Source: https://www.scribd.com/document/182106208/Estandares-internacionales-VJR
Timestamp: 2019-01-22 04:43:05+00:00

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DERECHOS A LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN: UNA CONSTRUCCIÓN DESDE LOS ESTÁNDARES Y PRINCIPIOS INTERNACIONALES, LA JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL Y COLOMBIANA Alba
Helena García Polanco∗
INTRODUCCIÓN Desde las negociaciones de paz iniciadas con los grupos paramilitares se comenzaron a escuchar diversas voces que reclamaban no sólo incorporar elementos jurídicos para facilitar la reintegración de miembros de grupos armados al seno de la sociedad, sino que buscaban otorgar un lugar a las víctimas del accionar de dichos grupos, tal vez por esa razón la ley 975 trae en su articulado, algunas disposiciones que enuncian y desarrollan tímidamente los derechos de las víctimas como un imperativo necesario para la construcción de cualquier horizonte de reconciliación en un país que lleva por lo menos medio centenario en guerra. La constitución de 1991, también hace su parte e incorpora deberes en cabeza del Estado, para garantizar el acceso a la justicia, la reparación por los daños antijurídicos, pero sobre todo hace un reconocimiento de pluralismo en cabeza del Estado. Este pluralismo ha servido especialmente de sustento a uno de los más importantes derechos de cualquier estado democrático. El derecho a la igualdad. En este documento se busca tener en cuenta estos dos elementos, para abordar de manera adecuada un debate al que le han faltado más voces para denunciar y para lograr el reconocimiento de un hecho innegable en las cifras pero olvidado por la realidad. La vulnerabilidad de las comunidades afrocolombianas y en consecuencia la necesidad de reconocer que son sujetos de especial protección1. Por esta razón el abordaje debe hacerse de una manera que resulte integral, recogiendo los principios, tratados, convenciones y otros documentos de gran importancia que permitan construir una visión integral del derecho a la verdad, la justicia y la reparación al que tienen las víctimas de comunidades afrocolombianas y que reconozca además los especiales obstáculos que enfrentan hoy por hoy estas comunidades para el reconocimiento de sus derechos.
Abogada, egresada de la Universidad de la Sabana, con Maestría en Derecho de la Universidad de los Andes. Consultora de la Fundación Social del Área de Incidencia en Políticas Públicas. 1 Así lo ha dispuesto la Corte Constitucional en el auto 05, dentro del proceso de seguimiento al Estado de Cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025.
Para el desarrollo de los temas se propone el siguiente esquema: 1. La situación especial de discriminación y exclusión de las comunidades afrocolombianas como factor de mayor vulnerabilidad. 2. Derecho a la Verdad: Mecanismos de búsqueda de la verdad. 3. Derecho a la Justicia 4. Derecho a la Reparación 4.1. Reparación individual 4.2. Reparación Colectiva 5. Preguntas para discusión
1. LA SITUACIÓN ESPECIAL DE DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN DE LAS COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS COMO FACTOR DE MAYOR VULNERABILIDAD. Colombia es un país con una gran riqueza étnica y cultural, en nuestro territorio conviven distintas etnias y razas2, de ahí la necesidad que encontraron los constituyentes de visibilizar a todos sus habitantes a través del reconocimiento especial a las comunidades que representan un importante legado cultural y étnico. Pero más allá del romanticismo del reconocimiento de los derechos se esconde una dura realidad que ha golpeado y afectado de manera grave, llevando a estas comunidades a una situación de exclusión y vulnerabilidad, aumentando el riesgo de ser víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. En esta parte del documento se pretende hacer una breve construcción de contexto sobre la situación de las víctimas afrocolombianas, en el marco del conflicto armado que enfrenta Colombia. Para su desarrollo se acudirá a investigaciones recientes sobre la situación de las comunidades afrocolombianas, el examen elaborado por el Comité para la eliminación de la discriminación racial al informe rendido por Colombia, y el último informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.
Las diferentes formas de exclusión puesta en cifras
De acuerdo con Cesar Caballero, ex director del DANE, en Cambio y Exclusión: la etnia y la raza se diferencian, en la medida que la primera da especial importancia a elementos culturales, lingüísticos y religiosos, a diferencia de la raza que alude a características fenotípicas de los habitantes.
Una primera forma de exclusión es la invisibilidad de estas comunidades frente a las políticas públicas, bien sea por falta de datos que describan la realidad3 que viven o bien a causa de la ausencia de voluntad política por parte de algunas autoridades para atender las necesidades de estas comunidades. Otra forma de exclusión se traduce en la incapacidad de las autoridades y del pleno de la sociedad en reconocer que en el país existen conductas abiertamente discriminatorias frente a ciertos grupos poblacionales, cómo en este caso, los afrocolombianos. Una prueba de esta situación podría ser descrita con los siguientes datos, con base en las escasas cifras que se producen frente a las comunidades afrocolombianas: El censo de 2005 muestra que la mortalidad infantil entre los afrocolombianos es casi el doble de la del resto de la población4. El 14% de los afrocolombianos pasaron por lo menos un día entero sin comer en la semana del censo del 20055. La proporción de pobres6 e indigentes7 dentro de la población es más alta que la de la población mestiza, tanto en zonas rurales como en las urbanas. De acuerdo con los datos de la Encuesta de Calidad de Vida hecha por el DANE en el 2003 el 61 % de la población afrocolombiana viven por debajo de la línea de pobreza y el 34,5% de estas comunidades por debajo de la línea de indigencia, lo cual constituye un elemento determinante para considerar este grupo poblacional como altamente vulnerable. Entre las víctimas del delito de desplazamiento forzado, son los afrocolombianos quienes han sufrido con mayor rigor un impacto desproporcionado por cuenta del desplazamiento forzado8. Como bien se sabe, el desplazamiento forzado constituye una
Específicamente hago referencia a cifras oficiales que describan la situación de las comunidades afrocolombianas. 4 RODRIGUEZ, Cesar, et al. “El derecho a no ser discriminado. Primer informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombiana”. (versión Resumida). Observatorio de discriminación racial. Primera edición. Universidad de los Andes. Bogotá 2008. Página 7. 5 Ibíd. Página 8. 6 De acuerdo con Juan Carlos Echeverri, Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, una persona es pobre si no tiene posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas a través del acceso a bienes y servicios, a los cuales accede cuando por lo menos devenga un salario mínimo. Los bienes y servicios a los que se hace referencia son: servicios hospitalarios al nacer, alimentos, vestuario, vivienda y acceso a un sistema de salud, Hogar con: agua potable, alcantarillado, energía y comunicación; Educación primaria, secundaria, y vocacional; Empleo en un trabajo que permita la realización vocacional; Posibilidad de ahorro para el aseguramiento frente a riesgos: enfermedad, vejez, invalidez, muerte, desempleo, maternidad; el pago de impuestos al Estado a los bienes y servicios que son proveídos por éste; Ser tratado como igual ante la ley, con la posibilidad de apelar a mediaciones justas e imparciales en sus disputas con otros; Gozar de libertades políticas: expresión, movilidad. Entre otras. Disponible en: http://pobrezayriqueza.uniandes.edu.co/index.htm 7 La indigencia se presenta cuando el grupo familiar (generalmente conformado por al menos 4 personas) vive con menos de un dólar diario. 8 Ibíd. Página 27.
grave violación a los derechos humanos, pero ésta no es la única forma de violación a sus derechos a la que han sido sometidos. Los territorios colectivos se han convertido en una especie de botín de guerra, provocando el desplazamiento forzado de un alto número de comunidades que habitaban en ellos. El primer informe sobre discriminación racial, hace un acercamiento al impacto que han sufrido las comunidades afrocolombianos por cuenta del conflicto armado y en especial por el desplazamiento forzado, que de acuerdo con CODHES9, la población afrocolombiana es la minoría étnica más numerosa entre el grupo de la población desplazada en Colombia.
Informes sobre la situación de las comunidades afrocolombianas La comunidad internacional también se han unido al llamado sobre la situación de los derechos de las comunidades afrocolombianas, en importantes informes de organismos internacionales de derechos humanos se ha conminado al Estado Colombiano a atender con políticas públicas diferenciadas la situación que afrontan las comunidades étnicas y en especial aquellas que las hacen mayormente vulnerables frente al conflicto armado que afronta el país. Es así como el Comité para la eliminación de la discriminación racial, señalaba su preocupación por las comunidades afrocolombianas en el marco del conflicto: “12.El Comité toma nota del conflicto armado, y de la situación de violencia generada por los grupos armados, cuya víctima principal es la población civil, en particular los afrocolombianos y los pueblos indígenas”10. Reconoce que la discriminación a la que son sometidas estas comunidades por cuenta de su origen racial y étnico persiste, al igual que sus causas históricas, las cuales han contribuido en buena parte a mantener el estado de marginación, pobreza y vulnerabilidad de las comunidades afrocolombianas y los pueblos indígenas, expresando además su preocupación por la ausencia de mecanismos legales que garanticen el goce efectivo del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución.
Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento forzado. COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 9 de la Convención. Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Colombia. CERD/C/COL/CO/14. 28 de agosto de 2009. Disponible en: http://www2.ohchr.org/english/
Resalta su preocupación por la persistencia de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, en contra de estas comunidades, en especial por el incremento de los desplazamientos forzados, la amenaza y asesinatos de líderes, homicidios de otros miembros de la comunidad, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas11. Llama la atención además de la muy escasa información sobre los avances de la ley de justicia y paz respecto a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, especialmente cuando se trata de comunidades afrocolombianas12 Por su parte la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Colombia, en el informe presentado en marzo de este año llama la atención sobre: “Los datos disponibles parecen indicar que los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas son objeto de marginación y discriminación racial de facto. Los cinco departamentos con el porcentaje más alto de población viviendo por debajo de la línea de pobreza o en situación de extrema pobreza (Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba y Nariño), coinciden con los que tienen una gran concentración de población afrocolombiana e indígena”13. Este documento busca presentar los elementos mínimos para entender los conceptos sobre los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, pero en el marco de las necesidades de las comunidades afrocolombianas sin desconocer los derechos de las comunidades indígenas quienes también son titulares de estos derechos.
2. DERECHO A LA VERDAD: MECANISMOS DE BÚSQUEDA DE LA VERDAD. 2.1. Concepto: el derecho a la Verdad fue introducido en la legislación colombiana a través de la ley 975, conocida como la ley de justicia y paz14, esta inclusión fue producto de una evolución del derecho internacional de los derechos humanos.
Ibíd. Párrafos 14, 15 y 16. Ibíd. Párrafo 17. 13 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH), Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General. 4 de marzo de 2010. Disponible en: http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cat=11 14 Artículo 7. Derecho a la verdad. La sociedad, y en especial las víctimas, tienen el derecho inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada. Las investigaciones y procesos judiciales a los que se aplique la presente ley deben promover la investigación de lo sucedido a las víctimas de esas conductas e informar a sus familiares lo pertinente. Los procesos judiciales que se adelanten a partir de la vigencia de la presente ley no impedirán que en el futuro puedan aplicarse otros mecanismos no judiciales de reconstrucción de la verdad.
En 1997, Luis Joinet, en cumplimiento del mandato otorgado por la Comisión de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, identificó un conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad15 , estos principios definen el derecho a la verdad16 (principio 2)17, el deber de recordar (principio 3)18 y el derecho de las víctimas a saber (principio 4). Con base en estos principios, el derecho a la verdad es entendido en dos dimensiones, la primera se refiere a lo individual, de acuerdo con lo cual se busca garantizar que las víctimas conozcan las circunstancias por las cuales ocurrieron los hechos, en caso de desaparición o fallecimiento se refiere a la posibilidad de conocer la suerte que corrió la víctima directa y su paradero, este derecho también incluye la posibilidad de acceder a la información judicial referente a los procesos que se sigan en contra de los responsables de los hechos. De otra parte la dimensión colectiva se refiere al derecho en cabeza de la sociedad a conocer y saber los acontecimientos, circunstancias y motivos, que llevaron a los perpetradores a cometer la violación sistemática de los derechos humanos a través de crímenes tan aberrantes. Esto con la finalidad de construir una historia en común y garantizar la no repetición de los hechos. Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C-370 de 2006, ha señalado que el derecho a Saber prescribe una obligación de memoria a cargo del Estado. 2.2 Contenido del derecho a la verdad
15 FUNDACIÓN SOCIAL, Guía sobre Reconciliación: claves para la construcción de un horizonte en Colombia. IV. El Cómo: Algunos instrumentos en el proceso de reconciliación. Pág. E8.
17 “PRINCIPIO 2. EL DERECHO INALIENABLE A LA VERDAD: Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones. 18 PRINCIPIO 3. EL DEBER DE RECORDAR: El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado para preservar los archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y para facilitar el conocimiento de tales violaciones. Esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas.”
De acuerdo con el estudio realizado por la Oficina de la Alta Comisionada para los derechos humanos19, el derecho a la verdad se relaciona de manera directa con los deberes del Estado en materia de: i) El deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos; ii) El deber del Estado en realizar investigaciones eficaces de las violaciones manifiestas de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario; iii) El deber del Estado de garantizar el acceso a recursos efectivos en materia de reparaciones. 2.3 Estándares internacionales y la jurisprudencia Nacional 2.3.1 Estándares Internacionales:
Instrumento Contenido Convención Americana sobre Se refiere al derecho a conocer la verdad, con respecto a derechos humanos las graves violaciones a los derechos humanos, la identidad de quienes participaron en ellas. Este derecho se aplica respecto de los familiares y la sociedad en su conjunto20 (artículos 1(1), 8(1), 13 y 25 de la Convención Americana. Protocolo Adicional a los Consagra la protección a las víctimas de los conflictos Convenios de Ginebra del 12 armados, reconociendo el derecho que asiste a las de agosto de 1949 familias a conocer la suerte de sus familiares. Principios para la lucha contra Principio 2. Derecho a la verdad. la impunidad, actualizados por Principio 3. Deber de Recordar. la profesora Diane Orentlicher Principio 4. Derecho a la víctimas a saber Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias Respecto a su observación General sobre el artículo 18 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2005), declaró que el derecho a la verdad y a la información se podía inferir del párrafo 2 del artículo 4 y del artículo 9 de la citada Declaración21.
19 Este estudio se realiza en cumplimiento de la resolución 2005/66 del 20 de abril de 2005, de la Comisión de Derechos humanos, en la cual pide a la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para que prepare un estudio sobre el derecho a la verdad, en el que se incluya información sobre los fundamentos, el alcance y significado de ese derecho en el derecho internacional. 20 Hace parte de la decisión adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso No. 11.841, Romero contra el Salvador. 21 COMISION ECONÓMICO Y SOCIAL, Comisión de Derechos Humanos, 62º periodo de sesiones. Promoción y protección de los Derechos Humanos. Estudio del derecho a la verdad. Informe elaborado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos E/CN.4/2006/91. 9 de enero de 2006. Disponible en: http://pbicolombia.info/Documentos%20Principal.htm Página 11.
Sentencias Corte Suprema de Justicia – Sala Penal.
Incorpora un análisis sobre el derecho a la verdad, establece el contenido mínimo22, la dimensión colectiva, entre otras. Radicado 31.150 de 12 de mayo de 2009. En el que la Corte analiza la confesión en el marco de la ley de justicia y paz, señalando que es un componente de verdad23. Radicado 30120 – 23 de julio de 2008, Contenido y alcance; Obligación de hacer reconstrucción histórica de la verdad MP. Dr. Alfredo Gómez Quintero Radicado 32022 – 21 de septiembre de 2009, La construcción de la verdad en el proceso de justicia y paz, llamado al gobierno para la creación de una comisión de la verdad; participación de las víctimas en el proceso de construcción de la verdad. M.P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez. Radicado 28643 – 2 de abril de 2008, El derecho a la verdad no se garantiza en forma aislada con la confesión del postulado, M.P. Dr. Julio E. Socha Salamanca. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Caso Romero vs. Salvador Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia. Entre otros.
2.3.2 Mecanismos oficiales y no oficiales para conocer la verdad Mecanismos Comisiones Históricas Concepto y alcance No requieren necesariamente de un proceso de justicia transicional. Buscan clarificar verdades de sucesos puntuales sucedidos tiempo
22 El contenido mínimo del derecho de las víctimas a la verdad protege, en primer lugar, el derecho a que los delitos más graves sean investigados. Esto implica que tales delitos deben ser investigados y que el Estado es responsable por acción o por omisión si no hay una investigación seria acorde con la normatividad nacional e internacional. Una de las formas de violación de este derecho es la inexistencia de medidas que sancionen el fraude a la justicia o sistemas de incentivos que no tomen seriamente en cuenta estos factores ni promuevan seria y decididamente la consecución de la verdad. 23 La Sala Penal señala que como componente del derecho a la verdad, la confesión tiende a caracterizarse como una forma de reparación, destinada a preservar del olvido la memoria colectiva, tal como lo establece el principio 2º del conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos para la lucha contra la impunidad de Joinet. También tiene una relación directa con el deber de recordar.
Comisiones Oficiales o semioficiales para indagar el pasado de violaciones de derechos humanos Comisiones de la Verdad
atrás para esclarecer una verdad histórica. Su autoridad es más limitada que las de las comisiones de la verdad. Ej. The Canaddian Royal Comission on Aboriginal People. (Comisión Real Canadiense para Pueblos Aborígenes)24 Generalmente son comisiones conformadas por los parlamentos para la realización de investigaciones en casos específicos.
De acuerdo con los principios Joinet, las Comisiones de la verdad son órganos oficiales, de carácter temporal y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años25. Características: - Su objetivo es conocer y exponer las graves violaciones cometidas en el pasado con miras a establecer un nuevo orden basado en una cultura de respeto a los DDHH. - El mandato es definido de manera oficial por un tiempo determinado. - Investiga patrones de abusos cometidos en periodos concretos. - Son órganos no judiciales que gozan de alto grado de independencia y neutralidad.
2.3.3 Comisión de la verdad en Colombia: la propuesta de la Sala Penal. En el marco de las competencias atribuidas por la ley 975, o ley de justicia y paz, la Corte Suprema, Sala Penal hizo un importante pronunciamiento26 en el que propuso al gobierno la creación de una comisión de la verdad para el esclarecimiento de los crímenes de los
Op Cit. Guía sobre reconciliación. Página E10. FUNDACIÓN SOCIAL, Compilación de Instrumentos internacionales, doctrina y jurisprudencia sobre verdad, justicia y reparación. Conjunto de principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Profesora Diane Orentlicher. E/CN.4/2005/102/Add.1 Febrero 8 de 2005. Primera edición Bogotá, 2005. Editora Géminis Limitada. Página 161. 26 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Penal. Radicado No. 32.022. Gian Carlo Gutiérrez Suárez. MP. Sigifredo Espinosa Pérez. Aprobado en Acta No. 299 del 21 de septiembre de 2009. Disponible en:
paramilitares. Se trataría de una Comisión cuyo funcionamiento sería alterno a la ley de justicia y paz; esto luego de un examen elaborado por el Alto Tribunal al estado de los derechos de las víctimas en el marco de los procesos de justicia y paz. Esta decisión es precedida por otras en las que se analiza la naturaleza jurídica de la confesión que debe hacer el postulado en las versiones libres, en ese sentido se afirma que la Confesión es el eje central del proceso de Justicia y Paz, que inicia con la diligencia de versión libre, la cual se constituye en el primer paso para el proceso de construcción de la verdad, en el cual también participa la víctima27 Para el caso colombiano, señala la Corte, dada la dimensión de los crímenes cometidos por los paramilitares desmovilizados y las dificultades y las dificultades que han surgido hasta el momento para la culminación de los pocos juicios que han logrado alcanzar etapas avanzadas del proceso, sería conveniente la creación de una comisión de la verdad, que ajustada a las necesidades particulares de nuestra realidad, operara paralelamente con los procesos judiciales, cumpliendo roles complementarios en el esclarecimiento de la verdad que busca la sociedad. (Cursiva es propia). La Sala penal sostiene que esta es la fórmula más idónea para satisfacer los derechos de las víctimas, y conjurar la crisis que se viene desatando en los procesos judiciales y cuyo principal episodio se dio con la anulación de la sentencia proferida en el caso de Wilson Carrascal, Alias El Loro. Razón por la cual se hace un llamado al Gobierno Nacional, “para que convoque a las principales fuerzas sociales – representaciones de los tres poderes, organizaciones de víctimas, de derechos humanos y otros grupos civiles-, en orden a estudiar la viabilidad de conformar una comisión de la verdad, que con funciones debidamente delimitadas, ayude en la construcción de la memoria histórica de la barbarie paramilitar”28. El parangón utilizado en este caso por la Corte para ilustrar el mecanismo es referirse a los informes preparados por el grupo de Memoria Histórica, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación sobre las masacres del Salado (Bolívar) y de Trujillo (Valle). Si bien la sentencia hace un importante reconocimiento sobre las dificultades que han enfrentado las víctimas para que su voz sea tenida en cuenta en el marco de los procesos y sus ansias de justicia sean satisfechas, la propuesta plantea varios interrogantes: en primer lugar respecto al mecanismo, pues no es posible asimilar el trabajo del Grupo de memoria histórica al que desarrolla una comisión de la verdad, en segundo lugar, por lo que ha denominado Gonzalo Sanchez como la parcelación de la verdad, al señalar que además de la propuesta de la Corte hay otras de sentido similar, que se han hecho como la propuesta en el marco del seguimiento a la sentencia T-025 ante la Corte Constitucional, en la que la comisión de
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Penal. Radicado No. 32.022 Página 56. Ibíd. Página 77.
seguimiento propone la creación de una comisión de la verdad que esclarezca los diferentes mecanismos utilizados por los victimarios para perpetrar el despojo y la usurpación de tierras. Además de éstas, no se debe perder de vista la existencia de grupos subversivos que no hicieron parte de las negociaciones y cuyos también deberían ser objeto de una comisión de la verdad29.
3. DERECHO A LA JUSTICIA 3.1 Concepto: es el derecho en cabeza de las víctimas para que se surtan los procesos judiciales para la sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional que se hubieren cometido. En el contexto de los procesos de justicia transicional, el derecho a la justicia es un mecanismo de garantía para la realización de los derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación. 3.2 Contenido del derecho a la Justicia: el contenido del derecho a la justicia corresponde a los deberes estatales derivados de los instrumentos internacionales, en los cuales enmarcan medidas que garantizan el derecho a la justicia. • Llevar a cabo investigaciones prontas, completas, independientes e imparciales. • Tomar medidas que garanticen un juicio y una sanción adecuados de graves violaciones al DDHH. • Garantizar el derecho de las víctimas a iniciar y participar en los procesos y a ser protegidas. • Tomar medidas necesarias para implementar principio de jurisdicción universal • Imprescriptibilidad crímenes atroces y derecho a reparación. • No aplicación de amnistías frente a graves violaciones DDHH y DIH – amnistías frente a otros crímenes no operan respecto de derechos a la verdad y a la reparación. • No aplicar el principio non bis in ídem para reabrir investigaciones con decisiones absolutorias. • No asilar a autores de crímenes atroces. • Regla de no extradición por delitos políticos no cubre crímenes atroces • Obediencia debida y responsabilidad del superior no exoneran • Fuero penal militar no aplica a graves violaciones a los DDHH. 3.3 Estándares internacionales en materia del derecho a la Justicia
Entrevista a Gonzalo Sanchez: No somos comisión de la verdad: Balance de la segunda semana por la memoria. Diario El Espectador. Edición del 29 de septiembre de 2009. Disponible en: http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloimpreso163545-no-somos-comision-de-verdad
Instrumento Contenido Convención Americana Artículo 1 referente a la obligación en cabeza del Estado de de Derechos Humanos respetarlos derechos y libertades reconocidos en la Convención y a garantizar el ejercicio pleno y libre que éste sujeta a su jurisdicción. Artículo 2 deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Artículo 8 Garantías judiciales. Acceso a la justicia de toda persona que esté privada de la libertad o que busque el restablecimiento de un derecho ante la jurisdicción civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. De igual manera consagra la presunción de inocencia y un catálogo de derechos que garanticen un debido proceso. Artículo 25 Protección Judicial. Acceso a recursos sencillos, rápidos y efectivos ante las autoridades judiciales. Pacto de Derechos Artículo 3, literal a, referido al derecho de las personas a quien le Civiles y Políticos hayan sido vulnerados sus derechos, aun cuando la violación la cometiera un agente estatal, que actuaba en ejercicio de funciones judiciales. En el caso de interponer recursos, que éstos sean decididos por la autoridad competente. Artículo 14y 15, respecto a los derechos de las personas privadas de la libertad y en curso de procesos judiciales que tengan como finalidad imponer sanciones penales. Derecho Internacional Convenio 1, se refiere al tratamiento que se debe dar a los heridos y Humanitario enfermos de las fuerzas armadas que se encuentran en conflicto. Convenio 2, se refiere a la obligación de los Estados de buscar a las personas acusadas de haber cometido u haber ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves y deberá hacerlas comparecer ante los tribunales, sea cual fuera su nacionalidad. Convenio 3, hace especial referencia al tratamiento que se debe dar a los prisioneros. Convenio 4, hace referencia a la protección de los civiles en tiempo de guerra. Protocolo I art. 85. El hecho de privar a una persona protegida por los Convenios o aludida en el parágrafo 2 del presente artículo de su derecho a ser juzgada normal e imparcialmente. Protocolo II. Hace referencia a la protección de la población civil, en especial el artículo 17 introduce una disposición en la que se prohíben los desplazamientos forzados. Convención para la En el artículo 4º. Las personas que hayan cometido genocidio o prevención y sanción cualquiera de los actos, consagrados en el artículo 3º, serán del delito de genocidio castigadas, ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares. Prohibición de considerar en la legislación interna el delito de genocidio como un delito político. Además consagra que en estos
casos los Estados deben facilitar las condiciones para extraditar a aquellas personas que son requeridas por otro Estado. Convención sobre la Consagra la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad cometidos como en tiempo de guerra, los crímenes de guerra como en tiempo de paz. y de los crímenes de lesa humanidad Convención Artículo 1º lit. a. Busca sancionar en el ámbito de su jurisdicción a Interamericana sobre los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición desaparición forzada de forzada, así como la tentativa de comisión del mismo. personas Artículo 9º. Los presuntos responsables del delito de desaparición forzada de personas, sólo podrán ser juzgadas por la jurisdicción común competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en especial la militar. Tampoco se podrá considerar una desaparición forzada como hecho cometido en ejercicio de funciones propias del fuero militar. Artículo 11º toda persona privada de la libertad debe ser llevada a lugares de reclusión oficiales y ser presentadas sin demora ante la autoridad judicial competente. Estatuto de la Corte El artículo 17 del Estatuto establece las condiciones de Penal Internacional admisibilidad, de acuerdo con esta disposición, la Corte Penal Internacional tendrá competencia sobre los asuntos cuando: Que el asunto sea objeto de una investigación o juzgamiento de un Estado, salvo que éste no esté en dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento, o no pueda realmente hacerlo; El asunto haya sido objeto de investigación por el Estado que tenga jurisdicción sobre él y éste haya decidido no incoar la acción penal contra la persona de que se trate, salvo que la decisión haya obedecido a que no esté dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo. Conjunto de principios Principio 1, relativo a las obligaciones generales de los Estados de de lucha contra la adoptar medidas eficaces para luchar contra la impunidad. impunidad30. (P.1, 19 – Principio 19, deberes de los Estados en materia de administración 30). de justicia. Principio 20, competencia de los tribunales penales internacionales. Principio 21, medidas para reforzar la eficacia de los principios jurídicos internacionales relativos a la competencia universal e internacional. Principio 23, restricciones a la prescripción (No aplicación a los delitos graves conforme al derecho internacional).
Los principios contenidos en este documento han sido objeto de actualización por parte de la Profesora Diane Orentlicher.
Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de delitos y
Principio 24, restricciones y otras medidas relativas a la amnistía (Establece límites a la aplicación de la amnistía)31 Principio 25, restricción al derecho de asilo, busca impedir que personas que hayan sobre las que se tenga motivos fundados sobre la comisión de delitos graves conforme al derecho internacional. Principio 26, Restricciones a la extradición/ Non bis in ídem. Principio 27, restricciones a las justificaciones que puedan vincularse a la obediencia debida, la responsabilidad superior y el carácter oficial. Principio 28, restricciones a los efectos de las leyes sobre divulgación o sobre arrepentidos. Principio 29, restricciones a la competencia de los tribunales militares. Principio 30, restricciones al principio de inamovilidad de los jueces. VII. Derecho de la víctima a disponer de recursos: - Acceso igual y efectivo a la justicia; - Reparación adecuada, efectiva y rápida al daño sufrido; y - Acceso a la información pertinente sobre las violaciones y mecanismos de reparación. VII. Acceso a la justicia: la víctima de una grave violación a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, deberán tener acceso igual a un recurso judicial efectivo. - Las obligaciones resultantes del derecho internacional para asegurar el derecho al acceso a la justicia y un procedimiento justo e imparcial deberán reflejarse en el derecho interno. Para ello, los Estados deben dar a conocer todos los recursos a los cuales pueda acceder la víctima de graves violaciones a los derechos humanos. - Adoptar medidas para proteger la vida e integridad de las víctimas y sus representantes cuando accedan a los mecanismos judiciales, administrativos y de otro tipo a loas cuales quiera acudir la víctima. - Facilitar una asistencia apropiada para aquellas víctimas que accedan a los mecanismos judiciales; - Facilitar además del acceso individual de las víctimas a la justicia, el acceso colectivo. - Acceso de las víctimas a la justicia en condiciones de dignidad. - El Estado debe reforzar cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas
Específicamente se refiere a que los autores de crímenes graves no podrán ser beneficiados por leyes de amnistía; con las medidas de amnistía no se podrán afectar los derechos de las víctimas a la reparación.
obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Adecuar los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: • Informando a las víctimas sobre los distintos momentos procesales, el estado de las actuaciones y las decisiones que se tomen dentro del proceso. • Permitiendo la participación de las víctimas en los procesos penales. • Prestando asistencia a las víctimas durante todo el proceso judicial.
Corte Interamericana Caso Godínez Cruz vs. Honduras. de Derechos Humanos Caso Barrios Altos vs. Perú. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala Caso de los Hermanos Gomez Paquiyauri vs. Perú. Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala Caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia. Caso 19 comerciantes vs. Colombia. Caso masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Corte Constitucional Sentencia C- 370 de 2006. Corte Suprema de Contenido y alcance del derecho a la justicia, Radicado 29472, 10 Justicia – Sala Penal de abril de 2008, MP. Yesid Ramírez Bastidas. 4. DERECHO A LA REPARACIÓN 4.1. Reparación Individual: 4.1.1. Concepto: la reparación es entendida como el derecho en cabeza de las personas que han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, que se traduce en el resarcimiento de los perjuicios causados, el restablecimiento de la situación de la víctima al momento anterior al que ocurrieran los hechos, el mejoramiento de las condiciones de vida de las víctimas y la modificación de reformas que impidan la repetición de los crímenes32. 4.1.2. Finalidad de la reparación: de acuerdo con la resolución 2005/35 del 19 de abril de 2005, de la Asamblea General de las Naciones Unidas; Principio 15,
Op. Cit. Guía sobre reconciliación. Página E67.
señala que una reparación adecuada efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones graves del derecho internacional humanitario. La reparación debe ser proporcional al daño causado. 4.1.3. Destinatarios de la reparación: los Estados están obligados a conceder reparaciones a las víctimas por acciones u omisiones33 que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. De acuerdo con los principios y directrices para la reparación de las víctimas, se define el concepto de víctimas en los siguientes términos: “Toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización”. Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.
4.1.4. Modalidades de Reparación: la reparación debe ser de carácter integral, en esa medida existen distintas modalidades de reparación, orientadas a restablecer la vida de las personas luego de las graves violaciones a los derechos. Estas modalidades tienen su origen y sustento en el derecho internacional. De acuerdo con los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Las modalidades que establece este documentos son: 4.1.4.1. Restitución: siempre que sea posible se deberá devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de
El deber de reparar del Estado deriva del deber de garantía en cabeza del Estado, de acuerdo con el cual deberá garantizar que las personas no sean víctimas de graves violaciones a los DDHH e infracciones al derecho internacional humanitaria, bien sea por acción u omisión.
derechos humanos o la violación grave del derecho internacional humanitario. La restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso al lugar de residencia, la reintegración del empleo y la devolución de sus bienes. Entre las medidas de restitución la más usada en las distintas experiencias internacionales ha sido la de bienes34, especialmente inmuebles35. En Colombia la discusión no ha estado ausente del debate sobre las medidas de reparación, en el proyecto de ley de víctimas existían dos posiciones encontradas, la primera defendida por los autores del proyecto de ley, buscaba la restitución de bienes muebles e inmuebles, en ese sentido se buscaba no sólo que se restituyeran los territorios usurpados, sino que se extendiera la restitución a los bienes muebles vgr; animales y herramientas que tenían las personas al momento del desplazamiento o el despojo, según sea el caso. Restitución de bienes colectivos a grupos étnicos: el principio 4 de los Principios Deng, establece que los principios rectores sobre desplazamiento interno deben ser aplicados sin distinción alguna, de acuerdo a los presupuesto del derecho a la igualdad consagrados en diversos tratados y en la Constitución Política artículo 1336.
Una de las experiencias internacionales, en materia de restitución de propiedades se encuentra en el Programa de Repatriación y Retorno implementado en Bosnia Herzegovina. Este programa buscaba que las minorías étnicas que fueron víctimas de desplazamiento forzado por cuenta del conflicto étnico que se vivía pudieran retornar en condiciones de seguridad y de vida adecuadas. Para ello y bajo la coordinación de ACNUR, fue necesario poner en práctica tres estrategias: i) Buffer Acomodation: que consistía en la creación de 321 centros de acogimiento colectivo en todo el territorio Bosnio, las cuales sirvieron de refugio temporal para las comunidades que estaban en espera del Programa; ii) Open Cities: teniendo en cuenta que no habían cesado por completo la “limpieza étnica” y los hostigamientos, ACNUR decidió ofrecer incentivos a las ciudades que promovieran el retorno en condiciones de seguridad y a proveerles asistencia básica en condiciones de igualdad; iii) formulación de del Plan de Implementación de la Legislación de Propiedad (PLIP). Los objetivos del Plan eran la restitución de la propiedad y posesión, la reconstrucción de viviendas e infraestructura y la provisión de servicios sociales y microcréditos para la generación de ingresos en una economía devastada por la guerra. (Tomado de: Fundación Social. Una Mirada Hacia Adelante: Elementos para la reparación colectiva en Colombia. Pág. 36) 35 De acuerdo con la legislación civil colombiana los bienes inmuebles son aquellos que están sujetos a registro, como las casas, fincas, terrenos para cultivo y por excepción la maquinaria, vehículos automotores etc. 36 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, La Voz de las Regiones. Primera edición. Editorial Imprempaste. Bogotá, Julio de 2009. Página. 148.
De acuerdo con la Corte Constitucional en la sentencia SU- 039 de 1997, la diversidad en cuanto a la raza y a la cultura, es decir la no coincidencia, en el origen, color de piel, lenguaje, modo de vida, tradiciones, costumbres, conocimientos y concepciones con los caracteres con la mayoría de los colombianos es reconocida en la Constitución de 1991, al declarar la estructura pluralista del Estado Colombiano, reconocer y proteger “la diversidad étnica y cultural de su población” (y las) “riquezas culturales y naturales de la nación”37. Tras un largo periodo de desconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, étnicas y tribales, la Constitución de 1991 consagró el respeto a la identidad étnica y cultural de la nación cultural a través de los artículos 7 (Diversidad étnica y Cultural) 8 (Protección a las riquezas naturales y culturales), 42 (Patrimonio Cultural de la Nación; y 329 (Conversión de las comunidades indígenas)38. La misma Corte Constitucional en sentencias posteriores ha señalado que el territorio y la tierra en si misma hacen parte del desarrollo cultural de los pueblos étnicos, indígenas y tribales39. En sentencia T-574 de 1996, “el artículo transitorio 45 de la Constitución ordenó que la ley estableciera mecanismos para la protección cultural de las comunidades negras en las cuencas del Pacífico y para el fomento de su desarrollo Económico y Social”. Originándose de esta manera la ley 70 de 199340. Como se había mencionado en la parte introductoria de este documento, la Corte Constitucional ha determinado que las comunidades afrocolombianas son sujetos de especial protección en la medida que ha existido una exclusión de carácter histórico que ha acentuado las condiciones de vulnerabilidad de estas comunidades. Frente a la restitución, las comunidades han tenido un papel muy importante en la medida que en el marco del conflicto armado que ha vivido Colombia, muchos de ellos fueron expulsados de sus territorios colectivos, víctimas de crímenes atroces como la desaparición forzada, el homicidio, las ejecuciones extrajudiciales, etc. Con el ánimo de despojarlos de sus territorios.
CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, S. SU-039 DE 1997 MP. Antonio Barrera Carbonell. Ibíd. Corte Constitucional. 39 Ver Sentencias inexequibilidad Estatuto de Desarrollo Rural y Sentencia Ley Forestal. 40 En el artículo 2, numerales 5,6 y 7 precisa los conceptos de comunidad negra, ocupación colectiva y prácticas tradicionales de producción.
Esta información fue valorada por la Corte Constitucional en el marco del seguimiento a la sentencia T-025, en el auto 05, en el cual ordena la adopción de una serie de medidas de carácter diferenciado para la reparación de las víctimas del delito de desplazamiento forzado pertenecientes a las comunidades afrocolombianos. Un elemento esencial para definir las medidas de restitución en el caso de las comunidades afrocolombianas es el procedimiento de consulta previa, contemplado en el Convenio 169 de la OIT y que ha sido una de las principales causas de la declaratoria de inexequibilidad de varias normas recientemente expedidas, como el Estatuto de Desarrollo Rural y la ley forestal. 4.1.4.2. Indemnización41. Debe concederse de manera apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios que sean económicamente evaluables consecuencia de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, tales como: a. El daño físico o Mental; b. La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales. c. Los daños materiales y la pérdida de ingreso, incluido el lucro cesante. d. Los perjuicios morales; e. Los gastos en asistencia jurídica, de expertos, medicamentos, servicios médicos, psicológicos y sociales. f. 4.1.4.3. Rehabilitación. Producto de las graves violaciones a los derechos humanos, las víctimas pueden padecer de secuelas psicológicas, lesiones físicas o enfermedades, para lo cual se busca las medidas de rehabilitación se constituyan en mecanismo de reparación a través de la cual se prevé a la víctima la atención médica y psicológica que llegue a necesitar. 4.1.4.4. Medidas de Satisfacción: representan un carácter simbólico de la reparación y contribuyen de manera importante al cumplimiento del deber de Recordar en cabeza del Estado. Este deber tiene como finalidad de preservar la memoria colectiva, aun cuando las medidas de satisfacción también son de carácter individual.
ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Par. 20.
De acuerdo con los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, las medidas de reparación simbólica incluyen, entre otros: g. Medidas eficaces para conseguir la cesación de las violaciones continuadas. h. La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de las víctimas, sus familiares, los testigos, o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones. i. La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o de las prácticas culturales de su familia y comunidad. j. Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella. k. Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y aceptación de responsabilidades. l. La aplicación de las sanciones judiciales o administrativas de los responsables de las violaciones. m. Conmemoraciones y homenajes a las víctimas. n. La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de DDHH y del Derecho Internacional Humanitario, así como el material didáctico a todos los niveles.
En las sentencias proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha dado un peso importante a las medidas de reparación simbólica como parte de una reparación de carácter integral42. En distintos pronunciamientos ha buscado dar una interpretación de la voz de las víctimas, que frente a estas medidas son determinantes, pues el valor de las medidas simbólicas está asociado a un proceso personal o colectivo, como parte de una acción de memoria43. La adopción de estas medidas sin considerar la importancia de que tienen para las víctimas pueden generar que éstas terminen causando indiferencia en la medida que se trata de decisiones unidireccionales. De otra parte es importante tener en cuenta que las medidas simbólicas deben además considerar las prácticas culturales de las comunidades cuando se pretende que las medidas sean de carácter colectivo.
4.1.4.5. Garantías de no repetición: las garantías de no repetición son medidas que deben adoptar los estados con el objeto de prevenir que se repitan los hechos causantes de la graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Los principios y directrices para las reparaciones señalan como garantías de no repetición, por lo menos las siguientes acciones: o. El ejercicio de un control efectivo de las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad; La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad; p. El fortalecimiento de la independencia del poder judicial;
42 Ver, Crt IDH (1993), Caso Aloboete y Otros. Sentencia del 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15; Crt.IDH Caso El Amparo Reparaciones. Sentencia del 14 de septiembre de 1996. Serie C. No. 28; Caso de los niños de la Calle (Villagran Morales), sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C. No. 88; Caso Bamaca Velásquez. Sentencia del 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91; Crt.IDH Caso Trujillo Oroza. Sentencia del 27 de febrero de 2002. Serie C. No. 92; Crt.IDH. Caso del Caracazo. Sentencia del 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95; Caso Myrna Mack Chang. Sentencia del 25 de noviembre de 2002; Caso de los 19 comerciantes. Sentencia del 5 de julio de 2004. Entre otras. 43 BERISTAIN, Carlos Martín. Diálogos sobre la reparación. Experiencias en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tomo II. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. M&RG. Diseño y producción Gráfica S.A. Pág. 117.
q. La protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos humanos; r. La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad; s. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, la salud, la psicología, los servicios sociales y las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales; t. La promoción de mecanismos destinados a prevenir y vigilar los conflictos sociales; u. La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho humanitario o las permitan. 4.1.5. Sustento Internacional Instrumento Contenido Declaración Universal Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante de los Derechos los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos Humanos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. Pacto Internacional de Artículo 2 establece que La autoridad competente, judicial, Derechos Civiles y administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente Políticos prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
Artículo 6. Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado, contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la presente Convención, viole sus derechos
humanos y libertades fundamentales, así como el derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación. Convención Americana Artículo 10. Reconoce el derecho a la indemnización en los casos de Derechos Humanos en que ha existido error judicial. Derecho Internacional Humanitario Convención contra la Tortura y otros tratos crueles y degradantes Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura Protocolo I – Adicional de los Convenios de Ginebra. (Artículo 91). Artículo 14. Consagra el derecho a la reparación de las víctimas de actos de tortura; hace especial referencia al derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación. Artículo 9. Juzgamiento de responsables de estos delitos deben hacerse por la justicia ordinaria. Artículo 12. Establece la obligación en cabeza de los Estados de prestar colaboración recíproca para la búsqueda, localización, identificación y restitución de los menores que hubieran sido trasladados a otro Estado o retenidos como consecuencia de la desaparición de sus padres, tutores o guardadores. Artículo 75. Establece la competencia de la Corte para dictar una decisión en torno a las reparaciones considerando los daños causados por la violación de los derechos en contra de las víctimas. En el Estatuto de la Corte Penal Internacional por primera vez de otorga la voz a las víctimas dentro del proceso que busca sancionar a los responsables. P.31: consagra el derecho de las víctimas de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH o sus causahabientes a obtener una reparación del Estado; señala que la reparación es una obligación del Estado, que podrá repetir en contra de quien perpetró la violación del derecho humano. P.32: procedimientos para la reparación: establece que la reparación se puede lograr a través de la jurisdicción penal, civil, administrativa o disciplinaria. Llama la atención sobre la necesidad de que el recurso que se otorgue a la víctima sea accesible, ágil y eficaz; la protección de la víctima en el proceso de alegación de una reparación; consagra la posibilidad de crear programas de carácter administrativo, con participación de la sociedad civil en el diseño de esos programas. P.33 Las víctimas deben ser informadas de la existencia de las medidas de reparación. Se trata de un documento aprobado por la Comisión de Derechos
Conjunto de principios de lucha contra la impunidad44. (P.31- 38)
básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de delitos y abusos de poder Principios rectores de los Desplazamientos internos
Humanos mediante la resolución 2005/35 del 19 de abril de 2005. Este documento hace referencia especialmente a las víctimas de violaciones manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Incluye el concepto de víctima, establece un antecedente importante en la medida que establece la condición de víctima de manera independiente a la identificación y sanción del perpetrador. Establece estándares que deben ser tenidos en cuenta por los Estados frente al derecho a la justicia, el acceso a recursos eficaces, ágiles y sencillos para reclamar las reparaciones, señala las medidas de reparación, entre otras disposiciones. Establece principios básicos para la atención resarcimiento de las víctimas. No se refiere a los conceptos de reparación tal y como hoy se conocen en virtud que es un documento producido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 40/34 del 29 de noviembre de 1985. Establece los Principios básicos para atender las necesidades específicas de las víctimas del delito de desplazamiento interno. Definen los derechos y garantías pertinentes para la protección de las personas contra el desplazamiento forzado y para su protección y asistencia durante el desplazamiento y durante el retorno o el reasentamiento y la reintegración.
4.2 Reparación Colectiva: De acuerdo con la ley 97545 “La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sico-social de las poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática”. Las graves violaciones a los derechos humanos no solamente generan un impacto individual, también pueden producir consecuencias en una comunidad. Carlos Martín Beristaín señala en Diálogos sobre la Reparación que: “Cuando se trata de comunidades afectadas por hechos traumáticos, el conjunto de medidas de reparación es la base del proceso de reconstrucción comunitaria; la reparación colectiva implica esta interrelación necesita esa fuerza global de las diferentes medidas”. Con base en esto podría pensarse que el concepto de reparación hace referencia al conjunto de medidas interdependientes en el contexto de una comunidad en proceso de recuperación.
Último inciso artículo 8.
La reparación además de buscar la superación de la afectación producida por las graves violaciones de derechos humanos, consiste en un ejercicio de reconocimiento de los derechos ciudadanos de las víctimas como un paso necesario para la reconstrucción de la confianza cívica y el tejido social. Sin embargo, es necesario resaltar que la determinación del colectivo sujeto de reparaciones requiere la consideración de varios conceptos y a los que se hará referencia más adelante. Para el desarrollo de este capítulo se tendrán en cuenta en primer lugar algunas consideraciones previas para determinar la existencia de un colectivo sujeto de reparaciones, posteriormente se hará referencia a los criterios establecidos en el Sistema Interamericano, para luego hacer una breve revisión de los criterios determinados por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación [CNRR], a partir del análisis elaborado por la experta Catalina Díaz en su propuesta de un programa administrativo de reparaciones colectivas. Algunas aproximaciones para la definición del carácter colectivo: De acuerdo con la experta en reparaciones del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), Catalina Díaz46, se podría señalar que en Colombia existen dos criterios para determinar la procedencia de reparaciones colectivas. El primero es de origen legal y se refiere al reconocimiento otorgado a las comunidades indígenas y afrocolombianas de su condición como colectivo; el segundo, es de carácter antropológico y a través de este se busca establecer criterios y condiciones que sirvan de base para la definición de reparaciones colectivos; sobre este punto se hará una breve referencia, teniendo en cuenta que este documento busca profundizar especialmente en los principios que deben orientar la reparación a grupos étnicos como las comunidades afrocolombianas. Criterio colectivo de origen legal: se deriva del reconocimiento a la diversidad étnica y cultural otorgado por la Constitución política de 1991 a las comunidades indígenas y afrocolombianas, en este último caso la ley 70 de 1993 les reconoce entre otros derechos: Principios - El reconocimiento y la protección de su diversidad étnica y cultural, el derecho a la igualdad de todas las culturas que conforman la nacionalidad colombiana. - El respeto a su integralidad y la dignidad de la vida cultural de las comunidades negras. - La participación de las comunidades negras y sus organizaciones sin detrimento de su autonomía, en las decisiones que las afectan y en las de toda la Nación en pie de igualdad, de conformidad con la ley. , Elementos para un programa de reparaciones colectivas en Colombia. En: Tareas Pendientes: propuestas para la formulación de políticas públicas de reparación en Colombia. Bogotá Centro Internacional para la Justicia Transicional. Primera edición. Marzo de 2010. Opciones Gráficas Editores LTDA. P. 269
VILLA, Arcila Leonardo [et. al]
- La protección del medio ambiente atendiendo a las relaciones establecidas por las comunidades negras con la naturaleza. Territorios colectivos - La relación de las comunidades con los territorios colectivos como elemento esencial para su desarrollo como colectivo, en virtud del cual se revisten los territorios de un régimen especial que los sustrae de diferentes formas de afectar la propiedad, señalando que dichos bienes inmuebles están destinado al uso colectivo, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Estos derechos y principios cobran especial importancia al momento de establecer las reparaciones colectivas para estas comunidades por varias razones, en primer lugar, porque en la mayoría de los casos las violaciones a los derechos humanos de las que fueron víctimas muy seguramente afectaron su diversidad étnica y cultural, el respeto a su integralidad, su autonomía, el derecho a ser consultados en las decisiones que les afectan, el territorio en el que están asentadas, etc; y, en segundo lugar, por la finalidad misma de la reparación. Es fundamental señalar que todo proceso de reparación dirigido a las comunidades afrocolombianas debe darse no solamente bajo el reconocimiento pleno de los derechos constitucionales y legales, sino también de los reconocidos por instrumentos internacionales como el Convenio 16947, que establece entre otros: Derecho a la consulta previa: o El cual debe materializarse a través de procedimientos y medios apropiados a través de sus instituciones representativas. o Garantizar la buena fe y adecuación a las circunstancias especiales de los grupos étnicos. o Garantizar la consulta previa cuando se pretende la explotación de recursos naturales que se encuentran dentro de su territorio. Derecho a la propiedad y a las posesiones: o Respeto por la importancia especial que tiene el territorio para la cultura de las comunidades negras. o Reconocimiento al derecho a la propiedad y la posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Derecho a la reparación: o Que incluya el retorno a sus territorios tradicionales. o Derecho a una reparación de carácter integral tanto individual como colectivo.
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Seguimiento a políticas públicas en materia de desmovilización y reinserción. Derecho a la Reparación Integral. Tomo II. Bogotá, 2008. P. 183
Criterio colectivo de origen antropológico: Otro criterio para establecer reparaciones colectivas tiene origen antropológico cuando se trata de comunidades o grupos que se identifican así mismo como colectivos48. Sin embargo, este criterio reviste una especial dificultad, sobre todo cuando se otorga esta calidad a comunidades que se identificaron de manera posterior a las violaciones de derechos humanos como colectivo, en la medida que esto puede traducirse en una grave frustración de las expectativas de las víctimas49, teniendo en cuenta que: 1) la calidad de colectivo no puede presumirse; 2) la ocurrencia de hechos dentro de un mismo contexto tampoco puede ser un criterio definitorio de una comunidad como colectivo. El sistema Interamericano y las reparaciones colectivas En el sistema Interamericano50 las reparaciones colectivas han sido objeto de pronunciamiento a través de los distintos mecanismos que están previstos para tal fin en los casos contenciosos51. Con base en este criterio la Corte Interamericana ha logrado identificar a través de sus sentencias varios elementos que facilitan la consideración de una reparación colectiva. Estos son: Colectivo con una identidad cultural diferencial: marcó el inició al reconocimiento del derecho colectivo a la propiedad de la tierra52, esta decisión de la Corte Interamericana hace un reconocimiento de la tierra como un elemento esencial para el desarrollo de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas. (Casos del sistema interamericano afro descendiente o indígena como en el caso de los Moiwana o Awas Tingni). Colectivo con definición territorial: masacres de Pueblo Bello y Mapiripán. Coexistencia de vida: como en el caso de la Cárcel en Juachito López.
Ibíd. P. 276 En este caso, Catalina Díaz cita el caso de la masacre de Villatina en la que se otorgaron reparaciones colectivas a las madres de los 15 jóvenes asesinados. Si bien los jóvenes pertenecían a un grupo denominado “forjadores de futuro” de la comuna 8 de Medellín, las madres no se identificaban con tal calidad traduciendo esta situación en una frustración de las madres de las víctimas directas. 50 Para este documento se ha denominado como Sistema Interamericano al conjunto de organismos que en el marco de la Organización de Estados Americanos se encargan de la defensa, protección y promoción de los Derechos Humanos, esto es: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 51 En el caso de la Comisión de Derechos Humanos, cuando se presentan peticiones dirigidas a demandar de un Estado miembro el respeto por los Derechos Humanos se pueden producir soluciones amistosas entre quien presenta la petición y el Estado. Cuando la Comisión Interamericana decida presentar el caso ante la Corte Interamericana se producirán sentencias. 52 BERISTAIN, Op. Cit. P. 500.
Identidad Ideológica: como el caso del movimiento político de la UP. Elemento circunstancial ligado a una actividad profesional o social: como en el caso de la Cantuta, 19 comerciantes y la Rochela.
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