Source: http://www.gmvabogados.es/actualidad
Timestamp: 2019-01-21 22:23:51+00:00

Document:
Mediante la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, se ha modificado el texto del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, que regula el derecho de separación de los socios en casos de falta de distribución o reparto insuficiente de dividendos.
1. Se prevé expresamente la posibilidad de modificar o suprimir este derecho de separación por vía estatutaria, siendo necesario el consentimiento unánime de todos los socios, salvo que se reconozca el derecho de separación a los socios que no voten a favor del acuerdo de modificación estatutaria.
2. Podrán separarse por esta causa los socios que hubieran hecho constar en el acta de la junta su protesta por la insuficiencia de los dividendos reconocidos.
3. La causa de separación consiste en que la junta no acuerde la distribución como dividendo de al menos el 25% (ya no un tercio) de los beneficios (sean o no los "propios de la explotación del objeto social") obtenidos durante el ejercicio anterior que sean legalmente repartibles, siempre que (i) se hayan obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores y, además, (ii) que el total de los dividendos distribuidos durante los últimos cinco años no alcancen el 25% de los beneficios legalmente distribuibles en dicho periodo.
4. Se reconoce el derecho de separación a los socios de sociedades dominantes de grupos obligados a formular cuentas consolidadas, si la junta general no acuerda la distribución como dividendo de al menos el 25% de los resultados positivos consolidados del ejercicio anterior atribuidos a la dominante. En este caso, bastará con que los beneficios sean legalmente distribuibles y que se hubieran obtenido resultados positivos consolidados atribuidos a la dominante durante los tres ejercicios anteriores.
5. Además de los accionistas de sociedades cotizadas, tampoco podrán separarse por esta causa los socios de (i) sociedades cuyas acciones se negocien en un sistema multilateral de negociación (p. ej., el MAB); (ii) sociedades en concurso de acreedores o en situación "preconcursal" que hayan iniciado negociaciones con sus acreedores, comunicando este hecho al juzgado competente; (iii) sociedades que hayan alcanzado acuerdos de refinanciación irrescindibles según la legislación concursal y (iv) sociedades anónimas deportivas.
Por otra parte, la norma se ocupa de establecer expresamente que, aun cuando no procediese ejercitar el derecho de separación por falta de distribución o reparto insuficiente de dividendos, quedaría abierta la posibilidad de impugnar acuerdos sociales que impliquen atesorar injustificadamente beneficios repartibles (art. 204.1 2º párrafo LSC), así como ejercitar las acciones de responsabilidad que pudieran corresponder.
Teniendo en cuenta las dificultades que suelen encontrar los socios que desean liquidar su participación en una sociedad limitada, cabe prever la situación -no poco frecuente- en la que un socio recibe una oferta de compra de un tercero sujeta a que la participación a adquirir represente un porcentaje mínimo del capital social.
En previsión de estos supuestos y para evitar la frustración de operaciones interesantes para la mayoria de los socios, se pueden pactar derechos de arrastre o "drag along", estableciendo la forma y plazos de ejercicio del derecho, el precio mínimo para la transmisión de las participaciones sociales, el porcentaje mínimo del capital social que debe tener el socio que ejercite el derecho y la relación de prioridad entre este derecho y el derecho de adquisición preferente de los socios.
Los cláusulas de drag along pueden formalizarse en pactos parasociales, con eficacia limitada a aquellos socios que suscriban el pacto, o bien incorporarse a los estatutos sociales e inscribirse en el Registro Mercantil, de modo que pasarían a ser oponibles incluso a cualquier socio futuro. Siendo, en general, preferible el reconocimiento estatutario y la publicidad registral del derecho de arrastre, cabe plantearse si la modificacion de estatutos dirigida a su inclusión podria adoptarse por la mayoría reforzada legal o estatutariamente prevista o si, por el contrario, sería necesario el consentimiento de todos los socios para su incorporación.
Pues bien, la Dirección General de los Registros y del Notariado, en su Resolución de fecha 4 de diciembre de 2017, establece que solo cabe inscribir en el Registro Mercantil una cláusula estatutaria de drag along mediando el consentimiento unánime de todos los socios, ya sea en la misma junta general que acuerde su inclusión o en un momento posterior, haciéndolo constar en la correspondiente escritura pública.
En consecuencia, para evitar posibles maniobras obstruccionistas de socios minoritarios en caso de discrepancias sobrevenidas, así como eventuales estrategias oportunistas, parece aconsejable negociar, configurar y formalizar el derecho de arrastre por vía estatutaria bien en la propia constitución de la sociedad o, en caso de incorporación posterior, condicionando la entrada en el capital a la previa o simultánea modificación estatutaria con el consentimiento unánime de los socios.
La Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), en Resoluciones de fechas 1 y 22 de agosto de 2016, ha cambiado de criterio y rectificado su doctrina anterior, expresada en su Resolución de 02/07/12, que en su día fue objeto de noticia, rescatando la doctrina de las RRDGRN de 13/04/00 y 29/04/11.
Dice la DGRN que, a efectos de cancelación de asientos registrales y sin que lo impida la apelación al principio de tutela judicial efectiva, debe administirse la manifestación que sobre la inexistencia de activo y sobre la existencia de un único acreedor realice el liquidador bajo su responsabilidad. Es decir, que no puede mantenerse el criterio anterior en el que se basaba la DGRN para denegar la inscripción registral de la liquidación y extinción de la sociedad, consistente en que la legislación societaria imponía el pago a los acreedores como requisito previo a dicha liquidación y extinción y que, a falta de haber social con el que pagar a los acreedores, el procedimiento legalmente previsto para la extinción de la sociedad es el concurso de acreedores. Y ello aun cuando existiese un solo acreedor y, por tanto, no concurriesen una pluralidad de ellos.
En consecuencia, ya vuelve a ser posible inscribir en el Registro Mercantil la liquidación y extinción de sociedades de capital que carezcan de activo para pagar a un único acreedor, bajo manifestación del liquidador basada en el balance de liquidación, sin necesidad de solicitar el concurso de acreedores.
Naturalmente, lo anterior no impide que el acreedor insatisfecho pueda actuar judicialmente frente a la sociedad deudora o frente a sus socios, administradores o liquidadores por las vías judiciales que tiene a su disposición, al margen de la legislación concursal.
EL artículo 180 de la Ley de Sociedades de Capital impone a los administradores el deber de asistencia a las juntas generales, sin establecer cuáles serían las consecuencias de su falta de asistencia.
La sentencia de l a Sala 1ª del Tribunal Supremo de 19 de abril de 2016 aborda esta cuestión al desestimar un recurso de casación contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante que declaró la nulidad de una junta general.En el supuesto, una socia de una sociedad de responsabilidad limitada instó la declaración de nulidad de la junta con fundamento en que los administradores no habían asistido personalmente a la misma.
El Tribunal Supremo rechaza, en primer lugar, la posibilidad de que los administradores puedan ser representados válidamente por otras personas en su condición de tales administradores (sí podrían ser representados, en su caso como socios), porque la asistencia de los administradores a las juntas forma parte de las competencias orgánicas, que no son delegables.
En cuanto a la finalidad del deber de asistencia, el TS concluye que en la junta general se desarrollan funciones esenciales para el correcto desenvolvimieno de la sociedad, como es el control o fiscalización de los administradores -que difícilmente por¡día realizarse en ausencia de estos-, y el ejercicio de una de las facetas del derecho de información de los socios, que corresponde cumplimentar a los administradores.
Sentado lo anterior, el TS establece, como regla general, que la ausencia de los administradores no debe conllevar la nulidad de la junta, pues, sin perjuicio de las responsabilidades que podrían derivarse del incumplimiento de su deber, los administradores podrían limitarse a no asistir a las juntas para impedir la expresión de la voluntad de los socios (o incluso -añadimos- su propia separación por acuerdo de la junta). Como excepción a la regla general, el TS considera que, cuando como consecuencia de la ausencia de todos los administradores, quede completamente cercenado el derecho de información de los socios (aspecto fáctico a enjuiciar caso por caso), entonces sí cabe declarar la nulidad de la junta. Ya así lo hace en el supuesto enjuiciado, en el que los socios asistentes no pudieron ser informados sobre las necesidades, características y consecuencias de determinadas operaciones crediticias.
Derecho de administrador de sociedad unipersonal a indemnización extra-estatutaria por cese
El Tribunal Supremo, en sentencia de 17 de diciembre de 2015, desestima el recurso de casación presentado por Consultrans, S.A. (unipersonal) frente a una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le condenaba a pagar a su antigua administradora -y socia fundadora-, la indemnización por cese pactada en un contrato de alta dirección suscrito entre ambas en 2004.
Tres años antes, en 2001, la citada administradora y otra persona vendieron a una sociedad el 100% del capital de Consultrans, S.A.
En 2004 se firma el mencionado contrato de alta dirección con la administradora (que siguió siéndolo tras la venta de acciones) y en 2006, el accionista único, en funciones de junta general, acuerda modificar los estatutos sociales para establecer el carácter retribuido del cargo de administrador y establecer los conceptos retributivos, que no incluían indemnizaciones por cese.
En octubre 2008 se produjo un cambio de accionista único y, al mes siguiente, Consultrans, S.A. comunicó el despido de la administradora, quien reclamó judicialmente el pago de la indemnización por cese pactada en el contrato de alta dirección, pero no recogida en estatutos.
Tras reconocer la aplicabilidad al caso de la doctrina del doble vínculo (si hay solapamiento, prevalece el mercantil sobre el laboral) y, en consecuencia, declarar el sometimiento de la indemnización litigiosa al régimen de las retribuciones de los administradores sociales (legislación societaria), el TS considera que en esta materia debe atenderse al interés de los accionistas en no verse sorprendidos por cláusulas indemnizatorias pactadas por los administradores "a sus espaldas", facilitando así la información y el control efectivo de los accionistas sobre la política retributiva y protegiéndolos de posibles abusos.El TS reconoce, asimismo, que la indemnización reclamada por la administradora saliente carecía de cobertura estatutaria.
Sin embargo, declara el Alto Tribunal que la regla general (necesidad de cobertura estaturia) debe ceder en determinadas ocasiones por aplicación de las exigencias de la buena fe plasmadas en la doctrina de los actos propios, citando pronunciamientos anteriores en el mismo sentido.
En este caso el TS considera que, a pesar de que el actual accionista único de Consultrans, S.A. aún no lo era al celebrarse el contrato de alta dirección, tuvo conocimiento de la existencia y contenido de las retribuciones pactadas con la administradora (indemnización incluida) cuando adquiríó el 100% de Consultrans, S.A. Por tanto, oponerse al pago de tal indemnización "constituye un abuso de la formalidad por parte del socio único que no puede ser estimado".
Nueva suspensión temporal de la aplicación del artículo 348 bis LSC (derecho al dividendo o separación)
Como recordarán los seguidores de nuestras noticias, el legislador dedició en junio de 2012 suspender hasta el 31 de diciembre de 2014 la entrada en vigor del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, que reconocía y regulaba el derecho de separación de los socios en caso de falta de reparto de divindendos en determinadas circunstancias, de medo que el cumplimiento cumulativo de dichas circusntancias facultaba a los socios privados de sus dividendos a salir de la sociedad, reclamando el valor razonable de sus participaciones.
Ya en su día nos referimos a las sonoras críticas dedicadas al citado precepto y a sus posibles efectos perjudiciales para los intereses de las sociedades en determinadas circunstancias, especialmente en el caso (no infrecuente) de falta de liquidez o en el quizás menos frecuente (aunque no extraño) de haber contraído frente a terceros (especialmente bancos), el compromiso de no repartir dividendos o no hacerlo por encima de ciertos límites.
Pues bien, en esta ocasión el legislador ha aprovechado la aprobación del Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, para ampliar hasta el 31 de diciembre de 2016 la suspensión temporal del artículo 348.bis LSC.
Dejando a un lado aspectos técnicos, creemos que al menos podría cuestionarse la dudosa (y aparantemente vacilante) estrategia de limitarse a aplazar la entrada en vigor del precepto, en lugar de "coger el toro por los cuernos", como se suele decir. Veremos, pues, qué pasa a final de 2016. Que nadie se impaciente...
Sociedad formalmente liquidada responde de sus deudas omitidas o sobrevenidas (STS 20/03/13)
Nota sobre la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 20 marzo 2013 (nº 220/2013, recurso 1339/2010)
En el caso enjuiciado, una intercomunidad de propietarios demandó a una constructora solicitando al Juzgado que se condenara a la demanda (i) a realizar unas serie de obra para eliminar unos vicios, patologías y daños que se describen en base un informe de un arquitecto, con advertencia de que, en su caso, se ejecutarían la obras por un tercero, a costa de la constructora demandad, o reclamaría el resarcimiento de daños y perjuicios, (ii) a construir la pista de tenis prevista en el proyecto, bajo el mismo apercibimiento, y (iii) a indemnizar a la demandante con una cantidad de dinero igual a los honorarios que hubo de pagar al arquitecto autor del informe.
La constructora demanda era una sociedad anónima cuya liquidación ya constaba formalizada e inscrita en el Registro Mercantil, donde ya se habían cancelado los asientos correspondientes a su inscripción registral.
A la pretensión de la intercomunidad demandante se opuso el liquidador de la demandada alegando falta de legitimación pasiva, ya que, según su argumentación, en el momento de presentarse la demanda la constructora ya no tenía personalidad jurídica por haber quedado extinguida. Sin embargo, tanto el Juzgado como la Audiencia Provincial no acogieron la argumentación del liquidador y condenaron a la demandada. Por su parte, el Tribunal Supremo confirmó los pronunciamientos anteriores, basándose en los argumentos que a continuación se resumen:
a) La cancelación registral no sana los posibles defectos de la liquidación. La definitiva desaparición de la sociedad sólo se producirá cuando la cancelación responda a la situación real; o sea, cuando la sociedad haya sido liquidada en forma y no haya dejado acreedores insatisfechos, socios sin pagar ni patrimonio sin repartir (STS 25/07/2012, recurso 1570/2009).
b) La liquidación registral de la sociedad, no conlleva su desaparición de la esfera mercantil "ex tunc" (desde entonces), pues habrá de seguir afrontando los compromisos contraídos, no pudiendo aceptarse que una rápida disolución pueda conllevar la defraudación de los legítimos intereses de sus acreedores.
c) De la legislación societaria se deduce que, en algunos casos, la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles no concluye con la formalización de las operaciones liquidatorias, sino cuando se agotan todas sus relaciones jurídicas, debiendo, mientras, responder de las obligaciones antiguas no extinguidas y de las obligaciones sobrevenidas (RDGRN 13/05/1992).
d) La cancelación de los asientos registrales de una sociedad es una mera fórmula de mecánica registral que tiene por objetivo consignar una determinada vicisitud de la sociedad (en el caso debatido, que ésta se haya disuelto de pleno derecho), pero que no implica la efectiva extinción de su personalidad jurídica, la cual no se produce hasta el agotamiento de todas las relaciones jurídicas que la sociedad entablara (RDGRN 27/12/1999).
e) Al no haberse concluido el proceso liquidatorio en sentido sustancial, aunque sí formal, los liquidadores continuarán como tales y deberán seguir representando a la sociedad mientras surjan obligaciones pendientes o sobrevenidas, máxime cuando la inscripción de cancelación en el Registro Mercantil, no tiene efecto constitutivo, sino meramente declarativo.
Es decir, declara el Tribunal Supremo que la liquidación formal de una sociedad no la exime del cumplimiento de sus pasivos pendientes (aun no registrados en el balance final de liquidación) o de cualquier obligación sobrevenida cuya existencia pueda declararse posteriormente. De lo contrario, bastaría con apresurarse a disolver y liquidar la sociedad, y a obtener su cancelación registral, para conseguir su “certificado de defunción” y, así, defraudar los legítimos intereses de sus acreedores (anteriores o sobrevenidos).
123>Última »

References: artículo 348
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 180
 artículo 348
 artículo 348
 artículo 348