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⭐La violencia policial contra niños, niñas y adolescentes
La violencia policial contra niños, niñas y adolescentes
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Soledad Ramos Cordero
1 La violencia policial contra niños, niñas y adolescentes Hacia un Estado de derecho que ejerza efectivamente la protección contra toda forma de violencia Julio 2011 Violeta González Valdez Andrea Vera Aldana2 CONTENIDO INTRODUCCIÓN 2 EXPLORACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 4 JUSTIFICACIÓN 4 PUNTOS DE PARTIDA 5 BREVE RELATO DE LOS HECHOS MÁS RELEVANTES Y CUALIFICACIÓN DE LOS MISMOS: 6 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LOS OPERADORES DEL SISTEMA PENAL DE LA ADOLESCENCIA 9 Datos relevados y su concordancia con principios, derechos y garantías vulneradas: 10 Conclusiones preliminares 12 MARCO TEÓRICO 14 CONCEPTO DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO DE ANÁLISIS 14 ANÁLISIS DE LA NORMATIVA QUE REGULA LA ACCIÓN POLICIAL 20 CONVERGENCIAS ENTRE EL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL Y LA POLICÍA NACIONAL 25 TRABAJO DE CAMPO 26 LOS CASOS 26 CASO DE ADOLESCENTES DE LA FENAES 28 Relato de los adolescentes 28 CASO DEL ADOLESCENTE FJJM 30 La denuncia 30 Relato del adolescente 31 Relatos subsidiarios 32 Procedimiento e informes del Centro de Referencia de la SNNA 32 Justicia Policial 34 Declaraciones de los involucrados en el expediente administrativo 35 Resultado final de la investigación administrativa 37 Resolución de la justicia policial 37 Justicia Penal 37 Declaración testimonial del testigo clave de la causa 38 Requerimiento Fiscal 39 ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS CASUÍSTICO 40 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS CASOS 40 LA VIOLENCIA POLICIAL Y SU LEGITIMACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL 40 Aprehensión policial arbitraria 40 ESTADO DE INDEFENSIÓN DURANTE LA ETAPA PREVIA 43 DECLARACIÓN DEL ADOLESCENTE EN SEDE POLICIAL 44 Los antecedentes policiales como instrumento de criminalización selectiva 45 PERSPECTIVA DESDE LA CRIMINOLOGÍA 46 PERSPECTIVA DESDE LAS GARANTÍAS DE LA JUSTICIA PENAL JUVENIL 48 CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 50 BIBLIOGRAFÍA 52 INSTRUMENTOS NORMATIVOS 54 La Violencia Policial contra Niños, Niñas y Adolescentes - 13 INTRODUCCIÓN En el marco de la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de las redes de defensa de derechos de niños, niñas y adolescentes, realizado por el Observatorio de Políticas Públicas y Derechos de la Niñez y la Adolescencia, de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, se elabora el presente trabajo, estructurado en tres partes: en la primera se define la problemática del tema planteado, la violencia policial ejercida contra adolescentes; seguidamente, se expone un breve marco teórico y conceptual de la violencia en el ámbito de estudio con un análisis de la normativa que rige a la Policía Nacional, a los efectos de determinar el ámbito de competencia así como las áreas de convergencia con la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, órgano impulsor de políticas públicas en la materia. Por último, se comparte el trabajo de campo realizado con los resultados obtenidos. Todo lo mencionado previamente condujo a sustentar las conclusiones y recomendaciones arribadas, las cuales pretenden aportar nuevas perspectivas de la problemática y generar debates que incidan en la definición de políticas públicas y prácticas institucionales que ayuden a erradicar, en un futuro cercano, acciones policiales violentas contra niños, niñas y adolescentes en contacto con el sistema penal paraguayo. El contexto de análisis está sustentado en normas jurídicas nacionales e internacionales, lo cual ha permitido establecer el ámbito de cobertura legal, así como las obligaciones del Estado paraguayo ante acciones u omisiones lesivas de derechos fundamentales. En este sentido, la Constitución Nacional expresa en el Artículo 54. De la protección al niño: «La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos, protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la violencia *<+». «<El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño va m{s all{ del derecho del niño a la protección contra lo que arbitrariamente se define como «abuso» en diferentes sociedades, y más allá de la protección frente a la tortura y a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (art. 37). El artículo 19 protege al niño contra «toda forma de perjuicio o abuso físico o mental» mientras se encuentre bajo la custodia de sus padres u otras personas encargadas de su cuidado. Por lo tanto, reafirma el derecho fundamental del niño al respeto de su dignidad y a la integridad física y personal. Como principio, está relacionado con el derecho a la vida, y a la supervivencia y desarrollo en lo máximo posible (art. 6). El Comité de los Derechos del Niño ha podido certificar con preocupación actos de violencia perpetrada contra los niños por parte de los agentes del Estado: policía, personal militar y personal de los centros de detención y de prisiones. En virtud de la Convención, el Estado es responsable de la prevención de toda violencia contra los niños, ya sea esta infligida por funcionarios del Estado, o por los padres, maestros y otras personas a cargo de su cuidado. Al Estado le incumbe velar por que la legislación y otras medidas protejan eficazmente a los niños contra toda forma de violencia. Incluso es deber formal del La Violencia Policial contra Niños, Niñas y Adolescentes - 24 Estado investigar a través de una o más instituciones que hayan sido notificadas, ya se trate de casos comprobados o de sospecha<». 1 El Comité, en las orientaciones generales para los informes periódicos, pregunta si se han previsto procedimientos de denuncia y si el niño puede formular denuncias bien sea directamente o a través de un representante, así como los remedios existentes; dedicándose dos días de debate general (septiembre de 2000 y septiembre de 2001) al tema violencia contra los niños. En el año 2000, el debate general se centró en la violencia del Estado y los niños. En este ámbito, el Comité ha recomendado que se establezcan medidas mínimas para la cualificación y capacitación de profesionales de las personas que trabajen en las instituciones de atención a menores, en los sistemas alternativos, en la policía y en las instituciones penales juveniles y que se imponga como condición que en su expediente no consten actos de violencia *<+. 2 Por otra parte, las observaciones del Comité con relación a Paraguay en su 53er. período de sesiones en el punto 35 dispone: «Al Comité le preocupan los informes de tortura y tratos crueles e inhumanos a los niños que viven en la calle por parte de la policía. También le preocupan las denuncias recibidas de tratos crueles y degradantes a los niños privados de libertad. Además, preocupa al Comité que se haya aportado información insuficiente sobre las investigaciones de esas denuncias y las medidas adoptadas por el Estado parte para llevar ante la justicia a los presuntos autores». 3 Finalmente, la afirmación normativa de la existencia de la violencia contra niños, niñas y adolescentes es un paso importante en materia de reconocimiento de estos como sujetos de derechos, por cuanto aún de manera presente los niños, niñas y adolescentes, se encuadran en el esquema de ser percibidos como «objeto» de «corrección», cuidado, protección y adecuación a las pautas sociales, y no como sujetos activos de una comunidad en la que de manera gradual y no por ello disminuida, son sujetos de todos los derechos, civiles y políticos en la medida de su evolución, y económicos, sociales y culturales en todo lo que hace a permitir una vida digna. 4 1 Manual de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño-UNICEF. 2004, pp. 277 y ss. 2 Ídem 1. 3 Material de Difusión de las Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño al Estado Paraguayo Esta es la oportunidad de crecer. CDIA OBSERVA. 4 Beloff, Mary Los Derechos del Niño en el Sistema Interamericano, pp. 35 y ss. Informe sobre desaparición de Iv{n Torres CELS. La Violencia Policial contra Niños, Niñas y Adolescentes - 35 EXPLORACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Investigar sobre la violencia policial en Paraguay constituye una tarea compleja, ya que es un tema que genera cierta resistencia y, en cierto modo, temor de hurgar en una institucionalidad que vislumbra una historia reciente y marcada de represión. Hemos considerado importante iniciar una línea investigativa, relevando hechos o situaciones de violencia por parte de la Policía Nacional contra niños, niñas y adolescentes ocurridos en Asunción en los últimos tres años. Para indagar sobre la problemática planteada, la interrogante que nos conduce a definir los elementos a considerar es, si la intervención policial con adolescentes -dentro de un proceso penal o fuera de él (actos de control)- es coherente con los principios, derechos y garantías de la normativa nacional e internacional vigentes, sustentados en la doctrina de la protección integral. JUSTIFICACIÓN Las reacciones estatales y las respuestas jurídico-penales a los hechos punibles, cometidos por adolescentes, deben enmarcarse en los principios que legitiman la propia intervención del Derecho Penal con la observancia de todas las garantías. En nuestro país, resulta aún arduo y sinuoso el proceso de adopción de un sistema de responsabilidad punitivo-garantista en la Justicia Penal de la Adolescencia. Es más, una institución de gran relevancia como la Policía Judicial -concebida para el auxilio directo del Ministerio Público en su tarea de investigación-, todavía no ha sido implementada. Lo cual plantea un cierto protagonismo de la Policía en el engranaje del proceso penal, constituyéndose en un «segmento institucionalizado no judicial del sistema penal». 5 En este contexto, el interés del presente trabajo ha sido determinar la legalidad o legitimidad de las intervenciones policiales en los casos de adolescentes indiciados de la comisión de hechos punibles. Y, en su caso, establecer los principios, derechos y garantías vulneradas con las intervenciones policiales arbitrarias detectadas. Nuestra investigación se enmarca sobre la base de la existencia constitucional de un Estado Social de Derecho 6, comprendiendo este a grosso modo, a un Estado que 5 Zaffaroni, Raúl Eugenio En busca de las penas perdidas. Deslegitimación y dogmática jurídico-penal. Buenos Aires, Ed. Ediar, p El Estado de Derecho es la sociedad estatal fundada en los presupuestos organizativos de la legalidad, la división de los poderes, y el reconocimiento de los derechos individuales, y sus fines apuntan a la dignidad humana, al libre desarrollo de los individuos, a la igualdad formal de las personas, a la defensa de los derechos individuales y evita toda forma de absolutismo y totalitarismo. En un Estado Social de Derecho, el Estado deja de ser formal, neutral e individualista, para transformarse en un Estado material de Derecho, en cuanto adopta en su dogmática la intención de realizar la justicia social, en donde el calificativo social refiere una corrección del individualismo clásico liberal por la afirmación de los derechos sociales y la realización de la justicia social. Los rasgos distintivos del Estado Social de Derecho pueden resumirse en lo siguiente: la Ley como expresión de la voluntad general; separación de poderes; legalidad de la administración; derechos y libertades fundamentales; derechos sociales y económicos. El Estado busca materializar el principio de la dignidad humana; el Estado social pretende desarrollar el valor de la La Violencia Policial contra Niños, Niñas y Adolescentes - 46 está conformado en función a sus habitantes, cuyo interés fundamental es el desarrollo colectivo, el mejoramiento de la calidad de vida y la vigencia de garantías individuales y colectivas, que opera mediante una estructura legal e institucional basada en el respeto de los derechos fundamentales. En este orden de ideas, resulta pertinente analizar la función de la Policía Nacional de preservar el orden público, los derechos y la seguridad de las personas, así como de sus bienes, es decir, garantizar la «convivencia colectiva» definida por las normas. Ahora bien, en esta lógica, la pregunta surge en cuanto al límite del poder de «control», «seguridad», «resguardo», frente al uso abusivo del poder; y es ahí, en esa línea, en donde operan los actos violentos que generan lesiones o daños individuales y colectivos de variada intensidad, gravedad y efectos. Temática que demanda un análisis mucho más profundo, incluso una revisión multidisciplinaria de la construcción estructural misma de nuestra sociedad. Así como también, una mirada analítica a la propia estructura policial y a su funcionamiento. Sin embargo, esta investigación pretende generar la continuidad de un proceso de asumir realidades cotidianas y ocultas, que afecta a un sector vulnerable, como es el de los adolescentes indiciados de cometer infracciones a la ley penal. PUNTOS DE PARTIDA El objetivo general de esta investigación es determinar los ejes necesarios para elaborar una política pública de prevención, intervención y seguimiento de la violencia policial ejercida contra los adolescentes en Paraguay. Para la consecución de este objetivo general, se han trazado inicialmente objetivos específicos, relevar los hechos y situaciones de violencia policial en el ámbito de estudio en los últimos tres años, y cualificar los actos violentos detectados. En cumplimiento del primer objetivo específico, originariamente la investigación pretendía relevar las situaciones y los hechos de violencia producidos desde el primer momento de la persecución penal, es decir en la fase policial o «preprocesal» 7. Al comenzar el trabajo de relevamiento, a través de entrevistas con las autoridades responsables en los distintos niveles, nos hemos encontrado con una dificultad, la imposibilidad de detección de hechos de violencia policial contra adolescentes por la inexistencia de registros específicos que identifiquen los mismos. En efecto, luego de entrevistas con la Directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Agentes Fiscales y Defensores Públicos -y de acuerdo al indicador establecido en el proyecto que pretendía relevar hechos y cualificarlos a partir de igualdad, no solo formal sino en sentido positivo y real; procura un mínimo existencial para las personas y la igualdad de oportunidades; el Estado se constituye en un agente económico comprometido en la remoción de los obstáculos que impiden el desarrollo y la dignidad de la persona humana (Ramírez Candia, Manuel Dejesús. Derecho Constitucional Paraguayo, pp. 240 y ss.). 7 Terminología utilizada en doctrina para denominar a la actividad policial. La Violencia Policial contra Niños, Niñas y Adolescentes - 57 registros y estadísticas de la Policía Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio Público, Poder Judicial, Prensa, entre otros-, nos percatamos de la ausencia de registros de denuncias sobre violencia policial contra adolescentes de manera específica y determinada. Es decir, el Ministerio Público tiene un sistema informático que permite conocer las denuncias contra los agentes policiales pero no cuenta con un registro etario que permita determinar la edad de la víctima ni de los denunciantes y así poder detectar denuncias, objeto de esta investigación. Ante esta situación, consideramos como alternativa aplicar la guía de consulta a las Fiscalías Barriales, específicamente aquellas que tienen jurisdicción cercana a los barrios marginales de Asunción. Iniciamos el contacto con la Fiscalía Barrial Nº3, y conforme a la información suministrada por una Agente Fiscal tuvimos conocimiento que los casos de tortura o lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas y hechos punibles similares, son derivados a la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra los Derechos Humanos. Aplicada la guía de consulta a la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra los Derechos Humanos, obtuvimos datos importantes que, si bien no relevan todos los casos existentes, pueden ser utilizados como un relevamiento segmentado de hechos de violencia policial contra adolescentes en los últimos tres años, que permite corroborar palmariamente la existencia de los mismos, razón por la cual hemos trascripto la información obtenida. Relevamiento de datos de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra los Derechos Humanos del Ministerio Público: La Unidad fue creada por Resolución F.G.E.Nº52 del 13 de enero del 2011 con competencia en los hechos punibles de: «desaparición forzosa, lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas, coacción respecto de declaraciones, tortura, persecución de inocentes, ejecución penal contra inocentes, violación del secreto de correo y telecomunicaciones, genocidio y crímenes de guerra». Esta Unidad abarca el territorio nacional y tiene su sede en Asunción, dividiéndose en 3 Unidades. El Ministerio Público ya contaba con la Dirección de Derechos Humanos, cuyas causas fueron derivas a la Unidad Especializada en cuestión, totalizando aproximadamente 850 causas en diversos estados. Del informe relevado por los tres Agentes Fiscales titulares de la Unidad Especializada, en el período comprendido entre los años 2008 al 2010 se registran la existencia de 19 denuncias y causas penales iniciadas sobre «lesión corporal en el ejercicio de la función pública» que involucra a agentes de la Policía Nacional contra adolescentes. Breve relato de los hechos más relevantes y cualificación de los mismos: 1. FJJM (Masculino) de 15 años de edad, aprehendido y derivado por efectivos policiales a la Comisaría 24º Metropolitana, donde fue golpeado. Los efectivos intervinientes fueron acusados por la Fiscalía y está fijada la audiencia preliminar. La Violencia Policial contra Niños, Niñas y Adolescentes - 68 2. NM (Masculino) de 13 años de edad, quien se encontraba jugando en la plaza frente la Catedral, momento en el cual efectivos policiales lo aprehendieron, fue derivado a la Comisaría 5ª Metropolitana, donde fue supuestamente golpeado. 3. JAG (Masculino) menor de edad quien estaba jugando con otros niños en la vía pública donde llegan efectivos policiales y lo detienen. Fue derivado a la Comisaría 2ª Metropolitana Central de Fernando de la Mora, lugar donde fue golpeado por parte de los agentes policiales. 4. Causa «Personas innominadas s/ lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas», denuncia presentada por Nota de la Comisión Interinstitucional de Visita y Monitoreo a los Centros de Privación de Libertad de Adolescentes, la cual comunica la comisión de supuestos hechos punibles contra los derechos humanos, ocurrida en el Centro Educativo de Itauguá, donde los menores manifestaron verbalmente y por escrito que son objeto de maltratos físicos y psicológicos por parte de funcionarios de dicho centro. 5. HVV (Masculino) menor, se encontraba caminando por la vía pública en compañía de su hermano, momento en el cual fue aprehendido por policías siendo derivado a la Comisaría 9ª Metropolitana, lugar donde fueron supuestamente golpeados. 6. NAD (Masculino) 15 años de edad, se encontraba caminando por la vía pública, momento en el que fue interceptado por un efectivo policial quien requirió la entrega de su celular, a lo que el menor respondió negativamente, por lo que el oficial propinó golpes, ocasionando leves lesiones al menor. 7. AJCB (Masculino) 16 años de edad, se encontraba en la vía pública, momento en que se presentó un oficial quien exigió la exhibición de la cédula de identidad, al no poseer en ese momento el oficial de la Comisaría Nº20 Metropolitana le aplicó golpes de puño, quedando este con lesiones en la cara. 8. TMS (Masculino) se encontraba a bordo de una motocicleta en compañía de su madre, cuando fueron sorprendidos por un efectivo policial, quien ordenó que detengan la marcha, y tras intentar fugarse, el efectivo realizó disparos, los cuales afortunadamente no impactaron contra la humanidad de los mismos. 9. Menor de 16 años de edad, demorado en la vía pública por carecer de documentos personales y por contar con antecedente por robo agravado. El mismo sufrió una lesión a la altura de la frente. Refiere que el sub oficial lo golpeó en la cabeza con su cachiporra, y el sub oficial dijo que el adolescente se lesionó al caer intentando escapar. 10. Agentes de la Comisaría de Ñemby detuvieron a tres menores de edad por encontrarse en la calle, al momento de alzarlos a la patrullera fueron golpeados por los agentes. 11. GM (Masculino) detenido por un supuesto hecho de robo, en el momento de la detención fue golpeado por oficiales de la Comisaría 9ª Metropolitana y La Violencia Policial contra Niños, Niñas y Adolescentes - 79 trasladado a dicha dependencia policial. Lugar donde se constató su edad (12 años) y quedó demorado por 48 horas. 12. Menor detenido en su escuela, quien fue denunciado por supuesto robo. Fue llevado hasta el calabozo donde fue golpeado y torturado por oficiales de la Comisaría de Ñemby. La Unidad Penal Nº3 refiere en su informe, que tiene conocimiento de hechos punibles en los que serían víctimas eventualmente adolescentes entre 14 y 17 años de edad, cuenta con 7 hechos denunciados y en etapa investigativa, en los que las lesiones fueron provocadas tanto por efectivos policiales como por encargados de las instituciones donde se encuentran recluidos. Las dependencias de los agentes denunciados serían la Comisaría Metropolitana Nº19, Comisaría Nº7 de Capital, Comisaría Nº19 de Encarnación y Comisaría Nº13 de Corrales, Caaguazú. Otro dato importante que hemos relevado, si bien subsidiario al objeto de la investigación, tiene relación con la calificación jurídica del hecho punible, es decir, la cuestión de la tipificación de los hechos punibles cuando el sindicado por un acto violento e ilícito es un funcionario público y, en los casos mencionados, agentes policiales. De acuerdo a manifestaciones de un Agente Fiscal de la Unidad Especializada y funcionarios de la misma, al ser consultados sobre los elementos considerados para la calificación de los hechos punibles expuestos precedentemente y cuáles son los criterios de interpretación para la incursión en un tipo penal u otro (tortura o lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas) señalaron: «La Fiscalía al tiempo de tipificar el hecho punible, considera que hechos punibles de la naturaleza expresada se enmarcan dentro de la lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas, ya que estos se refieren a conductas típicas de funcionarios públicos y cuya consecuencia deriva del maltrato corporal o lesión provocada por uso abusivo de sus funciones (ejercicio directo y abusivo de la autoridad). Sin embargo la tortura es un hecho punible, posible de ser protagonizado por funcionarios públicos, pero el fin es otro, es la obtención de información mediante la amenaza o la coacción, lo que no se da en casos comunes de violencia policial contra adolescentes». Este dato es relevante y merece un breve análisis, ya que la «lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas» 8, reprime la conducta del sujeto como funcionario público, en servicio o con relación a él, ante un hecho protagonizado por el mismo o por otro pero por mandato de este, cuyo efecto es el maltrato físico o lesión (leve o grave). Por otra parte la «tortura» 9, reprime la conducta del funcionario público que 8 Código Penal. Art Lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas. 1º El funcionario que, en servicio o con relación a él, realizara o mandara realizar un maltrato corporal o una lesión, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años. En casos leves, se aplicará pena privativa de libertad de hasta tres años o multa. En caso de una lesión grave conforme al artículo 112, el autor será castigado con pena privativa de libertad de dos a quince años. 9 Código Penal. Art Tortura. 1º El que con la intención de destruir o dañar gravemente la personalidad de la víctima o de un tercero y obrando como funcionario o de acuerdo con un funcionario: 1º. realizara un hecho punible contra: a. la integridad física conforme a los artículos 110 al 112; b. la libertad de acuerdo a los artículos 120 al 122 y 124; c. la autonomía sexual, según los artículos 128, 130 y La Violencia Policial contra Niños, Niñas y Adolescentes - 810 con «intención» de provocar un «daño» genera la destrucción o daño grave a la personalidad de la víctima o de un tercero. Ahora bien, la afectación que generan hechos punibles de esta naturaleza y en el ejercicio de funciones públicas, en particular, en un adolescente que está en una etapa evolutiva del desarrollo de su personalidad, resulta aún más relevante. En efecto, la calidad del autor genera de por sí en la víctima la disminución inmediata de su capacidad de defensa, la que impide responder ante el acto violento, y esta paralización muchas veces se traslada al temor de denunciarlo. Con lo cual, la consideración de cuál es la afectación real que produce la conducta de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, es sumamente importante al definir la conducta típica y su incursión legal. Es decir, un «maltrato corporal o una lesión leve o grave» producida a un adulto por un funcionario, calificado como «lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas», puede fácilmente significar en un adolescente «la intención de destruir o dañar gravemente su personalidad» en proceso de desarrollo, y cumplir así con los elementos del tipo penal de «tortura». Un elemento más que suma a la cuestión es que la expectativa de pena de la lesión es de hasta cinco años, excepto los agravantes que pueden ser de dos a quince años y en el caso de la tortura la pena no puede ser menor de cinco años. Finalmente, las lesiones humanas causadas por el victimario tienen efectos jurídicos y personales distintos y, en el caso de la tortura, es importante considerar la consecuencia que genera en la degradación personal del sujeto; es probable que esta sea la causa por la cual la propia Constitución Nacional establece su proscripción en el Art. 5, y el Código Penal en el Art. 102 inc. 3 lo declara imprescriptible. Más allá de las situaciones relevadas, no hemos podido contar con un registro global que nos permita dimensionar estadísticamente lo investigado, no obstante, conforme al plan inicial, consideramos recurrir a entrevistas con actores claves, los «operadores del sistema penal especializado de la adolescencia» -Juzgado Penal de la Adolescencia y Defensoría Pública Penal de la Adolescencia-. Resultados del análisis de los datos obtenidos a través de los operadores del sistema penal de la adolescencia Las entrevistas con los operadores del sistema penal especializado se realizaron a partir de unas guías de consulta, diseñadas (anexo<) al efecto de relevar toda la información y los antecedentes que se hubiesen generado o tomado conocimiento en tales dependencias, sobre situaciones de vulneración de derechos fundamentales de adolescentes, producida por la Policía Nacional, en los últimos 3 años ( ) en el ámbito de este estudio. Se refirieron sólo dos casos con denuncias, efectuadas estas ante la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, cuyo resultado fue 131; d. menores conforme a los artículos 135 y 136; e. la legalidad del ejercicio de funciones públicas de acuerdo con los artículos 307, 308, 310 y 311; 2. Sometiera a la víctima a graves sufrimientos síquicos será castigado con pena privativa de libertad no menor de cinco años. 2º El inciso 1º se aplicará aun cuando la calidad de funcionario: 1. careciera de un fundamento jurídico válido; 2. haya sido arrogada indebidamente por el autor. La Violencia Policial contra Niños, Niñas y Adolescentes - 911 la instrucción de sumarios a los oficiales y la cesación de persecuciones sistemáticas a los adolescentes, según refirieron los familiares a los operadores. En los Juzgados Penales de la Adolescencia no se registran denuncias de adolescentes por violencia policial. Entre las causas de no realización de denuncias se mencionan: el temor a represalias (se ha referido que los adolescentes manifiestan ser «conocidos» de algunos policías, quienes constantemente profieren amenazas para «hacer trabajos para ellos» o «compartir el botín»; la negativa del Juzgado de recibir la denuncia por considerarse incompetente; la dificultad para determinar la fecha de la lesión y con ello saber si se produjo en la comisaría. Los resultados están sistematizados, conforme a la guía de relevamiento (anexo), la cual ha sido elaborada en base a los principios, derechos y garantías de un debido proceso penal, coincidiendo con la sistematización de las garantías básicas proclamadas en la Convención sobre los Derechos del Niño. Datos relevados y su concordancia con principios, derechos y garantías vulneradas: 1. Derecho a la libertad: Desde la óptica de los operadores se considera el derecho más vulnerado, generalmente la causa de aprehensión de adolescentes practicada por la policía es para «investigar los hechos», en menor frecuencia por supuestos de flagrancia y excepcionalmente con orden judicial. Es también una regla, según los adolescentes refieren a los entrevistados, el pedido de dinero para «largarles» o «escribir sobre su lomo». Refieren asimismo, la imposibilidad de dar cumplimiento a las medidas alternativas pues en muchos casos los adolescentes no tienen arraigo ni familia, viven en situación de calle y al no existir albergues transitorios, se procede a la remisión a Itauguá o al Departamento Judicial de la Policía Nacional, por cinco días como máximo. 2. Derecho a la integridad física: La principal causa de la vulneración de este derecho, desde la perspectiva de los operadores de la justicia especializada, es precisamente la inexistencia de lugares alternativos para la «demora judicial» de los adolescentes. Entre los vejámenes sufridos por los adolescentes se relatan, conforme a declaraciones extraoficiales de los mismos a los operadores, castigos corporales durante la aprehensión, incluso en la propia comisaría, efectuados con cachiporras, patadas, bofetadas, utilización del «hule» en la cabeza produciendo una sensación de asfixia. Asimismo se ha referido que, ante lesiones evidentes padecidas por el adolescente, se ordena la inspección por el Médico Forense del Poder Judicial. Un hecho positivo, se ha firmado un Convenio Marco de Asistencia y Cooperación entre la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción y la Corte Suprema de Justicia, por el cual se establece un protocolo de trabajo coordinado con la Cátedra de Medicina Legal y Deontología para brindar opiniones consultivas y La Violencia Policial contra Niños, Niñas y Adolescentes - 1012 dictámenes médicos en casos de lesiones y adicciones de personas asistidas por el Ministerio de la Defensa Pública. 3. Presunción de inocencia: Se relatan casos frecuentes de aprehensiones para averiguaciones por los «antecedentes» del adolescente. Se ha referido el incumplimiento cotidiano de la disposición del art. 52 del Código Procesal Penal 10 en relación al control fiscal de la policía, pues la tendencia observada por los operadores es que la fiscalía no ejerce un control de las actuaciones policiales, por ejemplo, las aprehensiones policiales realizadas al margen de los supuestos legales. Resulta una práctica muy habitual que en los casos de detenciones policiales para investigar, el fiscal mantenga al adolescente «bajo custodia» de la policía y lo entregue al Juez junto con la imputación, en calidad de retenido. Los casos en los que el fiscal dispone la libertad del adolescente son excepcionales. Se ha mencionado también que la investigación fiscal es precaria en la etapa preliminar, el fiscal imputa teniendo como única evidencia probatoria el informe policial, cuyo basamento, en muchos casos, es la realización de diligencias policiales sin la participación activa del fiscal, registros personales, incautaciones, allanamientos domiciliarios. Sin embargo, en general, el proceso judicial está fuertemente influido por las conclusiones de la policía, el peso de la investigación policial es determinante en el curso posterior del proceso para determinar los hechos penalmente relevantes y su vinculación al imputado. 4. Derecho a la intimidad: Existe coincidencia entre los operadores al afirmar que el suministro de datos a los medios de comunicación, que permiten la individualización del adolescente indiciado de un hecho punible, es realizado por la policía en vulneración a este derecho. 5. Derecho a la defensa: El Defensor toma contacto con el adolescente cuando el mismo es puesto a disposición del Juzgado para la audiencia del art. 427 del Código Procesal Penal, lo que a veces ocurre en un lapso de dos días después de producida la aprehensión o detención. Actualmente sólo se cuentan con dos defensores penales de la adolescencia para toda la capital, con lo cual, según se refiere, el ejercicio del derecho a la defensa de los adolescentes dista mucho de ser eficaz durante todo el proceso pues sólo se erigen en «defensores de audiencias», donde intentan por todos los medios ejercer a cabalidad su función. Se señala que con el recargo de trabajo actual es materialmente imposible ni siquiera revisar las actuaciones fiscales menos aún proponer diligencias de descargo o 10 Art. 52 CPP, segundo p{rrafo. *<+ Tendr{ a su cargo la dirección funcional y el control de los funcionarios y de las reparticiones de la Policía Nacional, en tanto se los asigne a la investigación de determinados hechos punibles. La Violencia Policial contra Niños, Niñas y Adolescentes - 1113 ejercer un contralor de la vigencia de las garantías, el adolescente técnicamente sólo cuenta con un defensor en las audiencias. Así lo han reclamado a la Defensoría General solicitando más asignaciones de defensores al fuero especializado. 6. Comunicación inmediata a los familiares de la aprehensión: No se comunica a los padres la privación de libertad del adolescente en la mayoría de los casos. Sólo se comunica cuando llegan al Juzgado para la audiencia del art Comunicación previa y detallada de los cargos: Se ha señalado que usualmente la policía no informa al adolescente sobre los cargos que pesan en su contra ni tampoco los derechos que le amparan. 8. Principio de especialidad El derecho a una tutela judicial especializada, reconocido en el Código de la Niñez y la Adolescencia en los arts. 225 y 228 y en los instrumentos internacionales, actualmente no tiene plena vigencia en la práctica, pues en el año 2003 se desintegró la Unidad de Menores Infractores del Ministerio Público, en transgresión a lo dispuesto por las normativas mencionadas. Conclusiones preliminares Los datos obtenidos hasta este momento de la investigación nos permiten contar con antecedentes que demuestran, por un lado, la existencia de denuncias de violencia policial constatadas a través de las causas existentes en la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público. Por el otro, nos aproximan a la constatación de la existencia de una «cifra negra» de violencia policial contra adolescentes sometidos a un proceso penal, a través de la perspectiva de los operadores de justicia de las vulneraciones de principios, derechos y garantías. En efecto, la ausencia de un sistema de registros oficiales, la imposibilidad de determinar la gravedad de los hechos referidos pero no denunciados por los operadores ni las víctimas, así como la constatación de su existencia solapada, se erigen en «gritos de un silencio» que conducen a suponer que la violencia policial - oficialmente registrada y detectada- constituye sólo un segmento respecto del alcance real de las acciones policiales violentas ejercidas contra los adolescentes. Por estas razones, esta aproximación preliminar aún no satisface la necesidad de construir un escenario investigativo apropiado que arroje elementos, que nos permitan orientar de manera más precisa y fundada la elaboración de ejes estratégicos, para la determinación de políticas públicas en el área. En este orden de ideas, hemos considerado reorientar nuestro diseño de investigación y centrarnos en el análisis de dos casos. Uno de ellos, en particular, puede ser considerado paradigmático por la trascendencia social que ha tenido y por las consecuencias jurídicas hacia los victimarios. La Violencia Policial contra Niños, Niñas y Adolescentes - 1214 El replanteamiento metodológico se dirige a la ampliación del mecanismo de obtención de datos que, en un primer momento se limitó a la guía de consulta, y ahora lo planteamos mediante el estudio de casos y el análisis posterior de sus implicancias jurídicas. A partir de estos casos, se pretende determinar las causas de la violencia policial, objeto de análisis, si radica en la normativa vigente o en las malas praxis de la policía y los demás operadores del sistema penal, para lo cual se efectuará un estudio crítico de la legislación vigente en la materia, exponiendo los problemas que se aprecien en el plano de lege lata y con sugerencias de lege ferenda, así como la jurisprudencia especializada relevante en el tema. De tal manera, la consecución del objetivo perseguido con la presente investigación mantiene su vigencia, cual es el de determinar los ejes necesarios para elaborar una política pública de prevención, intervención y seguimiento de la violencia policial ejercida contra los adolescentes en Paraguay, los que pretendemos plasmar en las conclusiones y recomendaciones de la misma. La Violencia Policial contra Niños, Niñas y Adolescentes - 1315 MARCO TEÓRICO CONCEPTO DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO DE ANÁLISIS La violencia es cualquier acción o manifestación (verbal, física, social) que lesione derechos básicos de las personas y que degrade la condición del sujeto, lo cual, en casi todos los casos, impide la manifestación del ejercicio del derecho que recomponga el daño o lesión interna o externa provocada por la misma. El Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud define como «el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones» (OMS/OPS-2003). Existen diversos tipos de violencia y la caracterización de las mismas se encuadra en distintas clasificaciones, como la violencia simbólica, fáctica, estructural (Capdevila, 2011) o de diversas formas a nivel institucional, político, económico, social. Existen distintas manifestaciones siempre «la violencia es un ejercicio del poder mediante la fuerza (física, psicológica, económica, política, etc.) e indica la existencia de una relación asimétrica (maestro-alumno, padre-hijo, empleador-empleado) (Barbero Sarzabal, 2006). La relación de poder y los sectores más propensos a ser sometidos a este, han hecho que el tema de la violencia sea estudiado como un fenómeno sectorizado -por lo menos en el presente inmediato- y se relaciona con las mujeres, niñas, niños, y adolescentes, personas con capacidades diferentes, indígenas, a quienes por cierto la causalidad de ser reconocidos como «sujetos de derechos» no es parte de un accidente histórico sino de luchas de reconocimiento a las ya existentes vulneraciones a las que eran y son sometidos. La temática que convoca esta investigación es aún más específica, ya que refiere a la violencia policial que, definitivamente, impone entrar en un espacio marcado por un recuerdo reciente y doliente donde estas fuerzas han sometido al pueblo, condenándolos al silencio o la muerte. Las instituciones policial y militar, cuya representación institucional ha sido la de encarar el ejercicio de las fuerzas represivas, han tenido un impacto en la construcción histórica y en la consecuencia presente de nuestros pueblos como herramientas de «control» del aparato opresor de las dictaduras en América Latina y en consecuencia en Paraguay, instalando en la memoria los recuerdos violentos ante la disidencia, la que impedía hablar, opinar, reivindicar o simplemente «ser» humano. La vivencia solapada de aquellos que delataban a quien intentaba denunciar algún atropello de cualquier naturaleza y, ni qué decir, si la queja tenía que ver con un personal policial o militar, la quema de archivos, era probablemente la mejor salida, violenta e inmediata ante estas acciones. La Violencia Policial contra Niños, Niñas y Adolescentes - 1416 De esto surge, que expresar en positivo una acción negativa 11, y confirmar en la expresión «la violencia policial», como una realidad y no un supuesto, demanda aún en la psiquis colectiva una suerte de «no sé», «quizás» «y si», pero que no deportan en forma directa hechos y acontecimientos, más que algunos de aquellos que saltan a la vista porque escaparon tal vez del control represivo de esta instancia. Existen varias preguntas respecto a esta situación, y ellas refieren a si la violencia policial está determinada por la misma estructura funcional, es decir, será su naturaleza estructural -carácter represivo y coactivo- la que determina que sus actos sean violentos? o, tal vez, será la formación violenta que han vivido en forma individual los agentes de policía y que ante la necesidad de cumplir funciones, responden con las herramientas que le son comunes, sumado al «poder» que saben les inviste la función y con ello también la capacidad de sugestionar y disminuir al sujeto ante el cual intervienen, y quizás el goce que produce salvar a la sociedad de un «desviado», y además castigarlo para que aprenda, o robarlo para que no vuelva a hacer? José Garriga Zucal (2010), en su investigación sobre las definiciones morales de la policía bonaerense en relación con el uso de la fuerza, expresaba que el policía no actúa igual ante un borracho que ante un violador; asimismo, es diferente la forma de actuar dependiendo del agente. Género, antigüedad en la fuerza, rango, estima social, son variables que delimitan los usos legítimos de la fuerza. Por ello, los límites morales son el resultado de interacciones sociales dinámicas, cambiantes y sumamente heterogéneas. Ello sostiene la existencia de múltiples relaciones con múltiples moralidades, argumento que imposibilita afirmar la presencia de un sistema moral policial. No obstante, con el objeto de buscar recurrencias en la diversidad, el autor ha ideado, la noción de réplica, que sin ser un concepto nativo visibiliza la trama relacional que habilita el uso de la fuerza. La concepción de réplica sostiene que el accionar policial, desde la óptica de los autores, es una reacción determinada a cierto tipo de interacción. De esta manera, se incluye el carácter relacional. La fuerza se utiliza como respuesta, contestación no sólo a acciones violentas sino a formas variadas de interacciones; el uso de la fuerza es la respuesta moralmente tolerable a la violencia, al abuso verbal o al desacato de sus interlocutores. Prosigue Garriga y menciona que la legitimidad de sus prácticas, que impide la definición de ellas como violentas, está vinculada directamente a la idea de réplica. Los policías sostienen al uso de la fuerza como respuesta a una acción de los ciudadanos o de los delincuentes. Sus usos de la fuerza son moralmente admisibles, y por ello nunca 11 SALAMA, Pierre *<+ La violencia no es únicamente obra de criminales, es también policial: en 2007, la policía mató a más de jóvenes en Rio de Janeiro y a cerca de 500 en Sao Paulo. La comparación de estas cifras con el número de muertos por la Policía en Estados Unidos, cerca de 200 personas ayuda a valorar la importancia de la violencia policial, p. 2. *<+ Mientras el aparato represivo siga gangrenado por la corrupción, mientras que una parte importante de la policía siga implicada en el tr{fico, y otra, a veces la misma, esté marcada por su pasado fuertemente represivo (dictaduras, guerras civiles recientes), y el gobierno adopte una política represiva ciega, como la política de mano dura en América Central, se puede observar que la represión es un factor<de aumento de la violencia mediante la legitimación que ofrece a muchos jóvenes que se sientes excluidos. p. 15. La Violencia Policial contra Niños, Niñas y Adolescentes - 1517 definidos como violentos cuando se conciben como respuesta a la violencia de sus interlocutores. También menciona el autor, que los entrevistados sostenían que el autocontrol es sumamente importante para no cometer actos de atropellos que deriven en sumario. Garriga Zucal también expresa que de acuerdo a los datos relevados en la investigación, la policía afirma que no se observa violenta, y que en realidad han heredado una imagen violenta por la dictadura. Menciona también que los policías sostienen que son igual de violentos que la sociedad en la que viven. Establecen, así, un vínculo directo entre la violencia estructural y las formas violentas del sujeto policial. Los usos excesivos de la fuerza son para ellos hechos aislados y el resultado de las condiciones sociales y laborales de los agentes. «Silvia, una teniente de cuarenta y siete años con veintidós de ellos en la fuerza, aseguraba que los abusos policiales son el producto de las condiciones de trabajo y sociales en que viven los policías. Para ella, hija de policías y estudiante de una licenciatura de historia que nunca terminó, el estrés y la presión propios de esta sociedad en general, y de las labores policiales en particular, se descargaban en forma de violencia. Silvia sostenía que la policía era muy pasiva en este universo de violencias». El autor se pregunta cómo se constituyen en legítimas las prácticas policiales. Y considera dos posiciones distintas y distantes, dos modelos ideales compiten en la interpretación de la construcción de esta legitimidad. Por un lado, están los argumentos que hacen hincapié en que las formas policiales son el resultado de una cultura policial autónoma y escindida del resto de la sociedad. Por el otro, asoman explicaciones que centran su mirada en la retórica del espejo, afirmando que lo que hace la policía es el reflejo de lo que hace la sociedad. Aceptar la radicalidad de cualquiera de las dos posturas podría llevar a creer que los policías son agentes excepcionalmente autónomos de los valores sociales o, por el contrario, pasivos receptores de los modelos impuestos por la sociedad. Creemos conveniente un punto de articulación entre estas dos perspectivas, punto que buscan todos los investigadores del tema, un equilibrio que pueda mostrar las formas en que, por ejemplo, es la sociedad la que define los sujetos sociales peligrosos (Sain, 2008), pero es la práctica policial la que dice qué hacer con ellos. Frederic (2008) sostiene que no existe una disociación entre la moral policial y la moral social. Es necesario ahondar en el análisis de la articulación de las formas de estigma social con las prácticas profesionales, estudiar cómo la agencia policial se nutre de valores que están más allá de los límites institucionales. Garriga sostiene que el concepto de réplica desnuda la dimensión relacional de la violencia policial. La violencia es una relación social que establece un vínculo, un lazo, entre el que la ejecuta y el que la sufre (Riches, 1988). Así comprendida, podemos definir los roles de los agentes relacionados por la violencia, tanto víctimas como victimarios son parte de una interacción social. Interacciones instituidas por una configuración moral determinada y dinámica que cambia según el tipo de relación social, señalando interacciones distintas y distintivas respecto del uso de la fuerza, el trato con «los borrachos» o con los irrespetuosos habilita usos de la fuerza diferentes, por ejemplo, que con aquéllos que han violentado a un agente. La Violencia Policial contra Niños, Niñas y Adolescentes - 1618 Un dato importante relevado por Garriga en su investigación es con relación al uso extralimitado de la fuerza pero aceptado por los agentes policiales como medio «correctivo» y relata que varios policías comentaban que los jóvenes de los sectores populares, los «negros» según sus palabras, ante el pedido de identificación reaccionan burlando y satirizando a la policía. La relación policial con los jóvenes provenientes de los sectores populares es tensa y conflictiva. Los policías sostienen que estos les faltan el respeto, al mismo tiempo que saben que muchos de ellos tienen una posición anti policía, «antiyuta». En varias entrevistas y charlas informales, escuché que para los policías es más difícil trabajar en barrios populares, ya que sus habitantes son irreverentes a la autoridad policial. Estos jóvenes cuando hablan con un policía pocas veces le dicen «oficial», muchas veces los insultan o los tratan de las formas comunes según su socialización. Estos modales son mal interpretados por algunos policías que no les gusta que les digan: «loco» o «boludo». Estas formas coloquiales son, para los policías, una falta al respeto que ellos se merecen. Aquellos que les faltan el respeto están rompiendo las normas de una interacción correcta. Para algunos de nuestros interlocutores esa reacción amerita, «un correctivo», un «toque» para que se «ubiquen». La diferencia que existe entre los agentes y los ciudadanos es para los policías, además de una distinción, una jerarquía que se borra con la falta de respeto de estos jóvenes. El «toque», como forma violenta, es una reacción que para los policías restituye un orden puesto en duda por los malos modales de estos jóvenes. Entonces el uso de la violencia policial en el caso señalado se debe a la falta de respeto a la autoridad policial que, en el caso de los adolescentes, debe ser considerado porque justamente una característica conductual de estos es la transgresión natural a las reglas, para la revalorización interpersonal de las normas sociales y el valor institucional de los agentes de control social. Dijo Garriga que cuando hablan del «correctivo», los policías mueven sus brazos imitando un golpe de su puño sobre una cabeza imaginaria. El golpe imaginario no parece un uso brutal de la fuerza, sino una señal de potencialidad. Por eso mismo, el «toque» no siempre es un golpe, sino que puede ser a veces un cambio en la postura corporal, en los gestos o en los tonos, que señala el quiebre de una relación normal. Según los policías, ante esa señal de autoridad los jóvenes entienden las formas convencionales que debe tener la interacción. De continuar con lo que, para los ojos policiales, es una actitud irrespetuosa, la escalada violenta aumentaría. Sozzo (2002) sostiene que para la criminología positivista existían delincuentes «incorregibles»; no estaban descarriados, sino que eran sujetos definitivamente extraviados de la senda del bien. Trazando un paralelismo, los «incorregibles» son para los policías aquellos que cometen delitos aborrecibles, moralmente intolerables; estos delincuentes «merecen» para los policías -y también, en algunos casos, para el resto de la sociedad- una golpiza. La violencia aquí no tiene como objeto reencauzar lo desviado, sino liquidar una deuda moral con aquello que no se puede corregir. Existen dos tipos de situaciones distintas. Entonces, surge la interrogante si nos encontramos ante víctimas utilizadas como instrumentos de reproducción de la violencia, a través del uso ilegítimo de la coerción estatal, pero de alguna manera legitimada por los propios sujetos. La Violencia Policial contra Niños, Niñas y Adolescentes - 1719 La lúcida perspectiva de Zaffaroni (1998) caracteriza este proceso que se da en quien ejerce la función policial, igualmente deshumanizante que aquél llamado «prisonización» producido con las personas privadas de libertad. «Podríamos definir a la policización como el proceso de deterioro al que se somete a las personas de los sectores carenciados de la población que se incorporan a las agencias militarizadas del sistema penal, consistente en deteriorarles su identidad originaria y reemplazarla por una identidad artificial, funcional al ejercicio de poder de la agencia» 12. En el XVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) realizado en Porto Allegre fue presentado un trabajo de investigación, los autores (Linzer, Mouzo y otros, 2005) refieren: «* +, nuestra preocupación teórica se centraba en la construcción de una perspectiva que nos permitiera aproximarnos a la violencia policial no como una práctica aislada -fruto de abusos de agentes individuales-, sino ensamblada a la lógica de acción, justificación y legitimación propia de las fuerzas de seguridad del Estado. En este sentido, analizamos el uso de la violencia como un mecanismo de poder que se inscribe en el dispositivo de seguridad identificando cómo se organiza, despliega, fundamenta y reproduce un particular uso de la fuerza que mata regularmente bajo la estrategia discursiva de la defensa social, en términos de una guerra interna como defensa de la sociedad contra los peligros que nacen en su propio cuerpo y de su propio cuerpo (Foucault, 2001: 198). Se trataba de replantear el problema de manera tal que nos posibilitara un corrimiento respecto de los enfoques que consideramos prevalecen en relación al estudio de esta temática. Esto implica ir más allá de los planteos en los que la impugnación de la violencia implicada en las prácticas policiales queda atada a la distinción legal-ilegal, a partir de lo cual, la trasgresión de las normas vigentes aparece como un determinante central en la definición del problema como violencia policial. Cuando las acciones policiales son socialmente impugnadas, se redefine el significado de estas acciones como problema que surge a raíz de conductas individuales, de abuso o exceso de algunos de los agentes que exceden los límites de lo legalmente permitido. Ciertamente, lo que se entiende por violencia policial queda reducido al uso excesivo de la fuerza que pretende ser explicado a partir de una etiología de conductas individuales o el recurso a una cultura policial, obturando la posibilidad de pensar estas prácticas en relación con el ejercicio del poder y la construcción del orden social. En este sentido es sumamente sugerente la propuesta de Foucault de abordar el análisis de estas prácticas operando un triple desplazamiento respecto a la centralidad de la institución, de la función y del objeto. En primer lugar, el descentramiento respecto de la institución implica pasar por fuera de la institución para reinscribirla en una tecnología de poder. En segundo lugar, ir más allá del análisis funcional implica reubicar las prácticas policiales en una economía general del poder, no ligadas a los éxitos y fracasos de su funcionalidad, sino a la exterioridad de las estrategias y tácticas en las que se inscribe. Finalmente, el tercer descentramiento implica un corrimiento en relación con la centralidad del objeto. No se trata de tomar un objeto dado, la violencia policial, sino de asir el movimiento por el cual se constituye un campo de verdad con este objeto de saber *<+». 12 Zaffaroni, Raúl Eugenio En busca de las penas perdidas. Deslegitimación y dogmática jurídico-penal. Buenos Aires. Ed. Ediar. pp. 141 y ss. La Violencia Policial contra Niños, Niñas y Adolescentes - 1820 Por último, la pregunta que se formula es cómo ha operado la Convención sobre los Derechos del Niño en las instancias policiales? Es decir, la Convención es ley de aplicación obligatoria en toda la República, y obliga al Estado al cumplimiento de acciones determinadas como principios o derechos. Entonces, la Doctrina de la Protección Integral permea la práctica institucional e individual de la policía? 13 Respondiendo fragmentariamente a la pregunta, resulta de manifiesto -del análisis de las narrativas que hemos obtenido para esta investigación- que aún opera un derecho penal de autor, donde los adolescentes son «objetos» represivos por ser «sospechosos». La calidad de sospechoso, es subjetiva del agente policial interviniente, no existen reglas o protocolos que determinen la calidad o cualidad del «sospechoso», y en esta actuación, y en otras similares, se inicia y visualiza la acción violenta policial y cotidiana. Esto confirma que sigue operando el derecho correccional, con una concepción pseudoproteccionista y paternalista en algunos buenos casos y hostigador, represivo y reaccionario, en muchos otros casos. Esta problemática, por el alto impacto social que supone la degradación y disminución de la capacidad humana de los sujetos en estado de desarrollo - adolescentes-, últimamente genera una alarmante preocupación de distintos sectores sociales e, incluso, del Estado. Por ello, es conveniente tomar sus distintos aspectos, analizarla y arrojar herramientas que permitan erradicar prácticas de este tipo, la complejidad del tema lo amerita. En efecto, la violencia es concebida como un círculo vicioso en el que estamos todos los humanos comprendidos, y en la medida que desarticulemos parte de él la fuerza de la cohesión será menor y podremos hablar de seres libres. Paulo Sérgio Pinheiro (2006) en ocasión del lanzamiento regional del Estudio mundial sobre violencia contra los niños, niñas y adolescentes, en la Ciudad de Panamá expresaba en su discurso que: El fin de la violencia no se conquista con discursos «mano dura». La violencia no va a terminar si todos los esfuerzos que hacemos están dirigidos a aumentar penas y castigar indiscriminadamente. El combate a la violencia es un largo trabajo que combina las medidas represivas con medidas preventivas que efectivamente cambien el escenario en que se produce la violencia. Es necesaria una estrategia de acción inteligente que incluya a los distintos sectores del Estado como educación, salud y no sólo la justicia y policía. Es necesario promover el establecimiento de planes y metas con recursos claramente asignados. 13 Ley Nº1680/01 Código de la Niñez y la Adolescencia. Art De las funciones de la policía en los procesos de la Adolescencia. A los efectos de la aplicación de las disposiciones relativas a las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, contenidas en la presente ley, la Policía Nacional deberá disponer de cuadros de personal especializado para desarrollar efectivamente los objetivos establecidos en ella. Ley Nº1286/98 Código Procesal Penal. Art Ningún adolescente será sujeto de interrogatorio por autoridades policiales sobre su participación en los hechos investigados. El incumplimiento de esta disposición implica la nulidad de lo actuado. La Violencia Policial contra Niños, Niñas y Adolescentes - 19 Mostrar más
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de lege ferenda
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