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Timestamp: 2018-03-20 01:47:26+00:00

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Anécdotas y curiosidades jurídicas | iustopía: febrero 2012
Al resolver un caso de violencia de género, uno de los antecedentes de hecho de la sentencia 33/2011, de 5 de diciembre, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mencionó que los Mossos d'Esquadra (la policía autonómica catalana) realizaron una inspección ocular procediendo a aplicar reactivos químicos (Bluestar) al efecto de poder visualizar si había sangre, dando positivo e informando las médicos forenses que dicha cantidad de sangre era incompatible con la vida. Gracias a las series de televisión –y, en especial, a la franquicia de CSI en Las Vegas, Miami y Nueva York– nos hemos acostumbrado a ver cómo los departamentos de criminalística esparcen cantidades ingentes de luminol como reactivo para hallar restos biológicos de sangre. Entonces, ¿qué es el BlueStar? En el fondo documental del CENDOJ –en el que puedes consultar, gratuitamente, la jurisprudencia española– esta resolución del TSJ de Cataluña es la única sentencia que lo menciona.
Tomando como referencia la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, se puede decir que la libertad religiosa tiene una doble dimensión: interna y externa. Por un lado, esa libertad garantiza la existencia de un claustro íntimo de creencias y, por tanto, un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso, vinculado a la propia personalidad y dignidad individual (STC 177/1996, de 11 de noviembre); es decir, cada uno, en su fuero interno, puede creer o no en lo que quiera. Pero, a su lado, también existe una dimensión externa –el denominado agere licere (locución latina traducible, libremente, como: llevar a cabo [algo] con licencia)– que permite a los ciudadanos externalizar ese claustro íntimo, actuando con arreglo a sus propias convicciones y manteniéndolas frente a terceros (STC 137/1990, de 19 de julio). Ese reconocimiento de un ámbito de libertad y de una esfera de agere licere se complementa con su dimensión negativa: nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
Según otra sentencia del mismo órgano, la STC 101/2004, de 2 de junio, la dimensión externa de la libertad religiosa se traduce, además, en la posibilidad de ejercicio, inmune a toda coacción de los poderes públicos, de aquellas actividades que constituyen manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso» (…) tales como las que se relacionan (…) con los actos de culto, enseñanza religiosa, reunión o manifestación pública con fines religiosos, y asociación para el desarrollo comunitario de este tipo de actividades.
Si no existiera esta esfera del agere licere –como señaló el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Sieira (voto particular en la STS 341/2009, de 11 de febrero)– y no pudiéramos mostrar públicamente nuestras convicciones y creencias, el Art. 16 de la Constitución, se vaciaría de contenido específico reduciéndolo sin más a una mera libertad de pensamiento y de expresión para difundir las propias ideas.
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En el caso de la heroína, los datos señalaron que la dosis mínima psicoactiva ha de situarse en 0,66 miligramos de principio activo puro. Para la cocaína, otra sentencia del Tribunal Supremo –la 5134/2011, de 21 de julio– indicó que esa dosis se debe situar en 0,50 miligramos de principio activo puro. En cuanto a otras sustancias tóxicas, el cuadro que elaboró el Instituto Nacional de Toxicología también citó las siguientes dosis, tal y como ha señalado el reciente auto del Tribunal Supremo 12908/2011, de 15 de diciembre: 10 miligramos de hachís y 20 miligramos de MDMA (metilendioximetanfetamina o éxtasis).
Estas pautas fueron ratificadas en otro Pleno posterior, de 3 de febrero de 2005, en el que se acordó continuar manteniendo estos parámetros hasta que se produjera una reforma legal o se adoptaran otros criterios o una decisión alternativa (STS 1168/2009, de 12 de noviembre).
La Constitución española contempla el deber de colaborar con la Justicia en el Art. 118 cuando señala que Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. Asimismo, el Art. 410 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que Todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tendrán obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la Ley. El problema surge cuando los ciudadanos se muestran reticentes a colaborar con la administración de Justicia en determinadas causas penales por miedo a sufrir represalias; temor que conlleva una importante consecuencia: que el proceso se celebre sin contar con su valioso testimonio y prueba, lo que perjudicaría la recta aplicación del ordenamiento jurídico-penal y facilitaría, en su caso, la impunidad de los presuntos culpables.
Así se expresaba, a mediados de los años 90, el preámbulo de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección de peritos y testigos en causas criminales; una norma que trató de hacer posible el equilibrio entre el derecho a un proceso con todas las garantías y la tutela de los derechos fundamentales inherentes a los testigos y peritos y a sus familiares (su cónyuge –o persona a quien se halle ligado por análoga relación de afectividad–, sus ascendientes, descendientes o hermanos).
Es el juez quien apreciará el grado de riesgo o peligro para aplicar todas –o alguna– de las medidas legales de protección previstas, cuando las considere necesarias. En este caso, el Art. 2º de la Ley Orgánica establece que el Juez instructor acordará motivadamente, de oficio o a instancia de parte (…) las medidas necesarias para preservar la identidad de los testigos y peritos, su domicilio, profesión y lugar de trabajo, sin perjuicio de la acción de contradicción que asiste a la defensa del procesado, pudiendo adoptar las siguientes decisiones: a) Que no consten en las diligencias que se practiquen su nombre, apellidos, domicilio, lugar de trabajo y profesión, ni cualquier otro dato que pudiera servir para la identificación de los mismos, pudiéndose utilizar para ésta un número o cualquier otra clave; b) Que comparezcan para la práctica de cualquier diligencia utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal; y c) Que se fije como domicilio, a efectos de citaciones y notificaciones, la sede del órgano judicial interviniente, el cual las hará llegar reservadamente a su destinatario.
El Art. 3.2º también prevé que, si la circunstancia del grave peligro se mantuviera una vez que ya hubiera finalizado el proceso, a los testigos y peritos se les brindará protección policial y, en casos excepcionales, incluso se les podrá facilitar documentos con una nueva identidad y medios económicos para cambiar de residencia o lugar de trabajo.
Fuera de España, en el ámbito europeo, existe una breve Resolución del Consejo de la Unión Europea de 23 de noviembre de 1995 relativa a la protección de los testigos en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada internacional. Como es habitual en la normativa comunitaria –algo que siempre resulta muy práctico– la Resolución comienza definiendo qué es un testigo: toda persona, cualquiera que sea su situación jurídica, que disponga de información o de datos considerados importantes por las autoridades competentes de las diligencias penales y cuya divulgación pueda poner en peligro a dicha persona. Entre otras orientaciones, el Consejo establece que: los testigos deberían estar protegidos contra cualquier forma de amenaza, presión o intimidación directa o indirecta; los Estados miembros deberían garantizar la protección adecuada y efectiva del testigo, antes, durante y después del proceso si así lo estiman necesario las autoridades competentes; esta protección debería también garantizarse a los padres, hijos u otros allegados del testigo en caso necesario, de forma que se evite cualquier forma de presión indirecta; por razón de extrema gravedad de una amenaza, cabría la posibilidad de autorizar al testigo y, en su caso, a las personas de su entorno a cambiar de identidad.
Asimismo, en el marco de la ONU, el Art. 13 de la Convención de las Naciones Unidas, de 10 de diciembre de 1984, sobre la lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes también señaló que: Se tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado.
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El origen de este concepto se remonta a los años 90, cuando la doctrina alemana acuñó los términos Öko-Schäden (ecodaño) y Ökologischer Schäden (daño ecológico). A partir de aquel momento se empezó a distinguir entre los daños medioambientales que provocaban sus efectos en una persona determinada o en su patrimonio (lo que permitía individualizar al afectado) de aquellos otros daños que lesionaban a la generalidad del Medioambiente: las especies silvestres (flora y fauna), los hábitat, los suelos, las aguas (continentales, costeras y de transición) o las riberas de mar y de rías (de dominio público marítimo-terrestre, según la Ley de Costas). Pensemos, por ejemplo, en los peces de un río que mueren envenenados como consecuencia de un vertido tóxico; esa fauna no pertenece a nadie en concreto (por lo que estaríamos hablando de un daño ecológico puro); en cambio, si esa intoxicación afectara a los alevines de trucha criados en una piscifactoria, sí que podríamos individualizar los daños en el dueño de esa empresa (y, en este sentido, no se trataría de un ecodaño puro porque el perjudicado no habría sido el Medioambiente, como tal, sino la Piscifactoría X del Señor Z).
Para prevenir y reparar los daños ecológicos puros, la Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril, sobre responsabilidad medioambiental, estableció un régimen administrativo de responsabilidad ambiental de carácter ilimitado (quien causa un daño al medioambiente tiene la obligación de devolver los recursos naturales afectados a su estado original, sufragando el coste total al que asciendan las correspondientes acciones preventivas o reparadoras) y objetivo (se le impone esta obligación con independencia de que su comportamiento fuera culposo, doloso o negligente). Este régimen –que se basa en los principios de prevención y de que quien contamina paga– se traspuso a nuestro ordenamiento jurídico en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. De esta forma –como señala la norma española en su preámbulo– se completó el marco legal de protección de los recursos naturales, pues los daños medioambientales con origen en la comisión de infracciones administrativas o penales ya estaban tipificados por las distintas normas sectoriales.
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¿En qué se diferencian las organizaciones criminales y los grupos criminales?
Si la delincuencia atraviesa las fronteras, lo mismo ha de hacer la acción de la ley. Kofi Annan –que por aquel entonces aún era secretario general de la ONU– se mostró así de elocuente en el prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional; el acuerdo con el que la comunidad internacional demostró la voluntad política de abordar un problema mundial con una reacción mundial y que se firmó en Palermo –se me ocurren pocos lugares tan adecuados como la capital siciliana– el 13 de diciembre de 2000.
Las definiciones contenidas en su Art. 2º distinguen entre grupo delictivo organizado (un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material) y grupo estructurado (grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada).
Ocho años más tarde, para completar el importante trabajo realizado por las organizaciones internacionales, la Unión Europea aprobó la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada. En este caso, la norma comunitaria distinguió entre organización delictiva (asociación estructurada de más de dos personas, establecida durante un cierto período de tiempo y que actúa de manera concertada con el fin de cometer delitos sancionables con una pena privativa de libertad o una medida de seguridad privativa de libertad de un máximo de al menos cuatro años o con una pena aún más severa, con el objetivo de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material) y asociación estructurada (organización no formada fortuitamente para la comisión inmediata de un delito ni que necesite haber asignado a sus miembros funciones formalmente definidas, continuidad en la condición de miembro, o exista una estructura desarrollada).
El objetivo europeo era mejorar la capacidad común de la Unión y de sus Estados miembros con el fin, entre otros, de luchar contra la delincuencia organizada transfronteriza (…) mediante la armonización de las legislaciones. Como consecuencia, España tuvo que modificar nuestro Código Penal –mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio– para introducir los nuevos Arts. 570 bis, ter y quáter: De las organizaciones y grupos criminales.
El Art. 570 bis definió la organización criminal como: agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas. Por su parte, el Art. 570 ter señaló que, a los efectos de este Código, un grupo criminal es la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos o la comisión concertada y reiterada de faltas.
La organización y el grupo criminal coinciden en la pluralidad de su elemento subjetivo (más de dos personas) y en su elemento objetivo (cometer delitos o faltas, reiterada y concertadamente). Entonces, ¿en qué se diferencian? La organización criminal requiere que esa agrupación tenga carácter estable (o por tiempo indefinido) y que actúe coordinadamente, repartiéndose las tareas o funciones (estructura jerárquica). Si no concurren estas dos circunstancias –estabilidad y jerarquía– nos encontraríamos ante un grupo criminal.
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Medioambiente (IV): Quien contamina paga [o el principio de las tres pes (PPP)]
Como vimos ayer, la preocupación legal por el medio ambiente surgió hace relativamente poco tiempo, en los años 70 del siglo XX; en concreto, el año fetiche fue 1972, cuando la ONU estableció el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) y se celebró la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano (donde se proclamó que los dos aspectos del medio humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma). A raíz de aquel intenso ejercicio, el proceso de reconocimiento y concienciación internacional fue imparable. Incluso España aprobó la Ley 38/1972, de 22 de noviembre, de Protección del Ambiente Atmosférico, en la que –expresamente– se reconocía que la degradación del medio ambiente constituye, sin duda alguna, uno de los problemas capitales que la Humanidad tiene planteados en esta segunda mitad del siglo.
En ese momento, una recomendación del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) –sí, también de 1972– formuló por primera vez el famoso principio de quien contamina paga que, tres años más tarde, se introdujo plenamente en el argot europeo como uno de los principios orientadores de sus políticas medioambientales. Según la Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril: la prevención y reparación de los daños medioambientales debe llevarse a cabo mediante el fomento del principio con arreglo al cual "quien contamina paga", tal como se establece en el Tratado y coherentemente con el principio de desarrollo sostenible. El principio fundamental de la presente Directiva debe, por tanto, consistir en que un operador cuya actividad haya causado daños al medio ambiente o haya supuesto una amenaza inminente de tales daños sea declarado responsable desde el punto de vista financiero a fin de inducir a los operadores a adoptar medidas y desarrollar prácticas dirigidas a minimizar los riesgos de que se produzcan daños medioambientales, de forma que se reduzca su exposición a responsabilidades financieras. En el ámbito anglosajón, este principio es conocido por las siglas en inglés de polluter pays principle; es decir, el PPP.
En este delito, el bien jurídico que se protege es la salud pública y la conducta que resulta punible es promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas; pero la normativa española no define legalmente ninguno de esos tres conceptos, de modo que debemos remitirnos al Derecho Internacional, como sucedió con la propia Decisión Marco europea de 2004, que también definió las drogas de acuerdo con los convenios de las Naciones Unidas.
Según el glosario de términos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los primeros tratados internacionales que se ocuparon del control de la producción y de la distribución de sustancias psicoactivas fueron dos conocidos convenios abolicionistas: la Ley General de Bruselas de 1889-1890 y la Convención de Saint Germain-en-Laye de 1912, sobre tráfico de licores en África durante la época colonial; pero el primer tratado que abordó las sustancias controladas fue el Convenio de la Haya de 1912. Sus disposiciones y las de otros tratados posteriores se consolidaron en los tratados de fiscalización internacional de drogas adoptados en el seno de la ONU:
A continuación, y manteniendo esa misma línea enumerativa, el Convenio de Viena sobre sustancias psicotrópicas, de 1971 –vigente desde 1976– que las describe como cualquier sustancia, natural o sintética, o cualquier material natural de la Lista I, II, III o IV (por ejemplo: ácido lisérgico, anfetaminas, pentobarbital y fenobarbital, respectivamente); y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, con el fin de promover la cooperación entre las Partes a fin de que puedan hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas que tengan una dimensión internacional.
Por último, en cuanto al tercer concepto –las drogas tóxicas– los doctores Marta Domínguez y Aitor Curiel (Manual de lucha contra la droga, Aranzadi, 2011) recuerdan la conocida definición que aprobó la OMS: Droga es toda sustancia que, introducida en un organismo vivo, pueda modificar una o varias de sus funciones (a drug is any substance that when taken into the living organism may modify one or more of its functions).
El Art. 18.2 de la Constitución Española de 1978 establece que El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito; es decir, que nuestra Carta Magna admite la entrada o el registro de un domicilio en tres situaciones: cuando lo consienta su propio titular, mediante resolución judicial o en caso de flagrante delito. Para el Tribunal Constitucional español, el contenido del derecho a la inviolabilidad del domicilio es fundamentalmente negativo: lo que se garantiza, ante todo, es la facultad del titular de excluir a otros de ese ámbito espacial reservado, de impedir o prohibir la entrada o la permanencia en él de cualquier persona y, específicamente, de la autoridad pública para la práctica de un registro (STC 189/2004, de 2 de noviembre).
Mientras que para el Art. 40 del Código Civil, el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual (para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles); a la hora de hablar de su inviolabilidad, el Constitucional ha ido ampliando el concepto de domicilio para incluir a las segundas residencias, los vehículos e incluso a la habitación que reservamos en un hotel. ¿Qué ocurre entonces con las celdas? La respuesta la encontramos en otra sentencia del Constitucional, la STC 89/2006, de 27 de marzo: la celda que ocupa un interno en un establecimiento penitenciario no es su domicilio en el sentido constitucional del término.
En su primer fundamento jurídico, esta resolución afirma que aunque sea innegable que la celda de un centro penitenciario sea un ámbito de intimidad para su ocupante, un "espacio apto para desarrollar vida privada" (STC 283/2000, de 27 de noviembre) en la medida en que la misma cabe en una situación tal de reclusión, también lo es que tal recinto no reúne las características de haber sido objeto de elección por su ocupante ni la de configurarse como un espacio específico de exclusión de la actuación del poder público. Bien al contrario, el ingreso en prisión supone la inserción del ciudadano en un ámbito de intenso control público del que resulta la imposibilidad de generar un domicilio en el sentido constitucional del término.
En esa misma línea, la sala de lo penal del Tribunal Supremo ya se había manifestado en la STS 515/1998, de 6 de abril –como recuerda Tomás Montero Hernanz (Legislación Penitenciaria Comentada y Concordada, La Ley, 2012)– en su segundo fundamento de derecho: el recurrente sostiene que la celda constituye el domicilio del interno y que, por ello, cuando exista la sospecha fundada de actividades delictivas debe darse cuenta a la autoridad judicial, debiendo dictarse el pertinente auto para autorizar el registro de la celda, que debe practicarse a presencia del Secretario judicial. La argumentación del recurrente debe considerarse errónea por cuanto considera legales los registros y cacheos en las personas de los internos, periódicos y rutinarios, al amparo del Art. 23 de la LOGP, e ilegales los registros practicados en las celdas de los internos -sin autorización del Juez y presencia del Secretario judicial-, aun en los casos de investigación y prevención de actividades delictivas dentro del Centro Penitenciario, con olvido de que la propia Constitución -cuya vulneración aquí se denuncia- al establecer que "el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capitulo", añade expresamente que "a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciario", en la que se prevé la práctica de registros, cacheos y requisas (v. Art. 68 del Reglamento Penitenciario), disponiéndose expresamente que "las medidas de seguridad se regirán por los principios de necesidad y proporcionalidad" (Art. 71 del Reglamento Penitenciario).
En 1949, la Asamblea General de la ONU pidió al Consejo Económico y Social que estudiara el problema de la esclavitud; cuatro años más tarde, la resolución 475 (XV) del CES, de 27 de abril de 1953, acordó el traspaso a las Naciones Unidas de las funciones que ejerció su antecesora –la Sociedad de Naciones– en virtud de la Convención sobre la Esclavitud, de 25 de septiembre de 1926. El Art. 1º de aquel tratado internacional definió la esclavitud como el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos; estableciendo que la trata de esclavos comprende todo acto de captura, adquisición o cesión de un individuo para venderle o cambiarle; todo acto de cesión por venta o cambio de un esclavo, adquirido para venderle o cambiarle, y en general todo acto de comercio o de transporte de esclavos.
No hay duda de que la esclavitud ha existido desde la antigüedad en todas las culturas del mundo (desde la Mesopotamia de Hammurabi hasta la Europa que se lanzó al mar a descubrir nuevos mundos); pero mientras los movimientos abolicionistas que surgieron a finales del siglo XVIII, fueron alcanzando sus objetivos en el mundo Occidental a lo largo del XIX, en el ámbito musulmán, en cambio, permanecieron hasta el siglo XX e incluso se mantienen hoy en día. De hecho, la República Islámica de Mauritania ha sido el último país de la Tierra que la abolió –por tercera vez tras un Decreto colonial francés de 1905 y la primera Constitución de 1960– mediante la Ordonnance d'abolition de l'esclavage, de 9 de noviembre de 1981; y, aun así, el 9 de agosto de 2007, su Asamblea Nacional tuvo que criminalizar esta práctica con penas de hasta diez años de reclusión y cuantiosas multas porque, en determinadas regiones, se continuaba practicando en pleno siglo XXI. Según la ONG SOS-Esclaves Mauritanie, se calcula que aún afecta a más de un 15 por ciento de la población mauritana, porque esta institución se encuentra muy arraigada en sus costumbres tradicionales.
En su libro Cien preguntas sobre el Islam (Encuentro, Madrid, 2003), Samir Khalil Samir –un islamólogo egipcio y cristiano que reside en el Líbano– dice que La charía [ley islámica] se fundamenta en una triple desigualdad: entre hombre y mujer, entre musulmán y no musulmán, y entre hombre libre y esclavo. Con excepción de esta última, que apenas se da ya en la realidad, las otras dos siguen siendo válidas todavía.
En la sura de las abejas, el Corán dice: Dios propone un símil: un esclavo, propiedad de otro, incapaz de nada, y un hombre a quien Nosotros hemos proveído de bello sustento, del que da limosna, en secreto o en público. ¿Son, acaso, iguales? (C 16, 75); de igual modo, en la que se titula De los bizantinos propone una parábola: ¿Hay entre vuestros esclavos quienes participen del mismo sustento de que os hemos proveído, de modo que podáis equipararos en ello con ellos y les temáis tanto cuanto os teméis unos a otros? (C 30, 28). Asimismo, la esclavitud aparece mencionada al prescribir la Ley del Talión en los casos de homicidio: libre por libre, esclavo por esclavo, hembra por hembra (C 2, 178) y al citar las normas de educación y de modestia: casad (…) a vuestros esclavos y esclavas honestos (…) Extended la escritura a los esclavos que lo deseen si reconocéis en ellos bien, y dadles de la hacienda que Dios os ha concedido. Si vuestras esclavas prefieren vivir castamente, no les obliguéis a prostituirse (C 24, 32-33). Con estos cuatro ejemplos, queda claro que el libro sagrado de los musulmanes acepta la esclavitud y que también enseña que sus dueños los traten con gentileza.
De la lectura del Corán –que no deja de ser la primera fuente del Derecho Islámico– parece deducirse que, legalmente, cualquiera podría seguir teniendo esclavos; no obstante, la 19ª Conferencia Islámica de Asuntos Exteriores promulgó, en 1990, la Declaración de El Cairo sobre los Derechos Humanos en el Islam; donde, su Art. 11, establece que el ser humano nace libre. Nadie tiene el derecho de esclavizarlo, someterlo, sojuzgarlo o explotarlo. No hay sumisión sino hacia Alá el Altísimo. Aunque todo el contenido de esta declaración impone el hecho religioso a los Derechos Fundamentales y parte de la idea de que el Islam es la religión indiscutible (Art. 10), su forma de abordar la abolición de la esclavitud es un buen ejemplo de que el Islam también puede ir cambiando.
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La inmunidad soberana y el patrimonio cultural subacuático
Si tenemos en cuenta que las aguas marinas cubren casi tres cuartas partes de la superficie de este planeta y que el ser humano lleva navegando por ese medio desde la más remota antigüedad, no es difícil suponer que, bajo los océanos, debe hallarse el mayor y más valioso museo del mundo. Esa riqueza histórica y artística, que se ha ido formando con los pecios de miles de naufragios, también forma parte integrante del patrimonio cultural de la humanidad –en palabras de la UNESCO– y es un elemento de particular importancia en la historia de los pueblos, las naciones y sus relaciones mutuas en lo concerniente a su patrimonio común; por ese motivo, el Derecho Internacional debe protegerlo de la amenaza que supone la explotación y especulación comercial de los tesoros hundidos, sin tener en cuenta otro valor que no sea el meramente económico; un fin comercial absolutamente incompatible con una protección y gestión correctas de ese patrimonio.
Para dar respuesta a ese problema, el 2 de enero de 2009 entró en vigor la Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático –hecho en París, el 2 de noviembre de 2001– con el objetivo de protegerlo y preservarlo. En primer lugar, el Art. 1º define el concepto de patrimonio cultural subacuático como todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años, tales como: 1) Los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural; 2) Los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y 3) Los objetos de carácter prehistórico.
En el Art. 2º, la UNESCO establece que de conformidad con la práctica de los Estados y con el derecho internacional (…) nada de lo dispuesto en esta Convención se interpretará en el sentido de modificar las normas de derecho internacional y la práctica de los Estados relativas a las inmunidades soberanas. Frente a las pretensiones e intereses privados de empresas como Odyssey Marine Exploration, que suelen recurrir a la justicia de EEUU para que ésta les reconozca la titularidad de los objetos hallados –y, por lo tanto, su propiedad– inclinando el pleito hacia la vía del Derecho Mercantil (privado) –el Admiralty Law de los anglosajones– en lugar de aplicar las normas de Derecho Internacional (público), la solución aceptada internacionalmente no admite recurrir a ninguna artimaña legal: no se trata de dilucidar en una sentencia quién es el legítimo dueño del patrimonio subacuático hallado porque, según el principio de inmunidad soberana, mientras un Estado no abandone expresamente su patrimonio público subacuático, seguirá siendo su propietario, con independencia del tiempo que haya transcurrido o del lugar en que se encuentren los restos. Así lo acaba de reconocer el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en relación con el tesoro de la Mercedes que Odyssey extrajo del fondo del mar en 2007.
Durante un permiso carcelario, el preso Jan Erik Olsson entró en la sede del Banco de Crédito (Kreditbanken), situada en la céntrica Plaza Norrmalmstorg –una de las zonas más comerciales y exclusivas de la capital sueca– el 23 de agosto de 1973 para atracar la sucursal, pero sonó la alarma, acudió la policía y, tras herir a uno de los agentes, el ladrón acabó haciéndose fuerte en el interior de la oficina bancaria con cuatro empleados y otro delincuente, Clark Olofsson, al que las autoridades permitieron entrar para que tratara de mediar con su amigo. Durante seis días, los atracadores se parapetaron con barricadas dentro del banco, mientras los rehenes –que llegaron a hablar por teléfono con el primer ministro Olof Palme– empezaron a temer por su integridad más por las consecuencias de una rápida intervención policial de rescate que por la reacción de los propios ladrones.
Finalmente, el atracó terminó el 28 de agosto cuando la policía logró realizar un agujero en el techo de la sucursal para acceder al interior tras lanzar gases lacrimógenos. Aunque otro agente resultó herido, se pudo detener a los atracadores y liberar a los cuatro empleados que, durante el posterior juicio, no dudaron en mostrar sus simpatías hacia los captores. Esta situación dio lugar a que el criminólogo sueco Nils Bejerot (1921-1988) acuñara el término de Síndrome de Estocolmo que, según el diccionario de la RAE, se define como la actitud de la persona secuestrada que termina por comprender las razones de sus captores.
El especialista sueco consideró que ese síntoma se puede manifestar también en cualquier otra persona que halla sido víctima de ciertos abusos; no sólo si ha sido tomada como rehén –el más famoso es el caso de Patty Hearst que, en 1974, fue secuestrada en febrero y, dos meses más tarde, ya participó en un atraco colaborando con sus captores– sino también, a quienes –por ejemplo– han sufrido abusos psíquicos, fueron hechos prisioneros de guerra o captados por una secta. La jurisprudencia española también se ha referido a este mecanismo de defensa que llevó a una joven a que interiorizase esa situación y la sobrellevara como algo no querido, no aceptado, pero inevitable (sentencia 3952/2010, de 19 de julio, del Tribunal Supremo).
¿Era admisible aquella prueba? El juez decidió que sí y Khan fue condenado a 3 años de cárcel por tráfico de drogas. En 1999, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió su demanda alegando que el Reino Unido había violado el Art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950: 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.
La sentencia de la Corte de Estrasburgo llegó el 12 de mayo de 2000 y dio la razón al Sr. Khan al considerar que aquella injerencia arbitraria de la policía no había sido compatible con el imperio de la Ley porque, en el momento en que se cometieron los hechos (enero de 1993) aún no se había aprobado la Police Act de 1997 y, por lo tanto, ninguna ley nacional regulaba el uso de los dispositivos de escucha encubiertas en el momento pertinente. De ello se desprende que la injerencia en el presente caso no puede ser considerada como "de acuerdo con la ley", como exige el Art. 8. 2º de la Convención; es decir, que al emplear aquellos aparatos de escucha secretos, la policía utilizó las conversaciones del demandante que habían sido grabadas sin ninguna base que les diera cobertura en el ordenamiento británico, de modo que aquella intromisión en su vida privada contradecía el Convenio Europeo de Derechos Humanos al no estar prevista por la ley.
El diccionario de la RAE recoge diversas acepciones para definir el portuguesismo mandarín; una de ellas lo describe del siguiente modo: En China y otros países asiáticos, hombre que tenía a su cargo el gobierno de una ciudad o la Administración de Justicia. Tradicionalmente, este importante cargo realizaba su trabajo en un edificio específico denominado yamen. Un lugar que, hoy en día, podría asemejarse a una delegación administrativa de usos múltiples, porque se trataba de una sede burocrática donde se concentraban desde las oficinas de la Hacienda provincial a los juzgados de lo civil y lo penal, la prisión local e incluso la vivienda del propio mandarín y su familia (que, según las normas de la dinastía Qing, debía ser originario de otra provincia para que pudiera juzgar y hacer ejecutar lo juzgado sin injerencias locales).
Entre los castigos que solían imponerse en el ámbito criminal, la pena corporal más habitual era la flagelación con una caña de bambú, propinando latigazos al condenado en función del delito que hubiera cometido; la pena infamante más común consistía en soportar la canga [cangue o jia]: un yugo de madera que aprisionaba la cabeza y las dos manos del reo dentro de tres agujeros durante los días que el mandarín estimase oportunos. La dureza de este castigo no era tanto física como social, porque afectaba a la honorabilidad del sujeto en un país donde el concepto del honor siempre ha tenido mucha más importancia que en la cultura Occidental. Finalmente, en el yamen también se podía condenar a muerte a ladrones y homicidas; en este caso, la pena capital podía llevarse a cabo mediante la rápida decapitación o la llamada muerte lenta: el ejecutado iba recibiendo mil cortes [ling chi o lingchi] por todo su cuerpo y, aunque ninguno era mortal de necesidad, la suma de todos ellos, sí que terminaba acabando con su vida.

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 Resolución 
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