Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=653740
Timestamp: 2019-07-16 05:42:52+00:00

Document:
LEY MARCO SOBRE PROTECCIÓN DE ANIMALES
GARANTÍA ESTATAL PARA CRÉDITOS DE EMPRESAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS, CONVENIO DE PROGRAMACIÓN CON SISTEMA DE EMPRESAS CORFO Y PRECISIÓN DE LEY Nº 19.767
PETICIÓN DE OFICIO : Evelyn Matthei Fornet
59º ANIVERSARIO DE REPÚBLICA DE EL LÍBANO. COMUNICACIONES
COYUNTURA Y ESTRATEGIA PARA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE EMPLEO EN NOVENA REGIÓN. OFICIOS
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Munoz Barra
RECONOCIMIENTO A AUTORIDADES DE GOBIERNO POR FIRMA DE ACUERDO CON UNIÓN EUROPEA. COMUNICACIÓN
120º ANIVERSARIO DE DIARIO "EL SUR". COMUNICACIONES
NECESIDAD DE NUEVA NAVE EN REEMPLAZO DE BUQUE MÉDICO-DENTAL "CIRUJANO VIDELA". OFICIOS
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES FLORES, RUIZ-ESQUIDE, VALDÉS Y VIERA-GALLO CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE BENEFICIOS A CONDENADOS O PROCESADOS POR INFRACCIONES A LA LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA Y A OTRAS DISPOSICIONES PENALES SOBRE VIOLENCIA CON MÓVILES POLÍTICOS (3134-07)
Sesión 13ª, en martes 19 de noviembre de 2002
(De 16:20 a 19:40)
Y MARIANO RUIZ-ESQUIDE, PRESIDENTE ACCIDENTAL
III.	TRAMITACIÓN DE ACTAS...................................................
IV.	CUENTA............................................................................
Acuerdos de Comités...............................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite, sobre protección de los animales (1721-12) (se aprueba en particular)...............................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que otorga la garantía del Estado a obligaciones que indica, dispone suscripción de convenio de programación con el sistema de empresas y modifica la ley Nº 19.767 (3049-05) (se aprueba en general)........................................
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)..............................................
59º aniversario de República de El Líbano. Comunicaciones (se rinde)..........
Coyuntura y estrategia para reactivación económica y generación de empleo en Novena Región. Oficios (observaciones del señor Muñoz Barra).......
Reconocimiento a autoridades de Gobierno por firma de acuerdo con Unión Europea. Comunicación (observaciones del señor Naranjo).......................
120º aniversario de diario "El Sur". Comunicaciones (observaciones del señor Viera-Gallo)........................................................................................
Necesidad de nueva nave en reemplazo de buque médico-dental "Cirujano Videla". Oficios (observaciones de los señores Stange y Horvath).........
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia; de Economía , Fomento y Reconstrucción y Presidente de la Comisión Nacional de Energía; la señora Subsecretaria de Hacienda y el señor Asesor del Ministerio de Hacienda.
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 21 señores Senadores.
Las actas de las sesiones 11ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, y 12ª, ordinaria, de 12 y 13 de noviembre de 2002, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República, por medio de los cuales retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "simple", respecto de los siguientes proyectos de ley:
1.- El que crea la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera y modifica el Código Penal en materia de lavado o blanqueo de activos (Boletín Nº 2975-05), y
2.- El que sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (Boletín Nº 2439-20).
Siete de la Cámara de Diputados:
Con los cinco primeros, comunica que ha dado su aprobación a los siguientes proyectos de acuerdo:
1.- El relativo a la aprobación del "Convenio entre la República de Chile y la República Federativa del Brasil para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en relación al Impuesto a la Renta" y su Protocolo, suscritos en Santiago, el 3 de abril de 2001 (Boletín Nº 3028-10);
2.- El referido a la aprobación del "Convenio entre la República de Chile y la República del Perú para Evitar la Doble Tributación y para Prevenir la Evasión Fiscal en relación al Impuesto a la Renta y al Patrimonio" y su Protocolo, suscritos en Santiago, el 8 de junio de 2001, y el Protocolo Modificatorio que señala (Boletín Nº 3086-10);
3.- El que aprueba el "Convenio entre la República de Chile y la República del Ecuador para Evitar la Doble Tributación y para Prevenir la Evasión Fiscal en relación al Impuesto a la Renta y al Patrimonio" y su Protocolo, suscritos en Quito, el 26 de agosto de 1999 (Boletín Nº 3013-10);
4.- El relativo a la aprobación del "Convenio entre la República de Chile y el Reino de Noruega para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal en relación a los Impuestos a la Renta y al Patrimonio" y su Protocolo, suscritos en Santiago, el 26 de octubre de 2001. (Boletín Nº 3027-10), y
5.- El referido a la aprobación del "Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Polonia para Evitar la Doble Tributación y para Prevenir la Evasión Fiscal en relación al Impuesto a la Renta y al Patrimonio" y su Protocolo, suscritos en Santiago, el 10 de marzo de 2000. (Boletín Nº 3029-10).
Con el sexto, comunica que ha aprobado el proyecto de ley que establece un procedimiento de publicidad para gestiones administrativas relacionadas con la construcción (Boletín Nº 3011-14).
Con el último, comunica que ha dado su aprobación al proyecto que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, en materia de estacionamientos para personas con discapacidad (Boletín Nº 2707-15).
De la Excelentísima Corte Suprema, por medio del cual emite su parecer respecto del proyecto que modifica la ley Nº 19.620, sobre adopción de menores, en materia de competencia de los juzgados de menores, iniciado en moción de los Senadores señora Matthei y señor Orpis (Boletín Nº 3022-07).
--Se toma conocimiento, y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Del señor Ministro del Interior , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Canessa, relativo a los beneficiarios de la pensión de reparación otorgada por la ley Nº 19.123.
Del señor Ministro de Hacienda, por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, acerca de la posibilidad de disponer en la Ley de Presupuestos del Sector Público para 2003 un aporte para el Cuerpo de Socorro Andino.
De la señora Ministra de Educación , mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, sobre evaluación de material de la entidad cristiana CENLIMI-CHILE.
Con el primero, contesta un oficio enviado en nombre de los Senadores señores Chadwick, Horvath, Novoa, Ríos, Romero y Zaldívar (don Andrés), relativo a la eventual construcción de un aeródromo en la zona de Buin y Paine;
Con el segundo, da respuesta a un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Matthei, relativo a la situación de aislamiento de diversos pueblos en la Cuarta Región;
Con el tercero, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, acerca de la ejecución del proyecto denominado "Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Puquillay Bajo, Nancagua", en la Sexta Región, y
Con el cuarto, da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, referido a la posibilidad de incluir cláusulas que indica, en el evento de que se renueve el convenio de servicios de transbordo en la Carretera Austral.
Del señor Director del Servicio de Impuestos Internos, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, acerca del proceso de avalúo de los terrenos del borde costero de Antofagasta desde 1990 a la fecha.
Del señor Director Jurídico de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, relativo a la supuesta existencia en la actividad bancaria de la denominada "comisión por sobregiro no pactado".
Del señor Director del Fondo de Solidaridad e Inversión Social de la Región de La Araucanía, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, referido al Programa de Desarrollo Social.
Del señor Jefe de Gabinete del señor General Director de Carabineros , en contestación a un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, relativo a la presentación efectuada por un ex Carabinero, en orden a que se revise la medida de eliminación adoptada por la Institución.
Del señor Jefe de la Prefectura Metropolitana Sur de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante el cual informa cambio de denominación de unidades de la Policía de Investigaciones.
Del señor Secretario de la Comisión Especial de Reforma del Estado , por medio de la cual, por especial encargo de su Presidente , remite al Senado, para su conocimiento, el acta del seminario "Reforma y Modernización del Estado de Chile, Desarrollo y Aportes de la Revolución Tecnológica e Informática", organizado por dicha comisión y realizado el 20 de agosto del año en curso.
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que faculta al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado a las obligaciones que indica, dispone la suscripción del convenio de programación con el sistema de empresas y modifica la ley Nº 19.767, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 3049-05).
De la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, sobre modificación de normas para regular la posesión y ocupación de inmuebles (Boletín Nº 3101-12).
De la Delegación de Parlamentarios chilenos a la Sesión Especial del Consejo de la Unión Interparlamentaria (UIP) y reuniones conexas, celebradas en Ginebra, entre los días 23 y 27 de septiembre de 2002.
De los Senadores señores Flores, Valdés, Ruiz-Esquide y Viera-Gallo, mediante la cual inician un proyecto de ley que concede beneficios a condenados o procesados por infracciones a la legislación antiterrorista y a otras disposiciones penales relativas a la violencia con móviles políticos (Boletín Nº 3134-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema. (Este proyecto no podrá ser tratado mientras Su Excelencia el Presidente de la República no lo incluya en la convocatoria a la actual legislatura extraordinaria de sesiones del Congreso Nacional).
El señor Secretario dará a conocer los acuerdos de los Comités.
Los Comités, en reunión de hoy, adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
1.- Incluir en el segundo lugar de la tabla de esta sesión y despacharlo hoy, en general, el proyecto sobre garantía del Estado para las obligaciones que se indican.
2.- Fijar como plazo para presentar indicaciones al proyecto de Ley de Presupuestos hasta el día de mañana, a las 10.
3.- Citar nuevamente a los Comités para las 18:30 de hoy.
Recabo el asentimiento de la Sala para que el Senador señor Ruiz-Esquide presida la presente sesión a partir de las 18:30, porque a esa hora celebraremos una nueva reunión de Comités.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre protección de los animales, con nuevo segundo informe de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas.
--Los antecedentes sobre el proyecto (1721-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 3ª, en 9 de junio de 1998.
Medio Ambiente, sesión 28ª, en 5 de abril de 2000.
Medio Ambiente (segundo), sesión 20ª, en 30 de agosto de 2000.
Constitución y Medio Ambiente, unidas, (complementario), sesión 16ª, en 30 de julio de 2002.
Constitución y Medio Ambiente, unidas (nuevo segundo), sesión 12ª, en 13 de noviembre de 2002.
Sesiones 30ª, en 12 de abril de 2000 (se aprueba en general); 17ª, en 31 de julio de 2002 (vuelve a Comisión para nuevo informe).
El proyecto fue aprobado en general en sesión del 12 de abril de 2000. Con posterioridad, hubo un segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales; uno complementario de aquél, elaborado por las Comisiones unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales; y un nuevo segundo informe de las mismas Comisiones unidas, este último como resultado del acuerdo adoptado por la Sala en sesión del 31 de julio del año en curso.
Las Comisiones unidas, en el nuevo segundo informe, dejaron testimonio, para los efectos reglamentarios y en consideración a que el único texto aprobado por la Sala es el correspondiente al primer informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, que todos los artículos del proyecto fueron objeto de indicaciones o de modificaciones, según lo consignado en los informes enumerados con anterioridad.
En cuanto a las indicaciones contenidas en el último boletín de indicaciones, las Comisiones unidas describen las demás constancias reglamentarias.
Respecto de las enmiendas al proyecto aprobado en general, las Comisiones unidas dejan constancia de que ellas comprenden las propuestas del informe complementario del segundo informe y las del nuevo segundo informe. Fueron acordadas por la unanimidad de los miembros presentes, con excepción de la referida al artículo 14, el cual dispone que no se aplicarán las normas de la ley sobre protección de los animales a los deportes en que participen animales -rodeo, corridas de vacas, movimiento a la rienda y deportes ecuestres-, que se regirán por sus respectivos reglamentos. Esta enmienda fue acordada por 7 votos favorables, de los Senadores señores Chadwick, Moreno (como miembro de ambas Comisiones), Silva, Stange, Vega y Viera-Gallo. El Honorable señor Horvath, también miembro de las dos Comisiones, se pronunció en contra.
Cabe recordar que las modificaciones acordadas por unanimidad deben ser votadas sin debate, de conformidad a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, salvo que algún señor Senador solicite discutir la proposición respecto de alguna de ellas o que existan indicaciones renovadas. Con todo, corresponde señalar que los artículos 10 y 11 son normas de carácter orgánico constitucional, requiriendo para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
La Secretaría de las Comisiones unidas ha elaborado un boletín comparado, dividido en tres columnas que consignan el texto aprobado en general, las modificaciones efectuadas de las Comisiones unidas en el informe complementario del segundo informe y en el nuevo segundo informe y el texto final que se propone aprobar.
No se ha recibido indicación para votar en forma separada o especial algún artículo.
Señor Presidente, pido que se vote el artículo 10.
Se procederá de esa forma, por cuanto dicho precepto requiere quórum de ley orgánica constitucional.
Conforme al artículo 133 del Reglamento, consulto a la Sala si existe acuerdo para dar por aprobados todos los artículos que fueron acordados por unanimidad y respecto de los cuales no se ha formulado indicación.
Correspondería votar los artículos 10 y 11.
En votación el artículo 10 del proyecto.
El señora VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, deseo llamar la atención sobre los problemas de la norma en debate.
En primer lugar, fue muy importante que las Comisiones unidas transformaran el delito de crueldad o maltrato sobre un animal en una falta que será conocida por el juez de policía local. La descripción de ella -que se encuentra en el inciso primero- es clara y precisa.
En mi opinión, la multa que se establece es bastante alta: de una a veinte unidades tributarias mensuales, lo que significa de 30 mil a 600 mil pesos. Recuerdo a los Honorables colegas que el no pago de ella conlleva pérdida de libertad.
Por su parte, el inciso segundo señala que "Se consideran actos de crueldad o maltrato...", y prosigue con una enumeración no taxativa. Allí se repite un elemento característico, en el sentido de que un acto de crueldad o maltrato sería "realizar espectáculos que impliquen maltrato grave", lo que ya se halla en el inciso primero.
Por tanto, solicito a la Sala suprimir la expresión "maltrato grave" en el inciso segundo, para dejarlo de la siguiente manera: "realizar espectáculos que impliquen deterioro de la salud o muerte de animales,". Porque no se puede reiterar lo que ya se encuentra en la tipificación de la falta en el inciso primero.
Más adelante, el inciso tercero estipula: "Será sancionado con igual pena el que promoviere prácticas de crueldad...". A mi juicio, esto debería eliminarse, porque promover prácticas de crueldad es menos que tentativa. Ni siquiera constituye actos preparatorios. Sería análogo a la apología de un delito. Promover equivaldría a llevarlo a cabo, porque hay un vínculo directo entre el acto de promover y la realización de la falta. Es algo tan vago que no creo que pueda ser sancionado de esa manera.
Pero, tal vez, el problema más grave se encuentra en la frase final del mismo inciso: "o abandonare a un animal.".
El proyecto establece que cada familia o persona que tenga un animal se halla obligada a brindarle cuidado y alimentación. Así lo expresa el artículo 3º: "Toda persona que, a cualquier título, tenga un animal, debe cuidarlo y proporcionarle alimento y albergue adecuados, de acuerdo, al menos, a las necesidades mínimas de cada especie y categoría y a los antecedentes aportados por la ciencia y la experiencia.".
No encontramos referencia alguna que diga relación al nivel de recursos de la familia o de la persona que tiene un animal. Si carece de recursos para alimentarlos, o si los animales se reproducen, no puede abandonarlos. Debería entregarlos a una sociedad protectora o institución semejante que los acoja; pero en Chile no existen las condiciones y, por tanto, tendrían que abandonarlos, con lo cual se expone a una multa de hasta 600 mil pesos.
En mi opinión, la iniciativa está orientada a familias relativamente adineradas. No estamos pensando en el problema de la gente de escasos recursos, especialmente la que vive en poblaciones, que puede tener uno o dos perros, o gatos; pero cuando son muchos no le queda más opción que abandonarlos. No puede hacer nada más. Y, en ese caso, se incurriría en una falta que derivaría en el pago de una multa, la cual, obviamente, resulta desproporcionada frente al nivel de ingresos en las poblaciones de escasos recursos del país.
Luego, señor Presidente , se señala que toda otra contravención a lo dispuesto en esta ley se sancionará con quince unidades tributarias mensuales. Creo que es demasiado impreciso.
Una a quince unidades tributarias mensuales.
En efecto, de una a quince, señor Senador; pero ello es indeterminado.
En consecuencia, propongo eliminar del inciso segundo del artículo 10 la expresión "maltrato grave" y suprimir los incisos tercero y cuarto.
Por último, señor Presidente , en el artículo 11 existe otro problema.
Señor Presidente , en primer lugar, quiero recordar a la Sala que éste es un proyecto de ley sobre protección a los animales. Por lo tanto, debemos remitirnos al fondo de la iniciativa, que, por lo demás, fue elaborada por el Colegio Médico Veterinario de Chile y por importantes organizaciones vinculadas con animales destinados al trabajo, a la recreación o simplemente a servir de compañía. Y, en este sentido, las observaciones deben guardar relación con estos aspectos y tener presente que los animales tienen capacidad de sufrimiento -por lo tanto, de sentir-, por lo que no tenemos ningún derecho moral a causarles padecimientos innecesarios.
En segundo lugar, una sociedad que cuente entre sus integrantes a personas crueles o que permiten actos de crueldad y maltrato con los animales, en cualquiera de sus formas, termina por practicar también la crueldad entre sus componentes. Además, hay involucrada una prevención de carácter social, entonces.
Y hay muchos otros beneficios en la normativa, entre otros los relacionados con los animales productivos. Nadie en el mundo hoy en día, y considerando el futuro, va a estar dispuesto a comprar productos que en alguna de sus etapas de elaboración implique un animal que haya sido objeto de sufrimientos. En consecuencia, también hay razones prácticas entre sus objetivos.
En cuanto a las multas que las Comisiones unidas proponen por las faltas o infracciones a las disposiciones del proyecto en discusión, hay que tener a la vista la ley vigente. En la actualidad, el Código Penal, en su artículo 291 bis, dispone no solamente la privación de libertad -presidio menor en su grado mínimo-, sino también una multa asociada de uno a diez ingresos mínimos mensuales, vale decir, entre 70 mil y 723 mil pesos. La cifra es superior a la mencionada por el Senador señor Viera-Gallo .
Por otro lado, considero inaceptable el abandono de animales o el que su protección dependa de los recursos o de las condiciones sociales de las personas. O sea, el que una persona disponga de menos medios no la autoriza a dañar y abandonar a los animales. Para eso, la iniciativa promueve un cambio positivo en la educación, en la conciencia, y la tenencia responsable de los animales. Y si uno sigue esas pautas, que son, por lo demás, las únicas que dan frutos -frutos en un sentido positivo-, no se verá expuesto a las condiciones contempladas. Además -¡gracias a Dios!-, hay bastantes organizaciones dispuestas a acoger a los animales y también solidaridad a nivel nacional.
Por lo tanto, creo que no debemos mezclar argumentos en esta materia.
Advierto a quienes se encuentran en las tribunas que, de acuerdo con el Reglamento, no se permiten manifestaciones. De otro modo, me veré obligado a su desalojo.
Señor Presidente , quisiera hacer tres sugerencias respecto de esta norma, que creo que podrían perfeccionarla.
La primera es que, a mi juicio, cuando se fija una multa excesiva, el efecto es exactamente contrario al que persiguen los autores o el intento de sancionar una conducta. Y esto es una cuestión relacionada con la práctica que tienen los tribunales cuando aplican esta sanción. Si frente a una conducta ponemos sanciones muy altas -y ésta es una cuestión indiscutida en la práctica del derecho penal-, lo que ocurre es que, finalmente, si la sanción aparece demasiado alta para la conducta que se quiere castigar, el juez no la aplica.
Esto es exactamente lo mismo que si respecto de un delito de hurto se estableciera pena de muerte: el juez, viendo la pena, nunca la impondría. Entonces, tiene que haber una proporción, una racionalidad, en el ánimo de que esto no sea, como ocurre con muchas leyes, letra muerta. Porque podemos dictar una ley, como ha sucedido muchas veces, con sanciones que no corresponden realmente a la gradualidad que deben tener las penas y el resultado final es que los jueces, frente a cada caso concreto, no las aplican. En ese caso, se legisla simplemente en el aire. Por lo tanto, sugiero que esa multa se establezca en un grado de proporcionalidad que resulte más razonable.
Me dice el Senador señor Horvath que se fijan de una a veinte unidades tributarias mensuales. Debo señalarle que, en la realidad de las cosas, el juez no determina arbitrariamente de una a veinte. El juez, para la gradualidad, sigue un criterio. Si hay circunstancias atenuantes, va a aplicar una. Si hay circunstancias agravantes, va a aplicar veinte. Pero si no hay, el juez va a terminar aplicando multas más altas de lo razonable.
Creo que, en el ánimo de que esto sea realidad y de que no nos engañemos, la multa debiera ser de una a diez unidades tributarias, con el objeto de que se cumpla. Tenemos que acostumbrarnos a que las leyes no son mejores por disponer sanciones altas. Son mejores por contemplar sanciones que, razonablemente, el juez va a poder aplicar. Y, como mi interés es que la ley en proyecto se aplique, estimo que lo razonable es ajustarla. Quiero señalar un solo ejemplo: pasar con luz roja a exceso de velocidad, con riesgo de muerte de una persona, tiene una multa menor. Entonces, resulta desproporcionado para lo que es la escala de gradualidad de las penas. Creo que lo razonable es graduar de la manera que he señalado, para que sea algo real, para que realmente cuando haya un maltrato a un animal se sancione a la persona y el juez no termine simplemente por buscar cualquier resquicio con tal de señalar que el caso no se produce.
En segundo lugar, el inciso tercero del artículo 10, que lo entiendo perfectamente y lo comparto, dice que "Será sancionado con igual pena el que promoviere prácticas de crueldad", etcétera. Me parece innecesario, porque queda comprendido en el inciso primero. ¿Y por qué? Porque el concepto de autoría, en el Código Penal, incluye el "promover". Por lo tanto, desde el punto de vista de la técnica legislativa, es un error separarlo. Y va a perjudicar, porque el juez dirá: "El que promovió no va a ser autor", y, por lo tanto, aplicará una circunstancia atenuante, cuando quien promueve una práctica de violencia es tan culpable como el que la ejecuta. Pondré un ejemplo más práctico: el que promueve que a una persona la asesinen es tan culpable como el que materialmente toma el arma y le dispara. Por lo tanto, me parece absolutamente inconveniente, desde el punto de vista de la técnica de la autoría penal, que se establezca el inciso tercero. Me parece que ello queda comprendido en el concepto de autor, que en Chile es suficientemente amplio sobre esa materia.
En tercer lugar, quisiera señalar que en el último inciso del artículo hay un error en su parte final. La norma dice: "Será responsable del pago de la multa quien ejecutare materialmente la infracción. Con todo, si ésta se hubiere ejecutado en un medio de transporte, recinto o establecimiento, será responsable el transportista o el dueño, encargado o responsable del recinto o establecimiento," -hasta ahí está perfecto- "a menos que acredite no haber conocido o podido conocer la infracción.".
En el Derecho Penal, señor Presidente , los hechos negativos no se prueban. Se prueban los hechos positivos. Por lo tanto, hay que invertir la idea: a menos que se acredite que se ha conocido o se debió conocer la infracción. Pero no se puede acreditar un hecho negativo. ¿Cómo se podría probar? Los que se prueban son los hechos positivos -repito-, salvo en los casos en que la persona tenga un deber de garante, es decir, en que se haya invertido su deber y en que tenga una obligación de intervenir.
Por lo tanto, desde el punto de vista, a mi juicio, de la técnica penal, de la redacción de la norma, de los tipos penales o los tipos infraccionales, como en este caso, lo que corresponde es poner, en términos positivos, "salvo que se pruebe que la persona debía saberlo" -que "lo sabía" o "debía saberlo"-, para que realmente la norma pueda ser efectivamente practicable.
En realidad, me corrige bien la Honorable señora Matthei: no es "salvo", sino "siempre que la conozca o debiera conocerla". Porque eso es lo que a la persona se le deberá probar, no que no lo sabía.
Ésas son las observaciones que quería hacer, en el ánimo de perfeccionar la disposición.
La tiene el Honorable señor Viera-Gallo .
Señor Presidente , concuerdo con todo lo que ha dicho el Senador señor Espina. Lo que habría que hacer es votar inciso por inciso y ahí ver cómo se puede mejorar. Lo único a lo cual él no se ha referido -no sé cuál será el criterio de la Sala- es si hay que castigar o no el abandono.
Señor Presidente , no he participado en la discusión del proyecto, pero obviamente que me preocupa el abandono. Gente que vive muchas veces en poblaciones tiene una perra, por ejemplo, y de repente nacen cinco o seis cachorros. Son familias que, muchas veces, a duras penas están dando alimento a sus propios hijos. Entonces, en la medida en que el abandono se penalice de esta forma, creo que la consecuencia va a ser evidente: tirarán los animalitos al río, sin que nadie se dé cuenta.
Realmente, me gustaría ver si hay alguna otra alternativa. Porque, por desgracia, las familias que en este momento tienen perritos y quieren regalarlos -en Chile, lamentablemente, o éstos son de raza fina o nadie los desea- no encuentran dónde entregarlos. Faltan instituciones que se hagan cargo de estos animales y, con posterioridad, los regalen a quienes sí los quieren.
Pero, mientras tanto, me preocupa la situación, porque -tal como dijo el Honorable señor Viera-Gallo -, si una persona no paga la multa que se le aplicó, puede ir a la cárcel. Todos recordamos que ésa fue la consecuencia en el caso de una señora que se negó a pagar una multa por tener descuidado su antejardín.
Entonces, se trata de un problema cuya solución desconozco, pero que me causa gran preocupación, básicamente por la gente de escasos recursos.
Señor Presidente , no se debe asustar a la Sala -por decirlo de alguna manera-, ya que, si una persona no tiene dinero para pagar la multa por una infracción o una falta, existen penas alternativas. O sea, el asunto no es tan dramático en términos de que se prive de libertad. De hecho, se está descartando, en el artículo propuesto,...
La Honorable señora Matthei me pide una interrupción. Con la venia de la Mesa, no tengo problema en concedérsela.
Tiene la palabra la señora Senadora .
Señor Presidente , podrán aplicarse penas alternativas, pero el animal continuará abandonado y, por lo tanto, se seguirán pasando multas. Porque la persona o se hace cargo de los cinco cachorros aludidos o éstos quedan abandonados todo el tiempo, caso en el cual se continuará incurriendo en infracción.
Puede continuar el Senador señor Horvath.
Señor Presidente , hay que ver la ley en su futuro contexto. Hoy existe en Chile casi un millón de perros que andan dando vueltas, en lo cual media una falta de educación. Si realmente apuntamos a la tenencia responsable, como se promueve en el proyecto que nos ocupa -y, por lo demás, es algo que las mismas Comisiones unidas de Medio Ambiente y de Constitución aprobaron hacer saber al Gobierno, de manera que exista financiamiento para desarrollar acciones de carácter preventivo a nivel municipal, como corresponde-, el problema del abandono se va a reducir.
Por lo tanto, la idea no es obviar el abandono de los animales o resolverlo por la vía de las multas o el castigo, sino solucionarlo a través de la tenencia responsable, de la esterilización de machos y hembras -como debe ser-, y de la educación. A mi juicio, con tales medidas la dificultad se resuelve.
Pero eso es caro.
No, señora Senadora . Se trata de soluciones mucho más económicas que lo que han involucrado las mortandades de las perreras o la estricnina, tan tristemente conocidas en la historia chilena.
Al parecer, en la Sala de nuevo estamos trabajando como en Comisiones. Porque el proyecto ya tiene cuatro informes y, otra vez, la redacción de casi todos los incisos del artículo en debate ha sido objetada.
En consecuencia, tenemos dos posibilidades: o nos abocamos a resolver aquí cada una de las observaciones formuladas o volvemos la iniciativa a Comisión para que redacte el artículo 10 en la forma que corresponde.
Señor Presidente , ¿me permite un alcance de forma?
Señor Presidente , los dos señores Senadores que han intentado volver a legislar en cada inciso son miembros permanentes de las Comisiones unidas de Constitución y de Medio Ambiente. Entonces, no veo por qué eligen esta instancia para formular sus observaciones y no los órganos técnicos en que lo anterior corresponde. Ello, con la salvedad de la Honorable señora Matthei , que, en el fondo,...
Señor Senador, no estoy haciendo cargos a nadie -no me corresponde-, sino planteando una situación objetiva: se han formulado reparos a casi todos los incisos del artículo 10.
Señor Presidente , no he participado en las Comisiones que estudiaron el texto, pero les encuentro toda la razón a los Senadores señores Viera-Gallo y Espina. En consecuencia, o se votan los referidos incisos o vuelve el proyecto a las Comisiones unidas.
Ésas son las alternativas.
Señor Presidente , procedamos a la votación. No hay problema.
Tiene la palabra el Senador señor Espina, para proponer fórmulas de salida al problema.
Señor Presidente , soy partidario de votar ahora, porque sólo hay que introducir tres sencillas modificaciones.
En primer lugar, se debe cambiar en el inciso primero el monto de la multa, de una a veinte unidades tributarias mensuales, por de una a diez UTM, que es la cifra más apropiada, pues de lo contrario no será aplicable la norma.
En segundo término, hay que eliminar el inciso tercero, porque queda comprendido en el inciso primero. Por lo tanto, sólo se debe rechazar.
Y, en último lugar, se debe modificar el inciso final -ya se ha realizado otras veces por la Secretaría, luego de tomarse nota de la indicación- y redactarlo en positivo, es decir, sustituyendo al expresión "a menos que acredite" por "si se acredita que conoció o debió conocer la infracción".
Por lo tanto, con esas tres indicaciones se puede resolver perfectamente el problema sin dilatar más el proyecto.
Señor Senador, estamos empezando a trabajar como en Comisiones.
Señor Presidente , sólo quiero señalar que estoy de acuerdo en lo propuesto, aunque habría dos modificaciones más que introducir.
Lo otro que podemos hacer es pedirles a los autores del proyecto que se reúnan por algunos minutos con el objeto de introducir al artículo 10 las correcciones pertinentes, y luego nos pronunciamos sobre el particular.
En caso contrario, someteré a votación cada uno de los incisos de la referida norma.
Señor Presidente , sólo debo hacer presente que el asunto fue debatido ampliamente en las Comisiones unidas. No se actuó con un criterio ligero al someterlo a la consideración de la Sala. Y dos veces ha intervenido la Comisión de Constitución y cada artículo se discutió muy extensamente.
En este momento, las observaciones realizadas por los señores Senadores son de índole subjetiva, y es obvio que existen diferentes criterios para ponderar circunstancias de la más distinta naturaleza.
Sin embargo, para tranquilidad de la Corporación, reitero que me consta que el tema fue considerado en dos oportunidades por la Comisión de Constitución, habiendo sido estudiada pormenorizadamente cada norma.
De manera que, a mi juicio, lo mejor sería que la Mesa determinara votar.
De eso se trata, señor Senador.
Tocante al inciso primero del artículo 10, no se ha concretado la proposición para modificar el monto de la multa. Es preciso que se formalice. Si no, se votará el precepto tal como está.
Señor Presidente, mi sugerencia es para sustituir la palabra "veinte" por "diez", de manera que la norma sea aplicable.
Se ha propuesto poner como tope diez unidades tributarias mensuales.
Hago presente a Sus Señorías que se requiere quórum especial de aprobación.
Señor Presidente , habría que rechazar primero el inciso y, luego, aprobar la modificación.
No, señor Senador. Corresponde votar la sustitución a que he hecho referencia.
Si le parece a la Sala, se aprobará el inciso primero con la indicación del Honorable señor Espina.
--Se aprueba, por 30 votos a favor y con los pronunciamientos en contra de los Honorables señores Horvath y Naranjo, dejándose constancia de que concurre el quórum constitucional necesario.
En el inciso segundo, el Honorable señor Viera-Gallo propone eliminar la expresión "maltrato grave", porque estima que se encuentra incluida dentro de la definición del inciso primero.
Se votará el inciso segundo completo, que requiere 27 votos para ser acogido.
El inciso segundo, sin las palabras "maltrato grave", quedaría de la siguiente forma: "Se consideran actos de crueldad o maltrato, entre otros, provocar riñas de animales; realizar espectáculos que impliquen deterioro de la salud o muerte de animales, y emplear instrumentos o sustancias que provoquen en los animales su muerte con sufrimiento en estado de conciencia.".
¿Habría acuerdo para aprobar el inciso en la forma señalada?
Señor Presidente , primero debería votarse el texto propuesto por las Comisiones unidas, y después, la indicación para eliminar las palabras "maltrato grave". De lo contrario, se nos estaría obligando.
El problema estriba en que tenemos una situación de quórum bastante compleja.
Señor Presidente , si se lee bien, la indicación del Honorable señor Viera-Gallo es correcta, aunque se trata de un asunto opinable. Entonces, sugiero aprobarla, para que no se deseche el inciso. Porque el concepto "deterioro" figura como delito genérico.
En consecuencia, como no se trata de una cuestión de fondo,...
El Senador señor Viera-Gallo observa que, como el término "maltrato" está incluido en la definición del inciso primero, la expresión "maltrato grave" es redundante.
y en el ánimo de evitar que se rechace la norma, propongo aprobarla con la indicación, dado que el inciso primero ya considera esa conducta.
¿Habría acuerdo para aprobar el inciso con la indicación, en el entendido de que el concepto "maltrato grave" se encuentra incluido en la definición del delito a que se refiere la norma anterior?
--Se aprueba el inciso segundo con la indicación del Senador señor Viera-Gallo para suprimir la expresión "maltrato grave" (32 votos afirmativos y las abstenciones de los Senadores señores Horvath y Stange), dejándose constancia de que se cumple con el quórum constitucional exigido.
En seguida, corresponde votar el inciso tercero propuesto por las Comisiones unidas, que expresa: "Será sancionado con igual pena el que promoviere prácticas de crueldad o maltrato a los animales, o abandonare a un animal.".
Si le pareciera a la Sala, se aprobaría.
De rechazarse esta norma, quedaría pendiente lo relacionado con el abandono.
--Se rechaza el inciso tercero (22 votos por la negativa y 12 por la afirmativa).
Votaron por la negativa los señores Arancibia, Boeninger, Bombal, Cariola, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Larraín, Matthei, Moreno, Núñez, Ominami, Orpis, Parra, Romero, Sabag, Viera-Gallo y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Ávila, Canessa, Horvath, Naranjo, Prokurica, Ruiz-Esquide, Silva, Stange, Valdés, Vega y Zurita.
De acuerdo con la explicación dada en la Sala por el Honorable señor Espina, la promoción de prácticas de crueldad o maltrato a los animales se encuentra incluida en el concepto de autoría del delito tipificado en el inciso primero.
Por lo tanto, sólo queda fuera lo relativo al abandono.
Señor Presidente , entiendo que la expresión "el que promoviere prácticas de crueldad o maltrato" era innecesaria, porque estaba contemplada anteriormente, y que por eso se rechazó el inciso.
Lo que no queda claro es si el abandono está incluido o no como práctica de crueldad.
En ese sentido, consulto sobre la factibilidad de enviar un oficio al Ministerio de Hacienda con el objeto de que se estudie una subvención o aporte a alguna institución que pueda hacerse cargo de animales abandonados, por ejemplo, hasta que cumplan al menos tres meses de edad. Porque el problema radica en que ahora no hay dónde entregarlos ni, muchas veces, cómo alimentarlos. En consecuencia, el abandono se produce más bien por falta de alimentos.
Habría que buscar solución a este problema.
Su Señoría puede hacer llegar a la Mesa una proposición concreta del oficio que plantea enviar al Ministerio de Hacienda.
Señor Presidente , quiero dejar clara mi opinión en el sentido de que en algunas circunstancias el abandono puede constituir un acto de crueldad. Una cosa es abandonar a un animal en su hábitat natural y otra muy distinta abandonarlo en condiciones que evidentemente provocarán su muerte. Se trata de una materia que deberá discernir el juez.
Por eso había que eliminar íntegramente el inciso, para que el magistrado considere si el acto de abandono u omisión es o no constitutivo de infracción.
Entonces, quiero dejar constancia, para la historia fidedigna de la ley, de que no es efectivo que se haya descartado el abandono. Si éste es parte de un acto de crueldad para con un animal, será un elemento que el juez evaluará a los efectos de determinar si existe infracción.
Se dejará esa constancia, a fin de que haya suficientes luces para una buena aplicación de la ley.
Corresponde votar el inciso cuarto, que dice: "Toda otra contravención a lo dispuesto en esta ley se sancionará con multa de una a quince unidades tributarias mensuales.".
Señor Presidente , habría que ajustarlo a lo establecido en el inciso primero. Si en éste se fija una multa de una a diez unidades tributarias mensuales, en el que nos ocupa debería ser de una a cinco.
¿Habría acuerdo en fijar la multa de una a diez unidades tributarias mensuales?
No, señor Presidente . Tendría que ser de una a cinco, porque se supone que en este caso aquélla debe ser menor.
De una a cinco. Tiene razón, señor Senador.
Señor Presidente , las contravenciones que se consignan en las leyes usando métodos de carácter residual, como en el presente caso -se dice "Toda otra contravención"-, usualmente carecen de un requisito esencial, que es la descripción del delito, su tipificación.
En el artículo 10 de la ley en proyecto se sancionan una serie de infracciones. Y en el inciso cuarto se agrega, en forma genérica, que "Toda otra contravención" merecerá equis pena.
La norma en debate carece de la descripción o tipificación de las respectivas conductas. Por lo tanto, a mi juicio, debe suprimirse.
¿Habría acuerdo para aprobar la proposición de fijar multa de una a cinco unidades tributarias mensuales?
Perdón, señor Presidente , pero existen dos proposiciones: una, según entiendo, para eliminar el inciso cuarto, y la otra, para establecer multa de una a cinco unidades tributarias mensuales.
El señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra expresó que no está descrito el delito o la falta y que, por lo tanto, no se aplicará nunca la sanción.
Señor Presidente , ¿puedo hacer una aclaración?
Si mis Honorables colegas se dan el trabajo de leer todos los artículos -por lo demás, los debatimos en la Comisiones unidas-, observarán que hay otros hechos, señalados explícitamente, que pueden considerarse infracciones o contravenciones a la ley en proyecto; por ejemplo, no tener las instalaciones adecuadas a las respectivas especies y categorías de animales ocupados en espectáculos, en circos, en fin. De modo que resulta necesario hacer un llamado en el sentido de que, cuando no se cumplen las obligaciones pertinentes, se produce una contravención.
Por lo tanto, corresponde la aplicación de la multa. Ahora, si se quiere rebajar su monto, es otra cosa.
Señor Presidente , encuentro toda la razón el Senador señor Horvath , porque existen otras contravenciones, ante las cuales el juez tendrá latitud y podrá aplicar multa de una a cinco unidades tributarias mensuales. El problema radica en que, si no se rebaja de quince a cinco el límite superior, no existirá ninguna proporcionalidad con la multa de una a diez UTM que aprobamos en el inciso primero.
Por tanto, Su Señoría está en la razón. Y la multa debe ser de una a cinco unidades tributarias mensuales. Tocante a las otras contravenciones señaladas en el proyecto, el juez tendrá que aplicar la sanción correspondiente.
Deseo preguntar al Senador señor Aburto si mantiene su planteamiento respecto del inciso cuarto. Porque si lo mantiene, habrá que votar primero la supresión de esa norma.
Voy a votar en contra, señor Presidente.
O sea, Su Señoría no mantiene su planteamiento.
Señor Presidente , creo que el planteamiento del Senador señor Aburto es, jurídicamente, lo único bueno que se ha hecho. Porque sucede que, si aceptáramos esta norma, los animales tendrían mejor protección que los seres humanos. Y parece que el mundo va caminando así.
Por ejemplo, si un hombre pobre es dueño de muchos animales y, porque carece de recursos, no ha comprado para sus gatos collares contra las pulgas, ¿sería delito? Si les da de comer lo poco que le sobra y uno de éstos se encuentra famélico y corre el peligro de volverse como algunos "gatos de monte" actuales, ¿sería delito?
Me parece que esta figura penal en blanco, que faculta al juez para describir el delito y aplicar la multa, representa un peligro muy grande.
Quienes hemos sido magistrados sabemos que los jueces son peligrosos. ¡No les demos más atribuciones!
¡Lo dice ahora que es Senador...!
En consecuencia, estoy por la eliminación del inciso cuarto.
Tiene la palabra el Honorable señor Espina, en su segunda intervención; y luego, el Senador señor Horvath, por una vez más. Y en seguida resolveremos.
Con todo el respeto que me merece, estimo que el Senador señor Zurita está absolutamente equivocado. En primer lugar, porque la norma dice: "Toda otra contravención a lo dispuesto en esta ley...". Sin embargo, nada de lo manifestado por Su Señoría se contempla en este proyecto. Y quiero citar un ejemplo.
En el artículo 9º se señala: "En el beneficio y sacrificio de animales deberán emplearse métodos racionales tendientes a evitarles sufrimientos innecesarios.". No se prevé sanción. Entonces, es obvio que se aplicará la que se establezca en el inciso cuarto, por tratarse de otra contravención: multa de una a cinco unidades tributarias mensuales.
Por tanto, cuando la norma dice "Toda otra contravención", se refiere sin duda a las demás contravenciones que contempla la iniciativa en análisis. Siendo así, habrá que ver cuáles de ellas son distintas de la figura penal general que consagramos.
A mi entender, la situación es al revés: de no consignarse el inciso cuarto, quedarán sin ningún tipo de sanción otras contravenciones, lo que sería completamente ridículo.
En consecuencia, estimo que el Senador señor Zurita está equivocado.
Como el Honorable señor Aburto retiró su planteamiento, sólo habrá que pronunciarse acerca de la propuesta tendiente a cambiar el guarismo "quince" por "cinco".
¿Habría acuerdo, con el voto en contra del Senador señor Horvath?
--Se aprueba el inciso cuarto con la modificación explicitada (31 votos contra 1), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido.
El inciso quinto propuesto por las Comisiones unidas dice: "En caso de reiteración, podrá imponerse hasta el doble de la multa o la clausura del establecimiento en que se haya ejecutado la infracción, con un máximo de sesenta días, en su caso.".
No hay problema con ese inciso.
--Se aprueba el inciso quinto (32 votos afirmativos), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido.
Respecto del artículo 10, corresponde pronunciarse sobre el inciso final, que señala: "Será responsable del pago de la multa quien ejecutare materialmente la infracción. Con todo, si ésta se hubiere ejecutado en un medio de transporte, recinto o establecimiento, será responsable el transportista o el dueño, encargado o responsable del recinto o establecimiento, a menos que acredite no haber conocido o podido conocer la infracción.".
Hay que introducir un cambio en ese inciso, señor Presidente.
Así es. Se debe hacer la modificación.
En efecto, el Senador señor Espina propuso una enmienda de redacción que, a mi juicio, tiene lógica jurídica.
¿Habría acuerdo para autorizar a la Secretaría con el objeto de que haga la adecuación correspondiente?
--Así se acuerda, y se aprueba el inciso final del artículo 10 (32 votos afirmativos), dejándose constancia que se reunió el quórum constitucional exigido.
Corresponde pronunciarse sobre el artículo 11, respecto del cual también se pidió votación separada.
Quiero dejar constancia, para los efectos de la historia de la ley, de algo que me parece muy importante, concerniente al inciso segundo de la letra b) del artículo 11 del proyecto, en relación con el artículo 15.
El mencionado inciso establece que, tratándose de especies hidrobiológicas, la fiscalización de las disposiciones de la ley en proyecto será ejercida por funcionarios del Servicio Nacional de Pesca, entre otros, lo cual me parece muy bien.
Debe quedar claro, sí, que se apunta básicamente a los acuarios o a los delfinarios, y no, por cierto, a todo lo que implica el manejo de los peces. Y lo señalo porque el artículo 15 dice: "Las disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en la ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura...".
Sobre el particular, deseo preguntar -no asistí a la sesión de las Comisiones unidas donde se aprobó el precepto en comento- qué ley primará: ¿la de Pesca o la ley en proyecto?
Éste no es un problema secundario, señor Presidente . Porque, después de todo lo que se ha discutido en torno a si se prorrogará o no el límite máximo de captura, etcétera, acá estamos sancionando la ley en proyecto y, además, existe la famosa Ley de Pesca.
A mi entender, prevalecerá la Ley de Pesca, salvo que los peces no sean para producción, sino para espectáculos (por ejemplo, acuarios o delfinarios) o para el hogar (como adornos, por decirlo de algún modo). En este caso primará el inciso segundo de la letra b) del artículo 11.
Y, relacionado con el artículo 15, deseo que quede meridianamente claro que, si hay conflicto entre la ley en proyecto y la Ley de Pesca, prevalecerá esta última.
Habrá que analizar cada punto por separado.
Reitero, señor Presidente , que en esta materia no hay leyes que primen sobre otras. Se debe tener muy claro -ha costado hacerlo, y particularmente acá, en el Senado; después, seguramente, el punto será analizado en Comisión Mixta- que existen animales de compañía, de trabajo y de producción. Y toda ley va orientándose en función de cada tipo.
Previo a esta normativa, en el Congreso se modificó la Ley de Caza, que en el fondo se transformó en una legislación sobre protección de la vida silvestre. También, la llamada "Ley de la Carne" introdujo un concepto tendiente a evitar el sufrimiento innecesario de los animales.
A mi juicio, eso es permeable y transversal a toda la legislación. Por lo tanto, creo que ambos textos no se contravienen.
Y no se asuste, señor Senador: el día de mañana, por apretar un jurel en una red de captura, un inspector de pesca, o de la Marina -dice la ley-, no lo acusará de maltrato de animales. No es el caso.
--Se aprueba el artículo 11, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que concurren con su voto favorable 31 señores Senadores.
Finalmente, corresponde pronunciarse respecto del artículo 14, que dice: "Las normas de esta ley no se aplicarán a los deportes en que participen animales, tales como el rodeo, las corridas de vaca, el movimiento a la rienda y los deportes ecuestres, los que se regirán por sus respectivos reglamentos.".
Tiene la palabra el Senador señor Romero.
Señor Presidente , deseo reiterar lo que señalé en su oportunidad, en el sentido de que la referencia a deportes ecuestres es amplia: incluye no solamente los saltos ecuestres, sino también la hípica.
Tiene la palabra el Senador Horvath.
Señor Presidente, el deporte ecuestre es para quien lo practica, arriba del caballo, pero no para el que apuesta.
¿Su Señoría está de acuerdo?
No. Me refiero a deportes que utilizan animales. Es otro asunto.
Deseo reiterar el punto de vista que sostuve en la Comisión de Medio Ambiente y que no prosperó en las Comisiones unidas. Para valorar prácticas deportivas absolutamente representativas de la tradición chilena y vinculadas con faenas propias del campo y demostrativas de destrezas propias de ellas, es perfectamente posible que los reglamentos que las rigen se adecuen a esta normativa. Si no es así, en el futuro se estarían poniendo una soga al cuello al estimarse que quedaron al margen de una ley de protección de los animales. Lo lógico es que los reglamentos cumplan con esta legislación.
De hecho, se analizó el asunto con la Federación del Rodeo Chileno y sus abogados, y se concluyó que si en el rodeo, en las corridas de vaca o en el movimiento a la rienda se observan todas las disposiciones de los respectivos reglamentos, se estará cumpliendo con la protección de los animales. Y esto, a futuro, es mucho más sano que marginar tales actividades de esta nueva normativa. Eso quería representar.
Deseo reiterar al Senador señor Horvath que, si se interesara en conocer el reglamento de las corridas de vaca -elaborado por el señor Presidente del Senado , al igual que el del rodeo-, se daría cuenta de que la protección de los animales es mucho más amplia que la establecida en este proyecto, pues les brinda todas las precauciones destinadas a evitar su sufrimiento.
A mí no me parece que la información sea equivocada, a menos que haya entendido mal.
Es exactamente lo que he dicho, señor Presidente . Entonces, si el señor Senador no tiene ese susto, ¿por qué no acogerse a la ley?
No hay problema: los reglamentos están perfectamente de acuerdo con la normativa vigente.
Señor Presidente , todas las disposiciones de la iniciativa en análisis apuntan a la protección de los animales. Eso es más que obvio; pero considero peligroso eximir del resguardo que aquí se contempla a los animales que se emplean en los deportes señalados en el artículo 14.
Concuerdo con lo que acaba de plantear el Senador señor Horvath , en cuanto a que son los reglamentos los que deben buscar concordancias con el espíritu de la ley, y no al revés. Por ejemplo, el Senador señor Romero , tan aficionado a las corridas, debiera partir por limar las púas de las espuelas, porque ciertamente, en el ánimo de conseguir un premio, muchas veces los animales terminan con las costillas sangrantes debido a que el jinete antepone su interés personal de salir airoso en la prueba al derecho del animal de ser tratado como corresponde.
Ese pequeño ejemplo -puede haber muchos más- indica que será necesario, de todos modos, perfeccionar los reglamentos de este tipo de deportes, a los efectos de que guarden coherencia con el espíritu del proyecto en estudio.
Tiene la palabra el Senador señor Romero, por última vez.
Fui interpelado por el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra. Al parecer, olvidó que corrimos "a yegua suelta", en Calle Larga.
En todo caso, quiero decirle que si al menos participara en deportes ecuestres y en el rodeo, se daría cuenta de que no se inflige, como ocurría antiguamente, ningún daño a los animales. Y es cuestión de que vaya, observe y compruebe. Al contrario, diría que actualmente las famosas espuelitas a que el Honorable colega se refiere, por estar romas, ya no provocan sufrimiento a los animales. Simplemente forman parte de una indumentaria tradicional.
En todo caso, me gustaría participar nuevamente en alguna competencia, como lo hicimos antaño, porque creo que el señor Senador no lo hace mal.
Quienes representamos a zonas rurales hemos visto cómo en el curso de los últimos años han florecido en gran número clubes de huasos y de rodeo, a los que se han incorporado trabajadores. Y probablemente muchos de los presentes no nos hemos percatado de que todas estas agrupaciones están organizadas sólidamente y forman parte de federaciones comunales, provinciales o regionales. Los reglamentos por los cuales se rigen establecen, precisamente, las condiciones de trato para con los animales. Es el caso de las cabalgaduras, que probablemente sean el bien más preciado que esas personas tienen, dado que las vincula directamente, no sólo con el deporte mismo, sino que con otras actividades de su propia condición. Ahora se pone énfasis en el trato para con los animales. En el pasado, en el rodeo o en las corridas de vaca, eran objeto de apremios excesivos cuando doblaban las rodillas. Se ha eliminado el uso de la picana de hierro, que en algunos casos se traducía en una torsión que terminaba casi en fractura del apéndice externo llamado cola. Eso hoy día está cautelado.
Por lo tanto, quiero dejar constancia de que dichos clubes respetan una normativa que, incluso, va más lejos de lo que la ley en proyecto pudiera regular.
--Se aprueba el artículo 14, con los votos en contra de los Senadores señores Ávila y Horvath, y queda terminada la discusión del proyecto en este trámite.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que faculta al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado a las obligaciones que indica, dispone la suscripción del convenio de programación con el sistema de empresas y modifica la ley Nº 19.767, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
Los antecedentes sobre el proyecto (3049-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
La iniciativa se encuentra informada por la Comisión de Hacienda, la que deja constancia de haberla discutido solamente en general, conforme a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 36 del Reglamento.
-Facultar al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado a los créditos que contraigan y a los bonos que emitan las instituciones y empresas del sector público, incluidas las entidades a que se refiere el artículo 11 de la ley Nº 18.196; esto es, aquellas empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50 por ciento.
-Disponer la suscripción previa de un convenio de programación con el Comité Sistema de Empresas de la CORFO para obtener la garantía estatal señalada, y
-Modificar la ley Nº 19.767, que facultó a la Universidad de Chile para contraer un crédito externo, precisando que se trata de una autorización de endeudamiento a largo plazo.
El proyecto fue aprobado en general por 4 votos a favor, de los Honorables señores Boeninger, Foxley, García y Ominami, y uno en contra, de la Senadora señora Matthei.
Asimismo, la Comisión consigna el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos y el texto de la iniciativa.
Cabe destacar que el artículo 3º es de quórum calificado, requiriendo para su aprobación, en consecuencia, el voto conforme de 25 señores Senadores.
En la discusión general, tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
Señor Presidente , como se señaló, el proyecto propone autorizar al Estado para avalar las deudas de las 4 empresas públicas indicadas en el proyecto, por un total de 1.500 millones de dólares. Ello no significa -es muy importante dejarlo claramente establecido- que aquél les entregue directamente recursos financieros, sino que concede garantía del Fisco para ese endeudamiento, abaratando así su costo. Las obligaciones avaladas por el Estado reciben en el mercado internacional tratamiento distinto de si no tienen tal garantía. Por tanto, se trata de reducir el costo de los pasivos. Es decir, es un endeudamiento que se contrae con sujeción a planes muy precisos de inversión en cada una de las tres empresas vinculadas al sector transporte.
Deseo reseñar someramente estos proyectos de inversión y, también, la situación diversa que afecta a la Empresa Nacional de Minería.
En relación con la Empresa de Transportes de Pasajeros Metro S.A., se trata básicamente de la construcción de la Línea 4, que forma parte del Plan de Inversiones en Transporte Urbano que está desarrollándose en la ciudad de Santiago. Este nuevo trayecto tendrá 33 kilómetros y cruzará 11 comunas de la Región Metropolitana. El trazado principal va desde la actual estación Tobalaba de la Línea 1 hasta Puente Alto, con una variante desde la conexión de estación Bellavista, en La Florida (actual Línea 5), hasta la avenida José Miguel Carrera , conectando con la Línea 2.
El costo total de este proyecto alcanza a 1.007 millones de dólares.
El segundo proyecto se refiere al Metro Regional de Valparaíso S. A.. Se trata de un ferrocarril urbano destinado a transporte de pasajeros en un corredor de muy alta densidad poblacional y que se extiende desde la estación Puerto en Valparaíso hasta la ciudad de Limache. El trazado es de 43 kilómetros y opera en una doble vía con 22 estaciones, transportando -es importante tenerlo presente- más de 6,6 millones de pasajeros al año.
Este proyecto, llamado "IV Etapa", ha sido largamente esperado en la Región de Valparaíso y tiene su origen en la necesidad de incrementar la calidad de los viajes de los habitantes de la zona. La situación actual de la infraestructura ferroviaria y del material rodante presenta deficiencias que muchas veces determinan la elección de medios alternativos de transporte. El paso del ferrocarril a nivel y parcialmente en terraplén por Viña del Mar genera -como es bien conocido- un impacto muy negativo en su entorno urbano y también en su vialidad.
El proyecto de la IV Etapa implica realizar una serie de mejoras e instalaciones, con un horizonte de ejecución previsto para los próximos 4 años. El objetivo es terminar las obras a fines de 2005 y que el servicio de pasajeros pueda operar en óptimas condiciones, con una infraestructura compartida además por el transporte de carga.
El costo total del proyecto, incluido el material rodante, asciende a 342,7 millones de dólares.
En tercer lugar, se trata de financiar la inversión en infraestructura y equipamiento para la Empresa de Ferrocarriles del Estado, requeridos por sus sistemas de mediana y larga distancia, como también la ampliación de las prestaciones de Metrotren y de los demás servicios ferroviarios de cercanía.
Por último, esta normativa alude a la Empresa Nacional de Minería, punto donde se ha concentrado lo esencial de la discusión, particularmente en la Comisión de Hacienda del Senado. En este caso, estamos hablando de una realidad distinta de las anteriores, pues se busca resolver la compleja situación financiera por la cual atraviesa la ENAMI, con una deuda cercana a los 500 millones de dólares.
Del debate en dicha Comisión se desprende claramente que no se trata de avalar, y en forma parcial -el Gobierno habla de una garantía estatal de 160 millones de dólares básicamente para obligaciones de largo plazo-, una deuda por malos resultados acumulados durante los últimos años. Lo esencial: esta situación no es producto de malas condiciones de operación de la Empresa Nacional de Minería, sino que tiene un doble origen. Por una parte, debió hacerse cargo enteramente de los pasivos ambientales provenientes de cuantiosas inversiones, pero indispensables, que permitirían a la empresa cumplir con los nuevos estándares en materia de contaminación ambiental. A consecuencia de este proceso, se invirtieron cuantiosos recursos que hoy pesan fuertemente sobre la estructura de los pasivos de la ENAMI. Y, por otra parte, un segundo origen muy importante de esta deuda reside en un mecanismo puesto en práctica hacia 1992-1993: el retiro anticipado de utilidades. Durante los años 90 se continuó practicando básicamente la misma política de retiro de utilidades que en los 80; pero las condiciones, en particular del mercado las del cobre, fueron completamente distintas de las de la década del 80, sumándose cuantiosas pérdidas.
Los pasivos ambientales más la mantención hasta 1998 de la política de retiro de utilidades son los dos elementos que explican el incremento de la fuerte deuda de esta empresa.
Cabe señalar que solamente por concepto de servicio de lo adeudado la ENAMI debe desembolsar más o menos 30 millones de dólares al año. Todo ello, naturalmente, pone muy en riesgo la viabilidad de la empresa.
Por tal motivo, en la Comisión se insistió en la necesidad de que, paralelamente con la aprobación de la iniciativa en debate, se estableciera, a través de un instrumento tipo protocolo, un conjunto de garantías destinadas a otorgar a la ENAMI un horizonte de mayor estabilidad en el tiempo. Esto porque, como resultado del contenido actual del proyecto, donde sólo se avalan los pasivos de largo plazo, la situación de la empresa se podría incluso agravar, considerando que su deuda inmediata quedaría en condición aún más precaria.
Por eso se hizo mucho hincapié en la conveniencia de adoptar una serie de compromisos para complementar el aval de 160 millones de dólares, correspondiente a la deuda de largo plazo, con otras medidas asociadas con modificaciones al interior de la ENAMI y con algún mecanismo de relación con CODELCO que le permita lograr mayor viabilidad en el futuro.
Asimismo, se planteó la necesidad de contemplar algunas acciones orientadas a la protección de los trabajadores para el caso de que se estimara indispensable practicar nuevas desvinculaciones de la empresa con el fin de racionalizar y abaratar sus costos.
Esta discusión todavía se encuentra pendiente, señor Presidente . En los últimos días se ha informado de avances en esa dirección. Yo espero que sea posible conocerlos con mayor detalle en la medida en que vayamos profundizando en la discusión de la iniciativa.
En lo fundamental, el propósito del proyecto consiste en autorizar al Estado para otorgar su aval a las deudas de cuatro empresas. Sin embargo, igualmente tiene como finalidad modificar la ley Nº 19.767, que facultó a la Universidad de Chile para contraer un crédito externo, la que, al no contener una autorización de endeudamiento a largo plazo, ni haber contado con una aprobación de norma de quórum calificado, ha imposibilitado el cumplimiento de su objetivo. Por eso, la iniciativa también busca corregir dicha situación, otorgando a la citada casa de estudios superiores la autorización de endeudamiento referida, la cual debería ser aprobada con el quórum respectivo.
La idea, señor Presidente , es aprobar en general el proyecto ahora, con el fin de disponer de algunos días para profundizar en las materias de que trata y particularmente con el objeto de tener la seguridad de que vamos a despachar una normativa que garantice, en el mediano y largo plazos, la viabilidad financiera de la Empresa Nacional de Minería, que es, de todas las involucradas en la iniciativa, la que enfrenta circunstancias más difíciles.
Solicito autorización para que ingresen a la Sala la Subsecretaria de Hacienda, señora María Eugenia Wagner, y el Asesor de la misma Cartera, señor Felipe Jiménez.
Señor Presidente , rechacé el proyecto en la Comisión de Hacienda, y lo hice por varias razones.
En primer lugar, creo que cuando se otorga el aval del Estado a varias instituciones, debería discutirse por separado qué monto va a cada una de ellas y conocerse el destino exacto de los fondos. No me parece adecuado aprobar en paquete 1.500 millones de dólares, de los cuales se ignora qué cantidad va a corresponder específicamente a cada empresa en particular.
En segundo término, se mezclan dos situaciones bastante distintas. Por un lado, tres entidades desean obtener créditos para desarrollar nuevos proyectos. Por el otro, la ENAMI pide lo mismo, pero para refinanciar una deuda vencida.
La situación de esta empresa, señor Presidente , es realmente muy grave. En nuestro país han ido desapareciendo paulatinamente los pequeños mineros y la mediana minería. Muchas veces se nos indica aquí, durante la discusión de la Ley de Presupuestos, que el Gobierno concede anualmente a la ENAMI determinada cantidad de dinero para fomentar la pequeña y la mediana minería. Lo que no se señala es que los fondos que el Gobierno provee a la Empresa con ese propósito, se los saca por la vía de utilidades anticipadas, eufemismo para retirar utilidades que nunca se dan en la práctica. O sea, toda esta figura de que el Estado gasta y aporta recursos para fomentar la minería no es más que un artificio, por no decir un embuste, pues en la realidad nunca ha puesto un peso con ese fin. Lo que da por un lado lo quita por el otro, de modo que todo el fomento a la pequeña y mediana minería se realiza con dineros propios de la ENAMI.
Muy diferente es la situación que se da, por ejemplo, con la pequeña agricultura, a la cual el Fisco sí le hace un aporte muy sustancial todos los años para realizar actividades de fomento. En el caso del INDAP, el Estado contribuye con 105 mil millones de pesos anuales para ayudar a los pequeños agricultores y a los campesinos. En cambio, tratándose de la pequeña minería -que, como digo, ha venido desapareciendo, pese a constituir una base social muy importante en todas las regiones del norte-, ese fomento jamás se ha efectuado, por lo menos de la década de los 90 en adelante.
Además, para la ENAMI el proyecto no representa ninguna solución definitiva. Lo único que hace es cambiar una deuda cara por otra un poco menos cara, pero la empresa va a seguir arrojando pérdidas.
En este momento, la ENAMI tiene utilidades operacionales; es decir, ganancias en la operación de su negocio. Sin embargo, la carga de la deuda financiera se come todo lo obtenido, por lo que la empresa finalmente arroja pérdidas. Y aunque se apruebe el proyecto, que le daría la posibilidad de colocar un bono a una tasa más favorable, dado que contará con el aval del Estado, de todas maneras seguirá registrando pérdidas. No tiene cómo revertir la situación.
Por lo tanto, la solución -entre comillas- que se propone no es más que "chutear" en un par de años el problema de la desaparición de la Empresa Nacional de Minería. Si el proyecto no es modificado, lo único que se logrará es que, en vez de que desaparezca ahora, lo hará en unos años más. Su actual condición es absolutamente insostenible, ya que como en todos los ejercicios arroja pérdidas, su deuda seguirá creciendo al tener que endeudarse cada vez más para poder soportarlas.
Por eso, señor Presidente , no me parece adecuado mezclar situaciones tan diversas en una misma iniciativa. Al comenzar mi intervención señalé que lo correcto hubiera sido que el Ejecutivo pidiera permiso para otorgar el aval del Estado a cada una de las empresas en forma separada, consignando claramente la razón por la cual se necesitaba, en qué se utilizarían los recursos y, en el caso de la ENAMI, cuál era la solución a largo plazo. En verdad, para esta empresa no existe solución alguna. La iniciativa en análisis no lo es, en cuanto sólo conseguiría alargar su supervivencia por un par de años, pero igual va a desaparecer.
Quiero destacar que el proyecto de Ley de Presupuestos, que discutiremos mañana en esta Sala, permite al Estado contraer compromisos, adicionales a los que ya posee, por 1.500 millones de dólares. Esta cantidad es equivalente a la que autoriza la presente iniciativa, la cual, aun cuando no constituye obligación directa para el Estado, igual es representativa de deuda al contar con su aval.
Partiendo de la base de lo informado por el Ministerio de Hacienda en el sentido de que la deuda fiscal asciende en la actualidad a 6 mil millones de dólares, y si consideramos que la normativa en debate la aumenta en 1 mil 500 millones de dólares y que el proyecto de Ley de Presupuestos la acrecienta en idéntica suma, llegaremos a la conclusión de que en dos días habremos incrementado la deuda del Estado en 50 por ciento.
De nuevo, no me parece que ésa sea la solución, sobre todo si algunos privados han manifestado su voluntad en orden a efectuar las mismas inversiones.
En este momento, cuando el dinero escasea en Chile, por lo que debiéramos tener mucho cuidado con el endeudamiento (básicamente porque es sano que nuestro país se diferencie del resto de Latinoamérica), lo más lógico habría sido buscar financiamiento privado para esos proyectos, y enfocar la solución del problema de la ENAMI en forma global, definitiva, verdadera. Lo que se nos propone significa solamente "chutear" la muerte de esa empresa hacia un par de años más.
Por eso, señor Presidente, voté en contra en la Comisión de Hacienda, y voy a proceder en la misma forma en esta oportunidad.
Señor Presidente , la verdad es que la Senadora señora Matthei ha adelantado bastantes argumentos en la materia. Pienso que esta iniciativa ofrece de algún modo, como lo ha expresado la Honorable colega, beneficios para tres entidades, y algo distinto para la Empresa Nacional de Minería. Primero, favorece al Metro al prestarle su aval para la inversión de 650 millones de dólares en la construcción de una nueva línea. Segundo, como lo puso de manifiesto el Senador señor Ominami , entrega un beneficio a MERVAL, que es una línea muy necesaria, como lo afirmó también el Honorable señor Romero . Tercero, posibilita inversiones interesantes a Ferrocarriles.
Voy a detenerme en lo que se refiere a la ENAMI, porque se trata de un proyecto que, a mi juicio, retrata de cuerpo entero la actitud observada en esta última década por los Gobiernos de la Concertación frente a esta actividad: la pequeña y la mediana minerías. En este caso la iniciativa viene a disponer que se le avale un crédito destinado a cancelar una deuda que le causó el propio Estado, lo que es francamente increíble. Es como si alguien, para solucionar el problema de un deudor, lo avalara para que pudiera contraer un nuevo compromiso.
¡Pero si lo que tiene que hacer el Estado chileno, Honorables Colegas, es devolver a la ENAMI los recursos que le retiró durante una década, cuando algunos de los señores Senadores que están en la Sala eran Ministros de Estado! Señor Presidente , lo que se ha hecho ha sido destruir la actividad de la pequeña y mediana minerías, que proporcionaron trabajo a miles de personas en nuestro país.
En 1990 había más de cinco mil pequeños empresarios que entregaban su producción a la ENAMI. ¡Cinco mil, medianos y pequeños! Y cada uno de ellos contrataba a diez, veinte, cincuenta trabajadores. ¿Cuántos la entregan hoy día a la Empresa Nacional de Minería? Cuatrocientos, señor Presidente , en todo Chile. ¿Qué ha pasado con los otros miles? Fueron destruidos por las funestas políticas de la Concertación.
Los mejores ejemplos están, en primer lugar, en los recursos para el fomento. Lo dijo la Senadora señora Matthei hace un minuto. Desde 1992 hasta ahora, 22 millones de dólares para este rubro que, hasta hoy, junto a los Parlamentarios de las zonas mineras, hemos tenido que pelear ante el Gobierno para que puedan mejorar, para que puedan llegar hasta apenas 7 y medio millones de dólares, los que, por lo demás, han constituido cheques que van desde el Ministerio de Hacienda a la ENAMI, y de vuelta de ésta al Ministerio de Hacienda. O sea, una mentira, señor Presidente .
Los resultados están a la vista. El tratamiento que el Estado chileno ha dado a la pequeña y mediana minerías en esta última década está reflejado en la forma en que ha cumplido su labor de fomento. Y voy a compararlo con el incentivo a la agricultura, otra actividad muy noble, razón por la cual no critico al Estado por haberle entregado una cantidad importante de recursos. Mi crítica apunta a la doble actitud, al doble estándar ante la pequeña y mediana minería y la actividad agrícola.
En primer lugar, si uno revisa la Ley de Presupuestos, observa que ésta dispone la asignación de más de 84 millones de dólares al sector agrícola sólo en dos disposiciones legales: la ley Nº 18.450, sobre fomento al riego, y el decreto ley 701, relativo a la reforestación. Los agricultores que se acogen a esos beneficios reciben los recursos y no los devuelven. En el caso de la minería, señor Presidente , todos los destinados al fomento son devueltos por los mineros. Además, los aportes que supuestamente el Estado chileno está entregando a la ENAMI no emanan de la Ley de Presupuestos porque, como he explicado, son devueltos en un nuevo cheque. ¿De dónde surgen? De los negocios que la propia empresa hace con esos pobres mineros.
Entonces, ¿dónde está la solución? Radica en aplicar la ley. El endeudamiento que soporta hoy día la Empresa Nacional de Minería es absolutamente artificial. Lo dijo el Senador señor Ominami . Parte importante se debe a las inversiones no hechas por largos años en el rubro medioambiental, de 180 millones de dólares en Ventanas y Paipote. Todo el resto corresponde al mal uso (yo lo llamaría "uso ilegal"). Existe incluso un informe en derecho que reporta que el decreto ley Nº 1.263 se utilizó ilegalmente cuando se le pidió adelantar utilidades: recursos por ganancias que esta empresa nunca tuvo. Y por ese concepto la ENAMI debe nada menos que 160 millones de dólares que le adelantó al Estado de Chile. Y éste, como respuesta, como solución, le entrega su aval para que se endeude de nuevo. ¡Pero si esto no es una solución, señor Presidente ! O es una pésima solución.
Ahora veamos los efectos socioeconómicos causados en las Regiones del norte, que son tremendos.
Represento a la Tercera Región, en donde están apareciendo las comunas que registran más cesantes: Vallenar , 22 por ciento; Chañaral , 28 por ciento; y hay que agregar Diego de Almagro ; Taltal , en la Segunda Región; Domeyko , Vallenar , Freirina, diversas comunas del país que arrojan las cifras más altas de cesantía porque dependen de la actividad de la pequeña y mediana minería. Eso es lo que los Gobiernos de la Concertación no han entendido.
Esta iniciativa, además de la propuesta de venta total de Ventanas (el mejor activo de la Empresa Nacional de Minería), lo que hace en la práctica es cumplir con lo que yo llamo el fatídico proyecto o informe interministerial que se filtró en 1995, en el que sus autores afirmaban que lo que había que hacer era terminar con la pequeña y mediana minería; deshacerse de este sector que era una carga para el Estado; vender Ventanas, vender Matta , y que los trabajadores (imagínense Sus Señorías la ingenuidad) se fueran a desempeñar en los grandes proyectos mineros. ¡Ésa era la solución propuesta!
Señor Presidente , lamentablemente, esto es el cumplimiento perfecto de ese fatídico plan consistente en terminar con la pequeña y mediana minería. Lo leo en una carta que envié en esa época al Presidente Frei y al Presidente Lagos , representándoles la pérdida de miles de productores que ya no tendrían trabajo; los porcentajes altísimos de cesantes en nuestras Regiones, y los efectos que se estaban produciendo por no atenerse a una disposición legal. Ésta no constituye un compromiso, sino la obligación de cumplir lo prescrito en la ley que creó la Empresa Nacional de Minería. Esa norma establece la obligación para el Estado de cumplir con la labor de ayudar a la pequeña y mediana minería, de fomentar esta actividad con los recursos que por largos años captaron trabajadores, y que empleó a gente de otras Regiones. Hoy día, ellos están soportando muy malos momentos.
Contrariamente a la decisión que adoptó la Senadora señora Matthei , me veo en la obligación de votar a favor porque ésta es la única solución que está ofreciendo el Gobierno de Chile. Pero es una mala solución, que representa en la práctica la actitud del Estado hacia la pequeña y mediana minería: destrucción total, arrasar con la actividad, endeudar a esta empresa y vender sus mejores planteles.
Esto va a tener un mal efecto socioeconómico en las regiones del Norte, donde más de cuarenta comunas viven de esa actividad y carecen de trabajos alternativos. Cuando uno está en Domeyko, en Vallenar, en Diego de Almagro, en Chañaral o en Taltal, puede comprobar que allí la gente tiene muy pocas posibilidades de trabajo, y que si la pequeña y mediana minería están mal, la actividad económica de esas comunas está mal.
Por lo tanto, lo que corresponde, señor Presidente , es hacer un llamado a las autoridades de Gobierno hoy presentes, para que se dé término a la aplicación de ese plan fatídico que ha destruido esta actividad minera. Porque, de todas maneras el Estado de Chile ha tenido que generar los denominados "programas especiales para combatir el desempleo", con el objeto de permitir a la gente encontrar trabajo. Lamentablemente, con ello se pierde la dignidad de miles de personas que hace algunos años trabajaban en esta actividad y daban a su vez ocupación a muchos otros chilenos.
A fin de evitar que se susciten discusiones sobre el tema, debo hacer presente a la Sala que todas las disposiciones del proyecto requieren quórum simple, salvo el artículo 3º, relacionado con los empréstitos de la Universidad de Chile, que es de quórum calificado.
Por lo tanto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y, además, en un informe de la Comisión de Constitución sobre el particular, la Mesa pondrá en votación general todo el proyecto, con excepción del artículo 3º, que quedará para después, por razones del quórum.
Señor Presidente , en los últimos días hemos estado bastante preocupados de este proyecto de ley, básicamente a propósito de la situación que afecta a la Empresa Nacional de Minería.
Por lo tanto, es muy importante que no tratemos de analizar ahora la política minera de los Gobiernos de la Concertación. Creo que debiéramos hacerlo en otro momento, a propósito de las iniciativas de ley que seguramente vendrán más adelante, donde sí vamos a tener la posibilidad de efectuar un debate más detenido acerca de lo sucedido en la materia en los últimos diez años.
Sólo quiero decir ahora que no comparto las críticas formuladas en el sentido de que el endeudamiento de la Empresa Nacional de Minería es producto de su mala gestión. Pensemos que los cargos de tratamiento de esta empresa en el 2000 eran 14.2 dólares la tonelada y hoy están en 11.4 dólares. Ello ha significado un beneficio adicional para los productores mineros, debido al esfuerzo realizado por los trabajadores, técnicos y profesionales de la ENAMI, que ha mejorado notablemente el rendimiento de sus planteles. Eso debemos decirlo porque, a pesar de sus falencias, la empresa ha hecho un gran trabajo de modernización, que todavía está en curso.
En segundo término, no debe olvidarse que mientras en el 2000 la ENAMI gastaba por concepto de financiamiento de personal alrededor de 19 millones de dólares al año, hoy, debido a las disminuciones hechas por la empresa, sólo gasta 9 millones de dólares. Vale decir, en diez años se ha efectuado un gran esfuerzo por disminuir personal y, al mismo tiempo, se han elevado en forma significativa el rendimiento y la productividad. Esto lo reconoce todo el mundo, incluso los sectores que eventualmente pueden ser muy críticos con respecto a la política minera implementada por los Gobiernos de la Concertación.
Sin embargo, es muy importante tener en consideración lo siguiente. Se habla mucho de que ha disminuido notablemente la cantidad de productores mineros. Eso es efectivo, porque las leyes del mercado son crueles, como ha dicho el ex Presidente Aylwin. Es cierto que muchos empresarios mineros no estaban en condiciones de enfrentar la baja sostenida del precio del cobre en el mercado internacional.
También debemos tener en cuenta que los precios del metal rojo estuvieron bien hasta 1996; pero eso no se dice en las intervenciones escuchadas hasta el momento. El deterioro del precio del cobre en el mercado internacional se produjo a partir de 1997. Afectó a un número considerable de productores que no estaban en condiciones de bajar sus costos. Y, como sucede con la política de mercado -particularmente cuando es altamente competitiva-, así como en otras actividades y sectores económicos, muchos productores normalmente van a la quiebra. Es cuestión de ver lo que ocurre con la agricultura, con la pequeña empresa o con la industria. En fin, como consecuencia de esta política absurdamente competitiva, la mayoría de las veces aquéllos no están en condiciones de competir en un mercado como el descrito.
Debe tenerse presente que, a pesar de la disminución habida en el sector, los casi 430 productores mineros han aumentado considerablemente lo que generaban en el 2000. Vale decir, hoy esos productores mineros -de los cuales entre 17 y 21 son medianos y el resto, pequeños- producen mucho más. Ello, fundamentalmente, debido a que la ENAMI, les facilitó en su momento los recursos suficientes para enfrentar los costos de las exploraciones y todo lo que significa capital de riesgo.
Todos sabemos que, a diferencia de la agricultura, en la minería existe un riesgo. Es tal vez una de las actividades económicas más riesgosas. Sin embargo, gracias al impulso de ENAMI muchos de los productores dispusieron de los medios necesarios para enfrentar el avance tecnológico, aumentar la productividad, disminuir personal y mejorar los rendimientos.
Hoy tenemos una pequeña minería que ya no es artesanal, en el sentido en que entendemos ésta. Sin duda, quedan productores mineros artesanales -particularmente en la Tercera Región-, pero cada vez son menos. La pequeña minería dispone de una estructura de alto rendimiento.
Por eso, concuerdo en que hay aquí una diferencia muy notable entre lo que el Estado aporta a los pequeños mineros y la manera como lo hace con los pequeños agricultores. Porque mientras aquéllos han efectuado un gran esfuerzo por mejorar la productividad y bajar los costos, en la agricultura eso no siempre se da. Normalmente, el pequeño minero devuelve los créditos que la ENAMI le entrega. Ésta le proporciona no sólo los recursos del capital de riesgo, sino que también le presta asesoría técnica. Explorar minerales no es una cuestión cualquiera. Se requieren profesionales de alta calidad para los efectos de disminuir los costos que origina el proceso de exploración.
Entonces, es bueno tener en cuenta que la ENAMI no es una empresa que esté en falencia. Yo no creo que con las medidas que se están tomando -y menos con esta iniciativa de ley, que no tiene nada que ver con el futuro de la empresa- se ponga en riesgo la subsistencia de una actividad tan vital para el norte del país.
Por lo tanto, no comparto el hecho de que aquí estamos poco menos que anunciando la muerte de una empresa a dos años plazo. Pienso que con las políticas actuales -e incluso dentro del cuadro más o menos negativo desde el punto de vista financiero- nos encontramos en condiciones de asegurar su permanencia por largo tiempo.
Al mismo tiempo, debe tenerse en consideración que la ENAMI es una empresa que tiene un endeudamiento de corto plazo del orden de 240 millones de dólares y que el resto es de largo plazo. Y no obstante compartir el hecho de que eventualmente podría haber sido una iniciativa de ley distinta a la de las otras tres empresas, creo que constituye un problema formal. Lo importante es que los 160 millones de dólares que se están asignando a la ENAMI permitirán al Estado incluso endeudarse o, para ser más exacto, avalar por una cantidad mayor.
En consecuencia, es altamente probable que con este mismo proyecto de ley tengamos la posibilidad de resolver la deuda de largo plazo de ENAMI. Y eso es muy importante, porque, como todos sabemos, los bonos puestos en el extranjero pueden valer en un momento dado más de lo que nosotros mismos estamos autorizando.
Ahora, quiero referirme a un tema que me parece muy relevante para los efectos de determinar exactamente cuál es el rol de la Empresa Nacional de Minería. Entre otras cosas, la baja del precio del cobre que se ha producido en los últimos años, que leemos a diario y que nos preocupa a todos, por la gran incidencia que tiene en el país.
Pues bien, pese a ello, resulta que la ENAMI, entre otras cosas, bajó el precio del ácido sulfúrico. Para quienes no son mineros o no conocen la actividad minera, dicho producto químico, particularmente en los minerales de oxidados, juega un papel fundamental. Antes valía 14 dólares la tonelada, pero la ENAMI ha logrado que hoy cueste sólo 8 dólares, lo cual brinda un apoyo mayor al pequeño productor minero.
Pero no se dice que en los últimos tres años -particularmente el año anterior a éste- la Empresa Nacional de Minería hizo un gran esfuerzo por mantener los precios de sustentación. ¿Qué significa eso? Que a pesar de la baja de los precios en el mercado internacional, la empresa ha asegurado un valor a los productores mineros que les ha permitido subsistir, y en algunos casos, dignamente. Es decir, la actividad minera no sólo ha alcanzado un precio de sustentación, sino además mantener el nivel de empleo.
Por último, es bueno dar a conocer que ENAMI, junto con la Sociedad Nacional de Minería, a través de una sociedad que representa a la mayor parte de los productores mineros, han hecho un gran esfuerzo con el propósito de establecer un plan estratégico para el sector, cosa que hacía falta en Chile.
Comparto las críticas formuladas en el sentido de que no hemos tenido una visión estratégica ni de largo plazo respecto a qué hacer con un sector vital para la economía del país. Porque, a diferencia de otras actividades, el pequeño minero sigue produciendo cobre, bien de enorme rentabilidad para el país por su influencia en el mercado internacional. Y si agregamos el oro, el molibdeno y otro tipo de minerales, obviamente estamos hablando de una actividad muy conveniente para Chile.
Aquí se ha señalado que se pretende poco menos que buscar los caminos directos o indirectos para que algunas de esas empresas -se ha hablado bastante de la planta de Ventanas en estos últimos días- sean privatizadas. Hay que decir las cosas como son. La Oposición ha venido planteando durante largo tiempo la necesidad no solamente de que privaticemos CODELCO, sino también ENAMI .
Por lo tanto, me alegro mucho de que en este momento los exponentes de la Oposición estén muy claros en el sentido de que no hay que seguir privatizando ENAMI, porque sería un grave error. En efecto, resulta que en el pasado en la Región de Atacama -de la cual soy también su representante- se privatizaron cinco plantas, y actualmente ninguna de ellas se encuentra en operación. En cambio, todas las que han permanecido bajo el amparo de ENAMI funcionan, muchas de ellas mal o en forma poco rentable, pero no fueron privatizadas. Las que pasaron a manos privadas terminaron prácticamente convertidas en chatarra y sin cumplir ningún papel para el pequeño minero. Eso ocurrió en las provincias de Huasco, Copiapó , Chañaral , y también en la comuna de Taltal. Por lo tanto, vamos por el buen camino.
A diferencia de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, me parece que ésta es una oportunidad para lograr una solución. No cubre toda la deuda -los 160 millones-, pero confiamos en que a través de otras medidas encontraremos los caminos necesarios para resolver el problema de la Empresa Nacional de Minería -espero que sea coyuntural-, para que siga cumpliendo su rol fundamental: fomentar esta actividad tan rentable para el país.
Señor Presidente , hace pocos días rendí homenaje a un hombre extraordinario; gran economista; abogado; asesor jurídico de la Misión de Consejeros Económicos, presidida por el profesor Kemmerer; Embajador y Diputado. Me refiero a Mariano Puga Vega , a quien, además de ser presidente del Partido Nacional -colectividad política de Derecha-, le correspondió en la Cámara de Diputados, en su tiempo, la defensa de la chilenización del cobre.
Y entre los argumentos que él publicó en el libro "El cobre chileno", uno de los elementos fundamentales para defender el proyecto sobre la chilenización del cobre, del Presidente Eduardo Frei Montalva , sostenía que, siendo positivo ese acuerdo con las empresas extranjeras, no encontraba adecuado que en algunos casos el Estado quedara como socio minoritario en algunas de ellas.
Las consideraciones esgrimidas en ese entonces por personeros de Derecha demuestran el valor que se les asignaba a la minería chilena y al cobre, que también era defendido por las bancadas de la actual Oposición. Hoy día, uno puede recordar con nostalgia esas palabras.
Entre otros argumentos, Mariano Puga Vega señalaba que los elementos fundamentales para la minería de Chile eran tres: uno, que, más que producir mucho cobre, por sobre el consumo mundial, había que darle más valor agregado; el otro, que la fundición y refinación del metal rojo debía hacerse en nuestro país. Y agregaba un tercer factor. Decía que en los próximos años, al despegar el referido proyecto de chilenización con el apoyo unánime del Parlamento, evidentemente se irían produciendo situaciones de encadenamiento en su producción y que, mediante un convenio con las empresas extranjeras, se podría llegar a la elaboración de productos fundamentales del cobre en nuestro país.
Parece que ello sucedió hace mucho tiempo o que nunca ocurrió, produciendo concentrado sin fundir ni refinar y generando desde Chile una sobreoferta en contra de la regla de oro del mercado, la oferta relacionada con la demanda o consumo. Porque hoy día estamos haciendo las cosas al revés. Y cuando veo que personeros de la Derecha, como los Senadores señor Prokurica y señora Matthei , defienden ENAMI y Ventanas, sinceramente, me alegra el corazón. Asimismo, me reconforta el hecho de que dos Senadores socialistas, como los señores Ominami y Núñez , hayan asumido esa misma posición. Lo anterior debería servir como advertencia al Gobierno en el sentido de que en estas materias nuevamente se produce casi una opinión unánime para defender la principal riqueza de Chile y que pasa por los elementos de fundición y refinación del cobre.
Por eso, algunos de nosotros hubiésemos deseado que no fuese CODELCO con el aval del Estado el que asumiera la deuda de ENAMI. Porque es indudable -lo explicaron tanto el Senador informante, señor Ominami , como la Honorable señora Matthei y los Senadores señores Núñez y Prokurica - que no se trata de una deuda de esa empresa. Ésta -como señaló la Honorable señora Matthei - es una empresa que tiene utilidades operacionales y no genera pérdidas. Presenta, sí, un déficit financiero, porque -como se señaló aquí- su endeudamiento -que le correspondía al Estado- se debió a una exigencia legal sobre mejoramiento de la planta de Ventanas para no producir un daño ambiental y al retiro de 164 millones de dólares por utilidades no producidas al bajar el precio del cobre. Ello, por cierto, le significó además a ENAMI endeudarse y tener que pagar intereses por 30 millones de dólares anuales. Ésa es la realidad.
Sin embargo, lo más grave es que dicha deuda -que corresponde al Estado y no a ENAMI- se cargará directamente a CODELCO sólo con el aval del Estado. Es decir, se va a contaminar a otra buena empresa endeudándola, la que deberá cargar la mochila de servir una obligación que tampoco le corresponde. Hay que darse cuenta de que esta última es la única empresa en Chile que produce el 32 por ciento del cobre chileno, que paga un royalty de 10 por ciento a las Fuerzas Armadas y que, además de tributar altos impuestos, entrega utilidades al Estado.
Actualmente, como consecuencia de la sobreproducción mundial generada desde Chile por las multinacionales y de la caída del consumo mundial de cobre, existe un stock mundial de dos millones y medio de toneladas de dicho metal como consecuencia de la sobreproducción. Ello significa que se deberá recargar a CODELCO, no sólo con impuestos y royalties que la empresa privada no paga y utilidades que ésta no entrega, sino también con el servicio de la deuda de estos 160 millones de dólares y, posiblemente, de la deuda de corto plazo, la cual tendría que asumir en último término el Estado o la ENAMI.
Por lo tanto, me parece realmente desafortunada la fórmula propuesta aquí, por cuanto debe destacarse que la refinería de cobre de Ventanas, como tal, ocupa el primer cuartil de eficiencia en el mundo. Se trata de una de las empresas refinadoras más eficientes, que, por una circunstancia anómala, ajena a ENAMI, tiene que asumir la responsabilidad de disminuir su patrimonio.
Sin embargo, disminuir su patrimonio, entregando la refinería de Ventanas a una sociedad con CODELCO, la cual se haría cargo de esta deuda avalada por el Estado, constituye una política minera desastrosa, no sólo para la gran minería del cobre, encabezada por CODELCO, sino también para la pequeña y mediana minería a cargo de ENAMI. Y ello, por cierto, con el principal activo -la refinería de Ventanas- puesto ahora al servicio de la gran minería, y no destinado, en su concepción original, a la pequeña y mediana minería, como aquí lo han destacado Senadores de los distintos sectores de esta Corporación.
Por esa razón, nos encontramos abocados a un problema que se debe resolver sí o sí: votar a favor -el mal menor- o, sencillamente, rechazar el proyecto y llevar a ENAMI a una situación más grave.
Estimo que, desgraciadamente, el Estado no ha querido entender los factores productivos en el país y ha puesto énfasis en las políticas macroeconómicas, en las políticas financieras, descartando casi de plano, diría, las productivas, especialmente las de recursos naturales.
Estamos observando lo que pasa con la pesca, cómo se privatiza el mar chileno y cómo se entrega esta riqueza importantísima a cambio de nada. Porque realmente, hoy día, para obtener una concesión pesquera no hay que pagar nada. Lo mismo ocurre para conseguir una concesión minera, y también para explotar otros recursos naturales, como los nativos forestales.
Por eso, en la sesión pasada, rendí homenaje al ex Diputado señor Mariano Puga . Porque en el Parlamento fue uno de los defensores más tenaces de los recursos naturales y, por cierto, de dar valor agregado a nuestros productos en ese rubro, los cuales son suficientes para iniciar y encabezar el gran desarrollo que estamos esperando para el país. Lo anterior, al tenor de lo que declaró Dani Rodrik , economista de Harvard , quien señaló que cuando hay países pequeños con algunas ventajas en algunos recursos ellas deberían ser las locomotoras de su desarrollo, a fin de que puedan salir de la pobreza y alcanzar un mayor bienestar. Y aquí tenemos de sobra esos elementos en al menos tres recursos naturales: el cobre, la pesca y el sector forestal.
Me pregunto: ¿cuánto le aporta el cobre a Chile, descontando lo de CODELCO? ¿Cuánto le aporta la pesca al pueblo chileno? ¿Cuánto dejan en Chile los exportadores de astillas de madera? Me gustaría que el Gobierno, a través del Ministro de Hacienda , confeccione un informe sobre lo que aportan realmente estos tres recursos básicos al desarrollo del país.
Por consiguiente, hoy salgo reconfortado, porque he visto, por ejemplo, en el Senador señor Prokurica a un gran defensor no solamente de ENAMI, sino también de la actividad desarrollada por la pequeña y mediana minería en el norte. Sin embargo, lamento que, sin una política de Estado, miles de personas y de pequeños pueblos y villorrios pueden desaparecer por la absurda miopía o ignorancia de no querer ver lo que está ocurriendo en distintos lugares de Chile y el que Ventanas, Paipote y ENAMI constituyen un elemento esencial para la subsistencia y la vida de miles de pirquineros y sus familias.
Asimismo, quiero destacar lo planteado por la Honorable señora Matthei -con quien no siempre he estado de acuerdo-, porque me doy cuenta de que Su Señoría hoy lo hace por su interés en Chile. Por cierto, no me extraña la postura de los Senadores señores Ominami y Núñez , los que permanentemente han mantenido la misma voz.
Por eso, desgraciadamente y a mi pesar, votaré favorablemente el proyecto, habiendo deseado que una visión más amplia y equilibrada permitiera un mejor accionar del Gobierno para resolver este problema, sin necesidad de endeudar a CODELCO, sin aplastar a ENAMI y, por cierto, sin dejar en la incertidumbre a miles de pequeños pirquineros.
Recuerdo a la Sala que a las 18:30 termina el Orden del Día.
Señor Presidente , deseo ser lo más sucinto posible y referirme estrictamente a la iniciativa que nos ocupa.
En primer lugar, tal como lo ha expresado en detalle el Honorable señor Ominami , estamos en presencia de un artículo 1º que autoriza a dar la garantía del Estado a proyectos nuevos de un conjunto de empresas estatales, para desarrollos extremadamente importantes, que tienen que ver con la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro, Metro Regional de Valparaíso (MERVAL) y Empresa de Ferrocarriles del Estado.
No entraré en los detalles del proyecto -quienes no escucharon al Senador señor Ominami pueden leerlos en el informe de la Comisión de Hacienda-, pero hago presente que el rechazar la iniciativa y negar el aval del Estado prácticamente imposibilitaría la realización de proyectos de enorme importancia.
Se ha planteado aquí que existían alternativas mejores, como la posibilidad de recurrir a capitales privados. Cabe recordar que estamos en presencia del área del transporte ferroviario, ya sea en el caso del metropolitano o en el de Ferrocarriles del Estado. La verdad es que, en general, la experiencia indica que la rentabilidad de este tipo de proyectos dista de ser suficiente para interesar a los capitales privados. Y así lo ha experimentado Ferrocarriles del Estado en reiterados intentos. En consecuencia, o se entrega la garantía para que las referidas empresas públicas hagan esas inversiones o no hay proyectos.
En segundo término, el problema planteado por la Senadora señora Matthei con relación a asignar una cantidad fija para cada empresa me parece que se vincula con una atribución de la Administración del Estado. Y no se puede rigidizar "ex ante", sin saber exactamente cuáles son los costos de los proyectos. Además, estos últimos no necesariamente son los únicos.
El artículo 2º indica claramente que se deberá firmar un convenio de programación, el que será evaluado por el sistema de empresas. Por ello, hay un método de seguimiento para asegurar la calidad de los proyectos y su avance correcto, lo cual estimo extremadamente positivo.
En seguida figura la situación de ENAMI.
Es perfectamente legítima la crítica -que se puede compartir o no- a las políticas seguidas en relación con ENAMI. Diría que concuerdo con que las tres causas básicas de la situación en que esa entidad se encuentra son, primero, el haber realizado una inversión medioambiental muy fuerte; segundo, el haber influido doblemente el precio del cobre, en cuanto a que por su baja y al no cumplirse las expectativas de obtención de utilidades de la empresa, el retiro anticipado de éstas se convirtió, en definitiva, en generación de deuda -es un caso de expectativas no cumplidas-, y, finalmente, el hecho de que por una razón de fomento social perfectamente razonable no se bajó la tarifa a los mineros en la misma proporción que la disminución del precio internacional del metal rojo, lo que también constituye un factor adicional de generación de deuda.
Ahora bien, en ninguna parte del proyecto se pretende resolver la política respecto de ENAMI; en ninguna parte se indica una solución determinada en cuanto al futuro de la empresa. De manera que las distintas opciones, los diversos razonamientos planteados aquí -que, por lo demás, se discutieron en la Comisión-, pueden servir de antecedente para desarrollar una política que resuelva de mejor modo los problemas que ella enfrenta.
Lo que hace esta iniciativa es reestructurar, mediante el aval del Estado, la deuda de largo plazo que tiene ENAMI, principalmente. Y en la Comisión señalamos que sería deseable extender también este tipo de solución a la deuda de corto plazo.
Más allá de las críticas, que pueden ser razonables, concuerdo con la conclusión a que ha llegado el Honorable señor Prokurica . Porque Su Señoría puede plantear que no le gusta la política expuesta, que la solución le parece mala, pero, naturalmente, la peor de todas sería dejar a ENAMI sin ninguna parte de su deuda reestructurada.
No comparto en toda su extensión las críticas que aquí se han formulado, pero llego a la misma conclusión en el sentido de que lo único que uno no puede hacer es votar en contra de la iniciativa, porque ello deja a ENAMI en la peor de todas las situaciones. Entonces, no me cabe duda de que debemos aprobar el proyecto.
Ahora bien, rechazar la normativa porque a uno no le gusta la solución propuesta para ENAMI significaría dejar sin ejecución los proyectos atinentes a las empresas públicas mencionadas con anterioridad.
Por último, aprovecho la oportunidad para referirme al artículo 3º, que requiere quórum especial. Al respecto, sólo deseo recordar, en forma muy simple y breve, que dicho precepto tiene que ver con el proyecto de parque tecnológico de la Universidad de Chile. Si bien la ley respectiva se aprobó en noviembre de 2001, lo que ocurrió fue que en el Senado contó con el quórum especial requerido, mas no en la Cámara de Diputados, a pesar de haber sido despachada por mayoría.
En este momento el proyecto se halla muy avanzado en su tramitación. Comprendo que puede no gustar la autorización para acceder a un endeudamiento que se prolongue más allá del período presidencial, pero sucede, con períodos presidenciales limitados -inevitablemente son así-, que cualquier crédito de inversión normalmente es de un plazo mayor.
Entonces, el problema ahora resulta muy simple. Lo que se pide, sencillamente, es corregir la falta de quórum que se produjo hace un año respecto del parque tecnológico. Al efecto, debo decir que en la Cámara Baja, en donde la vez anterior ello no se logró, esta vez sí se obtuvo para otorgar esta autorización. Por tanto, lo único razonable sería que también el Senado diera su aprobación al artículo 3º con el quórum requerido.
Señor Presidente , quiero llamar la atención sobre algunos aspectos que me parecen rescatables del debate producido.
En primer lugar, no es posible que estemos legislando respecto de un conjunto de empresas cuya realidad no tiene que ver con ellas mismas. Me parece que ése es un tema esencial y que conspira en contra del hecho de que podamos ser forzados en alguna instancia a votar de una u otra manera, lo cual no me parece correcto. Además, creo que nos debemos cierto grado de respeto.
En segundo lugar, me parece que las informaciones que han rodeado al proyecto son contradictorias y confusas. Y digo que lo son porque he recibido a las directivas de ENAMI -de Ventanas, de la casa central y del norte-, las que me solicitaron determinada posición con relación a esta materia, en circunstancias de que días después la prensa ha informado que se reunieron con los Senadores señores Ominami y Núñez y que cambiaron su posición respecto de lo que me señalaron. Naturalmente, me tienen que dar una explicación valedera, porque sin duda que hay una cuestión extraordinariamente extraña en lo anterior, por decir lo menos. No me cabe en la mente que un día se pueda tener determinada posición y que al siguiente haya un cambio tan ostensible.
Ellos me manifestaron su reserva y contrariedad por el hecho de que CODELCO se haga parte de la propiedad de ENAMI en Ventanas, la que de algún modo se estaría privatizando, porque aquélla es una empresa ajena. Es decir, de alguna manera nos encontramos frente a un hecho que posteriormente es validado por una situación de la que tampoco conozco los antecedentes de fondo.
A mi juicio, debemos tener un diálogo transparente. Nos encontramos en la discusión general de esta iniciativa, y deseo pedir que los antecedentes acerca de los planteamientos hechos por los Senadores señores Núñez y Ominami a los sindicatos sean explicitados públicamente, en todos sus detalles. Porque no me parece conveniente que los trabajadores cambien o que los hagan cambiar de posición de manera tan abierta e importante.
Lo fundamental de todo esto es que nosotros, que hemos procurado que ENAMI concentre sus actividades en el fomento a la pequeña y mediana minería -que es el rol fundamental que ha tenido ENAMI-Ventanas-, hoy día no veamos una compatibilización con el hecho de que sea absorbida por la empresa más grande del mundo: CODELCO. O sea, ¿cuál es la relación entre el fomento de la pequeña y mediana minería que puede registrarse en manos de CODELCO y una empresa que efectivamente generó esas actividades?
Entiendo -y así lo manifesté- que en las deudas ambientales hubo un esfuerzo importante de la empresa, porque, en la práctica, la depredación ambiental producida por ENAMI-Ventanas en la zona de Puchuncaví sin duda obligaba moralmente al Estado respecto de los habitantes de esa zona. Y, desde esa perspectiva, he sido partidario de que al menos esa parte sea devuelta a ENAMI, la cual efectuó una inversión que en definitiva beneficia, en el aspecto ambiental, a un sector importante de la Quinta Región.
Por otra parte, se halla lo relativo a MERVAL, tema donde nosotros, que conocemos lo vital que resulta esa red ferroviaria para la Quinta Región , no podríamos estar en contra. Muy por el contrario: procuré una reunión de sus directivos con los Senadores de Renovación Nacional, para que se explicara cuál era la situación y la necesidad de mantener e incrementar la actividad de MERVAL no solamente desde Limache hasta el puerto, sino también -en un compromiso que planteé, que no digo que se haya aceptado- en el sentido de que el nervio central que es el ferrocarril llegue a toda la Quinta Región.
Señor Presidente , pienso que estamos frente a situaciones completamente diversas. Naturalmente, no puedo votar en contra de la aprobación en general. Pero en el pronunciamiento en particular me parece fundamental que, en el mérito de cada una de las posiciones, podamos efectuar un análisis pormenorizado y, en especial, aclarar la situación descrita, en que aparece contradictorio lo que se dice y lo que se hace.
En todo caso, anticipo que, a pesar de estas observaciones, que son de fondo -porque comparto mucho lo planteado tanto por la Senadora señora Matthei como por el Honorable señor Prokurica-, votaré a favor en general el proyecto.
Procederemos a recoger la votación de los señores Senadores que aún no se han pronunciado.
Señor Presidente , en primer lugar, quiero plantear una cuestión de forma. Porque el proyecto consigna, en letras, un mil quinientos millones de dólares; pero, en números, un millón quinientos mil. Entiendo que se trata de mil quinientos millones de dólares.
Lo señalo sólo para que quede constancia de este hecho.
Agradezco a Su Señoría el alcance.
Señor Presidente , quizás eso debiera arreglarlo Secretaría.
Secretaría puede arreglar un error indiscutiblemente de transcripción.
Por otra parte, señor Presidente , en la Quinta Subcomisión de Presupuestos se habló respecto a que Ferrocarriles del Estado invirtiera para reconstruir el tramo Puerto Montt-Temuco. Se llegó a un acuerdo con la empresa. En ese sentido, votaría a favor el proyecto, pero en cuanto a los otros puntos, estoy en contra.
Voto negativamente.
Señor Presidente , para ser coherente con el principio de subsidiariedad, que orienta toda la acción del Estado de Chile, creo que el Estado sólo puede comprometerse como aval de una empresa de su propiedad o en aquellas en que tenga participación igual o superior a 50 por ciento, cuando circunstancias excepcionales, calificadas caso a caso, justifiquen esta medida.
En mi opinión, este proyecto es demasiado amplio, pues crea una especie de mecanismo de garantía general que no es conveniente ni sano en una economía de mercado como la nuestra.
La solución que estamos votando me parece inadecuada. Y en espera de que, si es indispensable, el Gobierno proponga un proyecto de ley concreto para que a través de alguna empresa estatal pueda cumplir justamente su misión, de cara al bien común, me abstengo.
Señor Presidente , quiero destacar -aún más de lo que lo hiciera el Honorable señor Stange - el acuerdo logrado en la Quinta Subcomisión de Presupuestos , a la que, según tengo entendido, asistieron personeros de Hacienda, en lo referente a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. Allí las partes suscribieron un compromiso mediante el cual se garantizan los estudios de ingeniería básica y la rehabilitación y puesta en marcha del tren desde Temuco hasta Puerto Montt, en un período que transcurrirá del 2003 al 2005.
Además, se hará un estudio de demanda y evaluación social del funcionamiento de trenes de pasajeros para ese mismo tramo. Creemos que este propósito es muy importante y que su éxito depende, obviamente, del financiamiento que aporte la ley en proyecto.
Deseo, asimismo, destacar lo establecido en el inciso segundo del artículo 2º: el Comité Sistema de Empresas deberá entregar en el mes de mayo de cada año al Presidente de la República y al Congreso Nacional un informe de gestión del año precedente, que incluirá el desempeño económico y financiero de todas las empresas a las cuales presta asesoría técnica, y en el caso de aquellas sujetas a convenios de programación, una evaluación específica de su grado de cumplimiento.
Estimamos, por tanto, que a través del mecanismo en comento se está salvaguardando una situación muy especial con miras a que estos créditos sean bien ocupados.
En tal sentido, voto a favor.
--Se aprueba en general el proyecto (31 votos por la afirmativa, 5 por la negativa y 4 abstenciones), haciéndose constar que respecto del artículo 3º se reunió el quórum exigido constitucionalmente.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Arancibia, Ávila, Boeninger, Cariola, Cordero, Flores, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), García, Gazmuri, Horvath, Lavandero, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Ominami, Parra, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Ruiz (don José), Sabag, Silva, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo), Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Bombal, Coloma, Fernández, Matthei y Stange.
Se abstuvieron los señores Canessa, Chadwick, Espina y Orpis.
--Se fija como plazo para presentar indicaciones el lunes 2 de diciembre, a las 12.
Al señor Ministro de Obras Públicas y al señor Intendente de la Novena Región , sobre CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN SECTOR LA BASTILLA (NOVENA REGIÓN).
Al señor Director del Servicio Agrícola y Ganadero , referente a CUMPLIMIENTO DE MANDATOS DE CONVENCIÓN SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES SILVESTRES AMENAZADAS.
De la señora MATTHEI:
Al señor General Director de Carabineros de Chile , acerca de MAYOR DOTACIÓN DE CARABINEROS PARA COMUNA DE SALAMANCA.
Al señor Subsecretario del Interior , referente a IMPLEMENTOS PARA BANDA DE COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS, COMUNA DE SALAMANCA.
Al señor Subsecretario de Telecomunicaciones , concerniente a CAMBIO DE NUMERACIÓN PARA TELÉFONOS DE EL BOLDO, COMUNA DE SALAMANCA.
A la señora Directora de Obras Hidráulicas de la Cuarta Región , respecto de AGUA POTABLE PARA EL BOLDO, COMUNA DE SALAMANCA.
Al señor Director del SERVIU de la misma Región , tocante a RECLAMOS POR OBRAS DE EMPRESA CONSTRUCTORA PEDRO GALLARDO (todos de la Cuarta Región).
Al señor Ministro de Bienes Nacionales , solicitándole REESTUDIO DE SITUACIÓN DE COMUNIDAD INDÍGENA NAYAHUÉ, PROVINCIA DE CHILOÉ.
Al señor Alcalde de Calbuco , acerca de IMPROCEDENTE UTILIZACIÓN DE RECURSOS DESTINADOS A ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (ambos de la Décima Región).
En Incidentes, tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
Señor Presidente , el 22 de noviembre el mundo árabe y mediterráneo celebra el 59º aniversario de la independencia de El Líbano. Como descendiente de ese noble pueblo, he querido rendirle un homenaje en esta Sala, tanto a modo de reconocimiento a la vasta obra legada a todo el mundo por los libaneses y las culturas que los antecedieron, como para reiterar mi permanente aspiración a que la comunidad internacional pueda ayudar a recuperar la paz en el Medio Oriente.
Como muchos señores Senadores saben, soy descendiente directo de un libanés, don Mohamed Sabag Farrán , quien llegó a Chile en 1927 y formó junto con mi madre, doña María Castillo Esparza , un hogar donde convivieron armónicamente las modalidades de la vida chilena con las de la libanesa.
Por mi formación, tengo un especial conocimiento de El Líbano y un entrañable cariño por la tierra de mi padre, y creo que el mejor homenaje que podemos hacer a nuestra patria original quienes nos hemos integrado a la sociedad chilena es, precisamente, contribuir a difundir la riqueza de la cultura libanesa.
El Líbano es un país muy parecido a Chile. Lo baña en casi toda su extensión el mar Mediterráneo. No tiene una anchura superior a los 50 kilómetros y está flanqueado además por un cordón montañoso que, con las nieves de invierno, configura un paisaje de gran similitud con nuestro país.
Sin embargo, El Líbano es bastante menor en superficie a Chile. Con sus 10 mil 452 kilómetros cuadrados, equivale a casi un tercio de la Octava Región, que represento en este Senado. Su población total alcanza a 3 millones 200 mil personas (menor que la de Santiago).
A pesar de ello, su privilegiada ubicación geográfica y la temprana formación de importantes culturas, como la fenicia, han hecho de El Líbano una nación central en la historia mundial y un punto de difusión de las culturas antigua y moderna y del comercio, y un lugar obligado de encuentro de las naciones occidentales y orientales.
Ese esplendoroso pasado ha rendido frutos en áreas tan diversas como la escritura, la geografía y las matemáticas. Desde los fenicios, que crearon el primer imperio que no estuvo basado en las armas, hasta los asirios, quienes fueron los primeros en determinar los trazos de latitud y longitud, la tierra libanesa ha hecho grandes contribuciones al progreso de la Humanidad.
No obstante lo anterior, posiblemente en estos días sea otra de las virtudes de El Líbano la que resalta más, ya que desde su formación los habitantes de ese país han sabido desarrollar una ejemplar capacidad de convivencia entre los distintos grupos, tanto étnicos como religiosos, que componen la nación. Esta tradición, consecuencia directa del continuo paso de los distintos imperios de la antigüedad por el territorio libanés, es el mejor aporte que puede hacer El Líbano a la situación política de la región.
Como víctima directa de enfrentamientos que no se han originado por su responsabilidad, El Líbano es un modelo por imitar, es la evidencia concreta de que es posible la armonía sobre la base del respeto mutuo y de la preeminencia de la libertad y de la seguridad para las personas y sus bienes. El Líbano es la mejor prueba de que la paz en el Medio Oriente es posible. Y confiamos sinceramente en que, con el compromiso de la comunidad internacional, esa zona del planeta pueda desarrollarse dentro de un sentido de unión y cooperación, para que los dramas y las pérdidas ocasionados por la guerra queden en el pasado.
A pesar de las dificultades ocasionadas por el clima bélico entre los países vecinos, hoy la República de El Líbano también es un ejemplo de progreso. Desde que asumió la Presidencia Émile Lahoud , se ha consolidado como un pueblo moderno y de gran desarrollo. Gracias al decidido empuje por concretar las obras de infraestructura, educación y salud, los libaneses tienen en la actualidad fundadas razones para mirar con optimismo un futuro donde sigan reinando la capacidad de convivencia y el bienestar material, social y cultura.
Esta política ha permitido un ordenamiento de su economía tras las drásticas reformas financieras impulsadas por el Estado y la incorporación de este país a la comunidad internacional gracias al acuerdo de asociación suscrito con la Unión Europea.
La inserción de esta nación en el mundo ha quedado ratificada en los hechos con dos importantes eventos ocurridos durante este año: la realización, en el mes de marzo, de la Cumbre Árabe en Beirut, y más recientemente, en octubre, la materialización de la Cumbre de la Francofonía, que reunió a 55 países, lo cual ha vuelto a colocar a El Líbano en su ancestral rol de faro de la cultura para el mundo.
Por otra parte, las acciones del Gobierno se han localizado en el reforzamiento de la educación y de la salud, proporcionando satisfacción real a las necesidades de la población y sentando las bases necesarias para consolidar el desarrollo de las personas y de la economía. Los éxitos ya alcanzados ponen a las políticas libanesas en un sitial de privilegio y nos llevan a conocer en profundidad sus lineamientos para aprovechar esa experiencia en nuestro país.
Pese a ser una nación pequeña y a no tener grandes recursos naturales, El Líbano ha sabido aprovechar sus características específicas -como sus atractivos turísticos, que proporcionan 70 por ciento de los ingresos fiscales- para colocarse en un puesto acorde a lo que ha sido su historia, lo cual le ha permitido recuperarse rápidamente de los estragos de la guerra.
Sin embargo, la República de El Líbano siempre será grande por su pasado histórico. Siempre será una llama eterna de sabiduría en la lucha por su libertad y su fraternidad con los pueblos del mundo.
Al cumplirse un nuevo aniversario de su independencia, he querido rendir este homenaje, que -como ya dije- busca difundir entre los chilenos las razones que llevan al pueblo libanés a sentir un auténtico orgullo por su pasado, su presente y su futuro.
Solicito, señor Presidente , remitir esta intervención al Embajador de la República de El Líbano en Chile, señor Mourad Jammal ; al Presidente del Parlamento libanés, señor Nabih Berri, y al Presidente de esa nación, don Émile Lahoud , con el aprecio y la admiración del Senador que habla.
--Se anuncia el envío de las comunicaciones solicitadas, conforme al Reglamento, en nombre del Senador señor Sabag, con las adhesiones de los Honorables señores Canessa , Muñoz Barra , Naranjo , Ominami , Prokurica , Ruiz-Esquide , Stange y Viera-Gallo.
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
Señor Presidente , inicio mi intervención dando gracias al Comité Renovación Nacional por cederme su tiempo para referirme a la situación de la Región que represento.
1.- La coyuntura
1.1 Lo preocupante:
La Araucanía es, lamentablemente, una de las regiones más pobres del país. Según la última encuesta CASEN, que corresponde al año 2000, posee el porcentaje más alto de pobreza en relación con su población (32,7%), si se compara con las demás Regiones. Asimismo, tiene el mayor porcentaje de indigentes (11,1%). Si observamos cómo se distribuye la pobreza por edades, concluiremos que afecta mayormente a los jóvenes; es decir, a quienes tienen entre 15 y 30 años.
Los problemas que se aprecian entre los pobres, incluyendo a los indigentes, son los siguientes:
-Vivir de allegados o en campamentos.
-Tener baja escolaridad.
-Acceso limitado a la salud y a la educación.
-Alimentación sin los nutrientes necesarios, lo que particularmente afecta el desarrollo físico e intelectual de los niños. En muchos de estos hogares hay sólo una comida al día, la que, además, es muy insuficiente.
-Culturalmente, tendencia a caer en el alcohol y la drogadicción.
La Región tiene una elevada tasa de desocupación (9%), si bien es ligeramente inferior al promedio nacional. Aporta un bajo porcentaje (2,5%) al producto interno bruto de las Regiones (PIB Regional), absorbiendo una cifra levemente superior al 5 por ciento de la fuerza de trabajo nacional, lo que significa una baja productividad.
Es la Región que tiene menos inversión extranjera, ya que los capitalistas foráneos priorizan las áreas productivas, de las que carece La Araucanía, como la minería y determinados sectores de servicio, hecho que desestimula el desarrollo regional.
Por otra parte, la exportación de productos de la Novena Región sigue siendo baja, manteniéndose estable durante la década, con ligeros incrementos en 1995 y 1998. Estas exportaciones son las más reducidas si se las compara con las de otras Regiones del país. Sin embargo, cabe recordar que el Acuerdo entre Chile y la Unión Europea, al ser aprobado, dará origen a mejores condiciones exportadoras para La Araucanía.
Sobre el particular, quiero agregar que la Empresa Forestal Mininco, una de las más importantes en el área forestación de la Novena Región, sólo en Malleco genera exportaciones por aproximadamente 250 millones de dólares. Pero aquí viene lo curioso. Como esto se factura en la Octava Región, donde están las plantas de dicha empresa, entonces tal productividad se suma a las cifras de esta Región y no a las de la Novena, lo cual, sin duda, incide negativamente en las estadísticas económicas relativas a porcentajes de inversión nacional.
Por otro lado, el gasto municipal ha disminuido de forma relevante, lo que afecta el mejoramiento de las comunas.
La agricultura, en especial los sectores de pequeños y medianos productores, tiene grandes dificultades para insertarse en el mercado, quedando aquéllos verdaderamente marginados. La industria alimentaria ha presentado graves problemas en el último tiempo, en particular la producción de leche y sus derivados.
Existen conflictos y situaciones no resueltas con etnias originarias de nuestro país, principalmente con los mapuches, cuyos problemas se arrastran desde hace décadas sin soluciones de fondo.
Cabe preguntarse: ¿Qué ha pasado en la Novena Región durante la última década? ¿Hemos estado estancados o hemos crecido regionalmente?
1.2 Lo positivo
En 1990, la pobreza alcanzaba en La Araucanía a 45,1 por ciento. En 2000 bajó a 32,7 por ciento. También ha disminuido notoriamente la población de indigentes: de 20,2 por ciento en 1990 a 11,1 por ciento el año 2000.
La inversión pública en la Región ha aumentado durante la última década más allá del crecimiento observado en el país, lo que es un hecho positivo. Lo mismo ha ocurrido con la inversión privada, en especial en los sectores financiero, del comercio y de la construcción, a pesar de que en los últimos dos años hemos experimentado una desaceleración, producto principalmente de la crisis económica mundial.
En educación hemos visto una mejoría relevante en materia de cobertura y retención escolar, así como un progreso en la calidad de la educación y una baja en la tasa de abandono de los estudios. Esto obedece a la gran importancia que han dado a la educación los Gobiernos de la Concertación, que se han preocupado, entre otras materias, de incrementar notablemente la ayuda en textos de estudios, las becas y los alimentos para los estudiantes, particularmente los más pobres.
El gasto social en la Novena Región ha crecido más que el promedio nacional, ya que alcanzó una tasa de 10,4 por ciento en 1999. La del país fue de 8,95 por ciento. Este gasto, muy superior al que existía en 1990, ha estado orientado principalmente a la previsión social, a la educación y a la salud.
Un dato estadístico interesante de rescatar: en 1990, el gasto social por persona era de 122 mil pesos. En cambio, en 1999 alcanzó a 297 mil pesos; es decir, fue 143 por ciento mayor.
-Ha habido mejoría en la salud. Descendió el índice de mortalidad, particularmente el de la población infantil.
-Es positivo, además, el hecho de que el ingreso medio de la población ocupada (7,1 por ciento) fue mayor que el crecimiento del ingreso promedio nacional (5,9 por ciento).
-Otro aspecto positivo es la diversificación creciente de la economía desde sectores tradicionales hacia otros más dinámicos, lo que constituye una de las causas del mayor crecimiento del PIB de la Región, que bordea los 1.400 millones de dólares y representa un incremento de 30 por ciento con respecto a 1990. Hoy la producción de la zona se orienta mayoritariamente al sector terciario (servicios y comercio, que alcanzan al 52 por ciento del PIB), que en la actualidad genera 46 por ciento del empleo. Es interesante observar que ésta es la tendencia mundial. En realidad, es en el área de los servicios y el comercio donde se producen las mayores riquezas en el ámbito internacional.
-La inversión privada en el sector forestal ha sido muy importante.
-Un área de enorme dinamismo es el sector secundario de la economía, donde destaca la industria manufacturera, que entre 1990 y 1995 alcanzó una expansión real de 186,3 por ciento, el indicador más alto del país.
-En lo referente a la conflictividad con la etnia mapuche -pueblo originario de gran nobleza-, el Gobierno del Presidente Lagos ha emprendido varias iniciativas orientadas a la restitución de sus tierras, al otorgamiento de ellas y al reconocimiento de sus derechos ancestrales.
2. Estrategias para la reactivación económica y la generación de empleo
La Novena Región ha experimentado una evidente mejoría en los últimos 10 años. Sin embargo, consideramos que ella aún es insuficiente. Nuestra Araucanía debe crecer a mayor ritmo y avanzar en su desarrollo económico y social. ¿Qué proponer al respecto?
2.1 Fortalecer la regionalización como política de Estado. Chile sigue teniendo un sistema político-administrativo eminentemente centralizado. Del 100 por ciento de los recursos que se hacen llegar a la Novena Región sólo 30 por ciento es de disponibilidad de sus autoridades. El 70 por ciento ya va señalado por parte del centralismo. La Región Metropolitana sigue siendo el área geográfica de mayor desarrollo, población, peso cultural y bienestar, y desde donde se toman casi todas las decisiones relativas al resto del territorio. En esto existe un desequilibrio que atenta contra el desenvolvimiento de las Regiones, en particular de la de La Araucanía, y contra la necesaria autonomía en materia de decisiones políticas y económicas, las que, a mi juicio, deben radicarse en aquélla y no en Santiago. Mientras la Región Metropolitana avanza hacia la modernidad la Novena Región aparece en gran medida retrasada.
Es necesario que las Regiones adquieran más autonomía para adoptar sus decisiones y que el Estado entregue mayores aportes y genere condiciones más favorables para el desarrollo a través de políticas públicas adecuadas. Con esto no se propone la creación de un régimen político federado, sino dar más autonomía a las Regiones, lo que en otros países ha traído muchos beneficios. Pero el mayor desarrollo no es responsabilidad solamente del Estado; la empresa privada debe ser más creativa y audaz para invertir en la zona y para comprometerse con proyectos que generen empleo y riqueza.
Al Estado corresponde, además, perfeccionar su modelo de intervención en las Regiones mejorando la focalización de los recursos hacia la generación de impactos más positivos. Para ello se requiere incorporar un modelo de planificación estratégica regional que incluya un conjunto de indicadores cualitativos y cuantitativos de evaluación y corrección de resultados.
2.2 Uno de los mayores problemas de la Novena Región es el desempleo. Este hecho dramático tiene múltiples causas internacionales y nacionales. Para resolverlo parece necesario:
a) Fortalecer la regionalización en los términos ya expuestos;
b) Aumentar la inversión pública y privada en empresas productivas generadoras de empleo, por ejemplo, el turismo y el comercio, el sector silvoagropecuario y la industria manufacturera. Todo ello, repito, en una articulación de esfuerzos estatales y privados;
c) Incrementar los programas de educación y capacitación para otorgar mayor calificación a los jóvenes, a los empleados y a los desempleados. Con mayor educación y capacitación aumenta la posibilidad de acceder a más y mejores puestos de trabajo, así como la posibilidad de aportar a una mayor eficiencia y eficacia de las empresas;
d) Ampliar las líneas de crédito y la repactación de deudas de las medianas, pequeñas y microempresas a través del BancoEstado, CORFO , INDAP y otras entidades públicas;
e) La banca privada debe bajar los intereses que cobra por los créditos, siguiendo las orientaciones dadas por el Banco Central. Estoy convencido de que los bancos, que han llegado a obtener utilidades superiores a 100 por ciento, no prestan colaboración significativa a las pequeñas y medianas empresas, constituyéndose en un factor que ha retardado la reactivación económica. Tengamos en cuenta que las pequeñas y medianas empresas generan el 80 por ciento del empleo en Chile.
2.3 Por su parte, el Gobierno ha definido un conjunto de obras para la Novena Región que ha llamado "Proyectos al Bicentenario", con miras a robustecer su desarrollo y bienestar. Entre ellos podemos mencionar, entre otros: normalización y construcción hospitalaria en Imperial; Puerto Artesanal Queule; construcción de canal Victoria y faja Maizán ; Sendero Chile (280 kilómetros); aeropuerto internacional; ruta costera; mejoramiento urbano, y Plan de Desarrollo Indígena.
2.4 Asimismo, el Gobierno ha elaborado una Estrategia de Desarrollo Regional que considera los siguientes proyectos:
2.4.1 De Desarrollo Humano y Cultural, orientado a obtener mayor igualdad de oportunidades y superar la pobreza; mejorar la calidad de los servicios públicos; fortalecer la participación ciudadana, la cultura y la propia identidad regional y, de manera muy especial, avanzar en el desarrollo mapuche integral.
2.4.2 De Desarrollo Productivo, que incluye la modernización silvoagropecuaria y la ampliación de los mercados; la integración a la economía global y la actualización tecnológica; estímulo a la inversión privada y al desarrollo del turismo, y diversificación energética.
2.4.3 De Desarrollo Territorial, que significa mejorar nuestras ciudades en seguridad y calidad de vida; modernizar la red de transporte; alcanzar mayor equilibrio entre zonas rurales y urbanas; mejorar la calidad de vida en el campo, y alcanzar un mejor ordenamiento territorial.
2.4.4 De Desarrollo del Conocimiento, a fin de incorporar el desarrollo científico y tecnológico para el progreso regional, y socializar el conocimiento para que éste no quede en manos de unos pocos.
2.5 Adicionalmente, es importante enfatizar la solución a los problemas relacionados con los mapuches. Existen reivindicaciones muy justas que aún no se resuelven y crean intranquilidad en esta etnia.
2.6 Es necesario enfrentar con mucho mayor fuerza el problema de la droga y de la delincuencia. En la Novena Región estos fenómenos no revisten la magnitud que tienen en el resto del país, pero están presentes y, si se valora la experiencia nacional y mundial, tenderán a crecer. Por ello, es menester enfrentarlos desde este momento. Debe cuidarse a la juventud, gran esperanza para el desarrollo futuro del país y el engrandecimiento cultural, económico y social de la Región de La Araucanía.
2.7 Otros aspectos del desarrollo de la Novena Región, que represento en esta Alta Cámara:
La ciudad de Temuco se ha convertido en un centro urbano de gran tamaño y con inmensas perspectivas de crecimiento. Esto la ha transformado en un centro comercial y financiero de magnitud, que ha estimulado la inversión privada (mall de Almacenes París por un monto de 21 millones de dólares; mall y supermercado Jumbo , con una inversión total de 40 millones de dólares).
El Estado tiene proyectos para mejorar la infraestructura vial urbana en Temuco, entre el 2000 y el 2010, del orden de los 8 mil millones de pesos.
El Eje Transversal Norte ha significado, desde 1995 hasta 2001, una inversión de 11 mil millones de pesos. Esta ruta unirá el comercio entre el Pacífico y el Atlántico.
El Eje Transversal Sur, que sirve principalmente al turismo, es otra iniciativa que favorece a la Región.
El sistema de regadío en Victoria, por un monto de 46 millones de dólares, que realiza el MOP, quedará concluido en el 2005.
Existen proyectos privados de suma importancia, como el de la Puntilla, de Villarrica, considerado a 10 años plazo, que significará una inversión de 80 millones de dólares en departamentos de veraneo, hotel, marina, club, etcétera; y el de la construcción de un hotel 5 estrellas en la comuna de Villarrica, camino a Pucón, por un monto de 10 millones de dólares.
Es interesante destacar un hecho que disminuye el registro de la capacidad exportadora de la Novena Región: las exportaciones de la planta de Celulosa del Pacífico , localizada en Mininco, se atribuyen a la Octava Región porque el transporte ferroviario hacia el puerto le pertenece. Entonces, a la de La Araucanía deberían agregársele 200 millones de dólares por concepto de exportación de celulosa, contabilizándolos en el PIB regional.
2.8 La agricultura
La Novena Región tiene una agricultura en retroceso. Ésta ha perdido importancia, como sector productivo, en relación con otras actividades económicas. No obstante, sigue siendo la mayor generadora de empleo en la zona.
Entre las causas de la pérdida relativa de importancia de la agricultura en los ámbitos nacional y regional están:
2.8.1 La inestabilidad del mercado nacional y de los mercados internacionales.
2.8.2 La subvención de productos agrícolas otorgada por Gobiernos de otros países a sus agricultores, lo que les permite competir con ventaja en el mercado internacional, afectando economías como la nuestra.
2.8.3 La apertura unilateral de la economía chilena a los mercados externos, dejando desprotegidos a los productores nacionales, opción que se adoptó bajo el Gobierno militar y que ha sido rectificada por los Gobiernos de la Concertación a través de acuerdos comerciales que exigen reciprocidad en materia de beneficios para países extranjeros y Chile.
2.8.4 A lo anterior cabe agregar que gran parte de la agricultura de nuestro país tiene un retraso tecnológico y que la vocación de nuestros suelos mayoritariamente se presta para la ganadería, la vitivinicultura y la actividad forestal. Se exceptúan de este retraso áreas de la agroindustria, como el vino, la fruta y otros.
2.8.5 La Novena Región tiene una agricultura tradicional basada en cultivos anuales de rentabilidad baja. Esta característica obliga a enfrentar un proceso de reconversión y de nueva utilización de parte del suelo agrícola. A esta alternativa obligan los tratados internacionales que ha suscrito Chile, entre otros la relación con el MERCOSUR y el Acuerdo con la Unión Europea, que con seguridad se suscribirá próximamente. Estos instrumentos internacionales contemplan la liberalización del comercio a través de la rebaja de aranceles aduaneros o desgravación. A raíz de acuerdos ya suscritos, desde 2006 se iniciará un proceso de desgravación arancelaria de algunos productos importados, lo que afectará a parte de los productos agrícolas de la Región (trigo y remolacha). Este proceso culminará el 2014.
Señor Presidente , se está acabando el tiempo que me cedió el Comité Renovación Nacional. Así que, para terminar, haré uso de algunos minutos correspondientes a mi Comité.
No hay inconveniente, señor Senador. Después el tiempo ocupado se devuelve automáticamente.
Entonces, puede utilizar nuestro tiempo.
Señor Senador, puede proseguir con la anuencia de los Senadores socialistas.
El señor STANGE .-
Señor Presidente , si el Honorable señor Muñoz Barra desea usar el tiempo de nuestro Comité, no hay ningún problema...
¡Pero son muchos minutos, y Su Señoría se nos puede entusiasmar...!
¡Agradezco la solidaridad del señor Senador de Oposición y lamento la urgencia y nerviosismo de los Honorables colegas de la Concertación...!
Termino rápidamente.
En la Novena Región, no obstante su estancamiento agropecuario, puede apreciarse un importante crecimiento, entre 1990 y 1998, de la producción de trigo, avena, cebada, papas y remolacha, y una baja en la producción de centeno, maíz, porotos, arvejas y maravilla.
En el ámbito pecuario, la Región ha tenido un importante aumento en la crianza y beneficio de animales.
La industria alimentaria también ha experimentado un desarrollo importante, a pesar de que hoy presenta dificultades por las condiciones de la economía mundial y nacional.
¿Cómo responder al despegue de la agricultura regional?
Las políticas públicas bajo los Gobiernos de la Concertación han estado orientadas a fortalecer gradualmente la agricultura, tras el propósito de elevar la productividad y competitividad del país, manifestando especial preocupación por la pequeña agricultura, la que en Chile está representada por 225 mil explotaciones agrícolas, en las que trabajan un millón de personas y concentran además un importante proporción de familias pobres.
No obstante lo realizado, el país no ha solucionado el problema agrícola. Considerando la importancia de la agricultura como factor de desarrollo, que resuelve la seguridad alimentaria de nuestro pueblo, que genera empleo y permite la obtención de divisas en los mercados internacionales, concluimos que tenemos un importante desafío que enfrentar, en el cual deben comprometerse los esfuerzos del Estado y de los productores privados, sean grandes, medianos y pequeños.
A fin de responder a tal desafío, se requiere que el Gobierno complemente las políticas para el agro y modernice el Ministerio de Agricultura, asumiendo con mayor eficacia las funciones que ha venido desarrollando y que están relacionadas con la producción, la comercialización, el financiamiento para proyectos de inversión productiva y comercial. La idea es interesar al capital extranjero, lograr asistencia tecnológica para mejorar la productividad, la rentabilidad y la sustentabilidad ambiental, la ampliación y mejoramiento de los servicios de riego y la asesoría para insertarse en los mercados nacionales e internacionales.
Las políticas públicas para el agro deben considerar el aumento de la eficiencia productiva en las cadenas agropecuarias, la reconversión y el estímulo a la modernización del agro, mejorar los mecanismos de funcionamiento de los mercados internos y fortalecer la capacidad negociadora del país en las entidades internacionales donde se negocian nuestros productos. Deben orientarse, asimismo, a estimular el desarrollo de la agroindustria.
Las políticas anteriores deben dar énfasis al desarrollo de la agricultura campesina, en especial la de los mapuches, que concentra una buena cantidad de pobres, para mejorar su integración al desarrollo nacional, innovando o haciendo ajustes en sus sistemas de producción, para adaptarlos a las opciones del mercado, para capacitarlos en el empleo de nuevas tecnologías, lo cual les permitirá ser más competitivos, y para mejorar sus capacidades de gestión y de comercialización.
Al sector privado corresponde un importante aporte en la inversión de capital para la agricultura y la agroindustria, asumiendo con imaginación el mejoramiento de sus productos, para ganar competitividad, y disponiéndose a la reconversión según las vocaciones del suelo y las condiciones de los mercados nacional y extranjero. Con este esfuerzo se ayudará a resolver problemas de empleo, a superar la pobreza y se modernizará el mundo rural, sacándolo de su actual estancamiento.
3. La Novena Región ante el impacto del proceso globalizador y, particularmente, el Acuerdo suscrito entre Chile y la Unión Europea.
Señor Presidente , uno de los fenómenos que más impactan en el mundo es el proceso globalizador del comercio, de las finanzas y, más incipientemente, de la cultura. La globalización como proceso es inevitable; es parte del desarrollo histórico de la humanidad. El grave problema que ella presenta es la necesidad de darle gobernabilidad para evitar los efectos negativos que produce, particularmente en la economía y las finanzas. El nivel especulativo del movimiento de capitales en el mundo ha sido la principal causa de las crisis internacionales, como la denominada "crisis asiática". El modelo económico vigente a nivel mundial, que subyace en el modelo de globalización existente, ha incrementado la pobreza, el desempleo y la marginación de amplios sectores poblacionales en el orbe. Esta globalización debe ser, necesaria e imperativamente, reorientada.
En este panorama mundial se inserta la estrategia de desarrollo de Chile, la que está centrada en el incremento productivo para las exportaciones. La actual estrategia ha superado la apertura unilateral hacia el comercio mundial resuelta en el Régimen del señor Pinochet mediante una política que busca reciprocidad a través de acuerdos comerciales y tratados de libre comercio bilaterales y con bloques de países. Uno de estos instrumentos fundamentales es el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea que el Congreso Nacional deberá aprobar.
¿Qué beneficios tendrá ese Acuerdo para la Novena Región? Son varios. A saber: a) baja del precio de los insumos agrícolas, b) aumento de la demanda exportadora hacia la Unión Europea, c) rebaja gradual de los aranceles que ella cobra actualmente para la importación de productos chilenos, hasta llegar a arancel cero, d) atracción de inversión nacional y extranjera, e) cooperación europea en distintas áreas, entre otras, la productiva.
Un análisis del impacto agropecuario que dicho Acuerdo producirá por Regiones, según datos de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, concluye que la Novena obtendrá las siguientes ventajas a mediano plazo:
-Se beneficiará con la expansión del comercio por la suma de 11,3 millones de dólares.
-De impulsarse la inversión para responder a la mayor demanda que producirá el Acuerdo con la Unión Europea, la Novena Región tendría que aumentar en 37 mil 567 hectáreas la superficie de sus praderas para la producción ganadera.
-El incremento de la oferta exportadora generará más empleo.
El impacto de la demanda de productos como consecuencia del Acuerdo con la Unión Europea beneficiará a la Novena Región. Según la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales este beneficio será a favor de:
-Fruta fresca en general.
-Cerezas.
-Frutillas, frambuesas y arándano.
2. Producción hortofrutícola:
-Bosques de pino.
3. Agroindustria:
-Existe un potencial de expansión de la agroindustria en la Novena Región si se industrializan los espárragos, las callampas, las arvejas, los berries, la rosa mosqueta y la miel. Se incluyen, además, yerbas medicinales y mermeladas.
-La industria de quesos.
-Plantas faenadoras de carne y deshidratadoras.
El Acuerdo de Asociación ha previsto la aplicación de una medida de emergencia para los productos agrícolas si el aumento de importaciones desde una de las Partes causa daño o amenaza con causarlo a otra de las Partes.
Se han exceptuado de la negociación los productos sujetos a bandas de precio, como el trigo, la harina de trigo y el azúcar. Además, se han acordado plazos de desgravación suficientemente largos (7 y 10 años) para el arroz y el maíz. La leche no está incorporada en el Acuerdo; por consiguiente no ingresará a Chile la producida en la Unión Europea.
En cuanto a las importaciones industriales a Chile desde la Unión Europea, el 92,1 por ciento tendrá desgravación cero. Entre esos productos están los insumos para la agricultura, como insecticidas, fungicidas y herbicidas; fertilizantes, maquinaria para la agricultura y la agroindustria (madera y vitivinícola).
Oportunidades directas para la Novena Región como consecuencia del Acuerdo con la Unión Europea.
El Acuerdo generará beneficios para las Regiones por dos razones, al menos. La rebaja de aranceles producirá en lo inmediato y a futuro un incremento en las utilidades de las empresas exportadoras, aunque tendrá un impacto desfavorable, particularmente en los primeros años, para los ingresos del Estado por concepto de reciprocidad en la rebaja de aranceles. La misma ventaja para las Regiones se generará por el aumento de las cuotas de exportación.
Las exportaciones a la Unión Europea por la Novena Región tendrán desgravación inmediata, con excepción de los productos forrajeros, que se desgravarán después de cuatro años. Actualmente, la Región exporta un millón de dólares hacia la Unión Europea. Según la DIRECON, esta cifra puede aumentar a 11 millones de la misma moneda.
Los productos con ventaja arancelaria inmediata, es decir, arancel cero, son los arándanos, que hoy pagan 9,6 por ciento de arancel; la rosa mosqueta y las hierbas medicinales, en la actualidad con 3 por ciento; las piezas de madera para muebles, con 2,7 por ciento, y maderas aserradas, con 2,5 por ciento de arancel.
Los mayores aumentos, en razón de las ventajas del Acuerdo, se darán en la exportación de carne bovina, queso, miel, productos congelados y fruta. Considerando las demandas de la Unión Europea, existen buenas expectativas para el desarrollo de semillas, flores, bulbos, "berries", jugos de frutas, miel y cerezas.
La pesca artesanal también se beneficiará por la rebaja arancelaria a mediano plazo y por el aumento de cuotas de productos del mar que adquirirá dicho conglomerado de países. Al respecto, es interesante el proyecto de desarrollo pesquero en la caleta de Queule.
Asimismo, la zona puede atraer al turismo europeo, lo que estimularía aún más el crecimiento de este sector.
En conclusión, la Novena Región, que represento en el Senado, tiene importantes posibilidades de desarrollo y de generación de empleo mediante la dinamización de sus actividades productivas de bienes y servicios. Para ello requiere ajustes, reconversiones, utilización de nuevas tecnologías y mayor estímulo a la educación.
Ruego al señor Presidente hacer llegar el texto de mi intervención a la señora Ministra del MIDEPLAN y al señor Ministro de Hacienda .
Agradezco al Comité a que pertenece mi estimado colega señor Stange por concederme los minutos necesarios para hacer este planteamiento, tan válido para una Región que está representada en igualdad de condiciones que el resto del país.
--Se anuncia el envío de las comunicaciones pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
En el resto del tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
El señor NARANJO-
He querido hacer uso de la palabra con el fin de solicitar al Honorable Senado el envío de una nota que exprese nuestro reconocimiento a las autoridades de Gobierno, y en especial a la Ministra de Relaciones Exteriores , señora Soledad Alvear , por la firma, en el día de ayer, del Acuerdo de Asociación Política, Económica y de Cooperación entre nuestro país y la Unión Europea.
Sin lugar a dudas, la concreción de dicho instrumento constituye un hecho histórico de enorme trascendencia para un país pequeño como Chile, que busca día tras día insertarse en los mercados mundiales, lo que, no tengo ninguna duda, traerá numerosos beneficios al desarrollo de nuestra economía.
El solo hecho de negociar de igual a igual con la Unión Europea, entidad que agrupa a quince de los países más desarrollados del mundo, implica, en la práctica, un reconocimiento por parte de éstos a nuestra economía y a la consolidación de nuestro sistema democrático.
Los chilenos, en general, tendemos a minimizar nuestros logros y a maximizar nuestros fracasos y derrotas. Hoy mismo, debido a diversos problemas relacionados con denuncias de corrupción, un convenio de tanta trascendencia para el desarrollo económico de nuestra nación ha pasado en cierta forma inadvertido para la opinión pública y no ha recibido la cobertura que se merece.
Cabe precisar que el propio Comisario de Comercio , señor Pascal Lamy , señaló: "Éste es el acuerdo más ambicioso que jamás haya negociado la Unión Europea. Para nosotros es un modelo de acuerdo del Siglo XXI, un punto de referencia que consideramos muy importante.".
Su ratificación queda ahora en manos de nuestro Congreso, y en ese sentido no tengo ninguna duda de la responsabilidad con que actuarán los señores Senadores. Por una parte, debemos respaldar el accionar de nuestras autoridades, más allá de las diferencias políticas que tengamos. Aquí no deben existir Senadores de Gobierno ni de Oposición, sino Parlamentarios que pretenden lo mejor para nuestro país, lo cual, en la práctica, se traduce en un futuro con mayores oportunidades para todos los chilenos, especialmente para los de menores recursos.
Por otro lado, con ello no estamos renunciando a la posibilidad de expresar las diferencias o discrepancias que el Acuerdo pueda suscitar para determinado sector de nuestra economía, como puede ser la agricultura. En todo caso, esto no puede implicar retraso o dificultades en su ratificación.
Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, he querido destacar en esta sesión la enorme importancia que tiene el Acuerdo, y muy especialmente hacer un reconocimiento a la labor profesional desarrollada durante largo tiempo por las autoridades de Gobierno, encabezadas por la Ministra de Relaciones Exteriores, señora Soledad Alvear.
Por tal motivo, reitero mi solicitud de enviar a la Cancillería una nota formal, en nombre del Senado, manifestando nuestro reconocimiento por este logro.
Se enviará la comunicación solicitada por Su Señoría, en conformidad al Reglamento.
Y en mi nombre, señor Presidente .
También con mi adhesión
En el resto del tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
Señor Presidente , el 15 de este mes el diario "El Sur", de la Región del Biobío, cumplió 120 años de existencia. Es el segundo más antiguo del país, después de "El Mercurio de Valparaíso". Y sin duda que su nacimiento, al igual como el del periódico porteño, marcó un paso muy importante en lo que fue la prensa escrita, no sólo de Chile, sino de todo el mundo de habla hispana.
La identidad de una región se refleja y construye a través de los medios de comunicación. Por eso, para la Región del Biobío el diario "El Sur" es también su memoria. En sus páginas se reflejan y narran los principales acontecimientos que atraviesan la historia de la zona y del país. Basta releer algunos de sus ejemplares para darse cuenta de qué manera la historia está estampada en ellos.
Quizás valga la pena recordar la importancia que tuvo dicha publicación, por ejemplo, en la formación de la Universidad de Concepción, uno de los proyectos más importantes en el campo de la cultura a nivel nacional.
"El Sur" es, también, imagen de una región. En él se refleja no sólo su vida pasada, sino también el presente, que fluye en sus escritos, noticias, titulares, fotografías y sátiras.
Asimismo, constituye un vehículo de comunicación que permite a los habitantes de la región intercambiar ideas, puntos de vista y opiniones; criticar y adelantar posiciones, de manera tal que se vaya construyendo un diálogo real y verdadero.
Es el diario, además, conciencia regional, lugar de reflexión donde se recogen los principales adelantos intelectuales, disquisiciones y elucubraciones de los pensadores locales. Pero, sobre todo, es creador de cultura, en el sentido más amplio del término; es decir, es el punto de vista particular de cada generación y época acerca del mundo, de la vida y del sentido de las cosas.
Es así como "El Sur" es, entonces, memoria, imagen, vehículo de comunicación, conciencia y creador de cultura de la Región del Biobío.
Por otra parte -por qué no decirlo-, es uno de los pocos medios independientes, a nivel regional, de las dos grandes cadenas de diarios existentes en el país. Y, por tanto, tiene el doble mérito de haberse mantenido por 120 años gracias al soporte de sus lectores y avisadores, sin necesidad de recurrir a la adhesión a cadenas a nivel nacional.
Esta empresa periodística y cultural es, fundamentalmente, un equipo humano de periodistas. Con esto quiero señalar, sobre todo, el gran papel que juega el grupo de periodistas con el cual nosotros siempre nos relacionamos como Parlamentarios. Me refiero al responsable de la sección Política, Daniel Padilla , y a su colaboradora Francis Parra . Ellos están siempre atentos a la noticia y abiertos a la colaboración, tratando de entregar un punto de vista equilibrado en una actividad tan llena de pasiones, conflictos, aspiraciones, donde el equilibrio resulta extremadamente difícil de alcanzar.
También quiero nombrar a otros profesionales de ese medio con los cuales he tenido contacto y a quienes he conocido, como Ricardo Riquelme , que también cumplió durante un tiempo funciones en la sección Política; Sonia Mendoza , quien ha obtenido importantes reconocimientos a nivel nacional y realizado reportajes fundamentales, como el relativo a Colonia Dignidad. También está Rodrigo Pincheira , que se ocupa con gran brillo y maestría de la parte cultural.
"El Sur" es, pues, un equipo periodístico. Su dirección está atenta a los desafíos de la Región, del país y del resto del mundo, muy consciente del papel de la prensa, sobre todo de la regional. Cabe mencionar aquí a su Director, Ricardo Hepps , y al colaborador Rafael López , quien se ocupa de ese importante suplemento que es "El Actual".
Pero el diario es, además, una red de lectores; es decir, un conjunto de personas que todos los días leen sus páginas, se nutren de su información y establecen, así, un vínculo permanente con el emisor del mensaje.
Por eso podemos decir que "El Sur" es una empresa periodística estable: porque se funda en un equipo humano, en una capacidad de dirección y en una red de lectores.
Esta empresa ha dado origen a otras iniciativas periodísticas importantes. Quiero resaltar aquí el caso del diario "Crónica", el cual, pese a haber nacido hace poco tiempo, ha adquirido gran difusión en la Región del Biobío. Es un diario distinto, diferente, con una orientación hacia los sectores populares y con gran agudeza en su Dirección y en las plumas de sus colaboradores. Considero pertinente destacar a su Director, Carlos Oliva , y al periodista Carlos Basso , quien ha jugado un importante papel en el seguimiento del caso Matute, al punto de dar origen a un libro sobre esa dramática situación.
Pero, por sobre todo, para los Parlamentarios y para el que habla, el diario "El Sur" es un espacio abierto a la colaboración, al recibir opiniones diferentes en su tribuna. Tiene, por cierto, su línea editorial. No siempre es compartida por todos -ni por el Senador que habla-, pero lo importante es que en sus páginas, abriéndose en una perspectiva pluralista, recibe aportes de muy diferentes personas, sectores, fuentes de pensamiento y creencias religiosas. Eso es lo que lo hace realmente plural. No se trata de que sea anodino. No se le pide que no tenga una posición. Lo que se le pide es que ésta sea clara y que esté abierto a la colaboración de todos.
Por eso, cuando ahora cumple 120 años quisiera enviar esta felicitación a su Director, a sus propietarios, al equipo periodístico que colabora con él, poniendo de relieve especialmente que el diario "El Sur" es un símbolo del progreso de estos años. ¡Cuánto ha cambiado su infraestructura, desde que su sede se encontraba en Colo-Colo y Freire hasta el presente, al funcionar en el nuevo edificio institucional de la Avenida Jorge Alessandri , en la frontera entre las comunas de Concepción y Talcahuano! Ese cambio de sede parece simbolizar el cambio del país, de la Región, la apertura a la libertad, la llegada de la democracia y del progreso.
Es por eso que estos 120 años representan también un proyecto de futuro, la confianza y esperanza de que podremos ir resolviendo nuestros problemas regionales y nacionales y de que mientras existan medios de comunicación como el diario "El Sur", las Regiones tendrán posibilidad de jugar un papel protagónico en el desarrollo del país.
Vaya, pues, este homenaje a los 120 años de este gran diario regional.
Se enviarán las comunicaciones solicitadas por el señor Senador , y, si me permite, en nombre mío también.
Señor Presidente , si es posible, me gustaría que el texto de mi intervención se hiciera llegar al señor Director del diario.
Corresponde el turno al Comité Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes.
Señor Presidente , en reiteradas oportunidades me he referido en esta Sala a la imperiosa necesidad de reemplazar el buque médico-dental "Cirujano Videla", el cual, después de 33 años de servicios en la Armada, fue retirado de sus funciones el 22 de diciembre de 1998.
Durante esos años, con sede en Puerto Montt, fue un eficiente y efectivo nexo para las atenciones médico-dentales en las comunas ribereñas de la Décima Región. Realizaba dos rondas mensuales: una al sector norte, con visitas a doce comunidades, y otra al sector sur, para atender a trece comunidades. En un año se beneficiaba a alrededor de 12 mil personas radicadas en distintas caletas y bordes costeros insulares.
Esta labor solidaria hacia sectores aislados de los centros poblados servía de nexo también para integrar a los colonos y habitantes al resto del país y les permitía acceder en igualdad de condiciones a los planes de salud médico-dental.
Son reiteradas las peticiones y reclamos de los habitantes aislados, que no cuentan con estos servicios ni con los medios económicos suficientes para acceder a los centros hospitalarios, para que sea reemplazado el antiguo "Cirujano Videla".
Es efectivo que las municipalidades y algunos servicios han tratado de continuar con estas atenciones, pero las embarcaciones carecen de las características suficientes que deben utilizarse para navegar con mal tiempo, factor permanente en esta zona.
En la reciente presentación del Presupuesto 2003 de la Armada Nacional pude comprobar que no se contempla un ítem que permita a esta Institución construir y operar un buque de características semejantes.
Por tales razones, se ha estado estudiando la posibilidad de buscar otras alternativas. Así, es posible considerar que un futuro buque médico-dental no desarrolle solamente estas labores, sino que amplíe su acción hacia aspectos culturales, investigaciones científicas universitarias, gobiernos regionales y municipales, etcétera. Pueden considerarse, aparte de las instalaciones médico-dentales, espacios para biblioteca, sala para charlas educativas, laboratorio para detección de marea roja, en fin.
En caso de construirse un buque con suficiente velocidad y autonomía, es posible extender la ruta hasta los sectores insulares de la Undécima Región.
ASMAR (Astilleros y Maestranzas de la Armada) está en condiciones técnicas para construir una nave de acuerdo a las necesidades de capacidad, velocidad, comodidad de atención a usuarios y radio de acción.
El costo de una embarcación de estas condiciones se estima en alrededor de cinco y medio millones de dólares, que podrían ser financiados por el Gobierno a través de aportes de los ministerios, universidades y municipalidades que estuvieren interesados en acceder a este sistema.
La tripulación, incluidos su alimentación y viáticos, y la operación de la nave estarían a cargo de la Armada, mientras que los insumos, mantenimiento, etcétera, tendrían que ser financiados por los ministerios o entidades públicas o privadas interesadas.
Por otra parte, la puesta en marcha de esta nave significaría, para las municipalidades y otros servicios que actualmente deben financiar embarcaciones para estos fines, un importante ahorro en su presupuesto.
Consecuente con lo anterior, señor Presidente , solicito que se oficie en mi nombre al señor Ministro Secretario General de la Presidencia para que se evalúe y coordine, si es posible, esta proposición, como, asimismo, a los señores Ministros de Educación , Defensa Nacional, Salud, Interior y Economía (SERNAPESCA), a fin de que tomen conocimiento de la materia y tengan a bien estudiarla entre los distintos Ministerios, pues hay antecedentes de empresas particulares interesadas en desarrollar esta iniciativa.
Señor Presidente , quiero sumarme a las palabras del Senador señor Stange . El "Cirujano Videla" ha cumplido una labor histórica en toda la zona austral de las islas, fiordos y canales, y la verdad es que su ausencia resulta muy notoria. La función que realizaba a través de la actividad médica, dental, social es irremplazable. Hoy en día se efectúa con pequeños aviones que, con alguna fórmula de subsidios, hacen rondas médicas. Pero nuestra zona austral tiene más de diez mil islas; es un verdadero país en potencia que estamos desperdiciando por no dar una presencia -que garantiza además nuestra Constitución- a los esforzados habitantes de esa zona.
Por lo tanto, junto con respaldar plenamente lo expresado por el Honorable señor Stange , solicito que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, atendidas las subvenciones que entrega su Cartera a este tipo de actividades en la zona austral.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Horvath, conforme al Reglamento.
Lo dispuesto en los artículos 1º, 9º, 60º, 19º numeral 7º de la Constitución Política de la República, en las leyes 17.798 y 18.314, en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar.
1.-Que luego de un período de fuerte confrontación social y política, en que ocurrieron graves actos de violencia, aún después de¡ restablecimiento de la democracia, resulta conveniente que la sociedad de pasos significativos para restañar las heridas que aún Permanecen de ese tiempo,
2.-Que la política criminal tiene como principal objetivo la paz social, siendo los procesos judiciales y la aplicación de sanciones un instrumento al servicio de dicho fin.
En tal sentido, las penas, junto con perseguir la reparación del daño causado a las víctimas y de actuar por vía ejemplar como elemento disuasivo de prevención, respecto del resto de la población, se orientan, esencialmente, a la rehabilitación de los culpables.
3.-Que en el caso de las personas condenadas y procesadas por infracciones a la legislación antiterrorista y otras disposiciones penales, relativas a la violencia con móviles políticos, se puede suponer que tal finalidad se habría cumplido, teniendo en cuenta el cambio en las condiciones sociales y políticas de¡ país y el transcurso del tiempo en una cárcel de alta seguridad, donde incluso, judicialmente, con ocasión de la interposición de un Recurso de Protección, se han constatado atentados a sus derechos como detenidos.
4.-Que ello quedaría, además, refrendado inequívocamente a través de un compromiso público suscrito ante la sociedad, tendiente a establecer una renuncia y un rechazo explícito a la violencia como método de acción política.
5.-Que, además, conforme a interpretaciones de destacados juristas, habría ocurrido en los procesos duplicidad de imputación criminal, al fundar unos mismos hechos la incriminación particular y colectiva, así como otros errores judiciales.
Artículo 1.- Las personas que hayan sido condenadas o que se encuentren actualmente procesadas.-por el delito de asociación ilícita terrorista, contemplado en el articulo 2º, numeral 5, de la Ley 18.314 o por las conductas descritas en el artículo 8º del decreto Nº 400 de 1978, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 17.798 y que
también hayan sido condenadas o se encuentren procesadas por delitos sancionados en el Código Penal, en el Código de Justicia Militar o en otras disposiciones de las citadas leyes 17.798 y 18.314, cumplirán una única condena de 10 años de presidio por la totalidad de los delitos cometidos, siempre que los hechos punibles hayan ocurrido entre el 11 de Enero de 1989 y el 11 de Enero de 1998, procediendo a su respecto un indulto general, respecto de¡ saldo de las penas de privación de libertad a que hubieran sido condenados y que excedieran dicho lapso.
Las personas a que se refiere el inciso anterior, que actualmente se encuentren privadas de libertad y que ya hayan cumplido dicho período de presidio, podrán obtener la libertad provisional, según lo dispuesto en la letra e) del numeral 7º del artículo 19º de la Constitución Política de la República.
Articulo 2.- Si varios tribunales hubieran dictado las condenas o intervenido en los procesos, conocerá la solicitud a que de lugar la aplicación de¡ artículo precedente, aquél que hubiera dictado la última sentencia definitiva o el que estuviera actualmente a cargo del juicio.
Para obtener los beneficios de esta ley, los interesados deberán acreditar haber suscrito, además, en forma previa, una solicitud dirigida al Ministerio de Justicia que contenga un compromiso inequívoco de renuncia al uso de la violencia como método de acción política.
El Tribunal resolverá dentro de treinta días contados desde que se formuló la petición.
Artículo 3.- Los beneficiarios de esta ley quedarán sujetos a arraigo y al régimen de libertad vigilada contemplado en la ley 18.216, por un plazo de cinco años desde que hayan cumplido la condena única a que se refiere el artículo lº u obtenido la libertad provisional.
Solo se podrá disponer como condición para la aplicación del citado régimen alternativo, aquélla señalada en la letra b) del artículo 17º de dicha ley.
Artículo 41.- Los beneficios que concede esta ley se encuentran sujetos a la condición de que sus beneficiarios no reincidan en la comisión de hechos sancionados por las leyes 18.314 y 17.798, durante el tiempo que restare para el cumplimiento de sus primitivas condenas. Si así no ocurriere, se agregará a la condena que les correspondiera por este nuevo delito, el tiempo en que aquéllas se hubieran reducido de acuerdo a lo dispuesto en esta ley.
(FDO.):Fernando Flores Labra.- Mariano Ruiz-Esquide Jara.- Gabriel Valdés Subercaseaux.- José Antonio Viera-Gallo Quesney

References: artículo 14
 artículo 133
 artículo 10
 artículo 133
 artículo 10
 artículo 3
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 291
e contrario
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 11
 artículo 15
 artículo 11
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 36
 artículo 11
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 30
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 3

Artículo 1
 artículo 8
 artículo 19

Artículo 3
 artículo 17

Artículo 41