Source: https://beta.e-justice.europa.eu/447/ES/insolvencybankruptcy?IRELAND&init=true&member=1
Timestamp: 2020-05-29 21:24:51+00:00

Document:
El Derecho de insolvencia personal en Irlanda se rige por la Ley concursal de 1988, (Bankruptcy Act 1988), en su versión modificada y las Leyes de insolvencia personal de 2012 a 2015 (en lo sucesivo, «la Ley IP») (Personal Insolvency Acts 2012 to 2015). La Ley IP prevé tres métodos de resolución de deudas y modifica la legislación concursal.
Todos los procedimientos de insolvencia personal, entre ellos el concurso de acreedores, los tramita el Servicio de Insolvencias de Irlanda (Insolvency Service of Ireland o ISI), que es un órgano legal independiente creado en 2013 y que funciona bajo los auspicios del Ministerio de Justicia e Igualdad (Department of Justice and Equality).
Los procedimientos de insolvencia personal, que se rigen por la Ley IP, comprenden los tres mecanismos siguientes:
Nota de condonación (Debt Relief Notice o DRN): deudas de hasta 35 000 EUR de personas que carecen de patrimonio y tienen ingresos muy bajos.
Acuerdo de liquidación de la deuda (Debt Settlement Arrangement o DSA): liquidación acordada de deudas no garantizadas, sin límite, durante un período de hasta cinco años (ampliable a seis años en determinadas circunstancias).
Acuerdo de insolvencia personal (Personal Insolvency Arrangement o PIA): liquidación o reestructuración acordada de deudas garantizadas de hasta 3 millones EUR (cantidad que puede incrementarse mediante un acuerdo con los acreedores) y de deudas no garantizadas, sin límite, durante un período de hasta seis años (ampliable a siete años en determinadas circunstancias).
Los DSA y los PIA se rigen por un proceso de tres fases:
Fase 1: El órgano jurisdiccional competente expide un certificado de protección (CP), que impide que algunos acreedores con deuda nominativa o especificada entablen acciones contra el deudor, entre otras la solicitud de apertura de concurso, para recuperar su deuda. El CP, una vez concedido por el órgano jurisdiccional competente, se aplicará durante setenta días, pero podrá prorrogarse por otros cuarenta días si concurren determinados motivos (i).
Fase 2: En esta fase un agente de insolvencia personal (Personal Insolvency Practitioner o PIP) negocia en nombre del deudor con sus acreedores con deuda especificada, y la junta de acreedores legales aprueba la propuesta por medio de una votación. La legislación más reciente contempla, únicamente en el caso de un PIA, la posibilidad de que el deudor solicite una revisión judicial de su propuesta cuando los acreedores rechacen la propuesta de PIA en la junta de acreedores (ii).
Fase 3: Se aplican los acuerdos, incluidas los repartos periódicos a los acreedores por parte del PIP y sus revisiones anuales, cuando proceda.
Un deudor puede suscribir una DRN, un DSA o un PIA solo una vez.
El concurso de acreedores es una opción que tienen los deudores que, debido a sus circunstancias personales, no cumplen los criterios de elegibilidad establecidos para las tres soluciones de deuda antes mencionadas, o que ya hayan suscrito una de esas soluciones de deuda y resulte que acuerdo logrado con los acreedores es insostenible.
Cuando una persona física haya demostrado que su situación financiera no puede resolverse mediante un acuerdo de insolvencia y disponga de una carta de un PIP a tal efecto, podrá solicitar al Tribunal Superior (High Court) que le declare en concurso de acreedores. La persona física debe presentar una solicitud para que se dicte declaración concursal (Order of Adjudication) a la Secretaría de lo Concursal (Examiner’s Office) del Tribunal Superior y pagar una tasa inicial de 200 EUR. Los solicitantes deben comparecer ante el Tribunal Superior; después de la declaración concursal, el concursado persona física está obligado por ley a cumplir lo que disponga el administrador concursal (Official Assignee in Bankruptcy) y la División Concursal del ISI, los cuales son responsables de administrar la masa concursal.
Tan pronto como un deudor es declarado en concurso de acreedores, sus deudas no garantizadas se cancelan en su totalidad. Sin embargo, todos sus bienes pasan a ser propiedad del administrador concursal, que es nombrado por el Tribunal Superior para administrar la masa concursal.
El procedimiento concursal se puede iniciar de las dos formas siguientes:
Por un acreedor solicitante, que presenta una solicitud ante el Tribunal Superior para declarar el concurso de acreedores de una persona física que tiene deudas con él, demostrando que es un acreedor de dicha persona física y que esta no ha intentado saldar sus deudas de forma satisfactoria.
Por el propio deudor persona física, lo que se denomina una autodeclaración concursal (Self-Adjudicating Bankruptcy).
Una persona declarada en concurso queda rehabilitada de forma automática en el primer aniversario de la fecha de la declaración, siempre y cuando no haya sido objeto de una orden de ampliación de la quiebra (Bankruptcy Extension Order), tomada por el administrador concursal en casos de incumplimiento.
La Ley IP crea una nueva profesión regulada por el ISI, que se divide en dos categorías:
1. Intermediarios autorizados: una persona o entidad autorizada por el ISI para ayudar a los deudores que deseen presentar una solicitud de DRN.
2. Agentes de insolvencia personal (PIP): una persona autorizada por el ISI para actuar como enlace entre el deudor y su(s) acreedor(es) con el fin de obtener un DSA o un PIA. El PIP está legalmente obligado a actuar de acuerdo con la Ley IP y los reglamentos asociados (iii).
En Irlanda, las personas físicas (entre ellas las asociaciones de particulares) inician el procedimiento de insolvencia personal a través de los procedimientos establecidos en la Ley IP. Los acreedores pueden incoar un procedimiento concursal contra un deudor, o un deudor puede declararse en concurso por iniciativa propia.
Procedimiento de insolvencia
La primera condición para incoar un procedimiento de insolvencia personal es que el deudor sea insolvente, es decir, que no pueda hacer frente a sus deudas en el momento de su vencimiento. La naturaleza y el alcance de las deudas y los ingresos del deudor determinan entonces cuál de los tres tipos de acuerdos es el adecuado.
Con vistas a garantizar que una persona física sujeta a un acuerdo de insolvencia pueda mantener un nivel de vida razonable, el ISI formuló unas directrices (tras un amplio proceso de consulta) denominadas «Gastos de vida razonables» (Reasonable Living Expenses o RLE). Estas directrices, además de garantizar la sostenibilidad del acuerdo de insolvencia, también contribuyen a salvaguardar el derecho legal del deudor a un nivel de vida razonable, garantizando un método justo y transparente para normalizar el coste de la vida diario de los deudores en dificultades. Los RLE de un deudor, basados en el modelo establecido por el ISI, los calcula su intermediario autorizado o su PIP cuando solicita su acuerdo de insolvencia.
1. Nota de condonación (Debt Relief Notice o DRN)
Para solicitar una DRN, el deudor debe:
ser incapaz de pagar sus deudas en su totalidad cuando venzan;
tener una renta neta disponible mensual de 60 EUR o menos después de restar los RLE;
disponer de un patrimonio igual o inferior a 400 EUR. También se permite a los deudores:
una joya cuyo valor no exceda de 750 EUR;
un vehículo de motor con un valor igual o inferior a 2 000 EUR; y
equipo o herramientas de uso doméstico, siempre que su valor combinado no supere los 6 000 EUR;
tener su domicilio en la República de Irlanda o haber tenido allí su residencia habitual o un establecimiento durante el año anterior;
haber rellenado y firmado un estado financiero obligatorio (Prescribed Financial Statement o PFS) y haber hecho una declaración solemne de que es verdadero y exacto.
Ejemplos típicos de deudas incluidas en las DRN son las deudas de tarjetas de crédito, descubiertos, préstamos personales, préstamos de las cooperativas de crédito, facturas de servicios básicos y tarjetas de compras.
2. Acuerdo de liquidación de la deuda (Debt Settlement Arrangement o DSA)
Un deudor puede solicitar un DSA si:
es incapaz de pagar sus deudas en su totalidad cuando venzan;
tiene uno o más acreedores no garantizados;
tiene su domicilio en la República de Irlanda o ha tenido allí su residencia habitual o un establecimiento durante el año anterior;
ha rellenado un estado financiero obligatorio (Prescribed Financial Statement o PFS) y ha hecho una declaración solemne de que la información presentada es verdadera y exacta;
ha obtenido una declaración de un PIP que confirma que este considera que:
la información del estado financiero obligatorio es verdadera y exacta;
el deudor tiene derecho a presentar una propuesta de DSA;
tras valorar el estado financiero obligatorio del deudor, no hay ninguna probabilidad de que el deudor recupere la solvencia en los próximos cinco años;
si el deudor firma un DSA, existe una posibilidad razonable de que recupere la solvencia en los próximos cinco años.
Además de las deudas incluidas en una DRN, las deudas de un DSA pueden abarcar, en general, préstamos y garantías personales.
3. Acuerdo de insolvencia personal (Personal Insolvency Arrangement o PIA)
Un deudor puede solicitar un PIA si:
tiene deudas con, por lo menos, un acreedor garantizado que es titular de esa garantía sobre bienes inmuebles o muebles irlandeses;
tiene deudas garantizadas inferiores a 3 millones EUR (si todos los acreedores garantizados dan su consentimiento, este límite puede aumentar);
ha cooperado en el marco de un proceso de resolución de atrasos hipotecarios [por ejemplo, el proceso de resolución de atrasos hipotecarios (Mortgage Arrears Resolution Process o MARP) regulado por el Banco Central de Irlanda] durante un período de seis meses con el acreedor garantizado con respecto a la residencia privada principal y
el resultado fue que no se llegó a ningún acuerdo de reembolso alternativo; o
el acreedor garantizado ha confirmado que no pondrá en práctica ese acuerdo; o
el deudor ha firmado un acuerdo de reembolso alternativo y ha intentado cumplirlo, lo cual ha sido confirmado por el PIP;
tiene su domicilio en Irlanda o ha tenido allí su residencia habitual o un establecimiento durante el año anterior;
ha rellenado y firmado un estado financiero obligatorio (Prescribed Financial Statement o PFS) y ha hecho una declaración solemne de que es verdadero y exacto;
el deudor tiene derecho a presentar una propuesta de PIA;
tras valorar el estado financiero obligatorio, no hay ninguna probabilidad de que el deudor recupere la solvencia en los próximos cinco años;
si el deudor firma un PIA, existe una posibilidad razonable de que recupere la solvencia en los próximos cinco años.
Además de las deudas enumeradas para las DRN y los DSA, en un PIA se incluyen normalmente préstamos para la compra de la vivienda de residencia particular principal, préstamos para inversiones en inmuebles e hipotecas/préstamos para la compra de viviendas para alquilar.
En Irlanda, las personas físicas tienen derecho a presentar una autodeclaración concursal, es decir, pueden presentar una solicitud al Tribunal Superior para declararse en concurso. Las condiciones para presentar dicha autodeclaración son las siguientes:
La persona física, o deudor, debe ser incapaz de pagar sus deudas cuando venzan.
Las deudas del deudor deben superar el valor de sus bienes en 20 000 EUR o más.
El deudor debe haber hecho un intento razonable de recurrir a uno de los tres acuerdos de insolvencia mencionados anteriormente para saldar sus deudas. Esto debe probarse judicialmente mediante una carta de un PIP o un intermediario autorizado.
Un acreedor también puede solicitar que se inicie un procedimiento concursal. Para ello, no debe haber rechazado injustificadamente una propuesta de DSA o PIA.
La solicitud para que se dicte declaración concursal se realiza mediante un escrito (petition), que obliga al solicitante a presentar varios documentos y declaraciones juradas que requiere el Tribunal Superior ante la Secretaría de lo Concursal del mismo. Una vez dictada, la declaración concursal surte efecto a partir del momento en que se dicta la misma; no hay efecto retroactivo a la fecha de envío del escrito por la que se solicita que se dicte declaración concursal, como puede suceder en algunas jurisdicciones.
Hasta que se dicta la declaración concursal, no existe una acción específica para que un acreedor, en virtud de la Ley concursal, nombre a un administrador interino. El artículo 23 de la Ley concursal permite que se detenga a una persona declarada en concurso tras la declaración concursal si va a abandonar la jurisdicción con la intención de evitar el concurso.
Un deudor o acreedor puede impugnar una declaración concursal mediante la presentación de un escrito y declaraciones juradas al Tribunal Superior en los que se expongan los fundamentos de la impugnación.
El objetivo general que persigue la Ley IP es proteger, en la medida de lo posible, la residencia particular principal del deudor, y las disposiciones pertinentes de la legislación están estructuradas en este sentido.
Bienes sujetos a un proceso de insolvencia
En el caso de un DSA o un PIA, el PIP no suele tomar posesión física o convertirse en propietario de los bienes del deudor, sino que toma el control del flujo de ingresos del deudor durante la vigencia del acuerdo y satisface las pretensiones de los acreedores a partir de este flujo de ingresos con arreglo a las condiciones del acuerdo. El flujo de ingresos disponibles se calcula después de la deducción de los RLE, el pago de alquileres o hipotecas y otros pagos por circunstancias especiales, como los gastos médicos. Los pagos de los préstamos garantizados los efectúa directamente el deudor a su acreedor según las condiciones de su acuerdo. Si un bien va a ser vendido en el marco de un acuerdo, generalmente lo vende directamente el deudor.
Bienes sujetos a concurso de acreedores
Con arreglo a la legislación concursal, toda la masa concursal en la fecha de la declaración se confiará inmediatamente al administrador concursal (de forma que el administrador concursal se convierte en el dueño de todos los bienes de la masa concursal). En aras de la claridad, componen estos bienes:
efectivo;
cuentas en instituciones financieras, incluidas cuentas corrientes, de ahorro, de inversión, etc.;
todas las fincas y edificios, incluidos los considerados como viviendas familiares;
maquinaria, equipos, herramientas de trabajo, muebles, enseres domésticos y electrodomésticos;
todos los vehículos;
pensiones (con algunas excepciones), productos de inversión, acciones y participaciones;
las acciones de cualquier negocio que el concursado tenga a su propio nombre o como parte de una sociedad;
deudas con la persona concursada.
Existen excepciones a lo anterior:
los deudores pueden reclamar que se exceptúen bienes personales por un valor de hasta 6 000 EUR y pueden solicitar al Tribunal Superior que se incremente este límite;
los bienes resultantes de la vulneración de derechos personales quedan excluidos del concurso, ya que no se trata de derechos que deban confiarse al administrador para los acreedores, ya que son personales del particular;
algunos derechos de pensión (consúltese la legislación para más aclaraciones).
Una persona declarada en concurso tiene la obligación de informar al administrador concursal sobre la recepción de algún bien durante el período que dure el concurso, independientemente de cómo tuvo acceso a dichos bienes. Dichos bienes se confían al administrador concursal, cuando este los reclama, y entran a formar parte de la masa concursal.
Un PIP contratado por un deudor actuará como negociador entre el deudor y sus acreedores. Los PIP están obligados por ley a actuar en el mejor interés tanto del deudor como del acreedor o acreedores, por lo que deben formular el mejor acuerdo posible para todas las partes interesadas en un acuerdo de insolvencia.
Los deberes y funciones de un PIP son:
colaborar con un deudor que está contemplando la posibilidad de presentar una propuesta de acuerdo de insolvencia;
aceptar el nombramiento para actuar como administrador concursal;
revisar el estado financiero obligatorio (PFS) preparado por el deudor y asesorarle sobre las opciones que tiene para presentar una propuesta de liquidación de la deuda o un acuerdo de insolvencia personal;
asegurarse de que la información financiera proporcionada por el deudor sea exacta y completa;
aportar su opinión, basada en los criterios establecidos en la legislación, sobre qué tipo de acuerdo de insolvencia (DSA o PIA) se adapta mejor a la situación del deudor;
proporcionar información sobre el procedimiento elegido y el efecto general y los costes probables de convertirse en parte de un acuerdo de insolvencia;
solicitar un certificado de protección (CP) en nombre del deudor;
notificar a todos los acreedores el certificado de protección y el nombramiento del PIP, adjuntando una copia del PFS del deudor;
preparar una propuesta para los acreedores y convocar una junta de acreedores legales para estudiar y votar la propuesta;
tras la aprobación de una propuesta, notificar el resultado al ISI y a todos los acreedores;
una vez aprobado por el órgano jurisdiccional o en una revisión judicial, gestionar las condiciones y cláusulas del acuerdo, incluida la toma de posesión de los fondos del deudor y el pago a los acreedores a lo largo de la vigencia del acuerdo;
supervisar el acuerdo a lo largo de su vigencia;
llevar a cabo al menos una revisión anual del acuerdo.
En los procedimientos de insolvencia, la función del deudor es participar de forma honesta en el proceso, aceptar el acuerdo negociado por su PIP y cumplir las condiciones de dicho acuerdo.
Cuando se declara en concurso a un deudor, se le desposee de sus bienes y estos se confían al administrador concursal. El administrador concursal es un funcionario independiente cuya función es administrar la masa concursal y gestionar la División Concursal del ISI.
En Irlanda, se puede nombrar a un síndico para sustituir al administrador concursal del Tribunal Superior. En la práctica, estos nombramientos son extremadamente raros. La Ley concursal no especifica ningún requisito para estos nombramientos.
Las facultades del deudor concursado se limitan a la posibilidad de impugnar ante el Tribunal Superior determinadas decisiones del administrador concursal. El deudor tiene la obligación de cumplir las peticiones del administrador concursal con respecto a la administración de la masa concursal.
La Ley IP y la Ley concursal de 1988 (en su versión modificada) permiten la aplicación de compensaciones. Se establece que, al determinar el valor de un bien o de una cantidad adeudada, cualquier saldo acreedor b) que se tenga con el mismo acreedor podrá compensarse respecto de la cantidad original a). Por tanto, el saldo restante, que podrá ser positivo o negativo, se deberá bien al deudor del acuerdo, bien a su(s) acreedor(es) (iv).
Si un deudor tiene ahorros en una cooperativa de crédito con la que también tiene una deuda, esta deuda se deducirá de los ahorros en la cantidad adeudada (v).
Un certificado de protección impide que un acreedor adopte cualquier medida durante el período validez de dicho certificado. El acuerdo final establecerá lo acordado con respecto a los contratos preexistentes.
El concurso de acreedores no afecta a los derechos de un acreedor garantizado sobre su garantía, es decir, un acreedor garantizado mantiene todos los derechos que tenía en virtud de la garantía constituida en su favor con anterioridad a la quiebra, con la única diferencia de que el administrador concursal es ahora el propietario de los bienes, no la persona concursada.
El administrador concursal tiene el deber de realizar (vender o enajenar) todos los bienes de la masa concursal con el fin de satisfacer, en la mayor medida posible, las obligaciones que pesan sobre esta. Por tanto, todas las reclamaciones derivadas de obligaciones contractuales con el deudor se convierten en pasivos de la masa. Solo en circunstancias excepcionales, el administrador concursal no resolverá los contratos de servicios de los que la persona concursal sea parte.
Si el administrador concursal mantiene un contrato, se hace personalmente responsable con derecho a indemnización a cargo de los fondos de la masa (vi).
DSA o PIA: La primera medida que debe tomar el deudor que quiere un DSA o un PIA es pedir un certificado de protección al órgano jurisdiccional competente. Si se obtiene este certificado, se impide que ciertos acreedores con deuda nominativa o especificada, que son a los que se dirige el certificado de protección, adopten medidas contra el deudor para el cobro o la ejecución de las deudas especificadas. En efecto, al acreedor se le impide:
iniciar un procedimiento judicial en relación con su deuda;
continuar cualquier procedimiento judicial (acaben con auto, sentencia u otra resolución) que se haya iniciado antes de la concesión del certificado de protección, es decir, se considera que estos procedimientos judiciales están suspendidos durante el período de vigencia del certificado de protección;
adoptar medidas para recuperar o garantizar el pago de su deuda;
ponerse en contacto con el deudor con respecto a su deuda, a menos que el deudor se lo pida;
alterar o finalizar cualquier acuerdo con el deudor; o
iniciar un procedimiento concursal contra el deudor.
Una vez que el deudor firma un acuerdo, se aplicarán a los acreedores restricciones de ejecución similares a las anteriores mientras dure el acuerdo.
DRN: En el caso de una DRN, una vez concedida por el órgano jurisdiccional competente, durante su vigencia se aplican las mismas protecciones anteriormente enumeradas para un DSA/PIA.
En virtud de la Ley concursal, los acreedores garantizados y no garantizados reciben un trato diferente. La única opción que tienen los acreedores no garantizados de un concurso para recuperar sus deudas es presentar una reclamación por la cantidad que se les adeuda. Los acreedores no garantizados no pueden iniciar un procedimiento judicial contra la persona declarada en concurso después de la fecha de la declaración. Esta es una consecuencia directa y automática de la declaración concursal dictada por el Tribunal Superior. Los derechos de los acreedores garantizados no se ven afectados por los procedimientos concursales.
Al igual que en el caso de los bienes de una masa concursal, el administrador concursal sustituye a la persona concursada como demandado en los procesos existentes entablados por los acreedores contra dicha persona. El administrador concursal tiene la opción de defender la masa en el proceso, llegar a un acuerdo transaccional u optar por no defender la masa. Si el administrador concursal defiende con éxito la masa en el proceso, cualquier crédito o coste pagadero a la masa concursal se abonará en beneficio de todos los acreedores. Si prospera la pretensión del proceso o se llega a un acuerdo transaccional, la cuantía acordada se convierte en un crédito más del concurso.
El ISI, al reunir a las partes interesadas, elabora un documento de protocolo normalizado precedente para el DSA y el PIA. En él se establecen las obligaciones de los deudores y los acreedores durante la vigencia del acuerdo. Se adjuntan a este documento ejemplos de los documentos de protocolo de DSA y PIA.
El acreedor participa de la manera siguiente:
1. Prueba de deuda: En caso de DSA o PIA, después de que el órgano jurisdiccional haya expedido un certificado de protección a un deudor, su PIP debe escribir a los acreedores involucrados para informarles de su nombramiento e invitarlos a aportar pruebas de sus deudas y una indicación de cómo se debería tratar su deuda según las condiciones del acuerdo.
En un concurso de acreedores, todos los acreedores están obligados a aportar una prueba formal de la deuda antes de que se les pague un dividendo.
2. Votación: Cuando un PIP que actúa en nombre de un deudor que desea celebrar un DSA o un PIA convoca una junta de acreedores, los acreedores involucrados tienen derecho a votar las condiciones del acuerdo, siempre que hayan probado su deuda.
3. Recurso: Los acreedores pueden presentar un recurso judicial antes de la entrada en vigor de un DSA o un PIA. Las condiciones específicas se establecen en la legislación (vii).
4. Propuesta de convenio: Los acreedores tienen derecho a votar la propuesta de convenio presentada por una persona declarada en concurso. Esto ocurre cuando una persona declarada en concurso quiere llegar a un acuerdo con algunos, o todos, sus acreedores antes de que termine el plazo del concurso con el fin de mantener todos sus bienes.
En lo que respecta a un DSA o un PIA, los acreedores no reclaman formalmente los créditos contra el deudor. La primera etapa del proceso es la elaboración del estado financiero obligatorio (PFS) de un deudor. En el PFS se enumera a todos los acreedores y las cuantías que se les adeudan y es la base objetiva sobre la cual se expide un CP. Tras la expedición del CP, el PIP puede pedir a los acreedores que aporten pruebas de su deuda antes de preparar un acuerdo de insolvencia. Si un acreedor no aporta prueba de la deuda después de que se le haya solicitado, ello tiene repercusiones en su derecho de voto en el acuerdo y en la participación en los dividendos.
Con respecto a una solicitud de DRN, no se presentan reclamaciones formales de los acreedores, pero un intermediario autorizado puede pedir a un acreedor que confirme que la cuantía de la deuda comunicada por el deudor es correcta.
El acuerdo no cubre las nuevas deudas surgidas tras su celebración. En caso de que la magnitud de las deudas preexistentes cambie, puede ser necesaria una modificación del acuerdo global (por ejemplo, la cristalización del pasivo contingente).
En el concurso de acreedores, el perfil de la masa concursal (todos los activos y pasivos) se delimita en dos formularios que la persona concursada debe cumplimentar y presentar al inspector concursal (Bankruptcy Inspector) el día de la declaración: la Declaración de negocios (Statement of Affairs) y la Declaración de información personal (Statement of Personal Information). Todos los tipos de pasivos se incluyen en el concurso como deudas no probadas, siempre que el deudor las haya contraído antes de la fecha de la declaración, es decir, la fecha en que comienza el concurso. Las deudas contraídas por la persona concursada después de la fecha de declaración no pueden incluirse como deudas en el concurso (viii).
Después de la expedición de un certificado de protección en los procedimientos de insolvencia con DSA y PIA, se notifica su expedición a los acreedores con deuda especificada, así como una copia del PFS del deudor. Se le puede pedir al acreedor que proporcione pruebas de la deuda y se le pregunta cuál es su preferencia en cuanto a cómo le gustaría que se tratara su deuda. La deuda de un acreedor deberá probarse de la misma manera que se prueba una deuda de una persona declarada concurso en virtud de la Ley concursal.
Una vez que el acreedor haya probado su deuda, tendrá derecho a votar en la junta de acreedores legales convocada para aprobar la propuesta del deudor. Si el acreedor no aporta una prueba de la deuda, o la prueba de su deuda es inadecuada, no puede participar en la junta de acreedores ni en el pago de los dividendos previstos en el acuerdo.
La División Concursal del ISI envía la notificación de las personas declaradas en concurso a una lista de instituciones financieras y ministerios el día después de su declaración en concurso. La notificación de estas declaraciones también se publica en el sitio web del ISI y en Iris Oifigiul, que es un boletín oficial del Estado irlandés.
A todos los acreedores garantizados de la masa concursal se les concede un plazo de treinta días (por escrito o por correo electrónico) a partir de la fecha de la declaración para que aporten pruebas de sus créditos en la masa concursal. Esta prueba de deuda puede adoptar la forma de escrituras de hipoteca, facturas, extractos bancarios y letras de cambio; en algunas circunstancias, se puede requerir una declaración jurada del acreedor.
Antes de que se pague un dividendo a los acreedores de la masa concursal, el ISI anunciará los próximos pagos y los conceptos por los que se realizan. Los acreedores (garantizados y no garantizados) disponen de nuevo de treinta días para presentar sus créditos ante el ISI, y se requiere la misma carga de la prueba.
En todos los casos, la División Concursal del ISI exige a los acreedores que cumplimenten los formularios normalizados de prueba de deuda, que están disponibles en su sitio web.
Deuda privilegiada
En los acuerdos de insolvencia personal (PIA) y de liquidación de deudas (DSA), las deudas privilegiadas se pagan de acuerdo con las condiciones del acuerdo y, en un concurso de acreedores, las deudas privilegiadas figuran en el orden de prelación directamente después de los gastos concursales y de cualquier coste o gasto en que incurra el administrador concursal al ocuparse de la masa concursal. Las deudas que se consideran privilegiadas son:
determinadas cantidades adeudadas a las autoridades fiscales (Revenue Commissioners), tales como el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las ganancias patrimoniales, el IVA, pagos de impuestos a cuenta y cotizaciones a la seguridad social, etc.;
determinadas tasas correspondientes a las autoridades locales devengadas en los doce meses anteriores a la fecha de declaración del concurso o de firma del acuerdo (fecha de inicio), entre las que se incluyen las tasas y gravámenes municipales;
los sueldos o salarios adeudados a los empleados del deudor por los cuatro meses anteriores a la fecha de inicio;
cualquier pago relacionado con pensiones, vacaciones o bajas por enfermedad que se deba a estos empleados (ix).
Deuda garantizada
En un PIA, el acreedor garantizado está obligado por las condiciones del acuerdo. En un PIA normal, al prestamista garantizado se le paga con los ingresos del deudor, sea cual sea la cifra estipulada en el acuerdo. Los ingresos mensuales restantes del deudor, de haberlos después de que se deduzcan sus gastos de vida razonables y los honorarios del PIP, se pagan a sus acreedores no garantizados en forma de dividendos.
El concurso no afecta a los derechos de los acreedores garantizados. Dichos acreedores pueden elegir una de las tres opciones siguientes con respecto a su deuda garantizada:
Confiar en su garantía, lo cual significa que, de hecho, permanecen fuera del concurso.
Ejecutar o tasar su garantía y reclamar la diferencia (si la hubiera): el acreedor calculará el valor de mercado razonable del bien garantizado y lo restará del total adeudado. La diferencia resultante (en su caso) se admite en la masa concursal como un crédito no garantizado. Durante este proceso, el acreedor garantizado puede vender el bien en cuestión.
Renunciar a su garantía: el acreedor garantizado tiene la opción de renunciar a su garantía por completo y hacer que su crédito sea admitido en la masa concursal como un crédito no garantizado.
Deuda no garantizada
Tanto en un PIA como en un DSA, las deudas de los acreedores no garantizados se liquidan según las condiciones estipuladas en el acuerdo. En una DRN, si las circunstancias de una persona mejoran durante el período de supervisión, esta debe informar al ISI y, dependiendo del nivel de cambio, se le puede pedir que haga alguna contribución a lo que debe.
Los créditos de los acreedores no garantizados de una masa concursal tienen la misma clasificación en el orden de prelación. Sus deudas se liquidan con el desembolso de los fondos que queden después de que se hayan pagado los gastos concursales, los gastos del administrador concursal y las deudas privilegiadas.
La condición general para la conclusión satisfactoria del procedimiento de insolvencia es que el deudor haya cumplido las obligaciones que le incumben en virtud del acuerdo durante toda la vigencia del mismo. Una vez que esto ha sucedido, el deudor queda liberado de sus deudas no garantizadas. La situación de la deuda garantizada dependerá de las condiciones específicas del acuerdo.
Si el deudor incumple los términos de la DRN, el DSA o el PIA, el acuerdo puede rescindirse. Si el deudor incurre en mora de seis meses en los pagos, se considera que el acuerdo se ha incumplido de forma esencial. En cualquier caso, el deudor será responsable de la totalidad de las deudas que adeude, incluidos todos los atrasos, gastos e intereses acumulados durante el período de impago de esas deudas.
Una persona declarada en concurso que haya respetado y cumplido lo dispuesto en el procedimiento concursal queda automáticamente rehabilitada tras un año. La persona declarada en concurso puede, en cualquier momento durante el período de vigencia del concurso, proponer un convenio a sus acreedores con el fin de liquidar sus deudas. La persona declarada en concurso debe solicitar al Tribunal Superior una suspensión del procedimiento concursal; esto impide que el administrador concursal siga liquidando bienes de la masa. La persona declarada en concurso puede proponer entonces un convenio a los acreedores en el Tribunal Supremo. Los acreedores de la persona declarada en concurso votan la propuesta de convenio; si al menos el 60 % de ellos (por número y valor de la deuda) están de acuerdo con las condiciones de la propuesta, esta queda aprobada.
El pago de la cantidad acordada en la propuesta de convenio puede provenir de los dividendos de la masa o de los fondos de la propia persona declarada en concurso. Deberán satisfacerse las tasas o gastos en que incurra el administrador concursal para la administración de masa concursal, así como las deudas privilegiadas. Una vez que el administrador concursal acepta la propuesta de convenio, lograda con la mediación del Tribunal Superior, la persona concursada queda rehabilitada.
Acreedores no garantizados: no se aplica.
Acreedores garantizados: la situación de la deuda garantizada dependerá de las condiciones específicas del acuerdo.
En un concurso de acreedores, tras la fecha de la declaración, los acreedores no pueden emprender acciones contra la persona concursada por ninguna de las deudas existentes (las deudas que la persona concursada contraiga con posterioridad a la declaración pueden reclamarse del modo habitual); en lugar de ello, deben comunicarse directamente con el administrador concursal. Una vez que la persona concursada queda rehabilitada, lo que ocurre después de un año en la mayoría de los casos (los incidentes de incumplimiento, etc. pueden ampliar este plazo hasta quince años), todas las deudas no garantizadas (entre ellas, las deudas privilegiadas) quedan canceladas. Las deudas relacionadas con acreedores garantizados, cuando estos optan por confiar en su garantía, siguen vivas después de la fecha de rehabilitación. En el caso de los acreedores garantizados, el procedimiento concursal no afectará a sus derechos sobre el bien garantizado.
Si el acreedor garantizado ha tasado su garantía y ha reclamado la diferencia a la masa concursal (como una deuda no garantizada), la parte restante después del pago de los dividendos se cancelará tras la rehabilitación. Cabe señalar que, aun cuando un acreedor garantizado solo opte por confiar en su garantía (y no reclamar la diferencia a la masa concursal), no podrá reclamar al deudor ninguna diferencia después de que este haya sido rehabilitado. En este supuesto, el efecto neto del concurso en un préstamo garantizado (o una hipoteca) es que cualquier porción del préstamo que supere el valor del bien que garantiza (en la fecha de la declaración) se trata como una deuda no garantizada.
DSA o PIA: En los procedimientos de insolvencia, los acreedores suelen asumir las costas del acuerdo. Los honorarios del PIP, según lo acordado con los acreedores en el momento de la votación y aprobación del acuerdo o en la posterior aprobación en una revisión judicial, se deducen de los fondos disponibles del deudor. Cuando un acreedor formula una objeción a la expedición de un certificado de protección o a un acuerdo, el acreedor generalmente sufraga sus propias costas (x). Cuando un acreedor formula una objeción a una propuesta de PIA, dicho acreedor podrá solicitar al órgano jurisdiccional la devolución de las costas si se confirma su objeción (xi). Normalmente, las costas se imputan causalmente, es decir, la parte cuyas acciones dan lugar a los gastos debe pagarlos.
DRN: una DRN no genera costas.
Los acreedores asumen las costas que ocasiona el concurso, que se pagan con los fondos disponibles en la masa concursal.
En las condiciones que debe cumplir un deudor para poder entrar en un procedimiento de insolvencia se incluye una disposición en virtud de la cual debe presentar una declaración completa y exacta de sus finanzas y firmar una declaración solemne que confirme dicha información. El agente de insolvencia personal (PIP) también debe cerciorarse de que el deudor está siendo veraz y le ha revelado toda la información pertinente en relación con su situación financiera. Un acreedor o el PIP, o el ISI con respecto a una DRN solamente, puede solicitar al órgano jurisdiccional que ponga fin a un procedimiento de insolvencia con arreglo a ciertos motivos establecidos en la Ley IP, entre ellos:
que el deudor, mediante sus acciones, haya modificado sus finanzas con el fin de tener derecho a un acuerdo o una DRN;
incumplimiento de los requisitos procesales previstos en la Ley;
inexactitudes u omisiones en el estado financiero obligatorio (PFS) del deudor que han supuesto, o pueden suponer, un perjuicio importante para el acreedor;
incumplimiento de los requisitos de elegibilidad por parte del deudor;
que el deudor haya dado preferencia a un tercero, lo que reduce el importe disponible para el pago de sus deudas; o
que el deudor haya cometido alguna infracción en virtud de la Ley de insolvencia de 2012 (en su versión modificada).
Los acreedores no tienen derecho a solicitar la anulación de ninguna transacción o transferencia de bienes antes del inicio del procedimiento de insolvencia. Sin embargo, si se considera que el deudor ha hecho contribuciones excesivas a un fondo de pensiones, el acreedor puede solicitar un resarcimiento económico a los tribunales. Ello puede dar lugar a que el órgano jurisdiccional ordene que el gestor del fondo reembolse todo el importe, que se distribuirá entre los acreedores que son parte en el acuerdo.
Las transferencias de bienes y los pagos anteriores que las personas concursadas hicieron a los acreedores u otras personas pueden anularse en virtud de la legislación concursal. Esto incluye situaciones en las que:
La persona concursada ha pagado una cantidad o transferido un bien a un acreedor, dándole preferencia sobre cualquier otro acreedor con el que tenga una deuda. El administrador concursal puede solicitar la anulación de los pagos efectuados en los tres años anteriores a la fecha de la declaración del concurso. Si se le concede dicha anulación, el importe en cuestión se devolverá a la masa concursal en beneficio de todos los acreedores (xii).
La persona concursada ha transferido o donado un bien a un tercero por una cuantía inferior al valor de mercado razonable. El administrador concursal debe presentar una solicitud al Tribunal Superior y este, si considera que está fundada, anulará las transferencias de la índole anterior correspondientes a los tres años anteriores a la fecha de la declaración y la diferencia se ingresará en la masa concursal en beneficio de todos los acreedores (xiii).
La persona concursada ha transferido un bien o realizado un pago que puede considerarse una «operación de evasión», es decir, la persona concursada tenía la intención de evitar que el bien o la suma de dinero se considerara parte de la masa concursal. En estos casos se aplican dos plazos:
toda transacción de este tipo realizada tres años antes de la declaración del concurso puede ser anulada por el administrador concursal, previa solicitud al Tribunal Superior; y
toda transacción de este tipo realizada cinco años antes de la declaración del concurso, salvo que la persona concursada demuestre que era solvente en el momento de la transacción (xiv).
En todos los supuestos anteriores, el administrador concursal debe probar mediante declaración jurada ante el Tribunal Superior que estas transacciones ocurrieron efectivamente de una manera satisfactoria para el Tribunal Superior con arreglo a la legislación; de lo contrario, estas transacciones y transferencias se considerarían perjudiciales para los acreedores de la masa concursal.
(i) Véase el capítulo 3, artículos 59 a 64 (DSA), y el capítulo 4, artículos 93 a 98 (PIA), de la Ley de insolvencia de 2012 (en su versión modificada), en cuanto a la normativa relativa a los certificados de protección (CP).
(ii) Artículo 115A de la Ley de insolvencia de 2012 (en su versión modificada).
(iii) Consúltese la parte 5 de la Ley de insolvencia personal de 2012 en lo relativo a la base legislativa de los agentes de insolvencia personal, y los Reglamentos de la Ley de insolvencia personal de 2012 (autorización y supervisión de los agentes de insolvencia personal) de 2013 (S.I. No. 209 of 2013) en cuanto a los criterios de cualificación, las normas reglamentarias y los requisitos de autorización.
(iv) Artículo 135 de la Ley de insolvencia de 2012 (en su versión modificada) y artículo 17 del primer anexo de la Ley concursal de 1988 (en su versión modificada).
(v) Artículo 135, apartado 2, de la Ley de insolvencia de 2012 (en su versión modificada).
(vi) Artículos 61 y 136 de la Ley concursal de 1988 (en su versión modificada).
(vii) Artículo 87 (DSA) y artículo 120 (PIA) de la Ley de insolvencia de 2012 (en su versión modificada).
(viii) Artículo 75 de la Ley concursal de 1988 (en su versión modificada).
(ix) Artículos 81 y 101 de la Ley concursal de 1988 (en su versión modificada).
(x) Artículo 97 de la Ley de insolvencia de 2012 (en su versión modificada).
(xi) Artículo 115, letra a), de la Ley de insolvencia de 2012 (en su versión modificada).
(xii) Artículo 57 de la Ley concursal de 1988 (en su versión modificada).
(xiii) Artículo 58 de la Ley concursal de 1988 (en su versión modificada).
(xiv) Artículo 59 de la Ley concursal de 1988 (en su versión modificada).
Última actualización: 22/04/2020

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 23
 Artículo 115
 Artículo 135
 artículo 17
 Artículo 135
 Artículo 87
 artículo 120
 Artículo 75
 Artículo 97
 Artículo 115
 Artículo 57
 Artículo 58
 Artículo 59