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Timestamp: 2018-11-14 11:54:08+00:00

Document:
Escrito por Francisco Javier Manrique Plaza
jmanrique@notariado.org
Aunque el fallo de la Resolución parece coherente pues da la razón a la recurrente estimando el recurso y revocando la calificación del Registrador Mercantil, que había denegado la expedición de tres certificaciones sobre el historial de sendas sociedades mercantiles, basándose en que hay que conciliar la irrenunciable publicidad registral con las cautelas ineludibles derivadas de la protección de datos, tutelando el derecho a la intimidad y compatibilizándolo con el derecho a la información (llegando a afirmar que el objetivo del Registro, so pena de desvirtuarlo, no es facilitar información). Sin embargo, los Fundamentos de Derecho de la misma sientan una serie de premisas que consideramos equivocadas por excesivas.
"Aunque el fallo de la Resolución parece coherente pues da la razón a la recurrente estimando el recurso y revocando la calificación del Registrador Mercantil, que había denegado la expedición de tres certificaciones sobre el historial de sendas sociedades mercantiles, los Fundamentos de Derecho de la misma sientan una serie de premisas que consideramos equivocadas por excesivas"
2.- Distinta consideración merece para la Resolución, el tratamiento de datos personales. El artículo 12.3 del Reglamento del Registro Mercantil, en cuanto establece que “…Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, el cumplimiento de las normas vigentes en las solicitudes de publicidad en masa o que afecten a datos personales reseñados en los asientos…”, las Instrucciones DGRN de 29 de octubre de 1996 y 17 de febrero de 1998, en cuanto disponen que “la solicitud de información de datos personales sin relevancia patrimonial se realizará con expresión del interés protegido, que ha de ser conforme con la finalidad del Registro.” Por tanto, concluye, queda bajo la responsabilidad del Registrador la atención de las consultas relativas a datos personales, principio que se fundamenta en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de carácter personal que establece que sólo se podrán recoger datos de este tipo cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos conforme a las finalidades para las que se hayan obtenido, y en el artículo 2.2 que previene que no podrán usarse los datos para finalidades distintas de aquellas para las que hubiesen sido recogidos. Cita también en apoyo de la tesis la STC de 20 de noviembre de 2000, y saca la conclusión que los datos sensibles de carácter personal y patrimonial contenidos en los asientos registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado para finalidades distintas de las propias de la institución registral, corroborándolo con la STS de 7 de junio de 2001 que recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de la consulta para que el Registrador pueda, no sólo, calificar la concurrencia de interés legítimo (si bien, éste en el Registro Mercantil se presume), sino también, para que pueda velar por el cumplimiento de la normas de protección de datos de carácter personal, excluyendo de la publicidad la investigación de datos no patrimoniales contenidos en el Registro, de manera que el Registrador sólo podrá dar publicidad a los mismos si se cumplen las normas de protección de datos personales. Concluye, finalmente, que el Registrador no sólo ha de calificar si procede o no expedir la información o publicidad formal sobre la finca o derecho sino también que datos y circunstancias de los incluidos en el folio registral correspondiente puede incluir o debe excluir de dicha información.
En el ámbito del Registro Mercantil se refuerza el principio general de publicidad para adaptarse a las exigencias de transparencia y agilidad del mercado, el interés del solicitante se presume"
2.- En otra de 20 de diciembre de 2006 se expresa claramente que la cesión de datos de la denunciante mediante notas simples del Registro de Propiedad que fueron exhibidas en un programa de televisión se encuentra regulada por una norma con rango de ley, la Ley Hipotecaria, y la publicidad formal se realizó por quien tiene competencia para ello, estimándose correcta la exhibición por aplicación del articulo 20 de la Constitución.
Efectivamente siendo nuestro sistema hipotecario de inscripción y sobre la base de las ideas apuntadas no es muy difícil concluir que en el Registro debía de inscribirse exclusivamente el contenido del derecho real o situación jurídica que pueda afectar directamente a los terceros o sea que lo registrable debe coincidir con lo publicable. (Esta idea interesante de lege ferenda necesitaría una consecuente reforma de la legislación hipotecaria; pensemos en el artículo 51 RH que obliga a hacer constar en el registro una cantidad desmesurada de datos que no debían de ser registrables, en el injustificable Libro de Incapacitados, en la constancia de las causas de la anotaciones de embargo, especialmente en los procedimientos penales...)
Otro problema derivado sería la imposibilidad de fiscalizar en el breve plazo establecido por la Ley, -o incluso en el inferior que se dice es necesario para obtener una nota simple informativa por vía telemática,- el interés legítimo del solicitante. Entiendo que el interés legítimo o conocido basta con manifestarlo sin que sea posible ninguna averiguación ni calificación del mismo por el Registrador salvo casos absolutamente flagrantes pero concretos y determinados. Ya puso de manifiesto el Tribunal Supremo en la Sentencia de 12 de diciembre de 2000 que ni es cometido de los Registradores exigir el cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de datos de carácter personal ni pueden negarse a atender solicitudes en masa o indiscriminadas salvo que en aplicación de las demás normas e publicidad e información deban rechazarlas. Es un control puramente simbólico y nominal - que en su caso podrá generar responsabilidades para el peticionario; pero pretender que el Registrador pueda verificar las razones de interés legítimo alegadas por todos los que consultan el Registro es ponerle puertas al campo.
"La inscripción y la publicidad registral son tratamientos o cesiones de datos pero serían consentidos en nuestro sistema de voluntariedad de la inscripción y por lo tanto habría consentimiento expreso del interesado para que sean publicados los datos registrables, contemplados expresamente en una ley"
Luego, si en éstos casos y en otros muchos más que existen en la práctica (cuentas anuales de sociedades, representantes y apoderados de sociedades mercantiles…) el acceso es público y permanente sin ninguna limitación, no vemos como pueden aducirse motivos de protección de datos para limitar la publicidad, fin esencial – no lo olvidemos - de los Registros.
1 “Conflictos entre protección de datos y publicidad registral” Conferencia pronunciada el 22 de marzo de 2007 en la Academia Matritense del Notariado, publicada en el tomo XLVII de sus Anales y posteriormente varios artículos en ésta misma Revista.
Personal data protection should not prevent access to registry’s information because registries are public by definition and their main function is precisely making the data publicly known.
Demanding the existence of a legitimate interest has no other purpose than holding the applicant accountable in case he/she misuses the obtained information.
The idea of checking not just incoming data —with the Registrar in charge and by means of assessment and entry of the documents— but outgoing data as well —expressing the contents of the record through any of the ways available at the registry office— is utterly unacceptable.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 12
 artículo 4
 artículo 2
de lege ferenda
 artículo 51