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Timestamp: 2020-03-31 23:25:54+00:00

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Instituto de Altos Estudios
Después de varios años de investigación, los miembros del Instituto de Altos Estudios, hemos concretado una propuesta de reforma al sistema de justicia penal, consistente en un MENSAJE, y dos Anteproyectos. El primero referido a las ESTRUCTURAS ORGANICAS DE LOS TRIBUNALES Y DE LOS JUZGADOS, COMO DE LA NUEVA FORMA DE GESTIONARLOS. El segundo sobre las propuestas de REFORMAS AL CODIGO PROCESAL PENAL.
Ponemos a disposición de todos los que tengan interés en conocer su contenido, con la finalidad de promover un ámbito de reflexión y de debate.
Estamos abiertos a todas las opiniones, propuestas y críticas sobre los mismos, en el convencimiento que nos enriqueceremos mutuamente y en beneficio de la sociedad.
Entrega de Doctorado Honoris Causa
ACOMPAÑAMOS LA INVITACIÓN:
El Rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Ing. Agr. Daniel Pizzi y el Decano de la Facultad de Derecho, Abog. Ismael Farrando, tienen el agrado de invitar al Acto de entrega del título de DOCTOR HONORIS CAUSA al DR. LUIGI FERRAJOLI, jurista destacado por sus contribuciones la TEORÍA DEL DERECHO Y LA DEMOCRACIA, el próximo jueves 16 de bril a las 16:30 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho
El Profesor Luigi Ferrajoli, de amplia, pública y conocida trayectoria, nació en Florencia, Italia, el 6 de agosto de 1940. Se desempeñó como juez entre 1967 y 1975. En el marco de su carrera docente, desde 1970 hasta 2002 ha sido profesor de Filosofía del derecho y de Teoría general del derecho en la Universidad de Camerino y, desde 2003, en la Universidad de Roma III, donde se ha jubilado hace 2 años, según nos ha informado el Secretario de Relaciones Internacionales de la UNCuyo.
Es asimismo el autor de una importante obra, especialmente en el dominio de la filosofía del derecho, la teoría política, derecho penal y derecho procesal penal. Aunque su preocupación en los últimos años está relacionado con el Derecho y la Democracia desde la Filosofía Política, la Teoría del Derecho y el Derecho Constitucional.
Es uno de los más importante partidarios del positivismo jurídico en lo tocante a la teoría del derecho, y cultor de la filosofía analítica respecto de la metodología, Luigi Ferrajoli, en su vasta obra, no se ha limitado a ofrecer una teoría general del derecho positivo, sino que tiene la originalidad de haber desarrollado también un examen crítico de las teorías acerca su justificación político-moral que se consuma en la postulación de un modelo GARANTISTA de sistema jurídico y, en particular, de sistema penal. Su reflexión en la esfera normativa tiene asimismo el mérito de estar respaldado no sólo por el estudio de la estructura y contenido del derecho positivo, sino por una visión realista y crítica de la realidad histórica y social en la que éstos toman cuerpo y se desenvuelven.
Uno de los aspectos cardinales de su obra consiste, pues, en la propuesta de un modelo de Justificación normativa de sistema jurídico y, particularmente del sistema penal, en el marco de los estados constitucionales, a la luz de una reelaboración de la teoría de la democracia y de la concepción del Estado de derecho. Su propuesta, se compromete, en efecto, por una parte, con una concepción sustantiva de la democracia de acuerdo con la cual los derechos fundamentales no pueden ser objeto de limitación o derogación y, por la otra, con una idea del Estado de derecho según la cual no existe poder (ni siquiera el Parlamento mediante decisiones unánimes) que no esté sujeto a las leyes y, más específicamente, a los derechos fundamentales: es decir, los derechos negativos (como los derechos de libertad y propiedad) e incluso aquellos positivos (como los derechos sociales), que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, ciudadanos o personas con capacidad de obrar. Tales derechos, constituyen límites infranqueables para los poderes públicos, es decir, han de ser entendidos como garantías. De modo que la jurisdicción posee una función cardinal: controlar la creación y aplicación de la ley.
Teoría que tiene, mayor relevancia para nosotros porque se asemeja a nuestro Modelo de República Federal a partir de la Constitución Nacional de 1853 y sus diversas modificaciones que está vigente en la República Argentina.
Ahora bien, a diferencia de los otros poderes públicos, su legitimación no sería de tipo democrática, sino que vendría dada por su sujeción a la ley, por la verdad de la motivación de la sentencia: verdad con relación a la prueba de los hechos, con relación a la ley aplicable, y a la subsunción de aquellos en ésta. El sistema de garantías, si bien no puede eliminar por completo la discrecionalidad judicial, eleva las limitaciones del juez y dota a la actividad jurisdiccional de un carácter cognoscitivo. Su concepción del GARANTISMO se aplica así no sólo en el ámbito del derecho penal –en el cual dicho término tiene su origen– sino también al resto del ordenamiento jurídico, y no solamente frente a los poderes públicos, sino frente a los poderes privados, e incluso trascendiendo la esfera de los derechos nacionales para abrazar el derecho internacional.
En su orientación penal, Ferrajoli se propone efectuar una revisión crítica del modelo garantista clásico de la tradición jurídica ilustrada y liberal, en el plano filosófico, político y jurídico. Más precisamente, una re-fundamentación de dicho modelo tanto en lo que hace a la racionalidad de las decisiones, a la coherencia interna del sistema penal, como respecto de su justificación ético política. Ella tiene por objetivo fundamental ofrecer una teoría del garantismo penal que evite a la vez el racionalismo utópico y el decisionismo irracionalista. Desarrolla, con dicho propósito, un sistema de axiomas garantistas relativos a la pena, al delito y al juicio que permite determinar el grado de garantismo de un sistema penal. Se discuten, así, en esta magna empresa, los grandes temas de la filosofía penal –muchos de ellos con gran minuciosidad– a través de las obras capitales de la teoría epistemológica, jurídica y político-moral –clásica y contemporánea. Ello siempre en el marco conceptual de una concepción del Derecho y la Democracia que nos parece fundamental trabajar en nuestro medio.
Entre sus principales obras cabe mencionar:
Teoría axiomatizada del derecho (Teoria assiomatizzata del diritto) Giuffrè, Milán, 1970.
Democracia autoritaria y capitalismo maduro (Democrazia autoritaria e capitalismo maturo), en colaboración con Danilo Zolo; Feltrinelli, Milán, 1978.
Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Trotta, Madrid, 1995.
Derechos y garantías. La ley del más débil, Trotta, Madrid, 1999.
El garantismo y la filosofía del derecho, Universidad del Externado de Colombia, Bogotá, 2000.
Los fundamentos de los derechos fundamentales, Trotta, Madrid, 2001.
Epistemología jurídica y garantismo, Fontamara, Mexico D.F., 2004.
Razones jurídicas del pacifismo, Trotta, Madrid, 2004.
Garantismo: una discusión sobre derechos y democracia, Trotta, Madrid, 2006.
Democracia y garantismo, Trotta, Madrid, 2008.
La teoría del derecho en el paradigma constitucional, Fundación coloquio jurídico europeo, Madrid, 2008.
Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia, (tres volúmenes), Laterza, Roma, 2007, 2008, y 2009; de traducción en español 2011.
El próximo miércoles 30 de octubre por la tarde en la Universidad de Congreso, con la participación de Alberto Binder y el Director Nacional de Política Criminal. se presentará el libro "Asamblea penitenciaria y red de familiares de presos", de Alejandro Poquet y Vicente Espeche.
Estupefacientes. Tenencia para consumo personal. Aplicación del fallo "Arriola" de la CSJN. Interpretación.
La Sala IV de la C.N.C.P. resolvió en la causa N° 9451 "García Baez" que la doctrina de la sentencia de la CSJN en el caso ?Arriola? no ha constituido una declaración general y erga omnes de inconstitucionalidad , con directo efecto derogatorio del art. 14, párrafo segundo, de la ley 23.737, sino que requiere el examen de las circunstancias del caso de que se trate a fin de determinar si la tenencia de estupefacientes para uso personal que constituye el objeto del proceso se realizó en circunstancias o condiciones tales que no aparejaban peligro concreto o daño a derecho o bienes de terceros.
El comportamiento del justiciable no colocó en peligro concreto o causó daños a bienes jurídicos o derecho de terceros si -como sucedió en el caso- la marihuana incautada al nombrado, además de resultar una cantidad escasa, fue hallada, en su totalidad, en sus ropas -bolsillo delantero derecho de la bermuda-, lo que da la pauta de que aquella sustancia no pudo ser observada por personas ajenas al acusado, por lo que corresponde la aplicación del fallo de la CSJN en cuestión.
LEER RESOLUCION COMPLETA
Ley 8263 creando el Juez de Delitos de Tenencia
LEY N° 8263 - Código Procesal Penal. Ley 6730. T.O. Ley 7007. Modificación.
B.O.: 1-abr-2011 - MENDOZA
Artículo 1.- Incorpórase como artículo 49 bis del Código Procesal Penal, Ley 6.730, T.O. Ley 7.007, el siguiente texto:
"Artículo 49 bis.- El Juez de Delitos de Tenencia juzgará en única instancia los delitos previstos en los apartados (2) y primer párrafo del (3) del artículo 189 bis del Código Penal, cualesquiera fuera su pena.
Asimismo, juzgará de aquellos delitos cuya acción típica esté constituida por la tenencia o portación de objetos, cualesquiera fuera la pena conminada en la ley penal, y que la Suprema Corte de Justicia incluya en su competencia."
Artículo 2.- Incorpórase como tercer párrafo del artículo 60 del Código Procesal Penal, Ley 6.730 T.O. Ley 7.007, el siguiente texto:
"En ningún caso se acumularán las causas que fueran de competencia del Juez de Delitos de Tenencia."
Artículo 3.- Incorpórase como tercer párrafo del artículo 417 del Código Procesal Penal, Ley 6.730 T.O. Ley 7.007, el siguiente texto:
"Lo dispuesto en este artículo será aplicable al Juez de Delitos de Tenencia."
Artículo 4.- El Primer Juzgado en lo Correccional de la Primera Circunscripción Judicial será denominado "Juzgado de Delitos de Tenencia", atribuyéndosele la competencia de juzgamiento de los delitos previstos en el artículo 49 bis del C.P.P."
Artículo 5.- La Primera Fiscalía en lo Correccional de la Primera Circunscripción será denominada "Fiscalía de Delitos de Tenencia", y entenderá exclusivamente en los procesos de competencia del Juez de Delitos de Tenencia, como Fiscal de instrucción y de juicio."
Artículo 6.- A partir de la puesta en vigencia de la presente ley, el Juzgado y la Fiscalía cuya competencia ha sido modificada por esta normativa, deberán concluir el trámite de los procesos actualmente radicados en los mismos, hasta la extinción o agotamiento de la acción penal."
Artículo 7.- En las circunscripciones Segunda, Tercera y Cuarta los procesos de competencia del "Juez de Delitos de Tenencia" serán sustanciados por la Cámara en lo Criminal o Juzgado Correccional, de acuerdo a su pena.
Artículo 8.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a lo nueve días del mes de febrero del año dos mil once.
Tenencia de estupefacientes para consumo personal. Personas detenidas en establecimientos carcelarios. Alcances de la doctrina CS "Arriola"
En las Causas 13.020 Muñoz, 13042 Barrionuevo y 13239 Sosa, la Sala II de la C.N.C.P. integrada por el Dr. Guillermo J. Yacobucci como Presidente y los Dres. W. Gustavo Mitchell y Luís M García han resuelto que:
La imputación penal de la tenencia de estupefacientes para consumo personal dentro del espacio penitenciario no implica un allanamiento general o aniquilación plena de la privacidad y resulta improcedente trasladar sin más la doctrina CS "Arriola" a esa situación, ya que el imputado está sometido a una regla de sujeción jurisdiccional cuya legalidad no ha sido atacada, que particulariza el caso respecto de situaciones donde rige la plena libertad normativa de la persona y, en ese contexto, constituye por sí mismo un riesgo para terceros que hace a la trascendencia de su comportamiento. El voto concurrente agregó que en ese contexto, la prohibición de la tenencia y consumo de sustancias tóxicas es una restricción legítima que persigue fines legítimos, sin que se haya demostrado que sea irrazonable o desproporcionada.
La Sala I de la C.N.C.P. resolvió recientemente la causa SALGADO, en la que abordó temáticas sobre: delitos de lesa humanidad – alcances del concepto - organizaciones terroristas –prescripción de la acción penal –
Causa 9880 –Salgado- Sala I – reg. 17.457 – 22/3/2011
corresponde rechazar los recursos de casación interpuestos contra el pronunciamiento que sobreseyó a los imputados por la detonación de un explosivo en la sede de la entonces Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina en circunstancias en que había un número significativo de personas, lo que produjo una multiplicidad de lesiones y muertes entre miembros dela Policía Federal y empleados civiles, al no verificarse el concepto de delito de lesa humanidad –y por lo tanto, imprescriptible- por no tratarse de ataques generalizados y sistemáticos contra una población civil, provenientes de un poder organizado por el Estado).
Constitucionalidad de la reglamentación del derecho de manifestarse en la vía pública
El Intendente de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza en 23 de julio de 2008 dictó el Decreto nº 863 con reglamentando el ejercicio de los derechos de peticionar y reunirse, armonizándolos con el derecho a transitar y circular libremente, todos de raigambre constitucional e igual jerarquía, por incumplimiento del mismo al SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) se le aplicó una multa. El gremio recurrió mediante acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza la que motivó la causa Nº 94.017, caratulada "SUTE c/ Municipalidad de Mendoza p/ Acción de Inconstitutionalidad" la que en definitiva fue rechazada el 3 de marzo de 2011.
Declaración por videoconferencia en la Provincia de Buenos Aires
Fuente: Diario Judicial del 1-03-2011
Primera declaración de un perito por videoconferencia en la Provincia
En el marco de una iniciativa de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y la Procuración General provincial, por primera vez un tribunal penal de la Provincia de Buenos Aires recibió la declaración de un perito oficial a través del sistema de videoconferencia.
A través de una pantalla, una perito respondió en la Dirección General de Asesorías Periciales de La Plata a las preguntas que le hicieron desde una sala de juicio ubicada a casi 300 kilómetros de distancia.
Así se desarrolló la primera "comparecencia virtual" efectuada por la jefa del Servicio Comparativo de ADN de la Asesoría Pericial de la Corte, Mercedes Lojo, ante el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Azul integrado por los jueces María Cristina Beaucamp, Alicia Ramallo y Guillermo Pereyra.
Los medios para concretar la experiencia fueron dispuestos por la resolución 3487/10 de la Corte bonaerense. "De esta forma se verían simplificados los tiempos para la recepción de la medida probatoria especialmente en aquellos casos en que por la especialidad se cuenta con un reducido número de profesionales para cubrir las necesidades de toda la Provincia", consignaron allegados al Máximo Tribunal.
El artículo 2º de la mencionada normativa establece la utilización de la videoconferencia como "mecanismo obligatorio para la recepción de testimonios de los citados profesionales en las situaciones mencionadas en los considerandos de la presente, debiendo el magistrado o funcionario fundar debidamente las razones que justifiquen, en el caso específico, la excepción a su aplicación y la consecuente citación y traslado del perito a la sede del organismo".
Se espera que con la implementación de la medida, se vea optimizado el manejo de los recursos materiales y del factor humano, favoreciendo la reducción de los tiempos de desplazamiento, posibilitando la realización de otras entrevistas y peritajes preacordados en otros procesos y disminuyendo la utilización de vehículos o pasajes oficiales y pago de viáticos entre otros aspectos.
Con el atributo de generar una comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido, el dispositivo de videoconferencia implementado y coordinado por la Subsecretaría de Información de la Corte asegura que las declaraciones realizadas por este medio cumplan con los principios de contradicción, oralidad y publicidad del proceso penal.
Inducción jurídica
La llamada "inducción jurídica"
(EXTRACTO DEL LIBRO DE: ALCHOURRÓN, Carlos E. – BULYGIN, Eugenio; “Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales”; Editoral Astrea; Bs. As.; 1975; págs. 130/133).
¿Cuál es la naturaleza lógica de la operación mediante la cual el jurista transforma una pluralidad de normas en una norma de mayor generalidad (normativamente) equivalente a las normas primitivas? El examen de esta cuestión puede arrojar alguna luz sobre los métodos y el carácter de la ciencias jurídica.
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PELIGROSIDAD PROCESAL - T.S.J. de Córdoba
El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba ha mantenido su doctrina sobre la peligrosidad procesal en el caso OXANDABURU. En igual sentido que al de subir a la página el caso PEREIRO del mismo Tribunal lo hicimos por entender (como ahora) que era un importante antecedente por cuanto el art. 281 inc. 1º del C.P.P. de Córdoba es similar a nuestro art. 293 inc. 1ª del C.P.P.
Si bien el Tribunal se refiere a su consolidada jurisprudencia sobre la peligrosidad procesal, en cuanto al motivo del recurso dijo:
"... en el supuesto de prisión preventiva del art. 281 inc. 1° del C.P.P., hemos dicho que el legislador ha presumido iuris tantum la peligrosidad procesal frente a un pronóstico de pena privativa de la libertad de cumplimiento efectivo por el delito que se le sigue en el proceso. De tal modo, la ley local -idéntica a la vigente en el orden federal (artículo 312, 1°, C.P.P.N.) y a las de la mayoría de la Provincias-, consagra una presunción iuris tantum del legislador según la cual el peligro para los fines del proceso existe toda vez que la amenaza penal exceda de cierto límite (T.S.J., Sala Penal, “Berrotarán”, cit.; “Alvarez”, S. nº 140, 28/06/2007 entre muchos otros). En lo que específicamente concierne a Oxandaburu, se le atribuyen seis hechos, en concurso real, de falsedad ideológica. La imputación, en consecuencia, lo es por ilícitos reprimidos con una escala penal que tiene un mínimo de un año y un máximo de treinta y seis, lo que muestra como razonable un pronóstico punitivo de condena efectiva, tal como lo señalara la a quo (fs. 2613 vta./2614). c) Ahora bien; por ser iuris tantum, hemos explicado que aquella presunción admite prueba en contrario. Es que conforme la naturaleza de la presunción aludida, es factible que el imputado que no sea pasible de condena condicional pueda permanecer en libertad durante el proceso, en la medida en que concurran circunstancias específicas que enerven la sospecha en el caso concreto, como ocurre cuando se presentan condiciones distintas del común denominador de las personas imputadas por un delito, que por sí resulten suficientes para desactivar la presunción legal (T.S.J., Sala Penal, "Santucho", S. 54, 14/06/2004; "Bustos Fierro", S. n° 110, 19/05/2008; "Pereiro", S. n° 312, 11/11/2008)."
MORAN MORALES - Legitima Defensa
Fallo citado en el Curso sobre Litigacion Penal en el tema Causas de Justificación - pueden concursar
PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO CONSENSUADO (P.A.C.)
PARA UNA NUEVA GESTIÓN
La Experiencia del "Procedimiento Alternativo Consensuado" (P.A.C.) es una propuesta del equipo de Investigación Judicial sobre la Profundización del Sistema Acusatorio en la Provincia de Mendoza, que se desarrolla en el Centro de Capacitación Judicial “Manuel A. Sáez”, de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. El mismo propone la oralización de la etapa preliminar del juicio, como método para una nueva gestión.
Esta experiencia se lleva a cabo desde el 1 de agosto de 2007 en la Segunda Cámara del Crimen de la Primera Circunscripción Judicial.

References: Artículo 1
 artículo 49
 artículo 189

Artículo 2
 artículo 60

Artículo 3
 artículo 417

Artículo 4
 artículo 49

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8
 resolución 
 artículo 2