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Timestamp: 2019-01-19 00:18:08+00:00

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TIGO, VIOLADOR DEL DERECHO AL TRABAJO DIGNO. EL NEOLIBERALISMO VORAZ - Enfoque
TIGO, VIOLADOR DEL DERECHO AL TRABAJO DIGNO. EL NEOLIBERALISMO VORAZ
TIGO y sus violaciones al derecho al trabajo digno a través del outsourcing. El neoliberalismo voraz
En el segundo gobierno del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), se realizó la privatización de las telecomunicaciones en El Salvador. Fue en 1996 que inició el proceso de privatización de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), creando el ex presidente Armando Calderón Sol la Comisión Presidencial para la Modernización del Servicio Público, dirigida por Alfredo Mena Lagos, quien se autodenomina fundador del mayor Roberto d´Aubuisson y ex miembro del Consejo Ejecutivo Nacionalista (COENA), junto a la complicidad del presidente de ANTEL Juan José Daboud, protagonista de la dolarización del país, hasta la conclusión del proceso en septiembre de 1998.
Era imprescindible para quienes gobernaban que los medios productivos pasaran a manos privadas, cediendo la dirección de las políticas públicas al neoliberalismo: una concepción del sistema capitalista que transforma el comportamiento de sociedades, de personas y del mercado; la realización del trabajo humano es secundario, se prioriza la acumulación del capital, se acrecienta la explotación del humano por el humano.
Esta trasformación no solo del sistema de producción, sino también del comportamiento y vida de las personas a acusa del neoliberalismo, encontró tierra fértil en El Salvador por las secuelas que dejaba el conflicto civil armado, las personas necesitaban escapar del pasado, de la crisis social y económica, fue así que en El Salvador se sembró un capitalismo feroz que dio paso al individualismo, consumismo, egoísmo, la exclusión, la marginalidad, la competitividad inhumana y una necesidad irracional por la posesión.
En este contexto social y económico se legisló para que las grandes empresas adquirieran grandes beneficios fiscales, en la actualidad existen más de 26 leyes que les permiten no pagar impuestos sin contar las malas prácticas contables de las empresas que dan lugar a la elusión y evasión fiscal.
Si bien uno de los elementos esenciales del capitalismo es la existencia del trabajo humano, desde luego no para garantizar derechos, más bien para que las personas tuvieran una fuente de ingresos y de esa manera los bienes y servicios fueran realmente comerciables, algo particular sucedió en El Salvador. Con el rompimiento del tejido social a causa de la guerra, muchas personas migraron al extranjero por causas políticas, de seguridad, económicas, una serie de multicausales que solidificó el hambre voraz del lobo contra su presa, o si gusta llamarlo del patrono contra el empleado.
Los empresarios sedientos por llenar sus cuentas bancarias advirtieron que este sistema podía funcionar aún sin respetar derechos laborales de los salvadoreños, ya que no era necesario que las personas tuvieran empleos (no digamos dignos) para hacer comerciable los bienes y servicios, pues con el fenómeno de las remesas las personas podían consumir, gastar, sin trabajar, por el dinero que le enviaban sus familiares del exterior.
En el año 2014 ingresaron a El Salvador en concepto de remesas familiares cuatro mil ciento cincuenta y cuatro punto dos millones de dólares, según datos del Banco Central de Reserva (BCR), la mayor parte de ese dinero destinado al consumo.
Ver:EL FENÓMENO DE LAS REMESAS FAMILIARES: SALVAVIDAS ECONÓMICO Y NEGOCIO DEL CONSUMO
Las telefonías encontraron un mercado potencial de salvadoreños tanto a nivel local como a nivel internacional en doble vía, por un lado se acrecentó el comercio de teléfonos celulares (gama alta, gama media, gama baja), de arrendamiento de servicios de internet (pospago, prepago, móvil, residencial, empresarial), y de televisión por suscripción (digital, básico, pago por ver) y por otro lado los salvadoreños en el extranjero necesitaban comunicarse con sus familiares y satisfacer las necesidades que les demandaban, adquiridas por el capitalismo.
En el año 2008 la entonces presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, dio a conocer datos del Ministerio de Hacienda en donde se hacía constar que las grandes empresas evadían y eludían el pago de impuestos. La empresa Telemóvil El Salvador S.A. de C.V. conocida comúnmente como Tigo, reportó ingresos por más de 452.5 millones de dólares y utilidades por poco más de 151 millones, pagando a Hacienda en concepto de impuesto de renta la suma cuasi homicida de 500 dólares, es decir que no pagó el 99.99 por ciento de lo que correspondía.
Julio Carlos Porras director general de Claro en El Salvador, y vocero de las empresas Telefónica, Tigo y Digicel ante el estudio de la entrada en vigencia de la portabilidad numérica en la Asamblea Legislativa, en el año 2010, expresó sobre el cobro al segundo exacto que: “Lo que va a suceder es que si el precio baja más de lo que el mercado abarca, el consumidor va a hablar más. Con el dinero que les sobre no van a comprar más pan o leche, no van a mandar a sus hijos a las escuelas”. Además estas empresas de telefonías amenazaron con cesar alrededor de catorce mil empleos de hacerse efectiva la entrada de la portabilidad numérica y otras reformas en la Ley de Telecomunicaciones. Lo anterior se señala como reflejo de la concepción mercantilista de estos lobos llamados empresas.
En el año 2015 Tigo volvió a salir salpicado de señalamientos con respecto a la elusión del pago de impuestos, según datos de la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, Tigo o Telemóvil El Salvador S.A. de C.V adeudaba al Estado (hasta en ese momento) el pago de más de nueve millones de dólares, ostentando el tercer lugar en esta lista vergonzosa de deudores.
Lo anterior son algunos informes que demuestran el daño que le hacen las telefonías a El Salvador, en otras palabras estas empresas son un cáncer social que daña la esfera económica del Estado y de sus habitantes. Basta advertir que son las compañías telefónicas quienes aumentan su señal de su frecuencia en las cárceles del país donde se planifican y ordenan homicidios, extorciones, una serie de delitos en contra de la sociedad salvadoreña, solo por el hecho de seguirse enriqueciendo, y por si fuera poco con el 5% de la “contribución especial” se ha afectado la economía del pueblo al pasarle la factura de este nuevo impuesto a los salvadoreños, sin que se vean afectadas las ganancias de las telefonías, que se estiman en la actualidad alrededor de mil millones de dólares al año.
Como si esto fuera poco y en atención a lo anterior señalaremos las violaciones al derecho al trabajo digno de la empresa Tigo o Telemóvil El Salvador S.A. de C.V, en contra de sus empleados, a través de prácticas inmorales, ilegales e injustas, aunque aclaramos que esto no es exclusivo de esta compañía sino de muchas empresas que buscan mecanismos para aumentar sus ganancias millonarias. A continuación detallamos porque.
VIOLACIONES LABORALES DE TIGO CONTRA SUS EMPLEADOS.
En un artículo de opinión publicado en Enfoque Jurídico, por el especialista en derecho laboral Jaime Solís, desarrollaba el contrato de outsourcing o tercerización y mencionaba que su práctica cada vez era más común por parte las empresas. Del outsourcing expresaba:
“es la contratación de un tercero para que realice un trabajo en el que se encuentra especializado, disminuyendo costos a la compañía contratante, reduciendo su infraestructura propia y brindando un servicio de mayor calidad, con la correcta ejecución de los trabajos.”
Ver:EL OUTSOURCING
En la compañía telefónica Tigo existen 4 planillas diferentes, dos de ellas pertenecen a Telemóvil El Salvador S.A. de C.V, estas son “Milicom” y “Tigo” en donde se encuentran empleados directos de la compañía telefónica, básicamente se tratan de altas jefaturas, coordinadores, gerentes.
Las otras dos planillas de Tigo son del personal outsource, estas son “Gent valores y servicios regionales” donde se encuentra la base del giro de la compañía, divididos en: Ventas, Tigo Money, Tigo Star: home, y Sales & Distribution; dentro de estas categorías existe subdivisiones como el personal de callcenter, vendedores, atención al público, freelancer, etc. muchos de ellos bajo la planilla Regina Andreu.-
Tigo y su tendencia a la denominada “precarización de la estabilidad laboral”
Gent valores y servicios regionales es una empresa que tiene como giro Recursos Humanos, y se describe como una empresa de servicios, dedicada al outsourcing del recurso humano idóneo, calificado y de alto desempeño para sus clientes.
Regina Andreu y Asociados S.A. de CV se definen como una empresa privada dentro de empresas de servicios de asesoría administrativa fundada en el 2002, y tienen como propósito minimizar los costos que las actividades que implican en una Empresa, ofreciendo confidencialidad, transparencia e imparcialidad en los procesos de evaluación; además de la obtención de resultados en el menor tiempo posible.
Sobre esta figura es pertinente establecer que la tercerización o outsourcing es un contrato de prestación de servicios de naturaleza eminentemente civilista, que nace como obligación de hacer (artículo 1331 Código Civil), donde se tiene por objeto la ejecución de un servicio en virtud de una obligación de dar un pago determinado. El outsourcing teóricamente no debería generar un vínculo laboral, una relación de trabajo entre patrono y empleado, por ello no se garantiza un período de prueba ni se debería exigir el pago de prestaciones sociales.
Atendiendo lo anterior es ilegal las siguientes prácticas bajo la figura del outsourcing: a) dar órdenes con personal propio de la compañía, a los empleados de la empresa outsource; b) dar uniforme que identifique a dicho personal con la compañía; c) amonestar a través del personal propio de la compañía a los empleados outsource; etc.
En palabras más sencillas no es justo ni legal que una compañía tenga personal outsource en labores que son de su giro ordinario, debido a que se corre el riesgo que los mismos sean considerados trabajadores de la empresa.
Tigo es una de las empresas que más práctica hace de esta figura civilista en contra del derecho al trabajo digno de las personas, teniendo más de 3000 empleados bajo esta figura, solo tomando en cuenta los denominados Freelancer, colocando en situación irregular a estos trabajadores, pues las personas contratadas se identifican con marca de Tigo, visten uniformes de Tigo y tienen relación de subordinación con las jefaturas de Tigo, por tanto en atención a los principios de: protección, supremacía de la realidad, igualdad y no discriminación, irrenunciabilidad de los derechos laborales y continuación de la relación laboral, estos trabajadores son empleados de Tigo y en tal sentido deberían de tener las mismas prestaciones, beneficios y derechos que los que se encuentran en las planillas de Milicom y Tigo.
Cabe señalar que bajo esta lógica las altas jefaturas, coordinadores y gerentes de Tigo, despiden a muchos empleados contratados en planillas de outsourcing, justificando posteriormente que nunca ha existido una relación contractual con Tigo, pues esta ha sido con las empresas de tercerización: “Gent valores y servicios regionales” y Regina Andreu, queriendo evitar una posible denuncia en su contra, sin mencionar las exigencias que hacen las jefaturas de Tigo al personal outsource, sometiéndolos a niveles cuasi inhumanos de trabajo, un trato esclavista de producción, resultados, dinero y más dinero para sus cuentas.
De la misma manera que Tigo utiliza prácticas contables para evadir y eludir el pago de impuestos al Estado, Tigo utiliza prácticas ilegales de contratación de empleados con la finalidad de que estos tengan menos prestaciones laborales que se traduce en ahorro para sus millonarias ganancias.
Señores de Tigo esta es una visión errada y pobre de su pensamiento eminentemente mercantilista, pues lo que buscan es ocultar verdaderas relaciones laborales, causando la desnaturalización del contrato de outsourcing, pues la realidad fáctica muestra un contexto distinto al que la norma protege, abiertamente contrario a la Constitución provocando atentados directos contra los derechos de los trabajadores, quienes son el motor de sus ganancias millonarias.
El artículo 2 de la Constitución regula los derechos fundamentales de las personas, entre ellas el derecho al trabajo. Además el artículo 9 de la Constitución establece que: Nadie puede ser obligado a realizar trabajos o prestar servicios personales sin justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo en los casos de calamidad pública y en los demás señalados por la ley.
El artículo 37 de la Constitución establece que “El trabajo es una función social, goza de la protección del Estado, y no se considera artículo de comercio…”; regulando el el artículo 17 del Código de Trabajo lo pertinente al contrato individual de trabajo:
“Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su denominación, es aquél por virtud del cual una o varias personas se obligan a ejecutar una obra, o a prestar un servicio, a uno o varios patronos, institución, entidad o comunidad de cualquier clase, bajo la dependencia de éstos y mediante un salario.”
Mario de la Cueva define la relación de trabajo como el conjunto de derechos y obligaciones que derivan, para el trabajador y el patrono, del simple hecho de la prestación del servicio.
La sala de lo civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia dictada bajo la referencia 137-C-2005, expresó:
“Es mediante la relación de trabajo, independientemente de la manera en que se la haya definido, como se crean derechos y obligaciones recíprocas entre el empleado y el empleador. La relación de trabajo fue, y continúa siendo, el principal medio del que pueden servirse los trabajadores para acceder a los derechos y prestaciones asociadas con el empleo en el ámbito del derecho de trabajo y la seguridad social. Es el punto de referencia fundamental para determinar la naturaleza y la extensión de los derechos de los empleadores, como también de sus obligaciones respecto de los trabajadores”
Por otro lado para identificar la existencia de un contrato de trabajo es pertinente advertir 3 elementos:
La prestación personal del servicio. Consiste en que la persona trabajadora es quien debe prestar el servicio contratado y no a través de terceras personas. En ese sentido el contrato de trabajo es de carácter personal, convirtiéndose la persona en un sujeto insustituible de la relación laboral.
La remuneración. Contraprestación que recibe la persona asalariada por el servicio prestado (salario).
La subordinación. Es el elemento determinante y fundamental para poder establecer si se está o no en presencia de una relación laboral. Consiste en la auto imposición voluntaria de la persona trabajadora, frente al patrono para realizar un trabajo en razón del contrato laboral que ha contraído. El trabajador tiene la obligación de acatar las órdenes dadas por la persona empleadora, que tiene la facultad de darlas.
La subordinación se puede expresar a través de 4 formas de autoridad que posee el empleador o patrono: el poder de dirección, el poder de mando, el poder disciplinario y el poder de modificar las condiciones de trabajo (ius variandi).
Sobre estabilidad laboral existe una práctica de las empresas privadas de dejar sin empleo a las personas trabajadoras sin mayor justificación. El artículo 25 del Código de Trabajo, sobre esto determina: “Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes en la empresa, se consideran celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos señale plazo para su terminación.”
La Sala de lo Constitucional sobre la estabilidad laboral (Admisibilidad de Amparo 954-2013) ha sostenido que implica el derecho del empleado a conservar un trabajo, y este se debe garantizar cuando subsistan las circunstancias siguientes:
que subsista el puesto de trabajo;
que el trabajador no pierda su capacidad física o mental para desempeñar el cargo;
que se desempeñe con eficiencia;
que no se cometa falta grave que la ley considere como causal de despido;
que subsista la institución para la cual se presta el servicio;
y que, además, el puesto o cargo no sea de aquellos que requieran de confianza, ya sea personal o política.
Los despidos por parte de las altas jefaturas, coordinadores y gerencias de Tigo son tendencias de la denominada “precarización de la estabilidad laboral” o “flexibilización del mercado laboral”, en el sentido de irle quitando a los trabajadores una serie de derechos ganados como conquistas históricas de la humanidad a través de los siglos, mediante el uso, muchas veces fraudulento, de figuras contractuales de aparente “prestación de servicios”.
En ese sentido la realización de contratos de prestación de servicios o outsourcing, para el desarrollo de labores permanentes, que correspondan al giro ordinario de la compañía, jurídicamente desnaturaliza la figura jurídica civilista de este tipo de contratos, práctica que causa graves perjuicios al trabajador (como la disminución de la cotización en salud y pensiones, el desconocimiento de los derechos de los trabajadores a la libre asociación, la inestabilidad laboral y la imposibilidad del descanso remunerado), además afecta el trabajo digno de las personas, entendiéndose éste como el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana, así como los derechos de los trabajadores en cuanto a sus condiciones de seguridad laboral, estabilidad laboral y remuneración.
Es urgente que exista una reforma en el Código de Trabajo donde se regule el contrato de outsourcing de tal manera que no se continúen generando violaciones al derecho al trabajo digno, que permita estar en armonía con los tratados internacionales en materia laboral y que sean los jueces a través de sus resoluciones quienes garantizan la no vulneración de este derecho fundamental, pues se abandona a los trabajadores a la incertidumbre permanente con la consiguiente imposibilidad de construir un futuro, no sólo para ellos sino también a sus familias, dejándolos a merced de la “gracia” del empleador de “hacerles el favor” de volver a contratarlos “si así lo quiere”, sin importar la verdadera naturaleza de sus funciones, con lo cual se le niega a los trabajadores el acceso, al menos, a prestaciones compensatorias que amortigüen la pérdida de su empleo.
El trabajo de la Dirección General de la Inspección del Trabajo deja mucho que desear, pues es a ellos a quienes les corresponde velar por el cumplimiento de las normas laborales, con el objetivo de prevenir conflictos laborales y supervisar el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores. Sin embargo no existe pronunciamiento sobre esta flagrante violación a derechos laborales, pues de nada sirven los tratados internacionales firmados por El Salvador y todas las garantías y medidas de protección de los trabajadores, si el Estado es el primero en consentir tales atropellos, donde muchos salvadoreños se ven sometidos a trabajos con condiciones inhumanas, presiones cuasi esclavistas y vulnerados en su desarrollo integral y el de su familia.
No se necesita hacer más que un análisis práctico de lo que hace el gobierno para detener los abusos de empresas como Tigo, en contra de los trabajadores, para contestar la interrogante ¿Qué hace el gobierno frente a las violaciones de Tigo al trabajo digno? Pues NADA!
Se puede concluir que la mayor preocupación del Estado es que las empresas que operan en este país no se vayan, pero esto no se debe al temor de dejar de percibir los pagos de las empresas en concepto de impuesto al Estado, más bien les preocupa dejar de percibir el dinero que pagan los empleados en concepto de impuestos sobre la renta, sin importar si a éstos les violentan o no sus derechos laborales. Se castiga al que menos tiene y se blinda al que más tiene, esto no es democracia ni Justicia social. No te distraigas, Enfócate!
NOTA ACLARATIVA: El licenciado Jaime Solís, no participó en la redacción ni elaboración de esta editorial, únicamente se cita como referencia su artículo de Opinión publicado el 25 de junio del 2015.
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References: e contrario
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 37
 artículo 17
 artículo 25