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Timestamp: 2020-02-17 20:19:04+00:00

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7 Octubre 2014 Panamá 238 Views
De acuerdo a la normativa procesal, en Panamá no hay una regulación típica de lo que es el agente infiltrado o la infiltración de informantes.
No obstante, el artículo 25 del Texto Único de la Ley No.23 de 1986, que adopta disposiciones especiales sobre Delitos relacionados con Drogas, reformada por la Ley 13 de 1994, así como el artículo 16 de la Ley 16 de 2004 que dicta disposiciones para la prevención y tipificación de Delitos contra la Integridad y la Libertad Sexual , establecen las operaciones encubiertas, permitiendo al Ministerio Público realizarlas en el curso de sus investigaciones con el propósito de identificar los autores, cómplices, encubridores, o para el esclarecimiento de los hechos.
Si bien es cierto que ambos textos legales dictan disposiciones con relación a delitos específicos, dicha técnica encubierta se ha venido utilizando en el marco de investigaciones penales de delitos graves. En primer lugar, pues nuestro ordenamiento procesal consagra el principio de libertad probatoria, siempre que no se trate de prueba ilícita, y en segundo lugar, que el Texto Único de Drogas establece, de forma genérica, que esta técnica se podrá utilizar para el esclarecimiento de los hechos relacionados con los delitos mencionados en dicha ley, siendo que la misma alude en distintas oportunidades a delitos graves, así como también en su más reciente reforma por la Ley 38 de 2007, en la que se regula lo relativo a la aprehensión de bienes, mencionando, incluso, de delitos contra la Administración Pública , blanqueo de capitales, financieros y terrorismo.
La forma en la que se desarrolla la operación no se encuentra regulada en la Ley , limitándose las normas a reconocer la técnica encubierta, por ende, el sentido y alcance de la diligencia es amplio, y la utilización de agentes del Estado o informantes particulares, dependerá de las circunstancias especiales de cada caso en particular, según el tipo de operación encubierta que se efectúe.
La importancia de esta normativa, estriba en que ella es un instrumento eficaz por medio del cual los agentes del Ministerio Público pueden identificar el fenómeno criminal en asuntos relacionados con delitos graves, concentrando esfuerzos para recolectar la evidencia más apropiada o la información relevante sobre el delito y que sus resultados puedan ser utilizados a nivel operacional o legal.
No existen requisitos establecidos en la Ley , no obstante, se requiere:
3. Designación del agente o el informante que va a intervenir en la operación.
4. Monitoreo o conducción y supervisión del Funcionario del Ministerio Público.
5. Reserva de la identidad en caso de informantes.
La infiltración no se regula como tal, pero se utiliza la operación encubierta antes indicada.
Igualmente, de conformidad con el artículo 27 del Texto Único de la Ley No.23 de 1986, que adopta disposiciones especiales sobre Delitos relacionados con Drogas, reformada por la Ley 13 de 1994, contamos con la figura de la entrega vigilada de drogas ilícitas, precursores, sustancias químicas y dinero producto del narcotráfico, que debe autorizar y supervisar el (la) Procurador (a) General de la Nación , para lo cual se permitirá que ingresen, transiten, circulen o salgan del territorio nacional, con la finalidad de identificar a las personas involucradas.
La autorización de la operación sólo la puede dar el Fiscal que conoce de la investigación.
En el caso de las entregas vigiladas de drogas ilícitas, precursores, sustancias químicas y dinero producto del narcotráfico, las autoriza el (la) Procurador (a) General de la Nación.
La República de Panamá es signataria de una serie de Tratados y Convenios Bilaterales y Multilaterales que permiten agilizar los trámites de asistencia judicial mutua, sin embargo, existen requerimientos mínimos para ejecutar las medidas solicitadas por otros países.
En materia de entrega vigilada de naturaleza internacional, el artículo 27 del Texto Único de la Ley No.23 de 1986, que adopta disposiciones especiales sobre Delitos relacionados con Drogas, reformada por la Ley 13 de 1994, establece que el Estado interesado deberá comunicar previamente, la entrada de la remesa ilícita e informar sobre acciones ejecutadas por ellos con relación a las mercancías sujetas al procedimiento de entrega vigilada.
De manera formal las diligencias deben ser dirigidas por los agentes del Estado panameño, toda vez que el ejercicio de la acción penal y las facultades de investigación, se encuentran por mandato expreso de la Constitución Política en manos del Ministerio Público. Sin embargo, nada impide que puedan participar en calidad de agentes encubiertos.
En el caso de la entrega vigilada internacional, de acuerdo con lo antes indicado, el Estado interesado comunicará previamente la entrada de la remesa ilícita e informar sobre las acciones ejecutadas.
Según el artículo 26 de la Resolución Ejecutiva No. 101 de 29 de agosto de 1994, por medio de la cual se adopta el Texto Único de la Ley de Drogas, el concepto de la infiltración se da en el evento que el (la) Procurador (a) General de la Nación autorice y supervise el procedimiento de entrega vigilada de drogas ilícitas, precursores, sustancias químicas y dinero producto del narcotráfico, para lo cual se permitirá que éstos ingresen, transiten, circulen o salgan del territorio nacional, con la finalidad de identificar a las personas involucradas en los delitos de drogas.
El Ministerio Público o el Tribunal de la causa, según el caso, cuando se haya utilizado el procedimiento de entrega vigilada podrá solicitar, vía diplomática, la remisión de los documentos y otras pruebas relacionadas con este procedimientos, las que serán utilizadas como prueba en los procesos ordinarios que se adelanten contra las personas que hayan resultado vinculadas al hecho ilícito.
En el caso de la entrega vigilada, se requiere:
• Autorización del (de la) Procurador (a) General de la Nación
• Comunicación previa del Estado interesado
• Supervisión del (de la) Procurador (a) General de la Nación.
El (la) Procurador (a) General de la Nación .
La debida coordinación entre los Estados es fundamental para llevar a cabo la entrega vigilada internacional.
Por razones de política criminal, se considera más conveniente no interceptar inmediatamente las drogas ilícitas, los precursores, sustancias químicas y el dinero ilícito, por ser más ventajoso deshacer toda la organización delictiva a nivel nacional e internacional.
En la República de Panamá, la figura del informante no está regulada jurídicamente, no obstante podemos decir que es aquel colaborador que aun formando o no parte de la organización criminal, da información y ayuda para descifrar las actividades ilícitas de ella, su situación es muy sui generis , así como sus intenciones.
De utilizarse el informante en el marco de una operación encubierta, la autoriza el Fiscal. En los caso de entrega vigilada, es el (la) Procurador (a) General de la Nación.
De manera formal las diligencias deben ser dirigidas por los agentes del Estado panameño, toda vez que el ejercicio de la acción penal y las facultades de investigación, se encuentran por mandato expreso de la Constitución Política en manos del Ministerio Público. No obstante, nada impide que puedan participar como agentes encubiertos.
No existen requisitos establecidos en la Ley. No obstante, se requiere:
3. Formación de informantes.
4. Control y manejo del informante.
5. Protección de la identidad del informante.
De manera formal las diligencias deben ser dirigidas por los agentes del Estado panameño, toda vez que el ejercicio de la acción penal y las facultades de investigación, se encuentran por mandato expreso de la Constitución Política en manos del Ministerio Público. No obstante, nada impide que participen como agentes encubiertos.
La figura del informante debe tratarse con cuidado, ya que debe tomarse en consideración sus motivaciones a objeto de determinar la legitimidad y la sinceridad de su relato, pues su intervención puede tener múltiples motivos: venganza, precio, egoísmo o vanidad , arrepentimiento o reforma, miedo, o provecho personal, etcétera.

References: artículo 25
 artículo 16
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 26
 Resolución 
sui generis