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Timestamp: 2019-06-27 13:11:26+00:00

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Periodico de Opinion - La reconocida honorabilidad en la Constitución
El 10 de enero de 1852, el Presidente Rafael Carrera promulgó el Acta Constitutiva de los Guatemaltecos y sus Deberes y Derechos. Un párrafo del artículo 11 dice: La Cámara elige al Regente, Magistrados y Fiscales de la Corte de justicia, y ocho Consejeros de Estado. El acta fue reformada en 1865 por el mismo Carrera, ampliando sus poderes políticos. El inciso quinto de la reforma dice: El Presidente de la República tiene las prerrogativas siguientes: Nombrar e instituir a los Magistrados y Jueces, los cuales permanecerán el ejercicio de sus funciones mientras dure su buen desempeño; siendo provistas por el Presidente las vacantes que resulten al terminar el período para que fueron electos los actuales Magistrados y las demás que puedan ocurrir.
La Ley Constitutiva de la República de Guatemala, promulgada en 1879 por Justo Rufino Barrios, entró en vigor en 1880. Su artículo 54, referente a las atribuciones del Poder Legislativo, dice en su inciso 14: Nombrar el Presidente, Magistrados y Fiscales de los Tribunales de Justicia. En los períodos subsiguientes, la elección será popular directa.Por su parte, el artículo 86 dice: Para ser electo Magistrado o Fiscal necesita estar en el goce de los derechos de ciudadanos, ser mayor de 21 años, abogado y del estado seglar. En el artículo siguiente agrega que el período de duración en el cargo es de cuatro años.
El 20 de Octubre de 1885, bajo la presidencia interina de Lisandro Barillas, se reformó esa constitución. En esas reformas se modificó el artículo 52 en la siguiente forma: Corresponde al poder Legislativo:… 6º.Nombrar al Presidente del Poder Judicial y a los Magistrados y Fiscales, de los Tribunales de Justicia. De esta manera, la previsión de elección popular directa quedó obviada hasta la fecha
Después de siete reformas que la mantuvieron vigente durante 66 años, hasta 1945, aquel texto constitucional es reemplazado por otro con el que da inicio la así llamada Época contemporánea. La Constitución de 1945 exige mayoría absoluta de diputados para nombrar al Presidente, Magistrados, Fiscales y otros altos funcionarios del Organismo Judicial ––OJ–– (artículo 115, inciso 8). En los incisos siguientes faculta al Congreso para dar posesión de sus cargos a los miembros del OJ. Pero no sólo eso, también los debe nombrar y remover (por delito, mala conducta o incapacidad); además de aceptar o no las renuncias y elegir a quienes deberán sustituirlos.
Los requisitos para ser juez o magistrado son los mismos que en el texto constitucional de 1879, excepto porque para presidir la Corte Suprema de Justicia ––CSJ–– eleva a 35 años el requisito de edad y exige tener ocho o más años de experiencia profesional como abogado o bien haber desempeñado un cargo con jurisdicción durante cuatro años (segunda parte del artículo 166).
Las constituciones posteriores (1956 y 1965) van incorporando variaciones de menor trascendencia a la cuatrienal renovación de autoridades. Empero, un cambio viene a cobrar máxima importancia medio siglo después. La constitución de 1956 ordena explícitamente que el presidente del OJ, los magistrados y los jueces deben ser personas de reconocida honorabilidad, innovación que fue extendido posteriormente hacia otros cargos de elección por el Congreso. Esta, es una exigencia que perdura hasta hoy y cuyo cumplimiento, ha complicado los últimos procesos.
En términos generales, ya que resulta prolijo exponer los cambios de cada documento constitucional, hasta 1985, al Congreso correspondía elegir, designar, remover y elegir sustitutos para los más altos funcionarios del Poder Judicial. Además, aprobaba o improbaba su presupuesto de gastos. Encuentro aberrante que el Poder Legislativo ejerciera un dominio tan grande sobre el Poder Judicial y que aun así, esas constituciones declararan la independencia de poderes. Pero ese es otro tema.
La Constitución de 1985 introdujo cambios importantes, reduciendo el poder del Congreso sobre el OJ. Por ejemplo amplió el período de su mandato a seis años, redujo la facultad del Congreso de seleccionar libremente a los funcionarios del OJ y también le quitó la facultad de elegir al presidente de ese organismo.
Adicionalmente, fortaleció al sector justicia estableciendo la carrera judicial. El Artículo 209 dice: Nombramiento de jueces y personal auxiliar. Los jueces, secretarios y personal auxiliar serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Se establece la carrera judicial. Los ingresos, promociones y ascensos se harán mediante oposición. Una ley regulará esta materia. También le asignó el dos por ciento del presupuesto de ingresos ordinarios al OJ y dejó a su favor como fondos privativos, los ingresos derivados de la administración de justicia (esta es una normativa anterior).
El artículo 251, en su parte conducente declara que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el congreso de la República para un período de seis años, así: a) Cuatro magistrados electos directamente por el Congreso de la República; y b) Cinco magistrados electos por el Congreso de la República, seleccionados de una nómina de treinta candidatos propuestos por una Comisión de Postulación. Además establece que los magistrados de la CSJ elegirán entre sus miembros al Presidente de la misma.
Posteriormente, el Acuerdo legislativo 18-93 del 17 de noviembre de 1993 que reforma la Constitución de 1985, reduce aún más la injerencia del Congreso. A partir de entonces, el Congreso solo puede elegir magistrados de la nómina que presenta la Comisión de Postulación. Entre los magistrados electos deberán elegir al quien presidirá el OJ mismo que también, por norma constitucional, preside la CSJ.
Creo que cualquiera temblaría de terror si el Congreso actual, como antes lo hizo, estuviera a cargo de seleccionar al presidente del OJ y de designar, elegir y remover a los magistrados, jueces y otros altos funcionarios del Poder Judicial; peor si también tiene injerencia sobre su financiamiento. Confío que muy pronto las atribuciones del poder Legislativo queden reducidas a dar posesión de sus cargos a los magistrados electos y tomar la juramentación de rigor.
La reforma Constitucional referida va más allá en favor de la independencia judicial. Favorece la estabilidad laboral de sus funcionarios, estableciendo que no pueden ser removidos ni suspendidos, sino dentro de un proceso legal.
Crea una Comisión de Postulación, integrada por un representante de los rectores de las universidades del país, quien la preside, los decanos de las facultades de Derecho, un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala ––CANG–– e igual número de representantes electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales.
El artículo 207 define los requisitos para ser magistrado o juez: Los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados, salvo las excepciones que la ley establece… La comisión debe elegir a 26 candidatos de entre los cuales el Congreso debe seleccionar a los 13 que dirigirán el sistema de justicia de nuestro país.
Es evidente que hay enormes avances en lo que respecta al proceso de elección de las autoridades judiciales desde el punto de vista constitucional. Venimos de una designación presidencia directa y estamos dentro de un proceso comparativamente sofisticado. Empero, el sistema de justicia no ha logrado levantar cabeza. La condición de reconocida honorabilidad no ha sido respetada y hay una evidente falta liderazgo. Los magistrados han dado espectáculos vergonzosos cada vez que deben renovar a su presidente, algunos jueces terminaron involucrados en tráfico de niños, La lista de deficiencias es demasiado larga.
Sin embargo, creo que podemos tener esperanzas. Hace solo once años, en 2003, todo el sistema de legalidad fracasó en negar la inscripción de Ríos Montt como candidato presidencial, cuando él tenía una prohibición constitucional expresa para serlo. Hoy la Corte de Constitucionalidad se ha convertido en el baluarte de la justicia que es. También el TSE quien tuviera en su anterior gestión posiblemente el peor mandato de su historia, ha pasado a ser una autoridad respetada en su ámbito de acción, condición que se verá fortalecida cuando consiga extender su autoridad hasta el partido gobernante y su precandidato.
Ahora corresponde a la CSJ, a la Corte de Apelaciones, a los Tribunales de Amparo, a los Jueces de Primera Instancia y a otros sectores del Poder Judicial, alinearse dentro de esa corriente renovadora. Para que esto suceda, para que finalmente podamos tener un sistema de justicia digno de tal nombre, es absolutamente necesario que la selección de candidatos por parte de la Comisión de Postulación sea particularmente cuidadosa con uno de los requisitos constitucionales: que los candidatos sean personas de reconocida honorabilidad.

References: artículo 11
 artículo 54
 artículo 86
 artículo 52
 artículo 166
 Artículo 209
 artículo 251
 artículo 207