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Timestamp: 2020-08-07 00:57:55+00:00

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﻿ Sentencia 2001-12145 de octubre 30 de 2013
SENTENCIA 2001-12145 DE 30 DE OCTUBRE DE 2013
CONTENIDO:DAÑO A MIEMBRO DE FUERZA PÚBLICA. NO TODO AMINORAMIENTO A UN DERECHO DE UN MIEMBRO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES TIENE LA CONNOTACIÓN DE IMPUTAR RESPONSABILIDAD AL ESTADO, POR TANTO, PARA QUE PROCEDA LA IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑOS A MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA ES NECESARIO DEMOSTRAR QUE EN LA CAUSACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO HA CONCURRIDO: A) DESCONOCIMIENTO DE REGLAS JURÍDICASB) DESCONOCIMIENTO DE DEBIDA DILIGENCIAC) QUE LOS MEDIOS DE LOS QUE SE DISPONE HAN SIDO DEFECTUOSOSD) QUIEBRE DE CONDICIONES DE IGUALDADE) ACCIONES U OMISIONES QUE SE CONSIDEREN FALLA EN EL SERVICIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, FUERZA PÚBLICA, MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, DAÑO, DAÑO ANTIJURIDICO
Sentencia 2001-12145 de octubre 30 de 2013
Rad.: 25000232000200112145 01
Expediente: 26614
Actor: José Cárdenas Forero y otros
6. Al tenor del Decreto 597 de 1988, por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Sala de Descongestión, en un proceso con vocación de segunda instancia, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, supera la exigida por la norma para el efecto(4).
7. Además de las pruebas aportadas al plenario con el escrito de la demanda, la parte demandante solicitó i) “oficiar a la Fiscalía General de la Nación, despacho 12 Unidad de terrorismo a fin de que envíen copias auténticas de la investigación radicada bajo el número 40.547, donde se investiga el homicidio (...)” y ii) “de las investigaciones realizadas por los hechos ocurridos en las (sic) Estación de Policía Manta Cundinamarca el 18 de septiembre de 1999, en donde perdiera la vida el intendente de la Policía Alberto Cárdenas Forero” (fl. 22, cdno. 2).
8. Respecto a la primera solicitud, en la etapa probatoria el a quo mediante oficio 02-3-744 de julio 24 de 2002 requirió el envío de copia auténtica de la investigación que se desarrolló por los hechos ocurridos el 19 de septiembre de 1999 en la población de Manta (Cundinamarca); posteriormente la Fiscalía General de la Nación - Fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito especializados remitió copia de la investigación preliminar 40.5475(5) que consta de dos cuadernos con 306 y 365 folios. En la que por conducto de la resolución de fecha 15 de agosto de 2000 resolvió suspender provisionalmente y ordenar su archivo, por cuanto no existió mérito para dictar resolución de apertura de instrucción ni resolución inhibitoria.
9. Con relación a la segunda solicitud, igualmente se adelantó investigación disciplinaria preliminar (P-076/99), la cual culminó con el archivo definitivo por considerar que se había producido cosa juzgada, providencia que fue allegada por la parte actora con la demanda (Auto 0323 del 31 de julio de 2001, fl. 24, cdno. pruebas 2).
10. En cuanto al traslado de pruebas, esta Sección ha expresado(6), que aquellas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra la cual se aducen o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquélla, no podrán valorarse. También ha dicho que, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, tales pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en instancia administrativa, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(7).
11. Recientemente la Sección Tercera unificó su jurisprudencia sobre el traslado probatorio de testimonios que han sido recaudados en un proceso extraño al de la jurisdicción, señalando que: i) en principio, para que puedan ser apreciadas dichas pruebas, deberá cumplirse con la ratificación de que trata el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, o prescindirse de dicho trámite tal como lo dispone la aludida norma, esto es, manifestándolo ambas partes mediante escrito autenticado o verbalmente en audiencia; ii) excepcionalmente, los testimonios podrán apreciarse siempre que las partes muestren de forma inequívoca, con los comportamientos por ellas desplegados a lo largo del proceso, que desean que dichos medios de prueba hagan parte del expediente sin necesidad de que sean ratificados; y iii) “cuando la demandada es la Nación, y es una entidad del orden nacional quien recaudó los testimonios con plena observancia del debido proceso, entonces puede afirmarse que la persona contra la que pretenden hacerse valer dichas pruebas, por ser la misma, tuvo audiencia y contradicción sobre ellas. En este caso, se entiende que la Nación es la persona jurídica en cuya cabeza radican las garantías que se pretenden preservar con las previsiones del artículo 229 del Código de Procedimiento Civil y, por lo tanto, también es plausible afirmar que tales prerrogativas no se transgreden cuando se aprecia el testimonio trasladado en las condiciones aludidas”(8).
12. En el presente asunto, como quiera que las pruebas trasladadas de los procesos penales y disciplinarios, fueron recaudados por la Policía Nacional Sijin - Decun y la Fiscalía General de la Nación se dará plena apreciación a los testimonios, los cuales pretenden hacerse valer en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional.
13. Adicionalmente, la sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección(9), reconoció el valor probatorio de todos los documentos aportados al proceso en copias simples, siempre y cuando las mismas hubieran obrado a lo largo del pleito y su veracidad no hubiese sido cuestionada durante las etapas de contradicción. Al determinar que, si bien los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil son aplicables a los procesos de naturaleza contenciosa administrativa que se encuentren en curso, en razón de la integración normativa contenida en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo tales normas deben ser leídas a la luz del artículo 83 superior y de los principios contenidos en la Ley 270 de 1996, referidos a la buena fe y a la lealtad procesal, así como en consonancia con la voluntad del legislador de modificar el modelo probatorio que ha imperado desde la expedición de los decretos-leyes 1400 y 2019 de 1970, que se materializó en las leyes 1395 de 2010, 1437 de 2011 y 1564 de 2012.
14. Con base en las pruebas recaudadas en el proceso contencioso administrativo, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas, que a continuación se relacionan, por ser relevantes para la decisión del presente asunto:
14.1. El 18 de septiembre de 1999, en el área urbana del municipio de Manta (Cundinamarca), siendo aproximadamente las 9:50 p.m., el frente 54 de las FARC-EP al mando de alias “Julio Rincón” con unos 12 integrantes, atacó la estación de Policía, durante unos 15 minutos (informe 380/ Sijin-Decun del grupo de homicidios de la sección de Policía Judicial del Departamento de Policía de Cundinamarca, (fls. 2-4, cdno. pruebas 3).
14.2. Durante la incursión, al IT. Alberto Cárdenas Forero quien se encontraba en servicio y actuaba como comandante de la Estación de Manta (Cundinamarca) se le propinó un disparo de proyectil con arma de fuego en la cabeza, que le causó la muerte(10) (certificado de defunción, fl. 19, cdno. pruebas 2).
14.3. La probable trayectoria del proyectil fue determinada “De atrás hacia adelante, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo” (diligencia de inspección al cadáver del señor Alberto Cárdenas Forero, fls. 70-78, cdno. pruebas 3)(11).
14.4. Al momento de los hechos se encontraban en servicio los siguientes turnos de vigilancia y agentes. Segundo y cuarto turno: AG. Ayala Rueda Sergio (centinela), PT. Henao Bermúdez Jhon Alexander (comandante de guardia); tercero y primer turno: AG. Arango de los Llanos Bernardino (comandante de guardia), AG. Copete Novoa José Darío (centinela); refuerzo de 19:00 a 22:00 horas: PT. Heredia Dimmas Issac (refuerzo como centinela)(12) (Oficio 239 suscrito por el señor subintendente García Rivera Hugo Enrique dando cumplimiento al poligrama 0619 del 071009.D-7, (fl. 286, cdno. pruebas 4).
14.5. Durante la incursión se presentó el hurto del radio marca Motorola GM300 de comunicaciones de la estación. Tal hecho fue investigado por la Fiscalía General de la Nación dando origen al proceso penal en contra del señor Policarpo Guerrero Pineda, que culminó con la condena en su contra por el delito de hurto agravado contra el patrimonio económico de la Policía Nacional (fls. 236-243, cdno. pruebas 4).
14.6. Con anterioridad a los hechos que se investigan, hubo un accionar guerrillero en la jurisdicción de Manta, en la cual resultaron dañados unos equipos de Telecom, y hurtada una volqueta de propiedad del municipio(13).
14.7 Durante la incursión guerrillera resultó herido el civil Luis Enrique Campo Ortiz, quien fue trasladado al hospital San Juan de Dios de Zipaquirá, Cundinamarca (certificación médica expedida por el director del centro de salud de Manta el 19 de octubre de 1999, fl.187, cdno. pruebas 3), hecho por medio del cual las autoridades tuvieron conocimiento del accionar de los insurgentes en el municipio de Manta al ser informados por parte del hospital de la región, quienes recibieron al herido con arma de fuego (fl. 131, cdno. pruebas 4).
14.8. El señor Alberto Cárdenas Forero nació el 27 de mayo de 1959, era hijo de los señores José Cárdenas y Olinda Forero de Cárdenas(14) y hermano de los señores, Zaida Cárdenas Forero, Eulalia Cárdenas Forero, Manuel Salvador Cárdenas Forero, Melba Cárdenas Forero, José Cárdenas Forero, Olinda Cárdenas Forero, Berta Amparo Cárdenas Forero, Nancy Cárdenas Forero, Carolina Cárdenas Forero, Fabio Enel Cárdenas Forero, Nelson Enrique Cárdenas Forero, Edgar Julio Cárdenas Forero, Ramiro Cárdenas Forero, e Ingrid Zeidi Cárdenas Cárdenas(15) (fls.1-15 cdno. pruebas 2).
15. ¿Es viable imputar la responsabilidad al Estado por la muerte del comandante de una estación de Policía quien falleció en desarrollo de un ataque guerrillero? Para la Sala la discusión se cierne sobre si la lesión mortal que afectó a la víctima fue producto del desarrollo de las actividades ordinarias propias de su condición de intendente de la Policía Nacional (extracto hoja de vida, fl. 49, cdno. pruebas 2)(16) en ejercicio de sus funciones y como parte de los riesgos que asume en igualdad con sus compañeros, o si por el contrario los hechos que enmarcaron su fallecimiento determinan que el mencionado comandante asumió una carga desproporcionada, que excedió el ejercicio de las funciones que le habían sido asignadas.
16. La Sala encuentra la existencia de un daño antijurídico en el presente caso, consistente en la muerte del señor Alberto Cárdenas Forero el 18 de septiembre de 1999, mientras se encontraba prestando servicio en la estación de Policía de Manta (Cundinamarca) al recibir un impacto por proyectil “de atrás hacia delante y de arriba hacia abajo” de arma de fuego en la cabeza (protocolo de necropsia 002/99, División de Medicina Legal-Secretaria de Gobierno-Gobernación de Cundinamarca, fls. 70-75, cdno. pruebas 1). Tal hecho se califica como daño antijurídico como quiera que se trata de la afectación a un interés legítimo respecto del cual la víctima no tenía el deber jurídico de soportar, por ser un obrar atentatorio del primigenio derecho humano a la vida.
El régimen de responsabilidad por daños causados a miembros de la fuerza pública
17. El criterio para determinar la responsabilidad del Estado en este campo específico ha estado dominado por la noción de actividad riesgosa, para sostener que el personal militar, policial y afín, en el ejercicio de sus funciones, asumen una serie de riesgos propios del servicio.
18. En este sentido, a los miembros de los cuerpos de defensa y seguridad del Estado les es exigible el cumplimiento de deberes cualificados de defensa de la “soberanía, independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional” al igual que les corresponde velar por el “mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas” conforme a los postulados constitucionales (C.P., arts. 217 y 218); es así como el cumplimiento de tales fines legítimos trae por consecuencia que en diversos eventos se exija de los miembros de los órganos de seguridad la ejecución de actividades que, en pro del bienestar general y la seguridad, concitan una amenaza de lesión a uno o varios intereses jurídicamente tutelados para los agentes del Estado.
19. A este respecto, el precedente de la corporación ha sostenido que en cada caso deben precisarse las actividades que ejercen los miembros de la fuerza pública para determinar el nivel del riesgo al que se expone el agente del Estado, en los siguientes términos:
“También corresponde advertir que no todos los integrantes de la Fuerza Pública asumen los mismos riesgos y que por esa razón, a efectos de determinar en un evento concreto ese ‘riesgo profesional’, necesariamente ha de tenerse en cuenta la naturaleza de las funciones, la de las actividades y la de la misión que al momento de los hechos le correspondía ejecutar, de conformidad con la labor escogida y la institución a la cual se vinculó”(17).
20. En cualquier caso, es pertinente decir que los riesgos ordinarios que se presenten con ocasión de la actividad desplegada por los miembros de la fuerza pública no pueden ser de tal connotación que impliquen una renuncia de los derechos humanos y/o fundamentales; esto es, los mismos no pueden constituir una afectación desproporcionada a los derechos que les son inherentes al ser humano solo por la mera condición de serlo y ser partícipe de un Estado Social de Derecho. Desde la perspectiva del test de proporcionalidad y a través de cada uno de sus subprincipios se observa: i) que las actividades que despliega la fuerza pública son idóneas en tanto que persiguen la realización de un fin legítimo de orden constitucional expreso, como es la defensa de la soberanía, la libertad y el aseguramiento del ejercicio de los derechos y libertades públicas; ii) los riesgos ordinarios asumidos por los miembros de la fuerza pública son necesarios, en tanto que, acorde a la realidad de nuestra sociedad, se hace imperiosa la existencia de cuerpos militares y policiales que hagan frente a las acciones tendientes a afectar el orden institucional, la democracia y los derechos y libertades de los individuos(18).
21. En consonancia con lo anterior, los fines perseguidos corresponden a intereses de carácter difuso por cuanto no puede identificarse a una persona o grupo determinado como beneficiario y/o titular de tales prerrogativas, sino que los mismos residen en cabeza de todo el colectivo social. Empero, los derechos afectados con tales medidas son principalmente la vida e integridad física y mental de los miembros de la fuerza pública, que a su vez se constituyen en derechos inherentes al ser humano y que son reconocidos por diversos pactos de derechos humanos en el universo normativo.
22. En este orden de ideas se observa que por una parte, el reconocimiento y respeto por los derechos humanos se constituye como elemento básico en la construcción de los Estados contemporáneos, pero a su vez, se tiene que, a partir de una perspectiva real, es condición necesaria que existan cuerpos armados del Estado que garanticen el orden institucional, las libertades y derechos de los ciudadanos.
De manera que, será proporcional y constituirá un riesgo ordinario asumido por los miembros de la fuerza pública los peligros que entrañe su función, siempre que i) la actividad desplegada esté acompañada de la adopción de las medidas técnicas y tácticas necesarias para la salvaguarda de sus derechos; ii) se enfrenten a riesgos anónimos, esto es, que sean generales y no que particularmente sean padecidos por un sujeto o grupo singular, y iii) se cuente con la formación profesional adecuada para afrontar los mismos(19).
23. Ahora bien, en consideración a las funciones que desempeñan los miembros de la fuerza pública, y su exposición a riesgos especiales, se han adoptado medidas legislativas de orden laboral, fundadas en un criterio de igualdad material (art. 13 superior), en las cuales se establece un régimen diferenciado de prestaciones sociales, encontrándose entre ellas la denominada indemnización a forfait. Respecto de la constitucionalidad de estas medidas, la jurisprudencia constitucional ha precisado:
“La existencia de prestaciones especiales a favor de los miembros de la fuerza pública, lejos de ser inconstitucionales, pretenden hacer efectivos los principios de igualdad material y equidad, a partir del establecimiento de unas mejores condiciones que permitan acceder a un régimen pensional más benéfico en tiempo, en porcentajes o en derechos, en aras de equilibrar el desgaste físico y emocional sufrido durante un largo periodo de tiempo, por la prestación ininterrumpida de una función pública que envuelve un peligro inminente. Pero no se trata de reconocer privilegios o prerrogativas que desborden el contenido prestacional de la garantía a la seguridad social, es decir, la regulación especial que para el efecto establezca, debe enmarcarse dentro del fin constitucional que cumplen los preceptos superiores que la autorizan (C.P., arts. 150, num. 19, lit. e) y 217 y 218), y, además, debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa”(20).
24. En este sentido el forfait de pensión o la indemnización a fortait se entiende como aquella prestación social especial, de carácter laboral, que se aplica en favor de los miembros de la fuerza pública cuando les sobrevienen graves lesiones o muerte con ocasión del cumplimiento de los actos de servicio; en otras palabras, cuando el acto lesivo ha tenido lugar en razón a los riesgos ordinarios que la función implica. Por tal razón, dicha figura jurídica no es asimilable con la indemnización de perjuicios que se decreta en sede judicial, pues mientras la primera opera por virtud de la ley y en razón a la existencia de una vinculación laboral especial, la segunda, esto es, la indemnización de perjuicios, tiene su aplicación en los casos en que se precise que el siniestro ha tenido lugar ora por una falla del servicio o bien por haber existido una conducta de la administración que generó una situación de riesgo excepcional para la víctima; por tal razón dichas figuras no son excluyentes ni tampoco la una afecta el reconocimiento y pago de la otra. Al respecto es preciso traer a colación la posición de la Sala sobre la materia:
“De suyo, la relación laboral engendra una serie de derechos autónomos, independiente de que el funcionario o sus causahabientes, herederos o beneficiarios, según el caso, puedan invocar una indemnización plena y ordinaria de perjuicios en caso de lesión invalidante o de muerte; máxime cuando este resarcimiento pecuniario nada tiene que ver con esa prestación de servicios subordinados. (...) O sea, que a través de ese reconocimiento no se les está otorgando ninguna indemnización a esas personas, sino simplemente pagándoles unas prestaciones sociales a las que tienen vocación por razón del nexo laboral de su causante. En cambio, la indemnización de perjuicios que se les reconoció separadamente en el proceso citado, tiene su origen y fundamento en la falla de servicio que produjo la muerte del agente. O sea, que en el primer supuesto la obligación deviene de la ley y se sustenta en la relación laboral del causante; en el segundo, nace la responsabilidad que le compete a la administración pública en la muerte de aquel, por una falla del servicio. En ese orden de ideas, no es dable el descuento impetrado por la entidad recurrente(21).
25. Con fundamento en las anteriores precisiones, se tiene que no todo aminoramiento a un derecho de un miembro de la fuerza pública en el ejercicio de sus funciones tiene la connotación para enervar, per se, la responsabilidad del Estado en razón a la protección legal de las contingencias ordinarias que surjan en contra de los miembros de la fuerza pública por medio de la indemnización a forfaít(22). Es por tal motivo, que se diluye la atribución al Estado de la responsabilidad por los daños causados en razón a que se ha afrontado un riesgo ordinario.
26. Por tal razón, para que sea procedente la imputación de responsabilidad del Estado por daños a miembros de la fuerza pública, es necesario demostrar que en la causación del daño antijurídico ha concurrido, a manera enunciativa: i) un desconocimiento de las reglas jurídicas y/o técnicas que reglan el ejercicio de la profesión riesgosa; ii) que no se obró con la diligencia o el cuidado debido en la planeación de las acciones a emprender; iii) que los medios de los que se dispone han sido defectuosos; iv) que se haya producido un quiebre en las condiciones de igualdad entre los mismos integrantes del cuerpo armado: “el principio de la igualdad siempre debe mirarse referido a quienes se encuentran en condiciones de igualdad, en este caso frente a los demás miembros del cuerpo armado” y no frente a los demás ciudadanos ajenos a dichas actividades. Por lo tanto, si bien es cierto que es deber del Estado proteger la vida de todas las personas se predica también en relación con los miembros de los cuerpos armados, la asunción voluntaria de los riesgos propios de esas actividades modifica las condiciones en las cuales el Estado responde por los daños que éstos puedan llegar a sufrir(23); o v) cualquier clase de acción u omisión que se consideren como constitutivas de falla del servicio(24).
27. Por último, la Sala también ha acogido el criterio del riesgo excepcional como título de imputación en esta clase de asuntos, cuando se demuestre que el obrar de la administración ha sido legítimo, empero, en el desarrollo de tales actuaciones se ha presentado una lesión para un miembro de la fuerza pública, como quiera que el acto dañoso ha afectado singularmente a un sujeto, ubicándolo en una situación de desproporcionada vulneración de derechos respecto de otros ciudadanos que comportan condiciones fácticamente análogas.
Análisis caso en concreto
28. Del acervo probatorio disponible se logra inferir que en efecto el día 18 de septiembre de 1999, hacia las 9 p.m., ocurrió una incursión guerrillera atribuida al Frente 54 de las FARC-EP en el municipio de Manta (Cundinamarca). En este sentido el testimonio del alcalde(25), los panfletos encontrados alrededor de la estación, las pruebas de balística, los testimonios de los vecinos(26) y la lesión a un civil(27) dan cuenta de ello. Si bien este hecho fue puesto en duda por la parte actora al argüir, de una parte, que resultaba inexplicable que la toma se hubiera presentado sin que hubiese sido informada por los medios de comunicación, y de otra, que algunos lugareños no tuvieron conocimiento de dicha confrontación, lo cierto es que la misma duró un corto periodo de tiempo (10 a 15 minutos aproximadamente)(28) y su único objetivo fue la estación de policía.
29. En el mismo sentido, los testimonios de los agentes rendidos en el curso de la investigación penal y bajo la gravedad del juramento(29), ponen en evidencia que al percatarse del ataque guerrillero, algunos de ellos(30) salieron disparando desde sus alojamientos hacía el exterior, pero por el corredor, lugar en el que se encontró el cuerpo del comandante, junto a la puerta de salida de su propia habitación, donde presumiblemente se encontraba descansando.
30. En su primera declaración, al día siguiente de los hechos, el AG. Copete Novoa José Darío relató:
Yo me encontraba durmiendo porque hacía primer turno de vigilancia, como a eso de las nueve y media o diez de la noche, se escuchó una plomacera y en esos momentos uno de los compañeros que estaba afuera gritó se nos metieron, mientras yo me coloqué las botas y me coloqué los arreos creo que pasaron unos tres a cinco minutos, por que es difícil decir esaptamente (sic) cuanto porque el susto y el pánico lo confunden, el compañero agente Arango, que también realizaba primero (sic) turno salió a puerta primero que yo, e izo (sic) una ráfaga hacia fuera desde más o menos la entrada del lavadero, en ese momento reaccioné yo también hice unos disparos no se cuantos hacia fuera o la calle por el corredor fue cuando vi que el patrullero Heredia, que se encontraba centinela afuera fue y corrió hacia el corredor, hacia el alojamiento, antes de entrar o dentro del alojamiento, hizo otros disparos hacia fuera (sic), ya en ese momento iba a bajar por un hueco en la parte trasera del comando pero escuchamos que también nos estaban disparando por atrás, fue cuando nos volamos por un hueco en la parte lateral del comando que son unas sanjas (sic) de arrastre que se están construyendo hasta ahora, ya en ese momento fue cuando salimos a la sanja (sic) de arrastre al parecer nos encontramos alguien dijo no sé quién abrámonos por ue (sic) estos no ban (sic) agarrar a punta de cilindros de gas, fue cuando nos escapamos por encima de unos bujes y llegamos hasta la casa de un señor que creo que se llama Crisanto, no sé el apellido hay (sic) fue cuando nos dimos cuenta que faltaba el señor Intendente Cárdenas, esperamos mas o menos una hora que se calmara un poco y ya que no se escucharon más disparos regresamos al comando a buscar al intendente Cárdenas, unos nos quedamos afuera por seguridad y creo que fue el Agente Ayala el que descubrió que habían matado a mi sargento, parece que él mismo le quetó (sic) el fucil (sic) y el revolver, seguido de eso nos fuimos para la casa del señor Alcalde (...)(31). (resaltado fuera de texto).
31. La declaración del AG. Bernandino Arango acredita que los agentes dispararon, intentando repeler el ataque y protegerse, desde el interior de la estación por el corredor.
“Preguntado: Sírvase manifestar a esta Unidad si presume o sabe el motivo por el cual ha sido llamado a rendir la presente diligencia. Contesto: Debido al suceso de la toma a la Estación de Policía de Manta el día de ayer en las horas de la noche, cuando me encontraba durmiendo por que (sic) tenía que realizar 1 turno de comandante de guardia. Obiamente (sic) me desperté por el tiroteo que se estaba presentando contra la estación, cogí mi armamento y salí a reaccionar aproximadamente a unos 10 metros del alojamiento por el pasillo de la Estación, cuando vi una serie de personas que venían hacia la estacón (sic) las cuales no pude identificar por la posición en que se encuentra la trinchera disparé en repetidas ocasiones posteriormente me devolví ingresando al alojamiento y buscando la sanja (sic) de arrastre para evacuar la estación en compañía de mis compañeros y logrando salir de esta y atrincherándome en la sanja (sic) de arrastre de la parte trasera y esperar haber (sic) qué seguía sucediendo y al cabo de unos 45 minuto (sic) ingresamos nuevamente a la estación en busca del comandante cuando lo encontramos muerto(32).
32. Por su parte, el patrullero Heredia Dimas Isaac, también manifestó que disparó al interior de la estación en el corredor.
“(...) me encontraba, presentando servicio con los señores patrullero (sic) Henao Bermúdez John Alexander y el señor Agente Ayala Rueda, como a eso de las nueve y media o diez y cuarenta y cinco de la noche me encontraba situado en la parte derecha de la guardia, más exactamente en el jardín, mi compañero Henao Bermúdez, se encontraba sentado en una esquina del parque de la localidad, pero cerca a la entrada principal del comando, cuando de repente vi que Henao, reaccionó corriendo hacia la estación, y montando el fusil, de inmediato comenzaros (sic) a dispararnos, empezamos a repeler el ataque y decidí ingresar corriendo por el pasillo, para llamar a mis compañeros que se encontraban descanzando (sic) para realizar el primer turno de seguridad, estaban durmiendo los señores agentes Arando de los Llanos Bernardino y Copete Novoa, cuando estaba ingresando al alojamiento de los citados, ellos ya tenían los arreos encima y el armamento en la mano, me desplacé al final del alojamiento para quitar la tapa, del bunker que estábamos construyendo, pero se escucharon disparos desde la parte trasera de la estación, en vista de esto opté por no ingresar al bunker, si no que hice varios disparos desde donde me encontraba y decidí salir por la zanja de arrastre, en el momento que iba cruzando el pasillo, alcancé a ver una silueta de la parte de la guardia de la estación, más exactamente en la parte derecha, me agaché estando ubicado en la parte derecha del alojamiento alineé la persona que se movía allí, y le hice dos disparos, pero se me escondió y no hice blanco en él, fue cuando en ese momento decidí salir por la zanja de arrastre (...)(33) (resaltado fuera de texto).
33. Como puede observarse, los agentes que se encontraban al interior de la estación y los que estaban afuera intentaron repeler el ataque desde el lugar en que los sorprendió, buscando llegar a la parte posterior de la estación, donde estaban los otros compañeros, e intentaron cumplir el protocolo “plan defensa” que consistía en que, ante la inminencia de un ataque y la amenaza creíble del uso de cilindros de gas contra la edificación, se dirigieran hacia las zanjas de arrastre que se encontraban en la parte exterior/posterior de la estación. Allí se encontraron los cinco agentes, salvo el comandante.
34. Sobre la hipótesis de las supuestas relaciones de enemistad entre el comandante y sus subordinados planteadas por la parte actora, del análisis del acervo probatorio se concluye todo lo contrario, los agentes en sus declaraciones juradas narraron las sólidas relaciones de afecto y compañerismo que guardaban con su superior, declaraciones en las cuales no se vislumbran contradicciones ni matices que lleven a la Sala a dudar de su dicho(34).
35. En suma, el 18 de septiembre de 1999 el frente 54 de las FARC-EP atacó la estación de policía de Manta, dando lugar a una confrontación armada con los integrantes de la Policía Nacional que se encontraban en su interior y que reaccionaron intentando repeler el ataque con sus armas de dotación, hasta que cesaron los hostigamientos. La muerte del I.T. Cárdenas se produjo en medio de dicha confrontación, sin que exista dentro del expediente una prueba que acredite, en forma fehaciente, exactamente de dónde y de quién provino el disparo que le produjo el fatídico hecho.
36. En efecto, el relato que realizó el coronel Jesús Antonio Marín en el marco del proceso penal que se adelantó para investigar el hurto del radio de comunicaciones de la estación, el día de los hechos, evidencia la incerteza que rodea la autoría del disparo sobre la humanidad del I.T. Cárdenas.
“En relación con los hechos sucedidos efectivamente se pudo evidenciar que hubo un hostigamiento contra la estación de Policía desde unos tres sitios que estaban ubicados a unos cien metros de la estación sobre el parque principal del municipio desde donde los sujetos de la guerrilla dispararon contra la policía y se evidenció también algunos impactos en diferentes partes de la estación causados con arma de fuego. De igual manera en la puerta de la habitación asignada al intendente Cárdenas se observó el cadáver del intendente el cual estaba en posición de de (sic) cúbito dorsal en traje de uniforme y estaba impactado en la cabeza con desplazamiento de la masa cerebral efectuando una inspección del sitio es posible que al mencionado intendente lo hubiera impactado una bala disparada desde la parte exterior de la estación de otra parte los seis uniformados que se encontraban ejecutaron el plan defensa efectuaron algunos disparos y minutos después abandonaron transitoriamente la estación momento que aprovecharon los delincuentes para hurtansen (sic) el radio de comunicaciones asignado a dicha estación policial”.
37. Desde esta perspectiva, el disparo que causó la muerte del mencionado comandante pudo provenir i) del fusil de algún integrante del grupo armado ilegal, quienes, al disparar indiscriminadamente contra la estación, pudieron cercenar la vida, en servicio y por causa y razón del mismo, de la víctima; ii) de los agentes, quienes ejecutando “el plan defensa”, repelieron el ataque y dispararon hacia el corredor de la estación, donde se encontraba el comandante.
38. Ahora bien, las pruebas de balística y sus informes, dan cuenta de ambas posibilidades sin que consiga determinarse, con el suficiente grado de certeza, de dónde provino el proyectil mortal. En efecto, la primera hipótesis resulta avalada con el informe de balística rendido por el técnico de balística (Ofi. 1712/U.I.E.P.J. Sijin Decun de noviembre 3 de 1999, fls. 281-296, cdno. pruebas 2) en el que se señala: i) en los alojamientos del comandante y subcomandante de estación “no se hallaron evidencias de impacto, ni de cuerpos sólidos como proyectiles, fragmentos de proyectiles, vainillas, etc”; ii) en el pasillo interior “ubicado en la margen central de la edificación y da acceso a los diferentes compartimientos de la misma” en ellos se encontraron seis trayectorias de impacto con armas de fuego:
“Trayectoria uno: De adentro hacia afuera, de norte a sur, de derecha a izquierda, (situación de espaldas al alojamiento del personal subalterno) y de abajo hacia arriba. La anterior trayectoria es igual para los impactos rotulados como: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 y 12. Impactos ocasionados por proyectiles disparados con armas de fuego.
Localización: Los impactos 1 y 2 se hallan sitiados (sic) en la parte alta, posterior a la puerta de entrada en la cocina, pared izquierda del pasillo (situación de espaldas al alojamiento del personal subalterno). Impacto Nº 3 localizado en la parte inferior de la pared izquierda del pasillo. (...) Impacto Nº 4 situado en el lado izquierdo parte superior del marco de la puerta de acceso a la sala-comedor. (...) Impacto Nº 5 situado en el lado derecho parte media inferior del marco de la puerta de acceso a la sala-comedor. Impacto Nº 6 localizado en la parte inferior posterior a la puerta de acceso a la sala-comedor, pared izquierda del pasillo (...) Impacto Nº 7 localizado en la parte media superior de la parte izquierda del pasillo (...) Impacto Nº 8 localizado en la parte media superior de la pared izquierda del pasillo (...) Impacto Nº 9 localizado en la parte superior de la pared izquierda del pasillo (...) Impacto Nº 10 localizado en la parte superior de la pared izquierda del pasillo. Impacto Nº 11 localizado en la parte media superior de la pared izquierda del pasillo (...) Impacto Nº 12 localizado en la parte superior de la pared izquierda del pasillo.
Trayectoria dos: De afuera hacia adentro, de sur a norte, de derecha a izquierda (situado de frente a las instalaciones del comando de policía) y de arriba hacia abajo. La anterior trayectoria es igual para los impactos rotulados como: 13, 14 y 15. Impactos ocasionados por proyectiles disparados con armas de fuego.
Localización: ubicados en el corredor.
Trayectoria tres: de adentro hacia afuera, de norte a sur, de derecha a izquierda (situación de espaldas al alojamiento del personal subalterno) y de abajo hacia arriba. La anterior trayectoria es igual para los impactos rotulados como: 16,17,18,19,20,21,22,23, 24 y 25. Impactos ocasionados por proyectiles disparados con armas de fuego.
Localización: dispersos y situados en la base de la plancha, parte del pasillo, contigua a la entrada principal del comando de Policía de Manta.
Trayectoria cuatro: De adentro hacia afuera, de norte a sur, de derecha a izquierda (situación de espaldas al comando de Policía de Manta) y de abajo hacia arriba. La anterior trayectoria es igual para los impactos rotulados como: 26, 27 y 28. Impactos ocasionados por proyectiles disparados con armas de fuego.
Localización: situados en la parte media superior de la trinchera principal, que resguarda la entrada al comando de Policía de Manta.
Trayectoria cinco: de afuera hacía adentro, oriente hacia el occidente de de (sic) izquierda a derecha (situación de frente al comando de Policía de Manta) y de arriba hacia abajo. Impacto rotulado como 29 y ocasionado con proyectil disparado con arma de fuego.
Localización: En la parte media superior cara exterior, de la trinchera que resguarda la entrada principal al comando de Policía de Manta Cundinamarca.
Trayectoria seis: de afuera hacia adentro, de sur a norte, de derecha a izquierda (situación de frente al comando de Policía de Manta) y de abajo hacia arriba. La anterior trayectoria es igual para los impactos rotulados como: 30 y 31 impactos ocasionados por proyectiles disparados con arma de fuego.
Localización: situados en la parte alta de la columna del lado derecho (situación de frente al comando de Policía de Manta) de la entrada principal al comando de Policía de Manta”.
39. De conformidad a las trayectorias trazadas por los proyectiles y su dirección, se observa que el disparo que causó la muerte del I.T. Cárdenas venía con una trayectoria de “izquierda a derecha y de arriba hacia abajo” según consta en el informe de necropsia, y dado que dichas trayectorias correspondían a los disparos provenientes del exterior de la edificación, huelga concluir que estos fueron hechos por la guerrilla.
40. No obstante, este resultado experticio no arroja las mismas conclusiones a las que llegó el dictamen rendido por el perito balístico (Ofi. de mayo 17 de 2000, Labal-772, por Alveiro Millán Díaz), que respalda la segunda hipótesis, y que configura la principal prueba de la parte actora en la que se consagra:
“3.1. En lo referente al primer interrogante que a la letra dice “Trayectoria del disparo mortal” (...) el orificio de entrada producido por proyectil disparado por arma de fuego ubicado en el lado izquierdo del marco de la puerta de acceso a la sala comedor de dicha estación, el cual presenta trayectoria de adentro hacia fuera de la estación, de abajo hacia arriba; ubicado en el sitio de origen de este y de los impactos relacionados, el pasillo del alojamiento de agentes y nivel ejecutivo, existiendo la posibilidad que uno de los disparos que originó los impactos relacionados haya impactado en la humanidad del hoy occiso IT. Alberto Cárdenas Forero. (...)
3.4. En relación al cuarto interrogante que a la letra dice “Ángulo de disparo” a lo cual le informo al despacho que para tratar de establecer el posible ángulo de disparo desde donde se realizó el disparo que le causó la muerte al señor IT. Alberto Cárdenas Forero, se procedió a ubicar dos posibles tiradores en la esquina de la carrera 6 frente al número 2-03 la cual se encuentra a 68,65 metros de distancia con relación a la Estación de Policía, tanto al lado izquierdo como el derecho, siendo factible que desde dichos lugares se hayan podido realizar disparos hacia la Estación, imposibilitando demarcar una trayectoria con plena certeza con relación a la puerta del alojamiento del hoy occiso IT. Cárdenas; en razón a que para el día de realizada esta diligencia judicial las trincheras habían sido modificadas en cuanto a su altura con relación al día que sucedieron los hechos.
Teniendo en cuenta lo expuesto en la respuesta al primer interrogante, es factible que el disparo que le cegó la vida al hoy occiso IT. Alberto Cárdenas Forero se haya producido desde el interior de la estación, con ángulo de disparo desde el pasillo del alojamiento del personal de agentes y nivel ejecutivo”.
41. Con relación a éste último peritazgo la Sala advierte que: i) la prueba no es concluyente con relación al ángulo de trayectoria del disparo que cegó la vida de la víctima, por cuanto las trincheras habían sido modificadas y por ende, la trayectoria desde el exterior no pudo ser analizada; ii) la trayectoria que avala el informe de balística es entonces por defecto, aquella que señala que la dirección del proyectil que causó la muerte del entonces comandante provino del interior de la estación, empero, el perito pasa por alto que dichas trayectorias tienen como denominador común que son de abajo hacia arriba, mientras que el proyectil que impactó en la cabeza del comandante era, como ya se ha hecho hincapié de arriba hacia abajo.
42. A lo anterior se suma una tercera hipótesis que recorre el expediente y que consiste en la versión inicialmente ofrecida por el señor Policarpo Guerrero en el transcurso del proceso penal que se le inició por el hurto del radio de comunicaciones de la estación el día en mención, y que le atribuye a una guerrillera el ingreso por medio de una ventana a la estación, el hurto del radio, el disparo al comandante y su salida del lugar. En respaldo de esta posibilidad se encuentran los testimonios de personas que se encontraban en los alrededores de la estación el día de los hechos como son el señor Marcelino Moreno Gutiérrez(35), propietario de una tienda cercana a la estación, así como otros residentes del municipio(36).
43. Son varias las razones por la que esta última versión genera una alta credibilidad: i) en la habitación que se encontraba el radio (sala de radio), efectivamente había una ventana(37) y ella daba hacia la parte delantera de la edificación, por donde se inició la confrontación por parte de los guerrilleros; ii) desde la sala de radio había visibilidad hacia la puerta del alojamiento del comandante en el corredor(38); iii) los agentes que se encontraban en la parte delantera de la estación tuvieron la sensación de que alguien había ingresado a la estación, aunque luego consideraron que nadie lo hizo; iv) la trayectoria del proyectil letal coincide con la trazada como probable “de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo” (diligencia de inspección al cadáver del señor Alberto Cárdenas Forero, fls. 70-78, cdno. pruebas 3)(39)
44. Pese a ello, lo cierto es que ante la incriminación de colaboración con la guerrilla y la comisión del delito de terrorismo, el señor Policarpo Guerrero Pineda se retractó de su dicho y se autoincriminó de ser el único responsable del hurto del radio(40), por lo cual finalmente sería condenado.
45. Así las cosas, con respecto a las tres hipótesis reseñadas, huelga concluir que con el material probatorio que obra en el proceso, tras su valoración, solo es posible afirmar que el IT. Cárdenas falleció en medio de una confrontación armada contra el enemigo, en actos del servicio por causa y razón del mismo, sin que se constatasen irregularidades en el plan defensa ejecutado por los policiales, ni tampoco que el comandante hubiese sido sometido a una situación que excediera aquella a la que fueron supeditados sus subordinados, por lo cual, el siniestro que se presentó no tuvo lugar a partir de la existencia de una falla del servicio por parte de la administración.
46. Es por esta razón que la Sala considera que la muerte del señor Cárdenas tuvo lugar dentro de los riesgos ordinarios que se presentan en el desarrollo de las actividades policiales, de manera que tales afectaciones están cubiertas por la indemnización a forfait que fue pagada a favor de la esposa y los hijos del fallecido.
47. Por todo lo anterior, y en virtud de los anteriores argumentos con los que se decide el recurso de apelación interpuesto por los demandantes, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia la cual denegó las súplicas de la demanda.
48. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a la imposición de costas, en atención a que no se observa en el presente caso actuación temeraria por ninguna de las partes.
49. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
1. CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A el veintiséis (26) de noviembre de 2003 por medio de la cual se negaron las súplicas de la demanda.
4. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.
(4) En el capítulo relativo a la estimación razonada de la cuantía, la parte actora señaló que la pretensión mayor, correspondiente al lucro cesante, ascendía a $108.658.562 m/cte. Por estar vigente al momento de la interposición del recurso de apelación que motiva esta sentencia, se aplica en este punto el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que dispone que la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 2001 fuera de doble instancia, debe ser superior a $26.390.000.
(5) Oficio D16-244 con fecha marzo 7 de 2003 (fl. 65. cdno. 2).
(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, sentencia de 14 de abril de 2010, Rad. 05001-23-31-000-1993-00588-01 (17805), actor: Luz Mila Zapata de Carvajal y Otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional.
(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera-Sala Plena, C.P. Danilo Rojas Betancourth, sentencia de 11 de septiembre de 2013, Exp. 20601, Rad. 41001-23-31-000-1994-07654-01, actor: María del Carmen Chacón y Otros.
(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Escobar.
(10) La causa de muerte fue por “Shock neurogénico secundario a lasceración cerebral, mitad anterior del hemisferio izquierdo y parte anterior y basal del lóbulo frontal del hemisferio derecho, secundario herida por proyectil de arma de fuego” (protocolo de necropsia 002/99, fl. 72).
(11) Acta de levantamiento de cadáver Nº 001, del 190999, por parte del alcalde municipal en coordinación con la seccional de policía judicial.
(12) El refuerzo de centinela de 22:00 a 01:00 horas era PT. Méndez Bermúdez Nelson Libardo y se encontraba fuera de la estación en permiso (Ofi 239 suscrito por el señor subintendente García Rivera Hugo Enrique dando cumplimiento al poligrama 0619 del 071009.D-7, fl. 286, cdno. pruebas 4).
(13) Según testimonio del alcalde señor Juan José Ayala Sánchez (fl. 66., cdno. pruebas 4).
(14) Quienes son cónyuges, según partida de matrimonio obrante en el folio 18 del cuaderno 2 del expediente. (fl. 18, cdno. 2.).
(15) Al revisar el parentesco presentada (sic) con la señora Zeidi Cárdenas Cárdenas, según registro civil, se evidencia que es sobrina del hoy occiso señor Alberto Cárdenas Forero.
(16) Ascendido a subcomisario en forma póstuma, mediante la Resolución 3862 de 8 de noviembre de 1999. (fl. 23, cdno. pruebas 2).
(17) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 4 de febrero de 2010, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicado: 27001-23-31-000-1998-00244-01 (18371).
(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subseccion C, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia de 7 de julio de 2011, Rad. 50001-23-31-000-1994-04514-01(19754), actor: Cielo Clemencia Garzón.
(19) lbídem.
(20) Corte Constitucional, Sentencia C-432/2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(21) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de febrero de 1995. C.P. Carlos Orjuela Góngora, Rad. S-247. En el mismo sentido: “Si un agente del Estado con causa y por razón del ejercicio y por los riesgos inherentes a este sufre accidente y sobrevive tiene derecho a las prestaciones laborales predeterminadas en la legislación laboral; pero si fallece son sus beneficiarios los que tienen el derecho a esas prestaciones. Este tipo de responsabilidad ha sido denominado “a forfeit”. Pero, si el agente del Estado sufre un accidente por la conducta falente o culposa de la misma persona que es su patrono pero en “forma independiente a la prestación ordinaria o normal del servicio” y/o “por fallas del servicio ajenas al trabajo profesional propio del agente” tiene derecho a solicitar la declaratoria de responsabilidad del Estado, por medio de la acción respectiva...”. Sentencia de 7 de agosto de 2000, C.P. María Elena Giraldo Gómez, Exp. 12544.
(22) En este sentido: “El mismo ordenamiento jurídico, se ha encargado de establecer un régimen prestacional de naturaleza especial, que reconozca esa circunstancia de riesgo connatural a las actividades que deben desarrollar estos servidores públicos, cuando quiera que resulten lesionados o muertos en razón y con ocasión del cumplimiento de sus funciones, por lo cual se puede afirmar que, desde este punto de vista, los miembros de tales instituciones se hallan amparados de un modo que generalmente excede el común régimen prestacional de los demás servidores públicos, en consideración al riesgo especial que implica el ejercicio de las funciones a su cargo. (...) En esa medida, cuando el riesgo se concreta y el servidor público —agente de Policía, soldado, etc.— sufre lesiones o encuentra la muerte cuando se hallaba ejerciendo sus funciones y por razón de las mismas, surge el derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales consagradas en el régimen laboral especial al que está sujeto...”. Sentencia de 3 de mayo de 2007, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, rad. 68001-23-15-000-1995-01420-01 (16200).
(23) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, sentencia de 28 de 2010 (sic), Rad. 73001-23-31-000-1998-02091-01 (17882), actor: Abdul Lenis y otros.
(24) Sentencia de 26 de febrero de 2009, C.P. Enrique Gil Botero, Rad. 68001-23-15-000-1999-01399-01 (31842).
(25) Testimonio juramentado rendido por el Señor Juan José Ayala, alcalde del municipio de Manta el 29 de septiembre de 1999 (fl. 20, cdno. pruebas 3).
(26) Respaldan la existencia de la confrontación, el cruce de disparos y la presencia de guerrilleros las declaraciones rendidas el 24 de abril de 2000 en el marco del proceso penal, por parte de algunos comerciantes como la de Marcelino Moreno Gutiérrez, (fl. 144, cdno. pruebas 4) quien se encontraba en su negocio, la de Lucy Aurora Escobar Rodríguez, de la misma fecha, quien también tenía un puesto ubicado diagonal al comando de Policía (fls. 146-147, cdno. pruebas 4), Miguel A. Méndez Quiroz quien se encontraba en compañía del alcalde (fls. 148-150, cdno. pruebas 4).
(27) El señor Luis Enrique Ocampo Ortíz resultó herido durante la confrontación. Declaración juramentada rendida el 5 de octubre de 1999 (fls. 195 y ss., cdno. pruebas 4).
(28) Los vecinos coinciden en que la confrontación no sobrepasó los 15 minutos, aunque; en la declaración rendida por el AG. Sergio Ayala Rueda (fl. 146, cdno. pruebas 1) se contabilizan de 30 a 45 minutos el tiempo en el que los policiales estuvieron resguardados.
(29) Proceso penal por homicidio con fines terroristas adelantado por la Fiscalía Especializada Delegada ante la Sijín Decun iniciada para investigar la muerte del I. Alberto Cárdenas Forero. Prueba trasladada, cuaderno pruebas 2.
(30) Al momento de los hechos se encontraban en el interior de la estación, además del Intendente que falleció, los agentes Bernardino Arango de los Llanos, Jhon Alexander Henao Bermúdez, José Darío Copete Novoa, Isaac Heredia Dimas y Sergio Ayala Rueda, los cuales resultaron ilesos.
(31) Testimonio rendido bajo la gravedad del juramento el 19 de septiembre de 1999, en el marco del proceso penal, por homicidio con fines terroristas adelantado por la Fiscalía Especializada Delegada ante la Sijín Decun iniciada para investigar la muerte del I. Alberto Cárdenas Forero (prueba trasladada, cdno. pruebas 2).
(32) Testimonio juramentado del AG. Bernandino Arango de fecha 19 de septiembre de 1999, rendido ante la Sección de delitos contra la vida de la Policía Judicial del Departamento de Policía de Cundinamarca (fls. 28 y 29, cdno. pruebas 2).
(33) Declaración juramentada rendida el 6 de octubre de 1999 por el patrullero Heredia Dimas Isaac ante la Sección de delitos contra la vida de la Policía judicial del Departamento de Policía de Cundinamarca (fl. 137, cdno. pruebas 2).
(34) “Preguntado: Sirvaser (sic) manifestar a la Unidad, si el señor Intendente Cárdenas Forero Alberto, tuvo algún disgusto o problema días antes de su muerte con alguno de sus compañeros, y por este motivo lo hubiese castigado o sancionado. Contesto: no, no hubo castigados ni sancionados, los llamados de atención era por el aseo del armamento, por el aseo de las dependencias, y por un buen servicio” Declaración juramentada rendida por el patrullero Méndez Bermúdez Nelson Libardo el 24 de marzo de 2000 (fl. 54, cdno. pruebas 4). “En ningún momento mi sargento para esa fecha o días antes no tuvo ningún problema ni altercado con alguien de nosotros por el contrario las relaciones que el personal de la estación para con él eran perfectas, habla (sic) una amistad muy compañerista que inclusive mi sargento era como uno de nosotros ya que él le daba a uno muchos consejos como le consta a la esposa del mismo”. Declaración juramentada de AG. José Darío Copete Novoa el 13 de marzo de 2000 (fl. 38, cdno. pruebas 4).
(35) “Preguntado. Sírvase indicar, cuándo se enteró usted de la muerte del señor Intendente Cárdenas Forero Alberto, Comandante de la Estación de Policía, de su localidad, y qué supo al respecto. Contesto. Yo me enteré a las 6:00 de la mañana del día siguiente cunda (sic) me contaron que habían matado al comandante y que había sido una guerrillera, por una ventana, y que luego de eso la vieron a la salida del pueblo por el matadero”. Declaración juramentada rendida el 24 de abril de 2000 (fl. 144, cdno. pruebas 4).
(36) En su declaración juramentada rendida el 11 de octubre de 1999, el señor Helbert Alexander Ramírez Roa relató: “Ese día me encontraba en la casa la cual está ubicada cerca al cementerio de la localidad, estaba en compañía de mi novia de nombre Yaneth Avila, cuando de un momento a otro se empezaron a escuchar ráfagas en el parque del municipio, nosotros apagamos las luces de la casa y mientras el tiroteo me asomé un poco a la ventana y frente a mi casa se encontraban unos señores uniformados en el suelo apuntando hacia el comando, pero ellos no disparaban, en vista de esto me escondí otra vez, y escuchamos disparos durante un tiempo aproximado de unos veinte minutos, luego pasaron un minutos (sic) en silencio y de la calle de arriba de los lados del parque pasaron corriendo un poco de personas y se reunieron con los que estaban tendidos en el frente de mi casa, una mujer dijo “le di a un hifueputa de esos”, y salieron corriendo hacia la plaza de toros, al otro día me enteré de que había matado al señor sargento” (fls. 148 y ss, cdno. pruebas 3).
(37) Declaración jurada del AG. José Dario Copete Novoa. “(...) no se pudo informar ya que los teléfonos, quince días antes, estaban fuera de servicio, por el hurto o robo de unos paneles, de se corrige solares que eran los que dsban (sic) la energía los equipos de Telecom, estos paneles fueron robados en las antenas, de Telecom ubicados como a siete kilómetros del perímetro urbano, en un alto, que precisamente, se llama la torre, vereda de bermeja, por lo tanto estábamos totalmente incomunicados, en el momento que evacuamos, no nos acordamos del radio de comunicaciones, el cual estaba ubicado, al frente de las instalaciones, contiguo al a trinchera, de frente de la ventana, o sobre exactamente el radio estaba ubicado, en la ventana para que el estuviera de servicio desde la parte de afuera(sic), tuviera comunicación con el mismo, pero cuando llegamos, el radio ya no estaba, porque todos llegamos a comuniar (sic) lo primero que buscamos fue el radio pero no estaban sino los cables por la parte de afuera, la persona que se hurtó el radio, sabía de comunicaciones, porque eso tiene una antena, que va conectada, al mismo en forma de rosca, porque si no lo conocieran lo habían halado y se había reventado el cable, pero esta totalmente desconectado, el cable esta ileso no tiene ninguna clase de daño, la persona que se lo llevo tuvo tiempo y sabía como era el funcionamiento del mismo y connecciones (sic) que tenía” (fl. 184, cdno. pruebas 4).
(38) Planos de la estación de policía lugar de los hechos, que integra el informe de balística (fl. 301-302, cdno. pruebas 4) por el técnico planimetrista E3. Edgar Enrique Moreno Casas del área criminalística-grupo técnico de la Dijin.
(39) Acta de levantamiento de cadáver Nº 001, del 190999, por parte del alcalde municipal en coordinación con la seccional de policía judicial.
(40) En la diligencia de indagatoria rendida el 1º de octubre de 1999 ante la fiscalía seccional 03 delegada ante el juzgado penal de circuito de Chocontá el señor Policarpo Guerrero tras haber identificado a varios colaboradores de la guerrilla y describir a la guerrilla (sic) que le había entregado el radio modificó su versión de la siguiente manera: “Preguntado. Porque usted hasta este momento ha repetido más de unas cuantas veces que el radio se lo entregó una guerrillera y que después lo amenazaron de muerte para que se quedara con él. Contesto. Eso es mentira. Yo me inventé eso para que no dijeran que yo me había robado el radio. Preguntado. Por qué cogió el radio. Contesto. Estaba embriagado, yo me entré por la ventana donde estaba el radio y le espiché botones, y le hable y le hable y que se ahbía (sic) metido la guerrilla y sonaban disparos tras el comando, varios disparos y yo estaba con el aparato en la mano y el radio se cayó y yo me tiré al piso y el radio se cayó encima, yo lo cogí y salí gatiando (sic) de ahí (...)” (fl. 172, cdno. pruebas 4).

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 185
 artículo 229
 artículo 229
 artículo 267
 artículo 83
 artículo 55
 artículo 115
 artículo 37
 artículo 2
 artículo 132
 Resolución