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Timestamp: 2019-05-21 13:09:07+00:00

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﻿ SENTENCIA 2006-01184/39595 DE JUNIO 29 DE 2017
SENTENCIA 2006-01184 DE 29 DE JUNIO DE 2017
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL ERROR DE LAS AUTORIDADES AL MOMENTO DE IDENTIFICAR E INDIVIDUALIZAR AL CAPTURADO. EL DEMANDANTE ESTUVO DETENIDO EN CENTRO CARCELARIO, EN RAZÓN DEL PROCESO PENAL ADELANTADO EN CONTRA DEL OTRA PERSONA POR EL DELITO DE HURTO AGRAVADO Y FUE PUESTO EN LIBERTAD AL ADVERTIRSE QUE EN REALIDAD EL ACTOR NO ERA LA PERSONA QUE HABÍA COMETIDO EL DELITO ENDILGADO. ASÍ, SI BIEN EL ACTOR ESTANDO EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ, AL MOMENTO DE SU CAPTURA MINTIÓ SOBRE SU IDENTIDAD Y POR ESO SE SIGUIÓ ADELANTE EL PROCESO EN SU CONTRA, EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ, LAS AUTORIDADES COMPETENTES ESTABAN EN EL DEBER DE CUMPLIR CON LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES, ESTO ES CON LA IDENTIFICACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DEL CAPTURADO, MÁXIME CUANDO SE TRATABA DE IMPONER UNA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD QUE DEBÍA SER CUMPLIDA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO, NINGÚN ELEMENTO PROBATORIO PERMITE ASEGURAR QUE EL DEMANDANTE DESCONOCIÓ SUS DEBERES DE CONVIVENCIAPOR EL CONTRARIO SE CONOCE QUE FUE DETENIDO Y RECLUIDO EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO SIN QUE SE REALIZARA EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN. DE MANERA QUE, SE PUEDE CONCLUIR QUE EL ACTOR NO INCURRIÓ EN CULPA GRAVE, TAMPOCO EN DOLO CIVIL, EN CUANTO NINGUNA PRUEBA LO COMPROMETE POR ACCIÓN U OMISIÓN, EN EL QUEBRANTAMIENTO DE LOS DEBERES QUE LA CONSTITUCIÓN IMPONE A TODOS LOS ASOCIADOS. EN CONSECUENCIA, SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, FALSIFICACIÓN DE PERSONA, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA, IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO
Sentencia 2006-01184 de junio 29 de 2017
Rad.: 20001-23-31-000-2006-01184-01 (39595)
Actor: Gary Ulises Guerrero Sategna
Tema: Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad / culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad.
En el sub lite se invoca la responsabilidad de la Nación-Rama Judicial por los perjuicios materiales y morales causados al demandante, con ocasión de la privación de la libertad sufrida por el señor Gary Ulises Guerrero Sategna.
Ahora, conforme a las pruebas allegadas al plenario, resulta acreditado que i) el señor Gary Ulises Guerrero Sategna estuvo privado de la libertad entre el 14 de febrero de 2001 y el 31 de mayo de 2004, fecha en la que el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla ordenó su libertad inmediata(3). Es decir que el término de los dos años para presentar la demanda vencía el 1 de junio del 2006, empero el término fue suspendido el 2 de febrero de 2006 en virtud de la solicitud de conciliación prejudicial(4), esto es faltando 4 meses para el vencimiento, y dado que el 24 de mayo siguiente la Procuraduría 47 de Asuntos Administrativos declaró fallida la conciliación extrajudicial y expidió la respectiva constancia(5), reanudándose de esta manera el conteo para la caducidad. Siendo así, la parte actora tenía hasta el 24 de septiembre de 2006 para impetrar la acción de reparación directa y como lo hizo el 6 de julio de dicha anualidad, lo fue en el término establecido en el artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo.
Corresponde a la Sala determinar sí el daño antijurídico invocado por el señor Gary Ulises Guerrero Sategna, en razón de la privación de su libertad, en el marco de un proceso penal seguido en contra de una persona distinta al antes nombrado, es imputable a la Nación-Rama Judicial. Al tiempo que se deberá establecer la obligación de reparar, esto es, determinar si la víctima actuó con dolo o culpa grave.
La legitimación del señor Gary Ulises Guerreo Sategna para acudir como demandante se colige de los documentos obrantes en el plenario que demuestran que el antes nombrado estuvo privado de su libertad. Ahora, si bien dentro del acervo probatorio no obra documento alguno sobre la fecha de la captura del señor Guerrero sí demuestran su detención los que se señalan a continuación:
4.1.1. Oficio T.D. 2027 del “Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-Penitenciaría Nacional El Bosque-Barranquilla-dactiloscopia-cartilla biográfica”, que cita en sus “Apellidos y nombres” al señor “ROMERO MARTÍNEZ HUGO o GUERRERO SATEGNA GARY ULISES”, empero hace la descripción del actor —fl. 18, cdno. del tribunal—:
4.1.2. Oficio 1032 de 8 de octubre de 2003, mediante el cual el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Barranquilla solicitó al CTI “establecer la plena identidad de la persona recluida en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Barranquilla que responde al nombre HUGO ROMERO MARTÍNEZ y/o GARI ULISES GUERRERO SATEGNA y dictaminar si es la misma persona que fue condenada en el proceso (...) con el nombre de HUGO ROMERO MARTÍNEZ”, mediante sentencia de primera y segunda instancia 002-2003-0278-00 —fl. 12, cdno. del tribunal—.
4.1.3. Misión de trabajo ordenada por la Fiscalía Seccional de Valledupar, el 27 de noviembre de 2003, con el objeto de verificar “si existe registro dactiloscópico a nombre de HUGO ROMERO MARTÍNEZ”, misión que allegó la respectiva tarjeta —fls. 7 a 11, cdno. del tribunal—:
4.1.4. Informe lofoscópico 071/004282/CTI-SC, de fecha 3 de diciembre de 2003, con destino al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla, en el que se hace la comparación dactiloscópica entre las impresiones dactilares de las tarjetas de reseña a nombre de Gary Ulises Guerrero Sategna y Hugo Romero Martínez —fls. 4 a 6, cdno. del tribunal—:
4.1.5. Providencia que resolvió la “petición de libertad por no ser la persona condenada”, mediante la cual el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, el 31 de mayo de 2004, dispuso i) ordenar la libertad inmediata del señor Gary Ulises Guerrero Sategna, detenido en el establecimiento penitenciario El Bosque de Barranquilla con el nombre de Hugo Romero Martínez y ii) reactivar las ordenes de captura en contra del señor Hugo Romero Martínez —fls. 2 y 3, cdno. del tribunal—:
4.1.6. Certificaciones expedidas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, Establecimiento Carcelario de Barranquilla en las que hace constar que la conducta del actor era “ejemplar” y de igual manera señalan el número de horas que estudió y trabajo dentro dicho establecimiento —fls. 15 a 17 y 19 y 20, cdno. del tribunal—.
La legitimación por pasiva de la Nación-Rama Judicial se colige de las decisiones antes citadas, mediante las cuales se acredita que el actor estuvo detenido a disposición del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en establecimiento carcelario, decisiones que el demandante señala como causantes del daño por el cual demanda reparación.
4.3.1. El señor Gary Ulises Guerrero Sategna fue capturado el 14 de febrero de 2000 y recluido en el establecimiento carcelario El Bosque de Barranquilla, para que cumpliera una pena de prisión impuesta al señor Hugo Romero Martínez, sin que fuera identificado e individualizado plenamente. Esto es así, porque en el oficio T.D. 2027 del “Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-Penitenciaria Nacional el Bosque-Barranquilla-dactiloscopia-cartilla biográfica”, se señala que la fecha de captura fue el 14 de febrero de 2000, antes citado, y su nombre y apellidos no corresponde a una persona sino a dos, es decir se identifica al detenido como “ROMERO MARTÍNEZ HUGO o GUERRERO SATEGNA GARY ULISES”. Tarjeta que se transcribe como sigue —folio 18, cdno. del tribunal—:
“Apellidos y nombres: ROMERO MARTÍNEZ HUGO o GUERRERO SATEGNA GARY ULISES
Apodos: C.C. No.: 8.747.989 DE BARRANQUILLA
Natural de: BARRANQUILLA Fecha Nac.: NOV 27 /61
Profesión: RECILCADOR (sic) Grado instrucción: 4° BTO.
Domicilio: CALLE 81 CRA 69 BARRANQUILLA TEL 359697
Estatura 1.69 Frente MEDIANA Color piel TRIGUEÑO Cabellos LISOS
Cejas ARQ. Ojos MEDIANOS Color iris CASTAÑOS Nariz dorso SINUOSO
Base BAJA Boca MEDIANA Orejas MEDIANAS Dentadura INCOMPET.
Barba ABUNDANTE Mentón REDONDO Labios MEDIANOS Lóbulo ADHERIDO
Señales particulares CICATRIZ EN EL MENTÓN, CICATRIZ OJO DEREECHO PARTE EXTERNA
Fecha captura FEB 14/00 Fecha Auto Det.
Delito HURTO CALIF. AGRAV.P.I.A. Autoridad 1ª Inst. JDO PENAL CTO. CHIRIGUANA
Autoridad 2ª Instancia
CONCENADO A 8 AÑOS 4 MESES DE PRISIÓN
Fecha MARZO 22/03
JOSÉ AGUSTÍN PRADA OSPINA
Dactiloscopia”
4.3.2. Aunado a lo anterior, se sabe que mediante oficio 1032 de 8 de octubre de 2003, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Barranquilla solicitó al CTI “establecer la plena identidad de la persona recluida en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Barranquilla que responde al nombre HUGO ROMERO MARTÍNEZ y/o GARI (sic) ULISES GUERRERO SATEGNA y dictaminar si es la misma persona que fue condenada en el proceso (...) con el nombre de HUGO ROMERO MARTÍNEZ”, mediante sentencia de primera y segunda instancia 002-2003-0278-00 —fl. 12, cdno. del tribunal—.
4.3.3. Ahora, conforme a la misión de trabajo ordenada el 27 de noviembre de 2003, por la Fiscalía Seccional de Valledupar se logró verificar el registro dactiloscópico a nombre del señor Hugo Romero Martínez con el siguiente resultado —fls. 7 a 11, cdno. del tribunal—:
“Apellidos: Romero Martínez Nombres: Hugo
Apodos: C.C. o T.I. Nº 5’730.586 del Playón S.S.
Natural de: Bucaramanga Fecha de nacimiento: 06-06-63
Hijo de: Manuel y de: Aliria María
Estado civil: Unión libre Profesión u oficio: Agricultor
Domicilio actual: Rionegro S.S. Domicilio anterior: La misma
Estatura: 1.68 Frente: Mediana Color piel: Trigueño Cabellos: Lacios
Cejas: Abundantes Ojos: Medianos Color iris: Cas. Osc. Nariz dorso: Recto
Base: Baja Boca: Mediana Orejas: Medianas Dentadura: nat. Inco.
Barba: Abundante Mentón: cuadrado Labios: Delgados Lóbulo: Separado
Postfirma y firma del reseñado: (firmado de puño y letra por el señor Hugo Romero Martínez)”.
4.3.4. También, el informe lofoscópico 071/004282/CTI-SC del CTI-Criminalística, del 3 de diciembre de 2003, al realizar la respectiva comparación dactiloscópica entre las impresiones dactilares de las tarjetas de reseña de los señores Gary Ulises Guerrero Sategna y Hugo Romero Martínez concluye que se trata de dos personas diferentes. Señaló el dictamen —fls. 4 a 6, cdno. del tribunal—:
“Comparado el dedo índice derecho de la tarjeta decadactilar de reseña que se halla en nuestro archivo a nombre de GUERRERO SATEGNA GARY ULISES, con su similar plasmado en la fotocopia de la tarjeta alfabética de la C.C. Nº 8.747.989 a nombre de GUERRERO SATEGNA GARY ULISES determinamos que estas se identifican en su morfología, topografía y puntos característicos por lo tanto se trata de una misma persona y esta es su verdadera identidad.
Comparadas las impresiones dactilares de la tarjeta de reseña que aparece en nuestro archivo a nombre de GUERRERO SATEGNA GARY ULISES, con sus similares remitidas por la Unidad de Valledupar a nombre de ROMERO MARTÍNEZ HUGO C.C. 5.730.586 del Playón Santander determinamos que no se identifican en su morfología, topografía ni puntos característicos, por lo tanto se trata de dos personas diferentes” —resaltado del texto—.
4.3.5. Por lo expuesto, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, el 31 de mayo de 2004, al resolver la “petición de libertad por no ser la persona condenada”, i) ordenó la libertad inmediata del señor Gary Ulises Guerrero Sategna, quien se encontraba detenido en el establecimiento penitenciario El Bosque de Barranquilla bajo el nombre de Hugo Romero Martínez y ii) reactivó las ordenes de captura en contra del señor Hugo Romero Martínez. Consideró el juzgado —fls. 2 y 3, cdno. del tribunal—:
“1) Manifiesta el defensor que la persona que se encuentra en prisión, en el establecimiento Penitenciario El Bosque, no es la persona condenada, pues su verdadero nombre es Hugo Romero Martínez (sic), sino GARY ULISES GUERRERO SATEGNA, quien se cambió el nombre durante un procedimiento judicial, siendo que manifestó otro que tiene sentencia condenatoria.
3) Después de varias diligencias para obtener las huellas dactilares de la persona condenada, la cual fue capturada en flagrancia y se le había concedido la libertad provisional el 18-10-96 (...) lo cual no se pudo obtener inicialmente porque no las había en el expediente y las que se tomaron en la cárcel de Valledupar fueron quemadas en disturbios en el año 1997, se obtuvieron las tomadas en reseña del capturado en día de los hechos.
4) En informe pericial de fecha 03-12-03 el Jefe de Criminalística del CTI dictamina que, comparadas las impresiones dactilares de la tarjeta de reseña que aparece en nuestro archivo a nombre de Guerrero Sategna Gary Ulises, con sus similares remitidas por la Unidad de Valledupar a nombre de Romero Martínez Hugo con C.C. 5.730.586 del Playón Santander determinamos que no se identifican en su morfología, topografía ni puntos característicos, por lo tanto se trata de dos personas diferentes. Este dictamen se puso a disposición de los intervinientes en esta actuación, quedó en firme y sirve de fundamento a esta decisión.
5) Además, en la fecha, este servidor obtuvo cartilla biográfica, cartilla de huellas, fotocopia de las huellas en oficio de formalización de detención de quien fue capturado el 14-02-01, que corresponde a la persona que se encuentra presa, quien al momento de la notificación de las sentencia 15-08-03, consignó su protesta en cuanto a su identidad, diciendo que no se llama Hugo Romero Martínez, sino Gary Ulises Guerrero Sategna.
6) Del conjunto de medios probatorios analizados, se llega a la conclusión de que la persona que actualmente está en prisión con el nombre de Hugo Romero Martínez realmente responde al nombre de Gary Ulises Guerrero Sategna y sus huellas digitales son diferentes a las impresiones tomadas de las manos del capturado en flagrancia en la ciudad de Valledupar, el día 06-10-95, por lo tanto, no es la persona condenada y se deber ordenar inmediatamente su libertad.
7) Como consecuencia de lo anterior, se reactivarán las ordenes de captura contra Hugo Romero Martínez”.
Efectivamente, advierte la Sala que el actor fue capturado y recluido en establecimiento carcelario para que cumpliera una pena de prisión impuesta a otra persona, sin que se adelantara por las autoridades competentes el proceso de identificación e individualización como lo ordena la normatividad penal.
En el asunto de la referencia se invoca la responsabilidad de la Nación-Rama Judicial por la privación de la libertad “por espacio de 3 años 4 meses”, sufrida por el señor Gary Ulises Guerrero Sategna, “sin ser la persona que había cometido [el] hecho punible”, toda vez que fue puesto en libertad por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla al comprobar que el antes nombrado nada tenía que ver con los hechos investigados y por los cuales se había dictado sentencia condenatoria.
El reconocimiento fin en sí mismo no admite que la libertad sea reducida a la condición de instrumento. Esta coimplicación dignidad-libertad, cuyo respeto es connatural al Estado de derecho, ha sido puesta de manifiesto en varias ocasiones por la Corte Constitucional la cual, de hecho, ha considerado que la autonomía es uno de los tres lineamientos fundamentales que hacen parte del objeto de protección del enunciado normativo de la dignidad humana(6).
El principio de libertad y autonomía, que como ya se ha dicho está inescindiblemente ligado a la dignidad humana, se desarrolla en un amplio catálogo de derechos fundamentales, dentro de los cuales se ha de destacar, por el momento, la salvaguardia del ejercicio arbitrario de las facultades de detención y el ius puniendi, contenida en el artículo 28 de la Carta Política(7).
Autoridad que, en tanto es ejercida por hombres, la existencia misma de la justicia penal conlleva posibilidad de error, ya sea por falta de rectitud del juzgador o por el hecho simplísimo de que la infalibilidad no es prerrogativa humana. Empero, como la convivencia social sería imposible sin la existencia de la función jurisdiccional, los titulares de ésta última están obligados a adoptar medidas tendientes a i) minimizar los posibles escenarios de privación innecesaria e indebida de la libertad y ii) reparar el daño causado, a quien fue detenido injustamente.
El primero de estos deberes se cumple mediante la sujeción rigurosa a los principios de presunción de inocencia, favorabilidad defensa e in dubio pro reo, así como necesidad y excepcionalidad de las medidas de aseguramiento en la etapa de investigación. El segundo da lugar a un deber de indemnizar y reparar, al margen de las conductas de las autoridades comprometidas en la imposición de la medida. Señala al respecto el artículo 90 Constitucional:
Como se advierte, en estos casos, la pena se reputa justa y, con razón, no contradice al principio de dignidad; puesto que no parte de una disposición arbitraria del bien jurídico de la libertad por parte del Estado, sino que, por el contrario, se aviene al delincuente como consecuencia de su autonomía, de modo que, en cierta forma, es exigida por su misma dignidad. No sucede lo mismo cuando la pena o la medida de aseguramiento no pueden correlacionarse de alguna manera, con acto originario de la libertad. En efecto, incluso cuando la privación de la libertad no provenga de la arbitrariedad estatal, pues en el caso concreto se hubiesen seguido sin éxito todas las reglas de la prudencia encaminadas a evitar el error. Esto es así porque negar la injusticia de la detención de quien no es culpable supondría asumir que, de alguna manera, la autonomía y el propio ser por el solo hecho de la investigación se sujetan a disposición del Estado. Aceptar que el Estado no incurre en injusticia por disponer sobre la libertad de las personas significa, empero, aceptar que la libertad no es derecho y condición preexistente ontológicamente a la asociación sino mera concesión del poder(9). El todo social es, desde esta perspectiva, el titular de todos los derechos y su gracioso dispensador. Nadie puede reclamar nada al Estado, porque no hay nada anterior a él. Claramente no es éste el Estado de derecho.
A riesgo de caer en repeticiones, hay que insistir. La suposición de que el bien de la sociedad justifique el sacrificio de la libertad del inocente, es en sí misma una instrumentalización de la persona en favor de la sociedad, incompatible con aseveración básica del carácter del hombre como fin en sí mismo. Por otra parte, la aceptación de que una persona pueda hallarse efectivamente obligada a soportar la restricción de la libertad, siendo inocente, es claramente contraria con la afirmación del principio de igualdad que tiene carácter de rector y fundante en toda sociedad. En efecto, cuando se afirma que alguien tiene que soportar eventualmente el sacrificio de sus libertades, como consecuencia de que el error o los fallos del sistema penal son un riesgo necesario para el buen funcionamiento de la sociedad, lo que realmente se está diciendo es que algunas personas tienen el deber de asumir el “riesgo” del mal funcionamiento de la administración del justicia, en tanto que otros no han de ver jamás limitada su libertad.
...La Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo.
La afirmación contraria sólo es posible en el seno de una organización estatal en la que la persona —con todos sus atributos y calidades— deviene en instrumento, sacrificable, reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un modelo de convivencia en el que la prevalencia de un -desde esta perspectiva, mal entendido- interés general, puede justificar el desproporcionado sacrificio del interés particular —incluida la esfera de derechos fundamentales del individuo— sin ningún tipo de compensación. Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado —a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política—, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de éstas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general.(10)
Se ha de insistir, por lo demás, en que el deber de reparación por privación injusta de la libertad es una exigencia constitucional directa y no derivada por ende de una previsión legal (v.gr. el art. 414 del D. 2700/91) o jurisprudencial. Esto no solamente queda patente en el hecho mismo de que conceptualmente es imposible no excluir a la privación de la libertad del inocente de la categoría conceptual del daño antijurídico, sino también por la consideración de la voluntad del constituyente, a la luz del método histórico de interpretación. En efecto, en los proyectos y ponencias presentados en la Asamblea Nacional Constituyente se advierte una preocupación seria por reparar las consecuencias de la pérdida de la libertad por error judicial. Al respecto es diciente lo manifestado por la Constituyente Helena Herrán de Montoya, el día 7 de marzo de 1991, en la exposición de motivos de un artículo cuyo texto es similar en lo sustancial al actual art. 90 de la Constitución:
Hechas las anteriores consideraciones, si bien el art. 90 impone el deber de reparación del daño antijurídico en términos categóricos, este imperativo puede ser atemperado, en el caso de la privación de la libertad, por la obligación del juez de lo contencioso administrativo de verificar la actuación gravemente culposa o dolosa de quien resultó detenido, caso en el cual los artículos 83 y 95 de la Carta Política impiden el reconocimiento de la indemnización.
Cabe advertir que, en modo alguno, se trata de una autorización para revisar nuevamente el proceso penal como si se tratara de una “tercera instancia” y por ende poner en tela de juicio la decisión. Se ha de aceptar, como verdad inobjetable la inocencia del sindicado, en cuanto la presunción no fue desvirtuada. Esto es el juicio que le corresponde adelantar al juez de la reparación directa, en orden a resolver sobre la obligación de indemnizar el daño derivado de la privación injusta de la libertad, trata del ilícito civil, construido al amparo de las normas y los principios y valores constitucionales para los que no hay derechos absolutos desprovistos de compromisos institucionales dirigidos a construir un estado social justo.
Siendo así, es necesario tener en cuenta que el concepto civil de la culpa es sustancialmente diferente al que es propio en el ámbito penal. Al respecto, vale traer a colación que mientras en el Código Civil la culpa demanda de una confrontación objetiva con un estándar general, según la situación del agente en un sistema de relaciones jurídicas, el juicio de culpabilidad en sede penal comporta un reproche subjetivo a la conducta particular en orden a la realización de la infracción. La culpa grave, equivalente al dolo civil, tiene que ver con el desconocimiento inexcusable de un patrón socialmente aceptado de comportamiento de la víctima a quien se reprocha haber obrado de un modo contrario al ordenamiento, estando en condiciones de haber obrado distinto. Ello implica que, en el juicio penal, el análisis de la culpa, en tanto elemento eminentemente subjetivo del delito, subordine el juicio de reproche a las circunstancias particulares de quien realiza la conducta, mientras que en lo civil basta acreditar que la actuación impugnada no satisface las exigencias objetivas de comportamiento social. De tal manera que, en tanto para disponer la indemnización, el reproche se deriva de un análisis comparativo, con un modelo en el juicio penal que ponderan las circunstancias particulares que rodean un hecho delictivo hasta el grado de certeza de la culpabilidad.
Al respecto, cabe señalar que la graduación o calificación de la culpa civil del actor como dolosa o gravemente culposa se realiza desde la perspectiva del artículo 63 del Código Civil(12). Es decir no se deriva de las características subjetivas del agente, sino de una posición relacional objetiva, esto es, a la luz de la confrontación de la conducta del actor con un estándar objetivo de corrección que utiliza el modelo de conducta, conocido desde antaño del buen pater familias, para cuya conformación debe tenerse presente las reglas propias de las funciones, profesiones u oficios desarrollados. Esto es, a manera de ejemplo es dable sostener que el buen profesional de la medicina diligencia correctamente las historias clínicas y que todo conductor conoce y acata las normas de tránsito.
Conforme a lo expuesto, debe la Sala examinar las pruebas que resultaron suficientes para determinar que el señor Gary Ulises Guerrero Sategna no era la persona que había cometido el hecho punible investigado, con el objeto de establecer si hay lugar a la reparación, la que debe negarse sí se encuentra acreditada la culpa grave o el dolo civil.
Conforme a las súplicas de la demanda y los supuestos fácticos que le sirven de fundamento, el señor Gary Ulises Guerrero Sategna demanda la responsabilidad administrativa de la Nación-Rama Judicial, por los daños que le fueron causados con ocasión de privación de la libertad “por espacio de 3 años 4 meses” en razón del proceso penal adelantado en contra del señor Hugo Romero Martínez. Perjuicios, que a su parecer, devienen de la privación que tuvo que soportar en el establecimiento carcelario El Bosque de Barranquilla porque el “despacho que venía instruyendo el proceso no cumplió con su deber de identifica plenamente al capturado” “profiriendo sentencia condenatoria, sin tener la certeza de la persona a quien se iba a condenar”, por cuanto no “tuvo en cuenta que la persona capturada no era el señor Hugo Romero Martínez”, es decir omitió los requisitos sustanciales y procesales previstos en la norma penal.
Efectivamente, acorde con las pruebas allegadas al plenario el señor Gary Ulises Guerrero Sategna estuvo detenido en la cárcel El Bosque de Barranquilla, en razón del proceso penal adelantado en contra del señor Hugo Romero Martínez por el delito de hurto agravado y puesto en libertad al advertirse que en realidad el actor no era la persona que había cometido el delito endilgado.
Ahora, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla al estudiar la “petición de libertad por no ser la persona condenada” ordenó las práctica de pruebas pertinentes a fin de establecer la plena identidad de la persona que se encontraba detenida —el señor Gary Ulises Guerrero Sategna— y la de la persona condenada por el delito de hurto agravado —Hugo Romero Martínez—. Pruebas que le permitieron concluir que en realidad la persona detenida no era la que había sido condenada en el proceso penal adelantado. Lo anterior, porque, conforme a la comparación dactiloscópica realizada por el CTI-Criminalística se determinó que las impresiones dactilares de los antes nombrados “no se identifica[ban] en su morfología, topografía ni puntos característicos, por lo tanto se trata[ba] de dos personas diferentes” —resaltado del texto—.
Siendo así, el señor Gary Ulises Guerrero Sategna no estaba en el deber jurídico de soportar la privación de su libertad.
6.2. De la imputación.
Señala el actor que los daños antijurídicos por los que demanda reparación de la Nación-Rama Judicial devienen de la privación de la libertad “por espacio de 3 años 4 meses”, “sin ser la persona que había cometido el hecho punible”, toda vez que fue puesto en libertad por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad al encontrar que él nada tenía que ver con tales hechos.
La Nación-Rama Judicial, por su parte, sostiene que en el asunto de la referencia está demostrado que el error por el cual se le condena fue causado por la propia víctima, toda vez que éste al ser objeto de una requisa omitió su verdadera identidad a la Policía Nacional, “realizando suplantación de persona”, identificándose con el nombre de Hugo Romero Martínez, quien se encontraba registrado en los archivos de la Policía con antecedentes penales y orden de captura vigente; actuación que materializa la culpa exclusiva de la víctima, toda vez que al ocultarle a la Fuerza Pública su verdadera identidad bajo el pretexto de que se encontraba en estado de embriaguez la indujo en error, al momento de su individualización y formulación de cargos. Señala, también, que el actor en principio estuvo a disposición de la Policía Nacional y luego de la Fiscalía General, entidades a quienes les correspondía verificar la identificación e individualización de quien se hacía llamar Hugo Romero Martínez, para lograr la verdadera identidad de la persona capturada, hecho que no ocurrió, actuaciones que el a quo en la decisión impugnada no tiene en cuenta y que pudieron, en su momento, evitar y corregir cualquier duda sobre la verdadera identidad del señor Gary Ulises Guerrero Sategna. De manera que se puede inferir que el Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná tenía el pleno convencimiento de que las entidades antes nombradas habían cumplido con los rituales necesarios que exige la Constitución y la ley para adelantar una investigación, identificación e individualización del encartado y con base en ellos formular los cargos.
Al respecto, para la Sala es claro que, la entidad demandada no cumplió con los preceptos que señala la Constitución y la ley relativos a la identificación e individualización de las personas capturadas y puestas a su disposición, máxime cuando se trata de proferir sentencia condenatoria e imponer una pena privativa de la libertad en centro carcelario para el cumplimiento de la misma. Siendo así, el daño por el cual demanda el actor es imputable a la Nación-Rama Judicial.
Siendo así, conforme a lo expuesto, es preciso analizar la conducta del señor Gary Ulises Guerrero Sategna a luz del artículo 63 del Código Civil, definido por el modelo de conducta que la Constitución y la ley prevén, acorde con el que todo ciudadano debe asumir por el hecho de vivir en sociedad.
Al respecto, considerará la Sala los informes allegados al plenario por el CTI-Criminalística en los que se señala que conforme a la misión de trabajo ordenada el 27 de noviembre de 2003, por la Fiscalía Seccional de Valledupar se logró verificar el registro dactiloscópico a nombre del señor Hugo Romero Martínez, registro que fue firmado con puño y letra del antes nombrado, así —fls. 7 a 11, cdno. del tribunal—:
También, se tendrá en cuenta el informe lofoscópico 071/004282/CTI-SC del CTI-Criminalística, del 3 de diciembre de 2003, que al realizar la respectiva comparación dactiloscópica entre las impresiones dactilares de las tarjetas de reseña de los señores Gary Ulises Guerrero Sategna y Hugo Romero Martínez concluyó que se trataba de dos personas diferentes, así “comparadas las impresiones dactilares de la tarjeta de reseña que aparece en nuestro archivo a nombre de GUERRERO SATEGNA GARY ULISES, con sus similares remitidas por la Unidad de Valledupar a nombre de ROMERO MARTÍNEZ HUGO C.C. 5.730.586 del Playón Santander determinamos que no se identifican en su morfología, topografía ni puntos característicos, por lo tanto se trata de dos personas diferentes” —resaltado del texto—. En consecuencia no puede afirmarse que a la luz del artículo 63 del Código Civil, la conducta del señor Guerrero Sategna constituya una infracción a los deberes civiles y de convivencia.
Siendo así, concluye la Sala que, en el caso de autos, si bien el señor Gary Ulises Guerrero Sategna, en estado de embriaguez, al momento de su captura mintió sobre su verdadera identidad, las autoridades competentes estaban en el deber de cumplir con los mandatos constitucionales y legales, esto es con la identificación e individualización del capturado, máxime cuando se trataba de imponer una pena privativa de la libertad que debía ser cumplida en establecimiento carcelario, ningún elemento probatorio permite asegurar que el demandante desconoció sus deberes de convivencia; por el contrario se conoce que fue detenido y recluido en establecimiento carcelario sin que se realizara el proceso de identificación e individualización.
De manera que, conforme a lo expuesto, es dable concluir que el señor Gary Ulises Guerrero Sategna no incurrió en culpa grave, tampoco en dolo civil, en cuanto ninguna prueba lo compromete por acción u omisión, en el quebrantamiento de los deberes que la Constitución impone a todos los asociados. En consecuencia, la providencia impugnada será confirmada.
Habiendo comprobado que en el sub lite existen razones para imputar a la Nación-Rama Judicial los daños sufridos por el demandante, la Sala debe pronunciarse sobre el monto de la indemnización. Indemnización que, si bien será revisada no podrá ser incrementada, en virtud del principio de la no reformatio in pejus, toda vez que se trata de apelante único.
En lo que tiene que ver con los perjuicios el actor solicita la “suma de mil millones de pesos ($ 1.000’000.000,oo)” por concepto de perjuicios materiales y morales.
Ahora, en cuanto a los perjuicios materiales solicitados, se advierte que el a quo señaló que, dado que el actor estuvo detenido por un lapso de 3 años y 4 meses, esto es entre el 14 de febrero de 2001 y el 31 de mayo de 2004, correspondía liquidar el tiempo antes señalado por el salario mínimo legal diario vigente a la fecha de la decisión, esto es la suma de “$ 20’376.833,oo”.
Rh = Valor reconocido en la sentencia de primera instancia, es decir, $ 20’376.833,oo.
Ra = $ 20’376.833,oo 137,71
Ra = $ 26’847.433,oo.
Respecto de los perjuicios el a quo señaló que i) dado el tiempo de detención, esto es 3 años y 4 meses, reconoció la suma equivalente a 100 smlmv.
Es preciso determinar si la cuantía reconocida por el a quo como indemnización por los perjuicios morales se corresponde con los topes jurisprudencialmente señalados para la compensación del daño moral por privación de la libertad, con la advertencia de que no podrán ser incrementados, pero sí revisados. Lo primero en aplicación del principio de la no reformatio in pejus y lo otro en cuanto la Nación-Rama Judicial apeló la responsabilidad, esto es, el daño, la imputación y la indemnización, en cuanto quien pide lo más lo hace también por lo menos.
Ahora bien, la Sala hace notar que, en reciente sentencia de unificación(13) la Sala Plena reiteró criterios jurisprudenciales según los cuales el perjuicio moral ha de ser tasado en salarios mínimos mensuales legales, el tope indemnizatorio se fija en 100 smlmv y estableció criterios generales de indemnización, así:
Así las cosas, se tiene que, el señor Gary Ulises Guerrero Sategna estuvo privado de la libertad entre el 14 de febrero de 2001 y el 31 de mayo de 2004, según oficio 2027 cartilla biográfica-dactiloscopia y auto que dispuso la libertad inmediata del retenido. Esto es que estuvo privado de la libertad por un tiempo superior a 18 meses –exactamente 3 años y 4 meses-. Siendo así se impone la conclusión que el antes nombrado debe recibir una indemnización equivalente a 100 smlmv. Siendo así, advierte la Sala que, lo reconocido se acompasa con la jurisprudencia unificada de la Sección.
7(sic). Costas.
1. MODIFICAR la sentencia proferida el 24 de junio de 2010 por el Tribunal Administrativo del Cesar, la cual quedará así:
“PRIMERO: DECLÁRESE administrativamente responsable a la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por haber vinculado, juzgado y condenado al señor GARY ULISES GUERRERO SATEGNA injustamente.
SEGUNDO: Como consecuencia CONDÉNESE a la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar por concepto de perjuicios morales a favor de GARY ULISES GUERRERO SATEGNA, en su condición de víctima directa, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de expedición de esta sentencia.
TERCERO: CONDÉNESE a la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar a GARY ULISES GUERRERO SATEGNA, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESO M/CTE. ($ 26’847.433,oo).
CUARTO: Negar las demás súplicas de la demanda.
1 “De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la jurisdicción contencioso administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los tribunales administrativos”.
2 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 3 de marzo de 2010, Exp. 36473 C.P. Ruth Stella Correa Palacio; auto de 9 de mayo de 2011, Exp. 40324, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
3 Fls. 2 y 3, cdno. del tribunal.
4 Fls. 213 del cdno. ppal.
5 Fl. 23, cdno. del tribunal.
6 “Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones). (Corte Constitucional, Sentencia T. 881/02. M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
7 ART. 28.—“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.
9 En este sentido vale recordar nuevamente a Kant, quien afirma enfáticamente que “la pena judicial (poena forensis) (...) no puede nunca servir simplemente como medio para fomentar otro bien, sea para el delincuente mismo sea para la sociedad civil, sino que de imponérsele sólo porque ha delinquido; porque el hombre nunca puede ser manejado como medio para los propósitos de otros ni confundido entre los objetos del derecho real” Immanuel Kant, Metafísica de las Costumbres, Bogotá, Rei Andes, 1995, pág. 166.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, Rad. 25000-23-000-1994-09817-01, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
11 Ponencia presentada por la Constituyente Helena Herrán de Montoya el 7 de Marzo de 1991, en Gaceta Constitucional Nº 27, 26 de marzo de 1991, págs. 10 y 11.
12 La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

References: artículo 136
 artículo 28
in dubio
 artículo 90
 artículo 1
in fine
 artículo 2
 artículo 63
 artículo 63
 artículo 63