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Timestamp: 2016-09-28 22:45:46+00:00

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Prescripcion y caducidad by Roger Merino - issuu
Las figura de la prescripción extintiva (conjuntamente con la
caducidad), ha sido objeto de un extenso tratamiento jurisprudencial, no siempre uniforme pero rico en contenido y problemática (por citar un ejemplo, a la fecha nuestros jueces no se
ponen de acuerdo sobre si la prescripción es una figura procesal o sustantiva). El presente especial busca informar sobre el
panorama jurisprudencial de tan importante institución, y a su
vez analizarlo críticamente, dados los relevantes efectos prácticos involucrados.
ALGUNOS APUNTES EN TORNO A
LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA Y LA CADUCIDAD
“La prescripción es un fenómeno complejo, de formación sucesiva, siendo necesario
para su constitución además del mero paso del tiempo, la actuación positiva del beneficiado con el plazo. Por el contrario, la caducidad no necesita de un comportamiento
posterior para que pueda configurar el fenómeno extintivo, dado que por sí mismo es
suficiente para extinguir las situaciones jurídicas en conflicto. De ahí, la diferencia
fundamental entre prescripción y caducidad es que mientras en el primero es necesaria
la actuación del derecho potestativo del beneficiario (en vía de excepción o de acción)
en fin, la actuación de su autonomía privada; en el segundo, se trata de un fenómeno de
extinción heterónoma de las situaciones jurídicas subjetivas, es decir, se prescinde totalmente de la intención, voluntad y actuación del beneficiado con el plazo”.
I. PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD: INSTITUCIONES DE LA PARTE GENERAL DEL DERECHO
A diferencia de otras experiencias jurídicas(1), los autores
peruanos no se han caracterizado por dedicar suficiente
atención a la prescripción y la caducidad, salvo una voz
solitaria que se ha pronunciado agudamente sobre el
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cursando la maestría con mención en Derecho Civil y
Comercial en la misma casa de estudios. Miembro de la División de Estudios Legales de Gaceta Jurídica.
Se señala que desde hace veinticinco años ha aumentado de manera notable el interés por la prescripción en el mundo
jurídico occidental, tanto en el orden doctrinal, donde ha habido una importante eclosión de obras destacadas y estudios
serios sobre la materia, como en el plano legislativo (RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco. “La suspensión de la prescripción en el Código Civil español”. Estudio crítico de la legalidad vigente. Dykinson. Madrid, 2002. Pág. 17). Puede consultarse reciente bibliografía alemana, italiana y anglosajona sobre el particular.
tema(2). Esta desidia –por decirlo de alguna manera– no se
condice con la serie de problemas que se presentan en la
aplicación práctica de estas instituciones en nuestra judicatura, razón por la cual he decidido plasmar algunas reflexiones sobre el particular.
El primer punto que considero fundamental, es el “lugar”
que deben tener estas instituciones en nuestro ordenamiento jurídico. Al respecto, la Corte Suprema zanja la cuestión afirmando casi siempre que las normas que regulan la
prescripción y la caducidad son normas de carácter procesal. Y ello tiene bastante relevancia pues así muchas
veces se rechaza el recurso de casación que denuncia la
inaplicación o la interpretación errónea de normas que
regulan la prescripción y la caducidad porque serían de
“naturaleza procesal”. Ello porque de acuerdo a los incisos 1 y 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil, son
causales para interponer el recurso de casación: la aplicación indebida o interpretación errónea de una norma de
Derecho Material (inciso 1), o la inaplicación de una norma de Derecho Material (inciso 2).
Entonces, la suerte del recurso de casación alegando, por
ejemplo, que no se ha interpretado bien un supuesto de
interrupción del plazo de prescripción, dependerá de dónde se ha encuadrado dicho supuesto. Si es –como debería
ser– dentro del defecto en la aplicación o interpretación
de una norma de Derecho material, la Corte Suprema se
limita a rechazar el recurso pues las normas de prescripción serían normas de Derecho Procesal, y la aplicación e
interpretación de estas no son materia de control casatorio(3). Por otro lado, si se encuadra este supuesto dentro
del inciso 3 del artículo 386 del CPC, es decir, la contravención del debido proceso (supuesto que no tendría nada
que hacer aquí), es posible que el juez declare fundado el
recurso de casación, pero con efectos muy perniciosos,
pues al ser una causal in procedendo, deberá reenviar los
actuados (artículo 396 inc. 2). Así, “el resultado de todo
ello es que de considerarse (…) que se aplicó indebidamente, inaplicó o interpretó erróneamente una norma reguladora de la prescripción en el caso concreto, al declararse fundado el recurso se repone al proceso al estado en
que se cometió el supuesto vicio, y no se resuelve, de frente, el problema de fondo, que es lo que ocurre cuando se
casa por error in iudicando”(4).
Es decir, debido a que nuestros jueces entienden que las
normas que regulan la prescripción y la caducidad son
normas de naturaleza procesal: o rechazarán la posibilidad de que la Corte Suprema analice la interpretación y
aplicación de estas normas, o las analizarán (equivocadamente, por cierto) como un error in procedendo y no se
pronunciarán sobre el fondo, alargando injustificadamente el proceso.
Es claro que estos problemas se deben al desconocimiento teórico de estas instituciones.
En efecto, la prescripción y la caducidad no son instituciones de Derecho Procesal sino de la parte general del
Derecho Privado(5) que, en puridad, constituyen mecanismos de extinción de diversas situaciones jurídicas. De ello
es clara muestra la modificación del régimen de la prescripción en Alemania (que se enmarca en la ley de modernización del Derecho de las obligaciones en dicho país),
la cual reflejaría “el valor que en la cultura legal alemana
se da al sistema jurídico como tal y a la parte general (Allgemeiner Teil) contenida en el BGB, el cual se concibe
como eje vertebrador de todo el sistema del Derecho Privado”(6). Y no debe llevarnos a confusión que el régimen
de estos institutos se regulen muchas veces en lugares ajenos a la parte general, como en el libro de tutela de los
derechos (como en la experiencia italiana) o en la parte
final del código como en la caso francés (de indudable
influencia en el legislador español y el peruano), pues
estas elecciones en muchos ordenamientos jurídicos
Me refiero a Eugenia Ariano Deho, con los siguientes trabajos: “Prescripción, ‘cuestiones’ declarables de oficio y cosa
juzgada”. En: Diálogo con la Jurisprudencia. Vol. 7. Nº 36. Lima, setiembre de 2001. “La prescripción entrampada entre
las normas del Código Procesal Civil”. En: Diálogo con la Jurisprudencia. Nº 61. Año 9. Gaceta Jurídica. Octubre, 2003.
“Imperatividad de las normas sobre la prescripción”. En: Código Civil Comentado. Tomo VIII. Gaceta Jurídica. Primera
Edición. Julio, 2005.
Recientemente: Cas. Nº 2034-2004-Callao (El Peruano, 4 de diciembre de 2006).
ARIANO DEHO, Eugenia. “La prescripción entrampada entre las normas del Código Procesal Civil”. En: Diálogo con la
Jurisprudencia. Nº 61. Año 9. Gaceta Jurídica. Octubre, 2003. Pág. 109.
BIGLIAZZI, GERI Lina; BRECCIA, Umberto; BUSNELLI, Francesco; NATOLI, Ugo. “Derecho Civil”. Tomo I. Vol. 1.
Normas, Sujeto, Relación Jurídica. Traducción de Fernando Hinestrosa. Universidad Externado de Colombia. 1ª edición.
1987. Pág. 488.
LAMARCA I MARQUÈS, Albert. “Proyecto de ley de adaptación de las disposiciones sobre prescripción a la ley de
modernización del derecho de obligaciones en Alemania”. Working Paper Nº 238. En: Revista Electrónica Indret. Barcelona, julio de 2004. (www.indret.com). (Pág. 2 del documento en pdf). En sede nacional, se ha ocupado oportunamente de
la ley de modernización del derecho de obligaciones en Alemania: LEÓN, Leysser. “El sentido de la codificación civil”.
Estudios sobre la circulación de modelos jurídicos y su influencia en el Código Civil peruano. Primera Edición. Palestra
Editores. Lima, 2004. Pág. 142 y sgtes.
Por otro lado, y para recordar la vigente influencia germana, cabe señalar que en el Código Civil de Brasil del año 2002, se
regula la prescripción en el Libro III de los hechos jurídicos, de la Parte General.
(esencialmente en los receptores de experiencias jurídicas
extranjeras) se deben a cuestiones de circulación de modelos jurídicos que no afectan la esencia y alcance de la
figura(7). Es sintomático de lo aquí afirmado, que la prescripción y la caducidad se estudien en libros de Introducción al Derecho Privado o Teoría General del Derecho
Privado y no en libros de Derecho Procesal. Es clara muestra de ello, finalmente, que el legislador peruano de 1984
haya dedicado un libro entero para regular estos fenómenos: el libro VIII de nuestro Código Civil.
Y aunque pueda existir un ápice de duda por haberse regulado de forma oscura las excepciones de prescripción y
caducidad en el CPC, considero que dicho hecho no puede llevarnos a entender que dichos institutos tengan naturaleza procesal. Así como el convenio arbitral o la transacción son instituciones del Derecho sustancial que pueden fundar excepciones procesales, la prescripción y la
caducidad no son más que el fundamento de diversas excepciones procesales, existiendo en el caso de la prescripción, además, la posibilidad de poder exigir su reconocimiento en vía judicial, como se verá más adelante.
En el caso de la caducidad, su naturaleza sustancial es
aún más clara, al constituir un mecanismo heterónomo de
extinción de situaciones jurídicas subjetivas.
II. EL PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN DE
Alguna vez se dijo que la prescripción es, entre los institutos del Derecho, uno de los más sugestivos(8). Ello quizá
ha sido la razón de que la doctrina y la legislación se hayan
ocupado de forma tan incisiva, pero a la vez, tan diversa
sobre el tema. Las confusiones de este instituto van desde
su objeto (¿Qué extingue?, ¿la acción, el derecho, la pretensión, la relación jurídica?), su formación (¿el solo paso
del tiempo configura la prescripción? ¿Estamos ante una
fattispeccie simple o compleja?), su alcance en el proceso
civil, entre otras cuestiones.
En esta parte me dedicaré a analizar los dos primeros temas: el objeto y su formación. La regulación del objeto de
la prescripción en nuestro ordenamiento jurídico deja
mucho que desear. Desde las aulas universitarias fue todo
un enigma para mí entender qué quiere decir el artículo
1989 del Código Civil, cuando señala que la prescripción
“extingue la acción pero no el derecho”. Me preguntaba
en ese entonces de qué sirve un derecho si no puedo defenderlo, cómo así es que puede extinguirse la acción y no
el derecho tutelado. La disposición pues, carecía de sentido(9). La respuesta a esta fórmula debía buscarse en el análisis histórico y en la regulación del instituto en las legislaciones foráneas.
Y es que la fórmula de que la prescripción extingue la
acción solo tienen sentido en un ordenamiento jurídico
como el romano, donde cada pretensión está ligada a tipos
específicos de acciones (actio)(10), es decir, solo había derecho si estaba protegido por una determinada acción, siendo ambos indisolubles. La actio era pues la figura a través
de la cual los romanos concebían el lado activo de la relación jurídica(11). Aunque el legislador francés, en honor a
la tradición mantuvo esta idea(12), era claro pues que este
concepto no podía mantenerse cuando se empieza a teorizar sobre la autonomía de la acción con relación al derecho subjetivo y además se crea el concepto de acción como
Sobre lo desarticulado de nuestro Código Civil, al usar una mala técnica legislativa en la importación de modelos jurídicos, véase necesariamente: LEÓN, Leysser. “El sentido de la codificación civil”. Ob. cit. En especial págs. 285 y sgtes.
Con relación al específico tema que nos ocupa, en el Derecho español se señala: “no hay hoy ninguna razón técnicojurídica que justifique la situación de la prescripción al final de un Código Civil de nueva factura (como ocurre en el
español y en la compilación) –influencia del Code Napoleon–. (...) Salvo que ese futuro Código prevea dedicar un libro o
título a la tutela de los derechos, al modo del Codice italiano, pienso que el lugar más adecuado para la regulación de la
prescripción y la caducidad es en una Parte general –si ha lugar a ella–, en el título relativo al ejercicio de los derechos y
otros poderes jurídicos y como un límite (temporal) al mismo (al modo, ahora, del BGB o parecido)”. RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco. “La prescripción y caducidad. Perspectivas legislativas”. En: XI Jornades de Dret Català. L’ exercici de
les competències sobre Pret Civil de Catalunya. Tossa de Mar, 21 i 22 de setembre de 2000. (http://civil.udg.edu/tossa/
2000/Textos/p/3/rivero.htm).
(8) CARNELUTTI, Francesco. “Appunti sulla prescrizione”. En: Rivista di Diritto Processuale Civile. Volume X - Parte I.
Padova. Anno 1933- XI. Pág. 32.
(9) “[R]econocer un derecho en cabeza de un sujeto, y no consentirlo para hacerlo valer, es un sinsentido” (ALPA, Guido.
Manuale di Diritto Privato. Quarta edizione. Cedam. Casa Editrice Dott. Antonio Milani. 2005. Pág. 201).
(10) Entre otros: LONGO, Carlo. “Corso di Diritto Romano”. Fatti Giuridici, Negozio Giuridico, Atti Illeciti. Giuffrè. Milano,
1935. Pág. 79 –80. BETTI, Emilio. “Istituzioni di Diritto Romano”. Vol. Primo. Cedam. Padova, 1947. Pág. 108. GROSSO, Giuseppe. “Il Problema dell’ autonomia privata attraverso l’esperienza viva degli ordinamenti giuridici romani”. En:
Scritti Giuridici in onore di Francesco Carnelutti. Vol. Terzo. Diritto Privato. Editore Cedam. Padova, 1950. Pág. 5.
BIONDI, Biondo. “Istituzioni di Diritto Romano”. Giuffrè. Milano, 1946. Pág. 124.
(11) CARNELUTTI, Francesco. Ob. cit. Pág. 32.
(12) Es así que el Code, se refiere a la extinción de acciones:
Artículo 2262.- Todas las acciones, tanto reales como personales, prescriben a los treinta años sin que quien alegue la
prescripción esté obligado a presentar un título o que se pueda oponer contra él la excepción deducida de la mala fe.
derecho abstracto y público. En ese sentido, la pandectística alemana elaboró el concepto de prescripción desligándolo de la acción, aunque no completamente, pues
decidió que la prescripción extinga el Anspruch, o la pretensión(13). Con el pequeño detalle que, a diferencia nuestra que entendemos que la pretensión es solo un fenómeno procesal, los alemanes entienden que la pretensión puede ser material y procesal(14), siendo totalmente justificada
entonces su fórmula legislativa, pues como un jurista alemán dijo: “solo la pretensión accionable (der Klagbare
Anspruch) subyace a la prescripción, pero de esta manera, luego que ella es presentada, no solo el derecho de
actuar, sino la entera pretensión es agotada”(15). Por su parte,
el legislador español no pudo desligarse completamente
de la tradición romana, sin embargo, tuvo el cuidado de
señalar que además de la acción, la prescripción extingue
el derecho. Así el artículo 1932 del Código Civil español,
establece que “los derechos y acciones se extinguen por la
prescripción en perjuicio de toda clase de personas, incluidas las jurídicas, en los términos prevenidos por la ley”.
Empero, mientras los legisladores alemán y español se
quedaron en medio camino, el legislador italiano de 1942
estableció de forma definitiva que la prescripción extingue los derechos, dejando completamente de lado la alusión a la acción o pretensión.
El legislador peruano, ajeno a esta evolución, estableció
la vieja fórmula romana de que la “prescripción extingue
la acción y no el derecho”, que no tiene sentido alguno en
la actualidad(16). ¿Cuál es el resultado práctico de ello?
Como veremos a continuación, el resultado es también
pernicioso. Una vez que se declara fundada la excepción
de prescripción, el juez determina que concluye el proceso, sin embargo, no se pronuncia sobre el fondo. Por ello,
el accionante vuelve a demandar y si es que no se vuelve a
presentar la excepción de prescripción en forma oportuna
(por las inclementes preclusiones procesales) incluso podría obtener sentencia a su favor. Y todo ello porque la
prescripción alegada en el primer proceso extinguió la
acción pero no el derecho (¡!)(17).
En el ámbito nacional, es sorprendente ver que buena parte de los autores, siguiendo de forma inconsciente al legislador alemán (muy probablemente, por influencia de la
doctrina española(18)), alegan que la prescripción extingue
la pretensión(19). Ello, si bien podría de alguna manera
ayudar a solucionar algunos problemas, deja sin absolver
muchos otros, pues en nuestro sistema la pretensión es
una categoría estrictamente procesal, con lo cual, se llega
nuevamente a afirmar que la prescripción se encuentra en
el ámbito de la normativa procesal, no pudiendo por ello
ser evaluada en sede casatoria.
(13) Entre otros ver: VON THUR A. “Derecho Civil. Teoría general del Derecho Civil alemán”. Volumen III. Los hechos
jurídicos. Traducción de Tito Ravá. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid, 2005. Pág. 508 y sgtes.
OERTMANN, Paul. “Introducción al Derecho Civil”. Traducción de la 3ª edición alemana por Luis Sancho Seral. Editorial Labor, S.A. Barcelona-Buenos Aires. 1933. Pág. 344. Quien se señala que “la prescripción de ‘acciones’ (pretensiones) del Derecho vigente es una institución general”.
Esta orientación es seguida por el legislador del Código Civil de Brasil del año 2002. Así:
Artículo 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que
aludem os arts. 205 e 206.
(14) Al respecto: LEIBLE, Stefan. “Proceso civil alemán”. 2ª edición. Biblioteca Jurídica Dike - Honrad Adenauer Stigtung.
1998. Págs. 176-183.
(15) THON, Augusto. “Norma giuridica e diritto soggetivo. Indagini di teoria generale del diritto”. Prima traduzione del Prof.
Alessandro Levi. Seconda Edizione. Cedam. Padova, 1951. Pág. 265.
(16) Así: ROMANO, Santi. “Decadenza”. En: Frammenti di un dizionario giuridico. Milano - Dott. A. Giuffrè Editore. 1983.
Pág. 47. En realidad, yo no puedo entender qué quiso decir el legislador cuando fundamentó esta disposición: “se concibe
a la acción como el ejercicio del derecho por ante el aparato jurisdiccional del Estado –y esta es la que prescribe– y no la
acción como elemento incorporado indesligablemente a un derecho subjetivo y dependiente de él, es decir, no entiende a
la acción como un derecho subjetivo sino como una entidad jurídica autónoma” (VIDAL RAMÍREZ, Fernando. “Prescripción y caducidad”. En: Código Civil. Exposición de motivos y comentarios. Tomo VI. Compiladora Delia Revoredo de
Debakey. Tercera edición. Setiembre, 1988. Pág. 812).
(17) Este ejemplo no es ilusorio. Un pronunciamiento en ese sentido ha sido criticado por: ARIANO DEHO, Eugenia. “Prescripción, ‘cuestiones’ declarables de oficio y cosa juzgada”. Ob. cit.
(18) En general, la doctrina española habla de pretensión o de “facultad de poder exigir a otro un comportamiento”. Ver, por
ejemplo: DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. “Sistema de Derecho Civil”. Volumen I. Undécima edición. Tecnos.
Madrid, 2005. Pág. 444. ALBALADEJO, Manuel. “Derecho Civil I. Introducción y parte general”. Volumen segundo. La
relación, las cosas y los hechos. Decimocuarta edición. José María Bosch Editor S.A. Barcelona, 1996. Pág. 468. Recientemente: RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco. “La prescripción y caducidad. Perspectivas legislativas”. Ob. cit. FERRER
RIBA, Josep. “Los efectos de la prescripción en el Derecho Civil de Cataluña”. Working Paper de Pret Català. Nº 3.
Barcelona, abril de 2003. www.indret.com. (Pág. 4 del documento en pdf).
(19) Así: VIDAL RAMÍREZ, Fernando. “Prescripción extintiva y caducidad”. Quinta edición. Gaceta Jurídica. Lima, 2006.
Pág. 106. MORALES GODO, Juan. “¿Realmente la prescripción extingue la acción?” En: Diálogo con la Jurisprudencia.
Nº 13. Año 5. Gaceta Jurídica. Octubre, 1999. Pág. 49. OLIVA LEÓN, Ricardo. “Notificación de la demanda e interrupción de la prescripción extintiva en materia de responsabilidad mercantil”. En: Revista Peruana de Jurisprudencia. Año 3.
Número 5. Julio, 2001. Pág. 62.
Es claro pues que el objeto de la prescripción no puede ser
ni la acción ni la pretensión. Lo que extingue este fenómeno es la situación jurídica(20). Al respecto, considero
que en el caso de las situaciones jurídicas intersubjetivas
(coordinadas o interrelacionadas), la extinción de la situación activa (en la mayoría de casos, el derecho de crédito) tendrá como consecuencia la extinción de la correspondiente situación pasiva (generalmente, el deber jurídico),
por lo que puede afirmarse que la prescripción no solo extingue el derecho, sino también las situaciones jurídicas que
lo acompañan, o si se quiere, la relación jurídica.
Entender que la prescripción solo extingue el derecho
constituiría un análisis parcial del fenómeno, puesto que
el deber coordinado con este no podría existir independiente(21).
Por estas consideraciones es claro que las teorías que consideran que la prescripción extingue la acción o la pretensión pierden total sustento. Y a favor de estas no podría
alegarse la existencia de la llamada obligación natural. En
efecto, no podría afirmarse siguiendo a la clásica doctrina
francesa,(22) que “la prescripción perjudica la pretensión,
pero no la extingue, transformando la obligación en una de
carácter natural”(23); pues dicha obligación natural, de obligación (jurídica) no tiene nada. Como ha sido manifestado
ya en sede nacional, en este caso no hay relación jurídica
que provoque –y por ende justifique– la transferencia (económica) que se produce cuando el accipiens resulta legitimado para retener la prestación ejecutada. Lo que en realidad determina semejante efecto es la verificación de un
hecho al que la ley considera adecuado (la ejecución de la
pretensión aunque haya operado el plazo prescriptorio)
para tener por firme el desplazamiento patrimonial operado. “En consecuencia, la obligación natural debe ser entendida, no como un deber moral ni como una obligación
imperfecta, sino como una –especial– causa de atribución
patrimonial que el ordenamiento reconoce”(24).
Con relación al procedimiento de formación de la prescripción, debo señalar que se trata de una fattispecie muy
especial. De ello ya ha dado cuenta en sede nacional, Eugenia Ariano, al señalar que la prescripción es un fenómeno jurídico complejo que contiene dos fases: una preliminar que se configura con el vencimiento del periodo de
tiempo señalado por ley, y otra constitutiva, en el que el
fenómeno prescriptorio se perfecciona con el actuar de
quien se beneficia con él(25).
Autorizada doctrina italiana, entiende que la prescripción
constituye una de las fattispecie de formación sucesiva(26), es
decir, se presenta mediante un procedimiento de formación
(20) Ya señalaba que la prescripción ha sido, es y será un fenómeno extintivo de las situaciones sustanciales: ARIANO DEHO,
Eugenia. “Prescripción, ‘cuestiones’ declarables de oficio y cosa juzgada”. Ob. cit. Ahora en: “Problemas del proceso
civil”. Jurista Editores. Lima, 2003. Pág. 115. Cabe señalar que en el caso de las situaciones jurídicas autosuficientes
(como la propiedad, por ejemplo) no existe en puridad el fenómeno de la prescripción, sino el desuso, empero, la extinción
de la situación de ventaja no se produce con el mero desuso, sino como en la usucapión, con el de la constitución de otros
Por otro lado, desde un marco teórico discutible basado en la teoría tridimensionalista de Goldschmit, se señaló en nuestro
medio que la prescripción extingue dos tipos de situaciones: una situación jurídica llamada justicial material y la situación
jurídica material: “la prescripción extingue no solo la situación de ventaja justicial material. Extingue, en verdad, la
situación jurídica de ventaja material misma cuya vulneración originó la situación de ventaja justicial” (CUEVA GARCÍA, David Ernesto. “Indagaciones heréticas en torno a la prescripción extintiva”. En: Ius et Veritas, Revista editada por
los estudiantes de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Año X. Nº 21. 2000. Pág. 105). Así, partiendo
de este análisis, en donde las situaciones jurídicas tienen un ámbito bidimensional (dentro y fuera del proceso) se termina
afirmando que estas son “diferencias que justifican plenamente, a nuestro parecer, el que se hable de dos instituciones de
prescripción, la prescripción material y la prescripción procesal, autónomas entre sí, aunque idealmente conectadas. Un
solo acto, el amparo de una excepción de prescripción, tiene un efecto doble, según la perspectiva en que se le examine”.
(CUEVA GARCÍA. Ob. cit. Pág. 106). Es claro que esta no es la sede para pronunciarme sobre los fundamentos mismos de
esta teoría, sin embargo, lo que puedo afirmar es que constituye un despropósito entender una doble existencia (por decirlo
de alguna manera) de la prescripción y las situaciones jurídicas subjetivas si entendemos que, en términos generales, el
proceso no es más que un mecanismo de tutela de las situaciones jurídicas.
(21) Entre otros: TROISI, Bruno. “La prescrizione come procedimento”. Edizioni Scientifiche Italiane. Scuola di perfezionamento in diritto civile dell’ Università di Camerino. 1980. Pág. 81.
(22) MAZEAUD, Henri y León; MAZEAUD, Jean. “Lecciones de Derecho Civil”. Parte segunda. Volumen III. Traducción de
Luis Alcalá-Zamora y Castillo. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires, 1960. Pág. 410.
(23) MORALES GODO, Juan. Ob. cit. Pág. 49.
(24) ESCOBAR ROZAS, Freddy. “El débito y la responsabilidad en la estructura de la obligación: historia de una confusión”.
En: Cáthedra. Revista de los Estudiantes de Derecho de la UNMSM. Año V. Nº 8. Palestra Editores. Lima, 2001. Pág. 67.
(25) ARIANO DEHO, Eugenia. “Imperatividad de las normas sobre la prescripción”. En: Código Civil Comentado. Tomo X.
Gaceta Jurídica. Primera edición. Julio, 2005. Pág. 259.
(26) TROISI, Bruno. Ob. cit. Págs. 86. Se afirma también que la prescripción entraría entre los “hechos jurídicos preclusivos”
(FALZEA, Angelo. “Voci di teoria generale del diritto”. Terza edizione. Giuffrè editore. Milano, 1985. Pág. 416).
que tiene tres fases: la fase preliminar que implica el cumplimiento del plazo establecido por ley, la fase constitutiva, que implica la actuación del beneficiado con el plazo,
pero a su vez, una fase integrativa de eficacia, por medio
de la cual, el pronunciamiento del juez va a reconocer la
prescripción realizada(27). De esta manera, es claro que la
fattispecie de prescripción es constituida por la preordenada coordinación funcional de una serie de hechos jurídicos sucesivos, teniendo naturaleza diversa y propios efectos, distintos de aquellos finales del procedimiento completado por todas sus fases(28).
Se señala en ese sentido, que el efecto de extinción del
derecho por prescripción es un efecto que no se consigue
automáticamente con el decurso del tiempo, sino que se
produce solo a continuación de la intermediación necesaria del ejercicio del poder sustancial reservado a la parte
interesada de atribuir relevancia jurídica a tal hecho(29).
En efecto, “la fase preliminar es destinada a la directa producción del solo efecto legal consistente en el nacimiento
de un poder –llamado formativo– de excepción, que constituye la respuesta del ordenamiento (por exigencia de certeza) a la perdurante inactuación de la relación. Solamente en vía indirecta y mediata ella puede y debe considerarse operativa sobre el efecto extintivo final, el cual viene por
la ley directamente e inmediatamente reconducido al concreto ejercicio de aquel poder: dado que solo aquel ejercicio vale propiamente para configurar la fase constitutiva”(30).
Así, la ley requiere que este poder de liberarse sea ejercitado a través de una elección positiva(31), aquella que se manifiesta con la excepción (en la mayoría de casos), pero que
también podría expresarse mediante la acción.
La tercera fase debe ser también tomada en cuenta. En
efecto, una vez propuesta la excepción en juicio o ejercitada la correspondiente acción, el juez podrá emitir la declaración de los efectos ya determinados por el acto del
ejercicio de la una o la otra, y de esta manera se introduce
sin duda en la fase llamada integrativa de la eficacia. Tal
fase, como aquellas precedentes, es parte integrante del
procedimiento, en el sentido que sin ella este último no
puede ser considerado completo(32).
Cabe señalar que el fenómeno de la prescripción crea autónomas situaciones jurídicas. Así, la configuración de la
fase preliminar hace surgir en el titular de la situación pasiva un derecho potestativo para ejercer un poder que pueda
liberar su vínculo con el sujeto activo. Este último, a su
vez, es portador de un estado de sujeción, pues no puede
realizar ningún comportamiento tendiente a evitar que el
beneficiado con el plazo pueda ejercer este poder. Ahora
bien, la forma típica de ejercer este poder es por medio de
la excepción de prescripción en el proceso civil. Sin embargo, nada obstaría al beneficiado para que pueda demandar la declaración de la prescripción(33).
Finalmente, es necesario distinguir adecuadamente la llamada prescripción adquisitiva o usucapión, y la prescripción extintiva, pues en un comienzo se les estudiaba de
forma conjunta(34) e incluso compartían el mismo régimen
normativo(35). Ante ello la objeción más grave se refiere a
la impertinencia de reunir en una única definición instituciones que eran claramente distintas: de un lado la usucapión, llamada también “prescripción adquisitiva”, como
modo de adquirir una categoría especial de derechos (los
(27) TROISI, Bruno. “La prescrizione come procedimento”. Ob. cit. Págs. 86 y sgtes.
(28) Ibíd. Pág. 90.
(29) PROTO PISANI, Andrea. “Appunti sulla tutela c.d. costitutiva (e sulle tecniche di produzione degli effetti sostanziali)”.
En: Rivista di Diritto Processuale. Volume XLVI (II Serie) - Cedam, Anno 1991. Pág. 75.
(30) TROISI, Bruno. Ob. cit. Pág. 186.
(31) VITUCCI, Paolo. “Prescrizione e decadenza”. En: Istituzioni di Diritto Privato a cura di Mario Bessone. Ottava edizione.
G. Giappichelli Editore - Torino, 2001. Pág. 1221.
(32) TROISI, Bruno. Ob. cit. Pág. 207.
(33) Así: TROISI, Bruno. Ob. cit. Pág. 199. En España: DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. “Sistema de Derecho Civil.
Volumen I”. Ob. cit. Pág. 448. En el Perú recientemente se ha señalado: “Demandar una declaración de prescripción es
perfectamente viable en los casos de excepción antes mencionados, pues no existe norma que lo impida, siempre que
exista un conflicto de intereses pendiente de ser resuelto y se acredite el interés del demandante. Lo único que debe hacer
el juzgador es verificar el transcurso del tiempo y declarar los efectos que esto ocasiona” (ROSILLO LARIOS, Braulio
Iván. “¿La prescripción extintiva es solo una excepción procesal? Analizando la posibilidad de plantear la prescripción
extintiva en vía de acción”. En: Jus Doctrina & Práctica. Nº 2. Febrero, 2007. Grijley. Pág. 191). Ya se pronuncia afirmativamente sobre esta posibilidad: ARIANO DEHO, Eugenia. “Problemas del proceso civil”. Ob. cit. Pág. 115.
(34) Por ejemplo: OERTMANN, Paul. Ob. cit. Pág. 342.
(35) Como hasta la actualidad lo hace, el Código Civil español:
Artículo 1930.- Por la prescripción se adquieren, de la manera y con las condiciones determinadas en la ley, el dominio y
demás derechos reales.
derechos reales, y no de todos); y de otro la prescripción
adquisitiva, como modo general de extinción de los derechos(36).
comportamiento posterior para que pueda configurar el
fenómeno extintivo, dado que por sí mismo es suficiente
para extinguir las situaciones jurídicas en conflicto.
III. LA CADUCIDAD COMO INSTITUCIÓN HETERÓNOMA DE EXTINCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS
La caducidad se configura por el mero transcurso del plazo establecido expresamente por una norma imperativa, y
tiene como efecto la extinción de situaciones jurídicas
sustanciales. Por ello, a diferencia de la prescripción, que
para su configuración además del plazo necesita de una
manifestación de voluntad del beneficiado tendiente a
demostrar su interés en la extinción de las situaciones jurídicas, en la caducidad ello no es relevante, siendo suficiente el paso del tiempo establecido. Así, como ha sido
manifestado, la extinción de la caducidad es imperativa
“y viene determinada por el mandato director del legislador y es irrenunciable al caer fuera del poder de las partes
vaciar sus efectos y evitarlos”(37).
Derivada de esta importante diferencia, tenemos que mientras la caducidad puede (y debe) ser declarada de oficio,
la prescripción no puede ser declarada de esta manera, y
ello, porque faltaría necesariamente el comportamiento
positivo del que hacíamos mención: la actuación del beneficiario con el plazo prescriptorio.
La prescripción y la caducidad son dos instituciones bastante distintas, aunque generalmente se las confunda ya
sea a nivel doctrinario o judicial. En efecto, más allá del
vacío (y errado) estribillo de que “una mata solo la acción
mientras la otra mata la acción y el derecho”, hay algunos
elementos esenciales que nos permiten diferenciarlos adecuadamente. Así, el plazo de prescripción siempre será un
plazo genérico en el que la norma establece el término
máximo en que se podrá interponer la acción, en cambio,
el plazo de caducidad siempre es específico, determinando el momento de inicio y final del lapso, y ello por la
rigidez con que se contabiliza este fenómeno extintivo de
situaciones jurídicas (ejemplo de ello es la reducidísima
posibilidad de interrupción del plazo de caducidad, a diferencia de la prescripción). Por otra parte, la prescripción es un fenómeno complejo, como vimos, de formación sucesiva, siendo necesario además del mero paso del
tiempo, la actuación positiva del beneficiado con el plazo.
Por el contrario, el plazo de caducidad no necesita de un
Justamente, considero que esta es la diferencia esencial
entre la prescripción y la caducidad: El ejercicio (que siempre se encuentra en la esfera privada del beneficiado) del
poder de extinguir las situaciones jurídicas sustanciales
dependientes del plazo prescriptorio. Se señala que este
poder que se manifiesta en el procedimiento de la prescripción sería ajeno a la autonomía privada, puesto que
concierne solo al an [que] de la producción del efecto y
no a la determinación del contenido de los efectos(38). Este
intento de alejar el ejercicio del poder del prescribiente de
la órbita de la autonomía privada no tiene en cuenta, a mi
entender, que aquellos actos no negociales (es decir, aquellos actos que no establecen un contenido o regulación
particular) también pueden contener dentro de sí, autonomía privada(39). Justamente por ello, la diferencia fundamental entre prescripción y caducidad es que mientras en
el primero es necesaria la actuación del derecho potestativo del beneficiario (en vía de excepción o de acción) en
fin, la actuación de su autonomía privada; en el segundo,
se trata de un fenómeno de extinción heterónoma de las
situaciones jurídicas subjetivas, es decir, se prescinde totalmente de la intención, voluntad y actuación del beneficiado con el plazo.
Nótese que el hecho de que también exista la excepción
de caducidad, no implica que ella necesariamente deba
entrar al proceso por medio de esta vía, dado que –tal como
señalé– el plazo de caducidad por sí mismo extingue las
situaciones jurídicas sustanciales, siendo un deber del juez
pronunciarse de oficio(40). Por ello, se podría decir que
(36) BIGLIAZZI GERI, Lina; BRECCIA, Umberto; BUSNELLI, Francesco; NATOLI, Ugo. “Derecho Civil Tomo I. Vol. 1.
Normas, Sujeto, Relación Jurídica”. Pág. 488.
(37) DE COSSIO Y CORRAL, Alfonso. “Instituciones de Derecho Civil”. Tomo I. Parte general. Obligaciones y contratos.
Segunda edición. Editorial Civitas, S.A. Madrid, 1995. Pág. 171.
(38) PROTO PISANI, Andrea. “Appunti sulla tutela c.d. costitutiva”. Ob. cit. Pág. 77.
(39) Así, Rodolfo Sacco señala que el acto de ocupación, que es entendido como un acto jurídico en sentido estricto o un acto no
negocial, constituye un acto de autonomía privada, y ello porque “la clave de la autonomía está en la correspondencia del
derecho con el poder de hecho. El agente quiere y crea el poder”. De esta manera, las distinciones entre negocio jurídico y acto
jurídico en base a la autonomía de una y falta de autonomía de la otra, pierden sustento. Ver: SACCO, Rodolfo. “L’occupazione,
atto di autonomia (Contributo ad una dottrina dell’ atto non negoziale)”. En: Rivista di Diritto Civile. Anno XL. Nº 2. Marzo
- Aprile. Padova, 1994. Pág. 343 y sgtes. Las ideas de Sacco y las demás teorías del acto jurídico en sentido estricto son
explicadas agudamente por: LEÓN, Leysser. “Los actos jurídicos en sentido estricto. Sus bases históricas y dogmáticas”. En:
Revista Jurídica del Perú. Año LIV. Nº 59. Noviembre/diciembre, 2004. Pág. 117 y sgtes.
(40) Por tal razón, es indiferente que exista o no la excepción de caducidad, pues el esquema preclusorio no puede afectar el
derecho del beneficiado con el plazo y el deber del juez de pronunciarse sobre ella. Aunque hay voces que propugnar que
este instituto no puede seguir regulándose como excepción (MUÑOZ VILLANUEVA, Mario Alfredo. “La caducidad. ¿debe
seguir regulándose como excepción de caducidad?”. En: Actualidad Jurídica. Nº 152. Gaceta Jurídica. Julio, 2006. Pág. 82).
mientras la caducidad es un fenómeno que obvia la autonomía privada del individuo para su constitución, la prescripción necesariamente la tiene en cuenta, es decir, es un
fenómeno que se enmarca en la esfera jurídica de los particulares.
Cabe señalar que muchas veces se le da a la caducidad un
alcance mucho mayor del que debería tener. En efecto, se
habla de caducidad legal, judicial y negocial. Las primeras tenderían a proteger intereses superiores, mientras la
caducidad negocial solo protegería intereses individuales(41). Al respecto, la llamada caducidad judicial no es más
que el plazo que el juez establece en determinados casos
en los que la ley le otorga esa potestad discrecional, para
determinar la actuación de determinados actos procesales, no pudiendo pues reconducirse a la caducidad como
mecanismo de extinción de situaciones jurídicas sustanciales. Por su parte, sobre todo la doctrina italiana, diferencia entre caducidad legal y caducidad negocial, la primera comportaría la satisfacción de un interés público, y
la segunda de un interés privado(42). Es claro que el presente estudio se refiere exclusivamente a la caducidad legal, y guardo mis reservas con la denominada caducidad
negocial, que se debería vincular, desde mi punto de vista,
exclusivamente al ámbito de la ineficacia negocial(43).
El desconocimiento del carácter de la caducidad puede
observarse en un caso reciente(44). Aquí, la Corte Suprema
señaló que como el plazo establecido en el artículo 364
del Código Civil(45) es de prescripción, y la recurrente recién lo propone en segunda instancia, no podría ampararse. Sin embargo, es claro que el plazo establecido en el
artículo 364 no es de prescripción, como erróneamente
considera la Corte Suprema, sino es de caducidad, y ello
porque es un plazo que directamente está determinando la
extinción de una situación jurídica subjetiva al preestablecer inexorablemente el momento inicial y final en el cual
puede ejercerse el derecho. Así, se señala que los plazos de
prescripción los fija la norma “sin referirlos a un hecho
específico, abstractamente, por lo que su cómputo se inicia aplicándose el criterio de la actio nata que informa el
artículo 1993; los de caducidad, por el contrario, los fija
refiriéndolos a hechos específicos, concretos a partir de
los cuales se inicia el cómputo”(46). La diferencia es bastante relevante, y este caso es una clara muestra de ello.
Cuando se inicia una demanda con la finalidad de tutelar
un derecho ya caduco, el juez tiene el deber de declarar la
caducidad de oficio dado que se habría constituido una
relación jurídico procesal inválida, pues el derecho sustancial que se pretende está ya extinto(47).
Ahora bien, con estas consideraciones, es claro que si estamos ante un plazo de caducidad es intrascendente para
su declaración la actuación constitutiva del beneficiario
con el plazo, toda vez que el juez debe declararlo de oficio(48). En ese sentido, también es intrascendente que se
excepcione como si fuera un plazo de prescripción, y esto
sencillamente porque el error en la determinación de la
causal que invalida la relación jurídico procesal, no exime al juez de pronunciarse sobre una aún más notoria, y
que extingue situaciones jurídicas sustanciales, como la
caducidad. En ese sentido, alegar que como se excepcionó extemporáneamente debe declararse infundada la excepción y fundada la demanda, es una decisión que no
puede ser compartida, y es que bien podía declararse infundada la excepción sea cual fuere, por ser extemporánea, pero a su vez, debía declararse la nulidad de oficio de
todo lo actuado dado que el proceso estaría tutelando un
derecho caduco, es decir, inexistente.
IV. PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD. LOS FUNDAMENTOS
Normalmente se señala que el fundamento de estos institutos es la seguridad jurídica, y por lo tanto, ambas constituyen normas de orden público. Se agrega además, que se
configura una verdadera sanción para el titular del derecho,
(41) Por ejemplo: SANTORO PASARELLI, Francesco. Ob. cit. Pág. 105.
(42) VITUCCI, Paolo. “Prescrizione e decadenza”. En: Istituzioni di Diritto Privato a cura di Mario Bessone. Ottava edizione.
G. Giappichelli Editore - Torino, 2001. Pág. 1235.
(43) Considero que lo más indicado es no usar el término “caducidad” de forma indiscriminada, pues de lo contrario podrían
presentarse más confusiones. En la doctrina italiana se tiene incluso total conciencia que “los dos tipos de caducidad
corresponden a disciplinas diversas” (VITUCCI, Paolo. “Prescrizione e decadenza”. Ob. cit. Pág. 1237). En ese sentido, se
diferencia entre caducidades propias e impropias, siendo el caso que la caducidad propia es solo la legal (RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco. “La prescripción y caducidad. Perspectivas legislativas”. Ob. cit).
(44) Cas. N° 488-2005-Cusco el 25 de enero de 2006 (El Peruano, 31/07/06).
(45) Artículo 364.- La acción contestatoria debe ser interpuesta por el marido dentro del plazo de noventa días contados desde
el día siguiente del parto, si estuvo presente en el lugar, o desde el día siguiente de su regreso, si estuvo ausente.
(46) VIDAL RAMÍREZ, Fernando. “Prescripción extintiva y caducidad”. Ob. cit. Pág. 246.
(47) El proceso (a parte de los casos de sentencias constitutivas, las cuales por lo demás actúan un preexistente derecho del
actor dirigido a una mutación jurídica), no puede servir para fabricar nuevas relaciones jurídicas. (CAPPELLETTI, Mauro. “Nuovi fatti giuridici ed eccezioni nuove nel giudizio di rinvio”. En: Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile.
Anno XIII. Milano, 1959. Pág. 1613).
(48) SANTORO PASARELLI, Francesco. Ob. cit. Pág. 106. En doctrina española véase: COBO PLANA, Juan José. “Excepciones de caducidad, prescripción y convenio arbitral (notas a la jurisprudencia española)”. En: Excepciones procesales.
Fundamentos doctrinarios. Dr. César Castañeda Serrano (compilador). Palestra Editores. Lima, 1997. Pág. 381.
debido a su negligencia en no ejercer en el plazo establecido su derecho(49). Es así que estos dos institutos reflejarían dos caras de la misma moneda: la seguridad jurídica
por parte del beneficiario del plazo, por un lado; y la sanción por la negligencia en el caso del titular del derecho
afectado, por el otro(50). Sin embargo, así las cosas, no se
puede entender porqué la distinción en la regulación de
estos institutos, en lo que respecta, por ejemplo a su invocabilidad y a las causales de suspensión e interrupción.
Considero pues, que no es cierto que ambos institutos tengan el mismo fundamento, y que sea este en el fondo el
interés público(51). En la caducidad ello puede ser cierto si
se tiene en cuenta que el ordenamiento determina de forma heterónoma, y sin mediar algún ejercicio del poder
privado, la extinción de situaciones jurídicas. Aquí, pues
el ordenamiento estatal establece y determina aquellos intereses dignos de protección. En la prescripción, en cambio, el fenómeno es diametralmente opuesto, pues la norma establece plazos de prescripción a favor del titular de
la situación jurídica de desventaja, para que pueda extinguirla al cumplimiento de ellos. Es decir, se constituye
como una norma de protección, pero no de intereses públicos, sino de intereses privados, puesto que el beneficiado (y
solo él) puede ejercerlo(52). Y el hecho de que ambas normas
tengan carácter imperativo, no puede llevar a entender que
ambas regulaciones son necesariamente de interés y orden público. No lo será la prescripción, pues el juez no
puede declararla de oficio, ni puede ser alegada por alguien ajeno a su titular, y puede ser renunciable(53) (puedo
renunciar a la prescripción ganada, justamente cumpliendo); así como no lo es, por ejemplo, la regulación de la
anulabilidad, que se funda (por lo menos tradicionalmente ese ha sido su fundamento) en intereses privados. Claro
está, el hecho de que estás normas (la de la prescripción)
tutelen intereses estrictamente privados, no quiere decir
que dejen de ser imperativas, y ello sencillamente, porque
las normas imperativas pueden ser de carácter público o
privado, de acuerdo a la evaluación que hace el ordenamiento jurídico del interés que pretende tutelar(54).
Este razonamiento no puede ser afectado por la existencia
de “derechos imprescriptibles”. Por el contrario, la existencia de estos derechos refuerza la idea de que la prescripción siempre pertenece a la esfera individual y se constituye como un mecanismo de protección de determinados intereses. Así se ha señalado que siendo el hecho causante de la prescripción la inercia del sujeto activo durante cierto tiempo, se entiende como no se pierde por prescripción aquellos derechos cuya pertenencia al sujeto no
depende de la voluntad del mismo, “estos como no pueden disponerse mediante actos de voluntad, así no pueden
(49) Así, lo considera, por ejemplo: MORALES GODO, Juan. Ob. cit. Pág. 49.
(50) Aunque también se señala que en el fondo, el fundamento sería “la adecuación de la situación de derecho a la situación de
hecho” (SANTORO-PASSARELLI, Francesco. Ob. cit. Pág. 97).
(51) La defensa de esta posición se encuentra en varias experiencias jurídicas, así: MAZEAUD, Henri y León; MAZEAUD,
Jean. “Lecciones de Derecho Civil”. Ob. cit. Pág. 411. DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. “Sistema de Derecho
Civil”. Volumen I. Undécima edición. Tecnos. Madrid, 2005. Pág. 443. Se señala incluso para fundamentar la prescripción, que “el ordenamiento no tiene interés en conservar en cabeza del privado derechos que el no usa, y que inmobilizan
bienes, recursos, dañando la economía nacional”. (ALPA, Guido. “Manuale di Diritto Privato”. Ob. cit. Pág. 198).
(52) “(...) de todas maneras prevalece la tendencia a justificar la institución en función de la tutela preferencial de intereses
individuales contrapuestos a los del titular del derecho que omite ejercerlo” (BIGLIAZZI GERI Lina, BRECCIA Umberto,
BUSNELLI Francesco, NATOLI Ugo. “Derecho Civil Tomo I. Vol. 1. Normas, Sujeto, Relación Jurídica”. Ob. cit. Pág.
490). Se señala asimismo, que “la prescripción protege un interés estrictamente individual, que es el interés del sujeto
pasivo (…). La caducidad protege un interés general, que es el interés comunitario en la pronta certidumbre de una
situación jurídica” (DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. “Sistema de Derecho Civil”. Volumen I. Ob. cit. Pág. 456).
(53) “(...) el concepto de prescriptibilidad de un derecho va íntimamente vinculado al de posibilidad de su renuncia” (DE
COSSIO Y CORRAL, Alfonso. “Instituciones de Derecho Civil”. Ob. cit. Pág. 171).
(54) Incluso, si se quiere seguir manteniendo la dicotomía norma imperativa = orden público, se debe terminar afirmando que
“el fundamento de la disciplina de la prescripción es, pues, de orden público; pero se ha visto que los intereses tutelados
por el ordenamiento son, sobre todo, de naturaleza individual y privada. Así se explica que los efectos derivados de la
aplicación de las normas de ley se remitan a la valoración de las partes, quienes se mantienen libres de valerse o no de ella”
BIGLIAZZI GERI Lina; BRECCIA Umberto, BUSNELLI Francesco y NATOLI Ugo. “Derecho Civil”. Tomo I. Vol. 1.
Normas, Sujeto, Relación Jurídica. Ob. cit. Pág. 500).
Cabe señalar que un sector de la doctrina se pronuncia incluso a favor de pactos modificativos (negociales) de los plazos
prescriptorios, ello en razón a “la propia configuración de la institución (…) como ventaja renunciable, interrumpible
(también por una conducta del sujeto pasivo del derecho) y apreciable solo si la alega su titular, esto es, construida como
excepción” (GARCÍA VICENTE, José-Ramón. “Modificación convencional de los plazos de prescripción”. En: Comunicació a les XII Jornades de Dret Català a Tossa Tercera Ponència. El sentit d’una codificació per a Catalunya. Versió
prèvia del treball publicat a: Àrea de Dret civil, Universitat de Girona. http://civil.udg.es/tossa/2002/textos/com/3/jgv.htm).
Ahí puede consultarse la bibliografía pertinente.
disponerse y perderse absteniéndose de ejercitarlos”(55). En
resumen, ahí donde no hay voluntad, no hay fenómeno
prescriptorio.
V. ALGUNOS PROBLEMAS EN LA APLICACIÓN
1. Las excepciones de prescripción y caducidad
Como dije líneas atrás, la regulación que hace el CPC de
la excepción de caducidad no debería afectar la constitución de esta fattispecie, pues el juez no puede declarar un
derecho ya extinguido; sin embargo, en el caso de la prescripción, su deficiente regulación como excepción es, en
realidad, dramática. En efecto, si tenemos en cuenta que
el “juez no puede fundar sus fallos en la prescripción si
no ha sido invocada” (artículo 1992 del Código Civil),
entonces nos percataremos que la prescripción como derecho potestativo es bastante limitada, pues la única manera en la que puede “invocarse” en el proceso civil es
mediante una excepción(56) (artículo 446 inciso 12), y nuestro Código Procesal Civil ha determinado un solo momento
para poder excepcionar: en la postulación del proceso.
Cabe señalar que cuando el artículo 1992 se refiere a la
“invocación” de la prescripción, debemos entender que
ella debe ser invocada oportunamente, pues si entendemos que la invocación de la prescripción puede ser hecha
en forma extemporánea, entonces se vulneraría el sistema
de preclusiones que ha predispuesto el CPC. Así las cosas, este derecho potestativo tendría una operatividad casi
nula cuando debió tener un tratamiento totalmente distinto a las demás excepciones, dado que se refiere, en esencia, a las situaciones jurídicas sustanciales que están en
juego en la litis. En ese sentido, la mejor opción legislativa hubiese sido determinar sin lugar a dudas que la alegación de la prescripción extingue las situaciones sustanciales y, a su vez, en tanto derecho subjetivo, puede alegarse
en cualquier momento. Ello no se ha regulado así, por lo
que debemos atender las rígidas preclusiones que ha impuesto nuestro Código Procesal Civil.
En dicho contexto, la alegación de la prescripción en forma extemporánea debe ser desestimada; y es que el juez
no podría darle un plazo especial al demandado para que
pueda excepcionar, aunque creamos que legislativamente
debió hacerse, con nuestro actual marco normativo ello es
imposible. Por tal razón, aceptar la excepción de prescripción extemporánea es, en el fondo, declararla de oficio,
pues las actuaciones hechas de forma extemporánea se tienen por no realizadas, y siendo el caso que el juez no puede apreciar de oficio la prescripción sino solo la caducidad,
el proceso adolecería de nulidad.
Ahora bien, el problema quizá fundamental es que se
regula la excepción de prescripción como cualquier otra
excepción, no diferenciando los supuestos adecuadamente. Y es que nuestro legislador procesal no diferenció adecuadamente los efectos que pueden tener las excepciones interpuestas victoriosamente al interior del proceso.
Así, la doctrina entiende a las excepciones, en general,
como mecanismos que atacan un presupuesto o condición de la acción, por lo que las implicancias serían meramente formales y procesales, por ello, su estimación a
lo único que conduciría es a una mera resolución procesal absolutoria de la instancia, sin que exista una declaración sobre el fondo. En efecto, de acuerdo al artículo 451 inciso 5, si la excepción de prescripción, incompetencia, representación insuficiente del demandado, falta de agotamiento de la vía administrativa, falta
de legitimidad para obrar del demandante, litispendencia, cosa juzgada, desistimiento de la pretensión, conclusión del proceso por conciliación o transacción, convenio arbitral y caducidad, son declaradas fundadas
siendo consentidas o ejecutoriadas, el efecto sería “anular lo actuado y dar por concluido el proceso”. Entender que ello significa que no hay aquí cosa juzgada en
el caso de la prescripción, la caducidad y en aquellos
casos en donde ya se estableció normativamente la cosa
juzgada (como en el desistimiento, la transacción y conciliación), es errado, dado que puede llevar a resultados irracionales que vulneran elementales principios
Lo primero que debo señalar es que fue sin duda un error
del legislador, no diferenciar adecuadamente los efectos
de estas excepciones, dándole un tratamiento idéntico a
supuestos que debieron tener efectos distintos. Así, no hay
duda que es adecuado establecer la mera nulidad de todo
lo actuado en el supuesto de litispendencia, representación insuficiente o incompetencia, sin embargo, se debió
establecer la imposibilidad de volver a demandar en los
casos de prescripción, caducidad y todas aquellas que se
refieran a hechos que tiene la calidad de cosa juzgada
(como el desistimiento de la pretensión, la conciliación o
la transacción). Por ejemplo, la prescripción y la caducidad no son propiamente excepciones que tengan como
único fin atacar “presupuestos procesales”; estos institutos tienen como finalidad extinguir las situaciones jurídicas sustanciales, por lo que debieron ser diferenciados y
delimitados adecuadamente. Así, en otros ordenamientos
como el alemán, estas son tratadas como excepciones perentorias, las mismas que impiden la ejecución de la pretensión de la demanda permanentemente(57), o como en el
(55) SANTORO-PASSARELLI, Francesco. “Dottrine Generali del Diritto Civile”. Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene. Napoli,
1954. Pág. 97.
(56) CAPPELLETTI, Mauro. “Nuovi fatti giuridici ed eccezioni nuove nel giudizio di rinvio”. Ob. cit. Pág. 1612. RICCI,
Edoardo F. “I limiti delle attività di parte nel giudizio di rinvio”. En: Rivista di Diritto Processuale. Volume XV. Cedam.
Padova, Anno 1960. Pág. 105.
(57) Ver: LEIBLE, Stefan. “Proceso civil alemán”. Ob. cit. Pág. 230.
ordenamiento italiano, son llamadas excepciones sustanciales(58).
De esta manera, el beneficiado de la prescripción nunca
estará seguro de que, en realidad, queda liberado de su
situación jurídica de deber, puesto que, en cualquier momento podría volver a ser demandado. Y todo ello, por
dos confusiones gravísimas: la del legislador sustancial
que creía que la prescripción solo extingue la acción (y no
el derecho), y la del legislador procesal (consciente o inconscientemente, en esa misma línea de razonamiento) que
estableció que la excepción de prescripción solo tiene efectos procesales, y no afectan las situaciones jurídicas sustanciales(59).
Es claro que esta solución legislativa no es solo irrazonable, sino también irracional, pues implicaría que el instituto de la prescripción no tendría ninguna funcionalidad
en nuestro sistema jurídico, siendo posible una eterna interposición de la demanda. Por ello, considero en este tema
la judicatura deberá realizar una adecuada interpretación,
aunque acrobática, para no repetir este tipo de errores.
2. La (in)determinación del plazo prescriptorio: interrupción y suspensión
La determinación del plazo tanto de prescripción como de
caducidad, es fundamental para entender estos fenómenos.
Así, mientras el cumplimiento del plazo solo constituye la
fase preliminar del fenómeno prescriptorio, este mismo hecho, agota totalmente el fenómeno de la caducidad.
En el fenómeno prescriptorio el plazo tiene un término
inicial (dies a quo) y un término final (dies ad quem), que
permiten delimitarlo. En ese sentido, el decurso del plazo
prescriptorio puede ser afectado por un conjunto de circunstancias que produzcan ya sea un nuevo dies a quo
(interrupción) o una pausa en el cómputo del plazo (suspensión) lo que implica inevitablemente la postergación
del día final para el cumplimiento del plazo prescriptorio
(dies ad quem). La determinación de este elemento preliminar del fenómeno de la prescripción (el plazo) es fundamental para su configuración, teniendo bastantes repercusiones con relación a la tutela de los derechos.
Con relación a la suspensión se afirma que ella está constituida por circunstancias que hacen difícil o incluso imposible la actuación de las situaciones jurídicas nacientes
de determinada relación jurídica, ello en razón a relaciones particulares entre las partes (por ejemplo, entre cónyuges, menores y sus padres, incapaces y sus curadores),
a las condiciones del titular y a la imposibilidad de demandar ante juez peruano. En ese sentido, se señala que la
lista de supuestos de suspensión, al ser excepcionales, son
taxativos por lo que no cabría la analogía(60).
Con relación a la interrupción, se afirma que su razón de
ser es profundamente distinta de la suspensión, dado que
“si esta última se funda en la justificación de la inactuación de la relación jurídica frente a la existencia de determinadas circunstancias que rodean a las partes, la primera
más bien atiende al sobrevenir de determinados eventos
que evidencian la ausencia de la ratio misma del fenómeno prescriptorio: la vitalidad de la relación jurídica”(61).
Es decir, mientras la suspensión implica una imposibilidad (reputada por la norma) de exigir el derecho respectivo, la interrupción implica la actuación de algún mecanismo que pueda dar a conocer la existencia del interés del
titular del derecho en actuar su situación de ventaja.
En dicho contexto, debe recordarse cúal es el fundamento
de la caducidad y la prescripción. La caducidad al fundarse en el orden público y la necesidad de que determinadas situaciones inactuadas se extingan (inexorablemente) en un plazo determinado, puede (y debe) invocarse de
oficio, no tiene plazos de suspensión e interrupción (salvo, como veremos, una excepción) y es irrenunciable. En
cambio, la prescripción, al fundarse en la protección de
un determinado interés, solo se constituye con la actuación de el sujeto beneficiado, tiene plazos de suspensión e
interrupción de acuerdo a las relaciones personales del
beneficiado y a su actuación con relación a la tutela de su
situación jurídica y además es renunciable, aunque en un
sentido distinto al que estableció el legislador del Código
Civil(62). Por ello se regulan las figuras de la suspensión e
interrupción del plazo prescriptorio. La primera se fundamenta en la imposibilidad de poder ejercer algún mecanismo
(58) Ver: SATTA, Salvatore “Diritto Processuale Civile”. Tredicesima Edizione. A cura di Carmine Punzi. Cedam Casa Editrice. Milano, 2000. Pág. 171.
(59) Ello sucede con todos los procesos de cognición, mas no, felizmente, con los de ejecución, pues “a diferencia de lo que
ocurre en el proceso declarativo en el que de estimarse la excepción “procesal” de prescripción se declare “nulo” todo y
simplemente “concluido” el proceso (…),en el supuesto en el cual se considere que se dan todos los elementos que configuren el evento prescripción, lo que se declara fundada es la contradicción trayendo como consecuencia (procesal) que se
declare la improcedencia de la ejecución” (ARIANO DEHO, Eugenia. “La prescripción entrampada entre las normas del
Código Procesal Civil”. Ob. cit. Pág. 108).
(60) ARIANO DEHO, Eugenia. “Causas de suspensión del decurso prescriptorio”. En: Código Civil Comentado. Tomo X.
Primera Edición. Gaceta Jurídica. Junio, 2005. Pág. 281; VIDAL RAMÍREZ, Fernando. Op. cit. Pág. 134.
(61) ARIANO DEHO, Eugenia. “Interrupción de la prescripción”. En: Código Civil Comentado. Tomo X. Gaceta Jurídica.
Primera Edición. Lima, 2005. Pág. 288.
(62) En efecto, el artículo 1990 establece que “el derecho de prescribir es irrenunciable. Es nulo todo pacto destinado a
impedir los efectos de la prescripción”. Es claro, que la norma se está refiriendo a la imposibilidad de renunciar al plazo de
para actuar la situación de ventaja, y la segunda en el ejercicio efectivo de algún mecanismo que permite entender
el interés del titular en satisfacer su interés.
Con estas premisas, analizaré someramente algunas cuestiones relacionadas con los supuestos de suspensión e interrupción de los plazos prescriptorios, que han traído no
pocos problemas a los operadores jurídicos.
Así, por ejemplo, muy problemático ha sido el inciso 3
del artículo 1996 del Código Civil, que establece que se
interrumpe el plazo de prescripción por “la citación de la
demanda o por otro acto con el que se notifique al deudor,
aun cuando se haya acudido a un juez o autoridad incompetente”. Este artículo se encuentra coordinado con nuestro Código Procesal Civil, que establece expresamente que
el emplazamiento válido con la demanda interrumpe la
prescripción extintiva (artículo 438 inc. 4).
De esta manera, la actuación del derecho subjetivo que se
manifiesta por medio de la demanda judicial no sería suficiente para interrumpir el plazo prescriptorio, sino que se
tendría que esperar el proveído y la debida notificación
con la demanda. Esta situación, es del todo aleatoria para
el accionante toda vez que el proveído y la notificación
nunca dependerá de su propio actuar, sino de la carga procesal del juzgado y de la diligencia de los operadores judiciales, además, los errores en la notificación y demás situaciones pueden traer como resultado la demora de muchos meses de la notificación de la demanda, por lo que
podría darse el emplazamiento con posterioridad al término del plazo prescriptorio, todo ello sin culpa del accionante, quien será, sin embargo, el perjudicado con esta
Así, con nuestra actual normativa, el fundamento de la
prescripción extintiva no sería necesariamente la protección del beneficiario con el plazo prescriptorio, sino que
habría situaciones donde el fundamento esté dado por la
demora de nuestro sistema de justicia, su inoperancia y
negligencia. Como es evidente está situación no tendría
por qué afectar al accionante, pero así se da en la realidad.
En efecto, una demanda en estas condiciones es, por decir
lo menos, precaria, dado que la contraparte tendría la posibilidad de deducir la excepción de prescripción (artículo 446, inc. 12), siendo el criterio de los jueces declararla
fundada aunque se haya demandado antes del plazo prescriptorio.
Es claro pues que esta disposición similar a la fórmula del
codice civile italiano(63), llega a ser injusta en especial, en
una realidad judicial como la peruana(64). Cabe señalar,
empero, que existen autores que han justificado esta fórmula, basados en el novedoso concepto de “acreedor razonable”, el cual debería ser sancionado con nada menos que la prescripción de su derecho si es que espera
sin demandar hasta poco antes de que operen los plazos
de prescripción liberatoria corriéndose el riesgo que su
demanda se notifique luego de vencido el plazo prescriptorio(65).
De esta manera se considera eficiente “que el emplazamiento con la demanda constituya el acto de interrupción
de la prescripción por excelencia en todo tipo de procesos
(…) ya que salvaguarda, por un lado, la garantía del debido proceso en la oposición del demandado y, por otro lado,
el interés de los acreedores razonables y diligentes que no
esperan al último momento para reclamar lo que le deben”(66).
Estas apreciaciones, a mi entender, están divorciadas no
solo de los fundamentos de la institución, sino de su función. El intérprete y el operador jurídico no es quién para
evaluar la “razonabilidad” de demandar en la primera oportunidad que se tiene para hacerlo, al mes, al año o días
antes de que venza el plazo prescriptorio, y ello porque no
tiene un conocimiento adecuado de las relaciones personales de los sujetos implicados o las situaciones particulares de estos. La actuación del titular del derecho es claramente el fundamento del fenómeno de la interrupción del
plazo prescritorio por lo que dicha disposición debe ser
prontamente modificada.
prescripción establecido normativamente mediante un pacto expreso. Ello es natural, y también válido para la caducidad,
pues ambos están regulados mediante normas imperativas. Sin embargo, en realidad, el beneficiado con la prescripción
bien puede renunciar a la extinción de las situaciones jurídicas sustanciales, ya sea cumpliendo con su obligación o no
excepcionando en el proceso civil. Por el contrario, en la caducidad no existe renuncia al no establecerse a favor de un
determinado sujeto.
Artículo 2943 Interruzione da parte del titolare.- La prescrizione è interrotta (1310) dalla notificazione dell'atto con il
quale si inizia un giudizio (...).
Cabe señalar que en otras experiencias jurídicas se hace alusión al “solo ejercicio ante los tribunales” (por ejemplo, el
artículo 1973 del Código Civil Español).
Así, se señala que: “No es lógico pensar, ni se condice con el sentido común, que el legislador haya dejado librada la
determinación de la fecha de vencimiento del decurso prescriptorio, a un acto tan aleatorio, arbitrario e incierto, como es
la notificación de la demanda, que al fin y al cabo es una diligencia que depende de los mecanismos y recursos del órgano
jurisdiccional” (MURO ROJO, Manuel. “Discrepancia en cuanto al cómputo del plazo de la prescripción extintiva”. En:
Diálogo con la Jurisprudencia. Nº 13. Año 5. Gaceta Jurídica. Octubre, 1999. Pág. 64).
OLIVA LEÓN, Ricardo. “Notificación de la demanda e interrupción de la prescripción extintiva en materia de responsabilidad mercantil”. En: Revista Peruana de Jurisprudencia. Año 3. Número 5. Julio, 2001. Pág. 54
Ibíd. Pág. 62.
El problema central es que el instituto de la interrupción
de la prescripción ha sido regulado como si nuestro Poder
Judicial operara adecuadamente. En efecto, se entiende
que “La interrupción de la prescripción consta de dos elementos: la manifestación de la voluntad de conservar el
derecho con la interposición de la demanda, y la notificación de esa voluntad al deudor; por consiguiente para interrumpir el plazo prescriptorio se necesita cumplir con
ambos elementos, pues el término prescriptorio seguirá
corriendo mientras el deudor no sea emplazado con la demanda”(67). En ese sentido, la judicatura es uniforme en
entender que la interrupción de la prescripción solo se da
con el emplazamiento, es decir, con la notificación, empero no cualquier notificación, sino una válidamente efectuada. Así: “la prescripción extintiva se interrumpe con el
emplazamiento válido con la demanda, entendiéndose que
tal interrupción operará desde que se produzca la notificación con la demanda y no con la sola presentación del
escrito de la misma”(68).
Con todo ello, una interpretación distinta con nuestra actual normativa es bastante difícil. Solo queda auspiciar la
modificación de los artículos 438 inc. 4 del CPC y 1996
inc. 3 del Código Civil, para que se establezca que la sola
presentación de la demanda interrumpe el plazo prescriptorio, y así tener una norma más acorde con nuestra realidad judicial.
Otro caso relacionado con la misma norma, pero referido
a un tema distinto tuvo que ver con el alcance de su contenido. Así, el inciso 3 del artículo 1996 del Código Civil
establece una cláusula abierta por medio del cual pueden
ingresar todos aquellos supuestos por medio del cual se
puede manifestar el interés del titular en ejercer su derecho subjetivo. En ese sentido, se señala expresamente que
se interrumpe la prescripción por “citación con la demanda o por otro acto con el que se notifique al deudor, aun
cuando se haya acudido a un juez o autoridad competente”. Estos actos no se agotan solo en la demanda de cumplimiento de obligación, puede ser una medida cautelar
anticipada, el mandato de ejecución, la resolución que
concede la apelación en contra de la resolución que declara la improcedencia de la demanda in limine, el inicio del
proceso concursal, etc. Cabe señalar que no importa si la
demanda (o similar) se presenta ante juez (o autoridad)
incompetente, lo importante es que se ponga en conocimiento al deudor mediante el emplazamiento válido de la
intención de actuar el derecho por parte de su titular.
En ese sentido, en un caso, se puso en duda si la demanda
de amparo puede ser un supuesto de interrupción de la
obligación derivada de la responsabilidad extracontractual(69). Así, en dicho caso se demanda indemnización por
daños y perjuicios a raíz del daño sufrido por la orden de
captura e incautación del vehículo del actor, dictado por la
jefa de Registro de Ventas Plazos de Registros Públicos, en
esa ocasión, el afectado (ahora actor) interpone acción de
amparo para evitar este hecho. En dicho contexto, no puede
afirmarse que la interposición de la demanda de amparo
implica el interés del accionante de exigir el cumplimiento
de la obligación al deudor, sino que expresa el interés en
tutelar su situación jurídica de propietario (para que no sea
embargado el vehículo de su propiedad). Estando en juego
intereses distintos, en principio, no podría utilizarse la demanda de amparo como un supuesto de interrupción del
decurso prescriptorio. Sin embargo, debe tenerse en cuenta
que la fórmula establecida en el inciso 3 del artículo 1996
es bastante genérica: “citación con la demanda u otro acto
con que se notifique al deudor”, es decir, no se distingue
qué tipo de demanda debe efectuarse ni qué deuda debe
exigirse, por lo que, dejando de lado la naturaleza misma
del instituto en cuestión, podría admitirse la interrupción
con la citación al deudor de cualquier tipo de demanda que
tenga alguna relación con el conflicto.
En otra sentencia casatoria, se afirmó que la huelga judicial puede constituir un supuesto de suspensión del plazo
prescriptorio solo si dicha huelga ha sido aprobada por el
titular del pleno(70). Esta afirmación me parece incorrecta.
En efecto, el artículo 1994 del Código Civil, en su inciso
8 contiene una cláusula normativa general que señala la
suspensión del decurso prescriptorio (y como excepción,
también del plazo de caducidad(71)): “mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano”.
Nótese que estamos ante una verdadera cláusula normativa general o una cláusula abierta por medio del cual el
juzgador deberá analizar todos los supuestos que puedan
ingresar en dicha norma, es decir, aquellos supuestos que
en concreto impliquen la imposibilidad de poder demandar ante un tribunal peruano. Justamente la huelga judicial constituye un supuesto que puede ser considerado por
dicho dispositivo, ello en razón de que el cese de la actividad judicial trae como consecuencia que sus reparticiones
o módulos de recepción de escritos y demandas no atiendan al público, y en consecuencia, sea imposible presentar
Cas. Nº 2075-2000-Piura. Publicada el 30/01/2001.
Cas. N° 2026-02-Callao. El Peruano 03/02/2003.
Este tema fue analizado en la Cas. N° 1766-2005- ICA (El Peruano, 30 de octubre de 2006).
CAS. N° 2034-2004-Callao (El Peruano, 4 de diciembre de 2006).
Ello en razón a que el artículo 2005 del Código Civil establece que: “la caducidad no admite interrupción ni suspensión,
salvo el caso previsto en el artículo 1994, inciso 8”.
El fundamento del voto en minoría consistente en desatender
la suspensión del plazo prescriptorio porque la huelga “no
fue reconocida por el titular del pliego” me parece erróneo. En efecto, el inciso 8 del artículo 1994 no establece
requisitos para calificar un supuesto de imposibilidad
para accionar, la norma es de carácter general por lo que
supeditar este supuesto a la aprobación de la huelga por
parte del presidente del Poder Judicial, el ministro de
Trabajo o cualquier autoridad estatal implica establecer
requisitos que la ley no prevé. En ese sentido, lo único
que debe acreditar el justiciable es que el hecho (en este
caso la huelga) le impidió poder interponer su demanda.
De lo contrario podrían darse situaciones en donde el
Estado no reconoce la legitimidad de una huelga judicial, empero, la huelga se realiza de hecho afectando a
los justiciables sin que puedan alegar la suspensión de
los plazos prescriptorios, situación desde todo punto de
vista ilegal e injusta.
En otra sentencia casatoria se señaló que la notificación
con la resolución del contrato no constituye un supuesto
de interrupción del plazo prescriptorio para interponer la
demanda de resolución(72). En este caso el recurrente trató
de enmarcar ese hecho en el artículo 1996 inciso 2 del
Código Civil, que establece que se interrumpe la prescripción por intimación para constituir en mora al deudor. De
acuerdo a las instancias y a la Corte Suprema, la notificación de resolución extrajudicial del contrato no se equipara a la constitución en mora del deudor por lo que no puede ser un supuesto de interrupción del plazo prescriptorio. Este criterio es muy grave pues dio como resultado
atender a la excepción de prescripción y, consecuentemente, desestimar la demanda.
Considero que esta orientación es errada y ello se debe a
la deficiente técnica legislativa con la que se reguló la prescripción en nuestro Código Civil y al desconocimiento
por parte de la judicatura de la esencia de esta institución.
En efecto, en el Código Civil se regulan las causales de
interrupción como si la única situación jurídica que estuviera en juego aquí fuera el derecho de crédito establecido
contractualmente, de ahí que se hace mención al “reconocimiento de la obligación” la “intimación para constituir
en mora al deudor” o la “citación con la demanda al deudor”, como supuestos de interrupción. Sin embargo, la
prescripción es una institución que afecta diversas situaciones jurídicas, por lo que el derecho de crédito nacido
del contrato no es el único que puede extinguirse por medio de ella. En efecto, producida la resolución del contrato
por notificación extrajudicial, se extinguen la relación obligatoria primigenia pero surge el deber del deudor de devolver lo ya entregado por el acreedor (efectos restitutorios de
la resolución) y las penalidades de ser el caso, asimismo,
mediante esta notificación se expresa el ejercicio del derecho de resolver el contrato, derecho cuyo plazo prescriptorio para ejercerlo judicialmente debería volverse a
computar desde ese momento.
En ese sentido, “obviamente lo trascendente de este supuesto
no está tanto en la constitución en mora (que es un efecto de
la intimación) sino en la intimación para cumplir que dirige
el acreedor a su deudor, que es la que revela la vitalidad de
la relación jurídica”(73). En el caso de la intimación resolutoria lo que se pretende es eliminar los efectos del contrato,
por lo que el ejercicio de esta notificación necesariamente
debe interrumpir el plazo prescriptorio para poder accionar
la resolución del contrato en la vía judicial.
VI. CONCLUSIÓN: LA AÚN DEFECTUOSA APLICACIÓN JUDICIAL, DOCTRINARIA Y LEGISLATIVA DE LA PRESCRIPCIÓN Y LA CADUCIDAD
Como observamos, cada día se expiden sentencias que demuestran un gran desconocimiento en las bases teóricas y
la aplicación de la prescripción y la caducidad, desconocimiento muchas veces alentado y provocado por una parte
de los autores nacionales que se resisten a tratar el tema con
la profundidad que le corresponde. Sin embargo, estos equívocos y confusiones no solo pueden observarse a nivel de
textos y sentencias, sino (y esto es lo más grave) a nivel de
leyes. Así, estos institutos no solo tiene que lidiar con la
oscura y defectuosa regulación del Código Civil y el Código Procesal Civil, si no que ahora acompañan la confusión,
las leyes especiales. Para muestra, un botón:
Ley General de Expropiaciones(74)
Artículo 531.- Caducidad
El derecho de expropiación de cualquier sujeto activo
caduca en los siguientes casos:
Cuando no se haya iniciado el procedimiento expropiatorio dentro del plazo de 6 (seis) meses contados a
partir de la publicación o notificación de la norma
declaratoria ejecutora de la expropiación.
Cuando no se hubiera terminado el procedimiento judicial de expropiación dentro de los 5 (cinco) años
contados desde la publicación o notificación de la
Resolución Suprema correspondiente.
La caducidad se produce de pleno derecho. El Juez
de la causa la declara a petición de parte no pudiendo disponer nuevamente la expropiación del mismo bien por la misma causa, sino después de 5 (cinco) años de dicho vencimiento.
(72) Cas. N° 1024-2004 LA ICA. 24 de mayo de 2006 (El Peruano, 01/02/07).
(73) ARIANO DEHO, Eugenia. “Interrupción de la prescripción”. En: Código Civil comentado. Tomo X. Gaceta Jurídica.
Primera Edición. Lima, 2005. Pág. 290.
(74) Ley Nº 27117. Ley General de Expropiaciones, del 20 de mayo de 1999.
Aunque el texto literal lo señale, puede tenerse serias dudas acerca de que esta norma regule un supuesto de caducidad. En efecto, el tercer párrafo de este artículo establece una gruesa contradicción, que “la caducidad se produce de pleno derecho”, y seguidamente que “el juez de la
causa la declara a pedido de parte”. Esta fórmula es inconciliable, y expresa, otra vez, el total desconocimiento
del legislador en esta materia. Quizá, se intentó regular
supuestos de ineficacia de la expropiación, sin embargo,
como suele suceder, se terminó mezclando institutos, formulando así una regulación muy oscura.
La prescripción y la caducidad son institutos que tienen
un gran alcance, y que seguirán siendo materia de polémicas y debates. De ahí que en estas líneas mi intención solo
ha sido presentar algunas reflexiones sobre el particular.
articulo derecho civil, teoria general

References: artículo 386
 artículo 386
 artículo
1989

Artículo 2262
 artículo 1932

Artículo 189

Artículo 1930
 artículo 364

artículo 364

artículo 1993
 Artículo 364
 artículo 1992
 resolución 
 artículo 451
 artículo 1990
 artículo 1996

Artículo 2943

artículo 1973
 artículo 1996
 resolución 
 resolución 
 artículo 1996
 artículo 1994
 artículo 2005
 artículo 1994
 artículo 1994
 resolución 
 artículo 1996
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 531

Resolución