Source: http://jaimesalasastrain.blogspot.com/2009/10/
Timestamp: 2017-06-28 19:15:40+00:00

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DERECHO Y PROCESO: octubre 2009
El ejercicio de la jurisdicción en cuanto poder - deber del Estado destinado a la solución de conflictos jurídicamente relevantes, lleva implícita la facultad de hacer ejecutar lo juzgado. Este principio aparece recogido por el artículo 76 inciso 1° CPR y reproducido en el artículo 1 COT. Se trata, entonces, de una facultad genérica aplicable a todo tipo de procedimiento, supuesto el hecho, que la resolución a ejecutar se encuentre firme y ejecutoriada, ya que la ejecutabilidad es consecuencia de la cosa juzgada.El punto de partida habitual para explicar la teoría general del proceso nace en destacar el carácter autónomo del derecho procesal respecto del derecho sustantivo. Más precisamente, dicha autonomía nace de la separación existente entre el concepto de acción y el derecho sustantivo pretendido por el litigante. Ello transforma al proceso en un mecanismo destinado a que el tribunal dirima, a través de los medios de prueba legal, si los supuestos fácticos de la pretensión o la contrapretensión deducidas tienen o no un correlato en el derecho sustantivo. El proceso así entendido tiene un carácter esencialmente controversial, pues la incertidumbre del derecho discutido no podrá sino ser resuelta hasta la declaración contenida en la sentencia de término.El procedimiento civil de ejecución no es en su origen consecuencia de la cosa juzgada, sino del reconocimiento que el propio legislador otorga a ciertos documentos escritos que les atribuye el carácter de título ejecutivo, esto es, que llevan implícita una presunción simplemente legal de reconocimiento de un derecho, más específicamente, de reconocimiento de un crédito.A partir de esta presunción simplemente legal el acreedor, denominado procesalmente ejecutante, se encuentra facultado para exigir el cumplimiento de la prestación de dar, hacer o no hacer que da cuenta el título indubitado en su inicio. Por su parte, el deudor, procesalmente, ejecutado, tiene derecho a oponerse a la ejecución justamente por el carácter de presunción simplemente legal que envuelve al título ejecutivo. Sin embargo, esta oposición tiene un carácter restrictivo, porque en modo alguno este procedimiento civil especial se asemeja al procedimiento ordinario de carácter declarativo en el que la certeza respecto de la existencia de una obligación sólo se alcanza al término del proceso.En forma paralela a la posible oposición del deudor, el proceso de ejecución desarrolla a partir de la admisibilidad inicial del título ejecutivo un procedimiento cautelar (de embargo o de apremio) destinado a obtener el embargo de especies del ejecutado, a fin de concretar la ejecución en el caso de ser ésta finalmente procedente. Dada la importancia del embargo en cuanto acto jurídico cautelar, se encuentra protegido civil y penalmente. En el primer caso, mediante la ilicitud de la enajenación de los bienes embargados (Art. 1464 N°3 CC) y, en el segundo, a través del tipo de depositario alzado (Artículo 466 CP)Ambos procedimiento se encuentran intrínsecamente vinculados, de modo tal que las actuaciones verificadas en uno siempre tendrán efectos en el otro.Por ende, la particular naturaleza del procedimiento civil de ejecución no sólo se desprende de su contradictoriedad limitada a causa de la presunción que envuelve al título ejecutivo, sino además, de su procedimiento cautelar anexo que, por lo menos desde un punto de vista práctico, resulta ser el más relevante para la satisfacción efectiva de la prestación ejecutada.
A pesar de los diversos cuestionamientos de que ha sido objeto por parte de la doctrina nacional, el procedimiento abreviado junto al simplificado, se han consolidado, con claridad, como parte importante del eje central utilizado por los operadores del sistema procesal para poner término al proceso penal. Lo anterior no constituye una afirmación; por el contrario, es una constatación abrumadoramente revelada por las estadísticas oficiales.Se ha cuestionado por los detractores del procedimiento abreviado que su existencia pone en cuestionamiento las bases mismas del nuevo proceso penal, ya que en la génesis del modelo, se estableció como principio fundante del mismo, la resolución de los conflictos penales, a través de un mecanismo respetuoso de un justo y racional procedimiento, entiendo por tal, la realización del juicio oral, público y contradictorio.Si bien es cierto, en teoría, el riesgo que involucra el procedimiento abreviado es una realidad que no puede ignorarse, el contrapeso que ha evitado la degradación del sistema se vincula con aspectos de gestión y con méritos procesales de sus operadores.En cuanto al primero de los aspectos mencionados, desde un inicio de la discusión del sistema procesal penal, quedó bien en claro que el nuevo modelo de enjuiciamiento penal debía contener válvulas de descongestión, a objeto de facilitar su fluidez y evitar el colapso del juicio como único medio de la resolución del conflicto, defectos que ya se habían observados en otros modelos americanos. En este contexto, no cabe duda que el procedimiento abreviado contribuye en forma intensa a atenuar el impacto de que podrían ser objeto los tribunales del juicio oral en lo penal.Dicho en otros términos, lo que asegura la ley a todo imputado es su derecho a exigir la realización del juicio oral, lo que no significa, necesariamente, que se lleve a efecto si, analizadas las circunstancias del caso concreto, resulta más rápido e incluso más conveniente, terminar el proceso de un modo diverso.Lo que justifica la legitimidad del procedimiento abreviado y de todos los restantes mecanismos de descongestión procesal o equivalentes jurisdiccionales, guarda relación con los méritos procesales de los operadores del sistema. En ello radica el éxito de que el procedimiento abreviado haya contribuido a dar agilidad al proceso penal sin por ello sacrificar los derechos de los imputados.Los méritos procesales de los operadores a los que se hace referencia guarda relación con la existencia de un Ministerio Público fuerte, pero a la vez, criterioso y respetuoso del principio de objetividad; con una Defensa Penal Pública independiente y respaldada funcional y económicamente por el Estado; con Jueces de Garantía atentos y dispuesto a velar por la vigencia de la normativa aplicable; y, por último, por la capacidad de los operadores del sistema para articular entre ellos nexos sensatos que permitan la sustentabilidad del modelo.Como hemos visto, en lo que va de la vigencia del Código Procesal Penal, el procedimiento abreviado constituye un elemento importante en la estrategia de litigación de las partes. Con ello se quiere significar que, el contenido virtuoso del mismo, está dado más que por su regulación dogmática, por el buen uso que de él se ha dado hasta ahora. Eso ha llevado a que la Defensa suela no considerarlo un obstáculo en su camino sino, por el contrario, una opción interesante que, en caso alguno, excluye la posibilidad del juicio cuando exista la certeza relativa que su resultado pudiese ser más beneficioso para el imputado.La lógica negociacional que precede todo procedimiento abreviado encuentra su respaldo en el sistema de confianzas recíprocas de los intervinientes al que ya nos hemos referido. Sin duda que éste es un aspecto novedoso del modelo, pues significó traer a la vida, nuevamente, el valor de la palabra empeñada, una práctica cultural por desgracia olvidada desde hace ya muchos años.El sistema de confianzas en el proceso penal es, a no dudarlo, un tema que, por si mismo, podría servir de base para un amplio estudio. Desde luego, comprende diferentes ámbitos y, en varios de ellos, también involucra al Juez de Garantía. En la materia que nos ocupa, por ahora conformémonos con decir que constituye el acuerdo privado entre los intervinientes mediante el cual se somete a conocimiento del tribunal una convención propositiva atingente a la resolución de un conflicto penal. El desconocimiento de alguno de los términos del acuerdo por parte de un interviniente llevará aparejado el descrédito institucional del infractor y le ocasionará consecuencias adversas insospechadas para el futuro.Sin embargo, es necesario advertir que este sistema de confianzas se ha ido gestando en forma improvisada como una necesidad de sobrevivencia de los operadores, esto es, a partir de una suerte de autorregulación. Por lo mismo, no se hace cargo del perjuicio causado en el caso concreto a un imputado, a quien no le han sido respetadas las bases de la negociación previa. Tampoco parece ser equivalente, por lo menos en todos los casos, la magnitud de la sanción que pudiere experimentar un fiscal y un defensor.Supongamos, por ejemplo, que fiscal y defensor acuerdan proponer al Juez de Garantía un procedimiento abreviado en el que nadie cuestionará la calificación jurídica del hecho o alguna de las circunstancias modificatorias de responsabilidad invocadas. Supongamos que, formulada la acusación y hecha la aceptación por parte del imputado, el defensor decide desconocer el acuerdo y solicitar la absolución de su representado o invocar atenuantes no negociadas. Independientemente de la resolución del tribunal, esta actitud puede generar el descrédito institucional del abogado defensor y, entre otros efectos, la imposibilidad absoluta de que otro imputado al que defienda en el futuro pueda acceder a una solicitud de procedimiento abreviado por parte del Ministerio Público.Lo anterior, en caso alguno, significa que la defensa o el fiscal deban asumir una actitud pasiva durante el procedimiento. De lo que se trata, en cambio, es que el debate deba estar transparentado antes de la audiencia en el tribunal.En consecuencia, las partes deben mostrar sus cartas en forma previa de suerte tal que, si en algún punto no se ha llegado a acuerdo pleno, deberá explicitarse en las bases de la negociación que, ese punto en particular, será controvertido ante el juez. Una negociación así aceptada se legitima por completo y valida la proposición sometida al conocimiento del tribunal.Podrá decirse que estos equilibrios de los cuales pende el adecuado funcionamiento del sistema son demasiado frágiles como para garantizar que el proceso penal no se pervierta. El asunto es que, precisamente, la adecuada marcha del procedimiento penal se encuentra vinculada en forma irremediable con las prácticas procesales de los operadores. Por eso no resulta caprichosa la afirmación de que estas prácticas a menudo conforman un segmento no menor de las fuentes indirectas del derecho procesal.Por lo mismo, a causa de las particulares características del proceso penal, constituye un deber del Estado potenciar los órganos bajo su dependencia – directa o indirecta –, pues la degradación del modelo es más difícil reparar en sus alcances prácticos que en sus defectos dogmáticos ya que, en este último caso, bastará sólo con cambiar el texto de la ley.

References: artículo 76
 artículo 1
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