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Timestamp: 2017-08-19 11:15:55+00:00

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B.O.E. Nº 45 de 21/02/2008
ORDEN TAS/421/2008, de 19 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesiÃ³n de subvenciones sometidas al rÃ©gimen general de subvenciones de la SecretarÃ­a de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.
De acuerdo con lo establecido en el artÃ­culo 149.1.1.Âª de la ConstituciÃ³n EspaÃ±ola, la AdministraciÃ³n General del Estado tiene competencia sobre la regulaciÃ³n de las condiciones bÃ¡sicas que garanticen la igualdad de todos los espaÃ±oles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. La finalidad perseguida por la AdministraciÃ³n General del Estado con las subvenciones reguladas en esta Orden de bases es la consecuciÃ³n de la igualdad de los ciudadanos en las polÃ­ticas sociales, promoviendo las condiciones y removiendo los obstÃ¡culos, tal y como indican los artÃ­culosÂ 1.1 y 9.2 de la ConstituciÃ³n EspaÃ±ola, para que dicha igualdad sea efectiva. Y es que, teniendo en cuenta las limitaciones en cuanto a los recursos disponibles que impone el respeto a las exigencias de la estabilidad presupuestaria, la actuaciÃ³n de la AdministraciÃ³n General del Estado es prÃ¡cticamente insuprimible si se tiene en cuenta que la igualdad efectiva en el ejercicio de los derechos sociales requiere el empleo de criterios de eficiencia y economÃ­a en la programaciÃ³n y ejecuciÃ³n del gasto pÃºblico (artÃ­culo 31.2 de la ConstituciÃ³n), que aconsejan encomendar a la AdministraciÃ³n que se encuentra en mejor disposiciÃ³n, por las competencias que tiene constitucionalmente atribuidas como garante de la igualdad, su consecuciÃ³n en el Ã¡mbito de las polÃ­ticas sociales. Es imprescindible, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional 146/1986, de 25 de noviembre, que recoge la doctrina de la sentencia 95/1986, realizar la gestiÃ³n centralizada con objeto de garantizar la igualdad de los posibles destinatarios en todo el territorio nacional. De la misma manera, el mismo Tribunal Constitucional en su sentenciaÂ 56/1986, de 13 de mayo, afirma que el Estado no puede verse privado del ejercicio de sus competencias exclusivas por la existencia de una competencia, aunque tambiÃ©n sea exclusiva, de una Comunidad AutÃ³noma, segÃºn declarÃ³ ya su sentencia 1/1982, de 28 de enero. Efectivamente, la consecuciÃ³n del interÃ©s general de la NaciÃ³n, y de los de carÃ¡cter supracomunitario, queda confiada a los Ãrganos Generales del Estado, segÃºn la sentencia, tambiÃ©n del Tribunal Constitucional,Â 42/1981, de 22 de diciembre, que hace referencia a las competencias reservadas al Estado en el artÃ­culo 149 de la ConstituciÃ³n. Precisamente, sobre este artÃ­culo 149, el Tribunal Constitucional en su Sentencia 239/2002, de 11 de diciembre, con menciÃ³n de la 61/1987, de 20 de marzo, seÃ±ala que mediante su contenido se permite al Estado una regulaciÃ³n de las condiciones bÃ¡sicas que garanticen la igualdad. Y, ya mÃ¡s recientemente, la sentencia del Tribunal ConstitucionalÂ 46/2007, de 1 de marzo, dice, sobre la concurrencia de competencias, que el interÃ©s general serÃ¡ el tÃ­tulo prevalente que determinarÃ¡ la preferente aplicaciÃ³n de una competencia del Estado en detrimento de la correspondiente a una Comunidad AutÃ³noma. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud del Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgÃ¡nica bÃ¡sica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, tiene atribuidas, entre sus funciones, la propuesta y ejecuciÃ³n de la polÃ­tica del Gobierno en materia de planificaciÃ³n y regulaciÃ³n bÃ¡sica del reconocimiento del derecho a una ayuda personalizada a toda persona dependiente, garantizando un sistema de servicios universal, integrado y uniforme; el impulso de los servicios sociales, atendiendo a las competencias estatales en las Ã¡reas de bienestar social, y el fomento de la cooperaciÃ³n con las organizaciones no gubernamentales e impulso del voluntariado social; la direcciÃ³n, planificaciÃ³n, coordinaciÃ³n y evaluaciÃ³n de las actuaciones en materia de protecciÃ³n y promociÃ³n de las familias y la infancia y de prevenciÃ³n de las situaciones de dificultad social de estos colectivos, en el marco de las competencias estatales; el impulso y la coordinaciÃ³n de las polÃ­ticas sectoriales sobre discapacidad, asÃ­ como la programaciÃ³n de las actuaciones dirigidas a la atenciÃ³n y apoyo a las personas con discapacidad en el marco de las competencias estatales y el ejercicio de la tutela del Estado respecto a las entidades asistenciales ajenas a la AdministraciÃ³n y del protectorado del gobierno sobre las fundaciones benÃ©fico-asistenciales. Asimismo, la SecretarÃ­a de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad tiene atribuidas funciones sobre los programas correspondientes al Plan Nacional de AcciÃ³n para la InclusiÃ³n Social en el Reino de EspaÃ±a, asÃ­ como al Plan Estatal del Voluntariado, al Plan de AcciÃ³n para las Personas con Discapacidad, al Plan de AcciÃ³n para las Mujeres con Discapacidad, al Plan Nacional de Accesibilidad y al Plan EstratÃ©gico Nacional de Infancia y Adolescencia. Las prioridades que se tendrÃ¡n en cuenta en las distintas convocatorias a efectos de la concesiÃ³n de las subvenciones se enmarcan en las diferentes lÃ­neas de actuaciÃ³n que se recogen en el Acuerdo-Marco suscrito el 18 de octubre de 2006 por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Tercer Sector de AcciÃ³n Social para el desarrollo de programas de interÃ©s social. De acuerdo con los preceptos normativos y la doctrina jurisprudencial recogidos en los anteriores pÃ¡rrafos primero a sÃ©ptimo, es responsabilidad del Estado respaldar a las entidades que operan en este Ã¡mbito desde una perspectiva organizativa o institucional, para de este modo fomentar o potenciar la posterior actividad de protecciÃ³n social que han de desarrollar, lo que es plenamente respetuoso con el orden constitucional de competencias, ya que la intervenciÃ³n estatal se justifica por la necesidad de garantizar la igualdad plena en el reparto de las ayudas de que se trata entre todas las organizaciones sociales, cualquiera que sea el territorio en que se localicen sus sedes o realicen sus actuaciones. Para poder atender estos fines, los Presupuestos Generales del Estado consignan los oportunos crÃ©ditos. La presente Orden de bases reguladoras de la concesiÃ³n de subvenciones se adapta a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn y a la Ley 4/1999, de modificaciÃ³n de la anterior; asÃ­ como a las disposiciones de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley General de Subvenciones. El artÃ­culo 17.1 de la Ley General de Subvenciones dispone que en el Ã¡mbito de la AdministraciÃ³n General del Estado, los Ministros establecerÃ¡n las oportunas bases reguladoras de la concesiÃ³n de las subvenciones. En su virtud, previo informe de la AbogacÃ­a del Estado y de la IntervenciÃ³n Delegada de la IntervenciÃ³n General de la AdministraciÃ³n del Estado en el Departamento dispongo:
ArtÃ­culo 1. Ãmbito de aplicaciÃ³n y objeto.
La presente Orden establece las bases reguladoras de la concesiÃ³n de las subvenciones sometidas al rÃ©gimen general de subvenciones de la SecretarÃ­a de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
El objeto de estas subvenciones serÃ¡ la realizaciÃ³n de actuaciones sociales dirigidas a favorecer la inclusiÃ³n social y a apoyar el movimiento asociativo y fundacional de las personas con discapacidad, familias, infancia, pueblo gitano y voluntariado, y de aquellas otras que, en definitiva, se dirijan al fortalecimiento del Tercer Sector de AcciÃ³n Social.
ArtÃ­culo 2. Convocatorias.
Las correspondientes convocatorias se realizarÃ¡n en rÃ©gimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido en los artÃ­culos 22.1 y 23.2 de la Ley General de Subvenciones, por Resoluciones de la SecretarÃ­a de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad. Dichas convocatorias determinarÃ¡n los crÃ©ditos presupuestarios a los que deben imputarse las correspondientes subvenciones y contendrÃ¡n las actuaciones a subvencionar, sus prescripciones, requisitos y prioridades, pudiendo determinar los topes mÃ¡ximos de las subvenciones a conceder, en funciÃ³n de la naturaleza, caracterÃ­sticas y grado de implantaciÃ³n social de las entidades y organizaciones solicitantes.
Las resoluciones en las que se efectÃºen las convocatorias deberÃ¡n contener la descripciÃ³n del logotipo del Ã³rgano convocante y se publicarÃ¡n en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ». Si, una vez adjudicadas las subvenciones, resultaran remanentes de crÃ©dito, podrÃ¡n efectuarse nuevas convocatorias.
ArtÃ­culo 3. Entidades y organizaciones solicitantes.
PodrÃ¡n acceder a la condiciÃ³n de beneficiario de las subvenciones reguladas en esta norma, las entidades u organizaciones no gubernamentales que reÃºnan los siguientes requisitos: a) Estar legalmente constituidas y debidamente inscritas en el correspondiente Registro administrativo a la fecha de publicaciÃ³n de la convocatoria.
b) Tener implantaciÃ³n estatal, segÃºn su tÃ­tulo constitutivo. c) Carecer de fines de lucro. A estos efectos, se considerarÃ¡n tambiÃ©n entidades sin fines de lucro aquellas que desarrollen actividades de carÃ¡cter comercial, siempre que los beneficios resultantes de las mismas se inviertan en su totalidad en el cumplimiento de sus fines institucionales, no comerciales. d) Aquellos que se determinen especÃ­ficamente en las resoluciones de convocatoria, en relaciÃ³n con los fines de las subvenciones convocadas, los propios de las entidades y organizaciones solicitantes establecidos en sus Estatutos, asÃ­ como su grado de implantaciÃ³n. En todo caso, las organizaciones o entidades solicitantes deberÃ¡n tener como fines institucionales primordiales la realizaciÃ³n de las actividades a que se refieran las respectivas Resoluciones de convocatoria. e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. f) Haber justificado, en su caso, suficientemente, las ayudas econÃ³micas recibidas con anterioridad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, antes Ministerio de Asuntos Sociales. g) Disponer de la estructura y capacidad suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, acreditando la experiencia operativa necesaria para ello.
No se entenderÃ¡n incluidas dentro de la tipologÃ­a de estas organizaciones no gubernamentales las personas jurÃ­dicas de derecho pÃºblico, las universidades, los partidos polÃ­ticos, los colegios profesionales, las sociedades civiles y otras entidades con anÃ¡logos fines especÃ­ficos y naturaleza que los citados anteriormente.
No podrÃ¡n ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente norma las entidades en las que concurra alguna de las circunstancias contenidas en los apartados 2 y 3 del artÃ­culo 13 de la Ley General de Subvenciones.
ArtÃ­culo 4. Ãrganos competentes para la ordenaciÃ³n, instrucciÃ³n y resoluciÃ³n del procedimiento.
1. Ãrganos competentes para la ordenaciÃ³n, instrucciÃ³n y resoluciÃ³n del procedimiento: Los Ã³rganos competentes para la ordenaciÃ³n del procedimiento son las Direcciones Generales de InclusiÃ³n Social, de las Familias y la Infancia y de CoordinaciÃ³n de PolÃ­ticas Sectoriales sobre la Discapacidad segÃºn proceda, los competentes para su instrucciÃ³n son las Comisiones de EvaluaciÃ³n y para la resoluciÃ³n la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.
2. ComposiciÃ³n de las Comisiones de EvaluaciÃ³n: La valoraciÃ³n de las solicitudes se efectuarÃ¡ por una ComisiÃ³n de EvaluaciÃ³n constituida en cada uno de los Centros Directivos. La ComisiÃ³n de EvaluaciÃ³n estarÃ¡ presidida por el/la Director/a General del Centro Directivo y formarÃ¡n parte de la misma dos vocales designados por el/la Presidente/a y un vocal designado por la SecretarÃ­a de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad. ActuarÃ¡ como Secretario/a un/a funcionario/a del Centro Directivo, designado por el/la Presidente/a de la ComisiÃ³n de EvaluaciÃ³n. Cuando el/la Presidente/a lo estime necesario, podrÃ¡n incorporarse a la ComisiÃ³n, con voz pero sin voto, funcionarios/as de los Centros o Unidades del Departamento con competencia en la Ã¡reas a que afecte la evaluaciÃ³n. 3. Competencias de las Comisiones de EvaluaciÃ³n: Corresponde a las Comisiones de EvaluaciÃ³n, de acuerdo con lo establecido en el artÃ­culo 24 de la Ley General de Subvenciones, realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinaciÃ³n, conocimiento y comprobaciÃ³n de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resoluciÃ³n. En particular, tendrÃ¡ las siguientes atribuciones:
Solicitar cuantos informes estime necesarios para resolver y aquellos que sean exigidos por las normas que regulan la subvenciÃ³n, de acuerdo con lo seÃ±alado en el artÃ­culo 8 de esta Orden.
Evaluar las solicitudes conforme a los criterios objetivos de valoraciÃ³n establecidos en el artÃ­culo 7 de la presente Orden. Formular la propuesta de resoluciÃ³n a que se refiere el artÃ­culo 9, apartado 1, de la presente Orden.
4. Ãrgano competente para la resoluciÃ³n: El Ã³rgano competente para la resoluciÃ³n serÃ¡ la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.
5. El Ã³rgano colegiado al que se refiere el artÃ­culo 22.1 de la Ley General de Subvenciones estarÃ¡ formado por tres funcionarios del Centro Directivo, uno de los cuales lo presidirÃ¡. De conformidad con lo dispuesto en el artÃ­culo 24.4 de la Ley General de Subvenciones, el Ãrgano colegiado emitirÃ¡ informe en el que se concrete el resultado de la evaluaciÃ³n efectuada.
ArtÃ­culo 5. Solicitud, memorias, documentaciÃ³n y subsanaciÃ³n de errores.
1.1 Modelo y presentaciÃ³n de solicitudes: Las solicitudes de subvenciÃ³n se formalizarÃ¡n en un Ãºnico modelo de instancia, que figura como anexo I a la presente Orden, debiendo relacionarse en el mismo todas las actuaciones para las que la entidad solicita la subvenciÃ³n.
Los modelos de impresos podrÃ¡n ser recogidos en la sede central del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, c/ AgustÃ­n de Bethencourt, n.Âº 4, 28003 Madrid, asÃ­ como en las Ãreas o Dependencias Provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno. Asimismo, existe una aplicaciÃ³n informÃ¡tica para la cumplimentaciÃ³n de la solicitud de subvenciÃ³n, a la que se podrÃ¡ acceder en la pÃ¡gina web cuya direcciÃ³n es www.mtas.es. Las solicitudes dirigidas a la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad podrÃ¡n ser presentadas en las sedes y direcciones seÃ±aladas en el pÃ¡rrafo segundo de este apartado, asÃ­ como en los registros y oficinas a que se refiere el artÃ­culo 38.4 de la LRJ-PAC. 1.2 Plazo de presentaciÃ³n: El plazo de presentaciÃ³n serÃ¡ de treinta dÃ­as naturales, contados a partir del dÃ­a siguiente al de la publicaciÃ³n en el BoletÃ­n Oficial del Estado de las correspondientes convocatorias.
2.1. DeberÃ¡ acompaÃ±arse a la solicitud una memoria explicativa de las caracterÃ­sticas sustanciales de la entidad solicitante, asÃ­ como otra memoria para cada una de las actuaciones para las que se solicita subvenciÃ³n. Dichas memorias se formalizarÃ¡n en los modelos que se adjuntan como anexos II y III a la presente Orden y que podrÃ¡n ser recogidos en los lugares establecidos en el apartado 1.1 del presente artÃ­culo.
2.2 Los requisitos especÃ­ficos de las actuaciones establecidas en los anexos I de las respectivas Resoluciones de convocatoria que no queden acreditados a travÃ©s de la documentaciÃ³n a que se refiere la letra f) del apartado 3 del presente artÃ­culo, asÃ­ como los datos no cumplimentados en los modelos citados en el apartado anterior, no podrÃ¡n ser tenidos en cuenta a efectos de su valoraciÃ³n.
3. DocumentaciÃ³n que deberÃ¡ acompaÃ±arse a la solicitud y a las memorias: La solicitud, ademÃ¡s de las citadas memorias, deberÃ¡ acompaÃ±arse de los documentos que a continuaciÃ³n se detallan, que han de ser originales o fotocopias compulsadas de los mismos.
a) Documento acreditativo de la personalidad del solicitante, asÃ­ como poder bastante en derecho para actuar en nombre y representaciÃ³n de la persona jurÃ­dica solicitante.
No serÃ¡ necesario presentar el documento acreditativo de la identidad cuando el interesado manifieste expresamente su consentimiento para que sus datos sean recabados por el Centro Directivo instructor, segÃºn modelo facilitado por el mismo. b) Tarjeta de identificaciÃ³n fiscal. c) Estatutos debidamente legalizados. d) Documento acreditativo de la inscripciÃ³n de la entidad en el registro administrativo correspondiente. e) CertificaciÃ³n en la que conste la identificaciÃ³n de los directivos de la entidad, miembros de su patronato u Ã³rgano directivo, asÃ­ como la fecha de su nombramiento y modo de elecciÃ³n. En esta certificaciÃ³n deberÃ¡ acreditarse la presentaciÃ³n de dichos datos en el Registro administrativo correspondiente. f) AquÃ©lla que, en su caso, se determine expresamente en las convocatorias previstas en el artÃ­culo 2 de la presente Orden, en relaciÃ³n con los fines y actuaciones de las entidades, lugares en que la entidad disponga de sedes, realice o haya realizado actuaciones, y naturaleza de las actuaciones a subvencionar. g) DeclaraciÃ³n responsable de quien ostente la representaciÃ³n legal de la entidad solicitante de que Ã©sta se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, segÃºn establece el artÃ­culoÂ 24, punto 7, del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. h) DeclaraciÃ³n responsable de quien ostente la representaciÃ³n legal de la entidad solicitante de que Ã©sta se encuentra al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, de acuerdo con lo previsto por el artÃ­culo 25 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. i) DeclaraciÃ³n responsable de quien ostente la representaciÃ³n legal de la Entidad solicitante de que la misma no se encuentra incursa en las prohibiciones para obtener la condiciÃ³n de beneficiario de subvenciones establecidas en el artÃ­culo 13, apartados 2 y 3, de la Ley General de Subvenciones.
Para el efectivo cumplimiento de los derechos reconocidos en el artÃ­culo 35 c) de la LRJ-PAC, las entidades y organizaciones solicitantes acompaÃ±arÃ¡n una copia de los documentos originales que aporten, a fin de que Ã©stos les sean inmediatamente devueltos por las oficinas de registro, una vez que dicha copia haya sido compulsada y unida a la correspondiente solicitud. En caso de que se requiera la aportaciÃ³n de los documentos originales, los solicitantes tendrÃ¡n derecho a que, en el momento de su presentaciÃ³n, se les entregue debidamente diligenciada con un sello la copia que acompaÃ±en a aquellos.
No serÃ¡ necesario presentar los documentos exigidos en los puntosÂ 3.a) al 3.e) cuando Ã©stos no hayan sufrido modificaciÃ³n y estuvieran en poder de cualquier Ã³rgano de la AdministraciÃ³n actuante, en cuyo caso la entidad solicitante podrÃ¡ acogerse a lo establecido en el apartado f) del artÃ­culo 35 de la LRJ-PAC, siempre que se haga constar, por escrito, la fecha y el Ã³rgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido mÃ¡s de cinco aÃ±os desde la finalizaciÃ³n del procedimiento al que correspondan. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el Ã³rgano competente podrÃ¡ requerir a la entidad solicitante su presentaciÃ³n, o en su defecto, la acreditaciÃ³n por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulaciÃ³n de la propuesta de resoluciÃ³n. Ha de tenerse cuenta que la comprobaciÃ³n de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en las memorias o en la documentaciÃ³n aportada, podrÃ¡ comportar, en funciÃ³n de su importancia, la denegaciÃ³n de la subvenciÃ³n solicitada, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran derivarse.
4. SubsanaciÃ³n de errores.
Si la solicitud de iniciaciÃ³n no reuniera los datos de identificaciÃ³n, tanto de la subvenciÃ³n solicitada como de la entidad solicitante y/o cualquiera de los previstos en el artÃ­culo 70 de la LRJ-PAC, se requerirÃ¡ a la entidad u organizaciÃ³n solicitante, de acuerdo con lo establecido en el artÃ­culo 71.1 de la citada Ley, en su redacciÃ³n dada por la Ley 4/1999, deÂ 13 de enero, para que en un plazo de diez dÃ­as hÃ¡biles, subsane las faltas o acompaÃ±e los documentos preceptivos, con indicaciÃ³n de que si asÃ­ no lo hiciera, se la tendrÃ¡ por desistida de su peticiÃ³n, previa notificaciÃ³n de la resoluciÃ³n que habrÃ¡ de dictarse en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culoÂ 42, de la misma Ley, en su redacciÃ³n dada por la Ley 4/1999.
Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento, podrÃ¡ instarse a la entidad u organizaciÃ³n solicitante para que complete los trÃ¡mites necesarios, de acuerdo con lo previsto en el artÃ­culo 76 de la LRJ-PAC, concediendo a tal efecto un plazo de diez dÃ­as hÃ¡biles a partir del dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo asÃ­, se le podrÃ¡ declarar decaÃ­da en su derecho a dicho trÃ¡mite. Sin embargo, se admitirÃ¡ la actuaciÃ³n de la interesada y producirÃ¡ sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del dÃ­a en que se notifique la resoluciÃ³n en la que se tenga por transcurrido el plazo.
ArtÃ­culo 6. FinanciaciÃ³n de las actuaciones presentadas.
Las entidades solicitantes cumplimentarÃ¡n el apartado referido al presupuesto, que figura en la Memoria relativa a cada una de las actuaciones presentadas, especificando las previsiones de gastos que estimen necesarios para la realizaciÃ³n de las diferentes actividades que comporta el contenido de la correspondiente actuaciÃ³n, diferenciando entre gastos corrientes y gastos de inversiÃ³n.
A tal efecto, tendrÃ¡n en cuenta que los gastos corrientes imputables a la subvenciÃ³n estÃ¡n sometidos a las siguientes limitaciones:
1. Las retribuciones del personal laboral imputables a la subvenciÃ³n estarÃ¡n limitadas por las cuantÃ­as recogidas en la tabla que a continuaciÃ³n se detalla para los diferentes grupos de cotizaciÃ³n a la Seguridad Social: Grupo I: 30.600 euros.
Los importes recogidos estÃ¡n referidos a catorce pagas anuales para una jornada semanal de cuarenta horas.
Para jornadas inferiores a cuarenta horas se realizarÃ¡ el cÃ¡lculo proporcional. A las retribuciones se sumarÃ¡n los gastos de Seguridad Social correspondientes a la empresa y su total constituirÃ¡ el gasto subvencionable por costes de personal laboral. 2. Las retribuciones del personal contratado en rÃ©gimen de arrendamiento de servicios, modalidad Ã©sta que tendrÃ¡ siempre carÃ¡cter excepcional, se admitirÃ¡n Ãºnicamente en los casos en que, por las especiales caracterÃ­sticas de la actuaciÃ³n, no resulte adecuado el desarrollo de las actividades concretas de que se trate por el personal sujeto a la normativa laboral vigente. Estas retribuciones quedarÃ¡n tambiÃ©n afectadas, con carÃ¡cter general, por las limitaciones seÃ±aladas en el apartado anterior, pudiÃ©ndose establecer excepciones a dichas limitaciones, por razÃ³n de la naturaleza de la actividad, en las Instrucciones de JustificaciÃ³n que a tal efecto se dicten por el Centro Directivo competente. 3. No podrÃ¡n imputarse a la subvenciÃ³n los gastos originados por las actividades realizadas en la condiciÃ³n de miembros de las Juntas Directivas o Consejos de DirecciÃ³n de las entidades, salvo en las actuaciones de mantenimiento y funcionamiento de las mismas y de apoyo al movimiento asociativo. 4. Las dietas y gastos de viaje podrÃ¡n ser objeto de subvenciÃ³n en las cuantÃ­as fijadas para el Grupo 2 por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, tal como se contempla en el Manual de Instrucciones de JustificaciÃ³n. Las subvenciones serÃ¡n compatibles con otras ayudas que tengan la misma finalidad, teniendo en cuenta que el importe de la subvenciÃ³n en ningÃºn caso podrÃ¡ ser de tal cuantÃ­a que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 yÂ 3 del artÃ­culo 19 de la Ley General de Subvenciones. Atendiendo a la naturaleza de las actividades, la entidad beneficiaria podrÃ¡ llevar a cabo su subcontrataciÃ³n, mediando siempre autorizaciÃ³n y sin exceder del 50 por 100 del importe de la actuaciÃ³n subvencionada. Dicha subcontrataciÃ³n se ajustarÃ¡, en todo caso, a lo dispuesto en el artÃ­culo 29 de la Ley General de Subvenciones y en el artÃ­culo 68 de su Reglamento de aplicaciÃ³n.
ArtÃ­culo 7. Criterios objetivos de valoraciÃ³n.
Para la adjudicaciÃ³n de las subvenciones, ademÃ¡s de la cuantÃ­a del presupuesto global incluido en los correspondientes crÃ©ditos presupuestarios que condiciona, sin posibilidad de ampliaciÃ³n, las obligaciones que se contraigan con cargo al mismo, los criterios objetivos de valoraciÃ³n que se tendrÃ¡n en cuenta serÃ¡n los siguientes: 1. Criterios objetivos de valoraciÃ³n, y ponderaciÃ³n de los mismos, de las Entidades solicitantes: a) ImplantaciÃ³n: Se valorarÃ¡ la implantaciÃ³n de las actuaciones realizadas por la entidad, asÃ­ como el nÃºmero de socios y afiliados.
TendrÃ¡n una valoraciÃ³n prioritaria las confederaciones, federaciones o agrupaciones similares que presenten actuaciones integradas. (MÃ¡ximo 20 puntos). b) AntigÃŒedad: Que la entidad estÃ© constituida al menos con dos aÃ±os de anterioridad a la fecha de publicaciÃ³n de la convocatoria, a excepciÃ³n de las confederaciones y federaciones reciÃ©n constituidas, que deberÃ¡n estar compuestas mayoritariamente por federaciones o asociaciones cuya antigÃŒedad sea superior a dos aÃ±os. (MÃ¡ximo 3 puntos). c) EspecializaciÃ³n: Que quede acreditada la especializaciÃ³n de la entidad en la atenciÃ³n al colectivo al que se dirigen las actuaciones, o bien, que estÃ© constituida como asociaciÃ³n del propio colectivo al que representa. (MÃ¡ximo 10 puntos). d) Estructura y capacidad de gestiÃ³n: Que la estructura de la entidad sea adecuada para gestionar las actividades previstas en las actuaciones presentadas, disponiendo de sistemas de evaluaciÃ³n y de calidad que contribuyan a la consecuciÃ³n de los objetivos previstos. (MÃ¡ximo 20 puntos). e) Auditoria externa: Se valorarÃ¡ muy especialmente que la entidad someta su gestiÃ³n a controles periÃ³dicos. (MÃ¡ximo 5 puntos). f) Presupuesto y financiaciÃ³n: Se valorarÃ¡ el volumen del presupuesto de la entidad en el Ãºltimo aÃ±o, su patrimonio, asÃ­ como la financiaciÃ³n obtenida de otras instituciones y su capacidad para movilizar recursos de otros entes pÃºblicos y/o privados, primÃ¡ndose a las que tengan una capacidad de financiaciÃ³n privada de, al menos, el 10 por 100 de su presupuesto total de ingresos. (MÃ¡ximo 20 puntos). g) ParticipaciÃ³n social y voluntariado: Que la entidad promueva la participaciÃ³n y movilizaciÃ³n social. Que cuente con un nÃºmero relevante de voluntarios/as para el desarrollo de sus actuaciones, priorizÃ¡ndose aquÃ©llas que dispongan de un sistema de formaciÃ³n de los/las voluntarios/as y de incorporaciÃ³n de Ã©stos/as a las actividades de la entidad. (MÃ¡ximo 15 puntos). h) AdecuaciÃ³n de recursos humanos: Se valorarÃ¡n las lÃ­neas de actuaciÃ³n de la entidad en materia de gestiÃ³n de los recursos humanos que se adscriben a las diferentes actuaciones, teniendo en cuenta: (MÃ¡ximo 7 puntos).
1. La naturaleza, caracterÃ­sticas y duraciÃ³n de la contrataciÃ³n del personal asalariado preexistente y de nueva incorporaciÃ³n.
2. Que los criterios de contrataciÃ³n del personal contribuyan al fomento de la integraciÃ³n laboral de las personas con discapacidad, asÃ­ como de otros grupos sociales sobre los que existen medidas especiales de fomento de empleo.
i) Cumplimiento de las obligaciones derivadas de las subvenciones recibidas del Ministerio: Se valorarÃ¡ la exactitud en el cumplimiento de las obligaciones contraÃ­das con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales -antes, Ministerio de Asuntos Sociales-, respecto a las subvenciones concedidas en anteriores convocatorias.
Cuando el cumplimiento no sea total, atendiendo al tipo de incumplimiento que se haya producido, podrÃ¡ detraerse hasta un mÃ¡ximo de 7 puntos de la puntuaciÃ³n total obtenida por la entidad.
2. Criterios objetivos de valoraciÃ³n de las actuaciones:
Las respectivas convocatorias establecerÃ¡n los criterios objetivos de valoraciÃ³n de las actuaciones en razÃ³n de su finalidad, naturaleza y caracterÃ­sticas, asÃ­ como su ponderaciÃ³n.
ArtÃ­culo 8. Informes.
A fin de facilitar la mejor evaluaciÃ³n de las solicitudes, las Comisiones de EvaluaciÃ³n podrÃ¡n requerir de las entidades y organizaciones solicitantes la ampliaciÃ³n de la informaciÃ³n contenida en las memorias, asÃ­ como solicitar los informes tÃ©cnicos que estimen necesarios a los Centros Directivos y Organismos que resulten competentes por razÃ³n de la materia.
El plazo para la emisiÃ³n de los informes serÃ¡ de diez dÃ­as hÃ¡biles, salvo que las Comisiones de EvaluaciÃ³n, de acuerdo con lo dispuesto en el artÃ­culo 24.3, a) de la Ley General de Subvenciones, atendiendo a las caracterÃ­sticas del informe solicitado o del propio procedimiento, soliciten su emisiÃ³n en un plazo menor o mayor, sin que en este Ãºltimo caso pueda exceder de dos meses.
ArtÃ­culo 9. ResoluciÃ³n.
1. Las Comisiones de EvaluaciÃ³n, a la vista de todo lo actuado y de los informes de los respectivos Ã³rganos colegiados, formularÃ¡n la oportuna propuesta de resoluciÃ³n.
Dicha propuesta, segÃºn lo establecido en el artÃ­culo 24.4 de la Ley General de Subvenciones, deberÃ¡ expresar la relaciÃ³n de entidades solicitantes para las que se propone la concesiÃ³n de la subvenciÃ³n y su cuantÃ­a, especificando su evaluaciÃ³n y los criterios de valoraciÃ³n seguidos para efectuarla. Para la determinaciÃ³n de la cuantÃ­a individualizada de la subvenciÃ³n se tendrÃ¡n en cuenta las caracterÃ­sticas de las entidades solicitantes y de las actuaciones presentadas que sean relevantes a efectos de que la subvenciÃ³n cumpla adecuadamente su finalidad. 2. La Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, previa fiscalizaciÃ³n de los expedientes, cuando sea preceptivo, resolverÃ¡ el procedimiento de concesiÃ³n en el plazo de quince dÃ­as desde la fecha de elevaciÃ³n de la propuesta de resoluciÃ³n. Las resoluciones serÃ¡n motivadas, debiendo en todo caso quedar acreditados los fundamentos de la resoluciÃ³n que se adopte, de conformidad con lo establecido en el artÃ­culo 25, apartado 2, de la Ley General de Subvenciones. Las resoluciones se dictarÃ¡n y notificarÃ¡n a los solicitantes en el plazo mÃ¡ximo de seis meses, contados desde la fecha de publicaciÃ³n de las respectivas convocatorias, segÃºn lo dispuesto en los artÃ­culos 25.4 y 26 de la citada Ley. Excepcionalmente, podrÃ¡ acordarse una ampliaciÃ³n del referido plazo mÃ¡ximo de resoluciÃ³n y notificaciÃ³n, en los tÃ©rminos y con las limitaciones establecidos en el artÃ­culo 42.6, de la LRJ-PAC, en su redacciÃ³n dada por la Ley 4/1999, comunicÃ¡ndose dicho acuerdo a las entidades solicitantes. Si en el plazo de cinco dÃ­as, contado desde la fecha de notificaciÃ³n de la resoluciÃ³n de concesiÃ³n, se renunciase a la subvenciÃ³n por alguno de los beneficiarios, el Ã³rgano concedente acordarÃ¡ la concesiÃ³n de la subvenciÃ³n a favor del solicitante o los solicitantes siguientes en orden a la puntuaciÃ³n de las actuaciones, siempre que el crÃ©dito liberado resulte suficiente. Las resoluciones pondrÃ¡n fin a la vÃ­a administrativa, pudiÃ©ndose interponer contra las mismas recurso potestativo de reposiciÃ³n ante la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad en el plazo de un mes, a contar desde el dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n de la resoluciÃ³n, o bien ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la forma y plazo previstos en la Ley reguladora de dicha jurisdicciÃ³n. Transcurrido el plazo mÃ¡ximo establecido sin que se haya dictado y notificado resoluciÃ³n expresa, se podrÃ¡ entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artÃ­culo 25.5 de la Ley General de Subvenciones. Las subvenciones concedidas se harÃ¡n pÃºblicas en el BoletÃ­n Oficial del Estado, en los tÃ©rminos establecidos en el artÃ­culo 30 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. La concesiÃ³n de una subvenciÃ³n al amparo de la presente Orden no comporta obligaciÃ³n alguna, por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de adjudicar subvenciones en los siguientes ejercicios econÃ³micos para actuaciones similares.
ArtÃ­culo 10. Abono de la subvenciÃ³n.
Las entidades subvencionadas deberÃ¡n acreditar previamente al cobro de la subvenciÃ³n, de acuerdo con lo dispuesto en el artÃ­culo 34.5 de la Ley General de Subvenciones, que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, asÃ­ como en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme a lo establecido en el artÃ­culo 5, apartado 3, puntos g) y h) de la presente Orden.
Si por razÃ³n de la naturaleza de las actividades que integran la actuaciÃ³n subvencionada se hubiera autorizado su subcontrataciÃ³n, se aportarÃ¡ documentaciÃ³n acreditativa de la especializaciÃ³n de la entidad con la que se contrata la realizaciÃ³n de las actividades, en la materia objeto de dicha contrataciÃ³n, asÃ­ como de que esta entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. AdemÃ¡s, deberÃ¡ acreditarse, mediante declaraciÃ³n responsable de quien ostente la representaciÃ³n legal de la entidad con la que se ha contratado o se vaya a contratar la realizaciÃ³n de la actividad, que no se encuentra incursa en las demÃ¡s prohibiciones para obtener la condiciÃ³n de beneficiaria de subvenciones establecidas en el artÃ­culo 13 de la Ley General de Subvenciones y que en la misma no concurre ninguna de las causas previstas en el artÃ­culoÂ 29.7, apartados b), c), d) y e) de dicho texto legal. Asimismo, cuando en la ejecuciÃ³n de las actuaciones haya intervenido o se prevea la intervenciÃ³n de personal voluntario, deberÃ¡n acreditar que tienen suscrita pÃ³liza de seguros de accidentes y enfermedad y de responsabilidad civil a favor de este personal. TambiÃ©n deberÃ¡n haber justificado suficientemente las ayudas econÃ³micas recibidas con anterioridad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales -antes, Ministerio de Asuntos Sociales-. El pago de la subvenciÃ³n se efectuarÃ¡ en un Ãºnico plazo y mediante transferencia bancaria, a cuyo efecto la entidad habrÃ¡ de tener reconocida, previamente, una cuenta bancaria ante la DirecciÃ³n General del Tesoro y PolÃ­tica Financiera. Este pago tendrÃ¡ el carÃ¡cter de pago anticipado en virtud de lo dispuesto en el artÃ­culo 34.4 de la Ley General de Subvenciones.
ArtÃ­culo 11. Modificaciones de la resoluciÃ³n de concesiÃ³n.
Toda alteraciÃ³n de las condiciones tenidas en cuenta para la concesiÃ³n de la subvenciÃ³n y, en todo caso, la obtenciÃ³n concurrente de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes pÃºblicos o privados, nacionales, de la UniÃ³n Europea o de organismos internacionales, podrÃ¡ dar lugar a la modificaciÃ³n de la resoluciÃ³n de concesiÃ³n, de acuerdo con lo previsto en el artÃ­culo 19.4 de la Ley General de Subvenciones.
Las entidades u organizaciones subvencionadas podrÃ¡n solicitar, con carÃ¡cter excepcional, la modificaciÃ³n del contenido de la actuaciÃ³n subvencionada, asÃ­ como de la forma y plazos de su ejecuciÃ³n y justificaciÃ³n de los correspondientes gastos, cuando aparezcan circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo de la actuaciÃ³n, y podrÃ¡n ser autorizadas siempre que no daÃ±en derechos de tercero. Las solicitudes de modificaciÃ³n deberÃ¡n fundamentar suficientemente dicha alteraciÃ³n o dificultad y deberÃ¡n formularse con carÃ¡cter inmediato a la apariciÃ³n de las circunstancias que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento en que finalice el plazo de ejecuciÃ³n de la actuaciÃ³n subvencionada. Las entidades u organizaciones solicitantes serÃ¡n informadas de la fecha en que la solicitud ha tenido entrada en el Registro del respectivo Ãrgano, a partir de la cual se inicia el cÃ³mputo del plazo de resoluciÃ³n, mediante comunicaciÃ³n que se les dirigirÃ¡ por los referidos Ãrganos, de acuerdo con lo dispuesto en el artÃ­culo 42.4 de la LRJ-PAC, en su redacciÃ³n dada por la Ley 4/1999. Las resoluciones de las solicitudes de modificaciÃ³n se dictarÃ¡n por la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad y se notificarÃ¡n, en el plazo mÃ¡ximo de tres meses a contar desde la fecha de presentaciÃ³n de aquÃ©llas en el citado Registro. Estas resoluciones pondrÃ¡n fin a la vÃ­a administrativa, pudiÃ©ndose interponer contra ellas recurso potestativo de reposiciÃ³n ante el citado Ã³rgano administrativo en el plazo de un mes, a contar desde el dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n de la resoluciÃ³n, o bien ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en la forma y plazo previstos por la Ley reguladora de dicha jurisdicciÃ³n. Transcurrido el plazo mÃ¡ximo establecido sin que se haya dictado y notificado resoluciÃ³n expresa, se entenderÃ¡ estimada la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artÃ­culo 43.2 de la LRJ-PAC, en su redacciÃ³n dada por la Ley 4/1999, teniendo a todos los efectos la consideraciÃ³n de acto administrativo finalizador del procedimiento y sin perjuicio de la obligaciÃ³n de dictar resoluciÃ³n expresa confirmatoria del mismo. Cuando la cuantÃ­a de la subvenciÃ³n haya de ser objeto de reducciÃ³n por aplicaciÃ³n de lo previsto en el apartado 3 del artÃ­culo 19 de la Ley General de Subvenciones se dictarÃ¡ la resoluciÃ³n que proceda por la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, y se procederÃ¡ al reintegro del exceso, junto con los intereses de demora, de acuerdo con lo establecido en el artÃ­culo 16.1, apartado d), de esta Orden.
ArtÃ­culo 12. Obligaciones de la entidad u organizaciÃ³n beneficiaria de la subvenciÃ³n.
Las entidades u organizaciones no gubernamentales beneficiarias de las subvenciones, ademÃ¡s de las previstas en los artÃ­culos 13, 14 y 15 de la presente Orden, y las que con carÃ¡cter general se recogen en el artÃ­culo 14 de la Ley General de Subvenciones, vendrÃ¡n obligadas a cumplir las siguientes obligaciones: a) Ingresar el importe total de la subvenciÃ³n en una cuenta bancaria abierta exclusivamente para los ingresos y pagos realizados con cargo a la subvenciÃ³n recibida.
A las entidades que tengan adaptada su contabilidad al Plan General Contable o que hayan optado por utilizar el sistema de registros contables, elaborado por la IntervenciÃ³n General de la AdministraciÃ³n del Estado en colaboraciÃ³n con la DirecciÃ³n General de InclusiÃ³n Social, no les serÃ¡ de aplicaciÃ³n la obligatoriedad seÃ±alada en el pÃ¡rrafo anterior. b) Realizar la actividad que fundamente la concesiÃ³n de la subvenciÃ³n en la forma, condiciones y plazo establecidos para cada actuaciÃ³n y, en su defecto, antes del 31 de diciembre del aÃ±o 2009, sin perjuicio de la posibilidad de autorizaciÃ³n de moratoria. c) Justificar ante la SecretarÃ­a de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad el cumplimiento de los requisitos y condiciones, asÃ­ como la realizaciÃ³n de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinaron la concesiÃ³n o el disfrute de la subvenciÃ³n. d) Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el contenido principal de las actuaciones para las que solicitan subvenciÃ³n, a excepciÃ³n de aquellas actividades que, por su propia naturaleza, y mediando siempre autorizaciÃ³n, deban ser subcontratadas, sin exceder del 50 por ciento del importe de la actuaciÃ³n subvencionada. La subcontrataciÃ³n se ajustarÃ¡ a cuanto dispone el artÃ­culo 29 de la Ley General de Subvenciones y el artÃ­culo 68 de su Reglamento de aplicaciÃ³n. e) Someterse a las actuaciones de comprobaciÃ³n, seguimiento e inspecciÃ³n de la aplicaciÃ³n de la subvenciÃ³n, asÃ­ como al control financiero que corresponde a la IntervenciÃ³n General de la AdministraciÃ³n del Estado. f) Comunicar a la SecretarÃ­a de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad tan pronto como se conozca, y en todo caso con anterioridad a la justificaciÃ³n de la subvenciÃ³n, la obtenciÃ³n de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes pÃºblicos o privados, nacionales, de la UniÃ³n Europea o de organismos internacionales, asÃ­ como su importe y la aplicaciÃ³n de tales fondos a las actividades subvencionadas. g) Incorporar de forma visible en el material que se utilice para la difusiÃ³n de las actuaciones subvencionadas un logotipo que permita identificar el origen de la subvenciÃ³n, segÃºn el modelo que se establezca en la convocatoria. h) Tener suscrita pÃ³liza de seguro de accidentes y enfermedad y de responsabilidad civil a favor del personal voluntario que participa en las actuaciones subvencionadas, conforme a lo exigido en los artÃ­culos 6. d) y 10 de la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado. i) Conservar los documentos justificativos originales de la aplicaciÃ³n de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrÃ³nicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobaciÃ³n y control por el Ã³rgano concedente y, en su caso, de las actuaciones de control financiero que corresponden a la IntervenciÃ³n General de la AdministraciÃ³n del Estado y de las previstas en la legislaciÃ³n del Tribunal de Cuentas en relaciÃ³n con las subvenciones concedidas. j) Los posibles ingresos que generen las actuaciones subvencionadas u otros rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a los beneficiarios, se reinvertirÃ¡n en cualquiera de las actuaciones subvencionadas. De no aplicarse al supuesto seÃ±alado, el Ãrgano competente para resolver las solicitudes de modificaciÃ³n, conforme a lo previsto en el artÃ­culo 11, a propuesta de la organizaciÃ³n o entidad adjudicataria, podrÃ¡ autorizar su aplicaciÃ³n a otros de los fines sociales previstos en la misma convocatoria, siendo procedente su devoluciÃ³n en cualquier otro caso. k) En las actuaciones en que se proponga la construcciÃ³n de edificios o la adaptaciÃ³n de locales durante el perÃ­odo de ejecuciÃ³n previsto en las convocatorias, la entidad solicitante deberÃ¡ ostentar la titularidad suficiente sobre los correspondientes terrenos o locales y disponer de las respectivas licencias que permitan la realizaciÃ³n de las obras para las que se solicita subvenciÃ³n. l) Las entidades beneficiarias habrÃ¡n de destinar los edificios construidos o bienes inmuebles por ellas adquiridos al fin concreto para el que se concediÃ³ la subvenciÃ³n al menos durante 20 aÃ±os. El incumplimiento de la obligaciÃ³n de destino de estos bienes, que se producirÃ¡ en todo caso con su enajenaciÃ³n o gravamen, serÃ¡ causa de reintegro y en la cuantÃ­a que corresponda en funciÃ³n del valor del inmueble en el momento del cambio de destino, quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor. No se considerarÃ¡ incumplida la obligaciÃ³n de destino cuando el cambio de destino, enajenaciÃ³n o gravamen sea autorizado previamente por este Departamento y el adquirente asuma la obligaciÃ³n de destino, de acuerdo con lo establecido en el artÃ­culo 31, punto 5, b) de la Ley General de Subvenciones. DeberÃ¡ hacerse constar en la inscripciÃ³n en el Registro de la Propiedad y en la correspondiente escritura pÃºblica, a cuyo otorgamiento deberÃ¡ asistir un/a representante de la AdministraciÃ³n, el periodo de la obligaciÃ³n de destino, el importe de la subvenciÃ³n concedida y que para el cambio de destino, enajenaciÃ³n o gravamen es necesaria la previa autorizaciÃ³n de este Ministerio. En el supuesto de adquisiciÃ³n de bienes inventariables no inscribibles en un registro pÃºblico, deberÃ¡n destinarse al fin concreto para el que se concediÃ³ la subvenciÃ³n al menos durante tres aÃ±os. El incumplimiento de la obligaciÃ³n de destino de dichos bienes, que se producirÃ¡ en todo caso con su enajenaciÃ³n o gravamen, serÃ¡ causa de reintegro, quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor. No se considerarÃ¡ incumplida la obligaciÃ³n de destino cuando los bienes fueran sustituidos por otros que sirvan en condiciones anÃ¡logas al fin para el que se concediÃ³ la subvenciÃ³n y este uso se mantenga hasta completar el periodo establecido, siempre que la sustituciÃ³n haya sido autorizada por este Departamento, de acuerdo con lo establecido en el artÃ­culo 31, punto 5, a) de la Ley General de Subvenciones. m) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artÃ­culo 16 de la presente Orden. n) Comunicar a la SecretarÃ­a de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad cualquier variaciÃ³n producida, desde la fecha de su presentaciÃ³n, en los estatutos o en la composiciÃ³n de la Junta Directiva u Ã³rgano de gobierno, aportando su inscripciÃ³n en el registro correspondiente. Asimismo, vendrÃ¡n obligadas, si el Centro Directivo asÃ­ lo solicita, a presentar una nueva memoria de las actuaciones subvencionadas adaptada al contenido de la resoluciÃ³n de concesiÃ³n.
ArtÃ­culo 13. Control, seguimiento y evaluaciÃ³n.
De acuerdo con lo establecido en los artÃ­culos 14.1.c) y 32.1 de la Ley General de Subvenciones y el CapÃ­tulo IV del TÃ­tulo II de su Reglamento de aplicaciÃ³n, las entidades u organizaciones beneficiarias de la subvenciÃ³n se someterÃ¡n a las actuaciones de comprobaciÃ³n, seguimiento y evaluaciÃ³n que determine la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, facilitando cuanta informaciÃ³n sea requerida en orden a verificar la correcta ejecuciÃ³n de las actuaciones subvencionadas.
Las entidades u organizaciones subvencionadas deberÃ¡n facilitar periÃ³dicamente el grado de cumplimiento de las actuaciones, de acuerdo con el calendario e instrucciones de seguimiento dictadas a estos efectos por el Ã³rgano concedente.
ArtÃ­culo 14. JustificaciÃ³n de los gastos.
1. De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Subvenciones y su Reglamento de aplicaciÃ³n, las entidades u organizaciones subvencionadas quedan obligadas a justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecuciÃ³n de los objetivos previstos en el acto de concesiÃ³n de la subvenciÃ³n, de conformidad con las instrucciones dictadas por el Ã³rgano concedente.
2. Con carÃ¡cter general, la justificaciÃ³n adoptarÃ¡ la modalidad de cuenta justificativa con aportaciÃ³n de justificantes de gasto en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 72 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. La cuenta justificativa contendrÃ¡ la siguiente informaciÃ³n:
Una memoria de actuaciÃ³n justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesiÃ³n de la subvenciÃ³n, con indicaciÃ³n de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, segÃºn el modelo recogido en el manual de instrucciones de justificaciÃ³n.
Una memoria econÃ³mica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrÃ¡ los documentos recogidos en el artÃ­culo 72 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, salvo los documentos acreditativos del gasto, cuya aportaciÃ³n deberÃ¡ realizarse a requerimiento del Ã³rgano concedente cuando se inicie el procedimiento de revisiÃ³n de la cuenta.
3. Las entidades y organizaciones beneficiarias de subvenciones de importe inferior a 60.000 euros podrÃ¡n optar, a su elecciÃ³n, por realizar la justificaciÃ³n bien a travÃ©s de la cuenta justificativa regulada en el artÃ­culoÂ 72 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, o bien a travÃ©s de la cuenta justificativa con aportaciÃ³n de informe de auditor regulada en el artÃ­culo 74 del mismo texto legal. En este Ãºltimo caso, el beneficiario no estÃ¡ obligado a aportar justificantes de gasto en la rendiciÃ³n de la cuenta, sin perjuicio de las actuaciones de comprobaciÃ³n y control que pueda realizar la IntervenciÃ³n General de la AdministraciÃ³n del Estado y el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus competencias.
La verificaciÃ³n a realizar por el auditor de cuentas, en todo caso, tendrÃ¡ el siguiente alcance:
El cumplimiento por parte de los beneficiarios de sus obligaciones en la gestiÃ³n y aplicaciÃ³n de la subvenciÃ³n.
La adecuada y correcta justificaciÃ³n de la subvenciÃ³n por parte de los beneficiarios, atendiendo al manual de instrucciones de justificaciÃ³n. La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificaciÃ³n presentada por los beneficiarios, han sido financiadas con la subvenciÃ³n. La adecuada y correcta financiaciÃ³n de las actividades subvencionadas, en los tÃ©rminos establecidos en el apartado 3 del artÃ­culo 19 de la Ley General de Subvenciones.
4. En su caso, la documentaciÃ³n acreditativa de los gastos efectuados con cargo a la subvenciÃ³n se presentarÃ¡ por cada una de las actuaciones subvencionadas, debiendo ir acompaÃ±ada de una relaciÃ³n de justificantes por cada concepto de gasto autorizado, es decir, diferenciando los gastos corrientes de los gastos de inversiÃ³n.
Cada una de dichas relaciones especificarÃ¡ las diferentes partidas gastadas clasificadas como sigue:
Gastos de inversiÃ³n:
AdquisiciÃ³n de inmuebles.
4.1 En ningÃºn caso se admitirÃ¡ la justificaciÃ³n de los gastos corrientes en la parte que excedan o en la medida en que no se ajusten a las limitaciones a que se refiere el artÃ­culo 6 de esta Orden.
4.2 Tampoco se admitirÃ¡n compensaciones entre gastos corrientes y de inversiÃ³n, estando cada uno de estos conceptos limitado por el importe asignado en la resoluciÃ³n de concesiÃ³n, sin perjuicio de ulteriores modificaciones autorizadas, cuando la respectiva convocatoria lo permita, y de los Ã­ndices de desviaciÃ³n asumibles que se establezcan en el Manual de Instrucciones de JustificaciÃ³n que elabore el Ã³rgano concedente. 4.3 En todos los casos, deberÃ¡ justificarse la retenciÃ³n e ingreso en la DelegaciÃ³n de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria de las cantidades correspondientes por rendimientos del trabajo, rendimientos de actividades econÃ³micas o por los rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, en los tÃ©rminos establecidos en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas. Igualmente en los casos de retribuciones de personal contratado laboral, deberÃ¡ acreditarse el ingreso de las cotizaciones en la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social. 4.4 En los casos de adquisiciÃ³n o construcciÃ³n de bienes inmuebles deberÃ¡ presentarse la escritura pÃºblica de compraventa o, en su caso, de obra nueva, en la que deberÃ¡n constar las limitaciones que se especifican en el apartado l) del artÃ­culo 12 de la presente Orden, asÃ­ como acreditarse la incorporaciÃ³n de la adquisiciÃ³n o, en su caso, de la obra realizada al inventario de la entidad. En los casos de adquisiciÃ³n de inmuebles, junto con esta documentaciÃ³n, deberÃ¡ aportarse ademÃ¡s un certificado expedido por un tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial. 4.5 Se aportarÃ¡n facturas o recibos originales para justificar los gastos efectuados en las actividades desarrolladas para el cumplimiento de la actuaciÃ³n subvencionada. Dichos documentos deberÃ¡n cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturaciÃ³n y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido, modificado por el Real Decreto 87/2005, de 31 de enero. El manual de Instrucciones de JustificaciÃ³n del gasto contendrÃ¡n las excepciones o especificaciones concretas sobre cualquier otra documentaciÃ³n que se estime adecuada en orden a la mayor racionalizaciÃ³n de la justificaciÃ³n del gasto. 4.6 Los ingresos, asÃ­ como los rendimientos financieros a los que se refiere el artÃ­culo 12, apartado j), de la presente Orden, deberÃ¡n justificarse con indicaciÃ³n de las actuaciones subvencionadas a los que se hayan imputado, conforme establece el manual de Instrucciones de JustificaciÃ³n. 4.7 SerÃ¡n subvencionables, segÃºn se recoge en el artÃ­culo 31.1 de la Ley General de Subvenciones, los gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y que se efectÃºen durante el aÃ±o 2009 y se abonen efectivamente con anterioridad a la finalizaciÃ³n del plazo de justificaciÃ³n establecido en el apartado 5 del presente artÃ­culo. En ningÃºn caso el coste de estos gastos podrÃ¡ ser superior al valor de mercado. 4.8 En ningÃºn caso serÃ¡n subvencionables los gastos de amortizaciÃ³n de los bienes inventariables. 4.9 En los supuestos de ejecuciÃ³n de obra o de suministro de bienes de equipo o prestaciÃ³n de servicios por empresas de consultorÃ­a o asistencia tÃ©cnica, se estarÃ¡ a lo dispuesto en el artÃ­culo 31.3 de la Ley General de Subvenciones. 4.10 PodrÃ¡n justificarse con cargo a la subvenciÃ³n recibida los gastos que, en su caso, hayan podido efectuarse durante el aÃ±o en que Ã©sta se ha otorgado, siempre que se refieran a costes reales de las actividades incluidas en las actuaciones subvencionadas por la convocatoria. En el caso de que las actuaciones subvencionadas sean de continuidad, Ãºnicamente se admitirÃ¡n con cargo a la subvenciÃ³n los gastos producidos desde la fecha de finalizaciÃ³n de la ejecuciÃ³n real de la actuaciÃ³n subvencionada en la convocatoria anterior. 4.11 Cuando las actividades hayan sido financiadas, ademÃ¡s de con las subvenciones concedidas con cargo a las convocatorias que se efectÃºen de acuerdo con la presente Orden, con fondos propios o con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes pÃºblicos o privados, nacionales, de la UniÃ³n Europea o de organismos internacionales, deberÃ¡ acreditarse en la justificaciÃ³n el importe, la procedencia y la aplicaciÃ³n de tales fondos a las actividades subvencionadas.
5. La justificaciÃ³n deberÃ¡ presentarse, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de finalizaciÃ³n del plazo de realizaciÃ³n de la actividad contemplado en el artÃ­culo 12, apartado b).
5.1 Si vencido el plazo de justificaciÃ³n, la entidad no hubiese presentado los correspondientes documentos, se le requerirÃ¡ para que en el plazo improrrogable de quince dÃ­as sean aportados, comunicÃ¡ndole que la falta de presentaciÃ³n de la justificaciÃ³n en dicho plazo llevarÃ¡ consigo la exigencia del reintegro y demÃ¡s responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en el artÃ­culo 70 de su Reglamento de aplicaciÃ³n.
6. DevoluciÃ³n voluntaria. La devoluciÃ³n de todo o parte de la subvenciÃ³n sin el previo requerimiento de la AdministraciÃ³n por parte del beneficiario se realizarÃ¡ en la DirecciÃ³n General del Tesoro y PolÃ­tica Financiera o DelegaciÃ³n de Hacienda correspondiente al domicilio social de la entidad subvencionada, debiendo remitir al Ã³rgano concedente la correspondiente carta de pago acreditativa del ingreso realizado.
En este caso, si procede, la AdministraciÃ³n calcularÃ¡ los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artÃ­culo 38 de la Ley General de Subvenciones y hasta el momento en que se produjo la devoluciÃ³n efectiva por parte del beneficiario, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Instrucciones de JustificaciÃ³n.
ArtÃ­culo 15. Responsabilidad y rÃ©gimen sancionador.
Las entidades u organizaciones beneficiarias de subvenciones quedarÃ¡n sometidas a las responsabilidades y rÃ©gimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el TÃ­tulo IV de la Ley General de Subvenciones.
Asimismo, quedarÃ¡n sometidas a lo dispuesto en el TÃ­tulo IX de la LRJâ€PAC, en su redacciÃ³n dada por la Ley 4/1999, y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
ArtÃ­culo 16. Reintegros.
1. ProcederÃ¡ el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los ingresos generados por las actuaciones e intereses devengados por la subvenciÃ³n, asÃ­ como la exigencia del interÃ©s de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvenciÃ³n hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artÃ­culos 36 y 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Respecto de los siguientes casos deberÃ¡ tenerse en cuenta:
a) Incumplimiento de la obligaciÃ³n de justificaciÃ³n o la justificaciÃ³n insuficiente, en los tÃ©rminos establecidos en el artÃ­culo 30 de la mencionada Ley y en el artÃ­culo 14 de la presente Orden. A estos efectos, se entenderÃ¡ como incumplimiento, entre otros, la existencia de un remanente de subvenciÃ³n que no haya sido invertido en la actuaciÃ³n sin causa justificada. Asimismo, se considerarÃ¡ que ha existido incumplimiento, a efectos de la procedencia del reintegro, en aquellos casos en los que se hubiera retenido el abono de la subvenciÃ³n como consecuencia de un mandato judicial en que asÃ­ se hubiera ordenado, dimanante de un embargo de las cantidades procedentes de la subvenciÃ³n, cualquiera que fuera su causa.
b) No dar la adecuada publicidad del carÃ¡cter pÃºblico de la financiaciÃ³n de la actuaciÃ³n, en los tÃ©rminos establecidos en el artÃ­culo 12, apartado g), de la presente Orden. Asimismo, no cumplir las medidas alternativas establecidas por el Ã³rgano concedente en el supuesto previsto en el artÃ­culo 31, punto 3, del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. c) No cumplir las condiciones impuestas a los beneficiarios y los compromisos asumidos por Ã©stos con motivo de la concesiÃ³n de la subvenciÃ³n. A estos efectos se entenderÃ¡ como incumplimiento, entre otros, la aplicaciÃ³n de la subvenciÃ³n a conceptos de gasto distintos de los que fueron establecidos, sin autorizaciÃ³n del Ãrgano concedente. Asimismo, el incumplimiento de la obligaciÃ³n de destino recogida en el artÃ­culo 12, letra l) de esta Orden, serÃ¡ causa de reintegro. d) En el supuesto contemplado en el Ãºltimo pÃ¡rrafo del artÃ­culo 11 de la presente Orden, procederÃ¡ el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actuaciÃ³n desarrollada, junto con los intereses de demora, de acuerdo con lo previsto en el artÃ­culo 34 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. En cuanto a la naturaleza de los crÃ©ditos a reintegrar se estarÃ¡ a lo dispuesto en el artÃ­culo 38 de la Ley General de Subvenciones.
2. El procedimiento para el reintegro se regirÃ¡ por lo dispuesto en los artÃ­culos 41 a 43 de la Ley General de Subvenciones, el TÃ­tulo III del CapÃ­tulo II de su Reglamento de aplicaciÃ³n y el TÃ­tulo VI de la Ley 30/1992, deÂ 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn, asÃ­ como por lo previsto en la presente Orden, siendo competentes para su tramitaciÃ³n y resoluciÃ³n los Ãrganos siguientes:
a) Para su iniciaciÃ³n, ordenaciÃ³n e instrucciÃ³n: Los/as Directores/as Generales de InclusiÃ³n Social, de las Familias y la Infancia y de CoordinaciÃ³n de PolÃ­ticas Sectoriales sobre la Discapacidad, segÃºn proceda.
b) Para su resoluciÃ³n: La SecretarÃ­a de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.
El procedimiento declarativo de incumplimiento y de procedencia del reintegro se iniciarÃ¡ de oficio como consecuencia de la propia iniciativa del Ãrgano competente, una vez revisada la documentaciÃ³n justificativa del gasto de la subvenciÃ³n y no hallada completa y conforme en todo o en parte, o ante la detecciÃ³n de cualquiera de las restantes causas de reintegro.
TambiÃ©n procederÃ¡ la iniciaciÃ³n de oficio del procedimiento como consecuencia de una orden superior, de la peticiÃ³n razonada de otros Ã³rganos que tengan o no atribuidas facultades de inspecciÃ³n en la materia, o de la formulaciÃ³n de una denuncia. Asimismo se iniciarÃ¡ a consecuencia del informe de control financiero emitido por la IntervenciÃ³n General de la AdministraciÃ³n del Estado, resultando de aplicaciÃ³n lo establecido en los artÃ­culos 49 a 51 de la Ley General de Subvenciones y en los artÃ­culos 96 a 101 de su Reglamento. 3. En la tramitaciÃ³n del procedimiento se garantizarÃ¡, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia. 4. El plazo mÃ¡ximo para resolver y notificar la resoluciÃ³n del procedimiento de reintegro serÃ¡ de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciaciÃ³n. Dicho plazo podrÃ¡ suspenderse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en el artÃ­culo 42, apartados 5 y 6, de la LRJ-PAC. Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resoluciÃ³n expresa, se producirÃ¡ la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminaciÃ³n y sin que se considere interrumpida la prescripciÃ³n por las actuaciones realizadas hasta la finalizaciÃ³n del citado plazo. 5. Las resoluciones declarativas de incumplimiento y de procedencia del reintegro pondrÃ¡n fin a la vÃ­a administrativa, pudiendo interponerse contra las mismas recurso potestativo de reposiciÃ³n ante la SecretarÃ­a de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad en el plazo de un mes, a contar desde el dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n de la resoluciÃ³n, o bien ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en la forma y plazo previstos por la Ley reguladora de dicha jurisdicciÃ³n. Si el procedimiento se hubiera iniciado como consecuencia de hechos que pudieran ser constitutivos de infracciÃ³n administrativa, se pondrÃ¡n en conocimiento del Ãrgano competente para la iniciaciÃ³n del correspondiente procedimiento sancionador. 6. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por Ã©ste una actuaciÃ³n inequÃ­vocamente tendente a la satisfacciÃ³n de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrÃ¡ determinada, respondiendo al criterio de proporcionalidad, por el volumen y grado de incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesiÃ³n de la subvenciÃ³n.
En lo no previsto en la presente Orden, se aplicarÃ¡ supletoriamente lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn.
Madrid, 19 de febrero de 2008.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, JesÃºs Caldera SÃ¡nchez CapitÃ¡n.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
in fine
 Real Decreto 
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