Source: http://www.libertadidioma.com/20191002.htm
Timestamp: 2019-10-19 21:26:20+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Miércoles 2 Octubre 2019
Emilio Campmany Libertad Digital 2 Octubre 2019
Pablo Molina Libertad Digital 2 Octubre 2019
Carmelo Jordá Libertad Digital 2 Octubre 2019
Supremo pequinés
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 2 Octubre 2019
La sentencia del Supremo contra la familia Franco podría haberla suscrito, en mi modesta opinión, un tribunal de Pekín sobre los restos de Mao, siempre que lo ordenasen Xi Jinping y el partido comunista chino, el mayor carcelero del mundo. Pero Xi se ha proclamado dictador vitalicio para superar a Deng y a Mao, y ha restaurado el leninismo como doctrina esencial del partido, el pueblo y el Estado, así que no quiere quitar el gigantesco retrato del genocida de la plaza de Tiananmen. La Justicia, como aclaró Lenin en 1918, está para servir al pueblo, que es el partido, que era él, y luego Stalin, y, salvo Yeltsin, todos hasta Putin. La ventaja de un régimen totalitario es que no hay que darle vueltas a la Ley, se trata de obedecer al poder político, callar y ascender.
El problema del ponente Lucas y los que por unanimidad o en cuadrilla lo suscriben, como si Madrid fuera Pekín, es que se han excedido o delatado usando un lenguaje amenazador contra los Franco, el prior, el juez Yusti y cualquiera que discuta la Ley de Memoria Histórica, que es la negación de la Transición y la Ley de Amnistía, o la arbitrariedad del Parlamento o el sectarismo del Gobierno. Acatar la sentencia no les basta, quieren que la ovacionemos.
Dicen que la familia Franco "no goza de una facultad incondicionada de elección del lugar de enterramiento de sus deudos". Y se recrean: "No forma parte ni del derecho a la libertad religiosa ni del derecho a la intimidad personal y familiar tener siempre la última palabra sobre el lugar de sepultura de los parientes". Eso será en Pekín desde 1949 y en España ahora. Pero es un atropello. Se priva a los Franco, por ser ellos, de un derecho humano y constitucional que se apropia el poder: el placet de inhumación. Dicen que caducó el derecho de los Franco. ¿Desde cuándo? ¿No ofreció la familia trasladarlo a su cripta de la Almudena, y salió himplando Calvo a negarlo? Según esta doctrina tendencioso-administrativa, esa familia no tiene el derecho que concede al Gobierno: enterrar a su muerto dónde, cuándo y cómo quiera: con nocturnidad y clandestinidad. Bonita forma de superar la Dictadura: a unos se les anima a rescatar a sus muertos, a otros se les impide enterrarlos.
A Franco lo metían bajo palio en la Iglesia los obispos. Hoy serían juristas de reconocido prestigio pequinés.
Sigfrid Soria eltorotv.com 2 Octubre 2019
El PSOE de Francisco Largo Caballero estaba en deuda con Stalin y se preveía que lo fuera a estar mucho más a cuenta de la confrontación bélica ya en marcha. El firme apoyo soviético, a quienes estarían bajo el mandato del Politburó de Moscú si ganaran la contienda española, se afrontó con el oro del Banco de España, patrimonio de todos los españoles. Y esa decisión la tomó Largo Caballero poniendo como marioneta a Juan Negrín. El desfalco de la cuarta reserva de oro más grande del mundo, la española, comenzó la madrugada del 14 de septiembre de 1936, siendo presidente del Gobierno y ministro de Guerra Largo Caballero, ministro de Hacienda Juan Negrín y ministro de Marina Indalecio Prieto, ¡vaya tres golfos! En la autoría de este histórico desastre están conjuntamente el PSOE y el Gobierno de España. Es más, el periplo desde Madrid hasta Cartagena fue custodiado por la Brigada Motorizada del PSOE. De ahí al puerto de Odesa, llegando a Moscú el 5 de noviembre. Es necesario hacer mención a las cajas que fueron desapareciendo por el camino, que solo en lo que respecta a la diferencia entre las contabilizadas por el jefe del Tesoro, Francisco Méndez Aspe, y hombre de confianza de Negrín, y las contabilizadas por el director del NKVD, Alexander Orlov, fue de 100 cajas, pesando cada una de ellas 75 kg, de oro. Después de la guerra civil, en la Banque Commerciale de l’Europe du Nord existían un total de 1.896 millones de francos a nombre de colegas, familiares y agentes de Juan Negrín. Los altos dirigentes socialistas de 1936 son los más grandes comisionistas de la Historia de España, grandes maestros de lo que hoy vemos.
Imane Rachidi. La Haya elconfidencial 2 Octubre 2019
Iceta rebaja la firmeza de Sánchez
larazon 2 Octubre 2019
Se puede especular tanto sobre la motivación última de Ciudadanos a la hora de presentar una moción de censura contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra, como discrepar sobre la inutilidad de una acción política condenada de antemano al fracaso, pero, sin entrar en juicio de intenciones, lo cierto es que las últimas actuaciones llevadas a cabo por los partidos separatistas catalanes, que buscan un calculado incremento de la tensión social en el Principado, obligan a las formaciones constitucionalistas a plantar cara al discurso sedicioso de Torra por todos los medios a su alcance. Y uno de ellos, y no menor, es el de llevar al Parlament, que vuelve a las andadas de la desobediencia, el debate de la legalidad constitucional y de la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes que compete al presidente de la Generalitat y que otorgan legitimidad a su cargo.
Pues bien, el PSC ha dicho que no apoyará la moción de censura, rompiendo el bloque constitucional, por considerar que se trata de una maniobra electoralista del partido naranja, con la que se trataría de contrarrestar la caída que le auguran las encuestas. En otras circunstancias, nada tendríamos que oponer a la argumentación del secretario de los socialistas catalanes, Mikel Iceta, pero con el presidente de la Generalitat alentando una campaña de desobediencia civil y de rebelión ciudadana, y bajo la sospecha de que se había concertado con grupos extremistas, como los CDR, para llevar a cabo acciones que pueden calificarse perfectamente de terroristas, parece evidente que no es el mejor momento para ponerse de perfil.
Entre otras cuestiones, porque la postura de Iceta, que jugó con la equidistancia hasta que se consumó el golpe antidemocrático en Cataluña en octubre de 2017, hace dudar de la consistencia de la proclamada firmeza del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y sus reiteradas advertencias a la Generalitat para que deponga su actitud levantisca, incluso, bajo la amenaza de volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución, medida que, pese a las dudas de procedimiento, es perfectamente legal y entra dentro de las prerrogativas de un Ejecutivo en funciones. De hecho, se podría aplicar al candidato socialista la misma vara de medir que a Ciudadanos y, como ha hecho el PSOE, afirmar que se trata de unas declaraciones marcadas por la coyuntura electoral y sin más recorrido, pero incurriríamos en el mismo juicio de intenciones que queremos evitar. Primero, porque es difícil calibrar hasta qué punto la deriva que pueda tomar el separatismo catalán tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo obligará al Gobierno a tomar medidas extraordinarias en defensa de la legalidad y de la democracia, y segundo, porque entendemos que ningún político con sentido de Estado utilizaría un instrumento constitucional de tanta trascendencia por mero electoralismo.
Y esto nos lleva a un última reflexión sobre el error de Iceta al negarse a apoyar la moción de censura que plantea Ciudadanos –y que ya ha sido admitida por la Cámara autonómica– y respalda el Partido Popular, ya que a nadie se le escapa que en el caso de que Pedro Sánchez tuviera que aplicar el 155, debería contar con el mayor apoyo político posible, lo que implica tanto la colaboración del partido que lidera Albert Rivera como la de los populares de Pablo Casado. Es decir, con la reedición del frente constitucionalista que respaldó a Mariano Rajoy en octubre de 2017, por más que el PSOE y Ciudadanos condicionaran el alcance y la duración de la aplicación del artículo 155, lo que, luego, se ha demostrado que fue un error. Por lo tanto, Miquel Iceta y el PSC deberían estar al lado de los constitucionalistas en Cataluña. Sin excusas ni equidistancias.
EDITORIAL Libertad Digital 2 Octubre 2019
Editorial ABC 2 Octubre 2019
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha percibido que toca hablar de España en esta precampaña electoral, porque su acreditada cercanía a los nacionalistas catalanes ahora resulta tóxica. El rápido tránsito que ha hecho de la oferta de diálogo, con paseos junto a Quim Torra en La Moncloa, a la invocación del artículo 155 de la Constitución -que se puede aplicar aunque su Ejecutivo esté en funciones, según manifestó ayer- corre paralela a la acumulación de indicios, cada más numerosos y más sólidos, de las relaciones del actual presidente de la Generalitat y de la familia Puigdemont con los CDR detenidos por terrorismo. Sea más por necesidad que por virtud, el súbito abrazo de Sánchez al 155 y a la firmeza contra los separatistas merecería ser tenido en cuenta como una posible vía abierta a la rectificación del socialismo en sus relaciones con el nacionalismo catalán. Hasta el requerimiento expreso de Sánchez a Torra para que condene la violencia y «no juegue con fuego» podría entenderse como una confirmación de ese viraje.
Sin embargo, de nuevo apareció Miquel Iceta para deshacer el espejismo. En un momento crucial para la defensa del constitucionalismo en Cataluña, los socialistas catalanes anuncian su abstención en la moción de censura de Ciudadanos a Quim Torra. La gravedad de la situación evidencia la falta de principios en la reacción del PSC. El gobierno de la Generalitat se ratificó ayer en los objetivos separatistas durante el segundo aniversario del 1-O. Los CDR, como los batasunos, amenazan con hacer «temblar al enemigo». La Asamblea Nacional Catalana anuncia que colapsará la circulación tras conocer la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y como director de esta orquesta siniestra está Quim Torra, señalado por presuntos terroristas como colaborador de sus planes violentos. Si ante esta realidad antidemocrática e inmoral que encarna Quim Torra, los socialistas catalanes, con Miquel Iceta al frente, consideran que deben lavarse las manos, definitivamente el nuevo discurso de Pedro Sánchez sobre Cataluña es una farsa.
Conviene, por tanto, ser pesimistas sobre una posible rectificación de los cabecillas del movimiento separatista, cabecillas y no dirigentes pues, como ayer se comprobó en la conmemoración del segundo aniversario del 1-O, su irresponsabilidad les aleja de la consideración que merece un cargo público. Hace tiempo que Torra (como antes Puigdemont y aún antes Mas y Pujol) dejaron de ser los representantes de todos los catalanes, despreciando a más de la mitad de esa sociedad y gobernando solo para una facción, condenando de paso a Cataluña a un empobrecimiento súbito (van para 5.500 empresas las que se han ido) y, lo que es peor, a una fractura social sin precedentes.
ESdiario 2 Octubre 2019
Ignacio Camacho ABC 2 Octubre 2019
Para convertir el 155 en una palanca electoral, Sánchez tiene un problema que se llama Partido Socialista de Cataluña. El presidente está amenazando con la intervención de la autonomía en busca de un leit motiv que le haga daño a la derecha y le arrebate una parte sustancial de su «relato», lo único que interesa a un político acostumbrado a enfocar las elecciones como una ocupación retórica de espacios. Ahora va sobre todo a por el de Ciudadanos, fuerte competidor en la especialidad de sostener un criterio y su contrario. A tal efecto se siente cómodo en la pose de dirigente responsable y sensato, en ese umbral de la autoridad democrática que un brillante analista foráneo define como «el artículo 154». Pero si Torra y sus alegres muchachos de la gasolina se empeñan en responder a la sentencia del Supremo en los términos insurgentes que tienen anunciados, el Gobierno puede verse en la tesitura de trascender el simple amago. Y no está nada claro que eso le convenga en un territorio donde se juega un significativo número de escaños. Cuestión de cálculo.
Hasta ahora, la política sanchista en Cataluña la ha venido diseñando Miquel Iceta, partidario de un constitucionalismo relajado, de mano blanda, un tercerismo de vía intermedia capaz de pactar con JxC en la Diputación barcelonesa y en la capital con Colau para birlarle la Alcaldía a Esquerra. No le ha ido mal, aunque el presidente tuviera que coquetear con el indulto a los líderes de la revuelta e ir a Pedralbes a hincar la rodilla en tierra. La aplicación del 155 revocaría de plano esa estrategia apaciguadora, que ayer se confirmó con el desmarque de la moción de censura planteada por Cs contra Torra. Es obvio que el partido naranja trata de compensar con esta maniobra el abandono, casi huida, de Arrimadas y la lacerante renuncia a administrar con cierta energía su victoria. Sin embargo, la abstención del PSC en plena ofensiva separatista emite, más que un mensaje moderado, una declaración contradictoria con la aparente firmeza gubernamental frente a la bravata facciosa. Y en campaña funcionan mejor los mensajes unívocos que las ambigüedades paradójicas.
Fracasado el argumento de la atribución de culpas del bloqueo, Sánchez necesita un argumento fuerte sobre el que basar su oferta. En ese sentido le vendría de perlas abordar el conflicto catalán con un golpe sobre la mesa que desactivaría la principal reivindicación de las tres derechas. Ahora España y tal: la jugada perfecta. Sólo que a una importante porción del electorado catalán de izquierdas no le hace maldita gracia esa idea, de modo que lo que avanzase en una orilla lo podría retroceder en la opuesta. Por no hablar de la segura pérdida del independentismo como apoyo de emergencia. Es lo que pasa cuando en vez de los principios pesan las conveniencias: que los asuntos de Estado se convierten en mera cuestión de cuentas.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha anulado que en los concursos regionales de oposición se valore el euskera como mérito para cualquier puesto en la llamada zona mixta y no vascófona y en los puestos de los servicios centrales de la Administración foral. La sentencia -que atiende parcialmente, pero en sus partes esenciales, los recursos de varios sindicatos y desestima de plano las alegaciones del Gobierno navarro- considera «discriminatoria» la norma y supone un varapalo para el actual Ejecutivo foral, liderado por María Chivite.
La dirigente socialista llegó al poder gracias al plácet que le concedieron los proetarras de Bildu por asumir, entre otros asuntos, este polémico decreto en su pacto con nacionalistas y populistas, dándose un año de reflexión para acometer posibles modificaciones. Va a tener que darse más prisa Chivite, pero en sentido contrario al que desean sus socios nacionalistas vascos, pues así se lo ordena la Justicia, que con esta sentencia para los pies a la ofensiva euskaldunizante emprendida por el anterior Ejecutivo de Geroa Bai, que aspiraba al viejo sueño abertzale de convertir a Navarra en la cuarta provincia de lo que llaman Euskal Herria.
Fueron cuatro años entregados por completo a la causa, tiempo que, tras perder los comicios, pretendían prolongar en el mandato de Chivite, en su condición de socios imprescindibles del Gobierno socialista, aliados, naturalmente, solo hasta que la presidenta les incomode por algo y la dejen caer. Por eso era tan negativo para Navarra y para España que el PSN echase mano de Bildu para conquistar el poder después de haber perdido con tanta claridad las elecciones (dieciséis puntos y ocho escaños le sacó Navarra Suma en las autonómicas). Y por eso Sánchez se hubo de imponer y dejar que el constitucionalismo parara los pies al nefasto proyecto nacionalista para Navarra.
Avala la constitucionalidad del decreto del Estado que permite a los padres elegir la lengua que sus hijos usarán en el examen.
María Peral elespanol 2 Octubre 2019
El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este martes avalar la constitucionalidad del real decreto que regula la prueba final que realizan los niños al acabar la Educación Primaria, en el aspecto referido a que los padres puedan elegir si sus hijos hacen el examen en castellano o en la lengua cooficial.
Éste era el punto nuclear de un conflicto de competencia promovido por el Gobierno de Cataluña y admitido a trámite por el TC en abril de 2016. La Generalitat consideró que el real decreto 1058/2015, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria, invadía sus competencias en materia educativa y vulneraba la ley catalana de inmersión lingüística.
La Ley Orgánica de Educación de 2006 y la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa de 2013 introdujeron la realización de una evaluación individualizada de los alumnos al finalizar el sexto curso de Educación Primaria.
La LOE estableció que correspondía al Gobierno de la Nación determinar los criterios para evaluar si se habían logrado los objetivos de la etapa educativa de Primaria y el grado de adquisición de las competencias en comunicación lingüística, matemáticas, ciencia y tecnología, así como las características generales de las pruebas. Los criterios de evaluación que determine el Gobierno son aplicables a todos los centros docentes del sistema educativo español.
El desarrollo de esa previsión legal dio lugar al real decreto 1058/2015, que la Generalitat de Cataluña cuestionó en un apartado del artículo 7 según el cual "la evaluación de las competencias en relación con las asignaturas distintas de lengua castellana y literatura, primera y segunda lengua extranjera y lengua cooficial y literatura se podrá realizar en lengua castellana o en la lengua cooficial correspondiente, a elección de los padres, madres o tutores legales".
El TC ha descartado que ese precepto invada competencias de la Generalitat, ya que se trata de una prueba final en el conjunto del Estado que los alumnos deben poder realizar en la lengua que mejor conozcan, sea ésta el castellano o la lengua cooficial del territorio en el que viven.
Es, además, una evaluación que se lleva a cabo en todos los centros, no sólo los públicos y concertados que se adecuen al sistema de inmersión lingüística sino también en los privados, por lo que sería muy desfavorable a los alumnos obligarles a hacer la prueba conforme a un sistema de inmersión que no siguen.
El TC, en cambio, ha declarado inconstitucionales apartados menores de los artículos 4 y 7, este último en cuanto a que atribuía al Ministerio de Educación la competencia para elaborar "cuestionarios de contexto" con el fin de obtener información sobre las condiciones socioeconómicas y culturales de los centros para la contextualización de los resultados obtenidos en la prueba de Primaria.
La sentencia, con ponencia de Pedro González-Trevijano, sólo ha tenido un voto en contra emitido por Cándido Conde-Pumpido. Este magistrado explicó muy sucintamente su discrepancia con la declaración de constitucionalidad de la norma sobre la lengua de la prueba. Indicó, a este respecto, que no quería que sus argumentos jurídicos acabaran filtrados a los medios de comunicación totalmente desvirtuados, como, a su juicio, ha sucedido con su ponencia sobre las demandas de amparo presentadas por varios condenados por la Sala Penal del Tribunal Supremo en el caso del 'asedio al Parlament'.

References: artículo 155
 artículo 155
 artículo 155
 artículo 154
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 7