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Timestamp: 2019-07-18 11:17:28+00:00

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UNPFIP Network: ONU: Informe de la Relatora Especial sobre su visita a Mexico
ONU: Informe de la Relatora Especial sobre su visita a Mexico
I. Introducción............................................................................................................................. 3
II. Identificación de los pueblos indígenas ................................................................................... 3
III. Marco jurídico e institucional .................................................................................................. 4
IV. Preocupaciones principales...................................................................................................... 5
A. Tierras, territorios y recursos naturales ........................................................................... 5
B. Prioridades de desarrollo, megaproyectos, consulta y consentimiento............................ 6
C. Libre determinación y participación política ................................................................... 9
D. Violencia, impunidad y acceso a la justicia..................................................................... 10
E. Derechos económicos, sociales y culturales.................................................................... 12
V. Conclusiones y recomendaciones .................................................................................... 15
Alegaciones recibidas .............................................................................................................. 21
* Se distribuye únicamente en español. El anexo se distribuye tal como se recibió.
1. En el presente informe se examina la situación de los pueblos indígenas en México y se hacen recomendaciones al respecto, con base en la información recibida por la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas durante su visita al país del 8 al 17 de noviembre de 2017, e investigación independiente. La visita de la Relatora Especial tuvo el doble objetivo de examinar la implementación de las recomendaciones hechas por el anterior Relator Especial tras su visita al país en 20031, y evaluar cómo México ha incorporado sus compromisos internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas.
4. La Constitución establece que “[l] a conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas” (art. 2). Sin embargo, varios pueblos indígenas denunciaron la negación del derecho a la autoadscripción por parte de autoridades gubernamentales.
7. En el caso de los o’odham (pápago) de Sonora, la utilización del criterio lingüístico por parte de autoridades federales y estatales ha resultado en cifras poblacionales reducidas. Ello ha generado la invisibilización de su población que se autoadscribe como pueblos indígenas y de su situación de derechos humanos. En el caso de San Salvador de Atenco, una comunidad de origen indígena afectada por la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y que interpuso recursos judiciales en contra del
proyecto para exigir el respeto de sus derechos territoriales y a la consulta previa, se informó que aún se tiene que determinar judicialmente si la comunidad será reconocida como indígena.
8. El artículo 2 de la Constitución establece que “[l] a Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.
16. A nivel de los estados, el reconocimiento legal de los derechos indígenas se ha dado en distintos grados. Según lo informado, las constituciones de 28 de los 32 estados reconocen expresamente derechos de los pueblos indígenas, y 26 de ellos emitieron leyes reglamentarias en esta materia. En febrero de 2017, la Ciudad de México adoptó una Constitución, que reconoce los derechos de los “pueblos y barrios originarios” y “comunidades indígenas residentes” de la ciudad. La Constitución establece la obligatoria
observancia de la Declaración y otros instrumentos internacionales ratificados por México, y reconoce entre otros los derechos a la autoadscripción, la libre determinación y la consulta previa.
17. La Relatora Especial coincide con su predecesor y destaca que la preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas debe ser un tema prioritario que requiere una debida reglamentación2, conforme al derecho internacional. Este es un asunto crítico fundamental que se encuentra en la raíz de muchos de los problemas de derechos humanos que observó la Relatora Especial.
23. En numerosos casos, sus reclamos territoriales forman parte de acciones legales para impugnar permisos forestales o derechos agrarios otorgados a terceros sin previa consulta. En algunos casos, los tribunales agrarios han dictado que el reconocimiento territorial solo se puede obtener mediante la figura de ejido o comunidad agraria. Mientras esperan la resolución de sus solicitudes y acciones legales, muchas comunidades enfrentan represalias,
2 Véase ibíd., párr. 65.
desplazamientos forzosos y en las situaciones más graves asesinatos por parte de quienes codician sus tierras y bosques.
31. En las últimas dos décadas, México ha incentivado una mayor inversión extranjera para la minería, considerada como una actividad preferente y de utilidad pública. La reforma energética constitucional de 2013 ha generado la preocupación de que el Estado obligue a comunidades indígenas a rentar o vender sus tierras a las empresas, imponga
servidumbres legales para facilitar proyectos de hidrocarburos o energéticos, y también de que aumente el riesgo de despojos, enfrentamientos y desplazamientos forzados ante el creciente interés en los recursos naturales en territorios indígenas, muchos de los cuales no han sido reconocidos legalmente. Asimismo, los objetivos nacionales de generar el 35% de la electricidad mediante recursos renovables para 2024 han acelerado la aprobación de proyectos eólicos comerciales de gran escala en regiones indígenas. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de 29.000 concesiones mineras, hidroeléctricas y de energía eólica que afectan el 35% del territorio nacional, el 17% se encuentran en territorios indígenas3.
32. Existen distintos desarrollos normativos sobre consulta previa, tales como protocolos institucionales, sentencias judiciales y legislación que incorporan requisitos de consulta. En 2013, la CDI publicó un protocolo con lineamientos para la implementación de consultas a pueblos indígenas que ha servido como guía de referencia para varias dependencias del Estado, aunque no es de carácter vinculante4.
35. Los tribunales federales han examinado varios casos sobre la consulta previa, pueblos indígenas y megaproyectos. En algunos casos, la Suprema Corte de Justicia ha ordenado la suspensión de proyectos inconsultos, aunque se ha denunciado que dichas sentencias no son acatadas por agentes estatales y del sector privado, y aún no han generado jurisprudencia vinculante, en el sentido de la tradición jurídica mexicana5. Esto ha generado que se mantengan las afectaciones de estos proyectos y que se incremente la conflictividad en las comunidades.
36. La CNDH se ha pronunciado sobre este tema6 y algunos casos específicos7. La Relatora Especial coincide con la CNDH sobre algunas prácticas problemáticas en las consultas que se han realizado en México. En muchos casos, estas no son “previas” ya que se emiten autorizaciones y permisos para proyectos antes de consultar a los pueblos indígenas. Situaciones de amenazas, hostigamiento y criminalización de miembros de pueblos indígenas durante los procesos de consulta menoscaban el carácter “libre” de las mismas. Dicho carácter puede verse también reducido debido al estado de necesidad en el cual se encuentran pueblos indígenas al no gozar plenamente de sus derechos básicos. La implementación de los derechos económicos, sociales y culturales no puede estar condicionada al resultado de una consulta, ni considerarse como forma de compensación o participación en los beneficios; es una obligación del Estado independientemente de la realización o no de un proyecto en una comunidad indígena. También persisten deficiencias en la provisión de información clara, precisa y completa sobre los impactos de los
3 Véase CIDH, Situación de los derechos humanos en México, OEA/SER.L/V/II, Doc. 44/15, 2015, párr. 253.
4 Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas, disponible en http://observatorioetnicocecoin.org.co/cecoin/files/cdi_protocolo_consulta_pueblos%20 indigenas_2014.pdf.
5 Se requieren cinco sentencias resueltas en el mismo sentido, no interrumpidas por otra en contrario y emitidas por un mismo órgano jurisdiccional.
6 CNDH, Recomendación general núm. 27.
7 Por ejemplo, CNDH, recomendaciones núms. 56 /2016 y 23/2015.
proyectos, que no se presenta de manera culturalmente adecuada, ni considera los tiempos y otros factores culturales de los pueblos consultados8.
38. La legislación ambiental y energética requiere que las empresas que desarrollan proyectos elaboren evaluaciones de impacto social y ambiental aprobadas por la autoridad ambiental y la Secretaría de Energía, respectivamente. Sin embargo, estas evaluaciones se aprueban antes de realizarse las consultas, y presentan deficiencias en la identificación de los verdaderos impactos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Como señaló el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas en su informe de visita a México, existe una limitada capacidad de las autoridades competentes para examinar las evaluaciones presentadas por las empresas, así como para realizar una verdadera fiscalización de sus actividades9.
43. La plantación de cultivos transgénicos de maíz y soja afecta a los pueblos indígenas en su patrimonio biocultural, seguridad alimentaria, economía tradicional y derechos territoriales. Las comunidades mayas de Campeche siguen siendo impactadas por la siembra de soja genéticamente modificada, que ha tenido una notable expansión en los
8 Véase CNDH, recomendación general núm. 27/2016, págs. 48 a 50.
9 Véase A/HRC/35/32/Add.2, párrs. 58 a 62.
últimos años, resultando en deforestación e impactos sobre su agua, salud y actividades agrícolas y apícolas ancestrales. Pese a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia ordenando la suspensión de la siembra de soja transgénica en Campeche mientras se consulta con las comunidades mayas, se continúa deforestando y sembrando. Además, durante las consultas realizadas en 2016 y 2017, se informaron amenazas e intimidaciones contra personas de las comunidades y sus asesores y varios intentos de alterar las estructuras representativas de las comunidades.
44. En algunos casos, los pueblos indígenas han intentado impugnar leyes sobre minería, hidrocarburos y energía por no haber sido consultadas y por los impactos que suponen. La comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso, Guerrero, impugnó concesiones mineras en su territorio así como la constitucionalidad de la Ley Minera. El caso fue sobreseído tras la cancelación de las concesiones, lo que evitó que la Suprema Corte de Justicia se pronunciara sobre la Ley Minera. Dado que sus territorios pueden ser concesionados de nuevo, la comunidad ha vuelto a interponer recursos legales.
49. El artículo 2 de la Constitución reconoce el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, pero como se señaló anteriormente, el mismo artículo “lo encierra con candados que hacen difícil su aplicación en la práctica”. Según este artículo, las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad10.
10 Véase E/CN.4/2004/80/Add.2, párr. 57.
51. Cabe destacar, aunque sigue siendo excepcional, que algunas propuestas de pueblos indígenas para desarrollar su autonomía y autogobierno han sido reconocidas por las autoridades federales y estatales. El Tribunal Federal Electoral11 reconoció el derecho de la comunidad purépecha de Cherán, Michoacán, de elegir a sus autoridades durante elecciones municipales de acuerdo con sus usos y costumbres. Comunidades indígenas del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, han realizado acciones legales para lograr ese mismo objetivo. En este municipio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación12 validó el proceso de consulta celebrado y permitió que en el proceso electoral local de 2018 se elijan autoridades locales bajo sus usos y costumbres. En Amicingo, Morelos, se eligió un ayudante municipal por usos y costumbres.
11 SUP-JDC-9167/2011.
12 SUP-REC-193/2016.
63. El narcotráfico, la trata de personas y la mayor presencia militar en la frontera entre México y los Estados Unidos de América han ocasionado graves perjuicios, incluyendo el desplazamiento de comunidades del pueblo o’odham en Sonora. Dadas su desconfianza hacia las autoridades estatales y las alegaciones de vínculos con el crimen organizado, solicitan medidas especiales de protección que tengan en cuenta el carácter transfronterizo de este pueblo indígena.
64. Problemas generalizados de acceso a la justicia afectan a los pueblos indígenas. De acuerdo con las autoridades mexicanas, la impunidad en el país es casi absoluta. Asimismo, existe una elevada “cifra negra” de casos no denunciados por la desconfianza en las
autoridades y sus procedimientos13. Para los indígenas, varios factores limitan el acceso al sistema judicial nacional para defender sus derechos. Se presentan barreras económicas, culturales, lingüísticas, geográficas y de racismo y discriminación.
65. Los programas de acceso a la justicia desarrollados por autoridades gubernamentales se han centrado en la situación de los indígenas ante el sistema penal. Las personas indígenas detenidas y procesadas enfrentan violaciones de derechos al debido proceso y la defensa adecuada por motivo de la escasez de intérpretes, abogados, defensores y operadores de justicia que hablen lenguas indígenas o conozcan las culturas indígenas. Por ejemplo, el cuerpo de defensores públicos bilingües solamente cuenta con 25 integrantes. Asimismo, enfrentan abusos durante detenciones arbitrarias realizadas por agentes policiales y militares. Como ha señalado la CIDH, la discriminación contribuye a que las personas indígenas detenidas “sean más propensas a ser víctimas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”14. El abuso en la aplicación de la prisión preventiva de oficio como medida cautelar en el caso de indígenas y de mujeres es preocupante.
67. Se señaló reiteradamente el uso indebido del derecho penal contra indígenas que defienden los derechos de sus pueblos. La Relatora Especial considera preocupantes las declaraciones de algunos representantes del Estado y del sector privado que deslegitiman la labor de estas personas indígenas y de las organizaciones que les asisten, incluso para interponer acciones legales contra proyectos de desarrollo. Esta labor de defensa de sus derechos aumenta el riesgo de represalias y violencia y evidencia la necesidad de mecanismos apropiados de protección. Asimismo, preocupa también la denigración de la labor de defensores de los derechos de los pueblos indígenas, etiquetados públicamente como “opuestos al desarrollo”.
13 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, 2017.
14 Véase CIDH, Situación de los derechos humanos en México, párr. 258.
72. Datos oficiales confirman que los pueblos indígenas sufren claras desventajas socioeconómicas reflejadas en índices de pobreza, niveles educativos y laborales y otros indicadores. Se estima que 71,9% de la población indígena vive en la pobreza o extrema pobreza, mientras que la proporción al nivel nacional es de 40,6%. El 55,5% de la población indígena reside en municipalidades consideradas de alta o muy alta marginalización y el 87,5% de las municipalidades indígenas, las que tienen un 70% o más de población indígena, se encuentran en condiciones de alta o muy alta marginalización15. Los indígenas tienen menos oportunidades de obtener un empleo formal, lo que los excluye de prestaciones laborales y otros beneficios16.
73. Según información del Gobierno, la esperanza de vida de los indígenas es siete años menor que la de la población general y se presentan tasas de mortalidad infantil, preescolar, escolar y materna superiores al promedio nacional debido principalmente a enfermedades prevenibles, como enfermedades infecciosas y parasitarias. Se informó que en los últimos 13 años aumentó la cobertura del Seguro Popular a más de 5 millones de indígenas que pueden utilizarlo en todo el territorio nacional. Asimismo, se tomaron medidas para aumentar la cobertura sanitaria con “competencia cultural”. Sin embargo, persisten quejas sobre la falta de instalaciones adecuadas y de personal médico en las comunidades indígenas y sobre casos de discriminación contra indígenas que acuden a centros de salud. Se necesita un mayor reconocimiento y apoyo a los sistemas tradicionales de salud.
77. El acceso a la justicia es particularmente problemático en relación con el aumento de feminicidios en áreas indígenas en un contexto nacional de alta impunidad respecto a estos
15 Véase CDI, Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2015, pág. 18.
16 Véase Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Informe de evaluación de la política del desarrollo social 2016, pág. 63.
crímenes. Mujeres indígenas señalaron la falta de diligencia de las autoridades competentes en detener, investigar y procesar a los responsables, y en tipificar estos casos como feminicidios.
86. En Chiapas, los migrantes indígenas centroamericanos sufren persecución, extorsión y secuestros por autoridades federales y estatales y grupos criminales. Pese a algunas acciones del Estado, como la capacitación de agentes migratorios en la no discriminación, el uso de prácticas de perfil racial por varios agentes migratorios genera abusos contra
indígenas migrantes centroamericanos e indígenas mexicanos residentes en la región fronteriza. Frecuentemente son detenidos de manera arbitraria y devueltos a su país de origen sin asesoría legal.
100. Urge una atención especializada a las solicitudes de pueblos indígenas para el reconocimiento y protección de sus tierras y territorios, la resolución de conflictos territoriales y la justicia y reparación integral por violaciones a sus derechos territoriales. Podrían conformarse grupos de trabajo interdisciplinarios y representativos de pueblos indígenas, sociedad civil y gobierno a fin de proponer mecanismos adecuados de resolución de estos casos17. Estas medidas deben desarrollarse en plena cooperación con los propios pueblos indígenas y aplicar la normativa internacional sobre pueblos indígenas, incluida la jurisprudencia del sistema interamericano.
101. La Relatora Especial reitera sus anteriores recomendaciones relacionadas con el respeto a los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de áreas protegidas en sus territorios, incluida la consulta previa y participación en el manejo, administración y control de dichas áreas. Asimismo, reitera el derecho de los pueblos indígenas al acceso a recursos naturales para su subsistencia y a la protección de su patrimonio cultural y natural18.
17 Véase E/CN.4/2004/80/Add.2, párr. 74.
18 Véase ibíd., párrs. 74 a 80.
108. El sector privado debe ejercer la debida diligencia y evaluar previamente los impactos reales y potenciales de sus actividades sobre los derechos humanos conforme a los estándares internacionales aplicables19.
115. También deben desarrollarse medidas concertadas de protección frente al crimen organizado y grupos armados en regiones indígenas, que incluyan medidas de coordinación con instituciones indígenas como policías comunitarias indígenas u otras similares. Cualquier presencia militar en territorios indígenas debe ser consultada con los pueblos indígenas afectados de acuerdo a los estándares internacionales20, y deben adoptarse las medidas necesarias para garantizar que dicha presencia no resulte en violaciones de derechos humanos.
116. Debe reforzarse el reconocimiento de los sistemas de justicia indígenas, incluyendo juzgados indígenas, policías comunitarias y otras formas de prevención, protección y resolución de conflictos21, y apoyarlos con los recursos adecuados. Deben desarrollarse mecanismos para la armonización y coordinación entre la jurisdicción indígena y ordinaria a nivel nacional.
117. Preocupa la tasa extremamente elevada de impunidad en el país. Los programas gubernamentales de acceso a la justicia dirigidos a indígenas ante el sistema de justicia deben reforzarse y dotarse de suficientes recursos. Asimismo, debe brindarse mayor atención al acceso a la justicia en casos relacionados con la
19 Véase Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, HR/PUB/11/04.
20 Véase la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 30.
21 Véase E/CN.4/2004/80/Add.2, párrs. 74 a 80.
protección de tierras, territorios y recursos naturales en contextos de megaproyectos, conflictos agrarios, casos de contaminación y afectación a la salud.
120. Es necesario agilizar las investigaciones y sanciones penales de personas responsables de amenazas, agresiones y asesinatos de indígenas defensores de derechos humanos, incluidos los delitos cometidos por agentes policiales y militares contra civiles indígenas, que deben ser procesados en el fuero civil, contribuyendo así a las garantías de no repetición. Se debe desmantelar, desarmar y sancionar a grupos paramilitares que cometen violaciones de derechos humanos en las regiones indígenas22.
128. En relación con indígenas en centros urbanos, migrantes y jornaleros se requiere una respuesta integral y adecuada para abordar los problemas descritos. Se reitera la recomendación de que se desarrolle un esquema de protección a estos sectores, con especial atención a mujeres y niños e indígenas migrantes
22 Véase ibíd., párrs. 89, 90 y 98.
centroamericanos23. Se debe prestar atención a la situación laboral de los jornaleros y trabajadoras domésticas indígenas de manera culturalmente adecuada y de acuerdo a los estándares laborales y de derechos humanos internacionales.
23 Véase ibíd., párr. 100.
Grupos armados masacraron a 45 indígenas (más
cuatro que estaban por nacer) en el campamento de desplazados “Los Naranjos”, quienes se
Derecho a la integridad y seguridad
encontraban en una jornada de oración y ayuno por la paz del municipio en Acteal. Este hecho también es conocido como “la masacre de Acteal” y hasta la fecha no se ha sancionado a sus perpetradores.
Afectación de territorio de comunidades Zoques por proyecto de extracción de hidrocarburos sin
consulta y consentimiento libre previo e informado.
Asesinato de un defensor tsotsil, ocurrido en Cruztón, perpetrado por paramilitares que actúan ante la inacción de las autoridades. Durante las investigaciones fue detenido un presunto homicida pero fue puesto en libertad por órdenes del
Falta de reconocimiento legal de las tierras y territorio de la comunidad Rarámuri de Mogótavo, Municipio de Urique. Intento de desalojo por proyecto Turístico Barrancas del Cobre sin consulta
y consentimiento libre, previo e informado.
Pendiente de resolución judicial definitiva.
Vida, libertad y seguridad Derecho a vivir en comunidad y de acuerdo a la propia cultura. Derecho a defender los derechos
Falta de protección ante homicidios, lesiones,
despojo, daños a las viviendas y, finalmente, reclutamiento y desplazamiento forzado masivo por
parte del crimen organizado contra la comunidad El manzano, ejido Rocoroyvo, Urique. Hasta el momento no ha realizado ningún operativo.
Tierra y territorio Consulta y consentimiento Acceso a la justicia
El megaproyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México ha provocado intentos de despojo por parte de los tres niveles de gobierno en contra de las comunidades Ixtapan, Nexquipayac, San Salvador Atenco, Colonia
Francisco I. Madero y Tocuila en Chimalhuacán, Atenco y Texcoco. Esto también ha traído episodios de violencia física, agresiones sexuales, criminalización y detenciones arbitrarias. El caso de 11 mujeres torturadas sexualmente por policías en 2006 está ahora en espera de sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Concesiones mineras y declaratoria de libertad de terrenos en territorio Júba Wajiin de comunidades
indígenas Naua, Me’phaa y Na Savi, de San Miguel del Progreso, sin consulta y consentimiento libre, previo e informado.
Tierra y territorio Consulta y consentimiento Agua
Desapariciones, ejecuciones y desplazamiento resultado de la violencia, que afecta en la montaña baja, principalmente a las comunidades de Chilapa,
Zilitlala, Atlixtac y Ahuacotzingo; todo esto ante la inacción de las policía municipal y estatal, la gendarmería y el ejército.
Dos mujeres indígenas tlapanecas/me’phaa, fueron torturadas sexualmente por efectivos militares en un contexto de represión contra los movimientos
sociales y las organizaciones indígenas. Se les
Vida, integridad, libertad y seguridad Derecho de las mujeres a una vida libre de
negaron los servicios de salud y a la fecha los casos no han sido debidamente investigados, los responsables no han sido sancionados y no ha habido una reparación integral. En 2010 la CIDH emitió sentencias sobre los casos.
Proyectos mineros que afectarán sitios sagrados naturales más importantes del pueblo indígena Wixárika (huichol), originario de la Sierra Madre Occidental, sin consulta y consentimiento libre, previo e informado. Pendiente de resolución
Tierra y territorio Consulta y consentimiento Libre determinación Cultura
Autorización y construcción de Presa
Hidroeléctrica “Las Cruces” en Cuenca del Rio San Pedro Mezquital, que inundaría sitios sagrados para varios pueblos indígenas Nayeris, Wixaritari, Tepehuanos y Mexicaneros; así como serranos de Ruiz, Rosamorada, Acaponeta y el Nayar. Sin consulta y consentimiento libre, previo e informado.
Mediante engaños e información insuficiente, los poseedores pertenecientes a la subcomunidad agraria Unión Hidalgo, en Juchitán, firmaron
contratos con empresa. Desde su llegada, los
comuneros han sido víctimas de intimidaciones, impedimentos para acceder a sus tierras de cultivo y contaminación. Se prevé la instalación de otro parque eólico en las mismas circunstancias. Se encuentra pendiente de resolución judicial definitiva.
Invasión despojo y depredación, por parte de
madereros, ganaderos y narcoganaderos, en territorio comunal ancestral del pueblo Zoque
Chimalapa (Bienes Comunales de Santa María y San Miguel Chimalapa) sin intervención adecuada de autoridades. Amenazas y agresiones contra personas defensoras.
Solicitud para llevar a cabo ceremonias prehispánicas en la explanada de diversos sitios
arqueológicos en el país que se encuentran bajo custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Particulares ofrecieron dinero a ejidatarios Mayas de San José Tibceh en Muna y Planchac en Sacalum para la construcción de un parque solar y una subestación eléctrica. Se está llevando a cabo un proceso de consulta a las Comunidades indígenas mayas Xui que habitan en el lugar. Sin embargo, autoridades y empresa presionan para realizar la consulta rápidamente. Hay inconformidad con respecto a cómo se está dando la consulta y preocupación por el incremento de la
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Unknown January 30, 2019 at 7:10 AM
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UNPFII Report on the seventeenth session 2018
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