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Timestamp: 2020-08-05 23:28:45+00:00

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Decreto 143-2016 del Suelo de Galicia.pdf | Regulación | Urbanismo
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Reglamento 2013 FINAL
VALDIVIA AMAPRO MENOR TRASLADO.pdf
Reglamento Parcial Sobre La Superintendencia Nacional de Costos y Precios
Texto Refundido Ley Urbanismo Aragon
CVE-DOG: u3hev0c3-lzm7-dse8-a6y3-llen02pzohg6
DOG Núm. 213
Pág. 49305
La Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, habilita en su disposición final
quinta al Consello da Xunta para dictar, en el plazo de un año, las disposiciones para su
En consecuencia, procedía ahora completar el marco legal mediante el desarrollo re-
glamentario de la norma, más aún por cuanto la aplicación supletoria de los Reglamentos
estatales de planeamiento urbanístico (Real decreto 2159/1978, de 23 de junio) y gestión
urbanística (Real decreto 3288/1978, de 25 de agosto), así como el autonómico de disci-
plina urbanística aprobado en desarrollo de la Ley 1/1997, de 24 de marzo, del suelo de
Galicia, por el Decreto 28/1999, de 21 de enero, dado el transcurso del tiempo desde su
elaboración y aprobación, no resolvían muchos aspectos de las materias que fueron tra-
tadas por las posteriores legislaciones autonómicas, ni contemplan, lógicamente, aquellas
innovaciones de más calado introducidas por estas.
Así, se aborda el desarrollo íntegro de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de
Galicia, optándose por elaborar un texto que, además de constituir el desarrollo reglamen-
tario propiamente dicho, incorpore la regulación existente en la propia ley, con el objeto de
permitir el manejo unitario de todo el cuerpo normativo, facilitando la interpretación y cohe-
rencia interna de toda la materia urbanística, con vocación de permanencia y estabilidad.
Lo indicado anteriormente, además de justificar la necesidad y oportunidad del reglamen-
to, enuncia su estructura conceptual: el desarrollo integral de la Ley del suelo partiendo de
su redacción, atendiendo a necesidades derivadas de la propia complejidad de la materia y
para facilitar la tarea de los operadores jurídicos y técnicos en su aplicación, resultando indis-
pensable emplear esa técnica para una adecuada comprensión y estructuración de la norma.
El objetivo es conseguir una regulación completa que incluya los correspondientes pre-
ceptos de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, así como sus respectivas normas de desarrollo,
pero que permita, al mismo tiempo, distinguir claramente aquellos preceptos que son direc-
ta transcripción de los previamente existentes en el texto legal, en relación a aquellos otros
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia
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donde se ejerce la potestad reglamentaria, quedando plenamente garantizado el principio de seguridad jurídica.
Para ello, las reproducciones literales en el texto reglamentario de los preceptos con- cordantes de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, se señalan con la indicación expresa entre paréntesis del artículo del texto legal al que corresponden y de la abreviatura ( de la LSG) empleada para hacer referencia a la antedicha Ley del suelo de Galicia. Tal referencia se recoge cuando termina la reproducción literal del precepto, o parte del mismo, para que quede clara la identificación del texto transcrito de la ley, con respeto a lo que constituye desarrollo reglamentario.
El reglamento pasará a incorporar íntegramente todas aquellas cuestiones que hasta ahora se aplicaban en la Comunidad Autónoma de Galicia y que estaban contenidas en los reglamentos de planeamiento y gestión estatales indicados anteriormente. Asimismo, supondrá la derogación del Decreto 28/1999, de 21 de enero, por el que se aprobó el Re- glamento de disciplina urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley 1/1997, de 24 de marzo, del suelo de Galicia.
Supone, por lo tanto, y por primera vez, una regulación íntegra, desde el punto de vista del desarrollo reglamentario de la Ley del suelo de Galicia en nuestra Comunidad Autóno- ma, de todos los aspectos relacionados con el régimen jurídico del suelo, el planeamiento, la gestión y la disciplina urbanísticas.
El decreto contiene un único artículo, en el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. La parte final del decreto está compues- ta por una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.
La disposición derogatoria única deroga expresamente el Decreto 28/1999, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de disciplina urbanística aprobado en desa- rrollo de la Ley 1/1997, de 24 de marzo, del suelo de Galicia, y el Decreto 119/1998, de 16 de abril, por el que se regula la composición y funcionamiento de la Comisión Superior de Urbanismo de Galicia.
En este último caso, la derogación obedece a razones de simplificación normativa y ade- cuación a la legislación vigente en materia de funcionamiento de los órganos colegiados en la comunidad autónoma, especificamente la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la administración general y del sector público autonómico de Galicia.
Se derogan, asimismo, cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango normativo se opongan a lo dispuesto en el decreto.
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Las disposiciones finales regulan la habilitación para el desarrollo reglamentario, la apli- cación de la normativa de rango reglamentario estatal, la modificación del artículo 4 del Decreto 223/2005, de 16 de junio, por lo que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Jurado de Expropiación de Galicia, los procedimientos administrativos
a instancia de parte y la entrada en vigor del decreto al mes de su publicación.
Por su parte, la estructura del reglamento resulta similar a la de la ley a la que desa- rrolla, dividiéndose en 7 títulos que se corresponden con cada uno de los que componen la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, añadiendo oportunamente nuevos capítulos, secciones o subseccións allí donde resultó preciso por el grado de detalle que se consiguió.
El capítulo I recoge con precisión todas las cuestiones relativas a la actividad urbanísti- ca, al ámbito de la competencia urbanística (en materia de planeamiento, gestión, interven- ción en el mercado del suelo, en la edificación y uso del suelo y en la disciplina urbanística), y los fines de la actividad urbanística.
En el capítulo II se definen las competencias de cada una de las administraciones invo-
lucradas en el ejercicio de las funciones urbanísticas, así como de alguno de sus órganos
y de entidades a ellas adscritas, como la Comisión Superior de Urbanismo, la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y el Jurado de Expropiación de Galicia.
En relación a la Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, se incorpora en el Regla- mento su composición, organización y funcionamiento, que hasta ahora se contenía en el Decreto 119/1998, de 16 de abril, por el que se regulaba su composición y funcionamiento.
En lo que se refiere a la regulación que se efectúa en relación a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, hace falta manifestar que la misma no es agotadora, sino que debe completarse con la prevista en sus estatutos.
El título I, de manera similar a la propia estructura de Ley del suelo, regula la clasifica- ción y categorización del suelo, así como el régimen jurídico correspondiente en función de las mismas.
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Dado que se trata de una materia que ya se aborda con un importante grado de detalle en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, el desarrollo reglamentario se limita a la precisión de cuestiones puntuales.
El Reglamento recoge las distintas clases de suelo: urbano, núcleo rural, urbanizable y rústico, introduciendo ciertas matizaciones en relación con las categorías de suelo y con el régimen jurídico aplicable.
Así, el régimen del suelo urbano mantiene en lo esencial los criterios tradicionales para su clasificación y categorización, diferenciando entre el suelo urbano consolidado y no consoli- dado y armonizando las definiciones de estas categorías de suelo a los conceptos contenidos en la legislación básica estatal del suelo, clarificando el reglamento a definición de las actua- ciones que implican procesos de urbanización, las de reforma y renovación y las de dotación.
Respeto del suelo de núcleo rural, categorizado en tradicional y común, el reglamento desarrolla los criterios para la delimitación de los núcleos rurales, así como los métodos para el cálculo del grado de consolidación que se deben cumplir en ellos.
Respeto del suelo urbanizable, se sigue el designio legal de que debe estar dotado de substantividade propia, abandonando el carácter residual que tradicionalmente se le venía atribuyendo. En este sentido, el suelo urbanizable se define como el relativo a los terrenos que el planeamiento considere necesarios y acomodados para permitir el crecimiento de la población y de la actividad económica, o para completar su estructura urbanística.
La regulación del suelo rústico, con las categorías de suelo rústico de protección ordi- naria y de especial protección, sigue lo indicado en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, con la introducción de precisiones respecto a lo dispuesto en la misma que derivan de la necesi- dad de tener en cuenta lo previsto en la legislación básica estatal.
Al mismo tiempo, se incluye el concepto de restruturación parcelaria, que viene a subs- tituir al ya superado de concentración parcelaria, en coherencia con el régimen jurídico instaurado por la Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia.
En cuanto a los usos en los que se considera que su implantación debe ser objeto de una mayor tutela por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma (las construc- ciones destinadas a usos residenciales vinculados a las explotaciones agropecuarias; y las construcciones que alberguen actividades complementarias de primera transformación de
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productos del sector primario), se detallan en el reglamento los requisitos y condiciones que deben concurrir para poder otorgar la autorización autonómica para ese tipo de usos.
Así, en el supuesto de las viviendas vinculadas a las explotaciones agropecuarias, debe acreditarse fehacientemente la necesidad de esa vinculación para permitir su autorización, por cuanto el uso residencial constituye un uso prohibido en el suelo rústico. Así, que se trate de una explotación agropecuaria preexistente, que se sitúe en el propio predio de la explotación, que su titular acredite tal condición durante los tres años anteriores, entre otras exigencias.
a) Una primera parte, en el capítulo I, en la que se recogen una serie de disposiciones generales para todos los instrumentos de planeamiento urbanístico.
b) Una segunda parte, desarrollada en los capítulos II a IX, en la que se define cada uno de los instrumentos de planeamiento urbanístico que establece la Ley del suelo de Galicia, detallando sus determinaciones, el contenido de su documentación y el correspondiente proceso de tramitación y aprobación.
El objetivo principal del reglamento en las disposiciones generales del capítulo I es el de definir con claridad las denominadas dotaciones urbanísticas, diferenciando entre aquellas que son de uso y titularidad privada y que pueden ser previstas por el plan general en la medida que las estime necesarias, y aquellas de uso y titularidad pública que conformarán los sistemas generales y locales de dotaciones, y que deberán cumplir las reservas míni- mas de suelo establecidas al efecto en la Ley del suelo de Galicia, y las condiciones que se establecen en este reglamento.
Es importante, además, la división clara e inequívoca que se quiere hacer desde el reglamento, de los diferentes sistemas en los que se agrupan las dotaciones urbanísticas diferenciando: el sistema de infraestructuras de comunicaciones, el sistema de infraestruc- turas de redes de servicios, el sistema de espacios libres y zonas verdes y el sistema de equipamientos.
En esta primera parte, se establecen los métodos para que el planeamiento general pueda justificar la capacidad máxima residencial del plan, y los desarrollos residenciales propuestos, de acuerdo con lo establecido en la Ley del suelo y en las directrices de or-
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denación del territorio, basando su cálculo en los factores determinantes y característicos de cada ayuntamiento: crecimiento de la población, número de viviendas existentes, ocu- padas y vacías, tamaño medio del hogar y de la vivienda, y otros que el redactor del plan considere de interés para dicha justificación.
En la segunda parte, la que se desarrolla del capítulo II al capítulo IX, el reglamento define y detalla cada uno de los instrumentos de planeamiento urbanístico previstos en la Ley del suelo de Galicia, diferenciando entre los instrumentos que desarrollan la ordena- ción urbanística: el Plan básico autonómico, los planes generales municipales y los planes básicos municipales, y los instrumentos de desarrollo de aquellos.
Para cada uno de estos instrumentos, el reglamento desarrolla sus determinaciones, establecidas con carácter general en la Ley del suelo, el contenido de su documentación, dejando el grado de detalle de la misma para su posterior desarrollo a través de las normas técnicas de planeamiento previstas en la ley y en este reglamento, y detalla su tramitación, en los aspectos que requieran de alguna aclaración.
El reglamento pone mayor atención en la regulación de la figura del Plan general de ordenación municipal, por cuanto es el instrumento de planeamiento de mayor complejidad y el principal para el desarrollo de la mayor parte de los ayuntamientos de la comunidad.
Asimismo, se regula el informe justificativo del cumplimiento de la normativa sectorial que recoge, en un único documento, la justificación de toda la normativa de carácter secto- rial que afecte al término municipal objeto de planeamiento, facilitando su control y tratando de evitar que en la documentación final del plan falte alguno de los informes necesarios.
A tal efecto, siguiendo el objetivo de simplificación administrativa de la Ley del suelo de Galicia, supone una importante novedad a incorporación en el anexo II de un cuadro en el que se establecen los informes sectoriales que será necesario solicitar a lo largo de la redacción de los diferentes instrumentos de planeamiento.
El reglamento desarrolla la regulación de los documentos que deben contener las nue- vas figuras de planeamiento, el Plan básico autonómico y los planes básicos municipales, relacionados directamente con las determinaciones que les atribuye la Ley del suelo.
Se desarrollan también las determinaciones y los documentos de los instrumentos de desarrollo del plan general, los planes parciales y los planes especiales, y se detalla su tramitación, diferenciando los casos en los que la iniciativa sea privada a efectos de su formulación y aprobación.
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El reglamento también desarrolla otras figuras de planeamiento que establece la Ley del suelo como son los estudios de detalle, los catálogos y las delimitaciones de núcleo rural.
En el capítulo IX, el reglamento materializa la apuesta por la transparencia: los docu- mentos de planeamiento deben estar a disposición de la ciudadanía a través de medios telemáticos, correspondiendo a los ayuntamientos la obligación de garantizar la difusión de los mismos. La publicación telemática permitirá la difusión de la información urbanística de acuerdo con las nuevas tecnologías, facilitando el acceso a la misma.
Con el mismo fin de difundir y hacer más transparente la información urbanística, se regula en el capítulo X el Registro de Planeamiento Urbanístico de Galicia, en el que se inscribirán la totalidad de instrumentos de planeamiento aprobados definitivamente, siendo esta circunstancia determinante para proceder a su publicación y entrada en vigor.
El título IV desarrolla la regulación de la ejecución del planeamiento urbanístico, partien- do de las determinaciones y contenido de la Ley del suelo de Galicia, pero con la voluntad de dotar de una mayor utilidad y seguridad jurídica a aquellos aspectos de la gestión urba- nística necesitados de una pormenorización normativa propia de un reglamento.
Es por eso que el primero de los capítulos regula aspectos capitales de las obras de ur- banización, desde lo contenido que ha de tener el proyecto, su tramitación o los procesos de contratación, ejecución, recepción o conservación de las obras. Se introduce, además, la no- vedad de habilitar a los ayuntamientos para aprobar, en casos motivados, proyectos de obras en actuaciones sistemáticas con el fin público de ejecutar parcelas dotacionales públicas.
Los capítulos segundo a cuarto se acomodan sustancialmente a lo dispuesto en la Ley del suelo de Galicia en todo lo que se refiere a áreas de reparto, aprovechamiento tipo y po- lígonos de ejecución, desarrollándose respeto de estos últimos el reajuste de su delimitación.
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El capítulo V, reglas generales para la equidistribución, constituye un pilar fundamental del presente reglamento. La complejidad de la equidistribución, en la que participan una plura- lidad de agentes y en la que coexisten normativas propiamente urbanísticas y hipotecarias con importante tradición en nuestro ordenamiento jurídico, aunque de cierta antigüedad y dispersión normativa, motivan la conveniencia de establecer un marco de actuación propio y actual en Galicia que garantice el correcto desarrollo de las actuaciones reparcelatorias.
En este sentido se pone el acento en los titulares y personas interesadas del expe- diente y muy especialmente en los criterios, contenido, aprobación y efectos del proyecto de equidistribución, tratándose, así, de disponer de una herramienta de utilidad jurídica y técnica en los procesos reparcelatorios que se desarrollen en los sistemas de cooperación, concierto y compensación.
En el capítulo VI se abordan los sistemas de actuación, desarrollando la facultad de proceder a su modificación y regulando aspectos propios de los sistemas como las formas de colaboración por las personas propietarias en el sistema de cooperación, el contenido del proyecto de estatutos y de bases de actuación o la constitución de la junta de compen- sación en el sistema de compensación.
El capítulo VII se dedica a la obtención de terrenos de sistemas generales y locales, con especial mención de la ocupación directa y la permuta forzosa, finalizándose el título con las entidades urbanísticas colaboradoras.
En el título V y, en consonancia con la legislación básica estatal, especificamente el Real decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley del suelo y rehabilitación urbana, se regulan y se desarrollan los patrimonios públicos del suelo, como un mecanismo de intervención en el mercado del suelo.
El título VI aborda la intervención en la edificación y uso del suelo, así como la disciplina urbanística, a través de tres capítulos: el primero dedicado al fomento de la edificación, conservación y rehabilitación; el segundo, a la intervención en la edificación y uso del sue- lo; y el tercero, a la disciplina urbanística.
En esta parte, el reglamento viene a sustituir al Decreto 28/1999, de 21 de enero, por el que se aprueba el reglamento de disciplina urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley del suelo de Galicia, totalmente obsoleto por cuanto desarrollaba la Ley del suelo de 1997.
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En la línea fijada por la Ley del suelo, se hace especial hincapié en la regulación del régimen de edificación forzosa y del deber de conservación. Se remarca el deber de las personas propietarias de finalizar las edificaciones para cuya ejecución obtuvieron la pre- ceptiva licencia, englobándose dentro del deber genérico de edificar los solares.
Para garantizar el cumplimiento de estos deberes, los ayuntamientos tienen el meca- nismo de las órdenes de ejecución, que son reguladas con más detalle ahora en el regla- mento, así como la obligación de acudir a los medios de ejecución forzosa en el caso de su incumplimiento.
También, en relación con el deber de edificar y conservar, el reglamento, desarrolla el procedimiento para proceder a la declaración de ruina.
En relación con la intervención en la edificación y uso del suelo, la Ley del suelo que se desarrolla, consolidó la comunicación previa como el régimen general de intervención ad- ministrativa, manteniendo la exigencia de licencia urbanística para los actos expresamente relacionados en la propia ley.
De este modo, se persigue la simplificación administrativa, principio inspirador de la ley, siguiendo el camino ya iniciado con la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento
y de la competitividad económica de Galicia, hacia una progresiva reducción de las cargas
para los ciudadanos, incidiendo en la eliminación de trámites innecesarios y de la presen- tación de documentos prescindibles, consecuencia de la necesidad de adaptación a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
En este punto el reglamento detalla cuestiones relativas al procedimiento de otorgamien- to de las licencias urbanísticas así como a la tramitación de las comunicaciones previas.
Como una manifestación de la intervención en la edificación y uso del suelo, se regulan también las parcelacións urbanísticas.
Finalmente, el título termina con un capítulo que atiende a la disciplina urbanística, po- tenciando uno de sus objetivos fundamentales, la adopción de las medidas tendentes a restaurar el orden urbanístico vulnerado y reponer los bienes afectados al estado anterior
a la producción de la situación ilegal.
Los convenios urbanísticos son objeto de regulación en el título VII, en el que se desa- rrollan las líneas genéricas relativas a su formalización y perfeccionamiento contenidas en la Ley 2/2016, de 10 de febrero.
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El reglamento se completa con dos disposiciones adicionales y siete transitorias.
Las disposiciones adicionales se refieren a la supresión del Registro de entidades urba- nísticas colaboradoras, así como a la justificación de la necesidad de vivienda vinculada a la explotación agropecuaria en el caso de jóvenes agricultores.
Las disposiciones transitorias regulan aspectos como la adaptación del planeamiento en tramitación, el desarrollo de las disposiciones transitorias primera, tercera y cuarta de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, los proyectos de ejecución del planeamiento urbanístico en tramitación, el régimen transitorio de los órganos colegiados, así como la vigencia y aplica- ción de las normas subsidiarias y complementarias provinciales de planeamiento en tanto no sea aprobado definitivamente el Plan básico autonómico.
Finalmente, se incorporan tres anexos relativos a definiciones de conceptos urbanís- ticos de uso habitual a tener en cuenta a los efectos de lo previsto en el reglamento; la relación de informes sectoriales que deben ser solicitados en la tramitación de los distintos instrumentos de planeamiento urbanístico, de acuerdo con la normativa sectorial de apli- cación vigente en el momento de la aprobación del reglamento; y un último anexo en el que se incorpora una ficha modelo que, convenientemente cumplimentada, se incluirá en la documentación del plan general de ordenación municipal en el correspondiente anexo síntesis de su memoria justificativa.
En su virtud, a propuesta de la persona titular de la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de acuerdo con el Consello Consultivo y previa deliberación del Consello da Xunta, en su reunión del día veintidós de septiembre de dos mil dieciséis,
Se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, cuyo texto se incluye a continuación.
Quedan derogados el Decreto 28/1999, de 21 de enero, por el que se aprueba el Re- glamento de disciplina urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley 1/1997, de 24 de marzo, del suelo de Galicia; el Decreto 119/1998, de 16 de abril, por el que se regula la composición y funcionamiento de la Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al presente decreto.
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La persona titular de la consellería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo podrá dictar cuantas disposiciones administrativas de carácter general resulten precisas para el desarrollo de este decreto.
Dejan de ser aplicables en la Comunidad Autónoma de Galicia las siguientes normas estatales:
a) El Reglamento de planeamiento urbanístico, aprobado por Real decreto 2159/1978,
de 23 de junio.
b) El Reglamento de disciplina urbanística, aprobado por Real decreto 2187/1978, de
El Reglamento de gestión urbanística, aprobado por el Real decreto 3288/1978, de
de agosto, a excepción de sus artículos 130, 171, 196, 197, 198, 205, 206, 207, 208
y 210. A efectos de su interpretación, las referencias a los términos «reparcelación», «en este Reglamento», «polígono o unidad de actuación», «Ley de patrimonio del Estado» y «Jurado Provincial de Expropiación Forzosa» se entienden hechas a los términos «equi- distribución», «en el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia» , «polígono», «legislación patrimonial que resulte de aplicación» y «Jurado de Expropiación de Galicia», respectivamente.
Modificación del artículo 4 del Decreto 223/2005, de 16 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Jurado de Expropiación de Galicia
Se modifican los números 1, 2, 3 y 4 del artículo 4 del Decreto 223/2005, de 16 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Jurado de Ex- propiación de Galicia, que queda redactado en los siguientes términos:
«El Jurado funciona en Pleno y en secciones. Su composición es la siguiente:
1. Presidencia: con rango de dirección general, deberá ser una persona licenciada o con el grado en derecho, arquitectura o ingeniería, con más de diez años de experiencia profesional en el sector público o privado.
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a) Una persona perteneciente a la escala de letrados de la Xunta de Galicia, que actuará
como asesor/a jurídico/a.
b) Tres vocales pertenecientes al cuerpo facultativo superior al servicio de la Xunta de
c) Un vocal en representación de la consellería competente en materia de Hacienda, a
propuesta del citado departamento.
d) Una persona funcionaria perteneciente al cuerpo o escala del grupo A, del subgru-
po A 1, a propuesta de la Federación Gallega de Municipios y Provincias.
e) Un/una profesional acreditado/a o técnico/a superior, a propuesta del Consejo Ga-
llego de Consumidores y Usuarios, con experiencia en las materias propias del ámbito competencial del Jurado.
f) Tres profesionales libres colegiados/as competentes en la materia, en representación de los colegios profesionales, dependiendo de la naturaleza de los bienes o derechos ob- jeto de la expropiación.
Las designaciones se harán procurando conseguir una presencia equilibrada de hom- bres y mujeres en su composición.
3. El/la secretario/a del Jurado de Expropiación de Galicia podrá ser un miembro del
mismo o un empleado público al servicio de la Administración general de la Comunidad
4. Cuando se trate de expropiaciones de las corporaciones locales, podrá incorporarse
a las sesiones del Pleno del Jurado un/una representante, designado/a a propuesta de aquellas, quien actuará con voz y sin voto».
Procedimientos administrativos a instancia de parte
La regulación de los procedimientos administrativos iniciados a instancia de parte y tramitados ante el órgano autonómico competente en materia de urbanismo, así como los formularios correspondientes a los mismos, serán objeto de desarrollo normativo posterior.
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El presente decreto entrará en vigor al mes de su publicación en el Diario Oficial de
Beatriz Mato Otero Conselleira de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Artículo 2. Función pública e iniciativa privada.
Artículo 3. Actividad urbanística.
Artículo 4. Ámbito de la competencia urbanística.
Artículo 5. Ámbito de la competencia urbanística relativa al planeamiento y a su eje- cución.
Artículo 6. Ámbito de la competencia urbanística referida a la intervención en la regu- lación del mercado del suelo y en el ejercicio de las facultades dominicales relativas al uso del suelo y edificación.
Artículo 7. Ámbito de la competencia urbanística en materia de disciplina urbanística.
Artículo 8. Fines de la actividad urbanística.
Artículo 9. Reglas de interpretación.
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Capítulo II. Competencias y organización administrativa.
Artículo 10. Administraciones competentes.
Competencias y órganos urbanísticos en el ámbito de la Comunidad
Artículo 11. Competencias y órganos urbanísticos de la Comunidad Autónoma.
Comisión Superior de Urbanismo de Galicia.
Artículo 14. Constitución y adopción de acuerdos.
Artículo 15. Régimen de convocatorias y sesiones.
Artículo 16. Actas.
Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística.
Artículo 17. Naturaleza y funciones.
Jurado de Expropiación de Galicia.
Artículo 19. Jurado de Expropiación de Galicia.
Competencias urbanísticas en el ámbito local.
Artículo 20. Competencia de los municipios.
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Artículo 21. Gerencias de urbanismo.
Artículo 22. Régimen de la propiedad.
Artículo 23. Subrogación real.
Capítulo II. Clasificación y categorización del suelo.
Artículo 24. Clasificación y categorización del suelo.
Artículo 25. Suelo urbano.
Artículo 26. Categorías de suelo urbano.
Artículo 27. Solares.
Artículo 28. Obras de edificación y de urbanización simultáneas.
Artículo 29. Derechos de los propietarios.
Artículo 30. Deberes de los propietarios de suelo urbano consolidado.
Artículo 31. Deberes de los propietarios de suelo urbano no consolidado.
Artículo 32. Aprovechamiento urbanístico en el suelo urbano.
Delimitación y régimen.
Artículo 33. Suelo de núcleo rural.
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Artículo 34. Delimitación y tipos básicos de núcleo rural.
Artículo 35. Determinación del grado de consolidación
Artículo 36. Régimen del suelo de núcleo rural.
Artículo 37. Actuaciones de carácter integral.
Artículo 38. Condiciones de edificación en los núcleos rurales.
Artículo 39. Usos del suelo de núcleo rural.
Artículo 40. Actuaciones incompatibles.
Artículo 41. Suelo urbanizable.
Artículo 42. Régimen del suelo urbanizable.
Artículo 43. Deberes de los propietarios de suelo urbanizable.
Artículo 44. Aprovechamiento urbanístico en el suelo urbanizable.
Artículo 45. Concepto y categorías.
Artículo 46. Facultades de los propietarios en suelo rústico.
Artículo 47. Deberes de los propietarios en suelo rústico.
Artículo 48. Suelo rústico de protección ordinaria.
Artículo 49. Suelo rústico de especial protección.
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Artículo 50. Usos y actividades en suelo rústico.
Artículo 51. Régimen de usos.
Artículo 52. Uso residencial vinculado a una explotación agrícola o ganadera.
Artículo 53. Construcciones de naturaleza artesanal o de reducida dimensión que alberguen actividades complementarias de primera transformación.
Artículo 54. Construcciones y rehabilitaciones destinadas al turismo que sean poten- ciadoras del medio donde se localicen.
Artículo 55. Limitaciones de apertura de caminos.
Procedimiento para el otorgamiento de autorización autonómica en
Artículo 56. Solicitud y documentación a presentar.
Artículo 57. Información pública, solicitud de los informes sectoriales y remisión del expediente.
Artículo 58. Resolución del procedimiento.
Artículo 59. Condiciones generales de las edificaciones en el suelo rústico.
Artículo 60. Condiciones de edificación.
Artículo 61. Condiciones de posición e implantación.
Artículo 62. Explotaciones ganaderas.
Edificaciones tradicionales.
Artículo 63. Edificaciones existentes de carácter tradicional.
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TÍTULO II. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
Límites de sostenibilidad y calidad de vida y cohesión social.
Límites de sostenibilidad.
Artículo 64. Límites de sostenibilidad.
Calidad de vida y cohesión social.
Artículo 65. Dotaciones urbanísticas.
Artículo 66. Reservas de suelo para sistemas generales.
Artículo 67. Cálculo de la capacidad máxima residencial del plan general.
Artículo 68. Justificación de los desarrollos residenciales propuestos por el plan ge- neral en el suelo urbanizable.
Artículo 69. Reservas de suelo para sistemas locales.
Artículo 70. Condiciones de las reservas de suelo para el sistema de espacios libres y zonas verdes.
Artículo 71. Condiciones de las reservas de suelo para el sistema de equipamientos.
Artículo 72. Equipamientos de ámbito funcional superior al del plan general.
Artículo 73. Condiciones del sistema de infraestructuras de comunicación.
Artículo 74. Características del viario de los nuevos desarrollos.
Artículo 75. Características de la dotación de aparcamientos.
Artículo 76. Condiciones del sistema de infraestructuras de redes de servicios.
Artículo 77. Reserva de vivienda protegida.
Artículo 78. Normas de calidad ambiental y paisajística.
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División del suelo urbano y urbanizable.
Artículo 79. División del suelo urbano y urbanizable.
Artículo 80. Instrumentos de planeamiento urbanístico.
Artículo 81. Evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
neamiento urbanístico.
Disposiciones comunes en la elaboración de los instrumentos de pla-
Artículo 82. Cartografía.
Artículo 83. Sencillez y proporcionalidad en la documentación.
Artículo 84. Colaboración administrativa.
Artículo 85. Redacción de los instrumentos de planeamiento.
Suspensión de licencias.
Artículo 86. Suspensión de licencias.
Artículo 87. Derecho de indemnización por suspensión de licencias.
Normas técnicas de planeamiento.
Artículo 88. Objeto y contenido de las normas técnicas de planeamiento.
Artículo 89. Procedimiento de aprobación y alcance de las normas técnicas de pla- neamiento.
Capítulo II. Plan básico autonómico.
Artículo 90. Plan básico autonómico.
Pág. 49324
Artículo 91. Relación con los instrumentos de ordenación del territorio.
Artículo 92. Afecciones derivadas de las legislaciones sectoriales sobre el territorio.
Artículo 93. Identificación de los asentamientos de población existentes.
Artículo 94. Regulación de los usos del suelo y de la edificación.
Documentación del Plan básico autonómico.
Artículo 95. Documentos del Plan básico autonómico.
Artículo 96. Memoria justificativa.
Artículo 97. Planos de delimitación de los ámbitos de aplicación de los instrumentos de ordenación del territorio.
Artículo 98. Planos de delimitación de las afecciones sectoriales.
Artículo 99. Planos de identificación de los asentamientos de población.
Artículo 100. Ordenanzas tipo de edificación y usos del suelo.
Artículo 101. Catálogo.
Procedimiento de aprobación del Plan básico autonómico.
Artículo 102. Procedimiento de aprobación del Plan básico autonómico.
Capítulo III. Plan general de ordenación municipal.
Artículo 103. Formulación y contenido.
Artículo 104. Objeto del plan general en las distintas clases de suelo.
Artículo 105. Determinaciones de carácter general.
Pág. 49325
Artículo 106. Delimitación de los ámbitos de suelo urbano no consolidado.
Artículo 107. Estructura general y orgánica del territorio.
Artículo 108. El sistema general de infraestructuras de comunicaciones.
Artículo 109. El sistema general de espacios libres y zonas verdes.
Artículo 110. El sistema general de equipamientos.
Artículo 111. El sistema general de infraestructuras de redes de servicios.
Artículo 112. Carácter público o privado de las dotaciones.
Determinaciones en suelo urbano consolidado.
Artículo 113. Determinaciones en suelo urbano consolidado.
Artículo 114. Calificación de los terrenos.
Artículo 115. Delimitación de los espacios libres y zonas verdes.
Artículo 116. Espacios reservados para dotaciones y equipamientos.
Artículo 117. Trazados y características de la red viaria pública.
Artículo 118. Características y trazado de las redes de servicios.
Determinaciones en suelo urbano no consolidado.
Artículo 119. Determinaciones en suelo urbano no consolidado.
Artículo 120. Determinación de los usos globales y de la superficie total edificable.
Artículo 121. Fijación de las reservas mínimas para suelo de sistemas locales.
Determinaciones en suelo de núcleo rural.
Artículo 122. Determinaciones en suelo de núcleo rural.
Pág. 49326
Artículo 123. Localización de suelo de reserva para dotaciones y equipamientos.
Artículo 124. Regulación detallada del suelo de núcleo rural.
Artículo 125. Previsión de áreas para realización de actuaciones de carácter integral.
Subsección 5ª.
Determinaciones en suelo urbanizable.
Artículo 126. Determinaciones en suelo urbanizable.
Artículo 127. Trazado de las redes fundamentales.
Artículo 128. Determinación de las conexiones con los sistemas generales existentes y exteriores al sector.
Artículo 129. Asignación de los usos globales de cada sector y fijación de la edifica- bilidad.
Subsección 6ª.
Determinaciones en suelo rústico.
Artículo 130. Determinaciones en suelo rústico.
Artículo 131. Documentación.
Artículo 132. Memoria justificativa.
Artículo 133. Parte I: información.
Artículo 134. Parte II: justificación.
Artículo 135. Parte III: anexos a la memoria.
Artículo 136. Estudio del medio rural y análisis del modelo de asentamiento poblacio- nal y de la movilidad.
Artículo 137. Estudio del medio rural.
Artículo 138. Análisis del modelo de asentamiento poblacional.
Pág. 49327
Artículo 139. Análisis de la movilidad.
Artículo 140. Planos de información urbanística.
Artículo 141. Planos de ordenación urbanística.
Artículo 142. Normas urbanísticas.
Artículo 143. Estrategia de actuación, estudio económico y memoria de sostenibilidad económica.
Procedimiento para la aprobación del Plan general de ordenación mu-
Artículo 144. Procedimiento para la aprobación del Plan general de ordenación mu- nicipal.
Artículo 145. Contenido del documento del borrador del plan general.
Artículo 146. Competencia para la aprobación definitiva.
Artículo 147. Documentos refundidos de planeamiento.
Capítulo IV. Planeamiento de desarrollo del Plan básico autonómico.
Los planes básicos municipales.
Artículo 148. Planes básicos municipales.
Artículo 149. Determinaciones de los planes básicos municipales.
Artículo 150. Documentación de los planes básicos municipales.
Artículo 151. Memoria justificativa.
Artículo 152. Parte I: información.
Artículo 153. Parte II: justificación.
Artículo 154. Planos de información urbanística.
Pág. 49328
Artículo 155. Planos de ordenación urbanística.
Procedimiento de aprobación.
Artículo 156. Procedimiento de aprobación de los planes básicos municipales.
Capítulo V. Planeamiento de desarrollo de los planes generales de ordenación municipal.
Artículo 157. Disposiciones comunes a los planes de desarrollo.
Artículo 158. Documentación adicional de los instrumentos de desarrollo que modifi- quen la ordenación establecida en el plan general.
Artículo 159. Planes de desarrollo de iniciativa particular.
Artículo 160. Formulación de los planes de desarrollo de iniciativa particular.
Artículo 161. Objeto y ámbito.
Artículo 162. Determinaciones.
Artículo 163. Delimitación del ámbito de planeamiento.
Artículo 164. Calificación de los terrenos.
Artículo 165. Señalización de reservas de terrenos para sistemas locales.
Artículo 166. Trazado y características del sistema local de infraestructuras de comu- nicación en el sector.
Artículo 167. Trazado y características del sistema local de infraestructuras de redes de servicios del sector.
Artículo 168. Determinaciones para la integración de la ordenación con los elementos
del paisaje y de la vegetación.
Pág. 49329
Artículo 169. Fijación de los plazos para el cumplimiento de los deberes de las per- sonas propietarias.
Artículo 170. Documentación.
Artículo 171. Memoria justificativa.
Artículo 172. Estudio de evaluación de la movilidad.
Artículo 173. Planos de información urbanística.
Artículo 174. Planos de ordenación urbanística.
Artículo 175. Estudio económico.
Artículo 176. Ordenanzas reguladoras.
Artículo 177. Finalidades.
Artículo 178. Determinaciones generales.
Artículo 179. Planes especiales de protección.
Artículo 180. Planes especiales de reforma interior.
Artículo 181. Planes especiales de reforma interior en suelo urbano no consolidado.
Artículo 182. Planes especiales de reforma interior en suelo de núcleo rural.
Artículo 183. Planes especiales de infraestructuras y dotaciones.
Artículo 184. Documentación de los planes especiales.
Pág. 49330
Artículo 185. Formulación de los planes parciales y planes especiales.
Artículo 186. Procedimiento de aprobación de los planes parciales y planes especia- les.
Artículo 187. Plazos para la aprobación de instrumentos de planeamiento de desa- rrollo de iniciativa particular.
Capítulo VI. Ordenación urbanística que afecte a varios municipios.
Artículo 188. Formulación, elaboración y procedimiento de aprobación.
Capítulo VII. Otras figuras de planeamiento.
Delimitaciones del suelo de núcleo rural.
Artículo 189. Delimitaciones del suelo de núcleo rural.
Artículo 190. Documentación.
Artículo 191. Procedimiento de aprobación de las delimitaciones de suelo de núcleo rural.
Artículo 192. Estudios de detalle.
Artículo 193. Documentación de los estudios de detalle.
Artículo 194. Formulación y aprobación de los estudios de detalle.
Artículo 195. Catálogos.
Artículo 196. Determinaciones de los catálogos.
Artículo 197. Documentación de los catálogos.
Artículo 198. Alcance de los catálogos.
Pág. 49331
Capítulo VIII. Vigencia y modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
Artículo 199. Vigencia de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
Artículo 200. Modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
Capítulo IX. Efectos de la aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
Artículo 201. Ejecutividad del planeamiento.
Artículo 202. Declaración de utilidad pública.
Artículo 203. Iniciación de expropiaciones por ministerio de la ley.
Artículo 204. Usos y obras provisionales.
Artículo 205. Edificios fuera de ordenación.
Artículo 206. Publicidad de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
Artículo 207. Reglas generales para la información pública.
Capítulo X. Registro de Planeamiento Urbanístico de Galicia.
Artículo 208. Registro de Planeamiento Urbanístico de Galicia.
Artículo 209. Carácter obligatorio y formas de iniciación del procedimiento de inscrip- ción.
Artículo 210. Instrumentos formales.
Artículo 211. Horario.
Artículo 212. Iniciación.
Artículo 213. Modificación de los datos inscritos.
Artículo 214. Práctica y verificación de los asientos.
Artículo 215. Consecuencias de la inscripción en el Registro.
Pág. 49332
Artículo 216. Adaptación al ambiente y protección del paisaje.
Artículo 217. Protección de las vías de circulación.
Artículo 218. Finalidad.
Artículo 219. Competencias.
Artículo 220. Reglas generales comunes a los expedientes regulados en este título.
Artículo 221. Presupuestos de la ejecución.
Artículo 222. Exigencia de instrumentos de ejecución del planeamiento por catego- rías de suelo.
Ejecución y conservación de obras de urbanización.
Artículo 223. Disposiciones generales.
Artículo 224. Relación con el planeamiento.
Artículo 225. Contenido del proyecto de urbanización.
Artículo 226. Procedimiento de aprobación.
Artículo 227. Proyectos de obras ordinarias previos al proyecto de urbanización en parcelas dotacionales públicas.
Pág. 49333
Artículo 228. Régimen de contratación de las obras de urbanización.
Artículo 229. Ejecución de las obras de urbanización.
Artículo 230. Garantía de las obras de urbanización.
Artículo 231. Recepción de las obras de urbanización.
Subsección 3ª. Conservación de la urbanización.
Artículo 232. Principios generales.
Artículo 233. Cuotas de conservación.
Capítulo II. Áreas de reparto.
Artículo 234. Determinación.
Artículo 235. Reglas para la delimitación.
Capítulo III. Aprovechamiento tipo.
Artículo 236. Concepto y cálculo.
Capítulo IV. Polígonos de ejecución.
Artículo 237. Disposiciones generales.
Artículo 238. Polígonos con exceso de aprovechamiento real.
Artículo 239. Polígonos con aprovechamiento real inferior al susceptible de apropia- ción.
Artículo 240. Actuaciones aisladas.
Reajuste de la delimitación de los polígonos.
Artículo 241. Objeto y contenido del proyecto de delimitación poligonal.
Pág. 49334
Artículo 242. Legitimidad para la formulación del proyecto de delimitación poligonal.
Artículo 243. Procedimiento de aprobación del proyecto de delimitación poligonal.
Capítulo V. Reglas generales para la equidistribución.
Principios y criterios.
Artículo 244. Objeto.
Artículo 245. Legitimidad y competencia para la formulación del proyecto de equidis- tribución.
Titulares y bienes de dominio público.
Artículo 246. Titulares e interesados.
Artículo 247. Acreditación de titularidad y superficie.
Artículo 248. Bienes de dominio público.
Contenido del proyecto de equidistribución.
Artículo 249. Contenido.
Artículo 250. Memoria.
Artículo 251. Descripción de las parcelas de origen.
Artículo 252. Valoración de derechos, edificaciones, plantaciones, obras e instalacio- nes existentes.
Artículo 253. Descripción de las parcelas de resultado de carácter patrimonial.
Artículo 254. Correspondencia.
Artículo 255. Descripción de las parcelas dotacionales públicas de cesión obligatoria.
Pág. 49335
Artículo 256. Gastos de la actuación.
Artículo 257. Cuenta de liquidación provisional.
Artículo 258. Planos.
Artículo 259. Documentación complementaria.
Criterios del proyecto de equidistribución.
Artículo 260. Criterios generales.
Artículo 261. Terrenos edificados de acuerdo con el planeamiento.
Artículo 262. Excesos y defectos de adjudicación.
Artículo 263. Criterios en los sistemas de actuación indirectos.
Artículo 264. Derecho de realojo y retorno.
Artículo 265. Competencia.
Artículo 266. Simultaneidad.
Artículo 267. Inicio del procedimiento.
Artículo 268. Petición de datos al Registro de la Propiedad.
Artículo 269. Aprobación inicial.
Artículo 270. Información pública.
Artículo 271. Aprobación definitiva.
Artículo 272. Inscripción registral del proyecto de equidistribución.
Artículo 273. Operaciones jurídicas complementarias y modificaciones al proyecto.
Pág. 49336
Artículo 274. Efectos jurídico-reales.
Artículo 275. Efectos económicos.
Artículo 276. Afección de las parcelas de resultado.
Artículo 277. Extinción o transformación de derechos y cargas.
Subsección 7ª.
Artículo 278. Disposiciones generales.
Artículo 279. Procedimiento de aprobación.
Sección 2ª. Operaciones de reorganización de la propiedad en suelo urbano conso- lidado o en suelo de núcleo rural.
Artículo 280. Objeto.
Artículo 281. Proyecto de normalización de fincas.
Artículo 282. Procedimiento de aprobación del proyecto de normalización de fincas.
Capítulo VI. Sistemas de actuación.
Artículo 283. Clases de sistemas de actuación.
Artículo 284. Elección del sistema de actuación.
Artículo 285. Procedimiento de modificación del sistema de actuación ajeno al pla- neamiento.
Artículo 286. Cumplimiento de las previsiones de gestión y urbanización establecidas.
Artículo 287. Determinaciones generales.
Pág. 49337
Artículo 288. Colaboración de los propietarios. Asociaciones administrativas de coo- peración.
Artículo 289. Cargas de la urbanización.
Artículo 290. Determinaciones generales.
Tasación conjunta.
Artículo 291. Titulares e interesados.
Artículo 292. Contenido del proyecto de expropiación.
Artículo 293. Procedimiento de aprobación y efectos.
Exclusión de la expropiación.
Artículo 294. Disposiciones generales.
Artículo 295. Procedimiento.
Artículo 296. Características del sistema.
Artículo 297. Formas de gestión del sistema.
Artículo 298. Concepto.
Proyecto de estatutos y de bases de actuación.
Artículo 299. Iniciativa y superficie exigida.
Pág. 49338
Artículo 300. Contenido de los estatutos.
Artículo 301. Contenido de las bases de actuación.
Artículo 302. Aprobación inicial e información pública.
Artículo 303. Aprobación definitiva.
Artículo 304. Modelo general municipal de estatutos y de bases de actuación.
Artículo 305. Naturaleza y constitución.
Artículo 306. Habilitación a la junta de compensación para la expropiación u ocupa- ción de parcelas.
Artículo 307. Ocupación de parcelas.
Artículo 308. Proyecto de compensación.
Artículo 309. Junta de compensación y transmisión de terrenos.
Artículo 310. Financiación de las obras de urbanización.
Artículo 311. Responsabilidad de la junta de compensación y obligaciones de sus miembros.
Artículo 312. Adopción e impugnación de los acuerdos de la junta de compensación.
Artículo 313. Sustitución del sistema de compensación.
Artículo 314. Disolución y liquidación.
Capítulo VII. Obtención de terrenos de sistemas generales y locales.
Artículo 315. Obtención del suelo de los sistemas generales y locales.
Pág. 49339
Permuta forzosa.
Artículo 316. Permuta forzosa.
Ocupación directa.
Artículo 317. Ocupación directa.
Artículo 318. Proyecto de ocupación directa.
Artículo 319. Procedimiento de aprobación.
Artículo 320. Certificación administrativa de la ocupación.
Artículo 321. Disposiciones finales.
Capítulo VIII. Entidades urbanísticas colaboradoras.
Artículo 322. Disposiciones generales.
Artículo 323. Naturaleza y personalidad jurídica.
Artículo 324. Constitución.
Artículo 325. Subrogación.
Artículo 326. Responsabilidades de las entidades y obligaciones de sus miembros.
Artículo 327. Adopción e impugnación de acuerdos.
Artículo 328. Disolución y liquidación.
Artículo 329. Constitución.
Artículo 330. Bienes que integran el patrimonio público del suelo.
Artículo 331. Destino del patrimonio público del suelo.
Pág. 49340
Capítulo I. Fomento de la edificación, conservación y rehabilitación.
Artículo 332. Deberes de uso, conservación y rehabilitación.
Artículo 333. Objeto de las órdenes de ejecución.
Artículo 334. Contenido de las órdenes de ejecución.
Artículo 335. Procedimiento para dictar órdenes de ejecución.
Artículo 336. Ejecutividad y ejecución forzosa de las órdenes de ejecución.
Registro de Solares y venta forzosa.
Artículo 337. Registro de solares.
Artículo 338. Venta forzosa.
Artículo 339. Obligaciones del adquirente.
Artículo 340. Actuación directa o a través de una sociedad urbanística.
Artículo 341. Declaración de ruina.
Artículo 342. Iniciación del procedimiento de declaración de ruina.
Artículo 343. Alegaciones e informes técnicos.
Artículo 344. Fin del procedimiento.
Artículo 345. Resolución del expediente de ruina.
Pág. 49341
Artículo 346. Peligro inminente para las personas o bienes.
Artículo 347. Responsabilidad de las personas propietarias.
Capítulo II. Intervención en la edificación y uso del suelo.
Títulos habilitantes de naturaleza urbanística.
Artículo 348. Licencias urbanísticas y comunicaciones previas.
De las licencias urbanísticas.
Artículo 349. Definición y objeto.
Artículo 350. Régimen jurídico aplicable al otorgamiento de licencias.
Artículo 351. Actos sujetos a licencia.
Procedimiento para el otorgamiento de licencias.
Artículo 352. Competencia y determinaciones generales.
Artículo 353. Solicitud.
Artículo 354. Tramitación del procedimiento.
Artículo 355. Supuestos específicos.
Artículo 356. Prelación de licencias y otros títulos administrativos.
Artículo 357. Resolución.
Artículo 358. Licencias por fases o parciales.
Artículo 359. Caducidad de las licencias.
Pág. 49342
De la comunicación previa.
Artículo 360. Definición y actos sujetos a comunicación previa.
Artículo 361. Presentación de la comunicación.
Artículo 362. Comprobación de los datos comunicados.
Artículo 363. Plazos para la ejecución de obras amparadas en una comunicación previa.
Obras destinadas al desarrollo de una actividad.
Artículo 364. Obras destinadas al desarrollo de una actividad.
Actos promovidos por administraciones públicas.
Artículo 365. Actos promovidos por administraciones públicas.
Artículo 366. Parcelaciones urbanísticas.
Artículo 367. División y segregación de fincas en suelo rústico.
Artículo 368. Régimen de parcelaciones y divisiones de terrenos.
Capítulo III. Disciplina urbanística.
Artículo 369. Protección de la legalidad urbanística.
Artículo 370. Colaboración de las administraciones con la inspección urbanística.
Artículo 371. De la inspección urbanística.
Pág. 49343
Artículo 372. Planes de inspección.
Artículo 373. Facultades del personal adscrito a la inspección urbanística.
Artículo 374. Actas de inspección.
Artículo 375. Medidas a adoptar.
Artículo 376. Obras y usos sin título habilitante en curso de ejecución.
Artículo 377. Obras terminadas sin título habilitante.
Artículo 378. Actuaciones previas.
Procedimiento de reposición de la legalidad urbanística.
Artículo 379. Iniciación del procedimiento de reposición de la legalidad urbanística.
Artículo 380. Suspensión provisional de obras en curso de ejecución.
Artículo 381. Solicitud de informes, período de prueba y audiencia a la persona inte- resada.
Artículo 382. Fin del procedimiento.
Ejecutividad de las órdenes de reposición.
Artículo 383. Ejecutividad y ejecución voluntaria.
Artículo 384. Ejecución forzosa.
Suspensión y revisión de títulos administrativos habilitantes.
Artículo 385. Suspensión y revisión de licencias.
Pág. 49344
Artículo 386. Protección de la legalidad en zonas verdes, espacios libres, viarios, dotaciones y equipamientos públicos.
Artículo 387. Protección de la legalidad en el suelo rústico.
Artículo 388. Definición de las infracciones urbanísticas.
Artículo 389. Tipificación de las infracciones urbanísticas.
Artículo 390. Plazos de prescripción.
Artículo 391. Personas responsables.
Artículo 392. Reglas para determinar la cuantía de las sanciones.
Artículo 393. Circunstancias agravantes y atenuantes de la responsabilidad.
Artículo 394. Sanciones accesorias.
Artículo 395. Órganos competentes.
Artículo 396. Procedimiento sancionador.
Artículo 397. Concurrencia con ilícito penal.
Artículo 398. Objeto y naturaleza.
Pág. 49345
Artículo 399. Convenios urbanísticos de planeamiento.
Artículo 400. Convenios urbanísticos para la ejecución del planeamiento.
Artículo 401. Formalización de los convenios urbanísticos.
Artículo 402. Perfeccionamiento de los convenios urbanísticos.
Artículo 403. Publicidad de los convenios.
Disposición adicional primera. Supresión del Registro de Entidades Urbanísticas Colabo- radoras.
Disposición adicional segunda. Justificación de la necesidad de vivienda vinculada a la explotación agropecuaria en el caso de jóvenes agricultores.
Disposición transitoria segunda. Desarrollo de la disposición transitoria primera de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.
Disposición transitoria tercera. Desarrollo de la disposición transitoria cuarta de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.
Disposición transitoria cuarta. Desarrollo de la disposición transitoria séptima de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.
Disposición transitoria quinta. Proyectos de ejecución del planeamiento urbanístico en tra- mitación.
Disposición transitoria sexta. Régimen transitorio de los órganos colegiados.
Disposición transitoria séptima. Normas subsidiarias y complementarias provinciales.
ANEXO II. Informes sectoriales en la tramitación de los instrumentos de planeamiento.
ANEXO III. Ficha resumen del Plan general de ordenación municipal.
Pág. 49346
1. Este reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del
suelo de Galicia.
2. El régimen urbanístico del suelo y la regulación de la actividad administrativa relacio-
nada con él vendrán determinados por lo establecido en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, en el presente reglamento y en los instrumentos de ordenación urbanística previstos en aquella (artículo 1.2 de la LSG).
1. La dirección y el control de la actividad urbanística constituyen una función pública
y corresponden, en todo caso, a la Administración urbanística competente (artículo 2.1 de la LSG). A tal efecto:
a) Corresponden a la comunidad autónoma las competencias de impulso, dirección y
control de la actividad urbanística que se le atribuyen expresamente en la normativa urba-
nística.
b) Corresponden a los ayuntamientos las competencias de impulso, dirección y control
de la actividad urbanística que no estén expresamente atribuidas a otras administraciones públicas en la normativa urbanística.
2. La gestión de la actividad urbanística puede desarrollarse directamente por aquella,
o a través de las formas previstas por la Ley 2/2016, de 10 de febrero, y de las autorizadas
por la legislación reguladora de la administración actuante. En todo caso, las facultades que impliquen el ejercicio de autoridad sólo podrán desarrollarse a través de una forma de gestión directa y en régimen de derecho público (artículo 2.2 de la LSG).
3. Cuando el mejor cumplimiento de los fines y objetivos del planeamiento urbanístico así lo aconseje, se suscitará la iniciativa privada, pudiendo celebrarse convenios urbanís- ticos con particulares con la finalidad de establecer los términos de colaboración para el mejor y eficaz desarrollo de la actividad urbanística (artículo 2.3 de la LSG).
Pág. 49347
4. En la formulación, tramitación y gestión del planeamiento urbanístico las adminis-
traciones urbanísticas competentes habrán de asegurar la participación de las personas interesadas y de la ciudadanía en general (artículo 2.4 de la LSG).
1. La actividad urbanística es una función pública que tiene por objeto la organización,
dirección y control de la ocupación y la utilización del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo,
su transformación mediante la urbanización, la edificación y la rehabilitación del patrimonio inmobiliario, así como la protección de la legalidad urbanística (artículo 3 de la LSG).
2. La regulación de la actividad urbanística comprende los siguientes aspectos que se
desarrollan en el presente reglamento:
a) Régimen urbanístico del suelo, regulado en el título I.
b) Planeamiento urbanístico, regulado en el título II.
c) Normas de aplicación directa, reguladas en el título III.
d) Ejecución del planeamiento urbanístico, regulada en el título IV.
e) Patrimonios públicos del suelo, regulados en el título V.
f) Intervención en la edificación y uso del suelo y disciplina urbanística, regulados en el título VI.
g) Convenios urbanísticos, regulados en el título VII.
1. De conformidad con el artículo 4 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, la competencia
urbanística abarca:
a) Competencias relativas al planeamiento urbanístico.
b) Competencias relativas a la ejecución del planeamiento urbanístico.
c) Competencias relativas a la intervención en la regulación del mercado del suelo.
Pág. 49348
d) Competencias relativas a la intervención en el ejercicio de las facultades dominicales
relativas al uso del suelo y edificación.
Competencias en materia de disciplina urbanística.
De acuerdo con el artículo 4.6 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, las competencias
que se enumeran en los artículos siguientes tienen un carácter meramente enunciativo, co-
rrespondiendo cuantas otras fueran necesarias para el cumplimiento de los fines de dicha ley, con arreglo a la cual habrán de ser ejercidas.
cución
Ámbito de la competencia urbanística relativa al planeamiento y a su eje-
1. La competencia urbanística relativa al planeamiento comprenderá las siguientes fa-
a) Formular los planes e instrumentos de planeamiento urbanístico previstos en la Ley 2/2016, de 10 de febrero.
Establecer la clasificación del suelo.
Determinar el uso del suelo, del subsuelo y de las construcciones.
Determinar la configuración y las dimensiones de las parcelas edificables.
Emplazar las infraestructuras, equipamientos, centros de producción y residenciales
de manera adecuada para la población.
f) Establecer zonas de distinta utilización, en función de la densidad de la población
que haya de habitarlas, porcentaje de terreno que pueda ser ocupado por construcciones, volumen, forma, número de plantas, clase y destino de los edificios, con sujeción a las or- denaciones generales uniformes para cada tipología en toda la zona.
g) Formular las reservas de suelo y fijar criterios para el trazado de vías públicas y redes
de infraestructuras y servicios, y para la implantación de dotaciones urbanísticas y, en con-
creto, parques y jardines públicos, así como espacios libres de edificación, en proporción adecuada a las necesidades colectivas.
h) Señalar el emplazamiento y características de los centros y servicios públicos de
cualquier finalidad y demás equipamientos.
Pág. 49349
i) Calificar terrenos para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de pro- tección pública.
j) Orientar la composición arquitectónica de las edificaciones y regular, en los casos en
los que fuere necesario, sus características estéticas (artículo 4.1 de la LSG).
2. La competencia urbanística en lo que se refiere a la ejecución del planeamiento, con- fiere las siguientes facultades:
Dirigir, realizar, conceder y fiscalizar la ejecución de las obras de urbanización.
Fomentar la iniciativa de los particulares, promoviendo su participación en los proce-
sos de ejecución.
c) Expropiar los terrenos y construcciones necesarios para efectuar las obras y cuantas
actuaciones convengan a la economía de la actividad urbanística proyectada (artículo 4.2 de la LSG).
Ámbito de la competencia urbanística referida a la intervención en la regu-
lación del mercado del suelo y en el ejercicio de las facultades dominicales relativas al uso
del suelo y edificación
1. La competencia urbanística en lo que se refiere a la intervención en la regulación del mercado del suelo confiere las siguientes facultades:
a) Regular el mercado de terrenos como garantía de la subordinación de los mismos a
los fines previstos en el planeamiento urbanístico.
b) Constituir y gestionar patrimonios públicos de suelo (artículo 4.3 de la LSG).
2. La competencia urbanística en lo referente a la intervención en el ejercicio de las facultades dominicales relativas al uso del suelo y edificación comprenderá las siguientes facultades:
a) Intervenir en la construcción y uso de las fincas y en la parcelación de terrenos me-
diante el título habilitante de naturaleza urbanística que resulte exigible.
c) Exigir a los propietarios el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley 2/2016, de 10 de febrero (artículo 4.4 de la LSG).
Pág. 49350
Ámbito de la competencia urbanística en materia de disciplina urbanística
La competencia urbanística en materia de disciplina urbanística comprenderá las si- guientes facultades:
a) Inspeccionar las obras, edificaciones y usos del suelo para comprobar el cumplimien-
to de la legalidad urbanística.
b) Adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento del orden urbanístico vulne-
rado y reponer los bienes afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal.
c) Imponer las sanciones que correspondan a los responsables de las infracciones ur-
banísticas (artículo 4.5 de la LSG).
La actividad administrativa en materia de urbanismo tendrá, en aplicación de los princi- pios constitucionales de la política económica y social, entre otras, las siguientes finalidades:
a) Asegurar que el suelo se utilice en congruencia con la utilidad pública y la función
social de la propiedad en las condiciones establecidas en las leyes y, en su virtud, en el planeamiento urbanístico.
b) Garantizar el principio de justa distribución de los beneficios y cargas del planeamien-
to entre los propietarios afectados por el mismo.
c) Asegurar la participación de la comunidad en las plusvalías que genere la acción ur-
banística de los entes públicos.
d) Preservar el medio físico, los valores tradicionales, las señales de identidad y la me-
moria histórica de Galicia.
e) Armonizar las exigencias de ordenación y conservación de los recursos naturales y
del paisaje rural y urbano con el mantenimiento, diversificación y desarrollo sostenible del territorio y de su población, para contribuir a elevar la calidad de vida y la cohesión social de la población.
f) Velar para que la actividad urbanística se desarrolle promoviendo la más amplia parti- cipación social, garantizando los derechos de información y de iniciativa de los particulares, asegurando, en todo caso, la participación de los ciudadanos y asociaciones por estos constituidas para la defensa de sus intereses y valores.
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g) Conseguir la integración armónica del territorio y proteger los valores agrarios, fo-
restales y naturales y la riqueza y variedad arquitectónica, fomentando el empleo de las formas constructivas propias de las diversas zonas y garantizando su integración en el medio rural.
h) Fomentar la ordenación y mejora de los núcleos rurales, evitando la degradación y
pérdida de las construcciones tradicionales, favoreciendo el uso y disfrute del medio rural.
i) Ejercer las competencias de las administraciones públicas con arreglo a los principios de cooperación, coordinación, asistencia activa e información recíproca, con el objetivo de garantizar la plena aplicación y eficacia de la normativa urbanística (artículo 5 de la LSG).
Las dudas en la interpretación del planeamiento urbanístico producidas por imprecisio- nes o contradicciones entre documentos de igual rango normativo se resolverán aplicando el principio de interpretación integrada de las normas (artículo 6 de la LSG).
CAPÍTULO II competencias y organización administrativa
En el desarrollo de las actividades reguladas en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, enten- derán específicamente los órganos pertenecientes a la Administración de la Comunidad Autónoma y administraciones locales (artículo 7 de la LSG).
Competencias y órganos urbanísticos de la Comunidad Autónoma
1. Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma el ejercicio de las com- petencias urbanísticas expresamente atribuidas en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, y en la restante legislación urbanística (artículo 8.1 de la LSG).
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2. Son órganos de la Administración general de la Comunidad Autónoma con compe-
tencia urbanística:
La persona titular de la consellería competente en materia de urbanismo.
La persona titular del órgano competente en materia de urbanismo.
La Comisión Superior de Urbanismo de Galicia (artículo 8.2 de la LSG).
Son entidades públicas autonómicas con competencias urbanísticas:
La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, en materia de disciplina urba-
b) El Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, en materia de gestión urbanística (artícu-
lo 8.3 de la LSG).
4. Las competencias urbanísticas atribuidas a la Administración de la Comunidad Autó-
noma, sin indicar expresamente el órgano competente que deba ejercerlas, corresponde- rán a la persona titular de la consellería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
1. La Comisión Superior de Urbanismo es el órgano superior, de carácter consultivo, en
materia de urbanismo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia (artículo 9.1 de la LSG).
Este órgano colegiado, adscrito a la consellería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, ejercerá sus funciones en los términos previstos en este regla- mento.
2. La Comisión Superior de Urbanismo emitirá los informes y dictámenes que, con carác-
ter preceptivo, vengan exigidos por cualquier disposición legal o reglamentaria, así como sobre cuantos asuntos sean sometidos a consulta por la persona titular de la consellería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
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La persona titular de cualquiera de las consellerías de la Xunta de Galicia, podrá dirigir
a la persona titular de la consellería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo una solicitud razonada de emisión de informe por la Comisión Superior de Urba- nismo sobre asuntos con incidencia en el ámbito de la ordenación urbanística.
1. La Comisión Superior de Urbanismo de Galicia estará presidida por la persona titular
de la consellería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, que po- drá delegar en la persona titular de la Vicepresidencia.
2. Formarán parte de la Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, además de la per-
sona titular de la Presidencia, los siguientes miembros:
a) La Vicepresidencia, con voz y voto, que será ejercida por la persona titular del órgano
competente en materia de Urbanismo, y que actuará como presidente/a en los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, o por delegación.
b) Los/las siguientes vocales, con voz y voto:
1º. El titular de la secretaría general técnica y los titulares de las direcciones generales
o equivalentes de la consellería competente en materia de ordenación del territorio y urba- nismo.
Podrán actuar en su nombre las persona a las que legalmente corresponda su substitu- ción o, en su caso, en las que expresa y documentalmente se delegue.
2º. Una persona representante, con rango de secretario/a general técnico/a o de director/a general o equivalente, por cada una de las consellerías de la Xunta de Galicia con competencias con incidencia directa o transversal en las cuestiones urbanísticas obje- to de sometimiento a la Comisión Superior de Urbanismo.
Podrán actuar en su nombre las personas a las que legalmente corresponda su substi- tución o, en su caso, en las que expresa y documentalmente se delegue.
3º. Una persona representante por cada una de las entidades públicas autonómicas con competencias urbanísticas: la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo.
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4º. La persona titular de la dirección de la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Ga- licia, o persona a la que legalmente corresponda su substitución o, en su caso, en la que expresa y documentalmente se delegue.
5º. La persona titular de la presidencia de cada una de las diputaciones provinciales de Galicia, o el/la diputado/a provincial en el/la que expresa y documentalmente se delegue.
6º. Cuatro titulares de alcaldías, designados por la Federación Gallega de Municipios y Provincias: un/una de ellos/las entre los/las alcaldes/esas de municipios con menos de 5.000 habitantes; uno de los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes; uno de los municipios de entre 20.001 y 50.000 habitantes; y otro/la de entre los municipios de más de 50.000 habitantes.
7º. Cuatro vocales de libre designación por la persona titular de la consellería compe- tente en materia de Urbanismo, entre personas de acreditada experiencia o vinculación con cualquier materia relacionada con la ordenación del territorio y urbanismo de Galicia.
8º. Un vocal en representación de cada uno de los colegios oficiales con competencias urbanísticas.
3. Podrán asistir a las sesiones de la comisión y tener voz en ella:
a) El/la subdirector/a general en materia de Urbanismo, de la consellería competente en
materia de urbanismo.
Un/una asesor/a jurídico/a de la consellería competente en materia de urbanismo.
La Comisión Superior de Urbanismo tendrá un/una secretario/a, licenciado/a en de-
recho o en posesión del grado equivalente, y designado/a por el/la presidente/a entre el personal empleado público que presta servicios en la consellería competente en materia de urbanismo. Su suplencia temporal atenderá a los mismos requisitos.
5. El/la presidente/a podrá convocar a las autoridades, funcionarios/as y técnicos/as que
estime conveniente para el mejor asesoramiento de la comisión.
6. Las designaciones se harán procurando conseguir una presencia equilibrada de hom-
bres y mujeres en la composición total de la Comisión.
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1. El órgano competente en materia de urbanismo actuará como órgano permanente
encargado de preparar los asuntos del orden del día de la Comisión Superior de Urbanismo de Galicia.
2. Para su válida constitución a efectos de la celebración de la sesión, deliberaciones y
toma de acuerdos, se requerirá la presencia del presidente y del secretario o, en su caso, de aquellos que los sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros.
3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos emitidos por los miembros asis-
tentes, salvo que por precepto expreso se exija una mayoría cualificada, dirimiendo los
empates el presidente con su voto.
1. La Comisión Superior de Urbanismo se reunirá cuantas veces sea convocada por su
2. Los miembros de la Comisión Superior de Urbanismo recibirán, con una antelación mí-
nima de cuarenta y ocho horas, la convocatoria que contenga el orden del día de la reunión,
así como del acta de la sesión anterior a los efectos de su aprobación, cuando proceda.
3. Las convocatorias se efectuarán mediante correo electrónico siempre que se cum-
plan los requisitos determinados en la legislación vigente para el uso de medios electróni- cos por los órganos colegiados:
a) El sistema de notificación electrónica permitirá acreditar la fecha y hora en que se pro- duzca la puesta la disposición de la persona interesada de la convocatoria notificada, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales.
En todo caso, se presumirá que la notificación se hubo producido por el transcurso de veinticuatro horas, excluyendo los sábados, domingos y festivos, desde la puesta a disposi- ción de la persona interesada de la convocatoria notificada, excepto que de oficio o a instan- cia de la persona destinataria, se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.
b) Todos los miembros de la Comisión Superior de Urbanismo que tengan la condición de cargo público o empleado público de la Administración de la Xunta de Galicia serán notifica- dos en su dirección electrónica institucional correspondiente. El resto de los miembros serán notificados electrónicamente en la dirección de correo electrónico que señalen a ese efecto.
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4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día excepto que estén presentes todos los miembros y sea declarada la urgencia del mismo por el voto favorable de la mayoría.
1. De cada sesión que celebre la Comisión Superior de Urbanismo, la persona titular
de la secretaría levantará acta, que especificará necesariamente las personas asistentes, el orden del día, las circunstancias del lugar y tiempo en el que se hubiera celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.
2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto con- trario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen, o el sentido de su voto favorable.
Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que se refiera a alguno de los puntos del orden del día y aporte en el acto, o en el plazo que señale el presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose constar así en el acta o uniéndose copia a esta.
3. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular
por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas contado desde el momento en que el pre- sidente dé por finalizada la sesión, que se incorporará al texto aprobado.
4. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan quedarán exentos
de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos adoptados.
5. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión; no obstante, el/la
secretario/a podrá emitir certificación sobre los acuerdos específicos que se hubieran adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamen- te tal circunstancia.
1. La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística es un ente público de natura-
leza consorcial, dotado de personalidad jurídica, patrimonio y presupuesto propios y plena
autonomía en el cumplimiento de sus funciones de inspección, restauración de la legalidad
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y sanción en materia de urbanismo, así como el desempeño de cuantas otras competen- cias le asignen las leyes o sus estatutos (artículo 10.1 de la LSG).
2. La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística tiene por finalidad esencial ve- lar por la utilización racional del suelo conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora del urbanismo, la ordenación del territorio y del litoral, especialmente en el medio rural y en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.
3. La Agencia estará adscrita orgánicamente a la consellería competente en materia de
urbanismo y ordenación del territorio. Sus estatutos serán aprobados y modificados por el siguiente procedimiento:
a) Aprobación inicial del proyecto de estatutos por el titular de la consellería competente
en materia de urbanismo y ordenación del territorio.
c) Dictamen de la Comisión Superior de Urbanismo de Galicia y del Consejo Consultivo
d) Aprobación definitiva por el Consello da Xunta mediante decreto, que será publicado en el Diario Oficial de Galicia (artículo 10.3 de la LSG).
4. Corresponden, en todo caso, a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística,
además de las competencias que en materia de disciplina urbanística le sean atribuidas por sus estatutos, las competencias inicialmente asignadas a los órganos autonómicos para restaurar la legalidad urbanística y para imponer las sanciones por infracciones urba- nísticas graves y muy graves en los términos de los artículos 163 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, y 395 de este reglamento (artículo 10.5 de la LSG).
1. Son miembros de la Agencia la Administración autonómica y los municipios que volun-
tariamente se integren en ella a través del correspondiente convenio de adhesión, que habrá de ser aprobado por el pleno de la corporación y por el titular de la consellería competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio, y publicado en el Diario Oficial de Galicia.
El convenio deberá contener, entre otros extremos, la determinación de las compe- tencias que se le atribuyen a la Agencia, el plazo de vigencia y las causas de resolución (artículo 10.2 de la LSG).
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La Agencia ejercerá efectivamente esas competencias desde el momento que se de- termine en el convenio de adhesión, estando, en todo caso, condicionada su vigencia a su publicación en el Diario Oficial de Galicia.
2. Los órganos directivos de la Agencia son:
a) El consejo ejecutivo, órgano de dirección y control de la Agencia, que estará presidido
por el titular del órgano de dirección competente en materia de urbanismo e integrado por ocho vocales, cuatro en representación de los ayuntamientos incorporados a la Agencia y otros cuatro en representación de la Comunidad Autónoma (artículo 10.4 de la LSG).
Todos sus vocales deberán ser titulados en la licenciatura en derecho, arquitectura o ingeniería de caminos, canales y puertos o tener el grado equivalente a esas titulaciones, y contar con mas de cinco años de experiencia profesional en materia de urbanismo.
b) El director, nombrado por el Consello de la Xunta, oído el consejo ejecutivo. Le co-
rresponderá la representación ordinaria de la Agencia, la dirección de todos sus servicios y
la jefatura de su personal, y asistirá a las reuniones del consejo ejecutivo con voz pero sin
voto (artículo 10.4 de la LSG).
3. De conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre régimen jurídico de las ad-
ministraciones públicas y del procedimiento administrativo común, los actos y resoluciones dictados por la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística ponen fin a la vía admi- nistrativa (artículo 10.6 de la LSG).
1. El Jurado de Expropiación de Galicia es un órgano colegiado permanente de la Co-
munidad Autónoma de Galicia especializado en los procedimientos para la fijación del justi- precio en la expropiación forzosa, cuando la Administración expropiante sea la Comunidad Autónoma o las entidades locales de su ámbito territorial, actuando en el cumplimiento de
sus funciones con plena autonomía funcional (artículo 11.1 de la LSG) y sin estar sometido
a instrucciones jerárquicas.
2. La resolución del Jurado se adoptará en el plazo máximo de tres meses, a contar des-
de el día siguiente al de entrada en el registro del expediente completo. De no adoptarse acuerdo en el plazo señalado, se entenderán desestimadas las reclamaciones por silencio
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negativo. Sus acuerdos serán siempre motivados y fundamentados en lo que se refiere a los criterios de valoración seguidos para cada uno de los casos en concreto, de conformi- dad con las disposiciones legales (artículo 11.2) y reglamentarias que sean de aplicación. Los actos que dicte el Jurado pondrán fin a la vía administrativa.
3. El Jurado funciona en Pleno y en secciones. Su composición es la siguiente:
1º. Presidencia: con rango de dirección general, deberá ser una persona licenciada o con el grado en Derecho, arquitectura o ingeniería, con más de diez años de experiencia profesional en el sector público o privado.
po A1, a propuesta de la Federación Gallega de Municipios y Provincias.
4. El/la secretario/a del Jurado de Expropiación de Galicia podrá ser un miembro del
mismo o un empleado público al servicio de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia.
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5. Cuando se trate de expropiaciones de las corporaciones locales, podrá incorporarse
a las sesiones del Pleno del Jurado un/una representante, designado/a a propuesta de
aquellas, quien actuará con voz y sin voto.
Competencias urbanísticas en el ámbito local
1. Los municipios ejercerán, en todo caso, como competencias propias todas las facul-
tades que les son atribuidas en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, y demás normativa que resulte de aplicación en materia de planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanís- tica, protección del patrimonio histórico, promoción y gestión de la vivienda de protección pública, con criterios de sostenibilidad financiera, y conservación y rehabilitación de la edi- ficación, salvo que estén expresamente atribuidas a otras administraciones.
2. Los municipios ejercerán las competencias urbanísticas que les correspondan bien
directamente o bien por delegación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, en el presente reglamento y en la normativa de régimen local (artículo 12.2 de la LSG).
3. Los municipios podrán establecer las formas de colaboración con otras entidades
de derecho público que resulten más convenientes para el ejercicio de sus competencias urbanísticas, con arreglo a la legislación de régimen local (artículo 12.3 de la LSG).
1. Las administraciones públicas previstas en este reglamento podrán constituir geren-
cias de urbanismo para el mejor desarrollo de las competencias urbanísticas que el orde- namiento les haya confiado, cuyo ámbito de actuación podrá abarcar todo el territorio al que se extienda la competencia de la correspondiente Administración o áreas determina- das de aquel.
2. En la creación de la gerencia se observarán las previsiones establecidas en cada
caso por la legislación aplicable a la entidad o entidades que acuerden su constitución.
3. El régimen de gerencia implica una diferenciación orgánica, funcional o ambas a la
vez, respecto de la organización y funciones generales propias del ente público que la constituya.
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4. La gerencia puede tener la naturaleza jurídica de un órgano de carácter individual o
colegiado o de una entidad con personalidad y patrimonio propios.
5. Su duración puede ser indefinida o temporal, extinguiéndose, en este caso, al finalizar los trabajos encomendados.
TÍTULO I régimen urbanístico del suelo
1. Las facultades urbanísticas del derecho de propiedad relativas al uso del suelo, sub-
suelo y vuelo y, en especial, su urbanización y edificación se ejercerán dentro de los límites
y con el cumplimiento de los deberes establecidos en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, y, en virtud de la misma, por los instrumentos de ordenación urbanística, de acuerdo con la clasificación urbanística de las fincas, asegurando que el suelo se utilice en congruencia con la utilidad pública y función social de la propiedad, garantizando el cumplimiento de las obligaciones y cargas legalmente establecidas y coordinadamente con la legislación sectorial (artículo 13.1 de la LSG).
2. La ordenación del uso de los terrenos y construcciones establecida en la legislación
y en el planeamiento urbanísticos no confiere a los propietarios ningún derecho a exigir indemnización por implicar simples límites y deberes que definen el contenido normal de la propiedad según su calificación urbanística, salvo en los supuestos previstos en las leyes. Los afectados tendrán, no obstante, derecho a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, en los términos previstos en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, y en este reglamento (artículo 13.2 de la LSG).
La transmisión de fincas no modificará la situación de su titular respeto a los deberes establecidos por la legislación urbanística o a los exigibles por los actos de ejecución de- rivados de la misma. El nuevo titular quedará subrogado en el lugar y puesto del anterior propietario en sus derechos y deberes urbanísticos, así como en los compromisos que este hubiera contraído con la Administración urbanística competente y hayan sido objeto de inscripción registral, siempre que tales compromisos se refieran a un posible efecto de mutación jurídica real y sin perjuicio de la facultad de ejercitar contra el trasmitente las ac- ciones que procediesen (artículo 14 de la LSG).
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CAPÍTULO II Clasificación y categorización del suelo
1. Los planes generales de ordenación y los planes básicos municipales deberán clasi-
ficar y categorizar el territorio municipal en todas o alguna de las siguientes clases y cate- gorías de suelo:
a) Suelo urbano: consolidado y no consolidado.
b) Suelo de núcleo rural: tradicional y común.
d) Suelo rústico: de protección ordinaria y de especial protección. Dentro del suelo rús-
tico de especial protección, se distinguirán las siguientes categorías:
1º. Suelo rústico de protección agropecuaria.
2º. Suelo rústico de protección forestal.
3º. Suelo rústico de protección de las aguas.
4º. Suelo rústico de protección de costas.
5º. Suelo rústico de protección de infraestructuras.
6º. Suelo rústico de protección de espacios naturales.
7º. Suelo rústico de protección paisajística.
8º. Suelo rústico de protección patrimonial.
2. En todo caso, los planes generales y los planes básicos municipales deberán deli-
mitar los ámbitos territoriales a los que corresponden cada una de las clases y categorías de suelo que establezcan, y la asignación de las superficies correspondientes deberá jus- tificarse para cada clase de suelo en función de las determinaciones establecidas en este reglamento.
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CAPÍTULO III régimen de las distintas clases y categorías de suelo
1. Los planes generales y los planes básicos clasificarán como suelo urbano los terre- nos que estén integrados en la malla urbana existente, siempre que reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) Que cuenten con acceso rodado público y con los servicios de abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, proporcionados mediante las correspondientes redes públicas o pertenecientes a las comunidades de usuarios reguladas por la legislación sectorial de aguas, y con características adecuadas para servir a la edificación existente y a la permitida por el plan (artículo 16.1.a) de la LSG).
En el supuesto de redes pertenecientes a las comunidades de personas usuarias, debe- rá acreditarse que las mismas reúnen los requisitos necesarios y que resultan suficientes para poder prestar los servicios correspondientes, mediante certificación del órgano que ostente la competencia sectorial en materia de aguas.
A los efectos previstos en este apartado, los servicios construidos para la conexión de un sector de suelo urbanizable, las carreteras y las vías de la concentración parcelaria no servirán de soporte para la clasificación como urbanos de los terrenos adyacentes, salvo cuando estén integrados en la malla urbana (artículo 16.1.l.a).
b) Que aun careciendo de algunos de los servicios citados en el apartado anterior, estén comprendidos en áreas ocupadas por la edificación, al menos en las dos terceras partes de los espacios aptos para ella, según la ordenación que el plan general o el plan básico establezcan (artículo 16.1.b) de la LSG).
2. A los efectos de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, se consideran incluidos en la malla urbana los terrenos que dispongan de una urbanización básica constituida por unas vías de acceso y comunicación y unas redes de servicios de las que puedan servirse los terrenos y que estos, por su situación, no estén desligados del entramado urbanístico ya existente (artículo 16.2 de la LSG).
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3. También adquirirán la condición de suelo urbano los sectores o ámbitos que sean ur-
banizados en ejecución del planeamiento, desde el momento de la terminación y recepción de las obras, conforme a lo establecido en este reglamento.
1. Los planes generales diferenciarán en el suelo urbano las siguientes categorías:
a) Suelo urbano consolidado, integrado por los terrenos que reúnan la condición de solar o que, por su grado de urbanización efectiva y asumida por el planeamiento urbanís- tico, puedan adquirir dicha condición mediante obras accesorias y de escasa entidad que puedan ejecutarse de forma simultánea con las de edificación (artículo 17.a) de la LSG).
b) Suelo urbano no consolidado, integrado por la restante superficie de suelo urbano y, en todo caso, por los terrenos que reúnan alguna de las siguientes condiciones:
b.1) Terrenos en los que sean necesarios procesos de urbanización, (artículo 17.b).1 de la LSG) entendiendo por tales los que supongan crear, junto con las correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o uso independiente y conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la or- denación urbanística.
b.2) Terrenos en los que sean necesarios procesos de reforma interior o renovación urbana (artículo 17.b).2 de la LSG). Este tipo de actuaciones tendrán por objeto realizar obras de regeneración y renovación urbanas cuando afecten, tanto a edificios como a re- mate de manzanas, así como al reajuste de viarios existentes.
b.3) Terrenos en los que se desarrollen actuaciones de dotación, entendiendo como ta- les aquellos en los que sea necesario incrementar las dotaciones públicas para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística, sin requerir la reforma o renovación de la urbanización.
Se entiende que ese aumento de edificabilidad o cambio de uso requerirá el incremento de las dotaciones públicas cuando conlleve un aumento del aprovechamiento superior al 30 % del existente (artículo 17.b).3 de la LSG).
A los efectos previstos en el apartado anterior, ese aumento de edificabilidad o cambio de uso debe entenderse como aumento del aprovechamiento lucrativo o del valor del mis- mo, y se referirá a un ámbito que afecte, como mínimo, a una manzana o pieza equivalente.
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2. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de lo previsto para
los planes especiales en el artículo 179.2, por cuanto estos pueden afectar a cualquier cla- se de suelo e incluso delimitar áreas de reparto en suelo urbano consolidado.
1. Tendrán la condición de solar las superficies de suelo urbano legalmente divididas y
aptas para la edificación que cuenten con acceso por vía pública pavimentada y servicios urbanos de abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas residuales a la red de saneamiento, suministro de energía eléctrica y alumbrado público, en condiciones de cau- dal y potencia adecuadas para los usos permitidos. Si existiera planeamiento, además de lo anterior, habrán de estar urbanizadas de acuerdo con las alineaciones y rasantes de todas las vías a las que den frente (artículo 18.1 de la LSG).
A estos efectos, la urbanización debe alcanzar no sólo las obras que afecten al frente de fachada o fachadas del terreno sobre el que se pretenda construir, sino a todas las infraes- tructuras necesarias para que se puedan prestar los servicios públicos necesarios, hasta el punto de enlace con las redes generales y viarias que estén en funcionamiento.
Los servicios urbanos existentes deberán estar dimensionados de acuerdo con lo que establezca la legislación sectorial, sin que quepa imputar a las personas propietarias del suelo deberes de desarrollo o redimensionamento de los servicios que, de acuerdo con la respectiva legislación sectorial, correspondan a las entidades titulares de las infraestructu- ras o gestoras de los servicios.
2. Los terrenos incluidos en el suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable
sólo podrán alcanzar la condición de solar previa ejecución del correspondiente planea- miento urbanístico, incluyendo las obras de urbanización exigibles para la conexión con los sistemas generales existentes y, en su caso, para su ampliación o refuerzo (artículo 18.2 de la LSG).
Obras de edificación y de urbanización simultáneas
1. En suelo urbano no consolidado y urbanizable no podrá ser edificado ni parcelado
ningún terreno que no reúna la condición de solar, excepto que se asegure la ejecución si- multánea de la urbanización y de la edificación mediante aval que deberá alcanzar el coste estimado de las obras de urbanización afectas al terreno.
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Se cumplirán, además, las siguientes condiciones:
a) La autorización de la edificación no podrá ser anterior a la aprobación definitiva de los
instrumentos de equidistribución y urbanización.
b) La ejecución de la edificación no podrá comenzar mientras no se inicie formalmente
la ejecución de las obras de urbanización del polígono.
c) Se entenderá incumplida la obligación de ejecución simultánea de la urbanización y
de la edificación en el caso de uso de la edificación antes de la recepción de las obras de urbanización por el ayuntamiento.
En suelo de núcleo rural sujeto a actuaciones de carácter integral, las obras simultáneas de acometida, urbanización y edificación se recogerán también en un proyecto de urbani- zación, debiendo cumplirse igualmente las condiciones citadas en las letras a), b) y c).
2. Se atribuye a los ayuntamientos la facultad de edificar en parcelas dotacionales pú- blicas ubicadas en suelo urbano no consolidado, urbanizable y de núcleo rural sujeto a actuaciones de carácter integral, con carácter anterior a la aprobación definitiva de los proyectos de equidistribución o expropiación y urbanización, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) El ayuntamiento tiene que disponer sobre la parcela dotacional de un título de propie-
dad habilitante.
b) El ámbito sobre el que se autorice la edificación dispondrá de la ordenación detallada
definitivamente aprobada.
c) Haberse autorizado previamente el proyecto de obras regulado en el artículo 227.
d) En suelo urbano no consolidado y urbanizable, las parcelas dotacionales deberán
tener la condición de solar antes de la finalización de las obras de edificación. En suelo de núcleo rural se cumplirán las prescripciones de urbanización de los artículos 36.4 y 36.5, excepto en lo que respecta a la exigencia de garantías.
Los propietarios de suelo urbano tienen el derecho de completar la urbanización de los terrenos para que adquieran la condición de solar y a edificar estos en las condiciones establecidas en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, y en el planeamiento aplicable y, cuando
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proceda, participar en la ejecución de actuaciones de transformación urbanística en un régimen de justa distribución de beneficios y cargas (artículo 19 de la LSG).
a) Ceder gratuitamente a la administración titular de la vía los terrenos destinados a via-
les fuera de las alineaciones establecidas en el planeamiento cuando pretendan parcelar, edificar o rehabilitar integralmente (artículo 20.la) de la LSG).
b) Completar por su cuenta la urbanización necesaria para que los terrenos alcancen,
si aún no la tuvieran, la condición de solar, en los supuestos de edificar o rehabilitar inte- gralmente. A tal efecto, afrontarán los costes de urbanización precisos para completar los servicios urbanos y ejecutar las obras necesarias para conectar con las redes de servicios y viaria en funcionamiento (artículo 20.b) de la LSG).
Las obras necesarias para cumplir con lo dispuesto en este punto se recogerán en un proyecto de obras ordinarias, que podrá tener un carácter independiente o ser un anexo del proyecto de edificación o rehabilitación.
c) Regularizar las fincas para adaptar su configuración a las exigencias del planeamien-
to cuando fuera preciso por ser su superficie inferior a la parcela mínima o su forma inade- cuada para la edificación (artículo 20.c) de la LSG).
d) Edificar los solares en el plazo establecido (artículo 20.d) de la LSG).
e) Conservar y, en su caso, rehabilitar la edificación, a fin de que esta mantenga en todo
momento las condiciones establecidas en los artículos 135 de la Ley 2/2016, de 10 de fe- brero, y 332 de este reglamento (artículo 20.y) de la LSG).
f) Garantizar el realojo de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles situados en el área de actuación y que constituyan su residencia habitual, así como el retor- no cuando tengan derecho al mismo, en los términos establecidos en la legislación vigente.
Igualmente, habrán de indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que hayan de ser demolidas y las obras, instalaciones y plantaciones que no puedan conservarse (artículo 20.f) de la LSG).
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1. En el suelo urbano no consolidado definido en los artículos 17.b) puntos 1 y 2 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, y 26.b), puntos 1 y 2, de este reglamento, los propietarios tienen los siguientes deberes:
a) Ceder obligatoria y gratuitamente al ayuntamiento el suelo destinado al sistema local
de espacios libres, zonas verdes y equipamientos, y a la administración titular correspon-
diente el suelo destinado a viales.
b) Ceder obligatoria, gratuitamente y sin cargas a la administración municipal el suelo
necesario para la ejecución de los sistemas generales que el plan general incluya o adscri- ba al polígono en el que estén comprendidos los terrenos, así como ejecutar la urbaniza-
ción únicamente de los incluidos en el polígono en las condiciones que determine el plan.
c) Costear y, en su caso, ejecutar o completar las obras de urbanización del polígono,
así como las conexiones con los sistemas generales existentes, en los plazos establecidos por el planeamiento.
d) Ceder obligatoria, gratuitamente y libre de cargas al ayuntamiento el suelo correspon-
diente al 10 % del aprovechamiento tipo del área de reparto. La Administración no tendrá que contribuir a las cargas de urbanización correspondientes de esos terrenos, que habrán de ser asumidas por los propietarios.
e) Garantizar el realojo de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles
ubicados en el área de la actuación y que constituyan su residencia habitual, así como el re- torno cuando tengan derecho al mismo, en los términos establecidos en la legislación vigente.
f) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas del planeamiento con anterioridad al inicio de su ejecución material.
g) Edificar los solares en el plazo establecido (artículo 21.1 de la LSG).
2. En el suelo urbano no consolidado en que sean necesarias actuaciones de dotación, los deberes anteriores se exigirán con las siguientes salvedades:
a) El deber de cesión al ayuntamiento obligatoria, gratuitamente y sin cargas del suelo
correspondiente al aprovechamiento urbanístico que le corresponda se determinará aten- diendo sólo al incremento de edificabilidad media ponderada que, en su caso, resulte de
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la modificación del instrumento urbanístico, pudiendo cumplirse, en su caso, mediante la sustitución de la entrega de suelo por su valor en metálico, con la finalidad de costear la parte de financiación pública que pudiese estar prevista en la propia actuación, o integrarse en el patrimonio público del suelo, con destino preferente a actuaciones de rehabilitación o de regeneración y renovación urbanas.
b) El deber de entregar a la Administración el suelo para dotaciones públicas relacio-
nado con el reajuste de su proporción podrá sustituirse, en caso de imposibilidad física de materializarlo en el ámbito correspondiente, por la entrega de superficie edificada o edifi- cabilidad no lucrativa en un complejo inmobiliario ubicado dentro del mismo (artículo 21.2 de la LSG).
3. Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, con carácter ex- cepcional y siempre que se justifique adecuadamente que no cabe ninguna otra solución técnica o económicamente viable, los instrumentos de ordenación urbanística podrán exi- mir del cumplimiento de los deberes de nuevas entregas de suelo que les correspondieran a actuaciones sobre zonas con un alto grado de degradación e inexistencia material de suelos disponibles en su entorno inmediato.
La misma regla podrá aplicarse a los incrementos de la densidad o edificabilidad que fueran precisos para sustituir la infravivienda por vivienda que reúna los requisitos legal- mente exigibles, con destino al realojo y al retorno que exija la correspondiente actuación (artículo 21.3de la LSG).
Aprovechamiento urbanístico en el suelo urbano
a) En los terrenos incluidos por el plan en la categoría de suelo urbano consolidado, el
aprovechamiento real que resulte de la aplicación directa de las determinaciones del plan
sobre la parcela.
Los propietarios materializarán su aprovechamiento directamente sobre sus parcelas o tras la normalización de fincas (artículo 22.a) de la LSG).
b) En los terrenos incluidos en la categoría de suelo urbano no consolidado definidos en los artículos 17.b), puntos 1 y 2, de la Ley 2/2016, de 10 de febrero y 26.b), puntos 1 y 2 de este reglamento, el aprovechamiento resultante de referir a su superficie el 90 % del aprovechamiento tipo del área de reparto correspondiente.
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No obstante, los propietarios tienen derecho al 100 % del aprovechamiento tipo en los siguientes supuestos:
– Polígonos para los que el plan imponga cargas especialmente onerosas relativas a la rehabilitación integral o restauración de bienes inmuebles catalogados.
– Polígonos para los que el nuevo plan no contempla el incremento de la superficie
edificable respeto de la preexistente licitamente realizada ni incorpora nuevos usos que generen plusvalías.
Los propietarios materializarán su aprovechamiento urbanístico sobre las parcelas que resulten de la nueva ordenación o mediante compensación económica (artículo 22.b) de la LSG).
A los efectos previstos en esta letra, se entenderá por edificabilidad preexistente licita-
mente realizada, la edificabilidad asignada al ámbito por el planeamiento anterior, con in- dependencia de que ésta fuese o no materializada, y, en caso de que fuese materializada, unicamente la realizada de acuerdo con lo establecido en dicho planeamiento anterior.
c) Cuando se trate de actuaciones de dotación definidas en los artículos 17.b), punto 3 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero y 26.b), punto 3, de este reglamento, el aprovechamiento co- rrespondiente a los propietarios será el que reste tras efectuar al ayuntamiento la entrega del aprovechamiento regulado en el apartado 2.a) del artículo anterior (artículo 22.c) de la LSG).
d) En el caso de actuaciones urbanísticas promovidas por administraciones públicas u otras entidades del sector público cuyo objeto principal sea la construcción de viviendas protegidas, viviendas de promoción pública o equipamientos públicos o la creación de sue- lo para facilitar la implantación de industrias y otras actividades económicas, el beneficiario de la cesión del 10 % será la administración o la entidad actuante (artículo 22.d) de la LSG), cuando la actuación urbanística promovida sea por expropiación.
Delimitación y régimen
1. Constituyen el suelo de núcleo rural las áreas del territorio que sirven de soporte a un
asentamiento de población singularizado, identificable y diferenciado administrativamente
en los censos y padrones oficial que el planeamiento defina y delimite teniendo en cuenta
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el número de edificaciones, la densidad de viviendas, su grado de consolidación por la edificación y, en su caso, la tipología tradicional de su armazón y de las edificaciones exis- tentes en el mismo (artículo 23.1 de la LSG).
A los efectos de lo dispuesto en este apartado, se justificará el grado de consolidación por la edificación según el tipo de suelo de núcleo de que se trate, tradicional o común, con los límites establecidos en este reglamento.
Al mismo tiempo, la tipología tradicional de las edificaciones vendrá determinada por el cumplimiento de estas dos condiciones:
a) Que sean identificables en las fotografías aéreas del «vuelo americano» del año 1956.
b) Que tengan una estructura reconocible como tradicional de la arquitectura popular de Galicia.
2. El planeamiento, en congruencia con el modelo de asentamiento poblacional que in- corpore en el estudio del medio rural, delimitará los núcleos rurales de su ámbito de aplica- ción en atención a los parámetros anteriores, significadamente los antecedentes existentes de delimitaciones anteriores, sus peculiaridades urbanísticas y morfológicas y su capaci- dad de acogida de la demanda previsible del uso residencial en el medio rural. La definición de su perímetro se realizará en función de las condiciones topográficas y la estructura de la propiedad y de su nivel de integración en las dotaciones y servicios existentes en el mismo en los términos previstos en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, y este reglamento, y se ajus- tarán a las infraestructuras y huellas físicas de los elementos naturales existentes, siendo necesario, en su caso, prever la total urbanización y suficiencia de las redes de dotaciones, comunicaciones y servicios (artículo 23.2 de la LSG).
Se justificará la necesidad de crecimiento en el caso de inclusión de parcelas vacantes más allá del perímetro edificado.
En cuanto al viario que le sirva de soporte, deberá tener una traza orgánica, tradicional, adaptada a la topografía, no reticular o que indique un trazado actual. Este tipo de trazado sólo se aceptará como prolongación o crecimiento lógico y coherente con el viario entrama- do tradicional del núcleo originario.
3. Las condiciones para que una agrupación poblacional pueda ser reconocida como núcleo rural se adquiere mediante la concurrencia de los requisitos indicados en el presen-
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te artículo, lo que determinará la asignación a dicho suelo de las posibilidades edificatorias que el planeamiento urbanístico reconozca a los núcleos rurales.
4. El planeamiento establecerá la ordenación urbanística de los núcleos rurales, con
asignación pormenorizada y regulación detallada de usos, tipologías y características de la edificación y rehabilitación, de manera que queden preservados sus valores en cuanto exponentes de los asentamientos vinculados tradicionalmente al medio rural de la comuni- dad autónoma de Galicia.

References: artículo 4
 Real decreto 
 Real decreto 
 Real decreto 
 Real decreto 
 artículo 4
 artículo 4

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

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Artículo 328

Artículo 329

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Artículo 344

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Artículo 348

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Artículo 402

Artículo 403
 artículo 4
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 resolución 
 resolución 
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 artículo 227