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Timestamp: 2020-02-27 23:31:42+00:00

Document:
﻿ LAUDO EN DERECHO G.F. SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. VS CORPORACIÓN DE ABASTOS S.A. CORABASTOS MAYO 11 DE 2000
LAUDO EN DERECHO DE 11 DE MAYO DE 2000
CONTENIDO:• El análisis de la objeción sobre el peritazgo no recae sobre este sino sobre las fallas imputadas, para determinar si son deficiencias de tal magnitud que den lugar a conclusiones equivocadas, a las que no hubiera llegado sin dicho error, o por que el error se haya originado en tales circunstancias.• Lo que se objeta es el dictamen mismo y no de su aclaración o adición.• Al ser Corabastos una sociedad de economía mixta, es una entidad estatal a la que se le aplica la Ley 80 de 1993.• La actividad desarrollada en plazas de mercado, como las corporaciones de abastos que atienden al consumidor que las visita como plaza y a otros eslabones de la cadena comercialización que se abastecen en tales centrales corresponde al objeto de los contratos de concesión.• En los casos en que el equilibrio contractual se rompe por imprevistos no imputables a ninguna de las partes la entidad estatal debe equilibrar la balanza hasta el punto de no pérdida, el concesionario asume parte del riesgo y la entidad estatal no tiene que compensar lo que el contratista esperaba obtener.• En caso de ruptura del equilibrio contractual por incumplimiento de la entidad estatal, debe ser integral, esto es incluyendo la utilidad que esperaba obtener con la ejecución del contrato y no obtuvo por culpa de la entidad estatal.• El particular que contrata con el estado no es la contraparte, sino un colaborador de la administración.• El restablecimiento del equilibrio económico debe ser solicitado por la parte afectada durante la vigencia del contrato o durante la liquidación del mismo. • El acta de liquidación tiene como fin el ajuste final de cuentas entre las partes, para que estas mismas queden a paz y salvo por todo concepto derivado del negocio jurídico.• En el acta de liquidación las partes pueden dejar salvedades en torno a uno o varios puntos que pueden ser objeto de controversia ante la jurisdicción. • Al ser el contrato de concesión un contrato de tracto sucesivo requiere la elaboración de un acta de liquidación como mecanismo para finiquitar las relaciones entre las partes contratantes.• La liquidación finiquita la relación entre las partes del negocio jurídico, por ende no puede con posterioridad demandarse reclamaciones que no se hicieron en ese momento.• El acta de liquidación inobjetada es un negocio jurídico pleno y valido, por que refleja la manifestación libre y voluntaria de las partesy mientras no se demuestre lo contrario produce efectos. • El tribunal de arbitramento es competente única y exclusivamente para conocer de toda controversia relativa al contrato generador de las obligaciones y no sobre posibles adjudicaciones de una licitación pública.
ÁRBITROS:Alfredo Vásquez Villarreal, Arturo Ferrer Carrasco, Carlos Paz Méndez
DEMANDANTE:G.F. Servicios Empresariales S.A.
DEMANDADO:Corporación de Abastos S.A. Corabastos
NORMAS ANALIZADAS:Código de Procedimiento Civil, arts. 238, 428Código Sustantivo del Trabajo, art. 430 Decreto 222 de 1983Decreto 2279 de 1989Ley 80 de 1993 Ley 446 de 1998
G.F. Servicios Empresariales
Mayo 11 de 2000
En Santafé de Bogotá, D.C., a las nueve y treinta de la mañana (9:30 a.m.) del día once (11) de mayo de 2000, día y hora señalados en el auto 30 que consta en el acta 29 que obra a folio 599 del cuaderno principal 2 del expediente contentivo del trámite arbitral de G.F. Servicios Empresariales S.A. v. Corporación se Abastos S.A. (en adelante Corabastos) se reunieron en la sede del Centro de Conciliación y Arbitraje Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, sede norte, los doctores Alfredo Vásquez Villarreal, quien presidió, Arturo Ferrer Carrasco, y Carlos Paz Méndez, árbitros, y el doctor Ricardo Vanegas Beltrán, secretario, con el objeto de llevar a cabo la audiencia de fallo de conformidad con lo dispuesto en el mencionado auto 30 de marzo 28 de 2000. Asistieron igualmente los apoderados de las partes, doctores Tulio Cárdenas y Adalberto Beltrán.
Instalada la audiencia, el presidente solicitó al secretario dar lectura al laudo que pone fin al proceso, el cual se pronuncia en derecho y es aprobado por unanimidad por los tres árbitros que integran el tribunal.
Santafé de Bogotá, D.C., once de mayo de 2000.
Agotado el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, procede el Tribunal de Arbitramento a dictar el laudo que pone fin al proceso arbitral convocado por G.F. Servicios Empresariales S.A. para dirimir los conflictos que en relación con el contrato 040-93 se han presentado entre dicha convocante y “Corporación de Abastos de Bogotá S.A., Corabastos” parte convocada al presente trámite.
1. La demanda y su contestación
Mediante escrito presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá el 13 de abril de 1998, la sociedad G.F. Servicios Empresariales S.A., presentó demanda ordinaria arbitral en contra de la sociedad Corporación de Abastos de Bogotá S.A., Corabastos.
Posteriormente y estando dentro del término legal, la sociedad Corporación de Abastos de Bogotá S.A., Corabastos, mediante escrito presentado el 19 de mayo de 1998 dio contestación a la demanda y propuso las excepciones que consideró pertinentes.
En el presente caso, el pacto arbitral se encuentra contenido en la cláusula vigesimaprimera del contrato 040-93 celebrado entre la convocante y la convocada a cuyo tenor:
“Toda diferencia o controversia relativa a este contrato y a su ejecución y liquidación, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento designado por la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las listas que lleva dicha cámara. El tribunal así constituido se sujetará a lo dispuesto por el Decreto 2279 de 1989 y a las demás disposiciones legales que lo modifiquen o adicionen, de acuerdo con las siguientes reglas: 1. El tribunal estará integrado por tres (3) árbitros; 2. La organización interna del tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá; 3. El tribunal decidirá en derecho. 4. El tribunal funcionará en la ciudad de Santafé de Bogotá en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de esta ciudad”.
3. Trámite inicial en la etapa prearbitral
Tras la presentación de la convocatoria por parte del apoderado de la sociedad G.F. Servicios Empresariales S.A., el 14 de abril de 1998, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, admitió la solicitud de convocatoria y corrió traslado de la misma a la parte convocada de conformidad con el artículo 428 del Código de Procedimiento Civil.
Realizada la respectiva notificación, como consta en el informe del 23 de abril de 1998, obrante a folio 39 del cuaderno principal 1, la sociedad convocada dio contestación a la solicitud de convocatoria mediante escrito presentado el 19 de mayo de 1998.
Posteriormente, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante auto del 10 de junio de 1998, fijó fecha para llevar a cabo audiencia de conciliación, señalando para tal efecto el día 26 de junio de 1998 a las 10:00 a.m. Tras varias solicitudes de aplazamiento elevadas por los apoderados de ambas partes, finalmente se fijó como fecha para llevar a cabo dicha audiencia el 21 de octubre de 1998 a las 10:00 a.m.
Llegado el día y la hora señalada (fl. 137 de cdno. ppal. 1) se dio inicio a la referida audiencia de conciliación en la cual estuvieron presentes el representante legal de la sociedad G.F. Servicios Empresariales S.A., su apoderado, el representante legal de la sociedad Corporación de Abastos de Bogotá S.A., Corabastos y su apoderado, audiencia dentro de la cual no fue posible llegar a acuerdo alguno, por lo que, esta se dio por terminada.
4. Nombramiento de los árbitros
De conformidad con lo establecido en el pacto arbitral, la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, designó como árbitros para el presente asunto a los doctores Alfredo Vásquez Villarreal, Arturo Ferrer Carrasco y Pedro Nel Escorcia. Tal nombramiento les fue comunicado a los árbitros designados mediante comunicaciones del 16 de diciembre de 1998.
Los doctores Alfredo Vásquez Villarreal y Arturo Ferrer Carrasco, mediante comunicaciones del 23 de diciembre y 21 de diciembre de 1998 respectivamente, aceptaron su designación dentro del término legal. Por su parte el doctor Pedro Nel Escorcia guardó silencio, por lo que la cual(sic) la junta directiva de la Cámara de Comercio designó, en su reemplazo, al doctor Carlos Paz Méndez, quien mediante comunicación de 27 de enero de 1999 aceptó su designación.
5. Instalación del tribunal
Tras la integración del Tribunal de Arbitramento, el centro de arbitraje y conciliación fijó como fecha para celebrar la audiencia de instalación el día 9 de marzo de 1999 a las 10:30 a.m.
Llegado el día y la hora fijados para llevar a cabo la audiencia de instalación y se hicieron presentes los doctores Carlos Paz Méndez, Arturo Ferrer Carrasco, Alfredo Vásquez Villarreal, la doctora Adriana Polanía Polanía, en su calidad de directora del centro de arbitraje y conciliación, y los apoderados de las partes. Dentro de la audiencia se designó como presidente del tribunal al doctor Alfredo Vásquez Villarreal y como secretario al doctor Ricardo Vanegas Beltrán.
Acto seguido se profirió el auto 1, por medio del cual se declaró legalmente instalado en tribunal, se nombró como secretaria ad-hoc a la doctora Adriana Polanía P. y se fijaron los honorarios de los árbitros, del secretario y los gastos de administración. La anterior providencia fue notificada en estrados.
6. Sumas a cargo de las partes
En la audiencia a que se hizo alusión en el numeral anterior se fijaron como sumas a cargo de las partes para el funcionamiento del tribunal las que se describen a continuación:
“Honorarios para cada árbitro: $ 9.455.000
Para un total de: $ 28.365.000
Honorarios para el secretario: $ 4.727.500
Gastos de funcionamiento, administración: $ 1.960.000 + IVA
Protocolización, registro y otros: $ 4.947.500
Total: $ 40.000.000”.
Teniendo en cuenta lo anterior, a cada parte le correspondía cancelar la suma de $ 20.000.000 más el IVA sobre la suma señalada como gastos de funcionamiento y administración. Esta suma de conformidad con la retención en la fuente y con el IVA que los afectó se pagó, por cada parte, de la siguiente manera:
50% de los honorarios para el árbitro doctor
Arturo Ferrer Carrasco: $ 4.727.500
Menos retención sobre dicha suma: $ (472.750)
Más IVA sobre dicha suma: $ 756.400
Total neto a girar: $ 5.011.150
50% de los honorarios para el árbitro doctor Carlos Paz Méndez: $ 4.727.500
Más IVA sobre dicha suma
Total neto a girar: $ 5.254.750
50% de los honorarios para el árbitro Dr. Alfredo Vásquez Villarreal: $ 4.727.500
50% de los honorarios del secretario doctor Ricardo Vanegas Beltrán: $ 2.363.750
Menos retención sobre dicha suma: $ 236.375
El beneficiario manifestó que no hay lugar a IVA sobre sus honorarios
Total neto a girar: $ 2.217.375
50% de la partida para la Cámara de Comercio por concepto de derechos por funcionamiento y administración: $ 980.000
Más IVA sobre dicha suma: $ 156.800
Total neto a girar: $ 1.136.800
50% gastos varios: $ 2.473.750
Total correspondiente a cada parte: $ 20.014.975
Realizada la audiencia de instalación del tribunal, los apoderados de las partes, mediante memorial presentado conjuntamente el 24 de marzo de 1999 solicitaron una suspensión del proceso por el término de 5 días hábiles. El mismo día de la presentación del memorial, mediante auto 2 el tribunal decretó la suspensión del proceso por el término solicitado.
Posteriormente, el 31 de marzo de 1999, los apoderados de las partes solicitaron nuevamente una suspensión del proceso por el término de 20 días, suspensión que fue decretada por el tribunal mediante auto del 5 de abril de 1999. En esta misma fecha, los apoderados de las partes se dieron por notificados del auto que antecede y solicitaron nuevamente la suspensión del proceso esta vez por el término de 5 días hábiles, término este que fue concedido por el tribunal mediante auto del 6 de mayo del mismo año.
El 13 de mayo de 1999 se llevó a cabo la audiencia y dentro de la misma los apoderados solicitaron decretar nuevamente la suspensión del proceso hasta el día 21 de mayo de 1999. Acto seguido el tribunal decretó la mencionada suspensión y fijó como fecha para dar inicio al trámite arbitral el día 24 de mayo de 1999 a las 2:30 p.m. De igual manera el tribunal puso de presente que en el evento en que las partes no cancelaren las erogaciones a su cargo dentro del término legal, se declararían extinguidos los efectos de la cláusula compromisoria de conformidad con el artículo 105 de la Ley 23 de 1991.
Llegado el día del vencimiento de la suspensión decretada, los apoderados de la partes presentaron ante el tribunal un memorial solicitando la suspensión por el término de 15 días hábiles, solicitud que fue concedida mediante auto del mismo 21 de mayo de 1999, en el cual además se fijó nueva fecha para la primera audiencia de trámite señalando el día 17 de junio de 1999.
Mediante auto del 19 de julio de 1999 el tribunal tuvo por consignado en tiempo por G.F. Servicios Empresariales S.A. la cantidad a su cargo así como el 50% a cargo de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A., Corabastos. De la misma manera citó a las partes para la primera audiencia de trámite fijando como fecha para tal efecto el 9 de agosto de 1999 a las 9:00 a.m.
7. Trámite arbitral
Llegada la fecha fijada por el tribunal se dio inició a la primera audiencia de trámite, de conformidad con el artículo 124 de la Ley 446 de 1998. En primer lugar se procedió a examinar la competencia del tribunal, para tal efecto se discutieron varios aspectos y se dio lectura a la cláusula compromisoria luego de lo cual, el tribunal mediante auto 7 de la misma fecha, se declaró competente. Acto seguido, mediante auto 8, se procedió a decretar la totalidad de las pruebas solicitadas por la convocante, las pedidas por la parte convocada y las que se decretaron de oficio. Por último, mediante auto 9, se citó a las partes a la siguiente audiencia el 18 de agosto de 1999 alas 2:00 p.m. para iniciar el trámite del recaudo probatorio.
El día previamente señalado, esto es el 18 de agosto de 1999 se realizó la primera audiencia de práctica de pruebas, diligencia en la cual se señalaron fechas para la práctica de algunas pruebas y a solicitud de las partes se decretó la suspensión del proceso desde el 10 de septiembre de 1999 hasta el 7 de octubre del mismo año ambas fechas inclusive.
Nuevamente, mediante escrito presentado al tribunal, las partes solicitaron la suspensión del proceso del 16 de diciembre de 1999 al 16 de enero de 2000, ambas fechas inclusive, suspensión que fue concedida mediante auto 24 del 15 de diciembre de 1999.
Después de practicadas la totalidad de las pruebas que habían sido decretadas por el tribunal, se procedió a fijar fecha a fin de intentar conciliar las posiciones enfrentadas, señalándose el día 2 de febrero de 2000 a las 11:00 a.m. Llegado el día y la hora se dio inicio a la audiencia dentro de la cual se trató de llegar a un acuerdo conciliatorio sin obtener resultados positivos.
En audiencia celebrada el 3 de marzo de 2000, se fijó como fecha para llevar a cabo la audiencia de alegatos de conclusión el día 28 de marzo de 2000 a las 9:30 a.m.
En efecto, el día 28 de marzo de 2000 a las 9:30 a.m., se abrió la audiencia de alegatos y fueron presentados los alegatos de conclusión por los apoderados de cada una de las partes quienes igualmente hicieron entrega de los respectivos memoriales que contienen el resumen de sus alegatos.
Escuchada la presentación de los alegatos de conclusión, el tribunal, mediante auto 30 de ese mismo día, fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de fallo, señalando el día 11de mayo de 2000 a las 9:30 a.m. para tal efecto.
Por no existir término especial pactado por las partes en la cláusula compromisoria y de conformidad con lo establecido por el artículo 19 de la Ley 23 de 1991, el presente proceso arbitral tiene un término de duración de 6 meses contados a partir de la primera audiencia de trámite. Este término, corriente desde el 9 de agosto de 1999, fecha de la primera audiencia de trámite, hubiera vencido el 9 de febrero de 2000. Sin embargo, existen cuatro períodos durante los cuales no corrieron términos, por las suspensiones del proceso solicitadas por las partes, a saber:
a) Suspensión decretada mediante auto 10 del 18 de agosto de 1999, del 10 de septiembre al 7 de octubre de 1999;
b) Suspensión decretada mediante auto 24 del 15 de diciembre de 1999, del 16 de diciembre de 1999 al 16 de enero de 2000;
c) Suspensión decretada mediante auto 29 del 3 de marzo de 2000, del 4 de marzo al 27 de marzo de 2000;
d) Suspensión decretada mediante auto 30 del 28 de marzo de 2000, del 29 de marzo al 10 de mayo de 2000.
Descontados los 84 días de suspensión tenemos que el término para pronunciar el laudo vence efectivamente el próximo 13 de junio de 2000, por lo cual el presente laudo se dicta en tiempo hábil.
9. Representación de las partes
Como consta en los folios 36 y 58 del cuaderno principal 1, las partes actuaron debidamente representadas.
Controversias sometidas a conocimiento del tribunal
1. Pretensiones de la demanda
Mediante la solicitud de convocatoria del Tribunal de Arbitramento, el apoderado de la sociedad G.F. Servicios Empresariales solicitó se realizaran las siguientes declaraciones y condenas:
“Primera. Que se declare que en desarrollo del contrato 040-93 celebrado entre Corabastos y G.F. Servicios Empresariales S.A. se presentaron circunstancias ajenas al contratista que generaron el rompimiento del equilibrio económico del contrato.
Segunda. Que como consecuencia de lo anterior, se declare que G.F. Servicios Empresariales S.A. tenía y tiene derecho al restablecimiento del pleno equilibrio económico del contrato.
Tercera. Que se ordene a Corabastos restablecer a G.F. Servicios Empresariales S.A. las condiciones económicas en que se encontraría si no se hubiere producido el rompimiento del equilibrio económico del contrato. Para tal efecto que se impongan las siguientes condenas, o aquellas semejantes que el honorable tribunal tenga a bien imponer:
3.1. Que se condene a Corabastos al pago en favor de G.F. Servicios Empresariales S.A. en todas las pérdidas sufridas por esta compañía con ocasión o en desarrollo del contrato C-040-93, pérdidas que cortadas a 31 de diciembre de 1995 ascienden a la suma de trescientos treinta y ocho millones cuatrocientos veintidós mil ochocientos setenta y tres pesos ($ 338.422.873) m/cte.
3.2. Que se condene a Corabastos a pagar a G.F. Servicios Empresariales S.A. la actualización o corrección monetaria de la precitada cifra de $ 338.422.873, desde el momento de su causación y hasta el momento del pago, corrección monetaria que a 31 de marzo de 1998 asciende a la suma de cuatrocientos cuarenta y siete millones seiscientos cincuenta y siete mil doscientos treinta y ocho pesos ($ 447.65.238).
Cuarta. Que se declare que los incumplimientos en los pagos que el contratista se obligó a efectuar en favor de Corabastos fueron propiciados por el rompimiento del equilibrio económico del contrato.
Quinta. Que como consecuencia de la anterior declaración se disponga la revocatoria de la directiva de gerencia 098-95 mediante la cual se declaró el incumplimiento del contrato y se impuso la multa, con la consecuente revocatoria de la multa.
Sexta. Que se declare que Corabastos incumplió el contrato C-040-93 al negarse a entregar al contratista el seis por ciento (6%) que a este, correspondía sobre los rodamientos mensuales que eran recaudados directamente por Corabastos o por terceras personas en nombre suyo.
Séptima. Que como consecuencia de la anterior declaración se condene a Corabastos a pagar a G.F. Servicios Empresariales S.A. la suma de veinticinco millones trescientos cuarenta mil setenta y cinco pesos ($ 25.340.075), o la que en su defecto se acredite dentro del proceso, por concepto de la participación a que tenía derecho sobre los rodamientos mensuales.
Octava. Que se condene a Corabastos a pagar a G.F. Servicios Empresariales S.A. la actualización o corrección monetaria de la precitada cifra de $ 25.340.075, desde el momento de su causación y hasta el momento del pago, corrección monetaria que a 31 de marzo de 1998 asciende a la suma de veintidós millones seiscientos treinta y un mil cuatrocientos ochenta y un pesos ($ 22.631.481).
Novena. Que se condene a Corabastos a pagar a G.F. Servicios Empresariales S.A. los perjuicios generados por pérdida de la expectativa que tenía en relación con la adjudicación de la licitación pública 005-95, adjudicación a la cual tenía derecho. Para este efecto, habrá de estarse el honorable tribunal al estimativo que sobre el monto de estos perjuicios se sirvan hacer los peritos designados para tal fin.
Décima. Que se condene a Corabastos al pago de las costas del proceso y agencias en derecho, de conformidad con la liquidación que en su debida oportunidad hará el honorable tribunal”.
2. Excepciones propuestas por la convocada
Por su parte el apoderado de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A., Corabastos, en el escrito contentivo de la contestación de la demanda propuso las excepciones que se exponen a continuación:
a) Excepción de extinción de las obligaciones
Manifiesta el apoderado de la entidad demandada que como es bien sabido las obligaciones se pueden extinguir por: 1. Extinción de la fuente que les ha dado nacimiento, 2. Por cumplimiento o pago de la obligación y 3. Por prescripción y los demás consagrados en el Código Civil.
Relata que tal como lo manifiesta el apoderado de la convocante, las partes con fundamento en las peticiones de la sociedad demandante, que aducía el rompimiento del equilibrio económico del contrato, revisaron el contrato original y en virtud de tal revisión redujeron el valor del reintegro fijo mensual a partir de 1994 tal como consta en el acta 9 de noviembre de 1994 aceptada y suscrita por ambas partes. Señala la demandada que “En dicha acta, el demandante reconocía y aceptaba el reajuste en los valores de reintegros causados desde el inicio del contrato y hasta la fecha de suscripción del acta en noviembre 9 de 1994, obligándose por este concepto a favor de Corabastos, a cancelar $ 65.280.000 el día 27 de diciembre de 1994”.
En lo referente a la solicitud de prórroga del contrato, pone de presente que si bien es cierto que su mandante solicitó la prórroga del contrato por dos meses, también lo es que el convocante aceptó tal solicitud “sin objeción alguna”, lo cual evidencia, en su sentir, la conformidad de la parte actora con los términos y condiciones del contrato, pues bien hubiere podido objetar los términos del contrato.
Ahora bien, pone de presente el apoderado de la parte convocada que mediante la directiva de gerencia 098-95, el gerente de Corabastos en uso de sus facultades legales y estatutarias declaró el incumplimiento del contrato 040-93 y su adicional 01-95, directiva que le fue notificada al accionante quien guardó silencio.
Finalmente pone de presente que mediante acta de enero 31 de 1996, suscrita por la delegada de G.F. Servicios Empresariales S.A., se realizó la liquidación final del contrato, incluyendo dentro de la tabla de valores pendientes de pago por parte de la peticionaria la suma que a título de multa le fuera impuesta. Por lo anterior, concluye el apoderado que en el presente caso las partes, plenamente capaces, y debidamente presentadas, decidieron liquidar el contrato dejando establecidas, de común acuerdo las obligaciones pendientes a cargo de la demandante, y ninguna a cargo de la demandada.
b) Excepción de contrato no cumplido
Pone de presente el apoderado de la demandada lo contenido en el artículo 1546 de Código Civil. De igual manera aduce que la sociedad convocante no ejecutó íntegra, efectiva y oportunamente el contrato 040-93 y que, en su decir, prueba de ello es el reiterado incumplimiento en su obligación de pagar el reintegro fijo mensual. Expresa que en razón a lo anterior se celebró el acta de revisión del contrato de fecha 9 de noviembre de 1994.
Relata que no obstante lo anterior, la convocante siguió incumpliendo los términos del contrato, como lo reconoció ella misma en el acta de liquidación final del contrato. Resalta que no le es posible a la firma accionante tratar ahora de revivir una situación ya definida mediante la suscripción de las actas ya mencionadas, más aun cuando guardó silencio ante la directiva de gerencia 98 por medio de la cual se declaró su incumplimiento, y no inició alguna de las acciones legales que hubiese podido incoar.
1. De la parte demandante - Hechos de la demanda
“Primero: En el año 1993 la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. (en adelante Corabastos) decidió adelantar a través de una empresa privada el recaudo del rodamiento que se cobra a los vehículos que ingresan diariamente a la central de Corabastos. Para tal efecto abrió una primera convocatoria pública, fruto de la cual el contrato fue adjudicado a la firma Interased Ltda. Este primer contrato fue objeto de rescisión a raíz de los continuos reclamos del contratista en el sentido de no recaudarse los valores proyectados. (Ver carta del 04 de mayo de 1994 dirigida por el gerente general de Corabastos a la Contraloría General de la Nación).
Segundo. Tras la terminación de este primer contrato, Corabastos adelantó una segunda convocatoria, correspondiente al proceso de convocatoria pública CA-12-93.
Tercero. Para efectos de esta contratación se disponía que los proponentes interesados debían ofrecer una suma por concepto de reintegro fijo mensual, suma que, como su nombre lo indica, correspondía a una suma fija que el contratista se obligaba a entregar mensualmente a Corabastos como producto de lo recaudado por ingreso de los vehículos, se disponía en los pliegos que el reintegro fijo mensual sería incrementado en un porcentaje equivalente al IPC más tres (3) puntos.
Cuarto. Con miras a que los proponentes hicieran el cálculo del reintegro fijo mensual que habrían de ofrecer, los pliegos de la convocatoria mencionaban la tarifa, entonces vigentes para las distintas categorías de vehículos, mencionaban el promedio de vehículos que ingresaban diariamente distribuido en las distintas categorías, y efectuaba unas proyecciones de ingresos por concepto de rodamiento. (ver nums. 2.2, 2.3 y 2.4 de la convocatoria). Incluso, en el numeral sobre ingresos proyectados se expresaba: “los ingresos proyectados basados en datos históricos, siempre son inferiores a los ingresos reales en razón a las prácticas cotidianas de ingresar sin cancelar la tarifa, o ingresar varias veces con la misma boleta, hecho que se busca eliminar con los equipos instalados, y que necesariamente van a producir de acuerdo a los cálculos realizados un incremento (sic) aproximado en los ingresos del 5 al 7%”. (ver pág. 11).
“Quinto. A partir de los cálculos efectuados por la corporación, la convocatoria establecía unos valores base mínimo para ofrecer (num. 3.2) que consagraban el valor mínimo de reintegro para 1993 y el valor mínimo de reintegro para 1994. Con fundamento en estos valores mínimos y basados en los porcentajes y proyecciones de ingresos, los distintos participantes debían ofrecer el reintegro mensual que se obligaban a hacer a favor de la corporación.
Sexto. En los pliegos de la convocatoria, el numeral 3.1. objetivos de la concesión, consagraba entre los objetivos básicos “que del total de ingresos de la empresa concesionaria perciba mensualmente se reintegre una parte del mismo a la corporación, estableciéndose un valor fijo de reintegro” y “que del margen de ingresos brutos para el contratista, entendiéndose por tal la diferencia entre el total de ingresos percibido menos el reintegro para la corporación, se asuma por el contratista el margen de la utilidad neta y los costos operacionales… (negrilla) con lo cual era claro que los ingresos del contratista debían ser suficientes para cubrir el monto del reintegro, los costos operacionales y debían dejar un margen de utilidad neta que hiciera atractivo el negocio.
Séptimo. Con fundamento en estos datos suministrados en los pliegos y conforme los demás requisitos de la convocatoria, la firma Garavito Franco Servicios Empresariales y Cía. Ltda., hoy G.F. Servicios Empresariales S.A., presentó su propuesta para la convocatoria CA-02-93, ofreciendo un reintegro fijo mensual de ciento ochenta y cuatro millones trescientos mil pesos ($ 184.300.000).
Octavo. Tras el estudio de las ofertas presentadas la empresa G.F. Servicios Empresariales S.A. resultó favorecida con la adjudicación del contrato y el día primero (1º) de noviembre de 1993 se celebró entre esta empresa y Corabastos el contrato 040-93, cuyo objeto es “la concesión de la administración del recaudo diario y mensual que por concepto de rodamiento se cobra a los vehículos que ingresan a las instalaciones de la corporación asumiéndose por el contratista los gastos de operación de la actividad propia del recaudo, retornando a la corporación un valor fijo mensual de los ingresos que por concepto del rodamiento diario y mensual percibe el contratista” (Ver cláusula primera del contrato 040-93). Por haberse celebrado este contrato por una sociedad de economía mixta con participación estatal inferior al 90%, y antes de la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, el referido contrato está sujeto a las normas del derecho privado.
Noveno. Para efectos del contrato, el rodamiento diario está conformado por la tarifa que cada vehículo paga al momento de hacer su ingreso a la central, en tanto el rodamiento mensual corresponde a la suma que mensualmente y de manera anticipada pagaban determinados vehículos previamente autorizados por Corabastos, suma equivalente a multiplicar por treinta (30) la tarifa correspondiente, a su categoría. Estos vehículos que efectuaban el pago mensual anticipado se identificaban con una calcomanía y tenían dispuesta una puerta especial para su ingreso.
Décimo. Conforme lo disponía el parágrafo segundo de la cláusula segunda del contrato, en los vehículos autorizados para el pago de rodamiento mensual el montó del rodamiento se cobraba a través de la factura mensual de arrendamiento del puesto o local del usuario, por lo cual esta suma era cobrada y recibida directamente por Corabastos, o por una empresa contratada para el efecto por ellos, sin pasar por manos de G.F. Servicios Empresariales S.A.
Decimoprimero. El monto del reintegro fijo a que se obligaba el contratista en el contrato 040-93 contemplaba el pago de once millones quinientos mil pesos ($ 11.500.000) por concepto de rodamiento a cargo de los vehículos a los cuales se había autorizado el pago mensual anticipado, (737 vehículos para ser exactos). Por ello el parágrafo primero de la cláusula segunda establecía que el valor del reintegro fijo a cargo del contratista se reajustaría al variar el número de vehículos a los cuales se autorizara este sistema, reajuste que equivaldría al 94% de la tarifa correspondiente al respectivo vehículo. El reajuste se hacía solo en el 94% de la tarifa por cuanto se entendía que el restante 6% sería recibido por el contratista para cubrir sus costos y su utilidad.
Decimosegundo. A pesar de la previsión de este reajuste que el contrato contemplaba, el monto del reintegro fijo a cargo del contratista nunca fue reajustado al variar el número de vehículos y Corabastos, quien cobraba directamente (o a través de otros contratistas) estos dineros, nunca entregó al contratista el 6% que le correspondía sobre los vehículos que ingresaban bajo este sistema.
Decimotercero. Según el contrato, el pago del reintegro fijo a cargo del contratista debía efectuarse en dos contados iguales, pagaderos el día primero y el día quince (15) de cada mes.
Decimocuarto. Como consecuencia de la celebración del contrato 040-93 con Corabastos, G.F. Servicios Empresariales S.A. suscribió con la Fiduciaria Tequendama un contrato de fiducia mercantil, contrato de fecha 2 de noviembre de 1993, por virtud del cual se creaba un patrimonio autónomo encargado de manejar los recaudos y efectuar los pagos a Corabastos.
Decimoquinto. Transcurrido el primer mes de ejecución contractual, el contratista encontró que el volumen de ingreso de vehículos resultaba inferior al reseñado por Corabastos en el pliego de la convocatoria, y que sus ingresos resultaba insuficiente para cubrir el monto del reintegro fijo al cual estaba obligado. De hecho, los dos primeros meses de ejecución contractual (noviembre y diciembre de 1993) dejaron al contratista pérdidas superiores a los $ 53.000.000. Esta situación se repitió a lo largo de los meses subsiguientes, con el agravante de que a partir del 1º de enero de 1994 el monto del reintegro fijo fue reajustado en un porcentaje igual al IPC más 3 puntos (según lo acordado en el contrato) con lo cual el desequilibrio económico fue mayor.
Decimosexto. Ante las pérdidas que el contrato le estaba generando, y en procura de un reajuste de los términos contractuales, el contratista informó en reiteradas oportunidades a Corabastos la situación que se estaba presentando, solicitando que se efectuara un reajuste del contrato que permitiera recuperar el equilibrio contractual. Para el efecto, la cláusula decimatercera del contrato estipula expresamente que cuando se presentaran circunstancias ajenas al contratista que disminuyeran los ingresos promedio proyectados por concepto de recaudo de rodamiento, afectando el equilibrio económico del contrato, habría lugar a la revisión de valor del reintegro fijo mensual.
Decimoséptimo. En comunicación del 4 de mayo de 1994, dirigida a la Contraloría General de La Nación por la doctora Marta Elizabeth Rico Ospina —en aquel entonces gerente general encargada de Corabastos— se hace un expreso reconocimiento por parte de Corabastos de que los recaudos proyectados se han disminuido y que el contratista “registra una pérdida (sic) de $15.300.000 en los meses de noviembre y diciembre, que se incrementa en los meses de enero y febrero... generándose (sic) una pérdida (sic) en pesos de $ 55.900.000, que acumulada a la producida en los meses de noviembre y diciembre, sería de $ 711.200.000.0011(sic)”. En esta misma comunicación se acepta como una de las causas del desequilibrio “la generada por el no recaudo en los valores proyectados, hecho que se desprende por el traslado de las incidencias en el flujo total de vehículos de la categoría 5 y 4”. Y concluye: “ante las graves consecuencias económicas por las pérdidas generadas al contratista y debidamente comprobadas, que se tomará como medida provisional conciliar con el contratista lo siguiente:
Reintegro por rodamiento diario de enero y febrero de 1994:
90% del recaudo efectuado por el contratista por concepto de rodamiento diario en cada mes (enero y febrero).
Reintegro por rodamiento diario de marzo a diciembre de 1994:
Doscientos dieciocho millones cuatrocientos mil pesos mensuales ($ 218.400.000) de reintegro fijo, pagaderos en dos contados quincenal anticipado.
Adicionalmente, cuando el recaudo por rodamiento diario supere los 240 millones, Corabastos recibirá el 90% de la cifra que supere los 240 millones”.
Finalizaba la aludida comunicación indicando que estas decisiones se harían efectivas una vez la junta directiva les impartiera su aprobación.
Decimoctavo. Con posterioridad a la precitada comunicación y antes de que se formalizara cualquier reajuste del contrato, se presentan nuevas circunstancias que hacen aún mayor el desequilibrio (prohibición del ingreso de zorras, triciclos y carros esferados, autorización para los carros con calcomanías de ingresar por cualquier puerta, entre otras) que motivan a G.F. Servicios Empresariales S.A. a reinsistir en el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, para lo cual en comunicación del 5 de julio de 1994 plantea una nueva fórmula de arreglo, insistiendo en que la modificación que se hiciera debía incluir un acuerdo sobre las pérdidas acumuladas desde el inicio de la ejecución del contrato.
Decimonoveno. A pesar de que ya desde comienzos del mes de mayo de 1994 Corabastos reconocía y aceptaba el desequilibrio contractual y manifestaba que se produciría una conciliación con el contratista, lo cierto es que en el mes de agosto seguía sin producirse ese reajuste y Corabastos seguía dilatando una solución a la situación. Por tal razón el 22 de agosto G.F. Servicios Empresariales envía una nueva comunicación a Corabastos reinsistiendo en su solicitud, reiterando los argumentos jurídicos en los cuales se basaba, recordando las principales causas del desequilibrio, y planteando una fórmula de ajuste y arreglo. Para efectos de este reajuste formula las siguientes solicitudes: a) Que el reintegro fijo por rodamiento diario se disminuya a $ 207.000.000; b) Que del rodamiento mensual que se cobra a los vehículos con calcomanía, suma que Corabastos recibe directamente sin pasar por manos del contratista, Corabastos le reconozca el 6% por ciento de la cifra facturada mensualmente (Aunque el contrato hacía referencia a este punto, Corabastos no efectuó la entrega de dichos dineros - ver hechos 11, 12 y 21 de la presente demanda); y c) Que para compensar las pérdidas sufridas durante los primeros cuatro meses de ejecución contractual, el monto del reintegro para los meses de enero y febrero de 1994 fuera solo del 90% de los valores efectivamente recaudados durante dichos meses.
Vigésimo. En respuesta a la citada comunicación del 22 de agosto de 1994 solicitando el reajuste del contrato, el día 9 de noviembre de 1994 se produce un acta de revisión del contrato 040-94 en cuyo texto se acepta expresamente que analizada la evaluación del desequilibrio económico se “demuestra la disminución porcentual en cada una de las categorías y su valor real”. En dicha acta se acuerda y reducir el valor del reintegro fijo mensual a partir del mes de noviembre de 1994 pero no se accede a las demás solicitudes contenidas en la referida comunicación, ni se pacta medida de reajuste alguna que permita compensar el desequilibrio que hasta entonces ya había padecido el contratista, y por el contrario se insiste en el pago que debe hacer de los reintegros correspondientes a los meses ya cansados.
Vigésimo primero. A pesar de que en reiteradas comunicaciones G.F. Servicios Empresariales S.A. había solicitado a Corabastos la entrega de la parte que a aquel le corresponda por concepto de vehículos que efectuaban el pago mensual del rodamiento, dineros que Corabastos recaudaba por otras vías, esta solicitud, nunca fue atendida, nada se dispuso al respecto en el acta de revisión, y estos dineros no le fueron entregados al contratista.
Vigésimo segundo. El desequilibrio económico propiciado por el ingreso de vehículos en número inferior al presentado y proyectado por Corabastos se vio agravado por algunas medidas administrativas adoptadas por Corabastos, muchas de ellas adoptadas con posterioridad a la suscripción del acta de reajuste y por ende no contempladas al momento del acta.
Vigésimo tercero. Entre las principales medidas administrativas adoptadas por Corabastos que contribuyeron al desequilibrio económico, cabe reseñar las siguientes:
A) Pese a que conforme a que el numeral primero de la cláusula octava los horarios de las puertas que estableciera Corabastos debían ser acordados con el contratista tenemos que Corabastos unilateralmente (muchas veces sin previo aviso) modificaba los horarios de apertura y cierre de las puertas.
Se obligaba así al contratista a modificar y en casos a alargar la jornada de sus trabajadores (con los sobrecostos que ello conlleva) y propició situaciones en las cuales las puertas fueron abiertas antes del arribo de los dependientes del contratista impidiendo que se efectuara el cobro de la tarifa a los vehículos que entonces ingresaron. (Esta situación fue puesta en conocimiento de Corabastos en distintas comunicaciones, entre otras en carta de fecha 13 de octubre -95).
B) De otra parte, Corabastos autorizó que los comerciantes en arveja (llamados arvejeros) ingresaran a las instalaciones de la central en el horario nocturno pero pagando tan solo la tarifa diurno o sencilla, pese a que las tarifas nocturnas eran más altas (el doble de las diurnas). (Ver carta del 23 de noviembre de 1994 dirigida por Corabastos al contratista). Esto redujo los ingresos que los arvejeros pagaban, y afectó los cálculos iniciales del contratista quien había hecho sus cálculos del reintegro fijo a partir del pago de tarifas dobles por parte de ellos.
C) Corabastos autorizó que los carros con calcomanías (aquellos que pagaban una tarifa mensual) ingresaran por cualquiera de las puertas, y ya no por aquella que tenían expresamente asignada, dificultando el control de su ingreso y el control de las falsificaciones en las calcomanías. (Ver carta enviada por el contratista a Corabastos el día 28 de junio de 1994).
D) Corabastos prohibió el ingreso a la central de todo tipo de carretas de madera (incluidas las zorras), carros esferados y triciclos, vehículos que hacían parte de las categorías 6 y 5, los cuales sí habían sido tenidos en cuenta por Corabastos en los pliegos de la convocatoria al momento de hacer el recuento histórico de los vehículos que ingresaban, y los cuales por ende habían sido tomados en cuenta por el contratista al momento de calcular el reintegro fijo que habría de ofrecer. (Ver memorando del jefe de división de seguridad al coordinador de vigilancia del 20 de junio 194 informando prohibición de ingreso de carretas de madera, carros esferados y triciclos; ver carta del 26 de junio de 1994 en la cual la directora de peajes informa a G.F. Servicios Empresariales la incidencia que ha tenido la no autorización del ingreso de triciclos, y carta del contratista a Corabastos del 28 de junio/94.).
E) Corabastos decidió unificar bajo una sola categoría (y una misma tarifa) todo tipo de camionetas, independientemente de su capacidad de carga, con lo cual vehículos de gran capacidad pudieron hacer su ingreso pagando tarifas más reducidas.
F) En el mes de octubre de 1995 la Empresa de Acueducto de Bogotá adelanta reparaciones y tendido de redes en los alrededores de la corporación, impidiendo la apertura de algunas puertas, obligando a cambiar la asignación y horarios de las puertas, y dificultando y desmotivando el ingreso de muchos vehículos.
Vigésimo cuarto. La evidente insuficiencia del reajuste llevado a cabo mediante el acta de revisión del 9 de noviembre de 1994, la persistencia de las causas que habían generado el desequilibrio, y la aparición de nuevos generadores de desequilibrio, llevaron a que la situación patrimonial del contratista siguiera deteriorándose paulatinamente.
Vigésimo quinto. Toda vez que el contrato C-040-93 terminaba el 31 de octubre de 1995, Corabastos requería adelantar los trámites propios para la suscripción de un nuevo contrato que reemplazara al que estaba próximo a terminar. Sin embargo, Corabastos no contaba con el tiempo suficiente para adelantar todo el contrato trámite de contratación y para perfeccionar el nuevo antes de la terminación del C-040-93 por lo cual solicita a G.F. Servicios Empresariales S.A. que se prorrogue por dos (2) meses más la duración del citado contrato, de suerte que Corabastos alcance a celebrar un nuevo contrato.
Vigésimo sexto. Si bien cuando Corabastos formula la solicitud para la prórroga del contrato C-040-93 por 2 meses más, la situación económica del contratista es muy precaria, y sabiendo este que la prórroga solo contribuiría a agravar su situación, decide aceptar la solicitud para colaborar con Corabastos y no generar un mal ambiente entre ellos dado que G.F. Servicios Empresariales S.A. estaba vivamente interesado en salir favorecido con la adjudicación del nuevo contrato, previendo que las nuevas condiciones económicas que se acordaran le permitirían salir de la crisis y recuperar la enormes pérdidas padecidas con ocasión del contrato C-040-93. Como resultado de lo anterior, el día 19 de octubre de 1995 se suscribe el contrato adicional 1, por virtud del cual se prórroga la duración del contrato C-040-93 hasta el 31 de diciembre de 1995.
Vigésimo séptimo. El desequilibrio económico padecido por el contratista había llevado a límites insostenibles su precaria situación económica, lo cual le estaba haciendo excesivamente onerosa su obligación de pagar cumplidamente la suma fijada como reintegro mensual, haciéndole incurrir en repetidos períodos de mora en su pago. Como un fruto más de esta situación, los cheques girados por el contratista durante noviembre y diciembre para cubrir el monto del y reintegro fijo mensual, resultaron impagados por falta de fondos.
Vigésimo octavo. A raíz de la mora del contratista en el pago de las sumas adeudadas por concepto de reintegros, y ante la devolución de algunos cheques, mediante la directiva 098-95 el gerente general de Corabastos declara el incumplimiento del contrato 040-93 e impone al contratista una multa por cincuenta y un millones cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos treinta y dos pesos ($ 51.463.832).
Vigésimo noveno. Antes de la notificación de la directiva que declara el incumplimiento, el contratista entrega a Corabastos dos cheques por valor de ciento veintiocho millones de pesos ($ 128.000.000) cada uno, para cubrir el reintegro fijo del mes de diciembre. Sin embargo, la precariedad de su situación financiera, generada por el desequilibrio del contrato, le impide al contratista obtener los fondos suficientes para cubrir dichos cheques.
Trigésimo. Por el no pago de los cheques reseñados en el hecho inmediatamente anterior, Corabastos inicia con ellos un proceso judicial en contra de G.F. Servicios Empresariales S.A. para obtener el pago coactivo. En el curso de este proceso, que se adelanta ante el Juzgado 22 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, se practican distintas medidas cautelares contra el demandado, quien por ende se ve perjudicado y obligado a incurrir en gastos adicionales, gastos y perjuicios cuya verdadera causa de fondo se encuentra una vez más, en el desequilibrio económico dentro del cual se vio forzado a ejecutar el contrato C-40-93, debiendo tales costos, gastos, perjuicios y el monto de las obligaciones cobradas en dicho proceso, ser considerados como parte del desequilibrio y ser tenidos en cuenta al momento de disponerse el restablecimiento del equilibrio.
Trigésimo primero. Ante la inminente terminación del contrato C-040-93, Corabastos abre la licitación pública 005 de 1995 con miras a contratar “la concesión de la administración del recaudo diario que Corabastos cobra por el ingreso vehicular a sus instalaciones, asumiendo el contratista los gastos de operación de la actividad propia del recaudo”, o en otras palabras, para celebrar el contrato que, con el mismo objeto, viniera a reemplazar al C-040-93 una vez este terminara.
Trigésimo segundo. G.F. Servicios Empresariales S.A. tenía un directo interés en salir favorecida dentro de la licitación 005 de 1995 para de esta manera, durante la ejecución del nuevo contrato, lograr recuperar parcialmente los enormes perjuicios padecidos con ocasión del contrato C-040-93. Por esta razón, dentro del término previsto, G.F. Servicios Empresariales S.A. presenta su propuesta para dicha licitación, haciendo como ofrecimiento un reintegro mensual a Corabastos por valor de trescientos treinta millones de pesos ($ 330.000.000).
Trigésimo tercero. Una vez cerrada la licitación y tras la apertura de la urna, se encontró que la firma G.F. Servicios Empresariales S.A. era la única que había presentado su propuesta. Sin embargo, Corabastos, mediante la directiva de gerencia 001-96 y considerando que G.F. Servicios Empresariales había incumplido el contrato C-040-93, consideró que su propuesta resultaba inconveniente para Corabastos y en consecuencia declaró desierta la licitación 005-95.
Trigésimo cuarto. El desequilibrio económico del contrato fue el generador de la causal para que se declarara su incumplimiento, incumplimiento que a su vez fue la única razón por la cual a G.F. Servicios Empresariales S.A. no se le adjudicó la licitación pública 005-95, adjudicación a la cual tenía derecho por cuanto era el único proponente y su propuesta cumplía a cabalidad con todos los requisitos. En conclusión, el rompimiento del equilibrio económico y del contrato C-040-93 trajo, entre sus múltiples consecuencias, que el contratista perdiera el nuevo contrato que habría de suscribirse para 1997.
Trigésimo quinto. Con posterioridad a la declaratoria de desierta de la licitación 005-95, en el mes de marzo de 1996 Corabastos contrató directamente con la firma American Vig la concesión para la administración del recaudo, acordándose con dicha firma un reintegro mensual cuyo monto es inferior al que por idéntico concepto se había comprometido a pagar G.F. Servicios Empresariales S.A. en su propuesta presentada para la licitación 005-95.
Trigésimo sexto: Las pérdidas generadas durante el período contractual (Nov./93-Dic./96) ascienden a la suma de $ 338.422.873, discriminados mes a mes así:
Noviembre-93 26.839.647
Diciembre-93 26.809.969
53.649.616
Enero-94 32.615.062
Febrero-94 31.948.872
Marzo-94 16.034.387
Abril-94 17.519.050
Mayo-94 13.906.823
Junio-94 17.781.430
Julio-94 8.473.194
Agosto-94 8.649.220
Septiembre-94 12.410.249
Octubre-94 15.535.201
Noviembre-94 8.372.101
Diciembre-94 4.401.988
Enero-95 27.046.461
Febrero-95 32.764.263
Marzo-95 6.823.478
Abril-95 6.949.479
Mayo-95 6.626.991
Junio-95 10.149.509
Julio-95 5.852.312
Agosto-95 5.605.648
Septiembre-95 5.419.304
Octubre-95 (11.001.923)
Noviembre-95 3.262.976
Diciembre-95 (2.399.666)
97.098.832
Trigésimo séptimo. Si la anterior pérdida de $ 334.422.873 la indexamos hasta marzo 31 de 1998 nos da un valor de solo indexación equivalente a $ 447.657.238, para un gran total de $ 786.080.111 (para calcular la indexación se tomó el interés corriente bancario promedio de los últimos cinco años, que es del 3% mensual). Ver cuadro de proyecciones de desequilibrio económico.
Trigésimo octavo. Por las razones expuestas tenemos que en el desarrollo del contrato C-040-93 se presentaron circunstancias ajenas al contratista que rompieron el equilibrio económico entre las partes y en consecuencia a mi cliente le asiste el derecho para solicitar que se integre este tribunal a fin de que dirima las diferencias surgidas entre los contratantes con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación de dicho contrato.
Trigésimo noveno. El contrato 040-93 contiene una cláusula compromisoria (cláusula vigésima primera) conforme a la cual toda controversia o diferencia relativa al contrato se resolverá por un Tribunal de Arbitramento. Adicionalmente, la cláusula decimotercera “Del equilibrio financiero del contrato” consagra que en el evento de persistir discrepancias sobre el equilibrio económico del contrato, estas se resolverán por Tribunal de Arbitramento.
Cuadragésimo. Obro en mi calidad de apoderado especial de la sociedad G.F. Servicios Empresariales S.A., antes denominada Garavito Franco Servicios Empresariales y Cía. Ltda.
Teniendo en cuenta los hechos anteriormente planteados, de la manera más atenta me permito formular al honorable tribunal las siguientes
2. De la parte demandada - Pronunciamiento sobre los hechos de la demanda
“Hecho primero: Es cierto en lo que hace a la convocatoria, en donde Corabastos decide adelantar con una empresa privada el recaudo del rodamiento de los vehículos que ingresan diariamente a la central; en esa primera convocatoria el contrato fue adjudicado a la firma Interased Ltda. Sin embargo, este primer contrato fue rescindido de común acuerdo entre las partes, como resultado de la solicitud elevada por el contratista y aceptada por Corabastos.
“Hecho segundo: Es cierto.
Hecho tercero: Es cierto.
Hecho cuarto: Es cierto.
Hecho quinto: Es cierto.
Hecho sexto: Es cierto.
Hecho séptimo: Es cierto.
Hecho octavo: Es cierto.
Hecho noveno: Es cierto.
Hecho décimo: Es cierto.
Hecho decimoprimero: Es una apreciación subjetiva de la parte demandante, que debe probarse por cuanto no está establecido de manera clara y expresa en el contrato.
Hecho decimosegundo: Nos atenemos a lo dicho en el punto anterior.
Hecho decimotercero: Es cierto.
Hecho decimocuarto: Es cierto.
Hecho decimoquinto: No me consta, deberá probarse.
“Hecho decimosexto: Es cierto y aclaro que ante las reiteradas solicitudes del contratista, Corabastos accedió a la revisión del contrato, obteniendo como resultado la disminución del valor de reintegro mensual en la suma de $ 14.000,000, tal como consta en el acta de revisión del contrato 040-94 suscrita por las partes el 9 de noviembre de 1994.
Hecho decimoséptimo: Los argumentos expuestos en este hecho se suman a los expresados en el punto anterior y que condujeron a la revisión del contrato mencionado.
Hecho decimoctavo: Nos atenemos a lo dicho en los anteriores puntos.
Hecho decimonoveno: Las solicitudes contenidas en la comunicación de fecha 22 de agosto, fueron consideradas para poder llegar al acuerdo plasmado en el acta de revisión.
Hecho vigésimo: En este punto es preciso resaltar que después de analizadas y ponderadas todas las solicitudes elevadas por el contratista, este último aceptó de manera expresa las nuevas condiciones de reintegro fijo mensual allí plasmadas, con respecto al período que ya había transcurrido y hacia futuro mediante la suscripción del acta de revisión.
Hecho vigésimo primero: Nos atenemos a lo dicho en el hecho decimoprimero.
Hecho vigésimo segundo: Me atengo a lo que resulte probado.
Hecho vigésimo tercero: Me atengo a lo que resulte probado.
Hecho vigésimo cuarto: No me consta y que se pruebe.
Hecho vigésimo quinto: Es cierto en cuanto a que el contrato inicial tenía vigencia hasta el 31(sic) de 1995, y que se suscribió una prórroga por dos meses más sin objeción alguna por parte del contratista, de acuerdo a lo expresado en oficio del 13 de octubre de 1995 dirigido a la corporación por su presidente Germán Garavito Franco.
Hecho vigésimo sexto: Es contradictorio el hecho, pues si consideraba el demandante que la prórroga por dos meses más le iba a significar mayores pérdidas, ha debido no aceptarla o aceptarla en condiciones más favorables.
Hecho vigésimo séptimo: Es cierto que se presentaron devoluciones de cheques y por ende incumplimiento del contrato.
Hecho vigésimo octavo: Es cierto.
Hecho vigésimo noveno: Es cierto en cuanto a que hubo devolución de cheques, pero aclaramos que los valores impagados ascienden a las sumas de doscientos cincuenta y seis millones de pesos ($ 256.000.000) correspondiente al cheque 3149809 del Banco de Crédito de fecha 28 de diciembre de 1995, y la suma de sesenta millones de pesos ($ 60.000.000) correspondiente al cheque 7185857 del Banco Ganadero del 30 de noviembre de 1995.
Hecho trigésimo: Es cierto en cuanto a la demanda instaurada por Corabastos con base en los cheques mencionados en el punto anterior y que correspondió al Juzgado 22 Civil del circuito en donde se practicaron medidas cautelares. En lo demás nos atenemos a lo que resulte probado.
Hecho trigésimo primero: Es cierto.
Hecho trigésimo segundo: Es cierto que se abrió una nueva licitación para la vigencia 1996 -1997, en donde la demandante presentó una propuesta por valor de trescientos treinta millones de pesos ($ 330.000.000) como reintegro fijo mensual, significando un incremento del 29% con respecto a 1995.
Esta propuesta desvirtúa lo manifestado por el demandante, con relación a las pérdidas sufridas durante la ejecución del contrato, pues presenta una oferta mucho más amplia para el año 1996, sin dejar claro la forma mediante la cual se recuperarían las pérdidas que dice haber sufrido.
Hecho trigésimo tercero: Es cierto.
Hecho trigésimo cuarto: Me atengo a lo que resulte probado.
Hecho trigésimo quinto: Me atengo a lo que resulte probado.
Hecho trigésimo sexto: Me atengo a lo que resulte probado.
Hecho trigésimo séptimo: Me atengo a lo que resulte probado.
Hecho trigésimo octavo: Me atengo a lo que resulte probado.
Hecho trigésimo noveno: Es cierto”.
Estando cumplidos la totalidad de los presupuestos procesales como lo son la demanda en forma, la capacidad procesal, la capacidad para ser parte, siendo este tribunal competente y no existiendo causal de nulidad alguna, e este tribunal a decidir previas las siguiente consideraciones.
El auto 7 que se observa a folio 181 del expediente, dictado en el curso de la primera audiencia de trámite llevada a cabo el 9 de agosto de 1999, el tribunal se ocupó del decreto de las pruebas pedidas por las partes. Al efecto ordenó tener como prueba la documental aportada por la convocante que se aprecia en los folios 23 a 27 del cuaderno principal 1, ordenó la exhibición de los documentos consistentes en la propuesta presentada por GF Servicios Empresariales S.A., dentro de la licitación pública 005-95 de Corabastos y del contrato que suscribieron Corabastos y la firma American VIG en reemplazo del que existió entre convocante y convocada, ordenó oficiar al Juzgado 22 Civil del Circuito de Bogotá, con miras a que se remitiese el proceso ejecutivo que la convocada adelantaba contra la convocante, ordenó recibir declaración a los testigos Mariluz Garavito, Elizabeth Rico, Jorge Luis Conrado Cortes, Manuel Fernando Moscoso, Jorge Rodríguez y Luz Dary Ríos, y recibir declaración de parte al representante legal de Corabastos, decretó inspección judicial con intervención de peritos en las oficinas de Fiduciaria Tequendama, para lo cual designó como peritos a Augusto Castro Medina y Elsa Rojas, decretó otra inspección judicial con intervención de peritos en los libros y papeles de Corabastos, para lo cual designó a los contadores ya mencionados en relación con la prueba anteriormente referida en Fiduciaria Tequendama, y decretó por último dictamen pericial en los libros de contabilidad de G.F. Servicios Empresariales S.A., en los términos solicitados en la petición de prueba, designando como expertos a las contadoras Ana Matilde Cepeda y Elsa Bulla.
Con relación a las pruebas solicitadas por la parte convocada, se decretó lo correspondiente a la documental y al interrogatorio de la contraparte.
Con relación a la inspección judicial con intervención de peritos en los libros de contabilidad del patrimonio autónomo “Peajes Garavito Franco” con exhibición de documentos, se decretó la prueba para practicarla conjuntamente con la solicitada por la contraparte sobre los mismos libros, designándose entonces como peritos igualmente a Augusto Castro y Elsa Rojas. En cuanto, a la inspección judicial sobre los libros de la sociedad G.F. Servicios Empresariales, igualmente se decretó para su realización conjuntamente con la prueba solicitada por la convocante sobre los mismos libros, y se designó a los mismos peritos.
Como prueba de oficio ordenó el tribunal requerir a Fiduciaria Tequendama para que remitiera copia autentica del contrato de fiducia mercantil de noviembre 2 de 1993 entre G.F. Servicios Empresariales S.A. y Fiduciaria Tequendama S.A. para la conformación y manejo del patrimonio autónomo denominado “Peajes Garavito Franco” con sus adiciones y modificaciones.
La etapa de recaudo del mencionado material probatorio se desarrolló normalmente. En una serie de audiencias convocadas para la práctica de las pruebas, se dio posesión en legal forma a los peritos y se recibió el conjunto de declaraciones, tanto de parte como de terceros. El 18 de agosto de 1999 se recibió el contrato de fiducia requerido como prueba de oficio.
En el curso de las diligencias de inspección se aportaron los documentos que el tribunal consideró apropiado añadir al expediente, y se puso a disposición de los peritos todo el material necesario para la correcta evacuación de su encargo.
Con relación a la actividad pericial, el desarrollo conjunto de las varias pruebas pedidas para que en un solo peritazgo se atendieran simultáneamente los cuestionarios propuestos por las dos partes, con relación a una misma documentación, resultó en la presentación de dos dictámenes: uno rendido por Augusto Rafael Castro Medina y Elsa Rojas Urrego, del cual solicitó aclaración y complementación Corabastos en los términos del escrito que obra a folio 330 del cuaderno principal 1, aclaración y complementación presentadas oportunamente a(sic) por dichos peritos, como se ve a folios 338 a 342 del mismo cuaderno, pero ellas no obstaron para que persistiera la inconformidad de Corabastos cuyo apoderado presentó, en documento que obra a folio 346 del cuaderno 1, objeción por error grave, a la que se dio trámite y es preciso resolver antes de dar por expresado lo relativo a la actuación probatoria en el proceso.
Con respecto al segundo dictamen pericial, el rendido por Ana Matilde Cepeda y Elsa Bulla Sarmiento, obran en el proceso sendos escritos de objeción por error grave: a folios 491 a 496 el presentado por el apoderado de G.F. Servicios Empresariales S.A., y a folios 515 a 519 el presentado por el apoderado de Corabastos.
De conformidad con el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, procede la objeción dentro del término del primer traslado durante el cual podrán las partes también pedir que se complemente o aclare, o dentro del término del traslado de la aclaración o complementación, como lo mandan los numerales 1º y 4º del mencionado artículo. En el presente caso, Corabastos objetó por error grave el dictamen de Augusto Castro y Elsa Rojas Urrego, dentro de los tres días de traslado de la correspondiente aclaración y complementación, que a su vez había sido oportunamente solicitada, por lo cual es claro que la objeción fue oportuna. El escrito de objeción solicitó como única prueba nueva el experticio extrajudicial de la contadora Mery Rabia que anexó. En uso del traslado, la contraparte se manifestó sobre la objeción, y solicitó el rechazo de la misma, oponiéndose demás a que se considere como prueba el experticio extrajudicial por razón de inhabilidades de la experta, tanto por la existencia de vínculos económicos con Corabastos, como por no haber la experta tenido ocasión de examinar fehacientemente las correspondientes contabilidades y estados financieros.
Según manda el numeral 6º del artículo 238 del ordenamiento procesal mencionado, el juez debe decidir en la sentencia sobre la objeción interpuesta, por lo cual debe en este acto del laudo proceder el tribunal a tomar tal decisión.
Empresariales S.A. En efecto, el primer punto se fundamenta en la necesidad del que el registro en los libros de contabilidad se realiza previa existencia del correspondiente soporte; el segundo tiene como base que los peritos hicieron referencia a los libros de contabilidad de la demandante, que según ellos mismos no so encuentran ajustados a las normas sobre contabilidad en Colombia; el tercer argumento se reduce a que los peritos otorgaron valor probatorio a libros que, por irregularmente llevados, perdieron toda fuerza como fuente de prueba de conformidad con el numeral 4º del artículo 70 del Código de Comercio; la cuarta argumentación reitera que los peritos manifiestan haber tomado como base de su dictamen libros que ellos mismos consideran que se llevaron con irregularidades y la quinta fundamentación hace una vez más referencia a que, esta vez con el apoyo de la experta Mery Rabia, no debieron fundarse en una contabilidad que, según los mismos peritos criticados, es irregular y no garantiza confiabilidad; además, dice la señora Rabia, se detectan errores puntuales por deficiencias conceptuales en el peritazgo en cuanto a los gastos que se deban cargar, en cuanto a cuál de las partes debe asumir ciertos costos y desembolsos, en cuanto a la cuantificación de recaudos y la inclusión errónea de determinados egresos, como los gastos financieros, etc.
Por su parte, en uso del traslado, la convocante solicitó que se rechace la objeción, presentando sus argumentos en torno a los siguientes puntos: por un lado, por cuanto la objeción estaría dirigida, no contra el dictamen pericial, sino contra su aclaración o complementación; en segundo lugar, por que no es cierto en su sentir que el dictamen se fundamente únicamente en la contabilidad irregularmente llevada por la parte convocante y en tercer lugar por que la única prueba nueva aportada es el experticio extrajudicial de una contadora inhabilitada.
Es labor del tribunal, no llevar a cabo el estudio de peritazgo objetado, sino analizar las fallas imputadas, para determinar si constituyen ellas deficiencias de tal magnitud, que hayan sido determinantes para llegar a conclusiones equivocadas, a las que no se hubiere llegado sin dicho error o por que el error se haya originado en tales conclusiones viciadas.
En primer lugar, debe dejar sentado el tribunal que no encuentra validez en el argumento de que lo que se objetó fue la adición o aclaración del dictamen, mientras lo que el estatuto procesal prevé es la objeción del dictamen mismo y no de su aclaración o adición. Es absolutamente claro que, de conformidad con el numeral primero del artículo 238 citado, al correrse el traslado del dictamen, las partes pueden pedir que se complemente o aclare, o pueden también objetarlo por error grave, como lo comprueba el uso que hace el legislador de la disyuntiva “U”. Según el numeral 3º del mismo artículo, se prevé la posibilidad de que simultáneamente se presente solicitud de complementación o aclaración y además se le objete, disponiendo la norma que no se le dará curso a la objeción sino después de producidas aquellas; y según el numeral 4º del mismo artículo, la complementación o aclaración dará lugar a un nuevo traslado de tres días, durante los cuales también podrá presentarse objeción al dictamen. Es entonces obvio que la oportunidad procesal para presentar su objeción que escogió Corabastos fue apropiada.
En cuanto a la argumentación en el sentido de que no pueda tenerse en cuenta el experticio de la señora Mery Rabia aportado por el objetante, opina el tribunal que las normas generales de la Ley 446 de 1998 no son las aplicables al asunto, en la medida en que el numeral 7º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil trae una disposición precisa y especial y por lo tanto de aplicación preferente para el caso del experticio aportado por la parte en desarrollo del debate sobre la validez de un dictamen pericial. Nos indica la norma citada que, en el debate de la peritación, las partes podrán asesorarse de expertos, cuyos informes serán tenidos en cuenta por el juez como alegaciones de ellas. Esto nos indica que, si el experticio aportado debe considerarse como manifestación de la parte interesada y no de un auxiliar de la justicia imparcial e independiente, no puede considerarse afectada por la existencia de las vinculaciones imputadas entre la experta y la empresa, pues de todas maneras el juzgador habrá de emplear el criterio y las reservas propias de la valoración de un juicio o afirmación de parte interesada. Pero resulta que, aunque se le reconozca el relativo valor a la opinión de la experta, y se tenga como oportuna la formulación de la objeción, las críticas mismos no producen, en el sentir del tribunal, la certeza de haberse producido error tan grave que haya llevado a la formulación de conclusiones falsas, pues es claro que la base integral de la crítica, es que lo peritos le hayan otorgado credibilidad o valor probatorio a datos que hacían parte de una contabilidad que consideraron irregular. Pero considera el tribunal, en primer lugar, que es cierta la afirmación que hace la convocante el descorrer el traslado, de que no fue esta contabilidad “irregular” la única fuente de la opinión pericial, porque también consideraron correctamente los contadores la información recibida de las evidencias aportadas al experticio y de las diligencias realizadas en Fiduciaria Tequendama y en Corabastos por los mismos peritos; pero además, que la imputación de irregularidades se hace por los peritos más en el sentido de indicar deficiencias técnicas contables, a manera de crítica, que con la intención de formular un cargo de ilegalidad en el cumplimiento de las normas que el Código de Comercio impone a los comerciantes sobre su contabilidad, ante cuya violación pueda resultarse en la situación de que no pueda reconocerse valor probatorio a los libros del comerciante para sustentar sus pretensiones.
Contra el segundo dictamen pericial, el rendido por los peritos contables Ana Matilde Cepeda y Elsa Bulla Sarmiento se presentaron, como ya se dijo, objeciones por errores graves por las dos partes del presente proceso. Como pruebas para sus alegatos de objeción, la parte convocada aportó otro experticio extrajudicial de la contadora Mery Rabia, a cuya validez son aplicables los argumentos expresados con respecto a la anterior objeción. La convocante aportó como pruebas una serie de elementos documentales, solicitó un interrogatorio de testigo, y pidió además un dictamen pericial para demostrar el error grave. Los documentos se aportaron al expediente, el testimonio se rechazó por las razones legales que en su momento se expresaron por el tribunal, y para la práctica del dictamen pericial solicitado se designó a los contadores Carlos B. Tinjacá Ruiz y Alfonso Flórez Millán, quienes se posesionaron en debida forma y presentaron el 25 de febrero de 2000 su opinión experta.
Considera el tribunal que las objeciones del señor apoderado de la convocada no pueden prosperar por las mismas razones ya invocadas al decidir sobre las objeciones del otro dictamen. Una vez más giran los argumentos en torno a las presuntas deficiencias de la contabilidad de G.F. Servicios Empresariales S.A., cuando ni la mención de los peritos sobre las eventuales irregularidades puede tener el alcance de destruir el valor probatorio de la contabilidad de G.F. Servicios Empresariales S.A., ni puede olvidarse que los peritos tuvieron a su alcance otras fuentes lícitas y válidas de información.
En cuanto a la objeción de la parte convocante, se produjo un nuevo peritazgo, frente al cual el numeral 6º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil concede al juez la opción de acoger como definitivo el dictamen practicado para probar la objeción, o decretar de oficio uno nuevo con distintos peritos. Los peritos designados en el presente caso para pronunciarse sobre el eventual error grave en el peritazgo principal precisaron cinco situaciones concretas, específicas y puntuales sobre las cuales se alegó la existencia de error grave, y concluyeron en cinco opiniones separadas, una para cada uno de los cinco puntos, sobre si en su sentir existía o no error grave. Para los primeros dos puntos analizados, opinaron que imputaciones no alcanzaban a tener la incidencia para firmar la existencia de error grave que minara la confiabilidad del dictamen; para los restantes tres puntos sí encontraron la existencia de vicio según lo propuesto por el objetante.
Ante este estado de cosas, debe el tribunal pronunciarse con respecto a los resultados de la opinión experta de los últimos peritos, frente a la validez del peritazgo criticado. De conformidad con todo cuanto se lleva expresado, el tribunal dispondrá en la parte resolutiva de este fallo en los términos y de conformidad con lo establecido en el numeral 6º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, decretar probada la excepción por error grave con respecto al dictamen pericial rendido por Ana Matilde Cepeda y Elsa Bulla Sarmiento, en forma parcial en cuanto se refiere a los puntos identificados como “punto tres”, como “parágrafo segundo de la página segunda sin número” y como “parágrafo segundo de la página cuarta”, en la identificación que hace el dictamen pericial de Carlos B. Tinjacá Ruiz y Alfonso Flórez con respecto a las objeciones de G.F. Servicios Empresariales S.A. contra el mencionado dictamen.
Con relación a la posibilidad de decretar de oficio un nuevo dictamen, se abstiene de ello el tribunal por encontrar que la prueba será irrelevante de conformidad con las consideraciones de fondo del presente laudo que en adelante se expresarán. Finalmente, en relación con la decisión de la objeción, deberá el tribunal dar cumplimiento al inciso cuarto del artículo 239 del Código de Procedimiento Civil, ordenando la restitución parcial de los honorarios de los peritos al prosperar parcialmente la objeción y quedar sin mérito el concepto pericial en cuanto a eso se refiere.
1. Naturaleza del contrato 040-93
Considera el tribunal que el primer aspecto que es necesario precisar es el de la naturaleza jurídica del contrato 040-93, es decir, si realmente es un contrato de concesión, tal como lo denominaron las partes, o por el contrario el mismo reviste otra modalidad contractual. Para realizar ese análisis debemos, de un lado, tener en cuenta la definición contenida en el artículo 32, numeral 4º de la Ley 80 de 1993 a cuyo tenor:
“Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación, total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden”. (negrilla fuera del texto).
Del artículo citado debemos examinar dos elementos básicos a fin de determinar si un contrato es, o no de concesión en los términos de la Ley 80.
Tenemos de un lado un sujeto calificado, entidad estatal y un objeto específico sin el cual el contrato devendría en otro negocio jurídico.
Así las cosas, para que un contrato pueda ser catalogado como de concesión tiene que ser: a) Celebrado por una entidad estatal (L. 80/93, art. 2º) y b). Debe tener por objeto la prestación, operación, explotación, organización o gestión total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación, total o parcial de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de los mismos, por parte de un particular u otra entidad estatal, a cambio de una remuneración pagada por la entidad estatal contratante.
En el caso bajo examen tenemos, en primer lugar, que la entidad contratante es la corporación de Abastos de Bogotá, Corabastos, sociedad de economía mixta, la cual por su calidad, es, según el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, una entidad estatal a la cual de conformidad con el artículo 1º de la misma ley se le aplica ese estatuto contractual.
Ahora bien, en cuanto al objeto del contrato 040-93 encontramos que, de conformidad con la cláusula primera del mismo, el objeto constituye una actividad que puede ser catalogada, en los términos de la ley, como necesaria para la adecuada prestación de un servicio público, entendiendo por servicio público lo dispuesto por los artículos 2º numeral 3º de la Ley 80 de 1993 y 430 del Código Sustantivo del Trabajo, a cuyo tenor:
Artículo 2º numeral 3º de la Ley 80 de 1993:
“Se denominan servicios públicos:
Los que están destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la dirección, regulación y control del Estado, así como aquellos mediante los cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines”.
Artículo 430 del Código Sutantivo del Trabajo:
“De conformidad con la Constitución Nacional está prohibida la huelga en los servicios públicos.
Para este efecto, se considera como servicio público, toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con el régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o indirectamente, o por personas privadas.
a) Las que se prestan en cualquiera de las ramas del poder público;
b) Las empresas de transporte por tierra, agua y aire; y de acueducto, energía eléctrica y telecomunicaciones;
d) Las de establecimientos de asistencia social de caridad y de beneficencia;
g) Las de explotación, elaboración y distribución de sal, y
h) Las de explotación, refinación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados, cuando estén destinadas al abastecimiento normal de combustibles del país, a juicio del gobierno”. (negrilla fuera del texto).
Teniendo en cuenta todo lo anterior tenemos que en el presente caso el objeto del contrato 040-93 es el desarrollo de una actividad necesaria para la adecuada prestación del servicio público desarrollado para la distribución en establecimientos tales como plazas de mercado, entre los cuales sin duda estarán las corporaciones de abastos que atienden simultáneamente al consumidor que las visita como plaza ya los otros eslabones de la cadena de comercialización que se abastecen en tales centrales, por lo que corresponde al objeto do los contratos de concesión.
En conclusión, el tribunal considera que el contrato 040-93 por cumplir los requisitos exigidos por el artículo 32 numeral 4º de la Ley 80 de 1993, sujeto y objeto, debe ser considerado como un contrato de concesión en los términos del mismo estatuto.
El segundo aspecto que es preciso analizar en el caso bajo estudio es la legislación aplicable. En efecto, el problema jurídico es relativo al tránsito de legislación; al obligarnos a determinar si en el presente asunto debe aplicarse el Decreto 222 de 1983 o la Ley 80 de 1993 en la medida en que, de un lado, como consta en los documentos obrantes en el expediente, la convocatoria pública que antecedió al contrato 40-93 se inició, y el procedimiento de selección tuvo su culminación durante la vigencia del Decreto 222 de 1983 en tanto que la suscripción del contrato fruto de la adjudicación con que culminó la mencionada convocatoria, tuvo lugar el 1º de noviembre de 1993, esto es después de la entrada en vigencia de algunas normas de la Ley 80 de 1993, dentro de las cuales encontramos las relativas al contrato de concesión, aplicables al caso en cuestión y, del otro lado, en razón a que la parte convocante cita, como fundamento de derecho de sus pretensiones, en algunas oportunidades las normas contenidas en el Decreto 222 y en otras las disposiciones de la Ley 80 de 1993.
En efecto, como consta en el expediente el proceso licitatorio se inició y culminó bajo la vigencia del Decreto 222 de 1983 en tanto que el contrato fruto de la convocatoria fue suscrito por las partes el 1º de noviembre de 1993, fecha para la cual, de conformidad con el inciso segundo, artículo 81 de la Ley 80 de 1993, ya se encontraban vigentes “...el parágrafo del artículo 2º; el literal 1º del numeral 1º y el numeral 9º del artículo 24; las normas de este estatuto relacionadas con el contrato de concesión; el numeral 8º del artículo 25; el numeral 5º del artículo 32, sobre fiducia pública y encargo fiduciario; y los artículos 33, 34, 35, 36 y 37, sobre servicios y actividades de telecomunicaciones”, en razón a que los mismos, de manera excepcional, entraron a regir a partir de la fecha de promulgación de la ley, 28 de octubre del mismo año, y no a partir del 1º de enero de 1994 como lo determina el inciso tercero del mismo artículo 81.
Teniendo claro lo anterior, debemos ahora analizar si los efectos del Decreto 222 de 1983 se extienden en el tiempo para ser aplicados a los contratos, fruto de un proceso licitatorio llevado a cabo durante su vigencia, pero perfeccionados ya cuando habían entrado en vigor algunas disposiciones de la Ley 80 de 1993, dentro de las cuales encontramos las aplicables al presente caso por estar ante un contrato de concesión.
Para lo anterior, es preciso traer a colación el artículo 78 de la Ley 80 a cuyo tenor:
“Los contratos, los procedimientos de selección y los procesos judiciales en curso a la fecha en que entre a regir la presente ley, continuarán sujetos a las normas vigentes en el momento de su celebración o iniciación”. (negrilla fuera del texto)
A contrario sensu, los contratos que no estuvieren en curso a la fecha en que entraron a regir las normas de la Ley 80, esto es los que se celebraran con posterioridad a tal fecha quedarían sujetos a la misma, independientemente que su proceso de formación se hubiera iniciado con anterioridad a la vigencia de tales normas.
Así lo ha sostenido el Consejo de Estado que en sentencia del 19 de febrero de 1998, magistrado Ponente: Doctor Luis Fernando Olarte Olarte, anuló el parágrafo del artículo 27 del Decreto 679 de 1994 a cuyo tenor:
“Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 25, numeral 8º de la Ley 80 de 1993, los contratos que se celebren como consecuencia de concursos o licitaciones abiertos bajo la vigencia de la legislación anterior a la Ley 80 de 1993 se sujetarán a las disposiciones de la ley bajo la cual se inició el proceso de selección”.
En efecto, en esa oportunidad la corporación sostuvo:
“Si, por ejemplo, la administración inició el procedimiento licitatorio A en julio de 1993, bajo vigencia del Decreto 222, cuya culminación se efectuó en enero 30 de 1994, fecha en que se celebró el respectivo contrato y época para la cual la Ley 80 ya había entrado en vigor (ene.1º/94), debe preguntarse:
¿Dicho contrato queda regido por la ley vigente al tiempo en que inició el proceso de selección o la vigente al tiempo en que se celebró?
Si la respuesta a ese interrogante se halla en la Ley 80, quedará claro que el legislador sí reguló, con suficiencia, el tema y que el reglamento carecía de justificación para variar la solución establecida por el legislador.
Así, se tiene que conforme con el artículo 78 de la Ley 80 y el tercer inciso del artículo 81, ibídem que fijó el 1º de enero de 1994 como fecha de entrada en vigencia, el contrato del ejemplo debe quedar sometido a la Ley 80, porque su celebración ocurrió luego del primero de enero de 1994, así su procedimiento de selección hubiérase iniciado antes, esto es bajo la vigencia del Decreto 222 de 1983. Otra cosa sucedió con el procedimiento de selección, que se inició bajo la vigencia del Decreto 222 (jul./93) y culminó estando ya vigente la ley nueva. Por querer de esta y en aplicación del artículo 41 de Ley 153 de 1887 ese procedimiento concluyó bajo la ley vigente cuando se inició.
En conclusión, el legislador quiso, indudablemente, según el artículo 78 y el inciso 3º del artículo 81, que todos los contratos celebrados después del inicio de la ley 80 se rigieran por esta y no por la anterior”.
Aplicando al caso concreto la jurisprudencia antes transcrita y teniendo en cuenta que las normas aplicables al presente asunto entraron a regir el 28 de octubre de 1993, es claro que el contrato celebrado con posterioridad a tal fecha debe estar regido por la Ley 80 de 1993 y no por el Decreto 222 de 1983.
3. Pretensiones de la parte convocante
Para efectos metodológicos, el tribunal procederá a pronunciarse sobre las pretensiones formuladas por el apoderado de la parte convocante en el orden en que las mismas fueron propuestas en el escrito de convocatoria.
No obstante lo anterior, cuando las pretensiones sean consecuenciales o cuando las mismas tengan una relación directa, nos permitiremos analizarlas en conjunto.
a) Pretensiones relacionadas con el supuesto rompimiento del equilibrio económico del contrato 40-93 y el incumplimiento de mismo.
Como es bien conocido, la Ley 80 de 1993 en varias de sus disposiciones trata el tema del equilibrio económico de los contratos. En efecto, tres son los artículos que regulan el tema dentro del estatuto de contratación administrativa. De un lado encontramos el artículo 27 que se constituye en el pilar del tema a cuyo tenor:
“De la ecuación contractual. En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento.
Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente vigencia de que se trate”.
De otro lado, la Ley 80 de 1993 en el numeral 1º de su artículo 5º, que consagra los derechos y deberes de los contratistas, establece como uno de sus derechos el de “...recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato”. A renglón seguido el mismo artículo 5º señala la forma de determinar el monto de la indemnización. La norma contempla dos hipótesis diferentes y de igual modo la forma de calcular la indemnización con cada caso. La primera hipótesis contenida en la norma, se refiere a los eventos en los cuales el equilibrio contractual, se rompe por situaciones imprevistas no imputables a ninguna de las partes, caso en el cual la entidad estatal debe equilibrar la balanza hasta el punto de no pérdida. En estos eventos el concesionario debe asumir parte del riesgo y por tanto la entidad estatal no tiene que compensar lo que el contratista esperaba obtener como utilidad. La segunda hipótesis, se refiere al evento en el cual la ruptura del equilibrio contractual se da por el incumplimiento de la entidad estatal, en cuyo caso la indemnización ya no se limita a poner al contratista a punto de no pérdida sino que la misma debe ser una indemnización integral en la cual va incluida la utilidad que el contratista esperaba obtener con la ejecución del contrato, y no obtuvo por la culpa imputable a la entidad estatal.
En efecto, el inciso 2º, numeral 1º, del artículo 5º, establece:
“En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones que no sean imputables a los contratistas, si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida, al momento del nacimiento del contrato”.
Por último y como contrapartida a este artículo 5º, el artículo 4º que consagra los derechos y deberes de las entidades estatales establece en su numeral 3º el derecho que tienen las entidades estatales de solicitar la “...actualización o revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato”.
Como es claro, el legislador quiso proteger y asegurar al contratista, a fin de que no sufriera perjuicios económicos causados por situaciones imprevisibles o decisiones unilaterales de la administración durante la ejecución da un contrato. Lo anterior bajo el entendido que el particular que contrata con el Estado no es su contraparte, sino por el contrario es un colaborador de la administración, y que su beneficio es el beneficio propio de la misma.
No obstante lo anterior, esta posibilidad del contratista de solicitar el reajuste de precios o el restablecimiento del equilibrio económico y financiero del contrato no es absoluta, pues la misma, entre otras limitaciones, lo está por el tiempo.
En efecto, la jurisprudencia ha sido clara al establecer que el restablecimiento del equilibrio económico del contrato debe ser solicitado por la parte afectada durante la vigencia del contrato e incluso durante la etapa y liquidación del mismo. Así lo ha establecido el honorable Consejo de Estado que en sentencia de fecha agosto 6 de 1998, Consejero Ponente: doctor Ricardo Hoyos Duque, manifestó:
“Pero si bien es cierto el reconocimiento de ajustes o la revisión de los precios del contrato son un imperativo legal para lograr la ecuación financiera del mismo cuando se presenten alteraciones en sus bases por situaciones o circunstancias que no le sean imputables al contratista, con independencia de que las partes las hubieren pactado o no, es menester que no solo se demuestre la incidencia de los costos en los precios del contrato para que sea procedente la revisión o reajuste, sino que también deben tener su discusión durante la ejecución del contrato o a más tardar en la etapa de liquidación, pues el precio como elemento económico fundamental del contrato y el derecho del contratante al respecto del equilibrio financiero tienen su temporalidad”. (negrilla fuera de texto).
La Ley 80 de 1993 en su artículo 60 trata el tema de la necesidad y los requisitos de las actas de liquidación estableciendo que:
“Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto do liquidación do común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.
“También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse en paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato” (negrilla fuera del texto).
Obra en el proceso a folio 251 y siguientes del cuaderno 1º de pruebas, el documento denominado “Acta de liquidación final”, suscrito por ambas partes, en el cual se hace una relación de los valores adeudados por G.F. Servicios Empresariales S.A. a la Corporación de Abastos de Bogotá S.A., Corabastos por concepto de los valores dejados de reintegrar durante la vigencia del contrato 040-93 y de su adicional 1 de octubre 19 de 1995, los correspondientes intereses sobre tal suma y el monto de la sanción que le fuera impuesta en razón del incumplimiento que fuera declarado por la parte convocada mediante la directiva 98-95. Por último en la misma acta de liquidación las partes de común acuerdo determinan que “...durante la entrega el contratista debe cancelar a la corporación la suma diaria de $ 9.632.300”.
El honorable Consejo de Estado ha sido muy claro en establecer las consecuencias de la suscripción de las actas de liquidación final. En efecto la corporación ha sostenido que:
“Sobre el carácter bilateral de la liquidación por mutuo acuerdo y su incidencia en el contencioso contractual, la Sala ha señalado que si bien es cierto el reconocimiento de ajustes o la revisión de los precios del contrato son un imperativo legal para lograr la ecuación financiera del mismo cuando se presenten alteraciones en sus bases por situaciones o circunstancias que no le sean imputables al contratista, con independencia de que las partes las hubieran pactado o no, es menester que no solo se demuestre la incidencia de los costos en los precios del contrato para que sea procedente la revisión o reajuste, sino que también deben haberse formulado a la administración durante la ejecución del contrato o a más tardar en la etapa de liquidación.
En el examen de un caso similar al que ocupa ahora la atención de la Sala, sentencia de 6 de agosto de 1998, expediente 10.496 se dijo:
“No es ajena la Sala a la petición que de los reajustes del contrato hiciera el demandante una vez inició los trabajos y menos puede serlo ante el silencio de la administración, la cual estaba llamada a atenderlos o negarlos de acuerdo con las circunstancias en que particularmente los considerara. Pero, ante el silencio de la entidad contratante, el vencimiento del plazo del contrato y posterior recibo de la obra y liquidación, tenía el contratista en esta etapa la posibilidad de que se reconsiderara su petición y ante una negativa de los mismos dejar las salvedades del caso.
Sobre la incidencia que tiene para los contratantes el acto de liquidación del contrato que da por finiquitadas las obligaciones de las partes asumidas en la relación contractual y los pone a paz y salvo, esta sección ha sido unánime en la determinación de sus alcances:
“Ha sido jurisprudencia reiterada de esta Sala que cuando la liquidación del contrato se realiza entre la administración y su contratista, si no se deja salvedad en el acta en relación con reclamaciones que tengan cualquiera de las partes, no es posible que luego se demande judicialmente el pago de las prestaciones surgidas del contrato...”.
La liquidación final del contrato tiene como objetivo principal, que las partes definan sus cuentas, que definan en qué estado quedan después de cumplida la ejecución de aquel; que allí se decidan todas las reclamaciones a que ha dado lugar la ejecución del contrato, y por esa razón es ese el momento en que se pueden formular las reclamaciones que se consideren pertinentes. La liquidación finiquita la relación entre las partes del negocio jurídico, por ende, no puede con posterioridad demandarse reclamaciones que no se hicieron en ese momento” (2)(sic) .
Es evidente que cuando se liquida un contrato y las partes firman el acta de liquidación sin reparo alguno, estos en principios no pueden mañana impugnar el acta que tal acuerdo contiene, a menos que exista error u omisión debidamente comprobado. La liquidación suscrita sin reparos es un auténtico corte de cuentas entre los contratistas, en la cual se define quién debe, a quién y cuánto. Como es lógico es un acuerdo entre personas capaces de disponer y las reglas sobre el consentimiento sin vicios rigen en su integridad.
El acta que se suscribe, sin manifestación de inconformidad sobre cifras o valores y en general sobre su contenido, está asistida de un negocio jurídico pleno y válido, porque refleja la declaración de voluntad en los términos que la ley supone deben emitirse, libres o exentos de cualesquiera de los vicios que pueden afectarla. Así tiene que ser, se debe tener, con fuerza vinculante, lo que se extrae de una declaración contenida en un acta, porque las expresiones volitivas, mientras no se demuestre lo contrario, deben ser consideradas para producir los efectos que se dicen en él...” (3)(sic) .
Lo anterior significa que la liquidación de un contrato queda en firme y por lo tanto no puede ser impugnable judicialmente si el acta correspondiente es aceptada y suscrita por las partes, sin salvedad alguna y solo en la medida en que se hagan salvedades, el contratista se reserva la posibilidad de reclamar judicialmente”.
Así mismo, en otros de sus fallos esta Sala ha señalado que el acta de liquidación del contrato es el balance entre las prestaciones que debe suministrar el contratista y las sumas que ha recibido o debe recibir, a fin de determinar quién debe a quién. Por este motivo establece la ley que allí deben acordarse los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar así como los acuerdos, transacciones y conciliaciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo”.
(Sents. Mayo 17/84. Exp. 2796, mayo 11/90. Exp. 5335, dic. 2/93. Exp. 8310 y jul. 29/96 Exp. 9477). Dicho de otra manera, en esta diligencia cesa definitivamente la relación contractual al punto que de su contenido depende si queda abierto el camino para su revisión judicial o si por el contrario se cierran las posibilidades de reclamar frente a la misma. (C.E. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, M.P. Dr. Ricardo Hoyos Duque –mar.9/2000).
Como se desprende de la sentencia antes transcrita, los efectos de las actas de liquidación bajo la vigencia del Decreto 222 de 1983 y de la Ley 80 de 1993 son los mismos de manera tal que si, en gracia de discusión, afirmáramos que el contrato 40-93 estaba regido por tal decreto, tendríamos forzosamente que otorgarle al documento denominado “acta de liquidación final”, los mismos efectos señalados en la sentencia, y en consecuencia llegaríamos a las mismas conclusiones.
En el mismo sentido el Consejo de Estado, mediante sentencia del 11 de mayo de 1999 expresó:
“1.2. La liquidación del contrato por mutuo acuerdo de las partes
No se discute que hoy el acta de liquidación de un contrato estatal en la que las partes no hayan hecho salvedad alguna, cierra el debate ante esta jurisdicción para reclamaciones futuras por los aspectos que se relacionen directamente con la ejecución del contrato que se ha liquidado. En pasadas oportunidades, la Sala ha dicho en torno a la firma de las actas de liquidación con o sin observaciones y la conducta futura de los que las suscribieron:
“Es evidente que cuando se liquida un contrato —ha dicho la jurisprudencia— y las partes firman el acta de liquidación sin reparo alguno, estas en principio no pueden desconocer sus términos, salvo error u omisión debidamente comprobada. La liquidación suscrita sin reparos es un auténtico corte de cuentas entre 105 contratistas, en la cual se define quién debe a quién y cuánto. Como es lógico es un acuerdo entre personas capaces de disponer y las reglas sobre el consentimiento sin vicios rigen en su integridad”.
Por todo lo anterior el tribunal denegará las súplicas contenidas en las pretensiones primera a octava del escrito de convocatoria.
b) Pretensiones relacionadas con los perjuicios causados por la no adjudicación de la licitación 5 de 1995.
En relación con la pretensión novena, es claro para el tribunal que el mismo no es competente para pronunciarse sobre ella en razón a que, como la propia cláusula compromisoria lo establece, este tribunal es competente, única y exclusivamente, para conocer de “Toda diferencia o controversia relativa a este contrato (se refiere al contrato 040-93) y a su ejecución y liquidación...” y no como se solicita en la pretensión en comento, de asuntos ajenos al mismo como los perjuicios supuestamente causados a la parte convocante por la no adjudicación de la licitación pública 5 de 1995. Y es que es por todos conocidos que el pacto arbitral, cualquiera que sea su modalidad, determina la competencia del tribunal, y si excede la misma daría lugar a la nulidad del laudo arbitral por falta de competencia.
No sobra además anotar que en Colombia la administración de justicia, está de manera general, en cabeza del Estado que a través de los jueces, tribunales y cortes tiene como misión poner fin a los conflictos surgidos entre particulares, estos y la administración, y aun entre entidades administrativas, por lo cual solo de manera excepcional y para determinadas materias, la ley ha permitido a las partes llevar sus diferencias a particulares a fin de que sean ellos quienes solucionen sus conflictos a través de un pronunciamiento, que por mandato legal, produce los mismos efectos de las sentencias proferidas por autoridades estatales. Como queda dicho esta delegación” en los particulares es excepcional, por lo cual, y según las reglas de interpretación la misma debe ser aplicada de forma restrictiva circunscribiéndose única y exclusivamente a los asuntos expresamente puestos a su consideración.
Por lo anterior, este tribunal se abstendrá de pronunciarse sobre la pretensión novena formulada por el apoderado de la parte actora.
En mérito de lo expuesto el tribunal,
1. Desechar las objeciones por error grave propuestas por Corabastos contra los dictámenes periciales realizados por Augusto Castro Medina y Elsa Rojas Urrego, por Ana Matilde Cepeda y Elsa Bulla Sarmiento.
2. Desechar las objeciones por error grave presentadas por G.F. Servicios Empresariales S.A. contra el dictamen pericial rendido por Ana Matilde Cepeda y Elsa Bulla Sarmiento con respecto a los puntos uno y dos identificados por los peritos Carlos Tinjacá Ruiz y Alfonso Flórez, y decretar probada la misma objeción por error grave en cuanto se refiere a los restantes tres puntos del mismo dictamen.
3. Ordenar a los peritos Ana Matilde Cepeda y Elsa Bulla Sarmiento a reintegrar, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de este laudo, a favor de G.F. Servicios Empresariales S.A., tres quintas partes de lo pagado por esta como honorarios correspondientes al dictamen pericial de los mismos peritos, o sea la cantidad de un millón ciento cincuenta y dos mil novecientos sesenta pesos ($ 1.152.960) moneda corriente, por perito.
4. Denegar las pretensiones uno a ocho de la demanda, por encontrar probada la excepción de extinción de las pretensiones en vista de haberse acta de liquidación del contrato sin salvedad alguna por la parte convocante.
5. Declararse incompetente para pronunciarse sobre la pretensión novena de la demanda, por corresponder ella a un asunto ajeno a la compromisoria pactada en el contrato 40-93.
6. Condenar en costas a la convocante G.F. Servicios Empresariales S.A., incluyendo como agencias en derecho la suma de catorce millones ciento ochenta y dos mil quinientos ($ 14.182.500) moneda corriente. Tales costas ascienden a la suma de veintiséis millones cientos noventa y un mil novecientos ($ 26.191.900), moneda corriente, correspondientes al 50% de la suma fijada en la audiencia de instalación por concepto de honorarios de los árbitros y el secretario, gastos de funcionamiento, protocolización registro y otros, incrementado en el 50% del valor de los honorarios de los peritos y en el 50% de los gastos causados en la producción del dictamen de Ana Matilde Cepeda y Elsa Bulla.
El total de costas y de agencias en derecho, es la suma de cuarenta millones trescientos setenta y cuatro mil cuatrocientos pesos ($ 40.374.400) moneda corriente.
7. Por secretaría expídanse sendas copias auténticas del presente laudo con destino a las partes y a la Procuraduría General de la Nación. La primera de tales copias se entregará a la Corporación de Abastos S.A., Corabastos, con constancia de que ella presta mérito ejecutivo.
8. Cítase a audiencia final para el miércoles 24 de mayo de 2000 a las 9:30 a.m. en esta misma sede, con el objeto de llevar a cabo los pronunciamientos a que haya lugar sobre eventuales aclaraciones o correcciones que en tiempo soliciten, y finalizar así la actuación de este tribunal.
9. Protocolícese el expediente en una notaría de esta ciudad.
10. Notifíquese y cúmplase.
El laudo se notificó en estrados a los apoderados de las partes. Se hizo entrega de primera copia auténtica del laudo al apoderado de Corabastos y de copia auténtica de la misma al apoderado de G.F. Servicios Empresariales.

References: artículo 428
 artículo 105
 artículo 124
 artículo 19
 artículo 1546
 artículo 238
 artículo 238
 artículo 70
 artículo 238
 artículo 238
 artículo 238
 artículo 238
 artículo 239
 artículo 32
 artículo 2
 artículo 1

Artículo 2

Artículo 430
 artículo 32
 artículo 81
 artículo 2
 artículo 24
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 artículo 5
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 artículo 4
 artículo 60