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Timestamp: 2019-09-21 09:27:56+00:00

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﻿ SENTENCIA T-818 DE OCTUBRE 4 DE 2007
SENTENCIA T-818 DE 04 DE OCTUBRE DE 2007
CONTENIDO:RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. QUIENES PERTENEZCAN A ESTE RÉGIMEN PODRÁN UNA VEZ TRASLADADOS A UN RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD REGRESAR AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:SISTEMA DE PENSIONES, RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL, TUTELA, RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA, RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN
Sentencia T-818 de octubre 4 de 2007
Sentencia T-818 de 2007
Ref.: expediente T-1635513
Acción de tutela instaurada por Rito Celio Gallegos Ruiz contra Porvenir AFP
Bogotá, D.C., cuatro de octubre de dos siete.
1. Es funcionario público distrital desde 1990. “Con cuatro años cotizados al sistema de seguridad social en pensiones, en el sector privado y 18 años como funcionario publico (sic), (...) al Seguro Social”.
2. “Estuv[o] cotizando al Seguro Social hasta enero de 2000 y desde esa fecha [se] traslad[ó] del régimen de prima media con prestación definida, al régimen de ahorro individual con solidaridad a Porvenir AFP”.
6. La razón por la cual la AFP rechazó el traslado fue: “como no cuent[a] con 15 años o más cotizados deb[e] permanecer y pensionar[se] por vejez en dicha AFP (…)”. Encuentra que dicho análisis es errado, pues la AFP no se pronuncia sobre el requisito de edad, para acceder al régimen de transición, que cumple a cabalidad.
a. Cédula de ciudadanía perteneciente al Rito Celio Gallegos Ruiz, con fecha de nacimiento 21 de abril de 1952 (cdno. 1, fl. 1).
b. Formulario de solicitud de traslado presentado por el accionante (Cdno. 1, fl. 2).
c. Respuesta del Seguro Social donde se manifiesta el rechazo del traslado (cdno. 1, fl. 3).
d. Respuesta a derecho de petición del accionante, donde Porvenir AFP manifiesta las razones del rechazo del traslado, señalando que se debió a “la causal obtendrá pensión de vejez”. “El Decreto 3800 de 29 de diciembre de 2003, es reiterativo al señalar que de acuerdo al artículo 2º de la Ley 797 de 2003, las personas que les faltaren 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, podrán trasladarse de régimen por una sola vez a más tardar el 28 de enero de 2004. (…) [La] solicitud [no fue presentada] en el tiempo que otorgó la ley para ello. Concluye señalando que el cambio de régimen no procede, pues el actor no cumple con uno de los términos que señala la Sentencia C-789 de 2002, ya que no acredita haber cumplido 15 años o más de servicios cotizados (cdno. 1, fls. 5 y 6).
El señor Gallegos Ruiz interpuso recurso de apelación contra la providencia de primera instancia. Tras presentar símiles argumentos a los aducidos en el libelo de la demanda y exponiendo como transgredido los derechos a la libre escogencia de AFP, seguridad social e igualdad, adujo el actor que “(…) el artículo 4º de la Carta política [señala que] en caso de discrepancia entre una norma y un derecho fundamental, debe inaplicarse la norma solo (sic) para el caso concreto y proteger el derecho fundamental, lo que implica que los argumentos legales esgrimidos por la accionada, deben ceder ante [su] derecho fundamental a la libre escogencia y a la igualdad”.
Adujo el a quem que “(…)la controversia que se ha suscitado en el sentido de establecer si Porvenir debe autorizar o no el traslado de fondo de pensiones al Instituto de Seguro Social, debe dilucidarse ante la jurisdicción ordinaria, no se puede pretender, que existiendo un mecanismo idóneo y su accionante encontrarse en posibilidad de adelantar y obtener la decisión definitiva por parte del juez competente, se prefiera intentar la protección última y espacialísima de la acción de tutela”.
2.1. Requisitos impuestos por el legislador para aplicar el régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Reiteración de jurisprudencia.
La creación del régimen de transición obedeció a la necesidad de implementar un mecanismo de protección frente a los tránsitos de legislación que afectarían desmesuradamente a un grupo determinado de trabajadores que, si bien no habían adquirido el derecho a la pensión, tenían una expectativa legítima de adquirir dicho derecho, ya que se encontraban próximos a que en su cabeza se concretaran las premisas para pensionarse en el momento en el que acaeció dicho tránsito legislativo (1) .
La Corte ha indicado en su jurisprudencia (2) que el régimen de transición fue reconocido únicamente para los trabajadores que estaban afiliados al régimen de prima media con prestación definida y que al entrar en vigencia el sistema de pensiones tenían 35 o más años, si eran mujeres, o 40 años o más, si se trataba de hombres, o llevaban 15 o más años de servicios cotizados. Estos requisitos son disyuntivos, por lo que basta con que en cabeza de una persona se configure alguna de las dos premisas anteriormente descritas para que frente al Estado social de derecho aquel ostente un derecho adquirido al régimen de transición.
“La Corte advierte en este sentido que al entrar en vigencia el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, las personas que a primero de abril de 1994 cumplían con los requisitos señalados en la norma adquirieron el derecho a pensionarse según el régimen de transición (…).Ello por cuanto a esa fecha cumplían con los requisitos establecidos en el artículo 36, y consecuentemente incluyeron en su patrimonio el derecho a adquirir su pensión en los términos del régimen de transición”.
“Ahora bien, cabe precisar que si bien la Corte en la Sentencia C-789 de 2003 (sic) señaló que no existe propiamente un derecho adquirido a ingresar al régimen de transición, —pues si el legislador cambia las condiciones en que se puede ingresar al régimen de transición, únicamente modifica meras expectativas—, esto no significa que las condiciones para continuar en él si puedan ser cambiadas una vez cumplidos los supuestos normativos en él señalados, (…) pues las personas cobijadas por dicho régimen tienen derecho a que se les respeten las condiciones en él establecidas.
La entidad accionada, al momento ejercer su derecho de defensa en el asunto de la referencia, adujo que la negativa a autorizar el traslado se debió a una observancia estricta de los mandatos legales existentes que regulan la materia, entre los cuales se encuentra “(…) Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003 (…)” (cdno. 1, fl. 16), así como el Decreto 3800 de 2003 que reglamentó la materia.
3.1. La Sala de Revisión encuentra probado que el actor ha cotizado en total —incluyendo el tiempo en ambos regímenes— 22 años. Esto por cuanto el señor Gallegos indica que cuenta con “(…) cuatro años cotizados al sistema de seguridad social en pensiones, en el sector privado y 18 años como funcionario público (sic), (...) al Seguro Social”. Lo que implica que a 12 de diciembre de 1993 tenía 8 años cotizados aproximadamente. Por consiguiente no hacía parte por este aspecto, de los trabajadores que ingresaron al régimen de transición por no tener “(…) quince (15) o mas años de servicios cotizados (…)”.
3.2. Sin embargo, el señor Rito Celio Gallegos Ruiz nació el 21 de abril de 1952 (Cdno. 1, fl. 1); para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 tenía 41 años de edad. En este orden de ideas, el actor cumplía a cabalidad con uno de los requisitos para hacer parte del régimen de transición, pues se encontraba dentro del grupo de trabajadores que al tener cuarenta años o más de edad podían ser beneficiarios de dicho régimen. En este sentido es necesario concluir que, al ser los requisitos para ingresar a dicho régimen disyuntivos —basta con que en cabeza de una persona se configure solamente uno—, el actor hace parte del régimen de transición y por ende es su derecho pensionarse bajo los parámetros definidos en el sistema anterior, aún cuando voluntariamente haya cambiado al régimen de ahorro individual con solidaridad.
3.3. Ahora bien, la principal pretensión del accionante está encaminada a lograr que el juez de tutela ordene el traslado de la AFP Porvenir al Seguro Social, comportamiento que es rechazado por la entidad accionada bajo el argumento de existir normas que regulan la materia y que no permiten llevarlo acabo. La Sala considera que los fundamentos jurídicos de la entidad accionada son infundados por las siguientes razones:
La Corte Constitucional dejó claramente establecido en la Sentencia C-1024 de 2004 que “… bajo el entendido que las personas que reúnan las condiciones del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que habiéndose trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad , no se hayan regresado al régimen de prima media con prestación definida, pueden regresar a este —en cualquier tiempo— conforme a los términos señalados en la Sentencia C-789 de 2002”.
En consecuencia, los beneficiarios del régimen de transición que se habían trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad podían regresar al régimen de prima media con prestación definida, o sea que podían regresar de las administradoras de fondos pensionales al seguro social en cualquier tiempo antes de pensionarse y que el único requisito era trasladar lo que tenían en esos fondos al seguro social, independientemente de les faltares menos de 10 años para pensionarse.
En segundo lugar, al ser el derecho a pensionarse bajo los parámetros definidos en el régimen anterior un derecho adquirido, no es posible considerar que una norma posterior los afecte —conforme la Sentencia C-754 de 2004—, hasta el punto de hacerlos nugatorios. Considerar lo contrario conllevaría el absurdo del desconocimiento de la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, que en este caso se encuentra ligada a la irrenunciabilidad a la seguridad social (art. 48), pues se estaría obligando a una persona a no pensionarse cuando está facultada para hacerlo y por ende a renunciar a esa legítima prestación social.
El segundo argumento planteado por la entidad para rechazar la solicitud del accionante fue la ausencia de uno de los requisitos establecidos en el decreto 3800 de 2003, pues el monto de los aportes efectuados por el actor ante la administradora son inferiores a los que habría cotizado de haber permanecido en régimen de prima con prestación definida (cdno. 1, fls. 16 y ss.).
3.4. Ahora bien, en la contestación a la acción de tutela, Porvenir AFP aduce que “(…) los aportes destinados al riesgo de vejez hoy en día no coinciden en el régimen de prima media (ISS) y el régimen de ahorro individual con solidaridad (fondos privados), pues existe una diferencia de 1.5% que en el régimen de ahorro individual se destina al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Sobre el particular es preciso destacar que con anterioridad a la promulgación de la Ley 797 de 2003 si existía una equivalencia de los aportes en ambos regímenes” (resaltado fuera del original) (cdno. 1, fl. 18).
Es menester señalar que, la exigencia de condiciones imposibles —como la señalada en el párrafo precedente— para ejercer el derecho de las personas que, pueden cambiar de régimen aún faltándoles menos de diez años para obtener el derecho de pensión, es a todas luces inconstitucional. No se puede condicionar la realización del derecho a la libre escogencia de régimen pensional mediante elementos que hagan imposible su ejercicio.
3.5. En conclusión, tras encontrar que el señor Rito Celio Gallegos Ruiz hace parte del régimen de transición, y por ende, ostenta la facultad de pensionarse conforme a las regulaciones del régimen anterior, así como que cumple con los requisitos determinados para que sea posible el traslado; es indiscutible que la negativa de Porvenir AFP de autorizar su traslado al Seguro Social atenta contra sus derechos fundamentales. Por esta razón esta Sala revocará las sentencias de instancia y ordenar a la entidad accionada que proceda a autorizar el traslado del señor Gallegos Ruiz al Seguro Social para que pueda hacer efectivo su derecho de pensión.
1. REVOCAR, por las razones expuestas en esta providencia, las sentencias proferidas por el Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal de Bogotá el veinte (20) de abril de dos mil siete, y por el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogotá el diez (10) de mayo de dos mil siete (2007), y en su lugar CONCEDER del derecho a la seguridad social y a la libre escogencia de régimen pensional del señor Rito Celio Gallegos Ruiz.
2. ORDENAR a Porvenir AFP que, en el término de 48 horas a partir de la notificación de esta providencia proceda a autorizar el traspaso del señor Rito Celio Gallegos Ruiz al Seguro Social.
3. ORDENAR a Porvenir AFP que, en el término de 48 horas proceda a trasladar la totalidad del ahorro, efectuado al régimen de ahorro individual con solidaridad por el señor Rito Celio Gallegos Ruiz, al Seguro Social.
(1) Sobre los conceptos de derechos adquiridos y expectativas legítimas consultar entre otras las sentencias: Ver entre otras las sentencias C-177 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), C-314 de 2004 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), C-038 de 2004 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), C-147 de 1997 (M.P. Antonio Barrera Carbonell) y C-168 de 2005 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
(2) Al respecto ver Sentencia C-789 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).

References: artículo 2
 artículo 4
 artículo 36
 artículo 36
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