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Timestamp: 2016-10-21 20:55:41+00:00

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Ponenciaconjunta - HubslideToggle navigationBUSINESSEDUCATIONTECHNOLOGYTRAVELMORE TOPICSSign upSign in HomeNews & PoliticsPonenciaconjunta of 16 Ponenciaconjunta Ismael Garcia
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manifiesta por no poder disfrutar correctamente la situación jurídica en que se encuentra, debido a la incertidumbre, a la duda generalizada”. En el caso de autos, conviene acotar, que la legitimación de la actora reside en elaltísimo interés público que la resolución del asunto reviste para toda la ciudadanía, de caraa evitar alteraciones en el ejercicio de la función del Poder Ejecutivo y, especialmente, lapreservación de la voluntad soberana del pueblo expresada en los comicios presidencialescelebrados el 7 de octubre de 2012, en los que resultó reelecto el Presidente de la RepúblicaHugo Rafael Chávez Frías; quien se encuentra recibiendo tratamiento médico en el exteriorde la República, previa autorización de la Asamblea Nacional y que, en atención al mismo,no es probable su comparecencia a la sede del Legislativo el 10 de enero del año en curso. En segundo lugar, la accionante plantea una duda razonable en la disposición cuyainterpretación se requiere, en relación con la posibilidad de estimar la solemnidad de lajuramentación como un acto no esencial en el caso de un Presidente reelecto y, por tanto,susceptible de ser diferido sin que ello altere el ejercicio de la función pública del PoderEjecutivo.	En lo que respecta a la novedad del asunto, el supuesto fáctico narrado carece deprecedentes en la jurisprudencia de la Sala, pues no obstante que en fallos números457/2001 (Francisco Encinas Verde y otros) y 759/2001 (caso: William Lara) se afirmóque el artículo 231 de la Carta Fundamental (entre otras disposiciones normativasestudiadas) no requería interpretación que completase su sentido, ello se afirmó de cara a laduda elevada a su consideración en aquella oportunidad, referida exclusivamente ala duración del período presidencial. En cambio, en el asunto ahora sometido al análisis dela Sala, no está en duda la duración del período presidencial que –como se determinó enaquel pronunciamiento- es de seis años contados a partir del 10 de enero del períodoconstitucional que corresponda; sino si la juramentación del Presidente reelecto, el 10 deenero próximo, es indispensable para la continuación de su mandato. Por otra parte, noexiste precedente judicial específico en relación a la oportunidad de la investidurapresidencial en nuestra historia republicana	Por otra parte, se advierte que no existen otras vías procesales para dilucidar lapretensión, ni acumulación con otra acción con la que pudiese excluirse mutuamente ocuyos procedimientos resultaran incompatibles.	Finalmente, se aprecia que la solicitud fue presentada en términos claros y nocontiene conceptos ofensivos o irrespetuosos y, en tal virtud, esta Sala admite lainterpretación solicitada. Así se decide.
Fundamental señala una oportunidad precisa para su comienzo y fin: el 10 de enerosiguiente a las elecciones presidenciales, por una duración de seis años (artículo230 eiusdem). Téngase presente la necesidad de preservar la voluntad del pueblo manifestada enun proceso comicial, de manera que resultaría a todas luces fraudulento a la mismaconsiderar que la solemnidad del juramento, en la oportunidad prefijada del 10 de enero yante la Asamblea Nacional, suponga una especie de falta absoluta que, no sólo no recogeexpresamente la Constitución , sino que antagoniza con la libre elección efectuada por elsoberano, en franco desconocimiento de los principios de soberanía popular y democraciaprotagónica y participativa que postulan los artículos 2, 3, 5 y 6 del Texto Fundamental. A mayor abundamiento, es necesario precisar que el sufragio es una manifestacióndirecta del ejercicio de la soberanía popular (artículo 5 constitucional) por parte de su titulary que es un rasgo característico de la democracia participativa (artículo 6 eiusdem). Alrespecto, esta Sala Constitucional en sentencia 1680/2007 expresó que, al ejercerse elsufragio, “entra en juego un valor fundamental de nuestro máximo texto normativo queatañe al altísimo papel que ha sido reconocido a la voluntad popular, como manifestacióndel ejercicio de la democracia participativa y protagónica, cuyo contenido axiológico sederiva claramente de los artículos 2, 3 y 5 de la Constitución de la República Bolivarianade Venezuela, contando con vasto desarrollo en el catálogo abierto de derechos políticos,especialmente en las normas contenidas en el Capítulo IV del Título II de nuestra CartaMagna”.	Cualquier pretensión de anular una elección y/o de desproclamar a un funcionarioelecto por parte de algún poder constituido, al margen de una disposición constitucionalexpresa y desconociendo “el preponderante rol del cuerpo electoral una vez que ha sidomanifestada su voluntad en un proceso comicial”, implicaría subordinar la libre expresiónde la voluntad popular a una “técnica operativa, tomando en consideración –además- lostraumatismos políticos e institucionales que supone la forzosa desincorporación de unfuncionario electo…”, como expresara esta Sala en el fallo citado supra.	De tal manera que, al no evidenciarse del citado artículo 231 y del artículo233 eiusdem que se trate de una ausencia absoluta, debe concluirse que la eventualinasistencia a la juramentación prevista para el 10 de enero de 2013 no extingue ni anula elnuevo mandato para ejercer la Presidencia de la República, ni invalida el que se veníaejerciendo.
conformidad con lo previsto en el artículo 231 de la Carta Magna. Dicho acto será fijado por el Tribunal Supremo de Justicia, una vez que exista constancia del cese de los motivos sobrevenidos que hayan impedido la juramentación.	(vi) En atención al principio de continuidad de los Poderes Públicos y al de preservación de la voluntad popular, no es admisible que ante la existencia de un desfase cronológico entre el inicio del período constitucional y la juramentación de un Presidente reelecto, se considere (sin que el texto fundamental así lo paute) que el gobierno queda ipso facto inexistente. En consecuencia, el Poder Ejecutivo (constituido por el Presidente, el Vicepresidente, los Ministros y demás órganos y funcionarios de la Administración) seguirá ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamento en el principio de la continuidad administrativa.	Queda, en los términos expuestos, resuelta la interpretación constitucional solicitadaen esta causa. Así, finalmente, se decide. DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del TribunalSupremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de laLey: 1.- Se declara COMPETENTE para conocer la demanda de interpretaciónconstitucional intentada por la ciudadana MARELYS D’ARPINO, identificada supra,acerca del contenido y alcance del artículo 231 de la Constitución de la RepúblicaBolivariana de Venezuela. 2.- ADMITE la demanda incoada y declara la urgencia del presente asunto. 3.- RESUELVE, de conformidad con las consideraciones vertidas en la partemotiva de este fallo, la interpretación solicitada respecto del alcance y contenido delartículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, enconsecuencia, establece lo siguiente: (i) Hasta la presente fecha, el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías se ha ausentado del territorio nacional, por razones de salud, durante lapsos superiores a “cinco días consecutivos”, con la autorización de la Asamblea Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 235 de la Constitución, la última de las cuales se encuentra plenamente vigente y fue ratificada en sesión de la Asamblea Nacional de fecha 8 de enero de 2013.
(ii) No debe considerarse que la ausencia del territorio de la República configure automáticamente una falta temporal en los términos del artículo 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin que así lo dispusiere expresamente el Jefe de Estado mediante decreto especialmente redactado para tal fin.	(iii) A diferencia de lo que disponían los artículos 186 y 187 de la Constitución de 1961, que ordenaban que en caso de existir un desfase entre el inicio del período constitucional y la toma de posesión, el Presidente saliente debía entregar el mandato al Presidente del Congreso y procederse “como si se tratara de una falta absoluta”; la Carta de 1999 eliminó expresamente tal previsión, lo cual impide que el término del mandato pueda ser considerado una falta absoluta (que, por otra parte, tampoco está contemplada en el artículo 233 constitucional como causal y sería absurdo en el caso de un Presidente reelecto y proclamado).	(iv) A pesar de que el 10 de enero próximo se inicia un nuevo período constitucional, no es necesaria una nueva toma de posesión en relación al Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en su condición de Presidente reelecto, en virtud de no existir interrupción en el ejercicio del cargo.	(v) La juramentación del Presidente reelecto puede ser efectuada en una oportunidad posterior al 10 de enero de 2013 ante el Tribunal Supremo de Justicia, de no poder realizarse dicho día ante la Asamblea Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 231 de la Carta Magna. Dicho acto será fijado por el Tribunal Supremo de Justicia, una vez que exista constancia del cese de los motivos sobrevenidos que hayan impedido la juramentación.	(vi) En atención al principio de continuidad de los Poderes Públicos y al de preservación de la voluntad popular, no es admisible que ante la existencia de un desfase cronológico entre el inicio del período constitucional y la juramentación de un Presidente reelecto, se considere (sin que el texto fundamental así lo paute) que el gobierno queda ipso facto inexistente. En consecuencia, el Poder Ejecutivo (constituido por el Presidente, el Vicepresidente, los Ministros y demás órganos y funcionarios de la Administración) seguirá ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamento en el principio de la continuidad administrativa.
El Secretario, José Leonardo Requena Cabello Related Documents
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References: resolución 
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