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Timestamp: 2019-01-24 03:07:23+00:00

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Abogados de Accidentes de Tráfico en Madrid - Blog - Preguntas frecuentes
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Reclamación en caso de accidente con lesiones en que no se ha firmado parte amistoso
Abogados accidentes de tráfico el 01-05-2017, 19:54 (UTC)
El hecho de que la compañía del ciclomotor responsable del accidente no tenga parte de accidente de su asegurado no la exime de la obligación de abonar la correspondiente indemnización en el supuesto de ser responsable del accidente su asegurado.
En este sentido, la persona lesionada tiene acción directa contra la compañía aseguradora del vehículo causante del accidente dada su condición de ocupante y tercero perjudicado. Véanse los arts. 1 y 7 del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor y el art. 76 de la Ley de Contrato de Seguro, 1.902 del Código Civil y 621 y 147 del Código Penal.
Para la reclamación de sus perjuicios se puede optar por tres vías:
1.º En primer término, alcanzando un acuerdo extrajudicial con la compañía aseguradora del ciclomotor responsable del accidente, si bien dicha vía es recomendable para accidentes donde la responsabilidad sea clara, haya mínimos perjuicios o en aquellos donde los conceptos indemnizatorios no ofrezcan dudas a ninguna de las partes.
A tal efecto, se debe utilizar el nuevo trámite establecido en el art. 7 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, que obliga a la compañía aseguradora a ofrecer al perjudicado una respuesta motivada sobre la aceptación de la reclamación o motivar el rechazo de la misma.
La presentación de dicha reclamación obliga a la compañía a esclarecer las circunstancias del siniestro y la valoración de sus posibles consecuencias, con independencia de que su asegurado no haya comunicado la ocurrencia del accidente.
2.º En segundo lugar, como quiera que se han causado lesiones, se puede optar por el ejercicio de la acción penal de conformidad con lo establecido en los arts. 621 y 147 del Código Penal. Para ello es obligado interponer denuncia antes del transcurso de los seis meses siguientes a la fecha de ocurrencia del accidente contra el conductor/es causante/es del accidente y, con base en el art. 117 del Código Penal, la/s aseguradora/s será citada a juicio en calidad de responsable civil directo.
La interposición de la denuncia en el Juzgado de Instrucción del lugar de ocurrencia del accidente inicia un procedimiento penal, normalmente de juicio de faltas, donde el juzgado de oficio instará una serie de diligencias de investigación entre las que se encuentra el reconocimiento de las personas lesionadas por el médico forense adscrito a ese Juzgado.
Tras dicho examen, el indicado facultativo emitirá un informe de sanidad donde determinará la duración del tratamiento curativo, distinguiendo los días de hospitalización, impedimento y curación, las secuelas resultantes del accidente y el tipo de tratamiento médico dispensado.
A la vista de dicho informe forense se puede retomar nuevamente la primera vía, esto es, la negociación amistosa basándose en lo determinado por un médico objetivo e imparcial.
En el supuesto de no alcanzarse acuerdo, habrá que celebrar el oportuno juicio a fin de establecer la responsabilidad penal y civil del citado accidente.
Esta vía es la recomendable para el caso expuesto si las lesiones han precisado tratamiento médico además de una primera asistencia facultativa.
3.º En tercer lugar, se puede optar por el ejercicio de la acción civil; para ello se ha de interponer la correspondiente demanda frente a los conductores responsables y sus compañías aseguradoras con fundamento en los citados arts. 1 y siguientes del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor y 76 de la Ley de Contrato de Seguro y 1.902 del Código Civil.
El plazo para la interposición de la referida demanda es de un año a contar desde la fecha de ocurrencia del accidente, desde que la prescripción fue interrumpida o desde el archivo de las actuaciones penales.
Indemnización por latigazo cervical en colisiones a baja intensidad. SENTENCIA DESTACADA
Abogados accidentes Madrid Por tu indemnización el 02-02-2017, 10:00 (UTC)
de Pontevedra (Sección 1ª) Sentencia num. 522/2016 de 10 noviembre
JUR2016267824
CULPA EXTRACONTRACTUAL: ACCIDENTE DE CIRCULACION: RELACION DE CAUSALIDAD: ESTIMACIÓN: entre lesiones alegadas y siniestro producido.
Recurso de Apelación 583/2016
Ponente: IIlma. Sra. María Begoña Rodríguez González
SENTENCIA: 00522/2016
N.I.G. 36006 41 1 2014 0002506
ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000583 /2016
Juzgado de procedencia: XDO.1A.INST.E INSTRUCIÓN N.1 de CAMBADOS
Procedimiento de origen: JUICIO VERBAL 0000510 /2014
Recurrente: CATALANA OCCIDENTE
Procurador: JOAQUIN GABRIEL SANTOS CONDE
Abogado: MARIA-JOSE LAGO LAGO
Recurrido: Andrea
Procurador: ENCARNACION FERNANDEZ SANCHEZ
Abogado: PABLO SANDE LLOVO
LA SECCION PRIMERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, CONTITUIDA EN TRIBUNAL UNIPERSONAL
SENTENCIA NUM.522
En Pontevedra a diez de noviembre de dos mil dieciséis.
Visto en grado de apelación ante esta Sección 001 de la Audiencia Provincial de PONTEVEDRA, los autos de procedimiento verbal núm. 510/14, procedentes del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Cambados, a los que ha correspondido el Rollo núm. 583/16, en los que aparece como parte apelante-demandado: CATALANA OCCIDENTE SA, representado por el Procurador D. JOAQUIN GABRIEL SANTOS CONDE, y asistido por el Letrado D. MARIA JOSÉ LAGO LAGO, y como parte apelado-demandante: D. Andrea , representado por el Procurador D. ENCARNACION FERNANDEZ SÁNCHEZ, y asistido por el Letrado D. PABLO SANDE LLOVO, y siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dª MARIA BEGOÑA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ .
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Cambados, con fecha 31 marzo 2016, se dictó sentencia cuyo fallo textualmente dice:
"Que ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda presentada por la Procuradora Dña. Encarnación Fernández Sánchez, en nombre y representación de Dña. Andrea frente a CATALANA OCCIDENTE SA, representada por el Procurador D. Gabriel Santos Conde, debo condenar y condeno a la aseguradora demandada a que indemnice a Dña. Andrea en tres mil novecientos treinta y cinco euros con cuarenta y siete céntimos (3.935,47 euros), con los intereses previstos en el artículo 20 de la LCS ( RCL 1980, 2295 ) . Todo ello con imposición de las costas a la parte demandada."
SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes, por Catalana Occidente SA, se interpuso recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos, por lo que se elevaron las actuaciones a esta Sala para la resolución de este recurso.
.- En virtud del precedente Recurso por el apelante la aseguradora Catalana Occidente SA apelante, se pretende la revocación de la Sentencia dictada en los autos de Juicio Verbal nº 510/14 por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Cambados, que la condenó al abono de la pertinente indemnización por daños y lesiones en tráfico derivados de colisión por alcance.
Aduce a su favor error en la valoración de la prueba en lo que respecta a la relación de causalidad entre el siniestro y el resultado que tuvo lugar como consecuencia de un accidente de tráfico. Explica que el golpe fue mínimo y originó unos daños materiales de 148,04 € en un turismo e inexistentes en su asegurado. El golpe se produjo cuando el vehículo que aseguraba iba marcha atrás para aparcar a menos de 5km/h, el contrario estaba detenido y le alcanzó con el gancho de remolque en su matrícula. No hubo accidente, además no tuvo lugar una colisión por sorpresa ya que la actora estaba esperando a que aparcase, aquel al que demanda. El Dr. David vio hasta en tres ocasiones a la demandante afirmando que la intensidad del accidente no encajaba causalmente con el resultado reclamado por la actora. Los médicos para establecer la relación entre el accidente y los daños manifestados por sus pacientes se basan en sus manifestaciones y no cuentan con datos objetivos cuales son los informes periciales de daños en los vehículos implicados.
A dicha pretensión se opone Dª Andrea aduciendo que concurre relación de causalidad no pudiendo argumentarse de contrario con conclusiones e informes que no tienen en cuenta el caso concreto.
No se discute en autos la realidad del accidente ni su culpabilidad por hechos acaecidos el 9 de mayo de 2014, cuando en la localidad de Portonovo el vehículo .... DVK , conducido por la actora fue impactado en la parte frontal por el asegurado en la apelante .... RNP , que circulaba marcha atrás con la intención de estacionar. Este último no sufrió daños y aquél los tuvo por importe de 148,04 €.
Debemos señalar con carácter previo, que aun cuando por virtud del presente recurso de apelación la Sala cuenta con la facultad de revisar, con plena jurisdicción, el material probatorio aportado al proceso, tal actuación debe partir de la consideración de que el uso que haya hecho el Juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia ( Sentencias del Tribunal Constitucional de fechas 17 de diciembre de 1985 , 23 de junio de 1986 , 13 de mayo de 1987 , 2 de julio de 1990 , 4 de diciembre de 1992 y 3 de octubre de 1994 , entre otras), únicamente deba ser rectificado, bien cuando en verdad sea ficticio o bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador "a quo" de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada.
En el caso enjuiciado, la aseguradora apelante plantea su estrategia desde la premisa de negar el nexo de causalidad entre las lesiones alegadas por la parte actora y el siniestro de tráfico producido, por el carácter levísimo del mismo, y ello con base, tanto en el informe biomecánico, como en el medico del Dr. David .
Como dice la SAP de Granada de 29 de enero de 2016 , en criterio que compartimos plenamente, "debemos poner de relieve, con la SAP de Cádiz de 11-9-14 , que se pretende establecer la relación entre la intensidad del hecho lesivo y las lesiones, y a tal efecto, se valorará si las variables mecánicas del accidente en relación con la biomecánica lesional son adecuadas a las consecuencias lesivas discutidas. Al efecto existen dos posturas básicas: Bien objetivar y aplicar a la generalidad de los casos los umbrales del dolor o umbrales patogénicos, bien estimar que las colisiones a bajavelocidad también pueden serlo en función de las concretas circunstancias concurrentes.
En el estado actual de la ciencia, los estudios empíricos sobre el "whiplash", es decir, del latigazo, muestran como en su producción influyen factores de muy diferente naturaleza, de tal forma que el delta -V , (esto es, el cambio de velocidad que puede experimentar un vehículo con ocasión del impacto sufrido, aunque en realidad lo que realmente interesa es cómo se proyecta esa delta -v sobre el ocupante, lo que le sucede a la persona que va dentro del vehículo con ocasión de la colisión), no es un predictor concluyente para las lesiones de columna vertebral en los accidentes de tráfico en la vida real. Los científicos críticos en la fijación, probablemente acrítica, de umbrales patogénicos, destacan que las condiciones en que se realizan las pruebas experimentales no son representativas de las que se viven en el mundo real. Y así se realizan sobre pocos sujetos, casi siempre varones, que toman asiento en el vehículo de forma correcta y que adoptan la lógica prevención ante una inminente colisión trasera. Todo ello, como queda dicho, ajena a la vida real y sin tener en cuenta la multitud de factores en presencia, que van desde la predisposición del sujeto, (nótese que incluso se ha correlacionado el estado psicológico previo con la posibilidad de sufrir secuelas) hasta el tipo y ubicación del reposacabezas. Por su parte, en la jurisprudencia de nuestras A. Provinciales, no sin vaivenes y contradicciones, quizás explicables por el causismo propio de la materia y por la justicia del caso concreto, se va abriendo una línea proclive a relativizar el valor de los informes de biomecánica, al menos en el aspecto que nos ocupa. Al efecto, es preciso determinar qué debe ser entendido como colisión a baja velocidad. En la SAP de Las Palmas, de 4-9-12 , se dice que "Se ha de tener presente que en el campo de la accidentología Clínica, se entiende por colisión a baja velocidad, la que sucede con una velocidad igual o inferior a 16 km/h (10 millas/h), debiendo recordarse que en la perspectiva médica y accidentológica, está comprobado científicamente su potencial lesivo y así, verbigracia, en una monografía de René Caillet, dedicada al dolor cervical y que correspondía a una edición española (Barcelona 1988), ya se hacía comprender que accidentes aparentemente inofensivos, pueden tener consecuencias nada desdeñables para los ocupantes de automóviles". Ha sido lugar común en esta materia que en las colisiones que produjeran un incremento de velocidad inferior a 8 km/h era imposible la causación de lesiones vertebrado. Pero ello no debe significar en el momento actual que siempre que se pruebe, mediante una prueba pericial, que de forma objetiva e inequívoca acredite ese dato, es decir, que el citado delta -v fuese inferior a los 8 km/h, no había lesiones corporales, pues igualmente está demostrado la posibilidad de lesiones a menor velocidad (algunos estudios han reducido el limite a los 4 km/h), en atención a las circunstancias personales de la víctima y circunstancias del siniestro.
Así, pues, la intensidad de la colisión, por si misma, no puede erigirse en criterio definitorio, como tampoco lo es el informe de biomecánica evacuado al respecto.Mucho más, si tenemos en cuenta que de ordinario se construyen a partir de meras hipótesis sobre las circunstancias del siniestro y-o sobre datos que no han sido debidamente introducidos en el proceso a través de medios que permitan su contradicción, como serían los interrogatorios de partes y testigos."
Aunque temporalmente no es aplicable al caso que nos ocupa (DT única del RDL), el Artículo 135 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre ( RCL 2004, 2310 ) , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, sin embargo recoge y positiviza criterios jurisprudenciales las resoluciones judiciales habían venido contemplando, por lo que lo consideraremos a tales efectos merecedor de ser tenido en cuenta a la hora de resolver esta litis.
Pues bien, de estos cuatro factores únicamente queda en entredicho el cuarto, y es además hasta cierto punto dudoso en la medida que los cálculos de los técnicos están realizados sobre el estudio de las facturas que no de la visualización de los vehículos; además los otros tres tienen una presencia muy fuerte incluido la objetivación de la lesión en la perjudicada cual es la existencia de contracturas que ya fueron apreciadas el mismo día del siniestro en el Sanatorio Domínguez. Si a lo anterior se une que el seguimiento del centro médico se hizo con regularidad a la lesionada, que se ordenó continuar el tratamiento rehabilitador por un tercero ajeno a las vicisitudes de las partes litigantes, no podemos aceptar la tesis de la Cía. recurrente únicamente con fundamento en la "levedad del daño material", que lo fue lo que condujo a sostener la tesis de la parte apelante, imponiéndose la confirmación de la resolución a quo.
Desde la perspectiva expuesta, la Sala llega a idéntica conclusión que la sentencia apelada, perfectamente motivada y con la que coincidimos plenamente. Añadiremos además, que cuenta con el testimonio de la acompañante de la apelada en el sentido de que efectivamente la acompañó a casa porque se encontraba mareada, para acudir a continuación a la suscripción del parte amistoso de accidente; se objetiviza la contractura en el Sanatorio Domínguez y por el fisioterapeuta que la trata en 24 sesiones que también identificó como secuenciales al accidente; frente a ello la declaración Don. David no llega a desvirtuar la conclusión de condena toda vez que solo se funda para negar el nexo causal en el criterio de la intensidad del siniestro, pero sin considerar tampoco que éste tuvo lugar por alcance de adelante a atrás, esto es que la conductora no contaba con la protección del reposacabezas que sí protege en el del alcance trasero.
En virtud de lo dispuesto en el Art. 398 de la LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación, se aplicarán en cuanto a las costas del recurso lo dispuesto en el Art. 394. En caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes.
Que desestimando el Recurso de Apelación formulado por Catalana Occidente SA representada por el Procurador D. Gabriel Santos Conde contra la Sentencia dictada en los autos de Juicio Verbal nº 510/14 por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Cambados, la debo confirmar y la confirmo con imposición de las costas a la apelante.
Así lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. Magistrada de la Secc. Primera de la AP Pontevedra Dª MARIA BEGOÑA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.
SENTENCIA IMPORTANTE SOBRE UN ACCIDENTE DE TRÁFICO CON LESIONES CERVICALES Y POCOS DAÑOS EN EL VEHÍCULO
Abogados Accidentes Madrid el 02-06-2016, 20:52 (UTC)
Primero.- El Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Gijón, dictó en los referidos autos Sentencia de fecha 23-6-09, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Que estimando en parte la demanda formulada por el Procurador en nombre y representación de , contra , debo condenar y condeno a la demandada a indemnizar al actor en la cantidad de 18.766,34 €, la cual se verá aumentada con la aplicación de un interés anual igual al legal del dinero incrementado en un 50
esde la fecha de producción del siniestro (23-6- 2005), siendo del 20
nual transcurridos dos años desde esa fecha, sin hacer imposición de las costas causadas en este procedimiento."
Segundo.-Notificada la anterior Sentencia a las partes, por la representación de , se interpuso recurso de apelación, que fue impugnado por la representación procesal de ", y admitido a trámite se remitieron a esta Audiencia Provincial, donde se registró al Rollo n.º 468/09, y cumplidos los oportunos trámites, se señaló para la deliberación y votación del presente recurso el día 2 de marzo de 2010.
Primero.-El demandante, D , ejercita en el presente procedimiento acción contra la aseguradora, en reclamación de cantidad 131.481,92 €(por incapacidad temporal, secuelas, y factor de corrección por secuelas que inhabilitan al incapacitado para la realización de la ocupación o actividad habitual (pescador) y gastos de asistencia sanitaria), más intereses; como indemnización por los daños y perjuicios sufridos en accidente de circulación el 23 de junio de 2005, al resultar colisionado por alcance el vehículo N-....-NG, en el que iba de ocupante el actor, por otro vehículo, que a su vez había sido colisionado por el vehículo....-....-XD, asegurado en la entidad Munat Seguros y Reaseguros S.A., aseguradora adquirida por la demandada Pelayo Mutua de Seguros, al no respetar este ultimo vehículo la distancia de seguridad. La sentencia dictada en primera instancia estima parcialmente la demanda y condena a la demandada a abonar al actor 18.766,34 € (12.270 €, incluido el 10
e factor de corrección, por 265 días de incapacidad temporal, 6.496,34 € por secuelas, agravación de artrosis previa cervical (5 puntos) y a nivel lumbar (3 puntos) incluido el 10
e factor de corrección), más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, si hacer expresa imposición de las costas causadas.
Sentencia frente a la que se interpone recurso de apelación la parte demandante, impugnando, en primer lugar, la indemnización concedida de solo 3 puntos por la secuela de agravación de artrosis previa a nivel lumbar, interesando se eleve a 5 puntos y, en consecuencia a 7.595,50 € la indemnización por secuelas, más el 10
el factor de corrección, y, segundo, la no concesión de cantidad alguna por factor de corrección por incapacidad permanente total para su actividad habitual (pescador), reconocida que le ha sido por sentencia firme dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Asturias de fecha 3 de octubre de 2008, por accidente no laboral, alegando que con anterioridad al accidente de trafico sus previas patologías degenerativas vertebrales le permitían la realización de las tareas propias de su profesión de pescador, siendo el accidente de trafico sufrido el desencadenante de la sintomatología incapacitante, como se expresa en la sentencia de la Sala de lo Social, siendo unánime las distintas Secciones de esta Audiencia en reconocer el factor de corrección por incapacidad permanente total con la concurrencia de dolencias preexistentes, aplicando como elemento corrector las dolencias preexistentes de conformidad con el apartado 1.7 del Sistema para la Valoración de los daños y Perjuicios Causados a las Personas en accidentes de Circulación, citando al efecto sentencias de las Secciones 6.ª, 5.ª y 1.ª de esta Audiencia, solicitando como indemnización por dicho factor de corrección la cantidad de 38.819,56 € y/o subsidiariamente la que se estime pertinente; manteniendo el resto de los pronunciamientos de la sentencia inatacados.
Por su parte, la aseguradora demandada se opone al recurso de apelación e impugna la sentencia, alegando, primero, error en la apreciación de la prueba, en cuanto al establecimiento de un nexo causal entre el accidente viario y el posterior proceso médico que da lugar a la reclamación postulada en la demanda, nexo causal que no ha quedado acreditado, inexistencia de nexo causal que lo basa la impugnante en la escasa entidad de la colisión, documentación medica existente y en el iter medico del actor posterior a los hechos, y segundo, que no procede la imposición de los intereses moratorios.
Segundo.-Alega el apelante, en su primer motivo, se eleve a 5 puntos la secuela de "agravación de artrosis previa a nivel lumbar", dada por el perito judicial Dr. Valentín, quien examinó y exploró al lesionado, cosa que no hizo el perito de la demandada, Sr. Juan Manuel. Entiende el recurrente que, bien se estime la secuela como agravación de artrosis previa a nivel lumbar, siguiendo al perito de la demandada, o bien, como cuadro clínico derivado de protusiones discales lumbares sin operar, para el perito judicial, es mas ajustada la valoración de 5 puntos, al haber aparecido incluso nuevas lesiones a nivel de columna lumbar con ocasión del siniestro, presentando signos de enervación aguda en músculos dependientes de raíz S1 izquierda en la electromiografia realizada el 11 de octubre de 2005, mientras que antes del siniestro solamente presentaba signos ocasionales de denenervación en los músculos extensor común de los dedos y extensor del dedo gordo izquierdo (electromiografia de 18 de enero de 2001), resultando en cualquier caso una desestabilización y agravación del previo proceso degenerativo de la zona lumbar con ocasión del siniestro, como reconoce la sentencia de la Sala de lo Social que declaró la incapacidad permanente total del recurrente para su trabajo habitual.
Motivo que se desestima por los propios razonamientos contenidos en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia apelada, no desvirtuados por las argumentaciones de la recurrente. Pues si bien el siniestro agravó un cuadro clínico degenerativo previo en la columna lumbar que ya sufría el recurrente, como ya se indica en la recurrida, sin embargo, el mismo no reviste la gravedad que pretende el recurrente valorando la secuela en su puntuación máxima de 5 puntos, pues si bien con anterioridad la accidente podía realizar las actividades propias de pescador, y ahora no, eso no es consecuencia solamente del accidente, sino también del previo proceso degenerativo que también sufría. Pues bien, en atención a dichas circunstancias, y a que, como ya se expresa en la sentencia de instancia, el perito judicial, Don. Valentín, no ha tenido en cuenta los antecedentes de la historia clínica del lesionado, donde consta que se trata de un paciente con actitud escoliótica lumbar tratado con fisioterapia y controles periódicos-informe de 20-01-1988 (folio 208) conocido por lumbalgia tras accidente laboral, y realizado TAC lumbar, se constató la existencia de hernia discal L4-L5 y L5-S1 izquierdas-informe 29-10-2000 (folio 199), con lo cual el accidente sufrido solo ha agudizado la citada artrosis previa a nivel lumbar que sufría, y como tal ha de calificarse dicha secuela, máxime cuando el recurrente acepta dicha secuela como valida, cuando en su demanda no se establecía como secuela la de agravación de artrosis previa sino la de cuadro clínico derivado de protusiones discales lumbares sin operar. Con lo cual, la valoración en su grado medio, de 3 puntos, de la sentencia de instancia parece correcta, dados los importantes antecedentes degenerativos de la columna lumbar del recurrente.
En segundo lugar, pretende el apelante, que, le sea reconocido el factor de corrección por incapacidad permanente total, solicitado en su demanda, por secuelas que le inhabilitan para la realización de su ocupación habitual(pescador), reconocido que le ha sido tal grado de invalidez por Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, denegado que le ha sido en primera instancia por estimar el juzgador "a quo" que las lesiones permanentes derivadas del siniestro no son el origen ni la causa inmediata del estado patológico que sirvió de base para llegar a la declaración de incapacidad permanente total. Estimando el recurrente que dicho factor de corrección es de aplicación, sin perjuicio de la aplicación del factor de corrección por la concurrencia de incapacidades preexistentes, previsto que está en el apartado 1.7 del Sistema para la Valoración de los Daños y Perjuicios Causados a las Personas en Accidentes de Circulación, y solicita que se le conceda con ello una indemnización por importe de 38.819,56 €. Motivo que se estima en parte. Pues si bien es cierto que, dichas lesiones no son la causa única de la incapacidad laboral permanente total para su ocupación laboral habitual (pescador) reconocida al recurrente, por cuanto para su declaración se ha tenido en cuenta, la patología degenerativa artrósica previa al accidente que presentaba el recurrente, una cervicoartrosis con discopatía y pinzamiento parcial C5-C6, y una lumboartrosis con discopatía y pinzamiento neto L5-S1, con protusión central L4-L5 y paramediana izquierda, y L5-S1 con posible contacto raíz S1 izquierda, sin embargo, también ha quedado acreditado que el accidente sufrido ha producido una agravación de dichos padecimientos que han desencadenado la incapacidad reconocida al recurrente. Con lo cual, probado que el accidente ha influido en la situación de incapacidad para la ocupación habitual (pescador) del demandante, pero también su anterior situación, proceso astrosito degenerativo cervical y dorso lumbar que sufría, situación preexistente y ajena al accidente, es de aplicación al caso lo establecido en el apartado Primero. 7 del Anexo que fija el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, según el cual en los supuestos de indemnizaciones por lesiones permanentes la presencia de incapacidades preexistentes o ajenas al accidente pueden operar como factor de corrección de disminución, de la suma que por este factor correspondería al perjudicado si aquellas no concurriesen. En consecuencia, procede reconocer al demandante el factor de corrección de incapacidad permanente total para su ocupación o profesión habitual, pero reducido a un 30
e la cuantía máxima establecida (77.639,12 €) en la Tabla IV para el caso de incapacidad permanente total con secuelas permanentes que impidan totalmente la realización de de las tareas de la ocupación o actividad habitual del incapacitado, fijada por la Resolución de 7-2-2005 de la Dirección General de Seguros, de aplicación al caso, es decir, en la cantidad de 23.291,74 €, en razón a la concurrencia en su resultado de otras circunstancias o factores ajenos al accidente, de relevancia notoria. Cantidad que sumada a la ya reconocida en la sentencia apelada, eleva a 42.058,08 €, la indemnización total a recibir por el demandante, por todos los conceptos, y en dicho sentido se revoca la misma.
Tercero.-Por su parte la apelada impugna la sentencia, en primer lugar, alegando que no ha quedado acreditada la existencia de relación de causalidad entre el accidente y el posterior proceso médico que da lugar a la reclamación que se postula en la demanda. Razonando en su apoyo que, la escasa entidad de la colisión, que revela los 136,23€ a que ascendieron los daños en el vehículo ocupado por el actor, golpe secundario por alcance, no tiene la fuerza ni la entidad suficiente para desencadenar las dolencias pretendidas, como lo respalda también la documentación medica unida a las actuaciones, teniendo el proceso medico descrito en la demanda su origen su causa en el accidente sino en una clara etiología ajena al mismo y en relación con la patología degenerativa y constitucional del demandante.
Motivo que se desestima, por los propios razonamientos contenidos los fundamentos de derecho primero y segundo de la sentencia apelada, que la Sala comparte y tiene por reproducidos, que no han sido desvirtuados por las argumentaciones de la impugnante. Pues en primer lugar, en relación con la escasa entidad de la colisión que alega, la intensidad del impacto no es directamente proporcional a la gravedad de las lesiones vertebrales que se pueden producir, pues dependerá en gran medida la posición que tenga el lesionado en el momento de la colisión y del apercibimiento o no del impacto. Por otro lado, lo cierto es que por las lesiones por las que fue atendido el mismo día del accidente en urgencias del hospital de Cabueñes fue diagnosticado de cervicalgia y dorso-lumbalgia postraumática, y se le indica tratamiento con reposo y antiinflamatorios. Lesiones muy frecuentes en colisiones de tráfico por alcance, sin necesidad de que se trate de colisiones violentas.
Igualmente la documental medica obrante en las actuaciones, en contra de lo que sostiene la recurrente si acredita la existencia de relación de causalidad o nexo causal entre el accidente y el resultado lesivo producido, con independencia de que el demandante presentara un proceso degenerativo artrósico a nivel lumbar (historia clínica), como así mismo cervical, aunque este último se encontrara asintomático, como pusieron de relieve las RM que posteriormente se le realizaron, sin que ese nexo de causalidad se rompiera, como pretende el recurrente, por el hecho de que no se le diera de baja hasta pasados sesenta y cuatro días, pues la agudización de esa patología previa se produce como consecuencia del traumatismo del accidente, incluso la propia pericial de la demandada reconoce como secuelas derivadas del accidente "agravación de artrosis previa al traumatismo", y la sentencia dictada por la Sala de lo Social igualmente entiende que la contingencia determinante de la situación de incapacidad del actor ha sido el accidente no laboral (accidente de trafico de 23 de junio de 2005) revocando la sentencia del Juzgado de lo Social que confirmaba la resolución administrativa del INSS que declaraba como contingencia determinante de la situación de incapacidad la enfermedad común. En el mismo sentido el perito judicial, Don. Valentín, ha ratificado que las lesiones derivadas del accidente, cervicalgia y dorso-lumbalgia postraumáticas, agravaron aquella patología previa del demandante.
En segundo lugar, impugna la recurrente la imposición en la sentencia de los intereses del art. 20 de la LCS al considerar que no estamos ante una causa justificada del apartado 8 del citado artículo. Impugnación que basa en las circunstancias que rodean al siniestro, como la entidad del impacto que orientan a la inexistencia de daños personales, la dilación en comunicar a la aseguradora la existencia del lesionado, imposibilidad de ser examinado el demandante por los servicios médicos de la aseguradora y la injustificada dilación en someter la controversia a criterio judicial y desorbitada pretensión de indemnización, lo que a entender de la recurrente hace que no estemos ante un supuesto merecedor de los intereses punitivos. Impugnación que se rechaza, por los propios razonamientos contenidos en fundamento de derecho quinto de la sentencia recurrida, que se dan por reproducidos; que no han quedado desvirtuados por las argumentaciones de la recurrente, mera reiteración de sus alegaciones en el escrito de contestación a la demanda.
Pues en el caso, la demandada, aseguradora del vehículo responsable del accidente (inicialmente Munat, adquirida por la demandada) ha incumplido, su obligación de abonar al perjudicado el "importe mínimo" que le imponen los números 2 y 3 del citado art. 20 LCS. Pago del importe mínimo para cuyo determinación, en supuestos como el de autos de daños personales causados en accidente de circulación están baremados en el Anexo de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, Real Decreto legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y por ello no precisan de decisión judicial previa. Obligación de la pronta liquidación del siniestro, cuando menos en el importe mínimo, la impugnante no ha cumplido, al no haber efectuado pago o consignación de importe alguno dentro del plazo de tres meses tras la ocurrencia del accidente, ni tampoco, lógicamente, solicitó declaración judicial de suficiencia, como exige para la no imposición de intereses en estos supuestos el art. 9 de la LRCSCVM, y anteriormente, a la fecha de ocurrencia del siniestro, la Disposición Adicional de la Ley 30/95, de 8 de noviembre, según la redacción dada a la misma por la Disposición Final 13.ª de la LEC.
Imposición de intereses de demora a la aseguradora que el apartado 8.º del art. 20 de la LCS solamente los excluye "...cuando la falta de satisfacción de la indemnización o del pago del importe mínimo este fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable". Causa justificada que ha de quedar constatada "objetivamente", en cuanto a su existencia, pues obviamente no puede depender del criterio o arbitrio subjetivo de la aseguradora, como pretende la impugnante. Pues se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo (art. 20.3 LCS), y será término inicial del cómputo de dichos intereses la fecha del siniestro (art.20.6.º). La obligación que se impone a la aseguradora es la de hacer lo procedente para cumplir su obligación de cobertura de la indemnización cuando tenga conocimiento de la existencia del siniestro del que pudiera aparecer responsable su asegurado, debiendo la aseguradora actuar desde entonces, sin tener que esperarse a que el perjudicado la haga la reclamación. Esta obligación del asegurador se recoge en el art. 7.2, párrafo 4.º del texto refundido, RD 8/2004, a cuyo tenor: "El asegurador deberá observar desde el momento en que conozca por cualquier medio la existencia del siniestro una conducta diligente en la cuantificación del daño y la liquidación de la indemnización". La aseguradora en cuanto tome conocimiento de ello debe proceder a llevar a cabo la actuación obligatoria de averiguar quiénes son los perjudicados y, en su caso, posible afectación de daños y perjuicios, a fin de proceder a la consignación para entrega al perjudicado. La aseguradora no debe trasladar en su totalidad al perjudicado a que reclame, ya que aunque es cierto que el art. 7.2 del RD 8/2004, modificado por la Ley 21/2007, ahora incluye una actitud concreta del perjudicado de proceder a efectuar una reclamación en forma a la aseguradora haciendo constar su identificación, posible cuantificación del daño y aportación de informes o documentos de que disponga, esta circunstancia no exonera a la aseguradora de actuar de forma diligente. En este sentido, de tener conocimiento de la existencia del siniestro, por ejemplo, por comunicación del asegurado, tiene obligación de actuar, y si así no lo hace se producirá el devengo de intereses. Pues
Tampoco la mera existencia de un proceso judicial no constituye por si solo causa justificada para no imponer a la aseguradora los intereses previstos en el art. 20 de la LCS, que no ha cumplido con las prestaciones establecidas en dicho precepto legal, salvo que se aprecie una auténtica necesidad de acudir a él para resolver una situación de duda o incertidumbre racional, que no es este el caso. Ni tampoco la constituye la iliquidez de la deuda en sí misma, pues, como precisan las SSTS de 11 de octubre de 2007 y 10 de octubre de 2008, entre otras,"...el derecho a la indemnización nace con el siniestro, y la sentencia que finalmente fija el "quantum" tiene naturaleza meramente declarativa, no constitutiva, es decir, no crea un derecho "ex novo" sino que se limita a determinar la cuantía de la indemnización por el derecho que asiste al perjudicado desde que se produce el siniestro cuyo riesgo es objeto de cobertura. No se trata, en definitiva, de la respuesta a un incumplimiento de la obligación cuantificada o liquidada en la sentencia, sino de una obligación que es previa a la decisión jurisdiccional, que ya le pertenecía y debía haberle sido atribuido al acreedor". El empleo de una mínima diligencia le habría bastado para obtener datos bastantes como para haber cumplido con su obligación de pagar o consignar una cantidad suficiente, pues, en otro caso, se llegaría al absurdo de que bastaría con que el asegurador discuta formalmente su obligación de indemnizar para que se viese eximido de ella.
Cuarto.-En cuanto a las costas procesales causadas en ésta instancia, no procede hacer expresa imposición en cuanto al recurso de apelación interpuesto, estimado que es en parte, y se impondrán a la demandada las causadas por el recurso, vía de impugnación, interpuesto por al misma, desestimado que es, art. 398-2 de la LEC.
En atención a lo expuesto, este Tribunal dicta el siguiente,
Estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de D Eulalio, y desestimando el interpuesto, vía de impugnación, por la representación de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros, S.A., contra la Sentencia de 23 de junio de 2.009 dictada en autos de Procedimiento Ordinario n.º 38/09, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Gijón, se revoca dicha Sentencia, en el único sentido de fijar en 42.058,08 € la cantidad a abonar por la demandada al actor; confirmando los demás pronunciamientos. Sin hacer expresa imposición de las costas procesales causadas por el recurso de apelación interpuesto, e, imponiendo las de la impugnación a la demandada.
APLICACIÓN DEL FACTOR DE CORRECCION POR PERJUICIOS ECONÓMICOS SOBRE LOS DÍAS DE CURACIÓN Y SECUELAS EN ACCIDENTES DE TRÁFICO
Abogados Por tu indemnización el 01-06-2016, 07:49 (UTC)
ALICACIÓN DEL FACTOR DE CORRECCIÓN POR PERJUICIOS ECONÓMICOS (TABLA IV Y V):
El Baremo aplicable a las lesiones sufridas como consecuencia de un accidente con motivo de la circulación de vehículos de motor determina en el correspondiente ANEXO:
Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes:
Hasta 28.758,81 euros (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta el 10.
De 28.758,82 a 57.517,60 euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Del 11 al 25.
De 57.517,61 hasta 95.862,67 euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Del 26 al 50.
Más de 95.862,67 euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Del 51 al 75.
(1)	Se incluirá en este apartado cualquier víctima en edad laboral, aunque no se justifiquen ingresos.
Indemnizaciones por incapacidad temporal (compatibles con otras indemnizaciones):
Hasta 28.758,81 euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta el 10.
De 28.758,82 a 57.517,60 euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Del 11 al 25.
De 57.517,61 hasta 95.862,67 euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Del 26 al 50.
Más de 95.862,67 euros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Del 51 al 75.
El TS y nuestra jurisprudencia menor a lo largo de distintas sentencias ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la aplicación de dicho factor de corrección sobre las lesiones temporales y secuelas determinado que se debe de incrementar en 10 por ciento indemnización por incapacidad temporal y secuelas como factor de corrección por perjuicios económicos aunque no se justifiquen ingresos si se está en edad laboral.
En el ámbito de la jurisprudencia menor, la Sentencia de AP A Coruña nº 182/11, de 28 de abril, se pronuncia sobre la finalidad de este factor de corrección y qué es lo que se quiere indemnizar con el mismo, y es "la presunción legal de la existencia de posibles y futuros perjuicios económicos vinculados a la limitación que conlleva la secuela siempre que la víctima se encuentre en edad laboral, sin necesidad de justificar la realidad de unos ingresos derivados del trabajo personal al tiempo del accidente". Es decir, se presume que las secuelas declaradas probadas son una limitación para el ejercicio de una actividad profesional en un futuro, por ello se aplica a quien está en edad laboral, y ello aunque no trabaje, es decir ad cautelam y respecto de un futuro.
El TS en la sentencia de la Sala 1ª, nº 599/2011, de 20 de julio (EDJ 2011/204900), el perjudicado reclamó tanto el factor corrector por lesiones temporales y permanentes. En este punto, el TS deja bien claro que el sistema de ambos factores correctores por perjuicios económicos, en lesiones temporales y permanentes, es muy distinto. El factor corrector por lesiones temporales para su aplicación, no sólo exige estar en edad laboral sino acreditar ingresos como esta parte ha realizado; en el factor corrector por lesiones permanentes basta sólo con estar en edad laboral para percibirlo, al menos hasta el 10 l primer tramo. En mismo sentido determina la posterior sentencia de la Sala 1ª, nº 289/2012, de 30 de abril de 2012 (Número Recurso: 1703/2009) que supone la reiteración de la doctrina fijada en SSTS de 18 de junio de 2009, RC n.º 2775/2004 y 20 de julio de 2011, RC n.º 820/2008 en cuyo FUNDAMENTO JURÍDICO TERCERO estableció: “En atención a esta doctrina no puede ser aceptada la decisión de la AP desde el momento que condiciona la concesión del factor corrector por perjuicios económicos de la Tabla V a que se prueben ingresos y por ende perjuicios superiores a los ya resarcidos con la suma concedida como indemnización básica. Por el contrario, la mera circunstancia acreditada en autos de que el actor se encontraba en edad laboral cuando ocurrió el accidente justifica el reconocimiento del derecho a que la indemnización básica por la incapacidad temporal sea incrementada con el factor corrector por perjuicios económicos, aun cuando no lograra probar de forma concreta sus ingresos, pues esta circunstancia solo se valora por esta Sala como razón para considerar suficiente y proporcionado el porcentaje de incremento del 10
La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 11ª), en la sentencia de 22 de mayo de 2014 declaró:
"En cuanto a la posibilidad de aplicar o no el factor de corrección del 10 por ciento de la Tabla V del Baremo, vemos que en la Sentencia apelada se excluye la aplicación de dicho factor de corrección en lo que se refiere a secuelas. Sin embargo, este tribunal -a la vista de la STC 181/2000 y de la STS 289/2012, de 30 de abril ( RJ 2012, 5135 ) - entiende que el factor de corrección previsto en el apartado B) de la Tabla V del Baremo es aplicable en los casos de incapacidad transitoria (como es el caso presente), sin necesidad de prueba especial dado que se aplica en su nivel mínimo (10� Dice la STS de 30 de abril de 2012 , "la mera circunstancia acreditada en autos de que el actor se encontraba en edad laboral cuando ocurrió el accidente justifica el reconocimiento del derecho a que la indemnización básica por la incapacidad temporal sea incrementada con el factor corrector por perjuicios económicos, aun cuando no lograra probar de forma concreta sus ingresos, pues esta circunstancia solo se valora por esta Sala como razón para considerar suficiente y proporcionado el porcentaje de incremento del 10�.
También Audiencia Provincial de Madrid en la sentencia de 1 de junio de 2015, invocando la STS de 30 de abril de 2012, se expresa:
"Sobre esta cuestión cabe citar la Sentencia Tribunal Supremo Sala 1ª, de 30-4-2012, (nº 289/2012, rec. 1703/2009. Pte: Xiol Ríos, Juan Antonio), que argumenta: "A) Según declara la STS de 25 de marzo de 2010, RC núm. 1741/2004 EDJ2010/26264, la STC 181/2000 EDJ2000/13213 declaró la inconstitucionalidad del apartado B) de la Tabla V del Anexo de la LRCSCVM, entre otras razones, por no ser apto para atender la pretensión de resarcimiento por lucro cesante de las víctimas o perjudicados con arreglo a la prueba suministrada en el proceso e infringirse, con ello, el derecho a la tutela judicial efectiva. (…) . Por el contrario, cuando se trate de resarcir daños ocasionados sin culpa, es decir, con base en la responsabilidad civil objetiva del art. 1.2LRCSCVM , la indemnización por perjuicios económicos establecida en la Tabla V B) operará como un límite vinculante. Con relación a los presupuestos que han de darse para su aplicación, si bien cuando de secuelas se trata (Tabla IV) el Sistema impone aplicar el factor de corrección por perjuicios económicos a toda víctima en edad laboral, aunque no se prueben ingresos , esta previsión no aparece en relación a los perjuicios económicos ligados a incapacidad temporal (Tabla V), lo que ha dado lugar a que diversas Audiencias Provinciales hayan venido exigiendo para que proceda su aplicación que se acredite que se está realizando actividad laboral en el momento del siniestro, así como los ingresos derivados de la misma, aun cuando la falta de prueba sobre estos no provoque que no se conceda, sino únicamente su aplicación en su tramo inferior, es decir, hasta un 10 POR CIENTO.
En el mismo sentido resuelve la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 10ª) Sentencia núm. 123/2016 de 25 febrero, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 11ª) Sentencia núm. 202/2015 de 7 julio y la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 21ª) Sentencia núm. 86/2015 de 4 marzo.
SENTENCIA RECIENTE DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID SOBRE LOS INTERESES DE DEMORA EN ACCIDENTES DE TRÁFICO
Abogados accidentes Madrid Por tu indemnización	el 27-05-2016, 14:32 (UTC)
De conformidad al artículo 20 Ley Contrato de Seguro " 3.º Se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro", lo que se desarrolla en el RDLeg. 8/2004 de 29 Octubre ( RCL 2004, 2310 ) (texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor), en sus artículos 9 y 7 referidos a la mora del asegurador.
De igual modo, hemos de traer a colación la jurisprudencia reiterada acerca del artículo 20.8 LCSeguro, respecto a cómo debe interpretarse la dicción "causa justificada".
A tales efectos la STS 12 de noviembre de 2015 ( RJ 2015, 5310 ) recurso 1585/2013 "Esta Sala viene declarando: Diversas sentencias de esta Sala han ido configurando las causas de mora de las aseguradoras: la sentencia de 8 de noviembre de 2004, señala que la Sala tiene declarado que "carece de justificación la mera oposición al pago ( sentencias de 7 de mayo de 2001 y 25 de abril de 2002 ), así como las maniobras dilatorias por parte de la entidad aseguradora, como negar la existencia del contrato ( sentencia de 3 de noviembre de 2001 )"; sentencia de 10 de diciembre de 2004 dice que "cuando la mora este fundada «en una causa justificada » como acontece si no están determinadas las causas del siniestro, (determinación necesaria para saber si está o no comprendido dentro de la cobertura del asegurador), si se desconoce razonablemente la cuantía de la indemnización que ha de ser fijada por el asegurador, si determinadas las causas del siniestro (por ejemplo, que el incendio ha sido provocado) surgen claras sospechas de que pueda haber sido ocasionado por el propio asegurado, etc." (en el mismo sentido, la sentencia de 22 de octubre de 2004 ). También la sentencia de 7 de mayo de 2001 afirma que "tan sólo se evita la sanción si el retraso es por causa justificada o por causa no imputable a la sociedad aseguradora ( sentencia de esta Sala nº 234 de 2006 de 14 de marzo ) . Más recientemente ha declarado la Sala: Según elartículo 20.8 de la LCS , el recargo de los intereses por mora del asegurador tiene lugar cuando no se produce el pago de la indemnización por causa no justificada o imputable a la aseguradora. En su interpretación, tanto en su primitiva redacción, como en el texto vigente dado por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre ( RCL 1995, 3046 ) , esta Sala ha declarado en reiteradas ocasiones que la indemnización establecida en elartículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro tiene desde su génesis un marcado carácter sancionador y una finalidad claramente preventiva, en la medida en que sirve de acicate y estímulo para el cumplimiento de la obligación principal que pesa sobre el asegurador, cual es la del oportuno pago de la correspondiente indemnización capaz de proporcionar la restitución íntegra del derecho o interés legítimo del perjudicado. La mora de la aseguradora únicamente desaparece cuando de las circunstancias concurrentes en el siniestro o del texto de la póliza surge una incertidumbre sobre la cobertura del seguro que hace precisa la intervención del órgano jurisdiccional ante la discrepancia existente entre las partes al respecto, en tanto dicha incertidumbre no resulta despejada por la resolución judicial, nada de lo cual se da en el caso ( SSTS 13 de junio de 2007 ; 26 de mayo y 20 de septiembre 2011 ). STS, Civil Sección 1 del 25 de Enero del 2012, recurso: 455/2008 . Sobre la incertidumbre también ha declarado la Sala que no la integra la mera discrepancia en las cuantías reclamadas STS 17 de mayo de 2012 ( RJ 2012, 6353 ) , rec. 1427/2009 ", y STS 15 de octubre de 2015 recurso 2102/2013 "A la hora de determinar qué ha de entenderse por causa justificada a los efectos de la aplicación de la regla octava del artículo 20LCS , en la redacción dada por la Disposición Adicional sexta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados , esta Sala (entre otras, SSTS de 17 de octubre de 2007, RC n.º 3398/2000 ; 18 de octubre de 2007, RC n.º. 3806/2000 ; 6 de noviembre de 2008, RC n.º 332/2004 ; 16 de marzo de 2010, RC n.º 504/2006 ; 7 de junio de 2010, RC n.º 427/2006 ; 29 de septiembre de 2010, RC n.º 1393/2005 ; 1 de octubre de 2010, RC n.º 1314/2005 ; 17 de diciembre de 2010, RC n.º 2307/2006 y 11 de abril de 2011, RC n.º 1950/2007 ) ha seguido una línea interpretativa que ha llevado a excluir su apreciación cuando carece de justificación la oposición al pago frente a la reclamación del asegurado o perjudicado aunque se formule en un proceso judicial, pues la razón del mandato legal radica en evitar el perjuicio que para aquellos deriva del retraso en el abono de la indemnización y en impedir que se utilice el proceso como instrumento falaz para dificultar o retrasar el cumplimiento de la expresada obligación, sin que lo expuesto impida que la aseguradora pueda obtener de forma efectiva su tutela jurídica en el pleito, que, de prosperar su oposición, conllevará la devolución de la cantidad satisfecha o previamente consignada, por ser total o parcialmente indebida".
SENTENCIA RELEVANTE EN ACCIDENTE DE TRÁFICO EN MADRID SOBRE EL VALOR VENAL EN CASO DE SINIESTRO TOTAL DEL VEHÍCULO.
Abogados accidentes Madrid Por tu indemnización el 27-05-2016, 14:22 (UTC)
La sentencia reconoce el valor venal más 30
e valor de afección.
Recurso de Apelación 132/2014
JUZGADO DE PROCEDENCIA: Juzgado Mixto nº 4 de San Lorenzo de El Escorial
En Madrid, a diez de julio de dos mil catorce.
La Sección Duodécima de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, ha visto en grado de apelación los presentes autos de Juicio Verbal 864/2012 seguidos en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de San Lorenzo de El Escorial a instancia del demandante/apelante D./Dña. representado por el/la Procurador D./Dña. como demandado/apelado MUTUA MADRILEÑA, representado por el/la Procurador D./Dña. todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 29/10/2013 .
PRIMERO.- Por Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 04 de San Lorenzo de El Escorial se dictó Sentencia de fecha 29/10/2013 , cuyo fallo es el tenor siguiente: Que debo desestimar y desestimo la demanda formulada por el Procurador don , en nombre y representación de DON , contra la entidad MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA, representada por la Procuradora y, en consecuencia, debo absolver y absuelvo a la demandada de todos los pedimentos efectuados en su contra. Ello ha de entenderse con expresa imposición a la parte actora de las costas procesales causadas"
Notificada dicha resolución a las partes, por el demandante se interpuso recurso de apelación, alegando cuanto estimó pertinente, que fue admitido en ambos efectos, dándose traslado del mismo a la parte contraria que se opuso a dicho recurso.
SEGUNDO.- Remitidos los autos originales del juicio a este Tribunal, se formó el correspondiente rollo de Sala, numeró, registró y turnó la ponencia, quedando pendiente de señalamiento para dictar sentencia, señalándose después para ello el pasado día 9 de julio del actual.
.- La presente apelación tiene su origen en la demanda presentada por D. contra la aseguradora MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA en reclamación del importe de los daños y perjuicios ocasionados a consecuencia del accidente de circulación ocurrido el día 3 de mayo de 2.011, en el municipio de El Escorial. En dicha demanda se reclamaba, con carácter principal, el importe de 4.222,45 Euros más el IVA correspondiente, a que ascendía el presupuesto de reparación, y subsidiariamente el importe de 2.739 Euros como valor de adquisición del bien.
La Sentencia dictada desestimó las pretensiones de la demanda, siendo ahora apelada por D. , invocando en apoyo de su recurso la infracción de lo dispuesto en los artículos 1.902 CC ( LEG 1889, 27 ) y artículo 1 del Texto Refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro de la Circulación de Vehículos a Motor , considerando que, no negado el accidente por la seguradora demandada, la Juzgadora de Instancia debió haber indemnizado al apelante en cualquiera de las cuantías señaladas o bien, haber aplicado el valor venal del vehículo más el valor de afección.
La parte apelada se opone al recurso. Insiste en la falta de legitimación activa del apelante puesto que no ha acreditado ser el propietario del vehículo y considera que la última de las peticiones del recurso altera la causa de pedir, siendo una pretensión nueva no efectuada en primera instancia.
.- Respecto a esta última cuestión, efectivamente se trataría de una petición nueva no formulada en primera instancia, que afectaría procesalmente a las consecuencias de un pronunciamiento estimatorio de la demanda, concretamente a la condena en costas. Sin embargo, y aun debiendo rechazarse en tales términos, ello no implica que la Juzgadora de Instancia no pudiera haber acogido algún extremo de la reclamación indemnizatoria, o ajustarlo a lo que considerara conveniente, moderando la indemnización ( art. 1.103 CC ( LEG 1889, 27 ) ), estimando parcialmente la demanda en su caso. Por tanto, se produciría la misma consecuencia, que si bien afectaría al eventual pronunciamiento sobre las costas, ello no implicaría alterar la causa de pedir.
Por lo que se refiere al caso, la realidad del accidente no es un hecho controvertido, tampoco la forma en que éste se produjo y en quien recayó la culpa del mismo, asegurado de la apelada. Partiendo de ello, y a la vista de las alegaciones de ambas partes, se considera que el apelante es el titular y propietario de la motocicleta siniestrada. Ello se deduce del contenido de las diligencias policiales de identificación del propietario y conductor de la motocicleta en el atestado obrante al folio 7 y siguientes, que han de presumirse veraces y frente a la que no existe prueba alguna en contrario que la desvirtúe. Por tanto, se rechaza la alegación sobre la falta de legitimación activa del apelante, invocada de contrario.
Nada afecta a la titularidad del vehículo quien haya sufragado o financiado su compra (en este caso sus padres conforme a la documentación obrante a los folios 17 y 18), ni quien sea el tomador del seguro, cuando quien aparece administrativamente como propietario y titular es el apelante, usuario de la misma. Y como propietario le asiste la legitimación activa para reclamar los daños sufridos en un bien propio, como es el caso. Ninguna relevancia tienen las alegaciones de la parte apelada en relación al uso habitual de la motocicleta, o si el precio abonado por su compra responde o no a los precios aportados por la parte demandada, puesto que lo que se abonara por ésta dependería del estado del vehículo, del concurso de la oferta y aceptación y, en definitiva, de la libertad de contratación, no obstante ser éstas cuestiones nuevas que no fueron opuestas en el acto de la vista y que se rechazan de plano.
.- En relación a la pretensión principal, se aporta un presupuesto de reparación por importe de 4.222, 45 más IVA, presupuesto de 2 de noviembre de 2.011, seis meses más tarde de acaecido el siniestro.
No resulta óbice para indemnizar el daño que, para acreditar el mismo se aporte un presupuesto, puesto que el perjudicado no puede ser obligado a sufragar una reparación cuando no cuenta con medios económicos con los que hacerle frente, lo cual debe entenderse así en este caso, dada la edad del mismo a fecha del accidente (18 años).
Por su parte, consta que se presentó reclamación ante la Mutua con fecha 16 de mayo de 2.011 de los daños del vehículo, trece días más tarde al siniestro, refiriendo los mismos (al folio 25), sin que conste actividad alguna desplegada por la aseguradora apelada en orden a tasar los daños a pesar de la citada reclamación. Por tanto, el retraso en la emisión del presupuesto no es relevante frente a la desidia de la aseguradora en intentar comprobar el daño y su cuantificación.
La cuestión esencial es que el presupuesto de reparación, atendiendo al valor de la motocicleta a fecha del accidente y conforme a la propia documentación de la aseguradora demandada en el acto del juicio (ya que no se aporta más documental por el demandante al respecto), excede patentemente del considerado valor medio de mercado de una motocicleta de similares características, 1.490 Euros, resultando la reparación antieconómica.
Así, es de aplicación el criterio jurisprudencial expuesto en la SAP Madrid, sección 14ª de fecha 22 de mayo de 2013 , que recoge que: "En cuanto a la indemnización por los daños materiales ocasionados en el turismo ..., hemos de estar al caso concreto y al daño o menoscabo patrimonial específico sufrido por el perjudicado pues, como dice la sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, sección 1ª, de 25 de octubre de 1999 , la solución pasará por una posición ecléctica, que no es otra que la conjugación de los principios básicos de la restitución y la interdicción del enriquecimiento sin causa, y la aplicación de las disposiciones del artículo 1103 del Código civil ( LEG 1889, 27 ) , y del arbitrio judicial, único medio para la obtención justa de la indemnización que corresponda al perjuicio sufrido como consecuencia del acto ilícito, del que es sujeto pasivo el perjudicado, y donde encuentra su mayor fundamento y razón de ser el arbitrio judicial como elemento moderador, pues es evidente y de tal modo lo acredita la experiencia, que las aplicaciones automáticas de elementos valorativos que no admitan la valoración de circunstancias conexas propias del caso concreto, se alzan en la gran mayoría de los supuestos como manifiestamente injustas y contrarias a la sensibilidad jurídico social que debe presidir la solución que ponga fin al proceso en que se determina la cuantía del perjuicio sufrido."
En este caso, la motocicleta no consta que haya sido reparada, ni consta que vaya a serlo a la vista del resultado de la prueba testifical prestada por el padre del apelante, ignorándose si el ciclomotor ha sido dado de baja o no. Lo que se advierte es que, la reparación resultaba y resulta antieconómica a la vista de lo abonado para su adquisición, lo que impide que pueda accederse a la pretensión indemnizatoria principal, al exceder del daño efectivamente causado al apelante.
- Respecto a la petición subsidiaria, no se comparten los argumentos de la Juzgadora de Instancia, porque partiendo de la realidad del accidente y de la producción de daños en la motocicleta a consecuencia de éste, queda acreditado el nexo causal para proceder a indemnizar al perjudicado a tenor del artículo 1.902 del Código Civil ( LEG 1889, 27 ) .
Y ello en aplicación de los principios básicos de la restitución, la interdicción del enriquecimiento sin causa, la aplicación de las disposiciones del artículo 1103 del Código civil , y del arbitrio judicial, por lo que debe estimarse el recurso en el sentido que se expone a continuación. A los fines de señalar la consecuente indemnización y a tenor de los principios enumerados, se debe partir del precio de adquisición del vehículo, comprado el 17 de julio de 2.010 (folio 18), diez meses antes del accidente, así como el precio medio de mercado de compraventa, conforme a la documentación aportada por la parte demandada y ahora apelada. Teniendo ello en cuenta, se considera el importe de 1.490 Euros como valor medio de mercado, y aun no siendo el valor calculado el valor venal del turismo, el importe señalado debe verse incrementado por el valor de afección en un 30 ya que éste caso ha implicado la pérdida del vehículo para su propietario, que tras varios años, no ha podido asumir el coste de una reparación antieconómica. Se aplica dicho valor de afección como "compensación" retributiva, próxima al daño moral, y que respondería (con independencia del destino que quiera dar a la misma), al coste de una nueva matriculación, los gastos para la adquisición de un nuevo vehículo y, en ocasiones, una parte del coste de esta nueva compra. Ello hace un total de 1.937 Euros a cuyo pago se condena a la entidad demandada, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados al apelante, a tenor del artículo 1.902 Código Civil .
Todo ello con imposición de los intereses moratorios previstos en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro , no concurriendo circunstancia alguna para eximir a la aseguradora de la mora legalmente prevista ( artículo 20.8 LCS ( RCL 1980, 2295 ) ), ni siendo atendible la argumentación de justa causa por la inconcreción de la cantidad reclamada por el apelante. Como ya se ha expuesto anteriormente, la falta de actividad desplegada por la aseguradora a fin de peritar y concretar los daños de la motocicleta, producida la reclamación, solo son imputables a ella, y a este respecto la facilidad probatoria con la que contaba la apelada era plena a tenor del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) .
Consecuentemente, se estima parcialmente el recurso, con revocación de la Sentencia de primera instancia y estimación parcial de la demanda.
.- Al amparo del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) no procede imponer las costas devengadas en primera instancia a ninguna de las partes. Las costas devengadas en esta alzada, a tenor del artículo 398 Ley de Enjuiciamiento Civil tampoco cabe imponerlas a ninguna de las partes.
Debo ESTIMAR y ESTIMO PARCIALMENTE el recurso de apelación presentado por D. contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de San Lorenzo de El Escorial, de 29 de octubre de 2.013 , en el procedimiento de juicio verbal 864/12 y, en consecuencia, revoco la Sentencia apelada, estimando parcialmente la demanda presentada por D. contra la aseguradora MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, y en su virtud:
Debo condenar y condeno a la aseguradora demandada a que abone al demandante el importe de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS (1.937 Euros) de principal, más los intereses moratorios previstos en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro a computar desde la fecha del accidente.
Sin imposición de las costas causadas en ninguna de las dos instancias.
A esta resolución le será de aplicación los intereses previstos en el artículo 576 LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) .

References: artículo 20
 resolución 
 resolución 
e contrario
 resolución 
 Artículo 135
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 20
 Resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 20
 artículo 20
 resolución 
 artículo 20
 resolución 
 artículo 1
e contrario
 artículo 1103
 artículo 1
 artículo 1103
 artículo 1
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 217
 artículo 394
 artículo 398
 artículo 20
 resolución 
 artículo 576