Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/9476
Timestamp: 2019-10-23 10:22:59+00:00

Document:
Sentencia: TAD-CUN-SIII-19981825-2002
Una entidad estatal puede declarar desierta una licitación pública mediante acto administrativo con motivo de que las ofertas presentadas no cumplían con los requerimientos legales lo cual no así posible observar claramente la oferta más favorable
HERNANDO ÁNGEL NAVARRO, VS LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ-SECRETARIA DE EDUCACIÓN.
La Secretaría de Educación del Distrito Capital elaboró los Términos de Referencia encaminados a formular Llamado a Ofertas No. 12, entre cuyos ítems previo algunos requisitos que debían satisfacer los Oferente; la obligación de constituir Póliza de Seriedad de la Oferta por un valor equivalente al 10% del valor de la misma, sin indicar la vigencia de la misma los factores de ponderación técnica de la ofertas sobre un puntaje total de 100 puntos y señalo las fechas de apertura y cierre del Concurso sin establecer término para tomar la respectiva decisión de adjudicación.
En Llamado a Ofertas participaron 20 Proponentes, siendo ¡nicialmente rechazadas 15 ofertas y luego otras dos, por no haber presentado garantía de seriedad de la oferta y una de ellas por haber incurrido en equivocación en cuanto al objeto mismo sobre el que debía versar la oferta, quedando en definitiva opcionadas a I;.; decisión de adjudicación las ofertas presentadas por el señor Hernando Ángel Navarro y el Consorcio Fundación Colombia Crea-Ceudes.
La Coordinación del Provecto efectuó la calificación técnica de estas dos ofertas asignándoles, a la primera, un puntaje total de 70 puntos y, a la segunda, un puntaje total de 82 '.puntos sobre 100; la Coordinación del Proyecto envió a la Oficina Jurídica, con la oportunidad debida, las ofertas para efectos de la emisión del concepto jurídico; que ante la demora en la toma de la decisión, en varias oportunidades, el proponente Hernando Ángel Navarro se dirigió a las autoridades de la Secretaría de Educación, instándolas a definir el proceso y, finalmente, manifestando que al ser enterado del extravío de los originales de las ofertas era procedente efectúe su reconstrucción, habida cuenta que copia de ellas reposaba en la Coordinación del Proyecto; que el señor Hernando Ángel Navarro aportó Certificaciones de M edificación de la Póliza de Seriedad de la Oferta a efectos de amparar su vigencia, dada la demora en la toma de la decisión, ampliación que cubrió hasta el día 4 de marzo de 1.998.
El Consorcio Fundación Colombia Crea-Ceudes aportó certificados de Modificación de la Póliza de Seriedad de la Oferta a efectos de amparar su vigencia, por la misma razón antes expresada, ampliación que cubrió hasta el día 30 de noviembre de 1.997.
La Coordinación del Proyecto solicitó a la Subsecretaría Administrativa de la 8000^^ de Educación autorización para adjudicar el Llamado a Ofertas, según la calificación que les fue asignada a los oferentes, sin el concepto jurídico, dado que la Oficina, Jurídica no lo ha emitido, a pesar de la insistencia para que lo haga.
Con fecha 30 de diciembre de 1997, la Secretaria de Educación del Distrito Capital de Bogotá, profirió la Resolución No. 9305, en la que se resuelve declarar desierto el Llamamiento a Ofertas No. 12.
¿Puede una entidad estatal declarar desierta una licitación pública mediante acto administrativo con motivo de que las ofertas presentadas no cumplían con los requerimientos legales lo cual no así posible observara claramente la oferta más favorable, sin vulnerar el principio de legalidad?
Nota al editor: El actor busca la declaratoria de nulidad del acto administrativo mediante el cual se declara desierta una licitación pública.
«(…). Asiste razón al actor cuando sostiene que el inciso segundo del artículo 29 de la Ley 80 de 1.993 para efectos de determinar lo que se entiende por ofrecimiento mas favorable, para fines de la selección objetiva, no incluye entre los factores de escogencia los "requerimientos legales", como lo expresa el acto acusados, falseando, además, la norma en cita, por cuanto en la transcripción literal que hace de ella, lo incluye, cuando ésta no lo hace. También asiste razón a la parte actora cuando argumenta que tal falsedad sirve de sustento a la motivación de declaratoria de desierta de la Licitación, al afirmarse en ésta que no es posible la selección objetiva por no haberse efectuado el correspondiente análisis sobre tales requerimientos legales que, como ya se dijo, se afirma en el acto tienen el carácter de factores de escogencia.
Sin embargo, una interpretación armónica y de conjunto de las normas que reglan el proceso de selección y, específicamente, la selección objetiva, llevan a concluir que ésta implica, tal como lo preceptúa el numeral 7°. del artículo 30 del Estatuto de Contratación Estatal, no solamente el análisis y ponderación de factores de carácter técnico y de carácter económico, según los establezca de manera particularizada el respectivo Pliego de Condiciones, Términos de Referencia o Documento Base del Proceso de Selección, sino también el análisis jurídico, el cual es obligatorio, en la medida en que la adjudicación no puede hacerse a un oferente que no presente propuesta ajustada a la ley general y a la ley especial, entendida la primera como cualquier norma que sea aplicable a la oferta en estudio y la segunda referida a las preceptivas contenidas en el Pliego de Condiciones, Términos de Referencia o Documento Base del Proceso, en cuanto el no acatamiento o ajuste a ellas impida la comparación de ofertas, tal como lo preceptúa el numeral 15 del artículo 25 del mismo Estatuto. Además, el numeral 5°. del artículo 24 ibidem, preceptúa que en dichos Pliegos de Condiciones o Términos de Referencia deben indicarse los requisitos objetivos necesarios para participar en el respectivo proceso de selección, requisitos que si bien no son materia de factores de escogencia, para fines de determinar el ofrecimiento mas favorable, si son materia de análisis y definición de naturaleza jurídica que condicionan la selección objetiva y que, mas aún, dentro de un proceso lógico jurídico, deben ser analizados previamente a efectuar los análisis técnico y económico, como que pueden determinar el rechazo de las ofertas , en el evento en que, como ya se dijo, su ausencia o no satisfacción impidan la comparación de las propuestas. Es decir que,* en aplicación del principio de transparencia que rige el proceso de selección y en particular en su aplicación de objetividad, la selección objetiva implica análisis jurídico para efectos de determinar la viabilidad de la escogencia de una oferta frente a la ley y luego sí los análisis técnico y económico, conforme a los factores o criterios de evaluación señalados y a su ponderación, de manera que la ausencia del primero de los análisis mencionados impide la selección objetiva.
El acto acusado, se fundamenta no solamente en los incisos segundo y tercer del artículo 29 de la Ley 80 de 1993 La declaratoria de desierta de la Licitación o concurso procederá por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva y, como ya se dijo, el análisis jurídico que versa sobre los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección es parte constitutiva de la selección objetiva, cuya ausencia impide dicha escogencia objetiva, razón para que ante la existencia de un supuesto de hecho o motivo fáctico verdadero, ausencia de análisis jurídico, ajustado a la norma superior en cuanto conforme a ella implica la declaratoria de desierta de la Licitación o Concurso por impedir la escogencia objetiva* el acto impugnado encuentra el debido sustento legal, no se estructura la violación, directa de la norma en cita y no halla desvirtuada la presunción de legalidad y veracidad que lo ampara. (...)»
Una entidad estatal puede declarar desierta una licitación pública mediante acto administrativo con motivo de que las ofertas presentadas no cumplían con los requerimientos legales lo cual no así posible observara claramente la oferta más favorable, sin vulnerar el principio de legalidad, en razón a que:
La entidad no debe hacer solamente el análisis y ponderación de factores de carácter técnico y de carácter económico de las ofertas, sino también el análisis jurídico, el cual es obligatorio, en la medida en que la adjudicación no puede hacerse a un oferente que no presente propuesta ajustada a la ley general y a la ley especial.
El no acatamiento o ajuste a ellas impida la comparación de ofertas.
En aplicación del principio de transparencia que rige el proceso de selección, la selección objetiva implica análisis jurídico para efectos de determinar la viabilidad de la escogencia de una oferta frente a la ley y luego sí los análisis técnico y económico, conforme a los factores o criterios de evaluación señalados y a su ponderación, de manera que la ausencia del primero de los análisis mencionados impide la selección objetiva
Una interpretación armónica de las normas que reglan el proceso de selección objetiva, llevan a concluir que los requerimientos legales se encuentra implícitos en el Estatuto de Contratación Estatal.
PRIMERO.- Declárase no probada la excepción propuesta por la parte demandada.
SEGUNDA.- Niéganse las pretensiones de la demanda.
Ley 80 de 1993. Artículo 24, 29 y 30.
Ficha: Una entidad estatal puede declarar desierta una licitación pública mediante acto administrativo..

References: Resolución 
 artículo 29
 artículo 30
 artículo 25
 artículo 24
 artículo 29
 Artículo 24