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Timestamp: 2019-08-23 20:04:12+00:00

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Incidencias de los principios constitucionales en las normas ... | Publique su tesina, trabajo final de bachelor o otros trabajos académicos
J B Juan Carlos Bido Reyes (Autor)
CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DELPROBLEMA
1.3 Identificación y delimitación del problema
2.1 Fundamentos Constitucionales que rigen el Sistema Tributario Dominicano
2.4 Clasificación de los Tributos
2.6 Definición de Normas Generales
2.7 Debates Doctrinales
2.9 Importancia y Objetivos de la Administración Tributaria
2.10 Principios Constitucionales del Régimen Tributario Dominicano
2.11 Disposiciones de Normas Generales que sobre pasan los Límites Constitucionales
2.12 Otras Jurisprudencias dominicanas sobre Violaciones a los Principios Constitucionales del Régimen Tributario
2.13 Efectos de los Precedentes Jurisprudenciales
2.14 Acciones Directas de Inconstitucionalidad contra las Normas Generales
CAPÍTULO V. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION Y GERNERACION
5.1 Evaluación de las Normas Generales emitidas en el periodo 2010-
5.2 Norma General 03-2010 sobre aplicación de Exenciones para el Sector
5.3 Norma General 08-2011 sobre los procedimientos aplicados para la Liquidación y Pago del Impuesto a la Organización de Juegos Telefónicos
5.4 Norma 06-2010 sobre Pagos Fehacientes
5.5 Norma 13-2011
5.6 Cuadro esquemático de la Evaluación de las Normas Generales
El déficit fiscal que en los últimos años en República Dominicana genera que cada año se haga más necesario incrementar las recaudaciones tributarias. Una de las estrategias más utilizadas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para incrementar las recaudaciones es la emisión constante de Normas Generales. El código tributario otorga a la Dirección General de Impuestos Internos la facultad normativa para que emita las normas generales; sin embargo, estas normas no deben sobrepasar los límites establecidos por los Principios consagrados en materia tributaria por la Constitución política proclamada en enero del 2010. En esta investigación se analizan las disposiciones de las Normas Generales emitidas en el periodo 2010 -2016 con los requerimientos y las limitaciones contempladas por los principios indicados por la Constitución Política, el Código Tributario, la Jurisprudencia y la Doctrina en la materia. Se ha determinado que un número importante de las Normas emitidas por la Dirección General de Impuestos Internos sobrepasan los límites de los principios consagrados en la constitución.
1. Describir las generalidades, bases y condiciones en que deben ser emitidas las normativas tributarias en la Republica Dominicana.
2. Identificar las normas generales publicadas por la Dirección General de Impuestos Internos en el periodo 2010-2016 y evaluarlas a la luz de las bases y condiciones requeridas para su emisión.
La Constitución de la República Dominicana proclamada el 26 de Enero del 2010 dispone taxativamente que:[4]
El Artículo 34 del Código Tributario de la República Dominicana (Ley 11-92 y sus modificaciones) indica que: “la Administración Tributaria goza de facultades para dictar las normas generales que sean necesarias para la administración y aplicación de tributos, así como para interpretar administrativamente este Código y las respectivas normas tributarias”[5], consignando en su único párrafo que “estas normas tendrán carácter obligatorio respecto de los contribuyentes, responsables del cumplimiento de obligaciones tributarias y terceros y para los órganos de la Administración Tributaria”. (Art. 34, Ley No. 11-92).
Las escuelas o métodos de interpretación de las normas tributarias más importantes son:
A) Absolutista.
Concibe que la ley va adecuándose a la evolución que conforme con el tiempo experimenta la sociedad, sin modificarla frecuentemente, o sea que los sucesos deben acomodarse a la ley, en vez de está a las situaciones concretas.
D) Análisis independiente.
2.6 Definición de Normas Generales.
2.7 Debates Doctrinales.
El conjunto de teorías e investigaciones que han realizado los expertos jurídicos tributarios respecto del tema es amplio. A continuación exponemos dos posiciones:
“Para el profesor Jarach” decir que no debe existir tributo sin ley, significa que solo la ley puede establecer la obligación tributaria y, por lo tanto, solo la ley debe definir cuáles son los supuestos y los elementos de la relación tributaria”. (Jarach, 1999, (Jiménez Veras y otros, 2013)[9]
2.8 El sistema Tributario Dominicano.
A partir de esta concepción bidimensional, se puede afirmar de manera resumida que el principio de igualdad implica la aplicación de iguales consecuencias jurídicas a iguales supuestos de hechos, es decir, aquellos supuestos en los que la introducción de diferencias resulte injustificada o artificiosa, por lo que siempre que la diferenciación introducida lo sea en ausencia de elementos arbitrarios e irracionales, estando objetiva y razonablemente motivada conforme con parámetros aceptados y el fin constitucionalmente lícito perseguido por dicha diferenciación produzca consecuencias jurídicas que resulten proporcionales y adecuadas a dicho fin evitando resultados gravosos o desmedidos, tal desigualdad no supone una violación a este principio.
En cuanto a los principios de Justicia y Equidad, como valores a desarrollar en la norma tributaria y su aplicación, por su amplitud conceptual entendemos que estos se reflejan con fines prácticos en el régimen tributario a través de principios directamente relacionados con el principio de igualdad, como son los criterios de Progresividad y de Capacidad Contributiva, en tanto que los mismos no solo deben interpretarse como un límite al poder de imposición del Estado, sino como un límite que debe ser compatible a una actuación estatal tendente a facilitar el cumplimiento del deber constitucional de coadyuvar con el sostenimiento de los costos del estado (artículo 243 in fine; artículo 75.6 ab initio).
Mediante la aplicación de los criterios de progresividad y capacidad contributiva, se logran objetivos específicos en el sistema tributario, tales como (i) que los contribuyentes experimenten un sacrificio proporcional en relación con la utilidad derivada de sus respectivos niveles de renta gravando las rentas y/o fortuna acumulada capital estático) pero sin absorber sustancialmente la renta y manteniendo intangible el Capital productivo (ii) la redistribución de la riqueza justicia social y desarrollo económico (artículo 217 Constitucional), y (iii) mediante la “no confiscatoriedad”, límite racional a una aplicación radical de la progresividad fundamentado en el derecho de propiedad se logra el objetivo fundamental de garantizar un nivel de vida digno al contribuyente, como bien indica nuestra Constitución, permitir a la persona “la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social”(artículo 8 Constitucional).[14]
En fecha 15 de julio del 2015, la Suprema Corte de Justicia expreso que: “Contrario a lo que pretende el artículo 48 del Reglamento No. 139-98, para la Aplicación del Impuesto sobre la Renta, nunca una norma reglamentaria se podrá imponer sobre una norma legal, pretendiendo establecer una obligación tributaria que no ha sido presupuestada por la ley, sino que por el contrario ha sido expresamente exonerada por ésta”.[18]
Juzgar en sentido contrario sería incurrir en una violación y desconocimiento del principio de legalidad, consagrado por el artículo 39, numeral 15 de la constitución vigente y más específicamente del principio de legalidad tributaria, que se traduce en la máxima “ No hay tributo sin ley” y que es uno de los pilares constitucionales que sostiene el régimen tributario, consagrado en nuestro sistema jurídico por los artículos 93, numeral 1), inciso a) y 243 de la Constitución de 2010, según el cual la ley es la única fuente de la obligación tributaria sustantiva, por lo que la obligación de pagar impuestos es materia privativa de ley, sin admitir que el Congreso pueda delegar esta facultad constitucional; lo que impide que mediante un reglamento o cualquier otra norma jerárquicamente inferior a la ley se pueda establecer una obligación relativa al pago de cualquier tributo.
4.-La Administración Tributaria no tiene facultad para exonerar impuestos. (Sentencia del Tribunal Contencioso Tributario (TCT), de fecha 29 de Noviembre del 1996, Boletín No. 1, pág. 133).
En este sentido, los derechos fundamentales de las personas siempre están amenazados por el Estado. Paradójicamente, el Estado es el más grande violador de los derechos, cuando debiera ser el garante de esas prerrogativas. Esto es así porque el poder siempre desea más poder, y solo logra su objetivo cuando invade las esferas de los derechos fundamentales.[19]
De la Sentencia del Tribunal Constitucional relativa a la acción directa de inconstitucionalidad, incoada por los Bancos Comerciales del país contra la Norma General núm. 13/2011, dictada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a pesar de que la decisión del máximo tribunal fue de rechazar la acción directa de inconstitucionalidad, resulta muy interesante resumir los argumentos del voto disidente de los jueces, incluyendo el voto disidente del propio presidente del tribunal Dr. Milton Ray Guevara cuando allí establecen que:[20]
Inmediatamente después de este resumen de los argumentos que sustentan la disidencia de los magistrados respecto a la decisión, en la misma sentencia, pasan a detallar ampliamente cada uno de estos tres defectos con argumentos constitucionales y con jurisprudencias y doctrinas comparadas consideradas de tanta importancia para todos los efectos de este trabajo que se incluyen en extenso en el Apéndice de esta investigación.
Para la evaluación de las Normas emitidas por la DGII durante el período 2010-2014 a la luz de los principios constitucionales del régimen tributario primero expresaremos detalladamente la evaluación de cuatro (4) de estas Normas y posteriormente para el universo de las mismas realizaremos un cuadro analítico donde se incluye la evaluación de cada una de ellas.
Artículo 40 .- Derecho a la libertad y seguridad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Por lo tanto:
Artículo 75.- se declaran como deberes fundamentales de las personas los siguientes:
a. Establecer los impuestos, tributos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión.[21]
Este Artículo 230 constitucional, la Ley Monetaria y Financiera (Ley 183-02) expresa en su Artículo 24 que: “La moneda nacional, tal como está definida en la Constitución de la República y en las denominaciones en circulación, es la única de curso legal con plenos efectos liberatorios para todas las obligaciones públicas y privadas, en todo el territorio nacional. Estará representada en billetes y monedas siendo su efecto liberatorio el que corresponda a su valor facial. Los billetes llevarán las firmas, en facsímil, del Gobernador del Banco Central y del Secretario de Estado de Finanzas….”[22]
Respecto a esa supremacía legal de la Junta Monetaria y el Banco Central indicada mediante la superioridad de su Ley Orgánica, un conocido doctrinario indica que:[23]
“Cuando el legislador ordinario crea una norma que contraviene el contenido esencial de un texto constitucional, está rebasando los límites de su competencia, y por lo tanto, dicho precepto deviene en inconstitucional y así debe ser declarado para conservar la garantía de la constitucionalidad en el ejercicio de las funciones del Estado”[24].
“No obstante, el propio Artículo 309 antes citado dispone que los dividendos e intereses percibidos de las instituciones financieras reguladas por las autoridades monetarias, así como del Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción, de las asociaciones de ahorros y préstamos, de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las empresas intermediarias del mercado de valores, las administradoras de fondos de inversión y las compañías titularizadoras definidas en la Ley 19-00 sobre Mercado de Valores quedan excluidas de las disposiciones de dicho Artículo 309”[25].
A continuación se presenta la evaluación esquematizada de las cuarenta y seis (46) Normas Generales emitidas durante el período de estudio 2010-2016 respecto de su cumplimiento o no de los cuatro (4) principios constitucionales del régimen tributario. La Marcada con una X indica que no cumple con el principio relacionado:
Centro Regional de Estrategia Económicas Sociales (CREES).Republica Dominicana. Análisis del Presupuesto General del Estado 2015. http://crees.org.do/es/ensayo/an%C3%A1lisis-del-presupuesto-general-del-estado-2015
Ciprian, Rafael, 2015. “Eficacia Administrativa”. Periódico El Nacional del 29 de Agosto del 2015. Eficacia administrativa. http://elnacional.com.do/quinta-esencia-4/
Jorge Prats, Eduardo. 2015. Periódico Hoy del 6 de febrero del 2015. “El TC y la autonomía constitucional del Banco Central”. http://hoy.com.do/el-tc-y-la-autonomia-constitucional-del-banco-central/
Jorge Prats, Eduardo. 2013. Periódico Hoy del 23 de Mayo del 2013. “De las 48 a las 24 Horas”. http://hoy.com.do/de-las-48-a-las-24-horas/
Ministerio de Haciendas. (2014). Gasto tributario en República Dominicana para el año 2015. http://www.dgii.gov.do/informacionTributaria/publicaciones/estudios/Documents/EstimacionGastoTributario2015.pdf
Nava Rodríguez, María Angélica. (2010). La interpretación de las disposiciones fiscales o tributarias a través de sus métodos. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/254/art/art13.pdf
Rodríguez, Milciades, 2011. “Derecho Económico”. Periódico Diario Libre del 30 de Septiembre del 2011. Norma General DGII No. 13-2011 de fecha 5 de septiembre, 2011. http://www.diariolibre.com/noticias/de-derecho-econmico-49-FLDL307376
Torres, Alfonso. 2013. Periódico 7 dias.com del 24 de mayo del 2013. “República Dominicana encabeza países de la región donde las empresas pagan menos impuestos por sus ganancias”. http://www.7dias.com.do/el-pais/2013/05/24/i141275_dominicana-encabeza-paises-region-donde-las-empresas-pagan-menos-impuestos-por-sus-ganancias.html#.Ve5HhMuFPIU
[1] Centro Regional de Estrategia Económicas Sociales (CREES).Republica Dominicana. Análisis del Presupuesto General del Estado 2015
[9] Jiménez Valera, Noelia y otros. (2013). Potestad de la administración tributaria en la Republica Dominicana. (Tesis). Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana. ( P.25)
[10] Xavier, citado por Jiménez Valera, Noelia y otros. (2013). Potestad de la administración tributaria en la Republica Dominicana. (Tesis). Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana. ( P.26)
[19] Ciprian, Rafael, 2015. “Eficacia Administrativa”. Periódico El Nacional del 29 de Agosto del 2015.
[20] Tribunal Constitucional Sentencia TC/0201/2013. República Dominicana.
[22] Constitución de la Republica Dominicana, de Enero de 2010. Gaceta Oficial num.10561
[23] Jorge Prats, Eduardo. 2015. Periódico Hoy del 6 de febrero del 2015. “El TC y la autonomía constitucional del Banco Central”.
[24] Jorge Prats, Eduardo. 2013. Periódico Hoy del 23 de Mayo del 2013. “De las 48 a las 24 Horas”.
[25] Rodríguez, Milciades, 2011. “Derecho Económico”. Periódico Diario Libre del 30 de Septiembre del 2011
Juan Carlos Bido Reyes (Autor)
V450011
incidencias, república, dominicana, Tributacion en Republica Dominicana
Juan Carlos Bido Reyes (Autor), 2018, Incidencias de los principios constitucionales en las normas tributarias emitidas en la República Dominicana periodo 2010-2016, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/450011
Principios Constitucionales en materi...

References: Artículo 34
in fine
 artículo 75
 artículo 48
 artículo 39

Artículo 40

Artículo 75
 Artículo 230
 Artículo 24
 Artículo 309
 Artículo 309