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Timestamp: 2020-01-22 03:13:29+00:00

Document:
BOCG. Senado, serie II, núm. 23-c, de 08/05/2001
Núm. 23 (c) (Cong. Diputados, Serie A, núm. 32 Núm. exp. 121/000032)
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley por el que se modifica la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (procedente del Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero).
Los Senadores Manuel Cámara Fernández y José Cabrero Palomares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan seis enmiendas al Proyecto de Ley por el que se modifica la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (procedente del Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero).
Palacio del Senado, 27 de abril de 2001.--Manuel Cámara Fernández y José Cabrero Palomares.
Los Senadores Manuel Cámara Fernández y José Cabrero Palomares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al artículo 1.1, primer párrafo.
«... En consecuencia, se reconoce a dichas sociedades el derecho a percibir una compensación por tales costes.»
Los Senadores Manuel Cámara Fernández y José Cabrero Palomares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al artículo 1.1, segundo párrafo.
Se propone sustituir la referencia: «... Hasta el 31 de diciembre de 2010...», por la de «... Hasta el 31 de diciembre de 2007...».
Los Senadores Manuel Cámara Fernández y José Cabrero Palomares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al artículo 1.5, segundo párrafo.
Se propone sustituir el texto: «... superiores a los costes que se tuvieron en cuenta para el cálculo a 31 de diciembre de 1997 de los Costes de Transición a la Competencia tecnológicos asignados a la misma y trasladados al momento de su transmisión...».
Por el siguiente: «... superiores a su correspondiente valor contable...».
Calcular las plusvalías reales originadas por la venta, para que sean éstas las que se descuenten del saldo pendiente de los derechos de CTCs de la sociedad vendedora.
Los Senadores Manuel Cámara Fernández y José Cabrero Palomares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al artículo 2.Uno.
Se propone sustituir el texto: «... progreso económico y social...».
Por el siguiente: «... progreso económico y social generales y bien común...».
Tratar de dejar claro en la norma la necesaria vinculación de los acuerdos de los Consejos de Ministros en materia de competencia al bien común y a los intereses generales, desterrando así cualquier posibilidad de aprobación de acuerdos empresariales que pudieran anteponer los beneficios de determinados grupos empresariales
a los derechos, expectativas e intereses de la ciudadanía española.
Se propone sustituir el texto: «... podrá autorizar su modificación...».
Por el siguiente: «... podrá autorizar, desde el respeto al estándar mínimo fijado por dicha legislación sectorial, su superación a través de condiciones adicionales...».
El texto actual permite al Consejo de Ministros hacer prácticamente lo que estime oportuno en relación a las condiciones impuestas por la legislación sectorial, pudiendo, por tanto, respetarlas como tales, superarlas o hacerlas menos restrictivas para un acuerdo empresarial concreto.
Sin entrar a valorar el carácter prácticamente derogatorio de facto que tiene este Decreto Ley en relación a los estándares fijados por la legislación sectorial, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida considera que ésta es un arma excesiva en manos del Gobierno y que sería empleada, como demuestra la experiencia, en contra de los intereses generales y a favor de determinados intereses empresariales particulares.
Por todo ello, entendemos que es necesario mantener entre la legislación sectorial y los acuerdos de los Consejos de Ministros que autoricen acuerdos empresariales en materia de competencia una relación de «estándar mínimo» y «condiciones adicionales más onerosas», de tal manera que la legislación sectorial fije un mínimo infranqueable y los Consejos de Ministros puedan, si así lo estiman oportuno, ampliar las condiciones impuestas a los acuerdos de fusión y similares, todo ello teniendo siempre al bien común y al interés general como núcleos esenciales de la «ratio decidendi» del Consejo.
El Senador Anxo Manuel Quintana González, BNG (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 3 enmiendas al Proyecto de Ley por el que se modifica la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (procedente del Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero).
Palacio del Senado, 30 de abril de 2001.--Anxo Manuel Quintana González.
El Senador Anxo Manuel Quintana González, BNG (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1.
«6.En la distribución de las retribuciones derivadas del reconocimiento de costes de transición a la competencia que se reconozcan efectivamente, será un criterio determinante el volumen de inversiones que realicen las compañías eléctricas destinadas a reducir el impacto ambiental de las centrales e instalaciones eléctricas, tanto de producción como de distribución, fijándose reglamentariamente los compromisos mínimos de inversión de carácter ambiental que, con carácter anual, tendrán que asumir las compañías eléctricas para adecuar sus centrales e instalaciones eléctricas. En caso de que alguna sociedad beneficiaria no realizara ninguna inversión destinada a reducir el impacto ambiental de las centrales e instalaciones eléctricas, el Gobierno podrá retirarle las retribuciones reconocidas en concepto de costes de transición al régimen de mercado competitivo.»
«7.Las sociedades titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica beneficiarias del derecho a percibir compensaciones por los costes de transición al régimen de mercado competitivo, estarán obligadas a destinar la porción necesaria del importe global de dichas compensaciones a mejorar las redes de distribución eléctrica, asegurando un suministro eléctrico estable y de calidad a todos los usuarios. En el supuesto de incumplir esta previsión, el Gobierno podrá retirar las compensaciones aprobadas, y asimismo, exigir la devolución de las ya percibidas en caso de grave incumplimiento de la obligación de inversión en la mejora de las instalaciones de distribución eléctrica, sin perjuicio todo ello de la imposición de cualesquiera otras sanciones que sean de aplicación en virtud de lo dispuesto en esta Ley.»
El Senador Anxo Manuel Quintana González, BNG (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 2.Uno.
No podemos compartir la atribución que se hace en este inciso que proponemos suprimir para permitir la modificación de la legislación sectorial por parte del Gobierno, quebrando la posición relativa de superioridad que tiene cualquier Ley sobre los Acuerdos del Consejo de Ministros. En todo caso, serán los Acuerdos del Ejecutivo los que tengan que adaptarse al marco normativo existente, y en especial a las limitaciones sectoriales que se imponen en las leyes para defender la competencia, y no al revés como se desprende del texto del Proyecto de Ley.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el Reglamento del Senado, formula seis enmiendas al Proyecto de Ley por el que se modifica la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.
ENMIENDA NUM. 10 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)
La experiencia adquirida en el período de vigencia de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, ha puesto de manifiesto que la regulación actual es inadecuada para la consecución de condiciones de competencia efectiva en el mercado de generación eléctrica, para satisfacer los intereses de los consumidores y para dotar al sistema institucional de órganos reguladores independientes garantes del buen funcionamiento del mercado. En particular, las normas contenidas en la redacción inicial y sucesivas modificaciones de la Disposición Transitoria Sexta de la citada Ley relativas a los «costes de transición a la competencia, CTC» están constituyendo una barrera para la entrada de nuevos competidores en el mercado de generación eléctrica y presionan al alza los precios finales de la energía eléctrica para los consumidores sin que ello se justifique por causas objetivas.
Además, la existencia de operaciones de compraventa de activos y de participaciones societarias de sociedades titulares de instalaciones de producción eléctrica españolas requiere que, en aras de la seguridad jurídica, se regule de forma precisa la situación de los antiguos y nuevos titulares en relación con los posibles CTC que se hubieran reconocido, o pudieran reconocerse, a los titulares de las instalaciones objeto de estas operaciones.
En el artículo primero, se establecen las condiciones, procedimiento de cálculo y método de liquidación de las posibles compensaciones que se puedan acreditar a las empresas titulares de instalaciones eléctricas como consecuencia del proceso de transición hacia un mercado competitivo en la generación eléctrica. Los criterios básicos que orientan la nueva regulación son: la adecuación a las normas comunitarias vigentes en la materia, el condicionamiento de las compensaciones por CTC a su producción efectiva, en función de la evolución de las variables básicas que los generan, y la equidad en el tratamiento de los agentes empresariales en el supuesto de cambio de titularidad de las instalaciones eléctricas. Con ello, se pretende evitar el posible reconocimiento de derechos económicos no justificados por la evolución real de la situación economicofinanciera de las sociedades titulares de activos de generación eléctrica.
ENMIENDA NUM. 11 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1, apartados 1, 2, 3 y 4.
«1.El Gobierno aprobará, a propuesta de la Comisión Nacional de la Energía, el Plan de Adecuación a la Competencia del Sector Eléctrico con el objetivo principal de establecer condiciones efectivas de competencia en el sector eléctrico y con un plazo máximo de validez de 10 años. A tales efectos, el Plan podrá contemplar la concesión de compensaciones en concepto de «costes de transición a la competencia» a las empresas titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica que a 31 de diciembre de 1997 estuvieran incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1538/1997, de 11 de diciembre, sobre determinación de la tarifa de las empresas gestoras del servicio eléctrico.
El Plan de Adecuación a la Competencia del Sector Eléctrico, que deberá acomodarse a lo previsto con este objeto en la Directiva 96/ 92/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre normas comunes en el mercado de electricidad, y en la normativa comunitaria aplicable, establecerá un procedimiento de determinación y liquidación anual de las compensaciones otorgadas y de su reparto por sociedades. Tal procedimiento tendrá en cuenta la evolución de la demanda, coste de capital, producción en régimen especial, emplazamientos de las centrales de generación, vida útil residual y cuentas de resultados de las sociedades mencionadas y establecerá un valor actual máximo de las compensaciones previstas en el horizonte temporal del Plan.
El valor actual máximo resultará de la estimación del valor contable neto, a 31 de diciembre de 1997, de las instalaciones citadas en el párrafo primero, no recuperable por medio de los ingresos asociados al coste de generación a que se refiere el artículo 16.1 de la presente Ley.
El citado valor actual, que será revisable en función de la evolución real de los parámetros citados anteriormente, se reducirá si el coste medio de generación resultara en media anual superior a 6 pesetas por kWh.
Una parte de las compensaciones otorgadas estará asignada a la aplicación de incentivos para la generación eléctrica con carbón nacional, conforme al «Plan 1998-2005, de reestructuración de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras».
La existencia de CTC y, en consecuencia, de posibles compensaciones a las empresas titulares de instalaciones eléctricas de generación no pueden establecerse ni, mucho menos, cuantificarse a priori, ya que dependen de la evolución real de la competencia y de otras variables que afectan a la situación economicofinanciera de las empresas.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 1, apartado 5.
«2.En el caso de que las sociedades titulares procedieran a la venta de dichas instalaciones, la empresa adquirente quedará sometida al mismo régimen, anteriormente establecido, debiendo solicitar la empresa vendedora a la Comisión Nacional de la Energía la certificación acreditativa de las compensaciones estimadas y efectivamente reconocidas a las instalaciones objeto de la venta. Una vez efectuada la operación de venta e inscrito el cambio de titularidad en el Registro Administrativo correspondiente, se procederá a deducir de la sociedad vendedora y a acreditar a la sociedad compradora los saldos pendientes de las compensaciones estimadas y efectivamente reconocidas en concepto de «costes de transición a la competencia».
Si en la venta de las instalaciones de producción a las que se reconocieron compensaciones en concepto de «costes de transición a la competencia» la sociedad vendedora obtuviera precios de venta de dichas instalaciones de producción superiores a los costes que se tuvieron en cuenta para el cálculo, a 31 de diciembre de 1997, del valor máximo de las compensaciones en concepto de «costes de transición a la competencia» asignadas a las misma y trasladados al momento de la transmisión, la diferencia será deducida de las compensaciones estimadas y asignadas a la empresa vendedora.
3.Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará igualmente en el supuesto de que se vendan participaciones empresariales.»
Necesidad de regular las situaciones en las que se produzcan compraventas de participaciones empresariales e instalaciones que sean o pudieran ser acreedoras de compensaciones por CTC para garantizar la seguridad jurídica
de los compradores y no permitir beneficios injustificados para las empresas vendedoras.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 2, apartado Uno.
«Uno.Se da nueva redacción al artículo 17 que pasa a tener el siguiente contenido:
Artículo 17.Competencia del Gobierno.
1.El Tribunal de Defensa de la Competencia remitirá su dictamen y propuesta de acuerdo al Ministro de Economía para que lo eleve al Gobierno, que en el plazo máximo de un mes deberá decidir:
a)Ratificar la propuesta del Tribunal de Defensa de la Competencia.
b)Resolver en un sentido distinto a la propuesta del Tribunal de Defensa de la Competencia, en cuyo caso, deberá motivar la resolución haciendo explícitos los criterios de interés general que la justifican.
2.En cualquiera de los dos supuestos señalados en el número anterior, la propuesta del Tribunal de Defensa de la Competencia y la decisión final del Gobierno podrán consistir en:
a)No oponerse a la operación de concentración.
b)Subordinar su aprobación a la observancia de condiciones que aporten al progreso económico y social una contribución suficiente para compensar los efectos restrictivos sobre la competencia. Dichas condiciones podrán consistir en la obligación de transmitir ciertos negocios o activos o en la imposición de limitaciones.
c)Declararla improcedente, estando facultado para:
1)Ordenar que no se proceda a la misma, en el caso de que no se hubiera iniciado.
2)Ordenar las medidas apropiadas para el establecimiento de una competencia efectiva, incluida la desconcentración.
3.En cualquier caso, la decisión final del Gobierno será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».»
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 2, apartado Dos.
«Dos.Se da nueva redacción al párrafo 3 del artículo 18 y se añade un párrafo 4, pasando ambos párrafos a tener el siguiente contenido:
3.El Tribunal de Defensa de la Competencia vigilará la ejecución y el cumplimiento de los Acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en aplicación del artículo 17. A tal efecto, y sin perjuicio de otras medidas de ejecución forzosa previstas en el ordenamiento, podrá imponer multas coercitivas de hasta 2.000.000 de pesetas, o 12.020 euros, por cada día que transcurra sin que se ejecuten las obligaciones que procedan en cumplimiento del Acuerdo.
4.Independientemente de lo previsto en el apartado anterior, el incumplimiento de lo ordenado en aplicación del artículo 17 podrá dar lugar a la imposición por el Tribunal de Defensa de la Competencia a cada una de las empresas afectadas de multas de hasta el 10 por ciento de su respectivo volumen de ventas en España en el ejercicio en que se hubiere producido la operación de concentración.»
En lo que se refiere al apartado uno, no se justifica la mínima modificación que se propone respecto a la redacción vigente; la referencia a la normativa comunitaria no es adecuada.
En lo que se refiere al apartado dos, la competencia para imponer multas coercitivas debería atribuirse al Tribunal de Defensa de la Competencia para evitar abusos por parte del Gobierno.
En lo que se refiere al apartado tres, no se justifica la necesidad de modificar la redacción vigente en lo que afecta a la renovación por mitades de las vocalías en cada período de mandato. El Gobierno pretende asegurarse un Tribunal favorable a sus intereses.
Se añade un apartado dos al artículo 1, con el siguiente texto:
«Dos.La restitución por la presente disposición del sistema de cobro de los costes de transición a la competencia a la situación anterior a la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, implicará la aplicación del régimen de tratamiento contable de las pérdidas producidas en las empresas del sector eléctrico como consecuencia de la aplicación del régimen de mercado competitivo, con imputación, en su caso, al último ejercicio cerrado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente disposición.»
Palacio del Senado, 3 de mayo de 2001.--El Portavoz, Esteban González Pons.
Se añade una disposición adicional por la que se modifican los artículos 2 y 11 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro.
«Disposición Adicional.Modificación de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro.
Dos.Se añaden dos apartados, tercero y cuarto, al artículo 11 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro, que pasa a tener el siguiente contenido:
Uno.En los importes monetarios que se hayan de abonar o contabilizar, cuando se lleve a cabo una operación de redondeo después de una conversión a la unidad euro, deberán redondearse por exceso o por defecto al céntimo más próximo. Los importes monetarios que se hayan de abonar o contabilizar y se conviertan a la unidad monetaria peseta deberán redondearse por exceso o por defecto a la peseta más próxima. En caso de que al aplicar el tipo de conversión se obtenga una cantidad cuya última cifra sea exactamente la mitad de un céntimo o
de una peseta, el redondeo se efectuará a la cifra superior.
Cuatro.Cuando se trate de la conversión a la unidad euro de tarifas, precios, aranceles o cantidades unitarias, que hayan de aplicarse a bases expresadas en cualquier magnitud, las cifras que resulten de la aplicación del tipo de conversión se tomarán con seis cifras decimales, efectuándose el redondeo por exceso o por defecto al sexto decimal más próximo. En caso de que al aplicar el tipo de conversión se obtenga una cantidad cuya séptima cifra decimal sea cinco, el redondeo se efectuará a la cifra superior. Si el producto resultante de la aplicación de la tarifa en euros a la base, determinada conforme al procedimiento anterior, tiene la naturaleza de operación intermedia se estará a lo dispuesto en el apartado dos de este artículo; en otro caso, será de aplicación el apartado uno del mismo.»»
Mejora técnica. Es necesario introducir una regla relativa a la conversión en euros de importes que vengan determinados según distintas escalas evitando que, ante el procedimiento general de redondeo previsto en el artículo 11 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro, se produzcan solapamientos de cantidades de modo que una misma cantidad pueda corresponder a dos tramos o escalas distintas. Con la modificación propuesta, el apartado tercero del precepto prevé el mecanismo para que, en caso de redondeos, se diferencien con nitidez los distintos tramos de las escalas.
También es preciso incorporar una regla que impida un redondeo al segundo decimal en los factores que, una vez multiplicados, dan lugar a lo que se denominan «cifras o cantidades unitarias», es decir, aquellas que resultan de multiplicar un coeficiente por una base expresada en cualquier magnitud. Debe especificarse, en una norma de rango adecuado, que si uno de los factores está integrado por un coeficiente que tiene más de dos decimales, los conserve --con el límite de seis--, a fin de que, multiplicados por bases de amplia magnitud, evite un aumento del resultado soslayando así el efecto infraccionista que ello implicaría si se tratara de precios. En cualquier caso, si dicho producto implica una operación intermedia, se contempla una remisión al régimen que para estas operaciones establece la Ley 46/98.
PREAMBULO G. P. Socialista 10
1 Sres. Cámara Fernández y Cabrero Palomares (G. P. Mixto) 1 Sres. Cámara Fernández y Cabrero Palomares (G. P. Mixto) 2 Sres. Cámara Fernández y Cabrero Palomares (G. P. Mixto) 3 Sres. Cámara Fernández y Cabrero Palomares (G. P. Mixto) 4
Sr. Quintana González (G. P. Mixto) 7 Sr. Quintana González (G. P. Mixto) 8
G. P. Socialista 11 G. P. Socialista 12
2 Sres. Cámara Fernández y Cabrero Palomares (G. P. Mixto) 5 Sres. Cámara Fernández y Cabrero Palomares (G. P. Mixto) 6
Sr. Quintana González (G. P. Mixto) 9
G. P. Socialista 13 G. P. Socialista 14
3 G. P. Socialista 15
DISPOSICION ADICIONAL (nueva) G. P. Popular 17

References: artículo 191
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 1
 artículo 107
 artículo 1
 artículo 107
 artículo 1
 artículo 107
 artículo 2
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 1
 artículo 107
 artículo 2
 artículo 107
 artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 16
 artículo 107
 artículo 1
 artículo 107
 artículo 2
 artículo 17

Artículo 17
 resolución 
 artículo 107
 artículo 2
 artículo 18
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 11
 artículo 11