Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920055.html
Timestamp: 2019-11-20 04:58:16+00:00

Document:
as201920055
Auto Supremo: 55/2019
Expediente: SC-77– 18 – S
Partes: Ángel Huanca Linares por Clínica CIDAE S.A. c/ Jorge Alejandro Paz
Proceso: Ordinario de Rendición de Cuentas.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 176 a 178 vta., interpuesto por Martín Dockweiler Cárdenas, en representación de la Clínica Internacional de Alta Especialidad S.A. contra el Auto de Vista Nº 90/2018 de 12 de abril, cursante de fs. 173 a 174 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso de rendición de cuentas, que sigue contra Jorge Alejandro Paz Vargas, la concesión de fs. 183, Auto Supremo 558/2018-RA que admitió el recurso cursante a fs. 189 a 190 vta., los antecedentes del proceso y,
1. Martin Dockweiler Cárdenas, en representación de la Clínica Internacional de Alta Especialidad UDABOL CIDAE S.A., en la vía voluntaria, mediante memorial de fs. 28 y vta., interpuso demanda de rendición de cuentas, dirigiendo su acción contra Jorge Alejandro Paz Vargas, a quien se le confirió un poder general de administración general y representación, siendo notificado con la demanda, responde a la misma (fs. 43 a 44 vta.), solicitando se declare la contención del trámite, por lo que, declarado el trámite contencioso, se formula la demanda de fs. 99 a 100 y tramitada la causa en la vía ordinaria, concluyó en primera instancia con la Sentencia Nº 31/2017 de fecha 29 de junio, (fs. 152 a 153 vta.), con la que el Juez Público Civil y Comercial Segundo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, declaró PROBADA la demanda de rendición de cuentas, ordenando que el demandado proceda a la rendición de cuentas claras y documentadas a la empresa demandante y sea sobre $us 103.216,67, más Bs. 135.409, correspondientes a los cheques de $us 66.363 y Bs. 132.733, correspondientes a los cheques que emitió en favor de terceros bajo su autorización y por último la rendición de $us 20.600 correspondiente a los cheques al portador, emitidos por el demandado en su calidad de Administrador de la Clínica demandante, rendición que debe efectuarse en el plazo de veinte días, bajo prevención de embargarse sus bienes y subastarlos en caso de incumplimiento.
2. El demandado, notificado con la sentencia, formuló recurso de apelación, que fue resuelto mediante Auto de Vista Nº 90/2018 de fecha 12 de abril, cursante de fs. 173 a 174 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que REVOCÓ la resolución inferior, fundamentando su decisión en lo principal en los siguientes puntos: 1) Citando al Auto Supremo Nº 323/2014 de 26 de junio, en el que el Supremo Tribunal realiza un análisis de los arts. 814 al 820 del Código Civil, afirma que el poder Notarial Nº 376/2010 conferido por el presidente de la clínica demandante, otorga facultades al señor Jorge Alejandro Paz Vargas (demandado) y Abdel Faizal Nieme Limpias; 2) Que según dicho poder, los apoderados no podían realizar operaciones bancarias sin el consentimiento del Presidente del Directorio (hoy demandante), por lo que el demandado no pudo girar ningún cheque sin el consentimiento de éste y del otro apoderado, extremo que pretende ser ignorado por el demandante a través de la interposición de la presente demanda; 3) Que el demandado hizo entrega a la clínica demandante de toda la documentación solicitada en su momento de manera inventariada conforme consta a fs. 32 a 42, pues, dejó de trabajar en la institución.
3. El demandante, contra el Auto de Vista descrito precedentemente, formuló recurso de casación, mediante memorial que discurre de fs. 176 a 178 vta., concedido previo traslado mediante auto de 13 de junio de 2018 (fs. 183), y admitido por esta Sala Civil por Auto Supremo 558/2018-RA de 28 de junio cursante de fs. 189 a 190 vta., correspondiendo en consecuencia su resolución en el fondo.
De la revisión del recurso de casación de fs. 176 a 178 vta., interpuesto por Martín Dockweiler Cárdenas, quien representa a la Clínica Internacional de Alta Especialidad CIDAE S.A., expone como reclamos los siguientes extremos:
- Indicó que la sentencia es incongruente por no pronunciarse sobre la pretensión planteada, distorsionando y modificando el objeto del proceso, porque se demandó la rendición de cuentas del manejo de los dineros cobrados por el demandado, conforme se acreditó de fs. (47 a 77), sobre los cuales no rindió cuentas.
- Refirió también, que no se cuestionó la emisión de los cheques, tampoco el cobro de los mismos, tampoco se fundó la demanda en la falta de intervención de otro apoderado, sino sobre cuál fue el destino de los dineros cobrados por el demandado, objeto del proceso que no fue resuelto por el Auto de Vista, más al contrario evadió su pronunciamiento cambiando los hechos que fundan la pretensión, lesionando el debido proceso, en su elemento motivación y congruencia consagrada en el art. 115.II de la CPE.
- Alegó que el Auto de Vista carece de motivación jurídica porque cita de manera genérica los arts. 804 y 814 al 820 del Código Civil, empero, no expone las razones o fundamentos, pretendiendo justificar la inexistencia de la obligación de rendir cuentas, tampoco existió pronunciamiento alguno sobre la prueba ofrecida y producida en el proceso consistente en fotocopias legalizadas de los cheques que cursa a fs. 47 a 77, que acreditan que el demandado cobró diversas sumas de dinero cuya rendición se demanda.
- Manifestó que el Auto de Vista incurre en lesión evidente al debido proceso, al fundar su decisión en prueba excluida en la audiencia preliminar decisión que no mereció recurso alguno, pese a esa exclusión el Auto de Vista se fundó en los documentos de fs. 32 a 42.
2) En el fondo.
- Acusó lesión a los arts. 804 y 817 del Código Civil, que impone al apoderado la obligación de información y obligación de rendir cuentas, de manera inequívoca el parágrafo I y II del art. 817 del Código Civil dispone que el mandatario está obligado a informar sobre su actuación al mandante, en el presente lo expresado por el Ad quem resulta contrario al art. 817.I del sustantivo civil, al no haberse cuestionado la emisión de los cheques, sino que se rinda cuentas sobre el destino del dinero, toda vez que los cheques fueron cobrados por el demandado y no por otras personas.
- Refirió que los arts. 818 y 819 del Código Civil, no debieron ser aplicados en la resolución del recurso de apelación, pues, resultan impertinentes al caso de la litis., pues, en la demanda se señala que el único responsable del destino de los dineros es el demandado, por lo que el Ad quem interpretó de manera errónea el art. 819.II del citado código, porque la representación conjunta no exime de responsabilidad u obligación de rendir cuentas, al contrario, establece una obligación solidaria por mandato del art. 433 del Código Civil.
- Denunció la existencia de error de hecho en la valoración de la prueba, en el Auto de Vista y argumenta que el demandante hizo entrega de toda la documentación solicitada a la clínica CIDAE S.A. que consta de fs. 32 a 42, afirmación falsa toda vez que ninguna de ellas refiere el destino, costo o uso que le dio el demandado a los dineros cobrados, al contrario se excluyó del juicio según audiencia preliminar, por no pertenecer la misma a la rendición de los dineros consignados en los cheques cobrados por el demandado.
El demandante solicitó se conceda el recurso de casación y en su mérito se pronuncie Auto Supremo anulando el Auto de Vista impugnado en la forma y en caso de ingresar al análisis de fondo, se case la resolución impugnada, manteniendo firme y subsistente la sentencia, con costas y costos.
II.2. De la contestación al recurso de casación.
El demandado dio respuesta al recurso a través del memorial de fs. 181 a 182 vta., de cuyo contenido, en lo principal se extrae el siguiente resumen:
Realizando una transcripción de los arts. 357, (Procedencia de la rendición de cuentas), 342 (incidentes fuera de audiencia), 344 (Recursos que pueden prestarse contra las resoluciones que resuelven incidentes) del Código Procesal Civil, señaló que el trámite de la presente causa fue equivocado, pues no se consideró que al haberse migrado el trámite del presente proceso al Nuevo Código Procesal Civil, la tramitación de la causa debió regirse por las disposiciones antes indicadas.
También indicó que por el motivo antes indicado el Auto de Vista no admite recurso de casación, pues conforme el art. 274.II.2. señala que el recurso será rechazado cuando la resolución impugnada no admita recurso de casación.
II.3 Petitorio.
Solicitó el rechazo del recurso y se ordene la ejecutoria del Auto de Vista.
III.1. Sobre la rendición de cuentas emergente del mandato.
Referente a la Rendición de Cuentas emergente del mandato este Tribunal Supremo emitió entendimiento al respecto a través del Auto Supremo Nº 323/2014 de 26 de junio, que señaló: “… el contrato de mandato se rige bajo ciertas reglas, entre ellas la obligaciones del mandatario contenidas en los arts. 814 al 820 del Código Civil, en las que se encuentra la obligación de rendir cuentas al mandatario (…) Sobre la violación e interpretación de los arts. 804 y 811 del Código Civil, en sentido que la relación deviene de un mandato que tiene limitadas obligaciones, dentro de la cual no se tendría la obligación de rendir cuentas; sobre dicha acusación corresponde señalar que el art. 804 del Código Civil, señala lo siguiente: “(Noción) El mandato es el contrato por el cual una persona se obliga a realizar uno o más actos jurídicos por cuenta del mandante…” norma que refiere a la relación contractual cuando una persona se obliga por cuenta del titular (mandante) a efectuar actos jurídicos, siendo un contrato la misma refiere en su art. 817 entre las obligaciones del mandatario se encuentra la de rendir cuentas al mandante, estas obligaciones ya se encuentran impuestas por ley, por lo que resulta innecesario que la misma deba estar consignada en el mandato, consiguientemente se dirá que el art. 811 del Código Civil, trata de ver sobre la extensión del mandato, o sea, sobre las facultades conferidas y autorizadas al mandatario para que en nombre del mandante efectúe actos jurídicos, no puede confundirse que dicha extensión del mandato no obligue al mandatario a efectuar la rendición de cuentas, cuya obligación se encuentra impuesta por el art. 817 del sustantivo civil, como se ha explicado, para tal efecto se cita el aporte doctrinario de Hugo Alsina, quien en su obra DERECHO PROCESAL CIVIL TOMO VII, EDINAR Buenos Aires 1965, pág. 142 señala lo siguiente: “La obligación de rendir cuentas resulta de un principio de razón natural, pues únicamente quien tiene derecho exclusivo sobre un bien puede usar de él libremente sin estar en la necesidad de rendir cuenta a nadie de su conducta. Quien no se halle en tal situación y administre bienes total o parcialmente ajenos, debe rendir cuentas de ello aun cuando haya existido gestión común o mancomunada…”
Mas adelante este mismo Auto Supremo anotó: “--- por lo que la obligación de rendir cuentas al mandante o a los mandantes, no es una obligación que debía estar inserto en el instrumento del mandato, sino que es una obligación establecida por ley, la misma que debe cumplirse en forma voluntaria, a requerimiento del mandante o en vía judicial”.
III.2. De la valoración de la prueba y el error de hecho
El yerro en la apreciación de la prueba, se encuentra descrito como causal de casación en el art. 271.I del Código Procesal Civil, cuyo contenido tiene un antecedente en el abrogado Código de Procedimiento Civil efecto sobre el que se vinculan en cuanto a su concepto, a tal error de hecho, corresponde citar el Auto Supremo Nº 410/2015 de 09 de junio, ha señalado que: “…es facultad privativa de los Jueces de grado, apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. En esta tarea jurisdiccional, la examinación de la prueba es de todo el universo probatorio producido en proceso, siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia”.
Se entiende por error de hecho cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir, el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en Autos, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente, error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio, lo cual implica irrefutabilidad y magnitud del yerro.
III.3. De la motivación, fundamentación y congruencia de las resoluciones.
La SCP 1234/2017 S1 de 28 de diciembre sobre el punto señaló: “Al respecto la antes mencionada SCP 0249/2014-S2, estableció que: “En relación a la motivación y fundamentación el Tribunal Constitucional Plurinacional en sus Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0386/2013 de 25 de marzo de 2013 y 0903/2012 de 22 de agosto, señaló: 'La frondosa jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, la que se asume por cuanto esta no contraviene la nueva Ley Fundamental, ha entendido que: «La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas» (SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio). De lo expuesto, inferimos que fundamentación y la motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo'. En ese entendido, siguiendo la línea sentada por las SSCC 0871/2010-R y 1365/2005-R, citadas por la SC 2227/2010-R de 19 de noviembre, se señaló que: 'Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado'. De lo expresado concluimos que la fundamentación y la motivación en una resolución judicial o administrativa, constituye un deber ineludible de toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, en tal razón estos fallos a más de estar debidamente motivadas tienen que tener un sustento jurídico; es decir que, deben estar fundamentadas en elementos de hecho y de derecho" .
Esta misma SCP, más adelante respecto a la congruencia de las resoluciones indicó: “Al respecto la SCP 1302/2015-S2 de 13 de noviembre, estableció que: “Como se dijo anteriormente, la congruencia de las resoluciones judiciales y administrativas, constituye otro elemento integrador del debido proceso, al respecto la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló lo siguiente: ‘...la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes’. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo que el principio de congruencia: ‘…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión’”.
Ante la acusación en sentido que la sentencia resulta incongruente, que el juez de primer grado no entendió los términos de la demanda, pues en ella no se reclamó sobre los cheques firmados, ni sobre la participación de otro apoderado, más bien se encuentra dirigida al reclamo de los dineros recibidos por el demandado, esta Sala Civil, concluye que estos agravios contra la resolución de primer grado no corresponden ser atendidos, en mérito a que los mismos debieron ser efectuados en el recurso de impugnación a la sentencia, que al no haber sido adversa a los intereses de la clínica demandante no mereció recurso alguno por su parte, entendiéndose además que los agravios no manifestados en su oportunidad convalidan la validez de la resolución y no pueden ser resueltos en casación, por lo que, sin ingresar a mayores consideraciones de orden legal, se desestima esta acusación traída en casación.
En relación a que el Auto de Vista carece de motivación jurídica por citar de manera genérica los arts. 804 y 814 al 820 del Código Civil, se tiene que revisada la resolución del Ad quem, tal denuncia no es evidente, pues en el Considerando II punto II.1.- de la resolución ahora recurrida, el Tribunal de Alzada citó el Auto Supremo Nº 323/2014 de 26 de junio, jurisprudencia en la que se citaron los arts. 814 al 820 del Código Civil como disposiciones legales que consignan la obligación del mandatario o apoderado a rendir cuentas, no siendo evidente que el Ad quem hubiese citado genéricamente estas normas sustantivas.
Acerca de que la resolución de segundo grado carece de motivación por considerar prueba que fue excluida en la audiencia preliminar, se tiene que de la revisión del acta de audiencia preliminar (fs. 146 a 151), efectivamente, la prueba de fs. 32 a 42 fue rechazada por el juez de la causa por ser inconducente, sin embargo, analizando el mérito de la causa y los resultados de ella, se concluye que en alzada si bien es cierto que se hizo mención a esta prueba, no es menos cierto que únicamente se hizo mención que el demandado hizo entrega de toda esa documentación señalando de manera textual: “Que el señor Jorge Alejandro Paz Vargas hizo la entrega a la clínica CIDAE de toda la documentación solicitada en su momento inventariada como consta en fs. 32 a 34 ya que el mismo ya no trabajaba en la institución”, afirmación que en todo caso únicamente da cuenta de la entrega de esa documentación, más en ningún caso implica valoración, por lo que, no puede concederse razón al recurrente en este punto de su recurso.
Sobre la transgresión del Ad quem, a los arts. 804 y 817 del Código Civil, a fin de dilucidar este agravio traído en casación, en primer término debe expresarse que se entiende por mandato y es precisamente el art. 804 del sustantivo Civil que sobre este particular señala: “El mandato es el contrato por el cual una persona se obliga a realizar uno o más actos jurídicos por cuenta del mandante”, concepto del que se extrae entonces que en definitiva el mandato es un contrato a cuyo cumplimiento se encuentra reatado el mandatario quién debe cumplir los actos encomendados por su mandante.
En ese acápite se citará el aporte doctrinario de Gonzalo Castellanos Trigo que indica: “El mandato, es un contrato sinalagmático imperfecto por el cual el mandante encarga al mandatario la realización de uno o más actos jurídicos; para tal efecto, debe existir una ordenanza de una persona sobre otra en forma escrita u oral para que tenga plena validez. Esta representación es conocida en la doctrina como representación legal por efectos del contrato mandato” (Contrato de Donación, Obra, Mandato y Fianza, 2013, pág. 120).
De la cita glosada se concluye, que mediante el mandato el mandante encarga al mandatario la realización de uno o más actos jurídicos, que son perfeccionados con la aceptación expresa o actividad que despliega el mandatario cuyos actos obligan, en cualquier caso, al mandante como si éste los habría realizado; queda el mandatario, sin embargo obligado a rendir cuenta del ejercicio del mandato recibido, ya que el mandatario no puede ejecutar actos más allá de lo encargado por el mandante.
A su vez, Fernández Gómez Leo en su obra Tratado Teórico-Práctico de Derecho Comercial en su pág. 185 señaló: “La rendición de cuentas presenta un aspecto económico contable y un aspecto jurídico. En el primero de ellos expone una serie de datos que dan razón del resultado económico de la actividad llevada a cabo (…) El segundo implica la demostración cabal y documentada de las operaciones acabadas con determinado resultado, lo que permite acreditar que quien realizó la negociación resulta ser deudor o acreedor frente al otro sujeto a quien tiene la obligación de rendir cuentas”.
Ahora bien, el art. 817 del mismo cuerpo legal establece: “(INFORMACIÓN AL MANDANTE Y OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS).- I. El mandatario está obligado a informar sobre su actuación al mandante y a hacerle conocer las circunstancias sobrevenidas que puedan determinar la modificación del mandato. II. Está obligado asimismo a rendir cuentas al mandante, y abonarle todo cuanto haya recibido a causa del mandato, aun cuando lo que haya recibido no se debiera al mandante” (negrillas y subrayado fueron aumentadas). De esta disposición legal, se evidencia que la obligación que atañe al mandatario de rendición de cuentas se encuentra impuesta por la Ley, es decir, que así no se haya especificado este extremo en el mandato, por imperito de la ley debe procederse no sólo a la rendición de cuentas, sino a informar sobre todos los actos efectuados por aquel, entonces, de manera inequívoca el parágrafo I y II del art. 817 del Código Civil disponen que el mandatario está obligado a informar sobre su actuación al mandante.
En autos, la clínica demandante, confiere el poder general de administración al demandando testimoniado bajo el Nº 376/2010 (fs. 23 a 27), a través del cual se establecen varias facultades, y tareas que debían ser realizadas por el demandado Jorge Alejandro Paz Vargas, entre ellas en el acápite V se establece sobre las operaciones financieras, entre ellas la percepción, manejo y cobros de dinero, recibir y girar cheques, renovar, cobrar y protestar cheques, pagares, letras de cambio, etc., actos, en los que si bien es cierto no se encuentra facultado para actuar sólo, sino con la aquiescencia del Presidente del Directorio de la clínica demandante y una segunda firma autorizada, no es menos evidente que precisamente por disposición de la Ley, debe rendirse cuentas sobre los actos en los que el demandado intervino y sobre los documentos en los que efectivamente conste su firma, aspecto que no fue considerado por el Tribunal de Alzada que, de manera errónea consideró que el demandado no se encontraba reatado a la obligación de rendir cuentas e informar sobre los actos realizados a nombre de su mandante.
En cuanto a la afirmación del recurrente en sentido que la aplicación de los arts. 818 y 819 del Código Civil, es impertinente, resulta cierta, pues, de los datos del proceso se establece que el demandante no reclama sobre la firma de los cheques o la suscripción de otros documentos realizada por el demandado, sino más bien reclama la rendición de cuentas de los dineros que hubieren sido recibidos por él, es así que el art. 818 del Código Civil se refiere a la sustitución del mandatario, aspecto que no constituye en objeto de la litis, menos hacen a la controversia del proceso. Por sui parte el art. 819 del mismo cuerpo normativo, norma a cerca de la pluralidad de mandatarios, extremo que, pese a la existencia de un segundo mandatario en la litis, no es aplicable, en mérito a que se demanda la rendición de cuentas de los actos personales del demandado, independientemente de la participación o no con una tercera persona, pues es el parágrafo III de este artículo el que con claridad señala: “ III. Si no se expresa ni se exige actuación conjunta, cada uno de los mandatarios puede realizar la gestión”. En autos, el demandado actuó independientemente del segundo mandatario, motivo por el cual además del cumplimiento de la ley debe rendir las cuentas conforme se demandó.
A mayor abundamiento, conforme reclama el recurrente, es más bien el art. 819.II del Código Civil que establece con absoluta claridad que cuando existe mas de un mandatario, estos, los comandatarios que actúen conjuntamente están obligados en forma solidaria ante el mandante, es decir, que la representación conjunta no exime de responsabilidad u obligación de rendir cuentas.
En cuanto a la denuncia de error de hecho en la valoración de la prueba, cuando en la resolución de segundo grado se argumenta que el demandante hizo entrega de toda la documentación solicitada a la clínica CIDAE S.A. que consta de fs. 32 a 42, resulta evidente, pues, de la revisión de tal documentación, la que fue declarada impertinente por el juez a quo, conforme ya se refirió en la presente resolución, ésta no hace referencia al destino, costo o uso que le dio el demandado a los dineros cobrados por él, tan cierto es esto, que esta prueba fue excluida del juicio por no estar referida al objeto de la demanda, cual es la rendición de cuentas por parte del demandado.
En relación a la respuesta del recurso de casación.
El demandado a tiempo de responder al recurso de casación, en suma indicó que deberían aplicarse los arts. 357 (Procedencia de la rendición de cuentas), 342 (incidentes fuera de audiencia), 344 (Recursos que pueden prestarse contra las resoluciones que resuelven incidentes), del Código Procesal Civil, por lo que el trámite de la presente causa fue equivocado, pues no se consideró que al haberse migrado el trámite del presente proceso al Nuevo Código Procesal Civil, la tramitación de la causa debió regirse por las disposiciones antes indicadas.
A este extremo debe manifestarse que éste no se constituye en el momento procesal indicado parta tal reclamo, pues, entendiendo que el proceso se constituye por etapas procesales, que se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados (Principio de Preclusión), el demandado debió reclamar este aspecto de manera oportuna, si con ello pretendía evitar la aplicación de una norma abrogada. Sin embargo, por la fecha de inicio de la demanda (23 de febrero de 2012), se encontraba en vigencia el Código de Procedimiento Civil, habiendo entrado en vigencia plena la aplicación del Código Procesal Civil a partir del 6 de febrero de 2016.
Por el motivo antes indicado no corresponde la observación del art. 274.II num. 2 del Código Procesal Civil, cual es la pretensión del demandado.
En mérito a la fundamentación precedente, se colige que el Juez A quo de forma correcta pronunció la sentencia de primer grado, declarando probada la demanda y disponiendo la procedencia de la rendición de cuentas, pues de la revisión de los términos de la demanda, se evidencia que lo que se demandó es la rendición de cuentas por parte del demandado en relación a los dineros recibidos y a los actos ejercidos por él, habida cuenta que en el caso de autos concurre el aspecto económico contable y el aspecto jurídico para impetrar la rendición de cuentas al demandado conforme a las facultades conferidas en el Poder Nº 376/2010.
Bajo las consideraciones expuestas, corresponde emitir resolución conforme prevé el art. 220.IV del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial en aplicación del art. 220.IV del Código Procesal Civil CASA el Auto de Vista Nº 90/2018 de 12 de abril, cursante de fs. 173 a 174 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en su mérito declara firme y subsistente la sentencia de primer grado cursante de fs. 152 a 153 vta., debiendo el demandado Jorge Alejandro Paz Vargas proceder a la rendición de cuentas claras y documentadas a la empresa demandante Clínica Internacional de Alta Especialidad UDABOL S.A., con costos y costas en favor del ente demandante, sin responsabilidad al Ad quem.
Mgdo Relator: Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.

References: resolución 
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