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Timestamp: 2018-08-16 11:41:28+00:00

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﻿ Sentencia 1999-03847 de abril 24 de 2013
SENTENCIA 1999-03847 DE 24 DE ABRIL DE 2013
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ACTOS TERRORISTAS. EN CUANTO EL ACTO TERRORISTA SE DIRIGE CONTRA LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO, PERO SE LOCALIZA MATERIALMENTE EN EL PERJUICIO EXCEPCIONAL Y ANORMAL RESPECTO DE UN CIUDADANO O GRUPO DE CIUDADANOS MUY REDUCIDO, SERÁ TODA LA SOCIEDAD LA QUE SOPORTE, DE FORMA EQUITATIVA, ESA CARGA, TENIENDO EN CUENTA EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD, YA QUE SE DEBE EQUILIBRAR LAS CARGAS QUE COMO FRUTO DE LA ACTIVIDAD TERRORISTA, SOPORTA EN FORMA EXCESIVA UNO DE LOS ASOCIADOS – DICHA RESPONSABILIDAD SE DA EN RAZÓN DEL DAÑO ESPECIAL CAUSADO AL ASOCIADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD SOCIAL, SOLIDARIDAD, PARTÍCIPES DEL DELITO, TERRORISMO, RESPONSABILIDAD POR DAÑO ESPECIAL
Sentencia 1999-03847 de abril 24 de 2013
Rad. 05001-23-31-000-1999-03847-01 (25.462)
Actor: Sociedad Ramos Botero y Asociados Ltda.
Bogotá, D.C, veinticuatro de abril de dos mil trece.
1. Previo a resolver de fondo, se debe precisar que en relación con la valoración de los recortes de prensa o periódicos que fueron allegados como prueba, y que obran en original a folios 17 a 19 del cuaderno principal, no serán ignorados o desconocidos toda vez que, si bien, por sí solos no revisten valor de plena prueba, la noticia de la que dan cuenta puede ser objeto de análisis en conjunto, conexidad y consecuencia, con los demás medios aportados, tal como recientemente lo sostuvo esta corporación:
Conforme el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y a lo que ha sostenido la doctrina procesal, la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental(2). Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez(3).
En la jurisprudencia de esta corporación existen precedentes que concuerdan con esta posición. Se ha estimado que las publicaciones periodísticas “...son indicadores solo de la percepción del hecho por parte de la persona que escribió la noticia”, y que si bien “...son susceptibles de ser apreciadas como medio probatorio, en cuanto a la existencia de la noticia y de su inserción en medio representativo (periódico, televisión, Internet, etc.) no dan fe de la veracidad y certidumbre de la información que contienen”(4).
En relación con este último punto el Consejo de Estado ha indicado que “...las informaciones publicadas en diarios no pueden considerarse dentro de un proceso como prueba testimonial porque carecen de los requisitos esenciales que identifican este medio de prueba, en particular porque no son suministradas ante un funcionario judicial, no son rendidos bajo la solemnidad del juramento, ni el comunicador da cuenta de la razón de la ciencia de su dicho...” por cuanto es sabido que el periodista “...tiene el derecho de reservarse sus fuentes”(5).
En este sentido, ha sostenido que las declaraciones que terceros hacen a los medios de comunicación “...tan solo constituyen evidencia de la existencia de la información (...) por lo que no ostentan valor probatorio eficaz merced a que se limitan a dar cuenta de la existencia de la afirmación del tercero, pero las afirmaciones allí expresadas deben ser ratificadas ante el juez, con el cumplimiento de los demás requisitos para que puedan ser apreciadas como prueba testimonial...”(6).
Lo anterior, debido a que en sí mismas las publicaciones periodísticas representan “...la versión de quien escribe, que a su vez la recibió de otro desconocido para el proceso”, condición que no permite otorgarles valor de plena prueba debido a que “...son precisamente meras opiniones...”(7).
A las voces del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, plenamente aplicable a este proceso de naturaleza sancionatoria, la carga de la prueba sobre la estructuración de la causal que se les atribuye a los demandados: tráfico de influencias debidamente comprobado, recae en el demandante que es quien la alega. Y en este caso, comoquiera que el artículo periodístico es el único soporte de la aseveración, se quedó aislado sin conexidad ni correspondencia con ningún otro elemento probatorio que lo fortalezca y lo consolide (...)”(8).
Así mismo, la parte actora con el fin de acreditar varios de los hechos, aportó con la demanda algunas fotografías (fls. 20 a 28 del cdno. 1.) y un video casete, medios de los cuales la Sala no hará estimación alguna, toda vez que en principio carecen de mérito probatorio, comoquiera que solo dan cuenta del registro de varias imágenes y/o secuencias, sobre las cuales no es posible determinar su origen, ni el lugar, ni la época en que fueron tomadas y/o grabadas, no se tiene certeza sobre la identidad de las personas que en ellas aparecen, pues al carecer de reconocimiento o ratificación no pueden ser cotejadas con otros medios de prueba allegados al proceso(9). En efecto, se ha dicho sobre el particular:
“Debe advertirse que para acreditar los daños ocasionados a la vivienda se aportaron con la demanda unas fotografías (fls. 12-17 cdno. 1 y 177-185 cdno. de pruebas), las cuales, sin embargo, no tienen mérito probatorio porque no existe certeza de que correspondan a los daños causados al inmueble de que se trata en este proceso, es decir, solo son prueba de que se registró una imagen, pero no es posible determinar su origen, ni el lugar y la época en que fueron tomadas, dado que no fueron reconocidas por los testigos ni cotejadas con otros medios de prueba dentro del proceso”(10).
2. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 8 de abril de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia —Sala Primera de Decisión—, en la que se negaron las súplicas de la demanda, para lo cual se analizará la existencia del daño antijurídico y si este es imputable a la demandada. Sobre el particular, obran las siguientes pruebas:
2.1. Para acreditar la legitimación por activa, se aportó certificado de existencia y representación —vigente a la fecha de presentación de la demanda-, con matrícula número 21—213144-3 —expedida por la Cámara de Comercio de Medellín el 3 de agosto de 1998—, donde consta la constitución de Ramos Botero y Asociados Ltda., registrada por escritura pública del 3 de abril de 1995, cuyo término vence los mismos día y mes del 2015. Consta que el señor Héctor Fabio Ramos Ocampo obra como gerente y representante legal, con facultad de dirigir y administrar la sociedad para todos los efectos legales, judiciales y extrajudiciales (fls. 3 a 5 del cdno. 1).
2.2. Se aportó copia de la denuncia penal realizada por Héctor Fabio Ramos Ocampo —el 16 de agosto de 1999—, ante la Inspección de Policía de Medellín. Sin embargo, la eficacia probatoria de esta se restringe a dar cuenta simple de su interposición, más no de los hechos que allí se acusaron (fl. 9 del cdno. 1).
2.3. Es importante aclarar que al proceso se allegaron declaraciones extra-juicio suscritas por Josefa María Gómez Zapata, Magnolia Rosa Montoya Ramírez, Vicente Hugo Ramos Caicedo y Jorge Alirio Cifuentes Machado (fls. 10 al 13 del cdno. 1), que aunque rendidas bajo juramento ante notario, constituyen medios de prueba que no pueden ser apreciados por no cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento Civil para ese efecto, por lo que carecen de eficacia probatoria(11).
2.4. Así mismo, se identificó el certificado original, expedido por el Inspector municipal de Policía de Altamira —a solicitud de Héctor Fabio Ramos Ocampo—, fechado el 20 de agosto de 1999, donde el funcionario hace constar:
“(...) que en la fecha agosto 7 de 1999, fue retirado de este corregimiento la fuerza pública (policía nacional), acantonado en este corregimiento y hasta la fecha no se ha hecho presente ningún organismo del Estado, únicamente la Cruz Roja Internacional (...)”.
2.5. Con el fin de acreditar los hechos, se dispuso oír los testigos citados en la demanda. En tal calidad —el 26 de enero de 2001—, Vicente Hugo Ramos Caicedo —padre del representante legal de la sociedad—, compareció ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Betulia, comisionado, y allí narró:
“(...) El día 11 de agosto de 1999, aproximadamente a las ocho de la noche, personal armado identificado como las FARC, de casa en casa fueron citando a los habitantes de Altamira a una importante reunión que se llevaría a cabo en la plaza principal de dicho corregimiento, una vez allí se identificaron plenamente como miembros de las FARC, nos manifestaron que no tuviéramos miedo, que en adelante ellos nos iban a cuidar, que los consideráramos sus amigos. Seguidamente manifestaron que tenían órdenes muy precisas de destruir el comando de la Policía de la mencionada localidad, ante lo cual la población se mostró totalmente en desacuerdo, se les hizo ver que si esto lo llevaban a cabo estaban atentando contra un patrimonio de la comunidad, porque nos había costado mucho sacrificio la consecución de ese puesto o cuartel de policía, ante las súplicas de la población concedieron un plazo de ocho días para desocupar el comando, en caso contrario volverían y lo destruirían sin ninguna consideración, una vez terminada dicha reunión, aproximadamente a las nueve y cuarenta minutos de la noche los habitantes nos dirigimos hacia nuestras residencias muy preocupados por el futuro de nuestro pueblo, faltando pocos minutos para las once de la noche se escuchó una tremenda explosión, nos pudimos dar cuenta de que dicho grupo subversivo en su afán de apoderarse del dinero de la Caja Agraria destruyeron completamente el atrio parroquial, donde funcionaba dicha agencia crediticia, además de la farmacia y papelería Altamira, quedando ambos establecimientos totalmente destruidos. Después de cometido el hecho dichos individuos desaparecieron. (...) Preguntado: Propiedad de quien era la farmacia y papelería Altamira. Contestó: Propiedad de Héctor Fabio Ramos Ocampo. Preguntado: En qué estado quedaron dichas edificaciones. Contestó: Allí estaban ubicadas la Caja Agraria y la farmacia y papelería Altamira, por la acción de los explosivos quedaron totalmente destruidos, nada se pudo recuperar. Preguntado: Hubo víctimas el día de esos hechos. Contestó: No, solamente fue lo material. El despacho procede a formularle el interrogatorio que en sobre cerrado envía el apoderado de la parte demandante, doctor Roberto Fernando Paz Salas, así: (...) Pregunta Nº 3: Si tiene conocimiento sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron el enfrentamiento entre la FARC y miembros de la fuerza pública el pasado 11 de agosto de 1999 en el corregimiento de Altamira. Contestó: No hubo enfrentamiento, porque el Comando lo habían retirado cinco días antes, no había fuerza pública, los habían retirado el siete de agosto, el resto como ocurrieron los hechos ya fue narrado. (...) Pregunta 5: Manifieste si para el 11 de agosto, no había fuerza pública, porque esta había sido retirada días antes. Contestó: No había fuerza pública, porque había sido retirada el día siete de agosto, había sido retirada por seguridad y órdenes superiores, o sea por seguridad para los mismos agentes. Pregunta Nº 6: Manifieste si en múltiples ocasiones la comunidad de Altamira solicitó protección policiva por cuanto era inminente la incursión guerrillera FARC a dicho corregimiento. Contestó: Si, a través de los representantes de la comunidad en Medellín, se había dirigido al diputado Carlos Molina Gómez, decían que por ahora no era posible que los policías no volvieron al pueblo, por inseguridad de los propios agentes y hasta el momento carecemos de fuerza pública en el corregimiento (...)” (fls. 285 y 286 del cdno. 1).
En la misma oportunidad, seguidamente, se escuchó el testimonio de Magnolia Rosa Montoya Ramírez, quien respondió así al interrogatorio:
“(...) Ese día faltando un cuarto para las ocho de la noche, se entró un grupo armado, identificado con la FARC, iban a destruir el comando y al último decidieron destruir el Banco Agrario estaba la droguería y la papelería, destruyeron eso y no quedó nada para recoger, todo quedó destruido, todo lo perdió, no pudo recoger nada, ellos hicieron una reunión pasajera con los civiles y ahí fue donde dijeron que iban a destruir el comando y luego decidieron destruir el Banco Agrario y la librería y droguería que estaba a un lado y esto lo destruyeron más o menos a las ocho y media de la noche, luego se fueron y el mayor daño fue haber destruido el banco y la farmacia, luego ellos se fueron, no sé a qué horas se fueron a qué horas. (...) Preguntada: En qué estado quedaron las edificaciones. Contestó: Totalmente destruidas, no se pudo recoger nada. (...) Pregunta Nº 3: Si tiene conocimiento sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el enfrentamiento entre las FARC y miembros de la fuerza pública el pasado 11 de agosto de 1999 en el corregimiento de Altamira Municipio de Betulia. Contestó: Allá no hubo enfrentamiento, porque no habían agentes, había cinco días atrás que se habían llevado los agentes. Pregunta Nº 4: Manifieste sobre si el establecimiento comercial conocido como Ramos Botero y Asociados LTDA. (Farmacia y Papelería Altamira) quedó completamente destruido por acciones vandálicas de la guerrilla. Contestó: Si es cierto eso quedó totalmente destruido, todo lo que había ahí quedó en un estado que no servía, la mercancía se perdió toda, y los muebles y enseres también, el atrio voló, esto quedó totalmente destruido. Pregunta Nº 5: Si para el 11 de agosto de 1999 no había fuerza pública (Policía Nal) porque este había sido retirada días antes. Contestó: Si es cierto, había sido retirada días antes, el Estado ordenó el retiro, no se los motivos por los cuales la retiraron. Pregunta Nº 6: Manifieste si en múltiples ocasiones la comunidad de Altamira solicitó protección policiva por cuanto era inminente la incursión guerrillera de las FARC a dicho corregimiento. Contestó: Si, se pidió, pero la orden era de que no mandaban refuerzos, por intermedio de Carlos Molina se pidió protección al Estado, la autoridad policiva otra vez y la respuesta era que no, no se sabe porque, eso fue lo que el doctor Carlos nos dijo y este es el momento que no han enviado fuerza policial. Preguntada: Actualmente funciona el establecimiento comercial conocido como Ramos Botero y Asociados Ltda. (Farmacia y Papelería Altamira). Contestó: No, ya no funciona, no sé porque [sic] (...)”. (fls. 287 y 288 del cdno. 1).
Por último, Jorge Alirio Cifuentes Machado, vecino del corregimiento, también se refirió a los hechos:
“(...) Yo vivo a unos quince minutos del pueblo de Altamira, en la vereda El Cedro, esa noche estaba en mi casa y sentí una explosión, eso fue entre las ocho y las nueve de la noche, entonces abrí la puerta y miré al pueblo que queda en frente y observé que por encima de las casas se levantaba mucho humo o polvo, ya al otro día temprano fui a Altamira y pude observar la destrucción total del atrio, los negocios no se veían nada, porque por los escombros quedó todo tapado, fuera del atrio no se destruyó nada, esa noche no hubo muertos ni heridos. Cuando yo llegué no había subversión ahí. Preguntado: Qué establecimientos o locales resultaron afectados con la explosión. Contestó: Funcionaba el Banco Agrario y pegado del Banco funcionaba una papelería y farmacia, propiedad El dueño de los locales era la Parroquia y de los negocios el Banco Agrario, y de la farmacia el señor Héctor Fabio Ramos como era una edificación muy vieja las paredes volaron y la loza del atrio quedó encima del negocio. (...) Pregunta 3: Si tiene conocimiento sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el enfrentamiento entre las FARC y miembros de la fuerza pública el pasado 11 de agosto de 1999 en el corregimiento de Altamira. Contestó: No hubo enfrentamiento, porque la fuerza pública fue retirada del pueblo de una forma sorpresiva el sábado 7 por la mañana, se los llevaron, no conocemos la razón de porque [sic] fue retirada así tan rápidamente. Pregunta Nº 4: Manifieste si el establecimiento comercial conocido como Ramos Botero y Asociados Ltda. (Farmacia y papelería Altamira) quedó completamente destruido por acciones bandálicas [sic] de la guerrilla. Contestó: Si eso quedó totalmente destruido. Pregunta Nº 5: Para el día 11 de agosto de 1999, no había fuerza pública (Policía Nal.), porque esta había sido retirada días antes. Contestó: No había fuerza pública, había sido retirada días antes, no se sabe porque [sic] se la llevaron y hasta la fecha tampoco hay, estamos sin protección. Pregunta Nº 6: Si en múltiples ocasiones la comunidad de Altamira solicitó protección policiva por cuanto era inminente la incursión guerrillera de las FARC ha dicho corregimiento. Contestó: Si me he dado que la comunidad de Altamira ha gestionado para que vuelva la fuerza pública, en Medellín con un hijo del pueblo que ha sido diputado por intermedio de él y hasta el momento no se ha tenido respuesta. Preguntado: Desea agregar algo más. Contestó: La mercancía y los enseres quedó totalmente aplastado, inservibles y lo que fue refente [sic] a droga y papelería quedó aplastado y destruido con la loza (...)”. (fls. 288 y 289 del cdno. 1).
2.6. Se apreciaron, también, copia simple de tres cartas enviadas por el Gobernador de Antioquia de la época —doctor Alberto Builes Ortega—, al Presidente de la República -Andrés Pastrana Arango. En su orden, vienen con fecha del 11, 17 y 23 de agosto de 1999. En la primera de ellas —enviada con copia al Ministro y Viceministro del Interior—, con visible consternación, se pone de presente:
“(...) Una vez más la fratricida guerra interna, se ensaña contra los más pobres de Antioquia. Nuevamente me veo obligado a recurrir a su excelencia con el propósito de buscar ayuda para la reconstrucción de los municipios de Campamento y Nariño, en donde las FARC dejaron recientemente su rastro de destrucción y muerte.
Personalmente fui a lo que quedó de Nariño, era este señor Presidente, uno de esos pueblos que a fuerza de coraje nuestros mayores enclavaron en las montañas, desde donde se divisa grande y hermosa zona de Antioquia y Caldas. Lo que vi allí, es solo comparable con las imágenes del terremoto de Armenia (...).
Tras los violentos combates en Nariño, durante todo un fin de semana (jul. 30 y 31 y primero de agosto), la comisión técnica valoró las pérdidas en casi dos mil millones de pesos. La reconstrucción de la sola infraestructura física, es decir sin cuantificar enseres de las viviendas ni abarrotes en los locales comerciales, costará $ 1.826’000.000 (...)
Lo más grave es que no da espera esta reconstrucción pues el pueblo, literalmente se quedó sin techo. Totalmente destruidas quedaron viviendas de habitación, tiendas, granero, hoteles, farmacias, almacenes, la sede de la Fiscalía, el Comando de la Policía, la sede del Banco Agrario, el kiosco del municipio, locales educativos (incluida la escuela de primaria) y en parte el palacio municipal.
La situación de campamento es similar, luego de que el frente 36 de las FARC incursionara allí el pasado 10 de julio. Las evaluaciones en la infraestructura, otra vez sin cuantificar enseres ni abarrotes, asciende a $ 751’000.000. Aquí también las casas de habitación fueron las más afectadas, sufrieron la parroquia, los locales comerciales, un taller de formación para el trabajo, el juzgado, el palacio municipal está totalmente destruido al igual que el comando de policía.
No es la primera incursión armada en estas poblaciones, el comando de policía de Nariño, que como ya dije quedó totalmente destruido, acababa de ser entregado por la administración departamental, que en un esfuerzo grande logró arbitrar recursos para ello, después de una toma anterior. Así se ha hecho en mi administración con otros 23 comandos, igual número de palacios municipales y varias casas de la cultura e iglesias (...)”. (fls. 218 a 221 del cdno. 1).
A continuación, en nueva carta —del 17 de agosto de 1999—, el gobernador dirigió su solicitud al Ministro de Defensa de entonces, doctor Luis Fernando Ramírez Acuña, escrito del que acompañó copias para el director nacional de la policía, el comandante de la policía de Antioquia y el comandante de la cuarta brigada, en la que instó:
“(...) Recientemente tuve la oportunidad de plantearle al señor Presidente de la República y al director Nacional de la Policía, mi preocupación por las condiciones de seguridad en varias poblaciones de Antioquia en donde ordenaron la salida de la policía. En varios de esos lugares se han registrado ya incursiones armadas y en otros se rumora que las habrá, motivo por el cual la comunidad se siente desprotegida.
Como el señor Ministro sabrá, he sido respetuoso como el que más, de las decisiones del gobierno central en este y en todos los temas, igualmente he sido solidario con las instituciones a quienes sabemos que no podemos condenar a ser blanco de ataques terroristas. Además es bueno recordar que el gobierno de Antioquia apoya permanentemente a los organismos de seguridad del Estado, a través del fondo de seguridad, con recursos importantes para comunicaciones, transporte e inteligencia.
Las circunstancias me obligan ahora a solicitarle con el mayor respeto, que se adopten medidas y decisiones de fondo para brindarle seguridad a los habitantes de estas localidades, quienes francamente se sienten abandonados. Nosotros estamos atentos para apoyar en la medida de nuestras posibilidades, cualquier solución que se plantee, con el propósito de dar una respuesta oportuna a la comunidad (...)” (fl. 217 del cdno 1) (Negrillas de la Sala).
Finalmente, se constató que el 23 de los mismos mes y año —en la última misiva allegada— el gobernador, un poco más lacónico, enfatizó:
“(...) En pasados días tuve ocasión de comentarle mi preocupación por la desprotección en que se encuentran varias poblaciones antioqueñas, tras la salida de la Policía Nacional. Así mismo, oficié al señor Ministro de Defensa Nacional, para solicitarle la adopción de medidas conducentes a brindarle la seguridad que reclama la ciudadanía.
Con el mayor respeto, quiero insistir hoy a su señoría, para que analice la posibilidad de ofrecerle alternativas a nuestras comunidades que según sus propias expresiones se sienten indefensos ante la amenaza de incursiones armadas de los extremistas tanto de izquierda como de derecha (...)”. (fls. 215 y 216 del cdno. 1).
2.7. Se evaluó el certificado aportado por el departamento de policía de Antioquia —suscrito en Medellín el 23 de noviembre de 2000—, donde su comandante, TC. José Roberto León Riaño, dejó constancia del cambio en la estrategia de la institución para hacer frente a los subversivos y lo explicó en los siguientes términos:
“(...) En respuesta al exhorto antes citado, relacionado con los hechos sucedidos el día 11 de agosto del año 1999 en el corregimiento de Altamira, comedidamente me permito informar que para la fecha se cambió el servicio fijo de policía por la modalidad de estaciones móviles; se optó por esta modalidad ya que las instalaciones policiales después de la incursión terrorista a este corregimiento en el año de 1998 quedaron semi destruidas y no ofrecían las condiciones mínimas de seguridad para la protección de la vida e integridad de los policiales que integraban esta unidad (...)”. (fl. 280 del cdno. 1).
3. No obstante, como se acotó en el fallo de primera instancia, a pesar de la insolvencia del acervo probatorio, la prueba testimonial conduce a establecer —sin anfibología—, que el grupo subversivo FARC irrumpió en el pueblo de Altamira —municipio de Betulia – Antioquia—, e intimidando a sus habitantes, propiciaron una explosión en la Caja Agraria —con el propósito de hurtar el dinero acumulado—, generando la destrucción de la entidad financiera y de los establecimientos de comercio colindantes, entre los que se cuenta la “Farmacia y Papelería Altamira”.
Se encuentra acreditada la existencia de un daño antijurídico, consistente en la lesión a varios derechos e intereses legalmente protegidos de la sociedad demandante, que no estaba en la obligación de soportar, toda vez que el ordenamiento jurídico no le imponía la carga de tolerar los perjuicios irrogados con motivo de la incursión guerrillera y el asalto de los rebeldes a la entidad financiera.
En efecto, la antijuricidad del daño va encaminada a que no solo se constate la materialidad y certidumbre de una lesión a un bien o interés amparado por la ley, sino que, precisamente, se determine que la vulneración o afectación de ese derecho contravenga el ordenamiento jurídico, en tanto no exista el deber jurídico de tolerar o padecer el daño.
Ahora bien, constatada la existencia del daño antijurídico, la Sala aborda el análisis de imputación dirigido a determinar si el mismo deviene imputable a la administración pública.
Según la entidad demandada, el asunto se reduce a una simple falta de imputación, puesto que el daño perpetrado por los rebeldes con el atentado no cuenta con un nexo de causalidad que permita atribuir la responsabilidad del mismo a la Administración, por lo cual se configura una causal exonerativa —explicada en el hecho de un tercero—, ya que el servicio de seguridad y vigilancia, tendientes a garantizar el mandato constitucional de preservar y proteger la vida, honra y bienes de la población, en ningún momento fue suspendido o retirado del corregimiento, sino que su modalidad —obedeciendo a estrategias propias del conflicto—, cambió de la tradicional estacionaria a la de escuadrones móviles.
Ello, aunado a que los daños ocasionados no se produjeron como resultado de un atentado dirigido a las instalaciones de la institución —ni a ninguno de sus cuadros de mando—, sino contra el banco de Altamira, permite colegir que se trató de un ataque a la población en general, y en ese orden —consideró— no se puede derivar la responsabilidad de un riesgo excepcional, ni de un daño especial, toda vez que no era la Policía Nacional el blanco del actuar guerrillero.
Bajo este razonamiento —como lo afirma la demandada—, se podría concluir que se trató de un atentado terrorista, ejecutado por un tercero, contra una construcción ajena a la institución y en consecuencia no existiría responsabilidad de la entidad demandada pues —a pesar de prestar un servicio efectivo y oportuno—, los insurrectos lograron perpetrar la acción, de allí que el daño les sea imputable. Sin embargo, resulta ineluctable discurrir de qué manera influyó el cambio de estrategia de la Policía Nacional —de disposición permanente en el comando central del pueblo a patrullas móviles circundantes— en el desarrollo de los hechos y cuyas consecuencias resultan incontrovertibles.
En efecto, es necesario examinar el asunto —con mayor detenimiento—, desde otra perspectiva, no es descabellado avizorar que el giro en la estrategia para hacer frente a los sitiadores de las FARC, les facilitó a los bandidos el ingreso al corregimiento de Altamira, el asalto dinamitero a la Caja Agraria, y el detrimento patrimonial de los comerciantes del sector, así como del resto de habitantes, que vieron destruido el atrio de la iglesia, ubicada en la plaza central.
A pesar de la incertidumbre que producen las contradicciones en que incurrió la institución demandada —el Inspector municipal de policía del corregimiento de Altamira certificó que la fuerza pública había sido retirada del lugar, mientras el comandante del departamento de Policía de Antioquia, más de un año después, explicó que se trató de un cambio legítimo en la táctica de confrontación armada, obedeciendo a medidas de protección para la vida e integridad de los agentes allí en misión—, lo incuestionable realmente —hasta ahora—, es que al momento de la incursión guerrillera, la fuerza pública no hacía presencia en el pueblo, se encontraba ausente y los habitantes de Altamira desprotegidos y vulnerables, al punto que el objetivo de los insurgentes se cumplió sin oposición alguna -más allá de las voces de desaprobación —con seguridad sosegadas— de algunos lugareños.
La valoración del acervo probatorio permite concluir —apartándose de lo argumentado por el a-quo—, que el cambio de estrategia de la Policía Nacional —aunque de carácter legítimo—, apenas cinco días atrás de la incursión guerrillera, fue facilitadora y determinó las circunstancias ideales para que los rebeldes perpetraran el atentado contra la población y, en consecuencia, los daños ya conocidos-, sometiendo a la sociedad demandante a un sacrificio que el ordenamiento no le imponía.
La Sala, en diferentes oportunidades, ha considerado que en la búsqueda de los contenidos materiales de justicia, de acuerdo con valores y principios consagrados en la Constitución Política —que tiene como epicentro de la misma al ser humano—, en el caso de actos terroristas en los que el objetivo del ataque es el Estado, debe aplicarse el título de imputación del daño especial para definir así la responsabilidad de la administración pública.
No obstante —como se pudo corroborar—, aunque en este caso el atentado se dirigió contra la Caja Agraria, entidad financiera del Estado y única del corregimiento, está claro que —por los hechos probados y por la parte accionada en el proceso—, el caso no encuadra con exactitud en el supuesto planteado, a menos que la imputación estuviera dirigida contra la Caja Agraria, pero manifiestamente no es así. En otras palabras, el daño especial, como título de imputación en el presente caso, no estaría dado porque el propósito del atentado guerrillero haya sido acometer contra el Estado —a través de la Caja Agraria— y en consecuencia se generó el daño, sino porque la Policía Nacional -en medio del conflicto al que hacían frente en dicha ocasión-, para proteger la vida e integridad de los policiales, de manera legítima, determinó una estrategia de combate que remplazó la posición fija de los uniformados en el comando central del pueblo por brigadas o escuadrones móviles que patrullaban la zona e inmediaciones y, como consecuencia de esta determinación táctica, lo cierto es que la población de Altamira —en el municipio de Betulia – Antioquia—, asumió las consecuencias de dicho direccionamiento estratégico, efectos colaterales que no se encontraba en obligación de soportar.
“En el presente caso la responsabilidad deviene, como se manifestó en la sentencia recurrida, de la aplicación de la teoría del daño especial, régimen de responsabilidad que pone acento en el daño sufrido por la víctima, la cual debe ser preservada frente al perjuicio no buscado, no querido, ni tampoco merecido(12). Esta teoría, con fuerte basamento en la equidad, la igualdad y la solidaridad, se enmarca dentro de los factores objetivos con los que se ha enriquecido el catálogo de títulos de imputación al Estado(13).
“El daño especial cuenta con una larga tradición en la jurisprudencia de esta corporación, siendo utilizada por primera vez en 1947(14), ocasión en la que manifestó:
“Consecuencia recta de la anterior proposición, en razón pura, es la de que la operación administrativa ni los hechos que la constituyen, podrán jamás ser generadores de violación alguna; pero sí, en cambio, causar lesiones patrimoniales o, en su caso, daños especiales, no por involuntarios o producto de la necesidad de obrar en un momento dado, menos dignos de resarcimiento, que es lo que la ley colombiana ha querido, a diferencia de otras legislaciones que solo conceden acción cuando el perjuicio proviene de una vía de hecho”(15).
“A partir de ese momento esta corporación ha construido una extensa línea jurisprudencial respecto del daño especial, en la cual el título de imputación tiene fundamento en la equidad y en la solidaridad como materialización del reequilibrio ante una ruptura de la igualdad frente a las cargas públicas, fruto del perjuicio especial y anormal que debe soportar el administrado(16).
“En este sentido encontramos los casos de daños sufridos por conscriptos en desarrollo del servicio militar obligatorio(17), el hecho del legislador —ley conforme a la Constitución— que genera imposibilidad de accionar ante un daño antijurídico y la construcción de obras públicas que disminuye el valor de los inmuebles aledaños(18).
“Igualmente, el daño especial ha sido el sustento para declarar la responsabilidad del Estado en eventos de escasa ocurrencia que van desde el ya conocido cierre del diario el Siglo(19), la liquidación de un banco(20), la retención de un vehículo que transportaba sulfato de potasio por creer que era un insumo para la fabricación de estupefacientes(21) o el daño a una aeronave que había sido secuestrada por miembros de un grupo guerrillero(22); hasta eventos muy similares al que ahora ocupa a la Sala, verbigracia, enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla en un área urbana de la ciudad de Cali(23), el ataque bélico de un grupo guerrillero contra el cuartel de la policía de la población de Herrera, departamento del Tolima(24), o la muerte de un joven en un enfrentamiento entre guerrilla y ejército, sin claridad acerca de la autoría de la muerte(25).
“Esta teoría se aplica de manera excepcional y por equidad, precisamente porque es subsidiaria, de modo que ha de recurrirse a ella tan solo en eventos en los que el caso concreto examinado no logre su encasillamiento dentro de los otros regímenes de responsabilidad y se aprecie por el sentenciador que esa ausencia de tipicidad, si así puede decirse, comporta vulneración injustificada del principio de equidad”(26).
“Lo dicho no debe entenderse como un reducto de arbitrariedad del juez, fruto exclusivo de su personal idea de justicia. Por el contrario, este tipo de razonamiento es el que se exige de todos y cada uno de los operadores jurídicos, quienes al momento de aplicar la ley deben permear su interpretación con los principios constitucionales vigentes dentro del sistema jurídico(27), sobre todo a partir de la entrada en rigor de la nueva Constitución, norma que incorpora los valores y principios como un elemento axial dentro de su estructura, algo que debe reflejarse en la concepción del derecho que tengan los operadores jurídicos que funcionan dentro del sistema.
“la equidad —al hacer parte de ese momento de aplicación de la ley al caso concreto— permite una graduación atemperada en la distribución de cargas y beneficios a las partes. En este sentido, el operador, al decidir, tiene en cuenta no las prescripciones legales, sino los efectos concretos de su decisión entre las partes”(28). (Destacado dentro del texto de la sentencia).
“Esta aproximación sirve para reforzar la idea de que la equidad en ningún momento debe entenderse como consecuencia del arbitrio judicial; por el contrario, se trata del uso de la discrecionalidad que permite —e incluso, en algunos casos exige— el ordenamiento para eventos en que la vía excepcional es la que cumple con el valor de justicia material que se busca(29).
“El primero es la importancia de las particularidades fácticas del caso a resolver. La situación en la cual se encuentran las partes —sobre todo los hechos que le dan al contexto empírico una connotación especial— es de suma relevancia para determinar la solución equitativa al conflicto. El segundo es el sentido del equilibrio en la asignación de cargas y beneficios. La equidad no exige un equilibrio perfecto. Lo que repugna a la equidad son las cargas excesivamente onerosas o el desentendimiento respecto de una de las partes interesadas. El tercero es la apreciación de los efectos de una decisión en las circunstancias de las partes en el contexto del caso. La equidad es remedial porque busca evitar las consecuencias injustas que se derivarían de determinada decisión dadas las particularidades de una situación”(30).
“Como se anotó, la justicia material se concreta en los casos de daño especial en el objetivo de reequilibrar la asunción de cargas públicas, en virtud a que el perjuicio sufrido presenta características de excepcional y anormal. En otras palabras es un perjuicio que, desde la perspectiva del principio de igualdad frente a las cargas públicas, resulta considerablemente superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos en razón del ejercicio de los poderes de actuación con que cuenta la administración. En este sentido, respecto de las calidades del perjuicio sufrido, se estableció por el Consejo de Estado desde los primeros años de implementación de esta teoría.
“El Estado en ejercicio de su soberanía puede en veces afectar los derechos de los particulares, pero si esa afectación es igual para todos los individuos que se encuentran en las mismas condiciones no hay violación de la justicia distributiva que justifique jurídicamente la responsabilidad. Es por tanto característica de la responsabilidad del Estado que el daño sea especial, lo que ocurre según Bonnard, cuando en una categoría dada de individuos, colocados en una misma situación, el daño no afecta sino a uno o algunos de ellos, pues si todos los que se hallen en estas situaciones son o pueden ser afectados por el daño, el individuo se encuentra en presencia de una carga pública, como lo son, por ejemplo: los inconvenientes normales de vecindad que todo propietario debe soportar por el hecho de las propiedades vecinas. El daño debe ser, por tanto excepcional y anormal, porque la responsabilidad no proviene de la naturaleza del hecho que cause el daño, sino del carácter singular o excepcional del daño ocasionado”(31) —negrilla fuera de texto—.
“Esta anormalidad y especialidad del perjuicio es, precisamente, la que conlleva a un rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas(32). Sin embargo, no debe entenderse dicho principio como el anhelo de lograr una equiparación matemática entre los administrados frente a la actividad administrativa; el contenido que el mismo involucra es, evidentemente, el mantenimiento de un relativo balance en esta materia. En consecuencia, es posible considerar como legítimas las imposiciones que puedan ser ubicadas dentro de los parámetros que, de acuerdo con la jurisprudencia, acepta el principio de igualdad ante las cargas públicas; y, en este mismo sentido, el Estado deberá responder cuando quiera que una actividad administrativa haya ocasionado un grado de perjuicio que exceda el ámbito de molestia que debe ser soportado.
“Los actos dañinos derivados del uso de la fuerza legítima, son indemnizados bajo dos fundamentos, a saber, uno el de la solidaridad nacional según el cual el Estado social de derecho debe asumir las cargas generales que incumben a su misión, tal el evento de lesiones personales o daños materiales infringidos con el objeto de reprimir una revuelta, o por causa de esta. Otro, el deber de asumir los riesgos inherentes a los medios empleados particularmente en sus actividades peligrosas o riesgosas”(33).
“Dicho principio es de obligatoria observancia en las actuaciones administrativas, pues la función de aplicar el derecho en un caso concreto no es misión exclusiva del juez, sino también de la administración cuando define situaciones jurídicas o actúa sus pretensiones frente a un particular en desarrollo de las competencias y prerrogativas que le son propias”(34).
“Se denota claramente la gran riqueza sustancial que involucra la teoría del daño especial y, cómo no, lo esencial que resulta a un sistema de justicia que, como el de un Estado social de derecho, debe buscar mediante el ejercicio de su función la efectiva realización de los valores y principios esenciales al mismo.
“Sin mayor preámbulo se iniciará el estudio de los elementos que en el caso concreto configuran el título de responsabilidad”(35) (se destaca).
En concepto de la Sala, el acervo probatorio aporta seguridad inconcusa sobre la intención de los autores del acto terrorista: asaltar la Caja Agraria y apropiarse del dinero —en primer lugar—, y atentar contra la institucionalidad que representa —en segundo—, esto es, el Estado. Sin embargo, el devenir de los hechos sirve como fundamento de aplicación de la teoría del daño especial, solo que en esta ocasión no por cuanto el ataque estuviera dirigido contra la administración, sino en virtud de la responsabilidad —que aunque sin ser el propósito de la institución, fue contravenida con la implementación de la nueva estrategia—, asignada por la Constitución para garantizar la seguridad y salvaguardia de los ciudadanos, visión que acentúa su enfoque en la lesión sufrida por la víctima, que debe ser preservada frente al perjuicio no buscado, no querido, ni tampoco merecido(36). Esta teoría, con fuerte basamento en la equidad y la solidaridad, se enmarca dentro de los factores objetivos de imputación de responsabilidad estatal con los que se ha enriquecido este catálogo(37).
En el presente caso, el análisis de los hechos arroja como resultado la ocurrencia de un daño, que a todas luces tiene la característica de ser anormal y excepcional, es decir, un daño antijurídico que la sociedad demandante no tenía la obligación de soportar, en cuanto se le impuso una carga claramente desigual —respecto de la que asumen comúnmente los ciudadanos—, como consecuencia de la labor estratégica de mantenimiento del orden público que cumplía el Estado por medio del poder, la función y la fuerza de policía.
(...) “socavar las instituciones, lo que se explica por la selección del personaje contra el cual se ejecutó. El fenómeno violento se dirigió, pues, contra la organización estatal con el fin de destruirla, o a la búsqueda de concesiones importantes”(38).
“(e)s un fenómeno de alcance global caracterizado por la utilización ilegal o amenaza de violencia premeditada, encubierta y sorpresiva que, a partir de una motivación política, busca sembrar el terror para establecer un contexto de intimidación, provocar repercusiones psicológicas de amplio espectro más allá de la víctima elegida como objetivo, generar pánico, producir histeria, miedo, y liquidar el orden y la autoridad en las sociedades, afectando sustantivamente el Estado de derecho o Rule of Law. El contexto establecido permite promocionar una causa de índole político, religioso o ideológico, las cuales requieren de un accionar político. Como consecuencia de todo ello, se pone en peligro la vida, salud y bienestar de las personas, atentándose contra la paz y seguridad internacionales.
“Los protagonistas de la comisión de estos actos terroristas pueden ser miembros de organizaciones no estatales y sus cómplices, sean Estados o no, de darles apoyo o asilo. De otro lado, también están comprendidos aquellos Estados que utilizan, de modo explícito o implícito, sus servicios de inteligencia y sus agentes(39)”.
“Resulta pertinente traer a colación lo expuesto en un agudo estudio, donde se detalla cómo en Francia, el principio de la indemnización de los daños causados por hechos de guerra, inspiró al legislador la Ley 26 de diciembre de 1914 que adoptó la noción de solidaridad como principio fundante de las indemnizaciones, se comenta así: “... El legislador consagró un sistema de reparación totalmente autónomo, fundado en la noción de solidaridad nacional: la igualdad destrozada en detrimento de algunas personas solamente puede restablecerse porque existe en el corazón de la nación un sentimiento de solidaridad. La solidaridad es un principio único, eterno, en el que reside su grandeza, por el que la nación debe extraer el motivo de su obligación: la deuda de la nación es impuesta a su soberanía por la solidaridad... la unidad nacional no sería más que una metáfora sino engendrara, para toda la nación, al tiempo beneficiaria y tributaria de esta unidad, la obligación de vincularla, no en consideración de una infracción de la nación, sino en consideración de ella misma(31)”(40). La justicia, en términos de Rawls, el teórico contemporáneo más importante en el tema, en palabras sencillas, se fundamenta en una concepción solidarista entre quienes comparten una relación de convivencia, y a partir de su modelo contractual es posible aspirar a un mínimo de ella.
“Con motivo de las acciones terroristas se dota de prerrogativas especiales a los gobiernos, no solo en cuanto a la prevención y represión de las mismas, lo que paradójicamente puede dar origen a la modificación de la construcción teórica que se tenga del Estado, y que hoy día plantea un delicado problema de orden constitucional, en razón de la normatividad de los Estados de excepción o estatutos antiterroristas que ponen límites a los derechos fundamentales, donde se traza una peligrosa línea fronteriza entre la legalidad y la ilegalidad de Estado, Colombia tiene una amplia experiencia en el uso de dicha normatividad excepcional. Esta es la actual encrucijada de los Estados democráticos, el cómo afrontar este tipo de violencia respetando los límites del Estado de derecho lo cual se traduce en una lucha entre el “eficientismo” y el “garantismo”, en Colombia señalan ese horizonte “el estatuto de seguridad”, “el estatuto antiterrorista” y el “el estatuto para la defensa de la democracia”(41).
“Esta incidencia dramática que ejerce el terrorismo político sobre la organización estatal, increíblemente la debilita, cuando haciendo uso de la legalidad decide combatirlo, al punto de originar transformaciones profundas y tener la virtualidad de socavar el Estado social de derecho, es este un elemento más para concluir que si la lucha terrorista es contra el Estado, las víctimas que caen en la misma, son inocentes ajenos al objetivo directo de la confrontación, y el Estado como tal debe acudir en su favor, bien a través de los sistemas de indemnización legal, o bien los resarcitorios propios del régimen de la responsabilidad.
“Existe también un precio o un costo para reducir el terrorismo —y no eliminarlo totalmente—, pero sí a través del derecho limitarlo al máximo posible, a efectos de no tener que resarcir las víctimas de los atentados de esta forma especial de violencia; ante el criterio economicista no debe olvidarse que el contrato social o pacto original tiene consecuencias vinculantes que obliga a los Estados a legitimarse a través de la eficacia o pactum solutionis, de lo contrario: “Si los costes de tolerar el terrorismo se hacen demasiado elevados, se deberán pagar otros costes con el fin de reducir el riesgo. Este riesgo no podrá reducirse hasta cero, pero tampoco es posible reducir hasta cero ninguna de las otras molestias”(42).
“No olvidemos que los mecanismos de indemnización son el resultado de las guerras europeas ante la magnitud de los daños y el número de víctimas, estas fueron el acicate para el avance en la materia y no la excusa para no reparar los daños ocasionados a la población(43), y de otro lado la existencia de la normatividad de excepción que puede poner en jaque la naturaleza del Estado y sus principios básicos hace que las víctimas deban tener un trato excepcional, como contrapartida del redimensionamiento transitorio de la legalidad.
“Los jueces en desarrollo de su función, se repite, deben hacer una interpretación de la normatividad que involucre los principios y valores constitucionales, a efectos de dar prevalencia a los derechos de los asociados. Por lo tanto, estos, en su labor interpretativa, no pueden dejar de lado la doctrina constitucional, pues ella, precisamente, plasma el sentido y orientación que debe darse al ordenamiento jurídico. Se requiere, entonces, una acción conjunta dentro de la jurisdicción que imprima un sentido de unidad no solo en la interpretación sino en la aplicación del conjunto normativo existente, a la luz de los principios y valores que emanan de la constitución... No puede olvidarse que la función de los jueces, en el marco de un Estado social de derecho (...) es, precisamente, materializar en sus decisiones, los principios y fines del Estado, entre los que se encuentra no solo el mantenimiento de un orden justo sino la efectividad de los derechos de todas y cada una de las personas que habitan el territorio colombiano, artículo 2º”(44).
“En el derecho contemporáneo existen dos vías posibles para garantizar las indemnizaciones a las víctimas por actos terroristas, la vía jurisdiccional y los regímenes legislativos especiales de indemnización y de asistencia pública, como ocurre entre otros en el derecho español(45) y en el Francés(46).
“La ley, sin ser perfecta, pues pierde la oportunidad de compensar con mayor generosidad tantos años de olvido, satisface, por lo menos en el terreno económico, muchas de las frustradas pretensiones de quienes hasta hoy eran doblemente víctimas. Víctimas de una barbarie que destrozó sus vidas y víctimas de verse condenados a la condición de perpetuidad acreedora... Esta medida solidaria y necesaria para poner fin al laberinto de reclamar a quien es insolvente cuando no anónimo, debiera ser un verdadero cause de transmisión de derechos, no válvula de escape para la huida de la responsabilidad de los autores”(47).
“Función indemnizatoria, que igualmente, la ley la cumple en Francia, donde se ha reconocido que la víctima del acto terrorista, es víctima inocente de un riesgo social, difícil o imposible de contener por ser un acto de guerra en tiempo de paz y en consecuencia debe ser indemnizado por toda la colectividad, de allí que “las normas jurídicas correspondientes expresan el crecimiento del papel del Estado en las relaciones individuales de responsabilidad civil y la pretensión de reparar las injusticias sociales causadas por los límites propios de las reglas ordinarias de la responsabilidad civil clásica(82)”(48).
“En nuestro medio la normatividad que deviene desde 1993, de manera reiterada ha invocado no solo el mismo principio, sino además el del “daño especial” que reciben las víctimas, pero en el plano de la realidad lo contemplado en dichas disposiciones se torna insuficiente porque no cumple un verdadero papel indemnizatorio, se trata como allí se destaca de una simple asistencia humanitaria coyuntural, lo que demanda indudablemente ante su insuficiencia que el juez en el horizonte de esos dos principios —solidaridad y daño especial—, encumbre el estado actual de la jurisprudencia, para realizar lo que la normatividad enuncia pero no cumple ante su propia limitación de “asistencia humanitaria”, que le da más un entorno de retórica legislativa que de verdadero compromiso con las víctimas inocentes de una guerra que no les pertenece. Puede el juez, teniendo como punto de partida la unidad del ordenamiento jurídico, desarrollar y dar aplicación al bloque de constitucionalidad y a las leyes de ayuda humanitaria, para encontrar los fundamentos de imputación que predican algunos como algo insustituible y sacramental que les permite seguir anclados en el universo utópico de los conceptos, ignorando el incumplimiento de los fines del Estado que son los que justifican su existencia. De allí que “El concepto de “bloque de constitucionalidad”, tan arraigado ya en nuestra doctrina y en la jurisprudencia, no es sino expresión de ese fenómeno, en el cual la Constitución formal y la legislación ordinaria establecen una potente alianza normadora que afecta los elementos básicos del ordenamiento jurídico, a sus principios esenciales”(49).
“Y no puede por último dejarse pasar desapercibido la teoría de D´AHUTEVILLE(50), citada dentro de las conclusiones de la obra del profesor José María Fuster -Fabra Torrellas, al puntualizar:
“Cuarta: En todo caso, y en aplicación de la teoría de D´Ahuteville, la producción del atentado terrorista es siempre consecuencia de una anomalía del Estado; anomalía que no tiene su origen, en nuestro Estado de derecho, en una situación de injusticia social, sino en un sistema que no es capaz de evitar la comisión y proliferación de los mismos. Esa consecuencia derivada de la estructura organizativa y protectora del Estado, entendido como sociedad en la que se desenvuelve el individuo, debe ser reparada, en último caso, por el Estado que es quien debe garantizar a sus súbditos las condiciones necesarias de protección y seguridad(51)” (52).
En todo evento que pueda tener ocurrencia y que vaya dirigido contra la sociedad en su conjunto, y no obstante su carácter de absolutamente injustificable(53), sería utópico pretender que los ciudadanos no tienen el deber de soportar las cargas que su ocurrencia implica. Sin embargo, es el concepto de Estado social de derecho que apareja nuestra realidad constitucional, el que debe inspirar las respuestas que el sistema produzca en materia de actos terroristas, las que necesariamente deberán honrar los reiterados principios de igualdad y solidaridad, entre otros, que hacen que el Estado colombiano sea lo que es, y no otra forma de organización política.
“La solidaridad impone el deber de reparar, el fin reside en no dejar a la víctima desprotegida ante un daño injusto, que no tenga el deber de soportar; de allí que se produzca la ampliación de los factores de atribución de responsabilidad, hasta avanzar más allá de la noción de culpa, antes la frontera en la que se detenía el resarcimiento(54).
“También la solidaridad justifica distribuir entre los diversos miembros de una sociedad, el pesos resarcitorio del daño, cuando ha sido causado en ocasión de un perjuicio público, brindado en interés común(55), como sería el daño sufrido por un vecino o transeúnte, a consecuencia de una bala perdida disparada por la policía persiguiendo a unos ladrones(56)”(57).
“en el caso sub examine, el daño resulta antijurídico, porque un grupo de personas, o una sola de estas, no tiene porqué soportar los daños que se generan con motivo de la defensa del orden institucional, frente a las fuerzas de la subversión, el actuar de la administración, en estos casos, es lícito, pero ello no la libera del deber jurídico de indemnizar los daños que cause con tal motivo”(58).
Por lo que queda expuesto, instrumentalizar el daño especial como criterio de imputación en el presente caso, implica la realización de un análisis que acorde con el artículo 90 Constitución, tome como punto de partida el daño antijurídico que sufrió la demandante; que se asuma que el daño causado, desde un punto de vista jurídico y no simplemente de las leyes causales de la naturaleza, se debe entender como fruto de la actividad lícita del Estado; y, que, por consiguiente, concluya que es tarea de este, con fundamento en el principio de solidaridad interpretado dentro del contexto del Estado social de derecho, equilibrar nuevamente las cargas que como fruto de su actividad, soporta en forma excesiva uno de sus asociados, alcanzando así una concreción real el principio de igualdad.
La teoría del daño especial es conveniente, no solo porque brinda una explicación mucho más clara y objetiva sobre el fundamento de la responsabilidad estatal, sino por su gran basamento iusprincipialista que nutre de contenido constitucional la solución que en estos casos profiere la justicia contencioso administrativa. Sin descartar desde luego, que en algunos eventos de actos terroristas, podrán aplicarse los otros regímenes de responsabilidad —falla del servicio y riesgo excepcional—, si las facticidades que se juzgan así lo reclaman, pues se itera, la teoría del daño especial es subsidiaria, en el entendimiento de que solo se aplica, si los hechos materia de juzgamiento no encuentran tipicidad, en alguno de aquellos otros sistemas de responsabilidad administrativa a los que ya se aludió.
4. En cuanto a la indemnización de perjuicios, el demandante aportó —como lo dejó expreso en la demanda—, “balances, facturas y otros documentos contables”, por lo que se hará necesario verificar el cumplimiento de requisitos de cada título que se pretende hacer valer con miras a su liquidación.
En primer lugar, el Código de Comercio establece los requisitos generales para los títulos valores, aquellos que les son comunes en general, enumerados así:
Si no se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, lo será el del domicilio del creador del título; y si tuviere varios, entre ellos podrá elegir el tenedor, quien tendrá igualmente derecho de elección si el título señala varios lugares de cumplimiento o de ejercicio. Sin embargo, cuando el título sea representativo de mercaderías, también podrá ejercerse la acción derivada del mismo en el lugar en que estas deban ser entregadas.
“ART. 624.—Derecho sobre título-valor. El ejercicio del derecho consignado en un título-valor requiere la exhibición del mismo. Si el título es pagado, deberá ser entregado a quien lo pague, salvo que el pago sea parcial o solo de los derechos accesorios. En estos supuestos, el tenedor anotará el pago parcial en el título y extenderá por separado el recibo correspondiente. En caso de pago parcial el título conservará su eficacia por la parte no pagada”. (Negrillas fuera del texto original).
Es claro, entonces, que la exhibición del título valor original se trata de un requisito sine qua non para el ejercicio del derecho que en él se incorpora, de allí que, para el efecto del que aquí se ocupa la Sala, los documentos que se pretendan hacer valer deberán haber sido presentados en original, so pena de restarles el valor probatorio que pretende atribuirles el interesado. Si la copia, duplicado o similar del documento contentivo del derecho fuera suficiente para ejercitar el derecho que en él se contiene, tal supuesto habría sido de elemental alusión por parte del legislador. No siendo así, la prueba del derecho que se pretende, incorporado en un título valor, debe tener carácter de plena certeza, verosimilitud que solo se alcanza mediante la presentación del documento original.
Evidentemente, tratándose de documentos que incorporan el derecho que se pretende hacer valer, no puede tener mérito probatorio alguno el título que se aporta en copia o que, en suma, carece de algunos de los requisitos de su esencia. Así también lo expresó el académico Henry Alberto Becerra León, quien al disertar sobre los requisitos de validez de los títulos valores se refirió al fenómeno de la ineficacia —regulada por el estatuto de comercio—, precisando que estos se componen de un instrumento —llámese documento— y de la obligación que en ellos se incorpora, siendo ambos elementos susceptibles de la afectación:
“(...) En ese orden de ideas, debe advertirse que la ineficacia ataca en algunas ocasiones al instrumento y, en otras, a la obligación cambiaria, razón que obliga a clasificar las especies de ineficacia propuestas por el Código de Comercio, Así:
1. Ineficacias que perturban los efectos del instrumento, pero no atacan los efectos de la obligación: a) la ineficacia liminar, y b) la inexistencia (...).
Está prevista en el Código de Comercio, así: artículo 897.- Cuando en este código se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial (...).
La ineficacia liminar o de pleno derecho atacó el instrumento, pero no perturba los efectos de la obligación, la cual sigue siendo una obligación civil (...).
Igual a como ocurre en la ineficacia liminar, la inexistencia no puede ser declarada por el juez; simplemente, el negocio jurídico inexistente nunca nació y, por ende, nunca produjo efectos (...).
En punto de los títulos-valores, puede afirmarse que la formalidad sustancial es, sin lugar a dudas, le presencia del documento escrito. No existe un título valor que no conste en documento escrito. Pero, además, ese documento debe contener los requisitos esenciales generales que impone el artículo 621 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 1501 del C.C., y los esenciales particulares que, para cada título-valor en especial, nuestra legislación exige (...)” (negras fuera del texto original).
De otro lado, comoquiera que gran parte de los documentos aportados son facturas cambiarias —o se pretenden hacer valer como tales—, es de resorte indispensable referirse a la regulación contenida en el Código de Comercio, anterior a las modificaciones que introdujera la Ley 1231 de 2008 por la cual se unificó la factura como título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, y se dictaron otras disposiciones—.
La omisión de cualquiera de estos requisitos no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura cambiaria, pero esta perderá su calidad de título-valor”. (Texto original del Código de Comercio, vigente al momento de presentación de la demanda).
X CENLA X 3/4/1999 $ 34.100 NO 29
X CENLA X 30/4/1999 $ 36.000 NO 30
Drogas Alkosto CENLA Factura 30/4/1999 $ 164.866 NO 31
Drogas Alkosto CENLA Factura 30/4/1999 $52.576 NO 32
Super Ley X Factura 18/5/1999 $ 12.660 NO 32
Éxito X Factura 18/5/1999 $ 15.870 NO 32
CENLA Celma Trujillo X 18/5/1999 $ 5.400 NO 33
Sumi drogas Héctor Ramos Recibo de Caja 24/04/1999 $ 1’128.679 NO 41
Comercializadora Pérez Gómez CENLA Factura 24/04/1999 $ 110.600 NO 42
Makro CENLA Factura 24/04/1999 $ 561.888 NO 43 a 45
NO NO X 17/04/1999 $ 16.000 NO 46
NO Farmacia y Papelería Altamira Pedido 26/04/1999 $ 1.400 NO 46
Wilmar Vargas NO Factura 27/04/1999 $ 5.000 NO 47
NO CENLA X 23/04/1999 $ 8.650 NO 48
NO Ramos Botero Ltda. Orden Compra 12/06/1999 $ 331.812 NO 59 y 60
NO Ramos Botero Ltda. Orden Compra 12/06/1999 $ 139.683 NO 61
Sumi Drogas Ramos Botero Ltda. Factura 15/06/1999 $ 30.080 SI 62
Drogas Calidad Héctor Ramos X 29/06/1999 $ 340.900 NO 63
Drogas Calidad Héctor Ramos Remisión 27/07/1999 $ 239.300 NO 63
Sumi Drogas Ramos Botero Ltda. Recibo de caja 19/06/1999 $ 462.058 NO 65
Drogas Calidad Héctor Ramos X NO $ 351.800 NO 67
Sumi Drogas Ramos Botero Ltda. Recibo de caja 31/05/1999 $ 680.000 NO 68
Sumi Drogas Héctor Ramos Recibo de caja 31/05/1999 $ 13.164 NO 69
Carlos Colorado Ramos Botero Ltda. Cuenta Cobro 8/09/1999 $ 2’556.000 NO 151
Tecnomédica Carlos Alberto Colorado Cotización 03/09/1999 $ 2’556.000 NO 152
Así las cosas, se concluye que el documento que se resalta es el único que cumple con los requisitos de ley a efectos de su declaración como título que incorpora un derecho a reconocer.
Previo a la verificación de la acreditación de la profesión de contador —necesaria para el ejercicio de las actividades relacionadas en los artículos 11 y 13 de la Ley 43 de 1990(59)—, los estados financieros allegados presentan una serie de inconsistencias, de acuerdo a las formalidades reguladas por el Decreto 2649 de 1993, que taxativamente dispone:
“(...) Sección I.
ART. 21.—Estados financieros de propósito general. Son estados financieros de propósito general aquellos que se preparan al cierre de un período para ser conocidos por usuarios indeterminados, con el ánimo principal de satisfacer el interés común del público en evaluar la capacidad de un ente económico para generar flujos favorables de fondos. Se deben caracterizar por su concisión, claridad, neutralidad y fácil consulta. Son estados financieros de propósito general, los estados financieros básicos y los estados financieros consolidados.
ART. 26.—Estados financieros de periodos intermedios. Son estados financieros de períodos intermedios los estados financieros básicos que se preparan durante el transcurso de un período, para satisfacer, entre otras, necesidades de los administradores del ente económico o de las autoridades que ejercen inspección, vigilancia o control. Deben ser confiables y oportunos.
ART. 38.—Ingresos. Los ingresos representan flujos de entrada de recursos, en forma de incrementos del activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que generan incrementos en el patrimonio, devengados por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución de otras actividades realizadas durante un período, que no provienen de los aportes de capital.
ART. 45.—Cuentas de orden de control. Las cuentas de orden de control son utilizadas por el ente económico para registrar operaciones realizadas con terceros que por su naturaleza no afectan la situación financiera de aquel. Se usan también para ejercer control interno (...)”. (Negrillas y subrayas fuera del texto original).
A folio 183 del cuaderno 1 se verificó el balance general inicial, suscrito el 20 de abril de 1999, fecha que coincide con el inicio del contrato de arrendamiento el 13 de abril de 1999 (fl. 178 y 179 del cdno. 1), lo que deja entender que la actividad comercial de la Farmacia y Papelería Altamira comenzó su sede en el corregimiento del mismo nombre en tal fecha. Pese a dicha presunción, tal inicio no deja de contrastar con la fecha de creación de la sociedad, que en el certificado de existencia y representación corresponde al 3 de abril de 1995. Tampoco pasa desapercibido en el contrato que la arrendataria, es decir, la sociedad demandante, pagó por adelantado 12 meses del canon de arrendamiento, estipulado en $ 120.000.
De otro lado, en el balance aportado se evidencian serias inconsistencias, pues para quien lo elabora las cifras correspondientes al total del pasivo más el patrimonio —que en ningún momento expresó ni individualizó— y el total del activo, se corresponden proporcionalmente, dejando el balance en ceros. Pero más ambiguo aún resulta que el total de pasivos, que asciende a $ 6’370.000 sumado al patrimonio, arroja igual cifra, lo que deja entender que el patrimonio inicial es de $ 0. Así quedó certificado:
Caja Menor $100.000 $100.000 Cuentas por pagar a terceros $ 6.370.000 $ 6’370.000
Mercancía no trns X la empresa $3.000.000 $3.000.000 TOTAL PASIVOS $ 6’370.000
$ 300.000 $1’830.000 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO $ 6’370.000
Arrendamiento $ 1’440.000 $ 1’440.000
TOTAL ACTIVOS $ 6’370.000
A continuación, el estado de resultado suscrito el 11 de agosto siguiente, consolida las ventas menos el costo de la mercancía, arrojando una utilidad bruta a la cual le agrega otros ingresos no especificados, de cuyo resultado extrae la utilidad neta. Esta utilidad menos los gastos operativos arroja la utilidad final, llamada operacional, que totaliza en $995.754 Así lo expresó:
MENOS: Costo de la mercancía vendida
= UTILIDAD BRUTA $9’856.535
($5’990.673)
$ 3’865.862
Recuperación de costos y gastos $ 960.000 $ 960.000
=UTILIDAD NETA $ 4.825.862
MENOS GASTOS OPERATIVOS:
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON:
Arriendo Construc. Y edificaciones
Transportes Fletes y Acarreos
$1.197.952
$83.103
$1.410.108
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMÓN
$3.830.108
UTILIDAD OPERACIONAL $995.754
Con igual fecha, se aportó el balance general final, en el que el inventario en mercancía aumentó considerablemente respecto al balance inicial —de $ 3.000.000 a $ 15’813.498—, reflejando un aumento de más del 500% y una valorización de los bienes muebles relacionados como activos fijos de poco más del 100%. Así mismo, los pasivos se triplicaron, y nuevamente sumados a lo que denomina patrimonio —y que no se expresa ni se individualiza—, totaliza igual cifra que los activos. Es decir, activos menos pasivos es igual a cero.
Caja Menor $ 158.450 $ 158.450 Cuentas por pagar
$ 20’092.948 $ 20’092.948
Otros (canon)
$ 960.000 $ 1.196.000
Mercancía no trns X la empresa $ 15.813.498 $ 15.813.498 TOTAL PASIVOS $ 20’092.948
Teléfono Pco
$ 400.000 $ 2.925.000
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Tal como se evidencia, y teniendo en cuenta las definiciones que de cada uno de los elementos del balance otorga el legislador, es necesario concluir que los mismos no se presentaron de acuerdo a los parámetros y convenciones establecidas y aceptadas comúnmente, lo que desdibuja la fiabilidad y certidumbre de los datos que reflejan los mismos.
Posteriormente, a folio 187, existe un cuadro de ingresos comparativos carente de firma que entregue constancia de la información allí relacionada. Así mismo, a folio 191 obra una constancia rubricada por el representante legal y el contador donde certifican que algunos documentos contables —en su mayoría de julio y agosto de 1999—, se perdieron con la destrucción de las instalaciones. Finalmente, a folios 192 a 196 se verificaron sendos documentos privados suscritos igualmente por el representante legal y el contador, donde se relaciona el daño emergente y el lucro cesante sobrevinientes con la toma guerrillera.
Ahora bien, respecto a la calidad profesional del contador, a folio 72 del cuaderno 1 obra copia simple de acta individual de graduación expedida por la Universidad Cooperativa de Colombia como constancia del título otorgado a Juan Esteban Arbeláez Orozco el 5 de marzo de 1999, quien junto al representante legal de la Farmacia y Papelería Altamira, suscribió el 20 de abril y el 11 de agosto siguientes los balances generales inicial y final —y el de resultados del establecimiento—. Sin embargo, de acuerdo a la Ley 43 de 1990 —reglamentaria de la profesión de contador público—, se presenta una nueva inconsistencia:
“(...) Capitulo primero
ART. 1º—Del contador público. Se entiende por contador público la persona natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la presente ley, está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general. La relación de dependencia laboral inhabilita al contador para dar fe pública sobre actos que interesen a su empleador. Esta inhabilidad no se aplica a los revisores fiscales, ni a los contadores públicos que presten sus servicios a sociedades que no estén obligadas, por la ley o por estatutos, a tener revisor fiscal.
PAR. 1º—Los contadores públicos y las sociedades de contadores públicos quedan facultados para contratar la prestación de servicios de las actividades relacionadas con la ciencia contable en general y tales servicios serán prestados por contadores públicos o bajo su responsabilidad.
PAR. 2º—Los contadores públicos y las sociedades de contadores públicos no podrán, por sí mismas o por intermedio de sus empleados, servir de intermediarias en la selección y contratación de personal que se dedique a las actividades relacionadas con la ciencia contable en general en las empresas que utilizan sus servicios de revisoría fiscal o de auditoría externa.
PAR. 1º—A partir de la vigencia de la presente ley, para ser inscrito como contador público es necesario ser nacional colombiano en ejercicio de los derechos civiles, o extranjeros domiciliados en Colombia con no menos de tres (3) años de anterioridad a la respectiva solicitud de inscripción y que reúna los siguientes requisitos:
PAR. 3º—En todos los actos profesionales, la firma del contador público deberá ir acompañado del número de su tarjeta profesional (...)”. (Negrillas y subrayas fuera del texto original).
En efecto, ninguno de los documentos contables que certificó Juan Esteban Arbeláez —quien se suscribió como el contador público de la sociedad demandante—, se encontró respaldado por el número de su tarjeta profesional, lo que fehacientemente desmiente la calidad competitiva bajo la que dijo actuar, puesto que no acreditó en debida forma su profesión.
Finalmente, se aportaron dos contratos individuales de trabajo a término fijo inferior a un año, suscritos por la sociedad demandante en situación de empleador y Selma de Jesús Trujillo Quiceno —para el cargo de administradora— y Silvia Aide Trujillo Quiceno —sin cargo especificado—, en calidad de empleadas, recibiendo una remuneración de $ 236.438 y $ 63.050, respectivamente. No obstante, no es clara la finalidad de su aporte probatorio, comoquiera que al respecto nada se dijo en las pretensiones y tampoco obra constancia que acredite el pago de los salarios causados hasta la terminación del contrato, de allí que, no les asiste valor alguno en el acervo.
Así las cosas, es evidente que la indemnización que resultaría de los soportes financieros allegados —y que son susceptibles de ser valorados— sería desproporcionadamente inferior en relación con el daño que a todas luces sufrió la demandante, pues se componen escasamente de un contrato de arrendamiento y una factura, insuficientes por sí solos para determinar el grado de afectación y su incidencia, pues de ellas la utilidad final derivada de la actividad comercial no solo no superaría el salario mínimo de la época de los hechos sino que, de obedecer a la realidad, habrían hecho del mismo un establecimiento inviable en la práctica. Sin embargo, resulta incuestionable la debacle provocada con la incursión guerrillera y, en tal sentido, innegable que la sociedad demandante afrontó un perjuicio superior que no estaba obligada a soportar. Por tal motivo, pese a la falta de contundencia de las pruebas allegadas para acreditar el lucro cesante, la indemnización —bajo esta modalidad— se liquidará con base en el salario mínimo.
De otra parte, se debe precisar que lo instado bajo el título de daño emergente —de igual manera—, adolece de respaldo categórico que ofrezca convicción más allá de las afirmaciones enervadas en la demanda, de allí que, además de lo deprecado por concepto de arrendamiento del bien inmueble, nada más se concederá con fundamento en este concepto.
a. Con fundamento en el contrato de arrendamiento de local comercial suscrito el 13 de abril de 1999 entre Carlos Enrique Bedoya Restrepo y Ramos Botero y Asociados Ltda., con base en el cual se pagaron por adelantado 12 meses.
Valor del canon mensual estipulado______________________ $ 120.000
Del 13 de abril de 1999 al 13 de abril de 2000_____________ $ 1’440.000
Fecha de la incursión guerrillera ________________________ 11 de agosto de 1999
Tiempo transcurrido del contrato _______________________ 121 días
Tiempo restante para el vencimiento ____________________ 244 días
$ 1’440.000 / 365 * 244 = _____________________________ $ 962.630,14
Cifra actualizada(60) ___________________________________ $ 1’938.656,38
Por otro lado, —con el fin de que integre el presente criterio de indemnización—, la factura obrante a folio 62, cuyo valor es de $ 30.080(61), una vez actualizada se totalizó en: $ 61.068,89
Total indemnización por daño emergente = ___________ $ 1’999.725,27
Salario mínimo año 1999 _______________________________ $ 236.438
Cifra actualizada(62) _____________________________________$ 476.166
En razón a que la actualización del salario mínimo de la fecha de los hechos sigue siendo inferior al actual, el valor actualizado corresponderá al salario mínimo de la fecha de la sentencia, es decir, $ 589.500 cifra sin incrementos ni descuentos adicionales, pues se refiere al ingreso neto del establecimiento comercial “Farmacia y Papelería Altamira”.
Así las cosas, la indemnización consolidada se calculará con base en la siguiente fórmula:
Ra = Es la renta actualizada que equivale a $ 589.500
n= Número de meses que comprende el período indemnizable: desde el día de los hechos (11 de agosto de 1999) hasta la fecha de esta sentencia (mar. 2013), esto es, 163,00 meses.
S= $589.500 (1 + 0.004867)163 - 1
S= $ 146’130.600.
Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante a favor de Ramos Botero y Asociados Ltda., equivale a $ 146’130.600. No se entregará indemnización futura, toda vez que dicho concepto no fue objeto de solicitud en las pretensiones.
REVÓCASE la sentencia del 8 de abril de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia –Sala Primera de Decisión-, en su lugar se decide:
1) Declárase patrimonialmente responsable a la Nación, —Ministerio de Defensa, Policía Nacional—, por los daños materiales ocasionados a la Farmacia y Papelería Altamira —ubicada en el corregimiento de Altamira, Municipio de Betulia Antioquia—, de propiedad de la sociedad Ramos Botero y Asociados Ltda.,
2) Condénase a la Nación, —Ministerio de Defensa, Policía Nacional—, a pagar, por concepto de daños materiales -en la modalidad de daño emergente-, a Ramos Botero y Asociados Ltda., la suma de $ 1’999.725,27
3) Condénase a la Nación, —Ministerio de Defensa, Policía Nacional—, a pagar, por perjuicios materiales —en la modalidad de lucro cesante—, la suma de $ 146’130.600.
4) Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.
6) En firme esta providencia vuelva el expediente al tribunal de origen.
(2) Esta corporación ha reiterado que los artículos publicados en la prensa escrita pueden apreciarse por el juez como prueba documental solo para tener“(...) certeza sobre la existencia de la información, pero no de la veracidad de su contenido”. Sobre el mérito probatorio de las publicaciones de prensa como prueba en los procesos se encuentran también las siguientes providencias: sentencia de 27 de junio de 1996, Rad. 9255, C.P. Carlos A. Orjuela G.; sentencia de 15 de junio de 2000, Exp. 13.338, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 10 de noviembre de 2000, Rad. 18298, actor: Renata María Guadalupe Lozano, C.P. Ricardo Hoyos Duque, y sentencia del 16 de enero de 2001, aad. ACU-1753, C.P. Reinaldo Chavarro; sentencia de 25 de enero de 2001, rad. 3122, C.P. Alberto Arango Mantilla; sentencia de 6 de junio de 2002, rad. 739-01, C.P. Alberto Arango Mantilla.
(3) En sentencias de 15 de junio de 2000 y de 25 de enero de 2001, al igual que en auto de noviembre diez de 2000, según radicaciones 13338, 11413 y 8298, respectivamente, el Consejo de Estado, Sección Tercera, expuso una tesis según la cual una versión periodística aportada al proceso solo prueba que la noticia apareció publicada en el respectivo medio de comunicación.
(4) Sentencia de 6 de junio de 2007, Expediente AP-00029, M.P. María Elena Giraldo Gómez. Sección Tercera.
(5) Sentencia de 15 de junio de 2000, Expediente 13338, M.P. Ricardo Hoyos Duque. Sección Tercera.
(6) Sentencia del 2 de marzo de 2006, Expediente 16587, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Sección Tercera.
(7) Sentencia del 15 de junio de 2000, Expediente 13338, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Sección Tercera.
(8) Sentencia del 29 de mayo de 2012, Exp. 2011-01378 C.P. Dra. Susana Buitrago Valencia – Sala Plena Contenciosa Administrativa.
(9) Sobre el valor probatorio de las fotografías, véase las sentencias 12.497 de 2 de marzo de 2000, AP-263 del 21 de agosto de 2003, 13.811 de 25 de julio de 2002, 19.421 del 26 de mayo de 2010 y 19.572 del 23 de junio de 2010.
(10) Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 5 de diciembre de 2006, Expediente radicado al Nº 19001-23-31-000-1999-02088-01(28459).
(11) Ver en ese sentido, sentencia de 17 de junio de 2004 Expediente 44001-23-31-000-1996-0825-01(15183) y providencia de 19 de noviembre de 2008, Expediente 07001-23-31-000-2000-00348-01(28259), proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado.
(12) García de Enterría Eduardo y Fernández Tomás-Ramón, curso de derecho Administrativo, t. II, ed. Civitas, Madrid, 1999, pág. 369.
(13) Lo expuesto es soportado por los aportes que numerosos autores han realizado al tema de la responsabilidad, de los que constituye un buen ejemplo el tratadista Vázquez Ferreyra, quien escribió:
“Insistimos en señalar que los factores objetivos de atribución constituyen un catálogo abierto sujeto a la expansión. Por ello la mención solo puede ser enunciativa. Al principio solo se mencionaba el riesgo creado; un análisis posterior desprendido del perjuicio subjetivista permitió vislumbrar a la equidad y la garantía. Hoy conocemos también otros factores, como la igualdad ante las cargas públicas, que es de creación netamente jurisprudencial” —destacado fuera de texto—.
(14) Oportunidad en que el Consejo de Estado conoció la demanda de El Siglo S.A. contra la Nación, en virtud del cerco policial y la suspensión de servicios de que habían sido objeto las instalaciones del rotativo durante 27 días, medios con los que pretendió impedir que la multitud destrozara la maquinaria del periódico.
(15) Consejo de Estado, sentencia de julio 27 de 1947. C.P. Gustavo A Valbuena.
(16) En este sentido esta corporación ha consagrado:
“Se ha reconocido por la doctrina y la jurisprudencia que se compromete la responsabilidad patrimonial de la administración pública cuando esta, en ejercicio de sus competencias y obrando dentro del marco de las disposiciones legales, causa con su actuación un perjuicio de naturaleza especial y anormal a un administrado, un daño que excede el sacrificio que el común de los ciudadanos debe normalmente soportar en razón de la peculiar naturaleza de los poderes públicos y de la actuación estatal”.
(17) Entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera, Nº de radicación 16205, de agosto 1º de 2005, C.p. María Helena Giraldo, caso de las lesiones sufridas por un conscripto
(18) Entre otros, Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 4493, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; y Consejo de Estado, Sección Tercera, Nº de radicación 24671, de diciembre 13 de 2005, C.p. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(19) En la ya mencionada sentencia del Consejo de Estado, de julio 27 de 1947. C.P. Gustavo A Valbuena. [En esa ocasión, el Consejo de Estado tuvo la oportunidad de examinar aquella situación tan singular en la cual el presidente de la república, Alfonso López, fue detenido por unidades militares en la ciudad de Pasto, lo que originó una crisis y propició que ocupara la presidencia de manera transitoria, el primer designado, quien en virtud de sus facultades otorgó poderes de policía al Ministro de la Defensa para que dictara una resolución tomando posesión y censura de todos los periódicos y revistas del país; a uno de los diarios que no se le designó censor fue al periódico El Siglo, que luego se debió proteger paradójicamente por la misma fuerza pública frente a las turbas enardecidas que iban a atacar sus instalaciones, y por esa protección que le prestó el Estado, se vio en la imposibilidad circular derivándose así un perjuicio].
(20) [Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de octubre de 1976, Rad. 1.482. Magistrado Ponente: Jorge Valencia Arango].
(21) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 5502, C.p. Juan de Dios Montes Hernández, 1º de agosto de 1991.
(22) Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente 6097, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta, 20 de marzo de 1992.
(23) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 6110, C.P. Policarpo Castillo Dávila, sentencia de 24 de abril de 1991.
(24) En donde resulta especialmente enunciativo un párrafo de dicha providencia, que se trascribe
(25) Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente 7716, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta, 17 de junio de 1993.
(26) Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente 4655, C.P. Dr. Antonio José Irisarri Restrepo, en Extractos de Jurisprudencia del consejo de Estado, primer trimestre de 1989, Tomo III, Publicaciones Caja Agraria, Bogotá, págs. 249 y 250.
(27) Exigencia que se deriva de la idea de “sistema” del ordenamiento jurídico, es decir, de cuerpo único y armónico de normas jurídicas, que se relacionan con base en reglas de jerarquía, competencia y vigencia. Es esta la base del principio de hermeneútica conforme a la Constitución, que exige la interpretación y aplicación de las normas infraconstitucionales con armonía y estricta observancia de los preceptos constitucionales. En este sentido Corte Constitucional se ha referido al principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución, entre otras en la Sentencia C-070 de 1996 y C-038 de 2006.
(28) Corte Constitucional, Sentencia C–1547 de 2000, M.P. (e): Cristina Pardo Schlesinger, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 numeral 1 del Código de Procedimiento Civil.
(29) “Porque la equidad no es fuente del derecho, sino medio de determinación del derecho justo”, como sabiamente lo ha enseñado Entrena Klett Carlos María, La equidad y el arte de juzgar, Ed. Aranzadi, 2ª Ed., Navarra, 1990, pág. 23.
(30) Corte Constitucional, Sentencia SU-837 de 2002.
(31) Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P. Pedro Gómez Parra, septiembre 30 de 1949.
(32) En este sentido ha expresado esta corporación:
Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P.: Guillermo González Charry, abril 21 de 1966.
(33) Consejo de Estado, Sección Tercera, rad. 8490, 27 de enero de 2000, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.
(34) Sentencia T-429 de 1994 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(35) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de tres de mayo de 2007, Expediente: 16.696 (06081), actor: Luz Marina Ramírez Barrios y otros. Consejero Ponente: Enrique Gil Botero.
(36) García de Enterría Eduardo y Fernández Tomás-Ramón, curso de derecho Administrativo, t. II, ed. Civitas, Madrid, 1999, pág. 369.
(37) Lo expuesto lo soportan los aportes de numerosos autores al tema de la responsabilidad, de los que constituye un buen ejemplo el tratadista Vázquez Ferreyra, quien escribió:
“Insistimos en señalar que los factores objetivos de atribución constituyen un catálogo abierto sujeto a la expansión. Por ello la mención solo puede ser enunciativa. Al principio solo se mencionaba el riesgo creado; un análisis posterior desprendido del perjuicio subjetivista permitió vislumbrar a la equidad y la garantía. Hoy conocemos también otros factores, como la igualdad ante las cargas públicas, que es de creación netamente jurisprudencial”. —destacado fuera de texto—.
(38) Apartes trascritos en Consejo de Estado, Sección Tercera, Rad. 8577, septiembre 23 de 1994, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta “Los actos terroristas y el derecho privado” en El seguro en la propiedad horizontal y ante los actos terroristas, Medellín, 1986, pág. 76 y 77.
(39) Comisión Andina de Juristas, Anuario 2005: Red de Información Jurídica. Sitio web: www.cajpe.org.pe
(31) (sic) Véase. J.O. Déb., 1 de junio de 1915, año Xe 1904.
(40) Gustavo Quintero Navas, Conflicto armado y responsabilidad del Estado: análisis del derecho colombiano a la luz del derecho francés, Revista Nº 10 de derecho público Universidad de los Andes, 1999, pág. 173.
(41) Juan Carlos Peláez Gutiérrez, Ob. Cit., pág. 18.
(42) David C. Rapoport, Ob. Cit., pág. 168.
(43) Juan Carlos Peláez Gutiérrez, Ob. Cit., pág. 144
(44) Sentencia SU-846/2000.
(45) En el derecho español, acontece igual, a la par de la vía jurisdiccional, el régimen legal está conformado por la siguiente normatividad: Real Decreto 1211 del 18 de julio de 1997 por el cual se aprueba el reglamento de ayudas y resarcimiento a las víctimas de delitos de terrorismo; Real Decreto Ley 13 de 1997 por el cual se autorizó la celebración de un sorteo de la lotería nacional a favor de las víctimas de terrorismo; orden del 12 de septiembre de 1997 por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones a las asociaciones representativas y de defensa de las víctimas de terrorismo y a las entidades que realicen actividades asistenciales a favor de las mismas; Real Decreto 73 de 1998 del 23 de enero por el que se regulan los criterios de asignación de las ayudas a víctimas de terrorismo derivadas de los beneficios obtenidos en el sorteo de la lotería nacional del 18 de octubre de 1997. Finalmente la Ley 32 de 1999 mediante la cual se alcanza la solidaridad con las víctimas del terrorismo, y el Real Decreto 1912 de 1999 reglamento de ejecución de la Ley 32 de 1999. Como también la Ley 2 de 2003, modificatoria de la Ley 32 de 1999, y el Real Decreto 288 de 2003 por el que se aprueba el reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo.
(46) En Francia esta última vía fue adoptada mediante el régimen legislativo, Ley 86-1020 de septiembre 9 de 1986, que permite por un procedimiento rápido la indemnización de todas las víctimas de terrorismo en territorio francés e incluso de los nacionales franceses en el exterior. Esta ley ha sido complementada y mejorada por reformas legislativas como las leyes del 30 de diciembre de 1986, del 23 de enero y 6 de julio de 1990, y la ley del 8 de febrero de 1995.
(47) Responsabilidad civil derivada de actos de terrorismo, Editorial Atelier, Barcelona, 2001, pág. 175, Tesis doctoral Cum Laude.
(82) (Sic) Baudouin, La responsabilité civile délictuelle, Québec, 1985, pág. 488 y ss.
(48) Fuster – Fabra Torrellas, Ob. Cit., pág. 146.
(49) López Garrido, Diego, Ob. Cit., pág. 167.
(50) D´Ahuteville: Indemnity of damges sustained by victims of terrorism. The new system of French laws, en AIDA-Newsletter, nº 29, enero-marzo de 1988, pág. 458 y ss.
(51) Ob. Cit., pág. 238.
(52) Gil Botero, Enrique, Temas de responsabilidad extracontractual del Estado, Bogotá, Comlibros, tercera edición, 2006, pág. 225 a 234.
(53) La Asamblea General de la ONU, en su quincuagésimo primer período de sesiones, por medio de la resolución A/RES/51/210 de 17 de diciembre de 1996, punto I.2., expresó:
“Reitera que los actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan para poder justificarlos”.
(54) López Mesa, Algunos excesos en materia de responsabilidad del Estado. “¿Es posible aplicar al Estado la doctrina del riesgo creado?”. En Revista de Derecho Administrativo, cit, Año 10, Nº 27/29, pág. 437 y s.s.; ídem, Curso, cit., T III, pág. 67; Zavala de González, Resarcimiento de daños, cit., t.4, pág. 85.
(55) Zavala de González, Resarcimiento de daños, cit., t.4, p. 86; CSJN, 27/2/97, “Compañía Swift de La Plata c. Estado nacional”, Ley 1998-D-128; ídem, 21/3/95, “Rebesco, Luis M. c. Estado nacional-Policía Federal-“, ED, 166-377; Cám. Nac. Fed. CC, Sala II, 16/9/97, “Carranza, Julia A. y otros c. municipalidad de Buenos Aires”, La Ley, 1999-C-794, J. Agrup., caso 13.935.
(56) La CSJN ha decidido que cuando la actividad lícita estatal, aunque inspirada en propósitos de interés colectivo, se constituye en causa eficiente del perjuicio para los particulares —cuyo derecho se sacrifica por aquel interés general— los daños- en el caso, muerte a raíz de los disparos efectuados por un policía durante la persecución de delincuentes – deben ser atendidos en el campo de la responsabilidad Portu obrar lícito (CSJN, 10/4/01, “C. de G., F. c. Provincia de Buenos Aires”, DJ, 2001 -3- 866).
(57) Trigo Represas Félix A., López Mesa, Marcelo J., Tratado de la responsabilidad civil, el derecho de daños en la actualidad: teoría y práctica, Buenos Aires, La Ley, Tomo I, pág. 32.
(58) Consejo de Estado, Sección Tercera, Rad. 8577, cit.
(59) Artículo 11. Es función privativa del contador público expresar dictamen profesional e independiente o emitir certificaciones sobre balances generales y otros estados financieros.
b) En todos los nombramientos que se hagan a partir de la vigencia de la presente ley para desempeñar el cargo de jefe de contabilidad, o su equivalente, auditor interno, en entidades privadas y el de visitadores en asuntos técnico­contables de la Superintendencia Bancaria, de Sociedades, Dancoop, subsidio familiar, lo mismo que la Comisión Nacional de Valores y de la Dirección General de Impuestos Nacionales o de las entidades que la sustituyan.
c) Para actuar como perito en controversias de carácter técnico­ contable, especialmente en diligencia sobre exhibición de libros, juicios de rendición de cuentas, avalúo de intangibles patrimoniales, y costo de empresas en marcha.
e) Para dar asesoramiento técnico­contable ante las autoridades, por vía gubernativa, en todos los asuntos relacionados con aspectos tributarios, sin perjuicio de los derechos que la ley otorga a los abogados.
d) Para certificar y dictaminar sobre estados financieros e información adicional de carácter contable, incluida en los estudios de proyectos de inversión, superiores al equivalente a 10.000 salarios mínimos. e) Para certificar y dictaminar sobre los balances generales y otros estados financieros y atestar documentos contables que deban presentar los proponentes a intervenir en licitaciones públicas, abiertas por instituciones o entidades de creación legal, cuando el monto de la licitación sea superior al equivalente a dos mil salarios mínimos.

References: artículo 175
 artículo 177
 artículo 2
 artículo 90
 artículo 897
 artículo 621
 artículo 1501
 resolución 
 artículo 38
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Artículo 11