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Timestamp: 2019-11-21 22:53:32+00:00

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KELLY CORADO Derecho constitucional 2 by kellycorado902 - Issuu
Cuarto semestre de Licenciatura en Ciencias JurĂ­dicas y Sociales Licenciada Carolina Sosa Derecho constitucional 2
Kelin Esperanza Asencio Corado
INDICE INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 4 Introduccion al estudio del derecho procesal constitucional ............................... 5 DEFINICIONES DE INTRODUCCION AL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL ............................................................................................................ 6 CONCLUSIÓN ..................................................................................................................... 7 La protección constitucional .......................................................................................... 8 DEFINICIONES DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL ...................................... 9 Conclusiones .................................................................................................................... 10 Las garantías constitucionales .................................................................................... 11 Definición de Las garantías constitucionales ......................................................... 12 Conclusión ........................................................................................................................ 13 Amparo ............................................................................................................................... 14 Definición de Amparo ..................................................................................................... 15 CONCLUSIONES .............................................................................................................. 16 Derecho a la exhibición personal ................................................................................ 17 Definición de Derecho a la exhibición personal ..................................................... 18 Conclusiones .................................................................................................................... 19 La inconstitucionalidad ................................................................................................. 20 Definición de La inconstitucionalidad ....................................................................... 21 Conclusiones .................................................................................................................... 22 Control constitucional de las leyes ............................................................................ 23 Definición de Control constitucional de las leyes .................................................. 24 Conclusiones .................................................................................................................... 25 La corte de constitucionalidad .................................................................................... 26 Definición de La corte de constitucionalidad .......................................................... 27 Conclusiones .................................................................................................................... 28 Los derechos humanos ................................................................................................. 29 Definición de Los derechos humanos ....................................................................... 30 Conclusiones .................................................................................................................... 31 LA JURISPRUDENCIA Y SUS EFECTOS ................................................................... 32 DEFINICIÓN LA JURISPRUDENCIA Y SUS EFECTOS ........................................... 33 CONCLUSIONES .............................................................................................................. 34
Citas y BibliografÃ­as ........................................................................................................ 35
La Teoría General del Proceso es una parte muy importante del derecho ya que esta realiza estudios técnicos jurídicos que tienen una estrecha relación con el derecho, en sentido general es el como funciona la administración de justicia en nuestro país y en cualquier otro que exista esta Teoría. La necesidad del ser humano y de la sociedad en general es lo que ha logrado que se tenga una teoría acerca del proceso así mismo un Derecho Procesal ya que cada día la sociedad evoluciona a pasos agigantados y es por eso que se necesita tener cuerpos legales e instrumentos para poder llevar a cabo una buena administración e impartición de justicia. En lo que a continuación se plasma se ve distintas definiciones de Teoría General del Proceso así como también el concepto de Derecho Procesal, estás dos en la antigüedad se decía que eran completamente distintas pero ya en nuestros tiempos podemos decir que es lo mismo. El Derecho Procesal regula la forma general y el orden exterior de las actividades que deben cumplirse dentro de los órganos judiciales . De esta manera en el trabajo se expone la definición de Derecho Procesal así como de la Teoría General del Proceso y de tales definiciones partiremos para llega a un estudio más profundo de estas. En este trabajo se mencionara también la importancia del de la Teoría General del Proceso en el ámbito procesal, las definiciones, al Derecho Procesal, así mismo su autonomía, el deslinde de esta y sus fuentes del Derecho Procesal. La Teoría General del Proceso es la base del Derecho Procesal aunque en la actualidad se diga que es lo mismo
Introduccion al estudio del derecho procesal constitucional Si tenemos en cuenta que la última ratio del Derecho es la protección de bienes fundamentales tutelados por el ordenamiento jurídico y, que estos bienes y la forma de protegerlos han sido establecidos por el propio ordenamiento jurídico (ordenamiento que, en última instancia, responde a las normas, valores, pautas de conducta y principios de una sociedad o de un grupo dominante); entonces, resulta fácil entender que hoy en día, un moderno Estado de Derecho no puede concebirse sin un orden constitucional en el que, además de consagrar derechos fundamentales y definir principios básicos de organización del poder político, se instauren instituciones jurídicas idóneas dirigidas a su efectiva defensa, protección y restauración, en el supuesto de su desconocimiento o transgresión. Es decir, el orden que condiciona a un Estado, sólo es factible perfeccionarlo a través de un adecuado sistema de justiciabilidad constitucional. Precisamente, uno de los instrumentos jurídicos, por excelencia, destinado a la tarea de protección de la normativa constitucional, es el que se ejerce a través de la Justicia Constitucional, que tiene por misión principal velar por el respeto y la eficacia del principio de la "supremacía constitucional". Sin embargo, su cometido esencial no se reduce sólo a resolver la inconstitucionalidad de las normas que son contrarias a la Carta Fundamental, sino que, además, tendrá la fundamental labor de interpretar dicha norma constitucional, así como de conocer y resolver aquellas cuestiones donde el ciudadano ve violados sus derechos fundamentales o bien existen conflictos entre poderes. Partiendo del supuesto de que la Constitución es la norma máxima que regula la convivencia social, cabe recordar a Favoreu en cuanto expresa que “La consolidación de la Justicia Constitucional ha exacerbado la fuerza normativa de la Constitución. Su exigibilidad jurídica ante jueces y tribunales constituye uno de los presupuestos básicos del Estado democrático. Asimismo, la jurisdiccionalita de la vida política y del conflicto social latente, encuentra en los tribunales constitucionales un instrumento esencial, aunque no exclusivo, de garantía del respeto a la Constitución de los poderes públicos y también de los particulares”. En este contexto conceptual, resulta palpable que para que exista Justicia Constitucional, se requiere una Constitución y una jurisdicción constitucional que le permita controlar, por la vía del proceso, la vigencia real de su preceptiva. Es por ello, que podemos afirmar, tomando en consideración el criterio de Zarco Luksic, que el tema de la Justicia Constitucional está íntimamente ligado al valor de la norma constitucional. La Constitución, siendo protegida por la jurisdicción, pasa a ser una norma viva, eficaz y no sólo en su letra, sino en su espíritu, que se refleja en los valores y principios que, escritos o no, surgen de su preceptiva.
DEFINICIONES DE INTRODUCCION AL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL 1. El Derecho Procesal Constitucional es probablemente la disciplina jurídica más nueva, pues, aunque sus antecedentes pueden remontarse a los tiempos antiguos del derecho público, su contenido, denominación y enseñanza aparecen en la segunda mitad del siglo XX. 2. Derecho Procesal Constitucional viene a ser “el conjunto de normas que regulan el proceso constitucional”3, o, como lo define Fix-Zamudio, es “la disciplina jurídica situada dentro del campo del Derecho procesal, que se ocupa del estudio sistemático de las instituciones y de los órganos
1. Lo que podemos concluir de todo lo anteriormente expuesto es que la Teoría General del Proceso es la base del Derecho Procesal ya que desde mi punto de vista todo tipo de derecho (civil, penal, laboral, etc.) comienza con una teoría para posteriormente convertirse en realidad, es decir que sus aspectos generales se hagan ya legales en todo. El Derecho Procesal surgió como una necesidad de la sociedad para regular la conducta de los que administran la justicia así mismo para llevar a cabo cada parte del procedimiento como debe ser y no como los administradores de justicia quisieran que fuera. 2. En todos los tiempos yo pienso que ha habido distintas necesidades pero siempre la necesidad de tener un cuerpo normativo que regule tal o cual situación ya que si no existieran los cuerpos normativos, y quienes lo aplicarán caeríamos en la barbarie, es bien sabido que aun existiendo tales cuerpos normativos o legales muchas veces las sociedades se encuentran en conflictos o en disgustos. Entonces es necesario que existan estos, y yo consideró que uno de los más importantes tipos de derechos es el Procesal ya que no importa de qué tipo se trate, si es civil, penal ,laboral, todos y cada uno de ellos llevara a cabo el Derecho Procesal es decir, un proceso, un procedimiento en dado caso que así se requiera y que no importa de qué rama estemos hablando, pública o privada al fin y al cabo todos estos tienen que llevar paso a paso su procedimiento y en base a este Derecho es como ellos se van a guiar.
La protección constitucional Esta protección, está constituida por los elementos encaminados a proteger el orden constitucional, pudiendo ser de diverso carácter: político, económico, social y estrictamente de normas constitucionales en Guatemala el sistema de justicia constitucional se regula en la Constitución de 1985 y su coetánea Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. La actual Constitución Política de la República de Guatemala, adoptada en 1985 contiene una amplia protección a la persona humana, desde el reconocimiento de derechos humanos con un extenso catálogo y la inclusión de normas que posibilitan su ampliación como lo son una norma abierta contenida en el artículo 44 que prevé la inclusión de todos aquéllos derechos que aunque no figuren en su texto sean inherentes a la persona humana, un artículo 46 que posibilita que tratados y convenciones en materia de derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala, tengan preeminencia sobre el derecho interno, y otras como el artículo 106 que establece que el contenido de la Constitución en materia laboral, es un mínimo susceptible de ser ampliado por la legislación interna o contratación individual. En ese contexto se establecieron también instituciones novedosas como lo son la Corte de Constitucionalidad, como tribunal autónomo encargado de la defensa de la Constitución, un ombudsman o Procurador de los Derechos Humanos para la supervisión del respeto de derechos humanos por parte de la administración pública y un Tribunal Supremo Electoral con autonomía de otros órganos de gobierno, como encargado de lo referente a las elecciones y su proceso. Con relación a la Corte de Constitucionalidad, se estableció en el artículo 268 de la Constitución, como: “...un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional; actúa como tribunal 3 colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia...” Se regula en el texto constitucional un sistema de garantías constitucionales, siendo estas el amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad. La exhibición personal posibilita la protección de la libertad e integridad de la persona y puede hacerse valer ante todo juez de cualquier instancia o jurisdicción en reclamo de esos derechos, siendo el máximo tribunal encargado de su conocimiento, la Corte Suprema de Justicia, por lo que es la única garantía constitucional cuyo conocimiento no corresponde a la Corte de Constitucionalidad. A ese respecto, puede señalarse, siguiendo al Magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Alejandro Maldonado Aguirre, que estas competencias pueden dividirse en 4 grupos siendo estas las: Jurisdiccionales; Consultivas; Dirimentes y Políticas.
DEFINICIONES DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 1. El Derecho Constitucional tiene como finalidad establecer la forma de gobierno, las leyes que definen al Estado, regular los Poderes Públicos del Estado, organizarlos, mantener la división y no dependencia entre éstos, busca proteger el Estado de Derecho, mantener la soberanía de un país. 2. Derecho Constitucional La rama del derecho encargada de analizar y controlar las leyes fundamentales que rigen al Estado se conoce como derecho constitucional. Su objeto de estudio es la forma de gobierno y la regulación de los poderes públicos, tanto en su relación con los ciudadanos como entre sus distintos órganos.
1. En lo que respecta al derecho a la vida, a la luz de los ejemplos incluidos en el Capítulo II del presente Informe, la Comisión es del criterio de que este derecho ha sido objeto de violaciones en algunos casos. La Comisión reconoce que se han realizado investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y que se han impuesto sanciones administrativas y disciplinarias en esos casos. En lo concerniente a acciones de carácter penal para castigar a los responsables de esos hechos, dichas acciones se han iniciado, pero los juicios se han demorado en sus procedimientos legales. A pesar de ello, estos esfuerzos del Gobierno no han tenido suficiente éxito en la prevención o supresión de tales abusos. 2. En lo que corresponde al Derecho a la Libertad Personal, la Comisión estima que si bien el Gobierno ha tratado de que se llenen y cumplan los requisitos exigidos para la aplicación del artículo 28 de la Constitución Política, relativo a la aprehensión y retención de personas en tiempos de paz cuando haya graves motivos para temer perturbación del orden público, en la práctica se han cometido abusos de autoridad tales como capturas masivas, procedimientos irregulares de detención, y en algunos casos, allanamientos ilegales y prolongación de los períodos de detención para indagar fijados legalmente. A juicio de la Comisión, esto obedece a la falta de reglamentación del artículo 28 citado, para fijar su alcance y aplicación.
Las garantías constitucionales Son derechos o libertades fundamentales que encarnan la dignidad del hombre y que la Constitución de un Estado reconoce a todos los ciudadanos. Son inalienables, y constituyen una salvaguardia del ciudadano frente al intervencionismo del Estado. Las garantías constitucionales se definen como los medios o instrumentos que la Constitución Nacional pone a disposición de los habitantes para sostener y defender sus derechos frente a las autoridades, individuos o grupos sociales; mientras que las garantías procesales como "las instituciones o procedimientos de seguridad creados a favor de las personas, para que dispongan de los medios que hacen efectivo el goce de sus derechos subjetivos". La reforma de nuestra Constitución Nacional (en adelante "CN") de 1994 operó una sustancial modificación relacionada al régimen de los tratados. La solución adoptada influyó en el sistema de derechos reconocidos en la parte dogmática de la CN 1853/1860 al no derogar artículo alguno de esa sección y entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Es decir, los derechos establecidos en los tratados de derechos humanos (en adelante "DH") enumerados e incorporados directamente a nuestra CN consolidan y amplían las garantías ya reconocidas en ella (de las cuales ya gozaba el imputado). Cabe resaltar que la rama del derecho encargada de aplicar y poner en práctica las aludidas garantías es el derecho procesal penal siendo sobre esa base de dicho procedimiento que se realiza el derecho penal material que conduce a un castigo o a una liberación del imputado. Hoy día es casi una obviedad sostener la estrecha unión existente entre el Derecho Constitucional y el Derecho Procesal Penal, llegando MAIER a definir al último en una de sus facetas principales como "Derecho Constitucional reformulado". A continuación se expondrán brevemente algunas de las garantías constitucionales del proceso penal, haciendo un análisis jurisprudencial de cada una de ellas. Igualdad ante la ley La CSJN en el leading case "Caille" (Fallos, 153:67) ha dicho que "la igualdad ante la ley del Art. 16 de la Constitución (...) no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que en iguales condiciones se concede a otros, de donde se sigue que la verdadera igualdad consiste en aplicar la Ley en casos concurrentes, según las diferencias constitutivas y, que cualquier otra inteligencia o excepción de este derecho es contraria a su propia naturaleza o interés social (Fallos, 105:273; 117:229; 132:198; 150:144)". Esta garantía aplicada al proceso judicial requiere que "todas las personas sean iguales ante los tribunales y las cortes de justicia" (Art. 14.1, PIDCP); es decir, independientemente de su condición personal, el tratamiento del imputado no admite diferenciaciones por razones económicas, sociales, religiosas y/o políticas.
Definición de Las garantías constitucionales 1. Se denominan garantías constitucionales a los medios que la ley dispone para proteger los derechos de las personas, pues su simple declaración, sin los correspondientes remedios previstos para el caso de violación, resultaría una utopía. 2. Las garantías constitucionales se definen como los medios o instrumentos que la Constitución Nacional pone a disposición de los habitantes para sostener y defender sus derechos frente a las autoridades, individuos o grupos sociales.
Conclusión 1. El Círculo se cierra, es decir terminamos donde empezamos, las mismas garantías establecen un mecanismos destinados a proteger a la Constitución y el Estado de Derecho. A través del Proceso se procura proteger los derechos fundamentales, vigilar la constitucionalidad normativa, sancionar las conductas antisociales (delitos o faltas), impedir el ejercicio arbitrario del poder y solucionar o prevenir los conflictos. 2. El proceso es un mecanismo de composición o prevención de conflictos por medio del cual las personas someten sus pretensiones o intereses contrapuestos a la decisión de un tercero. Sea un órgano jurisdiccional o no. Pero es necesario que el proceso no sea una mera sucesión de actos formales sin ninguna razonabilidad, sino un auténtico instrumento al servicio del ser humano para alcanzar la paz social en justicia.
Amparo ¿Qué es una acción de amparo? Un pedido que le haces al juez para defender tus derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los derechos más importantes de una persona. Algunos derechos fundamentales son: El derecho a la vida. El derecho a la salud. El derecho a trabajar. Tu derecho a la libertad también es fundamental. Pero hay otra acción distinta para proteger tu derecho a la libertad: el hábeas corpus. ¿Puedo iniciar un amparo contra cualquier acto que me perjudique? No. El amparo solamente se puede iniciar contra actos que afectan o amenazan tus derechos fundamentales y son contrarios a la ley. Además, debe ser evidente que el acto es ilegal o que no tiene fundamentos razonables. Requisitos de la acción de amparo ¿Dónde presento un amparo? En el Juzgado de Primera Instancia del lugar en el que están perjudicando tus derechos. ¿El amparo se hace por escrito? Sí. Debe contener: • Tu nombre, apellido y domicilio. • Los datos, en lo posible, del autor del acto que te perjudica. • La descripción del acto arbitrario o ilegal que afecta tus derechos fundamentales. • Tu pedido, en términos claros y precisos. • Las pruebas que tengas. ¿Necesito abogado para empezar un amparo? Sí. El escrito debe presentarlo un abogado. Tené en cuenta que varios organismos cuentan con asesorías jurídicas gratuitas para ayudarte. Por ejemplo, los colegios de abogados, las universidades públicas y las defensorías oficiales dependientes del Poder Judicial.
Definición de Amparo 1. Acción de amparar o ampararse "Mahoma, con la seguridad que le proporcionaba el amparo de sus seguidores, fundó la primera comunidad de creyentes musulmanes".
2. Se llama amparo al acto y resultado de ampararse o amparar. Este verbo, que procede del vocablo latino anteparāre, alude a cuidar, resguardar o beneficiar. Por ejemplo: “Cuando fallecieron mis padres, quedé al amparo de mis abuelos maternos”, “Mira ese perro que está bajo la lluvia: deberíamos darle amparo en casa”, “Los refugiados sirios tendrían que recibir el amparo de los países europeos”.
CONCLUSIONES 1. A través de la historia hemos podido comprender que el tener en nuestras manos un medio por el cual uno pueda defenderse de cualquier acto de la autoridad que violente nuestras garantías individuales, representa una medida de vital importancia y trascendencia en la vida jurídica de nuestra nación, ya que esta figura ha sido difundida a muchas otras naciones, siendo de gran ayuda en la construcción de una mejor impartición de justicia pugnando por la defensa de aquellos derechos a los cuales todos somos acreedores, como lo son nuestras garantías individuales.
2. En Conclusión podemos decir Juicio de Amparo hecho indispensable para los Proyectos de vida social que se ha ido transformando con el tiempo. Debido a los requerimientos económicos, presiones sociales y a los Trastornos políticos del país Y Mediante estas características en los derechos fundamentales, la ciudadanía hace valer sus derechos frente al poder del Estado, trazando los límites de actuación de éste frente a los particulares. Y que consisten en el respeto a los derechos del hombre, que a su vez están constituidos por la facultad de los individuos para disfrutar de la igualdad, de la libertad, de la propiedad y de la seguridad.
Derecho a la exhibición personal es el título del Artículo 263 de la Constitución Política de Guatemala, que indica que quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella, o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto (Constitución Política de la República de Guatemala, s.f.). El Derecho a la exhibición personal se encuentra detallado en el Artículo 263 de la Constitución Política de Guatemala. Éste también indica que si el tribunal decretare la libertad de la persona ilegalmente recluida, ésta quedará libre en el mismo acto y lugar. Cuando así se solicite o el juez o tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición reclamada se practicará en el lugar donde se encuentre el detenido, sin previo aviso ni notificación (Constitución Política de la República de Guatemala, s.f.). Los guatemaltecos y extranjeros que se encuentran en el país, tienen una serie de derechos que se les deben de respetar. Uno de estos derechos es el de la libertad o en caso de la pérdida de ella, el tratado adecuado en los centros de privación de libertad. En dado caso alguno de estos derechos se violen, cualquier persona o el interesado mismo, puede solicitar una exhibición personal. Artículo 263 Para entender mejor esta figura, el artículo 263 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que: “Artículo 263.- Derecho a la exhibición personal. Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella, o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto. Si el tribunal decretare la libertad de la persona ilegalmente recluida, ésta quedará libre en el mismo acto y lugar. Cuando así se solicite o el juez o tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición reclamada se practicará en e lugar donde se encuentre el detenido, sin previo aviso ni notificación.
Definición de Derecho a la exhibición personal 1. Derecho a la exhibición personal es el título del Artículo 263 de la Constitución Política de Guatemala, que indica que quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazada de la pérdida de ella, o sufriere vejámenes. 2. Uno de estos derechos es el de la libertad o en caso de la pérdida de ella, el tratado adecuado en los centros de privación de libertad. En dado caso alguno de estos derechos se violen, cualquier persona o el interesado mismo, puede solicitar una exhibición personal.
1. Tiene por objeto desarrollar las garantías y defensas del orden constitucional y de los derechos inherentes a la persona protegidos por la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes y los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Como lo establece en su artículo Regula lo referente al amparo, la exhibición personal, la constitucionalidad e inconstitucionalidad de las leyes, la Corte de Constitucionalidad, así como disposiciones generales y finales relativas a ellas. 2. Es el máximo tribunal permanente de jurisdicción privativa, La Corte de Constitucionalidad actúa como tribunal colegiado independiente de los demás Organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le establece la Constitución Política de la República, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y demás leyes constitucionales. La independencia económica es garantizada con un porcentaje de los ingresos que correspondan al Organismo Judicial.
La inconstitucionalidad Dentro del panorama nacional, muy genéricamente se conoce la “inconstitucionalidad”, es decir, todo lo que está en contra de la Constitución, y que la decisión de qué es inconstitucional y qué no lo es, corresponde a la “Corte de Constitucionalidad”. Sin embargo, la materia es compleja, y surgen varias interrogantes, como: ¿Cuál es el origen de este máximo tribunal? ¿La inconstitucionalidad es una acción o un recurso? ¿Quién puede pedir la inconstitucionalidad? ¿Qué puede ser declarado como inconstitucional? Tomando en cuenta lo planteado, la Corte de Constitucionalidad surgió con la Constitución de 1965, donde se creó un tribunal no permanente, integrado por 12 magistrados, incluyendo al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo presidía, 4 magistrados de la misma y los 7 restantes por sorteo global entre magistrados de las Cortes de Apelaciones y de lo Contencioso Administrativo. Este fue el primer intento de un tribunal constitucional especializado en el país, y sus funciones se reducían exclusivamente a conocer del “Recurso de Inconstitucionalidad” y a declarar por la mayoría de 8 de sus miembros la inconstitucionalidad de las leyes o disposiciones gubernativas de carácter general que contenían vicio parcial o total de inconstitucionalidad. La Constitución Política de 1985, crea la Corte de Constitucionalidad con carácter permanente, de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional y la interpretación de la Constitución, con énfasis en su independencia política y económica. Los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad duran en sus funciones cinco años, y pueden ser reelectos. Los titulares desempeñan la Presidencia por un año, comenzando por el de mayor edad, y siguiendo en orden descendente de edades. En materia de Inconstitucionalidad, tiene la función de conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad
Definición de La inconstitucionalidad
1. La Acción de Inconstitucionalidad es un procedimiento seguido en única instancia ante Suprema Corte de Justicia de la Nación (Pleno) que tiene por finalidad preservar la supremacía de la Constitución mediante la derogación de leyes y tratados internacionales que la contraríen. 2. Acción de Inconstitucionalidad constituye una petición ?una solicitud? de control de validez normativa, más que una acción (pese a que así se denomine), pues, a diferencia del Juicio de Amparo y de la Controversia Constitucional, en ella no existe contienda entre partes propiamente dicha (no es un juicio). Por tratarse de un medio de control abstracto no exige agravio de parte, sólo requiere que se tilde de inconstitucional una ley (formal y materialmente) o un tratado internacional. Tampoco se prevé la aptitud del desistimiento de parte.
Conclusiones 1. La acción de inconstitucionalidad es un instrumento destinado primordialmente a asegurar que la actuación del legislador se mantiene dentro de los límites establecidos por la Constitución, mediante la declaración de nulidad de las normas legales que violen estos límites. El objeto del proceso de inconstitucionalidad, no es otro que la pretensión procesal, consistente en la petición que se hace al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre una norma legal, de la cual se plantea una duda respecto de su constitucionalidad. 2. La ley, es un acto de decisión política, corresponde por ello al legislador, que es el representante de la soberanía popular, y en este contexto, la justicia constitucional es el mecanismo de control jurisdiccional de esa decisión política.
Control constitucional de las leyes El control de constitucionalidad es el conjunto de recursos jurídicos diseñados para verificar la correspondencia entre los actos emitidos por quienes decretan el poder y la Constitución, anulándolos cuando aquellos quebranten los principios constitucionales.1 Dicho de otra forma, el control de constitucionalidad es el conjunto de herramientas jurídicas por el cual, para asegurar el cumplimiento de las normas constitucionales, se realiza un procedimiento de revisión de los actos de autoridad, incluyendo normas generales, y en caso de contradicción con la Constitución se procede a la invalidación de las normas de rango inferior que no hayan sido hechas en conformidad con aquellas. El fundamento de este control es el mantenimiento del Principio de Supremacía Constitucional. El control de constitucionalidad tiene como fundamento el principio de supremacía constitucional, esto es que la Constitución de un país es la norma de mayor jerarquía a la cual deben sujetarse las normas de rango inferior, entendiéndose por tales a las leyes dictadas por el parlamento, los decretos y demás resoluciones dados por el Poder Ejecutivo o por entidades autárquicas y las sentencias y demás resoluciones de los jueces, por lo cual las normas que presuntamente no se ajusten al texto o normas constitucionales serán sometidas a este procedimiento. La Constitución es un documento de origen político cuya estructuración y consecuencias son jurídicas, puesto que la misma, derivado de su naturaleza suprema y supra legal, genera efectos que irradian en todo el sistema jurídico que, a su vez, es el resultado de dicho documento supremo.2 Por ejemplo, tenemos que es la Constitución quien determina el contenido material y formal del orden jurídico que se origina a partir del sistema jurídico. La Constitución recoge de manera general las decisiones políticas básicas de una sociedad, estableciendo el cómo se debe organizar el Estado, quién puede acceder al poder –contenido formal-, señalando el catálogo de derechos humanos que las autoridades estarán obligadas a respetar y procurar –contenido material o sustantivo-.3 De este modo, la Constitución determina las reglas formales y materiales a las cuales los titulares del poder deberán sujetarse, ello mediante cláusulas escritas o positividades. Es a través de estas cláusulas que se deja ver la naturaleza de la Constitución: un pacto político que tiende a organizar una sociedad, así como las instituciones constituidas mediante las cuales se ejerce el poder.4 Consecuentemente, las instituciones determinadas por la Constitución se encontrarán influenciadas a la luz de dos planos, veamos:5 Los ejes que configuran la estructura constitucional, y Los elementos referentes de ésta. Una Constitución, para ser considerada como tal, debe reconocer y proteger derechos públicos subjetivos mínimos, mismos que habrán de ser denominados como derechos fundamentales.
Definición de Control constitucional de las leyes 1. El control de constitucionalidad tiene como fundamento el principio de supremacía constitucional, esto es que la Constitución de un país es la norma de mayor jerarquía a la cual deben sujetarse las normas de rango inferior, entendiéndose por tales a las leyes dictadas por el parlamento. 2. El control de constitucionalidad y el control de convencionalidad son mecanismos constitucionales en pro de los gobernados, ello con el objetivo de salvaguardar los derechos humanos y garantías individuales de los gobernados frente a leyes y actos emitidos por autoridades estatales.
1. En los diversos sistemas constitucionales analizados, los cuales merecen mi respeto y consideración, he encontrado que estos difieren mucho en su aplicación y efectos. Solo por citar, considero llega a extremos peligrosos, pues los poderes atribuidos a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, puede hasta considerarse como una suerte de intromisión en otros poderes, al permitir incluso la intervención judicial durante el tratamiento o estudio de la norma, produciendo un desequilibrio entre estos.
2. Debo señalar que en el Estado de Derecho, es importante respetar la libre y espontánea determinación y disposición de los derechos ciudadanos, sin embargo no debemos olvidar que existen momentos y circunstancias que la intervención Estatal, como reguladora y arbitro debe acudir para buscar el equilibrio de la situación suscitada. Con ello mi propuesta de modificación constitucional se suscribe a un ámbito intermedio o mixto, de donde respetando la iniciativa privada se permita al Estado intervenir en beneficio del –valga la redundancia- Estado de Derecho.
La corte de constitucionalidad La Corte de Constitucionalidad (CC) (oficialmente La Honorable Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala) es el tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Además actúa como Tribunal Extraordinario de Amparo. La Corte de Constitucionalidad actúa como tribunal colegiado independiente de los demás Organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le establece la Constitución Política de la República, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y demás leyes constitucionales. La independencia económica es garantizada con un porcentaje de los ingresos que correspondan al Organismo Judicial. Las primeras ponencias sobre la creación del “Tribunal de Control Constitucional” y del “Proyecto de Ley de Control de La Inconstitucionalidad” se presentaron para su discusión al seno del III Congreso Jurídico Guatemalteco, celebrado en la ciudad de Guatemala en septiembre de 1964. Inspirados en la experiencia judicial guatemalteca y fundamentalmente en la estructura del Tribunal Constitucional de la República Federal Alemana, siguiendo las orientaciones del sistema austriaco preconizado por el jurista Hans Kelsen. No obstante, la poca experiencia que, sobre la materia se tenía en Guatemala, las leyes representan el antecedente doctrinal inmediato de la incorporación en el orden constitucional guatemalteco de una Corte permanente y autónoma, con la facultad específica de examinar la conformidad de las disposiciones legislativas con los preceptos básicos de la Constitución. La Asamblea Nacional Constituyente incorporó, en la Constitución Política de la República de Guatemala de 1965, el Tribunal Constitucional con el nombre de Corte de Constitucionalidad, dotándole de carácter transitorio y no autónomo, integrado por 12 magistrados, incluyendo al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo presidía, 4 magistrados de la misma y los 7 restantes por sorteo global que se practicaba entre los magistrados de las Cortes de Apelaciones y de lo ContenciosoAdministrativo. En 1982, como resultado del golpe de Estado, el Ejército de Guatemala asumió el gobierno de la república y suspendió la vigencia de la Constitución de 1965; por medio del Decreto-Ley número 2-82 emitió el Estatuto Fundamental de Gobierno. Posteriormente, para restablecer el orden constitucional, se conformó una Asamblea Nacional Constituyente y se convocó a elecciones libres y democráticas. Dentro de dicha Asamblea, se conformaron 3 comisiones de trabajo y una de ellas encargada específicamente de discutir en forma jurídica las garantías constitucionales y la defensa del orden constitucional. En cumplimiento de lo anterior era de suma importancia investigar el pasado jurídico-político, con relación a la defensa de la Constitución y así elaborar no sólo la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad sino además, el desarrollar el capítulo VII de la Constitución.
Definición de La corte de constitucionalidad 1. Es el tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Además actúa como Tribunal Extraordinario de Amparo. 2. -también conocida como CC– es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional en Guatemala.
Conclusiones 1. El control previo significa que se debe ejercer antes del perfeccionamiento del tratado, una vez que se ha aprobado en el Congreso de la República mediante una ley y el Ejecutivo la ha sancionado, remitiéndola a más tardar dentro de los seis días siguientes a la Corte para su estudio. La razón por la cual el control debe ser previo, radica en la oportunidad de adecuar el contenido y forma del tratado y de la ley que lo aprueba, al espíritu de la Norma Superior.
2. El control es automático en la medida que su inoperancia no se deriva de la existencia de una acción pública de inconstitucionalidad, ya que se pone en marcha tan pronto el gobierno sancione la ley aprobatoria del tratado y lo envíe a más tardar durante los seis días siguientes a la Corte Constitucional. Y, es un control integral en lo que cuenta con el estudio material normativo del tratado, así como de los aspectos formales en la expedición de la ley.
Los derechos humanos Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Universales e inalienables El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio, tal como se destacara inicialmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, por ejemplo, se dispuso que todos los Estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Todos los Estados han ratificado al menos uno, y el 80 por ciento de ellos cuatro o más, de los principales tratados de derechos humanos, reflejando así el consentimiento de los Estados para establecer obligaciones jurídicas que se comprometen a cumplir, y confiriéndole al concepto de la universalidad una expresión concreta. Algunas normas fundamentales de derechos humanos gozan de protección universal en virtud del derecho internacional consuetudinario a través de todas las fronteras y civilizaciones. Los derechos humanos son inalienables. No deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Interdependientes e indivisibles Todos los derechos humanos, sean éstos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación;
Definición de Los derechos humanos 1. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. 2. Los derechos humanos se basan en el principio de respeto por el individuo. Su suposición fundamental es que cada persona es un ser moral y racional que merece que lo traten con dignidad. Se llaman derechos humanos porque son universales. Mientras que naciones y grupos especializados disfrutan de derechos específicos que aplican sólo a ellos, los derechos humanos son los derechos que cada persona posee (sin importar quién es o dónde vive) simplemente porque está vivo.
1. La defensa de los derechos humanos de las personas discriminadas por su diversidad funcional tiene escaso recorrido todavía, ya que existen muy pocas asociaciones o entidades dedicadas a exigir su respeto integral ante los tribunales de Justicia.
2. A la vista del escaso conocimiento y desarrollo de la Convención y del limitado número de denuncias, es previsible que en un futuro aumenten considerablemente los litigios. La Educación junto con junto con el amparo a las niñas y los niños, es el ámbito en el que mayor número de denuncias se han presentado y, probablemente en el que mayor número de violaciones haya. Este dato es preocupante y sintomático y contribuye a pintar un oscuro panorama para el futuro del respeto a los Derechos Humanos.
LA JURISPRUDENCIA Y SUS EFECTOS La jurisprudencia es el conjunto de sentencias y demás resoluciones judiciales emitidas en un mismo sentido por los órganos judiciales de un ordenamiento jurídico determinado. Tiene un valor fundamental como fuente de conocimiento del derecho positivo, con el cual se procura evitar que una misma situación jurídica sea interpretada en forma distinta por los tribunales; esto es lo que se conoce como el principio unificador o unificado. Se entiende por jurisprudencia a la doctrina establecida por los órganos judiciales del Estado (por lo general, el Tribunal Supremo o Tribunales Superiores de Justicia) que se repite en más de una resolución. Esto significa que para conocer el contenido completo de las normas vigentes hay que considerar cómo han sido aplicadas en el pasado. En otras palabras, la jurisprudencia es el entendimiento de las normas jurídicas basado en las sentencias que han resuelto casos basándose en esas normas. El estudio de las variaciones de la jurisprudencia a lo largo del tiempo es la mejor manera de conocer las evoluciones en la aplicación de las leyes, quizás con mayor exactitud que el mero repaso de las distintas reformas del derecho positivo que en algunos casos no llegan a aplicarse realmente a pesar de su promulgación oficial. En el derecho anglosajón es una fuente de importante magnitud, debido a que los jueces deben fundamentar sus decisiones o sentencias judiciales mediante un estudio minucioso de los precedentes, hechos o pruebas que incriminen al detenido sin violar o vulnerar sus principales derechos. En el derecho continental, la jurisprudencia es también una fuente formal, aunque varía sustancialmente su valor y fuerza vinculante de acuerdo a las legislaciones locales de cada país. Es así que en algunos casos, los fallos de cierto tipo de tribunales superiores son de aplicación obligatoria para supuestos equivalentes en tribunales inferiores; en otros, las decisiones de instancias jurisdiccionales similares no son por lo regular vinculantes para jueces inferiores, excepto que se den ciertas circunstancias específicas a la hora de unificar criterios interpretativos uniformes sobre cuestiones determinadas en materia de derecho (como en el caso de las sentencias plenarias en el derecho argentino). Finalmente, y como alternativa más extendida en los Estados que ostentan estos sistemas jurídicos, puede que los fallos de nivel superior, en ningún supuesto resulten obligatorios para el resto de los tribunales, aunque sí suelen ostentar importante fuerza dogmática a la hora de predecir futuras decisiones y establecer los fundamentos de una petición determinada frente a los tribunales inferiores. En todo caso, tampoco el estudio de las sentencias nos da la medida exacta de la realidad del Derecho porque ocurre que en ocasiones y por diversas razones las sentencias dejan de cumplirse o aplicarse.
DEFINICIÓN LA JURISPRUDENCIA Y SUS EFECTOS 1. Del concepto latino iuris prudentĭa, se conoce como jurisprudencia al conjunto de las sentencias de los tribunales y a la doctrina que contienen. ... La jurisprudencia es una fuente del derecho, compuesta por los actos pasados de los que ha derivado la creación o modificación de las normas jurídicas. 2. Jurisprudencia es el conjunto de sentencias o resoluciones judiciales emitidas por órganos judiciales y que pueden repercutir en sentencias posteriores. En algunos países, la jurisprudencia puede ser una fuente del Derecho, directa o indirecta.
1. Podemos afirmar que la doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad es obligatoria porque así lo determina expresamente la LAEPYC (con las salvedades, indeterminaciones y dudas que antes apuntamos). En cambio, la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia no se establece como obligatoria de modo expreso, y la ley que regula la casación incluso admite la posibilidad de que un tribunal inferior pueda apartarse de la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia, y luego ésta confirmar dicha innovación al conocer en casación. Por tanto, parecería que la “doctrina legal” de la Corte Suprema de Justicia no merecería propiamente este nombre si el mismo se define en atención a una estricta y expresa obligatoriedad, sino que se acerca más a la figura de la jurisprudente constante. 2. Esta Correspondencia ha sido tomada como precedente para sostener firmemente, hasta nuestros días, que los órganos jurisdiccionales federales tienen prohibido emitir opiniones consultivas. Los principales fundamentos de dicha prohibición son: la separación de poderes; el considerar que el poder judicial se limita a decidir casos concretos, y no asuntos jurídicos abstractos; que para que un juez pueda decidir debe escuchar una adecuada defensa de ambos lados de una discusión, lo cual no sucede en el contexto de una solicitud de opinión; que los asuntos constitucionales no se pueden decidir en abstracto porque a veces requieren examinar la aplicación de la ley sobre hechos de la vida real, lo cual no se puede saber sino hasta que se aplique la ley cuestionada.
Citas y Bibliografías Véase: Villegas, página 107 (primer párrafo); Gutiérrez/Chacón, página 58 (último párrafo). Corte Suprema de Justicia. Proyecto de Ley del Organismo Judicial. Página 7. La negrilla es del original. Cfr. Congreso de la República de Guatemala. Diario de Sesiones. Período Ordinario 1988-89. Tomo V. Sesión Ordinaria Número 105. Jueves 3 de noviembre de 1988. Páginas 18 a 20. «https://definicion.de/derecho-procesal/». Guardia, Arsenio Oré (2017-01-08). ¿Cuál es el sistema procesal que ha asumido el Código Procesal Penal de 2004?». Legis.pe. Consultado el 2019-10-22. Costure, 1958, pp. 9-11 Devis Echandía, Hernando (1985). Teoría general del proceso. Editorial Universidad. ISBN 9789509072770. Asencio Mellado, José María (1997). Introducción al derecho procesal. Illustrated. p. 254. ISBN 9788480024389. «Derecho material y procesal - Derecho Procesal Civil.». Facultad de Derecho. Consultado el 22 de agosto de 2012. «Derecho Procesal». Inoponible. Congreso de la República de Guatemala (1986). Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Guatemala, Guatemala. Congreso de la República de Guatemala (s.f.). Marco Legal del Congreso de la República de Guatemala. Recuperada el 9 de julio de 2012 de http://www.congreso.gob.gt/marco-legal.php.
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KELLY CORADO Derecho constitucional 2
La Teoría General del Proceso es una parte muy importante del derecho ya que esta realiza estudios técnicos jurídicos que tienen una estrech...

References: artículo 44
 artículo 46
 artículo 106
 artículo 268
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