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Timestamp: 2019-07-23 17:39:16+00:00

Document:
C-984 de 2002
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020045740CC-SENTENCIAC984200213/11/2002CC-SENTENCIA_C_984__2002_13/11/2002200457402002SENTENCIA C-984/02 INASISTENCIA ALIMENTARIA -Bien jurídico protegido COSA JUZGADA MATERIAL -No aplicación por elementos nuevos INASISTENCIA ALIMENTARIA -Distinción del deudor de un crédito regular /INASISTENCIA ALIMENTARIA -Razón de la sanción Ha quedado establecido que en materia de inasistencia alimentaria, la razón de la sanción es la afrenta que el incumplimiento genera en la unidad familiar y en la subsistencia de los miembros del núcleo social, mientras que el deudor incumplido de otro tipo de créditos afecta, apenas, el patrimonio ajeno. INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL -Cargos que no sustenta independientemente oposición con la Constitución Referencia: expediente D-4123
MARCO GERARDO MONROY CABRAD4123CONSTITUCIONALIDADOSCAR RAYO CANDELODemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 233, 234 y 235 de la Ley 599 de 2000.Identificadores20020045741true67485Versión original20045741Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 233, 234 y 235 de la Ley 599 de 2000.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Omar Rayo Candelo, actuando en nombre propio y haciendo uso de los derechos consagrados en los artículos 40 numeral 6 y 95 numeral 7º de la Constitución Política, demandó la inexequibilidad de los artículos 233, 234 y 235 de la Ley 599 de 2000.
El demandante considera que estas disposiciones son contrarias a los artículos 13 y 28 de la Constitución Política.
Afirma que no puede haber sanción penal para un comportamiento que consiste en el incumplimiento de una obligación civil, porque ello atenta contra el derecho a la igualdad de los deudores alimentarios frente a otros que tienen tipos de créditos distintos y que también incumplen su pago."Por manera que, brilla inconciliable e incompatible con el supremo mandato del artículo 13 de la Carta, el tratamiento diferencial que ha dado el legislador al deudor moroso en tratándose del crédito por alimentos, habida cuenta de que todos los ciudadanos, deben recibir el mismo trato de las autoridades", agrega.
Cita en consecuencia las sentencias C-125 de 1996, C-174 de 1996, C-237 de 1997 y C-1646 de 2000. De las sentencias citadas, resalta las consideraciones vertidas en la C-237 de 1997, por ir ellas dirigidas a demostrar cómo el bien jurídico tutelado en el delito de inasistencia alimentaria es la familia y no el patrimonio. Agrega además que el delito de inasistencia alimentaria ha sido sancionado desde el derecho romano, bajo un aforismo que cita comoNecare Videtur Qui Alimonia Denegat, el cual traduce como "se entiende que (mata) atenta contra la vida (del niño, del hombre) quien niega los alimentos necesarios para la misma", y que por ello no puede considerarse que el artículo 233 de la Ley 599 sea contrario a derecho.
A juicio de la Vista Fiscal, la Corte debe proferir tal decisión en virtud de que el mismo tribunal dictó la Sentencia C-237 de 1997, en la que analizó, a la luz de los mismos argumentos expuestos por el demandante de esta oportunidad, la constitucionalidad del artículo 263 del Decreto 100 de 1980, cuyo contenido es idéntico al que contienen las disposiciones aquí acusadas.
"Artículo 263. Inasistencia alimentaria. El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante o adoptivo ocónyuge, incurrirá en arresto de seis meses a tres años y multa de un mil a cien mil pesos. (La expresión subrayada fue declarada exequible mediante sentencia C-174 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía).
"Cuando se trate de un parentesco natural de consanguinidad, la acción penal se limitará a padres e hijos".(Este inciso fue declarado inexequible mediante sentencia No. C-125 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía).
"Artículo 270.Cuando el delito de inasistencia alimentaria se cometa contra un menor, la pena será de prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de uno (1) a cien (100) días de salarios mínimos legales".
Hecha la comparación pertinente se tiene que aunque existen ciertas diferencias normativas entre los textos de los artículos en cuestión, concretamente en lo que atañe a la tasación de la pena, la redacción del tipo penal contenida en ambos es exactamente igual.
Respecto de la sanción, mientras el artículo 233 de la Ley 599 la tasa en prisión de uno a tres años y multa hasta de veinte salarios mínimos, en el artículo 263 del Decreto 100 aquella es de seis meses a tres años con multa de hasta cien mil pesos. Adicionalmente, el inciso segundo del artículo 233 de la Ley 599, que regula una circunstancia de agravación punitiva -cuando el delito se comete contra un menor de catorce años-, es diferente, en cuanto al monto de la pena.
Finalmente, la disposición del Decreto 100 de 1980 fue declarada exequible por la Corte Constitucional, con base -entre otros- en los argumentos que se citan a continuación:
"En esencia, la obligación alimentaria no difiere de las demás obligaciones civiles. Ella presupone (como las otras) la existencia de una norma jurídica y una situación de hecho, contemplada en ella como supuesto capaz de generar consecuencias en derecho, v.gr. el tener descendientes y encontrarse en ciertas circunstancias económicas. Su especificidad radica en su fundamento y su finalidad, pues, dicha obligación aparece en el marco del deber de solidaridad[1] que une a los miembros más cercanos de una familia, y tiene por finalidad la subsistencia de quienes son sus beneficiarios.
"Es de destacar que la expresión "sin justa causa", es considerada por un sector de la doctrina como un elemento superfluo, producto de una falta de técnica legislativa, que en nada modifica la descripción de la conducta, pues se refiere a la misma exigencia de la antijuridicidad, en tanto que para otros autores, es un elemento normativo del tipo que permite al juez eximir de responsabilidad a quien incurra en la conducta de inasistencia alimentaria, con fundamento en causales legales o extralegales, distintas a las de justificación previstas en el artículo 29 del Código Penal, y que impiden al obligado la satisfacción de su compromiso, a pesar de su voluntad.
"Cualquiera sea la postura dogmática que se asuma, lo cierto es que la carencia de recursos económicos no sólo impide la exigibilidad civil de la obligación, sino -a fortiori- la deducción de la responsabilidad penal, dado que cuando el agente se sustrae al cumplimiento de su obligación, no por voluntad suya, sino por haber mediado una circunstancia constitutiva de fuerza mayor, como lo es la carencia de recursos económicos, la conducta no es punible por ausencia de culpabilidad (art. 40-1 Código Penal); en consecuencia, tampoco este último cargo está llamado a prosperar."
Así entonces, no existe obstáculo alguno para que la Corte declare la exequibilidad de la disposición demandada, no obstante la existencia de las diferencias normativas que fueron señaladas en relación con la pena impuesta en uno y otro régimen. Ciertamente, esa diferencia de regulación tiene que ver con el monto de la sanción del delito de inasistencia alimentaria, aspecto que no fue debatido en manera alguna por el impugnante y que, por demás, se encuadra dentro del marco de la potestad configurativa del legislador[2]. Es también esta diferencia normativa la que impide a la Corte aplicar los efectos de la cosa juzgada constitucional material, pues la inserción de elementos nuevos en la disposición que ahora se acusa hace de ella una nueva normatividad.
En efecto, dado que se trata de dos situaciones diferentes, la que incumbe al deudor de un crédito regular y la del deudor de un crédito alimentario, no podría la Ley conferirles un tratamiento igualitario en punto al incumplimiento de la obligación.
Ya ha quedado establecido que en materia de inasistencia alimentaria, la razón de la sanción es la afrenta que el incumplimiento genera en la unidad familiar y en la subsistencia de los miembros del núcleo social, mientras que el deudor incumplido de otro tipo de créditos afecta, apenas, el patrimonio ajeno. Siendo pues, dos situaciones diferentes las que se regulan en uno y otro caso, no podría argumentarse con suficiencia un cargo por violación del derecho a la igualdad. De hecho es la propia Sentencia C-237 de 1997 la que reconoce que ese trato es justificado.
En este sentido, valdría finalizar recordando lo que la Corte advirtió en la pluricitada sentencia:"El artículo 28 de la Constitución que prohíbe la sanción privativa de la libertad "por deudas", se refiere a las obligaciones meramente patrimoniales, en las que el obligado que insatisface un crédito, vulnera los bienes materiales del acreedor. En la inasistencia alimentaria, se reitera, no se pone en riesgo el patrimonio del beneficiario sino su propia subsistencia."[3]
Finalmente, esta Corporación decidirá inhibirse de emitir pronunciamiento de fondo respecto de la constitucionalidad de los artículos 234 y 235, ya que la inexequibilidad de estas dos disposiciones se hizo depender, de acuerdo con la estructura de la demanda, de la inexequibilidad del tipo penal básico, que es la inasistencia alimentaria. Se dijo, por parte del actor, que éstas"penden ileluctablemente y apenas tienen soporte accesorio frente a la principalidad de aquella; entonces, inexequible la norma que tiene esta característica -233 del Código Penal-, las complementarias -arts. 234 y 235- igualmente son inexequibles..."
Exequible por el cargo analizado ... Artículo 233 LEY_599_2000_24/07/2000
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Artículo 234 LEY_599_2000_24/07/2000
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Artículo 235 LEY_599_2000_24/07/2000
[1]En sentencia C-174 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía, se dejó claro que: "El deber de alimentos así como la porción conyugal son instituciones fundadas en el principio de solidaridad que impregna el conjunto de las relaciones familiares".
[2] Sobre este particular la Corte ha dicho que: "...mientras en el cumplimiento de la función legislativa no resulten contrariados los preceptos fundamentales (...), bien puede el legislador crear o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo a criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados, todo de acuerdo con la apreciación, análisis y ponderación que efectúe acerca de los fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar a causar en el conglomerado".( Sentencia C-013/97). "Siempre que las penas que se contemplen no sean imprescriptibles (artículo 28 C.P.) ni de aquellas expresamente prohibidas en la Carta, es el Congreso el órgano autorizado para definir su monto, de acuerdo con la gravedad de los hechos a los cuales ellas se aplican." (Sentencia C-292 del 16 de junio de 1997)
[3] Sentencia C-237 de 1997

References: artículo 13
 artículo 233
 artículo 263
 artículo 233
 artículo 263
 artículo 233
 artículo 29
 artículo 28
 Artículo 233
 Artículo 234
 Artículo 235