Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520668.html
Timestamp: 2019-03-27 02:38:47+00:00

Document:
as201520668
Auto Supremo: 668/2015 - L
Expediente: LP-109-10-A
Partes: Banco Central de Bolivia. c/ Estudio Jurídico Contable “Tarija”
VISTOS: El recurso de casación en la forma interpuesto por Elffy Bass Werner Antunez de Oroza por si y por el Estudio Jurídico Contable “Tarija” de fs. 561 a 562 vlta., impugnando el Auto de Vista de fecha 11 de mayo de 2010 de fs. 554 a 555 vta., pronunciado por la Sala Civil Cuarta de la entonces Corte Superior de La Paz, dentro del proceso de resolución de contrato, seguido por el Banco Central de Bolivia contra el estudio Jurídico Contable “Tarija”, la concesión de fs. 569, los antecedentes del proceso y:
Que, el Juez de Partido Cuarto en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz declara Probado el incidente de nulidad deducido por la demandada Elffy Bass Werner de Oroza anulando obrados hasta fs. 341 y probada la excepción de prescripción en consecuencia declara la extinción de la obligación contenido en el documento saliente a fs. 6-17 y se ordena el archivo de obrados.
Contra esta resolución, Luis Vásquez Paredes, Marcela Carrasco Villarpando y Roger Mancilla Campero en representación del Banco Central de Bolivia interpuso recurso de apelación de fs. 438 a 442, motivo por el cual, la Sala Civil Cuarta de la entonces Corte Superior de La Paz emitió el Auto de Vista, por el cual anula obrados hasta fs. 432.
Resolución que fue impugnada por Elffy Bass Werner Antunez de Oroza por si y por el Estudio Jurídico Contable “Tarija” quien interpuso recurso de casación en la forma de fs. 561 a 562 vlta., mismo que se analiza.
Refiere que el Auto de Vista omite pronunciarse sobre la excepción de prescripción, en si alude que se no se cumplió con el principio jurídico procesal de congruencia, ya que, este supone una relación de conformidad o de concordancia entre los puntos resueltos por el inferior que hubieran sido objeto de apelación como establece el art. 236 del CPC, conducta que resulta censurable en casación conforme determina el art. 254 num. 4) del CPC.
Solicita en definitiva anular el auto de Vista y se dicte uno de forma congruencia conforme determina el art. 236 del CPC.
Miguel Ángel Bercaitz, citado por Juan Carlos Cassagne, en su obra "Contratos Administrativos" señala:“El contrato no es una figura exclusiva del Derecho Privado, existe también el de Derecho Administrativo con elementos comunes al contrato de Derecho Privado, pero con elementos diferentes que derivan de su contenido, de su fin, de los intereses distintos que afecta y de su régimen jurídico propio”.
En correspondencia con esta última corriente doctrinaria, Agustín Gordillo citando a otros autores, manifiesta:“… Es que se opone a ello la doctrina moderna en materia de personalidad y doble personalidad del Estado, la cual señala que, el Estado es siempre persona pública y ente de derecho público, aun cuando penetre en la esfera de las relaciones en que se mueven los entes o las personas privadas. La administración es siempre persona de derecho público, que realiza operaciones públicas, con fines públicos y dentro de los principios y formas del derecho público, aunque revista sus actos con formas que son comunes al derecho privado y use de los medios que éste autoriza y para objetos análogos”.
El contrato de servicios profesionales de 16 de febrero de 1993 de fs. 7 a 11 y vta. protocolizado bajo el Testimonio Nº 543/1993 por ante el Notario de Gobierno Departamental de la ciudad de La Paz, documento que constituye base de la presente demanda, fue suscrito entre el presidente del Directorio y el gerente general ambos del Banco Central de Bolivia como Entidad Pública y el demandado Estudio Jurídico Tarija representada por la Dra. Elffy Bass Werner Antunez de Oroza abogado apoderado, tiene por objeto la recuperación a nivel nacional de la Cartera refinanciada del Banco de crédito de Oruro en liquidación devuelva al Banco Central de Bolivia la suma de $us. 6.000.000, contrato que es resultado de un proceso administrativo de contratación en la vía de invitación de acuerdo a la Resolución de directorio Nº 013/93; aspecto que tiene relación directa con la previsión contenida en la última parte del art. 47 de la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental que establece: “…Son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza”.
En el caso de autos, se tiene que la pretensión de la parte actora radica en solicitar la resolución de “servicios profesionales y/o iguala profesional”, suscrito el 16 de febrero de 1993, entre Banco Central de Bolivia y el Estudio Juridico Tarija, evidenciándose en principio que nos encontramos frente a un contrato administrativo por la concurrencia en su suscripción de una entidad de orden estatal; cuyo objeto es – la recuperación a nivel nacional de la Cartera refinanciada del Banco de crédito de Oruro en liquidación devuelva al Banco Central de Bolivia la suma de $us. 6.000.000, es decir el objeto del presente contrato es la prestación de servicios a favor de la entidad estatal (Banco Central de Bolivia), contrato que es resultado de un proceso administrativo de contratación autorizada por Resolución de directorio Nº 013/93, en cumplimiento a la R.S. Nº 216145 referente a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, que tiene directa relación con lo dispuesto por el art. 47 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental que dispone: “…son contratos administrativos aquellos que se refieren a la contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza”; del mismo modo el art. 85 del D.S. Nº 181 de 28 de junio de 2009 señala: “Los contratos que suscriben las entidades pública para la provisión de bienes y servicios, son de naturaleza administrativa”, por su parte la Ley Nº 1178 y la norma que regula el Sistema de Administración de Bienes y Servicios, sitúa a los contratos de prestaciones de servicios a la administración pública, como un contrato administrativo, sea cual fuere la modalidad de servicio que se presente.
En ese orden, siendo que el contrato base de la demanda es sobre la prestación de servicios profesionales, realizado bajo la modalidad de contratación en beneficio de una entidad pública, cuya finalidad es asumir defensa del patrimonio de la parte demandante (Banco Central de Bolivia) que viene a ser de interés público, se tiene que dicho contrato es de naturaleza administrativa que se halla comprendido dentro de los alcances de la Ley Nº1178 de Administración y Control Gubernamental, regido a la vez por Normas Básicas del sistema de Administración de Bienes y Servicios en los aspectos de su ejecución y resultados, los cuales deben ser resueltos ante la jurisdicción contenciosa especializada.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación del art. 271 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, ANULA todo lo obrado sin reposición, debiendo la parte actora accionar su derecho ante el órgano jurisdiccional competente conforme se tiene explanado supra.
En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025, hágase conocer la presente resolución al Consejo de la Magistratura para los fines consiguientes de ley.

References: resolución 

Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución