Source: https://intranet.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28DSCD-12-CO-152.CODI.%29
Timestamp: 2020-08-13 03:28:36+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 152, de 14/03/2017
cve: DSCD-12-CO-152
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 152
- Sobre la valoración de discapacidad para las personas con enfermedades neurodegenerativas. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000113) ... (Página2)
- Relativa al reconocimiento de un porcentaje mínimo de discapacidad del 33%, tras el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001489) ... (Página2)
- Relativa a la actualización de datos en materia de discapacidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001308) ... (Página7)
- Sobre el Fondo Estatal de Accesibilidad Universal. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001086) ... (Página10)
- Sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/001209) ... (Página14)
- Sobre deporte y personas con discapacidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001235) ... (Página19)
- Relativa a impulsar la contratación de las personas con discapacidad mediante el cumplimiento de la cuota de reserva de empleo y las medidas alternativas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001298) ... (Página23)
- Sobre medidas para mejorar el régimen de funcionamiento de los centros especiales de empleo y para potenciar su papel en el acceso al empleo y en la inclusión social de las personas con discapacidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/001082) ... (Página26)
- SOBRE LA VALORACIÓN DE DISCAPACIDAD PARA LAS PERSONAS CON ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000113).
- RELATIVA AL RECONOCIMIENTO DE UN PORCENTAJE MÍNIMO DE DISCAPACIDAD DEL 33%, TRAS EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001489).
El señor PRESIDENTE: Señorías, comenzamos la sesión.
Tenemos ocho proposiciones no de ley, aunque en la práctica van a ser siete porque hay dos iniciativas del Grupo Mixto que se van a acumular en un mismo debate. Siendo generosos con nosotros mismos, yo calculo que no antes de las doce y media podríamos empezar las votaciones, pero en función de cómo se desarrolle la mañana iremos viendo si es factible o no. Además, los portavoces del Grupo Popular nos plantean la posibilidad de avanzar en el orden del día la proposición que figura como punto 7.º, relativa a la actualización de datos en materia de discapacidad, que si a los portavoces del resto de los grupos les pareciese bien pasaría al punto 2.º, lo que conllevaría que la proposición no de ley que figura como punto 2.º del orden del día, del Grupo Ciudadanos, sobre los centros especiales de empleo, pasara a ser el punto 7.º; cambiar el punto 2.º por el punto 7.º (Asentimiento).
Empezaremos por el punto 1.º, proposición no de ley sobre la valoración de la discapacidad para las personas con enfermedades neurodegenerativas, del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Alli, y luego acumularíamos en este mismo debate el punto 8.º, que versa sobre la misma cuestión y que defenderé yo mismo. Por lo tanto, la señora vicepresidenta va a ocupar mi lugar. (La señora vicepresidenta, Martínez Seijo, ocupa la Presidencia).
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Alli.
Efectivamente, Unión del Pueblo Navarro presenta una proposición no de ley para instar al Gobierno de España la creación de un plan nacional, lógicamente de la mano de las comunidades autónomas y de la Comunidad Foral de Navarra, en relación con la prevención y la intervención en las enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares. En España hay 1.150.000 personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica neurodegenerativa, es decir alzheimer, parkinson y otras demencias, y también enfermedades neuromusculares, como puede ser la esclerosis múltiple o la esclerosis lateral amiotrófica. Según un estudio de la Universidad Complutense publicado el año pasado, de la mano de Neuroalianza, el coste adicional para una familia con uno de sus miembros afectados por una de esas enfermedades que les acabo de citar es de 24.345 euros de coste/inversión anual.
Por tanto, la primera exigencia que queremos hacerle al Gobierno central es un plan nacional, no ya tanto por el hoy, sino sobre todo por el mañana. En un país como España, donde tenemos una de las mayores tasas de esperanza de vida, la longevidad es uno de los grandes retos de nuestro país, y en términos sanitarios tenemos un problema, una clínica basada en lo agudo y no tanto lo crónico: en la rehabilitación, en la prevención, etcétera. Y en el ámbito social, las discapacidades provocadas por las
enfermedades neurodegenerativas o neuromusculares no atienden a los mismos patrones que otras discapacidades, que sí están bien valoradas en ese diagnóstico de las personas que libremente tienen legitimidad para acudir a esos procesos de valoración. Por tanto, insisto, lo que solicitamos es, en primer lugar, un plan nacional específico e integral con recursos de todos los ministerios, especialmente en el ámbito social y sanitario, en cuanto a la prevención y actuación en relación con las personas con enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares. Y, en segundo lugar, instamos la modificación del Real Decreto 1971/1999, para que se entienda que el diagnóstico de la enfermedad es un criterio de valoración en sí mismo; que se entienda así.
Termino. Queremos ir de la mano de entidades sociales -provengo de la Comunidad Foral de Navarra- como Ademna, que atiende a personas con esclerosis múltiple; la Asociación de Parkinson; la Federación Española de Parkinson; Feafa, en materia de Alzheimer; o de instituciones sanitarias, como pueden ser empresas privadas, y con esto finalizo, señora presidenta, como Sanitas, que invierte millones de euros en materia de cronicidad de enfermedades neurodegenerativas.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Gracias, señor Alli.
Por parte también del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Campuzano.
Efectivamente, las diputadas y los diputados del Partit Demòcrata hemos presentado una iniciativa en términos casi iguales que la que acaba de defender el señor Alli, en el sentido de facilitar los procesos de reconocimiento del grado de discapacidad de las personas que padecen enfermedades neurodegenerativas. Esta no es una cuestión nueva, ni mucho menos, en el Congreso de los Diputados. Ya en mayo de 2011, a propuesta del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència, la señora Tarruella defendió una proposición no de ley en términos similares, que entonces fue aprobada. Pero lo cierto es que han pasado seis años desde mayo de 2011 y no se ha tomado ninguna medida al respecto. Es evidente que el actual baremo que permite reconocer a las personas con discapacidad no está adaptado a las características específicas de las personas que padecen enfermedades como la esclerosis múltiple, el parkinson o la esclerosis lateral amiotrófica, lo que supone un problema para estos enfermos y para sus familias porque buena parte de la protección social que podrían recibir estas personas, más allá de la asistencia sanitaria que ya reciben, está vinculada al reconocimiento de su grado de discapacidad, y no solo en relación con el grado de discapacidad, sino también, posteriormente, al reconocimiento de su nivel de dependencia. Por tanto, si queremos que los enfermos de Parkinson, de ELA, de Esclerosis Múltiple tengan los apoyos necesarios para facilitarles una vida lo más autónoma y lo más independiente posible, si queremos facilitar que los familiares que a menudo atienden a estas personas puedan beneficiarse también del conjunto de mecanismos de la protección social, si queremos facilitar incluso el mantenimiento o el empleo de las personas que padecen estas enfermedades en las fases iniciales de las mismas pero ya con afectaciones que discapacitan a estas personas, necesitamos que nuestro baremo se adapte a esta realidad. En este sentido es bueno recordar -lo recordamos en la exposición de motivos- que en la Asamblea de Madrid, en junio de 2014, se aprobó una moción que iba en esta dirección, respondiendo a peticiones de las asociaciones de Madrid de las personas con enfermedades neurodegenerativas. Comentaba el señor Alli que en marzo de 2016 también se aprobó en el Parlamento de Navarra otra iniciativa. Incluso en los Parlamentos de las Islas Baleares y de Canarias también se han efectuado peticiones de actualizar los baremos en relación con las personas con enfermedades neurodegenerativas. Por tanto, hay una demanda de la sociedad muy potente, una demanda de los sectores que representan a los enfermos y a las familias, que nos reclaman esta adaptación del baremo a la realidad de las personas que padecen enfermedades neurodegenerativas.
Nos gustaría -estoy seguro de que el señor Alli coincide conmigo- que en lo que nos queda de mañana pudiésemos alcanzar un acuerdo en las distintas enmiendas que nos han formulado los grupos parlamentarios en el sentido de que lo relevante, a nuestro entender, sería en primer lugar reconocer que existen discapacidades que se derivan de enfermedades neurodegenerativas, con todo lo que implica de diferente respecto a otros tipos de discapacidades, en segundo lugar que se desarrolle una estrategia por parte del Gobierno del Estado, que debe ser dotada de un conjunto de medios humanos y materiales y que además se haga de acuerdo con las administraciones que son competentes en la materia y que ya han puesto en marcha políticas en esta materia -que son las comunidades autónomas-, y en tercer lugar debemos instar a la revisión del baremo, con toda la prudencia que haga falta, con todo el sentido
común que el señor Alli y nosotros tenemos, pero reconociendo que tenemos un problema, que los enfermos y sus familias nos trasladan. Espero que seamos capaces de no defraudar a las asociaciones, a los enfermos, a sus familias y que podamos alcanzar un acuerdo en esta materia para ir al meollo de la cuestión, que es que el baremo debe adaptarse a la realidad de los enfermos neurodegenerativos.
Para la defensa de las enmiendas tiene la palabra en primer lugar Francisco Igea por Ciudadanos.
En este asunto de las enfermedades neurodegenerativas nos pasa como nos ha pasado muchas veces con otros asuntos. Hoy venimos aquí a proponer una estrategia de enfermedades neurodegenerativas, pero he de informarles de que ya existe, desde el día 13 de abril de 2016, fue aprobada por el consejo interterritorial. Quizá sería bueno que evaluásemos primero la estrategia de 2016 -que no ha cumplido un año- antes de ponernos a hacer otro plan. Esto es algo que pasa con frecuencia en estas comisiones, venimos una vez tras otra presionados por colectivos que efectivamente tienen necesidades muy importantes y venimos sin haber analizado lo que hemos hecho hasta ahora. Esta estrategia tiene nueve objetivos y varios indicadores. Quizá sería bueno ver qué ha pasado con la anterior antes de hacer una más.
Es verdad -y esto es un drama que necesita solución- que algunos enfermos de algunos tipos de enfermedades neurodegenerativas -fundamentalmente los enfermos con Esclerosis Lateral Amiotrófica vulvar- están falleciendo sin llegar a ser ni siquiera reconocida su discapacidad, porque es una enfermedad neurodegenerativa muy progresiva, muy agresiva en algunos casos, con consecuencias dramáticas, que necesita una urgente reevaluación por parte del ministerio y de los servicios sociales. Esto es completamente cierto. Pero, dentro del conjunto de enfermedades neurodegenerativas, ni todas son iguales, ni todas son igual de progresivas, ni todas son igual de agresivas, ni todas generan el mismo grado de discapacidad. Por tanto, no podemos decir que el criterio diagnóstico sea un criterio de valoración. Estamos comprometidos y convencidos de que se deben hacer unos cambios concretos, especialmente en las enfermedades más rápidamente progresivas como es la Esclerosis Lateral Amiotrófica.
No puede ser que estos pacientes sigan falleciendo sin haber recibido siquiera el reconocimiento de su discapacidad. Hay que hacer un cambio. No puede ser -y lo digo con todo el respecto a todos los grupos proponentes y a todos los grupos de la Cámara- que propongamos una vez tras otra un plan estratégico o un plan nacional sin habernos leído el anterior. Leámonos el anterior y veamos si se ha evaluado y si hay indicadores que medir. Pido por favor un poco de respeto a la Cámara y a los ciudadanos.
Hemos presentado una enmienda en este sentido y no podremos votar a favor si no alcanzamos una transacción razonable, que espero que podamos conseguir a lo largo de la mañana.
Por Esquerra, tiene la palabra el señor Capdevila.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: No puedo estar más que de acuerdo con los argumentos de Carles Campuzano, por lo que no los reiteraré. Hemos presentado una enmienda de carácter autonomista que supongo que podremos ir discutiendo durante la mañana y que solo pretende que, de acuerdo con el actual marco competencial y el conjunto de actuaciones y protocolos ya puestos en marcha por las diferentes comunidades, se pueda aplicar esta estrategia estatal de enfermedades degenerativas. Espero que el ambiente de consenso que se está creando nos permita votar a favor si se acepta esta enmienda. Si no, nos abstendremos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Capdevila.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Tundidor.
Señorías, han pasado dieciocho años desde la aprobación del real decreto. Es mucho tiempo. Este baremo no resulta suficientemente sensible como para valorar las discapacidades asociadas a enfermedades crónicas y degenerativas. Y es que el reconocimiento de la discapacidad a estas
enfermedades se produce demasiado tarde, cuando la persona ha alcanzado ya un nivel de deterioro físico y la familia comienza su duro camino.
Efectivamente es necesario adaptar las nuevas necesidades de aplicación del baremo a las personas con enfermedades neurodegenerativas. Por eso consideramos importante proponer a la Comisión estatal de coordinación y seguimiento de la valoración del grado de discapacidad -que les recuerdo que es una comisión que está viva- que estudie la procedencia de reconocer un porcentaje mínimo de discapacidad del 33%, con el fin de compensar las características específicas, la realidad y las necesidades diarias que generan los cursos de estas enfermedades, además de impulsar propuestas para solucionar los problemas y disfunciones detectados, incluyendo la modificación del baremo para que dé un tratamiento adecuado a la discapacidad derivada de enfermedades neurodegenerativas.
Como se ha dicho ya en la comisión, en mayo de 2012 la Comisión de Sanidad aprobaba una proposición no de ley de las mismas características que la actual, pero el Gobierno ha mirado hacia otro lado y no la ha puesto en marcha.
Un acceso temprano a servicios y recursos especializados es básico para prevenir y paliar los efectos de la enfermedad y proteger a las personas afectadas y a sus familias. Señorías, cada vez hay más afectados y menos recursos. El 13 de abril de 2016 el Ministerio de Sanidad aprobaba la primera estrategia de enfermedades neurodegenerativas, como ya se ha dicho, que tiene como principales líneas de actuación: mejorar el diagnóstico, dar atención personalizada a los pacientes y establecer programas que faciliten el respiro de las personas que cuidan de las personas afectadas. Como ustedes pueden imaginar, el desarrollo del mismo está vinculado a la comunidad autónoma donde vivas. Por eso es necesario desarrollarla, dotándola de los medios humanos y materiales que sean necesarios.
No puedo pasar por alto que, aunque discapacidad no es lo mismo que dependencia, para este tipo de personas que sufren enfermedades que hacen que dependan de otras para vivir y que tienen gran impacto en la familia es de vital importancia seguir apostando por políticas sociales dirigidas a las personas y de apoyo a las familias, como la Ley de Dependencia.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Muchas gracias, señora Tundidor.
Para la fijación de posición, por el PNV, tiene la palabra el señor Barandiaran.
El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias y muy brevemente.
Estamos de acuerdo con varias de las intervenciones, la primera sobre la necesidad de consenso en una materia tan importante como esta. Queremos advertir, como se ha hecho también, que el baremo y la diagnosis no son exactamente hechos similares, pero hace falta aclarar la cuestión. De hecho, hoy en día el baremo está diseñado pensando que el diagnóstico de una enfermedad orienta pero no determina el grado de discapacidad. De ello tiene probado conocimiento el señor Alli, que fue consejero de este asunto en el Gobierno de Navarra. En ese aspecto queremos insistir en algo que hemos repetido otras muchas veces, y es que en estas materias existe un ámbito competencial específico en las comunidades autónomas, en el País Vasco también existe, y reivindicamos la participación y la posible determinación de esa diagnosis y de los baremos que pueda haber por parte de las comunidades autónomas, sobre todo aquellas cuyo grado de desarrollo es mayor, caso de Navarra y de Euskadi, por ejemplo.
Me sumaré al propósito que ha anunciado Esquerra Republicana en el sentido de que entiendo que es fundamental el consenso en esta materia. Espero que lo haya. Votaremos a favor de esta propuesta en la medida en la que haya consenso y nos lamentaremos absteniéndonos si no lo hay.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Cabezas.
Buenos días, señorías. Todas las iniciativas que aquí se traen por parte de los grupos políticos son tratadas por el mío con total consideración, respeto y cariño, porque somos conscientes de que la discapacidad, cualquiera que sea, nos afecta a todos. Por ese motivo el Gobierno en los últimos años ha destinado recursos, medios y medidas, como la Estrategia nacional de enfermedades neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud, aprobada el 13 de abril. Señor Allí, lo que solicita su grupo ya está hecho. Fue este Gobierno el que en 2013 aprobó la Ley general de derechos para las personas con discapacidad
y su inclusión social y puso en marcha el Plan de acción dotado con 3.093 millones de euros y compuesto por noventa y seis medidas. También fue el Gobierno del Partido Popular quien posibilitó la supervivencia y viabilidad de miles de entidades sociales gracias a la inyección de 3.000 millones de euros para el pago a proveedores -en comunidades como Andalucía y Cataluña tenían retraso de más de un año- para atender a las personas con discapacidad a través del IRPF. En 2012, 202 millones de euros; en 2016, 234 millones de euros.
Señor Campuzano, volviendo al debate, quisiera señalar que no todas las personas con el mismo diagnóstico tienen las mismas limitaciones. Existen factores, tanto personales como del entorno, que determinan que las limitaciones pueden ser diferentes, con lo cual la calificación del grado de discapacidad depende fundamentalmente del grado individual de cada persona, derivado del diagnóstico de su condición de salud, porque el certificado de discapacidad no se le da a la enfermedad, sino a la persona. Además la situación de discapacidad es revisable, permitiendo a la persona obtener mejores resultados.
Señorías, lo que acabo de apuntar es extensible a parte de la iniciativa del Partido Demócrata. Sin embargo, hay otro apartado, el relativo a la adopción de medidas oportunas para atender las peticiones de las asociaciones de enfermos, en el que quiero señalar que hace menos de una semana, en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, aprobamos por unanimidad una iniciativa de Podemos por la que instábamos al Gobierno a la creación de una nueva mesa, que se suma a la existente, para abordar una de las enfermedades neurodegenerativas, que contará con las comunidades autónomas y asociaciones de pacientes. Con esto quiero decir que el Gobierno escucha a las personas.
Termino. Creo que es importante -se ha dicho en la intervención del señor Igea- decir que existe lo que se solicita. Sería conveniente que por parte de todos los grupos políticos se estudiaran las medidas, el plan que existe, y lo que haya que mejorar se mejorará, pero es verdaderamente importante para las personas que tienen alguna discapacidad, alguna enfermedad neurodegenerativa, que por parte de todos los grupos políticos haya consenso y diálogo, porque yo creo que ganamos más con eso que enfrentándonos y solicitando una y otra vez en esta Comisión un poco más de lo mismo.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Muchas gracias, señora Cabezas.
Disculpe el Grupo de Unidos Podemos. Tiene la palabra la señora Alba Goveli.
No me voy a extender mucho, porque creo que todo lo fundamental se ha dicho ya. Estamos hablando de enfermedades que no solo afectan a quien las sufre, sino también a su entorno más cercano, porque afectan a la memoria, a la percepción, a los sentimientos, a la capacidad de tomar decisiones y a una serie de aspectos fundamentales de la vida cotidiana, y además, como apuntaba uno de los proponentes, el aumento de la esperanza de vida hace muy previsible un incremento de estas patologías, que, si no son adecuadamente tratadas, desembocan en mayores problemas para los pacientes, pero también para sus familiares y personas cuidadoras. Por tanto, vamos a apoyar la iniciativa, pero insistiendo en algo que ya se ha apuntado por el señor Campuzano, y es que una proposición no de ley muy similar se aprobó ya en 2011 y no se ha cumplido. Creo que es evidente que no tenemos tiempo que perder. Hay más de un millón de familias que se ven afectadas porque algún familiar requiere esta dedicación y este apoyo que brindarían estas medidas. Compartimos la necesidad de consenso en torno a estas cuestiones, pero también la necesidad de compromiso. Creo que el Gobierno debería comprometerse a respetar los acuerdos a los que se llega en las comisiones. Yo estoy completamente de acuerdo en que no deberíamos tener reiteradas veces los mismos debates una vez llegamos a un acuerdo y pediría al Gobierno que se comprometa con los acuerdos a que lleguemos para que no necesitemos volver a tener en reiteradas ocasiones este mismo debate.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Muchas gracias, señora Alba Goveli.
- RELATIVA A LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001308).
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Para la siguiente proposición no de ley, relativa a la actualización de datos en materia de discapacidad, presentada por el Grupo Popular, tiene la palabra don Miguel Ángel Paniagua.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías. El Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente proposición no de ley relativa a la actualización de datos en materia de discapacidad para instar al Gobierno a actualizar la información contenida en la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia 2008, así como la reflejada en las estadísticas de empleo de las personas con discapacidad y sobre el salario de las personas con discapacidad. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
En cuanto a las enmiendas planteadas por el Grupo Socialista, durante la mañana tramitaremos una transaccional, aunque ya se tienen en cuenta bastantes de estas informaciones, ya que existe un grupo de trabajo permanente entre el Ministerio de Sanidad, el Instituto Nacional de Estadística, la Fundación ONCE y el Cermi, que trabaja constantemente para adaptar todas las encuestas a los datos requeridos por el sector de la discapacidad.
Más de mil millones de personas en el mundo viven con algún tipo de discapacidad. Por ese motivo los poderes públicos deben tenerla en cuenta en el diseño de sus políticas. Sin embargo, para que esta característica de la persona esté contemplada de forma transversal en todas las medidas desarrolladas por las instituciones públicas deben conocerse a la perfección tanto su dimensión como sus particularidades y causas. El artículo 31, recopilación de datos y estadísticas, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España y en vigor en nuestro país desde el 3 de mayo de 2008, establece la obligación de los Estados de recopilar la información adecuada e incluir datos estadísticos y de investigación que les permita formular y aplicar políticas. En este sentido, estadísticas como la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia, la EDAD 2008, el empleo de las personas con discapacidad o el salario de las personas con discapacidad, todas ellas elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística, arrojan datos que de forma objetiva nos acercan a la realidad que viven las personas con discapacidad en nuestro país. Concretamente la EDAD 2008 es una macroencuesta que responde a la demanda de información sobre los fenómenos de la discapacidad, la dependencia, el envejecimiento y el estado de salud de la población residente en nuestro país por parte de las administraciones públicas y de otros actores sociales como las entidades del tercer sector de acción social.
Pese a la gran cantidad de información ofertada en esta macroencuesta y a la contenida en las anteriores a la misma, la encuesta sobre discapacidades, deficiencias y minusvalías de 1986 y la encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud de 1999, el tiempo transcurrido desde su publicación y los cambios que se han producido desde entonces suscitan la necesidad de actualizar la información sobre la situación de la discapacidad en España. Al ser la información estadística sobre discapacidad una prioridad para atender el mandato de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia figura en el programa del Plan estadístico nacional para 2017, que incluye cuatro operaciones específicas sobre la realidad de la discapacidad. La citada macroencuesta, y en el ámbito laboral, volverá a efectuar en el año 2017 tres operaciones estadísticas. La primera es sobre el empleo de las personas con discapacidad, que arroja resultados sobre el grado de inclusión laboral de este grupo social y las condiciones de la misma. La segunda versa sobre el salario de las personas con discapacidad que permite conocer la estructura, y los niveles retributivos de los trabajadores con discapacidad por sí mismos y en comparación con los de los trabajadores sin discapacidad. La tercera sobre las declaraciones de personas con discapacidad en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Después de once meses de parón político, con un Gobierno en funciones, ahora que por fin un grupo político descubrió la realidad política española de nuestra situación y escuchó la opinión de los ciudadanos, es el momento de instar al Gobierno a continuar con los trabajos de esta importantísima encuesta. Para el Grupo Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy el avance y la mejora de las condiciones de vida de todas las personas con discapacidad ha sido y sigue siendo una prioridad. Incluso en el reciente congreso nacional, a instancia de un afiliado, se ha incluido en los estatutos del partido la búsqueda de la plena
inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad. Algo que, por cierto, revisando a varios partidos de esta Cámara solo he encontrado en documentos políticos de UPN, de Unión del Pueblo Navarro. Todo este trabajo, a pesar de la situación que nos encontramos en España a finales de 2011 cuando nos incorporamos al Gobierno. La dispersión normativa en el ámbito de la discapacidad causaba una gran inseguridad jurídica. Además, no se había adaptado la normativa de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y no se estaba teniendo en cuenta en ella el enfoque previsto en relación con los derechos de las personas con discapacidad y su capacidad jurídica.
El Gobierno anterior derogó las medidas estatales de fomento del empleo de las personas con discapacidad. La deuda acumulada de las comunidades autónomas y las administraciones locales con las entidades del tercer sector puso en riesgo la viabilidad de las asociaciones y, por ende, la atención directa a las personas con discapacidad. A finales de 2011, en el manifiesto publicado con motivo del Día internacional de las personas con discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, el Comité español de representantes de las personas con discapacidad, Cermi, lamentó los recortes sociales llevados a cabo por el Gobierno anterior durante los tres o cuatro años anteriores. Concretamente dijeron: Han venido produciéndose en los últimos tres o cuatro años reducciones significativas de partidas sociales, que han hecho desaparecer o comprometido gravemente la sostenibilidad de servicios y dispositivos de apoyo y atención directa a hombres y mujeres con discapacidad y a sus familias, sobre todo, los gestionados por estructuras del tercer sector. En el mismo texto el comité añadió que estos recortes pueden originar un proceso progresivo de desmantelamiento de recursos y apoyos de consecuencias impredecibles para el bienestar social de las mujeres y hombres con discapacidad y sus familias.
El Gobierno del Partido Popular, a pesar de la crisis y de encontrarse con un país en quiebra y frente a la situación que había al inicio, caracterizada por la dispersión normativa, la derogación de las medidas estatales y la deuda con las entidades del tercer sector, ha avanzado durante estos cinco años de legislatura en la inserción laboral de las personas con discapacidad, en la protección de sus derechos, en medidas de acción positiva para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y en el apoyo de las entidades sociales.
Hoy hay una nueva ley, demandada por las entidades y las familias, un plan de acción para los próximos años, las personas con discapacidad podrán aparcar en plazas reservadas en toda España, hay una reforma fiscal que beneficia a las familias en las que hay personas con discapacidad, hay mayor seguridad jurídica, hay nuevas medidas de acción positiva para proteger a aquellas personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad y hay más empleo. (El señor presidente toca un timbre para indicar al orador que termine).
Termino, señor presidente. En resumen, hay un Gobierno que se ha preocupado por las personas con discapacidad, por dichos colectivos, por su presente y su futuro.
A esta proposición no de ley hay presentada una enmienda del Grupo Socialista. Para su defensa tiene la palabra la señora Martín.
Buenos días a todos, señorías. Permítanme que manifieste mi perplejidad, y reconozco que no dejan de asombrarnos. El Partido Popular nos sorprende hoy con una iniciativa que bien podría ejecutarse directamente desde la responsabilidad de un ministerio que dice estar comprometido con las políticas a favor de las personas con capacidades diferentes. En lugar de tomar la iniciativa y empezar a desarrollar las políticas adecuadas, nos traen hoy una propuesta que, sinceramente, es pertinente y necesaria, pero que bien podría haber desarrollado ya desde hace unos años, porque llevan seis años gobernando, señorías.
Mencionan en su exposición de motivos diferentes trabajos elaborados, como la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situación de dependencia de 2008 -señoría, de 2008-. Mencionan también otras macroencuestas anteriores, de 1986 y 1999, y no se dan cuenta que debería sonrojarles reconocer que no han hecho lo que debían hacer. Hay que ser un poco más serios, señorías. Traer una iniciativa a esta Comisión que debe dar respuesta a las necesidades de un sector, el de la discapacidad, es algo más serio que escribir cuatro líneas, porque su proposición no de ley ocupa cuatro líneas. No se puede decir que se hayan esforzado mucho.
Son muchas las tareas que tienen pendientes con el sector: la accesibilidad, el desarrollo de la Ley de lenguaje de signos, el trabajo escaso y precario de las personas con discapacidad, la integración educativa
o la revisión del baremo o reconocimiento de la discapacidad o el catálogo de prestaciones ortoprotésicas que parece que se les ha atragantado. Todas estas son tareas pendientes, y se puede alargar la lista. Es cierto que lo que no se mide y se cuantifica no permite buscar soluciones. La información precisa permite diseñar y poner en marcha las políticas más adecuadas, así como disponer de un sistema de seguimiento para conocer avances y retrocesos, rendir cuentas, evaluar y avanzar.
¿Hace falta una nueva encuesta? Sí. ¿Necesitan nuestro apoyo? Lo tienen pero, por favor, háganlo ya. Contamos con dos instituciones de prestigio, tanto el Instituto Nacional de Estadística como el Centro de Investigaciones Sociológicas pueden hacer un magnífico trabajo, pero háganlo ya. Nos acaba de decir que en 2017, lo desconocíamos, pero bienvenidos. Hemos presentado una enmienda que mejora considerablemente su propuesta. Creemos que el asunto es de suficiente calado como para dedicarle algo más de cuatro líneas. Modifiquen los sistemas de recogida de datos, incluyendo la variable de la discapacidad, permitan que participen las personas con discapacidad en el proceso, garanticen la cofidencialidad y la privacidad, incluyan a las mujeres con discapacidad y refuercen la perspectiva de género, adapten la metodología y colaboren para desarrollar más investigación, garanticen que los datos van a tener la suficiente relevancia como para obtener un reflejo real de la presencia de la discapacidad en nuestra sociedad. Hagan todos los esfuerzos posibles para que vivamos en una sociedad más inclusiva.
Espero que acepten nuestra propuesta. Si hubiéramos ido a lo más cómodo, hubiéramos votado que no porque su propuesta es insuficiente, pero es que queremos aportar y esperamos que acepten nuestra enmienda. Si no es así, no nos preocupa porque presentaremos otra proposición que recoja lo que hoy presentamos como enmienda, aunque ustedes no lo acepten.
Ahora es el turno de posicionamiento de los distintos grupos parlamentarios. Señor Igea, del Grupo Ciudadanos.
Señor Paniagua, señores del Partido Popular, nosotros también estamos a favor de la paz en el mundo. Digo esto porque este es el tipo de propuestas y de discursos que hacemos. He de decir que es verdaderamente lamentable -siento decirlo así- que se nos presente una propuesta para realizar una encuesta que ya estaba en el plan nacional del Instituto Nacional de Estadística de 2015 para hacerla en 2016. Esto está publicado. Pero también lo está en el plan de este año, también está publicado. No parece una propuesta muy atrevida pedir al Instituto Nacional de Estadística que haga lo que tenía que haber hecho el año pasado. Es el tipo de propuestas que traemos. Lo que me hubiera gustado es que alguien hubiera traído una propuesta aquí que explicase esto (Muestra un mapa), el mapa de la diversidad en España. Porque en esa encuesta de 2008 se decían cosas muy interesantes, como que hay el doble de satisfacción del trato a la discapacidad en unas comunidades que en otras, que hay el doble o el triple de incidencia de discapacidades visuales y motoras en unas comunidades que en otras. Mi pregunta es: ¿Alguien se ha leído la encuesta de 2008 o vamos a hacer como con la estrategia, es decir, pedir otra estrategia o hacer otra estrategia? Lo que no sería malo es que alguna vez alguien se leyera las encuestas, las estrategias, los planes que se hacen y sacara conclusiones. Por favor, dejemos de traer este tipo de proposiciones no de ley al Congreso. Analicemos los datos que tenemos, qué pasó con los datos de 2008, qué medidas se tomaron con esos datos. Es una encuesta súper completa, ¿alguien se la ha leído? ¿Alguien ha tomado medidas? ¿Alguien ha dicho, a raíz de esta encuesta propusimos esto y el cambio fue este? Nadie ha hecho esto. Ahora pedimos otra encuesta.
Por favor, les pido que se tomen con un poco más de seriedad y de responsabilidad nuestro trabajo porque hay 47 millones de españoles que dependen de las cosas que nosotros hacemos aquí. Nos abstendremos en esta proposición porque carece absolutamente de sentido y les pedimos, por favor, que a partir de ahora dejemos de pedir planes, dejemos de pedir estadísticas, leamos los planes que hemos hecho, leamos las estadísticas que tenemos y tomemos medidas.
Cierra este turno de posicionamientos la señora Alonso, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Consideramos que es una propuesta que, si bien no es mala, además de ser muy poco ambiciosa, por no decir nada, es tardía. La integración de las personas con diversidad funcional en una sociedad para todas pasa por que ellas, todas las personas con diversidad funcional, estén reflejadas; pasa por que las herramientas utilizadas para la detección de necesidades y diagnóstico de problemas sociales recojan aquella diversidad que a base de encuestas ad hoc se pretende subsanar. Pero resulta curioso que el mismo Partido Popular que está en el Gobierno nos traiga hoy esta propuesta, y lamentamos la obviedad de la misma, pues es ahora cuando el partido del Gobierno estima conveniente actualizar los datos estadísticos desde el 2008 sobre personas en situación de dependencia o respecto a la empleabilidad y salario de las personas con diversidad funcional. No obstante, ¿con qué datos contó y bajo qué argumentos realizó las reformas y recortes en dependencia?, por ejemplo. ¿Quieren decir sus señorías que la limitación de derechos que hemos sufrido en los últimos años no ha sido previa y adecuadamente evaluada y con los datos actualizados?
Con esta proposición el partido en el Gobierno nos dice claramente que no tenía ni idea de la situación real de las personas con diversidad funcional y en situación de dependencia; y sin embargo legisla para ellas.
Es necesaria la actualización de datos en las encuestas de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia a 2008, sin embargo, no podemos obviar que se trata de un parche absolutamente insuficiente; sería conveniente promover una reforma de la Ley general de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en la que se garantice la integración de modo efectivo en la actividad ordinaria de los poderes públicos, en la elaboración de sus estudios y estadísticas, teniendo que incluir sistemáticamente la variable de diversidad funcional en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que se lleven a cabo; es necesario establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de las personas con diversidad funcional y su manifestación e interacción en la realidad que se vaya a analizar; se deben diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el conocimiento de la incidencia en otras variables, cuya concurrencia resulta generadora de situaciones de discriminación múltiple en los diferentes ámbitos de intervención; hay que realizar, además, muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas variables incluidas puedan ser explotadas y analizadas en función de la variable de diversidad funcional; hay que explotar los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres con diversidad funcional en los diferentes ámbitos de intervención; se debe revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con objeto de contribuir al reconocimiento y valoración de las personas con diversidad funcional y evitar la estereotipación negativa de determinados colectivos; se debe obligar a que solo excepcionalmente, y mediante informe motivado y aprobado por el órgano competente, podrá justificarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones anteriormente especificadas.
Esto, señorías, es lo que se esperaría de un partido en el Gobierno que acude tarde a solventar problemas de diagnóstico. Sin embargo, conformémonos con que busquen la actualización.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alonso.
Señor Paniagua, en relación a las enmiendas.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Señor presidente, estamos negociando una transaccional y a lo largo de la mañana la haremos llegar a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Quiero pedir a todos los grupos que en la medida en que podamos tener los textos transaccionales, podremos repartirlos a lo largo de la mañana, lo cual nos permitirá, a la hora de las votaciones, mayor tranquilidad al saber exactamente aquello que se va a votar.
- SOBRE EL FONDO ESTATAL DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001086).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, en este caso, sobre el Fondo Estatal de Accesibilidad Universal. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor Ruiz.
Hace tres meses, en el transcurso de un debate en el Pleno en el que discutíamos, o mejor dicho, en el que nos pusimos de acuerdo sobre cómo conmemorar desde el Congreso de los Diputados el Día Internacional de la Discapacidad, para llegar a un acuerdo entre todos, los socialistas renunciamos, como es natural en una transacción, a una parte de lo que proponíamos. Todos estábamos de acuerdo en la importancia fundamental que tiene para todo tipo de personas con discapacidad la accesibilidad a todas partes. Y recuerdo que comenté que un amigo mío con discapacidad me había comentado que lo que más le hace notar que no es libre son las barreras con las que habitualmente se encuentra. En cambio, no todos estuvimos de acuerdo en pedir al Gobierno que creara un fondo, que era nuestra propuesta -no solo la nuestra- para acabar con las barreras. Una accesibilidad que ha de ser para todos, segura, cómoda, autónoma; lo más autónoma posible y lo más natural posible. Y que ha de abarcarlo todo: el entorno físico, el social, el económico, el cultural, la salud, la educación, la información, las comunicaciones. Sin accesibilidad no se pueden ejercer todos los derechos humanos ni las libertades fundamentales ni disfrutar de las conquistas sociales, que las leyes nos reconocen a todos nosotros tengamos o no todas las capacidades que es posible tener.
En definitiva, sin accesibilidad las posibilidades de ser feliz disminuyen de una manera drástica. Y conscientes de que derechos, libertades y conquistas sociales pueden quedar solo en unos párrafos muy bien escritos en el papel si desde los poderes públicos no se impulsan medidas para que no sea así, en diciembre del 2006 -o sea hace ya más de diez años- la ONU dictó la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad -el primer tratado de derechos humanos del siglo actual-, y en mayo de 2008 fuimos de los países primeros en ratificarla para, a continuación, iniciar la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a su contenido. Y podemos estar orgullosos, buena parte de nuestra sociedad ha incorporado desde entonces mucho de lo que significa la convención a nuestra mentalidad colectiva: que somos diversos; que asumir esa diversidad es enriquecedor; que las personas con discapacidades o con funcionalidades diversas, diferentes, pueden contribuir con su esfuerzo a mantener la sociedad; que por encima de cualquier otra consideración son personas y que, por tanto, hay que respetar sus derechos como se han de respetar los del resto de la sociedad.
No solo ratificamos la convención, nos dimos algunos plazos -que terminan en diciembre del actual 2017- para eliminar las barreras preexistentes de todo tipo que impiden acceder a calles, plazas, a todo tipo de bienes, a instalaciones o a servicios públicos a una parte de nuestros ciudadanos y ciudadanas. De tal manera que -gobernando ya el Partido Popular-, en la tercera disposición adicional del Real Decreto 1/2013, de 29 de noviembre, el del texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, se recoge el calendario para que todos los servicios fueran accesibles para todo tipo de ciudadanos, cada tipo de servicio, de bien, de infraestructura. Hay dos fechas que se repiten en la adicional machaconamente. Una es la del 4 de diciembre de 2017, la otra, el 4 de diciembre de ¡2015!, y se cita que han de ser accesibles espacios públicos urbanizados y edificaciones -algún día tendremos que hablar, por cierto, de la Ley sobre Propiedad Horizontal-, medidas de transporte -seguro que todos conocemos o sabemos de casos en los que todavía hoy difícilmente una persona con discapacidad, como mi amiga Ana Caparrós con su sillita de ruedas, puede subir a un tren- o de una persona con discapacidad que vive en un pueblo sin prácticamente posibilidad de acceder a servicios o a profesionales adecuados. Cita también oficinas públicas, dispositivos y servicios de atención al ciudadano.
Precisamente en estos días el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de ley para, colaborando con las comunidades autónomas, eliminar todo tipo de barreras y conseguir que el 112 sea accesible para las personas con discapacidad auditiva o con problemas cuando se tienen que expresar oralmente. Y cita la participación en los asuntos públicos, incluidos los que tienen que ver con la Administración de Justicia o con los procesos electorales; cuestión esta última que esperamos se resuelva con la reforma de la Ley Electoral. En definitiva, son las fechas en que todo tipo de bienes y servicios han de estar a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Y no crean que con el tiempo lo que he dicho ha caído en el olvido; solo tienen que poner en un buscador de Internet las palabras: "campaña horizonte accesibilidad" y poner la fecha de 4 de diciembre de 2017, y se encontrarán una campaña de las organizaciones que representan al mundo de la discapacidad que tiene por objeto, entre otras razones, refrescarnos la memoria por si a quienes se nos ha olvidado es a nosotros; a ellos, no. Porque aunque faltaba un año y cuando faltaba un año ya lo dijimos, la refrescaremos también nosotros la memoria ahora que quedan nueve meses. Todo indica que será prácticamente
imposible cumplir con el plazo que nos dimos. Así que visto todo, que las fechas dicen lo que dicen, que el Gobierno por las razones que sean -no queremos entrar en ellas ni discutir ni entrar en un debate sobre responsabilidades- no ha tomado medidas, lo que hacemos con esta iniciativa es poner encima de la mesa una fórmula, la de crear un fondo al que proponemos que vaya destinado un 1% del presupuesto ejecutado en obra pública, en infraestructuras y en la sociedad de la información, con el objetivo de garantizar las condiciones básicas de accesibilidad.
No somos ingenuos. No creemos que aprobando esta iniciativa a estas alturas del 2017 consigamos cumplir con el plazo, pero al menos podemos enviar un mensaje a toda la sociedad: que nos tomamos en serio llegar a la accesibilidad universal, ayudar a restablecer la confianza entre las personas con discapacidad que ven que se acerca el 4 de diciembre y no se hace nada para cumplir el plazo que nos dimos para hacer que su vida sea mejor. Y finalmente, se eliminarán cuantas más barreras mejor de aquí a entonces para seguir luego hasta eliminarlas todas, para que nuestro país sea accesible a todos, en definitiva, para que nuestro país sea de todos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz.
A esta iniciativa se han planteado distintas enmiendas. En primer lugar, para defender sus enmiendas, tiene la palabra el señor Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Esta iniciativa nos parece ciertamente buena y loable y, en el Grupo Parlamentario Ciudadanos, no podemos más que dar la razón a la exposición de motivos en cuanto a la obligación del cumplimiento de lo dispuesto en la Convención internacional de derechos de personas con discapacidad, en lo relativo a la accesibilidad universal. Igualmente, no podemos más que constatar el evidente retraso que España acumula como país firmante de la convención, en cuanto a su efectivo cumplimiento de cara a ese horizonte tope de diciembre de 2017, y por ello nos concierne velar, como se ha dicho, por aproximarnos al cumplimiento en ese plazo.
Sin embargo, la iniciativa nos ofrecía algunas dudas y por dicho motivo hemos presentado nuestra enmienda. Por ejemplo, señorías, cuando hablamos de accesibilidad universal en espacios públicos urbanizados y edificaciones se pone de manifiesto que la mayoría de nuestras calles, de nuestras plazas, de nuestras aceras no son de competencia estatal, sino local. Igual sucede con muchos medios de transporte, oficinas públicas, dispositivos de atención al ciudadano, que se reparten entre competencias locales, provinciales, comunidades autónomas y, por supuesto, también competencia estatal. Lo mismo podríamos decir de páginas web o de dispositivos tecnológicos. Este es el motivo por el que hemos optado por presentar una enmienda proponiendo la elaboración de un informe en el que se analice el estado de la accesibilidad en España y se cuantifique la necesidad de inversión. En nuestra enmienda suprimimos el 1% entendiendo que ese 1 era el mínimo y que, puestos a invertir en la accesibilidad, a lo peor, en ese informe que proponemos se arrojaban unas necesidades de inversión superiores, por lo que no deberíamos cerrarnos la puerta a que se destinaran al fondo cuantías superiores.
Finalmente, me gustaría puntualizar que dicho informe tiene también como finalidad la priorización de los trabajos más urgentes, en tanto en cuanto hemos echado en falta en la exposición de motivos de la iniciativa alguna referencia a los principios inspiradores que deberían regir ese fondo estatal, y ya supondrán sus señorías que para el Grupo Parlamentario Ciudadanos la solidaridad interterritorial y la equiparación de derechos y servicios accesibles, sin diferencia por razón del lugar de residencia, serían los principios irrenunciables que deberían inspirar y regir ese fondo, con la finalidad de vertebrar y cohesionar el Estado español también en materia de accesibilidad universal. Se está redactando una enmienda transaccional que recoge sustancialmente el contenido de la nuestra, por lo que votaremos favorablemente la iniciativa.
Hay también una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra la señora Marcos.
La señora MARCOS MOYANO: Gracias, señor presidente.
Señorías, antes de nada quisiera manifestar que tanto mi grupo, como el Gobierno al que da sustento, están firmemente comprometidos con la accesibilidad universal, porque somos conscientes de que esta es una condición inherente de la libertad del individuo y un elemento esencial y necesario para lograr una verdadera inclusión de las personas con discapacidad; un compromiso que viene demostrándose desde hace años en nuestro país con políticas como el Plan de acción sobre la estrategia de discapacidad, dotado con 3.093 millones de euros, compuesto de noventa y seis medidas y que avanza, entre otras materias, en la accesibilidad; en la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social; en la reforma de la legislación del sistema de protección a la infancia, que obliga a que todos los recursos dirigidos a la infancia reúnan condiciones de accesibilidad universal; o en la mejora de la accesibilidad de las instalaciones ferroviarias, portuarias y aeroportuarias.
Señorías, el compromiso se demuestra con hechos y no con promesas, porque les recuerdo que ya en 2004, cuando gobernaba el Partido Popular, se aprobó el Plan nacional de accesibilidad. A esa obligación de responsabilidad con la que vienen actuando los Gobiernos del Partido Popular es a la que apelo hoy aquí. Ustedes traen una iniciativa en al que cuestionan que el Ejecutivo pueda cumplir los plazos estipulados en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, sobre la exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación.
Nuestro país ha estado un año sin Gobierno y ustedes han tenido algo que ver; un año sin Gobierno han estado los ciudadanos con y sin discapacidad; un año en el que se podía haber avanzado mucho más a favor de la mejora de la accesibilidad universal. Y perdonen, pero también me pregunto por qué no impulsaron este fondo cuando estaban gobernando, si es una de las reivindicaciones históricas del Cermi. Señorías, permítanme que no responda por ustedes, aun sabiendo la respuesta.
Concluyo. Hoy mi grupo presenta una enmienda realista a una proposición no de ley, que no lo es tanto, y que se basa en la desconfianza de los poderes públicos; una enmienda que aboga por la elaboración del Plan de accesibilidad como instrumento clave y determinante de la acción del Gobierno en la materia, elaborado en el marco del Consejo territorial de servicios sociales y del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia, a fin de obtener la colaboración de las comunidades autónomas competentes en materia de servicios sociales.
Vamos ahora al turno de posicionamiento de los distintos grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Barandiaran.
Señorías, decía hace un momento creo que la representante de Ciudadanos, en relación a otra PNL, que esta era una manifestación más de que todos queremos ser buenos. Con esta ocurre exactamente lo mismo. Claro que es necesario atender a la accesibilidad con la creación de fondos, pero hacerlo en el marco de la simple buena voluntad, es decir, crear un fondo sin estructurar cómo se va a realizar, cómo se va a proponer, y hacerlo además con desconocimiento, como ha advertido el señor Gómez Balsera, de las administraciones que están llamadas en lo fundamental a intervenir en esa cuestión, tanto en la obra pública como en la desaparición de las barreras que pueden eliminar cualquier objeto de discapacidad, que son las comunidades y los entes locales, es un tanto optimista.
No podemos mostrarnos a favor de esta iniciativa, pero tampoco nos vamos a oponer a ella. Sí pedimos que en el futuro cualquier otra iniciativa que se vaya a proponer en este o en otro sentido tenga en cuenta la realidad institucional, y también las posibilidades reales de que se pueda ejecutar. Ser buenos está muy bien, pero además hay que ser realistas.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señora Arévalo.
Señorías, en nuestro país las estadísticas apuntan a que aproximadamente el 10% de la población tiene una discapacidad. Una de las principales necesidades de todas estas personas con diversidad funcional es la accesibilidad, pero la accesibilidad no siempre es bien entendida ni por la ciudadanía en general ni por las instituciones en particular. Eso es debido a que cuando pensamos en dicho concepto lo hacemos únicamente referido a barreras físicas, y además lo pensamos de forma individualizada. De esta mansera, lo estamos entendiendo mal porque lo que debemos hacer es pensar en la accesibilidad de manera universal. De hecho, eso es lo que mandata la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. La accesibilidad universal es necesaria porque nos ayuda a todas y las instituciones deben considerarlo como una inversión que produce beneficios para toda la sociedad, y no como un gasto. El principio de accesibilidad universal garantiza derechos fundamentales como el derecho a la igualdad de oportunidades, a la información, a la comunicación, a la participación; en definitiva, la accesibilidad universal normaliza la vida de las personas con discapacidad, pero en realidad lo que está ocurriendo es que el incumplimiento de la accesibilidad es generalizado.
El Gobierno del Partido Popular no está cumpliendo con las obligaciones dictadas por su propia legislación, y no está garantizando, por tanto, la igualdad de oportunidades a las personas con capacidades diferentes. Las mujeres y hombres con diversidad funcional de nuestro país no pueden disfrutar de manera plena de sus derechos fundamentales en igualdad de oportunidades, y lo que se está haciendo, mejor dicho, lo que no se está haciendo, recorta su autonomía personal y su vida independiente. Es imprescindible que cumplamos las normas porque está en juego la dignidad de las personas con discapacidad.
La base del ideario de nuestro Grupo Parlamentario Confederal son los derechos humanos y la dignidad de las personas. Los derechos humanos son universales; esto quiere decir que pertenecen a todos los seres humanos, también a las personas con distintas capacidades. Garantizar la accesibilidad universal, señorías del Grupo Popular, no es solo una obligación legal, sino que es una cuestión de justicia social.
Por eso valoramos de forma positiva la iniciativa del Grupo Socialista para promover la creación de un fondo estatal y la vamos a apoyar. Nos parece una medida tan acertada que la llevamos nosotras y nosotros en nuestro programa. (El señor presidente toca un timbre para indicar al orador que termine). Eso sí, animamos al Grupo Socialista a que dejen los ropajes de PNL a un lado, porque todas y todos aquí conocemos sus límites; todas y todos sabemos que las PNL son iniciativas de maquillaje legislativo. Y si el Partido Socialista de verdad quiere que se garantice la accesibilidad universal, atrévanse y elaboremos un proyecto de ley que haga posible ese fondo estatal para la accesibilidad universal. Estamos de acuerdo en el fondo, ustedes y nosotras queremos un fondo que se nutra del 1% de lo que los Presupuestos Generales del Estado destinan anualmente a las inversiones de obras públicas e infraestructuras a nuevas tecnologías y a la sociedad de información.
Termino ya. Tengo una compañera que siempre me recuerda que la discapacidad no está en las personas, sino que es el entorno el que discapacita. El entorno no siempre es el arquitectónico, es también el de la comunicación, el de la información o el del transporte. Está en nuestras manos, señorías del Partido Socialista, cambiar este entorno. Anímense.
Señor Ruiz, en relación con las enmiendas he entendido que están elaborando una transacción. ¿Es así? (Asentimiento).
- SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA EN EL TRANSPORTE AÉREO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/001209).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día. Se trata de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo.
Para su defensa tiene la palabra el señor Capdevila.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Gràcies, president.
Buenos días. Presentamos esta proposición con el objetivo de garantizar los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo. En la Unión Europea el transporte aéreo viene regulado por el Reglamento 1107/2006 del Parlamento Europeo sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo y tiene como principal objetivo establecer las normas de protección y asistencia de personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo tanto para protegerlas de la discriminación como para asegurar que reciban la asistencia.
Las disposiciones del reglamento son aplicables a personas con discapacidad o movilidad reducida que utilicen o pretendan utilizar vuelos comerciales de pasajeros que salgan de los aeropuertos situados en el territorio de un Estado miembro. El reglamento se muestra tajante sobre las compañías aéreas, los agentes o los operadores turísticos que se nieguen a aceptar una reserva para un vuelo que salga o llegue a un aeropuerto sujeto a las disposiciones de dicho reglamento o a no embarcar a una persona con discapacidad o movilidad reducida, siempre que esta persona disponga de un billete válido y de una reserva, alegando motivos de discapacidad o movilidad reducida de pasajeros. Sin embargo, existen diferentes compañías aéreas que operan en el Estado español que se han negado reiteradamente a embarcar personas con discapacidad. Esta exclusión deliberada, alegando razones de seguridad que no se explican, supone una privación a esta parte de la ciudadanía de un medio de transporte esencial como es el transporte aéreo. El último caso ha sido el de un estudiante español sordociego que, estando realizando una beca Erasmus en Londres, fue excluido alegando razones de seguridad de su vuelo.
Es necesario defender los derechos de las personas con discapacidad y movilidad reducida y por este motivo presentamos esta PNL en la que pedimos al Gobierno que sea inflexible en el cumplimiento de esta normativa con las compañías aéreas, al mismo tiempo que habilite un régimen sancionador para aquellas aerolíneas u operadores turísticos que vulneren estos derechos.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa tiene la palabra el señor Candón.
Buenos días. Hoy Esquerra Republicana vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el acceso de las personas con discapacidad en los medios de transporte como ya hizo en la Comisión del 20 de diciembre. Nuestro grupo presenta una enmienda alternativa con objeto de alcanzar un acuerdo.
En cuanto a la exposición que hemos escuchado atentamente del planteamiento del grupo autor de la iniciativa no somos ajenos a la realidad que exponen evidentemente. Somos conscientes de que las personas con discapacidad se enfrentan a multitud de obstáculos diariamente, no sólo físicos ni solo en el transporte, que impiden el desarrollo normal de su vida diaria. Sin embargo, no creemos que el caso al que se refieren sea el habitual y, por tanto, no compartimos todas sus sugerencias.
Centrándome en la proposición no de ley quiero señalar lo siguiente. Atendiendo al reglamento, este reglamento al que se hace mención, se entiende que la denegación del embarque a una persona de movilidad reducida no supone necesariamente un incumplimiento de la normativa de aplicación, sino que es preciso analizar las circunstancias en las que dichas denegaciones se producen. Una vez dicho esto, no significa que no se estén llevando a cabo otras medidas a favor de los derechos de personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo. En ese sentido, el antedicho reglamento contempla la transmisión de responsabilidad de la asistencia a personas de movilidad reducida a los gestores aeroportuarios. Por esa razón, en 2008 Aena puso en marcha el servicio de atención a personas con movilidad reducida que tiene como finalidad facilitar el paso por sus instalaciones a todos aquellos pasajeros que por diferentes motivos tengan dificultad para hacerlo. A partir de su puesta en marcha y hasta 2016 se han realizado más de 8 millones de asistencia y se han consignado para su funcionamiento 1.500 agentes, 95 ambulifts, 100 equipos adaptados y casi 200 sillas de ruedas entre otros medios.
Además, no quiero dejar de destacar que, con el fin de cubrir adecuadamente las necesidades de las personas con discapacidad en el trasporte aéreo, Aena colabora muy estrechamente con entidades como, por ejemplo, Cermi, con el que tiene suscrito un convenio de colaboración y con el que recientemente ha elaborado un manual de atención a personas con movilidad reducida.
Sin querer alargarme mucho más, quiero indicar que el servicio de asistencia a personas con movilidad reducida es auditado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, a lo que se hace referencia en la
proposición no de ley en cuatro puntos para verificar que cumplen las obligaciones descritas en el citado reglamento y hasta el momento los resultados han sido favorables, porque parece que los organismos competentes no realizan su trabajo y lo hacen y, de hecho, lo hacen bastante bien. Además, el servicio de personas con movilidad reducida ha recibido diferentes distinciones con carácter nacional e internacional como el cermi.es 2010 en la categoría de accesibilidad universal o el primer premio United Nations Public Service Award en la categoría de mejora de servicios públicos en la región de Europa y el norte de América, reflejo del considerable esfuerzo realizado por la entidad para ofrecer un servicio de alta calidad.
Termino, señorías. Como dije al principio, somos conscientes de que queda mucho trabajo por hacer, es evidente, no tenemos el 100% de todo, pero eso no significa que no se haya hecho nada hasta el momento y que los organismos dependientes y encargados de la supervisión de todos estos asuntos funcionan. Eso no significa que no tengamos a personas, gobiernos, entidades, organismos públicos y administraciones que sean conscientes y que tengan voluntad de hacer la vida más fácil y más accesible a muchas personas. Por eso mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la proposición no de ley para seguir avanzando y que aglutina bastante bien en los tres puntos que tiene como son intensificar, continuar y potenciar, que las personas tengan mayor accesibilidad en el transporte aéreo. Ahora hablaremos con el proponente.
Abrimos el turno de intervenciones de los distintos portavoces para fijar la posición de los grupos parlamentarios.
Señor Barandiaran, del Grupo Vasco.
El señor BARANDIARAN BENITO: Intervengo lo más brevemente posible. Hace pocos días compareció la comisaria europea de Transportes en este Congreso y, entre otras cuestiones, finalmente le comenté el suceso al que se ha referido el proponente de la PNL en relación con un ciudadano español al que se le había denegado el acceso por no ir acompañado en un vuelo desde Londres a Barcelona.
Esa misma cuestión y otra parecida se la comenté al ministro de Fomento en la presentación de su programa ante la Comisión de Fomento hace también cerca de dos meses más o menos. Me prometió que se iba a interesar por ello, no dudo de que lo haya hecho, aunque no conozco su respuesta. Finalmente lo que sucede en este ámbito es que, queramos o no, la dimensión es ya otra, la dimensión no es exclusivamente estatal, sino fundamentalmente europea.
Entendiendo la intervención del representante del Partido Popular, tengo que decir que me gusta más la propuesta que hace la propia proposición no de ley en tanto en cuanto pretende remitir las responsabilidades y el impulso de esta actuación al ámbito comunitario europeo, porque es precisamente en el ámbito europeo donde se podría establecer una directiva que señalara las obligaciones de aquellos operadores aéreos que funcionan en cualquier tipo de aeropuerto de la Unión Europea. Por eso, entiendo que es necesaria esta propuesta, ya que hay que respetar el reglamento, y me gustaría que se solicitara que el régimen sancionador al que se ha referido se contemplara también en el desarrollo del reglamento que pueda hacer la Unión Europea. En todo caso, votaremos a favor de la propuesta, esté o no esté transaccionada.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para fijar su posición, señor Gómez.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos votará favorablemente a esta iniciativa por considerar que la actual legislación vigente en la Unión Europea sobre derechos de los pasajeros aéreos no debiera resultar desconocida a estas alturas para las compañías aéreas al llevar en vigor desde 2008. Esta legislación garantiza el derecho a la no discriminación por motivos de discapacidad o, dicho en sentido positivo, consagra para las personas con discapacidad el mismo derecho a viajar que tiene cualquier otra persona y a hacerlo en condiciones de igualdad y con asistencia gratuita, tanto en el aeropuerto como a bordo del avión. Además, en caso de incertidumbre o problemas prácticos no contemplados en la legislación, entendemos que estas situaciones deberían resolverse siempre favorablemente para la persona con discapacidad para garantizar así una aplicación uniforme de la ley en todo el territorio de la Unión Europea
y que no se produzcan limitaciones o requisitos diferentes en función del aeropuerto o de la compañía aérea de que se trate. Por ello, resulta especialmente doloroso y rechazable que se sigan produciendo denuncias de discriminación en pleno año 2017 como la presentada recientemente por el estudiante sordociego al que no se permitió embarcar por razones de seguridad. La seguridad es muy importante, por supuesto; la seguridad de todos los pasajeros y tripulantes es primordial a bordo de un vuelo. Por ello, señorías, la denegación del embarque aduciendo motivos de seguridad deberá estar claramente justificada y prácticamente debería ir acompañada de la detención y puesta a disposición judicial de la persona como presunto terrorista. No entiendo a qué otras situaciones de normalidad se refiere el portavoz popular para justificar la denegación de embarque a personas con discapacidad.
Por tanto, consideramos acertado que se proponga elaborar un régimen sancionador, posibilidad que ya contempla el artículo 16 del reglamento 1107/2006, que dice que las sanciones deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. Lo consideramos acertado porque hay que contemplar un régimen sancionador específico para estas situaciones de discriminación por motivos de discapacidad, dado que el régimen previsto en la Ley 21/2013 de Seguridad Aérea, la que cita la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, no lo recoge así, sino de modo genérico. Dentro de esas sanciones, no nos cabe duda de que la propuesta de pérdida de subvenciones o ayudas públicas resulta bastante disuasoria.
Finalmente, quiero decir que apoyamos también el registro de quejas, así como el informe de Estado que deberá recibir esta Comisión y que sin duda no será de utilidad para valorar el cumplimiento de esta legislación por parte de las compañías aéreas una vez que pongamos en marcha este régimen sancionador. El propio reglamento en su artículo 17 recoge que a partir de 2010 la Comisión presentaría al Parlamento Europeo y al Consejo un informe de estas características sobre su aplicación y resultado. Desconozco si ha llegado a elaborarse; solo he podido localizar unas directrices interpretativas de 2012. Por eso, someto a consideración de la Mesa la posibilidad de recabar de los servicios documentales de la Cámara la existencia de ese informe y la puesta a disposición de los grupos.
Le recuerdo que el Reglamento prevé que los diputados tienen la posibilidad de pedir documentación al Gobierno en relación con informes. Le sugiero que lo articule de esa manera. Si eso no fuera posible, la propia Presidencia de la Comisión lo plantearía, pero estoy seguro de que el Gobierno le va a facilitar esta documentación si es necesario.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Alonso para fijar su posición.
Precisamente ayer por la tarde venía en tren y una avería hizo que se detuviera durante varias horas, de tal modo que llegué a Madrid a las tres de la madrugada. Tenía en mente esta proposición no de ley y no pude evitar plantearme cómo sería el mismo recorrido que yo realicé ayer, y que realizó cada semana, para una persona con diversidad funcional o movilidad reducida. Ya de entrada las páginas web para sacar el billete no están adaptadas para personas ciegas. Me preguntaba cómo debe ser el desplazamiento y acceso a los diferentes medios de transporte -tren o avión- y, sobre todo, cómo debe ser vivir un trasbordo imprevisto como el que hubo en este caso de un medio a otro si la persona tiene que ir en una silla de ruedas, si la persona no ve y lógicamente no conoce el entorno o si no comprende los cambios bruscos que suceden en su rutina diaria.
Toda persona tiene derecho a moverse y a comunicarse de forma autónoma y es deber de la sociedad poner en marcha las medidas que sean necesarias para facilitar condiciones de vida de calidad a todas las personas y, lógicamente, habrá que dedicar los recursos que sean necesarios para derribar las barreras que las limitan en alguna medida. En este sentido, las personas con diversidad funcional o movilidad reducida deben tener las mismas oportunidades de utilizar el transporte aéreo que los demás ciudadanos. Por tanto, ante esta proposición no de ley nuestro grupo votará a favor, pues es lamentable la diferencia existente en cuanto al ejercicio del derecho al transporte.
Estamos hablando, en definitiva, de la libertad de toda persona a circular, moverse y desplazarse de un lugar a otro. Esta acción instrumental, de cuyo ejercicio muchas de nosotras no somos conscientes, es una odisea para miles de ciudadanos, como ya he intentado explicar. En esta ocasión nos referimos principalmente al transporte aéreo, el más moderno de todos y el que posibilita el desplazamiento en menor tiempo y cuenta con un perfil internacional de persona usuaria. No obstante, este transporte no es
el único que presenta problemas para las personas con diversidad funcional, tal como se señala en el punto número 5. Destacaría en esta proposición no de ley un par de cuestiones. Hay que cuidar el lenguaje y utilizar en la medida de lo posible "diversidad funcional" frente al uso indiscriminado de "discapacidad". Además, hay que establecer para regularlo por otra vía que no solo las compañías que no cumplan el reglamento no puedan acceder a subvenciones o a empresas públicas, sino tampoco a contratos públicos. Debería ser una cláusula a incluir de forma obligatoria en los pliegos de contratación pública.
Finalizamos este debate con la intervención del Grupo Parlamentario Socialista para fijar su posición a través de la señora Flórez.
La señora FLÓREZ RODRÍGUEZ: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.
La actual legislación de la Unión Europea sobre derechos de los pasajeros aéreos garantiza el derecho a la no discriminación por motivos de discapacidad. El reglamento 1107/2006 que entró en vigor en 2008 contempla que en el artículo 4 una serie de excepciones y es este artículo, por la particular interpretación que de él hacen ciertas compañías u operadores -concretamente, por los denominados motivos de seguridad entre comillas-, la razón por la cual sigue siendo aún demasiado frecuente que a las personas con discapacidad se les deniegue o restrinja sin justificación la reserva de vuelos o el embarque por motivos de seguridad.
A pesar de que la Unión Europea publicó en el año 2012 unas normas de interpretación de esta regulación, la aplicación poco uniforme de la normativa ha hecho que a los pasajeros se les impongan requisitos y limitaciones diferentes cuando utilizan aeropuertos y compañías aéreas. Pero no debemos olvidar que, según el artículo 14 de la citada regulación, es cada uno de los Estados miembros quien debe designar el organismo u organismos responsables de la aplicación de la misma en relación con los vuelos que salgan o lleguen a su territorio. Tampoco debemos olvidar que existe el Real Decreto 1544/2007 por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad y que en su anexo III completa la normativa europea, incluyendo otras condiciones no reguladas y relativas a infraestructuras, sistemas de información y de comunicación, etcétera.
En el Grupo Parlamentario Socialista saludamos la proposición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, pero recordemos que tenemos una regulación específica y que lo que está fallando es la supervisión, el control y la sanción para quien incumple los derechos de los usuarios. Lo que está fallando en estos momentos es el papel que debería estar desempeñando el Gobierno del Partido Popular. Además, este mismo asunto ya fue abordado en el año 2014 -volvemos al déjà vu- y ya entonces comprometió su apoyo. ¿Qué ha pasado desde entonces, señorías? En lo que concierne al caso del joven sordociego al que una compañía de bajo coste irlandesa impidió volar solo, caso que motivó la proposición no de ley que estamos debatiendo, sabemos que el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, aseguró ya en enero pasado que su departamento se planteaba presentar una reclamación ante las autoridades británicas para evitar que esta compañía, que todos sabemos cuál es, siga prohibiendo volar a personas sordociegas si no viajan acompañadas. ¿Qué ha pasado con esta reclamación? ¿Llegó a presentarse?
Esta propuesta es necesaria, pero nuestro voto va a depender de la decisión que tome el grupo proponente respecto a la enmienda del Partido Popular puesto que la consideramos poco ambiciosa, por decirlo así. Por otro lado, en esta proposición hablamos del embarque, pero son cientos los ejemplos discriminatorios que sufren los usuarios con discapacidad en los medios de transporte aéreos, tanto en las condiciones de viaje como en el tránsito por terminales, aeropuertos, etcétera. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista registrará próximamente una iniciativa destinada a garantizar la plena accesibilidad en el transporte a cualquier tipo de persona afectada por no importe qué tipo de discapacidad.
Con esto damos por terminado el debate. Señor Capdevila, en relación con las enmiendas.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Las leeremos con suma atención, pero de entrada parece que no nos estamos poniendo de acuerdo.
- SOBRE DEPORTE Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001235).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la proposición no de ley sobre deporte y personas con discapacidad, que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra la señora Moraleja.
La señora MORALEJA GÓMEZ: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.
El Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente proposición no de ley, relacionada con el deporte y las personas con discapacidad para su debate en esta Comisión. La inclusión social de las personas con discapacidad es un objetivo prioritario para los agentes políticos y sociales de nuestro país, por ese motivo es fundamental remover las barreras existentes para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de una vida plena en igualad de condiciones y en todos los ámbitos, incluido el del deporte, por supuesto. Numerosos estudios reconocen que la práctica deportiva aporta múltiples beneficios, muy especialmente a aquellas personas que tienen alguna discapacidad, impulsa el afán de superación, ayuda a la integración social, aumenta la autoestima y promueve la autonomía y el desarrollo personal.
Conscientes de la importancia del deporte para las personas con discapacidad, el director gerente del Comité Paralímpico Español compareció en esta Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad el 26 de octubre, donde dio cuenta de los grandes resultados de la delegación paralímpica en los Juegos de Río de 2016. Pero también señaló los problemas de diversa índole a los que se enfrenta el deporte paralímpico. Por ello, en el ámbito de sus competencias, el Consejo Superior de Deportes dedica al deporte adaptado de alta competición y de forma anual una partida dentro de la resolución de ayudas a federaciones españolas deportivas. En el pasado 2016, y solo a cinco federaciones españolas polideportivas de deporte adaptado, destinó la cantidad de 1,2 millones de euros. Asimismo, el Plan ADOP, Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico, del que forma parte también el Consejo Superior de Deportes, recibe la misma consideración en lo referente a mecenazgo e incentivos fiscales a sus patrocinadores que el Plan ADO, Plan de Asociación Deportes Olímpicos. En esta misma línea de apoyo al deporte paralímpico, el Consejo Superior de Deportes y el Comité Paralímpico Español firman anualmente un convenio de colaboración, al que el pasado 2016 destinó 750.000 euros.
Por otro lado, según los estudios que realiza el Cermi, la actividad más deseada por las personas con discapacidad, aparte de la laboral, es sin duda la deportiva. Esta voluntad no se ve reflejada en la realidad. Las encuestas nacionales señalan que mientras que los españoles cada vez practicamos más deporte por el mero placer de hacerlo, de sentirnos bien, no ocurre lo mismo entre las personas con discapacidad, tal como demuestran los datos sobre licencias federativas de personas con discapacidad, que representan tan solo un 0,5 % del total.
La Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad establece en su artículo 30, apartado 5, las medidas que los Estados parte deben adoptar para que las personas con discapacidad puedan participar, en igualdad de condiciones con las demás, de actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas. Asimismo, establece alentar y promover la participación en la mayor medida posible de las personas con discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles; asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de participar en dichas actividades, y a ese fin alentar a que se les ofrezca, en igualdad de condiciones con las demás, la instrucción, la formación y los recursos adecuados; asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas; asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso que los demás niños y niñas a la participación en actividades lúdicas recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro el entorno del sistema escolar.
Asimismo, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, establece el mandato a las administraciones públicas de proteger de forma especialmente intensa los derechos de las personas con discapacidad para acceso al deporte y al ocio. Y el Plan integral de la actividad física y deporte 2010-2020 identifica como uno de los siete ejes estratégicos transversales aplicables al conjunto de los ámbitos que el plan aborda el facilitar el acceso de las personas a la práctica de la actividad física y el deporte; accesibilidad física, de las instalaciones, de desarrollo del deporte en el marco local cercano al ciudadano; accesibilidad social, no excluyente, primando entornos inclusivos;
accesibilidad real de mujeres y hombres, accesibilidad de los escolares, de las personas mayores y de las personas con discapacidad. El plan contiene un programa específico de personas con discapacidad, cuyos objetivos son generalizar la práctica de la actividad física y el deporte para los ciudadanos con discapacidad, con preferencia en un entorno inclusivo y en un marco próximo a su contexto social y familiar, como decíamos, garantizar el acceso y el uso y disfrute en el diseño de las instalaciones deportivas como elemento fundamental de igualdad de oportunidades; mejorar la formación y la especialización de los responsables deportivos y la sensibilización ciudadana. Para ello, se contemplan las siguientes medidas: la inclusión de la discapacidad en centros docentes; actividad física adaptada para personas con discapacidad en el sistema sanitario; perfiles profesionales de especialistas en actividad física adaptada; manual de buenas prácticas en la educación física y de la actividad física deportiva inclusiva y la integración de los deportistas con discapacidad en las federaciones deportivas.
Todo ello nos muestra que, pese a que se ha avanzado mucho, es necesario seguir aportando medidas para que la práctica deportiva de las personas con discapacidad se consolide como una actividad no solo de esparcimiento sino también como un hábito saludable que contribuya a mejorar la calidad de vida desde edades tempranas. Además, en la práctica de actividad física y deportiva en el ámbito escolar, lo fundamental no es ganar, sino educar en la participación y la comprensión, promoviendo de ese modo la inclusión social de las personas con discapacidad. Por ello, este grupo parlamentario presenta la siguiente proposición no de ley e insta al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales, a adoptar las iniciativas necesarias para potenciar la inclusión de las personas con discapacidad en igualad de condiciones en el deporte base y, en especial, en edad escolar.
Presidente, se ha llegado a una transaccional. Se ha hablado con todos los grupos parlamentarios. Vamos a votar los términos de la transaccional. Se incluyen parte de las enmiendas que se han presentado por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos y también por el Grupo Parlamentario Socialista. Se va a votar en los términos de la transaccional, que le hacemos llegar ahora con la firma de todos los grupos parlamentarios que votan a favor de esta iniciativa. En esta enmienda transaccional se incluye, en un gesto del Partido Popular de diálogo y de incluir a las demás fuerzas políticas, bastante de las otras enmiendas que se han presentado. Hay una parte que no se puede incluir, como la de la financiación, y que ambos proponían, pero ahora mismo no tenemos presupuestos generales para 2017. Si los partidos políticos dejasen de lado los intereses partidistas y se dedicasen al interés general de todos los ciudadanos españoles, tendríamos presupuestos y, por tanto, se podría hablar de financiación y de futura financiación para estos presupuestos de 2017.
Efectivamente, tenemos unas enmiendas a esta iniciativa. En primer lugar, tenemos las enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En su nombre, tiene la palabra la señora Arévalo. Adelante y gracias.
El Grupo Parlamentario Popular nos presenta una PNL sobre deporte y discapacidad. Esta PNL es otro brindis al sol del partido del Gobierno, porque en la iniciativa no hay una sola acción o medida concreta que llevar a cabo. El Grupo Parlamentario Confederal ha planteado una enmienda con el objetivo de que esta proposición no de ley contemple una serie de medidas que mejoren la salud del deporte adaptado en nuestro país. Estas medidas son precisamente las que el representante del Comité Paralímpico, que compareció en octubre del año pasado, nos instó a poner en marcha desde esta Comisión. La PNL del Partido Popular no solo no propone ninguna acción concreta, sino que ni siquiera analiza qué está ocurriendo con el deporte adaptado en España.
Según las encuestas, la actividad más deseada por las personas con discapacidad es la práctica deportiva y, sin embargo, el deporte de base adaptado no es masivo ni está democratizado. La primera iniciativa que planteamos en nuestra enmienda va encaminada a instaurar un sistema de financiación al deporte de base de personas con capacidades diferentes. También queremos que se dote de mayor presupuesto a aquellas federaciones deportivas que estén llevando a cabo o hayan realizado ya el proceso de integración en sus estructuras a deportistas con diversidad funcional. Esperamos y deseamos que los Presupuestos Generales del Estado para 2017 apoyen, mejoren y reconozcan el deporte y la práctica deportiva estable de las personas con capacidades diferentes. Hasta ahora el deporte adaptado ha
quedado siempre relegado en los presupuestos. Es vergonzoso que el dinero privado esté siendo más sensible con este colectivo que el dinero público.
La tercera iniciativa que proponemos es intensificar la cobertura del deporte adaptado de Radiotelevisión Española y del resto de medios públicos. Además, es preciso que se adapten las infraestructuras deportivas. Esta no es una querencia nuestra sino que, según el Consejo Superior de Deportes, solamente el 17% de los vestuarios de las instalaciones deportivas están adaptados.
Otro problema que tenemos es la educación física. ¿Qué hace un profesor de Educación Física cuando se encuentra con una ratio de 25 alumnos y una niña o un niño en silla de ruedas? Lo que suele suceder es que esa alumna o ese alumno quedan exentos. Por tanto -y esta es nuestra quinta medida-, debemos garantizar la inclusión de los alumnos con capacidades diferentes en las clases de Educación Física.
Voy terminando. Ser mujer con discapacidad y practicar deporte no es fácil, por eso exigimos la implementación de políticas de discriminación positiva en este ámbito. Sabemos y reconocemos que se han hecho esfuerzos -por supuesto-, no negamos los avances que se han realizado, pero tenemos que seguir trabajando por una mayor financiación, por una mayor visibilidad. Tenemos que ir haciendo camino para que las instituciones de una vez por todas se pongan al servicio de los colectivos sociales, en este caso de las personas con capacidades diferentes.
Tenemos también una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, señora Martínez.
Estamos completamente de acuerdo con la necesidad de potenciar el deporte base entre las personas con discapacidad. Es una gran manera de poder disfrutar de una vida más saludable, de una mayor integración y desde luego del ocio, pero para ello hay que avanzar y se deben dar las condiciones adecuadas, empezando por mejorar la accesibilidad de todas las infraestructuras deportivas, las de la práctica deportiva, para hacer que el deporte sea también un derecho pleno de la ciudadanía y de las personas con minusvalías o discapacidad.
En segundo lugar, entendemos que potenciar el deporte en edad escolar pasa por potenciarlo también desde el ámbito escolar, es decir, desde los centros educativos. En este sentido, es imprescindible que tanto las instalaciones escolares como el material a utilizar en las sesiones de Educación Física estén adaptados a las necesidades educativas del alumnado: supresión de barreras arquitectónicas, correcta señalización, vestuarios adaptados, ascensores, etcétera. Afortunadamente, cada centro escolar que se construye en España está obligado a cumplir con la normativa de accesibilidad, pero a pesar de ello se convierte en una barrera para la participación cuando se trata de centros antiguos o cuando no se aplica correctamente la normativa. No me voy a detener en exceso en este tema porque espero que más adelante tengamos la ocasión de debatir una proposición no de ley registrada sobre la enseñanza específica de la Educación Física para alumnos con discapacidad.
Esto en cuanto a infraestructuras, pero para apoyar la inclusión de los niños con discapacidad en la práctica deportiva también ha de tenerse en cuenta que se ha de facilitar personal especializado o de apoyo para poder atender en caso de necesidad y que los monitores o entrenadores cuenten con la formación o información necesaria para poder atender adecuadamente a estos alumnos. Y no me refiero exclusivamente a una ayuda física, sino también a una ayuda para que la inclusión sea efectiva y que estos niños y niñas no sufran ningún tipo de discriminación y además se potencie la ayuda entre iguales.
A pesar de reconocer una necesidad, su propuesta se nos hace insuficiente, y es que sin financiación y sin una mayor concreción esta propuesta puede quedar -como ya se ha dicho- en un brindis al sol, en la nada, y lo que nosotros queremos es que no haya solo intención sino una realidad. Teniendo en cuenta que hay que colaborar con comunidades autónomas y ayuntamientos, se debe hacer un esfuerzo también especial por facilitar la accesibilidad, y para ello no solo vale la buena voluntad, sino que sería deseable poner medidas en los gimnasios de los centros educativos y de los pabellones deportivos para que el deporte fuese accesible, lo cual requiere tener personal de apoyo. Sin ayuda, en algunas ocasiones, difícilmente se puede lograr que estos jóvenes puedan practicar el deporte adecuadamente y no ser meros observadores de la práctica deportiva.
Por ello, les hemos planteado una enmienda de sustitución, para crear un plan director con las comunidades autónomas y las entidades locales que cuente con suficiente financiación, algo que nos parece imprescindible -y no es partidismo, señora diputada del Partido Popular- no solo para potenciar el deporte, sino para mejorar la accesibilidad que estamos comentando y que haya personal suficientemente cualificado y formado para atender este tipo de necesidades adecuadamente. Por tanto, si no se acepta la financiación que reclamamos, teniendo en cuenta que la enmienda transaccional que se ha presentado mejora sensiblemente la iniciativa presentada por el Grupo Popular, nosotros sin duda nos abstendríamos al considerar imprescindible avanzar en este sentido.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Alli.
Quiero hacer una consideración previa a mi intervención con relación a la PNL que ha propuesto el Grupo Popular. Antes se me criticaba porque se solicita un plan que ya está aprobado. Pues bien, una cosa es aprobar un plan en un Consejo de Ministros y otra cosa es que haya voluntad política para que se desarrollen realmente las políticas que se aprueban en dicho plan. En cualquier caso, con relación a esta proposición no de ley quiero decir que vengo de una tierra que practica deporte y que ha contado con políticas efectivas durante los últimos veinticinco años con relación al deporte base inclusivo, y les voy a dar algunas cifras, siempre a cierre de 2015. El 48% de la población navarra practica o hace ejercicio físico habitualmente al cabo del año. Existen en este momento 73.000 licencias federativas, siendo una de las mayores ratios que existen a nivel nacional. Existen unos juegos deportivos navarros en los que practican deporte de manera inclusiva 26.000 niños entre los seis y los doce años, con y sin discapacidad, y existen en este momento unas 2.200 instalaciones deportivas, el 97% de las cuales son accesibles.
Por tanto, hablar de una sociedad que practica el deporte es hablar de una sociedad sana que ahorra en costes en relación con la intervención sanitaria y sobre todo con relación al retraso de la dependencia. En consecuencia, no concebimos otra sociedad que no sea como la sociedad que en este caso conocemos bien, la sociedad Navarra. Además, creo que de todos los ámbitos de la vida cotidiana de cualquier persona el deporte es indudablemente la mejor herramienta de inclusión tanto para las personas con o sin discapacidad como para los espectadores del deporte de elite, pero especialmente me refiero al deporte base en cuanto a la participación de niños y niñas con y sin discapacidad de manera inclusiva. También es cierto que hay que tener en cuenta a partir de qué edades los deportes de personas con discapacidad pueden incluirse ya en la Federación, por ejemplo, de deporte adaptado.
En cualquier caso, estamos a favor. De hecho, varias de las propuestas que figuran en la enmienda transaccional ya se practican en Navarra y, por tanto, la apoyaremos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Allí.
Abrimos el turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra, para la defensa de su posición, el señor Gómez.
De acuerdo con la estructura territorial y competencial existente en España, las políticas impulsoras sobre promoción de deporte recaen en mayor medida tanto en los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas como en las entidades locales, de acuerdo con la Ley de Bases del Régimen Local. Pero no es menos cierto que la actual Ley del Deporte del Estado español explicita en el párrafo sexto de su preámbulo que estas políticas deben conectarse desde el Gobierno de la nación. Asimismo, y respecto al deporte base, el artículo 6 de la citada Ley del Deporte incide en que si el deporte de alto nivel es gestión prioritaria para el Gobierno de la España, lo es precisamente porque en primer lugar sirve de estímulo para el fomento del deporte base.
Algunas medidas positivas se tomaron a partir de la Ley del Deporte para facilitar la labor de clubes y federaciones, como la modificación de la Ley del IVA, para favorecer el asociacionismo deportivo de base recogiendo el espíritu de la directiva europea y equiparando el régimen fiscal de los clubes de aficionados españoles a sus homónimos comunitarios.
Por otro lado, el deporte adaptado carece de los cimientos que de alguna manera soporta la estructura del deporte para deportistas sin discapacidad. Un factor clave es que las federaciones deportivas que desarrollan especialidades de deporte adaptado, y que en este país son uno de los agentes importantes en el desarrollo del deporte base, no están lo suficientemente reconocidas por las administraciones públicas a tenor de las subvenciones y de las políticas de impulso en general hacia estas entidades, que en muchas ocasiones están descoordinadas. Asimismo, sería necesario destacar que en deporte adaptado ha sido una entidad privada la que desde hace décadas ha tomado la iniciativa de desarrollar el deporte adaptado desde la base hasta la elite, y esta ha sido la Fundación ONCE.
Ahora bien, a tenor de la justificación dada al comienzo de mi exposición, es un aspecto competencial y de responsabilidad política que sea la Administración pública quien deba encabezar y liderar esta acción política, y creemos que es el Consejo Superior de Deportes quien debiera ejercer este liderazgo y no una entidad privada, por lo que nos resulta inaudito que el Gobierno de España siga confiando a esta entidad la responsabilidad del deporte para personas con discapacidad.
En definitiva, sería una cuestión de responsabilidad que, por un lado, el Consejo Superior de Deportes asuma y lidere las políticas de impulso del deporte base a través de las comunidades autónomas, incluyendo el deporte adaptado, además de optimizar las que ya lleva a cabo respecto al deporte de alta competición o paralímpico, y no continúe derivando esta competencia a una entidad privada; y, por otro lado, que a través de la Dirección General de Políticas de Ayuda a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se incentiven tanto en asociaciones como fundaciones o federaciones deportivas de ámbito nacional proyectos de integración de la población con discapacidad a través del deporte, ya sea en población adulta o en población escolar. Esto se puede llevar a cabo con las subvenciones a cargo del IRPF que anualmente presentamos todos los contribuyentes.
Para concluir, sería interesante seguir trabajando en la línea de ampliar incentivos económicos a clubes de deporte base, tanto a través de rebajas del IVA como de la canalización a estas entidades sin ánimo de lucro que desarrollen deporte base de parte de los impuestos obtenidos por las apuestas deportivas.
Hace un rato la señora Moraleja ya nos ha informado de que se estaba trabajando en la transacción. La transacción ya ha sido trasladada a la Mesa.
- RELATIVA A IMPULSAR LA CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA CUOTA DE RESERVA DE EMPLEO Y LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001298).
El señor PRESIDENTE: Podemos pasar a la siguiente proposición no de ley. Es la proposición no de ley del Grupo Socialista relativa a impulsar la contratación de las personas con discapacidad mediante el cumplimiento de la cuota de reserva de empleo y las medidas alternativas. Para la defensa de esta iniciativa, tiene la palabra la señora De Frutos.
La señora DE FRUTOS MADRAZO: Buenos días a todas y a todos.
Esta iniciativa es muy importante para el Partido Socialista porque creemos que el principio de no discriminación en el ámbito laboral con relación a las personas con diversidad funcional solo puede cumplirse en sus propios términos cuando se garantice el acceso en condiciones de igualdad en la empresa ordinaria, es decir, a través de la cuota de reserva. El mecanismo de la cuota de reserva que contempla nuestra legislación, según hacemos constar en la proposición no de ley, establece que aquellas empresas que tengan cincuenta o más trabajadores deben contratar un 2% de personas con discapacidad. Establece también la norma que en aquellos supuestos en los que el Servicio Público de Empleo Estatal no pueda atender la oferta o en aquellos supuestos en que la empresa acredita, por razones técnicas, organizativas o productivas, que no puede contratar a personas con discapacidad, puede acceder a una serie de medidas alternativas. ¿Qué está pasando? Pues que, si bien no hay datos estadísticos concretos sobre esta cuestión, el Cermi estima que solo el 2% de las empresas está cumpliendo su obligación de contratar a trabajadores con discapacidad cuando están obligadas a ello, en primer lugar, porque lo desconocen; en segundo lugar, porque lo incumplen simplemente, y en tercer lugar, porque aun partiendo de que hubiese un cumplimiento escrupuloso de la norma, la configuración de la cuota hace que sea
totalmente irrelevante en el ámbito de la pequeña y mediana empresa. Es decir, hay muchas empresas de nuestro tejido empresarial que no tienen cincuenta o más trabajadores, por lo que no tienen ninguna obligación de contratar a personas con discapacidad. Eso por un lado. (La señora vicepresidenta, Martínez Seijo, ocupa la Presidencia).
Por otro lado, las medidas alternativas sencillamente no se cumplen porque la empresa lo desconoce o, en el supuesto de que se intenten cumplir, es muy fácil excepcionar la obligación de contratar a trabajadores y trabajadoras con discapacidad e ir a las medidas alternativas. ¿Por qué? Porque se interpreta de forma muy flexible cuándo existe una razón técnica, organizativa o productiva para excluir de la obligación de contratación. En aquellos casos en los que se cumple, la empresa siempre opta por aquellas medidas alternativas que menos fomentan el empleo de las personas con diversidad funcional. Es decir, se suele ir a la donación y en muy pocos casos a la formalización de contratos o a la compra de bienes y servicios en centros especiales de empleo.
A pesar del número elevado de actuaciones de la inspección, hay determinadas cuestiones que hacen que estas no tengan todo el efecto disuasorio que deben tener. Por ejemplo, la poca cuantía de las sanciones en los supuestos de infracción por no cumplir la cuota o la medida alternativa. Al hecho de que la configuración de la cuota no sea adecuada para un tejido empresarial de pequeña y mediana empresa se une el hecho de la falta de concienciación empresarial en el ámbito de la contratación de personas con discapacidad. Es decir, hay muy pocas empresas que sin tener obligación de cumplir la cuota contraten a trabajadores con discapacidad. Se está viendo que las políticas activas de empleo, las bonificaciones y subvenciones no están cumpliendo con la función de potenciar estas contrataciones. Creemos que sería necesaria la obligación de planes y protocolos en las empresas para que diagnostiquen, se conciencien y contraten a personas con diversidad funcional. Nuestra iniciativa, por tanto, va en esta línea.
La contratación de personas con diversidad funcional ni siquiera se está cumpliendo en el ámbito de la Administración pública. ¿Por qué? Porque la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público establecía la no posibilidad de contratar con empresas que no cumplan la cuota, pero lo derivaba a un desarrollo reglamentario que aún no se ha producido. Entendemos que, si bien es preciso que este desarrollo reglamentario se produzca ya, es posible que la propia Administración, con una simple revisión de la documentación laboral, pueda saber si una empresa cumple o no la cuota, y si no la cumple no se contrata con la Administración.
Por todo lo dicho, proponemos, en primer lugar, que se impulse la reforma del mecanismo de la cuota, adaptándolo a la pequeña y mediana empresa, revisando los parámetros del 2% y los cincuenta trabajadores. Por otro lado, admitiendo aquí una enmienda del Partido Popular, proponemos que en las políticas activas de empleo se fomente sobre todo la formación de las personas con diversidad funcional. Proponemos que se creen registros, junto con las comunidades autónomas, para poder comprobar en qué medida las empresas contratan cuando tienen obligación porque están obligadas por el tema de la cuota. Proponemos que se impulse la negociación colectiva para determinar en las empresas qué puestos de trabajo pueden ser ocupados por personas con diversidad funcional, incluso que se restrinjan determinados puestos de trabajo para la contratación de personas con diversidad funcional. Y proponemos la creación de protocolos que sean obligatorios en las empresas para que determinen y delimiten qué puestos de trabajo pueden ser ocupados por trabajadores con diversidad funcional. Proponemos también que por parte del Ministerio de Empleo se den instrucciones precisas a los servicios públicos de empleo para que no interpreten de forma flexible las causas técnicas, organizativas o productivas que impiden a las empresas contratar a personas con diversidad funcional.
Con relación a las enmiendas del Partido Popular, nos parecen adecuadas porque van en los propios términos de lo que pretendemos nosotros. No vamos a aceptar ninguna que vaya referida a los centros especiales de empleo porque no es el objeto de nuestra proposición no de ley y vamos a cambiar el punto que he señalado haciendo incidencia sobre todo en las actividades formativas.
Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra el señor Tremiño, por el Grupo Popular.
Evidentemente el Partido Popular está a favor del empleo de personas con discapacidad, como no podía ser de otra manera. Yo le voy a hablar de datos. Hace diez años, una de cada diez personas con discapacidad trabajaba, un 10%, un dato que a todos nos sonrojaba. Hoy en día una de cada cuatro
personas con discapacidad trabaja, es decir, un 25%. Todavía son datos que nos tienen que sonrojar a todos, pero es verdad que el cambio ha sido radical en cuanto al empleo que se creaba para las personas con discapacidad hace diez años y ahora. Pero es que en los años 2008, 2009, 2010 y 2011 el empleo de personas con discapacidad caía a un ritmo de un 10% anual, en 2012 siguió cayendo, pero en 2013, 2014, 2015 y 2016 el empleo de personas con discapacidad ha crecido a un ritmo de un 18% o un 19% anual, el mayor crecimiento de empleo de personas con discapacidad desde que se registra el empleo de personas con discapacidad. Estamos hablando de un millón de contratos de personas con discapacidad en el último quinquenio. Además, habría que tener en cuenta que el 53% de esos contratos son indefinidos y el 50% a mayores de cuarenta y cinco años. Podemos y debemos hacerlo mejor, pero está claro que vamos en la dirección adecuada. Por eso el Partido Popular está de acuerdo con esta PNL, que creo que no era necesaria porque los datos son claros y concisos, pero no podemos estar en contra de seguir en la línea que hemos trazado. Asimismo, se ha producido un incremento de presupuesto año a año. Aquí se ha aludido muchas veces a los recortes del Partido Popular. No, señorías, habrá habido ajustes en otras materias, no lo sé, incluso en dependencia, pero no de la Administración General del Estado, sino de las comunidades autónomas. El Tribunal de Cuentas dijo que la Administración General del Estado ponía en dependencia el 51,8% -y miro a alguna compañera- y eran las comunidades las que no estaban cumpliendo. Pero no es ese el tema de hoy.
Con respecto al empleo de las personas con discapacidad, hemos pasado de los 210 millones de euros en el año 2012 a 260 millones en los últimos Presupuestos Generales del Estado, 50 millones de euros más; y en bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social estamos hablando de más de 380 millones de euros. Como saben, y como está recogido clarísimamente en los presupuestos, en empleo de personas con discapacidad no ha habido un solo ajuste ni recorte en estos últimos años y fruto de eso y, evidentemente, del esfuerzo de todos los empresarios y de las organizaciones de las personas con discapacidad, se han conseguido esos datos de empleo para las personas con discapacidad. Repito que son los mejores datos de empleo en la historia desde que registra el empleo de personas discapacitadas. Por eso, señorías, votaremos a favor.
Se ha mencionado también aquí que hay que desarrollar reglamentariamente la ley que aprobó el Gobierno del Partido Popular para prohibir que las empresas que no cumplan puedan contratar con la administración. Es verdad que se aprobó en octubre del año 2015. ¡Cómo no lo voy a saber si yo estaba en el Ejecutivo! ¡Cómo no lo voy a saber! Pero también es verdad que durante un año no se ha desarrollado reglamentariamente porque ha habido una parálisis del Gobierno -y no quiero volver a sacar aquí por culpa de quién o por culpa de qué-, un año perdido respecto del que estoy dispuesto a pasar página y olvidarme, pero es evidente que cada uno tiene que asumir su responsabilidad.
Votaremos a favor porque hemos negociado con el Partido Socialista los puntos 1, 2, 4, 7 y 10 de nuestra enmienda y coinciden plenamente con ellos y estamos favor de los puntos 5, 6, 8 y 9 de su propuesta. Queremos modificar el punto 3 y se ha modificado, porque no fue precisamente el Gobierno del Partido Popular -no quiero echar más leña sobre el árbol caído- quien eliminó las ayudas en políticas activas de empleo en el año 2011, que fueron recuperadas en el año 2012. Con el resto coincidimos plenamente y, con las enmiendas que ha aceptado el Partido Socialista, vamos a votar a favor.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Muchas gracias, señor Tremiño. Para fijar posiciones, por el Grupo de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Clemente.
El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Señora presidenta, miembros de la Mesa, en primer lugar, quiero decir que nos hemos leído con detenimiento tanto la exposición de motivos de la iniciativa del Partido Socialista como su parte propositiva. Aunque no es algo muy habitual en estos tiempos, quiero felicitar al Grupo Parlamentario Socialista porque, más allá de la semántica que utilice, estamos de acuerdo con la filosofía y, sinceramente, está tan bien redactada que parece una proposición de Ciudadanos (Risas y aplausos).
Que las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones y sin discriminación en un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible es evidente. Que las empresas públicas y privadas que empleen un número de cincuenta o más trabajadores vengan obligadas a que de entre ellos al menos un 2% sean trabajadores con discapacidad, también lo es, aunque todos sabemos que, por desgracia, esto no se cumple. Así, según el Cermi, a través de su comisión de empleo y formación, este grado de cumplimiento apenas llegaría al 2%. Que muchas de las empresas que utilizan las medidas
alternativas eligen la donación y no otras y que ello lleva consigo aparejado la deseada integración en el mercado de trabajo, también lo es. Que la finalidad de los mecanismos que impulsemos para fomento del empleo, la contratación de los trabajadores con discapacidad adolece de las mismas deficiencias y precarización que el de las personas sin discapacidad -abuso de la contratación temporal y parcial, rotación excesiva y bajos salarios-, también. Por todo ello, votaremos favorablemente a esta iniciativa, porque coincidimos casi plenamente, como hemos dicho con anterioridad, en su parte dispositiva. Esperemos que podamos trabajar juntos para darle forma y mejorar entre todos la legislación y sobre todo que podamos impulsar y presionar sobre su estricto cumplimiento para que se produzca no solo un compromiso con las personas con discapacidad sino que, como sociedad, respondamos y cumplamos con los objetivos para conseguir una integración real y efectiva, como desde siempre hemos defendido desde nuestro grupo parlamentario.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Muchas gracias, señor Clemente.
Para finalizar este debate relativo a esta proposición no de ley, tiene la palabra, por Unidos Podemos, la señora Salud.
La señora SALUD ARESTE: Gracias.
Desde nuestro grupo confederal vamos a apoyar esta iniciativa sobre las cuotas de reserva de puestos de trabajo, como no podía ser de otra manera, porque defendemos que las personas con discapacidad tienen que poder trabajar en empresas ordinarias y sobre todo en igualdad de condiciones. Para eso están las cuotas de reserva, que consideramos un instrumento importantísimo que no se acaba de aplicar ni sirve al objetivo de inclusión de las personas con discapacidad en las empresas ordinarias. Para nuestro grupo es sangrante que no se cumpla con este objetivo dado que la tasa de paro de las personas con discapacidad se ha incrementado durante estos últimos años debido, a nuestro entender, a una falta de interés del Gobierno, a la no fiscalización, a la falta de registros, a la falta de control, a la falta de seguimiento y también a no fijarse metas parciales y también temporales.
Las sanciones existentes para las empresas son pocas, son ridículas, son mínimas y no sirven para corregir esta situación. Todo esto, en definitiva, para nuestro grupo constituye una falta de voluntad política del Gobierno del Partido Popular. También se plasma esta falta de voluntad en que no se ha producido el desarrollo reglamentario de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, donde se recoge la prohibición de contratar a empresas que incumplan la cuota del 2%. Si se pusiera en marcha este aspecto sería realmente importante y solventaría parte o gran parte del problema. Por tanto, nos encontramos de nuevo ante una falta de voluntad política del Gobierno del Partido Popular. Tenemos que decir, y es verdad, que nuestro país tiene una cuota de reserva mucho más baja que otros países de Europa.
Las personas con discapacidad también sufren de los males que aquejan a nuestro mercado laboral, como la temporalidad, la precariedad y los bajos salarios, lo que agrava más la situación cuando estamos hablando de colectivos vulnerables. En consecuencia, compartimos las medidas de esta proposición no de ley, si bien quizá sería necesario establecer plazos de aplicación y plazos para dar cuenta del cumplimiento de lo realizado para que esta PNL no sea una de las tantas y tantas que se quedan en papel mojado en un cajón sin que se acaben de cumplir.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Muchas gracias, señora Salud.
- SOBRE MEDIDAS PARA MEJORAR EL RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y PARA POTENCIAR SU PAPEL EN EL ACCESO AL EMPLEO Y EN LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/001082).
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Vamos a dar paso al debate de la última proposición no de ley del día, sobre medidas para mejorar el régimen de funcionamiento de los centros especiales de empleo y para potenciar su papel en el acceso al empleo y en la inclusión social de las personas con discapacidad, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para su defensa, tiene la palabra el señor Clemente.
El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Señora presidenta, señores miembros de la Mesa, ante todo quiero explicarles a sus señorías que esta iniciativa la registramos también en la Comisión de Empleo, donde se consiguió un texto transaccionado y por ese motivo nos autoenmendamos. Espero que todas sus señorías lo hayan leído porque el debate se produce concretamente por el consenso de ese texto, no el original, es decir, lo que se vota es la transaccional. Permítanme que como proponente y autoenmendante consuma todo el tiempo porque me gustaría que quedaran recogidas en el Diario de Sesiones algunas matizaciones que interesan a nuestro grupo político.
Es por todos sabidos que en la actualidad más de un 8% de la población española tiene o padece algún tipo de discapacidad, aproximadamente unos 3,5 millones de personas cuyos derechos como personas y ciudadanos, para ser verdaderamente garantizados, requieren no solo de unas prestaciones asistenciales adecuadas a su situación sino, sobre todo, de que existan oportunidades que posibiliten su plena integración en nuestra sociedad. En este sentido, los centros especiales de empleo son empresas cuyo objetivo principal es el de proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite a través del ajuste personal y social el tránsito al mercado ordinario de trabajo. A día de hoy existen más de dos mil centros especiales de empleo en España que emplean a más de 70.000 trabajadores con discapacidad. Son, por tanto, instrumentos imprescindibles para la creación de empleo en España y a su vez para garantizar la empleabilidad de las personas con discapacidad. En definitiva, son una pieza clave para el funcionamiento y desarrollo del Estado del bienestar en España. Sin embargo, la labor desarrollada por los centros especiales de empleo a la hora de promover la integración social de las personas con discapacidad se ve lastrada por diversos problemas, entre los que cabe destacar, en primer lugar, los de índole financiera y, en segundo lugar, la diferenciación de gestión de las distintas comunidades autónomas, lógicamente. La crisis ha afectado a todos los sectores y los centros especiales de empleo también han sufrido las consecuencias. Las subvenciones salariales se retrasaron e incluso se denegaron en ciertas comunidades autónomas, al igual que se retrasaron y se suspendieron otras vías de financiación pública. Pese a la mejora de la situación económica, muchos centros especiales de empleo, sobre todo los más pequeños de menor facturación, continúan arrastrando deudas y teniendo problemas financieros.
Si bien es cierto que se han producido en los últimos diez años grandes avances en lo concerniente al cumplimiento de las cuotas de reserva de los puestos de trabajo para personas con discapacidad y de la medida alternativa o sustitutoria en el caso de empresas de más de cincuenta trabajadores, actualmente prevista en el texto refundido de la Ley general de derechos de personas con discapacidad y su inclusión social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, todavía gran parte de las empresas siguen incumpliendo estas medidas achacando desconocimiento y falta de información, así como los elevados trámites burocráticos que dichas obligaciones requieren. De hecho, se estima que solo el 23,5% de las empresas de más de 50 trabajadores cumplen de forma efectiva ambas medidas. Esta situación es bastante grave en cuanto a que provoca irremediablemente una gran dependencia de los centros especiales de empleo de la financiación pública y de sus subvenciones. Una situación que podría corregirse con una mayor supervisión y con la existencia de sanciones ejemplares y verdaderamente disuasorias por parte de la Administración pública. Tal y como sucede con otras políticas, este hecho provoca falta de información y, por tanto, cierta opacidad a nivel nacional. No existe, por ejemplo, ningún listado oficial de carácter nacional de centros especiales de empleo ni un registro centralizado y también existe desigualdad en las condiciones y en la financiación. Por este motivo, el sector viene reclamando desde hace tiempo una mayor centralización de las cuestiones de empleabilidad del sector de discapacidad que contribuya a solventar estos problemas. Asimismo, la eficacia de los centros especiales de empleo a la hora de promover la efectiva inserción laboral se ve muchas veces comprometida por la ausencia de políticas específicas de tránsito al empleo ordinario. De hecho, se supone que por normativa y por su propia razón de ser los centros especiales de empleo son centros de trabajo de ese tránsito hacia el empleo ordinario para sus trabajadores, pero en realidad creemos que una parte del empleo protegido debe seguir existiendo. Se penaliza el tránsito a la empresa ordinaria por parte de la reglamentación de la Seguridad Social, ya que al ser contratos bonificados estos no se podrían bonificar en la empresa ordinaria. Se penaliza al centro especial de empleo en materia laboral, ya que de la única forma que podría transitar el trabajador sería con un despido improcedente, lo que ocasionaría la pérdida de ayudas durante un año de otro trabajador. Asimismo, el propio trabajador vería vulnerados sus derechos al obligarle a dejar su puesto de trabajo y pérdida de derechos y antigüedad. En definitiva, ya que conseguimos un texto transaccional que esperemos que el resto de grupos parlamentarios apoyen, nos parecía muy importante
traerlo simultáneamente a este Comisión, ya que es el primer año que es legislativa y permanente y esperemos contar con el apoyo de los distintos grupos parlamentarios puesto que el texto que se votará es el que refleja las sensibilidades ya consensuadas.
Para el turno de defensa de las enmiendas, por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Frutos.
La señora DE FRUTOS MADRAZO: Vamos a votar favorablemente porque incorpora las enmiendas que ya habíamos presentado en esta misma proposición en la Comisión de Empleo y que iban dirigidas, básicamente, a lo que siempre defendemos, a garantizar el tránsito a la empresa ordinaria, a que se regulase en el marco de un nuevo estatuto la relación laboral de trabajadores y trabajadoras con discapacidad y al tema de la cuota. Por estos motivos, vamos a apoyar la iniciativa.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Tiene la palabra el señor Jiménez para la defensa de las enmiendas. Disculpen, la llevaba el señor Jiménez y ha intervenido la señora Frutos.
El señor JIMÉNEZ TORTOSA: Sí, esta la llevaba yo.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Haberlo dicho.
El señor JIMÉNEZ TORTOSA: El Grupo Socialista va a apoyar la iniciativa del Grupo Ciudadanos, al igual que hizo en la sesión de la Comisión de Empleo y Seguridad Social de 14 de febrero de este año en la que el Grupo Ciudadanos presentó esta misma proposición no de ley, que fue aprobada por una amplia mayoría -28 votos a favor y 9 abstenciones, con ningún voto en contra-. Entendemos que los temas que afectan al empleo se han tratado en dicha Comisión y han quedado recogidos en esa proposición no de ley que el Grupo Ciudadanos se autoenmienda y que nosotros aceptamos. Planteamos una serie de enmiendas por coherencia pero entendemos que la proposición no de ley que va a seguir adelante es la nueva de Ciudadanos. Por ello, voy a centrar mi intervención en el funcionamiento de los centros especiales de empleo y las posibilidades que ofrecen para la integración e inclusión en el mundo laboral de las personas que presentan alguna discapacidad.
Actualmente, existe un pleno consenso acerca de la necesidad de establecer principios legislativos que regulen los derechos de las personas con discapacidad. Las normas que han emanado de esta idea común va desde la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU y el Plan de acción del Consejo de Europa de las personas con discapacidad a la normativa española con la recientemente aprobada en noviembre de 2013 Ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, que absorbe y actualiza, entre otras, la primera normativa integradora, la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de personas con discapacidad. Los centros especiales de empleo -como ya se ha dicho aquí- son entidades que desempeñan una función de importancia creciente en el marco de la economía social al proporcionar unos servicios de ajuste personal y social en el seno de los centros de trabajo. Las trabajadoras y los trabajadores discapacitados pueden encontrar a través de estos centros de empleo un puesto de trabajo, así como el apoyo formativo y asistencial necesario para facilitar su plena incorporación laboral y social. En este sentido, consideramos necesario adoptar un conjunto sistemático y coherente de medidas activas que promuevan el acercamiento de este grupo de población al mercado de trabajo, planteada en la Comisión de Empleo y Seguridad Social a la que hemos hecho referencia anteriormente.
Atendiendo al estudio Presente y futuro de los centros especiales de empleo 2012, elaborado por KPMG Asesores en el marco del Programa operativo del fondo social europeo de lucha contra la discriminación, cofinanciado por la Fundación ONCE y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social con la colaboración de la Federación empresarial española de asociaciones de centros de empleo, los centros especiales de empleo en España constituyen un caso de éxito único en Europa en la integración laboral de personas con discapacidad, especialmente dado el volumen de empleo generado. La apuesta por el empleo de personas con especiales dificultades de empleabilidad, dada la estabilidad laboral que ofrecen, en el caso particular de España, su acceso al pleno ejercicio de sus derechos económicos es inconcebible sin los centros especiales de empleo. Cuentan con una plantilla global de más de 70.000 trabajadores y trabajadoras y un desembolso anual en salarios a personas con discapacidad de alrededor de 770 millones
de euros. Desempeñando estas funciones, los centros especiales de empleo retornan a la sociedad 1,44 euros por cada euro que se invierte por las administraciones públicas.
Quiero hacer referencia en este momento a mi experiencia personal con los centros especiales de empleo. Desde 2003 a 2016 he sido alcalde del municipio de Benalúa, en Almería, y en este municipio el centro especial de empleo El Saliente gestionaba -y continúa en la actualidad gestionando- dos servicios municipales, centro de día y unidad de estancias diurnas Minerva y la escuela infantil municipal El Mirador, dando estos servicios con un alto nivel de calidad acreditado por la Agencia AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación de Sistemas de Gestión, con la certificación ISO 14.001, desde 2004 sistemas de gestión ambiental, y la certificación ISO 9001, desde 2004 sistema de gestión de calidad. En los centros especiales de empleo de iniciativa social de Almería, siguiendo la metodología de la Guía para el retorno social de la inversión, por cada 100 euros invertidos por la Administración pública en estos centros de empleo se ha conseguido un retorno a la sociedad de 253 euros al año, año 2013.
Para finalizar, quiero dejar claro que los datos de empleo de 2011 eran de un 26% y en 2015 es de un 23%; han bajado los datos de empleo en cuanto a las personas con discapacidad. En ningún caso en Andalucía recibimos el 50% de la financiación para la Ley de Dependencia. Quiero decir que estos centros de empleo deben suponer un momento transitorio en la vida laboral de las personas con discapacidad, deben de servir como un puente para incorporarse a las empresas ordinarias en las que se alcanzará la plena integración e inclusión social y laboral de estas personas. No obstante, sabemos que los centros de empleo se han convertido en muchas ocasiones en el destino definitivo en el que las personas con discapacidad han encontrado y han mantenido su puesto de trabajo, de lo cual también nos alegramos.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Muchas gracias, señor Jiménez.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Tremiño.
Señorías, ¿cómo no vamos a votar a favor de esta PNL con la transaccional que ha hecho Ciudadanos? Precisamente yo llevé en Empleo esta transaccional y la defendí. Estamos totalmente a favor y vamos a apoyar esa transaccional, pero resaltando que estamos en contra del punto primero, porque habla de crear -aunque la apoyamos en su momento- una secretaría general de dependencia, de empleo o de no sé qué materia. Perdónenme, señorías, pero soy castellano y no hay que mezclar churras con merinas; una cosa es el empleo de las personas con discapacidad y otra los servicios sociosanitarios, porque además las organizaciones de personas con discapacidad no quieren que se mezcle. Las personas con discapacidad que estamos en el empleo tenemos tanto derecho y somos tan válidos como el resto de los ciudadanos. Además hay una Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad que ya tiene toda la parte de discapacidad de forma transversal, a través de su Dirección General de Discapacidad, y la parte de dependencia a través de Imserso, con lo cual, dejando claro que estamos en contra del punto primero, apoyamos la transaccional que ya se aprobó en la Comisión de Empleo.
Además en este caso tengo que reñir no al portavoz de Ciudadanos, sino al señor Igea, que es un gran diputado. Usted riñe a otros grupos diciéndoles que cómo presentan una PNL que ya se presentó otra vez, y les dice que se lo tomen en serio. ¿Se da cuenta usted cómo a veces se presentan PNL que no hay que presentar, porque ya están aprobadas en otra Comisión, señor Igea? Tómeselo también usted en serio, como ha dicho antes al portavoz del Grupo Mixto. A veces se presentan PNL que, en este caso por cuestión de tiempo, han llegado a un sitio antes que a otro. Por favor, tómeselo en serio como el resto de los diputados queremos hacer.
Por otra parte, quiero hablar en general de la mañana que llevamos hoy. Se ha hablado de los recortes durante el Gobierno del Partido Popular, pero, ¿qué recortes? (Risas). El Cermi, que no yo, en diciembre del 2011, dijo literalmente que los recortes del Gobierno Zapatero ponían en peligro la viabilidad de las entidades sociales. Lo dijo el Cermi, no lo digo yo; métanse ustedes en Internet y verán que eso aparece a la primera. Esa era la realidad con que nos encontramos en enero de 2012: más de 3.000 millones de euros de deuda de las entidades sociales, que puso y pagó el Partido Popular en el año 2013, así como los retrasos.
Esta mañana se ha dicho que la última encuesta era del año 2008, pero tengo que decirles que los profesionales del INE dicen que las encuestas tienen que ser cada diez años -del 2008 al 2018-, y fue este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, el que impulsó en el año 2015 -si no pregúntenselo al INE- un grupo de trabajo con la Fundación ONCE, con el Cermi, con el Ministerio de Sanidad y con el
INE para empezar a preparar la encuesta del año 2018. Fue el Partido Popular quien se puso a trabajar. Sé que ustedes no quieren mentir, pero investiguen y entérense un poco. Si quieren les paso la información que tengo de la parte del Gobierno para que digan la realidad como es.
En cuanto al transporte -estoy hablando de los temas de todas las proposiciones- (Risas), ¿pero cómo que el transporte? Si España, señorías, es líder en el mundo en accesibilidad al transporte; es líder, y no lo dice el Partido Popular, sino Naciones Unidas, que premió al Gobierno de España precisamente por el servicio de PMR de ayuda a subida y bajada de viajeros en el transporte aéreo y en el ferroviario. Fue Naciones Unidas y no el Partido Popular. Claro que hay que mejorar, claro que sí, pero estamos a años luz del resto de los países.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Señor Tremiño, vaya finalizando por favor.
El señor TREMIÑO GÓMEZ: Sí, sí.
Respecto a la accesibilidad universal, ¿han estado ustedes en el metro de Londres, en el de Nueva York o en el de París? Compárenlos con el metro de Madrid; comparen la accesibilidad de este país con la de cualquier otro país. Somos líderes en el mundo...
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Céntrese en el debate y finalice, por favor.
El señor TREMIÑO GÓMEZ: Muchas gracias.
En cualquier caso, tenemos que seguir mejorando, pero que les quede a todos claro que estamos a años luz del resto de los países, a pesar de que queda mucho por trabajar y de que este Gobierno y el Partido Popular van a seguir, como hasta ahora, comprometidos con los derechos de las personas con discapacidad.
Para fijar posición tiene la palabra el señor Alli, del Grupo Mixto. (Renuncia).
Señor Capdevila, de Esquerra Republicana.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Gracias, presidenta.
Este diputado tiene que pedir perdón, pero no le ha llegado la transacción; prometo leerla si me la hacen llegar, si son tan amables.
La discapacidad está regulada mediante la Ley general de los derechos de las personas con discapacidad, que es una ley de bases que permite a las distintas comunidades autónomas desarrollar sus diferentes textos y políticas para la integración de las personas con alguna discapacidad. Sin discutir sus buenas intenciones la PNL que presenta hoy Ciudadanos supone una marcha atrás en la capacidad de las comunidades autónomas para desarrollar su propia normativa. Al leer esta iniciativa parece que son las autonomías las auténticas culpables del actual estado de apoyo a las personas con discapacidad, en lugar de la falta acuciante de transferencias económicas por parte del Estado a las autonomías y sus reiterados incumplimientos de gasto. Quisiera enfatizar y poner de relieve que una gestión descentralizada, más cercana al territorio y a las personas suele llevar a políticas más eficientes, unas premisas que van en dirección contraria a las de esta PNL, la cual apuesta nuevamente por la centralización, por la uniformización y la homogeneización. Por ese motivo anunciamos nuestro voto en contra.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Gracias, señor Capdevila.
Por el Grupo Unidos Podemos tiene la palabra la señora Alba Goveli.
Me voy a resistir a valorar la intervención del señor Tremiño, pero quería recordarle, por ejemplo, el recorte de casi 4.000 millones de euros en dependencia que hizo el Partido Popular, y seguro que si busca ejemplos de recortes del Partido Popular encontrará muchísimos más.
Respecto al tema que nos ocupa he de decir -el otro día lo comentábamos aquí- que este tipo de entidades, los centros especiales de empleo, nacieron con la finalidad de formar e insertar laboralmente a las personas con diversidad funcional, como una especie de puente hacia el empleo ordinario, y es evidente que la realidad actualmente es otra muy distinta. Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal hoy un 73% de las contrataciones se realizan en centros especiales de empleo y no en la empresa
ordinaria. Esta finalidad como decía se ha ido pervirtiendo, y al leer la iniciativa que estamos debatiendo me da la sensación de que la mirada a partir de la cual se aborda esta cuestión no es la de las personas trabajadoras en los centros especiales de empleo -al fin y al cabo ciudadanos y ciudadanas que quieren defender su derecho a trabajar-, sino que es una visión de carácter más empresarial y que no apunta precisamente a la inclusión laboral. Eso sin mencionar el carácter recentralizador de esta propuesta.
Creemos por supuesto que hay que abordar la cuestión de los centros especiales de empleo, pero esto pasa por empezar a modificar el real decreto que lo regula, que data de 1985 y que deberíamos actualizar. Creemos que hay que implementar medidas que acaben con la segregación precisamente y que favorezcan la inclusión en todos los casos en que sea posible en el mercado de trabajo ordinario. Como decía nos es muy difícil -por no decir imposible- apoyar esta PNL, dado que creemos que su objetivo de fondo es más la promoción de los centros especiales de empleo que buscar el camino de la inclusión en el empleo ordinario. Por tanto vamos a abstenernos.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Hemos acabado el debate de todas las proposiciones no de ley. Tal como se había acordado al inicio de la sesión, las votaciones se llevarán a cabo a partir de las doce y media. (El señor Igea Arisqueta pide la palabra).
El señor IGEA ARISQUETA: Por alusiones, artículo 77, señora presidenta.
Señor Tremiño, usted ha dicho una cosa que yo no he dicho; lo que he dicho es que no se podía solicitar una estrategia nueva de salud que ya existía, y lo que he dicho sobre la encuesta del Instituto Nacional de Estadística es que ya el propio instituto preveía, como se publicó en el "Boletín Oficial del Estado", la creación de esta estadística; no sé si es cada ocho o cada diez años, pero es lo que preveía el propio "Boletín Oficial del Estado" al mando del cual estaban ustedes; supongo que estará usted al tanto de eso y por eso le ruego que corrija su afirmación.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Muchas gracias, señor Igea.
Señor Tremiño, tiene la palabra.
El señor TREMIÑO GÓMEZ: No tengo ningún problema, porque efectivamente se publicó en el "Boletín Oficial del Estado", pero como consecuencia de una reunión de trabajo que convocó el Ministerio de Sanidad con el Cermi, la Fundación ONCE y el INE, se iniciaron los trámites para la encuesta de 2018. En cualquier caso no tengo ningún inconveniente, sobre todo porque como he dicho al principio considero al señor Igea un magnífico orador y diputado.
Señorías, votaremos a partir de las doce y media. (Pausa).
Señorías, vamos a proceder a la votación en el orden en el que se han debatido las distintas proposición no de ley.
Empezamos por la votación conjunta de las proposiciones relativas a las enfermedades degenerativas. Se ha presentado una transaccional, pero después ha habido alguna modificación. Por tanto procedo a leer los términos en los que definitivamente se vota. El punto 2 sería: Desarrollar definitivamente la estrategia de enfermedades neurodegenerativas en el Sistema Nacional de Salud, dotándola de los medios que sean necesarios; el resto quedaría igual, según se ha presentado. El punto 3, apartado b), quedaría: El estudio del reconocimiento tras el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas rápidamente progresivas, especialmente el ELA, y el resto quedaría igual.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos a votar la PNL relativa a la actualización de datos en materia de discapacidad. Se ha presentado también una enmienda transaccional.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Queda aprobada.
Votamos la proposición no de ley relativa al Fondo estatal de accesibilidad universal. Se ha presentado una enmienda transaccional.
A continuación votamos la proposición no de ley sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo. También se ha presentado una enmienda transaccional.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a votar la proposición no de ley sobre deporte y personas con discapacidad, a la que también se ha presentado una enmienda transaccional, que es la que se va a votar.
Votamos la proposición no de ley sobre el impulso a la contratación de las personas con discapacidad, en sus términos, pero se ha presentado una enmienda transaccional en el punto 3, con el Grupo Popular. Paso a leerlo: Impulsar en las políticas activas de empleo las acciones formativas orientadas a favor de las personas con diversidad funcional, a los efectos de favorecer la empleabilidad y establecer medidas específicas de apoyo al empleo de personas con discapacidad en los pliegos de contratación de bienes y servicios de las administraciones públicas.
Finalizamos con la proposición no de ley relativa a mejorar el régimen de funcionamiento de los centros especiales de empleo para potenciar su papel en el acceso al empleo y en la inclusión social de las personas con discapacidad. Está presentada por el Grupo Ciudadanos y se va a votar la autoenmienda que ha realizado el mismo Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28, abstenciones, 8.
Con esto concluimos la sesión, señorías. Muchas gracias.

References: Real Decreto 
 artículo 31
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 4
 artículo 14
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 30
 Real Decreto 
 artículo 6
 Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 77