Source: https://www.scribd.com/document/137970820/Alejandro-Elejabarrieta
Timestamp: 2017-12-11 04:06:22+00:00

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ACTAS DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO RECTOR: EXTENSIÓN Y LITERALIDAD DE LAS INTERVENCIONES DE LOS CONSEJEROS Alejandro Elejabarrieta Goienetxe
Responsable del Departamento Jurídico de Ipar Kutxa Árbitro del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi ÍNDICE DEL ESTUDIO: I.- Planteamiento y concreción de la cuestión objeto del estudio. II.- Análisis de la legislación sustantiva vigente y normativa registral. II.1.- Legislación sustantiva cooperativa aplicable principalmente a las cooperativas cuyo ámbito de actuación es la Comunidad Autónoma Vasca: Ley de Cooperativas de Euskadi. II.2.- Legislación sustantiva cooperativa aplicable supletoriamente: Ley de Cooperativas (estatal). II.3.- Otra legislación societaria, aplicable supletoriamente a toda la anterior: II.3.1.- Ley de Sociedades Anónimas. II.3.2.- Código de Comercio. II.3.3.- Reglamento de Cooperativas de Crédito II.4.- Reglamento del Registro Mercantil. III.- Criterios de interpretación. III.1.- Sentido propio de las palabras o elemento literal del texto de la norma. III.2- Interpretación sistemática con otros preceptos de la propia Ley 4/1993 de Cooperativas de Euskadi. III.3- Espíritu y finalidad de la norma interpretada. III.4- Antecedentes históricos y legislativos en las leyes cooperativas y vigente Ley de Cooperativas estatal. III.5.- Interpretación con preceptos de los otros textos normativos vigentes. III.6- Referente común de interpretación: Autonomía de la voluntad y capacidad autorreguladora del Consejo Rector. IV.- Conclusiones. I.- PLANTEAMIENTO Y CONCRECIÓN DE LA CUESTIÓN OBJETO DEL ESTUDIO. Las cooperativas, al igual que otro tipo de sociedades, en cuanto entidades jurídicas dotadas de personalidad propia, necesitan de órganos a la hora de realizar su actividad, tanto interna como externa. En las personas jurídicas no existe, como es evidente, una capacidad de decisión o una voluntad en sentido real, como ocurre en el caso de personas físicas. Por ello, se encomienda la función de formar y manifestar la voluntad de la sociedad y de dar
cumplimiento a sus decisiones a los llamados órganos sociales, formados por una o más personas físicas. La clasificación fundamental de dichos órganos distingue al órgano deliberante que expresa con sus acuerdos la voluntad social (la Asamblea General de la cooperativa) del órgano ejecutivo, encargado de la gestión permanente y de la representación de la sociedad en sus relaciones con terceros (los administradores de la cooperativa que se configuran como un órgano colegiado con el nombre de Consejo Rector). Además de estos dos órganos sociales, cuya existencia es necesaria en todos los casos, en las cooperativas sujetas al ámbito de la Ley 4/1993 de Cooperativas de Euskadi debe existir con carácter necesario un órgano fiscalizador y que sirve de puente de enlace entre el órgano administrador y las reuniones asamblearias, la Comisión de Vigilancia, cuando el número de socios de la cooperativa es superior a 99. Y pueden existir también. El Comité de Recursos, que aunque de carácter potestativo es indudablemente un órgano que dota de eficacia y de agilidad a la resolución de reclamaciones internas; y, en su caso, el Consejo Social, obedeciendo ambos a imperativos de organización democrática muy apropiada en sede cooperativa. Estos son los cinco órganos que pueden existir en las cooperativas sujetas a la Ley de Cooperativas de Euskadi y todos ellos, evidentemente, deben plasmar o reflejar sus reuniones y los acuerdos que en ellas adoptan en las actas que de las mismas se extiendan, las cuales quedan recogidas en sus libros correspondientes cuya llevanza y custodia corresponde al Secretario del órgano. Ante la necesidad de reflejar en actas las reuniones de los órganos sociales, las diferentes leyes, o normas de otro rango, aplicables a las sociedades, establecen los contenidos mínimos que toda acta debe recoger. Es decir, recogen con carácter imperativo las menciones mínimas que deben contener las actas para dotar de seguridad jurídica al funcionamiento de los órganos sociales y, en definitiva, a la propia sociedad. Además de ese contenido necesario, exigido en las diferentes leyes o normas de otro rango, es indudable que los diversos órganos pueden recoger en el texto de sus actas otra serie de cuestiones con el fin de dotar de dinamismo a éstas y facilitar un mejor entendimiento de los acuerdos y de los debates previos a ellos. Debemos precisar, aunque carezca de trascendencia a los efectos del presente estudio, que la Ley de Cooperativas de Euskadi, al igual que el resto de leyes sustantivas cooperativas, regulan el contenido de las actas únicamente para la Asamblea General y el Consejo Rector, dado que para la Comisión de Vigilancia, el Comité de Recursos y, en su caso, el Consejo Social, únicamente establecen unas normas básicas que regulan su especificidad y para el resto de las cuestiones les son aplicables las normas establecidas para el Consejo Rector. Centrándonos en el órgano de administración, esto es, el Consejo Rector, su naturaleza orgánica y colegiada implica que la adopción de sus acuerdos se mueve en los mismos parámetros de todo órgano social: exigencia de una previa convocatoria que contenga un orden del día, la previa determinación de un quórum para la válida
constitución del órgano, un régimen de mayorías para la adopción de acuerdos, y la posterior plasmación de los mismos en la correspondiente acta. Planteado lo anterior y con el fin de no divagar sobre otras cuestiones que nos descentren del objeto de este estudio, debemos precisar que la cuestión planteada o duda que motiva el mismo se concreta en determinar la extensión y literalidad con la que se deben recoger en las actas las diversas intervenciones de los miembros del Consejo Rector, cuestión que es válida también, con las precisiones oportunas, para las actas del resto de los órganos sociales. O expuesto de otra manera: Hasta qué extensión y/o precisión de términos tienen derecho cada uno de los consejeros individualmente para exigir que queden reflejadas sus intervenciones en el acta de las reuniones. Y más concretamente: ¿Tienen derecho todos y cada uno de los consejeros a exigir que conste en acta, aun contra la voluntad del Secretario y/o de la mayoría de los consejeros, sus intervenciones literalmente, sea cual sea la cuestión sobre la que versen, su extensión y los términos que emplean? O por el contrario: ¿Es facultad del Secretario y del Consejo Rector, dentro de su capacidad de autorregulación, decidir esas cuestiones? Concretada la cuestión objeto del estudio, debemos precisar que, a juicio del letrado que lo suscribe, es indiferente que la intervención que se desea plasmar se haga de palabra o por escrito, es decir, mediante la presentación de un escrito en el que se refleje lo que se quiere transcribir al acta, porque no dejan de ser más que dos formas (oral o escritas) de presentar su intervención un consejero, no aportando nada a los efectos del presente estudio el que la manifestación se haga de una manera u otra. II.- ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN NORMATIVA REGISTRAL. SUSTANTIVA VIGENTE Y
II.1.- Legislación sustantiva cooperativa aplicable principalmente a las cooperativas cuyo ámbito de actuación es la Comunidad Autónoma Vasca: Ley de Cooperativas de Euskadi. Como es conocido, a las cooperativas cuyo ámbito de actuación se circunscribe a la Comunidad Autónoma Vasca, la ley sustantiva propia que les es aplicable directamente y en primer término es la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi. Y como desarrollo de la misma, el Decreto 58/2005, de 29 de marzo, por el que se aprueba su Reglamento. Si la cooperativa es de crédito o de seguros, le será aplicable también por su ámbito sectorial, la ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito y el Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la anterior Ley.
Con carácter supletorio para cuando exista una laguna legal en la anterior legislación (y no cuando sea un diferente criterio del legislador) y como instrumento de interpretación, le es aplicable también la Ley 27/1999, de 19 de julio, de Cooperativas (estatal). Y también con carácter supletorio a las anteriores y como elemento de interpretación, le es aplicable el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el Real Decreto de 22 de agosto de 1885 que aprueba el Código de Comercio, por el carácter atrayente de ambos textos legales. Por último, aunque no como normas sustantivas, le son aplicables el Decreto 59/2005, de 29 de marzo, que aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de Euskadi. Y el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, que aprueba el Reglamento del Registro Mercantil: Directamente si la cooperativa es de crédito o seguros, en virtud de lo previsto en el apartado 1 del artículo 81 del mismo; y supletoriamente para el resto de las cooperativas, en virtud del apartado 2 de la Disposición Adicional Sexta del Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de Euskadi. De todas las normas citadas, solo en varias de ellas se regula de alguna manera la cuestión tratada en este estudio y son las que a continuación vamos a transcribir, debiendo adelantar que, de entre las normas que podrían tener más trascendencia para el asunto, no se regula nada ni en el Reglamento que desarrolla la Ley de Cooperativas de Euskadi, ni en el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de Euskadi. Reiteramos que, junto con las normas declaradas como básicas de la Ley de Cooperativas de Crédito y su Reglamento que son de aplicación a las cooperativas de crédito, esta es la norma que ineludible y directamente es aplicable. Y dado que en el asunto que nos ocupa no hay ningún precepto declarado básico que lo regule en la Ley y Reglamento de Cooperativas de Crédito, la Ley de Cooperativas de Euskadi es el texto legal fundamental para resolver la cuestión para todas las cooperativas. “Artículo 46.- Funcionamiento del Consejo Rector 4. Los acuerdos del Consejo serán llevados a un libro de actas. El acta de la reunión, firmada por el Presidente y el Secretario, recogerá los debates en forma sucinta y el texto de los acuerdos, así como los resultados de las votaciones.” “Artículo 37.- Acta de Asamblea General. 1. Los acuerdos de la Asamblea General se consignarán en acta, que redactará el Secretario y transcribirá en el libro de actas, con expresión de las siguientes circunstancias: e) Un resumen de los asuntos debatidos y de las intervenciones de las que se haya solicitada constancia. f) El contenido de los acuerdos adoptados.
g) El resultado de las votaciones, expresando las mayorías con que se hubiera adoptado cada uno de los acuerdos. Siempre que lo solicite quien haya votado en contra, se hará constar su oposición a los acuerdos.” “Artículo 46.- Funcionamiento del Consejo Rector 1. Los Estatutos regularán el funcionamiento interno del Consejo Rector. En lo no previsto por éstos, el Consejo Rector podrá regular su propio funcionamiento.” II.2.- Legislación sustantiva cooperativa aplicable supletoriamente: Ley de Cooperativas (estatal) (27/1999, de 16 de julio) “Artículo 36. Funcionamiento. 5. El acta de la reunión, firmada por el Presidente y el Secretario, recogerá los debates en forma sucinta y el texto de los acuerdos, así como el resultado de las votaciones.” “Artículo 29. Acta de la Asamblea. 1. El acta de la Asamblea será redactada por el Secretario y deberá expresar, en todo caso, lugar, fecha y hora de la reunión, relación de asistentes, si se celebra en primera o segunda convocatoria, manifestación de la existencia de quórum suficiente para su válida constitución, señalamiento del orden del día, resumen de las deliberaciones e intervenciones que se haya solicitado su constancia en el acta , así como la transcripción de los acuerdos adoptados con los resultados de las votaciones.” II.3.- Otra legislación societaria, aplicable supletoriamente a toda la anterior. II.3.1.- Ley de Sociedades Anónimas (Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre). “Artículo 142. Libro de actas. Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de actas, que serán firmadas por el presidente y el secretario.” II.3.2.- Código de Comercio (Real Decreto de 22 de agosto de 1885). “Artículo 26. 1. Las sociedades mercantiles llevarán también un libro o libros de actas, en la que constarán, al menos, todos los acuerdos tomados por las juntas generales y especiales y los demás órganos colegiados de la sociedad, con expresión de los datos relativos a la convocatoria y a la constitución del órgano, un resumen de los asuntos debatidos, las intervenciones de las que se haya solicitado constancia , los acuerdos y los resultados de las votaciones.” II.3.3.- Reglamento de Cooperativas de Crédito (Real Decreto 84/1993, de 22 de enero).
La norma que se transcribirá a continuación no es básica y además está prevista para el supuesto concreto de acuerdos del Consejo Rector en los que haya conflicto de intereses de los consejeros, pero, puede servir como otro elemento de interpretación. “Artículo 24. Funcionamiento del Consejo 3. Una vez celebrada la votación secreta, y proclamado el resultado, será válido hacer constar en acta las reservas o discrepancias correspondientes respecto al acuerdo adoptado.” II.4.- Reglamento del Registro Mercantil (Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio). Ni el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de Euskadi ni el Reglamento del Registro de Sociedades Cooperativas (estatal) regulan nada al respecto, pero, como ya se ha indicado anteriormente, lo establecido en el Reglamento del Registro Mercantil es de aplicación con carácter directo para las cooperativas de crédito y de seguros y con carácter supletorio para todas las demás. Y por este carácter supletorio, al no regularse nada en el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de Euskadi, se debe entender aplicable a todas las cooperativas sujetas a la Ley de Cooperativas de Euskadi. “Artículo 97. Contenido del acta. 1. Los acuerdos de los órganos colegiados de las sociedades mercantiles se consignarán en acta, que se extenderá o transcribirá en el libro de actas correspondiente, con expresión de las siguientes circunstancias: 5ª Un resumen de los asuntos debatidos y de las intervenciones de las que se haya solicitado constancia. 6ª El contenido de los acuerdos adoptados.” III.- CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN. A juicio de este letrado, la claridad de la norma contenida en la Ley de Cooperativas de Euskadi para regular el asunto (artículo 46, apartado 4) es tal que podría no ser necesaria la interpretación para realizar conclusiones, pero, dado lo sucinto que es el texto de la misma y con el fin de profundizar más en el estudio, es conveniente para resolver la cuestión hacer una interpretación de la norma y para ello hay que acudir a los criterios hermenéuticos establecidos en el apartado 1 del artículo 3 del Código Civil que establece: “1. Las normas se interpretarían según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas”. El punto de partida para la interpretación de una norma plasmada o recogida en un texto está siempre constituido por un elemento literal o filosófico,
que es la letra o el tenor del texto en el cual se encuentra encerrada la norma. Es lo que se conoce como una interpretación gramatical de las normas jurídicas. Pero el tenor del texto de los artículos citados, y en especial del artículo 46 apartado 4 de la Ley de Cooperativas de Euskadi,. que se interpretan en este estudio, parece no ser indubitado o definitivo puesto que, hay quien interpreta que, aunque en los textos legales se diga que se recogerán los debates en forma sucinta o indiquen que se recogerá un resumen de los asuntos debatidos y las intervenciones, todos los consejeros individualmente tienen derecho a hacer constar en acta literalmente todo lo que ellos manifiesten, se cual sea su extensión y términos. De antiguo, ha sentado la doctrina jurisprudencial la insuficiencia del criterio literal en la interpretación de la norma jurídica y así dice la STS 23-3-1950 “que si bien en materia de interpretación de las normas legales es preciso partir de la literalidad de su texto, no puede menos de tenerse en cuenta el valor de resultado, a fin de que tal interpretación conduzca a una consecuencia racional en el orden lógico”. Y por ello habrá que acudir al elemento sistemático al que ya se refería la STS-23-6-1940 al decir que “los Tribunales, al aplicar las leyes, deben atender a las reglas de hermenéutica que aconseja la conexión de todos los preceptos legislativos que traten la cuestión a resolver, indagando y armonizando el espíritu de un artículo en combinación con los demás del mismo cuerpo legal que haya de aplicarse, porque es el modo adecuado de que el Juzgador puede disponer para completar y aquilatar la interpretación de cada norma por el significado total del ordenamiento jurídico”, elemento sistemático que se recoge en el citado art. 3.1 al aludir “al Contexto” de las normas y al que se refiere asimismo la STS 1-6-1968 al decir que “si bien en orden a la interpretación de las normas legales es doctrina jurisprudencial que los Tribunales al aplicar las leyes deben tender al contexto, estableciendo la conexión con todos los preceptos que traten la materia a resolver”. (STS 2-7-1991) El citado “contexto” puede ser ante todo el resto del texto en el que la frase o la proposición a interpretar se encuentra contenida o intercalada. En otro sentido, el contexto puede ser también aquella parte del texto donde la norma que se interpreta se encuentre situada. En alguna medida este criterio es el que nuestra tradición conoce con el nombre de interpretación sistemática. La interpretación según el contexto aconseja también poner en conexión todos los preceptos legislativos que tratan de una determinada cuestión, presuponiendo que hay entre ellos un orden coherente. El contexto sería de este modo todo el conjunto de textos reguladores de la materia. Por ello, en el caso que nos ocupa debemos interpretar el apartado 4 del artículo 46 de la Ley de Cooperativas de Euskadi fundamentalmente en relación con el resto del artículo y de la Ley de 4/1993 de Cooperativas de Euskadi, así como, por si aportan algo, con la Ley de Cooperativas estatal vigente y, aunque en menor medida, con el resto de las normas anteriormente relacionadas y los antecedentes legislativos. Y por último, y con especial importancia, hay que atender fundamentalmente al espíritu y finalidad de la norma.
Planteada la conveniencia de interpretar el texto del reiterado apartado 4 del artículo 46 de la Ley 4/1993 de Cooperativas de Euskadi y los criterios para ello, pasaremos a continuación a desarrollarlos, indicando desde ahora como fundamentales tres: El que como punto de partida debe primar el principio de autonomía de la voluntad y capacidad autorreguladora del Consejo Rector; su interpretación sistemática con otros preceptos de la propia Ley 4/1993 que pueden aportar algo a tal fin; y el atender al espíritu y finalidad de la norma interpretada, es decir, a los intereses que el legislador pretendió proteger con ella. Y todo ello, teniendo como referente común el sentido propio de las palabras o elemento literal del texto de la norma aplicable . III.1.- Sentido propio de las palabras o elemento literal del texto de las normas aplicables. • Como ya se ha indicado anteriormente, la norma de la Ley de Cooperativas de Euskadi que regula específicamente, aunque de manera sucinta, la cuestión objeto de este estudio, es la contenida en el apartado 4 del artículo 46 que, reiteramos, establece: “Artículo 46.- Funcionamiento del Consejo Rector. 4. Los acuerdos del Consejo serán llevados a un libro de actas. El acta de la reunión, firmada por el Presidente y el Secretario, recogerá los debates en forma sucinta y el texto de los acuerdos, así como los resultados de las votaciones.” Es decir, la norma legal, además de exigir que el acta esté firmada (se debe entender que al menos) por el Presidente y el Secretario, establece los contenidos mínimos que debe recoger el acta: Los debates en forma suscrita. El texto de los acuerdos. Los resultados de las votaciones.
El texto de los acuerdos, evidentemente, debe ser el literal que se haya adoptado puesto que un acuerdo es el que es y su contenido exacto es el que queda reflejado en el acta. Lógica la exigencia legal. Los resultados de las votaciones, también es lógico que exija la Ley que queden reflejados, además de por otras cuestiones, porque de esa manera se indican los consejeros que votan en contra a efectos de impugnaciones o responsabilidades. En cuanto a la cuestión concreta objeto de este estudio, el texto establece claramente que los debates (entre los que hay que entender incluidas las intervenciones de los consejeros que integran los mismos) se deben recoger “en forma sucinta”. Es decir, la Ley no exige que se recojan en el acta los debates de una manera literal y, por tanto, con toda la extensión y términos que desee cada uno de los consejeros cuando éstos los exijan. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la lengua el significado de “sucinta” es “breve”, “compendiosa”. El término breve no hace falta
definirlo y “compendiosa” significa según el citado diccionario “Que reúne o engloba resumidamente muchas cosas”. Y como sinónimos de “sucinta” son las palabras “apretada”, “ceñida”, “concisa”, “corta”, “somera”. El significado de todas las palabras citadas es claro y ello significa que la ley no exige que se recojan en el acta las intervenciones íntegra y literalmente, ni con toda la extensión que desee cada uno de los consejeros III.2.- Interpretación sistemática con otros preceptos de la propia Ley 4/1993 de Cooperativas de Euskadi. Es indudable que como criterio hermenéutico fundamental debemos acudir a una interpretación sistemática de la propia Ley 4/1993 de Cooperativas de Euskadi y analizar lo regulado en otros preceptos de ella que traten sobre el contenido de las actas de los otros órganos sociales y la extensión de las intervenciones de sus miembros. Nada se regula respecto de la Comisión de Vigilancia, Comité de Recursos y, en su caso, Consejo Social. Pero sí para la Asamblea General. Así, en el apartado 1 del artículo 37 se establece: “Artículo 37.- Acta de Asamblea General. 1. Los acuerdos de la Asamblea General se consignarán en acta, que redactará el Secretario y transcribirá en el libro de actas, con expresión de las siguientes circunstancias: e) Un resumen de los asuntos debatidos y de las intervenciones de las que se haya solicitada constancia. f) El contenido de los acuerdos adoptados. g) El resultado de las votaciones, expresando las mayorías con que se hubiera adoptado cada uno de los acuerdos. Siempre que lo solicite quien haya votado en contra, se hará constar su oposición a los acuerdos.” En este artículo, la Ley establece un contenido necesario del acta de la Asamblea General y entre el mismo relaciona los transcritos apartados e), f) y g) que nos interesan a los efectos del presente estudio y que cuyo contenido es similar al del artículo 46.4. referente al Consejo Rector aunque con alguna precisión más: Apartado f): “El contenido de los acuerdos adoptados” frente a “el texto de los acuerdos”. Apartado g): “El resultado de las votaciones, expresando las mayorías con que se hubiera adoptado cada uno de los acuerdos. Siempre que lo solicite
quien haya votado en contra, se hará constar su oposición a los acuerdos.” frente a “los resultados de las votaciones”. - Y el apartado e) “Un resumen de los asuntos debatidos y de las intervenciones de las que se haya solicitada constancia” frente a “los debates en forma suscrita”. Este apartado es el más concreto respecto al objeto de este estudio y es muy esclarecedor a los efectos de la interpretación que estamos realizando, puesto que para el mismo asunto (contenido de las actas), aunque de otro órgano social, establece similar criterio pero de manera más nítida al desglosar en apartados diferentes los diferentes contenidos y citar en uno breve los dos asuntos o contenidos que deben quedar reflejados de una manera resumida: los asuntos debatidos y las intervenciones de las que se haya solicitado constancia. Además es más claro y contundente a los efectos que nos ocupan porque menciona no solo los debates como el artículo 46.4 (término en el que se deben entender incluidas las intervenciones habidas en ellos) sino que además menciona expresamente “las intervenciones”. Y parece que, con alguna precisión por ser órganos diferentes, es lógico pensar que es válido para ambos órganos el mismo criterio. III.3.- Espíritu y finalidad de la norma interpretada. Es indudable que este criterio hermenéutico es fundamental para la interpretación de cualquier norma, puesto que, en definitiva, todos los preceptos jurídicos contenidos en las Leyes o en cualquier normativa de otro rango se adoptan por el legislador para algo, con alguna finalidad. También es indudable que el determinar algo tan etéreo como el “espíritu o finalidad” cuando no se desprende de las palabras o del conjunto de los criterios de interpretación puede resultar difícil, pero ello no resta valor a su importancia. En definitiva, en el caso que nos ocupa se debe intentar determinar cuáles son los derechos a proteger que pretende la norma, y cómo lo hace , porque, en definitiva, la norma resuelve una valoración de intereses en conflicto que se le presentan al legislador. Dado el asunto tratado, tenemos dos intereses a proteger por el legislador en el artículo 46, apartado 4: Uno, el de los consejeros que discrepan con el acuerdo adoptado por el Consejo Rector mayoritariamente o que, sin discrepar con el acuerdo, desean que conste su intervención o manifestaciones en el debate previo al acuerdo. Y otro, el del propio órgano social que no puede ver distorsionado su funcionamiento ni limitada su capacidad autorreguladora por pretensiones
excesivas o injustificadas de cada uno de los consejeros, aun contra la voluntad mayoritaria de estos. Estos intereses en juego son los mismos que tiene en cuenta el legislador al regular en el artículo 37 de una manera específica el acta de la Asamblea General (con la particularidad de que el interés es el de cualquier socio aunque no sea consejero). Y en ambos casos el legislador resuelve de igual manera el posible conflicto de intereses, aunque lo regula más detalladamente en el artículo 37 posiblemente para mayor seguridad jurídica y porque entiende que el Consejo Rector es más ágil para acordar su funcionamiento y le otorga una mayor capacidad autorreguladora: Lo que hace el legislador es establecer un contenido necesario mínimo del acta que garantice la seguridad jurídica, el que consten los asuntos fundamentales y el que los consejeros (o socios) puedan hacer constar su oposición a los efectos oportunos. Con ello el interés de los socios queda protegido. Pero al mismo tiempo, también protege el interés de los órganos y su correcto funcionamiento , entre otras maneras, al establecer que de los debates e intervenciones se haga constar únicamente un resumen de los mismos o, dicho de otra manera, consten de manera sucinta, delegando en el Secretario, o en la capacidad autorreguladora de los órganos para establecer su manera de actuar por mayorías, el contenido concreto que debe constar en el acta en esos aspectos del funcionamiento. Otra cosa sería condicionar la voluntad mayoritaria de los consejeros, o de los socios, a la voluntad minoritaria, o individual, de estos. III.4.- Antecedentes históricos y legislativos en las leyes cooperativas y vigente Ley de Cooperativas estatal. Con este criterio hermenéutico o línea de argumentación se debe afirmar lo mismo que con el de la interpretación literal del texto de la Ley de Cooperativas de Euskadi, dado que la redacción de los diferentes artículos legales en el punto de la polémica es similar: En todos se dice que los debates se recogerán de manera sucinta o resumida y en ninguno se establece el derecho de los diferentes consejeros de que se recogerán en el acta todas sus opiniones o intervenciones literalmente. Hay que recalcar que de toda la normativa aplicable, en su caso, supletoriamente a una cooperativa sujeta a la Ley de Cooperativas de Euskadi, la primera a la que se debe acudir para tal fin es la Ley de Cooperativas (estatal). • Anterior Ley de Cooperativas de Euskadi (Ley 1/1982, de 11 de febrero, de Cooperativas): “Artículo 40. Funcionamiento del Consejo Rector. 3. El acta de la reunión, firmada por el Presidente y el Secretario, recogerá los debates en forma sucinta, el texto de los acuerdos, así como los resultados de las votaciones.” • Anterior Ley de Cooperativas estatal (Ley 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas):
“Artículo 58. Funcionamiento del Consejo Rector 5. El acta de la reunión, firmada por el Presidente y el Secretario, recogerá los debates en forma sucinta y el texto de los acuerdos, así como el resultado de las votaciones.” • Vigente Ley de Cooperativas estatal: “Artículo 36. Funcionamiento. 5. El acta de la reunión, firmada por el Presidente y el Secretario, recogerá los debates en forma sucinta y el texto de los acuerdos, así como el resultado de las votaciones.” “Artículo 29. Acta de la Asamblea 1. El acta de la Asamblea será redactada por el Secretario y deberá expresar, en todo caso, lugar, fecha y hora de la reunión, relación de asistentes, si se celebra en primera o segunda convocatoria, manifestación de la existencia de quórum suficiente para su válida constitución, señalamiento del orden del día, resumen de las deliberaciones e intervenciones que se haya solicitado su constancia en el acta , así como la transcripción de los acuerdos adoptados con los resultados de las votaciones.” . III.5.- Interpretación con preceptos de los otros textos normativos vigentes. Otros textos normativos que pueden servir a la labor interpretativa que se está realizando en este estudio son los cuatro siguientes, dos de mayor importancia porque pueden ser de aplicación a una cooperativa sujeta a la Ley de Cooperativas de Euskadi (Reglamento del Registro Mercantil por la remisión realizada en el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de Euskadi y Reglamento de Cooperativas de Crédito para una cooperativa de crédito) y otros dos con un menor valor porque, a juicio de este letrado, no son de aplicación supletoria por no haber laguna legal en la Ley de Cooperativas de Euskadi y únicamente tendrían valor a efectos de interpretación por su carácter atrayente (Ley de Sociedades Anónimas y Código de Comercio). • El texto del artículo 97 del Reglamento del Registro Mercantil es nítido y recoge la misma postura que la Ley de Cooperativas de Euskadi y la Ley de Cooperativas (estatal), ya que sólo exige como contenido del acta: “Artículo 97.- Contenido del acta. 5ª. Un resumen de los asuntos debatidos y de las intervenciones de las que se haya solicitado constancia”. • El artículo 24.3 del Reglamento de Cooperativas de Crédito , aunque no es de carácter básico y por lo tanto no es aplicable preferentemente a la legislación autonómica ni para las cooperativas de crédito, es de importancia para éstas y también puede servir al resto de cooperativas con fines interpretativos. “Una vez celebrada la votación secreta, y proclamado el resultado, será válido hacer constar en acta las reservas o discrepancias correspondientes respecto al acuerdo adoptado”.
Debemos decir que este artículo es una prescripción específica para un supuesto concreto de acuerdos: aquellos en los que exista conflicto de intereses de los consejeros, diferenciándolos de los debates y acuerdos para el resto de los asuntos tratados por el Consejo Rector. Y también que, aunque no menciona que las reservas o discrepancias se harán constar de una manera sucinta o resumida, tampoco hace lo contrario ni se separa en este punto de la manera en que se hacen constar estos acuerdos y el resto. • Tampoco el artículo 142 de la Ley de Sociedades Anónimas al establecer que “Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de actas, que serán firmadas por el presidente y el secretario” expresa los términos resumen o sucinto, pero tampoco dice lo contrario y al mencionar la palabra “discusiones” de una manera tan genérica no parece que establece un derecho preciso como el de que quede constancia literal de las intervenciones. • Por último, la redacción del texto del artículo 26 del Código de Comercio, puede dar lugar a interpretaciones dispares en el asunto al tener una coma entre la referencia a los asuntos debatidos de los que se debe hacer constar un resumen y las intervenciones. “… un resumen de los asuntos debatidos, las intervenciones de las que se haya solicitado constancia,…” Pero a juicio de este autor tampoco aporta un argumento sólido como para interpretar que la intervención tenga que ser literal y con toda la extensión que cada consejero quiera. No parece más que una cuestión de redacción y que, en cualquier caso, tiene escaso valor para las sociedades cooperativas que tienen sus propias leyes especiales. III.6.- Referente común de la interpretación: Autonomía de la voluntad y capacidad autorreguladora del Consejo Rector. A entender de este letrado, un elemento fundamental que se debe tener en cuenta para desarrollar la interpretación y que debe guiar la misma es que, tanto el legislador como los propios socios de las cooperativas a través de los Estatutos Sociales, otorgan al Consejo Rector capacidad autorreguladora en cuanto a su funcionamiento, siempre y cuando se respeten las normas de carácter necesario o imperativo de la ley y las prescripciones estatutarias. Lo anterior es consecuente con el hecho de que cualquier órgano social pueda dotarse de sus propias normas de funcionamiento en la medida de lo posible y, en concreto respecto del Consejo Rector, con su carácter de órgano fundamental en la sociedad dotado de las más amplias facultades de representación y gobierno a excepción de las que corresponden con carácter exclusivo a la Asamblea General. Por ello, hay que destacar el artículo 46, apartado 1, de la Ley de Cooperativas de Euskadi, que establece: “Artículo 46.- Funcionamiento del Consejo Rector. 1. Los Estatutos regularán el funcionamiento interno del Consejo Rector. En lo no previsto por éstos, el Consejo Rector podrá regular su propio funcionamiento.”
El texto es claro y más si lo unimos con el apartado 3 del mismo artículo que establece: “3. Los acuerdos se adoptarán por más de la mitad de votos de los asistentes, salvo que la ley o los Estatutos dispongan otra cosa, y cada consejero tendrá un voto.” Estos textos legales hay que estudiarlos en cada caso particular con los textos estatutarios y, en su caso, Reglamentos de Régimen Interno que cada cooperativa tenga. IV.- CONCLUSIONES 1ª) Con una interpretación de acuerdo al sentido propio de las palabras o literalidad, las dos normas aplicables a las cooperativas sujetas a la Ley de Cooperativas de Euskadi sobre el asunto (artículo 46.4 de la Ley de Cooperativas de Euskadi principalmente y artículo 97 del Reglamento del Registro Mercantil por remisión expresa) son coincidentes en que únicamente es contenido necesario de las actas de las reuniones del Consejo Rector un resumen de los asuntos tratados y de las intervenciones de los consejeros sobre ellos. 2ª) Es evidente que la Ley de Cooperativas de Euskadi y resto de las normas estudiadas, como toda ley o norma de otro rango, no pueden prever y regular en su texto con precisión todos los posibles supuestos que en la vida práctica de las sociedades se pueden plantear, pero ello no es motivo para restar valor a la regulación prevista ni para pretender, con la excusa de esa posible inconcreción, el no cumplirla o acudir a otras normas que en principio no son aplicables. 3ª) Consecuentemente con lo anterior, los consejeros, individual o minoritariamente, solo tienen derecho a exigir que conste en el acta tal resumen o relación sucinta y su oposición a los acuerdos (además, evidentemente, del resto de los contenidos necesarios), pero no tienen derecho a que se transcriban en el acta sus intervenciones literalmente y con toda la extensión que estimen oportuno. 4ª) Con una interpretación sistemática de dichos preceptos con otros preceptos de la Ley de Cooperativas de Euskadi , en especial el artículo 37, se llega a la misma conclusión. 5ª) Ninguna de las leyes o resto de normativa expuesta en este estudio distingue que haya unos contenidos necesarios del acta (y consecuente derecho individual de los consejeros a exigirlos) diferentes para cuando hay controversia o no entre los consejeros. O, dicho de otra manera, las previsiones normativas son las mismas para todos los supuestos y no distinguen o regulan de diferente manera los supuestos que podríamos denominar “ordinarios” en los que ningún consejero pretende incorporar al acta un texto literal, de aquellos “extraordinarios” en los que así es. Por ello es de aplicación el axioma jurídico que dice que la Ley distingue donde quiere hacerlo y si no lo hace es porque no lo pretende. 6ª) Interpretando el espíritu y finalidad de la Ley de Cooperativas de Euskadi en este asunto, se llega también a la misma conclusión dado que los dos
grupos de intereses a proteger por el legislador (consejeros y órgano como tal) se tienen en cuenta con la misma, ya que, por una parte, se garantiza el correcto funcionamiento del órgano para que no se vea entorpecido o extorsionado y, por otra, con el resumen de los debates y el que se debe hacer constar el voto en contra de los acuerdos de los consejeros discrepantes estos no ven perjudicados sus posibles responsabilidades ni su derecho a impugnar los acuerdos adoptados. Además, si lo desean, siempre pueden presentar como cualquier socio o persona en general un escrito en la entidad para que conste de forma fehaciente tanto su contenido como el mismo hecho de la presentación. Y ello no es una carga importante ni operativa ni económicamente. 7ª) Los antecedentes históricos y legislativos confirman la misma conclusión, dado que, al igual que la vigente Ley de Cooperativas estatal , sus textos normativas son coincidentes y no han variado el criterio de establecer como contenido necesario de las actas únicamente el resumen o una relación sucinta de los debates e intervenciones. 8ª) Los otros textos normativos societarios que regulan el asunto (Ley de Sociedades Anónimas y Código de Comercio), no aportan razones para interpretar la norma de una manera diferente. Aparte de lo anterior hay que recordar el escaso valor de ambos textos para, en su caso, modificar las normas de la Ley de Cooperativas de Euskadi por no haber en ésta una laguna legal y ser de aplicación el axioma jurídico por el que la Ley Especial (que es la Ley de Cooperativas de Euskadi e incluso Ley de Cooperativas estatal) prevalece sobre la Ley General (como tal vamos a considerar a la Ley de Sociedades Anónimas y particularmente al Código de Comercio). 9ª) La regulación de la Ley de Cooperativas de Euskadi, y también del resto de normas cooperativas y societarias en general, en cuanto al funcionamiento del Consejo Rector “stricto sensu”, es reflejo, entre otros, del principio de autorregulación, cuya consecuencia es una mayor autonomía del propio órgano de administración para establecer sus normas de funcionamiento. Lo cual, también hay que decirlo, exige un mayor cuidado y detalle en la redacción de los Estatutos Sociales y, especialmente, en el Reglamento de Régimen Interno que las entidades pueden aprobar, adquiriendo ambos grupos de pactos societarios una gran importancia. 10ª) En todo caso, el artículo 46 de la Ley de Cooperativas de Euskadi establece un marco jurídico para el funcionamiento del Consejo Rector y especialmente flexible, aunque, en definitiva, dicha suficiencia y flexibilidad dependerá de las previsiones contenidas en los Estatutos Sociales de cada cooperativa o, en su caso, en sus Reglamentos de Régimen Interno. 11ª) Por todo lo anterior, si el Consejo Rector adopta un acuerdo o norma de funcionamiento, con los requisitos adecuados, en relación al asunto de la extensión y forma de reflejar en las actas las intervenciones de los consejeros, está actuando dentro de las prerrogativas que el legislador y los socios le han otorgado para
autorregular su funcionamiento y no parece que un consejero, o una minoría de consejeros, pueda imponer su criterio sobre el acuerdo mayoritario. 12ª) Ello no es óbice para que, dentro de esa misma capacidad autorreguladora del Consejo Rector, dentro de los Estatutos Sociales o, en su caso, de un Reglamento Interno de funcionamiento, se acuerde el que en las actas se deban incluir otras cuestiones adicionales a las que la ley exige o puntualizaciones o pronunciamientos accesorios, así como el derecho debatido de que los consejeros puedan hacer incluir textos literales de sus pronunciamientos. 13ª) Es conveniente que las actas de las reuniones del Consejo Rector, como las de cualquier órgano social, sean dinámicas y reflejen las intervenciones de los consejeros y las diferentes opiniones que han existido en los debates de los asuntos antes de alcanzar los acuerdos concretos que quedan reflejados, porque con ello, además de recoger las diversas sensibilidades de los consejeros, se entenderá mejor la génesis y la razón de ser de los acuerdos, lo cual puede ayudar a su mejor interpretación y aplicación práctica. Pero las conclusiones de este estudio, no chocan con el anterior planteamiento, puesto que en el resumen o redacción sucinta de los debates e intervenciones que se plasme en el acta pueden quedar perfectamente expuestas todas las opiniones y sensibilidades. Y si ello se relaciona con el texto de los acuerdos y el resultado de las votaciones en donde cada consejero puede hacer constar expresamente su voto en contra, la inteligibilidad es aun mayor. En cualquier caso, se vuelve a recalcar que, una vez reflejado el contenido mínimo exigido por las normas, es el propio Consejo Rector el facultado para autorregular en sus normas de funcionamiento y decidir la mayor o menor extensión y el resto de características que deben tener las actas de sus reuniones. 14ª) El que un consejero o una minoría de consejeros que desee transcribir íntegra y literalmente al acta su intervención la presente por escrito, no aporta nada respecto a su posible derecho a que así se haga, aunque, indudablemente, lo que sí hace es facilitar que se sepan los términos precisos de sus manifestaciones y pueda quedar ese escrito guardado en los archivos de la sociedad con la redacción exacta que se haya reflejado en el escrito. Y si el Consejo Rector, por decisión mayoritaria, adoptada para cada caso o con carácter general en sus normas de funcionamiento, acuerda que conste en el acta , como parte del resumen de los asuntos debatidos e intervenciones de los consejeros en relación a los mismos, el que uno o varios consejeros han presentado escritos que quedarán archivados, se elimina de una manera más concluyente la duda que es objeto del presente estudio, puesto que la posición o manifestaciones de esos consejeros, aunque no se refleje literalmente en el acta, se podrá conocer a través de dichos escritos.
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 artículo 3
 artículo 46
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 artículo 46
 artículo 46
 artículo 37
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 97
 artículo 24
 artículo 142
 artículo 26
 artículo 46
 artículo 97
 artículo 37
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