Source: http://psicolog.org/cerdcisr14-16.html?page=7
Timestamp: 2020-04-03 01:59:23+00:00

Document:
Cuadro 6 - Cerd/C/isr/14-16
Elecciones locales y municipales
2. Acceso a la administración pública
La administración pública – Observaciones generales
Adaptación de los exámenes de ingreso
Las municipalidades locales
Condiciones de empleo de las minorías en la administración pública
Representación en empresas estatales
D. Derechos civiles 1. El derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado El contexto jurídico
Libertad de circulación en el territorio del Estado
Representación árabe en el 18º Knesset
18º Knesset
Ra'am-Ta'al (Lista Árabe Unida y Movimiento Árabe para la Renovación
Hadash (Frente Democrático para la Paz y la Igualdad)
Hanna Swied
Balad (Asamblea Democrática Nacional)
Majalli Whbee (druso)
Ayoob Kara (druso)
Hamad Amar (druso)
10 miembros árabes y 3 drusos del Knesset
Fuente: Knesset de Israel, 2010.
317. El 29 de enero de 2007, durante el mandato del 17º Knesset, el miembro Raleb Magadele del Partido Laborista fue nombrado Ministro del Gobierno de Israel. En un principio, el miembro Magadele prestó servicios como Ministro sin cartera, pero más adelante, el 21 de marzo de 2007, fue nombrado Ministro de Ciencia, Cultura y Deportes, convirtiéndose en el primer miembro árabe del Knesset elegido Ministro de un gobierno de Israel. En la actualidad hay un Viceministro Árabe (Viceministro de Desarrollo del Negev y Galilea).
El derecho a participar en elecciones – Expresión política
318. El 12 de enero de 2009, la Comisión Electoral Central del 18º Knesset decidió descalificar a los partidos políticos de árabes israelíes "Balad" (Asamblea Democrática Nacional) y "Ra'am-Ta'al" (Lista Árabe Unida y Movimiento Árabe para la Renovación) e impedir que participaran en las elecciones. El Comité argumentó que la plataforma del partido Balad se oponía a la existencia de Israel como Estado judío y democrático, y que los miembros del partido expresaban su apoyo a una organización terrorista. De manera similar, "Ra'am-Ta'al" fue descalificado sobre la base de declaraciones realizadas por sus miembros. Ambos partidos presentaron recursos de apelación ante el Tribunal Supremo, que las aceptó el 21 de junio de 2009. Así pues, el Tribunal anuló la decisión del Comité de descalificar los partidos (E.A. 561/09 Balad et al. c. la Comisión Electoral Central del 18º Knesset et al. (21 de enero de 2009)).
Expresión política de los miembros del Knesset
319. De conformidad con el artículo 1 de la Ley de Inmunidad, Derechos y Deberes de los Miembros del Knesset, de 5711-1951 ("Ley de Inmunidad, Derechos y Deberes de los Miembros del Knesset"), un miembro del Knesset no tendrá responsabilidad penal o civil, y tendrá inmunidad frente a todo procedimiento jurídico con respecto a un voto, una declaración oral o escrita, o cualquier otro acto, dentro o fuera del Knesset, si ese voto, expresión de opinión o acto pertenece o está encaminado al cumplimiento de su mandato como miembro del Knesset. Sin embargo, todo acto de un miembro del Knesset que no sea aleatorio, incluidas declaraciones, no se considerará que pertenece al cumplimiento de su mandato, si tal acto o expresión incluye una de las siguiente características: 1) negación de la existencia de Israel como Estado del pueblo judío; 2) negación de la naturaleza democrática del Estado; 3) incitación al racismo por motivos de color, filiación racial u origen étnico nacional; 4) apoyo a un conflicto armado de un Estado enemigo o actos de terrorismo contra el Estado de Israel, o contra personas judías o árabes a causa de su condición judía o árabe, en Israel o en el extranjero.
320. En agosto de 2001, el Fiscal General anunció su decisión de presentar dos cargos contra el Sr. Bishara, miembro del Knesset. Uno de los cargos se refería a la organización de viajes ilegales de árabes israelíes a Siria, posteriormente anulado por el Tribunal. El segundo cargo se refería a declaraciones formuladas por el Sr. Bishara en apoyo de Hizbollah, en las que elogiaba actos de terrorismo llevados a cabo por dicha organización y exhortaba a los palestinos a que adoptaran los métodos de Hizbollah en su lucha contra Israel. A diferencia de otras constituciones que sólo otorgan inmunidad a las declaraciones formuladas en el Parlamento, la legislación de Israel también otorga inmunidad a los miembros del Knesset en caso de que hagan sus declaraciones fuera de ese ámbito. Sin embargo, el Fiscal General decidió que no se trataba de una declaración estrictamente política sino que constituía un incentivo para cometer actos de terrorismo. En consecuencia, decidió acusar al Sr. Bishara. La inmunidad del Sr. Bishara se anuló después de que el Comité de Asuntos Internos del Knesset y el pleno del Knesset examinaran la cuestión y escucharan la posición del Sr. Bishara. El Sr. Bishara fue acusado en el Tribunal de Primera Instancia de Nazareth (C.C. 1087/02) por esas declaraciones políticas. En noviembre de 2003, el Tribunal decidió que examinaría los argumentos del Sr. Bishara con respecto a la inmunidad parlamentaria sólo durante las etapas finales del proceso judicial.
321. En diciembre de 2003, el Sr. Bishara presentó un recurso contra la decisión del Tribunal Supremo. El magistrado Hayut, en defensa de la opinión minoritaria, afirmó que los dos discursos del demandante no gozaban de protección mediante inmunidad sustantiva debido a que manifestaban apoyo a la lucha armada por parte de una organización terrorista que actuaba contra el Estado de Israel. Esa clase de manifestaciones enciende la "luz roja" y marca los límites de la tolerancia hacia las personas elegidas por los ciudadanos en el marco de la democracia israelí, por lo que no había lugar para otorgar al demandante inmunidad en ese sentido. Según la opinión mayoritaria, mantenida por el ex Presidente del Tribunal Supremo, Sr. Barrack, y el magistrado Sr. Rivlin, las manifestaciones de apoyo a la lucha armada por parte de una organización terrorista contra el Estado de Israel no están protegidas mediante inmunidad parlamentaria de conformidad con la Ley de inmunidad, derechos y deberes de los miembros del Knesset. De acuerdo con el Tribunal, esa limitación de inmunidad debe interpretarse estrictamente, y no excluye todas las manifestaciones de apoyo y elogio respecto de una organización terrorista, sino únicamente las que expresan apoyo a la lucha armada por parte de una organización terrorista contra el Estado de Israel. El Tribunal sostuvo que, al igual que en el caso El.A. 11280/02 Comisión Electoral Central del Decimosexto Knesset c. Ahmed Tibi (15 de mayo de 2003), los discursos del demandante no contenían manifestaciones claras de apoyo a la lucha armada por parte de una organización terrorista contra el Estado de Israel, aunque sí apoyaban a una organización de tales características. En consecuencia, se decidió que la exclusión reglamentaria de inmunidad no era aplicable. Por lo tanto, el Tribunal canceló los procedimientos penales contra el demandante (H.C.J. 11225/03 Dr. Azmi Bishara, miembro del Knesset, c. el Fiscal General et al. (1º de febrero de 2006)).
322. El 8 de abril de 2007 se publicó la noticia de que Bishara había abandonado Israel, y el 22 de abril éste presentó su renuncia al Knesset ante el Embajador de Israel en El Cairo. La renuncia se produjo tras una investigación de sus contactos extranjeros y de acusaciones en el sentido de prestar ayuda al enemigo en tiempos de guerra, facilitar información al enemigo y mantener contactos con un agente extranjero, así como blanquear dinero procedente de fuentes extranjeras. El 2 de mayo de 2007, tras solicitarse que se levantara la prohibición impuesta con respecto a la publicación de documentos sobre la investigación contra Bishara, el Tribunal de Primera Instancia de Petah-Tikva canceló la orden relativa a la mayoría de los cargos en su contra. Según la información hecha pública, Bishara era sospechoso de contactar con un agente extranjero de una organización terrorista de Hizbollah, facilitar información al enemigo, prestar ayuda al enemigo en tiempos de guerra y blanquear cuantiosas sumas de dinero recibidas de Hizbollah y otros órganos extranjeros a través de oficinas de cambio de los barrios orientales de Jerusalén.
323. Elecciones locales y municipales. El derecho fundamental a votar y ser elegido se aplica también a las elecciones para las administraciones locales. Los diversos estatutos que reglamentan las elecciones de alcaldes y consejos municipales y locales reflejan en general las medidas relativas a las elecciones nacionales, por ejemplo, el requisito de que las elecciones sean "equilibradas", "generales", "confidenciales", "directas" y "proporcionales"; el derecho de todas las personas a partir de 17 años que residan en la zona del municipio en cuestión a votar en dichas elecciones; el derecho a presentarse como candidato en las elecciones, con sujeción a excepciones en el caso de jueces, convictos, personas privadas de capacidad jurídica y ciertos grupos de funcionarios públicos; y el derecho a proponer listas de candidatos. Véase la Ley de autoridades locales (Elecciones), 5725-1965 ("Ley de autoridades locales (Elecciones)"). La diferencia principal entre las elecciones locales y nacionales es que los residentes no ciudadanos pueden votar en las elecciones locales pero no en las nacionales.
324. En 2008 se promulgó la enmienda Nº 39 (de 4 de noviembre de 2008) a la Ley de autoridades locales (Elecciones). En virtud de la enmienda se añadió el apartado A 1) al artículo 7 2) de la Ley, que dispone que toda persona que haya prestado servicio como presidente de un comité o miembro de un comité en sustitución del presidente de una administración local y su consejo, no tiene derecho a ser incluida en la lista de candidatos ni a ser elegida miembro del consejo local en las primeras elecciones locales tras su nombramiento. Según el artículo 7 2) A 1) 2), esas disposiciones también se aplican a toda persona designada por el Ministro para desempeñar las funciones de presidente de una administración local o miembro del consejo local hasta después de las primeras elecciones locales tras su nombramiento.
325. Desde la presentación del 13º informe periódico de Israel se han registrado cambios significativos, tanto en las leyes como en las políticas, con respecto a las poblaciones minoritarias en la administración pública. Esos cambios importantes se examinan a continuación.
326. El Estado de Israel da trabajo a más de 60.800 empleados civiles. Esos funcionarios públicos se seleccionan de conformidad con la legislación y el Código de la administración pública, denominado "Takshir", que establece un sistema de administración pública basado en los méritos. La Ley de la administración pública (Nombramientos) requiere en general que los funcionarios públicos sean designados mediante un proceso de concursos que defina con claridad las calificaciones mínimas para el puesto en cuestión.
327. La legislación dispone de diversos instrumentos destinados a prevenir la discriminación en el acceso a la administración pública. Tanto la Ley de servicio de empleo como la Ley de igualdad de oportunidades en el empleo, que se aplican a empleadores públicos y privados por igual, prohíben la discriminación de los solicitantes de empleo por motivos de religión, raza, nacionalidad u origen nacional, género, orientación sexual, edad, estado civil o situación personal, opinión personal o afiliación política. Esas disposiciones se aplican, mutatis mutandis, a la contratación de funcionarios públicos sin concurso, los contratos de empleo, los ascensos, la capacitación profesional en el lugar de trabajo, y la terminación del empleo. Las Normas de la administración pública (Nombramientos) (Concursos y exámenes), de 5721/1961, obligan a los miembros de comités de concursos a evitar preguntas relacionadas con polémicas entre partidos políticos en la mayor medida de lo posible. Véase también Takshir, párrafos 11.61 y 12.367, así como el Aviso del Comisionado de la Administración Pública Nº 56/12.
Acción afirmativa en la administración pública
328. En los últimos años se han introducido varias enmiendas importantes y significativas en la legislación relativa a los nombramientos en la función pública, que reflejan los principios de la Convención y ponen de relieve la importancia de la igualdad para el Estado.
329. En 2000 se modificó la Ley de la administración pública (Nombramientos) (enmienda Nº 11) a fin de asegurar que las minorías y los sectores de la población insuficientemente representados, por ejemplo las mujeres, las personas con discapacidad y las poblaciones árabe, drusa y circasiana, estén representados en la administración pública de forma proporcional a su participación en la población activa. La Ley exige una representación adecuada de los diversos grupos en la función pública, en todos los niveles y en todas las profesiones.
330. El 30 de noviembre de 2003, el Gobierno consolidó la Resolución Nº 1073 sobre la representación adecuada de las personas con discapacidad en la administración pública. Entre las medidas que establece la Resolución figura el nombramiento de supervisores de igualdad para las personas con discapacidad en cada Ministerio, cuya tarea consiste en promover el empleo de personas con discapacidad en la administración pública y hacer que esas personas puedan acceder más fácilmente al Ministerio en general. El Gobierno decidió además dar prioridad a las personas con discapacidad grave en los nombramientos y ascensos en la administración pública.
331. La Ley de la administración pública (Nombramientos) se enmendó en 2005 a fin de incluir a las personas de origen etíope entre los diversos grupos con derecho a una representación adecuada en la administración pública. Tras esa reforma, el Gobierno aceptó la Resolución Nº 1665 sobre la asignación de puestos en la administración pública a personas de origen etíope, que les otorga prioridad en nombramientos y ascensos.
332. El 12 de marzo de 2006, el Gobierno aprobó su Resolución Nº 4729, sobre la base del artículo 15A de la Ley de la administración pública (Nombramientos), y decidió designar 337 puestos en la administración pública entre 2006 y 2008 para promover la integración de la población árabe, incluidas las minorías drusa y circasiana.
333. A continuación se presentan los principios fundamentales de la Resolución Nº 4729: "Promoción de la igualdad e integración de los ciudadanos israelíes pertenecientes a minorías en la administración pública":
a) De conformidad con la Ley de la administración pública (Nombramientos):
i) Entre 2006 y 2008, la Comisión de la Administración Pública asignará cada año un 37,5% de puestos adicionales en la administración pública y las unidades de apoyo, que serán ocupados, en la medida de lo posible, con candidatos adecuados procedentes de la población árabe únicamente, incluidas las comunidades drusa y circasiana. El Departamento de Presupuestos del Ministerio de Finanzas asignará la cantidad necesaria para la asignación de esos puestos adicionales, de conformidad con el presente apartado.
ii) Además, entre 2006 y 2008, el 37,5% de los puestos existentes en la administración pública se reservará a miembros de la población árabe, incluidas las comunidades drusa y circasiana, siempre que haya disponibilidad.
iii) Con arreglo a los apartados i) y ii) supra, entre 2006 y 2008 será posible la integración de otros 337 ciudadanos árabes en la administración pública, incluidos drusos y circasianos. Los puestos asignados de conformidad con el presente apartado se destinarán a las poblaciones árabe, circasiana y drusa por separado.
iv) La distribución de los puestos designados en los ministerios gubernamentales y unidades de apoyo según se establece en el presente apartado se llevará a cabo de acuerdo con las necesidades de los distintos ministerios, tras un examen de la asignación de puestos en años anteriores.
b) La Comisión de la Administración Pública, junto con el Ministerio de Justicia y el Departamento de Presupuestos del Ministerio de Finanzas, establecerá un grupo especial encargado de examinar otros métodos para promover una representación adecuada de la población árabe en la administración pública, incluidas las comunidades drusa y circasiana. Dicho grupo presentará sus recomendaciones al respecto en el plazo de dos meses.
334. Además, el Gobierno decidió establecer un equipo interministerial encargado de examinar otros medios para promover la representación adecuada de los árabes en la función pública. El 16 de julio de 2006, el equipo interministerial presentó sus recomendaciones.
335. El 31 de agosto de 2006, el Gobierno adoptó la Resolución Nº 414/arab3 por la que se adoptaban la mayoría de las recomendaciones del equipo interministerial, entre ellas la determinación de nuevos objetivos para promover la representación adecuada de los árabes israelíes en la administración pública, por ejemplo en el sentido de que los árabes constituirían el 8% de todos los funcionarios públicos para finales de 2008 y el 10% para finales de 2010. Además, se decidió que, hasta finales de 2008, el 20% de todos los puestos nuevos se asignaría a árabes. Las decisiones anteriores de conceder prioridad a los árabes israelíes en nombramientos y ascensos se prorrogaron otros cuatro años. Se exigió a cada Ministerio que nombrase un supervisor encargado de hacer avanzar la representación de los árabes, y se establecería un equipo interministerial para asegurar la aplicación de la Resolución.
336. El 11 de noviembre de 2007, el Gobierno aprobó la Resolución Nº 2579, "Representación adecuada de las poblaciones árabe, drusa y circasiana en la administración pública", por la que se modificaba la anterior Resolución Nº 414. En virtud de la nueva Resolución, los árabes, incluidos los drusos y circasianos, deberán constituir el 10% de los funcionarios públicos para finales de 2012. Además, hasta 2012 el 30% de todos los puestos nuevos se asignarán a ese sector de la población. Para lograr tales objetivos, la Resolución exige que todos los ministerios gubernamentales consoliden un plan quinquenal de trabajo, y también que se de prioridad a los árabes israelíes en nombramientos y ascensos hasta finales de 2012. En la Resolución se establece la creación de un equipo interministerial presidido por el Director General del Ministerio de Justicia, encargado del seguimiento de la aplicación de las mencionadas disposiciones en todos los ministerios gubernamentales y de estudiar formas de eliminar los obstáculos para la integración de los árabes israelíes en la administración pública. En cumplimiento de esa Resolución, la Comisión de la Administración Pública ha permanecido en contacto permanente con todos los ministerios para supervisar sus progresos hacia la consecución de los objetivos establecidos por el Gobierno (al menos una vez cada seis meses).
337. Posteriormente, un equipo interministerial presidido por el Director General del Ministerio de Justicia ha estado trabajando y prestando asistencia a los ministerios gubernamentales para eliminar los obstáculos que impiden el empleo de miembros de la población árabe en la administración pública. El equipo estaba integrado por representantes de la Comisión de la Administración Pública, el Ministerio de Transporte y Seguridad Vial y la Oficina del Primer Ministro, entre otros.
338. La Comisión de la Administración Pública trabaja activamente para promover y lograr una representación adecuada de las poblaciones árabe, drusa y circasiana en la administración pública y, al igual que en años anteriores, en 2009 adoptó importantes medidas a tal fin, entre ellas las siguientes:
a) Publicación de un informe sobre la integración de los empleados árabes en la administración pública;
b) Organización de conferencias informativas dirigidas a miembros de la comunidad árabe en relación con su integración en la administración pública;
c) Celebración de reuniones informativas y seminarios para empleados de la administración pública sobre la importancia de integrar a ciudadanos árabes en la administración pública;
d) Asignación de puestos de trabajo a miembros de la comunidad árabe;
e) Contratación de los servicios de agencias de empleo para encontrar candidatos y solicitantes árabes adecuados.
339. Adaptación de los exámenes de ingreso. La Comisión de la Administración Pública llevó a cabo un amplio estudio en el que constató que los miembros de la población árabe tienen mayores dificultades para aprobar los exámenes de ingreso a la administración pública. En vista de esta circunstancia, la Comisión modificó las pruebas destinadas a los candidatos y solicitantes árabes. En el último año, la Comisión también consideró la posibilidad de introducir cambios culturales en las pruebas de ingreso. La Comisión está formando asimismo a un grupo de examinadores árabes a fin de integrarlos en los tribunales de los exámenes de la administración pública.
340. Los datos indican un constante aumento de las tasas de empleados árabes, drusos y circasianos en la administración pública. En 2009, el 6,97% de los empleados de la administración pública eran árabes, drusos y circasianos (frente al 6,17% en 2007 y el 6,67% en 2008).
341. Además, el 11,66% de los nuevos empleados que se incorporaron a la administración pública en 2008 eran árabes, drusos y circasianos, frente al 6,9% en 2005 y el 4,26% en 2003. Aumentan asimismo los porcentajes de mujeres entre los empleados árabes, drusos y circasianos recién incorporados: en 2009 fue del 39,8%, frente al 34,2% en 2003, el 35,3% en 2007 y el 36,8% en 2008.
342. El número de mujeres árabes empleadas en la administración pública también ha aumentado en los últimos años. Desde 2004, se ha producido un incremento del 9% en la proporción de mujeres árabes y drusas empleadas en la administración pública, en comparación con 2007.
343. También es evidente un aumento en la presencia de titulados universitarios árabes, drusos y circasianos en la administración pública. En 2009, el 50,37% de los empleados árabes, drusos y circasianos de la administración pública tenía un título universitario, frente al 43,7% en 2006 y el 48,6% en 2008. Esa evolución se relaciona con la tendencia más general de asignar puestos con el fin de integrar a titulados universitarios árabes, drusos y circasianos.
344. Muchos de los empleados árabes israelíes de la administración pública ocupan puesto en los niveles superiores, algunos con facultad de adopción de decisiones. Así pues, hay funcionarios públicos de las poblaciones minoritarias que desempeñan funciones importantes, tales como ingenieros de investigación, psicólogos clínicos, investigadores fiscales y economistas de categoría superior, electricistas, geólogos, controladores de departamento, abogados y supervisores de educación, entre otros. Los datos indican un aumento en el número de empleados árabes en los puestos de alto nivel: 451 empleados en 2009, frente a 347 en 2006 y 376 en 2007. Dichos empleados contribuyen al bienestar de la población israelí en su conjunto y son el motor de la integración de la minoría árabe en la sociedad israelí.
345. El 12 de marzo de 2006, el Gobierno de Israel aprobó una resolución a petición del Ministerio de Justicia con respecto a la cuestión de la representación adecuada entre los pasantes de dicho Ministerio (Resolución Nº 4730). El Gobierno decidió, entre otras cosas, lo siguiente:
"A. De conformidad con las disposiciones del artículo 15A b) 2) de la Ley de la administración pública (Nombramientos), cada año se destinará, en la medida de lo posible, un 10% de las pasantías en el Ministerio de Justicia exclusivamente a los candidatos que reúnan los requisitos para realizarlas y satisfagan una de las siguientes condiciones:
a) El candidato es miembro de la población árabe, incluidos drusos y circasianos;
b) El candidato o uno de sus padres nació en Etiopía;
c) El candidato padece "una discapacidad grave" en el sentido del artículo 35.252 del Estatuto de la Administración Pública...".
346. Sobre la base de dicha resolución, se decidió compilar una lista de candidatos para hacerla efectiva, incluidos candidatos que cumplieran los criterios en ella establecidos y cuyas circunstancias y aptitudes profesionales les permitieran acceder a la pasantía. En consecuencia, en 2008 el Ministerio de Justicia anunció, por segundo año, la creación de una lista de candidatos a puestos de pasantía para septiembre de 2008 y marzo de 2009.
347. En virtud de la resolución del Gobierno Nº 4436, de enero de 2009, se adoptó la Resolución Nº 2579 mencionada supra, y se establecieron una serie de medidas encaminadas a ayudar a los ministerios gubernamentales a alcanzar los objetivos de representación deseados.
348. En 2005 se presentó una petición ante el Tribunal Superior de Justicia por la que se le solicitaba que exigiera al Primer Ministro y al Comisionado de la Administración Pública que aplicaran el artículo 15A de la Ley de la administración pública (Nombramientos), relativo a la representación de la población árabe en la administración pública. El 18 de febrero de 2009, tras recibir un informe detallado del Estado con respecto a las medidas adoptadas al respecto (según se ha detallado anteriormente), el Tribunal decidió desestimar la petición (H.C.J. 10418/05 Dr. Yossi Beilin c. el Primer Ministro et al. (18 de febrero de 2009, no publicada)).
349. Las municipalidades locales. En Israel, las municipalidades locales proporcionan servicios a todos los ciudadanos y residentes, sin ningún tipo de discriminación sobre la base de la religión, la raza, el género o el origen étnico. Los empleados de todas las municipalidades locales de Israel representan a toda la población del Estado, así como a sus diversos grupos religiosos y étnicos, sin discriminación alguna.
350. En los 88 consejos locales o municipalidades que prestan servicio a pueblos y aldeas donde la población está integrada principalmente por árabes, drusos, beduinos o circasianos, los empleados de los órganos gubernamentales locales son miembros de esas minorías en su práctica totalidad. En municipios más grandes con población mixta, por ejemplo Jerusalén, Haifa y Lod, se contrata a miembros de minorías en una proporción cercana a su representación global en la población, aunque dicha proporción es menor en las categorías superiores.
351. El poder judicial. En los últimos 10 años se ha producido un incremento considerable del número de ciudadanos árabes que trabajan en el sistema judicial israelí. Esto se debe en amplia medida al aumento de nombramientos entre miembros de las poblaciones minoritarias en el Ministerio de Justicia. Tal como se ha mencionado supra, el sistema judicial cuenta actualmente con 569 jueces. De los 12 jueces que prestan servicio en el Tribunal Supremo, uno es árabe cristiano. De los 128 jueces que ejercen en los tribunales de distrito, cinco son musulmanes, dos son cristianos y uno es de origen druso. Entre los 381 jueces que prestan servicio en tribunales de primera instancia, hay 14 cristianos, 10 musulmanes y 5 drusos. Un juez cristiano y otro druso desempeñan sus funciones en los tribunales laborales. Además, hay 3 jueces drusos en los tribunales religiosos de esa comunidad financiados por el Estado (Qadi Madhab), y está a punto de aprobarse la incorporación de otros 3 jueces. En total, 43 jueces pertenecientes a grupos minoritarios prestan servicio en el sistema judicial de Israel.
352. Condiciones de empleo de las minorías en la administración pública. Además de aumentar la representación de los grupos minoritarios, la Comisión de la Administración Pública también ha adoptado medidas para reflejar las distintas necesidades y los diversos estilos de vida de los empleados procedentes de poblaciones minoritarias. Se conceden días festivos o de vacaciones con arreglo a las festividades religiosas pertinentes; así pues, los empleados musulmanes tienen derecho a un día libre durante el Ramadán, y los cristianos pueden elegir el domingo como día libre.
353. Además, los miembros de la población árabe que trabajan en la administración pública disfrutan de una ventaja única, ya que el Estado contribuye al pago del alquiler de sus apartamentos en las proximidades del lugar de trabajo, y financia sus gastos semanales de desplazamiento.
354. En una circular de la administración pública de 15 de noviembre de 2007 se determinó que, en aras de la igualdad y la uniformidad, a los empleados musulmanes y cristianos debía concedérseles el derecho a un permiso de siete días en caso de fallecimiento de un familiar de primer grado. No se han introducido cambios con respecto al período de luto de tres días que se concede a esos empleados en caso de fallecimiento de un familiar de segundo grado.
355. Empresas estatales. De manera similar a los cambios introducidos en la administración pública con respecto a la representación de la población árabe, mencionados supra, también se han hecho progresos al respecto en el ámbito de las empresas estatales. Las minorías están mejor representadas en esas empresas, con arreglo a las leyes promulgadas y las resoluciones gubernamentales que se describen a continuación.
356. Como se mencionó en el 13º informe periódico de Israel, la enmienda de 1993 a la Ley de empresas estatales (artículo 18A) estableció el requisito de una representación adecuada de ambos géneros en los Consejos de Administración de todas las empresas estatales.
357. El deseo de Israel de aplicar y respetar la Convención y concretar una representación justa de todos los grupos de población se refleja además en un cambio fundamental introducido en la legislación, a saber, la enmienda Nº 11 a la Ley de empresas estatales, que se introdujo en mayo de 2000 y por la que se añadió el párrafo 18A1, a efectos de asegurar la representación adecuada de la población árabe (incluidos drusos y circasianos) en el Consejo de Administración de todas las empresas estatales y públicas.
358. La Ley prescribe que los ministros deben designar tantos directores árabes como sea posible hasta obtener una representación adecuada. El artículo 60 a) de la Ley de empresas estatales hace extensiva la aplicación de la enmienda Nº 11 al nombramiento de directores de los consejos de administración de las empresas públicas y otras entidades de carácter público.
359. El artículo 18A1 de la Ley encomienda a los órganos de dirección de las empresas estatales que apliquen la política gubernamental de representación justa. Además, la enmienda faculta al Gobierno para que se esfuerce en la mayor medida de lo posible por nombrar a directores procedentes de la población árabe hasta que se alcancen las metas establecidas. El Fiscal General ha proporcionado orientaciones a los ministros con respecto a la aplicación de las nuevas normas. Por otra parte, se estableció un subcomité del Gobierno para supervisar los esfuerzos dirigidos a hacer cumplir las nuevas medidas de acción afirmativa.
360. Además, el Comité para el Examen de los Nombramientos (establecido en virtud del artículo 18b de la Ley, y en vigor desde 1993) es responsable de examinar la calificación de los directivos y la representación adecuada de la población árabe, así como de supervisar los esfuerzos encaminados a aplicar las nuevas medidas de acción afirmativa. Dicho Comité puede incluso aplazar el nombramiento de nuevos directivos calificados, si es necesario, hasta que se haya logrado una representación adecuada de la población árabe. Los miembros del Comité son nombrados por el Ministerio de Finanzas.
361. El Comité y la Oficina del Primer Ministro crearon una base de datos de posibles candidatos árabes que podían reunir los requisitos necesarios para los puestos de alto nivel en las empresas estatales. Se proporcionó información al respecto a todos los ministros del Gobierno. Además, se han desplegado esfuerzos para crear una base de datos oficial de los candidatos calificados procedentes de poblaciones minoritarias, para que puedan ocupar puestos de responsabilidad en empresas estatales.
362. Se exige una representación adecuada de las minorías en todas las empresas estatales, si bien en consonancia con las características particulares de cada una. Por ello, el Comité para el Examen de los Nombramientos no insiste en esa representación adecuada en el caso de las empresas muy pequeñas (con 1, 2 ó 3 directivos), las de reciente constitución, las que se encuentran en fase de liquidación o las empresas que, por sus características particulares, no guardan relación alguna con la población árabe (por ejemplo, la Sociedad para la Restitución de los Bienes de las Víctimas del Holocausto).
363. La enmienda a la Ley de empresas estatales ha introducido cambios significativos en un breve período de tiempo. En enero de 2001, la tasa de representación de la población árabe en las empresas estatales era apenas del 3,2% (22 de 695 directores) y, en diciembre de 2004, había alcanzado el 7,9% (46 de 583 directores); en enero de 2006 se situaba en el 9,71% (53 de 546 directores) y, en enero de 2007, alcanzaba el 12,61% (57 de 452 directores, el 10% de los cuales (1,91% del total) eran mujeres). Sin embargo, la tasa de directores de origen árabe en empresas estatales (incluidos drusos y circasianos) se redujo en 2008 hasta el 8,02% (47 de 586).
364. Según datos aportados por el Comité para el Examen de los Nombramientos, en junio de 2010, de un total de 98 empresas estatales solo 70 son relevantes a efectos de la representación adecuada de las minorías y, de éstas, 39 cumplen el requisito con respecto a la población árabe. Además, varios candidatos árabes a puestos directivos en empresas estatales aguardan actualmente la decisión del Comité en relación con otras seis empresas. El Comité aspira a lograr una adecuada representación de las minorías en todas las empresas estatales.
365. Además, en septiembre de 2008, de un total de 60 empresas públicas tan solo 47 son relevantes a efectos de la representación adecuada de las minorías y, de éstas, 32 cumplen el requisito con respecto a la población árabe.
366. El 27 de junio de 2007, el Tribunal de Distrito de Jerusalén sostuvo que no se podía descalificar a un ciudadano árabe para su nombramiento como miembro del Consejo de Administración del Fondo Nacional Judío (FNJ), una entidad dual comprometida con el principio de la igualdad. Los demandantes solicitaron al Tribunal que anulara la elección de los nuevos directores del FNJ, que había tenido lugar el 13 de julio de 2006, debido a deficiencias fundamentales en el procedimiento, así como el nombramiento de un árabe israelí, elegido representante del Partido Meretz.
El Tribunal deliberó sobre si el procedimiento por el que se nombró a los nuevos miembros del Consejo de Administración del FNJ se ajustaba a la Ley de sociedades de 5759/1999, y si un árabe israelí podía ser nombrado director de una empresa que se definía como "fideicomisaria del pueblo judío en la tierra de Israel". El Tribunal determinó que el proceso de nombramiento no era defectuoso y se negó a anular la elección. Sostuvo que en las decisiones anteriores del Tribunal se reconocía el deber de toda autoridad del Estado de Israel a conceder el mismo trato a todos los individuos. Aunque el FNJ es una sociedad privada, está obligada a aplicar el principio de igualdad en su calidad de entidad dual (O.P. 5299/06 Uri Bank c. el Fondo Nacional Judío (27 de junio de 2007)).
D. Derechos civiles
1. El derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado
367. Esta cuestión se ha examinado ampliamente en los informes anteriores de Israel. No ha habido cambios al respecto desde la presentación del 13º informe periódico.
368. Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio del Estado de Israel no necesita registrarse en ningún distrito en particular y, en general, no hay límites a la circulación dentro de ese territorio. Todos los residentes en Israel (es decir, los ciudadanos, los residentes permanentes que no son ciudadanos y los residentes temporales) deben registrar su dirección o los cambios conexos en el Registro de Población. Los extranjeros no residentes no tienen que registrar domicilio alguno durante su estancia en el país.
Servicios de transporte público en las localidades beduinas
369. La población beduina del norte está formada por 70.000 personas, de las cuales unas 60.000 viven en localidades urbanas y 10.000 en aldeas. Se estima que la población beduina del sur consta de unas 180.000 personas, el 66% de las cuales vive en zonas que no tienen categoría de municipio, a veces de manera ilegal.
370. La población beduina de la zona norte dispone de servicios de transporte público a tarifas reducidas, que también funcionan regularmente los sábados (Sabbath).
371. El Ministerio de Transporte y Seguridad Vial ha iniciado los preparativos para inspeccionar los servicios de transporte público de las aldeas y localidades beduinas de la zona norte en 2011-2012, en el marco de un amplio plan de desarrollo destinado a la población árabe.
372. Por lo que respecta a las localidades beduinas del sur, en mayo de 2009 comenzaron a funcionar servicios de autobús a gran escala en Rahat, con una tarifa especialmente reducida, lo que ha contribuido a mejorar de forma significativa la calidad de vida de sus habitantes. En las localidades de Kssaife y Hura también funcionan líneas con horario continuo y en Lakia sólo los sábados. Otras localidades cuentan con líneas de servicio que llegan a los cruces de carreteras situados a la entrada de las mismas.
373. El Ministerio de Transporte y Seguridad Vial promueve actualmente la puesta en marcha de servicios de transporte público en otras localidades beduinas del Negev, y ha comenzado a examinar la situación actual en Tel-Sheva, Kssaife, Lakia, Hura, Araar, Segev-Shalom y la zona del Consejo Regional de Abu-Basma. Está previsto que el proyecto de suministro de transporte público a esas localidades se ultime durante 2010. El Ministerio de Transporte y Seguridad Vial está tratando de ofrecer una solución a corto plazo para el desplazamiento de estudiantes beduinos a las instituciones de enseñanza superior.
374. En la zona norte disponen de transporte público las localidades beduinas de Abtin, Shibli y Zarzir. Otras localidades cuentan con líneas de servicio que funcionan de modo similar a las de las localidades del sur.

References: artículo 1
 artículo 7
 artículo 7
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 15
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 15
 artículo 35
 resolución 
 Resolución 
 artículo 15
 artículo 60
 artículo 18
 artículo 18