Source: http://www.guillermotejadadapuetto.com/2011/12/ollanta-un-presidente-democratico.html
Timestamp: 2020-01-29 00:32:20+00:00

Document:
LA PAGINA DE GUILLERMO TEJADA DAPUETTO: OLLANTA, UN PRESIDENTE DEMOCRATICO
LA REPUBLICA DICIEMBRE 28, 2011
Ollanta, un presidente democrático
!Buena decisión!: Ejecutivo observó la ley mordaza.
Es una estupenda noticia, que debe ser saludada como manifestación sólida de su compromiso inequívoco con la libertad de expresión, la decisión del presidente Ollanta Humala de observar la autógrafa aprobada para amordazar a la prensa.
La decisión del presidente Humala constituye, en ese sentido, una clara toma de distancia frente a un Congreso que, apenas en sus primeros meses, demostró que está conformado por varios impresentables que andan con sangre en el ojo porque la prensa destapó, con rapidez, las fechorías que sí pudieron ocultarle al elector.
La observación del presidente a este intento de limitar la capacidad de la prensa de combatir a la corrupción significa, en particular, una clara respuesta a la iniciativa promovida por el PPC, mediante el congresista Javier Bedoya, con el único fin de vengar la derrota –atribuida a la difusión del ‘potoaudio’– que sufrió Lourdes Flores en la carrera municipal 2010.
El proyecto aprobado en el Congreso el 15 de diciembre pretende encarcelar hasta por cuatro años al periodista que revele comunicaciones obtenidas ilegalmente.
Como se comentó en esa oportunidad en esta columna, la intimidad y la privacidad son derechos fundamentales de las personas que los periodistas debemos respetar. Existen, sin embargo, algunas excepciones cuando se trata de personas públicas y la materia es de interés público.
Los periodistas también debemos cumplir la ley y, por tanto, no quebrantarla en el ejercicio de la función, por ejemplo, revelando comunicaciones privadas obtenidas ilegalmente. Hay, sin embargo, como en el caso previo, una excepción referida a los casos en que el ocultamiento de una información recibida pueda implicar un serio perjuicio a la sociedad.
Para obstaculizar el cumplimiento de esa tarea ineludible de la prensa es que el Congreso aprobó este proyecto de ley que, por su redacción confusa y ambigua, es una limitación evidente a la libertad de prensa. Y la indicación de que solo se puede divulgar información sobre hechos delictivos es absurda pues pretende convertir al periodista en juez, lo cual no tiene sentido. Esto impediría, además, revelar hechos que, no siendo delitos, revelan actitudes éticamente inaceptables que la gente debe saber.
Por ello, la observación decidida por el presidente Humala es una magnífica demostración de su sólido y cabal compromiso con la libertad de expresión que prometió garantizar durante la campaña electoral.
(Esta columna quisiera publicarla cuando el presidente Humala observe este proyecto que limita la lucha contra la corrupción. Como el Congreso le envió la autógrafa el 20 de diciembre –y hoy estamos 28, día de los inocentes–, solo quedan siete días. El plazo vence el 4 de enero).
2011, un año a olvidar para los periodistas de Latinoamérica
Asesinatos y denuncias de acoso a medios de comunicación en distintos países son el saldo negativo que se lleva este oficio
Izq.: el horrendo asesinato en Nuevo Laredo. Der.: Portada de Clarín rechazando ley de gobierno argentino para controlar el papel. (Difusión / GDA)
Pese a que la violencia menoscaba la labor de la prensa en países convulsionados como los de medio oriente (ONGs reportan alrededor de 70 periodistas asesinados en todo el mundo) han llamado la atención numerosas muertes y los altisonantes casos de presuntos acosos a los medios de prensa en Latinoamérica.
Para empezar, los macabros crímenes contra periodistas han sido principalmente en México (5 en su haber): todavía queda fresco el recuerdo del homicidio de Miguel Ángel López Velasco y toda su familia en junio en el puerto de Veracruz. López trabajaba en el periódico Notiver, el de mayor circulación en esta zona de México y estaba especializado en temas de seguridad y narcotráfico. La mafia se deshizo de él.
En otros casos, las muertes se produjeron bajo horrorosas modalidades. Por ejemplo, el de la joven periodista cuyo cuerpo fue hallado decapitado en la ciudad de Nuevo Laredo (Taumalipas). Marisol Macías Castañeda trabajaba en un medio de aquella ciudad, pero sus constantes denuncias contra el narcotráfico a través de las redes sociales la condujeron a este final.
Otra de estas lamentables historias ocurrió precisamente en Nuevo Laredo, en setiembre, donde se confirmó que el cártel de los Zetas colgó a dos ‘ciberperiodistas’ presuntamente por utilizar las redes sociales en Internet para denunciar a criminales. “Esto les va a pasar a todos los relajes del Internet, pónganse vergas, ya los traigo en corto, atte Z”, decía una nota en el lugar del crimen.
Estos y otros casos han llevado a la ONU y la OEA a considerar a México el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente.
De los cuatro periodistas registrados fallecidos en Brasil, el caso que más conmocionó al mundo fue el de Gelson Domingos da Silva, quien grabó su propia muerte mientras la policía y una banda de narcos se enfrentaban a balazos.
Nuestro país también forma parte de la lista negra de países con periodistas asesinados. El 3 de mayo, Julio Castillo Narváez, periodista radial de Virú, La Libertad, murió baleado a tiros por supuestos sicarios en un pueblo del interior del Perú, en lo que parecía una aparente represalia por sus denuncias de corrupción contra autoridades locales. Colombia (1 periodista fallecido), Guatemala (1), Honduras (4), El Salvador (1), Paraguay (1) y Venezuela (1), también suman este negativo saldo.
DENUNCIAS CONTRA DE ACOSO A LA PRENSA
Los lamentables decesos no fueron los únicos episodios sombríos por los que ha tenido que atravesar la prensa en nuestros países. En Ecuador, el periodista Emilio Palacio perdió una demanda contra el presidente Rafael Correa, que lo acusó de mancillar su honor en una columna de opinión que este emitió en el diario “El Universo”, donde insinuó que Correa había ordenado disparar durante unas protestas el año pasado en el país del norte.
La demanda contra el citado periódico ha exacerbado un ambiente de enfrentamiento entre el presidente y los principales medios de comunicación privados, que han cerrado filas en apoyo al rotativo de Guayaquil.
Los últimos días en Argentina también han sido convulsionados para los principales medios de prensa en aquel país: el pasado jueves, el Senado argentino aprobó un proyecto que declara de interés público la producción, comercialización y distribución del papel para diarios, mediante la cual se controlará la distribución de este insumo básico en este país.
“El Gobierno pretende adueñarse de los activos y controlar la empresa, manejar la producción de papel nacional para la impresión de diarios y someter así al periodismo independiente hasta llevarlo a una convivencia dócil con el poder”, reclamó en un enérgico editorial el diario Clarín, con eco en el otro medio importante gaucho, La Nación.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otras organizaciones similares han manifestado que la nueva norma es anticonstitucional y que pretende censurar indirectamente la libertad de prensa.
Así las cosas, una de las esenciales labores de la democracia resultó bastante golpeada este 2011 en Latinoamérica. Se espera que el próximo año sea mejor.
Sobre el despido de la periodista Laura Puertas.
Uno intuye que se aproxima pero nunca acierta el momento preciso y, aunque no es un trance grato, cuando ocurre, produce una sensación encontrada entre la incertidumbre por lo que se viene, y la satisfacción por el deber cumplido.
Hablo, claro, del despido que se produce cuando colisionan dos trenes que avanzan en dirección contraria: el del periodista que aspira a que el periodismo sea la más noble de las profesiones; y el del propietario que se ve en la necesidad penosa de que este sea el más vil de los oficios.
Y digo eso, claro, por el despido de Laura Puertas de la dirección periodística de América TV, donde ratificó su vocación por la integridad, decencia y profesionalismo que se requieren para que el periodismo se ejerza con independencia y veracidad.
Un medio siempre tiene el derecho de elegir su equipo, desde el practicante que pisa por primera vez una redacción hasta el director que la debe liderar. Pero un medio también es responsable ante su audiencia por las decisiones que toma, desde a quién contrata o por qué lo bota.
Es claro que el grupo mayoritario que controla América TV –y, en general, El Comercio– ha despedido a Puertas pues independencia y veracidad son principios periodísticos con los que se ha peleado hace tiempo.
Por ello, no le conviene periodistas como Puertas que prefieren el compromiso por la verdad en vez del interés particular del propietario.
Tampoco le conviene periodistas como Raúl Tola, quien luego del despido de Puertas, prefirió dejar ese medio para no ser comparsa de “las intenciones cada vez más groseras de un ala del directorio por intervenir en la cobertura noticiosa subordinándola a intereses ajenos a los principios rectores del canal y a los verdaderos fines de la profesión”.
Por eso también despidieron a Rosa María Palacios y Patricia Montero, así como, antes, a varios de ese grupo de medios que solo querían ser periodistas de a verdad y no voceros de sustos e intereses subalternos para ensanchar el bolsillo o, simplemente, botar gente valiosa para que nadie olvide de que, a pesar de sus carencias intelectuales y morales, ellos son dueños. Lo que pretenden es ‘directores’ de medios que sean tramitadores del interés particular del propietario.
Ben Bradlee, el legendario conductor de The Washington Post, decía que, para ser un buen director de periódico, se requiere reporteros con capacidad de perseguir el fundamento del periodismo (buscar la verdad y contarla), y un propietario con la voluntad real de cumplir esa promesa.
Es una gran suerte cuando un periodista cuenta con eso, y una tortura no tenerlo. Por ello, los que despidieron a Laura tomaron la decisión correcta pues, por su integridad y decencia, ella no encaja con sus fines.
* EDITORIAL Un proyecto que favorece la corrupción
Sigue el compás de espera generado por el proyecto de ley-mordaza aprobado por el Congreso y en manos del presidente Humala.
Las filtraciones nunca suelen ser multitudinarias por su propia protección, pero tampoco suelen darse por azar. Que se ignoren sus propósitos últimos no quiere decir que no los tengan y que no sepan a quiénes hay que tumbar. Lo inquietante de la ley Bedoya es que al colocarlas todas en el mismo saco y colocarlas en la órbita de decisión del Poder Judicial impide al periodismo serio ejercer su función informativa y fiscalizadora.
El notable escritor siciliano Leonardo Sciascia (1921-1989) dedicó su vida y obra a develar el entramado de ciertos poderes ocultos en Italia, sobre todo la política y la mafia. En una de sus obras más conocidas, El día de la lechuza, un honesto investigador, sentado frente a frente con un capo de la mafia piensa: “Es inútil tratar de encajar en el Código Penal a un hombre como éste: nunca habrá pruebas suficientes, el silencio de los honrados y el de los sinvergüenzas lo protegerá siempre. Y es inútil, además de peligroso, anhelar una suspensión de derechos”.
Con esa sensación de impunidad se mueven los mafiosos del país, que no son únicamente los sicarios y ejecutores de un engranaje siniestro, sino aquellos que están detrás, los que actúan como mecenas y beneficiarios de la cultura mafiosa. Aquellos que arrojan proyectiles y esconden la mano, o que –envueltos en el manto de una supuesta respetabilidad– actúan por encima de la ley, arrogantes y disfrutando de impunidad.
Su método de actuación permanece a menudo invisible, y cuando sale a luz es gracias a alguno de esos videos o audios cuya divulgación la Ley Bedoya persigue prohibir. A veces un simple juego de miradas o de sonrisas descubre la conspiración, pues una de las debilidades de las culturas mafiosas consiste en que siempre piensan sus intereses particulares y al margen de la ley como si fueran eternos, interminables y superiores.
Contra ellos, la única arma que en ocasiones puede desenmascararlos es el buen periodismo, aquel que se quiere impedir al despojar a directores y editores de su potestad de decidir cuándo lo que van a publicar constituye un ataque a la privacidad que debe ser evitado y cuándo es uno de esos destapes que sacude a la opinión pública por revelar las entrañas de la corrupción y dinamitarla en lo que tiene de más avezado: la impunidad.
Al pedir al presidente Ollanta Humala la no promulgación de la ley mordaza no estamos defendiendo los supuestos privilegios de la prensa amarilla sino reivindicando el más útil y social de los usos de la prensa seria: su derecho a destapar la corrupción y colocarla desnuda en la plaza, el espacio público por excelencia. Si esa ley es promulgada, esa tarea indispensable quedará cancelada. Y no perdemos solo los periodistas, pierde la sociedad entera, que tiene derecho a ser informada.
LA REPUBLICA DICIEMBRE 18, 2011
El Congreso ha aprobado un proyecto de ley que colisiona frontalmente con la libertad de informar y que no debe ser promulgado.
Un proyecto de ley presentado por el congresista Javier Bedoya y aprobado por el Pleno del Legislativo, por el cual se modifica el artículo 162 del Código Penal, castigando con pena privativa de la libertad de entre dos y cuatro años de cárcel a quien interfiera, escuche o difunda una comunicación privada “independientemente del medio a través del cual haya tenido lugar” se ha convertido en una cortapisa a la libertad de expresión en el Perú.
En efecto, instituciones como el Consejo de la Prensa Peruana, IPYS y el Colegio de Periodistas han levantado su voz contra el referido proyecto de ley que propicia un ambiente de censura, al establecer penas de cárcel a quienes difundan materiales producto de una interceptación ilegal, salvo aquellos que tengan contenido delictivo perseguible por acción penal, dejando todos los casos restantes al criterio de calificación del PJ.
Es necesario aclarar que los periodistas no nos oponemos a que se sancione a quienes infringen el ordenamiento legal por medio de ilegales escuchas o publican contenidos injuriosos o difamatorios, pero creemos que no corresponde a la discrecionalidad del juez, sino a los directores y editores de los medios decir cuándo compete, bajo responsabilidad, privilegiar el interés público sobre el derecho a la privacidad. En nuestro país la calumnia y la difamación están penadas con cárcel. Notorios comunicadores han sufrido esa condena.
Y la responsabilidad es grande, pues la delgada línea que separa el interés público de aquello que constituye una intromisión en la privacidad de las personas es sumamente tenue. Ejemplos concretos hay, como el caso de los videos grabados subrepticiamente por Montesinos, cuyo interés público era obvio, pues eran evidencia de comisión de delitos, sin embargo algunos de ellos nunca fueron revelados pues afectaban la intimidad de las personas y no aportaban en absoluto a nuestra sociedad. Bajo este marco legal no hubiéramos podido divulgar los wikileaks. ¿No consideran los legisladores que dicha información es de interés publico?
Pero vayamos a la génesis del proyecto: la difusión de los audios obtenidos criminalmente de la candidata Lourdes Flores en plena campaña municipal. Más allá del abuso que se hizo de los mismos, ¿era legítimo que el ciudadano accediera a esa información una vez que trascendió el ámbito privado? Creemos que sí, desde luego la parte esencial e informativa, no la parte adjetiva. Y nuestra convicción aumenta cuando comprobamos que los afectados no demandaron penalmente por injuria o difamación al medio y en su lugar lanzaron este brulote contra todos los medios de comunicación.
Ya en el pasado hubo un proyecto fujimorista que pretendía dejar al juez la calificación de los hechos filmados o grabados que podían ser divulgados, lo cual choca con la velocidad de la información y la legítima búsqueda de la primicia, reñidos con el ritmo en que se mueve el PJ. ¿Cuándo un material puede ser publicado? La respuesta solo puede darse en términos de ética personal –la del periodista– y corporativa –la del medio–.
Sorprende que tratándose de un tema de tal relevancia los autores del proyecto no hayan intentado convocar a especialistas y a quienes están directamente implicados (medios, periodistas, constitucionalistas, etc.). Que quede claro: se debe castigar y perseguir a quienes ejecutan estas prácticas ilegales, pero algo muy distinto es penalizar la información que de allí se desprende y que ha permitido descubrir los mayores escándalos de corrupción de los años recientes.
Por su intento de silenciar al periodismo y por su carácter contrario a la lucha anticorrupción, a la que planteó como objetivo puntual de su gobierno, solicitamos al presidente Ollanta Humala observar la autógrafa de este proyecto de ley, lo que permitiría se debata dicha iniciativa para impedir que se le imponga al país un remedio peor que la enfermedad.
(Editorial) Preocupante insistencia en penalizar delitos de prensa
La prensa debe responder por sus excesos, pero ante el fuero civil sin exponerse a manipulaciones o leyes que imponen una camisa de fuerza
Otro polémico proyecto de ley contra la prensa ha sido aprobado en el Congreso. Se trata de una modificación al Código Penal para sancionar con penas de prisión –de entre dos y cuatro años– a quienes difundan comunicaciones privadas, “independientemente del medio a través del cual haya tenido lugar”. A contramano de lo que ocurre en los países desarrollados, donde los delitos de prensa son tratados en el ámbito civil, en nuestro país se insiste en su penalización. La iniciativa ya se conoce como “ley mordaza”, pues finalmente es una forma de censura previa que afecta las libertades de información, expresión y prensa.
La norma tiene un enfoque absurdo, pues carga toda la responsabilidad a los medios de comunicación por la difusión de comunicaciones interceptadas; pero no va más allá en el asunto de fondo y lo que debe ser realmente combatido y erradicado: la interceptación de las comunicaciones, el espionaje industrial y la identificación y sanción de las personas y entidades estatales y privadas dedicadas a la venta de este tipo de información.
De modo simplista, se sostiene que la ley no alcanza a los “hechos delictivos, de interés público o nacional o que contravengan el ordenamiento constitucional vigente”. La pregunta es: ¿quién establecerá lo que es o no de interés público? Con esto se da, además, por sentado que para nuestras autoridades el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones seguirá siendo vulnerado, como lo es hoy.
En el estado actual de cosas, en un país donde día a día salen a la luz audios cuyo origen se desconoce, la norma terminará por obligar a pedir autorizaciones antes de difundir cualquier denuncia de interés público. Se traslada, así, a la subjetividad de un juez la aplicación de una norma laxa, no clara y que deja demasiados cabos sueltos para interpretaciones antojadizas.
Llama la atención que el congresista Javier Bedoya de Vivanco, propulsor de la iniciativa, aduzca que se podrá difundir aquello que mantenga en alto la moral pública, sobre todo de los funcionarios públicos. Con su experiencia como abogado y parlamentario tendría que haber contemplado que la moral es, en muchos casos, subjetiva sobre todo en un país como el nuestro. El derecho a la privacidad y la intimidad tiene que ser respetado y protegido, y los excesos contra ellos sancionados por las vías correspondientes de modo proporcional, pero no puede ser usado como pretexto para iniciativas antidemocráticas.
Y ya hablando de cuestiones prácticas y tecnológicas en el mundo de hoy, ¿se han puesto a pensar los congresistas qué pasará con audios y videos interceptados colgados en portales como You Tube y otros sitios web? ¿A quién responsabilizarían y sancionarían?
Hay que recordar aquí que los videos y audios incautados a Montesinos fueron revisados por el Congreso de entonces que, antes de difundirlos, se cuidó de borrar las partes vinculadas al ámbito de la intimidad. También que la prensa independiente, con gran ejercicio de autorregulación, respetó dicha acción; y lo mismo hicimos en esta casa editora con los documentos de Wikileaks.
El Congreso tiene que avanzar en la consolidación del sistema democrático. En lugar de insistir en proyectos absurdos y amedrentadores como este –que se espera sea observado por el Poder Ejecutivo– debe abocarse a condenar y erradicar el ‘chuponeo’ y el mercado negro de venta de información y de espionaje industrial, así como a promover la despenalización de los delitos de prensa y tratarlos en el campo civil.
La prensa sí debe responder por sus excesos, pero ante el fuero civil sin exponerse a manipulaciones o leyes que imponen una camisa de fuerza al periodismo independiente y fiscalizador que investiga las irregularidades de funcionarios. Leyes como la mencionada pueden ser mal usadas por regímenes poco democráticos o usadas para revanchismo, amedrentamiento o intimidación.
EL COMERCIO DICIEMBRE 16, 2011
El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) le solicita al presidente Ollanta Humala, a través de un comunicado, que observe la ley que castiga con entre dos y cuatro años de cárcel efectiva a los difusores de interceptaciones telefónicas, norma que fue aprobada el jueves por el pleno del Congreso.
Esta iniciativa, que debe ser promulgada u observada por el Ejecutivo, solo exceptúa de responsabilidad a las personas o medios que divulguen comunicaciones ‘chuponeadas’ que tuvieran contenido “delictivos de interés público o nacional o que contravenga el ordenamiento legal vigente”.
En el documento dirigido a Humala Tasso, el IPYS califica esta ley como “una iniciativa impracticable y contradictoria, que limita claramente la libertad de informar”.
Señala que es impracticable que el periodismo “haga un estudio jurídico antes de dar cuenta de hecho de interés público para determinar si son delictivos o ilegales”, porque ello es tarea del Poder Judicial y no de la prensa.
El IPYS indica que si existe información de interés público debe ser puesta en conocimiento de la opinión pública pese a que haya sido obtenida de manera ilegal. “Lo contrario implicaría privar a la colectividad de conocer hechos relevantes que permitan formar una opinión plural y libre, base de toda sociedad democrática y sustento de todo estado de derecho que se respete”, agrega.
LIMITA LA LIBERTAD DE INFORMAR
La institución argumenta que la iniciativa para encarcelar a quienes difundan comunicaciones interceptadas de manera ilegal “limita considerablemente la libertad de informar”.
Puso como ejemplo que estos audios pueden revelar las contradicciones entre el discurso público y privado de un gobernante en asuntos de alto interés nacional o permitir la identificación de los autores de una campaña de difamación anónima contra políticos de oposición al gobierno.
El IPYS sostiene que estos dos casos no son delito ni contravienen el orden legal de los establecido, además, señala que si bien la modificación al Código Penal es para proteger el derecho al secreto e inviolabilidad de la comunicaciones, los medios utilizados “no son compatibles con la libertad de expresión”.
“En tal sentido, en el marco de su reiterada posición pública en defensa de la libertad de expresión, el IPYS exhorta al Presidente de la República a observar la autógrafa que con los desatinos señalados remitió el Congreso”, acota el comunicado.
* MVLL sobre mayores penas por difundir 'chuponeos': “La intención es que se respete la privacidad”
(Fuente: Canal N)(http://elcomercio.pe/politica/1348965/noticia-mvll-sobre-mayores-penas-difundirchuponeos-intencion-que-se-respete-privacidad)
El Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, esta tarde en su natal Arequipa, instó a los peruanos a no desperdiciar “esta magnífica dinámica” de aliento a la inversión privada que “el Perú está viviendo desde hace 11 años, desde que recuperamos la libertad luego de la caída de la dictadura”.
“El Perú está creciendo a un ritmo sin precedentes. Hay por otro lado consensos en el país a favor del Estado de derecho, de las instituciones democráticas, de una política de mercado que estimule la inversión, que dé garantías a la empresa privada para trabajar. Creo que es algo que los peruanos debemos preservar, no debemos permitir que este periodo positivo se nos desmorone. Depende de nosotros que no desperdiciemos esta magnífica dinámica”, señaló a la prensa.
“Si continuamos lo que hemos estado haciendo hace 11 años, el Perú tiene un futuro promisorio” mencionó Vargas Llosa, que en los días previos ha mantenido su apoyo al gobierno de Ollanta Humala, tras los cambios ministeriales.
“NO SÉ SI LLAMARLA ‘LEY MORDAZA’”
Asimismo, sobre la modificación de las penas para quienes difundan conversaciones privadas obtenidas ilegalmente, nuestra insigne pluma destacó que “la mordaza es algo que no debemos aceptar, que está reñida con la democracia”, aunque, dijo, “no sé si exactamente esa ley merece ese calificativo”.
“No conozco el texto de la ley, por lo tanto lo que voy a decir es algo muy aproximado. La libertad es muy importante pero tampoco debemos permitir que se convierta en libertinaje. La intención de la ley es que se respete la privacidad, que no sea materia de escándalo y la aproveche una prensa amarilla, escandalosa, y eso me parece muy importante”, opinó.
Aunque indicó que la prensa tiene una función fundamental de fiscalización, esta no debe permitir que se introduzca en ella “el escándalo, el amarillismo, el libelo, la difamación, la calumnia”: “Por desgracia, ese es un aspecto que está presente en el periodismo hoy”. En tal sentido, saludó que haya una legislación que de alguna manera le ponga un freno.
* Lourdes Flores saludó aumento de penas a divulgadores de conversaciones privadas
Lourdes Flores Nano saludó esta mañana la decisión del Congreso de la República de aumentar las penas por difundir conversaciones ilegalmente interceptadas y que no revelen la comisión de un delito.
“Fui una víctima directa de la divulgación de conversaciones indebidamente interceptadas y soy agraviada en un proceso que sigue para investigar quiénes realizaron esta interceptación. Saludo la ley, me parece que la violación de la intimidad personal no debe ser divulgada salvo cuando se traten de actos que tienen que ver con delitos”, indicó la lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC).
Asimismo, opinó que los jueces deberán ir creando jurisprudencia en esta figura delictiva. Al respecto, mencionó que la difusión de conversaciones suyas cuando competía por el municipio de Lima representa un caso emblemático.
“No me cabe la menor duda de que las conversaciones que a mí me grabaron no tenían ninguna relevancia pública. Era un caso en que un periodista tenía que restringirse. El mío es un buen precedente de lo que no debía ser publicado”, dijo a la prensa.
(Foto: Andina/ Video: Canal N)(http://elcomercio.pe/politica/1348492/noticia-congreso-amplio-penas-difundir-audios-conseguidos-ilegalmente)
El Pleno del Congreso aprobó la modificación del Código Penal y con ello el incremento de la pena por la interceptación, escucha y difusión de comunicaciones privadas obtenidas ilegalmente: la pena de cárcel ahora será no menor de dos ni mayor de cuatro años.
Si el que difunde es funcionario público, la condena será no menor de tres ni mayor de cinco años e inhabilitación.
Solo está exenta de esta norma la información con “contenido delictivo perseguible por acción penal pública o que contravenga el ordenamiento legal vigente”.
El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Alberto Beingolea (APGC), señaló que lo que se pretende sancionar es el quebrantamiento del derecho a la intimidad y no el derecho a la libre información.
Por su parte, el presidente del Congreso, Daniel Abugattás Majluf, sugirió en declaraciones a Canal N que si un hombre o cualquier persona obtiene una conversación obtenida ilegalmente que podría evidenciar la comisión de un delito “hay que tener la tranquilidad para acercarse al Ministerio Público y que este evalúe si hay o no comisión de delito; si no, no lo publiques”.
“Sugeriría tener un documento del Ministerio Público en que se señale que hay indicios de delito. Estás hablando de medios ilícitos. Por ejemplo, todo lo relatado en los Petroaudios no tiene ningún valor jurídico, es fruto del árbol prohibido. En el caso de los Vladivideos también se pudo aplicar el mismo principio, pero solo se difundieron aquellos en que se probaba una entrega de dinero u otro delito”, indicó.
Abugattás también criticó que se hayan difundido audios privados de la entonces candidata municipal Lourdes Flores Nano.
Finalmente, indicó, la legislación no tiene claro cómo sancionar la difusión de esta información en páginas web, por lo que, estimó, ello aún representa un vacío legal.
(Editorial) El extraño juego del JNE contra la prensa
Supuestamente en aras de la transparencia y de la veracidad de la información, el JNE obliga a los medios impresos a publicar el contenido completo de la ficha técnica
Es necesario alertar sobre los excesos que viene cometiendo el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en dos temas puntuales: la prohibición de publicar encuestas una semana antes de las elecciones –lo que crea un anticonstitucional silencio informativo que promueve los rumores y la incertidumbre– y, luego, la inexplicable exigencia de publicar la ficha técnica completa de cada encuesta –o mención sobre ella–, lo que genera perjuicios al medio y a la libertad de expresión.
Adicionalmente, no podemos olvidar aquel sospechoso proyecto del JNE que pretendía exigir a las encuestadoras que se consignase el nombre y DNI de cada encuestado. Esto, felizmente, no prosperó por la presión de la opinión pública
Del forzado “silencio informativo” nos hemos ocupado en extenso durante la reciente campaña electoral. Por el bien de los futuros procesos de alternancia democrática, es de esperar que, de una vez por todas, se levante la absurda restricción de publicar información electoral necesaria para debatir y decidir por quién votaremos, hasta el último momento.
En cuanto al tema de la publicación íntegra de la ficha técnica de las encuestas, cada vez hay más consenso entre los periodistas, directivos de medios de comunicación, sobre todo los escritos, y entre la ciudadanía sobre lo obsoleto de la norma.
Supuestamente en aras de la transparencia y de la veracidad de la información, el JNE obliga a los medios impresos a publicar el contenido completo de la ficha técnica. Esto implica 16 puntos: nombre de la encuestadora, de la persona que contrató o financió la encuesta, el sistema de muestreo, tamaño de la muestra, margen de error, nivel de representatividad, procedimiento de selección del entrevistado, nivel de confianza, fecha del trabajo de campo, el universo de la población encuestada, etc. Este requerimiento no aporta a los lectores y más bien resta espacio físico para el análisis. El asunto es prácticamente imposible de cumplir para un medio impreso, pues altera la agenda informativa y los criterios noticiosos inherentes a la información pública; y demanda un espacio en papel que es sumamente valioso para brindar información relevante o para publicar avisos publicitarios que dan sustento económico y supervivencia a una empresa de comunicación. Para las revistas y periódicos pequeños la exigencia puede ser mortal.
La semana pasada, concluido el proceso electoral, el JNE dio señales tibias de entender el problema y publicó una nueva disposición que reducía a diez (ya no 16) los literales estipulados en el artículo 11 del Reglamento del Registro Electoral de Encuestadoras. Pero esto es aún insuficiente, pues sigue afectando el área para informar o contar con más espacio para publicidad.
Ya son varios los periódicos que han sido denunciados y multados por el JNE, por artículos de opinión en que se hacía referencia a algunas encuestas. Tal es el caso del semanario “Hildebrandt en sus trece”, “Expreso”, “La Razón” y nuestro propio medio, que constantemente se ve forzado a publicar posteriormente lo que no pudo hacerse en el momento por falta de espacio físico.
Es, además, censurable que no se haya coordinado con los jurados electorales especiales para que desistan de denuncias previas que siguen curso en las fiscalías. En tiempos de vertiginoso avance tecnológico, resulta ridícula la insistencia en que se publiquen sobre el papel estos requerimientos. ¿Por qué no limitar la obligación a publicar la ficha técnica del sondeo en el portal o página web del medio o de la propia encuestadora, como ha sugerido Urpi Torrado, de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados, APEIM? Eso sería práctico, sensato y no se afectaría el espacio para el uso de las libertades comunicativas y el análisis de los sondeos.
Como señala la Constitución, el Estado Peruano unitario se organiza según el principio de la separación de poderes. Al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le corresponden, primariamente, las funciones de administrar justicia en materia electoral y fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de los procesos electorales. Eso es lo que debe hacer, honrando los principios del Estado de derecho, sin caer en excesos que solo generan suspicacia, con normas que pueden llegar a ser utilizadas para amedrentar a los medios incómodos al poder de turno.
(Editorial) El Congreso ante delito de difamación
Para evitar este tipo de atropellos es que se promueve la despenalización, de modo que estos temas…
Es positivo que la Comisión Permanente del Congreso haya modificado la sanción aplicada al delito de difamación. Si la norma es promulgada por el Ejecutivo, como se espera, el difamador ya no purgará cárcel (dos años) sino que deberá cumplir servicios comunitarios, como construir caminos o barrer calles.
Si bien la iniciativa legislativa es positiva, resulta incompleta. Garantizar la libertad de expresión pasa por despenalizar la difamación, la injuria y la calumnia. Es decir, derogar esos tipos penales configurados en los artículos 132, 130 y 131, respectivamente, de nuestro Código Penal y que son una espada de Damocles sobre la cabeza de la gente de prensa. Ya vemos lo ocurrido con el diario “El Universo”, de Guayaquil, Ecuador, denunciado por difamación por un prepotente Rafael Correa, al que no le gustó la opinión de un columnista que lo considera dictador.
La despenalización de los delitos de prensa es una figura aplicada exitosamente en el mundo. No es el caso del Perú ni del Ecuador, donde Correa ha podido perpetrar un golpe de mano contra la libertad de expresión, un abuso intolerable contra la prensa y el Estado democrático repudiado internacionalmente. Lamentablemente lo hecho por Correa, que apunta a encarcelar a directivos del diario y un columnista, así como a quebrar la empresa al exigir una reparación de decenas de millones de dólares, está amparado por la legislación penal vigente en su país.
Para evitar este tipo de atropellos es que se promueve la despenalización, de modo que estos temas son tratados exclusivamente en el fuero civil: se evita así que la ley pueda ser torcida para amedrentar a la prensa fiscalizadora por quienes –principalmente los gobernantes– arguyen haber sido heridos en su honor y reputación (difamación), ultrajados con palabras o gestos (injuria) o acusados falsamente (calumnia).
El Perú ha avanzado un buen tramo. Se han reducido las amenazas legislativas, jurídicas y procesales con las que en el pasado se pretendió coartar, amedrentar o impedir el libre quehacer de la prensa, responsable e independiente, que desde hace mucho se ha sabido autorregular para evitar atisbos difamatorios, injuriosos o calumniosos. Los gobiernos, por ello, no pueden ni deben pretender utilizar la ley como herramienta de amenaza contra la prensa fiscalizadora, como ocurre hoy en la Venezuela de Hugo Chávez y en el Ecuador de Rafael Correa.
La difamación no se penará con cárcel
Comisión Permanente del Congreso aprobó recondideración de dictamen que había desestimado. Alegan que evitará casos como el de Ecuador.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó este jueves un dictamen que señala que el delito de difamación ya no será penado con cárcel sino sancionado con multas y prestación de servicios a la comunidad de entre 40 a 80 jornadas o con 80 a 160 días multa.
También contempla incrementar las sanciones cuando la difamación sea cometida a través de libros, la prensa u otro medio de comunicación, y en estos casos específicos plantea servicios a la comunidad de entre 80 a 156 jornadas o 200 a 365 días multa.
El dictamen modifica el artículo 132 del Código Penal, que actualmente señala que “si el delito (de difamación) se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años”.
Esta modificación fue aprobada por 13 votos a favor y adoptada luego de haberse reconsiderado en la Comisión Permanente una votación anterior que desestimó dicha iniciativa.
Durante la sustentación, el legislador Raúl Castro Stagnaro explicó que este cambio se fundamenta en la normatividad internacional pues en la mayoría de países del mundo la difamación o injuria se castiga con una sanción económica.
Mauricio Mulder, legislador aprista, se pronunció a favor y dijo que con esto se elimina la amenaza de cárcel para periodistas, como acaba de ocurrir en Ecuador, con la sanción que se le impuso al diario El Universo, tres de cuyos directivos y un exeditor fueron condenados a tres años de prisión en un juicio que el presidente Rafael Correa les entabló porque un columnista lo llamó dictador en un artículo de opinión.
El congresista nacionalista Fredy Otárola indicó que el insulto no tiene ninguna relación con la libertad de prensa. “Es un tema de dignidad, el insulto no tiene nada que ver con la libertad de prensa, no se puede tolerar la libertad del insulto que se realiza a través de las redes”, enfatizó.
Diez Canseco afirmó que Gana Perú quiere “pluralizar la propiedad de los medios de comunicación”
El congresista electo indicó que futuro titular del MEF debe comulgar con las ideas base del nacionalismo
(Video: elcomercio.pe)(http://elcomercio.pe/politica/838086/noticia-diez-canseco-afirmo-que-gana-peru-quierepluralizar-propiedad-medios)
Es uno de los dirigentes de izquierda que forma parte de la coalición Gana Perú. Javier Diez Canseco se perfila a ser uno de los hombres fuertes del nacionalismo en el nuevo Congreso y en entrevista con elcomercio.pe, sostuvo que su agrupación buscará “ampliar y pluralizar la propiedad de los medios de comunicación”. Además, indicó que no se puede pasar por “agua tibia los faenones” del gobierno aprista.
Al momento de recibir sus credenciales de presidente electo, Ollanta Humala dijo que cumpliría con lo que prometió en la campaña. ¿Seguirá el primer plan, el compromiso o la ruta?
Entre los documentos, lo que hay son momentos diferentes, pero no principios ni objetivos centrales distintos. En todos los documentos están la revolución educativa, la necesidad de generar un sistema de salud eficiente, la Pensión 65, el programa Cuna Más, el impuesto a la sobreganancia en minería, el respeto a los medios de comunicación y libertad de prensa; los compromisos del presidente electo son claros.
Las declaraciones de Ollanta Humala en Ecuador generan dudas sobre la posición que tendrá frente a los medios de comunicación durante su gobierno.
Nosotros hemos señalado que no tenemos la intención de interferir o recortar un medio de comunicación. Lo que queremos es que con la tecnología moderna de ahora, que es la digital, poder ampliar y pluralizar la propiedad de los medios de manera que los televidentes y radioyentes puedan ver y escuchar mayor cantidad de opciones privadas, estatales y públicas, en este último caso como la BBC de Londres.
Ante los recientes conflictos sociales, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir el primer gabinete de Humala para generar estabilidad?
El presidente electo ha señalado que aspira a ser un gobierno dialogante, que sepa escuchar, dos aspectos que este gobierno no ha tenido. La idea es que tengan una política en que no se trate a la población como perros del hortelano, que no comen ni dejan comer y que son inútiles para poner en valor sus propiedades; se debe respetar a las comunidades. Además, se tiene que fomentar la protección al medio ambiente y promulgar la ley de consulta previa.
Si durante el gobierno humalista ocurre un conflicto como el de Puno, donde se bloquearon carreteras y se saquearon entidades del Estado, ¿cómo lo afrontarán?
En primer lugar vamos a dialogar, porque en estos casos el Ejecutivo no lo ha hecho. Además, un elemento que pondrá peso en el gobierno (de Humala) será una unidad efectiva de prevención y seguimiento de carácter descentralizado. Como siguiente paso se buscará que los gobiernos regionales y municipales tengan más protagonismo en la solución de estos problemas.
¿Se puede negociar con azuzadores que queman propiedad estatal?
Siempre hay gente que tiene actitudes de ese estilo, y para eso hay formas y mecanismos de tratamiento de los problemas, para que eso sectores violentistas sean aislados y respondan a un diálogo razonable.
“ISAAC HUMALA NO ES DE GANA PERÚ”
Usted está de acuerdo que el MEF esté al mando de un independiente o cree, como Marisol Espinoza, que esto sería un suicidio político.
Esa es una decisión del presidente. Pienso que Ollanta Humala tomará una decisión pensando en que se debe aplicar una política de crecimiento con redistribución del ingreso y justicia social. Sería una exigencia absurda entregarle el MEF a alguien que va a aplicar una política contraria a nuestra propuesta. El tema no es si milita o no en Gana Perú, sino el compromiso que tenga esta persona para llevar a cabo esta idea.
Isaac Humala, padre del presidente electo, ha dicho que solo deberían gobernar los estuvieron con Gana Perú hasta abril, ¿usted piensa igual?
Bueno, en primer lugar, el señor Isaac Humala no es integrante de Gana Perú, no forma parte de la coalición y es el presidente quien tiene que evaluar cómo se maneja esta. En la segunda vuelta votaron por nosotros otras fuerzas políticas y personas que querían evitar el regreso del fujimorismo. Por eso estos actores, en mi opinión, no pueden ser ignorados. Conforme se aplique el programa, la gente va a difuminar determinados elementos que les preocupan y angustian.
¿En cuánto tiempo habrá resultados?
Se priorizará la aplicación de los programas sociales, que es una señal que indica que apuntamos al crecimiento con inclusión. Otros procesos que requerirán de más tiempo serán la reforma en la educación y salud. Además, la población también sentirá cambios en la forma de manejar el Congreso y el tema de la corrupción. No se puede pasar por agua tibia que el presidente (Alan García) sea implicado de manera reiterativa en el caso Business Track, como no pueden ser pasados la necesidad de investigar los múltiples ‘faenones’.
La elección de Humala ha generado grandes expectativas de cambio en los sectores populares, ¿qué clase de conflictos sociales puede traer que sus promesas no se cumplan a corto plazo?
El tema de las expectativas es fuerte, porque ha sido alimentado, primero, por la realidad objetiva. La gente quiere cambios, la gente está harta de que todos los días se nos diga que somos la estrella del crecimiento en América Latina y que eso no se sienta en su bolsillo. Por ello, la gente espera cambios, está harta de ser penúltima en educación de la región y de tener un sistema de salud deficiente, entonces hay que buscar soluciones, esta no es una responsabilidad exclusiva del gobierno, sino también de todas las fuerzas políticas y los empresarios.
¿De qué manera comprometes a los empresarios?
Tienen que asumir una actitud de responsabilidad social y mayor participación en el manejo de la renta y utilidades que tienen, eso es un tema central que hay que encarar en las circunstancias que vive el país. Esto implica un diálogo con ellos para que aporten más a las necesidades del país.
Salomón Lerner Ghitis ha sido el principal financista de la campaña humalista. Él tiene negocios y ha tenido presencia en varios gobiernos, ¿y si mañana quiere tener su tajada de la torta?
Nadie puede pretender recuperar el apoyo prestado a una campaña en la obtención de beneficios arbitrarios, ilegales e indebidos. Si el señor Lerner participa en la gestión del aparato público, él o sus empresas no podrán contratar con el Estado, la ley lo prohíbe.
“HUMALA NO ES EL LULA PERUANO”
Humala se presentó como el Lula peruano. ¿La influencia de Brasil es positiva o negativa?
Humala no es el Lula peruano, porque no creo que haya Lula, Correa o Evo peruano, cada país genera su propio liderazgo y los liderazgos se comunican con la gente en medida que son propios. Pero si recoge de la experiencia de Lula darle un peso social a los problemas que la gente siente, será un rasgo fundamental en su gestión.
Los críticos de Humala señalan que el modelo brasileño es excesivamente asistencialista.
Yo creo que los programas sociales tienen primero que enfrentar la grave crisis que encaran algunos sectores de la sociedad. Sin embargo, estos programas deben desarrollar capacidades en la población y tienen que apuntar a generar núcleos productivos.
En la primera parte de su gira por la región Humala se mostró consecuente, pero en Bolivia y Ecuador ha dicho que sueña con la integración de América Latina y que no haya fronteras, ¿cuál es el verdadero Humala?
El verdadero Humala es el único que hay, el que uno ve, es el Humala que quiere la unidad de América del Sur, que prioriza la Comunidad Andina y los acuerdos entre los países de América del Sur. La elección de Humala es la posibilidad de un cambio que genere inclusión y que le dé participación a los sectores que se sienten marginados. Cada uno de los presidentes que ha visitado sienten eso.
TOLEDO Y EL CONGRESO
¿Gana Perú depende de Perú Posible para tener estabilidad?
Somos la primera minoría en el Congreso, pero para tener mayoría se requiere tener el voto, la participación y la concordancia con otros sectores, estos incluyen a Perú Posible, aunque también hay otros parlamentarios que están cercanos a la política de Gana Perú. Tenemos que construir una agenda que permita llevar adelante propuestas fundamentales en las cuales hay coincidencias y por las que votó el electorado, eso incluye a Perú Posible, con excepción de Carlos Bruce.
Usted dijo que Carlos Bruce está siendo amenazado, ¿tiene alguna prueba?
No, no tengo pruebas y tampoco me he comunicado con él, la verdad es que me sorprende su cambio de opinión.
Alejandro Toledo ha expresado dudas sobre Humala, ¿las relaciones con el ex presidente se han quebrado?
Él no ha tenido dudas, ni las tiene, por eso apareció en el mitin de cierre, para respaldar la candidatura de Humala. Que él mantenga una actitud vigilante frente a una alianza que tiene establecida, me parece natural.
Entonces sí hay una alianza entre Perú Posible y Gana Perú.
No hay alianza, hay una concertación que condujo a una votación, pero como han dicho las cabezas de ambas agrupaciones: no hay un acuerdo de cogobierno, lo cual no implica que dirigentes o técnicos de Perú Posible no participen en la gestión de Gana Perú.
¿Qué partido debe presidir la Comisión de Fiscalización en el nuevo Congreso?
Eso lo decidirá el Pleno, no puede ser Gana Perú, porque le corresponde a la oposición.
En ese caso, tanto Perú Posible como sus aliados tampoco podrían presidirla.
Si Perú Posible tuviera un acuerdo de cogobierno, no podría. Personalmente, el fujimorismo no tiene la capacidad ética de presidir nada que fiscalice a la corrupción.
En todo caso, qué grupo es el idóneo.
Más que grupo, el tema es de la persona que la presida, se tiene que tener en cuenta su capacidad y actitud frente la fiscalización para que esta sea eficaz. Yo quisiera una comisión muy eficaz porque sé que en todas partes se cuecen habas y que el aparato del Estado está absolutamente penetrado por múltiples mecanismos de corrupción.
¿Los funcionarios de Gana Perú que comentan actos de corrupción serán sancionados?
Sí y con absoluta energía. Este es un tema clave, el suponer que la gente no es corrupta porque milita o está aliado contigo es un grave error, en todos los espacios hay gente honesta y corrupta.
¿Qué sucede si Humala no cumple su juramento ante la Biblia e intenta perpetuarse en el poder?
Si no lo cumple, en primer lugar las bases de la alianza se quiebran y si se quiebran cada uno recupera capacidad y autonomía de acción.
¿Usted sería de oposición si esto sucede?
Creo que todo el mundo, frente a un cambio de los acuerdos, reaccionaría. Pero no creo que sea posible eso, porque Humala cumplirá su palabra.
(Editorial) Reflexiones en el Día Mundial de la Libertad de Prensa
El diario El Comercio, que ayer ha celebrado el aniversario 172 de su fundación, hace eco de estas responsabilidades
Cada vez son más los gobiernos que ratifican la Declaración de Chapultepec, un conjunto de principios aprobados en la Conferencia Hemisférica de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en 1994, para garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión en nuestra región.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha sido el último en suscribirla a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, para reafirmar que, como señala la propia declaración, “no debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación”.
Sin duda, la legislación internacional que ampara estos derechos fundamentales es amplia, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, entre otras. Sin embargo, es importante que los presidentes reafirmen la Declaración de Chapultepec, porque los compromete de manera enérgica con el derecho a la información libre y con el derecho de los ciudadanos a estar informados. En este último caso, por ejemplo, la declaración ha sido útil para la aplicación de normas de transparencia que hoy existen en el Perú y en otros países vecinos, y permitir que la información generada por el sector público no sea un secreto de Estado. De allí que es un retroceso que algunas entidades de nuestra administración pública no cumplan con actualizar sus portales.
Chapultepec también se constituye en una herramienta positiva frente a gobiernos que, a pesar de haber sido elegidos democráticamente, incurren en prácticas autocráticas. Sancionan a la prensa con leyes restrictivas, amenazas, censuras y otras presiones. Ejemplo de ello es lo que sucede en Argentina, bajo la administración Kirchner, y más recientemente en Ecuador, con el gobierno de Rafael Correa, mandatarios que no aceptan la crítica y menos la confrontación y la fiscalización.
Evidentemente, así como el periodismo goza de derechos también debe cumplir deberes que la declaración contempla en su principio número 9: “La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre la opinión pública premia o castiga”.
Al respecto, el presidente Piñera ha señalado que sobre la libertad de prensa existe una paradoja: “Cuando se tiene, nadie la extraña; pero cuando falta, ya es muy tarde para salir públicamente por su defensa”. Igualmente coincidimos con él cuando señala que “la libertad de expresión tiene muchos enemigos y muy peligrosos”. A veces son los gobiernos y políticos de viejo cuño, ciertos grupos de poder o funcionarios de mando medio. Otras, hay que reconocerlo, somos los propios periodistas que –cual dueños de la verdad– nos arrogamos la potestad de representar las expectativas ciudadanas aunque a veces confundimos esa agenda pública con nuestra legítima –pero particular– agenda informativa. El reto, más bien, es que ambas agendas coincidan.
El diario El Comercio, que ayer ha celebrado el aniversario 172 de su fundación, hace eco de estas responsabilidades y, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, renueva su compromiso con los grandes principios que lo han sustentado como institución nacional, tales como la defensa de la democracia, los derechos humanos, el desarrollo educativo y la preservación del medio ambiente.
Reportera de CBS fue agredida sexualmente porque creían que era judía
Lara Logan fue dada de alta tras cuatro días hospitalizada. Fue víctima de un “sostenido y brutal” ataque en Egipto
Lara Logan ya había estado en Egipto una semana antes del ataque del que fue víctima y había denunciado haber sido detenida por el ejército de dicho país. En entrevista con esquire.com, aseguró que los soldados egipcios acusaban a ella y a su equipo de ser “espías israelíes”. Ella no es judía.
En otra conversación, esta vez con el programa “Charlee Rose”, de PBS, dijo que fue “fuertemente intimidada”, que le habían colocado una capucha en la cabeza mientras la interrogaban, y que a los demás los habían esposado y a uno de ellos, al conductor egipcio, lo habían golpeado.
Pese a ello, la reportera de la CBS regresó al país africano luego de la renuncia del presidente Mubarak. No esperaba que algo peor que eso le sucediera.
Ayer se informó de una “agresión sexual sostenida y brutal y una golpiza” a Logan, según dijo la CBS. Se encontraba el viernes pasado en la plaza Tahrir, cuando ella, su equipo y el personal de seguridad que la acompañaba, fueron rodeados por más de 200 personas en medio de la celebración. Le gritaban “!Judía, judía!”. El ataque habría durado entre 20 y 30 minutos.
Un grupo de mujeres y militares lograron salvarla y fue conducida a un hospital de Estados Unidos. Hoy, tras cuatro días internada, la reportera fue dada de alta, según informa ADN y otras páginas web. El mismo portal hace mención a unas declaraciones de una persona que está al tanto de lo sucedido con Logan, publicadas en The Wall Street Journal, quien aseguró que “no se trata de una violación”, aunque no aclaró qué tipo de agresión sexual sufrió la periodista. Según el “New York Post”, retomará su trabajo en pocas semanas.
ONG CONDENÓ EL HECHO
Por su parte, la ONG de defensa de los periodistas Campaña Escudo de Prensa (PEC, siglas en inglés) condenó hoy el ataque. “Esta es la primera vez que una corresponsal extranjera ha sufrido una violación total de sus derechos humanos, incluida su seguridad como mujer, y el PEC considera que esta agresión es tan grave como un asesinato”, señaló la ONG en un comunicado.
“El PEC considera que este horrible incidente es una nueva justificación para exigir una inmediata investigación sobre todos los ataques sufridos por periodistas (durante los días de protestas en Egipto)”, agregó.
Hoy se cumplen 28 años de este hecho. Un reportero de este Diario pudo ser una de las víctimas, aquí su testimonio
MIGUEL ÁNGEL CÁRDENAS M.*
Con esta noticia, en la balanza social, se abría un frente civil de resistencia. Y los diarios comenzaron a mandar relevos, pero Javier Ascue se quedó. Llegó primero Willy Retto, el fotógrafo de “El Observador”: “Y lo primero que hace Willy con su redactor, el chiquillo Mendívil, es ganarnos una primicia. Había llegado el ministro del Interior a Ayacucho en helicóptero y le hizo la foto.
Llegando nomás nos gana. Él se había ido a Venezuela, me contaba que le fue regular y que añoraba el Perú. Yo lo había conocido de pequeño al lado de Óscar, su padre, fotógrafo de “Última hora””, cuenta. Al día siguiente se reencontró con Jorge Sedano de “La República”: “Yo fui fotógrafo ambulante antes del periodismo y él había sido repartidor de fotos en los domicilios. Cuando me vio me dijo: “Te sigo los pasos”, me alegré mucho. Me dijo: “Me tienes que ayudar, yo de acá tengo que regresar famoso a Lima”. Y le sugerí que se fuera a Carmen Alto, donde flameaba una bandera roja. Fue y al día siguiente fue portada en su periódico. ¡Éramos grandes amigos!”.
Poco después llegaron Amador García, de la revista “Oiga”, y Pedro Sánchez de “El diario de Marka”. Y Huaychao seguía siendo la primicia en dulce. Sin embargo, Ascue aprovechó para cubrir una balacera en Chuschi. Al volver tenía los pies ensangrentados por el terrorífico camino y encontró a Eduardo de la Piniella, de “El diario de Marka”. “Habían organizado el viaje a Huaychao. Hasta ese momento nadie sabía de Uchuraccay, ni que existía algo con ese nombre.
Estaban esperándome porque era una zona de campesinos y yo hablaba quechua. “Si no, partíamos ayer”. Les dije que estaba mal. Fui a una reunión a las 8 de la noche, y me animé. En eso, llega Octavio Infante, el periodista de “Panorama”, de Ayacucho, y dice: “Es fácil el viaje, yo los voy a ayudar, soy de la zona, hablo quechua, cuando lleguemos a Tambo vamos hasta mi hacienda, yo les proporciono caballos”. Allí los iba a esperar un guía llamado Juan Argumedo. Y dije: “Si ya hay uno que habla quechua…”. Igual me despertaron a las 5:30 de la mañana y vi, en un lanchón lleno, que De la Piniella estaba sentado junto al chofer. “Ya pues, Javier, déjame ir”, me dijo. Se suponía que él no iba, ya había muchos de “El diario de Marka”. Estaba también el corresponsal Félix Gavilán. Me dijo: “Siéntate atrás”. Y yo dije: “No, me siento mal”. Hubo bromas y todavía los veo sacando la cabeza por la ventana: “Te chupaste””.
Veinte años después, la CVR refrendó sus conclusiones: “La matanza fue cruel y no duró más que treinta minutos (...) los campesinos estaban seguros de que habían dado muerte a miembros del PCP SL, por eso mismo los sepultaron fuera del cementerio y sin velatorio… los cuerpos de los periodistas fueron depositados muy cerca de la plaza, a solo 200 metros, sin ningún afán de ocultamiento”.
Y tampoco negó “que diversos agentes del Estado —los sinchis e infantes de Marina, el jefe del Comando Político Militar y el propio presidente de la República— alentaron esta conducta”. Pero no avaló la tesis de que fueron directos perpetradores.
*Está crónica fue publicada el 24 de enero del 2009.
Ginebra (EFE) . Latinoamérica fue en 2010 la región más peligrosa para la prensa y allí ocurrieron 35 de los 105 asesinatos de periodistas registrados este año, señaló hoy la ONG “Campaña para un Emblema de Prensa”.
Le siguen en peligrosidad Honduras, con nueve periodistas que sucumbieron como consecuencia de ataques contra la prensa, e Iraq, con el mismo número de víctimas.
“ESTA EPIDEMIA NO TIENE CURA”
En este periodo, Iraq fue el país más peligroso, con 127 casos, seguido de Filipinas y México, con 59 y 47 asesinatos, respectivamente.
EL COMERCIO DICIEMBRE 2O, 2020
Fundador de Wikileaks estuvo preso junto a pederastas y asesinos de niños
* Canciller considera "tontos de capirote" a diplomáticos de EE.UU. por Wikileaks
El canciller peruano, José Antonio García Belaunde, consideró que los diplomáticos estadounidenses son “tontos de capirote” que “pierden mucho tiempo” al ser consultado por la información publicada en Wikileaks.
“Sí, lo digo ahora: son tontos de capirote. ¿Son malos diplomáticos? Sí. Creo que no son capaces de procesar toda la información que piden, entonces, pierden mucho tiempo”, dijo el titular de RR.EE. en entrevista a “Perú.21”.
La semana pasada Wikileaks difundió información que daban cuenta de un supuesto perfil psicológico del presidente Alan García enviado a Washington por el ex embajador de EE.UU. James Curtis Struble.
Asimismo, García Belaunde consideró que “lo más grave” es que dichos reportes no se envían por exceso de celo del embajador sino porque “los pide el Departamento de Estado”.
“Son un estilo antiguo de hacer diplomacia, elaborar un perfil (de un personaje), si bebe o no, si se acuesta temprano o no; yo no sé para que sirve eso”, dijo García Belaunde.
Agregó que la información difundida carece de importancia y no va a definir la política del Perú con el gobierno de Barack Obama.
En otro momento el canciller rechazó cualquier posibilidad de que el Perú pueda tener un enfrentamiento bélico con Chile, a consecuencia del litigio por límites marítimos que mantienen en la Corte Internacional de la Haya.
“Nadie quiere la guerra en este país, ni los militares. El costo de una guerra, aunque se gane, es altísimo. ¿Usted cree que la gente está dispuesta a aventuras que signifiquen muerte y destrucción?”, respondió.
LA REPUBLICA DICIEMBRE 19, 2010
Embassy wikileaks fresquecitos
Día uno: cena con KF en restaurante semijaponés rodeada de unos 30 asesores. Me dijo que si gana hará que el padre y un número de sus colaboradores presos asistan al cambio de mando, pero que luego los devolvería a la cárcel. Preguntó si esposo estadounidense podría ocupar algún alto cargo diplomático en embajada de Lima, para equilibrar el presupuesto.
Día dos: persona del círculo íntimo de AT informa que el hombre ya no toma en las cantidades de antes, y más bien ahora consume bótox en cantidades clínicamente riesgosas. Su equipo estudia posible impacto de salir en inglés a la TV, con subtítulos en castellano. También rumores sobre planes para encerrar a familia del candidato en sótano hasta julio 29.
Día tres: en rápido encuentro en cóctel diplomático el Presidente de la República me ha enumerado hasta siete candidatos favoritos para el 2011. “Los puedo fregar, pero no puedo ayudarlos”, explicó compungido, al parecer por limitaciones constitucionales. Conté número de sanguchitos que comió, pero ministro de Defensa a dieta lo superó largamente.
Día cuatro: piloto de avión jubilado, dateado por una azafata en actividad, informa a esta sede que OH estudia entregar lista parlamentaria entera a la Confiep “para disipar rumores”. Equipo de sociólogos que lo asesora estudia lanzamiento de un Juramento antichavista que todos los seguidores realizarían ante las puertas de los canales de TV.
Día cinco: candidato PPK sufre extraños cambios. Psicólogo de la embajada opina que ya no se está acriollando, como en 1968-2009, sino que ahora ya se está francamente aserranando. Informan que sigue curso acelerado de bailes vernáculos. Sería efecto de aparecer con terno y chullo al mismo tiempo. Consulto si no habría que retirarle el pasaporte USA antes de que él mismo lo entregue.
Día seis: silencioso paseo en cúster con LC por todos los distritos de Lima. Logré resistir intentos de viaje en Metropolitano y función de ópera en teatro Municipal. Politólogo de la embajada explicó luego que es una versión del silencio creador de Fernando Belaunde, unido a la sonrisa de Richard Nixon.
Día siete: encuentro casual con MA en remate de fin de año de Topy Top, camino de chocolatada aprista. Buscando “un trajecito sastre modesto, de emprendedora”, me dijo. Tuvo tiempo de contarme secretos sobre ambiciones parlamentarias de algunos dirigentes. Un aspirante incluso le ha gruñido y la ha amenazado con morderla si no lo lleva en la plancha.
Día ocho: la novela que MVLL ha anunciado que prepara sobre el norte sería la biografía de un exitoso empresario de esa zona, cuenta un miembro de su círculo íntimo. La figura concreta no ha sido elegida aún, pero se sabe que esta obra evitará la política, pero incluirá narcotráfico, nepotismo, promoción del turismo y el fin de las ideologías.
* Ruido y nueces de los wikileaks
A semanas de su aparición Wikileaks está demostrando que su efecto en las relaciones de EEUU con el mundo es el de un tábano: la picadura molesta, y hasta duele, pero no tiene más efecto que ese. Lo más serio que se ha demostrado hasta ahora en política es que resulta riesgoso confiarle opiniones privadas a un diplomático extranjero.
Más grave que las revelaciones que adornan las primeras planas es una nueva conciencia de que la red no sirve para guardar secretos. Lo que hoy afecta a la diplomacia de un país mañana puede afectar a muchos, y luego a la información económica confidencial que circula por la red. De hecho los bancos ya han sido advertidos.
La solución podría estar en perfeccionar los sistemas de seguridad electrónica, los cuales de hecho han venido mejorando al ritmo del aprendizaje de los hackers. Pero es probable que las cancillerías estén considerando volver a métodos antiguos como la valija diplomática que transporta a mano documentos confidenciales impresos.
Lo que limita el daño de los 250,000 wikileaks de los EEUU es precisamente que se trata de informes de embajadores. Son opiniones del propio funcionario o de sus informantes, cuya relación con la formulación de políticas de Estado es a la postre relativa. Termina siendo una forma glorificada de periodismo político.
Mucho más grave sería el destape de los documentos electrónicos que detallan los objetivos y planes diplomáticos y militares de las propias cancillerías. Frente a eso las indiscreciones involuntarias de los embajadores, finalmente peces fuera del agua de las realidades del país que los acoge, son agua de malvas.
Sin embargo los analistas de Washington tienen que aceptar que algo de daño se ha producido, no importa si este es menor. Varios han señalado que lo sucedido refuerza algunos conceptos antiyanquis, debilita climas de confianza bilateral, dificulta la tarea de los embajadores acreditados, por el momento vistos de reojo como chismosos fuera de control.
Desde el primer momento las embajadas de EEUU se han reunido con los gobiernos anfitriones para informarlos sobre lo que pueden esperar del destape. Pero con un cuarto de millón de documentos, no puede descartarse la aparición de documentos más sensibles que los ya revelados. Lo cual introduce o añade desconfianza en las relaciones.
Mientras tanto el público se regocija con lo que son chismes, o en el mejor de los casos indicios, de alto nivel, que además ya tienen cierto tiempo de emitidos. El texto sobre la salud de Fidel Castro, por ejemplo, hubiera sido de gran impacto hace un par de años. Hoy solo muestra que Washington tenía y se guardaba esa información.
LA REPUBLICA DICIEMBRE 14, 2010
Bomba Wikileak
Los cables secretos enviados a Washington por la embajada de los EEUU en Lima en 2009 y ahora destapados por Wikileaks son piezas del máximo interés, por varios motivos. Como era de esperar, el departamento de Estado sentía entonces que aquí la lucha contra narcos y senderistas no avanzaba mucho. Los cables diplomáticos ensayan algunas explicaciones.
La información se apoya en buena medida en una persona, que funciona como una combinación de informante y analista, cuyos planteamientos el embajador que firma el cable toma con cierta reserva, pero en última instancia los usa para dar al departamento de Estado una imagen de lo que está sucediendo aquí. ¿Es un personaje de sus propios servicios secretos?
La versión que maneja la embajada es con pelos y señales. La hipótesis central es que la guerra en el VRAE no avanza más porque hay altos mandos cobrando cupos y recibiendo otras formas de pago del narcotráfico. Además hay nombres propios de oficiales (los cables en inglés aparecen en la página web de este diario) vinculados a actos concretos de narcotráfico.
Otro aspecto interesante es el status de esta información. ¿Llegó a ser compartida con el gobierno peruano? Entre líneas aparece un gobierno peruano preocupado por el tema y ejerciendo presión sobre los uniformados para lograr resultados en el VRAE. Pero visto desde hoy, bastante más de un año más tarde, en el campo de la corrupción no pasó nada.
Es poco probable que los despachos de un embajador sean la única guía de Washington para formarse una idea de la situación peruana. Debe haber más de una media docena de agencias, entre civiles y militares, dedicadas a la misma tarea, y un número parecido de comités dedicados a evaluar el conjunto de lo recibido.
Entonces debemos suponer que lo destapado es parte de una imagen más amplia de lo que la embajada de los EEUU estaba viendo sobre narcotráfico, SL y militares entre el 2007 y el 2009. Después de todo son más de 1,500 wikileaks que hacen cola ante los servidores, aunque ya sabemos que no todos son sobre el conflicto interno en el Perú.
Pero no importa si estos cables son solo una parte de la imagen. La información que ellos transmiten es sensible, y coherente en la medida que las cosas en la lucha contra SL o el narcotráfico no han avanzado mucho, como si en efecto hubiera mucha arrastradera de pies en el asunto. Tampoco hay muchas explicaciones alternativas a las de los cables.
Una idea de impacto que surge ahora es que la red montesinista sigue gozando de buena salud. Pero lo que ahora se llama red no era sino el control absoluto de un alto mando entre contento y asustado por parte de Vladimiro Montesinos. Es la actitud general la que parece haber sobrevivido, como una suerte de cultura corporativa, y no una red específica.
* Llegaron los wikileaks
Se debe investigar si hay un nexo ejército-narcotráfico
Los peruanos mirábamos la revelación de documentos de la diplomacia de Estados Unidos como un maremoto en zonas lejanas hasta que, el domingo, El País desató unas olas enormes que llegaron a nuestras costas con un potencial efecto destructor aún no determinado.
Lo revelado por wikileaks no es poca cosa: siete documentos en los que el ex embajador de EE.UU. en Lima reporta al Departamento de Estado, en marzo de 2009, sobre vínculos entre el narcotráfico y mandos del Ejército Peruano, incluyendo, entre otros, al actual comandante general, Paul Da Silva Gamarra.
Los documentos revelados incluyen a otros oficiales como el ex comandante general Edwin Donayre y, en general, aluden a que no se habría roto la influencia del narcotráfico en el ejército que se fortaleció durante el fujimontesinismo.
¿Qué debería hacer el gobierno del presidente Alan García ante una noticia de este calibre? Primero, entender que una función de la diplomacia –aquí y en todos lados– es informar a sus gobiernos sobre asuntos relevantes para sus intereses. La evolución del narcotráfico en el Perú es, sin duda, un asunto que le interesa a Estados Unidos. Esos informes, sin embargo, pueden basarse en rumores relevantes o información comprobada. Aún no es claro, en este caso, de qué estamos hablando.
No se puede, por tanto, manchar honras de modo injusto, pero tampoco se puede –como ayer quisieron hacer varios– descartar la información revelada o argumentar que no se debe agraviar a la institución militar. Los delitos siempre son personales y no se debe usar a la organización para enjuagarlos.
Esto es particularmente relevante porque el narcotráfico es un negocio cuyo avance requiere, por su naturaleza ilícita, de la colaboración solapada de congresistas, alcaldes, regidores, presidentes regionales, ministros, policías, jueces, fiscales, periodistas o militares, entre otros. Asimismo, según cifras oficiales, el narcotráfico dejaría anualmente en el país entre US$2,000 millones y US$6,000 millones. Con una chequera de ese tamaño, es obvio que alcanza para un shopping generoso.
Hay motivos para pensar, por tanto, que informes como el de diplomacia de Estados Unidos no se deben tirar a la basura, pero deben investigarse con todo rigor.
El telón de fondo de estos destapes es el total desinterés de los políticos peruanos por el problema del narcotráfico. ¿Alguien ha escuchado a algún candidato presidencial una propuesta interesante en la materia?
.D. Dos amigos me hicieron notar lo inconveniente de la mención, en mi columna de ayer, de ‘enfermito’ cuando me referí al ego presidencial. Es un error que desvía lo que en realidad quise decir. Lo apropiado habría sido decir ‘paciente’. Ofrezco disculpas.
(Andina / elcomercio.pe).-. El Tribunal Constitucional (TC) dará a conocer una aclaración de oficio relacionada con el polémico fallo que prohíbe a los medios de comunicación difundir grabaciones de conversaciones telefónicas interceptadas ilegalmente.
El magistrado Ernesto Álvarez Miranda informó que el pleno del TC se reunió el viernes con la finalidad de analizar este tema, que ha causado una fuerte polémica en la opinión pública por considerarse un recorte a la libertad de prensa.
Dicho fallo sostiene que los medios de comunicación no podrán difundir los audios sin autorización de las personas grabadas o sin un pronunciamiento del juez.
“Ante esta realidad, el pleno del Tribunal Constitucional se ha reunido hoy y hemos concordado en lo que vendría a ser una aclaración de oficio para que el prestigio de la institución y la unidad del pleno se mantenga incólume y se refleje el pensamiento y la voluntad de la mayoría, aunque muchos no lo compartamos”, indicó anoche en declaraciones a “La Hora N”.
Álvarez informó que la citada aclaración de oficio, cuyo contenido no reveló, se publicará en la página web del Tribunal Constitucional.
Al margen del contenido de este nuevo pronunciamiento, el magistrado consideró que el debate debe continuar en la opinión pública por tratarse de un tema de importancia.
LA REPUBLICA DICIEMBRE 10, 2010
Porque solo somos periodistas
¿Por qué debemos desacatar este faenón del TC?
El Perú avanza, no hay duda, pero retrocede en la lucha anticorrupción y en las condiciones para la libertad de expresión, y esto se vuelve a demostrar con la sentencia reciente del Tribunal Constitucional (TC) que implica una mordaza a la prensa para beneficio de la corrupción.
Bajo la coartada de que estamos ante un revés para Alberto Químper, el TC ha aprovechado una causa planteada por este compinche de Rómulo León para legislar –sin que se lo pidieran– sobre libertad de expresión de tal manera que, en la práctica, les advierte a los medios que ya no pueden usar pruebas que, habiendo sido obtenidas ilegalmente, destapen hechos de obvio interés público como la corrupción.
Según el TC, a partir de ahora, para difundir un material de ese tipo, el periodista debe obtener, previamente, la autorización del que fue grabado o un mandato judicial para actuar en ese sentido. Asimismo, este fallo forzaría al periodista a tener que revelar un secreto sagrado: la reserva de la fuente.
Según esta sentencia con nombre propio, pues apunta a rescatar a los involucrados en los ‘petroaudios’, ¿se imaginan lo que la dupla Químper-León le habría respondido al periodista que les hubiera solicitado permiso para divulgar sus diálogos de cuchipanda? ¿O lo que habrían dicho los jueces de este caso que, dos años después del destape, se han esforzado para que no ocurra nada y hasta para desaparecer las pruebas?
El derecho a la intimidad debe ser protegido, sin duda, pero eso no implica tener que ocultar conversaciones privadas que se ocupen de temas de obvio interés público como la corrupción. Este fallo del TC protege a los políticos aconchabados con la corrupción y les ofrece impunidad. Es una vergüenza.
Este fallo no está aislado de todos los ataques que la prensa independiente ha sufrido desde este quinquenio por parte de los poderes ejecutivo, parlamentario y judicial. Si hubiera estado vigente hace dos años, Rómulo León y Alberto Químper estarían con los bolsillos más llenos de dinero sucio –y sus colas de rata mucho más largas–, Jorge del Castillo habría sido premier hasta hace poco y ahora sería el candidato presidencial del Apra, y Fortunato Canaán aspiraría a presidir la Confiep.
Ante este intento de amordazar al periodismo para que no pueda combatir a la corrupción, a la prensa independiente y comprometida con esta causa solo le queda desacatar el mamarracho del TC, para lo cual se puede recordar lo dicho hace poco por el director del diario español El País cuando le preguntaron sobre la legalidad de lo hecho por Wikileaks: “No lo sé, no soy abogado, nosotros solo somos periodistas”.
PERU 21 DCIIEMBRE 10, 2010
El fallo del TC es una “censura previa”
La Defensoría señala que la polémica sentencia sobre el ‘chuponeo’ que limita a la prensa incluye aspectos contrarios a libertad de expresión.
La Defensoría del Pueblo señaló que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que prohíbe la difusión de grabaciones interceptadas ilegalmente, salvo autorización de un juez o los afectados, incluye restricciones que “amenazan el ejercicio de la libertad de expresión”.
“Si bien es un objetivo constitucionalmente legítimo que el Tribunal Constitucional busque la protección de la vida privada de las personas, el logro de este objetivo no puede establecerse al margen de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano en materia de libertad de expresión”, dijo Fernando Castañeda, adjunto para Asuntos Constitucionales de la Defensoría.
La Defensoría advierte que pese a que el TC no le atribuye a ese fallo la fuerza jurídica vinculante, sí introduce y desarrolla como regla general que los medios de comunicación incurren en responsabilidad penal si difunden información proveniente del ‘chuponeo’. “Lo que constituye un mecanismo prohibido de censura previa”, indicó la institución.
Añade que si bien el Estado peruano está obligado a establecer un marco
normativo de responsabilidades que asegure el respeto de los derechos fundamentales al honor y la intimidad de las personas ante el ejercicio irregular de la libertad de expresión, esa obligación no puede sustentarse válidamente en la creación de mecanismos directos e indirectos de censura.
* Fallo del TC es “impertinente” y “peligroso”
Organismos protestan por limitaciones a la prensa que implica la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el ‘chuponeo’.
El fallo del Tribunal Constitucional (TC) que prohíbe a los medios de comunicación la difusión de audios y videos obtenidos ilegalmente sigue generando protestas y severas críticas, esta vez de parte de las instituciones defensoras de la libertad de prensa y los derechos humanos.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) calificó la sentencia de “impertinente” pues al TC no le pidieron resolver si los medios pueden difundir audios, sino solo el hábeas corpus de Alberto Químper, uno de los principales procesados por los ‘petroaudios’.
El Instituto de Defensa Legal (IDL) cuestionó que el TC no haya diferenciado la conducta criminal del que intercepta conversaciones telefónicas ajenas, con la conducta del periodista, que, sin conocer la fuente, y luego de verificar la veracidad de la información, difunde su contenido. “Se trata de una sentencia peligrosa, pues maniata y recorta la libertad de información”, refiere.
Kela León, directora ejecutiva del Consejo de la Prensa Peruana, consideró que la sentencia del TC constituye una “censura previa”, y que solo los medios pueden determinar qué contenido informativo tiene o carece de interés público.
EL COMERCIO DICIEMBRE 2, 2010
EE.UU. descartó que relación con el Perú se afecte tras difusión de documentos en Wikileaks
Embajadora en Lima, Rose M. Likins, dijo que “las cosas que nos unen son mucho más importantes que cualquier pequeño escándalo que pueda haber resultado de eso”
Rose M. Likins. (Archivo de El Comercio)
La embajadora de Estados Unidos en Lima, Rose M. Likins, descartó hoy que la relación con el Perú se vea afectada por cualquier “pequeño escándalo” generado por supuestos cables diplomáticos del Departamento de Estado de su país, difundidos por el portal Wikileaks.
“Nuestra relación está basada en temas compartidos como el apoyo de la democracia, la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, en el TLC. Las cosas que nos unen son mucho más importantes que cualquier pequeño escándalo que pueda haber resultado de eso”, mencionó en declaraciones recogidas por Andina.
Agregó que desde el inicio del caso Wikileaks, ella sostuvo conversaciones con las autoridades peruanas, pero declinó de dar detalles al respecto.
“NO HABLAREMOS DE DOCUMENTOS”
La diplomática evitó comentar el contenido de ese material por considerar que aún tiene carácter de “clasificado”.
La diplomática asistió hoy al seminario internacional Retos de los Operadores de Justicia, donde afirmó que el gobierno de los Estados Unidos lamenta la divulgación de documentos porque se trata de “un crimen”.
“No vamos a hablar sobre ningún documento, ahora ni nunca, porque nosotros consideramos que estos documentos todavía están clasificados. Es información protegida y la protegemos por buenas razones”, puntualizó.
La embajadora Likins negó también que el trabajo de los diplomáticos estadounidenses en el mundo se centre en labores de espionaje.
“Nuestro trabajo es un trabajo diplomático de conocer a los países donde estamos destinados y transmitir esas apreciaciones que recibimos de vivir en otro país a nuestra sede en Washington. No es nada malo, no es nada malintencionado”, aseguró.
También descartó la injerencia de EE.UU. en los procesos electorales del país.
LA REPUBLICA DICIEMBRE 1, 2010
LA REPUBLICA OCTUBRE 31, 2010
Qué hacer ante el deterioro de la libertad de expresión.
No hay mal que por bien no venga, pues la sentencia prepotente contra el periodista José Alejandro Godoy ha servido, como cereza que le faltaba a la torta, para que más personas se den cuenta de que estos hechos no están aislados de un proceso que parece articulado para el deterioro creciente de las condiciones para la libertad de expresión durante la presidencia de Alan García.
Por ver las ramas se está dejando de percibir el bosque de la acumulación de amenazas a la libertad de expresión y de pensamiento discrepante con la posición oficial. Los juicios frecuentes de políticos contra periodistas por hechos absurdos y el comportamiento sospecho de las cortes son solo algunas expresiones de este fenómeno que corroe los fundamentos de una democracia, pero no son los únicos. Veamos:
Usar a la Sunat para controlar Panamericana; la amenaza de Jorge del Castillo de enviarle la Sunat a La Primera; el indulto escandaloso a José Enrique Crousillat como ganzúa para meterse a América TV y amenazar a los grupos editoriales que lo dirigen y, a través de ellos, notificar a toda la prensa; la censura al ilustrador Piero Quijano; las amenazas frecuentes del presidente García a los reporteros que le hacen preguntas incómodas de ‘acusarlos’ ante sus empleadores; el cierre vergonzoso de Radio La Voz de Bagua y de otras emisoras de provincias que no se alinean con el gobierno; la persecución solapada a periodistas incómodos para el régimen como, por ejemplo, Rosa María Palacios, entre muchos otros actos de hostigamiento a otros comunicadores; o la presión para el despido de periodistas que denunciaron corrupción o molestan al gobierno.
Esos son solo algunos ejemplos del avance censor de estos años que ha contado con la colaboración de una justicia sin independencia de la política, y de un Congreso con sed de venganza a través de iniciativas para encarcelar a periodistas que difundan audios obtenidos ilegalmente, establecer multas millonarias por lo mismo o regular sobre rectificaciones u obscenidad.
También, hay que decirlo, con la complicidad vergonzosa de otros sectores y hasta de algunos periodistas y medios.
La reacción frente a este fenómeno debe dejar de ser el esfuerzo particular de algunos medios y periodistas, y debe dejar de focalizarse, de manera individual, en cada amenaza a la libertad de expresión. Debe ser una respuesta global y parte de un esfuerzo conjunto de la sociedad civil y las principales entidades del periodismo como el Consejo de la Prensa Peruana, la Asociación Nacional del Periodistas y el Ipys.
Este no es el momento de quedarse callado frente a la amenaza al fundamento democrático del libre pensamiento que ha cobrado tanta fuerza durante el gobierno del presidente García. En libertad de expresión, el Perú no avanza; retrocede y bastante.
LA REPUBLICA OCTUBRE 20, 2010
Perú cae al puesto 109 en clasificación mundial sobre libertad de expresión
Las constantes agresiones recibidas por los hombres de prensa en nuestro país, ha hecho que el Perú caiga al puesto 109 en la clasificación anual sobre la libertad de prensa que divulga Reporteros Sin Fronteras (RSF)
El ranking de este año, muestra que nuestro país ha tenido un descenso de 14 puestos en comparación con el del año pasado, donde se ubicó en el puesto 85. RSF detalla que Perú baja de posición todavía más, "debido a un conjunto de agresiones, siempre muy elevado, pero también a censuras ordenadas desde las altas esferas y al abuso de procesos contra la prensa".
Ranking en general
También se señala que Cuba es el único país donde no se admiten medios independientes, y México el más peligroso para los que ejercen el periodismo por los constantes crímenes del narcotráfico.
Cabe mencionar que este ranking es elaborado a través de un cuestionario que mide el nivel de agresión contra los periodistas, es decir, que mientras la libertad de expresión se vea más quebrantada, el puntaje será mayor.
Méxcio (EFE). Los medios de comunicación mexicanos, asediados por las amenazas y agresiones del” crimen organizado”:http://elcomercio.pe/tag/133391/narcotrafico-en-mexico, confesaron hoy los mecanismos de autocensura que se han visto obligados a poner en marcha para proteger las vidas de sus periodistas.
Directivos de varias empresas periodísticas, congregados en un foro organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) en Ciudad de México, coincidieron en que la mayoría o no informa sobre narcotráfico, o lo hace de modo somero y sin investigar.
¿EL BLANCO? LOS PERIODISTAS
El director ejecutivo del CPJ, Joel Simon, indicó al inaugurar la reunión que más de 30 periodistas han muerto en México desde que el presidente, Felipe Calderón, asumió el cargo en diciembre de 2006.
Los periodistas “son blanco de una estrategia nefasta de control de la información de parte del crimen organizado”, dijo, y recordó que “el Gobierno federal tiene la responsabilidad de garantizar la libertad de expresión” en el país.
Javier Garza, subdirector editorial del periódico El Siglo de Torreón, diario que perdió al periodista Eliseo Barrón -asesinado en mayo de 2009- y cuyas instalaciones fueron atacadas a tiros por desconocidos en agosto del mismo año, reconoció que ese rotativo realiza una cobertura “muy básica, muy apegada a la información oficial en lo que tiene que ver con los hechos delictivos”.
Desde hace tres años “no hay labor de investigación, ni trabajo para tratar de definir el mapa y la geografía de los distintos grupos del crimen organizado que se disputan la plaza (ciudad de Torreón)”, admitió.
“En el momento en que sospechamos que pudiera haber algún tipo de riesgo para algún reportero simplemente se sacrifica la nota y se regresa”, aseveró el directivo, que en alguna ocasión se coordinó con un diario estadounidense para difundir una información sensible que El Siglo de Torreón no podía publicar por seguridad.
PLAN PARA PROTEGER A LOS PERIODISTAS
Sin embargo, los medios reunidos hoy consideraron que esas iniciativas fracasarán y expresaron su desconfianza en la capacidad de las autoridades de protegerlos.
Jorge Cepeda, director editorial de El Universal, denunció que existe también un “fenómeno de infiltración de los carteles en las redacciones de los medios de comunicación. Es una pena, es un cáncer, no es generalizado ni mucho menos, pero comienza a experimentarse y es probable que siga en aumento”.
(Editorial) El Consejo de la Prensa Peruana y el ‘chuponeo’
Los resultados de la última encuesta realizada por Ipsos Apoyo S.A. dan cuenta, una vez más, de lo nefasto de las interceptaciones telefónicas en nuestro país.
En este caso, la víctima ha sido la candidata a la Alcaldía de Lima por el PPC-UN, Lourdes Flores Nano, cuya imagen se ha visto temporalmente afectada por una grosera campaña de desprestigio, nunca antes vista en Lima, orientada a manchar su honra en perjuicio de la adhesión que había alcanzado en el electorado. Lo inadmisible es que esta baja en las encuestas no haya sido por la naturaleza de sus propuestas –bastante positivas para la ciudad, por cierto–, sino por lo dicho en una conversación privada, totalmente descontextualizada, que un canal de televisión local difundió en una decisión inapropiada.
El escenario no es nuevo, tampoco el justificado rechazo que ha generado esta condenable práctica delictiva que no solo atenta contra la inteligencia de la población, sino que nos avergüenza como sociedad, interna y externamente. Una intromisión que denigra tanto a los autores intelectuales del ‘chuponeo’, como a quienes se han convertido en circunstanciales cajas de resonancia de la escucha de la vida privada de un personaje público.
Evidentemente, aún subsiste gente inescrupulosa que supone que la vida de un líder de opinión (sea este un político, un empresario, un artista o un periodista famoso) debe estar sometida permanentemente al escrutinio de todos, como si se tratara de una persona que ha perdido todos sus derechos a la privacidad e intimidad. Lo peor, como ha señalado el cardenal Juan Luis Cipriani, es que asistimos a una suerte de “terrorismo moral”, irónicamente montado por amorales; por sujetos convertidos en ocasionales jueces de la vida privada de otros por meros intereses subalternos, que no solo pretenden destruir la dignidad de esas personas, sino convertir en ‘normal’ lo que, desde todo punto de vista, es un vil delito.
¡Sin duda, no hemos aprendido la lección! Hemos olvidado en escasos diez años que aún sobrevive la maquinación alevosa que durante el fujimontesinismo atropelló impunemente el derecho constitucional a la intimidad y la privacidad de muchos personajes públicos.
Por ello, como un medio de comunicación que ha luchado contra esas formas de espionaje y chantaje de grupos que se venden al mejor postor, El Comercio se aúna a la exhortación del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana para contribuir a promover un voto informado entre la ciudadanía y guardar prudencia frente a los audios que en esta campaña municipal parecen estar dando vueltas por Lima en busca de un cartero.
Probablemente, algunos periodistas aducirán ahora que no pertenecen al consejo y que, por lo tanto, no tienen por qué acatar sus llamados. Sin embargo, el respeto a los derechos de las personas al honor, a la buena reputación y a su intimidad es deber de todos los peruanos según la Constitución, sean o no miembros asociados a ese organismo de autorregulación periodística.
Además, no olvidemos que en periodismo la regla es clara: el contenido de conversaciones privadas no debe revelarse, salvo que sean de interés público. La pregunta es: ¿por más lamentable que haya sido el exabrupto de Lourdes Flores Nano puede olvidarse que se dio en el contexto de un diálogo privado?
Adicionalmente, valdría la pena preguntarse quién ganará y quién perderá a la larga con los nuevos escenarios creados ante los comicios del próximo año. Tiempo al tiempo. En el presente, todo indica que se ha malogrado la contienda municipal, tiñéndola de basura y distrayendo a los electores sobre lo más importante: votar por quien ofrece el mejor plan de gobierno.
La prensa, unida, jamás será vencida
La restitución de la licencia a Radio La Voz de Bagua.
La voz entrecortada por la emoción de Carlos Flores Borja, el propietario de Radio La Voz de Bagua (RLVB), cuando ayer recibió de manos del premier, Javier Velásquez Quesquén,y del titular del MTC, Enrique Cornejo, la resolución que le restituyó la licencia a la emisora, marcó un gran triunfo de la lucha por la libertad de expresión en el Perú.
RLVB fue clausurada el 8 de junio de 2009 en el marco de la tragedia de Bagua que enlutó a las familias de policías e indígenas. Luego, la defensa legal de la emisora demostró cabalmente la arbitrariedad de esa decisión política del gobierno, pero este se negó sistemáticamente a rectificarse.
Durante la visita de una misión de la SIP, en mayo pasado, el presidente Alan García se comprometió a revisar el procedimiento de la clausura, pero luego pareció que dicho ofrecimiento se lo llevaría el viento, especialmente cuando, la semana pasada, Flores fue informado que el MTC no daría marcha atrás y, peor aún, que se iba a licitar la frecuencia de RLVB, lo cual significaría, en la práctica, el final de este medio.
Ante ello, en un hecho inédito, se activaron las alertas de las tres principales entidades gremiales del periodismo –el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), cuya directiva me honro de integrar, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Asociación Nacional de Periodistas (ANP)– para aunar esfuerzos con el fin de impedirlo, incluyendo una visita a la Defensoría del Pueblo para solicitar su intervención en este caso, lo cual fue garantizado.
Ayer por la mañana, fuimos informados que el premier Velásquez Quesquén solicitaba una cita para ese mismo día, en el local del CPP, con las tres entidades periodísticas, la cual se produjo a las tres de la tarde y en la que entregó, junto con el ministro Cornejo, la resolución restitutoria de la licencia de RLVB.
Ha sido un gran final. Para empezar, por la rectificación del gobierno, algo que, sin duda, debe saludarse. También, por el tesón indeclinable de Flores y su familia para no bajar la guardia a pesar de la difícil situación económica que atravesaron. Asimismo, el respaldo ofrecido por la defensora Beatriz Merino.
Por último, y no por ello menos importante, la restitución de la licencia de RLVB también fue posible por la unidad entre Ipys, CPP y ANP. Al margen de cualquier diferencia política entre los periodistas, la defensa irreductible de la libertad de expresión es una causa innegociable debido a que esta es una condición fundamental de una democracia y de los derechos elementales de la ciudadanía.
Que esta valiosa experiencia sirva para enfrentar las próximas amenazas que, sin duda, van a venir, al margen de la orientación del medio perjudicado. Es una cuestión de principios.
Editorial: Otro atentado contra la prensa en Venezuela
En menos de una semana, y con una celeridad que solo puede estar impulsada por la autocracia que gobierna Venezuela, la justicia de ese país ha impuesto una serie de sanciones contra el diario caraqueño El Nacional, aparentemente por haber publicado una polémica fotografía que refleja el grado de inseguridad local.
Solo un afán totalitario puede llevar al régimen de Hugo Chávez a renunciar a los principios de la democracia y demandar al mencionado periódico judicialmente, multarlo con una suma gigantesca y prohibirle publicar “informaciones e imágenes violentas de sangre, armas, terror y agresión física”. Ello sin considerar que la noticia que generó esta arremetida gobiernista no solo es verdadera sino que grafica con crudeza el grado de violencia que asuela a los venezolanos.
No se puede tapar el sol con un dedo. Lo sucedido, más que un impromptu de Chávez, es otro burdo atentado de su gobierno contra la libertad de prensa, menoscabada sobre todo cuando cuestiona al Gobierno y pone en evidencia sus vicios.
Prueba de ello es que la reciente prohibición de no divulgar imágenes violentas alcanzaba inicialmente a todos los medios impresos y no solo a “El Nacional”, el medio que publicó las fotografías polémicas.
Como ha sucedido en otros casos, el chavismo culpará al periodismo independiente de montar campañas desestabilizadoras, orientadas a mancillar el buen nombre de la revolución bolivariana, o de coludirse con la oposición venezolana para desprestigiarlo interna e externamente.
No obstante, como han señalado muy bien las relatorías de libertad de prensa de la Organización de Estados Americanos y de la ONU, la decisión del Gobierno Venezolano configura “un acto de censura previa que, además, impone límites de tal vaguedad e imprecisión que impiden que la prensa escrita pueda publicar cualquier información que pueda perturbar o molestar a las autoridades gubernamentales. De mantenerse, esta decisión judicial obligará a los medios de comunicación a abstenerse de informar sobre una amplia gama de asuntos de interés público que la sociedad venezolana tiene derecho a conocer”. En otras palabras, un flagrante y escandaloso abuso que pretende dictar a la prensa qué debe y qué no debe informar.
Posteriormente, algunos tribunales venezolanos han tratado de reducir las sanciones iniciales, acotando, con un lenguaje engorroso, propio de instancias subordinadas a regímenes dictatoriales, que, dado que la denuncia se inició con la publicación de una fotografía en la primera plana de “El Nacional”, la sentencia debió versar únicamente sobre las imágenes y no sobre la información y la publicidad.
La comunidad internacional está advertida. Queda claro que el gobierno de Chávez no entiende ni quiere entender el juego democrático y repudia el pluralismo, así como la libertad de informar y opinar libremente. En lugar de ir al fondo del asunto, en este caso la lucha contra la rampante delincuencia que aflige a los ciudadanos, pretende silenciar al mensajero y amedrentar a la prensa. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
SUPLEMENTO DOMINGO LA REPUBLICA AGOSTO 8, 2010
Una gran ‘nueva’ noticia
Decir (o escribir) una noticia es descubrir un misterio pero al mismo tiempo, repetir una verdad ignota. La que nadie sabe. Cierto. Dios es eterno. Kapuschinsky existe. Markarián no es Mandrake. Uno se muere como todos, pero la vida es larga si solo amas la justicia. Y hablo del buen periodismo, de éste y aquel que practicamos en nuestros medios. El resto es bodrio. Por eso esta columna. Y en estos días, el tráfago hace que en mi televisor brille desde hace unas horas, las presencia de Jaime Chincha, de Samuel Rivera y de Cecilia Valenzuela en un canal extraño, desahuevante e inédito. Se llama “Willax”. Lo veo por Telmex –que me cobra más y mal—, pero que me inmuniza contra el imperialismo comunicativo de la Telefónica. Qué cojones. Ya era tiempo de tener alternativas. Amo a las “Oh Diosas”. A Gomelsky, en su edad, peso y trapío de mi vicio solitario. A Chema, de mi alegría sideral. A Gastón, de su closet culinario.
Hago historia. Desde Fujimori, el colectivo mediático “Imediaperú” se fajó con el régimen más asqueroso que tuvo el país. El maestro Gilberto Hume, amigo de mil combates, con “Chechi” Valenzuela y mis colegas más corajudos del ejido se enfrentaron, como los grandes y buenos y pocos periodistas, contra la inmundicia de la mafia del sátrapa y Montesinos. Luego, “Agenciaperú” siguió en limpieza de la dignidad humana y de la democracia. El ejercicio del Señor “K”, que “este oficio no es para los cínicos” se cumplió a la letra. Después vendría un espacio en la televisión, cuestionador y filudo “La Ventana Indiscreta”. Muestra del mejor periodismo que se hizo en ese medio cuando las papas quemaban.
Les cuento, uno de sus espacios habla de un padre de familia que retorna a su hogar y se le cambia la cara. Claro, el televisor está prendido y los “degüello”, la violencia y la corrupción ya se incrustó en la agenda de su casa desde esa pantalla. Al final, él, asqueado, le pregunta a su esposa: ¿Cuándo fue la última vez que una noticia sirvió para algo? Metáfora para diferenciar ese baño de sanguinolenta magma de “todos” los canales que nos enmierda la mañana. Si no fuese por el equipo de Raúl Vargas en RPP el periodismo peruano haría sonrojar incluso al propio Beltrán y hasta el mismo Raúl Villarán, paladines del mejor periodismo amarillo como una “causa” en plato sucio de pollada.
El maestro brasileño Muniz Sodre hablaba que en la televisión existe una “estética de lo grotesco” La “magalysación” y la telebasura, eso. Cierto, señora, usted me ha visto participar en su “tele”. Pero siempre me dieron la libertad para decir verdades sin miedos, lúcidas y que descojudean. El Veco decía que no hacía periodismo para periodistas. Yo también. Por esto y aquello, experiencias como las del flamante canal “Willax”, que en el idioma nativo de los millones de peruanos, el quechua –y según Demetrio Túpac Yupanqui—dícese de “lo que se avisa”, tiene ese ingrediente de un medio que descubrió que para ser dignos con nuestra profesión no se necesita ni de Delgado Parker ni de los Crousillat. Se acabaron los “brocastin” y los zares que pintaba Orson Welles y que hoy, gracias a Internet y las redes sociales, podemos hacer televisión en el Perú sin ser mafiosos y como “Willax”, que hacen periodismo para ser íntegros, mejorar nuestra calidad de vida y hacer de la noticia, eso, solo imaginación y poesía.
LA REPUBLICA JUNIO 26, 2010
Pero hay un problema, ¿no?...
La mejora indispensable de la prensa peruana.
Ricardo Belmont se convirtió esta semana en un San Martín que logró que personas con ideas políticas usualmente enfrentadas coincidan sobre la inconveniencia de su proyecto para encarcelar a los periodistas que difundan contenidos “obscenos o pornográficos”.
Esta coincidencia amplia y generalizada obedece a que la propuesta de Belmont es un absurdo que favorece la censura, es contraria a la libertad de expresión, y puede ser una coartada para limitar la capacidad de crítica, fiscalización y denuncia de la prensa que pretenda ejercer el oficio –como se debe– con independencia frente a cualquier tipo de poder.
Como anotó el Consejo de la Prensa Peruana, este proyecto “replica innecesariamente legislación de protección al menor ya existente y, a partir de una redacción confusa, pretende introducir al terreno judicial penal materias como la obscenidad, circunscritas en un ámbito subjetivo e interpretativo”.
Sin embargo, el consenso sobre la inconveniencia de este proyecto –además de la falta de transparencia con que se tramitó– no debiera impedir el reconocimiento de que hay problemas serios en la prensa peruana que se debe enfrentar.
La mejor solución es la autorregulación para que, sin necesidad de intervenciones, produzca una prensa decente, responsable e independiente que se desempeñe dentro del marco legal actual que ya considera normas contra los –por decir algo– ‘excesos’. El problema es que este funciona para una persona o entidad específica pero no cuando la perjudicada es la sociedad en su conjunto, como cuando se afecta a la niñez mediante contenidos violentos de distinta índole. Un estudio de Concortv ofrece conclusiones preocupantes en esta materia.
La solución no pasa por proyectos como el de Belmont que, como acaba de comentar Hildebrandt en sus trece, la primera víctima si se convirtiera en ley sería su propio autor. Pero sí por iniciativas que empiecen por no rehuir el problema frecuente de medios peruanos que mienten e insultan como rutina, que ofenden como norma, que sirven como palanca para otros negocios y el lobby indebido, o que reemplazan la tinta por la sangre, lo cual perjudica a la niñez y, en general, a los ciudadanos.
A partir de ello, se deben crear incentivos para avanzar hacia una prensa de más calidad, lo cual pasa por un profundo debate autocrítico en los medios sobre su propio desempeño, con el fin de establecer acuerdos de autorregulación que fortalezcan el desafío pendiente de elevar su decencia y responsabilidad sin mellar la independencia informativa y editorial. Un costo de no hacerlo será el riesgo permanente de torpedos autoritarios como el de Belmont y los que están detrás de él en dicho esfuerzo.
Caca pichi poto
A pesar de las docenas de sinónimos o palabras emparentadas que arrastra, la obscenidad es algo difícil de definir. Tanto así que algunos sistemas legales se contentan con establecer que se trata de algo que uno reconoce cuando lo ve. El problema es que no todos reconocen lo que ven de la misma manera.
Las legislaciones tienden a aceptar que es la comunidad la que establece lo que es obsceno. Más de un diccionario define a partir de lo que es ofensivo a la moralidad de los tiempos. La cosa es ponerse de acuerdo sobre algunos criterios, y aceptar que estos pueden cambiar según el momento o el punto de vista.
Por eso tenemos absolutistas que postulan que en obscenidad las cosas son claras, y relativistas para quienes todo depende. La obscenidad termina siendo algo así como la frontera entre los dos criterios, y en esa medida un territorio particularmente difícil de legislar, sobre todo en sociedades que valoran la tolerancia.
Esta dificultad hace que por lo general no sean las leyes las que deciden, sino las interpretaciones de los encargados de aplicarlas. Con lo cual una opinión personal puede terminar imponiéndose a un criterio comunitario. Sobre todo en las zonas de penumbra sin límites claros, como en el clásico ejemplo de la minifalda trepona.
Algunas legislaciones buscan reforzar los límites entre aceptable y obsceno reduciendo esto último a expresiones que carecen de valor literario, artístico, político o científico. Pero esos cuatro valores también se prestan a discusión, y a evolución. De 1919 a 1933 la novela Ullyses, de James Joyce, fue considerada obscena en los EEUU, nunca en Europa.
Vemos, pues, que la complejidad del tema supera largamente los talentos jurídicos de los congresistas locales espontáneamente lanzados a desobscenizar los medios. No sorprende entonces que la iniciativa haya sido recibida como un intento de colocarle la espada de Damocles encima a la libertad de prensa.
Si bien las libertades que nos tomamos van en crescendo, el espacio público de los medios no es particularmente proclive a expresiones llamables obscenas (en opinión del columnista). Salvo que se quiera incluir en la categoría el humor chabacano y de sal gruesa, que sí abunda en el espectro electromagnético nacional.
Quien quiera encontrar expresiones que ofenden a la decencia, el pudor o el buen gusto en el Perú, que no pierda su tiempo hurgando por entre el erotismo, la sexualidad o la calatería. La inmensa mayoría de los impulsos obscenos que circulan está en otras actividades, cuya descripción por el momento le ahorramos al lector.
EL TROME JUNIO 25, 2010
Este Búho, cuando era chibolo, escuchaba hasta el hartazgo un tema de 'Los iracundos': 'Mamarracho, mamarracho/vendedor de soledad/siempre entregas tu cariño/y el amor nunca se da...'. Hoy, décadas después, vuelvo a escuchar a cada rato esa palabrita, pues así califica la opinión pública y los periodistas al proyecto de la Comisión de Justicia del Congreso que pretende sancionar 'la obscenidad' en la prensa. Este Búho tiene una idea clara. Este engendro lo que pretende, en primer lugar, es amordazar a la prensa escrita. De allí que se lea en el mamotreto de marras que se pueda condenar entre dos y seis años de cárcel a los gerentes, directores y editores periodísticos que incurran en publicar fotos o mensajes 'obscenos' (sic). Aquí viene la pregunta que derrumba todo este sancochado: ¿Quién puede calificar lo que es obsceno o no? ¿Quién puede tener 'la última palabra', ser el juez del partido, el que abra la reja de la cárcel por 'obsceno' a un gerente, director o editor de un diario? Por último, y lo más importante, ¿qué cosa en definitiva puede calificarse como obsceno?
Porque para este Búho y para miles de personas, obscenidad es que una de las congresistas que aprobó el proyecto, 'La señora ley', fue acusada de obligar a una asistente a lavarle sus pies regordetes, según denuncia que vio la Comisión de Ética. Eso me parece terriblemente obsceno, pero de repente para la doctora no.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por otra parte, que este proyecto lo firme un congresista 'positivo' que ha querellado a un periodista escrito por llamarlo 'egocéntrico', definitivamente es un intolerante y es el menos indicado para hablar de 'sanear a la prensa'. El periodismo independiente tiene la labor de informar y fiscalizar al poder de turno, porque defiende al ciudadano de a pie, ante el abuso del poder gubernamental, grupos económicos o corruptelas.
Definitivamente, la prensa libre es una espina clavada en la garganta de los que tienen rabo de paja y por ello pretenden acallarla. En efecto, hay una prensa heredera de la etapa de cloaca de los 'diarios chicha' que financiaba Vladimiro Montesinos. Pero, indiscutiblemente, por allí no apuntan las balas de los 'saneadores'. Si hay excesos, son los periodistas quienes deben ejercer la autorregulación y no que manos extrañas se inmiscuyan en el trabajo de los medios independientes, ¿acaso se pretende imitar el modelo de Hugo Chávez? La opinión pública debe tener muy claro que la defensa de la libertad de expresión es el mejor mecanismo para que los ciudadanos estén informados y los gobiernos sean fiscalizados. ¿Se imaginan un país sin prensa libre? ¿Cuántos 'faenones' seguirían en marcha y cuántas ratas seguirían haciendo de las suyas? Apago el televisor.
LA PRIMERA JUNIO 25, 2010
El Código Belmont
La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado un proyecto que da un poco de risa y otro poco de pena. Risa, porque es un intento ridículo que parece inspirado en hábitos del Perú del siglo XIX. Pena, porque la desdichada propuesta ha obtenido el voto de congresistas de UPP, de Unidad Nacional, del Partido Nacionalista, del APRA y de Acción Popular. Una vasta y basta conjunción.
La intención expresa es penar con hasta seis años de cárcel a los directores, editores, gerentes o responsables de la difusión o publicación de imágenes, material audiovisual o textos de contenido obsceno o pornográfico.
Más de una vez he citado el estudio sobre legislación de prensa en el Perú, que Víctor Andrés Belaunde publicó allá por 1947 en Mercurio Peruano. Era el momento en que el APRA, que dominaba las dos ramas del Congreso, había aprobado una ley de imprenta represiva.
En aquel escrito se recordaba que en el siglo XIX se castigaba no sólo al autor de un artículo, sino también al director del medio. Hasta el dueño de la imprenta resultaba condenable.
Claro que entre los refinados métodos de la época se incluían incisos no escritos: la pateadura o el balazo para el periodista incómodo.
El proyecto liberticida tiene como autor a Ricardo Belmont, quien como director de televisión no convence a nadie; pero, sin embargo, ha sido capaz de persuadir a los juristas de la Comisión de Justicia.
Belmont desconoce sin duda el fondo de los conceptos de obscenidad y pornografía; e ignora la historia de los actos represivos que se han cometido en el mundo bajo pretexto de combatirlas.
Obscenidad es lo que presenta o sugiere maliciosa y groseramente cosas relacionadas con el sexo. Pornografía es la representación o descripción explícita de actos obscenos.
Abraham Valdelomar marcaba la diferencia entre un desnudo griego y un zambo calato. Mucho, casi todo, depende de la intención con que algo se presenta.
Hace 77 años, el 6 de diciembre de 1933, el juez John M. Woolsey anuló la prohibición que pesaba en Estados Unidos sobre la novela Ulises de James Joyce. La creación de Joyce, que muchos consideran la narración mayor del siglo XX, no podía ser impresa ni importada en ese país, por ser considerada obscena.
El juez precisa en su sentencia que durante semanas leyó la difícil obra, y estudios y anatemas sobre ella. “Para que un libro sea considerado obsceno”, sentenció, “hay que determinar primero si la intención con que fue escrito es, de acuerdo a la frase usual, pornográfica… Pero en Ulises, a despecho de su insólita franqueza, no detecto nada de la lascivia del sensualista. Sostengo, por tanto, que no es pornográfico”.
En el Perú, ¿qué justo juez va a evaluar lo que es pornográfico o no? Quizá podría comenzar por lo más fácil: ver los programas de Belmont.
LA REPUBLICA JUNIO 24, 2O1O
Sobre su amenaza de iniciar el ‘saneamiento de la prensa’.
Editorial: Prensa, tolerancia y fiscalización en democracia
Es función de todo medio informar a cabalidad sobre lo que atañe a la población, pone en riesgo su seguridad o vulnera sus derechos. Los medios no son ni deben ser —como muchos quisieran— un instrumento de aplauso y ensalzamiento de quienes ostentan o tratan de acceder a un cargo público.
Resulta por ello preocupante que el alcalde Luis Castañeda Lossio, quien legítimamente aspira a dirigir los destinos del país, tenga tan baja tolerancia al señalamiento de los yerros de algunos de sus proyectos y obras, y reaccione virulentamente contra este Diario que ha sabido resaltar varios de los éxitos de su gestión, como el desalojo de los invasores ilegales del Mercado de Santa Anita, en cuya campaña de recuperación durante varios años nuestros periodistas arriesgaron su vida para informar con mucho rigor logrando identificar a los cabecillas desde el lugar de los hechos, llegando el alcalde a admitir que sin el apoyo de El Comercio no se habría restablecido el principio de autoridad. Así mismo el apoyo a la recuperación de los espacios públicos y las áreas recreativas de la ciudades (parques zonales y el Paseo de las Aguas, etc), entre otros que han sido parte de largas campañas periodísticas.
Pero lo que resulta francamente intolerable y vil es que en esta andanada contra El Comercio un miembro de la bancada del alcalde, como es el congresista Walter Menchola, haya agraviado a la persona del presidente de la República, doctor Alan García Pérez, y del comandante (r) Ollanta Humala al sostener “que intereses ocultos tras el poder de los medios parcializados nos fuercen como en el 2006 a escoger como quien lo hace entre el cáncer y el sida”, en clara alusión a la segunda vuelta electoral entre el doctor García y el candidato Humala.
Es importante evaluar el rol doctrinal y práctico que cumplen los medios de comunicación en el Estado de derecho. Para el sociólogo alemán Jurgen Habermas son el motor de la esfera pública, que está en permanente interacción con la esfera política. Y aunque su teoría tiene un acento ético y normativo, queda claro que corresponde a la prensa asegurar un nivel básico de racionalismo, argumentación, debate y pluralismo, precisamente para asegurar el dinamismo y la alternancia democrática.
Renunciar a este papel crítico y diversificador sería traicionar el espíritu democrático y sucumbir peligrosamente a la tentación paralizante del conformismo, la mediocridad y hasta la autocensura, lo más característico del autoritarismo y la dictadura.
Guían nuestro accionar: la defensa del sistema democrático, de los derechos humanos universales, la libertad de expresión, la calidad de vida, la libertad de empresa y la protección del medio ambiente. Es con ánimo optimista y esperanzador que informamos y opinamos sobre los asuntos públicos que consideramos interesantes, importantes o de utilidad para nuestros lectores y ciudadanos en general.
En lo cotidiano abrimos nuestras páginas a la opinión de representantes de todas las tendencias políticas democráticas. También informamos objetivamente y no hacemos concesiones ni especulaciones. Sea sobre el Metropolitano, la rotura de pistas, el peaje de Faucett, el narcotráfico, los remanentes terroristas o los vínculos sospechosos de cualquier candidato, si se trata de un tema de interés público que debe ser conocido por los ciudadanos, redoblamos esfuerzos para investigarlo a fondo y publicarlo.
Nuestra agenda es por la construcción de un país más justo y solidario, con inclusión y oportunidades para todos, con justicia, equilibrio de poderes y respeto de las mayorías y minorías. Y en esa tarea no tenemos espacio ni tiempo para diseñar campañas de demolición de ningún candidato, ni está en nuestro espíritu gestar coyunturas o turbias alianzas de interés como infiere el congresista Menchola.
Lo que ha quedado en evidencia es que el señor Castañeda toma un tema técnico y pretende convertirlo en un asunto político e insultar. Le hace falta tolerancia y autocrítica, y a sus aliados civismo y nivel para discrepar alturadamente con quienes cumplimos la misión de informar y opinar libremente.
Directivo y periodista del diario "La Primera" serán sentenciados por presunto delito contra el honor
Fueron procesados por publicar artículo contra el vicealmirante Boyle. Si no acuden, se pedirá su captura
El director del diario La Primera, César Lévano, consideró una amenaza a la libertad de prensa la citación que, bajo apercibimiento, les hizo llegar la titular del Juzgado Penal 37 de Lima, Cecilia Arauco, tanto a él como al jefe de la unidad de investigación de ese periódico, Raúl Wiener.
“Tenemos entendido que la jueza ya tiene la sentencia lista. Esta citación es una forma de amedrentamiento”, dijo Lévano a El Comercio.
Lévano y Wiener tendrán que acudir este martes 15 de junio a la sede judicial para que —según ha trascendido— les dicten sentencia por el delito contra el honor en agravio del vicealmirante (r) Frank Boyle, presidente de la Autoridad Nacional Portuaria (ANP).
Si no lo hacen —según la cédula de notificación que dictó la jueza— serán declarados reos contumaces “y se dispondrá su inmediata captura”. “Vamos a ir; si no, se arma el escándalo”, dijo Lévano.
En las ediciones del 3 y 4 de abril del año pasado, “La Primera” publicó informes en los que se revelaba que el vicealmirante Boyle había sido ratificado en el cargo a pesar de que el estatuto de la ANP lo prohíbe. Además, se le acusó de prochileno por impulsar la concesión del puerto de Paita.
El Comercio intentó comunicarse con el vicealmirante Boyle, pero se informó que estaría todo el día en reuniones relacionadas con la concesión de Pampa Melchorita.
La directora del Consejo de la Prensa Peruana, Kela León, dijo que este gremio se encontraba evaluando el caso de ambos periodistas para determinar si, en efecto, hay atentado contra la libertad de prensa. Por ello, evitó adelantar comentario alguno.
En Argentina continúa el acoso sistemático y escandaloso contra el grupo Clarín —un conglomerado de medios independientes— por parte del gobierno peronista de Cristina Fernández de Kirchner, al punto que ha dado lugar a pronunciamientos de organizaciones internacionales.
Los abusos son varios. Van desde el azuzamiento de grupos de adeptos, al mejor estilo de las brigadas chavistas, para que protesten contra los periodistas, hasta la controvertida Ley de Medios Audiovisuales que, bajo el pretexto de democratizar el acceso a la información, solo busca amedrentar a los medios privados y estatizar las transmisiones, con lo cual se controla los contenidos. Aparte de ello, es imposible olvidar la violenta intervención en el local del diario “Clarín” por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (la Sunat argentina), lo que luego se atribuyó a un error.
Lo último en esta escalada de maltratos ha sido el manoseo de asuntos privados de la familia dueña de “Clarín”, con métodos propios de una dictadura. Mientras la presidenta denuncia que dicho diario publica mentiras y fue beneficiado por la dictadura militar, la sospechosa administración de justicia monta una operación violenta y vejatoria para obligar a los hijos adoptivos de la propietaria, Ernestina Herrera de Noble, a someterse a exámenes de ADN para determinar si los padres biológicos pertenecían al grupo de desaparecidos en la dictadura argentina.
Lo peor es que nadie garantiza la autonomía de los organismos estatales que harían las pruebas exigidas, con lo que se mantiene una espada de Damocles de amedrentamiento judicial sobre el diario, algo totalmente contrario a los usos democráticos respetuosos de la independencia de los medios de comunicación. ¿Hasta dónde llegará la inquina de un régimen populista que conculca de un modo tan grosero la libertad de expresión?
Al parecer los Kirchner están copiando los métodos de su aliado Hugo Chávez, propulsor del ALBA, quien se niega a reabrir el canal opositor Radio Caracas Televisión (RCTV), que lleva tres años cerrado por una medida absolutamente abusiva, arbitraria y revanchista del régimen autocrático que repudia la crítica y el pluralismo. Lo mismo hacen los gobiernos de Ecuador y Bolivia, que maquinan maniobras deleznables para mediatizar la libertad de expresión y sojuzgar a los medios independientes que fiscalizan el quehacer público y critican sus errores.
En el caso de Venezuela, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha pedido a Chávez autorizar la reapertura de RCTV, como una muestra de voluntad política considerando que Venezuela se encuentra en una contienda electoral parlamentaria “en la que el público necesita acceder a información plural y diversa”.
Pero hasta el momento no ha habido respuesta formal. Por el contrario, se ha procedido a prohibir también la señal de cable internacional de la emisora, usando para ello órganos gubernamentales y judiciales controlados por un régimen cuya careta democrática es solo eso, una pantomima, de lo que debe tomar nota la comunidad internacional.
Aparte de ello, se han cerrado radioemisoras y se utiliza el sabotaje económico contra medios críticos al Gobierno, solo por disentir de la comparsa oficialista e informar la realidad de un país que, a pesar de contar con ingentes recursos económicos provenientes del petróleo, se hunde en inflación, baja del PBI e incremento de la pobreza.
Estamos advertidos. Los regímenes de Chávez y de los Kirchner muestran cada vez con menor empacho su entraña autoritaria y su intolerancia para quienes discrepan con sus ideas y denuncian la corrupción de sus gobiernos, por lo que deben ser denunciados en todos los foros y organismos internacionales. Esto constituye una prueba de fuego para el reelecto secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, que tiene que aplicar la Carta Democrática de la entidad para sancionar a los regímenes que dicen ser democráticos pero conculcan la libertad de expresión de modo tan grosero y vergonzoso.
SIP, señor
Sobre el informe final de la misión que estuvo en Lima.
Ojalá que el informe final de la misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que visitó Lima para evaluar la situación de la libertad de expresión sea más claro y directo, y menos malaguoso que las declaraciones del jefe de la delegación, Gonzalo Marroquín.
La misión se reunió con varias autoridades para plantearles las inquietudes de la SIP, incluyendo el presidente Alan García, el premier Javier Velásquez, el presidente del Poder Judicial Javier Villa Stein, y el vicepresidente del Congreso Michael Urtecho, porque Luis Alva Castro estaba muy ocupadito.
Los temas concretos de preocupación fueron el avance sospechoso del caso judicial por el asesinato del periodista Alberto Rivera, que la SIP ha hecho bien en convertirlo en caso emblemático, y el cierre de radio La Voz de Bagua.
Un anuncio muy celebrado fue el del presidente García de que revisará el proceso administrativo que clausuró La Voz de Bagua. Es una buena noticia para reparar esta arbitrariedad, pero la verdad es que el gobierno ya tenía los elementos para corregir este exabrupto antidemocrático. La razón por la que ahora anuncia un eventual retroceso es el ‘roche’ externo.
La vocación del presidente García de ‘portarse bien’ solo cuando le llega el mensaje desde el exterior, pues las voces internas le interesan poco, le otorga relevancia al informe final de la SIP, y es por eso que será importante que este no se ande con ambigüedades como las siguientes dichas por Marroquín:
“Nos ha dado satisfacción encontrar (en el gobierno) una expresión firme y determinada, y hasta un compromiso con la SIP, para respetar la libertad de prensa y de expresión en el Perú”; “no encontramos que haya una política de Estado para limitar los espacios de libertad de prensa y libertad de expresión”; y “el Perú está mucho mejor que muchos países de la región”.
Eso parece muy tibio cuando el gobierno acaba de fracasar en su intento de controlar América TV usando como caballo de Troya el indulto a José Enrique Crousillat; cuando hay muchas más radios cerradas por su línea y usando como coartada la razón administrativa; cuando para silenciar a periodistas se ha extendido el uso de juicios sin sentido que unos jueces timoratos se mueren de miedo de rechazar de plano; cuando el presidente y algunos ministros discriminan a medios –como La Primera– en sus declaraciones; y cuando miembros del gobierno acosan a periodistas incómodos y –¡qué vergüenza!– usan a algunos periodistas para ese fin subalterno.
Ojalá que el reporte de la SIP sea claro y directo sobre estos temas, y que se divulgue antes de la realización, en Lima a inicios de junio, de la Asamblea de la OEA en la que un tema será la preocupación por la tendencia creciente en algunos gobiernos a restringir el libre funcionamiento de los medios.
Según encuesta de Arellano Márketing, realizada en Lima y tres ciudades del interior, El Comercio y Trome lideran en la memoria de los peruanos
“En el caso de “Trome” apela a un discurso coloquial, de sociabilidad y relax; esta marca se posiciona como el amigo de barrio, ese a quien siempre te gusta escuchar porque con él te sientes cómodo”, opina Rodríguez.
La visita a nuestro país de una misión especial de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP ) ha sido fructífera, pues ha permitido poner sobre la mesa acuciantes problemas que afectan el ejercicio irrestricto de la libertad de expresión.
Ante todo, es importante subrayar que el grupo visitante, encabezado por el vicepresidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, ha constatado que, a diferencia de Venezuela, Bolivia y Ecuador, en el Perú no se observa una política de Estado que limite sistemáticamente la libertad de expresión y de prensa.
Sin embargo, hay casos puntuales que echan sombras sobre lo anterior, y que exigen un deslinde claro de los poderes públicos, lo que en cierta medida ha logrado la delegación de la SIP tras sendas reuniones con el primer mandatario Alan García y el jefe del Gabinete, Javier Velásquez Quesquén, con el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein y con el vicepresidente del Congreso, Michael Urtecho.
Sobre el cierre de la radio La Voz de Bagua, es una buena noticia que el jefe del Estado haya mostrado apertura para revisar el proceso administrativo que llevó a la clausura. La censura, afirma la SIP, es totalmente contraria a la doctrina y usos democráticos. Según la Declaración de Chapultepec, que el Perú ha suscrito, “La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas se oponen directamente a la libertad de prensa”.
Luego, la misión ha visto in situ otro asunto particularmente espinoso: el asesinato del periodista Alberto Rivera, en el que algunos jueces han tenido una conducta sospechosa y prevaricadora, al absolver sin mayor sustento a los señalados como autores intelectuales de tan execrable hecho. Ahora el doctor Villa Stein se ha comprometido a resolver los asuntos pendientes e investigar la denuncia del vocal amenazado de muerte por poner en evidencia la parcializada actitud del presidente del tribunal que vio el caso. Ante tan escandalosos vicios, se espera la revisión de todo el proceso y la ejemplar sanción a los asesinos, aún impunes.
Adicionalmente, Villa Stein ha propuesto crear un tribunal especial para los casos de periodistas asesinados, iniciativa interesante pero que debe ser evaluada considerando los principios del marco legal nacional y la experiencia de otros países.
Respecto del caso de América Televisión, la misión se ha informado exhaustivamente de los detalles de la inconsistente denuncia del prófugo José Enrique Crousillat, que pretende usurpar la propiedad del canal que él mismo envileció y quebró moral y financieramente. Recordemos que Vladimiro Montesinos le entregó más de U$80 millones para hacerse de la línea informativa de ese medio; dinero que Crousillat utilizó en gastos personales e inversiones inmobiliarias en el Perú y el extranjero.
Desde el punto legal, ha dicho la SIP, las autoridades peruanas les han informado que el caso está cerrado y que el indulto a Crousillat fue un error luego corregido, todo lo cual debe tener un correlato coherente en las esferas judiciales y administrativas.
El mensaje es claro y los gobernantes y funcionarios estatales deben entender que, al acceder a sus cargos, se hacen pasibles de las críticas y fiscalización de su actividad —y del uso o abuso de los bienes públicos—, por parte de los ciudadanos y la prensa independiente, que de ninguna manera puede ser sancionada por ejercer esa obligación y servicio a la opinión pública.
A la espera del informe oficial de la misión la SIP, debemos permanecer vigilantes ante cualquier afectación, amenaza o desvío en el ejercicio de la libre expresión, prensa y opinión, derecho inherente de la población resguardado en la Carta Magna e imprescindible para la vigencia del sistema democrático.
Cierrafilas general contra la mordaza
Protesta por el cierre arbitrario de radio La Voz de Bagua
Hoy que se entrega a radio La Voz de Bagua el Guardian Journalism Award 2010, concedido por la organización británica Index on Censorship, debiera ser una nueva oportunidad para que todo el periodismo peruano proteste por el cierre arbitrario de este medio, lo cual constituye una mancha inexcusable del gobierno del presidente Alan García contra la libertad de expresión, un fundamento supremo de la democracia y de una sociedad libre.
La Voz de Bagua fue clausurada por el ministro Enrique Cornejo en el contexto de la tragedia de esa ciudad aduciendo infracciones administrativas que en realidad eran la coartada de un gobierno que tiene muchas dificultades para tolerar la crítica y la discrepancia, especialmente en situaciones complejas como la que se produjo en la selva peruana hace un año.
El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), en cuya sede se entregará el premio esta noche, ha elevado su protesta contra esta prepotencia del gobierno del presidente García, la cual ha sido acompañada por instituciones como el Consejo de la Prensa Peruana y algunos medios de comunicación del país.
Tengo la sensación, sin embargo, de que esta arbitrariedad inaceptable contra La Voz de Bagua no ha sido bien calibrada en el país ni, incluso, en la propia comunidad periodística peruana, acaso porque se trata de un medio del interior o porque algunas casas editoriales creen que solo merecen su defensa las situaciones que coinciden con sus intereses o posiciones.
Nada más absurdo y vergonzoso que eso. El derecho a expresarse constituye un fundamento de una sociedad libre que debe ser defendido frente a cualquier tipo de poder que pretenda recortarla y hasta, incluso, frente a los propios periodistas y empresarios de esta actividad que solo levantan la voz cuando sienten afectados sus intereses o su bolsillo.
Esto ocurre en un contexto en el que, como viene sucediendo en varios países de la región, se amenaza a la libertad de expresión con formas que no por sutiles dejan de ser peligrosas. Desde el intento gubernamental por controlar América TV usando al prófugo José Enrique Crousillat como Caballo de Troya, hasta los juicios crecientes contra periodistas como arma para acallar sus investigaciones, siendo el más reciente el planteado contra Daniel Yovera por una persona denunciada en el escándalo de Comunicore, el cual también afecta al candidato presidencial Luis Castañeda.
Todas estas situaciones deben producir un cierrafilas en todo el periodismo peruano, y no como viene sucediendo con demasiada frecuencia, para vergüenza del oficio y del gremio, en función de la conveniencia particular.
“La libertad de expresión es retórica en el Perú”
Hoy se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa en todo el mundo, de acuerdo a la UNESCO. Al respecto, conversamos con el periodista César Hildebrandt, quien hizo un breve repaso del estado actual de esta libertad en el continente.
“La libertad de expresión parece haberse vuelto un poco retórica en el Perú. Nunca ha existido una concentración de medios como tal”, refiere el reconocido periodista, quien además señaló que acaba de enterarse que el grupo El Comercio ha comprado el 51% del portal Perú.com (hasta antes rival del grupo periodístico más importante del país). “Ahora comprar rivales resulta muy rentable, porque tenía dos millones de entradas mensuales”, sostiene.
“Comercialmente no se puede objetar esta compra”, remarca Hildebrandt, pero es innegable que el grupo El Comercio es una especie de holding insaciable, de crecimiento sostenido en todas las esferas. “Claro, a mayor concentración menos variedad; y a menor variedad, menos opciones; y ante menos opciones, menos libertad”, agrega. “Yo diría que en el Perú la libertad de expresión existe, pero está amenazada por esta concentración que, aunque El Comercio lo niegue, tiene que ver con los intereses periodísticos generales”, explicó.
Hildebrandt detalló que nunca en la historia del Perú ha habido una concentración de este tipo. “En el pasado, los pierolistas tenían su periódico; al igual que el civilismo. Don Pedro Beltrán tenía el suyo; de igual forma los agrarios e industriales. Incluso el diario La Crónica era de los banqueros”, recuerda.
El Comercio también tenía lo suyo, recuerda Hildebrandt. Y cuenta que Luis Miró Quesada, a quien entrevistó durante varias noches poco antes de su muerte, y quien sostenía que el negocio del periódico, por decirlo de algún modo, era el periodismo, y que no tenía por qué meterse en otras cosas. “Por eso ahora se nota este conflicto y pareciera que todo está precocido; nos dan papas fritas precocidas”, advierte.
Al interior del país se vive una libertad de expresión de otro tipo, que pareciera ser más abierta que en Lima desde el punto de vista comercial. “Los medios del interior son más vulnerables, entonces siempre hay un problema”, continúa.
“Si damos una mirada a nuestros vecinos, se puede observar que la libertad de expresión tiene diferentes matices. Por ejemplo, en Venezuela la libertad está en entredicho debido a que un gobierno autoritario quiere imponer sus reglas; nadie es ajeno a esta realidad”, comenta Hildebrandt.
Empero, señala que en Colombia, el reverso de la medalla, el gobierno conservador de Uribe ha logrado el cierre de Cambio, el más importante semanario de investigación (único) de toda Colombia; es decir, “hay que tener mucho cuidado, porque se puede entender que la izquierda y la derecha tienen el mismo objetivo: un prensa domesticada o apaciguada”, precisa.
“En Cuba”, aclara Hildebrandt, “la libertad de expresión es una ironía. En Argentina hay también alta concentración de medios y también un gobierno autoritario que se está enfrentando a esta concentración, con los mismos métodos probablemente rudos del Clarín”, continúa el periodista.
“En cambio en Chile”, comenta Hildebrandt, “el país más institucional de esta subregión, la libertad de prensa existe y se ejerce con cierta plenitud. Lo que pasa es que Chile es un país más satisfecho de si mismo. Entiende que los cuestionamientos son secundarios, no esenciales. En Chile no se discute lo macro; se discute el matiz, lo secundario”, comenta César Hildebrandt.
En resumen, la libertad de prensa en el continente no puede desligarse de una visión mundial. Hay una policía mundial en contra de la prensa independiente. De eso no hay duda. Esa policía mundial nace del inmenso poder de las corporaciones; de las multinacionales que han llegado a tener el control de muchos medios.
En Europa está sucediendo lo mismo. El poder económico se está haciendo del poder mediático. Entonces lo que tenemos es una gran libertad de pequeños medios minoritarios cada vez integrados o vinculados a la internet, “el futuro de la libertad pasa por la internet. Fatalmente, porque yo amo el papel”, concluye Hildebrandt.
Una hazaña personal
De modo personal, César Hildebrandt cuenta que la libertad de expresión la ha vivido a patadas, por decirlo criollamente. “Me han botado 15 veces de la televisión, y la constante o el común denominador de esas echadas ha sido siempre el mismo: el conflicto entre el periodismo y los intereses económicos en algunos casos, políticos o ideológicos”.
“Recuerdo que en el primer programa el que fui echado entrevisté a Yasser Arafat en el Líbano, en plena guerra civil. Me botaron porque hubo presión de un grupo importante judío, que pidió a Nicanor González y a Mauricio Arbulú, directivos del canal para el que trabajaba, que me echaran porque había entrevistado a un terrorista”, recuerda el periodista.
César Hildebrandt siente que la libertad de expresión existe como una conquista diaria y peleona. “Pero no te la dan gratis; no es regalada; no es un obsequio. Te la ganas a pulso. ¿Cuántas veces he visto gente atormentada por haber escrito lo que le ordenaron y no lo que era la verdad? ¿Cuántas veces la ideología se ha impuesto a los hechos? El problema es que en el Perú la opinión y los hechos no se separan”, finalizó.
Periodistas peruanos sufrieron 72 atentados en lo que va del año
Según la Asociación Nacional de Periodistas, el Perú “continúa siendo uno de los lugares más peligrosos de América Latina para ejercer el periodismo”
Al menos 72 atentados contra periodistas se produjeron en los primeros cuatro meses del año, informó la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
La cifra, recogida por la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la ANP, alertó que el “Perú continúa siendo uno de los lugares más peligrosos de América Latina para ejercer el periodismo”.
“La agresión física y verbal encabezan los tipos de atentados con 35 casos. Le siguen la amenaza y hostigamiento (15) así como la presión jurídica (13). Los preocupantes datos arrojan también seis presiones administrativas, y tres trabas al ejercicio de la profesión periodística”, consignó la ANP.
CASO LA VOZ
Para la organización, el caso de radio La Voz de Bagua “constituye el referente de mayor trascendencia sobre la falta de respeto en nuestro país a la libertad de prensa”.
Un total de 26 periodistas de radio han sido agredidos, 22 de la prensa televisiva y 14 de la escrita, el resto forman parte de los medios públicos, señaló la ANP.
Editorial: la democracia no admite recortes a libertad de prensa
A los peruanos y peruanas nos ha costado mucho adecentar la democracia y defender la libertad de prensa, tras la oprobiosa década de manipulación montesinista
No podemos bajar la guardia ante los intentos de sojuzgar la libertad de expresión, pues como efecto dominó termina afectando el sistema democrático y el ejercicio pleno de las demás libertades civiles. Tal es la principal conclusión del foro Libertad de Prensa: Realidad, Obstáculos y Soluciones, organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la UPC y el Consejo de la Prensa Peruana.
En el certamen, el director ejecutivo de la SIP, Julio Muñoz, ha recordado que está pendiente el envío de una misión al Perú para analizar las amenazas que penden sobre la libertad de prensa.
En el foro se ha subrayado la plena vigencia de la Declaración de Chapultepec, histórico documento ratificado por el Estado Peruano y otros de la región que en parte sostiene: “No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”. Más aun, precisa que toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente y que “ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”.
El mensaje es contundente no solo para los gobiernos, sino también para políticos, jueces y grupos de interés a los que les perturba la investigación y el ejercicio del periodismo libre que busca la verdad y saca a la luz la corrupción e ineptitud de los poderes públicos para servir al interés mayor de los ciudadanos y forjar un país sustentado en la decencia, la justicia y la inclusión.
El último reporte de la SIP señala que las presiones y amenazas contra el periodismo en la región han aumentado y que, cada vez más, se dan asesinatos de periodistas que quedan impunes.
En el caso del Perú, la misión que pronto nos visitará proyecta analizar in situ las presuntas irregularidades en la detención del director del semanario “Nororiente”, el pedido para reconsiderar la cancelación de la licencia de funcionamiento de radio La Voz de Bagua y los vicios de impunidad que rodean el juzgamiento de los responsables de la muerte de Alberto Rivera Fernández.
Otro caso crítico por evaluar es el racimo de denuncias relacionadas con el prófugo Crousillat y su ilegal intento de retomar América Televisión, canal que llevó a la quiebra luego de corromper su línea editorial a cambio de millonarios pagos de parte de Vladimiro Montesinos.
A los peruanos y peruanas nos ha costado mucho adecentar la democracia y defender la libertad de prensa, tras la oprobiosa década de manipulación montesinista. Por lo mismo no podemos tolerar maniobras intimidatorias que, con írritas iniciativas legalistas o politiqueras, pretendan mantener bajo una espada de Damocles a los medios independientes cuyas voces puedan incomodar a ciertos personajes del poder de turno.
Como bien lo resumió el catedrático venezolano Asdrúbal Aguiar: “La libertad de expresión es la columna vertebral de la democracia” y del Estado de derecho. Por ello, al tiempo que rechazamos cualquier maniobra intervencionista en los medios de comunicación libres, reiteramos nuestro compromiso con el interés nacional, con el orden constitucional y con el sistema democrático que necesitamos consolidar y no debilitar.
OJO 23 de Mayo de 2008
RECUERDAN LUCHA CONTRA EXPROPIACION DE LOS MEDIOS
Libertad de prensa tiene su monumento
También se reconoció, entre varios, a los periodistas Pedro Beltrán, Guillermo Cortez, Carlos Paz Cafferata, Alfonso Baella Tuesta, Luis Felipe Angel de Lama ”Sofocleto“ y Juan Ugarte Del Pino.
En reconocimiento a la lucha cívica del pueblo peruano y de valerosos periodistas que en defensa de la libertad de expresión sufrieron persecución durante la dictadura militar, la Municipalidad de Miraflores inauguró un monumento en la zona donde en 1974 se organizaron protestas contra la expropiación de medios de comunicación por el régimen de Juan Velasco Alvarado.
En ceremonia encabezada por el alcalde Manuel Masías se inauguró una efigie y una placa en honor a los periodistas y defensores de la libertad de prensa y a los expropiados, detenidos y expatriados por el velascato. En la primera cuadra de la avenida Ricardo Palma, el monumento fue develado por Manuel Masías y el periodista Enrique Zileri.
La placa fue descubierta por los también hombres de prensa Arturo Salazar Larraín, Luis Rey de Castro y Aldo Mariátegui. En la placa figuran, entre otros, los nombres de Manuel D’Ornellas (Expreso), Doris Gibson (Caretas), Arturo Salazar Larraín (La Prensa), Luis Miró Quesada Garland (El Comercio), Manuel Ulloa Elías (Expreso), Francisco Igartua Rovira (Oiga) y Enrique Agois Paulsen (OJO y Correo), presidente del directorio de Epensa, nuestra casa editora en su momento también expropiada. Mariátegui, director del diario Correo, recordó que ”fueron los periodistas donde se centró la mano dura de la dictadura“.
El Perú es una de las naciones con mayor proliferación mediática. ¿Conoce, amable lector, la dimensión de la oferta noticiosa y periodística que existe en el país? Pues hay alrededor de 30 diarios, 7 canales de televisión de señal abierta y más de medio centenar de estaciones de radio, aparte de la televisión por cable y el infinito espacio del internet.
Tenemos de todo, como en botica. Desde medios buenos hasta insufribles, de blancos a rojo carmesí, de entretenidos a densos, de confiables a temerarios, de valientes a medrosos, etc. El lector tiene pues un abanico para escoger. Prima acá una absoluta libertad de opinión y expresión, una total apertura periodística para que el pueblo esté enterado de lo que dice cada cual desde su particular perspectiva, análisis, criterio, etc. Cada “verdad” está allí, a disposición del peruano que quiera leerla, verla o escucharla.
Hoy el Perú es entonces un país con plena libertad de prensa, una nación donde su gente transpira una emancipación informativa total, una sociedad que –a contrapelo de China, Cuba, Corea del Norte, Venezuela y, crecientemente, Ecuador y Bolivia, por ejemplo– no se intoxica leyendo o escuchando verdades oficiales publicadas y transmitidas exclusivamente por medios controlados por el gobierno o el partido de turno.
Sin embargo esta libertad de expresión –que todas nuestras constituciones consagraron en la letra, pero que los gobiernos de facto se encargaron de suprimir bajo argumentos pueriles– tiene apenas 27 años de vigencia consistente. Recordemos que entre el 27 de julio de 1974 y el 28 de julio de 1980 todos los periódicos, canales de televisión y estaciones de radio del país fueron confiscados a sus propietarios por la revolución socialista de Velasco Alvarado. Y hagamos memoria también que ese trascendental aparato mediático fue manejado por una elite de mastines de la dictadura constituida nada menos que por los mismísimos izquierdistas que hoy fungen de demócratas, de panegiristas de la libertad de prensa, infiltrados en ciertos medios de comunicación felones desde donde –con su prédica marxista envuelta en derechohumanismo y defensoría de los pobres, a quienes desprecian– intentan devolver al Perú a trances totalitarios como los que impuso el régimen dictatorial velasquista.
Releemos parte de la historia a propósito de múltiples comentarios favorables respecto a nuestro comentario de ayer sobre la frase lapidaria del ex presidente Francisco Morales Bermúdez aparecida en entrevista que publicó EXPRESO: “Los partidos de la izquierda se opusieron a que el gobierno (de Morales Bermúdez) devuelva a sus dueños los diarios confiscados (por Velasco Alvarado). Insistimos entonces, ¿con qué cara pontifican ahora de democracia, derechos humanos, libertad, estado de derecho, gobernabilidad, etc., los Diego García Sayán Larrabure, Enrique Bernales Ballesteros, Luis Pásara, Rafael Roncagliolo, etc., activistas políticos de los años 60 y 70 que, según precisa el ex presidente Morales Bermúdez, exigieron a través de sus partidos que el Estado se quede per sécula con los medios de comunicación confiscados?
CORREO, Mayo 21, 2008
Homenaje en Miraflores
La vida de periodista a veces le permite a uno lograr que se hagan cosas que lo pueden llenar del más profundo orgullo. Hace no muchas lunas le comenté al recién electo alcalde miraflorino Manuel Masías que dado que su comuna es –tras el Cercado– una de las que más historia cívica tiene en el periodo republicano (desde hechos como la batalla que casi, casi le ganamos allí a los chilenos –olvídense de San Juan, eso fue una vergüenza–, con una tropa compuesta básicamente por sus vecinos, hasta que allí residieron luces civiles como Palma y Porras) y que él me había comentado que quería profundizar esa identidad, sería magnífico hacerle algún tipo de homenaje, como una placa, a aquellos que se opusieron en sus calles a la toma de los periódicos por la dictadura velasquista durante las aciagas Fiestas Patrias de 1974.
Masías no sólo hizo suya la idea muy entusiasmado, sino que la amplió a una estatua y a una ceremonia para homenajear tanto a los vecinos que se manifestaron ese día como a ese grupo de valientes periodistas –entre tanto felón y sobón que sirvió a los milicos y que ahora tienen la poca vergüenza de pasar por los paladines de la prensa– que se enfrentaron a Velasco y que por eso sufrieron deportaciones (Zileri, Salazar Larraín y Rey de Castro, entre otros) y hasta la pérdida de la nacionalidad (Manuel D’Ornellas).
También incluyó a varios de los líderes acciopopulistas que participaron en aquel día (Alarco y Monteagudo). La estatua, que ya se ubica en el cruce de Larco con Ricardo Palma, será develada este jueves por la mañana. Se verá allí a un joven con un diario en la mano, alegoría que va a ser acompañada de una placa recordatoria. Qué bueno que esté allí, para que las numerosas personas que diariamente transitan por ese lugar recuerden o se enteren de que allí hace 34 años una multitud de civiles le dijo no a una de las peores acciones –entre las muchas que cometió– de una brutal, ladrona e inepta dictadura que hundió a nuestro país con su nefasta herencia por muchos años.
Sólo imaginarme que el tirano Velasco estará revolviéndose en su tumba mientras Masías descubra el monumento es ya de por sí un gran placer. Recordemos a esos viejos leones del periodismo. -Un dato importante sobre la relevancia y atención que nuestro país está comenzando a tener afuera son el descenso de nuestro riesgo-país frente a Chile, así como las recientes declaraciones del candidato republicano McCain, quien anunció que estrechará lazos con Perú, Brasil y Chile de ser electo, a los que llamó “países claves”. Dicho sea de paso, McCain también advirtió que “trabajará para prevenir que Venezuela y Bolivia tomen el camino de Cuba” y reiteró que apoyará el TLC con Colombia. (¡Ese es mi candidato! ¡Ese le pararía los machos a Chávez! En lo que sí discrepo es en que insista en mantener el absurdo bloqueo contra La Habana).
PURA VERDAD 24 de mayo de 2003
CHAO HUMAN RIGTHS
El tema de la libertad de prensa ha sido siempre escabroso e infectado de pus democrática en el Perú. Tanto así, que ahora se “necesita” que vengan los panzurrosos de algunas ONG para decirnos en nuestro propio suelo que aquí se respeta la quinta libertad. Primero estos señorones deberían ver que es lo qué sucede en sus respectivos países y no venir a darnos su visto bueno, que no lo necesitamos.
Los trapos sucios siempre deben lavarse en casa, porque ningún vecino viene a lavar los pañales sucios en casa. Así que Human Rights, Youngers y cia., gracias y chao.
Lo sucedido en gobiernos anteriores debe ser analizado, evaluado y procesado en nuestro país y punto.
Ahora bien, tremendo favor le hace a seguir engordando la nebulosa los señores del Gobierno, cuando de un momento a otro, en contubernio con los españoles de telefónica, les cortan la salida a nuestros amigos de Gatoencerrado, desistiendo en la renovación del contrato con Terra Networks. Y es que como se afirma en uno y otro lado, los muchachos del Gato ya les eran muy, demasiado diría yo, incómodos a nuestros gobiernistas de turno, pues los aullidos eran siempre precisos, bien informados y, por lo tanto, demasiado incómodos.
Se podría catalogar como un ataque a la libertad de prensa esto, pues algunos dirán que sí y tal vez muchos que no, pero lo cierto es que nuestros amigos del Gatoencerrado seguirán saliendo para picazón de algunos y beneficio de muchos.
A seguir adelante y no desmayar. Desde aquí de Salvador de Bahía, Brasil, les enviamos nuestro enorme aliento, congratulación y apoyo moral. Moral del bueno, peruano de corazón.
En este mundo globalizado, de inmediato se sabe cuándo se atenta contra la libertad de prensa.

References: artículo 162
 artículo 11
 artículo 132
 resolución 
 resolución 
e contrario