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Timestamp: 2020-01-21 05:19:23+00:00

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﻿ SENTENCIA C-1294 DE DICIEMBRE 5 DE 2001
SENTENCIA C-1294 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2001
CONTENIDO:ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL EN MENORES DE EDAD. LA CORTE SE INHIBE DE EMITIR PRONUNCIAMIENTO DE FONDO RESPECTO DEL ARTÍCULO 193 DEL CÓDIGO CIVIL, POR TRATARSE DE UNA NORMA DEROGADA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, BIEN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, NORMAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MENOR DE EDAD, DERECHOS DEL MENOR DE EDAD
Sentencia C-1294 de diciembre 5 de 2001
SENTENCIA NÚMERO C-1294 DE 2001
Ref.: Expediente D-3589
Actor: Cruz Marina Lizarazo Ocampo
Bogotá, DC., cinco de diciembre de dos mil uno.
Se transcribe a continuación el texto de la disposición pertinente, y se resalta la expresión demandada.
ART. 193. C.C.
El marido menor de dieciocho años necesita de curador para la administración de la sociedad conyugal.
La jurisprudencia ha recalcado también que para que la demanda sea admisible, el cargo debe ser constitucionalmente relevante, es decir, que las razones de oposición entre la norma legal y la constitucional deben provenir de una contradicción real entre dichos regímenes, de lo cual se deduce —además— que el cargo debe consistir en un argumento normativo, no en una oposición práctica deducida de una aparente aplicación inconstitucional de la norma, por parte de las autoridades o de los particulares (1) .
(1) Cfr. Sentencia C-447 de 1997.
Como consecuencia de la última restricción, el cargo de inconstitucionalidad no puede estar sustentado en las objeciones que al demandante le surjan respecto de la resolución de un caso particular (2) .
(2) Cfr. Sentencia C-568 de 1995.
Adicional a lo anterior, el cargo de la demanda debe aparecer expuesto de manera suficiente y el clara, es decir, los elementos básicos que sustentan la oposición entre la norma censurada y el canon constitucional deben poder deducirse con el claridad de los razonamientos del demandante.
Aunque en relación con este particular es cierto que la Corte, en varias oportunidades, ha tratado con relativa amplitud algunas demandas de inconstitucionalidad defectuosas en la formulación de cargos (lo cual se ha debido, principalmente, al carácter público de esta acción) (3) , es claro que la viabilidad del juicio de inexequibilidad depende de que el juez cuente con un razonamiento jurídico mínimo del que puedan extraerse los elementos que sustentan la aludida oposición normativa. Sin ellos, y sin la claridad y suficiencia que les son exigibles, el juez constitucional se vería abocado a emitir decisiones inhibitorias. De ahí la necesidad de alertar las deficiencias argumentativas en la etapa correspondiente a la admisión de la de la demanda.
(3) Cfr. Sentencia C-16 de 1993.
"En efecto, es doctrina de la Corte la de que, pese al carácter informal de la acción pública de inconstitucionalidad, que surge a la vez del derecho político, en cabeza de todo ciudadano, y del interés colectivo en la preservación del ordenamiento jurídico y de su estatuto básico, los jueces a quienes se encomienda la delicada función de guarda de la integridad y supremacía de la Carta no pueden cumplir su tarea si no se les indica, al menos en sencillo esbozo, las razones en que se funda el ciudadano para pedir que una norma sea declarada contraria a los preceptos fundamentales. No es cosa baladí poner en tela de juicio una regla de derecho, cuya vigencia no debería verse interrumpida por determinación del organismo jurisdiccional competente, a menos que ante él se perfile un razonamiento mínimo orientado a demostrar su incompatibilidad con postulados o mandatos del constituyente" (Sent. C-955/2000)
Finalmente, debe decirse que la jurisprudencia constitucional ha reconocido en estos requisitos las exigencias mínimas y razonables imponibles al demandante, que buscan hacer viable el ejercicio de esta acción (4) , así como efectiva la función jurisdiccional encomendada a la Corte por la Constitución Política.
(4) Cfr. Sentencia C-131 de 1993.
Desde el punto de vista sustancial, que es el aspecto censurado por la procuraduría, la demanda estructura el cargo de inconstitucionalidad en los siguientes términos: el vocablo “marido”, incluido en la norma acusada, es contrario a los artículos 13 y 44 de la Constitución Política al darle a dicho individuo un trato diferente por razones de sexo; además de ello es contrario a la convención sobre los derechos del niño de 1989, porque la palabra “marido" sólo hace referencia al varón, mientras que la convención referida define a todo niño como cualquier persona menor de 18 años.
Aunque en principio (y esto en relación con las apreciaciones de la procuraduría) el cargo de la demanda pareciera carecer de los elementos sustanciales necesarios para entablar el juicio de inexequibilidad, esta corporación encuentra que la brevedad en la argumentación no conduce —necesariamente— a la ineptitud de la misma.
En efecto, los cargos esbozados en la demanda cumplen con el requisito de ser pertinentes al texto de la norma acusada, pues se refieren a uno de sus elementos integrantes: el vocablo “marido". Además, formulan una oposición concreta entre dicha expresión y los principios de igualdad y de protección a los niños, consagrados en los artículos 13 y 44 de la Carta.
Puede decirse también que aquellos subrayan una contraposición lógica y sensata entre el contenido de la norma censurada y el de las preceptivas constitucionales, visto que la palabra “marido”, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, está referida exclusivamente al “hombre casado, con respecto a su mujer" mientras que el artículo 13 de la Constitución Política señala que todas las personas nacen iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin discriminación por razones de sexo.
3. Contexto normativo del artículo 193 del Código Civil.
Es necesario advertir, en primer lugar, que el régimen de bienes entre cónyuges, vigente a partir de la expedición del Código Civil en el año de 1887, se estructuraba sobre la base de dos principios fundamentales que procederán a explicarse: el primero establecía la incapacidad civil de la mujer casada (C.C., cap. I, t. IX, libro 1), al tiempo que el segundo otorgaba al marido la administración de los bienes de la sociedad conyugal (C.C., art. 180)
Para referirse al primero de dichos elementos es necesario tener en cuenta que, conforme lo disponía el artículo 1504 (5) del Código Civil, la mujer se convertía en incapaz al momento de contraer matrimonio y el marido, por disposición del artículo 62 (6) de la época, pasaba a ser su representante legal.
(5) “ART. 1504.—Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y sordomudos, que no pueden darse a entender por escrito.
Sus actos no producen ni aun obligaciones naturales, y no admiten caución. Son también incapaces los menores adultos, que no han obtenido habilitación de edad; los disipadores que se hallan bajo interdicción de administrar lo suyo; las mujeres casadas y las personas jurídicas. Pero la incapacidad de estas cuatro clases de personas no es absoluta, y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes".
(6) “ART. 62.—Son representantes legales de una persona, el padre o marido bajo cuya potestad vive, su tutor o curador, y lo son de las personas jurídicas de los designarlos en el artículo 639".
Consecuencia de su incapacidad era que los actos jurídicos celebrados por la mujer, sin la debida autorización del marido, se reputaban relativamente nulos y que, mediando la autorización de su cónyuge, los efectos jurídicos derivados de dicho acto comprometía el patrimonio del marido como actos personales suyos (C.C., art. 1527). No obstante, la mujer se obligaba con su propio patrimonio hasta concurrencia del beneficio que hubiera obtenido en el negocio.
Dentro del conjunto de restricciones impuestas por dicha incapacidad civil, al tenor del artículo 182 del código, la mujer casada no podía, sin consentimiento del marido, celebrar contrato alguno, desistir de contrato anterior, remitir una deuda, aceptar o repudiar donación, herencia o legado, adquirir título alguno, oneroso o lucrativo, enajenar, hipotecar o empeñar. Tampoco podía comparecer en juicio, a menos que se tratara de pleito entre cónyuges. El marido podía eventualmente ratificar el acto celebrado sin autorización previa por la mujer, o, en su caso, el juez, podía hacerlo cuando la ausencia de autorización conyugal perjudicaba los intereses de la mujer.
Puede decirse, finalmente, que la autorización del marido se presumía en la adquisición de bienes muebles, excepto los de gran valor, y de objetos destinados al consumo ordinario de la familia (C.C., art. 192) (7) .
(7) “ART. 192.—Se presume la autorización del marido en la compra de cosas muebles que la mujer hace al contado. “Se presume también la autorización del marido en las compras al fiado de objetos naturalmente destinados al consumo ordinario de la familia.
"Pero no se presume en la compra al fiado de galas, joyas, muebles preciosos, a uno de los naturalmente destinados al vestido y menaje, a menos de probarse que se han comprado o se han empleado en el uso de la mujer o de la familia, con conocimiento y sin reclamación del marido".
Ahora bien, en lo que toca con el aspecto de la administración de la sociedad conyugal por parte del marido, es necesario resaltar que, tal como lo disponía el artículo 180 del Código Civil, “por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges, y toma el marido la administración de los de la mujer, según las reglas que se expondrán, en el título XXII, libro IV “De las capitulaciones matrimoniales y de la sociedad conyugal''".
De acuerdo con el artículo 1805 (8) del Código Civil al marido se le reconocía el título de “jefe de la sociedad conyugal" y, en calidad de tal, se le confería, de ordinario, el derecho a manejar los bienes propios y los de su mujer, cuya administración se arrogaba por el hecho mismo del matrimonio. Las características de la administración ordinaria de la sociedad conyugal, según el régimen establecido en la primera regulación del Código Civil, pueden sintetizarse de la siguiente forma (9) :
(8) “ART. 1805.—El marido es jefe de la sociedad conyugal y como tal administra libremente los bienes sociales y los de su mujer; sujeto, empero, a las obligaciones que por el presente título se le imponen y a las que haya contraído por las capitulaciones matrimoniales".
(9) Cfr. Álvarez Rodríguez Édgar. “Régimen de bienes en el matrimonio”, Bogotá, Temis. 1978. pág. 24.
1. La sociedad conyugal estaba conformada, como se advirtió, por los bienes del marido, por los bienes de la esposa y por los bienes sociales. No obstante, ante terceros, el marido dejaba de actuar como simple administrador para posar como verdadero dueño de los bienes sociales. La administración de la sociedad conyugal le confería al marido la potestad de disponer libremente de los bienes propios de la mujer, aunque esta facultad se encontraba sujeta a especiales restricciones.
2. La regla general era que el haber social estaba conformado por los bienes muebles de los cónyuges y los inmuebles adquiridos a título oneroso después del matrimonio.
3. El marido era responsable de las deudas de la saciedad, después de su liquidación, sin perjuicio de que pudiera repetir contra su mujer, pero ésta solamente se obligaba en dichas deudas hasta la mitad de sus gananciales. Por el hecho de ser el administrador de la sociedad conyugal y de actuar ante terceros como dueño de los bienes que componen dicho haber, los acreedores del marido podían perseguir también los bienes sociales.
5. (sic) La separación de los bienes de la mujer podía ser solicitada, pero por razones estrictamente relacionadas con la protección de sus intereses.
6. La mujer no podía disponer de sus bienes propios, ni celebrar contrato alguno, sin administración del marido o en subsidio, del juez.
7. Pese a que la regla general contenida en el Código Civil era la libre administración de los bienes por parte del marido, a éste se le imponían algunas restricciones, respecto de la disposición de derechos económicos, que estaban encaminadas a proteger los intereses de la mujer. Tal es el caso de la imposibilidad para el marido de enajenar o hipotecar bienes de la mujer que eventualmente aquél estaría llamado a restituir, sin la previa autorización de ésta y del juez (C.C., art. 1805). Tampoco podía el marido, al tenor del artículo 1293 del Código Civil repudiar una asignación deferida a la mujer, sino con el consentimiento de ésta, o, en subsidio, del juez.
La primera persona llamada a servir de curador del marido demente era la propia esposa (C.C., arts. 550-558 y 563), aunque ésta no podía ocupar tal cargo si la incapacidad del primero provenía de prodigalidad (C.C., art. 539). La mujer curadora del marido demente, ausente y sordomudo ejercía la administración de la sociedad conyugal de acuerdo con las reglas contenidas en los artículos 558, 565 y 1814 del código.
4. La Ley 28 de 1932.
Por virtud de dicha transformación, la mujer casada adquirió la plena administración y disposición de sus bienes y el marido dejó de ser su representante legal (art. 5º). La Ley 28 de 1932 derogó, en consecuencia, todas las disposiciones del Código Civil que consagraban la incapacidad civil de la mujer, la necesidad de autorización marital o judicial para disponer de sus bienes y de los bienes comunes de la sociedad, así como aquellas que depositaban en el marido la función de administrar los bienes de la sociedad (10) .
(10) No sobra advertir que la potestad marital respecto de la persona de la mujer, es decir, aquella que, ejercida por el marido, le daba a éste la potestad de exigir obediencia a su mujer, lo cual incluía la obligación de seguirlo adonde quiera que aquel fijara la residencia de la familia, siguió vigente hasta el año de 1954 cuando, mediante la expedición del Acto Legislativo 3, el Estado colombiano reconoció la igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres. Posteriormente volvería a reconocerse tal igualdad en el Decreto 2820 de 1974.
La Ley 28 de 1932, en punto al aspecto patrimonial, consagró un sistema compartido de administración de bienes por virtud del cual cada uno de los cónyuges es autónomo en la administración y disposición de los bienes adquiridos con anterioridad a la celebración del matrimonio, así como en la administración y disposición de los bienes adquiridos con posterioridad a ésta. El marido no era ya, en adelante, dueño de los bienes sociales ante terceros, pero tampoco único responsable de las deudas de la sociedad a quien los acreedores recurrían para perseguir la satisfacción de sus créditos. La Corte Suprema de Justicia explicó del siguiente modo las características sobresalientes del nuevo régimen.
"Según establece el artículo 1º de la Ley 28 de 1932, entre los atributos que para los cónyuges surge de la constitución de la sociedad conyugal, está el de disposición que durante el matrimonio puede ejercer cada uno de ellos respecto de los bienes sociales que le pertenezcan al momento de contraerlo, o que hubiere aportado a él, prerrogativa que sólo decaerá a la disolución de la sociedad, por cuya causa habrá de liquidarse la misma, caso en el cual “se considerará que los cónyuges han tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio”. Significa lo anterior, entonces, que mientras no se hubiese disuelto la sociedad conyugal por uno cualquiera de los modos establecidos en el señalado artículo 1820 del Código Civil, los cónyuges se tendrán como separados de bienes y, por lo mismo, gozarán de capacidad dispositiva con total independencia frente al otro, salvo, claro está, en el evento de afectación a vivienda familiar de que trata la Ley 258 de 1996, independencia que se traduce en que éste no puede obstaculizar el ejercicio de ese derecho. De igual manera, en vida de los contratantes tampoco los eventuales herederos podrán impugnar los actos celebrarlos por el otro cónyuge, fincados en las meras expectativas emergentes de una futura e hipotética disolución del matrimonio o de la sociedad conyugal, como que si así no fuere se desnaturalizaría su régimen legal”. (Sent. 91, CSJ Sala de Casación Civil, M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles, Proceso 4920, Gaceta Judicial, t. CCLV Nº 2494).
5. Derogación del artículo 193 del Código Civil.
La derogación del artículo 193 del Código Civil se produce en sus dos aspectos estructurales: primero, en el predicado de la disposición, ya que éste ha quedado desvirtuado por la legislación presente en cuanto que la administración de los bienes de dicha sociedad no se encuentra ya en cabeza exclusiva de ningún cónyuge, pues marido y mujer conservan la facultad de administrar y disponer de sus bienes por separado. En estricto sentido, la idea que corresponde a la nueva regulación patrimonial de la sociedad conyugal no es la de una masa de bienes destinada a ser administrada por un solo cónyuge, sino a la administración separada de los bienes que correspondan a cada uno, que habrá de considerarse unificada para efectos de la disolución de la sociedad (11) .
(11) Lo dijo también la Corte Suprema de Justicia en la sentencia anteriormente citada: “Como se sabe, el régimen de participación de gananciales o de sociedad conyugal es una de las formas de regular las relaciones patrimoniales entre los cónyuges, con ocasión del matrimonio. Consiste en que desde su celebración y durante su vigencia, cada uno de ellos administra separadamente tanto los bienes que poseía al momento de contraerlo, como los que llegare a adquirir posteriormente, mientras subsista el vínculo o la sociedad de bienes que se genera por el hecho del matrimonio; además, cada uno de ellos puede ejercer autónomamente el derecho de libre disposición sobre los mismos bienes. Pero, una vez disuelta la sociedad conyugal, los gananciales o bienes adquiridos durante su existencia pasan a constituir un patrimonio común para el único efecto de su liquidación y división entre ellos o sus herederos en la forma y términos establecidos en la ley. “Es, como lo dice la Corte, una hábil combinación de los regímenes de separación y de comunidad restringida”. Existen a la par dos patrimonios ubicados autónomamente en cabeza de cada uno de los cónyuges, cuya individualidad se desvanece al disolverse la sociedad conyugal. Así, pues, tan singular sociedad permanecerá latente hasta su disolución, momento en el cual emergerá “del estado de latencia en que yacía a la más pura realidad” (G.J. T. XLV, pág. 636)”. (Sent. 91, CSJ Sala de Casación Civil, M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles, Proceso 4920. Gaceta Judicial, tomo CCLV Nº 2494).
No obstante la conclusión anterior, podría proponerse otra alternativa. Esta diría que la norma continúa vigente pero que debe ser interpretada al tenor de las modificaciones de la Ley 28 de 1932, al punto que la preceptiva debe extenderse a ambos cónyuges y a la administración separada de los bienes. De acuerdo con dicha propuesta, donde la norma dice “marido”, debe entenderse “cónyuge"; así como la frase “para la administración de la sociedad conyugal”, debe considerarse modificada por la nueva legislación y referida a la administración de los bienes que le pertenezcan a cada cónyuge al momento de contraer matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera.
Con todo, la curaduría a que se refiere el nuevo régimen se entiende como curaduría de bienes ajenos, no vinculada en absoluto a algún tipo de potestad derivada del matrimonio, sino únicamente a la minoría de edad, y se desarrolla con fundamento en las reglas generales sobre curaduría, que son independientes de la regulación patrimonial o del régimen económico de la sociedad conyugal (12) .
(12) “Gaceta Judicial, t. XLV, págs. 630 y ss. Édgar Álvarez Rodríguez, ob. cit”.

References: ARTÍCULO 193
 resolución 
 artículo 13
 artículo 193
 artículo 1504
 artículo 62
 artículo 639
 artículo 182
 artículo 180
 artículo 1805
 artículo 1293
 artículo 1
 artículo 1820
 artículo 193
 artículo 193