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Timestamp: 2018-05-27 01:31:15+00:00

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﻿ CONCEPTO 919 DE OCTUBRE 24 DE 1996
CONCEPTO 919 DE 24 DE OCTUBRE DE 1996
CONTENIDO:NOTARÍAS, SUS INGRESOS NO SON FONDOS PÚBLICOS
TEMAS ESPECÍFICOS:VIGILANCIA NOTARIAL, TRABAJADOR DE NOTARÍA, FONDOS PÚBLICOS, ACTIVIDAD NOTARIAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:301 DE ENERO DE 1997, PÁG.60
Concepto 919 de octubre 24 de 1996
SUS INGRESOS NO SON FONDOS PÚBLICOS
EXTRACTOS: «1.1. La calificación de la función notarial como un servicio público tiene su fundamento en la Constitución y en la ley. El Acto Legislativo 1 de 1931, incorporado como artículo 188 de la anterior Constitución, señalaba al respecto: “compete a la ley la creación y supresión de círculos de notaría y de registro y la organización y reglamentación del servicio público que prestan los notarios y registradores”.
1.2. El artículo 131 de la actual Constitución, de manera semejante a la anterior defiere en la ley la reglamentación “del servicio público que prestan los notarios y registradores” así como el régimen laboral de sus empleados y lo relacionado con los aportes como contribución especial de las notarías, con destino a la administración de justicia. Faculta al gobierno para la creación, supresión y fusión de los círculos notariales y de registro, así como la determinación del número de notarios y oficinas de registro. El nombramiento de los notarios, según la norma constitucional, procede mediante concurso.
1.3. El estatuto notarial, Decreto-Ley 960 de 1970, en su artículo primero establecía que “el notariado es una función pública e implica el ejercicio de la fe notarial”. Esta norma fue derogada por el Decreto-Ley 2163 de 1970 por la cual se oficializó el servicio de notariado. A su vez, la Ley 29 de 1973, por la cual se creó el Fondo Nacional del Notariado, reprodujo la disposición del Decreto-Ley 960 de 1970 al establecer en el artículo primero: “El notariado es un servicio público que se presta por los notarios e implica el ejercicio de la fe notarial”. En igual sentido se refiere el Decreto 2148 de 1983.
De las definiciones anteriores se tiene que la función notarial es de carácter público, por cuanto está concebida como un servicio público que se presta por los notarios e implica el ejercicio de la fe notarial.
2. La remuneración de las notarías.
De conformidad con el artículo 2º de la Ley 29 de 1973, la remuneración de los notarios está constituida por las sumas que reciban de los usuarios como contraprestación de los servicios notariales, los cuales en su tasación deben ceñirse a la tarifa oficial, y por los subsidios que fije el Fondo Nacional de Notariado o la Superintendencia de Notariado y Registro, con destino a aquellas notarías de insuficientes ingresos.
Con los dineros recibidos por los notarios y en razón de los conceptos precitados se deben cubrir los costos y gastos que demande la prestación del servicio a su cargo, esto es, les corresponde cubrir el pago de los empleados subalternos, y cuyos empleos son creados bajo su responsabilidad, así como la dotación y sostenimiento de las respectivas oficinas.
Los únicos aportes que en algunos casos reciben las notarías por parte del Gobierno Nacional, provienen del Fondo Nacional del Notariado o de la Superintendencia de Notariado y Registro, para mejorar las condiciones económicas de las notarías de ingresos insuficientes. No obstante estos aportes pueden provenir de recaudos especiales adicionados a los cobrados con fundamento en la tarifa notarial común. Se tiene entonces que la remuneración de los notarios así como el sostenimiento del servicio, se deduce de los recursos que perciban de los usuarios por concepto de los derechos notariales que autoriza la ley.
Por concepto del subsidio con destino a algunas notarías, en el presupuesto de ingresos corrientes del Fondo Nacional del Notariado, para la vigencia fiscal de 1996, se apropió una partida de $ 3.398.961.000 (anexo 1, ley de presupuesto general de la Nación 1996, pág. 389).
Los ingresos públicos se clasifican en ordinarios y extraordinarios, según la regularidad con que ingresan al patrimonio público. Los primeros se conforman con las rentas de dominio público, las tasas, los ingresos parafiscales y los impuestos. Los segundos, con los empréstitos, herencias y expropiaciones. La ley orgánica de presupuesto, por su parte, clasifica los ingresos corrientes en tributarios y no tributarios. Los tributarios, que corresponden a los impuestos, se subclasifican en directos e indirectos. Los no tributarios comprenden las tasas y las multas (D.L. 111/96, art. 27).
El presupuesto de rentas, comprende la estimación de los ingresos corrientes de la Nación, las contribuciones parafiscales cuando son administradas por un órgano que no hace parte del presupuesto, los fondos especiales, los recursos de capital y los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional. Y el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones, incluye las destinadas para la rama judicial, la rama legislativa, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil que incluye el Consejo Nacional Electoral, los ministerios, los departamentos administrativos, los establecimientos públicos y la Policía Nacional (D.L. 111/96, art. 11).
El artículo 29 ibídem, define las contribuciones parafiscales como aquellos gravámenes establecidos con carácter obligatorio a cargo de un determinado y único grupo social y económico usuario de ciertos organismos públicos o semipúblicos, para asegurar su funcionamiento de manera autónoma.
Constituyen fondos especiales en el orden nacional, los ingresos definidos en la ley para la prestación de un servicio público específico y los pertenecientes a los fondos sin personería jurídica creados por la ley (art. 30, ib.).
Las tasas, se definen como aquellas remuneraciones a cargo de los particulares por determinados servicios que debe prestar el Estado, así la suma pagada no cubra el valor total del servicio prestado. También se entiende por tasa aquella contraprestación que exige el Estado como retribución de servicios, impuesta en su condición estatal propiamente dicha y no necesariamente como productor de bienes y servicios.
Dentro de esta definición cabe la retribución que reciben los notarios de los usuarios del servicio notarial. Que si bien no es prestado por el Estado, la tarifa de estos servicios se halla fijada por la ley.
Sin embargo, el estatuto orgánico del presupuesto no se refiere a las notarías ni incorpora los valores recibidos por concepto de servicios notariales al presupuesto nacional (presupuesto de rentas y recursos de capital); tampoco en el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones, se hacen figurar partidas relacionadas con el funcionamiento del servicio público notarial (D.L. 111/96, arts. 3º, 11).
De consiguiente, los dineros recibidos de los particulares por concepto de servicios notariales no tienen el carácter de públicos, por cuanto no llegan a formar parte de los bienes o fondos de la Nación.
4. Funciones del Contralor General de la República.
El artículo 267 de la Constitución Nacional, define el control fiscal como una función pública que ejerce la contraloría la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.
Dentro de las atribuciones del Contralor General de la República, el artículo 268-4 de la Constitución, consagra la de exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la Nación.
Es decir, que el control fiscal está dirigido a preservar la administración, el recaudo, y en general la debida ejecución de los fondos o bienes del Estado, por parte de los empleados oficiales y de toda persona o entidad pública o privada encargada de su administración.
Como se precisó anteriormente los dineros recaudados en las notarías por concepto de los servicios notariales, no ingresan al erario público, motivo por el cual no procede sobre éstos el control fiscal por parte de la Contraloría General de la República; éste comprende únicamente la gestión fiscal de la administración, y de los particulares o entidades privadas que manejen o administren fondos o bienes de la Nación.
Por el contrario, la ley otorga plena autonomía a los notarios para el manejo de estos dineros, los cuales están destinados a cubrir la remuneración del notario y el sostenimiento del servicio.
Si bien, los dineros que pagan los usuarios del servicio público notarial de acuerdo a las tarifas que fija el Estado como retribución de la función que ejercen los notarios, se identifican con la noción de tasa, entendida como la contraprestación que exige el Estado como estipendio de unos servicios, aun en algunos casos no prestados por éste, tal retribución no constituye fondos públicos porque la ley no les otorga este carácter, ni ingresan al presupuesto nacional; y de consiguiente, no hacen parte de los bienes o fondos de la Nación.
Los recursos notariales tienen una destinación específica como es la de cubrir la remuneración profesional del notario y costear y mantener el servicio notarial, dejando la ley a la discrecionalidad del notario el manejo de tales recursos, lo cual se enmarca en la autonomía que le otorga la ley para el ejercicio de sus funciones (D.L. 960/70, art. 8º).
1. Los ingresos de las notarías provenientes del ejercicio de la función pública, esto es, de la retribución que pagan los usuarios de acuerdo con las tarifas oficiales, no constituyen fondos públicos, porque la ley no les otorga este carácter ni ingresan al presupuesto general de la Nación.
Los únicos recursos del presupuesto nacional que se destinan al servicio notarial son los que se apropian en el presupuesto del Fondo Nacional del Notariado, organismo que tiene por objeto mejorar las condiciones de los notarios de insuficientes ingresos, propender la capacitación de los mismos y la divulgación del derecho notarial. Los aportes del Gobierno Nacional pueden cubrirse con recursos ordinarios del presupuesto o con recaudos especiales de la tarifa notarial. Por otra parte, el fondo notarial se mantiene con los aportes que deben hacer de sus ingresos los notarios del país en proporción al número de escrituras que se otorguen en los respectivos despachos. (L. 29/73, art. 11).
2. Como la ley no otorga el carácter de fondos públicos a los recaudos que reciben los notarios por concepto de la tarifa notarial, sobre éstos no ejerce vigilancia la Contraloría General de la República, dado que el control fiscal se cumple sobre la gestión de la administración y de particulares o entidades privadas que manejen o administren fondos o bienes de la Nación (C.N., arts. 267, 268-4).
En ejercicio de la autonomía funcional que la ley da a los notarios, éstos gozan de discrecionalidad para manejar dichos recursos, los cuales están destinados a cubrir la remuneración del respectivo titular y a sufragar los costos y el mantenimiento del servicio (D.L. 960/70, art. 8º; L. 29/73, arts. 2º, 3º y 4º)».
(Concepto de octubre 24 de 1996. Radicación 919. Consejero Ponente: Dr. Roberto Suárez Franco).

References: artículo 188
 artículo 131
 artículo 2
 artículo 29
 artículo 267
 artículo 268