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Timestamp: 2019-11-18 19:43:56+00:00

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Nº 64-09 consejo superior del poder judicial - Página 11
Este estudio fue debidamente aprobado por el Consejo de Personal en sesión n° 07-2009 celebrada el 26 de marzo pasado, artículo II: “Previo a hacer del conocimiento de los interesados el informe técnico, comunicar al Consejo Superior para lo que a bien estime, que este Consejo no tiene observaciones de orden técnico en relación con el contenido del informe SAP-387-2008; no obstante, tanto para éste como para otros informes que impliquen valoraciones, la resolución institucional debe considerar el impacto sobre subsecuentes presupuestos, y en el presente caso, sobre la política fijada por la Corte Plena en cuanto a la prioridad que debe darse el informe de puestos del sector jurisdiccional”; acuerdo que fue elevado a conocimiento del Consejo Superior mediante oficio n° 437-JP-2009 de fecha 21 de abril del año en curso, dirigido a la Licda. Silvia Navarro Romanini.
En otras palabras, resulta imprescindible que el órgano superior al momento de tomar la decisión valore que, si bien es cierto los órganos jurisdiccionales dictaminaron que los servidores judiciales realizaron funciones correspondientes a Profesionales 2 y no a Profesionales 1, existe un informe técnico que contraviene dicho criterio, pues determina que el puesto desempeñado por estas personas no corresponde a Profesional 1 sino a Técnico Administrativo 3.
Analizado el cuadro fáctico, normativo, doctrinario y jurisprudencial expuesto, esta asesoría concluye que la gestión de Víctor Hugo Gutiérrez Montero, Roy Díaz Chavarría, José Antonio Cordero Román, Ericka Alfaro Chinchilla, Jaime Jirón Romero, Dania Arias Sandoval, María José Castro Rodríguez, Floribeth Hay López, Viviana Cruz Arias, María Estela May Arroyo, Miguel Angel Muñoz Flores, Fabricio Abarca Fallas, Guillermo Obando Araya y Carolina Mora Román debe ser atendida por el Consejo Superior, dentro del ámbito de las competencias que le confiere la Ley Orgánica, en atención al bloque de legalidad que rige en el Poder Judicial así como a la conveniencia institucional; tomando en consideración los diversos aspectos anotados en el apartado de conclusiones que, a criterio de esta asesoría, son vitales para la toma de la presente decisión.”
Por su parte los licenciados José Antonio Cordero Román y Víctor Gutiérrez Montero, en nota recibida el 17 de junio en curso, manifiestan lo siguiente:
“Quien suscribe Víctor Gutiérrez Montero cédula de identidad 5-285-031 y José Antonio Cordero Román cédula 1-796-0031, nos presentamos ante ustedes con nuestro acostumbrado respeto a manifestar nuestra disconformidad con lo resuelto en los oficios AL.DP.No.015-09 de fecha 14 de mayo suscrito por la Licenciada Priscila Rojas Muñoz, asesoro jurídica 1. a.i. del Departamento de Gestión Humana y el oficio 649-JP-2009 suscrito por el MBA Francisco Arroyo Meléndez Jefe del Departamento de Personal por los siguientes motivos:
1. Presentamos una gestión ante el Consejo Superior en el que solicitamos se equipare nuestra situación laboral a la de los señores Catalina Fernández Badilla, Juan Carlos Leal Vega, Manuel Alejandro Torres Castro y Patricia Mata Solano; a quienes dentro del proceso 05-003147-0166LA, se les recalificó como profesionales 2 y se les reconoció el pago de diferencias salariales. Al igual que nosotros los actores del proceso judicial se encontraban en propiedad como profesionales 1 desempeñándose como administradores de despacho y fue a través de sentencia 1611 del Juzgado de Trabajo y confirmada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Circuito Judicial y la Sala Segunda en voto 00142-2009 en el que se les recalifica como profesionales 2 y a la vez se les reconoció el pago de las diferencias del puesto de profesional 1 a 2 desde el año 2001, fecha en el que este Consejo aprobó las funciones de nosotros en idénticas condiciones que otros profesionales 2 del Poder Judicial, como por ejemplo el administrador del Juzgado de Transito del Primer Circuito Judicial.
2. Que en los oficios supraindicados el Departamento de Personal indica como es correcto que el Poder Judicial como parte del Estado debe actuar apegado al principio de legalidad; entiéndase que debe dirigir su actuar exclusivamente a lo que la norma le permita, principios consagrados en los artículos 11 de nuestra Constitución Política y artículo 11 de la Ley General de la Administración Publica, y es bajo la legalidad de la norma en la que fundamentamos nuestra solicitud a su autoridad, a fin de que se equipare nuestro derecho laboral con lo resuelto en el proceso judicial indicado, en el cual existe igualdad de objeto y pretensiones que las que aquí exponemos, por lo que consideramos que sería contrario a la legalidad e irrespeto a los principios Constitucionales un actuar diferente por parte del Poder Judicial.
3. Que es completamente incorrecto el razonamiento que realiza el Departamento de Gestión Humana al indicar que la sentencia es un acto procesal en el cual se resuelven las pretensiones de los actores y solamente obliga a las partes en el proceso y no ha terceras personas máxime cuando el objeto, las pretensiones son exactamente las mismas y no solo han sido acogidas en un proceso si no que han sido ya reiteradas, por lo que a pesar de que este Consejo como lo indica la asesora legal del Departamento de Gestión Humana ha denegado las pretensiones de otras personas que solicitan se extiendan los efectos de una sentencia judicial, se debe considerar que todas las sentencias expuestas ya han sido confirmadas por la Sala Segunda; y que las mismas son claras en otorgar el derecho y reiteradas, no solo en el proceso indicado si no también en el proceso numero 05-003376-0166- LA en el seguido por el señor José Antonio Cordero Román, quien ya el Tribunal de Trabajo confirmó su proceso en este mismo sentido, razón por las cuales sería contrario de derecho e irrazonable denegar nuestras pretensiones en sede administrativa y obligarnos a acudir a un proceso judicial en el que el mismo Departamento de Gestión Humana considera más perjudicial para el Poder Judicial, quien deberá pagar sin lugar a dudas además de la equiparación laboral y diferencias salariales desde el 2001, costas, intereses, entre otros gastos que no tienen razón de ser.
4. l Departamento de Gestión Humana se contradice en su criterio al indicar como es correcto que efectivamente al acoger esta gestión por parte de este consejo se respetarían principios constitucionales como igualdad laboral, economía procesal entre otros, así mismo resalta los beneficios financieros para el Poder Judicial de acoger la gestión, ya que ante un litigio en el cual el Poder Judicial tendrá un resultado negativo lo mejor sería otorgar los derechos vía administrativa, pero a la vez indica de forma contradictoria que es improcedente la gestión planteada, bajo lo indicado en un criterio técnico que no ha sido aprobado por este Consejo y que es contrario a lo resuelto en la vía jurisdiccional en el proceso 05-003147-166 LA, así como recientemente en el proceso 05- 003376-0166-LA, sea un criterio contrario al principio de legalidad que esta misma administración debe respetar.
5. Que el criterio técnico emitido por la Sección de Análisis de puestos, es contrario a los principios constitucionales laborales que se deben respetar ya que dicho criterio resigna las plazas de Profesionales 1 a técnicos administrativos 3 a pesar de que la jurisdicción laboral ya indico que las labores que realizamos desde el año 2001 y aprobadas por este consejo son idénticas a las labores de un profesional 2 del Juzgado de Transito del Primer Circuito Judicial de San José, labores que no han sido modificadas en la actualidad y fue bajo este razonamiento que se recalifico a 4 de nuestros compañeros, manteniéndonos a los demás en situaciones de desigualdad, máxime cuando este Consejo en acuerdo recientemente e ordeno la reasignación para los cuatro compañeros que demandaron al Poder Judicial, así como el pago de todos los extremos laborales, manteniendo a personas que realizan las mismas funciones que nosotros en mejores condiciones laborales y económicas, causándonos no solo perjuicios económicos a los demás, si no desventajas laborales evidentes y eventuales daños morales.
6. Que las labores que se aprobaron por parte de este consejo en el año 2001 son las mismas que en a actualidad realizan los Profesionales 1 que se destacan en el Segundo Circuito Judicial y que lo que se pretende con el estudio de Análisis de puestos es modificar condiciones de trabajo para el futuro, pero que actualmente no han sido aprobadas, por lo que el denegar nuestra gestión con base a un estudio técnico que choca con la legalidad y viola el principio constitucional de la primacía de la realidad que tutela las relaciones laborales en el cual la Sala Constitucional a indicado que a existencia de una relación de trabajo depende, no de lo que las partes hubieran pactado, si no de la situación real en la que el trabajador se encuentre colocado ya que en el contrato de trabajo existe no en acuerdo en abstracto de voluntades, si no en la realidad d a prestación del servicio (sentencia N° 1085-95) por lo que nuestra realidad es que desde el año 2001 este Consejo Superior aprobó nuestras funciones en igualdad que otros profesionales 2 del Poder Judicial, funciones que desempeñamos desde antes del 2001 y que se desarrollan en la actualidad, y que así se probo en audiencias orales frente a los jueces de trabajo y es por esto que solicitamos de la forma más respetuosa y en fundamento a la igualdad laboral y salarial, se acoja nuestra gestión en esta vía y se equipare nuestra situación laboral a la de los compañeros Catalina Fernandez Badilla, Juan Carlos Leal Vega, Alejandro Torres Castro y Patricia Mata; esto en respecto de nuestros derechos Constitucionales y laborales.
Señores miembros del Consejo Superior de esta forma apelamos a sus buenos criterios, los cuales deben ser fundamentados en respeto a principios laborales y constitucionales como igualdad laboral y salarial, principio de la primacía de la realidad, economía procesal, remuneración al trabajo, y solicitamos se acoja en esta vía nuestra gestión ya que es claro que la misma no es arbitraria ni desproporcionada, que somos funcionarios que hemos prestado de forma incondicional e intachable nuestros servicios a esta institución y es por esta razón que es de la forma más atenta y respetuosa que solicitamos se nos equipare nuestra relación laboral con la de los demás compañeros en respeto a ¡os principios constitucionales indicados.”
Previamente a resolver, se acordó: Solicitar al Departamento de Personal aclaración del informe anteriormente rendido, en el sentido que indique si los petentes se encuentran en igualdad de condiciones laborales que los servidores Catalina Fernández Badilla, Juan Carlos Leal Vega, Manuel Alejandro Torres Castro y Patricia Mata Solano; a quienes dentro del proceso laboral N° 05-003147-0166LA, se les recalificó como profesionales 2 y se les reconoció el pago de diferencias salariales.
La licenciada Bernardita Madrigal Córdoba, Subjefa del Departamento de Planificación, presenta mediante oficio Nº 923-PLA-2009 del 8 de junio de 2009, el informe Nº 047-DO-2009 suscrito por el máster Randall Quirós Soto, Jefe de la Sección de Desarrollo Organizacional, referente a la solicitud del Consejo Superior, en sesión N° 70-08 del 18 de setiembre de 2008, artículo LXXIV, en el que se dispuso, entre otros, que este Departamento ampliara el estudio aprobado en las sesiones N° 99-04, del 23 de diciembre del 2004, artículo XLVI, y N° 55-05 del 19 de julio del 2005, artículo XXXVIII.
Lo anterior relacionado con los deberes y obligaciones que recaen sobre la Secretaría General de la Corte y a la Dirección Ejecutiva, en cuanto al control interno de los convenios que suscribe la Institución con entes públicos nacionales e internacionales, en consideración de lo que indican los capítulos II, IV y VI del Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización.
Entre los principales aspectos a destacar se indican los siguientes:
I. De las apreciaciones más importantes que se desprenden del informe en mención, se enumeran los siguientes:
A criterio de la Auditoría Judicial, se evidencia una serie de debilidades en el sistema de control interno relacionado con el manejo y control de los Convenios suscritos entre el Poder Judicial y Entidades Públicas, Organismos Nacionales o Internacionales, de las cuales sobresalen la ausencia de información sobre la cantidad de convenios suscritos por el Poder Judicial, los porcentajes de avance, el grado de cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos, la indicación de los funcionarios y dependencias responsables de la ejecución y cumplimiento de cada convenio, así como la entidad responsable del correspondiente control y seguimiento de esos instrumentos.
Se detectaron otros aspectos importantes a considerar para mejorar el control interno en los convenios y contratos, siendo:
Manejo de la respectiva documentación que se genera.
Seguimiento a los deberes y responsabilidades que asume el Poder Judicial, los vencimientos y prórrogas de los convenios y contratos, entre otros.
Enumeración de la totalidad de contratos y convenios existentes.
Identificación de aquellos que están vigentes, los entes participantes, los compromisos adquiridos, la periodicidad en la entrega de informes, vencimientos y prórrogas, entre otros.
Elaboración de un sistema de control y seguimiento de los convenios y contratos, durante su plazo de vigencia.
Establecimiento de un archivo centralizado para conservar la documentación actualmente dispersa entre la institución.
II. El Estudio elaborado por la Sección de Desarrollo Organizacional, contiene las siguientes conclusiones y recomendaciones, las cuales según se indica, no fueron envidas a consulta a las oficinas involucradas, en razón al plazo concedido para entregar el informe.
“...5.- Elementos Conclusivos.
5.1.- Las instancias del Poder Judicial que atienden el tema de los convenios y contratos, tienen claramente definidas sus responsabilidades y áreas temáticas. De esta forma, la Secretaría General de la Corte atiende los convenios generales y de corte institucional, en tanto la Dirección Ejecutiva atiende los contratos licitatorios, y el Departamento de Personal los de dedicación exclusiva y los de capacitación.
5.2.- La división del trabajo en este tema es flexible y permite orientar el trabajo de la Institución, por cuanto se pueden presentar casos o temas específicos, que por conveniencia institucional, se asignen específicamente a una u otra de las estructuras mencionadas.
5.3.- Existe conciencia en algunas de las estructuras definidas para atender este tema, de que deben mejorarse los sistemas de control interno y archivo.
5.4.- En la Institución se ha creado recientemente una nueva estructura (Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales), a la cual podría valorarse la posibilidad de asignarle algunas funciones rectoras sobre el tema de convenios y contratos, en aquellas áreas donde sea factible, cuando inicie labores.
De conformidad con la información contenida en los puntos precedentes, se formulan las siguientes recomendaciones:
6.1.- Este Departamento comparte la recomendación vertida en su oportunidad por la Auditoría Judicial, y aprobada por el Consejo Superior, en el sentido de que la Secretaría General de la Corte debe mejorar los controles internos en el tema de los convenios y contratos.
Para lo anterior, este Departamento propone que la Secretaría General de la Corte ejecute una redistribución de labores interna, de forma tal que se pueda destinar una plaza del personal de apoyo, a realizar las labores de archivo y ordenamiento de la documentación relacionada con los convenios y contratos.
La anterior recomendación fue comentada con el Lic. Juan de Dios Salon López, Profesional 2 de esta Secretaría General, quien indicó que la Asistente Jurídico dejó de llevar un control de publicación de circulares, por lo que podría apoyarlos en la labor recomendada por la Auditoría.
En caso de que se presentara alguna problemática respecto de la distribución comentada, se podría valorar la posibilidad de recurrir a estudiantes avanzados en Derecho de las universidades, que deban realizar trabajos comunales, o bien a practicantes de los colegios técnicos profesionales, previa coordinación con el Profesional 2 y el Profesional en Derecho 3 de la Secretaría General de la Corte. De optarse por esta modalidad, ambos puestos deberán procurar la dotación de un espacio físico y equipo de cómputo para tales efectos, así como brindar la correspondiente inducción y asesoría en la correcta ejecución de las labores encomendadas.
De asignarse alguno de los recursos antes descritos, es de esperar que antes de finalizar el presente año, esa Secretaría General disponga de un listado con el detalle de todos los convenios existentes, así como los plazos de vigencia y los compromisos adquiridos por la Institución.
6.2.- Se recomienda que el Departamento de Tecnología de Información, y valorando sus prioridades actuales, elabore una base de datos que pueda ser instalada en tanto en la Secretaría General de la Corte, como en la Dirección Ejecutiva y en el Departamento de Personal, donde se incluya la información básica sobre convenios y contratos y donde se pueda mantener información fidedigna y actualizada, sobre estos temas.
Este sistema o base de datos manejaría información general, identificándose de forma separada los convenios, los contratos, los addendum, los acuerdos de entendimiento, con su respectiva numeración consecutiva separada, clasificados por temas (licitaciones, becas, etc.), y con posibilidad de generar reportes variados, los cuales serían definidos en su momento. Ahora bien, si alguno de ellos está asociado con otro (un contrato con un acuerdo, un addendum con un contrato, etc.), deberá identificarse esa condición.
Según sean las oficinas que intervengan en la confección, control, seguimiento y cumplimiento de deberes y obligaciones inherentes a los contratos o convenios, deberán habilitarse módulos específicos de inclusión y actualización de datos, que permitan de forma integrada disponer de información centralizada disponible, para brindarle seguimiento durante su período de vigencia, así como apoyar el proceso de toma de decisiones.
6.3.- Se recomienda que una vez que haya entrado en vigencia la nueva Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, se valore la posibilidad de que maneje de forma centralizada el control y seguimiento de los convenios y contratos suscritos por el Poder Judicial, y así sustraer de esa labor a la Secretaría General de la Corte.
6.4.- Establecer que aquellos contratos relacionados con la gestión cotidiana de los despachos y oficinas judiciales (vinculados con procesos licitatorios para alquileres de locales, compras, servicios diversos, etc.) continúen a cargo del Subproceso de Verificación y Ejecución Contractual del Departamento de Proveeduría, tal como se realiza actualmente. Ello implicaría la atención de todas las tareas inherentes al “ciclo de vida” del contrato, es decir, desde su confección hasta su conclusión definitiva.
6.5.- Se recomienda disponer formalmente que la confección de los contratos de capacitación se realice para aquellos programas de capacitación iguales o superiores a seis meses, o aquellos en donde el costo incurrido por la Institución resulte significativo. Asimismo, se podría someter a consulta de las unidades de capacitación institucionales existentes, la posibilidad de que el control de la ejecución de los contratos de capacitación, sean asumidos por esas respectivas unidades. De igual forma, se consultaría sobre la posibilidad de que la firma de esos contratos sea asumida por el jerarca de mayor rango de la respectiva dependencia.
Por ejemplo, si se capacita a los investigadores del OIJ, los respectivos contratos de capacitación deberán ser suscritos por el Director General del OIJ, o bien a quien éste designe, previo consentimiento del Consejo Superior, reservándole al Presidente de la Corte aquellos que por su trascendencia así se estime oportuno. Para tal fin, se recomienda proceder en una forma similar a lo dispuesto por el Consejo Superior en la sesión N° 58-05 del 28 de julio de 2005, artículo XLII, para la Jefatura del Departamento de Personal.
6.6.- Con el fin de disponer de un formato estandarizado y de común aplicación para los contratos de capacitación, se recomienda que la Escuela Judicial defina el contenido de esos documentos, tomando como base los que en la actualidad se utilizan por parte del Subproceso de Gestión de la Capacitación del Departamento de Personal.
6.7.- En caso de aprobarse lo anterior, el control y custodia de la respectiva documentación, estará a cargo de cada dependencia.
6.8.- En cuanto al control del cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios y servidores judiciales beneficiados con becas, se recomienda que esa labor continúe a cargo de la Escuela Judicial, de conformidad con lo estipulado en el artículo 13 de su Ley de Creación.
6.9.- Por último, se recomienda que los aspectos contenidos en el presente informe sean puestos en conocimiento de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, una vez que inicie formalmente sus funciones, con el fin de entrar en la valoración indicada en la recomendación 6.3.- del presente informe.”
En razón a la recomendación 6.5, 6.6, 6.7 y 6.8 planteada por el Departamento de Planificación, la licenciada Argili Gómez Siu, Asesora de este Consejo conversó con la licenciada Waiman Hin Herrera, Jefa de Gestión de la Capacitación del Departamento de Personal, quien manifestó la importancia de que las diferentes unidades de capacitación, incluyendo la Escuela Judicial asuman la responsabilidad y control de los procesos y ejecución de las capacitaciones, convenios y becas según área; así como, la firma de los respectivos contratos. Adicionalmente, señala la necesidad de que se regule dentro de las Políticas Generales de Capacitación y Formación del Poder Judicial, aprobadas por Corte Plena, en sesión celebrada el 16 de febrero de 2009, artículo XVII, el tema de los deberes y responsabilidades de las personas beneficiarias de capacitación; que contemple además la firma de contratos de capacitación entre los beneficiarios y el Poder Judicial, cuando la capacitación sea por períodos iguales o mayores a seis meses, o que el costo incurrido por la Institución resulte significativo; con el fin garantizar la asistencia de los beneficiarios, como la retribución que éstos deben aportar a la Institución por los conocimientos adquiridos.
Analizado el informe anterior, se acordó: Tomar nota y acoger las recomendaciones emitidas por el Departamento de Planificación, con el fin de fortalecer el sistema de control interno que debe existir en el Poder Judicial, en el manejo y control de los diferentes convenios y contratos que se suscriben; en consecuencia: 1) El Departamento de Tecnología de Información deberá en forma oportuna rendir un informe a este Consejo, sobre la viabilidad de diseñar con recursos propios o mediante contratación, una aplicación informática que contenga datos necesarios que contribuyan en el control y seguimiento de los diferentes tipos de contratos, convenios, addendum y acuerdos de entendimiento que el Poder Judicial suscribe internamente con sus funcionarios, o con otras instituciones nacionales e internacionales. Para lo cual coordinará con las oficinas involucradas, para definir la información necesaria que deberá contener dicho sistema o base de datos, tomando en cuenta además las recomendaciones emitidas por la Auditoría Judicial, aprobadas por este Consejo en sesión N° 70-08 del 18 de setiembre de 2008, artículo LXXIV. 2) Solicitar a la Secretaría General de la Corte, presenten en forma inmediata a este Consejo, un informe donde establezcan con los recursos disponibles, un plan de acción de las medidas que pondrán en práctica para mejorar el sistema de control de los contratos, convenios, addendum y acuerdos de entendimiento, según corresponda, en cumplimiento de la Ley de Control Interno, con el propósito de reducir el riesgo que deficiencias como las señaladas en el informe referido, incidan negativamente en la toma de decisiones, afectando la sana administración de los recursos institucionales. 3) La Escuela Judicial, en conjunto con las unidades de capacitación de la Defensa Pública, Gestión Humana, Ministerio Público y Organismo de Investigación Judicial deberán en forma oportuna presentar una propuesta que desarrolle las políticas necesarias que deben imperar en cuanto a los deberes y responsabilidades de los beneficiarios de capacitación; donde se contemple la aplicación de contratos de capacitación entre el beneficiario y el Poder Judicial, que asegure no solo la asistencia a la capacitación sino también el cumplimiento en cuanto a la retribución que deben aportar a la Institución por los conocimientos adquiridos. 4) El Departamento de Planificación deberá en forma oportuna realizar un estudio, donde analice la posibilidad de que las diferentes unidades de capacitación, incluyendo la Escuela Judicial, asuman la responsabilidad y control de los procesos y ejecución de las capacitaciones, convenios y becas según área respectiva; de igual forma, determinar la viabilidad de que la firma de los contratos de capacitación sean asumidos por el responsable de las diferentes unidades o bien el jerarca de mayor rango de cada dependencia; de manera que se logre sustraer de esa labor al Presidente de la Corte. 5) Una vez que haya entrado en vigencia la nueva Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, el Departamento de Planificación deberá realizar un estudio donde determine la posibilidad de que esta nueva oficina asuma el control y seguimiento de aquellos convenios y contratos suscritos por el Poder Judicial, que están relacionados con sus funciones; y así sustraer de esa labor a la Secretaría General de la Corte.
En sesión N° 31-08 del 29 de abril del 2008, artículo XXIX, al conocer oficio N° 490-PLA-2008 de 14 de marzo de ese año del Departamento de Planificación, en que se remitió informe N° 026-EST-2008 elaborado por la Sección de Estadística, referente al movimiento de trabajo en materia agraria en el año 2007, dispuso que el citado departamento elaboraría un estudio para determinar las causas por las que en algunos despachos ahí mencionados ha mantenido un circulante alto.
En la N° 24-09 del 12 de marzo último, artículo XLII, y en atención a lo anterior, al conocer informe N° 312-PLA-2009 de 27 de febrero último, en que se adjuntó oficio N° 002-AJ-2009 suscrito por el licenciado Jorge Kepfer Chinchilla, Jefe de la Sección de Análisis Jurídico del Departamento de Planificación, referente "Estudio sobre las causas que han incidido para que algunos despachos judiciales de la materia agraria presenten un circulante alto durante el año 2007, se acordó entre otros asuntos, que los juzgados estudiados en el plazo de dos meses deberán realizar una depuración de casillas, a efecto de separar en sus informes estadísticos los asuntos abandonados, según las regulaciones existentes, asimismo el Departamento de Planificación haría una evaluación para determinar que se cumplió con lo indicado y se estableció el circulante activo.
Con oficio N° 807-PLA-2009 de 15 de mayo recién pasado, la licenciada Bernardita Madrigal Córdoba, Subjefa interina del Departamento de Planificación, remite informe N° 056-EST-2009 de misma fecha, suscrito por el máster Franklin González Morales, Jefe de la Sección de Estadística, acerca de los principales patrones observados derivados de la exploración estadística del trabajo efectuado en los juzgados competentes en materia agraria durante el 2008.
El informe contiene el análisis y presentación de dos cuadros estadísticos, sobre los aspectos más relevantes del desempeño de los juzgados competentes en materia Agraria; destacando los siguientes:
Este año destaca que el Juzgado Civil y de Trabajo del III Circuito Judicial de Alajuela, Sede San Ramón, que en adelante se denomina Juzgado Civil, Trabajo y Agrario, conoce los asuntos agrarios de la zona.
El desempeño de los juzgados que conocen esta materia se mide utilizando los Indicadores de Gestión Judicial, entre los cuales se encuentra la tasa de congestión cuyo valor resultó en 4.8 en la actualidad. Es importante señalar, que este año se presenta la cifra más alta del período, cifra que indica que se tenía que tramitar 4.8 veces más casos por año de los que se pudo resolver, para que no exista congestión en la carga de trabajo.
La tasa de pendencia y resolución registra un 79.6% y un 20.9%, respectivamente para esta ocasión; es decir, que para el 2008 de cada 100 expedientes ingresados, aproximadamente 80 se encuentran en trámite y 21 obtienen una resolución que da por terminado el expediente. En este caso, a partir del 2006 la tasa de resolución ha venido decreciendo, lo cual quiere decir que los asuntos en trámite van en aumento.
La entrada para el 2008 registra un aumento de 549 demandas (17.5%), con lo cual se retoma el límite de los 3000 casos, mismo que ha sido constante durante el período de estudio.
El número de casos terminados en el presente año llegó a 2176, cifra inferior en 348 asuntos respecto al registro reportado el período anterior, para una baja porcentual de 13.8%, confirmando así la tendencia decreciente de los últimos cinco años, lo cual se constituye en uno de los motivos por los cuales el circulante ha aumentado.
En el 2008, se dictaron 1120 sentencias en total, número que presenta un decrecimiento de 216 (16.2%) resoluciones, con respecto al año anterior.
El 2008 ha sido negativo en cuanto a la reducción del circulante general en los juzgados agrarios. Al finalizar el año, se da un aumento del 23.0% en el circulante, o lo que es igual, se reportan 1551 casos más al concluir el año; lo anterior, como consecuencia también del aumento de los casos en trámite.

References: resolución 
 artículo 11
 artículo 13
 resolución 
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