Source: http://www.alca-ftaa.org/spcomm/soc/Contributions/Quito/cscv55_s.asp
Timestamp: 2015-03-01 23:21:58+00:00

Document:
ALCA - COMIT� DE REPRESENTANTES GUBERNAMENTALES SOBRE LA PARTICIPACI�N DE LA SOCIEDAD CIVIL
APORTE EN RESPUESTA A LA INVITACI�N P�BLICA
Anne Germain Lef�vre
Fundaci�n Nacional para el Desarrollo (FUNDE)
Las observaciones incluidas en las siguientes p�ginas se refieren al Cap�tulo sobre Derechos de Propiedad Intelectual y, m�s espec�ficamente, a las tem�ticas de la protecci�n de las obtenciones vegetales y conocimiento tradicional y acceso a los recursos gen�ticos.
PRIMERA OBSERVACI�N:
En el sub-cap�tulo 1 (�DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS B�SICOS�), Art. XX referente a los Tratados internacionales/Relaci�n con otros acuerdos sobre Propiedad Intelectual, el inciso 3 establece que los pa�ses miembros adem�s de aplicar los principios y normas del presente cap�tulo, deben aplicar las disposiciones de varios acuerdos internacionales, entre otros, el ADPIC, la Convenci�n Internacional para la Protecci�n de las Obtenciones Vegetales (UPOV) y la Convenci�n sobre Diversidad Biol�gica (CDB). Ahora bien, en el caso concreto del ADPIC y del CDB, no nos parece posible que un pa�s pueda aplicar al mismo tiempo las obligaciones contra�das en ambos acuerdos pues �stos derivan de enfoques distintos, resultando en que el primero socava los objetivos de conservaci�n y utilizaci�n sostenible de la biodiversidad sobre los cuales se fundamenta el CDB. En efecto, al hacer �nfasis �nicamente en los intereses privados de los titulares de derechos de propiedad intelectual, el ADPIC no solamente ignora legalmente los derechos comunitarios (siendo estos �ltimos una condici�n imprescindible para el logro de dichos objetivos) sino que tampoco hace recaer la responsabilidad de la conservaci�n de los recursos biol�gicos sobre los beneficiarios de los derechos de propiedad de estos recursos.
Por otro lado, el CDB (a trav�s del Art. 10) se refiere a la necesidad de promover las pr�cticas consuetudinarias de uso de los recursos biol�gicos, entre otras, la de guardar semillas para su reuso y eventualmente la venta. Esta pr�ctica es considerada indispensable para la conservaci�n de la biodiversidad. Sin embargo, la normativa internacional de la UPOV (en su versi�n de 1991) sobre derechos de obtentor implica la imposibilidad de reutilizar la semilla de las variedades vegetales protegidas y, consecutivamente, dificulta la implementaci�n del art. 10 de la CDB.
SEGUNDA OBSERVACI�N:
En el sub-cap�tulo 6 (�PATENTES�), se encuentran 4 versiones del art�culo XX relacionado con la materia patentable; 3 de estas versiones se refieren al tema de la protecci�n de las obtenciones vegetales:
a) En una primera versi�n (art�culo. XX. �Materia patentable�), se encuentra plasmado el contenido del art�culo 27.3 (b) del Acuerdo TRIPS de la OMC en lo referente a las obtenciones vegetales, estableciendo la posibilidad para los pa�ses miembros de optar entre los patentes, un sistema Sui Generis (legislaci�n propia) efectivo o una combinaci�n de ambos, para la protecci�n de las nuevas variedades vegetales. De ah� que los pa�ses disponen de un margen de maniobra para establecer una legislaci�n propia con el fin de proteger los derechos de los fitomejoradores y dem�s sectores que trabajan con la biodiversidad (comunidades locales y agricultores), que sea acorde a sus condiciones y intereses.
b) La segunda versi�n (Art�culo XX �Materia patentable y Excepciones a la patentabilidad�, inciso 6) alude tambi�n a un sistema Sui Generis para la protecci�n de las obtenciones vegetales; sin embargo, una diferencia importante en relaci�n a la primera versi�n radica en que los pa�ses miembros deber�an considerar el sistema de derecho de obtentor de la UPOV como sistema Sui Generis. Es una forma sutil de presionar a los pa�ses para que adopten la normativa internacional promovida por la Uni�n para la Protecci�n de las Nuevas Variedades Vegetales de Plantas (UPOV) sobre derechos del Obtentor, en lugar de desarrollar una legislaci�n propia.
b) La tercera versi�n (Art�culo XX �Materia patentable�, inciso 4), al plantear que un sistema Sui Generis es el sistema de la UPOV, implica que los pa�ses miembros ya no tienen otra alternativa que la adopci�n de dicho sistema; en otros t�rminos, los pa�ses ya no cuentan con un margen de maniobra para establecer una legislaci�n propia. Ahora bien, la normativa UPOV (Acta 1991) tiene a proteger a los grandes productores y dejan que los medianos y peque�os tengan que elevar sus gastos por los materiales de reproducci�n que utilizan en sus siembras, ya que cierra la puerta al llamado �privilegio del agricultor�; en otras palabras, los agricultores que cultivan una variedad protegida no pueden vender las semillas de su cosecha. Tampoco pueden guardar semillas o intercambiarlas (es tarea del Estado de decidir si el derecho de reutilizar la semilla se aplica o no). Ello va en contra de los derechos tradicionales de los agricultores y, en particular en contra de las pr�cticas o costumbres de intercambio y innovaci�n que son realizadas por los peque�os productores desde hace miles de a�os. Es m�s, estas actividades de conservaci�n, selecci�n y intercambio de semillas son fundamentales para que los productores obtengan variedades adaptadas a las condiciones ambientales y clim�ticas locales.
El Sub-cap�tulo10 (�Obtenciones Vegetales�), contempla 3 versiones diferentes del art�culo XX relacionado con el tema de la protecci�n de las nuevas variedades vegetales:
a) En una primera versi�n, se establece que los pa�ses miembros deben otorgar protecci�n a las obtenciones vegetales mediante patentes, sistema Sui Generis tal como el sistema de la UPOV o una combinaci�n de ambos. Nuevamente, nos encontramos con la idea impl�cita que el sistema Sui Generis deber�a ser el sistema de la UPOV. Adem�s, varios incisos se refieren a las condiciones establecidas por la normativa UPOV para la concesi�n del derecho de obtentor, por ejemplo en lo referente a los requisitos que deben cumplir una nueva variedad vegetal. Por otro lado, el inciso 9 permite conservar los derechos del agricultor (tal como lo establece la normativa de la UPOV versi�n 1978 pero no la versi�n de 1991).
b) Una segunda versi�n requiere que los pa�ses deben garantizar los derechos de obtentor mediante un sistema especial de registro, pero no determina las particularidades o caracter�sticas del mismo. Ello permite un importante margen de maniobra que los pa�ses del Sur podr�an aprovechar para desarrollar su propia normativa en esta �rea, para que refleje sus intereses y condiciones particulares. En esta perspectiva, cada pa�s puede establecer su propia interpretaci�n de los conceptos claves relacionados con la tem�tica (como por ejemplo, �registro� o �intereses leg�timos del titular�, entre otros) y, a la vez, delimitar los derechos del obtentor, buscando un equilibrio entre aquellos sectores relacionados con la biodiversidad vegetal (comunidades rurales, obtentores, agricultores).
c) La tercera versi�n, si bien no menciona el sistema de la UPOV de manera expl�cita, especifica los requisitos (novedad, uniformidad, distinci�n, estabilidad, etc.) que debe cumplir una nueva variedad vegetal para la concesi�n de un certificado de obtentor. Ahora bien, estas condiciones son id�nticas a las establecidas por la UPOV; es m�s, el certificado de obtentor es un derecho de propiedad intelectual otorgado por la UPOV.
Lo anterior evidencia las presiones en el texto borrador del ALCA para que los pa�ses miembros adopten una legislaci�n tipo UPOV para la protecci�n de las obtenciones vegetales; se reduce considerablemente el margen de maniobra (existente en el Acuerdo ADPIC) para que los pa�ses del Sur puedan desarrollar una legislaci�n Sui Generis que sea diferente de la normativa UPOV. Sin duda, el lograr conservar este espacio o margen de maniobra constituye un desaf�o importante para aquellos pa�ses del Sur que todav�a no son parte de la UPOV (caso El Salvador, Guatemala, Costa Rica).
TERCERA OBSERVACI�N:
El cap�tulo 7 del texto borrador del ALCA se refiere a las tem�ticas de la protecci�n del conocimiento tradicional y acceso a los recursos gen�ticos, lo que constituye un paso adelante en relaci�n al ADPIC dado que este �ltimo ignora estas dos tem�ticas. A ra�z del intenso debate en muchos pa�ses del Sur acerca de las incompatibilidades entre el CDB y el ADPIC, la presencia de estas tem�ticas en el ALCA podr�a interpretarse como un intento de �reconciliaci�n� con el Convenio de Diversidad Biol�gica. Desde luego, la protecci�n del conocimiento tradicional y la repartici�n de los beneficios son parte de la agenda de negociaci�n.
En una primera versi�n del Art. XX (�Relaci�n entre la Protecci�n del Conocimiento Tradicional y la Propiedad Intelectual as� como la relaci�n entre el acceso a los recursos gen�ticos y la propiedad intelectual�), se exige a los pa�ses miembros otorgar protecci�n al conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad mediante un sistema Sui Generis o sea una legislaci�n propia. Esta �ltima deber� regular el acceso a los recursos biol�gicos y conocimientos tradicionales, garantizando una compensaci�n justa y equitativa por el uso por terceras partes. Aqu� se reconoce el principio de soberan�a de los Estados sobre sus recursos biol�gicos y conocimientos tradicionales (establecido por el CDB), de ah� que les compete a los Estados desarrollar una legislaci�n nacional para regular el acceso a los mismos. Sin embargo, no se especifica que tipo de protecci�n intelectual se debe otorgar al conocimiento tradicional. Ahora bien, los derechos de propiedad intelectual (DPI) en sus distintas formas actuales (patentes, derechos de obtentor, derechos de autor, etc.), al reconocer y recompensar �nicamente a una persona (o grupo de persona) que invente nuevos productos, nuevos conocimientos o nuevas ideas, dif�cilmente se pueden aplicar a los sistemas tradicionales de conocimientos sobre pr�cticas y innovaciones relacionadas con la biodiversidad, dado que estos �ltimos no pueden atribuirse a un �nico inventor. Son el producto de una comunidad y se transmiten de generaci�n en generaci�n.
Por otro lado, la llamada �compensaci�n justa y equitativa�por el uso de un recurso gen�tico y conocimiento asociado por parte de terceros (por Ej. una industria farmac�utica o fitomedicinal) si bien busca poner fin a la biopirater�a y, a la vez, cumplir con algunos requisitos impuestos por el CDB, en la realidad no ha dado los resultados esperados desde la perspectiva de los pa�ses y comunidades proveedores de biodiversidad. Seg�n la literatura existente sobre el tema, en general, los acuerdos de bioprospecci�n (conocidos como acuerdos de Acceso y Reparto de Beneficios) resultan en que los abastecedores locales suelen recibir un irrisorio porcentaje (a menudo inferior al 1%) de las ganancias obtenidas de las ventas de los productos finales (farmac�uticas o fitomedicinales) derivados de la biodiversidad en los mercados del norte.
Tambi�n, de estos acuerdos han surgido nuevos problemas como por ejemplo, la alta dependencia en que se encuentran algunas comunidades de la extracci�n de una determinada planta comercial, lo que implica vivir en el riesgo permanente de perder su �nica fuente de ingresos, si la empresa compradora optara por obtener la producci�n de dicha planta de plantaciones de otros pa�ses o comenzara a sintetizar el producto de manera m�s econ�mica. Otro tipo de problemas son las controversias entre comunidades o entre miembros de una misma comunidad con relaci�n a la posibilidad de compartir un conocimiento considerado sagrado por algunos miembros de la comunidad. Lo que precede nos lleva a plantear que la formula de �compensaci�n justa y equitativa� si bien puede constituir una estrategia valida para las comunidades locales o los gobiernos para obtener beneficios derivados de la biodiversidad, no es una panacea. Bajo esta l�gica, la biodiversidad y el conocimiento asociado se convierten en una mera mercanc�a comercializada de manera desigual , quedando en el olvido los m�ltiples beneficios generados de la utilizaci�n de la biodiversidad a nivel local. Por lo tanto, sobre la base de las experiencias existentes de acuerdos de bioprospecci�n, los pa�ses miembros deber�n aceptar el reto de determinar otro(s) modelo(s) o formas para la participaci�n justa y equitativa de los beneficios derivados de la biodiversidad y del conocimiento a ella asociado.
San Salvador, 30 de abril de 2002 pa�ses

References: Sui Generis
Sui Generis
Sui Generis
Sui Generis
Sui Generis
Sui Generis
Sui Generis
Sui Generis