Source: https://tc.vlex.es/vid/117-f-j-sstc-87-15354820
Timestamp: 2019-11-15 01:12:45+00:00

Document:
STC 163/1998, 14 de Julio de 1998 - Jurisprudencia - VLEX 15354820
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 2.685/1996.
1. El derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 C.E. comprende, entre otros, el derecho a que sean ejecutadas en sus propios términos las resoluciones judiciales firmes, pues sin ello la protección de los derechos e intereses legítimos de los que obtuvieron una resolución favorable no sería efectiva, sino que se quedaría en unas declaraciones de intenciones y de reconocimiento de derechos sin alcance práctico, correspondiendo a los Tribunales velar por ese cumplimiento, como expresamente se declara por el art. 117.3 C.E., de modo que desconoce el derecho fundamental el Juez o Tribunal que, por omisión, pasividad o defectuoso entendimiento, se aparta, sin causa justificada, de lo previsto en el fallo que debe ejecutarse, o se abstiene de adoptar las medidas necesarias para su ejecución, cuando le sea legalmente exigible [F.J. 2]. 2. También este Tribunal ha afirmado que determinar cuál es el sentido de un fallo es una función netamente jurisdiccional, no correspondiendole, en vía de amparo, sustituir a la autoridad judicial en el cometido de fijar el alcance de sus propios pronunciamientos, cumpliéndole, estrictamente, velar para que tales decisiones se adopten en el seno del procedimiento de ejecución de un modo razonablemente coherente con el contenido de la resolución que se haya de ejecutar; de forma que la decisión judicial, si no es incongruente, arbitraria o irrazonable, debe ser respetada (SSTC 125/1987, 167/1987, 210/1993, 251/1993, 9/1996, 87/1996) [F.J. 2]. 3. La STC 194/1993 ha estimado que del art. 24.1 C.E. cabe deducir un mandato al legislador y a los órganos judiciales de favorecer los mecanismos de tutela de los derechos subjetivos e intereses legítimos y que, por tanto, una forma de protección, como es la condena de futuro, no puede ser excluida o negada «a radice», sólo por el hecho de que, por excepción a la regla general, conlleva la tutela preventiva de prestaciones no exigibles. Específicamente en el ámbito jurisdiccional laboral, nada hay que oponer a las condenas de futuro desde el punto de vista de la exigencia de liquidez del «petitum» y de la condena típica del proceso laboral (art. 87.4 L.P.L.) pues dicha exigencia debe ser entendida como una prohibición de las condenas con reserva o con bases de liquidación (art. 360 L.E.C.), pero no puede ser utilizada como obstáculo en aquellos casos en que la liquidez no es posible determinarla antes del vencimiento, precisamente porque se trata de una situación que perdura en el tiempo más allá del momento en que se inició el proceso (fundamento jurídico 5.º) [F.J. 2]. 4. Esto no significa la indiscriminada admisibilidad «ex Constitutione» de este tipo de tutela en toda clase de procesos. Al legislador, o, en su defecto, a los Jueces y Tribunales, sobre la base de los principios generales del ordenamiento, corresponde perfilar los presupuestos y límites de este tipo de tutela jurisdiccional, que ha de contar por parte de quien la impetra (de modo similar a lo que se exige en los supuestos de ejercicio de acciones meramente declarativas [SSTC 71/1991, 210/1992 y 20/1993]), con un específico y cualificado interés que le habilite y legitime para solicitar una tutela frente a quien aún no ha incumplido la obligación que le incumbe, pero que, por su conducta actual, es previsible que no la cumpla (STC 194/1993, fundamento jurídico 5.º) [F.J. 2]. 5. Conteniendo el fallo de la Sentencia de instancia una condena de futuro, las trabajadores recurrentes de amparo tenían derecho a que dicho título les abriera el camino de un proceso de ejecución ante los Tribunales laborales, aunque ello dentro de los límites propios del procedimiento de ejecución. La efectividad de la ejecución de una condena de futuro depende de que los hechos posteriores no alteren su fundamento, así como, en este caso, que las recurrentes continuen adscritas al referido equipo médico. Además, la realización de una condena de este tipo exigirá en primer término operaciones de liquidación y, en segundo lugar, para no causarle indefensión, que el deudor ejecutado pueda oponerse por razones de fondo a tal ejecución a través de la vía oportuna [F.J. 4].
Sentencia citada en: 275 sentencias, 4 artículos doctrinales, una resolución administrativa
En el recurso de amparo núm. 2.685/96 interpuesto por doña Angeles G. B. y doña María J. F. A. representadas por el Procurador de los Tribunales don Enrique Monterroso Rodríguez y asistidas por el Letrado don Bernardo García Pelayo Márquez, contra el Auto del Juzgado de lo Social núm. 8 de Sevilla, de 28 de mayo de 1993, la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 24 de abril de 1995, y la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 8 de mayo de 1996. Han sido partes, además del Ministerio Fiscal, el Servicio Andaluz de Salud, representado y asistido por el Letrado don Roberto Chavez Lopez. Ha sido Ponente el Magistrado don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, quien expresa el parecer de la Sala.
1. El 2 de julio de 1996, doña Angeles G. B. y doña María J. F. A. interponen recurso de amparo contra las resoluciones judiciales reseñadas en el encabezamiento de esta Sentencia.
a) Las demandantes, matronas adscritas al equipo tocológico del Dr. Vicente García García del ambulatorio Virgen del Rocío de Sevilla, estimando tener derecho a ser retribuidas en función del cupo de cartillas atribuido al referido doctor, repartido a partes iguales, formulan reclamación de cantidad frente al Servicio Andaluz de Salud, solicitando se condene al citado organismo al abono de la cantidades correspondientes a las diferencias salariales devengadas durante el período marzo de 1987 a diciembre de 1988, así como a que se continúe en los meses sucesivos efectuando esos abonos de acuerdo con el cupo que les corresponde por su adscripción al equipo del Dr. Vicente García García.
En el acto del juicio se llegó a un acuerdo sobre la cifra concreta adeudada, dictando Sentencia el Juzgado de lo Social núm. 8 de Sevilla, el día 2 de junio de 1989, estimatoria de las pretensiones de las actoras, con la rectificación númerica impuesta en el acuerdo. En la parte dispositiva de la Sentencia se condenaba a la demandada «a que abone a las actoras la cantidad de 2.608.474 ptas. y 2.370.346 ptas., respectivamente, así como a que en lo sucesivo les sea abonado el salario por el cupo que les corresponde por adscripción al equipo tocológico del Dr. García García».
c) Mediante escrito de 29 de noviembre de 1991, las recurrentes instaron la ejecución de la Sentencia de instancia, confirmada por la del Tribunal Superior de Justicia, reconociendo haberles sido abonado por el Servicio Andaluz de Salud las cantidades líquidas objeto de condena y solicitando le fueran abonadas las cantidades devengadas durante el período de enero de 1989 a octubre de 1991.
La providencia impugnada fue repuesta, así como la providencia anterior de 9 de marzo de 1992, mediante el Auto de 28 de mayo de 1993, que ordenó archivar las actuaciones, sin continuar adelante con la ejecución. Razonaba el Juzgado de lo Social, en cuanto a la parte del fallo de la Sentencia de instancia, cuya ejecución se instaba, «que no puede efectuarse cálculo alguno en ejecución de Sentencia, por cuanto que, por el período que las actoras piden la ejecución, no consta qué cupo les corresponde por adscripción al equipo tocológico en el que trabajan, ni en ejecución de Sentencia es momento procesal para discutir cuál fuera dicho cupo, porque la Sentencia únicamente reconoce un derecho, que habrá de hacerse efectivo ejerciendo la correspondiente acción declarativa que dé lugar a proceso donde pueda discutirse qué cupo corresponde a cada actora».
El recurso fue desestimado por la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 24 de abril de 1995. Razonaba la Sala, en relación con el fallo de la Sentencia de instancia, de 2 de junio de 1989, que su última parte «constituye en realidad una declaración de derecho, o si se quiere una condena a hacer algo en el futuro, pero cuya repercusión económica no se puede hacer valer en fase de ejecución de dicha Sentencia, porque a tenor del artículo 87.4 de la Ley de Procedimiento Laboral, las cantidades que sean objeto de petición de condena, si no se han concretado en la demanda deben concretarse en el acto del juicio sin que en ningún caso pueda reservarse tal determinación para la ejecución de Sentencia. De acuerdo con esto, si las actoras no están conformes con la cuantía de la retribución que perciben, deben postular el abono de las oportunas diferencias en proceso diferente sobre reclamación de cantidad, en que se ha de partir de su derecho a ser retribuidas en función del cupo atribuido al doctor a cuyo equipo están adscritas, si es que permanecen en él».
3. Se interpone recurso de amparo contra el Auto del Juzgado de lo Social núm. 8 de Sevilla, de 28 de mayo de 1993, la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 24 de abril de 1995, y la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 8 de mayo de 1996, interesando su nulidad, por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 C.E. Se solicita también que se declare la vigencia y firmeza de las providencias de 9 de marzo de 1992 y 30 de marzo de 1992, dictadas por el mencionado Juzgado, y el derecho de las recurrentes a la ejecución de la Sentencia firme dictada el día 2 de junio de 1989 por el mismo órgano judicial.
4. Mediante providencia de 15 de enero de 1997, la Sección Segunda acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, a tenor de los dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir al Juzgado de lo Social núm. 8 de Sevilla, a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, para que, en el plazo de diez días, remitieran testimonio de los autos 484/89, del recurso de suplicación núm. 49/94, y del recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 3.144/95. Se interesó asimismo la práctica de los emplazamientos pertinentes.
En el escrito registrado el 13 de febrero de 1997, don Roberto C. L. Letrado, se persona en las actuaciones en nombre del Servicio Andaluz de Salud.
A su juicio, la cuestión planteada en el presente caso ha sido resuelta por la STC 194/1993, citada por las recurrentes, reiterada de manera tangencial por la STC 83/1994, que señala expresamente los términos en que ha de ser interpretado el art. 87.4 L.P.L., y explica que «específicamente en el ámbito jurisdiccional laboral nada hay que oponer a las condenas de futuro desde el punto de vista de la exigencia de liquidez del petitum y de la condena típica del proceso laboral (art. 87.4 L.P.L.) pues dicha exigencia debe ser entendida como una prohibición de las condenas con reserva o con bases de liquidación (art. 360 L.E.C.), pero no puede ser utilizada como obstáculo en aquellos casos en que la liquidez no es posible determinarla antes del vencimiento precisamente porque se trata de una situación que perdura en el tiempo más allá del momento en que se inició el proceso». Nada se opone a la aplicación de esta doctrina a las resoluciones impugnadas puesto que estas mismas reconocen que la Sentencia, cuya ejecución deniegan, contiene una condena de futuro, y entienden erróneamente que el art. 87.4 L.P.L. impide su ejecución.
Es también aplicable la doctrina contenida en la citada STC 194/1993 -prosigue el Fiscal- al establecer que «la realización por vía ejecutiva de una condena de estas características -aparte de que a los Tribunales ordinarios corresponderá en vía declarativa señalar los requisitos de su procedencia- exigirá, en primer término, operaciones de liquidación y, en segundo lugar, que el deudor ejecutado pueda, para no causarle indefensión, alegar por la vía oportuna (incidental o de los recursos) aquellas eventuales circunstancias que, distintas y posteriores al previo enjuiciamiento, puedan fundar una oposición de fondo a la ejecución, por inexistencia de la acción ejecutiva. Mas esto no obsta a la consideración básica de que si una Sentencia firme contiene una condena de futuro, dicha condena no pueda sin más quedar inejecutada, pues ello entraña una vulneración del derecho reconocido en el art. 24.1 C.E.».
B) También este Tribunal ha afirmado que determinar cuál es el sentido de un fallo es una función netamente jurisdiccional, no correspondiéndole, en vía de amparo, sustituir a la autoridad judicial en el cometido de fijar el alcance de sus propios pronunciamientos, cumpliéndole, estrictamente, velar para que tales decisiones se adopten en el seno del procedimiento de ejecución de un modo razonablemente coherente con el contenido de la resolución que se haya de ejecutar; de forma que la decisión judicial, si no es incongruente, arbitraria o irrazonable, debe ser respetada (SSTC 125/1987, 167/1987, 210/1993, 251/1993, 9/1996, 87/1996).
C) La STC 194/1993, citada por la demanda de amparo, ha estimado que del art. 24.1 C.E. cabe deducir un mandato al legislador y a los órganos judiciales de favorecer los mecanismos de tutela de los derechos subjetivos e intereses legítimos y que, por tanto, una forma de protección, como es la condena de futuro, no puede ser excluida o negada a radice, sólo por el hecho de que, por excepción a la regla general, conlleva la tutela preventiva de prestaciones no exigibles. Específicamente en el ámbito jurisdiccional laboral, nada hay que oponer a las condenas de futuro desde el punto de vista de la exigencia de liquidez del petitum y de la condena típica del proceso laboral (art. 87.4 L.P.L.) pues dicha exigencia debe ser entendida como una prohibición de las condenas con reserva o con bases de liquidación (art. 360 L.E.C.), pero no puede ser utilizada como obstáculo en aquellos casos en que la liquidez no es posible determinarla antes del vencimiento, precisamente porque se trata de una situación que perdura en el tiempo más allá del momento en que se inició el proceso (fundamento jurídico 5.). En definitiva, hemos declarado que no es constitucionalmente aceptable rechazar, sin más, la aptitud del proceso laboral para conocer y satisfacer pretensiones que conlleven la eventual condena al pago de prestaciones que han de devengarse en el futuro (STC 83/1994, fundamento jurídico 4.).
D) Ahora bien, la realización por vía ejecutiva de una condena de futuro exigirá operaciones de liquidación, así como que el deudor ejecutado pueda por la vía oportuna (incidental o de los recursos) alegar eventuales circunstancias que, siendo distintas y posteriores al enjuiciamiento, puedan fundar una oposición de fondo a la ejecución por la inexistencia de acción ejecutiva. Sin embargo, lo anterior en nada obsta a la consideración básica de que dicha condena no puede quedar inejecutada, pues ello entrañaría una vulneración del derecho reconocido por el art. 24.1 C.E. (STC 194/1993, fundamento jurídico 5.).
E) Pero esto no significa la indiscriminada admisibilidad ex Constitutione de este tipo de tutela en toda clase de procesos. Al legislador, o, en su defecto, a los Jueces y Tribunales, sobre la base de los principios generales del ordenamiento, corresponde perfilar los presupuestos y límites de este tipo de tutela jurisdiccional, que ha de contar por parte de quien la impetra, (de modo similar a lo que se exige en los supuestos de ejercicio de acciones meramente declarativas [SSTC 71/1991, 210/1992 y 20/1993]), con un específico y cualificado interés que le habilite y legitime para solicitar una tutela frente a quien aún no ha incumplido la obligación que le incumbe, pero que, por su conducta actual, es previsible que no la cumpla (STC 194/1993, fundamento jurídico 5.).
La decisión del Juzgado fue confirmada por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia. A juicio de la Sala, esta parte del fallo contenía, en realidad, pese a su apariencia, una declaración de derecho, o si se quiere una condena a hacer algo en el futuro, pero cuya repercusión económica no se puede hacer valer en fase de ejecución de Sentencia, porque lo prohíbe expresamente el artículo 87.4 L.P.L. Se reitera por la Sala la posibilidad abierta a las actoras de postular el abono de las diferencias salariales no pagadas por el empleador condenado a ello, en proceso diferente sobre reclamación de cantidad, en que se ha de partir de su derecho a ser retribuidas en función del cupo atribuido al doctor a cuyo equipo están adscritas, si es que permanecen en él.
4. La argumentación del Tribunal Superior de Justicia, en su Sentencia de 24 de abril de 1995, según la cual el art. 87.4 L.P.L. impide la ejecución de una condena de futuro, desconoce la doctrina contenida en la STC 194/1993, transcrita en el fundamento jurídico 2.. Tampoco los argumentos expresados por el Auto del Juzgado de lo Social, de 28 de mayo de 1993, pueden ser admitidos, toda vez que no cabe entender que la parte del fallo que resultó inejecutada constituya un mero pronunciamiento declarativo.
Por consiguiente, conteniendo el fallo de la Sentencia de instancia una condena de futuro, las trabajadoras recurrentes de amparo tenían derecho a que dicho título les abriera el camino de un proceso de ejecución ante los Tribunales laborales, aunque ello dentro de los límites propios del procedimiento de ejecución.
La efectividad de la ejecución de una condena de futuro depende de que los hechos posteriores no alteren su fundamento, así como, en este caso, que las recurrentes continúen adscritas al referido equipo médico. Además, la realización de una condena de este tipo exigirá en primer término operaciones de liquidación y, en segundo lugar, para no causarle indefensión, que el deudor ejecutado pueda oponerse por razones de fondo a tal ejecución a través de la vía oportuna. Sin embargo, lo anterior en nada obsta a la consideración básica de que dicha condena no puede quedar inejecutada, pues ello entrañaría una vulneración del derecho reconocido por el art. 24.1 C.E. (STC 194/1993).
Otorgar el amparo solicitado por doña Angeles G. B. y doña María J. F. A. y, en consecuencia:
1. Reconocer a las recurrentes el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a la ejecución de las resoluciones firmes.
2. Anular el Auto del Juzgado de lo Social núm. 8 de Sevilla, de 28 de mayo de 1993, y la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 24 de abril de 1995.
3. Retrotraer las actuaciones para que por dicho Juzgado de lo Social se dicte nueva resolución en la que se respete el contenido declarado del derecho fundamental.
STSJ Asturias 846/2014, 28 de Marzo de 2014
SAP A Coruña, 8 de Julio de 2002
STS 478/2010, 17 de Mayo de 2010

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 87
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