Source: https://www.scribd.com/doc/103600120/INTRODUCCION-AL-DERECHO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Timestamp: 2017-04-30 17:20:50+00:00

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INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL | Constitution | Procedural Law
ScribdBrowseInterestsCareer & MoneyPersonal GrowthPolitics & Current AffairsScience & TechHealth & FitnessLifestyleEntertainmentBiographies & HistoryFictionBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinINTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONALUploaded by Jorge Lomeli TalaveraConstitutionProcedural LawState (Polity)Human RightsFederation0.0 (0)DownloadEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PPT, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content“INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL”1.1. ANTECEDENTES
• Desde la época de la democracia ateniense existen formas de control jurisdiccional de los actos de los poderes públicos. Menos fácil fue admitir el control de legitimidad de las leyes, dado que, hasta los tiempos de las formas de Estado absoluto (siglo XVIII), la ley misma -o, más en general, el derecho- era vista como posible forma de limitación del poder de gobierno. • Los límites al poder soberano asumían un carácter predominantemente político o moral y el esfuerzo consistía, en nombre de la legalidad, precisamente en que el soberano quedara sujeto al respeto por el derecho. Por otra parte, de manera contraria, sobre la base de la experiencia inglesa, se impuso la idea de la omnipotencia del Parlamento, lo que suponía que la voluntad de las asambleas representativas quedase excluida del sometimiento a las decisiones de los jueces.
• Además, con el surgimiento del principio de la división de los poderes basado en las teorizaciones de Locke y de Montesquieu, el límite al poder legislativo fue hallado en la atribución de los diversos poderes soberanos a órganos diversos e independientes, más que en un control judicial de las leyes. • La presuposición teórica del control de constitucionalidad de las leyes, debe buscarse en las Constituciones revolucionarias, americana y francesa, porque la constitución asume el significado de norma constitutiva y reguladora de la vida política asociada, de pacto social, de ley fundamental capaz de conformar la toda vida constitucional. • En esta concepción no puede dejar de emerger inmediatamente la exigencia de un sistema de justicia constitucional, es decir, de un control operado por un órgano independiente de las fuerzas políticas, llamado a resolver las controversias entre las autoridades supremas del ordenamiento y, sobre todo, a revisar que también los poderes ejercitados por las Asambleas parlamentarias -es decir las leyes- se encuentren conformes a la Constitución.
• El verdadero momento fundador de la moderna idea de la Judicial Review se remonta, más bien, a lo ocurrido en los Estados Unidos de América al inicio del siglo XIX, cuya Constitución de 1787 no preveía la posibilidad de un control semejante.
• Con la sentencia Madison “Marbury, vs. Madison” se puede decir que nace el control de constitucionalidad de las leyes, pero sin embargo todavía falta una verdadera y adecuada Corte constitucional.
1.1.1.- Modelos de justicia constitucional y teorías sobre la defensa de la Constitución.
• Así, el control de constitucionalidad estadounidense aparece -y se desarrolla- con carácter difuso, la Corte suprema no detenta el monopolio del control, sino que lo ejercita como órgano máximo del sistema judicial de los Estados Unidos, con eficacia limitada a las partes de la causa. Sin embargo; el sistema del precedente (stare decisis), típico de los ordenamientos anglosajones (ordenamientos de common law), vincula a las cortes inferiores a conformarse a los pronunciamientos de los jueces superiores, por lo cual una sentencia de la Corte Suprema termina por tener una eficacia general.
• En la experiencia europea se forma, en cambio, la idea de confiar el control de constitucionalidad a un Tribunal ad hoc, lo que constituye un control concentrado de la constitución, en la óptica de ofrecer una garantía de esta Carga Magna de carácter objetivo. La teorización de este modelo se debe a la contribución de Hans Kelsen, modelo que fue también llamado a ser aplicarlo en la Constitución austriaca de 1920.
• En la doctrina alemana posterior a la primera guerra mundial, afirmada la tesis de la supremacía y de la rigidez de la Constitución, se desarrolló un debate sobre quién debía ser el guardián de la Constitución. • Por un lado, Carl Schmitt, cercano al nazismo, individualizaba en el Presidente del Reich al órgano de garantía del ordenamiento, sobre todo como sujeto apto para tomar las decisiones extremas en las situaciones excepcionales.
• Kelsen, en cambio -partiendo de la idea de que la “la función política de la constitución es la de poner límites jurídicos al ejercicio del poder y garantía de la constitución significa la certidumbre de que estos límites no serán rebasados”- se preocupaba por subordinar también al Parlamento a la constitución; por lo tanto, proponía que “la tarea de anular sus actos inconstitucionales debe confiarse a un órgano diverso, independiente de éste y de cualquier autoridad estatal, es decir a una jurisdicción o tribunal constitucional”. • El tipo de control de constitucionalidad así propuesto por Kelsen confiaba sólo al Tribunal constitucional el poder de declarar inconstitucionales las leyes, con efecto general, erga omnes, y bajo instancia de las autoridades públicas llamadas a aplicar el derecho.
• En el modelo concentrado, pues, la sentencia que declara la ilegitimidad constitucional de una ley tiene efectos generales (efecto de anulación erga omnes), en el sentido de que elimina de una vez por todas, en todas las posibles aplicaciones, el acto del ordenamiento, ya sea para el futuro, ya sea -generalmentetambién para el pasado (eficacia retroactiva). • Con independencia del modelo que se adopte, conforme a la tradición histórica de cada una de las democracias, lo verdaderamente importante es que ha proliferado la idea de la existencia de un órgano de control constitucional ajeno a los poderes políticos del Estado, que dirima las controversias entere sus órganos y que se cerciore de que todo el ordenamiento legal que emane de la Constitución se ajuste precisamente a los principios contenidos en ésta
1.1.2. El nacimiento de las Cortes constitucionales y
la difusión de la justicia constitucional en el mundo.
• Sobre la base del modelo Austriaco, durante los últimos 80 años, el Tribunal Constitucional se convirtió en una instancia irrenunciable para las democracias (sobre todo occidentales), como medio de resolución de las controversias entre los diversos titulares del poder estatal y como sede para controlar la actuación del legislador en nombre de la Constitución.
• Bajo la idea del control concentrado de la constitucionalidad, han surgido las cortes constitucionales en Austria, en Italia, en Alemania. En Francia el “Conseil Constitutionnel” previsto en la Constitución de 1958. También en Chipre, Turquía, Yugoslavia y en años más recientes en Portugal y España. Los países de la Europa Occidental han comenzado a experimentar la justicia constitucional a partir del modelo de Polonia y de Hungría, por lo que en el último decenio, la institución de un Tribunal Constitucional se ha convertido en una variable casi imprescindible como se desprende de las constituciones de Rusia, Bulgaria, Lituania, República Checa, República Eslovaca, Rumania, Eslovenia, Croacia, Albania, Moldavia, Letonia y Estonia. En algunos estados asiáticos como Tailandia y Corea del Sur, y africanos de influencia francesa como Argelia, Marruecos y Túnez, se han fundado tribunales constitucionales con específicas competencias relativas al control de las leyes.
• Bajo el sistema del “common law” se han desarrollado esquemas de control difuso de constitucionalidad en Canadá y en Australia, así como en estados europeos como Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Suiza y Suecia, y en estados asiáticos y africanos como India, Kenia, Uganda y Nigeria. • Son frecuentes también las hibridaciones entre el modelo austriaco y el modelo americano, que dan vida a formas de control de constitucionalidad mixto como podrían considerarse los casos de Grecia y en algunos estados de América Latina como Perú, Ecuador, Paraguay, Guatemala y Colombia.
• El caso mexicano, con independencia del debate sobre si la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede o no considerarse como un verdadero Tribunal Constitucional, (porque a decir de sus detractores, no es un órgano que se sitúe fuera del aparato jurisdiccional ordinario, o sea, no está por encima de los tres poderes constituidos, sino que forma parte de uno de ellos), lo cierto es que conforme a sus atribuciones, sí tiene la facultad de controlar que los actos de autoridad se ajusten a la normativa constitucional, específicamente a través del recurso de revisión en el amparo contra leyes, o con motivo de la resolución de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, medios de control todos, que están previstos en la constitución federal. • Se advierte, pues, la proliferación en todo el orbe, de los órganos de control de la constitucionalidad de leyes y actos.
• Empero, no solo han proliferado los órganos de control constitucional, sino que a la par, ha surgido la necesaria idea de dotarlos de herramientas a fin de que puedan ejercer ese control de la constitucionalidad.
Así, es casi uniforme la facultad de los órganos de control constitucional, de anular los actos de autoridad que afectando alguna garantía individual, transgredan el orden normativo constitucional, pero en cuyo caso, la declaratoria de inconstitucionalidad sólo alcanza al particular afectado, sin hacer una declaración general.
• También existe dentro de las facultades de estos órganos de control constitucional, la posibilidad de verificar que las distintas esferas de competencia de las dependencias que integran el aparato burocrático estatal, se ajusten a los mandatos contenidos en la propia Constitución como se logra en México con la controversia constitucional; y el denominado control abstracto de la constitucionalidad de leyes, a virtud del cual los órganos de control constitucional declaran, casi siempre con efectos generales, si las leyes emanadas de los congresos o de las asambleas legislativas se ajustan o no a los mandatos contenidos en la Constitución federal, como en el caso de la acción de inconstitucionalidad en México.
• Además, ha tenido buena aceptación la idea de dotar a los órganos de control constitucional de nuevas herramientas a fin de que puedan ejercer más ampliamente ese control de la constitucionalidad. • Así, se ha aceptado en algunas legislaciones el control previo de la constitucionalidad de tratados, leyes y reglamentos, que es un mecanismo a través del cual, el órgano de control constitucional, previo a la aprobación por el Poder Legislativo, analiza que las normas que hayan de ser expedidas, se ajusten a los mandatos contenidos en la carta fundamental, evitando así, la proliferación de normas que no se ajustan al marco constitucional y propiciando de esta manera, una depuración paulatina de los ordenamientos legales.
• Otro medio de control que surge recientemente es la cuestión de constitucionalidad que se ha implementado en España y Costa Rica, como una figura que, siguiendo un poco la idea del control difuso, permite que cualquier juez de instancia, al tener en conocimiento un litigio en el que deba aplicar una norma que estime contraria a algún precepto constitucional, está facultado para suspender la causa y plantear la cuestión de constitucionalidad al órgano encargado de dirimir esos conflictos a fin de que este último determine sobre su validez o invalidez. También se ha implementado la cuestión de inconstitucionalidad por omisión, con la que se pretende regular la actividad pasiva de los órganos legislativos. Incluso, en algunas legislaciones, se ha dotado al órgano de control constitucional de la facultad de iniciativa de leyes particularmente que tengan que ver con la función que desempeña.
•A partir de la proliferación de los medios de control constitucional, surge además la idea de los constitucionalistas más destacados, de reconocer como una nueva rama del derecho el procesal constitucional, cuya creación se atribuye al propio Hans Kelsen, quien planteó por primera vez la necesidad de establecer instrumentos procesales específicos para la tutela de las disposiciones constitucionales y que en palabras de Héctor Fix Zamudio se puede conceptualizar como:
“la disciplina que se ocupa del estudio de las garantías de la Constitución, es decir, de los instrumentos normativos de carácter represivo y reparador que tienen por objeto remover los obstáculos existentes para el cumplimiento de las normas fundamentales, cuando las mismas han sido violadas, desconocidas o existe incertidumbre acerca de su alcance o contenido, o para decirlo con palabras carnelutianas, son las normas instrumentales, establecidas para la composición de los litigios constitucionales.”
1.2 CATEGORÍAS QUE INTEGRAN EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL.
• La Constitución es definida por Tena Ramírez como el conjunto de preceptos que regulan la creación de norma jurídicas generales abarcando principios jurídicos que designan a los órganos supremos del Estado, los modos de su creación, sus relaciones mutuas, el círculo de su acción y por último, la situación de cada uno de ellos. • El tratadista Elizur Arteaga conceptúa a la Constitución como el complejo normativo que organiza un Estado, regula por lo tanto el poder, garantiza el respeto a las libertades y permite el ejercicio de derechos. • Ahora bien, la necesidad de proteger a la Constitución se funda en la realidad, en el sentido de que la vida social, regulada por el derecho, es de suyo dinámica. Los vertiginosos cambios socio-políticos demandan que la Constitución exponga cierto grado de vigencia y efectividad.
• Así, la evolución del Estado depende del irrestricto respeto a la Constitución, que debería ser “espontáneo y natural”, pero a veces las autoridades públicas, a través de sus titulares dejan de observar y guardar la Norma Suprema, la desconocen, con lo cual desequilibran a los poderes públicos y violan los derechos humanos; por tanto, es indispensable que existan medios procesales de protección constitucional. • En este sentido por defensa de la constitución puede entenderse el conjunto de instrumentos procesales destinados a salvaguardar el contenido, los alcances y la evolución de la Ley Fundamental. • Tales instrumentos son de varios tipos y normalmente los resuelven instancias jurisdiccionales, entre las que figuran los tribunales constitucionales; no obstante, la Constitución también puede ser defendida por órganos políticos, como ocurre con el Consejo Constitucional francés.
• Ahora bien, como concepto genérico, la defensa de la Constitución puede escindirse en dos categorías estrechamente relacionadas en la práctica:
a) La protección de la Constitución comprende los factores políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que se han canalizado mediante normas de carácter fundamental, e incorporado a las Constituciones para limitar el poder y lograr que sus titulares se sometan a aquéllas, tanto por lo que respecta a sus atribuciones como al respeto a los derechos humanos. b) Las garantías constitucionales son los medios jurídicos, de naturaleza procesal o procedimental, enderezados a reintegrar el orden constitucional cuando es desconocido o violado por los propios órganos del poder, siempre que los instrumentos protectores que integra la categoría anteriormente citada no hayan bastado para lograr el respeto y cumplimiento de las disposiciones constitucionales.
1.2.1. Medios Protectores de la Constitución
I. División de Poderes (John Locke) • Sistema contra la opresión del poder tiránico. El Poder Legislativo es el contra peso del Ejecutivo. • Montesquieu, incluye al Poder Judicial y la consideración de que no pueden integrarse en un solo ente dos poderes, esto es una condición necesaria para la libertad. “EL PODER FRENA AL PODER”. • En el estado mexicano se ha recurrido a la creación de organismos autónomos dentro de los poderes, como medio para garantizar que el ejercicio público se realicen sin verse afectado por el sometimiento político.
a) PODER EJECUTIVO: Comisión Nacional de Derechos Humanos, Instituto Federal Electoral, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de México. b) PODER LEGISLATIVO: Auditoria Superior de la Federación. c) PODER JUDICIAL: Consejo de la Judicatura Federal, Tribunal Electoral.
II. Participación de grupos sociales y partidos políticos • Una de las características de los regímenes democráticos contemporáneos es la tendencia a la participación cada vez más activa de los sectores sociales en la toma de decisiones políticas importantes. • En México, se introdujo la participación de grupos sociales, al incluirse en la Constitución: · etnías indígenas · Juntas de Conciliación y Arbitraje · Instituto Mexicano del Seguro Social · INFONAVIT • De ahí que la inclusión de grupos sociales en la Constitución puede considerarse como la participación de la sociedad o grupos sociales, de forma institucionalizada.
• En 1977, a los partidos políticos se les reconoce como instituciones de interés público, con participación en la vida democrática y proceso de renovación de poderes. • A partir del proceso electoral de 1988, se inicia una reforma sustancial del proceso de renovación de los poderes públicos, que lleva a la creación del IFE y del TEPJF.
III. Medios Económicos y Financieros • En las constituciones contemporáneas se han incorporado medios para la regulación adecuada de los recursos financieros y económicos, que en su conjunto han recibido el nombre de “Derecho Constitucional Económico”. • Se han integrado por tanto, organismos autónomos en su gestión para la revisión del ejercicio del gastos gubernamental (vgr. Auditoria Superior de la Federación).
1.3. ACEPCIÓN MODERNA DEL TÉRMINO GARANTÍA CONSTITUCIONAL.
• Garantía Constitucional es un proceso instituido por la misma Constitución de un Estado cuya finalidad es defender la efectiva vigencia de los derechos fundamentales que este texto reconoce o proteger la estructura jerárquica normativa establecida. También puede definirse como los procedimientos que se utilizan para restaurar el orden constitucional desconocido o violado.
• Su objeto se traduce: En mantener la vigencia y aplicación de la Constitución, y Restituir el estado de las cosas hasta antes de la violación. • JELLINEK. Considera a los instrumentos de defensa de la constitución como garantías de derecho público.
• LEON DUGUIT. Las dividió en preventivas (que evitan la violación a la Constitución) y represivas (como freno a los abusos del estado a través de un órgano supremo de competencia, reconocido con amplio saber e imparcialidad, libre de sospecha y ante quien se inclinarían gobernantes, gobernados e incluso el legislador).
• La doctrina constitucional imperante coincide en cambiar el término "garantía constitucional" por el mas completo término de "proceso constitucional". Este cambio se basa en la noción de "Jurisdicción Constitucional" que postuló el jurísta italiano Mauro Capelletti. • Se identificaba la Jurisdicción Constitucional como la potestad que tenían los jueces y tribunales de pronunciarse sobre temas constitucionales. Esta potestad no la otorgan a los jueces las leyes que regulan su función sino que, a diferencia de sus facultades normales, es otorgada por la misma Constitución.
• El derecho procesal constitucional mexicano es la disciplina jurídica encargada del análisis sistemático de los medios de control constitucional previstos por la Norma Suprema y diversas leyes reglamentarias. • Las características de pública, instrumental e imperativa, son las que asume la disciplina del derecho procesal constitucional.  Pública, porque los procesos constitucionales buscan un fin de interés general;  Su carácter instrumental, radica en que las normas reguladoras de procesos de este tipo se fundan en el derecho constitucional, y se califican de instrumentales;  Finalmente es imperativa en razón de su obligatoriedad.
• En México, los instrumentos de control constitucional podemos diferenciarlos en no jurisdiccionales y jurisdiccionales, así como en organismos constitucionales autónomos de la defensa de la Constitución. A. Instrumentos de control constitucional no jurisdiccionales: 1. Facultad indagatoria y recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 2. Juicio político. B. Instrumentos de control constitucional jurisdiccionales: 1. Juicio de revisión constitucional electoral; 2. Juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano; 3. Controversia constitucional; 4. Acción de inconstitucionalidad, y 5. Juicio de amparo.
C. Organismos constitucionales autónomos de la defensa de la Constitución:
• Los organismos constitucionales autónomos surgieron en la segunda posguerra para enriquecer la teoría clásica de la división del poder en las ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial.
• Sin embargo, como actualmente se entiende que dentro de un Estado puede haber funciones distintas de las desempeñadas por esas ramas, debe contarse con órganos diferentes de los tradicionales en beneficio de una mejor distribución de las atribuciones estatales.
• Las características de los organismos mencionados son: a) configuración constitucional, es decir, en la propia Constitución se prevé su existencia, composición y competencia; b) tienen una paridad de rango con los demás poderes, de modo que no se les subordinan (se coordinan) aunque ello no implique que sus decisiones no sean controlables o revisables por el Poder Judicial. c) cuentan con autonomía e independencia funcional y financiera, y d) participan en la dirección política del Estado, pues atienden funciones coyunturales del Estado que requieren ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.
•Así lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 12/2008, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS. Con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad."
• En México, como organismos constitucionales autónomos previstos por la normativa máxima, se tienen los siguientes:
a. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos prevista en el artículo 102, apartado B que dispone:
“B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales. El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.[…]”
b. El Banco de México previsto en el numeral 28, párrafo sexto, al indicar:
“[…] El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento […]”
c. El Instituto Federal Electoral en términos de lo dispuesto por el artículo 41, aparatado D, fracción V que señala:
“V. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.[…]”
d. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía en términos del numeral 26, apartado B, que señala:
“B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.
La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia.[…]”
Algunos tratadistas también incluyen como órgano constitucional autónomo a los tribunales agrarios previstos en el artículo 27, fracción XIX que dispone:
“ XIX.- Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de le (sic) tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos. Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente. […]
• Sin embargo, ello sería discutible, pues atento a las características de que están investidos estos organismos, y que ya fueron reseñadas, los tribunales agrarios, no cuentan con autonomía financiera. • Todos ellos pertenecen al Estado -en esto se basa su autonomía- y gozan de un rango similar al de los poderes, lo que no ocurre con las universidades autónomas y los partidos políticos. • Su misión principal radica en atender necesidades torales para la vida del Estado y de la sociedad en general. Por tanto, su creación, particularmente en lo que respecta a México, ha obedecido a la necesidad de satisfacer demandas sociales, sin alterar la tradicional doctrina de la división del poder en tres órganos primarios.
1.5. PANORAMA GENERAL DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL EN MÉXICO.
• El interés por un mejor y mayor conocimiento del derecho procesal constitucional en nuestro país, ha generado que se incorpore como una materia -cada día más- en los programas docentes de las licenciaturas en Derecho, ello dada su importancia que radica precisamente, en el estudio de manera sistematizada y ordenada, de los medios de control de la Constitución, como herramientas para lograr el ajuste a la constitución de todo acto de autoridad del Estado y de la leyes que nos rigen. • Así, reviste especial importancia que desde la licenciatura, los estudiantes, conozcan con amplitud y se familiaricen con los mecanismos eficaces que tienen los gobernados para evitar o corregir los abusos o equivocaciones del poder público que lesionan o vulneran los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A. INSTRUMENTOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL NO JURISDICCIONALES. 1. La facultad indagatoria y recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. • Actualmente, la facultad indagatoria como medio de control constitucional se contiene en los párrafos segundo y tercero del artículo 97 de la Constitución Federal, mismo que dispone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede investigar algún hecho o hechos que constituyan “una grave violación de alguna garantía individual”. • No obstante, mediante boletín 3085, de 24 de marzo de 2011, la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, informó que el 15 de marzo del presente año, aprobó el acuerdo propuesto por el Senado de la República para que remita, como ente revisor, a los Congresos de los Estados lo aprobado hasta la fecha en materia de DERECHOS HUMANOS a nivel constitucional.
•En el documento, avalado con 310 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, se establece que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, fracción E), y 135 constitucionales, se remita a los Congresos locales las reformas siguientes:
 Artículo 1º, en el cual se reconoce a nivel constitucional los derechos humanos y los acuerdos internacionales suscritos por México. Se agrega el derecho de la no discriminación motivada por origen étnico, género, edad, discapacidades, condición social, de salud, religión, de opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra. La modificación al segundo párrafo del artículo 3º, en el que se establece la protección de los derechos humanos y donde se ordena que la educación que imparta el Estado deberá fomentar el respeto a los derechos humanos.
El artículo 11, que establece el derecho de cualquier ciudadano a solicitar asilo por motivo político o causas humanitarias. El artículo 15, que prohíbe la suscripción de convenios o tratados internacionales que violen los derechos humanos. El artículo 18, que establece que el sistema penitenciario del país debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos.
 La reforma al artículo 29, que señala que aún en un caso excepcional de suspensión de garantías hay derechos que no deberán ser tocados, como son los casos de la no discriminación, el reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la protección de la familia, los derechos de la niñez, políticos, la prohibición de la esclavitud y la prohibición de la pena de muerte.
• La reforma al artículo 33, establece que toda persona extranjera que ingrese al país gozará de derechos humanos y cuando el gobierno determine su expulsión deberá existir una previa audiencia. • La modificación al artículo 89, que ordena que la política exterior deberá conducirse con base en la protección de los derechos humanos. • La modificación al artículo 97 en el que se elimina de las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la averiguación de las violaciones graves a los derechos humanos.
• La reforma al artículo 102, que señala la obligatoriedad de los servidores públicos a acatar y responder las observaciones de los organismos estatales y nacional de derechos humanos, además de explicar los motivos por los que no cumplió, en su caso, con las resoluciones emitidas.
En esa misma modificación se otorga a los organismos la facultad de conocer sobre las violaciones a los derechos humanos en materia laboral; se establece la autonomía de las comisiones de derechos humanos; se faculta a la CNDH a investigar violaciones graves y señala que la elección de su presidente se someterá a consulta pública. •Otra reforma aprobada es al artículo 105, a través de la cual se faculta a la CNDH a interponer la controversia constitucional cuando alguna ley viole los derechos humanos. •La reforma en comento por tanto, quita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de investigar violaciones graves a los derechos humanos, como lo hizo en los casos de la guardería ABC, los presos de San Salvador Atenco o las investigaciones de la periodista Lydia Cacho. •Con los cambios, ahora dicha facultad sería asumida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El Estado tendrá ahora la facultad de prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos y se establece que los organismos protectores de derechos humanos deberán tener apoyo de las legislaturas locales para tener autonomía de gestión, presupuestaria y hasta patrimonio propio.
En lo relativo a las recomendaciones que actualmente la CNDH hace a funcionarios públicos y autoridades que considera están violando los derechos humanos, no tienen ninguna consecuencia jurídica y sólo deciden si las aceptan o no. Efectivamente, el procedimiento ante estos organismos actualmente no es rígido ni formal. Cuando culmina con una recomendación, la autoridad respectiva tiene quince días para comunicar a la Comisión respectiva si la acepta, y otros quince para entregarle las pruebas del cumplimiento respectivo. Entonces, la Comisión notificará inmediatamente al promovente los resultados de la investigación, la recomendación respectiva, su aceptación o ejecución, o bien, el acuerdo de no responsabilidad.
• Con las reformas aprobadas se establece que ahora quienes no acepten las recomendaciones deberán explicar su negativa y podrían ser citados a comparecer por el Senado de la República, la Comisión Permanente o las legislaturas locales. • Sin embargo, para algunos legisladores (Jaime Cárdenas, legislador del Partido del Trabajo) la medida todavía es insuficiente, pues sostienen que: "Cuando una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no sea atendida no debiera existir un control político, sino un control jurídico. Someter a procedimiento de responsabilidad administrativa o responsabilidad penal a aquellos servidores públicos que no atiendan una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos".
2. El juicio político.
• El juicio político es un medio de protección constitucional que resuelve el Poder Legislativo. Burgoa lo define como “el procedimiento que se sigue contra algún alto funcionario del Estado para desaforarlo o aplicarle la sanción legal conducente por el delito oficial que hubiese cometido y de cuya perpetración se le declare culpable”. • El Título Cuarto de la Constitución Federal se ocupa de las responsabilidades de los servidores públicos. El artículo 108 de ese ordenamiento considera servidores públicos: “A los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”.
• Más adelante, el artículo citado dispone que los gobernados de los Estados, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los Consejeros de la Judicatura locales, serán responsables por violaciones a la Constitución Federal y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de recursos federales. Las Constituciones de los Estados deben precisar “el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y los Municipios”. • En cuanto al Presidente de la República, sólo puede ser acusado, mientras dure su mandato, por traición a la patria y delitos graves del orden común.
• El artículo 110 constitucional indica que pueden ser sujetos de juicio político los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, los Diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de Gobierno de Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, los Magistrados y Jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales, y el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral, los Directores Generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. Las sanciones a que dichos funcionarios pueden hacerse acreedores son la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar funciones de cualquier naturaleza en el servicio público.
Según Manuel González Oropeza, “el juicio político mexicano cobra su gran dimensión de control constitucional, cuando se refiere a violaciones a las garantías individuales, a la división de poderes y a la forma de gobierno; es decir, cuando cubre las partes dogmática y orgánica de la Constitución”. Sin embargo, es improcedente por la mera expresión de las ideas. “Esta disposición resulta del mayor interés, porque cubre la libertad de expresión de las autoridades del país; si bien la jurisprudencia derivada del juicio de amparo nos limita para reconocer derechos humanos a las autoridades, este precepto constitucional representa, sin duda, una excepción.” El artículo 114 constitucional determina que el juicio político sólo puede iniciarse mientras el servidor público desempeña su cargo y dentro de un año después. Textualmente se indica: “Art. 114.- El Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.[…]”.
INSTRUMENTOS JURISDICCIONALES
1. El juicio de revisión constitucional electoral.
El juicio de revisión constitucional electoral procede para impugnar actos o resoluciones de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios locales o resolver las controversias surgidas durante ellos, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:
a) Que sean definitivos y firmes; b) Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; c) Que la violación reclamada pueda resultar determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones; d) Que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales;
e) Que la reparación solicitada sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos; y f) Que se hayan agotado en tiempo y forma todas las instancias previas establecidas por las leyes, para combatir los actos o resoluciones electorales en virtud de los cuales se pudieran haber modificado, revocado o anulado. El juicio se desecha de no cumplirse alguno de estos requisitos. Es competente para resolverlo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en única instancia, tratándose de actos o resoluciones relativos a las elecciones de gobernadores, diputados locales, autoridades municipales, así como de jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y titulares de los órganos político-administrativos del Distrito Federal.
2. El juicio para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano. Es un instrumento procesal, que pueden promover los ciudadanos para impugnar actos de autoridades electorales que hayan resultado violatorios de sus derechos políticos. El amparo no procede aquí porque los derechos político-electorales no son garantías individuales, sino prerrogativas privativas de quienes, según los artículos 34 y 35 de la Constitución Federal, son ciudadanos mexicanos. La Constitución y la ley establecen que este juicio sólo procede contra actos de autoridades electorales, dentro de las que no debe considerarse a los partidos políticos. Esta contemplado en la fracción V del artículo 99 constitucional, y reglamentado en el Libro Tercero -artículos 79 a 85- de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME).
• Es competente para resolverlo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, normalmente a través de la Sala Superior, aunque las Salas Regionales lo harán en los siguientes supuestos: a) que la promoción del juicio se realice durante y con relación a un proceso electoral federal ordinario, y b) que el tema de la impugnación se relacione con el derecho político-electoral del ciudadano de votar, es decir, cuando, tras haber cumplido con los requisitos y trámites previstos en la ley, el ciudadano no haya obtenido oportunamente el documento que la ley electoral respectiva exija para ejercer el voto, o cuando, tras haber obtenido dicho documento, el ciudadano no esté incluido en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio, o, en fin, cuando el ciudadano considere haber sido excluido indebidamente de tal lista.
• La promoción del juicio sólo se justificará si, a través de otras instancias o gestiones, no se logró reparar el derecho políticoelectoral violado, según se desprende de lo establecido por el párrafo segundo del artículo 80 de la LGSMIME. • El juicio se tramita según las reglas de carácter general establecidas en el Título II del Libro Primero de la LGSMIME, sin desconocer las reglas particulares establecidas en el Libro Tercero de la propia ley. Los fallos que origine son definitivos e inatacables, y sus efectos pueden consistir en invalidar el acto o la resolución combatidos, aparte de restituir al promovente en el goce del derecho político-electoral violado. La sentencia no conlleva la inaplicación de una ley inconstitucional en que se sustente un acto o una resolución conculcatorios de un derecho político-electoral de un ciudadano, pues la Suprema Corte de Justicia ha establecido que el Tribunal Electoral sólo puede decidir sobre algún acto o alguna resolución, o sobre la interpretación de un precepto constitucional, siempre que tal interpretación no se haga para verificar la conformidad de una ley federal o local con la Constitución.
3. La controversia constitucional. • Desde el 5 de febrero de 1917 hasta el 31 de diciembre de 1994, el artículo 105 constitucional señaló: “Corresponde sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conocer de las controversias que se susciten entre dos o más Estados, entre los poderes de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos, y de los conflictos entre la Federación y uno o más Estados, así como de aquellos en que la Federación fuese parte”.
• Apenas tuvo importancia en la práctica. Carecía de ley reglamentaria y los conflictos a que alude solían ser resueltos por el Senado, en uso de las facultades exclusivas que le otorgan las fracciones V y VI del artículo 76 constitucional. La falta de reglamentación motivó que el Máximo Tribunal aplicara el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal de 1978 y la Ley de Planeación de 1983. Finalmente, con las reformas de 1994 la Corte fue declarada competente para conocer, en única instancia, de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, ambas previstas en el artículo 105, fracciones I y II –respectivamente- de la Constitución Federal, que además contaron con una ley reglamentaria.
Naturaleza, características y concepto de la controversia constitucional. Según se advierte de la tesis P. LXXII/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA TUTELA JURÍDICA DE ESTA ACCIÓN ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO”, el reconocimiento del federalismo y la salvaguarda de la división de poderes son los elementos que determinan la existencia de la controversia constitucional. Sin embargo, es necesario precisar, para efectos de ofrecer un concepto, la naturaleza jurídica y las características que presenta este instrumento. La controversia constitucional puede ser considerada desde dos puntos de vista: en primer lugar, como medio de protección del sistema federal de gobierno destinado a mantener la efectividad de las normas constitucionales que dan atribuciones específicas a los órganos originarios del Estado; y, por otro, como uno de los mecanismos contemplados por el derecho procesal constitucional, cuyo fin radica en salvaguardar las disposiciones constitucionales contra actos, normas generales o tratados internacionales que pretendan suprimir el orden previsto por la Norma Suprema.
•En cuanto a sus características, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 71/2000 ha identificado las siguientes:
a) Se instaura para garantizar el principio de división de poderes, pues mediante ella se plantea una invasión de las esferas competenciales establecidas en la Constitución; b) Constituye un verdadero juicio entre poderes, entes u órganos que se precisan en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal; Sólo puede ser promovida por la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal (debe destacarse que como se indicó en párrafos precedentes, la Cámara de Diputados aprobó el quince de marzo del año en curso, algunas reformas constitucionales en materia de derechos humanos y en lo tocante al artículo 105, se faculta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a interponer el recurso de controversia constitucional cuando alguna ley viole los derechos humanos).
d) Supone la existencia de un agravio en perjuicio del promovente; e) Entraña la realización de todo un proceso (demanda, contestación de demanda, pruebas, alegatos y sentencia); f) No es procedente para impugnar normas generales en materia electoral; g) Es procedente para impugnar tanto normas generales como actos, y h) Los efectos de las sentencia, en el caso de normas generales, consistirán en declarar la invalidez de la norma con efectos erga omnes, siempre que se trate de disposiciones de los Estados o de los Municipios impugnados por la Federación, de los Municipios impugnados por los Estados, o bien, en conflictos de órganos de atribución y siempre que haya sido aprobado por una mayoría de por lo menos ocho votos de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia.
• De ahí que la controversia constitucional pueda definirse como el juicio de única instancia que la Federación, un Estado, el Distrito Federal o un Municipio, plantean ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para demandar la reparación de un agravio producido por una norma general o un acto que, en ejercicio excesivo de sus atribuciones constitucionales, fue responsabilidad de alguno de los órganos de gobierno citados, lo que conculca el federalismo, el reparto de competencias consagrado en la Constitución y la soberanía popular.
• Según la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal, toca a la Suprema Corte de Justicia conocer de las controversias constitucionales que, salvo las referidas a la materia electoral, se susciten entre: a).- La Federación y un Estado o el Distrito Federal; b).- La Federación y un municipio; c).- El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal;
d).- Un Estado y otro; e).- Un Estado y el Distrito Federal; f).- El Distrito Federal y un municipio; g).- Dos municipios de diversos Estados; h).- Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; i).- Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; j).- Un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y k).- Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.
• De conformidad con el artículo 10 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del articulo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales: I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia; II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia; III. Como tercero o terceros interesados, las entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sin tener el carácter de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse, y IV. El Procurador General de la República.
Supuestos de Improcedencia • El artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del articulo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enumera varios supuestos de improcedencia de la controversia constitucional:
I. Contra decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; II. Contra normas generales o actos en materia electoral; III. Contra normas generales o actos que sean materia de una controversia pendiente de resolver, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez; IV. Contra normas generales o actos que hubieren sido materia de una ejecutoria dictada en otra controversia, o contra las resoluciones dictadas con motivo de su ejecución, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez, en los casos a que se refiere el artículo 105, fracción I, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el artículo 21, y VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esa ley.
Plazos para presentar la demanda • En caso de actos concretos se tienen 30 días contados a partir del siguiente al en que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se impugne; al en que el promovente haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de tal acto. • Por otra parte, en caso de normas generales, el cómputo será de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de su publicación o del siguiente a aquél en se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
• Cuando se trate de conflictos de límites distintos de los previstos en la fracción IV del artículo 73 de la Constitución Federal, el plazo para la interposición de la demanda será de 60 días contados a partir de la entrada en vigor de la norma general o de la realización del acto que los origine.
Requisitos de la demanda El escrito de demanda deberá señalar:
I. La entidad, poder u órgano actor, su domicilio y el nombre y cargo del funcionario que los represente; II. La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio; III. Las entidades, poderes u órganos terceros interesados, si los hubiere, y sus domicilios; IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado; V. Los preceptos constitucionales que, en su caso, se estimen violados; VI. La manifestación de los hechos o abstenciones que le consten al actor y que constituyan los antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez se demande, y VII. Los conceptos de invalidez.
• La Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el único órgano facultado para conocer de controversias constitucionales, Ahora bien, hay casos en que no ejerce en Pleno esa atribución. En efecto, cuando por cualquier causa no proceda el examen de las cuestiones de constitucionalidad propuestas en la demanda, las Salas del Máximo Tribunal Constitucional, son competentes para resolver.
La instrucción de la controversia constitucional se encuentra regulada en los artículo 24 a 38 de la ley reglamentaria.
Recibida la demanda, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación designará, según el turno que corresponda, a un ministro instructor a fin de que ponga el proceso en estado de resolución. El ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.
Habiendo transcurrido el plazo para contestar la demanda y, en su caso, su ampliación o la reconvención, el ministro instructor señalará fecha para una audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas que deberá verificarse dentro de los treinta días siguientes. El ministro instructor podrá ampliar el término de celebración de la audiencia, cuando la importancia y trascendencia del asunto así lo amerite. La falta de contestación de la demanda o, en su caso, de la reconvención dentro del plazo respectivo, hará presumir como ciertos los hechos que se hubieren señalado en ellas, salvo prueba en contrario, siempre que se trate de hechos directamente imputados a la parte actora o demandada, según corresponda.
• Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la de posiciones y aquellas que sean contrarias a derecho. En cualquier caso, corresponderá al ministro instructor desechar de plano aquellas pruebas que no guarden relación con la controversia o no influyan en la sentencia definitiva.
• Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia, excepto la documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que se haga relación de ella en la propia audiencia y se tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. • Las pruebas testimonial, pericial y de inspección ocular deberán anunciarse diez días antes de la fecha de la audiencia, sin contar esta última ni la de ofrecimiento, exhibiendo copia de los interrogatorios para los testigos y el cuestionario para los peritos, a fin de que las partes puedan repreguntar en la audiencia. En ningún caso se admitirán más de tres testigos por cada hecho.
Al promoverse la prueba pericial, el ministro instructor designará al perito o peritos que estime convenientes para la práctica de la diligencia. Cada una de las partes podrá designar también un perito para que se asocie al nombrado por el ministro instructor o rinda su dictamen por separado. Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el ministro instructor deberá excusarse de conocer cuando en él ocurra alguno de los impedimentos a que se refiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, todas las autoridades tienen obligación de expedirles oportunamente las copias o documentos que soliciten y, en caso contrario, pedirán al ministro instructor que requiera a los omisos. Si a pesar del requerimiento no se expidieren las copias o documentos, el ministro instructor, a petición de parte, hará uso de los medios de apremio y denunciará a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato. Las audiencias se celebrarán con o sin, la asistencia de las partes o de sus representantes legales. Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas y los alegatos por escrito de las partes.
• En todo tiempo, el ministro instructor podrá decretar pruebas para mejor proveer, fijando al efecto fecha para su desahogo. Asimismo, el propio ministro podrá requerir a las partes para que proporcionen los informes o aclaraciones que estime necesarios para la mejor resolución del asunto. • Una vez concluida la audiencia, el ministro instructor someterá a la consideración del Tribunal Pleno el proyecto de resolución respectivo en los términos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. • La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a solicitud de alguno de sus integrantes podrá, mediante acuerdos generales, acordar el aplazamiento de la resolución de los juicios de amparo radicados en ella, hasta en tanto se resuelva una controversia constitucional siempre que las normas impugnadas en unos y otra fueren las mismas. En este supuesto, no correrá el término de caducidad previsto en el artículo 74, fracción V de la Ley de Amparo.
Cabe señalar que los artículos 14 a 18 de la ley reglamentaria contemplan la suspensión provisional de los actos impugnados tanto de oficio como a petición de parte, y sus efectos duran hasta que se dicte sentencia definitiva. En cualquier momento previo, las partes pueden solicitar la suspensión incidentalmente. Antes de que la Corte determine si es o no procedente la suspensión, debe estudiar las características de la controversia; si decide otorgar la suspensión, señalará sus alcances y efectos, los órganos obligados a cumplirla, los actos suspendidos, el territorio respecto del que opere, el día en que surtirá efectos y, de ser necesario, los requisitos para que sea efectiva. Sin embargo, la suspensión no procede en ninguna controversia constitucional planteada contra normas generales, ni cuando se pongan en peligro la seguridad o la economía nacionales o las instituciones jurídicas fundamentales, ni cuando pueda afectarse gravemente a la sociedad en proporción mayor a los beneficios que el solicitante pudiera obtener con ella.
Las controversias constitucionales pueden dar lugar a 3 tipos de sentencias: 1.- De sobreseimiento, por actualizarse alguna causa de improcedencia. 2.- Estimatorias, en cuanto la Corte estima que la norma general o los actos reclamados atentan contra la competencia del órgano o poder promovente y violan por tanto, la Constitución. En este caso, la sentencia debe fijar los alcances y efectos, fijando con precisión, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando se declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada.
3.- Desestimatorias, que declaran explícitamente la constitucionalidad de la norma general o de los actos reclamados. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federación, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) de la fracción I del artículo 105 constitucional, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.
En aquellas controversias respecto de normas generales en que no se alcance la votación mencionada en el párrafo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declarará desestimadas dichas controversias. En esos casos no será aplicable lo dispuesto en el artículo 43 de la misma ley reglamentaria que establece:
“ARTICULO 43. Las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para las Salas, tribunales unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean éstos federales o locales”.
• Dictada la sentencia, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará notificarla a las partes, y mandará publicarla de manera íntegra en el Semanario Judicial de la Federación, conjuntamente con los votos particulares que se formulen. • Cuando en la sentencia se declare la invalidez de normas generales, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará, además, su inserción en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial en que tales normas se hubieren publicado. • Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la declaración de invalidez no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal.
4. La acción de inconstitucionalidad. • La acción de inconstitucionalidad procede contra normas generales con el carácter de leyes o tratados internacionales, siempre que puedan ser contrarios a la Constitución Federal. Que una norma sea de carácter general depende no sólo de su designación, sino también de su contenido material; es decir, la norma impugnable debe cubrir ciertos requisitos que la definan como de carácter general, y consecuentemente, combatible mediante la acción de inconstitucionalidad. Así, verbigracia, las Constituciones locales son normas de carácter general no sólo por sus características, sino porque si no lo fueran se sustraerían del control abstracto ejercido por la Corte, y por tanto, dejarían de subordinarse a la Constitución Federal.
Concepto y características inconstitucionalidad.
• Este medio de control constitucional puede definirse como “el procedimiento abstracto de control que el 33% de los integrantes de las cámaras legislativas federales y locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como los partidos políticos y el Procurador General de la República, demandan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se resuelva sobre la posible contradicción entre una norma general -con el carácter de ley o decreto- o un tratado internacional y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, se declare la invalidez total o parcial de aquéllos, a fin de garantizar la regularidad constitucional y la certeza del orden jurídico”.
En cuanto a sus características, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 71/2000 ha identificado las siguientes:
I.- Se instaura para alegar la contradicción entre la norma impugnada y una de la Ley Fundamental. II.- Puede ser promovida por el Procurador General de la República, los partidos políticos, el 33%, cuando menos, de los integrantes del órgano legislativo que haya expedido la norma y la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en los casos precisados en el artículo 105, fracción II, inciso g) de la Constitución Federal. III.- Supone una solicitud para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice en abstracto la constitucionalidad de una norma. IV.- Se trata de un procedimiento. V.- Puede interponerse para combatir cualquier tipo de normas. VI.- Sólo procede por lo que respecta a normas generales. VII.- La sentencia tendrá efectos generales siempre que sea aprobada por lo menos por 8 Ministros.
Para la acción de inconstitucionalidad el numeral 59 de la ley reglamentaria dispone que se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en ese Título III, las disposiciones contenidas en el Título II, es decir, lo previsto y normado para las controversias constitucionales.
• De conformidad con el artículo 105, fracción II de la Constitución Federal, las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, por:
d).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano, y e).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea; f).- Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro.
g).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución. Asimismo los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Plazo para su presentación • El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de 30 días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles.
La demanda por la que se ejercita la acción de inconstitucionalidad deberá contener: I. Los nombres y firmas de los promoventes; II. Los órganos legislativos y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas; III. La norma general cuya invalidez se reclame y el medio oficial en que se hubiere publicado; IV. Los preceptos constitucionales que se estimen violados; y V. Los conceptos de invalidez. En los casos previstos en los incisos a), b), d) y e) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda en que se ejercite la acción deberá estar firmada por cuando menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de los correspondientes órganos legislativos.
La parte demandante, en la instancia inicial, deberá designar como representantes comunes a cuando menos dos de sus integrantes, quienes actuarán conjunta o separadamente durante todo el procedimiento y aun después de concluido éste. Si no se designaren representantes comunes, el Presidente de la SCJN lo hará de oficio. Los representantes comunes podrán acreditar delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas y formulen alegatos, así como para que promuevan los incidentes y recursos previstos en la ley reglamentaria.
En los términos previstos por el inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerarán parte demandante en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, además de las señaladas en la fracción I del artículo 10 de la ley reglamentaria a los partidos políticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, según corresponda, a quienes les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 11 del indicado ordenamiento.
Instrucción • Iniciado el procedimiento, si el escrito en que se ejercita la acción fuere obscuro o irregular, el ministro instructor prevendrá al demandante o a sus representantes comunes para que hagan las aclaraciones que correspondan dentro del plazo de 5 días. Una vez transcurrido este plazo, dicho ministro dará vista a los órganos legislativos que hubieren emitido la norma y el órgano ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de 15 días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad.
• Tratándose del Congreso de la Unión, cada una de las Cámaras rendirá por separado el informe.
• En los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, los plazos a que se refiere el párrafo anterior serán, respectivamente, de 3 días para hacer aclaraciones y de 6 días para rendir el informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la constitucionalidad de la ley impugnada.
• La admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada.
El ministro instructor podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de la ley reglamentaria, con excepción de su fracción II (contra normas generales o actos en materia electoral), así como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del artículo 20, que señalan:
“ARTICULO 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: […] II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; III. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe la norma o acto materia de la controversia, o cuando no se probare la existencia de ese último;…” • Salvo en los casos en que el Procurador General de la República hubiere ejercitado la acción, el ministro instructor le dará vista con el escrito y con los informes a que se refiere el artículo anterior, a efecto de que hasta antes de la citación para sentencia, formule el pedimento que corresponda.
Después de presentados los informes previstos o habiendo transcurrido el plazo, el ministro instructor pondrá los autos a la vista de las partes a fin de que dentro del plazo de 5 días formulen alegatos.
Cuando la acción intentada se refiera a leyes electorales, el plazo señalado en el párrafo anterior será de 2 días.
Hasta antes de dictarse sentencia, el ministro instructor podrá solicitar a las partes o a quien juzgue conveniente, todos aquellos elementos que a su juicio resulten necesarios para la mejor solución del asunto. Cuando la acción de inconstitucionalidad se interponga en contra de una ley electoral, el ministro instructor podrá solicitar opinión a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agotado el procedimiento, el ministro instructor propondrá al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el proyecto de sentencia para la resolución definitiva del asunto planteado.
•En los casos de materia electoral, el proyecto de sentencia deberá ser sometido al Pleno dentro de los 5 días siguientes a aquel en que se haya agotado el procedimiento, debiéndose dictar el fallo por el Pleno a más tardar en un plazo de 5 días, contados a partir de que el ministro instructor haya presentado su proyecto. Acumulación y Conexidad
•El Presidente de la SCJN de oficio o a petición de parte, podrá decretar la acumulación de dos o más acciones de inconstitucionalidad siempre que en ellas se impugne la misma norma. •Cuando exista conexidad entre acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo, se estará a lo dispuesto en los artículos 37 y 38 de la ley reglamentaria, los cuales señalan:
“ARTICULO 37. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a solicitud de alguno de sus integrantes podrá, mediante acuerdos generales, acordar el aplazamiento de la resolución de los juicios de amparo radicados en ella, hasta en tanto se resuelva una controversia constitucional siempre que las normas impugnadas en unos y otra fueren las mismas. En este supuesto, no correrá el término de caducidad previsto en el artículo 74, fracción V de la Ley de Amparo.
ARTICULO 38. No procederá la acumulación de controversias, pero cuando exista conexidad entre dos o más de ellas y su estado procesal lo permita, podrá acordarse que se resuelvan en la misma sesión”.
De las sentencias • Al dictar sentencia, la SCJN deberá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y suplirá los conceptos de invalidez planteados en la demanda.
También podrá fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el escrito inicial.
Las sentencias sobre la no conformidad de leyes electorales a la Constitución, sólo podrán referirse a la violación de los preceptos expresamente señalados en el escrito inicial.
Las resoluciones sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, si fueren aprobadas por cuando menos 8 votos. Si no se aprobaran por la mayoría indicada, el Tribunal Pleno desestimará la acción ejercitada y ordenará el archivo del asunto. Con todo, no sólo la declaración de invalidez puede derivar de una acción de inconstitucionalidad, pues el Pleno de la Corte, también puede resolver que se inaplique temporalmente la disposición impugnada. En 1996 se agregó un párrafo a la fracción II del artículo 105 constitucional, para determinar que la única vía para plantear la contradicción entre una ley electoral y la Constitución es la acción de inconstitucionalidad. No obstante, es importante destacar que el artículo 99 de la Constitución Federal reformado mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil siete, dispone que el Tribunal Electoral será -con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución-, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, y señala:
“Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los Ministros, las salas o las partes, podrán denunciar la contradicción en los términos que señale la ley, para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva cuál tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos.”
•Finalmente, el amparo no puede promoverse para impugnar leyes electorales por establecerlo así la fracción VII del artículo 73 de su ley reglamentaria, salvo que excepcionalmente, cuando junto con la violación de un derecho político se reclamen leyes o actos que entrañen la violación de otros derechos fundamentales.
•Así lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. II/2007, de contenido siguiente:
“DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES. CUANDO SU EJERCICIO INCIDA TOTALMENTE SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON EL PROCESO ELECTORAL, NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PREVISTO PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUN CUANDO SE VINCULE CON LA VIOLACIÓN DE OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, excepcionalmente, cuando junto con la violación de un derecho político se reclamen leyes o actos que entrañen la violación de otros derechos fundamentales, resulta procedente el juicio de garantías; sin embargo, dicha excepción no se actualiza cuando a través de ese medio de control se pretende combatir la violación de derechos políticos que, aun cuando pueden constituir un derecho fundamental, inciden totalmente sobre cuestiones electorales, esto es, sobre el proceso o contienda electoral, ya que cuando el ejercicio de las garantías y prerrogativas que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentre estrechamente vinculado con el sistema de justicia electoral, su examen debe hacerse conforme a los artículos 41 y 116, fracción IV, constitucionales, que regulan los aspectos relacionados con la participación del pueblo en la vida democrática del país y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Por consiguiente, el hecho de que en un juicio de amparo, el quejoso considere que el ordenamiento electoral impugnado viola el ejercicio de algún derecho político (como el de ser votado para un cargo de elección popular), además de otros derechos fundamentales, como el de igualdad, no discriminación, asociación política, libertad de trabajo, etcétera, no hace procedente tal medio de control constitucional, pues el análisis de dichas violaciones tendrá que realizarse de acuerdo con el sistema electoral mexicano, esto es, a través de la acción de inconstitucionalidad y del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”.
5. El juicio de amparo. • El juicio de amparo es el medio de protección constitucional con características propias que, a instancia de parte agraviada, se hace valer contra actos cometidos por autoridades de cualquier ámbito gubernamental que se hayan traducido en la violación de las garantías individuales, a fin de que una sentencia restituya al afectado en el pleno goce de la garantía que se le conculcó. Cuando el amparo protege al quejoso contra leyes violatorias de garantías individuales, se denomina amparo contra leyes. Si se promueve contra actos violatorios de garantías, se conoce como amparo-garantías. Si se interpone contra la inexacta y definitiva aplicación de la ley al caso concreto, se está en presencia de un amparo-casación o amparo-recurso. Por último, si el amparo se intenta contra la existencia de invasiones recíprocas de la soberanía federal o de los Estados, se le conocerá como amparo soberanía o amparo por invasión de esferas.
Este juicio se rige por diversos principios, de entre los que destacan los siguientes:
a) Principio de la iniciativa o la instancia de parte: el amparo sólo puede ser promovido por la parte agraviada por un acto de autoridad que, en su concepto, ha conculcado sus garantías. b) Principio de existencia de agravio personal y directo: el agravio es la provocación de un daño o perjuicio a una persona en relación con las garantías constitucionales que a ella se le atribuyen. Debe destacarse sobre el particular, la reciente reforma al artículo 107, fracción I de la Constitución Federal, que textualmente señala:
“I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. • Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; “
Este cambio constitucional se refiere al “interés” o tipo de afectación que se requerirá para incoar el juicio de amparo y obtener la protección de la justicia federal. Hasta ahora, se había seguido la idea de que el interés exigido para solicitar el amparo imponía la existencia de un interés jurídico, identificado con el derecho subjetivo. Ahora, se abre la puerta al “interés legítimo” cuando al gobernado se le afecte una situación jurídica derivada del propio orden jurídico, no obstante que carezca de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), todo ello con la clara finalidad clara de ampliar el número de gobernados que puedan accesar al indicado instrumento de control constitucional en defensa de sus intereses.
Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico.
c) Principio de definitividad: quiere decir que el juicio de amparo no puede promoverse si antes no se han agotado los juicios, recursos o medios de defensa que la ley que rige el acto establezcan, y que tengan por objeto modificar o nulificar dicho acto. d) Principio de tramitación jurisdiccional: el amparo es una institución que se tramita ante órgano jurisdiccional y adopta la forma de un juicio. e) Principio de estricto derecho y suplencia de la queja: el juzgador de amparo debe limitar su función jurisdiccional a resolver sobre los actos reclamados y conceptos de violación expresados en la demanda, sin hacer consideraciones de inconstitucionalidad o legalidad que no haya hecho valer el quejoso. El principio de estricto derecho admite como excepción la suplencia de la queja, que consiste en corregir los errores en las demandas de amparo en las materias agraria, penal y laboral, sobre todo.
f) Principio de relatividad: la resolución sólo beneficia o perjudica a quien promovió el juicio de amparo, no al resto de los gobernados; es decir, la sentencia de amparo no tiene efectos erga omnes.
Declaratoria general de inconstitucionalidad Especial mención amerita en relación a este principio, la reforma al artículo 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que extiende la protección del amparo a las personas que incluso no hubiesen participado en el litigio en el que una norma general se hubiese declarado inconstitucional, con excepción de las normas tributarias. Efectivamente, en términos de la indicada reforma cuando en el juicio de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de un norma general por segunda ocasión consecutiva, la SCJN, lo informará a la autoridad emisora correspondiente.
• Asimismo, se impone que cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la SCJN lo notificará a la autoridad emisora.
• Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte emitirá (siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos) la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. • Finalmente, se acota que el propio texto constitucional, tiene una excepción: “…no será aplicable a normas generales en materia tributaria”.
El juicio de amparo indirecto se promueve ante los Juzgados de Distrito y procede, esencialmente: a) contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso; b) contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, o que al provenir de ellos hayan sido ejecutados fuera de juicio o después de concluido éste; c) contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, y d) contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.
•Por su parte, el amparo directo se promueve ante los Tribunales Colegiados de Circuito. Procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, respecto de los que no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. A.1.1. La Impugnación Jurídica de las Leyes en México Dado el tema que se expone, reviste especial importancia hacer un breve análisis respecto de la procedencia del juicio de amparo contra leyes. En cuanto a la forma de realización de los efectos de una Ley, se puede decir que estos se producen mediata o inmediatamente a partir de la vigencia de la disposición legal.
• Así, se denomina como heteroaplicativas a las leyes que por su sola expedición no engendran afectación alguna en las situaciones prácticas en que opere, sino que se requiere la comisión de un acto aplicativo posterior que imponga o haga observar los mandatos legales. • Por otra parte, existen leyes que no necesitan de una aplicación posterior para producir sus efectos en las situaciones para las que están destinadas a operar, sino que su sola promulgación ya implica una evidente obligatoriedad efectiva para las personas previstas y las cuales por tal motivo afecta inmediatamente. A este tipo de leyes se les denomina autoaplicativas. • El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sentado criterio jurisprudencial en el sentido de que para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, que permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada.
•La tesis de referencia se localiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, del mes de Julio de 1997, número 55/97, página 5, de contenido:
“LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento”.
Término para ejercitar la acción Constitucional. • • Tratándose de normas jurídicas de efectividad automática el término durante el cual debe promoverse el amparo es de treinta días contados a partir de la fecha en que la ley correspondiente entre en vigor. Y cuando solamente procede el juicio de garantías contra una ley a través del acto de aplicación concreto; es decir para el caso de normas heteroaplicativas el termino es el ordinario, o sea de quince días.
Excepción al principio de definitividad. En cuestiones de amparo contra leyes surge una excepción al principio de definitividad, pues se puede atacar directamente el acto agraviante, aun cuando la disposición afectada de inconstitucionalidad consigne medios comunes que el afectado puede hacer valer contra su aplicación; siempre y cuando se trate del primer acto de aplicación, como se desprende de la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, del mes de Diciembre de 2000, identificada bajo el número 35/2000, página 133, de contenido:
“AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD ESTABLECIDO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA, TIENE COMO PRESUPUESTO QUE SE TRATE DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY. De la interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XV y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que dichos preceptos tienen como objetivo primordial determinar la procedencia del amparo indirecto, sólo contra una resolución definitiva, entendiéndose ésta como aquella que sea la última, la que ponga fin al asunto; y que para estar en tales supuestos, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, o bien, todas las etapas procesales, en tratándose de actos emitidos en un procedimiento seguido en forma de juicio. Sin embargo, cuando la resolución dictada dentro del procedimiento, aun sin ser la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del promovente y se reclama también ésta, surge una excepción al principio de definitividad, en virtud de la indivisibilidad que opera en el juicio de garantías, que impide el examen de la ley, desvinculándola del acto de aplicación que actualiza el perjuicio. En este supuesto, el juicio de amparo procede, desde luego, contra ambos actos, siempre y cuando esté demostrada la aplicación de la ley, de manera tal que no basta la afirmación del quejoso en ese sentido para que el juicio resulte procedente contra todos los actos reclamados”.
Su consentimiento. • En tratándose de amparo contra leyes de carácter fiscal, precisa destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en la jurisprudencia 68/97 de rubro: “LEYES, AMPARO CONTRA. EL PAGO LISO Y LLANO DE UNA CONTRIBUCIÓN NO IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA LEY QUE LA ESTABLECE” que si el quejoso presenta la demanda de amparo en contra de una ley tributaria dentro del plazo legal, computado a partir de que realizó el pago de la contribución en forma lisa y llana, ello no constituye la manifestación de voluntad que entrañe el consentimiento de la ley que la establece ya que, dada la naturaleza de las normas fiscales, su cumplimiento por parte de los contribuyentes se impone como imperativo y conlleva la advertencia cierta de una coacción, y que consecuentemente, la promoción del juicio de amparo correspondiente, refleja la inconformidad del peticionario de garantías con el contenido de la ley impugnada.
El Interés Jurídico en el Juicio de Amparo contra Leyes. •En el juicio de amparo contra leyes en tratándose de normas autoaplicativas, también es necesario justificar que se lesiona cualquier interés jurídico o derecho del gobernado. Por lo tanto cuando no se acredita en el juicio que existe dicha lesión el juicio de amparo es improcedente y debe sobreseerse. •Lo mismo ocurrirá si se reclamó la norma con motivo del primer acto de aplicación y éste no se demostró, pues la sola promulgación no afecta los intereses jurídicos del quejoso.
“LEY AUTOAPLICATIVA, INTERES JURIDICO EN AMPARO CONTRA. Cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es necesario que éste pruebe, en la audiencia constitucional, que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico; pues no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de los preceptos de la norma”. (No. Registro: 206,527. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988. Página: 267)
La Autoridad Responsable en el Amparo contra leyes. • El quejoso esta obligado a indicar como autoridades responsables a las que participaron en el proceso de creación de la norma, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo que dispone:
“ARTICULO 11.- Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado”.
Reglas para el estudio de los conceptos de violación en tratándose de amparo contra leyes. • Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación; de ahí que ineludiblemente el juzgador de garantías debe analizar, en principio la procedencia del juicio respecto del acto concreto de aplicación. Así, puede suscitarse que:
I.- Si el juicio de amparo no resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si no constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida o bien, si se actualiza diversa causa de improcedencia; entonces, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada.
II.- Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse en primer lugar, la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación.
“LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 19171995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada”.
(No. Registro: 191,311. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XII, Agosto de 2000. Tesis: 2a./J. 71/2000. Página: 235
Efectos de la sentencia que concede el amparo y la protección de la justicia federal, en contra de la ley. • El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 112/99, estableció que la sentencia que otorgue el amparo contra una ley protege al quejoso respecto del acto de aplicación que se haya reclamado en el juicio, y de los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso. • La jurisprudencia en comento, es del rubro siguiente:
“AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.”
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References: resolución 
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 artículo 41
 artículo 27
 artículo 97
 Artículo 1
 artículo 3
 artículo 11
 artículo 15
 artículo 18
 artículo 29
 artículo 33
 artículo 89
 artículo 97
 artículo 102
 artículo 105
 artículo 108
 artículo 110
 artículo 114
 artículo 99
 artículo 80
 resolución 
 resolución 
 artículo 105
 artículo 76
 artículo 105
 artículo 105
 artículo 105
 artículo 105
 artículo 10
 artículo 105
 artículo 19
 artículo 105
 artículo 21
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 artículo 73
 artículo 24
 resolución 
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 artículo 74
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 artículo 19
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 artículo 73
 artículo 107
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 ARTÍCULO 114
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 artículo 11