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Timestamp: 2017-10-19 22:42:29+00:00

Document:
Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales. (Vigente hasta el 27 de diciembre de 2009)
Publicado en BOE n�m. 81 de 4 de abril de 2007
Vigencia desde 5 de abril de 2007. Esta revisi�n vigente desde 5 de abril de 2007hasta 27 de diciembre de 2009.
LOS PARQUES NACIONALES.
Será muy representativo en cuanto a tipología de especies y características naturales, de alguno o algunos de los sistemas naturales incluidos en el Anexo de esta Ley.
Contará con una proporción relevante de las especies y comunidades propias del sistema natural que pretenda representar en la Red, o de aquellas más singulares o amenazadas en España, así como capacidad territorial y ecológica para garantizar que estas especies y comunidades, con tamaños de poblaciones ecológicamente significativos, puedan mantener o alcanzar un estado de conservación favorable.
Tendrá una superficie continua y no fragmentada suficiente como para permitir la evolución natural sin o con escasa intervención humana, de forma que se mantengan sus características físicas y biológicas, y se asegure el funcionamiento de los procesos naturales presentes. A estos efectos, la superficie del Parque Nacional, salvo casos debidamente justificados, tendrá:
La superficie del Parque Nacional se caracterizará por la continuidad territorial, entendida como ausencia de fragmentación de su superficie y de elementos de estrangulamiento territorial, salvo excepciones debidamente justificadas.
Estará ocupado, en una superficie adecuada, por formaciones naturales, sin explotaciones extractivas de carácter agrícola, forestal, hidráulico o minero, ni elementos artificiales que alteren significativamente la estética del paisaje o el funcionamiento de los ecosistemas.
Los objetivos conservacionistas de la Red que deba cumplir el Parque.
Los límites geográficos.
El análisis científico y técnico del cumplimiento de los requisitos establecidos para los Parques Nacionales.
El diagnóstico ecológico del estado de conservación de los sistemas naturales incluido en la propuesta.
El análisis socioeconómico de los municipios afectados y de su contexto comarcal o regional.
La evaluación de los efectos de la declaración sobre los usos existentes.
Los estudios ambientales y socioeconómicos que permitan estimar las consecuencias de la declaración, incluyendo un análisis sobre el grado de aceptación de la propuesta por la población implicada, así como las estimaciones sobre su repercusión en el presupuesto de las Administraciones Públicas afectadas.
La delimitación de la zona periférica de protección y su régimen jurídico.
La delimitación del área de influencia socioeconómica.
La identificación de las medidas de protección preventiva.
la denominación del Parque,
los objetivos que debe cumplir el Parque en el conjunto de la Red,
su ámbito territorial, con descripción de sus límites geográficos,
las prohibiciones y limitaciones de todos aquellos usos y actividades que alteren o pongan en peligro la consecución de los objetivos del Parque en el conjunto de la Red, sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieran derivarse respecto de los derechos e intereses patrimoniales legítimos, así como el plazo para su supresión, en su caso,
el régimen sancionador específico de aplicación,
el ámbito territorial de su zona periférica de protección, con descripción de sus límites geográficos y el régimen jurídico de la misma, incluyendo las limitaciones necesarias a estos efectos,
el área de influencia socioeconómica.
3. En el caso de que el ámbito territorial de un Parque Nacional incluya más del 50 % del suelo no urbanizable de un término municipal, excluidos en este cómputo las superficies de titularidad autonómica o estatal, la Ley incorporará un programa de medidas específicas para promover el desarrollo en dicho municipio, especificando su financiación.
La de utilidad pública o interés social de las actuaciones que, para la consecución de los objetivos de la Red de Parques Nacionales, deban acometer las Administraciones Públicas.
La facultad de la Administración competente para el ejercicio de los derechos de tanteo y de retracto respecto de los actos o negocios jurídicos de carácter oneroso y celebrados ínter vivos que comporten la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales que recaigan sobre bienes rústicos situados en el interior del mismo, incluidas cualesquiera operaciones o negocios en virtud de los cuales se adquiera la mayoría en el capital social de sociedades titulares de los derechos reales citados. A estos efectos:
El transmitente notificará fehacientemente a la Administración competente el precio y las condiciones esenciales de la transmisión pretendida. Dentro de los tres meses siguientes a la notificación, dicha Administración podrá ejercer el derecho de tanteo obligándose al pago del precio convenido en un período no superior a dos ejercicios económicos.
Cuando el propósito de transmisión no se hubiera notificado de manera fehaciente, la Administración competente podrá ejercer el derecho de retracto, en el plazo de un año a partir de la fecha en que tenga conocimiento de la transmisión y en los mismos términos previstos para el de tanteo.
Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no inscribirán transmisión o constitución de derecho alguno sobre los bienes referidos sin que se acredite haber cumplido con los requisitos señalados en este apartado.
La prohibición de:
La pesca deportiva y recreativa y la caza deportiva y comercial, así como la tala con fines comerciales. En el caso de existir dichas actividades en el momento de la declaración, las Administraciones competentes adoptarán las medidas precisas para su eliminación, dentro del plazo que a tal efecto establecerá la Ley declarativa.
Los aprovechamientos hidroeléctricos y mineros, vías de comunicación, redes energéticas y otras infraestructuras, salvo en circunstancias excepcionales debidamente justificadas por razones de protección ambiental e interés social, y siempre que no exista otra solución satisfactoria. En el caso de que dichas actividades o instalaciones, salvo las mineras, estén presentes en el momento de la declaración y no sea posible su supresión, las Administraciones competentes adoptarán las medidas precisas para la corrección de sus efectos, dentro del plazo que a tal efecto establecerá la Ley declarativa.
Las explotaciones de recursos naturales o agrarios distintas de las indicadas en el apartado a de este artículo, salvo aquéllas que son compatibles con el logro de los objetivos del Parque, se apoyan en derechos consolidados y constituyen una aportación reconocida de valores culturales o ecológicos que no alteren los procesos naturales. En el caso de existir actividades no exceptuadas en el momento de la declaración, las Administraciones competentes adoptarán las medidas precisas para su eliminación, dentro del plazo que establezca la Ley declarativa.
El sobrevuelo a menos de 3.000 metros de altura, salvo autorización expresa o por causa de fuerza mayor.
En la aplicación de las medidas a que se refiere el apartado anterior se dará preferencia a los acuerdos voluntarios para la adquisición de los derechos afectados.
El suelo objeto de la declaración de Parque Nacional no podrá ser susceptible de urbanización ni edificación, sin perjuicio de lo que determine el Plan Rector de Uso y Gestión en cuanto a las instalaciones precisas para garantizar su gestión y contribuir al mejor cumplimiento de los objetivos del Parque Nacional.
Los Planes hidrológicos de demarcación y las Administraciones competentes en materia hidráulica asegurarán los recursos hídricos adecuados en cantidad y calidad para el mantenimiento de los valores y el logro de los objetivos de la Red de Parques Nacionales.
Que sean de titularidad del Estado o de las Comunidades Autónomas.
Que sean incorporados al patrimonio público para el mejor cumplimiento de los fines de la presente Ley.
Que sean aportados por sus propietarios para el logro de dichos fines.
Artículo 15. Pérdida de la condición de Parque Nacional.
Las normas, objetivos, líneas de actuación, y criterios generales de uso y ordenación del Parque.
La zonificación del Parque, delimitando las áreas de los diferentes usos y estableciendo la normativa de aplicación en cada una de ellas, de acuerdo con los tipos de zonas que se establezcan en el Plan Director.
Las actuaciones precisas para la consecución de los objetivos del Parque en materias tales como conservación, uso público, investigación y educación ambiental, y la estimación económica de sus costes.
La relación de las actividades incompatibles con los objetivos del Parque.
Las condiciones bajo las que pueden desarrollarse las actividades compatibles con los objetivos del Parque.
Los criterios para la supresión de las formaciones vegetales exóticas presentes en el interior del Parque Nacional, así como para el control de las especies invasoras.
Conocer el cumplimiento de las normas que afecten al Parque Nacional.
Promover cuantas gestiones considere oportunas a favor del espacio protegido.
Informar el Plan Rector de Uso y Gestión y sus modificaciones, así como los planes de trabajo e inversiones, o cualquier desarrollo sectorial derivados del mismo.
Aprobar la memoria anual de actividades y resultados, proponiendo las medidas que considere necesarias para corregir disfunciones o mejorar la gestión.
Informar la programación anual de actividades.
Informar los proyectos y propuestas de obras y trabajos que se pretendan realizar en el Parque Nacional, y no estén contenidos en los planes de trabajo e inversiones.
Informar las solicitudes presentadas a las convocatorias de subvenciones financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a realizar en el área de influencia socioeconómica.
Informar aquellos proyectos desarrollados en el entorno del Parque Nacional que se prevea puedan tener impacto significativo o afectar a los valores naturales del mismo.
Informar posibles ampliaciones del Parque Nacional.
Proponer normas y actuaciones para la más eficaz defensa de los valores del Parque Nacional.
Establecer su propio Reglamento de régimen interior.
1. Esta Ley, que se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de legislación básica de protección del medio ambiente, tiene carácter básico, excepto la disposición adicional segunda, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.
2. Tienen asimismo carácter básico, al amparo del artículo 149.1.13 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, los artículos 5.1.j, 12.3 y 19.
Las Administraciones públicas adoptarán, en un plazo máximo de diez años a partir de la aprobación de la presente Ley, las medidas precisas para adecuar la situación de los Parques Nacionales ya declarados a la entrada en vigor de esta ley a las determinaciones contenidas en los artículos 9 y 13 de la misma, con la excepción de lo relativo a las superficies mínimas establecidas en el artículo 9.1.c. Las Administraciones Públicas promoverán la celebración de acuerdos voluntarios en los casos en que la adecuación afecte a derecho de terceros.
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado .
SISTEMAS NATURALES ESPAÑOLES.
1. Sistemas naturales terrestres españoles a representar en la red de parques nacionales.
Lagunas de agua dulce, carrizales, espadañales y juncales, y herbazales de tabla con encharcamiento temporal.
2. Sistemas naturales marinos españoles a representar en la red de parques nacionales.
Vigente hasta el 27 de diciembre de 2009, fecha de entrada en vigor de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (BOE. núm. 308, de 23 de diciembre de 2009).
Véase Resolución de 3 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley del Estado 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales y Resolución de 28 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley del Estado 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.

References: Artículo 15
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 9
 Resolución 
 Resolución