Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P6-TA-2006-0061
Timestamp: 2018-10-21 06:31:03+00:00

Document:
Textos aprobados - Jueves 16 de febrero de 2006 - Servicios en el mercado interior ***I - P6_TA(2006)0061
Procedimiento : 2004/0001(COD)
Ciclo relativo al documento : A6-0409/2005
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Jueves 16 de febrero de 2006 - Estrasburgo Edición definitiva
Servicios en el mercado interior ***I
P6_TA(2006)0061 A6-0409/2005
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior (COM(2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD))
– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2004)0002)(1) ,
– Vistos el apartado 2 del artículo 251, el apartado 2 del artículo 47, los artículos 55 y 71 y el apartado 2 del artículo 80 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C5-0069/2004),
– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las opiniones de la Comisión de Control Presupuestario, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y de la Comisión de Peticiones (A6-0409/2005),
Posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 16 de febrero de 2006 con vistas a la adopción de la Directiva 2006/…/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, la primera y tercera frases del apartado 2 de su artículo 47, sus artículos 55 y 71 y el apartado 2 de su artículo 80,
(1) La Unión Europea tiene por objetivo estrechar cada vez más los lazos entre los Estados y los pueblos de Europa y garantizar el progreso económico y social. Con arreglo al apartado 2 del artículo 14 del Tratado, el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores en el que estén garantizadas la libre circulación de los servicios y la libertad de establecimiento. La eliminación de los obstáculos que impiden el desarrollo de las actividades de servicios entre Estados miembros es un medio esencial de reforzar la integración entre los pueblos de Europa y de fomentar un progreso económico y social equilibrado y sostenible. A la hora de eliminar estos obstáculos es esencial velar por que el desarrollo de las actividades de servicios contribuya al cumplimiento de la tarea, establecida en el artículo 2 del Tratado, de promover "un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, un alto nivel de empleo y de protección social, la igualdad entre el hombre y la mujer, un crecimiento sostenible y no inflacionista, un alto grado de competitividad y de convergencia de los resultados económicos, un alto nivel de protección y de mejora de la calidad del medio ambiente, la elevación del nivel y de la calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados miembros".
(2) Para el fomento del crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo en la UE resulta esencial un mercado competitivo de servicios. Actualmente, hay un gran número de obstáculos en el mercado interior que impiden a los prestadores, en particular a las pequeñas y medianas empresas (PYME), extender sus operaciones más allá de sus fronteras nacionales y beneficiarse plenamente del mercado interior. Ello debilita la competitividad mundial de los prestadores de servicios de la UE. Un mercado libre que obligue a los Estados miembros a suprimir las restricciones a la prestación transfronteriza de servicios con, al mismo tiempo, una mayor transparencia y una mayor información, proporcionaría a los consumidores una mayor posibilidad de elección y unos servicios a precios más bajos.
(3) En el informe de la Comisión sobre el "estado del mercado interior de servicios"(4) se hace un inventario de un gran número de obstáculos que impiden o frenan el desarrollo de los servicios entre los Estados miembros y, especialmente, de los servicios prestados por las PYME , el tipo de empresas predominante en el sector de servicios. En el informe se llega a la conclusión de que, diez años después de lo que debería haber sido la realización del mercado interior, existe todavía un gran desfase entre la existencia de una economía integrada para la Unión Europea y la realidad vivida por los ciudadanos y los prestadores europeos. Los obstáculos incluidos en el inventario afectan a una amplia gama de actividades de servicios, así como a la totalidad de las etapas de la actividad del prestador, y presentan numerosos puntos en común, especialmente el hecho de tener su origen con frecuencia en un exceso de trámites administrativos, en la inseguridad jurídica que rodea a las actividades transfronterizas y en la falta de confianza recíproca entre los Estados miembros.
(4) A pesar de que los servicios son el motor del crecimiento económico y de que representan un 70 % del PNB y de los puestos de trabajo en la mayoría de los Estados miembros, esta fragmentación repercute de forma negativa en el conjunto de la economía europea y, especialmente, en la competitividad de las PYME y la circulación de los trabajadores , al tiempo que impide que los consumidores accedan a una mayor variedad de servicios a precios competitivos. Es importante señalar que el sector de los servicios es clave para el empleo, sobre todo de las mujeres, por lo que éstas pueden aprovechar en gran medida las nuevas oportunidades ofrecidas por la plena realización del mercado interior de los servicios. El Parlamento Europeo y el Consejo han puesto de relieve que la eliminación de los obstáculos jurídicos que impiden el establecimiento de un auténtico mercado interior es prioritaria para conseguir el objetivo fijado por el Consejo Europeo de Lisboa de mejorar el empleo y la cohesión social y alcanzar un crecimiento económico sostenible con el fin de hacer de la Unión Europea la economía del conocimiento más competitiva y más dinámica y estimuladora del empleo del mundo de aquí al año 2010. La supresión de estos obstáculos, al tiempo que se preserva un modelo social europeo avanzado, es por ello una condición esencial para superar los problemas ligados a la puesta en práctica de la estrategia de Lisboa y dar un nuevo impulso a la economía europea, especialmente en términos de empleo e inversión. Es importante, por consiguiente, realizar el mercado interior de los servicios con el debido equilibrio entre apertura de los mercados, servicios públicos, derechos sociales y derechos de los consumidores.
(5) Particularmente tras la adhesión de diez nuevos Estados miembros, los empresarios que desean prestar servicios en otros Estados miembros se enfrentan a obstáculos manifiestos.
(6) Por lo tanto, procede eliminar los obstáculos que se oponen a la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios en los Estados miembros y a la libre prestación de servicios entre los Estados miembros y garantizar, tanto a los destinatarios como a los prestadores , la seguridad jurídica necesaria para el ejercicio efectivo de estas dos libertades fundamentales del Tratado. Dado que los obstáculos que entorpecen el mercado interior de los servicios afectan tanto a los operadores que desean establecerse en otros Estados miembros como a los que prestan un servicio en otro Estado miembro sin establecerse en él, procede permitir que el prestador desarrolle sus actividades de servicios dentro del mercado interior, ya sea estableciéndose en un Estado miembro, ya sea acogiéndose a la libre prestación de servicios. Los prestadores deben disponer de la posibilidad de elegir entre estas dos libertades en función de su estrategia de desarrollo en cada Estado miembro.
(7) La supresión de estos obstáculos no se puede hacer únicamente mediante la aplicación directa de los artículos 43 y 49 del Tratado, ya que, por un lado, resolver caso por caso mediante procedimientos de infracción contra los correspondientes Estados miembros sería, especialmente a raíz de las ampliaciones, una forma de actuar extremadamente complicada para las instituciones nacionales y comunitarias y, por el otro, la eliminación de numerosos obstáculos requiere una coordinación previa de las legislaciones nacionales, coordinación que también es necesaria para instaurar un sistema de cooperación administrativa. Como han admitido el Parlamento Europeo y el Consejo, un instrumento legislativo comunitario permitiría crear un auténtico mercado interior de servicios.
(8) La presente Directiva establece un marco jurídico general que beneficia a una amplia gama de servicios sin por ello descuidar las peculiaridades de cada tipo de actividad o de profesión y de sus respectivos sistemas de regulación. Este marco se basa en un enfoque dinámico y selectivo, consistente en suprimir de forma prioritaria los obstáculos que se pueden eliminar rápidamente y, respecto a los demás, iniciar un proceso de evaluación, consulta y armonización complementaria de cuestiones específicas para permitir modernizar de forma progresiva y coordinada los sistemas nacionales de regulación de las actividades de servicios, operación que es indispensable para realizar un auténtico mercado interior de servicios de aquí a 2010. Conviene prever una combinación equilibrada de medidas relativas a la armonización selectiva, a la cooperación administrativa, a la libre prestación de servicios tal y como se prevé en la presente Directiva y al estímulo para la elaboración de códigos de conducta sobre determinadas cuestiones. Esta coordinación de las legislaciones nacionales debe garantizar un elevado grado de integración jurídica comunitaria y un alto nivel de protección de los objetivos de interés general y, especialmente, la protección de los consumidores, del medio ambiente, de la seguridad pública y de la sanidad pública y el cumplimiento del Derecho del trabajo, que es indispensable para establecer una confianza recíproca entre los Estados miembros.
(9) Conviene que lo dispuesto en la presente Directiva sobre la libertad de establecimiento y la libre circulación de servicios no se aplique siempre que las actividades de que se trate estén abiertas a la competencia y, por lo tanto, no se obligue a los Estados miembros ni a liberalizar servicios de interés económico general ni a privatizar entidades públicas que presten este tipo de servicios, ni a abolir los actuales monopolios para otras actividades o determinados servicios de distribución .
(10) La presente Directiva no interfiere con las actividades de los Estados miembros, con arreglo al Derecho comunitario, relativas a la protección o la promoción de la diversidad cultural y lingüística y del pluralismo de los medios de comunicación, incluida la financiación de dichas actividades.
(11) Es igualmente importante que la presente Directiva respete plenamente las iniciativas comunitarias basadas en el artículo 137 del Tratado con miras a alcanzar los objetivos del artículo 136 del Tratado relativos al fomento del empleo y a la mejora de las condiciones de vida y de trabajo.
(12) En vista de que el Tratado prevé fundamentos jurídicos específicos para las cuestiones de Derecho laboral y de la seguridad social, y con el fin de asegurarse de que la presente Directiva no afecta a esas cuestiones, es necesario excluir el Derecho laboral y de la seguridad social del ámbito de aplicación de la presente Directiva.
(13) La presente Directiva no afecta a los requisitos que rigen el acceso a los fondos públicos para determinados prestadores de servicios. Estos requisitos comprenden, en particular, los que establecen condiciones con arreglo a las cuales los prestadores de servicios tienen derecho a recibir financiación pública, incluidas condiciones contractuales específicas y, en particular, normas de calidad que han de respetarse como condición para percibir fondos públicos, por ejemplo, en el caso de los servicios sociales.
(14) La presente Directiva, y en particular las disposiciones relativas a los sistemas de autorización y al ámbito territorial de una autorización, no interfiere con la división de competencias regionales o locales dentro de los Estados miembros, incluidos el autogobierno regional y local y el uso de lenguas oficiales.
(15) Conviene reconocer la importancia del papel que desempeñan los colegios y asociaciones profesionales, así como los interlocutores sociales, en la regulación de las actividades de servicios y en la elaboración de las normas profesionales mientras no obstaculicen el desarrollo de la competencia entre los operadores económicos .
(16) Los servicios de bienestar social son responsabilidad del Estado -a nivel nacional, regional y local- en el ámbito social. Dichos servicios constituyen una manifestación de los principios de solidaridad y de cohesión social, como lo demuestra, entre otras cosas, el hecho de que estén destinados a ayudar a las personas en estado de necesidad a causa de unos ingresos familiares insuficientes, de una ausencia total o parcial de independencia o del riesgo de quedar marginalizados. Estos servicios están a menudo completamente desprovistos de afán de lucro, por lo que los beneficios que de ellos se obtienen pueden no tener relación con ninguna consideración de orden económico.
(17) La presente Directiva no se aplica a la financiación o a los sistemas de ayuda vinculados a las viviendas sociales. Tampoco afecta a los criterios o condiciones establecidos por los Estados miembros para asegurar que los servicios relativos a las viviendas sociales cumplan efectivamente una función en beneficio del interés público y de la cohesión social.
(18) Las disposiciones de la presente Directiva no deben afectar a los servicios familiares y de cuidados infantiles destinados a ayudar a las familias y a los jóvenes, ni a los servicios educativos y culturales que persigan objetivos típicamente de bienestar social.
(19) La presente Directiva debe interpretarse de manera que concilie el ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos por los Estados miembros y por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea con las libertades fundamentales establecidas en los artículos 43 y 49 del Tratado. Estos derechos fundamentales incluyen, entre otros, el derecho a la acción sindical. La presente Directiva debe interpretarse de manera que permita la plena aplicación de esos derechos y libertades fundamentales.
(20) La presente Directiva es coherente con las demás iniciativas comunitarias en curso relativas a los servicios, especialmente con las que tratan de la competitividad de los servicios destinados a las empresas y la seguridad de los servicios(5) , así como con los trabajos sobre la movilidad de los pacientes y el desarrollo de la atención sanitaria en la Comunidad. También es coherente con las iniciativas en curso sobre mercado interior, como la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las promociones de ventas en el mercado interior(6) , y con las relacionadas con la protección de los consumidores, como la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior ("Directiva sobre las prácticas comerciales desleales") (7) y el Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo , de 27 de octubre de 2004, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores ("Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores") (8) .
(21) La presente Directiva no se debe aplicar a los servicios de interés general prestados y definidos por los Estados miembros en cumplimiento de sus obligaciones de protección del interés general. Estas actividades no están cubiertas por la definición del artículo 50 del Tratado, por lo que no están comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Las disposiciones de la presente Directiva solamente son de aplicación si las actividades de que se trate están abiertas a la competencia y no obligan a los Estados miembros a liberalizar servicios de interés general ni a privatizar organismos de Derecho público ni a eliminar monopolios como las loterías o determinados servicios de distribución. En lo relativo a los servicios de interés general, la presente Directiva sólo comprende los servicios de interés económico general, es decir, los servicios correspondientes a una actividad económica que esté abierta a la competencia. Asimismo, la presente Directiva no incide en la financiación de los servicios de interés económico general y no afecta a las ayudas otorgadas por los Estados miembros, en particular en el ámbito social, de conformidad con el título VI, capítulo I del Tratado.
(22) Las exclusiones del ámbito de aplicación deben aplicarse no sólo a asuntos tratados específicamente en estas directivas, sino asimismo a asuntos para los cuales las directivas dejan explícitamente a los Estados miembros la posibilidad de adoptar determinadas medidas a escala nacional.
(23) Conviene excluir los servicios financieros del ámbito de aplicación de la presente Directiva, dado que estas actividades constituyen en la actualidad el objeto de un plan de acción específico destinado a realizar, como la presente Directiva, un auténtico mercado interior de servicios. Esta exclusión debe cubrir cualquier servicio relacionado con la banca, el crédito, los seguros incluidos los reaseguros, las pensiones individuales, las inversiones, los pagos, la asesoría sobre inversión y, de forma general, los servicios enumerados en el anexo I de la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (9) .
(24) Teniendo en cuenta que, en 2002, se adoptó una serie de instrumentos legislativos relativos a los servicios y redes de comunicaciones electrónicos, así como a los recursos y servicios asociados, mediante los cuales se estableció un marco normativo para facilitar el acceso a estas actividades en el mercado interior, principalmente mediante la supresión de la mayoría de los regímenes de autorización individual, conviene que las cuestiones que se rigen por dichos instrumentos queden excluidas del ámbito de aplicación de la presente Directiva.
(25) Los requisitos específicos que los Estados miembros imponen al establecimiento de agencias de trabajo temporal significan que estos servicios no pueden incluirse en el ámbito de la presente Directiva en el estadio actual. Por tanto, es necesario armonizar plenamente las disposiciones en materia de establecimiento en este sector para que exista un marco jurídico relativo a la realización del mercado interior en el mismo.
(26) Los requisitos específicos que los Estados miembros imponen al establecimiento de servicios de seguridad significan que estos servicios no pueden incluirse en el ámbito de la presente Directiva en el estadio actual. Por tanto, es necesario armonizar plenamente las disposiciones en materia de establecimiento en este sector para que exista un marco jurídico relativo a la realización del mercado interior en el mismo.
(27) La exclusión de los servicios sanitarios abarca los servicios sanitarios y farmacéuticos prestados por profesionales de la salud a sus pacientes con objeto de evaluar, mantener o restaurar su estado de salud cuando estas actividades están reservadas a profesiones reguladas en el Estado miembro en que se presta el servicio.
(28) La presente Directiva no afecta al reembolso de los gastos de servicios sanitarios proporcionados en un Estado miembro distinto de aquél en que resida el beneficiario de los servicios sanitarios. El Tribunal de Justicia se ha pronunciado al respecto en numerosas ocasiones, y ha reconocido los derechos de los pacientes. Es importante tratar este asunto mediante otro instrumento jurídico comunitario para lograr una mayor seguridad y claridad jurídicas.
(29) Conviene asimismo excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva los servicios audiovisuales, independientemente de cual sea su modo de transmisión, en particular los servicios de radiodifusión televisiva definidos en la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (10) , los servicios de radio, los servicios de cine y los servicios de sociedades de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual. Estos servicios desempeñan, en efecto, un papel primordial en la formación de las identidades culturales europeas y de la opinión pública. Ahora bien, la preservación y el fomento de la diversidad cultural y del pluralismo precisan medidas especiales que puedan tomar en consideración situaciones regionales y nacionales específicas. Además, la Comunidad debe tener en cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud de las disposiciones del Tratado, en particular a fin de respetar y fomentar la diversidad de sus culturas. De conformidad con el principio de subsidiariedad y con el Derecho comunitario, en particular con las normas de competencia, a la hora de conceder apoyo a los servicios audiovisuales deben, por lo tanto, tenerse en cuenta consideraciones de carácter cultural y social por las que puede resultar inadecuada la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva.
(30) Procede excluir las actividades de juegos por dinero, incluidas las loterías y apuestas, del ámbito de aplicación de la presente Directiva, habida cuenta de la especificidad de dichas actividades, que entrañan por parte de los Estados miembros la aplicación de políticas relacionadas con el orden público y la protección de los consumidores. La jurisprudencia comunitaria no cuestiona esta especificidad sino que simplemente obliga a las jurisdicciones nacionales a examinar exhaustivamente las motivaciones de interés general que pueden justificar el establecimiento de excepciones con respecto a la libre prestación de servicios o la libertad de establecimiento. Por otra parte, habida cuenta de que existen considerables disparidades en materia de impuestos sobre las actividades de juegos por dinero y de que dichas disparidades están, al menos en parte, relacionadas con divergencias entre los Estados miembros en lo que respecta a las necesidades en materia de orden público, sería totalmente imposible establecer una competencia transfronteriza leal entre operadores de la industria del juego sin tratar previa o paralelamente las cuestiones de coherencia de fiscalidad entre Estados miembros, que la presente Directiva no contempla y que no están comprendidas en su alcance.
(31) La presente Directiva no se refiere a las actividades de los miembros de aquellas profesiones que están vinculadas permanente o temporalmente de manera directa y específica con el ejercicio del poder público, en particular, las actividades de elaboración de instrumentos auténticos y de compulsación por los titulares de cargos públicos.
(32) Teniendo en cuenta el hecho de que en el Tratado se prevén bases jurídicas específicas en materia fiscal y los instrumentos comunitarios ya adoptados en este sector, procede excluir el sector fiscal del ámbito de aplicación de la presente Directiva.
(33) Los servicios de transporte, incluidos el transporte urbano, los servicios portuarios, los taxis y las ambulancias, deben estar excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva. Los transportes de fondos o los transportes funerarios deben estar incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva dado que se han detectado problemas que afectan al mercado interior en estos sectores .
(34) La presente Directiva no debe afectar a la normativa en materia de Derecho penal. No obstante, dicha normativa no debe utilizarse indebidamente para eludir las disposiciones establecidas por la presente Directiva.
(35) Las actividades de deporte aficionado no lucrativas revisten una importancia social considerable. A menudo persiguen objetivos enteramente sociales o recreativos. Por consiguiente, no pueden constituir actividades económicas en el sentido de la legislación comunitaria y quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva.
(36) La presente Directiva debe aplicarse exclusivamente cuando no haya disposiciones comunitarias específicas relativas a aspectos concretos relacionados con el acceso y el ejercicio de la actividad de un servicio en sectores concretos o en relación con profesiones concretas.
(37) Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre los artículos 49 y siguientes del Tratado, el concepto de "servicio" incluye toda actividad económica prestada normalmente a cambio de una remuneración. El pago de una tasa por los destinatarios para contribuir a la financiación del funcionamiento del sistema no constituye, en sí, una remuneración, ya que el servicio sigue financiándose básicamente con fondos públicos.
(38) El concepto de "servicio" incluye toda actividad económica prestada normalmente a cambio de una remuneración. La característica de la remuneración no se da en las actividades que realiza, sin contrapartida económica, el Estado o una entidad regional o local en el marco de sus obligaciones en los ámbitos social, cultural, educativo y judicial, tales como los cursos realizados en el marco del sistema educativo nacional, ya sea en centros de enseñanza públicos o privados, o la gestión de regímenes de seguridad social que no constituyen una actividad económica . Estas actividades no responden a la definición de "servicio" y, por lo tanto, no entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.
(39) La presente Directiva no afecta a la aplicación de los artículos 28 a 30 del Tratado, relativos a la libre circulación de mercancías. Las restricciones prohibidas en virtud de la libre prestación de servicios tal y como se prevé en la presente Directiva tienen por objeto los requisitos aplicables al acceso a las actividades de servicio o a su ejercicio y no los aplicables a los bienes como tales.
(40) El concepto de "prestador" incluye toda persona física con la nacionalidad de un Estado miembro o persona jurídica que ejerza una actividad de servicios, ya sea acogiéndose a la libertad de establecimiento o a la libre prestación de servicios. Así pues, el concepto de "prestador" no se limita únicamente a los casos en que el servicio se presta a través de las fronteras en el marco de la libre prestación de servicios, sino que también incluye los casos en que un operador se establece en un Estado miembro para desarrollar en él actividades de servicios. Por lo demás, el concepto de "prestador" no abarca el caso de las sucursales de sociedades de terceros países en un Estado miembro, ya que, con arreglo al artículo 48 del Tratado, sólo disfrutan de las libertades de establecimiento y circulación de servicios las sociedades constituidas con arreglo a la legislación de un Estado miembro y cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Comunidad.
(41) El lugar de establecimiento de un prestador de servicios debe determinarse de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual el concepto de establecimiento implica el ejercicio efectivo de una actividad económica mediante una instalación permanente por una duración indeterminada. Este requisito también se cumple cuando se constituye una empresa para un periodo determinado o cuando una empresa alquila el edificio o la instalación mediante los cuales realiza sus actividades. Con arreglo a esta definición, que exige el ejercicio efectivo de una actividad económica en el lugar de establecimiento de un prestador de servicios, una simple dirección postal no constituye un establecimiento. En los casos en los que un prestador tiene varios lugares de establecimiento, es importante determinar desde qué lugar de establecimiento se presta el servicio efectivo en cuestión. En aquellos casos en los que es difícil determinar desde cuál de los diferentes lugares de establecimiento se presta un determinado servicio, se considera que éste es el lugar donde el prestador tiene el centro de sus actividades relacionadas con ese servicio en particular.
(42) Cuando un operador se desplaza a otro Estado miembro para ejercer en él una actividad de servicios, hay que distinguir entre las situaciones que entran en el ámbito de aplicación de la libertad de establecimiento y las que entran en el ámbito de aplicación de la libre circulación de servicios, en función del carácter temporal de la actividad de que se trate. Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia , el carácter temporal de las actividades de que se trate debe apreciarse no sólo en función de la duración de la prestación, sino también en función de su frecuencia, periodicidad o continuidad. El carácter temporal de la libre prestación de servicios no debe excluir en todo caso la posibilidad de que el prestador de servicios se dote de cierta infraestructura en el Estado miembro de destino (incluida una oficina, un gabinete o un estudio) en la medida en que sea necesaria para hacer efectiva la prestación de que se trate.
(43) El concepto de " régimen de autorización" incluye, en concreto, los procedimientos administrativos mediante los cuales se conceden autorizaciones, licencias, homologaciones o concesiones, pero también la obligación de estar inscrito en un colegio profesional o en un registro, en una lista oficial o en una base de datos, de estar concertado con un organismo o de obtener un carné profesional para ejercer una actividad. La concesión de una autorización puede ser resultado no sólo de una decisión formal, sino también de una decisión implícita derivada, por ejemplo, del silencio administrativo de la autoridad competente o del hecho de que el interesado deba esperar el acuse de recibo de una declaración para iniciar la actividad en cuestión o para ejercerla legalmente.
(44) Las normas relativas a los procedimientos administrativos no tienen por objeto armonizar dichos procedimientos, sino suprimir los regímenes de autorización, procedimientos y formalidades excesivamente onerosos que obstaculizan la libertad de establecimiento y la creación de nuevas empresas de servicios que ello comporta.
(45) Una de las principales dificultades a que se enfrentan en especial las PYME en el acceso a las actividades de servicios y su ejercicio reside en la complejidad, la extensión y la inseguridad jurídica de los procedimientos administrativos. Por este motivo, y a semejanza de otras iniciativas de modernización y de buenas prácticas administrativas a nivel comunitario o nacional, procede establecer principios de simplificación administrativa, en concreto introduciendo de forma coordinada a nivel comunitario el sistema de la ventanilla única y limitando la autorización previa obligatoria a aquellos casos en que sea indispensable. El objetivo de este tipo de acción de modernización es, aparte de garantizar los requisitos de transparencia y actualización de los datos relativos a los operadores, eliminar los retrasos, costes y efectos disuasorios que ocasionan, por ejemplo, procedimientos innecesarios o excesivamente complejos y onerosos , la duplicación de operaciones, las formalidades burocráticas en la presentación de documentos, el poder discrecional de las autoridades competentes, plazos indeterminados o excesivamente largos, autorizaciones concedidas con un período de vigencia limitado o gastos y sanciones desproporcionados. Este tipo de prácticas tienen efectos disuasorios especialmente importantes para los prestadores que deseen desarrollar sus actividades en otros Estados miembros y requieren una modernización coordinada en un mercado interior ampliado a veinticinco Estados miembros.
(46) Los Estados miembros deben introducir, cuando proceda, formularios europeos armonizados que puedan utilizarse como equivalentes a los certificados, justificantes o cualquier otro documento relativo al establecimiento.
(47) Con el fin de facilitar el acceso a las actividades de servicio y su ejercicio en el mercado interior, procede establecer un objetivo, común a todos los Estados miembros, de simplificación administrativa y prever disposiciones relativas, en concreto, a las ventanillas únicas, el derecho de información, los procedimientos por vía electrónica y la creación de un marco para los regímenes de autorización. A nivel nacional se pueden adoptar otras medidas para cumplir este objetivo, consistentes en reducir el número de procedimientos y trámites aplicables a las actividades de servicios y en asegurarse de que dichos procedimientos y trámites son indispensables para conseguir un objetivo de interés general y de que no existen solapamientos entre ellos, tanto en el contenido como en la finalidad.
(48) En aras de la simplificación administrativa, procede no imponer de forma generalizada requisitos formales, como, por ejemplo, la presentación de documentos originales, copias compulsadas o una traducción compulsada, excepto en aquellos casos en que esté justificado por una razón imperiosa de interés general, como, por ejemplo, la protección de los trabajadores, la salud pública, la protección del medio ambiente, la protección de los consumidores o la educación . También procede garantizar que la autorización dé acceso normalmente a una actividad de servicios o a su ejercicio en todo el territorio nacional a no ser que esté justificado exigir una autorización individual para cada establecimiento -por ejemplo, para cada implantación de grandes superficies comerciales- o una limitación de la autorización a un lugar específico del territorio nacional por una razón imperiosa de interés general.
(49) La noción de razones imperiosas de interés general a que se hace referencia en determinadas disposiciones de la presente Directiva se ha desarrollado progresivamente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en relación con los artículos 43 y 49 del Tratado y puede seguir evolucionando. La noción abarca, como mínimo, los ámbito siguientes: orden público, seguridad pública y salud pública en el sentido de los artículos 46 y 55 del Tratado, mantenimiento del orden social, objetivos de política social, protección de los destinatarios de los servicios, incluida la seguridad de los pacientes, protección de los consumidores, protección de los trabajadores, incluida la protección social de los trabajadores, preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, mantenimiento de un servicio médico y hospitalario equilibrado y abierto a todos, prevención de fraudes, cohesión del sistema fiscal, prevención de la competencia desleal, mantenimiento de la buena reputación del sector financiero nacional, protección del medio ambiente y del entorno urbano, incluida la ordenación territorial urbana y rural, protección de los acreedores, garantía de una buena administración de justicia, seguridad vial, protección de la propiedad intelectual, objetivos de política cultural, incluida la garantía en el sector audiovisual de la libertad de expresión de diferentes elementos de la sociedad (en particular, sociales, culturales, religiosos y filosóficos), mantenimiento del pluralismo de la prensa y política de promoción de la lengua nacional, conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y política veterinaria.
(50) Conviene prever una ventanilla única cuya función sea garantizar que todo prestador disponga de un interlocutor único al que dirigirse para realizar todos los procedimientos y trámites. El número de estas ventanillas únicas por Estado miembro puede variar según las competencias regionales o locales o según las actividades de que se trate. En efecto, la creación de estas ventanillas únicas no supone una interferencia en el reparto de competencias entre las autoridades competentes dentro de cada sistema nacional. Cuando varias autoridades tienen competencias a nivel regional o local, una de ellas puede hacerse cargo del papel de ventanilla única y de coordinador con las demás. Las ventanillas únicas pueden estar constituidas no sólo por autoridades administrativas sino también por cámaras de comercio o de oficios, colegios profesionales u organismos privados a los que los Estados miembros encomienden esta función. La finalidad de las ventanillas únicas es desempeñar un importante papel de ayuda al prestador, ya sea como autoridad directamente competente para expedir los documentos necesarios para acceder a una actividad de servicios, ya sea como intermediario entre el prestador y dichas autoridades directamente competentes. En su Recomendación, de 22 de abril de 1997, sobre la mejora y simplificación de las condiciones para la creación de empresas(11) , la Comisión ya había invitado a los Estados miembros a introducir puntos de contacto para simplificar los trámites.
(51) La obligación para los Estados miembros de asegurar que un prestador de servicios pueda efectuar todos los procedimientos y trámites necesarios para el acceso a sus actividades de servicio en una ventanilla única incluye todos los procedimientos y trámites necesarios para supervisar el cumplimiento de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (12) . Ello no debe afectar a la función de los centros de enlace u otras instancias nacionales competentes que los Estados miembros designen para la aplicación de la Directiva 96/71/CE. Sin embargo, dichos centros de enlace u otras instancias nacionales competentes deben poner a disposición de las ventanillas únicas la información relativa a los procedimientos y trámites necesarios para supervisar el cumplimiento de la Directiva 96/71/CE.
(52) Los Estados miembros pueden cumplir la obligación de garantizar que la información pertinente sea fácilmente accesible a los prestadores y destinatarios haciéndola accesible mediante un sitio web. La obligación de las autoridades competentes de ayudar a los prestadores y destinatarios no incluye en modo alguno la asesoría jurídica en casos individuales. No obstante, debe proporcionarse información general sobre la manera en que se interpretan o aplican habitualmente los requisitos.
(53) La creación de un sistema de procedimientos y trámites efectuados por vía electrónica, entre otras, en un plazo de tiempo razonablemente corto constituye la condición sine qua non de la simplificación administrativa en materia de actividades de servicios, en beneficio de prestadores, destinatarios y autoridades competentes. La realización de este tipo de obligación puede requerir la adaptación de las legislaciones nacionales y de otras normas aplicables a los servicios. El hecho de que deba ser posible efectuar a distancia esos mismos procedimientos y trámites requiere, concretamente, que los Estados miembros se aseguren de que se pueden realizar a nivel transfronterizo. Esta obligación de resultado no afecta a los procedimientos o trámites que, por su propia naturaleza, no se pueden realizar a distancia. Además, ello no interfiere con la legislación de los Estados miembros sobre el uso de las lenguas.
(54) Los prestadores y los destinatarios de servicios deben poder acceder fácilmente a determinados tipos de información. Se trata, en particular, de información relativa a los procedimientos y trámites, a los datos de contacto de las autoridades competentes, a las condiciones de acceso a los registros y bases de datos públicos, así como la información relativa a las vías de recurso disponibles y a los datos de contacto de las asociaciones y organizaciones que pueden proporcionar asistencia práctica a los prestadores o a los destinatarios. Esta información debe ser de fácil acceso, es decir, ha de estar fácilmente a disposición del público y no deben existir obstáculos para acceder a ella. Además, esta información debe comunicarse de manera clara y sin ambigüedades.
(55) La posibilidad de acceder a una actividad de servicios sólo puede quedar supeditada a la obtención de una autorización por parte de las autoridades competentes cuando dicho acto cumpla los criterios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad. En concreto, esto significa que la autorización sólo es admisible en aquellos casos en los que no resultaría eficaz hacer un control a posteriori, habida cuenta de la imposibilidad de comprobar a posteriori los defectos de los servicios en cuestión y habida cuenta de los riesgos y peligros que se derivarían de la inexistencia de un control a priori. Las disposiciones de la presente Directiva no pueden justificar los regímenes de autorización prohibidos por otros instrumentos de Derecho comunitario, como la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica(13) , o la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico)(14) . Los resultados del procedimiento de evaluación recíproca permitirán determinar a nivel comunitario los tipos de actividades para las que deberían suprimirse los regímenes de autorización.
(56) Normalmente, la autorización debe permitir al prestador acceder a la actividad de servicios o ejercer dicha actividad en todo el territorio nacional, a no ser que la existencia de un límite territorial esté justificada por una razón imperiosa de interés general. Por ejemplo, la protección del medio ambiente justifica el requisito relativo a la obtención de una autorización individual para cada instalación en el territorio nacional. Esta disposición no afecta a las competencias regionales o locales para la concesión de autorizaciones en los Estados miembros.
(57) Las disposiciones de la presente Directiva relativas a los regímenes de autorización se refieren a los casos en los que el acceso a una actividad de servicios o el ejercicio de la misma por parte de operadores económicos requiere una decisión de la autoridad competente. Esto no afecta a las decisiones de las autoridades competentes de crear una entidad pública o privada para la prestación de un servicio específico ni a la celebración de contratos por las autoridades competentes para la prestación de un servicio específico regido por normas relativas a los contratos públicos.
(58) La presente Directiva no afecta a la posibilidad de que los Estados miembros retiren las autorizaciones a posteriori, en particular si dejan de cumplirse las condiciones necesarias para la concesión de la autorización.
(59) De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los objetivos de salud pública, protección de los consumidores, sanidad animal y protección del entorno urbano constituyen razones imperiosas de interés general que permiten justificar la aplicación de regímenes de autorización y otras restricciones aplicables a los servicios sociales. No obstante, ningún régimen de autorización o restricción de estas características puede discriminar en razón de cuál sea el país de origen del solicitante ni estructurarse de tal manera que obstaculice los servicios transfronterizos que respondan a los requisitos de los Estados miembros. Además, se han de respetar siempre los principios de necesidad y proporcionalidad.
(60) En el caso de que el número de autorizaciones disponibles para una actividad dada esté limitado debido a la escasez de recursos naturales o de capacidades técnicas, debe preverse un procedimiento de selección entre varios posibles candidatos, con el fin de que, mediante el juego de la libre competencia, se desarrollen la calidad y las condiciones de la oferta de servicios puestos a disposición de los usuarios. Es necesario que este tipo de procedimiento reúna garantías de transparencia e imparcialidad y que la autorización así concedida no tenga una duración excesiva, no se renueve automáticamente y no represente ventaja alguna para el prestador cesante. En especial, la duración de la autorización concedida debe fijarse de forma que no se restrinja ni se limite la libre competencia más allá de lo necesario para garantizar la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos. Esta disposición no impide a los Estados miembros limitar el número de autorizaciones por motivos distintos de la escasez de recursos naturales o de capacidades técnicas. Estas autorizaciones siguen estando sujetas en todo caso al cumplimiento de las demás disposiciones sobre regímenes de autorización previstas en la presente Directiva.
(61) Con el fin de crear un auténtico mercado interior de servicios es necesario que se supriman las restricciones a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de servicios que aún persisten en las legislaciones de algunos Estados miembros y que son incompatibles con los artículos 43 y 49, respectivamente, del Tratado. Las restricciones prohibidas en la presente Directiva afectan especialmente al mercado interior de servicios y deben desmantelarse de forma sistemática lo antes posible.
(62) Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia , la libertad de establecimiento implica, en concreto, el principio de igualdad de trato, que prohíbe no sólo toda discriminación basada en la nacionalidad de un Estado miembro, sino también toda discriminación indirecta basada en otros criterios que puedan conducir, de hecho, al mismo resultado. Así, por ejemplo, el acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio en un Estado miembro, tanto si se trata de una actividad principal como secundaria, no puede estar supeditado a criterios como el lugar de establecimiento, de residencia, de domicilio o de prestación principal de una actividad. En determinados casos, las razones imperiosas de interés general pueden justificar sin embargo una obligación de presencia del prestador en el ejercicio de su actividad. Asimismo, los Estados miembros no pueden obstaculizar la capacidad jurídica y la capacidad de constituirse en parte en acciones judiciales de las sociedades constituidas con arreglo a lo dispuesto en la legislación de otro Estado miembro, en cuyo territorio tengan su establecimiento principal. Más aún, los Estados miembros no pueden prever ningún tipo de ventaja para los prestadores que estén especialmente vinculados con un contexto socioeconómico nacional o local, ni alegar el lugar de establecimiento del prestador para limitar su facultad de adquirir, explotar o enajenar derechos y bienes o de acceder a diversas formas de crédito y de vivienda en la medida en que dichas facultades sean necesarias para acceder a su actividad o para su ejercicio efectivo.
(63) La prohibición de pruebas económicas como condición previa para la concesión de una autorización se aplica a las pruebas económicas como tales y no a los demás requisitos justificados por razones imperiosas de interés general, como los objetivos de la protección del entorno urbano y de política social y salud pública . Esta prohibición no afecta al ejercicio de las competencias de las autoridades encargadas de la aplicación del Derecho de la competencia. La prohibición de la participación directa o indirecta en la concesión de autorizaciones de operadores que compiten entre sí no incluye la consulta a organizaciones tales como las cámaras de comercio sobre asuntos distintos de las solicitudes individuales de autorización.
(64) Con el fin de coordinar la modernización de las reglamentaciones nacionales en relación con los requisitos del mercado interior, procede evaluar determinados requisitos nacionales no discriminatorios, que, por sus características, pueden restringir sensiblemente o, incluso, impedir el acceso a una actividad o su ejercicio acogiéndose a la libertad de establecimiento. Durante el período de incorporación de la Directiva a los respectivos ordenamientos jurídicos, los Estados miembros deben asegurarse de que este tipo de requisitos son necesarios y proporcionales y, llegado el caso, deben suprimirlos o modificarlos. Por otra parte, dichos requisitos deben ser, en cualquier caso, compatibles con el Derecho comunitario de la competencia.
(65) El procedimiento de evaluación recíproca previsto en la presente Directiva no afecta a la libertad de los Estados miembros de establecer en su legislación un alto nivel de protección de los intereses públicos, en particular con objeto de alcanzar objetivos de política sanitaria y social. Además, el procedimiento de evaluación recíproca ha de tener plenamente en cuenta la especificidad de los servicios de interés económico general y de las tareas particulares que se les asignan. Estas pueden justificar determinadas restricciones a la libertad de establecimiento, en particular cuando estas restricciones tienen por objeto la protección de la salud pública o persiguen objetivos de política social. Por ejemplo, en lo referente a la obligación de adoptar una forma jurídica específica para ejercer determinados servicios en el ámbito social, el Tribunal de Justicia ya ha reconocido que puede estar justificado someter al prestador de servicios al requisito de actuar sin ánimo de lucro. Además, se deben permitir las restricciones encaminadas a garantizar la distribución de los servicios médicos, especialmente en zonas escasamente pobladas.
(66) Entre las restricciones que hay que examinar figuran los regímenes nacionales que, por motivos distintos de los relacionados con las cualificaciones profesionales, reservan a prestadores concretos el acceso a ciertas actividades.
(67) El hecho de que en la presente Directiva se fije una serie de requisitos que los Estados miembros deben suprimir o evaluar durante el período de incorporación a sus respectivos ordenamientos jurídicos no obsta para que se puedan incoar recursos contra un Estado miembro por incumplimiento de los artículos 43 ó 49 del Tratado.
(68) Con el fin de asegurar una aplicación eficaz de la libre circulación de servicios y de garantizar a los destinatarios y a los prestadores que puedan disfrutar de servicios y prestarlos en toda la Comunidad sin tener en cuenta las fronteras, procede clarificar en qué medida los prestadores de servicios están sujetos a la legislación del Estado miembro en que se encuentren establecidos y en qué medida a la legislación del Estado miembro en que se presta el servicio. Resulta imprescindible destacar que esto no impide que el Estado miembro en que se presta el servicio aplique los requisitos específicos que resulten indispensables por razones de orden o seguridad públicos o para la protección de la salud o el medio ambiente, con vistas a prevenir riesgos concretos en el lugar de prestación del servicio.
(69) Conviene prever que la aplicación de la ley del país de origen sólo se puede eludir en los ámbitos para los que se establezca una excepción, general o transitoria, en la presente Directiva. Estas excepciones son necesarias para tener en consideración el grado de integración del mercado interior o determinados instrumentos comunitarios relativos a los servicios en los que se prevé que un prestador está sujeto a la aplicación de leyes distintas de las del Estado miembro de origen. Además y con carácter excepcional, se pueden adoptar medidas contra un prestador dado en determinados casos individuales y siguiendo determinadas condiciones estrictas de fondo y de procedimiento. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica indispensable para animar a las PYME a ofrecer sus servicios en los demás Estados miembros, estas excepciones deben limitarse a lo estrictamente necesario. En concreto, estas excepciones sólo deben aplicarse por motivos relacionados con la seguridad de los servicios, el ejercicio de una profesión sanitaria o la protección de menores y en la medida en que no estén armonizadas las disposiciones nacionales en estas áreas. Además, las restricciones a la libre prestación de servicios sólo deben poder acogerse a una excepción si respetan los derechos fundamentales que, según la jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia , forman parte integrante de los principios de derecho general inscritos en el ordenamiento jurídico comunitario.
(70) La libre prestación de servicios tal y como se prevé en la presente Directiva no se aplica a las disposiciones de los Estados miembros en los que se presta el servicio que reservan una actividad a una profesión en particular, por ejemplo, la obligación de reservar la asesoría jurídica a los abogados.
(71) En el caso de que el prestador se desplace a un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen, procede prever una asistencia recíproca entre ambos Estados para que el primero pueda proceder a comprobaciones, inspecciones e investigaciones a petición del Estado miembro de origen o a hacer este tipo de comprobaciones por propia iniciativa, si se trata únicamente de establecer los hechos. Además, si se produce un desplazamiento de trabajadores, el país de acogida puede tomar medidas contra un prestador establecido en otro Estado miembro para garantizar el cumplimiento de las condiciones de empleo y de trabajo aplicables en virtud de la Directiva 96/71/CE.
(72) La presente Directiva no afecta a las condiciones de trabajo y empleo que se aplican, de conformidad con la Directiva 96/71/CE, a los trabajadores desplazados para prestar un servicio en el territorio de otro Estado miembro. En estos casos, la Directiva 96/71/CE establece que los prestadores de servicios deben cumplir las condiciones de trabajo y empleo aplicables en una serie de ámbitos en el Estado miembro en el que se presta el servicio. Se trata de los períodos máximos de trabajo y períodos mínimos de descanso, la duración mínima de las vacaciones anuales retribuidas, las cuantías de salario mínimo, incluidas las correspondientes a las horas extraordinarias, las condiciones de cesión de mano de obra, en particular por parte de agencias de trabajo temporal, la salud, la seguridad y la higiene en el trabajo, las medidas de protección aplicables a las condiciones de trabajo y empleo de las mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente y de los niños y de los jóvenes, y la igualdad de trato entre hombres y mujeres así como otras disposiciones en materia de no discriminación. Esto no se refiere sólo a las condiciones de trabajo y empleo fijadas por ley, sino también a las establecidas en convenios colectivos o arbitrajes declarados oficialmente o universalmente aplicables de facto en el sentido de la Directiva 96/71/CE. Además, la presente Directiva no debe impedir que los Estados miembros apliquen condiciones de trabajo y empleo relativas a materias distintas de las enumeradas en la Directiva 96/71/CE en razón de disposiciones de orden público.
(73) La presente Directiva no afecta a las condiciones de trabajo y empleo en los casos en que el trabajador empleado para prestar un servicio transfronterizo sea contratado en el Estado miembro en que se presta el servicio. Por último, la presente Directiva debe incluir el derecho de los Estados miembros en los que se presta el servicio a determinar si existe una relación laboral y a establecer una distinción entre autónomos y empleados por cuenta ajena, incluidos los "falsos autónomos". A este respecto, y de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la característica esencial de una relación laboral de conformidad con el artículo 39 del Tratado es el hecho de que una persona realice, durante cierto tiempo, en favor de otra y bajo la dirección de ésta, ciertas prestaciones por las cuales percibe una remuneración; toda actividad realizada por una persona al margen de una relación de subordinación debe clasificarse como actividad autónoma a efectos de los artículos 43 y 49 del Tratado.
(74) Conviene prever excepciones a la libre prestación de servicios tal y como se prevé en la presente Directiva para los servicios que son objeto de un régimen de prohibición total en el Estado miembro al que se desplace el prestador si dicho régimen está justificado por motivos de orden público, seguridad pública o salud pública. Esta excepción está limitada a las prohibiciones totales y no incluye, por ejemplo, los regímenes nacionales que, sin prohibir una actividad de forma general, reservan su ejercicio a uno o varios operadores particulares o prohíben el ejercicio de una actividad sin autorización previa. En efecto, desde el momento en que un Estado miembro permite una actividad, aunque reservándola a determinados operadores, dicha actividad no está sujeta a una prohibición total y, por lo tanto, no se considera en sí misma contraria al orden público, a la seguridad pública o la salud pública. Por lo tanto, no quedaría justificado excluir una actividad de este tipo del régimen general de la Directiva.
(75) No procede aplicar la libre prestación de servicios tal y como se prevé en la presente Directiva en relación con los requisitos específicos del Estado miembro al que se desplace el prestador inherentes a las características particulares del lugar en que se presta el servicio y cuyo cumplimiento es indispensable para garantizar el mantenimiento del orden público, de la seguridad pública y de la salud pública o la protección del medio ambiente. Este tipo de excepción se aplica, en particular, a las autorizaciones de ocupar o utilizar la vía pública, los requisitos relativos a la organización de eventos públicos o los requisitos relativos a la seguridad de las obras.
(76) La exclusión de la libre prestación de servicios tal y como se prevé en la presente Directiva en materia de matriculación de vehículos objeto de un arrendamiento financiero en un Estado miembro distinto de aquel en que se utiliza el vehículo es resultado de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia , que ha admitido que un Estado miembro pueda imponer este tipo de obligación a los vehículos utilizados en su territorio, en condiciones que sean proporcionadas. Este tipo de exclusión no incluye el alquiler con carácter ocasional o temporal.
(77) Las relaciones contractuales entre el prestador y el destinatario así como entre el empleador y el empleado no deben estar sujetas a la presente Directiva. La definición de la legislación contractual y extracontractual aplicable se regulará mediante instrumentos comunitarios sobre Derecho internacional privado. Asimismo, el acuerdo contractual prevalece en la medida en que contenga normas de calidad.
(78) Procede dejar a los Estados miembros la posibilidad de que, con carácter excepcional, adopten medidas de excepción a la libre prestación de servicios tal y como se prevé en la presente Directiva con relación a un prestador establecido en otro Estado miembro en casos individuales y por razones determinadas, como la seguridad de los servicios. Este tipo de posibilidad sólo se debe utilizar cuando no haya una armonización comunitaria. Por lo demás, esta posibilidad no debe permitir que se tomen medidas restrictivas en aquellos ámbitos en que otras directivas prohíban completamente hacer excepciones a la libre circulación de servicios, como ocurre con la Directiva 1999/93/CE o la Directiva 98/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 1998, relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso(15) , ni ampliar o limitar las posibilidades de excepción previstas en otras directivas, como la Directiva 89/552/CEE o la Directiva 2000/31/CE.
(79) Las restricciones a la libre circulación de servicios contrarias a la presente Directiva se pueden derivar no sólo de las medidas tomadas respecto de los prestadores, sino también de múltiples obstáculos que entorpecen la utilización de los servicios por parte de los destinatarios y, especialmente, de los consumidores. En la presente Directiva se indican, como ejemplo, algunos tipos de restricción respecto de un destinatario que desee utilizar un servicio realizado por un prestador establecido en otro Estado miembro.
(80) Con arreglo a las normas del Tratado en materia de libre circulación de servicios, tal como han sido interpretadas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia , están prohibidas las discriminaciones basadas en la nacionalidad o en la residencia nacional o local del destinatario. Dicha discriminación puede consistir, por ejemplo en la obligación, impuesta únicamente a los ciudadanos de otro Estado miembro, de presentar los documentos originales, copias compulsadas, un certificado de nacionalidad o traducciones oficiales de los documentos para poder disfrutar de un servicio o de determinadas ventajas en las tarifas. No obstante, la prohibición de los requisitos discriminatorios no impide que se pueda reservar una serie de ventajas, en concreto en las tarifas, para determinados destinatarios, si dichas ventajas están basadas en criterios objetivos y legítimos, como, por ejemplo, una relación directa con las cotizaciones abonadas por dichos destinatarios.
(81) Si bien el objetivo de la presente Directiva no es armonizar artificialmente los precios en la Unión Europea, en particular en aquellos casos en que las condiciones del mercado varían de un país a otro, si realmente se desea establecer un espacio sin fronteras interiores, el principio de no discriminación exige que a los ciudadanos comunitarios no se les impida disfrutar de un servicio al que, desde un punto de vista técnico, se puede acceder en el mercado, o que no se vean sometidos a condiciones y tarifas distintas exclusivamente por motivos de nacionalidad o de lugar de residencia. La persistencia de este tipo de discriminaciones respecto de los destinatarios de servicios pone de relieve para el ciudadano comunitario la falta de un auténtico mercado interior de servicios y, de forma más general, afecta a la integración de los pueblos de Europa. Este principio de no discriminación en el mercado interior implica que el acceso de un destinatario, especialmente un consumidor, a un servicio ofrecido al público no se debe poder denegar o dificultar debido a criterios relacionados con la nacionalidad del destinatario o su lugar de residencia contenidos en las condiciones generales puestas a disposición del público. Esto no obsta para que en dichas condiciones generales se puedan prever para la prestación de un servicio tarifas y condiciones variables justificadas directamente por factores objetivos que pueden variar de un país a otro , como los costes adicionales reales ocasionados por la distancia o las características técnicas de la prestación, diferencias en las condiciones del mercado, como una demanda más o menos elevada influenciada por temporalidad, distintos periodos de vacaciones en los Estados miembros o distintas políticas de precios por parte de los competidores, o los riesgos adicionales derivados de normativas distintas de las del Estado miembro de origen.
(82) Entre los medios de los que se puede servir el prestador para hacer que el destinatario pueda acceder con facilidad a los datos que está obligado a poner a su disposición, conviene prever la comunicación de su dirección electrónica y de su sitio web. Por lo demás, la obligación de presentar determinados datos en los documentos informativos de los prestadores en que se presentan sus servicios de forma detallada no debe afectar a las comunicaciones comerciales de carácter general, como la publicidad, sino más bien a los folletos en que se hace una descripción detallada de los servicios propuestos, incluidos los documentos publicados en un sitio web.
(83) Cualquier prestador que realice servicios que presenten un riesgo especial para la salud o la seguridad o un riesgo económico especial para el destinatario debe estar cubierto por un seguro de responsabilidad profesional adecuado o una garantía equivalente comparable, lo que implica, en concreto, que el prestador debe estar convenientemente asegurado para el servicio que realiza también en uno o varios Estados miembros distintos del Estado miembro de origen.
(84) Este seguro o garantía ha de estar adaptado a la índole y magnitud del riesgo, lo que significa que los prestadores de servicios sólo necesitarán una cobertura transfronteriza si efectivamente prestan servicios en otros Estados miembros. Los prestadores de servicios y las compañías de seguros deben tener la suficiente flexibilidad para negociar pólizas de seguro adaptadas exactamente a la índole y magnitud del riesgo. Por último, los Estados miembros no han de estar obligados a prever que las compañías de seguros deban conceder un seguro.
(85) Conviene suprimir las prohibiciones totales de comunicaciones comerciales en el caso de las profesiones reguladas. Dicha supresión no afecta a las prohibiciones relativas al contenido de una comunicación comercial, sino a aquellas que, de manera general y en relación con una profesión dada, prohíben una o varias formas de comunicación comercial, por ejemplo, toda publicidad en uno o varios medios de comunicación dados. Por lo que se refiere al contenido y a las modalidades de las comunicaciones comerciales, procede animar a los profesionales a elaborar códigos de conducta a nivel comunitario que cumplan lo dispuesto en el Derecho comunitario.
(86) Con el fin de mejorar la transparencia y de favorecer las apreciaciones basadas en criterios comparables en cuanto a la calidad de los servicios ofrecidos y prestados a los destinatarios, es importante obligar a que se pueda acceder fácilmente a la información sobre el significado de las etiquetas y otras marcas distintivas relativas a dichos servicios. Esta obligación de transparencia reviste especial importancia en sectores como el turismo y, especialmente, la hostelería, en los que está muy extendido el uso de sistemas de clasificación. Por otra parte, procede averiguar en qué medida la normalización europea puede ser útil para facilitar la compatibilidad y la calidad de los servicios. Las normas europeas son elaboradas por los organismos europeos de normalización, a saber, el Comité Europeo de Normalización (CEN), el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) y el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) . Cuando sea necesario, la Comisión, con arreglo a los procedimientos previstos por la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (16) , puede encargar la elaboración de normas específicas europeas.
(87) El desarrollo de una red entre las autoridades de los Estados miembros con el fin de proteger a los consumidores, que constituye el objeto del Reglamento (CE) nº 2006/2004 , es complementario de la cooperación prevista en la presente Directiva. En efecto, la aplicación de la legislación sobre protección de los consumidores en situaciones transfronterizas, especialmente en relación con el desarrollo de nuevas prácticas de márketing y distribución, así como las necesidades de suprimir determinados obstáculos particulares que entorpecen la cooperación en este ámbito, requieren un grado más elevado de cooperación entre Estados miembros. En particular, es necesario, en este ámbito, asegurarse de que los Estados miembros exijan a los operadores en su territorio que cesen las prácticas ilícitas dirigidas a consumidores de otros Estados miembros.
(88) La cooperación entre Estados miembros exige un sistema de información electrónica que funcione correctamente de forma que permita a las autoridades competentes identificar con facilidad a sus interlocutores pertinentes en otros Estados miembros y comunicarse con ellos de manera eficaz.
(89) La cooperación administrativa reviste una importancia fundamental para que el mercado interior de los servicios funcione correctamente. La falta de cooperación entre los Estados miembros entraña la proliferación de normas aplicables a los prestadores de servicios y la duplicación de los controles de las actividades transfronterizas, y puede ser utilizada por los profesionales desaprensivos para evitar la supervisión o eludir las normas nacionales aplicables en materia de servicios. Por consiguiente, es muy importante fijar obligaciones jurídicas claramente vinculantes dirigidas a los Estados miembros para que cooperen eficazmente.
(90) Conviene prever que los Estados miembros, en colaboración con la Comisión, animen a las partes interesadas a que elaboren códigos de conducta a nivel comunitario, especialmente con el objetivo de fomentar la calidad de los servicios teniendo en cuenta las peculiaridades propias de cada profesión. Los códigos de conducta deben ser conformes al Derecho comunitario y, especialmente, al Derecho de competencia. No pueden ser contrarios a las disposiciones jurídicas vinculantes en materia de deontología y conducta profesional que estén en vigor en los Estados miembros.
(91) Los Estados miembros deben fomentar la elaboración de códigos de conducta, en particular por parte de los colegios, las asociaciones y los organismos profesionales a nivel comunitario. Estos códigos de conducta deben incluir, teniendo en cuenta la naturaleza específica de cada profesión, normas de comunicación comercial relativas a las profesiones reguladas, así como normas de deontología y conducta profesional de dichas profesiones, con vistas a garantizar, en particular, la independencia, la imparcialidad y el secreto profesional. Además, en estos códigos de conducta deben incluirse las condiciones para el ejercicio de la profesión de agente inmobiliario. Los Estados miembros deben adoptar medidas de acompañamiento para inducir a los colegios, las asociaciones y los organismos profesionales a aplicar a nivel nacional estos códigos de conducta adoptados a nivel comunitario.
(92) La presente Directiva no prejuzga futuras iniciativas, ya sean de tipo legislativo o de otro tipo, en el ámbito de la protección de los consumidores.
(93) El silencio administrativo de la Comisión en el marco del procedimiento de evaluación recíproca previsto en la presente Directiva no prejuzga la compatibilidad de los requisitos nacionales objeto de los informes de los Estados miembros con el Derecho comunitario.
(94) La Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores(17) aproxima las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a las acciones de cesación destinadas a proteger los intereses colectivos de los consumidores incluidos en las Directivas enumeradas en su anexo. Con el fin de hacer posibles tales acciones de cesación en caso de infracción contraria a la presente Directiva que perjudique los intereses colectivos de los consumidores, conviene modificar el anexo de la Directiva 98/27/CE en consecuencia.
(95) Dado que los objetivos de la acción pretendida, a saber, la eliminación de los obstáculos que entorpecen la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios en los Estados miembros y la libre prestación de servicios entre los Estados miembros, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a sus dimensiones, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
(96) En la presente Directiva se respetan los derechos fundamentales y los principios reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, en sus artículos 8, 15, 21 y 47.
(97) Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión(18) .
1. En la presente Directiva se establecen las disposiciones generales necesarias para facilitar el ejercicio de la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios y la libre circulación de los servicios, manteniendo, al mismo tiempo, un nivel elevado de calidad en los servicios .
2. La presente Directiva no se aplicará a la liberalización de los servicios de interés económico general reservados a entidades públicas o privadas ni a la privatización de entidades públicas prestadoras de servicios.
La presente Directiva no se aplicará ni a la abolición de monopolios prestadores de servicios ni a las ayudas concedidas por los Estados miembros que están cubiertas por las normas comunes sobre competencia.
La presente Directiva no afectará a la libertad de los Estados miembros para definir, conforme al Derecho comunitario, los servicios que consideren de interés económico general, la forma en que estos servicios deben organizarse y financiarse y las obligaciones específicas a que deben estar sometidos.
3. La presente Directiva no afectará a los servicios de salud pública ni al acceso de los prestadores de dichos servicios a la financiación pública.
4. La presente Directiva no afectará a las medidas adoptadas a escala comunitaria o nacional con miras a proteger o promocionar la diversidad cultural o lingüística o el pluralismo de los medios de comunicación.
5. La presente Directiva no afectará a la normativa de los Estados miembros en materia de Derecho penal.
6. La presente Directiva no afectará a los servicios que persigan un objetivo de bienestar social.
7. La presente Directiva no se aplicará ni afectará al Derecho laboral, como por ejemplo a cualquier disposición legal o contractual relativa a las condiciones de empleo o de trabajo, incluida la salud y seguridad en el trabajo, o las relaciones entre empleadores y trabajadores. En particular, respetará cabalmente el derecho a negociar, concluir, ampliar y aplicar los convenios colectivos, y el derecho de huelga y de otras acciones sindicales de conformidad con la legislación relativa a las relaciones laborales en los Estados miembros. Tampoco afectará a las legislaciones nacionales en materia de seguridad social en los Estados miembros.
8. La presente Directiva no deberá interpretarse en modo alguno en detrimento del ejercicio de los derechos fundamentales tal y como se reconocen en los Estados miembros y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el derecho de emprender una acción sindical.
2. La presente Directiva no se aplicará a las siguientes actividades:
a) los servicios de interés general tal y como los definen los Estados miembros;
b) los servicios de carácter bancario, de crédito, de seguros, de pensiones profesionales o individuales, de inversiones o pagos, y de manera más general, los servicios enumerados en el Anexo I de la Directiva 2000/12/CE;
c) los servicios y redes de comunicaciones electrónicas, así como los recursos y servicios asociados en lo que se refiere a las materias que se rigen o se mencionan en las Directivas 2002/19/CE (19) , 2002/20/CE(20) , 2002/21/CE(21) , 2002/22/CE(22) y 2002/58/CE(23) ;
d) los servicios de transportes, incluidos el transporte urbano, los taxis y las ambulancias;
e) los servicios portuarios;
f) los servicios jurídicos en la medida en que estén regulados por otros instrumentos comunitarios, incluyendo la Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados (24) y la Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título (25) ;
g) la atención sanitaria, prestada o no en el marco de una estructura asistencial, independientemente de su modo de organización y de financiación a escala nacional y de su carácter público o privado;
h) los servicios sociales, tales como los servicios de vivienda social, los servicios de atención a los niños y los servicios familiares;
i) los servicios audiovisuales, independientemente de su modo de producción, distribución y transmisión, incluidos la radiodifusión y el cine;
j) las agencias de trabajo temporal;
k) los servicios de seguridad;
l) las actividades de juegos por dinero que impliquen apuestas de valor monetario en juegos de azar, incluidos las loterías, los casinos y las apuestas;
m) las profesiones y actividades vinculadas de forma permanente o temporal al ejercicio del poder público en un Estado miembro, en especial la de notario.
3. La presente Directiva no se aplicará en el ámbito de la fiscalidad.
Relación con las demás disposiciones del Derecho comunitario
1. En caso de conflicto entre las disposiciones de la presente Directiva y otras normas comunitarias relativas a aspectos concretos relacionados con el acceso y el ejercicio de la actividad de un servicio en sectores concretos o en relación con profesiones concretas, estas otras normas primarán y se aplicarán a estos sectores o profesiones concretas, en particular:
a) la Directiva 96/71/CE;
b) el Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (26) ;
c) la Directiva 89/552/CEE;
d) la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (27) .
2. La presente Directiva se aplicará sin perjuicio del Derecho internacional privado, en particular el Derecho internacional privado que regula las obligaciones contractuales y extracontractuales (Roma I y Roma II).
3. La exclusión de las obligaciones contractuales y extracontractuales significa que los consumidores gozarán en todo caso de la protección que les concede la legislación en materia de consumo en vigor en su propio Estado miembro.
1) "servicio" : cualquier actividad económica no asalariada contemplada en el artículo 50 del Tratado, prestada normalmente a cambio de una remuneración, que constituye la contrapartida económica de la prestación en cuestión, y está definida normalmente entre el prestador y el destinatario del servicio;
2) "obligaciones de servicio público": obligaciones específicas impuestas por los poderes públicos a un prestador con el fin de garantizar la consecución de ciertos objetivos de interés general;
3) "servicios de interés económico general": los servicios definidos como tales por los Estados miembros y a los que se imponen obligaciones específicas de servicio público atribuidas al prestador por el Estado miembro en cuestión con el fin de garantizar la consecución de ciertos objetivos de interés general;
4) "prestador" : cualquier persona física con la nacionalidad de un Estado miembro o persona jurídica, constituida de conformidad con la legislación de ese Estado miembro, que ofrezca o preste un servicio;
5) "destinatario" : cualquier persona física o persona jurídica establecida en un Estado miembro que utilice o desee utilizar un servicio con fines profesionales o de otro tipo;
6) "Estado miembro de origen": el Estado miembro en cuyo territorio tenga su establecimiento el prestador del servicio de que se trate;
7) "establecimiento" : ejercicio efectivo de una actividad económica a que se hace referencia en el artículo 43 del Tratado por una duración indeterminada y por medio de una instalación permanente del prestador con una infraestructura adecuada a partir de la cual se lleva a cabo efectivamente la prestación de servicios ;
8) "régimen de autorización": cualquier procedimiento en virtud del cual el prestador o el destinatario están obligados a hacer un trámite ante la autoridad competente para obtener un documento oficial o una decisión implícita sobre el acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio;
9) "requisito": cualquier obligación, prohibición, condición o límite previstos en las disposiciones legislativas, reglamentarias o administrativas de los Estados miembros o derivados de la jurisprudencia, de las prácticas administrativas, de las normas de los colegios profesionales o de las normas colectivas de asociaciones o de organismos profesionales y adoptados en ejercicio de su autonomía jurídica; las normas derivadas de convenios colectivos no se considerarán requisitos a efectos de la presente Directiva ;
10) "razón imperiosa de interés general" abarca, entre otros, los ámbitos siguientes: la protección del orden público, la seguridad pública, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, incluida una atención sanitaria equilibrada para todos, la protección de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, la equidad de las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente, incluido el entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural;
11) "autoridad competente": cualquier organismo o entidad, en un Estado miembro, que lleve a cabo el control o la regulación de las actividades de servicios y, concretamente, las autoridades administrativas, los establecimientos públicos , los colegios profesionales y las asociaciones u organismos profesionales que, en el marco de su autonomía jurídica, regulan de forma colectiva el acceso a las actividades de servicios o su ejercicio;
12) "Estado miembro de destino": el Estado miembro donde se presta y se lleva a cabo un servicio transfronterizo sin necesidad de establecimiento por un prestador establecido en otro Estado miembro;
13) "trabajador": la persona física considerada trabajador con arreglo a la legislación nacional, los convenios colectivos y/o las prácticas establecidas en el Estado miembro en que se presta el servicio;
14) "profesión regulada": la actividad o conjunto de actividades profesionales tal y como se definen en la letra a) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 2005/36/CE;
15) "comunicación comercial": cualquier forma de comunicación destinada a promocionar, directa o indirectamente, bienes, servicios o la imagen de una empresa, organización o persona con una actividad comercial, industrial o artesanal o que ejerza una profesión regulada. No se consideran comunicaciones comerciales en sí mismas las siguientes:
a) los datos que permiten acceder directamente a la actividad de dicha empresa, organización o persona y, concretamente, el nombre de dominio o la dirección de correo electrónico;
b) las comunicaciones relativas a los bienes, servicios o a la imagen de dicha empresa, organización o persona, elaboradas de forma independiente, especialmente cuando se facilitan sin contrapartida económica.
1. Los Estados miembros verificarán y, si procede, simplificarán los procedimientos y trámites aplicables al acceso a una actividad de servicios y a su ejercicio en caso de que y en la medida en que constituyan un obstáculo para acceder al mercado.
2. Los Estados miembros, en colaboración con la Comisión, establecerán, en aquellos casos en que resulte apropiado y factible, formularios europeos armonizados. Esos formularios serán equivalentes a los certificados, justificantes o cualquier otro documento relativo al establecimiento que demuestre el cumplimiento de un requisito en el Estado miembro de destino.
3. Cuando los Estados miembros soliciten a un prestador o a un destinatario que presente un certificado, justificante o cualquier otro documento que demuestre el cumplimiento de un requisito, aceptarán cualquier documento de otro Estado miembro que tenga una función equivalente o del que se desprenda que el requisito en cuestión está cumplido. En el caso de documentos de otro Estado miembro, no obligarán a presentar el original, una copia compulsada o una traducción compulsada, salvo en los casos previstos en otros instrumentos comunitarios o salvo excepción justificada por una razón imperiosa de interés general, incluidos el orden y la seguridad públicos . Estas disposiciones no afectarán al derecho de los Estados miembros a exigir traducciones de documentos en sus propias lenguas oficiales.
4. El apartado 3 no se aplicará a los documentos contemplados en el artículo 50 de la Directiva 2005/36/CE, el apartado 3 del artículo 45 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (28) , el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 98/5/CE, la Directiva 2003/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, por la que se modifica la Directiva 68/151/CEE del Consejo en lo relativo a los requisitos de información con respecto a ciertos tipos de empresas (29) , o la Undécima Directiva 89/666/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la publicidad de las sucursales constituidas en un Estado Miembro por determinadas formas de sociedades sometidas al Derecho de otro Estado (30) .
1. Los Estados miembros harán lo necesario para que, a más tardar el ... (31) , los prestadores puedan dirigirse a puntos de contacto denominados "ventanillas únicas" para llevar a cabo los siguientes procedimientos y trámites de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo y en el capítulo III:
a) todos los procedimientos y trámites necesarios para acceder a sus actividades de servicios, en especial las declaraciones, notificaciones o solicitudes de autorización dirigidas a las autoridades competentes, incluidas las solicitudes de inscripción en registros, listas oficiales, bases de datos o colegios o asociaciones profesionales;
b) las solicitudes de autorización necesarias para el ejercicio de sus actividades de servicios.
2. Cuando un Estado miembro exija una inscripción pro forma, el Estado miembro interesado hará lo necesario para que, el … (32) a más tardar, la inscripción pro forma en la ventanilla única esté disponible electrónicamente y no retrase ni complique de manera alguna la prestación del servicio de que se trate ni acarree ningún gasto adicional para el prestador.
3. La Comisión coordinará las ventanillas únicas mediante la creación de una ventanilla única europea.
4. El establecimiento de la ventanilla única no afectará al reparto de funciones y competencias entre las diferentes autoridades en el seno de un sistema nacional.
1. Los Estados miembros harán lo necesario para que los prestadores y los destinatarios puedan acceder fácilmente a la siguiente información por medio de las ventanillas únicas:
a) los requisitos aplicables a los prestadores establecidos en su territorio, en especial los relativos a los procedimientos y trámites necesarios para acceder a las actividades de servicios y ejercerlas;
b) los datos de las autoridades competentes que permitan ponerse directamente en contacto con ellas, incluidas las autoridades competentes en materia de ejercicio de actividades de servicios;
c) los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos públicos relativos a los prestadores ;
d) las vías de recurso generalmente disponibles en caso de litigio entre las autoridades competentes y el prestador o el destinatario, o entre un prestador y un destinatario, o entre prestadores;
e) los datos de las asociaciones u organizaciones distintas de las autoridades competentes a las que los prestadores o destinatarios puedan dirigirse para obtener ayuda práctica.
2. Los Estados miembros harán lo necesario para que los prestadores y los destinatarios puedan obtener, cuando así lo soliciten, ayuda de las autoridades competentes, que consistirá en dar información sobre la forma en que se interpretan y aplican generalmente los requisitos contemplados en la letra a) del apartado 1. Cuando proceda, dicho asesoramiento incluirá una guía simple y detallada. La información se facilitará de manera clara e inteligible .
3. Los Estados miembros harán lo necesario para que la información y la ayuda contempladas en los apartados 1 y 2 se faciliten de forma clara e inequívoca, se pueda acceder a ellas fácilmente, a distancia y por vía electrónica entre otras, y para que estén actualizadas.
4. Los Estados miembros se asegurarán de que las ventanillas únicas y las autoridades competentes den respuesta lo antes posible a toda solicitud de información o de ayuda contemplada en los apartados 1 y 2 y, si la solicitud es errónea o carece de fundamento, informen de ello al solicitante lo antes posible.
5. Los Estados miembros aplicarán lo dispuesto en los apartados 1 a 4 a más tardar el … (33) .
6. Los Estados miembros y la Comisión fomentarán las ventanillas únicas para que se pueda acceder a la información contemplada en este artículo en otras lenguas comunitarias, siempre que ello sea compatible con su legislación sobre el uso de las lenguas .
7. La obligación de las autoridades competentes de ayudar a los prestadores y destinatarios no exige que estas autoridades proporcionen asesoramiento jurídico en casos individuales, sino que se refiere únicamente a la información general sobre la manera en que se interpretan o aplican habitualmente los requisitos.
1. Los Estados miembros harán lo necesario para que, a más tardar el … (34) , todos los procedimientos y trámites relativos al acceso a una actividad de servicios y a su ejercicio se puedan realizar fácilmente, a distancia y por vía electrónica entre otras, ante la ventanilla única de que se trate y ante las autoridades competentes.
2. El apartado 1 no se aplicará a las inspecciones del lugar en que se presta el servicio o del equipo utilizado por el prestador ni al examen físico de la capacidad del prestador. Tampoco se aplicará a ningún requisito relativo al suministro de la documentación original en virtud del artículo 5 ni a los procedimientos que, por una razón imperiosa de interés general , exijan la presencia física del solicitante.
3. La Comisión garantizará la interoperabilidad de los sistemas de información y la utilización de los procedimientos electrónicos entre los Estados miembros. Se aplicará el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 39 .
1. Los Estados miembros podrán supeditar el acceso a una actividad de servicios y su ejercicio a un régimen de autorización cuando se reúnan las siguientes condiciones:
c) el objetivo perseguido no se puede conseguir mediante una medida menos restrictiva, en concreto porque un control a posteriori se produciría demasiado tarde para ser realmente eficaz.
2. El apartado 1 no se aplicará a los regímenes de autorización impuestos o permitidos por otros instrumentos comunitarios.
El apartado 1 no se aplicará a los aspectos de los regímenes de autorización armonizados en virtud de otros instrumentos comunitarios.
1. Los regímenes de autorización deberán basarse en criterios que delimiten el ejercicio de la facultad de apreciación de las autoridades competentes con el fin de que dicha facultad no se ejerza de forma arbitraria o discrecional.
2. Los criterios contemplados en el apartado 1 deberán reunir las siguientes características:
a) no ser discriminatorios;
b) estar justificados por una razón imperiosa de interés general;
c) ser proporcionales a dicha razón imperiosa de interés general;
d) ser precisos e inequívocos;
e) ser objetivos;
f) ser hechos públicos con antelación;
3. Las condiciones de concesión de una autorización para un nuevo establecimiento no deberán dar lugar a solapamientos con los requisitos y controles equivalentes o comparables en lo esencial por su finalidad a los que ya esté sometido el prestador en otro Estado miembro o en el mismo Estado miembro. Las ventanillas únicas y el prestador deberán colaborar con la autoridad competente facilitando la información necesaria sobre dichos requisitos. Al evaluar si las condiciones son equivalentes o comparables en lo esencial, se tendrán en cuenta su efecto y la efectividad de su cumplimiento, además de su objetivo y finalidad.
4. La autorización deberá permitir al prestador acceder a la actividad de servicios o ejercerla en la totalidad del territorio nacional, incluida la creación de agencias, sucursales, filiales u oficinas, salvo que haya una razón imperiosa de interés general que justifique una autorización individual para cada establecimiento o una autorización que se limite a una parte específica del territorio nacional .
5. La autorización deberá concederse una vez se hayan examinado las condiciones para obtenerla y se haya demostrado que se cumplen.
6. Salvo en aquellos casos en los que se haya concedido autorización, las otras respuestas de las autoridades competentes, así como la denegación o la retirada de la autorización, deberán ser motivadas, en concreto en lo que se refiere a lo dispuesto en el presente artículo, y deberán poder ser impugnadas mediante un recurso judicial.
1. No se podrá limitar la duración de la autorización concedida al prestador, excepto en los siguientes casos:
a) cuando la autorización se renueve automáticamente o esté sujeta sólo al cumplimiento permanente de los requisitos ;
b) cuando el número de autorizaciones disponibles sea limitado por una razón imperiosa de interés general ;
c) cuando la duración limitada esté justificada por una razón imperiosa de interés general.
2. El apartado 1 no se aplicará al plazo máximo durante el cual el prestador debe iniciar efectivamente su actividad tras haber obtenido la autorización.
3. Los Estados miembros obligarán al prestador a informar a la correspondiente ventanilla única prevista en el artículo 6 de los siguientes cambios:
– la creación de filiales con actividades que entren en el ámbito de aplicación del régimen de autorización;
– los cambios en su situación que tengan como consecuencia que ya no se reúnan las condiciones necesarias para la concesión de la autorización.
4. El presente artículo no afectará a la capacidad de los Estados miembros para revocar las autorizaciones, especialmente en los casos en que no se reúnan ya las condiciones para la concesión de la autorización.
1. Cuando el número de autorizaciones disponibles para una determinada actividad esté limitado debido a la escasez de recursos naturales o de las capacidades técnicas que se pueden utilizar, los Estados miembros aplicarán un procedimiento de selección entre los posibles candidatos en el que se den todas las garantías de imparcialidad y de transparencia y, en concreto, se haga la publicidad adecuada del inicio del procedimiento y de su resolución.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 9 y 10, los Estados miembros podrán tener en cuenta, al aplicar su procedimiento de selección, consideraciones en materia de salud pública, de salud y seguridad de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, de protección del medio ambiente, de conservación del patrimonio cultural y de promoción de todo objetivo de orden público que no entre en conflicto con el Tratado.
1. Los procedimientos y trámites de autorización deberán ser claros, darse a conocer con antelación y ser adecuados para garantizar a las partes implicadas que su solicitud reciba un trato objetivo e imparcial.
2. Los procedimientos y trámites de autorización no deberán tener carácter disuasorio ni complicar o retrasar indebidamente la prestación del servicio. Se deberá poder acceder fácilmente a ellos y los gastos que ocasionen a los interesados deberán ser proporcionales a los costes de los procedimientos de autorización y no exceder el coste de la autorización .
3. Los procedimientos y trámites de autorización deberán ser adecuados para garantizar a los interesados que se dé curso a su solicitud lo antes posible y, en cualquier caso, dentro de un plazo de respuesta razonable, fijado y publicado con antelación. El plazo no comenzará a correr hasta el momento de la presentación de la documentación completa.
4. Los Estados miembros harán lo necesario para que los solicitantes reciban una respuesta en el plazo previsto en el apartado 3.
5. A petición del solicitante , toda solicitud de autorización deberá recibir lo antes posible un acuse de recibo en el que se indique el plazo de respuesta contemplado en el apartado 3.
6. Si la solicitud está incompleta, se deberá informar a los interesados lo antes posible de que deben presentar documentación adicional y de las posibles consecuencias para el plazo de respuesta contemplado en el apartado 3 .
7. En caso de denegación de una solicitud por no haber respetado ésta los procedimientos o trámites debidos, se informará lo antes posible a las partes implicadas de dicha denegación.
1) requisitos discriminatorios basados directa o indirectamente en la nacionalidad o la sede, en lo que se refiere a las sociedades, y, especialmente:
a) requisito de nacionalidad para el prestador, su personal, las personas que posean el capital social o los miembros de los órganos de gestión y supervisión;
b) requisito de residir en el territorio nacional para el prestador, su personal, las personas que posean el capital social o los miembros de los órganos de gestión y supervisión;
2) prohibición de estar establecido en varios Estados miembros o de estar inscrito en los registros o colegios o asociaciones profesionales de varios Estados miembros;
3) limitaciones de la libertad del prestador para elegir entre un establecimiento principal o secundario y, especialmente, la obligación de que el prestador tenga su establecimiento principal en el territorio nacional, o limitaciones de la libertad de elección entre establecimiento en forma de agencia, de sucursal o de filial;
4) condiciones de reciprocidad con el Estado miembro en el que el prestador tenga ya su establecimiento, con excepción de las previstas en los instrumentos comunitarios en materia de energía;
5) aplicación, caso por caso, de una prueba económica consistente en supeditar la concesión de la autorización a que se demuestre la existencia de una necesidad económica o de una demanda en el mercado, a que se evalúen los efectos económicos, posibles o reales, de la actividad, o a que se haga una apreciación de si la actividad se ajusta a los objetivos de programación económica fijados por la autoridad competente; esta prohibición no se refiere a los requisitos de planificación que no persiguen fines económicos, sino que están al servicio de razones imperiosas de interés general;
6) intervención directa o indirecta de competidores, incluso dentro de órganos consultivos, en la concesión de autorizaciones o en la adopción de otras decisiones de las autoridades competentes, con excepción de los colegios y asociaciones profesionales u otros organismos que actúen como autoridad competente; esta prohibición no se refiere a la consulta de organismos como las cámaras de comercio o los interlocutores sociales sobre asuntos distintos a las solicitudes de autorización individuales;
7) obligación de constituir un aval financiero, de participar en él o de suscribir un seguro con un prestador u organismo establecido en el territorio nacional. Esto no afecta a la posibilidad de que los Estados miembros requieran garantías financieras como tal ni impide (siempre que se respeten los principios de no prevención, no restricción y no distorsión de la competencia en el mercado interior, así como el de no discriminación por razón de la nacionalidad), sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 29, que un Estado miembro requiera que se suscriba un seguro a través de o con empresas a las que haya concedido derechos especiales o exclusivos, ni afecta a los requisitos relativos a la participación en un fondo de compensación colectivo, por ejemplo, para los miembros de colegios u organizaciones profesionales;
8) obligación de haber estado inscrito previamente en los registros existentes en el territorio nacional o de haber ejercido la actividad previamente en dicho territorio.
1. Los Estados miembros examinarán si en su ordenamiento jurídico están previstos los requisitos contemplados en el apartado 2 y harán lo necesario para que dichos requisitos sean compatibles con las condiciones contempladas en el apartado 3. Los Estados miembros adaptarán sus disposiciones legislativas, reglamentarias o administrativas con el fin de lograr que sean compatibles con dichas condiciones.
a) límites cuantitativos o territoriales y, concretamente, límites fijados en función de la población o de una distancia geográfica mínima entre prestadores;
b) requisitos que obliguen al prestador a constituirse adoptando una forma jurídica particular;
c) requisitos relativos a la posesión de capital de una sociedad;
d) requisitos distintos de los relativos a las materias contempladas en el título II de la Directiva 2005/36/CE o de los previstos en otros instrumentos comunitarios y que sirven para reservar el acceso a la correspondiente actividad de servicios a una serie de prestadores concretos debido a la índole específica de la actividad;
e) prohibición de disponer de varios establecimientos en un mismo territorio nacional;
f) requisitos que obligan a tener un número mínimo de empleados;
g) tarifas obligatorias mínimas y/o máximas que el prestador debe respetar;
h) obligación de que el prestador realice, junto con su servicio, otros servicios específicos.
3. Los Estados miembros comprobarán que los requisitos contemplados en el apartado 2 cumplan las tres condiciones siguientes:
a) no discriminación: que los requisitos no sean discriminatorios, ni directa ni indirectamente, por razón de la nacionalidad, o en el caso de las sociedades, por razón de la sede ;
b) necesidad: que los requisitos estén justificados por una razón imperiosa de interés general;
c) proporcionalidad: que los requisitos sean los adecuados para garantizar la realización del objetivo que se persigue y no vayan más allá de lo necesario para conseguir dicho efectivo y que otras medidas menos restrictivas no permitan obtener el mismo resultado.
4. En el informe de evaluación recíproca previsto en el artículo 38 , los Estados miembros indicarán lo siguiente:
a) los requisitos que tienen previsto mantener y los motivos por los que consideran que dichos requisitos reúnen las condiciones contempladas en el apartado 3;
b) los requisitos que se han suprimido o simplificado.
5. Los apartados 1 a 4 no se aplicarán a la legislación en el ámbito de los servicios de interés económico general y de los regímenes de seguridad social, incluidos los regímenes obligatorios del seguro de enfermedad .
Eficacia del control
1. Los Estados miembros garantizarán que las facultades de supervisión y control del prestador, previstas en sus legislaciones nacionales, se ejerzan asimismo en caso de que el servicio se preste en otro Estado miembro.
2. El apartado 1 no obligará al Estado miembro del establecimiento principal a llevar a cabo comprobaciones fácticas o controles en el territorio del Estado miembro en el que se presta el servicio.
3. Las autoridades competentes del Estado miembro en que se presta el servicio podrán llevar a cabo comprobaciones, inspecciones e investigaciones in situ siempre que éstas estén justificadas objetivamente y no sean discriminatorias.
Asistencia recíproca
1. Los Estados miembros se prestarán asistencia recíproca y harán todo cuanto esté en su mano para cooperar de forma eficaz entre sí con el fin de garantizar el control de los prestadores y de sus servicios.
2. El Estado miembro de destino será responsable del control de la actividad de los prestadores en su territorio. El Estado miembro de destino ejercerá este control de conformidad con el apartado 3.
3. El Estado miembro de destino:
– adoptará todas las medidas necesarias para garantizar que el prestador cumple la legislación nacional en el ejercicio de una actividad de servicios en su territorio y en los casos en que se aplique el tercer párrafo del apartado 1 del artículo 21;
– procederá a realizar las comprobaciones, inspecciones e investigaciones necesarias para garantizar el control del servicio prestado;
– procederá a realizar las comprobaciones, inspecciones e investigaciones solicitadas por el Estado miembro del establecimiento principal.
4. Los Estados miembros facilitarán en el plazo más breve posible y por vía electrónica la información solicitada por otros Estados miembros o por la Comisión.
5. Cuando los Estados miembros tengan conocimiento de un comportamiento ilícito de un prestador o de hechos concretos que puedan causar un perjuicio grave en un Estado miembro, informarán de ello lo antes posible al Estado miembro del establecimiento principal.
6. Cuando el Estado miembro de destino, tras haber realizado las comprobaciones, inspecciones e investigaciones de conformidad con el apartado 3, constate que el prestador no ha cumplido con sus obligaciones, podrá, de conformidad con su ordenamiento jurídico y con el Derecho comunitario, obligar al prestador a depositar una fianza o le podrá aplicar medidas provisionales. Dicha fianza podrá utilizarse para la ejecución de decisiones y sentencias de carácter administrativo, civil y penal.
Asistencia recíproca en caso de desplazamiento del prestador
1. El Estado miembro del establecimiento principal será el responsable de controlar al prestador en su territorio, en particular mediante medidas de control en el lugar de establecimiento del prestador, de conformidad con el apartado 2.
2. El Estado miembro del establecimiento principal:
– procederá a realizar las comprobaciones, inspecciones e investigaciones solicitadas por otro Estado miembro y le informará sobre los resultados y, si procede, sobre las medidas adoptadas;
– facilitará la información sobre los prestadores establecidos en su territorio solicitada por otro Estado miembro, en particular la confirmación de su establecimiento en su territorio y del ejercicio legal de sus actividades.
3. El Estado miembro del establecimiento principal no podrá negarse a adoptar medidas de control o aplicación en su territorio basándose en que el servicio se ha prestado, o ha ocasionado perjuicio, en otro Estado miembro.
1. Un Estado miembro que tenga conocimiento de actos o circunstancias específicos de carácter grave que puedan ocasionar perjuicios graves para la salud o la seguridad de las personas en su territorio o en el de otros Estados miembros informará al respecto al Estado miembro de origen, a los demás Estados miembros afectados y a la Comisión en el plazo más breve posible.
2. La Comisión promoverá y participará en el funcionamiento de una red europea de autoridades de los Estados miembros con el fin de aplicar el apartado 1.
3. La Comisión preparará y actualizará periódicamente, con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 39, las orientaciones relativas a la gestión de la red a que se refiere el apartado 2.
La Comisión adoptará, con arreglo al procedimiento contemplado en apartado 2 del artículo 39 , las medidas de aplicación necesarias para la aplicación del artículo 17 y las modalidades prácticas de los intercambios de información por vía electrónica entre los Estados miembros , particularmente las disposiciones relativas a la interoperabilidad de los sistemas de información.
1. Los Estados miembros respetarán el derecho de los prestadores a prestar un servicio en un Estado miembro distinto de aquél en el que estén establecidos.
a) no discriminación: los requisitos no podrán ser discriminatorios, ni directa ni indirectamente, por razón de la nacionalidad o, en el caso de las personas jurídicas, por razón del Estado miembro en que estén establecidas;
b) necesidad: los requisitos deberán estar justificados por razones de orden público o seguridad pública o de protección de la salud y del medioambiente;
c) proporcionalidad: los requisitos deberán ser los adecuados para garantizar la realización del objetivo que se persigue y no ir más allá de lo necesario para conseguir dicho objetivo.
2. Los Estados miembros no podrán restringir la libre prestación de servicios realizados por un prestador establecido en otro Estado miembro, en particular, mediante la imposición de los siguientes requisitos:
a) obligación de que el prestador esté establecido en el territorio nacional;
b) obligación de que el prestador obtenga una autorización concedida por las autoridades competentes nacionales , incluida la inscripción en un registro o en un colegio o asociación profesional que exista en el territorio nacional, salvo en los casos previstos en la presente Directiva o en otros instrumentos de Derecho comunitario ;
c) prohibición de que el prestador se procure en el territorio nacional cierta infraestructura, incluida una oficina o un gabinete, necesaria para llevar a cabo las correspondientes prestaciones;
d) aplicación de un régimen contractual particular entre el prestador y el destinatario que impida o limite la prestación de servicios con carácter independiente;
e) obligación de que el prestador posea un documento de identidad específico para el ejercicio de una actividad de servicios, expedido por las autoridades competentes nacionales;
f) requisitos sobre el uso de equipos y material que forman parte integrante de la prestación de servicios, con excepción de los necesarios para la salud y la seguridad en el trabajo;
g) restricciones a la libre prestación de servicios contempladas en el artículo 24.
3. Las presentes disposiciones no impedirán que el Estado miembro en que se presta el servicio imponga requisitos, respecto de la prestación de una actividad de servicios, que estén justificados por razones de orden público, seguridad pública, protección del medioambiente y salud pública. Tampoco impedirán que los Estados miembros apliquen, de conformidad con el Derecho comunitario, sus disposiciones en materia de condiciones de empleo, incluidas las establecidas por convenios colectivos.
4. A más tardar el ... (35) , la Comisión, previa consulta con los Estados miembros y los interlocutores sociales a nivel europeo, presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación del presente artículo, en el que examinará la necesidad de proponer medidas de armonización respecto de las actividades de servicios cubiertas por la presente Directiva.
Excepciones generales
El artículo 21 no se aplicará a:
1) los servicios de interés económico general que se presten en otro Estado miembro, a saber, entre otros:
a) los servicios postales cubiertos por la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio (36) ;
b) los servicios de transporte, distribución y suministro de energía eléctrica definidos en el artículo 2 de la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (37) ;
c) los servicios de transporte, distribución, suministro y almacenamiento de gas definidos en el artículo 2 de la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural (38) ;
d) los servicios de distribución y abastecimiento de agua y los servicios de aguas residuales ;
e) la gestión de residuos;
2) las materias que abarca la Directiva 96/71/CE;
3) las materias a las que se refiere la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (39) ;
4) las actividades de cobro de deudas por vía judicial;
5) por lo que se refiere a las cualificaciones profesionales, lo dispuesto en la Directiva 2005/36/CE, incluidos los requisitos de los Estados miembros en que se presta el servicio por los que se reserva una actividad a una determinada profesión ;
6) las disposiciones del Reglamento (CEE) nº 1408/71 por las que se determina la legislación aplicable;
7) por lo que se refiere a los trámites administrativos en el ámbito de la libertad de circulación y residencia de las personas, lo dispuesto en la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros(40) , en la que se establecen trámites administrativos ante las autoridades competentes de los Estados miembros de destino a cargo de los beneficiarios;
8) por lo que se refiere a los traslados de residuos, el régimen de autorización previsto en los artículos 3 y 4 del Reglamento (CEE) nº 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea (41) ;
9) los derechos de autor y derechos afines, los derechos contemplados en la Directiva 87/54/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1986, sobre la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores (42) y en la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (43) y los derechos de propiedad industrial;
10) la auditoría de cuentas;
11) los servicios que, en el Estado miembro al que se desplace el prestador para realizar su servicio, sean objeto de un régimen de prohibición, cuando así esté justificado por motivos de orden público, seguridad pública o salud pública;
12) los requisitos específicos del Estado miembro al que el prestador se desplace que estén directamente relacionados con las características particulares del lugar en el que se presta el servicio, con los riesgos particulares creados por el servicio en el lugar en que se presta el servicio o con la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, y cuyo respeto sea imprescindible para garantizar el mantenimiento del orden público o de la seguridad pública, o la protección de la salud pública o del medio ambiente;
13) la matriculación de vehículos objeto de un arrendamiento financiero en otro Estado miembro;
14) ninguna de las disposiciones del Derecho internacional privado, en especial, las aplicables a las obligaciones contractuales y extracontractuales, incluida la forma de los contratos.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 21 y con carácter excepcional, los Estados miembros podrán tomar medidas respecto de un prestador que tenga su establecimiento en otro Estado miembro cuando dichas medidas estén relacionadas con uno de los siguientes puntos:
a) la seguridad de los servicios, incluidos los aspectos relacionados con la salud pública;
b) el ejercicio de una profesión sanitaria;
c) la protección del orden público, y, especialmente, los aspectos relacionados con la protección de menores.
2. Las medidas contempladas en el apartado 1 únicamente se podrán tomar si se reúnen las siguientes condiciones:
a) las disposiciones nacionales en virtud de las cuales se toman las medidas no son objeto de armonización comunitaria relativa a los ámbitos a los que se refiere el apartado 1;
b) las medidas ofrecen al destinatario un mayor grado de protección que las que tomaría el Estado miembro de origen con arreglo a lo dispuesto en sus disposiciones nacionales;
c) el Estado miembro de origen no ha adoptado medidas o las medidas que ha adoptado son insuficientes en relación con las contempladas en el apartado 2 del artículo 18 ;
d) las medidas son proporcionadas .
3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en los instrumentos comunitarios para garantizar la libre prestación de servicios o permitir excepciones a dicha libertad.
Los Estados miembros no podrán imponer al destinatario requisitos que restrinjan la utilización de servicios realizados por un prestador establecido en otro Estado miembro y, en particular, los siguientes requisitos:
a) obligación de obtener una autorización de las autoridades competentes nacionales o de hacer una declaración ante ellas;
b) limitaciones de las posibilidades de desgravación fiscal o de la concesión de ayudas económicas debido a que el prestador esté establecido en otro Estado miembro o en función del lugar de ejecución de la prestación;
c) imposición tributaria del destinatario con impuestos discriminatorios o desproporcionados sobre el equipo necesario para recibir un servicio a distancia procedente de otro Estado miembro.
1. Los Estados miembros harán lo necesario para que el destinatario no se vea sujeto a requisitos discriminatorios basados únicamente en su nacionalidad o en su lugar de residencia.
2. Los Estados miembros harán lo necesario para que las condiciones generales de acceso a un servicio que el prestador ponga a disposición del público no contengan condiciones discriminatorias basadas únicamente en la nacionalidad o el lugar de residencia del destinatario, sin que ello menoscabe la posibilidad de establecer diferencias en las condiciones de acceso directamente justificadas por criterios objetivos.
1. Los Estados miembros harán lo necesario para que los destinatarios puedan obtener a través de las ventanillas únicas:
a) información sobre los requisitos aplicables en los demás Estados miembros al acceso a las actividades de servicios y a su ejercicio, especialmente la información relacionada con la protección de los consumidores;
b) información general sobre las vías de recurso disponibles en caso de litigio entre el prestador y el destinatario;
c) datos de las asociaciones u organizaciones que pueden ofrecer a los prestadores o destinatarios asistencia práctica.
Si fuera necesario, el asesoramiento de las autoridades competentes incluirá una guía simple y detallada.
La información y la asistencia se facilitarán de forma clara e inequívoca, serán fácilmente accesibles a distancia, también por medios electrónicos, y se mantendrán actualizadas.
2. Los Estados miembros podrán confiar el cometido contemplado en el apartado 1 a cualquier otro organismo, como las Euroventanillas, los centros de intercambio de la red extrajudicial europea (EEJ-net), las asociaciones de consumidores o los centros de información empresarial (Euro Info Centres).
A más tardar el ... (44) , los Estados miembros comunicarán a la Comisión los nombres y las señas de los organismos designados. La Comisión los enviará a todos los Estados miembros.
3. Con el fin de poder comunicar los datos contemplados en el apartado 1, el organismo al que recurra el destinatario se dirigirá al organismo del Estado miembro de que se trate. Éste último deberá comunicar los datos solicitados lo antes posible. Los Estados miembros harán lo necesario para que estos organismos se presten asistencia recíproca y hagan lo necesario para cooperar entre sí de forma eficaz.
4. La Comisión adoptará, con arreglo al procedimiento al que se refiere el apartado 2 del artículo 39 , las medidas de aplicación de los apartados 1, 2 y 3, especificando los detalles técnicos de los intercambios de información entre organismos de Estados miembros distintos y, particularmente, de la interoperabilidad de los sistemas de información.
Asistencia a los prestadores
1. Los Estados miembros harán lo necesario para que, a más tardar el … (45) , cualquier prestador pueda realizar, en una ventanilla única, todos los procedimientos y trámites necesarios, de conformidad con la presente Directiva, para el ejercicio de sus actividades de servicio en otro Estado miembro.
2. Se aplicarán los artículos 6 a 8 en consecuencia.
1. La Comisión y los Estados miembros harán lo necesario para que los prestadores pongan a disposición de los destinatarios , de la Euroventanilla y de las ventanillas únicas de los Estados miembros de destino la siguiente información:
a) nombre y, cuando se trate de una persona jurídica, forma jurídica , dirección geográfica en que el prestador tiene su establecimiento y los datos necesarios para ponerse rápidamente en contacto y comunicar directamente con él, dado el caso, por vía electrónica;
b) en caso de que el prestador esté inscrito en un registro mercantil u otro registro público análogo, dicho registro mercantil y su número de inscripción, o los medios equivalentes de identificación que figuren en dicho registro;
c) en caso de que la actividad esté sometida a un régimen de autorización, los datos de la autoridad competente o de la ventanilla única;
d) en caso de que el prestador ejerza una actividad sujeta al IVA, el número de identificación mencionado en el apartado 1 del artículo 22 de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme (46) ;
e) por lo que se refiere a las profesiones reguladas, todo colegio profesional u organismo análogo en el que esté inscrito el prestador, y el título profesional y el Estado miembro en el que fue otorgado;
f) condiciones y cláusulas generales, cuando el prestador las emplee;
g) cláusulas contractuales sobre la legislación aplicable al contrato y/o sobre los órganos judiciales competentes;
h) en caso de obligatoriedad de suscripción de un seguro de responsabilidad profesional o garantía equivalente, los datos a que se refiere el apartado 1 del artículo 29, en particular los datos de la entidad aseguradora o garante, la cobertura profesional y geográfica, y la certificación de estar al corriente en los pagos correspondientes a la aseguradora.
a) sean comunicados por el prestador por propia iniciativa;
b) sean de fácil acceso para el destinatario en el lugar de prestación o de celebración del contrato;
c) sean de fácil acceso para el destinatario por vía electrónica a través de una dirección comunicada por el prestador;
d) figuren en todo documento informativo del prestador que se facilite al destinatario y en el que se presenten de forma detallada sus servicios.
a) principales características del servicio;
b) precio del servicio o, si no se puede indicar el precio exacto, método para calcular el precio, de forma que el destinatario pueda comprobarlo, o un presupuesto suficientemente detallado;
c) estatutos y forma jurídica del prestador;
d) en el caso de las profesiones reguladas, referencia a las normas profesionales aplicables en el Estado miembro de origen y los medios para acceder a ellas.
4. Los Estados miembros harán lo necesario para que la información contemplada en el presente capítulo que el prestador debe facilitar estén disponibles o se proporcionen de forma clara e inequívoca, con la debida antelación antes de la celebración del contrato o, cuando no haya contrato por escrito, antes de la prestación del servicio.
6. Con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 39 , la Comisión podrá precisar el contenido de la información al que se refieren los apartados 1 y 3 del presente artículo en función de las peculiaridades de determinadas actividades y precisar el modo de aplicación práctica de lo dispuesto en el apartado 2.
Seguros y garantías profesionales
1. Los Estados miembros podrán exigir que los prestadores cuyos servicios presenten un riesgo directo y especial para la salud o la seguridad del destinatario o de una tercera persona, o para la seguridad financiera del destinatario, o un riesgo para el medio ambiente, estén obligados a tomar un seguro de responsabilidad profesional adecuado en relación con la índole y la magnitud del riesgo o a presentar algún otro tipo de garantía equivalente o comparable en lo esencial en cuanto a su finalidad. El seguro o la garantía de responsabilidad profesional cubrirán, asimismo, los riesgos relacionados con estos servicios cuando se presten en otros Estados miembros.
2. Los Estados miembros podrán exigir que, cuando el prestador se desplace por primera vez de un Estado miembro a otro con objeto de prestar servicios, informe de ello con antelación a la autoridad competente del Estado miembro de destino mediante una declaración por escrito que incluirá información detallada sobre garantías de seguros o medios similares de protección personal o colectiva de que pueda disponer en relación con la responsabilidad profesional. Esta declaración se renovará anualmente, en caso de que el prestador tenga la intención de prestar servicios temporal u ocasionalmente en ese Estado miembro durante dicho año. El prestador podrá presentar la declaración por cualquier medio.
3. Los Estados miembros harán lo necesario para que los prestadores comuniquen al destinatario los datos relativos al seguro o garantías contempladas en el apartado 1, especialmente, las señas del asegurador o del garante y la cobertura geográfica.
4. Los Estados miembros no exigirán un seguro profesional o una garantía económica a un prestador que se establezca en su territorio o preste servicios en éste cuando dicho prestador esté ya cubierto por una garantía equivalente o comparable en lo esencial en cuanto a su finalidad en otro Estado miembro, en el que ya tenga un establecimiento.
Cuando un Estado miembro exija un seguro contra los riesgos financieros derivados de la responsabilidad profesional, ese Estado miembro aceptará como prueba suficiente, de un prestador establecido en otro Estado miembro, un certificado relativo a tal seguro emitido por los bancos o las aseguradoras del Estado miembro en el que esté establecido el prestador.
En el caso de que sólo se dé una equivalencia parcial, los Estados miembros podrán pedir una garantía complementaria para cubrir los elementos que no estén ya cubiertos.
5. Los apartados 1 a 4 no afectarán a los regímenes de seguros o de garantías profesionales previstos en otros instrumentos comunitarios.
6. En el marco de la aplicación del apartado 1, la Comisión podrá, con arreglo al procedimiento al que se refiere el apartado 2 del artículo 39 , fijar una lista de servicios que presenten las características a las que se refiere el apartado 1, así como criterios comunes que permitan definir si el seguro o las garantías mencionados en el mismo resultan adecuados en relación con la índole y magnitud del riesgo.
Garantías posventa
Los Estados miembros harán lo necesario para que los prestadores comuniquen al destinatario, cuando éste lo solicite, información sobre la existencia o inexistencia de garantías posventa, su contenido y los datos esenciales necesarios para su aplicación y, en concreto, su duración y cobertura territorial.
2. Los Estados miembros harán lo necesario para que las comunicaciones comerciales de las profesiones reguladas se hagan cumpliendo las normas profesionales conformes al Derecho comunitario que tienen por objeto, concretamente, la independencia, dignidad e integridad de la profesión, así como el secreto profesional en función del carácter específico de cada profesión.
No obstante lo anterior , los siguientes prestadores podrán verse sujetos a este tipo de requisitos:
a) las profesiones reguladas, en la medida en que esté justificado para garantizar el cumplimiento de requisitos deontológicos distintos debidos al carácter específico de cada profesión;
b) los prestadores que realicen servicios de certificación, acreditación, control técnico, pruebas o ensayos, en la medida en que esté justificado para garantizar su independencia e imparcialidad.
2. En los casos en que las actividades multidisciplinares estén autorizadas, los Estados miembros harán lo necesario para:
a) prevenir conflictos de intereses e incompatibilidades entre determinadas actividades;
b) garantizar la independencia e imparcialidad que requieren determinadas actividades;
c) garantizar que los requisitos deontológicos de las distintas actividades sean compatibles entre sí, en especial en lo que se refiere al secreto profesional.
3. Los Estados miembros harán lo necesario para que los prestadores comuniquen al destinatario, cuando éste lo solicite, la información relativa a sus actividades y asociaciones multidisciplinares y sobre las medidas adoptadas para evitar conflictos de intereses. Esta información deberá figurar en todo documento informativo de los prestadores en el que se presenten de forma detallada sus servicios.
1. Los Estados miembros, en colaboración con la Comisión, tomarán medidas de acompañamiento para fomentar el que los prestadores aseguren de forma voluntaria la calidad de los servicios y, en concreto para que:
a) hagan certificar o evaluar sus actividades por parte de organismos independientes;
b) elaboren su propia carta de calidad o participen en las cartas o etiquetas de calidad elaboradas por organismos profesionales a nivel comunitario.
2. Los Estados miembros harán lo necesario para que los destinatarios y prestadores puedan acceder fácilmente a la información sobre el significado y los criterios de asignación de las etiquetas y otras marcas de calidad relativas a los servicios.
3. Los Estados miembros, en colaboración con la Comisión, tomarán las medidas de acompañamiento para animar a los colegios profesionales, así como a las cámaras de comercio y de oficios, de los Estados miembros a cooperar entre sí a nivel comunitario con el fin de fomentar la calidad de los servicios, especialmente facilitando el reconocimiento de la calidad de los prestadores.
4. Los Estados miembros, en colaboración con la Comisión, tomarán las medidas de acompañamiento para estimular el desarrollo de la comunicación crítica sobre las calidades y defectos de los servicios, especialmente el desarrollo a nivel comunitario de ensayos o pruebas comparativas y de la comunicación de sus resultados.
5. Los Estados miembros, en colaboración con la Comisión, fomentarán el desarrollo de normas europeas voluntarias destinadas a facilitar la compatibilidad entre los servicios realizados por prestadores de Estados miembros distintos, la información al destinatario y la calidad de los servicios.
1. Los Estados miembros tomarán las medidas generales necesarias para que los prestadores faciliten una dirección postal y un número de fax o una dirección de correo electrónico y un número de teléfono a los que todos los destinatarios, incluidos los que residen en otro Estado miembro, puedan dirigir directamente las reclamaciones o las peticiones de información sobre el servicio prestado. Los prestadores comunicarán su dirección legal si ésta no coincide con su dirección habitual para la correspondencia.
2. Los Estados miembros tomarán las medidas generales necesarias para que los prestadores den respuesta a las reclamaciones a las que se refiere el apartado 1 y actúen con diligencia para encontrar soluciones satisfactorias .
3. Los Estados miembros tomarán las medidas generales necesarias para que los prestadores estén obligados a demostrar que cumplen las obligaciones de información previstas en la presente Directiva y que los datos son exactos.
4. Cuando sea precisa una garantía económica para la ejecución de una resolución judicial, los Estados miembros reconocerán las garantías equivalentes constituidas ante un prestador o un organismo establecido en otro Estado miembro.
5. Los Estados miembros tomarán las medidas generales necesarias para que los prestadores sujetos a un código de conducta o que sean miembros de una asociación o colegio profesional en los que esté previsto el recurso a un mecanismo de resolución extrajudicial informen de ello al destinatario, lo mencionen en todo documento en que se presente de forma detallada uno de sus servicios e indiquen la forma de acceder a información detallada sobre las características y condiciones de uso de este mecanismo.
Información sobre la honradez del prestador
1. Los Estados miembros, a solicitud de una autoridad competente de otro Estado miembro, comunicarán los datos relativos a las condenas penales, sanciones o medidas administrativas o disciplinarias y a las decisiones relativas a quiebras fraudulentas que las autoridades competentes nacionales hayan adoptado respecto de un prestador y que estén relacionados directamente con sus competencias o su fiabilidad profesional.
Las solicitudes presentadas de conformidad con el presente apartado deberán estar debidamente justificadas, en particular en lo que se refiere a las razones por las que se solicita información.
2. El Estado miembro que comunique los datos contemplados en el apartado 1 deberá, al mismo tiempo, precisar si se trata de una decisión definitiva o si se ha interpuesto recurso contra la decisión y la fecha posible de la decisión relativa al recurso.
3. La aplicación de los apartados 1 y 2 deberá hacerse respetando las disposiciones sobre la protección de datos personales y los derechos garantizados a las personas condenadas o sancionadas, incluso por asociaciones profesionales, en los respectivos Estados miembros. Los consumidores deberán tener fácil acceso a toda la información pública al respecto.
Códigos de conducta comunitarios
1. Los Estados miembros, en colaboración con la Comisión, tomarán las medidas de acompañamiento para fomentar la elaboración a nivel comunitario, en particular por parte de los colegios, las asociaciones y los organismos profesionales, de códigos de conducta destinados a facilitar la prestación de servicios o el establecimiento de un prestador en otro Estado miembro , en conformidad con el Derecho comunitario.
3. Los Estados miembros harán lo necesario para que los prestadores indiquen, cuando se lo pida el destinatario o en todo documento informativo en que se presenten de forma detallada sus servicios, los posibles códigos de conducta a que están sujetos, así como la dirección en que dichos códigos se pueden consultar por vía electrónica y en qué idiomas.
1. A más tardar el ...(47) , la Comisión examinará la posibilidad de presentar propuestas de instrumentos de armonización sobre los siguientes puntos:
a) las modalidades de ejercicio del transporte de fondos;
b) el acceso a las actividades de cobro de deudas por vía judicial;
c) los servicios de seguridad.
1. A más tardar el ...(48) , los Estados miembros presentarán a la Comisión un informe sobre los requisitos sometidos a evaluación, con la información prevista en el apartado 4 del artículo 15 .
2. La Comisión enviará los informes a los que se refiere el apartado 1 a los Estados miembros, que dispondrán de un plazo de seis meses para presentar sus observaciones sobre cada uno de los informes. En ese mismo plazo, la Comisión consultará a las partes interesadas en relación con los informes.
3. La Comisión presentará los informes y las observaciones de los Estados miembros al Comité previsto en el apartado 1 del artículo 39 , que podrá formular observaciones.
4. Una vez vistas las observaciones contempladas en los apartados 2 y 3, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el … (49) *, un informe de síntesis, al que adjuntará, si procede, propuestas complementarias.
1. La Comisión estará asistida por un Comité compuesto por los representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8 .
Después del informe de síntesis mencionado en el apartado 4 del artículo 38 , la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, cada tres años, un informe global sobre la aplicación de la presente Directiva, en particular de sus artículos 2 y 21, al que adjuntará, si procede, propuestas para su modificación.
En el anexo de la Directiva 98/27/CE , se añade el siguiente punto:
13. Directiva 2006/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de …, [ relativa a los servicios en el mercado interior] *
* DO L …, p.
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el … (50) . Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre las mismas y la presente Directiva.
La presente Directiva entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
(3) Posición del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2006.
(4) COM(2002)0441 final.
(5) COM(2003)0313 final.
(6) COM(2002)0585 final.
(8) DO L 364 de 9.12.2004, p. 1. Reglamento modificado por la Directiva 2005/29/CE.
(9) DO L 126 de 26.5.2000, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2004/69/CE de la Comisión (DO L 125 de 28.4.2004, p. 44).
(10) DO L 298 de 17.10.1989, p. 23. Directiva modificada por la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 202 de 30.7.1997, p. 60).
(11) DO L 145 de 5.6.1997, p. 29.
(12) DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.
(13) DO L 13 de 19.1.2000, p. 12.
(14) DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.
(15) DO L 320 de 28.11.1998, p. 54.
(16) DO L 204 de 21.7.1998, p. 37. Directiva cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de 2003.
(17) DO L 166 de 11.6.1998, p. 51. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2002/65/CE (DO L 271 de 9.10.2002, p. 16).
(19) Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso) (DO L 108 de 24.4.2002, p. 7).
(20) Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) (DO L 108 de 24.4.2002, p. 21).
(21) Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO L 108 de 24.4.2002, p. 33).
(22) Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (DO L 108 de 24.4.2002, p. 51).
(23) Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).
(24) DO L 78 de 26.3.1977, p. 17. Directiva cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de 2003.
(26) DO L 149 de 5.7.1971, p. 2. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 631/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 100 de 6.4.2004, p. 1).
(27) DO L 255 de 30.9.2005, p. 22.
(28) DO L 134 de 30.4.2004, p. 114.
(29) DO L 221 de 4.9.2003, p. 13.
(30) DO L 395 de 30.12.1989, p. 36.
(31) * Tres años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
(32) * Tres años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
(33) * Tres años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
(34) * Tres años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
(35) * Cinco años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
(36) DO L 15 de 21.1.1998, p. 14. Directiva cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 1882/2003 (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).
(37) DO L 176 de 15.7.2003, p. 37.
(38) DO L 176 de 15.7.2003, p. 57.
(39) DO L 281 de 23 .11.1995, p. 31 . Directiva modificada por el Reglamento (CE) nº 1882/2003.
(40) DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.
(41) DO L 30 de 6.2.1993, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 2557/2001 de la Comisión (DO L 349 de 31.12.2001, p. 1).
(42) DO L 24 de 27.1.1987, p. 36.
(43) DO L 77 de 27.3.1996, p. 20.
(44) * Tres años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
(45) * Tres años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
(46) DO L 145 de 13.6.1977, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2006/18/CE (DO L 51 de 22.2.2006, p. 12).
(47) * Un año después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
(48) * Tres años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
(49) ** Cuatro años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
(50) * Tres años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
Última actualización: 16 de agosto de 2006 Aviso jurídico

References: Resolución 
 artículo 251
 artículo 47
 artículo 80
 artículo 47
 artículo 80
 artículo 14
 artículo 2
 artículo 137
 artículo 136
 artículo 50
 artículo 48
 artículo 39
 artículo 5
 artículo 50
 artículo 43
 artículo 3
 artículo 50
 artículo 45
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 39
 artículo 6
 artículo 29
 artículo 38
 artículo 21
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 17
 artículo 24
 artículo 21
 artículo 2
 artículo 2
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