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Timestamp: 2020-06-01 13:40:38+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 230, de 16/05/2017
cve: DSCD-12-CO-230
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 230
- Por la que se insta al Gobierno a fijar una posición común en materia de energía y clima. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001857) ... (Página2)
- Sobre planificación de la red eléctrica, eje Caparacena-Baza-La Ribina, y otras actuaciones en las provincias de Almería y Granada. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000019) ... (Página2)
- Sobre medidas de fomento del turismo de compras. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000575) ... (Página5)
- Sobre las indemnizaciones derivadas de la extinción de la concesión de explotación del almacén subterráneo de gas natural "Castor". Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000576) ... (Página9)
- Sobre la paralización de la línea de Muy Alta Tensión Morella-Almassora. Presentada por los grupos parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Mixto. (Número de expediente 161/000706) ... (Página15)
- Relativa a la implantación de redes energéticas cerradas. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/001365) ... (Página19)
- Relativa a la universalización de la banda ancha de alta velocidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001682) ... (Página23)
- Sobre el marco legislativo de las microrredes. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/001842) ... (Página28)
- Sobre la modificación de criterios para la consideración de municipio turístico. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/001870) ... (Página32)
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A FIJAR UNA POSICIÓN COMÚN EN MATERIA DE ENERGÍA Y CLIMA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001857).
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se declara abierta la sesión de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital para ver las PNL que tenemos hoy incluidas en el orden del día. Les informo a sus señorías de que se ha retirado la que está señalada como punto número 8.º del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a fijar una posición común en materia de energía y clima. Quedan solamente ocho PNL a debate, la previsión es concluir sobre las dos de la tarde para que dé tiempo a comer. Sobre las dos se procederá a la votación de las proposiciones no de ley. Los tiempos de intervención se los señalé ayer a los portavoces, cinco minutos para la defensa de la proposición no de ley, tres minutos para la defensa de enmiendas y dos minutos para la fijación de posición.
- SOBRE PLANIFICACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, EJE CAPARACENA-BAZA-LA RIBINA, Y OTRAS ACTUACIONES EN LAS PROVINCIAS DE ALMERÍA Y GRANADA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000019).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos por el primer punto del orden del día: proposición no de ley sobre planificación de la red eléctrica, eje Caparacena-Baza-La Ribina, y otras actuaciones en las provincias de Almería y Granada, del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la señora Ferrer Tesoro.
La señora FERRER TESORO: Gracias, señor presidente. Buenos días.
La proposición no de ley que presentamos aquí tiene una importancia vital. Se trata de hipotecar o de apostar por el desarrollo económico de dos comarcas en las provincias de Almería y Granada, si no se aborda la problemática actual de un déficit grande de infraestructuras eléctricas. No es exageración. Digo problema actual, porque se producen continuos cortes de luz en empresas, en hogares, en comercios, en industrias, en centros públicos en pleno siglo XXI. Afecta aproximadamente a 240 000 ciudadanos que necesitan una garantía de suministro eléctrico. Esto ya de por sí es grave y requeriría una solución para que se revierta esta situación. Además, si no se realiza dicha infraestructura, se hipoteca el futuro de dos comarcas, la de Baza en Granada y la de La Almanzora-Levante en la provincia de Almería. Pero lo más escandaloso de todo esto es que esta línea eléctrica ya estaba prevista en la planificación del año 2008. Se recogía como una planificación prioritaria dentro de las programadas. Así se acordó y se tomó en consideración, no solamente por la Administración autonómica que la incluyó como programada en las previsiones, sino también por las distintas empresas de energía renovables que planificaron sus inversiones según lo que se había aprobado por el ministerio. Así los procedimientos administrativos de permiso y demás estaban prácticamente finalizados y se sacó en el 2012. Desaparece como actuación prioritaria para el marco 2014-2020. Nos preguntamos: ¿Si en 2011 era una actividad prioritaria, por qué no lo era en 2012 y años sucesivos? Cuando llegó el Partido Popular al Gobierno impuso criterios subjetivos y sacó de la planificación esta línea considerada, como digo, hacía solo unos meses como prioritaria y de la noche a la mañana dejó de serlo. Si para el Gobierno del Partido Popular dejó de ser prioritario, no para las necesidades de los ciudadanos de Almería y Granada. La exclusión de esta línea eléctrica Vera-Baza de la planificación nacional ha tenido consecuencias muy negativas, como ha sido la
pérdida de parques eólicos que se habían aprobado ya en Baza o en Seron, que suponían unas importantes inversiones para la zona y también para las arcas públicas y para los puestos de trabajo entre directos e indirectos, más de 500 puestos de trabajo. ¿Acaso no es esto una prioridad? Como en otras cuestiones que atañen a la gestión del Gobierno parece que solamente con presiones se es capaz de reaccionar. Hace tan solo un par de semanas el consejero de Empleo y Empresa en la Junta de Andalucía consiguió convencer al señor ministro de la necesidad de volver a incluir esta línea en la planificación del ministerio como prioritaria. La buena voluntad del ministro -hay que reconocerlo- ha hecho que se rectifique el error y su compromiso de incluirla de nuevo en la planificación en un horizonte cercano. Parece que solo con presión y con denuncias públicas se reacciona. Esto ha sido posible además gracias a la actitud de alcaldes, de portavoces de municipios afectados, de la Administración autonómica y esta propia iniciativa que se presenta hoy aquí, que defendemos hoy aquí, que ha conseguido reparar esta injusticia. Eso sí, en solitario. Mi grupo, el Grupo Socialista, no ha contado para esto con el apoyo ni de alcaldes del Partido Popular en Almería o en Granada ni de la Diputación de Almería o de los parlamentarios populares y ha sido una lucha en solitario que parece que está dando sus frutos. Por tanto, reiteramos una línea estratégica para el desarrollo de Andalucía oriental que hemos conseguido ver cómo el Gobierno ha rectificado y ha reconocido que la tiene que volver a incluir dentro de la planificación. Es importante para que se instalen en las comarcas proyectos industriales, especialmente de energías renovables, fotovoltáica y eólica y la atención de una significativa demanda socioeconómica que afecta a más de 90 municipios de la comarca. La rectificación del ministerio tras cinco años de bloqueo es un ejemplo de que las cosas se pueden cambiar si existe voluntad política. El ministro se ha comprometido a trasladar al Consejo de Ministros una modificación de la actual planificación energética para dar entrada a esta inversión de ese eje eléctrico. Pero debemos estar vigilantes en el cumplimiento del acuerdo a partir de ahora y que los trámites no se demoren demasiado en el tiempo, puesto que el anterior Gobierno socialista dejó listo todos los trámites administrativos. De ahí la urgencia de aprobar hoy esta proposición no de ley. Ahora parece que vamos a tener el apoyo de los demás grupos. Bienvenidos. Aunque aparezcan cuando ya la mayor parte del trabajo esté hecho. Le invito a que por lo menos estén atentos a que lo prometido por el ministro se cumpla y que se haga rápidamente, pues llevamos ya cinco años de retraso. Estoy segura que se va a intentar, pues ya el esfuerzo es menor. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ferrer Tesoro.
Por el Grupo Mixto, señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente, buenos días.
Intervengo para anunciar mi voto a favor de esta proposición no de ley que supone respaldar una iniciativa muy importante para dos comarcas andaluzas en las provincias de Almería y Granada, que vienen sufriendo los problemas derivados de la falta de una infraestructura de suministro energético digna del siglo XXI y que garantice la cobertura eléctrica para el desarrollo económico de la zona y, por tanto, para la creación de puestos de trabajo que es la gran prioridad política para todos los españoles. Ha habido conversaciones muy recientes, como acaba de señalar la portavoz socialista, entre el Ministerio de Energía y el Gobierno autonómico andaluz que abundan y que avanzan en la solución de este problema. La proposición no de ley socialista incide en esta solución ya encaminada con un mandato parlamentario de esta Cámara al Gobierno y, por tanto, me sumaré a él con mi voto favorable. Muchas gracias.
¿Por parte del Grupo Vasco? (Pausa). ¿Grupo Esquerra? (Pausa). Ciudadanos, la señora Rodríguez Hernández tiene la palabra.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Señor presidente, señorías, nosotros ya nos hemos manifestado tanto en Granada como en Almería a favor de que se establezca esta línea. Lo que nos parece increíble es que a tenor de lo que ha sucedido, el Ministerio de Industria, además recientemente, ha remitido un borrador a las comunidades autónomas en el cual nos habla de una propuesta inicial de planificación eléctrica de la red de transporte 2014-2020 que parte de unos escenarios mínimos y que casualmente ha eliminado muchas de las infraestructuras que ya estaban previstas en esa previsión para infraestructuras entre 2008-2016. Es curioso porque todas estas previsiones sobre las que se partan son vinculantes, con lo cual que se excluyan distintos tipos de infraestructuras que ya tenían todos los condicionantes y las calificaciones medioambientales y todo aprobadas no tiene mucho sentido. Por eso
creemos que es clave, no solamente para el sector de la zona, sino porque creemos que puede ser una fuente directa de creación de empleo. Desde ciudadanos además en Granada ya hemos señalado que esta infraestructura incide de manera determinante en las posibilidades de funcionamiento de nuevos proyectos socioeconómicos de gran calado para la provincia de Granada, también para la de Almería, como serían la activación de distintas minas y la entrada en funcionamiento del corredor ferroviario mediterráneo y su conexión con el levante. Además de permitir la evacuación de la energía procedente de renovables. Hay que decir que no se establezca esta línea podrá poner en un veremos distintos parques eólicos ya propuestos. Además creemos, así lo estimamos nosotros, que la creación de esta línea puede acarrear una creación de empleo de más de 15 000 puestos de trabajo. Por eso, y dado el interés a nivel de empleo y de inversión que puede suponer retomar una cuestión que ya estaba planificada y que no hay ninguna razón por la cual se haya excluido, por lo menos no hay ninguna motivación que se haya expuesto para excluirla de la planificación, Ciudadanos votará a favor de esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Hernández.
Por parte del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Terrón Berbel.
Habría que llamar a Iker Jiménez y a su programa de Cuarto Milenio a ver si ellos son capaces de explicarnos por qué desapareció de la programación, en la que era prioritaria la electrificación de este eje hasta 2016 y, sin embargo, en 2013 desaparece, sin venir a cuento, sin dar ningún tipo de explicación. Además su estudio se pospone nada más ni nada menos que a 2030. Existe un vacío clamoroso de infraestructuras eléctricas concretamente en la comarca de Baza y esto engancha curiosamente con el desmantelamiento del ferrocarril, al que se está sometiendo a Andalucía, y especialmente en un caso muy gravoso a Granada. Llevamos más de dos años sin tren y treinta años sin la línea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca. Esta propuesta, sin duda, asentaría las bases para la vuelta del ferrocarril a la comarca de Baza y, por supuesto, a la provincia de Granada. Aquí nos van a encontrar siempre. Nos van a encontrar siempre unidos a los intereses por Granada por delante de intereses partidistas. Nosotros hemos presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado precisamente para la electrificación de este eje. Esperamos encontrarnos en esta proposición no de ley, pero también esperamos encontrarnos en el apoyo a esta enmienda, porque es con financiación como se garantizan las buenas intenciones y así como aseguraríamos su estudio y su puesta en funcionamiento. Hoy también queremos pedirles a sus señorías, del Partido Popular, y a sus señorías, del Partido Socialista, que dejen de tirarse la pelota del la Junta al Gobierno central y por favor hagan sus deberes y pongan a estas comarcas, a las comarcas de Granada y de Almería, en el lugar que se merecen. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Terrón Berbel.
Para la última intervención, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez López.
El señor PÉREZ LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Popular, una vez más, quiere demostrar el talante dialogante de un ministro que se sienta con un consejero de la Junta de Andalucía, que es sensible a las necesidades de comarcas tan importantes como el norte de Almería y el norte de Granada, abandonadas por la Junta de Andalucía en materia de energía y en otros aspectos y llegan a acuerdos. Eso es lo que hace un ministro dialogante y es lo que está haciendo el Gobierno de España. Por eso el ministerio planifica y una vez que planifica ejecuta esas necesidades en materia de energía que tienen el norte de Granada y el norte de Almería. Parece que esto se ha hecho de la noche a la mañana. Estamos reivindicando desde hace muchísimo tiempo esa línea de 400, porque estaba nada menos que en el Plan Energético de Andalucía 2003-2006. Desapareció porque no lo ejecutó ni el Gobierno socialista de España ni el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía, pero es que después viene el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013 donde tampoco se hace ni por el Gobierno de España del PSOE, ni por el Gobierno de la Junta Andalucía, también del Partido Socialista. Por tanto, lecciones en este sentido pocas. Porque debido a que no se hizo en su momento se perdieron 1.000 puestos de trabajo en Compact en Baza, se perdieron 900 puestos de trabajo de una cementera que se tuvo que ir y la única que se mantiene de esa iniciativa es la empresa Mercadona, centro logístico, en la ciudad de Guadix, gracias a que su ayuntamiento puso 6 millones de
euros para construir una subestación eléctrica. Por tanto, lecciones en ese sentido ninguna. Ha sido un olvido flagrante de la Junta de Andalucía que gracias a la sensibilidad de un Gobierno, que es el Gobierno del Partido Popular, y un ministro dialogante ahora estamos en disposición de atender unas necesidades que son básicas y que son fundamentales para estas comarcas del norte de Granada y de Almería. Me gustaría hacer una petición también. Que la Junta de Andalucía se comprometa a hacer la línea 132 de doble circuito entre Guadix-Baza para terminar con esa sequía energética que tienen estas comarcas. Espero que lo cumpla también la Junta de Andalucía y no solo como va a hacer el Gobierno de España. En ese sentido, señorías, nosotros nos sentimos satisfechos de un Gobierno que cumple, de un Gobierno que dialoga y de un Gobierno que llega a acuerdos y que no son presiones. Se trata de ser sensibles a las necesidades, porque ahora, superada la crisis económica, sí estamos en disposición de nuevo de poner en marcha proyectos eólicos y proyectos que en su momento se quedaron aparcados debido fundamentalmente a esa crisis económica en la cual nos sumió el Gobierno del Partido Socialista. Bienvenido sea, enhorabuena, a un ministro que dialoga y que es sensible a estas necesidades. Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez López.
Concluimos el primer punto.
- SOBRE MEDIDAS DE FOMENTO DEL TURISMO DE COMPRAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000575).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día. Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas de fomento del turismo de compras. Para su defensa tiene la palabra doña Carmen Navarro.
España es uno de los líderes mundiales de turismo y justo por eso debe de seguirse trabajando para que esto continúe así. Para nuestra industria turística es necesario diversificar y que no todo sea el turismo de sol y playa ni tampoco que la concentración de la demanda en tiempo y territorio sea específica. Para hacer frente a estos retos de España se aprobó el Plan Nacional Integral del Turismo en la pasada legislatura, poniendo su compromiso con una industria estratégica clave para la recuperación económica y también para la generación de empleo. Entre sus líneas estratégicas de producción están los productos especializados, en este sentido las compras tienen una potencial contribución al objetivo de mejorar la calidad y aumentar la diversificación de nuestro turismo. Un adecuado fomento de las compras como actividad turística genera, por un lado, mayor diversificación motivacional, geográfica y temporal de la demanda y, por otro, aumenta significativamente el gasto en destino por viajero y la pernoctación y la rentabilidad de nuestra industria turística por supuesto. El turismo de compras es esencial en la contribución al gran objetivo de calidad y diversificación que se plantea por parte del Gobierno de España. Permitiendo alcanzar los retos propuestos para la mejora del modelo turístico español. Con el objetivo de aumentar la rentabilidad, el sector y el comercio interior y que esto redunde en una mayor riqueza y creación de empleo, desde 2014 se lleva trabajando en un plan muy concreto que es el Plan del Turismo de Compras, elaborado conjuntamente con diferentes ministerios como el de Economía, Hacienda, Industria y Exteriores. Asimismo también se ha contado con la colaboración de las comunidades autónomas y del sector privado. Está enfocado en el apoyo a la competitividad del comercio minorista de España y nace con entidad propia, entendiendo que la dinamización de los sectores turísticos y el comercio pasan por unir sus fuerzas para ser un motor de desarrollo económico. Para acometer ese plan se han focalizado en los mercados de mayor peso y potencial para España y dentro de este segmento los más fundamentales son Rusia, Estados Unidos, especialmente China, Japón, México, Brasil y, por su importancia, los países del Golfo Pérsico. Estos considerados también emergentes y la estrategia del Gobierno será utilizar el turismo de compras para posicionar España como destino. Este plan tiene dos objetivos fundamentales. Por una parte, aumentar el volumen del turismo de compras propiamente dicho y, por otra, incrementar el gasto en compras de turistas para los que estos no sea su actividad principal. Gracias a esta iniciativa impulsada por el Gobierno la pasada legislatura España se ha situado entre los países líderes en este segmento hasta el punto de que se calcula que el pasado año unos 8 millones de turistas del resto del mundo, visitaron España motivados por las compras y se gastaron 4100 millones de euros en los comercios de las principales ciudades receptoras del turismo español. Por todas estas
razones, desde el Grupo Parlamentario Popular, instamos al Gobierno a que se siga trabajando en el fomento del turismo de compra y que se pongan en marcha las líneas de actuación, entre las cuales la más fundamentales dirigida a incrementar la notoriedad y a mejorar el posicionamiento. Otra de las líneas fundamentales son acciones dirigidas a facilitar el interés por viajar a España y para eso se harán actuaciones o se deberían de hacer las actuaciones dirigidas al sector profesional de viajes y a la participación en ferias especializadas. Debemos tener en cuenta que en la actualidad solo un 11,8 % de los 75 millones de turistas que recibimos proceden de países externos a la Unión Europea y su gasto de compras es elevado. El objetivo es por tanto crecer cada año y afianzarnos como país receptor de un turismo de calidad. Quisiera, antes de terminar mi intervención, hacer referencia a la enmienda planteada por el Partido Demócrata Catalán, agradecemos la enmienda a nuestra proposición no de ley, pero sí quisiera hacer una aclaración, porque no sé si luego podré hacerla con respecto a la enmienda y es que las compañías aéreas en España tienen libertad y por tanto el Gobierno no ha vetado que ninguna compañía aérea pueda o no salir de uno o de otro aeropuerto del Estado. Quería decir que los aeropuertos deciden libremente. A la que él hace referencia no se decidió por parte de ninguna compañía aérea. Solamente fue Iberia y no decidió hacer la línea Tokio a Barcelona, sino a Madrid. Si en algún caso, alguna compañía aérea tuviera interés en operar desde algún aeropuerto del Estado no habría ningún inconveniente en iniciar de nuevo este proceso. Muchas gracias.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Mixto, el Partido Demócrata Catalán. Para la defensa de la enmienda tiene la palabra don Feliu Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gràcies, president.
Señorías, es que la enmienda se defiende sola. Estamos hablando de turismo de compras y de China y de Japón. No es la primera vez. Esta vez fue Norwegian Airlines cuando se negoció con la compañía se le pone como condición que el sitio donde se hace el anclaje en definitiva sea la ciudad de Madrid. Esto obviamente rompe la igualdad que cualquier proyecto turístico pudiera tener. Repito, no es que haya sucedido una vez. Es que ha sucedido de manera reiterada que una compañía aérea extranjera ha intentado instalarse en el hub de Barcelona y desde el Gobierno se le ha solicitado que lo hiciera desde Madrid. Por tanto, si tiene que haber un turismo de compras, específicamente el japonés, tiene que ser en pie de igualdad y eso quiere decir que las cláusulas que obligan a una determinada ciudad a ser la receptora tienen que desaparecer. Si el Grupo Popular juzga que no es el tema y no quiere hacerlo ahora, he de advertir que nuestro partido lo presentará en el futuro como proposición no de ley. Moltes gràcies, president, senyories.
El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, senyor Guillaumes i Ràfols.
Para fijar posición, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Franquis Vera.
El señor FRANQUIS VERA: Soy el único que interviene en esta PNL. Porque hay otros grupos.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Si va de menor a mayor.
El señor FRANQUIS VERA: Va el Grupo de Ciudadanos.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Nosotros, somos poquitos, pero estamos aquí, presidente.
El señor PRESIDENTE: Si vamos de menor a mayor, le tocará al Grupo Vasco. (Pausa). ¿Grupo Esquerra? (Pausa). Grupo de Ciudadanos, interviene el señor Martínez González.
Buenos días a todos. Las compras han dejado de ser un componente más del turismo para pasar a ser una de las principales motivaciones. Cuando los turistas van a los destinos ya no piensan en comprar las gitanas o el toro para ponerlo encima del televisor o la cinta de lomo. Ahora se apuesta por el diseño, por la moda y por la tecnología. El turismo de compra tiene muchísimas ventajas como ya han adelantado alguno de los portavoces: Es un factor de crecimiento; ayuda al comercio minorista que representa el 12,6 % del producto interior bruto de este país y da trabajo a más de 2 millones de personas; ayuda a
desestacionalizar los flujos de demanda; no está vinculado al buen tiempo; aumenta la rentabilidad; hay más gasto por viajero y pernoctación; hace que el comercio local sea más competitivo e incluso puede ayudar al posicionamiento de zonas urbanas que estén deprimidas. Resumiendo nuestro objetivo tiene que ser que 77 millones de visitantes que recibimos el año pasado generen ingresos por compra. España en este tema todavía tiene mucho que desarrollar. Estamos en la cabeza de la mayoría de los indicadores de turismo, pero a nivel de compras España está en quinto lugar, detrás de Francia, Reino Unido, Italia y Alemania. Solo gastamos el 8 % del turismo de alto valor frente aun 20 % que puede gastar Francia o Reino Unido. El turismo del siglo XXI pensamos desde Ciudadanos que no debe de ser tan solo un turismo de visitantes. Tiene que ser un turismo que sepa apreciar los valores: historia, patrimonio, cultura, gastronomía. Tiene que ser la apuesta por el turismo de calidad. Aquí encajaría perfectamente el turismo de compras. El turismo de compras es el turismo de las ciudades, no es el turismo del Estado, esto va a enlazar también con una PNL que también vamos a ver en esta Comisión esta mañana y supone indudablemente una oportunidad para las ciudades, ya que el visitante se integra perfectamente en el destino sin deteriorarlo, evitando la masificación, la gentrificación y la pérdida de señas de identidad de muchas señales con la mal llamada turistificación de los centros. Además a nosotros, como uno de los principales referentes a nivel mundial del turismo nos interesa no solo depender de la zona euro, una zona que ha estado sometida a crisis económica, que tiene menos capacidad de gasto, está sujeta a una fuerte estacionalidad y además hay un aumento claro de la edad de los visitantes que recibimos para el 2030 que será exponencialmente los que se encuentren entre cincuenta y setenta años y para el 2050 la población con más de ochenta años se cuadriplicará, lo cuál tendrá repercusión en el turismo. Por eso, la puesta del turismo de compra tiene que estar en los nuevos emisores. Estamos hablando del sudeste pacífico y China. China se convertirá en el 2017 en el mayor emisor de turistas del mundo y los turistas chinos hacen cinco veces más de gasto, no están sujetos a la estacionalidad y la juventudes del país es un turismo que busca experiencia. Tenemos que definir la estrategia del turismo por gasto. Hay que pensar que un turista medio europeo gasta 100 euros diarios mientras que un turista chino en un solo día se puede gastar entre 950 y 1000 euros, que es lo que gasta un turista del Reino Unido una semana incluyendo los hoteles. El 2016 los turistas chinos aportaron 2000 millones en gastos.
España está bien posicionada. Como digo, existe un turismo de ciudad, tenemos buenas zonas comerciales en Madrid y Barcelona, y, en la provincia de Málaga, especialmente por Marbella. Entre las grandes carencias, tenemos que mejorar las conexiones aéreas con los mercados emisores, consolidar nuestra imagen como destino, mejorar en la expedición de visados y aumentar la publicidad en las plataformas digitales.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez González.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Ballester Muñoz.
La señora BALLESTER MUÑOZ: Gràcies, senyor president.
Señorías, presenta otra vez el Grupo Popular una PNL en el que el turismo de alto poder adquisitivo parece ser la alternativa al turismo de sol y playa. Esto se llama ir de mal en peor. Es una visión muy limitada del turismo, es una visión que no tiene nada que ver con el modelo que propone nuestro grupo parlamentario ni tiene nada que ver con el modelo por el que está apostando el propio sector turístico. Se dejan ustedes por el camino todo un abanico de posibilidades: el turismo cultural, el turismo rural, el medioambiental, el gastronómico; en definitiva, se olvidan ustedes, para variar, del turismo sostenible y responsable, el que respeta y pone en valor todas las potencialidades turísticas de nuestro país, el que más posibilidades tiene de generar riqueza -no solo gasto-, riqueza y desarrollo no centradas únicamente en Madrid y Barcelona, que es donde nos dicen los datos que se concentra el turismo de compras hoy en día. El turismo de alta gama puede beneficiar a unos pocos turoperadores, a algunos restaurantes con varias estrellas Michelin y becarios en la cocina, a alguna tienda de bolsos muy caros -por cierto, producidos en China-, pero se olvidan ustedes de las otras compras, las que benefician a la mayoría, las compras de productos locales, de gastronomía local, compras en pequeños y medianos comercios con beneficios para la pequeña y la mediana empresa, que es el principal generador de riqueza y empleo en nuestro país.
Pretenden ustedes fomentar un turismo de alta gama y vendernos que eso va a ser bueno para la economía y para la gente de nuestro país. Aprovecho para recordarles, señorías del Grupo Popular, que economía y gente tienen que ir de la mano, porque si la riqueza no es para los ciudadanos y las ciudadanas y, en definitiva, para el país, no es riqueza, es acumulación por parte de unos pocos. Es como si nos dicen ustedes que no ha habido crisis en este país porque desde 2008 han aumentado las ventas de coches de lujo. Las cuentas, señorías del Grupo Popular, se tienen que hacer con la gente dentro, y las cuentas del turismo se tienen que hacer con los trabajadores y las trabajadoras del turismo dentro, porque hablan ustedes mucho del crecimiento del sector -y bienvenido sea- pero se olvidan de lo que hay detrás, hombres y mujeres con jornadas de más de doce horas sirviendo copas, limpiando habitaciones en condiciones muy precarias y con sueldos de miseria.
Bienvenido el turismo de alta gama. Pero no nos han elegido para defender aquí los intereses de los dueños de los concesionarios de Ferrari, nos ha elegido la mayoría de la población y debemos defender sus intereses. Que vengan los turistas chinos, que vengan los turistas rusos, pero para conocer nuestra cultura y para consumir productos locales. A ello deben destinarse las inversiones públicas y la promoción turística. Solo así reactivaremos la economía y solo así generaremos empleo. Solo así votaremos en este grupo parlamentario a favor de una PNL para priorizar el turismo de compras. De momento, señorías, votaremos otra vez en contra.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ballester Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Franquis Vera.
El señor FRANQUIS VERA: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que el Grupo Popular nos plantea hoy una proposición no de ley que sin duda lo que intenta es impulsar el turismo de compras y, en líneas generales, estamos de acuerdo con ello. Realmente, los datos no demuestran lo que ha dicho la portavoz, no somos líderes en turismo de compras, y estamos muy alejados de los liderazgos de otros países y ciudades, como también se ha manifestado. Solo representamos el 8 % del turismo de compras, mientras que la media europea se sitúa en torno al 19 %. Por tanto, no podemos presumir de grandes cifras.
Es verdad que ustedes presentaron un plan en 2015, el Plan de Turismo de Compras. Debió ser solo para ese año, porque en 2016 no se ha anunciado ninguno nuevo. Y precisamente las tres medidas que ustedes anunciaban a bombo y platillo son las que han encontrado más dificultad y sobre las que el sector sigue reclamando que el Gobierno debe actuar. Plantearon ustedes que iba a haber una agilización en la expedición de visados para viajar a nuestro país, un elemento clave para potenciar el turismo de compras. Sin embargo, ha habido serios problemas para emitir este tipo de visados turísticos, porque saben ustedes que se han retrasado considerablemente tanto en Rusia como en China. Han apostado ustedes por intensificar la promoción turística en este país, pero es totalmente contradictorio con lo que luego ofrecen en los presupuestos. El Gobierno de España solo tiene la competencia de promoción del turismo internacional y ustedes han venido reduciendo durante los últimos diez años ese importante capítulo de promoción, en este último año en diez millones de euros. Hay comunidades autónomas que se gastan más dinero en promoción de su comunidad que lo contemplado por el Gobierno de España en sus presupuestos. Y, señorías, no solo reducen y recortan los presupuestos en turismo, sino que además son incapaces de gastarlo. En 2016 solo gastaron el 15 % del dinero destinado al área turística; de 238 millones de euros solo gastaron el 15 %.
Demuestran que, además de recortar en turismo, presumen de cifras que no tienen nada que ver con lo que ustedes dicen cuando se refieren continuamente al liderazgo de España en el sector turístico, que poco tiene que ver con las políticas que se desarrollan por el propio Gobierno de España. Un año más siguen descendiendo los ingresos por turistas extranjeros en España; desde el año 2012 hasta el 2016 siguen descendiendo los ingresos turísticos. Por eso es tan importante una apuesta clara y profunda por el turismo de compras, que es un turismo de poder adquisitivo importante, porque además crea empleo, empleo de alta calidad, y España debería estar al mismo nivel de liderazgo en este campo que en otros sectores. Por eso, bienvenidas sean este tipo de políticas. Pero la verdad es que esta PNL es absolutamente contradictoria con lo que ustedes hacen en los Presupuestos Generales del Estado con respecto al turismo: plantean que hay que promocionar más pero recortan 10 millones de euros este año, plantean que hay que mejorar la expedición de visados pero se produce exactamente el efecto contrario de lo sucedido en los últimos tiempos. Por tanto, lógicamente, nadie puede estar en contra de que se
mejoren las condiciones para mejorar el turismo de compras, pero, desde luego, ustedes anuncian una cosa y en la práctica hacen exactamente lo contrario.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Franquis Vera.
- SOBRE LAS INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LA EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL ALMACÉN SUBTERRÁNEO DE GAS NATURAL "CASTOR". PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000576).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al 3.º punto del orden del día, proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre indemnizaciones derivadas de la extinción de la concesión de explotación de carácter subterráneo de gas natural Castor. Para su defensa, tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.
Volvemos a traer al Congreso de los Diputados el desastroso proyecto Castor, paradigma de un profundo problema político y grave problema democrático que es, en definitiva, el sometimiento de los distintos Gobiernos a los intereses de lobbies energéticos o grandes empresas. No es un problema puntual, es un problema recurrente de nuestro particular modelo de capitalismo parasitario y de élites extractivas, en el que el riesgo nunca es compartido sino siempre de la Administración pública y del conjunto de la ciudadanía, que, al final, tienen que socorrer y rescatar a las empresas concesionarias, como ya ocurrió en su momento con las nucleares y las autopistas. Es un proyecto desastroso, cuya responsabilidad es compartida por Gobiernos del PSOE y del PP. El proyecto se inicia en su planificación con Josep Piqué de ministro, continua con Montilla, con Clos y con Miguel Sebastián, que concedió el proyecto a Escal UGS, y Soria, que decidió el pago de la cuantiosa indemnización. Es un despropósito de enormes dimensiones. Desde el inicio, el proyecto no respondía a las necesidades energéticas del país y no tenía ningún sentido, y una de las preguntas pendientes de respuesta es quién convenció al Gobierno de la necesidad de este almacén de gas, quizás los propios promotores del negocio. El problema de fondo es un modelo energético insostenible, dependiente de combustibles fósiles, que requiere de infraestructuras faraónicas, con costes desorbitados y en el que cada cierto tiempo sus grandes empresas han de ser rescatadas de una forma u otra.
En todo el proceso del Castor hay un enorme menosprecio, menosprecio al interés público, menosprecio a las advertencias de riesgo sísmico, menosprecio a los principios de una buena administración y a la normativa de contratación pública y menosprecio, en definitiva, a la ciudadanía, en general.
Digo menosprecio al interés público porque se protegen los intereses de la empresa, en especial de la empresa mayoritaria, ACS, propiedad de Florentino Pérez, cuando se establece en el Real Decreto 855/2008 que se recibirá indemnización pase lo que pase, incluso en caso de dolo o negligencia por parte de la empresa; una cláusula abusiva, como han reconocido incluso los ministros implicados. Quien establece la ubicación, decide los costes y hace los estudios previos no es la Administración, sino la propia empresa adjudicataria. Y el principio básico es: si el negocio va bien, la empresa gana; si el negocio va mal, la empresa también gana y los ciudadanos pierden.
Hay un menosprecio del riesgo y de las advertencias de centros científicos y de la sociedad civil cuando la declaración de impacto medioambiental no toma en consideración los riesgos sísmicos a los que se había referido en sus alegaciones el Observatorio del Ebro, la Plataforma Ciutadana de les Terres del Sénia o la propia Generalitat. Se produjeron entre septiembre y octubre de 2013 mil seísmos en la zona, el más importante de 4,2º en la escala Richter. La empresa también obvió los informes de riesgo sísmico y el propio Florentino Pérez negó públicamente que los movimientos sísmicos tuvieran alguna relación con el almacén de gas. Se produjo un cúmulo de irregularidades, de negligencias en la evaluación de impacto medioambiental y fragmentación del proyecto en otros más pequeños para evitar que se tuviera que someter de nuevo a evaluación -por ejemplo, el proyecto de conexión del sistema gasista con el almacén subterráneo-, irregularidades confirmadas tanto por la Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo.
Se menosprecian los principios de buena administración y de la normativa de contratación pública. El domingo pasado, en el programa de Jordi Évole, Salvados, se daba a conocer un informe con las irregularidades en el proceso de concesión -un informe, parece ser, del propio ministerio-. Se pasó de valorar el proyecto en 481 millones de euros -nadie sabe por qué- a 894 millones, para llegar tres años después a 1272 millones. El concurso se redactó hecho a medida de la única empresa que se presentó, con condiciones como haber realizado en España proyectos en el sector energético o haber tenido un determinado volumen de ventas. Al final, no hubo concurrencia real, y solo se presentó la adjudicataria. Además, se realizaron adjudicaciones a empresas participadas por la misma, un fenómeno habitual en España, desgraciadamente, provocando un incremento de costes -con estas adjudicaciones a empresas participadas de los grupos matrices es cómo los grupos empresariales incrementan los beneficios-, una serie de prácticas contrarias a la normativa de contratación pública y a las directivas europeas.
Y, al final, menosprecio por el interés general, deuda privada que se convierte en deuda pública. Mediante el Real Decreto-ley 13/2014, el Gobierno elige la opción más onerosa para la ciudadanía y la más ventajosa para la empresa: el pago del valor neto de la inversión. Es una ley de caso único, que responde a un pacto con la empresa. Se produjo un pago de la indemnización en un tiempo récord de treinta y cinco días, para que los bonistas no tuvieran ninguna pérdida. En total, 1649 millones de euros, y eso en un país en que en aquellos momentos se estaban produciendo graves recortes sociales y donde el gas natural también es un elemento clave de la problemática de la pobreza energética, y todo ello además cuando las instalaciones no estaban operativas y es evidente que se ha producido dolo, negligencia y falta de responsabilidades que hubieran permitido una indemnización menor o incluso cuestionarla. Se indemniza a la empresa, y no se consideran los daños, también morales, por la preocupación y la angustia provocadas especialmente entre los vecinos de Alcanar, Sant Carles de la Ràpita y la zona de Castellón del Baix Maestrat. Como dice el informe del Colegio de Abogados de Barcelona, el concesionario titular de la instalación que la construyó y la puso en funcionamiento debe responder de los daños causados y de los peligros creados.
Además, creemos que se vulnera la Constitución con ese real decreto, pues impone el pago de la indemnización a los consumidores, que no tienen ninguna responsabilidad. Según Cecot, en defensa de la pequeña y mediana empresa catalana, que lo ha llevado a la Comisión Europea, podría tratarse de una ayuda de Estado. En fin, deuda privada que se convierte en deuda pública, la clásica socialización de pérdidas y privatización de beneficios. No es un problema de mala gestión o de mala suerte, es un problema estructural: el poder de las grandes empresas sobre los Gobiernos.
El señor PRESIDENTE: Señor Vendrell, le ruego que concluya.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Termino ya.
Por todas estas razones, además de esta PNL, junto con el Grupo de Compromís, vamos a impulsar una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, porque al ministro Nadal aún le parece que habría que dar las gracias al Gobierno. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es exigir responsabilidades.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vendrell Gardeñes.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de tres grupos parlamentarios. En primer lugar, para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ábalos Meco.
El señor ÁBALOS MECO: Gracias, señor presidente.
En las dos legislaturas anteriores tuvimos ya ocasión de abordar este proyecto, que se remonta al año 1996 y tiene una larga historia; en su origen se refiere fundamentalmente a un proyecto de inversión privada.
Este grupo ha presentado una enmienda que básicamente trata de poner el énfasis o añadir algunos elementos en la propuesta de resolución. Por un lado, reconocer las distintas iniciativas judiciales que se han llevado a cabo hasta la fecha, por lo que planteamos continuar apoyando tales iniciativas. También planteamos un reconocimiento a la Oficina Nacional de Evaluación con tal de mejorar la eficiencia en la asignación y la utilización de los recursos públicos, dotándola de medios y recursos suficientes para realizar un control ex ante a la licitación y analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de
concesiones de obras y servicios públicos. Dado que tenemos ya el estudio del Instituto Tecnológico de Massachussets, queremos hacernos eco de él y hablar, además de la hibernación del proyecto, del sellado de los pozos. Este estudio nos permite disponer ahora mismo de una base técnica y sólida con la que el Gobierno puede proceder al desmantelamiento y cierre definitivo de este almacén de gas natural. Y un último elemento, que creo que es importante y se refiere al Real Decreto 8/2014, que tiene que ver con los gastos que reconoció el Gobierno, sin entrar a ver la responsabilidad de la empresa, si era exclusiva o parcial.
En fin, hay algunos temas que no nos parecieron bien en su momento. Por eso, rechazamos aquel real decreto, que, de hecho, motivó la presentación por nuestra parte de un recurso de constitucionalidad. Hay un hecho relevante en el mismo decreto, y es que permite la compensación siempre que las instalaciones continúen operativas y no se realice su desmantelamiento, lo que nunca ocurrió, es decir, se reconoció la indemnización pese a que las instalaciones no llegaron a estar operativas. Pero es que además parece que el Gobierno renunció a imputar al concesionario cualquier responsabilidad en lo sucedido. Se procuró no hacer quita de ningún tipo a la empresa Escal y se descartó la financiación del coste mediante deuda pública, optando por la financiación de los mercados, con el sobrecoste que ello podía implicar, y, de hecho, está implicando. En definitiva, ni siquiera conocemos cuál es el coste definitivo de todo este mal proyecto que se ha repercutido sobre los consumidores, porque aún nos queda saber cuál ha sido el coste de hibernación y de mantenimiento por parte de Enagás, así como el derivado de los estudios que todavía haya que realizar y los propios del desmantelamiento. Por tanto, su coste puede alcanzar una cifra que todavía no conocemos.
Hemos presentado esta enmienda y, si conseguimos transaccionarla, apoyaremos esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ábalos.
Para defender la enmienda presentada por Ciudadanos, tiene la palabra la señora Julià Julià.
Señorías, Castor, el chollo para Florentino que vamos a pagar en la factura del gas hasta el año 2044. Esa ha sido la noticia de El Confidencial este domingo. Castor es un ejemplo más del capitalismo de amiguetes, que ha manejado los hilos de este país durante muchísimos años, con la permisividad, sobre todo, del PP y del PSOE. Y no estamos en una película de conspiraciones ni nada por el estilo, estamos en el mundo real, tan real que las poblaciones del sur de Tarragona y del norte de Castellón -lugar de donde vengo- lo han sentido en carne propia, ya que con la pésima gestión del PSOE de Zapatero, primero, y del Gobierno del Partido Popular han sufrido nada más ni nada menos que 400 terremotos, según el informe geográfico del instituto nacional. Es decir, este capitalismo de amiguetes ha llegado demasiado lejos en este caso y ha puesto en peligro la vida de vecinos y vecinas de la zona por pura ambición.
El proyecto de Castor fue aprobado en 2008 por el Gobierno de Zapatero, siendo ministro de Industria el señor Miguel Sebastián. Todos conocemos que se otorgó a Escal UGS, filial de ACS. En 2012 comenzó a operar con la primera inyección de gas y entonces empezaron los seísmos, que, aunque fueron de pequeña escala, provocaron, como es natural, una gran alarma social en nuestra zona. Por eso, el Gobierno cerró el proyecto, liquidándolo en 2014. Es decir, un presupuesto millonario que ha sido un completo fiasco, y, sin embargo, otro Gobierno, esta vez del Partido Popular, indemnizó a la empresa con 1350 millones de euros. Desde luego, ¿quién iba a pagar semejante cantidad? ¿Se lo imaginan? No iban a hacerlo con los presupuestos generales. Lo cierto es que, por culpa del Partido Popular y del PSOE, los que están pagando son los ciudadanos.
El proyecto Castor ha sido un rescate ruinoso en la gestión del Gobierno, un desastre de principio a fin, completamente un pinchazo económico, pero además ha puesto en peligro vidas. Se trata de seísmos que se han querido minimizar y esconder. No obstante, a pesar de que quisieron minimizarlos, no se ha podido callar a los vecinos de la zona, que han seguido con sus movilizaciones y manifestaciones. Señorías, si Castor ha dejado algo claro es que ha sido un negocio redondo para algunos pero un negocio nefasto para la clase media y trabajadora de este país, y, sobre todo, para la zona del sur de Tarragona y del norte de Castellón.
La PNL que hoy debatimos se asemeja mucho a la presentada en el Parlament de Cataluña, que finalmente resultó aprobada. Allí Ciudadanos ya mostró el rechazo a este proyecto, habida cuenta de los numerosos informes técnicos que indicaban los posibles riesgos medioambientales. Pero una vez más no
podemos caer en la demagogia, señorías. Existe la necesidad real de abordar la configuración del sistema gasista nacional teniendo en cuenta nuestra enorme dependencia energética. Por ello, desde Ciudadanos hemos propuesto cuatro enmiendas a esta PNL, tres de modificación y una de adición. Primero, pretendemos que se refuercen las garantías jurídicas y procedimientos en las acciones que emprenda el Gobierno con el proyecto Castor, que se estudie si son posibles acciones legales contra la empresa si se determina que ha habido dolo o negligencia para poder recuperar la indemnización que se ha pagado, y el valor de esta compensación únicamente se ceñiría al valor residual de las instalaciones. En segundo lugar, exigir responsabilidades medioambientales, administrativas y económicas a la empresa por los más de mil movimientos sísmicos que son consecuencia de la puesta en marcha del servicio Castor. Este es un ejemplo más de la falta de planificación energética, por lo que Ciudadanos pide también promover un pacto de Estado de la energía que nazca del diálogo de las fuerzas políticas. Finalmente, queremos una solución responsable y transparente, y nunca onerosa para las arcas públicas del Estado si se desmantela. Sin duda, la política energética también supone, señores del PSOE y del PP, consenso para el interés general, y no para el interés de unos pocos, como han hecho ustedes hasta ahora.
Para defender la enmienda del Grupo Mixto se van a repartir el turno de intervenciones. En primer lugar, tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.
La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, senyor president.
Cuando preparaba esta intervención se me ocurrió intentar explicar todo lo que pasó con esta estafa del Castor como si fuera un cuento pero la verdad es que soy un poco desastre con la literatura. La suerte es que no me dedico a escribir libros ni cuentos infantiles, al contrario que las personas que nos han gobernado desde que empezó el proyecto Castor. Esas personas sí se dedicaban a la gestión pública, pero la verdad es que han demostrado ser poco competentes para gestionar el dinero público, que, si no hacemos algo, va a acabar en manos de Florentino Pérez. Por cierto, que con el proyecto Castor Florentino tampoco ha demostrado ser un lumbreras, porque la ingeniería y la geología tampoco son su especialidad. No me negarán que no es muy inteligente construir un almacén en el que hay que inyectar gas justo al lado de una falla. En lo que sí ha demostrado ser bien listo es en la elaboración de los pliegos de condiciones, porque ahí las coló todas. En eso se ha lucido Florentino.
Y con ello se aclararon bien el PP y el PSOE, como con el artículo 135 de la Constitución. ¿Y quién lo paga? Cuando empieza a temblar la tierra de Vinaròs, se ponen a montar el chiringuito para que se pueda cargar la construcción de la planta, con sobrecostes incluidos, y los beneficios del señor Florentino directamente al recibo del gas. Si esto no es el timo de la estampita, ya me explicarán qué es, porque además todo el mundo dice no tener responsabilidad: el PSOE se la da al PP y el PP al PSOE, y a pagar los de siempre. Así que ya no se pueden esconder más. Recuperemos un poco desde aquí la dignidad, auditemos la indemnización del Castor y sellemos ese despropósito que fue este almacén de gas; depuremos las responsabilidades políticas con una comisión de investigación de todos los cargos que tuvieron algo que ver con esta concesión. Y la próxima vez piénsenlo dos veces antes de beneficiar tan descaradamente a sus amistades.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sorlí Fresquet.
Tiene la palabra el señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Molt bé, el meu senyor president.
Apoyamos al cien por cien la proposición no de ley, así como las enmiendas de Compromís.
Ya se ha dicho todo. Castor ha sido el colmo de lo que podríamos llamar la hoguera de las vanidades de la época del mal desarrollismo del BOE. La Generalitat de Cataluña advirtió de que esto podía suceder y no hay ningún estudio serio que niegue que los terremotos no tengan origen en la plataforma.
Simplemente, voy a hacer una flexión, señorías. En Alemania, un ministro copia un trocito de tesis doctoral y se provoca un terremoto político. En España, unos ministros provocan terremotos, no políticos sino de verdad, y quizás todo lo que suceda es que alguien le dedique una tesis doctoral. Ya me dirán si esta es la manera en que tiene que reaccionar un Estado.
Gràcies, senyor president. Gràcies, senyories.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guillaumes i Ràfols.
En el turno de fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
El proyecto Castor es uno de los mayores fracasos políticos y económicos de los Gobiernos del Reino de España en las últimas décadas, un proyecto de una falta de transparencia, así como de competencia técnica y económica evidentes -creo que nadie puede decir lo contrario-, y así lo ha venido denunciando reiteradamente la Plataforma en Defensa de les Terres del Sènia, formada por héroes, conocidos por imprescindibles. Desde el 2 de agosto de 2007, día en que el BOE publicó el proyecto de construcción de un almacén de gas subterráneo delante de las costas de Alcanar y de Vinarós, el Castor se ha convertido a ojos de los ciudadanos en el más claro exponente de la connivencia que durante años ha existido entre los principales partidos políticos de este Estado y la oligarquía empresarial que hace negocios a golpe de BOE desde el palco de un determinado club de fútbol, una manera de hacer negocio muy peculiar, en la que un gran empresario amigo como Florentino Pérez no asume riesgo alguno porque está blindado por ley para asumir solo beneficios, ya que en caso de haber pérdidas estas se socializan, pagándolas el pueblo llano. Son los consumidores de gas quienes mediante un incremento en su factura pagarán durante treinta años los más de 4000 millones de euros del fracaso de la operación de esta construcción, con sus respectivos intereses.
Desde Esquerra Republicana seguimos reivindicando la necesidad de impulsar acciones legales y políticas para que este dinero no lo paguen los consumidores. Lo hicimos en la pasada legislatura y lo volvemos a hacer ahora. Deberían ser aquellos que al inyectar gas en el almacén submarino provocaron los terremotos por culpa del gas los que asuman sus responsabilidades económicas y los daños provocados. Es decepcionante comprobar que a fecha de hoy nadie ha querido asumir responsabilidades por el fracaso de este proyecto, y una buena muestra la tuvimos en el programa de televisión del pasado domingo, donde el caso Castor se internacionalizó y vimos que ni empresas concesionarias ni exministros intervinientes quisieron asumir ningún tipo de responsabilidad. Desde Esquerra Republicana exigimos al Gobierno que tire de la manta. Queremos que se intervengan, que se investiguen y determinen las responsabilidades políticas, técnicas, económicas y, si cabe, penales de aquellos que autorizaron, tramitaron, gestionaron y aprobaron la puesta en marcha del Castor, y también que asuman responsabilidades los dirigentes que determinaron indemnizar a los constructores de un almacén de gas no operativo que provocó un millar de terremotos, algunos de gran intensidad cerca de donde yo vivo.
Nos gustaría que alguien nos explicara en sede parlamentaria muchas cosas, como, por ejemplo, quién autorizó un proyecto del que solo en un año se triplica el coste, que nos explicara quién permitió un negocio ruinoso, con una cláusula según la cual si las instalaciones no llegaban a ponerse en funcionamiento por la causa que fuera la empresa sería indemnizada por el valor de la inversión realizada.
Con este objetivo, el pasado mes de julio registramos la petición de crear una subcomisión de investigación sobre el proyecto Castor en la Comisión de Industria. Esperemos que, a diferencia de la anterior legislatura en la que también presentamos esta petición, ahora la Mesa proceda a autorizar su constitución. Sería una muestra de buena salud democrática poder auditar desde distintas perspectivas, política, técnica y económica, todo el proceso de tramitación, autorización e indemnización del proyecto Castor. Para terminar diré que un buen gesto de un cambio de actitud podría empezar por cumplir la petición del alcalde de Alcanar, de mi partido, don Alfonso Montserrat, dirigida al ministro de Energía, don Álvaro Nadal, para que venga a visitar la zona afectada, hable con la ciudadanía y explique qué pasó y qué se va a hacer a partir de ahora. Finalmente, manifestamos nuestro voto favorable a la proposición no de ley porque consideramos necesarias y urgentes todas las demandas que se plantean.
El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, senyor Salvador.
Por último, para defender su posición, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Herrero Bono.
El señor HERRERO BONO: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy traen a esta Cámara una proposición no de ley sobre las indemnizaciones de la extinción de concesión del almacén subterráneo de gas natural Castor. Un proyecto que el Partido Popular,
estando ya en la oposición, denunció por ser faraónico, puesto que su construcción no tenía ninguna razón política, ni económica ni energética; un proyecto más de las desacertadas previsiones, también en materia energética, del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Desde que el Partido Popular llegó al Gobierno a finales de 2011, lo que hemos hecho desde el primer día ha sido tomar decisiones serias, decisiones firmes, incluso algunas de ellas difíciles de tomar, pero que debieron tomarse con dos claros objetivos: por un lado, resolver la complicada situación económica y social y, por otro, la creación de empleo. La creación de empleo es un hecho que ya nadie pone en cuestión, todos los días conocemos nuevos y mejores datos sobre la creación de empleo y de nuevas empresas que nos alientan para seguir trabajando. Y otro objetivo ha sido resolver de manera favorable para los intereses de los españoles las situaciones derivadas de la aciaga gestión del anterior Gobierno socialista. Al menos este fue un proyecto por el que el señor Rodríguez Zapatero se dignó a pedir perdón a los españoles tanto por su desarrollo como por los efectos que produjo su aprobación. Por lo tanto, señorías, cuando pidan responsabilidad deben mirar hacia otra parte de esta sala.
El Gobierno del Partido Popular sigue trabajando sobre el problema del Castor para encontrar soluciones que minimicen los daños en la economía de los españoles. Es cierto que a este Gobierno le hubiera gustado no haber hecho frente al contrato y a ese real decreto ruinoso que el Gobierno socialista firmó y aprobó en su momento. Un real decreto de 2008 que, como todos ustedes saben, aprobó excluir a la empresa Escal UGS de cualquier tipo de responsabilidad, incluso aunque hubiese negligencia. A este Gobierno solo le quedó respetar lo firmado. Señores de Unidos Podemos, ya sabemos que ustedes en caso de formar parte de un futuro Gobierno -ojalá no ocurra-, si hiciera falta expropiarían a cualquier empresa con tal de no respetar los acuerdos alcanzados. ¿Y qué es lo que ha hecho este Gobierno desde que llegó en 2011 con el almacén subterraneo Castor? Pues lo primero que hicimos fue pedir una declaración de lesividad y la nulidad al Tribunal Supremo, que no la concedió, y no lo hizo porque fue el anterior Gobierno el que libremente y sin coacciones había firmado ese contrato y había materializado ese real decreto. Hay que recordar, señorías, que solo en el caso de una declaración de lesividad se puede romper el contrato, y al no ser concedida por el Tribunal Supremo no quedó otra posibilidad que asumir lo anteriormente firmado. Claro que nos hubiera gustado otra sentencia, pero este país y este Gobierno respetan las decisiones de los tribunales. Ya sabemos, señores de Unidos Podemos, que hay Gobiernos que ustedes apoyan, como el de Venezuela o Irán, a los que no les gusta respetar las decisiones judiciales, pero aquí, en España, un país democrático, sí lo hacemos. Bien, pues al no ser concedida esa declaración de lesividad de la que estábamos hablando, el Gobierno tuvo que buscar otro tipo de solución, un tipo de solución financiera, y a partir de ahí solo nos quedó negociar condiciones, las menos perjudiciales para los intereses de los españoles. En primer lugar, solo recuperarían el capital invertido y no la rentabilidad prometida. En segundo lugar, financiar a más largo plazo, con lo cual el impacto en el sector se distribuía en más años y era menos fuerte. Y en tercer lugar, refinanciar a unos costes financieros más bajos, con un menor coste dentro del sector. Bien, estamos pidiendo responsabilidades adicionales, pero el tema está judicializado y, por tanto, tendrán que ser los jueces quienes lo diriman. Señorías, si estuviese funcionando el almacén Castor se estarían pagando 214 millones de euros, pero después de esa operación financiera llevada a cabo con mucho esfuerzo por este Gobierno, negociar con las partes y rebajar sustancialmente la rentabilidad del proyecto, pagamos 95 millones de euros. Por lo tanto, entenderán que como Gobierno mal no lo hemos hecho.
Señorías, el Gobierno del Partido Popular va a seguir tomando sobre el almacén subterráneo Castor decisiones firmes pero prudentes y basadas en la experiencia y capacidad de los técnicos. Por cierto, señores del Grupo Parlamentario Socialista, ustedes gobernando en el Ayuntamiento de Vinaroz tuvieron la osadía y valentía de conceder la licencia administrativa de este proyecto en horas. Entiendo que fue un estudio muy técnico y minucioso el que ustedes llevaron a cabo para la implantación de ese proyecto.
El señor PRESIDENTE: Señor Herrero, le ruego que concluya.
El señor HERRERO BONO: Ya acabo, señor presidente.
El Gobierno del Partido Popular va a seguir tomando decisiones con muchísimo cuidado y con las máximas garantías de que no se van a volver a repetir los movimientos sísmicos en la desmantelación de esa instalación. Y para ello, como ustedes ya conocen, se solicitó un estudio de máximo nivel técnico al Massachusetts Institute of Technology para averiguar lo ocurrido con las mejores condiciones técnicas posibles. En base a todo ello, el Grupo Parlamentario Popular aunque no comparte algunas de las
instancias que se hacen a este Gobierno, examinará las enmiendas que se van a presentar de forma transaccional para dirimir nuestro voto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrero.
Completado este punto, le pregunto al proponente si ha aceptado alguna de las enmiendas o se van a transaccionar.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Señor presidente, estamos elaborando una enmienda transaccional que comunicaremos a los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, le ruego que la haga llegar a la Mesa lo antes posible.
- SOBRE LA PARALIZACIÓN DE LA LÍNEA DE MUY ALTA TENSIÓN MORELLA-ALMASSORA. PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA Y MIXTO. (Número de expediente 161/000706).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4.º del orden del día: Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la paralización de la línea de muy alta tensión Morella-Almassora.
Para su defensa tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.
Bien, la línea de muy alta tensión proyectada entre Morella y Almassora representa otra atrocidad más, a las que ya nos estamos acostumbrando en los pueblos de Castellón. La primera barbaridad fue la brillante idea de intentar realizar fracking en la comarca de Els Ports. Después se les pasó por la cabeza hacer prospecciones petrolíferas en el Parque Natural de Illes Columbretes en la costa de Castellón, unas prospecciones con un impacto ambiental nefasto. Luego llegó la maravillosa idea del proyecto Castor y se llevó a cabo, como consecuencia una población atemorizada por terremotos y un buen pellizco para don Florentino. Y después de todo este despropósito llega la línea de muy alta tensión. Les puedo asegurar que las personas que viven en los pueblos de Castellón están deseando que alguien piense en ellas y paralice este proyecto.
La línea MAT entre Morella y Almassora es una autopista eléctrica para que las grandes corporaciones eléctricas puedan sacar rentabilidad económica. Se trata de una conexión de muy alto voltaje que pasa muy cerca de zonas pobladas, porque las políticas hechas desde las ciudades a veces olvidan que hay zonas donde la población está diseminada, este es el caso de los pueblos de interior en Castellón. Así que se proyectó la línea, se abrió el periodo de alegaciones, y en este tiempo secretismo absoluto por parte de las administraciones gobernadas por el Partido Popular. Una vez cerrado el periodo de alegaciones es cuando las personas afectadas empiezan a saber cuáles son las consecuencias de la MAT; enfermedades, ruidos, demasiada cercanía a la instalación. Por si esto no fuera poco, los informes de impacto ambiental dejan mucho que desear y no han tenido en cuenta el valor natural de algunas zonas. Otra vez, igual que con el almacén Castor, nos encontramos con un oscurantismo inaceptable por parte de las administraciones. La población afectada no ha podido informarse correctamente, presentar alegaciones, y se ha visto presionada para ceder sus terrenos lo más rápido posible. De nuevo la Administración trabaja para beneficiar a las grandes empresas eléctricas. Esta línea de muy alta tensión solo vale para transportar energía de un lugar a otro, no para dar servicio a la población, así que solo presenta inconvenientes a nivel social, y todo para beneficiar a las empresas eléctricas en cuyos consejos de administración ya tienen los sillones preparados.
Por tanto, como el Gobierno no tiene intención de velar por los intereses ciudadanos, desde esta Cámara legislativa presentamos una proposición no de ley para instar a acabar con este despropósito; para instar a paralizar la línea de muy alta tensión entre Morella y Almassora; para instar a que se abra un proceso transparente y debidamente informado para la población; para instar a preservar nuestro entorno natural y los pueblos de Castellón; para instar, en definitiva, a gobernar en beneficio de las personas sencillas que debería ser su prioridad. Por eso les pido el voto a favor de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, señora Sorlí Fresquet.
Por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Gràcies, president.
Siguiendo la petición que nos ha hecho la compañera, vamos a votar a favor de esta proposición no de ley y coincidimos con ella en que la demarcación de Castelló y las comarcas del sur de Cataluña, las conocidas como les Terres de l'Ebre, son las grandes perjudicadas con esta legislación, a ver si de una vez por todas tienen la consideración que se merecen.
El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Julià Julià.
Señorías, les pido responsabilidad y sentido común, es lo que venimos reclamando en Ciudadanos respecto a la línea de muy alta tensión Morella-Almassora durante esta legislatura. En este tema tan sensible se corre el riesgo de caer en demagogia, como está haciendo la señora Sorlí. Podemos decir no a la MAT para ganar votos de aquellos ciudadanos que desconfían de su instalación, pero lo cierto es que es un infraestructura necesaria; primero, porque forma parte del plan estratégico de 2011 prorrogado hasta 2020, en el que se establece entre otras actuaciones el mallado de la red a nivel nacional con conexiones transnacionales, un mallado que es necesario para mejorar la eficiencia y garantizar el suministro, como se está probando en otras provincias. En segundo lugar, la MAT es necesaria para mejorar la eficacia y la eficiencia del sistema eléctrico al permitir la conexión de la producción de las energías renovables e inyectarlas a la red. Como indicaba, se trata de una conexión transnacional que nos conecta e iguala al sistema europeo. No podemos querer formar parte de la Unión Europea, exigir igualarnos con el corredor mediterráneo, por ejemplo, y luego renunciar al equivalente en el sistema eléctrico que es la MAT.
Por lo tanto, por responsabilidad Ciudadanos dice sí a la MAT, pero un sí con condiciones en mayúsculas. Por eso votamos en Les Corts Valencianes a favor de paralizar el proyecto y volver a abrir una fase de alegaciones, con el fin de garantizar que todos los municipios afectados de nuestra provincia de Castellón tengan acceso a toda la información y puedan pedir que se rectifique aquello que no crean adecuado. Un sí pero con la condición de que la línea de MAT transcurra por los pasillos ya existentes para evitar un mayor impacto y, por supuesto, un sí con la condición y la exigencia de que la línea se mantenga a 800 metros de las casas de la gente, y se soterre en aquellos enclaves sensibles por la proximidad a viviendas o por su impacto paisajístico en enclaves arqueológicos. Apostamos por el desarrollo de nuestra economía, por supuesto por el desarrollo de la industria de nuestra zona y del país, pero siempre garantizando la seguridad de los ciudadanos y el respeto al medio ambiente. Y una exigencia más que hacemos desde Ciudadanos es que se cumplan rigurosamente todos los condicionantes y medidas correctoras que exige la declaración de impacto ambiental, que no olvidemos que está aprobada; también que se cumpla el plan de vigilancia para evaluar las posibles alteraciones durante el proceso de instalación. Por tanto, votaremos con una abstención porque no caeremos en la demagogia y sí en las exigencias contundentes que marca el sentido común.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Julià Julià.
Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Ballester Muñoz.
La señora BALLESTER MUÑOZ: Gràcies, president.
Señorías, no insistiré en los problemas que puede generar esta línea de muy alta tensión Morella-Almassora. Para resumir, no se ha considerado la opinión de la población local, de la gente de esos diecisiete municipios que se ven afectados por el cruce de esta línea. Hay pruebas suficientes de los perjuicios que va a causar a estas poblaciones de impacto ambiental y, también, de un impacto turístico negativo en la zona. La Administración, el Partido Popular para variar, no está teniendo en cuenta la opinión de la ciudadanía, sino otros intereses; es ya un clásico en esta Comisión, en particular en el día de hoy y, sobre todo, refiriéndonos a la provincia de Castellón. Los vecinos y vecinas no han sido escuchados por este Gobierno y han tenido que ir a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
Allí una representante de la plataforma "No a la MAT" dijo que esto significaba una cicatriz para el territorio de la provincia de Castellón. Una cicatriz más, la otra la tenemos en la playa; ya está bien de cicatrices en el territorio, ya está bien de que este Gobierno responda a los intereses de las grandes corporaciones y no de los vecinos.
Por otra parte, podemos hablar aquí de utilidad pública. Esta autopista eléctrica, como tantas otras, en nuestra opinión es de dudosa utilidad pública, al menos no vemos la utilidad para los vecinos y vecinas de Castellón. Estas grandes infraestructuras pueden favorecer a las centrales nucleares, a los grandes generadores, y reducen la autonomía energética al ponerla en manos de las grandes corporaciones. Además, aumentar las interconexiones supone un freno a las energías renovables, sobre todo de los pequeños productores. ¿De qué estamos hablando? De la línea MAT de Morella a Almassora, pero también del modelo energético de este Gobierno. No es este un caso puntual, no es el único caso de proyectos de líneas MAT con una gran oposición social o de la ciudadanía. Tenemos otros ejemplos en Tarragona, Girona, Navarra con un proyecto que ha sido ya suspendido, Euskadi, Aragón, Galicia o en Málaga. Todas las cicatrices en este territorio no tienen un beneficio para la población. Y no lo podemos comparar con el corredor mediterráneo, señores de Ciudadanos, porque este está pensado para revertir en beneficio y en los intereses de la población, no tiene nada que ver con esta autopista eléctrica.
Acabo, president. La línea MAT Morella-Almassora es un ejemplo más del modelo energético del Gobierno que no está a la altura de este país, no está a la altura de su gente y, sobre todo, que está a disposición y al servicio de las grandes corporaciones, de las grandes empresas. Hoy vemos aquí dos ejemplos, el almacén Castor y la línea MAT, los dos en Castellón pero no son los únicos. Estamos a tiempo en esta Comisión de revertir este modelo, y por eso pedimos el apoyo de todos a esta PNL.
La empresa Red Eléctrica de España tiene el propósito de construir una nueva línea de muy alta tensión de doble circuito para conectar la subestación de Morella con la de La Plana en Almassora. El trazado propuesto por Red Eléctrica atraviesa diecisiete términos municipales de la provincia de Castellón y afecta a lugares emblemáticos como la sierra de Borriol, Vilafamés, Ares, y a espacios de la Red Natura 2000 del Alto Maestrazgo, Els Ports y la sierra de Engarcerán. El trazado propuesto por Red Eléctrica atraviesa zonas pobladas sin respetar la distancia mínima de seguridad recomendada, exponiéndolas a los efectos negativos para la salud de los campos electromagnéticos de las líneas eléctricas. Numerosos estudios científicos relacionan estos efectos con enfermedades como la leucemia, el cáncer, especialmente entre la infancia. Este trazado tendría un gran impacto negativo sobre el patrimonio cultural y el entorno natural de gran valor paisajístico y ecológico. La riqueza económica de las comarcas afectadas se sostiene en gran medida en el patrimonio medioambiental, clave para el desarrollo turístico y económico. De hecho, el trazado afecta a los parajes naturales de la Mola d'Ares, el Mollet en Sant Joan de Moró y la ermita de Sant Miquel en Vilafamés. Ni parece que hayan sido objeto del adecuado estudio los efectos del proyecto en el medio rural y socioeconómico, en el turismo y el patrimonio natural, ni existe justificación para un proyecto que no aporta beneficios sociales, medioambientales o económicos a los municipios que afecta. Todo ello obliga además a evaluar la necesidad real de las líneas de muy alta tensión en un contexto de priorización del uso energético eficiente y de generación descentralizada de la energía.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para impedir la ejecución del proyecto de línea de muy alta tensión La Plana-Morella en los términos actualmente previstos, en defensa de la salud, el medio ambiente y el futuro de las comarcas afectadas. El Grupo Parlamentario Socialista insta a cambiar el trazado previsto en el proyecto por uno de menor impacto social y medioambiental, y en todo caso proceder al enterramiento por las zonas habitadas y de mayor impacto paisajístico o sobre la fauna.
Señor presidente, acabo de leer literalmente en sus justos términos la proposición no de ley sobre paralización del proyecto de línea de muy alta tensión de Castellón, firmada por este diputado y por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y registrada en esta Cámara el 11 de octubre de 2016, es decir, siete meses antes que la proposición no de ley que hoy debatimos en los mismos términos, de Compromís del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Como habrá comprobado, hay una identidad plena de objetivos en ambas
proposiciones no de ley y, por lo tanto, nos felicitamos porque se haya traído a esta Comisión y, en consecuencia, ninguna duda cabrá del voto afirmativo del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rallo Lombarte.
Para el turno de fijación de posición, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Albaladejo Martínez.
Señorías, he oído con mucha atención las intervenciones de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, y me gustaría fijar la posición real en lo que estamos hablando en la mañana de hoy. Señorías, el Consejo de Ministros de 30 de mayo del año 2008 aprueba el documento de planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016 referido a la red de transporte, que tiene como finalidad garantizar la seguridad y la calidad del suministro energético, permitiendo el crecimiento económico y preservando la competitividad global y la protección del medio ambiente conforme a los trayectos determinados. (Muestra un documento). Aquí tiene usted el trayecto que se aprobó en aquel momento que salió a información pública e informe de impacto ambiental en el año 2011, pero es un trabajo elaborado desde el año 2006. Yo puedo entender casi todo de los portavoces, pero del Grupo Parlamentario Socialista son difícilmente entendibles algunas críticas, verdad, porque era presidente del Gobierno el señor Rodríguez Zapatero y ministro de Industria don Miguel Sebastián.
Aquí hay personas que toman el tren, vienen de sus localidades a Madrid y se olvidan de todo lo que ocurre en sus municipios; no hablan con algunos de los vecinos o responsables de sus formaciones políticas en los diecisiete municipios afectados por esta MAT. Señorías, resulta que la interlocución es permanente con estos municipios, que han presentado alegaciones y se ha modificado el trayecto de esta MAT conforme a las peticiones de dichos municipios, gobernados por equipos de Gobierno anti Partido Popular fruto de las elecciones de mayo de 2015. Estas cosas hay que decirlas, ¿o es que ustedes no se hablan con los responsables políticos de Benassal? ¿No se hablan ustedes con sus representantes y Gobierno en Vilafamés? ¿Es que ustedes no tienen ningún tipo de contacto con las personas que les representan en su formación política en Adzaneta? ¿Ustedes no saben que el Ayuntamiento de Castellón se ha sumado a última hora, en periodo de alegaciones, para intentar buscar una modificación del trazado, y dicen que lo aceptan pero condicionado a que el Gobierno de la Generalidad Valenciana apruebe una modificación de una carretera? Pónganse ustedes y el Gobierno de la Generalidad Valenciana en marcha y den soluciones a lo que quieren los vecinos, la gente a la que se ha atendido en todas sus alegaciones en los periodos de exposición pública y se han incorporado a la modificación del proyecto.
De verdad debo decirles que me parece muy triste que algunos hagan carrera política con las energías renovables y no admitan que esta MAT es la que de verdad va a dar salida en el transporte de la energía eléctrica a esa energía renovable que se genera en otros territorios del Estado español. Es muy triste no querer hacer otra cosa más que política amparado en el intento de conseguir objetivos vinculados lógicamente a la emisión de CO2 y a lo tratado en la Cumbre de París, y no utilizar los medios que este proyecto va a poner a su disposición porque, si no, con la infraestructura actual va a ser imposible poder conseguir esos objetivos a los que el Reino de España se ha comprometido. Nosotros podemos situarnos en la demagogia, aprobar un proyecto y hacer como otros; cuando están en la oposición montan una plataforma para tirar atrás el proyecto que ellos mismos han impulsado, pero eso ni mejora la calidad de vida de las personas ni va a permitir que la gente pueda tener la posibilidad inmediata -por el precio más módico y con un ahorro económico de al menos 10 millones de euros anuales- de poder encender la luz en sus casas. No acabo de entender muy bien cómo ustedes en esos diecisiete municipios -en algunos de ellos gobiernan- plantean proyectos energéticamente muy potentes, y luego resulta que vienen aquí a decir que están en contra del avance, de la evolución social de esos municipios donde ustedes ahora gobiernan porque no quieren que haya una MAT que dé mayor dimensión al transporte energético. Hay que ser coherente, nuestra coherencia es el progreso y el bienestar de los vecinos de la provincia española de Castellón.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Albaladejo Martínez.
Concluimos así el punto cuarto del orden del día.
- RELATIVA A LA IMPLANTACIÓN DE REDES ENERGÉTICAS CERRADAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/001365).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5.º del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, relativa a la implantación de redes energéticas cerradas.
Para su defensa tiene la palabra el señor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Gracias, señor presidente.
Hoy el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana les presenta una propuesta no de ley muy importante para la industria de la demarcación de Tarragona y diría que para todo el Estado español. Una propuesta que recoge una de las más importantes reivindicaciones de la AEQT, Asociación Empresarial Químicas de Tarragona, y que presenta un gran consenso político y social en el territorio. Como ustedes saben, en la demarcación de Tarragona se encuentra el polígono petroquímico más importante del sur de Europa, más de treinta empresas transnacionales que producen el 25 % de la química española. Se trata del primer exportador de la provincia, con un 56 % de las ventas exteriores, unas empresas que dan trabajo de calidad directo a más de 10 000 personas e inducen 35 000 puestos de trabajo de forma indirecta. Así pues, se trata de una industria que genera el 30 % del PIB del territorio. Uno de cada tres puestos de trabajo de los municipios donde está instalada proviene de esta industria, de ahí la importancia de esta iniciativa que les presentamos y, repito, con un gran consenso político y social.
El sector químico por definición es una industria intensiva en capital y en energía, para el que la electricidad es una parte muy importante dentro de sus estructuras y de sus costes. El alto coste de la factura eléctrica española causa grandes problemas de competitividad a un sector que cada día compite más en un mercado global. El año 2009 se publicó la directiva europea que hace referencia a las redes cerradas, 2009/72/CE. Esta directiva, que regula los mercados interiores de la electricidad, contemplaba la figura de las redes cerradas de distribución eléctrica para los polígonos químicos. Las redes cerradas son ya una figura clave en una industria que tiene en la integración una de sus principales características. ¿Qué es lo que permite esta directiva? Permite a las diferentes empresas de un mismo polígono químico integrado disponer de una sola conexión de red eléctrica. Se trata de que las diferentes compañías que integran el mencionado parque industrial químico consuman la energía eléctrica de forma conjunta, como pasa hoy con otros consumos como el agua o el vapor. Esta figura de las redes cerradas reduciría costes, aportaría eficiencia energética y devolvería una competitividad a la industria química local que, hoy por hoy, es la base para crear puestos de trabajo.
El problema a solventar es que el Estado español aplicó esta directiva europea sin el artículo 28, que hace referencia precisamente a esta figura. Este hecho agravó todavía más la situación de las empresas químicas instaladas en Tarragona, que veían y ven como sus competidoras europeas tomaban todavía más ventaja. Países como Alemania, Holanda o Bélgica sí aplicaron esta directiva en su totalidad, ofreciendo a las empresas residentes en sus países una nueva ventaja competitiva. A modo de ejemplo, encontramos redes cerradas europeas en el Puerto de Amberes donde están presentes compañías como BASF, Bayer, Celense, Cepsa, Vopak; o en Leverkusen donde tenemos Covestro, Bayer, Kemira; o el caso de Holanda que cuenta con más de noventa redes cerradas. Este entre otros factores hace que, a día de hoy, la industria química de Tarragona vea cómo su factura eléctrica es en algunos casos hasta un 25 % superior que la de sus competidores directos. El sector químico trabaja, pues, para poder competir en igualdad de condiciones con otros países industrializados de Europa y consolidar el presente y el futuro. La transposición de este artículo 28 que hoy traemos a esta Cámara otorgaría más competitividad a una industria que quiere optar a inversiones futuras.
En cuanto a la implantación de estas redes cerradas, para los que tengan temores, hay que destacar primero que tendría un impacto nulo o incluso positivo en el sistema eléctrico, pues el impacto en inversiones para la actividad económica española sería importantísimo. Piénsese que las perspectivas de crecimiento que tiene la industria química en el sector de Tarragona, calculado con unos costes más competitivos de precios si se aprueba esta iniciativa, implica optar en los próximos años a unas inversiones por valor de más de 1000 millones de euros, unas inversiones que se traducirían en 1600 nuevos puestos de trabajo digno y un aumento de 21 millones de euros anuales más en la recaudación de impuestos del Estado sobre la química en Tarragona; repetimos, 21 millones de euros anuales más en la recaudación de impuestos del Estado sobre la química en Tarragona. Pues bien, esto es lo que nos jugamos hoy con la aprobación o no de esta propuesta que, como he dicho, cuenta con un amplísimo consenso en el territorio, y que nos costaría entender que algún grupo votara en contra. De hecho, les pedimos que voten la
implantación de redes energéticas cerradas tal como prevé la Directiva Europea 2009/72 en su totalidad, igual que han hecho ya otros países industrializados.
No se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley. Por lo tanto, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Guillaumes i Ràfols.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Molt breument. Intervengo solo para anunciar el apoyo de nuestro partido a la iniciativa. Hemos de decir que las redes cerradas no solo de manera necesaria, pero sí son un elemento importante de la culminación de lo que es la cogeneración. La cogeneración, en definitiva, es la hermana pobre, discreta, de las energías limpias, pero también es la que tiene más éxito en este momento en Cataluña. Por tanto, ya digo, no nace solo de ahí, pero en muchos sentidos nace de ahí, por lo que entendemos que es absolutamente pertinente esta proposición no de ley. Gràcies, president, senyories.
El señor PRESIDENTE: Gràcies, senyor Guillaumes.
Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra don Sergio Del Campo.
Señorías, desde Ciudadanos somos conscientes del enorme valor del sector industrial, del valor que aporta al conjunto de la economía, al bienestar de las familias españolas. La industria es el sector económico que más cantidad de empleo indefinido genera en torno al 80 % de su empleo es indefinido. También con los mejores salarios. Un salario promedio de unos 27000 euros anuales y, por ende, también con los mayores aportes a la recaudación de la Seguridad Social, lo cual tampoco es un tema menor viendo cómo tenemos los ingresos en materia de Seguridad Social. Además de mostrar una mayor capacidad aportadora que otros sectores, contribuyendo así al equilibrio favorable de la balanza comercial. Es por esa razón que consideramos que la industria debe jugar un papel creciente en la economía española ampliando su peso relativo en la misma. A día de hoy está por debajo de la media europea y potenciando su papel como elemento innovador en una sociedad globalizada. En este sentido, uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la industria española es el alto coste de la electricidad en nuestro país. Desde Ciudadanos, como saben, apostamos por un pacto de estado de la energía que restituya la seguridad jurídica y la confianza de los inversores al tiempo que prevea de manera ordenada las pautas que se han de seguir en el proceso de transición energética, lo que a su vez redunda en unos menores costes para consumidores e industriales. Dentro de este pacto, Ciudadanos defenderá la seguridad del suministro, tanto a nivel de dependencia exterior como lo que respecta a la capacidad del parque de generación para proporcionar energía a cualquier hora en cualquier situación y a un precio asumible. Asimismo entendemos que los costes de la energía que afrontan tanto consumidores como industriales en nuestro país son comparativamente más altos que en el resto de los países de la Unión Europea. En concreto, según Eurostat, España se situaría como el tercer país con los precios más altos para consumidores industriales en la Unión. Si agotamos este análisis en la industria química, el subsector de la industria química está por generar empleos muy estables y muy bien pagados. Unos niveles de contratación indefinida en torno al 95 % aventaja al resto de sectores económicos y sobresale por encima del promedio del propio sector industrial. Lo mismo ocurre con el salario medio 37500 euros y con la inversión media anual en formación por trabajador que asciende a 258 euros, muy por encima de la media industrial y sin comparación con otros subsectores como la hostelería que está en torno a 24 euros.
Tarragona, que es la provincia que represento, cuenta con un pueblo químico -se ha dicho aquí- capaz de generar una cuarta parte de toda la producción del sector siendo el mayor site químico del mediterráneo y una de las localizaciones con mejores expectativas para la generación de inversiones productivas que permitan incrementar los niveles de riqueza y empleo de calidad en sus olas de influencia. Recordemos que hoy el polo petroquímico, como ha dicho Jordi, es un importante motor de ocupación de la demarcación con al menos 10000 empleos directos y en torno a 35000 empleos indirectos e inducidos. Es cierto que tenemos un problema y es que nuestros principales competidores, como Alemania, Francia, Bélgica u Holanda, tienen unos precios entre 10 y 15 euros por megavatio/hora inferiores a los de España para el precio de la electricidad. El cluster químico de Tarragona cuenta con importantes plantas de producción de procesos electroquímicos intensivos y de fabricación de polímeros, lo que supone que los costes de la energía eléctrica sean fundamentales para su competitividad. De ahí la importancia de las
redes cerradas como fórmula de ahorro energético, porque se estima que con su utilización el ahorro de costes energéticos podría ser del orden del 30 %. La posibilidad de poder conectar la red a tensiones de 220000 voltios implica menores peajes, considerar un término de potencia global menor que la suma de las potencias por separado por cada uno de los usuarios, la compra de un volumen de energía mucho mayor que un solo consumidor o la generación y distribución propia, como algunos de los aspectos y ventajas más relevantes de lo que supone una red energética cerrada.
Desde Ciudadanos apoyaremos todas las medidas en clave de innovación y fomento de la eficiencia que puedan desarrollarse con el fin de incrementar la competitividad en el sector industrial español. En este sentido, la posibilidad de que un mismo polígono industrial, previo acuerdo de las partes implicadas se puedan establecer redes cerradas, es una medida oportuna e importante potencial para el desarrollo de nuestra industria. Por tanto, apoyaremos la trasposición del artículo 28 de la Directiva de la Electricidad al ordenamiento jurídico español, como ya lo han hecho la mitad de los Estados de la Unión Europea. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Del Campo Estaún.
Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Martínez Rodríguez.
Es cierto que el precio de la electricidad, tanto para hogares como para empresas, es un debate continuo en esta Comisión. Desde luego todo indica que seguirá siéndolo. No voy a entrar en números o en comparativas del precio de la electricidad en España respecto a otros países europeos. Pero la realidad es que tanto el porcentaje de renta de las familias como el porcentaje de costes empresariales que la factura eléctrica supone para nuestras familias y nuestra industria es demasiado alta. Es un lastre, tanto para la economía familiar como para la competitividad de nuestras empresas. Es cierto además que el precio de la electricidad, concretamente la industria electrointensiva, es igualmente recurrente en esta Comisión. Si bien nuestro grupo coincide en la necesidad de buscar una manera de abaratar el precio de la electricidad para mejorar la competitividad de estas empresas, diferimos notablemente en el medio. Todo lo que sea subvenciones, reducción de peajes, la subasta de interrumpibilidad tal como está planteada hoy en día, tiene un coste adicional para los consumidores domésticos, para otros sectores o para los Presupuestos Generales del Estado y no apoyan de ninguna manera a la transición energética tan necesaria. Sin embargo, si hablamos del incremento de la generación eléctrica por renovables, el incremento de la eficiencia y el ahorro de energía en la industria, la cogeneración, el autoconsumo o las mismas redes cerradas que hoy discutimos tienen un impacto positivo para todo el mundo y en especial para el sistema. Se reducirían las emisiones. Se reduciría la dependencia energética al reducirse el consumo de energías sucias, se reduciría la factura de la luz y se crearían empleos de alto valor añadido en un momento en el que el desempleo sigue siendo uno de los grandes problemas. Por todo esto, nuestro grupo apoyará esta iniciativa y cualquier otra encaminada a reducir el precio de la electricidad para las industrias en la línea de la transición energética que defendemos. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ruiz i Carbonell.
El señor RUIZ I CARBONELL: Gràcies, senyor president.
Parecería normal que en el contexto económico por el que pasamos, el Gobierno tomase medidas para reducir los efectos negativos de la crisis y para salir de ella. Apoyando el tejido industrial que ayude a resistirla mejor. Precisamente uno de los sectores industriales que mejor lo han resistido ha sido el químico y el petroquímico. Como lo demuestra que la ciudad de la que soy, Tarragona y su entorno, se haya podido defender un poco mejor de la crisis que otras zonas de Cataluña o del resto de España, debido a que los complejos petroquímicos generan 10 000 empleos directos y otros 30 000 inducidos, según la misma página web de la asociación química de Tarragona vista esta mañana. Empleos de calidad, como mínimo de una calidad superior a la media. Un sector que ha de modernizarse continuamente para poder competir dentro de la Unión Europea y en un mundo globalizado y en el que tiene un gran impacto el precio de la energía y, aunque hoy no hablemos de ello, el traslado de su producción al lugar de consumo. Por tanto, hay que tomar medidas para que precios e infraestructuras no hagan rentable deslocalizar empresas ampliando o construyendo fábricas en alguno de nuestros países competidores,
perdiéndose empleos en el nuestro. Algún ejemplo ya hemos sufrido. Necesitamos, como van haciendo los países de nuestro entorno, tener un modelo energético sostenible, eficiente y competitivo, trasponiendo las directivas europeas, la 2009/72/CE, el artículo 28 incluido, sobre el mercado interior de la electricidad, que es el que hoy nos ocupa, y también la 2009/73/CE, aunque hoy no hablemos de ella, que es la que habla del gas natural. Ambas establecen que los Estados miembros podrán disponer de redes de distribución que distribuyan la electricidad o gas natural en zonas reducidas, industriales, comerciales o de servicios compartidos, como sucede en grandes puertos y en grandes polígonos químicos y petroquímicos en países con los que competimos: Alemania, Bélgica, Francia y Países Bajos, sobre todo. Lo que les permite obtener mejores precios de la energía. Redes cerradas que tendríamos ya que tener reguladas como han hecho los países que he citado, lo que les permite tener ya agrupaciones de consumidores que comparten infraestructuras de conexión, con exigencias técnicas y jurídicas más sencillas que las que se exigen a las empresas distribuidoras que tienen cientos de miles o millones de clientes. Agrupaciones, algunas, que además tienen plantas de cogeneración y que ofrecen la energía a sus clientes a un precio que hace que sus productos sean más competitivos que los nuestros. Hemos de regular fórmulas de propiedad, de gestión -varían en cada país-, establecer el límite de clientes y consumidores. En el caso de que haya un mayor número de clientes permitido creo que es Holanda que permite 500. Estudiar si el propietario de la red puede ser un operador dominante del sector o una compañía distribuidora. Prever que en el futuro puedan evolucionar, atraer inversiones, dar conexión a nuevos consumidores, ampliar potencias de consumo, agilizar cambios de titularidad, etcétera. Por tanto, nos parece bien la iniciativa, porque hay que iniciar la creación de una herramienta que haga más competitivo un sector industrial que hoy juega con desventaja y porque es una manera de recordar al Gobierno que muchos empleos pueden depender de que legislemos para asegurarlos.
Terminaré diciendo que nos gustaría más votar una iniciativa unitaria, más consensuada, tal y como creía que habíamos acordado presentar en una reunión que hicimos el 2 de marzo en la alcaldía de Tarragona con los alcaldes de Tarragona y de la Canonja, José Félix Ballestero y Roc Muñoz, que fueron los convocantes y en la que también participaron la industria petroquímica, la Generalitat y los puertos de Barcelona y Tarragona, pero no vamos a hacer cuestión de ello. Porque cuando antes tengamos una ley que permita las redes, mejor. Complejos como los de Tarragona o algunos puertos lo requieren y cuando antes se ponga el Gobierno a ello mejor. Gràcies per la seva atenció.
El señor PRESIDENTE: Gràcies, senyor Ruiz i Carbonell.
Por último, para fijar posición por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Roca Mas.
El señor ROCA MAS: Muchas gracias, señor presidente.
Debatimos una proposición de Esquerra Republicana sobre redes cerradas que es un mecanismo energético por el que grandes consumidores pueden ahorrarse costes. Es un mecanismo que contempla la directiva europea, que da la posibilidad de crear redes cerradas, pero que todavía no está maduro, que está en una fase inicial del proceso de discusión, cuyos resultados y configuración es prematuro adelantar y que además nosotros lo vemos -y el Gobierno incluso este sábado en Malta así lo negociará- bien como defensa de nuestra industria, porque imaginen lo importante que es la industria para un Gobierno cuya prioridad es crear empleo. Por eso el peso de la industria desde que gobierna el Partido Popular está aumentando y de qué manera. También es cierto que debemos ser responsables y regular todo el sistema, todos los productores, todos los consumidores, quien paga la producción y quién paga el transporte. Porque los eslóganes no sirven. Nosotros nos podemos inventar que si el impuesto del sol o eslóganes de el Partido Popular están contra la industria, pero luego viene la realidad y nos pone en nuestro sitio, porque ya sabemos cuál fue la herencia del adanismo energético del zapaterismo. Ese adanismo que se cree la última galletita del paquete, se cree especial y que todos los que han venido hasta ahora no sabían y que han venido a traernos la utopía. Esa nueva economía verde que nos iba a permitir adelantar a Alemania en PIB y que lo que nos ha dejado no ha sido precisamente una utopía, sino un agujero de 250000 millones de euros, nos ha doblado las facturas de la luz a las familias y ha conseguido que en España se empiece a hablar de pobreza energética. Un desastre de utopía buonista.
¿Qué podría hacer Esquerra de verdad? No presentar una PNL precipitada, porque todavía no se ha negociado en el seno de la Unión Europea. La primera cosa que podría hacer Esquerra y el nacionalismo en general es dejar de amenazar a la gente que va a perder el empleo por culpa de un Gobierno, dejar de hacer propaganda contra el PNV diciendo que la culpa de la precariedad en la industria catalana es culpa
del PNV. Creo que la propaganda no funciona contra el Partido Popular, no sé si va a funcionar contra el PNV.
¿Qué podría hacer Esquerra que gobierna la Generalitat? Aprobar un Plan de Energía, si puede ser que se pueda pagar. No una de aquellas cartas a los Reyes Magos que todos firmaríamos, pero que luego nos deja en la ruina. Sobre todo -y algún día hablaremos de esto-, no fomentar la especulación energética. Algún día hablaremos del tema en profundidad.
Por último, y aprovechando que el francolí pasa por Tarragona y como yo viví mi infancia allí, le pediría a Esquerra que, por favor, deje de votar contra los derechos humanos en Venezuela. Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roca i Mas.
- RELATIVA A LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA BANDA ANCHA DE ALTA VELOCIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001682).
El señor PRESIDENTE: Concluido el punto 5.º del orden del día. Pasamos al punto 6.º, que es la proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a la universalización de la banda ancha de alta velocidad. Para su defensa tiene la palabra el señor González Terol.
El señor GONZÁLEZ TEROL: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Quisiera comenzar esta intervención recordando que una de las prioridades del Gobierno de España, a través del Ministerio de la Agenda Digital es completar el despliegue y las coberturas en las redes de alta velocidad, tanto fijas como móviles, en el conjunto del territorio español. Porque tanto el Gobierno como este grupo parlamentario estamos convencidos de que nuestro país no va a poder transformarse o llegar a esa economía digital si no cuenta con las infraestructuras de telecomunicaciones debidas. Por ello las redes de telecomunicaciones y la conectividad son la base que sustentan las economías y sociedades digitales y creemos que es importante disponer de una conexión a Internet a muy alta velocidad como materia esencial para que las administraciones públicas podamos dar en primer lugar un servicio más cercano, creernos de verdad lo del servicio veinticuatro horas al día siete días a la semana. Que las empresas puedan tener un acceso a las tecnologías digitales más avanzadas y aprovechar de manera plena las ventajas de la transformación digital, que los ciudadanos podamos, por un lado, disfrutar de los servicios y contenidos de ocio digital y, por otro, tener una relación más próxima y más transparente con las administraciones públicas, viéndolo desde el otro lado de la balanza. Por último, es obviamente esencial para garantizar la cohesión social y territorial. Esto es así ya que cualquier ciudadano de una pequeña población al que se proporciona una conexión de Internet de alta velocidad va a poder disponer de todos sus servicios y contenidos equivalentes a quien viva en una ciudad mejor conectada y más próxima a esas administraciones En los últimos años, el Gobierno de España ha puesto en marcha un plan, el Plan nacional de extensión de banda ancha de nueva generación enmarcado en la Estrategia Nacional de Redes Ultrarrápidas que comenzó en el año 2013. Un plan que, como saben sus señorías, cuenta en la actualidad con unos resultados bastante positivos. La cobertura de banda ancha fija alcanza el 95 % de los hogares españoles, el 81 % de la población tiene acceso a redes de banda ancha rápida de más de 30 megas. Existe una red de fibra óptica hasta lograr una FTTH más extensa de Europa que ofrece cobertura al 63 % de la población. El 94 % de la población tiene cobertura 4G, un porcentaje que era cero en el año 2012, porque la tecnología no existía y, por tanto, en tan solo cuatro años se ha avanzado de manera exponencial. Un 84,9 % de los usuarios dispone de servicios de banda ancha en su móvil, cuando en el 2012 solo era el 46,2. Del 46,2 al 84,9. Nuestro país además es líder europeo en la implantación de la Administración electrónica. Unos datos que no nos inventamos. Son unos datos que proceden del informe sobre los avances digitales en Europa del 2017, que recientemente ha publicado la Unión Europea, y que combinando datos cuantitativos obtenidos del índice de economía y sociedad digitales del DESI e información cualitativa sobre políticas específicas de cada país, dan como resultado los que ya les he puesto de manifiesto. En cualquier caso, España es un país que año tras año ve mejorar su posición dentro del baremo medio del DESI. Mejoramos o nos mantenemos en una posición muy favorable en muchos de los ámbitos que dependen directamente de la Administración General del Estado y otros necesitan mejora, de ahí el impulso de esta proposición no de ley. Además somos, dentro
de los cinco países de la Unión Europea en peso específico, el tercero en este tipo de índice. Nos supera Alemania y Reino Unido y estamos por delante de Francia e Italia.
Por último, es importante mencionar que este informe destaca que España ha obtenido resultados especialmente positivos en lo relativo a la cobertura y al despliegue de las redes de nueva generación, lo que hace que nuestro país se encuentre en una posición adecuada para realizar modificaciones normativas y acometer la cuestión importantísima de la universalización de la banda ancha con garantías de éxito. Así evitar que la falta de conectividad o la ubicación impida el desarrollo digital de nuestros ciudadanos y de nuestras empresas.
Por todas estas razones, el Gobierno de la nación se ha fijado como objetivo en el 2020 que cualquier ciudadano pueda tener una conexión de 30 megabites y para abordar este reto se va a actuar en dos grandes frentes. Por un lado, a través de iniciativas regulatorias y realizando el desarrollo normativo de la Ley General de Telecomunicaciones, que ya contó en el pasado, en el año 2014, con un tremendísimo apoyo. El 95 % de las fuerzas políticas del arco parlamentario lo apoyaron, que espero que susciten el interés y el apoyo nuevamente en ese desarrollo normativo en la próxima tramitación parlamentaria. Por otro lado, a través de programa de apoyo para acelerar y fomentar el despliegue de nuevas redes, tales como por ejemplo las convocatorias de subvenciones que han sido aprobadas también con los Presupuestos Generales del Estado, que ya en años anteriores han supuesto la mejora de la conexión de 3 millones de ciudadanos, llegando a 1.392 municipios y que para el año 2017, con un presupuesto de 100 millones de euros pretende llegar a 2,8 millones de ciudadanos en casi 3.000 poblaciones del conjunto de España.
Como pueden ver, señorías, ya se han producido muchos avances para alcanzar la universalización del acceso de Internet de alta velocidad en nuestro país y a través de esta proposición no de ley nuestro grupo quiere, primero, apoyar, impulsar y felicitar al Gobierno en el trabajo que ha realizado hasta este momento. Pero, por supuesto, recordarle también que no puede caer en la autocomplacencia porque existen todavía zonas de nuestro país en los que la conexión a Internet existe, pero no permite a muchos ciudadanos conectar adecuadamente con administraciones y empresas para aprovechar todos los beneficios de la era digital. Estoy seguro, señorías, que con esta proposición no de ley, incluso con los acuerdos a los que estoy seguro que llegaremos en alguna de las enmiendas, podremos estar de acuerdo en que este impulso legislativo es necesario para aumentar la competitividad a través de la digitalización y además que muchos municipios no se queden al margen de la revolución digital. Así lo opina mi grupo parlamentario y por eso damos cuenta y proponemos esta proposición no de ley. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González Terol.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. En primer lugar, para la defensa de su enmienda, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Galeano Gracia.
Señorías del Grupo Popular, somos muy críticos con esta PNL que presentan ustedes aquí hoy, sin objetivos claros y sin dinero. A la que no obstante hemos querido enmendar con la intención clara de reconducir la situación y de exigir al Gobierno que trate este asunto como se lo merece, priorizando de tal manera esta materia como nosotros lo estamos haciendo y estas enmiendas están recogidas también en la PNL que tenemos registrada sobre esta materia. La denominada brecha digital geográfica que se observa entre las zonas rurales y las zonas urbanas está provocando situaciones de desigualdad de oportunidades que preocupan y mucho a los socialistas. Señor Terol, usted lo ha dicho, en los últimos años los operadores de telecomunicaciones no cabe duda de que han realizado un gran esfuerzo en cuanto a la extensión y despliegue de redes. Hay ciudades con kilómetros y kilómetros de redes de fibra instalada. Esta es la visión general, no cabe duda, porque si profundizamos nos encontramos con diferencias considerables entre regiones y entre territorios. No tiene nada más que ver los mapas que proporciona el ministerio. Incluso dentro de una misma provincia observamos como puede ser el caso de Zaragoza, con una diferencia tremenda entre municipios como el de Zaragoza capital y otros pequeños como Lumpiaque o Calatorao, que no tienen nada que ver con esas posibilidades que tienen de conexión. Hablamos además, señor Terol, de asequibilidad. Algo en lo que desde el Grupo Socialista queremos dar importancia, son los precios de conexión a esa banda ancha que consideramos, lo dicen todas las estadísticas europeas, como precios muy elevados y queremos alertar de esas palabras triunfalistas que
tiene el ministerio. Estos hechos demuestran, señorías, el fracaso en la política de universalización que ha llevado a cabo este Gobierno y es el fracaso de una agenda digital que está actualmente devaluada y que ha incumplido sus propios objetivos, marcados, como usted decía también en la propia disposición adicional de la Ley General de Telecomunicaciones. Es el fracaso en definitiva del señor Rajoy, del señor Soria en su día, y de la agenda que se aprobó en 2013. No quiero pecar de mal agorero, pero también entendiendo con los presupuestos presentados para este año 2017 que nos podemos enfrentar a un nuevo fracaso de este flamante nuevo ministerio. Porque, señorías, hagamos un esfuerzo imaginativo. Consideremos que estamos en una empresa en la que el consejero delegado recalca en su plantilla la confianza que tiene en la misma, pero al mismo tiempo en vez de comprar acciones de esa empresa, para demostrar ese convencimiento, lo que hace es retirar fondos o directamente venderlas. No es la mejor manera precisamente de demostrar esa confianza. Esto es lo que están haciendo ustedes con la presentación de los programas de gasto de los presupuestos de esta área, con un recorte de más del 17 % en la materia. Espero que no piensen sacar ustedes partidas presupuestarias, dinero para ese tipo de provisiones de ese presupuesto. Porque lo que nuestro país presenta son debilidades principalmente del lado de la demanda, con niveles de avance muy inferiores en materia de competencias digitales básicas que lo que menos necesitan son precisamente ajustes sobre ajustes. También había que incluir aspectos como brechas en condiciones económicas en materia de género, personas con discapacidad, etcétera. Hagamos, señorías del Grupo Popular, un esfuerzo, un esfuerzo de verdad, compremos acciones de esta empresa con convencimiento y marquemos objetivos ambiciosos como los que han presentado recientemente otros países como puede ser el Plan de Universalización, que se ha presentado en Canadá, o países que apuestan decididamente por la digitalización como es el caso de Estonia. Hagamos una apuesta firme y decidida y utilicemos esta digitalización, como usted dice, como medio para reducir las desigualdades y transformar nuestro viejo modelo productivo. Apostemos también por Europa y por esa Europa asumiendo sus propios objetivos que nos están marcando desde el mercado digital único europeo. Seamos líderes en esta materia. Que no tengamos, señorías, también que ver cómo en este asunto nos puede ganar incluso Portugal, hablando en términos de Eurovisión, ni tengamos que pedirles prestados de alguna manera un fado para lamentar el tren perdido que aquí se nos presenta. Muchas gracias, señorías. De todas maneras, vamos a votar, debido a que agradezco que hayan recogido el grueso de nuestras enmiendas, a favor de esta PNL para intentar, como digo, exigir y reconducir este camino que a día de hoy consideramos todavía negativo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Galeano Gracia.
Para defender la enmienda planteada por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Díaz Pérez.
Buenas tardes a todos y a todas. Simplemente quiero indicar una primera reflexión es que el Grupo Popular que sostiene al Gobierno del Partido Popular nos trae una iniciativa muy sencilla que consiste básicamente en que el partido del Gobierno cumpla con la ley de la que nos hemos dotado, la Ley de Telecomunicaciones. Ni más ni menos, parece una broma, pero no es ninguna broma. Realmente es así no. Se insta para cumplir con la ley. Mientras tanto, señores y señoras del Grupo Popular, han pasado algunas cosas. Por ejemplo, entre diciembre de 2016 y hasta 2019 ustedes han adjudicado a telefónica el servicio universal de comunicaciones con un ancho de banda de un megabite. La pregunta que nos hacemos es que nos expliquen qué están haciendo ustedes. Decimos esto, porque efectivamente nos sumamos a las quejas del anterior portavoz, no son quejas, son informes públicos, y los datos no son favorables para España. Tenemos enormes deficiencias de conectividad, de brechas digitales entre zonas rurales y zonas urbanas. Tenemos brechas de género, pero tenemos datos malos. En el índice DESI España se ubica en el puesto doce, por debajo de la mitad inferior. Por dar datos de ese propio informe. Tenemos tan solo hogares conectados un 6 % por encima de los 100 megas, pero tan solo el 14 % de 30 megas. Es decir, que la situación no solo no es buena, sino que es bastantes mala. Por dar más datos, de los 8.117 ayuntamientos que tenemos en el conjunto del Estado, tan solo tienen cobertura al 100 % 501 y les voy a dar un dato, por ejemplo. En Galicia ningún ayuntamiento de los 314 tiene la cobertura al 100 %. Por tanto, son informes de ustedes, no son nuestros. Los datos, insistimos, no son en absoluto buenos. Pero es que además están hablando de cumplir la disposición adicional decimoctava de la propia Ley General de Telecomunicaciones, que ya nos decía cuáles eran las inversiones que ustedes iban a hacer en la velocidad de banda ancha, tanto de un megabite, que en el 2017 nos decían que teníamos que tener
los 10 megas, ni siquiera hemos conseguido el objetivo de un mega y después nos señalaban que la ultrarrápida de 30 megas y el 50 % en el bando de ancha por encima de 100 megabites, tampoco se ha conseguido. Por tanto, insisto, los datos son malos y en lo que tiene que ver con alfabetización son peores.
Nuestro grupo, y aquí presento nuestras enmiendas, tiene una discrepancia fundamental con el secretario de Estado en esta materia y es que la cuestión no radica en que le adjudiquemos el servicio universal a grandes multinacionales como telefónica. Lo vuelvo a decir, nunca va a ser económico que en el Caurel, en Galicia, llegue allí la red de banda ancha, en la vida. Por tanto, qué pedimos nosotros, en coherencia con lo que hemos hecho y con el trabajo que venimos haciendo, pues cumplir la ley, artículo 9 de la Ley General de Telecomunicaciones, y permitir que Red.es se configure como un operador de comunicaciones. En segundo lugar, que justamente este organismo público para garantizar que de una vez por todas rompamos con esa brecha digital, un organismo público sea el que ejecute esos planes de conectividad. Insisto, de lo contrario, en buena lógica y siguiendo las puras leyes del mercado, nunca será económico en las zonas rurales o en los barrios catalogados llevar estas tecnologías. Pedimos además que se haga para garantizar que en poblaciones inferiores a 50000 habitantes tengamos los mismos derechos.
Finalmente, parece una cosa de Perogrullo, pero que cumplan con la ley siguiendo la disposición adicional decimoctava y cumplan con ese deber que tienen de emitir un informe anual en el que nos rindan cuentas de cuál es la situación real de la agenda digital en nuestro país. En este sentido, aunque parece una burla, el Partido Popular le pide al Gobierno que cumpla con la ley que ellos mismos se han dotado.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
Vivimos con preocupación unos días que son probablemente históricos en términos de redes tecnológicas, como secuela de un ciberataque global que ha bloqueado numerosísimos sistemas informáticos con un virus, que ha puesto de manifiesto la gran vulnerabilidad de la sociedad del siglo XXI, sea cual sea el rincón del mundo donde haya actividad humana. Hoy el Grupo Popular propone un mayor impulso para que Internet con alta velocidad siga llegando a más y más españoles y a más y a más empresas, sobre todo autónomos y pymes, que es donde se generan las mayores bolsas de empleo, que es la gran prioridad para España.
Permítanme que haga una referencia a una peripecia parlamentaria de la que tuve el privilegio de formar parte cuando en la VI Legislatura se constituyó en el Senado la Comisión Especial de Redes Informáticas, popularmente conocida como la Comisión de Internet que fue el primer órgano parlamentario del mundo que abordó en un clima -hay que subrayarlo- de gran consenso político el entonces incipiente fenómeno de Internet. Con aquella experiencia parlamentaria de la prehistoria de las redes conseguimos avanzar hacia la tarifa plana, que se hizo realidad gracias a la entonces ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, y se aprovechó el inequívoco impulso de liberalizar el sector de las telecomunicaciones en España, hasta entonces en manos del monopolio de Telefónica. Ello permitió obtener mejores precios, mayor calidad de los servicios y más opciones de elección para los ciudadanos. Estamos ante una materia, la universalización de la banda ancha y su extensión por todo el territorio nacional, que es o debería ser una cuestión de Estado. Algunas de las conclusiones de aquella Comisión de Internet del Senado coinciden con las necesidades que diagnostica el Grupo Popular y con el mandato que hoy se quiere plantear al Gobierno. En cualquier caso, son líneas de trabajo políticas irrenunciables en cualquier agenda digital de un Gobierno o de un Parlamento.
Se han planteado varias enmiendas, que creo que enriquecen la proposición no de ley. Desconozco si serán aceptadas por el grupo proponente, pero debería ser un objetivo común y muy amplio lo de propiciar una banda ancha a precio asequible y también para colectivos especiales, a los que deberían ofrecerse efectivamente programas de formación.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para fijar su posición, tiene la palabra el señor Martínez González.
No descubro nada nuevo si hablo de la revolución que ha supuesto en la sociedad actual las nuevas tecnologías como Internet o la banda ancha, así como los teléfonos inteligentes. Hablamos de una revolución digital y este país se lleva mal con las revoluciones. Este país llegó tarde a la Revolución Industrial y llegó tarde a la Revolución francesa, con su idea de la democracia y regeneración. Ahora corremos el peligro -con toda la trascendencia que esto tiene por la prosperidad que suponen las nuevas tecnologías de conocimiento, porque afecta a todos los sectores, ya sea cultura, economía o turismo- de que este país llegue tarde a esta revolución.
La Comisión Europea se dio cuenta de esto y fijó una Agenda Digital Europea para que trescientos cincuenta millones de europeos tengan oportunidades y pueda generarse mejora social. Se dice que por cada puesto de trabajo que puede llegar a perderse en la economía real, en el sector de la economía digital se pueden llegar a crear cinco puestos de trabajo. La propia Comisión Europea dice que para 2020 se pueden crear más de dieciséis millones de puestos de trabajo, de los cuales casi el 90 % requiere una cualificación como mínimo que sea básica. Por tanto, para no perder esta revolución este país necesita estar conectado con Europa porque se habla de un continente y un país conectados. La Unión Europea fija tres premisas, que son muy básicas en la Agenda Digital Europa, pero no cumplimos casi ninguna: primera, que la cobertura sea universal; segunda, que para 2020 el cien por cien de la cobertura sea al menos de 30 megas, y tercera, que al menos el 50 % de los hogares en 2020 tenga líneas de más de 100 megas. España no cumple hoy el primer punto, no cumple el segundo punto -todo esto con matices, por supuesto- y el tercero lo cumple por la peculiaridad del territorio ya que favorece la concentración de población y hay bastante implantación de fibra óptica en las ciudades. Este es un dato importante porque la Unión Europea estima que solo un aumento del 10 % en la banda ancha supone un incremento de 1,5 % en el producto interior bruto. Por tanto, estamos lejos de Europa en conectividad, pero también en conocimientos digitales. Más del 50 % de la población española adolece de conocimientos digitales suficientes. Por tanto, urge y es necesario establecer un plan de inclusión digital que tenga en cuenta la población, sobre todo a los mayores de cincuenta y cinco años, o a la población con rentas bajas y con bajos niveles de estudio, porque corren el riesgo de quedarse completamente descolgados. Estaríamos hablando de analfabetos digitales.
Apostar por esta revolución digital supondría, por poner un ejemplo, en un sector como la medicina -uno de los sectores que entraña más gasto social- casi un aumento de un 9 % del PIB. Esto no lo digo yo, lo dice la Unión Europea. Si apostáramos por la televigilancia, por poner un ejemplo, la supervivencia de las enfermedades cardíacas aumentaría un 15 %, los días de hospitalización podrían reducirse un 26 % y el gasto sanitario podría descender hasta un 10 %. Esto lo dice la Unión Europea. El Grupo Ciudadanos lo tiene claro. Nosotros apostamos por priorizar a los clientes; por la digitalización administrativa, con apoyo a las pymes y a las ciudades con menos recursos; por la digitalización de la justicia; por el mercado único digital; por la alfabetización digital para acabar con la brecha rural, tal como han dicho algunos portavoces; por el desarrollo del talento, tal y como hemos hecho en los presupuestos y se recoge en el punto 27 de nuestro acuerdo de investidura con la Red Cervera de transferencia tecnológica para unir universidad, empresas e instituciones; y por supuesto por la digitalización de la enseñanza y la gratuidad de los libros de texto. Por tanto, urge que España se sume a esta revolución digital.
Le pregunto al señor González Terol si acepta algunas de las enmiendas.
El señor GONZÁLEZ TEROL: Del Grupo Socialista -ya lo he hablado con ellos- el punto uno completo, a excepción "de utilizando cualquier tipo de tecnología disponible". El punto tres no lo aceptamos y el punto cuatro lo aceptaríamos completo.
En cuanto al Grupo de Unidos Podemos aceptamos su enmienda al punto tres y rechazamos las enmiendas presentadas a los puntos uno y dos.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que dado que se va a votar una enmienda transaccional, la haga llegar a la Mesa lo antes posible para poder distribuirla al resto de grupos para su conocimiento.
El señor GONZÁLEZ TEROL: Perfecto.
- SOBRE EL MARCO LEGISLATIVO DE LAS MICRORREDES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/001842).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al 7.º punto del orden del día: proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre el marco legislativo de las microrredes. Para su defensa, tiene la palabra la señora Martínez Rodríguez.
Es la segunda proposición no de ley que debatimos hoy que aborda una cuestión clave en la transición energética y de la que apenas se está hablando, me refiero a las redes. Hemos discutido las redes cerradas para la industria y nuestro grupo trae hoy aquí una propuesta sobre las microrredes. Es cierto que en el debate de la transición energética se está poniendo el acento en la generación, quizá porque la urgencia sea abandonar las energías sucias, el carbón, el gas y el petróleo o las peligrosas y caras como la nuclear, pero no estamos hablando ni de la distribución ni de las redes eléctricas. Sin embargo, estos elementos sin duda van a jugar un papel fundamental en la articulación de los tres pilares sobre los que queremos construir la transición energética: renovables, eficiencia y democracia. En primer lugar, el incremento de las renovables en el mix pasa por incrementar el autoconsumo, la cogeneración y esto, además, es clave para la descarbonización de cara al incremento del uso del vehículo eléctrico. En segundo lugar, es clave también en un modelo más eficiente porque un modelo de generación distribuido mucho más cerca de los centros de consumo reduce el consumo de energía, es mucho más eficiente. Y por último, contribuiría a la democratización no solo por la aparición de nuevos actores, sino también por el papel activo de las personas consumidoras mediante la gestión inteligente de la demanda.
Actualmente, el marco legislativo admite las redes de transporte y distribución de las que son titulares las empresas, normalmente parte del oligopolio de la red eléctrica y las empresas distribuidoras, a las que hay que ceder obligatoria y gratuitamente cualquier red que se construya y se conecte a la red general. Se permiten también las líneas directas entre generación y consumo de un mismo titular y las redes interiores entre el punto frontera y lo que debería ser la privada de casa. En el marco legal actual no existe la posibilidad de una red que una a varios consumidores y a la que también puedan conectarse tanto los elementos de generación, por ejemplo, placas de autoconsumo o de acumulación, como las baterías. Esto nos permitiría integrar el consumo doméstico y el gestor de carga del vehículo eléctrico, además de gestionar la demanda de una manera inteligente, gracias a la digitalización, es decir, entrar de llego en el siglo XXI.
¿Cómo lo haríamos? La automatización de ciertos consumos pasaría a condicionar ciertos consumos, como por ejemplo la lavadora, en función de lo que esté generando nuestra propia instalación o al resto de demanda de los usuarios que están conectados en nuestra red. El objetivo general sería minimizar el consumo de energía de la red general. Esto supondría una bajada en la factura energética de los usuarios de forma directa, porque voy a organizar el consumo para conectarme lo menos posible a la red, con lo cual reduzco la parte variable de la factura, pero también tendría un impacto en la parte fija de la factura, puesto que podría bajar la potencia contratada. Asimismo, supondría una bajada en la factura general de todo el sistema, porque si reduzco la demanda total del consumo energético de la red, estaría reduciendo la generación, sobre todo de las energías más caras y sucias, que son las últimas que entran en el mix. Por tanto, se reduciría el precio final de la energía en la red y, además, se reduciría las emisiones.
Tanto la gestión de estas redes como su instalación abren un nuevo ámbito de negocio que aún está inexplorado en España. Estamos hablando también de los agregadores de demanda -podrían ser cooperativas, municipios o empresas-, que son quienes gestionarían estas redes y conectarían y desconectarían los consumos en función de las necesidades, los precios y la electricidad autogenerada. Estamos hablando de empleos de alto valor añadido, basados en la innovación y que se localizarían en los servicios y la riqueza ligados a la gestión energética en zonas locales, y no como están ahora unidos principalmente a grandes empresas. Si tenemos un marco legal para la creación de microrredes que genera empleo y, además, se reduce la energía generada con una bajada en el precio y las emisiones, lo sorprendente es que eso no se esté haciendo. No se hace porque afecta directamente al quid de la cuestión de la transición energética basada en renovables, eficiente y democrática, que automáticamente se traduce en menos ingresos para las compañías eléctricas. A menor precio y menor consumo, las eléctricas tienen menos beneficios. Está bien que las eléctricas tengan beneficios pero el problema es que las eléctricas, como otros tantos sectores en el pasado y otros tantos en el futuro, van a tener que cambiar
su modelo de negocio y van a tener que adaptarse y aceptar los desarrollos tecnológicos; es decir, van a tener que ponerse a favor del viento de la revolución energética, en vez de agarrarse con uñas y dientes a un modelo energético que tiene los días contados y que solo les beneficia a ellos.
Puedo casi adelantar, casi después de un año de legislatura, los argumentos que se van a dar en contra de esta proposición. En primer lugar, me van a hablar de la seguridad de las instalaciones. Pero no hay más que regular y poner las inspecciones necesarias para que se cumpla cualquier condición de seguridad. También van a referirse a la estabilidad, pero lo único que amenaza a la estabilidad del sistema son las chapuzas de gestión y legislación de legislaturas pasadas, estoy hablando de los arbitrajes por las primas de las renovables, el Castor, la financiación del bono social, etcétera. Por último, me podrán decir que la tecnología no lo permite. Si no tenemos tecnología, pónganse a invertir en ella. Los Presupuestos Generales del Estado dejan mucho que desear en I+D y desde luego no demuestran ni interés ni entusiasmo por que España sea un país puntero en tecnología y menos en tecnología energética. Si el Gobierno no quiere invertir en transición energética, ni en eficiencia, tal como dijo el señor secretario de Estado, señor Navia, en su última comparecencia en esta Comisión, al menos le pediría al Gobierno y le instamos con esta proposición no de ley a que pongan el marco necesario legislativo para que la iniciativa ciudadana y la privada lideren lo que debería estar liderando el Gobierno. En este caso, instamos al Gobierno a regular y permitir las redes compartidas y la figura del agregador de demanda para permitir que nuestro país entre de, una vez por todas, en la energía del siglo XXI.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez Rodriguez.
A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas y, por tanto, pasamos al turno de fijación de posición. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
No se corresponde la prolija exposición de motivos de esta iniciativa parlamentaria con la escasez de la proposición no de ley que acaba fiando al Gobierno la elaboración de un doble marco legislativo que, por un lado, reconozca y regule las microrredes eléctricas, y por otro, reconozca la figura del agregador de demanda para que este se encargue de gestionar la microrred. En España ya estamos pagando uno de los precios más altos de Europa por nuestro consumo eléctrico, tanto por las familias como por las empresas e industrias. Una parte importante de este alto coste de la electricidad es consecuencia de los cargos derivados de decisiones tomadas en legislaturas anteriores, que a priori parecían ir en el buen camino, pero acabaron endosándole a los ciudadanos y empresas mayor carga en el recibo de la luz.
Desconozco cuál puede ser el efecto dominó que supondría sobre el sistema eléctrico otro marco legislativo con nuevas definiciones, nuevos agentes energéticos y nuevas fórmulas de gestión. En esta Comisión ya se nos ha alertado en esta legislatura de que con los actuales esquemas de costes de nuestro sistema eléctrico toda modificación va a repercutir en el recibo de la luz. Yo no quisiera que una decisión poco meditada o poco estudiada tuviera como efecto secundario indeseable que la aparición de otros agentes supusiera su exención del sistema eléctrico y, por tanto, mayor carga para los demás consumidores que tendrían que pagar lo que otros no pagan. Ante estas y otras incertidumbres a las que arrastraría un nuevo marco regulatorio como el que se le reclama al Gobierno prefiero, señor presidente, abstenerme.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rodríguez Fernández.
La señora RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.
Señorías, cuando hablamos de transición energética tenemos que tener clara que la generación distribuida basada en las energías renovables era la clave de todo este proceso. No solo nos va a dar ventajas a nivel medioambiental, sino también nos aporta eficiencia económica ya que el coste de las redes se reducirá y también eficiencia energética porque, al disminuir la distancia del transporte de esta energía y el consumo más directo, también se evitarán pérdidas de energía durante el transporte. Actualmente, cuando se habla de generación descentralizada solo se habla de un autoconsumidor que pone su sistema y autoconsume directamente, pero existen otras configuraciones que resultarían también
eficientes y beneficiosas para el conjunto de la ciudadanía, que no se pueden implementar porque no existe la regulación adecuada. Estamos hablando de autoconsumo colectivo. El Real Decreto 900/2015 no solamente desincentiva el autoconsumo, algo que ya hemos debatido y que seguiremos debatiendo en esta Cámara, sino que además imposibilita el autoconsumo colectivo. La creación y el desarrollo de una normativa en el concepto de la microrred resulta decisiva, no solo para permitir el autoconsumo colectivo sino para crear el impulso necesario que necesita no solo el autoconsumo sino también el autoconsumo colectivo, como ya he dicho.
Otro motivo que nos da esta normativa radica en el uso de los elementos de almacenamiento. Si no existe una normativa que regule el almacenamiento, difícilmente podremos hablar de microrredes y no solo estamos hablando de almacenamientos estáticos, en cuanto a la batería de estático, sino también a las baterías de los vehículos eléctricos. En definitiva, el papel tradicional de las redes está cambiando y la normativa lo tiene que afrontar. Existen redes de transporte que deberán ser bidireccionales, o así por lo menos lo entiende este grupo parlamentario. Es imprescindible y necesario el reconocimiento de un nuevo modelo de red, no solo lo está diciendo Europa sino que creo que tenemos que ser conscientes y apostar realmente por esa transición energética. Por eso, cuando hablamos de microrredes estas han de estar gestionadas por agregadores eléctricos que a efectos de la red sean como cualquier otro consumidor, pero con la diferencia de que estos a su vez se han de encargar de distribuir los costes de este punto de suministro a los diferentes consumidores de esta microrred, sin perjuicio de realizar otras actividades en el sector eléctrico de libre mercado de manera directa o como representante de la microrred a la cual están representando.
El desarrollo de las microrredes resulta de vital importancia, como ya se ha dicho, para trasladar las ventajas del autoconsumo eléctrico a aquellas situaciones en las que de mutuo acuerdo varios usuarios puedan disponer de esta tecnología. Lamentablemente, a día de hoy padecemos de una legislación desfasada y rígida. Con iniciativas como esta esperamos poder optar hacia un modelo más eficiente, de más generación y, sobre todo, que ya vaya dando respuestas a lo que nos tenemos que plantear que es esa transición energética y qué modelo energético queremos para España.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Fernández.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ramos Esteban.
El señor RAMOS ESTEBAN: Muchas gracias, presidente.
Muchas veces cuando los ciudadanos siguen los debates políticos desde su casa no entienden de qué hablamos. Si a ello le añadimos elementos tecnológicos, como el tema energético, esto lo complica mucho más. Mi grupo reconoce que le gusta la iniciativa que presenta hoy el Grupo de Unidos Podemos, pero si no conseguimos que los ciudadanos entiendan de qué estamos hablando, va a ser muy complicado que lo compren. Nosotros creemos que es muy importante, primero, hacer una labor pedagógica para explicar qué es una microrred y qué supone y, sobre todo, lo que tenemos que hacer es entenderlo nosotros. Es cierto lo que ha dicho la portavoz del Grupo de Unidos Podemos, que esto supone una verdadera revolución. El desarrollo tecnológico está afectando absolutamente a todos los sectores, a todos los ámbitos y a todos los sectores económicos y nosotros creemos que también tiene que llegar a los ciudadanos. Las microrredes suponen una gran revolución en el tema tecnológico y de cómo se ha entendido a día de hoy la producción y el consumo de energía. Es cierto que la producción de energía actualmente se entiende por grandes centros de producción y en el punto final está el consumidor que paga por lo que consume. Eso puede cambiar radicalmente, puede hacer que nuestra economía sea más eficiente, puede hacer que los consumidores paguen menos por la energía y puede hacer que el consumo y la producción de la energía sean mucho más sostenibles y mucho menos contaminante. Por eso, nos parece muy interesante la iniciativa.
Es cierto que la portavoz ha introducido algunos elementos que ya se pueden hacer, que no tienen nada que ver con esto. Actualmente, cualquier usuario que tenga una lavadora puede conectarla a Internet y puede enlazar ese consumo con el menor coste energético en cada momento. No hay nada que lo impida, simplemente tiene que tener la tecnología que pueda permitirlo. Por eso digo que si a los temas tecnológicos sumamos el tema político, esto hace mucho más complicado que los ciudadanos lo entiendan. Nosotros creemos que se tiene que desarrollar la legislación que permita que estas redes sean posibles, pero si no conseguimos que los ciudadanos lo entiendan y si no conseguimos que los políticos lo entiendan va a ser muy complicado que esto tenga un desarrollo. Nosotros apostamos por este tema y para ello creemos que es imprescindible hacer esa labor de pedagogía, que se desarrolle la legislación,
pero también es imprescindible que existan las redes eléctricas inteligentes que permitan que esto se pueda poner en marcha. Si existe legislación pero no existen redes inteligentes que consigan enlazar ese consumo, ese compartir energía, producción y consumo, va a ser imposible que esto se desarrollo.
En este asunto soy bastante escéptico y pesimista. Creo que España en todas las revoluciones va un paso por detrás, muchas veces porque la parte política no lo entiende, muchas veces porque no se ponen los medios y otras muchas veces porque con estas revoluciones tecnológicas se puede aprovechar el consumidor, porque va a reducir mucho el coste que tiene actualmente la producción energética, pero las grandes empresas eléctricas van a ver cómo su modelo, el modelo por el que han vivido durante muchos años, desaparece. Por eso digo que soy muy pesimista.
Mi grupo va a votar a favor porque nos parece una iniciativa interesante, pero además tenemos que profundizar en el debate de temas como este. Para ello lo más interesante es que consigamos hacer pedagogía de qué supone, cómo se puede desarrollar y que los ciudadanos lo entiendan y, a partir de ahí, veamos la fórmula. Apostar por legislar no es la única solución ni el único medio para que se desarrolle esta fórmula, porque hay otros elementos que pueden ayudar a ello y que son imprescindibles. Además, agradecemos la iniciativa porque es muy interesante. Nosotros la vamos a apoyar y, además, creemos que es muy importante que traigamos debates en este sentido a esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramos Esteban.
Por último, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ruano García.
Buenos días, señorías. La proposición no de ley traída aquí por la señora Martínez Rodríguez propone desarrollar un marco legislativo que reconozca y regule las redes eléctricas cerradas, las microrredes, para que varios consumidores puedan compartir una red a la que puedan conectar, entre otros, baterías o instalación de generación distribuida y desarrollar además un marco legislativo que reconozca la figura del agregador de demanda, el cual se puede encargar de la red.
Le adelantaré, señora Martínez Rodríguez, que ninguno de los argumentos que preveía que se iba a poner en contra se van a poner encima de la mesa, sino que precisamente se va a poner el paquete de energías limpias propuesto por la Comisión Europea a finales del año pasado, que se encuentra en este momento en discusión y contempla precisamente el desarrollo de la figura de las redes eléctricas cerradas, las comunidades energéticas locales y las comunidades energéticas renovables y la figura del agregador de demanda, un proceso que además como saben es algo largo porque está sometido al proceso de codecisión. En este momento, además, se encuentra aún en la fase inicial de discusión y la redacción inicial adolece de falta de concreción en muchos aspectos. La regulación final dependerá del resultado del proceso de discusión y de la votación que se lleva a cabo. Por tanto, es momento de esperar a ver cómo finalmente quedan estas cuestiones definidas en la Unión Europea, sin que ello suponga, por supuesto, oponerse a ellas.
Además, conviene no olvidar una visión de conjunto y, como decía también el diputado por el Grupo Mixto, debemos de ser prudentes porque cuando no somos prudentes lo pagamos. Ya tenemos algún ejemplo que por decisiones erróneas o decisiones políticas del pasado los ciudadanos están pagando una factura muy alta. El pago de las renovables instaladas de manera prematura con tecnología hoy superadas, a un mayor coste que otros países de nuestro entorno que han incorporado tecnologías más eficientes, ha hecho que hoy estemos en la situación que estamos. Miles de millones de euros de deuda que hay que absorber y, por supuesto, hasta que no se pague esta deuda no podremos arrancar de una manera adecuada. Por todo ello, se considera prudente esperar hasta ver en qué términos queda regulada la propuesta a nivel comunitaria de la Unión Europea, antes de incorporar al ordenamiento nacional un desarrollo que pudiera no ser conforme con la normativa europea que finalmente se aprueba. Por tanto, consideramos que esta propuesta, aunque es muy interesante y enriquecedora, es algo prematura y por eso nuestro grupo se va a abstener.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruano García.
- SOBRE LA MODIFICACIÓN DE CRITERIOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE MUNICIPIO TURÍSTICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/001870).
El señor PRESIDENTE: Dado que el punto 8.º del orden del día había sido retirado, pasamos al punto 9.º, y último, del orden del día: proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre la modificación de criterios para la consideración de municipio turístico. Para su defensa, tiene la palabra el señor Martínez González.
Cuando estaba preparando el otro día las notas para intervenir en la defensa de esta proposición no de ley leí una interesante noticia. Les voy a decir algunos nombres de municipios -que seguramente alguno conocerá porque habrá ido allí en calidad de turista-, que agrupan a diferentes partes del Estado, a diferentes comunidades autónomas y a diferentes sensibilidades políticas. Me refiero a Lloret del Mar, Torremolinos, Adeje, Salou, Benidorm, Arona, Calvià y San Bartolomé de Tirajana. ¿Qué tienen en común estos municipios? Pues que ninguno de ellos está considerado por la legislación española como municipio turístico, pero solo estos ocho ayuntamientos que estamos nombrando tuvieron en 2016 un total de diez millones de visitas y cincuenta millones de pernoctaciones. Sin embargo, ninguno está considerado por la legislación española como municipio turístico, en un país como España donde el año pasado recibimos setenta y siete millones de turistas y el Estado tuvo ingresos por valor de más de 77000 millones de euros. Estos municipios han hecho un frente común para reivindicar una mejor participación en los tributos del Estado, no solo ante la Administración nacional sino que piensan llevar su problemática a Europa. Han hecho un frente y van a llevar su problema a Europa, así como también lo defienden ante sus comunidades autónomas. Son conscientes de que en este mundo tan competitivo donde vivimos el turismo de sol y playa tiene las limitaciones que tiene y ellos tienen necesidad de renovar y mejorar sus infraestructuras para hacerse más competitivos, necesitan mejorar la calidad urbana, medioambiental y para todo ello necesitan una mejor financiación. El Estado español, aunque hay legislaciones autonómicas que contemplan la figura del municipio turístico, no reconoce en la actualidad a estos catorce municipios turísticos, según datos actualizados de una pregunta que realicé y que fue contestada por el Gobierno en el mes de febrero. En España, un país que ha recibido setenta y cinco millones de habitantes, solo existen para el Estado español un total de catorce municipios turísticos porque establece una serie de normas, que ahora desarrollaremos, que desde mi punto de vista son bastante restrictivas.
En otras intervenciones yo y otros muchos portavoces hemos defendido que estamos en un momento muy bueno para el turismo español, los datos son incuestionables. Por eso mismo son momentos que tenemos que aprovechar y tenemos que tener visión de futuro. La gran apuesta turística española y la gran apuesta de Ciudadanos, yo creo que en esto vamos a incidir la mayoría de los portavoces, es la de la calidad y la de la excelencia. Pero para eso hace falta dinero. No es casualidad sino fruto del esfuerzo de los empresarios -a quienes hay que reconocérselo y agradecerlo- y de las diferente administraciones -en su momento la Administración nacional, la autonómica y la local- que España sea el primer destino vacacional del mundo, el primer destino por competitividad y el tercero por número de llegadas. Todo este liderazgo está cimentado en los esfuerzos de las diferentes administraciones y del empresariado español y, por supuesto, en los valores que tiene este país: nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio natural, nuestro estilo de vida y nuestras infraestructuras. Esto es lo que más valoran los turistas y se ha demostrado en diferentes encuestas que se han hecho por parte de la Administración estatal cuando eligen un destino. España es el primer destino en el mundo por todos estos valores. Todos estos recursos turísticos ayudan a conformar el producto turístico español y hace que seamos líderes en el mundo. Pero para mantener esto se necesita dinero, para seguir siendo competitivos se necesita dinero. La legislación española no está aprovechando este momento que tenemos. Solo se han podido acoger estos catorce municipios a esta petición, porque el artículo 125 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que tiene ya casi quince años, solo contempla esta posibilidad para aquellas poblaciones de derecho superiores a 20 000 habitantes, cuando el número de viviendas de segunda residencia sea superior a las viviendas principales. Por tanto, la mayoría de los municipios quedan excluidos. Y no solo hay que pensar en municipios de costa, porque también otros del interior pueden tener atractivo turístico. España es el segundo país con más patrimonio inmaterial reconocido por la Unesco. Pienso en lugares como Almagro o Ronda, que no son considerados municipios turísticos y no tienen reflejo y contrapartida en los tributos del Estado.
La mayor parte de los recursos turísticos tienen carácter público y en su mayor parte se encuentran en el ámbito geográfico de términos municipales. Por eso hablamos de municipios turísticos que en periodos cortos de tiempo -España tiene el problema de la estacionalidad- han de hacer frente no solo a las necesidades de la población de derecho, que es la que habitualmente vive en ellos, sino también de la población asistida -un concepto que debemos tener en cuenta-, es decir, los visitantes y los turistas, los cuales no son considerados por la actual legislación. Para sostener los recursos en esos cortos periodos hay que mantener todos los servicios que presta un ayuntamiento, además de los que transmiten las comunidades autónomas, que transfieren competencias sin acompañamiento de aporte financiero. Por tanto, hay que hacer frente a medio ambiente, sanidad, seguridad, información, limpieza, etcétera -todos conocemos cuáles son las prestaciones de un municipio turístico-, y esta avalancha de turistas en algunos lugares llega a ser congestión, sin que el ayuntamiento tenga capacidad para dar una adecuada respuesta a lo que van buscando aquellos, si queremos ser líderes a nivel mundial, como dije al inicio.
Por tanto, resulta fundamental ser eficientes en la gestión y en el mantenimiento de nuestros recursos, para que nuestros destinos turísticos sigan siendo líderes. Insisto en que nuestra apuesta ha de ser por la calidad y la excelencia, caracteres enunciados hasta por la Federación Española de Municipios y Provincias, y me consta que en anteriores legislaturas se ha intentado incluso por parte del Partido Popular, el actual partido del Gobierno, y el Partido Socialista llevar a cabo iniciativas en ese sentido, aunque no llegaron a buen puerto. Espero que en esta legislatura, mediante esta PNL, si es apoyada por la mayoría de los grupos presentes, podamos hacer una apuesta municipalista, el ámbito geográfico adonde van la mayoría de los turistas.
Urge replantear el modelo de financiación y que, por supuesto, tengan participación las comunidades autónomas y los ayuntamientos, para apostar por los planes de dinamización turística y un mejor, más justo y equilibrado modelo de participación en los ingresos del Estado. Resulta fundamental apostar por las necesidades de los municipios para mantener nuestro liderazgo mundial y en este sentido van las propuestas que presentamos en esta iniciativa, que espero que sean apoyadas.
Con respecto a las enmiendas presentadas, compartimos el concepto de sostenibilidad inherente al turismo, aunque se nos pasó en el desarrollo y lo doy por supuesto, no compartimos la propuesta de PDeCAT y aceptamos la técnica que propone Podemos.
Se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley por parte de dos grupos parlamentarios. Para la defensa de las planteadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas.
Evidentemente, estamos de acuerdo con esta proposición, con modificar los criterios que definen qué es un municipio turístico. El compañero ha puesto varios ejemplos sangrantes de municipios en todo el país. Como canario conozco muy bien la situación en que se encuentran Adeje, Arona, Sanidad Bartolomé de Tirajana. Los compañeros de la Comunidad Valenciana de nuestro propio grupo parlamentario presentaron una iniciativa con respecto a un ejemplo tan claro y evidente como es Benidorm, que tiene empadronados 75 000 habitantes y en algunos picos, en algunos momentos del verano tiene que soportar una población de 400 000 habitantes. Este municipio, como muchos otros que nombró el señor Martínez González, no está bajo el paraguas de municipios turísticos, lo que resulta una absoluta barbaridad.
Entrando a considerar los criterios de un municipio turístico, la triple problemática económica, social y medioambiental que aqueja a los municipios turísticos no llega a solucionarse mediante una normativa reguladora de este régimen jurídico diferenciado, que es muy diversa, según cada comunidad autónoma. Para ser realmente completa, esta normativa debería recoger todas las cuestiones relativas a una especial planificación urbanística en el término municipal, la protección del patrimonio histórico, artístico y cultural y la conservación de los recursos medioambientales y paisajísticos, así como la gestión del ruido y otros efectos desfavorables que tiene el turismo sobre la población.
La configuración jurídica vigente del municipio turístico se centra únicamente en intentar solucionar los problemas de financiación municipal. Sin embargo, si analizamos la normativa autonómica, local y sectorial vigente en materia de recursos turísticos, actividades, protección civil, ruidos, seguridad pública, etcétera, se deduce que el reconocimiento efectivo de estas competencias adicionales resulta evidentemente gravoso para los municipios. La financiación debe estar supeditada al objetivo de aumento
de la calidad de la oferta turística local, ha de permitir mantener la competitividad de esos núcleos turísticos y elevar los beneficios generados por esta actividad económica. Por tanto, debe estar supeditada a la mejora de infraestructuras de servicios, al mantenimiento de recursos, a la adscripción de personal a áreas específicas -por supuesto, generar empleo y, por supuesto, que sea empleo de calidad-, al compromiso con la modernización y la simplificación administrativa, y todo ello, evidentemente, con herramientas para la evaluación. El planteamiento en los municipios turísticos debería ser más exigente en cuanto a los parámetros estándares en condiciones urbanísticas, estableciéndose limitaciones en la superficie urbanizada en cada zona, aumentando los espacios públicos, ampliando y mejorando las instalaciones deportivas, estableciendo zonas de protección de respeto al paisaje, la costa y otros recursos naturales, estableciendo estándares de densidad, dotaciones y alturas máximas, así como la creación de equipamientos complementarios, de forma que se adecue la ordenación urbanística a la capacidad de carga del ámbito corresponde. Finalmente, se debería tener en cuenta que los espacios turísticos pueden ser comunes para más de un municipio, de forma que también será necesaria una regulación supramunicipal vinculante con respecto a este tipo de espacios, como playas, espacios naturales, redes e itinerarios para viandantes, ciclistas, etcétera.
Como dije antes, vamos a apoyar esta iniciativa y nos alegramos de que hayan aceptado nuestra enmienda.
Para la defensa de las enmiendas planteadas desde el Grupo Parlamentario Mixto, por el Partit Demòcrata Catalá, tiene la palabra el señor Guillaumes i Ràfols.
Señorías, me ha sorprendido el señor Martínez Gónzalez diciendo que no estaba de acuerdo con nuestra enmienda. Hasta ahora nosotros entendíamos que la complementaba y compartimos el fondo de la propuesta. No se me ocurre por qué motivo una población ha de tener un mínimo poblacional para ser turística. En Cataluña -pero también en todas partes- pueden encontrarse pueblecitos, como Paüls, que pasan de 2000, 3000 habitantes a 20 000 o 30 000, y no veo por qué se tiene que poner ninguna barrera en ninguna parte para la definición de un municipio turístico. Efectivamente, creemos que hay que reformular la normativa y nosotros concretamos cómo, o sea, bajando las ratios. No tiene sentido que haya de ser el 50 % de segunda residencia, tiene que disminuir, y eso es lo que dice nuestra enmienda. Y lo mismo sucede con respecto a la ponderación de hoteles y residencias, sector hotelero, en relación con la población real de la comunidad. Se tiene que reducir esta ratio. Y nuestra enmienda se limita a señalar eso, por lo que entendemos que es compatible con la proposición no de ley. Supongo que ahora es complicado, porque el portavoz no tiene turno de réplica, pero nosotros -insisto- nos limitamos a concretar los criterios con que se deberían reducir las ratios para una nueva definición de municipio turístico, también haciendo desaparecer el mínimo población.
Moltes gràcies, senyor president, senyories.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cuello Pérez.
La señora CUELLO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el turismo se configura como la actividad del sector servicios que mayores repercusiones tiene en términos de renta y de empleo, constituyendo un recurso de primer orden que se encuentra en constante dinamismo y ha sido durante las últimas décadas una de las palancas dinamizadoras del crecimiento y desarrollo socioeconómico. En los últimos años el sector turístico ha sido uno de los que mejor ha soportado la complicada situación económica. Esta afluencia de turistas en nuestro país ha provocado un aumento del gasto en el mantenimiento de servicios públicos de los ayuntamientos, ya que soportan más usuarios de estos servicios con respecto a su población natural. La prestación de estos servicios públicos de forma inadecuada puede provocar una pérdida en la calidad de la oferta turística dirigida a los viajeros, afectando de forma negativa a la promoción y a la afluencia de turistas a determinados destinos. Por ello, señorías, es necesario que los municipios turísticos encuentran vías suficientes de financiación que les permitan soportar con solvencia y calidad la prestación de estos
servicios a sus destinatarios. En Andalucía y en algunas otras comunidades autónomas existen planes y medidas complementarias articuladas, como son los programas y los convenios de colaboración con dotación económica, pero la renovación y firma de nuevos convenios se ven impedidas por el ajuste presupuestario y las reglas de gasto impuestas por el Gobierno central. Por ello, es necesario articular medidas estructurales, para que los municipios turísticos puedan garantizar la prestación adecuada de dicho servicio, es decir, adecuar el sistema de financiación local a esta circunstancia. Hay que revisar y modificar las condiciones contempladas en el artículo 125 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sobre la consideración de municipios turísticos, con el fin de que se amplíen las posibilidades de financiación recogidas en dicha norma a un mayor número de municipios turísticos declarados por las comunidades autónomas.
Esta proposición no de ley presentada por Ciudadanos va en la misma línea que nuestra PNL sobre municipios turísticos debatida el 12 de diciembre de 2016 en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, por lo que el voto de este grupo parlamentario, el Grupo Socialista, a esta iniciativa será favorable.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cuello Pérez.
Por último, por el Grupo Popular, para fijar posición tiene la palabra la señora Cascales Martínez.
La señora CASCALES MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
En primer lugar, me gustaría dejar muy clara la postura del Grupo Popular sobre este tema o cualquier otro relacionado con uno de los sectores productivos más importantes de nuestro país, como es el turismo. Podemos decir, con orgullo, que en los últimos años las cifras récord que se han conseguido en este sector suponen una recompensa a un trabajo duro no solo realizado por el Gobierno, sino también por las patronales, los empresarios y todos los agentes implicados en el mismo. Por la parte que corresponde al Gobierno, se ha vuelto a demostrar una vez más que es posible conseguir mejores resultados con menos inversión. El Gobierno ha conseguido, junto al esfuerzo indiscutible del sector, alcanzar cifras históricas, que hasta este momento jamás se habían logrado. Por ello, estamos convencidos de que el turismo debe seguir contando con el apoyo decidido y claro de nuestros dirigentes políticos. Y desde el Grupo Popular siempre hemos defendido la importancia del turismo en nuestro país como generador de riqueza y de empleo y siempre hemos apoyado cualquier medida que significase una mejora sustancial y proporcionase un impulso claro hacia la mejora del sector, pero siempre también siguiendo líneas de trabajo lógicas y adaptadas a las circunstancias reales de cada momento.
Intentar hacer ver que el Grupo Popular o que el propio Gobierno no es sensible a este tema carece de rigor y es rotundamente falso. Pero es que las cosas hay que hacerlas bien, como corresponde y donde corresponde. Desde el Grupo Popular entendemos que la propuesta que presenta Ciudadanos es un tanto ambigua y no muestra criterios claros de selección para los municipios turísticos. Apuntan que se deberían tener en cuenta la población asistida y los servicios prestados pero no señalan qué servicios concretos y qué baremos de población asistida han de emplearse. Hacen referencia a no tomar solamente en cuenta las plazas de segunda referencia, sino que además se deben tener en cuenta las plazas hoteleras, pero sin especificar criterios claros. Señorías, yo procedo de un municipio alicantino turístico y además he sido concejala del Ayuntamiento de Santa Pola, por lo que conozco perfectamente el tema, porque he trabajado directamente en él. Por eso, he de decir que compartimos la idea general y la esencia de su iniciativa, pero también es verdad que no se ha hecho, desde nuestro punto de vista, una propuesta clara y resolutiva del problema. Además hay que tener claro que es la Ley Reguladora de las Haciendas Locales la que recoge la definición de municipios turísticos a efectos de la participación en tributos del Estado y que, por tanto, la cuestión que se plantea en su proposición no de ley se debería analizar en el marco de la reforma de la financiación local, acción en la que, por cierto, ya está trabajando el Gobierno. De hecho, he de decirles que el pasado 17 de enero de este año la Conferencia de Presidentes constató la necesidad de dar un fuerte impulso al proceso de actualización del vigente sistema de financiación local. En este sentido, debo informarles de que existe un acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de febrero de este año mediante el que se constituyó la Comisión de expertos para la revisión del sistema de financiación local, siendo su objetivo la realización de los análisis que sean necesarios para la posterior formulación de un nuevo modelo de financiación local.
Por tanto, tenemos un Gobierno responsable, sensible y conocedor de la importancia que tiene en nuestro país el sector turístico y de importancia que tiene ayudar a las ciudades y los pueblos turísticos a
tener el soporte necesario para desarrollar esta actividad como corresponde. Se está trabajando sobre temas importantes en esa comisión de expertos, a los que debemos dejar hacer su labor adecuadamente. Entendemos que el tema que hoy tratamos se debe abordar desde esa comisión de expertos, que estoy convencida de que lo hará de una manera más profunda y específica y con soluciones más concretas y adaptadas a la realidad de nuestros municipios turísticos. Señorías, no es resolutivo abordar una parte del problema si la solución real del mismo reside en un cambio sustancial de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que es lo que hay que hacer y lo que en este momento está haciendo el Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cascales Martínez.
Pregunto al señor Martínez González cuáles son las enmiendas que se aceptan.
El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Señorías, están fotocopiando la enmienda transaccional de la proposición no de ley número 6.º y en pocos minutos, en cuanto se distribuya a sus señorías para que la conozcan todos los grupos, pasaremos a la votación. (Pausa).
Ha sido ya distribuida la última transaccional entre sus señorías, por lo que se puede dar por conocida por los miembros de la Comisión. Si estamos en disposición por parte de los portavoces, podemos pasar a la votación de las proposiciones no de ley. (Asentimiento).
Comenzamos por el punto 1.º Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre planificación de la red eléctrica, eje Caparacena-Baza-La Ribina, y otras actuaciones en las provincias de Almería y Granada.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley del Grupo Popular sobre medidas de fomento del turismo de compras. Esta iniciativa se vota en sus propios términos. Se había presentado una enmienda, que no ha sido aceptada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 7; abstenciones, 2.
Pasamos a la tercera proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre indemnizaciones derivadas de la extinción de la concesión de explotación del almacén subterráneo de gas Castor. Se vota con una transaccional.
Pasamos a la cuarta, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, Compromís, y del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la línea de muy alta tensión Morella-Almassora. Se vota en sus propios términos, puesto que no ha habido enmiendas.
Pasamos al punto 5.º, proposición no de ley de Esquerra Republicana relativa a la implantación de redes energéticas cerradas. No se han presentado enmiendas, por lo que se vota en sus propios términos.
Votamos la número 6.º, relativa a la universalización de la banda ancha de alta velocidad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que ha llegado a una transaccional con el Grupo Parlamentario
Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Se vota la transaccional que acaba de ser distribuida a sus señorías.
Pasamos a la votación del punto número 7.º, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre el marco legislativo de las microrredes. Se vota en sus propios términos.
Pasamos a la última proposición no de ley, la número 9.º, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la modificación de criterios para la consideración del municipio turístico. Se ha aceptado la primera de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y en esos términos se pasa a votación.
Habiendo agotado el debate de los asuntos previstos en el orden del día, se levanta la sesión, no sin antes anunciar a sus señorías que los portavoces de la ponencia sobre seguridad nuclear se reunirán al finalizar la sesión si tienen a bien.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 135
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 125
 Real Decreto 
 artículo 125
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