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Timestamp: 2016-02-14 03:47:31+00:00

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Sentencia T.S. (Sala 3) de 3 de septiembre de 2010. Funcionarios. Exclusi�n de reserva de puesto de funcionario para cargo de Director General. Principio de objetividad - 57233 - Lex Nova, informaci�n jur�dica actualizada
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Sentencia T.S. (Sala 3) de 3 de septiembre de 2010�RESUMEN:� Funci�n P�blica: Se interpone recurso, por parte de la Federaci�n de Asociaciones de Funcionarios, contra determinados Reales Decretos que determinan la exclusi�n de la reserva funcionarial para determinados puestos de Director General. La Sala Tercera recuerda que ya estableci� una doctrina en relaci�n con el art�culo 18.2 de la Ley 6/1997, por la que la garant�a de objetividad en el servicio a los ciudadanos, y la profesionalizaci�n de los �rganos directivos de la Administraci�n General del Estado, impon�a que determinados altos cargos, y entre ellos el de Director General, habr�an de ser nombrados entre funcionarios que ostenten la titulaci�n superior, salvo situaciones excepcionales en virtud de las caracter�sticas espec�ficas de las funciones atribuidas a la Direcci�n General y que habr�n de apoyarse en hechos objetivos y concretos. Establecida esta doctrina, el TS examina por separado la utilizaci�n de la excepci�n mencionada por parte del Gobierno, para cada uno de los supuestos objeto de impugnaci�n y declara haber lugar al recurso en cuanto a concretas Direcciones Generales por no ajustarse a la reserva funcionarial.En la Villa de Madrid, a tres de Septiembre de dos mil diez.Visto por la Secci�n S�ptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los se�ores arriba anotados, el recurso contencioso-administrativo que con el n�mero 528/2008 ante la misma pende de resoluci�n, interpuesto por la FEDERACI�N DE ASOCIACIONES DE LOS CUERPOS SUPERIORES DE LA ADMINISTRACI�N CIVIL DEL ESTADO, representada por el Procurador don Ramiro Reynolds Mart�nez, frente a los Reales Decretos 1130/2008, de 4 de julio, 1127/2008, de 4 de Julio, 1131/2008, de 4 de Julio, 1133/2008, de 4 de Julio, 1126/2008, de 4 de Julio, 1181/2008, de 11 de Julio, 1182/2008, de 11 de Julio, y 1183/2008, de 11 de Julio.Habiendo sido parte recurrida la ADMINISTRACI�N GENERAL DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.ANTECEDENTES DE HECHO�Primero.-Por la FEDERACI�N DE ASOCIACIONES DE LOS CUERPOS SUPERIORES DE LA ADMINISTRACI�N CIVIL DEL ESTADO se interpuso recurso contencioso-administrativo contra los Reales Decretos que antes han sido mencionados, motivando la reclamaci�n del expediente que, una vez recibido, se puso de manifiesto a la parte recurrente para que formalizase la demanda dentro del correspondiente plazo; y as� lo verific� con un escrito en el que, despu�s de exponer los hechos y fundamentos de derecho que estim� oportunos, pidi� en el "SUPLICO" lo siguiente: "(...) dicte sentencia por la que se anulen los Reales Decretos antes referenciados en cuanto a los apartados referidos a las excepciones en los nombramientos de las Direcciones Generales citadas en virtud del art�culo 18.2 de la LOFAGE ".Segundo.-El se�or Abogado del Estado, en la representaci�n que le es propia, se opuso a la demanda con escrito en el que, tras alegar cuanto consider� conveniente, suplic�: "que teniendo por contestada la demanda, dicte sentencia por la que se desestime el recurso, al ser conforme a Derecho los Reales Decretos recurridos".Tercero.-No hubo recibimiento a prueba y, una vez evacuado el tr�mite de conclusiones, se se�al� inicialmente para votaci�n y fallo la audiencia del d�a 24 de febrero de 2010, pero razones de servicio determinaron que se dejara sin efecto y se hiciera un nuevo se�alamiento para el d�a 21 de julio de 2.010. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Nicolas Maurandi Guillen, Magistrado de la Sala
FUNDAMENTOS DE DERECHO�Primero.-La FEDERACI�N DE ASOCIACIONES DE LOS CUERPOS SUPERIORES DE LA ADMINISTRACI�N CIVIL DEL ESTADO impugna en el actual proceso contencioso-administrativo la exclusi�n de la reserva funcionarial que ha sido dispuesta en los Reales Decretos recurridos para el nombramiento de los titulares de varias Direcciones Generales por aplicaci�n de lo establecido en el art�culo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado (LOFAGE). Las Direcciones Generales objeto de controversia son las siguientes:en el REAL DECRETO 1130/2008, de 4 de julio, por el se desarrolla la estructura org�nica b�sica del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino la Direcci�n General del Medio Natural y Pol�tica Forestal, la Direcci�n General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, la Direcci�n General del Agua y la Direcci�n General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar; en el REAL DECRETO 1127/2008, de 4 de julio, por el se desarrolla la estructura org�nica b�sica del Ministerio de Econom�a y Hacienda, la Direcci�n General del Tesoro y Pol�tica Financiera; en el REAL DECRETO 1131/2008, de 4 de julio, por el se desarrolla la estructura org�nica b�sica del Ministerio de Administraciones P�blicas, la Direcci�n General de Impulso de la Administraci�n Electr�nica; en el REAL DECRETO 1133/2008, de 4 de julio, por el se desarrolla la estructura org�nica b�sica del Ministerio de Sanidad y Consumo, la Direcci�n General de Terapias Avanzadas y Trasplantes; en el REAL DECRETO 1126/2008, de 4 de julio, por el se desarrolla la estructura org�nica b�sica del Ministerio de Defensa, la Direcci�n General de Comunicaci�n de Defensa; en el REAL DECRETO 1181/2008, del 1 de Julio, por el se desarrolla la estructura org�nica b�sica del Ministerio del Interior, la Direcci�n General de Relaciones Informativas y Sociales y la Direcci�n General de Apoyo a las V�ctimas del Terrorismo; en el REAL DECRETO 1182/2008, del 1 de julio, por el se desarrolla la estructura org�nica b�sica del Ministerio de industria, Turismo y Comercio, la Direcci�n General para el Desarrollo de la Sociedad de la Informaci�n; y en el REAL DECRETO 1183/2008, de 11 de julio, por el se desarrolla la estructura org�nica b�sica del Ministerio de Ciencia e Innovaci�n, la Secretar�a General del Consejo de Coordinaci�n Universitaria. La demanda pretende la nulidad de esas exclusiones de la reserva funcionarial que son objeto de impugnaci�n, y los argumentos principalmente esgrimidos para ello son bien que no se ha motivado suficientemente, o bien que se ha hecho un indebido uso de la discrecionalidad conferida por el art�culo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, precepto este que establece lo siguiente: "Art�culo 18 . Los Directores Generales.2. Los Directores generales ser�n nombrados y separados por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento.Los nombramientos habr�n de efectuarse de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 10 art. 6 entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Aut�nomas o de las Entidades locales, a los que se exija para su ingreso el t�tulo de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente, salvo que el Real Decreto de estructura del Departamento permita que, en atenci�n a las caracter�sticas espec�ficas de las funciones de la Direcci�n General, su titular no re�na dicha condici�n de funcionario".Segundo.-Esta Sala en la sentencia de 21 de marzo de 2002, dictada en el recurso 1060/2000, estableci� una doctrina en relaci�n con ese art�culo 18.2 de la Ley 6/1997 que antes se transcribi� que luego ha sido reiterada en otras sentencias posteriores [la de 6 de marzo de 2007, dictada en el recurso 23/2006, y las dos de 21 de enero de 2009 dictadas en los recursos 238 y 237 de 2006, entre otras]; una doctrina cuyas l�neas maestras est�n constituidas por las ideas que contin�an. Que dicha Ley 6/1997 introdujo como garant�a de objetividad en el servicio a los ciudadanos la profesionalizaci�n de los �rganos directivos de la Administraci�n General del Estado, incluidos los altos cargos con responsabilidad directiva en le estructura administrativa. Que es por aplicaci�n de ese principio por lo que la Ley dispone que los Subsecretarios y Secretarios generales t�cnicos, en todo caso (art�culos 15.2 y 17.3), y los Directores Generales, con car�cter general (art�culo 18.3), habr�n de ser nombrados entre funcionarios que ostenten la titulaci�n superior, y que el nombramiento, adem�s deber� ser acordado (art�culo 6.10) atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia. Que la nueva regulaci�n legal consagra, pues, un r�gimen riguroso de profesionalizaci�n de los m�s altos cargos de la estructura administrativa estatal, por encima de los cuales s�lo se encuentran los Secretarios de Estado y los Ministros quienes, dada, su cualidad de miembros de Gobierno (ministros) o de titulares de �rganos directamente responsables de la ejecuci�n de la acci�n de Gobierno (secretarios de Estado), no est�n, obviamente sujetos a aquellos condicionamientos.Que la excepci�n inserta en el art�culo 16.2 permite al Consejo de Ministros excluir que una determinada Direcci�n General sea servida de modo obligado por funcionario de carrera de nivel superior, pero esta exclusi�n (a) ha de venir contemplada precisamente en el Real Decreto de estructura del Departamento y (b) ha de tener como causa las "caracter�sticas espec�ficas " de las funciones atribuidas a la Direcci�n General. Y que, a partir de esta premisa, el Consejo de Ministros, como titular de la potestad de nombramiento, puede designar bien a un funcionario o bien a persona que no ostente dicho car�cter, pero en el buen entendimiento de que la excepci�n se refiere tan s�lo a la previa condici�n funcionarial pero no al resto de los criterios exigibles (profesionalidad y experiencia).Desde las anteriores ideas se concluye y declara que no es incondicionada esa atribuci�n conferida por la Ley al Consejo de Ministros para sustraer una determinada Direcci�n General a su r�gimen de provisi�n ordinario entre funcionarios de carrera y, por ello, la decisi�n de aquel �rgano exige para su validez, adem�s del respeto a los elementos reglados, que la justificaci�n sea objetiva y expuesta en t�rminos que permitan comprender las razones por las cuales la decisi�n misma es adoptada.Y por lo que en concreto hace al significado que ha de atribuirse al condicionante que la Ley establece mediante esa gen�rica expresi�n "caracter�sticas espec�ficas", la citada sentencia de 21 de marzo de 2002 se expresa en estos t�rminos: "Ciertamente la Ley 6/1997 no ha expresado qu� "caracter�sticas espec�ficas" hacen viable la excepci�n que analizamos, y lleva raz�n el Abogado del Estado al sostener que pueden serlo no s�lo las dos (confidencialidad e insuficiencia profesional del funcionariado de carrera) a las que se refiere la demanda, sino otras de signo diverso; ello no obstante, la interpretaci�n m�s l�gica del art�culo 18.2 es que la exclusi�n de la reserva a favor de funcionarios de carrera con t�tulo superior vendr� justificada, normalmente, por el hecho de que las funciones de una determinada Direcci�n General no se correspondan con las correlativas, en cuanto a preparaci�n, experiencia y cometido, asignadas a aquellos funcionarios.No hay inconveniente en reconocer que el Consejo de Ministros goza de un cierto margen de apreciaci�n (de discrecionalidad, en suma) para apreciar qu� tipo de caracter�sticas singulares aconsejan hacer uso de la potestad que, en definitiva, le ha reconocido el Legislador. Margen de apreciaci�n que, adem�s, se corresponde con la naturaleza estructural de este g�nero de decisiones pertenecientes a un �mbito tradicionalmente reservado a la potestad autoorganizativa en el que -sin la presencia del art�culo 18.2 de la Ley - ser�a incluso dif�cil reconocer la legitimaci�n de los funcionarios para impugnarlas.La existencia del componente discrecional no impide, como ambas partes convienen en admitir, el control jurisdiccional del acto adoptado. La demanda de la Asociaci�n que recurre y la correlativa contestaci�n del Abogado del Estado, en t�rminos una y otra s�lidamente fundados, se extienden en consideraciones m�s o menos abstractas sobre los l�mites de la revisi�n jurisdiccional de esta clase de actos, citando la primera en su apoyo jurisprudencia de esta Sala al respecto. No es necesario a los efectos del recurso reiterar lo que, en no pocas ocasiones, hemos afirmado sobre esta cuesti�n de orden general y s� debemos, por el contrario, examinar si en el caso de autos el ejercicio de la facultad atribuida al Consejo de Ministros se hizo en t�rminos acordes con la Ley habilitante".Tercero.-Esa doctrina que acaba de exponerse pone de manifiesto que cualquier excepci�n que sea establecida a la regla general de reserva funcionarial exigir�, para poder ser considerada v�lida, que se apoye en hechos objetivos y concretos; y por dicha raz�n no bastaran consideraciones abstractas o gen�ricos juicios de valor. Y esa objetividad y concreci�n habr� de ser constatada principalmente en las singulares funciones que tenga atribuidas la Direcci�n General de que en cada caso se trate, que habr�n de exteriorizar unos concretos cometidos cuya extraordinaria naturaleza haga bien visible la conveniencia, en aras de un mejor desempe�o de la Direcci�n General, de no limitar el �mbito de los posibles titulares solamente a los cuerpos de funcionarios y ampliarlo a personas que, a pesar de no tener la condici�n funcionarial, puedan ofrecer una superior idoneidad para esos cometidos extraordinarios.Tras lo anterior ya debe decirse que, por lo que hace al examen de las de las impugnaciones planteadas en el actual proceso, debe diferenciarse entre las Direcciones generales existentes antes del Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, y para las que este, a los efectos del art�culo 18.2 de la LOFAGE, mantuvo la vigencia de la aplicaci�n de la excepci�n a la reserva funcionarial que ya hab�a sido dispuesta con anterioridad; y aquellas otras Direcciones generales en las que la aplicaci�n de la excepci�n ha sido establecida con posterioridad. Diferenciaci�n que es necesaria porque, en lo que se refiere a las primeras, la justificaci�n y funciones a considerar para decidir si es o no v�lida la controvertida excepci�n habr�n de buscarse en los Reales Decretos que dispusieron su establecimiento por vez primera y no en los Reales Decretos directamente impugnados en el actual proceso, porque estos �ltimos, en la l�nea del Real Decreto 432/2008, lo que han hecho es ratificar y asumir esa excepci�n que ya estaba dispuesta. Y sin que esa necesidad de integrar la justificaci�n de la excepci�n con lo que haya figurado de en la normativa inicial que la estableci� impida su actual examen, pues, al haber sido asumida y confirmada expresamente por los Reales Decretos que son aqu� directamente recurridos, ha de considerarse que tambi�n forma parte del contenido normativo de estos �ltimos esa justificaci�n inicialmente establecida.Por tanto, el estudio de las impugnaciones que seguidamente se va a realizar de manera separada va a comenzar, al igual que ha hecho el Abogado del Estado en su contestaci�n, por el de las Direcciones generales que ya ten�an dispuesta la excepci�n antes del Real Decreto 438/2008, que son estas: la del Tesoro y Pol�tica Financiera, la de Impulso de la Administraci�n Electr�nica, la de Comunicaci�n de Defensa, la de Apoyo a las V�ctimas del Terrorismo, la de Relaciones Informativas y Sociales y la Secretar�a General de Coordinaci�n Universitaria. Y despu�s, en consecuencia, se analizar�n las impugnaciones correspondientes a las restantes Direcciones generales.Cuarto.-La excepci�n a la reserva funcionarial en la Direcci�n General del Tesoro y Pol�tica Financiera no fue establecida de manera absoluta sino s�lo para permitir que el nombramiento pudiera efectuarse entre empleados del Banco de Espa�a, y fue dispuesta por el Real Decreto 120/2005, de 4 de febrero [que modific� el Real Decreto 1552/2004, de 25 de junio, por el que se desarroll� la estructura b�sica del Ministerio de econom�a y Hacienda]. El pre�mbulo de dicha disposici�n justific� la excepci�n en estos t�rminos:"La Direcci�n General del Tesoro y Pol�tica Financiera tiene encomendadas, entre otras, competencias en materia de instituciones, entidades y mercados financieros, coordinaci�n de los temas monetarios y financieros en el Comit� Econ�mico y Financiero de la Uni�n Europea, as� como la representaci�n en los Comit�s T�cnicos de la Uni�n Europea en materia de entidades de cr�dito, mercados financieros, instituciones de inversi�n colectiva y otras materias financieras. Dada la especificidad de estas funciones, resulta aconsejable posibilitar que el nombramiento del Director General del Tesoro y Pol�tica Financiera pueda recaer no solo entre funcionarios de carrera de las Administraciones p�blicas, sino, adem�s, entre los empleados del Banco de Espa�a, donde tambi�n hay servidores p�blicos con la formaci�n, conocimientos y experiencia adecuados al desempe�o de las funciones encomendadas a la Direcci�n General del Tesoro y Pol�tica Financiera. En su virtud, a iniciativa del Ministro de Econom�a y Hacienda, a propuesta del Ministro de Administraciones P�blicas y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 4 de febrero de 2005".Y la regulaci�n de la excepci�n se hizo a�adiendo al art�culo 16 del Real Decreto 1552/2004 este nuevo apartado 4. "4. En atenci�n a las caracter�sticas espec�ficas de las funciones de este �rgano directivo, de conformidad con lo previsto en el art�culo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril , el nombramiento del titular de la Direcci�n General del Tesoro y Pol�tica Financiera podr� efectuarse tambi�n entre empleados del Banco de Espa�a, cuando para su ingreso se exija el t�tulo de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente".A la vista de lo anterior no cabe aceptar que en este caso la justificaci�n de la excepci�n no exista, o que carezca de concreci�n, de un fundamento objetivo y de razonabilidad; y as� debe ser considerado desde el momento que son enumeradas las funciones o actividades en que son individualizadas "las caracter�sticas espec�ficas" invocadas para establecer dicha excepci�n, y esta, adem�s, no se establece con alcance general sino tan s�lo para permitir el nombramiento de otros empleados p�blicos en los que es clara su especial cualificaci�n en las materias comprendidas en el �mbito de competencia de la Direcci�n General.Debe concluirse, pues, que la excepci�n est� justificada y tampoco se aparta del principio de profesionalizaci�n perseguido por la LOFAGE.Por tanto, esta impugnaci�n debe ser desestimada.Quinto.-La Direcci�n General de Impulso de la Administraci�n Electr�nica (del Ministerio de Administraciones P�blicas) tiene asignadas, seg�n establece el art�culo 12 del Real Decreto 438/2008, las funciones que antes desempe�aba la Direcci�n de Impulso de la Administraci�n Electr�nica, excepto las correspondientes a simplificaci�n y racionalizaci�n de los procedimientos. Estas funciones el art�culo 10.1 del Real Decreto 1320/2004 las defin�a as�: "Art�culo 10 . Direcci�n General de Modernizaci�n Administrativa.1. Corresponden a la Direcci�n General de Modernizaci�n Administrativa las siguientes funciones:a) El impulso y desarrollo de las infraestructuras tecnol�gicas de utilizaci�n com�n, as� como la promoci�n de la utilizaci�n de las tecnolog�as de la informaci�n y las comunicaciones en la Administraci�n General del Estado y sus organismos p�blicos, con objeto de racionalizar los m�todos de trabajo, los procedimientos de actuaci�n y las comunicaciones con el ciudadano y entre las distintas Administraciones p�blicas, todo ello en el marco de las directrices que se establezcan por el Consejo superior de inform�tica y para el impulso de la Administraci�n electr�nica. Asimismo, prestar� apoyo t�cnico al citado �rgano colegiado, as� como a los �rganos de cooperaci�n con las comunidades aut�nomas.b) El desarrollo de las acciones para mejorar la eficacia de las adquisiciones y de la gesti�n de los recursos de tecnolog�as de la informaci�n y las comunicaciones, incluyendo las relativas a la normalizaci�n, el mantenimiento, explotaci�n y difusi�n de los sistemas de informaci�n estad�stica y de los registros sobre recursos de informaci�n electr�nica y la cooperaci�n y colaboraci�n con otras Administraciones p�blicas nacionales e internacionales en esta materia.c) El impulso de la implantaci�n y el desarrollo de procesos inform�ticos de ayuda a la gesti�n de recursos humanos, en colaboraci�n con la Direcci�n General de la Funci�n P�blica, el impulso del desarrollo de los sistemas de la intranet administrativa y la implantaci�n en ella de nuevos servicios, el desarrollo de la gesti�n inform�tica del sistema de informaci�n del Registro Central de Personal, el establecimiento, la gesti�n y direcci�n de los medios y servicios t�cnicos espec�ficos necesarios para vigilar y garantizar el funcionamiento y la seguridad de los sistemas anteriores, la inscripci�n y anotaci�n de los actos administrativos relativos al personal comprendido en el �mbito de aplicaci�n del Registro Central de Personal, as� como el ejercicio de su jefatura y su gesti�n.d) La planificaci�n, desarrollo y gesti�n de proyectos y programas de simplificaci�n administrativa orientados al acercamiento de la Administraci�n al ciudadano y a la reducci�n de barreras burocr�ticas, incluyendo la racionalizaci�n de las normas, los procedimientos y los procesos de gesti�n p�blica, la normalizaci�n de la imagen institucional, el lenguaje y los documentos de la Administraci�n, y la atenci�n e informaci�n al ciudadano a trav�s tanto de la adecuaci�n de los contenidos como de su difusi�n, y la gesti�n del Centro de Informaci�n Administrativa. Asimismo, le corresponde la preparaci�n y propuesta de las medidas normativas que sean de la competencia del departamento relativas a principios del procedimiento administrativo y la cooperaci�n con otras Administraciones en el �mbito de los proyectos y programas de simplificaci�n.e) La identificaci�n, desarrollo, explotaci�n y seguimiento de los proyectos tecnol�gicos cuya implantaci�n en el �mbito de la Administraci�n General del Estado y sus organismos p�blicos contribuya a mejorar la eficacia de los servicios al ciudadano, as� como impulsar los proyectos de cooperaci�n con otras Administraciones p�blicas en este �mbito, todo ello en el marco de las l�neas de actuaci�n que se determinen por el Consejo superior de inform�tica y para el impulso de la Administraci�n electr�nica".El Real Decreto 527/2006, de 28 de abril, fue el que estableci� en este caso la excepci�n a la reserva funcionarial, y lo hizo modificando en su art�culo �nico el Real Decreto 1320/2004 en estos t�rminos: 1. Se a�ade un nuevo apartado 2 al art�culo 10 , con la siguiente redacci�n:"De conformidad con lo previsto en el art�culo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado, no ser� preciso que el titular de esta Direcci�n General ostente la condici�n de funcionario, en atenci�n a las caracter�sticas espec�ficas de sus funciones".La justificaci�n incluida en su pre�mbulo fue �sta:"El Real Decreto 562/2004, de 19 de abril , por el que aprueba la estructura org�nica b�sica de los departamentos ministeriales, estableci� la estructura b�sica departamental derivada de la reestructuraci�n ministerial realizada por el Real Decreto 553/2004, de 17 de abril , con objeto de facilitar el desarrollo del programa pol�tico del Gobierno y de conseguir la m�xima eficacia y racionalidad en su acci�n. El citado real decreto, en su art�culo 12.1 .c), dispone que depender� de la Secretar�a General para la Administraci�n P�blica, la Direcci�n General de Modernizaci�n Administrativa.Con posterioridad, el Real Decreto 1320/2004, de 28 de mayo , por el que se desarrolla la estructura org�nica b�sica del Ministerio de Administraciones P�blicas, concret� las funciones que corresponden a la Direcci�n General de Modernizaci�n Administrativa, poniendo un mayor �nfasis a la funci�n de impulso y desarrollo de las infraestructuras tecnol�gicas de utilizaci�n com�n, as� como la promoci�n de la utilizaci�n de las tecnolog�as de la informaci�n y las comunicaciones en la Administraci�n General del Estado y sus organismos p�blicos, al objeto de racionalizar los m�todos de trabajo, los procedimientos de actuaci�n y las comunicaciones con el ciudadano y entre las distintas Administraciones p�blicas. En definitiva, el Real Decreto 1320/2004, de 28 de mayo , ha supuesto la articulaci�n de la Direcci�n General de Modernizaci�n Administrativa como �rgano directivo especializado en materia de tecnolog�as de la informaci�n y con el objetivo central de impulso de la Administraci�n electr�nica.En este sentido, cabe destacar la aprobaci�n reciente de los planes Conecta (Plan de modernizaci�n tecnol�gica y simplificaci�n administrativa de la AGE) y Moderniza (Plan de Medidas 2006-2008 para la mejora de la Administraci�n), impulsados por la Direcci�n general de Modernizaci�n Administrativa, que ha de jugar un papel protagonista en su implantaci�n efectiva. En ambos planes se hace una decidida apuesta por la implantaci�n de la Administraci�n electr�nica, de acuerdo con el firme compromiso del Gobierno con la Sociedad de la Informaci�n y con los objetivos fijados en la Uni�n Europea en el Plan de Acci�n de Europa Tal y como se indica en el Plan Conecta, una visi�n moderna, de futuro, es la de los ciudadanos usando Internet, correo electr�nico o tel�fono m�vil para buscar o recabar informaci�n, registrar solicitudes y conocer el estado de la mismas en tiempo real, todo con introducci�n intensiva de las nuevas tecnolog�as.Por otra parte, el Plan Moderniza, dentro de las medidas de mejora de la relaci�n con los ciudadanos, incluye la aprobaci�n de una Ley de Administraci�n Electr�nica, un Plan de servicios digitales asociados al DNI electr�nico y un Plan de Administraci�n Electr�nica y simplificaci�n administrativa. La puesta en marcha y desarrollo de estos grandes objetivos, que implican la plena traslaci�n de la Sociedad de la Informaci�n a la Administraci�n General del Estado, requiere de cambios relevantes. As� lo manifestaron los Ministros de la Uni�n Europea, responsables de la Administraci�n Electr�nica en la Declaraci�n Ministerial del Lago Como, cuyas conclusiones fueron que la progresiva implementaci�n de la Administraci�n Electr�nica conducir� a una din�mica de cambios y nuevas necesidades, implicando una progresiva transformaci�n organizacional de las Administraciones P�blicas; una creciente cooperaci�n y coordinaci�n entre los diferentes niveles de Administraciones: Europea, Estatal, Auton�mica y Local; una mayor cooperaci�n entre los �mbitos p�blico y privado, para el intercambio de experiencias y generaci�n de sinergias; un mayor conocimiento y reutilizaci�n de las mejores pr�cticas, tanto a nivel europeo como internacional, y una evaluaci�n continuada, el seguimiento y buen control de la evoluci�n de la Administraci�n Electr�nica.Por tanto, se han producido cambios significativos en el entorno en el que ha de desarrollar sus cometidos la Direcci�n General de Modernizaci�n Administrativa. En efecto, no s�lo se ha delimitado y precisado su misi�n mediante una reformulaci�n de sus funciones, sino que, a trav�s de la definici�n de las nuevas pol�ticas p�blicas en materia de Administraci�n electr�nica, plasmadas ya en planes y proyectos concretos, se ha dado un contenido a�adido a dichas funciones y se ha constituido el nuevo escenario en el que deber� desarrollar su actuaci�n en los pr�ximos a�os, lo que recomienda desarrollar una gesti�n m�s �gil en los proyectos tecnol�gicos p�blicos, en l�nea con los esquemas de gesti�n al uso en el �mbito de los proyectos tecnol�gicos del sector privado.En este nuevo contexto, se plantea la necesidad de contar al frente de esta Direcci�n General, para el cumplimiento �ptimo de sus funciones, con una persona con un perfil espec�fico en el que concurran, entre otros aspectos, competencia y experiencia en el mercado tecnol�gico, as� como experiencia en la gesti�n de proyectos tanto en el �mbito p�blico como privado, ya que ha de desempe�ar sus funciones en constante contacto con la cambiante realidad econ�mica y social de las tecnolog�as de la informaci�n. Por tanto, un aspecto esencial de este perfil, es el conocimiento de los agentes p�blicos y privados que act�en en el sector, en especial de los grandes productores de tecnolog�a.Asimismo, ha de contar con la experiencia adecuada para la gesti�n de grandes inversiones, tanto en tecnolog�a, como en infraestructuras, en t�cnicas de gesti�n, en formaci�n y en difusi�n, imprescindibles para la implantaci�n efectiva y masiva de la Administraci�n Electr�nica, como objetivo prioritario del Gobierno.Por otra parte, debe aunar conocimiento y experiencia en el repertorio de medidas que permitan articular de forma eficaz y eficiente, proyectos de diversa naturaleza orientados hacia la plena implantaci�n de la Administraci�n electr�nica, as� como las necesarias habilidades de coordinaci�n, negociaci�n e interlocuci�n, para anticiparse a las necesidades de los ciudadanos y sus organizaciones y realizar una pol�tica efectiva de promoci�n de la Administraci�n electr�nica en la sociedad en su conjunto, implicar al sector privado y asegurar la coordinaci�n de su implantaci�n en la Administraci�n General del Estado y sus organismos p�blicos. Todo ello hace que el perfil de su responsable deba revestir un car�cter multifuncional y una experiencia en sectores tanto p�blicos como privados, lo que aconseja la aplicaci�n de la excepci�n prevista en el art�culo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado, permitiendo que el titular de la Direcci�n General de Modernizaci�n Administrativa no deba ostentar obligatoriamente la condici�n de funcionario".Lo que antecede impone tambi�n rechazar en este caso la impugnaci�n porque revela que la excepci�n es justificada.En efecto, se concretan con amplitud y sin ninguna ambig�edad los hechos que sirven de soporte a esa justificaci�n, y estos hechos lo que revelan es que el �mbito competencial de la Direcci�n General est� referida a unas materias cuyas notas esenciales vienen a ser estas: elevada especialidad y complejidad t�cnica; permanente mutabilidad; y necesaria relaci�n con los agentes privados que intervienen en el sector de las nuevas tecnolog�as.Lo cual pone de manifiesto que la excepci�n est� dirigida a obtener unas experiencias y conocimientos respecto de los que no es improbable que pueda surgir la dificultad de encontrarlos en los Cuerpos funcionariales con el exigente nivel que resulte aconsejable para el adecuado desempe�o de la Direcci�n General.Sexto.-En la Direcci�n General de Comunicaci�n de Defensa (del Ministerio de Defensa) la excepci�n a la norma general de reserva funcionarial la estableci� el Real Decreto 1551/2004, de 25 de junio [por el que se desarroll� la estructura org�nica del Ministerio de defensa] en su art�culo 17, que defini� tambi�n sus funciones. El art�culo 16 del Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio [por el que se establece la estructura org�nica del Ministerio de defensa], coincide sustancialmente con el anterior precepto reglamentario y su contenido es el que sigue: "Art�culo 16 . Direcci�n General de Comunicaci�n de la Defensa.1. La Direcci�n General de Comunicaci�n de la Defensa dependiente directamente del Ministro de Defensa es el �rgano directivo al que corresponde la preparaci�n, planificaci�n y desarrollo de la pol�tica informativa del departamento, as� como las relaciones con la sociedad en su conjunto y con los medios de comunicaci�n, incluidas las campa�as correspondientes de divulgaci�n y publicidad institucional.A estos efectos, depender�n funcionalmente de esta Direcci�n General los �rganos competentes en esta materia de los tres ej�rcitos y de los organismos aut�nomos.En atenci�n a las caracter�sticas especificas de esta Direcci�n General, su titular, de conformidad con lo previsto en el art�culo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado, no ser� preciso que ostente la condici�n de funcionario.2. En particular, le corresponden las siguientes funciones:a) Impulsar, dirigir y mantener las relaciones informativas y de publicidad institucional con los medios de comunicaci�n social y la sociedad en su conjunto.b) Difundir la informaci�n de car�cter general del departamento.c) Gestionar la p�gina web del ministerio.d) Coordinar las oficinas de comunicaci�n de los Cuarteles Generales, mandos y unidades de los ej�rcitos.e) La direcci�n funcional y editorial de la Revista Espa�ola de Defensa y de todas las publicaciones de car�cter no espec�ficamente t�cnico-administrativo pertenecientes al ministerio.3. Depende de la Direcci�n General de Comunicaci�n de la Defensa la Subdirecci�n General de la Comunicaci�n, que gestionar� el desarrollo del apartado 2.4. Corresponde al Director General de Comunicaci�n de la Defensa actuar como portavoz oficial del departamento. Para el desarrollo de este cometido, contar� con una Oficina de Comunicaci�n Social y otra Oficina de Publicidad Institucional, cuyos titulares tendr�n el nivel org�nico que se determine en la relaci�n de puestos de trabajo".Las anteriores funciones que tiene asignada esta Direcci�n general tambi�n permiten considerar justificada en ella la aplicaci�n de la excepci�n.As� debe ser porque, como bien advierte el Abogado del Estado, existe un paralelismo de funciones con las que tiene asignadas la Direcci�n General de Coordinaci�n Informativa del Ministerio de la Presidencia; y esto hace que sean trasladables al actual caso las mismas razones que la sentencia de 6 de marzo de 2007 (Recurso 23/2006) de esta Sala tuvo en cuenta para considerar v�lida id�ntica excepci�n en esa otra Direcci�n General: que las funciones de car�cter informativo que le corresponden est�n incardinadas directamente en la pol�tica de comunicaci�n de la acci�n del Gobierno y no existen en el �mbito de la Administraci�n Civil del Estado Cuerpos de funcionarios cuyos cometidos estatutarios se correspondan con la cualificaci�n profesional demandada en la gesti�n de estas �reas. S�ptimo.-En cuanto a la Direcci�n General de Apoyo a las V�ctimas del Terrorismo (del Ministerio del Interior), la aplicaci�n a ella de la excepci�n de que se viene tratando fue ya establecida por la Disposici�n adicional quinta del Real Decreto 1571/2007, de 30 de noviembre [por el que se desarroll� la estructura b�sica del Ministerio del Interior], y la justificaci�n que para ello ofreci� el pre�mbulo de esta norma reglamentaria fue �sta: "En el �mbito de la Subsecretar�a, en primer lugar, se crea una nueva Direcci�n General de Apoyo a las V�ctimas del Terrorismo (con la consiguiente supresi�n de la Subdirecci�n General de Atenci�n al Ciudadano y de Asistencia a las V�ctimas del Terrorismo de la Secretar�a General T�cnica), que asume el ejercicio de las competencias del departamento en materia de atenci�n y apoyo a las v�ctimas del terrorismo.De ella depender�n dos Subdirecciones Generales (...) creando con ello una estructura administrativa adecuada a la naturaleza de las funciones encomendadas.Esta modificaci�n trae causa de la supresi�n del Alto Comisionado de Apoyo a las V�ctimas del Terrorismo, ya que, una vez cumplidos sus objetivos esenciales, se considera m�s adecuado residenciar en el Ministerio del Interior con car�cter �nico, desde el punto de vista organizativo la atenci�n a las personas que sufren la lacra del terrorismo.Por �ltimo, en relaci�n con el titular de la Direcci�n General de Apoyo a V�ctimas del Terrorismo, se hace uso de la posibilidad prevista en el art�culo 18.2 de la Ley 6/ 1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado, permitiendo que no sea necesario que en el mismo recaiga la condici�n de funcionario p�blico.As�, entre otros argumentos, justificar�a esta excepci�n el hecho de que las funciones de dicha Direcci�n General no son homologables, con car�cter general, a las la mayor�a de los �rganos directivos de la Administraci�n con este rango, por cuanto se desarrollan sobre una serie de personas que han sufrido, directa o indirectamente, las consecuencias de la lacra del terrorismo y necesitan, por ello, una atenci�n pluridisciplinar, desde los �mbitos social, laboral, educativo, sanitario, etc.En muchos casos esta asistencia debe prestarse en colaboraci�n especialmente con las asociaciones que agrupan a las v�ctimas, lo que justificar�a la necesidad de disponer de una persona que tenga experiencia en relaciones con la sociedad civil y el movimiento asociativo en un �mbito muy espec�fico, como es el de las v�ctimas del terrorismo".El Real Decreto 1181/2008, de 11 de julio [por el que se modific� y desarroll� la estructura b�sica del Ministerio del Interior], en su disposici�n adicional quinta mantiene la excepci�n y en el art�culo 14 define sus competencias y funciones en los siguientes t�rminos: "1. A la Direcci�n General de Apoyo a V�ctimas del Terrorismo le corresponde el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas el Ministerio del Interior en materia de atenci�n y apoyo a las v�ctimas del terrorismo, las relacionadas con la protecci�n integral y la necesaria colaboraci�n con las distintas Administraciones P�blicas. Le corresponden, asimismo, las actividades de informaci�n y atenci�n al ciudadano sobre las distintas competencias del Ministerio del Interior.2. En particular, corresponden a la Direcci�n General las siguientes funciones:a) La colaboraci�n con las asociaciones, fundaciones y dem�s instituciones p�blicas y privadas que tengan como objetivo la atenci�n a las v�ctimas del terrorismo.b) La colaboraci�n con los �rganos competentes de la Administraci�n General del Estado en las materias de asistencia y apoyo a las v�ctimas del terrorismo, con el fin de asegurar una protecci�n integral de las v�ctimas.c) La cooperaci�n con los �rganos competentes en estas mismas materias de las restantes Administraciones P�blicas.d) La colaboraci�n con las oficinas de atenci�n a v�ctimas de delitos de terrorismo que se establezcan en Tribunales y fiscal�as.e) La tramitaci�n, gesti�n y propuesta de resoluci�n de los expedientes de ayudas y resarcimientos a los afectados por delitos de terrorismo.f) Facilitar a las v�ctimas del terrorismo informaci�n relativa a los procedimientos para la solicitud de ayudas p�blicas.g) La direcci�n y coordinaci�n de las oficinas de informaci�n y atenci�n al ciudadano del departamento y el mantenimiento de la base de datos de informaci�n administrativa.h) El apoyo documental y t�cnico a las oficinas de informaci�n y atenci�n al ciudadano, impulsando el intercambio de material informativo entre ellas y participando en la elaboraci�n y distribuci�n de publicaciones y otros medios de difusi�n informativa".En el caso de esta concreta Direcci�n General sus funciones no permiten considerar correctamente establecida la excepci�n a la norma general de la condici�n funcionarial de su titular porque, pese a su variedad, todas esas funciones, desde el punto de vista formal, exteriorizan cometidos encuadrables en actuaciones propias del normal giro o tr�fico administrativo, al traducirse principalmente en desempe�os que est�n referidos a la tramitaci�n de expedientes, la informaci�n a los interesados y la relaci�n y colaboraci�n con otros �rganos administrativos u otras Administraciones p�blicas.Por otro lado, desde el punto de vista del contenido material o sustantivo de las funciones atribuidas, la justificaci�n ofrecida tampoco permite constatar en esta concreta Direcci�n General de apoyo a las V�ctimas del Terrorismo rasgos o circunstancias muy diferentes a los que est�n presentes en el �mbito de actuaci�n de otros muchos �rganos de la Administraci�n y, por ello, permitan apreciar en los Cuerpos de funcionarios una probable dificultad o falta de experiencia para el adecuado desempe�o de la funci�n directiva que ha de desarrollarse; y esto por lo siguiente: (a) la atenci�n pluridisciplinar no est� referida a �mbitos o campos que sean extra�os en la Administraci�n p�blica, sino a sectores o materias que son objeto normal de sus competencias; y (b) la relaci�n administrativa con asociaciones, y no circunscrita �nicamente a la derivada de solicitudes individuales de personas f�sicas, es un fen�meno normal y frecuente en la mayor�a de los �rganos de las distintas Administraciones p�blicas.En conclusi�n, no se advierten razones con entidad bastante para no aplicar el principio de profesionalidad perseguido por la LOFAGE y esto impone acoger la impugnaci�n planteada contra la excepci�n establecida para la Direcci�n General de Apoyo a las V�ctimas del Terrorismo.Octavo.-Para la Direcci�n General de Relaciones Informativas y Sociales (del Ministerio del Interior) la aplicaci�n a ella de la excepci�n tambi�n estaba ya establecida en la Disposici�n adicional quinta del Real Decreto 1571/2007, de 30 de noviembre [por el que se desarroll� la estructura b�sica del Ministerio del Interior]. Y el aqu� directamente impugnado Real Decreto 1181/2008, de 11 de julio [por el que se modific� y desarroll� la estructura b�sica del Ministerio del Interior], en su disposici�n adicional quinta ha mantenido dicha excepci�n y, por lo que hace a las funciones de la Direcci�n general, en el art�culo 1.5 establece lo siguiente: "5. Depende directamente del Ministro la Direcci�n General de Relaciones Informativas y Sociales, a cuyo titular corresponde actuar como portavoz del Ministerio del Interior, impulsar y coordinar las relaciones sociales e informativas de los distintos servicios del departamento y las campa�as informativas que se pretendan desarrollar en su �mbito. Sus puestos de trabajo se proveer�n teniendo en cuenta lo dispuesto en el art�culo 18 del Real Decreto 438/2008, de 14 de abril y normativa complementaria".Las anteriores funciones guardan similitud con las que corresponden a la Direcci�n General de Coordinaci�n Informativa del Ministerio de la Presidencia y a la Direcci�n General de Comunicaci�n de Defensa, por lo que debe rechazarse la impugnaci�n en este caso reiterando lo que antes se declar� en el fundamento de derecho sexto.Noveno.-En la Secretar�a General del Consejo de Coordinaci�n Universitaria (del Ministerio de Ciencia e Innovaci�n), la exclusi�n de la regla general de reserva funcionarial fue establecida por el Real Decreto 678/2006, de 2 de junio [por el que se modific� el Real Decreto 1553/2004, de 25 de junio, que desarrollaba la estructura org�nica b�sica del Ministerio de Educaci�n y Ciencia]. Posteriormente, el aqu� directamente impugnado Real Decreto 1183/2008, de 11 de julio [por el se desarrolla la estructura org�nica b�sica del Ministerio de Ciencia e Innovaci�n], regul� en su disposici�n transitoria cuarta la subsistencia de este �rgano administrativo y reiter� para su titular la exclusi�n de la reserva funcionarial. El pre�mbulo del Real Decreto 678/2006 justific� la exclusi�n con las siguientes declaraciones: "El Consejo de Coordinaci�n Universitaria es el m�ximo �rgano consultivo y de coordinaci�n del sistema universitario. Le corresponden funciones de consulta sobre pol�tica universitaria y las de coordinaci�n, programaci�n, informe, asesoramiento y propuestas en las materias relativas al sistema universitario.En el ejercicio de las funciones que le corresponden, el Consejo de Coordinaci�n Universitaria deber� procurar la permanente mejora del conjunto del sistema universitario espa�ol.Dicho sistema est� experimentando una profunda transformaci�n. La transici�n hacia la sociedad del conocimiento genera nuevas y diversas demandas sociales a las que las universidades han de dar respuesta eficaz. Por otra parte, la creciente internacionalizaci�n de la educaci�n superior y la apertura de macroespacios de cooperaci�n acad�mica y cient�fica, como el Espacio Europeo de Educaci�n Superior y el Espacio Iberoamericano del Conocimiento, requieren importantes reformas y tambi�n nuevos instrumentos y estructuras para la cooperaci�n.Las universidades se est�n dotando de una periferia innovadora de estructuras y entidades, p�blicas y privadas, que act�an en �mbitos de especial inter�s estrat�gico como son los de la generaci�n y transferencia del conocimiento, la formaci�n permanente y la aplicaci�n de las tecnolog�as de la informaci�n y las comunicaciones. Adem�s, es cada vez m�s frecuente encontrar modelos h�bridos de ense�anza presencial-no presencial y las bibliotecas son hoy centros interconectados de recursos para el aprendizaje.Estas transformaciones vienen acompa�adas de cambios relevantes en los perfiles del personal vinculado a la actividad universitaria, tanto en el �mbito de la gesti�n como en los de la docencia y la investigaci�n.Con la aprobaci�n de la Ley Org�nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades , se crearon nuevas figuras contractuales, en r�gimen laboral, que permiten a las universidades p�blicas incorporar personal docente e investigador contratado por tiempo indefinido, sin m�s limitaci�n que la de que este personal, computado en equivalencias a tiempo completo, no supere el 49 por ciento del total del personal docente e investigador de la universidad.En cuanto al �mbito de la gesti�n, la variedad de las nuevas estructuras universitarias que se precisan para impulsar la innovaci�n y la cooperaci�n con el sector productivo ha inducido la contrataci�n de personal especializado con experiencia en los sectores p�blico y privado.Hoy en d�a, el sistema universitario espa�ol es mucho m�s diverso y complejo que aquel que dio nacimiento al Consejo. Todas las comunidades aut�nomas ejercen plenamente sus competencias en educaci�n superior y una sociedad diferente, la sociedad del conocimiento, genera otras demandas que se suman a las tradicionales.En este nuevo contexto, se plantea la necesidad de contar al frente de la Secretar�a General del Consejo de Coordinaci�n universitaria, para el cumplimiento optimo de sus funciones con un directivo con un perfil especifico en el que concurran, entre otros aspectos, un profundo conocimiento del sistema universitario espa�ol y de los de otros pa�ses; competencia y experiencia en la gesti�n de proyectos, tanto en el �mbito p�blico como en el privado, y contrastada capacidad para la coordinaci�n de actuaciones y el fomento de la cooperaci�n entre instituciones.Todo ello hace que el perfil de su responsable deba revestir un car�cter multifuncional y una experiencia en sectores tanto p�blicos como privados.Por tanto, este real decreto tiene por objeto aplicar la excepci�n prevista en el art�culo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado, al titular de la Secretar�a General del Consejo de Coordinaci�n Universitaria, que tiene rango de Director General al sustituir al Secretario General del Consejo de Universidades, que ten�a tal rango de conformidad con el art�culo 1 del Real Decreto 1212/1985, de 17 de julio , por el que se regula la Secretar�a General del Consejo de Universidades, el cual mantiene su vigencia en virtud de lo dispuesto en la disposici�n transitoria segunda del Reglamento del Consejo de Coordinaci�n Universitaria ".Los hechos que toma en consideraci�n la anterior justificaci�n de la excepci�n a la reserva funcionarial no hacen referencia a circunstancias que sean ajenas o extra�as a esa actividad de generaci�n y transmisi�n de saberes y cultura, mediante la docencia y la investigaci�n, que encarna el n�cleo b�sico de toda actividad universitaria. Y no lo son porque, en lugar de considerar fen�menos o circunstancias ajenos a ese n�cleo b�sico, la justificaci�n aqu� pol�mica lo que tiene en cuenta son los nuevos rasgos de la actividad universitaria, representados estos, principalmente, por lo siguiente: la internacionalizaci�n de la educaci�n superior; el desarrollo de macroespacios de cooperaci�n acad�mica y cient�fica que rebasan los l�mites estatales; y la mixtura de lo p�blico y lo privado en las t�cnicas de organizaci�n y gesti�n que son utilizadas actualmente en la actividad universitaria.A ello ha de a�adirse que en la trayectoria docente e investigadora de los miembros de los Cuerpos de funcionarios docentes universitarios est�n hoy presentes todos esos rasgos que acaban de mencionarse, al ser frecuentes (y en muchos casos imprescindibles para la carrera acad�mica) los intercambios o estancias en instituciones extranjeras, las referencias o utilizaciones de fuentes bibliogr�ficas o trabajos cient�ficos de otros pa�ses y la participaci�n en equipos internacionales de investigaci�n, estudio o divulgaci�n; y al ser igualmente frecuente que las Universidades, bien sean p�blicas o privadas, participen o colaboren en proyectos docentes o investigadores patrocinados por organizaciones p�blicas o privadas ajenas al mundo de la Universidad.De lo cual se deduce que no puede considerarse ajeno o infrecuente en el Cuerpo de funcionarios docentes universitarios ese perfil querido para el titular de la Secretar�a General del Consejo de Coordinaci�n Universitaria que es identificado a trav�s de la concurrencia de estas cualidades: "un profundo conocimiento del sistema universitario espa�ol y de los de otros pa�ses; competencia y experiencia en la gesti�n de proyectos, tanto en el �mbito p�blico como en el privado, y contrastada capacidad para la coordinaci�n de actuaciones y el fomento de la cooperaci�n entre instituciones".Y la consecuencia final es que en este caso la impugnaci�n tambi�n debe prosperar, al no advertirse razones suficientes para abandonar el principio de profesionalidad que, como ya se ha dicho, inspira esa regla general de la reserva funcionarial que la LOGFAGE asume para el nombramiento de Directores generales (rango reconocido a la Secretar�a General del Consejo de Coordinaci�n Universitaria en el Real Decreto 1183/2008). D�cimo.-- En la Direcci�n General del Medio Natural y Pol�tica Forestal, la Direcci�n General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, la Direcci�n General del Agua y la Direcci�n General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar [del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino] la exclusi�n de la regla general de reserva funcionarial aparece dispuesta en la disposici�n adicional tercera del Real Decreto 1130/2008, de 4 de julio, cuyo pre�mbulo ofrece para dicha exclusi�n la siguiente justificaci�n: "Por otra parte y a efectos de lo dispuesto en el art�culo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado, en atenci�n a la caracter�sticas propias espec�ficas de las Direcciones Generales de Medio Natural y Pol�tica Forestal, Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Agua y Sostenibilidad de la Costa y del Mar, no ser� necesario que sus titulares ostenten la condici�n de funcionario. En los cuatro se dan circunstancias an�logas que exigen la adopci�n de pol�ticas �ntimamente ligadas al medio natural; se trata de �mbitos sectoriales que demandan un profundo conocimiento de la realidad social vinculada a posiciones cient�ficas y acad�micas y del �mbito empresarial. La complejidad y dinamismo que caracteriza el establecimiento de una pol�tica de gesti�n integral del territorio, y la necesidad de aportar una visi�n integrada que relacione adecuadamente agentes, territorio, actividad econ�mica y explotaci�n sostenible de los recursos e instrumentos tecnol�gicos, aconseja la implantaci�n de un nuevo modelo organizativo que contribuya al impulso de las pol�ticas de competencia de las cuatro direcciones generales".La impugnaci�n en este caso debe igualmente prosperar porque la justificaci�n ofrecida se expresa en t�rminos gen�ricos o de pura abstracci�n, al no precisarse cuales son las concretas disciplinas cient�ficas o acad�micas cuya ausencia es ponderada en la formaci�n de los cuerpos funcionariales para considerar conveniente la excepci�n de la regla general de la reserva funcionarial; y al no explicarse tampoco cual es el singular perfil formativo o la concreta experiencia profesional que garantiza esa visi�n integrada a la que se hace referencia, ni cu�les son las razones o datos que imponen descartar en los Cuerpos funcionariales dicho perfil o experiencia.Und�cimo.-En la Direcci�n General de Terapias Avanzadas y Trasplantes del (Ministerio de Sanidad y Consumo) la exclusi�n de la regla general de reserva funcionarial aparece dispuesta en la disposici�n adicional novena del Real Decreto 1133/2008, de 4 de julio [por el que se desarrolla la estructura org�nica b�sica del Ministerio de Sanidad y Consumo], y la justificaci�n que en el pre�mbulo se ofrece para dicha exclusi�n es la que contin�a: "Adem�s, se introduce la posibilidad de que el Director General de Terapias Avanzadas y Trasplantes, no tenga que tener necesariamente la condici�n de funcionario. El motivo es que se trata de una direcci�n general que debe desarrollar tareas extraordinariamente espec�ficas y especializadas del campo de la salud, existiendo profesionales fuera del �mbito de la funci�n p�blica que coinciden con este perfil y que cuentan con la necesaria experiencia cient�fico-t�cnica, por lo que se considera adecuado su apertura para aumentar las posibilidades de cubrir el puesto con una persona con los conocimientos y el ejercicio profesional adecuados".La impugnaci�n planteada frente a esta Direcci�n general merece igualmente alcanzar �xito por razones sustancialmente coincidentes con las que han sido consignadas en el anterior fundamento de derecho: el car�cter abstracto o gen�rico de la justificaci�n, por no identificarse el perfil formativo o la experiencia profesional que son necesarios para las tareas espec�ficas y especializadas en el campo de la salud que son invocadas (as� mismo en t�rminos abstractos), ni cuales son las razones o datos que imponen descartar en los Cuerpos funcionariales aquel perfil o experiencia.Duod�cimo.-En la Direcci�n General para el Desarrollo de la Sociedad de la Informaci�n (del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) la exclusi�n de la regla general de reserva funcionarial aparece establecida en el art�culo 9 del Real Decreto 1182/2008, de 11 de julio [por el que se desarrolla la estructura org�nica b�sica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio], y la justificaci�n contenida en el pre�mbulo para dicha exclusi�n se expresa as�: "El ejercicio de las competencias del Departamento en materia de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Informaci�n est� marcado por la necesidad de adaptar sus actuales funciones y estructura a un sector enormemente din�mico y que es a su vez pieza clave en la modernizaci�n de la econom�a. Es por ello que en este �mbito y a los efectos del art�culo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado, resulta aconsejable exceptuar la condici�n de que el titular de la Direcci�n General para el Desarrollo de la Sociedad de la Informaci�n tenga que ostentar, necesariamente, la condici�n de funcionario de carrera. En este sentido, las funciones que debe desarrollar en particular esa Direcci�n General hacen necesaria la b�squeda de m�todos de colaboraci�n y coparticipaci�n entre entidades p�blicas y privadas con el objetivo de consolidar la construcci�n de una Sociedad en Red, la orientaci�n de las iniciativas p�blicas y privadas hacia la plena implantaci�n de la Sociedad de la Informaci�n, adem�s de la puesta en pr�ctica de f�rmulas de conciliaci�n de los intereses diversos entre los agentes de distinta naturaleza del sector, lo que hace imprescindible el conocimiento de la experiencia empresarial en el cambiante mercado tecnol�gico y de los grandes productores de tecnolog�a y contenidos".Por su parte el antes mencionado art�culo 9, que tambi�n enumera las funciones de la Direcci�n general, establece: "Art�culo 9. Direcci�n General para el Desarrollo de la Sociedad de la Informaci�n.1. Corresponde a la Direcci�n General para el Desarrollo de la Sociedad de la Informaci�n el ejercicio de las siguientes funciones:a) La elaboraci�n y gesti�n de programas para fomentar el acceso, el uso y la participaci�n de los ciudadanos a la sociedad de la informaci�n.b) La elaboraci�n y gesti�n de actuaciones que faciliten la disponibilidad y accesibilidad de las tecnolog�as de la informaci�n y las comunicaciones, especialmente en los ciudadanos con necesidades espec�ficas.c) La elaboraci�n y gesti�n de programas para el desarrollo de servicios e infraestructuras de la sociedad de la informaci�n, as� como la elaboraci�n de bases de datos sobre los servicios de sociedad de la informaci�n y las comunicaciones electr�nicas.d) La elaboraci�n y gesti�n de programas para el desarrollo de los servicios p�blicos digitales.e) La elaboraci�n y gesti�n de programas para el desarrollo de los centros del conocimiento y de los contenidos digitales.f) La elaboraci�n y gesti�n de programas para potenciar el uso de las telecomunicaciones y de los servicios de la Sociedad de la Informaci�n y, en particular, del negocio electr�nico, en las peque�as y medianas empresas.g) La elaboraci�n, gesti�n y seguimiento de programas para el desarrollo de las telecomunicaciones y de la sociedad de la informaci�n, correspondientes a fondos estructurales europeos.h) La elaboraci�n, gesti�n y seguimiento de programas orientados a la promoci�n de la oferta de nuevas tecnolog�as, servicios, aplicaciones y contenidos as� como las acciones estrat�gicas de innovaci�n tecnol�gica en el �mbito las tecnolog�as de la informaci�n, las comunicaciones y de la Sociedad de la Informaci�n. La definici�n y gesti�n coordinada de esta pol�tica con los correspondientes programas e iniciativas de la Uni�n Europea y con otros programas internacionales en esta materia.i) La Secretar�a de la Comisi�n Interministerial de la Sociedad de la Informaci�n y de las nuevas tecnolog�as.j) La elaboraci�n y gesti�n de iniciativas de apoyo a la creaci�n y al desarrollo de empresas en los sectores de las tecnolog�as de la informaci�n y de las comunicaciones y de los contenidos digitales.k) La elaboraci�n de estudios, estad�sticas y propuestas de actuaci�n en los sectores de las tecnolog�as de la informaci�n y de las comunicaciones y de los contenidos digitales.l) La elaboraci�n, gesti�n y seguimiento de programas de formaci�n de profesionales y usuarios de las tecnolog�as de la informaci�n y de las comunicaciones, as� como de profesionales del negocio electr�nico, que incluyan la promoci�n de nuevos sistemas de aprendizaje en l�nea y de contenidos digitales para la formaci�n.m) El dise�o de las condiciones que favorezcan el establecimiento en Espa�a de empresas de los sectores de las tecnolog�as de la informaci�n y de las comunicaciones y de los contenidos digitales.n) La propuesta de normativa sobre servicios de la sociedad de la informaci�n y sus prestadores y, en particular, sobre comercio electr�nico, firma electr�nica, nombres de dominio de Internet y protecci�n de la propiedad intelectual e industrial en el �mbito de la sociedad de la informaci�n, y de medidas complementarias de aplicaci�n de la citada normativa.�) La colaboraci�n con otros Departamentos en materias de regulaci�n que incidan en el contexto de la sociedad de la informaci�n y de la firma electr�nica.o) El ejercicio de las facultades de control e inspecci�n de conformidad con la legislaci�n sobre servicios de la sociedad de la informaci�n y sobre firma electr�nica.p) La aplicaci�n del r�gimen sancionador y la instrucci�n de los procedimientos sancionadores de conformidad con la legislaci�n sobre servicios de la sociedad de la informaci�n y sobre firma electr�nica.q) La elaboraci�n de estudios, estad�sticas y propuestas de actuaci�n en materia de seguridad de la informaci�n.r) La comunicaci�n con los sectores profesionales e industriales en materia de regulaci�n de los servicios de la sociedad de la informaci�n y firma electr�nica y sus prestadores. La asistencia a Comisiones, Grupos de trabajos y otros foros de car�cter internacional o nacional, de car�cter p�blico o privado, que traten asuntos relativos al sector de los servicios de la sociedad de la informaci�n y la firma electr�nica.s) La cooperaci�n en las actuaciones para el desarrollo de la Sociedad de la Informaci�n con las dem�s Administraciones p�blicas, auton�micas y locales con el objeto de evitar duplicidades y sumar esfuerzos.t) La suscripci�n de convenios de colaboraci�n con entidades privadas con el objetivo de garantizar la interlocuci�n necesaria para facilitar las sinergias precisas que permitan sumar los esfuerzos de la sociedad civil y en particular del sector empresarial, fundamentalmente el tecnol�gico, para incrementar el uso de la sociedad de la informaci�n y la disponibilidad de medios necesarios para ello.u) Cualesquiera otras que el ordenamiento jur�dico atribuya al Departamento y no est�n espec�ficamente asignadas a otras autoridades en lo relativo al sector de los servicios de la sociedad de la informaci�n y firma electr�nica.2. La Direcci�n General para el Desarrollo de la Sociedad de la Informaci�n se estructura en las siguientes Subdirecciones Generales:a) La Subdirecci�n General para la Sociedad Digital, que ejercer� las funciones atribuidas a la Direcci�n General para el Desarrollo de la Sociedad de la Informaci�n en los p�rrafos a), b), c) d) y e) del apartado 1.b) La Subdirecci�n General para la Econom�a Digital, que ejercer� las funciones atribuidas a la Direcci�n General para el Desarrollo de la Sociedad de la Informaci�n en los p�rrafos f), g), h), j) k), l) y m) del apartado 1. c) La Subdirecci�n General de Servicios de la Sociedad de la Informaci�n, que ejercer� las funciones atribuidas a la Direcci�n General para el Desarrollo de la Sociedad de la Informaci�n en los p�rrafos, n), �), o), p), q), r) y s) del apartado 1.3. El titular de la Direcci�n General para el Desarrollo de la Sociedad de la Informaci�n, en atenci�n a las caracter�sticas espec�ficas de esta Direcci�n General, de conformidad con lo previsto en el art�culo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado, no ser� preciso que ostente la condici�n de funcionario".La impugnaci�n en este caso debe ser desestimada porque la excepci�n es justificada, siendo trasladables aqu� los razonamientos que se consignaron en el anterior fundamento de derecho quinto respecto de la excepci�n que fue establecida para la Direcci�n General de Impulso de la Administraci�n Electr�nica.Debe tambi�n aqu� declarase que en la justificaci�n se concretan de manera suficiente y sin ninguna ambig�edad los hechos que sirven de soporte a esa justificaci�n, y estos hechos lo que revelan es que el �mbito competencial de la Direcci�n General est� referida a unas materias cuyas notas esenciales vienen a ser �stas: elevada especialidad y complejidad t�cnica; permanente mutabilidad; y necesaria relaci�n con los agentes privados que intervienen en el sector de las nuevas tecnolog�as.Y ha de subrayarse, as� mismo, que lo anterior pone de manifiesto que la excepci�n est� dirigida a obtener unas experiencias y conocimientos respecto de los que no es improbable que pueda surgir la dificultad de encontrarlos en los Cuerpos funcionariales con el exigente nivel que resulte aconsejable para el adecuado desempe�o de la Direcci�n General.Decimotercero.-Procede la estimaci�n parcial del recurso contencioso-administrativo en los t�rminos que resultan de todo lo antes razonado, y no son apreciar razones para hacer una especial imposici�n de las costas. FALLAMOS�1.- Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la FEDERACI�N DE ASOCIACIONES DE LOS CUERPOS SUPERIORES DE LA ADMINISTRACI�N CIVIL DEL ESTADO y anular, por no ser conformes a derecho, las excepciones a la regla general de la reserva funcionarial dispuestas en las normas reglamentarias que a continuaci�n se mencionan: en la disposici�n adicional tercera del REAL DECRETO 1130/2008, de 4 de julio, por el se desarrolla la estructura org�nica b�sica del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para la Direcci�n General del Medio Natural y Pol�tica Forestal, la Direcci�n General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, la Direcci�n General del Agua y la Direcci�n General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar; en la disposici�n adicional novena del REAL DECRETO 1133/2008, de 4 de julio, por el se desarrolla la estructura org�nica b�sica del Ministerio de Sanidad y Consumo, para la Direcci�n General de Terapias Avanzadas y Trasplantes; en la disposici�n adicional quinta del REAL DECRETO 1181/2008, del 1 de Julio, por el se desarrolla la estructura org�nica b�sica del Ministerio del Interior, para la Direcci�n General de Apoyo a las V�ctimas del Terrorismo; y en la disposici�n adicional cuarta del REAL DECRETO 1183/2008, de 11 de julio, por el se desarrolla la estructura org�nica b�sica del Ministerio de Ciencia e Innovaci�n, la Secretar�a General del Consejo de Coordinaci�n Universitaria. 2.- Desestimar las restantes impugnaciones planteadas por el recurso contencioso-administrativo de la FEDERACI�N DE ASOCIACIONES DE LOS CUERPOS SUPERIORES DE LA ADMINISTRACI�N CIVIL DEL ESTADO, al ser la actividad administrativa a que se refieren conforme a Derecho en lo que aqu� se ha discutido. 3.- No hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en este proceso. As� por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Publicaci�n.-Le�da y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia p�blica la Sala Tercera del Tribunal, el mismo d�a de su fecha, lo que certifico. Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentaci�n Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la informaci�n, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.

References: REAL DECRETO 
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