Source: http://www.libertadidioma.com/2005/20050105.htm
Timestamp: 2018-11-14 15:26:38+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Miércoles 5 Enero 2005
Editorial La Razón 5 Enero 2005
¿LES CONVIENE A LAS AUTONOMÍAS SER NACIONES INDEPENDIENTES
MIKEL BUESA ABC 5 Enero 2005
Veinticinco años de lo mismo
Alberto Míguez Libertad Digital 5 Enero 2005
Fernando RODRÍGUEZ LAFUENTE ABC 5 Enero 2005
M. MARTÍN FERRAND ABC 5 Enero 2005
MISTERIOS PARA EXPLICAR EN 2005
Antonio BURGOS ABC 5 Enero 2005
Jaime CAMPMANY ABC 5 Enero 2005
¿Y SI NO «A TORTAS»
Editorial ABC 5 Enero 2005
IBARRETXE O LA MANIPULACIÓN DE LAS EMOCIONES
Luis Ignacio PARADA ABC 5 Enero 2005
¿Ilegalidad en pro de una Constitución Europea
EDITORIAL Libertad Digital 5 Enero 2005
Ante el «Plan Ibarreche»
Pío MOA La Razón 5 Enero 2005
Gabriel ALBIAC La Razón 5 Enero 2005
Aleix VIDAL-QUADRAS La Razón 5 Enero 2005
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 5 Enero 2005
Rajoy, no se arrugue
Agapito Maestre Libertad Digital 5 Enero 2005
La carta de Ternera
Román CENDOYA La Razón 5 Enero 2005
La tropelía de Atutxa y los jueces
Francisco MARHUENDA La Razón 5 Enero 2005
Jorge Vilches Libertad Digital 5 Enero 2005
¿De qué urnas habla
Miguel Ángel Quintanilla Navarro Libertad Digital 5 Enero 2005
Ibarretxe se sale
Fermín BOCOS La Razón 5 Enero 2005
¿A qué tanto disimulo
TONIA ETXARRI El Correo 5 Enero 2005
Rodríguez da miedo
Ramón Pi El Ideal Gallego 5 Enero 2005
José Luis Manzanares Estrella Digital 5 Enero 2005
El plan y las tortas
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 5 Enero 2005
Ibarretxe ofrece más de lo mismo
Lorenzo Contreras Estrella Digital 5 Enero 2005
Ciudadanos contra trib
JOSÉ MARÍA CALLEJA La Voz 5 Enero 2005
Una respuesta a la altura del desafío
Opinión El País 5 Enero 2005
Alberto Acereda Libertad Digital 5 Enero 2005
La indefinición de CHA
Editorial Heraldo de Aragón 5 Enero 2005
CMT: Traslado forzoso
Juan BRAVO La Razón 5 Enero 2005
¿Y los mil muertos
Cartas al Director ABC 5 Enero 2005
Ramón Rabanera:«Ibarretxe aprovecha el miedo de los no nacionalistas para imponer su plan»
ABC 5 Enero 2005
El jefe del Gobierno navarro cree que el plan Ibarretxe contiene «claras injerencias» a las competencias forales
AGENCIAS PAMPLONA MADRID El Correo 5 Enero 2005
Preocupa, cuando no asusta, la absoluta manipulación del concepto de soberanía popular que manejó ayer el presidente autonómico vasco, Juan José Ibarreche, en su comparecencia ante los medios de comunicación, no sólo porque refleja una concepción etnicista, y por lo tanto excluyente, de la legitimidad política, sino por la inaceptable contraposición de dos sujetos soberanos, el pueblo español y el pueblo vasco, que, desde todos los puntos de vista, forman un solo cuerpo doctrinal.
Si la demagogia y la manipulación fueran parte de las bellas artes, el lendakari habría marcado sin duda el canon de la perfección. Es difícil igualar una falacia como la que expuso, sin mover un músculo, el máximo representante del Estado en el País Vasco cuando redujo la representación de la inmensa mayoría del pueblo español, expresada libremente en las urnas, a un fantasmagórico escenario del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, suscrito por el PSOE y el Partido Popular.
Nadie desde las instituciones se había atrevido hasta ahora a deslegitimar el Parlamento Nacional, pero Ibarreche lo hizo. Y lo hizo desde una argumentación que raya en el delirio y que, además, contó con el macabro estrambote de la amenaza implícita al recurso a la violencia; todo ello ante un país que ha sufrido como pocos la tragedia del terror.
La soberanía nacional, como establece nuestra Carta Magna en su artículo 1, reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. No cabe, pues, la falaz reivindicación de un «ámbito vasco de decisión», supuesto sujeto de un derecho exclusivo y, por ende, excluyente. Es el conjunto de la nación española, entendida como tal, el que detenta la soberanía y al que corresponde, en su conjunto, y a través del Parlamento, el derecho que se le pretende arrebatar.
Indigna, pues, que a la ruptura unilateral de las reglas del juego que estableció libremente el pueblo español, el lendakari añada el sarcasmo de una apelación al diálogo y a la negociación cuando, al mismo tiempo, niega la legitimidad a quienes de verdad la tienen. Los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas españolas, incluido por supuesto el del País Vasco, forman parte del llamado «Bloque Constitucional» y de él reciben su legitimidad de origen y de ejercicio. Utilizar la Cámara regional vasca y el resto de las instituciones autónomas para vulnerar la propia Constitución de la que dimanan es un acto de clara deslealtad que, por sí solo, debería inhabilitar al que lo ejecuta.
No parece, en estas circunstancias, que haya nada de que hablar, y menos negociar, con el lendakari. Por el contrario, se hace perentorio un gesto claro del presidente del Gobierno que tranquilice a la ciudadanía sobre el futuro de la unidad de España. La aceptación del Pacto de Estado que propone el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, sería el mejor principio.
¿LES CONVIENE A LAS AUTONOMÍAS SER NACIONES INDEPENDIENTES?
Por MIKEL BUESA. Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid ABC 5 Enero 2005
LA cuestión nacionalista -cuya radicalidad hay quien oculta refiriéndose a ella con la eufemística pretensión de que se trata de debatir sobre un «proyecto de convivencia territorial»- se encuentra ya en el orden del día de la política inmediata. Acontecimientos como el boicot catalanista a la candidatura olímpica de Madrid -a su vez desencadenante de una campaña contra el consumo de cava del Penedés-, la más que simbólica decisión de segmentar el Archivo Histórico de la Guerra Civil de Salamanca, la adopción por los socialistas vascos del concepto de «comunidad nacional» -cuya raíz totalitaria al parecer se les ha escapado-, y, como colofón momentáneo, la aprobación del plan Ibarretxe en el Parlamento de Vitoria, son hechos que obligan a reflexionar seriamente sobre el fondo del asunto y a preguntarse si, más allá de la escalada demagógica que ayuda a cosechar votos, a los ciudadanos residentes en las distintas regiones de España les interesa que éstas acaben constituyéndose en naciones independientes.
Los economistas, siempre dispuestos a discutir los pros y contras de las decisiones políticas en la perspectiva del bienestar, han avanzado algunas respuestas bien interesantes sobre ese problema, amparándose tanto en las ideas teóricas como en las evidencias empíricas. Éstas señalan, de entrada, que durante el último medio siglo ha habido una auténtica proliferación de nuevos países, de manera que, si al finalizar la Segunda Guerra Mundial se contabilizaban 74, en la actualidad son 193 los que se sientan en el foro de las Naciones Unidas. Dos son las causas de este fenómeno: por una parte, la descolonización de los imperios europeos que fue muy intensa entre los años cincuenta y el decenio de los setenta; y, por otra, las secesiones impulsadas por el nacionalismo, sobre todo en el antiguo bloque soviético, que han tenido lugar con posterioridad a la caída del Muro de Berlín. Entre ambos procesos existe una diferencia fundamental, pues si el primero discurrió de manera que las naciones emergentes mantuvieron, por lo general, una relación económica privilegiada con su antigua metrópoli, el segundo se ha desenvuelto en medio de enfrentamientos -muchas veces armados- que han diluido en gran medida las viejas relaciones comerciales y financieras.
Se ha señalado que esta creación de nuevas naciones se encuentra relacionada con la globalización, de manera que la creciente apertura de las economías y la consiguiente reducción de las barreras al comercio, parece haber proporcionado la oportunidad para su independencia. Así, en el período señalado, mientras la protección arancelaria media mundial se ha dividido entre cinco, el número de países se ha multiplicado casi por tres. Alberto Alesina y sus colaboradores han explicado que esa apertura, al multiplicar las oportunidades de acceso a los mercados exteriores, hace que las pequeñas economías puedan aprovechar sus ventajas de especialización, pues la obtención de los menores costes que se derivan de una gran escala de producción no depende, en esas condiciones, de la dimensión de su mercado interno. En otras palabras, dentro de un mundo globalizado, el tamaño de la nación deja de influir sobre las posibilidades de alcanzar unos buenos resultados económicos.
Esta teoría ha podido explicar, en alguna medida, la emergencia de las naciones que resultaron de la desmembración de los imperios coloniales, pero resulta de imposible aplicación a las que han sido fruto de un proceso de secesión. Pues, en este caso, se han levantado barreras donde no existían y ha empezado a operar lo que los economistas denominamos como «efecto frontera». Con este concepto -que inicia su andadura en los trabajos de McCallum y Helliwell sobre Canadá y, en particular, sobre Quebec, publicados al tiempo que se celebraba el segundo referéndum secesionista de esta provincia- se designan los costes que, para el comercio, implica la necesidad de atravesar las fronteras. Unos costes que se manifiestan en el hecho de que es mucho más fácil intercambiar mercancías en el interior de cada país -entre zonas geográficas con las que se comparte una misma lengua, un mismo marco institucional, una misma idiosincrasia y unos mismos sentimientos de pertenencia- que con el exterior, incluso en ausencia de aranceles. Pues bien, la existencia de este «efecto frontera» hace que, según los estudios disponibles, la intensidad de los intercambios internos a cada país sea entre cinco y veinte veces mayor que los externos, siempre que se consideren espacios de similar tamaño situados a la misma distancia.
Cuando la secesión destruyó la base común que compartían algunos de los países surgidos en la década de los noventa, el «efecto frontera» irrumpió inexorablemente en sus relaciones mutuas, reduciéndolas de manera drástica y produciendo estragos en sus posibilidades de crecimiento. El ejemplo de las antiguas repúblicas soviéticas, de Yugoslavia o de Checoslovaquia, así lo revela, pues la intensidad de sus intercambios descendió entre tres y cinco veces y el PIB disminuyó, en algunos casos dramáticamente -como en Ucrania (68 por ciento de caída durante el decenio), Letonia (51 por ciento), Rusia (46 por ciento), Bielorrusia (40 por ciento) y Lituania (35 por ciento)- y en otros de forma más moderada -como en Estonia (16 por ciento), Croacia (8 por ciento) y la República Checa (2 por ciento)-, anotándose sólo dos excepciones en las que apenas creció -Eslovenia, con un 11 por ciento de aumento, y Eslovaquia, con un 5 por ciento-. En definitiva, la promesa del nacionalismo al propiciar la secesión es, de acuerdo con esta experiencia, una invitación al empobrecimiento, a la ausencia de horizontes, al abandono del tren del progreso.
¿Qué podemos decir, a todo esto, de las regiones españolas? Un reciente estudio de Salvador Gil, Rafael Llorca, José Antonio Martínez Serrano y Josep Oliver, realizado en la Universidad de Valencia, señala que el «efecto frontera» provoca que esas regiones comercien entre sí, por término medio, con una intensidad veinte veces más grande que con cualquier otro país extranjero, a igualdad de tamaño y distancia. En la mayoría de las Comunidades Autónomas dicha intensidad se sitúa próxima a la media, pero en varios casos es mucho más grande -como ocurre en Baleares (60 veces), Cantabria (53), Extremadura y Asturias (42), Canarias (37) o La Rioja (31)- y sólo en dos resulta notoriamente más reducida -los de Castilla-León (14) y Madrid (9)-. En estas circunstancias, cualquier proceso de secesión, como el que lamentablemente se ha desencadenado ya en el País Vasco, dará lugar a una importante pérdida de bienestar para los ciudadanos de la región en la que se emprenda. Citaré como ejemplo, aún a riesgo de repetir lo que ya conocen mis lectores, la estimación de los efectos a corto plazo del plan Ibarretxe: una reducción de entre el 14 y el 23 por ciento de la actividad económica en Euskadi; una destrucción de empleo de entre 128.000 y 214.000 puestos de trabajo; una tasa de paro que puede llegar a superar el 30 por ciento; y, como colofón, un aumento de impuestos y un empeoramiento de los servicios públicos, en particular de las pensiones.
La secesión es un mal negocio. El interés material de la ciudadanía de cualquiera de las Comunidades Autónomas no está en que éstas se conviertan en naciones independientes. Cuando los partidos nacionalistas propugnan la desmembración de España, pretenden hacernos ignorar que las leyes de la economía imponen su ineludible dictamen más allá de cualquier voluntad humana. En esos partidos se recurre a la vieja aspiración totalitaria de subordinar la economía a la política. Pero la experiencia de la Historia nos enseña que están condenados al fracaso y que, si no lo impedimos, nos veremos arrastrados por ellos a un tiempo de penuria y desgracia.
Cuando el régimen de Franco cumplió gloriosamente veinticinco años, se lanzó –bajo la enérgica dirección de Manuel Fraga– a una campaña de exaltación e información que algunos recordamos todavía con una mezcla de repulsión y nostalgia. Folklóricas, futbolistas, actores, políticos adictos y caras conocidas cantaban las glorias de aquella satrapía populista. Al final los veinticinco años de paz (¿qué paz?) nos salieron por la nariz.
La gran campaña informativa del gobierno sobre la Constitución Europea se parece como un huevo a una castaña a aquella campaña. Es un “remake” chusco y poco original. Futbolistas, actores, cantantes, periodistas o algo así saldrán a la pantalla y a los medios escritos (¿a cuanto la tirada?) para convencer a los españoles que voten un texto extensísimo, abstruso y complicado (trescientas páginas de prosa espesa) que en su ochenta por ciento reconocen ignorar y para el que se le dan cuatro días para enterarse.
Está claro que el gobierno le importa un higo que los españoles se enteren de lo que es esa Constitución que se desea colar de tapadillo: esta campaña instantánea llega tarde, mal y nunca con aditamentos tan horteras como inútiles. De lo que se trata es de demostrar ante nuestros socios europeos que hemos hecho algo para evitar la abstención. Porque de lo que se trata es precisamente de eso. La posibilidades de que algunos digan “no” se ha excluido en el puente de mando de esta zarzuela o coña marinera como irrelevante y poco realista. Sólo un cuatro o cinco por ciento de votantes lo hará. Lo políticamente correcto será votar sí, pero sobre todo votar. Hay que conducir en rebaño a la opinión pública a pie de urna como sea. Aquí votarán hasta los agonizantes. Como en aquella insigne ocasión, helos aquí de nuevo a los futbolistas, cómicos, cantantes (Loquillo entre ellos: qué buena elección), periodistas orgánicos y adictos para cantar las glorias de la Constitución de Giscard.
La historia se repite pero transmutada en tragicomedia. Con este chupinazo y la complicidad pusilánime del PP, la parranda de la Constitución europea acaba de ser lanzada. Atentos a la pantalla: de un momento a otro saldrán Lola Flores y Di Stéfano.
Por Fernando RODRÍGUEZ LAFUENTE ABC 5 Enero 2005
EL tedio que ha logrado transmitir la clase política, es decir, los políticos en activo, y de manera especial los que se denominan portavoces de sus grupos, respecto al referéndum europeo es tal que la única manera que el Gobierno ha descubierto para despertar el interés de los ciudadanos resulta de una originalidad apabullante: llénese la campaña de caras conocidas y queridas, así en general. De todos los ámbitos y todas las procedencias. ¿No somos plurales, no somos diversos, no somos muchos?
Al escucharlos narrar las bondades del texto, habrá pensado Moratinos, y verlos en las vallas y en la tele, lucirá esplendorosa, cercana, ecuánime, irresistible la Carta Magna europea. Toma ya. Nadie se resistirá a la recomendación. Y como hoy la vida es una continua cara popular, un prolongado rostro que sale y triunfa, un guiño cariñoso de complicidad, qué mejor solución para dulcificar la pesada letra constitucional europea que sea leída, y apoyada, por gentes de notable -irá por barrios- reconocimiento público. Al fin y al cabo son famosos. Sin fama no hay Constitución. Viva el espectáculo. Más de uno pensará que si no eres famoso -aunque sea mediante la fórmula Warhol, cinco minutos de tu vida en pantalla- no vales ni para promocionar un referéndum, por muy europeo que sea. Esta obsesión por la fama tendrá sus consecuencias. Con lo bien que se vive de manera anónima e invisible. Lo curioso es que a la hora de dar la cara, la de verdad, para apoyar, promocionar, proponer el voto a la futura Constitución europea, los del gremio se abren y echan mano de otros, no vaya a ser que la cosa se chusque, les pasan la papeleta por si acaso. Todo eso de la pedagogía, los debates, la información tranquila y sosegada, los pros y los contras (si los hubiera), las ventajas y los incovenientes, la conveniencia o la inconveniencia, todo eso se resume en la cara de alguien conocido. Y uno no duda de la mejor intención de todos. Pero la vida son formas, apuntar maneras.
Para colmo, cuando pinten bastos los mismos portavoces, que no paran de hablar, ni salen de su ensimismamiento gremial arremeterán, muy dignos, contra la frivolidad de la fama. Pero son los de la fama, quienes, al final, les sacarán las castañas (europeas) del fuego (general.)
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 5 Enero 2005
MUCHOS entre los analistas del problema vasco daban por descontado que, llegado el momento, Batasuna se llamaría andana y dejaría a Juan José Ibarretxe en su única y acostumbrada compañía de EA y EB. No sé como habrán llegado a tan confundido pronóstico, porque la experiencia demuestra que, al grito de «todo es bueno para el convento», los fieles servidores de la causa, aun en su apariencia de muestrario, se comportan como un solo hombre.
Hace sólo unos días, persona tan bien situada en la observación como el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, confiaba en que Ibarretxe no aceptaría los votos de Batasuna. Eso es atribuirle valores éticos a los políticos nacionalistas del País Vasco que, ya hace mucho tiempo, al desenfundar el argumento de las pistolas, hicieron trizas la certeza de la Historia, los supuestos de la moral y la fuerza de las costumbres.
Ahora, ya definido el reto separatista que lanza Ibarretxe como remate final en su tarea de gobierno, y que es además una brillante pieza propagandística para su próxima campaña electoral, José Luis Rodríguez Zapatero, con talante o sin él, no tiene más remedio que aceptar el reto y actuar en consecuencia, sin complejos y sin muchos miramientos, que el daño ya está hecho y, entre unos y otros, España va teniendo más aspecto de colección de cromos -¿encuadernable?- que de pieza única y compacta. Justamente el debate entre las parcelas marcadas, un poco, por la Historia y, un mucho, por el Título VIII de la Constitución es nuestra mayor fuga de energía vital, el gran argumento para que lo accesorio ocupe las veces de lo fundamental.
Quizás no sea oportuno solicitar de un líder político en auge, cual es el caso de Zapatero, que actúe en asuntos graves sin la más mínima tentación electoral, anteponiendo el bien de la Nación a cualquier otro. Aun así, eso es lo que debe de hacer el presidente del Gobierno. Si, además, consigue entenderse para el caso con Mariano Rajoy, su autoridad moral crecerá geométricamente. No marcan eso las primeras impresiones, pero ya hemos aprendido que el líder socialista no es hombre de prontos brillantes, sino de síntesis prudentes en el marco de una sonrisa angelical y perpetua que, confieso, me sorprende por su inalterabilidad.
No es menor ni de signo contrario la responsabilidad de Mariano Rajoy y su durmiente PP. Lo de Ibarretxe es un torpedo dirigido contra la línea de flotación de la unidad nacional que, cimentada en la Historia, solicita la Constitución del 78. La defensa de ese frente supera el ámbito gubernamental y exige la colaboración, entusiasta y sin reservas, del «otro» gran partido español. El PP y el PSOE, juntos, suponen más del 80 por ciento de la expresión representativa del pueblo español, que es, a fin de cuentas, el que se juega su futuro. Desde una contemplación estatal, el respaldo de Ibarretxe, la mitad de los ciudadanos de su territorio, son solo decimales en el total del Estado.
Por Antonio BURGOS ABC 5 Enero 2005
EN este año bimilésimo quinto de la era cristiana que acabamos de inaugurar quedan grandes retos para la ciencia que, incomprensiblemente, no he visto enumerados en los resúmenes periodísticos al uso. Queda por explicar, por ejemplo, el misterio de ZP. Llamo misterio de ZP, no sé si misterio gozoso o misterio doloroso, al prodigio de que habiendo tenido España durante catorce años un gobierno socialista, presidido por González, parece como si ahora y sólo ahora tuviese, y por vez primera, a la izquierda en el poder. Como si la famosa «pasada por la izquierda» no se hubiese producido hasta ahora por vez primera. Hasta el punto de que, a juzgar por muchas declaraciones y algunos hechos, parece que Franco no hubiera muerto el 20 de noviembre de 1975, sino que la palmó el 14 de marzo de 2004. Al menos si tenemos en cuenta las reiteradas proclamaciones de que ahora y sólo ahora es cuando de verdad ha terminado el franquismo. Sin ir más lejos me remito a las gozosas declaraciones del Carafoca cuando Carmen Calvo (Poyato de segundo apellido) entregó la cuchara, entregó los papeles de Salamanca y entregó lo que haga falta ir entregando a la dictadura de la minoría republicano-separatista catalana.
Estas mismas cifras de ERC son otro reto de la ciencia para 2005, que espero sea resuelto en el curso del año. Cómo ERC puede mandar tanto y determinar toda la política patria con sólo 652.196 votos, cuya importancia porcentual puede aforar cualquiera que los compare con los 893.135 que sacó el PP sólo en Madrid capital o los 639.293 que sacó el PSOE solamente en la provincia de Sevilla. Si esto no es la dictadura de una minoría, que venga Dios y lo vea.
Dictadura de las minorías de votos y también de las minorías geográficas y demográficas, que me llenan de perplejidad cuando veo que aún no ha sido explicada por la ciencia. Cualquier extranjero que llegue y vea de pronto que España está con el alma en un puño, el puño de Ibarreche, por la llamada cuestión vasca, pensará que las Vascongadas son un inmenso territorio que dobla en extensión al resto de la nación, de ahí que no quitemos la vista de allí y que nos tenga amargada la vida. Espero que en este 2005 la ciencia aclare lo que no alcanzo a comprender. Cómo todo depende de una comunidad autónoma como Vascongadas que tiene una extensión de 7.234 kilómetros cuadrados. ¿Saben cuánto es eso? Pues menos que Málaga. La provincia de Málaga tiene 7.276 kilómetros cuadrados y no por ello pide la independencia, ni Marbella reclama un referéndum para la autodeterminación de Gunila y la integración directa de Puerto Banús en la Unión Europea. Ya es hora de decir, con el manual de Pero Grullo en la mano, que en la provincia de Badajoz, que tiene 21.657 kilómetros cuadrados, caben tres Países Vascos, y no por ello dan los pacenses tanto por saco al resto de España, ni una banda asesina de extremeños lleva anotadas cerca de mil muertes en las muescas de las culatas de sus pistolas. Señores: que los vascos, todos los vascos, los respetables vascos, los constitucionalistas y los nacionalistas, los filoetarras y los que con dos... chapelas condenan el crimen, según el censo del 2001 son solamente 2.082.587 habitantes, frente al total de 40.847.371 españoles que estamos a merced de las mercedes que quieran obtener.
Espero que la ciencia aclare estos misterios a lo largo de 2005. Y que no olvide uno que me quita el sueño. Cómo habiendo conseguido esa maravilla de modernidad, de progreso y de buen rollito que es el derecho al matrimonio de la minoría homosexual, ésta es la hora en que nadie nos ha aclarado si esos matrimonios tendrán también derecho al divorcio o si serán indisolubles. Ya puestos, a progresismo y a talante no hay quien me gane: no solamente pido los matrimonios homosexuales, sino los divorcios homosexuales.
Por Jaime CAMPMANY ABC 5 Enero 2005
HACE bien Rajoy en ofrecer a Zapatero ese pacto de Estado que tiene como objetivos deseables la garantía de la unidad nacional, el ejercicio de la soberanía del pueblo español (todo el pueblo español, entero y verdadero) y el modelo político de nuestra convivencia, o sea, el modelo de Estado en el que quepamos todos los españoles.
Es el momento justo para ofrecer ese pacto entre los dos grandes partidos nacionales para evitar el chantaje egoísta y perverso de los nacionalismos. Ese pacto quizá podría ahorrar algunas medidas enérgicas que desgraciadamente se revelarán como necesarias para evitar la descomposición de algo tan «enorme y delicado» como es España. Es el momento justo, casi a punto de quedar como tardío, pero no confío en que Zapatero acepte el ofrecimiento de Rajoy. Quisiera equivocarme y ojalá me equivoque, pero Zapatero no hará nada que cierre la puerta a las peticiones de sus socios -especialmente, de los catalanes- a cambio de los votos que le hacen falta para mantenerse en el poder y para dormir todas las noches en La Moncloa.
Ni «pacto de Estado», ni rábanos en conserva, ni flores de Benamejí, ni naranjas de la China y limón poncil. Zapatero se cree suficientemente sobrado de capacidad para garantizar y defender todo lo que ofrece Rajoy en ese pacto. Sí, es verdad que Ibarreche ya ha anunciado que a él, lo que diga el Parlamento español, le trae al fresco, o sea, que se la manfinfla y se la remanfinfla, pero eso son cosas que se dicen; después llega Zapatero, sonríe dulcemente, habla de una alianza entre las civilizaciones vasca y española, dice que le gusta mucho el aurresku y que Sabino Arana tiene un altarcito en su corazón, e Ibarreche se la envaina, después miró al soslayo, fuese y no hubo nada.
Lo malo es que luego llegan los catalanes, Maragall con sus socialistas de pata negra y Carod-Rovira con sus republicanos de «Catalonia is not Spain» y sus tocamientos pecaminosos con los etarras, y esos votos sí son necesarios para componer la mayoría parlamentaria. Con Carod se puede regatear, pero no hay que negarle nada de entrada. Con Carod, el chalaneo, el do ut des y, como poco, el plato de butifarra con mongetas para que se entretenga con la boca llena. Ya ha dicho Zapatero que eso de poner en el nuevo Estatuto (ha aprendido a decir «Estatut») lo de «nación» o «comunidad nacional» le gusta, le gusta, vamos, que le gusta. O sea, que a eso vamos. Y entonces saltan los vascos que a ellos también le aprueben las Cortes españoles su Estatuto de Estado Libre Asociado.
«Vamos a ver, Rajoy -dirá Zapatero-, ¿qué miedos son esos que tienes sobre la unidad de España? ¿Qué más te da que pongan en el Estatuto una cosa o la otra, si además luego votan como corderos lo que yo diga? Lo que tienes que hacer es no dramatizar la vida política, descrispar, descrispar y descrispar, y no sembrar la alarma entre el electorado. Más alarmas en el electorado, no. Con la del 13-M ya tuve bastante. Y además, ¿para qué quiero yo un «pacto de Estado» contigo si ya tengo un pacto de gobierno con el Maragall y con el Rovira? Hala, tú, a la mentira masiva, al engaño masivo, y a fastidiarse tocan».
¿Y SI NO «A TORTAS»?
LA rueda de prensa que ayer ofreció el lendakari Ibarretxe demuestra que los nacionalistas han detectado con su agudeza habitual la fragilidad de la respuesta dada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la aprobación parlamentaria de la propuesta del nacionalismo vasco. Mientras el jefe del Ejecutivo se recrea en anunciar obviedades -que dirá a Ibarretxe que no negociará, que el plan no se aprobará en el Congreso-, el lendakari ha aumentado la presión política para dejar bien claro que la iniciativa es suya y que su oferta a Zapatero no es para negociar el contenido del plan si no cómo se pone en marcha pacíficamente. Hechos consumados. Y es en este punto donde el lendakari empezó a descubrir sus cartas más duras, preguntándose capciosamente si, a falta de negociación, la solución del conflicto será «a tortas». Zapatero ya tiene datos suficientes de por dónde va el nacionalismo vasco y la relación «amable» que le propone a España. El PNV y sus socios han lanzado un plan soberanista, con ETA de telón de fondo y una oferta de trato bilateral entre el País Vasco y España. Hasta ahora, salvo los terroristas, nadie había mentado la solución de las «tortas», lo que convierte a Iberretxe en un lamentable pionero que rompe el tabú de las alusiones al enfrentamiento civil.
El Gobierno puede insistir cuanto quiera en que el plan del lendakari es inconstitucional y que el Parlamento lo rechazará, pero la ausencia de medidas políticas y legales inmediatas a la aprobación de la propuesta soberanista está reafirmando a los nacionalistas en la eficacia de su estrategia. El cáncer no se trata como un catarro. Zapatero elude al TC, no ha sido capaz de recibir a Rajoy antes que a Ibarretxe y tampoco ha hecho esfuerzo alguno por arropar a los Tribunales de Justicia que se comprometieron con la aplicación de la Ley de Partidos. En plena crisis de Estado, el Gobierno y el fiscal general del Estado dan por bueno el auto de una juez instructora que, archivando la querella contra Atutxa, pone en solfa la actuación de la Sala Especial del Tribunal Supremo -formada por los cuatro presidentes de Sala y doce magistrados más del mismo tribunal- y viste a Batasuna con el papel de víctima de un proceso sin garantías. Conde-Pumpido yerra al optar por la vía contemplativa, privilegiando la solución política (la preferida del Gobierno) sobre la judicial, en un intento de separarse lo más posible de la era Aznar. Pero cada época y cada desafío tienen sus métodos.
EN estas condiciones, el lendakari se crece, más aún cuando contempla que cuenta como apoyos en el Congreso a los socios del Gobierno del PSOE. Ibarretxe no puede sentirse disuadido por la admonición del jefe del Ejecutivo Gobierno cuando una parte influyente de la actual mayoría que apoya a Rodríguez Zapatero ya ha expresado su respaldo al plan soberanista. Esta situación empieza a complicar más si cabe el discurso del PSOE, porque las razones que oponga al plan Ibarretxe son aplicables a las pretensiones del tripartito catalán y en buena parte al sucedáneo nacionalista alumbrado por el socialismo vasco. El problema no radica en los procedimientos elegidos por el lendakari, sino en los contenidos que ha volcado en su propuesta y en la significación política e histórica de la misma, en la medida en que fusiona de manera auténtica los intereses del nacionalismo gobernante y de ETA, sin tregua. Por eso, el lendakari señala la disyuntiva entre negociación o «tortas», porque la banda terrorista está como quería Arzalluz, quieta pero no derrotada y a disposición de una violencia renovada que Ibarretxe ha legitimado previamente como efecto futuro de la negativa a negociar su plan.
ASÍ no basta con que el Gobierno navegue en círculos alrededor de obviedades, menos aún con que Rodríguez Zapatero especule con los tiempos en función de las expectativas electorales de su partido en las autonómicas vascas de la próxima primavera. Si el socialismo vasco espera captar a los nacionalistas «moderados» -si es que existen después de las contadísimas bajas en las filas del nacionalismo-, debería empezar por recordar que el plan soberanista lo están ejecutando los que fueron presentados como moderados del PNV, empezando por Josu Jon Imaz y siguiendo por Ibarretxe, quien fuera número dos del ex lendakari Ardanza. Ya no está Arzalluz, y Egibar es tratado como un «verso suelto». Los moderados son los que han aprobado el plan del lendakari y de quienes debería preocuparse Patxi López es de los socialistas moderados que apoyan la Constitución y el Estatuto.
El desafío al Estado ya está en marcha y con toda probabilidad no será suficiente una derrota en el Congreso, inocua y descontada desde el primer momento por los nacionalistas. La alternativa es mucho más exigente, e implica un giro a la política del Ejecutivo en su relación con los nacionalismos y en su actitud ante las reformas de la Constitución y de los Estatutos. El Gobierno, si es sincero en su defensa de la Constitución, debe construir un acuerdo expreso o no con el PP, el único partido con el que puede alcanzar un Pacto de Estado en el sentido que Mariano Rajoy ha expuesto: defender la unidad de España y preservar la soberanía nacional.
Confiando en que Zapatero pensará que está manejando bien los tiempos y en que su intención final es doblarle el pulso a Ibarretxe, el jefe del Ejecutivo debe tener claro lo que está en juego: esto no es una disputa por más competencias autonómicas o por una semántica nueva, sino por una sustitución de la España actual por una confederación de entes paraestatales, una quiebra del Estado a merced de voluntades insolidarias.
Por Luis Ignacio PARADA ABC 5 Enero 2005
LO que dijo ayer Ibarretxe para evaluar la situación política tras la aprobación de su plan soberanista en el Parlamento vasco pasará a la historia del cinismo. Pero no del concepto moderno de cinismo como oposición a la cultura convencional, como desvergüenza y descaro en el mentir o en la defensa y práctica de actitudes reprochables. El cinismo del presidente del Gobierno vasco es una actitud vital que entronca con el de aquella escuela de filósofos griegos, fundada hace veinticuatro siglos por Diógenes de Sínope, que sostenía que la civilización era algo antinatural, por lo que debía considerarse con desprecio ya que la felicidad completa sólo puede lograrse a través de la autosuficiencia.
El cinismo de Ibarretxe no trata de escandalizar: su finalidad no es hacer ver a los demás que lo que creen normas inamovibles y racionales no lo son, sino que son sólo convenciones sociales. Aunque sean producto de un consenso mayoritario piensa que esas convenciones están destinadas a oprimir a las minorías y que, por tanto, se pueden cambiar: basta con que alguien se atreva a romper los tabúes. Sólo desde esa manera de pensar se puede decir que la "voluntad de la sociedad vasca no va a ser nunca sustituida por la del PP y el PSOE". Fíjese el lector que no dijo que "la voluntad del PNV-EA y sus compañeros de viaje no va a ser sustituida por la voluntad del PP y del PSOE", porque eso sería antidemocrático. Tampoco que "la voluntad de la sociedad vasca no va a ser sustituida por la de toda la sociedad española", porque eso sería de tratamiento psiquiátrico. Para manipular emociones y engañar incautos ha enfrentado a la sociedad vasca, que en realidad es la mitad de la sociedad vasca, con unos "simples" partidos políticos. Ahí está su cinismo: "sociedad contra partidos" y no "sociedad contra sociedad" ni "partidos contra partidos". Intelectual y moralmente nauseabundo.
¿Ilegalidad en pro de una Constitución Europea?
En un “Dime de que presumes y te diré de lo que careces” o, simplemente, en una nueva muestra de lo reñido con la verdad que está nuestro ministro de Exteriores, Moratinos nos ha presentado una campaña a cargo de los contribuyentes que, con un presupuesto de más de tres millones de euros y con un eslogan tan maniqueo como “Los primeros con Europa”, constituye una flagrante violación de la legislación electoral vigente. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General limita muy claramente el papel informativo del Gobierno a cuestiones formales, tales como la fecha de la votación, el procedimiento para votar y los requisitos y trámite del voto por correo, “sin influir, en ningún caso, —tal y como reza su artículo 50.1— en la orientación del voto de los electores”.
Supone un enorme acto de hipocresía sostener que esta campaña, incluidas sus miles de pegatinas con el eslogan “Los primeros con Europa” que se van a repartir hasta por los campos de fútbol —sólo faltan los toros, a falta de circo—, constituye una forma neutral y aséptica de situar a los ciudadanos, con conocimiento de causa, ante la posibilidad de votar “sí” o “no” al proyecto de Constitución de marras.
Resulta, ciertamente paradójico que una campaña institucional referida a divulgar lo que pretende ser un ordenamiento jurídico empiece por faltar a la verdad y a la legalidad cuando induce de forma tan clara el sentido del voto. Pero en fin. De este gobierno del 14-M cualquier cosa cabía esperar. Y el respeto a la verdad, nunca fue una de ellas
El PNV, aliado con el TNV (Terrorismo Nacionalista Vasco) y con los totalitarios comunistas, ha emprendido definitivamente la senda del golpe de Estado a partir del Parlamento de Josu Ternera, pues así puede definirse ese Parlamento por su constante desafío a la ley, bien concretado en el hecho de que este asesino presidió o formó parte de su Comisión de Derechos Humanos, injuria sangrante a los derechos humanos, a los más elementales sentimientos de humanidad, a la democracia y a los vascos y demás españoles.
Esa injuria vuelve ahora, centuplicada, con el proyecto de referéndum que, por sí mismo, implica la secesión de las Vascongadas antes incluso de llevarse a efecto. Constituye un ataque frontal a la soberanía nacional y a la democracia que ha permitido una convivencia razonable entre los españoles este último cuarto de siglo y que ha impedido a los nacionalistas imponer su pleno dominio en las Vascongadas, aun si la flojera de los gobernantes de Madrid no ha evitado que la democracia esté allí en estado semicomatoso. Este renovado y masivo ataque a la convivencia llega cuando el nacionalismo catalán de Maragall-Carod sigue parecidos derroteros y el terrorismo islámico se ha mostrado capaz de cambiar con un solo golpe la política interior del país.
La resolución del Parlamento de Ternera, articulado sobre el rastro de sangre y de muerte dejado por la ETA, quiere refrendar el triunfo del terrorismo, su legitimación como instrumento político de primer orden gracias a las complicidades y audacias de unos y las claudicaciones de otros. Ésta ha sido la mayor debilidad arrastrada por la democracia española desde sus comienzos, que ha inducido un proceso de putrefacción hasta abocar a una situación crucial como la que ahora se presenta. Probablemente no ha habido otro país en Europa donde el terrorismo haya desempeñado un papel histórico tan de primer orden como en la España del siglo XX: rodeado de mil complicidades y complacencias, determinó el hundimiento del régimen liberal de la Restauración, y amenaza ahora con destruir la convivencia democrática alcanzada trabajosamente hace un cuarto de siglo. Ni más ni menos.
En una democracia sana, el Gobierno habría estudiado y previsto en todos sus detalles la aplicación de la ley constitucional ante un desafío así, suspendiendo lisa y llanamente la autonomía. Así ha procedido la democracia británica en Irlanda. Pero es muy probable que aquí no haya habido tal previsión, ni estudio de las posibles reacciones de los antidemócratas, ni se haya advertido con claridad suficiente al eje PNV-TNV de las consecuencias de tensar demasiado la cuerda, ni se haya denunciado ante la opinión pública la responsabilidad de quienes seguían el camino de la agresión. Al contrario, el mensaje recibido por el eje PNV-TNV ha sido que el Gobierno carecía de redaños para aplicar la ley, y en consecuencia se ha visto alentado a continuar provocación tras provocación, vulneración tras vulneración de la ley. Lo grotesco del caso es que los provocadores carecen absolutamente de fuerza en comparación con la que puede oponerles el Estado, la soberanía nacional y la opinión absolutamente mayoritaria de los españoles. Unos enanos sangrientos y trapaceros, pero en definitiva irrisorios, están hiriendo seriamente a un gigante que opta en apariencia por no defenderse.
En un viejo artículo recordaba yo un relato de Heródoto: «Cuando Jerjes iba a invadir Grecia, preguntó a un griego exiliado, llamado Demarato, si creía que sus compatriotas resistirían ante un ejército tan grande como el persa. El exiliado le contestó que los griegos eran un pueblo pobre, pero valeroso, y le harían frente, sin importarles la desproporción de fuerza. Jerjes, escéptico y riéndose, arguyó que eso podría ocurrir si detrás de ellos tuvieran un tirano con poder absoluto que, a latigazos, les empujase a la lucha, pero que siendo libres, cada cual miraría por su interés y, ante la derrota segura, rehusaría el combate. Demarato le hizo ver que aun siendo los griegos libres, no lo eran del todo, pues se sometían a un señor a quien temían y respetaban más que a Jerjes sus súbditos. Ese señor era la ley. Sin duda Heródoto idealiza a sus compatriotas, pero la anécdota encierra una verdad confirmada por los hechos. Claro que hubo entre los griegos un partido favorable a la sumisión, pero no logró imponerse y, contra toda expectativa ‘lógica’, Jerjes salió derrotado». Lo grotesco del caso actual en España es que aquí la superioridad abrumadora está del lado de los griegos, de los demócratas. Que éstos claudicaran ante los insignificantes Jerjes-Ibarreche-Carod-Maragall, según oímos exigir estentóreamente desde diversos centros de poder y opinión, sería seguramente uno de los casos de indecencia y miseria moral más asombrosos de la historia.
Como ha expresado Norman Stamps en su clarificador estudio «Por qué caen las democracias», ninguna de éstas se ha venido abajo, en momentos de crisis, por la acción de gobiernos resueltos a defender con toda energía las libertades frente a quienes las amenazan, y sí, en cambio, por la claudicación, a menudo indiscernible de la complicidad, ante los antidemócratas. La renuncia de partidos o de políticos a defender la ley, a cumplirla y hacerla cumplir, los deslegitima automáticamente, y abre el cauce a la descomposición social y a la violencia.
Pero la sociedad es algo más que los partidos y los políticos, y tiene que saber defenderse si éstos llegan a fallar. España se encuentra ante un desafío crucial y ha de saber afrontarlo. Cada ciudadano debe sentirse concernido por la situación y debe poner a contribución su esfuerzo y su energía para evitar males mayores.
«Son mortales las ciudades, como lo son los hombres». Único de entre los de su suntuosa generación equiparable a Maquiavelo, y aun superior a él en el fulgurante filo de sus aforismos, cabe a Francesco Guicciardini el mérito de asentar la política sobre una metafísica de lo efímero. Política –como todo cuanto en el tiempo se despliega– es regulación y arte de muerte. De sus tiempos, ante todo: esos que hacen que, «siendo el hombre de materia corruptible, preciso es que desfallezca un día, aun sin haber sido presa del desorden». De sus tiempos, ante todo: esos que hacen que «siendo la ciudad cuerpo muy sólido y de gran resistencia, sólo una violencia extraordinaria e impetuosísima pueda desmoronarla». Los hombres mueren, las naciones se extinguen. Por la inercia de su ciclo breve, los primeros. Las segundas, «derrumbadas casi siempre por los errores de quienes las gobiernan».
En las primeras horas de la tarde del pasado 30 de diciembre, sin excepción, toda la prensa digital vaticinaba la derrota del Plan Ibarreche en el Parlamento vasco. Dicen los que saben de esas cosas que ésa era también la convicción, en Madrid, del presidente Rodríguez. Para mí, es lo único asombroso de esta historia: el encastillamiento en una hipótesis contraria a toda lógica. Y su consecuente epílogo, en una batería de decisiones (y de no decisiones) políticas disparatadas. Y, así como era tan previsible el resultado de la votación del jueves cuanto lo es el desenlace de un teorema matemático, así es hoy de visible a quien no quiera fingirse ciego, la catástrofe colectiva, que nada podrá ya evitar en el curso de los próximos diez o doce meses. Como plazo máximo. Las ciudades, las naciones, mueren.
Nada en política sucede por milagro. Sí, por acumulación minuciosa de determinaciones. No fue milagro la llegada de Rodríguez Zapatero a la Secretaría General del PSOE. Fue un golpe interno, perpetrado por los nacional-socialistas de Maragall contra los social-españolistas de Bono; compra de votos incluida. Y el nuevo secretario resultó, así, ser muy poco más que vicario del PSC para asuntos madrileños.
A todos nos pareció regocijante. No contábamos con que un exitoso golpe terrorista fuera a poner al recadero en la Presidencia del Gobierno de España. Desde entonces, todo ha seguido una línea de progresión admirable. Maragall disponía no sólo de un Gobierno primorosamente amaestrado; también –y era importante– de una coartada, Carod, ese payaso de las bofetadas, sobre cuya exhibida perversidad o estupidez cargar todos los costes de la inminente voladura del Estado.
«Lo de Ibarreche es sólo el aperitivo de lo que va a venir con el Estatuto de Cataluña», ha declarado, imprudentemente, Esquerra. Maragall sabe que es verdad. Pero que esas verdades no se dicen. Y la suerte está echada.
El Plan Ibarretxe ya está aprobado por el Parlamento de Vitoria con tres votos del brazo institucional de ETA. Ahora empieza la segunda parte, la de su tramitación en el Congreso de los Diputados. A partir de este momento, y tal como es propio de la política en las modernas sociedades democráticas, el juego pasa al terreno resbaladizo de la comunicación. Cada gesto, cada entrevista, cada actitud, cada frase, van a ser utilizadas por los nacionalistas de cara a las próximas elecciones autonómicas a celebrar en el País Vasco, que es lo que de verdad les interesa. Es una obviedad enunciarlo, pero no se debe olvidar que el problema nacionalista en España deriva del peso electoral de los partidos secesionistas en sus respectivas Comunidades. Por tanto, la auténtica batalla se encuentra en las urnas, es decir, en la configuración de la opinión pública sobre la gravedad y el alcance de los temas en juego. De hecho, el objetivo de los dos grandes partidos nacionales se reduce en este momento histórico nada más y nada menos que a hacer llegar la verdad a la gente. Y la delirante propuesta de reforma estatutaria del lehendakari a la vez que un problema es también una oportunidad para que la ciudadanía vasca advierta la magnitud del peligro y vote en consecuencia.
Una de las armas que los nacionalistas han venido esgrimiendo con extraordinaria eficacia es la de la ambigüedad. En la polisemia, en el doble lenguaje, en la confusión de los conceptos, en el avance de dos pasos seguido de uno atrás, han encontrado un inagotable arsenal para sus propósitos. Pero esta técnica del camuflaje no se puede prolongar indefinidamente, sobre todo ahora que el gran maestro de este arte, Jordi Pujol, ya disfruta de la jubilación. Ibarretxe, con su plan rupturista y destructivo, se ha quitado la careta porque por mucho que lo intente nadie se traga que se trata de una simple reforma del Estatuto de Guernica. De manera inmediata, el PSOE y el PP han de decidir qué camino tomar. Una posibilidad es la negativa de la Mesa del Congreso a admitir la propuesta presentada por la Cámara vasca habida cuenta de su carácter inconstitucional. Si lo que se pretende es cambiar la Constitución, el procedimiento es otro y está perfectamente descrito en su articulado. Así, el Plan Ibarretxe no llegaría al pleno para ser debatido y votado. Otra opción es dejar que el pleno vea el asunto, con lo que asistiríamos a intervenciones de los líderes de todos los Grupos en una sesión sin duda histórica. Se sometería a examen el fundamento del gran pacto civil de 1978 y su vigencia, por lo que los discursos de ese día no podrían ser de aliño. Los españoles tendrían la ocasión de calibrar en las pantallas de sus televisores el fuste de cada cual y no habría forma de disimular. En ese debate, o se está a la altura o no se está, sin paliativo posible. Por eso hay razones para el optimismo.
Conviene no engañarse ni alimentar vanas esperanzas a la hora de analizar las posibles respuestas del Estado ante el ataque que, desde fuera y en contra de la Constitución, ha lanzado el conglomerado nacionalista vasco.
Se habla de delitos de traición, de sedición o de rebelión. Mal camino. No porque no nos las estemos jugando con traidores, sino porque el delito de traición no es aplicable a este caso, ya que tipifica y castiga conductas dirigidas a inducir a una potencia extranjera a declarar la guerra a España, o a facilitar la acción a un país enemigo en distintas formas.
Los delitos de sedición y de rebelión exigen, en sus respectivos supuestos de hecho, conductas que el llamado Plan Ibarretxe ha evitado cuidadosamente al decorar con formas parlamentarias y parajurídicas su ataque a la Constitución Española: Art. 472 CP: Son reos de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente...; Art.544 CP: Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente...
Falta pues el elemento esencial de violencia (rebelión) o forma tumultuaria (sedición) en el alzamiento. Esto no significa que no haya personas violentas entre los apoyos del Plan Ibarretxe. Sabemos que las hay. Significa que ningún juez basaría en esa circunstancia una calificación de rebelión o sedición. La violencia o la forma tumultuaria debe formar parte del supuesto de hecho del delito en cuestión, no de otros anteriores.
Es mejor no esperar absolutamente nada de la vía penal, que ni siquiera ha servido en casos que resultaban evidentes, como la negación por parte de autoridades o funcionarios públicos a dar cumplimiento a resoluciones judiciales (Art. 410 CP) o los infinitos casos impunes de ultrajes a España (Art. 543 CP).
Descartada la vía penal, al menos de momento, hay que ofrecer a la opinión pública análisis y prospectiva realistas y eludir el wishful thinking. Como en el jardín de Borges los senderos se bifurcan: uno conduce a la claudicación, y creo que es el que desgraciadamente le espera a una España gobernada por alguien como Rodríguez, que ha dado sobradas muestras de su tendencia a rendirse y a abandonar la defensa de los intereses de España. De momento ha amenazado a Ibarretxe con escucharle, quizá porque recuerda (al revés) lo de De Gaulle en Argelia. Además el gobierno socialista está ultimando un acuerdo estable con ERC, partido beligerante a favor del Plan.
El otro sendero, por el que sospecho que nadie se adentrará, es el camino legal, el de la gradualidad y la proporcionalidad, y es, sobre todo, el que se atiene a la Constitución: primera etapa, modificación de la legislación electoral para corregir la magnificación actual del voto nacionalista. Segunda etapa, si no hay más remedio, aplicación del Art. 155 CE, hasta que regrese la normalidad y con el fin de evitar, si es posible, la... Tercera etapa, activación del Art. 8.1 CE: Las Fuerzas Armadas (...) tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
El realismo es básico para entender la "política" española. No perdamos el tiempo con "análisis" contrafácticos. Menos aún nos engañemos con declaraciones retóricas, o piadosos deseos, de socialistas de salón sobre la nación española. Si ZP recibe al secesionista antes que al jefe de la Oposición, entonces el Estado de Derecho está roto. ZP y el secesionista tienen un proyecto en común: desmontar el Estado-nación, España, soporte del Estado de Derecho. La negociación de ZP con el secesionista sólo tiene un objetivo: matar al PP, que es el único partido que defiende el Estado-nación, España. Así las cosas, señor Rajoy, por favor, no sea melifluo. Un gesto, un poco de valentía, vendría muy bien para levantar la moral de los demócratas que defendemos España. Dígale, pues, a ZP que usted primero o nada. No hable con ZP, si éste recibe previamente al secesionista. Los modos son fundamentales en la defensa de la democracia, del Estado de Derecho.
Por dignidad personal, por respeto a sus votantes y, sobre todo, por el Estado-nación, España, no se deje golpear por quien previamente ha pactado con el secesionista los pasos para destruir el Estado constitucional. Malo es que ZP trate a Rajoy como enemigo. Pero es peor, infinitamente más grave, que éste no quiera enterarse de que ZP quiere borrarlo como adversario político. Acéptelo, señor Rajoy, con realismo y decisión. Acepte, en verdad, el consejo de su "enemigo".Y salte ya a las tribunas, a los foros públicos… Salte a la calle y contraste con sus conciudadanos lo que está pasando. Hable sobre lo que usted y su partido, junto a millones de ciudadanos, incluidos los votantes del PSOE, pueden hacer aquí y ahora para que España no sea torturada por los social-nacionalistas. Hágalo ya, porque mañana será tarde. No porque España, esa grandiosa realidad histórica y democrática, pudiera ser vencida por el social-nacionalismo, sino porque usted puede ser desconsiderado por no haber dado a tiempo una respuesta a quienes quieren destruir la Nación.
El PSOE, ciertamente, quiere que salte el PP. Adelante, pues, Rajoy salga ya a la esfera pública. Millones de españoles, perdón, de ciudadanos españoles, esperan que usted les diga algo para defender el Estado de Derecho, España, porque han dejado de creer en un Gobierno deslegitimado por su obsesión por desmontar junto a los nacionalistas el Estado actual. El PSOE sólo tiene una estrategia: Ser un partido nacionalista en lo poco que "quede de España". Es un partido parásito. Vivir de la ruina es su afán. Adelante, Rajoy, no se arrugue. Asuma sin complejos que el PP tiene que hacer, hoy, la política de Estado que el PSOE niega. Salga cuanto antes, señor Rajoy, porque podría pagarlo muy caro. Los primeros en pedirle cuentas serían sus militantes, después sus votantes y, más tarde, quienes no quieren perder su identidad: los españoles.
Y, sobre todo, no olvide que lo peor está por llegar: Maragall y Chaves también gritarán por ser Estados Asociados.
La verdad del Plan ETArretxe se resume en «la carta de Ternera». En sesión plenaria del Parlamento Vasco un colaborador necesario con banda armada, Otegui, leyó la carta del asesino terrorista evadido de la Justicia, Ternera, por la que se tomaron decisiones políticas ante la permisividad de otro colaborador imprescindible para la banda armada, Atutxa. Y todavía hay quien piensa que todo esto lo para la Justicia. El lehendakari, una vez más, ha faltado a su palabra de vasco y vasca. Decía que nunca iba a contar con los votos de ETA y que su plan iba a ser aprobado en «ausencia de violencia». No sólo no hay ausencia sino que ETA posibilita el Plan convirtiéndose en la garante armada del proceso. O sea, estamos ante un golpe de Estado dado desde un Parlamento Autónomo. Golpe de Estado es provocar una alteración Constitucional mediante el uso de la violencia. El hecho de que ETA esté ahí supone que se está utilizando la violencia para seguir con un Plan que lleva tiempo aplicándose. Hay que saber que en Euskadi hay gente que se relaciona con la administración y vota con el DNI vasco. Los presupuestos contemplan partidas sobre materias no transferidas que, vía cupo, se disimulan y por la candidez de Cándido la última instancia judicial vasca es la Nekane del TSJPV. Y Zapatero dice que no saldrá. Su capacidad para gobernar es tan sincera como su falsa sonrisa.
La ley no es igual para todos. Cualquier ciudadano que incumple una resolución judicial sufre las consecuencias, pero la excepción, una vez más, está en los políticos. La gente corriente no tenemos ningún privilegio, salvo el dudoso honor de sufrir las decisiones del poder y pagar religiosamente nuestros impuestos. En cambio, el presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, sabe que está por encima de uno de los poderes del Estado, el judicial, ya que puede incumplir sin que le suceda nada la resolución del Tribunal Supremo por la que se ordenaba la disolución del grupo parlamentario Socialista Abertzaleak (SA) tras la ilegalización de Batasuna.
Lo más sorprendente, si es que a estas alturas nos podemos sorprender por algo de lo que sucede en la política vasca, está en que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, no recurra la resolución dictada por la juez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Nekane Bolado por la que se archivó la causa contra Atutxa. Otro aspecto tan lamentable como inquietante es que la burda maniobra del presidente de la Cámara vasca, cuya mesa trasladó formalmente la resolución de disolución a la junta de portavoces para que allí no fuera aprobado, es que la juez considere que no se trató de una desobediencia abierta, clara, expresa y terminante. Lo que debería ser un agravante se convierte en la fórmula para que esa juez sirva a los intereses del nacionalismo vasco.
Ahora que el Parlamento vasco ha aprobado el proyecto Ibarretxe, con tres votos de Batasuna, aún se oyen voces que se atreven a decir que dicho plan secesionista es el resultado del autoritarismo del último Gobierno Aznar, de una línea dura que ha desembocado en este órdago nacionalista. Lo cierto es que no han servido la línea dura ni la blanda contra el independentismo.
El nacionalismo siempre ha tenido, desde su organización, el mismo objetivo: que su nación tenga un Estado propio e independiente. Para ello se ha aprovechado de los resquicios de los distintos regímenes para crecer, cuestionar y exigir desde unos postulados victimistas. Y ha sido el nacionalismo radical tanto como el templado. Cambó, líder de la Lliga, organización del catalanismo considerado moderado, declaraba en diciembre de 1918: "¿Monarquía?… ¿República?…¡¡Catalunya!!".
La II República, precisamente, aún admitiendo que fuera un régimen civil y laico que defendía una España plural, no consiguió terminar con el ánimo secesionista. El partido Estat Català de Macià proclamó la República Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica en abril de 1931, y la ERC de Companys se levantó contra la República en 1934 para anunciar la constitución del Estado Catalán.
El régimen de Franco adoptó el camino inverso: el centralismo, la uniformidad y la represión. A pesar de la mano dura franquista, la vida cultural de los nacionalistas fue bastante rica: escritores, filólogos, músicos e historiadores insistieron en el particularismo nacional de sus regiones. La línea dura dictatorial también fracasó.
En la Transición se entendió que el franquismo había acabado con el tradicional nacionalismo español, y que era hora de crear un nuevo paradigma de "lo español". Un paradigma asentado en la pluralidad, en el dejar hacer nacionalista. Y así, la nación más vieja de Europa se convirtió en un Estado cuasi federal. La UCD y el PSOE se decidieron por la línea blanda, la cesión y el acuerdo, creyendo colmar con ello el ansia de autogobierno del nacionalismo.
Los nacionalistas, entonces, no se contentaron con la amplia autonomía de la que disfrutaban, ni de la discriminación positiva que respecto a las otras regiones españolas tenían. Y pusieron plazos, fechas de caducidad para supuestos pactos, fórmulas generacionales que, una vez terminadas, supondrían las bases para llegar a un estadio más cercano a la independencia.
Aznar quiso cerrar el mapa autonómico, y declaró que la cesión de competencias había terminado. Era la nueva línea dura; esta vez democrática y constitucional. El Estado estaba ya suficientemente descapitalizado, disminuido y enflaquecido, y las facultades autonómicas más crecidas que fortalecidas y organizadas. Los nacionalistas hablaron de impostura, y la izquierda de autoritarismo, de que los populares, al llegar tarde a la Constitución, blandían la irreductible fe de los conversos.
Los socialistas de Zapatero, embravecidos por los de Maragall y la intelectualidad progresista, creyeron que abrazarse a la remodelación de España era hacer oposición a Aznar y asegurarse el voto y el gobierno en las autonomías. Y adoptaron la línea blanda. La ola independentista era la respuesta a la dureza de Aznar, pensaron, y trataron a los gobiernos autonómicos como a ejecutivos extranjeros, como si fueran relaciones bilaterales entre Estados. Zapatero les dijo que aceptaría lo que aprobaran sus parlamentos autonómicos, y modificó el Código Penal para que no fuera delito la convocatoria de un referéndum.
La línea blanda ha vuelto a fracasar, como muestran el PNV, el PSC y ERC. Ni siquiera ha servido el dar rienda suelta al nacionalismo dentro de las filiales del PSOE en Cataluña y País Vasco. ¿Qué hacer ante el independentismo? Sólo cabe que socialistas y populares se presenten unidos en defensa de la Constitución y de la nación, forjando un gran pacto de Estado similar al Pacto Antiterrorista, y utilizar todos los resortes legales. Esperemos que, para cuando llegue ese momento, en el que no tembló, por ejemplo, Blair ante Irlanda del Norte o Scalfaro ante Umberto Bossi, Zapatero no esté de vacaciones o cansado.
¿De qué urnas habla?
Zapatero ha reiterado su ceguera sobre el Plan Ibarretxe: no entiende que se proceda de ese modo, porque el Plan es cosa del pasado, como el PP. Lo afirmó hace unos meses, poco antes de recibir a Ibarretxe en La Monkloa: el momento político es otro y el Plan ha perdido "su fuerza y su sentido". Había que explicárselo a Ibarretxe de buenas maneras y lo entendería. El Plan era una reacción comprensible frente a las agresiones del gobierno del PP y ahora gobernaba el PSOE; Ibarretxe retiraría su Plan, a fin de cuentas es un demócrata ejemplar. Había vuelto la democracia, todo volvería a la normalidad. Ya no había motivo.
Zapatero no entiende nada, y por eso se permite decir que hay que hablar y que deben ser las urnas las que derroten al Plan. No entiende que en el País Vasco ya no hay urnas, que pide a los vascos demócratas, muchos en su propio partido, que se enfrenten solos a ETA y al PNV, que "hablen" con ellos y les expliquen las cosas, el diálogo lo puede todo; no entiende que aun en el caso de que el Plan fuera aprobado por todos los vascos menos uno, este votante heroico merecería nuestro apoyo, y el Plan seguiría siendo nauseabundo porque legaliza el asesinato de los que votan "no".
Se trata ahora de defender la ley, el derecho a ser vasco no nacionalista, que es lo que el Plan Ibarretxe niega, y lo que se suponía que el PSOE defendía. Ese derecho no es discutible, no se puede negar por la mayoría. Se trata de no abandonar a nuestros compatriotas vascos, que están siendo objeto de una persecución implacable por sernos fieles; de tener clara media docena de cosas: que debemos hacer honor a la palabra dada cuando aprobamos el Estatuto vasco porque España es la única garantía de lo vasco, y los demócratas vascos representan hoy lo mejor de España; que la democracia no es un sistema que legaliza cualquier cosa por mayoría, sino sólo las que son compatibles con los derechos de las minorías y según los procedimientos consensuados; que sólo habrá elecciones libres en el País Vasco diez o quince años después de que ETA y los suyos estén en la cárcel; que ETA no puede votar; que Atutxa probablemente debería estar procesado; que Ibarretxe ha presentado un plan para la muerte de algunos que puede ser la muerte de todos porque legaliza el asesinato como medio de expresión, y Zapatero lo despenaliza, lo legitima como "propuesta sobre la que hablar" y cree que sería válido si lo vota el 51 por ciento de los vascos en unas elecciones a las que no pueden concurrir los líderes de la oposición porque han sido asesinados; que resistir a ese Plan es una obra de justicia, una defensa de la libertad amparada por la verdad y llena de bondad; que la facultad propia del poder ejecutivo no es "hablar de las cosas" sino el estar legitimado y obligado a defender la legalidad; ¡que no hay democracia en el País Vasco y por eso hay Plan Ibarretxe, y que el Gobierno es el principal responsable de hacer que la haya¡.
Pero no puede hacerlo porque su diagnóstico sobre España es la coartada del nacionalismo: el PP es el franquismo y la Transición fue una farsa que hay que desenmascarar. Ahora es el momento. Si comienza a negar esto se queda sin programa; si lo afirma, como hasta ahora, es imposible que rechace el Plan, salvo porque ya no gobierna el PP...ni gobernará más. ¿No ve que no puede legitimar al Parlamento español si deslegitima al único partido de la oposición? ¿Cómo piensa convencer al PNV de que las Cortes merecen respeto, si no ha habido Transición? No hay solución. Sólo la esperanza de que el electorado socialista esté por encima de sus dirigentes y los envíe al lugar del que nunca deberían haber salido. Sólo la esperanza de que sea verdad que este Gobierno fue elegido para cinco minutos y que ya han pasado diez.
El lendakari Ibarreche no solo ha cruzado el Rubicón, también anuncia que está preparado para pasar olímpicamente de lo que diga o piense Roma. Al insistir en que vendrá a Madrid «a negociar» con el presidente Zapatero está diciendo a todo aquel que quiera escucharle que su plan no tiene marcha atrás. Vamos, que no ha llegado tan lejos como para que todo quede ahora en una charleta en La Moncloa. El llamado Plan Ibarreche –que, recordémoslo, es una propuesta independentista que se sale de la Constitución–, supone nada menos que el acta de defunción del Estatuto de Guernica. Y, también la reedición del Pacto de Lizarra, pues no hay que olvidar que fue aprobado con los votos de Otegui, Permach y Peña, gentes afines al entramado etarra. Ibarreche habla como un iluminado: «Las Cortes –dijo ayer en Vitoria– no decidirán por encima de la voluntad de la sociedad vasca», pero actúan con frialdad aprovechándose del inopinado regalo que supone el espumoso talante franciscano con el que gobierna el señor Rodríguez Zapatero.
Ha descubierto que puede engañar y seguir haciéndolo. Prometió (a Zapatero) que nunca se apoyaría en los votos de la ilegalizada Batasuna y en cuanto se presentó la ocasión se olvidó de su compromiso. Por el camino quedó la contrapartida con la que Zapatero si cumplió: derogar la ley fletada por Aznar para sancionar con privación de libertad e inhabilitación para ejercer cargos públicos a quien, sin estar legitimado para hacerlo, convocara un referéndum. Zapatero cumplió pero Ibarreche se olvidó de su parte. Los nacionalistas vascos siempre han sido así. Lo solía comentar con amargura el malogrado Mario Onaindía, «nosotros hemos renunciado a muchas cosas, los nacionalistas nunca han renunciado a nada».
Esa es su fuerza, fuerza que se crece cuando, como en este caso, quien tiene enfrente duda, o no quiere o no sabe qué decisiones hay que tomar para defender la legalidad democrática. Ibarreche sabe que su plan esta fuera de la Constitución y que, en consecuencia, es ilegal pero aún así insiste en que quiere «negociar». Está claro que le ha tomado la medida al señor Rodríguez Zapatero. Vamos, que no se toma en serio eso de que «le voy a escuchar pero también él me tendrá que escuchar a mi» –que decía el presidente del Gobierno en su improvisada declaración de Sevilla. «Y, si no quiere negociar, qué hacemos, cómo lo solucionamos, ¿a tortas?», se preguntaba retóricamente Ibarreche. Pues a la vista está que es él quien ha elegido el camino.
¿A qué tanto disimulo?
Una vez que Ibarretxe ha dado 'carpetazo' a la Constitución y enterrado el Estatuto, como venía exigiendo ETA desde Lizarra, ¿a qué viene tanto disimulo? Que el Gobierno vasco, utilizando a Madrazo, tenía como prioridad el fortalecimiento del bloque patriota, era una realidad que únicamente ignoraban quienes no se querían enterar, como les ocurre aún a algunos ministros. Solo cuando la presión pública apretaba las tuercas de la sensibilidad democrática ante la opresión terrorista, el lehendakari se desmarcaba de los cómplices parlamentarios de ETA. Los mismos que ahora se le han 'colado' hasta los fogones de su plan soberanista, sin que se le haya movido una ceja.
Sin chapuzas parlamentarias no puede sacar sus presupuestos y sin la manita del prófugo 'Ternera' no es mayoritario. Esto es lo que hay. Lo debería saber de sobra el equipo de Zapatero que, para justificar que reciba antes al lehendakari que a Rajoy, dice que quiere tener «todos los datos» del plan de 'desenganche' del lehendakari. A estas alturas, suena más bien a un tic obsesivo por desmarcarse de sus antecesores en el Gobierno que a un estado de ignorancia. Tendrá que superar Zapatero ese pánico escénico a parecerse al monstruo de sus pesadillas, el PP, si, de verdad, es consciente del desafío nacionalista.
Un Ibarretxe tan crecido, ayer, que no solo se olvidaba de agradecer a Batasuna que le haya salvado, sino que se permitía decir a Zapatero que si no negocia se va a parecer al monstruo de sus pesadillas. Quienes vienen oyendo a Ibarretxe desde que dejó la alcadía de Llodio creen que Zapatero debería ir más allá cuando avanza que el lehendakari también le va a tener que escuchar. Por ejemplo: ¿ le va a pasar por alto que ponga en un lado a «la sociedad vasca» y en otro al PP y PSOE, como si sus 580.000 votos no fueran tan vascos como cualquiera? Lo que no le quita el sueño al lehendakari es que Zapatero le diga que su plan no va a salir en el Congreso. El va a lo suyo: el desenganche de España. Con o sin su permiso.
Los socialistas, mientras, se pierden en un debate preocupante. Se lían en su obsesión por hacer lo contrario que Aznar. No quieren aplicar el derecho ante iniciativas que ellos mismos llaman inconstitucionales, sino la política. ¿La disyuntiva entre política o derecho tiene sentido? ¿Cómo se debería llamar a un Estado que no aplica el derecho? La actitud del fiscal general, de nombre Cándido, al no recurrir el archivo del 'caso Atutxa', y dejando a los jueces del TSJPV desatendidos por el Estado dará mucho qué hablar. Antes, Zapatero tendrá que ponerse las pilas. ¿O qué se cree que le está reclamando Otegi al lehendakari para compensar el regalito de los votos? ¿La legalización, hombre, la legalización!
La aprobación del plan Ibarretxe en el Parlamento vasco ha producido una conmoción política considerable, porque no es lo mismo una ocurrencia que sale en los periódicos que un texto aprobado en una institución representativa. El documento conocido como plan Ibarretxe se presenta como un proyecto de nuevo Estatuto para el País Vasco, pero todos saben que en realidad es un desafío a la Constitución, encaminado a producir la secesión de aquella comunidad del resto de España, con la que sólo le uniría una especie de lazo simbólico en la Corona (que, por cierto, le serviría para seguir dentro de la Unión Europea).
El plan es inconstitucional de arriba a abajo, y los nacionalistas vascos aspiran a que la Constitución se adapte al plan, y no al revés, como debe ser. La estrategia del PNV y de ETA, que en esto es la misma, consiste en presionar al Estado con la violencia terrorista, que, según Ibarretxe cesaría si se cumplieran los designios nacionalistas, y la Constitución se adaptase al plan. Es, en este sentido, la misma estrategia de los nacionalistas catalanes con lo que llaman “reforma” del Estatuto, pero que es una especie de Constitución en bonsai para Cataluña, en la que desaparece todo vestigio de presencia del Estado, salvo el reconocimiento de que Cataluña está en España: un reconocimiento que sería casi sólo geográfico.
Es evidente que el Estado dispone de instrumentos para frenar estas locuras secesionistas; sin embargo, muchos están inquietos ante lo que vaya a suceder. ¿Por qué? Por una sola razón: Porque no se fían de Rodríguez Zapatero, incapaz de unificar el discurso del PSOE en esta materia esencial, y entregado a los partidos separatistas que le dan apoyo para permanecer en el poder. Nadie imagina a Rodríguez presentando una impugnación del plan Ibarretxe ante el tribunal Constitucional, nadie lo imagina consiguiendo que sus huestes, socialistas catalanes incluidos, voten en contra en el Congreso. Rodríguez da miedo, porque nadie sabe hasta dónde está dispuesto a ceder con tal de seguir en el poder.
Así, pasito a pasito, mirando para otro lado, tejiendo y destejiendo, entre miradas complacientes, guiños de complicidad e ingenuas muestras de tolerancia, hemos entrado en el año 2005 con la crisis de Estado presidiendo el festín de Nochevieja. Ya es hora -a la fuerza ahorcan- de llamar a las cosas por su nombre. Si quieren ustedes, crisis del Estado de las Autonomías, pero en cualquier caso crisis del Estado Constitucional y acoso a la unidad de España que tan claramente proclaman los artículos 1 y 2 de nuestra Carta Magna. No en vano el profesor Jiménez de Parga denuncia un legado de indecisiones, con numerosos casos de timoratos y tibios en las instituciones públicas, legislativas, ejecutivas y judiciales, de los que se aprovechan los más osados para hacer oír e imponer sus criterios. Fin de la cita.
Los golpes de Estado suelen producirse por sorpresa y con el respaldo de las armas. Otras veces, sin embargo, los enemigos del orden establecido optan por una planificación compleja cuyo hilo conductor se disimula entre sonrisas, gestos de buena voluntad y un torticero respeto al ordenamiento que se pretende romper desde dentro. Se siguen los trámites normales hasta que el camino se cierra. Entonces, por ejemplo, el separatismo rompe con la Constitución y asume unilaterlamente una soberanía que no tolera discusiones ni precisa de reconocimiento alguno. A la otra parte, España, se le ofrece de igual a igual la Asociación Libre con la alternativa de una secesión refrendada tan sólo por los vascos (y las vascas).
La bola de nieve pudo ser parada en sus comienzos, pero no lo fue. Primero se consintió que el “Plan Ibarretxe” se tramitara en la Cámara de Vitoria, confundiendo torticeramente las cuestiones de soberanía con las autonómicas. Después se produjo la desobediencia al Tribunal Supremo -aún no corregida- en la disolución de un grupo político formado por miembros destacados del brazo político de ETA, o sea, del terrorismo de cuello blanco. Son los que mueven desde hace décadas el nogal de la Democracia española para que los llamados nacionalistas democráticos recojan las nueces. Más tarde se aprueba el plan independentista con los votos de esos mismos personajes a los que nadie osa aplicar el Código Penal como directores o miembros de una organización terrorista. Y para completar el descrédito institucional, una magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco archiva las diligencias penales por desobediencia a nuestro más Alto Tribunal con el argumento de que éste se excedió en sus funciones. Y el Fiscal General no encuentra razones para recurrir. Menos mal que, según afirman políticos de los dos grandes partidos nacionales, el Estado de Derecho sigue contando con medidas suficientes para abortar la intentona separatista. Es cierto, pero si admitimos que el referéndum vasco se convoque impunemente, todo lo que venga detrás tendrá un coste muy alto. Quizá por eso nadie se atreve a precisar dónde y cómo detendremos finalmente la carrera de un separatismo que ha colocado la carreta delante de los bueyes.
IBARRETXE no acaba de entenderlo. No, no acaba de comprender que la esencia y el valor de la democracia es algo diferente a una aplicación mecánica del principio de la mayoría: la democracia es ese principio, desde luego, pero dentro del respeto a las reglas de juego pactadas previamente entre mayoría y minoría. Respetando las reglas de juego, la mayoría lo puede todo; fuera de ellas, la mayoría no puede absolutamente nada.
Es esa dramática y radical incomprensión de lo que la democracia significa la que ha llevado al lendakari a presentar un plan que nunca será aprobado por los partidos que ocupan el noventa por ciento de los escaños de las Cortes, con la absurda y delirante pretensión de que aquéllas deben aceptarlo aunque las reglas de juego previamente establecidas faculten a las Cortes para aprobarlo o rechazarlo.
Y es también esa incomprensión sobre el sentido de la democracia como norma de convivencia universal la que llevó ayer al lendakari a preguntarse cómo podía resolverse finalmente el desacuerdo entre la mayoría del parlamento de Vitoria y la mayoría del parlamento de Madrid: «¿Es que vamos a andar a tortas?», se preguntó Ibarretxe, con esa campechanía brutal de quien desconoce que no debe mentarse la soga en casa del ahorcado.
¿Andar a tortas? ¡A estas alturas! No, la solución no es desde luego andar a tortas, pues bastantes tortas han recibido ya una parte de los vascos -los que no apoyan su plan- y hemos recibido los restantes españoles a cuenta del problema que el señor Ibarretxe se empeña ahora en resolver en su exclusivo beneficio. La solución al conflicto derivado de que una mayoría decide una cosa y otra otra, no puede ser más que la que se aplica siempre en democracia: el cumplimiento de la ley.
¿Y qué dice la ley? Pues es muy claro: que los Estatutos pueden reformarse cuando cuentan con el apoyo de la mayoría del parlamento regional y de la mayoría de las Cortes. Esa es la regla y en el respeto a esa regla está la única solución para evitar andar a tortas. Sin embargo, Ibarretxe no ha acabado aun de comprender que sin el respeto a las reglas de juego el principio de la mayoría equivale a la ley de la selva.
Las Cortes respetarán esas reglas de modo escrupuloso cuando rechacen por abrumadora mayoría el proyecto de Ibarretxe. Y, cuando tal suceda, lo harán además cargadas de razón: pues el plan Ibarretxe no sólo es inconstitucional de cabo a rabo, sino que siembra la discordia civil entre los vascos de un modo tan temerario e irresponsable que rechazarlo es la única posición que cabe a quienes creen que la democracia es algo más que la mera imposición por la fuerza de los votos. ¿Lo cree el BNG?
Ibarretxe ha convocado a los medios de comunicación en Vitoria y no ha declarado nada nuevo. Su Plan, según él, ha quedado democráticamente legitimado por el Parlamento autónomo y, por tanto, es digno de ser discutido a escala de Gobierno central, en un mano a mano del "lehendakari" con el presidente Zapatero. De igual a igual. Discutido o dialogado, pero siempre bajo la perspectiva de su posterior remisión a la consulta vasca, es decir, al referéndum correspondiente. O sea, que Ibarretxe no renuncia a nada de su planteamiento o proyecto, lo cual invita a pensar qué puede ser lo que él entiende por diálogo. Su única referencia legitimadora, aparte de la consulta popular confimatoria por parte de la población vasca, es el Parlamento autónomo. Remitirlo al Parlamento central es un mero trámite, una cortesía cuyo resultado será irrelevante, como irrelevante será el dictamen que el Congreso de los Diputados llegue a emitir. El voto negativo del Congreso será desoído porque no puede, a juicio del "lehendakari", prevalecer sobre la Cámara de Vitoria y, menos aún, sobre el referéndum vasco. Por más que Zapatero diga que "la llave del sistema está en manos de las Cortes", Ibarretxe lanza su palabra contra la del jefe del Gobierno español. Y a ver quién puede más. Esto quiere decir que la desobediencia está en curso y sólo cabría el milagro de que la sociedad vasca votara contra el PNV y sus socios nacionalistas en las elecciones autonómicas de mayo. La fe temeraria que ZP empieza a depositar en la probabilidad de que en Euskadi se produzca electoralmente una alternancia parece tanto como creer en la cuadratura del círculo o casi.
Naturalmente, para Ibarretxe no ocurre nada anómalo. Todo está rodeado de normalidad. Ni siquiera se pregunta cómo es posible que una reforma del Estatuto de Guernica pueda equivaler a una reforma de la Constitución. Contradiciendo el sentido de su pretensión dialogante en la entrevista que ha concertado con Zapatero, el "lehendakari" sólo ofrece amabilidad, es decir, una relación amistosa y amable "con España" cuando su proyecto salga adelante. Cabe imaginar la sonrisa que puede producirle la fe de Zapatero en el "vuelco" electoral de mayo. Una auténtica fe del carbonero. En declaraciones a "El Periódico de Catalunya", el presidente del Gobierno ha manifestado literalmente lo siguiente: "Quien va a hablar del futuro es el pueblo vasco, a quien nos vamos a dirigir unos y otros en las elecciones de la primavera. Yo sé lo que va a decir el Partido Socialista. Va a ofrecer un proyecto de reformas y de convivencia, de autogobierno y de respeto a la identidad propia de Euskadi. Sin condenar a nadie por sentirse muy vasco o muy español".
Mientras tanto, Patxi López, secretario general de los socialistas vascos, hacía saber en los pasillos del Parlamento de Vitoria que la llave de la política vasca la tiene ahora Batasuna, cuyos votos de préstamo al Plan Ibarretxe han respondido descaradamente a una orden concreta de la banda terrorista que dicha formación representa como brazo político. Eso ya se sabía. Pero el descaro es mayor si se considera que Otegui, portavoz del grupo parlamentario SA y de la propia ETA en la Cámara de Vitoria, no tuvo inconveniente en leer la carta que le hizo llegar Josu Ternera con la consigna correspondiente. Por cierto que, antes de reunirse en Madrid, ZP y el "lehendakari" ya tienen plena constancia de lo que van a decirse. A esto se le puede llamar una pérdida de tiempo.
Ciudadanos contra tribu
SOSTIENEN los seguidores de ETA, todavía presentes en el Parlamento vasco, que el Estatuto de Autonomía de Gernika ha muerto gracias a la puesta en marcha del plan que lleva el nombre del presidente de la Comunidad Autónoma vasca. Pocas veces se puede dejar más claro -en este caso, por uno de sus detractores- que el Estatuto es lo que nos concede a los vascos nuestra condición de ciudadanos y que su supresión implica, por tanto, la anulación de esa cualidad, al menos para todos los que no estamos dispuestos a tragar con un plan que crispa, que divide, que enfrenta, que no resuelve ninguno de los problemas que tenemos planteados y crea otros nuevos.
Ibarretxe cabalga a lomos del populismo autoritario propio del que siente que el mañana le pertenece, lo ha dicho él; la gazomoñería etnicista de quien se jacta de pisar por donde y como pisa el buey, lo ha dicho él; y el fanatismo enfermizo de que su plan crispador es irreversible porque los vascos así lo decidirán, lo ha dicho él.
Lo cierto es que la opinión publica vasca, los vascos y las vascas, están de acuerdo con el sistema de consenso entre distintos que establece el actual Estatuto y rechaza el plan del iluminado Ibarretxe, que tiene muchísimos menos apoyos y, sobre todo, que rompe la actual convivencia y no es capaz de crear un consenso superior que la garantice. El Estatuto de Gernika ha sido precisamente eso: nos ponemos de acuerdo en convivir armónicamente aquellos que sabemos que somos distintos; eso es la democracia: todas las fuerzas políticas renuncian a algo para subrayar lo que une frente a lo que separa. El delirio que Ibarretxe quiere sacar por la senda del buey viene a decir que vascos, lo que se dice vascos, son sólo los nacionalistas -lo acaba de defender así Joseba Eguibar (PNV)- y que el resto no son vascos, aunque se apelliden Pagazaurtundua y hablen vascuence. Es decir, frente a los criterios de ciudadanía, democracia y libertad que establece el Estatuto, los nacionalistas vascos nos quiere imponer dogmas de tribu, tam-tam de etnia y una sociedad partida y jerarquizada entre ciudadanos de primera y residentes de segunda.
Frente a este atropello, que supone una regresión respecto de los frágiles consensos arduamente peleados, los ciudadanos vascos, y los del resto de España, tienen que alzar su voz, movilizarse y dejar claro que el atropello no se consumará con su aquiescencia. Los empresarios vascos saben que su futuro depende de su integración con el resto de España y no pueden pensar que el delirio de Ibarretxe es sólo una variable que no afectará a las demás que hoy están sobre el tapete. Si, por ejemplo, de cada cien trabajadores de las cooperativas de Mondragón, cincuenta residen en la Comunidad Autónoma vasca y cuarenta en el resto de España, eso significa que el nivel de imbricación y dependencia entre ambas economías hace que le vaya mejor el actual entendimiento que la incertidumbre que plantea ahora la cúpula del PNV. Los empresarios vascos deberían decir, alto y claro, que con el Estatuto les ha ido de maravilla, que gracias a él disfrutan del privilegio del concierto económico, que no existe en el resto de España -excepto en Navarra- y que ese estatus privilegiado se puede empezar a romper si la dirección nacionalista sigue ajena a esa realidad. Todos los ciudadanos vascos, y del resto de España, deberán dejar claro, ahora y en las próximas elecciones autonómicas y generales, que quieren seguir siendo ciudadanos de un país democrático y no súbditos de una tribu en la que se retira el carácter de vasco a aquellos que no siguen al gran, y lunático, timonel.
Precisamente porque el desafío planteado por Ibarretxe y quienes le apoyan es muy grave, conviene evitar reacciones improvisadas, fulgurantes o histéricas. En primer lugar hay que evitar que, como ha ocurrido frente a otros desafíos contra la convivencia democrática -y éste lo es-, las discrepancias sobre la forma de hacerle frente dividan a las fuerzas que pueden y deben darle respuesta. Conviene también no dejarse embaucar por la retórica nacionalista respecto a la natureza del reto: no es una propuesta de relación amable con España, ni de convivencia entre vascos; es el inicio de un proceso gradual e irreversible de desconexión con España, de división de la sociedad vasca y de ruptura con la lógica del Estado autonómico constitucional. Por ello debe ser frenado ahora.
La iniciativa de la respuesta corresponde al Gobierno. Es lógico que surjan discrepancias o dudas sobre la mejor estrategia a seguir, pero sería absurdo que el debate entre PSOE y PP haga pasar a segundo plano el objetivo compartido. También el PSOE tuvo dudas en su momento sobre algunas de las iniciativas tomadas por el Gobierno del PP en materias sensibles, pero las secundó en casi todos los casos. Esa responsabilidad sería esperable ahora de Rajoy.
La discusión sobre si debe plantearse la batalla en el terreno político o en el judicial es tan absurda como aquella de si a ETA se la combatía política o policialmente: no son vías excluyentes. El recurso ante el Constitucional que plantea el PP puede ser conveniente en un momento dado, y no cabe excluirlo sin más; pero, aparte de su dudosa admisión a trámite a la luz de la sentencia que dictó en abril a propósito del recurso planteado por el Gobierno de Aznar, tendría el efecto indeseado de paralizar la intervención del Parlamento español, que es quien debe pronunciarse. El debate parlamentario debería producirse cuanto antes; en todo caso, antes de las elecciones autonómicas vascas, a fin de que los votantes conozcan anticipadamente el rechazo de las Cortes al plan Ibarretxe: por su contenido anticonstitucional, su probable fraude de ley (reforma constitucional bajo formato de reforma estatutaria), y por todas las demás razones, de procedimiento y políticas, a las que Ibarretxe ha hecho caso omiso.
Ayer aseguró que no aceptará que el Parlamento español (él dijo "el PP y el PSOE unidos en el Pacto antiterrorista") pueda revocar lo decidido "por la sociedad vasca" (no dijo "por los nacionalistas y el brazo político de ETA"). Puso mucho énfasis en considerar obvio que el Parlamento español no tiene voz ni voto, excepto para pactar las condiciones de aplicación del plan mediante una negociación de Gobierno a Gobierno. Sin embargo, el Estatuto vasco prevé esa intervención del Parlamento central, precisamente para garantizar la cohesión del conjunto frente a eventuales propuestas rupturistas de una comunidad.
Pero no es cierto que la última palabra la tenga el Congreso; el procedimiento de reforma de los Estatutos vasco y catalán se la concede al cuerpo electoral de la comunidad autónoma en referéndum. Con ello se garantiza una solución equilibrada: la reforma deberá ser compatible con el sistema a riesgo de rechazo en el Parlamento central; pero los recortes que éste pueda imponer deberán ser moderados para evitar el riesgo de rechazo en el ulterior referéndum. Ibarretxe se ha saltado todo esto y lo que plantea es la alternativa entre negociar la aplicación de su plan o convocar unilateralmente un referéndum ilegal sobre el texto presentado. Dice que la otra única posibilidad sería resolverlo "a tortas". Pero excluye la más adecuada: la reforma siguiendo los cauces legales. Contra lo que parece creer Ibarretxe, la libertad no es la ausencia de normas, sino, como escribió Montesquieu, el "derecho a hacer lo que las leyes permiten". Las leyes democráticas, iguales para todos.
Por ello, no puede excluirse que sea conveniente en un momento dado recurrir a los tribunales. La Constitución atribuye al Gobierno la posibilidad de impugnar determinadas resoluciones de las comunidades autónomas, pero el texto aprobado por el Parlamento vasco no tiene carácter dispositivo al menos hasta su convalidación por las Cortes y su posterior refrendo popular. Para frenarlo es ahora más útil un debate político que ponga de relieve no sólo su anticonstitucionalidad sino sus debilidades democráticas. Ante todo, que intenta sustituir un marco jurídico que suscitó el apoyo del 85% de los electores, nacionalistas o no, y de los tres territorios, por otro que deja fuera a la mitad no nacionalista y que podría provocar la escisión de al menos uno de los territorios, según ha advertido la Diputación de Álava.
De Berlín a Bagdad
La historia se repite y la distorsión de la realidad en algunos medios de comunicación también. Para EEUU la cuestión no es trivial pues esa distorsión procede de los sectores más antiamericanos del planeta: los del mundo árabe radical, los del asiático que luego pide ayudas, o los del europeo ambiguo al que se agarra la España socialista. La distorsión procede también de algunos de los medios de comunicación en el seno mismo de EEUU. Y así, las acusaciones, alarmas y mentiras sobre la "invasión" norteamericana en el Bagdad post Sadam son las mismas, casi calcadas, que aparecían hace medio siglo sobre el Berlín post Hitler. Así lo muestra el lúcido artículo del periodista Mark R. Levin publicado en el National Review.
Las hemerotecas no mienten. Por eso, revisando varias noticias y artículos aparecidos en el New York Times, Mark R. Levin muestra documentalmente cómo muchas de las críticas de ese mismo periódico sobre el fracaso y el caos estadounidense en la posguerra iraquí tienen idénticos paralelos con el alarmismo que cincuenta años antes ese mismo diario apuntaba sobre la posguerra alemana. Ya conocemos las dudas pasadas del New York Times ante un presidente como Harry S. Truman y también el odio presente a la figura de George W. Bush. Por eso no está nada mal recordar y comparar esas acusaciones al hilo de la investigación de Levin.
En los meses finales de 1945 el New York Times relataba con enfáticos titulares a sus lectores el odio de los alemanes a los EEUU, el incremento de los ataques contra las tropas americanas, la posibilidad de perder la posguerra frente a los insurgentes alemanes, los errores en el entrenamiento del nuevo ejército alemán, los fallos estratégicos del gobierno de Washington, el resentimiento local ante los "invasores" norteamericanos, las serias dudas sobre la posibilidad de realizar elecciones democráticas en enero de 1946 en Alemania… y así todo. Hoy, medio siglo después, aquel supuesto caos nos suena bastante familiar. Sustituyan Alemania por Irak, o alemanes por iraquíes. Verán que son las mismas falsas alarmas, la misma manipulación, los mismos obstáculos, las mismas mentiras.
Son también las mismas falsedades que un "intelectual" (uno más, como tantos otros de entonces, padres de los de ahora) narraba como corresponsal para la popular revista Life Magazine el 7 de enero de 1946. Hablamos del "distinguido" novelista John Dos Passos que, en su crónica títulada "Los norteamericanos están perdiendo la victoria en Europa", machacaba sobre la ignorancia de las tropas norteamericanas, la corrupción y la desorganización de la posguerra bajo el mando estadounidense, el fallo en las negociaciones, la falta de un verdadero plan de reconstrucción y, en fin, todos los errores imaginables de EEUU en aquella posguerra alemana.
La historia nos ha mostrado afortunadamente que los cronistas del New York Times y también aquel novelista reconvertido del Life Magazine se equivocaron. Porque aquella "ocupación" e "invasión" de EEUU en Alemania salvó a millones de alemanes y europeos del totalitarismo nazi. Porque aquello acabó con el holocausto judío. Porque medio siglo después, y con el Plan Marshall y Kosovo por medio, gracias a EEUU –otra vez– ha sido posible tener elecciones democráticas en Afganistán. Y porque en sólo unos días veremos –aunque a muchos les pese– las primeras elecciones libres en un Irak democrático que devolverá paulatinamente la libertad a sus ciudadanos. Entre Irak y Afganistán serán ya cincuenta millones de personas las liberadas de la tiranía gracias a EEUU y sus aliados. Y si no, cuenten.
La perspectiva histórica es siempre saludable. Pero a los ojos de los falsificadores de la verdad, EEUU era, es y seguirá siendo el estado opresor, el demonio imperialista, el gran invasor. Estas son, en fin, las mismas distorsiones que, por ejemplo, pueden leer cada día en El País u oír en la Cadena Ser, tan amiga de fonotecas. La grandeza de la democracia es que nos permite vivir en libertad, aunque para ello debamos sufrir las continuas manipulaciones de quienes se escudan en la libertad para atacarla. Y eso pasa incluso en el seno mismo del país que más defiende, ampara y difunde esa misma libertad, o sea EEUU. Y a quien no se lo crea, que se dé una vuelta y compare. Feliz 2005.
CHUNTA Aragonesista nació para ocupar un espacio nacionalista de izquierdas que en Aragón no existía. Aglutinó en torno suyo a gente insatisfecha con la izquierda tradicional y a un sector de jóvenes que veía con ilusión la propia juventud de quienes los convocaban y un nuevo concepto de la identidad regional, poco representado en el resto de los partidos. Pero este prometedor inicio tenía claras deficiencias: el de la frágil ideología en el que se sustentaba, un conglomerado un tanto informe de nacionalismo e izquierdismo que, en la ambigüedad de su formulación, podía integrar a militantes de muy distinta postura. No ha sido así difícil encontrarse en el partido con objetivos fácilmente asumibles por cualquier aragonesista bienintencionado y otros de una radicalidad al filo de lo constitucional. De ahí surgió el primer gran aldabonazo de CHA: la expulsión del partido de la sección juvenil Chobenalla dado el talante extremista que adoptaban algunos de sus miembros, más allá de lo que era posible asumir por la dirección,
Un segundo punto de inflexión en este recorrido de CHA ha sido la singular personalidad de su portavoz parlamentario, José Antonio Labordeta, cuyo perfil personal e ideológico dista mucho de coincidir con los férreos postulados nacionalistas que Chunta ha ido adoptando en estos últimos tiempos, tal su acercamiento a formaciones como ERC o EA. La oposición de Labordeta al plan Ibarretxe ha sido la gota que ha colmado estas diferencias, puesto que las iniciales declaraciones del cantautor y diputado eran de oposición al plan, mientras que la dirección de CHA, contradiciendo a su portavoz, se ha mostrado coantradictoria y ambivalente, como es costumbre en el partido.
El problema de CHA es que ha alcanzado abruptamente demasiado poder, y nada menos que en el Ayuntamiento de Zaragoza. En esto hay que ser muy críticos con Juan Alberto Belloch, que con tal de lograr la alcaldía pactó con CHA esferas de gestión tan puntales como la de Urbanismo. Lo que ha servido, por otra parte, para desvelar el verdadero talante de quienes se han presentado ante los electores como unos políticos nuevos dispuestos a ejercer una política nueva. No ha sido así. Sus dirigentes han asumido en estos tiempos de mandato las mismas actitudes viciadas y prepotentes de los políticos más tradicionales. CHA, si quiere ser lo que pregonaba querer ser, tendrá que reflexionar y definirse. Con su indefinición actual no puede llevar sino a la confusión y al descrédito. Aragón necesita otra clase de políticos.
Los trabajadores de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) están indignados con el Gobierno por haber aprobado el pasado 30 de diciembre el traslado a Barcelona de la sede del organismo supervisor sin haberse producido un diálogo previo con los representantes sindicales, por lo que estudian la convocatoria de paros y movilizaciones de protesta en los próximos días. El comité de empresa de la CMT se ha mostrado indignado por la aprobación del traslado en el último Consejo de Ministros de 2004, ya que ni siquiera estaba incluido en el orden del día. El anuncio del cambio de sede se produjo en junio, antes del periodo estival, y sin consensuar las condiciones con los empleados, lo que provocó manifestaciones y paros en la segunda mitad del pasado ejercicio, especialmente importantes en el último mes del año. Los propios trabajadores de la CMT han propuesto alternativas al traslado «que salvaguarden los empleos en Madrid», si bien, como apuntaron los sindicatos, han sido despreciadas por el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y por el ministro de Industria, José Montilla, que pretenden que toda la CMT se traslade a Barcelona en 2005. Los empleados –economistas, secretarias, abogados y un largo etcétera–, consiguieron su puesto fijo en Madrid mediante un concurso oposición. Ahora son moneda política.
¿Y los mil muertos?
¿Qué pensarán de este dislate acontecido en el País Vasco durante estos últimos días todas estas pobres gentes que murieron cruelmente a manos de ETA?
Jóvenes guardias civiles, militares de todo rango, políticos, empresarios, ciudadanos de a pie; víctimas lesionadas de por vida, familias destrozadas. ¿Qué pensarán los mil muertos de todo esto al contemplar cómo la maldad y la canallesca toman las riendas de su país sin el menor escrúpulo, pasando por encima de sus vidas y de sus dolor?
¿Pero a qué extremos hemos llegado? ¿Para qué estudiar leyes si las leyes no se van a cumplir, y además no nos van a amparar? ¿Para qué tratar de ser un ciudadano honesto si tus valores van a ser pisoteados? ¿Para qué amar a tu patria y a tu bandera si no te van a dejar ensalzarlas?
Pero, ¿dónde está la justicia, señores, el honor, la valentía, los principios?
Y los que no comulgamos con este entramado, ¿nos espera un próximo campo de concentración?
Paz Aizporua. San Sebastián.
Rabanera considera que la situación de «riesgo» obliga al PSOE y al PP «al gran acuerdo»; pide el apoyo del PSE para poner a Álava a salvo a de la presión del nacionalismo y exige responsabilidad a ambos partidos ante el reto planteado a nuestra democracia VITORIA. El diputado general de Álava, Ramón Rabanera, del PP, denuncia la «poca firmeza» de la respuesta que han dado el Gobierno y la Justicia al «plan Ibarretxe» y que está ayudando a «debilitar» a los no nacionalistas. Señala que, hasta ahora, «el mayor obstáculo» para el proyecto secesionista ha sido «y seguirá siendo Álava», y acusa al lendakari de aprovecharse del miedo de los no nacionalistas para extender su «plan».
-El PNV considera una chiquillada su aviso de que Álava, sin Estatuto, se planteará su salida del País Vasco...
-El PNV siempre descalifica lo que no son sus teorías. Álava está donde está porque así lo decidieron los alaveses en 1979. Si el nacionalismo y el Gobierno vasco rompen, de forma unilateral, las reglas de juego, Álava tendrá derecho a decidir su futuro, que consiste en que una mayoría de alaveses no está por la independencia de España.
-En caso de que se convoque ese referéndum, ¿qué hará?
-La consulta que nos ha anunciado el lendakari no reúne las condiciones legales y espero que no se celebre, en primer lugar. En segundo lugar, deseo que por los medios jurídicos, políticos e institucionales, el proyecto de Ibarretxe no llegue a su término, ya que lo único que produce es alarma en la sociedad y división territorial.
-Pero, ¿y si sucede? ¿propondría su referéndum?
-No lo sé. Le aseguro que defenderé los intereses de los ciudadanos, no me pregunte cómo. Estamos en una situación de anormalidad, en la que hay miedo para expresarse entre los no nacionalistas. Aprovecho para decir al lendakari que aquí no existe la paz social para que se desarrolle un referéndum de futuro. Hay un poso de miedo que va a durar mucho, y de él se ha aprovechado el mundo nacionalista y el lendakari.
-¿Esperaba firmeza de Zapatero?
-No quiero criticar lo que está haciendo el Gobierno central, pero no entiendo porqué descarta el recurso al Tribunal Constitucional, ya que tiene que ir a los tribunales cuando ve indicios de delito. Tampoco comprendo, y lo digo como ciudadano, no como político, que el presidente del Gobierno no reciba, antes a Rajoy, que a Ibarretxe. Su postura, con la opinión de mas de un 80 por ciento de ciudadanos españoles, que representa el PSOE y el PP, estaría mucho más fortalecida.
-Ante el reto planteado, ¿considera necesario un acuerdo PSOE-PP? ¿Sólo en el Congreso o también en el País Vasco?
-Es necesario, en estos momentos, el gran acuerdo entre el Partido Socialista y Partido Popular. Y les pido responsabilidad y sentido común. También a mi partido, porque el reto planteado a la democracia española es muy grande. En el País vasco, considero fundamental llegar a acuerdos entre las fuerzas constitucionalistas, y reitero, por enésima vez, mi oferta al PSE para entrar en el Gobierno de la Diputación en estos momentos de riesgo. Si hay un territorio apetecido, porque es la pata que le falta al nacionalismo, es el territorio alavés. Álava es el mayor obstáculo para el «plan Ibarretxe», y es de responsabilidad y de sentido común que intentemos llegar a acuerdos.
-Zapatero, al dialogar con Ibarretxe ¿legitima su oferta de ruptura?
-Ibarretxe se va a plantar en Madrid diciendo «este es mi proyecto o lo tomas o lo dejas». Ha conseguido el acuerdo del Parlamento vasco, con el apoyo de Batasuna, y lo va a llevar a Madrid para que acepten lo que se decida aquí. Ha anunciado un referéndum y lo va a cumplir. El diálogo va ser imposible. Además, tiene unos guardianes que no van a permitirle cualquier movimiento. Se lo advirtió el otro día Arnaldo Otegi.
-¿El PSOE esperará al resultado electoral de mayo, para buscar luego un acuerdo bajo el paraguas del «plan Guevara»?
-Cuando hay un reto de tal gravedad, no se puede estar pensando en que va sacar más o menos provecho electoral. Mucho me temo que cuanto más se alargue la situación, peor se va a poner. En esa especie de dar ínfulas al nacionalismo ante la poca firmeza del Gobierno y de los tribunales, lo que se conseguirá es incrementar la debilidad de los no nacionalistas. Y eso, el PNV lo aprovecha.
-¿Es partidario de recurrir, si es necesario, al artículo 155 de la Constitución?
-Espero que no se tenga que utilizar, porque sería terrible. Sería una situación muy fuerte decretar la suspensión de parte de la autonomía, y el gran fracaso de los vascos. En caso de que llegue ese referéndum, que la gente vaya pensado lo que significaría desde todos los puntos de vista político, institucional, económico, de encaje en la Unión Europea....
-¿Comparte la decisión de su partido de no hablar con el lendakari? ¿Cómo diputado general de Álava también lo descarta?
-No me ha llamado el señor Ibarretxe, por lo que, en estos momentos, no tengo más que decir.
-En su equipo de Gobierno hay personas del mundo nacionalista, ¿ha habido una limpieza en el PNV para llegar dónde estamos?
-Quiero pensar que hay un nacionalismo moderado que sabe que una cosa es defender lo nuestro, y otra cosa, hacia dónde nos lleva este plan.
Miguel Sanz y autonomías del PP piden una reunión de la conferencia de presidentes
AGENCIAS/PAMPLONA / MADRID El Correo 5 Enero 2005
El PP respaldó ayer la convocatoria de la II Conferencia de Presidentes Autonómicos para debatir sobre el plan Ibarretxe, una reunión que el presidente navarro, Miguel Sanz, fue el primero en reclamar al considerar que el proyecto aprobado por el Parlamento vasco «se sitúa al margen de la Constitución» y contiene «claras injerencias» a las competencias de la Comunidad foral. Sanz remitió una carta a José Luis Rodríguez Zapatero en la que solicita la «convocatoria urgente» de la cumbre.
Esta petición, comunicada al resto de los presidentes regionales, tiene como finalidad que «todas las autonomías podamos fijar nuestra posición sobre esta propuesta que, sin duda, pone en evidencia la unidad de la España constitucional y la vertebración del Estado». Según Sanz, la cita serviría para que el lehendakari pueda escuchar «en un plano de igualdad la opinión del resto de presidentes». En caso de no reunirse, el jefe del Gobierno navarro sostiene que la conferencia «no tendría razón de ser». Posteriormente, en declaraciones a la 'Cope', amenazó con abandonarla si Zapatero no atiende su reclamación.
Desde la dirección del PP, la secretaria ejecutiva de Política Autonómica, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que su partido respalda la iniciativa de Sanz. «Consideramos que no hay motivo más oportuno que la aprobación del plan Ibarretxe», añadió. También apoyaron la convocatoria varias comunidades del PP, entre ellas, la valenciana, La Rioja y Castilla y León.
Por su parte, UPN y CDN reclamaron una reunión del Parlamento navarro para que elabore un texto de rechazo al proyecto del lehendakari, una moción similar a la presentada por el PSN. IUN pidió a la Cámara autónoma que inste al Congreso de los Diputados a impedir la aprobación de la propuesta de Ibarretxe.

References: artículo 1
 artículo 50
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 155