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Acuerdo entre el Reino de España y la República Federal de Yugoslavia para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho ad referéndum en Madrid el 25 de junio de 2002.
Publicado en BOE núm. 135 de 04 de Junio de 2004
Vigencia desde 31 de Marzo de 2004
ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FEDERAL DE YUGOSLAVIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES
ARTÍCULO 2 Promoción y admisión de inversiones
ARTÍCULO 4 Tratamiento nacional y de nación más favorecida
ARTÍCULO 8 Aplicación de otras disposiciones
ARTÍCULO 9 Subrogación
ARTÍCULO 10 Solución de controversias entre las Partes Contratantes
ARTÍCULO 11 Controversias entre una Parte Contratante e inversores de la otra Parte Contratante
ARTÍCULO 12 Ámbito de aplicación
ARTÍCULO 13 Entrada en vigor, duración y extinción
Téngase en cuenta que la República de Montenegro ha sucedido a la República Socialista Federativa de Yugoslavia, a partir de 3 de junio de 2006, de conformidad con lo establecido en la Sucesión con respecto a la República de Montenegro en los tratados bilaterales concluidos entre el Reino de España y la Antigua Yugoslavia o la Unión Estatal de Serbia y Montenegro («B.O.E.» 4 agosto 2010).
El Reino de España y la República Federal de Yugoslavia, en adelante denominados «las Partes Contratantes»,
Deseando intensificar la cooperación económica entre los dos países,
Reconociendo que la promoción y protección recíproca de las inversiones con arreglo al presente Acuerdo estimularán las iniciativas en este campo,
1. Por «inversión» se entenderá todo tipo de activos que hayan sido invertidos por inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante de conformidad con las leyes y reglamentos de esta segunda Parte Contratante, incluidos en particular,
aunque no exclusivamente, los siguientes:
b) participaciones, acciones y obligaciones de una sociedad o cualquier otra forma de participación en una sociedad o empresa mercantil;
c) el derecho a aportaciones monetarias o a cualquier otra prestación en virtud de un contrato que tenga un valor económico y que esté relacionada con una inversión;
d) derechos en el campo de la propiedad intelectual e industrial, procesos técnicos, conocimientos técnicos (know-how) y fondo de comercio;
Las inversiones realizadas en el territorio de una Parte Contratante por cualquier persona jurídica o entidad de esa misma Parte Contratante que sea propiedad o esté controlada efectivamente por inversores de la otra Parte Contratante se considerarán también inversiones realizadas por inversores de la segunda Parte Contratante, siempre que se hayan efectuado de conformidad con las leyes y reglamentos de la primera Parte Contratante.
a) toda persona física que tenga la nacionalidad de una Parte Contratante de conformidad con la legislación de esa Parte Contratante;
b) toda persona jurídica u otra entidad constituida o debidamente organizada de otro modo de conformidad con la legislación de una Parte Contratante y que tenga su domicilio social en el territorio de esa misma Parte Contratante.
4. Por «territorio» se entenderá el territorio terrestre, las aguas interiores y el mar territorial de cada una de las Partes Contratantes, así como la zona económica exclusiva y la plataforma continental que se extienden fuera de los límites del mar territorial de cada una de las Partes Contratantes y sobre las cuales éstas tengan o puedan tener jurisdicción y/o derechos soberanos según el derecho internacional y sus leyes nacionales respectivas.
2. Cuando una Parte Contratante haya admitido en su territorio una inversión, concederá, de conformidad con sus leyes y reglamentos, los permisos necesarios en relación con dicha inversión y con la ejecución de acuerdos de licencia y de contratos de asistencia técnica, comercial o administrativa. Cada Parte Contratante se esforzará por expedir las autorizaciones necesarias en relación con las actividades de consultores y otras personas cualificadas, con independencia de su nacionalidad.
3. Cada Parte Contratante se esforzará por facilitar, de conformidad con sus leyes y reglamentos, la entrada, permanencia y trabajo en su territorio de los nacionales de la otra Parte Contratante y del personal empleado por los inversores de la otra Parte Contratante con el fin de desarrollar actividades relacionadas con inversiones.
2. Ninguna de las Partes Contratantes obstaculizará en modo alguno, mediante medidas injustificadas o discriminatorias, la gestión, mantenimiento, utilización, disfrute o enajenación de dichas inversiones.
Cada Parte Contratante respetará toda obligación que haya contraído por escrito con respecto a las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante.
1. Cada Parte Contratante concederá en su territorio a las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante un tratamiento no menos favorable que el otorgado a las inversiones realizadas por sus propios inversores o por inversores de cualquier tercer Estado, el que sea más favorable para el inversor interesado.
2. Cada Parte Contratante concederá en su territorio a los inversores de la otra Parte Contratante, por lo que respecta a la gestión, mantenimiento, utilización, disfrute o enajenación de su inversión, un tratamiento no menos favorable que el otorgado a sus propios inversores o a inversores de cualquier tercer Estado, el que sea más favorable para el inversor interesado.
a) su pertenencia o asociación a cualquier zona de libre comercio, unión aduanera, unión económica o unión monetaria u otros acuerdos internacionales similares, incluidas otras formas de organización económica regional, futuras o ya existentes, o
1. Las inversiones de inversores de cualquiera de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante no serán nacionalizadas, expropiadas ni sometidas a medidas de efecto equivalente a la nacionalización o expropiación (en adelante denominadas «expropiación»), salvo por causa de interés público, con arreglo a los debidos procedimientos legales, de manera no discriminatoria y mediante el pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva.
2. Dicha indemnización corresponderá al valor de mercado de la inversión expropiada inmediatamente antes de que la expropiación o de que la inminencia de la expropiación, si esto ocurriera antes, se anunciaran públicamente (en lo sucesivo denominada «fecha de tasación»).
3. Dicho valor de mercado se calculará en una moneda libremente convertible al tipo de cambio de mercado vigente para esa moneda en la fecha de tasación.
La indemnización incluirá intereses a un tipo comercial establecido con arreglo a criterios de mercado para la moneda de tasación desde la fecha de la expropiación hasta la fecha del pago. La indemnización se pagará sin demora, será efectivamente realizable y libremente transferible.
1. A los inversores de una Parte Contratante cuyas inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante sufran pérdidas debidas a guerra u otro conflicto armado, estado de emergencia nacional, revolución, insurrección, disturbios civiles u otros acontecimientos similares, esta última Parte Contratante les concederá, a título de restitución, indemnización, compensación u otro arreglo, un tratamiento no menos favorable que el que esa Parte Contratante conceda a sus propios inversores o a inversores de cualquier tercer Estado, aplicándose el tratamiento que resulte más favorable para el inversor afectado. Los pagos que se deriven de ello serán libremente transferibles.
a) la requisa de su inversión o de parte de la misma por las fuerzas o autoridades de esta última Parte Contratante; o
b) la destrucción de su inversión o de parte de la misma por las fuerzas o autoridades de esta última Parte Contratante, sin que lo exigiera la necesidad de la situación, esta última Parte Contratante les concederá una restitución o indemnización que, en cualquier caso, será pronta, adecuada y efectiva. Los pagos que se deriven de ello se realizarán sin demora y serán libremente transferibles.
1. Cada Parte Contratante garantizará a los inversores de la otra Parte Contratante la libre transferencia de todos los pagos relacionados con sus inversiones.
Dichas transferencias incluirán en particular, aunque no exclusivamente:
f) los ingresos no gastados y otras remuneraciones del personal contratado en el extranjero en conexión con una inversión;
g) los pagos derivados de la solución de una controversia en virtud de los artículos 10 y 11.
2. Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo afectará a las disposiciones establecidas mediante acuerdos internacionales vigentes en la fecha de su firma en relación con los derechos de propiedad intelectual e industrial.
En caso de que una Parte Contratante o su organismo designado realice un pago en virtud de una indemnización, garantía o contrato de seguro contra riesgos no comerciales en relación con una inversión efectuada por alguno de sus inversores en el territorio de la otra Parte Contratante, esta última reconocerá la cesión de cualquier derecho o crédito de dicho inversor a la primera Parte Contratante o a su organismo designado y el derecho de la primera Parte Contratante o de su organismo designado a ejercer, por subrogación, dicho derecho o crédito con el mismo alcance que su predecesor en el título. Esta subrogación hará posible que la primera Parte Contratante o su organismo designado sea beneficiario directo de cualquier pago en concepto de indemnización u otra compensación a que pueda tener derecho el inversor.
4. Si no se hubieran hecho las designaciones necesarias en los plazos fijados en el apartado 3 del presente artículo, cualquier Parte Contratante podrá, a falta de cualquier otro acuerdo, instar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia a que realice las designaciones necesarias. Si el Presidente fuera nacional de cualquiera de las Partes Contratantes o no pudiera desempeñar dicha función por otras razones, se instará al Vicepresidente a que efectúe las designaciones necesarias.
Si el Vicepresidente fuera nacional de una de las Partes Contratantes o tampoco pudiera desempeñar dicha función, se instará a efectuar las designaciones necesarias al miembro de la Corte Internacional de Justicia que le siga en antigüedad y que no sea nacional de ninguna de las Partes Contratantes.
5. El tribunal arbitral emitirá su decisión sobre la base del respeto a la ley, las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo, así como de los principios generalmente admitidos de derecho internacional.
8. Cada Parte Contratante correrá con los gastos de su propio árbitro y los relacionados con su representación en el procedimiento arbitral, los demás gastos, incluidos los del presidente, serán sufragados a partes iguales por las dos Partes Contratantes.
1. Las controversias que puedan surgir entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante con respecto a una inversión, en virtud del presente Acuerdo, serán notificadas por el inversor, en forma escrita, a la segunda Parte Contratante. En la medida de lo posible, las Partes Contratantes interesadas se esforzarán por resolver dichas controversias amistosamente mediante la negociación.
2. Si estas controversias no pudieran resolverse de forma amistosa transcurridos seis meses a partir de la fecha de la notificación escrita mencionada en el apartado 1, podrán someterse, a elección del inversor:
- al tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo territorio se haya efectuado la inversión; o
- a un tribunal de arbitraje ad hoc establecido según el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI); o
- al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) establecido en virtud del «Convenio sobre el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados», abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965, en caso de que ambas Partes Contratantes lleguen a ser Partes Contratantes en dicho Convenio.
3. El arbitraje se basará en las disposiciones del presente Acuerdo, el derecho nacional de la Parte Contratante en cuyo territorio se haya efectuado la inversión, incluidas las reglas relativas a los conflictos de ley y las normas y los principios generalmente admitidos de derecho internacional que correspondan.
El presente Acuerdo será aplicable a las inversiones realizadas tanto antes como después de su entrada en vigor por inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante.
1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que las Partes Contratantes se hayan notificado recíprocamente el cumplimiento de las respectivas formalidades constitucionales exigidas para la entrada en vigor de los acuerdos internacionales.
2. El presente Acuerdo permanecerá en vigor por un período inicial de diez años. Posteriormente seguirá en vigor a menos que sea denunciado por escrito por cualquiera de las Partes Contratantes doce meses antes de su expiración. Tras la expiración del período inicial de diez años, el presente Acuerdo podrá ser denunciado en cualquier momento por cualquiera de las Partes Contratantes mediante notificación por escrito con doce meses de antelación a la otra Parte Contratante.
3. Con respecto a las inversiones efectuadas antes de la fecha de extinción del presente Acuerdo, las disposiciones de los artículos 1 a 12 seguirán surtiendo efecto por otro período de diez años a partir de dicha fecha de extinción.
Hecho por duplicado en Madrid, el 25 de junio de 2002, en español, serbio e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la interpretación, prevalecerá el texto inglés.
Secretario de Estado de Comercio y Turismo
Por la República Federal de Yugoslavia,
Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Económicas Internacionales
La Embajada de la República Federal de Yugoslavia saluda muy atentamente al Ministerio de Asuntos Exteriores de España y tiene el honor de informarle que, con la aprobación y proclamación por el Parlamento de la República Federal de Yugoslavia, el día 4 de febrero de 2003, de la Carta Constitucional de Serbia y Montenegro, previamente aprobada por el Parlamento de la República de Serbia, el 27 de enero de 2003, y el Parlamento de la República de Montenegro, el 29 de enero de 2003, el nombre del estado de la República Federal de Yugoslavia ha sido cambiado en el de «Serbia y Montenegro».
La Embajada de la República Federal de Yugoslavia aprovecha esta oportunidad para reiterar al Ministerio de Asuntos Exteriores de España el testimonio de su más alta consideración.
5 de febrero de 2003.
El presente Acuerdo entró en vigor el 31 de marzo de 2004, fecha de la última de las notificaciones cruzadas entre las Partes comunicándose el cumplimiento de sus requisitos internos, según se establece en su artículo 13.1.
Por Nota Verbal 37-1/03, de 5 de febrero de 2003, que se publica adjunta al Acuerdo, la Embajada de la República Federal de Yugoslavia informaba del cambio de nombre del Estado de la República Federal de Yugoslavia por el de «Serbia y Montenegro».
11 de mayo de 2004.-

References: ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 13
 artículo 13