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Timestamp: 2019-11-14 12:02:23+00:00

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diariolaley - Documento relacionado Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sección Pleno, Sentencia 469/2019 de 17 Sep. 2019, Rec. 3743/2016
S TS 17/9/2019
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Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sección Pleno, Sentencia 469/2019 de 17 Sep. 2019, Rec. 3743/2016
Nº de Sentencia: 469/2019
Nº de Recurso: 3743/2016
Diario La Ley, Nº 9494, Sección Jurisprudencia, 9 de Octubre de 2019, Wolters Kluwer
LA LEY 130942/2019
El TS declara que son abusivas las cláusulas que fijan una duración superior a 3 años en los contratos de mantenimiento de ascensor
CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR. Carácter abusivo de la cláusula que fija una duración superior a 3 años. Aplicación de la normativa de protección de los consumidores que prohíbe las cláusulas que establezcan plazos de duración excesiva. Factores a tomar en consideración para decidir cuándo una duración es excesiva. Establecimiento de un plazo razonable que permita al empresario organizar la prestación del servicio, pero que no suponga una vinculación excesiva que impida a los consumidores, durante un periodo prolongado, beneficiarse de las mejores ofertas que hagan otros empresarios del sector.
El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda de reclamación de indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato de mantenimiento de ascensor. La AP A Coruña revocó la sentencia y estimó la demanda. El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por la comunidad de propietarios demandada, anula la sentencia recurrida y confirma la de primera instancia.
CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 3743/2016
Sentencia núm. 469/2019
Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación respecto de la sentencia 324/2016 de 21 de septiembre, dictada en grado de apelación por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de A Coruña (LA LEY 144185/2016), como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 208/2014 del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Noia, sobre incumplimiento de contrato y reclamación de cantidad.
El recurso fue interpuesto por la Comunidad de Propietarios de Avda. AVENIDA001 NUM001 y Avda. AVENIDA002 NUM002-NUM004 de Noia, representados por el procurador D. Ricardo Ludovico Moreno Martín y bajo la dirección letrada de D. Albert Abos Araguas.
Es parte recurrida Ascensores Enor S.A., representado por el procurador D. Antonio Barreiro-Meiro Barcero y bajo la dirección letrada de D. Jorge González Pérez. Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena.
1.- La procuradora D.ª Rita Goimil Martínez, en nombre y representación de Ascensores Enor S.A., interpuso demanda de juicio ordinario contra la Comunidad de Propietarios del Edificio sito en Avenida AVENIDA001 NUM001-AVENIDA002 NUM002-NUM004 de Noia, en la que solicitaba se dictara sentencia:
«[...] en la que se realicen los siguientes pronunciamientos:
» 1.- Se declare el incumplimiento por parte de la demandada del contrato suscrito con mi mandante.
» 2.- Se condene a la demandada a pasar por esta declaración y a pagar a Ascensores Enor S. A. la suma de 10.264,00 euros, en concepto de indemnización de daños y perjuicios pactada, actualizada esta cantidad con los intereses legales devengados conforme establece el artículo 1.100 del Código Civil (LA LEY 1/1889).
» 3.- Subsidiariamente, para el caso de no acceder al anterior pronunciamiento, se solicita la condena de la demandada de pagar la indemnización de daños y perjuicios que se considere ajustada a derecho por el Juzgado, actualizada igualmente esta cantidad con los intereses legales devengados conforme establece el artículo 1.100 el Código Civil (LA LEY 1/1889).
» 4.- Se impongan a la demandada las costas procesales causadas».
2.- La demanda fue presentada el 13 de junio de 2014 y, repartida al Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Noia, fue registrada con el núm. 208/2014. Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.
3.- El procurador D. Francisco Javier Salmonte Rosendo, en representación de la Comunidad de Propietarios Avenida de la AVENIDA001 NUM001 y Avenida AVENIDA002 NUM002-NUM004 de Noia, contestó a la demanda solicitando su desestimación y la expresa condena en costas a la parte actora.
4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, la Magistrada-juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Noia, dictó sentencia de 5 de mayo de 2015, que desestimó la demanda y condenó a la actora al pago de las costas causadas.
1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Ascensores Enor S.A. La representación de la Comunidad de Propietarios del Edificio sito en Avenida AVENIDA001 NUM001-AVENIDA002 NUM002-NUM004 de Noia se opuso al recurso.
2.- La resolución de este recurso correspondió a la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de A Coruña, que lo tramitó con el número de rollo 514/2015 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia 324/2016, de 21 de septiembre, cuyo fallo dispone:
«Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Ascensores Enor S.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Noia, que Revocamos, estimando la demanda interpuesta contra la Comunidad de Propietarios y condenando a la parte demandada a indemnizar a la actora en la cantidad de 10.264 euros con los intereses legales desde la interposición de la demanda, así como al pago de las costas procesales de la primera instancia, sin hacer especial imposición de las causadas en el recurso».
1.- La procuradora D.ª Ana Tejelo Núñez, en representación de la Comunidad de Propietarios Avenida AVENIDA001 NUM001-AVENIDA002 NUM002-NUM004 de Noia, interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.
«Primero.- Infracción de las normas reguladoras de la sentencia (art. 469.1.2 en relación con los arts. 209 (LA LEY 58/2000) y 218 LEC (LA LEY 58/2000))».
«Segundo.- Errores en la valoración de la prueba que conllevan una valoración irracional, ilógica y arbitraria (vulneración del art. 469.1.4 LEC (LA LEY 58/2000) en relación con los arts. 217 LEC (LA LEY 58/2000) y 24 CE (LA LEY 2500/1978))».
«Único.- Infracción de los arts. 62.2 (LA LEY 11922/2007) y 3, 82.1 (LA LEY 11922/2007), 83 (LA LEY 11922/2007) y 87.6 del Texto Refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios (LA LEY 11922/2007) y otras leyes complementarias, de 16 de noviembre de 2007».
1.- El 24 de agosto de 2012, Ascensores Enor S.A. (en lo sucesivo, Ascensores Enor o Enor) y la comunidad de propietarios del edificio sito en Avenida AVENIDA001 NUM001-AVENIDA002 NUM002-NUM004, Noia (en lo sucesivo, la comunidad de propietarios) concertaron tres contratos para el mantenimiento de los ascensores instalados en el edificio sobre el que está constituido la comunidad.
2.- En lo que aquí interesa, estos contratos tenían dos partes diferenciadas. Una de ellas llevaba el epígrafe «condiciones generales» y la otra, «condiciones particulares».
En las cláusulas ubicadas bajo el epígrafe «condiciones generales» se establecía que Ascensores Enor prestaría un contrato de mantenimiento a todo riesgo que incluía, entre otros, los apartados «revisiones periódicas», «mantenimiento preventivo», «reparación o reposición de piezas», «atención de averías», etc.
A continuación, bajo el epígrafe «cancelación anticipada», se incluía la siguiente cláusula:
«Dado que Enor, con la finalidad de llevar a cabo los servicios contratados, se ve obligada a efectuar una serie de inversiones, tanto en estructura como de contratación y formación de personal cualificado, así como provisión de repuestos, seguros, etc, en el supuesto de resolución unilateral del contrato por parte del cliente antes de su vencimiento, aquella podrá exigir los daños y perjuicios que con la citada resolución se le hubiesen causado.
»Asimismo, en caso de que exista una resolución del contrato por parte de Enor, sin justa causa legal, la propiedad podrá exigir los daños y perjuicios que se le hubiesen causado.
»Por ello se establece en concepto de valoración de daños y perjuicios, independientemente de quien haya realizado la cancelación del contrato, una indemnización equivalente al 50% del importe de los servicios de mantenimiento que queden pendientes desde el momento de la resolución hasta la fecha de vencimiento del contrato, tomando como base el valor del último recibo devengado».
En el apartado de «condiciones particulares» se incluían tres previsiones: dos mecanografiadas, en las que se establecía, de una parte, un descuento del 25% sobre el precio y, de otra, que «la duración de este contrato contratando la línea con Enor será de cinco años» (se refería a un anexo en el que se contrataba el suministro por Enor de una línea telefónica fija para cada uno de los ascensores); y otra manuscrita, cuyo tenor literal era: «Desde esta firma os damos una carencia de efectos económicos de seis meses (según correo de 23/8/12)».
5.- La comunidad de propietarios, en su contestación a la demanda, negó que la duración del contrato hubiera sido negociada y alegó que las cláusulas de duración del contrato, prórroga tácita y penalización en caso de desistimiento, que eran condiciones generales del contrato, eran nulas y debían tenerse por no puestas, por aplicación de lo dispuesto en los arts. 62.3 (prohibición de cláusulas que establezcan plazos de duración excesiva en los contratos de prestación de servicios), 83.1 (nulidad de pleno derecho de las cláusulas abusivas), 85.1 (carácter abusivo de las cláusulas que prevean la prórroga automática de un contrato de duración determinada si el consumidor y usuario no se manifiesta en contra) y 87.6 (carácter abusivo de las cláusulas que fijen una indemnización que no se corresponda con los daños efectivamente causados), todos ellos del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LA LEY 11922/2007) (en lo sucesivo, TRLCU). Y que la ley no excepcionaba su cumplimiento ni en caso de pacto expreso.
«A la vista de las cláusulas objeto de análisis esta juzgadora aprecia el carácter abusivo de las condiciones generales insertas en este contrato de adhesión que fija una duración de, al menos, cinco años prorrogables, limitando la facultad de desistimiento del usuario mediante la exigencia del preaviso con una antelación excesiva de, al menos, 90 días, y una penalización rigurosa, de al menos 50% del coste del servicio [...] En atención a lo expuesto, se ha de concluir que ninguna obligación indemnizatoria incumbe a la Comunidad demandada por la resolución unilateral del contrato de conservación y mantenimiento del ascensor de su edificio suscrito con la actora, por entenderla abusiva y no surtir efectos vinculantes para la demandada como consumidora, de modo que se debe tener por no puesta».
7.- Ascensores Enor apeló la sentencia. La sentencia de la Audiencia Provincial declaró que el contrato suscrito por las partes es un contrato de adhesión donde los contenidos esenciales han sido redactados previa y unilateralmente por una de las partes, por lo que está sujeto a lo establecido en el art. 82 y siguientes TRLCU (LA LEY 11922/2007). Pero la estipulación que establece una duración de cinco años para el contrato no era abusiva, por las siguientes razones:
«[...] por cuanto fija un plazo de duración contractual que no merece ser calificado de excesivo o desproporcionado para un contrato de prestación de servicios de tracto sucesivo sino que resulta razonable, teniendo en cuenta la actividad empresarial a la que se dedica la actora así como sus necesidades de autoorganización y contratación, ya que ha de seguir una planificación económica, proveerse de personal cualificado mediante la oportuna contratación laboral y adquirir piezas de repuesto necesarias para atender los servicios convenidos en un período de tiempo determinado.
» Tampoco cabe en este caso fundamentar, la abusividad y consiguiente nulidad de la cláusula de duración del contrato en la condición general que establece la prórroga automática del contrato a su finalización, por un período igual de cinco años, por considerar que conlleva una duración igualmente excesiva y una limitación que excluye u obstaculiza el derecho del consumidor a poner fin al contrato, de conformidad con las normas citadas, por cuanto cuando se produjo el desistimiento de la demandada el contrato no se encontraba en período de prórroga sino en el plazo de cinco años de duración inicial del contrato, del cual no habían transcurrido dos años
» [...] la acción indemnizatoria ejercitada en la demanda tiene pleno fundamento, de conformidad con los arts. 1101 (LA LEY 1/1889) y 1124 del Código Civil (LA LEY 1/1889), ante la resolución unilateral e injustificada del contrato por la demandada antes de vencer dicho plazo, que al producirse fuera de los términos convenidos implica un incumplimiento contractual del consumidor susceptible de generar un daño económico al empresario, dada la naturaleza y contenido de las obligaciones contraídas, máxime cuando se pactó un descuento en el precio y un periodo de carencia en el pago, sin que pueda estimarse de acuerdo con las normas citadas que este porcentaje y la indemnización resultante sean desproporcionadamente altos o no se correspondan con los daños efectivamente causados, en relación con los factores expuestos».
«Infracción de las normas reguladoras de la sentencia (art. 469.1.2 en relación con los arts. 209 (LA LEY 58/2000) y 218 LEC (LA LEY 58/2000))».
2.- En el desarrollo del motivo se denuncia que en la sentencia recurrida «existe una clara falta de motivación en la concesión de la indemnización y una falta de análisis de la abusividad y nulidad de la cláusula penal del 50 % de la facturación pendiente obrante en el contrato».
TERCERO.- Decisión del tribunal: desestimación del motivo
1.- Este tribunal ha declarado que el derecho de los litigantes a una motivación jurídica no les faculta para exigir que la argumentación sea exhaustiva en sentido absoluto ni que alcance a todos los aspectos y perspectivas que ofrezca la cuestión litigiosa. Por ello, deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones que vengan apoyadas en razones que permitan invocar cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales en que se ha fundamentado la decisión, es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquella, por más que pueda ser escueta.
3.- Que dicha motivación resulte o no adecuada no obsta a que la motivación exista y cumpla el estándar mínimo exigido por el art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000). Por tal razón, el motivo debe ser desestimado.
«Errores en la valoración de la prueba que conllevan una valoración irracional, ilógica y arbitraria (vulneración del art. 469.1.4 LEC (LA LEY 58/2000) en relación con los arts. 217 LEC (LA LEY 58/2000) y 24 CE (LA LEY 2500/1978))».
2.- La infracción se habría producido porque la resolución impugnada no ha llevado a cabo un análisis del contenido del contrato de mantenimiento objeto de litis y en concreto de la cláusula penal obrante en los contratos de mantenimiento. La recurrente alega que la sentencia recurrida no ha valorado si esa cláusula penal supone el pago de servicios no prestados o si es abusiva su ejecución unilateral por parte de la empresa de mantenimiento y, por tanto, no ha analizado si la cláusula es ajustada al contenido del art. 87.6 TRLCU (LA LEY 11922/2007).
QUINTO.- Decisión del tribunal: desestimación del motivo
2.- Sin embargo, la valoración cuyo carácter arbitrario o erróneo denuncia la recurrente en este motivo del recurso es la valoración jurídica sustantiva del carácter abusivo de una determinada cláusula contractual. Se trata de una cuestión jurídica sustantiva, ajena al ámbito del recurso extraordinario por infracción procesal y que solo puede ser planteada en el recurso de casación, porque se trataría de la infracción de una norma aplicable para resolver las cuestiones objeto del proceso (art. 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000)).
SEXTO.- Formulación del recurso de casación
«Infracción de los arts. 62.2 (LA LEY 11922/2007) y 3, 82.1 (LA LEY 11922/2007), 83 (LA LEY 11922/2007) y 87.6 del Texto Refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios (LA LEY 11922/2007) y otras leyes complementarias, de 16 de noviembre de 2007».
«Y es que entendemos que la duración de este tipo de contratos debería ser como máximo anual o, subsidiariamente de una duración máxima inicial de tres años, que quizás se podría discutir si es excesiva o no, y en ambos casos con una tácita reconducción de máximo un año.
» En este sentido hemos de mencionar que el informe sobre el mercado del ascensor de 2011 de la Comisión Nacional de la Competencia, aunque no sea vinculante, fue un punto de inflexión para unificar criterios en los juzgados de primera instancia y Audiencias Provinciales. En las recomendaciones de dicho informe se estipula la duración inicial recomendada en 1 año, a no ser que se trate de un ascensor nuevo, dónde podría ampliarse la duración del servicio de mantenimiento inicial hasta un total de 3 años, por cubrir el periodo de garantía de 24 meses (+ 1 año adicional, que parece algo razonable)».
SÉPTIMO.- Decisión del tribunal: el control de abusividad de la cláusula que establece la duración de los contratos de mantenimiento de ascensores
1.- La Audiencia Provincial ha afirmado que el contrato suscrito por las partes es un contrato de adhesión donde los contenidos esenciales han sido redactados previa y unilateralmente por Enor, por lo que está sujeto a lo establecido en el art. 82 y siguientes TRLCU (LA LEY 11922/2007), esto es, al control de abusividad de las cláusulas no negociadas en contratos suscritos con consumidores, previsto en dichos preceptos legales. Y ha afirmado que la cláusula de duración del contrato suscrito por las partes supera ese control de abusividad porque el plazo que fija no es excesivo para un contrato de prestación de servicios de tracto sucesivo, dadas las peculiaridades de la actividad empresarial de Enor, que le exige una planificación económica, contratar personal cualificado y adquirir las piezas de repuesto necesarias para atender los servicios convenidos.
Tampoco lo es que el precio se «bonificara», puesto que esa supuesta «bonificación» solo probaría que el precio fue negociado, pero no prueba que se hizo a cambio de una duración más extensa del contrato.
Más dudoso es el extremo relativo al periodo de «carencia» de seis meses, puesto que el mismo puede responder, efectivamente, a una negociación en la que se extendiera la duración del contrato a cambio de ese periodo de carencia, pero también puede ser uno de los elementos de la oferta formulada por Ascensores Enor, destinada a hacerla más atractiva, sin que tuviera que constituir necesariamente la contrapartida a la aceptación por la comunidad de propietarios de una duración del contrato más extensa de la que inicialmente estaba dispuesta a aceptar, y sin perjuicio de que Ascensores Enor, cuando hizo esa oferta, tomara en consideración la duración del contrato, que había predispuesto en cinco años.
Las dudas existentes sobre este extremo llevan a que no pueda aceptarse que se tratara de una cláusula negociada, por aplicación de las reglas sobre carga de la prueba previstas en el inciso final del art. 82.2 TRLCU (LA LEY 11922/2007). Además, en este caso existía una facilidad probatoria evidente para quien sostenía el carácter negociado de la cláusula, ya que en la estipulación manuscrita en la que se recoge la carencia de seis meses en el pago del precio se indicaba «según correo de 23/8/12», por lo que si la concesión de ese periodo de carencia correspondía a una contrapartida por la extensión del contrato hasta cinco años, podía haber sido probado mediante la aportación de ese correo electrónico.
La interdicción de las cláusulas de duración excesivas en los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado no resulta solamente de la previsión del art. 87.6 TRLCU (LA LEY 11922/2007) (ubicado en el capítulo II sobre «cláusulas abusivas», en el título II sobre «condiciones generales y cláusulas abusivas», del libro II), que considera abusivas las estipulaciones no negociadas individualmente en que se contenga «la imposición de plazos de duración excesiva». El art. 62.3 TRLCU (LA LEY 11922/2007) (ubicado en el capítulo I, de «disposiciones generales», del título I, sobre «contratos con los consumidores y usuarios», del libro II), refiriéndose a los «contratos con consumidores y usuarios» en general (art. 62.2 TRLCU (LA LEY 11922/2007)), y no solo a los integrados por cláusulas no negociadas, establece:
«En particular, en los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado se prohíben las cláusulas que establezcan plazos de duración excesiva».
Esta norma fue introducida por la Ley 44/2006, de 29 de diciembre (LA LEY 12793/2006), de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, y no se vincula al desarrollo de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 (LA LEY 4573/1993), sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, sino que se establece, según la exposición de motivos de la ley, «en coherencia» con la Directiva 2005/29/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005 (LA LEY 6058/2005), sobre prácticas comerciales desleales. Esta circunstancia redunda en la idea de que la prohibición no exige que la duración esté fijada en una cláusula no negociada.
Además de las razones anteriores, mientras que en el art. 87.6 TRLCU (LA LEY 11922/2007) se considera abusiva «la imposición de plazos de duración excesiva», en el art. 62.3 se prohíben «las cláusulas que establezcan plazos de duración excesiva» (énfasis de cursiva añadido), por lo que este último precepto no exige el requisito de la «imposición» propio de las condiciones generales.
En definitiva, con esta norma imperativa («se prohíben») se introduce una limitación a la autonomía de la voluntad en este sector de la contratación, al excluir la validez de los plazos de duración excesiva de los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado celebrados con consumidores, «en coherencia» con la Directiva sobre prácticas comerciales desleales y sin necesidad de que el plazo excesivo se contenga en una condición general.
5.- El art. 87.6 TRLCU (LA LEY 11922/2007) establece que son abusivas:
«Las estipulaciones que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor y usuario en el contrato, en particular en los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado, la imposición de plazos de duración excesiva [...] o la fijación de indemnizaciones que no se correspondan con los daños efectivamente causados».
8.- En el caso objeto de este recurso, los servicios prestados eran los de mantenimiento de ascensores y el contrato era de los calificados como «a todo riesgo», pues la empresa de mantenimiento viene obligada a sustituir, a su cargo, las piezas necesarias para que el ascensor siga funcionando. En la propia cláusula que regulaba la duración del contrato se preveía la prórroga tácita, por periodos iguales a la duración inicial (cinco años), si con una antelación de noventa días no se denunciaba el contrato por correo certificado. Y para el caso de que alguna de las partes desistiera del contrato, se establecía una penalización del 50% de las cuotas pendientes hasta la fecha establecida en el contrato para su finalización.
11.- Es consustancial a toda empresa que presta servicios de forma continuada la sucesión de altas y bajas de clientes, circunstancia esta que el empresario ha de tomar en consideración en sus previsiones. La prestación de servicios de modo competitivo es la que debe traer como consecuencia que las altas superen a las bajas o, al menos, las compensen, de modo que este riesgo no ponga en peligro la supervivencia y rentabilidad de la empresa. Por tanto, en la contratación con consumidores de servicios que deban prestarse de modo continuado, este riesgo debe afrontarse por el empresario ofertando buenos servicios a un precio atractivo, no mediante la vinculación temporal excesiva de los clientes, a través de cláusulas que establezcan una duración desproporcionada del contrato. A este criterio responde la previsión de los arts. 62.3 (LA LEY 11922/2007) y 87.6 TRLCU (LA LEY 11922/2007) .
12.- Por tanto, el riesgo que supone la baja de los clientes no puede suprimirse restringiendo indebidamente los legítimos derechos económicos de los consumidores, entre los que se encuentra obtener las ventajas derivadas de la competencia entre las diversas empresas prestadoras del servicio, sino que debe quedar fijado en sus justos términos, mediante el establecimiento de plazos razonables que permitan al empresario organizar la prestación del servicio y, en caso de contratos «a todo riesgo», amortizar la adquisición de piezas costosas, pero que no supongan una vinculación excesiva que impida a los consumidores, durante un periodo prolongado, beneficiarse de las mejores ofertas que hagan otros empresarios del sector.
1.- No procede hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación y procede condenar a la recurrente al pago de las costas del recurso extraordinario por infracción procesal de conformidad con los artículos 394 (LA LEY 58/2000) y 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000). Respecto de las costas del recurso de apelación, procede condenar a la apelante al pago de las costas.
2.- Procédase a la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de casación y se acuerda la pérdida del constituido para la interposición del recurso extraordinario por infracción procesal, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartados 8 y 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985).
1.º- Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal y estimar el recurso de casación interpuesto por la Comunidad de Propietarios de Avda. AVENIDA001 NUM001 y Avda. AVENIDA002 NUM002-NUM004 de Noia contra la sentencia 324/2016, de 21 de septiembre, dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de A Coruña, en el recurso de apelación núm. 514/2015.
2.º- Casar la expresada sentencia y desestimar el recurso de apelación interpuesto por Ascensores Enor S.A. contra la sentencia de 5 de mayo de 2015 del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Noia en el juicio ordinario núm. 208/2014, que confirmamos.
3.º- No hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación y condenar a la Comunidad de Propietarios Avenida de la AVENIDA001 NUM001 y Avenida AVENIDA002 NUM002-NUM004 de Noia al pago de las costas del recurso extraordinario por infracción procesal. Condenar a Ascensores Enor S.A. al pago de las costas del recurso de apelación.
4.º- Devolver a la recurrente el depósito constituido para interponer el recurso de casación y acordar la pérdida del constituido para interponer el recurso extraordinario por infracción procesal.

References: artículo 1
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