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Timestamp: 2019-11-15 23:28:41+00:00

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Artículo 35 Bis. Del procedimiento de mediación
Artículo 35 Bis. Del procedimiento de mediación. En la sesión inicial del procedimiento, en caso de que las partes acepten expresamente participar en el mecanismo de mediación, el mediador hará una exposición del conflicto en la que cada una las partes deberá manifestar sus puntos de vista respecto del origen del asunto y sus pretensiones.
Desahogados los demás aspectos que se estimen convenientes por las partes o el mediador, éste fijará las propuestas de solución aportadas por las partes y, si son aceptadas por las mismas, elaborará el acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de esta ley.
Si el mediador al inicio o durante la sesión se percata de que alguna de las partes presenta una situación emocional susceptible de ser atendida por el personal en psicología se solicitará su intervención e independientemente de su informe, se reanudará la sesión o se señalará nueva fecha y hora para su continuación, si una sesión no es suficiente para resolver el conflicto el mediador acordará con las partes la realización de las que sean necesarias, siempre que éstas no rebasen el plazo señalado en la Ley.
Todas las sesiones de mediación serán orales y se llevará registro por escrito de las propuestas concretas o los acuerdos tomados en dicha sesión.
El mediador podrá dar por terminado el procedimiento de mediación cuando por su experiencia se da cuenta de que las partes no están dispuestas a llegar a una solución de su conflicto.
Cuando del mecanismo de mediación se haya llegado a una solución parcial del conflicto deberá contemplarse que quedarán a salvo el derecho del afectado de acudir a las instancias legales correspondientes.
Artículo 37. La duración de la mediación. El procedimiento de mediación no podrá exceder de un plazo de treinta días contados a partir de la fecha de la primera sesión, pudiendo prorrogarse por acuerdo de las partes, por otros treinta días, salvo que el procedimiento requiera de mayor tiempo.
Los participantes lograron un acuerdo que resuelva total o parcialmente el conflicto.
Alguno de los participantes dejó de asistir a dos sesiones programadas sin causa justificada.
Alguna de las partes se niega a suscribir el acuerdo que contenga la solución parcial o total del conflicto.
Alguna de las partes incurra en un comportamiento irrespetuoso o agresivo o con intención notoriamente dilatoria del procedimiento.
Por fallecimiento de alguna de las partes.
Cuando una vez celebradas diversas sesiones, el mediador constate que las partes mantienen posiciones irreductibles que impiden continuar con el procedimiento y se aprecie que no se arribará a un resultado que resuelva el conflicto.
Cuando no se alcance un consenso respecto de algún acuerdo, o bien solo se alcance una solución parcial, las partes conservarán sus derechos para resolver el conflicto mediante las acciones legales que procedan.
Artículo 41 Bis. Suspensión de la sesión de mediación. Si en el desarrollo de la sesión, el facilitador estima fundadamente que el asunto no es susceptible de resolverse por el medio elegido, deberá suspender la sesión y dar por terminado el procedimiento. En caso de tratarse de hechos posiblemente constitutivos de delito grave, deberá canalizar a la víctima u ofendido, de manera inmediata al Ministerio Público.
De tratarse de un asunto derivado por alguna autoridad, el Centro o el facilitador respectivo, en su caso, rendirá un informe sobre los resultados del procedimiento, para los efectos legales que correspondan.
Lugar, hora y fecha de celebración;
Identidad de los participantes, así como el documento oficial con que se identifican;
Los antecedentes del conflicto entre las partes que los llevaron a utilizar los medios alternos;
Un capítulo de declaraciones, si las partes lo estiman conveniente;
La especificación de los puntos sobre los que hubo acuerdo, especificando las obligaciones contraídas;
Las condiciones, términos y plazos para el cumplimiento;
En su caso, manifestación expresa de la parte afectada respecto al otorgamiento del perdón, una vez que se haya dado el cumplimiento del convenio;
La firma de las partes o en caso de que no sepa o no pueda firmar, deberán estampar su huella digital, dejándose constancia de ello, y
La firma del mediador.
El convenio se elaborará por triplicado entregándose un ejemplar a cada una de las partes, conservándose un tanto en el expediente relativo, el cual se mantendrá en los archivos correspondientes.
En asuntos de orden penal, en caso de que se haya iniciado expediente de investigación ante el Ministerio Público, se entregará una copia de éste a quien la tenga a su cargo.
Artículo 42 Bis. Contravención del acuerdo en asuntos de orden penal. Si el imputado contraviene sin justa causa las obligaciones pactadas dentro del término acordado o, en caso de no establecerlo, dentro de los noventa días, contado a partir del día siguiente a la aprobación judicial del acuerdo, el procedimiento penal se reanudará en la etapa en la que se hubiere suspendido. El plazo fijado para el cumplimiento de las obligaciones pactadas suspenderá el trámite del proceso y la prescripción de la acción penal.
La ejecución de los acuerdos aprobados judicialmente se realizará ante el juez competente para aprobar el acuerdo respectivo y ordenar su ejecución, pero éste sólo será procedente cuando el resto de la contienda jurisdiccional pueda subsistir de forma separada a las demás pretensiones que fueren motivo del acuerdo.
En el supuesto de que las partes hubieren elegido el mecanismo de mediación y no se hubiese logrado por este método la solución del conflicto el facilitador podrá sugerir a las partes que concurran al mecanismo de conciliación. Si éstas están de acuerdo o ya hubieran aceptado someterse a la conciliación, el facilitador procurará resolver el conflicto por dicha vía debiendo para ello declarar concluido el procedimiento de mediación.
El procedimiento para llevar a cabo la conciliación será el descrito para el mecanismo de mediación.
El facilitador en conciliación será neutral en su actuación y deberá propiciar la comunicación entre las partes, sugiriendo alternativas de solución no vinculantes, para ayudarles a llegar a una solución que le ponga fin a la controversia.
Artículo 48. La audiencia de conciliación. La audiencia de conciliación es una y comprende la sesión o sesiones necesarias para el cumplimiento de los fines previstos en la presente ley. Las sesiones de conciliación serán orales y no se levantará constancia de su resultado ni de las aseveraciones que las partes expongan.
Estando de acuerdo las partes en la sujeción al procedimiento de conciliación y en el conciliador, éste deberá convocarlas a una primera sesión que se desarrollará con la explicación por parte del conciliador del objeto de la conciliación, la exposición del conflicto en la que cada una de las partes deberá manifestar sus puntos de vista respecto del origen del asunto, los motivos por los que no se ha resuelto, sus pretensiones y aquellas soluciones posibles con la valoración de la viabilidad de las mismas, así como los principios que rigen este medio alterno, y la manera y etapas en que se desarrolla.
Artículo 51. El plazo. El plazo para la conclusión de la conciliación no podrá exceder de treinta días, contados a partir de la fecha de la audiencia, pudiéndose prorrogar por acuerdo de las partes en un plazo igual.
Artículo 52. La representación y asesoría. La concurrencia a la audiencia de conciliación es personal, salvo que las partes se hagan representar o asesorar por personas de su elección, salvo que se trate de asuntos de orden penal, en cuyo caso las partes sólo podrán hacerse acompañar de sus defensores o asesores jurídicos, sin embargo, éstos no podrán intervenir directamente en las sesiones, pudiendo el facilitador solicitar que se retiren cuando rompa las reglas establecidas. Los nombres y las direcciones de esas personas deberán comunicarse por escrito al conciliador y a la otra parte. Esa comunicación deberá precisar si la designación se hace a efectos de representación o de asesoramiento, según corresponda.
Artículo 53. La conclusión de la conciliación. El procedimiento de conciliación se da por concluido en los mismos supuestos en los que se dé por terminado el procedimiento de mediación, y en aquellos supuestos que conforme a la Ley deba darse por finalizado.
Artículo 55. El concepto. La evaluación neutral es un procedimiento alterno para la solución de controversias mediante el cual un tercero, experto e independiente de las partes, llamado facilitador en evaluación neutral, recibe de éstas sus argumentos de hecho y de derecho, así como sus pruebas, con el propósito de ponderar la validez legal de sus respectivas posiciones y sugerirles recomendaciones sobre las que puedan concertar un acuerdo y con ello solucionar su controversia.
Artículo 111. El Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias. El Centro es un órgano con autonomía técnica, de gestión y operativa, vinculado administrativamente al Consejo de la Judicatura del Estado como órgano del Poder Judicial, encargado de conocer y solucionar, a través de los medios alternos previstos en este ordenamiento, las controversias jurídicas en materia civil, familiar, mercantil, que le planteen los particulares, le remita el órgano jurisdiccional o el órgano de procuración de justicia, en los términos de esta Ley.
El Centro residirá en la capital del Estado y tendrá competencia en todo el territorio del Estado, sin perjuicio de constituir los centros regionales que se requieran para el cumplimiento de sus funciones.
Los centros regionales funcionarán en el ámbito territorial que establezca el Reglamento de la presente Ley o el acuerdo de su creación, y dependerán jerárquicamente del Centro. Estarán bajo la conducción de un Director Regional y tendrán una estructura similar al Centro.
Artículo 112. Atribuciones del Centro. El Centro tendrá las siguientes atribuciones:
Vigilar el cumplimiento de esta ley;
Prestar en forma gratuita los servicios de información, orientación, mediación, conciliación, evaluación neutral y arbitraje, en términos de este ordenamiento
Conocer y, en su caso, resolver los conflictos que les planteen directamente los particulares o los que les remitan los órganos de procuración y administración de justicia, procurando su solución a través de los medios alternos;
Coordinar y supervisar, en su caso, los centros regionales que constituya, así como los centros o instancias que pudiere instaurar en esta materia el Poder Ejecutivo y los municipios.
Elaborar los manuales operativos de observancia general de mediación, conciliación, evaluación neutral y arbitraje;
Formar, capacitar, evaluar y certificar a los facilitadores encargados de conducir los medios alternos, así como evaluar y certificar a los facilitadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Tener programas permanentes de actualización, capacitación y certificación de facilitadores;
Promover y difundir permanentemente entre los particulares la cultura de la solución pacífica de sus conflictos a través de medios alternos;
Difundir con objetividad los resultados de los medios alternos en el Estado;
Intercambiar en forma permanente conocimientos y experiencias con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras para que contribuyan al cumplimiento de los fines de esta ley;
Establecer mediante disposiciones generales los métodos, políticas y estrategias para que los facilitadores conozcan y apliquen eficientemente los medios alternos;
Elaborar las investigaciones, análisis y diagnósticos relacionados con los medios alternos, y
Las demás que se deriven de esta ley.
Artículo 113. Organización interna del Centro. Al frente del Centro habrá un Director General, quien será nombrado y removido libremente por el Consejo de la Judicatura.
El Director General y los Directores Regionales sólo podrán ser removido de sus encargos antes del término por causa de destitución, suspensión, renuncia o retiro en los términos previstos por la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios y, en su caso, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
Durante el desempeño de su cargo, tanto el Director General como los servidores públicos adscritos al Centro no podrán desempeñar otro empleo o cargo de la Federación, el Estado, Municipio o particular, salvo los cargos de docencia y los honoríficos en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia. Tampoco podrán ser corredores o notarios públicos, comisionistas, apoderados jurídicos, tutores, curadores, administradores, ni ejercer la abogacía, sino en causa propia, de su cónyuge, ascendientes o descendientes siempre y cuando el negocio tenga carácter ocasional y obtengan la autorización correspondiente.
Artículo 114. Fe pública. El Director General del Centro y, en su caso, los Directores Regionales gozarán de fe pública en el ejercicio de sus funciones, por lo que las partes reconocerán en su presencia el contenido y firma de los convenios obtenidos como resultado de los medios alternos y tendrán el carácter de documentos públicos.
Artículo 115. Atribuciones del Director. El Director General del Centro tendrá las atribuciones siguientes:
Vigilar que la prestación del servicio de solución de controversias a través de medios alternos de solución de controversias se apegue a los principios, fines y procedimientos establecidos en la Ley;
Asumir la dirección técnica y administrativa del Centro y de los centros o direcciones que jerárquicamente dependa de éste, vigilando el cumplimiento de sus objetivos;
Determinar, en su caso si los conflictos cuya solución se solicita al Centro son susceptibles de ser resueltos a través de los medios alternos previstos en la Ley y designar al facilitador que haya de atenderlos;
Recibir los convenios que las partes celebren como resultado de los medios alternos, a fin de verificar que reúnen los requisitos legales conducentes y no afecten derechos irrenunciables o se vulnere el principio de equidad en perjuicio de alguna de las partes;
Autorizar y certificar los convenios que celebren las partes, dando fe tanto de su contenido como de las firmas de las partes y canalizarlos a la autoridad competente;
Crear el registro de los facilitadores y mantenerlo actualizado;
Cuando los procesos de medios alternos de solución de controversias deriven de un procedimiento judicial, deberá comunicar a la autoridad judicial que conozca del mismo el inicio de dicho de proceso así como la conclusión y remitirle el convenio celebrado para los efectos legales correspondientes. En caso de no existir procedimiento judicial deberá entregar un tanto del convenio a cada una de las partes y mandar otro al expediente;
Promover los medios alternos como mecanismo de prevención y solución de controversias con enfoque restaurativo;
Participar en la aplicación de exámenes y en los concursos de oposición para seleccionar a los facilitadores que brinden servicios en el Centro o en los regionales;
Autorizar a los profesionales que acrediten haber cumplido los requisitos requeridos para conducir los procedimientos alternativos previstos en la Ley;
Ordenar la inscripción en el registro de facilitadores y expedir la cédula correspondiente;
Operar los programas de selección, ingreso, capacitación, profesionalización y actualización de los servidores públicos adscritos al Centro y a los centros o direcciones regionales;
Fungir como facilitador cuando las necesidades del servicio lo requieran;
Actuar como jefe inmediato del personal adscrito al Centro;
Planear, programar, organizar, dirigir, evaluar y controlar la administración de los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos del Centro;
Ejecutar los acuerdos de la autoridad competente o de la autoridad de la que dependan;
Recibir quejas que se presenten en contra de los especialistas del centro o centros y turnarlas al Órgano Interno de Control para que proceda como corresponda;
Certificar los documentos que obren en el archivo del Centro a su cargo.
Artículo 116. Atribuciones de los Directores Regionales. Los Directores Regionales tendrán las atribuciones siguientes:
Vigilar que la prestación del servicio de solución de controversias a través de los medios alternos se apegue a los principios, fines y procedimientos establecidos en la Ley;
Rendir informe al Director General sobre los asuntos que se inicien y concluyan por acuerdo de las partes en el Centro dentro de los primero cinco días de cada mes;
Asumir la dirección técnica y administrativa del Centro Regional a su cargo, vigilar el cumplimiento de sus objetivos, determinar si los conflictos cuya solución se solicita al Centro Regional son susceptibles de ser resueltos a través de los procedimientos alternativos previstos en la Ley y designar, en su caso, al facilitador que habrá de atenderlos;
Supervisar los convenios celebrados por las partes, con el fin de verificar que no se afecten derechos irrenunciables o de terceros, no contravengan alguna disposición legal expresa ni vulneren el principio de equidad en perjuicio de alguna del as partes;
Dar fe de los convenios celebrados entre las partes ante especialistas del Centro;
Certificar los documentos que obren en el archivo del Centro a su cargo;
Actuar como jefe inmediato del personal adscrito al Regional; y,
Las demás atribuciones y deberes establecidos en la Ley, el Reglamento u otras disposiciones aplicables.
TERCERO. Los asuntos iniciados y que se encuentren en proceso de desahogo a través de algunos de los medios alternos de solución de controversias previstos en esta ley, seguirán el procedimiento previstos en este Decreto, en lo que sea benéfico para las partes.
Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Diputado Ricardo López Campos, (Coordinador), Dip. Fernando de la Fuente Villarreal (Secretario), Dip. Edmundo Gómez Garza, Dip. María del Rosario Bustos Buitrón, Dip. Simón Hiram Vargas Hernández, Dip. Eliseo Francisco Mendoza Berrueto, Dip. Norma Alicia Delgado Ortiz, Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez, Dip. José Luis Moreno Aguirre. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila, a 30 de abril de 2013.
DIP.RICARDO LOPEZ CAMPOS
DIP. MARIA DEL ROSARIO BUSTOS BUITRON
DIP. JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRIGUEZ
DIP. SIMON HIRAM VARGAS HERNANDEZ
DIP. JOSE LUIS MORENO AGUIRRE
DICTAMEN de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez; y,
PRIMERO.- Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 30 del mes de abril del presente año, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la Iniciativa a que se ha hecho referencia.
SEGUNDO.- Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, Iniciativa de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza , suscrita por el Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez; y,
SEGUNDO.- Que la Iniciativa de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza suscrita por el Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, Rubén Ignacio Moreira Valdez, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:
La administración pública se organiza a través de los entes administrativos que desarrollan una actividad para el logro del bienestar general, por medio de la prestación de servicios públicos. El país se rige bajo un sistema coordinado entre la federación, estados y municipios que tiene como fin salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservándolos, respetándolos y garantizando su cumplimiento, es por esto que la administración pública es un factor indispensable para el ordenado funcionamiento de nuestro país.
Por lo anterior, se han realizado grandes esfuerzos para vincular el trabajo entre la federación y el estado que permitan mejorar la administración pública ante la necesidad de transformación de las instituciones, por ello es el momento de impulsar los cambios legales necesarios para cumplir con las exigencias sociales.
Tomando en cuenta que una de las tareas esenciales de todo gobierno es la de ofrecer la protección interior a sus habitantes, para que los individuos desarrollen con normalidad su vida cotidiana en un marco de paz y libertad y que el gobierno cumpla con el deber de brindar seguridad, mediante la coordinación de las tareas policiales, la creación de políticas de prevención del delito, el control del sistema penitenciario y de reinserción social, así como el del manejo oportuno y control de la información sobre seguridad pública.
La situación de violencia que ha atentado directamente en contra de la tranquilidad y libertad de las y los mexicanos, obliga a reforzar las tareas de seguridad y de todos sus instrumentos en el ámbito operativo y de decisiones inmediatas y trascendentales en la materia, como complemento a la definición de políticas y tareas conjuntas dadas en las instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Últimamente, dentro de las medidas que se han tomado para mejorar estos aspectos, en fechas pasadas se aprobó por las Cámaras del Congreso de la Unión, la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con el objeto, entre otros, de desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública, otorgando a la Secretaría de Gobernación las atribuciones con las que contaba. Esta Secretaría ha sido históricamente una dependencia fundamental en las tareas de política interior del Estado Mexicano y ha contribuido con el Ejecutivo Federal a dar sustento a la unidad nacional, a preservar la cohesión social y a fortalecer las instituciones de gobierno,
Es por esto y en virtud del mejoramiento a nuestras instituciones, que es necesario adecuarnos al presente y armonizar nuestra legislación, por lo que el poder Ejecutivo del Estado, en aras de mejorar el funcionamiento de la administración actual y velando por el progreso de Coahuila, pretende a través de esta iniciativa que se presenta ante esta Honorable Legislatura, disolver la Secretaría de Seguridad Pública y otorgarle a la Secretaría de Gobierno las atribuciones de encabezar las políticas en materias de seguridad interior y pública, de prevención del delito, así como del sistema penitenciario.
TERCERO.- Los integrantes de la comisión dictaminadora, coincidimos en que la Administración Publica del Estado tiene como función principal la de cumplir por medio de sus unidades administrativas los compromisos y obligaciones que le establecen las leyes y disposiciones jurídicas a fin de brindar mejores condiciones de vida a Coahuila y a sus habitantes.
Las necesidades de una comunidad son cambiantes y requiere que el Estado este atento para actuar con rapidez y eficacia ante las demandas que se le presenten y satisfacerlas de una manera integral, por ello una forma de respuesta es la modificación de sus dependencias a fin de coordinar sus actividades y prestar para beneficio de la comunidad una mejor función.
Actualmente la lucha contra la inseguridad exige que el funcionamiento de las instituciones de seguridad, de prevención así como el sistema penitenciario sean más eficientes para contrarrestar todas aquellas acciones que pretendan dañar los sistemas de convivencia con sus conductas antisociales y delictivas.
Una de las principales responsabilidades del Estado es salvaguardar la seguridad pública, mantener y garantizar el orden y la paz de la comunidad a fin de sustentar en ello las bases para un desarrollo creciente de nuestro Estado basado en el orden y la confianza.
Por ello consideramos procedente a fin de fortalecer las instituciones de gobierno y de preservar y adecuar nuestras instituciones de seguridad acorde a los lineamientos fijados por las instancias federales a través del Sistema Nacional de Seguridad Publica; el desaparecer la Secretaria de Seguridad Publica otorgando a la Secretaria de Gobierno del Estado la atribución de encabezar la política en materia de seguridad interior y publica, de prevención así como coordinar el sistema penitenciario.
Seguros de que ello contribuirá a dar mayor certeza en materia de seguridad pública y de igual forma se lograra el alto fin de otorgar a los Coahuilenses, seguridad para todos.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 1, el último párrafo del artículo 20, se adicionan la fracción XIX del artículo 20, las fracciones XXIII a LX y los dos últimos párrafos del artículo 23; y se deroga la fracción XIV del artículo 20, así como el artículo 34, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 95 de fecha 30 de Noviembre de 2011, para quedar como sigue:
La administración pública centralizada se compone por la Oficina del Gobernador, las secretarías del ramo, la Procuraduría General de Justicia, la Consejería Jurídica y demás unidades administrativas que se integren para la buena marcha de la administración, cualquiera que sea su denominación.
XIX. Consejería Jurídica.
Las dependencias de la administración pública centralizada tendrán igual rango y entre ellas no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna. Sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo del Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Gobierno coordinará las acciones de los Secretarios y demás funcionarios de la Administración Pública para garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del Gobernador.
Coordinar, por acuerdo del Ejecutivo, a los Secretarios y demás funcionarios de la Administración Pública para garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del Gobernador. Para tal efecto, convocará por acuerdo del Ejecutivo a las reuniones de gabinete; acordará con los titulares de las Secretarías de Estado, órganos desconcentrados y entidades paraestatales las acciones necesarias para dicho cumplimiento, y requerirá a los mismos los informes correspondientes;
Tramitar lo relativo al ejercicio de las facultades que otorga al Ejecutivo del Estado el artículo 146 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, sobre nombramientos, renuncias y licencias de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Electoral y del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo;
Conducir la política interior que competa al Ejecutivo y no se atribuya expresamente a otra dependencia así como fomentar el desarrollo político; contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas; promover la activa participación ciudadana, salvo en materia electoral; favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan las condiciones de cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática;
Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública del Estado y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo; coadyuvar a la prevención del delito; ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;
Organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción a la Policía del Estado, garantizar el desempeño honesto de su personal y aplicar su régimen disciplinario, con el objeto de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas y prevenir la comisión de delitos del orden común;
Proponer al Ejecutivo del Estado el nombramiento del Comisionado Estatal de Seguridad y del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública;
Proponer en el seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública, políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio del Estado; y efectuar, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado, estudios sobre los actos delictivos no denunciados e incorporar esta variable en el diseño de las políticas en materia de prevención del delito;
Auxiliar a las autoridades estatales y municipales, que soliciten apoyo en el marco del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en la protección de la integridad física de las personas y la preservación de sus bienes; reforzar, cuando así lo soliciten, la tarea policial y de seguridad de los municipios y localidades rurales y urbanas que lo requieran, intervenir ante situaciones de peligro cuando se vean amenazados por aquellas que impliquen violencia o riesgo inminentes;
Promover la celebración de convenios entre las autoridades estatales y municipales, en aras de lograr la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el combate a la delincuencia; así como establecer acuerdos de colaboración con instituciones similares, en los términos de la legislación aplicable;
Auxiliar al Poder Judicial del Estado, cuando así lo requiera, para el debido ejercicio de sus funciones, así como a otras dependencias, órganos de gobierno y municipios; y cuando lo solicite, a la Procuraduría General de Justicia en la investigación y persecución de los delitos, en cuyo caso los cuerpos de policía que actúen en su auxilio estarán bajo el mando y conducción del Ministerio Público; y disponer de la fuerza pública en términos de las disposiciones legales aplicables;
Proponer al Consejo Estatal de Seguridad Pública el desarrollo de políticas orientadas a prevenir el delito y reconstituir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de delincuencia recurrente o generalizada, y aplicarlas en coordinación con las autoridades competentes; fomentar la participación ciudadana en la formulación de planes y programas de prevención en materia de delitos del fuero común; promover y facilitar la participación social para el desarrollo de actividades de vigilancia sobre el ejercicio de sus atribuciones en materia de seguridad pública; y atender de manera expedita las denuncias y quejas ciudadanas con relación al ejercicio de estas atribuciones;
Participar en la atención integral a víctimas y coadyuvar en la celebración de acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y privado para el mejor cumplimiento de esta atribución;
Diseñar, actualizar y publicar una página electrónica específica en la cual se registren los datos generales de las personas que sean reportadas como desaparecidas. La información deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las personas desaparecidas. Esta página deberá actualizarse de forma permanente;
Ejecutar las penas por delitos del orden común y administrar el sistema penitenciario y de justicia para adolescentes en el estado, en términos de la ley de la materia, de la política especial correspondiente y con estricto apego a los derechos humanos; así como organizar y dirigir las actividades de apoyo a liberados, las solicitudes de extradición, así como los indultos y el traslado de reos;
Procurar la reinserción social de los procesados y sentenciados en la ejecución de las penas privativas de la libertad;
Supervisar el adecuado cumplimiento de tratamientos y medidas de inserción, orientación y protección en materia de justicia para adolescentes;
Administrar, coordinar, operar e impulsar la mejora continua del sistema de información, comunicación, reportes, registro y bases de datos en materia criminal y de seguridad pública; desarrollar las políticas, normas y sistemas para el debido suministro permanente e intercambio de información en materia de seguridad pública entre las autoridades competentes; y establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para la prevención de delitos, mediante métodos que garanticen el estricto respeto a los derechos humanos;
Establecer mecanismos e instancias para la coordinación integral de las tareas y cuerpos de seguridad pública y policial, así como para el análisis y sistematización integral de la investigación e información de seguridad pública en el marco del Sistema Estatal de Seguridad Pública;
Coordinar y establecer mecanismos para contar oportunamente con la información de seguridad pública, así como del ámbito criminal y preventivo que esta Secretaría requiera de dependencias y organismos competentes en dichas materias, para el adecuado cumplimiento de las atribuciones que le son conferidas;
Conducir y poner en ejecución, en coordinación con las autoridades de los gobiernos municipales, y con las dependencias y entidades de la Administración Pública, las políticas y programas de protección civil del Ejecutivo, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre y concertar con instituciones y organismos de los sectores privado y social, las acciones conducentes al mismo objetivo;
Formular y conducir la política de población, salvo lo relativo a colonización, asentamientos humanos y turismo, así como manejar el servicio nacional de identificación personal, en términos de las leyes aplicables;
Impulsar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas que refuercen la inclusión social y la igualdad, mediante estrategias y acciones que contribuyan a prevenir y a eliminar la discriminación;
Supervisar que se dé cabal cumplimiento en el estado a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública;
Presidir el Consejo Estatal de Seguridad Pública en ausencia del Ejecutivo del Estado y supervisar que se instrumenten y de cumplimiento a sus acuerdos;
Apoyar a las autoridades federales, municipales y de otras entidades de la República en la adopción de medidas y desarrollo de acciones tendientes a mejorar los servicios de seguridad pública;
Autorizar la prestación de servicios de seguridad a los particulares, así como los servicios de seguridad privada prestada por éstos;
Promover la capacitación, profesionalización y modernización de los cuerpos de seguridad pública del Estado;
Diseñar, proponer y en su caso establecer, en coordinación con las dependencias correspondientes, programas tendientes a prevenir el pandillerismo, así como el alcoholismo, la farmacodependencia y demás adicciones;
Celebrar convenios de colaboración, en el ámbito de su competencia y en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como establecer acuerdos de colaboración con instituciones similares conforme a la legislación aplicable;
Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones que en la materia de su competencia señalan la Constitución Federal y la Constitución Política del Estado, las leyes federales, estatales y demás disposiciones aplicables.
Diseñar los planes, programas y acciones para la implementación, operación y el desarrollo de un sistema de seguridad pública metropolitana con los municipios del estado, así como con otras entidades federativas;
Asumir el mando único de la policía preventiva de los municipios, en los casos de delitos de alto impacto, previa celebración de los convenios correspondientes.
En el ejercicio de las facultades a que se refieren las fracciones XXVII a LXI de este artículo, el Secretario de Gobierno se auxiliará del Comisionado Estatal de Seguridad, sin perjuicio de ejercer directamente dichas facultades.
El Comisionado Estatal de Seguridad y el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública serán nombrados por el Titular del Poder Ejecutivo con la ratificación del Congreso del Estado.
ARTÍCULO 34. Se deroga.
SEGUNDO. En los casos en que otras leyes y demás disposiciones atribuyan facultades a la Secretaría de Seguridad Pública, deberán entenderse conferidas a la Secretaría de Gobierno, en la forma y términos en que las propias leyes lo dispongan.
TERCERO. Los recursos humanos que pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública serán reasignados a la Secretaría de Gobierno y formarán parte de su plantilla de personal. Los derechos laborales de los trabajadores que con motivo de este decreto son transferidos, serán reconocidos íntegramente y respecto de los mismos se seguirá aplicando la normatividad de la materia, por lo que en ninguna forma resultarán afectados en los derechos que hayan adquirido en virtud de su relación laboral.
CUARTO. Los recursos financieros y materiales que la Secretaría de Seguridad Pública tenga asignados para el ejercicio de sus atribuciones, se transfieren a la Secretaría de Gobierno, con la intervención de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que conforme a la ley les corresponda.
QUINTO. Los asuntos en trámite que por motivo del presente decreto deban pasar de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobierno, permanecerán en el estado en que se encuentren hasta que los reciban, a excepción de los asuntos sujetos a plazos improrrogables.
SÉXTO. En un término de 90 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el titular de la Secretaría de Gobierno deberá remitir a la Consejería Jurídica los correspondientes anteproyectos de reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus nuevas atribuciones, para ser sometidos a la consideración del Gobernador.
SEPTIMO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en este decreto.
Así lo dictaminan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Diputado Ricardo López Campos, (Coordinador), Dip. Fernando de la Fuente Villarreal (Secretario), Dip. Edmundo Gómez Garza, Dip. María del Rosario Bustos Buitrón, Dip. Simón Hiram Vargas Hernández, Dip. Eliseo Francisco Mendoza Berrueto, Dip. Norma Alicia Delgado Ortiz, Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez, Dip. José Luis Moreno Aguirre. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila, a 6 de mayo de 2013.
DICTAMEN de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43, 44, y adiciona un artículo 44 bis de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado José Refugio Sandoval rodríguez del grupo parlamentario “Jorge González Torres” del Partido Verde Ecologista de México.; y,
PRIMERO.- Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 16 del mes de octubre del dos mil doce, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la Iniciativa a que se ha hecho referencia.
SEGUNDO.- Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43, 44, y adiciona un artículo 44 bis de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado José Refugio Sandoval rodríguez del grupo parlamentario “Jorge González Torres” del Partido Verde Ecologista de México.; y,
SEGUNDO.- Que la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43, 44, y adiciona un artículo 44 bis de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado José Refugio Sandoval rodríguez del grupo parlamentario “Jorge González Torres” del Partido Verde Ecologista de México, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:
Siendo el procedimiento administrativo una garantía que tiene el gobernado frente a la Autoridad, es menester que los actos emitidos por la misma, sean debidamente notificados y por lo tanto tener conocimiento certero del mismo.
La autoridad por su parte tiene la obligación de cumplir con los principios de celeridad, eficacia, buena fe y legalidad de sus actuaciones.
Todo acto administrativo debe ser notificado por escrito y sustentado con los correspondientes fundamentos legales en los que la autoridad competente se soporte.
Ya que permite a las partes interesadas, tener conocimiento del contenido de un acto administrativo a efecto de que estén en posibilidad de cumplirlo o de impugnarlo.
Actualmente se encuentran reguladas las notificaciones, permitiendo realizar las mismas de forma personal o haciendo uso de diferentes medios como fax, telegrama y edictos.
En el caso de las notificaciones personales, la ley contempla que se pueden realizar en el domicilio establecido por la parte interesada, esto con lleva el tener que trasladarse personal de las dependencias estatales, en el mayor de los casos de esta ciudad capital a los demás municipios y en ocasiones fuera de nuestro Estado, sin embargo en la práctica esta diligencia obstaculiza la agilidad que debieran tener los procedimientos originando un rezago en los mismos y por otra parte implica un gasto para costear dichas diligencias.
La intención de esta reforma de adecuar el marco normativo respecto al capitulo de las notificaciones, beneficiara a que el interesado tenga conocimiento de una forma más pronta y expedita de los actos administrativos de que sea parte, a su vez el Estado estaría mejorando la impartición justicia y cumpliendo con los principios fundamentales de la misma, y teniendo un ahorro significativo en el gasto de la administración, salvaguardando en todo momento la legalidad de su actuación.
La presente reforma además propone que el gobernado en el caso de notificación personal de emplazamientos y resoluciones, señale domicilio para oír y recibir las mismas, en el lugar de residencia de la Autoridad competente, toda vez que resulta más costeable realizar las diligencias en la misma ciudad en la que el personal adscrito a las distintas dependencias laboran, ello también implicaría que el gobernado tenga un procedimiento pronto, expedito y con plena seguridad jurídica.
En este orden de ideas, esta reforma que se propone, regula al procedimiento administrativo propiamente dicho, es decir aquellos actos que emanados de las autoridades administrativas tanto del Estado como de los Municipios vinculan al gobernado al cumplimiento de una obligación o le otorgan el goce de un derecho en el marco normativo en que se encuentran inmersos las autoridades.
El Artículo 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza dispone lo siguiente:
“Artículo 43. Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas podrán realizarse:
II. Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado, con acuse de recibo.
También podrá realizarse mediante telefax, medios de comunicación electrónica o cualquier otro medio, cuando así lo haya aceptado expresamente el promovente y siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de los mismos, o
Tratándose de actos distintos a los señalados anteriormente, las notificaciones podrán realizarse por correo ordinario, mensajería, telegrama o, previa solicitud por escrito del interesado, a través de telefax, medios de comunicación electrónica u otro medio similar, siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de los mismos.
Salvo cuando exista impedimento jurídico para hacerlo, la resolución administrativa definitiva podrá notificarse al interesado por medio de correo certificado o mensajería, en ambos casos con acuse de recibo, siempre y cuando los solicitantes hayan adjuntado al promover el trámite el comprobante de pago del servicio respectivo.”
Se propone establecer las reglas procesales en materia de notificaciones principalmente en las de carácter personal por la complejidad y lentitud en la que se efectúan normalmente, así mismo establecer que en caso de notificación electrónica bastará el consentimiento de la parte solicitante quedando como fecha de notificación la que conste en el envió del documento.
Artículo 44. Las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado o en el último domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado ante los órganos administrativos en el procedimiento administrativo de que se trate. En todo caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá entregar copia del acto que se notifique y señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez.
Cuando las leyes respectivas así lo determinen o se desconozca el domicilio de los titulares de los derechos afectados, tendrá efectos de notificación personal la segunda publicación del acto respectivo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en el lugar donde se deba de efectuar dicha notificación.
Respecto al Artículo 44 de la ley de referencia, se pretende ampliar lo dispuesto en relación al domicilio señalado por las partes interesadas, a fin de que el domicilio se encuentre en la población de residencia de la Autoridad Administrativa que lo emitió, y a petición de la misma.
TERCERO.- La Iniciativa a cuyo estudio se avoca esta comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, establece la conveniencia de que el ciudadano tenga certeza y seguridad jurídica frente a los procedimientos de la administración pública.
En efecto la Ley del Procedimiento Administrativo regula marco jurídico relacionado con el funcionamiento de las actividades productivas, así como las disposiciones normativas relacionadas con todas las actividades que los particulares realizan frente a la autoridad para garantizar el respeto irrestricto al estado de derecho y generar un ambiente de certidumbre en la sociedad; por ello, en la Iniciativa que ahora se dictamina, se busca brindar certeza y seguridad jurídica a los ciudadanos respecto a los actos de notificaciones dentro del procedimiento.
Las experiencias en materia administrativa permiten afirmar que hoy en día resulta conveniente contar con un ordenamiento que establezca las reglas procesales en materia de notificaciones, principalmente en las de carácter personal, por la complejidad de las mismas, las que se propone que se efectúen en una forma más precisa y clara al señalarse un domicilio en el lugar de residencia de la Autoridad Administrativa que emite el acto.
Por las consideraciones que anteceden se estima pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforme el Artículo 43, 44 y se adiciona un artículo 44 Bis, de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza para quedar como sigue:
ARTÍCULO 43: Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos, las resoluciones administrativas definitivas podrán realizarse:
I. Personalmente con quien deba entenderse la diligencia, en el domicilio del interesado o en el señalado para tal efecto. Sin perjuicio de que la notificación de estos actos pueda efectuarse en las oficinas de las Autoridades Administrativas competentes, si las personas a quienes deba notificarse se presentan en las mismas. En este último caso, se asentará la razón correspondiente;
II. Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado, con acuse de recibo. También podrá realizarse mediante telefax, medios de comunicación electrónica o cualquier otro medio, cuando así lo haya aceptado expresamente el promovente.
Tratándose de actos distintos a los señalados anteriormente, las notificaciones podrán realizarse por correo ordinario, mensajería, telegrama o, previa solicitud por escrito del interesado, a través de telefax, medios de comunicación electrónica u otro medio similar, previa solicitud por escrito del interesado o en las oficinas de las Autoridades
Administrativas, si se presentan las personas que han de recibirlas.
Salvo cuando exista impedimento jurídico para hacerlo, la resolución administrativa definitiva podrá notificarse al interesado por medio de correo certificado o mensajería, en ambos casos con acuse de recibo, siempre y cuando los solicitantes hayan adjuntado al promover el trámite el comprobante de pago del servicio respectivo.
ARTÍCULO 44: Las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado o en su caso en aquel que haya señalado el interesado en el lugar donde se encuentren las Autoridades Administrativas o bien, personalmente en el recinto oficial de éstas, cuando comparezcan voluntariamente a recibirlas.
En los dos primeros casos, el notificador deberá cerciorarse que se trata del domicilio del interesado o del designado para esos efectos y deberá entregar el original del acto que se notifique y copia de la constancia de notificación respectiva, así como señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez.
ARTÍCULO 44 BIS.- Los particulares deberán señalar domicilio en la ciudad en la que se encuentre la autoridad administrativa correspondiente, misma que deberá así requerirlo al interesado, para que en él se hagan las notificaciones personales indicadas en esta ley así como notificar a la autoridad el cambio del mismo. En caso de no cumplir con esta obligación, las notificaciones que deban ser personales se harán por cualquier medio señalado en el artículo 43 fracción II de la presente Ley.
Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Diputado Ricardo López Campos, (Coordinador), Dip. Fernando de la Fuente Villarreal (Secretario), Dip. Edmundo Gómez Garza, Dip. María del Rosario Bustos Butrón, Dip. Simón Hiram Vargas Hernández, Dip. Eliseo Francisco Mendoza Berrueto, Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez, Dip. Norma Alicia Delgado Ortiz, Dip. José Luís Moreno Aguirre En la Ciudad de Saltillo, Coahuila, a 2 de mayo de 2013.
DICTAMEN de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo al Oficio del Senador José Rosas Aispuro Torres Vicepresidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual envía copia del expediente relativo a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º ,7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones; y,
PRIMERO.- Que por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva del Pleno del Congreso, el día 6 de mayo del año en curso, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la minuta a que se ha hecho referencia.
SEGUNDO.- Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º ,7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones; y,
PRIMERO.- Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 68 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competentes para emitir el presente dictamen.
SEGUNDO.- Que la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º ,7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones se basa en las consideraciones siguientes:
OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA.
En el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se propone garantizar el derecho humano a la libre expresión, así como de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
Para garantizar este derecho, en el tercer párrafo del artículo 6° constitucional, se plantea establecer la obligación para el Estado de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.
En ese mismo precepto, se propone que para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán regirse en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, por los siguientes principios y bases:
El Estado deberá garantizar a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión universal con metas anuales y sexenales;
Las telecomunicaciones serán considerados como servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad;
La radiodifusión será considerado un servicio público de interés general, por lo que el Estado deberá garantizar que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Se encontrará prohibida la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa; se deberán establecer las condiciones que deberán regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluyendo aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de tercero, sin afectar la libertad de expresión y de difusión;
Se establecerá en la Ley un organismo público con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, dando espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y publicidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.
Para asegura la independencia y una política editorial imparcial y objetiva, el organismo público contará con un Consejo Ciudadano, integrado por nueve consejeros electos mediante una amplia consulta pública por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, o en sus recesos, por la Comisión Permanente, quienes serán renovados de manera escalonada.
La ley establecerá los términos para garantizar los derechos de los usuarios de telecomunicaciones.
Por lo que toca al artículo 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se propone su reforma para establecer que será inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. Se especifica que no se podrá restringir ese derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación que estén encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.
Se señala además que ninguna ley ni autoridad podrán establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se consigna también que en ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.
En cuanto al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se precisa que las concesiones en radiodifusión y telecomunicaciones, serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
En el párrafo segundo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sugiere establecer que la ley deberá castigar severamente, y las autoridades perseguir con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; así como todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.
Se adicionan diecisiete párrafos al artículo en comento. Con ellas se busca sentar las bases constitucionales para la creación de la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como órganos constitucionales autónomos, quienes serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus decisiones, los cuales deberán regirse en los términos siguientes:
l. Deberán dictar sus resoluciones con plena independencia;
II. Ejercerán su presupuesto de forma autónoma. Para tal efecto la Cámara de Diputados garantizará la suficiencia presupuestal a fin de permitirles el ejercicio oportuno de sus competencias;
IV. Podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia:
V. Las leyes deberán garantizar, dentro de cada organismo, la separación entre la autoridad que conoce de la etapa de investigación y la que resuelve en los procedimientos que se sustancien en forma de juicio;
VI. Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información. Deberán deliberar en forma colegiada y decidir los asuntos por mayoría de votos. Sus sesiones, acuerdos y resoluciones serán de carácter público;
VII. Las normas generales, actos u omisiones de ambos organismos, podrán ser impugnados mediante juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Cuando se trate de resoluciones emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento. Las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los procedimientos serán sustanciados por jueces y tribunales especializados. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales;
VIII. Los titulares de los órganos deberán presentar anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, un informe de actividades.
IX. Las leyes deberán promover para ambos órganos, la transparencia gubernamental bajo los principios de gobierno digital y datos abiertos; y
X. La retribución que reciban los Comisionados de ambos órganos deberán ajustarse a lo previsto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo que respecta a la conformación de los órganos de Gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se señala que se integrarán por siete comisionados, incluyendo al comisionado presidente, los que serán designados de manera escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado de la República.
Se señala que los Comisionados durarán en su encargo nueve años y por ningún motivo podrán desempeñar nuevamente ese cargo. En caso de falta absoluta de algún Comisionado, deberá procederse a su designación en los términos establecidos para tal efecto.
En cuanto al procedimiento para su nombramiento, se propone que en primer término que los aspirantes a ser designados deberán acreditar ante un Comité de Evaluación integrado por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el cumplimiento de los requisitos para ocupar el cargo. En este caso, el Comité aplicará un examen de conocimientos en la materia a quienes los hayan satisfecho. En todo caso en el procedimiento deberán observarse los principios de transparencia, publicidad y máxima concurrencia.
Se precisa que para la formulación del examen de conocimientos, el Comité de Evaluación deberá considerar la opinión de cuando menos dos instituciones de educación superior y seguirá las mejores prácticas en la materia.
Se dice que el Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista con un mínimo de tres y un máximo de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias más altas. En el caso de no completarse el número mínimo de aspirantes deberá emitirse una nueva convocatoria. El Ejecutivo Federal seleccionará de entre esos aspirantes, al candidato que propondrá para su ratificación al Senado.
La ratificación deberá hacerse por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado, dentro del improrrogable plazo de 30 días naturales a partir de la presentación de la propuesta. En caso de que la Cámara de Senadores rechace al candidato propuesto por el Ejecutivo Federal, el Presidente de la República deberá someter una nueva propuesta. Este procedimiento deberá repetirse las veces que sea necesario si se producen nuevos rechazos hasta que sólo quede un aspirante aprobado por el Comité de Evaluación, quien será designado comisionado directamente por el Ejecutivo.
Se señala también que todos los actos del proceso de selección y designación de los Comisionados serán inatacables.
Se propone que se establezca que los Comisionados deberán abstenerse de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos o privados, con excepción de los cargos docentes. Estarán impedidos para conocer asuntos en los que tengan interés directo o indirecto, en los términos que la ley determine, y serán sujetos del régimen de responsabilidades del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de juicio político.
Se dispone que la ley sancionará los casos en que los Comisionados establezcan contacto para tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de los agentes económicos regulados, salvo en audiencia pública, con la presencia de otros Comisionados y como parte de los procedimientos respectivos.
En lo que respecta a la competencia específica de ambos órganos constitucionales autónomos, se señala que la Comisión Federal de Competencia Económica tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento de los mercados, en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes.
Se propone que la Comisión Federal de Competencia Económica cuente con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas, las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes. Para tal efecto se dice, que tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a la infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6° y 7° constitucionales.
Se indica que el Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que se establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones, que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la des incorporación de activos, derechos o par1es necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites, garantizando lo dispuesto en los artículos 6° y 7° constitucionales.
Se dice también que al Instituto Federal de Telecomunicaciones le corresponderá el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Al respecto, se indica que el Instituto notificará al Secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica, no vinculante, en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días naturales.
Se señala que las concesiones podrán ser para uso comercial, público, social y privado y se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2°, 3°, 6°, y 7° constitucionales. El Instituto Federal de Telecomunicaciones fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria.
En cuanto a las concesiones del espectro radioeléctrico, se propone en la Minuta que éstas sean otorgadas mediante licitación pública, a fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contraríen el interés público y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final. En ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente económico.
La Minuta establece que las concesiones para uso público y social se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que garanticen la transparencia del procedimiento.
En la Minuta se indica que el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá llevar un registro público de concesiones, así como que la ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal de revocación del título de concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas. En la revocación de las concesiones el Instituto Federal de Telecomunicaciones dará aviso al Ejecutivo Federal a fin de que este ejerza, en su caso, las atribuciones necesarias que garanticen la continuidad en la prestación del servicio.
Se propone también, que se diga que el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá garantizar que el Gobierno Federal cuente con las concesiones necesarias para el ejercicio de sus funciones.
En la Minuta se indica además que la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, una vez integrada la investigación que en cada caso corresponda, deberán hacer del conocimiento del Ministerio Público los hechos cuando adviertan la probable existencia de un delito, sin perjuicio de sustanciar el procedimiento administrativo correspondiente.
En lo que respecta al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se propone adicionar la fracción XVII para establecer que el Congreso de la Unión tendrá la facultad para dictar leyes sobre tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet.
En cuanto al artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se propone suprimir de una parte de la fracción VI, las porciones normativas donde se hace referencia en el texto vigente que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, tiene atribuciones para ratificar los nombramientos que el Presidente de la República haga de los órganos integrantes del órgano colegiado de la regulación en materia de telecomunicaciones y competencia económica, para hacer consistente la propuesta con el nuevo mecanismos de nombramiento contenido en la Minuta para los organismos con autonomía constitucional que se propone crear en la Minuta objeto de dictamen.
Finalmente, del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se propone adicionar su párrafo sexto para señalar que el Consejo de la Judicatura Federal deberá determinar el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se deberá incluir la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica.
Para una mayor claridad, a continuación se inserta un cuadro comparativo, entre el texto vigente de los artículos materia de la reforma, y el que se propone en la Minuta en estudio.
En este contexto, los integrantes de las Comisiones dictaminadores estiman que el sector de las telecomunicaciones constituye un tema de interés general, que debe ser atendido con la finalidad de elevar la calidad de vida de todos los mexicanos, por lo que concuerdan en términos generales con las reformas planteadas en la Minuta en análisis.
En virtud de lo anterior, se coincide con la colegisladora en el sentido que la libertad de expresión y el derecho a la información son derechos centrales en un estado constitucional, pues aseguran a las personas espacios esenciales para el despliegue de su autonomía, al tiempo que constituyen piezas básicas para el adecuado funcionamiento de toda democracia representativa. En este sentido se menciona en la Minuta los tres aspectos en los que se manifiestan estos derechos:
a) El derecho a atraerse información.- Incluye las facultades de acceso a los archivos, registros y documentos públicos y, la decisión de qué medio se lee, se escucha o se contempla.
b) El derecho a informar.- Incluye las libertades de expresión y de imprenta y, el de constitución de sociedades y empresas informativas.
c) El derecho a ser informado.- Incluye la facultad de recibir información objetiva y oportuna, misma que debe ser completa, y con carácter universal, es decir, que la información es para todas las personas sin exclusión alguna.
Considerando que la información es un derecho fundamental, es que el Estado debe proteger y garantizar SU ejercicio, con lo cual se protege y garantiza también el derecho a la libertad de expresión. Al respecto, en la Minuta en análisis se indica:
"El derecho a la información emplea los más diversos espacios, instrumentos y tecnologías para la transmisión de ideas y hechos, en ese sentido, el desarrollo e innovación que se ha producido en los últimos años, respecto a telecomunicaciones, han transformado sociedades a nivel mundial, lo que nos obliga a atender este sector, generando los esquemas jurídicos necesarios que permitan en nuestro país, el acceso de toda la población a la información y el conocimiento, que se traduce en una libertad fundamental del individuo. El criterio anterior se ha visto también reflejado en tesis sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la que se transcribe enseguida:
En este sentido, la reforma constitucional que se propone en la Minuta pretende fortalecer los derechos de las personas, para contar con una amplia gama de opciones de calidad y canales comunicativos que tiendan a expresar la diversidad social, política y cultural nacional, y de otros países, así como el derecho a contar con el acceso a información de interés público que sea plural y oportuna.
Se comparte lo señalado por la colegisladora en el sentido de que las telecomunicaciones han cambiado la forma de interactuar de la sociedad, pues sin duda permiten buscar, recibir y difundir información de toda índole a través de medios como Internet, creando y modificando la propia información.
Se coincide también con el hecho de que el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, deben garantizarse, como lo estableció la Organización de las Naciones Unidas, en la Asamblea celebrada el 1 de junio de 2011, al declararlo como un derecho humano fundamental, por ser una herramienta que favorece el crecimiento y el progreso de la sociedad en su conjunto. Precisamente por lo anterior se exhortó a los gobiernos a facilitar el acceso a Internet a todos los individuos, como ya sucede en Francia, Finlandia, Grecia y Costa Rica, países que han adoptado el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Para lograr una prestación efectiva de los servicios antes citados, el Estado está obligado a generar las condiciones necesarias de competencia, que permitan aumentar los proveedores, y con ello, la calidad en los servicios de información. Lo anterior, plantea grandes retos para el Estado mexicano para limitar la concentración y aumentar la competencia.
La experiencia ha demostrado que en un mercado competitivo, el beneficio se traduce en la reducción del precio de los bienes y servicios para el consumidor y promueve la productividad y el crecimiento económico; como ha quedado plasmado en nuestro país desde 1993, con la entrada en vigor de la Ley Federal de Competencia Económica, con la que se promovió la eficiencia del mercado y el bienestar del consumidor.
Una de las finalidades de la sana competencia es la generación y mejoría de los niveles de bienestar de la población, por ello, bien puede concluirse que algunos de los aspectos que deben tomarse en cuenta para lograrla, son los siguientes:
Resolver las fallas del mercado, a través de una regulación económica que permita la eliminación de barreras artificiales que limitan la concurrencia en los mercados e inhiba o elimine la utilización de prácticas anticompetitivas.
Crear y preservar condiciones de mercado que permitan que los prestadores de servicios puedan desenvolverse en un entorno de sana competencia y seguridad jurídica.
Crear una proporcionalidad entre el prestador del servicio (oferente) y el usuario del mismo.
Crear medios regulatorios para asegurar una prestación adecuada, eficiente, continua, asequible y de calidad en el servício que va a brindar el oferente y va a recibir el consumidor.
Todo lo anterior, se resume en el beneficio directo del ciudadano, si tomamos en consideración los elementos que el Estado tiene que contemplar para lograr una competitividad plena, sin apartarse de los principios elementales respecto de los derechos fundamentales descritos en la Carta Magna. Cabe recordar que, con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se plasman en el texto constitucional los derechos humanos, en consecuencia, toda medida adoptada por el Estado para garantizar condiciones de competitividad deberá ser realizada en apego al respeto y reconocimiento de los derechos humanos, emanados de los tratados internacionales de los que México sea parte.
TERCERO.- Los integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia procedemos a dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de los artículo 6o, 7o, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones.
Como no se hacía desde 1960, hoy se abre en nuestro país un debate que establece sustancialmente la legislación en materia de telecomunicaciones, con la reforma constitucional que significará un verdadero avance tecnológico, social y político en el campo de las telecomunicaciones , convencidos estamos quienes aquí dictaminamos que esta gran reforma impulsará el desarrollo integral de nuestra sociedad.
Actualmente nos encontramos en un mundo globalizado en el que las telecomunicaciones tienen un papel de vital importancia para todas las naciones, por lo que un país sin desarrollo en este sector, inevitablemente está condenado al estancamiento, a la manipulación e inequidad en esa materia.
Hasta ahora el Estado había olvidado sus obligaciones constitucionales y sus deberes para con la sociedad en esta materia, por una falta de visión y de voluntad política para detonar el cambio que necesitamos en el sector de telecomunicaciones, mismo que en otros países de primer mundo ya cuentan esta situación como vanguardia en su agenda política.
Por ello, estamos con aprobar como legislatura y parte del Constituyente, las bases normativas que dan la pauta al camino del desarrollo en ese sector, con la modificación a los artículos propuestos en esta reforma de gran calado.
Con ello estamos seguros se dará un gran paso para lograr la transformación del sector de telecomunicaciones en México.
Como parte del Constituyente los coahuilenses Tenemos el compromiso con la sociedad de apoyar los cambios necesarios que nos conduzcan hacia una competitividad que permita a todos los mexicanos tener acceso a servicios de telecomunicaciones, de calidad y a bajo costo.
Esta reforma ha sido consensada en el marco del pacto por México con la participación decidida del Presidente de la Republica y todos y cada uno de los actores políticos que nos representan en el Congreso de la Unión.
Se da esta reforma con la rectoría del Estado mexicano en materia de telecomunicaciones que abonara en la vida democrática de nuestro país.
Es de resaltarse que una reforma constitucional de este gran calado ha sido obtenida gracias al consenso de voluntades de los partidos políticos más representativos de nuestro país. Y significa un gran avance en la convivencia enmarcada dentro de la pluralidad de las ideas y propuestas a favor de México.
Nuestro reconocimiento a nuestras colegisladoras federales, por su voluntad para tratar de conseguir este gran consenso.
En este contexto, puntualizamos los principales temas que integran esta reforma:
Se incorpora el libre acceso a la información como un derecho inherente a todos los mexicanos, asimismo se obliga al Estado a proveer el acceso a tecnologías de la información y comunicación conjuntamente con los servicios de radiodifusión, telecomunicaciones y banda ancha.
Otro aspecto relevante de la reforma consiste en instituir los organismos necesarios que materialicen la democratización de los medios de comunicación, pues a partir de esta reforma el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica se revisten de autonomía constitucional con el objeto de garantizar la independencia funcional del Ejecutivo federal.
El dictamen aporta elementos de vanguardia en el sector con la apertura del mercado a la inversión extranjera en condiciones de reciprocidad en matera de telecomunicaciones, comunicación vía satélite y la radiodifusión.
Se beneficia a los usuarios a través de una competencia equilibrada y justa entre los prestadores de servicio de televisión abierta y restringida, garantizar el acceso a Internet y a la banda ancha con la perspectiva de que principalmente los niños y los jóvenes educandos puedan tener acceso a esta infinita fuente de información
Por todo lo anterior los integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somos coincidentes en aceptar la propuesta de modificación a los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones
Por lo anteriormente expuesto y coincidentes con las consideraciones que anteceden, consideramos pertinente poner a consideración del Pleno del Congreso, para su votación, discusión y en su caso aprobación, el siguiente:
UNICO.- Por las razones expuestas, y para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aprueba por ésta Legislatura el Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.
ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN el párrafo primero del artículo 6o.; el artículo 7o.; el párrafo sexto del artículo 27; el párrafo segundo del artículo 28; la fracción XVII del artículo 73; la fracción VII del artículo 78 y el párrafo sexto del artículo 94; y se ADICIONAN los párrafos segundo, tercero y cuarto, pasando el actual párrafo segundo a ser apartado A del párrafo cuarto, y un apartado B al artículo 6o.; los párrafos decimotercero al trigésimo del artículo 28, y un inciso 1) a la fracción I del artículo 105, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
l. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.
l. Dictarán sus resoluciones con plena independencia;
l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

References: Artículo 35
 artículo 42

Artículo 37

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 48

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 55

Artículo 111

Artículo 112

Artículo 113

Artículo 114

Artículo 115

Artículo 116
 artículo 1
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 23
 artículo 20
 artículo 34
 artículo 146

ARTÍCULO 34
 artículo 43
 artículo 44
 artículo 43
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 artículo 43
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 resolución 

Artículo 44
 Artículo 44
 Artículo 43
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ARTÍCULO 43
 resolución 

ARTÍCULO 44

ARTÍCULO 44
 artículo 43
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 3
in fine
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 27
 artículo 28
 resolución 
 resolución 
 artículo 127
 artículo 73
 artículo 78
 artículo 94
 artículo 19
 artículo 6
 artículo 135
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 27
 artículo 28
 artículo 73
 artículo 78
 artículo 94
 artículo 6
 artículo 28
 artículo 105