Source: http://corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?lang=es&nId_Ficha=234
Timestamp: 2019-12-16 06:01:21+00:00

Document:
Ficha Técnica: Castillo González y otros Vs. Venezuela
Familia Castillo González
Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de Caracas, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
El caso se refiere a la falta de responsabilidad internacional del Estado en relación a la muerte de Joe Luis Castillo y las consecuencias que ello produjo en su familia.
Palabras Claves: Defensores de los derechos humanos, Derecho a la honra y la intimidad, Derecho a la integridad personal, Derecho a la vida, Derechos de los niños y las niñas, Dignidad, Garantías judiciales y procesales, Libertad de asociación, Libertad de circulación y residencia, Libertad de pensamiento y expresión, Protección judicial
Convención Americana: Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.) , Artículo 11 (Derecho a la honra y dignidad) , Artículo 13 (Libertad de pensamiento y expresión) , Artículo 16 (Derecho a la Libertad de Asociación) , Artículo 25 (Protección Judicial) , Artículo 4 (Derecho a la vida) , Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) , Artículo 8 (Garantías Judiciales)
- Los hechos del presente caso se enmarcan cuando, entre 1999 y 2003, ocurrieron en Venezuela una serie de desplazamientos de personas provenientes de Colombia en busca de refugio a causa del conflicto armado colombiano. El abogado Joe Luis Castillo González, y su esposa Yelitze Moreno junto con su hijo Luis César Castillo Moreno residían en la ciudad de Machiques, estado Zulia, a partir de 1999. El señor Castillo se desempeñó como Coordinador General de la Oficina de Acción Social y Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Machiques (OASVAM), en donde por razón de su trabajo, laboraba en la zona fronteriza de Venezuela con Colombia, en asuntos relacionados con pueblos indígenas y personas refugiadas. Yelitze Moreno fue Coordinadora del Departamento de Investigación, Comunicación y Promoción de Derechos Humanos de OASVAM.
- El 27 de agosto de 2003, el señor Castillo, su esposa y su hijo se dirigían en un vehículo hacia su residencia. En pleno transcurso, dos hombres desconocidos comenzaron a disparar contra ellos. El señor Castillo perdió el control de dicho vehículo, el cual colisionó contra la acera. El señor Castillo sufrió varias heridas producidas por las armas de fuego y falleció en el hospital. La señora Moreno y Luis Castillo también sufrieron heridas por impactos de balas. Tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente.
- Después del atentado, Yelitze Moreno y su hijo se trasladaron a la casa de la hermana de la señora Moreno en Santa Lucía del Tuy, estado Miranda, donde permanecieron durante el proceso de recuperación, hasta diciembre de 2003. Posteriormente, fijaron su residencia en la casa materna de Joe Luis Castillo. Por otra parte, el 1 de septiembre de 2003, tras la muerte de Joe Luis Castillo, se recibieron amenazas en la Oficina del Vicariato, por lo que cerró durante dos meses. Después de ello, la oficina reorientó su trabajo hacia actividades dedicadas al fortalecimiento del trabajo comunitario, excluyendo la atención a refugiados y casos de violaciones de derechos humanos. No se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables.
- Fecha de presentación de la petición (12.605): 20 de marzo de 2006
- Fecha de informe de admisibilidad (22/07):9 de marzo de 2007
- Fecha de informe de fondo (120/10): 22 de octubre de 2010
- Fecha de remisión del caso a la Corte IDH: 22 de febrero de 2011
- Petitorio de la CIDH: La CIDH presentó la demanda en este caso con el objeto de que la Corte IDH decidiera si el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 8, 16, 19, 25 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana.
- Petitorio de los representantes de las víctimas: Los representantes de las víctimas señalaron coincidir con el petitorio de la CIDH. Además, argumentaron que el Estado había violado derechos consagrados en la Convención en los artículos 8, 11.2, 13, 25.
- Fecha de audiencia ante la Corte IDH: 2 de marzo de 2012
I. Derechos a la vida, a la integridad personal y del niño, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos
1.1. Alegada atribución de responsabilidad estatal por aquiescencia, tolerancia o participación de agentes estatales
110. En relación con lo señalado, la Corte ha afirmado, de conformidad con un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, que todo Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones que menoscaben los derechos humanos reconocidos en la Convención y que puedan ser atribuidos, según las reglas del Derecho internacional a cualesquiera de sus poderes u órganos.
111. La Corte también ha sostenido que puede generarse responsabilidad internacional del Estado por atribución a éste de actos violatorios de derechos humanos cometidos por terceros o particulares (…).
113. Ahora bien, la atribución de responsabilidad a un Estado por actos de agentes estatales o de particulares debe determinarse atendiendo a las particularidades y circunstancias de cada caso. Al respecto, la Corte ha señalado que debe atenerse a los principios de la sana crítica, dentro del marco normativo correspondiente (…).
114. (…) [A]l no surgir del acervo probatorio ningún otro elemento sobre la posible participación o conocimiento de agentes del Estado en relación con el atentado, la Corte estima que los referidos señalamientos no son totalmente concordantes entre sí, ni suficientes y cualitativamente diversos para arribar, de acuerdo a las pautas de ponderación referidas (…), a la convicción sobre la intervención de agentes estatales en el atentado, o sobre la aquiescencia o tolerancia estatal respecto a los hechos.
115. Por lo tanto, para la Corte no es razonable colegir, del conjunto de los elementos probatorios aportados y, en especial, con base en los “indicios” referidos por la Comisión, que el Estado es responsable, por tolerancia, aquiescencia o perpetración directa del atentado cometido contra Joe Castillo, Yelitze Moreno y Luis Castillo. Por ello, la Corte constata que no existen elementos suficientes para determinar la responsabilidad internacional del Estado por la vulneración, en este caso, de los artículos 4, 5 y 19 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del tratado.
1.2. Alegada atribución de responsabilidad estatal con base al deber de prevención
126. Con relación específicamente al presente caso, la Corte advierte que hay consenso entre las partes y la Comisión sobre la existencia, para el momento de los hechos, de una situación de inseguridad e incremento de la violencia que afectaba al estado Zulia y que incidía particularmente sobre los líderes campesinos.
127. Sin embargo, la Corte nota también, por una parte, que las referencias presentadas por los representantes y la Comisión en general se refieren a la situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela y no exclusivamente a su situación en Zulia, y por otra parte, que, de acuerdo con los elementos probatorios aportados y más allá de la situación de complejidad e inseguridad que se vivía en la zona, en la que acaecieron ciertos hechos que implicaron agresiones en contra de defensores de derechos humanos, no se probó que constituyeran una situación o práctica generalizada ni sistemática. Por ende, para la Corte resulta innecesario ponderar las demás circunstancias alegadas, así como la pertinencia de realizar un análisis con base en el referido deber reforzado de prevención a la luz de la pretendida existencia de una situación de “riesgo estructural”.
131. (…) [L]a Corte concluye que, al momento de los hechos, no existían elementos suficientes para establecer que el señor Castillo se encontraba en una situación de riesgo con especial notoriedad que conllevara al Estado a adoptar medidas especiales de protección y prevención a su favor.
II. Derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos
160. Ahora bien (…) corresponde a la Corte, en el marco de su competencia y funciones, valorar si el actuar estatal en el curso de la investigación fiscal, considerando a ésta en su conjunto, se adecuó o no a pautas de debida diligencia requerida para satisfacer el derecho a acceder a la justicia (…).
161. El Tribunal ha constatado que, en el curso de la investigación fiscal, se realizó un amplio cúmulo de actuaciones (…) que responden a las pautas de diligencia debida señaladas y que, además, hubo ciertas omisiones y dilaciones en la realización de ciertas diligencias (…). Como se ha señalado, la investigación debe valorarse en su conjunto, considerando que se trata de una obligación de medios y no de resultado, y teniendo presente que no compete a la Corte, en principio, resolver la procedencia de medidas de investigación (…). Asimismo, debe ponderarse si el acaecimiento de ciertas omisiones o dilaciones es suficiente para configurar la responsabilidad internacional del Estado. Esto debe apreciarse también a la luz del hecho que debe investigarse, siendo que, en este caso, no está acreditada la intervención estatal en el homicidio cometido contra Joe Castillo.
III. Derechos a la integridad personal, a la protección de la honra y de la dignidad, libertad de pensamiento y de expresión y libertad de asociación, en relación con la obligación de respetar los derechos
- Que el Estado no violó los derechos a la vida, a la integridad personal y del niño establecidos en los artículos 4, 5.1 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de ese instrumento.
- Que el Estado no violó los derechos a las garantías y protección judiciales establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación el artículo 1.1 del mismo.
- Que el Estado no violó los derechos integridad personal, a la protección de la honra y de la dignidad, libertad de pensamiento y de expresión y libertad de asociación establecidos en los artículos 5, 11.1, 13 y 16, respectivamente, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de ese instrumento.
- Que al no haberse establecido la responsabilidad internacional del Estado, no procede pronunciarse sobre reparaciones, costas y gastos.
- Archivar el expediente

References: Artículo 1
 Artículo 11
 Artículo 13
 Artículo 16
 Artículo 25
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 8
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1