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Timestamp: 2020-04-05 01:55:02+00:00

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Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo. TÍTULO TERCERO. Del planeamiento urbanístico (Vigente hasta el 31 de Diciembre de 2004).
1. Corresponde a los planes directores urbanísticos, de conformidad con el planeamiento territorial y atendiendo a las exigencias del desarrollo regional, establecer:
a) Las directrices para coordinar la ordenación urbanística de un territorio de ámbito supramunicipal.
c) Medidas de protección del suelo no urbanizable, y los criterios para la estructuración orgánica de dicho suelo.
d) La concreción de las grandes infraestructuras.
e) La programación de políticas supramunicipales de suelo y vivienda, concertadas con los ayuntamientos afectados en el seno de la tramitación regulada en el artículo 81.
2. Los planes directores urbanísticos han de especificar los criterios para su seguimiento y para su modificación o revisión, han de incluir las adecuadas determinaciones para las finalidades que persiguen y han de contener la siguiente documentación:
c) La programación de las actuaciones para su aplicación.
d) Las bases técnicas y económicas para su desarrollo.
e) Los planos de información y ordenación.
f) Las normas que se han de cumplir obligadamente.
3. Los planes directores urbanísticos pueden establecer determinaciones para ser directamente ejecutadas o bien para ser desarrolladas mediante planes especiales urbanísticos que posibiliten el ejercicio de competencias propias de los entes supramunicipales.
4. El planeamiento que resulte afectado por las determinaciones de un plan director urbanístico ha de adaptarse a éste en los plazos que en el mismo se establezcan, sin perjuicio de la entrada en vigor inmediata del plan director y exceptuando las disposiciones transitorias que incluya.
Artículo 56 redactado por el artículo 1 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
1. Los planes de ordenación urbanística municipal son el instrumento de ordenación urbanística integral del territorio y pueden comprender un término municipal o más.
a) Clasificar el suelo, para el establecimiento del correspondiente régimen jurídico.
b) Definir el modelo de implantación urbana y las determinaciones para el desarrollo urbanístico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.
c) Definir la estructura general que debe adoptarse para la ordenación urbanística del territorio y establecer las pautas para su desarrollo.
3. Los planes de ordenación urbanística municipal han de reservar para la construcción de viviendas de protección pública, con carácter general, como mínimo, el suelo correspondiente al 20% del techo que se califique para el uso residencial de nueva implantación, tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable. Sin embargo, las comisiones territoriales de urbanismo, a propuesta municipal, pueden disminuir esta reserva en los sectores con densidades inferiores a veinticinco viviendas por hectárea que, por su tipología, no sean aptas para la construcción de viviendas protegidas.
Artículo 57 redactado por el artículo 1 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
1. Los planes de ordenación urbanística municipal, en aplicación de lo establecido en el artículo 57:
a) Clasifican el territorio en las clases de suelo definidas por la presente Ley y en los ámbitos o superficies que resulten necesarios en función de los objetivos de desarrollo y de la complexidad urbanística del municipio.
b) Establecen las determinaciones que corresponden a cada clase de suelo para conseguir la plena efectividad del respectivo régimen.
c) Desarrollan para cada clase de suelo la estructura general y el modelo del territorio, que ha de adecuarse a las determinaciones de los artículos 3 y 9.
d) Determinan los indicadores de crecimiento, población, recursos y desarrollo económico y social del sistema urbano que deban considerarse para decidir la oportunidad y la conveniencia de cada actuación, de acuerdo con los intereses públicos derivados del imperativo de utilización racional del territorio.
f) Definen el sistema general de espacios libres públicos, que ha de responder, como mínimo, a la proporción de 5 m2 por cada 25 m2 de techo admitido por el planeamiento urbanístico para uso residencial.
a) Aplican las técnicas de calificación o zonificación del suelo y de reserva o afectación de éste para sistemas urbanísticos generales y locales, respetando en todo caso la proporción adecuada a las necesidades de la población.
d) Determinan los valores arquitectónicos, paisajísticos y medioambientales que deben ser protegidos en ellos.
e) Regulan el uso del subsuelo, de acuerdo con el artículo 39, para hacer factibles la prestación de los servicios y la implantación de las infraestructuras necesarias para la colectividad, respetando en todo caso los aprovechamientos privados que sean compatibles con éstos.
3. En suelo urbano consolidado, y en los ámbitos del suelo urbano no consolidado para los cuales delimiten polígonos de actuación, los planes de ordenación urbanística municipal:
a) Detallan la ordenación urbanística del suelo, fijan los parámetros urbanísticos necesarios para el otorgamiento de licencias de edificación y señalan las alineaciones y las rasantes. Por lo que respecta a la ordenación de volúmenes, se puede prever de forma alternativa a concretar, o bien mediante la reparcelación o bien en el momento del otorgamiento de licencias de edificación.
b) Precisan las características y el trazado de las obras de urbanización básicas, evalúan su coste y dividen su ejecución en etapas, con el suficiente nivel de detalle para permitir su ejecución inmediata, más unos criterios y un presupuesto orientativo de las demás obras y gastos de urbanización, sin perjuicio de la concreción que hagan los proyectos de urbanización complementarios. Las obras de urbanización básicas comprenden las relativas al saneamiento, la compactación y la nivelación de terrenos destinados a viales, incluido el paso de peatones, y las redes de suministro y distribución de agua, energía eléctrica y de conexión a las redes de telecomunicaciones.
4. En los ámbitos del suelo urbano no consolidado para los cuales delimiten sectores sujetos a un plan de mejora urbana, los planes de ordenación urbanística municipal fijan los índices de edificabilidad bruta, las densidades y los usos principales y compatibles.
5. En suelo urbano consolidado, los planes de ordenación urbanística municipal establecen los elementos de urbanización que es necesario completar o terminar para que los terrenos adquieran la condición de solar.
6. En suelo urbanizable delimitado, los planes de ordenación urbanística municipal concretan la delimitación de los sectores y, para cada uno de ellos, los índices de edificabilidad bruta, la densidad máxima, que en ningún caso puede superar las cien viviendas por hectárea, y los usos principales y compatibles.
7. En suelo urbanizable no delimitado, los planes de ordenación urbanística municipal establecen:
a) Las magnitudes máximas o mínimas de las actuaciones urbanísticas permitidas, en función de los diferentes usos.
8. En suelo no urbanizable, los planes de ordenación urbanística municipal:
a) Regulan cada una de las calificaciones posibles, en coherencia con el nivel de conservación y protección pretendidos.
c) Establecen los umbrales a los que se refiere el artículo 49.1.
d) Contienen, si procede, el catálogo al cual se refiere el artículo 50.2.
Artículo 58 redactado por el artículo 7 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
1. Los planes de ordenación urbanística municipal se formalizan, exceptuando lo establecido en el apartado 2, mediante los siguientes documentos:
a) La memoria descriptiva y justificativa del plan, con los estudios complementarios correspondientes.
b) Los planos de información y ordenación urbanística del territorio y de trazado de las redes básicas de abastecimiento de agua, de suministro de gas y energía eléctrica, de comunicaciones, de telecomunicaciones y de saneamiento y las correspondientes a los demás servicios establecidos en el plan.
2. En caso de que la escasa complejidad urbanística de un municipio sólo exija distinguir entre suelo urbano y suelo no urbanizable, la documentación mínima de los planes de ordenación urbanística municipal ha de consistir en la memoria, los planos de información y delimitación del suelo urbano y no urbanizable, las normas urbanísticas básicas, alineaciones y rasantes y el informe medioambiental.
3. La memoria a que se hace referencia en el apartado 1.ª ha de integrar:
a) El programa de participación ciudadana que el ayuntamiento haya aplicado a lo largo del proceso de formulación y tramitación del plan para garantizar la efectividad de los derechos reconocidos en el artículo 8.
c) Las medidas adoptadas para facilitar el logro de una movilidad sostenible en el municipio, en cumplimiento de la obligación de prestación del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros.
Artículo 59 redactado por el artículo 1 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
1. Los programas de actuación urbanística municipal son la expresión de las políticas municipales de suelo y vivienda y contienen las previsiones y compromisos asumidos para el desarrollo de los planes de ordenación urbanística municipal correspondientes por lo que se refiere a la reforma y la mejora urbanas, a los equipamientos y a la generación de actividad económica, dentro del marco del desarrollo urbanístico sostenible.
2. Los programas de actuación urbanística municipal han de evaluar y atender las necesidades de suelo y vivienda de los municipios, dentro de su plazo de vigencia, y han de acreditar que son coherentes con los planes territoriales o directores que los afectan. Asimismo, han de determinar qué iniciativa, la pública o la privada, es preferente para la promoción del planeamiento urbanístico derivado, y pueden establecer, si procede, una reserva para la iniciativa pública a lo largo de un plazo concreto, que no puede superar el de la vigencia del programa.
3. Los programas de actuación urbanística municipal pueden prever todas o alguna de las figuras del planeamiento urbanístico derivado a que se refiere el correspondiente plan de ordenación urbanística municipal.
4. La adopción de los programas de actuación urbanística municipal es de carácter potestativo. En todo caso, durante su vigencia, la observancia de las determinaciones que incluyen supone el nivel superior de ejercicio de las competencias municipales en materia de planeamiento urbanístico.
5. Los programas de actuación urbanística municipal son el marco de referencia adecuado para la concertación de actuaciones en materia de suelo y vivienda entre los ayuntamientos y la Administración de la Generalidad.
6. Los programas de actuación urbanística municipal tienen una vigencia máxima de seis años, y han de referirse tanto a las actuaciones del sector público como a las de los particulares.
7. Los programas de actuación urbanística municipal pueden delimitar el suelo urbanizable y modificar los sectores previamente delimitados. En éstos dos supuestos, han de contener las determinaciones propias de los planes de ordenación urbanística municipal, y la documentación pertinente.
8. Los programas de actuación urbanística municipal completan, si procede, la determinación de los criterios objetivos que han de permitir decidir la conveniencia o la necesidad de la delimitación y la transformación urbanística del suelo urbanizable no delimitado, de acuerdo con lo establecido en los apartados 1.d, 1.e y 7 del artículo 58.
9. Los programas de actuación urbanística municipal pueden incluir sistemas urbanísticos generales en los sectores de suelo urbanizable y en el ámbito de los planes de mejora urbana, así como en los polígonos de actuación urbanística en suelo urbano. Asimismo, pueden acordar operaciones de mejora urbana y actuaciones sometidas a un plan especial urbanístico, así como delimitar polígonos de actuación urbanística no definidos en el correspondiente plan de ordenación urbanística municipal.
10. Los programas de actuación urbanística municipal han de concretar y distribuir la reserva de suelo que el correspondiente plan de ordenación urbanística municipal determine en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 57.3, si el plan de ordenación no lo realiza.
11. Los programas de actuación urbanística municipal han de establecer plazos para la ejecución de las obras de urbanización, pueden fijar plazos para la edificación de los solares, delimitar áreas tanto para el ejercicio de los derechos de tanteo y de retracto como para la aplicación de programas de rehabilitación de edificios, definir sectores de urbanización prioritaria, incluir las reservas de terrenos reguladas en el artículo 151 y establecer las oportunas medidas para la adecuada culminación urbanística de las urbanizaciones existentes.
12. La adopción, actualización, modificación o revisión de los programas de actuación urbanística municipal, si se tramitan con independencia del correspondiente plan de ordenación urbanística municipal, siguen el mismo procedimiento que éste.
Artículo 60 redactado por el artículo 7 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
1. Los planes parciales urbanísticos tienen por objeto, en suelo urbanizable, desarrollar el planeamiento urbanístico general y contienen todas las determinaciones pertinentes para la ordenación urbanística detallada de los sectores que abarquen, de conformidad con el régimen del suelo urbanizable.
2. A efecto de lo establecido en el apartado 1, los planes parciales urbanísticos:
b) Regulan los usos y parámetros de la edificación que han de permitir el otorgamiento de licencias.
d) Definen los parámetros básicos de la ordenación de volúmenes, que puede adoptar una forma alternativa. En dicho caso, la opción escogida ha de concretarse en la reparcelación o en el momento de otorgar las licencias de edificación.
e) Establecen las condiciones de gestión y los plazos para promover los instrumentos correspondientes y para ejecutar las obras de urbanización y edificación, sin perjuicio de que éstos puedan ser modificados por el programa de actuación urbanística municipal.
f) Precisan las características y el trazado de las obras de urbanización básicas a las que se refiere el Artículo 58.3.b, y evalúan su coste y dividen su ejecución en etapas, con el nivel suficiente de detalle para permitir su ejecución inmediata, y establecen unos criterios y un presupuesto orientativo de las demás obras y gastos de urbanización, sin perjuicio de la concreción superior de los proyectos de urbanización complementarios.
3. En los sectores de uso residencial, tanto si dicho uso es el principal como si es mixto con otros usos, los planes parciales urbanísticos han de reservar para zonas verdes y espacios libres públicos un mínimo de 5 m2 de suelo por cada 25 m2 de techo edificable, con un mínimo del 10% de la superficie del ámbito de actuación, y han de reservar también para equipamientos de titularidad pública un mínimo de 5 m2 de suelo por cada 25 m2 de techo, con un mínimo del 5% de la superficie del ámbito, además del suelo destinado a servicios técnicos, en su caso.
4. En los sectores de uso industrial o comercial, los planes parciales urbanísticos han de reservar para zona verde un mínimo del 10% de la superficie del ámbito y han de reservar para equipamientos un mínimo del 5% de dicha superficie y para áreas de protección de sistemas con finalidades de separación de usos, además del suelo destinado a servicios técnicos, en su caso.
5. Los ayuntamientos, en ocasión de la tramitación de un plan parcial urbanístico, han de concretar las características del mobiliario urbano, el arbolado, el ajardinamiento, el pavimento de las aceras, el tipo de bordillos y de alumbrado y la señalización, de acuerdo con las prescripciones municipales pertinentes, con el fin de posibilitar su valoración y el coste ulterior por parte de los propietarios afectados.
Artículo 65 redactado por el artículo 7 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
1. Sin perjuicio de los que se puedan aprobar en virtud de la legislación sectorial, se pueden redactar planes especiales urbanísticos en los siguientes supuestos:
a) Si son necesarios, en desarrollo de las determinaciones contenidas en los planes territoriales parciales y sectoriales y en el planeamiento urbanístico general, para la ordenación de recintos y conjuntos artísticos, para la recuperación y mejora del paisaje urbano, para la protección de los espacios fluviales, para la protección adicional del paisaje y de las vías de comunicación, para la mejora de ámbitos rurales, para la identificación y la regulación de las masías y casas rurales a las que se refiere el artículo 50.2 o para cualquier otra finalidad análoga.
b) Para la ordenación del subsuelo, si no es objeto de otra figura del planeamiento urbanístico derivado.
c) Para la implantación de cámpings y establecimientos de turismo rural, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47.6.e.
d) Para concretar la titularidad y el uso de los equipamientos comunitarios, en defecto del planeamiento urbanístico general.
e) Para la ejecución directa de obras correspondientes a la infraestructura del territorio o a los elementos determinantes del desarrollo urbano, en lo concerniente al señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a las comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas, a la infraestructura hidráulica general, al abastecimiento de agua, al saneamiento, al suministro de energía eléctrica y a los demás sistemas urbanísticos generales. Si la infraestructura afecta a más de un municipio o a varias clases de suelo, la formulación y la tramitación del plan especial son preceptivas, sin perjuicio de lo establecido en la legislación sectorial.
2. Los planes especiales urbanísticos dictados en virtud del apartado 1.a que tengan por finalidad la protección de zonas de un gran valor agrícola, forestal o ganadero, de zonas deltaicas o de espacios rurales o periurbanos pueden imponer restricciones de uso de los terrenos, para impedir su desaparición o alteración.
3. La aprobación de los planes especiales urbanísticos habilita a la administración competente para ejecutar las obras e instalaciones correspondientes, sin perjuicio de la exigibilidad de las licencias y autorizaciones administrativas preceptivas, y sin perjuicio de lo establecido en la legislación sectorial.
4. Los planes especiales urbanísticos contienen las determinaciones que exigen el planeamiento territorial o urbanístico correspondiente o, en su defecto, las propias de su naturaleza y finalidad, debidamente justificadas y desarrolladas en los estudios, planos, normas y catálogos correspondientes.
Artículo 67 redactado por el artículo 7 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
a) En suelo urbano no consolidado, completar el tejido urbano o bien cumplir operaciones de rehabilitación, reforma interior, remodelación urbana, transformación de usos, reurbanización, ordenación del subsuelo o saneamiento de poblaciones y otras similares.
b) En el suelo urbano consolidado, completar o terminar la urbanización, en los términos señalados en la letra b del artículo 30, y regular la composición volumétrica y de fachadas.
2. Los planes de mejora urbana que tengan por objetivo la remodelación urbana, la transformación de usos o la reurbanización pueden determinar operaciones urbanísticas que supongan la reconversión del modelo urbanístico del ámbito del cual se trate, en cuanto la estructura, la edificación existente y los usos, o bien establecer la sustitución integral o parcial de las infraestructuras de urbanización y la implantación de nuevas infraestructuras, por razones de obsolescencia o de insuficiencia manifiesta de las existentes o por las exigencias del desarrollo económico y social.
3. Los planes de mejora urbana que tengan por objetivo la ordenación específica del subsuelo para ámbitos determinados han de regular:
b) El uso del subsuelo, vinculado al uso público y a la prestación de servicios públicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39.
4. Los planes de mejora urbana que tengan por objetivo la realización de operaciones de mejora urbana no contenidas en el plan de ordenación urbanística municipal requieren su modificación, previamente o simultáneamente, a excepción de los supuestos en los que no se alteren ni los usos principales, ni los aprovechamientos y las cargas urbanísticas ni la estructura fundamental del planeamiento urbanístico general.
5. Los planes de mejora urbana que tengan por objetivo la realización de operaciones de revitalización del tejido urbano, para garantizar el mantenimiento o el restablecimiento de la calidad de vida, han de regular las condiciones de compatibilidad de los diversos usos del suelo.
7. Se aplica a los planes de mejora urbana lo establecido en los artículos 65 y 66 para los planes parciales urbanísticos, a excepción de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 65 por lo que se refiere a la reserva de suelo.
8. Los planes de mejora urbana han de concretar las reservas necesarias para los sistemas urbanísticos locales, si no lo ha efectuado el planeamiento urbanístico general.
Artículo 68 redactado por el artículo 7 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
Artículo 69 bis introducido por el artículo 7 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
b) Las figuras del planeamiento urbanístico derivado, en el supuesto de que no estén previstas en el correspondiente programa de actuación urbanística municipal o comarcal vigente o que el municipio no disponga de ningún programa de actuación urbanística.
c) Los planes y programas urbanísticos plurimunicipales cuya aprobación definitiva no corresponda al consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas.
d) Los planes parciales de delimitación cuya aprobación no corresponda al consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas.
Artículo 78 redactado por el artículo 5 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
1. Corresponde a los ayuntamientos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 75.8, visto el informe de la comisión territorial de urbanismo competente, la aprobación definitiva de los planes especiales urbanísticos, de los planes de mejora urbana y de los planes parciales promovidos de acuerdo con las determinaciones de un programa de actuación urbanística municipal vigente, así como, en cualquier caso, los planes parciales urbanísticos de sectores de urbanización prioritaria.
2. De acuerdo con lo establecido en los artículos 77.1.d y 78.d, corresponde al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas la aprobación definitiva de los planes parciales urbanísticos de delimitación.
Artículo 79 redactado por el artículo 5 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
1. Una vez los planes especiales urbanísticos, los planes de mejora urbana y los planes parciales urbanísticos han sido objeto de aprobación inicial, en los supuestos a los que se hace referencia en el artículo 79.1, los ayuntamientos deben solicitar informe a la comisión territorial de urbanismo que corresponda, la cual ha de emitirlo y comunicarlo en el plazo de dos meses; de lo contrario, se entiende que el informe es favorable.
2. Los informes a los que se refiere el apartado 1 deben incluir las consideraciones necesarias, fundamentadas en razones de racionalidad y funcionalidad urbanísticas y orientadas a la superación de contradicciones, a la enmienda de errores y a la mejora de la claridad y la precisión jurídicas y técnicas. En todo caso, son vinculantes, únicamente, las prescripciones que contengan fundamentadas en los motivos de interés supramunicipal y de legalidad especificados en los apartados 3 y 4.
3. Son motivos de interés supramunicipal, a efectos de lo establecido en el apartado 2:
a) La coherencia con la planificación territorial, en lo referente al equilibrio territorial y a la organización correcta del desarrollo urbano.
c) La compatibilidad con el riesgo preexistente, de acuerdo con el Mapa de protección civil de Cataluña.
e) La adecuación a las políticas supramunicipales de suelo, de vivienda y de protección del patrimonio arquitectónico y cultural.
4. Son motivos de legalidad, a efectos de lo establecido en el apartado 2, los relativos a:
c) La adecuación a la legislación sectorial.
5. Los informes a que se hace referencia en el apartado 1 deben expresar la inviabilidad del planeamiento en tramitación, en caso de que las deficiencias constatadas no sean susceptibles de enmienda.
Artículo 85 redactado por el artículo 7 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
Las administraciones locales competentes, una vez aprobados definitivamente los planes urbanísticos derivados, deben entregar en el plazo de un mes a las comisiones territoriales de urbanismo correspondientes, a efectos de información, coordinación y archivo, la documentación técnica y administrativa completa, sin perjuicio del régimen de comunicación de acuerdos regulado en la legislación municipal y de régimen local de Cataluña.
Artículo 86 redactado por el artículo 7 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
1. El plazo para adoptar la aprobación inicial de un plan urbanístico derivado es de dos meses desde la recepción de la documentación completa.
2. Los planes urbanísticos derivados y los proyectos de delimitación de suelo urbanizable promovidos a instancia de parte interesada no se pueden inadmitir a trámite ni rechazar por falta de documentación, sino que debe acordarse su aprobación inicial o bien, si procede, la suspensión o denegación, que deben ser motivadas.
3. La suspensión de las propuestas a las que se refiere el apartado 2 se aplica por razón de defectos enmendables. Si no son enmendables, las propuestas han de denegarse. La denegación puede fundamentarse también en la falta de la justificación formal o sustantiva de los requerimientos exigidos en los artículos 58.1.d y e y 58.7, si se trata de parciales urbanísticos de delimitación. En todo caso, la paralización del expediente por causa imputable a los promotores produce su caducidad, de acuerdo con la legislación de procedimiento administrativo común.
4. Las propuestas de promoción de un plan urbanístico derivado cuyo ámbito territorial abarque más de un municipio formuladas a instancia de parte interesada deben presentarse a cada uno de los ayuntamientos afectados. Si éstas, en el plazo de un mes, no manifiestan su acuerdo para la tramitación conjunta, los promotores pueden presentar el plan al órgano competente según lo establecido en el artículo 83.2, el cual ha de adoptar la resolución inicial en el plazo de dos meses desde la recepción de la documentación completa; en caso de que haya acuerdo entre los ayuntamientos, este plazo empieza a contar desde la notificación del acuerdo.
5. El acuerdo de aprobación provisional de un plan urbanístico derivado debe adoptarse en el plazo de dos meses desde la finalización del período de información pública establecido en el artículo 83.4, siempre que se disponga de la declaración de impacto ambiental pertinente, en los supuestos de que sea preceptiva. La administración competente, una vez adoptado el acuerdo de aprobación provisional, dispone de un plazo de diez días para entregar el expediente completo al órgano al cual corresponda resolver su aprobación definitiva.
6. Las obras de urbanización que no tienen la consideración de básicas deben ser objeto de un proyecto de urbanización complementario aprobado por el ayuntamiento, sin que sea preceptivo el trámite de información pública, salvo los supuestos de ocupación temporal y otros previstos en la legislación de expropiación forzosa.
7. Los proyectos de urbanización no pueden modificar las determinaciones del planeamiento que ejecutan.
8. La documentación de los proyectos de urbanización ha de comprender una memoria descriptiva de las características de las obras, el plano de situación debidamente referenciado y los planos de proyecto y de detalle, el pliego de prescripciones técnicas, las mediciones, los cuadros de precios y el presupuesto.
Artículo 87 redactado por el artículo 7 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
1. Las comisiones territoriales de urbanismo se subrogan de oficio, por razones de interés público, en la competencia municipal o supramunicipal para la formulación o tramitación de las figuras del planeamiento urbanístico, si se produce un incumplimiento de los plazos establecidos. En caso de incumplimiento de los plazos de tramitación establecidos en el artículo 87, la subrogación se puede producir a instancia de los interesados.
2. La comisión territorial de urbanismo que incoe un expediente de subrogación en virtud del apartado 1 debe conceder audiencia al órgano originariamente competente y requerirlo para que proceda a ejercer sus competencias; si en el plazo de un mes no las ha ejercido, debe reclamarle, una vez acordada la subrogación, que le remita una copia certificada de la documentación que integre el expediente, que debe remitírsele en el plazo de los diez días siguientes a la reclamación.
Artículo 88 redactado por el artículo 5 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
1. En la tramitación de los planes de ordenación urbanística municipal y de los programas de actuación urbanística municipal y comarcal, se entiende que se produce silencio administrativo positivo si la resolución definitiva no se notifica en el plazo de cuatro meses desde la recepción del expediente completo por el órgano competente para su aprobación definitiva. En caso de que se trate de planes urbanísticos plurimunicipales la aprobación inicial de los cuales haya sido acordada por una comisión territorial de urbanismo o por el director o directora general de Urbanismo, el plazo es de tres meses y cuenta desde el acuerdo de aprobación provisional.
3. En la tramitación de los planes urbanísticos derivados cuya aprobación definitiva corresponda a los ayuntamientos o a los consejos comarcales, se entiende que se produce silencio administrativo positivo si la resolución definitiva no se notifica en el plazo de dos meses desde la finalización del período de información pública, siempre que se disponga de la declaración de impacto ambiental pertinente, en los supuestos en los que sea preceptiva, y que haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 85.1 o que la comisión territorial de urbanismo competente haya emitido el correspondiente informe.
4. En la tramitación de los planes urbanísticos derivados cuya aprobación definitiva corresponda, por subrogación, a una comisión territorial de urbanismo, se entiende que se produce silencio administrativo positivo si la resolución definitiva no se notifica en el plazo de dos meses desde la finalización del período de información pública, salvo que el órgano originariamente competente ya haya cumplido este trámite, siendo el plazo en tal caso de tres meses desde la recepción del expediente completo por la comisión.
5. En el supuesto de que en la tramitación de una figura del planeamiento urbanístico se produzca un acuerdo que requiera la presentación de un texto refundido o de nueva documentación, la resolución subsiguiente del órgano competente debe dictarse dentro del mismo plazo que se fija en la Ley para la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento de que se trate. Si, transcurrido este plazo, no se ha notificado ningún acto expreso, se entiende que ha habido silencio administrativo positivo y que se ha producido la aprobación definitiva del texto refundido o la compleción definitiva del expediente, con la documentación aportada.
6. En la aprobación definitiva de una figura del planeamiento urbanístico, los actos presuntos se pueden acreditar y hacer valer de acuerdo con lo establecido en la legislación de procedimiento administrativo común, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100 en cuanto a la ejecutividad de los planes.
7. La notificación de la aprobación de los proyectos de urbanización complementarios debe efectuarse en el plazo de un mes desde la presentación de la documentación completa; de lo contrario, se entiende que se aprueba por silencio administrativo. En caso de que se observen deficiencias, se otorga un plazo de quince días para enmendarlas, quedando interrumpido, mientras tanto, el plazo para adoptar y notificar la aprobación, que ha de efectuarse en el plazo de un mes una vez hayan sido enmendadas.
Artículo 89 redactado por el artículo 7 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
1. La modificación de cualquiera de los elementos de una figura del planeamiento urbanístico se sujeta a las mismas disposiciones que rigen su formación. No obstante, en caso de las modificaciones de los planes urbanísticos plurimunicipales cuya incidencia territorial quede limitada a un único término municipal, corresponde al ayuntamiento afectado por la modificación acordar su aprobación inicial y su aprobación provisional.
2. Si la modificación de una figura del planeamiento urbanístico supone un incremento de techo edificable, deben incrementarse proporcionalmente los espacios libres y las reservas para equipamientos determinados en el artículo 65.3 y 4.
3. Las propuestas de modificación de una figura del planeamiento urbanístico deben razonar y justificar la necesidad de la iniciativa, y la oportunidad y conveniencia en relación con los intereses públicos y privados concurrentes. El órgano competente para tramitar la modificación debe valorar adecuadamente la justificación de la propuesta y, en caso de efectuar una valoración negativa de la misma, denegarla.
Artículo 94 redactado por el artículo 7 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
1. La modificación de figuras del planeamiento urbanístico que tenga por objeto alterar la zonificación o el uso urbanístico de los espacios libres, las zonas verdes o los equipamientos deportivos considerados por el planeamiento urbanístico como sistemas urbanísticos generales o locales debe aprobarse por el Gobierno, si la competencia de aprobación definitiva de la figura de que se trate corresponde a la Administración de la Generalidad, o por el consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas, en los demás supuestos. En todo caso, es preciso el informe previo favorable del consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas o del director o directora general de Urbanismo, respectivamente, y el informe favorable subsiguiente de la Comisión Jurídica Asesora.
2. La tramitación regulada en el apartado 1 ha de ser objeto de resolución definitiva en el plazo de dos meses desde la recepción del informe de la Comisión Jurídica Asesora. Si, transcurrido dicho plazo, no se ha adoptado resolución expresa alguna, se entiende denegada la modificación.
3. La tramitación regulada en el apartado 1 no se aplica a las modificaciones citadas que estén incluidas en el procedimiento de revisión de un plan de ordenación urbanística municipal, ni tampoco a los ajustes en la delimitación de los espacios citados que no alteren su funcionalidad, superficie y localización en el territorio.
4. Las propuestas de modificación reguladas en los apartados 1 y 3 deben justificar en la memoria pertinente, y mediante la necesaria documentación gráfica, que no se perjudican los aspectos cualitativos ni cuantitativos de los espacios afectados.
Artículo 95 redactado por el artículo 8 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
1. Las distintas figuras del planeamiento urbanístico cuya aprobación definitiva corresponde a la Administración de la Generalidad son ejecutivas a partir de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del acuerdo de aprobación definitiva y de las correspondientes normas urbanísticas. Por lo que se refiere al planeamiento urbanístico cuya aprobación definitiva corresponda a los municipios, es de aplicación lo establecido en la legislación de régimen local.
2. Los particulares y la Administración pública quedan obligados al cumplimiento de las disposiciones sobre ordenación urbanística contenidas en la presente Ley y en los instrumentos de planeamiento y gestión que deriven de las mismas.
3. La constitución de la garantía a que se hace referencia en el artículo 101.3 es condición de eficacia de la ejecutividad de los planes urbanísticos derivados de iniciativa privada y de los proyectos de urbanización complementarios. El plazo para la constitución de la garantía es de tres meses desde la notificación del acuerdo de aprobación, y se prorroga por la mitad del plazo si el promotor lo solicita antes de su finalización. Si, una vez agotados los plazos, no se ha constituido la garantía, la tramitación del plan queda sin ningún efecto, salvo que concurran razones de interés general, pudiendo en tal supuesto el órgano competente proceder a tramitar la substitución del sistema de actuación o bien de su modalidad.
4. Los distintos departamentos ejercen, de acuerdo con las disposiciones de los planes urbanísticos, las facultades que les correspondan según la legislación aplicable en razón de la materia.
Artículo 100 redactado por el artículo 7 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
1. Los acuerdos de aprobación definitiva de todos los instrumentos del planeamiento urbanístico deben publicarse en el correspondiente diario o boletín oficial y deben indicar expresamente el lugar y los medios adecuados para que se puedan ejercerse correctamente los derechos de consulta e información.
2. Si un instrumento del planeamiento urbanístico es aprobado por silencio administrativo positivo, el órgano competente para acordar su aprobación definitiva debe ordenar, de oficio o a instancia de parte interesada, la publicación de la aprobación en el correspondiente diario o boletín oficial y, en su caso, debe efectuar las notificaciones que correspondan.
3. Para la publicación del acuerdo de aprobación definitiva de un plan urbanístico derivado de iniciativa privada, es requisito previo que se asegure la obligación de urbanizar mediante la constitución de la correspondiente garantía, por el importe del 12% del valor de las obras de urbanización.
Artículo 101 redactado por el artículo 7 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
1. Quedan fuera de ordenación, con las limitaciones señaladas en los apartados 2 y 3:
a) Las construcciones, instalaciones y usos que, por razón de la aprobación del planeamiento urbanístico, queden sujetos a expropiación, cesión obligatoria y gratuita, derribo o cese.
b) Las construcciones, instalaciones y usos disconformes con el planeamiento urbanístico respecto a los cuales no sea posible la aplicación de las medidas de restauración reguladas en el capítulo II del título séptimo.
2. En las construcciones e instalaciones que están fuera de ordenación no se pueden autorizarse obras de consolidación, aumento de volumen o de modernización, pero sí las reparaciones que exijan la salubridad pública, la seguridad de las personas o la buena conservación de dichas construcciones e instalaciones. Las obras que se autoricen en las mismas no suponen aumento del valor de expropiación.
3. Los cambios de uso de las construcciones e instalaciones que están fuera de ordenación pueden autorizarse en los supuestos y condiciones regulados en el artículo 53.5.
4. En las construcciones e instalaciones que tengan un volumen de edificación disconforme con los parámetros imperativos de un nuevo planeamiento urbanístico, pero que no queden fuera de ordenación, deben autorizarse todas las obras de consolidación y rehabilitación y todos los cambios de uso, siempre de acuerdo con las condiciones básicas del nuevo planeamiento.
5. Los usos preexistentes a un nuevo planeamiento urbanístico pueden mantenerse mientras no resulten incompatibles con el mismo y siempre que se adapten a los límites de molestia, nocividad, insalubridad y peligro que establezca para cada zona la nueva reglamentación.
Artículo 102 redactado por el artículo 7 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
a) Como sistema de actuación para la ejecución del planeamiento urbanístico en el marco de un polígono de actuación urbanística o de un sector de planeamiento urbanístico derivado, de acuerdo con lo establecido en los artículos 146 a 149.
b) Para la ejecución de los sistemas urbanísticos de carácter público, de acuerdo con lo establecido en los artículos 34.7 y 107.
c) Para la constitución o la ampliación de patrimonios públicos de suelo y vivienda, de acuerdo con lo establecido en los artículos 154 y 155.
d) Por razón de la falta de participación de los propietarios en el sistema de reparcelación, según lo establecido en el capítulo III del título cuarto, que regula sus modalidades.
Primero. Que se cometan infracciones urbanísticas muy graves en materia de parcelación, uso del suelo y edificación.
Segundo. Que se incumplan los plazos establecidos para ejecutar las obras de urbanización o edificar los solares resultantes.
Tercero. Que los propietarios de inmuebles no efectúen las obras de adaptación requeridas para la seguridad de las personas o las obras que estén determinadas en los planes, normas o proyectos de carácter histórico, arqueológico o artístico.
Cuarto. Que se incumplan los deberes que conlleven las distintas modalidades del sistema de reparcelación.
Quinto. Que se incumplan los deberes o condiciones impuestos a los propietarios en el supuesto de liberación de bienes de la expropiación regulado en el artículo 105.
2. Por lo que se refiere al supuesto primero del apartado 1.e, debe deducirse del justiprecio el coste de reposición, en su caso, y debe incorporarse el bien expropiado al patrimonio público de suelo y vivienda.
3. Para el ejercicio de la potestad expropiatoria a que se hace referencia en los supuestos segundo, tercero, cuarto y quinto del apartado 1.e, es preciso haber efectuado su requerimiento a los propietarios, con expresa advertencia de los efectos expropiatorios.
Artículo 104 redactado por el artículo 1 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
1. Transcurridos cinco años desde la entrada en vigor del plan de ordenación urbanística municipal, en caso de que no disponga de programa de actuación urbanística municipal, o una vez agotado el plazo establecido en el programa, si no se ha iniciado el procedimiento de expropiación de los terrenos reservados para sistemas urbanísticos de titularidad pública no incluidos, a efectos de su gestión, en un polígono de actuación urbanística o en un sector de planeamiento urbanístico, los titulares de los bienes pueden advertir a la administración competente de su propósito de iniciar el expediente de valoración. Si transcurre un año desde la formulación del advertencia y la administración no ha dado respuesta alguna, el inicio del expediente de valoración se produce por ministerio de la ley; a tal efecto, los propietarios pueden presentar la correspondiente hoja de valoración y, si transcurren tres meses y la administración no la acepta, pueden dirigirse al Jurado de Expropiación de Cataluña, cuya resolución para fijar la valoración agota la vía administrativa.
2. A efecto de lo establecido en el apartado 1, se entiende que la valoración se refiere al momento de la iniciación del expediente de valoración por ministerio de la ley y que los intereses de demora se acreditan desde la presentación de la hoja de valoración por parte de los propietarios.
3. Las determinaciones del presente artículo también se aplican a los bienes y derechos incluidos en polígonos de actuación urbanística o en sectores de planeamiento urbanístico en los que el sistema de actuación sea el de expropiación.
4. Lo establecido en los apartados 1, 2 y 3 no se aplica a:
b) Los propietarios de terrenos clasificados como suelo urbanizable, si en el momento de la afectación los terrenos se dedican a la explotación agrícola, ganadera, forestal o cinegética o, en general, a actividades propias de su naturaleza rústica y compatibles con dichas clasificación y afectación hasta la ejecución de las determinaciones del planeamiento urbanístico.
c) Los propietarios que, de acuerdo con el artículo 53, hayan obtenido la autorización para el uso u obra provisionales.
5. Si, antes de transcurrir los plazos establecidos en el apartado 1, se ha aprobado inicialmente una modificación o revisión del planeamiento urbanístico que supone la inclusión de los sistemas en polígonos de actuación o en sectores de planeamiento, a efectos de su gestión, dichos plazos quedan interrumpidos y sujetos a la aprobación definitiva. El cómputo de los plazos se reanuda transcurrido un año sin producirse la publicación de la aprobación definitiva.
Artículo 108 redactado por el artículo 7 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).

References: artículo 81

Artículo 56
 artículo 1
 artículo 3

Artículo 57
 artículo 1
 artículo 57
 artículo 39
 artículo 49
 artículo 50

Artículo 58
 artículo 7
 artículo 8

Artículo 59
 artículo 1
 artículo 58
 artículo 57
 artículo 151

Artículo 60
 artículo 7
 Artículo 58

Artículo 65
 artículo 7
 artículo 50
 artículo 47

Artículo 67
 artículo 7
 artículo 30
 artículo 39
 artículo 65

Artículo 68
 artículo 7

Artículo 69
 artículo 7

Artículo 78
 artículo 5
 artículo 75

Artículo 79
 artículo 5
 artículo 79

Artículo 85
 artículo 7

Artículo 86
 artículo 7
 artículo 83
 resolución 
 artículo 83

Artículo 87
 artículo 7
 artículo 87

Artículo 88
 artículo 5
 resolución 
 resolución 
 artículo 85
 resolución 
 resolución 
 artículo 100

Artículo 89
 artículo 7
 artículo 65

Artículo 94
 artículo 7
 resolución 
 resolución 

Artículo 95
 artículo 8
 artículo 101

Artículo 100
 artículo 7

Artículo 101
 artículo 7
 artículo 53

Artículo 102
 artículo 7
 artículo 105

Artículo 104
 artículo 1
 resolución 
 artículo 53

Artículo 108
 artículo 7