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Timestamp: 2018-12-17 12:55:39+00:00

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La inquisidora Corte Superior de Justicia de Huaura. - Barranca
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La inquisidora Corte Superior de Justicia de Huaura.
Publicadas por Barranca.pe noviembre 11, 2018 0
Crónica judicial de un proceso sin garantías.
El 23 de agosto del 2018, en la audiencia de revocatoria de la reserva de fallo condenatorio requerida en mi contra, el juez del primer juzgado de investigación preparatoria de Barranca, Rubel Chelem Cotrina Paredes, declaró improcedente el escrito de apersonamiento donde yo designo a mi abogada particular Susana Quiroz Beteta. Acto seguido el juez nombra a la abogada de oficio Clarisa Annete Espadín Díaz para que asuma mi defensa técnica y continúe la audiencia.
Para el magistrado Rubel Cotrina, el hecho de que la abogada particular de mi elección, Susana Quiroz Beteta, se encontrara hospitalizada por haber tenido un parto prematuro un día antes de la audiencia, significaba un acto temerario para dilatar el proceso. A entender de este juez, yo debí designar otro abogado en último momento para que la audiencia no se tenga que reprogramar. Sin embargo, el voluminoso expediente judicial 02663-2013 que se sigue en mi contra, nace desde el año 1997, y un caso como este no lo puede estudiar ningún abogado en menos de 24 horas. Con la abogada Susana Quiroz habíamos preparado una estrategia de defensa con anticipación, sin embargo el 22 de agosto, un día antes de la audiencia la abogada ingresó al hospital por emergencia porque se le adelantó el parto. De este fortuito hecho yo me entero recién al día siguiente, es decir el día de la audiencia.
En la audiencia del 23 de agosto, el juez Cotrina emitió la resolución N° 35 declarando improcedente la designación de mi abogada particular, acto seguido nombró a una abogada de oficio para que asumiera mi defensa técnica a pesar que desconocía completamente el caso. Fue así que la audiencia de revocatoria de la reserva de fallo condenatorio se desarrolló con esta decisión arbitraria del juez, vulnerando una de las garantías procesales más elementales: el derecho a la defensa.
El proceder del magistrado que decidió apresuradamente restringir mi derecho a la defensa, también restringió el derecho al trabajo de la abogada Susana Quiroz, impidiendo su apersonamiento para representar mi defensa. Ningún juez puede discriminar por ninguna razón a una mujer abogada e impedirle el ejercicio de su profesión por haber tenido un parto prematuro. ¿Es un acto temerario dar a luz un día antes de la audiencia? Que un juez razone soterradamente de esta manera es un escándalo mayúsculo (la judicatura del machismo misógino), viniendo de un juez que debe garantizar los derechos constitucionales de todas las partes.
Luego de estudiar cuidadosamente el proceder de Rubel Cotrina, puedo afirmar sin temor a equivocarme que todos los códigos y principios que vulneró, lo habría hecho dolosamente ¿Cuál fue el motivo?, tengo una hipótesis, pero por el momento trataré únicamente de narrar los hechos.
Se aprecia en el audio registrado de la audiencia, que la abogada de oficio Clarisa Espadín advirtió al juez que no se debe calificar como dilación indebida el parto de la abogada Susana Quiroz, sin embargo el magistrado forzó esa idea para justificar su arbitrariedad, sin contar con los descargos de la abogada particular porque no estaba presente, sacó conclusiones que ni la misma fiscalía se atrevió a plantear y en torno a un perjuicio concluyó que nombrar como abogada a una mujer embarazada era un mecanismo temerario para dilatar el proceso.
Fue así que el juez dio por instalada la audiencia e impulsó el desarrollo de la misma vulnerando los siguientes principios procesales: Principio de igualdad, que garantiza las mismas oportunidades a los litigantes en igualdad de armas, sin que ninguno se encuentre en situación de inferioridad. Principio dispositivo, que obliga al juez a decidir tomando en cuenta únicamente lo alegado y probado por las partes procesales. Principio de legalidad, que consiste en garantizar que ninguna decisión del juez sancione o prohíba algo que la norma o la ley no contemple. Principio de economía procesal, donde se procura desde el inicio que el proceso vaya sin errores para evitar costos innecesarios al Estado y a las partes afectadas del mismo. Principio de buena fe y lealtad procesal, significa que se presume que todas las partes actúan de buena intención y sin propósitos malsanos (excepto se demuestre lo contrario). Principio del derecho a la defensa, que enmarca el derecho fundamental al debido proceso, y el derecho a designar a un abogado de su libre elección, incluyendo el derecho a un tiempo razonable para preparar la defensa.
Con estas deficiencias procesales, la audiencia de revocatoria de reserva de fallo se desarrolló en absoluta desventaja, por un lado estaba la abogada de oficio que desconocía totalmente el caso, y por otro lado las acusaciones del Ministerio Público y de la abogada del apoderado de los agraviados, sumado a ellos un juez con rasgos de inquisidor. En defensa de mis derechos conculcados presenté una impugnación contra la resolución N° 35, el día 27 de agosto del 2018, invocando el artículo 139° numeral 14 de la Constitución Política del Perú “el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso”; el Código Procesal Penal, artículo IX del Título Preliminar “toda persona tiene derecho a (…) ser asistida por un abogado defensor de su elección”; en la misma línea invocamos el Código Penal Militar, el Convenio de Roma, el Pacto de Nueva York, y el Pacto de San José de Costa Rica.
Ahora bien, si Rubel Cotrina decidió nombrar una abogada de oficio para continuar con la audiencia, el juez como conocedor del derecho, sabe que para garantizar la defensa de un procesado, se debe contar con un tiempo razonable para que el abogado pueda conocer el caso y ejercer una defensa eficaz. Es decir, no es suficiente designar un abogado de oficio a último minuto, pues si el defensor no conoce el caso y no se le ha brindado el tiempo razonable para preparar su defensa, no podría de ninguna manera ejercer una defensa eficaz.
Estos argumentos fueron desarrollados técnicamente en la apelación contra la resolución N°35 presentada el 27 de agosto del 2018. Correspondía entonces al juez admitir el escrito de apelación y elevarlo a la Sala Penal de Apelaciones para que sea evaluado por sus superiores, tal como lo estipula el artículo 405° inciso 3 del Código Procesal Penal. Sin embargo esto no sucedió, ya que el mismo juez Rubel Cotrina en su resolución N°36 de fecha 29 de agosto del 2018, considera que su decisión en la resolución apelada no causa un gravamen irreparable, argumentando escuetamente “porque estuvo presente la defensa pública” (emitiendo juicio y decidiendo sobre un tema que estaba fuera de su competencia). Por tal motivo resolvió declarar inadmisible mi apelación, convirtiéndose en juez y parte, manteniendo incólume su indiferencia por el debido proceso, vulnerando el derecho fundamental a la pluralidad de instancias, el derecho fundamental a ser juzgado por un juez imparcial, y el derecho fundamental a la debida motivación de las resoluciones.
Contra la resolución N°36 planteamos un recurso de queja por la denegatoria indebida de la apelación. Esta queja generó el expediente 00109-2018 en la Sala Penal Permanente de Apelación de la Corte Superior de Justicia de Huaura, y con resolución número DOS se declaró infundado mi recurso de queja. La decisión fue amparada por unanimidad por los tres jueces que componen la sala: Carlos Gomez Arguedas, Walter Sánchez Sánchez y Juana Caballero García.
Pero la intervención de estos tres magistrados, lejos de corregir el daño causado por el juez de primera instancia, lesionaron otras garantías procesales que debieron cautelar antes de evaluar el fondo del asunto, pues resulta que los tres jueces debieron inhibirse por existir una enemistad manifiesta contra mi persona, y en consecuencia por existir motivos graves que afecten su imparcialidad, así lo exige el artículo 53° del Nuevo Código Procesal Penal.
Amenaza a la libertad de expresión.
El 15 de agosto del año 2017, los tres jueces de esta misma sala penal convocaron a conferencia de prensa, y utilizaron las instalaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura (CSJH) para denunciar supuestos actos de hostigamientos de un sector de la prensa. Esto sucedió luego que la sala por mayoría revocara la prisión preventiva del alcalde de Barranca, acusado por delitos de corrupción. Según se puede apreciar en el video que trasmitió en vivo la Corte Superior de Huaura desde su página institucional en el Facebook, la jueza superior Juana Caballero García denuncia públicamente al periodista Yofré López Sifuentes por supuesto hostigamiento y difamación en su contra, pues según la jueza yo habría mellado su honra y dignidad al señalar que es una juez corrupta desde mi cuenta personal en el Facebook. Los otros dos jueces de la sala, Walter Sánchez y Carlos Gómez respaldaron a su compañera en todo momento, manifestando públicamente a todos los medios su solidaridad con la jueza Caballero. Sin embargo, en esta conferencia los jueces no mostraron ninguna prueba o evidencia que sustente las acusaciones públicas que se lanzaron en mi contra.
A este acto intimidatorio y de intolerancia contra la libertad de expresión, donde un colegiado de jueces superiores avalado por su institución amenazan públicamente a un periodista y lo acusan sin mostrar una sola prueba que sustente su versión, no hubo ninguna reacción institucional de contrapeso de parte de la Asociación Nacional de Periodista ni de ningún organismo de defensa de Derechos Humanos. Tampoco dijo nada la Oficina Desconcentrado de Control de la Magistratura respecto al uso indebido de las instalaciones de la sede de la CSJH, pues se utilizó para fines particulares de los magistrados en esta conferencia, denunciando un presunto delito de difamación donde la jueza Caballero era la supuesta agraviada, delito que se ubica en la esfera privada y no pública. Tampoco se pronunció ni hicieron nada al respecto la Junta de Fiscales Superiores de Huaura, ya que trascendió en todos los medios que la jueza Caballero había incrementado su patrimonio personal en un 614%, llegando a declarar el año 2015 un total de S/ 1 464 380.00 (un millón cuatrocientos sesenta y cuatro mil trecientos ochenta soles), según el portal periodístico Ojo Público.
Este silencio e inacción de las instituciones públicas y civiles, habría alimentado la intolerancia de la señora Juana Caballero a la libertad de expresión, haciéndole creer erróneamente que su investidura y proceder como magistrada están exentas de críticas y cuestionamientos. Fue entonces que el 8 de setiembre del 2017, recibo una nueva amenaza de la juez superior Juana Mercedes Caballero García, a través de una carta notarial. En esta misiva la jueza asegura que yo he realizado comentarios contra su persona vinculándola con actos de corrupción, y que dichos contenidos los habría publicado los días 10, 11, 13, 15, 16, 17 y 19 de agosto del 2017, emplazándome notarialmente a rectificarme. Sin embargo la jueza no adjunta ni transcribe las frases o comentarios aludidos, finalizando su escrito de la siguiente manera, “de no atender mi pedido, procederé con las acciones que me faculta la ley en defensa de mi dignidad, honor y buena reputación”.
Por lo tanto la enemistad notoria y manifiesta de estos tres jueces en mi contra era un impedimento taxativo para que resolvieran mi recurso de queja, ya que para estos casos la ley señala claramente que el juez debe inhibirse (NCPP Art. 53), en concordancia con el Código de Ética del Poder Judicial que en su artículo quinto señala “El Juez debe ser imparcial tanto en sus decisiones como en el proceso de su adopción. Su imparcialidad fortalece la imagen del Poder Judicial”. Entonces los jueces al no inhibirse como manda la ley y su propio código de ética, deterioran y deslegitiman la imagen de la institución, cometiendo abuso de autoridad y el presunto delito contra la administración de justicia –prevaricato-. Los tres jueces superiores en cuestión tampoco tomaron en cuenta el Código de Ética de la Función Pública, que señala en su artículo sexto “el funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho”, y en el artículo octavo señala que el funcionario público está prohibido de “mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimento de los deberes y funciones a su cargo”.
Si no existe imparcialidad en los jueces tampoco existe independencia, principios fundamentales que son garantía de un debido proceso, imparcialidad e independencia. Así lo deja establecido el Tribunal Constitucional en el Exp. N.° 00512-2013-PHC/TC donde se señala que “no puede invocarse el principio de independencia en tanto existan signos de parcialidad. (…) debe recusarse todo juicio del que se pueda legítimamente temer una falta de imparcialidad. Esto se deriva de la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar a los justiciables”.
La debida motivación
A todas las garantías procesales trasgredidas, y a todos mis derechos constitucionales vulnerados por los tres magistrados de la Sala Penal Permanente de Apelaciones, se suma otra agresión al deber del órgano jurisdiccional: cautelar el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. En la resolución N° 2 de la sala, se aprecia que la decisión de declarar infundado mi recurso de queja no se encuentra debidamente motivada como lo exige el artículo 139° inciso 5: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias (…)”. En ese sentido, los jueces debieron valorar los argumentos que presenté en mi recurso de queja, y decidir en torno a ello, sin embargo no consideraron el extremo más importante de mis fundamentos como veremos a continuación.
En mi recurso de queja solicito a la sala que anule la resolución N° 35 por haber vulnerado mi derecho a defensa, toda vez que el juez de primera instancia no había tomado en cuenta que un abogado de oficio designado en la audiencia no es suficiente garantía de defensa eficaz, y que más que un derecho subjetivo, “la defensa eficaz es también una garantía, una condición esencial de validez de todo proceso penal propio de un Estado de Derecho”. Sobre estos argumentos los tres jueces de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia, no se pronunciaron, es decir, no motivaron su resolución.
Haciendo referencia a la defensa efectiva, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente en el Exp. N° 01723-2013-MAC/TC, “En tal sentido, la autoridad judicial queda sujeta al deber de adoptar las medidas necesarias que hagan posible una defensa efectiva como podría ser, por ejemplo, otorgarle un tiempo razonable al abogado de oficio a fin de que éste pueda tomar el conocimiento debido de la causa y ejerza una defensa adecuada; caso contrario la designación del defensor de oficio se constituye en un acto meramente formal que no brinda una adecuada tutela al contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa”. La jurisprudencia constitucional ha establecido entonces que para garantizar el derecho a la defensa no basta con designar a un abogado de oficio en la audiencia, pues el juez tiene que otorgar un tiempo razonable al defensor de oficio para que conozca el caso y prepare la estrategia de defensa.
Si en cualquier etapa procesal se inobserva alguno de los principios establecidos universalmente para garantizar la tutela jurisdiccional efectiva, se debe declarar la nulidad absoluta del acto procesal, así lo señala el artículo 150° del NCPP, Nulidad absoluta, “No será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declarados aun de oficio, los defectos concernientes: (…) d) A la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución”. Esto significa que la audiencia que se realizó el día 23 de agosto del 2018, donde el juez Rubel Chelem Cotrina Paredes trasgrede mi garantía constitucional del derecho a la defensa eficaz, debe ser declarado nula por los jueces superiores llamados a conocer el caso.
Pero si todo lo narrado hasta el momento pareciera demasiado grotesco, tratándose de jueces de garantías que la sociedad peruana mantiene con sus impuestos, todavía existe otro vicio procesal insubsanable que deja a la Corte Superior de Huaura en una situación vergonzosa, pues pareciera que se ha dejado la administración de justicia en manos de jueces que son una amenaza para el Estado de Derecho.
Sujeto procesal sin capacidad jurídica.
El 17 de mayo del 2018, a través del escrito con sumilla “Hago de su conocimiento”, le informamos al juez Rubel Chelem Cotrina Paredes que en las audiencias del caso que se sigue en mi contra, se estaba permitiendo la participación ilegal de la abogada Milagros Abantes Cabillas en calidad de abogada del apoderado de los supuestos agraviados. Pero dicha abogada se hacía presente en las audiencias sin cumplir con las formalidades que exige la ley. Abantes Cabillas asumía la defensa del apoderado de los agraviados, José Chang Barrera, de quien por ahora solo diré que no podía ejercer ninguna representación jurídica a favor de los agraviados porque el Testimonio de Poder que adjuntó fue redactado en el extranjero, y para que pueda tener valor legal en el Perú, debió apostillarlo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y luego inscribirlo en los Registros Públicos de Barranca.
Al juez Rubel Chelem le explicamos que el Testimonio de Poder otorgado por el vicecónsul de Perú en Washington presentado por la abogada Milagros Abantes Cabillas para apersonarse al proceso, nunca estuvo legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, y tampoco se inscribió ante los Registros Públicos del Perú, por ende, dicho poder no cumplió nunca con las formalidades requeridas por la ley para su ejercicio y validez. Pero por increíble que parezca, al confirmarse esta información, el juez resolvió que el cuestionamiento respecto a la legalidad o validez del Testimonio de Poder de Washington no era materia de debate pertinente. Y sobre este razonamiento carente de motivación legal, el juez Cotrina permitió que en todas las audiencias participe activamente la abogada Milagros Abantes Cabillas, sin ser sujeto procesal. Fue así que la abogada en cuestión hizo continuos requerimientos, participó en los debates, y sus intervenciones fueron tomadas en cuenta por el juez en cada acto procesal (responsabilidad que también recae en el Ministerio Público). Es más, el juez endosó más de 25 mil soles a favor del supuesto apoderado José Chang Barrera, sin que este haya logrado demostrar la legalidad de su Testimonio de Poder.
Este vicio procesal insubsanable es también una poderosa causal para declarar la nulidad del acto procesal, y considero además motivo suficiente para que el juez Rubel Chelem Cotrina sea denunciado penalmente y separado preventivamente de la magistratura mientras dura su investigación. La misma suerte deben correr los magistrados de la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Huaura: Carlos Gómez Arguedas, Walter Sánchez Sánchez y Juana Mercedes Caballero García.
Luego de la resolución N°36 del juez Cotrina, que declaró inadmisible mi apelación, al día siguiente elaboró la resolución N°37, donde me condena a un año de prisión efectiva por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar. La historia de esta resolución, su apelación y el trato que recibió posteriormente en la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Huaura, con los mismos actores: Carlos Gómez Arguedas, Walter Sánchez Sánchez y Juana Mercedes Caballero García; será motivo de una próxima publicación. Hasta aquí la vergonzosa crónica judicial inquisidora, que a mi entender, habría sido motivada por intereses particulares que también serán materia de investigación y análisis en el siguiente artículo.
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 resolución 
 artículo 139
 resolución 
 artículo 405
 resolución 
 resolución 
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 artículo 53
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 artículo 139
 resolución 
 artículo 150
 resolución 
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