Source: http://eualdaia.org/spip.php?article489
Timestamp: 2018-12-11 21:45:59+00:00

Document:
De la daciÃ³n en pago, a la indignaciÃ³n por el engaÃ±o
Joan Coscubiela (Diputado IU-EUiA en el Congreso de los Diputados)
Me temÃ­a que el Gobierno del PP hubiera de nuevo aplicado con la daciÃ³n en pago su estrategia de manipulaciÃ³n comunicativa. Y desgraciadamente se ha confirmado.
Cada semana hace lo mismo. El jueves filtra su versiÃ³n interesada de lo que serÃ¡n los acuerdos del Consejo de Ministros, con lo que intenta marcar la agenda comunicativa del viernes, dÃ­a de los Consejos de Ministros y condicionar a los profesionales. El viernes en la rueda posterior al Consejo de Ministros explica su versiÃ³n de los acuerdos, sin facilitar a los medios de comunicaciÃ³n el contenido integro de las disposiciones aprobadas, con lo que consigue marcar agenda y titulares. Y aunque el sÃ¡bado el BOE desmienta la informaciÃ³n que el Gobierno ha ido colando durante dos dÃ­as, el trabajo ya estÃ¡ hecho y su objetivo conseguido.
El Gobierno ya ha conseguido vender su polÃ­tica y aunque despuÃ©s se intente informar de lo contrario, en comunicaciÃ³n quien golpea primero, golpea mil veces. Y esto es lo que por enÃ©sima vez ha hecho con el Real Decreto Ley 6/2012 mal llamado de â€œMedidas urgentes de protecciÃ³n de deudores hipotecarios sin recursosâ€ .
Las movilizaciones sociales de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y la interpelaciÃ³n y subsiguiente mociÃ³n presentada por el Grupo de la Izquierda Plural (IU,ICV-EUIA,CHA) han obligado al Gobierno a mover pieza y a aprobar una norma con la que pretende hacer ver que esta ofreciendo soluciones.
Por eso, el Gobierno del PP desarrolla toda una ofensiva para hacer creer a la ciudadanÃ­a que estaba encarando el drama de las familias desahuciadas.De la lectura detallada de la norma se desprende que de nuevo el Gobierno utiliza el engaÃ±o como forma de relacionarse con la ciudadanÃ­a. Veamos que dice el RDL 6/2012.
En relaciÃ³n a su contenido podemos comenzar por aquello que aparentemente es positivo.
El RD Ley 6/2012 supone cambios en lo que se refiere a la ejecuciÃ³n extrajudicial de las hipotecas, la que hasta ahora era objeto de mÃ¡s abusos e injusticias para las personas hipotecadas, en la medida en que no existÃ­a un mÃ­nimo, un suelo por el que el acreedor o un tercero se pudieran adjudicar la vivienda, dejando toda la mochila del resto del crÃ©dito a la familia embargada.
El cambio mÃ¡s significativo es que se establecen mecanismos por el que el mÃ­nimo de adjudicaciÃ³n en subasta de ejecuciÃ³n extrajudicial de una hipoteca no podrÃ¡ ser inferir a una cantidad que oscila en funciÃ³n del procedimiento entre el 50% y el 60% del valor de tasaciÃ³n. MÃ¡s allÃ¡ de la barbaridad que supone que el banco acreedor se pueda adjudicar una vivienda por el 60% del valor de la tasaciÃ³n que ellos mismos realizaron, dejando a la familia sin vivienda y con una deuda por el importe restante, mÃ¡s intereses, mÃ¡s gastos. MÃ¡s allÃ¡ de eso, digo, el Gobierno se da un plazo de 6 meses para desarrollar reglamentariamente estos cambios normativos. Cuanta prisa se da el Gobierno para algunas cosas, como la Reforma Laboral y que poca prisa para otras.
Un segundo aspecto, aparentemente positivo, es el de las modificaciones fiscales para reducir el impacto fiscal que los procesos de reestructuraciÃ³n de la deuda hipotecaria o la daciÃ³n tienen hoy en las familias afectadas. Positivo si no fuera porque son cambios que solo afectaran a los que se puedan beneficiar de este procedimiento que, como explicarÃ© a continuaciÃ³n, serÃ¡n muy pocas familias.
En relaciÃ³n al tronco del Real Decreto Ley 6/2012 se confirma que todo gira alrededor de un CÃ³digo de Buenas Practicas que deberÃ¡n suscribir voluntariamente las entidades financieras. El Gobierno ha dicho que una vez firmado por los Bancos es de cumplimiento obligado durante dos aÃ±os, olvidÃ¡ndose de explicar que el cumplimiento concreto de las obligaciones quedan en manos de los Bancos en relaciÃ³n a las propuestas concretas de reestructuraciÃ³n de la deuda y que en las otras dos modalidades, la quita en el volumen de la deuda son de aceptaciÃ³n absolutamente discrecional y voluntaria por parte de los bancos.
En resumen todo continÃºa en manos de la voluntad de los Bancos. Eso sÃ­, habrÃ¡ una ComisiÃ³n de Control formada por un representante de la AsociaciÃ³n Hipotecaria EspaÃ±ola, Banco de EspaÃ±a, ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores y Secretaria de Estado de EconomÃ­a. O sea, todos los responsables de Ã©ste y muchos otros desaguisados, los responsables de la connivencia con la impunidad de bancos, van a ser los que controlen el cumplimiento del CÃ³digo de Buenas PrÃ¡cticas. A eso la sabidurÃ­a popular le ha llamado â€œponer a las zorras a cuidar de las gallinasâ€ .
Pasemos a analizar los aspectos centrales de esta falsa soluciÃ³n a las familias hipotecadas.
De entrada se limita los beneficiarios a lo que se denomina como personas en el â€œumbral de la exclusiÃ³nâ€ , que por las exigencias que plantea parece que va a excluir a la inmensa mayorÃ­a de familias afectadas.
Que todos los miembros de la familia o pareja de hecho no tenga ningÃºn tipo de ingresos por trabajo o actividades econÃ³micas. Incluidos los hijos. Que la deuda sea superior al 60% de los ingresos de la familia (que deben estar todos desempleados). Que el conjunto de la unidad familiar carezca de cualquier bien o derechos patrimoniales. Que la hipoteca recaiga sobre la Ãºnica vivienda del deudor y el crÃ©dito se concediera para la compra de la vivienda (quedan pues excluidos todos aquellos que subscribieron una hipoteca para cubrir otras obligaciones, por ejemplo establecerse como autÃ³nomos). Que se trate de un prÃ©stamo hipotecario que carezca de otras garantÃ­as, como avalistas. Que no existan avalistas o que si existen estÃ©n en las mismas condiciones de "umbral de exclusiÃ³n" que el deudor. Un Ãºltimo requisito que afecta especialmente a las familias inmigrantes que fueron victimas del engaÃ±o de los bancos con los famosos crÃ©ditos hipotecarios cruzados. Porque se exige que si existieran codeudores que no formen parte de la unidad familiar, estos codeudores tambiÃ©n deberÃ¡n ser pobres de solemnidad, o sea cumplir los requisitos anteriores.
Si alguna de las familias afectadas consigue reunir todos estos requisitos y presentar los siete documentos que se le exigen, deberÃ¡ cumplir otros requisitos mÃ¡s. Y es que el valor de la vivienda no supere unos determinados topes que se concretan en una escala que va de los 200.000 euros en las ciudades de mÃ¡s de 1.000.000 de habitantes a los 120.000 euros en las poblaciones de hasta 100.000 habitantes.
Pues bien si alguien cumple todas estas condiciones podrÃ¡ acceder al CÃ³digo de Buenas PrÃ¡cticas. Con algunas matizaciones importantes.
Primero, que la entidad titular de la hipoteca haya firmado su sometimiento voluntario al CÃ³digo.
Segundo, que no podrÃ¡n solicitar que se apliquen las medidas del CÃ³digo quienes tengan el procedimiento de ejecuciÃ³n en marcha y ya se haya anunciado la subasta.
Pues bien, si alguien consigue cumplir todos estos requisitos y su acreedor ha tenido a bien suscribir el CÃ³digo de Buenas PrÃ¡cticas y no estÃ¡ el procedimiento en marcha,Â¿a que tiene derecho la familia embargada? Â¿Y que puede exigirle al Banco acreedor?.
Pues solo una propuesta de reestructuraciÃ³n de la deuda, poque las otras dos posibilidades previstas en el CÃ³digo, la quita de una parte de la deuda o la daciÃ³n en pago Ã©s de absoluta discrecionalidad por parte del banco que, a pesar de haber firmado el CÃ³digo de buenas Practicas podrÃ¡ decidir si acepta o no la propuesta de la familia deudora. Y la daciÃ³n en pago se pospone a que el deudor haya recorrido todo este laberinto de condiciones, requisitos y obstaculos.
Â¿En que consiste la propuesta que reestructuraciÃ³n de la deuda? que podrÃ¡ solicitar el deudor a su banco acreedor si cumple todos los requisitos anteriores y el Banco ha suscrito el CÃ³digo de Buenas PrÃ¡cticas.
La propuesta de reestructuraciÃ³n consiste en una carencia de amortizaciÃ³n de capital de cuatro aÃ±os, durante los cuales el interÃ©s a pagar no podrÃ¡ ser superior al Euribor mÃ¡s el 0,25%. Y una redistribuciÃ³n de las cuotas de amortizaciÃ³n de capital e intereses de hasta 40 aÃ±os. La propuesta la harÃ¡ el Banco y el deudor embargado deberÃ¡ decidir si la acepta en las condiciones establecidas por el Banco.
Pero si la persona o familia hipotecada no estÃ¡ en condiciones de firmar esta reestructuraciÃ³n de la deuda puede solicitar de la entidad financiera una quita en la deuda. Con un pequeÃ±o, pero importante detalle, la concesiÃ³n de la quita queda condicionada a la discrecionalidad del banco. Porque el Real Decreto Ley 6/2012 dice literalmente en el anexo del CÃ³digo de Buenas practicas los siguiente: â€œLos deudores (...)podrÃ¡n solicitar una quita en el capital pendiente de amortizaciÃ³n (...)que la entidad financiera tendrÃ¡ la facultad de aceptar o rechazar en el plazo de un mes".
Por Ãºltimo y si alguien ha conseguido superar todos estos obstÃ¡culos y condiciones, entonces sÃ­. DespuÃ©s de transcurrido un aÃ±o despuÃ©s de la solicitud de reestructuraciÃ³n los deudores podrÃ¡n solicitar del banco acreedor que se le aplique la daciÃ³n en pago con la cancelaciÃ³n de la deuda pendiente de pago a cambio de la entrega de la vivienda.
Mucho me gustarÃ­a equivocarme y tener que reconocerlo, pero van a ser muy pocas las familias que se puedan acoger a este procedimiento y aÃºn menos las que accedan a la daciÃ³n en pago.
Mucho me temo que esto termine en otro fiasco para las familias afectadas como sucediÃ³ con la moratoria del Gobierno Zapatero del aÃ±o 2008 con crÃ©ditos ICO, en que durante todo el tiempo de vigencia solo se utilizÃ³ el 1,3% de los 6.000 millones autorizados al ICO, porque las condiciones eran de imposible cumplimiento.
Y que las Ãºnicas daciones en pago que los bancos acepten sean las que les interesen, por ser el capital pendiente de pago inferior al precio de la vivienda, con lo cual salen ganando. Que Ã©s exactamente lo que estan haciendo ahora,con la Ãºnica excepciÃ³n de las daciones en pago conseguidas fruto de la movilizaciÃ³n de la PAH y la solidaridad de los vecinos.
Eso es lo que parece que continuarÃ¡ pasando. Que pocas familias se van a poder acoger a este procedimiento, salvo claro que la movilizaciÃ³n social consiga lo que bancos y Gobiernos no estÃ¡n dispuestos a aceptar, salidas equilibradas.
En todo caso, garantizÃ³ en nombre propio, de ICV i de Izquierda Plural que exigiremos al Gobierno informaciÃ³n permanente sobre los efectos de este Real Decreto Ley y su placebo de Buenas Practicas. Y que continuaremos insistiendo en que e adopten verdaderas soluciones.
He dejado para el final una perla. Si he leÃ­do bien, el Gobierno aprovecha este Real Decreto ley para una modificaciÃ³n importante en las competencias de control de las Fundaciones especiales de las Cajas. En la disposiciÃ³n final primera se dice que el control y Protectorado de estas Fundaciones especiales -fruto de los procesos de cambio de personalidad de las cajas despuÃ©s de las fusiones- cuando actuen mayoritariamente en mÃ¡s de una comunidad autÃ³noma corresponderÃ¡ al estado a travÃ©s del Ministerio de Economia y Competitividad. No sÃ© que relaciÃ³n tienen los Ã³rganos de Gobierno de las Cajas y el control de sus Fundaciones con las medidas de apoyo a deudores hipotecarios. Salvo claro que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid.
Si hasta ahora habÃ­a 1000 razones para la Huelga General del 29 de marzo contra la reforma laboral y en defensa de los Derechos Sociales. Este Real Decreto Ley nos ha dado la razÃ³n 1001, defender nuestra dignidad de ciudadanos libres. Frente a un Gobierno que nos estÃ¡ continuamente engaÃ±ando con mentiras y manipulaciÃ³n.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto