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BOE.es - Documento BOE-A-2017-1891
Documento BOE-A-2017-1891
Pleno. Sentencia 8/2017, de 19 de enero de 2017. Recurso de amparo 2341-2012. Promovido por don Marcus August Baier en relación con las Sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que desestimaron su petición de indemnización por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Vulneración del derecho a la presunción de inocencia: denegación de indemnización por prisión provisional fundada en la falta de acreditación de la inexistencia objetiva del hecho delictivo. Voto particular.
«BOE» núm. 46, de 23 de febrero de 2017, páginas 12944 a 12960 (17 págs.)
BOE-A-2017-1891
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado
«El acusado Marcus August Baier y otro que no se enjuicia sobre las 9:30 horas del día 4 de junio de 2003 en la c/Trincheras de esta ciudad fueron sorprendidos por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía cuando transportaban en el vehículo matrícula SBD8016 dos sacos, una bolsa y un envoltorio que contenía 30.011.87 gramos en forma de cápsulas de una sustancia que tras ser analizada en numerosas ocasiones ha dado resultados varios cuya naturaleza, tipo, características y peso no han resultado acreditadas, desconociéndose pues de que sustancia se trata en realidad, y por ende si dicho producto causa grave daño a la salud.»
«Segundo. La Constitución Española después de recoger en el art. 106-2 el principio general de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de los servicios públicos, contempla de manera específica en el art. 121 la responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la Administración de Justicia, reconociendo el derecho a ser indemnizado en los daños causados por error judicial o consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. El Título V del Libro III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985 desarrolla en los arts. 292 y siguientes el referido precepto constitucional, recogiendo los dos supuestos genéricos ya citados de error judicial y funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, e incluyendo un supuesto específico de error judicial en el art. 294, relativo a la prisión preventiva seguida de absolución o sobreseimiento libre por inexistencia del hecho.
Desde la Sentencia de 27 de enero de 1989 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, se venía entendiendo por el Tribunal Supremo que el art. 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial era de aplicación tanto a los supuestos de “inexistencia objetiva” del hecho imputado por el que se decretó la prisión provisional (supuesto que abarcaba los casos en los que no hubiera existido materialmente los hechos delictivos y también aquellos en los que existiendo los hechos estos fueran atípicos), como a los de “inexistencia subjetiva” (supuesto concurrente en aquellos casos en que resultara probada la falta de participación del inculpado, procesado o acusado en el hecho que se le hubiese atribuido, es decir, hecho delictivo existente con prueba de no haber participado en él) excluyendo, como causa de responsabilidad patrimonial del Estado, los supuestos de prisión preventiva seguidos de sentencia absolutoria por falta de prueba de la participación del afectado (in dubio pro reo) o la absolución por concurrir causas de exención de la responsabilidad criminal, ya sea por exclusión de la antijuridicidad, de la imputabilidad, de la culpabilidad o de la punibilidad, o, en términos más generales, cuando existan causas de justificación o de inimputabilidad.
Sin embargo, este criterio jurisprudencial se ha cambiado considerando que en el marco del art. 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial solo tiene cabida la “inexistencia objetiva” ya que la interpretación y aplicación del indicado precepto ha de mantenerse dentro de los límites y con el alcance previstos por el legislador, que en modo alguno contempla la indemnización de todos los casos de prisión preventiva que no vaya seguida de sentencia condenatoria, como ya se ha indicado antes, ni siquiera de todos los casos en los que el proceso termina por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento libre, planteamiento que, por lo demás y según se desprende de las referidas sentencias del TEDH, no supone infracción del art. 6.2 del Convenio, pues, como se indica en las mismas, ni el art. 6.2 ni ninguna otra cláusula del Convenio dan lugar a reparación por una detención provisional en caso de absolución y no exigen a los Estados signatarios contemplar en sus legislaciones el derecho a indemnización por prisión preventiva no seguida de condena. Así lo afirma el Tribunal Supremo en dos Sentencias de 23 de noviembre de 2010 (recursos de casación números 4288-2006 y 1908-2006) que con cita en las Sentencias del TEDH de 25 de abril de 2006, asunto Puig Panella c. España, núm. 1483/02, y de 13 de julio de 2010, asunto Tendam c. España, núm. 25720/05, justifican el cambio de criterio jurisprudencial…
Tercero. En el caso de autos, basa el actor la existencia de la responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia por prisión preventiva indebida, en que nos encontramos ante un caso de inexistencia del hecho imputado. Por la Sentencia de 3 de diciembre de 2007 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería se absolvió al demandante del delito contra la salud pública que se le imputaba... En los Fundamentos de Derechos se dice “que de la prueba practicada en el acto de la vista en Juicio Oral, en una valoración llevada a cabo en juicio racional y lógico conforme prescribe el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no puede estimarse como suficientemente acreditado que la sustancia que fue aprehendida en el vehículo por la policía fuera morfina según sus conclusiones provisionales, y posteriormente morfina, codeína y tebaína como pretendía el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación definitiva”. Más adelante, después de analizar la existencia de varios informes contradictorios sobre la sustancia aprehendida, se señala que “la conclusión a la que llegamos nos hace dudar de la procedencia idéntica de las muestras de la sustancia aprehendida así como de la eficacia de la cadena de custodia, por no aludir como lo hacen los peritos intervinientes a una pésima metodología en la recogida de muestras sin previa homogeneización de semillas y cápsulas”. Para finalmente declarar, que los informes “no nos permiten tener certeza de que los resultados analíticos se corresponde con las sustancias aprehendidas por la policía ni de las características y naturaleza de la sustancia aprehendida y analizada en varias ocasiones, tal prueba analítica ultima no puede por menos de no tener plena validez en tal sentido como prueba de cargo, ni confirmar, la identidad de la sustancia aprehendida con la analizada. Y asimismo tampoco a tenor del resto de la prueba practicada determinar la suficiencia de prueba de cargo como para acreditar, y despejar toda duda razonable en la Sala, que la sustancia que llevaba el acusado en su vehículo contenía morfina en principio activo suficiente para atentar contra la salud pública por lo que en aplicación del principio in dubio pro reo debe dictarse una sentencia absolutoria”.
En consecuencia, procede desestimar el recurso contencioso-administrativo.»
«Tercero. Procede dar respuesta conjunta a los tres motivos accionados por el recurrente ya que todos ellos se amparan en una discordancia de la nueva Jurisprudencia adoptada y ya consolidada por esta Sala respecto a la interpretación que debe dársele al artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder judicial, vía utilizada por el recurrente al fundamentar sus pretensiones.
Es reiterada la doctrina de nuestra Sala, entre otras, en las sentencias de 21 de julio de 2010, con cita de la de 12 de junio de 1996, 29 de enero y 5 de abril de 1999, 22 de diciembre de 2000, 28 de febrero de 2001, 1 de octubre de 2002, 6 de octubre de 2006 y 22 de junio de 2010, la que proclama que son subsumibles en el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y por tanto deben generar derecho a la correspondiente indemnización, los supuestos en que se pruebe la inexistencia del hecho imputado –“inexistencia objetiva”–.
Además de ello y en una interpretación extensiva de dicho precepto, la anterior jurisprudencia había venido entendiendo que el mismo precepto amparaba el supuesto de la llamada “inexistencia subjetiva”.
El recurrente mantiene que su caso ha de enmarcarse dentro de la “inexistencia objetiva del hecho imputado” asimilándolo a “inexistencia de hecho punible” cuando de la simple lectura de la sentencia penal ya recogida en la de instancia no ocurrió así. Efectivamente, la sentencia de instancia analiza las conclusiones de la sentencia penal para observar que la absolución del hoy recurrente se produjo no por inexistencia del hecho imputado sino por falta de prueba respecto a la concurrencia de todos los requisitos del tipo penal tal y como resulta el mismo tipificado en el Código Penal y ello no significa que el hecho no existió, sino que el Tribunal tuvo dudas razonables y procedió a absolver al recurrente. Por ello, no nos encontramos ante un supuesto indemnizable por ser la prisión provisional seguida de una sentencia absolutoria que declare la inexistencia objetiva del hecho, sino que es una absolución sustentada en la aplicación de los principios rectores del proceso penal (presunción de inocencia). Como hemos dicho, el artículo 6.2 del Convenio no exige que los Estados miembros indemnicen todo supuesto de absolución acordada tras la medida cautelar de prisión provisional, como parece pretender el recurrente. Estamos ante la interpretación y aplicación del precepto tal y como ha sido establecido por el legislador estatal y sujeto a una interpretación razonable.
El recurrente nuevamente reitera, al igual que hizo en la instancia, la necesidad de reinterpretar los hechos declarados probados de la sentencia penal para darles un sentido distinto acorde con el supuesto de inexistencia objetiva del hecho –ahora el único que podría dar lugar a indemnización–. Mantiene que el delito no existió pero la sentencia de instancia ofrece cumplida respuesta a por qué no acoge esta tesis y mantiene que el recurrente fue absuelto por aplicación del principio in dubio pro reo, vertiente del de presunción de inocencia. Tal conclusión no la tacha el recurrente en casación como claramente errónea, ilógica o arbitraria, carente de sentido en atención a la sentencia penal y su contenido, sino que pretende que en esta instancia extraordinaria entremos nuevamente al tema planteado y asumamos la tesis de inexistencia objetiva del hecho -único supuesto a partir de la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil diez, que se inserta en el artículo 294 LOPJ. Ésta no es la función del recurso de casación y por ello, los motivos planteados no pueden prosperar.
No ha de perderse de vista que, como ya hemos indicado al principio, el art. 294 de la LOPJ contempla un supuesto especifico de error judicial, que no está sujeto a la previa declaración judicial del mismo exigida con carácter general en el art. 293 de la LOPJ, configurando un título de imputación de responsabilidad por el funcionamiento de la Administración de Justicia, consistente en la apreciación de error judicial en la adopción de la medida cautelar de prisión provisional, que el legislador entiende que se revela cuando la resolución penal de absolución o sobreseimiento libre se produce “por inexistencia del hecho imputado” y no de manera genérica o en todo caso de absolución o sobreseimiento libre.
Como ya hemos dicho reiteradamente queda abierta al actor la vía del artículo 293.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que esta nueva y ya consolidada interpretación no supone dejar desprotegidas las situaciones de prisión preventiva seguida de sentencia absolutoria o sobreseimiento libre, que venían siendo indemnizadas como inexistencia subjetiva al amparo de dicho precepto, sino que con la modificación del criterio jurisprudencial tales reclamaciones han de remitirse a la vía general prevista en el art. 293 de la LOPJ.»
En cuanto al fondo, el Abogado del Estado alega en síntesis: i) no existe un derecho fundamental a obtener una reparación económica por haber sufrido prisión provisional, ni en nuestra Constitución ni en el Convenio europeo de derecho humanos (CEDH), puesto que se trata de un derecho de configuración legal y de apreciación casuística, en el plano de legalidad, por los jueces y tribunales; ii) en las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo no se entró a valorar la culpabilidad del demandante, aspecto al que hacen referencia las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino que se limitaron, de forma estricta, a aplicar el supuesto legal y al no existir el supuesto de hecho (hecho atípico o hecho no real) desestimaron la reclamación pero, en ningún momento, se entra a valorar los motivos de la absolución si fue por falta de pruebas o por no participación del absuelto, argumentación vedada por la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por vulneradora del principio in dubio pro reo; y iii) subsidiariamente, no existe vulneración de los arts. 17 y 25 CE, puesto que.el ATC 148/1998, sobre un caso en que se alegaban las mismas vulneraciones que en el actual, es claro en este sentido, expresando que la decisión que deniega la indemnización solicitada en nada incide en la situación de libertad del demandante de amparo ni implica su privación o restricción.
(ii) en cuanto a la vulneración de los arts. 17 y 25.1 CE, el Fiscal alega que ni el principio de legalidad ni la seguridad jurídica se han visto afectados. Lo propugnado era que el caso se incluyese entre los abarcables bajo la categoría de «inexistencia objetiva del hecho» por lo que en realidad bajo la jurisprudencia interpretativa del art. 294 LOPJ habría obtenido indemnización de aceptarse la tesis sostenida ante la jurisdicción ordinaria por el ahora demandante de amparo de que su supuesto era asimilable a los de atipicidad o inexistencia objetiva material del hecho, lo cual no fue apreciado por las Sentencias recurridas en amparo.
Debe precisarse, en primer término, que este recurso de amparo, tal y como resalta el Ministerio Fiscal, no formula crítica alguna al acto administrativo en que las resoluciones judiciales tienen su causa, configurándose así no como «recurso de amparo mixto», correspondiente tanto a la previsión del art. 44 como a la del art. 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), sino como recurso de amparo dirigido contra resoluciones judiciales ex art. 44 LOTC, y así lo hace constar expresamente el recurrente en su escrito de demanda de amparo al interponerlo frente a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, de 28 de febrero de 2012 (recurso de casación 2360-2011).
La constatación anterior condiciona la amplitud de nuestro análisis, que debe circunscribirse al examen de la vulneración de derechos fundamentales con origen «inmediato y directo» [art. 44.1 b) LOTC] en la resolución judicial impugnada, sin que pueda extenderse a la resolución administrativa ni, consiguientemente, a la reparación pretendida que aquella deniega.
En segundo lugar, para que pueden examinarse los motivos que integran la demanda de amparo es requisito indispensable, conforme al art. 44.1 c) LOTC, que las vulneraciones de los derechos fundamentales se hayan invocado, por lo que al caso examinado se refiere, en el recurso de casación interpuesto contra aquella primera sentencia, dando así ocasión al Tribunal Supremo para pronunciarse sobre ellas. Sólo de este modo quedaría preservado el carácter subsidiario del recurso de amparo, «evitando que el acceso a esta jurisdicción constitucional se produzca per saltum, es decir, sin brindar a los órganos judiciales la oportunidad de pronunciarse y, en su caso, remediar la lesión invocada como fundamento del recurso de amparo constitucional» (por todas, SSTC 42/2010, de 26 de julio, FJ 2; 91/2010, de 15 de noviembre, FJ 3, y 12/2011, de 28 de febrero, FJ 2).
Conviene recordar que a la inadmisión parcial que ahora se acoge no se opone la circunstancia de que la demanda se hubiese admitido inicialmente y se encuentre el procedimiento en esta fase última de resolución, pues, como hemos señalado en numerosas ocasiones (por todas, STC 230/2006, de 17 de julio, FJ 2, con abundante cita jurisprudencial), nada impide que este Tribunal, en el trámite de dictar sentencia y, por tanto, en momento o fase procesal distinta de la prevista para la admisión de los recursos de amparo, pueda examinar, incluso de oficio, los requisitos exigidos para la admisión a trámite del recurso y, en caso de comprobar su incumplimiento, dictar un pronunciamiento de inadmisión del amparo solicitado (STC 126/2011, de 18 de julio, FJ 2).
El art. 121 de la Constitución establece que «los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley»; mas se trata de precepto que no es de aplicación directa, como su propio tenor literal determina («conforme a la ley»).
Según este precepto, «tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios».
Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reiterado que el Convenio Europeo de Derechos Humanos no otorga derecho a una indemnización por razón de prisión provisional adoptada legalmente en caso de absolución, por lo que no resulta incompatible con el Convenio –con el art. 6.2, que consagra el derecho a la presunción de inocencia, ni con ninguna otra cláusula– un régimen jurídico que la excluya o la limite a determinados supuestos [SSTEDH de 25 de marzo de 1983 (asunto Minellli c. Suiza), § 35-36, de 25 de agosto de 1987 (asunto Nölkenbockhoff c. Alemania), § 36, de 25 de agosto de 1987 (asunto Englert c. Alemania), § 36, de 25 de abril de 2006 (asunto Puig Panella c. España), § 52, de 13 de julio de 2010 (asunto Tendam c. España), § 36, y de 16 de febrero de 2016 (asuntos acumulados Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni c. España), § 39].
En esta línea afirma el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que el simple rechazo de una indemnización no es contrario, en sí mismo, a la presunción de inocencia [SSTEDH de 25 de marzo de 1983 (asunto Minellli c. Suiza) y de 25 de agosto de 1987 (asunto Nölkenbockhoff c. Alemania), antes citadas], y reafirma que la interpretación del campo de aplicación de los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial relativos a la responsabilidad patrimonial del Estado corresponde a los Tribunales internos [STEDH de 23 de marzo de 2000 (asunto Dinares Peñalver c. España), § 2].
De ahí que el Tribunal Supremo, en la interpretación del art. 294 LOPJ, haya declarado que nuestro sistema normativo «no avala la conclusión de una responsabilidad patrimonial automática y objetiva de tal manera que una vez producida la absolución o el sobreseimiento libre se generara en quién hubiera sufrido prisión preventiva un derecho indemnizatorio» [SSTS de 9 de abril, 23 de julio y 23 de diciembre de 2015 (recursos de casación núm. 1443-2014, 3300-2014 y 153-2015)].
En concreto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado lesivas del derecho a la presunción de inocencia (art. 6.2 CEDH), resoluciones administrativas y judiciales, dictadas en esta materia de responsabilidad patrimonial, que expresaron la distinción entre absolución por haber quedado probada la no participación en los hechos y la absolución por falta de prueba de tal participación, argumentando que «tal motivación, sin matices ni reservas, deja latente una duda sobre la inocencia del demandante» [SSTEDH de 25 de abril de 2006 (asunto Puig Panella c. España), § 55, de 13 de julio de 2010 (asunto Tendam c. España), § 39, y de 16 de febrero de 2016 (asuntos acumulados Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni c. España), § 47].
Esta doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como se ha dejado constancia en los antecedentes, ha dado lugar a un cambio en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a partir de la Sentencia de 23 de noviembre de 2010, para excluir del ámbito del art. 294 LOPJ los supuestos denominados de «inexistencia subjetiva», cuestión, sin embargo, sobre la que no tenemos ocasión de pronunciarnos aquí, al versar el supuesto examinado sobre la concurrencia del presupuesto de «inexistencia objetiva», como vamos a ver a continuación.
7. En el caso examinado, de cuyas vicisitudes se ha dejado constancia circunstanciada en el apartado de antecedentes, el debate judicial se centró en torno a la concurrencia o no del presupuesto de la inexistencia del hecho delictivo. La sentencia del órgano judicial, por su parte, resolvió ese debate señalando que «mantiene que el delito no existió pero la sentencia de instancia ofrece cumplida respuesta a por qué no acoge esta tesis y mantiene que el recurrente fue absuelto por aplicación del principio in dubio pro reo, vertiente del de presunción de inocencia».
De otro lado, la propia demanda de amparo afirma que «se ha producido la inexistencia objetiva de los hechos imputados o inexistencia del hecho delictivo», constatación de la que fácilmente se colige que, para dar solución al caso, puede ser trasladada la doctrina dimanante de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos antes citadas. A la vista de esta doctrina, el análisis del contenido de la sentencia dictada con fecha 28 de febrero de 2012 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y especialmente la consideración que se efectúa sobre que «la absolución [está] sustentada en la aplicación de los principios rectores del proceso penal (presunción de inocencia)», derivando de ahí que no concurre el presupuesto de la inexistencia del hecho delictivo, conducen a estimar que dicha resolución vulnera el derecho a la presunción de inocencia, pues emite sospechas sobre la culpabilidad del recurrente y utiliza la referencia a dicho derecho como elemento integrador de la relación de causalidad del daño producido en el ámbito de la responsabilidad patrimonial, lo que se estima inadecuado, pues para determinar si concurre o no la responsabilidad de la Administración de justicia por prisión provisional no podrán utilizarse argumentos que ni directa ni indirectamente afecten a la presunción de inocencia.
«39. Apunta, además, que el ámbito de aplicación del artículo 6 § 2 del Convenio no se limita a los procedimientos penales que estén pendientes, sino que se amplía a los procedimientos judiciales resultantes de la absolución definitiva del acusado (Allen, anteriormente citada, § 8, Sekanina c. Austria, 25 de agosto de 1993, § 22, serie A no 266-A, y Rushiti c. Austria, no 28389/95, § 27, 21 de marzo de 2000), en la medida en que las cuestiones planteadas en estos últimos procedimientos penales constituyan un corolario y un complemento de los procedimientos penales afectados en los que el demandante tuviera la condición “de acusado”.
Aun cuando ni el artículo 6 § 2 ni ninguna otra cláusula del Convenio da derecho a compensación por una detención provisional legal cuando se levanta el procesamiento o se llega a una absolución, no puede admitirse que se siembren sospechas sobre la inocencia de un acusado tras una absolución que haya adquirido carácter de firmeza (Sekanina, anteriormente citada, § 30). Una vez que la absolución es firme –aunque se trate de una absolución con el beneficio de la duda– conforme al artículo 6 § 2 del Convenio, la siembra de dudas sobre la culpabilidad, incluidas aquellas respecto de las causas de la absolución, no son compatibles con la presunción de inocencia (Rushiti, anteriormente citada, § 31). En efecto, unas decisiones judiciales posteriores o unas declaraciones que emanen de Autoridades públicas pueden plantear un problema desde la perspectiva del artículo 6 § 2 anteriormente citado si equivalen a una declaración de culpabilidad que ignora, deliberadamente, la absolución previa del acusado (Del Latte c. Países Bajos, no 44760/98, § 30, 9 de noviembre de 2004).
40. El TEDH apunta que, en aplicación del principio in dubio pro reo, ninguna diferencia cualitativa debe existir entre una absolución fundada en una inexistencia de pruebas y una absolución resultante de una constatación de la inocencia de manera incontestable. En efecto, las sentencias absolutorias no se diferencian en función de los motivos aducidos por el Juez de lo penal. Muy al contrario, en el ámbito del artículo 6 § 2 del Convenio, la parte resolutiva de una sentencia absolutoria debe ser respetada por toda Autoridad que se pronuncie de manera directa o incidente sobre la responsabilidad penal del interesado (Allen, anteriormente citada, § 102, Vassilios Stavropoulos c. Grecia, no 35522/04, § 39, 27 de septiembre de 2007). Exigirle a una persona que aporte la prueba de su inocencia en el marco de un procedimiento indemnizatorio por detención provisional se presenta como irrazonable y revela un atentado contra la presunción de inocencia. (Capeau c. Bélgica, no 42914/98, § 25, CEDH 2005-I).»
1.º Inadmitir el recurso de amparo respecto de los arts. 17.1 y 25 CE.
2.º Estimar el recurso de amparo por vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
3.º Anular la Sentencia de 28 de febrero de 2012 dictada por la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de dicha Sentencia para que se resuelva en los términos contenidos en el último fundamento jurídico de esta resolución.
Dada en Madrid, a diecinueve de enero de dos mil diecisiete.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el Magistrado don Juan José González Rivas respecto de la Sentencia de 19 de enero de 2017, dictada en el recurso de amparo avocado 2341-2012, al que se adhiere el Magistrado don Antonio Narváez Rodríguez
2. El principio subyacente en tal doctrina, en palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su Sentencia de Gran Sala (asunto Allen c. Reino Unido, de 12 de julio de 2013,§ 94), es que «para garantizar la necesidad de que el derecho reconocido en el artículo 6 § 2 sea práctico y efectivo, el derecho a la presunción de inocencia presenta otra dimensión [distinta de la que lo entiende “como una garantía procesal en el contexto de un proceso penal”,§ 93]. Su finalidad en términos generales, en esta segunda dimensión, es evitar que los funcionarios y las autoridades públicas traten como si fueran de hecho culpables de la acusación formulada en su contra a las personas que han sido absueltas de cargos penales, o respecto a las cuales sus procesos penales han sido sobreseídos».
En procesos en los que se dirimía si cabía una compensación derivada de los mismos hechos que dieron lugar a la absolución o al sobreseimiento, supuestos muy cercanos al que nos ocupa donde el detenido y luego absuelto insta una indemnización, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha resuelto de un modo constante que alcanzar conclusiones distintas en el proceso de indemnización respecto de las pronunciadas en el proceso penal no supone violación de la presunción de inocencia, pues «la cuestión de la compensación tenía que ser objeto de una valoración legal separada que estuviera basada en criterios jurídicos y estándares de prueba distintos en algunos aspectos importantes respecto de aquellos otros aplicables a la responsabilidad penal» (asunto Lundkvist c. Suecia, de 13 de noviembre de 2003). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sigue esta misma línea en el asunto Ringvold c. Noruega, de 11 de febrero de 2003, §§ 38 a 41, en el asunto Reeves c. Noruega, de 8 de julio de 2004, así como en el asunto Constantin Florea c. Rumanía, de 19 de junio de 2012. Y la razón no puede ser que en las resoluciones judiciales impugnadas no hubiera pasajes que, desligados del contexto, pudieran implicar sospechas de quien había sido absuelto, pues, solo por poner un ejemplo, en Lundkvist el órgano judicial sueco que resolvió sobre la indemnización dijo que el recurrente, que había sido absuelto del delito de incendio y solicitaba por tal siniestro una indemnización a su asegurados, «no ha aportado ninguna explicación acerca del origen del fuego. Él ha tenido buenas oportunidades para prender el fuego. De acuerdo con la investigación, justo antes del fuego el entró y salió de la casa varias veces». En fin, la Gran Sala confirma en el asunto Allen c. Reino Unido, § 123, este criterio respecto de este tipo de procesos con referencia expresa a los fallos que han quedado indicados.
Otro tanto sucede con los procedimientos disciplinarios. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que no se produce una violación automática del art. 6.2 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH) cuando el demandante es declarado culpable de una infracción disciplinaria que deriva de los mismos hechos que se plantearon previamente en un proceso penal que no concluyó con la imposición de una condena. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala que los elementos constitutivos de los delitos y las infracciones disciplinarias no son idénticos. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Vanjak c. Croacia, de 14 de enero de 2010, §§ 69-72; y en el asunto Šikić c. Croacia, de 15 de julio de 2010, §§ 5456.
También se hallan en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos supuestos de detención preventiva seguida de absolución o sobreseimiento que han concluido, en el proceso de indemnización, con la denegación de la misma, sin que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya entendido que se violaba la presunción de inocencia ex art. 6.2. Entre ellos cabe destacar los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto A.L. c. Alemania, de 28 de abril de 2005, §§ 38-39; en el asunto Bok c. Países Bajos, de 18 de enero de 2011, §§ 45-48, y asunto Lorenzetti c. Italia, de 10 de abril de 2012, § 47. Por ejemplo, en Bok se puede leer que «el Tribunal no considera irrazonable que al recurrente se le exija que pruebe que no ha habido ninguna razón para sospechar de él en aquellos casos en que reclama daños al respecto. Si el Tribunal sostuviese lo contrario conduciría a la absurda consecuencia de obligar a los jueces nacionales a tener por indiscutible la afirmación del recurrente de que el Estado ha actuado ilícitamente». Y en Lorenzetti el Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirma que «el tribunal italiano ha precisado que la culpa grave en que incurrió el interesado se refiere únicamente a ciertos indicios en su contra y que este hecho había justificado su detención cautelar. En consecuencia, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos las decisiones de los jueces internos no reflejan una constatación de culpabilidad».
Así, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha procedido a sistematizar este conjunto de pronunciamientos mediante la citada Sentencia de 12 de julio de 2013 asunto Allen c. Reino Unido. En el parágrafo § 94 se refiere al principio aplicable y en el parágrafo 98 recorre profusamente las variadas aplicaciones de dicho principio. Por último, en un intento de dar unidad doctrinal a este grupo de pronunciamiento, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala en el parágrafo 125 que «de este análisis de la jurisprudencia del Tribunal sobre el artículo 6.2 CEDH se desprende que no existe un solo punto de vista para valorar las circunstancias en las que esta disposición es vulnerada en el contexto de procesos posteriores a la terminación de un proceso penal. Tal y como muestra la jurisprudencia de este Tribunal, todo dependerá de la naturaleza y del contexto del proceso en el que fue adoptada la decisión impugnada». Y acto seguido puntualiza en el parágrafo 126 que «en todos los casos sin importar el punto de vista a aplicar, el lenguaje utilizado por el órgano decisor es de vital importancia para valorar la compatibilidad de una decisión y su razonamiento con el artículo 6.2 CEDH … Sin embargo, cuando se centra la atención en la naturaleza y el contexto concreto de un proceso, incluso el uso desafortunado del lenguaje puede no ser un elemento determinante (véase el párrafo 125 supra). La jurisprudencia del Tribunal muestra algunos ejemplos en los que no se declaró la violación del artículo 6.2 CEDH a pesar de que el lenguaje utilizado por los tribunales y autoridades nacionales fuera criticado (véanse Reeves, citada anteriormente; y A.L., citada anteriormente, §§ 38-39)».
5. En suma, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta materia, establecida por la Gran Sala en el citado asunto Allen c. Reino Unido (2013), viene determinada por dos elementos: a) «el lenguaje utilizado por el órgano decisor es de vital importancia para valorar la compatibilidad de una decisión y su razonamiento con el artículo 6.2 CEDH»; b) «Sin embargo, cuando se centra la atención en la naturaleza y el contexto concreto de un proceso, incluso el uso desafortunado del lenguaje puede no ser un elemento determinante».
a) A mi juicio, cuando se adoptó la medida cautelar de prisión provisional por el juez de instrucción de Almería, existió una actuación judicial plenamente legítima, desde la perspectiva constitucional y legal, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes: a) El recurrente fue sorprendido junto con otra persona, conduciendo un vehículo en cuyo interior se encontraban dos sacos, una bolsa y un envoltorio que contenía 30.011,87 gramos en forma de cápsulas de una sustancia considerada inicialmente como morfina; b) La naturaleza y composición de la sustancia pasa por ser examinada en sucesivos informes periciales: 1) El informe policial califica el producto de «cápsulas de amapola» y «polvo prensado» identificable como «hachís». 2) El informe emitido por la Subdirección de Sanidad de Almería de 27 de agosto de 2003 da los siguientes resultados de 25.000, 5.000 y 11,87 gramos de morfina y 3) El Instituto Nacional de Toxicología, en fecha 15 de julio de 2004, analiza con tres muestras la riqueza de codeína: 20 por 100, 0,21 por 100 y 0,29 por 100 respectivamente.
De un lado, en mi opinión, en este recurso de amparo no está presente el primer elemento de los dos expuestos en el asunto Allen c. Reino Unido, pues ni «por la motivación empleada» ni «por el lenguaje utilizado en sus razonamientos», a mi juicio suficientemente argumentado en relación a la inexistencia del presupuesto legal de la responsabilidad patrimonial, se ha puesto en duda la inocencia del demandante mediante la emisión de una valoración de culpabilidad.
Madrid, a diecinueve de enero de dos mil diecisiete.–Juan José González Rivas.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado.

References: in dubio
 artículo 741
in dubio
 artículo 294
 artículo 294
 artículo 6
in dubio
 artículo 294
 resolución 
 artículo 293
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 resolución 
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 artículo 6
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