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Timestamp: 2019-01-21 05:53:33+00:00

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﻿ SENTENCIA 2008-00103/42746 DE AGOSTO 3 DE 2017
SENTENCIA 2008-00103 DE 03 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:FALLA DEL SERVICIO POR NO ACREDITAR EL USO DEL CARTUCHO DE LA VIDA EN SITUACIONES FUERA DE COMBATE. SE PRESENTA LA FALLA EN EL SERVICIO, EN LOS EVENTOS EN LOS QUE EL ESTADO OMITE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS TÉCNICAS Y DEMÁS DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA ANULAR, O AL MENOS REDUCIR AL MÍNIMO LOS RIESGOS QUE IMPLICAN LA MANIPULACIÓN DE OBJETOS PELIGROSOS, NO BRINDA A LOS INTEGRANTES DE ESOS CUERPOS ARMADOS EL ENTRENAMIENTO SUFICIENTE O LOS SOMETE A LA UTILIZACIÓN DE ARMAMENTO DEFECTUOSO, ENTRE OTROS CASOS, INCURRE EN RESPONSABILIDAD POR FALLA DEL SERVICIO. DE ESTA MANERA, LA ENTIDAD ENCARGADA INCURRE EN UNA CONDUCTA OMISIVA FRENTE A LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD QUE DEBE SEGUIR UN PELOTÓN CUANDO NO SE VERIFICA EL USO DEL CARTUCHO DE SEGURIDAD EN EL ARMA QUE SUS INTEGRANTES PORTAN, Y POR CAUSA DE ESTO, OCURRE LA MUERTE DE UNO DE ELLOSY, TENIENDO EN CUENTA QUE PARA LA ÉPOCA DE LOS HECHOS LAS FUERZAS ARMADAS YA HABÍAN ADOPTADO EL USO DEL CARTUCHO DE SEGURIDAD COMO DISPOSITIVO IDEADO POR DICHA INSTITUCIÓN PARA PREVENIR INCIDENTES POR DISPAROS ACCIDENTALES, DISPOSITIVO QUE DEBE SER USADO POR PUESTOS DE MANDO, UNIDADES TÁCTICAS, BASES FIJAS, COMPAÑÍAS DE INSTRUCCIÓN, RETENES O ÁREAS DE VIVAC, E INCLUSIVE EN ÁREAS DE OPERACIONES Y DURANTE ACTIVIDADES QUE INCLUYEN EL SERVICIO DE GUARDIA, CENTINELA, SEGURIDAD, EJERCICIOS DE REACCIÓN Y CEREMONIAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, EJÉRCITO NACIONAL, UTILIZACIÓN DE ARMAS DE FUEGO, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MUERTE DEL SOLDADO
Sentencia 2008-00103 de agosto 3 de 2017
Rad.: 63001-23-31-000-2008-00103-01
Expediente: 42746
Actores: Rosalba Botero Pinedo y otros
Demandados: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional.
Temas: Acción de reparación directa. Valoración de prueba trasladada. Muerte de soldado profesional por disparo accidental en misión de patrullaje. Falla del servicio por no acreditar el uso del cartucho de la vida en situaciones fuera de combate. Perjuicios morales por muerte. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, acrecimiento.
Bogotá, tres de agosto de dos mil diecisiete.
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y la parte actora contra la sentencia del 18 de agosto de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, a través de la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.
El señor Manuel Salvador Acosta Botero, soldado profesional vinculado al Ejército Nacional, recibió dos disparos de un arma de fuego de dotación oficial que le provocaron la muerte, mientras se encontraba en servicio y ejerciendo funciones de patrullaje. Los hechos ocurrieron el 31 de agosto de 2007, cuando se disponía a prestar el servicio de centinela, y comoquiera que tenía asignada un arma no apta para tal función (ametralladora M-60), pidió en préstamo el fusil (Galil) de dotación a su compañero de pelotón Jhon Jairo Gómez Medina, y después de recibirlo, presuntamente el fusil golpeó contra el piso y se disparó accidentalmente.
1. Mediante escrito presentado el 3 de julio de 2008 ante el Tribunal Administrativo del Quindío, los señores Rosalba Botero Pineda, Mauricio Andrés Pérez Botero, José Snehider Acosta Botero, María Alicia Botero, Luis Enrique Pineda Cortés y Francia Alejandra Córdoba Rendón, esta última en nombre propio y en representación de su menor hija Nicole Manuela Acosta Córdoba, mediante apoderado (fols. 1-9, cdno.1), presentaron demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de que se diera trámite favorable a las siguientes pretensiones (fols. 19-25, cdno. 1):
“Declárase a la NACIÓN COLOMBIANA (MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL), ADMINISTRATIVAMENTE responsable de la muerte del Soldado Profesional del Ejército Nacional MANUEL SALVADOR ACOSTA BOTERO y por consiguiente de la TOTALIDAD de los daños y perjuicios a cada uno de los demandantes enunciados en este escrito de demanda (…)
Como consecuencia de la anterior declaración, háganse las siguientes declaraciones y condenas:
1º POR PERJUICIOS MORALES. De conformidad con lo estipulado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y en consonancia con los planteamientos de la última variación jurisprudencial, se solicita para cada uno de los demandantes, TRESCIENTOS (300) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES, vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia (…)
2º POR PERJUICIOS MATERIALES. Se debe a FRANCIA ALEJANDRA CÓRDOBA RENDÓN (compañera) y a la menor NICOLE MANUELA ACOSTA CÓRDOBA (hija menor), a quien o quienes sus derechos representaren al momento del fallo, indemnización por la supresión de la ayuda económica – LUCRO CESANTE – que venía recibiendo de su padre y compañero antes del ingreso al Ejército Nacional y que desde luego hubieran seguido recibiendo del señor MANUEL SALVADOR ACOSTA BOTERO, de no haberle sobrevenido la muerte.
Para los efectos anteriores, los ingresos deberán ser ACTUALIZADOS de conformidad con la fórmula aplicada en forma reiterada por el Honorable Consejo de Estado (…)
A falta de bases suficientes para la fijación o liquidación matemático - actuarial de los perjuicios que se le debe A CADA UNA DE LAS RECLAMANTES, ya reseñadas, el Juzgado se servirá fijarlos, por razones de equidad, en el equivalente en pesos de QUNIENTOS (500) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia, de conformidad con lo reglado en los artículos 4º y 8º de la Ley 153 de 1887 así como el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, que ordena la REPARACIÓN INTEGRAL.
3º POR INTERESES: Se debe a cada uno de los actores o a quien o quienes sus derechos representaren al momento del fallo los intereses que se generen a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia (…)
4º CONDENA EN COSTAS: De conformidad con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el 55 de la Ley 446 de 1998, y en todo caso, si LA NACIÓN COLOMBIANA (MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL) resultare vencida en la presente litis, condénese a la demandada en costas, en los términos del Código de Procedimiento Civil.
5º CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La NACIÓN COLOMBIANA (MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL), dará cumplimiento a la sentencia dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su ejecutoria, de conformidad con lo reglado en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.”
2. Los hechos en que se fundaron las pretensiones de la demanda se resumen así (fols. 27-117, cdno.1):
2.1. El señor Manuel Salvador Acosta Botero se vinculó al Ejército Nacional en calidad de soldado profesional y fue asignado al Batallón del Alta Montaña 5 “General Urbano Castellanos Castillo”.
2.2. El 31 de agosto de 2007, cuando un grupo de soldados se encontraba en funciones de patrullaje en el Valle del Cocora (Salento – Quindío), al finalizar la tarde, el pelotón arribó al restaurante “Las Palmas”, y posteriormente se escuchó una ráfaga que provino del fusil del Slp Jhon Jairo Gómez Medina que impactó en la humanidad del Slp Manuel Salvador Acosta Botero provocándole la muerte.
2.3. Según la versión del Ejército Nacional, la muerte del soldado Acosta Botero se provocó por cuanto el occiso, a quien le correspondía prestar el servicio de centinela, le pidió prestado a su compañero, el soldado Jhon Jairo Gómez Medina, el fusil de dotación oficial y el chaleco, de suerte que al bajarlo (el fusil), éste golpeó contra el piso y se disparó accidentalmente. Lo anterior, con sustento en las declaraciones dadas por los soldados profesionales Jhon Jairo Gómez Medina y Javier Fernando Cruz Cárdenas.
2.4. Tal como lo revela el protocolo de necropsia, el cuerpo de la víctima fue impactado en dos oportunidades y a la altura del pecho, en sentido ínfero superior, antero posterior y de derecha a izquierda. No obstante, la explicación dada por los testigos no es de recibo para la parte actora, pues en realidad se pretende ocultar la consumación de un homicidio.
2.5. Sobre los hechos se adelantó la correspondiente investigación penal y disciplinaria.
2.6. El cadáver fue alterado bajo pretexto de brindarle al soldado primeros auxilios en el Hospital San Vicente de Paúl de la población de Salento.
3. Surtida la notificación del auto admisorio de la demanda (fol. 69, cdno.1), la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional presentó escrito de contestación en los siguientes términos (fol. 90 – 94, cdno.1):
3.1. Sostuvo que no podía predicarse responsabilidad del Estado en los eventos en los cuales la muerte de una persona se produce como consecuencia de su propia decisión de quitarse la vida o con ocasión de un accidente causado por su propia falta de cuidado o pericia, máxime tratándose de un profesional calificado para maniobrar armas.
3.2. Adujo que la muerte del soldado no se produjo como consecuencia de algún tipo de presión y que tampoco existe evidencia, siquiera mínima, de que el soldado padeciera alguna perturbación mental que requiriera de especial atención.
3.3. De este modo, planteó la culpa exclusiva de la víctima como causal excluyente de responsabilidad, ya sea porque esta quiso causarse daño o bien por su impericia en el manejo del arma que permitió se disparara accidentalmente.
4. Vencido el periodo probatorio y dentro del término para alegar de conclusión en primera instancia, el Tribunal Administrativo del Quindío, mediante auto de 9 de abril de 2010 (fol. 157, cdno.1) corrió traslado a las partes por el término de diez días y al agente del Ministerio Público para que emitiera concepto previa solicitud, los cuales intervinieron así:
4.1. La parte actora reiteró lo expuesto en la demanda y agregó que en caso de aceptarse de que el militar Jhon Jairo Daza Gómez Medina le prestó su arma de dotación a Manuel Salvador Acosta y que adicionalmente esta se encontraba cargada y desasegurada, existiría en ese caso responsabilidad del Ejército Nacional por una clara omisión en el cumplimiento del decálogo de medidas de seguridad.
4.1.1. Alegó que era evidente que el arma que produjo el disparo no tenía instalado el dispositivo de seguridad denominado “cartucho de la vida”, destinado a la prevención de accidentes y que según los testimonios rendidos por los soldados superiores, siempre se impartía la orden de mantener los fusiles con el mencionado dispositivo, de manera que al no contar el arma disparada con el mencionado cartucho, ello constitiuye por sí mismo una falta del servicio (fols. 252 - 283, cdno.1).
4.1.2. Respecto de la culpa exclusiva de la víctima, aseveró que no se encuentra demostrada y que también se descarta la ocurrencia de un accidente, comoquiera que dentro del proceso se rindió un experticia balística, según la cual no era posible que se produjera un disparo accidental por la caída del fusil (fols. 158-195, cdno.1).
4.2. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio Público guardaron silencio (fol. 196, cdno.1)
5. Surtido el trámite de rigor, el 18 de agosto de 2011 el Tribunal Administrativo del Quindío profirió sentencia de primer grado, en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos (fols. 201-222, cdno. 5):
“PRIMERO: DECLARAR que la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, es administrativa y patrimonialmente responsable de los perjuicios causados a los demandantes, por los hechos ocurridos el 31 de agosto de 2007 donde murió el soldado profesional MANUEL SALVADOR ACOSTA BOTERO.
SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior se condena a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL a pagar por concepto de perjuicios inmateriales la sumas que a continuación se relacionan y a favor de las personas que se indican:
Demandante Disminución de la condena en un 40% SMLMV
Rosalba Botero Pineda (madre) Cuarenta y ocho (48)
Francia Alejandra Córdoba Rendón (compañera permanente) Cuarenta y ocho (48)
Nicole Manuela Acosta Córdoba (hija menor de edad) Cuarenta y ocho (48)
Mauricio Andrés Pérez Botero (hermano) Cuarenta y ocho (48)
José Snehider Acosta Botero (hermano) Cuarenta y ocho (48)
María Alicia Botero (abuela) Cuarenta y ocho (48)
Luis Enrique Pineda Cortés (abuelo) Cuarenta y ocho (48)
TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante causado y futuro, la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SIETE CENTAVOS ($ 48.630.873,7), a favor de la señora FRANCIA ALEJANDRA CÓRDOBA RENDÓN; y a favor de la menor NICOLE MANUELA ACOSTA CÓRDOBA la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISICIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($ 39.645.587,26), por el mismo concepto indemnizatorio.
QUINTO: La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, deberá dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo176 del C.C.A. y deberá reconocer intereses sobre los valores debidos, si a ello hubiere lugar en la forma prevista en el artículo 177 idém y la Sentencia C-188 de 1999.
SEXTO: Sin lugar a condena en costas al no encontrar que la demandada hubiere observado una conducta dilatoria o de mala fe dentro del trámite del presente proceso y en atención a lo previsto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, modificatorio del artículo 171 del C.C.A (…)”.
5.1. Luego de hacer un recuento de las pruebas aportadas y practicadas en el proceso, encontró acreditado el daño, consistente en el fallecimiento del señor Manuel Acosta Botero y destacó que con ocasión de las directivas dadas por el Ejército Nacional, era irrebatible la obligatoriedad de que las armas tipo fusil contaran con cartucho de seguridad (cartucho de la vida), de suerte que la ausencia de este dispositivo en las armas de los miembros del pelotón Cóndor 4 del Batallón de Alta Montaña 5, al que se encontraba agregado el soldado Acosta Botero, constituía una protuberante omisión a los protocolos de seguridad.
5.2. Encontró que para el día de los hechos, el soldado Acosta Botero maniobraba, de manera exclusiva, una ametralladora M-60, destinada normalmente al combate y apoyo militar, que por su peso y tamaño no era apta para el servicio de centinela móvil, situación que lo obligó a solicitar a un compañero el intercambio de armas para cumplir las órdenes de sus superiores de fungir como centinela.
5.3. Consideró criticable el hecho de que se hubiera procedido al intercambio de armas y agregó que la demandada no probó el cumplimiento de su deber cuidadosa y diligente; tampoco la ocurrencia de una causa extraña que permita eximirla de responsabilidad administrativa, máxime cuando no se probó la tesis de un suicidio.
5.4. No obstante, resaltó que sí hubo imprudencia o culpa del soldado Acosta Botero, quien contribuyó en cierto grado a la causación del propio daño, ya que omitió el protocolo de manejo y seguridad del armamento intercambiado, especialmente la norma del decálogo de manejo de armas de fuego, según la cual “siempre que maneje un arma, hágalo como si estuviera cargada”, pues tal como se encuentra probado, el soldado “no maniobró el fusil Galil que le fue prestado, como si estuviera cargado, al contrario, imprudentemente lo colocó con fuerza excesiva en el piso y el fusil se accionó”.
5.5. De esta forma, declaró responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, pero al estimar que existía prueba de una culpa concurrente, dispuso que por esa razón se disminuya la indemnización en un 40%.
5.6. En cuanto a los perjuicios morales, el tribunal los dio por probados respecto de los familiares de la víctima que demandaron es este proceso, reconociéndole a la madre, a la compañera permanente y a la hija, la suma de 80 SMLMV, y a los hermanos 40 SMLMV por dicho concepto. De igual forma reconoció perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante para la compañera permanente con ocasión de la ayuda económica que le brindaba el occiso hasta por el tiempo de vida probable de este y para la hija hasta la edad 25 años, los que calculó con la reducción antes referida.
6. El 6 de septiembre de 2011, la parte demandante interpuso y sustentó oportunamente recurso de apelación contra la anterior decisión, a fin de que se incremente el monto de la condena, por cuanto disintió de la tasación de los perjuicios morales y de la reducción de la indemnización en razón de la presunta concurrencia de culpas, con fundamento en los siguientes argumentos (fol. 225 - 255, cdno. 5):
6.1. En relación con la culpa del soldado profesional Manuel Salvador Acosta Botero, dijo que no le asistía razón al a-quo cuando afirmó que hubo un actuar imprudente de la víctima al haber golpeado el fusil contra el suelo o desconocer el protocolo de seguridad, pues ello implicaría ignorar que el soldado Jhon Jairo Gómez Medina (quien entregó el arma) y la institución militar, también intervinieron en la cadena causal que desencadenó en el disparo, por cuanto: (i) dicho militar era quien portaba en un principio el fusil cargado, montado y desasegurado; (ii) el soldado Gómez Medina le entregó el fusil al fallecido sin que tuviera instalado el respectivo mecanismo de seguridad; (iii) el comandante no verificó que el arma implicada tuviera el cartucho de la vida; (iv) no existía excusa para no utilizar el dispositivo de seguridad; (v) el soldado fallecido no debió ser obligado a cambiar de armamento, ya que no se encontraba familiarizado con el fusil; y (vi) no se demostró la ocurrencia de una causa extraña, razones que son las mismas por la cuales el fallo encontró acreditada una falla del servicio y que sirven de base para reclamar la responsabilidad total de la administración.
6.2. Insistió en que la entrega del arma, cargada, montada y sin el dispositivo de seguridad, por parte del soldado Jhon Jairo Gómez Medina, constituyó un riesgo superlativo que hacía previsible el suceso final y por tanto descarta la culpa de la víctima, pues esta debe considerarse como una causa extraña al daño.
6.3. Dijo que aceptar que el arma se disparó luego de golpearse contra el suelo, forzosamente implica admitir que esta se encontraba en mal estado, ya que las armas no se disparan por sí solas, máxime cuando el dictamen de balística practicado en el proceso, luego de varios análisis, demostró que “con la caída del arma y aun lanzándola desde la parte alta, no se disparaba”, esto, pese a que en los testimonios se haya dicho que el artefacto sí se disparó, situación que no era posible en la práctica.
6.4. También destacó el examen de las trayectorias de los impactos, y suponiendo que el soldado se encontraba de pie, esta se dio de abajo hacia arriba, lo que llevó al experto en balística a ubicar los orificios de entrada y salida en el cuerpo con relación al piso y trazar una línea hasta llegar al punto cero, de suerte que el experto concluyó que de ser cierta la versión de los soldados que presenciaron el hecho, la boca del arma debía estar a 0.01 mts del piso “(…) esto se entendería como el fusil clavado en el piso con la boca de fuego a 1 cm, lo que para el caso común que nos ocupa no es factible porque hay que tener en cuenta la longitud del fusil que por lo general es de 1 mt y las versiones que hablan del contacto del arma con el piso”.
6.5. Consideró entonces el censor que no hay elementos que apoyen que el fusil se disparó por sí solo y tampoco al golpearlo contra el piso, de ahí que lo cierto es que la víctima falleció en circunstancias muy diferentes a las expresadas por el Ejército Nacional, circunstancia que no deja otra opción que concluir que el artefacto no estaba en manos de la víctima, quien en realidad debía encontrarse en un plano inferior, en posición de acostado, por ejemplo.
6.6. Atinente a la cuantificación del daño, aseveró que el fallador, sin motivación alguna, fijó la cantidad de 80 salarios mínimos a título de indemnización por perjuicios morales para la compañera permanente y la hija del soldado fallecido, cantidad que se encuentra por debajo de los estándares jurisprudenciales. Igual crítica hizo el libelista respecto de los perjuicios reconocidos a los abuelos y los hermanos. De ahí que solicitó para la compañera permanente, la hija y los abuelos la suma de 100 SMLMV y 50 para cada uno de los hermanos del señor Manuel Salvador Acosta Botero.
7. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional también interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 18 de agosto de 2011, en el que solicitó se revoque dicha decisión, dado que considera que no incurrió en conducta constitutiva de falla del servicio.
7.1. Arguyó que no constituía una falla de la administración el hecho de que al señor Manuel Salvador Acosta Botero no le hubiere sido entregado el fusil en debida forma por parte de su compañero, hecho que más bien era constitutivo de un accidente de trabajo según lo preceptuado por el artículo 31 del Decreto 1796 del 2000, esto es, un suceso repentino que sobreviene en el servicio por causa y razón del mismo y que produce una lesión orgánica, perturbación funcional, invalidez y muerte.
7.2. Alegó que conforme al artículo 217 de la Constitución Política, el Ejército Nacional tiene como función principal la defensa de la soberanía, la independencia e integridad del territorio nacional y del orden constitucional. Igualmente, que los soldados profesionales, según el artículo 1º del Decreto 1783 del 2000, eran servidores entrenados y capacitados para actuar en las unidades de combate en la ejecución de operaciones militares, de manera que los nefastos resultados que pueden derivarse a partir de las actividades militares, tales como combate, registro, control o aquellas que guarden conexidad, resultan inherentes a los riesgos que de manera libre y espontánea acepta un integrante de la fuerza pública y se encuentran cubiertas por la normatividad aplicable.
7.3. Dijo que por las mencionadas condiciones de peligrosidad que acompañan las tareas de los miembros del Ejército Nacional, la legislación colombiana fijó una escala salarial, prestacional y pensional diferenciada que busca compensar el sacrificio de los servidores que arriesgan sus vidas e integridad en beneficio de la comunidad, razón por la que no es posible exigirle a la Nación prestaciones económicas adicionales a las legalmente establecidas para un integrante de las fuerzas militares o su familia cuando este resulta lesionado o perece durante la ejecución de una orden superior dirigida al cumplimiento de su misión constitucional, legal e institucional.
7.4. Por ende, alegó que en el presente caso, el soldado Manuel Salvador Acosta Botero aceptó los riesgos propios de su ejercicio como soldado profesional y, en tal virtud, le correspondía tener el más mínimo cuidado con el manejo de las armas, de ahí que le asistiera la obligación de revisar el fusil y la forma de su entrega. De manera que estimó que en el presente asunto el soldado actuó de forma imprudente, ya que fue el quien pidió en préstamo el fusil para aprestarse como centinela.
7.5. Finalmente, respecto de la concurrencia de culpas, alegó que de encontrarse probada esta no podría estimarse en 40% a favor del Estado, sino como mínimo en un 50%.
8. Por virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, el Tribunal Administrativo del Quindío citó a las partes a una audiencia de conciliación (fol. 269, cdno. 5) que se practicó el 9 de noviembre de 2011, pero que se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio (fol. 280, cdno. 5); el 10 siguiente dicho tribunal concedió los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (fol. 280, cdno. 5). El 18 de enero de 2012 los recursos fueron admitidos por el Consejo de Estado (fol. 287, cdno. 5).
9. El 16 de mayo de 2012 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia (fol. 289, cdno. 5), término dentro del cual la Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda, los alegatos de primera instancia y el recurso de apelación presentado contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío (fols. 290 -292, cdno. 5).
9.1. La parte demandante guardó silencio.
10. El Ministerio Público, a través de la Procuraduría 5ª Delegada ante el Consejo de Estado, solicitó la confirmación de la sentencia impugnada, pues consideró que cuando el soldado profesional Jhon Jairo Gómez Medina le entregó el arma a la víctima omitió los protocolos de seguridad en el manejo de armas y expuso a su compañero Manuel Salvador Acosta a un riesgo excepcional superior al que esperaba soportar, ya que la recibió de manera desprevenida sin percatarse de si estaba asegurada o contaba con el cartucho de la vida.
10.1. Descartó la ocurrencia de un homicidio, y en cambio sí estimó acreditada, una falla atribuible a los uniformados, pero aclaró que en la producción del daño contribuyó la culpa exclusiva de la víctima, ya que esta también pretermitió los protocolos de seguridad en el manejo de las armas al recibir el fusil sin comprobar que estuviera cargado, asegurado o con el cartucho de la vida (fols. 195-203, cdno. 5).
11. Por ser la demandada una entidad estatal, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de acuerdo con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.
12. El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación, en razón del recurso incoado por la parte actora, en un proceso con vocación de segunda instancia según la Ley 446 de 1998, dado que la cuantía de la demanda, fijada por la sumatoria de la totalidad de las pretensiones(1), supera la exigida por la norma para tal efecto(2).
13. La acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo es la procedente en este caso, por cuanto las súplicas de la demanda van encaminadas a la declaratoria de responsabilidad administrativa de la Nación, representada por el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por las acciones y omisiones de dicha entidad, que, según los actores, les causaron unos perjuicios materiales y morales que deben ser indemnizados integralmente.
14. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, se probó el vínculo de parentesco entre el fallecido soldado Manuel Salvador Acosta Botero, su madre Rosalba Botero Pineda(3), sus hermanos Mauricio Andrés Pérez Botero(4), José Snehider Acosta Botero(5), su abuela María Alicia Botero(6) y su hija Nicole Manuela Acosta Córdoba(7).
14.1. Ahora respecto del señor Luis Enrique Pineda Cortés, quien dice comparecer al proceso en calidad de abuelo del señor Manuel Salvador Acosta Botero, la Sala no encuentra prueba del vínculo de consanguinidad entre dichas personas, condición que no es posible probar con el registro civil de nacimiento de la señora Rosalba Botero (madre de Manuel Salvador Acosta), pues en este solo figura la señora Alicia Botero en calidad de madre de esta última, sin que aparezcan datos del padre.
14.2. Igualmente, se observa que a folio 16 A del cuaderno principal reposa copia del registro civil del matrimonio celebrado entre la señora Alicia Botero y el señor Luis Enrique Pineda Cortés el 18 de julio de 1960. No obstante, de tal hecho no es posible colegir la presunción de que trata el artículo 213 del Código Civil(8), según el cual los hijos concebidos durante el matrimonio tienen por padres a los cónyuges, dado que según el registro civil de nacimiento de la señora Rosalba Botero, su nacimiento ocurrió antes de dicho vínculo matrimonial, esto es, el 19 de junio de 1959 (fol. 13, cdno. 1). Tampoco se encuentra prueba que indique que el señor Luis Enrique Pineda haya procedido al reconocimiento, en calidad de hija, de la señora Rosalba Botero, madre de Manuel Salvador Acosta(9).
14.3. No obstante lo anterior, dentro del expediente existe material probatorio que permite tener al señor Luis Enrique Pineda como un tercero damnificado, tal como se desprende de los siguientes testimonios:
14.4. La señora Luz Elba Prieto Loaiza, en declaración rendida el 14 de octubre de 2009, quien dijo haber conocido al señor Manuel Salvador Acosta Botero, respecto de las personas que componían su núcleo familiar, expresó (fols. 492-496, cdno. 2):
PREGUNTADO: Dígale al despacho si lo sabe, cómo está conformado el núcleo familiar de MANUEL SALVADOR ACOSTA BOTERO?: “Por la mamá que se llama Rosalba Botero, por el hermano Mauricio, y otro hermano José Neider, y los abuelos maternos Luis Enrique y Alicia, por la esposa Francy y la hija Manuela, no recuerdo apellidos (…) PREGUNTADO: Indíquele al despacho, si lo sabe, qué impacto emocional ocasionó en cada uno de los familiares que usted acaba de mencionar, el fallecimiento del señor MANUEL SALVADOR ACOSTA BOTERO?. CONTESTO: (…) En los abuelos en cuanto a los abuelos (sic) fue terrible, le dio muy duro, don Enrique casi se muere de pena moral ya que cuando Manuel venía a visitarlos les traía regalos, los consentía (…) Con relación a Francy le dio muy duro ya que no lo podía creer porque el día de la muerte de Manuel Salvador, él la llamó para avisarle que venía para la casa que le tuviera desayuno, u después la llaman para avisarle de la muerte de Manuel (…) En cuanto a Francy es decir la esposa no lo ha superado, mantiene viendo las fotos de Manuel, incluso no se ha organizado con ningún hombre porque todavía quiere mucho a Manuel (…) PREGUNTADO: Conoció usted cómo fue el comportamiento de Manuel para con Francy su compañera sentimental, durante la época de su embarazo? CONTESTO: Fue muy responsable, Manuel estaba muy contento, le dio todo lo que Francy necesitaba, le compró todo a la niña para su nacimiento, la cuna, la ropa, todo. Cuando la niña nació lo llamaron y ahí mismo se vino a conocerla, siempre pendiente de lo que necesitaran. PREGUNTADO: Qué tiempo de convivencia aproximadamente llevaba Manuel con Francy? CONTESTO: dos años aproximadamente (…) (Se resalta).
14.5. La anterior declaración concuerda con la del señor Jesús Varón Rubio, quien en diligencia del 21 de octubre de 2009, y quien dijo haber conocido al señor Manuel Salvador Acosta por ser vecino, manifestó (fol. 497-504, cdno. 2):
PREGUNTADO: Indique con los nombres cómo estaba integrado el grupo familiar de MANUEL? RESPONDIÓ: Empecemos por los ancianos los abuelos del finado MANUEL, por el abuelo Luis Enrique Pineda, doña ALICIA no me acuerdo el apellido de ella, DOÑA ROSALBA la mamá de MANUEL, los hermanos MAURICIO, JOSÉ JHONEIDER (…) FRANCY con la que convivía el finado MANUEL y MANUELA la hija del finado MANUEL cuya mamá es FRANCY (…) PREGUNTADO: Sabe usted con quién vivía MANUEL al momento de su fallecimiento y en dónde? RESPONDIÓ: Convivía con FRANCY y su hija MANUELA, vivía acá en el barrio Belén acá en Zarzal (…) (Se resalta).
14.6. De esta forma, pese a la ausencia de prueba que indique que el señor Luis Enrique Pineda era abuelo materno de Manuel Salvador Acosta, tales testimonios permiten tenerlo como tercero damnificado en este proceso, en razón a que la mencionada persona es reconocida como integrante del grupo familiar del occiso y a quien los declarantes le otorgaron la condición de abuelo, aunado a la demostración del padecimiento de la aflicción moral por el deceso del referido militar. En este sentido, es dable reconocerle legitimación en la causa por activa a dicho demandante, razón por la que la sentencia de primera instancia será modificada en dicho aspecto, pues en esta se reconoció al señor Luis Enrique Pineda en calidad de abuelo del soldado fallecido, circunstancia que como se vio en precedencia no está demostrada, pero sí la de tercero damnificado.
14.7. De otra parte, concerniente a Francia Alejandra Córdoba Rendón, quien dijo comparecer al proceso en calidad de excompañera permanente del señor Manuel Salvador Acosta, se tiene que los testimonios antes relacionados también dan cuenta de la existencia de una unión marital de hecho entre esas dos personas para el momento de la ocurrencia de los hechos, por lo que a aquella demandante también le asiste legitimación en la causa por activa.
15. Sobre la legitimación en la causa por pasiva se observa que el daño alegado en la demanda se le atribuye al Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, de modo que la Nación, representada por esa entidad, se tendrá legitimada como parte demandada en este proceso contencioso.
16. Atinente a la caducidad, el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en lo relativo a la acción de reparación directa, instituye un término de dos años para que sea impetrada, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente), y vencido el cual ya no será posible solicitar que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado.
16.1. En el presente caso no opera tal fenómeno, dado que el hecho que constituyó el daño —la muerte de Manuel Salvador Acosta Botero— se produjo el 31 de agosto de 2007(10) y la demanda de reparación directa se interpuso el 3 de julio de 2008 (fol. 61 vto., cdno. 1), esto es, dentro del término legal de dos años que establece el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
17. Al proceso se allegaron como pruebas trasladadas las copias auténticas de: (i) el expediente penal militar 392, tramitado por el Juzgado 55 de Instrucción Penal Militar con ocasión del fallecimiento del soldado profesional Manuel Salvador Acosta Botero (fol. 9-121, cdno. 3); y (ii) de la indagación preliminar disciplinaria 01-07, tramitada por parte del Batallón de Alta Montaña 5 con ocasión del deceso del soldado profesional Manuel Salvador Acosta Botero (fols. 226-270, cdno. 2).
17.1. Al respecto, vale resaltar que de acuerdo con el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin mayores formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.
17.2. Teniendo en cuenta lo anterior, se avizora que los trámites disciplinario y penal antes relacionados se llevaron a cabo con la participación y a instancias de la demandada, la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, de manera que son susceptibles de valoración las pruebas que aparecen en los mencionados expedientes(11).
18. De acuerdo con las pruebas incorporadas a este proceso, están acreditados los siguientes hechos relevantes:
18.1. El señor Manuel Salvador Acosta Botero ingresó al Ejército Nacional desde el 15 de marzo de 2004, donde se desempeñó como soldado profesional y permaneció en dicha institución hasta su deceso ocurrido el 31 de agosto de 2007. Como causal de retiró se dispuso: “muerte en misión del servicio”(12).
18.2. El 31 de agosto de 2007, la SIJIN practicó diligencia de Inspección Técnica del cadáver de Manuel Salvador Acosta Botero. Según la información allí descrita, los hechos ocurrieron en el restaurante “Las Palmas” en la vereda Cocora perteneciente el municipio de Salento - Quindío; no obstante, la inspección del cadáver se practicó en el Hospital San Vicente de Paúl de la población de Salento (fols. 19-24, cdno. 2):
Diligencia realizada en el pasillo de urgencias del Hospital San Vicente de Paul de Salento - Quindío. Se observa sobre camilla metálica cuerpo sin vida cubierto con plástico de color azul. Según historia clínica 94232986 del 31 de agosto de 2007 ingresa al servicio de urgencias aproximadamente a las 20:00 horas paciente con herida de arma de fuego presentando dos orificios de entrada 1 o nivel de espacio 6 intercostal línea peresternal derecho, 2 a nivel 6 de espacio intercostal, línea peresternal izquierdo y un orificio de salida en dorso a nivel de región supraescaupal izquierda, ingreso en apnea tensión arterial o, realizando maniobras básicas de reanimación con resultados negativos, declarándose fallecido a las 20:15 horas (…) Se toma muestras de residuos de disparo al occiso para ser enviadas al laboratorio.
18.3. El 1º de septiembre de 2009, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses emitió informe de necropsia del cadáver de Manuel Salvador Acosta Botero (fols. 345-349, cdno. 3):
SE TRATA DE UN CADÁVER DE HOMBRE ADULTO JÓVEN DE 24 AÑOS, IDENTIFICADO INDICIARIO, soldado DEL EJÉRCITO NACIONAL, QUIEN AL PARECER DE MANERA ACCIDENTAL SUFRE HERIDAS DE PROYECTÍL DE ARMA DE FUEGO DE SU ARMA DE DOTACIÓN (…) EXTERNAMENTE PRESENTÓ DOS HERIDAS DE PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO EN TÓRAX ANTERIOR, LOS CUALES SON PENETRANTES A CAVIDAD Y PRODUJERON SEVERA DESTRUCCIÓN CARDIACA, DE GRANDES VASOS Y MEDIASTINO.
MANERA DE MUERTE: No natural, violenta, debe aclararse por el investigador el hecho accidental.
MECANISMO DE MUERTE: Anemia aguda por destrucción cardiaca y de grandes vasos producidas por heridas de proyectil de arma de fuego.
CAUSA DE MUERTE: proyectil de arma de fuego (…).
18.4. El 1º de septiembre de 2009, la SIJIN del Quindío emitió informe ejecutivo acerca de las posibles circunstancias del deceso de Manuel Salvador Acosta, en el que se expresó (fols. 11-13, cdno. 2):
El día 31 de agosto de 2007 nos fue informado por la central de la Policía Nacional, sobre el caso de muerte de un soldado profesional en hechos presentados en la vereda Cocora en predios del restaurante “Las Palmas” y cuyo cuerpo sin vida se encontraba en el Hospital del municipio de Salento (…).
Una vez en el hospital se nos informó que el fusil con el cual se causó la muerte del soldado, se encontraba en el lugar de los hechos, pero que ya había sido manipulado e igualmente que el lugar estaba muy oscuro, razón por la cual el laboratorio de criminalística no se desplazó hasta dicho lugar y se quedó realizando la inspección técnica a cadáver, mientras nosotros los investigadores procedimos a trasladarnos hasta el lugar de los hechos a fin de establecer lo que realmente sucedió allí.
Al llegar a la vereda Cocora al restaurante Las Palmas, se pudo ubicar el lugar de los hechos a un lado del restaurante a la entrada a la cocina del mismo, el cual es muy oscuro en ese momento. Inmediatamente procedimos a realizar una inspección al lugar en busca de las vainillas lanzadas por el fusil, siendo localizado al lado de dos pipas de gas grandes que hay ubicadas a la entrada externa de la cocina del Restaurante, procediendo a recolectarlas y embalarlas. No se observa nada más en el lugar de los hechos (se resalta).
18.5. El 27 de septiembre de 2007, el laboratorio de balística de la Seccional de Investigación del Departamento de Policía del Quindío rindió informe acerca del proyectil encontrado en el cuerpo de Manuel Salvador Acosta y del arma con la que se produjeron los disparos que ocasionaron su muerte. Así, se destacó que se trataba de un arma de fuego tipo fusil, marca Galil, calibre 5,56 mm, serial 03312120, con un proveedor con capacidad de carga para 35 cartuchos, adicionalmente se expresó (fols. 26-30, cdno. 2):
4. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS ELEMENTO MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA EXAMINADOS (…)
Fotografía 3: Nos muestra el arma de fuego recibida para el estudio (…).
Fotografía 4: Nos muestra un proveedor el cual presenta las siguientes características técnicas.
Tipo: Fusil, clase: doble carril, capacidad: para alojar 35 cartuchos calibre 5,56 x 45 mm, forma: curva, constitución: metálico, fabricación: industrial (Israel) (…)
Fotografía 5: Muestra los cartuchos recibidos para estudio con la siguiente descripción: Treinta y uno (31), tipo fusil - ametralladora, clase: con garganta, calibre: 5,56 x 45 mm, constitución: vainilla de latón dorado, proyectil encamisado (…)
Fotografía 6: Fueron recibidas dos vainillas las cuales presentan las siguientes características técnicas:
Cantidad: dos (02) tipo: fusil - ametralladora, clase: con garganta, calibre: 5,56 x 45 mm, constitución: en latón dorado, forma: golletada (…).
Observación: presentan depresión en el fulminante producido por aguja percutora de arma de fuego.
Fotografía 7: Fue recibido un fragmento de encamisado de proyectil el cual presenta las siguientes características técnicas:
Constitución: latón (cobre y zinc), peso: 056 gr, deformaciones: Pérdida de material constitutivo, dobles externos, cortes laterales y ralladuras en general. Presenta adherido material orgánico (…).
10. Interpretación de resultados.
PRIMERO: Las características técnicas de los elementos recibidos para estudio son los anotados en el numeral 4º.
SEGUNDO: Realizada la prueba de residuos de disparo en el interior del cañón se determinó que fue positiva la presencia de nitritos.
TERCERO: El arma objeto de estudio, se encuentra apta para efectuar disparo con munición de su mismo calibre o adaptable a la misma.
CUARTO: El fragmento de encamisado de proyectil no posee las suficientes características de microrayado para ser cotejados con patrones del arma.
NOTA: Los elementos recibidos en el laboratorio fueron devueltos totalmente rotulados y embalados y con la respectiva cadena de custodia al investigador solicitante del estudio.
Es de aclarar que de los cartuchos recibidos para estudio, fueron utilizados seis (6) para comprobar el estado de funcionamiento del arma.
18.6. El 25 de noviembre de 2008, ante la Juez 55 de Instrucción Penal Militar, el soldado profesional Javier Fernando Cruz Cárdenas, quien dijo estar presente en el momento de los hechos, rindió declaración bajo juramento, así (fol. 96-98, cdno. 2):
(…) nosotros la contraguerrilla cóndor 4 al mando de mi Sargento BOJORGE, estábamos en la finca PINO HERMOSO, habíamos pernoctado allí y a las 6 de la tarde o 5:30 iniciamos el movimiento hacia los restaurantes del Valle del Cocora y llegamos como a las 7 o 7 pasaditas de la noche, entonces mi sargento ordenó un registro, hacia la parte alta, y en ese momento el puntero era el soldado GÓMEZ JHON JAIRO y él como iba de puntero y para asegurar la vía cargó el fusil, y fue a hacer el registro y cuando bueno ya hicieron el registro, ese registro lo hizo la escuadra de mi cabo CORTEZ, y volvieron normal, entonces el soldado ACOSTA que era el que cargaba la M-60 recibía de centinela, entonces como el centinela no presta con la M-60 sino con el fusil por reacción mejor, pro (sic) que la M-60 es un arma de acompañamiento, entonces, ACOSTA le dijo al soldado GÓMEZ que le prestara el fusil para prestar centinela pero él no se acordaba que el fusil estaba cargado y se lo pasó desasegurado y cuando GÓMEZ le fue a pasar el chaleco, a ACOSTA, ACOSTA recibió el armamento normal y soltó el fusil contra el piso y se le disparó como estaba desasegurado, se le fueron los dos disparos, y ahí cayó ACOSTA al piso sin conocimiento, quedó quietecito ahí, GÓMEZ se cogía la cabeza y al rato evacuaron a ACOSTA pero falleció en el camino. PREGUNTADO: cuánto tiempo transcurrió desde el momento en que el soldado GÓMEZ regresó de hacer el registro y el momento en que le prestó el fusil al soldado ACOSTA. CONTESTO: ellos fueron a hacer el registro, se demoraron como entre veinte minutos a media hora, cuando llegaron y le informaron a mi sargento BOJORGE que había hecho registro, entonces enseguida mi sargento ordenó acampar, y ACOSTA le dijo a GÓMEZ “rolo présteme el fusil” y eso fue ahí mismo que GÓMEZ le pasó el fusil y el armamento, sino que ACOSTA soltó contra el piso el fusil, para recibir el armamento, sino que uno tiene que coger con fuerza el chaleco para pasarlo por detrás de la espalda y fue cuando se disparó. Es que estábamos al pie, ACOSTA estaba frente a mí, y GÓMEZ estaba al lado de ACOSTA, como haciendo un triángulo, cuando se escuchó fue los tiros y ACOSTA cayó al piso. PREGUNTADO; diga al despacho si el soldado GÓMEZ revisó el fusil antes de entregárselo al soldado ACOSTA y si el soldado ACOSTA revisó el fusil en el momento en que lo recibió de manos de GÓMEZ. CONTESTÓ: no nada, GÓMEZ venía con el fusil terciado a la espalda, y cuando ACOSTA se lo pidió prestado él lo cogió por la trompetilla o cañón y se lo entregó a ACOSTA, ACOSTA lo recibió también tomándolo de la trompetilla y en el mismo momento fue cuando GÓMEZ se quitó el chaleco y se lo pasó a ACOSTA, y fue cuando ACOSTA apoyó el fusil contra el piso y el fusil se disparó. PREGUNTADO: Qué posición tenía el soldado ACOSTA en el momento en que apoyó el fusil contra el piso. CONTESTÓ: él estaba normal parado cuando hizo el movimiento para recibir el chaleco inclinó un toque el cuerpo. PREGUNTADO: De qué manera apoyó el fusil contra el piso el soldado ACOSTA BOTERO. CONTESTO: no lo soltó del todo, pero lo apoyó con fuerza. PREGUNTADO: A qué distancia del soldado ACOSTA se encontraba usted. CONTESTÓ: como a un metro o un poquito más pero estábamos muy cerca (…).
18.7. El 9 de diciembre de 2008, ante el Juzgado 55 de Instrucción Penal Militar, rindió testimonio el soldado Jhon Jairo Gómez Medida, presente en el momento de los hechos, quien al respecto relató (fol. 99, cdno. 2):
Nos encontrábamos en la finca de Pino Hermoso y mi sargento BOJORGE nos dijo que nos moveríamos hacia el lado de Cocora porque yo era el puntero, ya que estábamos prestando seguridad y antes de salir hacia Cocora porque yo era el puntero, ya que estábamos prestando de seguridad (sic) y antes de salir hacia Cocora mi sargento BOJORGE nos dio la orden de revisar las armas y debíamos poner el cartucho de seguridad y como yo era el puntero cargué mi arma porque como se sabe yo soy el que iba adelante y el que tengo que alertar al pelotón en caso de que vea algo por ejemplo guerrilla yo soy el que debo alertar, y llegamos al restaurante llamado Las Palmas y mi sargento nos dio la orden de realizar un registro para conocimiento ya que íbamos a cambuchar en ese sector y bajando después de hacer el registro me encontré al soldado ACOSTA y CRUZ y le dije al SL ACOSTA que él recibía de CENTINELA a lo cual él me dijo que prestara mi armamento porque él tenía la M-60, y como no se puede prestar centinela con la M-60, entonces yo le presté mi fusil y se lo terció en el hombro derecho y al pasarle el chaleco mi arma estaba cargada y el procedió a descargar el fusil hacia el piso duro y ahí fue cuando salió el rafagaso (sic) en ese momento estaba el SL CRUZ CÁRDENAS JAVIER y yo además del SL. ACOSTA, y entonces procedimos a ayudarlo porque todavía estaba vivo y de inmediato llamamos al enfermero de combate que es el SL GAÑAN y el soldado comenzó a canalizarlo pero no le encontraba las venas y procedimos a subirlo a un Jeep Willis y lo llevaron al hospital de Salento y al rato llamó mi sargento BOJORGE llamó al enfermero al soldado GAÑAN y le dijo que el soldado ACOSTA ya se estaba poniendo bien y al rato volvió y llamó a mi sargento BOJORGE y dijo que había fallecido el soldado ACOSTA. PREGUNTADO: Diga al despacho si cuando usted le hizo entrega del Fusil al SL ACOSTA le informó que estaba cargado o no. CONTESTO: No, no porque no alcancé a decirle porque eso fue de inmediato que él lo recibió y se lo puso en el hombro derecho y cuando le iba a pasar mi chaleco el descargó el fusil muy duro y fue cuando accionó y el fusil y yo quedé con mi chaleco en la mano, con la mano estirada y cuando ví que fue que sonaron los impactos y el cayó al piso, y por eso no alcancé a decirle lógicamente que yo le iba a decir que el fusil estaba cargado pero no me dio tiempo para decirle debido a la rapidez en que él cogió el fusil, ya que el lo cogió por la trompetilla y descargó la culata hacia el piso y ahí fue cuando se accionó el arma debido a que lo descargó muy fuerte. PREGUNTADO: Quien le dio a usted la orden de cargar el fusil y si estaba autorizado para mantener su fusil cargado. CONTESTO: Yo mismo cargué mi arma y claro el puntero está autorizado para cargar el arma y yo siempre de puntero he cargado mi arma ya que uno es el puntero (…) (se resalta).
18.8. El 5 de febrero de 2009, el Sargento Segundo Jaiver Yair Bojorge Martínez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como comandante del pelotón Cóndor 4, al que pertenecía el soldado Manuel Salvador Acosta, acudió a diligencia de declaración ante el Juzgado 55 Penal Militar, autoridad ante la que manifestó (fols. 109-112, cdno. 2):
Yo era el comandante de pelotón CÓNDOR 4 del Batallón de Alta Montaña 5, en ese momento habían dado la orden de que me desplazara al sector Valle del Cocora (…) PREGUNTADO: Diga al despacho en donde se encontraba usted en el momento que ocurrieron los hechos que finalizaron con la muerte del SLP ACOSTA BOTERO MANUEL SALVADOR. CONTESTO: Me encontraba en el sitio que se había asignado de la primera Escuadra con el radio operador que era el soldado profesional USECHE, no recuerdo el nombre donde anteriormente había mandado a realizar registro perimétrico del lugar asignado y dividí el pelotón en dos secciones, la segunda sección al mando del CP CORTÉS el sitio era llamado Morropelao (…) PREGUNTADO: Indique si usted había autorizado al soldado GÓMEZ MEDINA para tener el arma cargada y desasegurada. CONTESTO: En ningún momento. PREGUNTADO: Indique por qué motivo el SLP GÓMEZ MEDINA, cargaba el arma cargada y desasegurada. CONTESTO: Antes de retirar al personal a las áreas asignadas verifiqué que las armas estuvieran descargadas y con el dispositivo de seguridad. PREGUNTADO: Entonces por qué el SLP GÓMEZ MEDINA cargaba el arma en esas condiciones. CONTESTO: No sé porque razón el soldado GÓMEZ se encontraba de centinela y no sé por qué tenía el arma cargada. PREGUNTADO: Indique si es cierto o falso que en el Ejército está prohibido el préstamo de armas. CONTESTO: Es cierto no está autorizado el préstamo de armas. PREGUNTADO: Indique si en una labor de patrullaje un soldado puede permanecer sin el fusil de dotación. CONTESTÓ: Todos los soldados deben andar y mantener con su material asignado. PREGUNTADO: En respuesta anterior usted manifestó que se acostumbraba el intercambio de las armas entre personal que tenía la M-60 con el que tenía el fusil galil, y de acuerdo a la respuesta anterior porque permitía que esa situación se presentara. CONTESTO: Como anteriormente lo digo (sic) la M-60 es un arma pesada, de acompañamiento y pertenece a un equipo de combate integrado por cinco personas y esto se maniobra en caso de combate y de problemas de orden público, y esta arma es de un calibre diferente a la del fusil y yo en ningún momento ordené el cambio de arma, yo me enteré fue cuando escuché los tiros. PREGUNTADO: Cada cuanto prestaba el servicio de centinela el soldado ACOSTA BOTERO y si en cada turno se debía hacer intercambio de armamento. CONTESTO: Tres horas en el día y tres horas en la noche pero yo no daba la orden de intercambiar el arma y no sé si intercambiaban armas o no, yo para saber si cambiaron arma debía haber estado presente y nunca antes me enteré de que hubieran intercambiado arma (…) PREGUNTADO: Conoce usted o no el proverbio que circula en la FFMM que un arma no se dispara sola, en caso afirmativo explique de acuerdo a su disciplina militar cómo el fusil se pudo disparar solo. CONTESTO: No se no estuve presente al momento de los hechos, puestamente (sic) se presume que tuvo que haber estado cargada, desasegurada y haberse accionado el disparador. PREGUNTADO: Cómo se acciona el disparador. CONTESTO: Con el dedo presionando el disparador (…).
18.9. Mediante el oficio 2068 del 24 de marzo de 2009, suscrito por el coordinador SEPSE de la Octava Brigada del Ejército Nacional, se informó acerca del uso del cartucho de seguridad en las armas de fuego y respecto del préstamo de armas entre los soldados expresó (fol. 185, cdno. 2):
• El cartucho de seguridad es un dispositivo que se inventó para armas de fuego, para prevenir accidentes por disparos accidental (sic) dentro de la fuerza, pueden ser empleados en puestos de mando, unidades tácticas, bases fijas, compañías de instrucción, retenes y áreas de vivac, en el área de operaciones a orden y a criterio del comandante, durante actividades como servicio de guardia, centinela, seguridad, ejercicios de reacción, ceremonias.
• A los soldados profesionales de acuerdo al manual debe emplear cartucho de seguridad de arma de fuego. En puestos de mando, áreas urbanas, y dependiendo del área de operaciones.
• El soldado profesional porta el arma cargada y desasegurada cuando el enemigo está a la vista.
• El personal de soldados de cualquier unidad no está autorizado para prestarse el arma entre sí, ya que cada soldado tiene un arma asignada con acta (se resalta).
18.10. Mediante oficio 1194 del 6 de junio de 2009, suscrito por el ejecutivo y segundo comandante del Batallón de Alta Montaña 5, se allegó acta individual de armamento, de enero del 2006, por medio de la cual se hizo entrega de armamento al soldado profesional Jhon Gómez Medina, entre material relacionado, aparece el Fusil Galil calibre 5.56 mm con número de serie 03312120 (fols. 205 y 208, cdno. 2).
18.11. A través de oficio 1189 del 6 de junio de 2009, el suboficial de operaciones del Batallón de Alta Montaña 5, certificó que los soldados profesionales Jhon Jairo Gómez Medina, Javier Fernando Cruz Cárdenas y el sargento segundo “Javier Jair” Bojorge Martínez hacían parte del pelotón cóndor 4, y que para la fecha de los hechos se encontraban dentro de la misión táctica “Amperio” con el fin de garantizar la movilidad de la población, libre movilidad y gobernabilidad en el sector del área general del municipio de Salento (fols. 215, cdno. 2).
18.12. Con ocasión del fallecimiento del soldado profesional Manuel Salvador Acosta, el Batallón de Alta Montaña 5 adelantó investigación preliminar disciplinaria, dentro de la cual el 31 de agosto de 2007 rindió testimonio el señor Jaiver Yair Bojorge Martínez, quien en aquella oportunidad manifestó (fols. 234 y 235, cdno. 2):
PREGUNTADO: Indique al despacho por qué razón el soldado GÓMEZ MEDINA no revisó su arma de dotación si usted manifiesta haber desarrollado esta actividad. CONTESTÓ: No sé en qué momento había cargado el fusil después de haber sido revisado por que él estaba presente cuando yo estaba revisando el armamento. PREGUNTADO: Informe al despacho si usted como comandante de pelotón ordenó al señor soldado profesional GÓMEZ que cargara el fusil durante el desplazamiento que desarrollaron del sitio conocido como pino hermoso hasta el restaurante donde sucedieron los hechos. CONTESTÓ: No di esa orden (…) PREGUNTADO: Exactamente qué órdenes la ha impartido al personal bajo su mando sobre el porte del cartucho de la vida en el fusil y cómo usted verificaba que esta orden se cumpliera. CONTESTÓ: En cada formación y en cada desplazamiento, y se cumplía revisando las armas. PREGUNTADO: Informe al despacho cada cuánto usted pasaba revista que el cartucho de la vida se encontraba en el sitio ordenado por los altos mandos. CONTESTÓ: Al iniciación (sic) del día después de cada programa realizado por el señor HERALDO 6 y recalcándola en la orden del día.
PREGUNTADO: Indique al despacho en qué acta o cuaderno se encuentra (sic) consignadas las órdenes de carácter permanente en donde se indica el porte del cartucho de la vida. CONTESTÓ: En la orden del día y en cuaderno de reportes. PREGUNTADO: Como usted manifiesta que se revisan las armas del personal bajo su mando por qué razón el soldado GÓMEZ portaba el fusil cargado. CONTESTÓ: Después de revisar las armas no sé por qué la cargó (…)
18.13. A dicha investigación disciplinaria también se allegaron las denominadas “órdenes del día”, y entre ellas, aparece la dada el 25 de agosto de 2007 por parte del Sargento Segundo Jaiver Bojorge al pelotón Cóndor 4, así (fols. 237, cdno. 2):
BOJORGE MARTÍNEZ JAIVER YAIR, comandante pelotón Cóndor 4, emite las órdenes de carácter permanente emitidas por el señor T.C. VARGAS SÁNCHEZ JUNIOR, comandante Batallón Alta Montaña 5, así:
• Está totalmente prohibido pertenecer o integrar a grupos subversivos al margen de la ley o grupos terroristas.
• Se recalca a todo comandante a todo nivel mantener el arma cargada de igual manera al personal de soldados y tener colocado el cartucho de seguridad (…)
18.14. También se observa, que al día siguiente, el 26 de agosto de 2007, el sargento segundo Jaiver Yair Bojorge reiteró la orden de mantener instalado el denominado cartucho de la vida en las armas de dotación (fols. 238, cdno. 2):
BOJORGE MARTÍNEZ JAIVER YAIR, comandante pelotón Cóndor 4, emite las órdenes de carácter permanente emitidas por el señor T.C. VARGAS SÁNCHEZ JUNIOR, comandante Batallón Alta Montaña 5, a todo el personal de oficiales, suboficiales y soldados, así:
• Se recalca al personal sobre la utilidad del cartucho de la vida y está totalmente prohibido mantener el arma cargada.
• Se recalca las medidas de seguridad a todo nivel con el decálogo de seguridad con las armas de fuego (…).
18.15. El 4 de marzo de 2008, el comandante del Batallón de Alta Montaña 5 emitió resolución dentro de la investigación preliminar 01-01, en la que declaró que no existía mérito suficiente ni la prueba legal requerida para disponer apertura formal de averiguación disciplinaria por los hechos que dieron lugar a la muerte del soldado profesional Manuel Salvador Acosta (fols. 266-270, cdno. 2):
En el caso que hoy ocupa la atención de este comando y teniendo en cuenta las pruebas obrantes en el proceso, podemos concluir que no existe mérito para abrir investigación formal, teniendo en cuenta que el nefasto accidente se dio sin la intención de ningún agente, lo que indica que se debe aplicar el artículo 68 de la Ley 836 de 2003. Causales de exclusión de la responsabilidad previstas en el Código Penal Militar y Código Penal.
18.16. Dentro de este proceso, se practicó dictamen pericial por parte del Cuerpo Técnico de Investigación - Balística Forense, entidad que mediante informe de laboratorio 43343 del 18 de mayo de 2009 emitió dictamen respecto de las trayectorias, posible ubicación de la víctima y diagramación de las diferentes posibilidades en que se registró la muerte de Manuel Salvador Acosta (fols. 271-279, cdno. 3):
TRAYECTORIA NÚMERO 1: (…)
Mediante software especializado Vista FX2, se puede establecer que el orificio de entrada se encuentra con una cota de 1.26 metros con relación al piso, este es el resultado de restar a la estatura del occiso (1.73 mt), los 47 cm de la ubicación del orificio de entrada con relación al vertex craneal.
El orificio de salida tiene una cota de 1.53 metros con relación al piso, la cual resulta de restas de la estatura del occiso (1.73 mt), la distancia del orificio de salida al vértex craneal (20 cm), lo que genera una pendiente de 135%.
Para tener una idea de la posición del arma y tirador con respecto a la víctima, se proyecta la trayectoria desde el orificio de salida, pasando por el orificio de entrada hasta una distancia de la que se haya podio efectuar el disparo, conservando el mismo ángulo de incidencia del proyectil y por ende la misma pendiente.
Teniendo en cuenta que la pendiente es una relación porcentual entra la distancia vertical con respecto a la distancia horizontal, dividido por cien, se tiene que para esta primera trayectoria, la pendiente da 135, si este valor se divide en 100, tenemos como resultado 1.35, valor al cual sacamos la arco tangente, para obtener el ángulo vertical probable de incidencia del proyectil obteniendo como resultado 53.4711, en grados seria 53º 28`15.12”. Cuando se proyecta la trayectoria, desde el orificio de salida, atravesando por el orificio de entrada, en 1,9 metros, tenemos una altura de la boca de fuego del arma a 0.01 metros del piso. Esto en principio se entendería como el fusil clavado en el piso, con la boca de fuego por fuera 1 cm, lo que para el caso que no ocupa no es factible, porque hay que tener en cuenta la longitud del fusil, que por lo general es de 1 mt y las versiones que hablan de un contacto del arma con el piso (…)
TRAYECTORIA NÚMERO 2:
Teniendo en cuenta que la pendiente es una relación porcentual entra la distancia vertical con respecto a la distancia horizontal, dividido por cien, se tiene que para esta primera trayectoria, la pendiente da 155.56, si este valor se divide en 100, tenemos como resultado 1.5556, valor al cual sacamos el arco tangente, para obtener el ángulo vertical probable de incidencia del proyectil obteniendo como resultado 57.2651, en grados seria 53º 15` 55.86”. Cuando se proyecta la trayectoria, desde el orificio de salida, atravesando por el orificio de entrada, en 1,85 metros, tenemos una altura de la boca de fuego del arma a 0.01 metros del piso. Esto en principio se entendería como el fusil clavado en el piso, con la boca de fuego por fuera 1 cm, lo que para el caso que no ocupa no es factible, porque has que tener en cuenta la longitud del fusil, que por lo general es de 1 mt y las versiones que hablan de un contacto del arma con el piso (…) (Se resalta).
18.17. A través de oficio 7792 del 5 de noviembre de 2009, el comandante de la Octava Brigada del Ejército Nacional, allegó la siguiente respuesta relacionada con el uso del cartucho de seguridad (fols. 459-460, cdno. 3):
(…) Segundo ítem, el cartucho de seguridad o de la vida es un dispositivo de seguridad para armas de fuego diseñado en el Ejército de Colombia. Es un elemento funcional, que se instala en la recámara del arma, como para quienes ejercen el comando y control de las unidades, que no hay cartucho de guerra en la recámara, cuyo objetivo principal es preservar la integridad del combatiente en condiciones fuera de combate.
Tercer ítem: decálogo de seguridad con las armas de fuego:
1. Siempre que maneje un arma, hágalo como si estuviera cargada.
2. Nunca pregunte si un arma está cargada, cerciórese por sí mismo y no accione el disparador.
3. Nunca apunte un arma cargada o descargada a objetos a los cuales no piense disparar.
4. Controle la boca del fuego de su arma cuando sufra una caída.
5. No mezcle bebidas alcohólicas con el manejo de las armas.
6. Antes de cargar un arma revise la munición debe estar limpia y seca. Los cartuchos defectuosos casan accidentes.
7. Antes de oprimir el disparador, piense cuál será la dirección que seguirá el proyectil.
8. No dispare su arma a través de obstáculos que le impida observar que hay detrás de él.
9. Siempre mantenga su arma descargada y no la abandone donde pueda ser cogida por personas inexpertas.
10. No olvide las medidas de seguridad en el manejo de las armas de fuego. El desconocerla pone en riesgo su vida y la de los demás.
Es de aclarar que mantener cargada o descargada el arma depende de la situación de orden público, la orden de operaciones, la misión táctica que se esté desarrollando en el momento, etc.; de igual forma es de resaltar que los soldados profesionales reciben un alto entrenamiento en el uso de las armas de fuego para que se dé el manejo adecuado en el desarrollo de las operaciones y actividades militares.
Con respecto al préstamo del fusil, no es usual, en la Fuerzas Militares el préstamo de la dotación militar entre los soldados, por ello los mandos por política institucional exigen al personal no prestar su arma de dotación; en algunos eventos se puede llegar a presentar tal situación por necesidades del servicio o fuerza mayor.
18.18. El 17 de febrero de 2010, dentro de este proceso, el Cuerpo Técnico de Investigación - Balística Forense - Laboratorio Regional Zona Cafetera, rindió informe pericial, respecto de las condiciones del arma, fusil Galil 03312120, artefacto al que se le practicaron las correspondientes pruebas de caída, así (fols. 514-521, cdno. 3):
Los elementos recibidos para estudio balístico, venían correctamente rotulados y embalados en una caja de cartón, con cinta de seguridad, rótulo y su correspondiente cadena de custodia y fueron allegados mediante una secuencia ininterrumpida de custodios.
Todas las evidencias recibidas se examinaron y se identificaron de la siguiente manera:
• Un (1) Fusil IMI Galil AR calibre 5.56 mm 03312120.
• Veintidós (22) cartuchos calibre 5.56. IM.
• Un (1) proveedor metálico color negro.
• Dos (2) Vainillas calibre 5.56. mm.
NOTA ACLARATORIA: El motivo por el cual se solicita el estudio del arma, es el poder realizar pruebas de caída para ver si se dispara, por tanto se obvian los estudios comparativos (…)
OBSERVACIONES: Se encuentra en buen estado de funcionamiento. Se marcó internamente con el código F10053A (…)
Para establecer si el arma de fuego en concreto, se dispara por caída o por golpe sobre una superficie, se realizaron pruebas de caída a distintas alturas cada 30 cm hasta los 100 cm y de golpe, que se deducen con base en las narraciones de los hechos que obraban en el material que se puso a disposición dentro del informe OT 144-09. El arma se cargó con una vainilla lista para percutir y después de realizar las pruebas no se logró la percusión del fulminante de la vainilla. Producto de las pruebas por lado y lado, se deja constancia del leve hundimiento de la cabeza de la palanca de manejo (…)
Los procedimientos que se aplican en el presente informe, son aceptados por la comunidad de Peritos Balísticos Forenses de la Fiscalía, se basan en teorías aceptadas por la comunidad científica mundial (Asociación de Examinadores de Armas de Fuego y Marcas de Herramienta “AFTE”) y están basados en teorías avaladas en los protocolos y procedimientos internos que se manejan en el área de balística (…).
9.1. El arma de fuego marca IMI GALIL AR modelo 696 Nº 03312120, pertenece al calibre 5.56 mm (223 pulgadas), es de fabricación industrial con marca registrada, se encuentra apta para realizar disparos y no presenta accesorios ni dispositivos de tipo militar.
9.2. Los cartuchos motivo de estudio pertenecen al calibre 5.56 mm, son de fabricación industrial con marca registrada, se encuentran en buen estado de conservación, su calibre es compatible con el calibre del arma de fuego en estudio y no presentan proyectiles especiales. De estos cartuchos, cinco (5) fueron utilizados para comprobar el funcionamiento del arma de fuego en estudio.
9.3. Se realizaron pruebas de caída y golpe con el arma de fuego en estudio, comprobando que no se produce disparo del arma por sí sola (se resalta).
19. La Sala deberá determinar si el daño invocado en la demanda, es decir, la muerte del soldado profesional Manuel Salvador Acosta Botero, es imputable a la Nación - Ministerio de Defensa Ejército Nacional. Igualmente si como lo consideró el Tribunal Administrativo del Quindío, en el deceso pudo existir una concurrencia de culpas por el comportamiento de la víctima, relacionado con el inadecuado manejo del arma que provocó su muerte. En el evento de corroborarse la responsabilidad del Estado sin que se advierta concurrencia de culpas, se analizará si hay lugar al incremento de las sumas reconocidas por concepto de indemnización de perjuicios.
20. Para el asunto bajo análisis se encontró probado el daño, toda vez que el soldado profesional Manuel Salvador Acosta Botero falleció el 31 de agosto de 2007, en el sector rural del municipio de Salento - Quindío (v. párr. 18.1 y 18.3).
20.1. Igualmente se tiene que el deceso del mencionado militar se produjo “en misión del servicio”, pues así se certificó en constancia emitida por el director personal de Ejército el 3 de octubre de 2007 (v. párr. 18.1) y porque los hechos ocurrieron mientras el pelotón, Cóndor 4, del que hacía parte el occiso, perteneciente al Batallón de Alta Montaña 5, se encontraba ejerciendo acciones propias de la misión táctica denominada “Amperio” (v. párr. 18.11).
20.2. Adicionalmente, se aportó el correspondiente registro civil de defunción de Manuel Salvador Acosta, indicativo serial 4004092 de la Notaría Única de Salento - Quindío (fol. 16, cdno. 1), documento donde aparece como fecha del fallecimiento el 31 de agosto de 2007.
21. En cuanto a la imputación del daño a la administración, es pertinente poner de presente que en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que éste puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación:
En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia(13).
21.1. Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discute la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tienen que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez administrativo puede —en cada caso concreto— válidamente considerar que existen razones de hecho y de derecho que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.
21.2. Ahora, para el caso concreto es preciso destacar que cuando un daño es provocado con armas de dotación oficial, por regla general, es aplicable un régimen objetivo(14) por riesgo excepcional(15). No obstante, el referido título de imputación se emplea cuando quien soporta el daño es un particular, pues en el evento en que es padecido por personal que desempeña funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado, tales como los militares y agentes de policía, el escenario cambia, toda vez que, en principio, estos deben soportar los daños que constituyan la materialización de los riesgos inherentes a la misma actividad y que sólo habrá lugar a su reparación integral cuando la causa de los mismos sea constitutiva de falla del servicio(16), o cuando se somete al funcionario a un riesgo excepcional, diferente o mayor al que deban afrontar los demás miembros de la institución que ejerzan la misma actividad, por lo que para ellos el riesgo que representa el uso de las armas de fuego en condiciones normales no puede ser catalogado como excepcional. En todo caso, el funcionario y quienes hayan sufrido perjuicio con el hecho tendrán derecho a las prestaciones e indemnizaciones previamente establecidas en el ordenamiento jurídico (a forfait)(17):
a. Porfalladelservicio. A este respecto, dijo la Sala Plena en sentencia del 13 de diciembre de 1983, expediente 10.807:
“(…) No sería justo que la calidad de servidor público prive a un ciudadano del derecho de recibir la protección propia del Estado y de ser indemnizado por las fallas del servicio, bien por acción o bien por omisión”(18).
b. Cuandosesometaalfuncionarioaunriesgoexcepcional, diferente o mayor al que deban afrontar sus demás compañeros. Ha considerado la Sala que cuando se expone al funcionario a un riesgo mayor se vulnera el principio de igualdad frente a las cargas públicas y hay lugar a la indemnización plena o integral de los perjuicios causados. Así, en providencia del 3 de abril de 1997, expediente 11.187, se precisó:
“Valga precisar en cuanto al riesgo que asumen quienes se vinculan a las fuerzas armadas, que ese riesgo cobija a todos los integrantes por igual. Solo cuando alguno de ellos es puesto en circunstancias que intensifican el riesgo puede hablarse de que se rompe el principio de igualdad frente a las cargas públicas. Pero el principio de la igualdad siempre debe mirarse referidos a quienes se encuentran en condiciones de igualdad, en este caso frente a los demás miembros del cuerpo armado(19) (se resalta).
21.3. De suerte que solo en los eventos en los que el Estado omite la implementación de medidas técnicas y demás dispositivos necesarios para anular, o al menos reducir al mínimo los riesgos que implican la manipulación de objetos peligrosos, no brinda a los integrantes de esos cuerpos armados el entrenamiento suficiente o los somete a la utilización de armamento defectuoso, entre otros casos, incurre en responsabilidad por falla del servicio.
21.4. En suma, si la víctima del daño es un servidor que ejerce una función de alto riesgo relacionada con la defensa y seguridad del Estado, este debe soportar su materialización, a no ser que se advierta una falla o haya sido expuesto a un riesgo mayor al que normalmente debe afrontar.
22. Para el caso objeto de análisis, en la sentencia de primera instancia se consideró que el Ejército Nacional incurrió en falla del servicio, por cuanto advirtió una conducta omisiva de dicha entidad frente a los protocolos de seguridad que debía seguir el pelotón Cóndor 4, del que hacía parte el soldado profesional Manuel Salvador Acosta, pues no se verificó el uso del cartucho de seguridad en el arma que sus integrantes portaban e igualmente reprochó el cambio de armas entre los soldados para prestar el servicio de centinela. No obstante, el fallador de primera instancia estimó que la víctima actuó con imprudencia y contribuyó a la causación del daño al no maniobrar de manera adecuada el fusil que le fue entregado para prestar el servicio de centinela, pues este debió manipularlo “como si el arma estuviera cargada”, según lo exige el decálogo de manejo de armas.
22.1. Ante tal decisión, el Ejército Nacional, en la apelación, expuso su inconformidad en cuanto la sentencia consideró la existencia de una falla del servicio, pues el fallecimiento del soldado Manuel Salvador Acosta debió tomarse como un accidente de trabajo, pues el personal actuó conforme a las normas que rigen su actividad y no era posible exigirle a esa demandada una indemnización económica adicional a la ya establecida dentro del ordenamiento para los integrantes de las Fuerzas Militares, quienes al decidir vincularse de manera voluntaria a dicho organismo, asumen los riesgos propios de la profesión militar.
22.2. Por su parte, los demandantes manifestaron su disenso en cuanto a la presunta culpa concurrente de la víctima ya que los errores cometidos por el Estado fueron más relevantes y adecuados para la producción del daño, máxime si se considera que el soldado que prestó el fusil lo tenía montado y desasegurado y omitió instalar el cartucho de la vida en el arma que produjo el disparo.
23. Bajo este escenario, y una vez referido el panorama jurisprudencial de esta sección a propósito de daños ocasionados a militares profesionales por objetos o actividades peligrosas, la Sala analizará si los daños padecidos por los demandantes son atribuibles a la entidad demandada.
23.1. Dentro del proceso se sabe con suficiencia que la muerte del soldado profesional se produjo el 31 de agosto de 2007 en el sector rural del municipio de Salento - Quindío y en ejercicio de actos propios del servicio (v. párr. 18.1).
23.2. Se conoce que el fallecimiento de dicho militar se produjo a partir de las heridas dejadas por dos proyectiles de arma de fuego que impactaron en el tórax y que provocaron una severa destrucción cardiaca en el cuerpo de la víctima (v. párr. 18.2 y 18.3); proyectiles que provinieron del fusil, marca Galil, serial 03312120 (v. párr. 18.5), asignado por el Batallón de Alta Montaña 5 al soldado profesional Jhon Gómez Medina (v. párr. 18.10).
23.3. Ahora, respecto a las circunstancias particulares del deceso de Manuel Salvador Acosta, existen dos testigos presenciales que en sendas declaraciones rendidas bajo juramento ante la justicia penal militar coincidieron de su dicho. Se trata de los soldados profesionales Javier Cruz Cárdenas y Jhon Jairo Gómez Medina quienes relataron:
23.3.1. Que el 31 de agosto de 2007, el pelotón Cóndor 4 se encontraba, en la finca “Pino Hermoso” y luego se desplazaron hacia el sector del “Valle del Cocora”, específicamente al restaurante “Las Palmas”, donde arribaron a las 7 p.m., aproximadamente.
23.3.2. Igualmente, dijeron que al soldado profesional Jhon Jairo Gómez se le había asignado la posición de “puntero”, razón por la que tenía el fusil cargado y desasegurado. Una vez el pelotón llegó al referido restaurante se procedió al registro de la zona y comoquiera que el soldado Manuel Salvador Acosta tenía asignada una ametralladora M-60 y le correspondía prestar el servicio de centinela, este le pidió prestado el fusil al soldado Jhon Jairo Gómez quien dijo “entonces yo le presté el fusil y se los terció en el hombro derecho y al pasarle el chaleco mi arma estaba cargada y el procedió a descargar el fusil hacia el piso duro y ahí fue cuando salió el rafagaso (sic)” (v. párr.. 18.7.).
23.3.3. En sentido similar se refirió el soldado profesional Javier Fernando Cruz, al decir “entonces, ACOSTA le dijo al soldado GÓMEZ que le prestara el fusil para prestar centinela pero él no se acordaba que el fusil estaba cargado y se lo pasó desasegurado y cuando GÓMEZ le fue a pasar el chaleco a ACOSTA, ACOSTA recibió el armamento normal y soltó el fusil contra el piso y se le disparó como estaba desasegurado se le fueron dos disparos, y ahí cayó ACOSTA al piso sin conocimiento” (v. párr. 18.6).
24. En este punto, la Sala debe advertir que le otorga credibilidad a los testimonios de Javier Cruz Cárdenas y Jhon Jairo Gómez Medina en cuanto a que el fusil del que provino el disparo estaba asignado a este último, pues tal dicho concuerda con lo informado en el proceso por el Batallón de Alta Montaña 5 conforme a las actas de entrega individual de armamento (v. párr. 18.10). Igualmente merece credibilidad, el hecho de que dicha arma estaba cargada y desasegurada, ya que así lo refiere con claridad el soldado profesional Gómez Medina quien era el que efectivamente la portaba y lo corrobora el soldado Javier Cruz quien dijo presenciar los hechos.
24.1. No obstante, se considera que pese a las afirmaciones según las cuales se produjo un intercambio o préstamo de armas entre el soldado profesional Jhon Jairo Gómez Medina y el occiso Manuel Salvador Acosta, lo cierto es que está desvirtuado que el arma se hubiera disparado por el solo contacto contra el piso.
25. En este orden de ideas, debe resaltarse que contrario a lo afirmado por los soldados profesionales Javier Fernando Cruz Cárdenas y Jhon Jairo Gómez Medina, quienes dicen que el fusil se disparó por el contacto contra el piso, dentro del expediente existen dos pruebas técnicas que desmienten su dicho, así:
25.1. Acorde con el informe pericial emitido por el Laboratorio de Balística de la Seccional de Investigación del Departamento de Policía del Quindío, luego de analizadas las condiciones del fusil, marca Galil, calibre 5.56 mm, serial 03312120, se llegó a la conclusión de que dicha arma se encontraba en óptimas condiciones para efectuar disparos con munición de su mismo calibre (v. párr. 18.5).
25.2. Adicionalmente, dentro de este proceso, el Cuerpo Técnico de Investigación - Balística Forense, mediante informe de laboratorio 43343 del 18 de mayo de 2009, emitió dictamen acerca de las trayectorias, posible ubicación de la víctima y diagramación de las diferentes posibilidades en que ocurrió la muerte de Manuel Salvador Acosta.
25.3. Respecto de la trayectoria de los dos impactos de bala sufridos por el occiso, luego de los correspondientes cálculos matemáticos, concluyó el laboratorio que cuando se proyecta la trayectoria desde el orificio de salida y este atraviesa el orificio de entrada (en el cuerpo del fallecido), se tiene que la boca de fuego del arma estaría ubicada a 0.01 metros sobre el piso, lo que se interpretó como “el fusil clavado en el piso, con la boca de fuego por fuera 1 cm, lo que para el caso que nos ocupa no es factible, porque hay que tener en cuenta la longitud del fusil, que por lo general es de 1 mt y las versiones que hablan de un contacto del arma con el piso (…)” (v. párr. 18.16).
25.4. Lo anterior, significa que la versión dada por los soldados profesionales es poco creíble, ya que el estudio de las trayectorias de los proyectiles no concuerda con el hecho de que el soldado hubiere apoyado el fusil contra el suelo, dada la longitud misma del fusil, pues de ser así, la boca de fuego del arma hubiere estado apenas sobre la altura del piso, hecho poco probable dada la longitud del arma que es de 1 metro, aproximadamente.
25.5. Así, por solicitud de las partes, el referido dictamen fue objeto de ampliación y complementación mediante informe pericial del 17 de febrero de 2010, emitido por el Cuerpo Técnico de Investigación - Balística Forense - Laboratorio Regional Zona Cafetera, donde se pronunció sobre las condiciones del arma, fusil Galil 03312120, artefacto al que se le practicaron las correspondientes pruebas de caída.
25.6. Luego del respectivo análisis, los expertos corroboraron que el arma se encontraba en buen estado de funcionamiento y que después de realizar diversas pruebas para verificar si era posible que el arma, cargada y lista para percutir, podía dispararse por caída o golpe sobre una superficie desde diferentes alturas (entre 30 cm y 100 cm) se expresó que “no se logró la percusión del fulminante de la vainilla”. De ahí que la interpretación de los resultaros arrojara la siguiente conclusión: “Se realizaron pruebas de caída y golpe con el arma de fuego en estudio, comprobando que no se produce disparo del arma por si sola” (v. párr. 18.18).
25.7. En este orden, las conclusiones de estos tres dictámenes periciales, para esta Sala, son suficientes para desvirtuar lo afirmado por Jhon Jairo Gómez y Javier Fernando Cruz, en cuanto a que el fusil se hubiera disparado por contacto contra el suelo, por la sencilla razón de que dadas las condiciones y el buen funcionamiento del arma, tal situación era técnicamente imposible.
26. De esta forma, la Sala le otorga credibilidad a las conclusiones que se ponen de presenten en los referidos dictámenes, por cuanto fueron rendidos por un organismo experto en balística a partir de un procedimiento técnico científico, y toda vez que las aseveraciones que allí se insertaron fueron producto de pruebas realizadas con la misma arma con la que se produjo el deceso del señor Manuel Salvador Acosta, con equipos técnicos especializados, programas de diseño asistidos por computador y a través de procedimientos aceptados por la Comunidad de Peritos Balísticos de la Fiscalía y por la comunidad científica mundial, tal como se deriva del contenido dichas experticias; además, se trata de unos dictámenes que fueron puestos en conocimiento de las partes, el primero de ellos, por parte del Juzgado 55 de Instrucción Penal Militar, y los demás por el Tribunal Administrativo del Quindío mediante auto del 2 de marzo de 2010 (fl. 522, cdno. 3), sin que se hubiera formulado objeción alguna.
27. El recaudo probatorio lleva a esta Sala a concluir que es poco consistente la versión, según la cual el deceso del señor Manuel Salvador Acosta se produjo en la forma como lo expresaron los soldados profesionales Javier Fernando Cruz y Jhon Jairo Gómez Medina, esto es, producto de un disparo accidental del arma.
27.1. Nótese que no solo los aludidos dictámenes dan cuenta de que un arma en buen funcionamiento no puede disparase por sí sola, sino que también los mismos militares, por regla de la experiencia, consideran que para que un fusil pueda dispararse es necesario que este, aparte de encontrarse cargado y desasegurado, sea accionado mediante el disparador, así lo confirmó el sargento segundo Jaiver Jair Bojorge Martínez el 5 de febrero de 2009, persona entrenada en el manejo de armas de fuego, quien en testimonio rendido ante el Juzgado 55 de Instrucción Penal Militar refirió: “PREGUNTADO: Conoce usted o no el proverbio que circula en la FFMM, que un arma no se dispara sola, en caso a formativo explique de acuerdo a su disciplina militar cómo el fusil se pudo disparar solo. CONTESTO: No sé, no estuve presente al momento de los hechos, puestamente (sic) se presume que tuvo que haber estado cargada, desasegurada y haberse accionado el disparador. PREGUNTADO: Cómo se acciona el disparador. CONTESTO: Con el dedo presionando el disparador” (v. párr. 18.8).
28. Vistos así los hechos, no puede inferirse que el deceso del soldado profesional Manuel Salvador Acosta se haya producido como consecuencia de una circunstancia súbita e inesperada(20) o a un mero accidente, sino a situaciones indicativas de una falla del servicio por las razones que a continuación se exponen:
28.1. Como puede extraerse fácilmente de los hechos probados, se avizora desatención a la directriz del Ejército Nacional en cuanto a la utilización del denominado cartucho de seguridad o cartucho de la vida para efectos de garantizar la integridad de los militares en condiciones fuera de combate.
28.2. Así, dentro del proceso está comprobado que para la época de los hechos, año 2007, el Ejército Nacional ya había adoptado el uso del cartucho de seguridad como dispositivo ideado por dicha institución para prevenir incidentes por disparos accidentales, dispositivo que debe ser usado por puestos de mando, unidades tácticas, bases fijas, compañías de instrucción, retenes o áreas de vivac(21), e inclusive en áreas de operaciones y durante actividades que incluyen el servicio de guardia, centinela, seguridad, ejercicios de reacción y ceremonias, tal como lo informó mediante oficio allegado a este proceso por el coordinador SEPSE de la Octava Brigada del Ejército Nacional (v. párr. 18.9).
28.3. Vale destacar, que en el referido comunicado, el Ejército Nacional también resaltó que era deber de los soldados profesionales hacer uso del cartucho de seguridad, excepto en los casos en que se tuviera el enemigo a la vista, pues en tal evento sí es posible portar el arma cargada y desasegurada (v. párr. 18.9).
28.4. En efecto, se avizora que para el año 2006, el Comando del Ejército Nacional, mediante la Directiva Transitoria 0001/2006, impartió instrucciones referentes a las planeación, ejecución y control de las campañas y demás actividades que se debían desarrollar en las unidades del Ejército durante ese año para prevenir accidentes con arma de fuego, municiones, explosivos, y reducir la tasa de muertos y heridos fuera de combate. Entre las disposiciones allí adoptadas se previó: “Consolidar el Cartucho de la Vida en el Ejército: a) Garantizar el suministro en las unidades, b) todo cuadro debe conocer el vídeo y la ficha técnica, c) todo cuadro debe controlar y exigir su uso permanente, d) la DIPSE debe estudiar y mejorar el proyecto y hacerlo extensivo a otro tipo de armas” (se resalta).
28.5. Tal como lo reseñó la primera instancia, el cartucho de seguridad consiste en un cartucho inerte (sin agente expulsor, sin pólvora y sin ojiva) con una palanca en su cuerpo que se instala en la recamara del arma que facilita el control e indica al portador y a quienes ejercen el comando y control de las unidades que no hay cartucho de guerra en la recámara.
28.6. De esta forma, se trata de una medida tendiente a enfrentar los accidentes provocados por los denominados “tiros idos”, que según lo relata el a quo, en el año 2005 dejaron 366 muertos en guarniciones o unidades de patio de policías militares y batallones de infantería (fol. 208, cdno. 4), dispositivo que en todo caso, no retrasa la acción de los soldados en una emergencia ya que desmontarlo para alistar el fusil para disparar solo tarda dos segundos.
28.7. En el asunto estudiado, se tiene que la implementación del cartucho de seguridad no era una medida ajena al pelotón Cóndor 4 al que pertenecía el soldado profesional Manuel Acosta, ya que al expediente se anexaron las denominadas “órdenes del día” dadas a los integrantes de dicho pelotón por su comandante, el sargento segundo Jaiver Bojorge, y entre estas destacan las del 25 y 26 de agosto de 2007, emitidas tan solo cuatro días antes del accidente, en donde se recalcó, que por disposición permanente del comandante del Batallón de Alta Montaña 5, todo el personal, incluidos los soldados profesionales, debían mantener “colocado el cartucho de la vida” y que “está totalmente prohibido mantener el arma cargada” (v. párr. 18.13 y 18.14).
28.8. La referida orden era perfectamente clara para los soldados del pelotón Cóndor 4, tanto que en declaración rendida por el soldado profesional Jhon Jairo Gómez Medina ante el Juzgado 55 de Instrucción Penal Militar, quien dice haberle prestado el arma al fallecido Manuel Acosta, expresó “antes de salir hacia Cocora mi sargento BOJORGE nos dio la orden de revisar las armas y debíamos poner el cartucho de seguridad”, no obstante, relata que por ser el “puntero” cargó el arma “porque como se sabe yo soy el que iba adelante y el que tengo que alertar al pelotón en caso de que vea algo por ejemplo guerrilla” (v. párr. 18.7).
28.9. Lo anterior concuerda con lo dicho, justamente, por el sargento segundo Jaiver Yair Bojorge Martínez, quien para el día de los hechos se desempeñaba como comandante del pelotón Cóndor 4 y que en declaración dada el 5 de febrero de 2009 ante el Juzgado 55 de Instrucción Penal Militar, ante la pregunta de si había autorizado al soldado Gómez Medina para que mantuviera cargada y desasegurada el arma contestó: “en ningún momento (…) antes de retirar el personal a las áreas asignadas verifiqué que las armas estuvieren descargadas y con el dispositivo de seguridad. PREGUNTADO: Entonces por qué el SLP GÓMEZ MEDINA cargaba el arma en esas condiciones. CONTESTÓ: No sé porque razón el soldado GÓMEZ se encontraba de centinela y no sé por qué tenía el arma cargada” (v. párr. 18.8.).
28.10. De ello se advierte, que pese a las órdenes dadas por el comandante del pelotón Cóndor 4, el soldado Jhon Jairo Gómez, para el momento de los hechos, tenía el arma cargada y desasegurada, so pretexto de ser el “puntero”. No obstante, se trata de un comportamiento contrario al ordenado por el comando del Ejército Nacional, según el cual, todo soldado debe mantener instalado el cartucho de seguridad, excepto cuando tenga el enemigo a la vista; y de lo probado no se advierte que para el momento en que el soldado Manuel Salvador Acosta fue herido el pelotón tuviere a la vista algún objetivo militar o estuviere bajo amenaza por la presencia de algún grupo al margen de la ley. Luego, no hay elementos que justifiquen que el soldado Jhon Gómez tuviera el arma cargada y desasegurada, lo que da cuenta de una clara falla del servicio que se materializa en este caso por el comportamiento irregular de unos de los agentes del Ejército Nacional.
29. Corroborada la existencia de una falla del servicio, debe decirse que esta fue determinante en la producción del daño, pues este no se habría producido si el fusil asignado al soldado profesional Jhon Jairo Gómez hubiera tenido instalado el cartucho de seguridad cuyo uso era obligatorio, siendo que en el presente caso, se comprobó que el mencionado fusil se encontraba cargado y desasegurado, lo que ciertamente pudo provocar que este se disparara fácilmente, pero en circunstancias distintas a las relatadas por los militares y que estos se abstuvieron de revelar, ya que, como se dijo, no es creíble la versión de que hubiera sido por el solo contacto del arma contra el piso.
30. Ahora, el Tribunal Administrativo del Quindío, en la sentencia objeto de recurso, estimó que pese a la demostración de una falla del servicio, igualmente existe una culpa concurrente de la víctima que implica una distribución equitativa de las consecuencias del hecho dañoso, por cuanto, en su parecer, el soldado profesional Manuel Acosta Botero contribuyó a la causación de su propio daño al no maniobrar el fusil que le fue prestado como si estuviera cargado, ya que de manera imprudente lo dejó caer contra el suelo, razón por la que este se accionó y se produjo el disparo.
30.1. Frente a lo anterior, la Sala resalta lo dicho supra, ateniente a que no es verosímil la versión de los soldados profesionales, según la cual el arma se disparó al golpear contra el suelo, ya que se recaudaron pruebas que son contestes en indicar que el fusil en cuestión se encontraba en buen estado de funcionamiento y que no era técnicamente posible que se hubiere disparado por sí solo. De esta manera, no se aparece acreditado que la víctima hubiere participado causalmente en el daño que se produjo.
31. En resumen, para la Sala existen pruebas suficientes que llevan consigo a inferir una falla del servicio atribuible a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y que, contrario a lo estimado por la primera instancia, descartan un concurrencia de culpas que impliquen la disminución de la condena, por cuanto: (i) Los testigos que declararon ante el Juzgado 55 de Instrucción Penal Militar (los militares compañeros de la víctima) aceptaron que el arma de dónde provino el disparo estaba cargada y desasegurada; (ii) lo anterior, evidencia una falla del servicio atribuible al Ejército Nacional, porque contraviene la directiva emanada de la misma institución, conforme a la cual, las armas deben tener instalado el respectivo cartucho de seguridad en todo momento, excepto cuando las tropas tengan el enemigo a la vista; (iii) no son verosímiles las aseveraciones de los soldados Jhon Jairo Gómez Medina y Javier Fernando Cruz Cárdenas, conforme a las cuales el disparo se produjo al golpearse el arma contra el suelo, dado que obra prueba técnica que descarta que el arma pudiera dispararse en tal circunstancia; y (iv) está debidamente acreditado que los proyectiles que impactaron la humanidad provinieron de un fusil de dotación oficial de las fuerzas militares, asignado a otro militar, por lo que no hay prueba de la causal excluyente de responsabilidad de culpa de la víctima.
31.1. Así las cosas, comoquiera que Manuel Salvador Acosta resultó muerto en servicio por una falla atribuible a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional sin que se hubiera demostrado con suficiencia que el fallecimiento se produjo por culpa exclusiva de la víctima o que esta hubiera contribuido a su causación, se tiene que dicha entidad es administrativamente responsable de los daños sufridos a los demandantes y, en consecuencia, está llamada a reparar la totalidad de los perjuicios sufridos por los actores. En ese sentido, se modificará la sentencia del 18 de agosto de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío.
32. Concerniente al daño moral por el deceso de Manuel Salvador Acosta, se encuentra que el Tribunal Administrativo del Quindío dijo que por tal concepto era menester reconocer 80 SMLMV a la madre, hija y compañera permanente de la víctima; y 40 SMLMV a los hermanos y abuelos. Suma que debido a la disminución de la condena en un 40% por virtud de la concurrencia de culpas quedó en 48 SMLMV para la cónyuge y familiares en primer grado de consanguinidad y en 24 SMLMV para los demás.
32.1. Dicho aspecto fue objeto de apelación por la parte demandante quien solicitó su incremento, no solo porque no estuvo de acuerdo con que el a quo considerara la existencia de una concurrencia de culpas, sino también porque, en su parecer, no está acorde con el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, según el cual la indemnización debe ser mayor en estos casos.
32.1(sic). Al respecto, se resalta que el daño moral se entiende como el dolor y aflicción que una situación nociva genera y se presume en relación de los familiares cercanos de quien ha sufrido una grave afectación en sus condiciones de salud o ha perdido la vida.
32.2. De esta forma, ante la imposibilidad de cuantificar el daño moral, la jurisprudencia ha establecido un tope monetario para la indemnización de dicho perjuicio, que se ha tasado, como regla general, en el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales cuando el daño cobra su mayor intensidad, caso correspondiente al padecimiento sufrido por las propias víctimas o por quienes acrediten relaciones afectivas propias de las relaciones conyugales y paterno-filiales (primer grado de consanguinidad) con la víctima que ha perdido la vida. En cuanto a los demás ordenes de parentesco, se ha establecido que la cuantía de la indemnización debe corresponder a un porcentaje de ese límite. Así se estableció en sentencia de unificación de esta Sección(22):
32.3. Así, la indemnización que se pagará a los demandantes, familiares de Manuel Salvador Acosta Botero, por el daño moral padecido debido a su fallecimiento, será la siguiente:
32.4. Para la madre, la señora Rosalba Botero Pineda; su ex-compañera permanente, la señora Francia Alejandra Cardona Rincón; y su hija, Nicole Manuela Acosta Córdoba, la cantidad de 100 SMLMV, para cada uno.
32.5. De otra parte, a los hermanos de la víctima: Mauricio Andrés Pérez Botero y José Snehider Acosta Botero; y a su abuela María Alicia Botero, le serán reconocidos 50 SMLMV, para cada uno.
32.6. Finalmente, se destaca que si bien la primera instancia le otorgó al señor Luis Enrique Pineda la calidad de abuelo del señor Manuel Salvador Acosta Botero, lo cierto es que en esta instancia tal condición no fue acreditada por no haberse aportado prueba de su relación de consanguinidad, no obstante, como se advirtió en al momento de verificar la legitimación en la causa por activa, se evidenció su calidad de tercero damnificado (v. párr. 14.1 a 14.6) y en tal condición le serán reconocidos 15 SMLMV por concepto de perjuicio moral.
33. En relación con los daños materiales, se tiene que estos fueron reconocidos en la primera instancia en la modalidad de lucro cesante, consolidado y futuro, para la compañera permanente, señora Francia Alejandra Córdoba Rendón y para la hija Nicole Manuela Acosta Córdoba, en razón de $ 81.051.456 para la primera y $ 66.077.978, que por virtud del descuento del 40% por efecto de la concurrencia de culpas, arrojó $ 48.630.873 y $ 39.645.587, respectivamente.
33.1. La condena por perjuicios materiales será modificada en este caso, pues como se vio en precedencia no hay lugar a descuentos por razón de la concurrencia de culpas.
33.2. Igualmente, en cuanto a la tasación del señalado perjuicio la Sala advierte que el a quo erró al momento de hacer la liquidación que le correspondía a los actores en varios aspectos, toda vez que: 1. si bien tomó como base para liquidar el salario base devengado por el occiso para el año 2007 ($ 607.000), y tal rubro fue actualizado para el momento de la sentencia, cantidad a la que agregó el 25% que se presume el occiso tenía por prestaciones sociales, y a dicho monto le restó el 25% como presunción de lo que el fallecido utilizaba para su propio sostenimiento, lo cierto es que aparece constancia del valor promedio que el señor Manuel Salvador Acosta devengaba en su condición de soldado profesional, monto que incluye factores prestacionales como primas de antigüedad y bonificación por orden público, de manera que el promedio del salario devengado para el año en que dicha persona murió, incluidas las prestaciones, ascendía a $ 755.220(23); 2. en los cálculos no existe claridad respecto de cuál fue la edad que se tomó como esperanza de vida del occiso; 3. se advierte que el resultado del cálculo del lucro cesante futuro fue dividido en un 50% para la compañera supérstite (hasta el fallecimiento del señor Manuel Acosta) y el otro 50% para la hija (hasta cuando cumpliera 25 años), no obstante, se trata de una operación matemática que no se aviene a lo dispuesto por esta corporación en la sentencia de unificación de la Sección Tercera del 22 de abril del 2015(24), relativa al acrecimiento para los integrantes de un grupo familiar que deja de recibir ayuda por parte de una persona fallecida, así:
A los integrantes del grupo familiar que dejaron de percibir la ayuda económica del fallecido se les liquidará el lucro cesante con el acrecimiento al que tienen derecho, por el hecho de extinguirse la concurrencia de cada uno de los demás miembros que limitaba la participación en los recursos destinados a la satisfacción de las necesidades del núcleo familiar.
A esos efectos se fijan las cuotas de participación de forma que, alcanzada la edad en que de ordinario se logra la independencia económica de los hijos no discapacitados o agotado el tiempo de la expectativa de vida, la participación dejada de percibir por cada uno se reparte entre los restantes a los que, conforme con las reglas de la liquidación, aún les asiste el derecho a la porción y así sucesivamente. Se debe tener en cuenta, además, que a partir de la fecha en que todos los hijos alcanzan la autonomía económica, el trabajador habría aumentado las reservas para sus propias necesidades. Y, en esas circunstancias, la distribución será del 50% de los ingresos totales para cada consorte, cónyuge o compañero(a), siendo este porcentaje la proporción que se reconocerá al cónyuge supérstite, a partir de entonces(25).
33.3. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala procederá a reliquidar la indemnización otorgada por lucro cesante a los demandantes, siguiendo los criterios de liquidación de la sentencia precitada, que indica:
3) Con la renta actualizada (Ra) se calcula la renta destinada a la ayuda económica para el grupo familiar, dejada de percibir por el fallecido, durante el tiempo consolidado (Rc) y el tiempo futuro (Rf), aplicando las fórmulas acogidas por la jurisprudencia vigente (…).
4. Luego, se distribuye entre los actores beneficiarios la renta dejada de percibir por el fallecido durante el tiempo consolidado (Rc) y el tiempo futuro (Rf), teniendo en cuenta i) el periodo durante el que cada uno de ellos la habría percibido; ii) que de existir cónyuge o compañero(a) supérstite e hijos, se asigna el 50% del lucro cesante para el primero, la otra mitad a los hijos por partes iguales y, siendo único beneficiario, al cónyuge o compañero(a) supérstite se le asigna el 50% de la renta dejada de percibir por el trabajador y iii) que la porción dejada de percibir por uno de los beneficiarios acrecerá, por partes iguales, las de los demás. Al efecto, se halla el valor de la renta a distribuir (Vd) como lucro cesante entre los beneficiarios, en cada uno de los periodos en los que debe hacerse el acrecimiento, dividiendo el valor de la renta dejada de percibir —(Rc) o (Rf)— por el tiempo consolidado o futuro —(Tcons) o (Tfut)—, según corresponda y multiplicando el resultado por el número de meses del periodo en el que se va a distribuir (Pd). En los cálculos se utilizarán cifras con dos decimales, salvo en el caso del interés legal señalado.
33.4. Así las cosas, lo primero a determinar será el ingreso base de liquidación, de manera que se procederá a actualizar, hasta la fecha del presente fallo lo que en promedio devengaba Manuel Salvador Acosta para el año 2007, esto es, la suma de $ 755.220, así:
Vp = 1.132.419
33.5. De esta forma, a dicho resultado no le será sumado el 25% de prestaciones sociales, pues ya están incluidas, pero sí se restará el 25% como presunción de lo que el fallecido utilizaba para su propio sostenimiento, por lo que el guarismo resultante es de $ 849.314, que será la suma a tener en cuenta como base para liquidar el lucro cesante futuro y pasado.
34. En este orden de ideas, para el cálculo del lucro cesante consolidado, se considerará el tiempo transcurrido desde el fallecimiento del señor Manuel Salvador Acosta, el 31 de agosto de 2007, hasta la fecha de esta providencia, el 3 de agosto de 2017, que se traduce en 119,16 meses. El cálculo es el siguiente:
i= Es la constante del interés puro o técnico: 0.004867
n= número de meses a indemnizar: 119.16
VA = es el valor actual: 849.314
S = 849.314 x 160,970121
S = $ 136.714.177
34.1. Entonces, durante el tiempo consolidado (119,16 meses) los parientes del fallecido dejaron de percibir una renta total de $ 136.714.177 destinado al apoyo que el compañero y padre habría brindado a su grupo familiar, si viviese.
34.2. Acto seguido, se procederá a liquidar el lucro cesante futuro, teniendo en cuenta que Manuel Salvador Acosta Botero para la fecha de su fallecimiento contaba con 23 años de edad(26) y que conforme a la resolución 112 de 29 de junio de 2007, la vida probable restante era de 51.88 años, los cuales representan en meses un total de 622,56, a los que se les resta el tiempo del lucro consolidado (119,16), quedando un periodo a indemnizar de 503,4 meses, los cuales se liquidarán así:
i = Es la constante del interés puro o técnico: (0,004867)
n = (Tfut) a número de meses a indemnizar: 503,4 meses
S = 849.314 * 187,6302035
S = 159.356.958
34.3. Con estos cálculos se procederá a obtener el lucro cesante con acrecimiento, distribuyendo los valores de la renta calculada en los periodos de acrecimiento.
35. Distribución del lucro cesante con acrecimiento. Para la distribución entre los beneficiarios con derecho se debe tener en cuenta que: i) la compañera supérstite (Francia Alejandra Córdoba Rendón) hubiera recibido la ayuda hasta la expectativa de vida del occiso que era inferior a la suya, también es menor el periodo faltante para que la hija no discapacitada cumpliera la edad de 25 años y, ii) para la fecha de fallecimiento del señor Manuel Salvador Acosta Botero, su hija Nicole Manuela Acosta Córdoba(27), aún no habían cumplido 25 años de edad, razón por la cual, conforme a la jurisprudencia de unificación(28), tan pronto la hija cumpla los 25 años de edad, esto es cuando la línea temporal extinga el derecho para ella, la indemnización que deja de corresponderle se revierte o acrece al resto de los beneficiarios.
35.1. Siendo así, conforme quedó establecido ut supra, el tiempo máximo a liquidar es de 622,56 meses (Tmax), de los cuales se toman 119,16 como lucro cesante consolidado (Tcons) y los restantes 503.4 como lucro cesante futuro (T fut).
35.2. Entonces, durante los primeros 119,16 meses de lucro cesante consolidado (Pd1), lapso en el cual Nicole Manuela Acosta Córdoba aún no cumple 25 años de edad, se asignará la mitad de la renta consolidada dejada de percibir por el fallecido en ese periodo a Francia Alejandra Córdoba Rendón (compañera), y la otra mitad a la referida hija del occiso, de esta forma:
T cons: $ 136.714.177,73
Francia Alejandra Córdoba Rendón $ 68.357.088 (50%)
Nicole Manuela Acosta Córdoba $ 68.357.088 (50%)
35.3. Por su parte, en los 503.4 meses de lucro cesante futuro, faltantes para completar la expectativa de vida posible del fallecido, la asignación es la siguiente:
35.4. En los primeros 175 meses de lucro cesante futuro (Pd2), mientras la hija del occiso, Nicole Manuela Acosta Córdoba alcanza los 25 años de edad(29), se asigna el valor de la renta consolidada a distribuir (Vd) en ese periodo, o sea:
Vd = (S/Tfut) x Pd1
Vd = $ 55.322.252,6.
35.5. Es decir que el valor de la renta consolidada a distribuir en el primer periodo, de 174,76 meses, es de $ 55.322.252,6. De los cuales se asigna el 50% a la compañera supérstite, señora Francia Alejandra Córdoba Rendón, esto es, la suma de $ 27.661.126,3 y la otra mitad a la hija Nicole Manuela Acosta Córdoba.
35.6. Finalmente, en los últimos 328,64 meses de lucro cesante futuro (Pd3), en el periodo comprendido entre la fecha en que la hija Nicole Manuela Acosta Córdoba cumple 25 años y el tiempo restante de vida probable de Manuel Salvador Acosta, se asigna el valor de la renta consolidada a distribuir (vd) en ese periodo:
Vd = (S/Tfut) x Pd2
Vd = $ 104.034,705
35.7. Así, conforme a las reglas jurisprudenciales antes anotadas, en los 328,73 meses de lucro cesante futuro (Pd3), faltantes para completar la expectativa de vida del fallecido, se asigna a la compañera supérstite la mitad del valor de la renta futura a distribuir (Vd) en ese periodo, esto es, la suma de $ 52.017,352, sin en este último periodo se le reconozca suma alguna a la hija Nicole Manuela Acosta Córdoba, pues esta ya superaría la edad de 25 años.
35.8. En síntesis, la liquidación del lucro cesante futuro es el siguiente:
Futuro primeros 175 meses (Pd2) Futuro últimos 328,73 meses (Pd3) Total Lucro cesante futuro
Valor de la renta a distribuir (Vd) $ 55.322.252,6 $ 104.034.705
Nicole Manuela Acosta Córdoba (h) $ 27.661.126,3 $ 0,00 $ 27.661.126,3
Francia Alejandra Córdoba Rendón (h) $ 27.661.126,3 $ 52.017.352 $ 79.678.478,3
Incremento para reservas del fallecido. Valor no acrecido (50%) $ 0,00 $ 52.017.352 $ 52.017.352
Total renta distribuida $ 55.322.252,6 $ 104.034.705 $ 159.356.958
35.9. En suma, a Francia Alejandra Córdoba Rendón, en calidad de compañera supérstite de Manuel Salvador Acosta Botero, le serán reconocidos $ 68.357.088 por lucro cesante consolidado y $ 79.678.478 por lucro cesante futuro, para un total de $ 148.035.566. Y para Nicole Manuela Acosta, en calidad de hija, las sumas de $ 68.357.088 por lucro cesante consolidado y $ 27.661.126 por lucro cesante futuro, para un total de $ 96.018.214.
36. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente asunto, la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes en el presente trámite, de manera que se abstendrá de condenar por ese concepto.
MODIFÍQUESE la sentencia del 18 de agosto de 2011, dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío. En su lugar se dispone:
1. DECLÁRASE administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por la muerte del soldado profesional Manuel Salvador Acosta Botero en hechos acaecidos el 31 de agosto de 2007.
Perjuicios morales: (i) A favor de la señora Rosalba Botero Pineda, Francia Alejandra Cardona Rincón y Nicole Manuela Acosta Córdoba, la cantidad de 100 SMLMV, para cada una; (ii) para Mauricio Andrés Pérez Botero, José Snehider Acosta Botero y María Alicia Botero, 50 SMLMV, para cada uno; y (iii) a favor de Luis Enrique Pineda, el equivalente a 15 SMLMV. Para este efecto deberá tenerse en cuenta el salario mínimo vigente en el año de ejecutoria de esta providencia.
Perjuicios materiales: (i) A favor de Francia Alejandra Córdoba Rincón la suma de ciento cuarenta y ocho millones treinta y cinco mil quinientos sesenta y seis pesos ($ 148.035.566), a título de lucro cesante consolidado y futuro; (ii) y a favor Nicole Manuela Acosta Córdoba, la suma de noventa y seis millones dieciocho mil doscientos catorce pesos, por concepto de lucro cesante consolidado y futuro ($ 96.018.214).
1 En vista de que el recurso de apelación se presentó en vigencia del artículo 3º de la Ley 1395 de 2010, esto es, el 6 de septiembre de 2011, para efectos de la determinación de la cuantía se tiene en cuenta “el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda”.
2 Acorde con la demanda radicada el 3 de agosto de 2008, la sumatoria de las pretensiones, incluido el perjuicio moral, ascendió a 1.192.779.375 (fol. 59, cdno. 1). Comoquiera que para la fecha de la apelación (mar. 22/2011) estaba vigente la Ley 446 de 1998, se aplica el artículo 40.6, que disponía como cuantía necesaria para que un proceso de reparación directa fuera de doble instancia la cantidad de 500 SMLMV, que para el año 2008 correspondían a $ 230.000.000.
3 En la copia auténtica del registro civil de nacimiento de Manuel Salvador Acosta Botero, de la Notaría Única del Círculo de Zarzal, indicativo serial 8414568, aparece que es hijo de Rosalba Botero (fol. 11, cdno. 1).
4 En la copia auténtica del registro civil de nacimiento de Mauricio Andrés Pérez Botero, de la Notaría Sexta del Círculo de Santiago de Cali, aparece que también es hijo de la señora Rosalba Botero (fol. 8, cdno. 1).
5 Tal como consta en el registro civil de nacimiento, serial 10575649, de la Notaría Única del Círculo de Zarzal, se evidencia que José Snehider Acosta Botero igualmente es hijo de Rosalba Botero (fol. 12, cdno. 1).
6 Según consta en el registro civil de nacimiento de la señora Rosalba Botero, madre de Manuel Salvador Acosta Botero, donde figura que dicha señora es hija de Alicia Botero (fol. 13, cdno. 1).
7 Así aparece en el registro civil de nacimiento, indicativo serial 39272708 de la Notaría Única de Zarzal - Valle (fol. 16, cdno. 1).
8 El artículo 213 del Código Civil, modificado por el artículo 1º de la Ley 1060 de 2006, sobre la presunción de legitimidad, dispone: “El hijo concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho tiene por padres a los cónyuges o compañeros permanentes, salvo que se pruebe lo contrario en un proceso de investigación o de impugnación de paternidad”.
9 Es del caso resaltar que la copia que se aportó del registro civil de matrimonio de los señores Luis Enrique Pineda y Alicia Botero se introdujo una nota donde se expresó: “Los contrayentes declaran que en virtud de este matrimonio quedan debidamente legitimados sus hijos”, sin especificar cuáles. Pese a que tal nota deviene de lo consagrado en el artículo 238 del Código Civil, según el cual “el matrimonio de los padres legitima también ipso jure a los que uno y otro hayan reconocido como hijos naturales de ambos, con los requisitos legales”, debe aclararse que el término “legitimación” ha sido considerado por la Corte Constitucional contrario a los valores de la Constitución Política (ver. Sent. C-310/2004) y no refiere más que a la filiación surgida dentro del matrimonio o fuera de él, esto es, para distinguir a los hijos matrimoniales de los extramatrimoniales, sin que de la mal llamada legitimación se desprenda, per se, un acto de reconocimiento de la filiación, más aún cuando el mencionado artículo 238 señala que la “legitimación” ipso iure solo opera cuando ambos contrayentes, de manera previa, hayan reconocido a sus hijos nacidos antes del matrimonio, como hijos naturales de ambos, sin que esta última circunstancia aparezca acreditada. Vale destacar que el Código Civil en el artículo 239, también consagra la legitimación expresa, conforme a la cual “es necesario que los padres designen en el acta de matrimonio, o en escritura pública, los hijos a quienes confieren este beneficio”. Aparte de lo anterior, se destaca que según los artículos 5º, 44, 58, 60 y 112 del Decreto 1260 de 1970, el reconocimiento de hijos extramatrimoniales (antes indebidamente denominados naturales) debe estar debidamente inscrito en el correspondiente registro civil de nacimiento, previo a la aceptación expresa de la paternidad del presunto padre mediante “diligencia de reconocimiento” o por decisión judicial en firme, situación que no aparece demostrada dentro del presente expediente respecto de la supuesta filiación existente entre Luis Enrique Pineda y la señora Rosalba Botero, madre del occiso Manuel Salvador Acosta Botero.
10 Según se lee en el registro civil de defunción, indicativo serial 04004092 de la Notaría Única de Salento - Quindío (fol. 16, cdno. 1).
11 Cfe. Consejo de Estado - Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 11 de septiembre de 2013, expediente 20601, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
12 Certificado emitido por el director de personal del Ejército, Coronel Emilio Enrique Torres Ariza, el 3 de octubre de 2007 (fol. 132, cdno. 2).
13 Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, expediente 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, expediente 23219, C.P. Hernán Andrade Rincón.
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de marzo de 2014, radicación 31611, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
15 A este respecto, la corporación ha sostenido: “[p]ara efectos de determinar la responsabilidad, resulta irrelevante el análisis de la licitud o ilicitud de la conducta asumida por los agentes estatales, como quiera que es suficiente para imputar el daño antijurídico, a título de riesgo excepcional, la demostración de que este fue causado por el artefacto o por la realización de la actividad peligrosa cuya guarda se encontraba a cargo del Estado”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 28 de 2010, radicación 19160, C.P. Enrique Gil Botero.
En el mismo sentido, se ha precisado lo siguiente: “[E]n efecto, la administración debe responder siempre que produzca un daño con ocasión del ejercicio de actividades peligrosas o la utilización de elementos de la misma naturaleza, como lo es la manipulación de las armas de fuego de las cuales están dotadas algunas autoridades por razón de las funciones a ellas encomendadas, tales como la Policía Nacional, el DAS, o el Ejército Nacional, pues el Estado asume los riesgos a los cuales expone a la sociedad con la utilización de tales artefactos peligrosos. En virtud de ese título de imputación objetivo, el demandante tiene el deber de probar la existencia del daño y el nexo causal entre éste y una acción u omisión de la entidad pública demandada, para que se pueda deducir la responsabilidad patrimonial, sin entrar a analizar la licitud o ilicitud de la conducta del agente, la cual resulta irrelevante. A su vez la Administración, para exonerarse de responsabilidad, deberá acreditar la presencia de una causa extraña, como el hecho exclusivo de la víctima, la fuerza mayor o el hecho exclusivo y determinante de un tercero”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de noviembre 11 de 2009, radicación 17927, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, expediente 19 900, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 5 de diciembre de 2006, expediente 20 621 M.P. Ruth Stella Correa Palacio y de 10 de agosto de 2005, expediente 16.205, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
18 Se verificó también la inexistencia de dicha falla, entre otras, en sentencias del 12 de diciembre de 1996, expediente 10.437; del 28 de agosto de 1997, expediente 10.021 y del 3 de mayo de 2001, expediente 12.338.
19 Consejo de Estado, Sentencia de 25 de julio de 2002, expediente 14.001, Actor: Luz Dary Suaza Castrillón y otros.
20 El Consejo de Estado ha declarado administrativamente responsable al Estado en casos en los cuales se advierte que las lesiones o muerte provocada a agentes militares se han provocado de manera accidental, verbigracia en la sentencia del 9 de abril de 2014, radicación 29587, la Sección Tercera, Subsección “A”, en un caso donde un soldado voluntario resultó herido por una arma de dotación oficial, consideró: “En línea con lo anterior, en el asunto sub judice se declarará la responsabilidad patrimonial de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional toda vez que el daño que sufrió el militar profesional aludido fue causado con un fusil de dotación oficial, como consecuencia de una circunstancia absolutamente súbita e inesperada, cuestión que indudablemente lo sometió a un riesgo superior a los que normalmente debía afrontar como consecuencia de las acciones u omisiones imputables al Estado”.
21 Según lo define el diccionario de la Real Academia de la Lengua, por “vivac” se entiende: “1. m. Campamento, especialmente militar, instalado de manera provisional para pasar la noche al raso; 2. Acampada al aire libre”.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, expediente 27709, M.P. Carlos Alberto Zambrano,
23 Así se desprende del formato de liquidación de servicios diligenciado por la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional el 3 de octubre de 2007 (fol. 132, cdno. 2).
24 Sentencia de unificación de jurisprudencia del 22 de abril de 2015 CE-SUJ-3-001 de 2015, expediente 19.146, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 15 de abril de 2015, expediente 19146, CE-SUJ-3-001 de 2015, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
26 Conforme al registro civil de nacimiento, Manuel Salvador Acosta Botero nació el 1º de noviembre de 1983 (fol. 10, cdno. 1) y murió 31 de agosto de 2007, es decir, contaba con 23 años y 8 meses de edad.
27 Nacida el 26 de febrero de 2007, es decir que para el 31 de agosto de 2007 tenía 6 meses y cuatro días (fol. 14, cdno. 1), lo que quiere decir que para cumplir los 25 años le faltaban 24 años, cinco meses y 26 días, que en meses equivalen a 288,86 meses.
28 Sentencia de unificación de jurisprudencia del 22 de abril de 2015 CE-SUJ-3-001 de 2015, expediente 19.146, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
29 Comoquiera que Nicole Manuela Acosta Córdoba nació el 26 de febrero de 2007 (fol. 14, cdno. 1), a la fecha de este fallo tendría 10 años de edad, y entre esta fecha y cuando cumpla los 25 años, esto es, el 26 de febrero de 2032, restarían 14 años y 7 meses, es decir, 174,76.

References: artículo 16
 artículo 16
 artículo 171
 artículo176
 artículo 177
 artículo 55
 artículo 171
 artículo 31
 artículo 217
 artículo 1
 artículo 70
 artículo 82
 artículo 86
 artículo 213
 artículo 136
 artículo 136
 artículo 185
 artículo 267
 resolución 
 artículo 68
e contrario
 resolución 
 artículo 55
 artículo 3
 artículo 40
 artículo 213
 artículo 1
 artículo 238
 artículo 238
 artículo 239