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Timestamp: 2019-10-22 17:04:41+00:00

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﻿ Sentencia C-60 de enero 30 de 2008
SENTENCIA C-60 DE 30 DE ENERO DE 2008
CONTENIDO:CANCELACIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD. SE DECLARA INEXEQUIBLE LA PALABRA "CONDENATORIA" Y EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE ALGUNAS EXPRESIONES CONTENIDAS EN EL INCISO 2 DEL ARTÍCULO 101 DE LA LEY 906 DE 2004.
Sentencia C-60 de enero 30 de 2008
Sentencia C-060 de 2008
Ref.: Expediente D-6774
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 101 (parcial) de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal)
La demanda fue inicialmente inadmitida por no cumplir a cabalidad las exigencias previstas en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991. Presentado oportunamente por el demandante el correspondiente escrito de corrección, se admitió mediante auto de junio 4 de 2007, en el cual además se dispuso fijar en lista y correr traslado del asunto al señor Procurador General de la Nación, para que rindiera el concepto de rigor.
Diario Oficial 45.658 de 1º de septiembre de 2004.
El demandante plantea que el hecho de limitar la posibilidad de cancelar los títulos y registros apócrifos a los casos en que se logra proferir sentencia condenatoria, establece una distinción inaceptable entre las posibles víctimas de delitos que involucran la falsificación de títulos de propiedad. Esta diferencia consiste en que, mientras algunos de ellos podrán obtener el pleno restablecimiento de su derecho, otros no podrán lograrlo, lo cual depende de un hecho ajeno a la voluntad y posibilidades de la víctima, como es el éxito de la acción penal que se hubiere iniciado, al punto de haberse dictado fallo condenatorio en contra de una persona determinada. Conforme al razonamiento del actor, esta restricción contraría varios preceptos constitucionales, particularmente los artículos 13, 29 y 250, situación que sustenta de la siguiente forma:
De otra parte, la restricción implica que en algunos casos se verá frustrada una de las principales finalidades del proceso penal, como es la reparación a las víctimas, lo cual afecta el derecho de acceder a la administración de justicia, y con ello, la garantía del debido proceso de que trata el artículo 29 de la Constitución Política. De igual manera, se obstruye el cumplimiento de algunas de las funciones que competen a la Fiscalía General de la Nación, como son velar por la protección y la asistencia de las víctimas y procurar la reparación integral y el restablecimiento de sus derechos (nums. 6º y 7º del artículo 250 constitucional).
4.1. Del Ministerio del Interior y de Justicia.
El director de ordenamiento jurídico de este ministerio presentó un escrito en el que solicita a la Corte declarar la exequibilidad del segmento normativo demandado, explicando que todos los códigos de procedimiento penal expedidos durante los últimos años (1) contuvieron previsiones semejantes a la ahora demandada, aunque reconoce que no condicionaron de manera expresa la cancelación de los registros a la existencia de una sentencia condenatoria.
Sin embargo, analiza que en razón de la necesidad práctica de tener suficiente certeza de no afectar derechos de terceros al adoptar este tipo de decisiones, de manera uniforme la jurisprudencia entendió indispensable contar con la certeza que solo una sentencia condenatoria ejecutoriada puede proveer (2) . Así las cosas, la norma aprobada en el año 2004 no hace otra cosa que recoger la ya entonces decantada postura jurisprudencial, tanto en la jurisdicción ordinaria como por parte de este tribunal constitucional.
4.2. De la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
De cara a la norma demandada, el interviniente la compara con aquellas que en los códigos 1991 y 2000 regularon el mismo tema (3) , resaltando que ambas exigían, aunque con distintas expresiones, la acreditación de la tipicidad penal, circunstancia que en la práctica es análoga a la planteada en la norma actualmente vigente y que es objeto de la demanda.
4.3. Del consultorio jurídico de la Universidad Santo Tomás.
4.4. De la Fiscalía General de la Nación.
Con base en estas consideraciones, pasa a analizar la exigencia contenida en el artículo 101 parcialmente demandado, de acuerdo con la cual solo si hay sentencia condenatoria podrá ordenarse la cancelación de los registros apócrifos. Señala que este es uno de los mecanismos específicos de restablecimiento del derecho de las víctimas contemplados en el actual estatuto procesal penal y resalta que existe disconformidad parcial entre el contenido de esta norma y el del artículo 22 antes citado, circunstancia que si bien no prueba la inconstitucionalidad del precepto demandado, si puede constituir un indicio al respecto.
4.5. Del ciudadano Mauricio Pava Lugo.
Este ciudadano adhiere (sic) a la solicitud de declarar la inconstitucionalidad del segmento normativo acusado, con sustento en el análisis del concepto de víctima dentro del bloque de constitucionalidad, en la doctrina local e internacional y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la cual resalta especialmente la doctrina contenida en la Sentencia C-228 de 2002.
Explica que el Código de Procedimiento Penal, al desarrollar los principios constitucionales sobre la materia establece en su artículo 132 que la condición de víctima es independiente del hecho de que se logre la identificación, aprehensión, enjuiciamiento o condena del autor del correspondiente delito, por lo que la restricción contenida en el artículo 101 que es objeto de este juicio de constitucionalidad es incompatible con aquel concepto. Sostiene que la víctima es un pleno y verdadero sujeto procesal, y que conforme al actual desarrollo de ese concepto, su interés no se agota en la sola reparación económica, siendo válido incluso que prescinda por completo de este tipo de propósito.
4.6. Intervención extemporánea.
Mediante Auto 154 de junio 27 de 2007, la Sala Plena de esta corporación aceptó el impedimento que conjuntamente manifestaron el Procurador General y el viceprocurador general de la Nación, por haber tomado parte activa en el trámite de redacción, estudio y aprobación del proyecto que vino a convertirse en la Ley 906 de 2004. Por ello, el Procurador General mediante Resolución 0198 de agosto 1º de 2007 designó para rendir el concepto a la doctora Carmenza Isaza Delgado, procuradora auxiliar para asuntos constitucionales, quien en escrito recibido en la secretaría general de esta corporación el 28 de agosto de 2007 solicitó a la Corte declarar inexequible el precepto demandado.
Explica que la razón que justifica la cancelación de los títulos en una hipótesis como la prevista en el artículo 101, parcialmente demandado, es la ilegalidad de su origen y no necesariamente la comprobación de quién es la persona responsable de la adulteración. En el mismo sentido, compara la norma actualmente vigente con las que regulaban el mismo tema en anteriores códigos de procedimiento penal (D. 2700/91 y L. 600/2000), resaltando que aquellas exigían para la cancelación definitiva de los títulos la plena demostración de los elementos constitutivos del ilícito penal, pero no necesariamente la condena de la persona responsable.
La representante del Ministerio Público menciona los mismos antecedentes jurisprudenciales a que se refirió el representante del Ministerio del Interior y de Justicia (4) y reconoce que las mencionadas sentencias plantearon que la cancelación ordenada en un momento anterior a la sentencia tendría un carácter provisional y solo devendría irrevocable en caso de proferirse fallo condenatorio. Sin embargo, recalca que la naturaleza espuria del título puede establecerse materialmente con anterioridad a la sentencia y, en especial, aunque nunca llegue a comprobarse quién fue el autor de la adulteración, por lo que la orden de cancelación no debe estar necesariamente atada a la existencia de fallo condenatorio contra una persona determinada.
Por ello, comparte el parecer del actor de que la norma demandada impide la plena vigencia de los derechos de las víctimas en cualquiera de los escenarios antes mencionados, razón por la cual debe ser declarada inconstitucional. Insiste también en que la cancelación de estos títulos es una medida necesaria para hacer cesar de manera eficaz y definitiva los efectos de la actuación delictiva antecedente, que de conformidad con la norma aquí cuestionada continuarán produciéndose en muchos casos, no obstante la certeza que exista acerca de la ilegalidad de aquellos.
Respalda también las observaciones del demandante y de algunos otros intervinientes, en el sentido de que la imposibilidad de decretar la cancelación de los títulos si no existe sentencia condenatoria, impide a la Fiscalía General de la Nación cumplir cabalmente su misión de procurar el restablecimiento de los derechos de las víctimas, frente a cuyo concepto (L. 906/2004, art. 132) queda claro que la norma demandada no le protege adecuadamente sus intereses, al permitir la eficacia de títulos fraudulentamente obtenidos, pese a la existencia de certeza en el juez acerca de dicha ilicitud.
Sin embargo, además de la referida convicción, el inciso segundo plantea una exigencia de momento procesal, al disponer que la decisión solo podrá adoptarse en la sentencia condenatoria, siendo este requerimiento el que es objeto de la presente demanda de inconstitucionalidad.
Así, por más que exista “convencimiento más allá de toda duda razonable” (palabra esta última excluida en otra preceptiva) sobre la obtención fraudulenta del respectivo título, la medida de cancelación no podrá tomarse sino al proferirse sentencia condenatoria, lo que plantea dos consecuencias principales: i) que en aquellos casos en que esa certeza surja en un momento procesal anterior a la sentencia, la cancelación definitiva no podrá ordenarse hasta que no se profiera aquella; ii) que en el evento de terminar el proceso de manera definitiva en cualquier otra forma distinta al fallo condenatorio, será imposible lograr que se ordene la cancelación del título, con lo que este quedaría generando efectos, no obstante su carácter evidentemente espurio.
3. Los problemas jurídicos planteados.
4. Sobre la eventual afectación del derecho a la igualdad.
Sostiene el demandante que la regla según la cual la cancelación de los títulos apócrifos solo podrá disponerse “en la sentencia condenatoria” es violatoria del artículo 13 constitucional, al establecer diversas consecuencias en torno al restablecimiento de su derecho para personas que se encuentran en una misma situación, cual es la de haber sido víctimas de un delito en el que se adulteraron o falsificaron títulos de propiedad. El argumento es respaldado por varios de los intervinientes, quienes aducen que se traslada a las víctimas un riesgo que no pueden ellas controlar, el éxito de la investigación penal, sugiriendo además que este depende enteramente de la actuación de la Fiscalía General de la Nación.
Esta apreciación se deriva no solo del número previsiblemente alto de personas que conformarían este grupo, sino más específicamente, del hecho de que, por su trascendencia, la condición que según observa el demandante origina el distinto tratamiento legal (desigual suerte del proceso penal que se hubiere iniciado), es en realidad una característica calificativa importante y suficiente para dar origen a dos distintos grupos de víctimas, a los que en consecuencia, podría caberles diverso tratamiento legal, sin que ello traiga consigo lesión al principio consagrado en el artículo 13 constitucional.
Ello es así por cuanto, de una parte y conforme con lo postulado por la jurisprudencia de esta corporación, la imposibilidad de modificar per se las situaciones que dan origen a la diferenciación, no es razón suficiente para considerar vulnerada la igualdad (5) . Y de otra, porque el éxito o no de la acción penal que se promueva, no depende únicamente de la mayor o menor diligencia del ente acusador, sino además de un conjunto de factores inseparables que incluyen el alea propiamente dicha, la actuación del defensor del procesado y, sin duda, la acción desplegada por la propia víctima, a quien la ley procesal penal le reconoce amplias posibilidades de actuación a fin de que pueda contribuir al establecimiento de la responsabilidad penal del infractor y obtener el pleno restablecimiento de su derecho (L. 906/2004, arts. 11 y 132 a 137, entre varios otros).
5. Sobre la afectación al debido proceso, el acceso efectivo a la administración de justicia, los derechos de las víctimas y las funciones de la Fiscalía General de la Nación.
El actor sostiene que la disposición conforme a la cual solo en la sentencia condenatoria podría ordenarse la cancelación de los títulos fraudulentamente obtenidos, viola el principio contenido en el artículo 29 constitucional, relacionado con la garantía del debido proceso. La principal razón para ello es que, a su entender, esa condición limita las posibilidades de acceso efectivo a la justicia por parte de las víctimas de las defraudaciones que se vienen comentando. A este respecto cabe resaltar que, de aceptarse este argumento del demandante, habría también oposición entre el fragmento normativo acusado y la garantía constituida en el artículo 229 superior.
5.1. Doctrina constitucional sobre los derechos de las víctimas.
Durante los años recientes el papel de las víctimas dentro del proceso penal ha ganado creciente protagonismo, en desarrollo de una tendencia internacional (6) que se recoge y decanta en nuestro país dentro del contexto trazado por la Constitución Política de 1991 y los postulados fundamentales sobre Estado social de derecho. En desarrollo de lo anterior la Corte Constitucional ha delineado una sólida doctrina sobre el tema, que si bien se inicia incluso antes de la promulgación del Acto Legislativo 03 de 2002 (7) , cobra especial relevancia a partir de su entrada en vigencia y de la gradual implantación del sistema acusatorio en que se inspira el más reciente Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004), del cual hace parte la disposición cuya exequibilidad aquí se analiza.
En efecto, a partir de la rectificación doctrinal contenida en el fallo C-228 de 2002 (Ms.Ps. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynnet) (8) , la Corte ha sostenido que en virtud del principio de la dignidad humana, los derechos de las víctimas dentro del proceso penal tienen una importancia cardinal, y no se agotan, como antaño se consideró, en la mera reparación económica de los perjuicios irrogados con la conducta punible. Por el contrario, como se ha resaltado, a esa reparación, que debe ser integral, se agregan la posibilidad de conocer la verdad acerca de lo sucedido y que se haga justicia, sancionando conforme a la ley a quien o quienes hayan cometido el delito. A estas conclusiones se ha llegado sin dejar de ponderar debidamente los derechos y garantías que en las distintas fases del proceso se reconocen al autor del comportamiento merecedor de sanción, la mayoría de los cuales tienen también rango constitucional.
Esos planteamientos han sido reiterados de manera consistente por esta corporación, en particular en las sentencias C-004 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynnet), C-370 de 2006 (Ms.Ps. Cepeda, Córdoba, Escobar Monroy, Tafur y Vargas), C-454 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), C-575 y C-1033 de 2006 (en ambas M.P. Álvaro Tafur Galvis) y C-209 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), pudiendo leerse en la precitada C-454:
“Esta reconceptualización de los derechos de las víctimas, a partir de la Constitución, se funda en varios principios y preceptos constitucionales: (i) En el mandato de que los derechos y deberes se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (C.P., art. 93); (ii) en el hecho de que el constituyente hubiese otorgado rango constitucional, a los derechos de las víctimas (C.P., art. 250, num. 6º y 7º); (iii) en el deber de las autoridades en general, y las judiciales en particular, de propender por el goce efectivo de los derechos de todos los residentes en Colombia y la protección de los bienes jurídicos (C.P., art. 20); (iv) en el principio de dignidad humana que promueve los derechos a saber qué ocurrió, y a que se haga justicia (C.P., art. 1º); (v) en el principio del Estado social de derecho que promueve la participación, de donde deviene que la intervención de las víctimas en el proceso penal no puede reducirse exclusivamente a pretensiones de carácter pecuniario; (vi) y de manera preponderante del derecho de acceso a la administración de justicia, del cual se derivan garantías como la de contar con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de los derechos y las obligaciones, la resolución de las controversias planteadas ante los jueces dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas, la adopción de decisiones con el pleno respeto del debido proceso, así como la existencia de un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias”.
5.2. Análisis de la disposición parcialmente demandada y de sus efectos.
“ART. 61.—Cancelación de registros obtenidos fraudulentamente. En cualquier momento del proceso en que aparezca demostrada la tipicidad del hecho punible que dio lugar a la obtención de títulos de propiedad sobre bienes sujetos a registro, el funcionario que esté conociendo el asunto ordenará la cancelación de los títulos y del registro respectivo”.
La norma de la Ley 600 de 2000 (todavía rigiendo para lo instituido según los arts. 533 y 530, L. 906/2004), es de este tenor:
“ART. 66.—En cualquier momento de la actuación, cuando aparezcan demostrados los elementos objetivos del tipo penal que dio lugar a la obtención de títulos de propiedad o de gravámenes sobre bienes sujetos a registro, el funcionario que esté conociendo el asunto ordenará la cancelación de los títulos y registros respectivos”.
Por su parte, recuérdese que la disposición aquí demandada (fragmento del inc. 2º, art. 101, L. 906/2004), estatuye:
“En la sentencia condenatoria se ordenará la cancelación de los títulos y registros respectivos cuando exista convencimiento más allá de toda duda razonable sobre las circunstancias que originaron la anterior medida”.
En efecto, que previamente tenga que acreditarse la cabal demostración de la tipicidad —elementos objetivos del tipo—, preserva la presunción de buena fe hasta el momento en que quede plenamente desvirtuada, o que se imponga el derecho genuino por encima de los que se edificaron sobre bases espurias.
Posiblemente en esta misma línea, la norma más recientemente expedida agregó al “convencimiento más allá de toda duda razonable” la circunstancia de que esta decisión solo podría adoptarse “en la sentencia condenatoria”.
Pero este cambio normativo implica un inconstitucional retroceso en la protección de los auténticos titulares del derecho, que ha de ser restablecido por mandato de un principio rector del mismo Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004, art. 22), el cual debe prevalecer y aplicarse obligatoriamente sobre cualquier otra disposición de tal código (art. 26 ib.), “para hacer cesar los efectos producidos por el delito” y procurar que “las cosas vuelvan al estado anterior” a la perpetración criminosa, de modo que, si ello fuere posible, quede como si no se hubiere atentado contra el respectivo bien jurídico, lo cual debe realizarse “INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD PENAL” (no está en mayúsculas ni negrilla en el texto original).
Ese valioso principio fundamental del restablecimiento del derecho, incluido como norma rectora de todos los estatutos procesales penales colombianos desde el Decreto 50 de 1987, adquirió expresa incorporación constitucional en 1991, en el texto original del artículo 250 (num. 1º), con reafirmación a partir del Acto Legislativo 03 de 2002 (num. 6º), de manera que cualquier disposición legal que lo contraríe será inconstitucional.
Esa reforma cae también en la incongruencia. Las dos normas anteriores a la del fragmento demandado permitían (permiten, en las acciones penales que se continúan adelantando bajo la L. 600/2000), adoptar esta decisión “en cualquier momento de la actuación” en que aparezca demostrada la tipicidad —los elementos objetivos— de la conducta punible, oportunidad que en el sistema procesal acusatorio no procedería, en contravía a lo que es su plausible avance en defensa de los derechos de las víctimas.
Finalmente, puede surgir también un factor de extinción de la acción penal, como alguna causal de preclusión u otras situaciones que la terminan (muerte del procesado antes de proferirse sentencia, prescripción o, en los casos previstos por la ley, mutatis mutandis y dentro de sus propias condiciones legales y aun constitucionales, algunas de ellas preservantes de los derechos de las víctimas, como indemnización integral, pago, desistimiento, amnistía propia, aplicación del principio de oportunidad).
Al analizar medidas semejantes a esta y teniendo en cuenta los alcances de la protección constitucional “a la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles” (art. 58), la Corte ha resaltado (9) , tal como ahora reitera, la importancia de que los correctivos previstos en la ley para volver las cosas a su estado original y desvirtuar los derechos arrogados contrariando el orden jurídico, se apliquen de manera pronta y efectiva, de modo que se evite la continuación y/o la consumación de situaciones irregulares, así como la de los perjuicios que ellas injustamente causan.
Ha de resaltarse, claro está, que como constante frente a todo lo analizado, también opera el respeto debido a los principios fundamentales que trazan la forma, caracteres y fines del Estado social de derecho (arts. 1º, 2º y preámbulo de la C.P.).
En efecto, dado que la cancelación de títulos de propiedad y registros fraudulentamente obtenidos es una medida eficaz y apropiada para lograr el restablecimiento del derecho y la reparación integral de las víctimas en un proceso penal, además dentro de los cánones de la justicia restaurativa, la fiscalía debe, en ejercicio de las facultades antes indicadas, solicitar al juez la aplicación de esta medida, siempre que exista certeza suficiente sobre el carácter apócrifo de aquellos. Así, resulta inconstitucional que tal medida solo pueda adoptarse en caso de proferirse una condena, puesto que ello provoca la improcedencia de dicha solicitud cuando quiera que el proceso concluya con un pronunciamiento distinto a aquella.
Se desprende de lo analizado en páginas precedentes que si bien resulta razonable que solo al final del proceso se adopte una decisión definitiva sobre la cancelación de los títulos apócrifos, el hecho de que ello solo pueda ocurrir dentro de la sentencia condenatoria, tal como lo exige el inciso 2º del artículo 101 de la Ley 906 de 2004, puede sin duda llegar a excluir el acceso de las víctimas a la administración de justicia, pues al terminar el proceso penal de diferente manera, quedaría extinguido para ellas y concretamente para el legítimo titular, el poder dispositivo sobre los bienes a que tales títulos se refieren. Se quebranta así la garantía de acudir a un debido proceso que la Constitución Política reconoce y se crea un obstáculo para el cumplimiento de algunas de las obligaciones que el texto superior le impone a la Fiscalía General de la Nación para que vele eficientemente, como le es indefectible hacerlo, por los intereses de las víctimas y contribuya a proteger y restablecer sus derechos.
En lo que atañe a la expresión “En la sentencia”, que también hace parte del segmento normativo acusado, la Corte acoge parcialmente el planteamiento del demandante y los coadyuvantes así como el de los impugnadores. Ello por cuanto, si bien se entiende que solo al término del proceso penal puede existir certeza suficiente para justificar la definitiva cancelación de los títulos fraudulentamente obtenidos, no es menos cierto que dicha certeza bien puede haberse generado como resultado del debate probatorio surtido durante el proceso, aun cuando este haya concluido, bien mediante sentencia absolutoria, bien por efecto de alguna otra decisión de las que supone la imposibilidad de continuarlo, como aquellas que implican la extinción de la acción penal, y todas las demás a que la Corte tuvo oportunidad de referirse páginas atrás.
En desarrollo del principio de conservación del derecho, ello conduce entonces a la declaratoria de exequibilidad condicionada de la expresión “En la sentencia”, bajo el entendido de que igualmente procederá la orden de cancelación definitiva de títulos apócrifos cuandoquiera que se dicte otra providencia que ponga fin al proceso penal.
En todo caso y para plena claridad, la Corte Constitucional advierte que en cualquier evento en que, de acuerdo con lo expuesto, la cancelación de los títulos apócrifos deba ordenarse en un contexto diferente al de la sentencia de fondo, dicha decisión solo podrá tomarse en la medida en que, habiéndose permitido el pleno ejercicio del derecho de defensa y contradicción de quienes resultaren afectados por la cancelación, su derecho haya sido legalmente desvirtuado, lo que ocurre precisamente al alcanzarse el “convencimiento más allá de toda duda razonable” sobre el carácter fraudulento de dichos títulos, requisito cuyo rigor obviamente se mantiene, así no se logre la identificación, vinculación y condena de la o las personas penalmente responsables.
Declarar INEXEQUIBLE la palabra “condenatoria” y EXEQUIBLE el resto de la expresión acusada contenida en el inciso 2º del artículo 101 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que la cancelación de los títulos y registros respectivos también se hará en cualquier otra providencia que ponga fin al proceso penal.
Magistrados: Rodrigo Escobar Gil—Jaime Araújo Rentería—Manuel José Cepeda Espinosa—Jaime Córdoba Triviño—Mauricio González Cuervo—Marco Gerardo Monroy Cabra—Nilson Pinilla Pinilla—Humberto A. Sierra Porto—Clara Inés Vargas Hernández.
(1) Decreto 050 de 1987, Decreto 2700 de 1991 y Ley 600 de 2000.
(2) Se refiere a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de diciembre 3 de 1987 (M.P. Jairo Duque Pérez), que declaró la exequibilidad del artículo 53 del Decreto 050 de 1987 y a la Sentencia C-245 de 1993 de la Corte Constitucional (M.P. Fabio Morón Díaz), que bajo similares razonamientos declaró la exequibilidad del artículo 61 del Decreto 2700 de 1991.
(3) Artículos 61 del Decreto 2700 de 1991 y 66 de la Ley 600 de 2000.
(4) Ver nota 2 de pie de página.
(5) Cfr. a manera de ejemplo la Sentencia C-093 de 2001 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) donde la Corte encontró exequible una diferenciación legal establecida a partir de la edad de los interesados.
(6) El interés por el tema en el entorno internacional se ve reflejado, por ejemplo, en la adopción por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Resolución 40/34 de noviembre 29 de 1985, sobre “Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder”.
(7) Cfr. Sentencia C-1149 de 2001 (M.P. Jaime Araújo Rentería) en la que se declaró la inexequibilidad parcial de varias normas de la Ley 522 de 1999 relativas al papel de la parte civil dentro de la justicia penal militar.
(8) Redefine el rol y las facultades de la parte civil en el proceso penal, frente a la doctrina contenida en la Sentencia C-293 de 1995 (M. P. Carlos Gaviria Díaz.
(9) Cfr. C-245 de 1993 (M.P. Fabio Morón Díaz).

References: ARTÍCULO 101
 artículo 101
 artículo 2
 artículo 29
 artículo 250
 artículo 101
 artículo 22
 artículo 132
 artículo 101
 Resolución 
 artículo 101
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 29
 artículo 229
 resolución 
 artículo 250
 artículo 101
 artículo 101
 artículo 53
 artículo 61
 Resolución