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Timestamp: 2020-07-07 15:24:39+00:00

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España. Medidas adoptadas el 18 de junio por la crisis del COVID-19 | Blog de Asuntos Públicos
España. Medidas adoptadas el 18 de junio por la crisis del COVID-19
Fotografía: Pool Moncloa/J.M.Cuadrado
Actualización 18 de junio de 2020
18/6/2020. En el BOE hoy ha publicado la siguiente medida, en el ámbito del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo:
En el caso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la medida publicada por el BOE es la siguiente:
También el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publica una corrección de erratas:
En el caso del Ministerio de Sanidad, por su parte, el BOE publica lo siguiente:
Por último, en el ámbito del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el BOE publica lo siguiente:
18/6/2020. El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy un conjunto de medidas sociosanitarias y relativas al sector cultural, orientadas a paliar el impacto del Covid-19 a nivel regional.
La Consejería de Sanidad dio cuenta hoy en Consejo de Gobierno de diez contratos adjudicados mediante el procedimiento de emergencia durante el estado de alarma (Ver).
Estos contratos tienen como objeto la ejecución urgente de obras en determinados centros sanitarios y la adquisición de servicios y suministros que permitieran hacer frente a las necesidades asistenciales sobrevenidas y mejorar la interoperabilidad de los sistemas de información, así como el acceso a los servicios digitales de salud por los usuarios y los profesionales sanitarios.
Nueve de los diez contratos fueron adjudicados por resolución de la Secretaría General del Servicio Canario de Salud, con cargo al ejercicio 2020, y el restante consistió en un encargo a medio propio adjudicado por orden de la Consejería de Sanidad. En total suman un importe de 4.356.092 euros.
La Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, dio cuenta hoy al Gobierno de Canarias de la Resolución 2681/2020, de 4 de junio de 2020, por la que se aprobó el gasto y se adjudicó el contrato de emergencia consistente en el suministro de mamparas de protección para Oficinas Canarias de Información y Atención Ciudadana (OCIAC) en las sedes de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria por 10.558,47 euros (Ver).
Asimismo, se informó de la Resolución 2482/2020, de 1 de junio de 2020, por la que se aprueba el gasto y se adjudica el contrato de emergencia, consistente en el suministro de dos ordenadores, licencias Windows 10 Pro, y cuatro monitores, por el procedimiento de emergencia destinados al Servicio de Inspección Médica por importe de 1.893,90 euros.
Ambas son medidas adoptadas para hacer frente a las necesidades surgidas por la crisis del Covid-19; en el caso de las mamparas, para completar las ya instaladas en las oficinas de Registro, y en el de los ordenadores, para facilitar la modalidad del teletrabajo a la Inspección Médica del Gobierno de Canarias.
Medidas relativas al sector cultural
El Gobierno regional distribuirá un millón de euros en subvenciones por la cancelación de actividades culturales (Ver).
Esas subvenciones tienen como objetivo contribuir a paliar las graves consecuencias que la pandemia está provocando en ese sector de las Islas, como consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno central el 14 de marzo pasado.
A las tres convocatorias de proyectos que ha desarrollado el área de Cultura del Gobierno de Canarias se incorpora ahora una nueva ayuda en formato de subvención dirigida al sostenimiento directo del tejido empresarial cultural.
Esto permitirá dar apoyo económico a los gastos ocasionados por la cancelación de actividades culturales programadas, coincidiendo con el periodo de estado de alarma.
Esta convocatoria está a cargo de la Dirección General de Cultura, que aporta a ella un total de un millón de euros.
El procedimiento está dirigido a empresas, autónomos y entidades culturales sin ánimo de lucro y sus bases pueden consultarse a través del enlace publicado en gobiernodecanarias.org/cultura (apartado Convocatorias) o directamente en la sede electrónica de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes: https://sede.gobcan.es/eucd/procedimientos_servic os/tramites/6468
18/6/2020. El Consejo de Gobierno de Cantabria ha fijado hoy las condiciones que regirán la «nueva normalidad» en la Comunidad Autónoma a partir de mañana, y que regularán la apertura de parques infantiles e instalaciones deportivas, culturales y turísticas, actividades de ocio, locales de hostelería y eventos sociales, entre otros, según ha explicado esta mañana el vicepresidente, Pablo Zuloaga, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que el presidente, Miguel Ángel Revilla, ha informado del Decreto por el que se levanta el estado de alarma, y el Consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha dado cuenta de la resolución en la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en este nuevo periodo (Ver).
Ambas normativas se acaban de publicar en un Boletín Oficial Extraordinario, momento en el que, además, Cantabria y País Vasco levantarán las restricciones en la movilidad entre ambas comunidades autónomas.
Las condiciones que regirán la «nueva normalidad» en Cantabria serán de aplicación a partir de las 00.00 horas del 19 de junio y en todos los municipios de la Comunidad Autónoma, independientemente del censo, debido a los cambios en la población de los núcleos turísticos durante la época estival. Las actividades en el ámbito educativo y las condiciones que regularán el funcionamiento de los servicios sociales se establecerán de manera específica.
Las principales condiciones incluidas en la normativa aprobada hoy son las siguientes:
Según ha adelantado el vicepresidente, el Gobierno regional establece que el aforo de los locales de hostelería, centros comerciales, comercios, bibliotecas, centros culturales y monumentos será del 75%, mientras que en los locales de ocio nocturno la capacidad permitida se limita a un tercio de la total, y en terrazas se eleva hasta el 100%. Los albergues podrán acoger hasta un 50% de su capacidad total.
A los eventos de ámbito social, como bodas, podrán acudir un máximo de 150 personas si es en zonas exteriores y 75 si es en recintos cerrados, y en los entierros y velatorios podrán concentrarse hasta 25 personas en espacios cerrados y 50 en el exterior.
Las actividades en grupo, como visitas culturales o museísticas podrán estar formadas por hasta 25 personas, y los conciertos y espectáculos al aire libre podrán acoger hasta 1.000 personas siempre que se respete la limitación del aforo máximo del 75% de la capacidad total y que los asistentes permanezcan sentados y garantizando las medidas de se seguridad en accesos y salidas del recinto.
En las actividades deportivas grupales en gimnasios podrán participar máximo 30 personas manteniendo un espacio de al menos 4 metros cuadrados por persona, y en eventos deportivos podrán asistir un máximo de 300 participantes en ámbitos cerrados y 1.000 al aire libre.
Además, el Ejecutivo ha regulado que podrán estar un máximo de 30 personas en piscinas deportivas, respetando la distancia de 1,5 metros, y en el caso de las comunitarias el aforo máximo es del 75% garantizando la distancia de seguridad.
Zuloaga ha explicado que también se regulan las actividades de ocio, tiempo libre y el acceso a playas, y en parques infantiles el Gobierno ha fijado los requisitos que deberán cumplir los Ayuntamientos.
18/6/2020. El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado hoy un amplio paquete de medidas en materia sociosanitaria y económica, las cuales están encaminadas a contrarrestar el impacto regional del Covid-19.
El Gobierno autonómico ha aprobado un Decreto-ley que garantiza la atención a personas mayores y personas con discapacidad de la Comunidad y refuerza la cobertura ofrecida por el sistema de servicios socialesde Castilla y León tras la pandemia del Covid-19 (Ver).
El objetivo es que estas medidas permitan a las Administraciones públicas con competencias en el referido ámbito material, tanto paliar los efectos de la pandemia, cómo prevenir y afrontar los riesgos derivados de otras contingencias de carácter similar que pudieran acontecer en el futuro.
Entre los aspectos más destacados que recoge la normativa, que deberá ser convalidada o derogada por las Cortes de Castilla y León en el plazo de 30 días desde su publicación oficial, destaca:
La obligatoriedad, por parte de las entidades titulares de los centros de atención socialde carácter residencial de personas mayores y personas con discapacidad, de contar con un Plan de contingencia cuyo contenido constituye la plasmación dispositiva de la experiencia acumulada durante este tiempo en la lucha contra los efectos de la pandemia.
Dicho plan se configurará como el instrumento fundamental para la óptima dirección y gestión de los centros residenciales, que recoge y aglutina un conjunto de directrices dedicadas a la prevención y seguridad, tanto de los usuarios como del personal, ante situaciones de crisis de salud pública como la vigente.
El plan de contingencia deberá estar adaptado a las características propias de cada centro, y contemplará la organización de la prestación de los servicios, mediante la constitución de áreas diferenciadas, formadas por agrupaciones de usuarios en un número limitado y atendidos por un equipo de profesionales no sometido a rotaciones, permitiendo una inmediata compartimentación de las dependencias del centro residencial y evitando, con ello, la rápida propagación de enfermedades.
De igual manera, se establece como medida dirigida a la previsión de futuros rebrotes de la pandemia del coronavirus o ante la aparición de otras crisis de salud pública, la obligación de disponer en los centros de existencias de equipos de protección individuales (EPIs), según se determine en cada caso por los servicios de prevención de riesgos laborales, en aplicación de la correspondiente normativa, y del material necesario para la atención a los usuarios, que les permitan hacer frente, a situaciones de crisis de salud pública, con su propio depósito de existencias, al menos, durante un periodo de cinco semanas.
Asimismo, se recogen las medidas de refuerzo de la información, control y formación del personal de los centros residenciales, mediante las que se trata de garantizar la fluidez y continuidad de la información que se debe facilitar a los usuarios y a sus familiares, por medios accesibles, en cualquier circunstancia.
También se establece la habilitación en materia de personal de las administraciones públicas para reforzar las funciones de seguimiento, control e inspección, en situaciones excepcionales de salud pública, de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre función pública de la Comunidad Autónoma.
Finalmente, se destinan ayudas a las medidas de fomento de la protección de las personas trabajadoras y de los usuarios de los centros residenciales.
El Gobierno regional ha aprobado una subvención de 2.128.534 euros para las universidades públicas de Castilla y León, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación del Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León (IECSCYL) para financiar los proyectos presentados a la convocatoria realizada por el Instituto de Salud Carlos III y que no consiguieron financiación pero han sido evaluados como priorizables para su financiación autonómica (Ver).
Las propuestas han sido valoradas por un Comité Científico Técnico quien consideró financiables dos proyectos presentados por investigadores de Castilla y León con un presupuesto total de 197.017 euros.
Este Comité Científico-Técnico también consideró priorizables para su subvención por Castilla y León 17 iniciativas.
La Junta de Castilla y León ha comunicado hoy, en Consejo de Gobierno, varias resoluciones por las que se declara de emergencia la contratación de distintas obras, suministros y equipos para la lucha contra el Covid-19 (Ver).
Con ellas se han acondicionado las instalaciones y recursos de varios centros sanitarios de las provincias de Salamanca, Palencia, León y Burgos, con el fin de garantizar que en ellos se ofrece la mejor respuesta posible ante la crisis sanitaria del Covid-19.
La Junta de Castilla y León ha comunicado, en Consejo de Gobierno, la resolución de varias declaraciones de emergencia, con un coste total de 836.055 euros, para la contratación de Equipos de Protección Individual (EPIs) y servicios de limpieza y desinfección con destino a los centros sanitarios de Ávila, Zamora y Valladolid (Ver).
Dentro de este presupuesto global 514.408 euros se han utilizado para la compra de EPIs con destino a los centros dependientes de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila. En concreto se han adquirido 400 batas de protección desechables e impermeables, 80.000 mascarillas FFP2 y 1.000.000 guantes de examen de nitrilo.
Medidas económicas vía Decreto-ley (Ver)
El Ejecutivo autonómico ha aprobado un Decreto-ley de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León.
El Decreto-ley, que deberá ser convalidado o derogado por el Parlamento regional en el plazo de 30 días desde su publicación oficial, se apoya en una serie de ejes sobre los que se distribuyen una serie de actuaciones:
Menos controles previos para agilizar la actividad económica: A efectos de dar respuesta al actual escenario económico, la Junta de Castilla y León plantea la reducción de plazos, la resolución más ágil de expedientes, la eliminación de requerimientos obsoletos, innecesarios o reiterativos o la flexibilización del régimen de intervención.
Actividades o instalaciones sometidas a comunicación ambiental: se adoptan medidas de racionalización administrativa con las que se modifica el régimen de intervención.
Así, mediante esta normativa pasan al régimen de comunicación ambiental determinadas actividades e instalaciones que actualmente se incluyen en el régimen de licencia ambiental, y que se beneficiarán de la reducción de cargas administrativas y la disminución de tiempos de tramitación, sin menoscabo de la protección del medio ambiente.
Modificaciones en ayudas y subvenciones para mantener actividad y empleo: El Decreto-ley habilita al órgano concedente de ayudas y subvenciones a modificar las resoluciones de concesión que tengan por objeto el desarrollo de las políticas activas de empleo cuando las circunstancias derivadas de la pandemia del Covid-19 no les permitan cumplir los compromisos de inserción, el mantenimiento o creación de empleo, así como los objetivos de los programas formativos exigidos en la resoluciones de concesión inicial o en sus normas reguladoras.
Medidas que afectan a las cooperativas y cambios en el régimen tarifario del transporte público de viajeros: Hay cuestiones incluidas en esta normativa que afectan al ámbito del cooperativismo, tales como lo concerniente a los nombramientos de los delegados que agoten su mandato a partir de la fecha de declaración del estado de alarma y dentro del ejercicio 2020, que se entenderán prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2020.
Igualmente, quedan prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2020 -y podrán actuar en las asambleas generales que tengan lugar hasta esta fecha- los nombramientos de delegados que se hayan producido antes de la declaración del estado de alarma.
18/6/2020. El Consejo de Gobierno de Murcia ha aprobado hoy medidas fiscales y sociales orientadas a paliar el impacto del Covid-19 en la región (Ver).
El Consejo de Gobierno ha aprobado un Decreto-ley de Medidas de Dinamización y Reactivación de la economía regional de la crisis sanitaria, un documento que recoge un paquete de medidas fiscales y administrativas que tendrán un impacto de más de 13 millones de euros en las familias y empresas de la Región.
En cuanto a las medidas tributarias, el Decreto contempla una serie de medidas que suponen un incremento de las deducciones en el tramo autonómico del IRPF. En concreto, se amplía del 30 al 50%el porcentaje de la deducción para donaciones biosanitarias y culturales, una medida que beneficiará a unos 3.000 contribuyentes.
El texto recoge también una deducción de 100 euros en este impuesto para los contribuyentes con una discapacidad igual o mayor al 33%y cuya suma de bases imponibles sea inferior a 19.000 euros en caso individual o 24.000 euros si es conjunta. En este caso, se estima que se podrían beneficiar cerca de 12.000 personas.
Asimismo, y para impulsar la actividad económica, se establecen nuevas reducciones en el impuesto de Sucesiones y Donaciones, como la reducción del 99% por donaciones dinerarias para la constitución o adquisición de empresas o negocios profesionales y para la adquisición de acciones, participaciones y aportaciones al capital social en empresas de economía social.
El importe máximo de la donación susceptible de reducción será de 300.000 euros o de 450.000 euros en caso de que se trate de una persona con discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
También se aplicarán reducciones del 99% para donaciones por un importe máximo de 10.000 euros que vayan destinadas a actuaciones de adaptación de las empresas o negociosa las medidas de seguridad higiénico-sanitarias para prevenir el coronavirus.
Además de este paquete de medidas tributarias, el Decreto-ley introduce la figura del teletrabajo en la Ley de la Función Pública Regional como instrumento para potenciar la conciliación laboral en situaciones de necesidad, así como una serie de medidas de carácter administrativo, como la adaptación de plazos de tramitación y modificaciones en diversas normas de carácter regional para adaptarlas a la situación generada por el coronavirus.
El Gobierno autonómico ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, el Decreto de concesión directa de 1.253.000 euros a entidades del Tercer Sector para que atiendan a 40.786 personas y hagan frente a situaciones extraordinarias de necesidad social derivadas de la pandemia del Covid-19.

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