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Timestamp: 2019-08-18 07:32:44+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 242, de 20/05/1999
Año 1999 VI Legislatura Núm. 242
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 234
celebrada el jueves, 20 de mayo de 1999
- Real Decreto-Ley 8/1999, de 7 de mayo, por el que se modifica el artículo 10 de la Ley 53/1980, de 16 de octubre, de regulación del régimen económico de la explotación del Acueducto TajoSegura. (Número de expediente 130/000070.) («BOE», número 112, de 11 de mayo de 1999.) . . . (Página 12879)
- Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de los Países Bajos por el que se regulan los privilegios e inmunidades de los funcionarios de enlace de Europol, hecho en Madrid el 27 de enero de 1999. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 315, de 12 de abril de 1999. (Número de expediente 110/ 000248.) . . . (Página 12884)
- Protocolo adicional al Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia modificando el Convenio de doble nacionalidad de 27 de junio de 1979, hecho en Bogotá el 14 de septiembre de 1998.
«BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 317, de 12 de abril de 1999. (Número de expediente 110/000250.) . . . (Página 12884)
- Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la notificación o traslado en los Estados Miembros de la Unión Europea de documentos judiciales y
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extrajudiciales en materia civil o mercantil, hecho en Bruselas el 26 de mayo de 1997, y declaraciones que efectuará España al mismo.
«BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 318, de 12 de abril de 1999. (Número de expediente 110/000251.) . . . (Página 12884)
- Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio relativo a la notificación o traslado en los Estados Miembros de la Unión Europea de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, hecho en Bruselas el 26 de mayo de 1997. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 319, de 12 de abril de 1999.
(Número de expediente 110/000252.) . . . (Página 12884)
- Canje de Notas, de 29 de enero de 1999, constitutivo de Acuerdo entre España y Estados Unidos por el que se prorroga el Acuerdo entre ambos países sobre Cooperación Científica y Técnica en apoyo a los Programas de Exploración Lunar y Planetaria y de vuelos espaciales tripulados y no tripulados a través del establecimiento en España de una Estación de Seguimiento Espacial, firmado en Madrid el 29 de enero de 1964. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 322, de 19 de abril de 1999. (Número de expediente 110/000253.) . . .
(Página 12884)
- Nota de Denuncia del Canje de Notas de 4 de enero de 1965 sobre continuación de la aplicación entre España y Kenia del Acuerdo sobre supresión de visados entre España y el Reino Unido establecido por Canje de Notas de 13 de mayo de 1960. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 323, de 12 de abril de 1999. (Número de expediente 110/000254.) . . . (Página 12884)
- Proyecto de Ley por el que se concede un crédito extraordinario, por importe de 9.393.184.038 pesetas, para el pago de indemnizaciones derivadas del derrumbamiento de la Presa de Tous, según sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 1997. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 124-1, de 16 de julio de 1998. (Número de expediente 121/000123.) . . . (Página 12884)
- Proyecto de Ley sobre concesión de créditos extraordinarios, por un importe total de 30.435.217.623 pesetas, para atender insuficiencias de crédito en los ejercicios 1997 y 1998, por las subvenciones que se efectúan para la cobertura de las diferencias de cambio de las divisas obtenidas en préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 155-1, de 29 de diciembre de 1998.
(Número de expediente 121/000155.) . . . (Página 12891)
- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 16.870.101.469 pesetas, para hacer efectivo el pago a las empresas colaboradoras de asistencia sanitaria de la compensación económica establecida en la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social para 1998. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 157-1, de 18 de enero de 1999. (Número de expediente 121/000157.) . . . (Página 12894)
Declaración institucional . . . (Página 12899)
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Convalidación o derogación de reales decretos-leyes . . . (Página 12879)
Real Decreto-ley 8/1999, de 7 de mayo, por el que se modifica el artículo 10 de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de regulación del régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura . . .
(Página 12879)
Presenta el Real Decreto-ley en nombre del Gobierno la señora ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga). Expone que el artículo 10 de la Ley 52/1980 dispone que los aprovechamientos con recursos propios de las cuencas del Segura y del Sur podrán beneficiarse de las obras del acueducto Tajo-Segura, para transportar y distribuir sus correspondientes dotaciones concesionales, abonando la tarifa de conducción de agua que resulte de aplicar, en cada caso, los criterios establecidos en su artículo 7.o. Supone que el legislador no trataba de discriminar a los usuarios de unas cuencas respecto a los de otras, sino que se limitó a autorizar los usos que en el momento de la redacción de la ley resultaban necesarios para hacer frente a las demandas entonces planteadas. Habiéndose producido en los 18 años transcurridos desde entonces nuevas demandas, especialmente importantes en determinadas comarcas de la cuenca del Júcar, afectadas por fuertes incrementos de la actividad industrial y turística, y reconociendo la eficacia del acueducto TajoSegura es por lo que solicita de la Cámara la convalidación del presente Real Decreto-ley. Asimismo pone de relieve la urgencia de su aprobación puesto que la carencia de precipitaciones que está afectando a gran parte del país, ha creado una situación particularmente grave en la comarca de la Marina Baja, en la provincia de Alicante, y en las aguas superficiales de Albacete, que así dejaría de utilizar los acuíferos que están sobreexplotados en estos momentos. Finalmente manifiesta que se trata de evitar hacer una conducción paralela para aplicar lo que en el Plan de la cuenca del Júcar está planteado.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Morlán Gracia, del Grupo Socialista del Congreso, y la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto- ley 8/1999, de 7 de mayo, por el que se modifica el artículo 10 de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de regulación del régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura, se aprueba por 246 votos a favor y dos en contra.
Sometido a votación su tramitación como proyecto de ley, solicitada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se rechaza por 113 votos a favor y 135 en contra.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales . . . (Página 12884)
Canje de notas constitutivo de acuerdo entre el Reino de España y el Reino de los Países Bajos por el que se regulan los privilegios e inmunidades de los funcionarios de enlace de Europol, hecho en Madrid el 27 de enero de 1999 . . . (Página 12884)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Protocolo adicional al Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia modificando el Convenio de doble nacionalidad de 27 de junio de 1979, hecho en Bogotá el 14 de septiembre de 1998.
. . . (Página 12884)
Convenio establecido sobre la base del artículo k.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la notificación o traslado en los Estados miembros de la Unión Europea de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, hecho en Bruselas el 26 de mayo de 1997, y declaraciones que efectuará España al mismo . . .
Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia de las Comunidades
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Europeas del Convenio relativo a la notificación o traslado en los Estados miembros de la Unión Europea de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, hecho en Bruselas el 26 de mayo de 1997 . . . (Página 12884)
Canje de notas, de 29 de enero de 1999, constitutivo de Acuerdo entre España y Estados Unidos por el que se prorroga el Acuerdo entre ambos países sobre cooperación científica y técnica en apoyo a los programas de exploración lunar y planetaria y de vuelos espaciales tripulados y no tripulados a través del establecimiento en España de una estación de seguimiento espacial, firmado en Madrid el 29 de enero de 1964 . . . (Página 12884)
Nota de denuncia del Canje de notas de 4 de enero de 1965, sobre continuación de la aplicación entre España y Kenia del Acuerdo sobre supresión de visados entre España y el Reino Unido, establecido por Canje de notas de 13 de mayo de 1960. . . . (Página 12884)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas . . . (Página 12884)
Proyecto de ley por la que se concede un crédito extraordinario, por importe de 9.393.184.038 pesetas, para el pago de indemnizaciones derivadas del derrumbamiento de la Presa de Tous, según sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 1997. . . . (Página 12884)
En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley, intervienen los señores Chiquillo Barber y Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores Beviá Pastor, del Grupo Socialista del Congreso, y Pascual Monzó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de ley sobre concesión de créditos extraordinarios, por un importe total de 30.435.217.623 pesetas, para atender insuficiencias de crédito en los ejercicios 1997 y 1998, por las subvenciones que se efectúan para la cobertura de las diferencias de cambio de las divisas obtenidas en préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje . . . (Página 12891)
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, interviene el señor Ríos Martínez.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Sanjuán, del Grupo Socialista del Congreso, y Sanz Palacio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 16.870.101.469 pesetas, para hacer efectivo el pago a las empresas colaboradoras de asistencia sanitaria de la compensación económica establecida en la disposición transitoria sexta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social para 1998. . . . (Página 12894)
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista del Congreso, interviene la señora Pozuelo Meño.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Maestro Martín, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor presidente somete al Pleno de la Cámara, para su aprobación, una declaración institucional sobre el 50 aniversario del Consejo de Europa, que es aprobada por asentimiento.
A continuación se procede a las votaciones de las enmiendas presentadas y de los dictámenes de la Comisión de Economía de los proyectos de ley antes debatidos.
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- CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.
- REAL DECRETO-LEY 8/1999, DE 7 DE MAYO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 53/1980, DE 16 DE OCTUBRE, DE REGULACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA EXPLOTACIÓN DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA.
(Número de expediente 130/000070.)
Punto sexto del orden del día, debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley número 8 del año en curso, de fecha 7 de mayo, por el que se modifica el artículo 10 de la Ley número 52, de 1980, de fecha 16 de octubre, de regulación del régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura.
Para la presentación de la disposición, y en nombre del Gobierno, tiene la palabra la ministra de Medio Ambiente, doña Isabel Tocino.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la Ley 52/1980, de 16 de octubre, dispone en su artículo 10 que los aprovechamientos con recursos propios de las cuencas del Segura y del Sur podrán beneficiares de las obras del acueducto Tajo- Segura para transportar y distribuir sus correspondientes dotaciones concesionales, abonando la tarifa de conducción de agua que resulte de aplicar, en cada caso, los criterios establecidos en su artículo 7.o
No cabe suponer que el legislador, con la redacción dada al citado artículo 10, tratase de discriminar a los usuarios de unas cuencas respecto a los de otras. Se limitó sencillamente a autorizar los usos que en el momento de la redacción de la ley resultaban necesarios para hacer frente a las demandas entonces planteadas.
En este sentido, en los 18 años transcurridos desde su entrada en vigor se han originado nuevas demandas, especialmente importantes en determinadas comarcas de la cuenca del Júcar, afectadas por fuertes incrementos de la actividad industrial y turística. Durante este tiempo, el acueducto Tajo-Segura se ha mostrado como una herramienta eficaz para hacer frente no sólo a los desequilibrios hidrológicos estructurales sino también a situaciones coyunturales de sequía en las cuencas atravesadas, contribuyendo, por ejemplo, a paliar los déficit hídricos del parque nacional de las Tablas de Daimiel.
Por otro lado, el desarrollo normativo sobrevenido a partir de la Ley de Aguas de 1985 y de sus reglamentos, así como de los planes hidrológicos de cuenca ya aprobados, permite un mejor aprovechamiento de los recursos propios de las cuencas, especialmente en situaciones de escasez.
En este sentido, es de resaltar que el Plan hidrológico de la cuenca del Júcar, aprobado por Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, establece, en el artículo 32 de su normativa, que una vez satisfechas todas las necesidades en el sistema del Júcar, podrán aprovecharse los recursos sobrantes para paliar la sobreexplotación de acuíferos y el déficit de abastecimientos, entre otras, de la Marina Baja. Dicho artículo establece, asimismo, una reserva de un metro cúbico/segundo para el abastecimiento urbano e industrial de Albacete, obra hidráulica declarada de interés general por el Real Decreto-ley 9/ 1998, de 29 de agosto, que, al tiempo de garantizar en cantidad y calidad el uso del agua para la población, evita la sobreexplotación del acuífero al permitir la sustitución de los pozos utilizados actualmente para el abastecimiento a dicha ciudad. Cualquier previsión requiere, para su puesta en práctica, la derivación de caudales a través del acueducto Tajo-Segura. Esto es lo que hoy traemos a convalidación en este real decreto- ley.
Necesitamos hacerlo a través de un real decreto-ley, señorías, porque la urgencia es realmente acuciante en este momento, dado que en esas zonas estamos precisamente iniciando el periodo de estiaje anual, y hemos de tener en cuenta que estamos ante el año pluviométricamente más seco de la última década, razón por la que, en este momento, el volumen total de agua utilizable en los embalses de Amadorio y Guadalest es aproximadamente de 3 hectómetros cúbicos y las entradas naturales en la actualidad son nulas.
Las necesidades para el abastecimiento de las poblaciones integradas en el Consorcio para el abastecimiento y saneamiento de la Marina Baja, que son Benidorm, Altea, Villajoyosa, Callosa D´Ensarria, Alfaz de Pi, La Nucia, Polop y Finestrat, con una población permanente de 300.000 habitantes y estacional de 500.000 durante el periodo febrero-septiembre de 1999, requiere 13,5 hectómetros cúbicos de recursos hídricos. Por eso, de lo que se trata en este real decreto- ley, señor presidente, es de poder utilizar una infraestructura ya existente para transporte de agua entre la Marina Baja y el acueducto Tajo-Segura. El resto de usos es previsión del Plan hidrológico del Júcar, que evidentemente no podrán materializarse hasta que no existan las infraetructuras correspondientes.
No se ha considerado necesario que esta norma legal adopte el caudal máximo utilizable, pues en ningún momento se está autorizando trasvase alguno. Quiero, señorías, que esto quede realmente claro, no estamos hablando de ningún nuevo trasvase, ni siquiera estamos hablando de cambiar la situación del actual trasvase Tajo-Segura, estamos simplemente hablando del uso instrumental de una infraestructura para utilización de un agua que procede de otro río.
No estamos hablando, por tanto, de nuevas aplicaciones entre el Tajo y el Segura modificando el trasvase, sino que queremos simplemente utilizar la infraestructura del acueducto Tajo-Segura para servirnos del agua del Júcar a los destinos que el nuevo Plan de cuenca del Júcar está ya
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autorizando. Es una conducción de recursos hídricos propios dentro del mismo ámbito territorial de planificación hidrológica, utilizando a estos efectos, de forma instrumental, las infraestructuras hidráulicas del acueducto. No hay derivación de aguas del acueducto TajoSegura.
Por todo ello, señor presidente, voy a solicitar el apoyo de esta Cámara para la convalidación de este Real Decreto-ley 8/1999, de 7 de mayo, por el que se modifica el artículo 10 de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de regulación del régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura, habida cuenta de que es especialmente urgente en estos momentos, ya que, como he señalado, la casi carencia total de precipitaciones, que está afectando a gran parte de nuestro país, ha creado una situación particularmente grave en la comarca de la Marina Baja en la provincia de Alicante, que ha visto mermadas sus fuentes tradicionales de abastecimiento a causa de la depresión de los niveles de los acuíferos subterráneos y el vaciado de las reservas de los embalses. Asimismo, estaríamos en situación de podernos plantear la aportación de un metro cúbico de agua por segundo, que también está contemplada en dicho Plan de cuenca del Júcar para abastecer con aguas superficiales a Albacete dejando de utilizarse los acuíferos, como se hace en la actualidad, que por este problema están sobreexplotados.
Por tanto, señorías -no quiero extenderme más, puesto que todos ustedes conocen este real decreto-, pedimos su apoyo en la medida en que estamos ante una situación urgente que requiere un rango normativo de ley, puesto que hay que excepcionar otra ley, como es la del trasvase Tajo-Segura, y no supone sentar ningún precedente nuevo, ya que lo que estamos haciendo hoy se viene aplicando en el acueducto Tajo-Segura desde los comienzos, en la medida en que a las cuencas del Sur sí se les permite este uso instrumental de una infraestructura hidráulica. Insisto, no se trata de ningún trasvase, sino de evitarnos (y desde un Ministerio de Medio Ambiente tienen ustedes que comprender que así es) el hacer una conducción paralela para aplicar lo que en el Plan de la cuenca del Júcar está planteado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra. ¿Algún grupo desea consumir un turno en contra del real decreto-ley? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré con gran brevedad.
Siendo el acueducto Tajo-Segura un área territorial que, por supuesto y con obviedad geográfica, no afecta al archipiélago canario, sí queremos dejar testimonio de que vamos a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley, dentro de los principios de solidaridad con que nuestro grupo actúa en el resto del territorio peninsular y balear.
Por tanto, señor presidente, entendiendo las razones que ha expuesto la ministra y que también están claramente recogidas en el preámbulo de este real decretoley, que además afectan a un plan de riqueza nacional, tanto de utilización de aguas para uso agrícola como para uso de consumo humano, y entendiendo igualmente las razones de urgencia por la proximidad de la estación estival, nuestro grupo, como he dicho, señor presidente, va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias por su concreción, como siempre, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señor presidente.
Nosotros también vamos a dar nuestro apoyo a la convalidación, y el motivo fundamental de nuestra concreción en estos momentos es un párrafo del preámbulo de este real decreto-ley, que dice así: «La reforma prevista, que ampara únicamente la distribución y el transporte de recursos hídricos entre dos puntos dentro del mismo ámbito territorial de planificación hidrológica, no modifica las asignaciones y reservas existentes ni crea nuevos derechos de uso, limitándose a autorizar la utilización instrumental de las infraestructuras hidráulicas del acueducto para los fines citados.» En este contexto -que es lo que ha explicado la señora ministra-, daremos nuestro apoyo al real decreto-ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el problema del real decreto-ley que nos ha traído la ministra, como de costumbre, es presentar una reforma como urgente, cuando en realidad podía haberlo hecho hace tiempo como proyecto de ley para que los demás grupos hubiéramos podido participar y aportar nuestras iniciativas de manera constructiva. La señora ministra, como siempre, nos vuelve a traer otro real decreto-ley urgente cuando los déficit hídricos de la Marina Baja, en concreto, se conocen desde hace ya muchísimo tiempo.
Señorías, el problema de este real decreto-ley, además de su tramitación como real decreto-ley y no como proyecto de ley, no es precisamente lo que dice, sino exactamente lo que no dice. ¿Qué es lo que no dice? Pues no dice cómo se va a llegar o qué cantidad de agua se va a llevar a la Marina Baja y cuáles son los
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excedentes reales. Aunque la señora ministra diga que existen excedentes en el Plan hidrológico de la cuenca del Júcar, quisiéramos saber cuáles son los excedentes reales ahora, en estos momentos, para poder hacer el trasvase de agua a la Marina Baja, porque además no hay que olvidar que en el Plan hidrológico de la cuenca del Júcar ya está incluido el trasvase al Vinalopó.
Señorías, estando de acuerdo con que hay que modificar la regulación del régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura, creemos que es necesario que el Ministerio de Medio Ambiente no siga incidiendo, como hace hasta ahora de una manera tan clara, en la improvisación. ¿Nos va a traer la señora ministra otro real decreto para aprobar el trasvase de aquí a un mes? ¿Por qué no se ha traído conjuntamente con éste, cuando se sabe que la Marina está padeciendo un déficit hídrico muy alto, que desde el mes de febrero hasta el mes de septiembre -lo reconoce la propia memoria- es de 13 hectómetros y medio largos? ¿Por qué no se trae conjuntamente, señora ministra? ¿Por qué no se trae al mismo tiempo de dónde va a salir ese agua, que sabemos que es del Júcar, en qué condiciones está el Júcar para poder llevar el agua a la Marina Baja? ¿Por qué no se trae? ¿Nos va a traer otro real decreto dentro de un mes? Señoría, la gente necesita el agua en la Marina.
Es más, la Marina Baja no sólo tiene el déficit hídrico ahora, en estos momentos, sino que ha habido periodos de sequía en los que ha llovido menos de lo habitual; la Marina Baja, incluso en periodos de lluvias por encima de lo normal, tiene un déficit hídrico de entre cinco y siete hectómetros cúbicos. A esta situación hay que darle una solución que no es precisamente sólo el trasvasar el agua desde el Júcar, pero la memoria, que habla de las necesidades del trasvase, no lo menciona.
Además, señorías, da la casualidad de que se sigue consintiendo el incremento de zonas que van a necesitar cantidades impresionantes de agua para su mantenimiento. ¿Qué está ocurriendo en la Marina Baja? Que se están haciendo unos planes de desarrollo urbanístico que van a presionar fortísimamente al agua. Entre otras cosas, se está creando un entorno que se llama Terramítica en cuyo alrededor se van a construir complejos de ocio y deportivos, está prevista la construcción de entre 4.000 y 5.000 plazas hoteleras más en una zona que tiene una saturación elevadísima, y dos campos de golf. Si a esto le añadimos que no se están haciendo las obras de depuración necesarias y a la suficiente velocidad como para que se puedan reutilizar las aguas, estamos estableciendo un panorama de un uso totalmente irracional del agua en una zona en la que es totalmente escasa, y hay que añadir que es un área que tiene mala calidad de agua por la sobreexplotación de sus propios acuíferos.
Señorías, aunque me llamen intervencionista, esto tendría que discutirse en la Cámara para ver de qué manera el Ministerio de Medio Ambiente, desde su competencia de distribuir y racionalizar el consumo del agua, incide en el desarrollo de algunas zonas en las que están haciendo un uso irracional del agua y además están generando más usos del agua de los que tiene en estos momentos. Por mucho que el Plan hidrológico de la cuenca del Júcar diga que este río tiene excedentes, señorías, con todo lo que se está planteando en el entorno de la provincia y de la Comunidad Valenciana, el Júcar no va a tener tantos excedentes para tanto tiempo, y habría que ver si en estos momentos y en estas condiciones el Júcar tiene, insisto, los excedentes que se dice.
Aunque el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a apoyar este real decreto-ley, vamos a solicitar a la Presidencia de las Cortes la votación para su tramitación como proyecto de ley, no sólo para incidir en lo que pueda decir el real decreto, sino para hacer incidencia en lo que no dice, que mucho nos tememos que no se diga porque no se quiere decir, que no se haya traído conjuntamente y en tramitación como proyecto de ley porque las cosas no estén tan claras. Señora ministra, en esta Cámara hemos debatido en muchas ocasiones sobre el agua, y no me gustaría que nos ocurriera lo que en otros asuntos. El Ministerio de Medio Ambiente está haciendo como en el cuento de la lechera, y se nos puede romper el cántaro antes de tener el agua para beber.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, se somete a ratificación un real decreto-ley que modifica el artículo 10 de la Ley 52/1980 que regula el régimen económico de explotación del acueducto Tajo-Segura. Me hubiera gustado que todo lo que ha dicho la señora ministra estuviera escrito en dicho real decreto, porque en el preámbulo del mismo, señoría, hace un planteamiento muy global de lo que es esta operación que usted plasma en su iniciativa, pero sin especificar determinados aspectos que entendemos que es necesario contemplar.
Señora ministra, vamos a votar que sí a esta utilización de la infraestructura del trasvase Tajo-Segura porque entendemos que existen necesidades de abastecimiento a poblaciones que hay que atender, de abastecimiento a poblaciones, repito, a poder ser que no sea para campos de golf. Sin embargo, tenemos que hacer algún tipo de reparos que son los que nos permiten justificarle que su tramitación se pueda plasmar como proyecto de ley, porque con independencia de que esa tramitación se produzca, se puede llevar a cabo el uso que usted plantea en este real decreto-ley para trasladar el agua desde un punto a otro de esa parte del arco mediterráneo.
La fórmula del real decreto-ley está pensada para situaciones de urgencia, y lo primero que me he encontrado cuando he visto la documentación, no la que ustedme ha presentado sino la que he buscado, es que las
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tarifas de este real decreto-ley ya están fijadas desde el año 1997.
Hay una resolución de 16 de julio de 1997 en la que se establecen las tarifas para la disponibilidad o el aprovechamiento de las aguas propias de la cuenca del Júcar que eventualmente fueron autorizadas para utilizar la infraestructura del acueducto Tajo-Segura con destino a la Marina Baja. Es decir, en aquella época ustedes ya pensaron que esto se podía hacer y se trae ahora por el trámite de urgencia. Además, ustedes aquí fijan unos precios determinados que no sé si están vigentes en estos momentos o no en función de lo que dicen en el real decreto-ley. Pensamos que esta actualización de tarifasque pueda producirse, puesto que hace dos años que se aprobaron, es una de las razones por las que este real decreto-ley debe tramitarse como proyecto de ley.
Asimismo, entendemos que debiera aclararse cuál es el destino concreto del agua, si va a la Marina Baja que se diga, pero no porque usted lo diga aquí que ya lo ha dicho, sino porque se debe publicar en el Boletín Oficial del Estado, que no consta. Si va a abastecer a Albacete que se diga a qué. Me imagino que a los albaceteños y a todos los ciudadanos de la Marina Baja les gustará ver que en esta norma que usted elabora se contemplan todo eso, porque con esta norma tiene la capacidad de hacer lo que le venga en gana, con arreglo a esta disposición que usted recoge en este real decreto-ley.
Hace falta saber, señoría, de qué caudal estamos hablando, y se lo vuelvo a repetir, señora ministra, no porque usted no lo haya dicho aquí, que lo ha dicho, sino porque no figura en el documento que tiene quefigurar. Si ha tenido la paciencia de leer los reales decretos-leyes que elaboramos en épocas anteriores y que hacían referencia a situaciones de sequía como ésta -me agrada ver cómo reconoce que hay sequía, aunque le dé la fórmula que usted estime oportuna, pero al fin y al cabo lo reconoce y, sobre todo, en este real decreto-ley-, se habrá dado cuenta de que pusimos de manifiesto en todos ellos una concreción de datos relacionados con el caudal, con el destino, de dónde sale ese caudal, a dónde va, qué garantías y qué especificidades existen para que se produzcan esas aportaciones que no figuran en este real decreto-ley que nos somete a consideración.
Señoría, usted se pregunta hasta que punto se altera la Ley 21/1971, de aprovechamiento conjunto del TajoSegura en su artículo 2.1, cuando la propia ley dice: la utilización del embalse de Alarcón en el acueducto Tajo-Segura seguirá un régimen estricto de entradas y salidas computándose las pérdidas por evaporación que puedan corresponder a las aguas trasvasadas. ¿Usted piensa que no estamos hablando de un trasvase encubierto, aunque ha dicho aquí que no es cierto? ¿Usted piensa, señoría, que está garantizado que todas las aguas que van a discurrir por esa infraestructura del Tajo-Segura son de la cuenca del Júcar? Por mucho que usted diga, señoría, que eso es así, si usted tiene en su mente en estos momentos el mapa de esa zona, desde que se inicia el trasvase hasta el pantano de Alarcón - desde el pantano de Alarcón sale el agua hacia el Júcar y sale el ramal del canal-, usted puede darse cuenta de que existe o puede existir una confluencia de intereses por parte de muchos de los habitantes, de los residentes en esa zona que pueden verse afectados, y si es beneficioso para la zona de la Marina Baja y es beneficioso para Albacete, tenga en cuenta que hay dudas, hay problemas, hay tensiones en muchas zonas de regantes del arco Mediterráneo que están diciendo que por qué razón se ha planteado este real decreto de esa manera cuando resulta que se está vulnerando o no se está de acuerdo con lo que plantea el Plan del Júcar.
Yo tengo serias dudas, señorías, que este real decreto- ley no afecte o no corresponda a lo que dice el Plan del Júcar, con una premisa, que el Plan del Júcar está aprobado por ustedes en el Boletín Oficial del Estado del 11 de agosto de 1998, pero, como le reitero, no está en vigor porque no está publicado, y hasta que no estén publicados los planes no habrá ninguno en vigor. En este caso concreto, las suspicacias, las reticencias que ha levantado este real decreto en muchas poblaciones de esa zona, que ven cómo está pasando el agua por delante de sus caras y está yendo a sitios distintos a los que pensaban que podían ir, está generando tensiones que son innecesarias.
En resumen, teniendo en cuenta que no se sabe de qué volumen se dispone que figure en este real decreto- ley, teniendo en cuenta que no se sabe en este real decreto-ley de dónde sale el agua y a dónde va, teniendo en cuenta que no se sabe si va a Albacete, a Vinalopó, va a la Marina Baja o va a Valencia, este real decreto- ley, señoría, tendría que ser tramitado como proyecto de ley, porque es necesario que todo el mundo tenga la suficiente seguridad jurídica para que cuando vea este documenta en el Boletín Oficial del Estado sepa que se ha dictado una norma que está cubriendo una serie de necesidades con todo rigor, y sometida y sujeta a una serie de prescripciones legales que únicamente están contempladas en unas normas que ustedes entienden que están en vigor, pero que nosotros, por ahora, como son los planes hidrológicos de cuenca, pensamos que están aprobados pero que no tienen nada que ver con su entrada en vigor y con su aplicación en casos como éste.
Señoría, como he dicho, vamos a votar que sí a este real decreto-ley, pero reiteramos que, debido a las dudas que nos genera, sería oportuno y procedente, puesto que no hay ningún impedimento para su puesta en práctica, que este real decreto-ley se tramitara como proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morlán.
La señora De Lara Carbó, por el Grupo Popular, tiene la palabra.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará favorablemente la convalidación del real decreto-ley
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por el que se modifica el artículo 10 de la Ley que regula el régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura, para extender a la cuenca del Júcar los beneficios que en el mismo se especifican para las cuencas del Segura y del Sur.
La escasa pluviometría de los años 1998 y 1999 y el descenso del volumen total del agua embalsada que abastece amplias zonas como la Marina Baja en la provincia de Alicante, aconsejan esta medida con la que se pretende evitar que, como consecuencia de esta situación, se agoten los acuíferos y hubiera que establecer restricciones de algún tipo.
Por tanto, está plenamente justificado, dada la escasa pluviometría que he anunciado, que la propuesta o normativa que se está realizando se apruebe por un real decreto-ley y no por un proyecto de ley, cuyo trámite legislativo, señorías, estamos en el mes de mayo, impediría que en este año se utilizara la infraestructura del acueducto para transportar agua a la zona que ha sido ya citada en esta Cámara.
Como la reforma prevista sólo autoriza el uso del acueducto para aprovechamientos de recursos dentro del mismo plan hidrológico, queda claro, señorías, que los recursos hídricos que podrán conducirse tendrán como límite máximo los derivados de la normativa vigente, es decir, que existan concesiones o reservas previamente otorgadas y que se cumplan las previsiones sobre aprovechamientos previstas en la correspondiente planificación hidrológica, en el caso al que nos estamos refiriendo al Plan hidrológico del Júcar.
Recordemos, señorías, que el Plan hidrológico del Júcar establece que, una vez satisfechas todas las necesidades de su cuenca, podrán aprovecharse los recursos sobrantes para paliar la sobreexplotación de acuíferos y el déficit de abastecimiento, entre otras zonas, de la Marina Baja, donde se asientan núcleos urbanos tan importantes como Benidorm, Altea, Villajoyosa, La Nucia y un gran número de núcleos urbanos con una población permanente de 300.000 habitantes y una población estacional de 500.000. Asimismo, en el plan se establece la reserva de un metro cúbico por segundo para el abastecimiento urbano e industrial de Albacete.
Tanto la portavoz del Grupo de Izquierda Unida como el señor Morlán, portavoz del Grupo Socialista, han utilizado, no sabemos si intencionadamente, el término trasvase, cuando saben ustedes perfectamente que aquí no hay ningún trasvase, sino que el real decreto se limita a permitir la utilización de una conducción existente. Por otra parte, creo que ustedes entenderán también que la tramitación como proyecto de ley lo que haría sería iniciar un trámite de enmiendas, un trámite de ponencia y un trámite de Comisión, y lo único que haría sería impedir que el agua llegase a las zonas que lo están necesitando. Por consiguiente, señorías, les anuncio que nuestro grupo se va a oponer a la tramitación como proyecto de ley, porque creemos que no es adecuado en este momento y ustedes lo saben perfectamente.
En definitiva, señorías, creo que la medida establecida en el real decreto es una medida apropiada, una medida que complementa las actuaciones que se están realizando y que se debatieron en esta Cámara hace pocos días en la interpelación de Unión Valenciana.
El agua ha sido siempre un elemento que ha movido a la solidaridad.
La cultura del agua está en nuestras historia y en nuestras tradiciones, desde los colosales acueductos romanos a las minuciosas y eficaces conducciones árabes. El agua, como motor de solidaridad, ha formado parte de nuestra historia. Hoy, el Gobierno trae a esta Cámara una muestra de esta solidaridad alrededor del agua como bien escaso que debe compartirse. Creo, señorías, que debemos recibir la iniciativa con satisfacción.
Concluido el debate, vamos a proceder a la votación sobre la convalidación o derogación del real decretoley y, en su caso, a las votaciones correspondientes al siguiente punto del orden del día.
Llámese por tanto para votaciones. (Pausa.) Votación de la convalidación o derogación del real decreto-ley que se ha presentado y debatido.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 246; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación del Real Decreto-ley 8/1999, para el que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha pedido, desde la tribuna, su tramitación como proyecto de ley. Se somete, por tanto, a votación esta propuesta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 113; en contra, 135.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley.
Señorías, antes de que abandonen el hemiciclo para dedicarse a otras tareas parlamentarias, vamos a proceder ahora a la votación de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Terminadas dichas votaciones, pasaríamos al punto IX del orden del día, puesto que ha decaído el punto VIII, que hace referencia a los dictámenes de la Comisión de Economía y Hacienda sobre diversos créditos extraordinarios. Al final de ese punto se produciría otro conjunto de votaciones, con las que finalizaría el Pleno.
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- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS POR EL QUE SE REGULAN LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE ENLACE DE EUROPOL, HECHO EN MADRID EL 27 DE ENERO DE 1999. (Número de expediente 110/000248.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto VII, dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
Someto a aprobación por asentimiento, en primer lugar, el canje de notas constitutivo de acuerdo entre España y los Países Bajos, por el que se regulan los privilegios e inmunidades de los funcionarios de enlace de Europol. ¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.) Muchas gracias, señorías.
(Número de expediente 110/000250.)
El señor PRESIDENTE: Protocolo al Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia, modificando a su vez el Convenio de doble nacionalidad de 1979. ¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.) Gracias, señorías.
- CONVENIO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTÍCULO K. 3 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, RELATIVO A LA NOTIFICACIÓN O TRASLADO EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA DE DOCUMENTOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN BRUSELAS EL 26 DE MAYO DE 1997, Y DECLARACIONES QUE EFECTUARÁ ESPAÑA AL MISMO.
(Número de expediente 110/000251.)
El señor PRESIDENTE: Convenio sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la notificación o traslado en los Estados miembros de la Unión Europea de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil. ¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.) Gracias, señorías.
- PROTOCOLO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, RELATIVO A LA INTERPRETACIÓN POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS DEL CONVENIO RELATIVO A LA NOTIFICACIÓN O TRASLADO EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA DE DOCUMENTOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN BRUSELAS EL 26 DE MAYO DE 1997. (Número de expediente 110/000252.)
El señor PRESIDENTE: Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio relativo a la notificación o traslado en los Estados miembros de la Unión Europea de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil. ¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.) También parece contar con el asentimiento del Pleno.
- CANJE DE NOTAS, DE 29 DE ENERO DE 1999, CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS POR EL QUE SE PRORROGA EL ACUERDO ENTRE AMBOS PAÍSES SOBRE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA EN APOYO A LOS PROGRAMAS DE EXPLORACIÓN LUNAR Y PLANETARIA Y DE VUELOS ESPACIALES TRIPULADOS Y NO TRIPULADOS A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO EN ESPAÑA DE UNA ESTACIÓN DE SEGUIMIENTO ESPACIAL, FIRMADO EN MADRID EL 29 DE ENERO DE 1964. (Número de expediente 110/000253.)
El señor PRESIDENTE: Canje de Notas constitutivo de acuerdo entre España y Estados Unidos por el que se prorroga el Acuerdo entre ambos países sobre cooperación científica y técnica en apoyo a los programas de exploración lunar y planetaria. ¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.) Parece que también están todos de acuerdo.
- NOTA DE DENUNCIA DEL CANJE DE NOTAS DE 4 DE ENERO DE 1965 SOBRE CONTINUACIÓN DE LA APLICACIÓN ENTRE ESPAÑA Y KENIA DEL ACUERDO SOBRE SUPRESIÓN DE VISADOS ENTRE ESPAÑA Y EL REINO UNIDO ESTABLECIDO POR CANJE DE NOTAS DE 13 DE MAYO DE 1960. (Número de expediente 110/ 000254.)
El señor PRESIDENTE: Nota de denuncia del Canje de Notas sobre continuación de la aplicación entre España y Kenia del Acuerdo sobre supresión de visados entre España y el Reino Unido. ¿Lo aprueba así el Pleno? (Asentimiento.) Hay plena adhesión de todas sus señorías.
- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE CONCEDEUN CRÉDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE
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DE 9.393.184.038 PESETAS, PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL DERRUMBAMIENTO DE LA PRESA DE TOUS, SEGÚN SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 15 DE ABRIL DE 1997. (Número de expediente 121/000123.)
El señor PRESIDENTE: De esta forma, pasamos, como anunciaba, al punto IX y último del orden del día, dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas, comenzando por el proyecto de ley por el que se concede un crédito extraordinario, por un importe de 9.000 millones de pesetas, para el pago de indemnizaciones derivadas del derrumbamiento de la presa de Tous, según sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 1997.
Hay enmiendas de cuatro grupos: Grupo Mixto, señor Chiquillo Barber, naturalmente; también dentro del Grupo Mixto, y no menos naturalmente por su procedencia, el señor Peralta; Grupo de Izquierda Unida y Grupo Socialista.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Chiquillo para la defensa de sus dos enmiendas.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre de Unión Valenciana para defender las dos enmiendas que mantenemos vivas para el debate de hoy en un nuevo capítulo del denominado caso Tous, no sin antes mandar un saludo muy efusivo a la representación del Ayuntamiento de Alcira, que hoy nos acompaña en la tribuna de invitados, encabezada por su alcalde, don Alfredo Gares Núñez.
Paso a defender esas dos enmiendas de lo que es un nuevo capítulo, interminable, incapaces de terminarlo diversos gobiernos, del denominado caso Tous. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Unión Valenciana desde el primer momento abogó por una solución política el día después de la rotura de la presa de Tous, y hoy, dieciséis años y medio después, nos encontramos con un nuevo capítulo, no es el epílogo, desgraciadamente, y hemos dejado pasar una nueva oportunidad para, en cumplimiento de los compromisos adquiridos por todos los partidos de esta Cámara, dar una solución política definitiva, justa, equilibrada y que rompiera cualquier tipo de discriminación entre los 33.000 damnificados que hace ahora dieciséis años y medio sufrieron, después de la rotura de la presa de Tous, una dramática inundación, con unos daños superiores a los 50.000 millones de pesetas, con numerosas pérdidas humanas y la desolación en la comarca valenciana de La Ribera.
Unión Valenciana, ante este proyecto de ley presentado a mitad del año pasado, presentó dos enmiendas y hoy las mantiene vivas porque, en primer lugar, se produjo la sentencia del Tribunal Supremo de abril de 1997, que obligaba al Estado, como responsable civil subsidiario, a hacerse cargo del abono de los dañosocasionados.
Consideramos en nuestra primera enmienda que en el proyecto de ley deberían contemplarse los 11.125 millones de pesetas que dice la sentencia y que es de obligado cumplimiento, y no como el proyecto de ley que se nos remite, en el cual la cuantía supera en poco los 9.000 millones. En esta primera enmienda solicitamos que si el auto de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, de 27 de febrero de 1998, determina los criterios de ejecución de la sentencia 492 del Tribunal Supremo, haciéndola extensiva a 5.269 afectados, con unas indemnizaciones que suman los 11.000 millones, esa debe ser la cuantía reconocida en el proyecto de ley que hoy cumple este trámite parlamentario.
Hay una segunda enmienda que es de justicia, porque desde hace dieciséis años y medio sigue sin cerrarse con justicia el caso Tous, atendiendo las demandas de los damnificados, tratando a este colectivo, a los 33.000, con criterios de igualdad, de equidad y de justicia en las indemnizaciones. En este largo camino de dieciséis años y medio ha habido dos reales decretosley, dos parches: el Real Decreto-ley 4/1993, de marzo, y el Real Decreto-ley 10/1995, de diciembre. Esos dos reales decretos-ley, injustos, que no recogían las demandas de los damnificados, han supuesto una clara y rotunda discriminación para 28.000 damnificados que se acogieron a esos dos reales decretos y que han recibido unas indemnizaciones que están siempre muy por debajo de las indemnizaciones que se les han reconocido a los 5.000 damnificados que recurrieron y que por vía de la sentencia del Tribunal Supremo han recibido unas cuantías que doblan o triplican las indemnizaciones de los primeros que he citado.
Esa ejecución de la sentencia ha creado un gran agravio, una clara discriminación de 5.000 damnificados frente a 28.000. Son 28.000 damnificados, el 80 por ciento de los damnificados los que han sido claramente discriminados y cuya indemnización es irrisoria al lado de las justas indemnizaciones que han recibido 5.000 damnificados en virtud de una sentencia por la cual se tramita el proyecto que hoy estamos debatiendo.
Por tanto, nosotros en esta segunda enmienda lo que solicitamos es justicia, que sólo puede llegar por un tercer real decreto-ley, como se comprometió el Partido Popular, en el Gran Teatro de Alcira, a través del señor Aznar y el señor Zaplana; un tercer real decreto-ley que rompiera con la discriminación, igualara las indemnizaciones y tratara al cuerpo de los 33.000 damnificados por igual. Que en ese tercer real decreto-ley se reconocieran las posibilidades de la actualización de daños de los dieciséis años transcurridos, el lucro cesante de estos años, los daños morales (porque todos los damnificados, los 33.000, sufrieron los mismos daños morales, no 5.000 unos daños morales y 28.000 otros daños morales), y una actualización de los intereses de demora por los años transcurridos.
La solución política, la solución justa que acabe con el agravio y la discriminación es la enmienda número 2 que presenta Unión Valenciana, es el tercer real decreto-ley para que, de una vez por todas, se cierre el caso
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Tous en positivo, sin discriminaciones, y donde el colectivo de 33.000 damnificados reciba las indemnizaciones justas y adecuadas para que esta Cámara, para que el Gobierno español, para que todos los ciudadanos del Estado español cumplan y paguen una deuda histórica, la asignatura pendiente de la democracia, con un colectivo de damnificados, 33.000, con una comarca, la de La Ribera, en la Comunidad Autónoma Valenciana, que dieciséis años y medio después sigue esperando la justicia, sigue esperando la equidad y sigue esperando la igualdad de trato respecto a otras comunidades que sufrieron situaciones semejantes y que con una solución política obtuvieron una indemnización justa y adecuada.
Esta petición que hoy eleva aquí Unión Valenciana no es una propuesta de Unión Valenciana, es de medio centenar de ayuntamientos...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Chiquillo, le ruego concluya.
Es la petición de medio centenar de ayuntamientos de la comarca de La Ribera, de la Mancomunidad de La Ribera Alta y de La Ribera Baixa y de todo el colectivo de partidos políticos y asociaciones de damnificados que exigen el tercer real decreto-ley.
Tomemos conciencia y demos solución al caso Tous que, después de dieciséis años y medio, creo que ya ha rebasado la paciencia, que ya ha pasado de los límites que pueden ser exigibles a un pueblo pacífico que quiere justicia.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Chiquillo.
En nombre del Grupo Mixto, en segundo lugar, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, permítanme, en primer lugar, que me sume también a la bienvenida a esta Cámara a la representación democrática y legítima de la principal ciudad afectada por la pantanada de Tous y, sin lugar a dudas, expresión y representación natural de todos los damnificados por la misma.
Las enmiendas que voy a defender en nombre de Nueva Izquierda son, sin lugar a dudas, la expresión de nuestro deseo de encontrar una solución justa y rápida a un tema que ya hace muchos años que estamos debatiendo en esta Cámara y son también, sin lugar a dudas, la concreción del esfuerzo de este grupo, Nueva Izquierda, y de este diputado a lo largo de estos años para encontrar la solución.
Para comprender las seis enmiendas que mi grupo defiende hoy y que mantiene vivas en este trámite, quisiera hacer brevemente un cierto resumen del proceso histórico -casi diecisiete años- que ha conocido el tema Tous; y lo quisiera hacer con hechos objetivos que sirvieran para que lo debatiéramos sin caer en descalificaciones y demagogias. En este sentido creo que es bueno recordar que el tema Tous no lo crearon gobiernos socialistas; el tema Tous se produjo cuando gobernaba en esta nación la UCD. La despedida de esos gobiernos prácticamente coincidiendo cronológicamente con el hundimiento de la presa, es quizá una expresión gráfica de lo que ocurría políticamente en aquellos momentos con dicho Gobierno, pero en todo caso es, sin lugar a dudas, un dato objetivo y cronológico.
El tema Tous se produce bajo un Gobierno de la UCD, forma parte de la herencia dejada por esos gobiernos y es verdad que en estos diecisiete años ha habido intentos de solución, en concreto dos reales decretos-ley producidos exactamente bajo gobiernos socialistas, porque desde que el Partido Popular alcanzó las instituciones en la Comunidad Autónoma Valenciana en el año 1995 y en el Gobierno de la nación en el año 1996 no se ha producido ninguna actuación de dicho partido en relación con este tema; única y exclusivamente la presente, por la que se trata estrictamente de dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Supremo, que se produjo en el año 1997, y que si ciertamente se hubiera producido en una fecha distinta, al día de hoy no conoceríamos ninguna iniciativa de dicho partido en relación con este tema.
Buena prueba de ese interés, o más exactamente desinterés, del Partido Popular por la totalidad de los damnificados del tema Tous es que este proyecto de ley no conoce ninguna enmienda del Partido Popular encaminada a ampliar a todos los damnificados el contenido de este proyecto de ley, que persigue estrictamente pagar a aquellos damnificados a los que se les aplica la sentencia del Tribunal Supremo y el auto de la Audiencia Provincial de Valencia.
No sería justo dejar de reconocer que en estos diecisiete años ha habido esfuerzos, en la época en la que estaba en la oposición, del Grupo Popular por intentar mejorar y ampliar a todos los damnificados el contenido de este proyecto de ley que hoy discutimos; hubo esfuerzos coincidentes con los que sosteníamos otros grupos, pero hoy ciertamente lo que nos cabe es echar en falta la continuidad y la coherencia de esos esfuerzos desde que se está en la Gobierno de la comunidad autónoma y en el Gobierno de la nación y, precisamente por eso, se está en condiciones de poner en práctica soluciones reales y efectivas que vienen demandando desde hace años los miles de damnificados.
En definitiva, más allá de la historia, ¿cuál es el presente del caso Tous? El presente del caso Tous, sin lugar a dudas, viene caracterizado por dos circunstancias. En primer lugar, la existencia de resoluciones judiciales que establecen con claridad cuáles son los criterios indemnizatorios justos. Eso ya no está sometido a discusión. Los tribunales ya se hanpronunciado con carácter definitivo y, por tanto, la
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justicia en el caso Tous es la que han marcado los tribunales.
¿Cuál es la segunda realidad? La segunda realidad es que la gran mayoría de los damnificados, que se acogieron a los reales decretos- ley dictados por los gobiernos socialistas y que contenían criterios indemnizatorios inferiores, hoy legalmente se entiende que no pueden acceder a esas indemnizaciones judiciales. Y, por tanto, la realidad del caso Tous hoy, como consecuencia de esas dos circunstancias, tiene una doble característica: en primer lugar, la existencia de una clara discriminación entre una minoría que puede acogerse a los criterios judiciales, notablemente superiores, y una gran mayoría que ha sido indemnizada con criterios inferiores; la segunda característica, sin lugar a dudas, es la de la injusticia para la gran mayoría de los damnificados. Hoy legalmente tienen vedado el acceso a los criterios indemnizatorios justos, y se produce una situación de injusticia real para la gran mayoría de los damnificados. Estas son las características actuales del caso Tous, y esto es lo que hoy podemos y debemos resolver en esta Cámara. Este es el verdadero problema del caso Tous, y no vale la pena engañarse con otros problemas ficticios en relación con éste. No busquemos discriminaciones entre los que cobraron por el primer real decreto y los que cobraron por el segundo. No las había legalmente y basta comparar los textos de los reales decretos-ley, que dicen exactamente lo mismo, salvo en materia de deducciones. Además, los que se acogieron al primero pudieron acogerse al segundo, y fue voluntad suya el hacerlo o no. Ese no es el verdadero problema al día de hoy del caso Tous.
El verdadero problema del caso Tous es el que yo decía anteriormente: la gran mayoría de los damnificados indemnizados con criterios inferiores y que no tienen legalmente acceso a los criterios justos de los tribunales. Ese es el problema que tenemos y que podemos resolver. Ese es el objetivo que persiguen las enmiendas de Nueva Izquierda, que yo defiendo en este acto: encontrar la solución definitiva.
Cabe la posibilidad de que, repitiendo lo que se ha hecho a lo largo de la historia de estos diecisiete años, no le demos la solución justa, que es la solución definitiva. Cabe esa posibilidad; de la mayoría de la Cámara depende, pero que no le quepa la menor duda: ella es perfectamente consciente porque ha participado durante años en que el tema se siguiera discutiendo en estas instituciones, y seguirá discutiéndose.
La presencia hoy aquí de representantes directos inmediatos de los damnificados, la existencia de grupos políticos comprometidos con un problema que afecta a miles de ciudadanos y el compromiso de todos los grupos de la Cámara con las soluciones justas, hará que finalmente este tema, si no hoy, encuentre solución. Estoy convencido de ello y, desde luego, el Grupo de Nueva Izquierda continuará trabajando sin descanso.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Peralta.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para la presentación de sus enmiendas, tiene la palabra la señora Urán.
Señorías, en primer lugar, quiero dar la bienvenida, como han hecho el resto de los grupos que han intervenido hasta ahora, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, a los representantes de los ayuntamientos de La Rivera y de los damnificados que están con nosotros en la tribuna. Benvinguts.
Señorías, estamos en un momento en el que, después de los años transcurridos, tenemos en nuestras manos el dar la solución definitiva al problema de las personas que fueron damnificadas por la rotura de la presa de Tous. Y, señorías, hasta ahora, de lo que se puede desprender del debate que hemos tenido y del trámite que ha tenido este proyecto de ley, tenemos que decir que no hay voluntad política para hacerlo; no hay voluntad política por parte del Grupo que sustenta al Gobierno y de los grupos que lo apoyan. No hay voluntad política porque se rechazan las enmiendas de los grupos parlamentarios, porque se rechazan las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para que realmente haya una solución, para que exista una equiparación que los ciudadanos y las ciudadanas de La Ribera vienen demandando desde hace casi 17 años, cuando se produjo la rotura de la presa de Tous.
Señorías, ya se ha dicho en esta tribuna, y lo hemos repetido en muchísimos lugares, que de los 33.000 damnificados que hubo con motivo de aquella rotura sólo algo más de 5.000 se van a ver favorecidos por la sentencia judicial y son los únicos que van a conseguir ser realmente indemnizados por la rotura de la presa y por los desastres que sufrieron sus haciendas y sus campos. Son los únicos que lo van a conseguir porque el Partido Popular ha vuelto a incumplir las promesas que ha hecho a los ciudadanos y a las ciudadanas de La Ribera. Señorías, no quiere el Partido Popular dar por zanjado este tema. En el trámite en Comisión, el Partido Popular decía que quería despolitizar el caso Tous. No se puede despolitizar el caso Tous, entre otras cosas, porque la solución que hoy hay que dar aquí tiene que ser política. Existe una sentencia que reconoce a aquellas personas que han continuado la vía judicial. Al mismo tiempo, las personas que se acogieron a los decretos que se habían publicado con anterioridad también tienen ese derecho, aunque en la sentencia no se les reconozca. Por eso la solución tiene que ser política; la solución no es simplemente el cumplimiento de una sentencia, sino que es una solución política. Van a discriminar ustedes a más de 28.000 personas; 28.000 personas que no han podido soportar 17 años de trámite judicial; 28.000 personas que no han podido soportar económicamente, moralmente, por las razones que
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sean, 17 años de estar jugando con ellos y de oír promesas que después se han visto incumplidas, 17 años en los que se ha tomando el pelo a esta población. Ustedes, con lo que están haciendo ahora, con lo que pretenden hacer en el Senado, van a volver a tomar el pelo a los ciudadanos y a las ciudadanas de La Ribera, a los damnificados de La Ribera.
Señorías, no se puede plantear que hay que solucionar este tema como un primer paso para eliminar la gran discriminación, equiparando en algunos aspectos a los damnificados que se acogieron al primer decreto con los que se acogieron al segundo decreto. Hoy ya no se sustenta eso, hoy lo que se requiere es que de una vez y para siempre se corrija la discriminación y se les equipare con los damnificados que se acogieron a la sentencia.
Hay que reconocer que todos criticamos el primer y el segundo decreto, que vinieron a paliar en alguna medida los daños sufridos y las necesidades de los damnificados. Sin embargo, la situación hoy es distinta, hoy ya no sirve, hoy requiere que el Partido Popular y los grupos que lo apoyan aprueben cualquiera de las enmiendas que se han presentado porque todas ellas tienen el mismo objetivo: igualar y hacer justicia con los damnificados.
Señorías, mi grupo parlamentario va a votar a favor de todas las enmiendas que se han presentado por los grupos, entre otras cosas porque todos estamos intentando conseguir el mismo objetivo. Para terminar, lo único que quiero decirle al Grupo Popular y a los demás grupos que apoyan al Gobierno es que se han erigido ustedes en defensores de los derechos humanos y para eso se están gastando cantidades ingentes de dinero. Por lo tanto, ya que se erigen ustedes en defensores de los derechos humanos a todo lo largo y ancho de este mundo, eríjanse realmente en defensores de los derechos humanos y hagan justicia con los damnificados y las damnificadas por la rotura de la presa de Tous; aprueben ustedes las enmiendas que se han presentado y en ese momento sí que podremos decir que son ustedes defensores de los derechos humanos. En caso contrario, seguiremos diciéndoles lo mismo: maquillaje, maquillaje y maquillaje para quedar bien y seguir engañando.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Urán.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Beviá.
El señor BEVIÁ PASTOR: Señor presidente, señorías, yo quiero también adherirme al saludo y a la bienvenida a los representantes democráticos de diferentes pueblos de las comarcas de La Ribera y, en especial, a la representación municipal y a la representación democrática del pueblo de Alzira. Ellos conocen como nadie, señorías, la larga historia de Tous, el desastre provocado por la rotura de la presa en el año 1982. Esa historia larga y ese desastre han sido expuestos, debatidos, yo diría más, peleados en este hemiciclo en multitud de ocasiones, la última vez, el 10 de diciembre pasado, con motivo del debate de totalidad del proyecto de ley.
El último acto de todo ese largo proceso fue la sentencia del Tribunal Supremo de abril de 1997, que daba fin, en el plano judicial, a un interminable proceso iniciado hace 17 años. Como han dicho todos los que han intervenido en representación de los otros grupos en defensa de sus enmiendas, ahora la tramitación de este proyecto de ley no sólo puede sino que debe cerrar ese amplísimo período de agria tensión que se ha manifestado repetidamente en los pueblos afectados de las comarcas de La Ribera, que se mostró una y otra vez en el Parlamento autonómico, en las Cortes Valencianas, o que tiñó los debates en esta misma Cámara. Porque este proyecto de ley puede permitir una aplicación rigurosa de los principios de igualdad y no discriminación entre los dos grupos fundamentalmente de afectados: aquellos que han visto reconocidos sus derechos en virtud de una sentencia judicial y aquellos otros que se acogieron a los convenios transaccionales previstos en los reales decretos-leyes de los años 1993 y 1995.
Ese, sólo ése, es el objetivo de la enmienda que ha mantenido el Grupo Socialista. Se trata de incluir una disposición final nueva que, sin afectar al resto del proyecto de ley, además de atender, como es necesario, el pago de las indemnizaciones derivadas de la sentencia del Tribunal Supremo, pretende que todos aquellos damnificados que se acogieron a los reales decretosleyes citados puedan obtener una indemnización complementaria en función de las mejoras que los criterios señalados en la sentencia puedan significar para ellos.
Nuestra enmienda coincide plenamente en su objetivo con las enmiendas que mantienen los grupos de Izquierda Unida, de Nueva Izquierda o de Unión Valenciana. La línea y el alcance fundamental del bloque de enmiendas de cada uno de estos grupos y la enmienda socialista es el mismo. En consecuencia, anunciamos nuestro voto favorable a todas ellas, porque todas ellas insisten, como he dicho antes, en la necesidad de que la ley signifique una aplicación efectiva del principio de igualdad y responda a las exigencias de no discriminación entre los distintos grupos de afectados. Este es, señorías, el terreno real en el que está planteado el debate, éste y no otro: tener o no la decisión política de cerrar aquí las cicatrices de la catástrofe de Tous, de cerrarlas ahora que hay una sentencia definitiva, ahora que hay unos criterios indemnizatorios definitivos y ahora que se puede tratar por igual a quienes por igual fueron golpeados por aquel desastre.
En los años 1993 y 1995, señorías, sin que hubiera ningún fundamento legal para actuar, sin que se hubieran fijado los hechos definitivamente, los gobiernos socialistas adoptaron decisiones, habilitaron créditos, trataron de evitar discriminaciones. Dictaron dos reales decretos-leyes para compensar los daños sufridos por la rotura de la presa de Tous, habilitaron un crédito de 19.000 millones de pesetas en el primero de los decretos
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y otro de 6.500 millones de pesetas en el segundo, en total 25.500 millones de pesetas, y trataron de evitar, a través de una disposición final en el segundo de los decretos, que hubiera discriminaciones.
Es cierto que aquellas medidas pudieron parecer bien o mal; es cierto que aquellos decretos pudieron ser considerados insuficientes, restrictivos o adecuados, pero permitieron, y eso nadie lo puede negar, que más de 28.000 afectados pudieran percibir entre 1993 y 1995 indemnizaciones por más de 23.500 millones de pesetas. En cambio, ¿en qué han quedado las promesas de Zaplana, o el compromiso de Aznar en la campaña electoral de marzo de 1996 de impulsar personalmente una solución rápida al problema de todos los damnificados, sin excepciones? La solución rápida ha consistido en dejar transcurrir más de dos años sin hacer absolutamente nada. Sólo ahora, después de más de tres años y obligados por una sentencia judicial, han traído al Parlamento un proyecto de ley para cumplir estrictamente los términos de la sentencia. Y nada más. Ni el Gobierno ha ido un centímetro más allá de aquello a lo que la decisión judicial le obligaba, ni el Grupo Popular ha hecho a los afectados ningún guiño serio, después de tanta demagogia y tantas campañas de agitación como hizo y protagonizó en La Ribera.
El Grupo Popular dejó pasar el plazo sin presentar a este proyecto de ley una sola enmienda. Es verdad que en el trámite de ponencia y Comisión ofertó una enmienda transaccional. Pero no era una enmienda para resolver el problema de aquí y ahora; no era una enmienda para cerrar definitivamente esa larga historia de la catástrofe de Tous; no era una enmienda para aplicar una solución justa para todos los damnificados; ni una enmienda para las mociones aprobadas en diciembre por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de la ciudad de Algemesí; ni la moción aprobada por 16 votos a favor, ninguno en contra y sólo dos abstenciones en el Pleno del 7 de abril del Ayuntamiento de Alzira. No es una enmienda apara satisfacer esto; ni es una enmienda para ser mínimamente coherentes con lo que sus diputados, los diputados del Partido Popular en las Cortes Valencianas, votaron el pasado 21 de octubre, ocho meses después de que se conocieran ya los términos, los criterios exactos y cuáles eran los baremos que había fijado la sentencia. A pesar de eso, conociendo eso, votaron y aprobaron por unanimidad una proposición no de ley instando a que se reconocieran como las únicas válidas para todos los afectados las indemnizaciones establecidas por vía judicial y que todos, absolutamente todos, pudieran acogerse a ellas.
La enmienda presentada y que usted ofertó, señor Pascual, no es una enmienda precisamente para la coherencia; no es una enmienda que habilite más dinero para que ninguno de los afectados, sea del grupo que sea, pueda sentirse realmente discriminado. Nada de todo eso. El Grupo Popular ha presentado una enmienda transaccional vergonzante, que no aporta ni una peseta de más, que se apoya exclusivamente en los remanentes de los créditos que un día habilitó el Gobierno socialista. Es una enmienda trampa, es una auténtica farsa que pretende trasladar el debate cinco años atrás; que pretende centrarse en discutir ahora sobre cómo se aplicaron los reales decretos dictados hace cuatro o seis años; que pretende echar mano de la moviola y volver a plantear en estos momentos, en una estudiada maniobra de distracción, cuestiones de 1993 o de 1995, cuando lo que está en juego ahora, el partido que se debe jugar hoy -eso que llaman los deportistas el partido en vivo- es el cumplimiento de la sentencia y tratar de responder satisfactoriamente a la demanda unánime de no discriminación entre los diferentes grupos de afectados.
Por ello, no podía ni puede ser aceptada aquella enmienda transaccional, porque sería convertirnos a todos en cómplices de un nuevo intento, de un burdo intento de engañar a los que tanto han sufrido y soportado. Como son un sarcasmo las últimas palabras del señor Zaplana al anunciar ahora que iba a resolver esta cuestión antes de diciembre, que tuvieron una respuesta de indignación el otro día en una reunión de una asociación de afectados.
La cuestión, señorías, es mucho más seria. Lo que se plantea, repito, una vez más, es la necesidad de resolver ya, de forma definitiva, no discriminatoria y justa el problema de Tous. Eso es lo que quieren absolutamente todos los afectados.
Yo les pido con toda sinceridad, señor Pascual Monzó, señores de la derecha, que se pongan delante del espejo, que se pongan delante del espejo de sus propias palabras, de lo que decían por los pueblos de la comarca de La Ribera o lo que decían aquí desde la oposición; o que se pongan delante del espejo de sus votos, de lo que apenas hace tres o cuatro meses votaron en las Cortes Valencianas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Beviá, le ruego concluya.
El señor BEVIÁ PASTOR: Termino en seguida, presidente.
Sean consecuentes y voten nuestra enmienda o cualquier otra de las que aquí se han debatido, o busquemos entre todos -todavía estamos a tiempo- una fórmula que cierre definitivamente este viejo problema.
Porque, señorías, los ciudadanos de las comarcas de La Ribera no merecen añadir a su larga desgracia esta burla, esta grosera y torpe burla que su propuesta encierra.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Varios señores diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Beviá. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pascual.
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El señor PASCUAL MONZÓ: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero también dar la bienvenida a los valencianos que han venido para asistir a este debate.
Señorías, nos encontramos ya en el último trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados del proyecto de ley de crédito extraordinario para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo del 15 de abril de 1997, en el que vamos a aprobar el dictamen que vamos a remitir al Senado; trámite parlamentario, señorías, para dar cobertura a lo que se ha estado realizando, porque, en cumplimiento de la sentencia citada, a estas alturas 3.429 damnificados acogidos a la sentencia de los 5.270 que comprende el listado definitivo ya han recibido 6.567 millones de pesetas, quedando hasta 9.393, que es el crédito extraordinario habilitado.
Señor Chiquillo, desde un principio, en la enmienda que ha presentado está usted manejando datos anticuados, ya que debería usted saber que hubo que depurar el listado de la Audiencia Provincial porque había muchos nombres duplicados. Por tanto, la enmienda en la que pide usted once mil y pico millones de pesetas está totalmente equivocada, porque, como se demuestra, va a ser más que suficiente el crédito extraordinario que vamos a aprobar en el día de hoy.
A pesar de las críticas que se han vertido aquí, el Partido Popular constantemente ha intentado, en la medida de lo posible, favorecer, ayudar y abrir lo más posible las indemnizaciones a los damnificados.
Por eso, a pesar de las críticas del verano pasado del señor Chiquillo de que los damnificados, como consecuencia de la aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto de ley, iban a cobrar tardísimo, iban a cobrar en diciembre, a la semana siguiente se aprobó un adelanto de tesorería para que los damnificados fueran cobrando sus indemnizaciones. Prueba de ello es que a fecha de hoy más de la mitad ya las han recibido, y los que no lo han hecho, señorías, es porque, a muchos de ellos ha sido imposible localizarlos, a pesar de las investigaciones efectuadas por la Delegación del Gobierno, o porque no se han personado para reclamar sus indemnizaciones.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular, igual que hicimos con las enmiendas de totalidad, vamos a rechazar las enmiendas parciales que han presentado los distintos grupos parlamentarios, porque están en la misma línea del debate que mantuvimos en el pasado mes de diciembre. No han aportado nada nuevo. Por tanto, ya se dieron los argumentos y reiterarlos sería volver a debatir sobre lo mismo.
Se ha producido una novedad respecto de aquel debate, novedad que ya introduje en el debate del pasado martes en la Comisión de Presupuestos, la de que hay unas enmiendas transaccionales que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado, esperando que alguno de los grupos enmendantes les dieran cobertura, cosa que no ha ocurrido.
Con ellas pretendíamos, señorías, eliminar la primera gran discriminación que se hizo con los damnificados. Efectivamente, señor Peralta, el marco legal de los dos reales decretos era el mismo, pero yo no he discutido nunca el marco legal, lo que sí discuto -y lo he dicho reiteradamente- es la aplicación del primer real decreto-ley y también la del segundo.
En la aplicación del primer real decreto-ley el delegado del Gobierno socialista de entonces ofertaba muy por debajo, en muchísimos casos, del importe máximo resarcible, es decir, de la cantidad máxima que el real decreto permitía ofertar a los damnificados. Y si el damnificado quería lo cogía y, si no, lo dejaba. En el segundo real decreto-ley -y gracias al Partido Popular llega la primera gran discriminación positiva para los damnificados- el delegado del Gobierno actual ofertó el máximo de lo que permitía legalmente el real decreto- ley.
Por tanto, señorías, esa es la primera gran discriminación, y el Partido Popular podría haber hecho una aplicación igual a la del primer real decreto-ley.
Señorías, queremos aprovechar este trámite parlamentario del proyecto de ley, este vehículo, este soporte, que nos permite presentar -aunque son más- las dos enmiendas importantes, suculentas, que tenemos. La primera se presenta precisamente para eliminar esta gran discriminación y beneficiar a más de 28.000 damnificados acogidos al primer real decreto-ley, y dice que los que no recibieron hasta el importe máximo resarcible ahora tengan la oportunidad de recibir esa cantidad que en ley y en justicia les correspondía pero que, gracias al delegado del Gobierno socialista de antes, no se les ofertó.
Al segundo real decreto-ley se acogieron 4.646 damnificados, que sí recibieron el importe máximo resarcible, y 12.537 que simplemente se acogieron -como el señor Peralta ha dicho, libremente- porque o eran de tres poblaciones nuevas, que antes no estaban incluidas en el primer real decreto-ley, o bien -malabarismos de entonces del Partido Socialista- porque se trataba de devolverles en el segundo real decreto-ley lo que en el primero se les había deducido de ayudas dadas anteriormente. En el momento de la catástrofe les dieron ayudas, viene el primer real decreto-ley y, como dicen que ya las han recibido, se les descuentan, pero en el segundo querían ustedes volverles a dar aquello que se les había descontado y se les había dado la primera vez. Desde luego, todo ello resulta impresionante.
¿Esto es mucho o es poco? No lo sé, señorías. Indudablemente, hay más de 28.000 damnificados que pueden beneficiarse en cantidades bastante aceptables, en muchos casos. Podemos criticar si es mucho o es poco, pero lo que no comprendo es cómo ningún grupo parlamentario ha prestado soporte a que nuestras enmiendas transaccionales se incluyan en este dictamen.El Grupo Parlamentario Popular, en ningún trámite parlamentario de los aquí habidos, ha tomado una posición así. Habrá criticado porque le habrá parecido mucho o poco, pero nunca ha obstaculizado ni votado en contra de cualquier ayuda o indemnización para los damnificados
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que quisieran acogerse a ella. Ustedes no nos prestan hoy el soporte parlamentario aceptando nuestras enmiendas transaccionales. Están ustedes obstaculizando que muchos miles de damnificados se beneficien. Podrán criticar que sea mucho o poco, me parece correcto, pero ustedes están obstaculizando estas ayudas, cosa que nunca ha hecho el Grupo Parlamentario Popular.
Hay una segunda enmienda importante, señorías, en la que se autoriza al delegado del Gobierno a firmar convenios de colaboración con las asociaciones de damnificados. ¿Por qué? Porque las asociaciones son las que mejor conocen la situación de los damnificados, las que tienen más capacidad de gestión y las que están dispuestas a colaborar con todos los damnificados de la comarca de La Ribera, aunque no sean sus asociados. Y a esto, señora Urán, me refería yo al hablar de despolitizar el tema. Despolitizarlo en este sentido, no manipule usted mis palabras; yo no he hablado de despolitizarlo en general.
En este trámite parlamentario ustedes están utilizando grandes palabras, como justicia o igualdad. Comprendo su posición porque estamos en campaña electoral y tienen que arañar votos como sea, pero permítanme que les diga que su planteamiento hoy, el de unos grupos más que el de otros, respecto a posiciones mantenidas en trámites anteriores, cuanto menos, es un poco fariseo.
Señor Beviá, no sé qué interés tenían en que todos los damnificados se hubieran equiparado, pues aquí se aprobó la toma en consideración de una proposición de ley que defendió entonces el señor González Lizondo, del Grupo Mixto, que luego no se debatió porque ya se encargaron de retrasar la ponencia para que no se debatiera esa proposición de ley. Nadie propuso en las enmiendas que se presentaron ni en los reales decretos-leyes -que aprobaron sin tramitarse como proyectos de ley, con lo cual no se pudieron introducir enmiendas sino que fueron tal como quisieron aprobarlos- que los damnificados que se acogieran al real decreto-ley, en caso de que hubiese una sentencia más favorable, podrían acogerse a ella. En el artículo 1, base quinta, del primer real decreto-ley y en el artículo 5 del segundo decían taxativamente: Renunciarán a cualquier indemnización posterior.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Pascual, le ruego concluya.
El señor PASCUAL MONZÓ: Termino ya, señor presidente.
¿Por qué no dijeron: Los que se acojan a este real decreto-ley, en caso de que haya una sentencia más favorable, podrán acogerse a la sentencia? ¿Por qué no lo dijeron si tan buenos son y tanto se están preocupando por los damnificados de La Ribera? Ustedes han estado diciendo reiteradamente que perdían todo derecho a más, y ahora vienen aquí como los grandes defensores y adalides de los damnificados de la presa de Tous, cuando las mismas asociaciones están dispuestas, señorías, a aceptar las enmiendas que vamos a presentar, no aquí porque ustedes no nos han dejado, pero sí lo vamos a hacer en el Senado, donde tenemos mayoría absoluta, y lo vamos a arreglar.
Señor Beviá, no haber creado tantas clases de damnificados, no haber creado tantos estatus de damnificados como han creado en los años en que han estado gobernando; si tanto interés tenían en equiparar a todos, haber introducido en los reales decretos-leyes, en vez de renuncia a indemnizaciones, una cláusula que dijera: En caso de que haya una sentencia más favorable para los damnificados, podrán acogerse a ella.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Pascual, le ruego concluya de forma inmediata.
El señor PASCUAL MONZÓ: Señor presidente, termino.
Entonces sí habría habido igualdad y no injusticia.
Por tanto, señor presidente, vamos a rechazar las enmiendas y sentimos que hayan obstaculizado un primer paso -va a haber más, señorías- en favor de los damnificados para que termine de una vez por todas el caso Tous.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Pascual.
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS, POR UN IMPORTE TOTAL DE 30.435.217.623 PESETAS, PARA ATENDER INSUFICIENCIAS DE CRÉDITO EN LOS EJERCICIOS 1997 Y 1998, POR LAS SUBVENCIONES QUE SE EFECTÚAN PARA LA COBERTURA DE LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO DE LAS DIVISAS OBTENIDAS EN PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A LAS SOCIEDADES CONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS DE PEAJE. (NÚmero de expediente 121/ 000155.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto 49 del orden del día: Proyecto de ley sobre concesión de créditos extraordinarios para atender insuficiencias de crédito en los ejercicios de 1997 y 1998, por las subvenciones que se efectúan para la cobertura de las diferencias de cambios de las divisas obtenidas en préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje.
A este proyecto de ley ha sido presentada una enmienda por parte del Grupo Federal de Izquierda Unida, para cuya presentación tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, voy a defender las enmiendas que mi grupo parlamentario
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mantiene a un proyecto de ley sobre concesión de un crédito que nosotros consideramos abusivo en la cuantía, aunque -lo que ahora está de moda- legalmente ajustado. Es decir, la ley posibilita la concesión de este crédito extraordinario.
Nosotros consideramos que este crédito de 30.000 millones de pesetas a un sector económico hoy muy rentable, que es el de la gestión de las autopistas, debería ajustarse a la realidad actual y no obedecer a tiempos pretéritos. El propio Tribunal de Cuentas, cuando analizaba las cuentas de dos de estas sociedades, hacía recomendaciones al Gobierno para evitar injusticias que se podían estar cometiendo y señalaba que la regulación para el acceso a estas subvenciones del Banco de España -que se dan muy rápidamente- para compensar el valor de los préstamos que estas sociedades conseguían en moneda extranjera se había realizado en el año 1972, por la situación de inestabilidad cambiaria que había en aquel momento. Como en el año 1972 no había créditos en moneda española para estas entidades, se pedían préstamos en dólares y, como la relación peseta/dólar era muy variable -el dólar podía estar a 100, 120 ó 140 pesetas-, ese riego se compensaba con esta medida. Pero estas sociedades, a lo largo de estos tres últimos años, han recibido unas ayudas del Gobierno que les han llenado las arcas de dinero y, por tanto, han solventado esa inestabilidad que tenían. Por ejemplo, el Gobierno les ha prorrogado las concesiones nada más y nada menos que a 75 años. Saben SS.SS. que las autopistas se construían y, vía la concesión de la explotación durante 40 ó 50 años, en el peaje incluían el costo de la obra, el mantenimiento y el resarcimiento de lo que podríamos llamar costo de la operación de inversión. Pues bien, agotada esa capacidad de amortizar dinero se le ha añadido la prolongación de la concesión a 75 años. Es decir, a estas sociedades les hemos abierto un grifo de beneficios durante 30 años, han recibido una oxigenación, una capacidad de obtener recursos que no es normal. La segunda medida que el Gobierno ha adoptado ha sido reducir el IVA al 7 por ciento (por cierto, tenemos un conflicto con la Unión Europea precisamente por esta reducción), que, aunque no se ha bajado el mismo porcentaje en todas las tarifas, ha significado una reducción de las tarifas. ¿Qué es lo que está pasando con estas sociedades? ¿Qué es lo que están haciendo? Están haciendo truco. En lugar de tener préstamos en monedas estables, lo que les impediría recibir estas subvenciones del Banco de España, han refinanciado su deuda en monedas inestables, en yenes o en francos suizos, con lo que esa diferencia cambiaria es compensada por el Banco de España. Es decir, en román paladino, han abierto sus arcas para que el Estado les meta 30.000 millones de pesetas en sus bolsillos y haga frente a sus gastos financieros, cuando deberían ser acometidos por ellas, que no son precisamente unas pobrecitas. En intervenciones anteriores hemos oído que estábamos en campaña electoral. Pues bien, aquí alguien recibe y alguien paga.
¿Estaba previsto presupuestariamente? También choca que el Gobierno tenga una previsión presupuestaria en 1997 de 17.000 millones de pesetas en esta partida y para hacer frente a algunos créditos extraordinarios a lo largo del año haya reducido 8.000 millones de pesetas y ahora le inyecte 30.000 millones. ¿En qué quedamos? En medio del año sacamos 8.000 millones y ahora metemos 30.000 millones de pesetas. Esta relación que hay con las concesionarias de autopistas es lo menos sólido que podemos encontrar, es como más fluyente en las valoraciones que tenemos de un mes a otro mes. No entiendo cómo puede producirse esta actuación. ¿Qué pretenden nuestras enmiendas a este proyecto? Por ley estamos obligados, pero nuestras enmiendas pretenden simplemente que las recomendaciones del Tribunal de Cuentas se cumplan. Se me puede decir que no es el sitio mejor un crédito extraordinario. Permítanme SS.SS. que les diga que cuando se nos presenta un proyecto como éste es cuando nos damos cuenta de que la previsión del Gobierno al hacer el presupuesto ha sido trucada. El Gobierno nos dijo que para el ejercicio 1998 iba a haber 11.000 millones de pesetas para esta partida, pero resulta que se han equivocado, al cabo de tres meses han sacado la cuenta y les faltan 30.000 millones de pesetas. Es una equivocación grande. No les estoy hablando del año 1999 sino de 1998, y para el año 1997 fueron 17.000 millones; esta es la suma de los dos años. ¿Hay que pagarlo? Evidentemente. El Banco de España ya lo ha anticipado. ¡Hay que ver la rapidez con que esto se cobra! Antes hemos visto otro crédito extraordinario en el que habían esperado 15 ó 20 años para poder cobrar. Estas entidades lo tienen asegurado, tienen facilidad para recibir el dinero; otros, no tanto. Nuestras enmiendas pretenden también introducir en este crédito extraordinario una salvaguarda que intente garantizar -y lo dice el Tribunal de Cuentas- que las empresas no hagan trucos para hacer pagar al Estado lo que les corresponde a ellas en sus gastos financieros. Nuestras enmiendas, por tanto, pretenden añadir que las garantías o seguros de cambio en los préstamos concertados con el exterior en moneda extranjera no se asuman en las operaciones de endeudamiento, incluida la refinanciación, que se hayan realizado con posterioridad al vencimiento del período máximo de financiación establecido. Esta era una de las garantías de las que hablaba el Tribunal de Cuentas. ¿Para cuándo dijo esto el Tribunal de Cuentas y por qué viene en este crédito extraordinario? Se me puede decir que nuestro grupo podía haber modificado la regulación legal. Yo acepto que lo podíamos haber hecho, pero estas recomendaciones están hechas para las cuentas del año 1995 y el crédito extraordinario es para 1997 y 1998. El Gobierno ha tenido dos años para cumplir estas recomendaciones del Tribunal de Cuentas; como no las ha podido realizar yo las traigo aquí.
Fíjense en lo que les digo. No se asuste nadie. El objetivo que persigo es razonable: que el Estado se ahorre dinero, no pague a estas empresas los 30.000
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millones o pague lo que sea ajustado y el dinero lo destine a otras cosas. Nosotros queremos que la presupuestación sea lo más ajustada, que la valoración del Gobierno sobre lo que le va a costar estas actuaciones vengan más medidas en el tiempo. Pedimos que los decretos que regulan estas inversiones, estas actuaciones, estos gastos sean adecuados y se puedan cumplir, porque estas empresas se están saltando, según dice el Tribunal de Cuentas, un decreto del año 1973 y otro del año 1975. El objetivo que persigue mi grupo es que unas empresas que obtienen grandes beneficios, unas empresas que han sido beneficiadas por las medidas del Gobierno no camuflen gastos financieros al propio Estado. Si mis enmiendas tuviera la mala suerte de no ser aceptadas, si no he tenido la suficiente habilidad para convencer a SS.SS. de la bondad de esta propuesta y de mi buena relación con el Tribunal de Cuentas para hacer claros y transparentes los gastos del Estado, si esto sucediera -espero que no sea así-, ya les anuncio que intentaremos evitar que suceda otros años vía modificación de todo el cuerpo legal. Espero que el Gobierno o el grupo que lo soporta, que es el que más presencia tiene en la Cámara, tome nota aunque sea con lápiz de escribir a grandes trazos y diga: Gobierno, modifica la legislación porque te puedes ahorrar 20.000 millones de estas empresas, que no son pobres, que son unas empresas poderosas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ríos. ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Ríos, por nuestra parte no quedará el que no sean aprobadas sus enmiendas pues las vamos a apoyar. El problema no está en nosotros, va a estar en frente.
Quiero fijar la posición de nuestro grupo en relación a este proyecto de ley y a las enmiendas que quedan vivas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida casi repitiendo la intervención que tuve en el Pleno y en la Comisión. Como dijimos en el debate de totalidad, este proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario de 30.400 millones de pesetas nos parece legal, como no podía ser de otra forma, pero inmoral; legal pero injusto. Estamos hablando de un proyecto de ley que viene precedido de un cuerpo legislativo del año 1972 cuyas consecuencias son absolutamente legales pero que nos parece inmoral y poco ético. Estamos hablando de la concesión de unas autopistas a unas empresas para que hicieran unas inversiones y las explotaran a la luz de la legislación del año 1972. Veintisiete años después, uno tiene la sensación de que las reglas del juego que se establecieron en aquel momento tienen poco que ver con la ética y con la equidad. Las concesionarias de las autopistas prácticamente eran grupos financieros, grupos inversores importantes que al socaire de unas relaciones de poder existentes en su día consiguieron unas reglas de juego muy beneficiosas en este caso, como se puede comprobar, para las concesionarias de autopistas. Estas empresas que hicieron las autopistas y que las están explotando desde su inicio están relacionadas, como decía antes, con grandes grupos financieros y grandes familia de este país. Ganaron cuando se les otorgó la concesión, ganaron cuando las empresas crediticias les concedían los créditos para hacer las obras -eran ellos mismos-, ganaron cuando pedían los créditos, ganaron cuando se les daban las ayudas para hacer las inversiones y siguen ganando veintiséis años después cuando el Gobierno, es decir todos los españoles, les estamos dando, año sí y año también, miles de millones de pesetas para arreglar una situación financiera que ellos mismos crearon como consecuencia de pedir unos créditos a tipos de interés más baratos pero con un ritmo y una volatilidad, en función de la divisa a que los pedían, verdaderamente altos.
Recuerdo que hace ya algunos años, cuando tomó posesión el Gobierno socialista, alguien me dio una información que me puso los pelos de punta. En el Ministerio de Obras Públicas entonces, ahora de Fomento, para pagar las concesiones o los créditos de las autopistas en moneda extranjera se presupuestaba una cantidad mayor que la que el conjunto del Estado dedicaba cada año para hacer sus propias carreteras. Esto me pareció un escándalo y pensaba que se acabaría, pero en muy poco tiempo se ha visto que estas cantidades siguen aumentando y lo peor de todo es que el Gobierno no sabe nunca muy bien qué es lo que tiene que presupuestar, o si lo sabe no lo pone en los presupuestos, porque como coincide con la ejecución de una ley del año 1972 piensa que nadie va a decir que no se opone a esta concesión de créditos, con lo cual estamos dando en los presupuestos y en los créditos extraordinarios miles de millones para estas autopistas.
Me parece injusto y en cierto modo inmoral porque si se aprueba este proyecto de ley estamos dando más de 30.000 millones de pesetas a las concesionarias de autopistas que están ganando miles de millones de pesetas; que están realizando grandes inversiones no en este país, sino fuera; que a su vez no están ejecutando las obras de reposición que necesitan las autopistas por las que viajan montones de españoles que pagan el peaje y seguirán pagando a través de sus impuestos el dinero que les estamos dando con este crédito extraordinario. No se cumple el equilibrio financiero. Les voy a dar un ejemplo para que vean cómo estas concesionarias de autopistas tienen poco, más bien nada, de carácter social. A la autopista vascoaragonesa, la autopista que va de Bilbao a Zaragoza, se le ha dado en los últimos años por la concesión de estos créditos en moneda extranjera más de 75.000 millones de pesetas. Ahora que el Estado, ahora que el Ministerio de Fomento necesita liberalizar una parte de la autopista para que puedan transitar sobre todo los camiones o los
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vehículos pesados como consecuencia de una obra que se va a realizar en la circunvalación de Logroño, después de haberles dado 75.000 millones de pesetas en los últimos años, en vez de permitir el paso gratuito de estos grandes vehículos cobra a la comunidad autónoma y al Estado una especie de canon de casi 100 millones de pesetas.
Señor presidente, creemos que no hay reciprocidad entre las decisiones que toma el Gobierno y que quiere que apoye este Parlamento en relación a las concesión de autopistas y lo que las autopistas están dando. Por eso apoyaremos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y no el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno, a pesar de que en el trámite de enmiendas nos proponen gastar 4.000 millones de pesetas menos que lo previsto inicialmente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Sanz Palacio.
El señor SANZ PALACIO: Gracias, señor presidente.
Señor Ríos, lamento profundamente no escuchar un solo argumento añadido a los que ya ha expresado usted en el debate de totalidad en el Pleno y en el debate en Comisión. En aras de la brevedad, me remito a lo que ya hemos manifestado tanto en el debate de totalidad aquí en el Pleno como en el debate en Comisión para no ser repetitivo. Sigue usted planteando una serie de temas que no son objeto del crédito extraordinario y le sigo invitando a presentar otro tipo de iniciativas en esta Cámara para dialogar sobre ellas.
Allí nos encontrará para poder discutir.
Nuestro grupo va a votar favorablemente el dictamen de la Comisión sobre este proyecto de ley porque estamos ante el cumplimiento de una obligación legal tal y como han reconocido todos los grupos. Repito que esta ley no la hizo el Gobierno pero todos la hemos de observar, y las enmiendas del Grupo Popular incorporadas al dictamen lo fueron para dar cumplimiento al artículo 64 de la Ley General Presupuestaria y para introducir las cantidades definitivas, cantidades conocidas con posterioridad a la preparación del proyecto de ley, motivo por el que se modifican los importes iniciales del proyecto mediante enmiendas.
En cuanto a las enmiendas de adición números 5 y 6 que el Grupo Federal de Izquierda Unida ha mantenido en el Pleno, referidas a que el Estado no asuma los beneficios y obligaciones en relación con las operaciones de endeudamiento que se realicen con posterioridad al vencimiento del período máximo de financiación establecido para cada concesión y su fecha de aplicación, le recuerdo, señor Ríos, que los créditos extraordinarios se tramitan como proyectos de ley y se trata de leyes presupuestarias singulares con unos requisitos procedimentales que marca la Ley General Presupuestaria. Por eso el objeto de la enmienda propuesta es de carácter sustantivo y no lo consideramos el trámite adecuado para ello.
En cuanto a la enmienda número 7, también de adición, para compensar a los municipios afectados por las exenciones en los tributos locales que disfrutan las entidades concesionarias de autopistas, se trata, como S.S. sabe bien, de una previsión legal recogida en la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para este año 1999, relativa al estudio de la compensación a los ayuntamientos por la bonificación estatal del artículo 12 de la Ley 8/1972, del 10 de mayo. En cualquier caso, tampoco sería este proyecto de ley el camino adecuado para recoger tal disposición por ser su objetivo la concesión de un crédito extraordinario.
Por tanto, nosotros vamos a votar en contra de las enmiendas de Izquierda Unida de acuerdo con lo expuesto en la Comisión y de acuerdo con lo expuesto en el debate de totalidad en el Pleno.
Apreciamos el informe del Tribunal de Cuentas, apreciamos también algunas de las opiniones vertidas por el señor Ríos y lo tendremos en cuenta para otras iniciativas en el seno de otra Cámara. Quiero insistir y recordar una vez más que la ley no la hicimos nosotros, y otros que en esta Cámara se rasgan las vestiduras y hablan de inmoralidades y de injusticias tuvieron tiempo para cambiarla; si no lo hicieron es su responsabilidad. Nosotros estamos abiertos al diálogo y, si se plantean reformas previstas y que sean adecuadas, las podremos discutir para llegar a acuerdos en esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Sanz.
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 16.870.101.469 PESETAS, PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A LAS EMPRESAS COLABORADORAS DE ASISTENCIA SANITARIA DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA ESTABLECIDA EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 66/1997, DE 30 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL PARA 1998. (Número de expediente 121/000157.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al punto 50 del orden del día: Dictamen de la Comisión del proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario para hacer efectivo el pago a las empresas colaboradoras de asistencia sanitaria de la compensación económica establecida en la disposición transitoria sexta de la Ley 66, de 30 de diciembre de 1997, de medidas fiscales, administrativas y de orden social para 1998. A este dictamen ha sido presentada una enmienda del Grupo Parlamentario
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Socialista, para cuya presentación y defensa tiene la palabra la señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista mantiene para su defensa en este Pleno cuatro enmiendas de supresión a cada uno de los artículos y a la exposición de motivos de este proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario, por el que el Gobierno va a conceder cerca de 17.000 millones de pesetas a treinta y seis empresas colaboradoras que han prestado asistencia sanitaria a un colectivo de 219.000 trabajadores durante el pasado año 1998. Con estas enmiendas de supresión queremos poner de manifiesto que este proyecto de ley es contrario a la Ley General de Sanidad de 1986, que en su título I dice: La asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española; el acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad y de efectividad. Y en su título III dice: El Sistema Nacional de Salud integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que, de acuerdo con lo previsto en la presente ley, son responsabilidad de los poderes públicos para el debido cumplimiento del derecho de protección a la salud.
Señorías, cito literalmente estos dos artículos de la ley para dejar en evidencia las acciones del Gobierno y de su ministro de Sanidad que, una tras otra, están vulnerando los principios básicos de esta ley y que no pueden quedar ocultas tras la palabrería del discurso a que nos tienen acostumbrados. No es legítimo presentarse como el principal defensor del Sistema Nacional de Salud cuando continuamente las decisiones que toma el Gobierno y las iniciativas que trae a esta Cámara están socavando el sistema público. Y como este Gobierno tiene un afán especial en reinventar el mundo no está mal recordar cuál es la realidad de la que venimos, al menos para retener un poco la memoria histórica.
La Ley de Presupuestos de 1989 estableció por primera vez que la financiación del Sistema Nacional de Salud debía hacerse preferentemente a través de ingresos tributarios del Estado. A partir de ahí, los acuerdos con las comunidades autónomas de financiación del año 1994 y recientemente del año 1998 confirmaron este principio.
Igualmente, los acuerdos del Pacto de Toledo establecieron que las prestaciones no contributivas y de servicio universal -y ello es la sanidad- deben ser financiadas a través de las aportaciones del Estado. Es en los presupuestos de este año de 1999 cuando el Sistema Nacional de Salud se financia íntegramente por estos ingresos tributarios, pero el único objetivo de este proyecto de ley es favorecer el aseguramiento privado, financiado, eso sí, con fondos públicos, y ello a costa de mantener un sistema obsoleto y arcaico, basado en la consideración de la asistencia sanitaria como una prestación de seguro social y no como una prestación universal.
Mantenemos nuestras enmiendas porque estamos en contra de este proyecto en su conjunto, que consideramos es un paso más en la firme decisión del Gobierno de desmontar el actual Sistema Nacional de Salud, universal, igual y equitativo para todos, e implantar un modelo dual, fragmentario, de estratificación social que obedece a dos principios que el ministro ya ha expuesto en esta Cámara en alguna ocasión: que no se debe seguir manteniendo el monopolio estatal del Estado y que hay que liberalizar el sector, es decir, hay que privatizarlo; o que un sistema público es aquel que se financia con fondos públicos, independientemente de quién preste el servicio y de cómo se preste. Es la coartada perfecta para seguir llamando público a un sistema de aseguramiento privado y, a su vez, permitir su financiación con fondos públicos.
Además, este proyecto de ley no es un hecho aislado. Se une a las otras medidas tomadas anteriormente por el Gobierno, todas ellas en la misma dirección: la Ley de fundaciones públicas o la Ley del IRPF, que concede sustanciosos beneficios fiscales a las empresas que contratan seguros privados de enfermedad. Se han establecido en esta nueva ley dos fórmulas. Por una parte, la contratación de seguros médicos privados se considera un gasto deducible por estas empresas, que podrán desgravar hasta un 35 por ciento en el Impuesto de Sociedades. Por otra parte, de manera complementaria, deja de considerarse una retribución en especie la contratación de un seguro privado por parte de la empresa a sus trabajadores, lo que implica una menor tributación en las rentas altas. Este sistema está sin duda copiado del americano, en el que la cobertura sanitaria se obtiene a través de las empresas y en el que la asistencia sanitaria está vinculada al contrato de trabajo; las pólizas lógicamente serán diferentes para los directivos y para el resto de los trabajadores.
¿Creen ustedes realmente que esto es una defensa del sistema público, igual y equitativo para todos, o es realmente lo que parece, el fomento del aseguramiento privado, dirigido en oferta especial a los profesionales de alto y medio nivel para que sirva como banderín de enganche, como modelo a elegir para el resto de la población? Por eso insistimos en denunciar que el Gobierno está realizando una contrarreforma sanitaria, que el sistema que está implantando es aquel que considera la salud como un bien individual al que se accede según la situación o capacidad económica, laboral o social. Esto significa acabar con el sistema público, basado en los principios de equidad, igualdad y universalidad, que tan altamente valoran todos los ciudadanos. Precisamente por esta razón se está implantando de manera callada y ocultándolo a la opinión pública. Este proyecto que hoy debatimos es, además, un modelo más caro, menos eficaz y menos igualitario. Es más caro porque subvencionar empresas privadas para la prestación de servicios sanitarios a una parte de la población aumenta los costes generales que habría si esta población estuviera en el sistema general de prestaciones. Este modelo cuesta dos puntos más del PIB, lo que en España
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sería un billón 200.000 millones de pesetas más de gasto sanitario.
Es más caro porque estas empresas sólo se hacen cargo de los trabajadores cuando están en activo y no cuando se produce su jubilación, cuando es más cara la asistencia sanitaria.
En nuestra segunda enmienda proponemos la supresión del artículo 1 porque se ha hecho un cálculo arbitrario. Se está planteando una sobrefinanciación a las empresas colaboradoras. La metodología seguida para este cálculo en el proyecto equipara básicamente el gasto medio sanitario de estos 219.000 trabajadores, que prestan sus servicios en grandes empresas, con el gasto medio de la población cubierta por el Sistema Nacional de Salud, cuando el riesgo de aquellos es sensiblemente inferior al de la población en general. En la tramitación del proyecto nadie ha explicado por qué el coeficiente reductor, consecuencia de prestar asistencia sanitaria sólo a estos activos, no es el adecuado. El Gobierno aplica el coeficiente del 0,82 sin explicar cuál es el modelo de cálculo empleado. Un cálculo más razonable -ya lo hemos expuesto con anterioridad- sería el 0,65, pues las personas jubiladas generan un gasto superior en tres o cuatro veces a la media de la población. Este coeficiente reductor sólo normaliza la edad de la población ocupada, por lo que probablemente debía ser mayor. De esta manera, la estimación económica que hacemos sería que la compensación a estas empresas colaboradoras debía ser 13.143 millones en lugar de los 16.870 que se nos proponen en este crédito extraordinario, es decir, 3.727 millones de pesetas más que se les conceden gratuitamente. Es un sistema menos eficaz porque la cobertura que se está prestando se entiende como complementaria por los ciudadanos, y es menos igualitario porque es un sistema regresivo en el que los trabajadores no pueden tomar la decisión de elegir quién les va a prestar la cobertura sanitaria, si el Sistema Nacional de Salud o estas empresas colaboradoras. La decisión la tienen los consejos de administración de las empresas en las que trabajan.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Pozuelo, le ruego concluyo.
La señora POZUELO MEÑO: Concluyo rápidamente, señor presidente.
Señorías, la Ley General de Sanidad prevé la integración de todos los sistemas de protección dentro de un único sistema público sanitario, eliminando las diferencias de cobertura entre distintos colectivos.
El Grupo Parlamentario Socialista cree que este hubiera sido el momento adecuado para cumplir definitivamente las previsiones de aseguramiento único y universal. Se debían haber unificado los diferentes sistemas de cobertura para garantizar a los ciudadanos su incorporación a un sistema único. Por otra parte, no entendemos, y nadie lo ha explicado en toda la tramitación del proyecto, por qué el Gobierno ha anticipado al año 1998 la fórmula de deducción de cotizaciones que se aplicaba a estas empresas por el método de compensación económica que hoy nos plantean. Tampoco sabemos, porque nadie lo ha explicado tampoco, qué van a hacer en el año 1999. Los presupuestos de este año no tienen cobertura para financiar a estas empresas colaboradoras. ¿Van a volver a traernos dentro de pocos meses un proyecto de ley semejante al que estamos debatiendo? Señor presidente, señorías, termino diciendo que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra de este proyecto de ley porque consideramos que es arbitrario, que va en contra de la consolidación del Sistema Nacional de Salud como un sistema universal, igual y equitativo para todos, y solicitamos a los grupos el voto favorable a las enmiendas de supresión que hemos presentado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Pozuelo.
Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a votar en contra de la concesión de un crédito extraordinario de 16.000 millones de pesetas a empresas que colaboran en la prestación de la asistencia sanitaria. Es verdad que la posibilidad de que las empresas presten atención sanitaria directamente a sus trabajadores es un planteamiento que viene de lejos. Se plantea por primera vez en la Ley General de la Seguridad Social en 1966, y se traslada a las sucesivas leyes de Seguridad Social de 1974 y de 1994.
Nuestro grupo parlamentario ha planteado en reiteradas ocasiones, tanto con este Gobierno como con gobiernos anteriores, que el sistema sanitario integrado público y único entraba claramente en contradicción con la posibilidad del mantenimiento de la prestación de la asistencia sanitaria a través de empresas colaboradoras. Esta fragmentación del sistema sanitario, además, constituía un ejemplo paradigmático de lo que es la parasitación de lo público por parte de lo privado en materia de asistencia sanitaria. Por tanto, la acusación de ineficiencia, de burocratización, de despilfarro que se hacía al sistema público venía siendo agravado además por el hecho de que las empresas privadas que se hacen cargo de la asistencia sanitaria se hacen cargo además de los elementos, de los procesos y de la población que menos recursos sanitarios detrae. Estamos ante una reiterada perversión de lo que es el planteamiento de la equidad y la solidaridad en el sistema sanitario.
Es evidente que a la hora de aplicar criterios de mercado a la sanidad hay un hecho tozudo que denuncia a quienes se están planteando obtener recursos económicos, beneficios privados, a través de la asistencia sanitaria.El 5 por ciento de la población de mayor edad,
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enfermos crónicos, minusválidos y pobres en general, consumen el 50 por ciento de los recursos sanitarios. Toda empresa que prescinda de la atención sanitaria a estos colectivos tiene garantizado el negocio de la salud y, por supuesto, la sobrecarga económica del sistema sanitario público. Estamos ante una demostración palpable de cómo empresas privadas acceden a la financiación pública para prestar atención sanitaria a un colectivo privilegiado, a un colectivo básicamente sano como el que comprende a los trabajadores en activo y a sus familias, detrayendo fondos públicos de la financiación de la sanidad y, en consecuencia, gravando económicamente la prestación sanitaria pública al conjunto de la población. Evidentemente, esta es una más de las formas; quizás la contrarreforma de la sanidad del PP se caracteriza básicamente por la multiplicidad de formas de financiación pública de empresas privadas que se está poniendo en marcha. Esto, junto con la reforma del IRPF, es un ejemplo de la introducción del modelo más regresivo, del modelo más caro de asistencia sanitaria que existe en el mundo, como es el modelo de asistencia sanitaria de Estados Unidos, modelo denunciado incluso por los empresarios privados de las empresas productivas, que han denunciado la sobrecarga de costes que supone este modelo sanitario, que no solamente deja a más de 40 millones de personas sin ningún tipo de asistencia sanitaria sino que, como es bien conocido por los expertos en el tema, es un sistema que permite que en ese país mueran cien mil personas al año por no tener posibilidades de pagar al médico o los medicamentos. Esta cifra global es exactamente el triple de la mortalidad por una enfermedad de la que se habla como epidemia moderna, el sida, es decir, que por no tener posibilidad alguna de acceder al sistema sanitario, muere el triple de personas que por sida en Estados Unidos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Maestro, le ruego concluya.
La señora MAESTRO MARTÍN: Sí, termino, señor presidente.
Por tanto, mi grupo parlamentario, en coherencia con la posición mantenida tanto frente al proyecto del Gobierno del PP como cuando desde el Gobierno socialista se planteaban medidas semejantes, va a votar en contra del proyecto que nos presenta el Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Maestro.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Echániz.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a rechazar las enmiendas que presentó el Partido Socialista y que ha mantenido vivas para el Pleno a este proyecto de ley de crédito extraordinario para compensar a las empresas colaboradoras en la gestión de la asistencia sanitaria de las contingencias comunes como consecuencia de la disposición transitoria sexta de la Ley de acompañamiento para 1998, compensación que surge con motivo de la desaparición de los coeficientes reductores en las cotizaciones de estas empresas como consecuencia de la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social y, por tanto, del cumplimiento de una de las resoluciones del Pacto de Toledo y como resultado también de los servicios prestados por estas empresas a lo largo de 1998. No significa, por tanto, ningún cambio en la naturaleza de la prestación ni en la financiación mediante recursos públicos, sino sencillamente un cambio en el origen, un cambio en la forma de financiación en la medida en que de la redacción de la disposición transitoria no se podía desprender el importe final de estas compensaciones.
Asistimos, señorías, desde hace dos meses, a un virulento ataque del Partido Socialista a este régimen de colaboración. Es curioso que después de defender este sistema durante 14 años ahora lo denosten y lo persigan. Es curioso, pero los bandazos y las incongruencias a que nos tienen acostumbrados en los últimos tiempos empiezan a no sorprendernos nada. (Protestas.) Quizás nos quieran argumentar que se les pasó por alto o que no cayeron entonces en lo malo que era el sistema o en que se han enterado de su existencia ahora por los periódicos -ya recuerdan-, pero eso no es creíble, señorías. Ustedes mantuvieron estas empresas en la Comisión de reforma de la Seguridad Social de 1985, como consecuencia del Acuerdo Económico y Social de 1984. Ustedes mantuvieron estas empresas cuando firmaron el Pacto de Toledo. Ustedes mantuvieron estas empresas cuando aprobaron el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en 1994 y en su artículo 77 regularon las condiciones de colaboración y las facultades para la autorización de estas empresas. En definitiva, ustedes mantuvieron estas empresas cuando aprobaron la Ley General de Sanidad de 1996. ¿Me puede explicar, se dignará a explicarnos alguna vez, señora Pozuelo, por qué este sistema les ha gustado durante 14 años y ahora luchan por eliminarlo? Esta es la tercera ocasión que tienen ustedes en esta Cámara y aún no hemos obtenido ninguna respuesta. Supongo, claro, que ni ustedes la tienen. Esto ya no es un ejercicio de cintura política, esto es un ejercicio de incongruencia, de demagogia, de efecto zigzag como se han visto pocos en los últimos tiempos, o quizás es un reflejo del efecto retardado después de 14 años. Lo único que les honra, señora Pozuelo, es que hayan hecho público ese arrepentimiento en esta tribuna, y es bueno que digan que se arrepienten ahora de un sistema que es el suyo y que no es el nuestro. Es bueno que se sepa que ustedes mantuvieron, según sus propias palabras, con este sistema de colaboración, el sistema sanitario privatizado y fraccionado,porque frente a los coeficientes reductores
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automáticos en las cotizaciones, que son mucho más opacos, que son mucho más difíciles de controlar, ahora se han establecido sistemas de información, se han ponderado hasta dos factores para homogeneizar los costes y se está además utilizando un punto de partida que es objetivo, que es la cuota de asistencia médico-farmacéutica por enfermedad común y accidente no laboral, que corresponde satisfacer a los colectivos ajenos al Sistema Nacional de Salud público en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de enero de 1998 donde se establecen las normas de cotización a la Seguridad Social. Porque esta compensación, señorías, se establece en términos capitativos, en función del número de trabajadores de la empresa, y el importe final ha de ser, en cualquier caso, inferior al coste real de los servicios prestados por el Insalud y, por tanto, no va a costar ni una sola peseta más de lo que costarían estos trabajadores en el Sistema Nacional de Salud. Porque este crédito, además, es inferior a lo presupuestado hace tres años y muy inferior, señorías, a lo presupuestado por ustedes hace cinco años, porque según los criterios anteriores -los suyos, tengo que decir-, el criterio necesario hubiera sido superior en 4.000 millones. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros, 4.000 millones de pesetas.
Su grado de desconcierto es de tal magnitud que afirman que según sus coeficientes reductores el crédito debería ser de 13.143 millones y a la vez plantean en esta Cámara una iniciativa donde dicen que debe ser de 17.882; casi 5.000 millones más. Por tanto, creo que tienen que empezar por aprender a hacer las cuentas bien, porque así no van a llegar a ninguna parte y no se puede jugar de esta manera con el dinero de los españoles. (Protestas.) Permítame que le diga también -porque lo esgrimió usted en su intervención anterior en esta tribuna y porque creo que todavía no se han enterado- que las desgravaciones fiscales del 35 por ciento no lo son en la nueva Ley del IRPF, que las desgravaciones del 35 por ciento lo son en la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades, que es otra ley distinta y que además hicieron ustedes.
Señorías, la política sanitaria del Grupo Parlamentario Socialista de los últimos tres años ha consistido en acabar con Muface, en acabar con las colaboradoras, en acabar con la fundaciones públicas sanitarias, en acabar con el tratamiento fiscal a los seguros sanitarios, en acabar con Alcira, con Alcorcón, con Manacor, pero todavía no han dado ustedes una sola idea positiva, hasta se fueron de la subcomisión para la modernización y la consolidación del Sistema Nacional de Salud porque no tenían ni una sola idea que aportar para mejorar el sistema. Ha repetido usted, señora Pozuelo, el mismo discurso...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Echániz, le ruego vaya concluyendo.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Voy terminando, señor presidente.
Señores del Grupo Parlamentario Socialista, llevamos preguntándoles cuál es su modelo para la sanidad del futuro desde hace varios años, y todavía no nos han contestado. Lo que sí sabemos es que el que tenían antes no funcionaba, que no pueden dar muchas lecciones de lo que hicieron a través de su mala gestión y que dejaron todos los problemas sin resolver: los mestos, las listas de espera, las transferencias, las colaboradoras, la financiación, la gestión, la salud pública, el gasto farmacéutico, la universalización, la libre elección, la autonomía de los centros sanitarios, los concursos de traslado de estos días o los propios interinos; todo sin hacer.
Además ahora, señorías, se han bajado ustedes del carro de la modernidad y continúan con un discurso vacío y que huele a naftalina (Rumores.) Lo obsoleto y arcaico, señorías, no es este sistema, lo obsoleto, lo anacrónico, lo decimonónico, lo jurásico, si me permiten, son sus ideas y sus planteamientos políticos en sanidad.
(Rumores.-Protestas.-Aplausos.)
Mientras tanto, señorías, nosotros hemos hecho muchas cosas (Rumores.), hemos hecho muchas reformas de forma decidida, de forma transparente y aún haremos muchas más si los españoles siguen refrendando nuestra buena gestión, y también con las empresas colaboradoras que necesitan un replanteamiento general. Y lo vamos a hacer, no les quepa duda, pero sin incrementar de golpe la presión sobre el Sistema Nacional de Salud, sin que desaparezca el tejido sanitario y hospitalario sobre el que se asienta en este momento la prestación de servicio de estos grupos e intentando mantener el alto grado de satisfacción que manifiestan los trabajadores, sus sindicatos y las empresas con este servicio. (Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Echániz, le ruego concluya. (Rumores.)
Señorías, les ruego que guarden silencio.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Acabo, señor presidente.
Por último, señorías, decía que llevan ustedes tres años desgañitándose en afirmar que hemos privatizado la sanidad, y pueden ustedes seguir haciéndolo porque ya nadie les va a hacer caso en este país. (Rumores.) Los ciudadanos, señorías, no son tontos como ustedes creen y los españoles se han dado cuenta de que desde que gobierna el Partido Popular hay mejor gestión, hay más eficiencia, hay más financiación, hay más hospitales, hay más centros de salud, hay menos listas de espera, hay más intervenciones quirúrgicas, hay más consultas y hay más calidad en la sanidad pública española.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.- Risas.-Protestas.)
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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Echániz. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de pasar a las votaciones de los dictámenes que han sido debatidos, querría someter a la aprobación del Pleno la siguiente declaración institucional sobre el 50 aniversario del Consejo de Europa.
El Congreso de los Diputados felicita al Consejo de Europa al cumplirse el 50 aniversario de la Organización. Creado el 5 de mayo de 1949, el Consejo de Europa nació con la vocación de favorecer el acercamiento y la cooperación entre los pueblos y las naciones de Europa. El Congreso de los Diputados desea subrayar la labor que el Consejo de Europa ha venido realizando durante estas cinco décadas en favor del respeto y la salvaguarda permanente de los derechos y libertades fundamentales de la persona humana y de la protección de las minorías, así como su lucha contra toda forma de racismos, xenofobia o discriminación étnica o religiosa y su enérgico compromiso en favor de la igualdad de los casi 800 millones de ciudadanos de los 41 Estados que forman parte en la actualidad de la Organización.
A lo largo de estas cinco décadas, el Consejo de Europa ha sido un gran productor de normas jurídicas, labor que se ha materializado en la elaboración de más de 170 convenios, acuerdos o protocolos sobre las materias más variadas, desde el Convenio de Roma de 1950 para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que constituye su texto más relevante, hasta los acuerdos sobre materias concretas, de manera que ningún sector importante de la vida social haya quedado al margen de esos ambiciosos proyectos de armonización jurídica supranacional. El Consejo se ha convertido, asimismo, en un gran foro de debate y enjuiciamiento político entre los Estados miembros que no ha dejado nunca de defender la causa de la democracia y la libertad en Europa.
El Congreso de los Diputados quiere aprovechar la ocasión para rendir un especial homenaje al trabajo realizado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, creada también en 1949, primera Asamblea internacional de la historia que fue capaz de conferir por primera vez una dimensión parlamentaria a las relaciones internacionales.
Por último, el Consejo ha sido centro impulsor y promotor de estudios propiamente científicos sobre cuantas materias afectan al bienestar y a las condiciones materiales y ambientales de vida de los individuos y de las sociedades europeas. El Congreso de los Diputados formula sus mejores votos para que el Consejo de Europa y, en particular, su Tribunal de Derechos Humanos, se fortalezca aún más y llegue a ser el garante auténtico y el símbolo de un derecho y de una justicia común para todos los Estados miembros de Europa en favor de todos sus ciudadanos y todos sus grupos culturales, étnicos o regionales. ¿Lo aprueba el Pleno? (Asentimiento.-Aplausos.) Muchas gracias, señorías.
Pasamos a las votaciones correspondientes al dictamen del proyecto de ley por la que se concede un crédito extraordinario por importe de 9.000 millones de pesetas para el pago de indemnizaciones derivadas del derrumbamiento de la presa de Tous, según sentencia del Tribunal Supremo de 1997. Comenzamos por someter a votación las enmiendas que en el Grupo Mixto presenta el señor Chiquillo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 139; en contra, 152.
Enmiendas del señor Peralta, del Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 136; en contra, 154; abstenciones, una.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 135; en contra, 156.
Enmienda número 9, del Grupo Socialista, única subsistente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 137; en contra, 153; abstenciones, una.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 288; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobado el dictamen al referido proyecto de ley.
Pasamos al que se refiere al proyecto de ley sobre concesión de créditos extraordinarios para atender insuficiencias de crédito en los ejercicios 1997 y 1998 por las subvenciones que se efectúan para la cobertura
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de las diferencias de cambio de las divisas obtenidas en préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje.
Votamos las enmiendas al dictamen del Grupo de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 133; en contra, 154; abstenciones, cuatro.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 161; en contra, 128; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen al referido proyecto de ley.
Pasamos al que se refiere a su vez a la concesión de un crédito extraordinario por importe de 16.000 millones de pesetas para hacer efectivo el pago a las empresas colaboradoras de asistencia sanitaria de la compensación económica establecida en la disposición transitoria sexta de la Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social para 1998.
Votamos en primer lugar las enmiendas del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 132; en contra, 155; abstenciones, tres.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 155; en contra, 133;
abstenciones, tres.
Concluido así el orden del día, se levanta la sesión. Buenos días.
Corrección de error.-En el «Diario de Sesiones» de ayer, miércoles, 19 de mayo de 1999, figura por error que se suspendió la sesión a las siete y quince minutos de la tarde, cuando dicha suspensión se produjo realmente a las seis y cuarenta y cinco minutos.

References: artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 7
 artículo 10
 ARTÍCULO 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 7
 artículo 10
 Real Decreto 
 artículo 32
 artículo 10
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 10
 resolución 
 artículo 2
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 10
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 64
 artículo 12
 artículo 1
 artículo 77