Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2008:082:FULL&from=SV
Timestamp: 2020-01-25 09:28:42+00:00

Document:
Diario Oficial C 82/2008
Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente ( 1 )
La prueba de sopesamiento y su aplicación a las ayudas en favor del medio ambiente
El Plan de Acción de Ayudas Estatales: menos ayudas estatales con objetivos mejor definidos y prueba de sopesamiento para la evaluación de las ayudas
El objetivo de interés común que persiguen las Directrices
Aplicación de la prueba de sopesamiento: suposiciones jurídicas y necesidad de una evaluación más detallada
Ayudas en el marco de regímenes de permisos negociables
Ayuda en forma de reducciones o exenciones de impuestos ambientales
Compatibilidad de la ayuda con arreglo al artículo 87, apartado 3, del Tratado CE
Ayuda para el saneamiento de solares contaminados
Ayuda para la relocalización de empresas
Ayuda en el marco de regímenes de permisos negociables
Existencia de un fallo de mercado
Incentivos dinámicos/efectos de exclusión
Mantenimiento de empresas ineficientes a flote
Poder de mercado/comportamiento de exclusión
Efectos sobre el comercio y la localización
Sopesamiento y decisión
1.1. Política de ayudas estatales y Política Energética para Europa
En la primavera de 2007, el Consejo Europeo pidió a los Estados miembros y a las instituciones de la UE que siguieran actuando para desarrollar una política climática y energética europea sostenible e integrada. El Consejo entre otras cosas declaró: «Habida cuenta de que la producción y la utilización de energía son las fuentes principales de emisión de gases de efecto invernadero, para lograr este objetivo se requiere un enfoque integrado de las políticas en el ámbito climático y energético. La integración debe llevarse a cabo de forma que ambas políticas se potencien recíprocamente. Así pues, la Política Energética para Europa perseguirá los tres objetivos siguientes, respetando plenamente la opción tomada por los Estados miembros en relación con la combinación energética y la soberanía sobre las fuentes de energía primaria, y sobre la base de un espíritu de solidaridad entre los Estados miembros:
aumentar la seguridad de abastecimiento;
garantizar la competitividad de las economías europeas y la disponibilidad de una energía asequible;
promover la sostenibilidad ambiental y luchar contra el cambio climático.»
El Consejo Europeo adoptó un Plan de Acción global en el ámbito de la energía para el período 2007-2009, lo que marcó un hito importante en la creación de esta Política Energética para Europa, e invitó en particular a la Comisión a presentar lo más rápidamente posible las propuestas en él contempladas, una de las cuales se refiere a la revisión de las Directrices Comunitarias sobre Ayudas Estatales en Favor del Medio Ambiente.
En nombre de la UE, el Consejo Europeo se comprometió, de forma firme e independiente, a alcanzar una reducción no inferior al 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2020 con respecto a 1990. Insistió asimismo en la necesidad de incrementar la eficiencia energética en la UE y lograr un ahorro del 20 % en el consumo energético total de la UE en relación con los valores proyectados para 2020. También aprobó dos objetivos vinculantes: un porcentaje del 20 % de energías renovables en el consumo total de energía de la UE en 2020, y un porcentaje mínimo del 10 %, que deberán respetar todos los Estados miembros, en lo tocante al consumo de biocombustibles sobre el total de combustibles de transporte (gasóleo y gasolina) consumidos en la UE en 2020.
Las nuevas Directrices presentes constituyen uno de los instrumentos para ejecutar el Plan de Acción y los aspectos ambientales de los objetivos relacionados con la energía y el cambio climático adoptados por el Consejo Europeo.
1.2. Política de ayudas estatales y protección del medio ambiente
En el «Plan de Acción de Ayudas Estatales — Menos ayudas estatales con unos objetivos mejor definidos: programa de trabajo para la reforma de las ayudas estatales 2005-2009» (1) (en lo sucesivo, el «Plan de Acción de Ayudas Estatales») la Comisión señalaba que las ayudas estatales pueden contribuir eficazmente a la consecución de objetivos de interés común. En determinadas condiciones, estas ayudas pueden corregir fallos de mercado, mejorando así el funcionamiento de los mercados e incrementando la competitividad. También pueden contribuir a promover el desarrollo sostenible, independientemente de que corrijan o no tales fallos (2). En el Plan de Acción de Ayudas Estatales se subrayaba asimismo que la protección del medio ambiente puede ofrecer posibilidades para la innovación, crear nuevos mercados y propiciar un aumento de la competitividad mediante la mayor eficacia en el uso de los recursos y las nuevas oportunidades de inversión. En determinadas circunstancias, las ayudas estatales pueden propiciar el logro de estos objetivos y contribuir así a la consecución del fin último de la Estrategia de Lisboa: aumentar de manera sostenible el crecimiento y el empleo. La Decisión no 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2002, por la que se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente (3) (en lo sucesivo denominado el «Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente») determina los ámbitos prioritarios de las acciones destinadas a proteger el medio ambiente (4).
Aunque en la actualidad existen límites a la aplicación del principio QCP, esta deficiencia reguladora no debería ser óbice para que los Estados miembros impongan requisitos de protección ambiental que superen las exigencias comunitarias y reduzcan en la mayor medida posible las externalidades negativas.
En aras del aumento del nivel de protección del medio ambiente, los Estados miembros pueden desear utilizar ayudas estatales para crear incentivos individuales (al nivel de las empresas) destinados a lograr un nivel de protección superior al requerido por las normas comunitarias o a lograr un nivel de protección ambiental en ausencia de normas comunitarias. Asimismo, pueden establecer normas nacionales o tasas ambientales más elevadas que las exigidas por la legislación comunitaria, o pueden establecer tasas ambientales para aplicar unilateralmente el principio QCP en ausencia de aquélla.
Las presentes Directrices se destinan a dos tipos de evaluación: una evaluación normalizada de las medidas de ayuda de importe inferior a un umbral determinado o ayudas concedidas a instalaciones con una capacidad de producción inferior a un determinado umbral (Capítulo 3), y una evaluación pormenorizada de las medidas de ayuda de importe superior a ese umbral o ayudas concedidas a instalaciones con una capacidad de producción superior a un determinado umbral, así como de la ayuda concedida a las nuevas plantas que producen energía renovable cuando el importe de la ayuda se base en el cálculo de los costes externos evitados (Capítulo 5).
Las presentes Directrices se aplicarán a todas las medidas notificadas a la Comisión, ya sea porque la medida no esté amparada por un Reglamento de exención por categorías (en lo sucesivo denominado «REC»), o debido a una obligación de notificación individual de las ayudas en virtud de un REC), o porque el Estado miembro interesado decide notificar una medida que en principio estaría amparada por un REC), o para la evaluación de cualquier ayuda no notificada tras la notificación de las presentes Directrices.
1.3. La prueba de sopesamiento y su aplicación a las ayudas en favor del medio ambiente
1.3.1. El Plan de Acción de Ayudas Estatales: menos ayudas estatales con objetivos mejor definidos y prueba de sopesamiento para la evaluación de las ayudas
Para evaluar si una medida de ayuda puede considerarse compatible con el mercado común, la Comisión sopesa la incidencia positiva de la medida de ayuda de cara a un objetivo de interés común y sus potenciales efectos secundarios negativos, por ejemplo la distorsión del comercio y la competencia. A partir de prácticas ya vigentes, el Plan de Acción de Ayudas Estatales formaliza este análisis en la denominada «prueba de sopesamiento» (7). Esta prueba consta de tres fases: las dos primeras se centran en los efectos positivos de la ayuda, mientras que la tercera aborda los efectos negativos y el balance de unos y otros. La prueba de sopesamiento se articula en torno a tres preguntas:
1.3.2. El objetivo de interés común que persiguen las Directrices
Los gobiernos que se enfrentan a este fallo de mercado tienden a utilizar la reglamentación para garantizar que se contabilicen las externalidades derivadas de la producción. Mediante la introducción de normas, impuestos, instrumentos económicos y regulaciones de otro tipo, se obliga a las empresas contaminadoras a pagar por los costes que ocasiona la contaminación a la sociedad, de conformidad con el principio QCP. En consecuencia, la internalización de estas externalidades negativas incrementará los costes privados percibidos por la empresa, por lo que serán un lastre para sus ingresos. Por otra parte, dado que la generación de contaminación se distribuye de forma irregular entre las distintas industrias y empresas, los costes de cualquier reglamentación en favor del respeto del medio ambiente tienden también a ser distintos, no sólo entre empresas sino también entre Estados miembros. Estos pueden igualmente tener una percepción distinta de la necesidad de introducir objetivos rigurosos de protección ambiental.
1.3.3. Instrumento adecuado
No obstante, sobre todo debido a la aplicación insuficiente del principio QCP, a menudo no se considera satisfactorio el nivel actual de protección del medio ambiente por las razones siguientes:
en primer lugar, no es fácil determinar el coste exacto de la contaminación. Técnicamente resulta complicado calcular los costes adicionales para la sociedad de los distintos tipos de producción, y en ocasiones puede resultar ineficiente tomar en consideración el hecho de que distintos productores originan distintos niveles de contaminación si los costes administrativos inherentes son muy elevados. La diversa sensibilidad frente a la variación de los precios al consumo (elasticidad de precios) también ha de tenerse en cuenta. Además, la evaluación del coste de la contaminación puede diferir entre particulares y sociedades, dependiendo de las opciones sociales con respecto, por ejemplo, al efecto de las políticas actuales en las generaciones futuras. Por otra parte, algunos costes son difíciles de expresar con certeza en términos monetarios, por ejemplo la reducción de la esperanza de vida o el deterioro ecológico. Por ello, siempre existirá un grado de incertidumbre al calcular los costes de la contaminación.
en segundo lugar, un alza demasiado abrupta del precio de una serie de productos industriales para internalizar el coste de la contaminación podría provocar un choque exógeno y crear perturbaciones en la economía. Por consiguiente, los Gobiernos pueden considerar preferible avanzar con moderación hacia la integración del coste total de la contaminación en determinados procesos de producción.
1.3.4. Efecto incentivador y necesidad de la ayuda
Por otra parte, se anima a los Estados miembros a asegurarse de la buena relación entre el coste de sus medidas de ayuda y los beneficios sobre el medio ambiente, por ejemplo seleccionando medidas con las que se eviten costes externos significativos con respecto al importe de la ayuda. No obstante, como no existe ninguna relación directa entre los costes externos que se evitan y los costes en que incurre la empresa, sólo en casos excepcionales podrán utilizarse los costes externos evitados como base para determinar el importe de la ayuda estatal. En general, si se desea garantizar que el incentivo dado a la empresa para que cambie su comportamiento es adecuado, el montante de la ayuda debe estar directamente relacionado con el coste soportado por la empresa.
1.3.6. Los efectos negativos de las ayudas en favor del medio ambiente deben ser limitados, de modo que el balance global sea positivo
Si las medidas de ayuda estatal en favor del medio ambiente están bien enfocadas y compensan únicamente los costes adicionales realmente relacionados con un nivel superior de protección ambiental, el riesgo de que la ayuda distorsione indebidamente la competencia es normalmente bastante limitado. Así pues, es crucial que las medidas de ayuda estatal estén bien enfocadas. En los casos en que la ayuda no es necesaria o proporcionada para alcanzar el objetivo deseado, dañará la competencia. Es lo que ocurre, en particular, si la ayuda da lugar a:
En ocasiones la finalidad de la medida es intervenir en el funcionamiento del mercado con vistas a favorecer, en beneficio global del medio ambiente, ciertas producciones respetuosas del medio ambiente, a expensas de las más contaminantes. Como consecuencia de dichas medidas, los productores de los productos respetuosos del medio ambiente afectados podrán mejorar su posición en el mercado respecto de los competidores que ofrezcan unos productos menos beneficiosos para el medio ambiente. En dichos casos, la Comisión tendrá en cuenta el efecto ambiental global de la medida al observar su impacto negativo en la posición en el mercado, y con ello los beneficios de las empresas sin ayuda. Cuanto menor sea el efecto ambiental previsto de la medida considerada, más importante será la verificación de sus efectos sobre las cuotas de mercado y los beneficios de las tecnologías enfrentadas.
1.4. Aplicación de la prueba de sopesamiento: suposiciones jurídicas y necesidad de una evaluación más detallada
1.5. Motivación de medidas específicas al amparo de las presentes Directrices
La Comisión ha identificado una serie de medidas respecto a las cuales las ayudas estatales podrán, bajo condiciones específicas, ser compatibles con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE:
1.5.1. Ayudas a las empresas que superen las normas comunitarias o que incrementen el nivel de protección ambiental en ausencia de normas comunitarias
Estas ayudas ofrecen incentivos individuales a las empresas para lograr una mayor protección del medio ambiente. Normalmente, una empresa no tiene ningún incentivo para rebasar las normas obligatorias si el coste correspondiente es superior al beneficio que puede extraer. En tales casos, se puede conceder una ayuda estatal que incite a las empresas a mejorar la protección ambiental. De conformidad con el objetivo comunitario de apoyar la innovación ecológica, se puede admitir un trato más favorable para los proyectos de ecoinnovación que hagan frente al doble fallo de mercado asociado a los mayores riesgos de la innovación y el aspecto ambiental del proyecto. Así pues, las ayudas a la ecoinnovación tendrán por objeto acelerar la difusión de tales innovaciones en el mercado.
1.5.2. Ayudas para la adquisición de nuevos vehículos de transporte que sobrepasen las normas comunitarias o que incrementen el nivel de protección ambiental en ausencia de normas comunitarias
1.5.3. Ayudas para la adaptación anticipada a futuras normas comunitarias
Las presentes Directrices prohíben las ayudas destinadas a ayudar a las empresas a respetar normas comunitarias ya en vigor, puesto que tales ayudas no entrañarían un mayor nivel de protección del medio ambiente. Sin embargo, la ayuda estatal puede propiciar una aplicación notablemente más rápida de las normas comunitarias aprobadas recientemente y contribuir así a reducir la contaminación a un ritmo más rápido que si no existiera la ayuda. En tales situaciones, las ayudas estatales pueden dar a las empresas incentivos individuales para contrarrestar los efectos de las externalidades negativas relacionadas con la contaminación.
1.5.4. Ayudas para los estudios ambientales
Las ayudas a las empresas destinadas a estudios sobre las inversiones destinadas alcanzar un nivel de protección ambiental superior a las normas comunitarias o a incrementar el nivel de protección ambiental en ausencia de normas comunitarias, así como a estudios sobre el ahorro de energía y la producción de energía renovable hacen frente al fallo del mercado vinculado a la información asimétrica. Las empresas infravaloran a menudo las posibilidades y beneficios relacionados con el ahorro de energía y la energía renovable, lo que lleva a la infrainversión.
1.5.5. Ayudas para el ahorro de energía
1.5.6. Ayudas para fuentes de energía renovables
Estas ayudas hacen frente al fallo de mercado relacionado con las externalidades negativas mediante la creación de incentivos individuales para aumentar el porcentaje de las fuentes de energía renovables en la producción total de energía. El incremento de la utilización de las fuentes renovables de energía es una de las prioridades de la Comunidad en materia de medio ambiente, amén de una prioridad económica y energética. Debería contribuir significativamente a alcanzar los objetivos en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. A escala comunitaria, en la Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo — Una política energética para Europa se ha fijado el objetivo de lograr en 2020 una participación de las fuentes de energía renovables del 20 % en el consumo total de energía de la UE. Las ayudas estatales pueden estar justificadas si el coste de producir energía a partir de fuentes renovables es superior al coste de producción a partir de fuentes menos respetuosas del medio ambiente y si no existe ninguna norma comunitaria obligatoria para las empresas individuales relativa al porcentaje de energía que debe proceder de fuentes renovables. El elevado coste de la producción de algunos tipos de energía renovable impide a las empresas aplicar precios competitivos en el mercado, lo que crea un obstáculo de acceso al mercado para dicha energía. No obstante, los avances tecnológicos en el ámbito de las fuentes renovables de energía, y la cada vez mayor internalización gradual de las externalidades ambientales (como resultado, por ejemplo, de la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (15), la legislación sobre la calidad del aire y el régimen de comercio de derechos de emisión) hacen que, en los últimos años, la diferencia de coste registre una tendencia a disminuir, con lo que se reduce la necesidad de ayudas.
Por otra parte, como se subraya en el Informe sobre la situación de los biocombustibles (16), el fomento de este tipo de combustibles debería redundar en beneficio, tanto de la seguridad del abastecimiento como de la política de lucha contra el cambio climático de manera sostenible. Por consiguiente, las ayudas estatales sólo podrán ser un instrumento adecuado en el caso de los usos de las fuentes de energía renovables en los que el beneficio y la sostenibilidad ambientales son evidentes. Más concretamente, los biocombustibles que no cumplen los criterios de sostenibilidad establecidos en el artículo 15, de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la promoción del uso de la energía de fuentes renovables (17) no pueden acceder a las ayudas estatales. Al designar sus sistemas de apoyo, los Estados miembros pueden estimular el uso de biocombustibles que proporcionan beneficios adicionales, incluidos los beneficios de la diversificación ofrecidos por los biocombustibles hechos a base de desechos, residuos y materias celulósicas y lignocelulósicas, teniendo debidamente en cuenta los diferentes costes de la producción de energía a partir de los biocombustibles tradicionales, por una parte, y de los biocombustibles que proporcionan beneficios adicionales, por otra.
Por lo que respecta a las instalaciones hidroeléctricas, debe tenerse en cuenta que su impacto ambiental puede ser doble. En términos de bajas emisiones de gases de efecto invernadero ciertamente suministran potencial. Por ello, pueden desempeñar un papel importante en la estructura energética global. Por otra parte, dichas instalaciones pueden tener también un impacto negativo, por ejemplo en los sistemas hídricos y la biodiversidad (18).
1.5.7. Ayudas para la cogeneración y ayudas para la calefacción urbana
1.5.8. Ayudas para la gestión de residuos
Este tipo de ayudas tiene por objeto proporcionar incentivos individuales para alcanzar objetivos ambientales relacionados con la gestión de residuos (21). En el Sexto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente se identifica la prevención y la gestión de los residuos como una de las cuatro prioridades principales. Su objetivo principal es disociar la generación de residuos de las actividades económicas, de modo que el crecimiento de la UE no origine un incremento constante de los residuos. En este contexto, se podrán conceder ayudas estatales a los productores de los residuos (apartado 3.1.1.) y a las empresas que gestionan o reciclan los residuos procedentes de otras empresas (apartado 3.1.9.). No obstante, se deberán garantizar los efectos positivos sobre el medio ambiente, no se deberá eludir el principio QCP y no se deberá distorsionar el funcionamiento normal de los mercados de materiales secundarios.
1.5.9. Ayudas para la recuperación de solares contaminados
Este tipo de ayudas tiene por objeto crear un incentivo individual para contrarrestar los efectos de externalidades negativas, cuando no es posible identificar al contaminador y exigirle el pago de la reparación del daño ambiental por él causado. En tales casos, las ayudas estatales podrán estar justificadas si el coste de la recuperación del solar es superior al consiguiente incremento de su valor.
1.5.10. Ayudas para la relocalización de empresas
1.5.11. Ayudas en el marco de regímenes de permisos negociables
1.5.12. Ayuda en forma de reducciones o exenciones de impuestos ambientales
2.1. Ámbito de aplicación de las Directrices
A efectos de las presentes Directrices se entenderá por:
protección ambiental: toda medida destinada a remediar o prevenir daños al entorno físico o a los recursos naturales debidos a las actividades del beneficiario de la ayuda, reducir el riesgo de tales daños o impulsar una utilización más eficaz de los recursos naturales, incluidas las medidas de ahorro energético y el uso de fuentes de energía renovables (33);
medidas de ahorro energético: aquellas actividades que permiten a las empresas reducir la cantidad de energía utilizada en particular en su ciclo de producción;
norma comunitaria:
ecoinnovación: toda forma de actividad innovadora cuyo resultado u objetivo es una mejora significativa de la protección del medio ambiente. La ecoinnovación incluye los nuevos procesos de fabricación, los nuevos productos o servicios, y los nuevos métodos empresariales o de gestión, cuya utilización o ejecución pueda prevenir o reducir sustancialmente los riesgos para el medio ambiente, la contaminación u otros impactos negativos del uso de recursos, a lo largo del ciclo de vida de las actividades a ellos vinculadas.
Lo siguiente no se considera innovación:
la mera sustitución o ampliación de capital,
los cambios exclusivamente derivados de variaciones del precio de los factores, la producción personalizada, los cambios periódicos de carácter estacional u otros cambios cíclicos
fuentes de energía renovables: fuentes de energía no fósiles renovables: eólica, solar, geotérmica, el oleaje, las mareas, las instalaciones hidroeléctricas, la biomasa, los gases de vertederos, los gases de las plantas de tratamiento de aguas residuales y los biogases;
biomasa: la fracción biodegradable de productos, desperdicios y residuos de la agricultura (incluidas sustancias vegetales y animales), de la silvicultura y de industrias con ambas relacionadas, así como la fracción biodegradable de los residuos industriales y municipales;
biocombustibles: combustibles líquidos o gaseosos para el transporte producidos a partir de la biomasa;
biocombustibles sostenibles: combustibles que cumplen los criterios de sostenibilidad establecidos en el artículo 15, de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la promoción del uso de la energía procedente de fuentes renovables (35)
energía a partir de fuentes de energía renovables: la energía producida por instalaciones utilizando únicamente fuentes de energía renovables, así como la parte, en términos de valor calorífico, de la energía producida a partir de fuentes de energía renovables en instalaciones híbridas que también utilizan fuentes de energía convencionales. Incluye la electricidad renovable utilizada para rellenar los sistemas de almacenamiento, pero excluye la electricidad producida a partir de dichos sistemas;
cogeneración: la generación simultánea de energía térmica y de energía eléctrica y/o mecánica en un solo proceso;
cogeneración de alta eficacia: la cogeneración que se ajusta a los criterios del Anexo III de la Directiva 2004/8/ y que satisface los valores de referencia armonizados según se establecen en la Decisión 2007/74/CE de la Comisión, de 21 de diciembre de 2006, por la que se establecen valores de referencia de la eficiencia armonizados para la producción por separado de electricidad y calor de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y el Consejo (36);
calefacción urbana: el suministro de calor, en forma de vapor o agua caliente, a partir de una fuente central de producción a través de un sistema de transmisión y distribución a múltiples edificios, a efectos de calefacción;
calefacción urbana energéticamente eficiente: la calefacción urbana que, por lo que respecta a la generación, o cumple los criterios correspondientes a la cogeneración de alta eficacia o bien, en el caso de las calderas únicamente de calor, satisface los valores de referencia para la producción por separado de calor establecidos en la Decisión 2007/74/CE;
impuesto ambiental: impuesto cuya base imponible específica tiene un efecto negativo claro sobre el medio ambiente o cuyo objetivo es la imposición de determinados bienes, servicios o actividades, de tal modo que los costes ambientales puedan ser incluidos en su precio y/o de tal modo que los productores y los consumidores se orienten hacia actividades más respetuosas del medio ambiente;
nivel impositivo mínimo comunitario: el nivel mínimo de imposición contemplado en la legislación comunitaria. En el caso de los productos energéticos y la electricidad, se entenderá por nivel impositivo mínimo comunitario se considerará el nivel mínimo de imposición establecido en el Anexo I de la Directiva no 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (37);
pequeñas y medianas empresas (en lo sucesivo, «PYME»): se entiende por pequeñas empresas y empresas medianas aquellas que se ajustan a la definición de las mismas en el Reglamento (CE) no 70/2001 o en cualquier reglamento que lo sustituya;
grandes empresas: las empresas que no se ajustan a la definición de pequeñas y medianas empresas;
ayuda: cualquier medida que cumpla todos los criterios establecidos en el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE;
intensidad de la ayuda: la cantidad bruta de ayuda expresada como porcentaje de los costes elegibles. Todas las cifras utilizadas para su cálculo se entenderán expresadas antes de deducciones fiscales o de otro tipo. Cuando se conceda una ayuda en cualquier forma distinta de la subvención, el importe de la ayuda será el equivalente de la misma como subvención. La ayuda pagadera en varios plazos se calculará a su valor en el momento de la concesión. El tipo de interés que deberá emplearse a efectos de descuento, así como para calcular el importe de ayuda que supone un crédito en condiciones privilegiadas, será el tipo de referencia aplicable en el momento de la concesión. La intensidad de la ayuda se calcula por beneficiario;
beneficios de explotación: a efectos de calcular los costes elegibles, en particular los ahorros de costes o la producción accesoria adicional directamente vinculada a la inversión adicional y, cuando proceda, a los beneficios derivados de otras medidas de apoyo, ya constituyan o no ayudas estatales (ayudas operativas concedidas para los mismos costes elegibles, precios fijos regulados u otras medidas de apoyo). Por el contrario, no se considerará que constituyan beneficios de explotación los ingresos derivados de la venta por la empresa de los permisos negociables expedidos con arreglo al sistema comercial europeo;
costes de explotación: a efectos de calcular los costes elegibles, en particular los costes de producción adicionales derivados de la inversión adicional para la protección ambiental;
activo material: a efectos de calcular los costes elegibles, las inversiones en bienes raíces que sean estrictamente necesarias para cumplir los objetivos ambientales, las inversiones en edificios, fábricas y equipo destinado a reducir o eliminar la contaminación y las molestias, y las inversiones para adaptar los métodos de producción con vistas a proteger el medio ambiente;
activo inmaterial: a efectos de calcular los costes elegibles, los gastos en transferencia de tecnología mediante la adquisición de licencias de explotación o de conocimientos técnicos, patentados o no, cuando se cumplan las siguientes condiciones:
internalización de los costes: el principio de que todos los costes asociados con la protección del medio ambiente deberán incluirse en los costes de producción de las empresas;
principio de que quien contamina paga: el principio según el cual los costes de las medidas para tratar la contaminación deben ser soportados por el responsable de la misma, a menos que no se le pueda identificar, no se le pueda considerar responsable según la legislación nacional o comunitaria o no pueda ser obligado a correr con el coste de la rehabilitación. En este contexto, la contaminación es el deterioro provocado por el responsable de la contaminación en el entorno físico o los recursos naturales al deteriorar directa o indirectamente el medio ambiente o crear las condiciones para que se produzca tal deterioro (38);
contaminador: Quien deteriora directa o indirectamente el medio ambiente o crea las condiciones para que se produzca este deterioro (39);
solar contaminado: Solar en el que se ha confirmado la presencia, provocada por el hombre, de tal nivel de sustancias peligrosas que suponen un riesgo significativo para la salud humana o el medio ambiente, teniendo en cuenta el uso actual del terreno y su futuro uso planificado.
3.1. Compatibilidad de la ayuda con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE
Las ayudas estatales para la protección del medio ambiente son compatibles con el mercado común a efectos del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE cuando, sobre la base de la prueba de sopesamiento, permitan incrementar las actividades de protección ambiental sin afectar de forma adversa las condiciones de los intercambios comerciales en grado contrario al interés común. En este contexto, la duración de los regímenes de ayudas deberá estar sujeta a plazos razonables, sin perjuicio de la posibilidad de que un Estado miembro vuelva a notificar una medida después de transcurrido el plazo establecido por la Comisión. Las notificaciones de medidas de ayuda podrán ser apoyadas por los Estados miembros mediante evaluaciones rigurosas de medidas previas de ayuda similares que demuestren el efecto incentivador de la ayuda.
3.1.1. Ayuda para empresas que superan las normas comunitarias o que incrementan el nivel de protección ambiental en ausencia de normas comunitarias
el activo o proyecto de ecoinnovación deberá ser nuevo o suponer una mejora significativa con respecto al nivel tecnológico existente en la Comunidad en el sector considerado. Los Estados miembros podrán demostrar el carácter novedoso, por ejemplo, sobre la base de una descripción detallada de la innovación y de las condiciones del mercado para su introducción o difusión, que la compare con los procesos o técnicas organizativas de vanguardia empleados generalmente por otras empresas del mismo sector.
el beneficio ambiental anticipado deberá ser notablemente superior a la mejora resultante de la evolución general del nivel tecnológico en actividades comparables (41).
el carácter innovador de estos activos o proyectos implicará claramente un grado de riesgo, en términos tecnológicos, financieros o de mercado, más elevado que el riesgo generalmente asociado con activos o proyectos no innovadores comparables. El Estado miembro podrá demostrar tal riesgo, por ejemplo, en términos de: costes con respecto al volumen de negocios de la empresa; el plazo necesario para el desarrollo; las ganancias anticipadas derivadas de la ecoinnovación en comparación con los costes; la probabilidad de fracaso.
Cuando la ayuda a la inversión para empresas que superan las normas comunitarias, o incrementan el nivel de protección ambiental en ausencia de tales normas comunitarias, esté destinada a PYME, la intensidad de la ayuda podrá aumentarse en 10 puntos porcentuales en el caso de las empresas medianas y en 20 puntos porcentuales en el caso de las pequeñas empresas.
Intensidad de la ayuda a las empresas para superar las normas comunitarias o incrementar el nivel de protección ambiental en ausencia de normas comunitarias
Cálculo de los costes elegibles — metodología
Determinación de la parte de la inversión relacionada directamente con la protección ambiental:
En caso de inversiones cuyo objetivo sea obtener un nivel de protección ambiental superior a las normas comunitarias, la hipótesis de contraste deberá elegirse del modo siguiente:
3.1.2. Ayudas para la adquisición de nuevos vehículos de transporte que superan las normas comunitarias o que incrementan el nivel de protección ambiental en ausencia de normas comunitarias
En casos de operaciones de retroadaptación cuya finalidad sea la protección ambiental en el sector del transporte, los costes elegibles serán los costes totales netos adicionales de la operación, conforme a la metodología para calcular los costes elegibles establecida en los puntos 80 a 84, si los medios de transporte existentes son objeto de mejoras con el fin de cumplir normas ambientales que todavía no estaban en vigor cuando entraron en funcionamiento o si los medios de transporte no están sujetos a ninguna norma ambiental.
3.1.3. Ayuda para la adaptación anticipada a futuras normas comunitarias
La ayuda para cumplir con nuevas normas comunitarias destinadas a mejorar la protección ambiental, que todavía no hayan entrado en vigor, se considerará compatible con el mercado común a efectos del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE si dichas normas comunitarias ya han sido adoptadas, a condición de que la inversión se realice y finalice al menos un año antes de la entrada en vigor de la norma.
La intensidad máxima de la ayuda será del 25 % para las pequeñas empresas, del 20 % para las empresas medianas y del 15 % para las grandes empresas si el proyecto se realiza y finaliza al menos tres años antes de la fecha de transposición obligatoria o de la fecha de entrada en vigor. La intensidad de la ayuda será del 20 % para las pequeñas empresas, del 15 % para las empresas medianas y del 10 % para las grandes empresas si el proyecto se realiza y finaliza entre uno y tres años antes de dicha fecha o de la fecha de entrada en vigor.
Intensidad de la ayuda para la adaptación anticipada a normas comunitarias cuando el proyecto se realiza y finaliza
3.1.4. Ayuda para los estudios ambientales
3.1.5. Ayuda para el ahorro energético
Las ayudas a la inversión y/o las ayudas a la explotación que permitan a las empresas lograr ahorros de energía se considerarán compatibles con el mercado común a efectos del artículo 87, apartado 3, letra c) del Tratado CE, si se cumplen las siguientes condiciones:
3.1.5.1. Ayuda a la inversión
Cuando las ayudas a la inversión para el ahorro energético se destinen a PYME, la intensidad de la ayuda podrá incrementarse en 10 puntos porcentuales para las empresas medianas o en 20 puntos porcentuales para las pequeñas empresas, como se indica en el cuadro siguiente.
Intensidad de la ayuda (ahorro energético)
Cuando la ayuda a la inversión se conceda en un proceso de ofertas genuinamente competitivas sobre la base de criterios claros, transparentes y no discriminatorios, garantizando de manera efectiva que la ayuda se limite al mínimo necesario para conseguir el máximo ahorro energético, el montante de la ayuda podrá alcanzar el 100 % del coste de inversión elegible, tal como se define en el punto 98. Dicho proceso de ofertas deberá ser no discriminatorio y prever la participación de un número suficiente de empresas. Por otra parte, el presupuesto relativo al proceso de ofertas deberá constituir una limitación estricta, en el sentido de que no todos los participantes podrán recibir ayuda. Por último, la ayuda deberá ser concedida sobre la base de la oferta inicial presentada por el licitador, excluyendo así subsiguientes negociaciones.
Los costes elegibles deberán limitarse a los costes de inversión adicionales necesarios para lograr un ahorro energético superior al nivel exigido por las normas comunitarias.
Para el cálculo de los costes adicionales deberán respetarse las siguientes normas:
3.1.5.2. Ayuda a la explotación
Sólo se podrán otorgar ayudas a la explotación a efectos del ahorro de energía si se cumplen las condiciones siguientes:
En el caso de las ayudas que se vayan reduciendo gradualmente, la intensidad de la ayuda no podrá rebasar el 100 % de los costes adicionales en el primer año, pero se deberá ir reduciendo linealmente hasta llegar a cero al final del quinto año. En el caso de las ayudas que no disminuyan gradualmente, su intensidad no podrá rebasar el 50 % de los costes adicionales.
3.1.6. Ayuda para fuentes de energía renovables
Las ayudas a la inversión en favor del medio ambiente y/o las ayudas a la explotación para fomentar la energía procedente de fuentes renovables se considerarán compatibles con el Mercado Común a efectos del artículo 87, apartado 3, letra c) del Tratado CE, si se cumplen las condiciones de los puntos 102 a 111. La ayuda estatal puede justificarse si no existe ninguna norma comunitaria obligatoria relativa a la proporción de energía procedente de fuentes renovables para las empresas individuales. La ayuda para la inversión y/o la ayuda de explotación para la producción de biocombustibles sólo se autorizará por lo que respecta a los biocombustibles sostenibles.
3.1.6.1. Ayuda a la inversión
Si las ayudas a la inversión para fuentes de energía renovables se destinan a PYME, la intensidad de la ayuda podrá incrementarse en 10 puntos porcentuales en el caso de las empresas medianas y 20 puntos porcentuales en el caso de las pequeñas empresas, como se indica en el cuadro siguiente.
Intensidad de la ayuda para las fuentes de energía renovables
Cuando la ayuda a la inversión se conceda en un proceso de ofertas genuinamente competitivas sobre la base de criterios claros, transparentes y no discriminatorios, garantizando de manera efectiva que la ayuda se limite al mínimo necesario para conseguir la máxima energía renovable, el montante de la ayuda podrá alcanzar el 100 % del coste de inversión elegible, tal como se define en los puntos 105 y 106. Dicho proceso de ofertas deberá ser no discriminatorio y prever la participación de un número suficiente de empresas. Por otra parte, el presupuesto relativo al proceso de ofertas deberá constituir una limitación estricta, en el sentido de que no todos los participantes podrán recibir ayuda. Por último, la ayuda deberá ser concedida sobre la base de la oferta inicial presentada por el licitador, excluyendo así subsiguientes negociaciones.
Con respecto a las energías renovables, los costes de inversión elegibles deberán limitarse a los costes de inversión adicionales soportados por el beneficiario de la ayuda en comparación con los de una central eléctrica o un sistema de calefacción convencionales con la misma capacidad en términos de producción efectiva de energía.
Los costes elegibles deberán calcularse tras deducir cualesquiera beneficios o costes de explotación relacionados con la inversión adicional para fuentes de energía renovables generados durante los cinco primeros años de vida de dicha inversión, tal como se establece en los puntos 81, 82 y 83.
3.1.6.2. Ayuda a la explotación
Las ayudas a la explotación para la producción de energía renovable podrán justificarse cuando tengan por objeto cubrir la diferencia entre el coste de producir energía a partir de fuentes renovables y el precio de mercado de la forma de energía de que se trate. Ello se aplica a la producción de energía renovable a efectos de venderla posteriormente en el mercado, así como a efectos del propio consumo de la empresa.
Los Estados miembros podrán conceder ayudas a las fuentes de energía renovable con arreglo a las siguientes opciones:
Los Estados miembros podrán conceder también ayudas a las fuentes de energía renovables utilizando mecanismos de mercado tales como los certificados ecológicos o las licitaciones. Estos mecanismos de mercado permiten a las empresas productoras de energías renovables beneficiarse indirectamente de una demanda garantizada para la energía que producen, a un precio superior al precio de mercado de la energía convencional. El precio de los certificados ecológicos no esta fijado de antemano sino que depende de la oferta y la demanda.
Cuando estos mecanismos de mercado constituyan ayudas estatales, podrán ser autorizados por la Comisión siempre que los Estados miembros puedan demostrar que el apoyo es indispensable para garantizar la viabilidad de las fuentes de energía renovables de que se trate, que la suma total de la ayuda no supone una compensación excesiva ni disuade a las empresas productoras de energías renovables de incrementar su competitividad. La Comisión autorizará tales sistemas de ayuda durante un período de diez años.
Por otra parte, los Estados miembros podrán conceder ayuda a la explotación de conformidad con lo dispuesto en el punto 100.
3.1.7. Ayuda a la cogeneración
La ayuda a la inversión en favor del medio ambiente y/o la ayuda a la explotación para la cogeneración será compatible con el mercado común a efectos del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE, a condición de que la unidad de cogeneración se ajuste a la definición de cogeneración de alta eficacia contemplada en el punto 70, definición no 11, y que, por lo que respecta a la ayuda a la inversión:
una nueva unidad de cogeneración propicie globalmente un ahorro de energía primaria en comparación con una producción independiente, según se define en la Directiva 2004/8//CE y en la Decisión 2007/74/CE;
la mejora de la unidad de cogeneración existente o la conversión de una unidad de generación de energía existente en una unidad de cogeneración propicie un ahorro de energía primaria en comparación con la situación original.
Toda cogeneración existente deberá cumplir tanto la definición de cogeneración de alta eficacia establecida en el punto 70(11) como el requisito de que se produzcan ahorros globales de energía primaria en comparación con la producción separada tal como se define en la Directiva 2004/8/CE y la Decisión 2007/7/74.
3.1.7.1. Ayuda a la inversión
La intensidad de la ayuda no podrá superar el 60 % de los costes de inversión elegibles.
Cuando las ayudas a la inversión para la cogeneración se destinen a PYME, la intensidad máxima de ayuda podrá incrementarse en 10 puntos porcentuales en el caso de las medianas empresas y en 20 puntos porcentuales en el caso de las pequeñas empresas.
Intensidad de la ayuda para la cogeneración de alta eficacia
Cuando la ayuda a la inversión se conceda en un proceso de ofertas genuinamente competitivas sobre la base de criterios claros, transparentes y no discriminatorios, garantizando de manera efectiva que la ayuda se limite al mínimo necesario para conseguir la máxima energía renovable, el montante de la ayuda podrá alcanzar el 100 % del coste de inversión elegible, tal como se define en los puntos 117 y 118. Dicho proceso de ofertas deberá ser no discriminatorio y prever la participación de un número suficiente de empresas. Por otra parte, el presupuesto relativo al proceso de ofertas deberá constituir una limitación estricta, en el sentido de que no todos los participantes podrán recibir ayuda. Por último, la ayuda deberá ser concedida sobre la base de la oferta inicial presentada por el licitador, excluyendo así subsiguientes negociaciones.
Los costes elegibles deberán limitarse a los costes de inversión adicionales necesarios para lograr una instalación de cogeneración de alta eficacia en comparación con la inversión de referencia.
Los costes elegibles deberán calcularse tras deducir cualesquiera beneficios o costes de explotación relacionados con la inversión adicional generados durante los cinco primeros años de vida de dicha inversión, tal como se establece en los puntos 81 a 83.
3.1.7.2. Ayuda a la explotación
Las ayudas a la explotación para la cogeneración de alta eficacia podrán otorgarse con arreglo a las normas relativas a las ayudas a la explotación para energías renovables establecidas en la sección 3.1.6.2:
3.1.8. Ayuda a la calefacción urbana energéticamente eficiente
La ayuda a la inversión en instalaciones de calefacción urbana energéticamente eficiente (44) se considerará compatible con el mercado común a efectos del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE, siempre que propicie un ahorro de energía primaria, que la instalación de calefacción urbana beneficiaria se ajuste a la definición de calefacción urbana energéticamente eficiente contemplada en el punto 70(13), y que:
la explotación combinada de la generación de calor (así como de la electricidad en el caso de la cogeneración) y la distribución de calor propicie un ahorro de energía primaria, o
la inversión se destine a la utilización y distribución de calor residual a efectos de calefacción urbana.
La intensidad de la ayuda para instalaciones de calefacción urbana no podrá superar el 50 % de los costes de inversión elegibles. Si la ayuda está destinada exclusivamente a la parte de generación de una instalación de calefacción urbana, las instalaciones de calefacción urbana energéticamente eficiente que utilicen fuentes renovables de energía o recurran a la cogeneración estarán amparadas por las normas contempladas en las secciones 3.1.6 y 3.1.7, respectivamente.
Cuando la ayuda a la inversión para calefacción urbana energéticamente eficiente esté destinada a PYME, la intensidad de la ayuda podrá aumentarse en 10 puntos porcentuales en el caso de las empresas medianas y en 20 puntos porcentuales en el caso de las pequeñas empresas, como se expone en el cuadro siguiente.
Intensidad de la ayuda a calefacciones urbanas energéticamente eficientes que utilizan fuentes de energía convencionales
Cuando la ayuda a la inversión se conceda en un proceso de ofertas genuinamente competitivas sobre la base de criterios claros, transparentes y no discriminatorios, garantizando de manera efectiva que la ayuda se limite al mínimo necesario para conseguir la máxima energía renovable, el montante de la ayuda podrá alcanzar el 100 % del coste de inversión elegible, tal como se define en los puntos 124 y 125. Dicho proceso de ofertas deberá ser no discriminatorio y prever la participación de un número suficiente de empresas. Por otra parte, el presupuesto relativo al proceso de ofertas deberá constituir una limitación estricta, en el sentido de que no todos los participantes podrán recibir ayuda. Por último, la ayuda deberá ser concedida sobre la base de la oferta inicial presentada por el licitador, excluyendo así subsiguientes negociaciones.
Los costes elegibles deberán limitarse a los costes de inversión adicionales necesarios para alcanzar un nivel de inversión con el que se vaya a conseguir una calefacción urbana energéticamente eficiente en comparación con la inversión de referencia.
3.1.9. Ayuda a la gestión de residuos
La ayuda a la inversión en favor del medio ambiente para la gestión de residuos de otras empresas, incluidas las actividades de reutilización, reciclaje y recuperación, se considerará compatible con el mercado común a efectos del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE, a condición de que dicha gestión de residuos se ajuste a la clasificación jerárquica de los principios aplicables a la gestión de residuos (45) y respete las condiciones establecidas en el punto 127.
Sólo se podrán conceder ayudas a la inversión para la gestión de residuos si se cumplen todas las condiciones siguientes:
La intensidad de la ayuda no podrá superar el 50 % de los costes de inversión elegibles.
Cuando las ayudas a la inversión para la gestión de residuos se destinen a PYME, la intensidad de ayuda podrá incrementarse en 10 puntos porcentuales en el caso de las medianas empresas y en 20 puntos porcentuales en el caso de las pequeñas empresas.
Intensidad de la ayuda a la gestión de residuos
Los costes elegibles se limitarán a los costes de inversión adicionales necesarios en que incurra el beneficiario para la realización de una inversión que contemple la gestión de los residuos, en comparación con la inversión de referencia, es decir, los costes de una producción convencional de la misma capacidad sin gestión de residuos. El coste de tal inversión de referencia deberá deducirse del coste elegible.
Los costes elegibles deberán calcularse tras deducir cualesquiera beneficios o costes de explotación relacionados con la inversión adicional para la gestión de residuos generados durante los cinco primeros años de vida de dicha inversión (47), tal como se establece en los puntos 81 a 83.
3.1.10. Ayuda para el saneamiento de solares contaminados
Las ayudas a la inversión otorgadas a empresas que reparen deterioros del medio ambiente saneando solares contaminados se considerarán compatibles con el mercado común a efectos del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE (48), a condición de que estén destinadas a la mejora de la protección ambiental. El deterioro ambiental en cuestión incluye el deterioro de la calidad del suelo o de las aguas superficiales o subterráneas.
Cuando se identifique con claridad al contaminador, éste deberá sufragar el saneamiento con arreglo al principio de que «quien contamina paga» y no se podrá conceder ninguna ayuda estatal. En este contexto, por «contaminador» se entenderá la persona responsable con arreglo a la legislación en vigor en cada Estado miembro, sin perjuicio de la adopción de normas comunitarias en la materia.
La ayuda destinada al saneamiento de solares contaminados podrá ascender hasta el 100 % de los costes elegibles.
El montante total de la ayuda no podrá, en ningún caso, ser superior a los gastos reales en que haya incurrido la empresa.
Los costes elegibles serán iguales a los costes de las tareas de saneamiento menos el aumento de valor del terreno. Para el saneamiento de lugares contaminados, se consideran inversiones el conjunto de gastos en que incurra la empresa para sanear su terreno, independientemente de que en el balance figuren o no como inmovilizado.
3.1.11. Ayuda para la relocalización de empresas
La ayuda a la inversión para la relocalización de empresas en nuevos emplazamientos por razones de protección ambiental se considerará compatible con el mercado común, a efectos del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE, a condición de que se cumplan las condiciones siguientes:
Podrán acogerse a esta ayuda:
La intensidad de la ayuda no rebasará el 50 % de los costes de inversión elegibles. La intensidad de la ayuda podrá incrementarse en 10 puntos porcentuales en el caso de las empresas medianas y en 20 puntos porcentuales en el caso de las pequeñas empresas, como figura en el cuadro siguiente.
Intensidad de la ayuda para relocalización
Para determinar el montante de los costes elegibles en los casos de ayuda a la relocalización, la Comisión tendrá en cuenta, en particular:
Los beneficios siguientes:
el rendimiento de la venta o el alquiler de la instalación o del terreno abandonados;
la compensación abonada en caso de expropiación;
cualquier otro beneficio relacionado con el traslado de la instalación, en particular los beneficios derivados de una mejora, con ocasión del traslado, de la tecnología utilizada y de los beneficios contables inherentes a la mejor utilización de la instalación;
las inversiones relacionadas con cualquier aumento de capacidad.
Los costes siguientes:
los costes vinculados a la adquisición de terrenos o la construcción o adquisición de nuevas instalaciones de la misma capacidad que las instalaciones abandonadas;
cualquier sanción impuesta a la empresa por haber terminado el contrato de arriendo de los terrenos o edificios, si la decisión administrativa o judicial por la que se ordena el cambio de localización da lugar a la terminación anticipada dicho contrato.
3.1.12. Ayuda en el marco de regímenes de permisos negociables
Los regímenes de permisos negociables pueden conllevar una ayuda estatal de diversas maneras, por ejemplo cuando los permisos y las autorizaciones se conceden a un precio inferior a su valor de mercado, y dicha concesión es atribuible a los Estados miembros.
La ayuda estatal correspondiente a regímenes de permisos negociables podrá ser declarada compatible con el mercado común a efectos del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE, siempre y cuando se cumplan las condiciones a) a d) del presente punto y del punto 141. No obstante lo dispuesto, el punto 141 no se aplicará al período de comercio que finaliza el 31 de diciembre de 2012 para los regímenes de permisos negociables, de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 3003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE (50) del Consejo (en lo sucesivo denominada, Régimen de Comercio de Emisiones «RCE de la UE») (51):
La Comisión evaluará la necesidad y la proporcionalidad de las ayudas estatales correspondientes a un régimen de permisos negociables con arreglo a los siguientes criterios:
3.2. Efecto incentivador y necesidad de la ayuda
La ayuda estatal deberá tener un efecto incentivador, es decir, propiciar un cambio de comportamiento del beneficiario de manera que aumente el nivel de protección del medio ambiente.
La Comisión considera que las ayudas nunca tienen un efecto incentivador sobre el beneficiario cuando éste presenta la solicitud de ayuda a las autoridades nacionales con posterioridad al inicio del proyecto.
Si el proyecto objeto de la ayuda no ha sido iniciado con anterioridad a la solicitud, se considera que todas las categorías de ayuda concedidas a PYME cumplen con el requisito incentivador deseado, excepto en los casos en que la ayuda deba ser evaluada con arreglo a la evaluación detallada del capítulo 5.
En el caso de todos los demás proyectos que reciben ayuda, la Comisión exigirá que el Estado miembro notificante demuestre el efecto incentivador.
Para demostrar el efecto incentivador, el Estado miembro interesado deberá probar que sin la ayuda, es decir, en la hipótesis de contraste, no se habría elegido la alternativa más respetuosa del medio ambiente. A este efecto, el Estado miembro en cuestión suministrará información que demuestre que:
3.3. Compatibilidad de la ayuda con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra b), del Tratado CE
Las ayudas para fomentar la ejecución de proyectos importantes de interés común europeo que constituyen una prioridad ambiental podrán considerarse compatibles con el mercado común con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra b), del Tratado CE, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
Para que la Comisión pueda evaluar adecuadamente tales proyectos, el interés común europeo del proyecto deberá demostrarse en la práctica: por ejemplo, se demostrará que permite lograr avances notables en pos de objetivos ambientales específicos de la Comunidad.
La Comisión considerará más favorablemente los proyectos notificados que incluyan una contribución propia significativa al proyecto por parte del beneficiario. También considerará más favorablemente aquellos proyectos notificados en los que participen empresas de gran número de Estados miembros.
Cuando la ayuda se considere compatible con el mercado común con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra b), del Tratado CE, la Comisión podrá autorizar porcentajes de ayuda superiores a los establecidos en las presentes Directrices.
4. AYUDA EN FORMA DE REDUCCIONES O EXENCIONES DE LOS IMPUESTOS AMBIENTALES
La ayuda en forma de reducciones o exenciones de los impuestos ambientales será considerada compatible con el mercado común a efectos del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE, siempre que contribuya, al menos indirectamente, a una mejora del nivel de protección ambiental, y que las reducciones y exenciones fiscales no minen el objetivo general que se persigue.
Para ser aprobadas con arreglo al artículo 87 del Tratado CE, las reducciones o exenciones de los impuestos armonizados, en particular de los armonizados mediante la Directiva 2003/96/CE, serán compatibles con la legislación comunitaria aplicable y se ajustarán a los límites y condiciones en ella establecidos.
La ayuda en forma de reducciones y exenciones fiscales de los impuestos ambientales armonizados se considerará compatible con el mercado común a efectos del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE por un período de 10 años, siempre que los beneficiarios paguen como mínimo el nivel mínimo de impuesto comunitario establecido por la correspondiente Directiva (52).
La ayuda en forma de reducciones o exenciones de los impuestos ambientales distintos de los mencionados en el punto 153 (53) se considerará compatible con el mercado común a efectos del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE por un período de 10 años, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en los puntos 155 a 159.
Al analizar los regímenes fiscales que incluyen elementos de ayuda estatal en forma de reducciones o exenciones de dichos impuestos, la Comisión analizará en particular la necesidad y proporcionalidad de la ayuda y sus efectos a nivel de los sectores económicos en cuestión.
A este efecto, la Comisión se basará en la información suministrada por los Estados miembros. La información deberá incluir, por una parte, los respectivos sectores o categorías de beneficiarios contemplados por las exenciones y reducciones y, por otra, la situación de los principales beneficiarios de cada sector afectado y el modo en que la fiscalidad puede contribuir a la protección ambiental. Los sectores exentos deberán ser descritos adecuadamente y deberá suministrarse una lista de los principales beneficiarios de cada sector (considerando en particular el volumen de negocios, las cuotas de mercado y la dimensión de la base imponible). Para cada sector deberá suministrarse información sobre las técnicas más eficaces del EEE por lo que respecta a la reducción del daño ambiental perseguida por el impuesto.
Por otra parte, la ayuda en forma de reducciones o exenciones de los impuestos ambientales deberá ser necesaria y proporcional.
La Comisión considerará que la ayuda es necesaria si se cumplen las siguientes condiciones acumulativas:
La Comisión considerará que la ayuda es proporcional si se cumple una de las siguientes condiciones:
las reducciones o exenciones estarán condicionadas a la celebración de acuerdos entre el Estado miembro y las empresas o asociaciones de empresas beneficiarias, en virtud de los cuales las empresas o asociaciones de empresas se comprometerán a conseguir objetivos de protección ambiental que tengan el mismo efecto que si se aplicara la letra a) o la letra b) o el nivel impositivo mínimo comunitario. Dichos acuerdo o compromisos podrán vincularse, entre otras cosas, a una reducción del consumo de energía, una reducción de las emisiones o cualquier otra medida ambiental, y deberán cumplir las siguientes condiciones:
dichos acuerdos deberán revisarse periódicamente a la luz de los avances tecnológicos y otros, y estipular disposiciones sancionadoras efectivas aplicables en caso de que no se cumplan dichos compromisos.
5. COMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS SUPEDITADAS A UNA EVALUACIÓN DETALLADA
5.1. Medidas supeditadas a una evaluación detallada
Para que la Comisión pueda proceder a una evaluación más detallada de cualquier ayuda de importe sustancial concedida con arreglo a regímenes autorizados y decidir sobre su compatibilidad con el mercado común, los Estados miembros deberán notificarla con anterioridad a cualquier caso individual de ayuda a la inversión o a la explotación, otorgada en virtud de un régimen autorizado o a título individual, cuando la ayuda satisfaga las condiciones siguientes (58):
medidas individuales abarcadas por las presentes Directrices (59): todos los casos siguientes:
ayudas a la inversión: cuando el montante de la ayuda a una empresa sea superior a 7,5 millones de euros (incluso si la ayuda forma parte de un régimen de ayudas aprobado);
ayudas a la explotación para la producción de electricidad y/o la producción combinada de calor a partir de fuentes renovables: cuando la ayuda se conceda a instalaciones de electricidad renovable en centrales en las que la capacidad de generación de electricidad renovable resultante sea superior a 125 MW;.
ayudas a la explotación para la producción de biocombustibles: cuando se conceda la ayuda a instalaciones de producción de biocombustibles cuya capacidad de producción resultante supere las 150 000 toneladas por año;
Los Estados miembros podrán conceder ayudas a la explotación para nuevas centrales productoras de energía renovable, en función de los costes externos evitados. Cuando este método se utilice para determinar el montante de la ayuda, la medida será notificada y estará sujeta a evaluación detallada, independientemente de los umbrales del punto 160, letra b), inciso iii). Los costes externos evitados representan una cuantificación monetaria del daño socioambiental adicional que la sociedad tendría que experimentar si se produjera la misma cantidad de energía en una central que funcionase con fuentes de energía convencionales. Se calcularán sobre la base de la diferencia entre, por una parte, los costes externos producidos y no abonados por los productores de energía renovable y, por otra, los costes externos producidos y no abonados por los productores de energía no renovable. Para realizar estos cálculos, el Estado miembro deberá utilizar un método de cálculo internacionalmente reconocido y que haya sido validado por la Comisión. Entre otras cosas, el Estado miembro deberá presentar un análisis comparativo de costes, razonado y cuantificado, así como una evaluación de los costes externos de los productores de energía competidores, con el fin de demostrar que la ayuda constituye verdaderamente una compensación por los costes externos que se evitan.
En cualquier caso, la diferencia entre el montante de ayuda concedida a los productores de energía y el montante de ayuda que resultaría de aplicar la opción 1 (tal como se dispone en el punto 109 de las ayudas a la explotación para fuentes de energía renovables, deberá ser reinvertido por las empresas en fuentes de energía renovables, de conformidad con la sección 3.1.6.1.
Siempre y cuando los Estados miembros ofrezcan una plena cooperación y faciliten información adecuada oportunamente, la Comisión hará todo lo posible por realizar la investigación con diligencia. Se insta a los Estados miembros a facilitar todos los datos que consideren útiles para la evaluación del asunto. Los Estados miembros pueden, en especial, basarse en evaluaciones de regímenes o medidas de ayuda estatal anteriores, evaluaciones del impacto realizadas por la autoridad que concede las ayudas y otros estudios relacionados con la protección del medio ambiente.
La evaluación detallada será proporcional y dependerá del potencial de distorsión de la medida. En consecuencia, el hecho de que se realice una evaluación de esas características no significa necesariamente que se deba abrir un procedimiento formal de investigación, aunque ello pueda ocurrir en el caso de ciertas medidas.
5.2. Criterios para la evaluación económica de casos concretos
La evaluación detallada se llevará a cabo sobre la base de los aspectos positivos y negativos especificados en las secciones 5.2.1 y 5.2.2, que se utilizarán además de los criterios recogidos en el Capítulo 3. Las intensidades de ayuda que allí figuran no se deberán rebasar en ningún caso. Por otra parte, la evaluación detallada se realizará sobre la base de los aspectos positivos y negativos específicos cuando sean pertinentes para el tipo o la forma de la ayuda.
5.2.1. Efectos positivos de la ayuda
El hecho de que la ayuda induzca a las empresas a adoptar medidas de protección del medio ambiente, que en ausencia de la ayuda no habrían adoptado, constituye el principal aspecto positivo que se deberá tener en cuenta al evaluar la compatibilidad de la ayuda.
5.2.1.1. Existencia de un fallo de mercado
La Comisión en general no cuestionará si existen o no externalidades negativas relacionadas con determinados tipos de conducta o la utilización de determinados bienes con efectos nocivos sobre el medio ambiente. No obstante, la Comisión verificará si la ayuda estatal se ha centrado en este fallo de mercado, produciendo un impacto sustancial en la protección ambiental. En este contexto, la Comisión prestará especial atención a la contribución prevista de la medida a la protección del medio ambiente (en términos cuantificables) y al nivel de protección ambiental que se persigue, en comparación con las normas comunitarias existentes y/o con las normas de otros Estados miembros.
La Comisión examinará también las cuestiones que pudieran justificar la concesión de ayuda a efectos de la adaptación a normas nacionales más estrictas que las normas comunitarias. Sobre todo, la Comisión tendrá en cuenta la naturaleza, el tipo y la localización de los principales competidores del beneficiario de la ayuda, el coste que le supondría al beneficiario la aplicación de la normativa nacional (regímenes de permisos negociables, respectivamente) en ausencia de ayuda y los costes comparativos de estas normas para los principales competidores del beneficiario de la ayuda.
5.2.1.2. Instrumento adecuado
Se tendrá en cuenta si la ayuda estatal es un instrumento adecuado para alcanzar el objetivo de protección del medio ambiente, dado que otros instrumentos menos distorsionadores pudieran lograr idénticos resultados y que la ayuda estatal pudiera vulnerar el principio QCP.
En su análisis de la compatibilidad de las ayudas, la Comisión tendrá en cuenta, en especial, toda evaluación del impacto de la medida propuesta que pudiera haber realizado el Estado miembro interesado, incluidas las consideraciones relativas a la utilización de estrategias distintas de la ayuda estatal, así como las pruebas del respeto del principio QCP.
5.2.1.3. Efecto incentivador y necesidad de la ayuda
Las ayudas estatales deberán tener siempre un efecto incentivador, cuando se suministren con objetivos ambientales; es decir, propiciar un cambio en el comportamiento del beneficiario que incremente el nivel de protección del medio ambiente. Las ayudas no podrán ser consideradas necesarias solamente porque se aumenta el nivel de protección del medio ambiente. Normalmente, las ventajas de nuevas inversiones o métodos de producción no se limitan a sus efectos sobre el medio ambiente.
Además del cálculo de costes adicionales expuesto en el Capítulo 3, la Comisión tendrá en cuenta en su análisis los aspectos siguientes:
Cuando la empresa se esté adaptando a una norma nacional que sobrepase las normas comunitarias o que sea adoptada en ausencia de normas comunitarias, la Comisión verificará si el beneficiario de la ayuda se hubiera visto afectado sustancialmente en términos de incremento de costes y no hubiera podido soportar los costes inherentes a la aplicación inmediata de normas nacionales.
5.2.1.4. Proporcionalidad de la ayuda
El Estado miembro deberá proporcionar pruebas de que la ayuda es necesaria, su cuantía se mantiene en el mínimo necesario y el proceso de selección es proporcional. En su análisis, la Comisión atenderá a los aspectos siguientes:
proceso de selección: el proceso de selección deberá ser transparente, abierto y no discriminatorio, sin excluir innecesariamente a empresas que puedan competir con proyectos centrados en el mismo objetivo ambiental. El proceso tendrá por objetivo seleccionar a los beneficiarios que puedan abordar el objetivo ambiental con el menor montante de ayuda/de la manera más rentable.
ayuda circunscrita al mínimo: deberán suministrarse pruebas de que el montante de la ayuda no sobrepasa la falta de rentabilidad prevista, incluida una rentabilidad normal a lo largo del período en el que se amortice plenamente la inversión.
5.2.2. Análisis de la distorsión de la competencia y el comercio
Al evaluar los efectos negativos de la medida de ayuda, la Comisión centrará su análisis de las distorsiones de la competencia en la incidencia previsible de la ayuda en favor del medio ambiente sobre la competencia entre las empresas que operan en los mercados de los productos de que se trate (60).
Si la ayuda es proporcional, especialmente si el cálculo de los costes de inversión o explotación adicionales ha tenido en cuenta todas las ventajas para la empresa, es probable que su impacto negativo sea limitado. No obstante, tal como se menciona en la sección 1.3.6, incluso cuando la ayuda es necesaria y proporcionada para que una empresa concreta incremente la protección ambiental, la ayuda puede provocar un cambio de comportamiento del beneficiario que distorsione la competencia. Una empresa con fines de lucro normalmente sólo aumentará el nivel de protección ambiental por encima de los requisitos obligatorios si considera que ello le reportará al menos marginalmente algún tipo de ventaja.
Como punto de partida, la Comisión evaluará la probabilidad de que el beneficiario sea capaz de incrementar o de mantener las ventas como resultado de la ayuda. La Comisión considerará en particular los siguientes elementos:
5.2.2.1. Incentivos dinámicos/efectos de exclusión
Las ayudas estatales en favor de la protección del medio ambiente pueden ser utilizadas estratégicamente para promover tecnologías innovadoras y respetuosas del medio ambiente con objeto de dar a los productores nacionales la ventaja de ser los primeros en actuar. En consecuencia, la ayuda podría distorsionar los incentivos dinámicos y excluir las inversiones en una tecnología concreta en otros Estados miembros, llevando a una concentración de dicha tecnología en un Estado miembro. Este efecto es tanto mayor cuanto más reduzcan los competidores su esfuerzo innovador, en comparación con la situación de carencia de ayuda.
En su análisis, la Comisión atenderá a los aspectos siguientes:
neutralidad tecnológica: cuando una medida se centra en una sola tecnología, el riesgo de distorsionar los incentivos dinámicos es mayor;
5.2.2.2. Mantenimiento de empresas ineficientes a flote
Las ayudas estatales en favor de la protección del medio ambiente pueden justificarse como mecanismo de transición para avanzar hacia la plena asignación de las externalidades negativas por lo que respecta al medio ambiente. No deberán utilizarse para apoyar innecesariamente a empresas que no son capaces de adaptarse a normas y tecnologías más respetuosas del medio ambiente a causa de su bajo nivel de eficiencia. En su análisis, la Comisión atenderá a los aspectos siguientes:
proceso de selección: si el proceso de selección es llevado a cabo de manera no discriminatoria, transparente y abierta, es menos probable que la ayuda contribuya a mantener artificialmente a la empresa en el mercado. Cuanto más amplia (en términos de cobertura del mercado de referencia) y más competitiva (en términos de licitación o contratación) sea la asignación de una subvención, tanto menor será la distorsión de la competencia;
selectividad: si la medida con arreglo a la cual es concedida la ayuda abarca un número relativamente importante de beneficiarios potenciales, si abarca todas las empresas del mercado de referencia y si no excluye a las empresas que puedan abordar el mismo objetivo ambiental, es menos probable que la ayuda mantenga empresas ineficientes en el mercado.
5.2.2.3. Poder de mercado/comportamiento de exclusión
La ayuda para la protección ambiental dada a un beneficiario podrá ser utilizada para reforzar o mantener su poder de mercado en un mercado de productos concreto. La Comisión evaluará el poder de mercado del beneficiario antes de la concesión de la ayuda, así como la variación probable de dicho poder a consecuencia de la ayuda. Las ayudas en favor de la protección del medio ambiente que se conceden a un beneficiario con un poder de mercado sustancial pueden ser utilizadas por éste para mantener o reforzar su poder de mercado, diferenciando más sus productos o excluyendo a rivales. Es improbable que la Comisión observe problemas de competencia relativos al poder de mercado cuando cada beneficiario de ayuda posea una cuota de mercado inferior al 25 %, o en mercados con una concentración inferior a 2 000 puntos según el índice Herfindahl-Hirschman (HHI).
poder de mercado del beneficiario de la ayuda y estructura del mercado: cuando la empresa beneficiaria ocupa ya una posición dominante en el mercado de que se trate (62), la medida de ayuda puede reforzar dicha posición al debilitar aún más la presión competitiva que los competidores pueden ejercer sobre la primera;
nuevos participantes: cuando la ayuda se destina a mercados de productos o tecnologías que compiten con productos en relación con los cuales el beneficiario de la ayuda es un operador ya asentado que dispone de poder de mercado, la ayuda puede ser utilizada estratégicamente para evitar la entrada de nuevos participantes en el mercado. De este modo, si los nuevos participantes no pueden disponer de la ayuda, será mayor el riesgo de que la ayuda distorsione la competencia;
5.2.2.4. Efectos sobre el comercio y la localización
Gracias a las ayudas estatales en favor de la protección del medio ambiente, en algunos territorios se pueden registrar condiciones de producción más favorables, sobre todo cuando permiten obtener costes de producción comparativamente inferiores o niveles de producción superiores. Este fenómeno puede impulsar el traslado de empresas a los territorios donde se otorgan las ayudas o un desplazamiento de los flujos comerciales hacia la zona en cuestión.
En consecuencia, la ayuda reorientará los beneficios hacia el Estado miembro en el mercado de productos afectado por la ayuda así como en los mercados de insumos.
En su análisis, la Comisión considerará si hay pruebas de que el beneficiario haya considerado otras localizaciones para su inversión, en cuyo caso será más probable que la ayuda distorsione considerablemente la competencia.
5.2.3. Sopesamiento y decisión
Tomando en consideración los aspectos anteriormente mencionados, tanto positivos como negativos, la Comisión sopesará los efectos de la medida y determinará si las distorsiones resultantes alteran las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. Teóricamente, los efectos positivos y negativos deberán expresarse utilizando la misma referencia (por ejemplo, el coste externo evitado frente a la pérdida de beneficios del competidor en unidades monetarias).
En general, cuanto mayor sea el beneficio ambiental y cuanto más claramente se establezca que el montante de la ayuda se limita al mínimo necesario, tanto más probable será que se produzca una evaluación positiva. Por otra parte, cuanto más clara sea la indicación de que la ayuda distorsionará considerablemente la competencia, tanto menos probable será que se produzca una evaluación positiva. Si los efectos positivos esperados son amplios y es probable que las distorsiones sean muy considerables, la evaluación dependerá de la medida en que se considere que los efectos positivos han superado a los efectos negativos.
La Comisión podrá no plantear objeciones a la medida de ayuda notificada sin incoar el procedimiento formal de investigación o, tras el procedimiento formal de investigación contemplado en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 659/1999, decidir darlo por concluido mediante una decisión conforme al artículo 7 de dicho Reglamento. Cuando adopte una decisión condicional a efectos del artículo 7, apartado 4, del citado Reglamento, podrá, por ejemplo, acompañar su decisión de las condiciones mencionadas a continuación, que deberán mitigar las distorsiones o los efectos sobre el comercio resultantes y ser proporcionadas:
no discriminación de otros beneficiarios potenciales (selectividad reducida).
Los umbrales de las ayudas establecidos en las presentes Directrices se aplicarán con independencia de que el apoyo otorgado al proyecto objeto de la ayuda se financie íntegramente con recursos del Estado o sea financiado en parte por la Comunidad.
Las ayudas autorizadas de conformidad con las presentes Directrices no podrán combinarse con otras ayudas estatales a efectos del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, ni con otras formas de financiación de la Comunidad si tal acumulación tiene como consecuencia una intensidad de ayuda superior a la contemplada en las presentes Directrices. No obstante, cuando los gastos elegibles en el marco de un régimen de ayudas en favor del medio ambiente puedan acogerse, total o parcialmente, a ayudas otorgadas con otra finalidad, la parte común estará sujeta al límite más favorable según la normativa aplicable.
Las ayudas a la protección del medio ambiente no se acumularán con ayudas de minimis relativas a los mismos costes elegibles si tal acumulación diera lugar a una intensidad de ayuda superior a la fijada en las presentes Directrices.
7.1. Informes anuales
De conformidad con los requisitos contemplados en el Reglamento (CE) no 659/1999 y en el Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (63), los Estados miembros deberán presentar informes anuales a la Comisión.
Además de cumplir los requisitos establecidos en dichas disposiciones, los informes anuales sobre las medidas de ayuda en favor del medio ambiente contendrán, para cada régimen autorizado, los datos siguientes por lo que respecta a las grandes empresas:
los nombres de los beneficiarios;
el importe de la ayuda por beneficiario;
la intensidad de la ayuda;
la descripción de los objetivos de la medida y del tipo de protección del medio ambiente que se pretende fomentar;
los sectores de actividad en los que se realizan los proyectos objeto de la ayuda;
una explicación sobre la manera en que se ha respetado el efecto incentivador, en particular basada en los indicadores y criterios contemplados en el Capítulo 5.
En el caso de las exenciones o reducciones fiscales, el Estado miembro sólo deberá presentar el texto o los textos legislativos y/o reglamentarios que instituyen la ayuda, precisar las categorías de empresas que se pueden acoger a las reducciones o exenciones fiscales y los sectores de la economía más afectados por ellas.
Los informes anuales se publicarán en el sitio Internet de la Comisión.
A juicio de la Comisión, se necesitan medidas suplementarias con objeto de mejorar la transparencia de las ayudas estatales en la Comunidad. En particular, es necesario asegurar que los Estados miembros, los operadores económicos, las partes interesadas y la propia Comisión puedan acceder sin dificultades al texto completo de todos los regímenes de ayudas en vigor en favor del medio ambiente.
Este objetivo se lograría fácilmente mediante la creación de sitios de Internet interconectados. Por ello, al examinar los regímenes de ayuda en favor del medio ambiente, la Comisión exigirá sistemáticamente al Estado miembro interesado que publique en Internet el texto completo de todos los regímenes de ayuda finales y que envíe a la Comisión la dirección electrónica de publicación. El régimen no deberá aplicarse antes de que la información se publique en Internet.
7.3. Supervisión y evaluación
Los Estados miembros velarán por que se mantenga un registro detallado sobre la concesión de ayudas en el marco de todas las medidas en favor del medio ambiente. Dicho registro, que deberá recoger toda la información necesaria a fin de comprobar que se han respetado los costes elegibles y los límites máximos de intensidad de ayuda, se mantendrá durante diez años a partir de la fecha de concesión de la ayuda y se proporcionará a la Comisión previa petición.
La Comisión pedirá a los Estados miembros que proporcionen esta información para llevar a cabo una evaluación de las presentes Directrices cuatro años después de su publicación (64).
7.4. Medidas apropiadas
La Comisión propone a los Estados miembros, con arreglo al artículo 88, apartado 1, del Tratado CE, las siguientes medidas apropiadas en relación con sus respectivos regímenes vigentes de ayudas en favor del medio ambiente.
Los Estados miembros modificarán, cuando proceda, los regímenes de ayuda para conformarlos a dichas Directrices en un plazo de 18 meses a partir de su publicación, con las excepciones siguientes:
el deber de proporcionar informes anuales más detallados se aplicará a las ayudas concedidas en el marco de regímenes existentes a partir del 1 de enero de 2009.
Se invita a los Estados miembros a manifestar su acuerdo incondicional explícito con las medidas apropiadas propuestas en un plazo de dos meses a partir de la fecha de publicación de las presentes Directrices en el Diario Oficial de la Unión Europea. A falta de respuesta, la Comisión dará por supuesto que el Estado miembro en cuestión no está de acuerdo con las medidas propuestas.
7.5. Aplicación, validez y revisión
Las Directrices aquí expuestas se aplicarán a partir del primer día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y sustituirán a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente de 3 de febrero de 2001 (65).
Las presentes Directrices serán aplicables hasta el 31 de diciembre de 2014. La Comisión, previa consulta de los Estados miembros, podrá modificarlas antes de esa fecha, cuando así lo justifiquen razones de peso relacionadas con la política de competencia o de medio ambiente, o para tener en cuenta otras políticas comunitarias o compromisos internacionales. Estas modificaciones podrían ser especialmente necesarias a la luz de futuros acuerdos internacionales y de la futura normativa europea en materia de cambio climático. Cuatro años después de su publicación, la Comisión emprenderá una evaluación de las Directrices basada en informaciones fehacientes y en el resultado de amplias consultas realizadas por la Comisión sobre la base, en particular, de los datos proporcionados por los Estados miembros. Los resultados de la evaluación se pondrán a disposición del Parlamento Europeo, del Comité de las Regiones, del Comité Económico y Social Europeo y de los Estados miembros.
La Comisión aplicará las presentes Directrices a todas las medidas de ayuda notificadas sobre los que se pronuncie una vez hayan sido publicadas en el Diario Oficial, incluso cuando hayan sido notificadas con anterioridad a dicha publicación. Esta disposición incluye las ayudas individuales concedidas con cargo a regímenes de ayuda aprobados y notificados a la Comisión en cumplimiento de la obligación de notificar esas ayudas individualmente.
De conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales (66), la Comisión aplicará, en el caso de las ayudas no notificadas:
(2) Plan de Acción de Ayudas Estatales, apartado 10.
(4) Los ámbitos prioritarios son los siguientes: cambio climático, naturaleza y biodiversidad, medio ambiente y salud y recursos naturales y residuos. La salud no está contemplada por estas directrices.
(5) En relación con estos últimos véase el Libro Verde sobre la utilización de instrumentos de mercado en la política de medio ambiente y otras políticas relacionadas, de 28 de marzo de 2007, COM(2007) 140 final.
(9) Una producción más respetuosa del medio ambiente puede desembocar, por ejemplo, en mayores posibilidades de reciclar los materiales de desecho, generando así ingresos adicionales. También puede ser posible incrementar el precio de las ventas de los productos percibidos como más respetuosos del medio ambiente y, por ende, más atractivos para los consumidores.
(10) Una producción más respetuosa del medio ambiente puede desembocar en una reducción del consumo de energía y de insumos.
(14) DO L 114 de 27.4.2006, p. 64.
(16) COM(2008) 845 final
(17) COM(2008) 19 final. Una vez haya sido adoptada la Directiva por el Parlamento Europeo y por el Consejo, la Comisión aplicará los criterios de sostenibilidad en el texto final.
(18) Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1). Directiva cuya última modificación la constituye la Decisión no 2445/2001/CE (DO L 331 de 15.12.2001, p. 1). En particular, el artículo 4, apartado 7, establece los criterios de cara a permitir nuevas modificaciones de las masas de aguas.
(19) DO L 52 de 21.2.2004, p. 50.
(21) La gestión de residuos incluye la reutilización, el reciclaje y la recuperación.
(22) DO L 10 de 14.1.1997, p. 13. Directiva cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).
(24) En las presentes Directrices no se debate el concepto de ayuda estatal, el cual se desprende de las disposiciones del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal de Primera Instancia.
(25) DO L 223 de 15.8.2006, p. 1.
(26) DO C 319 de 27.12.2006, p. 1.
(27) DO L 228 de 9.9.1996, p. 1. Decisión cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1791/2006 del Consejo (DO L 363 de 20.12.2006, p. 1).
(28) DO C 323 de 30.12.2006, p. 1.
(29) DO L 10 de 13.1.2001, p. 20. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1976/2006 (DO L 368 de 23.12.2006, p. 85). Cuando se adopte el nuevo reglamento relativo a exenciones por categoría en materia de ayudas a la formación, éste será aplicable.
(30) DO L 10 de 13.1.2001, p. 33. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1976/2006. Cuando se adopte el nuevo reglamento relativo a exenciones por categoría en materia de ayudas a las PYME, éste será aplicable.
(31) Adoptada por la Comisión el 26 de julio de 2001 y comunicada a los Estados miembros mediante carta ref. SG(2001) D/290869 de 6 de agosto de 2001.
(32) Véase la propuesta de la Comisión de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el almacenamiento geológico de dióxido de carbono COM(2008) 18 final.
(33) Véase, en particular, el Sexto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente.
(34) En consecuencia, las normas u objetivos establecidos a nivel comunitario que sean vinculantes para los Estados miembros, pero no para las distintas empresas, no se considerarán «normas comunitarias».
(35) COM(2008) 19 final. Una vez haya sido adoptada la Directiva por el Parlamento Europeo y el Consejo, la Comisión aplicará los criterios de sostenibilidad en el texto final.
(36) DO L 32 de 6.2.2007, p. 183.
(37) DO L 283 de 31.10.2003, p. 51. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2004/75/CE (DO L 157 de 30.4.2004, p. 100).
(38) Recomendación del Consejo, de 3 de marzo de 1975, relativa a la imputación de costes y a la intervención de los poderes públicos en materia de medio ambiente (DO L 194 de 25.7.1975, p. 1).
(39) Recomendación, de 3 de marzo de 1975, relativa a la imputación de costes y a la intervención de los poderes públicos en materia de medio ambiente.
(41) Al evaluar la letra b) del apartado 78, cuando sea posible utilizar parámetros cuantitativos para comparar las actividades ecoinnovadoras con actividades estándar, no innovadoras, la expresión «notablemente superior» significará que la mejora marginal anticipada de las actividades ecoinnovadoras, a efectos de reducción de los riesgos ambientales o la contaminación, o de mejora de la eficacia energética o de los recursos, deberá ser al menos dos veces superior a la mejora marginal anticipada de la evolución general de actividades no innovadoras comparables.
En los casos en que el enfoque propuesto no resulte adecuado o resulte imposible realizar una comparación cuantitativa, el expediente de solicitud de ayuda estatal deberá incluir una descripción detallada del método empleado para evaluar este criterio, el cual deberá garantizar un nivel de exigencia comparable al del método propuesto.
(44) Con exclusión de la infraestructura de calefacción urbana, cuya financiación no es contemplada por las presentes Directrices, sino que será evaluada únicamente con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra c).
(45) Clasificación definida en la Comunicación de la Comisión sobre la revisión de la estrategia comunitaria para la gestión de residuos (COM(96) 399 final de 30.7.1996). En esa Comunicación, la Comisión subraya que la gestión de residuos constituye un objetivo prioritario de la Comunidad con objeto de reducir los riesgos para el medio ambiente. El concepto de tratamiento de residuos deberá considerarse desde tres ángulos distintos: reutilización, reciclaje y recuperación. Los residuos cuya producción no pueda evitarse deberán ser objeto de tratamiento de cara a su posterior eliminación sin peligro. En la Comunicación relativa a la Estrategia temática sobre prevención y reciclado de residuos (COM(2005) 666), la Comisión reitera su compromiso en favor de esos principios y contempla medidas concretas de fomento de la prevención, como el diseño ecológico de los procesos y los productos o incentivos para que las PYME adopten medidas de prevención de residuos, y el reciclado.
(46) Por «tecnología punta» se entenderá un proceso en el que la utilización de residuos para fabricar un producto final constituye una práctica normal y económicamente rentable. Cuando proceda, el concepto de «tecnología punta» se interpretará desde la perspectiva del mercado común y la tecnología comunitaria.
(47) Si la inversión se refiere únicamente a la protección del medio ambiente sin otros beneficios económicos, no se aplicará ninguna reducción suplementaria para determinar los costes elegibles.
(48) Las tareas de saneamiento llevadas a cabo por autoridades públicas en terrenos de su propiedad no estarán como tales sujetas a las disposiciones del artículo 87 del Tratado. No obstante, podrán surgir problemas relativos a las ayudas estatales si, tras su saneamiento, los terrenos se venden a un precio inferior a su valor de mercado. A este respecto sigue siendo aplicable la Comunicación de la Comisión relativa a los elementos de ayuda en las ventas de terrenos y construcciones por parte de los poderes públicos (DO C 209 de 10.7.1997, p. 3).
(50) DO L 275 de 25.10.2003, p. 32. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2004/101/CE (DO L 338 de 13.11.2004, p. 18).
(51) La Comisión ha evaluado la ayuda estatal correspondiente a los Planes nacionales de asignación con arreglo al RCE de la UE para el período de comercio que finaliza el 31 de diciembre de 2012 sobre la base de los criterios establecidos en el punto 140.
(52) Véase el punto 70 (15).
(53) Por ejemplo, las reducciones o exenciones de impuestos no contempladas por la legislación comunitaria o inferiores al nivel impositivo mínimo comunitario.
(54) Tal como se define en la Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia (DO C 372 de 9.12.1997, p. 5).
(55) Por lo que respecta a los productos energéticos y la electricidad, se considerará que las «empresas de elevado consumo energético» definidas en el artículo 17, apartado 1, letra a), de la Directiva 2003/96/CE cumplen este criterio mientras esa disposición siga vigente.
(56) Tal como se define en la Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia.
(57) No es relevante a tal efecto si la supervisión la efectúa un organismo público o privado.
(58) Ello también se aplica independientemente de si el beneficiario individual se beneficia al mismo tiempo de una exención o una reducción fiscal evaluada en el capítulo 4.
(59) Las exenciones y reducciones fiscales de los impuestos ambientales contemplados en el capítulo 4 de las presentes Directrices no serán objeto de una evaluación detallada. No obstante, la ayuda concedida de conformidad con el capítulo 3 en forma de ayuda fiscal será objeto de una evaluación detallada en caso de que se sobrepasen los umbrales del presente punto.
(60) Varios mercados pueden resultar afectados por la ayuda, ya que es posible que su impacto no se limite al mercado correspondiente a la actividad beneficiaria de la misma y afecte a otros mercados conexos bien sea en una fase anterior, posterior o complementaria, o a mercados en los que el beneficiario ya está presente o pudiera estarlo en un futuro próximo.
(61) El cálculo de los costes adicionales puede no recoger enteramente todos los beneficios de explotación, al no deducirse los beneficios durante toda la vida de la inversión. Por otra parte, al no modificarse la capacidad, puede ser difícil tener en cuenta ciertos tipos de beneficios, como por ejemplo los vinculados al incremento de productividad y al incremento de producción.
(64) Los Estados miembros que lo deseen pueden facilitar la labor de la Comisión remitiendo su propia evaluación a posteriori de regímenes y medidas concretas.
(65) DO C 37 de 3.2.2001, p. 3.
(66) DO C 119 de 22.5.2002, p. 22.
INTENSIDAD DE LA AYUDA COMO PORCENTAJE DE LOS COSTES DE INVERSIÓN ELEGIBLES
80 % si es ecoinnovación
100 % si es un proceso de ofertas
70 % si es ecoinnovación
60 % si es ecoinnovación
Ayuda para estudios ambientales
antes de la entrada en vigor
Ayudas para gestión de residuos
Ayudas para instalaciones de cogeneración

References: artículo 87
 artículo 87
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 87
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 artículo 87
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 artículo 87
 artículo 87
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 87
 artículo 93
 artículo 88
 artículo 4
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 17