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Timestamp: 2019-06-27 00:58:30+00:00

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Acuerdo y Sentencia 006/2015 Tribunales de Apelaci�n
Fuente: Archivo Corte Suprema de Justica - Estadística Civil y Comercial
ACUERDO Y SENTENCIA T.A. DE FERIA Nº 6/15
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte dias del mes enero del año dos mil quince, estando reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal de Apelación en lo Penal de Feria, los Señores Miembros BIBIANA BENÍTEZ FARÍA, IRMA ALFONSO DE BOGARÍN y LINEO INSFRAN, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, ante mi, la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: “TOMAS GOMEZ C/VICE MINISTERIO DE TRANSPORTE S/ AMPARO”, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por TOMÁS GÓMEZ, por derecho propio y bajo patrocinio del Abogado JOSÉ LUÍS BERNIS, contra la S.D. N° 86, de fecha 02 de diciembre de 2014, dictada por la Juez de Sentencia N°17, Abog. Blanca I. Gorostiaga B.
Efectuado el estudio previo de todos los antecedentes, el Tribunal acordó plantear y votar la siguiente.
¿Se halla ajustada a derecho la sentencia impugnada?
Practicado el sorteo previsto por la Ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: Dres. BENÍTEZ FARÍA,IRMA ALFONSO DE BOGARÍN y LINEO INSFRAN.
A LA ÚNICA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. BENÍTEZ FARÍA DIJO:
Por el aludido fallo en alzada la A-quo resolvió: "1) RECHAZAR la Acción de Amparo Constitucional promovida el Abog. JORGE LUIS BERNIS en representación del Sr. TOMAS GOMEZ, en contra del Vice Ministerio del Transporte, conforme a lo expuesto en el exordio de la presente resolución. 2) IMPONER las costas en el orden causado. 3) ANOTAR..."
Como fundamento de la resolución apelada, la a-quo expreso, en síntesis, lo siguiente: "...QUE, de tal manera el Amparo Constitucional es una vía de excepción que como tal debe interpretarse estrictamente y puede abarcar una variedad de situaciones, pero debe encuadrarse concretamente y específicamente, a la circunstancia de un acto u omisión ilegitima que debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria. En el caso particular de estos autos, el caso que nos ocupa es de carácter sumarial pero dichos pedidos se encuadra dentro del Derecho Administrativo. Y por ende por RESOLUCIÓN N° 92/14 se resolvió en el 2o punto NO HACER lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto por la Empresa de Transporte Santa Rota Agencia de Viajes, por las infracciones verificadas durante el procedimiento realizado a la unidad identificada con RUA BFV 714, propiedad del Sr. Tomas Gómez, conforme Acta de Infracción N° 08748, de fecha 18/09/2013...". (sic.).
De conformidad al Art. 581 del C.P.C. "...Contra la sentencia de Primera Instancia que acoge o deniega el amparo, así como en los casos de Art. 570 y 571, procede el recuro de apelación, que le será concedido sin efecto suspensivo cuando se acoja el amparo o se haga lugar a la medidas de urgencia. El recurso deberá interponerse y fundamentarse por escrito dentro del segundo día de notificadas las resoluciones mencionadas. El juez correrá traslado del mismo a la otra parte, la que deberá contestar dentro del plazo de dos días. Inmediatamente el juez elevará el expediente al Tribunal de Apelación competente...". Al respecto, se observa que no existe constancia de cédula de notificación, por tanto se tiene interpuesto el recurso en forma tempestiva.
El apelante se agravia contra la S.D. N° 86 de la fecha 02 de diciembre de 2014, en su escrito de fundamentación del recurso (fs. 34/35), sostiene: "...Que de manera arbitraria el juzgador ha resuelto rechazar el amparo considerando que la cuestión es ADMINISTRATIVA, y que se circunscribe al derecho administrativo, que además el mismo puede remediarse por la via ordinaria o por otras vias, sin embargo, no ha tenido en cuenta, que el recurrente no es el sumariado, si no el propietario del vehículo confiscado indebidamente, y a quien no se ha notificado absolutamente del proceder, y ni siquiera del monto de la multa aplicada. EL ACTOR PLANTEO UN AMPARO DE PRONTO DESPACHO, EN RELACION AL RECURSO DE RECONSIDERACION POR EL INTERPUESTO, NO EN RELACION AL INTERPUESTO POR LA EMPRESA SANTA RITA AGENCIA DE VIAJES, y que obra a fs. ... y que fuera presentado e fecha 11 de setiembre de 2014, con cargo MOPC N° 30613 de fecha 15 de setiembre de 2014, en el que se requirió la reconsideración ante el VICEMINISTRO DE TRANSPORTE, EN RELACION A AL SECUESTRO Y LA DEVOLUCION DEL CAMION MARCA JACK, AÑO 2009, CHAPA BV714, CHASIS, LJ11KBBC49100U70...". (sic.).
La parte demandada al contestar el traslado manifestó: Por su parte, el Abog. EMIGDIO WENDELL MORA, en representación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en su escrito de contestación (fs. 39/40), manifiesta: "...Que, en primer término corresponde hablar acerca de lo planteado por la actora en su presentación donde manifiesta lo siguiente: "...no ha tenido en cuenta, que el recurrente es el sumariado, si no el propietario del vehículo confiscado indebidamente, y a quien son se notificado absolutamente fiel proceder, y ni siquiera del monto de la multa aplicada...", al respecto corresponde realizar dos acotaciones; Primero, que conforme a todas las pruebas arrimadas en su oportunidad al evacuar el informe circunstanciado y que obra en autos, se ha contestado lo solicitado por la actora, con la Resolución del Gabinete del Viceministerio de Transporte N° 92/14, que la apelante transcribe en su escrito al interponer su Recurso, y por lo tanto ella misma se contradice al expresar que aun no fue notificado del Recurso interpuesto mediante el Expediente del MOPC N° 30613, de fecha 15 de setiembre de 2014. A renglón seguido transcribe parte de la Resolución de la Magistratura en la cual resuelve RECHAZAR la acción de amparo constitucional promovida por el Abogado JORGE LUIS BERNIS en representación del Señor Tomas Gómez, por haber dado cumplimiento al objeto del presente amparo, por lo que resulta innecesario expedirnos sobre el fondo de la cuestión. Como podrán observa VV.EE. el amparo resulta a todas luces improcedente habida cuenta de que la resolución dada por el Viceministerio de Transporte ha cumplido a cabalidad su cometido, es decir mi representada se ha expedido en relación al recurso de reconsideración interpuesto, por lo que ya no corresponde el estudio del fondo de la cuestión...". (sic.).
Analizadas las alegaciones de las partes como asimismo las constancias del expediente se tiene que el Abogado Jorge Luis Bernis, con Mat. N° 4759, en representación del señor Tomas Gómez, ha interpuesto acción de amparo de pronto despacho contra el Vice Ministerio de Transporte, fundado en que la demandada no se ha pronunciado sobre un Recurso de Reconsideración interpuesto en fecha 11 de setiembre de 2014, mesa de entrada MOPC N° 30613 del 15 de setiembre del 2014, por el secuestro del camión de pasajeros marca JAC, modelo LHD, dispuesta por inspectores de la SETAMA el 18 de setiembre del 2013, menciona que ésta institución fue absorbida por el Vice Ministerio de Transporte; mediante el Amparo de pronto despacho pretende conocer los motivos del caso, de la lesión al patrimonio ajeno, a la propiedad de su representado, a su imposibilidad de trabajar en el mercado como dispone la Constitución Nacional. Cita el Art. 40 de la Constitución Nacional.
La afirmación anterior se encontrarla sustentada en que la SETAMA procedió a retener la unidad del amparista en fecha 18 de setiembre de 2013, según el Acta de Comprobación de intervención Nro. 08748 (fs. 14 del sumario administrativo sobre recurso de reconsideración de multa, agregada por cuerda separada), por violación a las disposiciones vigentes que rigen la SETAMA.
Al respecto, es dable señalar que lo aquí planteado es un amparo de pronto despacho, que no tiene por objeto resolver judicialmente el fondo de las cuestiones demandadas en sede administrativa, sino únicamente conseguir que se disponga que las administraciones se pronuncien sobre lo peticionado, en caso de encontrarse pendiente algún tipo de pronunciamiento.
Que, a los efectos de poder entrar a estudiar la cuestión debatida, resulta conveniente formular algunas consideraciones de carácter doctrinal primeramente acerca del "amparo ordinario o genérico", para luego pasar a tratar la figura procesal del "amparo de pronto despacho o específico", que fue el planteado por el accionante al promover su acción.
Así, para la procedencia del amparo constitucional ordinario - no el de pronto despacho - es preciso examinar si en el caso sometido al Juez se dan las siguientes situaciones: a) En primer lugar si existe o no un acto violatorio o lesivo de alguna garantía de rango constitucional; b) la existencia de un daño o agravio; c) cuáles son o constituyen los derechos protegidos; d) por último, la ausencia de remedios ordinarios.
En cambio, la figura del amparo de pronto despacho, que es el que promovió la parte actora, en una búsqueda de celeridad o prosecución de la tramitación de su expediente administrativo, solicitando que por vía de la autoridad jurisdiccional sea instada o compelida a dar el trámite para el cual fue designada en el desempeño de su rol específico, amparado el accionante para ello por ejercer la garantía constitucional de peticionar a las autoridades legítimamente constituidas, que conforme con lo establecido en el Art. 40 de la Carta Magna, toda persona tiene derecho a peticionar a las Autoridades por escrito, quienes a su vez deberán responder "dentro del plazo y según las modalidades que la ley determine".
Así se tiene que HORACIO D. CREO BAY en su libro "Amparo por mora de la Administración pública", al referirse a la "Especificidad del amparo por mora", como "Un amparo específico", expresa que "El amparo por mora de la Administración es una especial acción de amparo", y "que se da solamente como remedio de la mora administrativa. Por regla general, cuando se intenta un amparo por mora, existen otros remedios administrativos o judiciales.
Pero...dicho amparo no puede denegarse por la existencia de esos otros remedios. En ello difiere del amparo genérico o general, vía excepcional que sólo procede en ausencia de otros remedios que pudieran resultar idóneos para la protección de las garantías que consagra la Constitución Nacional... El amparo general es residual y, ante la mora administrativa el amparo por mora es específico"; para seguidamente, al tratar el referido autor el amparo por mora y el amparo de la ley, dice: "La finalidad del amparo por mora no es subrogar a la autoridad administrativa por la judicial, haciendo que esta última provea por aquella, sino obligarla a resolver, pero sin indicarle cómo ni en qué sentido", para seguidamente expresar que el otro amparo, el genérico o tradicional, por el contrario "impone al juez fijar la conducta a seguir por la Administración, estableciendo de esta manera el alcance que concretamente ha de tener su actividad". (a.c., o.c., pág. 52/53, Edit. Astrea, año 1995).
Que, el Art. 572 del Código Procesal Civil establece que "cuando la demanda fuere formalmente procedente y se tratase de... omisión... de órgano de la administración pública...", se está refiriendo obviamente al amparo de pronto despacho al pedirse se emplace a la autoridad administrativa para que se pronuncie sobre una petición concreta formuládale, o para que se prosiga con la tramitación de un expediente ya iniciado con anterioridad, y en ese caso, en el juicio de amparo no se entra a estudiar el fondo de la cuestión, o sea que no se cuestiona ninguna resolución en particular; sino lo que se está amparando es el asegurar al particular o individuo afectado, para que se prosiga con la tramitación de su expediente por él iniciado, dentro del plazo que fije el Juez con el apercibimiento de rigor, o sea que todo se limita a tratar de obtener la prosecución de los trámites establecidos por la ley a la autoridad administrativa, cuyo desempeño se rige por el principio de legalidad.
Sobre el punto cabe traer a colación lo que menciona Bidart Campos, al referirse al tema y transcribir lo consignado en su obra por Miguel S. Marienhoff, (Tratado de Derecho Administrativo Abeledo Perrot): un silencio, una inercia o inactividad, así prolongada trasunta de parte de la administración pública una conducta inequivoca y manifestante ilegal pudiendo remediarse tal omisión a través de la acción de amparo.
En el caso de autos, me adelanto en sostener que la Administración Pública, VICE MINISTERIO DEL TRANSPORTE, no ha dejado de pronunciarse sobre el recurso de reconsideración a que ha hecho mención la parte actora, motivo aludido para impetrar ésta via como forma de compeler a un determinado pronunciamiento.
En tal sentido consta en autos, las intervenciones realizadas por el Abogado Alejandro Duarte en representación de la Empresa Agencia de Viajes Santa Rita, en el marco de la tramitación del Sumario Instruido a dicha empresa, asi como la del propio amparista señor TOMAS GOMEZ especificamente lo relacionado al Acta de comprobación de intervención N° 08748, por multa aplicada al ómnibus identificado con número de orden 0931, RUA BFV-714 (ver fs. 17), propiedad del Señor Tomas Gómez, solicitando reconsideración sobre la multa aplicada y la devolución del ómnibus de su propiedad todo lo cual se corrobora en el escrito presentado por su parte y agregado a fs. 90 y 102 del cuaderno de Sumario Administrativo agregado por cuerda separada, constatándose igualmente a fs. 78 las documentaciones que acreditan que el señor TOMAS GOMEZ es propietario del ómnibus con RUA BFV-714.
Es decir, lo alegado como agravio en el recurso de apelación interpuesto por éste, resulta a todas luces incoherente ya que alega que no ha obtenido resolución por parte del Vice Ministerio de Transporte sobre un recurso de reconsideración interpuesto y que el pronunciamiento fue dado a la Empresa de Transporte y no a él..., sin embargo ha quedado demostrado a través del expediente administrativo de sumario instruido a la Agencia de Viajes Santa Rita de que el Ómnibus JAC con número de matricula BFV-714 es de su propiedad por tanto y en cuanto la resolución N°92/14 expedida por el Vice Ministerio de Transporte, en fecha 27 de noviembre del 2014, constituye una respuesta al recurso de reconsideración solicitado ante el Vice Ministerio de Transporte, que en su parte pertinente ha resuelto: "Art. 2°. NO HACER lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto por la Empresa de Transporte Santa Rita Agencia de Viajes, por las infracciones verificadas durante el procedimiento realizado a la unidad identificada con RUA BFV 714 propiedad del Sr. Tomas Gómez., conforme Acta de Infracción N° 08748, de fecha 18/09/2013..." (fs. 128/137), por lo cual concierne al señor TOMAS GOMEZ por ser propietario del ómnibus en cuestión, por todo lo cual me permito en señalar que la Acción impetrada resulta manifiestamente improcedente.
En consecuencia, por los fundamentos antes expresados soy del criterio de que la Sentencia Definitiva debe confirmarse y aplicar las costas a la parte perdidosa, de conformidad a lo estipulado en el Art. 192 del Código de Procedimientos Civiles. Es mi voto.
OPINIÓN DE LA DRA. IRMA ALFONSO DE BOGARIN. -: Examinado el recurso de apelación contra la S. D. N° 86 de fecha 2 de diciembre de 2014, presentado por el Sr. Tomás Gómez, bajo patrocinio del abogado Jorge Luis Bernis, manifiesto mi adhesión a la solución que propicia la distinguida compañera Dra. Bibiana Benitez, permitiéndome agregar cuanto sigue con el propósito de consolidar su opinión.
Al respecto, es dable señalar que el amparo es una garantía establecida en el artículo 134 de la Constitución al prescribir: "Toda persona que por un acto u omisión, manifiestamente ilegitimo, de una autoridad o de un particular, se considere lesionada gravemente, o en peligro inminente de serlo en derechos o garantías consagradas en esta Constitución o en la Ley, y que debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, puede promover amparo ante el magistrado competente. El procedimiento será breve, sumario, gratuito, y de acción popular para los casos previstos en la Ley...".
Hecha esta precisión legal e ingresando al tratamiento de la cuestión que motiva el amparo por mora, estimo necesario señalar que la pretensión base de esta acción, es la de obtener un acto expreso de la administración a través de la resolución de un reclamo concreto; a fin de que se le restituya el goce y ejercicio inmediato de un derecho o garantía tutelado por la Carta Magna, que ha sido vulnerado o conculcado, siendo uno de los elementos constitutivos del derecho y de la acción para su procedencia que se hayan agotado, no existan o sean inoperantes otras vías procesales que permitan la reparación del daño. Por ende, para transitar por la via del amparo, el recurrente debe cumplir ciertos presupuestos conforme se desprende del citado artículo.
Por su parte el Prof. Hernán Casco Pagano en su obra Código Procesal Civil comentado y concordado. Tomo II. Decimotercera Edición, Pág. 1045 dice: "El amparo es una garantía que funciona de manera excepcional, extraordinaria, cuando en el ordenamiento jurídico no existe otro medio ordinario para obtener la protección del derecho lesionado o en peligro inminente de serlo... En doctrina se distinguen las vías ordinarias previas o paralelas, cuya existencia impide la procedencia del amparo... Vias previas: Son los procedimientos administrativos, los cuales deben estar agotados antes de promoverse el amparo. Es necesario que el acto contra el que se pretende amparo sea firme y definitivo; es decir, que no sea reparable por la via administrativa. Debe entenderse por via administrativa tanto la referida al ámbito estatal como al privado. Vías paralelas: Se denominan vías paralelas o concurrentes a las judiciales, referidas al ordenamiento procesal, sean procesos ordinarios o especiales. Por medio del amparo no se puede sustituir a los jueces naturales de la causa. En suma se trate de una via administrativa (previa) o judicial (paralela), la misma debe ser idónea para la eficaz protección del derecho o garantía constitucional".
En términos generales, la doctrina es conteste en sostener la naturaleza subsidiaria de esta acción, reservada para los casos de carencia de otras vías legales.
Sentado el carácter que asume el juicio de amparo, el Juez debe dirigirse a comprobar, en primer lugar, el dato fundante de esta acción, que no es sino la de constatar la inexistencia de resolución o bien la falta de pronunciamiento por parte de la administración. Debe, por lo tanto, reparar la verificación de esa situación objetiva de demora por parte de la autoridad pública en cumplir una determinada conducta; en segundo lugar, que quien ejerza la demanda ostente un derecho subjetivo o interés legítimo en obtener una decisión fundada respecto a petición; y por último que obviamente la demora sea imputable al funcionario, repartición o ente público administrativo.
De las constancias de autos, se puede observar que al momento de interponerse el amparo de pronto despacho en fecha 25 de noviembre de 2014 (fs. 20/28), el Vice Ministerio de Trabajo todavía no habla resuelto lo peticionado, recién en fecha 27 de noviembre de 2014 emite la Resolución G.V.M.T. N° 92/14; con lo cual al haber desaparecido el argumento principal para dicha via recursiva, acertadamente la A-quo rechaza la acción, pues no se encuentran en la especie reunidos los recaudos que avalen su procedencia.
En consecuencia ni se han infringido las reglas del procedimiento establecido, ni se ha cercenado las garantías y derechos del amparista, quien en vez de plantear un recurso de apelación ante esta sede judicial, debió haber acudido ante la misma autoridad administrativa que la dictó para hacer su reclamo o interponer los recursos internos como via para la tutela de sus derechos y/o para la reparación de la presunta lesión ocasionada por la resolución cuestionada, y en la hipótesis de que la petición no sea satisfecha recurrir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, ya que el acto violatorio debe ser un acto firme, contra el cual ya no procedan otros recursos. La doctrina y la jurisprudencia es conteste en el sentido de afirmar que para la procedencia del amparo es necesario que se hubieran agotado en forma infructuosa, todos los medios administrativos existentes. Tratándose de actos contra los que caben recursos administrativos, la impugnación debe ventilarse previamente en la esfera administrativa.
Por todo lo hasta aqui expuesto, considero debe confirmarse en su totalidad la S. D. N° 86 de fecha 2 de diciembre de 2014. Es mi voto.
A SU TURNO, EL DR. LINEO INSFRAN, manifiesta que se adhiere a las opiniones que. anteceden, por sus mismos fundamentos.
Con lo que se dio por terminado el acto, firmando conmigo los Señores Miembros, ante mi de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:
Asunción, 20 de enero de 2015.
VISTOS: Los argumentos del acuerdo que antecede, el
1) CONFIRMAR S.D. N° 86, de fecha 02 de diciembre de 2014, dictada por la Juez de Sentencia N° 17, Abog. Blanca I. Gorostiaga B.
2) COSTAS en esta instancia a la perdidosa.
3) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia.
Dra. Irma Alfonzo de Bogarín. Miembro
Bibiana Benítez Faria. Miembro
Dr. Linneo Ynsfrán Saldivar. Miembro
José Antonio Parquet. Actuario

References: resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
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 resolución 
 artículo 134
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 Resolución 
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