Source: https://armandomayacastro.blogspot.com.es/2012/11/
Timestamp: 2017-08-20 02:09:54+00:00

Document:
Blog de Armando Maya Castro: noviembre 2012
Educación laica, por respeto a la diversidad religiosa
A millones de mexicanos nos preocupa la postura de los legisladores que han aprobado la reforma del artículo 24 constitucional, así como la de algunos actores políticos que, sin tener alguna responsabilidad legislativa, se han mostrado partidarios de tal reforma, restándole importancia al daño que dicha modificación le ocasiona al Estado laico y a la educación que en el marco del mismo se imparte.
Nos preocupa, y mucho, lo que algunas voces han señalado a lo largo del presente año en el sentido de que Enrique Peña Nieto está a favor de la reforma del artículo 24, cuya redacción fractura la laicidad del Estado y de la educación, además de echar por tierra las Leyes de Reforma, mismas que establecieron, entre otras cosas, la separación del Estado y las Iglesias. Todas estas leyes, explica el investigador Roberto Blancarte, “conducían a que se estableciera la libertad de creencias y de culto, desde el momento que el estado dejaba de ser el brazo secular de la Iglesia [católica] y se convertía de hecho en el garante de la libertad de conciencia de cada individuo”.
Del sexenio de Carlos Salinas de Gortari a la fecha, la Conferencia del Episcopado Mexicano ha ejercido fuerte presión sobre los Poderes Ejecutivo y Legislativo en el afán de lograr los cambios constitucionales que les permitan recuperar y ampliar los privilegios de antaño. En el año 2000, Vicente Fox Quesada se comprometió, mediante el llamado "decálogo de campaña", a realizar las reformas constitucionales que exigía el clero. No logró cumplir su palabra debido a la conformación del Congreso de la Unión, pero las intenciones foxistas fueron de todos conocidas.
El Estado laico recibió el golpe más severo el 15 de diciembre de 2011, fecha en que los grupos parlamentarios del PRI y PAN aprobaron en fast track la reforma del artículo 24 constitucional. Ese día, la nota de un importante diario de circulación nacional señalaba: “La reforma, confiaron diputados del tricolor, fue comprometida por Enrique Peña Nieto a la cúpula de la Iglesia católica”, léase nunciatura apostólica, Conferencia del Episcopado Mexicano y la Arquidiócesis.
El 28 de marzo del presente año, la dupla PRI-PAN avaló la reforma del artículo 24 constitucional, a pesar de reconocer las deficiencias de redacción de la citada modificación. El Senador Pablo Gómez calificó la modificación como una “revoltura innecesaria”. Luego, ante el pleno senatorial, el legislador perredista aseguró que la reforma fue pactada con el alto clero por el entonces candidato presidencial del PRI.
Nuestra preocupación por dicha reforma sigue vigente pese a las declaraciones que Enrique Peña Nieto hiciera el pasado 19 de abril. Ese día, el ahora presidente electo de México dijo a un grupo de obispos católicos: "Evidentemente el Estado laico no significa, un Estado antirreligoso; significa un Estado con garantías para que cualquier mexicano pueda tener la libertad de credo, de religión e ideología, esta es la condición del Estado laico y como tal me he pronunciado por mantener esta condición y garantizar la libre profesión de fe o religión de cualquier mexicano".
Nos preocupan las aspiraciones de la jerarquía eclesiástica tendientes a recuperar el monopolio educativo que la Iglesia católica tuvo en la época colonial y en las primeras décadas del México independiente. Nos preocupa que, con una sesgada interpretación del término “libertad religiosa”, se pretenda el retorno de la educación católica a las escuelas públicas, argumentando que la religión es parte fundamental de dicha libertad.
Insisto en lo que antes he señalado en este mismo espacio: las leyes mexicanas nunca nos han prohibido instruir religiosamente a nuestros hijos, siempre y cuando lo hagamos en los hogares, o bien en los templos. El trabajo de instruir religiosamente es competencia de los padres de familia y de los ministros de culto, no de los educadores al servicio del Estado. Recordemos que las escuelas públicas son espacios donde confluyen niños con diferentes creencias religiosas, todos ellas dignas de respeto.
Publicado en el diario El Occidental, el 29 de noviembre de 2012
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2789650.htm
El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) urgió al presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, a tomar medidas concretas para terminar con la tortura, las desapariciones forzadas, el arraigo y el fuero militar, prácticas que en la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa se volvieron rutinarias contra cualquier persona percibida con alguna conexión, cierta o no, con la delincuencia.
El gobierno federal ha defendido con pasión la forma en que ha enfrentado al crimen organizado, afirmando que dicho combate es una demanda del pueblo de México. En repetidas ocasiones ha señalado que las fuerzas de seguridad nacional realizan su trabajo con apego a la ley y con respeto a los derechos humanos.
Tenemos que reconocer que la práctica de la tortura y demás abusos de las corporaciones policiacas y de algunos miembros del Ejército no es responsabilidad única de las autoridades federales, sino también de nosotros como sociedad, pues, sabiéndolo, lo permitimos en aras de esa pretendida seguridad que parece justificarlo todo.
Ayer, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, declaró a conocido diario capitalino que en la presente administración se incrementaron las denuncias por casos de torturas y la estrategia contra el crimen no garantizó mayor protección a la sociedad. Dijo que durante el actual sexenio se cometieron poco más de ¡100 millones de delitos!
En el caso específico de la tortura, el ombudsman nacional señaló: “Es un tema tan dramático como que en 2005 la CNDH registró un caso de tortura y unos 400 de tratos crueles; sólo en 2011 se registraron 2 mil 40 casos, esto es un 500 por ciento más”.
La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes define la tortura en los siguientes términos: “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
La tortura ha sido utilizada desde épocas muy remotas por la mayoría de los pueblos de la tierra. Se utilizó en algunas naciones católicas que establecieron la inquisición para erradicar lo que la Iglesia católica consideraba herejía o violación a sus leyes, utilizando para tal fin métodos inhumanos, no tanto para administrar justicia, sino para conseguir la confesión de los herejes y/o de los protectores de éstos.
Pero no hay necesidad de ir a la Edad Media para encontrar la tortura, ya que ésta sigue haciendo acto de presencia en muchas naciones de nuestro tiempo, incluso en los Estados Unidos de Norteamérica, nación respecto a la cual el ex presidente Jimmy Carter expresó: “Los Derechos Humanos son el alma de nuestra política exterior, porque los Derechos Humanos son en verdad el alma de nuestro sentido de nación”.
El escritor Arturo Gálvez Valega nos dice que en Estados Unidos, a raíz de la guerra de Irak, “fueron puestas en ejecución reglas entonces secretas del gobierno de Bush que autorizaban las torturas y malos tratos a los prisioneros de guerra y políticos, quebrantando todo el sistema jurídico internacional de derechos humanos y de garantías a los prisioneros".
Estos actos de tortura, perpetrados por militares de una nación que se dice comprometida con la defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas, son dignos de la más enérgica condena, como también lo son las prácticas de tortura ejecutadas por quienes combaten en nuestro país la delincuencia organizada. No olvidemos que Estados Unidos y México son signatarios de la Convención de Ginebra, la cual prohíbe el trato cruel, la tortura y el ultraje a la dignidad personal de los presos.
Los mexicanos esperamos que el gobierno que encabezará Enrique Peña Nieto enfrente el crimen organizado con firmeza y estrategias eficaces, asegurando en todo momento el respeto a los derechos humanos. Estará de acuerdo conmigo, estimado lector, que el respeto a las garantías individuales es –o debe ser– una particularidad de toda sociedad democrática.
Publicado el martes 27 de noviembre de 2012 en el diario El Mexicano
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/editoriales/3/16/editorial/2012/11/27/632499/la-tortura-en-el-actual-sexenio.aspx
Publicado por Armando Maya Castro en 8:13 No hay comentarios:
La Cámara de Diputados, el Senado de la República y los congresos estatales que han aprobado la reforma del artículo 24 constitucional le han dado la espalda a los mexicanos, favoreciendo con su voto los intereses y exigencias de la jerarquía católica, quien procura –bajo el argumento de que los padres tienen el derecho a elegir la educación religiosa de sus hijos– el retorno de la instrucción religiosa a las escuelas públicas.
Es lamentable que estas instituciones no hayan tomado conciencia sobre las graves consecuencias de aprobar una modificación que, aparte de inaugurar el desmantelamiento del carácter laico de la educación, instaurará la violencia en los planteles educativos, con episodios de hostilidad, agresión, maltrato y discriminación en agravio de los niños y jóvenes no católicos.
Los legisladores que han votado a favor de la reforma del artículo 24 constitucional se pusieron del lado de los ancestrales enemigos de la laicidad, restándole importancia al juicio de las futuras generaciones. Olvidaron que como funcionarios públicos tienen el deber de solucionar problemas sociales, no de crearlos. En un Estado laico, la obligación de ellos es actuar con autonomía, manteniendo una sana distancia frente a las religiones, las moralidades y las conciencias individuales.
¿Ganamos algo los mexicanos con la aprobación de esta reforma retrógrada, innecesaria e inoportuna, que rompe con la unidad de los mexicanos? La respuesta es un no categórico. Los que sí ganan, y mucho, es la derecha yunquista y la jerarquía católica, obstinados en sepultar la obra de Juárez y de los hombres de la Reforma, cuyo legado ha contribuido decididamente a fortalecer nuestro régimen de libertades, la educación laica y la cultura de los derechos humanos.
Nada gana México con una reforma que otorga privilegios y autoriza al Estado a escudriñar las convicciones de los mexicanos, calificándolas de éticas y no éticas, y protegiendo únicamente a las primeras. ¿En que nos beneficia una reforma que pretende el retorno de la educación confesional, el exterminio del Estado laico y el fin de nuestras libertades? ¿Qué ganamos con una modificación legislativa que otorgará privilegios jurídicos, económicos y políticos a una sola institución religiosa, discriminando a las minorías religiosas establecidas en México?
Duele decirlo, pero las legislaturas que han votado a favor de la reforma del artículo 24 constitucional procedieron de manera insensible ante el clamor y la preocupación de cientos de miles de mexicanos, quienes han demostrado con argumentos sólidos que existen razones para detener el avance de dicha modificación.
Es lamentable que los legisladores que han aprobado dicha reforma hayan olvidado que, por respeto a la diversidad religiosa, la educación que se imparte en las escuelas públicas debe excluir de los programas educativos cualquier tipo de doctrina religiosa. El Estado tiene el deber de trabajar en la preservación, fomento y difusión de la cultura y la ciencia, dejando que la religión la enseñen los padres de familia en los hogares, y los ministros de culto en los templos.
La educación laica es aquella que excluye de las escuelas públicas el dogma y el catecismo. Esta educación no cuestiona los fundamentos de los dogmas ni de las religiones, pero tampoco los difunde ni se basa en ellos, “sino en los resultados del progreso de la ciencia, cuyas conclusiones no pueden ser presentadas sino como teorías que se cotejan con los hechos y los fenómenos que las confirman o refutan”.
Los mexicanos esperan que los congresos estatales que tienen pendiente la votación del artículo 24 constitucional tomen conciencia de la realidad actual de México. Desde hace ya varias décadas, nuestro país es religiosamente plural. De acuerdo con el INEGI, hoy por hoy, alrededor de 20 millones de mexicanos no profesan la religión católica. Por respeto a ellos, y para evitar futuros problemas de discriminación e intolerancia religiosa, lo más sano es que estos congresos imiten el ejemplo de las legislaturas que rechazaron dicha modificación.
Publicado en la edición impresa del diario El Mexicano, el 24 de noviembre de 2012
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/editoriales/3/16/editorial/2012/11/24/631866/nos-beneficia-la-reforma-del-articulo-24.aspx
Publicado por Armando Maya Castro en 15:13 No hay comentarios:

References: artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24