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Timestamp: 2019-06-25 14:00:48+00:00

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Sentencia t-025/04 agencia oficiosa en tutela-asociaciones de desplazados/agencia oficiosa en tutela - Página 19
Población y Territorios afectados: Demanda de atención al Estado Colombiano, en www.red.gov.co, citado por la International Crisis Group, La Crisis Humanitaria en Colombia, Informe de América Latina No 4, 9 de Julio de 2003, p. 19.
110 Entre 1998 y 2002, la Red de Solidaridad Social prestó atención humanitaria de emergencia a 69´054 hogares, lo cual representa el 36% de las 194´000 familias que pretendió el Plan estratégico.
111 Frente a 100´000 hogares propuestos en el plan estratégico la cobertura de estos proyectos fue de 31´623 hogares.
112 Ver por ejemplo los numerales 1-6 y 1-8 del artículo 1º del Decreto 173 de 1998, precitados.
113 Como se observó, algunos de los documentos estiman que este problema tiene raíz en el diseño de la política, ya que la estructura de los comités territoriales lleva a que su funcionamiento dependa de la voluntad política de los alcaldes y gobernadores, y además, incentiva la descoordinación entre las autoridades descentralizadas y el gobierno central.
114 La existencia de dichas herramientas es por decir lo menos, muy difícil si se tiene en cuenta que no existen objetivos precisos, metas claras, plazos para el cumplimiento de dichas metas ni responsables concretos acerca de su cumplimiento.
115 La Dirección General del Presupuesto Público Nacional envió por solicitud de la Corte un cuadro que contiene “los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación durante el periodo comprendido entre 1995 y 2003, destinados a atender a la población desplazada.” Ver el apartado 1.1 del Anexo 4 de esta sentencia. En particular, ver las salvedades hechas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según las cuales, el monto asignado para el año 2003 es parcial, dado que las entidades que componen el SNAIPD realizan operaciones individuales para atender a la población desplazada de acuerdo a los recursos en sus presupuestos.
116 Al respecto, es importante recordar que la sentencia SU-1150 de 2000 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) afirmó que “el gasto en el cuidado a los desplazados debe ser considerado, inclusive, como más perentorio que el gasto público social, al cual el artículo 350 de la Carta Política le asignó prioridad sobre los demás.”
117 Artículo 3º de la Ley 387 de 1997.
118 El parágrafo del artículo 6º dispone que Parágrafo 1º. Los Ministros del Despacho que, de acuerdo con el presente artículo, conforman el Consejo Nacional, pondrán delegar su asistencia en los Viceministros o en los Secretarios Generales de los respectivos Ministerios. En el caso del Ministerio de Defensa Nacional, éste podrá de legar en el Comandante General de las Fuerzas Militares. En el caso del Director del Departamento Nacional de Planeación podrá delegar en el Subdirector del mismo Departamento, y en el evento de la Red de Solidaridad, en el Subgerente de la misma.
119 Precitados.
120 Corte Constitucional, Sentencia C-428 de 2002, MP: Rodrigo Escobar Gil. Ver también las sentencias C-553/93, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz; y C-685/96, MP: Alejandro Martínez Caballero.
121 Sentencia C-442 de 2001 M.P Marco Gerardo Monroy Cabra.
122 ACNUR y Red de Solidaridad Social, Balance, …p. 5
123 La Dirección General del Presupuesto Público Nacional envió por solicitud de la Corte un cuadro que contiene “los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación durante el periodo comprendido entre 1995 y 2003, destinados a atender a la población desplazada.” Ver el apartado 2.1.1 del Anexo 5 de esta sentencia. En particular, ver las salvedades hechas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según las cuales, el monto asignado para el año 2003 es parcial, dado que las entidades que componen el SNAIPD realizan operaciones individuales para atender a la población desplazada de acuerdo a los recursos en sus presupuestos.
124 Ver, entre otras, las sentencias C-360 de 1993, MP Eduardo Cifuentes Muñoz, C-695 de 1996, MP: Alejandro Martínez Caballero; C-442 de 2001, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
125 Ver entre otras, las sentencias T-068 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero; T-153 de 1998, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz; SU-250 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero; T-590 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero; T-606 de 1998, MP: José Gregorio Hernández Galindo; SU-090 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz; T-847 de 2000, MP: Carlos Gaviria Díaz; T-1695 de 2000, MP: Marta Victoria Sáchica Méndez.
126 SU-090 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz (estado de cosas inconstitucional por la omisión en el pago de pensiones en el Departamento del Chocó).
127 Por ejemplo en la sentencia SU-559 de 1997, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, donde la Corte declaró un estado de cosas inconstitucional por la omisión de dos municipios de afiliar a los docentes a su cargo al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, a pesar de que se hacían los descuentos respectivos de los salarios devengados para el pago de dichos aportes, al encontrar que la vulneración a muchos maestros de todo el país. Dijo la Corte: “30. De acuerdo a lo expuesto, la situación planteada por los actores tiene que examinarse desde una doble perspectiva. De una parte, se trata de un problema general que afecta a un número significativo de docentes en el país y cuyas causas se relacionan con la ejecución desordenada e irracional de la política educativa. De otra parte, la acción de tutela compromete a dos municipios que por falta de recursos no han dado cumplimiento efectivo a sus obligaciones frente a los educadores que han instaurado la acción de tutela.”
128 Por ejemplo, en la sentencia T-153 de 1998, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, que declaró el estado de cosas inconstitucional por el hacinamiento y las condiciones indignas de reclusión en las distintas cárceles colombianas, dijo la Corte: “Asimismo, como se vio en el aparte acerca del hacinamiento desde una perspectiva histórica, el fenómeno de la congestión carcelaria ha sido recurrente, e incluso han existido períodos en los que la sobrepoblación ha alcanzado grados mucho más extremos que el actual. A pesar de ello no se percibe de parte del Estado el diseño de políticas destinadas a evitar situaciones como la actual. Del análisis histórico surge la conclusión de que la actitud del Estado ante estas situaciones es siempre reactiva, es decir que solamente ha actuado en este campo cuando se encuentra en presencia de circunstancias explosivas, como la actual. En esas circunstancias ha recurrido tanto a la despenalización o la rebaja de penas, como a la construcción apurada de centros de reclusión.”
129 Por ejemplo, en la sentencia T-068 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero, en la que se declaró un estado de cosas inconstitucional por la mora habitual de Caja Nacional de Previsión en resolver las peticiones presentadas por jubilados. La Corte dijo: “8. Así mismo, como se constató en la inspección judicial, la acción de tutela es prácticamente un requisito para que se resuelva la solicitud dentro del término legal, la cual genera un procedimiento administrativo paralelo que produce un desgaste del aparato judicial y una tergiversación del objetivo de la acción de tutela, lo cual afecta gravemente el interés general y el interés particular de quienes vienen siendo afectados de manera directa por la ineficiencia de la Caja Nacional de Previsión, pese a que se aprecia una superación en comparación con el caos anterior, de todas maneras tratándose de jubilados el esfuerzo estatal debe ser el máximo.”
130 Por ejemplo en la sentencia T-1695 de 2000, MP: Marta Victoria Sáchica Méndez, en donde la Corte declaró la continuidad del estado de cosas inconstitucional por la falta de convocatoria al concurso para el nombramiento de notarios, la Corte señala que la falta de una disposición que permitiera la convocatoria a un concurso general de méritos hacia que el estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia SU-250 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero, continuara. Dijo la Corte: “En este orden, cabe concluir, que si bien la convocatoria efectuada por el acuerdo Nº 9 de 1999 no vulnera frente a los demás aspirantes el derecho a la igualdad de los actores para acceder al cargo de notario en los circuitos para los cuales se abrió el concurso, lo cierto es que sí restringió la igualdad de oportunidades de los aspirantes al no incluir todas las plazas notariales, en abierto desconocimiento del precepto constitucional, lo que sin duda configura una vulneración de un derecho fundamental, que persistirá en tanto no se realice un concurso de méritos en las condiciones establecidas por la Carta Política y reiteradas por la jurisprudencia constitucional. (...) Por lo anterior, y reconocida la continuidad del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional desde la sentencia SU-250/98, al no poner en funcionamiento la carrera notarial, que si bien se trató de subsanar por el órgano competente al convocar el concurso de méritos de que trata esta providencia, el mismo no se hizo conforme a la Constitución, pues debía haber incluido todas las plazas de notario existentes en el país y garantizar no sólo las mismas oportunidades para todos los participantes, sino aplicación plena de los preceptos constitucionales. Así las cosas, el restablecimiento de los derechos fundamentales de los actores y la observancia del ordenamiento superior sólo puede producirse cuando la provisión de los cargos de notario se realice mediante la celebración de un concurso de méritos abierto y público que tenga como objeto cumplir el mandato constitucional tantas veces reseñado. Para el efecto, no basta entonces, la simple suspensión del proceso de concurso, hecho que ya se produjo, pues el estado de cosas inconstitucional persiste, lo que exige que el Consejo Superior de la Carrera Notarial, en un término razonable, convoque a un concurso general y abierto para conformar las listas de elegibles a la totalidad de los cargos de notario público en el país, tal como habrá de ordenarse en esta providencia.”
131 Por ejemplo, en la sentencia T-068 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero, la Corte dijo: “De acuerdo con estadísticas que presenta la misma entidad demandada, durante los años 1995, 1996 y 1997 se instauraron cerca de 14.086 acciones de tutela en contra de la Caja Nacional de Previsión y, si se realiza un cotejo con la totalidad de expedientes de tutela que se remitieron para eventual revisión a esta Corporación en esos años (aproximadamente 94000), se observa como casi un 16% de todas la tutelas del país se dirigen contra esa entidad. Esto significa que existe un problema estructural de ineficiencia e inoperancia administrativa, lo cual se considera un inconveniente general que afecta a un número significativo de personas que buscan obtener prestaciones económicas a las que consideran tener derecho.”Igualmente, en la sentencia T-153 de 1998, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte dijo lo siguiente: “53. En las sentencias SU-559 de 1997 y T-068 de 1998 esta Corporación ha hecho uso de la figura del estado de cosas inconstitucional con el fin de buscar remedio a situaciones de vulneración de los derechos fundamentales que tengan un carácter general - en tanto que afectan a multitud de personas -, y cuyas causas sean de naturaleza estructural - es decir que, por lo regular, no se originan de manera exclusiva en la autoridad demandada y, por lo tanto, su solución exige la acción mancomunada de distintas entidades. En estas condiciones, la Corte ha considerado que dado que miles de personas se encuentran en igual situación y que si todas acudieran a la tutela podrían congestionar de manera innecesaria la administración de justicia, lo más indicado es dictar órdenes a las instituciones oficiales competentes con el fin de que pongan en acción sus facultades para eliminar ese estado de cosas inconstitucional.”
132 En la misma sentencia T-068 de 1998, se dijo: “10. Por todo lo anterior, esta Sala de Revisión concluye que la situación presentada en la entidad demandada produce un estado de cosas inconstitucional, lo cual no sólo afecta derechos individuales tendientes a viabilizar las pretensiones, a través de tutela, sino también afecta a todo el aparato jurisdiccional que se congestiona y lo afecta en la efectividad del cumplimiento oportuno de sus obligaciones.”
133 SU-559 de 1997, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.
134 Corte Constitucional, Sentencia T-153 de 1998, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.
135 Corte Constitucional, Sentencias T-606 y T-607 de 1998, MP: José Gregorio Hernández Galindo.
136 Corte Constitucional, Sentencia T-525 de 1999, MP: Carlos Gaviria Díaz.
137 Corte Constitucional, Sentencia SU-090 de 2000, MP: Alejandro Martínez Caballero.
138 Corte Constitucional, Sentencia T-590 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero. En este caso, el estado de cosas inconstitucional se presentó por la omisión del Estado de adoptar medidas para garantizar los derechos de los defensores de derechos humanos, frente a las amenazas permanentes contra la vida de estas personas. La Corte, luego de resaltar los atentados y asesinatos cometidos contra miembros de ONGs de derechos humanos y hacer un recuento del contenido de las circulares presidenciales emitidas para lograr el trabajo coordinado de las distintas entidades, señala que “pese a las circulares presidenciales, el ataque a los defensores de derechos humanos ha continuado (....) y hay conductas omisivas del Estado en cuanto a su protección, máxime cuando se ha puesto en conocimiento de éste el clima de amenazas contra dichos activistas. Esta es una situación abiertamente inconstitucional, a la cual el juez constitucional no puede ser indiferente.”
139 Corte Constitucional, Sentencias SU-250 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero; T-1695 de 2000, MP: Marta Victoria Sáchica Méndez. En cuanto a la falta de convocatoria a un concurso de méritos para el nombramiento de notarios, constatado el estado de cosas inconstitucional en 1998, la Corte ordenó al Superintendente de Notariado y Registro y al Consejo Superior de la Administración de Justicia, que en el término de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la sentencia convocara los concursos abiertos para Notarios. Posteriormente, en el año 2000, constatada la continuidad del estado de cosas inconstitucional, la Corte ordenó “al Consejo Superior de la Carrera Notarial, en cabeza de su presidente, el Ministro de Justicia y del Derecho, para que a más tardar en un término máximo de tres (3) meses contados a partir de la notificación de este fallo, se modifiquen y rehagan las bases del concurso convocado por el Consejo Superior en el Acuerdo 1 de 1998, para la provisión del cargo de notario público en propiedad en todo el territorio nacional, que permita poner fin de una vez por todas al mencionado estado de cosas inconstitucional. Para tal efecto, el órgano encargado de administrar la carrera notarial ha de dar estricto cumplimiento no sólo a la Ley 588 de 2000 sino a las sentencias de esta Corporación, en especial a los fallos C-741 de 1998; C-153 de 1999, C-155 de 1999 y C-647 de 2000, que son de obligatorio cumplimiento.”
140 “Ley 387 de 1997, Artículo 1.
141 Este volumen se constata por el número de acciones de tutela interpuestas por los desplazados que han sido objeto de revisión por la Corte Constitucional hasta la fecha, por el número de expedientes acumulados al presente proceso que son representativos del tipo de problemas que enfrenta la población desplazada en todo el país, y por el total de acciones de tutela interpuestas por los desplazados contra la Red de Solidaridad desde 1999 hasta la fecha y que según el sistema de información de la Corte Constitucional supera las 1200.
142 Tal es el caso de la asignación del auxilio de vivienda que hace el Inurbe, pues los recursos entregados corresponden exclusivamente a quienes interpusieron acciones de tutela. Ver Anexo 5 sobre las observaciones a la política pública respectiva.
143 Corte Constitucional, Sentencia T-772 de 2003, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
144 Sentencia C-1064 de 2001, MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño.
145 Corte Constitucional, Sentencia SU-225 de 1997, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, donde la Corte ordena a las autoridades estatales adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la vacunación gratuita para prevenir meningitis a niños pertenecientes a sectores históricamente marginados, con base en la cláusula de erradicación de las injusticias presentes. Esta jurisprudencia ha sido reiterada entre otras, en las sentencias T-177 de 1999, MP: Carlos Gaviria Díaz; T-840 de 1999, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, T-772 de 2003, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
146 Ver, en este sentido, la sentencia C-671 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
147 Corte Constitucional, Sentencia SU-225 de 1997, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, ya citada.
148 Corte Constitucional, Sentencia T-595 de 2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
149 Al respecto, ver entre otras, las sentencias C-251 de 1997.. Fundamento 8., SU-624 de 1999, C-1165 de 2000 y C-1489 de 2000.
150 Corte Constitucional, Sentencia C-671 de 2002, MP: Eduardo Montealegre Lynett.
151 Adoptada durante el tercer periodo de sesiones E/1989/22 (1989).
152 Adoptada durante el 5° periodo de sesiones. E/1991/23 (1990). Interpreta el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto.
153 La ayuda humanitaria de emergencia prevista en el artículo 15 de la Ley 387 de 1997 es similar, o inclusive más amplia en algunas prestaciones específicas. Dicho artículo dice: “De la Atención Humanitaria de Emergencia. Una vez se produzca el desplazamiento, el Gobierno Nacional iniciará las acciones inmediatas tendientes a garantizar la atención humanitaria de emergencia con la finalidad de socorrer, asistir y proteger a la población desplazada y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas. En todos los casos de desplazamiento, las autoridades civiles y militares que se encuentren en las zonas receptoras de población desplazada, garantizarán el libre paso de los envíos de ayuda humanitaria, el acompañamiento nacional e internacional a la población desplazada y el establecimiento de oficinas temporales o permanentes para la defensa y protección de Derechos Humanos y el cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario. Mientras persista la situación de emergencia se auspiciará la creación y permanencia de equipos interinstitucionales conformados por entidades estatales y gubernamentales del orden nacional, departamental y municipal, para la protección del desplazado y sus bienes patrimoniales El Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación emprenderán de oficio las investigaciones sobre los hechos punibles que condujeron al desplazamiento. Parágrafo. A la atención humanitaria de emergencia se tiene derecho por espacio máximo de tres (3) meses, prorrogables excepcionalmente por otros tres (3) más.”
154 Esta fue la orden impartida por la Corte en la sentencia T-215 de 2002 a la Secretaría de Educación Municipal demandada: Disponer el ingreso al sistema educativo de los niños tutelantes, usando los cupos disponibles en los colegios de la zona. Este trato preferente a los niños en condiciones de desplazamiento se justifica no sólo por ser la educación un derecho fundamental del que son titulares, como todos los demás menores de edad que se encuentren en territorio nacional, sino porque dadas sus condiciones de especial vulnerabilidad son sujetos de protección constitucional reforzada, lo cual se traduce en materia educativa en que si no se garantiza como mínimo su educación básica, ello agravará las repercusiones de su desplazamiento sobre su autonomía personal y el ejercicio de sus derechos.
155 En la sentencia T-595 de 2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte hizo la siguiente distinción doctrinaria: “En síntesis, las prestaciones programáticas que surgen de un derecho fundamental le imponen un derrotero a la administración en el diseño de políticas públicas que gradualmente aseguren el cumplimiento de las mismas. Estas prestaciones son también garantías puesto que no son meros enunciados de buenos propósitos y buenas intenciones que la administración, si así lo desea, puede tratar de alcanzar. Precisamente el avance progresivo en el cumplimiento de estas prestaciones se garantiza mediante procesos de ejecución compleja de los mandatos constitucionales, a diferencia de las garantías que impiden hacer las cuales son generalmente de ejecución simple puesto que se realizan en virtud de una orden de abstención dirigida al Estado que con su acción estaba violando o amenazando un derecho.”
156 El inciso 2 del parágrafo 1 del Artículo 6, Ley 387 de 1997, prevé la posibilidad de que Consejo Nacional para la Atención Integral de la Población Desplazada, invite a representantes de las organizaciones de desplazados a participar en las reuniones de éste órgano, cuando la naturaleza del desplazamiento así lo aconseje. A falta de norma específica para el caso de la política de atención a la población desplazada, puee acudirse a las normas generales. Un ejemplo de tales disposiciones se encuentra en el Decreto 2130 de 1992, expedido en desarrollo del artículo 20 transitorio de la Constitución, estipuló en su artículo primero que corresponde a los Ministros, Directores de Departamentos Administrativos, Directores, Presidentes o Gerentes de entidades descentralizadas, Superintendentes y Jefes de entidades u organismos administrativos de la rama ejecutiva nacional, ejercer las siguientes funciones: "1. Señalar los proyectos de decisiones de carácter general que por razón de sus implicaciones sea conveniente colocar en conocimiento de los ciudadanos y grupos interesados para escuchar previamente sus opiniones al respecto"; "2. Disponer que se informe públicamente a los eventuales interesados, por los medios que estime adecuados, sobre el contenido básico, el propósito y los alcances de los proyectos de decisiones administrativas de carácter general a que hace referencia el numeral anterior. En el respectivo informe deberá señalarse el plazo dentro del cual se podrán presentar sus observaciones. En todo caso la autoridad administrativa adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el interés general"; "3. Disponer el registro público de tales observaciones y de las respuestas que la entidad hubiere dado a las presentadas por quienes representen sectores significativos de la comunidad y por organizaciones no gubernamentales promotoras del interés público"; "9. Elaborar un informe anual sobre el cumplimiento de estas funciones el cual deberá ser anexado al informe que presenten al Congreso de la República o al Ministro o Director del Departamento Administrativo correspondiente en la oportunidad que éste señale".
157 Según consta en la página 5 de la sentencia y en el Anexo 1 de la misma, fueron identificados como peticionarios representados por Adesfongua las siguientes personas: Eustacio Fonseca Barraza, Felipe Zárate V, Xiomara L. Ariño, Ernesto Epinayú, Omar Erazo López, Carmen Sierra, William Ariño, Luis E. Duarte, Luz Marina González, Rosana Ludo Urbaéz, Ubida María Urbaéz Ariño, Yudis Mari Castillo, Simón Corzo Flórez, Betty García Díaz, Luis M. García Díaz, César Maldonado Avila, Paulina Salina, Yulis Córdoba, Elizabeth Ariño, Numnel Amaya, Olido Cujio, Mónica Daza, Tercilia García, Cecilio Granados, Antonio Arciniegas, Ángel Guerrero, Orlando Orozco, Ismael E. Ferrer, Adriano Fidel Sierra Rambauth, Eduardo Sierra Rambauth, Rafael Sierra Rambauth Pedro Español, Julia Duarte, Victorino Romero, Elba Urbay C, José Epinayú, Graciela Aroca, Federico Montoya, Neiber Erazo, Gloria Navarro, Berna Jaraba, Madeleine Jaraba, Evangelino A., Marta Gómez, Eleidis Rosa
158 Ver auto de corrección de la sentencia T-029 de 2001 M.P. Alejandro Martínez Caballero
159 Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2003, MP: Manuel José Cepeda Espinosa, donde la Corte examina la competencia del juez que resuelve un incidente de desacato y las condiciones para modificar la orden original para asegurar la protección efectiva de los derechos tutelados.
160 CONPES 3057 de 1999 dijo que se requerían US $ 360 millones de dólares para la ejecución de la política y atender 400.000 personas desplazadas durante los años 2001 a 2002, sin incluir costos para adjudicación de tierras y vivienda. Este estimativo se hizo teniendo en cuenta una población desplazada de 400.000 personas, que el fenómeno de desplazamiento forzado involucraba 139 municipios (80 municipios expulsores y 40 municipios expulsores-receptores y 19 receptores). Las características demográficas de esa población según el documento CONPES eran 44.1% de las familias tienen mujeres como jefe de hogar, 23.2% de la población son niños menores de 7 años y 16.7% de la población desplazada pertenecía a grupos étnicos. Este documento utilizó como supuesto que la cifra de familias desplazadas disminuiría en los años 2000 a 2002, como resultado del proceso de negociación con los grupos armados.
161 El CONPES 3115 de 2001 hizo una distribución presupuestal sectorial para el cumplimiento del CONPES 3057. Precisó el costo del Plan de Acción para la Prevención y Atención del desplazamiento forzado por programas y proyectos para 2001 y 2002 en un total de $307.726 millones de pesos y distribuyó esos recursos por programas y proyectos generales y específicos.
162 Cfr. Acta de la diligencia de inspección judicial realizada el 22 de abril de 2004.
163 Ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia T-025 de 2004, MP: Manuel José Cepeda Espinosa
164 Literal b), Ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia T-025 de 2004.
165 Red de Solidaridad Social, Documento enviado para el presente proceso.
166 Ver auto de corrección de la sentencia T-029 de 2002 M.P. Alejandro Martínez Caballero.

References: artículo 1
 artículo 350
 Artículo 3
 artículo 6
 Artículo 1
 artículo 2
 artículo 15
 Artículo 6
 artículo 20