Source: https://www.wcl.american.edu/humright/repertorio/art61.cfm
Timestamp: 2016-02-06 15:47:27+00:00

Document:
61.0.1. general 61.1.1. "[s]olo los Estados parte y la Comisi�n tienen derecho a someter un caso a la decisi�n de la Corte" 61.1.1.1. general 61.1.1.2. legitimaci�n o parte procesal en la jurisdicci�n contenciosa de la Corte 61.1.1.3. concepto de "parte" en sentido sustancial en la jurisdicci�n contenciosa de la Corte 61.2.1. "[p]ara que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los art�culos 48 a 50." 61.2.1.1. general 61.2.1.2. renunciabilidad del Estado al agotamiento de procedimientos ante la Comisi�n 61.2.1.3. ". . . [a]gotados los procedimientos . . . ." 61.2.1.3.1. en relaci�n al procedimiento de soluci�n amistosa 61.2.1.3.2. en relaci�n a los Art�culos 50 y 51 61.2.1.4. potestad de la Corte para remitir a la Comisi�n casos en los que ha determinado que no se han agotado los procedimientos establecidos en los Art�culos 48 al 50
61.0.1. general
3. Ante todo, la gestión del Gobierno de Costa Rica plantea a la Corte un problema complejo, y sin precedentes, de "competencia" en el sentido muy genérico e impreciso del lenguaje de la Convención, que involucra tres tipos diversos de consideraciones: de JURISDICCION, en el sentido de la específica "función jurisdiccional"que el caso requiere de este tribunal; de COMPETENCIA, en el sentido de la medida de las potestades generales de la Corte para conocer del mismo; y de LEGITIMACION, en el sentido de su potestad concreta para admitirlo en su estado actual.
4. En general, considero que el fallo debió razonar expresamente la conclusión implícita de la mayoría, de que la gestión planteada requiere claramente de la Corte el ejercicio de su JURISDICCION CONTENCIOSA; jurisdicción que, a mi juicio, la Convención organiza y regula como ordinaria, dándole un evidente carácter sancionador o de condena, al modo del de la jurisdicción penal, cuyo objeto específico no es el de declarar el Derecho controvertido sino el de restablecer el Derecho violado, resolviendo concretamente si se ha cometido o no una violación de derechos consagrados en la Convención, imputable a un Estado Parte de la misma, que resulta en todo caso la "parte" pasiva, acusada, en perjuicio de seres humanos que aparecen de este modo como la verdadera "parte" activa, ofendida, titular de los derechos cuya protección se persigue, e imponiendo a la primera las consecuencias correspondientes, a favor de los segundos. Este esquema es importante para comprender la estructura de la jurisdicción, y por qué la ecuación procesal es siempre la misma, aunque el caso haya sido planteado por el propio Estado imputado, que no por esto se convierte en "actor", de igual manera que no lo es el delincuente en la jurisdicción penal, aunque él mismo la haya provocado entregándose para ser juzgado; o aunque lo haya sido por la Comisión Interamericana que no tiene nunca la condición de parte sustancial, actora ni demandada, sino siempre la de parte sui generis, puramente procesal, auxiliar de la justicia, a la manera de un "ministerio público"del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Esto último hace también lamentable que la Corte no haya podido contar, en el presente caso, con las razones que sirvieran de fundamento a las conclusiones, escuetas y no motivadas, de su respuesta a la audiencia otorgada conforme a la Resolución del 22 de julio de 1981.
Voto Razonado del Juez Rodolfo E. Piza E.,Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A, Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 13 de noviembre de 1981, párrs. 3-4.
61.1.1. "[s]olo los Estados parte y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte"
61.1.1.1. general
28. Una de las particularidades del presente asunto . . . es que la Corte no puede entrar a conocerlo en su estado actual a pesar de estar reunidos, en abstracto, los requisitos para su competencia. . . . El caso ha sido propuesto por un Estado Parte, con lo que se cumple el requisito del artículo 61.1 de la Convención.
61.1.1.2. legitimación o parte procesal en la jurisdicción contenciosa de la Corte
4. En general, considero que el fallo debió razonar expresamente la conclusión implícita de la mayoría, de que la gestión planteada requiere claramente de la Corte el ejercicio de su JURISDICCION CONTENCIOSA; jurisdicción que, a mi juicio, la Convención organiza y regula como ordinaria, dándole un evidente carácter sancionador o de condena, al modo del de la jurisdicción penal, cuyo objeto específico no es el de declarar el Derecho controvertido sino el de restablecer el Derecho violado, resolviendo concretamente si se ha cometido o no una violación de derechos consagrados en la Convención, imputable a un Estado Parte de la misma, que resulta en todo caso la "parte" pasiva, acusada, en perjuicio de seres humanos que aparecen de este modo como la verdadera "parte" activa, ofendida, titular de los derechos cuya protección se persigue, e imponiendo a la primera las consecuencias correspondientes, a favor de los segundos. Este esquema es importante para comprender la estructura de la jurisdicción, y por qué la ecuación procesal es siempre la misma, aunque el caso haya sido planteado por el propio Estado imputado, que no por esto se convierte en "actor", de igual manera que no lo es el delincuente en la jurisdicción penal, aunque él mismo la haya provocado entregándose para ser juzgado; o aunque lo haya sido por la Comisión Interamericana que no tiene nunca la condición de parte sustancial, actora ni demandada, sino siempre la de parte sui generis, puramente procesal, auxiliar de la justicia, a la manera de un "ministerio público" del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Esto último hace también lamentable que la Corte no haya podido contar, en el presente caso, con las razones que sirvieran de fundamento a las conclusiones, escuetas y no motivadas, de su respuesta a la audiencia otorgada conforme a la Resolución del 22 de julio de 1981.
Voto Razonado del Juez Rodolfo E. Piza E., Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 13 de noviembre de 1981, párr. 4.
6. En lo que se refiere al problema de la LEGITIMACION de esta Corte para conocer del caso en su estado actual, comparto la opinión de la mayoría en cuanto a que, dada su competencia general para el mismo, el Estado de Costa Rica, como Estado Parte de la Convención que ha aceptado además la jurisdicción de la Corte en la forma prevista por el artículo 62, goza de legitimación procesal para someterlo ante ella, aun tratándose del Estado imputado o imputable de las violaciones alegadas, de conformidad con el artículo 61.2 de la Convención. Me parece también importante vincular esta conclusión a la estructura que he señalado de la jurisdicción contenciosa de la Corte como sancionadora o de condena, reiterando que ante ella el Estado imputado ocupa siempre en el proceso la posición de la parte pasiva, demandada u obligada, aunque él mismo haya sido quien la provocó.
Voto Razonado del Juez Rodolfo E. Piza E.,Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 13 de noviembre de 1981, párr. 6.
8. Pero no comparto la tesis de la mayoría, cuando considera como una razón fundamental para rechazar la renuncia del Gobierno de Costa Rica a los procedimientos ante la Comisión, la de que esos procedimientos son indispensables para garantizar a los particulares, especialmente las víctimas de las violaciones alegadas, la plena gestión de sus intereses, en vista de que la Convención les veda expresamente el acceso directo ante el Tribunal, y aun en el supuesto, todavía no resuelto por la Corte, de que ésta llegare a reconocerles una legitimación procesal independiente, una vez iniciado el proceso. En mi caso, mi opinión disidente me obliga a expresar de una vez que, a mi juicio, lo único que la Convención veda al ser humano es la "iniciativa de la acción" (art. 61.1), limitación que, como tal, es "materia odiosa" a la luz de los principios, de manera que debe interpretarse restrictivamente. En consecuencia no es dable derivar de esa limitación la conclusión de que también le está vedada al ser humano su condición autónoma de "parte" en el proceso, una vez que éste se haya iniciado. Por el contrario, es posible, y aun imperativo, otorgar al individuo esa posición y los derechos independientes de parte, que le permitirían ejercer ante el Tribunal todas las posibilidades que la Convención le confiere en los procedimientos ante la Comisión. En todo esto, carece, a mi juicio, de importancia la falta de legitimación procesal del individuo para iniciar el proceso, porque todo lo que aquí se dice presupone que éste ya se ha iniciado, por acción de la Comisión o del Estado que hace la renuncia.
Voto Razonado del Juez Rodolfo E. Piza E., Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 13 de noviembre de 1981, párr. 8.
35. En relación con la legitimación del Gobierno de Costa Rica para introducir el caso, que la Corte también aceptó, mi consideración de que se trata de una jurisdicción "de condena" me facilitó una conclusión afirmativa, al permitirme comprender porqué un "caso", en el sentido más estricto, puede ser llevado ante la Corte, no sólo por la Comisión o por cualquier Estado Parte contra otro al que se impute una violación de los derechos consagrados en la Convención, sino también por este último, en cierto modo contra sí mismo. Esta posibilidad, en efecto, no sólo se encuentra prevista expresamente en el artículo 51.1 de la Convención, en relación con el informe de la Comisión, que puede ser adverso al "Estado interesado", pero que aun no siéndolo no hay razón alguna para negarle la potestad de elevarlo al Tribunal, y no sólo está contemplada, en general, de modo implícito en el artículo 61.1 de la misma, al otorgar el poder para accionar ante la Corte a "un Estado Parte", sin discriminación respecto del propio Estado involucrado, sino que también resulta clara de la propia naturaleza dicha de la jurisdicción contenciosa del Tribunal.
Voto Salvado del Juez Rodolfo E. Piza E.,Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 8 setiembre de 1983, párr. 35.
40. Ahora bien, en lo que se refiere a las "partes"en sentido procesal: a) el Estado de Costa Rica lo es claramente, a plenitud, pero siempre como "parte pasiva", demandada o acusada, aunque fuera él mismo quien introdujo la acción; b) no existe ninguna razón valedera para negar a las propias víctimas, "parte activa" sustancial, su condición autónoma de "parte activa" procesal. En este sentido, me parece suficientemente claro lo que dije en mi Voto Salvado anterior, de que, "a mi juicio, lo único que la Convención veda al ser humano es la "iniciativa de la acción" (art. 61.1), limitación que, como tal, es "materia odiosa" a la luz de los principios, de manera que debe interpretarse restrictivamente. En consecuencia, no es dable derivar de esa limitación la conclusión de que también le está vedada al ser humano su condición autónoma de "parte" en el proceso, una vez que éste se haya iniciado. Por el contrario, es posible, y aun imperativo, otorgar al individuo esa posición y los derechos independientes de parte, que le permitirían ejercer ante el Tribunal todas las posibilidades que la Convención le confiere en los procedimientos ante la Comisión" (Ibid., Voto Salvado, párr. No. 8); c) en lo que se refiere a la Comisión Interamericana, que debe comparecer en todos los casos ante la Corte (art. 57 de la Convención), ésta es claramente una "parte sui generis", puramente procesal, auxiliar de la justicia, a la manera de un "ministerio público" del sistema interamericano de protección de los derechos humanos" (Ibid., párr.No. 4).
41. Frente al claro diseño de esa estructura procesal, toda otra "parte" legitimada por la Convención en los procedimientos ante la Comisión, como son los terceros, particulares o inclusive Estados (arts. 44 y 45), debe tener, por principio, una posición ante la Corte, pero siempre puramente "procesal" y como "coadyuvante" de la acción. Es el caso de la madre de Viviana, Vilma Camacho de Gallardo, y de los padres de Magaly, Fernando y Rose Mary de Salazar. Asimismo, también por razones de principio, considero que debe reconocerse legitimación a José Manuel Bolaños Quesada, como autoridad responsable personalmente de las violaciones alegadas, para intervenir en el proceso, pero no como "parte principal", dado que el fallo no le alcanzaría, sino como "coadyuvante pasivo".
Voto Salvado del Juez Rodolfo E. Piza E., Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 8 setiembre de 1983, párrs. 40-41.
61.1.1.3. concepto de "parte" en sentido sustancial en la jurisdicción contenciosa de la Corte
39. Dada la admisibilidad del caso, que declaro, queda sólo por determinar su trabazón procesal, para la cual es necesario establecer que, a mi juicio, las "partes" en sentido sustancial son, como dije, independientemente de cuál haya sido la que introdujo la instancia: a) el Estado de Costa Rica como "parte pasiva", a la que se imputan las violaciones y deudora eventual de su reparación (ver párr. No. 36, supra): en el orden internacional de la protección de los derechos humanos, el Estado es el único sujeto pasible de condenatoria y de sanción; y b) como "parte activa", titular de los derechos reclamados y, por ende, acreedora de una eventual sentencia estimatoria, las víctimas, es decir, en concreto, los causahabientes de Viviana Gallardo Camacho y, por sí, Alejandra Bonilla Leiva y Magaly Salazar Nassar (Ibid. y ver además art. 63.1 de la Convención, que habla de "parte lesionada"). La Comisión no es "parte" en ningún sentido sustancial, porque no es titular de derechos ni de deberes que hayan de ser o puedan ser declarados o constituidos por la sentencia.
Voto Salvado del Juez Rodolfo E. Piza E.,Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 8 setiembre de 1983, párr. 39.
61.2.1. "[p]ara que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50."
61.2.1.1. general
14. La disposición del artículo 61.2 de la Convención tiene claridad suficiente como para no tramitar ningún asunto ante la Corte si no se ha agotado el procedimiento ante la Comisión.
Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 13 de noviembre de 1981, párr. 14.
28. [S]e trataría de establecer si ha habido o no una violación de los derechos humanos consagrados en la Convención, imputable a un Estado que ha reconocido de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte. La inadmisibilidad del caso presentado por el Gobierno no obedece, en consecuencia, a la incompetencia de la Corte para entrar a conocerlo, sino a la falta del cumplimiento de los presupuestos procesales requeridos para que pueda iniciar su conocimiento. En tal virtud, y siguiendo el espíritu de lo dispuesto por el artículo 42.3 de su Reglamento, la Corte está en condiciones de reservarse el conocimiento del caso una vez que se hayan subsanado los impedimentos que lo hacen inadmisible en su estado actual.
Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 13 de noviembre de 1981, párr. 28.
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, párrs. 30 y 41.
Corte I.D.H. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, párrs. 35 y 46.
Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, párrs. 33 y 44.
35. La Corte entiende que la interpretación de todas las normas de la Convención relativas al procedimiento que debe cumplirse ante la Comisión para que "la Corte pueda conocer de cualquier caso" (art. 61.2), debe hacerse de forma tal que permita la protección internacional de los derechos humanos que constituye la razón misma de la existencia de la Convención y llegar, si es preciso, al control jurisdiccional. Los tratados deben interpretarse "de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin" (art. 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados). El objeto y fin de la Convención Americana es la eficaz protección de los derechos humanos. Por ello, la Convención debe interpretarse de manera de darle su pleno sentido y permitir que el régimen de protección de los derechos humanos a cargo de la Comisión y de la Corte adquiera todo "su efecto útil". Es plenamente aplicable aquí lo que ha dicho la Corte de La Haya:
Considerando que, en caso de duda, las cláusulas de un compromiso por el cual un diferendo es sometido a la Corte, deben ser interpretadas, si con ello no se violentan sus términos, de manera que se permita a dichas cláusulas desplegar su efecto útil (Free Zones of Upper Savoy and the Distrist of Gex, Order of 19 August 1929, P.C.I.J., Series A, No. 22, pág. 13).
37. Según lo alegado por el Gobierno en el presente caso, resulta que las excepciones preliminares que la Corte debe considerar son:
a) falta de declaración formal de admisibilidad por la Comisión;
b) omisión del procedimiento de solución amistosa del asunto;
c) falta de realización de una investigación in loco;
d) aplicación indebida de los artículos 50 y 51 de la Convención, y;
e) no agotamiento de los recursos de jurisdicción interna."
38. Para resolver estas cuestiones, la Corte deber abordar varios problemas relativos a la interpretación y aplicación de las normas procesales contenidas en la Convención. Para ese fin, la Corte tiene en cuenta, en primer lugar, que, en la jurisdicción internacional, la inobservancia de ciertas formalidades no siempre es relevante, pues lo esencial es que se preserven las condiciones necesarias para que los derechos procesales de las partes no sean disminuidos o desequilibrados, y para que se alcancen los fines para los cuales han sido diseñados los distintos procedimientos. A este respecto cabe destacar que, ya en sus primeras actuaciones, la Corte de La Haya señaló:
La Corte, al ejercer una jurisdicción internacional, no está llamada a atribuir a las consideraciones de forma la misma importancia que ellas podrían tener en el derecho interno (Mavrommatis Palestine Concessions, Judgment No. 2, 1924, P.C.I.J., Series A, No. 2, pág. 34; véase también Aegean Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1978, párr. 42).
39. Esta Corte deber determinar, por ende, si se han respetado las cuestiones esenciales implícitas en las reglas de procedimiento contenidas en la Convención. Para ello deber examinar si, en el curso del trámite de este asunto, se ha visto menoscabado el derecho de defensa del Estado que opone las excepciones a la admisibilidad, o éste se ha visto impedido de ejercer cualquiera de los otros derechos que la Convención le reconoce dentro del procedimiento ante la Comisión. Asimismo la Corte ha de verificar si el presente asunto ha sido tramitado de conformidad con los lineamientos esenciales del sistema de protección dispuesto por la Convención. Dentro de esos criterios generales, la Corte examinará las distintas cuestiones procesales que le han sido sometidas, con el objeto de definir si existen vicios tales en el trámite al que ha sido sometido el presente caso, que deba rechazarse in limine la consideración del fondo.
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, párrs. 35 y 37-39. Corte I.D.H. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, párrs. 35 y 37-39.
Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, párrs. 33 y 35-37.
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, párrs. 58-60.
Corte I.D.H. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, párrs. 58-60.
Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, párrs. 61-63.
61.2.1.2. renunciabilidad del Estado al agotamiento de procedimientos ante la Comisión
14. [D]esde el momento en que el Gobierno manifestó su voluntad de renunciar a este requisito para facilitar la rápida intervención del órgano judicial internacional, la Corte estimó procedente evaluar esa renuncia y considerar su alcance, para determinar de qué modo se concilia con el interés de las víctimas y con la integridad del sistema consagrado en la Convención. De ahí que la Corte decidiera abrir una incidencia para conocer los argumentos que asisten al Gobierno para fundamentar la renunciabilidad del procedimiento señalado y para conocer la opinión de la Comisión, llamada expresamente por el artículo 57 de la Convención a comparecer en todos los casos que se ventilen ante este tribunal.
17. En la demanda introducida ante esta Corte por el Gobierno están implicados, prima facie, dos aspectos del sistema de la Convención. En primer lugar, la disposición del artículo 61.2, según la cual, para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos ante la Comisión. En segundo lugar, el artículo 46.1.a) que establece, como requisito de admisibilidad ante la Comisión de una petición o comunicación, la previa interposición y agotamiento de los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos. Ninguno de los dos extremos se ha cumplido en el presente asunto.
Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 13 de noviembre de 1981, párr. 17.
19. La competencia del Gobierno impone, por lo tanto, un examen de las consecuencias jurídicas de esa renuncia. Porque si los requisitos establecidos por los artículos 61.2 y 46.1.a) de la Convención son renunciables por un Estado Parte, el presente caso sería admisible y lo contrario ocurriría si uno u otro no lo son.
20. La Corte hace notar la absoluta claridad del texto del artículo 61.2, cuando dispone que "Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50". Naturalmente, según los principios de Derecho Internacional aplicables a la interpretación de los tratados, la disposición citada debe ser entendida según el "sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin" (Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 31.1).
21. Ahora bien, es manifiesto que en el presente asunto ningún procedimiento se ha iniciado ante la Comisión. No se trata, pues, de interpretar si se ha agotado, o cuándo puede considerarse agotado, dicho procedimiento, sino estrictamente de precisar si el mismo puede eludirse con la sola renuncia unilateral del Estado involucrado. Para ello es necesario definir el papel que, dentro del sistema de la Convención, corresponde a la Comisión como órgano preparatorio o previo de la función jurisdiccional de esta Corte, y, más en particular, si ese papel ha sido concebido en interés exclusivo de un Estado, caso en el cual sería renunciable por éste.
22. La Convención, en efecto, además de otorgar a la Comisión la legitimación activa para presentar casos ante la Corte, así como para someterle consultas y de atribuirle en el proceso una clara función auxiliar de la justicia, a manera de ministerio público del Sistema Interamericano, llamado a comparecer en todos los casos ante el tribunal (artículo 57 de la Convención), le confiere otras atribuciones vinculadas con las funciones que corresponden a esta Corte, y que por su naturaleza se cumplen antes de que ella comience a conocer de un asunto determinado. Así, entre otras, la Comisión tiene una función investigadora de los hechos denunciados como violación de los derechos humanos consagrados en la Convención, que es necesario cumplir en todas las hipótesis, a menos que se trate de un caso de mero derecho. En efecto, aunque la Corte, como todo órgano judicial, no carece de facultades para llevar a cabo investigaciones, probanzas y actuaciones que sean pertinentes para la mejor ilustración de sus miembros a fin de lograr la exhaustiva formación de su criterio, aparece claro del sistema de la Convención que se ha querido reservar a la Comisión la fase inicial de investigación de los hechos denunciados. Tiene igualmente la Comisión una función conciliadora, pues le corresponde procurar soluciones amistosas así como formular recomendaciones pertinentes para remediar la situación examinada. Es también el órgano ante el cual el Estado afectado suministra inicialmente las informaciones y alegatos que estime pertinentes. Pero es, además, y esto constituye un aspecto fundamental de su papel dentro del sistema, el órgano competente para recibir denuncias individuales, es decir, ante el cual pueden concurrir directamente para presentar sus quejas y denuncias, las víctimas de violaciones de derechos humanos y las otras personas señaladas en el artículo 44 de la Convención. La Convención se distingue entre los instrumentos internacionales de derechos humanos cuando hace posible la facultad de petición individual contra un Estado Parte tan pronto como éste ratifique la Convención, sin que se requiera para tal efecto declaración especial alguna, la que en cambio sí se exige para el caso de las denuncias entre Estados.
23. De esta manera la Comisión es el canal a través del cual la Convención otorga al individuo el derecho de dar por sí solo el impulso inicial necesario para que se ponga en marcha el sistema internacional de protección de los derechos humanos. En el orden estrictamente procesal, debe recordarse que, mientras los individuos no pueden proponer casos ante la Corte, los Estados no pueden introducirlos ante la Comisión, sino cuando se han reunido las condiciones del artículo 45 de la Convención. Esta circunstancia agrega otro elemento de interés institucional en conservar íntegra la posibilidad de activar la Comisión a través de denuncias individuales.
25. Estas consideraciones bastan para ilustrar cómo el procedimiento ante la Comisión no ha sido concebido en interés exclusivo del Estado, sino que permite el ejercicio de importantes derechos individuales, muy especialmente a las víctimas. Sin poner en duda la buena intención del Gobierno al someter este asunto a la Corte, lo expuesto lleva a concluir que la omisión del procedimiento ante la Comisión, en casos del presente género, no puede cumplirse sin menoscabar la integridad institucional del sistema de protección consagrado en la Convención. Dicho procedimiento no es pues renunciable o excusable, a menos que quede claramente establecido que su omisión, en una especie determinada, no compromete las funciones que la Convención asigna a la Comisión, como podría ocurrir en algunos casos en que el asunto se planteara ab initio entre Estados y no entre individuo y Estado. En el presente caso está lejos de ser demostrada esa situación excepcional, por lo cual la manifestación del Gobierno de renunciar a la aplicación de la regla contenida en el artículo 61.2 carece de fuerza necesaria para obviar el procedimiento ante la Comisión, lo cual basta, por sí solo, para no admitir la presente demanda.
Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 13 de noviembre de 1981, párrs. 19-25.
1. He concurrido con mi voto a la resolución unánime de esta Corte, porque comparto su conclusión general de que, dentro del sistema de protección establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no parece posible prescindir de la totalidad de los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50 de la misma, para ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo agotamiento el artículo 61.2 impone como presupuesto procesal de la jurisdicción contenciosa de la Corte, ni por ende admitir la renuncia de los mismos formulada expresamente por el Gobierno de Costa Rica, evidenciando con ella un elevado interés en superar las limitaciones, mediatizaciones y retrasos de que adolece ordinariamente la justicia internacional, sobre todo en materia como ésta en que debería caracterizarse por su eficacia y prontitud.
Voto Razonado del Juez Rodolfo E. Piza E., Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 13 de noviembre de 1981, párr. 1.
Voto Razonado del Juez Rodolfo E. Piza E.,Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 13 de noviembre de 1981, párrs. 11-12.
15. La Corte, en su Decisión del 13 de noviembre de 1981, claramente circunscribió la cuestión en ese entonces, a una de simple "procedibilidad", "admisibilidad" o "competencia para conocer el caso" en su estado actual. En este sentido, muy ilustrativamente dijo: "la inadmisibilidad del caso presentado por el Gobierno no obedece, en consecuencia, a la incompetencia de la Corte para entrar a conocerlo, sino a la falta del cumplimiento de los presupuestos procesales requeridos para que pueda iniciar su conocimiento..." (Ibid., párr. No. 28). Por cierto que ésta fue también la razón fundamental para que la Corte se reservara su conocimiento, como se dijo (Ibid., in fine).
18. Así pues, la reserva de conocimiento declarada por la Corte significa, a mi juicio, que la petición del Gobierno de Costa Rica permanece vigente, con el efecto que la Resolución expresamente le dio, de "introducción de la instancia" ante el Tribunal, si bien "subordinada procesalmente", valga decir, suspendida pero presentada, detenida pero pendiente, latente pero viva, "en espera del trámite ante la Comisión" (Ibid., " Por tanto," párr. No. 3), de manera que, cumplido éste, aquélla recuperaría su vigencia como la acción eficaz y legítima necesaria para excitar la jurisdicción contenciosa de la Corte, conforme al artículo 61.1 de la Convención, y esta última debería simplemente retomar su conocimiento, aunque sólo fuera para declarar otra vez su inadmisión por otras causas.
Voto Salvado del Juez Rodolfo E. Piza E., Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 8 setiembre de 1983, párrs. 15-18.
61.2.1.3. ". . . [a]gotados los procedimientos . . . ."
19. En vista de la anterior conclusión, se trata, pues, de determinar cuándo debe tenerse por agotado el procedimiento previo ante la Comisión, concretamente a los efectos de la admisibilidad del caso ante la Corte, de conformidad con el artículo 61.1 de la Convención. Normalmente, desde luego, ese procedimiento supone una serie de etapas que desembocan en el informe definitivo previsto por el artículo 50.1 de la Convención, a partir del cual el asunto puede ser traído al Tribunal por la Comisión o por el "Estado interesado" (art. 51.1).
20. Sin embargo, también puede la Comisión declarar la "inadmisión" del caso (arts. 47 y 48.1 (a) o (c)), o en la etapa de instrucción disponer archivarlo porque no existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación (art. 48.1 (b)), o darse por satisfecha con una solución amistosa (art.49), en cuyos casos habrá siempre una resolución de la propia Comisión que, sin llegar al informe definitivo del artículo 50.1, pone término al procedimiento, haciendo imposible su continuación; puede inclusive dejarlo abandonado por inercia, sin resolución. Es en tales supuestos donde se hace problema el sentido del requisito establecido por el artículo 61.2, de que "para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50" , porque es obvio que una interpretación puramente literal de esa norma podría conducir a la conclusión de que ningún caso puede llegar a la Corte sin que dichos procedimientos se hayan realizado y completado en todas y cada una de sus etapas y, por ende, de que la Comisión sí tiene potestades preclusivas de la jurisdicción de la Corte, con sólo que resuelva un caso en cualquier momento antes del informe definitivo del artículo 50.1, o inclusive que lo abandone sin dejarlo llegar hasta él.
22. A la luz de esos criterios, me parece sencillo concluir en que los procedimientos ante la Comisión se agotan, y por ende, la intervención administrativa y preventiva de esta última como requisito de procedibilidad ante la Corte se cumple, cuando aquélla les pone término, sea en virtud del informe definitivo del artículo 50.1, sea envirtud de una resolución o inclusive de una inactividad que los terminan; por lo menos de una resolución, a la que cabría aplicarle, por analogía, los principios que el Derecho Procesal ha acuñado para dar tratamientode actos finales a los llamados " autos con carácter de sentencia", precisamente porque resuelven interlocutoriamente un proceso, haciendo imposible su continuación; máxime tratándose, como se trata, de procedimientos preventivos o preliminares de simple carácter administrativo, no propiamente jurisdiccional, que además deben ser aplicados restrictivamente, ante principios fundamentales como el del acceso a la justicia y el de que las formalidades y requisitos procesales deben siempre interpretarse en el sentido más favorable a la resolución de las cuestiones de fondo en sentencia -principio pro sententia del Derecho Procesal general-. Las limitaciones y reticencias tradicionales frente a la jurisdicción internacional, no tienen cabida en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Voto Salvado del Juez Rodolfo E. Piza E., Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 8 setiembre de 1983, párrs. 19-26.
75. [L]a Corte observa que la circunstancia de que la Comisión haya introducido el caso ante la Corte, inequívocamente indica que cesó su tramitación de conformidad con los procedimientos a cargo de aquélla, para ser sometido a arreglo judicial. La presentación de la demanda ante la Corte acarrea, ipso jure, el término de la sustanciación del asunto por la Comisión, sin perjuicio de que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 42.2 del Reglamento, un acuerdo amistoso entre las partes, aprobado por ésta, conduzca a la cancelación de la instancia y a la finalización del procedimiento judicial.
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, párr. 75.
Corte I.D.H., Caso Cayara, Excepciones Preliminares, Sentencia de 3 de febrero de 1993, Serie C No. 14, párr. 54.
61.2.1.3.1. en relación al procedimiento de solución amistosa
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, párrs. 42-46.
Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Excepciones Preliminares, Sentencia de 21 de enero de 1994, Serie C No. 17, párrs. 25 y 27-30.
37. [L]a Comisión, al determinar que el presente caso "[d]ebido a la naturaleza de los hechos... no [era] susceptible de solución amistosa", restringió el alcance de esta norma de la Convención (art. 48.1.f) que no distingue entre asuntos susceptibles de solución amistosa y asuntos que no lo son. Con base en la opinión de la Corte en la sentencia sobre las excepciones preliminares del caso Caballero Delgado y Santana (Caso Caballero Delgado y Santana, Excepciones Preliminares, Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 17), el Gobierno argumenta que la Comisión no fundamentó debidamente su negativa a la solución amistosa.
Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Excepciones Preliminares, Sentencia de 27 de enero de 1995, Serie C No. 21, párrs. 37-39.
61.2.1.3.2. en relación a los Artículos 50 y 51
57. El artículo 61.2 de la Convención dice . . . .
75. Tampoco es exacta la apreciación del Gobierno según la cual la resolución 22/86 ha conducido a que el asunto quede sometido al conocimiento simultáneo de la Corte y de la Comisión. El Gobierno ha señalado que, al ratificar su resolución 30/83, la Comisión reiteró las recomendaciones contenidas en ésta, cuyo cumplimiento estaba sujeto a ser evaluado por la propia Comisión; pero que, además introdujo el caso ante la Corte, a cuya jurisdicción también quedó sometido. A este respecto la Corte observa que la circunstancia de que la Comisión haya introducido el caso ante la Corte, inequívocamente indica que cesó su tramitación de conformidad con los procedimientos a cargo de aquélla, para ser sometido a arreglo judicial. La presentación de la demanda ante la Corte acarrea, ipso jure, el término de la sustanciación del asunto por la Comisión, sin perjuicio de que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 42.2 del Reglamento, un acuerdo amistoso entre las partes, aprobado por ésta, conduzca a la cancelación de la instancia y a la finalización del procedimiento judicial.
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, párrs. 56-77.
Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, párrs. 59-79.
Corte I.D.H., Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993, Serie A No. 13, párrs. 45-56. 65. La Comisión solicitó el desagravio a la señora Carolina Loayza Tamayo, abogada defensora de la señora María Elena Loayza Tamayo, por las supuestas maniobras intimidatorias y acusaciones falsas que le hizo la DINCOTE. La Corte observa que dicha abogada no fue incluida como víctima en el informe que la Comisión remitió al Estado con fundamento en el artículo 50 de la Convención, por lo cual, esta petición no procede.
Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Sentencia de 17 de septiembre de 1997, Serie C No. 34, párr. 65.
87. La Corte examina ahora los argumentos de la Comisión en favor de que el abogado de la víctima sea indemnizado por el Perú, debido a que el atentado que sufrió (supra, párr. 30.e.), se produjo con motivo de la defensa legal del señor Castillo Páez y de sus familiares.
88. Al respecto, la Corte indicó con anterioridad (supra, parr. 78), que no se ha precisado que el mencionado atentado que produjo serias lesiones al abogado Zúñiga Paz, se realizara específicamente en virtud de su intervención en la asistencia legal de la víctima y sus familiares. Además, debe tomarse en cuenta que el propio señor Zúñiga Paz no fue señalado como víctima por la Comisión. La reparación que pretende la Comisión no fue incluida por ella en las recomendaciones que formuló al Perú en su Informe 19/94 de 26 de septiembre de 1994, que es el antecedente de este asunto, pues en dicho Informe únicamente se señaló como víctima al señor Castillo Páez y sólo se pidieron reparaciones por las violaciones cometidas en su contra.
89. Tampoco aparece en la demanda el abogado Zúñiga Paz como víctima, ni la reparación respectiva como objeto de ella, sino que en el cuerpo de la misma y en el petitorio se indicó que el Estado debía reparar los daños sufridos por el citado abogado, por lo que la Corte no puede examinar esta solicitud en el fondo de este caso.
Corte I.D.H., Caso Castillo Páez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C No. 34, párrs. 87-89.
61.2.1.4. potestad de la Corte para remitir a la Comisión casos en los que ha determinado que no se han agotado los procedimientos establecidos en los Artículos 48 al 50
29. En previsión de las dificultades que presenta el caso, el Gobierno solicitó subsidiariamente a la Corte que, de considerar inexcusables los procedimientos señalados en los artículos 48 a 50 de la Convención, remitiera el asunto a la Comisión para lo de su competencia. A pesar de que tal potestad no está prevista expresamente entre las atribuciones que la Convención, el Estatuto y el Reglamento confieren a la Corte, ésta no tiene objeción en dar curso a esta solicitud, en el entendimiento de que dicha remisión no implica una decisión de la Corte sobre la competencia de la Comisión.
Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 13 de noviembre de 1981, párr. 29.
8. La Corte, en vista de que la legitimación para introducir un caso a su conocimiento está limitada por la Convención a la Comisión y a los Estados Partes (art. 61.2), se abstuvo de tramitar las denuncias recibidas. Sin embargo, de acuerdo con una decisión adoptada en general y aplicada invariablemente desde 1979, en interés de facilitar la protección de los derechos humanos que es el objeto y fin de la Convención, las tuvo por presentadas y las transmitió ella misma a la Comisión.
Voto Salvado del Juez Rodolfo E. Piza E., Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 8 de setiembre de 1983, párr. 8.

References: sui generis
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 61
sui generis
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 62
 artículo 61
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 51
 artículo 61
 Resolución 
sui generis
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 61
 Resolución 
 artículo 42
 Resolución 
 artículo 57
 artículo 61
 artículo 46
 Resolución 
 artículo 61
 artículo 31
 artículo 44
 artículo 45
 artículo 61
 Resolución 
 resolución 
 artículo 61
 Resolución 
 Resolución 
in fine
 Resolución 
 artículo 61
 Resolución 
 artículo 61
 artículo 50
 resolución 
 artículo 50
 artículo 61
 artículo 50
 artículo 50
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 42
 artículo 61
 resolución 
 resolución 
 artículo 42
 artículo 50
 Resolución 
 Resolución