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Timestamp: 2019-04-21 03:07:26+00:00

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EDICIÓN DE 29/01/2019
La sentencia tampoco acepta el argumento del TSJ de Castilla y León cuando dice que la utilización cotidiana por los profesionales de la justicia del sistema LexNET entraña una carga “desproporcionada”. En este sentido, el Tribunal señala que “no se alcanza a ver qué obstáculo legal para el bienestar de procuradores, graduados sociales o abogados, puede suponer que el legislador sustituya el régimen presencial diario en la recepción de los actos de comunicación imperante antaño, por otro de naturaleza electrónica al que puede accederse desde diversos dispositivos y en lugares diferentes, para comodidad de la persona, protegido dicho acceso con una serie de garantías dentro de la plataforma habilitada”.
STC 17.01.19
1. Mediante oficio firmado por el Letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, de fecha 16 de junio de 2017, que tuvo entrada en el Registro de este Tribunal Constitucional el 26 de junio de 2017, se remitió testimonio: (i) de las actuaciones del
procedimiento sobre Seguridad Social núm. 125-2016 seguido ante el Juzgado de lo Social núm. 2 de Ponferrada; (ii) del rollo correspondiente al recurso de suplicación núm. 535-2017, promovido por la entidad demandada en la instancia contra la Sentencia dictada por el Juzgado a quo, cuyo conocimiento recayó en la Sala de lo Social arriba indicada; (iii) de la providencia dictada por esta última, abriendo trámite de audiencia a las partes a los efectos del art. 35.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC); y (iv) del Auto dictado por la misma Sala el 14 de junio de 2017, acordando el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad en relación con el último inciso del art. 152, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), en la redacción dada a dicho precepto por el artículo único, apartado diecisiete, de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, “de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”, por posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión, del art. 24.1 de la Constitución española (CE).
a) Con fecha 22 de marzo de 2016 se presentó ante el Servicio Común general de registro y reparto de los Juzgados de Ponferrada, por la representación procesal de doña Elena Peral Abella, escrito de demanda en reclamación de complemento de prestaciones de incapacidad temporal contra, entre otros, la empresa “Garnica Facility Services Limpec 21 SA”.
b) La entidad demandada “Garnica Facility Services Limpec 21 SA”, actuó en el proceso bajo la representación y defensa de don Joan López González, Graduado Social y Colegiado núm. 685 del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Tarragona.
En su escrito de personación dirigido al Juzgado de lo Social competente, de 6 de junio de 2016, el citado profesional dejó indicado entre sus datos de localización personal una dirección de correo electrónico (joan.lopez@joan-lopez.com), sin mención alguna ni petición de que se tuviera esto en cuenta en orden a lo dispuesto en el párrafo tercero del art. 152.2 LEC (indicación de un dispositivo electrónico para recibir avisos sobre la puesta a su disposición de actos de comunicación).
“Apreciándose en el escrito de formalización del recurso, que por ‘Otrosí digo’ se designa a efectos de notificaciones el domicilio de la procuradora Dña. María Rosario Alonso Zamorano, y no obstante también el del firmante -Graduado Social D. Joan López González- a través del Sistema de notificaciones digitales, y visto que éste tiene firma digital, acuerdo: Realizar las notificaciones a la parte recurrente, a través del Sistema Lexnet, y dirigidas al G. Social expresado”.
“la omisión del aviso queda en principio subsanada con la apertura del buzón Lexnet el día 10 de noviembre, momento en el que se accede a la comunicación judicial. El recurrente anuncia el recurso de suplicación el día cuarto hábil desde el acceso al buzón, lo que implica que lo habría hecho dentro de plazo si computásemos como día de notificación el día 10 de noviembre, para lo cual habríamos de inaplicar el inciso cuestionado del artículo 155.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.
“En conclusión, si no existiera el inciso del artículo 152.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dice que la falta de práctica del aviso no impide que la notificación sea considerada plenamente válida, el resultado sería que el anuncio del recurso se habría efectuado en plazo, pero si esta Sala aplica lo dispuesto expresamente en dicha norma, hemos de considerar que la falta de aviso no afecta a la validez de la comunicación y el recurso se anunció fuera de plazo. Por tanto esta Sala entiende que se supera el juicio de relevancia necesario y existiendo dudas razonables sobre la constitucionalidad del inciso referido, procede elevar cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en relación dicho inciso (), por posible vulneración del artículo 24 de la Constitución Española”.
o) Por escrito de 22 de mayo de 2017, el Fiscal presentó sus alegaciones. Pese a indicar en su encabezamiento los datos correctos del recurso, el escrito no obstante se refirió al posible planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad sobre el “art. 47.1.b de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social”, apreciando que ese precepto podría haber vulnerado “conforme establece la providencia () lo dispuesto en el art. 40.2 de la Constitución”, concluyendo que “no se opone” a dicho planteamiento.
q) También el 31 de mayo de 2017, la representación procesal de la entidad recurrente en suplicación presentó escrito de alegaciones pronunciándose a favor del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. Así, tras afirmar que se “adhiere íntegramente al planteamiento que se cita en la providencia de 12 de mayo de 2017”, la cual resume, el escrito afirma además, de un lado, que en el ámbito de las Administraciones Públicas también se ha desarrollado un sistema de notificaciones electrónicas que incluye un procedimiento de aviso previo mediante “correo electrónico o mediante mensaje telefónico sms”; y, de otro lado, que anteriormente, cuando las notificaciones se efectuaban por correo postal, “en caso de ausencia en el domicilio profesional el cartero dejaba aviso en el buzón físico del destinatario, que daba constancia de la existencia de una notificación que quedaba en depósito por el plazo de unos días en la oficina de Correos, pasados los cuales era rechazada y devuelta al Juzgado de origen”. Añade que “para la efectiva defensa y, en el presente caso, para la necesaria tutela judicial () es preciso conocer la notificación de la sentencia instancia y, para ello, se requiere de un aviso que dé a conocer la disponibilidad en el buzón Lexnet de la notificación procesal que se pretende comunicar por el Juzgado de lo Social, sin cuyo concurso se puede entender que esa sentencia ni siquiera existe ya que la parte no tiene ninguna constancia de ella por medio alguno, pese a facilitar los medios para la cumplimentación del aviso”, ya que facilitó previamente una dirección de correo electrónico para que se efectuasen los avisos.
3. Con fecha 14 de junio de 2017, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, dictó Auto acordando “elevar al Tribunal Constitucional cuestión de inconstitucionalidad sobre el último inciso del artículo 152.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por el articulo único.17 de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, que dice: ‘La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida’, por su eventual incompatibilidad con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, garantizado en el artículo 24.1 de la Constitución Española. Todo ello en los términos expuestos en los fundamentos de este auto y por depender de la resolución de esta cuestión que ahora planteamos el sentido del fallo de la sentencia que ha de dictarse en este recurso de suplicación, afectando a la admisibilidad misma del recurso”.
[] no solamente la notificación se puso a disposición del Sr. López González en su buzón de Lexnet correctamente, sino que además no puede estimarse acreditada una imposibilidad técnica de acceso a dicho buzón durante todo el tiempo transcurrido entre la puesta a disposición y la fecha de apertura y aceptación de la notificación.
[] Por consiguiente, de aplicar estrictamente dichas normas, el anuncio del recurso de suplicación habría sido presentado varios días fuera de plazo.
[] en este caso dicho aviso de la puesta a disposición de la notificación de la sentencia en su buzón de Lexnet no fue remitido al graduado social Sr. López González, pese a haber indicado en su escrito de personación en el proceso su correo electrónico al Juzgado de lo Social número dos de Ponferrada.
[] Dado que el anuncio del recurso de suplicación se presentó el 16 de noviembre de 2016, a las 18:24 horas, si tomamos como fecha de notificación de la sentencia el 10 de noviembre, el anuncio del recurso de suplicación se habría hecho en plazo.
5. El 11 de septiembre de 2017 se recibió en el Registro de este Tribunal, escrito del Presidente del Senado, de 5 de septiembre de 2017, con traslado del Acuerdo de la Mesa de la Cámara adoptado en la misma fecha, dándose por personada en el procedimiento “y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”.
6. Con idéntica finalidad tuvo entrada en el Registro de este Tribunal el 11 de septiembre de 2017, escrito de la Presidenta del Congreso de los Diputados, de 5 de septiembre de 2017, con traslado del Acuerdo adoptado en la misma fecha por la Mesa de dicha Cámara para su personación en el procedimiento y ofrecer su colaboración, a los efectos del art. 88.1 de la Ley Orgánica de este Tribunal.
7. Mediante escrito registrado el día 14 de septiembre de 2017, el Abogado del Estado presentó sus alegaciones por las que interesa de este Tribunal, que dicte Sentencia que “desestime íntegramente la cuestión de inconstitucionalidad planteada, declarando que el precepto objeto de la misma es conforme a la Constitución”.
A su parecer, dicho aviso “[c]onstituye más bien una suerte de instrumento de atenuación de la carga que supone para los destinatarios de los actos de comunicación practicados por el sistema Lexnet consultar con cierta habitualidad las notificaciones recibidas en su buzón, por más que los profesionales de la justicia debieran asumir dicha carga como inherente a la profesión que ejercen, como lo son tantas otras”. Añade el escrito de alegaciones que el “carácter obligatorio de la realización del aviso” a cargo de la oficina judicial, lleva a que su incumplimiento “no carezca de trascendencia práctica”, pero nunca equiparándolo a la falta de notificación que sí se ha practicado correctamente. Así ha sucedido en el presente caso, pese a lo cual el destinatario no consultó su buzón a tiempo, basándose en una confianza “no justificada a la vista de la advertencia realizada por el legislador de que las notificaciones serían válidas se realizase o no el aviso (). Puede decirse que fue decisión suya por tanto no consultar su buzón Lexnet, y sí su correo electrónico”.
Prosigue diciendo el escrito de alegaciones que no es aplicable a la falta de aviso del art. 152.2 LEC, el régimen de nulidad de los actos de comunicación del art. 166 de la misma ley. El art. 152.2 LEC es una norma única, debe aplicarse en su totalidad, y de ella se deriva que quien se relaciona con la Administración de justicia puede “confiar razonablemente en que el aviso se le practicará (), pero, razonablemente también, debe contemplar la posibilidad de que no llegue a practicarse”, algo que el legislador ya tuvo en cuenta, insiste, “cuando quiso incluir la cautela de dejar a salvo en todo caso la validez de las notificaciones a que el aviso pudiera referirse (). Ya es cuestión que atañe a cada profesional o particular decidir con cuánta periodicidad le conviene entonces consultar su buzón Lexnet, pero desde luego cabe calificar de ‘arriesgado’, cuando menos, no hacerlo en absoluto a falta de aviso”.
Acota de nuevo el Abogado del Estado, que el legislador ya tuvo en cuenta la posibilidad de que el aviso pudiera no llegar a realizarse, indicándolo así la Ley 42/2015, que dio nueva redacción al art. 152.2 LEC e introdujo el inciso cuestionado, concretamente cuando en su Preámbulo dice que el aviso de notificación a los dispositivos electrónicos designados, “sirve al conocimiento de la puesta a disposición de los actos de comunicación () siempre que esto sea posible”. De modo que la cautela incluida en el último inciso de la norma, no puede considerarse vulneradora del derecho a la tutela judicial efectiva.
Del carácter “extraño al acto de comunicación” que tiene el referido aviso resulta, prosigue diciendo el escrito de alegaciones, “que la inobservancia por parte de la Oficina Judicial de la obligación de enviar dicho aviso, resulte igualmente extraña al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”, pues “la falta de envío no impide que la comunicación procesal, ya producida y sujeta a la normativa reguladora () llegue a conocimiento de las partes, tampoco favorece la realización defectuosa de una notificación ni impide el ejercicio del derecho de defensa, de igual modo, no impide la constitución de la relación jurídico procesal ni la audiencia de las partes ni, en definitiva, en ningún caso genera indefensión de por sí”. Esta herramienta, por tanto, “no puede ser sacada de su contexto, que no es otro que el de integrar una garantía adicional que el legislador ha previsto para lograr la mayor efectividad en la implantación de la justicia digital”, reiterando el pasaje del Preámbulo de la Ley 42/2015 que se refiere al aviso.
10. La Secretaría de Justicia del Pleno de este Tribunal Constitucional dictó diligencia de ordenación el 26 de septiembre de 2018, acordando: “Librar atenta comunicación al Juzgado de lo Social núm. 2 de Ponferrada, a fin de que, a la mayor brevedad posible se remita certificación del Letrado de la Administración de Justicia sobre los siguientes extremos: 1) Que la Sentencia dictada el 25 de octubre de 2016, en el procedimiento de Seguridad Social núm. 125-2016, fue notificada al buzón de LexNET del representante procesal de la empresa LIMPEC 21 SA, Graduado Social don Joan López González, en fecha 26 de octubre de 2016. 2) Que no fue enviado ningún aviso relativo a la notificación de la Sentencia (art. 152.2, párrafo tercero LEC), a la dirección de correo electrónico facilitada por dicho profesional. 3) Que dicho profesional accedió a la notificación de la Sentencia en su buzón de LexNET, en fecha 10 de noviembre de 2016”.
11. Con fecha 3 de octubre de 2018, al no tenerse constancia de haberse recibido ninguna respuesta del Juzgado a quo, la Secretaría de Justicia del Pleno de este Tribunal reiteró el anterior requerimiento, mediante diligencia de ordenación en la que, antes de reiterar los tres puntos de información objeto de solicitud, indicó que la certificación fuera remitida por “el Letrado de la Administración de Justicia, tras la consulta de los datos en el expediente judicial electrónico del procedimiento de seguridad social núm. 125/2016, al que dicho Juzgado tiene en todo momento acceso (art. 26 y siguientes de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia)”.
12. Al día siguiente, 4 de octubre de 2018, tuvo entrada en el Registro de este Tribunal un escrito del Letrado de la Administración de Justicia “de la UPAD [Unidad Procesal de Apoyo Directo] SOCIAL de Ponferrada y, por ende, del Juzgado de lo Social nº 2 de Ponferrada”, en respuesta a los datos solicitados, afirmando:
13. La Secretaría de Justicia del Pleno de este Tribunal, dictó diligencia de ordenación el 4 de octubre de 2018, acordando incorporar a las actuaciones “la comunicación y documentación que acompaña, remitidos vía fax, por el Juzgado de lo Social nº 2 de Ponferrada, y dar traslado mediante copia, a los efectos oportunos al Abogado del Estado y Fiscal General del Estado”.
1. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, plantea en su Auto de 14 de junio de 2017 una cuestión de inconstitucionalidad, por posible vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el último inciso del art. 152.2 de la LEC, en la redacción dada al mismo por el artículo único, apartado diecisiete, de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, “de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”:
(i) Así lo hemos dicho a propósito del fax como aparato de transmisión de notificaciones escritas (en papel), permitiendo su uso pero con la debida verificación de aquellos extremos, en las SSTC 268/2005, de 24 de octubre y 58/2010, de 4 de octubre. En el FJ 3 de esta última explicamos que “en cumplimiento de la remisión que el art. 271 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) realiza a las leyes procesales, la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) () contempla también la utilización del correo y el telégrafo (arts. 152.1.2 y 160 LEC) así como de medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos (art. 162.1 LEC). Así pues, ninguna duda ofrece la idoneidad material del fax como medio de comunicación procesal (). Ahora bien, para atender a las exigencias derivadas del art. 24.1 CE, la eficacia de los actos de comunicación procesal realizados a través de cualquier medio técnico se supedita a que quede en las actuaciones ‘constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y del contenido de lo comunicado’ (art. 152.2 LEC), o lo que es igual, que quede garantizada ‘la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron’ (art. 162.1 LEC), previsión a la que atiende el vigente art. 160.1 LEC (). El incumplimiento o deficiente realización de tales prescripciones comportará la ineficacia del acto de comunicación procesal en la medida en que se coloque al interesado en una situación de indefensión proscrita por el art. 24.1 CE, esto es, salvo que hubiese tenido conocimiento extraprocesal de su contenido o el incumplimiento fuese imputable a la propia conducta del afectado por haberse situado voluntaria o negligentemente al margen del proceso (STC 268/2000, de 13 de noviembre, FJ 4, y las allí citadas)”.
(ii) Justamente por carecer de tales garantías, hemos declarado que la transmisión de una notificación de manera verbal, a través de una llamada telefónica, evidencia “su inidoneidad en sí misma considerada para lograr el fin que se persigue con las comunicaciones procesales”, conforme con las exigencias de los antedichos arts. 271 LOPJ 152 y 162 LEC. Preceptos que garantizan la “autenticidad de la comunicación y de su contenido y () constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron. No cumple tales exigencias, evidentemente, la comunicación telefónica sin más”: STC 94/2005, de 18 de abril, FJ 4.
(i) Se efectuará la “presentación de escritos y documentos y la recepción de actos de comunicación, sus fechas de emisión, puesta a disposición y recepción o acceso al contenido de los mismos (); el contenido íntegro de las comunicaciones y la
identificación del remitente y destinatario de las mismas mediante técnicas de autenticación adecuadas () de firma electrónica” (art. 13.1).
5. El inciso cuestionado en el Auto de 14 de junio de 2017 cierra el enunciado del párrafo tercero del art. 152.2 de la LEC, en la redacción dada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, dando carta de naturaleza o funcionalidad a una nueva obligación del órgano judicial, como es el envío “al destinatario” de un aviso respecto del hecho del acto de comunicación que previamente le ha sido transmitido por vía electrónica. Varios aspectos deben ser resaltados del mencionado párrafo tercero, el cual exige una lectura unitaria y no separada de sus distintos incisos.
e) No existe ni siquiera el compromiso de garantizar la viabilidad técnica de esos avisos. Al menos eso es lo que se colige del Preámbulo de la Ley 42/2015, que en su epígrafe II matiza que tales envíos se remitirán, “siempre que esto sea posible”. Una aleatoriedad que en modo alguno se predica de las comunicaciones por LexNET.
Más tiene que ver lo que esgrime el Auto con una aplicación razonable de las normas jurídicas procesales otorgantes de derechos, obligaciones y cargas a las partes, cuya inobservancia determina la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), puesto que entonces “sufre la confianza legítima generada por los términos en que
fue conformada la realidad jurídica en el proceso”. Así lo hemos apreciado, por ejemplo, (i) respecto de aquellas normas que garantizan el principio de contradicción dentro de un proceso [STC 278/2006, de 25 de septiembre, FJ 3.b)]; o (ii) las que configuran el carácter tasado de los recursos extraordinarios contra sentencias y autos, y por tanto lo que en ellos se puede debatir y lo que no (entre otras, SSTC 53/2005, de 14 de marzo, FJ 5; 56/2007, de 12 de marzo, FJ 5; 205/2007, de 24 de septiembre, FJ 6; y 176/2016, de 17 de octubre, FJ 3, todas para el recurso de suplicación; y STC 172/2016, de 17 de octubre, FJ 5, para el de casación). Solo como excepción, hemos admitido la invocación del referido principio cuando la garantía no está prevista legalmente, pero goza de reconocimiento reiterado previo por jurisprudencia de este Tribunal (STC 119/1999, de 28 de junio, FJ 5).
Con el máximo respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros de Pleno en la que se sustenta la sentencia, manifiesto mi discrepancia con la fundamentación jurídica y con el fallo.
Considero que debería haber sido estimatorio por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y, en consecuencia, haberse declarado la inconstitucionalidad y la nulidad del último inciso del párrafo tercero del art. 152.2 LEC, en la redacción dada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, en que se establece que “[l]a falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida”, en relación con la posibilidad de que la parte procesal pueda identificar ante los órganos judiciales un medio electrónico para que sea avisado de la puesta a su disposición de un acto procesal de comunicación.
Considero que todo este proceso de razonamiento no ha permitido identificar de una manera adecuada el conflicto constitucional que, desde la perspectiva del art. 24.1 CE, plantea el precepto cuestionado. La cuestión relevante no es si este aviso se configura legalmente o no como un acto de comunicación al que se puedan vincular unos u otros efectos procesales.
Tampoco lo es si, a priori, resulta desproporcionada la carga que sobre las partes o sus representantes tiene el sistema de comunicaciones telemáticas y la necesidad de establecer mecanismos precautorios. Igualmente, no me parece lo esencial la eventual frustración de una expectativa legítima, moduladora del deber de diligencia de la parte como elemento esencial en la valoración de la existencia de una posible indefensión.
Lo determinante, en mi consideración, es que, con independencia de todo lo anterior, el legislador, dentro de su libertad de configuración, ha establecido en el párrafo tercero del art.
152.2 LEC (i) la facultad de la parte procesal de identificar ante los órganos judiciales un medio electrónico, entre ellos el correo electrónico, con el objeto de ser informada o avisada de la puesta a su disposición de un acto de comunicación y, (ii) en correlación con ello, la obligación del órgano judicial de hacer ese aviso -expresamente se utiliza en este artículo el verbo en forma imperativa, al establecer que “la oficina judicial enviará el referido aviso”-. (iii) En ese contexto de una previsión normativa basada en la premisa de que el ejercicio de una potestad por el ciudadano -la de pedir que se le avise por medio de correo electrónico de que se ha realizado el acto de notificación- se convierte en una obligación del órgano judicial -la de enviar ese aviso por ese medio-, el legislador ha incluido un elemento distorsionador como es la previsión ahora cuestionada de que la ausencia de esa notificación no impedirá la validez del acto de comunicación.
La configuración legal de esta norma, con la conjunción de los tres elementos señalados, resulta irrazonable. No hay ningún elemento de coherencia entre (i) la imposición de una obligación de los órganos judiciales en relación con los ciudadanos usuarios del servicio de la justicia y (ii) que los perjuicios que origine el incumplimiento de esa obligación por parte de los órganos judiciales cuando el servicio funcione anormalmente recaigan por imperativo legal sobre el ciudadano que padece la anomalía. Si hay un principio general de razonabilidad en el derecho -o, por más decir, de justicia en el sentido en que el art. 1.1 CE lo reconoce como valor superior del ordenamiento jurídico-, ese es el de que no puede pretenderse que el perjuicio derivado del incumplimiento de una obligación recaiga sobre la parte no incumplidora. Además, si ese principio, como es ahora el caso, se establece en la relación entre uno de los poderes del Estado y el ciudadano, ese irrazonable desplazamiento del perjuicio del incumplimiento por parte del Estado -al menos en sus consecuencias más directas y graves en el terreno procesal- al ciudadano usuario del sistema de la Administración de Justicia, solo puede calificarse como una arbitrariedad, cuya interdicción para los poderes públicos queda establecida en el art. 9.3 CE.

References: artículo 155
 artículo 152
 artículo 24
 artículo 152
 artículo 24
 resolución