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Timestamp: 2019-08-18 19:14:06+00:00

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Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas – LO 1/2015, de 30 de marzo (parte general)
LO 1/2015, de 30 de marzo (parte general)
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LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
Vigente desde el 1 de julio de 2015
III. La reforma lleva a cabo una mejora técnica en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, con la finalidad de delimitar adecuadamente el contenido del «debido control», cuyo quebrantamiento permite fundamentar su responsabilidad penal.
VI. […]. Finalmente, se incluye una regulación de la cancelación para los antecedentes de las personas jurídicas que puedan resultar penalmente responsables y de las consecuencias accesorias impuestas.
VIII. […]. Con la finalidad de facilitar la aplicación de esta figura [el comiso], se opta por incluir un catálogo abierto de indicios que –entre otros posibles– deberán ser valorados por los jueces y tribunales para resolver sobre el decomiso: la ya mencionada desproporción entre el patrimonio del sujeto responsable de alguno de los delitos contenidos en el catálogo, y sus medios de vida lícitos; la ocultación intencionada de su patrimonio mediante la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, o mediante el recurso a paraísos fiscales; o su transferencia mediante operaciones que dificulten su localización o seguimiento, y que carezcan de justificación económica.
XIII. Se modifican los delitos relativos a la intromisión en la intimidad de los ciudadanos […]. Finalmente, en estos delitos se prevé la responsabilidad de las personas jurídicas.
XXVI. Se modifica la regulación de las conductas de incitación al odio y a la violencia […]. Finalmente, se incluye la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Treinta y dos. Se modifica la regla 2.ª del artículo 66 bis, que queda redactada como sigue:
«2.ª Cuando las penas previstas en las letras c) a g) del apartado 7 del artículo 33 se impongan con una duración limitada, ésta no podrá exceder la duración máxima de la pena privativa de libertad prevista para el caso de que el delito fuera cometido por persona física.
Sesenta y dos. Se introduce un artículo 127 bis, que pasa a tener el siguiente contenido:
Sesenta y nueve. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 129, que quedan redactados del siguiente modo:
«1. En caso de delitos cometidos en el seno, con la colaboración, a través o por medio de empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que, por carecer de personalidad jurídica, no estén comprendidas en el artículo 31 bis, el juez o tribunal podrá imponer motivadamente a dichas empresas, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones una o varias consecuencias accesorias a la pena que corresponda al autor del delito, con el contenido previsto en las letras c) a g) del apartado 7 del artículo 33. Podrá también acordar la prohibición definitiva de llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea lícita.
2. Las consecuencias accesorias a las que se refiere en el apartado anterior sólo podrán aplicarse a las empresas, organizaciones, grupos o entidades o agrupaciones en él mencionados cuando este Código lo prevea expresamente, o cuando se trate de alguno de los delitos por los que el mismo permite exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas.»
Setenta y cinco. Se modifica el artículo 136, con la siguiente redacción:

References: artículo 66
 artículo 33
 artículo 127
 artículo 129
 artículo 31
 artículo 33
 artículo 136