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Timestamp: 2019-11-22 21:18:45+00:00

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Opinión Jurídica n° 032-J de 23 de Abril de 1998, de Asamblea Legislativa - Doctrina administrativa - VLEX 492974950
OJ-032-98
San José, 23 de abril de 1998
Mario Alvarez González
Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero a su oficio PSDL-524- de 24 de febrero de 1998, recibido el 26 del mismo mes y año, en el cual solicita criterio jurídico sobre "los alcances e interpretación del artículo 225 de la Ley de Tránsito, a efecto de determinar si el Director Ejecutivo de nuestra institución tiene derecho a la utilización de un vehículo con carácter discrecional".
El criterio legal que acompaña a la presente consulta indica lo siguiente:
"Mediante oficio número DAJ-2339 de 17 de octubre de 1996, el licenciado Manuel Martínez Sequeira, Subdirector General del Área de Consultas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de la Contraloría General de la República, en lo que respecta manifestó : "...en cuanto a la utilización de vehículos de uso discrecional, dicha dirección ha venido sosteniendo que su asignación sólo procede en favor del funcionario que ostanta alguno de los cargos que contempla el artículo 225 de la Ley de Tránsito... en razón de su alta investidura o la naturaleza específica de sus funciones." No obstante, dicha Dirección ha aceptado extender dicho beneficio a otros funcionarios públicos de igual categoría a los señalados en dicho artículo, aceptando la tesis de equiparar los puestos de conformidad con las funciones que se desempeñan. Al respecto, se cita como ejemplo al Director Ejecutivo del Instituto de Fomento Cooperativo, el cual cumple las funciones administrativas normalmente asignada a los funcionarios señalados en el artículo 225 de la Ley de Tránsito, razón por lo que consideran razonable otorgarle un vehículo de uso discrecional, aunque no se encuentren comprendidos dentro de la lista indicada en el mencionado numeral, pero que sí ejercen funciones administrativas al más alto nivel, razón por la cual, siguiendo el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, en virtud del principio constitucional de igualdad, es posible calificarlo como funcionario de alta jerarquía, en consideración a los establecido en el artículo 33 de la Constitución Política y artículos 7 y 9 de la Ley General de la Administración Pública. Lo anterior significa que en principio, el Director Ejecutivo no tendría derecho a la utilización de un vehículo de uso discrecional por no encontrarse dentro de la lista mencionada en el artículo 225 de la citada Ley de Tránsito, pero que en aplicación del método analógico anteriormente mencionado, al no existir en nuestra nomenclatura de puestos ningún presidente ejecutivo, éste se podría equiparar con el de Director Ejecutivo que sí cumple funciones similares, por tanto, siguiendo dicha política, pareciera que en sentido amplio, sí podría ser el Director Ejecutivo de esta institución, un funcionario acreedor de dicho beneficio, de conformidad con el oficio DAJ-2339 del 17 de octubre de 1996."
El indicado oficio DAJ-2339 del 17 de octubre de 1996 de la Contraloría General de la República, dispuso lo siguiente:
"(...) se concluye que la Comisión Nacional de Emergencia constituye un órgano de desconcentración máxima, creado por ley y con personalidad jurídica instrumental para administrar el Fondo Especial de Emergencia creado por el artículo 4 de la citada Ley. Tal conclusión pareciera ser compartida por el Poder Ejecutivo, al haber dictado el Decreto Ejecutivo No. 25366-MOPT, (....) al definir la naturaleza jurídica de la Comisión como un órgano de desconcentración máxima de dicho Poder. En efecto, en nuestros pronunciamientos No.3500/96 y 3512/96, tuvimos en consideración que la Procuraduría General de la República ha propiciado una interpretación más amplia en el caso de situaciones ambiguas, partiendo de la equiparación de puestos a la luz de las funciones que se desempeñan; por lo que atendiendo a las razones expuestas por ese Órgano Consultivo hemos decidido avalar el dictamen C-082-94 (...) Ahora bien, en cuanto a la procedencia de asignar una (sic) vehículo con las características apuntadas al Presidente Ejecutivo y al Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencia, cabe señalar que si bien dichos funcionarios no están comprendidos dentro del elenco que estipula el pluricitado numeral 225, lo cierto es que ejercen funciones administrativas al más alto nivel, por lo que -siguiendo el razonamiento de la Procuraduría General- en virtud del principio constitucional de igualdad, es posible calificarlos como funcionarios de alta jerarquía (...)"
SOBRE LA COMPETENCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN MATERIA DE HACIENDA.
Una vez conocido el contenido de la consulta planteada, es lo procedente cuestionarse la competencia de esta Procuraduría para su resolución, toda vez que, por estar de por medio el uso y disfrute de bienes públicos, ello podría significar que lo comprometido sea parte integral de la Hacienda Pública, por lo que la competencia para resolver lo consultado sería de la Contraloría General de la República.
Así las cosas, debe indicarse que la Contraloría General de la República es el órgano encargado constitucionalmente de la vigilancia de la Hacienda Pública, por expresa disposición de la Constitución Política, que en su numeral 183 dispone: "La Contraloría General de la República es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública (...)" (El subrayado no es del original).
En desarrollo a esta disposición constitucional, el legislador ordinario establece mediante el numeral 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República que:
"Hacienda Pública es la organización formada por los entes y órganos públicos, incluyendo los no estatales, propietarios o encargados, por cualquier título, de la administración del patrimonio público; salvo la contribución obrero patronal que es de naturaleza pública. Los recursos del Banco Popular y de Desarrollo Comunal tendrán el carácter que su propia ley orgánica le otorga. Patrimonio público es la universalidad constituida por los fondos públicos y por los pasivos a cargo de la Hacienda Pública. Los componentes de la Hacienda Pública son las instituciones, corporaciones y empresas públicas, sean entes u órganos."(El subrayado no es del original).
Además, el artículo 9 de la misma ley dispone:
"Fondos públicos son los recursos, valores, bienes y derechos propiedad del Estado, de órganos, de empresas o de entes públicos." (El subrayado no es del original).
Reforma Manual de Procedimientos Legales de la Inspección de Trabajo, de 12 de Agosto de 2014

References: artículo 225
 artículo 225
 artículo 225
 artículo 33
 artículo 225
 artículo 4
 artículo 9