Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/57951
Timestamp: 2019-10-23 21:08:14+00:00

Document:
Gaceta: LXIII/1PPO-19/57951
Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda, y con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.
La iniciativa tiene como finalidad incluir en la Ley de General de Victimas, a los desplazados internos forzados, con el objeto de que se les garantice la protección de su integridad física y la asistencia de sus necesidades básicas, así como la protección a sus propiedades y a sus derechos cívicos y políticos.
Asimismo, incorpora la definición de desplazados internos, siendo éstos, personas que de manera forzada han huido de sus hogares para escapar de la violencia, el conflicto armado, la violación de derechos humanos y los desastres naturales.
The initiative aims to include in the General Law on Victims, The Internals Displaced forced, in order to be guaranteed the protection of their physical integrity and basic needs assistance and protection to their property and their civic and political rights.
It also incorporates the definition of internally displaced persons, and these were people forcibly have fled their homes to escape violence, armed conflict, the violation of human rights and natural disasters.
La suscrita Mónica T. Arriola Gordillo, Senadora de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS.
En el documento denominado “Principios Rectores sobre Desplazamien­tos Internos” presentado en las Naciones Unidas se define a los desplazados internos como a “las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto arma­do, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”. Considerando que el listadocontenido en los Principios referidos, no pretende ser exhaustivo, y puede haber otras causas posibles para ser considerado como desplazado interno .
El desplazamiento interno es un fenómeno considerado tradicionalmente como exclusivo del dominio de los Estados; esto es, que sólo en los Estados donde ocurrían tenían incidencia directa en el fenómeno. Quizá esto explica por qué hasta la fecha no se cuenta con ningún instrumento internacional específico obligatorio en la materia. Sin embargo, dicha visión no corresponde con la evolución y el estado en el que actualmente se encuentra el Derecho Internacional en materia de los Derechos Humanos. La ONU, a través de diversos organismos como el Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, han señalado en repetidas ocasiones que las violaciones de los derechos humanos al interior de un Estado son del interés de la comunidad internacional; en algunas ocasiones llegan a ser consideradas, dependiendo de las circunstancias, como amenazas para la paz y la seguridad internacional.
Lo anterior no significa que no exista ningún instrumento jurídico respecto del desplazamiento: de hecho, su principal regulación se encuentra en el Derecho Penal Internacional y en el Derecho Internacional Humanitario. Así, el desplazamiento forzado se encuentra sancionado en los Convenios de Ginebra de 1949 (por ejemplo, en el IV Convenio de Ginebra, artículo 49) y sus Protocolos adicionales de 1977 (por ejemplo, el Protocolo II, artículo 17), así como en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (artículos 7 y 8). Lo anterior significa que el desplazamiento forzado, en ciertas circunstancias, puede llegar a constituir un crimen de lesa humanidad o de guerra.
Subsidiariamente, los desplazados cuentan con la protección de todo el marco normativo e institucional del Derecho Internacional de los Derechos Humano; es decir, que se les deben respetar todos y cada uno de sus derechos humanos, y en caso de violación de los mismos, se debe de reparar el daño ocasionado. En este sentido, el único instrumento específico sobre desplazados, no vinculante para los Estados, es el de Principios Rectores de los desplazamientos internos de Naciones Unidas (1998). Si bien el documento no es obligatorio en sí mismo para los Estados, lo importante es que compila una serie de obligaciones proveniente del Derecho Internacional de los Refugiados, del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, todos los cuales deben respetar los Estados. Este instrumento consta de treinta principios que comprenden todas las fases del desplazamiento interno: prevención, protección y asistencia durante el desplazamiento y durante el retorno, el reasentamiento y la reintegración.
Los Principios Rectores estipulan que las personas tienen, entre otros, los siguientes derechos: acceso a necesidades básicas, protección contra ataque físico, el derecho a la educación, el derecho a recuperar sus bienes o recibir una indemnización, este instrumento es una especie de guía para los Estados en caso de desplazamiento. De hecho, en el ámbito internacional, diversos países ya cuentan con leyes en materia de desplazamiento, con diferentes grados de protección a estos grupos en situación de vulnerabilidad.
De manera general los Principios disponen lo siguiente :
Todas las autoridades tienen el deber de atender las responsabili­dades de proporcionar protección y asistencia humanitaria a los despla­zados internos que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción. Así mismo, las autoridades y personas deben observar estos principios. En la interpretación de los mismos, se deberá de hacer en la forma más amplia.
Las personas desplazadas deben de gozar de la protección que les otorga el derecho nacional y el internacional. No deben ser objeto de discriminación en razón de su situación. La aplicación de los principios no debe afectar el derecho de solicitar y obtener asilo en otros países.
Los principios constituyen una obligación internacional, por tanto las autoridades deben respetar las obligaciones que les impone el derecho internacional.
En la medida de sus posibilidades las autoridades deben de buscar las alternativas viables para evitar el desplazamiento, en caso de no ser posible, se tomarán todas las medidas para minimizar sus efectos. Deben buscarse condiciones mínimas de seguridad, alimentación, salud e higiene, a tener un nivel de vida adecuado, a no ser privado arbitra­riamente de su propiedad o sus posesiones y a que no se separe a los miembros de la misma familia.
Cuando se trate de desplazamientos de pueblos indígenas, mino­rías, campesinos, pastores y otros grupos que tienen una dependencia especial de su tierra o un apego particular a la misma, los Estados deben tener especial cuidado. En el caso de niños desplazados no deberán ser alistados en ningún caso ni se les permitirá o pedirá que participen en hostilidades.
Cualquier desplazado interno tiene derecho a la libertad de cir­culación y a la libertad de escoger su residencia a la dignidad y a la integridad física, mental o moral, a la libertad y a la seguridad personal. Tienen derecho a conocer el destino y el paradero de sus familiares desaparecidos
De acuerdo con diversos especialistas, la legislación más completa en la materia es la de Colombia, la cual cuenta con tres importantes leyes que contribuyen a la protección de las personas desplazadas: la Ley 387 de 1997, los documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011. Estas leyes, más las instituciones y programas creados por éstas (por ejemplo, el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la violencia, el Fondo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, el Plan y Programa Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia y el Sistema Único de Registro de Desplazados), constituyen un marco de protección muy importante en la materia. Evidentemente, dicho marco normativo e institucional es resultado del largo conflicto que ha vivido Colombia, pero también de una voluntad política innegable para atender el problema. Es importante destacar que Colombia basa una buena parte de su legislación en los Principios Rectores de Naciones Unidas.
Asimismo, en el mismo continente americano también la República de Perú cuenta con legislación en la materia a través de su Ley 28223, publicada el 19 de marzo de 2004, misma que tiene como objetivo darle reconocimiento explícito al estatus de desplazado y establecer algunos de sus derechos; en ese mismo sentido, Guatemala cuenta con el Decreto 73-95 de la Ley temporal de documentación personal de la población temporal desarraigada que, si bien no resuelve el problema de los desplazados, sí intenta atacar la problemática. En 2000, Guatemala emitió el Decreto 67-2000 con el que se reformó la Ley temporal de documentación personal. De esta manera, el Estado guatemalteco amplió la definición de “desplazado interno”.
Otros países que también cuentan con legislación en materia de desplazados son Angola,Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Croacia, España, Georgia, la India, Iraq, Montenegro, Reino Unido, Ruanda, Rusia y Serbia.
Del análisis de las legislaciones anteriores podemos concluir que la protección a los desplazados internos es muy disímbola. Si bien todas las legislaciones cuentan con una definición de desplazados o de desplazamiento interno, los parámetros de atención y protección varían radicalmente y, en muchos casos, se encuentran lejos de los estándares internacionales en la materia. Es muy probable que el hecho de no contar con instrumentos internacionales obligatorios haya dificultado su avance normativo al interior de los Estados.
Generalmente cuando se habla de desplazamiento interno de personas (o desplazamiento forzado) se piensa en ejemplos de los países africanos, del Medio Oriente, de Centro o Sudamérica que, como consecuencia de luchas internas o conflictos internacionales, obligan a grandes sectores de la población a dejar sus hogares. Cuando lo planteamos de esa manera, el fenómeno del desplazamiento interno en México no resulta tan distinto de lo que ocurre en otros países, de acuerdo a los datos proporcionados por el Consejo Noruego para Refugiados, a finales del 2013 había 33.3 millones de desplazados internos en todo el mundo –4.5 millones más que en 2012– el 63% de los cuales se concentraban en cinco países que padecen conflictos internos, tales son los casos de Siria, Colombia, Nigeria, República Democrática del Congo y Sudán . Esto es un indicativo que el problema de las per­sonas que se ven obligadas a desplazarse sin importar la causa, lejos de disminuir, se incrementa a nivel global.
En México, el fenómeno del desplazamiento forzado ha existido desde hace mucho tiempo,sus causas son diversas y están profundamente ligadas a conflictos históricos en distinta regiones: disputas religiosas, luchas territoriales inter e intracomunitarias y conflictos político-militares. Como ejemplos de estos desplazamientos tenemos a Oaxaca, en la región de los Loxichas o de los triquis en la zona de la Mixteca; en Nayarit, con los wixárikas, o los huastecos de Hidalgo. Sin embargo, el fenómeno del desplazamiento forzado empieza a hacerse evidente en los años setenta, específicamente en el estado de Chiapas. Antes de eso, la Revolución mexicana y la violencia que generó habían generado un gran número de desplazados internos a lo largo de todo el país; sin embargo, no existen cifras precisas al respecto.
Si bien es cierto que entre la Revolución mexicana y los conflictos intercomunitarios en Chiapas han existido otros conflictos armados en el país que han llevado al desplazamiento de personas,como por ejemplo el desplazamiento que resultó de la llamada Guerra Sucia (de los años sesenta a los años ochenta), y la lucha del gobierno por debilitar los movimientos sociales y los grupos insurgentes, en los estados de Guerrero y Oaxaca, donde la militarización de estas zonas provocó un gran número de asesinatos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, y como consecuencia que muchas familias huyeran de la región hacia otras entidades federativas. Ha sido el desplazamiento de personas con motivo del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 994; lo que derivó en un masivo desplazamiento de personas, sólo en el primer año del conflicto, 35 000 personas dejaron sus hogares.
Las regiones de Chiapas en donde se ha dado un mayor desplazamiento han sido, en un principio, las siguientes: San Juan Chamula, en donde se informó que alrededor de 33 000 chamulas, especialmente católicos, se desplazaron entre 1985 y 2005; asimismo, en los años ochenta, hubo importantes movimientos de personas desplazadas en las comunidades de Amatenango del Valle, Chenalhó, Huixtán, Mitontic, Oxchuc y Zinacantán. Se calcula también que un total de 25000 personas huyeron a San Cristóbal de las Casas entre 1970 y 1990; a partir de estas expulsiones, San Cristóbal de las Casas se convirtió, desde los años setenta, en el municipio con más llegada de desplazados, en general, de acuerdo con fuentes citadas por el International DisplacementMonitoring Centre (IDMC), alrededor de 60000 personas fueron desplazadas como consecuencia del levantamiento zapatista.
Por otro lado, el IDMC informó que, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 2010 cerca de 8000 familias seguían en condiciones de desplazamiento como consecuencia del levantamiento zapatista, y había un gran número de desplazados en estados como Oaxaca y Guerrero por problemas comunitarios. Es importante mencionar que en esta cifra no están considerados los miles de desplazados que son consecuencia de la violencia actual en el país.
El desplazamiento interno producto del movimiento zapatista y de las acciones del gobierno en contra del mismo representó un parteaguas en el tratamiento del desplazamiento en México, no sólo debido al número masivo de desplazados, sino por la presión de organizaciones internacionales para atender este fenómeno.
A inicios de la administración del Presidente Calderón, el gobierno de México inició una lucha en contra del crimen organizado en el país. Esto provocó el enfrentamiento entre diversas bandas delincuenciales por el control de “plazas” para llevar a cabo sus operaciones criminales, así como enfrentamientos entre estos grupos y las distintas fuerzas del orden del Estado mexicano. El clima de violencia que se generalizo en diferentes zonas del país, tuvo impacto y provoco ataques contra la población civil, por lo que, miles de personas se vieron y se han visto obligadas a abandonar sus hogares. En este contexto y de acuerdo con el IDMC, uno de los principales problemas al que se han tenido que enfrentar los desplazados internos producto de la violencia, es a la “falta de protección física y jurídica de sus viviendas, tierras y propiedades”. Muchos de estos desplazados se ven en la necesidad de abandonar sus documentos oficiales o los pierden en el camino y, en consecuencia, no pueden acceder a servicios sociales, quedando aún más vulnerables.
En este contexto, La Comisión Interamericana de Derecho Humanos, señalaba que en 2010, México contaba con 3,290, 310 migrantes internos y de acuerdo con el informe preparado por el Consejo Noruego de Refu­giados y avalado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, las luchas por el control de rutas de los cárteles de la droga, habían generado un importante fenómeno de desplazamiento interno.
2010 fue precisamente un año paradigmático de las formas de ejercicio de la violencia, pues la del crimen organizado y de las fuerzas de seguridad en sus enfrentamientos alcanzó su cúspide (11,500 muertos), pero también la violencia de las autoridades, disfrazada de enfrentamientos intracomunitarios e instrumentada por grupos paramilitares, con el ataque a la caravana humanitaria al municipio autónomo de San Juan Copala en la zona indígena triqui baja, y la violencia delictiva contra los transmigrantes (72 centro-suramericanos y mexicanos asesinados en San Fernando, Tamaulipas).
La ausencia de Estado de Derecho y la pérdida de control territorial por las instituciones políticas y de orden público provocó la “feudalización” de vastas zonas por parte de grupos delictivos y político-militares que aterrorizan a los habitantes, generando flujos, en especial en zonas rurales, de éxodo de su población, que se refugian en otro municipio o ciudad del mismo o en otro estado (desplazados internos), y, en ciertos casos, en Estados Unidos, donde son refugiados sin estatus de asilados.
Al fenómeno del desplazamiento interno por violencia, hay que agregar a comunidades enteras que como una estrategia de supervivencia frente a las condiciones de precariedad en las que viven, se trasladan de sus lugares de origen a otras partes de México para trabajar en campos agrí­colas como jornaleros.
Es claro que México carece de un marco jurídico específico para la protección dedesplazados internos.Dicho marco sería de gran utilidad para identificarresponsabilidades concretas y exigir una mejor rendición de cuentas.
Un primer intento para legislar sobre la materia se llevó a cabo en 2004 con unapropuesta para modificar el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos en materia de desplazados internos; en ella se señalaba la obligación delEstado mexicano de atender a dicho grupo. La propuesta no fructificó.
Como ya se mencionó, el único instrumento legal de protección a desplazados internos que está en vigor en México es la recién aprobada (febrero de 2012) Ley para la prevención y atención del desplazamiento interno en el estado de Chiapas. Esta ley es de suma importancia, no sólo por ser la primera en la materia en todo el país, sino porque nace en un estado donde el problema del desplazamiento interno ha sido histórico.
Es importante mencionar que esta ley surge de una propuesta de académicos y de miembros de la sociedad civil. La ley sigue los Principios Rectores de Naciones Unidas y en gran medida se encuentra al mismo nivel que la legislación colombiana en la materia.
La ley también establece la creación de una estructura institucional conformada por el Programa Estatal para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno y el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno. El Consejo será el encargado de crear el Registro Estatal de Población Desplazada, que funcionará como un mecanismo para identificar a la población desplazada y saber sus características. Este último artículo es importante, ya que al establecer un registro para la población desplazada, ya se va a contar con cifras oficiales provenientes del estado. Es la primera vez que se contaría en México con un registro de esta naturaleza.
La ley tiene como objetivo la prevención del desplazamiento interno, la asistencia y la aplicación de soluciones duraderas para su superación, y el establecimiento de un marco de atención de esta población. Una de las características positivas de esta ley es el reconocimiento del deber de las autoridades para garantizarles a los desplazados internos el goce de condiciones satisfactorias de vida, incluido el derecho a la seguridad, salud e higiene. Otra característica importante es el reconocimiento del carácter de víctima de los desplazados internos, por lo que tienen un derecho de restitución o compensación de sus derechos vulnerados en materia de tierras, vivienda y propiedad. Es importante reiterar que los desplazados internos son un grupo vulnerable cuya esfera de derechos humanos se ha visto violentada; por lo tanto, son candidatos a una reparación integral por la afectación sufrida.
Asimismo, la ley reconoce que: “[l]os desplazados internos tienen derecho a solicitar y recibir ayuda internacional, lo que genera un derecho correlativo de la comunidad internacional para brindar la ayuda humanitaria”. Lo anterior resulta interesante debido a que la comunidad internacional ha desempeñado un papel fundamental para la atención y reconocimiento del fenómeno de desplazamiento interno en México.
En este sentido, el primer requisito para atender la problemática de los desplazados internos forzados es que adquieran visibilidad en la opinión pública, y para ello es necesario disponer de un censo confiable de los desplazados forzados en México, elaborado por los tres niveles de gobierno y por las asociaciones cívicas defensoras de los derechos humanos, pues hasta ahora sólo hay estimaciones muy variables.
En segundo lugar, es preciso fundamentar sus derechos y darles un sustento jurídico e incluso constitucional, en el marco de los avances que ya se han logrado en el derecho internacional humanitario y en la propia ONU; luego, es menester lograr que el Estado “sea corresponsable en los daños materiales y el daño social que es causado a los cientos de miles de desplazados producto de la ‘guerra’ contra el narco, y que asuma su responsabilidad”
El Estado mexicano debe tener una política de reparación de daños, en materia de presupuesto y acceso a servicios básicos [de los desplazados] en las nuevas comunidades de destino; también tiene que haber una campaña de sensibilización en las comunidades de origen, de tránsito y de destino para aminorar el shock social que representa el desplazamiento, para no revictimizar, porque esto podría abonar al mismo proceso de violencia.
Para lograr hacer realidad lo anterior, es vital que en la Ley de Víctimas que se aprobó a principios de la presente administración se contemple a los desplazados internos forzados, como víctimas, a efecto de que por medio de esta se promuevan las medidas tutelares que debe tomar el Estado para protegerlos y ese es precisamente el objeto de la presente iniciativa.
Con la reforma propuesta, se pretende que en la Ley de Víctimas se contemple para los desplazados medidas de carácter preventivo y así, evitar las situaciones que provoquen desplazamientos internos, pues “todo ser humano tiene derecho a la protección contra desplazamientos arbitrarios”, explorando todas las alternativas viables.
De la misma manera, en un escenario de desplazamiento se garantizaría para los desplazados en los lugares de asentamiento un alojamiento adecuado, alimentación, salud, vestido, higiene y seguridad suficientes. Asegurando su libertad de circulación, manteniendo la unidad familiar y evitando las separaciones forzadas.
En lo que respecta ala asistencia para el regreso, reasentamiento e integración local, las autoridades deberán:
– Resarcir sus pérdidas mediante pago de indemnizaciones por el Estado, y castigo y reparación de daños a los culpables de su desplazamiento.
– Proporcionarles documentos que reconozcan su personalidad jurídica en caso de pérdida durante la salida.
– Fomentar y apoyar el regreso de los desplazados a sus lugares de origen, siempre y cuando estén restablecidas las condiciones de seguridad para los desplazados y puedan recuperar sus bienes en buen estado; para ello las autoridades deben restablecer condiciones de seguridad y de reposición de infraestructuras, así como garantizar la recuperación de los bienes de los desplazados, reconociendo sus derechos agrarios en caso de campesinos ejidales y comunales.
– En caso contrario, facilitar la reinstalación e integración de los desplazados en su nuevo lugar de residencia, dotándoles de vivienda o de materiales para autoconstrucción, de tierra o procurándoles un empleo estable o apoyando la creación de cooperativas de productores (artesanales, agroindustriales, de servicios, etc.) entre ellos. “En el caso de los indígenas, se deben satisfacer sus necesidades territoriales”. Es crucial la obtención de un solar para vivienda y de un terreno para sus cultivos. Hay que evitar a toda costa que caigan en la servidumbre subpagada o en la informalidad, donde pueden ser capturados por la trata o la delincuencia organizada, y para ello se requieren programas educativos y culturales, y proyectos de desarrollo acordes con su experiencia productiva y sus códigos culturales, coplaneados con ellos.
Estas medidas garantizarán la protección y la asistencia a los desplazados internos forzados en cuanto a su integridad física, a sus necesidades básicas, a sus propiedades y a sus derechos cívicos y políticos. Sin embargo, la solución a largo plazo tiene que pasar por la normalización de la situación de los desplazados internos forzados, lo que implica esfuerzos del gobierno por “fomentar y apoyar elregreso voluntario de los desplazados internos a sus lugares de origen” o, en caso contrario, “apoyo para reintegrarse y recuperar un modo de vida que les permita mantenerse, así como tener acceso a la tierra”. Esto es un aspecto crucial, pues los desplazados con frecuencia son campesinos indígenas, por lo que no pueden colocarse fácilmente en empleos urbanos, y que tienen mucho arraigo a la tierra y a la comunidad, bases de su cosmovisión.
El derecho a ser reinstalados en iguales condiciones en un lugar alternativo seguro adquiere más relieve cuando los desplazados internos forzados no quieren regresar a sus comunidades porque no hay condiciones de seguridad, y a veces se ven obligados a hacerlo por el recorte de la ayuda humanitaria que recibían en sus campamentos o por estrategias gubernamentales que buscan crear divisiones en las comunidades.
Las mujeres y los niños son los más vulnerables en los desplazamientos forzados, ya que la violencia sexual es utilizada a menudo como táctica de guerra; del mismo modo, el desamparo en el que se encuentren las mujeres puede volverlas víctimas de delincuentes que buscan explotarlas con propósitos sexuales o económicos, por tanto, deben ser objeto de protección especial por parte de las autoridades, quienes deben considerar un enfoque de género en sus programas dirigidos a los desplazados internos forzados, que asegure un acceso igualitario de las mujeres a los servicios y su participación en los programas de asistencia, así como en las negociaciones de paz, en las decisiones de regreso, de planeación de actividades de recuperación y en la lucha contra la impunidad.
Sin embargo, es necesario constatar que las políticas públicas del gobierno mexicano hacia los desplazados internos forzados son casi inexistentes: “No existe ningún mecanismo para vigilar o informar sobre los desplazamientos forzados, garantizar la protección física y jurídica de la propiedad que abandonan los desplazados o proporcionarles apoyo para integrarse”.
Por ello, es urgente contar con un marco jurídico que ampare a los desplazados internos forzados y que les permita resarcir sus pérdidas en un nuevo centro de población o recuperar sus bienes en su lugar de origen, amparados por medidas de seguridad.
Si bien, a raíz de la movilización del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el 10 de octubre de 2011 se creóla Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos (Províctima), como una instancia que debería proporcionar a los desplazados ayuda para encontrar empleo y vivienda, facilitar su recepción en otra entidad y su acceso a programas sociales, y exhortar a las procuradurías de los estados a dar seguimiento a los casos de los desplazados, lo cierto es que se le dotó de escaso presupuesto y personal para que pudiera tener oficinas en los estados más castigados por la violencia. Y aunque la actual administración promulgó finalmente una Ley General de Víctimas el 9 de enero de 2013, misma que contempla, en un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, a las víctimas tanto de los órganos de seguridad como del crimen organizado, y prevé indemnizaciones de parte de los tres niveles del Estado y de los culpables del delito no contempla hasta ahora a los desplazados internos forzados que no hayan sido víctimas directas, es decir, no considera el miedo fundado como factor causante de agravio a la integridad moral y de destierro de las personas.
Creo que es urgente subsanar esa deficiencia en la Ley, con una reforma que de reconocimiento a los desplazados forzados como víctimas y los ampare con las garantías de respeto a sus derechos humanos contemplados en la Ley General de Víctimas, ese es el objeto de la presente iniciativa.
El desplazamiento forzado por sus características, es un fenómeno que se produce porque el Estado no pudo garantizar la protección de estas personas y prevenir su desplazamiento; es de carácter masivo por la cantidad de personas víctimas; es sistemático porque su ejecución ha sido sostenida en el tiempo; es complejo por la vulneración múltiple tanto de derechos civiles y políticos como de derechos económicos, sociales y culturales; y continuo, dado que la vulneración de los mismos persiste en el tiempo hasta que se logre su restablecimiento.
Por lo anterior, y de acuerdo con los principios y estándares internacionales, a la población desplazada, se le debe considerar como víctima que es, le deben ser reconocidos sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. En mi opinión, tal reparación deberá incluir medidas para la restitución (incluyendo la restitución de los bienes abandonados); la indemnización por los daños causados; la rehabilitación (incluyendo medidas de atención médica y psicológica); medidas de satisfacción general y las garantías de no repetición de los hechos que generaron el desplazamiento
UNICO. Se reforman las fracciones I, III y IV del artículo 2; se reforma el artículo 4 y se adiciona un tercer párrafo de la Ley General de Víctimas.
I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito, desplazados internos forzados y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos;
II.…;
III. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso; Garantizar la protección y la asistencia a los desplazados internos forzados en cuanto a su integridad física, a sus necesidades básicas, a sus propiedades y a sus derechos cívicos y políticos
IV. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimasy desplazados internos forzados;
Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos, o derechos como consecuencia de la comisión de un delito, desplazamiento forzado de su comunidado violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
Son Víctimas los desplazados internos como personas que de manera forzada han huido de sus hogares para escapar de la violencia, el conflicto armado, la violación de derechos humanos y los desastres naturales.
Único. El siguiente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 22 días del mes de septiembre de 2015.
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, Informe del Representante del Secretario General, DENG, Francis M. presentado con arreglo a la Resolución 1997/39. Adición: Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, 11 de febrero de 1998, E/CN.4/1998/53/Add.2, Principio 6, en http://www.acnur. org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0022
Cfr. “Principios Rectores de los Desplazamientos Internos” en http://www.acnur.org/t3/ fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0022
Cfr. CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS, Observatorio sobre el Desplazamiento Interno en http://www.nrc.org.co/ y ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS en http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/desplazados-internos/

References: artículo 49
 artículo 17
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 4

Artículo 4
 Resolución