Source: http://senado.cl/appsenado/index.php?mo=sesionessala&ac=getDocumento&teseid=62693&legiid=489
Timestamp: 2019-05-20 20:23:52+00:00

Document:
FACILITACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE ENTIDADES PEDAGÓGICAS Y TÉCNICAS DE APOYO EN PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO
ADECUACIÓN DE REGLAMENTO DE SENADO A LEY N° 20.447
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE HOSPITAL DE CHILE CHICO. OFICIOS
PELIGRO POR FALTA DE RIEGO PARA PROYECTO PAMPA CONCORDIA. OFICIOS
CÁRCEL PARA DELINCUENTES DE CUELLO Y CORBATA
CONMEMORACIÓN DE DÍA NACIONAL DEL DIRIGENTE VECINAL Y COMUNITARIO
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE. OFICIO
ESTADO DE PETICIÓN DE MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS PARA COMPRA DE TERRENOS POR SUBDERE. OFICIO
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN DE HOSPITAL DE MAQUEHUE, COMUNA DE PADRE LAS CASAS. OFICIO
INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS GUBERNAMENTALES EN HOSPITAL INTERCULTURAL COMUNITARIO "PU MULEN", DE QUILICAHUÍN. OFICIO
RECHAZO DE BANCADA SOCIALISTA A OTORGAMIENTO DE LIBERTAD CONDICIONAL A CONDENADOS POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
SOLICITUD DE ANTECEDENTES SOBRE VIGENCIA DE PASO FRONTERIZO LAS DAMAS. OFICIO
PREOCUPACIÓN POR EJERCICIO DE FUNCIONES DE DIRECTOR DE SERVICIO DE SALUD POR PARTE DE DELEGADO MINISTERIAL. OFICIOS
SOLICITUD DE ANTECEDENTES SOBRE COSTO DE DESPIDOS EN CARGOS DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA. OFICIOS
SOLICITUD DE ANTECEDENTES SOBRE FONDOS TRANSFERIDOS A REGIONES A TRAVÉS DE "LEY ESPEJO". OFICIO
CONSULTA SOBRE LISTADO DE PLANES MAESTROS DE AGUAS LLUVIAS EN REGIONES CON ALTA PLUVIOSIDAD. OFICIO
Concurrieron, además, los Ministros de Educación, señor Gerardo Varela Alfonso, y de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández.
Asimismo, se encontraban presentes los Subsecretarios General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade, y de Educación, señor Raúl Figueroa Salas.
El señor MONTES (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 33ª y 34ª, ordinarias, en 17 y 18 de julio del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que comunica su ausencia del territorio nacional los días 7 y 8 del presente mes, para participar, en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, en la ceremonia de Cambio de Mando Presidencial.
Informa que durante su ausencia será subrogado por el Ministro de la Cartera de Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Chadwick, con el título de Vicepresidente de la República.
-Artículo 196 ter, inciso segundo, de la ley N° 18.290.
Informa sobre urgencia otorgada al proyecto de ley, en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, que establece el Estatuto Chileno Antártico (boletín N° 9.256-27); consulta realizada en nombre de la Senadora señora Goic.
Envía antecedentes sobre diversas materias consultadas por los Senadores que se señalan a continuación:
-Del Senador señor Navarro, en relación con la tasa de rechazo de accidentes laborales por parte de las mutualidades de empleadores.
-Del Senador señor Navarro, sobre las licitaciones y tratos directos de compra de medicamentos realizados en el período que se indica.
-Del Senador señor De Urresti, acerca de la eventual aplicación de sumarios sanitarios o investigaciones a la empresa salmonera que señala.
-Del Senador señor Pugh, en cuanto a los índices de obesidad o sobrepeso de la población.
-Del Senador señor Huenchumilla, para conocer las medidas adoptadas, ante la denuncia contra un supermercado de la ciudad de Temuco, por venta de carne en mal estado.
Da respuesta a requerimiento del Senador señor De Urresti, referido a la entrega de los beneficios del concurso nacional de proyectos del programa de energía fotovoltaica para embarcaciones pesqueras.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de La Araucanía:
Contesta solicitud del Senador señor Guillier, referente a la situación de ciertas comunidades indígenas en relación con la asignación del subsidio de acondicionamiento térmico de viviendas.
Del señor Secretario Municipal de Lota:
Adjunta respuesta a solicitud, enviada en nombre del Senador señor Navarro, respecto de las actas del concejo municipal en que hubiese figurado la situación del Liceo Comercial Presidente Frei Montalva.
De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, recaídos en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Chile y la República Oriental del Uruguay", suscrito en Montevideo, Uruguay, el 4 de octubre de 2016 (boletín N° 11.334-10).
De los Senadores señor Insulza, señora Allende y señor Elizalde, con la que inician un proyecto de ley que tipifica la utilización de menores para la comisión de crímenes o delitos (boletín Nº 11.958-07).
El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).- En este momento, ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
De la Comisión de Educación y Cultura, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.248, que establece una Subvención Escolar Preferencial, para facilitar la transformación de las entidades pedagógicas y técnicas de apoyo a personas jurídicas sin fines de lucro (boletín N° 11.843-04) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
El señor MONTES (Presidente).- Cabe hacer presente que en el Orden del Día figura en segundo lugar el proyecto que adecúa las leyes que indica en razón de la creación de la Región de Ñuble, que tiene urgencia calificada de "discusión inmediata", por lo que corresponde su discusión en general y en particular en la Sala, aunque la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento lo despachó solamente en general.
Dicha iniciativa deberá también tramitarse en la Comisión de Hacienda, porque el Ejecutivo ha hecho llegar una indicación que obliga a que la vea esa instancia, por lo cual solicito el acuerdo de los señores Senadores a fin de autorizar a esa Comisión para que pueda sesionar simultáneamente con la Sala con el propósito de revisar esa indicación. Ello permitiría tratar el proyecto en esta sesión.
El señor MONTES (Presidente).- A continuación, propongo a Sus Señorías que la Comisión Bicameral del artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional sea integrada por los Senadores señores Bianchi, Girardi, Ossandón y Pérez Varela.
Quiero aclarar que los integrantes de la referida instancia tienen que ser a su vez miembros de la Comisión de Régimen Interior. Es por eso que, después de haberlo conversado en esta última, se hace esta propuesta.
Ahí estarán representados todos los sectores, la generalidad de los partidos.
Estamos viendo, además, la situación relacionada con los cuatro representantes de la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, la Comisión Bicameral quedará con la necesaria diversidad y pluralidad.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señoras y señores Senadores, ayer quedó pendiente fijar plazo para presentar indicaciones al proyecto que introduce modificaciones a la Ley sobre Control de Armas (boletín N° 10.658-07) y, además, definir cómo será analizado con motivo del segundo informe. Porque esta iniciativa en el primer informe fue examinada por la Comisión de Defensa Nacional y por la Comisión de Seguridad Pública.
El proyecto puede ser destinado a esos dos órganos técnicos o bien acordarse que se vea en Comisiones unidas, como Sus Señorías lo estimen mejor.
El señor MONTES (Presidente).- Con respecto al plazo, ¿hay alguna sugerencia?
El señor LABBÉ (Secretario General).- El plazo tendría que ser más o menos amplio, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Cuál se ha sugerido, señor Secretario?
El señor LABBÉ (Secretario General).- La última semana de septiembre o la primera de octubre.
El señor MONTES (Presidente).- En todo caso, debo aclarar que, en lo atinente a esta materia, estamos a la espera de un proyecto integral, coherente.
La señora EBENSPERGER.- Que sean sesenta días, señor Presidente.
El señor COLOMA.- Sí, sesenta días.
El señor MONTES (Presidente).- Pareciera que es más o menos lo mismo.
Sugiero la última semana de septiembre, para que quede en los mismo términos en que se comprometió el señor Ministro.
El señor LABBÉ (Secretario General).- O, tal vez, el lunes 1 de octubre, porque la última semana de septiembre es regional.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo en torno a esta última proposición?
El señor MONTES (Presidente).- Se ha solicitado autorización para que pueda ingresar a la Sala el Subsecretario de Educación, don Raúl Figueroa, para el proyecto que veremos en seguida. Está presente el señor Ministro del ramo.
El señor MONTES (Presidente).- También, aunque no se haya requerido todavía, en poco rato más va a llegar la petición para autorizar el ingreso del Subsecretario General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado.
El señor MONTES (Presidente).- Senador señor Insulza, el señor Secretario tiene una duda respecto del segundo informe sobre el proyecto de armas: ¿lo verían la Comisión de Defensa Nacional y la de Seguridad Pública? ¿O dejamos pendiente esa definición a la espera de la iniciativa que va a presentar el Ejecutivo?
Creo que eso sería lo más razonable.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, en lo que a mí respecta, dada la velocidad con la que este Senado quiere que lleguen los proyectos de ley sobre armas, considero que lo mejor sería dejarlo para un tratamiento similar al del primer proyecto relacionado con esta materia que vimos ayer. Por lo tanto, se mantendrían las mismas fechas indicadas para este.
El señor MONTES (Presidente).- Las fechas sí, pero el tratamiento conjunto...
El señor INSULZA.- Pero si el Senador Pérez Varela, quien pertenece a la Comisión de Defensa Nacional, quiere que se vote antes, yo no tengo ningún inconveniente.
El señor MONTES (Presidente).- No es eso, señor Senador. Lo que se plantea es la posibilidad de que lo vean las Comisiones unidas o en el orden señalado. Esas son las dos opciones.
Dejémoslo pendiente para cuando llegue la propuesta del Ejecutivo, porque eso va a determinar el tratamiento.
El señor INSULZA.- Efectivamente, señor Presidente. La propuesta del Gobierno, por lo que sé hasta ahora, va a resolver muchos de estos problemas sobre la base de entregarle a Carabineros toda la gestión del tema.
El señor MONTES (Presidente).- Es altamente probable que así sea, señor Senador.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, el Senador Quinteros pidió a los Comités colocar sobre tabla el proyecto de ley que fue votado hoy en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, que declara el 21 de septiembre de cada año como feriado permanente en la Región de Magallanes y la Provincia de Chiloé.
Hago la salvedad de que esto se aprobó el año pasado, quedando establecido por ley. Por lo tanto, no estamos innovando en la materia, ni pidiendo nada que este propio Senado no haya aprobado ya.
Y debido a que estamos sobre la fecha y a que son dos regiones las que lo celebran, solicitamos que sea votado sobre tabla. Es un proyecto de un solo artículo.
El señor MONTES (Presidente).- Su Señoría, ¿por qué no indica el texto al que se refiere?
El señor BIANCHI.- En realidad, hay dos proyectos en esta misma línea, señor Presidente, y la Comisión de Gobierno pide, a través de la Sala -si me lo permiten los señores Senadores-, que sean refundidos. Se trata de los boletines Nos 11.426-06 y 11.438-06.
Esto lo votó hoy el referido órgano técnico. El año pasado fue ley. Por lo tanto, estamos a la espera -esto es muy importante- de que el Ejecutivo y nuestras Comisiones especializadas puedan definir los futuros feriados en las regiones; si no, este tema va a continuar cada año.
Por consiguiente, como fue el acuerdo, pido a la Sala votar estas iniciativas sobre tabla, si es posible, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro, sobre este mismo punto.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, yo no tengo problema en que se vean los proyectos a los que hacía mención el colega Bianchi. Sin embargo, no puede ser sobre tabla. Tendrá que ser en segundo lugar o después de que veamos la iniciativa relativa a la subvención escolar preferencial, que tiene "discusión inmediata", y que tal como está debería ser despachada ahora por el Senado y mañana por la Cámara.
Y a propósito de las dos iniciativas mencionadas, me parece que estamos cometiendo el mismo error que el año pasado al discutir a matacaballo las propuestas legislativas relacionadas con feriados regionales, en circunstancias de que el 2017 adoptamos un criterio como Corporación en cuanto a tener claridad sobre qué propone el Ejecutivo para establecer los feriados respectivos.
No quiero entrar a debatir acerca del mérito de cada feriado. Estoy planteando solamente que en la Comisión de Gobierno existe una propuesta de procedimiento en que se podrá establecer un feriado por cada región, dependiendo de las circunstancias, pero teniendo una visión global de los efectos que eso tiene en el país.
Así que, señor Presidente, si está en la Comisión de Constitución, con mayor razón, porque no vamos a poder seguir operando en esta materia. Vendrá nuevamente el feriado de la Región de Coquimbo, producto de la Pampilla; vendrá nuevamente el feriado referente a zonas mineras o a otras, y lamentablemente ya estamos bastante acostumbrados a conocerlos a última hora.
Entonces, señor Presidente, yo no tengo inconveniente en que se vea en el segundo o tercer lugar de la tabla, y que partamos con el tema de las ATE.
Sí quiero hacer referencia al hecho de que no he participado en ninguna reunión de Comités donde este tema se haya planteado.
El señor PIZARRO.- A lo mejor, fue al final de la reunión de la Comisión de Régimen Interior, de la cual tuve que salir.
El señor MONTES (Presidente).- Se mencionó ahí, pero quedó claro que no era la instancia para tomar esa decisión. Por lo tanto, había que plantearlo aquí, en la Sala, como ha hecho el Senador señor Bianchi.
En todo caso, no ha llegado ningún informe de la Comisión, que es un requisito para poder ver esta materia acá.
Senador señor Quinteros, ¿usted quiere agregar algo respecto de este tema? Le ofrezco la palabra.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, no hay ningún problema en que los proyectos se vean en segundo o tercer lugar.
El señor MONTES (Presidente).- Quisiera aclararle, Su Señoría, que no han llegado los informes.
El señor QUINTEROS.- Ya vienen.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, no tengo inconveniente en esto. Es decir, explícitamente comparto lo que ha dicho el Senador Pizarro respecto de la situación que existe.
Lo discutimos aquí mismo en un momento determinado. Estábamos a punto de aprobar incluso un procedimiento por el cual las distintas regiones podían designar un día feriado.
Nosotros, con el Senador Durana, habíamos objetado un aspecto, diciendo que nuestra región ya tenía un día feriado fijado por ley y que esperábamos que eso no cambiara. Pero, si mal no recuerdo, señor Presidente, en ese momento alguien planteó -no estoy seguro si fue el Senador Huenchumilla quien lo hizo- la posibilidad de que estuviéramos incurriendo en algún vicio de constitucionalidad al ceder esta facultad para crear los feriados.
En eso quedamos, e íbamos a traer un informe a la Sala.
Ahora, no solamente estoy de acuerdo en que se vote hoy; yo pienso votar a favor. Sin embargo, creo que sería bueno que resolviéramos de alguna manera todos estos proyectos que están pendientes en la Comisión.
El señor MONTES (Presidente).- Habría acuerdo en eso, entiendo, porque lo hemos discutido otras veces y tenemos el mismo criterio.
Solamente quiero reiterarles a los miembros de la Comisión de Gobierno que para tratar estos proyectos necesitamos los informes.
Los ponemos en segundo o tercer lugar, si es que llegan los informes, ¿les parece?
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, quiero hacer una proposición.
La bancada de la UDI está de acuerdo en que se vean hoy los proyectos, porque la fecha para la celebración de este feriado, según me informaba el Senador Bianchi, es el 21 de septiembre.
El problema es que la iniciativa que está en el segundo lugar de la tabla, que es una adecuación absolutamente formal de los juzgados y tribunales de Ñuble, tiene que estar lista antes del 6 de septiembre.
Entonces, propongo tratar el número dos de la tabla como si fuera de Fácil Despacho y después dedicarnos a las ATE.
El señor COLOMA.- Falta el informe de Hacienda.
El señor PÉREZ VARELA.- Sí, pero es discusión general.
El señor MONTES (Presidente).- Si le parece, señor Senador, deje eso en manos de la Mesa, porque si llega el informe de Hacienda respecto del proyecto que adecua las leyes en razón de la creación de la Región de Ñuble, lo tratamos antes. Pero, si no, lo vemos en el otro orden.
El señor PÉREZ VARELA.- Conforme.
El señor MONTES (Presidente).- Primero debe verlo la Comisión de Hacienda; no sé si se habrá constituido.
No creo, porque dos de sus integrantes se encuentran aquí.
El señor DURANA.- Señor Presidente, solo quiero aclarar con relación al proyecto de los feriados regionales que, si bien lo apoyo con mucha fuerza, espero que no toque los que ya existen. Lo señalo, porque el texto original implicaba eliminarlos. Específicamente, me refiero a los de Arica y Chillán.
Así que confío en que los feriados ya establecidos por ley no se toquen.
El señor MONTES (Presidente).- Por lo menos, por este año dice usted, ¿no?
El señor DURANA.- ¡Nunca...!
El señor MONTES (Presidente).- Entonces, quedamos en eso: trataremos esta materia cuando llegue uno u otro informe.
El señor MONTES (Presidente).- Le pido al Senador señor García que se preocupe de constituir la Comisión de Hacienda para los efectos de despachar el proyecto sobre la Región de Ñuble. Y lo mismo le solicito al Senador señor Pizarro.
El señor MONTES (Presidente).- En el Orden del Día, figura en primer lugar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.248, que establece una Subvención Escolar Preferencial, para facilitar la transformación de las entidades pedagógicas y técnicas de apoyo a personas jurídicas sin fines de lucro, con informe de la Comisión de Educación y Cultura y urgencia calificada de "discusión inmediata".
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo del proyecto es establecer los mecanismos y procedimientos necesarios para que las entidades pedagógicas y técnicas de apoyo (Agencias de Asistencia Técnica de Educación, ATE) puedan dar cumplimiento a la obligación de estar constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, de manera de poder formar parte del respectivo registro, sin que por ello pierdan todos los antecedentes relativos a la calidad de los servicios que hubieren otorgado anteriormente, y prestar servicios a los establecimientos educacionales adscritos al sistema de subvención escolar preferencial en materias relativas a la elaboración e implementación de sus planes de mejoramiento educativo y en el fortalecimiento de sus competencias docentes y directivas.
La Comisión de Educación y Cultura discutió el proyecto en general y en particular, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señoras Provoste y Von Baer y señores Elizalde, García y Quintana. También lo aprobó en particular, con las votaciones y modificaciones que consigna en su informe.
El texto propuesto se consigna en las páginas 20 a 22 del mismo documento y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor MONTES (Presidente).- En discusión el proyecto.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, la normativa que hoy se presenta a la Sala es distinta de la que ingresó al Congreso e incluso de la que fue aprobada en el primer trámite.
Deseo valorar la disposición que ha tenido el Ministro de Educación, el Subsecretario del ramo, el equipo y, por cierto, todos quienes integramos la Comisión de Educación, que de forma unánime el día de hoy hemos aprobado el proyecto y suscrito transversalmente un conjunto de indicaciones que permiten un elemento central, cual es cerrar la puerta al lucro en la educación.
Lo valoro, señor Presidente, porque, a pesar de tener visiones y posiciones diferentes, hemos sido capaces de converger en un propósito, una discusión y una deliberación que este Parlamento señaló con mucha fuerza el año 2015.
En conjunto, los integrantes de la Comisión de Educación y el Ejecutivo hemos puesto un nuevo foco -uno más- en la calidad de la educación, ya que entendemos que los recursos a los que acceden las ATE provienen de la subvención escolar preferencial y están dedicados a igualar las oportunidades de aprender de alumnos y alumnas cuya situación social y económica les genera una desventaja que las escuelas deben ser capaces de compensar.
Finalmente, lo que entendemos de manera transversal es que ningún estudiante puede ser discriminado por su origen social y que las escuelas están llamadas a disminuir el peso de las diferencias en sus resultados educativos.
Es por ello que hemos incorporado a través de una indicación, también aprobada unánimemente, que el Ministerio de Educación, en el marco de sus funciones y atribuciones, evalúe a las ATE de forma tal que aquellas entidades técnicas pedagógicas que obtengan dos evaluaciones deficientes de manera consecutiva sean eliminadas del registro.
En la discusión del año 2015 se consagró en la ley dejar fuera todo atisbo de lucro con recursos de la educación, lo que, por cierto, incluye igualmente a las ATE. Por eso, el proyecto mantiene tal decisión, así como la fecha establecida, que es el 8 de junio de este año, de modo que todas las entidades que aún no se han transformado en personas sin fines de lucro puedan hacerlo e ingresen al registro, manteniendo, si ellas así lo deciden, su historial, sus evaluaciones, su trayectoria y su experiencia.
Nos parece que el proyecto que hoy se somete a la consideración de la Sala, ya aprobado de manera unánime en la Comisión, tanto en general como en particular (salvo dos abstenciones respecto de un punto especial), se orienta a colocar el foco en las mejoras de los aprendizajes y en que los recursos que la sociedad chilena entrega para estos fines se dediquen a aquello y no al lucro.
Valoramos, una vez más, la actitud que de manera transversal hemos visto en el día de hoy en los integrantes de la Comisión de Educación del Senado, con su disposición al diálogo, a la búsqueda de acuerdos y, sobre todo, a mantener la decisión que este Parlamento ya tomó el año 2015 en cuanto a cerrar la puerta al lucro en la educación.
Voy a votar a favor, señor Presidente, porque considero que este es un paso más para poder seguir colocando, en el centro de nuestra atención, el esfuerzo que hemos realizado durante tantos años en favor de nuestros estudiantes y de la calidad de la educación.
El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra al Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, la ley 20.845 realizó diversos cambios al sistema educacional chileno, entre los cuales se contempló una modificación a la ley 20.248, de Subvención Escolar Preferencial (SEP), estableciendo la obligación para las Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo (ATE) de estar constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro.
Para el cumplimiento de lo anterior, la mencionada ley otorgó además un plazo de tres años, contado desde su promulgación, el cual venció el 8 de junio recién pasado.
El Gobierno afirma que la nueva normativa no contempló dentro de su articulado los mecanismos necesarios para que las ATE dieran cumplimiento a la obligación de transformarse en personas jurídicas sin fines de lucro, produciéndose, en la práctica, una serie de efectos no previstos al momento de la discusión de la ley.
Una de las principales consecuencias del actual vacío legal en esta materia dice relación con el hecho de que las ATE constituidas como personas naturales u organizadas como personas jurídicas con fines de lucro, al constituir la nueva entidad sin fines de lucro, pierden su continuidad en el Registro Público de Personas o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo, establecido en la ley 18.956.
Lo anterior tiene como resultado que, al salir del registro, las ATE pierden todo su historial de asesorías, nómina de profesionales, evaluaciones y, en general, todos los antecedentes relativos a la calidad de los servicios que hubieren prestado y que les permiten validar su experiencia en el área educativa, elementos que son considerados por los establecimientos educacionales al momento de licitar, elegir y contratar sus servicios con recursos provenientes de la subvención escolar preferencial.
Por lo anterior, a la fecha solo un número reducido de ATE ha dado cumplimiento a la obligación de transformarse en personas jurídicas sin fines de lucro, reduciéndose de manera sustancial la cantidad de entidades inscritas en el registro.
Actualmente, más de mil ATE, de un total de 1.241 existentes en el país, no han dado cumplimiento a la referida obligación, produciendo en la práctica que siete regiones del país cuenten con menos de veinte entidades certificadas para prestar servicios a los establecimientos educacionales, siendo los ubicados en las zonas extremas del país los más afectados por esta situación.
Por lo anterior, señor Presidente, se adecúan algunas normas para facilitar la transformación de las ATE en personas jurídicas sin fines de lucro, en especial en cuanto a que no pierdan su inscripción en el registro por este hecho. En lo fundamental, se establece un nuevo plazo de un año, contado desde la publicación de la ley, para que dichas entidades puedan transformarse en personas jurídicas sin fines de lucro y así dar cumplimiento a las nuevas exigencias que la ley 20.845 incorporó al sistema de subvención escolar preferencial.
Voy a votar favorablemente el proyecto, haciendo ver que, en el caso particular de la Región de Magallanes, existe una sola ATE, ubicada en la localidad de Puerto Natales, la que no tiene ningún problema en hacer la transformación, pero para ello le resulta absolutamente necesario contar con un nuevo plazo y, de esta manera, poder continuar con el desarrollo de sus funciones.
El señor MONTES (Presidente).- Está inscrito a continuación el Senador señor Elizalde.
El señor COLOMA.- No. Después dicen que es necesario cambiar la situación.
¿Hay muchos inscritos?
El señor MONTES (Presidente).- Se votaría solamente la idea de legislar, puesto que se ha pedido votar separadamente una norma.
En ese entendido, ¿habría acuerdo para abrir la votación?
El señor MONTES (Presidente).- Entonces, en votación general el proyecto.
El señor MONTES (Presidente).- Para fundamentar su voto, tiene la palabra el Senador señor Elizalde.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, como indicó la colega Provoste, el texto que se somete a la consideración de esta Corporación es distinto del que fue aprobado originalmente en la Cámara de Diputados, que establecía una apertura parcial y temporal a la puerta del lucro en la educación, algo que fue superado por la reforma aprobada en tiempo reciente.
El sentido del proyecto es, básicamente, autorizar la transformación de las ATE en personas jurídicas sin fines de lucro, conforme al plazo que estableció la propia legislación y que venció el 8 de junio.
De esta forma, se permite que instituciones prestigiadas, con un largo historial, mantengan sus antecedentes y continúen realizando sus labores, aunque esta vez de acuerdo a las disposiciones que establece la ley, es decir, teniendo una naturaleza jurídica que de hecho impida el lucro.
Tras un debate en la Comisión, esta mañana el Ejecutivo se allanó a una indicación -esto es muy importante- aprobada por la unanimidad de los integrantes del órgano técnico, para cerrar la puerta al lucro y, por tanto, autorizar la transformación, de tal modo que aquellas instituciones que no tengan la naturaleza de personas jurídicas sin fines de lucro no puedan continuar prestando servicios.
De esta manera, se respeta el plazo establecido inicialmente en la normativa, no se perjudica a aquellos que ya se han constituido como personas jurídicas sin fines de lucro para llevar adelante sus servicios, y, obviamente, se permite la transformación, pero -reitero-, mientras ello no ocurra, las instituciones no podrán seguir desarrollando sus labores.
Desde esta perspectiva, a nosotros nos parece que se cambia la naturaleza de la iniciativa, se respeta el sentido de la reforma educacional y, lo más importante, se permite que instituciones prestigiosas que aún no han hecho el cambio -dado que no podían realizarlo conforme a la legislación vigente- puedan hacerlo ahora manteniendo su historial, su registro y su prestigio y trayectoria.
Bajo el supuesto de la norma aprobada esta mañana, considero que el proyecto es positivo, ya que resuelve el problema planteado por el Ejecutivo, pero sin desnaturalizar el sentido de otras reformas que se han impulsado recientemente en el ámbito educacional por el Congreso Nacional.
Por eso, y obviamente en el contexto de las indicaciones ya aprobadas, que establecen una orientación distinta de la que tenía la iniciativa despachada por la Cámara de Diputados, votaré a favor, señor Presidente.
El señor LETELIER.- Seré muy breve, señor Presidente.
Por su intermedio, quiero compartirle una inquietud al señor Ministro de Educación, que hoy nos acompaña, y que ya se la he comentado en otras ocasiones al Subsecretario.
Me parece muy bien hacer esta modificación, que tiene un propósito puntual: enfrentar la forma como la subvención escolar preferencial se utiliza en ciertas instituciones pedagógicas que apoyan a entidades sin fines de lucro.
Por eso, se introduce una adecuación que es consistente con el proyecto de no lucro en la educación.
Pero deseo señalar lo siguiente.
La ley SEP tiene varias pifias, algunas de carácter doméstico. La vida está hecha de cosas simples. Hay colegios que no pueden comprar una estufa ni gas para la estufa con las platas de la subvención escolar preferencial. Los municipios gastan todo el dinero que reciben por ese concepto para pagar a los profesores. Y terminamos en el sector público con colegios que no tienen calefacción.
Quiero decir, señor Presidente, que ello está en manos del señor Ministro. En O´Higgins, Maule y otras regiones los niños están en salas de clases sin estufa. Y resulta difícil comprender que a estas alturas del siglo XXI no podamos resolver cosas tan sencillas por trabas burocráticas.
Entiendo que el proyecto en discusión tiene otra naturaleza. Si bien se sitúa en el marco de las cosas que se pueden hacer con los fondos de la ley SEP, quiero plantearle al señor Ministro -con su venia, señor Presidente- la posibilidad de que podamos tramitar una iniciativa, con discusión rápida, que simplemente aborde el punto mencionado. Y digo "simplemente el punto mencionado" porque uno podría hacer muchas otras adecuaciones, pero créanme que es bastante triste cuando un alcalde señala "No tengo recursos para eso" -pasa en las comunas más chicas- o escuchar a directores que cuentan que los niños deben ir a clases con frazadas, dado que sus colegios no pueden pagar el gas para una estufa.
Me parece que se trata de algo que usted comparte plenamente. Y disculpe que lo haya sacado de la materia principal de este proyecto, pero creo que aquello está dentro de las pequeñas grandes cosas que facilitarían la vida en muchas comunas del país.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, los Senadores de Renovación Nacional vamos a votar favorablemente esta iniciativa, porque creemos que tiene un sentido de justicia muy importante.
Aquí se trata de que las entidades que hoy día entregan asistencia técnico-pedagógica a los establecimientos educacionales para mejorar la calidad de la educación y que al 8 de junio del presente año no se habían constituido como organizaciones sin fines de lucro lo puedan hacer, manteniendo inalterable su personería jurídica y sin solución de continuidad.
Pero el proyecto hace algo más que eso, señor Presidente: restituye la posibilidad de que las personas naturales se inscriban como entidades técnicas, en este caso como personas técnicas, para poder entregar esa capacitación, esas enseñanzas, de tal manera de mejorar la calidad.
Yo soy un convencido de que aquello es bueno. Pienso que hay muchos profesores y psicopedagogos que quieren entregar su aporte sin necesidad de tener que conformar una sociedad, una organización. Y creo que permitir que lo hagan para ser contratados como ATE, inscribirse en el registro pertinente y ser evaluados como tales es algo muy importante para los colegios, para la calidad de la enseñanza y también para quienes van a asumir este desafío como personas naturales sin tener obligatoriamente que asociarse.
Precisamente, el artículo transitorio del proyecto establece: "Todas aquellas entidades pedagógicas y técnicas de apoyo que, para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el literal a) del artículo 30 de la ley N° 20.248, se hayan constituido como personas jurídicas sin fines de lucro, así como las personas naturales, podrán solicitar al Ministerio de Educación conservar sus antecedentes relativos a la calidad de los servicios que hubieren prestado anteriormente y que hayan constado en el Registro Público de Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo", es decir, lo que algunos de quienes me precedieron en el uso de la palabra señalaron aquí como "el historial".
El historial de cada ATE es muy importante para que los colegios puedan resolver, finalmente, a quién contratan, a quién le encargan esta asesoría. Por lo tanto, para todos, para el sistema en su conjunto, resulta muy relevante que aquel historial también esté presente en el nuevo registro.
Creo que esta será una buena ley, y por eso la apoyamos entusiastamente.
El señor DURANA.- Señor Presidente, dentro del proyecto se establece, en el artículo segundo transitorio propuesto, que las entidades pedagógicas y técnicas que se hubieren constituido como personas jurídicas sin fines de lucro entre el 8 de junio de 2015 y la fecha en que la ley sea publicada, así como las personas naturales, podrán solicitar al Ministerio de Educación conservar sus antecedentes relativos a la calidad de los servicios que hubieren prestado anteriormente.
Es decir, en el contexto de las entidades pedagógicas, donde la necesidad de evaluación técnica debe ser permanente y donde resulta imperioso mantener actualizados los antecedentes relativos a la calidad de los servicios que se prestan, el proyecto de ley se refiere a conservar los antecedentes de la calidad de los servicios que prestan estas entidades de una data de más de tres años.
Tales antecedentes permitirán a dichas entidades dar cumplimiento a lo dispuesto por el literal a) del artículo 30 de la ley N° 20.248; o sea, permitirán cumplir con los estándares de certificación para integrar el Registro Público de Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo.
En consecuencia, se cumplirá con los parámetros de calidad en los servicios que entreguen con antecedentes de una data mayor a tres años, lo cual debe ser modificado dada la necesidad de que las certificaciones de calidad de las prestaciones deban ser permanentes.
En ese mismo sentido, el artículo 4 del proyecto señala que se certificará la calidad de las entidades pedagógicas y técnicas de apoyo dentro de los plazos establecidos en el decreto ley Nº 235, de 2008, del Ministerio de Educación.
Al respecto, el artículo 10 del mencionado cuerpo legal dispone que la certificación de calidad deberá darse cada cuatro años.
Lo anterior me permite llamar a la reflexión en relación con los prolongados plazos que se proponen en esta iniciativa y en otras normas para certificar la calidad de los servicios prestados por las entidades educativas y técnicas de apoyo. Los sistemas de información y de monitoreo posibilitan que las señaladas certificaciones se den en forma más cercana a su ocurrencia, lo cual permitiría solicitar correcciones o mejoras de manera oportuna y no por periodos tan extensos.
Se puede observar que la creación de incentivos o la subvención escolar preferencial no está directamente relacionada con una pronta y oportuna certificación de calidad de los servicios. Por ende, muchas veces debemos lamentar resultados deficientes que se prolongan en el tiempo y que son verificados tardíamente.
Apoyo el presente proyecto de ley, pero me parece que esta es una gran oportunidad para corregir su texto con el objeto de asegurar una mejor educación.
El señor MONTES (Presidente).- Ofrezco la palabra al Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, quiero sumarme a lo que han señalado los distintos colegas. Esta iniciativa -es lo más probable- va a concitar un amplio apoyo.
Cabe destacar la buena disposición que tuvo el Ejecutivo hoy día, a través del Ministro y del Subsecretario de Educación, para acoger el planteamiento que le formuló la Oposición.
En nuestra opinión, el texto que había llegado de la Cámara Baja no era bueno. Aún permitía el lucro en educación, aunque acotado. Y la cantidad de recursos que mueven las ATE es bastante considerable.
Con todo, son un espacio de apoyo a la labor pedagógica esas entidades de asistencia técnica educativa.
Por lo tanto, el hecho de que ya no exista lucro en este ámbito -y no lo va a haber producto de la aplicación de la Ley de Inclusión Escolar-, en los aspectos principales, pedagógicos, de los establecimientos educacionales, nos parece absolutamente coherente.
Al respecto, es bueno entender el contexto.
Ha quedado demostrado, luego de toda la discusión que se generó durante más de dos años en el Gobierno anterior acerca de por qué había que terminar con el lucro en educación, que nuestro sistema en materia de provisión del servicio educativo era una anomalía internacional: el único sistema en el mundo donde la prestación educacional se organizaba en torno al mercado, al negocio.
Anteayer en la Comisión de Educación -si me permiten continuar los señores Senadores que están conversando- todavía se seguía insistiendo en conceptos como el retiro, las ventas, en circunstancias de que se trata de recursos públicos, que deben emplearse íntegramente en el proceso formativo, en mejorar la calidad, en atender lo que pasa al interior de la sala de clases.
A veces se usa mucho -y se abusa- el concepto de la calidad. Bueno, ¡esto es la calidad!
Con la Senadora Provoste y el Senador Elizalde hemos planteado un conjunto de propuestas justamente para ser más rigurosos y exigentes con las evaluaciones.
¿Para qué? Para que, dado que importa mucho tanto la trayectoria como el historial de las entidades de asistencia técnica, que han prestado una muy buena labor en no pocos establecimientos de Chile, el director de colegio o el director de educación municipal tenga en consideración y a la mano, al momento de contratar, la información de los que lo han hecho mal, de los que han burlado el sistema. Es el caso de algunas ATE que en los últimos meses no quisieron acogerse al plazo establecido, respecto del cual podemos convenir que no era lo más amigable que uno quisiera.
Muchas de esas entidades técnicas desaparecieron.
Uno podría suponer que a algunas -no digo que a todas- solo les interesaba maximizar utilidades. Ahí claramente se manifestaba una incoherencia con lo que dispone la legislación que puso fin al lucro con recursos públicos.
Cuando el titular de una sociedad comercial, que era lo que había hasta ahora, se preocupaba de los excedentes, de los retiros, de maximizar sus ganancias -insisto: ¡con recursos públicos, no con capital propio!-, lo que se sacrificaba, lo que se veía afectado era claramente el proceso formativo. Y ahí quienes pierden, finalmente, son los estudiantes.
Por esa razón, señor Presidente, nos parece que el proyecto en estudio, como se ha planteado, no deja espacio alguno para la posibilidad de lucrar y su objetivo central es la calidad de la educación. En esa dirección apunta la propuesta que le hicimos al Ejecutivo los tres Senadores de Oposición antes mencionados.
Por supuesto, las evaluaciones van a ser sistemáticas y conocidas. Y quien reiteradamente infrinja los parámetros mínimos de calidad va a salir del Registro y del sistema, con lo cual no va a poder seguir ofreciendo sus servicios de asistencia a los establecimientos educacionales.
El señor MONTES (Presidente).- Hago presente a la Sala que quedan tres Senadores inscritos. Posteriormente, cerraríamos la votación en general.
Aclaro que luego habrá un segundo pronunciamiento, dado que se ha pedido una votación separada.
Señor Presidente, cuando aprobamos las ATE, efectuamos un largo debate sobre la capacidad técnica que precisaban tales instituciones para brindar asesoría adecuada a una educación pública, gratuita y de calidad.
Y se abrió la discusión en torno a si aquellos que salieran del proceso por mala calidad podrían transformarse en ATE so pretexto de prestar asesoría. Muchos profesores se inscribieron de manera individual como personas naturales a ese efecto; otros se asociaron para entregar dicho servicio.
El señor Presidente conoce muy bien el tema en materia de vivienda. Yo lo dije y lo reitero: muchas EGIS (organismos técnicos que proliferaron para brindar asesoría a los comités de allegados) carecían de calidad y solo buscaban, por cierto, obtener la subvención de 10 UF por subsidio. Por tanto, perseguían el lucro y no estaban preocupadas de brindar una asistencia de calidad.
En la iniciativa que nos ocupa la clave es que las ATE tengan calidad certificada y sean una contribución de verdad a mejorar el estándar educativo de los colegios.
Además, quiero señalar que hubo un plazo prudente. El informe señala que, de un total de mil 241 ATE, más de mil no han dado cumplimiento a las obligaciones que la ley exigía. Entiendo que dicho plazo se va a mantener, aunque habrá un tercer trámite constitucional. Es el 8 de agosto...
La señora PROVOSTE.- De junio.
El señor NAVARRO.- ¿8 de junio?
El señor NAVARRO.- Estoy completamente de acuerdo en que ese plazo no se extienda. Ya está cumplido.
Señor Presidente, aprovechando la presencia del Ministro de Educación en la Sala, quiero manifestar que esta iniciativa toca la unidad de subvención escolar preferencial, con la cual tenemos un problema: sigue siendo escasa e insuficiente, particularmente para cumplir otros requerimientos.
De la SEP se sacan los recursos para las ATE. ¡Bien! Tales fondos están regulados, fiscalizados.
Sin embargo, subsisten problemas en muchos colegios -y el Ministro lo sabe bien-, por ejemplo, con relación a las temperaturas.
El decreto ley Nº 548 establece 15 grados como mínimo para los jardines infantiles, a los que asisten los niños que envían los padres que trabajan. ¡Son 15 grados dentro de la sala!
Y 12 grados en la educación básica y media. ¡12 grados!
Pues bien, en muchos establecimientos esa norma no se respeta, como hemos descubierto después de la denuncia que hiciéramos con relación al Colegio Galvarino en la comuna de San Pedro de la Paz, el denominado "Colegio Iglú". Había temperaturas de 1 y 2 grados, y esa condición aún permanece. Ante ello, el municipio envió seis estufas a gas. Pero se tuvo que evacuar el establecimiento el primer día, porque ellas presentaban filtraciones.
¡Hubo que evacuar el colegio!
¡Todos los niños al patio, pues las estufas a gas tenían problemas!
Una unidad de subvención escolar preferencial debiera contemplar recursos suficientes a fin de asegurar las condiciones mínimas para que los niños puedan estudiar y los jóvenes aprender sobre la base de las exigencias que dispone el propio decreto ley Nº 548.
En esos casos la Superintendencia de Educación pasa multas. ¡Pero no sirven las multas si las salas continúan congeladas! Debieran contemplarse recursos para calefaccionarlas y, en muchos casos, para construir un nuevo recinto, como esperamos respecto del Colegio Galvarino, ya que tiene 70 años de existencia ¡y no aguanta un parche más!
Por eso, señor Presidente, voy a votar a favor de este proyecto de ley, por las razones que ya he señalado y que constituyen restricciones oportunas y necesarias.
Pero no puedo dejar de señalar que el Ministerio de Educación debe considerar que se requiere un aumento en el monto de la Subvención Escolar Preferencial, de tal manera que en los colegios municipales (que dentro de poco pertenecerán a la Administración del Estado) haya recursos suficientes para regular y cumplir con la necesidad de que en las salas de clases se alcancen las temperaturas mínimas para que los niños puedan estudiar. En muchos establecimientos esto no se cumple.
¡Eso es gravísimo, señor Presidente!
Mañana vamos a presentar un recurso de protección en contra del municipio, junto con el centro de padres y apoderados. Porque ¿contra quién recurrimos para terminar de una vez con toda esta situación, con que los niños deban estudiar congelados, abrigados, con parkas?
La señora VON BAER.- Señor Presidente, las ATE (Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo) fueron creadas por la Ley de Subvención Escolar Preferencial en el año 2008 para entregar apoyo a las escuelas en la elaboración e implementación de sus Planes de Mejoramiento Educativo. Para lograrlo, prestan asesorías en diversos ámbitos del quehacer educativo a fin de apoyar la mejora en la calidad de la educación que entregan las escuelas.
En tal sentido, las ATE son contratadas -como se ha dicho- con recursos de la Subvención Escolar Preferencial. Para que puedan ser contratadas es necesario que se encuentren inscritas dentro del Registro ATE del Ministerio de Educación. Este no solo contiene la individualización de aquellas, sino también su historial de asesorías, la nómina de profesionales y sus evaluaciones.
Por consiguiente, el historial de esas entidades es sumamente relevante para que puedan validar su experiencia y también la calidad del trabajo que realizan.
La ley sobre fin al lucro, al copago y a la selección, de 2015, estableció que las ATE debieran constituirse como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Y se señaló como plazo fatal para esa transformación el 8 de junio de este año.
Sin embargo, un 90 por ciento de las ATE no ha cumplido con dicha obligación, principalmente por dos razones: uno, la falta de procedimientos legales para cumplir con los nuevos requerimientos; y, dos, la pérdida de su información en el Registro, cuestión tremendamente relevante para las ATE, pues les permite acercarse a las escuelas, y a estas, a su vez, poder revisar su experiencia y la valoración de su trabajo.
De ahí que este proyecto sea tan importante, pues la Subvención Escolar Preferencial representa el 14 por ciento de las transferencias que se hacen a las escuelas del país. Por lo tanto, también es muy relevante que las ATE puedan funcionar bien para incidir en la calidad de la educación que se entrega.
La iniciativa de ley establecía originalmente un plazo -hasta marzo del próximo año- para que esas entidades se constituyeran en personas jurídicas sin fines de lucro. Sin embargo, en la Comisión de Educación y Cultura, hoy en la mañana -tal como lo planteó su Presidenta-, se votó unánimemente que tuvieran un plazo fatal (8 de junio) para hacerlo y que, mientras ello no ocurriera, no siguieran formando parte del Registro, o sea, que no pudieran trabajar en el apoyo a las escuelas hasta su transformación en tales.
Eso es un punto sumamente relevante.
En tal sentido, logramos juntar las distintas miradas que había en la Comisión respecto a este tema: por una parte, cumplir con la legislación, pero por otra, que las entidades no perdieran el historial consignado en el Registro, y de este modo, fuera factible saber cuáles son, cuál es su historial y cuál es la calidad del trabajo que realizan.
Por consiguiente, señor Presidente, es muy importante que el Ejecutivo, que el Ministerio, mejore la forma de evaluación y de certificación de las ATE. ¿Por qué? Porque, evidentemente, cuando las escuelas las contraten, si cuentan con una buena evaluación y ello sirve para tomar una decisión, será tanto mejor para lograr el objetivo de una buena calidad en la educación de nuestros niños.
En consecuencia, votamos a favor de este proyecto.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, seré muy breve, pues no sabía que la Senadora que me antecedió había pedido el uso de la palabra, y quiero señalar algo muy similar, sobre todo a la vista de algunas consideraciones de las bancadas del frente respecto de su votación, que le dan un carácter copernicano a los cambios producidos. ¡Y no creo que sea así!
A mi juicio, existía un problema común.
Efectivamente, se estableció un plazo, el cual se cumplió el 8 de junio, para que 1.214 ATE se transformaran en entidades sin fines de lucro, a través de un instructivo, a fin de cambiarse a una personalidad jurídica distinta aparentemente sin perder su historia, cosa que al final resultó imposible.
Por lo menos los informes de mis asesores para estos efectos señalan que solo 10 ATE (de las 1.214 que existen) habían realizado el cambio dentro del plazo, y que al final podrían llegar a 120.
Me parece que la fórmula que planteó el Senado está bien, en el sentido de no afincarse en el tema del plazo, sino que entender que había un sistema para generar una transformación sin perder el historial de experiencia publicado en el Registro, que era un elemento central.
En mi oficina parlamentaria recibí a varios interesados que plantearon precisamente esta complejidad que amenazaba con tener instituciones de este tipo al margen de la ley, con efectos muy perjudiciales para la educación.
Por consiguiente, me parece bien la fórmula para resolver el problema.
Me alegro de que el Gobierno haya alcanzado a analizarlo y haya existido buena voluntad para resolverlo de buena manera. Esto se pudo haber hecho a través de la norma original o por medio de esta modificación. La verdad es que me parece que ambas fórmulas apuntan al objetivo final: dar un espacio para permitir que las ATE se transformen en personas jurídicas sin fines de lucro y sin perder su historial de experiencia, y que ello sea comúnmente aceptado. Porque algo ocurría para que menos del 10 por ciento de las entidades existentes, en el mejor de los casos, dieran el paso correspondiente.
Por eso, señor Presidente, y para ahorrarle más tiempo, voto a favor.
El señor MONTES (Presidente).- Muchísimas gracias, sobre todo respecto a lo último que señaló.
--Se aprueba en general el proyecto de ley (38 votos a favor).
Votaron las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros y Sandoval.
El señor MONTES (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Allamand.
A continuación, la Senadora señora Provoste ha solicitado votación separada del número 2 del artículo 1 de la iniciativa de ley.
El señor Secretario hará una breve relación. Luego, le daré la palabra a la Senadora señora Provoste.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, hay que dirigirse a la página 2 del boletín comparado.
La votación separada está pedida para el artículo 1, número 2, que sustituye el literal a) del inciso segundo del artículo 30, por el siguiente:
"a) Tratarse de personas naturales o estar constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro.".
El señor MONTES (Presidente).- En discusión.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, hemos solicitado votación separada de este numeral, junto con el Senador Elizalde, dado que ambos nos abstuvimos en la Comisión respecto de la posibilidad de incorporar a personas naturales.
Señalo aquello porque en 2011 se flexibilizaron los criterios para utilizar los recursos de la subvención escolar preferencial; y precisamente a partir de ese año es factible, con cargo a esos fondos, contratar a personas naturales.
Por lo tanto, creemos que abrir la posibilidad a través de las ATE, más allá de lo que se ha manifestado hoy en la Sala, significa precarizar el empleo. Porque si una persona es importante para determinado establecimiento educacional, la pregunta es por qué no la contrata, con todos los derechos laborales que ello implica, en lugar de utilizar la modalidad de la ATE, pues, como señalé, desde 2011 ese elemento se flexibilizó.
Parte de ese debate lo hicimos en la Comisión. Por eso solicitamos votación separada, para al menos mantener el pronunciamiento que tuvimos en ella.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Les parece a Sus Señorías abrir la votación?
Entonces, así lo haremos.
Quiero recordarles que el proyecto que veremos a continuación, que adecua diversas leyes con motivo de la creación de la Región de Ñuble, es de quorum especial. En consecuencia, es importante que las bancadas se preocupen de que sus Senadores estén presentes en la Sala.
La señora VON BAER.- ¿Puede abrir la votación después, para que se escuche un argumento a favor y uno en contra?
El señor MONTES (Presidente).- Entiendo que Su Señoría quiere que abramos la votación luego de su intervención.
La señora VON BAER.- Mi petición responde a algo bien natural: que antes de que se abra la votación los señores Senadores tengan a la vista las dos posiciones sobre la materia.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, existen dos caminos a través de los cuales se pueden contratar personas que apoyen el proceso de mejoramiento de la calidad de la educación en las escuelas.
Uno es que sean personas jurídicas, las ATE, de las cuales hablaba la Senadora Provoste. Sin embargo, hay alrededor de 250 personas naturales que hoy día realizan asesorías en los colegios para mejorar la calidad del proceso educativo. Muchas veces estos profesionales trabajan no solo en una, sino en dos escuelas, generalmente en establecimientos más pequeños, de regiones.
¿Qué sucede si nosotros tomamos el camino que planteaba la Senadora Provoste? Que se va a contratar a estas personas como un profesional más dentro de aquellos financiados con la subvención escolar preferencial.
Con ello, ese profesional contratado para apoyar un proceso de mejoramiento de la calidad de la educación no estará dentro del Registro de las ATE.
Ese es el punto, señor Presidente.
Si esa persona no se halla en dicho Registro, las escuelas no podrán revisar si el trabajo que realiza es bueno o malo. Y lo que nosotros queremos -yo estoy muy convencida de esto- es que el contrato de estas entidades o de estos profesionales permita mejorar la calidad de la educación que se entrega en las escuelas.
Entonces, si un colegio pequeño -por ejemplo, en Lago Ranco o en cualquier lugar de nuestras regiones- quiere ver si un profesional hizo un buen trabajo y está certificado por el Ministerio de Educación, tratándose de una entidad constituida como persona jurídica, podrá hacerlo. Pero en caso de que sea una persona natural, ello no le será factible. Esa escuela no tendrá cómo saber si ese profesional llevó a cabo una buena labor en la comuna del lado. Y tampoco será posible que la mencionada Cartera certifique el trabajo de ese profesional.
En consecuencia, si el foco de esta discusión es la calidad de la educación, es mejor que las personas que efectúan este tipo de labor y que son pagadas con cargo a la subvención escolar preferencial se encuentren en el Registro de las ATE.
Una situación distinta es la de los profesionales contratados para otra clase de trabajos, no relacionados con la calidad de la educación, con fondos de la subvención escolar preferencial.
Si el temor es la precarización del empleo, en el caso de que la persona trabaje normalmente en el establecimiento, entonces tiene una relación de subordinación y dependencia. Por lo tanto, ello está resuelto por las leyes laborales.
Acá, pues, no estamos hablando de la precarización del empleo, sino de otro tema: si queremos o no que las personas naturales que entregan el referido servicio (son alrededor de 250) formen parte del Registro de las ATE.
Si se considera que esto implica un peligro de precarización del empleo, debo puntualizar que el punto está resuelto en la legislación laboral.
Ahora bien, si no deseamos que personas naturales ejerzan la labor que realizan las ATE, de apoyo al mejoramiento de la calidad de las escuelas, tengo que señalar que no lo podremos impedir, porque de todas maneras será factible contratar a esos profesionales utilizando los fondos de la subvención escolar preferencial.
El problema radica en que los contratarán igual, pero no vamos a saber nunca si hacen bien su trabajo o no. Y volveremos a la situación anterior, en que las ATE no estaban en un Registro, no eran certificadas ni revisadas por el Ministerio de Educación.
Señor Presidente, el punto acá es que si se vota en contra de esta parte del articulado, las personas que prestan este servicio no serán certificadas por el Ministerio de Educación. Y creo que eso sería un retroceso.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Les parece a Sus Señorías abrir la votación ahora?
El señor GARCÍA.- Yo no tengo inconveniente, señor Presidente.
En votación el número 2 del artículo 1 del proyecto.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en el mismo sentido de la intervención de la Senadora Von Baer, considero muy bueno que haya personas naturales que cumplan la función de asesoría técnica educacional y que estén inscritas en el Registro de las ATE, para que, al mismo tiempo, sean evaluadas por el Ministerio de Educación.
Una crítica que compartimos todos los integrantes de la Comisión de Educación esta mañana es precisamente que falta una evaluación objetiva de la referida Cartera respecto de las ATE.
Entonces, lo mejor es que esos profesionales se inscriban en el Registro y puedan ser evaluados. Ello no ocurriría si simplemente son contratados como asesores o profesores y pagados con recursos de la subvención escolar preferencial.
Pero, además, señor Presidente, yo tengo otra razón.
Creo que debemos abrir oportunidades a los profesionales jóvenes, a los que quieren emprender, a los que se atreven a llevar adelante iniciativas como tener una consultoría, que a lo mejor les va a permitir contratar a otro profesional, y a otro, y luego a otros pocos más, sin necesidad de asociarse, de constituir una entidad sin fines de lucro.
Tenemos que ir generándoles oportunidades a los profesionales jóvenes. Y no solo a estas personas: también debemos dárselas a quienes quieran desarrollar sus capacidades, sus talentos.
¡Por qué les vamos a impedir aquello!
¡Abramos las posibilidades!
¡Abramos las oportunidades!
¡Terminemos con ese tipo de restricciones!
Con ello estoy seguro de que le haremos un gran gran favor a nuestra clase media: a nuestra clase media educada, a nuestra clase media esforzada; a esa clase media que está endeudada porque ha contribuido al financiamiento de los estudios de sus hijos.
¡Abramos oportunidades! ¡Abramos posibilidades! ¡Terminemos con las restricciones!
No los obliguemos a asociarse, por lo menos en una primera etapa. Que puedan realizar su labor por sí mismos.
¡Eso a mí me entusiasma!
Por ello pido que votemos a favor, para que las personas naturales se inscriban en el Registro de las ATE y sean evaluadas.
Me parece que esta es una gran gran oportunidad, particularmente para muchos profesionales que recién se inician en las áreas pedagógicas, de la psicopedagogía, de la psicología, y que pueden hacer tanto bien para mejorar la calidad de la enseñanza de nuestros niños y jóvenes.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, ya está despejado lo relativo al lucro.
Quedó claro en la primera parte de esta discusión que aquí no existirá lucro. No lo habrá en lo principal, menos puede haberlo en lo accesorio, aunque en algunos casos el trabajo de las ATE -hay que decirlo- no es muy accesorio, sino bastante importante. Muchas veces estas entidades, sean personas jurídicas o personas naturales, se constituyen en un apoyo decidido a la labor pedagógica.
Entonces, considero relevante puntualizar que acá no habrá lucro, pues la ley en proyecto no lo permite. De manera que todos los recursos deben disponerse íntegramente para el proceso formativo, tanto los del establecimiento educacional cuanto los de las ATE.
Sobre el particular, tuvimos una ligera diferencia. Y digo "ligera" porque a mi juicio la Senadora Provoste hizo un punto vinculado con el riesgo de precarización del empleo. Sin embargo, en mi concepto, esta cuestión es más bien de diseño educativo: dónde ponemos los apoyos para, por ejemplo, revertir lo que ocurre al interior de la sala de clases (problemas de convivencia, de bullying), anticiparse a ese tipo de fenómenos, o mejorar el proceso educativo, de aprendizaje.
En cuanto al planteamiento de que no existan personas naturales en el Registro de las ATE, de que sean adscritas por el establecimiento pertinente, debemos considerar, primero, que muchas de ellas son muy buenas y están haciendo un gran aporte. Pero también hay que tener presente que en numerosos casos -diría que en la mayoría- puede que no se trate de profesores, sino de cientistas políticos, abogados, psicopedagogos, o de personas que tengan una licenciatura en un área distinta a la educacional. Entonces, ese profesional que se incorpora a un colegio podría terminar haciendo cualquier cosa, sin contribuir al mejoramiento de la calidad de la enseñanza, y se perdería dentro de ese establecimiento.
Sin embargo, hay un aspecto adicional -lo señaló la Senadora Von Baer- vinculado con la evaluación.
Sobre el particular, quiero ser supercoherente con lo que hemos planteado desde el primer minuto: esta iniciativa es la oportunidad para mejorar la calidad del proceso educativo. Y ello también se hace teniendo en consideración las evaluaciones.
Si nosotros sacamos a estos profesionales del Registro de las ATE y -por así decirlo- los incorporamos a la planta del establecimiento respectivo, no podrán ser evaluados. Entonces, el sistema corre el riesgo de permearse con personas que tal vez no van a cumplir de mejor manera su cometido. Y el apoyo que se hubiera estado brindando de buena manera, que resulta fundamental en algunos colegios para el mejoramiento del aprendizaje, podría terminar desnaturalizado.
Por ello, me parece conveniente aprobar esta norma.
El señor PUGH.- Señor Presidente, los talentos residen en las personas. Y, en verdad, resulta muy difícil entregarle talentos a todo el mundo.
Hay que entender que los talentos se distribuyen en forma uniforme: los menos tienen muchos talentos; la gran mayoría -o sea, nosotros- exhibe lo justo y necesario, y muy pocos no los poseen.
Lo que buscamos con relación a la calidad de la educación es que los talentos, aquellas personas en las que se ha invertido más (son quizá las más escasas), puedan traspasar su experiencia, su conocimiento para hacer realidad lo que esperamos: que mejoren los procesos educativos.
En esta materia no hay que centrarse tanto en contratar o no, en evaluar o no. Acá debemos observar la naturaleza humana y comprender que hay personas que presentan características especiales.
Teniendo clara esa realidad, estimo conveniente que exista la posibilidad planteada y se habilite a dichas personas para que, en esa condición, puedan aportar lo mejor que poseen.
Por lo tanto, este asunto se halla vinculado más bien con lo humano. Hay que entender que el conocimiento de que hablo reside en personas especiales, que probablemente no tienen el tiempo para formar parte de la planta de determinado establecimiento.
El señor MONTES (Presidente).- No hay más inscritos.
--Se aprueba el número 2 del artículo 1 (16 votos a favor y 9 abstenciones), y el proyecto queda aprobado en particular y despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger y Von Baer y los señores Bianchi, Castro, Coloma, Durana, Galilea, García, Girardi, Montes, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh y Quintana.
Se abstuvieron las señoras Goic y Provoste y los señores De Urresti, Elizalde, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Navarro y Quinteros.
El señor MONTES (Presidente).- Se deja constancia de las intenciones de voto favorable de los Senadores señora Van Rysselberghe y señores Allamand, Chahuán y Pérez Varela, y de abstención del Senador señor Letelier.
El señor VARELA (Ministro de Educación).- Señor Presidente, simplemente quiero hacer una aclaración respecto de lo que manifestó el Senador Letelier, en el sentido de que, efectivamente, la Superintendencia sacó una resolución para que la subvención escolar preferencial pueda utilizarse para la compra de estufas.
Ahora bien, está pendiente lo tocante al combustible. De modo que recogemos el guante, y vamos a trabajar en un proyecto de ley para resolver esa materia en particular.
Haremos lo mismo en cuanto a la inquietud que nos plantearon los Senadores señora Provoste y señor Navarro.
Por último, deseo agradecer la colaboración de todos los miembros de la Comisión de Educación, porque ello permitió que la Sala aprobara hoy día este proyecto, lo cual pensamos que es una buena noticia, pues esto va en beneficio de la calidad de la educación en Chile.
El señor MONTES (Presidente).- Se ha solicitado ampliar, hasta el viernes 3 de agosto, a las 12, el plazo para presentar indicaciones al proyecto que moderniza la legislación bancaria (boletín N° 11.269-05).
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que adecua las leyes que indica en razón de la creación de la Región de Ñuble (boletín N° 11.720-07), con urgencia calificada de "discusión inmediata".
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que declara el 21 de septiembre de cada año feriado permanente en la Región de Magallanes y la provincia de Chiloé (boletín N° 11.426-06).
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que declara feriado el 21 de septiembre de cada año para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena y la provincia de Chiloé (boletín N° 11.438-06).
El señor MONTES (Presidente).- Estas iniciativas las veríamos en el tercer lugar de la tabla.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Así es, señor Presidente.
Boletín N° 11720-07
Boletín N° 11426-06
Boletín N° S1500-09
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo, iniciado en moción del entonces Senador señor Escalona, que propone un conjunto de enmiendas al Reglamento del Senado con el objeto de adecuarlo a la ley N° 20.447, modificatoria de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y que cuenta con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (S 1.500-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo (moción del entonces Senador señor Escalona):
En primer trámite: sesión 37ª, en 31 de julio de 2012 (se da cuenta).
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal es justamente adecuar las disposiciones del Reglamento a los preceptos constitucionales y legales aplicables a esta Corporación.
La Comisión discutió la iniciativa solo en general, y, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Allamand, Elizalde, Huenchumilla y Pérez Varela, la aprobó en general.
El texto que se recomienda acoger se transcribe en el primer informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, el proyecto de acuerdo fue iniciado por una moción del entonces Senador señor Escalona presentada en julio de 2012.
Cabe señalar que en la exposición de motivos de la proposición se consignó que la ley N° 20.050, publicada con fecha 26 de agosto de 2005, introdujo importantes modificaciones a la Constitución Política de la República, algunas de las cuales incidieron especialmente en su Capítulo V, referido al Congreso Nacional.
Así, dicha reforma supuso, en el ámbito parlamentario, un reforzamiento de la potestad fiscalizadora o de control político de la Cámara de Diputados en los actos de Gobierno; eliminó la distinción entre legislatura ordinaria y extraordinaria, así como la figura de los Senadores designados y la de los correspondientes a derecho propio; reemplazó el mecanismo de provisión de vacante en un cargo parlamentario y permitió la renuncia a este por enfermedad grave impeditiva, y suprimió la residencia entre las exigencias de elegibilidad y estableció normas especiales sobre la incorporación de tratados al derecho interno y la participación del Congreso Nacional en la materia.
Con el fin de implementar todo lo anterior, el Congreso Nacional aprobó un conjunto de enmiendas a su Ley Orgánica Constitucional, las que se concretaron en la ley N° 20.447, publicada con fecha 3 de julio de 2010, en virtud de la cual se efectuaron adecuaciones de forma y fondo.
En ese contexto, la iniciativa que se somete a la consideración de la Sala postula que un número relevante de las modificaciones exigen una urgente adecuación del Reglamento del Senado, para que concuerde con lo dispuesto por el ordenamiento constitucional y legal vigente.
Con el propósito de lograr dicho objetivo, es indispensable realizar determinados ajustes al texto. Algunos de ellos tienen un carácter meramente formal, pues solo inciden en adecuaciones de nombre o de referencias normativas, mientras que otros, en cambio, apuntan a cuestiones de fondo y que dicen relación con la integración de la Corporación, los deberes de los parlamentarios, el funcionamiento de las Comisiones y, en especial, el desarrollo del procedimiento legislativo.
Entre las materias que se abordan en la proposición de acuerdo es posible destacar las siguientes: la distinción entre período legislativo y período de sesiones; la supresión de la referencia a los integrantes designados; la adecuación de la sesión de instalación; la obligación de los Senadores de efectuar sus declaraciones juradas de patrimonio e intereses, y su deber de asistir a las sesiones del Congreso Pleno, de Sala y de las Comisiones a las que pertenezcan, así como la obligación de comparecer ante la Comisión de Ética y Transparencia.
Asimismo, la moción propone normas específicas para regular la forma en que esta Corporación procederá cada vez que vacare un cargo de Senador.
Se refuerza, igualmente, la publicidad de las sesiones de Sala y se consagran las nuevas hipótesis que pueden dar lugar a la formación de una Comisión Mixta.
Por otra parte, se determinan las condiciones que se deben cumplir a fin de que la Sala autorice a una Comisión para refundir dos o más proyectos de ley.
Seguidamente, se sugiere adecuar las disposiciones reglamentarias relativas a la forma en que los parlamentarios pueden pedir informes o antecedentes a las entidades o empresas señaladas en los artículos 9° y 9° A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Se precisan, además, los distintos aspectos que se deberán considerar en los informes que elaboran las Comisiones y en la oportunidad en que un proyecto o una determinada indicación pueden ser declarados inadmisibles.
Luego, en materia de urgencias, se adecuan los plazos correspondientes a las calificaciones de "suma" y de "discusión inmediata". Asimismo, en concordancia con la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se establece que el término del período de sesiones dará lugar a la caducidad de las urgencias.
En lo referente a votaciones y elecciones, se reitera el principio de publicidad, salvo respecto de aquellos pronunciamientos que la propia Ley Fundamental define como secretos.
Finalmente, la moción propone modificar el Título XVIII del Reglamento con el fin de precisar la forma en que se elige a los miembros de la Comisión de Ética y Transparencia, la manera en que se dará publicidad a sus decisiones definitivas y el deber de los Senadores de comparecer ante ella al concurrir determinados presupuestos.
La Comisión de Constitución analizó el proyecto y registró un consenso en cuanto a la pertinencia de concordar las disposiciones reglamentarias con las preceptivas de rango superior, particularmente por el significativo tiempo transcurrido desde que se introdujeron las modificaciones constitucionales y legales que atañen a la organización y funcionamiento de esta Corporación.
Se hizo notar, asimismo, que las enmiendas propuestas reflejan un importante nivel de coincidencia y responden, en su mayoría, a cambios de orden formal.
Se puso de relieve, además, la conveniencia de avanzar decididamente en la tramitación de la iniciativa, sin perjuicio de los aportes que se puedan formular, por la vía de indicaciones, en el curso de la fase reglamentaria de discusión particular, entre los cuales se cuenta la necesaria adecuación de algunas normas del proyecto a las disposiciones contenidas en la ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés, preceptiva sancionada con posterioridad a la presentación de la moción.
En consecuencia, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Allamand, Elizalde y Pérez Varela, además de quien habla, aprobó en general la iniciativa y recomienda a la Sala proceder de igual forma, de manera de poder fijar un plazo, que sugerimos que sea de unos treinta días, para presentar las proposiciones de enmienda que sean pertinentes a fin de perfeccionar los aspectos del proyecto que lo ameriten.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Desde ya, me parece del todo razonable la petición de un plazo para indicaciones de al menos treinta días. La iniciativa data de 2012, lo que implica un largo análisis.
El señor COLOMA.- ¡Es preciso votar primero!
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, coincido, en general, con la urgente necesidad de adecuar nuestro Reglamento a muchas modificaciones legales, incluso de carácter orgánico constitucional, que dicen relación con el Congreso. Eso es bastante obvio.
Sin embargo, estimo que deberían incluirse dos aspectos, uno de los cuales se vincula con el establecimiento de principios básicos de derecho, en tanto que el otro se refiere a la actualización de materias.
Por lo pronto, cabe una reforma del artículo 11, de manera de permitir que un Senador independiente eventualmente constituya por sí solo un Comité, lo que hoy no ocurre, en tanto que ello sí es posible para un Senador perteneciente a un partido político. Lo anterior atenta contra el principio de igualdad.
Eso implica, además, un montón de consecuencias prácticas, como he podido comprobarlo personalmente a la hora de negociarse la conformación de las distintas Comisiones legislativas, a lo que se agrega la asignación de tiempo para las intervenciones y el ejercicio de otros derechos.
Me parece que un Senador independiente no tiene por qué contar con menos garantías que otro que milita en un partido político, institución que valoro, por cierto.
En seguida, creo que los hechos que hemos conocido en el último tiempo en materia de vulneración de sistemas de seguridad de bancos y otras instituciones hace esencial que la Comisión de Defensa actualice áreas prioritarias vinculadas con la seguridad y la defensa nacional. Ello dice relación con el concepto de ciberseguridad.
Hemos conversado con algunos Senadores acerca de la necesidad de contemplar el punto, sobre todo por sus consecuencias económicas, financieras, de seguridad y, eventualmente, bélicas. Conviene dar más relevancia a la ciberseguridad y agregar el término a la denominación de la Comisión de Defensa.
Son dos ideas que estimo que deberían incorporarse al Reglamento, que se está adaptando a las nuevas necesidades.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Si no hay objeciones, se abrirá la votación.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, en el extremo inferior derecho de la portada del Reglamento -todos contamos con una copia en nuestras mesas- se lee: "Edición revisada a enero de 2018".
Acto seguido se dice: "Actualización: última modificación aprobada en sesión 49ª, del 2 de septiembre de 2015.".
Uno podría entender, por lo tanto, que el Reglamento está actualizado al año 2015. Efectivamente, se han incorporado todas las modificaciones que se le han hecho de forma directa.
No obstante, el Reglamento ha sido modificado tácitamente en virtud de las enmiendas constitucionales, de las recaídas en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y de otras reformas legales durante los últimos años.
Aun así, su texto no es concordante con normas de un mayor nivel jerárquico.
Eso podría generar, al momento de su aplicación, problemas no en cuanto a qué normas se aplican, sino por el hecho de que, de la mera lectura del Reglamento, podría creerse erróneamente que algunas disposiciones contenidas en él permanecen vigentes, en circunstancias de que han sido reformadas.
Por tanto, me parece imprescindible dar curso a esta modificación, que fue presentada el año 2012 por el entonces Senador Camilo Escalona, en su condición de Presidente de esta Corporación, con el objeto de que el texto de nuestro Reglamento tuviera total concordancia con las disposiciones constitucionales y legales vigentes.
Ese es el sentido, básicamente, de la aprobación general del proyecto de acuerdo.
El Presidente de la Comisión de Constitución, Senador Francisco Huenchumilla, planteó algo de toda lógica, que es abrir un plazo de indicaciones que permita aprovechar el impulso de la necesaria actualización formal del Reglamento, al objeto de que sus disposiciones tengan plena concordancia con las normas de mayor rango jerárquico, para debatir las eventuales modificaciones que propongan los Senadores, de manera de contar con un Reglamento que responda a los tiempos actuales.
Lo anterior nos posibilitaría ir más allá de la mera concordancia del Reglamento con las disposiciones vigentes e introducir otro tipo de cambios y reformas.
En tal virtud, me parece del todo razonable aprobar en general el proyecto de acuerdo, pero, al mismo tiempo, fijar un plazo para la presentación de indicaciones que nos permitan actualizar el Reglamento en otras materias.
De esa manera, podremos aprovechar el impulso, pues lo que indica la tradición del Senado es que pasa demasiado tiempo para que se vuelva a actualizar el texto reglamentario, de acuerdo a las necesidades que dictan los tiempos.
No voy a hacer referencia a algunas propuestas específicas que estamos trabajando, las cuales serán presentadas en el plazo destinado a las indicaciones, pero me parece que, además de aprobar el proyecto de acuerdo en debate, se hace necesario abrir, como propuso el Presidente de la Comisión de Constitución, un plazo para que tengamos muy pronto un Reglamento acorde con las necesidades de los tiempos actuales y, lo más importante, que tenga plena concordancia con las disposiciones constitucionales y legales vigentes, para que no se vayan a cometer errores al momento de su aplicación.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, a mí me parece que esta iniciativa apunta en el sentido correcto y, obviamente, considero razonables los treinta días que se han propuesto como plazo para indicaciones.
Yo quiero hacerme cargo, nada más, de un comentario que hizo el colega que me antecedió en el uso de la palabra, para no entenderlo de una manera diferente.
Una cosa es que algunas reformas tácitas no figuren en nuestro Reglamento; otra es que tengan o no vigencia.
Por ejemplo, en lo que respecta a las urgencias, si uno mira el texto reglamentario, se da cuenta de que estas no se han modificado, pero, como se cambió la ley respectiva, hoy día los plazos se aplican conforme a la lógica de los nuevos diseños y la nueva ley orgánica constitucional que se planteó en su momento.
Digo esto para que se entienda que el hecho de no haber cambiado el Reglamento no significa que no se respete la reforma tácita -como bien se ha dicho- que sí se ha producido en el texto legal.
El Reglamento es una especie de compendio que hace las normas más entendibles.
Por lo tanto, a mí me parece correcto -y también lo hemos hecho en otras oportunidades- revisar si hay otros aspectos de funcionamiento que sean susceptibles de modificar.
Si Sus Señorías ven el Reglamento del Senado de 1989 -tengo la suerte de conservarlo-, advertirán que tiene grandes diferencias en torno al uso de los tiempos, los cuales eran completamente distintos. Las intervenciones podían durar el doble que las actuales, y existían también los primeros y segundos discursos, por lo cual las sesiones eran bastante más largas.
Hoy día eso es mucho más restringido, lo cual tiene que ver quizá con el mejor uso de los tiempos, y me parece bien evaluarlo siempre.
En consecuencia, apoyo esta propuesta, pero quiero dejar claro que el Reglamento tiene que ser modificado específicamente, porque, de lo contrario, no es posible incorporar enmiendas tácitas -así dice la norma- que se hayan planteado, sin perjuicio de lo cual se aplican.
Eso es lo importante: no por el hecho de que ciertas normas no estén en el Reglamento dejan de aplicarse.
Y el ejemplo que puse acerca de las urgencias es la mejor forma de entender esta realidad.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, me parece oportuno iniciar un proceso de perfeccionamiento de todo el sistema vinculado al Reglamento del Senado.
En lo personal, quiero referirme, fundamental y esencialmente, al TÍTULO IV, de las COMISIONES, que se refiere a la regulación y al funcionamiento de tales órganos técnicos y que va desde el artículo 27 al 53.
Particularmente, en el Reglamento del Senado hoy día se consultan 22 Comisiones permanentes, todas ellas vinculadas a materias propias de su correlación con las instancias ministeriales y otras áreas específicas que esta Corporación ha estimado oportuno establecer, entre ellas, por ejemplo, una que reviste especial significación durante el último tiempo por poner temas relacionados con el futuro, como es la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Quiero hacer mención a este tema en particular, pues el artículo 28 del Reglamento señala que "El Senado podrá encargar el examen de un asunto a dos o más Comisiones unidas, y nombrar Comisiones especiales o promover la designación de Comisiones mixtas".
Cuando me refiero a las Comisiones especiales -y me parece muy bien el plazo de treinta días para los efectos de ingresar indicaciones-, debo recordar que, de repente, emergen problemas que requieren de parte de esta rama legislativa reacciones oportunas.
Un grupo de Senadores planteamos hace bastante tiempo la idea de constituir una Comisión especial en torno a las temáticas del adulto mayor. Y hablábamos de una Comisión especial para destrabar una serie de materias de orden legislativo que se encuentran en las diferentes Comisiones y que no tienen la prioridad que corresponde.
Sin embargo, hoy día esos 3,5 millones de chilenos nos están demandando permanentemente por diferentes circunstancias. Todos en nuestras circunscripciones hemos sostenido constantes reuniones con grupos de personas que legítimamente nos exigen planteamientos más concretos.
No quiero que vuelva a ocurrir lo que les pasó a don Jorge Olivares, de 84 años, y a la señora Elsa Ayala, de 89, el pasado 21 de julio, lo que originó sendas notas de prensa: la muerte de la mujer a manos de su marido y, posteriormente, el suicidio de don Jorge.
Este incidente, protagonizado por ambos adultos mayores -él de 84 años y ella de 89-, generó grandes notas de prensa, comunicaciones, reportajes, demandas, en fin.
Nuestra sociedad y nuestro país están, progresivamente, avanzando en esta dirección.
Hace pocos días vimos lo acontecido con don Daniel Castillo, de 93 años, y la señora Inelia Miranda, de 87, ambos habitantes de la Región de Coquimbo. La señora fallece por una falla sistémica y, probablemente a consecuencia de ello, el marido muere de un ataque cardíaco.
¿A qué quiero referirme, señor Presidente, y qué tiene que ver la reforma al Reglamento con los adultos mayores?
Fundamentalmente, creo que nosotros debiéramos tener cierta flexibilidad para ver cómo reaccionamos, como institución, frente a una realidad que el país nos muestra en forma cotidiana, pues cada uno de nosotros se ha visto demandado en su circunscripción por muchos adultos mayores que, legítimamente, plantean sus requerimientos.
Por lo tanto, presentaremos las indicaciones pertinentes para determinar en cuánto tiempo el Senado debe pronunciarse, a raíz de lo dispuesto en el artículo 28, cuando señala que podrá encargar el examen de un asunto a dos o más Comisiones unidas o crear Comisiones especiales.
Por lo tanto, la idea es tratar de establecer algunos pronunciamientos, por la vía reglamentaria, sobre este particular.
Creo que el ejemplo que estoy dando respecto de la situación de los adultos mayores y de sus demandas es pertinente.
Sobre este tema, quiero destacar el permanente trabajo que han realizado la Unión Nacional de Pensionados, una institución muy antigua y la más grande de Chile en esta materia, y otras tantas más que se han ido activando a lo largo del país, lo que también habla de la necesidad de que nosotros, como Senado, encontremos respuestas a este problema.
Como he señalado, presentaremos indicaciones a objeto de lograr que estas decisiones se construyan en los plazos apropiados, para que, en definitiva, las Comisiones especiales -que, junto a las permanentes, generan una gran agenda de trabajo- se constituyan de manera oportuna, contando con las voluntades de parlamentarios de todas las bancadas, que ya han manifestado estar absolutamente disponibles para estos esfuerzos cuando se trate de materias tan acotadas.
Nuestras indicaciones, señor Presidente, tendrán el propósito de resguardar en el Reglamento el pronunciamiento del Senado cuando existan estas formales peticiones respecto de Comisiones especiales, más aún cuando tenemos tan presentes situaciones como las que he señalado respecto de los adultos mayores y que he graficado con estos lamentables y dramáticos hechos que involucran a un sector de la población que crece progresivamente en nuestro país.
Por todo lo anterior, nos parece muy bien el proceso de presentación de estas modificaciones.
El señor NAVARRO.- ¡Jorge Mateluna es inocente y lo vamos a probar! Señor Presidente, una de las primeras medidas que voy a proponer es que la impresión del Reglamento del Senado esté acorde con la Ley de Inclusión, que ya lleva un año, como se lo comentaba recién a la Senadora Provoste, porque el tamaño de la letra es ínfimo y dificulta mucho su lectura, aun con el auxilio de lentes.
¡Debiéramos tener un Reglamento acorde a aquellos que en esta Sala ni aun con lentes pueden leer esta letra tan minúscula!
En segundo lugar, creo que las Comisiones especiales a las cuales se ha referido el Senador Sandoval, mencionadas en el artículo 28 del Reglamento, pueden ser modificadas y ampliadas.
Hoy día tenemos una Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes. Y está, asimismo, la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales.
Me parece muy necesario adecuar, no el número de Comisiones, sino las temáticas a las cuales dichos órganos técnicos deben abocarse: los temas ciudadanos.
Uno de ellos se relaciona con las personas con condiciones especiales o con discapacidad.
El 10 por ciento de los chilenos posee una condición de discapacidad -es decir, cerca de 2 millones de personas-, y no hay en esta Corporación, a diferencia de la Cámara de Diputados, una Comisión que permita abocarse al tratamiento de los proyectos de ley relacionados con esta materia y que demuestre preocupación de un órgano representativo de la ciudadanía, como es el Senado de la República, por los ciudadanos y ciudadanas que enfrentan condiciones especiales.
Además, existe un reclamo permanente respecto al retraso de las iniciativas que hoy día se encuentran en el Senado, lo que revela la necesidad de incorporar una Comisión encargada de tratar los asuntos de discapacidad y que lleve adelante la discusión de la creación de un servicio nacional o una subsecretaría específica.
En nuestro país la tasa de envejecimiento indica que los adultos mayores sobrepasan los 2,6 millones, y todavía no contamos con una política pública destinada al envejecimiento masivo y progresivo de la población. No hay ergonometría adecuada para ellos, ¡para qué decir médicos geriatras!
Chile, señor Presidente, cuenta con ochenta y tres médicos geriatras para atender a esos 2,6 millones de adultos mayores, lo que revela una falta de política pública, un descuido y la nula proyección hacia el futuro que, de manera responsable, se debe construir: un país acorde a las condiciones de estos casi 3 millones de chilenos que hoy, no mañana, poseen requerimientos especiales debido a su edad.
Y algo similar ocurre respecto de la discapacidad.
Espero que podamos discutir -por cierto, entiendo que el Reglamento está abierto a recibir otras enmiendas, al margen de las planteadas en el proyecto de acuerdo- la creación de Comisiones permanentes sobre estos temas.
También estamos preocupados de los problemas que afectan a la infancia.
Personalmente, cuando presidí la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, y luego de nueve sesiones especiales realizadas en este Hemiciclo, propuse la creación de una Comisión permanente de infancia, que tuvo como resultado la Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes, antes mencionada.
Si bien fue una buena iniciativa, no es una Comisión permanente, por lo que creo oportuno discutir cómo hacemos para dejar de manera estable Comisiones encargadas de infancia, de discapacidad y de los adultos mayores, que puedan abordar temas muy específicos, tal como se ha planteado en la Sala.
Por cierto, como hay varios Senadores que asienten y han demostrado su preocupación, me parece que podemos ponernos de acuerdo y presentar una indicación colectiva en esa dirección. ¡Esta es la oportunidad! El Reglamento se reforma muy de vez en cuando. Por lo tanto, no podemos dejar pasar la posibilidad de crear Comisiones en estos ámbitos y en otros que hubiere. Pero creo que el problema se acota en esas temáticas, que considero insoslayables.
Por eso, señor Presidente, me parece bien el plazo de indicaciones propuesto. Y espero que no surja en el debate la idea de que ya existen muchas Comisiones. Las hay de acuerdo a las necesidades que el país manifiesta, sobre las cuales hay que legislar y hacer un trabajo con profesionalismo, detención, profundidad, responsabilidad y atención especial. Los tres grupos que he señalado -infancia, discapacidad o personas con condiciones especiales, más los adultos mayores- nos lo van a agradecer.
Hemos asistido a la creación de la Federación Nacional de Adultos Mayores de Chile. Es el rango etario que está más organizado. Los chilenos se están reuniendo en los clubes de adultos mayores. Y como han dicho muchos especialistas, ellos ya no quieren una torta o que se les visite: quieren que se les enseñe, volver a estudiar, tratar su condición actual en materia social, en materia sexual, en materia previsional, en los temas de plenitud y desarrollo de esa etapa de la vida, a la cual ineludiblemente todos avanzamos.
Por tanto, yo espero que tengamos consenso a la hora de hacer esas propuestas y que esta reforma al Reglamento constituya no solo una modernización del Senado, sino una socialización ciudadana. La idea es contar con un Senado más cercano a los ciudadanos.
Ojalá pudiéramos incorporar la obligación de que las Comisiones vayan a regiones, porque cada vez que queremos ir a ver un tema que es nítido...
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
Es necesario incorporar la obligación y el deber de que las Comisiones, tratándose de temas de carácter regional, visiten distintas zonas del país, porque para hacerlo hay que pedir autorización a la Sala.
El Senado en regiones, el Senado junto con la ciudadanía va a ser más respetado.
Creo que también debería existir una Comisión de audiencias públicas, pues no hay quién atienda a la gente cuando visita el Congreso.
A mi juicio, los Senadores podríamos tener una vez al año la oportunidad de destinar tres horas de nuestro trabajo a conformar una Comisión especial de audiencias públicas, para que la ciudadanía venga y plantee sus problemas y estos se deriven a las Comisiones especializadas.
Más cercanía con la ciudadanía les va a hacer muy bien al Senado, al país y a la política, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En este momento tenemos en la Sala la cantidad precisa de señoras y señores Senadores para tomar acuerdos.
¿Les parece si fijamos como plazo de indicaciones el lunes 3 de septiembre?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Finalmente, tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, creo que la importancia de un Reglamento en un órgano del Estado, como es el Senado, radica en que las democracias toman decisiones colectivas obligatorias, que en este caso se transforman en leyes a través de un sistema bicameral, donde nuestra Corporación juega un rol fundamental en los acuerdos colectivos que se producen a lo largo de la tramitación de un proyecto.
Ahora bien, regular el funcionamiento de un órgano colegiado no es una tarea fácil en ninguna organización social.
Los órganos unipersonales cuentan con un sistema mucho más simple en la toma de decisiones. Y la pregunta es cuál es el procedimiento que debe existir en un órgano colegiado para compatibilizar los intereses de los órganos unipersonales que concurren a la voluntad colectiva para tomar una decisión, en este caso como Senado de la República.
Nosotros tenemos un paraguas constituido por: primero, la Constitución Política de la República, donde se encuentran señaladas las normas generales que regulan nuestro funcionamiento; segundo, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y finalmente, una serie de otras leyes que inciden en distintos ámbitos. Pero, básicamente, el núcleo central son la Constitución, la Ley Orgánica y, por supuesto, el Reglamento, que entra al detalle de la manera como funcionamos.
Entonces, el reglamento tiene que ver con una cuestión de procedimiento relacionada con el modo en que funciona este órgano colectivo para resguardar los derechos de cada uno de los Senadores y que se traduce en que sea respetado, tratado en forma igualitaria y que las decisiones se adopten de manera transparente, de tal modo que pueda desarrollar su labor evitando los conflictos que pueden suscitarse en un órgano integrado por 43 parlamentarios.
Por lo tanto, a mí, como Presidente de la Comisión de Constitución, y al resto de sus miembros, nos pareció que era necesario sacar adelante este proyecto, que estaba ahí desde el año 2012 pero que se refiere a cambios introducidos en nuestra legislación por la reforma constitucional del 2005, para poner al día el reglamento, sobre todo cuando estamos pasando por situaciones difíciles desde el punto de vista de la fiscalización de la opinión pública en cuanto a lo que son nuestras actuaciones. Por consiguiente, hay ciertas materias que ameritan ser incorporadas en nuestro estatuto interno para evitar la conflictividad que se puede producir entre nosotros mismos respecto de determinadas materias o acciones. El Senado no es una institución jerarquizada porque aquí somos todos pares: no hay un jefe de los Senadores.
En consecuencia, es preciso establecer adecuaciones que nos permitan una buena convivencia. Y para ello los procedimientos son claves.
Por eso, en todos los órganos que deben tomar decisiones son muy importantes tanto la legislación sustantiva como la legislación procesal. Es lo que ocurre, por ejemplo, en los tribunales de justicia, donde el derecho procesal es igual de relevante que el derecho sustantivo. Y esto, porque los procedimientos permiten saber que cada miembro está siendo respetado en sus derechos y que entre todos se pueden evitar colisiones. No hay zonas opacas.
Ciertamente, el Senado se prestigia si tenemos claridad en nuestros procedimientos. De ahí que, en estos cuatro meses que llevo como Senador, haya concluido que resulta necesario entrar en este tema.
Los colegas tendrán treinta días para presentar indicaciones que reflejen sus puntos de vista, para que podamos contar con un reglamento del siglo XXI que, ojalá, se haga cargo de todo lo acaecido en estos últimos quince años, lapso en el que hemos estado en el tapete de la opinión pública por distintas razones.
En definitiva, si perfeccionamos nuestros procedimientos internos y nuestra convivencia y resolvemos los puntos críticos que estamos viviendo hoy día en muchas materias -los señores Senadores saben a cuáles me estoy refiriendo-, tendremos la oportunidad de disponer de un estatuto que nos permita tomar decisiones colectivas obligatorias en el ámbito de la legislación, en el ámbito de nuestras distintas atribuciones constitucionales, y en el ámbito de nuestra función parlamentaria, que prestigie al Parlamento y que nos permita decirle a la opinión pública que nos hemos puesto al día y ahora nos hallamos regulados por un cuerpo reglamentario que da cuenta del nuevo mundo que estamos viviendo, con claridad, con transparencia, con democracia interna y con respeto para todos.
Eso, al final, va a redundar, creo yo, en un mejor trabajo del Senado de la República.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Sin duda, tenemos por delante una gran labor, que deberá realizarse dentro de los plazos acordados.
--Se aprueba en general el proyecto (22 votos a favor y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Letelier, Navarro, Ossandón y Sandoval.
No votó, por estar pareado, el señor Quinteros.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Les recuerdo a Sus Señorías que ya se fijó plazo para formular indicaciones, el cual se estableció hasta el lunes 3 de septiembre.
A la Contraloría General de la República, pidiéndole informar sobre NÚMERO DE PLANES REGULADORES EN REVISIÓN, COMUNAS AFECTADAS Y TIEMPO QUE LLEVAN EN ESA CONDICIÓN.
De señor BIANCHI:
Al señor Contralor Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, solicitándole INVESTIGACIÓN EN PROFUNDIDAD DE CIRCUNSTANCIAS DE DECESO DE DOÑA ANA CÁRDENAS CARVAJAL EN HOSPITAL CLÍNICO DE PUNTA ARENAS.
Al señor Ministro de Obras Públicas, para que informe acerca de ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE "REPARACIÓN Y HABILITACIÓN DE EMBALSE ANCOA SITIO ORIGINAL", COMUNA DE LINARES.
Al señor Ministro de Agricultura, a fin de que indique ESTADO DE PROCESO DE MODIFICACIÓN DE DECRETO N° 464, DE 1994, EN LO RELATIVO A LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DE LOS VINOS DEL SECANO INTERIOR, Y MEDIDAS DE APOYO A VIÑATEROS DE PROVINCIA DE CAUQUENES.
A la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, consultándole acerca de ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA INSTALACIÓN DE ANTENA DE TELEFONÍA PARA ZONA DE BATUCO Y LOCALIDADES CERCANAS A LA GLORIA, EL SILENCIO Y LAS GARZAS, COMUNA DE CHANCO.
Y al señor Intendente de la Región del Maule, solicitándole información sobre COMPROMISOS SUSCRITOS POR EL PRIMER MANDATARIO CON GREMIOS AFECTADOS POR CIERRE DE IANSA Y MEDIDAS QUE IMPULSARÁ EL GOBIERNO AL RESPECTO.
A la Corporación de Fomento de la Producción, solicitándole remitir BALANCE E INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE EJECUCIÓN DE PROGRAMA ESTRATÉGICO MESORREGIONAL SALMÓN SUSTENTABLE, CON INDICACIÓN DE OTROS RECURSOS PÚBLICOS DE ADMINISTRACIÓN DESTINADOS A DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD DE INDUSTRIA SALMONERA DESDE 2008 HASTA LA FECHA.
Al señor Contralor General de la República, pidiéndole tomar medidas a fin de evitar CONFLICTOS EN COMUNIDADES DE CHILE CHICO Y COCHRANE AFECTADAS POR CREACIÓN DE PARQUE PATAGONIA.
Al señor Contralor Regional y a la señora Directora del Servicio de Salud de Aisén, para requerirles información conducente a DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ANTE PÉSIMO MANEJO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE ANTIGUO DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE HOSPITAL DE CHILE CHICO.
Y a la señora Subsecretaria de Telecomunicaciones, para solicitar antecedentes de PROYECTO DE FIBRA ÓPTICA AUSTRAL.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Partido Evópoli.
Tampoco lo hará el Comité Partido Revolución Democrática.
En el tiempo del Comité Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Senador señor Sandoval.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, solicito, a través de este Honorable Senado, que se oficie al Servicio de Salud de Aisén para que proporcione información acerca de la situación actual de la deuda hospitalaria, con especial énfasis en lo que está aconteciendo en el Hospital de Chile Chico.
En visita realizada hace pocos días, durante la semana regional, me enteré de que en dicho establecimiento están pagando facturas del año 2014 y que no hay conciliaciones bancarias desde hace como tres años.
Y la situación es más dramática aún: a consecuencia del corte de todas las líneas de crédito de abastecimiento que tiene el hospital, ha habido ocasiones en que los funcionarios han tenido que hacer colectas para comprar alimentación y entregársela a los pacientes.
Esa es la condición que está viviendo un recinto hospitalario de nuestro país, en particular de Chile Chico, ciudad de la Región de Aisén, y fronteriza además.
Por eso, estimo que es necesario establecer, con máxima precisión, las causas conforme a las cuales se ha llegado a esta situación, tan extrema, de carácter administrativo y financiero, como también cuáles han sido las acciones de fiscalización que se han efectuado, y si se han establecido responsabilidades funcionarias, elaborado informes de investigación o sumarios a ese respecto, porque, curiosamente, muchos de los funcionarios que estuvieron a cargo de la administración, de la gestión del Servicio de Salud, se encuentran en las mismas unidades hospitalarias, sin que se les haya atribuido ninguna responsabilidad frente a la dramática situación que está ocurriendo.
También quisiera saber de qué manera se pretende llevar a cabo un plan de saneamiento administrativo y financiero del mencionado recinto hospitalario. Si los funcionarios han debido hacer colectas para comprar alimentos a los enfermos en el mercado local, es porque, evidentemente, la calidad de la salud que se está entregando a la población se encuentra afectada.
En el mismo sentido pido oficiar a la Contraloría Regional de Aisén, porque resulta extraño que en tres o cuatro años de gestión administrativa y financiera no se haya alertado de la situación compleja que vive el hospital. Por lo tanto, le pido que nos informe sobre las acciones de fiscalización realizadas en los últimos tres o cuatro años y cuáles han sido las principales consecuencias y resultados obtenidos en esta materia.
Por cierto, se observan figuras de evidente e inexcusable abandono de la gestión administrativa. Y entiendo que, frente a ello, deben emanar responsabilidades muy serias, ya que, en definitiva, ha estado en riesgo la salud de la población de una importante comunidad fronteriza de nuestra Región de Aisén.
Dicho sea de paso, el mencionado hospital fue incluso fuente de prestigio para la salud de nuestra zona, donde antaño mucha gente, no solo de Chile sino también del país vecino, acudía al recinto a recibir tratamientos para sus problemas de salud.
Por ello, señor Presidente, pido que a través de este Honorable Senado se oficie al Servicio de Salud y a la Contraloría Regional de Aisén trasmitiéndoles los requerimientos que he indicado.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En el tiempo que resta al Comité Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Senador señor Durana.
El señor DURANA.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero expresar mi preocupación de estos últimos años por el aumento sostenido de la superficie de bajo riego en los terrenos del distrito de La Yarada-Los Palos, en Tacna, Perú, sin contar con la disponibilidad adecuada de recursos hídricos, lo cual, de acuerdo con los propios reportes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), del Ministerio de Agricultura y Riego peruano, está generando salinización en dichos sectores.
A la fecha, ya se han encontrado pozos ilegales que han sido sellados por la autoridad peruana, quedando en evidencia que existen problemas de sustentabilidad del acuífero, que es compartido con Arica, pudiendo con esta sobreexplotación afectar las aguas que utilizan nuestros agricultores del emblemático proyecto de fronteras vivas "Pampa Concordia", al norte de Arica, y la disponibilidad de agua del aeropuerto internacional Chacalluta.
Pampa Concordia es un proyecto de 1.050 hectáreas que se otorgaron a agricultores durante la primera Administración del Presidente Sebastián Piñera, convirtiéndose en un verdadero vergel. Pese a que durante los años 2014-2018 no tuvo el auge necesario por falta de incentivos públicos, subsistieron gracias al trabajo y esfuerzo de los privados.
Señor Presidente, la agricultura es un eje estratégico de la región, contemplado además en su estrategia de desarrollo regional. Y aparte del recurso hídrico, se requiere energía eléctrica y agua potable rural para seguir creciendo. Por lo mismo, existe una mesa de trabajo donde el agua es vital.
Con este escenario, propiciado por nuestros vecinos del norte, peligra el riego para el proyecto de fronteras vivas Pampa Concordia.
Durante el mes de abril, el Ministro de Agricultura, Antonio Walker, conoció este vergel y, tras reunirse con los agricultores, supo de sus sueños y esperanzas y comprometió su apoyo y total respaldo para seguir impulsando el desarrollo agrícola del sector, tomando en consideración que Arica "es el refrigerador de Santiago y la zona central en contraestación".
Por lo mismo, a través de su intermedio, señor Presidente, solicito oficiar a la Cancillería para que se contacte con sus homólogos y busque una solución conjunta que no afecte las aguas de nuestros trabajadores agrícolas de Pampa Concordia.
Asimismo, pido oficiar al Ministro de Agricultura para que busque la forma, mediante la Comisión Nacional de Riego, de remediar esta situación y evitar que la salinidad llegue a aguas nacionales.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Partido Renovación Nacional, nadie hará uso de la palabra.
En el turno del Partido Por la Democracia e Independientes, se le han cedido los minutos al Senador señor Navarro.
En consecuencia, puede hacer uso de la palabra, Su Señoría.
Señor Presidente, Chile ha conocido en los últimos años y particularmente hace algunos días los resultados de un largo proceso en contra de una colusión de más de diez años, que ha otorgado como compensación 7 mil pesos a todos los chilenos.
Yo quiero afirmar que sin pena de cárcel para los delincuentes de cuello y corbata, las colusiones van a continuar.
¡Las colusiones seguirán!
Hoy han comenzado a pagarse los 7 mil pesos de compensación por la colusión en la industria del papel higiénico. Esto significa que alrededor de 13 millones y medio de chilenos la van a recibir a través del Instituto de Previsión Social, mediante transferencia como clientes del BancoEstado, o como público general.
Pero, si es por el BancoEstado, no serán 7 mil, sino 6 mil pesos. Dicha entidad va a cobrar 300 pesos por transacción. Si este monto se cobra por cada una de las transacciones de los 13 millones y medio de personas, solo podemos concluir que, aparte de la colusión, el gran ganador en este largo proceso es el BancoEstado. ¡No la ciudadanía, como debiera ser!
Dicha compensación la recibirán los chilenos luego de un acuerdo entre el SERNAC, las asociaciones de consumidores y la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), tras descubrirse que existía una colusión con SCA, a fin de mantener sus participaciones en el mercado de forma estable, subiendo y bajando los precios de manera concertada, al menos entre los años 2000 y 2011.
Es bueno recordar que ejecutivos de las dos empresas utilizaron métodos como la creación de correos especiales, el envío de datos a los domicilios y compra de teléfonos de prepago, elementos que son empleados por las asociaciones ilícitas, los carteles, las mafias.
Esto les permitió a ambas compañías obtener ganancias que, según diversos análisis, todos especializados, irían desde los 213 millones hasta los 815 millones de dólares, en un plazo de diez, casi once años.
Sin embargo, la compensación es de 150 millones de dólares. Es decir, un quinto de lo que expresamente se ha reconocido como utilidades producto de la colusión.
Señor Presidente, por dicha acción, se obtienen utilidades en millones de dólares y se pagan compensaciones en millones de pesos.
¡Es un fraude! Si no hay cárcel para los delincuentes de cuello y corbata, ¡este es un fraude, señor Presidente!
Cabe preguntarse: ¿qué han pagado los malos, qué han pagado los ejecutivos? ¿Cuán mal lo han pasado luego de esta colusión?
¡No han ido ni un minuto a la cárcel! Se les ha establecido como castigo dar clases de ética. O sea, han debido ir a explicarle a la ciudadanía que aquello no se hace, que está mal hacerlo.
En Islandia, pequeño Estado europeo, se envió a veintiséis banqueros y ejecutivos a la cárcel, con condenas que suman 74 años de prisión, tras haber manipulado el mercado y creado una crisis financiera a nivel nacional.
Frente al colapso financiero del 2008, la mayoría de los países, entre ellos, por cierto, Estados Unidos, fue a rescatar a los bancos. ¿Qué hizo Islandia? Se opuso a ello, votando en contra de pagar las deudas a las entidades bancarias con dinero público, persiguiendo judicialmente a los banqueros y políticos responsables y metiéndolos a la cárcel.
¿Qué ocurría en Chile, mientras tanto?
Señor Presidente, en el año 2007 presenté un proyecto de ley (boletín N° 5.586-05), que buscaba modificar el Código Tributario con el fin de permitir que cualquier persona pudiera querellarse en caso de delitos tributarios.
En el 2014 ingresé un proyecto (boletín N° 9.813-07) que modificaba el Código Procesal Penal, incorporando entre los querellantes a cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliada en la provincia correspondiente respecto de delitos tributarios.
El año pasado presenté una moción (boletín N° 11.268-03) que buscaba facultar a las asociaciones de consumidores para querellarse por delitos contra la libre competencia.
Y hoy he ingresado un proyecto de ley destinado a modificar el artículo 162 del Código Tributario, que establece que las investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios sancionados con pena corporal solo pueden ser iniciadas por denuncia o querella del Servicio de Impuestos Internos.
Por ello, señor Presidente, se debe dotar al Ministerio Público de la capacidad de querellarse sin necesidad de que el Servicio de Impuestos Internos lo haya hecho. Hoy, tal como se nombra el Director Nacional del SII, a dedo por la autoridad de turno, si dicho organismo fiscalizador no se querella, el Ministerio Público no puede investigar.
De ahí que he planteado la necesidad de que su máxima autoridad tenga más y plena autonomía, de modo que no haya temor de accionar frente a cualquier presión del gobierno de turno.
Señor Presidente, es preciso que los delitos tributarios sean perseguidos.
Conozco el caso de pequeños comerciantes, dueños de boliches, en donde se destapa una bebida, entra Impuestos Internos y le pregunta al dueño si ha dado boleta, a lo que este responde: "Como le di la bebida a mi sobrino, no extendí boleta". Y en esa situación se aplica una multa por no entregar boleta por 700 u 800 pesos.
Cuando personalmente le he consultado al Servicio cómo realiza la fiscalización a los grandes contribuyentes, a las grandes empresas, me contestan: "No es posible revelarlo, señor Senador. Es una información reservada. El mecanismo que actúa es reservado. Es un derecho que tienen los contribuyentes".
Señor Presidente, Impuestos Internos debe dar garantías de que va a perseguir a los delincuentes de cuello y corbata, sin ningún tipo de distinción por su condición económica, y que va a asegurar que exista igualdad ante la ley.
Volviendo a los hechos antes relatados, quiero decir que se han reído de la ciudadanía con su impunidad: los autores de estos delitos no han puesto un pie en la cárcel.
El Ministerio Público continúa con la investigación de delitos tributarios, pero tiene que ser capaz de querellarse y de perseguirlos. ¡Eso es lo que buscamos con el proyecto de ley que hemos ingresado hoy!
Respecto de la compensación de 7 mil pesos: ¿Qué cubre dicho monto, señor Presidente? ¿Diez años de alzas concertadas, coludidas?
No lo creo. ¡No cubre diez años de alzas!
Y lo peor es que ejecutivos de cuello y corbata siguen libres de polvo y paja. Algunos son dirigentes de clubes deportivos importantes; otros siguen haciéndose cada día más ricos.
Porque, señor Presidente, plata no les falta. La rentabilidad de las acciones de la CMPC en la Bolsa de Comercio de Santiago durante los primeros meses del 2018 fue de 23,80 por ciento, y en el 2017 de 52,83 por ciento.
O sea, ¡dinero no les falta!
Entonces, los 150 millones de dólares que tuvieron que desembolsar como compensación no les afecta, digámoslo claramente. Es como sacarles un pelo de la cola.
¡No les afecta!
Por ello, señor Presidente, todos los proyectos que he presentado han sido en la línea que la ciudadanía hoy día exige: ley pareja para todos, ya que no puede seguir ocurriendo lo que he señalado respecto de los pequeños contribuyentes.
En consecuencia, ¡basta de impunidad para los delincuentes de cuello y corbata y para cualquiera! ¡Basta de impunidad!
La única forma efectiva de terminar con las colusiones es que los culpables, al igual que en Islandia, paguen con cárcel.
Y vamos a seguir luchando para que así sea.
Las multas no bastan. Las multas las pagan y quedan libres de polvo y paja.
Entre tanto, como alguien dijo por ahí: mientras los ricos siguen siendo más ricos cada día, gracias a la colusión por 10 años en el papel higiénico -porque se hicieron millonarios, ganaron muchos millones de dólares-, a la mayoría de los chilenos y chilenas los siete mil pesos no les alcanzan ni para limpiarse cuando van al baño.
Espero que tal situación no se vuelva a repetir.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¿Quería preguntar algo, señor Senador?
El señor NAVARRO.- ¿Tengo tiempo disponible todavía, señor Presidente?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Le queda un minuto.
El 7 de agosto de 1968 el Presidente Eduardo Frei Montalva publicó la primera ley sobre juntas de vecinos y organizaciones comunitarias.
Desde el 7 de agosto de 1998 -hace 20 años- celebramos el Día Nacional del Dirigente Vecinal y Comunitario. Y, como hemos dicho, a los dirigentes sociales en todo Chile, que trabajan día a día, nadie les paga; en cambio, a los Senadores -como los que estamos en esta Sala-, al Presidente de la República, a los Diputados, Alcaldes, Concejales, Ministros, se les paga.
Repito: los dirigentes sociales, verdaderos servidores públicos, no reciben remuneración alguna.
Este 7 de agosto de nuevo celebrarán su cumpleaños y por eso quiero saludar en esta Sala a todos los dirigentes sociales, que hacen una tarea encomiable en favor de los ciudadanos, con la nobleza de un verdadero servidor público.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, pido que se oficie al Ministerio de Educación, con el objeto de que informe a esta Corporación respecto del funcionamiento del denominado "Programa Educacional Intercultural Bilingüe" (PEIB).
Sobre el particular, quiero saber el estado del arte de dicho programa, es decir, cuántas personas trabajan en él, su modalidad de financiamiento, su situación actual para este año y cuáles son sus proyecciones para el 2019.
El señor HUENCHUMILLA.- En segundo término, señor Presidente, quiero que se oficie al Ministerio del Interior -Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo-, para que informe sobre el estado de una petición formulada por la Municipalidad de Padre Las Casas acerca de un aporte para compra de terrenos por parte de la SUBDERE, a solicitud de los Comités de Vivienda Fau Tripay y El Anhelo, de la respectiva comuna.
El señor HUENCHUMILLA.- Por último, solicito que se envié un oficio al Ministerio de Salud, para que informe respecto de la situación del hospital de Maquehue, de la comuna de Padre Las Casas, referida al financiamiento, naturaleza y características del convenio de salud suscrito sobre el particular, y qué proyección tiene para la Ley de Presupuestos del 2019.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, en noviembre del año pasado inició su funcionamiento el Hospital Intercultural "Pu Mulen", en la localidad de Quilacahuín, comuna de San Pablo, provincia de Osorno, Región de Los Lagos.
Este nuevo centro asistencial, que remplazó al antiguo Hospital del Perpetuo Socorro de Quilacahuín, posee salas de acogida y farmacia, salas de hospitalización, de visitas a pacientes, de urgencias, box de atención, reanimación y procedimientos de urgencia. Además dispone de un vacunatorio, boxes ginecológico y dental, salas IRA y ERA, laboratorio y sala de rayos X.
La obra tuvo un costo cercano a los 8 mil millones de pesos y su objetivo era el de acercar la atención de salud a los habitantes de los sectores rurales de la comuna, mayoritariamente pertenecientes a los pueblos originarios, y que se estima superan las 8 mil personas.
Para lograr el cumplimiento de esta promesa se propusieron varios ejes de acción.
Uno de ellos tenía que ver con la implementación de un modelo de salud intercultural territorial, que aseguraba la presencia de lawentuchefes -o personas con conocimiento sobre uso de plantas medicinales- y de machis, de modo que los usuarios pudiesen elegir la incorporación de conocimientos de los pueblos ancestrales tanto a su diagnóstico como a su tratamiento.
Otro aspecto considerado era la participación con derecho a voz y voto de un representante de las comunidades originarias en el directorio del centro de salud.
Un tercer elemento, no menos relevante, era el de asegurar servicios de traslado para los usuarios, en su mayoría vecinos de localidades dispersas geográficamente.
La semana recién pasada, en una ronda de conversaciones con integrantes del Consejo de Comunidades Originarias de San Pablo, recibí denuncias sobre el incumplimiento de estos tres compromisos. Vecinos de las localidades de Cofalmo, Pupañimo, Purrucalhue y sus alrededores coincidían en señalar que dichos compromisos fueron quedando de lado con el paso de los meses.
Al día de hoy, no existen prestaciones de medicina alternativa y el servicio de traslado no funciona. En algunos casos, los usuarios deben caminar hasta dos horas para llegar al hospital, porque el transporte público tampoco considera rutas diarias al referido centro de salud.
Las comunidades acusan problemas internos en el hospital, falta de empatía con los usuarios y desapego con las tradiciones de los pueblos originarios.
En la actualidad, dicho recinto hospitalario cuenta con siete médicos, pero los usuarios siguen refiriendo falta de horas médicas, debiendo trasladarse incluso hasta Osorno para ser atendidos.
Adicionalmente, un dictamen emitido por el nuevo Servicio de Salud de Osorno, en marzo de este año, le quitó el derecho a voto al representante de las comunidades originarias en el consejo directivo del centro de salud, dejándolo solo con derecho a voz.
Este hecho constituye un serio atropello a los derechos de los pueblos ancestrales, en tanto invisibiliza y menosprecia a sus representantes, atentando de paso contra el sentido original para el que dicho centro de salud fue construido.
Señor Presidente, un hospital rural no funciona bajo la misma lógica que uno urbano, y menos aún si su propósito era el de ofrecer un modelo con enfoque multicultural, que respete tradiciones y usos de los pueblos originarios.
El rol del Estado es el de prestar asistencia a quienes, por sí solos, no pueden acceder a servicios vitales como la atención en salud.
No va a ser el mercado el que evite que adultos mayores deban caminar por horas bajo la lluvia para realizarse un examen o recibir atención de especialistas.
Es el Estado y no el mercado el que debe hacerse cargo de equilibrar las condiciones para garantizar la atención en salud a las comunidades originarias.
Sobre esa base, y atendiendo a la preocupación y malestar expresado por los vecinos de los sectores rurales de la comuna de San Pablo, solicito -por su intermedio- que se oficie al Ministerio de Salud, a fin de que informe las razones justificadas por las cuales se puso término a la atención multicultural en el Hospital de Quilacahuín, al igual que los argumentos para suprimir el servicio de traslado a los pacientes, y la motivación para quitar el derecho a voto al representante de las comunidades originarias en el consejo directivo de este centro de salud, así como las medidas que se adoptarán para reestablecer los servicios suprimidos.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Partido Socialista, tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, en esta ocasión deseo referirme a materias propias de la Región de O'Higgins.
Pero no puedo hacerlo sin antes expresar, al menos para dejar constancia de ello en la Versión Oficial del Senado, del rechazo absoluto de la bancada socialista a la decisión de la Corte Suprema, comunicada en el día de ayer, de establecer algo que pudiera sentar una nueva jurisprudencia respecto a la libertad condicional.
La libertad condicional es un beneficio, no un derecho. Todos tienen derecho a pedir ese beneficio. Con el precedente sentado por la Corte Suprema respecto a violadores de derechos humanos que han cometido crímenes de lesa humanidad se fija una situación en el sentido de que, tal como ocurrió hace un par de años en la Quinta Región, por cada ciclo de petición de beneficios se liberará a miles y miles de criminales y delincuentes no solo violadores de derechos humanos, sino también pedófilos, violadores, ladrones y lanzas.
Señor Presidente, dejamos constancia de nuestro rechazo, y hacemos un llamado a que esto se corrija legislativamente si no se logra por otra vía.
El señor LETELIER.- Después de afirmar lo dicho, señor Presidente, quiero plantear una tremenda inquietud, dado que en la Región de O'Higgins ha habido dos fenómenos que nos hacen cuestionar qué entienden algunos ciudadanos por el concepto de "Estado de Derecho".
Cuando el ex Senador Adolfo Zaldívar fue Presidente de nuestra Corporación, y posteriormente embajador de Chile en Argentina, se legalizó el paso fronterizo Las Damas, que conecta a la Región de O'Higgins con la provincia de Mendoza. Ese paso fronterizo existe porque hubo una decisión política de Estado respecto de su habilitación.
Con sorpresa, hemos escuchado cómo el Seremi de Obras Públicas respectivo descalificó una decisión de Estado, expresando que el paso fronterizo Las Damas no es de interés para nuestro país.
Me llama profundamente la atención este tipo de definiciones frente a determinaciones relativas a las relaciones internacionales y que un funcionario menor actúe contra lo que ha hecho el mismo Estado chileno en otro momento.
Por ello, solicito que se oficie al señor Ministro de Relaciones Exteriores sobre la vigencia del paso fronterizo. Y, de corresponder, que le informe al señor Ministro de Obras Públicas sobre esta decisión que es de incidencia binacional y que no afecta únicamente a una región.
El señor LETELIER.- En segundo término, señor Presidente, solicito que se oficie tanto a la Contraloría General de la República como al Ministro de Salud respecto a la figura del Delegado Ministerial en el área de salud.
Algunos tenemos experiencia en los asuntos públicos, y puedo decir que esta figura no existe en la ley. Lo que ocurre actualmente es que hay una persona que ha sido contratada por el Ministerio de Salud, con recursos propios, a la que han situado en la dirección del Servicio de Salud de O'Higgins.
Esa es una prorrogativa legal que existe. Pero no puede ser que una persona contratada por Santiago, que no ha sido parte de un concurso público para asumir una responsabilidad que determina el Sistema de Alta Dirección Pública, esté ejerciendo funciones de director de un servicio, asistiendo a reuniones y hablando en nombre del ministerio.
Este es un mal precedente. Es negativo para el país que se usen resquicios legales de este tipo para que alguien que no es competente ocupe un cargo de Alta Dirección Pública. Porque si lo hubiera sido, se le habría nombrado en el último concurso, pero no fue así porque no llegó a la terna. Y para mantener esta situación tan ambigua, el Ministerio de Salud decidió dejar desierto el concurso para elegir al representante de la Alta Dirección Pública.
Lo anterior me parece preocupante.
Frente a esta situación, me gustaría solicitar que se oficie a la Contraloría y al Ministerio de Salud para que den explicaciones al respecto.
El señor LETELIER.- Además de ello, pido que se oficie al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuestos para que nos informen cuánto ha costado el despido de personas que ocupaban cargos de Alta Dirección Pública y que han sido removidos desde marzo hasta la fecha, cuántos concursos se han realizado, cuántos han llegado a buen término (nominándose a alguien en el cargo) y cuántos se han declarado desiertos.
Personalmente, estoy cada vez más convencido de que el Sistema de Alta Dirección Pública ha fracasado y que se ha instrumentalizado por todos los gobiernos para poner en los cargos no a los mejores, a los más aptos, a los mejores técnicos, sino siempre buscando a personas afines a sus lineamientos políticos.
Esto le hace mal a ciertos servicios que no deben ser partidizados ni politizados.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, en primer lugar, solicito que se oficie al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para que nos pueda informar con precisión cuáles son los porcentajes de fondos transferidos a través de la "Ley Espejo", región por región.
Esta semana nos enteramos con mucha preocupación de un informe que señala que el 73 por ciento de los recursos del "Fondo Espejo" que se destinan al transporte se ha utilizado para mantención y no para obras.
En la misma nota de prensa se señala que, según un estudio de los montos utilizados en esta materia, solo el 17, 9 por ciento se ha usado para construcción y el 5 por ciento para gestión de tránsito.
Creo que es fundamental enviar el oficio requerido, ya que para los Senadores que representamos a regiones en el Hemiciclo es de enorme preocupación tener los antecedentes en detalle; porque es imprescindible reasignar o fiscalizar adecuadamente la utilización del FAR respecto de los recursos.
Entonces, solicito encarecidamente que se oficie a la señora Ministra para que nos informe el detalle de cuáles son las transferencias que se han hecho a regiones a través del "Fondo Espejo", principalmente a través del FAR, que impactan en cada una de las regiones.
El señor DE URRESTI.- En otro orden de cosas, señor Presidente, pido que se oficie al Ministerio de Obras Públicas, particularmente a la Dirección de Obras Hidráulicas, para que nos informe el listado de planes maestros de aguas lluvias que se encuentran terminados y vigentes en esta repartición. Igualmente, que se señale cuáles se encuentran en elaboración, en proceso de adjudicación y en proceso de futuros estudios.
Para quienes representamos a las regiones que poseen una tremenda pluviosidad, con un enorme vertimiento de aguas lluvias, producto de estos eventos, es fundamental que la Dirección de Obras Hidráulicas nos entregue un calendario detallado en el que se señale en qué comunas se encuentra cada uno de estos planes maestros en las etapas que indiqué.

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 artículo 127
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 artículo 1
 artículo 1
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 resolución 
 artículo 11
 artículo 27
 artículo 28
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 artículo 162