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Timestamp: 2018-01-22 09:49:11+00:00

Document:
Róbinson Rojas.-Chile, Operacion Condor: Texto de la resolución de la Corte Suprema que rechaza el recurso de amparo interpuesto por la defensa del ex dictador Pinochet .- Los crímenes de los generales chilenos.- Salvador Allende, la Unidad Popular y los generales terroristas.- Puro Chile. La memoria del pueblo.- Tutoria universitaria
Texto de la resolución de la Corte Suprema que rechaza el recurso de amparo interpuesto por la defensa del ex dictador Pinochet
1.- Que en torno al derecho a la libertad personal y a la seguridad individual que establece el artículo 19 N° 7 de la Constitución Política de la República, dicho precepto garantiza, además, que nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en la forma determinados por dicha Carta y las leyes, enfatizando el precepto que nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después que dicha orden le sea intimada en forma legal. Concretando la protección constitucional de tan elemental derecho, el artículo 21 del mismo estatuto fundamental establece una acción a favor de todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción a lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, permitiéndole concurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. El inciso segundo de este último precepto contempla y asegura, además, el tradicional habeas corpus y, por último, para proteger por completo el derecho básico aludido en aquel estatuto, dicha disposición permite también ejercer la misma pretensión de protección respecto de cualquier persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual otorgando a la magistratura facultades para dictar, en estos eventos, las medidas conducentes para restablecer la legalidad perturbada asegurando la debida protección del afectado;
En la impugnación aducida por el recurrente Augusto Pinochet Ugarte, se reclama de la resolución que lo sometió a proceso como autor de los secuestros calificados de nueve personas y de homicidio calificado de Ruiter Enrique Correa Arce, dictada en el proceso Rol N° 2182-98 Operación Cóndor que instruye como ministro de fuero don Juan Guzmán Tapia. De lo anterior fluye sin mayor esfuerzo que dicho magistrado, dentro del ejercicio de su jurisdicción resulta ser una autoridad que tiene claramente competencia, tanto para disponer el procesamiento aludido como ordenar la prisión consecuente de dicha interlocutoria y no cabe duda que dichas resoluciones se enmarcan dentro de las formalidades que el debido proceso regula para estos casos y dentro de la investigación sumarial el Código de Enjuiciamiento Criminal, vigente para tales sucesos, de manera que a lo menos en esta etapa procesal, no se advierte al disponerse el procesamiento y la prisión objetada ningún quebrantamiento a la disposición del artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, ni tampoco a preceptos de normas contenidas en Tratados Internacionales a los cuales nuestro país se encuentra en la obligación de considerar y respetar conforme lo estatuye el artículo 5 de la Carta Fundamental.
4.- Que finalmente en lo que dice relación con la exigencia de contener, tal resolución, méritos o antecedentes que justifiquen la orden que se tilda de arbitraria o ilegal, es necesario enfatizar que la finalidad misma del procesamiento y que se alza según el Código de Procedimiento Penal como una cuestión básica de procesabilidad y necesaria para abrir la etapa de plenario como lo prescribe el artículo 403 del citado Código. En este entendido, aun cuando al imputado se le reconocen ciertos derechos para su defensa en el artículo 67, sin embargo el procesamiento, reconociéndole en todo caso sus efectos indeseables, produce una clara consecuencia procesal cual es de otorgarle al procesado el carácter de parte en el proceso penal, asegurándole el derecho a defensa en el carácter de obligatoria. Por lo tanto, aceptando lo grave que puede resultar una resolución de esta naturaleza respecto de un justiciable, es lo cierto que los méritos o antecedentes que justifican su dictación, siendo impugnable por la vía ordinaria, no puede ser afectada por la vía extraordinaria del amparo constitucional, si no se advierte con claridad elemental el quebrantamiento de aquellas causales que señala el artículo 306 del aludido cuerpo procesal y que autorizan la interposición de la acción de amparo.
B) Por su parte el Doctor Sergio Ferrer, a fojas 5166 diagnostica una demencia vascular, señalando que el deterioro psico orgánico se ha acentuado notoriamente desde el peritaje practicado en el 2001, que el grado de demencia aún se mantiene en el nivel de moderado, que su enfermedad vascular tiene un carácter irreversible que se acentuará en los próximos años. Interrogado por el Tribunal a fojas 5296 responde que lo que especifica el diagnóstico de demencia vascular es el daño de las funciones cognoscitivas, como, particularmente, memoria y capacidad abstracta, y que una demencia subcortical vascular es el resultado de lesiones arterioscleróticas que afectan el encéfalo produciendo múltiples lesiones isquémicas; que el amparado no está en condiciones de enfrentar un proceso judicial porque carece de capacidad para defenderse por su déficit de memoria y de razonamiento, concluyendo que el daño cerebral y la concomitante demencia vascular son irreversibles y ninguna medida ni neurológica ni médica va a revertir la deteriorada condición mental y física de Pinochet.
C) Finalmente, el perito Psiquiatra Doctor Cordero, a fojas 5127 considera que tanto las alteraciones pesquisadas en su desempeño cognitivo  mnéstico, así como el resultado del Tac no constituyen un cuadro demencial y que, por lo tanto, Pinochet es competente para comprender, discriminar, decidir, informar y defenderse de posibles cargos como evidencia en su informe. En su declaración de fojas 5292 agrega que las funciones cognitivas superiores aparecen presentes en el amparado tanto en las descripciones que hace en su pericia que conciernen no sólo a las preguntas de un test sino a la conducta normal de la persona durante el mismo, que esto es muy importante porque debe contrastarse con lo que podría llamarse indemnidad conductual que se hace muy evidente en los datos que se obtienen del entorno de Pinochet en su vida cotidiana. Considera que el inculpado puede soportar las distintas diligencias de un juicio: interrogatorios, careos asistencias a diligencias judiciales en general, dándole el tiempo necesario y las condiciones adecuadas de soporte para que esto suceda (por ejemplo hacer pausas para que no se fatigue, asegurarse que el dolor no esté presente, etc.)
QUINTO: Que, por último, la conclusión a que se arriba en orden a la incapacidad procesal del amparado para enfrentar las distintas diligencias que necesariamente le impone un juicio, y más específicamente un procesamiento y sus consecuencias, aparece corroborado por la decisión del propio Ministro Instructor que a los 25 minutos de iniciada la indagatoria de Pinochet, y luego de formularle sólo 7 preguntas, suspende la diligencia dejando constancia que advierte que el declarante se encuentra congestionado, la respiración no es normal y que se escucha fuertemente su tos. Asimismo, en la mitad de la diligencia consigna que el declarante suspira y que le cuesta formular sus respuestas. Finalmente, a fojas 5069, da por concluida la diligencia, por haber abarcado la declaración todos los aspectos principales de esta causa, aunque en forma resumida, a fin de no contribuir al cansancio de dicho imputado.
SEXTO: Que con tales antecedentes cabe concluir que las afecciones neurológicas que padece el amparado lo inhabilitan para defenderse procesalmente, y al carecer de dicha aptitud legal -requisito indispensable para el ejercicio de la garantía constitucional de un debido proceso que le asiste a toda persona- el encausamiento dictado en su contra aparece pronunciado fuera de los casos previstos por la ley y justifica fundadamente ser dejado sin efecto, sin perjuicio de la prosecución de la investigación conforme a las demás normas procesales pertinentes.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 19
 artículo 21
 resolución 
 artículo 19
 artículo 5
 artículo 403
 artículo 67
 resolución 
 artículo 306