Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2015/T-591-15.htm
Timestamp: 2017-10-22 02:44:27+00:00

Document:
T-591-15
Sentencia T-591/15
(Bogotá, D.C., 11 de septiembre)
El artículo 29 de la Carta Política define el derecho fundamental al debido proceso como “el que se cumple con arreglo a los procedimientos previamente diseñados para preservar las garantías que protegen los derechos de quienes están involucrados en la respectiva relación o situación jurídica, cuando quiera que la autoridad judicial o administrativa deba aplicar la ley en el juzgamiento de un hecho o una conducta concreta, lo cual conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una obligación o sanción”. Por lo anterior, es claro que la Constitución reconoce expresamente que el alcance y ámbito de protección de éste derecho fundamental no se limita a las actuaciones judiciales, sino que se hace extensivo, de igual forma, a las actuaciones que adelanta la administración.En ese orden, es claro que integra el ámbito de protección del derecho fundamental al debido proceso, el deber que tiene la administración de adelantar los procedimientos que están a su cargo siguiendo las reglas propias de define la ley o el reglamento, sin que haya lugar a que se exija el cumplimiento de condiciones adicionales o; que se haga una aplicación caprichosa de requisitos que pueden resultar más gravosos o; que se sancione por el incumplimiento de un requisito o formalidad que no fue previamente informado al ciudadano. Entre los innumerables procedimientos que la administración debe dirigir bajo el contenido del derecho fundamental al debido proceso, podemos identificar aquel relativo al otorgamiento de beneficios económicos o créditos especiales condonables para acceder a la educación superior.
FONDO DE FOMENTO EDUCATIVO JENARO DIAZ JORDAN-Marco reglamentario
DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Vulneración por negativa de beneficio económico para ingresar a la educación superior
DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Reconocer a accionante crédito especial denominado “Plan Excelencia”, informar a beneficiaria y/o a su padre, de manera clara, precisa y completa, los trámites y requisitos que deben cumplir para acceder a dicho beneficio
Referencia: Expediente T-4.960.869
1.2.1. El día 25 de agosto de 2013, la menor Karen Tatiana Criollo Puentes, para esa época, estudiante del grado 11º de la Institución Educativa Esteban Rojas Tovar, presentó las pruebas Saber 11, en el municipio de Tarqui (Huila), en las cuales obtuvo el primer puesto a nivel municipal[1] y, el décimo segundo a nivel nacional.
(i) Si para el año 2013 la joven Karen Tatiana estaba matriculada en la Institución Educativa Esteban Rojas Tovar de Tarqui (Huila), en caso afirmativo en qué grado. Respuesta: “Sí, [la estudiante] estuvo matriculada en el año 2013, cursando el grado once.” (ii) Si presentó las pruebas Saber 11 en ese año, cuál fue el puntaje obtenido y el puesto logrado a nivel municipal. Respuesta: “Sí, la estudiante presentó la prueba Saber 11 en el año 2013, y el puesto que ocupó a nivel municipal fue el primero.” (iii) Si con el puntaje obtenido por la estudiante tenía derecho a incentivo académico y/o económico por parte del fondo de Fomento Educativo “Jenaro Díaz Jordán” y cuales requisitos adicionales para ser beneficiaria. Respuesta: “Con los puntajes obtenidos y el puesto ocupado nivel municipal. La estudiante cumplía con ese requisito para ser beneficiaria de este programa.” (iv) De qué manera se publicó o socializó entre los padres de familia y/o acudientes y estudiantes el Plan Excelencia consagrado en el reglamento interno del Fondo. Respuesta: “Al hablar con los padres, sobre las oportunidades que tienen los estudiantes para continuar estudios superiores si cumplen con sus responsabilidades escolares y obtienen buenos puntajes en las Pruebas Saber 11. Se pone como ejemplo las becas que ofrece el [Fondo Educativo], dándoles a conocer condiciones para acceder a estas. A los estudiantes en las asesorías de coordinación también se hace referencia al tema y se orienta a demás sobre carreras universitarias, inscripciones, las opciones de carreras según puntajes (…)”[2].
2.2. Secretaría de Educación del departamento del Huila. Señaló que el administrador del Fondo Educativo “Jenaro Díaz Jordán” es el ICETEX, razón por la cual, el juez de tutela debía disponer su vinculación para que aclarara si la estudiante hizo uso de la opción de crédito educativo o, por el contrario, dejó transcurrir el tiempo sin expresar su intención de tomarlo. Además, ratificó que la menor Karen Tatiana sí estuvo estudiando en el año 2013 en el grado 11; que presentó la prueba Saber 11 y, que obtuvo el primer lugar a nivel municipal; posición que le otorgó el derecho de acceder a un crédito condonable denominado “Plan Excelencia”[3].
2.3. Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX). Solicitó que se denegara el amparo solicitado, argumentando que no existe legitimación en la causa por pasiva, por cuanto, no incurrió en acción u omisión violatoria de los derechos fundamentales invocados por el actor, en representación de su hija. En ese sentido, indicó que es un mero administrador del Fondo y, que toda decisión recae sobre la Junta Administradora del mismo, integrada por el Gobernador, Secretaria de Hacienda, Alcalde, entre otros.
Indicó que el Fondo mencionado se constituyó en 1982, con el objeto de financiar parcial o totalmente estudios de pregrado o posgrado a estudiantes huilenses, así como aquellos que hayan vivido como mínimo cinco (5) años en el departamento, que demuestren un bien nivel académico y escasos recursos económicos. Para tal fin, dicha entidad ofrece una línea de crédito para aquellos estudiantes que demuestren ser los mejores de cada municipio del departamento del Huila, por medio de los resultados obtenidos en las pruebas Saber 11 “Plan Excelencia”, el mismo puede ser reembolsable por prestación de servicio, conforme establezca el reglamento del Fondo. El “Plan Excelencia” se encuentra vigente y de acuerdo con el reglamento del Fondo, los estudiantes que presentaron las pruebas Saber deben pasar por escrito a la Gobernación del Huila -Secretaría de Educación-, si aceptan o no el beneficio, especificando para que semestre lo van a tomar. En caso de que los tres (3) primeros estudiantes de cada municipio, no presenten ninguna comunicación se le dará la oportunidad al cuarto puesto según sea el caso.
Señaló que, la joven Karen Tatiana había ocupado el primer puesto en el municipio, sin embargo, no manifestó ante la Secretaría de Educación, dentro de los treinta (30) días de publicado el listado, si aceptaba o no el “Plan Excelencia”. De ahí que, la Junta Administradora del Fondo, en el Acta No.087 expedida en la sesión del 18 de febrero de 2014, solo aprobara las solicitudes de los otros estudiantes que se acogieron al “Plan Excelencia” según las pruebas Saber 11-2013-2[4]. En consecuencia, la Secretaría de Educación remitió al ICETEX copia del listado de los estudiantes que cumplieron con los requisitos para acceder a la línea especial de crédito, en el cual se verifica que la estudiante Karen Tatiana no quedó incluida por cuanto no manifestó su interés en acogerse a dicho beneficio, lo que de conformidad con el reglamento del Fondo significa la renuncia al mismo y el posterior otorgamiento a los estudiantes que ocuparon hasta el cuarto puesto en las pruebas Saber del municipio (Tarqui).
2.4. Gobernación del Huila y Fondo de Fomento Educativo “Jenaro Díaz Jórdan”. Estas entidades no contestaron la acción de tutela.
La Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones judiciales mencionadas, con base en la Constitución Política -artículos 86 y 241.9- y lo desarrollado en el Decreto 2591 de 1991 -artículos 31 a 36[5].
2. Procedencia de la demanda de tutela[6].
2.2. Legitimación activa. El señor Hernando Criollo Ortiz interpuso la acción de tutela en representación de su menor hija Karen Tatiana Criollo Puentes[7], que es la titular de los derechos presuntamente vulnerados (C.P. art. 86º, Decreto 2591 de 1991 art. 1º y art.10°).
2.3. Legitimación pasiva. La Gobernación del Huila, la Secretaría de Educación del mismo departamento, el Fondo de Fomento Educativo “Jenaro Díaz Jordán” y la Institución Educativa Esteban Rojas Tovar de Tarqui (Huila) son entidades de naturaleza pública y, por tanto, la solicitud de amparo es procedente. (C.P. 86°, D. 2591/91 art. 1° y art. 13°).
2.4. Inmediatez. Es un requisito para la procedibilidad de la acción, el que ésta sea interpuesta en forma oportuna, es decir, que se realice dentro de un plazo razonable[8], dado que busca la protección inmediata de los derechos fundamentales frente a su vulneración o amenaza, debiéndose presentar de esta forma dentro de un ámbito temporal razonable desde la ocurrencia de la misma.
2.4.2. Conforme a lo anterior, la Sala advierte que el señor Criollo Ortiz ha venido solicitando ante la Administración, incluso, ante el mismo Ministerio Público, el reconocimiento del beneficio económico para que su hija pueda acceder a la educación superior. No obstante, las entidades administrativas responsables se han abstenido de dar solución efectiva a dicha situación. En ese escenario, concluye la Sala que se satisface el requisito de inmediatez de la acción de tutela. Esto, por cuanto, (i) el actor demostró que, en el tiempo transcurrido entre la presentación del derecho de petición a la Gobernación (15 julio de 2014) y la fecha de interposición de la acción constitucional (9 de marzo de 2015), fue diligente en reclamar ante las entidades competentes la protección de los derechos que ahora invoca; y (ii) la falta de respuesta efectiva a la petición precitada, permite colegir que la presunta vulneración a los derechos de su hija continúa vigente. Por dichas razones, se entiende superado este requisito.
2.5. Subsidiariedad. Acorde con el artículo 86 de la Constitución, y los artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y subsidiaria, es decir, solo procede: (i) cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial; (ii) cuando existiendo mecanismo, carece de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, en las circunstancias del caso concreto[9]; o (iii) cuando se interpone para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable en un derecho fundamental, caso en el cual, se concederá el amparo de manera transitoria. En este evento, el accionante adquiere la obligación de acudir a las instancias ordinarias durante los cuatro (4) meses siguientes para que allí se desarrolle el debate jurídico de fondo sobre los hechos planteados en su demanda[10].
3.1.1. El artículo 29 de la Carta Política define el derecho fundamental al debido proceso como “el que se cumple con arreglo a los procedimientos previamente diseñados para preservar las garantías que protegen los derechos de quienes están involucrados en la respectiva relación o situación jurídica, cuando quiera que la autoridad judicial o administrativa deba aplicar la ley en el juzgamiento de un hecho o una conducta concreta, lo cual conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una obligación o sanción”. Por lo anterior, es claro que la Constitución reconoce expresamente que el alcance y ámbito de protección de éste derecho fundamental no se limita a las actuaciones judiciales, sino que se hace extensivo, de igual forma, a las actuaciones que adelanta la administración[11].
3.2. Marco reglamentario del Fondo de Fomento Educativo “Jenaro Díaz Jordán”[12].
3.2.1. El Fondo de Fomento Educativo Jenaro Díaz Jordán se constituyó mediante contrato No.007F82 del 16 de junio 1982, con el fin de financiar parcial o totalmente estudios de pregrado o posgrado a estudiantes huilenses de nacimiento, así como aquellos que hayan vivido como mínimo cinco (5) años en el departamento y demuestren un buen nivel académico y escasos recursos económicos.
3.2.3. El capítulo III, artículo sexto, literal c, del Reglamento Operativo del Fondo, establece que esta entidad ofrecerá una línea de crédito especial denominada “Plan Excelencia”, para apoyar los estudios de pregrado, a quienes mediante resultados de pruebas de estado Saber 11, demuestren ser los mejores estudiantes de cada municipio, en el departamento del Huila, en cada año escolar. Indica la norma que dicho crédito puede ser rembolsable por prestación de servicio, conforme se establezca en el reglamento y, cubre hasta diez (10) smlmv por semestre, en cualquier universidad oficial o privada o Centro Regional de Educación Superior-CERES del país; además de gastos semestrales de sostenimiento por el equivalente de hasta dos y medio (2,5) smlmv.
3.2.6. Finalmente, cabe señalar que el ICETEX, mediante escrito del 12 de marzo de 2015, certificó que el “Plan Excelencia” está vigente y que su operatividad se encuentra definida en las normas precitadas[13].
4.3.1. En primer lugar, debe indicarse que el “Plan Excelencia” que ofrece el Fondo accionado busca garantizar el componente de accesibilidad del derecho a la educación[14], en tanto, permite a estudiantes de excelentes condiciones académicas y de escasos recursos económicos, acceder a la educación superior, entre otros niveles educativos, mediante el reconocimiento de un crédito especial, que puede ser condonable.
4.3.4. Es en este último escenario donde se ubica la controversia planteada por el señor Criollo Ortiz, en tanto, alegó que no le fue informado, ni tampoco a su hija, que debía manifestar por escrito ante la autoridad respectiva, en un término perentorio, la aceptación del crédito. En ese sentido, el actor señaló: "Por dificultades económicas y ante la ausencia de información al respecto por parte de [las entidades] accionadas, esto es de la beca [crédito especial], mi hija (…) no pudo iniciar estudios universitarios sino hasta el año siguiente (…)”. De igual forma, aseveró: “Nunca fui informado ni como padre, ni mi hija en la institución educativa Esteban Rojas Tovar de Tarqui que frente a la beca (…) debíamos comunicar por escrito si aceptábamos o no la beca, situación que igualmente olvidó o fue negligente la Secretaría de Educación Departamental (…)”[15].
4.3.7. En ese sentido, cabe resaltar, primero, que la Secretaría de Educación del departamento del Huila y el ICETEX, no aportaron prueba, siquiera sumaria, de la manera como se informó al actor y/o a su hija de los requisitos de esta línea especial de crédito y, segundo, que el juez de tutela requirió al colegio accionado, para que informara de que manera se publicitó o socializó entre padres de familia, acudientes y estudiantes el “Plan Excelencia”. Sin embargo, el colegio manifestó que fue de forma verbal con los padres y mediante asesorías de coordinación con los estudiantes. Para tal efecto, aportó constancias de asistencia de la joven Karen Tatiana a unas reuniones de “orientación vocacional” y, copia de una presentación en Power Point, en la que, la penúltima diapositiva menciona, solamente, el título del “Plan Excelencia”[16]. La Sala considera que, tales elementos probatorios carecen de idoneidad, para demostrar que las entidades accionadas prestaron una capacitación adecuada a los estudiantes y/o padres de familia, pues lo único que indican es que por parte de este colegio se ofreció asesorías de orientación profesional y, que de manera marginal, se hizo referencia a los créditos que otorga el Fondo de Fomento Educativo.
4.3.8. De igual forma, la Sala observa que, ninguna de las entidades que tienen participación en el trámite de reconocimiento de los créditos especiales educativos -miembros de la Junta Administradora del Fondo-, ni el plantel educativo Esteban Rojas Tovar, realizaron un proceso de asesoría o acompañamiento con los estudiantes, que obtuvieron los mejores resultados en las pruebas Saber 11 del municipio de Tarqui (Huila), para que hicieran efectivo el pluricitado beneficio. En este punto, llama la atención de la Sala que, no fuera incluido ninguno de los mejores estudiantes del municipio de Tarqui[17], entre ellos, la joven Karen Tatiana, en el listado de beneficiarios aprobados del Plan Excelencia (período 2013-2)[18].
4.3.9. Sobre la base de lo anterior, la Sala concluye que las entidades accionadas vulneraron el derecho fundamental al debido proceso administrativo de la joven Karen Tatiana. Es así, porque, la Gobernación del Huila, en calidad de representante legal del Fondo, y la Secretaría de Educación del mismo departamento, resolvieron abstenerse de otorgar a la estudiante el crédito especial “Plan Excelencia”, por el incumplimiento de un requisito formal (manifestación por escrito de la aceptación del crédito), que no le había sido informado con anterioridad. En consecuencia, la Sala dictará las órdenes de amparo tendientes al restablecimiento de los derechos conculcados, las cuales, por razones metodológicas, serán enunciadas en el acápite subsiguiente.
Primero.- REVOCAR la sentencia de única instancia proferida por el Juzgado Único Laboral del Circuito de Garzón (Huila), del 24 de marzo de 2015, que negó el amparo invocado y, en su lugar, TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso administrativo de la joven Karen Tatiana Criollos Puentes.
Segundo.- ORDENAR al Gobernador del departamento del Huila, en su condición de representante legal del Fondo de Fomento Educativo “Jenaro Díaz Jordán”, y a la Junta Administradora de dicho Fondo que, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, adopten las medidas necesarias para reconocer a favor de la joven Karen Tatiana Criollo Puentes, el crédito especial denominado “Plan Excelencia”. Para ello, corresponderá a la Secretaría de Educación del departamento del Huila, informar a la beneficiaria y/o a su padre, de manera clara, precisa y completa, los trámites y requisitos que deben cumplir para acceder a dicho beneficio.
[1] Según consta en la información que suministró el Supervisor de Educación, Líder Grupo de Calidad y Pertinencia, de la Secretaría de Educación del Huila, mediante oficio del 17 de marzo de 2015 (folio 88). En adelante, siempre que se cite un folio se entenderá que hace parte del cuaderno principal, salvo que se haga manifestación en contrario.
[2] Folios 63 y 64.
[3] Folio 86 y 87.
[4] Folios 101 a 113.
[5] En Auto del 24 de junio de 2015 de la Sala de Selección de tutela No.6 de la Corte Constitucional, se dispuso la revisión de la providencia en cuestión y se procedió a su reparto.
[6] Constitución Política, artículo 86.
[7] Según consta en la copia de la matrícula aportada por la Institución Educativa Esteban Rojas Tovar, la joven Karen Tatiana Criollo Puentes nació el 10 de julio de 1997, por tanto, se puede colegir que, a la fecha de la interposición de la acción de tutela (9 de marzo de 2015), la estudiante tenía 17 años de edad (folio 65).
[8] De conformidad con la Sentencia SU-961 de 1999: “la razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción. En jurisprudencia reiterada, la Corte ha determinado que la acción de tutela se caracteriza por su ‘inmediatez’. (...) Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción”.
[9] Al respecto, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que desarrolla la subsidiariedad establecida en el artículo 86 Superior, dispone que la eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el juez de tutela atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.
[10] Decreto 2591 de 1991, artículo 8º.
[11] Sobre el particular, en la Sentencia T-1082 de 2012 se reiteró lo siguiente: “El debido proceso es un derecho fundamental que tiene una aplicación concreta no sólo en las actuaciones judiciales sino también en las administrativas. La garantía fundamental del debido proceso se aplica a toda actuación administrativa desde la etapa de inicio del respectivo procedimiento hasta su terminación, y su contenido debe asegurarse a todos los sujetos. En este sentido, la actuación de las autoridades administrativas debe desarrollarse bajo la observancia del principio de legalidad, marco dentro del cual pueden ejercer sus atribuciones con la certeza de que sus actos podrán producir efectos jurídicos. De esta manera, se delimita la frontera entre el ejercicio de una potestad legal y una actuación arbitraria y caprichosa. Ahora bien, en los casos en los que la actuación de las autoridades respectivas carezcan de fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud arbitraria y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales de las personas, nos encontramos frente a lo que se ha denominado como vía de hecho, y para superarla es procedente excepcionalmente la acción de tutela.”
[12] Según consta en el Reglamento Interno del Fondo de Fomento Educativo Jenaro Díaz Jordán, Acuerdo del 15 de diciembre de 2011 (Folios 15 a 20).
[13] Folio 94.
[14] Con fundamento en los parámetros establecidos en la Observación General Número 13, relativa al contenido normativo del artículo 13 -sobre los propósitos de la educación- del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la jurisprudencia de esta Corte Constitucional ha determinado que, el derecho a la educación, siendo de contenido prestacional, tiene cuatro componentes estructurales e interrelacionados: “a) disponibilidad del servicio; b) la accesibilidad; c) adaptabilidad; y d) aceptabilidad” (Ver Sentencia T-779 de 2011, entre otras). En cuanto al componente de accesibilidad a la educación, la Corte en Sentencia T-743 de 2013 señaló que, el mismo implica la protección del “derecho individual de ingresar al sistema educativo en condiciones de igualdad o, dicho de otra manera, la eliminación de cualquier forma de discriminación que pueda obstaculizar el acceso al mismo.” Las condiciones de igualdad enunciadas comprenden, por lo menos, los siguientes elementos: “i) la imposibilidad de restringir el acceso por motivos prohibidos, de manera que todos tengan cabida, en especial quienes hacen parte de los grupos más vulnerables; ii) la accesibilidad material o geográfica, que se logra con instituciones de acceso razonable y herramientas tecnológicas modernas y iii) la accesibilidad económica, que involucra la gratuidad de la educación primaria y la implementación gradual de la enseñanza secundaria y superior gratuita”.
[15] Folio 38.
[16] Folios 68 a 75.
[17] Listado de los mejores resultados de las pruebas Saber 11, periodo 2013-2, del departamento del Huila. En este, se encuentra incluida la joven Karen Tatiana, más cuatro compañeros del municipio de Tarqui (Folios 26 y 27).
[18] Folio 24.

References: artículo 29
 artículo 86
 artículo 29
 artículo 86
 artículo 6
 artículo 86
 artículo 8
 artículo 13