Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28DSCD-12-CO-27.CODI.%29
Timestamp: 2019-12-15 16:35:48+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 27, de 05/10/2016
cve: DSCD-12-CO-27
Año 2016 XII LEGISLATURA Núm. 27
Pronunciamiento de la Comisión, a efectos del art. 44 del Reglamento, sobre las solicitudes de comparecencia del señor presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (Martí Scharfhausen):
- Para presentar el informe de actividad realizado por el citado organismo durante el año 2015, así como informar sobre cuestiones de seguridad nuclear relativas a su competencia, entre otros, el proceso de renovación y explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000040) ... (Página2)
- Para dar cuenta de la gestión realizada en el Consejo de Seguridad Nuclear desde su última comparecencia el día 3 de diciembre de 2014, y en particular, en lo relativo al proceso de reapertura de la central nuclear de Garoña y la construcción del Almacén Temporal Centralizado en Villar de Cañas (Cuenca). A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 212/000041) ... (Página2)
- Para que explique la situación de la central nuclear de Garoña y otras cuestiones relativas a la seguridad nuclear. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 212/000054) ... (Página2)
- Relativa a los requisitos de seguridad de las gasolineras desatendidas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000152) ... (Página4)
- Sobre la derogación del proyecto de ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la línea de muy alta tensión Vic-Bescanó y la adopción, en su caso, de una alternativa sostenible. Presentada por los grupos parlamentarios Socialista,
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Esquerra Republicana y Mixto. (Número de expediente 161/000338) ... (Página9)
- Sobre medidas para paliar los efectos de la pobreza energética. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/000173) ... (Página15)
- Relativa a las previsiones del Gobierno para garantizar las condiciones y el calendario de las subastas de adjudicación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad del suministro eléctrico. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000270) ... (Página21)
- Relativa al establecimiento de un nuevo sistema de suministro eléctrico de precio competitivo, estable y predecible para favorecer la competitividad de las industrias básicas electro-intensivas. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000280) ... (Página21)
- Relativa al fomento del autoconsumo eléctrico. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000366) ... (Página29)
- Sobre modificación de las convocatorias de los programas de ayudas para la reindustrialización y fomento de la competitividad industrial. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000420) ... (Página34)
Delegación en las Mesas de las Comisiones de la competencia de estas de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número de expediente 042/000001) ... (Página39)
- PARA PRESENTAR EL INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADO POR EL CITADO ORGANISMO DURANTE EL AÑO 2015, ASÍ COMO INFORMAR SOBRE CUESTIONES DE SEGURIDAD NUCLEAR RELATIVAS A SU COMPETENCIA, ENTRE OTROS, EL PROCESO DE RENOVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CENTRAL NUCLEAR DE SANTA MARÍA DE GAROÑA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000040).
- PARA DAR CUENTA DE LA GESTIÓN REALIZADA EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR DESDE SU ÚLTIMA COMPARECENCIA EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2014, Y EN PARTICULAR, EN LO RELATIVO AL PROCESO DE REAPERTURA DE LA CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO EN VILLAR DE CAÑAS (CUENCA). A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 212/000041).
- PARA QUE EXPLIQUE LA SITUACIÓN DE LA CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑA Y OTRAS CUESTIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD NUCLEAR. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 212/000054).
Empezamos la Comisión con el punto 1.º del orden del día, relativo al pronunciamiento de la Comisión respecto a las peticiones de comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear. Voy a dar la palabra a los portavoces de los grupos para que expresen su posición de voto. Les recuerdo que no se
trata de entrar en el fondo de la cuestión sino de explicar la posición. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Martínez.
Quisiera expresar mi apoyo a las peticiones de comparecencia realizadas por tres grupos parlamentarios. Es una materia suficientemente importante y no admite más demora; han pasado casi dos años desde la última comparecencia del responsable del Consejo de Seguridad Nuclear y, por tanto, estamos a favor de las comparecencias solicitadas.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Por las mismas razones y en los mismos términos apoyamos las tres.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Al igual que mis compañeros, por las mismas razones y en los mismos términos, aceptamos las tres peticiones de comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Señor Uralde.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: El Grupo de Unidos Podemos está a favor de la comparecencia, y no solo porque el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear no haya acudido en la anterior legislatura las veces que se solicitó su comparecencia ante el Congreso, sino también porque en los últimos días han surgido informaciones nuevas muy relevantes y alarmantes. En especial, quiero referirme a la carta de algunos técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear poniendo de manifiesto hechos muy graves respecto a la situación del consejo, un organismo de gran importancia para la seguridad nuclear. Entre otras cosas, se refieren a que han tenido conocimiento de dosieres secretos sobre temas tan importantes como la evaluación de la central nuclear de Garoña. Es muy importante que todas estas cosas se clarifiquen, y no solo por la situación de Garoña, sino porque ya en enero de 2016 la mayoría absoluta del Congreso pidió que se paralizara el proceso de reapertura de dicha central y, sin embargo, el Consejo de Seguridad Nuclear, unilateralmente, decidió hacer caso omiso a la mayoría absoluta de este Congreso y seguir adelante con la evaluación para su reapertura. Hay cuestiones pendientes también sobre la inseguridad y los hechos ocurridos en torno a la central nuclear de Almaraz, las denuncias relativas al cementerio nuclear y, como digo, la situación interna del CSN. Por todo ello, consideramos urgente e importante la comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear ante el Congreso de los Diputados.
Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Lucio.
La señora LUCIO CARRASCO: Buenos días.
El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado esta comparecencia en numerosas ocasiones, dado que el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear no comparece ante esta Cámara desde el 3 de diciembre de 2014, a pesar de que el artículo 11 de la Ley de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear le obliga a dar cuentas a la Cámara de manera anual. En la anterior legislatura esta Comisión solicitó en varias ocasiones su comparecencia y solo obtuvo dilaciones y negativas, hasta el punto de que no vino y la mayor parte de esta Comisión pidió su dimisión, que quedó sin efecto por la finalización de la legislatura. Por tanto, por los motivos que han esgrimido mis compañeros y, sobre todo, por los últimos acontecimientos que acaba de explicar el portavoz de Unidos Podemos, creemos imprescindible que el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear cumpla con su obligación, cumpla con la ley y venga por fin a esta Comisión a dar explicaciones; no solo las ordinarias de los informes anuales, sino también sobre todas las irregularidades que hemos ido conociendo a lo largo de este tiempo a través de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear y sobre las noticias que van saliendo permanentemente referidas a algunas de las centrales nucleares y a temas de seguridad que afectan a la población. Por todo ello, hemos presentado esta propuesta de comparecencia y nos congratulamos de saber que por fin ha decidido venir.
Señor Mariscal, por parte del Grupo Popular.
Nuestro grupo parlamentario está totalmente de acuerdo con la presencia en esta Comisión del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, y lo ha estado siempre. Les quisiera recordar, sin ánimo de abrir el debate, que la pasada legislatura tuvo el tiempo que tuvo, debido a lo que todo el mundo conoce, y que ese fue el motivo que se esgrimió, con acierto, para que no pudiera venir el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear. En todo caso, nuestro grupo está totalmente de acuerdo con su presencia. También quisiera recordar a los miembros de esta Comisión que en materia de seguridad nuclear es conveniente no esgrimir argumentos que puedan generar alarma en la sociedad. Es un asunto que exige mucha responsabilidad. Y no debemos olvidar que el Consejo de Seguridad Nuclear tiene una dependencia política de esta Cámara a través de la ponencia que se deberá constituir en su momento, que abogamos por que sea lo antes posible, para conocer los informes que dimanan del Consejo.
- RELATIVA A LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LAS GASOLINERAS DESATENDIDAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000152).
El señor PRESIDENTE: Si les parece, pasamos a debatir las proposiciones no de ley contenidas en el orden del día. Vamos a comenzar por la que proponen varios grupos: el Grupo de Esquerra Republicana, el Grupo Socialista, el Grupo de Unidos Podemos y el Grupo Mixto. Proposición no de ley sobre derogación del proyecto de ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes, en la línea de muy alta tensión Vic-Bescanó, y la adopción, en su caso, de una alternativa sostenible. (La señora Rodríguez Hernández pide la palabra).
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Disculpe, presidente, pero creo que el orden del día comenzaba con el caso de las gasolineras.
El señor PRESIDENTE: Ha habido un pequeño lío en el orden del día; de hecho, me lo acaban de cambiar. Si no tienen inconveniente sus señorías, el Grupo de Esquerra Republicana había pedido que empezásemos por esta; si no, iríamos al orden del día original. Si el Grupo Ciudadanos necesita un momento para buscar a la persona que tenía que intervenir en este punto, no hay ningún problema, pero el Grupo de Esquerra Republicana, por necesidades, había pedido que lo adelantásemos. ¿Hay algún problema?
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Perfecto. Simplemente es que no se nos había comunicado, pero aceptamos el cambio del orden del día.
El señor PRESIDENTE: Lo lamento. Es un fallo de esta Presidencia; lo asumo y pido disculpas. (El señor Martínez Oblanca pide la palabra).
¿Sí, señor Martínez?
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Disculpe, señor presidente. Al Grupo Mixto esto le pilla con el paso cambiado. Pediría que este punto quedase el segundo, porque ahora mismo no tenemos en la Comisión al diputado que se va a encargar de defender esta cuestión en nombre del Grupo Mixto.
El señor PRESIDENTE: En ese caso, salvo que tengan otro criterio, este punto pasaría a ser defendido en segundo lugar. Según el orden del día original, la primera proposición no de ley es la del Grupo Parlamentario Socialista, sobre requisitos de seguridad de las gasolineras desatendidas. ¿Todos los grupos están en disposición de que pasemos a debatir este punto, la proposición del Grupo Socialista, y dejemos la de Esquerra para debatir en segundo lugar? (Asentimiento).
Pasamos entonces a debatir la primera proposición no de ley según figura en el orden del día. La siguiente será la que ahora mismo está como número nueve, la del Grupo de Esquerra Republicana, y
luego seguiríamos en su orden. También les anuncio a sus señorías que, si no tienen inconveniente, procederemos a debatir conjuntamente la número siete y la número ocho.
Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre requisitos de seguridad en las gasolineras desatendidas, tiene la palabra la señora Tundidor.
La señora TUNDIDOR MORENO: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
Hoy, el Grupo Parlamentario Socialista presenta para su debate en esta Comisión una proposición no de ley sobre los requisitos de seguridad en las gasolineras desatendidas. En la actualidad, hay estaciones de servicio con nuevas modalidades de pago y de atención al cliente -desatendidas, diría yo-, dándose la circunstancia de que no hay personal alguno para atender a los posibles clientes. Son las nuevas gasolineras desatendidas. Como saben, una estación de servicio está sometida al cumplimiento del artículo 43 de la ley del sector, que dice que las instalaciones utilizadas para el ejercicio de esta actividad deberán cumplir con los actos de control de acuerdo a las instrucciones técnicas y complementarias de seguridad y, por supuesto, de protección a los consumidores y usuarios. Estas instalaciones dan servicio a clientes que tienen que ser atendidos en condiciones de seguridad y de igualdad. Quiero recordar que entre ellos estarían también las personas con discapacidad, personas que no manejen tecnología, personas acompañadas de menores, personas alérgicas a hidrocarburos, etcétera.
Actualmente existe cierta indeterminación en la normativa básica estatal, así como incongruencias en otras leyes que pueden derivar en implantaciones diferentes en las distintas comunidades autónomas o no representar un trato igualitario para todo tipo de personas usuarias de estos servicios. Por ello, queremos instar al Gobierno a desarrollar y clarificar suficientemente los requisitos de seguridad industrial que este tipo de gasolineras tiene que contemplar para garantizar que cualquier usuario esté plenamente en condiciones de seguridad ante cualquier tipo de eventualidad que se produzca cuando se realice el repostaje. Ello aportaría seguridad jurídica a todos los agentes del sector, garantizando una competencia leal en los términos de defensa de la competencia. Le instamos también a modificar, en coordinación con las comunidades autónomas, las normas que sean necesarias para prever la obligatoriedad de que haya al menos un empleado en las estaciones de servicio para atender a los usuarios en horario diurno. De esta manera, se cumpliría el derecho de las personas con discapacidad u otras dificultades a ser atendidas en estos establecimientos. Asimismo, le instamos a publicar la nueva revisión de la instrucción técnica complementaria relativa a estaciones de servicio, con el objeto de aclarar y hacer más concretas y rigurosas las medidas de seguridad de las estaciones de servicio desatendidas; a garantizar la unidad de mercado prevista en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, y que, por tanto, no se produzcan agravios comparativos con los requisitos de acceso de seguridad básicos en las diferentes comunidades autónomas; a articular y garantizar, conforme a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, que los técnicos proyectistas e instaladores de las estaciones de servicio desatendidas cumplan rigurosamente la normativa de seguridad industrial que estas instalaciones deben de cumplir en la actualidad, garantizando por tanto la seguridad de las personas y bienes.
Señorías, quiero recordarles que el mayor aumento de este tipo de gasolineras sin personal comienza con la Ley 11/2013, de medidas de apoyo al emprendedor y al estímulo del crecimiento de la creación de empleo, pero en este caso no crea empleo, lo destruye. Esta ley promueve la construcción de unidades de suministro y estaciones de servicio en régimen desatendido, pero esta normativa nos conduce a invadir competencias en materia de seguridad industrial y defensa del consumidor. Ante la variedad de normativa especifica en las diferentes comunidades autónomas, bien sea en materia de seguridad industrial o en materia de consumo, proponemos garantizar la unidad de mercado y que no se produzcan agravios comparativos en los requisitos de acceso de seguridad básicos en los diferentes lugares de España.
Otros motivos importantes para la regulación de este tipo de instalaciones sin personal es proteger y hacer que se cumplan los derechos de los consumidores, en general, y los de las personas con discapacidad, en particular, porque la ausencia de personal en estas gasolineras impide a los usuarios verificar que se surtan las cantidades indicadas, presentar una hoja de reclamaciones, solicitar una factura e incluso dispensar el combustible. Por eso planteamos esta proposición, porque consideramos que están en riesgo la seguridad de las instalaciones, la calidad del servicio y la afectación del medio ambiente. No se nos puede olvidar que la gasolina o el gasoil son sustancias extremadamente peligrosas, y que el hecho de echarle combustible a nuestro vehículo conlleva un riesgo y el peligro de provocar un grave accidente. De hecho, hay constancia de varios accidentes ocurridos en todo el territorio nacional, que no han llegado a más por estar presente el trabajador que lo ha impedido.
Señorías, actualmente en España hay unas diez mil estaciones de servicio atendidas y en autoservicio, que dan empleo aproximadamente a 40.000 personas de forma directa, más los empleos indirectos. Como es obvio, se producen pérdidas de puestos de trabajo cuando se permite este tipo de instalaciones sin personal en un momento en el que el empleo es una de las prioridades en nuestra sociedad. Por ello es por lo que rechazamos ser partícipes de políticas que destruyan empleo cuando existen razones más que justificadas para mantener los puestos de trabajo.
A esta proposición no de ley se han presentado varias enmiendas, concretamente de tres grupos. Empezaremos de menor a mayor. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El Grupo Socialista plantea, a través de la diputada Tundidor Moreno, una iniciativa relacionada con las instalaciones de servicio público de carburantes y, concretamente, con los requisitos de seguridad de las gasolineras sin personal para la atención al consumidor, también denominadas gasolineras baratas, low cost, de marca blanca o gasolineras desatendidas. En primer lugar, quiero señalar que el problema de suministro de carburantes en España es de muchísimo mayor calado que la preocupación por este tipo de suministro, que está siendo objeto de creciente debate político tanto aquí en el Congreso como en diferentes parlamentos autonómicos.
Señorías, al hablar de carburantes, lo que hay que resaltar, por importante y por trascendente en la economía de los hogares españoles, de nuestras empresas y de nuestros transportistas, es que antes de impuestos en España pagamos el precio más alto de toda la Unión Europea. Solo así se explica el éxito popular de las gasolineras desatendidas o de las cooperativas agrícolas que se organizan para combatir los altos precios que el oligopolio de los carburantes, que opera a sus anchas en España, fija en nuestros surtidores. Atención al dato: mientras el crudo Brent ha llegado a bajar el 38 % para las grandes empresas petroleras, los españoles continuamos pagando precios por los carburantes que apenas se han reducido un 15 %.
Por otra parte, esta iniciativa parlamentaria socialista se queda muy corta si la comparamos con la serie de recomendaciones, muy amplias, que hace poco más de dos meses publicó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en las que se concluye que facilitar la apertura y el ejercicio de suministro de carburantes en estaciones de servicio es fundamental para la competencia en el sector. Esta comisión señala literalmente -lo habrán leído todos ustedes en su informe de 49 páginas- que no se debe prohibir a las empresas ni a los usuarios la capacidad de elegir libremente entre estaciones de servicio con personas físicas presentes en la instalación y sin personas físicas. En caso contrario, la introducción de restricciones injustificadas dificultará el desarrollo de modelos de negocio asentados en otros países de la Unión Europea, con repercusiones económicas y jurídicas desfavorables para el interés general.
No obstante, al hilo de la presentación de esta proposición no de ley del Grupo Socialista, resulta de interés -por eso presenté la correspondiente enmienda- la propuesta realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en referencia a la regulación del mercado de distribución de carburantes de automoción. Es, como todos los informes de esta comisión, muy completo, muy amplio, muy detallado y, en el caso que nos ocupa, relativo a las gasolineras desatendidas, muy reciente; lleva fecha del pasado 28 de julio, es decir, poco más de dos meses. Tanto sus conclusiones como sus recomendaciones ponen de manifiesto que las restricciones que se están aplicando en España a las gasolineras desatendidas suponen en la práctica un perjuicio para los consumidores, porque se restringe el nivel de competencia efectiva y, con ello, se están poniendo trabas a la reducción de precios de los carburantes.
Concluyo, señor presidente. La creación de puestos de trabajo en España pasa por favorecer la competitividad, y a eso deberíamos aplicarnos de lleno en el Congreso de los Diputados en lugar de colaborar a que se perpetúe el oligopolio gasolinero.
En turno de defensa de enmiendas, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Martínez González.
En Ciudadanos estamos de acuerdo con la mayoría de los puntos de esta proposición no de ley, pero en total desacuerdo con el punto 2 de la misma, al que planteamos una enmienda de supresión. Pensamos que este punto limita la libertad de empresa y la libre elección de los consumidores y pone cortapisas a un sector emergente con todavía poca penetración en el mercado. Hablamos de que actualmente existen unas 400 gasolineras desatendidas, conocidas también como gasolineras fantasmas, es decir, en torno a un 5 % de las gasolineras existentes en el país, cuando en países como Finlandia, Suecia o Francia la penetración de este tipo de gasolineras es del 50 %.
Se aduce que uno de los principales problemas de este tipo de establecimientos es que afectan al empleo y a la seguridad. En cuanto a la seguridad, existe un estudio del Gobierno francés que dice que los accidentes que se producen en el repostaje en este tipo de gasolineras desatendidas están en torno a un 8 %, mientras que la mayoría de los accidentes, el 92 % restante, se producen cuando se manipulan los tanques en acciones de mantenimiento. Con lo cual, no pensamos que el problema de este tipo de establecimientos sea precisamente la seguridad. Por otra parte, como ya han apuntado, se trata de gasolineras que llevan funcionando muchos años en las cooperativas agrarias y tampoco han planteado ningún tipo de problema. Asimismo, pensamos que aunque la normativa es mejorable -por eso asumimos parte de la proposición-, es bastante exigente en cuanto a paradas de emergencia, extinción en caso de incendios, etcétera. Es decir, la normativa actual es suficiente para cubrir las demandas de seguridad.
Respecto al empleo, pensamos que 400 gasolineras suponen poca penetración y que lo importante, como también se ha apuntado aquí, es que exista competencia. Es una realidad que en aquellas zonas donde estas gasolineras están instaladas suele bajar el precio del carburante, lo cual repercute en beneficio del consumidor y estimula la competitividad. La mayoría de estas instalaciones son empresas de nueva creación, con lo que se estaría ayudando a los emprendedores. Otra razón que se aduce para criticar la presencia de este tipo de establecimientos es la dificultad de acceso que encuentran los discapacitados. En este sentido, pensamos que la solución puede venir a través de los reglamentos técnicos, con medidas de diseño arquitectónico, etcétera, pues se trata de barreras que se pueden subsanar sin mayor problema.
Estamos hablando de un sector, como es el de los hidrocarburos, que mueve 40.000 millones al año y que supone un 4 % del PIB del Estado. Pensamos que lo importante es proteger la libre elección del consumidor, que se garantiza con estas gasolineras. Hay un estudio del Ministerio de Industria que calcula el abaratamiento que estos establecimientos producen en los combustibles en torno a 6 céntimos de euro por litro, con lo que en una familia que gastara alrededor 1.000 litros al año el ahorro anual sería de unos 60 euros. Pero si hacemos el mismo cálculo en el caso de un pequeño transportista que pueda hacer con su vehículo alrededor de 150 kilómetros diarios, por 240 días laborables que tiene el año, resulta un total de 36.000 kilómetros, con lo que el ahorro anual para un pequeño transportista que utilice este tipo de gasolineras podría ser de 2.160 euros.
Por tanto, estamos de acuerdo en la mayoría de los puntos de la proposición, pero presentamos una enmienda de supresión al punto número 2, porque pensamos que el bienestar de los hogares y la competitividad de las empresas tienen que estar por encima de todo, cuestión que no queda salvaguardada en este punto.
Para defender las enmiendas del Grupo de Esquerra Republicana, el señor Capdevila i Esteve tiene la palabra.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias.
En general, estamos a favor de la competencia leal que hace que los precios se contengan y que, como decía el señor Martínez Oblanca, los abaratamientos del mercado se reflejen en el último consumidor. En ese sentido, me sumo a lo dicho por el señor Oblanca, en el sentido de que sería buena idea introducir las reflexiones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Nuestra primera enmienda va en la dirección de la clásica salvaguarda autonomista competencial, que esperamos poder olvidar pronto. La segunda es de supresión, porque consideramos que el punto 4 es reiterativo, gratuito y prescindible por las mismas razones.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por la brevedad.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo de Unidos Podemos, tiene la palabra la señora Ballester.
Por no alargarnos, diré que estamos básicamente de acuerdo con el contenido de la PNL. Consideramos importante desarrollar la legislación relativa a las gasolineras desatendidas y cubrir los espacios vacíos que se pueden producir en la legislación, sobre todo a la hora de establecer las medidas oportunas de seguridad para las personas consumidoras, y no solo de seguridad, como también establece la proposición no de ley, sino para que se respeten los derechos de todos los consumidores, en especial los de aquellas personas con discapacidad que tienen que tener un acceso igual al resto de consumidores. Sin embargo, nos parece importante señalar que todo esto tiene que llevarse a cabo en coordinación con las comunidades autónomas y sobre todo respetando escrupulosamente las competencias de las mismas. Por tanto, básicamente estamos de acuerdo con el contenido y a favor de esta PNL.
El señor PRESIDENTE: Alabando de nuevo la brevedad, doy las gracias a la señora Ballester.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Juncal Rodríguez.
El debate sobre este tema tuvo su mayor importancia hace un par de años, momento en el que el precio del barril de crudo andaba sobre los 150 euros, cuando ahora lo tenemos a 50 e incluso ha llegado a bajar hasta los 29 euros, si no me falla la memoria. Con lo cual ha tenido que tener tanta importancia como tendría que haberla tenido hace dos años. ¿Por qué nos encontramos en esa situación? Como decía muy bien el señor Martínez Oblanca, había en España una situación de oligopolio, un comercio de unos productos petrolíferos muy concentrado y precisamente ese fue uno de los motivos de incorporar en la Ley 11/2013, por parte del Gobierno del Partido Popular, medidas que llevaran a una mayor competencia y que tuviesen repercusión en los precios, que estos bajaran, que era el objetivo necesario. Indudablemente sigue siendo ahora necesario, a pesar de que el barril esté a un precio razonable, vamos a decir, pero continúa siendo uno de los principales caballos de batalla incrementar la competitividad y la competencia en todos los sectores de la actividad económica.
No entiendo muy bien -y voy a leer textualmente- la propuesta del Grupo Socialista por lo referente a seguridad. En el punto 5 de la proposición dice: "Articular y garantizar, conforme a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, que los técnicos proyectistas e instaladores de las estaciones de servicio desatendidas cumplan rigurosamente la normativa de seguridad industrial que estas instalaciones deben cumplir en la actualidad, garantizando, por tanto, la seguridad de las personas y de los bienes". Cabe deducir que la Ley 21/1992 recoge perfectamente y garantiza la seguridad de las personas y de los bienes. La única duda que establece en este punto el Grupo Socialista es que los técnicos proyectistas e instaladores tienen que cumplir rigurosamente la normativa de seguridad. Supongo que técnicamente la cumplirán, entre otras cosas porque es su trabajo, pero después, la cumplan o no la cumplan, tiene que haber una autorización de la Administración correspondiente. Y si lo que me está diciendo aquí la ponente socialista es que eso no se cumple, estamos ante un caso de prevaricación como mínimo, porque obviamente la Administración no puede aprobar un proyecto que no cumple las condiciones de seguridad. Por eso no sé, el Grupo Socialista nos tiene acostumbrados a acciones de este tipo, pero no tiene mucho sentido. Si por una parte se cumple la normativa, eso quiere decir que la seguridad está garantizada, como dice la ponente socialista.
En cuanto al análisis de empleo, si todas las actividades tuvieran que tener un paisano -como decimos en mi tierra- al lado, probablemente muchas actividades no se podrían llevar a cabo por cuestiones obvias. Indudablemente la evolución de la economía, de la actividad y de la técnica han permitido ir sustituyendo puestos de trabajo manuales o de presencia física por otro tipo de actividades que conllevan una innovación tecnológica y el avance de la sociedad durante todos estos siglos.
En cuanto a la prestación del servicio a los discapacitados, se pueden dar muchísimas circunstancias en las cuales las personas con algún tipo de discapacidad pueden acceder a este tipo de instalaciones, en primer lugar por la innovación que se produce en los aparatos de expedición y también por los propios mecanismos que los discapacitados tienen a su disposición para incrementar su movilidad, etcétera. Tenemos ejemplos en toda la Unión Europea -lo ha citado antes el compañero de Ciudadanos, Martínez
González-, por ejemplo el de Suecia o Finlandia, donde hay una penetración de este tipo de gasolineras del 60 %, y no vamos a cuestionar aquí la política de Suecia en relación con favorecer a las personas con algún tipo de discapacidad.
El informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ya ha sido citado. De todas maneras no podemos, dentro del marco legislativo del Ministerio de Industria, regular las competencias que tiene porque también las comunidades autónomas tienen competencia para regular diversos aspectos. También tiene algo que ver la situación del país en la que nos encontramos, con un Gobierno en funciones, pero quiero decirles que se está trabajando por parte del Gobierno en un proyecto de decreto-ley, que se revisará la instrucción técnica complementaria MI-IP04, que está en tramitación, y que por lo tanto hace innecesaria esta proposición no de ley. Además, vuelvo a insistir en que el propio Grupo Socialista reconoce que las instalaciones garantizan la seguridad de los ciudadanos. Espero que podamos seguir en esa tramitación, de acuerdo con las comunidades autónomas, contando con la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Procede preguntarle a la ponente del Grupo Parlamentario Socialista si acepta alguna de las enmiendas que se han planteado.
La señora TUNDIDOR MORENO: No las aceptamos.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. En principio someteremos a votación la proposición no de ley tal cual está presentada.
- SOBRE LA DEROGACIÓN DEL PROYECTO DE RAMAL ENTRE SANTA COLOMA DE FARNERS Y RIUDARENES DE LA LÍNEA DE MUY ALTA TENSIÓN VIC-BESCANÓ Y LA ADOPCIÓN, EN SU CASO, DE UNA ALTERNATIVA SOSTENIBLE. PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, DE ESQUERRA REPUBLICANA Y MIXTO. (Número de expediente 161/000338).
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al siguiente punto del orden del día, que, si no recuerdan mal sus señorías, es el que aparecía como número 9 originalmente. Corresponde al Grupo Esquerra Republicana y reza el enunciado: Sobre la derogación del proyecto de ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la línea de muy alta tensión Vic-Bescanó y la adopción, en su caso, de una alternativa sostenible. Para su defensa tiene la palabra la señora Jordà.
Permítame que deje claro que esta iniciativa es compartida por los cuatro grupos en representación de las Comarques Gironines y por lo tanto pediría a la Mesa, si no es abusar muchísimo, que por favor después de mi intervención -que intentaré que sea breve- puedan intervenir los compañeros del Partit Democràtico Català, de En Comú Podem y del Partido Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por parte de esta Presidencia no hay inconveniente.
La señora JORDÀ I ROURA: Encantada, muchas gracias.
Tal y como señalan los estudios medioambientales realizados, que son muchos, el trazado de la línea eléctrica de muy alta tensión y el ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes tiene un impacto global crítico sobre el territorio, en tanto que afecta a valores paisajísticos, al desarrollo turístico de la zona -que es mucho e importante-, a los elementos geológicos de interés y a la conservación de especies de fauna protegidas. Si me permiten, como buena parte de los que hoy van a votar esta proposición no han pisado nunca este territorio, me gustaría decirles que estamos debatiendo sobre una zona heterogénea en hábitats y con una gran riqueza faunística, entre las que se encuentran, más allá de algunas zonas de cría, varias especies protegidas, como murciélagos, anfibios, reptiles, algunas especies de aves y algunos invertebrados. Este paisaje, que supone un espacio conector entre diversos espacios naturales, cuenta también con muchos puntos de interés geológico: desde chimeneas volcánicas hasta coladas de lava, pasando por fuentes hidrotermales o formaciones geológicas muy particulares. Asimismo, también cuenta con puntos de interés patrimonial, como iglesias barrocas, románicas y neoclásicas, o yacimientos del Paleolítico, de la Edad de Hierro y de la época romana, entre otras. Ya ven ustedes que hablamos casi de un paraíso.
En este sentido, la MAT hipoteca el potencial turístico de la zona, sin lugar a dudas. No en vano existe una contundente oposición social manifestada por el territorio en grandes movilizaciones sociales y expresada en la realización de numerosas acciones y a la vez en una consulta popular que recogió más de seis mil votos, con casi un 99 % de ellos contrarios al proyecto del ramal de la línea de muy alta tensión. De hecho, está PNL es fruto de todo el territorio, del trabajo de muchos años, empezando por el trabajo de la plataforma "No a la MAT de la Selva", a quienes agradecemos desde esta Comisión el trabajo y el tiempo dedicado única y exclusivamente a la defensa del territorio que ellos conocen y la vez quieren. En un mismo sentido también se ha expresado la ciudadanía de la comarca de la Selva, en particular la de la Selva interior, los ayuntamientos de Santa Coloma de Farners, de Sils, de Riudarenes, de Sant Hilari, el Consell Comarcal de la Selva, la Diputació de Girona, el Parlament Català y todos los representantes políticos gironeses con representación en esta Cámara, Esquerra Republicana, En Comú Podem, el Partit Demòcrata Català y el Partido Socialista de Cataluña. Estas organizaciones sociales e instituciones han impulsado múltiples informes que cuestionan la necesidad de la línea de los 400 kilovatios y dan varias alternativas en el ramal.
Por ello, reivindicamos paralizar de forma inmediata la ejecución del proyecto de dicho ramal y derogar todas las disposiciones referidas a la realización del mismo; asimismo, estudiar las necesidades energéticas del territorio y en su caso presentar un proyecto a los municipios afectados que, desde una perspectiva de transición a las energías renovables, tenga en cuenta los impactos sobre el medio ambiente y sobre el patrimonio, tal como están recogidos en los estudios existentes, y permita a la vez la apertura de un proceso de información y participación pública en búsqueda del consenso para la satisfacción de la necesidades establecidas.
En este sentido -voy acabando- es necesario señalar que la MAT, así como cualquier otra interconexión que se quiera plantear, constituye el síntoma más claro de un modelo energético obsoleto y suicida, un modelo hecho a medida de las multinacionales del sector eléctrico, que ha contemplado como única posibilidad la utilización de grandes infraestructuras, tanto de transporte como de generación, de hecho en detrimento de la generación distribuida y renovable que constituye la alternativa de un modelo sostenible. La MAT, atravesando los Pirineos, supone un retraso fatal, tanto en la aplicación de programas de eficiencia y ahorro como en la implantación de energías renovables. En definitiva, señorías, más allá de los destrozos puntuales de un territorio como el de la Selva, la MAT supone un gran retraso económico, social y medioambiental.
Esperamos que esta iniciativa hoy recoja no solo su sensibilidad, sino también su sentido común.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Xuclà... (Risas). Perdón, señora Jordà. Me estaba adelantando al siguiente interviniente. Les iba a explicar que van a intervenir el resto de grupos proponentes en orden de menor a mayor. Vamos a empezar por el Grupo Mixto...
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Señor presidente, en nombre del Grupo Mixto intervendrá el diputado del Partido Demócrata Catalán, el señor Xuclá.
El señor PRESIDENTE: Creo que se ha entendido por mi lapsus anterior. Disculpas, señora Jordà.
Tiene la palabra el señor Xuclà, en nombre del Grupo Mixto y del Partido Demócrata Catalán.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor Sixto, señor presidente.
Intervengo en nombre del Partit Demòcrata para presentar esta iniciativa que firmamos el conjunto de los parlamentarios de la demarcación de Girona, sosteniendo que la línea de alta tensión entre Vic y Bescanó es innecesaria y por tanto instando al Gobierno a su no ejecución, concretamente del ramal de esta línea entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes.
Vaya por delante que nuestro partido es altamente partidario de las interconexiones eléctricas, de la integración eléctrica a nivel europeo, que será una de las formas más eficaces de avanzar en la construcción europea. De hecho, esta interconexión en la demarcación de Girona ya se produce con la línea de alta tensión que transcurre por el Alt Empordà y conecta con Francia. También somos muy partidarios de la integración gasística, gran asignatura pendiente que permitiría en estos momentos que la península ibérica no fuera una isla energética en cuanto a gas y que se pudiera conectar, por medio de un proyecto ya muy avanzado, a través de la Junquera, la conexión gasística que viene de Argelia.
Dicho esto, las conexiones eléctricas tienen que ser sostenibles, atendiendo a la demanda del territorio y a los valores medioambientales de la zona. En estos momentos las intervenciones en esta casa aún se hacen sin planos y sin material de apoyo, pero aquí un mapa sería muy útil para ilustrarles que la conexión con la zona de Osona, de Vic, está perfectamente cubierta, y con la zona de Girona, del Gironès y del Ampurdán también, y que lo que pretende este proyecto entre Vic y Bescanó es simplemente conectar dos grandes ámbitos ya bien abastecidos -100.000 habitantes en la zona de Vic, comarca de Osona, y una población de más de medio millón de habitantes en las comarcas de Girona- a través de la comarca de la Selva y de un espacio de alto valor medioambiental como son las montañas de las Guillerías.
Por esto son distintos los informes que con rigor han apuntado la no necesidad de ejecutar esta conexión. La señora Jordà ha hecho referencia a algunos de estos informes. Creo que es especialmente importante el informe que proporcionó el año pasado una institución con alta reputación en Cataluña, como es el Cilma -Consell d'iniciatives locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona-, que, a través de un encargo de la Diputación de Girona, en su estudio de alternativas a la línea de MAT en el ramal de Riudarenes, dictaminaba claramente la no necesidad de esta interconexión. Posteriormente, a principios de este año fue el propio Govern de la Generalitat de Catalunya, a través de su Consejería de Empresa y Ocupación, quien presentó un informe en el cual expresaba la no necesidad de esta conexión, que seguía las resoluciones que habían planteado los plenos de los ayuntamientos de Santa Coloma de Farners, Riudarenes, Sils y Sant Hilari Sacalm, además de resoluciones de la propia Diputación de Girona y del Parlament de Catalunya y de una consulta ciudadana con una alta participación y un apoyo masivo por parte de la población. Pero insisto, a veces los políticos somos retóricos y a veces, incluso con las resoluciones de los ayuntamientos e incluso con la consulta popular, es muy bueno que nuestra petición esté basada en los estudios a los cuales hacía referencia.
Somos partidarios de la interconexión, somos partidarios del abastecimiento de calidad en las distintas zonas, pero también somos partidarios de la preservación medioambiental de la comarca de la Selva y de las montañas de las Guillerías. Es por esto que esta proposición no de ley plantea dos puntos. El primero es paralizar de forma inmediata la ejecución del proyecto del ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes, que en la práctica quiere decir entre la comarca de Osona, Vic, y otras comarcas de Girona. En segundo lugar, como esta es una zona de un alto valor medioambiental, como apuntaba la señora Jordà, pero a la vez con unas explotaciones forestales muy importantes y con una capacidad también muy importante de energías renovables y de energías alternativas, que pueden autoabastecer la zona, también en el punto 2 de esta proposición no de ley instamos a profundizar en la perspectiva de una transición a las energías renovables, incluso de convertir la zona de la Selva en una zona de alta calidad en la práctica de la implantación de las energías renovables.
Esto es todo por mi parte. Esta es una manifestación de unidad de acción entre los grupos parlamentarios de una misma demarcación. Espero que esta legislatura, en su viabilidad y en su reencarnación como segunda legislatura ya viable, pueda demostrar que esta unidad de acción se puede realizar hoy a través de esta proposición no de ley y en otras iniciativas que vayan a favor de nuestros territorios.
Por parte del tercero de los grupos proponentes, que no el último, por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.
Nuestro apoyo a esta proposición no de ley y nuestro rechazo a la infraestructura de transporte energético que se plantea, esta línea de muy alta tensión, este ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes, se basa en las siguientes consideraciones, que están también en la exposición de motivos. La primera es que no responde a las necesidades energéticas de esta zona de las comarcas de Girona, ni tan siquiera creemos a las del tren de alta velocidad. Responde a una planificación caducada de 2005 que se ha demostrado no real. Como ha pasado en el conjunto del Estado, la demanda energética no ha sido la realmente prevista.
En segundo lugar, porque no cuenta con el consenso mínimo en el territorio afectado. Ya se ha dicho, municipios que se han posicionado de forma unánime en contra: Santa Coloma de Farners, Riudarenes, Sils, Sant Hilari Sacalm, el Consell Comarcal de la Selva, la Diputación de Girona, el Parlamento de Cataluña. Hay una enorme oposición social porque, además, las cosas no se han hecho bien. La Administración, el ministerio, Red Eléctrica Española no han hecho las cosas bien; hay convenios
internacionales: el convenio Aarhus, directivas europeas que exigen en los casos de impacto ambiental, en los casos de las líneas de muy alta tensión, realizar una información eficaz a la ciudadanía de los territorios afectados, a las administraciones de los territorios afectados, para poder desarrollar un debate público cuando todas las opciones y soluciones aún son posibles y, por tanto, creemos que esos mecanismos y esos procedimientos de participación social, de consulta con las administraciones afectadas no han sido reales, no se han desarrollado como tendrían que haberse desarrollado.
En tercer lugar, por el elevado impacto ambiental que tiene dicha infraestructura: más de 17,5 kilómetros y 41 torres que afectan a una zona de alto interés biológico, con un patrimonio natural e histórico de gran interés, con una enorme potencialidad turística que puede verse afectada, que perjudica la conservación de esa diversidad ambiental, especialmente por la pérdida de continuidad y conectividad entre los diferentes hábitats de masa forestal y mosaico agroforestal. Por tanto, creemos que el impacto ambiental está sobradamente demostrado en los estudios e informes a los que hace referencia la exposición de motivos.
En cuarto lugar, porque obedece a un modelo energético obsoleto que es el modelo centralizado, el modelo con grandes centros de producción, en el caso de Cataluña de carácter nuclear, que se transporta a lo largo del territorio, con grandes infraestructuras que tienen un enorme impacto ambiental. Es el modelo que interesa al oligopolio eléctrico, no es el modelo que interesa a la gente, a la mayoría de la sociedad, y creemos que es un modelo caduco, superado, a extinguir y que no está en el ámbito de un modelo de energía distribuida basado en las energías renovables, y por tanto moderno y democratizado. Este movimiento, impulsado por la plataforma contra la MAT, no se crean ustedes que es un movimiento Nimby -no en mi patio trasero-, no se trata de un movimiento situado en la cultura del no, sino en la cultura de un nuevo modelo energético, porque lo que han trabajado no es solo el no a la MAT, lo que han trabajado es un nuevo modelo energético porque consideran -y creemos que eso tiene una enorme potencialidad- que la comarca, que estos municipios pueden abastecerse con producción de energía local, energía fotovoltaica y energía eólica, y ya hay experiencias de algunos ayuntamientos, como Santa Coloma de Farners, que están desarrollando sus propios planes energéticos para autoabastecerse, para que las instalaciones municipales puedan abastecerse de energía de proximidad y de energía renovable.
Por tanto, por estas cinco razones creemos que hay que decir no a esa infraestructura, creemos que necesitamos un nuevo modelo energético, por eso exigimos la inmediata paralización de este proyecto que no responde a las necesidades ni a la opinión del territorio y, como dice el segundo punto de la PNL, estudiar de forma real las necesidades energéticas del territorio en un marco determinado porque hay muchas formas de estudiar esas necesidades energéticas y para nosotros el marco de esta PNL tiene que tener tres elementos: la transición a las energías renovables y a un modelo de energía no centralizado sino distribuido, el tener en cuenta el impacto ambiental y los valores ambientales afectados y, en tercer lugar, la apertura de procesos de participación y de consulta, buscando el consenso entre las instituciones y la ciudadanía de los territorios afectados.
Para la defensa de la PNL por parte del último de los grupos proponentes, tiene la palabra el señor Lamuà Estañol.
Decía Tierno Galván que la democracia es la trasposición de lo cuantitativo a lo cualitativo, que lo que quieren los más se convierta en lo mejor. Y me venía a la mente esta cita al preparar este posicionamiento puesto que hoy no traemos a la Comisión, como han dicho el resto de diputados, la propuesta de un partido o de varios de ellos, traemos una propuesta crecida, gestada en pueblos y en plataformas populares como la de "No a la MAT de la Selva". En estos tiempos donde muchos reclaman voces del pueblo aquí o allá, siendo eso difícil allí donde cualquiera que se encuentre ejerciendo servicio público pueda actuar en plenitud de condiciones, es hoy cierto y remarcable que venimos aquí, como ya se ha mencionado, todos los diputados electos de la demarcación de Girona con una sola voz, con una sola propuesta, con un solo texto a petición de unos ayuntamientos -se ha dicho- que por unanimidad, así como su consell comarcal, la Diputació de Girona y el Parlament de Catalunya, se han pronunciado en contra de un proyecto que a la luz de las pruebas recabadas mediante estudios especializados se revela cuando menos innecesario. No solo es innecesario, sino que el estudio del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, hecho a petición de la Generalitat, concluye que la solución no es técnicamente eficiente ni satisfactoria
para cumplir los objetivos marcados inicialmente. Y no solo eso, ese estudio aporta hasta seis alternativas más viables y más eficientes, seis; no se instala en un no, sino que aporta seis alternativas al proyecto inicial. A esas alternativas, además, debemos añadir las propuestas del estudio realizado a petición de la Diputación de Girona que son más limpias, más rentables y mucho más eficientes que tender la MAT entre Santa Coloma y Riudarenes.
Decía que venimos con una sola voz y una propuesta todos los electos de Girona, pero nuestras voces son solo amplificadores hoy del sentir mayoritario de unos pueblos e instituciones que sienten esta infraestructura como una agresión por lo innecesario de su construcción, como hemos dicho, y por cómo afectaría -y es importante que todos los que hemos intervenido hasta ahora lo remarquemos- a uno de los patrimonios más preciados de la comarca de la Selva, que es su entorno natural. Nuestra provincia soportó estoicamente -por decirlo de alguna manera- la implantación de la línea de muy alta tensión, algunos de nuestros parajes nunca se recuperarán del impacto de la construcción de ese tendido, pero hoy venimos aquí a ser la voz de nuestras ciudades e instituciones, venimos a decir que basta, que hasta aquí hemos llegado, que no sacrificaremos más parajes naturales por la mala planificación o por proyectos hechos desde una fría distancia institucional. Y como me recuerda siempre un veterano socialista, aquí lo que venimos a hacer es orientar al Gobierno. Y nuestra orientación es hoy -y se ha demostrado en todas las intervenciones- clara y diáfana: paren el proyecto y estudien mejores alternativas, más adecuadas a los tiempos actuales. Es una orientación de signo transversal, una orientación nacida de una voluntad mayoritaria popular.
Que el Gobierno desoyera esta petición demostraría no solo no ser merecedor de más orientación sino incluso de ser Gobierno, puesto que un gobierno no puede vivir permanentemente de espaldas a las peticiones de sus pueblos y sus gentes. Decía el poeta Joan Vinyoli hablando de los parajes de los que hoy hablamos sobre si se debe tender una línea de muy alta tensión: "Temple d'alzines sureres: / veig cimals i torrenteres, / no hi ha gent al meu redol; / m'embriago de silenci / mentre espero que comenci / l'encesa posta de sol." Este templo que describía el poeta no merece ser diezmado con columnas de metal que el pueblo no quiere y que la técnica no requiere. Por eso esperamos que el Gobierno responda como pedimos en la orientación de esta PNL de muchos partidos, que se pare el proyecto, que se deroguen las medidas ya tomadas y que se estudien las alternativas más respetuosas con el medio ambiente que están hoy en día encima de la mesa.
Acaban de terminar las defensas de esta proposición no de ley por parte de los grupos proponentes, no se han presentado enmiendas y pasamos al turno de fijación de posición. Por parte del Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Martínez González.
Desde Ciudadanos pensamos que esta línea de muy alta tensión viene a cubrir una necesidad de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de la ciudad de Barcelona y de la provincia de Gerona, así como también viene a dar servicio a toda la Costa Brava del sur. También ayuda a la interconexión porque no hay que olvidar que para 2030 se fija por parte de Europa que tiene que haber una interconexión del 15 % de la línea y España viene a ser como una isla, tenemos un nivel muy bajo de interconexión, estamos en torno a un 3 %, la media europea es un 10 % y con esta línea de muy alta tensión nos situaríamos en torno a un 6 %. Tampoco hay que olvidar la necesidad de apostar por el futuro, por la industria, por el progreso, por la economía, y que para la línea de alta velocidad, para los trenes de alta velocidad que se tienen que desarrollar son muy necesarias este tipo de líneas de calidad de 400.000 voltios, que vienen a suplir a las antiguas y pueden recoger la energía producida por lo parques eólicos. Además, es una línea que ya está acometida en tramos y parar obras que ya están en ejecución y con parte del presupuesto gastado no tiene mucho sentido.
Cuando se hacen proyectos de este tipo, hay que tener en cuenta las necesidades socioeconómicas de la zona y adjuntar memorias. Una línea de esta envergadura no se hace sin un proyecto medioambiental positivo. Por tanto, se ha llevado a cabo atendiendo a criterios medioambientales: alejándola lo más posible de los núcleos urbanos y aprovechando tendidos antiguos. De hecho, se construye menos parte de la línea que se deconstruye, porque se tiende a compactar. Hay 92,8 kilómetros de antiguos tramos
deconstruidos y se construyen 89 kilómetros de nuevos tramos. Y para hacer un seguimiento medioambiental de la misma se ha creado un programa de vigilancia ambiental y una Comisión de seguimiento en el Parlamento de Cataluña.
Nosotros ya nos opusimos a esta proposición y a las proposiciones que se presentaron en el Parlamento de Cataluña, y hoy también lo vamos a hacer aquí porque estamos en contra de esta proposición.
Último turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Roca Mas.
El señor ROCA MAS: Debatimos una proposición que es bastante típica del nacionalismo catalán: que está bastante alejada de la realidad. Porque vamos a ver cuál es la realidad. La realidad es que la planificación eléctrica que se hace entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, en este caso la Generalitat de Catalunya, considera esta infraestructura necesaria para garantizar un suministro eléctrico sólido a la provincia de Girona. Tanto es así, que está en la planificación que abarca los años 2015 a 2020, pero también estaba en las planificaciones anteriores, en las planificaciones de 2008 a 2016, con Gobiernos de todos los colores, por cierto, formados por todos los grupos que presentan esta proposición. El problema es que el sector turístico gironí, la ganadería, la agricultura necesitan energía y necesitan un suministro fiable. La ficción que viven los grupos que presentan esta proposición en Cataluña es tanta que el propio Gobierno de la Generalitat, los técnicos de la Generalitat, dicen que sí, y en cambio los alcaldes salen con la cacerola a decir que no. Esta forma de hacer política provoca, por ejemplo, que la provincia de Girona en 2010 se quedara sin luz, que en Cataluña tuviéramos que enchufar generadores eléctricos del ejército a hospitales porque estábamos sin luz. Esta forma de bloquear infraestructuras, que luego tiene consecuencias graves -el sector turístico se queja reiteradamente por los cortes eléctricos-, provoca que pasen cosas que no pasan en el resto de Europa. Una provincia entera sin luz es algo absolutamente inaudito. Luego, cuando estos bloqueos paren la línea de alta velocidad, el señor Puigdemont, que ahora es presidente de la Generalitat y que cree que los que no somos independentistas somos invasores a los que hay expulsar, cuando se pare el AVE, dirá que la culpa es de Madrid y del maltrato. Curiosamente lo dice el alcalde de una ciudad en una provincia que tiene dos estaciones de AVE. Es esa forma de hablar en que la realidad no cuenta nada y se vive eternamente en una ficción. Como ficción es no confiar en los técnicos del Gobierno de España. El Partido Socialista quiere ser alternativa de Gobierno y, si usted cree que la declaración de impacto medioambiental que han hecho los técnicos no es buena, lo tendrá que consultar con ellos más que con esta Cámara.
En definitiva, apelar a determinadas formas de hacer política no soluciona los problemas. ¿O es que si en Girona nos quedamos otra vez sin luz esos 6.000 votos van a justificar que 800.000 personas se queden sin luz? Yo creo que no, creo que someter a referéndum cuestiones técnicas trabajadas por los técnicos de la Generalitat de Catalunya es como mínimo una irresponsabilidad, y sobre todo basada en prejuicios. Como lo que ocurrió con el Gobierno de Zapatero, que iba a hacer una revolución energética que iba a cambiar España e íbamos a adelantar a Alemania en PIB, y que lo que ha provocado es que nos suban a las familias la factura de la luz un 70 % y que empecemos hablar por primera vez en la historia de España de pobreza energética. ¡Menuda revolución! Con revoluciones así mejor no ir a ninguna parte.
Acabo ya. Ha habido una expresión que me ha preocupado bastante porque es reiterada. Hablan de nuevo modelo energético. Podemos -a quienes en Cataluña les habíamos conocido siempre como Iniciativa; es decir, que no son nada nuevo-, que también pusieron encima de la mesa aquello de la nova cultura de l'aigua, que tenía que enseñarnos a todos cómo gestionar el agua, no ha dejado nada más que un agujero, gestionado por Iniciativa-Podemos, de 2.500 millones de euros. Si van a hacer lo mismo con la luz y nos van a dejar sin luz, para ese viaje no harían falta tantas alforjas.
Vamos a votar que no porque esta propuesta es irresponsable, es incoherente con lo que hace el Gobierno de la Generalitat de Catalunya cuando acuerda con el Gobierno de España y además si los vecinos de Girona se quedan sin luz, no será culpa del Gobierno de España o de Madrid sino que será culpa de los grupos que han presentado esta propuesta.
- SOBRE MEDIDAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA POBREZA ENERGÉTICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/000173).
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de este punto del orden día, pasamos al siguiente, que es el 6.º, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre medidas para paliar los efectos de la pobreza energética. Para su defensa, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (Doña Melisa): Presidente, señorías, en España podemos decir que hay 4,5 millones de españoles que son pobres energéticamente hablando; en una escala más conocida, uno de cada diez hogares no tiene recursos suficientes para poder calefactar su casa en invierno por encima de 18 grados. Distintas entidades de la sociedad civil han denunciado que esto va en aumento, que no se está paliando. Por ejemplo, según los datos de Cruz Roja, el paro más la subida de precios han incrementado el número de personas desprotegidas o pobres energéticamente. Con los cálculos que aporta esta organización, en los últimos años el gas ha subido más de un 22 %; la bombona de butano, más de un 23 %; la luz, más de un 34 %, y el agua más de un 8,5 %. Todos entenderemos que la pobreza energética es algo real y que hay que paliar. Además, afecta o puede afectar directamente, y así lo dicen distintas instituciones, a la salud y a la higiene de los ciudadanos. De hecho, ya se pueden hacer símiles con casos de sobremortalidad, aislamiento social o distintos efectos que ya están demostrados y que están manifestando distintas instituciones de la sociedad civil.
La Unión Europea -cosa que parece una tónica habitual- comparte este diagnóstico. Las Directivas 2009/72 y 2009/73 ya plantean la necesidad de que se obligue a los Estados miembros a adoptar medidas para luchar contra la pobreza energética; repito, un tipo de pobreza que hoy estamos viendo y que antes no teníamos en consideración. También el Comité Económico y Social Europeo, CESE, en su informe de 2011 decía: La pobreza energética es una nueva prioridad social que necesita apoyo a todos los niveles y es necesario que se tenga en cuenta a la hora de realizar distintas políticas energéticas. No solo en el informe de 2011, sino que también en el informe de 2013 el Comité Económico y Social Europeo decía: La energía es un bien común esencial necesario para la vida cotidiana y para poder mantener una vida digna, y carecer de energía puede derivar en problemas dramáticos que afectan a la salud y también a la condición social de las personas.
Se han hecho diferentes cambios regulatorios en la última legislatura -no en la XI, si la podemos llamar legislatura; disculpen porque con tantas minilegislaturas una se hace un lío-, en la X, que lo que han hecho es que el encarecimiento de precios afecte directamente al número de consumidores afectados. Y cuando hablamos de esto, hablamos de los encarecimientos de los costes fijos. ¿Eso qué quiere decir? Que independientemente de que un hogar o una familia sean más eficientes o independientemente de que una familia reduzca su consumo a la mínima expresión, el aumento de los costes fijos hace que estas personas sigan estando en riesgo, pero no solamente en riesgo de pobreza energética, sino también llegando a la exclusión social, entendiendo por supuesto la energía como un bien necesario para la vida cotidiana.
El Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, menciona la pobreza energética, pero no incorpora la reducción de esta entre sus objetivos. Podemos hacer miles de reales decretos, pero si en el horizonte no está que se reduzca el nivel de pobreza energética de este país difícilmente tendrán razón de ser. Aunque establece medidas de protección para el consumidor vulnerable, no define términos para el reconocimiento de dicha condición, con lo cual volvemos a lo mismo: hacemos reales decretos incompletos que no acaban de dar soluciones a los ciudadanos de este país. Y no solamente no garantiza qué se va a hacer o cómo se va a reconocer, sino que tampoco garantiza que no se interrumpa el suministro a personas en riesgo de exclusión social o riesgo de pobreza energética en los meses de invierno. De hecho, cede a las compañías el que puedan decidir cortar el suministro energético a cualquier usuario con una deuda acumulada de seis meses sin tener en cuenta su condición social ni su renta y sin tener en cuenta que puede ser invierno y que estas familias pueden sufrir problemas de salud a causa de ello. El Gobierno ahora en funciones ha carecido de una política específica que aborde este fenómeno como se debería. Cada vez existen más familias en riesgo de exclusión social por pobreza energética y también cada vez existen más hogares con este problema. Tampoco se han desarrollado políticas que eviten la celeridad de los cortes de los suministros a estas familias, especialmente en invierno.
Hemos aceptado una transaccional -de hecho, la proposición no de ley se votará en los términos de la transaccional con el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario Socialista- en la cual no solamente pedimos que se tomen medidas urgentes para paliar la pobreza energética, sino
que también incluimos el criterio de renta dentro del bono social. Es necesario ver el bono social y es necesario que las comunidades autónomas tengan responsabilidad y que los agentes sociales intervengan en la catalogación de qué familias son vulnerables y qué familias no lo son, sin dejarlo siempre al arbitraje de las grandes empresas.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de tres grupos. Por orden de menor a mayor, empezamos por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Tiene la palabra, para la defensa de las enmiendas, el señor Mayoral Perales.
El señor MAYORAL PERALES: Gracias, presidente.
En primer lugar, compartimos la filosofía y el diagnóstico de la proposición no de ley, porque es un diagnóstico objetivo que en estos momentos existe una situación de pobreza energética que afecta a millones de personas en nuestro país, lo que no compartimos es el hecho de mirar la pobreza energética como si fuera un fenómeno de la naturaleza, sino que creemos que se deriva esencialmente de la ley del salvaje Oeste que han aplicado las empresas energéticas al conjunto de la población con la complicidad de las instituciones de nuestro país. Nosotros y nosotras ya lo hemos planteado en esta Cámara y vamos a seguir en ese marco, porque creemos que es la lógica en la que podemos abordar un fenómeno tan intolerable como es la pobreza. No vamos a entender en ningún caso la pobreza como algo lamentable, sino como la califican los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En ese sentido, cuando hablemos de pobreza energética nos vamos a referir a la Observación general 4.8 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que viene a dejarlo bastante claro: "Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente [...] a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado". Por tanto, no se trata de paliarla sino de erradicarla, porque es un incumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos por parte del Reino de España. Por tanto, con nuestra primera enmienda queremos la incorporación de esa legislación internacional, que debe ser el principio rector de la política social de nuestro país.
En segundo lugar, creemos que se debe aplicar el principio de precaución previamente a los cortes de suministro. También debe quedar claro quiénes son los que pueden emitir los informes que acrediten la vulnerabilidad, asentando aún más el cuarto pilar del Estado del bienestar que son los servicios sociales. La labor de los trabajadores sociales de nuestro país requiere un reconocimiento por parte de la propia Administración pública y requiere también todo nuestro apoyo para el trabajo que diariamente están desarrollando en todos los lugares de nuestro país.
En tercer lugar, creemos que es importante la incorporación de tarifas progresivas, tarifas que no solamente afectan a las personas en riesgo de exclusión, sino que se adapten a los ingresos familiares. Asimismo, planteamos también la cuestión relativa al cobro indebido de los créditos de transición a la competencia. Cuando hablamos de pobreza energética hay que ver qué ha ocurrido en los últimos años con las compañías eléctricas y hay que exigirles responsabilidades y el patrimonio de todos los españoles y las españolas del que se han apropiado indebidamente las empresas energéticas, en torno a 3.500 millones de euros.
En cuarto lugar, creemos que en estos momentos responde a una necesidad, a un sentir social el auditar al conjunto del sistema eléctrico en nuestro país para saber cuáles son los costes reales y realizar una auditoría específica sobre el déficit de tarifa, su origen y su legitimidad. Esos 3.500 millones de euros, que nadie reclamó cuando eran responsables tanto los unos como los otros en el ministerio, hay que relacionarlos directamente con la situación de pobreza energética y hay que cerrar cuanto antes las puertas giratorias, que son el engrase para la ley del Oeste que aplican las empresas eléctricas contra el conjunto de la población de nuestro país. Al mismo tiempo, creemos que es importante introducir legislación que proteja a los consumidores frente al desequilibrio que existe en este momento con las compañías energéticas, porque la mayoría de las familias de nuestro país sufren una seria incapacidad para poder enfrentarse a esas grandes corporaciones. En ese sentido, creemos también que es necesario introducir cuanto antes legislación relativa a la responsabilidad social corporativa de las empresas eléctricas para que asuman a cuenta de sus beneficios la garantía de un suministro mínimo en primera vivienda, los descuentos en las facturas y los bonos sociales, sin que tengan que ir a coste-presupuesto ni a la factura de las personas.
Por último, en estos momentos en las políticas de vivienda pública al abordar la cuestión energética se debe contemplar el fomento del autoconsumo como un elemento clave para poder enfrentar el futuro y el camino hacia la transición energética.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Palacín Guarné.
Señorías, como han comentado los que me han precedido en el uso de la palabra, este próximo invierno millones de españoles volverán a sufrir restricciones en el suministro de energía y muchos de ellos vivirán bajo la amenaza del corte energético. Esta es una situación injusta frente a la que no nos podemos quedar impasibles, porque los suministros energéticos de los que estamos hablando son los mínimos necesarios para garantizar una vida digna.
Lo que entendemos como pobreza energética no es una cuestión nueva, es simplemente un tipo más de pobreza; pero la realidad es que en los últimos años el número de personas afectadas por la pobreza energética ha crecido mucho. Ante esta situación, el Gobierno del Partido Popular ha permanecido impasible. Además, las políticas que ha aplicado el Gobierno del señor Rajoy han contribuido a agravar la situación de las personas que padecen pobreza energética. Por un lado, la desigualdad ha crecido de manera desmesurada en nuestro país: los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más y se les hace más complicado acceder a este tipo de servicios básicos. Y, por otro lado, la reforma eléctrica no ha conseguido los objetivos para los que fue puesta en marcha y los resultados regulatorios, ambientales o económicos no han sido los esperados. Esto no lo dice el Partido Socialista, sino que lo dice la CEOE, la OCU y la mayoría de los partidos que nos acompañan hoy en esta sala. ¿Qué es lo que ha supuesto esta reforma? Un incremento del coste energético, un frenazo total a la inversión en renovables y un incremento del déficit de tarifa. No se prima el ahorro energético; paga más quien menos gasta -pesa mucho más en la factura la energía contratada que la energía consumida- y seguimos siendo una isla eléctrica sin conexiones con Europa.
Creo que todos somos conscientes de que debemos reformar el sistema energético de una manera global. Para poder llevar a cabo esta reforma es necesario acometer una serie de medidas jurídicas, económicas y sociales; medidas que requieren tiempo y cuya aplicación requiere un plazo medio o largo para que sean efectivas y tengan consecuencias reales en el sistema. Pero lo que no puede esperar es la situación de todas estas familias que se van a enfrentar de nuevo al invierno y que, como hemos dicho antes, van a tener problemas para pagar la luz y el gas, para poder calentar sus casas y llevar una vida digna. Este problema, como he dicho antes, no es nuevo. El Partido Socialista ya presentó en octubre de 2014 una proposición de ley en el Pleno del Congreso para la protección de consumidores vulnerables y contra la pobreza energética. Esta iniciativa, pese a que la mayoría de los grupos la apoyó, fue rechazada por la mayoría absoluta del Partido Popular. Por eso, me congratulo de que ahora se hayan sumado a la proposición no de ley que presenta Ciudadanos y a la que nosotros nos hemos adherido con una transaccional, aunque también tengo que decirles que nosotros hemos presentado una proposición de ley para debatirla en uno de los próximos plenos de esta legislatura. Esperemos que también se suban a ese carro y la puedan apoyar en el Pleno. Hemos presentado esta enmienda -que ha sido aceptada por otros grupos- porque entendemos que lo que apuntaba el partido de Ciudadanos se puede completar pero va en la buena dirección. El actual bono social que se aplica a la tarifa eléctrica no es efectivo ni eficiente. Apenas tiene 2,5 millones de beneficiarios cuando la realidad es que hay más de 5 millones de personas que estarían dentro de los criterios para poder ser beneficiarios de este bono. El problema es la indefinición de las categorías de beneficiarios, haciendo que sea dudoso que pueda llegar a tener verdaderos efectos redistributivos y que se pueda aplicar en consonancia. Por eso creo que es positiva la iniciativa que hoy estamos debatiendo. Lo que también proponemos es cumplir con las normativas europeas, como la mayor parte de los países de nuestro entorno. La directiva 2009/72 insta a los Estados miembros a regular los denominados clientes vulnerables porque realmente no los tenemos bien definidos y ese es el problema a la hora de aplicar el bono o la tarifa para luchar contra la pobreza energética. Esta definición podría consistir en un consumo mínimo diario de kilovatios/hora equivalente a una cesta de consumo -iluminación, refrigeración de alimentos, etcétera- y más amplia en los meses de invierno. De acuerdo con la propuesta que aquí hoy estamos debatiendo ese nivel
mínimo no podría ser interrumpido en ningún caso por las empresas comercializadoras, cumpliendo también con la normativa 2009/73 de la Unión Europea. Hemos calculado el costo financiero de esta medida y serían unos 200 millones de euros por año, cantidad que creo que es asumible. En la proposición de ley que hemos presentado planteamos que para que cumpliera los criterios de progresividad y justicia dicha cantidad debería ser asumida por los Presupuestos Generales del Estado. Además, el punto que hemos adicionado a la enmienda transaccional plantea crear un fondo contra la pobreza energética administrado por el IDAE, que también financia actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética, especialmente dirigido a los consumidores vulnerables. Según la Agencia Internacional de la Energía son actuaciones que ayudarán a mejorar la eficiencia de las viviendas de las personas que sufren pobreza energética y a solventar en mayor medida los problemas de restricción que sufren.
Por todo ello, mi partido acepta la enmienda transaccional con Ciudadanos y Partido Popular. Es un problema real, no podemos dejar pasar más tiempo y tenemos que hacer lo posible para que se ponga en marcha algo antes de que llegue otro invierno más y los ciudadanos que están padeciendo la pobreza energética la sufran también este invierno.
Por el último de los grupos que han presentado enmiendas, el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Palmer Tous.
La señora PALMER TOUS: Gracias, señor presidente.
Antes de abordar los aspectos de la propuesta, deseo expresar mi más absoluta solidaridad y la de todo el Grupo Popular con los ciudadanos que sufren una situación de pobreza en nuestro país. Somos conscientes de que existen y, créanme, nos preocupan muchas familias que viven en condiciones precarias, en condiciones indeseables, que lo han pasado mal y que lo están pasando mal. Familias que tienen verdaderas dificultades para afrontar gastos básicos como la alimentación, el vestido, las medicinas o, en el caso que nos ocupa, sufragar el pago del suministro energético. Así, la pobreza energética constituye, efectivamente, un grave problema para las familias que la sufren por las dificultades que tienen para mantener su hogar en condiciones básicas, en condiciones, digamos, esenciales de habitabilidad. Conscientes, pues, de la existencia del problema, en este punto quiero expresar nuestro más firme compromiso de seguir trabajando para paliar esta grave situación. Pero para lograrlo es necesario conocer las causas. Sin duda alguna, la causa más importante en el agravamiento de situaciones de pobreza, y en este caso de pobreza energética, es la crisis económica que hemos vivido desde finales de 2007, que es la crisis más dura que ha padecido España en toda la historia democrática y que ha derivado, inevitablemente, en situaciones indeseables de exclusión social. Junto a la crisis económica, que es sin duda la verdadera causa de la situación de pobreza, existen otros factores como -ya se han mencionado- el incremento de precios de la energía y problemas de ineficiencia energética en las viviendas de uso habitual. En relación con todas esas causas quiero afirmar aquí que el PP ha actuado y seguirá actuando para combatirlas y lo ha hecho con total contundencia. En primer lugar, en cuanto a la crisis económica -la más intensa, como he dicho antes, experimentada por España desde que disponemos de series históricas-, ya nadie duda en estos momentos de que nos hallamos en una senda de recuperación económica, si no es frustrada, evidentemente, por la situación de incertidumbre política que estamos viviendo desde hace diez meses. Estamos en esa senda de recuperación económica gracias a la seriedad y el rigor de las políticas económicas desarrolladas por el Gobierno. Una senda de recuperación que ha supuesto que en España hayamos experimentado un crecimiento de nuestro PIB del 3,2 % en 2015, más del doble que la media de la zona euro, y, lo que es más importante, un crecimiento que desde febrero de 2013 se está trasladando al empleo. En contraste con la destrucción que se experimentó en la pasada legislatura, en la que íbamos a ritmos anuales de incremento del paro del 10 %, en esta legislatura estamos reduciendo el paro a ritmos anuales del 8 %. Estamos creando medio millón de empleos anuales, lo que hace pensar que es factible el deseable objetivo de 20 millones de españoles trabajando en el año 2020 a no ser que, como he dicho, se frustren las políticas económicas desarrolladas y se paralice la política económica que se está llevando a cabo. Por lo tanto, para nosotros favorecer el contexto necesario para que se cree empleo ha sido y está siendo nuestra principal arma para erradicar la pobreza. El Grupo Popular no se cansará de repetir que la mejor política social es la creación de empleo y en ello vamos a seguir.
Con relación a la subida de precios energéticos, este Gobierno ha sido el primero que ha afrontado con valentía un problema heredado en el sector eléctrico que nos llevaba a un déficit tarifario que debíamos sufragar entre todos los españoles, un déficit en torno a los 26.000 millones de euros y que, además, experimentaba alarmantes incrementos anuales. En el último año si no llegamos a realizar la reforma de los años 2012 y 2013 hubiéramos experimentado un incremento de 10.000 millones en el déficit tarifario. En diciembre de 2013 se aprobó una reforma de la Ley del Sector Eléctrico cuyo principal objetivo era precisamente acabar con ese déficit tarifario que todos soportábamos. Y en relación con el objeto de la proposición no de ley que ahora estamos contemplando, esa misma ley de 2013 incluía las directivas europeas sobre pobreza energética de 2009 mencionadas hoy y garantizaba el suministro eléctrico a menor coste. Con esta nueva regulación la tarifa eléctrica media -nos referimos con ello a la tarifa media de una familia que tiene 4,4 kilovatios contratados y gasta 3.900 kilovatios/hora al año- se ha reducido en 2016 un 15 % con respecto al año 2015. En cambio, si analizamos el periodo 2004-2012 esa tarifa se incrementó un 67 %. Además, hemos conseguido una reducción de la tarifa media que acabo de explicar a la vez que se estaba reduciendo el déficit tarifario, cosa nada sencilla como bien saben. Hemos ajustado los costes y ese ajuste ha recaído en el sector eléctrico, no sobre los consumidores. Si hubiéramos trasladado los costes a los consumidores, la factura de la luz se hubiera incrementado nada más y nada menos que un 40 %. Asimismo, la parte de la tarifa que depende del Gobierno, esencialmente los peajes, se congeló el año pasado y este año se ha reducido casi un 3 % y debemos señalar que ese es un hecho que es la primera vez que ocurre.
Estos son los frutos del trabajo desarrollado en la X Legislatura, una legislatura en la que nuestro objetivo fundamental era conseguir un suministro energético seguro, sostenible y a precios competitivos para todos. Y así ha sido: equilibrio financiero y bajada de precio para los consumidores. Ese ha sido el logro de la reforma y de la política energética implementada. Por otro lado, en esa misma reforma se trataba uno de los temas que se mencionan en la proposición no de ley: la protección a los consumidores más vulnerables y el bono social, un bono que supone en la actualidad una reducción del 25 % sobre el coste del suministro de electricidad a ciertos colectivos, como son los consumidores con potencia contratada inferior a 3 kilovatios en vivienda habitual, pensionistas mayores de sesenta años, familias numerosas y unidades familiares con todos sus miembros en situación de desempleo. Esos colectivos representan -según datos del boletín de indicadores de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia de septiembre de 2016, es decir, últimos datos- 2.438.519 clientes en mayo de 2016. En este contexto estaremos de acuerdo siempre, siempre en la aplicación de medidas que alivien esas situaciones dramáticas de la forma más acertada posible. Con tal objeto, hemos consensuado una enmienda que incluye una mejora del bono social para incorporar de forma más precisa la variable renta. De esta manera se incluye, en la medida de lo posible, a todos aquellos colectivos en condiciones de vulnerabilidad. Además, hemos propuesto la creación de fondos para la protección de consumidores con riesgo de exclusión, en concurso con las comunidades autónomas y entidades locales.
Ya voy acabando. En suma, considero que el planteamiento de decir que la pobreza energética no ha sido una prioridad para este Gobierno es injusto y además no es cierto. A la vista de todo lo descrito está que nos preocupamos del problema. Yo no caeré en discutir con todos ustedes si son los que más se preocupan o si son los únicos que se preocupan del tema; pero sí quiero decirles con mucha claridad que al Grupo Parlamentario Popular nos preocupa y mucho, y por ello seguiremos trabajando, tratando de buscar soluciones que alivien las dificultades de los que peor lo pasan.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Palmer.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Para comenzar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.
Se ha presentado una iniciativa que gira en torno a la pobreza energética y propone diferentes medidas que van en la línea de facilitar a los hogares y personas con dificultades económicas aquellos suministros energéticos que les permitan desarrollar su vida cotidiana con ciertas garantías. Es lo que se ha dado en llamar consumidor vulnerable, y a nosotros nos parece bien que se reclamen medidas de suministro básico que traten de paliar situaciones críticas en la vida de una familia o de una persona.
Aunque estamos todavía en los estertores del "veranillo de San Miguel" y las temperaturas continúan siendo benévolas, se aproxima el invierno y cobran valor los alarmantes informes realizados en torno a la
pobreza energética en España. En este sentido, conviene reseñar que la Asociación de Ciencias Ambientales, en su último estudio sobre la pobreza energética en España, determina que más de 5 millones de personas se declaraban incapaces de calentar sus hogares en invierno. Naturalmente, cuando se trata de adoptar medidas a favor de personas que lo están pasando muy mal, hay que hacer los mayores esfuerzos para tratar de buscar puntos de encuentro y, en este sentido, la proposición no de ley que ha defendido la diputada de Ciudadanos Rodríguez Hernández es un buen punto de partida para orientar al Gobierno en una cuestión como esta en la que todos los recursos siempre serán insuficientes.
Es oportuno señalar que en el asunto de los altos costes energéticos partimos del desastre que en el sector eléctrico produjo lo que en su momento se calificó como "tarifazo" y cuyo impulsor fue el entonces ministro socialista de Industria -año 2010-, don Miguel Sebastián. Nosotros creemos que a partir de entonces la tarifa eléctrica, tanto para las empresas como para los consumidores domésticos, ha llevado una deriva que no ha dejado ileso a nadie pero que tampoco ha corregido la posterior Ley del Sector Eléctrico y su desarrollo por vía reglamentaria. Si, en definitiva, las industrias, las empresas y los hogares españoles se han resentido en estos seis años, ¿cómo no van a resentirse aquellos ciudadanos sobre los que se ha cebado la crisis y han entrado en la brutal espiral de pobreza? Repasando los diarios de sesiones he podido observar que este asunto de la pobreza energética ha sido objeto de atención en pasadas legislaturas, aunque ni Congreso ni Senado consiguieron sacar adelante propuestas específicas más allá de las contempladas en las reformas legales en torno al sector eléctrico, que no son pocas, aunque han resultado insuficientes como demuestra el porcentaje de hogares españoles que son incapaces de afrontar el invierno y tener unas temperaturas adecuadas en su domicilio. He leído que uno de cada cinco hogares tiene problemas y que España ya ha sido advertida por el Comité Económico y Social Europeo, lo cual debería estimularnos para tratar de atajar las situaciones de pobreza energética, es decir, consumidores que no pueden afrontar los recibos de la luz o la factura del gas.
Paradójicamente, mientras aquí reclamamos medidas para paliar la pobreza energética, la sociedad española advierte de las grandes cifras de negocios y de dividendos que obtienen las empresas que suministran energía eléctrica o gas. En todo caso, me alegro que sobre este asunto de la pobreza energética se haya redactado una enmienda transaccional de cinco puntos que cuenta, en principio, con un amplio respaldo al que me sumaré con mi voto.
Por parte del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra para fijar su posición el señor Azpiazu Uriarte.
Vamos a fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco en relación a un tema del que ya hemos hablado muchísimas veces en Comisión, en Pleno y desde hace bastante tiempo, que es el tema de la pobreza energética. Un tema, desde luego, muy debatido, sobre el que se supone, en principio, que hay un amplio consenso por parte de los grupos parlamentarios pero respecto del que, desgraciadamente, aún se han dado pocos pasos en cuanto a avanzar hacia su solución. La pobreza energética es una consecuencia directa de la crisis económica, de la que se derivan la pobreza y la desigualdad, y como una consecuencia de la primera, la pobreza energética porque, desde luego, el que es pobre lo es energéticamente y, desgraciadamente, en muchísimas más facetas de su vida.
Tal y como señala la iniciativa y como ha citado la diputada de Ciudadanos, Europa también pide soluciones y los ciudadanos piden soluciones en relación a este asunto. Esperemos que haya cuanto antes un Gobierno que se ponga manos a la obra y que avance también en esta cuestión de la pobreza energética. Es increíble que a estas alturas del siglo XXI estemos hablando de un tema que parece de hace varios siglos, que todavía haya gente que esté sufriendo porque no puede encender la calefacción, que no puede cubrir las necesidades mínimas de higiene con las consecuencias que tiene -tal y como también ha dicho la portavoz de Ciudadanos- en materia de salud, higiene, etcétera. Esto tendría que ser un tema del pasado, pero, desgraciadamente, lo es del presente. Por lo tanto, estamos de acuerdo en los tres puntos que recoge la iniciativa de Ciudadanos para que no se interrumpa el suministro de los servicios públicos esenciales -esta es una cuestión que parece increíble que pueda ocurrir- y que, desde luego, no se corte el suministro a aquellos que se retrasen en el pago precisamente por haber sufrido las consecuencias de una crisis y no poder hacer frente a la factura. Aprovechemos la capacidad de regulación que en materia energética tienen el Gobierno y este Congreso para dar una solución
definitiva a esta cuestión. Quizá haya otras formulaciones, tal y como se ha dejado entrever hoy aquí, esta mañana, por parte de otros grupos, para resolver esta cuestión de la pobreza energética. Desde luego, si se concretan, y se concretan con acierto, las apoyaremos sin ninguna duda. Pero lo que de momento tenemos es la propuesta de Ciudadanos, que parece ser que también ha llegado a una transaccional con otros grupos parlamentarios y que nuestro grupo también va a votar favorablemente.
Nada más. Eskerrik asko.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, para fijar posición tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Perdón, ¿de cuánto tiempo dispongo?
El señor PRESIDENTE: Tres minutos.
El señor CAPDEVILA i ESTEVE: ¡Tres minutos!
Entonces me salto las descripciones de las dramáticas situaciones que se provocan por la pobreza energética.
Básicamente fan tard i curt, quiero decir que llegan tarde y hacen un corto. Quiero destacar la poca ambición -y menos en la transaccional- que acaba recogiéndose. La relevancia de la pobreza energética y su impacto sobre las personas es gravísima como para que nos centremos solo en el invierno que nos va a caer encima, aunque estemos en el "veranito de San Miguel". También quiero destacar que la Generalitat de Catalunya, el Parlamento de Cataluña ya intentó impulsar algunas medidas. Todo lo que consiguió fue que los grupos transaccionantes se opusiesen en el Parlamento de Cataluña a una ley que iba en el mismo sentido y que el Gobierno español lo llevase al Tribunal Constitucional y en buena parte esté durmiendo allí el sueño de los justos. Por esas dos razones, porque llega tarde y hace corto, y porque expresa una íntima contradicción, nos vamos a abstener.
Señora Rodríguez Hernández, creo que hay una transaccional.
La señora RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ: Sí, quería explicar por qué no hemos aceptado la enmienda de Podemos, simplemente porque creíamos que muchos de los puntos de adición excedían el tema que se estaba tratando y por ir a la concreción. Pero también garantizamos que apoyaremos distintas medidas como la que se debatirá con posterioridad. Hay una enmienda transaccional y se votará en esos términos.
El señor PRESIDENTE: La enmienda ha sido repartida a los grupos y, por lo tanto, se someterá después a votación.
- RELATIVA A LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES Y EL CALENDARIO DE LAS SUBASTAS DE ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA DEMANDA DE INTERRUMPIBILIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000270).
- RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DE PRECIO COMPETITIVO, ESTABLE Y PREDECIBLE PARA FAVORECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS INDUSTRIAS BÁSICAS ELECTRO-INTENSIVAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000280).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir los dos siguientes puntos del orden del día -les recuerdo a sus señorías que los hemos acumulado-, que son el séptimo y el octavo, dos proposiciones no de ley. La primera reza: relativa a las previsiones del Gobierno para garantizar las condiciones y el calendario de las subastas de adjudicación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad del suministro eléctrico, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. La segunda, cuyo debate se acumula al de esta, es la relativa al establecimiento de un nuevo sistema de suministro eléctrico de precio competitivo, estable y predecible para favorecer la competitividad
de las industrias básicas electro-intensivas, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Cada grupo defenderá la suya, después intervendrán los grupos que defiendan enmiendas y, por último, pasaremos a la fijación de posición de los grupos que no han presentado enmiendas. Para defender la primera de las dos proposiciones no de ley, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora Díaz Pérez.
Nuestro grupo vuelve a traer a debate una de las cuestiones quizás más relevantes que están afectando al marco industrial y que están poniendo en riesgo a empresas y a grandes industrias que afectan al conjunto del Estado, pero de manera particular a muchas autonomías, como es el caso de Galicia, Euskadi, Cataluña y Asturias. Este tema, como conocen ustedes perfectamente, lo trajimos a debate el día 29 de marzo de este mismo año. Hemos alcanzado una posición unánime respecto de las necesidades que tienen las industrias electro-intensivas, pero lo cierto y verdad es que, a pesar de los meses transcurridos, no solamente el Gobierno en funciones no ha cumplido ninguno de los acuerdos que había alcanzado esta Comisión, sino que además, por primera vez, incluso violenta las normas que el propio sistema se ha dado. Lo voy a explicar después, sobre todo porque estamos en la fecha en la que estamos, ya en el mes de octubre, y a día de hoy aún no conocemos ni el marco de interrumpibilidad de la subasta que se va a producir, los bloques que se van a ofrecer al propio sistema, ni siquiera el calendario ni si vamos a llegar a tiempo para que antes de diciembre podamos garantizar que las empresas electro-intensivas puedan formular propuestas respecto de su futuro.
El Estado español es un caso único en Europa, ya que a través del artículo 49 de la Ley del Sector Eléctrico, que este grupo combate de manera estructural -es una norma hecha por y para los que mandan en este país, que son las eléctricas, grandes grupos empresariales a los que el Gobierno rinde pleitesía-, se mezcla una variable técnica, como es la variable de la interrumpibilidad, con una subvención al propio sistema. Como digo, es un elemento único, ya que no hay ningún país en Europa que lo formule de esta manera. El sistema de la interrumpibilidad opera como elemento técnico en Alemania y en otros países, pero siempre de manera complementaria.
La propuesta que ha hecho el Partido Popular viene a través de esta subasta, que no compartimos nosotros ni comparten los sectores afectados, las organizaciones ecologistas y los trabajadores y trabajadoras, por razones más que evidentes, porque estamos ante un sistema profundamente especulativo, un sistema carísimo que están pagando las economías domésticas y un sistema completamente opaco. Es decir, estamos ante un mal sistema en el que, vuelvo a decir, las eléctricas siempre ganan y por el cual a día de hoy, por la inacción del propio Gobierno en funciones, podemos poner en jaque a grandes empresas que tienen miles y miles de trabajadores. Estamos, por tanto, ante un mal sistema.
En la anterior legislatura trabajamos para caminar hacia un nuevo modelo energético que vaya de la mano de las renovables y sobre todo que evite lo que está pasando en nuestro país, y es que estamos en riesgo real de perder grandes industrias. Ya sabemos que el Partido Popular no tiene una propuesta industrial para este país, pero ciertamente habrá que discutir si queremos producir aluminio, si queremos producir acero o si nos vamos a dedicar exclusivamente a la hostelería, como parece que es el modelo que comparte el señor Mariano Rajoy y también se comparte desde Europa. Por poner un dato encima de la mesa, un consumidor español paga diez veces más que un alemán para que el operador del sistema disponga de un recurso técnico como es el sistema de la interrumpibilidad, y esto es profundamente injusto.
Dicho lo cual, ¿qué pedimos aquí? Ni siquiera lo que habíamos pedido en la anterior iniciativa; simplemente, que el Gobierno en funciones cumpla con el propio mecanismo del que se ha dotado. El 12 de agosto de este año se publicó la norma del 5 de agosto, en la que se aprueban las reglas del procedimiento competitivo de las subastas, pero a día de hoy, como he dicho al principio, no tenemos ni los detalles de las mismas ni las cantidades ni los precios. Por tanto, estamos poniendo en jaque definitivamente a estas empresas. ¿Qué pedimos en nuestra iniciativa? Algo muy sensato, tres cuestiones: Que de manera inmediata el Gobierno y la Secretaría de Estado de Energía hagan públicas las condiciones y el calendario de las subastas de adjudicación del servicio de la interrumpibilidad; que inmediatamente se tome alguna medida respecto de esta cuestión, salvo que nos quieran decir que Alcoa y las grandes empresas electro-intensivas de este país tienen que cerrar la puerta -porque a lo mejor esta es la propuesta al Gobierno-, y también que trasladen un informe a esta Comisión que nos facilite la información necesaria para proceder a la realización de estas subastas.
Termino ya. Desde este grupo creíamos que el Gobierno en funciones se iba a tomar en serio y con rigurosidad esta cuestión muy relevante, pero no ha sido así. Habíamos avanzado respecto de la necesidad de restablecer un nuevo sistema que garantice cierta estabilidad a las industrias y también al conjunto de los consumidores. También promovimos un pacto de Estado por un nuevo modelo energético pero, desde luego, insisto, el Gobierno ni está ni se le espera. Con todo, sería interesante -y así esperamos que se haga- que el propio Grupo Popular vote a favor de esta iniciativa, salvo que queramos transmitir al conjunto de los trabajadores y trabajadoras afectados que la salida es que cierren la puerta.
El señor PRESIDENTE: No lo he dicho antes, pero el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tenía enmiendas presentadas a la otra proposición no de ley, y al debatir acumuladamente le corresponde, señora Díaz, si quiere, defender las enmiendas presentada a las posiciones de ley del Grupo Mixto.
La señora DÍAZ PÉREZ: Intervendré muy rápidamente.
Nuestro grupo ha presentado un total de tres enmiendas en las que se pone de manifiesto que no se trata tanto de la determinación del precio de la tarifa, sino justamente de lo que estábamos especificando, y es que trabajamos respecto de un nuevo modelo energético basado sobre todo en la transición a las renovables y en lo que establecen las propias directrices europeas 2014-2020, y es que se permiten ayudas fiscales o de otro tipo, siempre y cuando se camine en la senda de las renovables. La iniciativa no avanza en este sentido, creemos que no es solo sustancialmente mejorable en lo que atañe a la transición hacia las renovables, sino que también, con carácter previo a la nueva tarifa, hay que realizar -como ya dijo en la anterior intervención el señor Mayoral- una auditoría para que el conjunto de los españoles y las españolas conozcamos lo que está pasando con esas empresas, que son las que mandan en el Estado español y las que determinan las condiciones de vida de todos nosotros. También hay dos puntos que ya fueron objeto de transacción en esta propia Comisión, que son el pacto de Estado sobre la energía y el plan de inversiones necesarias para la eficiencia energética. Tal y como está redactada la propia iniciativa, no abunda en estas cuestiones que para nosotros son centrales, por lo que, en el caso de que se acepten, votaríamos favorablemente, y en caso contrario, si son rechazadas, votaríamos en contra.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Díaz.
Para defender la segunda proposición no de ley que estamos debatiendo conjuntamente, la relativa al establecimiento de un nuevo sistema de suministro eléctrico de precio competitivo, estable y predecible, tiene la palabra, por parte del Grupo Mixto, el diputado de Foro Asturias, el señor Martínez Oblanca.
Hace poco más de seis meses, en la pasada y fallida XI Legislatura, formulé ante esta Comisión de Industria, Energía y Turismo una iniciativa idéntica a la que he vuelto a presentar para su debate y votación en este nuevo mandato. El problema persiste y se ha agravado por la continuidad a lo largo de 2016 del Gobierno en funciones que, incluso, ha tenido que trastocar el organigrama del Ministerio de Industria. Hay algunos asuntos de urgencia en materia industrial y energética que afectan a la industria básica española y, singularmente, a la asturiana. Por eso, nuevamente he querido que mi primera proposición no de ley, relativa a una cuestión crucial de la que dependen muchos miles de empleos estables y cualificados, sea ésta. Son empleos estables y cualificados que están sometidos, porque están sometidas sus empresas, a un sistema de suministro eléctrico que, sencillamente, no es competitivo. Es conveniente recordar que la Unión Europea ha reconocido el estatus del consumidor electro-intensivo y, de hecho, tiene habilitadas las directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y la energía. En estas directrices se contempla la aplicación de rebajas en la carga fiscal de las empresas; también reducciones del uso de las redes de transporte y distribución, es decir, reducciones en el coste de acceso, y completan el cupo de ayudas estatales los incentivos a las energías renovables para estas industrias. De hecho, nuestros principales competidores en Europa ya han aplicado a sus consumidores electro-intensivos diferentes esquemas de reducción de costes; o sea, Alemania y Francia ya han tomado desde hace tiempo las medidas para evitar sus cierres industriales y, con ello, no caer en procesos de deslocalización silenciosa en sectores como el aluminio,
el acero y el zinc, entre otros, que es algo que ya se está produciendo en España, además de otros zarpazos como los del dumping extranjero, que ya se denunciaron en un Pleno la pasada legislatura gracias a una iniciativa del Grupo Vasco.
Con esta proposición no de ley, en Foro queremos dar cumplimiento a nuestro programa electoral y, a la par, estimular al Gobierno para la puesta en marcha de medidas que aseguren la permanencia de la industria básica española y que den respuesta al servicio de una política de interés general. Hemos condensado en tres puntos la orientación con la que queremos instar al Gobierno a través de este órgano parlamentario. Son puntos pensados en beneficio de toda la industria española y, singularmente, de la industria asturiana, donde se ubican algunas de las capitales mundiales del acero, el aluminio y el zinc, aunque hay que reconocer que Arcelor, Alcoa o Azsa son multinacionales con sedes centrales lejos de España que deciden sus inversiones allí donde sus plantas son más competitivas. Por eso, no podrán mantener el empleo, ni mucho menos aumentarlo, si sus costes energéticos continúan siendo penalizados con respecto a los de sus competidores, como consecuencia de una política nacional de determinación de las tarifas eléctricas que hay que corregir con urgencia.
Con el primero de los puntos queremos favorecer la competitividad de las industrias básicas electro-intensivas, como metalurgia, siderurgia, cemento, gases industriales, química y otros, mediante el establecimiento de un nuevo sistema de suministro eléctrico de precio competitivo, estable y predecible, tanto en lo referente al resultado del mercado eléctrico como a los costes regulados y de carga fiscal, para disponer de unos costes energéticos semejantes a los que podrían obtenerse en otros mercados que le permitan a las industrias españolas lograr una estructura de costes adecuada para competir en igualdad de condiciones con las industrias europeas. El segundo de los puntos de la iniciativa de Foro pretende la adopción de medidas de emergencia para fijar, con carácter inmediato, una tarifa eléctrica que proteja la competitividad de la industria básica española intensiva en consumo eléctrico, con objeto de frenar el proceso ya iniciado de deslocalización de producciones en el sector de la metalurgia nacional, con las consiguientes pérdidas de empleo y cierres de centros de producción por no contar con costes energéticos equivalentes a los que pagan otros competidores europeos. Finalmente, el tercero de los puntos de la iniciativa insta al Gobierno a acometer con urgencia la reforma estructural del sistema de costes energéticos para favorecer la competitividad del conjunto de la sociedad española, desde los hogares y los pequeños consumidores domésticos a los medianos y grandes consumidores industriales, evitando que la actual situación, con España a la cabeza de las tarifas eléctricas más caras de la Unión Europea a pesar de nuestro poder adquisitivo inferior al de muchos de los países miembros, condene a nuestro país a convertirse progresivamente en un gueto caracterizado por el paulatino desmantelamiento de sectores clave para la economía española.
Hasta aquí, señor presidente, la defensa de mi iniciativa para la que pidió el voto de los miembros de la Comisión y, en todo caso, en relación con la proposición no de ley sobre interrumpibilidad, defendida por la diputada Díaz Pérez, ya manifiesto mi apoyo y adelanto también que, en relación con mi propia proposición no de ley, aceptaré únicamente la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Para la defensa de enmiendas, en este caso a la proposición no de ley del propio señor Martínez Oblanca, por parte del Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Gómez García.
Como vamos a debatir las dos proposiciones no de ley de forma conjunta, en primer lugar, me referiré a la proposición no de ley de Unidos Podemos que tiene básicamente tres puntos. El primer punto se podía haber realizado en forma de pregunta dirigida al Gobierno y, en ese sentido, nuestra portavoz de esta Comisión en la pasada legislatura ya presentó dos preguntas dirigidas al Gobierno preguntándole en cuántas ocasiones se había solicitado esta reducción del consumo y qué grandes consumidores habían reducido su consumo y en qué circunstancias se había efectuado. Pero, como todos sabemos, el Gobierno en funciones se declara en rebeldía y estas preguntas no fueron contestadas. Por supuesto, como no puede ser de otra manera, no podemos estar de acuerdo con lo que se solicita en la proposición no de ley, porque creemos que es necesario que se publiquen esos calendarios de subastas y que en el sector haya más transparencia. Pero sí tenemos que decir que nos hubiera gustado que la proposición no de ley hubiese tenido algo más de concreción, porque instar al Gobierno en funciones a tomar alguna medida es,
básicamente, como no decir nada. Pese a ello, votaremos a favor de la proposición no de ley porque, como decimos, es muy difícil estar en contra de esta propuesta por su falta de concreción y porque en algunos puntos ya la habíamos presentado.
En cuanto a la proposición no de ley presentada por el diputado de Foro Asturias, como ya se ha señalado, fue debatida en la pasada legislatura, y si nadie lo remedia, aquí no hacemos nada y todo sigue igual, lo podemos debatir en la pasada, en esta y en tres, cuatro o cinco legislaturas venideras. Esto será como el día de la marmota, volviendo a repetir debate tras debate. Insto a todos los grupos a que nos sentemos, nos pongamos de acuerdo y que hagamos no ya lo que nos piden los españoles, sino lo que nos exigen los españoles, que es que haya Gobierno, que haya legislatura y que, por lo tanto, esto que estamos haciendo aquí sirva para algo, porque si no, estaremos perdiendo el tiempo; y yo no sé a ustedes, señorías, pero a mí no me gusta perder el tiempo.
Entrando ya en la proposición en sí, desde Ciudadanos siempre hemos hecho un especial hincapié en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado en materia energética que aborde globalmente el problema del precio de la energía, garantice la seguridad del suministro y un modelo energético más competitivo, más transparente y más sostenible. Compartimos plenamente con esta proposición no de ley, que presenta el diputado de Foro, la necesidad de fomentar la competencia y competitividad dentro del sector como elemento clave para lograr la energía económica segura y sostenible y que, por lo tanto, nuestras empresas sean más competitivas y puedan competir, valga la redundancia, en un mercado globalizado. Sin embargo, no queríamos que se confundiese el justo interés por impulsar la competencia en el sector de la energía con una agenda proteccionista de intereses industriales, que creemos que no es la senda para que nuestras empresas puedan competir en un mundo globalizado. Por eso hemos presentado esta enmienda, porque creemos que no está demasiado bien redactado, enmienda de modificación que consiste en la eliminación del punto 2. Y en cuanto al punto 3, consideramos que la redacción de la versión anterior de la pasada legislatura era más adecuada. Ahora se nos ha indicado que se aceptan nuestras enmiendas y, por tanto, votaremos a favor.
Para terminar, señorías, creemos que la proposición no de ley de Foro en ningún caso menosprecia los esfuerzos en la pasada legislatura por reducir nuestra factura energética y esperamos que podamos contar con un amplio respaldo para acometer nuestras reformas de estímulo de la competencia en el sector eléctrico que reduzcan el precio de la tarifa eléctricas y que, por tanto, favorezcan la competitividad de nuestra industria. Pero esto no será posible si no hay Gobierno y si la legislatura no echa a andar.
Para la defensa de las enmiendas a las dos proposiciones no de ley que estamos debatiendo conjuntamente, por parte del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Pérez Herráiz.
La debilidad del sector industrial español es evidente y así lo manifiestan los sucesivos índices de producción industrial; también lo es la repercusión que esto tiene en las bajas tasas de empleo que tenemos en España. Dentro del sector industrial, ocupan un lugar importante industrias como las del acero, aluminio, cemento, químicas, etcétera, en las que la proporción de los costes energéticos dentro de sus costes totales es muy elevada. El sistema energético español no está funcionando adecuadamente y estas industrias están compitiendo en inferioridad de condiciones con otras de las mismas producciones en otros países europeos. Tampoco está funcionando adecuadamente el sistema de compensación de la interrumpibilidad por subasta. El Grupo Socialista presentó iniciativas a este respecto en todas las legislaturas desde que este sistema está vigente. Dicho esto, consideramos que, a la vez que es necesario a medio y a largo plazo modificar el sistema energético para que todo el mundo pueda acceder a ese mercado en igualdad de condiciones o por lo menos similares a las de otros países de la Unión Europea -los intervinientes anteriores pusieron ejemplos de lo que está pasando en Alemania y en Francia-, y aunque no estamos de acuerdo con la subasta para la interrumpibilidad, en tanto en cuanto es el sistema vigente, creemos que es urgente que se convoque. La anterior fue en agosto, estamos en octubre y aún no se ha convocado, y es imposible que las empresas puedan hacer la planificación de su actividad y de sus inversiones. Por tanto, el Gobierno tiene que convocar de manera inmediata esa subasta.
Consideramos necesario mejorar las interconexiones de las redes energéticas de Europa y en particular las redes de transporte de electricidad. Son fundamentales para la convergencia de precios que decíamos antes entre los países, lo que aumentaría la competencia entre los agentes y posibilitaría una
mayor integración de las energías renovables por la imposibilidad de almacenarlas. Creemos conveniente reclamar a las instituciones comunitarias un fondo europeo para compensar los costes de estas empresas con un alto consumo energético y evitar las situaciones de competencia desleal que se están produciendo. Consideramos también necesario que el Gobierno supervise la supuesta operación de venta de varias factorías de la empresa Alcoa. Las informaciones respecto a esto son difusas, ni siquiera los sindicatos -no solo en el ámbito español sino también en el europeo, en el cual sería obligatorio que le dieran esa información- están teniendo noticias de qué está pasando. Teniendo en cuenta que Alcoa compró al Gobierno de España -creo recordar que en 1998- estas factorías a muy bajo costo, que además el Gobierno a lo largo del tiempo aportó diferentes subvenciones, así como la cantidad de puestos de trabajo que están en juego y el riesgo de que haya una operación meramente especulativa y que dentro de unos meses -como pasó con otras factorías anteriormente-, después de su venta, se cierre, consideramos necesario -insisto- que el Gobierno de España, en la medida de lo posible, haga la supervisión de qué se está gestando, qué intenciones tiene Alcoa, si va a vender y en qué condiciones. Estas son nuestras enmiendas. Con respecto a la iniciativa de Podemos, creo que podemos hacer una transacción. En cuanto a la de Foro, como ahora dijo que acepta la enmienda de Ciudadanos, miraremos cómo queda exactamente para tomar una decisión definitiva.
Para fijación de posición, por parte del Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Azpiazu Uriarte.
Debatimos las dos iniciativas conjuntamente y creo que tiene bastante coherencia porque de lo que estamos hablando es de la competitividad de sectores industriales y productivos, que para nosotros son muy importantes. Como saben, en Euskadi la siderurgia es un sector absolutamente básico que está teniendo problemas actualmente. Es un sector que está sometido en estos momentos a cierre, inactividad, deslocalización, paro, crisis, etcétera, y uno de los factores determinantes de que esto ocurra es el coste energético, porque en algunas empresas la mano de obra es mucho menos costosa para la empresa dentro de la estructura productiva que el tema energético. En la siderurgia hay empresas en las que la energía es un 50 % más cara que la mano de obra. Esto es un elemento absolutamente importante a efectos de determinar la competitividad y el futuro. Decía que nos preocupa y, al igual que el señor Martínez Oblanca, nuestro grupo presentó en la legislatura pasada una iniciativa para tratar de plantear estas cuestiones. Aquellas iniciativas fueron a la papelera y me imagino que estas también porque, al estar en funciones, instar al Gobierno a que haga algo no tiene sentido; no suele tenerlo cuando no está en funciones, con lo cual ahora mucho menos. Esto, señor Martínez Oblanca, nos volverá a obligar en la siguiente legislatura -o en esta, si es que continúa- a presentar la iniciativa de nuevo y en serio para que efectivamente se haga algo. Yo sí quisiera, al menos de una manera informal, adoptar un compromiso con Foro y con otros grupos parlamentarios para que esta sea una prioridad, una urgencia a la hora de abordar las iniciativas en la próxima legislatura para que efectivamente se resuelva y vaya por buen camino.
En la legislatura pasada -tan corta- planteamos esta cuestión y le pedimos al Gobierno que resolviera tanto el tema del dumping chino como los intereses de la siderurgia y otros sectores en Europa y que hiciera algo, modificando el coste de la energía para estos sectores intensivos en consumo. Evidentemente, no hizo nada, y volvimos a preguntarle si había hecho algo al respecto. El Gobierno no nos ha respondido, pero sospechamos que nada hay. Por tanto, seguiremos con esta cuestión en el futuro.
Para continuar con la fijación de posiciones, por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Comparto un poco la sensación de mi compañero euskaldún, esa sensación de estar pedaleando sobre una bicicleta estática. Creo que es una sensación un poco transversal. Soy un recién llegado y no soy quién para dar lecciones a nadie de nada, pero si todos hiciésemos el esfuerzo -yo el primero- de intentar posicionar las cosas en los temas generales cuando son generales y en los particulares cuando son particulares, quizá nos haría tomar alguna iniciativa donde
no se mezclasen churras con merinas. Por ejemplo, las enmiendas del PSOE sobre empresas concretas cuando estamos hablando de si es urgente o no el tema de la subasta de compatibilidad me dejan el corazón 'partío', porque sí considero que es urgentísimo que el Gobierno, aun en funciones, realice esta subasta ya que las empresas están esperando y tienen estados contables esperándolo y, en cambio, modestamente, no soy capaz de opinar sobre el estado concreto de las negociaciones de Alcoa. Pido, por favor, que, si vamos a discutir el estado de Alcoa, hagamos una proposición no de ley y hablemos de ese tema, nos documentemos todos y consultemos al territorio, es decir, lo que solemos hacer. Aun así, la proposición número 7 vamos a votarla a favor.
El señor PRESIDENTE: Estamos en los puntos 7.º y 8.º.
El señor CAPDEVILLA I ESTEVE: Estoy posicionándome sobre las número 7 y 8. Vamos a votar a favor de la número 7, aun con esa sensación de que no sé qué estoy votando respecto a Alcoa. También desconozco si van a aceptar o no la enmienda. Aun así, voy a votar a favor. Ese punto 5 es muy concreto y difícil de valorar. A ambos proponentes -al señor Martínez Oblanca ya se lo he pasado- les recomiendo el repaso de los datos de Eurostat y de Pimec, que dicen que el mantra que vamos repitiendo de que las empresas electrointensivas españolas están pagando un precio muy alto ya no lo es tanto, quizá porque es cierto que el final del invierno y la primavera fueron muy favorables respecto a la producción de renovables -hubo mucho viento- y han bajado un poco los precios. Quizá solo sea una temporalidad que habrá que ir siguiendo. Mirar de reojo las valoraciones de Eurostat siempre nos haría bien. Lo que sí está claro es que lo que hace cara -aquí no hay temporalidad que valga- la factura eléctrica de los españoles -consumidores familiares o consumidores industriales- es la mochila de la deuda energética. Ese mantra que hemos dado por bueno y que no hemos vuelto a analizar es como un número mágico que algún día alguien escribió en unas tablas de la ley y que nos hemos ido creyendo. Propongo que los trabajos de esta Comisión -si hay ocasión vamos a intentar impulsarlo- sean para la revisión de ese número mágico. Nos vamos a abstener en esta PNL, pero con esa sensación de corazón partido. Si se hubiese troceado, seguramente estaríamos de acuerdo en más de un 40 %.
No entendemos tampoco la enmienda del PSOE respecto al tema de interconexiones. Volvemos al tema de Alcoa también en las enmiendas a la proposición número 8 del orden del día. Por tanto, nos vamos a abstener también.
Para el turno de fijación de posición en las dos proposiciones no de ley, que recuerdo a sus señorías que son la 7 y 8 del orden del día, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moraleja Gómez.
Represento hoy en esta Comisión al Grupo Parlamentario Popular para posicionarnos con respecto a las iniciativas presentadas por Foro y por Podemos. Empezaré por la de Foro y finalizaré con la de Podemos.
Aunque es la primera iniciativa de este grupo en esta XII Legislatura en relación con este tema, todos sabemos que este asunto no es nuevo para esta Comisión y que ya hemos debatido una PNL exactamente igual en la pasada legislatura, como bien se decía aquí, y ya en ese momento mi compañera, la señora López, recordaba lo que usted plantea ahora, que es lo mismo que estuvo haciendo el Gobierno desde el año 2011. Se lo recuerdo. Se intentaba poner orden dentro de un sistema energético que el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero dejó en quiebra, con una subida de la factura eléctrica de más del 70 % en los ocho años de gobiernos socialistas. Es curioso, porque teníamos la electricidad más cara de Europa continental y, a pesar de ello, el sistema era insostenible desde el punto de vista financiero; un déficit de tarifa que, de no haber sido por las reformas efectuadas por el Gobierno del señor Rajoy, hubiese llegado en 2013 a los 10 millones de euros. Es decir, al comienzo de esa legislatura todos los sectores energéticos estaban en déficit y el sistema eléctrico en particular estaba quebrado, con una deuda acumulada de 26 millones de euros. Como bien explicó mi compañera, la señora Palmer, si eso se reprodujese en la factura de los consumidores, supondría una subida del 40 % en su factura.
¿Qué se hizo para solucionar esta situación? Acometimos un cambio regulatorio sin precedentes en la X Legislatura. La reforma del sector energético ha conseguido acabar con el déficit del sistema eléctrico,
ajustando todos los costes y estableciendo mecanismos que eviten que se vuelvan a producir desequilibrios en un futuro. Con esta política se ha favorecido al consumidor, por supuesto, en especial a las familias, a las pymes, a los autónomos y también a los grandes consumidores al haberse evitado la escalada desorbitada de los precios de las legislaturas socialistas. Incluso los precios han comenzado a descender y la factura que pagamos hoy todos los consumidores cada vez es menor gracias a los cambios introducidos en los mecanismos de tarificación. Se ha actuado para reducir los precios. Para ello, se han revisado todas las actividades reguladas y se ha llevado a cabo una auditoría de costes. En segundo lugar, se permite facturación horaria, poniendo en marcha medidas de transparencia que permiten, sobre todo a los pequeños consumidores, tomar decisiones que mejoren sus precios. También se han congelado los costes de las actividades reguladas y los costes de peaje; una reducción del 2,8 % en el año 2015 y por supuesto una reducción, como también comentaba la señora Palmer, del 25 % de la tarifa para los colectivos más desfavorecidos, lo que beneficia a 2,5 millones de hogares.
Estas medidas han producido una reducción de precios para el pequeño consumidor en torno al 15 % en el primer semestre de 2015 y 2016; también para las grandes empresas, a las que ustedes se referían, incluidas las electrointensivas, en torno al 35 % en los años 2015 y 2016. Se ha garantizado la estabilidad financiera y la estabilidad regulatoria del mercado, y sobre todo se ha conseguido eliminar el régimen tarifario y un superávit en los años 2014 y 2015. Y por supuesto no nos hemos olvidado de las energías renovables, que deben tener una rentabilidad sensata, en torno al 7,3 %. Por eso se han puesto en marcha las medidas que permiten garantizar el equilibrio del sistema eléctrico español: precios competitivos, analizar y tener en cuenta el impacto medioambiental y garantizar la seguridad energética de suministro. Esta XII Legislatura empezará sin déficit, la deuda reduciéndose y los precios de todos los productos energéticos por debajo de como empezaron la X Legislatura. Pero no quiero olvidarme, señorías, de las electrointensivas -para estas tenemos la interrumpibilidad-, que han conseguido adjudicaciones del servicio por valor de 508 millones de euros para prestación de servicio en 2015 y 503 millones para prestación en 2016, así como los beneficios fiscales, en los que se ha establecido también una reducción del 85 % de la base imponible del impuesto especial sobre electricidad, además de los menores peajes que pagan estas empresas y la bajada de precio para los mayoristas, en torno a un 26 %. No vayan a pensar, señorías, que no queremos que nuestras empresas industriales, grandes consumidoras, tengan ventajas competitivas con respecto a sus competidoras, por supuesto que no, claro que lo hemos apoyado y lo seguiremos haciendo dentro de los límites que marca nuestra legislación. Es curioso, el Partido Popular en Galicia apoya fuentes alternativas de suministro para estas empresas, como la de Alcoa en San Cibrao, por eso llevamos un gasoducto hasta esa planta que se pueda alimentar de gas natural, sin embargo, son otros, por ejemplo los de Podemos y la señora Díaz aquí presente, los que se empeñan en cerrar la planta de gas de Mugardos. ¿Saben ustedes cuáles serían las consecuencias para las empresas electrointensivas de las que hablan y para esos empleos que tanto le importan a usted, como a nosotros, por supuesto?
Señora Díaz, claro que estamos acuerdo en que se celebren las subastas, sí, por supuesto que sí, pero si usted hubiera querido realmente informarse, sabría que el calendario está siendo seguido para la temporada de 2017 con riguroso cumplimiento. En principio se ha remitido por parte del operador del sistema una propuesta de requerimiento potencial interrumpible, como usted ha mencionado, en la que se marcaban las fechas para la realización de las subastas y el calendario de los hitos a realizar de cara a la celebración de las mismas. Eso ha sido informado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con fecha 28 de julio. Por otra parte, como usted también ha comentado, el 12 de agosto se publica en el Boletín Oficial del Estado la resolución de 5 de agosto de 2016 de la Secretaría de Estado, en la que se establecen las reglas de procedimiento competitivo para las subastas. Usted lo que no cuenta es la segunda parte, que igualmente se ha finalizado el proceso de habilitación para la participación en las subastas -finalizó el 30 de julio- y que debe culminar -eso tampoco lo ha dicho usted- con la notificación correspondiente no más tarde del 15 de octubre. Por tanto, una vez obtenida la habilitación emitida por el operador del sistema, el consumidor podrá adherirse formalmente al marco legal establecido para la participación en la correspondiente subasta. También quiero recordarle que hay que tener en cuenta que la temporada eléctrica de 2016 comienza el 1 de enero de 2016 y finaliza el 31 de diciembre de 2016, por lo tanto, señoría, se está cumpliendo el procedimiento definido en la Orden del 31 de octubre, quedando únicamente la convocatoria y la celebración de la subasta, que habrá de realizarse en las próximas semanas. Por tanto, señoría, debería usted informarse mejor y no decir que se violenta por parte del ministerio este procedimiento, porque yo creo que no es la palabra adecuada para utilizar y además
quiero recordarle que las empresas no reciben ayudas del Estado, están prohibidas por la Unión Europea. He de recordarle que no existen esas subvenciones, como usted menciona. Por otra parte, quería preguntarle qué tiene usted en contra de la hostelería, cuando el turismo es la mayor fuente de ingresos en este país. No sé si tiene algo en contra de la hostelería, pero también trabajamos por el turismo.
Estoy de acuerdo con el señor Gómez, de Ciudadanos, en que esta proposición no de ley que usted ha presentado está vacía de contenido y se podría haber preguntado al Gobierno en funciones en este caso.
Una vez finalizado el debate de estas dos proposiciones no de ley, tengo que preguntar a los proponentes, tanto a la señora Díaz Pérez, del Grupo de Unidos Podemos, como al proponente del Grupo Mixto, si aceptan las enmiendas planteadas, haciendo constar y recordándoles a sus señorías -porque ha surgido en el debate- que si aceptan enmiendas no se pueden someter a votación por separado los puntos del texto enmendado.
Señora Díaz.
No aceptamos las enmiendas. Gracias.
Como indiqué en mi intervención, sí aceptamos la enmienda propuesta por el Grupo Ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Entonces, se someterán así posteriormente a votación.
- RELATIVA AL FOMENTO DEL AUTOCONSUMO ELÉCTRICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000366).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 10º del orden del día -les recuerdo que el 9º lo debatimos anteriormente-, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En común Podem-En Marea, relativa al fomento del autoconsumo eléctrico. Para su defensa, tiene la palabra la señora Martínez Rodríguez.
Nuestro grupo parlamentario quiere traer de nuevo el debate del autoconsumo a esta Comisión, a pesar de haber sido ya debatido en la anterior legislatura, porque consideramos que es una de las cuestiones más urgentes a resolver una vez que tengamos Gobierno. Creemos que es un puntal necesario de la transición energética que todos los grupos parlamentarios han señalado, incluido el Partido Popular -Mariano Rajoy en su debate de investidura hizo mención a la necesidad de una ley de cambio climático y transición energética-, porque responde y ayuda en los tres puntos en los que debe basarse. El fomento de las renovables está demostrado que contribuye a la reducción de emisiones y también a la reducción de las importaciones de combustibles fósiles; la eficiencia energética, una energía producida en el lugar de consumo supone menos pérdidas en el transporte de energía y supone un gran avance en una política energética mucho más democrática; y la gran revolución en la energía: se trata de que las personas produzcan su propia energía. Eso es posible hoy en día gracias al desarrollo tecnológico, que ha abaratado muchísimo los costes, y dificultarlo con peajes, con trabas administrativas o limitando su uso es un error estratégico que va en contra de cualquier idea de progreso social y económico. Además, si atendemos a los criterios de dependencia energética, a día de hoy la ciudadanía tiene dos dependencias claras: una dependencia externa de los combustibles fósiles que importamos y otra causada por el oligopolio, que distribuye en exclusiva la energía consumida en este país con políticas abusivas y con precios que no siempre responden a la realidad. Si queremos una soberanía energética, no hay mayor soberanía energética que las personas decidan sobre qué energía consumir y cómo. A muchas personas les podrá parecer algo revolucionario y subversivo pero créanme que es lo más democrático.
En el actual paquete legislativo que la Unión Europea está preparando en su estrategia hacia la unión energética en la parte del mercado eléctrico y las personas consumidoras, una de las líneas claras por las que apuesta es precisamente por el autoconsumo. En primer lugar, como un mecanismo para reducir las facturas eléctricas de las personas consumidoras. Es cierto que la energía que se produce es la que no se paga y esto es especialmente relevante en la lucha contra la pobreza energética por lo que creemos que es una herramienta a promover en hogares vulnerables. En segundo lugar, el autoconsumo reduce la congestión, las pérdidas y previene inversiones futuras en infraestructuras de la red. La Unión Europea habla también de peajes justos que por una parte apoyan la transición a las renovables, que sean simples y que sean transparentes, todo lo contrario de lo que tenemos hoy en día. Estos peajes a las instalaciones de autoconsumo creemos que deben partir de una auditoría de costes y peajes que reformen el marco regulatorio actual, que es injusto, que es opaco y que supone un trasvase continuo de rentas de las familias y las empresas al oligopolio eléctrico. Por ello instamos a que el autoconsumo tenga la importancia que debe tener en una nueva política energética, que se deroguen las trabas administrativas y que haya un marco político favorable, entendiendo el autoconsumo como una herramienta de cambio en la política energética y no como un mercado más. Esperamos que se pueda llegar a acuerdos de calado en la próxima legislatura que reviertan en una política energética que hasta ahora ha sido reaccionaria y que nos sitúa muy lejos de la vanguardia económica, productiva y climática mundial. Europa está mostrando ya el camino y esperemos que nos podamos poner a trabajar y no ir a remolque como en muchos casos en la política energética.
Pasamos al turno de defensa de enmiendas. En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Rodríguez Hernández. La señora Rodríguez Hernández, perdón.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Gracias. Estaba muy satisfecha con el género que tenía, presidente, si me lo permite.
La señora PRESIDENTA: No le quepa duda, señoría. (Risas). Adelante.
Presidente, señorías, estamos aquí para volver a abrir el debate sobre el autoconsumo, que esperamos, -no de corazón por nuestro sentimiento propio sino por la ciudadanía de este país- que también se debata en Pleno y que se saque una ley adelante que espero que cuente con el apoyo al menos de la mayoría de la Cámara.
Cuando hablamos de autoconsumo lo hacemos del derecho a consumir y a producir la propia energía. Algunos quieren criminalizar a los autoconsumidores; de hecho, nos podemos remitir a unas declaraciones del secretario de Estado de energía del Partido Popular en la pasada legislatura en las que dijo que tanto las renovables como los autoconsumidores son los depredadores del sistema energético español. Ateniéndonos a estas declaraciones, creo que es muy fácil advertir cómo ha sido la línea de las políticas energéticas que se han venido llevando a cabo en la pasada legislatura. Si buscamos un futuro y tenemos o por lo menos deberíamos tener un objetivo claro sobre qué modelo energético queremos, dentro de ese modelo energético también se puede encontrar la microgeneración, el autoconsumo, el autoconsumo colectivo o las redes inteligentes que hagan que otros modelos de distribución de energía y de generación también puedan ser posibles. Pero estos modelos pueden convivir con otros tipos de generación, no tienen que rivalizar, qué es lo que se ha intentado plantear. Se ha intentado plantear que un autoconsumidor es el rival de una gran productora de energía, cuando creemos que en un futuro, con los medios suficientes y apoyándonos en redes inteligentes podrán ser un apoyo a la generación de energía.
En el Real Decreto 900/2015, aunque no se habla explícitamente con estos términos del impuesto al sol -que luego sí se ha reconocido en distintos acuerdos tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular-, lo que se hace es dar un hachazo a la generación y al autoconsumo. Básicamente se prohíbe, se penaliza; de hecho, nos podemos atener a cuántas instalaciones de este carácter se han registrado en los últimos años, desde que entró en vigor este real decreto. Podríamos contarlas con los dedos de una mano y quizá nos sobrarían. Los autoconsumidores no pueden ser considerados como productores. Eso ya lo hemos dicho en distintas ocasiones y lo hemos trasladado tanto al acuerdo con el Partido Socialista como al acuerdo con el Partido Popular, en el cual, aunque decían que el impuesto al
sol no existía, reconocían que coloquialmente se llama impuesto al sol a esas cargas o peajes que se imponen a una energía que ni siquiera llega a tocar la red. Hemos llegado a un acuerdo con el partido proponente y también con el Partido Socialista sobre esta medida, y proponemos que se especifique además que la potencia instalada siempre estará en consonancia con la demanda energética necesaria para la instalación, para no dar pie al autoconsumo especulativo y que no se acabe criminalizando al sector, como ha venido pasando hasta el momento. También consideramos que es necesario que exista una normativa que pueda facilitar la legalidad del autoconsumo colectivo. Además, hay que mirar el código técnico de la edificación, puesto que en este momento sus normativas y las normativas que salen desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo no pueden convivir. Por eso instamos a que se desarrolle esta normativa.
Concluyo diciendo que el voto será afirmativo, después de la transaccional a la que hemos llegado con los partidos ya citados. Tendremos que continuar con este debate, pero deberemos plasmarlo en una ley, que espero que tenga el respaldo de toda la Cámara o por lo menos de la mayoría amplia de la misma.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Lucio Carrasco.
Antes de comenzar con la defensa de nuestra posición ante esta proposición no de ley, quisiera destacar un hecho que se ha producido esta semana, y es la ratificación por parte de la UE de los Acuerdos de París. Es una buena noticia, a pesar de que mi grupo considera que hubiese sido más adecuado que Europa se hubiese adelantado y hubiese ratificado el acuerdo antes, en lugar de ir a remolque. Ahora queda nada más y nada menos que traducir ese compromiso en políticas nacionales, y por eso iniciativas como las que trae aquí hoy Unidos Podemos son fundamentales si de verdad queremos contribuir como Estado miembro al compromiso firmado por la Unión Europea de reducción de emisiones para evitar el calentamiento global por encima de 1,5 grados.
No es la primera vez que se debate sobre este asunto en la Cámara, porque es un tema de vital importancia. El Grupo Parlamentario Socialista presentó en la X Legislatura una proposición de ley que fue tumbada por la mayoría absoluta del PP, pero las cosas cambiaron, y en la XI Legislatura se aprobaron, por una mayoría formada por todos los grupos excepto por el Partido Popular, iniciativas en defensa del autoconsumo, como supongo que se hará hoy mismo, sobre la base de un acuerdo que firmamos todos los grupos parlamentarios para que en el momento en que se conforme un Gobierno en este país se presente un real decreto-ley que haga posible el autoconsumo en España. El Gobierno en funciones haría bien en no forzar más la máquina y reconocer que hay que actuar de inmediato para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, y la legislación del autoconsumo puede ser un buen principio.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de mejora técnica y de adición a esta iniciativa. Su objetivo sigue siendo el mismo, que es proponer el desarrollo legislativo del autoconsumo con balance neto. Proponemos derogar todas las trabas administrativas, técnicas y económicas que están poniendo barreras injustificadas al desarrollo del autoconsumo. El objetivo será promover un marco regulatorio estable y propicio a la generación a pequeña escala que suponga un gran impulso a la descentralización de la generación eléctrica. Esto constituirá una gran fuente de empleo repartido por toda la geografía española y un impulso tecnológico necesario para mejorar el valor añadido de nuestra economía. Además, como expresaba anteriormente, facilitará la producción energética sostenible y limpia, contribuyendo así a cumplir el objetivo de implantación de renovables en España.
Asimismo, proponemos la reforma de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, para que favorezca el desarrollo del autoconsumo en la modalidad de balance neto. Este sería un sistema de compensación de créditos de energía, bien mediante saldo económico o energético, en un periodo de tiempo tasado para el prosumidor. Hemos añadido como enmienda la promoción del autoconsumo por parte de entidades locales y comunidades autónomas en actuaciones de rehabilitación sostenible y de desarrollo rural y políticas públicas a través del IDAE. Además añadimos la necesidad de elaborar un estudio previo que sirva a la adecuada planificación de la implantación del autoconsumo en las redes eléctricas de distribución y de transporte.
El Grupo Socialista apuesta por una inmediata modificación legislativa del autoconsumo eléctrico y, por tanto, votará a favor de esta iniciativa.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Isac García.
La señora ISAC GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Efectivamente, volvemos a debatir en esta Comisión una iniciativa vinculada al autoconsumo. En primer lugar, es importante reseñar y definir de qué estamos hablando. Cuando se habla de autoconsumo, hablamos de un consumidor que genera su propia energía para satisfacer parte de su consumo. De acuerdo, señorías, con el marco legal del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, un consumidor que decida generar su propia energía no pagará por esta, pero sí deberá hacerlo por los costes del sistema en igualdad de condiciones con el resto de los consumidores españoles. Basamos esta defensa en un principio básico, como es el de la solidaridad. Nuestro sistema eléctrico se sustenta en la aportación de todos y cada uno de los modelos de producción de energía eléctrica. Con esto contribuimos a que nuestro sistema eléctrico funcione como un reloj, y así está reconocido por toda la Unión Europea, una obra de arte que trabaja veinticuatro horas al día, siete días a la semana, trescientos sesenta y cinco días al año y que se sustenta, como les decía con anterioridad, en la solidaridad, haciéndolo mucho más sostenible y, con eso, mucho más eficiente.
Señorías, no se pagará por esta energía, pero sí deberá hacerse por los costes del sistema en igualdad de condiciones. Un consumidor eléctrico paga por los siguientes conceptos: el coste de producir la electricidad, los costes regulados del sistema eléctrico -como redes de transporte y distribución-, los incentivos a las renovables, la compensación extrapeninsular, la deuda del pasado -como ya se ha dicho aquí en intervenciones anteriores, señorías, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno había una deuda de más de 26.000 millones de euros, fruto de la mala gestión del Partido Socialista, que hubo que subsanar con determinadas medidas, porque, si no, hubiera sido demoledor para el resto de los consumidores- y, como no puede ser de otra manera, los impuestos. Aunque no pague el coste de producir ni los impuestos asociados, y siempre que no sea una instalación totalmente aislada, este consumidor sí debe pagar los regulados por el sistema de forma igualitaria al resto de los ciudadanos, al resto de los consumidores. De no hacerlo, tendrán que pagarlo los demás, fracturando de esta manera el primer principio del que hablábamos, que es el de solidaridad. Esta situación, señorías, no está justificada, puesto que los costes regulados del sistema no tienen nada que ver con el hecho de que se esté autoconsumiendo, ni tampoco es justa, puesto que serían los consumidores más vulnerables los que se verían penalizados al no poder costearse una instalación de autoconsumo. Este principio por el que todos los consumidores deben contribuir de igual manera a los costes generales del sistema solo pretende garantizar la equidad, estableciendo algunas excepciones en relación con los costes que se pagan los autoconsumidores. Así, se tienen consideraciones con los consumidores de las islas, los consumidores conectados a baja tensión, cuya potencia contratada no exceda de 10 kilovatios -nos estamos refiriendo a casi la totalidad de los hogares-, y las instalaciones ya existentes, con una apuesta importantísima y más que evidente por las renovables, que están exentas de pago hasta el año 2019, como sus señorías sin duda conocen. Además, el real decreto crea un registro por razones de seguridad técnica, control de suministro y gestión eficaz. No podemos olvidar que somos todos responsables, que las instalaciones eléctricas tienen que cubrir posibles males provocados por la utilización de la energía y que el sistema garantiza la gestión eficaz, como les decía anteriormente.
Por estas mismas circunstancias, el Grupo Parlamentario Popular, atendiendo a criterios basados en el acuerdo de 150 compromisos para mejorar España firmado con Ciudadanos, presenta una enmienda de modificación que se expresa en los siguientes términos: El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de eliminar las dificultades que pudieran existir al autoconsumo eléctrico eficiente, con el fin de promover un marco regulatorio estable y propicio para la generación a pequeña escala, promoviendo la reducción de precios. Se tendrán en cuenta particularidades adicionales de los sistemas extrapeninsulares, tratándolas de manera específica, atendiendo a sus condiciones especiales y siempre con el objetivo de reducir los costes y contribuir a la estabilidad del sistema.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Isac.
Pasamos al turno de fijación de posiciones y empezamos por el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el diputado de Foro Asturias, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Se lo agradezco, señor presidente.
Antes de intervenir me gustaría conocer -no sé si es procedente pedirlo ahora- el texto transaccional que se ha mencionado. No sé si contempla las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Pediría
aclaraciones acerca de la base sobre la que se ha redactado esa enmienda transaccional y si incluye la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
La señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: No, no incluye la enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Incluye algunas de las enmiendas de Ciudadanos y es una fusión entre las enmiendas propuestas por el Grupo Parlamentario Socialista y nuestra propia propuesta.
El señor PRESIDENTE: La aclaración se pide al final, cuando terminan todos los intervinientes, pero una vez hecha, tiene usted la palabra.
La aclaración me ayuda a posicionarme en relación con una iniciativa que también tiene su precedente en la fallida legislatura anterior. Siguiendo el acertadísimo símil del diputado Capdevila i Esteve de la bicicleta estática y el pedaleo a lo largo de 2016, volvemos a un tema sobre el que resulta interesante debatir, como es el creciente volumen de instalaciones de autoconsumo, aunque lamentablemente en este año no hemos podido hacer nada desde el Parlamento en favor de los autoconsumidores.
Esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea es de las que podríamos calificar como rompedoras. Son dos puntos muy indefinidos. Por ejemplo, en el punto primero hablan de derogar trabas que no tengan justificación, lo cual es una fórmula literaria que en la práctica supone fulminar el Real Decreto-ley 900/2015. Si bien es cierto que en el punto segundo trata de compensar esta laminación del real decreto, nos parece que dejar a España en un espacio temporal en blanco respecto al autoconsumo no va con un buen orden administrativo ni responde a la necesidad de regular el autoconsumo. En cualquier caso, veo razonable que en el seno de esta Comisión se hable de este tipo de cuestiones y entiendo además la defensa que se hace de los autoconsumidores.
La enmienda del Grupo Parlamentario Popular modula las aspiraciones del grupo proponente y, por tanto, me sumaría a una transaccional que incluyese esta enmienda del grupo mayoritario. Como ya se ha dicho que no se incluye, creo que la transaccional no responde a las necesidades que tienen los autoconsumidores y, por tanto, me abstendré a la hora de la votación.
Para la defensa de la posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu Uriarte.
Intervendré muy brevemente para fijar nuestra posición favorable a esta iniciativa. Creemos que es preciso impulsar el autoconsumo para que sea cada vez más una realidad. Hay tanto argumentos medioambientales como de ahorro energético, eficiencia, racionalización de consumo, etcétera. Es verdad que a la hora de llevar a la práctica este autoconsumo de una manera efectiva surgen temas que ya se han planteado aquí, como el del balance neto o cómo se ha de abordar el pago por el hecho de estar enganchado a la red, para poder gestionar de una manera razonable el autoconsumo. Son temas sobre los que hay que debatir, pero llegaremos sin ninguna duda a un acuerdo. Simplemente queremos manifestar nuestro apoyo a esta iniciativa.
Para la defensa de la posición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, presidente.
Acabamos de recibir la enmienda transaccional y una vez más nos ocurre como al señor Martínez Oblanca, pero en el sentido opuesto. Votaríamos favorablemente, casi sin pensarlo, el original, pero queremos revisar la transacción, porque a la luz de lo que he oído a la representante de Ciudadanos -pásmense, señores-, ahora está de acuerdo. Quiero leerla con calma, porque quizá me estoy equivocando. (Rumores). Espero que no.
Hay una serie de enmiendas de carácter técnico que entendemos que no serían necesarias, tanto las del Grupo Parlamentario Socialista como las de Ciudadanos, porque ya se discutirán si esto va adelante en una proposición de ley. No entendemos la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que incluye una referencia al pacto del Partido Popular y Ciudadanos, aquel que murió en un par de días. (La señora Isac García: Está vivo). No murió; está vivo. Perfecto. Una vez más incluye un tema territorial dentro de un tema general. Si votásemos en contra de esto, nos sentiríamos insolidarios con los territorios insulares. Por eso repito mi llamamiento de la anterior intervención a que todos -yo el primero- intentemos hacer separación de temas y, en todo caso, presentemos una proposición no de ley sobre los temas insulares, que seguramente requieren una revisión y un estudio muy pormenorizado e individualizado.
Anuncio mi posición a favor, salvo que descubra dónde no estoy de acuerdo en la transacción.
Formalmente le pregunto a la proponente, la señora Martínez Rodríguez, si lo que se va a someter a votación es la transaccional que se ha hecho llegar a la Mesa.
La señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: El punto 1 quedaría como está; el punto 2, como en la transaccional, y aceptaríamos los puntos 2, 3 y 4 de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Al final es un compendio de los textos del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
La señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Sí, es un tema complejo.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Se lo intentaremos aclarar a todos los grupos.
- SOBRE MODIFICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE LOS PROGRAMAS DE AYUDAS PARA LA REINDUSTRIALIZACIÓN Y FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000420).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, que es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación de las convocatorias de los programas de ayuda para la reindustrialización y fomento de la competitividad industrial. Para su defensa, tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz.
Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender la necesidad de realizar una evaluación de las convocatorias de ayudas para la reindustrialización del Ministerio de Industria. Se trata de una iniciativa que ya se debatió el 28 de abril del presente año. En aquel momento ya expuse los motivos que justificaban su presentación y que se centraban en la necesidad de un marco estatal estratégico que nos permitiera fundamentalmente tres aspectos: optimizar los recursos públicos destinados a este fin, dinamizar los territorios desfavorecidos e incidir en el objetivo final de incrementar el peso de la industria en el PIB para consolidar un crecimiento económico sólido, sostenido en el tiempo y la generación de empleo de alta cualificación. Dado que al terminar la XI legislatura no se pudo llevar a efecto y que con el paso de escasos meses la argumentación de la conveniencia de su aprobación no ha perdido vigencia, el Grupo Socialista ha considerado pertinente volver a presentar esta iniciativa en esta Comisión.
Diferentes estudios -recientes además- nos demuestran que la tendencia a la baja del peso de la industria en el PIB en España es una realidad. Lo vemos tanto a nivel nacional como en las distintas comunidades autónomas, aunque es cierto que unas han sido más azotadas por la crisis económica que otras. La realidad es que España durante estos últimos años ha carecido de una estrategia global consensuada y especialmente coordinada de reindustrialización. Agentes sociales, económicos, distintas administraciones locales y autonómicas y diferentes instituciones coinciden en ello. Por ello, desde distintos territorios y diferentes instituciones se reclaman planes específicos de dinamización industrial. Es cierto que esta iniciativa no resuelve todo el problema, pero sí influye en su solución, porque es necesario adoptar medidas sectoriales y horizontales, pero también acertar en las políticas de financiación que se
impulsan para este fin. Es imprescindible establecer, con la participación decidida de las administraciones públicas implicadas, herramientas financieras eficaces que permitan el crecimiento y modernización del tejido industrial. Desde hace años existen ayudas para la reindustrialización con resultados muy dispares. A partir de 2013, las bases para las convocatorias de ayudas a la reindustrialización se han ido modificando. Su resultado ha sido que los porcentajes de ejecución se han reducido de forma importante. La imposición de avales del 10 % nada más presentarse la solicitud, cuando antes no se requerían, y el interés priorizando y diferenciando según la clasificación del beneficiario -que en muchos casos les condena a un interés por encima del de mercado-, además de un proceso tortuoso y excesivamente burocrático y complejo, entorpecen el acceso a la mayoría de empresas. Ejemplo de ello son los datos de ejecución que ofrece la Oficina Presupuestaria para 2015, a 31 de diciembre. Hoy ya disponemos de los datos provisionales de las convocatorias de 2016, y advertimos que los porcentajes de ejecución de algunos planes continúan siendo muy bajos. Por ejemplo, para el Plan de Campo de Gibraltar en 2015, el porcentaje de ejecución era del 0,72 %; en esta convocatoria ha subido un poco, pero es muy residual, porque nos quedamos con un 2,66 %. Otro ejemplo es el Plan de comarcas de Ferrol, en el que en 2015 no hubo ninguna solicitud estimada y este año tenemos un porcentaje de ejecución del 1,43 %. Por ejemplo, en la Bahía de Cádiz los porcentajes de ejecución continúan siendo muy similares, alrededor de un 27 %. Comprobamos que hay pocas solicitudes y además el número de solicitudes desestimadas supone un porcentaje elevado respecto de las solicitudes presentadas. Detectamos que incluso hay casos en los que hay más solicitudes desestimadas que estimadas, por ejemplo, en la Bahía de Cádiz, donde el 71,4 % de las solicitudes han sido desestimadas, o en Ferrol, en el que de seis solicitudes cinco han sido desestimadas, o el Campo de Gibraltar, en el que también se han presentado muy pocas, pero los porcentajes de desestimación son muy altos. Por tanto, no es de extrañar que cada vez sea mayor el número de voces que reclaman cambios en las bases de las convocatorias. Lo hacen Gobiernos de todo signo político; lo han hecho la Junta de Extremadura, el Gobierno canario y el de Galicia.
Por estas razones, creemos oportuno que vuelva a aprobarse esta proposición, para impulsar un proceso de evaluación y, basándose en las conclusiones, modificar las bases de acuerdo con las recomendaciones que concluyan de ese proceso, todo ello dentro de un marco estatal de estrategia industrial coordinado con las comunidades autónomas. Es una iniciativa que ya contó con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, por lo que espero que en esta ocasión también cuente con ella.
A esta proposición no de ley han presentado enmiendas dos grupos parlamentarios. Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gómez García.
Me vuelve a tocar una proposición no de ley que ya fue discutida en la pasada legislatura. No voy a repetir lo que he dicho antes, solo espero y deseo que el grupo proponente resuelva sus problemas internos y acierte en sus decisiones, porque en sus manos estamos no los diputados de este Congreso, sino todos los españoles.
En cuanto a la iniciativa, entrando ya en la enjundia de la misma, la presente proposición no de ley critica la política industrial del Gobierno del PP entre 2011 y 2015, apoyándose en que la industria ha caído del 16 % del PIB al 15,5 % en estos cuatro años. No vamos a ser nosotros los que defendamos las políticas del Partido Popular, pero estos datos no son correctos. Según los últimos datos de contabilidad nacional, el sector de la industria representó un 16,4 % del PIB en 2015, casi un punto porcentual por encima de lo que se señala en la exposición de motivos. Por eso, no hay que ir en esa dirección para encontrar dónde urge mejorar nuestra política industrial de I+D+i. Hay otros aspectos sobre los que hay que incidir y que también reflejan en su PNL. Son los siguientes: ¿Qué está ocurriendo con la baja ejecución presupuestaria de las políticas de I+D+i? ¿Por qué no se está empleando ni lo poco que queda tras los recortes? La Intervención General de la Administración del Estado refleja que las políticas de gasto en investigación, desarrollo e innovación tuvieron en 2014 un grado de ejecución del 53,4 %, mientras que el grado de ejecución global de los Presupuestos Generales del Estado fue del 95 %. Este pobre aprovechamiento de los fondos disponibles para I+D+i es algo reciente y ha ido empeorando en los últimos años. Según el informe de la Intervención General de la Administración del Estado, el grado de ejecución más bajo se registra en el uso de los fondos financieros. El ministerio dispuso del 51 % de los fondos para activos financieros del capítulo 8 de los Presupuestos Generales del Estado. Esto hace que la inversión en I+D en nuestro país haya retrocedido
desde el 1,35 % del PIB, en 2009, al 1,23 % del PIB, en 2014. Con estos datos, ¿cómo vamos a llegar al objetivo del 3 % del PIB en 2020? Según la Confederación de sociedades científicas de España, desde 2008, en los sucesivos presupuestos de I+D, han ido cobrando cada vez más importancia las partidas de recursos financieros disponibles para conceder créditos frente a los recursos no financieros destinados, entre otras cosas, a subvenciones. En los Presupuestos Generales del Estado de 2016, los recursos financieros representan el 58 % de los 6.429 millones de euros disponibles para I+D. A 31 de agosto de 2016 la ejecución de los recursos financieros era un 32 % menor que en 2015. Por tanto, urge reevaluar los criterios para la concesión de estas ayudas y créditos. Estamos por debajo de nuestro potencial.
Nos encontramos ante una propuesta bastante modesta. Se solicitan dos puntos. Por un lado, una evaluación de las políticas públicas, de lo que siempre hemos estado a favor. En Ciudadanos somos firmes defensores de la evaluación de las políticas públicas y de coordinación de las comunidades autónomas para maximizar la eficiencia. De hecho, en el acuerdo de investidura entre el Partido Popular y Ciudadanos estaban estas políticas de evaluación y también lo estaban en el acuerdo de Gobierno que se firmó con el Partido Socialista. Esos acuerdos tienen cien medidas en común y los comparten más de 16 millones de españoles. Por otro lado, también se pide que se tomen las conclusiones de esa evaluación para modificar la manera en que se convocan y conceden las ayudas. Esto es totalmente lógico. Si se hace un estudio y se evalúa, se deben tomar las medidas que se dicen en dicho estudio. Sin embargo, como es la segunda vez que se debate esta proposición no de ley en esta Comisión, hemos querido ir un poco más allá, ya que creemos que sería conveniente aprovechar la ocasión para mejorar la proposición entre todos y ser algo más ambiciosos y útiles al I+D+i de los años venideros. Coincidimos plenamente en la preocupación por la caída durante los últimos cinco años de la ejecución del gasto financiero presupuestado para las políticas de I+D+i y por eso hemos presentado una enmienda de adición, con el objetivo de la estrategia europea 2020 de alcanzar una inversión de I+D equivalente al 3 % del PIB en ese año, que haga posible el cambio del modelo productivo español con una industria de alto valor añadido.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Valido Pérez.
La señora VALIDO PÉREZ: Buenos días. Gracias, presidente.
Lo primero que habría que decir es que el sector industria no solo pierde peso durante la legislatura del PP, sino que lo viene haciendo a partir de los años setenta. De esta manera ha disminuido el porcentaje de participación del sector industria y energía en la economía española desde un 28,6 % en 1980 hasta un 20,6 % en el año 2000, y con gobiernos del PSOE y del PP. Esto unido además a una creciente terciarización con el crecimiento del sector servicios que en 1980 era del 56,5 % y en el año 2000 llega al 65,2 %. Durante la legislatura de Zapatero esta tendencia continúa y entre los años 2005 y 2010 el sector industria y energía bajaba del 18,8 % al 17,2 % y paralelamente el sector servicios subía del 66,6 % al 71,4 %. Son datos del Instituto Nacional de Estadística de 2016. Todo esto explicaría en parte el aumento de la temporalidad en el empleo, mayor en el sector servicios que en el industrial y la pérdida de calidad de los mismos como es menor sindicación, peores convenios, etcétera.
La reindustrialización es necesaria, pero teniendo en cuenta la economía del siglo XXI y el desarrollo de la economía verde y sostenible, buscando nuevos nichos de actividad económica de alto valor añadido y empleo de alta calidad que permitan que nuestros jóvenes más formados tengan una alternativa laboral y no se vean obligados a abandonar el país, y también que todos los trabajadores y trabajadoras del sector de la construcción encuentren una alternativa laboral cualificándose en construcciones sostenibles energéticamente y otros sectores de energía limpia. Con respecto a la PNL es necesario añadir como enmienda que en la base de los proyectos presentados se prioricen aquellos que contribuyan a la transición energética, al desarrollo de un empleo verde y el cumplimiento de los protocolos de Kyoto, y también sectores como la biomedicina o el transporte sostenible. Asimismo, dichas ayudas deben estar vinculadas con un compromiso en el mantenimiento de la actividad empresarial y el empleo y además el compromiso de la no deslocalización de la actividad a otros países. Y ya que las ayudas subvencionan el traslado de la actividad productiva dentro del territorio nacional, se hace igualmente necesario evaluar los posibles desequilibrios territoriales que se creen en este proceso de reindustrialización aumentando las zonas específicas que se plantean en la última orden en el caso de que fuera necesario.
Pasamos al turno de fijación de posición y por parte del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
Con muchísima brevedad, y en coherencia con la misma posición que mantuve en la pasada legislatura en esta Comisión y en este mismo asunto, daré mi voto favorable a la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Martínez Oblanca; además, por la brevedad.
Por parte del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu Uriarte.
Queremos señalar antes que nada que esta iniciativa nos parece bienintencionada, pero nos parece un tanto mal orientada. Yo creo que hay que decir las cosas bastante claras y quiero decirlo además de forma previa.
La política industrial es competencia autonómica y además no es un tema legal sino efectivamente material. ¿Por qué? Porque no se puede hacer de otra manera. Pensar que se puede hacer la política industrial de arriba abajo creo que es una auténtica quimera, es un auténtico engaño. Creo que la política industrial solo cabe hacerla pegada al terreno. La política industrial está vinculada a la política fiscal, está vinculada a las condiciones de empleo, a la formación, a la cualificación de la mano de obra; efectivamente, al nivel de innovación, a una tradición empresarial que exista en el ámbito territorial; en definitiva, a lo que se suele denominar las condiciones objetivas. No cabe hacer una política industrial simplemente voluntarista y decir: vamos a subir el PIB de la industria en equis puntos en los próximos años. Creo sinceramente que esto no es operativo.
Además, debo decir que la política industrial es una política clave porque la política industrial determina la coyuntura económica y determina el futuro del crecimiento económico. Y de eso en Euskadi somos muy conscientes. Tal como aparece en las cifras de la iniciativa que dice que el peso de la industria en el Estado español es del entorno del 15 %, pues en Euskadi es de cerca del 25 %. Entonces son dos realidades creo que bastante diferentes que requieren políticas industriales diferentes. Bien es cierto que en la iniciativa al final lo que se considera es únicamente una serie de medidas muy parciales como son las ayudas a la reindustrialización, medidas desde luego absolutamente parciales e insuficientes, que nosotros no tenemos inconveniente en que sigan haciendo, pero entendemos que estas medidas también sería mejor acometerlas desde el ámbito autonómico; insisto, porque es el ámbito competencial tal y como establecen los estatutos de autonomía y porque es el ámbito en el que es posible aplicar políticas industriales que tengan efectividad en el terreno. Hay que dejar a las comunidades autónomas que desarrollen la política industrial. Creo que esta es una cuestión en la que nuestro grupo parlamentario ha insistido cada vez que se ha planteado esta cuestión, creo que en estas cosas no hay que mezclar y no hay que confundir. Y nuestro grupo parlamentario lo que hará será abstenerse a la hora de la votación de esta iniciativa.
Para fijar posición por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Yo iba a hacer un alarde de brevedad también, pero no puedo competir con mis compañeros, desgraciadamente. Tampoco pienso que agote el tiempo.
En cuanto a las enmiendas, en principio estamos de acuerdo con la necesidad de evaluar y mejorar los programas y de acuerdo con las políticas industriales que desarrollan las comunidades autónomas, tiene toda la razón el señor Azpiazu y no voy a repetir sus argumentos. Respecto a la enmienda de Ciudadanos, estamos de acuerdo con intentar garantizar la ejecución de recursos, pero honestamente creo que esta PNL no tendrá ese alcance de conseguir que por primera vez ocurra. Podemos habla de criterios que debieran tener presentes a la hora de otorgar las ayudas, en consonancia con todos los puntos anteriores, y suma un montón de desiderátum a más desiderátum. Ya adelanto que vamos a votar a favor. No estamos de acuerdo en que se instauren mecanismos correctores de desequilibrios territoriales
-desequilibrios territoriales entre comillas- que nunca tienen presente a Cataluña. Francamente, hay una cosa que no acabo de entender, y quizás este no es el ámbito para que se me explique: o es reindustrialización inteligente o hay un criterio de reparto territorial. Y en todo caso, que se me explique cuál prioriza frente al otro porque, si no, acabamos con criterios AVE. El criterio AVE, mal resumido, es como que impera sobre la inteligencia y la optimización la redistribución territorial y acabamos teniendo trenes con 72 viajeros o estaciones en medio de la nada. Quisiera saber cuál de los dos criterios prioriza el grupo enmendante porque si no acabamos en absolutos absurdos de que criterios sociales acaban manteniendo, incluso subvencionando, energías sucias. Y si hay tiempo para explicarse, pues lo agradecería; y, si no, lo dejaremos para otra ocasión porque ya anuncio que, como es un bonito desiderátum, lo vamos a votar a favor.
Para el último turno de fijación de posiciones, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora López Ares.
Voy a repetirme en relación a intervenciones de otros portavoces en iniciativas anteriores en el sentido de que estamos en el día de la marmota. Es decir, yo creo que los tres últimos puntos del orden del día ya se han analizado, ya se han votado y ya se ha visto la ineficiencia en esos procesos anteriores.
Esta proposición no de ley, como bien dijo la portavoz del Grupo Socialista, se debatió el 28 de abril, que si no recuerdo mal tuvo lugar la última Comisión de Industria de la pasada legislatura, donde sabíamos ya que estábamos instando a un Gobierno inexistente, lo cual evidenciaba esa contradicción entre lo que se estaba haciendo y la validez de lo que se estaba haciendo. Y de nuevo, unos meses después, volvemos a estar en esta Comisión de Industria debatiendo la misma proposición no de ley salvo un pequeño párrafo que se ha introducido en la exposición de motivos, pero seguimos en unas circunstancias similares en tanto en cuanto siga habiendo un Gobierno inexistente y al que estamos instando. Con lo cual no se sabe muy bien qué es lo que estamos haciendo aquí y yo creo que tenemos que hacer una reflexión en el sentido de que la primera obligación que tiene un Parlamento es que se produzca un proceso de investidura de un Gobierno para posteriormente proceder a instar u orientar esa labor y controlar esa labor de ese Gobierno que ha sido investido por parte del Parlamento. Creo que esa reflexión tenemos que llevarla a cabo todos los diputados, en tanto en cuanto si esta legislatura también resulta ser fallida, a lo mejor dentro de unos meses nos volveremos a ver en esta Comisión de Industria tratando otra vez esta iniciativa, con lo que volveremos a hacer referencia al día de la marmota.
Deteniéndome en concreto en esta proposición no de ley, nosotros votamos favorablemente el 28 de abril y no vamos a cambiar nuestro voto. Tampoco vamos a cambiar las reflexiones que llevamos a cabo en aquel momento, es decir, se trata de una proposición no de ley en la que aparece una exposición de motivos que hace referencia a la importancia que tiene el sector industrial en nuestra economía con datos, como ha dicho creo que el portavoz de Ciudadanos, que no son precisamente correctos en cuanto al peso que tiene el sector industrial a día de hoy. Se habla de ese sector industrial, de la importancia que tiene el sector industrial en el empleo y la calidad del empleo, y no solamente en cuanto a puestos de trabajo indefinidos, sino también en cuanto a la remuneración de esos puestos de trabajo; se habla también de la necesidad de poner en marcha políticas que permitan reforzar ese sector industrial. Quiero volver a hablar de esa agenda que se aprobó por el Gobierno del Partido Popular; una agenda que está permitiendo incrementar el peso de este sector en la economía y no solamente esto, sino sobre todo que ese incremento del peso se consigue mediante la mejora de la competitividad de nuestras empresas. Hemos conocido recientemente, por ejemplo, la evolución de los precios industriales, que nos permite competir en un mundo globalizado.
Frente a esta exposición de motivos general, nos encontramos otra vez con la misma parte dispositiva, en la que se vuelve a hablar de llevar a cabo la evaluación de una convocatoria muy específica dentro de una línea más amplia de financiación de empresas industriales y después de esa evaluación, como no puede ser de otra manera, tener en cuenta sus resultados. Yo puse un ejemplo en aquel momento y lo voy a cambiar un poco, estábamos hablando de un elefante y acabamos hablando de una hormiga, es decir, todo el sector industrial se acaba reduciendo a una convocatoria muy específica. Además, quiero recordar también a la portavoz del Grupo Socialista que esta convocatoria ha ido sufriendo modificaciones a lo largo de los años, y prueba de ello es que las bases de las convocatorias se han modificado en 2013, en 2014 y también en 2015 para conseguir una eficiencia real en estos instrumentos de política industrial.
Finalizo diciendo que vamos a votar a favor porque el Partido Popular está a favor de las evaluaciones de las políticas públicas y también porque, efectivamente, el Partido Popular también está a favor de incorporar los resultados de esas evaluaciones en convocatorias posteriores. Ahora, vuelvo a repetir lo mismo, creo que tenemos que ser más ambiciosos en las iniciativas que traemos a esta Comisión, porque no podemos hablar de un elefante en las exposiciones de motivos y en la parte dispositiva acabar con una hormiga.
Señora Blanquer, ¿qué va a hacer su grupo con las enmiendas?
La señora BLANQUER ALCARAZ: En primer lugar, quería clarificar algunos aspectos, si me permite el presidente, porque algunos grupos han hecho referencia a ciertas cuestiones en cuanto a la responsabilidad o el fracaso de la anterior legislatura, y yo creo que es un fracaso compartido. No voy a entrar...
El señor PRESIDENTE: Señora Blanquer, este punto es para clarificar el tema de las enmiendas. No quiero que se entienda como un segundo turno porque tendríamos que abrir un turno de réplica. Si usted quiere contestar a alegaciones por alusiones, le puedo dar tres minutos por alusiones. Diga la alusión.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Para cerrar este tema, si quiere por alusiones que han efectuado los grupos que han hablado de este tema, por responsabilidad ante los ciudadanos, creo que esta Comisión tiene aspectos importantes que tratar. Lo hemos visto hoy, algunos grupos han presentado iniciativas y hay interés por parte de los grupos políticos de hablar de las cuestiones que preocupan a los ciudadanos. Si la XI Legislatura acabó fue evidentemente como consecuencia del fracaso de todos y de que algunos votaron en contra de la investidura de un presidente y, por tanto, no fue posible que hubiera Gobierno en aquel momento. Si lo hay o no, se verá en el próximo mes.
En cuanto a la aclaración de las enmiendas, por lo que me preguntaba el presidente, me parecen muy interesantes las enmiendas que nos proponen los grupos parlamentarios, pero lo que se está planteando es una proposición que, como bien se ha dicho, consiguió el consenso por parte de todos los grupos políticos. La propuesta de acuerdo es una propuesta que para nada influye en las competencias de las comunidades autónomas y por eso la vamos a dejar exactamente en los mismos términos en que se produjo en la anterior legislatura, precisamente para poder conseguir esa unanimidad.
El señor PRESIDENTE: ¿Se votará entonces en sus propios términos?
La señora BLANQUER ALCARAZ: Se votará en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Si no hay ninguna cuestión más, hemos debatido todo el orden del día. Si les parece a sus señorías, en tres minutos pasaremos a votación. (Pausa).
Creo que estamos todos los miembros de la Comisión. Vamos a pasar a votar los asuntos del orden del día y lo vamos a hacer en el mismo orden que constaba en el orden del día, no en el orden de debate, porque ha habido alguna alteración.
El primer asunto de la jornada son las peticiones de comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear. Si les parece, vamos a someter a votación todas las peticiones conjuntamente.
El señor PRESIDENTE: Si les parece, en lugar de someter a votación la delegación en la Mesa de las sucesivas comparecencias, la asumimos por unanimidad.
Me recuerda el letrado de la Comisión, muy convenientemente, que es una delegación condicionada en la Mesa de la Comisión, en el sentido de que si no hay unanimidad de la Mesa en apoyar la comparecencia vendría la petición de comparecencia a la Comisión y la resolvería esta Comisión con todos sus miembros.
Si les parece, pasamos a la siguiente votación, el punto quinto del orden del día, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los requisitos de seguridad en las gasolineras. (La señora Rodríguez Hernández pide la palabra). Señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Simplemente queríamos solicitar la votación por puntos para este punto.
El señor PRESIDENTE: Está claro.
Vamos a votar primero el punto segundo por separado y después el resto de puntos de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 6; abstenciones, 14.
Votamos el resto de los puntos de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 16; abstenciones, 2.
Pasamos a la siguiente proposición no de ley, que es el punto número seis del orden del día, sobre medidas para paliar los efectos de la pobreza energética, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Se vota la transaccional que se ha acordado.
Pasamos al siguiente punto, que es el séptimo, correspondiente a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, relativa a la interrumpibilidad del suministro eléctrico. La proposición se vota en sus propios términos.
Pasamos al punto octavo, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la competitividad de las industrias básicas electro-intensivas. Se vota la enmienda que se ha acordado con el Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 21; abstenciones, 12.
El siguiente punto es el noveno del orden del día, proposición no de ley de los grupos Socialista, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Esquerra Republicana y Mixto, sobre la línea de alta tensión Vic-Bescanó. Se vota en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Tenemos un empate. Si no he contado mal, han sido 17 votos a favor, 17 votos en contra y una abstención. Creo que el Reglamento dice que hay que volver a proceder a la votación y les advierto a sus señorías de que si continuase el empate se entendería como desestimada. (El señor Azpiazu Uriarte: ¿No se eleva a la mayoría?). Creo recordar que el Reglamento, aunque tendría que mirar el artículo exactamente, dice eso -y, si no, que el señor letrado me corrija-, en el caso de empate se repite la votación y si persiste el empate se entiende rechazada la propuesta si no hay una mayoría que la apruebe. Así que, si les parece, vamos a volver a votar esta proposición no de ley, que se vota en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Parece ser que hemos procedido al desempate. Queda aprobada.
Pasamos a la penúltima proposición no de ley, la número diez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al autoconsumo eléctrico. Se vota la transaccional acordada con el Grupo Ciudadanos y el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 16.
Pasamos a la última, la número once, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación de las convocatorias de los programas de ayudas para la reindustrialización. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: voto a favor, 36; abstenciones, 1.
Antes de levantar la sesión, les recuerdo a sus señorías y a los portavoces que tenemos ahora una reunión. Asimismo, les ruego disculpen los errores que haya podido cometer esta Presidencia y les agradezco la confianza depositada.

References: artículo 44
 Resolución 
 artículo 11
 artículo 43
 artículo 49
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto