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Timestamp: 2019-07-17 05:06:01+00:00

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Ley de Fundaciones del País Vasco (Ley 12/1994, de 17 de junio) - Normativa del Pais Vasco - Legislación - VLEX 78017040
CAPÍTULO II. De la constitución de fundaciones - arts. 4 a 9
CAPÍTULO III. Del gobierno de la fundación - arts. 10 a 19
CAPÍTULO IV. Del patrimonio - arts. 20 a 23
CAPÍTULO V. Del desarrollo de actividades - arts. 24 a 30
CAPÍTULO VI. Modificación, extinción, y liquidación - arts. 31 a 35
CAPÍTULO VII. Del protectorado y del registro de fundaciones - arts. 36 a 40
PRIMERA. Fundaciones con ámbito superior a la Comunidad Autónoma
TERCERA. Cumplimiento de la ley
CUARTA. Fundaciones constituidas por personas jurídicas públicas
PRIMERA. Adaptación de los Estatutos
SEGUNDA. Registros de Fundaciones
PRIMERA. Tasas - arts. 47 a 50
Norma citada en: 31 sentencias, 27 artículos doctrinales, 205 disposiciones normativas, 4 resoluciones administrativas
Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco desarrollada por DECRETO 200700100 de 19/06/2007 publicado con fecha 28/09/2007
Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco desarrollada por DECRETO 200700101 de 19/06/2007 publicado con fecha 28/09/2007
El ejercicio del derecho de fundación se contempla regulado sucintamente en el artículo 34 de la Constitución con tan sólo dos limitaciones -la reserva de ley y la finalidad de interés general y una remisión a lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22. Mediante dicha remisión se está corroborando la idea tradicional de considerar a la fundación corno corolario del Derecho de
Asociaciones, en cuanto se le aplica su mismo régimen de garantías en dos aspectos fundamentales: uno, prohibición de su constitución siempre que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito, y otro, necesidad de resolución judicial motivada para su disolución o suspensión de actividades.
En consecuencia, tomando como punto de partida la definición constitucional del derecho de fundación y cl respeto al núcleo o contenido esencial inducido del ordenamiento jurídico vigente, se aborda la regulación contenida en la presente ley con el objetivo de dotar a la Comunidad Autónoma del País Vasco de una normativa propia que responda a la realidad sociológica actual y a las demandas existentes en el ámbito fundacional, necesitado, como pocos, de un marco jurídico nuevo y operativo ante las carencias y defectos del sistema estatal en vigor, severamente criticado desde solventes sectores doctrinales.
- En base a la competencia exclusiva ejercida se regulan los aspectos jurídico-administrativos de las fundaciones, incidiendo sólo colateralmente sobre sus aspectos civiles, incidencia esta que, además de resultar obligada para cl legislador, cobra singular relieve cuando se trata de la aplicación de la Ley 3/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del País Vasco.
- En función de la filosofía eminentemente liberal adoptada, se vertebra la figura jurídica de la fundación atendiendo a dos líneas fundamentales. Por una parte, el respeto a la voluntad del fundador, y por otra, la nueva configuración que se otorga al Protectorado, que pasa de un régimen tradicional de autorizaciones (control "ex ante") a otro de aprobaciones y comunicaciones (control "ex post"), dotando a las fundaciones de una gran autonomía, correlativa al régimen de responsabilidad de los patronos y gestores.
- En cuanto al órgano fundacional se opta por una configuración legal colegiada -como mínimo, de tres personas-, siempre salvo disposición en contrario del fundador. Asimismo, en coherencia con los principios de libertad y modernidad que se postulan, la ley huye deliberadamente de la denominación tradicional de "patronato", posibilitando, no obstante, la utilización de dicho término.
- El capítulo referente al patrimonio fundacional, constituido por toda clase de bienes y derechos susceptibles de valoración económica, aparece imbuido en profundidad de las razones propias de la concepción liberal, distanciándose por ello en mayor medida de los modelos existentes al eliminarse de los actos de disposición y liberalidades la totalidad de las trabas administrativas que venían configurándose a través de las autorizaciones previas, y que ahora se transforman en simples comunicaciones, lo cual agiliza substancialmente la gestión patrimonial dotándola de autonomía.
- En lo que al Protectorado se refiere, de la filosofía en que se inspira la ley no podía desprenderse, obviamente, sino un Protectorado ágil y moderno con misión de ayudar a las fundaciones en su tarea de llevar a cabo los fines fundacionales con eficacia.
La finalidad de la fundación debe ser lícita, servir un interés general y beneficiar a personas no individualmente determinadas.
Artículo citado en: una sentencia, 2 artículos doctrinales, 5 disposiciones normativas, una resolución administrativa
CAPÍTULO II De la constitución de fundaciones Artículos 4 a 9
Toda persona física o jurídica, ya sea pública o Privada, puede constituir fundaciones sometidas al ámbito de esta ley.
Las personas físicas precisarán de la capacidad de obrar suficiente, según lo exigido por las leyes, para disponer a título gratuito de los bienes y derechos objeto de dotación.
Las personas jurídicas requerirán el acuerdo válidamente adoptado Por el órgano competente para ello en el que se manifieste su voluntad de constituir una fundación, así como la designación de quien por ellas actúe.
Las personas jurídicas públicas, para constituir fundaciones o participar con otras entidades o particulares en la constitución de fundaciones, deberán cumplir lo que las leyes o disposiciones por las que se rijan establezcan para este supuesto y, en su defecto, las normas para la disposición a título gratuito de los bienes o derechos que aporten.
La fundación podrá constituirse por actos «inter vivos» o «mortis causa», formalizándose en ambos casos mediante escritura pública, con cumplimiento de los requisitos establecidos en cl artículo siguiente.
En el acto fundacional «mortis causa el fundador podrá otorgar por sí mismo la escritura pública o designar a las personas que hubieren de otorgarla. En caso de que el fundador se hubiese limitado a establecer su voluntad de crear una fundación y disponer de los bienes de la dotación, la escritura pública en la que se contengan los demás requisitos exigidos por esta ley se otorgará por el comisario foral o por el albacea testamentario, o, en su defecto, por los herederos o las personas a quienes en derecho corresponda la ejecución del testamento u otra disposición «mortis causa», según la legislación civil aplicable.
Las fundaciones tendrán personalidad jurídica desde la inscripción de su escritura de constitución en el Registro de Fundaciones.
La inscripción sólo podrá denegarse, en resolución motivada, si la entidad constituida no reúne los requisitos exigidos en esta ley y demás legislación aplicable. No obstante, si el defecto fuere subsanable se otorgará un plazo a tal efecto, que se determinará reglamentariamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.
d) Los Estatutos fundacionales, que deberán contener los extremos señalados en cl artículo 7.1.
Los Estatutos de la fundación deberán contener, como mínimo, los siguientes extremos:
a) La denominación de la entidad, en la que deberá figurar la palabra "fundación" o "fundazioa" o "iraskundea", que no podrá coincidir con ninguna otra previamente inscrita en el Registro de Fundaciones.
Asimismo, los Estatutos podrán contener normas especiales sobre modificación de Estatutos, fusión o extinción de la fundación y cualesquiera otras cláusulas o condiciones lícitas que tengan a bien establecer los fundadores.
Toda disposición en los Estatutos de la fundación o manifestación de la voluntad del fundador que siendo contraria a la presente ley no afecte a la validez constitutiva de aquélla se tendrá por no puesta cuando haya transcurrido el plazo para subsanación Previsto en el artículo 5.3 sin llevarse a efecto manifestación o adecuación alguna en tal sentido, en cuyo caso procederá la inscripción de la fundación en el Registro de Fundaciones.
En el supuesto de constitución "mortis causa" el fundador podrá otorgar al comisario foral o a los albaceas facultades para ponderar, siempre de conformidad con el espíritu fundacional, las consecuencias de la calificación registral.
La aportación de la dotación patrimonial podrá hacerse en forma sucesiva, en cuyo caso el desembolso inicial no será inferior al treinta por ciento del total previsto por la voluntad fundacional, debiéndose aportar el resto en un plazo de cinco años contados desde el otorgamiento de la escritura pública de constitución. No obstante, cuando se trate de derechos podrá ampliarse dicho plazo en función de la naturaleza de los mismos, siempre que se den las garantías necesarias Para asegurar su realización.
A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se podrán considerar como dotación las aportaciones comprometidas por terceros, siempre que estuvieren garantizadas. En ningún caso se considerará como tal el mero propósito de recaudar donativos.
Artículo 9, apartado 1, modificado por la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, el 30 de Abril de 2012.
CAPÍTULO III Del gobierno de la fundación Artículos 10 a 19
En toda fundación sujeta a esta ley existirá un órgano de gobierno que podrá adoptar la denominación de "patronato" u otra similar.
El órgano de gobierno ostentará la representación de la fundación y ejercerá todas aquellas facultades que sean necesarias para la realización de los fines fundacionales. En concreto, administrará los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación.
Salvo que el fundador haya establecido otra composición, el órgano de gobierno será colegiado y estará integrado por tres miembros, como mínimo, eligiendo de su seno un Presidente, si no estuviera designado.
En el supuesto de que cl fundador fuera persona física, podrá reservar para sí, con carácter vitalicio, el ejercicio de todas las competencias asignadas al órgano de gobierno de la fundación.
Podrán ser miembros del órgano de gobierno de la fundación las Personas físicas o jurídicas.
Las personas físicas deberán tener plena capacidad de obrar y no estar inhabilitadas Para el ejercicio de un cargo público. No obstante, cuando haya de ser miembro nato una persona incapacitada, actuará en su nombre su representante legal.
Cuando el cargo recaiga en persona física deberá ejercerse personalmente y no podrá ser delegado. No obstante, cuando el mismo sea atribuido al titular de un cargo público o privado, podrá éste designar una persona para que lo ejerza en su nombre.
Artículo 11, apartado 3, modificado por la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, el 30 de Abril de 2012.
Artículo 11, apartado 5, añadido por la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, el 30 de Abril de 2012.
Artículo 12, modificado por la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, el 30 de Abril de 2012.
b) Administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación y mantener plenamente la productividad de los mismos, según los criterios económicofinancieros de un buen gestor.
c) Servir cl cargo con la diligencia de un representante leal.
Los miembros del órgano de gobierno son responsables frente a la fundación en los términos que determinen las leyes.
Quedarán exentos de responsabilidad quienes se hubiesen opuesto al acuerdo generador de la misma o no, hubiesen participado en su adopción, salvo que se pruebe que tenían conocimiento de aquél y no expresaron su disconformidad.
Serán objeto de inscripción en cl Registro de Fundaciones el ejercicio, ante la jurisdicción ordinaria, de la acción correspondiente de exigencia de responsabilidad de los órganos de gobierno y la sentencia firme que recaiga.
El Protectorado, por propia iniciativa o a solicitud razonable de quien tenga interés legítimo, podrá ejercitar dicha acción de responsabilidad.
También podrá ser ejercitada la misma por el fundador cuando la actuación de los miembros del órgano de gobierno sea contraria o lesiva a los fines fundacionales.
La sustitución de los miembros del órgano de gobierno se producirá en la forma establecida en los Estatutos, sin perjuicio del supuesto contemplado en cl artículo 38.
El cese de los miembros del órgano de gobierno se producirá:
La suspensión de los miembros del órgano de gobierno podrá ser acordada por el juez cuando se entable contra ellos la acción de responsabilidad a que se refiere el apartado 2.c.) del presente artículo.
La sustitución, cese y suspensión de los miembros del órgano de gobierno se inscribirá en el Registro de Fundaciones.
Si los Estatutos no lo prohibieran, el órgano de gobierno podrá constituir una o varias comisiones delegadas o ejecutivas, con las facultades que en cada caso determine, así como delegar sus facultades en uno o más de sus miembros y nombrar apoderados generales o especiales con funciones y responsabilidades mancomunadas o solidarias. En ningún caso serán objeto de delegación la aprobación de cuentas y del presupuesto, los actos que excedan de la gestión ordinaria o necesiten de autorización del Protectorado y aquellos expresamente prohibidos por el fundador o Estatutos.
Salvo que los Estatutos o la Carta fundacional establezcan otra cosa, las fundaciones podrán encomendar el ejercicio de la gerencia o gestión, o la realización de otras actividades en nombre de la fundación bien a algún miembro del órgano de gobierno, bien a terceras personas, con la remuneración adecuada a las funciones desempeñadas. Podrán también designar, de igual modo, un Secretario del órgano, no miembro del mismo.
Estas remuneraciones y, en su caso, los conceptos comprendidos en el artículo anterior se considerarán gastos de administración a los efectos, establecidos en el artículo 30.2 de la presente ley.
CAPÍTULO IV Del patrimonio Artículos 20 a 23
El patrimonio de la fundación puede estar constituido por toda clase de bienes y derechos susceptibles de valoración económica.
La administración y disposición del patrimonio corresponderá al órgano de gobierno en la forma establecida en los Estatutos y con sujeción a lo dispuesto en la presente ley.
De los actos de disposición o gravamen sobre los bienes o derechos que formen parte de la dotación patrimonial, o estén directamente adscritos al cumplimiento de loa fines o su valor sea superior al veinte por ciento del activo de la fundación que resulte del último balance anual, se dará cuenta inmediatamente al Protectorado.
También se necesitará dicha comunicación para someter a arbitraje o transacción los bienes y, derechos a que hace referencia el apartado anterior.
El Protectorado exigirá y controlará el cumplimiento de las cargas duraderas impuestas sobre bienes para la realización de fines de interés general.
Los actos comprendidos en este artículo se harán constar en el Registro de Fundaciones sin perjuicio de la inscripción, cuando proceda, en el Registro correspondiente. El Protectorado podrá exigir que se acrediten las condiciones y circunstancias concurrentes y, en su caso, ejercer las acciones de responsabilidad que correspondan contra los miembros de los órganos de gobierno.
CAPÍTULO V Del desarrollo de actividades Artículos 24 a 30
La fundación podrá realizar, por sí misma, actividades mercantiles o industriales cuando éstas tengan relación con los fines fundacionales o estén al servicio de los mismos.
En todos los demás supuestos deberá realizar dichas actividades a través de sociedades, incluidas las de economía social, que tengan limitada la responsabilidad de sus socios.
Las actividades comprendidas en este artículo deberán ser puestas en conocimiento del Protectorado.
El órgano de gobierno deberá elaborar anualmente el inventario, el balance de situación y la cuenta de resultados, en los que se reflejará la situación patrimonial, económica y financiera de la fundación, así como una Memoria de las actividades realizadas durante el ejercicio económico, suficiente para conocer y justificar el cumplimiento de la finalidad fundacional. La Memoria habrá de comprender necesariamente el cuadro de financiación, así como cualquier alteración, ya sea patrimonial o de su órgano de gobierno o dirección.
Asimismo, las fundaciones deberán confeccionar anualmente un presupuesto de gastos e ingresos correspondiente al ejercicio siguiente. Dicho presupuesto se presentará al Protectorado en el último trimestre del año de su aprobación, junto con una Memoria explicativa.
En función de las actividades que desarrollen, las fundaciones ajustarán su contabilidad a la normativa general que sea de aplicación y a las exigencias de la legislación fiscal.
1 . El órgano de gobierno deberá justificas su gestión adecuada a los fines fundacionales. A tal efecto presentará al Protectorado dentro del primer semestre del año:
Los documentos a que se refiere el apartado I deberán ser depositados en el Registro de Fundaciones a efectos de lo establecido en el artículo 24 de esta ley.
l. Las fundaciones de relevancia económica deberán someterse a una auditoría externa de cuentas.
Se determinarán reglamentariamente los requisitos que deban concurrir en una fundación para ser considerada de relevancia económica, tomando en consideración, entre otros, los siguientes aspectos:
En todo caso, tendrán esta consideración las fundaciones en las que se den las circunstancias que obligan a las sociedades anónimas a someterse a una auditoría de cuentas de acuerdo con su ley reguladora.
La cualidad de relevancia económica de una fundación deberá constar en el Registro de Fundaciones.
Lo dispuesto anteriormente se entenderá sin perjuicio de la función fiscalizadora que corresponde al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en su ley reguladora, respecto de la correcta utilización y destino de ayudas y subvenciones que eventualmente se hubieren concedido por las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma a cualquier fundación.
El destino de al menos el setenta por ciento de los ingresos de la fundación, obtenidos por todos los conceptos, deberá ser la realización de los fines determinados por la voluntad fundacional, salvo que se trate de aportaciones efectuadas en concepto de dotación patrimonial, bien en el momento de su constitución, bien en un momento posterior.
El resto deberá destinarse a incrementar la dotación fundacional, una vez deducidos los gastos de administración, que no podrán sobrepasar en ningún caso la proporción que reglamentariamente se determine. Asimismo, reglamentariamente se determinarán las partidas que se imputarán a gastos de administración.
La fundación podrá hacer efectivo el destino de la proporción de las rentas e ingresos a que se refiere el presente artículo en el plazo de tres años a partir del momento de su obtención.
CAPÍTULO VI Modificación, extinción, y liquidación Artículos 31 a 35
No obstante lo anterior, si la modificación estatutaria consiste en el cambio o eliminación de fines establecidos por la persona fundadora, se deberá obtener la aprobación expresa del protectorado, con carácter previo a su inscripción registral,
El órgano de gobierno tiene el deber de acordar la modificación de los estatutos fundacionales cuando las circunstancias que motivaron la constitución de la fundación hayan variado de tal manera que ésta no pueda actuar satisfactoriamente con arreglo a aquéllos, salvo que para el supuesto de que se rate haya previsto el fundador la extinción de la fundación.
Si el órgano fundacional no diera cumplimiento, a lo previsto en el apartado anterior, el Protectorado, sin perjuicio de ejercer la acción de responsabilidad frente a los miembros del órgano, podrá pedir a la autoridad judicial que ordene la realización de la modificación que proceda.
Artículo 31, apartados 1 y 4, modificados por la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, el 30 de Abril de 2012.
Artículo citado en: una sentencia, 124 disposiciones normativas, una resolución administrativa
El órgano de gobierno podrá proponer la fusión con otra u otras fundaciones, siempre que concurran las circunstancias señaladas en el número 1 del artículo anterior.
El Protectorado podrá solicitar de la Autoridad Judicial la fusión de aquellas fundaciones que, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, no puedan cumplir sus fines por sí mismas, cuando éstos sean análogos, exista oposición de sus órganos de gobierno y no lo haya prohibido el fundador.
La fusión será formalizada en escritura pública e inscrita en el Registro de Fundaciones.
En los supuestos de los apartados a) y b) del artículo anterior, la extinción de la fundación requerirá acuerdo del órgano de gobierno ratificado por el Protectorado.
Si no hubiese acuerdo del órgano de gobierno, o éste no fuese ratificado por el Protectorado, la extinción de la fundación requerirá resolución judicial motivada, que podrá. ser instada, en cada caso, por el Protectorado o por el órgano fundacional.
El acuerdo de extinción o, en su caso, la resolución judicial motivada se inscribirá en el Registro de Fundaciones.
Los bienes y derechos que resulten de la liquidación fundacional serán destinados a otras entidades o actividades de interés general que haya ordenado el fundador o los Estatutos o que determinen los miembros del órgano de gobierno de la fundación si estuvieren para ello autorizados por aquél o éstos.
Podrá también el fundador en el acto fundacional o los Estatutos encomendar a alguna persona, cargo o entidad la elección del destino de los bienes resultantes, dentro de lo establecido en este artículo. En defecto de la anterior determinación, los bienes y derechos se destinarán por el Protectorado a otras fundaciones o entidades que persigan fines análogos a la extinguida, preferentemente a las que tengan su domicilio en el mismo municipio o, en su defecto, en el mismo territorio histórico.
Las fundaciones constituidas por personas jurídicas públicas podrán prever en sus Estatutos o cláusulas fundacionales que los bienes y derechos resultantes de la liquidación sean destinados a otras entidades públicas, de naturaleza no fundacional, que persigan fines análogos.
CAPÍTULO VII Del protectorado y del registro de fundaciones Artículos 36 a 40
El Protectorado es el órgano administrativo de asesoramiento, apoyo técnico y control de las fundaciones que facilitará y promoverá el recto ejercicio del derecho fundacional y asegurará la legalidad de su constitución y funcionamiento.
Al Protectorado le corresponderán las siguientes funciones.
El Protectorado será ejercido por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través del Departamento de Justicia, y estará asistido por una Comisión Asesora, encargada de Prestarle la debida asistencia técnica, de la que formarán parte aquellos Departamentos con competencias en el ámbito sectorial en el que desarrollen sus actividades las fundaciones.
Corresponderá a estos Departamentos, en el ámbito de sus competencias, emitir informe vinculante en relación con las funciones descritas en los apartados c) y d) del número dos de este artículo, así como instar del Protectorado el ejercicio de la acción de responsabilidad a que se refiere el apartado e) y las funciones de fomento, ayuda y coordinación de las fundaciones según la naturaleza de los fines fundacionales. A tales efectos el Protectorado les comunicará los datos de las fundaciones que registre.
La estructura y funcionamiento del Protectorado y de la Comisión Asesora se determinarán reglamentariamente.
Artículo citado en: 3 sentencias, 87 disposiciones normativas
La autorización para el supuesto de la autocontratación, previsto en el artículo 14 de la presente ley, se entenderá otorgada una vez transcurrido el plazo de tres meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud al Protectorado sin que haya recaído resolución expresa. Este plazo se interrumpirá cuando la solicitud no reúna los requisitos necesarios o no se presente debidamente documentada y el Protectorado así lo notifique al órgano de gobierno de la fundación. El plazo comenzará a contar de nuevo desde el momento en que tales defectos se hayan subsanado.
En los restantes casos en los que se solicite la autorización o aprobación del Protectorado siempre que no haya recaído resolución expresa en el plazo arriba mencionado, se entenderá desestimada la solicitud formulada.
Si el Protectorado advirtiera una gran irregularidad en la gestión económica, con peligro de la subsistencia de la fundación, o una desviación grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada, requerirá del órgano rector de la fundación, una vez oído éste, la adopción de las medidas que estime Pertinentes para la corrección de aquélla.
Si el requerimiento al que se refiere el apartado anterior no fuese atendido en el plazo de un mes, el Protectorado podrá demandar a la fundación ante la autoridad judicial para que autorice, previa audiencia del órgano rector de aquélla, la gestión provisional de la actividad de la fundación.
Si el juez autorizase al Protectorado para asumir la gestión provisional de la fundación, éste asumirá todas las atribuciones legales y estatutarias que correspondan al órgano rector de la fundación durante el tiempo que el juez hubiere determinado. La intervención quedará alzada automáticamente por el mero transcurso de aquel plazo, salvo que el juez accediere a prorrogarlo mediante una nueva resolución judicial.
En aquellos otros supuestos en los que la fundación carezca de órgano de gobierno o éste haya sido suspendido en sus funciones por decisión judicial, el Protectorado, previa autorización judicial, podrá asumir provisionalmente la gestión de la actividad fundacional, que no podrá prolongarse por más de dos arios, dentro de cuyo plazo se habrá de dotar a la fundación de los órganos estatutarios de gobierno o, en caso de imposibilidad, proceder a su disolución o liquidación.
En el Registro de Fundaciones se inscribirán tanto la presentación de la demanda correspondiente corno la resolución judicial que recaiga.
Se crea el Registro de Fundaciones en el Departamento de Justicia del
Gobierno Vasco, que tendrá por objeto la inscripción de las fundaciones y de los actos que con arreglo a lo dispuesto en la presente ley sean inscribibles.
La inscripción de la fundación, que deberá contener los elementos establecidos en el artículo 6, requerirá, en todo caso, el informe favorable de la Comisión Asesora prevista en el artículo 36.3 de la presente ley.
El Registro es público. La publicidad se llevará a cabo mediante certificación del contenido de los asientos, por simple nota informativa o copia compulsada de los mismos.
El régimen de llevanza y funcionamiento del Registro, así como los plazos de inscripción, se determinarán reglamentariamente.
Creación y extinción.
Fundaciones constituidas por entes instrumentales.
Disposición adicional cuarta adicionada por la Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi, publicada el 12 de Julio de 2007.
Disposición adicional cuarta, apartado 2, letra b), modificada por la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, el 30 de Abril de 2012.
Disposición citada en: una sentencia, un artículo doctrinal, 4 disposiciones normativas
En el plazo de dos años, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, las fundaciones sujetas a la misma constituidas con anterioridad deberán adaptar sus respectivos Estatutos a los preceptos de ésta, salvo aquellos cuya aplicación conlleve, según la voluntad del fundador, el cumplimiento de una condición resolutoria que implique la extinción de la fundación. Los Estatutos adaptados deberán ser presentados en el Registro de Fundaciones dentro de dicho plazo, y, una vez transcurrido el mismo, quedarán sin efecto las disposiciones estatutarias que la contradigan
El Protectorado podrá conceder, excepcionalmente y a petición razonada del órgano de gobierno una prórroga del plazo a que se refiere el apartado anterior, en las condiciones y circunstancias previstas en la legislación vigente.
Disposición citada en: una sentencia, 34 disposiciones normativas
En tanto no se determine reglamentariamente la Proporción a que se refiere el rtículo 30 de la presente ley, los gastos de administración no podrán sobrepasar el quince por ciento, salvo que, de acuerdo con la Iegislación anteriormente vigente, el Protectorado ya hubiera autorizado una proporción superior.
DISPOSICIONES FINALES Artículos 47 a 50
PRIMERA Tasas Artículos 47 a 50
Articulo 48 Sujeto pasivo
Registre de Asociaciones:
1.1. Por la inscripción de constitución: 500 pts.
1.2. Por la inscripción de utilidad pública: 1.000 pts.
1.3. Por cada inscripción de otro tipo: 400 pts.
1.4. Por cada consulta, certificación o compulsa: 380 pts.
1.5. Por cada habilitación dé libro: 380 pts.
2.1. Por la inscripción de constitución: 6.000 pts.
2.2. Por cada inscripción de modificación estatutaria, fusión o extinción:
2.3. Por cada inscripción de otro tipo: 2.500 pts.
2.4. Por cada certificación o compulsa: 1.000 pts.
2.5. Por cada habilitación de libro: 600 pts
ORDRE GRI/120/2013, de 3 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques per a la recerca sobre les autonomies polítiques territorials.
DECRETO 397/1994, de 11 de octubre, por el que se declaran de urgente ocupación por el Ayuntamiento de GautegizArteaga a efectos de expropiación forzosa, los bienes y derechos necesarios para la realización del 'Proyecto de ensanche de camino de acceso al depósito de aguas que surte al Barrio Kanala'.

References: artículo 34
 artículo 22
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 40
 artículo 7
 artículo 5

Artículo 9

Artículo 11

Artículo 11

Artículo 12
 artículo 38
 artículo 30
 artículo 24

Artículo 31
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 14
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 artículo 36