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Timestamp: 2019-08-19 08:10:23+00:00

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Test 02 - (t2)
02 - (T2)
En cuanto a las infracciones disciplinarias recogidas en el artículo 29 de la Ley 19/2013, se considera infracción muy grave: Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, minusvalía, edad u orientación sexual: lengua. opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso pm razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, minusvalía, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo. La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio muy grave a la Administración o a los ciudadanos. La comisión de una infracción grave cuando el autor hubiera sido sancionado por 2 infracciones graves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en la vía administrativa. Todas las respuestas anteriores constituyen faltas muy graves.
Conforme la Ley 19/2013 los sancionados por la comisión de infracciones muy graves serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de: Entre 1 y 5 años. Entre 5 y 10 años. Entre 3 y 10 años. Entre 1 y 3 años.
Cuando el Alto Cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado, el órgano competente para instruir el correspondiente procedimiento sancionador será conforme la Ley 19/2013: El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. La Oficina de Conflictos de Intereses. Ninguno de los anteriores.
El plazo de prescripción de las infracciones será conforme la Ley 19/2013: 3 años para las muy graves, dos años para las graves y un año para las leves. 5 años para las muy graves, dos años para las graves y un año para las leves. 5 años para las muy graves, tres años para las graves y un año para las leves. 3 años para las muy graves, dos años para las graves y seis meses para las leves.
En relación a los principios de buen gobierno, las personas comprendidas en al ámbito de aplicación del artículo 25 de la Ley 19/2013 observarán en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la Constitución Española y en el resto del ordenamiento jurídico y promoverán el respeto a· los derechos fundamentales y a las libertades públicas. Asimismo, adecuarán su actividad a los siguientes principios generales: (señala la incorrecta): Actuarán con transparencia en la gestión de asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general. Desempeñarán sus funciones con transparencia. Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular. Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección.
¿Cuál de los siguientes no es un principio de actuación respecto al buen gobierno en el ámbito de la Ley 19/2013?: Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses. Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad en la prestación de servicios públicos. No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad. Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación.
En cuanto a las infracciones disciplinarias recogidas en el artículo 29 de la Ley 19/2013, se considera infracción muy grave: La utilización indebida de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales. La violación de la independencia, utilizando las facultades atribuidas para interferir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito. La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
El plazo de prescripción de las sanciones recogidas en la Ley 19/2013 será de: 3 años para las muy graves, dos años para las graves y un año para las leves. 5 años para las muy graves, dos años para las graves y un año para las leves. 5 años para las muy graves, tres años para las graves y un año para las leves. 3 años para las muy graves, dos años para las graves y seis meses para las leves.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece una serie de principios generales de buen gobierno que habrán de observar las personas incluidas en su ámbito de aplicación. De entre estos principios generales hay que excluir uno de los siguientes. Señálelo: Eficacia, economía, eficiencia y transversalidad. Trato igual y sin discriminaciones. Conducta digna. Imparcialidad.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece un régimen sancionador en los artículos 27 a 32. Teniendo en cuenta lo regulado en ellos señale la respuesta correcta en todos sus términos: Una de las sanciones por comisión de infracciones muy graves o graves es la declaración del incumplimiento y su publicación en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial que corresponda. La prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, y el abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, constituyen supuestos tipificados, respectivamente, como infracciones graves y muy graves. Los plazos de prescripción de las infracciones muy graves y graves son, respectivamente, de 3 y 2 años. Serán criterios a tener en cuenta a la hora de sancionar la naturaleza y entidad de la infracción, número de participantes y ganancias que se ha dejado de obtener si el infractor desiste de la acción.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno dispone que cuando la información pública solicitada por una persona no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración una serie de criterios entre los que no se encuentra uno. Señálelo: La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos. El número de personas aludidas en el documento cuyo contenido se pretende acceder. El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos. La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad.
¿Cuál de las siguientes no es una infracción disciplinaria muy grave, según el artículo 29 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno?: El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo. La prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí o para otro. El acoso laboral. La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicios graves a la Administración o a los ciudadanos.
El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa, a efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora, tendrá la consideración de: Infracción grave. Infracción muy grave. Infracción leve. Infracción menos grave.
¿A cuál de los siguientes no resultan de aplicación las disposiciones del Título 2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, dedicado al Buen Gobierno?: Un Secretario de Estado. Un alto cargo de la Administración Local. Un alto cargo de una entidad estatal de Derecho Público. Un Subdirector General.
El artículo 26 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que las personas comprendidas en el ámbito de aplicación del Título 2 observarán en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la Constitución Española y en el resto del ordenamiento jurídico, promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas y adecuarán su actividad a: Unos principios generales y unos principios de actuación. Unos principios éticos y unos principios de conducta. Unos principios de organización y unos principios de funcionamiento. Unos principios individuales y unos principios colectivos de actuación.
Actuar con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentar la calidad en la prestación de los servicios públicos es, para las personas incluidas en el ámbito de aplicación del Título 2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre: Un principio de actuación. Un principio de conducta. Un principio de funcionamiento. Un principio general.
No valerse de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales es, para las personas incluidas en el ámbito de aplicación del Título 2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre: Un principio de actuación. Un principio de conducta. Un principio de funcionamiento. Un principio general.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, consagra en régimen sancionador que se estructura en tres ámbitos. Señale el que no corresponde: Infracciones disciplinarias. Infracciones en materia de conflictos de intereses. Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria. Infracciones de índole penal.
Las conductas enumeradas en el artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en materia de gestión económico-presupuestaria, constituyen: Todas ellas infracciones graves. Todas ellas infracciones muy graves. Infracciones graves, menos graves o leves. Infracciones muy graves, graves o leves.
La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido, constituye infracción disciplinaria: Muy grave. Grave. Leve. Muy grave o grave.
La prevalencia en la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, constituye infracción disciplinaria: Menos grave. Leve. Grave. Muy grave.
No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio, constituye infracción disciplinaria: Muy grave. Grave. Leve. Leve o grave.
¿Cuál de las siguientes sanciones no está prevista para la comisión de una infracción grave de las tipificadas en el artículo 29.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre?: La declaración del incumplimiento y la publicación en el BOE o diario oficial que corresponda. La no percepción, en el caso de que la lleve aparejada, de la correspondiente indemnización para el caso de cese en el cargo. La destitución del cargo ocupado salvo que ya hubiese cesado. Todas las anteriores son sanciones previstas para las infracciones disciplinarias graves.
Una de las consecuencias derivadas de la comisión de una infracción muy grave de las previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, es la de no poder ser nombrado para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo: De 5 años. Entre 1 y 3 años. Entre 4 y 8 años. Entre 5 y 10 años.
Cuando las infracciones previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, pudieran ser constitutivas de delito: Se dará cuenta a la Administración competente para la instrucción del correspondiente procedimiento penal. Se pondrán los hechos en conocimiento del Fiscal General del Estado y se abstendrá de seguir el procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte una resolución que ponga fin al proceso penal. Se pondrán los hechos en conocimiento del Fiscal General del Estado, sin perjuicio de continuar con el procedimiento sancionador. Se pondrá en conocimiento del Tribunal de Cuentas para que proceda a incoar el oportuno procedimiento de responsabilidad contable.
El incumplimiento de las normas de incompatibilidades o de las que regulan las declaraciones que han de realizar las personas comprendidas en el ámbito de aplicación del Título 2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, será sancionado de conformidad: · Con lo establecido en el Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios al servicio de la Administración Civil del Estado. Con lo dispuesto en la propia Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Con lo dispuesto en la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administración General del Estado y para el resto de Administraciones de acuerdo con su propia normativa que resulte de aplicación. Con lo establecido en la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de la Administración Civil del Estado.
La responsabilidad disciplinaria de las personas incluidas en el ámbito de aplicación del Título 2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, será exigible en procedimiento administrativo instruido al efecto, sin perjuicio de dar conocimiento de los hechos, por si procediese, en su caso, la incoación del oportuno procedimiento de responsabilidad contable: Al Ministro de Hacienda y Función Pública. Al Fiscal General del Estado. Al Ministerio Fiscal. Al Tribunal de Cuentas.
Las resoluciones que se dicten en aplicación del procedimiento sancionador regulado en el Título 2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre: Podrán ser objeto de reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Serán recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Serán recurribles en vía administrativa. No pueden ser objeto de recurso alguno.
¿Cuál es el órgano competente para ordenar la incoación del procedimiento sancionador previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, cuando el alto cargo tenga la condición de Secretario de Estado?: El Ministro de Hacienda y Función Pública (Actual Ministerio de Política Territorial y Función Pública). La Oficina de Conflictos de Intereses. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública ( (Actual Ministerio de Política Territorial y Función Pública). El titular del Departamento Ministerial o Presidente del Gobierno del que dependa.
¿Cuál es el órgano competente para imponer las sanciones previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, cuando el infractor sea un alto cargo al servicio de la Administración General del Estado que no reúna la condición de miembro del Gobierno o Secretario de Estado?: La Oficina de Conflictos de Intereses. El Ministro de Hacienda y Función Pública (Actual Ministerio de Política Territorial y Función Pública). El Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública (Actual Ministerio de Política Territorial y Función Pública).
¿Cuál es el plazo de prescripción de las infracciones muy graves previstas en el Título 11 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre?: Tres años. Cinco años. Dos años. Un año.
Señale cuál es, respectivamente, el plazo de prescripción de las sanciones previstas en el Título 2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, impuestas por infracciones muy graves, graves y leves: Tres años, dos años y un año. Tres años, dos años y seis meses. Cinco años, tres años y un año. Cinco años, dos años y un año.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece la previsión de que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: La seguridad nacional, defensa o relaciones exteriores. La seguridad pública. La protección del medio ambiente, los intereses económicos y comerciales y la política económica y monetaria. Todas las respuestas anteriores son correctas.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece en su artículo 20 la siguiente regulación respecto a las resoluciones de concesión o denegación del acceso a la información pública: La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de dos meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. El plazo anterior podrá ser ampliado por otros dos meses más en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La reclamación potestativa aludida en la respuesta anterior se interpondrá en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo y que se resolverá y notificará en el plazo máximo de dos meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
Respecto a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, no es causa de inadmisión a trámite de las solicitudes que se formulen de acceso a la información, una de las siguientes. Señálela: Las solicitudes que se formulen de acceso a la información cuando el solicitante no la motive. Las solicitudes que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general. Las solicitudes relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Las solicitudes que se manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la Ley 19/2013.
Conforme lo dispuesto por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración una serie de criterios no encontrándose entre los mismos uno. Señálelo: La repercusión que haya tenido o pueda tener en la ciudadanía, valorándose especialmente que el número de solicitudes en un año formulada por la misma persona. La justificación del solicitante de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tenga la condición de investigador y motive el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos. El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos. La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece unos principios generales de buen gobierno, entre los que se encuentra uno de los siguientes. Señálelo: Igualdad de trato y diferenciado por sexo. Imparcialidad. Esmerada corrección en el trato a los ciudadanos, con los mismos derechos y deberes salvo el acceso a la información de relevancia para la seguridad nacional, sobre la que los extranjeros tendrán limitado su acceso. Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.
A la luz de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, ¿para qué tipo de infracciones no e puede Imponer Ju sanción de declaración de incumplimiento y su publicación en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial que corresponda?: No se puede imponer por la comisión de infracciones muy graves. No se puede imponer por la comisión de infracciones leves. No se puede imponer por Ja comisión de infracciones graves. Dicha sanción se puede imponer por la comisión de infracciones muy graves, graves y leves.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece un régimen sancionador en los artículos 27 a 32. Teniendo en cuenta lo regulado en ellos señale la respuesta correcta en todos sus términos: Los plazos de prescripción de las infracciones leves y muy graves son, respectivamente, un año y cinco años. Una de las sanciones común por la comisión de infracciones muy graves y graves es la destitución del cargo que ocupe el sancionado salvo que ya hubiese cesado y no podrá ser nombrado para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre 5 y 10 años. Serán criterios a tener en cuenta a la hora de sancionar las consecuencias desfavorables de los hechos para la Hacienda Pública respectiva, la reparación de los daños o perjuicios causados y el número y edad de los participantes. Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.
La comisión de infracciones muy graves, graves o leves se sancionará de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 30 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Señala aquél criterio correcto: Haber procedido a la subsanación de la infracción por propia iniciativa. Gravedad de la infracción. Entidad del perjuicio causado. Los tres criterios anteriores son correctos.
A la luz de la Ley 19/2013, cuando el alto cargo tenga condición de miembro del Gobierno o Secretario de Estado, la competencia para imponer sanciones corresponderá a: Ministro de Hacienda y Función Pública.(Actual Ministerio de Política Territorial y Función Pública). Oficina de Conflictos de Intereses. Ministro de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. (Actual Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Igualdad). Consejo de Ministros.
En cuanto a las infracciones disciplinarias recogidas en el artículo 29 de la Ley 19/2013, se considera infracción grave: El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades cuando suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad. No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio. La incorrección con los superiores, compañeros o subordinados. La intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de recusación legalmente señaladas.

References: artículo 29
 artículo 25
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 26
 artículo 28
 artículo 29
 resolución 
 artículo 20
 resolución 
 artículo 30
 artículo 29