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Cristóbal Navarrete Martín
1 Trabajo Fin de Grado Criterios jurisprudenciales sobre la aplicación del sistema para la valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación Autor Isabel Marcén Nasarre Director Pedro José Bueso Guillén Facultad de Derecho 2014
3 ÍNDICE Pág. Abreviaturas I.-INTRODUCCION 7 1.-Cuestión tratada en el Trabajo Fin de Grado Razón de la elección del tema y justificación de su interés 8 3.-Metodología seguida en el desarrollo del trabajo.. 10 I.- EVOLUCIÓN Y FUNDAMENTOS DEL SISTEMA LEGAL DE VALORACION DEL DAÑO PERSONAL Sistema de responsabilidad civil en el ámbito de la circulación de vehículos a motor La reparación del daño corporal en los últimos años La Orden Ministerial de 5 de marzo de 1991 para la valoración de los daños corporales en accidentes de circulación La valoración de los daños corporales derivados de accidentes de circulación en la Ley 30/95, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados La STC 181/2000 sobre la constitucionalidad del Baremo Fundamentos jurídicos y fallo de la STC 181/2000 de 29 de junio Son extrapolables dicha doctrina y consecuencias a las Tablas II (muerte) y IV (lesiones permanentes del Baremo? El carácter vinculante del Baremo II.- CRITERIOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA LEGAL DE VALORACION DEL DAÑO PERSONAL Reglas y criterios legales de aplicación de las tablas I, II, III, IV, V y VI para la determinación de la responsabilidad y la indemnización. Explicación del sistema Criterios para la determinación de la responsabilidad y la indemnización Explicación del sistema. 32 3
4 2.-Criterios jurisprudenciales en la aplicación del sistema legal de valoración del daño personal Criterio doctrinal sobre la aplicación del régimen legal vigente en el momento de la producción del hecho que ocasiona el daño y valoración económica en el momento en que se produce el alta definitiva de la víctima Criterio doctrinal sobre la aplicación de los intereses moratorios del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro Criterio jurisprudencial sobre la compatibilidad de los factores de corrección del anexo, tabla IV Análisis del supuesto concreto del fallecimiento prematuro.. 53 III.- LA ACTUALIZACION DEL BAREMO. CAMINOS Y PROPUESTAS PARA SU MODIFICACIÓN. 65 IV.- LA VOCACIÓN EXPANSIVA DEL BAREMO DE CIRCULACIÓN Aplicación del Baremo en la jurisdicción civil Aplicación del Baremo en la jurisdicción penal Aplicación del Baremo en la jurisdicción contencioso-administrativa Aplicación del Baremo en la jurisdicción social V.- CONCLUSIONES FINALES BIBLIOGRAFIA ANEXO I.- Supuesto de hecho ANEXO II.- Jurisprudencia utilizada
5 ABREBIATURAS art. AP BOE CC CE CP EDJ FGE FJ LEC LCS LOTC LRCSCVM RD SAP SSTS STS TC TJUE TS artículo Audiencia Provincial Boletín Oficial del Estado Código Civil Constitución Española Código Penal Jurisprudencia- El Derecho Editores Fiscalía General del Estado Fundamento jurídico Ley de Enjuiciamiento Civil Ley del contrato de seguro Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en el ámbito de la circulación de vehículos a motor Real Decreto Sentencia de la Audiencia Provincial Sentencias del Tribunal Supremo Sentencia del Tribunal Supremo Tribunal Constitucional Tribunal de Justicia Europea Tribunal Supremo 5
7 I.-INTRODUCCIÓN 1-CUESTIÓN TRATADA EN EL TRABAJO FIN DE GRADO. El presente trabajo tiene como objeto el estudio de la doctrina jurisprudencial dictada en aplicación del <<Sistema de Valoración del daño corporal en el ámbito de la responsabilidad civil por accidente de circulación>>, abreviadamente conocido como << Baremo>> del Anexo del R.D. Legislativo 8/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (en adelante, LRCSCVM) 1. Inicialmente se realiza un estudio genérico del Baremo, en cuanto a su origen y principios y derechos a respetar, a su constitucionalidad, a su carácter vinculante, a su estructura tabular, al régimen legal vigente según el momento de producción del hecho dañoso y sobre la valoración económica. A continuación, de forma más exhaustiva, se analiza la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en aplicación de los factores de corrección de la Tabla IV del Baremo, fundamentalmente en cuanto a su compatibilidad, y se analizan pormenorizadamente dos sentencias de actualidad y de gran relevancia jurídica y económica: STS (Sala 1ª) de 10 de diciembre de 2009 (EDJ 2009/332672) y STS (Sala 1ª) de 13 de septiembre de 2012 (EDJ 2012/ ), en supuestos de fallecimiento prematuro de un gran inválido en las que se procede, en interpretación y aplicación del Baremo, a considerar compatibles todas las tablas del Baremo y a limitar y moderar las indemnizaciones a consecuencia del fallecimiento prematuro, integrando lagunas. El estudio de las dos sentencias se completa con la repercusión económica que la aplicación práctica de su doctrina puede conllevar en otros supuestos de hecho. A continuación, en el trabajo, se analiza la revisión del Baremo que se está llevando a cabo por la Comisión de Expertos nombrada al efecto. 1 Publicado en: BOE , y modificado por la Ley 21/2007, de 11 de julio por la que se modifica Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor y la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (BOE ). 7
8 En último lugar se estudia la aplicación analógica y no vinculante del Baremo por parte de los tribunales de justicia de los diferentes órdenes jurisdiccionales: civil, penal, social y contencioso administrativo se está llevando a cabo. 2-RAZÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN DE SU INTERÉS Vivimos en una sociedad en la que el automóvil se ha convertido en un medio necesario para la vida, y así lo demuestra el número actual de vehículos asegurados en España: 29 millones. Esto ha conllevado a la vez una elevada accidentalidad en las carreteras españolas, siendo ésta la quinta causa de mortalidad de la población española. Desde el año 2000 hasta el 2012 se han producido un total de siniestros 2. Hablando en términos económicos, un total de 1,4 millones de euros es lo que pierde la sociedad cada vez que una persona fallece en España en un accidente ocurrido en la carretera, según un estudio encargado por la Dirección General de Tráfico a la Universidad de Murcia 3. A esto hay que añadir el coste social que ello conlleva, pues todas las personas que mueren, se lesionan o quedan discapacitadas por un accidente de tráfico tienen una red de personas allegadas, como familiares y amigos, que resultan profundamente afectadas. En el mundo, millones de personas se enfrentan a la muerte o la discapacidad de familiares debido a lesiones causadas por el tráfico, por lo que sería imposible asignar un valor cuantitativo a cada caso de sacrificio y sufrimiento humano, sumarlos todos y obtener una cifra que refleje el coste social mundial de los choques y las lesiones causadas por el tráfico. Es esta elevada siniestralidad y el coste económico y social que ésta conlleva lo que ha obligado al legislador a preocuparse por ordenar dos principales ámbitos o aspectos: las normas que regulan la circulación de los vehículos, y las que tratan de aliviar, si cabe, las consecuencias de los accidentes que se producen. La primera preocupación ha generado multitud de normas jurídicas, que van desde el Código de Circulación 4, 2 Véase Memoria Social del Seguro Español de 2012-UNESPA. <www.unespa.es/adjuntos/fichero_ 3575_ pdf > última visita: Véase Diario ABC, 29 de abril de 2011 o La Gaceta de Salamanca, 30 de enero de Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre el Tráfico, circulación de Vehículos a Motor y Seguridad vial (BOE ). 8
9 pasando por la Ley sobre tráfico 5, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, y al final de la jerarquía, las ordenanzas municipales de ordenación del trafico urbano. La segunda halla su cobertura en la LRCSCVM, Ley que introdujo como Anexo a la misma el <<Sistema de Valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación>>. Este sistema de valoración se articula mediante unas tablas que incluyen los conceptos indemnizables así como las cuantías indemnizatorias a otorgar. La novedad de este modelo de valoración de las indemnizaciones se halla en la obligatoriedad de su aplicación por parte del juez. Según palabras del propio legislador, con la introducción del baremo se persiguió la desjudicialización de las reclamaciones, garantizando la igualdad de criterios en la valoración de las indemnizaciones; es decir, se quiso poner fin a la inseguridad jurídica y desigualdad que se producía entre los ciudadanos al quedar sometida la cuantía de la indemnización a la valoración del Juez, quien debía regirse por los principios generales del Derecho de Daños y ponderar las circunstancias del caso concreto. Esto provocaba una diferencia de trato ante los mismos hechos sometidos a distintos órganos judiciales que los ciudadanos no entendían. No obstante, a pesar de que la propia LRCSCVM establece el carácter vinculante del citado sistema de valoración de daños a las personas, conocido coloquialmente como <<baremo>>, existen disparidad de criterios jurisprudenciales en cuanto a su aplicación, así como constantes polémicas que han ido y van desde su carácter vinculante y su constitucionalidad, hasta las distintas formas de aplicar las reglas recogidas en las tablas, y las compatibilidades entre unos y otros factores de corrección y/o entre las propias tablas. Así, a lo largo de la exposición se van a estudiar algunas de las cuestiones más relevantes que se plantean en su aplicación con el fin de identificar las líneas jurisprudenciales existentes al aplicar esta normativa y establecer pautas interpretativas homogéneas y claras, analizando primero cuestiones más generales para después ir concretando en la aplicación del Baremo a determinados supuestos concretos. 5 Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación y Vehículos a Motor y Seguridad Vial (BOE ). 9
10 3-METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO El presente trabajo tiene como objeto el análisis de la doctrina jurisprudencial dictada en aplicación del Baremo del Anexo de la LRCSCVM <<sistema de valoración del daño personal>> en el ámbito de la responsabilidad civil por accidentes de circulación, comprendiendo el estudio con carácter genérico del Baremo y asimismo un análisis más exhaustivo de la doctrina jurisprudencial existente sobre aspectos especialmente conflictivos del Baremo como son la compatibilidad de los factores de corrección de la Tabla IV del Baremo y el supuesto concreto de valoración del daño de un gran inválido que fallece de forma prematura o no consecuencia o no del accidente. La investigación también comprende el análisis jurisprudencial en la aplicación del Baremo de Circulación, en otros ámbitos de responsabilidad y en otros órdenes jurisdiccionales, civil, penal, contencioso administrativo y laboral. Finalmente se estudia la necesidad de actualización del Baremo y las propuestas de la Comisión de Expertos nombrada al efecto que está realizando dicha actualización. La investigación jurídica, se ha llevado a cabo mediante el pluralismo metodológico aplicado al Derecho en el ámbito de la responsabilidad civil por accidentes de circulación, en su aspecto de la valoración de daño. Se ha comenzado con un análisis sobre el proceso histórico del Derecho positivo en vigor (método histórico) partiendo desde el momento en que no existía un sistema legal de valoración, sino la aplicación de los principios generales del derecho de daños por el juez en base a un sistema abierto primando el derecho a la reparación íntegra del perjudicado, con el valor de justicia como referente; hasta llegar al actual sistema legal de valoración del daño, tabular y vinculante para el juez. El sistema legal de valoración actual ha sido el resultado de la interacción tanto de los intereses de las compañías aseguradoras, que requieren de seguridad jurídica a la hora de hacer frente a las indemnizaciones que han de abonar a los perjudicados, en virtud del seguro de automóvil, como del derecho de los perjudicados a que se les indemnice y repare íntegra y justamente. 10
11 Finalmente se ha tomado en consideración que este Derecho positivo está en constante conexión con la realidad social que pretende regular y que por tanto requiere de unas actualizaciones y revisiones para mantener el respeto al valor de justicia, manteniendo el sistema tabular y vinculante. En el estudio del Derecho positivo en vigor se ha utilizado el método sistemático, por cuanto se ha estudiado el Baremo, como tal ley y sistema tasado tabular y vinculante pero buscando fundamentalmente su interpretación y aplicación por los Tribunales de Justicia (método deductivo), intentando obtener el resultado de conocer los criterios jurisprudenciales actualmente existentes en la aplicación del Baremo por los Tribunales 6. Dada la obligada extensión máxima del trabajo, el estudio del conjunto de los criterios jurisprudenciales supera las dimensiones del mismo, por eso se ha limitado a algunos aspectos concretos del Sistema. Especialmente y en concreto se han estudiado, entre otros, los factores de corrección de la Tabla IV y su aplicación para el supuesto de un gran inválido que fallece de forma <<prematura>> o no, a consecuencia o no del accidente de circulación. Posteriormente se ha analizado la doctrina del Tribunal Supremo recogida en las SSTS (Sala 1ª) de 10 de diciembre de 2009 (EDJ 2009/332672) y de 13 de septiembre de 2012 (EDJ 2012/ ) estudiando las consecuencias de la aplicación de la doctrina a un supuesto concreto, a fin de poder estudiar, en función del método inductivo como método antiformalista, si con la aplicación del Baremo y los criterios jurisprudenciales se sigue consiguiendo el fin perseguido o protegido por la norma (método finalista) (Jurisprudencia de intereses) para ese caso concreto 7. Se ha atendido a si en las Sentencias anteriormente señaladas si prima el valor de justicia en la aplicación del Baremo, o es el valor de seguridad el que prima aunque la interpretación y práctica judicial pueda tener como consecuencia la inseguridad y/o la 6 VILLASEÑOR RODRIGUEZ Y JUAN ANTONIO GÓMEZ GARCÍA, I., Investigación y documentación jurídicas, 2ª Edic., Dykinson, Madrid, 2013, p. 23 a BUESO GUILLÉN, P., BUESO GUILLÉN, P., Contratos de distribución comercial, restricciones verticales de la competencia y regla de razón: delimitación conceptual y tratamiento en el Derecho comunitario europeo, epg. I: Precisiones metodológicas de carácter general, tesis doctoral, Zaragoza, 1999, <zaguan.unizar.es/record/1922>, última visita
12 desigualdad, pues no sólo no se repara el daño íntegramente sino que tampoco se consigue el fin perseguido por la norma, siendo en su aplicación al caso injusta y desigual. Y es por tal razón que el Baremo requiere de una Revisión que garantice la reparación íntegra del daño y proteja más a todas las personas vulnerables que resulten dañadas como consecuencia de un accidente de circulación, como son los menores y/o los grandes inválidos, corrigiéndose también con la Revisión las deficiencias detectadas en su aplicación y en concreto, y entre otras, las que declaradas inconstitucionales o no, en la práctica no consiguen reparar el daño emergente futuro, ni el lucro cesante de un Incapacitado Permanente o de un muerto si ha habido culpa relevante. En este sentido se ha estudiado la <<Doctrina Xiol Ríos>> y el trabajo de actualización de la Comisión de Expertos en la revisión del Baremo 8. Finalmente, se hace una aproximación interdisciplinar a fin de estudiar la utilidad que tiene el Baremo como sistema, limitando la investigación a las siguientes cuestiones: vinculación o no del Baremo para otros Tribunales de otros Órdenes Jurisdiccionales y, el resultado indemnizatorio que se obtiene por el perjudicado en concreto en el accidente de trabajo al realizar la aplicación del citado Baremo, con la compensación de conceptos homogéneos y en concreto con la compensación de las prestaciones de Incapacidad Temporal e Incapacidad Permanente de la Seguridad Social y las mejoras voluntarias, pero no de los recargos de prestaciones, todo ello en el Orden Jurisdiccional Social. En definitiva, en este trabajo se ha analizado el Derecho positivo en vigor para la valoración del daño en el ámbito de accidentes de circulación, pero sin olvidar el estudio de cómo este Derecho positivo realmente se interpreta y aplica por los Tribunales, identificando y exponiendo los criterios jurisprudenciales actuales y cotejando finalmente en unos supuestos determinados el resultado de la aplicación del Derecho positivo en vigor y de los actuales criterios jurisprudenciales, lo que ha revelado la necesidad de que el Sistema o Baremo que sea revisado o actualizado, pues más allá de la seguridad jurídica, el principio rector y origen del Derecho de daños es el valor de justicia cumpliendo con el principio general del Derecho de <<obligación de 8 AGÜERO RAMÓN-LLIN, E., <<A vueltas con la actualización del Baremo: caminos y propuestas para su modificación>>. ponencia impartida en el XIX Congreso de Responsabilidad Civil y Seguros en el Illmo. Colegio de Abogados de Zaragoza los días 6 y 7 de febrero de
13 reparación íntegra al perjudicado>> y ello fundamentalmente en los casos de personas especialmente vulnerables como los menores y las personas en situación de gran invalidez. Debiendo la revisión respetar los principios y conceptos del Derecho de la Unión Europea (Directivas) y los criterios que recogen las Sentencias que el TJUE viene dictando en su interpretación y aplicación. 13
15 I.-EVOLUCIÓN Y FUNDAMENTOS DEL SISTEMA 1-SISTEMA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL ÁMBITO DE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR. El sistema de responsabilidad civil en el ámbito de la circulación de vehículos a motor queda establecido en el artículo 1.1 de la LRCSCVM, el cual establece que el conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación. En el caso de daños a las personas, señala el precepto que, de esta responsabilidad sólo quedará el conductor exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos únicamente a la conducta o la negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo. No se considerarán casos de fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos. Asimismo, indica el art. 1.1 que en el caso de daños en los bienes, el conductor responderá frente a terceros cuando resulte civilmente responsable según lo establecido en los arts y siguientes del Código Civil (en adelante, CC) y 109 y siguientes del Código Penal (en adelante, CP), y según lo dispuesto en esta ley. Si concurre la negligencia del conductor y la del perjudicado, indica el citado artículo que se procederá a la equitativa moderación de la responsabilidad y al reparto en la cuantía de la indemnización, atendida la respectiva entidad de las culpas concurrentes. Por último, el art. 1.1 establece que el propietario no conductor responderá de los daños a las personas y en los bienes ocasionados por el conductor cuando esté vinculado con éste por alguna de las relaciones que regulan los arts CC y CP. Esta responsabilidad cesará cuando el mencionado propietario pruebe que empleó toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. 15
16 El último párrafo del art. 1.1 LRCSCVM 9 incluye también como responsable al propietario de vehículo no asegurado en los casos de daños producidos por el conductor a las personas y a los bienes, salvo que aquel pueda probar que el vehículo le fue sustraído. Este precepto mantiene el doble sistema de responsabilidad según que los daños afecten a las personas o a las cosas que ya se introdujo en el RD Legislativo 1301/1986, de 28 de junio por el que se adapta el Texto Refundido de la Ley de Uso y Circulación de Vehículos a Motor al ordenamiento comunitario 10. Para los daños a las personas se establece un sistema objetivo y para los daños a los bienes se establece un sistema subjetivo. Desaparece, eso sí, en materia de daños personales, el doble régimen de responsabilidad para este tipo de daños: hasta una determinada cifra (la representada por los límites cuantitativos del Seguro Obligatorio) la responsabilidad era objetiva, mientras que más allá lo era por culpa. Ahora se unifica el régimen de responsabilidad en el caso de daños corporales sin distinción alguna pudiendo calificarse como responsabilidad objetiva en la que el conductor sólo puede exonerarse de responsabilidad en dos casos: conducta o culpa exclusiva del perjudicado y fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo. Todos los autores 11 coinciden en que el sistema de responsabilidad civil por daños en las personas, a diferencia de los daños sobre las cosas, es de naturaleza objetiva pues sólo permite al conductor causante del daño exonerarse de responsabilidad oponiendo la conducta o culpa exclusiva de la víctima o la fuerza mayor. Esta responsabilidad objetiva por daños personales tiene su fundamento en el riesgo que entraña el sector de la circulación de vehículos a motor que ha de permitir la inmediata reparación de ese tipo de daños no obligando al perjudicado a tener que acreditar la concurrencia de la culpa del conductor. 9 Introducido por la Ley 21/2007, de 11 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (BOE ). 10 Publicado en el BOE Véanse et al. MEDINA CRESPO: La valoración civil del daño corporal. Bases para un tratado, Tomo IV. El fallecimiento, Dykinson, Madrid, 2000, p. 181 a 195, y REGLERO CAMPOS, L.F., Accidentes de Circulación: Responsabilidad Civil y Seguro, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2004, p. 200 a
17 Los límites cuantitativos de la indemnización por los daños a las personas acaecidos en el ámbito de la circulación vienen determinados por el sistema de valoración contenida en el Anexo de la LRCSCVM aplicable tanto en los casos de imputación objetiva como por culpa. Si la indemnización excede de la cuantía cubierta por el seguro obligatorio, el exceso correrá a cargo del asegurador voluntario o, en su caso, del conductor o del propietario del vehículo, cuya obligación de reparar también vendrá medida por los conceptos y cuantías indemnizatorias del citado Anexo. Debe tenerse presente que, tras la sentencia del Tribunal Constitucional (en adelante, TC) de 29 de junio del 2000 (EDJ 2000/13213), como más adelante se expondrá 12, la indemnización de los perjuicios económicos derivados de la incapacidad temporal, cuando interviene culpa en el agente, no está sujeta a los límites del apartado B) de la Tabla V, sino que se determinará conforme a lo que alegue y acredite el perjudicado. En el ámbito penal, el art. 109 CP establece que quien cometa un delito o falta está obligado a reparar, en los términos previstos en las Leyes, los daños y perjuicios por él causados. Como la condena penal exige, al menos, imprudencia (art. 5 CP), de forma indirecta se está exigiendo la prueba de la culpa del conductor causante del siniestro para obtener la correspondiente reparación que requiere como presupuesto la previa condena penal. En lo que se refiere a la prueba de los daños y perjuicios derivados de un accidente de circulación, es preciso distinguir entre daños materiales y personales (lesiones o secuelas), ya que el propio art. 1 LRCSCVM establece un régimen probatorio distinto para los mismos. En el caso de los daños materiales, el art. 1.3 LRCSCVM remite expresamente al art.1902 CC, por lo que el régimen probatorio de estos daños es el ordinario de la responsabilidad extracontractual, basado en el elemento culpabilístico. 12 Véase infra, ep.i
18 Este artículo, en el caso de una colisión recíproca de vehículos, debe interpretarse en el sentido de que a la hora de enjuiciar las conductas de los conductores implicados, el actor es quien debe probar los hechos constitutivos de su pretensión 13. En el caso de daños personales, el art. 1.2 LRCSCVM establece un principio de responsabilidad <<cuasi-objetiva>> con las implicaciones probatorias que ello conlleva, esto es, la inversión de la carga de la prueba en lo que al requisito de la culpabilidad del agente se refiere 14. Tratándose de lesiones o secuelas, e independientemente de a quién sean causadas, el conductor del vehículo a motor es responsable en virtud del riesgo creado por la conducción del mismo, salvo que pruebe que los daños personales reclamados fueron debidos únicamente a la conducta o a la negligencia del perjudicado, a la fuerza mayor extraña a la conducción, o al funcionamiento del vehículo. 2-LA REPARACION DEL DAÑO CORPORAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS Se puede afirmar, con carácter previo, que en España es donde se han producido los cambios más drásticos en materia de valoración de daños corporales, pues hemos pasado de tener un sistema de valoración sustentado en los principios de reparación integral del daño y el de la discrecionalidad judicial en la reparación, a tener que asumir un sistema legal y tasado de valoración del daño. Así, inicialmente la indemnización se regía por los principios generales del Derecho de daños y era el juez el que, ponderando las circunstancias del caso fijaba la indemnización. Con este sistema abierto el juez disponía de total libertad en la fijación de la indemnización económica y ello dio lugar a una disparidad de criterios frente a idénticos supuestos, lo cual generaba una enorme inseguridad jurídica y una desigualdad entre los ciudadanos, ya que las indemnizaciones diferían considerablemente de unos Tribunales a otros ante casos similares. 13 Véase REGLERO CAMPOS, L.F., Accidentes de circulación cit., p.206 a GONZALEZ PÓVEDA, P., << La Responsabilidad Civil derivada del uso y circulación de vehículos a motor >>, Bosch, p.717 a 721, < bosch.es/actualizaciones/xiv.pdf>. Última visita:
19 La extrema dificultad de someter al principio de la reparación integral la valoración de los daños corporales y extrapatrimoniales que de este daño pueden derivar, la práctica judicial de globalización del quantum bajo el amparo del principio de discrecionalidad que los jueces ostentan en la reparación, y la fuerte presión ejercida por las compañías aseguradoras, fueron factores que contribuyeron a que se aprobara en España un baremo legal de daños corporales para el ámbito de los accidentes de tráfico La Orden Ministerial de 5 de marzo de 1991 para la valoración de los daños corporales en accidentes de circulación 16. Un primer paso para reconducir la situación generada por las resoluciones judiciales y para tasar las indemnizaciones se da con la publicación de un baremo de daños corporales, de carácter meramente orientativo y no vinculante para los jueces, cuya iniciativa correspondió a diversas entidades de seguros contando con la colaboración de la Dirección General de Seguros. En dicho baremo se utilizaba para valorar las lesiones permanentes la técnica del cálculo por puntos, es decir, que la piedra angular del sistema era el grado de incapacidad que al perjudicado le queda, el cual multiplicado por el valor del punto, daba una cantidad que servía para indemnizar, tanto el perjuicio corporal, como el moral y el patrimonial -lucro cesante-. La aceptación del Sistema no vinculante por parte de los jueces fue muy heterogénea. Se aprecian dos perfiles diferentes entre los Jueces: los que prefieren aplicar las tablas para no plantearse problemas, y aquellos que no las acatan porque lo consideran una merma de su discrecionalidad judicial. 15 Véase REGLERO CAMPOS, L.F., Tratado de responsabilidad civil. Tomo I, Parte General, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2008, p.403 a Publicada en el BOE
20 2.2-La valoración de los daños corporales derivados de accidentes de circulación en la Ley 30/95, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados 17. A la vista de que la solución no acabó de convencer a ninguno de los sectores implicados y aprovechando al coyuntura de la elaboración de una nueva ley que adaptase el negocio asegurador a las exigencias comunitarias, se procede a la implantación de un sistema de valoración de los daños corporales semejante al anterior pero de carácter vinculante. El día 9 de noviembre de 1995 fue publicada la mencionada norma, la cual perseguía en su conjunto la adaptación del derecho español a las exigencias comunitarias. A su vez, la Disposición adicional 8ª de esta ley, modifica y cambia la denominación de la Ley de Uso y Circulación de Vehículos a Motor, que a partir de ahí pasa a ser la <<Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor>>, y dentro de la cual, como anexo a la misma, se incorpora el <<Sistema de Valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación>>. Posteriormente, el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre derogó el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por Decreto 632/1968, de 21 de marzo 18, y la Disposición Adicional octava de la Ley 30/1995 de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados. Éste es posteriormente modificado por la Ley 21/2007, de 11 de julio. Con la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, la aplicación del Baremo pasó a ser obligatoria en la 17 Publicada en el BOE Por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 122/1962, de 24 de diciembre, sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (vigente hasta el 6 de noviembre de 2004) (BOE ). 20

References: artículo 20
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 1
 Real Decreto