
25 14/07/16 Solicitud de pronunciamiento de la causa
Jaiber Núñez, abogado apoderado de los Diputados electos del edo. Amazonas Presentación de solicitud de pronunciamiento en la presente causa.
26 28/07/16 Juramentación de los Diputados Electos del Estado Amazonas, suspendidos por decisión del TSJ.
Directiva de la Asamblea Nacional y Diputados Electos: Julio Ygarza, Romel Guzamana, Nirma Guarulla Juramentados en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, tras no reconocer a los magistrados designados en dicha Sala, por inconstitucionales
27 31/07/16
Publicación de Aviso Oficial del CNE, donde notifica que el Poder Electoral no ha emitido ningún acto administrativo relativo a la elección de Diputados de la AN por el edo. Amazonas, con posterioridad a la notificación de la Sentencia 260 de la Sala Electoral del TSJ.
Poder Electoral Aclara no haber emitido acto administrativo alguno, posterior a la sentencia N° 260 de la Sala Electoral del TSJ de fecha 30 de diciembre de 2015.
28 09/08/16 Solicitud de desincorporación como Diputados a la Asamblea Nacional, ante la Directiva de este cuerpo colegiado.
Diputados Electos del Estado Amazonas. Solicitan su desincorporación para defenderse judicialmente ante el TSJ, y evitar la maniobra que el poder judicial haga nugatoria la actividad de la Asamblea Nacional
29 11/08/16 Sentencia N° 126 del 11 de agosto de 2016, de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Exp. N° AA70-X-2016-000003
Sala Electoral del TSJ Se admitió la intervención como terceros verdadera parte, de los ciudadanos Julio Ygarza, Romel Guzamana, Nirma Guarulla, Rosa Petit, Javier Linares y Mauligmer Baloa en el proceso del recurso contencioso electoral interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar. Se admitió la intervención como terceros adhesivos simples, a los ciudadanos Pedro Cábare, Hernán García, Hilda Estrada, Alonzo Linares, José Díaz, Petra Pérez, Naida Unda, Pedro Mejías, Orfilia Hernández y Porfirio Jiménez, en el proceso del recurso contencioso electoral interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar.No se admitió la intervención de los ciudadanos Henry Ramos Allup, Enrique Octavio Márquez Pérez y José Simón Calzadilla, asistidos por el abogado Jesús María Casal, identificados, para la intervención de la Junta Directiva de la AN y de la misma AN en el proceso del recurso contencioso electoral interpuesto y, en consecuencia, inadmisible formular oposición contra el amparo cautelar dictado por la Sala Electoral en sentencia número 260 del 30/12/15, ratificada en sentencia N° 1 de 11/01/16. Decidió SIN LUGAR la oposición formulada por los ciudadanos Julio Ygarza, Romel Guzamana, Nirma Guarulla, Rosa Petit, Javier Linares y Mauligmer Baloa, antes identificados, y los terceros adhesivos simples, contra la decisión número 260 dictada por la Sala Electoral el 30/12/15
¿APLICA O NO LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA
A LOS DIPUTADOS SUPLENTES?
La división de poderes es la base de la Democracia, que es el punto de partida no solamente de la conformación del Estado Venezolano (artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -CRBV), sino que es el principio que debe regir al Gobierno de la República (artículo 6 de CRBV). Desde la Revolución francesa el poder legislativo ha sido un clásico de las democracias, que se encarga de hacer y reformar las leyes en apego a la norma suprema que es la Constitución, actividad que ejerce investida de una incuestionable autoridad que le otorga la representación de la voluntad popular.
Para garantizar que efectivamente este órgano pueda llevar a cabo sus funciones, la Constitución de la República ha dotado al órgano y a sus integrantes de ciertos privilegios, entre los que figura la inmunidad parlamentaria, que surge como garantía para evitar la interferencia de otros poderes en la actividad legal del parlamento.
La inmunidad parlamentaria prevé la protección y libertad física de los diputados, para evitar su eventual detención o encarcelamiento, con lo que busca garantizar la libertad de opinión del diputado, proteger la independencia del órgano y el ejercicio de las funciones del cargo constitucionalmente relevantes, así como la composición del parlamento que el voto popular ha decidido.
Se puede afirma que lo que la Constitución busca es evitar que se utilice la vía judicial para alterar fraudulentamente la composición del cuerpo parlamentario y, en consecuencia, la voluntad de los electores, sobre quienes reside la soberanía. Por ello cuando se habla de la Asamblea Nacional es fundamental recordar que esta es mucho más que un órgano colegiado, esta es representante del pueblo electo por el mismo pueblo.
En ese sentido el artículo 200 de la vigente Constitución establece la inmunidad para los diputados, de la cual gozan desde el mismo instante de su proclamación hasta el cese de sus funciones por la conclusión del mandato o la renuncia al mismo. De la lectura del texto se entiende claramente y sin ningún tipo de ambigüedad que el momento en el que el diputado comienza a gozar de la inmunidad es sólo el de la proclamación, que es un acto formal que realizan las autoridades electorales cuando anuncian el candidato electo, tal como establece el artículo 153 de la Ley Orgánica de Procesos electorales:
En consecuencia, una vez que los candidatos a diputados son proclamados por las autoridades electorales, éstos gozan cabalmente de inmunidad parlamentaria, es decir el inicio de la inmunidad es previo al inicio del período de sesiones correspondientes. Costumbre que ha sido tradición en las Constituciones de nuestro país, y que se ha establecido que su momento de inicio sea el de la proclamación desde la antigua Constitución de 1961 hasta la vigente. Esta protección anticipada tiene como objeto evitar que se utilicen los mecanismos judiciales para impedir que los nuevos parlamentarios o parlamentarios electos o reelectos se incorporen a la nueva legislatura y ejerzan sus funciones.
El mismo criterio, respecto al inicio de la inmunidad para el diputado electo, se aplica para los suplentes, ya que estos son igualmente electos y proclamados, única condición para ejercer y gozar de la inmunidad. La diferencia radica que su participación se encuentra sometida a una condición suspensiva, por estar sometidos a un hecho futuro e incierto como la suspensión, la muerte, la renuncia o inhabilitación del principal del cual han sido elegidos como suplentes.
Es por ello que la actual postura de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que ratifica tanto el criterio esgrimido en su fallo número 58 (del 9/11/2010) de la Sala Plena, como la expuesta en su fallo número 7 (del 5 de abril de 2011) se aparta de lo establecido claramente y sin ningún tipo de ambigüedades en el texto Constitucional. Afirmaciones como “que el privilegio de la inmunidad parlamentaria lo detentan única y exclusivamente las personas que estén en el ejercicio efectivo de cargos de diputados, con ocasión a los presuntos delitos que cometan durante dicho ejercicio; por lo que los diputados suplentes sólo gozan de inmunidad cuando, efectivamente, suplan las faltas de los principales y con ocasión a las actuaciones desplegadas en ese tiempo” son realmente preocupantes, sobre todo viniendo de la máxima autoridad Judicial del país, ya que estos juristas, que se suponen conocen la ley en detalle, olvidan los conceptos básicos de la inmunidad parlamentaria, ya que esta no es un asunto discrecional respecto del cual puedan considerarse que existen motivos que justifican la activación de la inmunidad en unos casos y en otros no. Una vez que se produce la proclamación del diputado electo el mismo goza de la inmunidad parlamentaria, no hay cabida para confusión.
Igualmente este se olvida, que si bien el Tribunal Supremo de Justicia es el único órgano facultado para enjuiciar a un diputado (artículo 200 de CRBV), dicho órgano debe previamente presentar una solicitud previa de autorización a la Asamblea Nacional, la cual designa una comisión especial que elabora un informe que se discute en sesión plenaria (art. 25 del Reglamento Interior y de Debates). Si la plenaria decide no allanar la inmunidad el Tribunal Supremo de Justicia no podrá continuar con el enjuiciamiento, luego una vez que cese en sus funciones como diputado (en ejercicio o suplente) la causa podrá ser reabierta.
LOS DECRETOS DE ESTADO DE EXCEPCIÓN NO PUEDEN ALLANAR LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA
El Presidente de la República Nicolás Maduro el pasado miércoles 31 de agosto, en Consejo de Ministros, asomó la posibilidad de suspender la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional (AN), utilizando para ello el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica. Esto lo ratificó en el acto de calle realizado un día después, el 1 de septiembre, en la Avenida Bolívar de Caracas.
La última declaración del Estado de Emergencia Económica en el Territorio Nacional en el Decreto Presidencial Nº 2184 fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6214, el 13 de mayo de 2016, como continuación del Decreto de Emergencia Económica promulgado en enero de este mismo año.
Es oportuno indicar que el proceso de aprobación de estos dos decretos como su prórroga, violó lo establecido en la Constitución de la República y la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción, ya que se ha desconocido el control que sobre el mismo tiene la AN, de acuerdo con lo estipulado por los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
La declaratoria del Estado de Emergencia Económica en cualquiera de sus variantes constitucionalmente previstas no interrumpe el funcionamiento de los órganos que conforman el Poder Público, de conformidad con el artículo 339 del texto constitucional y el artículo 3 de la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción. Esto supone que quedan completamente intactas las atribuciones que cada uno de los poderes públicos tienen, tanto de manera privativa como de manera compartida con otros poderes; y las prerrogativas inherentes al ejercicio de las funciones del poder público, circunstancia en la que entra claramente la inmunidad parlamentaria de los diputados en la Asamblea Nacional prevista en el artículo 200 de la Constitución.
Adicionalmente, es preciso recordar que en el caso de este Decreto de Estado de Excepción se aplica la definición de Estado de Emergencia Económica, cuya definición y duración está especificada en el artículo 338 de la CRBV y que, a su vez, debe especificar, de conformidad con el artículo 339 a fines de su control político y constitucional tanto su alcance temporal de acuerdo al tipo de situación excepcional como las garantías constitucionales que son objeto de ser restringidas o suspendidas mientras dure la vigencia del estado de excepción.
Asimismo cabe recordar que solamente la Asamblea Nacional es quien puede aprobar por mayoría absoluta de los miembros presentes en sesión extraordinaria que no requiere de las 48 horas de convocatoria (artículo 27 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción) y que igualmente deben cumplir con el quórum de sesiones para su validez correspondiente a la mitad más uno de la totalidad de sus miembros.
En el caso de del actual Estado de Excepción, estos últimos artículos fueron vulnerados por la Sala Constitucional en usurpación de funciones privativas de la Asamblea Nacional el pasado mes de mayo. Adicionalmente cabe destacar por su gravedad que este Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica fue prorrogado en el mes de julio una vez vencido el período de vigencia de sesenta (60) días sin que esa extensión en el período de vigencia haya sido discutida ni aprobada por la Asamblea Nacional, tal como lo exige el artículo 338 de la Constitución y el artículo 27 de la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción, siendo la Sala Constitucional del TSJ, en clara y flagrante usurpación de las atribuciones exclusivas de la Asamblea Nacional, quien declaró la constitucionalidad de esa prórroga. Es importante señalar que esta prórroga hecha en violación de la Constitución le daría vencimiento a este decreto en la segunda semana del mes de septiembre.
Dado que un decreto de Estado de Excepción supone la restricción de garantías constitucionales con excepción de las establecidas en el artículo 337 de la Constitución y ampliadas en el artículo 7 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, deben especificarse claramente cuáles garantías se deben restringir durante el tiempo de vigencia del mismo y deben someterse al control de lo establecido tanto por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como por la Convención Americana de Derechos Humanos.
En el caso de este decreto en ninguno de los 18 numerales que componen el artículo 2 se tratan asuntos diferentes a las medidas de naturaleza económica. Por lo cual no puede afectarse las atribuciones de los poderes públicos que puedan interrumpir su funcionamiento, por lo cual al menos desde la aplicación efectiva del decreto no se puede afectar a la inmunidad parlamentaria, que no sea bajo los procedimientos constitucionales estipulados y con los mecanismos de control previstos, y que como es sabido el levantamiento de una inmunidad parlamentaria solamente la puede ejecutar la propia Asamblea Nacional, cumpliendo la mayoría requerida para la misma. Asimismo se recuerda que la violación de la inmunidad parlamentaria acarrea responsabilidad penal a quien la cometa, sin prescriptibilidad alguna por tratarse de violaciones a la Constitución de la República.
En cambio si el Presidente de la República y el Tribunal Supremo de Justicia procedieran de oficio a eliminar/suspender/allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados, esta decisión adolecería de nulidad absoluta por usurpación de autoridad y provocaría de facto la interrupción del funcionamiento del Poder Legislativo, que supone (y cabe destacar) un causal para un estado de conmoción interior tal como lo estipula el artículo 13 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y podrían configurar un escenario de utilización de actos de fuerza contra el orden constitucional, el estado de derecho y el sistema democrático.
Decreto presidencial N° 2.184 Declaración del Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional por 60 días, en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.214, de fecha 14 de enero de 2016.
La Asamblea Nacional negó el 22 de enero su aprobación por considerar que el mismo desaplica la Constitución Nacional.
Los 7 magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia 04 del 20 de enero de este año, declararon la constitucionalidad de este Decreto.
Atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economía venezolana y que permita asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos y el libre acceso a bienes y servicios fundamentales e igualmente, mitigar los efectos de la inflación inducida, de la especulación, del valor ficticio de la divisa, el sabotaje a los sistemas de distribución de bienes y servicios, así como también contrarrestar las consecuencias de la guerra de los precios petroleros, que ha logrado germinar al calor de la volátil situación geopolítica internacional actual, generando una grave crisis económica. (Artículo 1 del Decreto).
Decreto N° 2.270 del 11 de marzo de 2016, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6219 Extraordinario de la misma fecha, dictado por el Presidente de la República, mediante el cual prorroga por sesenta (60) días el plazo establecido en el Decreto N° 2.184 del 14 de enero de 2016.
La AN negó la solicitud de prórroga del Decreto N° 2.270 del 11 de marzo de 2016, mediante el cual prorroga por sesenta (60) días el plazo establecido en el Decreto N° 2.184 del 14 de enero de 2016.
Los 7 magistrados de la Sala Constitucional del TSJ en sentencia 184 del 17 de marzo de este año declararon la constitucionalidad del Decreto N° 2.270 del 11 de marzo de 2016, que prorroga por sesenta (60) días el plazo establecido en el Decreto N° 2.184 del 14 de enero de 2016.
Decreto Presidencial Nº 2323 Declaración del Estado de Emergencia Económica en el Territorio Nacional por 60 días, en Gaceta Oficial Extraordinaria N.° 6.227 Extraordinario del 13 de mayo de 2016.
El martes 17 de mayo la Asamblea Nacional negó su aprobación, por considerar que el mismo desaplica la Constitución Nacional.
Los 7 magistrados de la Sala Constitucional del TSJ, en sentencia 411 del 19 de mayo de este año, declararon la constitucionalidad de este Decreto.
Dadas las circunstancias extraordinarias de orden social, económico, político, natural y ecológicas que afectan la Economía Nacional, el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad nacional, las Instituciones Públicas y las ciudadanas y ciudadanas habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas oportunas excepcionales y extraordinarias, para asegurar a la población el disfrute de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes y servicios fundamentales, e igualmente disminuir los efectos de las circunstancias de orden natural que han afectado la generación eléctrica, el acceso a los alimentos y otros productos esenciales para la vida. (Artículo 1 del Decreto)
Decreto Nº 2.371 del 12 de julio de 2016, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.942, con, prorroga por sesenta (60) días el plazo establecido en el decreto Nro. 2.323, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 6.227 Extraordinario del 13 de mayo de 2016.
La AN negó el jueves 14 de julio la solicitud de prórroga Decreto Nº 2.371 del 12 de julio de 2016, que prorroga por sesenta (60) días el plazo establecido en el Decreto N° 2.323.
Los 7 magistrados de la Sala Constitucional del TSJ declararon “la constitucionalidad del Decreto Presidencial de 12 de julio en sentencia 615 del 19 de julio de 2016
LA BANCADA DEL PSUV ¿BLOQUE DE “LA PATRIA”?
Una de las consecuencias de las pasadas elecciones parlamentarias ocurridas en diciembre del año pasado fue que por primera vez el chavismo, que ya suma 18 años en el poder, perdió los comicios en el voto acumulado y en el número de escaños obtenidos. Y allí es donde “perder” adquirió una connotación especial por cuanto el no controlar la mayoría del Poder Legislativo implica el corte abrupto del cordón umbilical que sostuvieron con el poder Ejecutivo en el proceso de implantación del modelo socialista.
En el mes que transcurrió entre las elecciones y antes de la juramentación de los diputados la nueva Asamblea Nacional, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dio señales claras de que su papel en lo sucesivo es provocar una crisis política de gran magnitud. La mejor evidencia fue el proceso express para designar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La nueva bancada de la fraccción parlamentaria del PSUV en la nueva AN 2016-2021, encabezada por el diputado Héctor Rodríguez como jefe de fracción oficialista, viene desempeñándose como apéndice del Ejecutivo Nacional, al actuar en contra de la propia Asamblea Nacional, inclusive con declaraciones tendentes a la disolución del Parlamento.
Para resumir el papel jugado por el autoproclamado “Bloque de la Patria” cabe destacar las curules vacías del ala izquierda del Hemiciclo cada vez que hay acto protocolar o durante las discusiones, el abandono de las sesiones, las interrupciones inoportunas al debate y el hecho de que durante el primer período de sesiones no se haya reportado ningún Proyecto de Ley propuesto por este bloque. Esto se puede inferir que, más que un desinterés cifrado en llevar adelante la función legislativa, en un acto de desconocimiento por parte de esta fracción a la Asamblea Nacional buscando torpedear cualquier iniciativa que provenga de su seno.
Por su condición minoritaria, la fracción parlamentaria del PSUV no puede impedir la realización de las sesiones por cuanto el bloque de la MUD cuenta por sí misma con el quórum, tanto para las sesiones como con las mayorías requeridas para aprobar cualquier instrumento legal y cualquier moción de censura.
Por eso mismo se hace un alerta constante de que la actuación de los diputados del bloque oficialista en contra de la propia Asamblea Nacional constituye en sí misma un ataque a sus principios rectores.
Los ciudadanos de esta República merecen diputados que sean verdadera representación del pueblo, casados con un verdadero interés nacional y responsables de sus actos.
EL ESCENARIO DE DISOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL
En medio del conflicto interinstitucional evidenciado entre los poderes públicos en este primer período de sesiones que culminó el pasado 15 de agosto de este año 2016, se ha puesto en el tapete un escenario enteramente peligroso para la gobernabilidad y la viabilidad del sistema democrático de Venezuela: La posibilidad de disolución de la actual Asamblea Nacional por parte del Presidente de la República.
Conviene explicar en qué consiste y en qué condiciones la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) autoriza el ejercicio de este acto, que supone el cese temporal del Poder Legislativo y la apertura de un nuevo proceso de elección del mismo. El artículo 236 del texto constitucional, numeral 21 faculta al Presidente Ejecutivo de la República para disolver la Asamblea Nacional en el supuesto establecido en esa Constitución y que ese acto debe ejecutarse únicamente en Consejo de Ministros tal como lo señala el citado artículo. Para conocer cuál es ese supuesto que se alude previamente hay que remitirse a lo establecido en el artículo 240, referido al proceso de remoción del Vicepresidente Ejecutivo, el cual se ejecuta como consecuencia de una moción de censura llevado a cabo por la Asamblea Nacional y votado favorablemente por las tres quintas partes de sus miembros (en este caso 101 diputados) siempre que se trate de la tercera remoción del Vicepresidente en el mismo período constitucional. En ese caso el Presidente de la República procederá a disolver la Asamblea Nacional y convocará a elecciones dentro de los sesenta días siguientes a su disolución.
No existen en la Constitución otros supuestos previstos para dar facultad al Presidente para proceder a la disolución de la Asamblea Nacional y tampoco están facultados otros poderes públicos (en especial el judicial mediante la Sala Constitucional) para hacerlo. Cualquier intento de disolver la AN mediante supuestos o subterfugios distintos a los establecidos en el texto constitucional configurará un escenario de ruptura grave del orden constitucional y un acto totalmente lesivo al sistema democrático que puede traer gravísimas consecuencias tanto en el sistema político interno como en el sistema internacional, especialmente en aquellas organizaciones o foros donde la democracia sea un requisito insoslayable.
Se hace este alerta por cuanto en el transcurso de este primer período de sesiones se han multiplicado las voces interesadas en insinuación de esta posibilidad como una carta a jugar por el Presidente de la República, dejando en el aire sus implicaciones como una tentación de llevar el conflicto interinstitucional a un nivel mucho mayor de tensión. Sin embargo, por las razones anteriormente expuestas los ciudadanos deben estar alerta ante cualquier acto de fuerza que pretenda el ejercicio violento del poder que pueda atentar no solo contra un poder del Estado sino contra la representación nacional y, por ende, la legítima y democrática representación del pueblo en su papel de mandante y legislador.
AN ASUME DESIGNACIÓN DE 2 RECTORES Y SUS 4 SUPLENTES PARA EL CNE
A la Asamblea Nacional le corresponde la designación de los titulares de los Poderes Electoral (Artículo 296 de la Constitución - CRBV), Judicial (Artículo 264 de la CRBV), y Ciudadano (Artículo 279 de la CRBV), a quienes debe escoger de entre los más idóneos ciudadanos de la República, destacando la exigencia común para todos ellos de que no tengan vinculación con organizaciones políticas. Para ello, la AN debe cumplir con el mandato constitucional de su nombramiento y juramentación, luego de cumplir con el proceso de selección con participación activa de la sociedad civil.
Como el próximo 3 de diciembre de 2016 vence el período constitucional de 7 años de las Rectoras Tania D´Amelio y Socorro Hernández, como de sus 4 suplentes, representantes del Poder Ciudadano y de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las Universidades Nacionales en el Consejo Nacional Electoral (CNE); le corresponde a la Asamblea Nacional el nombramiento y juramentación de sus sustitutos, tal como lo estipulan los artículos 296 de la Constitución y 8 de la Ley Orgánica del Poder Electgoral (LOPE): “…Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados o designadas por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes…”
Para cumplir con este cometido, la Asamblea Nacional aprobó el 11 de agosto la constitución del Comité de Postulaciones Electorales (CPE), integrado por 11 diputados del Parlamento Nacional y 10 personas de la Sociedad Civil. En la sesión de la Plenaria de la Asamblea Nacional de ese día conformó la Comisión Preliminar del CPE, en la que participarían 8 diputados de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y 3 del Gran Polo Patriótico (GPP).
El 17 de agosto, en sesión extraordinaria la Plenaria de la AN aprobó la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales con los nombres de los 8 diputados propuestos por la MUD: 1. Juan Miguel Matheus (Unidad-Carabobo), 2. Juan Pablo Guanipa (Unidad - Distrito Capital), 3. Américo De Grazia (Unidad - Bolívar), 4. Omar Barboza (Unidad - Zulia), 5. Stalin González (Unidad - Distrito Capital), 6. Juan Guaidó (Unidad - Vargas), 7. Luis Aquiles Moreno (Unidad - Miranda) y 8. Edgar Zambrano (Unidad - Lara).
La fracción parlamentaria del GPP se negó a participar, argumentado que “todas las sesiones que se han realizado en esta AN, desde el mismo momento que fueron incorporados los legisladores del estado Amazonas, todas sus decisiones son nulas”.
Ese día (17 de agosto) la AN decidió cubrir las vacantes asignadas a la fracción parlamentaria del GPP, y designó a otros 3 diputados de la MUD para completar el grupo de los 11 diputados: Luis Florido (Unidad-Lara), José Luis Pirela (Unidad – Zulia) y Amelia Belisario (Unidad - Aragua). La fracción parlamentaria del GPP dejó constancia del voto salvado de la bancada oficialista y afirmó que "No habrá manera de que esta decisión de ustedes se concrete si no respetan el dictamen del TSJ.”
El martes 23 de agosto quedó conformada la Comisión Preliminar con su cronograma de actividades en la que destaca la convocatoria a la Sociedad Civil para escoger a los 10 representantes que le corresponden para el Comité de Postulaciones Electorales, “…que finalmente escogerán a los 2 nuevos miembros del directorio del Consejo Nacional Electoral. Durante el acto de instalación, fue designada por unanimidad de los parlamentarios presentes, la diputada Amelia Belisario (Unidad- Aragua), como directora de Debate y Marelis Meleán, Secretaria Accidental de esa instancia legislativa.”
Los 11 diputados de la Comisión Preliminar informaron en dos convocatorias realizadas en el diario El Universal el 24 y el 26 de agosto, respectivamente, que los requisitos para integrar el Comité de Postulaciones Electorales son: ser venezolano, mayor de edad, estar inscrito en el Registro Electoral y contar con la debida postulación de una Organización Civil, a través de una carta suscrita por sus representantes.
Además, estableció como período de postulación del lunes 29 de agosto hasta este lunes 5 de septiembre en el horario de 9:00 am a 5:00 pm, para consignar los documentos solicitados. Sin embargo, el lunes 5 de septiembre los miembros de la Comisión Preliminar prorrogaron el lapso “hasta el viernes 9 de septiembre, hasta las 5 de la tarde, para que los miembros de la sociedad civil consignen sus recaudos de cara a ser escogidos para que pasen a integrar el Comité de Postulaciones Electorales.”
Cumplido este primera parte del Proceso, deben cumplir los siguientes pasos, indicados a partidr del punto 4 del cuadro presentado a continuación:
La AN debe convocar para la constitución del Comité de Postulaciones Electorales (CPE). La Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) establece que debe ocurrir por lo menos 30 días antes de la selección. Art. 295 de la CRBV y 20 de LOPE.
La AN debe constituir la Comisión Preliminar de 11 diputados. Debe ser una representación plural del país. La Comisión Preliminar del CPE debe convocar a la Sociedad Civil (SC)a postular sus representantes al CPE. Art. 22 de la LOPE.
La Comisión Preliminar de 11 diputados de la AN debe convocar a la SC para que inscriba sus candidatos al CPE. Debe realizar 2 convocatorias en fechas diferentes, en 2 medios de comunicación social de circulación nacional. Art. 20 de la LOPE.
La Comisión Preliminar de 11 diputados de la AN debe evaluar, para luego presentar a la Plenaria de la AN la lista de candidatos postulados por la SC como miembros para el CPE.Arts. 21 y 22 de la LOPE.
La Plenaria de la AN debe escoger por las dos terceras (2/3) partes de los diputados presentes a los 10 integrantes de la SC de la lista presentada por la Comisión Preliminar de los 11 diputados, con el fin de integrar el CPE.Art. 22 de la LOPE.
La Directiva de la AN juramenta a los 21 miembros del CPE (11 diputados de la Comisión Preliminar y las 10 personas postuladas de la SC), luego de haber sido aprobados por las 2/3 partes de los diputados presentes en Plenaria. Art. 22 de la LOPE.
El CPE debe escoger en su primera sesión a su Presidente y vicepresidente dentro de su seno, y su secretariofuera de esta instancia. Art. 23 de la LOPE.
El CPE debe publicar en la Gaceta Oficial y al menos en 2 diarios de circulación nacional la convocatoria al Poder Moral y las Facultades de Ciencias Jurídicas de las Universidades Nacionales para que postulen sus candidatos como rectores del CNE. El CPE también debe convocar a la SC a postular candidatos para los 3 rectores en representación de la SC (si la AN ha decidido cesar en la Omisión Legislativa asumida por el TSJ el 26 de diciembre de 2014). El lapso para la postulación es de 14 días continuos, a partir de la fecha de la última publicación de convocatoria a candidatos a rectores. Si la lista de elegibles no cubre el mínimo exigido, el CPE debe prolongar el período de postulación por una semana (7 días) más. Arts. 24 y 26 de la LOPE.
La secretaría del CPE debe recibir por escrito durante 6 días continuos las objeciones, de acuerdo al formato establecido, luego de publicada la lista de postulados a Rectores del CNE. Art. 27 de la LOPE.
La AN debe recibir la lista de candidatos y escoger por las 2/3 partes de sus miembros (112 de 167 diputados) a los 2 Rectores y a sus 4 suplentes en representación del Poder Moral y las Facultades de Ciencias Jurídicas de las Universidades Venezolanas. También debe recibir la lista de los candidatos para los 3 Rectores en representación de la SC(en el caso que la AN haya decidido cesar en la Omisión Legislativa asumida por el TSJ el 26 de diciembre de 2014). Para ello tiene un lapso de diez (10) días continuos. Arts. 296 de la Constitución, 8, 29 y 30 de la LOPE.
La AN debe juramentar a los 5 Rectores y a sus 10 suplentes, escogidos por las 2/3 partes de sus miembros (112 de 167 diputados), quienes tomarán posesión de sus cargos al día siguiente en el Poder Electoral. Art. 30 de la LOPE.

References: artículo 186
 artículo 219
 artículo 201
 artículo 186
 artículo 49
 artículo 179
 Artículo 155
 Artículo 219
 artículo 31
 artículo 187
 artículo 200
 artículo 153
 artículo 339
 artículo 3
 artículo 200
 artículo 338
 artículo 339
 artículo 338
 artículo 27
 artículo 337
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 236
 artículo 240