Source: https://elderecho.com/el-agotamiento-de-la-via-administrativa-y-el-plazo-de-caducidad
Timestamp: 2019-02-19 00:24:38+00:00

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El agotamiento de la vía administrativa y el plazo de caducidad - El Derecho
Foro 17-11-2016	Coordinador: Francisco Javier Lluch Corell
1. La nueva redacción dada al art.69 LRJS -EDL 2011/222121- por la Disp Fina...
1. La nueva redacción dada al art.69 LRJS -EDL 2011/222121 por la Disp Final 3ª L 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento -EDL 2015/166690 administrativo común de las Administraciones Públicas, es una consecuencia legal inevitable de la supresión de la reclamación administrativa previa laboral para cuando la Administración utiliza el Derecho privado del Trabajo y deba ser demandada en la jurisdicción social. A partir del 2-10-2016, fecha de entrada en vigor de la nueva normativa, ya no es necesario formular reclamación previa a la vía judicial en pleitos sobre Derecho privado del Trabajo que son aquellos en los que la Administración Pública interviene en su condición de empresario. En cambio, subsiste el requisito preprocesal del agotamiento de la vía administrativa previa a la judicial que acontece en aquellas controversias sobre Derecho Administrativo del Trabajo, que son precisamente casos en los que la Administración Pública interviene en el proceso como autora de un acto administrativo sobre material laboral, pero no como empresario. Como seguidamente razonaremos, la clave interpretativa de este nuevo modelo pasa por distinguir en que una cosa son los plazos para la impugnación jurisdiccional social, otra distinta las reglas del cómputo inicial de esos plazos y, finalmente, debe repararse en que la impugnación ante la jurisdicción social en unos casos no está sujeta al requisito de la reclamación previa -cuando actúa la Administración Pública como empresario y, en otros es preciso agotar la vía administrativa previa -cuando la Administración Pública interviene como autora de un acto administrativo sobre materia laboral-.
2. ¿Por qué surgen las dudas interpretativas en el art.69.3 LRJS -EDL 2011/222121-? Las dudas interpretativas que se formulan en la cuestión planteada acerca de la versión reformada del art.69 LRJS tienen en buena parte su origen en el hecho de la técnica legislativa utilizada. El nuevo art.69 LRJS -y también otros preceptos concordantes como los art.64, 70, 72, 73, 103 y 117, se construye respetando la misma estructura y contenido de su versión inicial. Lo único de novedoso que se produce es una adaptación, en términos de descarga o eliminación parcial de uno -el de la reclamación previa de los tres sistemas de medios de evitación del proceso jurisdiccional social.
El TR de la LPL/1995 -EDL 1995/13689 regulaba sólo dos medios de evitación del proceso jurisdiccional ante el orden social, a saber: la conciliación previa y la reclamación previa a la vía judicial. La LRJS -EDL 2011/222121 incluyó el agotamiento de la vía administrativa previa a la judicial como tercer medio de evitación del proceso social debido al trasvase de competencias de lo contencioso administrativa al orden social respecto a la impugnación de actos administrativos de contenido laboral como consecuencia de los aptdo. n) y s) del art.2 LRJS.
La reclamación previa a la vía judicial, que desaparece por impacto legal expreso de la nueva Ley de Procedimiento administrativo común -EDL 2015/166690 en las reclamaciones ante la jurisdicción social, eso sí, con excepción de la reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social, se ha venido configurado por la jurisprudencia -entre otras, TS 4ª 16-9-15, EDJ 2015/173723 como un privilegio procesal de la Administración demandada, y trataba de cumplir dos finalidades: una, esencial, de poner en conocimiento del órgano administrativo el contenido y fundamento de la pretensión formulada y darle ocasión de resolver directamente el litigio, evitando así la necesidad de acudir a la jurisdicción social; otra finalidad, más instrumental, de dar a la Administración demandada la posibilidad de preparar adecuadamente la oposición a la demanda que se va a plantear. La eliminación de la reclamación previa como medio de evitación del proceso jurisdiccional social se justifica, según el Preámbulo de la L 39/2015, de 1 de octubre, precisamente «debido a la escasa utilidad práctica», extremo que oculta, en realidad, la desestimación, en un porcentaje nada despreciable, de recursos y reclamaciones que luego son estimados en los tribunales, con el correspondiente incremento de tiempo y de costes (en este sentido, Luis Martín Rebollo. «La nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común». Aranzadi digital num. 1/2016 parte Estudios y comentarios).
-El escrito de reclamación previa está pensado cuando la Administración Pública va a ser demandada en su condición de empleadora de su personal laboral y por sus actuaciones realizadas con ese carácter. En pocas palabras, cuando quien demanda contra la Administración Pública lo hace por decisiones realizadas como empresario en los términos del ET/2015 art.1.2. -EDL 2015/182832-. Tras la reforma operada por L 39/2015 -EDL 2015/166690-, al desaparecer la necesidad de reclamación previa cuando la Administración Pública actúa como empresario ya no es necesario relatar expresamente los procesos de tal índole que con anterioridad estaban exceptuados de reclamación previa. Por eso desparece el contenido del art.70.1 LRJS/2011 -EDL 2011/222121 que refería los supuestos no precisados de reclamación previa («procesos relativos a la impugnación del despido colectivo por los representantes de los trabajadores, disfrute de vacaciones, materia electoral, movilidad geográfica, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, procedimientos de oficio, conflictos colectivos, impugnación de convenios colectivos, impugnación de estatutos de los sindicatos o de su modificación, tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, siendo en estos últimos potestativo, y reclamaciones contra el Fondo de Garantía Salarial»). La razón es elemental: este amplio listado de excepciones se encuentra embebido en la regla general de supresión de la reclamación previa a la vía judicial. Sólo se mantiene como excepción expresa con relación la necesidad de agotamiento de la vía administrativa los casos de demanda por lesión de derechos fundamentales (LRJS art.70 versión L 39/2015), para matizar y precisar las reglas de cómputo de plazos de 20 días según se trate de actos expresos, situaciones de inactividad, o de previa interposición de recurso potestativo de reposición.
4. Plazos y cómputo: dos aspectos temporales de la impugnación jurisdiccional. Hechas estas precisiones el campo interpretativo de la LRJS art.69.3 -EDL 2011/222121 queda algo más despejado, para proseguir distinguiendo dos aspectos: uno, el del plazo para presentar la demanda ante la jurisdicción social, y el segundo, las reglas fijación del día inicial del cómputo del plazo jurisdiccional.
En cuanto al plazo para formalizar la demanda hay dos reglas. La regla general sigue siendo la de dos meses, desde que se entienda agotada la vía administrativa (art.69.2 LRJS -EDL 2011/222121 versión dada por la L 39/2015 -EDL 2015/166690 en relación con el último inciso del apartado 3). Las excepciones continúan siendo las acciones derivadas del despido y demás acciones sujetas a plazo de caducidad. Según lo anteriormente considerado, en las acciones por despido y otras decisiones «empresariales» de las Administraciones Públicas sujetas a plazo de caducidad regidas por el Derecho Privado del Trabajo, al no requerir para su impugnación jurisdiccional en el orden social la presentación de un escrito de reclamación previa, el plazo para la interposición de la demanda es el de 20 días hábiles o el especial que les sea aplicable contados a partir del día siguiente a aquel en que se hubiese producido el acto o la notificación de la resolución impugnada. Con relación a estas situaciones (gran parte de los procesos en su momento referidos en la derogada versión del art.70.1 LRJS/2011 modificada por L 3/2012 -EDL 2012/130651-), ya no resulta necesario aludir a la eficacia suspensiva del plazo de veinte días de caducidad que pudiera atribuirse a la presentación de la reclamación previa (en concordancia con el art.73 LRJS), puesto que este trámite preprocesal ha sido eliminado por L 39/2015.
5.En definitiva, el plazo para la impugnación jurisdiccional de las acciones derivadas por despido y demás sujetas a plazo de caducidad al que se refiere el ap.3 del art. 69 de la LRJS -EDL 2011/222121-, es único: el de 20 días hábiles o el especial que sea aplicable. Lo único que varía es el día inicial del cómputo de ese plazo de impugnación de acciones sujetas a plazos de caducidad en aquellos casos en que ya no es necesario formular reclamación previa -supuestos, como ya hemos referido, en los que se trata de decisiones u0022empresarialesu0022 de las Administraciones Públicas, en gran parte aparecían recogidas en el listado del art.70.1 LRJS antes de la reforma-, y aquellos actos administrativos que precisan para su impugnación judicial el agotamiento de la vía administrativa previa en los términos de la legislación administrativa.
Para resolver la cuestión planteada es preciso saber cuándo se ha de entend...
Para resolver la cuestión planteada es preciso saber cuándo se ha de entender agotada la vía administrativa y para ello se ha de acudir a lo establecido en el art.114 L 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -EDL 2015/166690-. En dicho precepto se reflejan hasta once clases de actos que ponen fin a la vía administrativa dependiendo de la resolución que se impugne y así, a veces, será necesario interponer recurso de alzada u otra clase de impugnación o reclamación para agotar la vía administrativa y en otras ocasiones no, lo que a su vez es acorde con el contenido del art.69 L 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social -EDL 2011/222121-, según la redacción dada por la Disposición final tercera de la L 39/2015. Dicho precepto parece que contempla dos supuestos distintos para determinar el «dies a quo» del cómputo del plazo de caducidad, ya que habla de contar los días de dicho plazo «a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera producido el acto o la notificación de la resolución impugnada, o desde que se deba entender agotada la vía administrativa en los demás casos», (redacción igual, por otra parte, a la existente antes de la reforma, excepto que ahora se ha suprimido la referencia a la suspensión del plazo de caducidad por la interposición de la reclamación previa). No obstante la aparente dualidad de supuestos que recoge la indicada norma, parece más lógico entender que la misma, en realidad, se refiere a un único supuesto que se podría reconducir a que el plazo de caducidad se empieza a computar u0022desde que se entienda agotada la vía administrativau0022 y es que el agotamiento de la vía administrativa es, normalmente, un requisito general para poder demandar al Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales o entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos, así se desprende de lo establecido en el apdo. 1 del art.69 L 36/2011, lo que sucede es que el agotamiento de la vía administrativa, a veces, se producirá sin necesidad de interponer recurso de alzada u otro medio de impugnación o reclamación y otras veces, dicho agotamiento requerirá dicha interposición. Tras la reforma el panorama jurídico sobre el cómputo del inicio del plazo de caducidad presenta mayor incertidumbre. Antes, la interposición de la reclamación administrativa previa era, a la vez, imprescindible y suficiente para acudir a la Jurisdicción Social y ahora, en cambio, se ha de agotar la vía administrativa para poder acudir a la Jurisdicción Social. Es cierto que, conforme establece el art.40 L 30/2015 -EDL 2015/147028 y el art.69.1 L 36/2011, la notificación de la resolución administrativa ha de contener siempre la indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, así como la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, por lo que en principio la reforma no supone una diferencia sustancial. El problema puede surgir cuando los actos de la Administración que se quieran impugnar sean verbales o tácitos, lo que si bien no es habitual puede darse. En estos casos, parece que antes de acudir a la Jurisdicción Social se tendrá que interponer una reclamación o hacer una solicitud para obtener una resolución expresa, la cual habrá de indicar si con la misma se agota o no la vía administrativa y, en el caso, de que dicha resolución no se dicte, entrará en juego el silencio administrativo (art.24 L 30/2015), tras lo cual se podrá acudir a la Jurisdicción Social en el plazo de dos meses (art.69.2 L 36/2011). Ahora bien, antes el silencio administrativo en el ámbito laboral, tenía una regulación general en el anterior art.69.2 L 36/2011, en cambio ahora dicha previsión normativa ha desaparecido, por lo que para saber cuál es el plazo para entender desestimada la reclamación o la solicitud formulada ante la Administración por el juego del silencio administrativo, se tendrá que atender a la clase de solicitud o reclamación que se formule, lo que ofrece mayor dificultad y va en detrimento de la seguridad jurídica.
Ante la cuestión que se plantea en este foro, a los efectos de intentar una ...
La claridad de la indicación finalista de la Ley que se señala en la EM parece indiscutiblemente contundente, tanto para el orden civil como para el social: «(...) las reclamaciones previas (...) quedan suprimidas». Sin duda, cabe entender, que ello excepto cuando de modo expreso, en determinadas modalidades procesales, no modificada su regulación por la LPACAP -EDL 2015/166690-, se aluda de modo en la LRJS -EDL 2011/222121 a la necesidad de agotamiento de la vía administrativa correspondiente, como por ejemplo ocurre, conforme al art.140,1 LRJS, para las demandas sobre prestaciones de la Seguridad Social.
En todo caso, puede surgir cierto «vértigo procesal», hasta que el tema no esté resuelto de modo claro, no ya sólo en Suplicación, sino especialmente en Unificación de Doctrina, por lo que una actitud prudente aconsejaría interpone la Demanda dentro del plazo de caducidad, a contar desde la notificación de la sanción o despido, al margen de que al mismo tiempo se interponga reclamación previa preventiva o «ad cautelam», o que con posterioridad, si el Juzgado de lo Social entiende que debe subsanarse la omisión de no haber agotado la vía administrativa, de acuerdo con el art.81.1 LRJS -EDL 2011/222121 (lo que abre una nueva discusión, un nuevo «frente procesal», sobre la necesidad o no de recurrir de dicho requerimiento).
En el BOE del 2 de octubre de 2015 se publicó la L 39/2015, de 1 octubre -ED...
En el BOE del 2 de octubre de 2015 se publicó la L 39/2015, de 1 octubre -EDL 2015/166690-. Su Exposición de Motivos -EDL 2015/166690 reconoce la necesidad de «una nueva Ley que sistematice toda la regulación relativa al procedimiento administrativo, que clarifique e integre el contenido de las citadas Ley 30/1992, de 26 de noviembre -EDL 1992/17271 y Ley 11/2007, de 22 de junio -EDL 2007/41808-, y profundice en la agilización de los procedimientos con un pleno funcionamiento electrónico».
Para resolver la pregunta que se nos formula, no puede obviarse que la L 39/2015 -EDL 2015/166690 también pretende «suprimir trámites que, lejos de constituir una ventaja para los administrados, suponían una carga que dificultaba el ejercicio de sus derechos, (...) debido a la escasa utilidad práctica que han demostrado», y prescinde de la regulación contenida en el título VIII de la Ley 30/1992 -EDL 1992/17271-, dedicada a las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales. Desaparece, en consecuencia, la reclamación previa a la vía judicial laboral, que ya no se contempla en la nueva ley de procedimiento administrativo común, salvo en materia de prestaciones de Seguridad social.
No podemos olvidar que la L 36/2011 -EDL 2011/222121 introdujo una importante novedad y es que a la necesidad de reclamación previa se le añadió tal «agotamiento de la vía administrativa previa a la judicial». Este «agotamiento» tiene su origen en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa -EDL 1998/44323 que, para la impugnación de los actos administrativos, requiere el previo agotamiento de la vía administrativa.
Señala el art.114.2 -EDL 2015/166690 que además, en el ámbito estatal, ponen fin a la vía administrativa estos actos y resoluciones: a) Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno. b) Los emanados de los ministros y los secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares. c) Los emanados de los órganos directivos con nivel de director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal. d) En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.
Estas previsiones, por tanto, y las aprobadas para la Administración local, las Universidades públicas y por las Comunidades Autónomas en preceptos análogos al recién citado de la L 39/2015 -EDL 2015/166690-, en materias propias, eso sí, de la legislación laboral, son las que determinan los actos y las resoluciones que abren el cauce procesal, a los efectos del consabido art.69.1 LRJS -EDL 2011/222121 para poder demandar ante el orden jurisdiccional social al Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales o las entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos.
Carece, además, de sentido que cuándo se trata de un empresario privado, se obvie, por razones de celeridad procesal, el trámite de conciliación preprocesal en el art.64.1 LRJS -EDL 2011/222121 respecto a determinadas modalidades y que, sin embargo, cuando el empleador tiene el carácter de Administración pública, hubiera que interponer recurso de alzada.
Por lo tanto, las situaciones reguladas en el art.69.3 LRJS -EDL 2011/222121 son dos diferentes y ya es posible la impugnación ante la jurisdicción social, sin agotar la vía administrativa, cuando se demanda a la Administración como empleadora y con motivo de su actuar en tal condición.
Novedad importante de la L 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admini...
En el marco normativo de la L 30/1992 su art.120 -EDL 1992/17271 precisaba que procedía reclamación previa en caso de ejercicio de acciones fundadas en derecho privado o laboral, identificándose los actos que se impugnan preprocesalmente mediante recurso administrativo con los dictados en las materias cuya revisión jurisdiccional ante el orden social fue establecida por la LRJS -EDL 2011/222121-, lo que incluye la impugnación de:
Resoluciones administrativas de la autoridad laboral recaídas en los procedimientos de suspensión y extinción de contratos de trabajo por fuerza mayor de los art.47.3 y 51.7 ET -EDL 1995/13475 [primer inciso art.2 n) LRJS] -EDL 2011/222121-.
Resoluciones administrativas de la autoridad laboral recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia laboral y sindical [segundo inciso art.2 n) LRJS] -EDL 2011/222121-.
Otros actos de las Administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral y sindical que pongan fin a la vía administrativa, siempre que en este caso su conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional [último inciso art.2 n) LRJS] -EDL 2011/222121-. Se alude así a supuestos inusuales tales como autorización de trabajo a menores.
Resoluciones administrativas dictadas en materia de Seguridad Social distintas a las de carácter prestacional, con excepción de las especificadas en la letra f) del art.3, art.2 s) LRJS -EDL 2011/222121-. Incluye este supuesto el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de seguridad social o actos de colaboración en la gestión de la seguridad social.
Sin embargo, no es necesario agotar la vía administrativa para interponer demanda de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas frente a actos de las Administraciones públicas en el ejercicio de sus potestades en materia laboral y sindical, según precisa el art.70 LRJS -EDL 2011/222121 en la redacción dada por Ley 39/2015 -EDL 2015/166690-] .
El nuevo art.69 LRJS (redacción según L 39/2015 -EDL 2015/166690-) determina en su apartado 2 -EDL 2011/222121 que: «Desde que se deba entender agotada la vía administrativa el interesado podrá formalizar la demanda en el plazo de dos meses ante el juzgado o la Sala competente. A la demanda se acompañará copia de la resolución denegatoria o documento acreditativo de la interposición o resolución del recurso administrativo, según proceda, uniendo copia de todo ello para la entidad demandada. Y en su apartado 3 que: u0022En las acciones derivadas de despido y demás acciones sujetas a plazo de caducidad, el plazo de interposición de la demanda será de veinte días hábiles o el especial que sea aplicable, contados a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera producido el acto o la notificación de la resolución impugnada, o desde que se deba entender agotada la vía administrativa en los demás casos».
Nótese mientras en los supuestos del aptdo 2 del art.69 LRJS -EDL 2011/222121 (redacción según L 39/2015 -EDL 2015/166690-) se contempla una única situación por cuanto la demanda ha de interponerse en el plazo de dos meses «desde que se deba entender agotada la vía administrativa», sin embargo en el apartado 3 respecto de las acciones «derivadas de despido y demás acciones sujetas a plazo de caducidad» se dispone que el plazo de interposición de la demanda se contará «a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera producido el acto o la notificación de la resolución impugnada, o desde que se deba entender agotada la vía administrativa en los demás casos». Surge entonces una duda razonable que mereció en su momento ser esclarecida por el legislador acerca de si en ese apartado 3 se contempla una doble situación que permita al trabajador presentar la demanda directamente, sin necesidad de agotar la vía administrativa, y, por tanto, prescindiendo de interponer los recursos administrativos pertinentes, contando el plazo desde que se hubiera producido el acto o la notificación de la resolución impugnada. Una primera interpretación posible sería que cuando dicho apartado 3 se refiere al «acto o la notificación de la resolución impugnada» está contemplando la denominada resolución administrativa expresa, mientras que cuando se refiere a «desde que se deba entender agotada la vía administrativa en los demás casos» está contemplando una resolución administrativa presunta o tácita, por lo que en todo caso resultaría preciso agotar la vía administrativa. A mi modo de ver no parece haya sido voluntad del legislador permitir impugnar directamente la decisión del despido y demás acciones sujetas a plazo de caducidad en demanda dirigida contra el Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales o entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos sin haber agotado previamente la vía administrativa, interpretación la que aquí propugnamos que avala la redacción del art.70 LRJS, según versión dada por la dispfinal 3ª L 39/2015, pues entre las excepciones al agotamiento de la vía administrativa previa no está la del proceso de despido, sino únicamente la demanda en modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas frente a actos de las Administraciones públicas en el ejercicio de sus potestades en materia laboral y sindical. A mayor abundamiento, la redacción del art.103 LRJS, versión dada por la L 39/2015, tampoco realiza mención alguna eliminando el recurso administrativo cuando el trabajador reclama por despido. En todo caso hay que subrayar la importancia del mandato dirigido por el art.69.1, párrafo segundo, LRJS en el sentido de que «la Administración pública deberá notificar a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, conteniendo la notificación el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente», ya que su omisión mantendrá suspendidos los plazos de caducidad e interrumpidos los de prescripción y únicamente surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda.
En suma, en nuestra opinión no parece posible (salvo que la propia resolución impugnada exprese que es firme no cabiendo recurso alguno contra la misma), pese a las dudas suscitadas por la confusa redacción del aptdo 3 del art.69 LRJS -EDL 2011/222121 (versión dada por L 39/2015 -EDL 2015/166690-), la impugnación ante la Jurisdicción Social del despido demandando al Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales o entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos sin agotar previamente la vía administrativa, exigencia esta última perfectamente proporcionada y razonable atendiendo a que su finalidad última es la de poner en conocimiento del órgano administrativo competente la existencia de la controversia dándole ocasión de resolver directamente el asunto, sin necesidad de judicializar el conflicto, resultando así compatible con la Const art.24.1 -EDL 1978/3879-, pues, pese a tratarse de una dificultad en el acceso a la jurisdicción ordinaria, se justifica en razón de las especiales funciones y tareas que la Administración tiene encomendadas por el ordenamiento constitucional.
Lo primero que vamos a poner de manifiesto es que la modificación operada en...
Lo primero que vamos a poner de manifiesto es que la modificación operada en este extremo en el art.69.3 LRJS -EDL 2011/222121 tras la entrada en vigor de la L 39/2015, de 1 de octubre -EDL 2015/166690-, no comporta en realidad un cambio directo especialmente sustancial a efectos de la cuestión que se somete a nuestra consideración, más allá de suprimir la necesidad de la reclamación previa y con ello del efecto suspensivo que anteriormente generaba su interposición.
Lo que puede pasar a ser especialmente relevante y más transcendente aún si cabe bajo la nueva regulación legal, toda vez que la interposición de la reclamación previa podía servir de parámetro de referencia para el cómputo del plazo de caducidad, como es de ver en la precitada STS -EDJ 2016/94061 y las que en ella se invocan, y lo que va a ocurrir ahora es que no vamos a disponer de ese punto de certeza que anteriormente aportaba la fecha de la reclamación cuando la administración incurre en algún tipo de irregularidad en la fase de adopción o notificación de la decisión que será luego objeto del proceso laboral.
El art.69.3 LRJS -EDL 2011/222121-, vigente hasta el 1 de octubre 2016, se es...
El art.69.3 LRJS -EDL 2011/222121-, vigente hasta el 1 de octubre 2016, se establece que «En las acciones derivadas de despido y demás acciones sujetas a plazo de caducidad, el plazo de interposición de la demanda será de veinte días hábiles o el especial que sea aplicable, contados a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera producido el acto o la notificación de la resolución impugnada, o desde que se deba entender agotada la vía administrativa en los demás casos, si bien la interposición de la reclamación previa suspende el plazo de caducidad, en los términos del artículo 73u0022. El mismo precepto vigente a partir del 2 de octubre 2016, dispone que u0022En las acciones derivadas de despido y demás acciones sujetas a plazo de caducidad, el plazo de interposición de la demanda será de veinte días hábiles o el especial que sea aplicable, contados a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera producido el acto o la notificación de la resolución impugnada, o desde que se deba entender agotada la vía administrativa en los demás casos».
Una anécdota, el Grupo Parlamentario Socialista propuso tanto en el Congreso como en el Senado una nueva disposición final con la siguiente redacción: Reclamaciones administrativas previas en vía civil y laboral. Las referencias a las reclamaciones administrativas previas en la vía civil, contenidas en la L 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463 y en la vía laboral, contenidas en los art.69 y 70 L 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social -EDL 2011/222121-, se tendrán por no puestas y lo motiva porque dado que en el proyecto de ley suprime la exigencia de interponer reclamaciones administrativas con carácter previo a la interposición de una demanda dirigida contra la Administración en vía civil o ante la jurisdicción social, resulta necesario, como señala el dictamen del Consejo de Estado, proceder a tener por no puestas los preceptos de la L 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y de la L 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social sobre las mismas.
A la disposición final nueva de adición, propuesta, incluye el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, mediante su enmienda núm. 246, justificada como mejora técnica, una nueva disposición final Tercera modificando los art. 64, 69, 70, 72, 73, 85, 103 y 117 LRJS -EDL 2011/222121 que resultó en el proyecto final sin enmiendas, salvo las efectuadas a la totalidad y respecto al apartado tres, del art.69 LRJS, «En las acciones derivadas de despido y demás acciones sujetas a plazo de caducidad, el plazo de interposición de la demanda será de veinte días hábiles o el especial que sea aplicable, contados a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera producido el acto o la notificación de la resolución impugnada, o desde que se deba entender agotada la vía administrativa en los demás casos», se nos pregunta si estamos por tanto ante dos situaciones diferentes o ¿en qué supuestos será posible la impugnación ante la Jurisdicción Social sin agotar la vía administrativa?
En su apartado dos indica que agotada la vía administrativa el interesado podrá formalizar la demanda en el plazo de dos meses ante el juzgado o la Sala competente, estableciendo el art.112.1 LPA -EDL 2015/166690 que contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados recurso de alzada, en el plazo de un mes, si el acto fuera expreso, en otro caso desde en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo, siendo el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de tres meses, transcurrido el cual, sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado, salvo en el supuesto previsto en el art.24.1; potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los art.47 y 48 de esta Ley, en el plazo de un mes, en los mismos términos que el anterior, con plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de un mes; en su apartado dos que las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, también contra los actos firmes en vía administrativa, procederá el recurso extraordinario de revisión, at.113, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el art.125.1, error de hecho, documentos de valor esencial, etc., y que art.114.1, ponen fin a la vía administrativa: a) Las resoluciones de los recursos de alzada. b) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el art.112.2. c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. e) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive. F) La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el art.90.4 -EDL 2015/166690-. g) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. 2. Además de lo previsto en el apartado anterior, en el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes: a) Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno. b) Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares. c) Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal. d) En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.

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 artículo 73
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