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Timestamp: 2019-07-21 06:42:05+00:00

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Boletin 46 | Safety | Police
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2014_009
Boletn Informativo N 46
Si omos la palabra catalina, nuestra mente traer las imgenes de Catalina de
Aragn, ultima hija de los Reyes Catlicos y una de las piezas clave en el complicado
entramado poltico y religioso que llevaron a Inglaterra al cisma religioso. Su divorcio
de Enrique VIII enfrentara al rey ingls con el Papado y el resto de potencias catlicas
Tambin recordaremos a la zarina Catalina II de Rusia, conocida por la historia
como Catalina la Grande, que fue una de las gobernantes ms poderosas del siglo
XVIII y ms representativas del despotismo ilustrado, sistema de poder que se adue
de la mayor parte de cortes reales del viejo continente.
Pero la catalina a la que nos referimos no es una persona, sino una rueda o
artilugio de dientes y generalmente oblicuos, existente en los volantes de ciertos relojes, los engranajes de las bicicletas, molinos de viento, etc.
Se denomina as por alusin a la rueda que sirvi para el martirio de Santa Catalina de Alejandra. Cuenta la historia que la rueda se rompi al tocar su cuerpo, saliendo
ilesa del engranaje de aquel elemento de tortura, compuesto por dientes puntiagudos y
El DRAE tambin la incluye en su acepciones de rueda catalina, como Pieza o
elemento esencial de cualquier asunto.
Nuestra particular rueda Catalina no es si no la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, la cual, dar un acompasado movimiento a sus futuras normas de desarrollo, siendo el Reglamento de Seguridad Privada, el prximo engranaje a situar en el reloj que
marque la hora de la seguridad privada en Espaa
Boletn N 46 Febrero 2015
Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada. (BOE 42 de 18.02.2011), Correccin de errores
(BOE nm. 61 de 12.03.2011).
(BOE 42 de 18.02.2011). Correccin de errores (BOE nm. 61 de 12.03.2011).
Modificado por: Orden INT/2850/2011 (BOE nm. 255 de 22.10.2011)
- LA CATALINA ........................................................................................................................... 1
- Activacin voluntaria de pulsadores anti-atraco y anti-rehn ......................... ................. 3
- Visionado de sistemas de CCTV en comunidades de propietarios .................. ................. 5
- Depsito de efectos en taquillas de centros comerciales ........ ......................... ................. 8
- Conexin de establecimientos de grandes superficies a su centro de control ............... 11
- Identificacin en control de accesos .......................................... ......................... ............... 13
- Sede compartida por empresa de seguridad y despacho de detectives ......... ............... 17
- Sancin por no comunicar una alarma real .............................. ......................... ............... 21
- Sentencia del tribunal Europeo de Derechos Humanos ..................................................... 24
- III Congreso Nacional de Seguridad Privada ....................................................................... 29
- Premios ADSI 2014 ................................................................................................................. 30
- Premios AEDS 2015 ............................................................................................................... 30
- Los ciudadanos encantados con la Polica Nacional.......................................................... 31
- La Polica Nacional en las redes sociales ........................................................................... 32
ACTIVACIN VOLUNTARIA DE PULSADORES
ANTI-ATRACO O ANTI-REHN
Consulta de una Unidad Territorial de Seguridad Privada sobre la necesidad de verificacin de las seales de alarmas procedentes de pulsadores de atraco o anti-rehn y
posibilidad de sancionar estas conductas, cuando se reiteren en el tiempo y resulten falsas.
La Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de
alarma en el mbito de la seguridad privada
dedica su Captulo II a la verificacin de las
alarmas, recogiendo en su artculo 12 las
denominas alarmas confirmadas. Y as el
punto 4, considera como tal: la activacin
voluntaria de cualquier elemento destinado a
este fin, tales como pulsadores de atraco o
anti rehn, o cdigo de coaccin mediante
teclado o contrasea pactada.
El captulo III del mismo texto legal est referido a la comunicacin de las alarmas,
disponiendo en su artculo 13.1 que:
Conforme a lo establecido en el apartado
segundo del artculo 48 del Reglamento de
tendrn la obligacin de transmitir inmediatamente al servicio policial correspon-
diente las alarmas reales producidas. A
efectos de su comunicacin a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, toda alarma confirmada, con arreglo a lo dispuesto en esta
Orden, tendr la consideracin de alarma
As pues, la norma permite comunicar
la alarma como si fuese real, sin exigir verificacin previa, al entender que se trata de un
acto voluntario del usuario, sin cuya participacin el dispositivo no puede activarse.
En la prctica y como quiera que las
centrales de alarma reciben numerosas seales de alarma procedentes de activaciones de pulsadores por actuaciones negligentes o descuidadas de los usuarios, stas no
las comunican como reales de forma inmediata, sino que, de forma habitual, realizan
una llamada telefnica a los establecimientos para cerciorarse de su veracidad, con el
riesgo que tal acto puede suponer para la
integridad fsica de las personas que se encuentren all, en el supuesto de que el hecho
delictivo fuese real y la respuesta a la llamada de la central la haga el propio delincuente.
Por ello, la activacin voluntaria de este tipo de elementos, supone normativamen3
te una alarma confirmada y debe ser comunicada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como real. En caso de que la central
quisiera verificar esta seal, al objeto de
asegurarse de su veracidad, nunca debera
realizar la llamada telefnica a la instalacin
por los motivos anteriormente expuestos,
siendo ms lgico y seguro, cuando dispongan de ello, la utilizacin del sistema CCTV
o de audio y este ltimo, en principio y hasta
que sea posible aclarar lo ocurrido, nicamente para escuchar lo que pudiese estar
sucediendo en el establecimiento.
Sealar que la comunicacin telefnica
con el establecimiento origen de la seal de
alarma, no es un procedimiento de verificacin valido recogido por la normativa de seguridad privada, sino una actuacin complementaria a sta.
El artculo 14.4 de la ya reiterada Orden INT/316/2011, establece que:
La comunicacin a los servicios policiales
competentes, en un plazo de sesenta das,
de tres o ms alarmas confirmadas, procedentes de una misma conexin, que resulten falsas, dar lugar al inicio del procedimiento establecido en el artculo 15 de esta Orden y, en su caso, a la correspondiente
denuncia por sancin.
El citado artculo 15 est referido a la
desconexin de los sistemas de alarmas,
enumerando las autoridades, plazos, formas
y responsabilidades que lleva aparejado este
procedimiento, que en el caso de la activacin voluntaria de los pulsadores anti-atraco
o anti-rehn no sera de aplicacin, en cuanto que la falsas alarmas no se producen por
deficiencias de los elementos que componen
el sistema, por lo que no sera necesaria su
subsanacin, sino por la actuacin negligente, descuidada o imprudente del usuario.
Consecuencia de ello es que la central
de alarmas no es responsable por la comunicacin de alarmas que la norma define como
confirmadas y que permite sean transmitidas sin necesidad de realizar ninguna verificacin, debiendo ser al usuario al que se le
exija esta responsabilidad.
Se coincide as con el criterio de la
Unidad Territorial, de que debera ser al
usuario al que se instruyese procedimiento
sancionador, en funcin de las infracciones
tipificadas en el artculo 59 de la Ley 5/2014,
de 04.04.14, de Seguridad Privada.
Dicho artculo prev que los usuarios
de seguridad privada podrn incurrir en las
Graves: 59.2.e) el anormal funcionamiento
de las medidas de seguridad obligatorias
adoptadas o instaladas cuando ocasionen
perjuicios a la seguridad pblica o terceros,
Leves: 59.3.a) la utilizacin de aparatos o
dispositivos de seguridad sin ajustarse a las
normas que los regulen o cuando su funcionamiento cause daos o molestias desproporcionadas a terceros.
concluir que el accionamiento voluntario de
un pulsador de atraco o anti rehn es una
alarma confirmada, por lo que debera ser
comunicada de forma inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin necesidad
de ninguna verificacin.
El robo con intimidacin es una modalidad delictiva que requiere un intervalo de
tiempo muy corto para su comisin, de ah
que la normativa haya entendido que no sea
preciso verificar este tipo de seales para
poder ser comunicada y obtener una inmediata respuesta policial.
Si an as, la central entendiese necesario realizar alguna comprobacin, debera
utilizar el CCTV o audio, si el establecimiento dispone de estos medios, nunca telefonear a la instalacin por los evidentes riesgos para la vida de las personas que all se
La responsabilidad por estas actuaciones voluntarias debern ser asumidas por
los usuarios, instruyndose procedimiento
sancionador por infraccin grave del artculo
59.2.e) cuando se trate de un sujeto obligado o leve del 59.3.a) para el resto.
VISIONADOS DE SISTEMAS DE CCTV
Consulta efectuada por parte de un administrador de fincas, relativa al visionado de
los sistemas de videovigilancia en las comunidades de propietarios.
La prestacin, de servicios privados de
vigilancia y proteccin de bienes, mediante
el uso de videocmaras con finalidad de prevenir la comisin de delitos est reservada
normativamente a empresas de seguridad
autorizadas y a vigilantes de seguridad habilitados, de conformidad a lo establecido en el
artculo 5, punto 1 y punto 2, de la Ley
5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada,
1. Constituyen actividades de seguridad privada las siguientes: La vigilancia y
proteccin de bienes, establecimientos,
lugares y eventos, tanto pblicos como
privados, as como de las personas que
pudieran encontrarse en los mismos.
2. Los servicios sobre las actividades
relacionadas en los prrafos a) a g) del
apartado anterior nicamente podrn
prestarse por empresas de seguridad privada, sin perjuicio de las competencias
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad....
nes y sonidos, incluido cualquier medio tcnico o sistema que permita los mismos tratamientos que stas.
Cuando la finalidad de estos servicios sea
prevenir infracciones y evitar daos a las
personas o bienes objeto de proteccin o
impedir accesos no autorizados, sern prestados necesariamente por vigilantes de seguridad o, en su caso, por guardas rurales.
No tendrn la consideracin de servicio de
videovigilancia la utilizacin de cmaras o
videocmaras cuyo objeto principal sea la
comprobacin del estado de instalaciones o
bienes, el control de accesos a aparcamientos y garajes, o las actividades que se desarrollan desde los centros de control y otros
puntos, zonas o reas de las autopistas de
peaje. Estas funciones podrn realizarse por
personal distinto del de seguridad privada.
2. No se podrn utilizar cmaras o videocmaras con fines de seguridad privada para
tomar imgenes y sonidos de vas y espacios pblicos o de acceso pblico salvo en
los supuestos y en los trminos y condiciones previstos en su normativa especfica,
previa autorizacin administrativa por el rgano competente en cada caso. Su utilizacin en el interior de los domicilios requerir
el consentimiento del titular.
3. Las cmaras de videovigilancia que formen parte de medidas de seguridad obligatorias o de sistemas de recepcin, verificacin y, en su caso, respuesta y transmisin
de alarmas, no requerirn autorizacin administrativa para su instalacin, empleo o utilizacin.
As mismo la Ley 5/2014, recoge en su artculo 42, punto 1 el concepto de servicios de
videovigilancia, disponiendo que:
1. Los servicios de videovigilancia consisten
en el ejercicio de la vigilancia a travs de
sistemas de cmaras o videocmaras, fijas o
mviles, capaces de captar y grabar imge-
4. Las grabaciones realizadas por los sistemas de videovigilancia no podrn destinarse
a un uso distinto del de su finalidad. Cuando
las mismas se encuentren relacionadas con
hechos delictivos o que afecten a la seguridad ciudadana, se aportarn, de propia iniciativa o a su requerimiento, a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad competentes, respe5
tando los criterios de conservacin y custodia de las mismas para su vlida aportacin
como evidencia o prueba en investigaciones
policiales o judiciales.
5. La monitorizacin, grabacin, tratamiento
y registro de imgenes y sonidos por parte
de los sistemas de videovigilancia estar sometida a lo previsto en la normativa en materia de proteccin de datos de carcter personal, y especialmente a los principios de proporcionalidad, idoneidad e intervencin mnima.
6. En lo no previsto en la presente ley y en
sus normas de desarrollo, se aplicar lo dispuesto en la normativa sobre videovigilancia
por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
mo puede serlo el empleo de cmaras para
prevencin de hechos delictivos, compete
as mismo a dicho personal.
Cuando las seales o imgenes generadas por un sistema de seguridad, como lo
es la videovigilancia, vayan a ser visionadas
por personas o entidades distintas del titular
del sistema, stas debern ser obligatoriamente:
Vigilantes de seguridad, perteneciente
a empresas de seguridad debidamente
inscritas y autorizadas.
Empresas de seguridad autorizadas e
inscritas para la actividad de centralizacin de alarmas.
Si procediese, pertenecientes a las
Es por ello que, el visionado, en tiempo
real, de las imgenes obtenidas por los sistemas de CCTV instalados en una comunidad de vecinos, cuando stas tengan como
finalidad la vigilancia y prevencin de posibles hechos delictivos, solo podr serlo por
vigilantes de seguridad o bien transmitir las
mismas a una empresa autorizada para la
actividad de centralizacin de alarmas.
Por otro lado, el Real Decreto
aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, define en su artculo 39, prrafo segundo, que se entiende por centro de control
los lugares donde se centralizan los sistemas de seguridad y vigilancia de un edificio
o establecimiento y que obligatoriamente
deban estar controlados por personal de seguridad privada.
El artculo 32 de la Ley 5/2014, y el
artculo 71 del citado Real Decreto
2364/1994, enumeran las funciones que
pueden desempear los vigilantes de seguridad que son, fundamentalmente, de vigilancia y seguridad.
El ejercicio de estas funciones corresponde en exclusiva a las empresas y personal de seguridad privada, por lo que la utilizacin de los medios tcnicos y sistemas de
seguridad para desempear dicha labor, co6
Sin embargo, cuando la labor realizada
por los conserjes no consista en la prestacin de un servicio de seguridad privada,
para el que no se est contratado, si no que
se trata de otras funciones, y que dentro de
estas otras funciones solo de manera ocasional realiza el visionado de los monitores
que se citan, este hecho se encontrara inserto en el deber de cuidado y fidelidad que
todo empleado ha de tener con respecto a
los intereses de su empresa.
No obstante, esta distincin conceptual
tericamente expuesta, no puede ser confundida ni utilizada interesadamente para
tratar de dar cobertura a una figura impropia
de conserje/vigilante, y menos an para tratar de amparar la supuesta contratacin de
un conserje que realice, en la prctica, la
funcin correspondiente de un vigilante de
Por tanto, el criterio delimitador, adems del contractual o documental, que servir como elemento indiciario, vendr dado
por el servicio principal verdaderamente des-
cin de datos constituida por la Ley Orgnica
15/1999, de 13 de diciembre, su Reglamento
de desarrollo y, en particular, en lo que en
materia de videovigilancia se refiere, por lo
dispuesto en la Instruccin 1/2006, de 8 de
noviembre de la AEPD, sobre el tratamiento
de datos personales con fines de videovigilancia a travs de sistemas de cmaras o
videocmaras.
arrollado por el empleado, que es lo que debe ser constatado y probado en cada caso
concreto, y ello con independencia de la forma directa o indirecta de su contratacin laboral.
En base a lo expuesto, el lugar donde
se ubiquen los monitores tendr la consideracin de centro de control cuando el servicio prestado sea de vigilancia y proteccin
de bienes y personas en general, y en este
caso, la instalacin y mantenimiento de los
sistemas de videovigilancia siempre deber
realizarse por empresas de seguridad autorizadas para estas actividades.
Es decir, que la consideracin de centro de control, viene determinada no por el
hecho de instalar un sistema de CCTV, sino
por el visionado en tiempo real de las imgenes generadas por esas cmaras y siempre
que stas tengan esa finalidad preventiva o
de vigilancia para tratar de dar respuesta a
la comisin de hechos presuntamente delictivos.
Sealar, por ltimo, que siguiendo los
criterios de la Agencia Espaola de Proteccin de Datos, las imgenes generadas por
un sistema de seguridad constituyen un dato
de carcter personal, por lo que su tratamiento est sujeto a la normativa de protec-
De acuerdo con lo anterior, y en contestacin a las diferentes cuestiones planteadas en el escrito objeto de consulta, se puede concluir:
1. En contestacin a la primera cuestin
planteada en el escrito objeto de consulta,
los auxiliares de control, conserjes, porteros
o similares de una comunidad de propietarios podran visionar los monitores de un sistema de circuito cerrado de televisin cuando la finalidad de estos servicios sea distinta
a la prevencin de infracciones y evitar daos a las personas o bienes objeto de proteccin o impedir accesos no autorizados.
2. En cuanto a la segunda pregunta, sobre
si es legal que un empleado de la comunidad est con los monitores encendidos y
controlando las distintas partes del edificio,
nicamente sera admisible esta circunstancia cuando la funcin no sea la vigilancia y la
finalidad no fuera la prevencin de robos o la
3. Tampoco la normativa distingue entre la
visualizacin de monitores en horario diurno
o nocturno, puesto que la normativa de seguridad privada solo hace alusin a la funcin que desempea el empleado y a la finalidad del servicio.
Se establece, por tanto, como criterio
delimitador para la visualizacin de las imgenes generadas por este tipo de sistemas,
la finalidad para la que fueron instalados o
estn siendo utilizados, que han de ser distintas a las de prevenir infracciones y dar
respuesta sobre los bienes o derechos objeto de proteccin, si las cmaras de videograbacin fueran a ser utilizadas por personal
no habilitado legalmente como vigilante de
DEPSITO DE EFECTOS EN TAQUILLAS
Consulta realizada por un particular sobre cuestiones relativas al acceso a Centros
Comerciales y la obligatoriedad de depositar los efectos que portan los clientes, en taquillas con cerraduras.
La consulta planteada, contiene cuestiones relativas al depsito obligatorio de
efectos por disposicin de los responsables
del Centro Comercial, en taquillas que suelen estar ubicadas en la zona de acceso al
Centro, al mismo tiempo seala que los vigilantes de seguridad llevan a cabo dicha funcin de manera selectiva, y que las referidas
taquillas adolecen de seguridad para dejar
efectos en su interior. Tambin viene a considerar que existen otras alternativas ms
adecuadas y proporcionales, para evitar los
hurtos, como puedan ser, conexin de alarmas, circuitos cerrados de televisin.
tizar la seguridad de las personas, proteger
su patrimonio y velar por el normal desarrollo
Recogiendo en su artculo 32, las funciones de los vigilantes de seguridad, y entre
Ante las cuestiones planteadas, resulta
procedente realizar un anlisis de la normativa en materia de Seguridad Privada, por tanto, a tenor de lo recogido en el artculo 2.1
de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, que
define a la Seguridad Privada como:
El conjunto de actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad adoptadas, de
forma voluntaria u obligatoria, por personas
fsicas o jurdicas, pblicas o privadas, realizadas o prestados por empresas de seguridad, despachos de detectives privados y
personal de seguridad privada para hacer
frente a actos deliberados o riesgos accidentales, o para realizar averiguaciones sobre
personas y bienes, con la finalidad de garan8
Ejercer la vigilancia y proteccin de
bienes, establecimientos, lugares y
eventos, tanto privados como pblicos,
as como la proteccin de las personas
que puedan encontrarse en los mismos, llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misin.
Efectuar controles de identidad, de objetos personales, paquetera, mercancas o vehculos, incluido el interior de
stos, en el acceso o en el interior de
inmuebles o propiedades donde presten servicio, sin que, en ningn caso,
puedan retener la documentacin personal, pero s impedir el acceso a dichos inmuebles o propiedades. La negativa a exhibir la identificacin o a
permitir el control de los objetos personales, de paquetera, mercanca o del
vehculo facultar para impedir a los
particulares el acceso o para ordenarles el abandono del inmueble o propiedad objeto de su proteccin.
Evitar la comisin de actos delictivos o
infracciones administrativas en relacin
con el objeto de su proteccin, realizando las comprobaciones necesarias
para prevenirlos o impedir su consumacin, debiendo oponerse a los mismos e intervenir cuando presenciaren
la comisin de algn tipo de infraccin
o fuere precisa su ayuda por razones
humanitarias o de urgencia.
En relacin con el objeto de su proteccin o de su actuacin, detener y poner
inmediatamente a disposicin de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes y los instru-
mentos, efectos y pruebas de los delitos, as como denunciar a quienes cometan infracciones administrativas. No
podrn proceder al interrogatorio de
aqullos, si bien no se considerar como tal la anotacin de sus datos personales para su comunicacin a las autoridades.
y autorizacin, en su caso por la Administracin; la supervisin de la observancia de la normativa en seguridad
privada aplicable.
Los principios rectores, recogidos en el artculo 8, del mismo texto legal, establecen en
su apartado 1:
Los servicios y funciones de seguridad privada se prestarn con respeto a
la Constitucin, a lo dispuesto en esta
ley, especialmente en lo referente a los
principios de actuacin establecidos en
el artculo 30, y al resto del ordenamiento jurdico.
Lo dispuesto en el prrafo anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que
la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a
cualquier persona practicar la detencin."
Continuando con los Principios de Actuacin, el artculo 30 de la misma Ley 5/2014,
recoge, entre otros, que:
Adems de lo establecido en el artculo 8, el
personal de seguridad privada se atendr en
sus actuaciones a los siguientes principios
Una vez situadas las funciones de los
vigilantes de seguridad, a tenor de lo recogido en la Ley 5/2014, y para una mayor ubicacin de las cuestiones planteadas, se
hace necesario indicar las funciones que la
misma Ley de Seguridad Privada, en su artculo 35, establece entre otras, como funcin
del Jefe de Seguridad:
El anlisis de situaciones de riesgo y
la planificacin y programacin de la
actuaciones precisas para la implantacin y realizacin de los servicios de
seguridad privada; la organizacin, direccin e inspeccin del personal y
servicios de seguridad privada; la propuesta de los sistemas de seguridad
que resulten pertinentes, y el control
de su funcionamiento y mantenimiento,
pudiendo validarlos provisionalmente
hasta tanto se produzca la inspeccin
Correccin en el trato con los ciudadanos.
Congruencia, aplicando medidas de
seguridad y de investigacin proporcionadas y adecuadas a los riesgos.
Proporcionalidad en el uso de las tcnicas y medios de defensa y de investigacin.
Reserva profesional sobre los hechos
que conozca en el ejercicio de sus
Para mayor abundamiento, la misma
Ley 5/14, en su artculo 51, respecto a la
adopcin de medidas de seguridad, seala
1. Las personas fsicas o jurdicas, pblicas o privadas, podrn dotarse de
medidas de seguridad privada dirigidas
a la proteccin de personas y bienes y
al aseguramiento del normal desarrollo
de sus actividades personales o empresariales.
2. Reglamentariamente, con la finalidad de prevenir la comisin de actos
delictivos contra ellos o por generar
riesgos directos para terceros o ser
especialmente vulnerables, se determinarn los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios y los eventos que resulten obligados a adoptar medidas de seguridad, as como el tipo y caractersticas
de las que deban implantar en cada
fesionales de la seguridad privada, dichos
vigilantes, jefes y directores resultan directamente responsables de sus concretas actuaciones cuando estas pueden alcanzar la calificacin de arbitraria, desproporcionada o
En relacin con los trminos planteados en la consulta, y en atencin a la legislacin de Seguridad Privada, especialmente a
lo dispuesto en la Ley 5/2014 de Seguridad
Privada, se hace necesario precisar lo siguiente:
1 Las taquillas ubicadas en los accesos a
los establecimientos comerciales, no son
una medida de seguridad regulada en la normativa de Seguridad Privada, resultando,
ms bien un medio o actuacin preventiva,
de frecuente y ordinaria utilizacin por parte
de los titulares de los establecimientos comerciales, normalmente adaptada a iniciativa de los responsables de seguridad, a fin
de evitar posibles infracciones o posteriores
molestias a los clientes.
2 Consecuentemente con la naturaleza de
este tipo de prevenciones, su forma de utilizacin nicamente se encuentra sujeta al
respeto de los derechos y libertades de los
ciudadanos, equilibradas con las lgicas garantas de seguridad, sin que en ningn caso
puedan ser excusa o justificacin de presunta vulneracin de los mismos.
3 Para aquellas personas que no aceptan
someterse a estas medidas no invasivas de
derechos, en el uso de su libertad puedan
optar por no acceder al establecimiento en
cuestin, decisin esta que siempre quedara
en el mbito de la libertad de los potenciales
4 Por ltimo, en cuanto a las subjetivas
apreciaciones contenidas en el escrito de
consulta, y con independencia del buen criterio profesional que, en principio, es predicable de las actuaciones generales de vigilantes, jefes y directores de seguridad, y sin
entrar a valorar las calificaciones que se realizan sobre la dinmica de uso de dichas taquillas, nicamente recordar que, como pro10
Del anlisis de los preceptos citados, cabe concluir que:
Dentro de la funcin preventiva exigida al
vigilante de seguridad por las leyes y conforme a los Principios de Actuacin, ya indicados, ste debe llevar a cabo las comprobaciones que sean necesarias, atendiendo a
las instrucciones que le sean impartidas por
el Jefe de Seguridad o el Director de Seguridad del establecimiento, con el fin de evitar
que a las instalaciones se acceda con tiles
u objetos que puedan causar daos o desperfectos, o bien, que puedan servir para
facilitar la sustraccin de los bienes objeto
de proteccin. Las personas que pretendan
acceder al interior del establecimiento, quedarn informadas de los requisitos de acceso, y por tanto es optativo de la persona acceder al local, cumpliendo los requisitos, o
por el contrario optar por no acceder, al no
estar de acuerdo con someterse a los mismos.
Las taquillas a las que se aluden, y que normalmente se ubican en los accesos a las
superficies comerciales, no se consideran
medidas de seguridad, sino que son actuaciones preventivas que adopta el responsable de la seguridad del Centro Comercial, y
que lo nico que requieren es una utilizacin
no contraria al marco legal aplicable.
CONEXIN DE ESTABLECIMIENTOS
A SU CENTRO DE CONTROL
Consulta de una asociacin de empresas de seguridad sobre la posibilidad de que,
conforme a la nueva Ley de Seguridad Privada, los establecimientos integrados en Grandes Superficies, Galeras Comerciales o Centros Comerciales pudiesen conectarse a su
La Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
conocida como Ley mnibus, introdujo diferentes modificaciones en la ya derogada Ley
23/1992, de 30 de junio, de Seguridad Privada y en su correspondiente desarrollo reglamentario, operado por el Real Decreto
195/2010, de 26 de febrero, por el que se
modifica el Real Decreto 2364/1994, de 9 de
diciembre, que aprueba el Reglamento de
Seguridad Privada, dando una nueva redaccin a su artculo 39. 1 al establecer que:
nicamente las empresas autorizadas
podrn realizar las operaciones de instalacin y mantenimiento de aparatos,
electrnica contra robo e intrusin y
contra incendios que se conecten a
centrales receptoras de alarmas.
A efectos de su instalacin y mantenimiento, tendrn la misma consideracin que las centrales de alarmas los
denominados centros de control o de
video vigilancia, entendiendo por tales los lugares donde se centralizan los
sistemas de seguridad y vigilancia de
un edificio o establecimiento y que
obligatoriamente deban estar controlados por personal de seguridad privada.
A partir de ese momento y ante las dudas planteadas por el sector para su interpretacin, se elaboraron por esta Unidad diferentes Informes en los que, sin repetir nuevamente las consideraciones que en ellos
fueron expuestas, se llegaba a las siguientes
1 Siempre tienen que estar atendidos
por Vigilantes de Seguridad.
No necesitan ningn tipo de autorizacin, salvo las que la norma exige para
los distintos supuestos en los que se
pretende realizar cualquier servicio de
vigilancia, es decir la presentacin del
preceptivo contrato o, en su caso, la
autorizacin de la Delegacin o Subdelegacin del Gobierno, cuando sta
sea preceptiva y necesaria, para la
prestacin de los servicios, como en
urbanizaciones, polgonos industriales
2 No se le exige ninguna medida de
seguridad dado que, como la norma
hace en otros supuestos, la seguridad
la dan los propios vigilantes que prestan el servicio.
3 A estos centros solo es posible conectar los sistemas de video vigilancia
y seguridad comunes al edificio que se
protege, estando prohibido por la norma la conexin de cualquier sistema
diferente a los mencionados. El incumplimiento de esta premisa dara lugar a
una infraccin muy grave.
La vigente Ley 5/1014, de 4 de abril,
de Seguridad Privada, dedica su Ttulo IV a
los Servicios y medidas de seguridad y su
Captulo II a los servicios de las empresas
de seguridad, definiendo en su artculo 42
los de videovigilancia, al disponer que:
cmaras o videocmaras cuyo objeto
principal sea la comprobacin del estado de instalaciones o bienes, el control
de accesos a aparcamientos y garajes,
o las actividades que se desarrollan
desde los centros de control y otros
puntos, zonas o reas de las autopistas de peaje. Estas funciones podrn
realizarse por personal distinto del de
El transcrito artculo define el concepto de
videovigilancia y quienes son las personas
encargadas del visionado de las imgenes,
en funcin de la finalidad con que se hayan
instalado las cmaras, sin referirse a los lugares donde se preste este servicio, actualmente centros de control o videovigilancia,
que sern objeto de desarrollo reglamentario.
1. Los servicios de videovigilancia
consisten en el ejercicio de la vigilancia
a travs de sistemas de cmaras o videocmaras, fijas o mviles, capaces
de captar y grabar imgenes y sonidos, incluido cualquier medio tcnico o
sistema que permita los mismos tratamientos que stas.
Cuando la finalidad de estos servicios
sea prevenir infracciones y evitar daos a las personas o bienes objeto de
proteccin o impedir accesos no autorizados, sern prestados necesariamente por vigilantes de seguridad o, en su
caso, por guardas rurales.
No tendrn la consideracin de servicio de videovigilancia la utilizacin de
En base a las consideraciones expuestas,
entiende esta Unidad que la nueva Ley de
Seguridad Privada no modifica, en principio,
el criterio que se viene manteniendo hasta el
momento del concepto de centro de control,
los sistemas que pueden conectarse al mismo y personal obligado a atenderlo, por lo
que en contestacin a la consulta formulada,
se informa que con la normativa actual no es
posible la conexin de los sistemas de seguridad de cada uno de los establecimientos
que conforman una gran superficie a su centro de control, debindose hacer con empresas de seguridad habilitadas para esta actividad.
Consulta una Unidad Territorial de Seguridad Privada, relativa a la consideracin
actual en materia de controles de accesos, en relacin con la entrada en vigor de la Ley
5/2014 de Seguridad Privada.
Asimismo el artculo 6.2.b de la citada
Ley 5/2014, en relacin a las actividades
compatibles, seala que:
La consulta planteada viene a solicitar
interpretacin del Art. 6.2.b de la Ley 5/2014,
en relacin con la Disposicin Adicional Primera letra d) del Reglamento de Seguridad
Privada R.D. 2364/94, en lo referente a la
supresin del trmino privado de la palabra
2. Quedan tambin fuera del mbito de aplicacin de esta ley, a no ser que impliquen la
asuncin o realizacin de servicios o funciones de seguridad privada, y se regirn por
las normas sectoriales que les sean de aplicacin en cada caso, los siguientes servicios
Las tareas de recepcin, comprobacin de
visitantes y orientacin de los mismos, as
como las de comprobacin de entradas, documentos o carns, en cualquier clase de
edificios o inmuebles, y de cumplimiento de
la normativa interna de los locales donde
presten dicho servicio.
Visto lo anterior, a tenor de lo recogido
por la Ley 5/2014, as como por el vigente
Reglamento de Seguridad Privada R.D.
2364/1994, que mantendr su vigencia en
todo lo que no contravenga la referida Ley, y
hasta el desarrollo reglamentario que se establezca, conviene realizar un estudio de la
La Ley actual 5/2014 de Seguridad Privada, en su artculo 2.1, en relacin con las
definiciones y a los efectos de esta ley entiende por Seguridad privada:
personas y bienes, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, proteger
Para mayor abundamiento de lo anterior, cuando el legislador hace referencia al
trmino carn en el citado artculo 6.2.b, refiere tanto a un documento pblico (por
haber sido emitido por un Organismo Pblico) como a un documento privado indiferentemente, el cual permite bien el acceso a un
lugar o la permanencia en el mismo.
Ahora bien, el artculo 32.1.b de la Ley
5/2014 relativo a las funciones de los vigilantes de seguridad y su especialidad recoge
to de seguridad privada, y por tanto incardinada dentro de las funciones de los vigilantes de seguridad del articulo 32.1.b de la Ley
5/2014, la solicitud y comprobacin de cualquier documento que acredite la identidad de
las personas que pretenden acceder a cualquier lugar de prestacin del servicio del vigilante de seguridad (Documento Nacional de
Identidad Pasaporte), como medida de seguridad que implique la adopcin de otra,
como pueda ser la comprobacin o control
1. Los vigilantes de seguridad desempearn las siguientes funciones:
Efectuar controles de identidad, de objetos
personales, paquetera, mercancas o vehculos, incluido el interior de stos, en el acceso o en el interior de inmuebles o propiedades donde presten servicio, sin que, en
ningn caso, puedan retener la documentacin personal, pero s impedir el acceso a
dichos inmuebles o propiedades. La negativa a exhibir la identificacin o a permitir el
control de los objetos personales, de paquetera, mercanca o del vehculo facultar para impedir a los particulares el acceso o para
ordenarles el abandono del inmueble o propiedad objeto de su proteccin.
Ahora bien, la comprobacin de entradas, documentos o carns (entendidos estos
por un documento que permite el acceso a
un lugar o la permanencia en el mismo), sin
que esta implique un control de identidad, no
implicaran la asuncin o realizacin de servicios o funciones de seguridad privada,
quedando por tanto fuera del mbito de aplicacin de la Ley de Seguridad Privada
5/2014, y por ello cabria la posibilidad que
pudiera ser realizado por personal distinto.
No obstante este tipo de comprobaciones,
tambin pueden ser realizadas por personal
de seguridad privada, que se encuentre debidamente habilitado para el ejercicio de la
actividad, y por tanto en este ltimo caso entrara en el mbito de la legislacin de Seguridad Privada.
En este sentido, el actual Reglamento
de Seguridad Privada 2364/94, en su Art. 77,
En los controles de accesos o en el interior
de los inmuebles de cuya vigilancia y seguridad estuvieran encargados, los vigilantes de
seguridad podrn realizar controles de identidad de las personas y, si procede, impedir
su entrada, sin retener la documentacin
personal y, en su caso, tomarn nota del
nombre, apellidos y nmero del documento
nacional de identidad o documento equivalente de la persona identificada, objeto de la
visita y lugar del inmueble a que se dirigen,
dotndola, cuando as se determine en las
instrucciones de seguridad propias del inmueble, de una credencial que le permita el
acceso y circulacin interior, debiendo retirarla al finalizar la visita.
En razn de las consideraciones normativas realizadas, y a efectos orientativos
en esta difcil materia fronteriza, podramos
entender por control de identidad en el mbi14
En la interpretacin de los conceptos
de seguridad, en este caso de las funciones
de los vigilantes de seguridad, no debe
adoptarse un criterio expansivo segn el
cual la ms mnima afectacin o semejanza
con el ejercicio de la funcin concreta, quede
automticamente asimilada como actuacin
igual o equivalente, y de lo que se deriva su
prohibicin y sancin, y todo ello sin tener en
cuenta ninguna consideracin o circunstancia, mxime cuando la propia normativa invocada no ofrece definicin alguna orientadora sino que, muy al contrario, lo mantiene
como un concepto jurdico indeterminado,
carente, por otra parte, de definicin jurisprudencial, que siempre que ha tenido ocasin
de enjuiciar esta funcin, as como las de los
llamados servicios auxiliares, han declarado
que se trata de una cuestin fronteriza que
ha de concretarse, como toda zona gris, para cada caso particular a travs del escrutinio y valoracin de lo realmente materializado y de su mayor o menor relevancia para
integrar o no, el tipo infractor del intrusismo
por ejecucin de funciones de vigilancia de
seguridad sin estar debidamente habilitado.
No puede aceptarse, como interpretacin correcta, el falso silogismo segn el
cual si se da algn tipo de control mediante
la exhibicin de DNI para el acceso a locales, servicios o productos, entonces sin excepcin, se produce una funcin propia y
exclusiva de los vigilantes de seguridad requerida, necesariamente, de la contratacin
de un servicio de vigilancia y proteccin
prestado por los vigilantes de seguridad.
Esto es, no se trata de reconducir cualquier manifestacin laboral desarrollada en
el mbito de diversos tipos de actividades
profesionales, en las que se ejecutan mltiples y heterogneas tareas de diferente naturaleza, ms o menos coincidentes, con los
limites, totales o parciales, de algn o algunas funciones reservadas al personal de seguridad, especialmente vigilantes, para afirmar, categricamente, que se invaden, en el
sentido de infringir, la reglamentacin de seguridad privada.
De aplicarse esta lgica interpretativa,
conducira a la desaparicin, por prohibicin,
de todo gnero de dedicaciones laborales,
producindose un indeseado efecto contrario
al pretendido, cual es el de situar al frente de
determinados empleos a vigilantes de segu-
ridad, tal como sucedera en supuestos como el control de embarque en buques y aeronaves; el control de acceso a determinados locales o productos a los menores de
edad; el control para el pago con tarjetas; el
control de visitas en inmuebles, despachos o
consultas; el control para la asistencia sanitaria; el control para recoger nios a la salida
de guarderas o colegios, etc..
Sentado lo anterior, toca ahora tratar
de acercarse a una posible delimitacin del
mbito del control de accesos que correspondera efectivamente desarrollar a los vigilantes de seguridad mediante el ejercicio de
sus funciones profesionales.
Para saber, operativamente, ya que
jurdicamente no se encuentra definido,
cuando nos encontramos ante un control de
accesos de seguridad privada, conviene precisar, en primer lugar, el significado de dichos trminos, y, en segundo lugar, el alcance de dichos trminos en su relacin con la
esencial finalidad de seguridad que dichos
servicios verdaderamente buscan y pretenden.
As, el Diccionario de la RAE, define el
trmino control refirindolo a inspeccin,
fiscalizacin, intervencin, dominio, preponderacin; a su vez, define el trmino acceso como entrada o paso, como la accin de
llegar o acercarse. Puestos dichos significados en su contexto, cuando de seguridad se
trata, colegimos que una primera orientacin
para su aceptacin afirmativa la encontramos cuando estos se vinculan con el sometimiento a medidas de seguridad, tales como
scanner, arcos detectores, raquetas de deteccin, controles biomtricos, expedicin de
tarjetas de acceso con fotografa y datos,
Si a este tipo de condicionante de seguridad en el acceso, se aade la posibilidad
de ejercicio de dicho control en cualquier
momento y lugar del sitio al que se accede,
as como la capacidad de impedir el acceso
o forzar la salida del mismo, mxime si se da
conjuntamente con otra serie de funciones o
potestades, la vinculacin de dicho tipo de
control de accesos a los de seguridad privada propios de los vigilantes resulta fuertemente predicable, sobre todo si adems se
ejecuta de manera uniformada y sistemtica,
alcanzando su total determinacin cuando
su finalidad principal o comn es la de proteger, prevenir o evitar la posible comisin de
actos dainos o delictivos.
Todo este conjunto de consideraciones
que acaba de desarrollarse es el que precisamente ha estado en la base del razonamiento que ha llevado a la actual redaccin
del artculo 6.2.b de la Ley 5/2014, determinando la supresin del trmino privado respecto a los documentos que pueden ser exhibidos y controlados en los accesos no de
seguridad que puede realizar el llamado personal auxiliar.
No obstante, y para una mayor seguridad jurdica de las actuaciones privadas y
policiales, de cara al futuro desarrollo reglamentario de la Ley 5/2014, se tiene la intencin de hacer una delimitacin normativa
entre ambos tipos de posibles controles de
accesos, los de seguridad, exclusivos para
vigilantes, y los auxiliares que tanto pueden
desarrollar los vigilantes de seguridad como
otro tipo de personal, ajeno a las profesiones
En atencin a las consideraciones anteriores, cabe concluir que hasta que, en el futuro
desarrollo reglamentario de la Ley 5/2014,
de Seguridad Privada, contemple una delimitacin normativa entre ambos tipos de controles de accesos, los de seguridad, exclusivos para vigilantes, y los auxiliares, para otro
tipo de personal, es criterio de esta Unidad
establecer una diferenciacin acorde a lo
A tenor del artculo 32 de la Ley 5/2014 de
Seguridad Privada, sern efectuados por
Vigilantes de Seguridad, en el ejercicio de
sus funciones, los controles de acceso de
seguridad, cuando estos conlleven someti16
miento a medidas de seguridad, tales como
tarjetas de accesos con fotografa u otros
similares, as como la posibilidad de controlar a las personas, en cualquier momento y
lugar del sitio al que se accede, la capacidad
de impedir el acceso o forzar la salida del
mismo, todo ello cuando la finalidad principal
o comn sea la de proteger, prevenir o evitar
la posible comisin de actos dainos o delictivos, etc..
Segn establece el artculo 6.2.b, de la Ley
5/2014, se podrn realizar por personal ajeno al de seguridad privada, siempre que no
impliquen la asuncin o realizacin de servicios o funciones de seguridad privada, los
controles de acceso auxiliares, como puedan
ser, a modo de ejemplo: los controles documentales para el embarque en buques o aeronaves; para el acceso a determinados locales o productos a los menores de edad;
para el pago con tarjetas; de visitas en inmuebles, despachos o consultas; para la
asistencia sanitaria; para recoger a menores
en la salida a guarderas o colegios; u otros
de similar naturaleza a los citados, etc.. No
obstante, estos servicios y funciones podrn
prestarse o realizarse por empresas y vigilantes de seguridad privada, siempre con
carcter complementario o accesorio de las
funciones de seguridad privada que se realicen y sin que, en ningn caso, constituya el
objeto principal del servicio que se preste.
SEDE COMPARTIDA POR EMPRESA DE
SEGURIDAD Y DESPACHO DE DETECTIVES
Consulta realizada el representante legal de la empresa de seguridad y administrador de una sociedad de detectives, sobre la posibilidad de ubicar en el mismo domicilio
social una empresa de seguridad y una sociedad de detectives, del mismo grupo empresarial, accedindose al local por una sola puerta para ambas actividades.
En informe de esta Unidad Central de
fecha 29 de abril de 2010, al que hace referencia, relativo a la legalidad de sede compartida entre una empresa de seguridad con
una de servicios, ya se dijo que, aunque en
la normativa en materia de seguridad privada no se regula, de forma expresa, esta materia, la interpretacin de la misma es que el
domicilio social de las empresas de seguridad privada puede compartirse con las de
servicios, siempre y cuando dichas empresas estn vinculadas documentalmente a un
mismo grupo empresarial y adems est claramente separada y delimitada la zona dedicada a la seguridad de aquella otra zona de
servicios de distinta naturaleza.
Aun cuando, en principio y tal criterio
podra servir de base para dar respuesta a la
consulta formulada (con el cumplimiento de
los respectivos requisitos exigidos legal y
reglamentariamente a las empresas de seguridad y a los despachos de detectives), sin
embargo debe tenerse muy en cuenta lo dispuesto tanto por la nueva Ley de Seguridad
Privada como por el vigente Reglamento de
de Seguridad Privada, los servicios sobre las
actividades relacionadas en los prrafos a) a
g) del apartado primero de dicho artculo
(vigilancia y proteccin de personas y bienes, depsitos y transportes de seguridad,
instalacin y mantenimiento de sistemas de
seguridad) nicamente podrn prestarse
por empresas de seguridad privada, mientras que los despachos de detectives podrn
prestar, con carcter exclusivo y excluyente,
servicios sobre la actividad a la que se refiere el prrafo h) de este ltimo apartado
(investigacin privada en relacin a personas, hechos o delitos slo perseguibles a
Asimismo, el artculo 10.3 de la misma
Ley dispone que:
Las empresas de seguridad no podrn realizar los servicios de investigacin privada
propios de los despachos de detectives privados, y stos no podrn prestar servicios
propios de las empresas de seguridad privada.
De otro lado, en virtud de lo establecido por el artculo 37.3 de la repetida Ley:
El ejercicio de las funciones correspondientes a los detectives privados no ser compatible con las funciones del resto del personal
de seguridad privada, ni con funciones propias del personal al servicio de cualquier Administracin Pblica.
En efecto, a tenor de lo establecido por
el artculo 5.2 de la Ley 5/2014 de 4 de abril,
A la vista de la normativa, se infiere
que el legislador ha puesto un especial nfasis en hacer incompatible, total y absolutamente, el ejercicio de las actividades desarrolladas por las empresas de seguridad
privada con las de los despachos de detectives (servicios, funciones e incluso en el caso
de los despachos respecto de los miembros
integrantes de las sociedades de detectives,
por naturaleza detectives debidamente habilitados, quienes nicamente pueden dedicarse a la realizacin de las actividades propias
de los detectives).
Por lo que se refiere al vigente Reglamento de Seguridad Privada (disposiciones
que no contradicen lo establecido por la referida Ley de Seguridad Privada), los preceptos que resultan de aplicacin son los siguientes:
Artculo 70.2: Las funciones de escolta privado, vigilante de explosivos y detective privado son incompatibles entre s y con las
dems funciones de personal de seguridad
privada, an en los supuestos de Habilitacin mltiple
Artculo 105.2: Los miembros de estas sociedades (detectives privados) nicamente
podrn dedicarse a la realizacin de las actividades propias de los detectives, no pudiendo desarrollar ninguna de las atribuidas con
carcter exclusivo a las empresas de seguridad.
Sin lugar a dudas, el legislador (as se
decanta en el Prembulo de la nueva Ley de
Seguridad Privada, apartndose de lo que
en principio figuraba en el anteproyecto de la
misma y siguiendo por tanto, la misma lnea
trazada por la derogada Ley 23/1992, de 30
de julio, de Seguridad Privada, en cuyo artculo 5.3 se sealaba que En ningn caso
las empresas de seguridad podrn realizar
las funciones de informacin e investigacin
propias de los detectives privados), se posiciona as porque entiende que en el desarrollo del potencial informativo, de los recursos
humanos, y de los medios tcnicos y materiales, que manejan las empresas de seguridad y los despachos de detectives, han de
tenerse en cuenta una serie de prevenciones
indispensables para garantizar la objetividad
e imparcialidad de las investigaciones y servicios de seguridad privada, en relacin con
los derechos de los ciudadanos, especialmente los del artculo 18 de nuestra Carta
Magna, ya que los servicios de investigacin
privada, sobre todo, pueden incidir de forma
directa en la esfera de la privacidad o intimidad de los ciudadanos, dando lugar a
conflictos de intereses (entre clientes con
los que cuentan las empresas y los de los
despachos que encargan asuntos a investigar, por estar en mayor o menor medida relacionados). De ah que se establezca un
rgimen de incompatibilidades muy estricto.
Al hilo de lo anterior, conviene no perder de vista que las empresas de seguridad
privada son poseedoras de una ingente cantidad de datos personales de sus clientes
(nombres y apellidos, DNI, domicilios, patrimonios, cuentas bancarias de abonos de
servicios, movimientos, viajes, rutinas familiares), que pueden afectar gravemente a
su seguridad e integridad, as como a sus
intereses comerciales, econmicos, familiares, etc., si son facilitados a los despachos
de detectives, especialmente por requerimiento de terceros clientes que encarguen
asuntos de investigacin. Tal circunstancia
podra crear una situacin de incertidumbre
en los clientes respecto de la informacin
que posee la empresa de seguridad a la que
estos confan su seguridad y proteccin, distorsionando la absoluta imparcialidad y pulcritud deontolgica con la que deben ejecutarse o prestarse las investigaciones y servicios de seguridad.
objeto de la consulta remitido a esta Unidad
por esa Unidad territorial), pudindose constatar, adems, que el citado figura como
apoderado de ambas entidades, el cual a su
vez ha estado y est integrado como vigilante de seguridad (debidamente habilitado) en
la referida empresa de seguridad. Asimismo,
se ha determinado que D. XX, detective privado, form parte de la plantilla de dicha empresa de seguridad como vigilante de seguridad (debidamente habilitado como tal y, adems, como vigilante de explosivos)
Por ltimo, conviene poner de relieve
el hecho de que el consultante es Administrador nico tanto de la citada empresa de
seguridad como del referido despacho de
detectives (tal y como se indica en el escrito
Trasladadas las consideraciones anteriormente expuestas al caso que nos ocupa,
donde nos encontramos con que el representante legal de ambas entidades es el
mismo y como tal dirige, administra y gestiona las respectivas actividades empresariales
desarrolladas por aquellas, estando pues al
corriente de todas las incidencias y pormenores que se relacionan con los consiguientes servicios prestados a los clientes contratantes (de seguridad e investigacin) por
medio del personal de seguridad que los
Por ello, el referenciado, aunque personalmente no ejerza funciones de seguri19
dad privada en la empresa de seguridad que
nos ocupa, en aplicacin de la doctrina del
levantamiento del velo (elaborada y puesta
en prctica por tribunales y juzgados de distintos rdenes para fundamentar las sentencias dictadas por ellas, incluso en materia de
seguridad privada, cuyo fundamento dogmtico ha de buscarse en el deber de ejercitar
los derechos de buena fe y en la interdiccin
del abuso del derecho, as como en el fraude
de Ley) de forma indirecta o velada est en
realidad realizando actividades de seguridad
privada y al mismo tiempo de investigacin
privada, por lo que est conculcando la legislacin en materia de seguridad privada
como consecuencia de incurrir en la incompatibilidad descrita en el artculo 105.2 del
RSP puesto en relacin con los artculos
10.3 y 37.3 de la nueva LSP.
XX Seguridad, S.A. Ambas tienen el mismo
domicilio social en Madrid y la misma sede
en Barcelona, y ambas son sociedades unipersonales, de manera que acudiendo a lo
que doctrinalmente se denomina
levantamiento del velo, no puede ser calificado el proceder de ambas, sino como un
verdadero fraude de ley para dispersar responsabilidades mediante la rotacin peridica de personal de la una a la otra segn necesidades del negocio, lo cual no puede tener amparo legal bajo el ficticio manto de la
distinta personalidad jurdica. Ambas son en
realidad una sola con responsabilidad compartida.
Consecuentemente con lo anterior, por
pertenecer las entidades de referencia al
mismo grupo empresarial, se estima que no
pueden compartir el mismo domicilio social
y, en cualquier caso, aunque estuvieran en
sedes distintas (por muy diferenciadas y delimitadas que estuvieran), mientras los rganos rectores de dichas entidades estn compuestos por la misma o mismas personas.
Finalmente, es de significar que si se
constatasen fehaciente y materialmente la
realizacin de actividades de seguridad privada e investigacin, indistintamente, por
parte de personal de seguridad de una o de
las dos entidades, podra ser de aplicacin el
rgimen sancionador previsto en materia de
Como sentencia ilustrativa de lo puesto
de manifiesto anteriormente, cabe resear la
nmero 529 bis, dictada por la Seccin Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 27 de marzo de
2007, en cuyo fundamento de Derecho
Cuarto se puede leer textualmente lo siguiente: Se da la circunstancia de que
Servicios XX, S.A., es una sociedad del
Grupo XX al que pertenece la sancionada
SANCIN POR NO COMUNICAR
Consulta de una Unidad Territorial de Seguridad Privada sobre las conductas que
pudiesen considerarse justificadas por parte de una Central Receptora de Alarmas para
no ser sancionados por no comunicar alarmas reales.
alarmas; considera como real las alarmas
verificadas por uno o varios de estos procedimientos e impone a las centrales, cuando
una alarma real no haya sido comunicada al
servicio policial competente o lo haya sido
con retraso injustificado, la obligacin de elaborar un informe explicativo de las causas
dirigido tanto al usuario del servicio como al
organismo policial.
El Real Decreto 2364/1994, de 9 de
diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada y sus modificaciones posteriores, establece en el artculo
48.2, referido al funcionamiento de las centrales de alarma, que:
Cuando se produzca una alarma, las centrales debern proceder de inmediato a su
verificacin con los medios tcnicos y
humanos de que dispongan, y comunicar
seguidamente al servicio policial correspondiente las alarmas reales producidas.
Ni el Reglamento ni las rdenes Ministeriales que lo desarrollaron, especificaban
como deba realizarse dicha verificacin,
quedando al arbitrio de las centrales utilizar
aquellos procedimientos que, sin ser contrarios a la normativa de seguridad privada, les
permitiesen discriminar las alarmas falsas de
las reales que deban comunicar a los servicios policiales competentes.
Este vaco legal fue subsanado por la
Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre
empresas de seguridad privada, que recoge
en un extenso artculo 25 diversos razonamientos sobre los servicios de centrales de
alarmas y, entre ellos, reitera la obligacin
de verificar la realidad del ataque o intrusin,
pudiendo utilizar para ello los procedimientos
tcnicos y humanos previstos en la normativa sobre funcionamiento de los sistemas de
En esta misma lnea el Captulo III de
la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el mbito de la seguridad privada, referido a los procedimientos de comunicacin
de las alarmas, seala en su artculo 13.1
Conforme a lo establecido en el apartado segundo del artculo 48 del Reglamento de Seguridad Privada, las centrales de alarma tendrn la obligacin de trasmitir inmediatamente al
servicio policial correspondiente las
alarmas reales producidas. A efectos
de su comunicacin a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, toda alarma
confirmada, con arreglo a lo dispuesto
en esta Orden, tendr la consideracin
de alarma real.
Por otro lado, la denuncia de las alarmas se recoge en el artculo 14 de la citada
Orden, enumerando diversos supuestos en
de Seguridad Privada, establece como infraccin muy grave:
funcin de que la alarma confirmada o no,
resulte falsa, la repeticin de las alarmas
confirmadas o no con idntico resultado negativo, disponiendo, adems, en su punto 5
La no comunicacin de una alarma
real, o el retraso injustificado en su
transmisin, una vez confirmada, al
servicio policial correspondiente ser
siempre objeto de denuncia para su
correspondiente sancin. En estos supuestos la central de alarmas deber
entregar, en un plazo de diez das, al
servicio policial y al usuario titular del
servicio, un informe explicativo de las
causas motivadoras de la ausencia o
retraso de la comunicacin de la alarma real producida.
La falta de transmisin a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad competentes de
las alarmas reales que se registren en
privadas, incluidas las de uso propio,
as como el retraso en la transmisin
de las mismas, cuando estas conductas no estn justificadas.
La literalidad del precepto supone que
sera necesario que la central de alarmas
recibiese alguna seal del sistema de seguridad para poder ser aplicado. Sucede que en
la prctica las centrales de alarmas justifican
la no comunicacin de alarmas reales por no
recepcionar ninguna seal.
En principio, dos son las posibles causas de esa falta de transmisin: inhibicin,
fallo o corte de la va/s de comunicacin o
sabotaje de la unidad de control.
Solucin a la primera es la instalacin
de una doble va de comunicacin o la supervisin de la lnea, cuya efectividad y utilidad est basada en el tiempo de frecuencia
entre cada chequeo.
En este mismo sentido de sancionar el
retraso injustificado o la no comunicacin de
alarmas reales, el artculo 57.1 de la recientemente aprobada Ley 5/2014, de 04/04/14,
El sabotaje de la unidad de control debera ser detectado por activarse los sistemas de despegue y apertura de puerta de
los que estn dotados, protegiendo su acceso con elementos que se activen sucesivamente y por el propio corte de la comunicacin.
alegando, en genrico y sin documentar, fallo o corte de la va de comunicacin.
Significar, por ltimo, que los actuales
sistemas de seguridad grado dos y tres, tcnicamente disponen de medidas de proteccin que transmiten seales de alarma a la
central en caso de arranque o enmascaramiento.
Salvo que la unidad sea sustrada o
destrozada totalmente, esta puede ser analizada para obtener informacin sobre si el
sistema estaba armado o no, si funcionaron
los diferentes detectores o se ha producido
un fallo o sabotaje de la va de comunicacin.
Por eso es fundamental que en el Proyecto de Instalacin, cuya elaboracin es
obligatoria, se realice un correcto anlisis de
los riesgos y vulnerabilidades del establecimiento a proteger, incluidas las vas de comunicacin, ocultando la unidad de control y
protegiendo volumtricamente el recorrido
de acceso a la misma. Igualmente es necesario que se realicen los mantenimientos
preventivos que exige la normativa de seguridad privada.
Sera necesario un estudio del contenido del Informe explicativo aludido y, de ser
posible, una inspeccin de la propia instalacin, al objeto de comprobar si su diseo se
hizo correctamente, realizados los mantenimientos obligatorios y poder as determinar
la responsabilidad de la central de alarmas
en la falta o retraso injustificado en la comunicacin de las alarmas reales, procediendo
la incoacin de expediente sancionador
cuando la central no acreditase suficientemente, a juicio de la Unidad Territorial, el
cumplimiento de todas las obligaciones exigidas por la normativa de seguridad privada.
En ningn caso, y de acuerdo al artculo 57.1 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de
Seguridad Privada, podra iniciarse este procedimiento cuando la central justificase que
la no recepcin de seales del sistema se
debe a causas no imputables a la misma.
Toda esta informacin debera quedar
reflejada en el Informe explicativo que obligatoriamente deben confeccionar las centrales de alarmas, en un plazo de diez das,
cuando no transmiten una alarma real o retrasan injustificadamente su comunicacin,
analizando y acreditando las posibles causas por las que no han recibido las seales
del sistema y no, como ocurre en la prctica,
1. En el origen del caso se encuentran una demanda (n 10764/09) interpuesta ante el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos TEDH contra el Reino de Espaa por un nacional de este Estado, JACINTO
(el demandante) el da 20 de diciembre de 2008, en virtud del artculo 34 del Convenio para la Proteccin de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (el Convenio).
3. El demandante alega una vulneracin de su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a su
propia imagen, por el hecho de que las grabaciones de video se realizaron sin su consentimiento y
utilizaron en el juicio.
4. El da 22 de noviembre de 2011, el TEDH comunic al Gobierno la queja respecto al artculo 8 y declarado la demanda inadmisible por lo dems.
A. Procedimiento en cuanto al fondo
5. El da 19 de septiembre de 1997, el demandante, residente en Sevilla, fue arrollado por un coche
mientras paseaba en bicicleta. Tras el accidente, promovi una accin civil por daos y perjuicios contra el conductor y la compaa aseguradora, M. por unas presuntas secuelas padecidas, a saber, una
neurosis post traumtica que le acarre, segn l, un miedo intenso para conducir vehculos.
6. En el proceso ante el juzgado de primera instancia nmero 4 de Sevilla, la compaa aseguradora, M.,
aport como elementos de prueba unos vdeos de unas escenas de la vida cotidiana del demandante
en espacios pblicos, que tenan por objeto desmentir la existencia del miedo alegado. Las imgenes
mostraban, particularmente, al demandante conduciendo una moto. Los vdeos haban sido grabados
por una agencia de detectives privados contratada por la aseguradora, con desconocimiento del demandante.
7. Mediante sentencia de 15 de marzo de 1999, el juzgado de primera instancia nmero cuatro de Sevilla, estimo parcialmente las pretensiones del demandante, condenando a los demandados a pagarle
una indemnizacin pero de un importe inferior al que reclamaba.
8. Tanto los demandados como el demandante recurrieron. Mediante sentencia de 19 de febrero de
2011, la Audiencia Provincial de Sevilla consider que las pretensiones del demandante eran abusivas
en la medida en la que sus afirmaciones no se sustentaban en ningn elemento de prueba. Se pronunci adems a favor de la validez del informe de los detectives privados. En efecto, las circunstancias en las que haban sido tomadas las imgenes no constituan una interferencia en el comportamiento del demandante ni un condicionamiento de ste.
9. Contra esta sentencia el demandante recurri en casacin. Por decisin de 27 de julio de 2004, el Tribunal Supremo inadmiti el recurso.
10.No se desprende del expediente que el demandante haya presentado un recurso de amparo ante el
B. Procedimiento relativo al derecho a la imagen del demandante
11.En paralelo al procedimiento sobre el fondo, el demandante entabl una accin civil por daos y perjuicios contra la compaa aseguradora, por vulneracin de su derecho a la vida privada y a la propia
imagen (artculo 18 de la Constitucin). No solamente solicitaba una indemnizacin, sino tambin que
la compaa le entregara todas las grabaciones originales y las copias de los vdeos concernidos. En
cuanto a la parte demandada, aleg que la grabacin de esos videos estaba justificada respecto del
objetivo que se persegua, que era, en esta ocasin, la impugnacin de ciertas alegaciones del demandante en el primer procedimiento, y ms an porque la grabacin se haba efectuado en espacios
pblicos y no ataa ms que a actividades de la vida cotidiana del demandante.
12. Mediante sentencia de 28 de mayo de 2001, el juzgado de Primera Instancia n 22 de Sevilla desesti-
m las pretensiones del demandante. Seal, a ttulo preliminar, que la ley de enjuiciamiento civil permita la utilizacin, como medio de prueba, de las grabaciones de voz, de sonido y de imagen, as como los informes realizados por detectives privados. Adems, el Juez record que el Tribunal Supremo
haba admitido la utilizacin de medios de prueba similares en el marco de procedimientos ligados al
derecho laboral. Habida cuenta de esta jurisprudencia, el Juez consider que la prueba impugnada, en
el presente caso, persegua un objetivo legtimo, ya que la captura de la imagen del demandante
haba sido efectuada exclusivamente en espacios pblicos y mientras ejerca actividades del da a da.
El Juez sealo, en particular, que las imgenes mostraban al demandante conduciendo l mismo una
moto en sus desplazamientos, slo o acompaado de terceros, el Juez observ igualmente que ninguna imagen haba sido tomada en un espacio privado ni poda ser considerada como ntima. Finalmente, el Juez seal que las imgenes captadas no presentaban al demandante en ningn estado que
pudiera ser considerado como indigno y que los vdeos haban solamente sido utilizados con ocasin
del procedimiento civil y no haban sido nunca difundidas pblicamente.
13.El demandante recurri ante la Audiencia Provincial de Sevilla. Mantena que el procedimiento ante el
juzgado de Primera Instancia debera ser anulado con motivo del desconocimiento de determinadas
reglas procedimentales y de su derecho a poder defenderse. Por otra parte el demandante se quejaba
de que la sentencia no haba sido suficientemente motivada y atentaba contra el derecho a su propia
Mediante sentencia de 16 enero 2002, la Audiencia Provincial rechaz el recurso. Tratndose de una
presunta violacin del derecho a la propia imagen, estim que la grabacin de la imagen del demandante estaba justificada en el presente caso, tanto respecto del objetivo perseguido por la compaa
de seguros, qui deba ser considerado como legtimo, como respecto de las personas que haban realizado la grabacin, a saber detectives profesionales. La Audiencia Provincial seal adems que las
imgenes estaban nicamente destinadas a ser utilizadas como medio de prueba y no haba ninguna
intencin de hacerlas pblicas. Finalmente la Audiencia Provincial rechaz la queja respecto de la presunta falta de motivacin de la sentencia a quo.
14. El demandante recurri en casacin ante el Tribunal Supremo que inadmiti el recurso por decisin
de 4 de abril de 2006.
15. El demandante recurri en amparo ante el Tribunal Constitucional. Mediante decisin notificada el 20
de junio de 2008, el Alto Tribunal inadmiti el recurso por falta de especial trascendencia constitucional
que requiriera una resolucin sobre el fondo por parte del Tribunal.
II. EL DERECHO INTERNO APLICABLE
1. Las disposiciones de la Constitucin, en lo que aqu interesan, son las siguientes:
Artculo 18.1:"Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen."
Artculo 24.1: "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en
el ejercicio de sus derechos e intereses legtimos, sin que, en ningn caso, pueda producirse indefensin".
2. La ley Orgnica no 1/1982, de 5 de mayo de 1982, de proteccin civil del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen es de aplicacin en el presente caso:
Artculo 7: Tendrn la consideracin de intromisiones ilegtimas (...) 2. La utilizacin de aparatos de escucha, dispositivos pticos, o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida ntima de las personas
o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, as como su
grabacin, registro o reproduccin."
3. La ley de enjuiciamiento civil (ley no 1/2000 de 7 de enero de 2000) prev:
Artculo 265: "1. A toda demanda o contestacin habrn de acompaarse: (...) 5. Los informes, elaborados por profesionales de la investigacin privada legalmente habilitados, sobre hechos relevantes en que
aqullas apoyen sus pretensiones. Sobre estos hechos, si no fueren reconocidos como ciertos, se practicar prueba testifical."
4. La ley no 23/1992, de 30 de julio de 1992, de seguridad privada dispone, en lo que aqu interesa:
Artculo 1.3: Las actividades y servicios de seguridad privada se prestarn con absoluto respeto a la
Constitucin y con sujecin a lo dispuesto en la presente Ley y en el resto del ordenamiento jurdico. El
personal de seguridad privada se atendr en sus actuaciones a los principios de integridad y dignidad (...)
actuando con congruencia y proporcionalidad en la utilizacin de sus facultades y de los medios disponibles."
Artculo 10: Para el desarrollo de sus respectivas funciones, el personal de seguridad privada habr de
obtener previamente la correspondiente habilitacin del Ministerio del Interior (...)".
Artculo 19.1: "Los detectives privados, a solicitud de personas fsicas o jurdicas, se encargarn: a) De
obtener y aportar informacin y pruebas sobre conductas o hechos privados. b) De la investigacin de
delitos perseguibles slo a instancia de parte por encargo de los legitimados en el proceso penal. (...)"
5. El Reglamento de Seguridad Privada aprobado por Real Decreto no 2364/1994, en desarrollo y
ejecucin de la ley no 23/1992, precisa de esta manera el contenido, entre otros, del artculo 19.1 de
Artculo 101: "1. Los detectives privados, a solicitud de personas fsicas o jurdicas, se encargarn: a) De
obtener y aportar informacin y pruebas sobre conductas o hechos privados. (...) 2. A los efectos del presente artculo, se considerarn conductas o hechos privados los que afecten al mbito econmico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados".
SOBRE LA ALEGADA VIOLACIN DEL RTICULO 8 DEL CONVENIO.
21.El demandante alega que las grabaciones de video realizadas sin su consentimiento y utilizadas posteriormente en el proceso, son contrarias a su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen, amparados por el artculo 8 del Convenio. Solicita poder recuperar los originales de las
cassettes en cuestin. El artculo invocado est redactado as:
2. No podr haber ingerencia de la autoridad pblica en el ejercicio de este derecho sino en tanto en
cuanto esta ingerencia est prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrtica, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pblica, el bienestar econmico del pas, la
defensa del orden y la prevencin de las infracciones penales, la proteccin de la salud o de la moral, o la
proteccin de los derechos y las libertades de los dems."
A Sobre la admisibilidad
22.El TEDH constata que la demanda no es manifiestamente infundada en el sentido del artculo 35 3
a) del Convenio. El TEDH seala por otra parte que no contraviene ningn otro motivo de inadmisin.
Procede por lo tanto admitirla.
23.El Gobierno hace observar en primer lugar, que la injerencia litigiosa se ha producido en el marco de
una relacin entre particulares y no ha sido provocada por un acto de la autoridad pblica.
24.Por mucho que el demandante invoque como tal el derecho a la propia imagen, el Gobierno recuerda
que se trata de un derecho con un alcance autnomo con relacin a los derechos al honor y a la intimidad, sin perjuicio del vnculo estrecho que pueda tener con este ltimo derecho. Por otra parte, no se
trata de un derecho ilimitado, ya que puede entrar en conflicto con otros derechos o garantas constitucionales, as como con otros derechos individuales o pblicos.
25.En lo que respecta a la actividad de los detectives privados, el Gobierno expone que sta hace objeto
de una regulacin muy estricta en Derecho interno y est sometida a controles regulares. En este sentido, recuerda que de conformidad con el artculo 265.1 de la ley de enjuiciamiento civil, los informes
elaborados por estos profesionales pueden tener un valor probatorio en el marco de un proceso.
26.Segn l, la necesidad del informe litigioso, en el presente caso, se justifica en la medida en que este
informe pretenda desmentir las alegaciones en las que pretendidamente se fundaban las pretensiones econmicas del demandante. En efecto, afirmaba que las secuelas de su accidente le impedan
conducir vehculos a motor.
27.El informe litigioso no se refera ms que a una actividad del demandante ejercitada en la va pblica,
a saber su capacidad para conducir vehculos a motor, sin que ningn aspecto que afectar a su esfera privada fuera abordado. Para poder ponderar los intereses en conflicto, el Gobierno indica que conviene tomar en cuenta igualmente el inters pblico consistente en permitir a un Tribunal disponer de
todos los elementos necesarios para pronunciarse con total conocimiento de causa.
28.Finalmente, en lo que respecta la solicitud del demandante en que le fuera permitido recuperar los
originales de las fotos y videocasetes, el Gobierno seala que, en la medida en que han sido considerados como elemento de prueba en el marco de un proceso civil, el demandante hubiera debido dirigirse directamente a los Tribunales y no a la compaa aseguradora.
29. Por su parte, el demandante no ha aportado observaciones en respuesta, limitndose a remitirse al
contenido de su formulario de demanda.
2. Valoracin del TEDH
a) Principios generales de aplicacin
30.El TEDH recuerda que la nocin de "vida privada" es una nocin amplia, no susceptible de una definicin exhaustiva, que abarca la integridad fsica y moral de la persona y por tanto puede englobar mltiples aspectos de la identidad de un individuo, tales como el nombre o elementos relacionados con el
derecho a la propia imagen (Von Hannover c. Alemania (no 2) [GC], nos 40660/08 y 60641/08, 9596, TEDH 2012). Esta nocin incluye las informaciones personales que un individuo puede legtimamente esperar que no sean publicadas sin su consentimiento (Flinkkil y otros c. Finlandia, n o
25576/04, 75, 6 de abril de 2010, Saaristo y otros c. Finlandia, n o 184/06, 61, 12 de octubre de
2010). La publicacin de una foto interfiere desde ese mismo momento en la vida privada de una persona, incluso si esta persona es un personaje pblico (Schssel c. Austria (decisin), no 42409/98, 21
de febrero de 2002). A mayor abundamiento, el TEDH es de la opinin que la grabacin de imgenes
de video constituye igualmente una injerencia en la vida privada de un individuo.
31.Por otra parte, el TEDH ha tenido la oportunidad de indicar que la imagen de un individuo es uno de
los atributos principales de su personalidad, por el hecho de revelar su originalidad y permitirle diferenciarse de sus congneres. El derecho de la persona a la proteccin de su propia imagen constituye de
esta manera uno de los componentes esenciales para alcanzar la plenitud personal y presupone, principalmente, el control del individuo sobre su propia imagen. Si tal control implica en la mayora de los
casos la posibilidad para el individuo de rechazar la difusin de su imagen, comprende al mismo tiempo el derecho de ste de oponerse a la captura, la conservacin y la reproduccin de la misma por un
tercero. En efecto, siendo la imagen una de las caractersticas ligadas a la personalidad de cada uno,
su proteccin efectiva presupone, en principio, el consentimiento del individuo desde el momento de
su captura, y no solamente en el momento de su posible difusin al pblico. En caso contrario, un atributo esencial de la personalidad podra ser detentado por otro sin que el interesado tuviera el control
sobre su eventual uso posterior (ver, mutatis mutandis, Reklos y Davourlis c. Grecia, n o 1234/05,
40, 15 de enero de 2009).
32.El TEDH reafirma adems que si el artculo 8 tiene esencialmente por objeto prevenir al individuo contra las injerencias arbitrarias de los poderes pblicos, no se contenta de ordenar al Estado de abstenerse de tales injerencias: a este compromiso negativo pueden aadirse obligaciones positivas inherentes al respeto efectivo de la vida privada o familiar (Sderman c. Suecia [GC], no 5786/08, 78,
TEDH 2013). Pueden necesitar de la adopcin de medidas tendentes al respeto a la vida privada, incluso en las relaciones entre los mismos individuos. Esto sirve igualmente para la proteccin del derecho a la imagen contra los abusos por parte de terceros (Von Hannover c. Alemania, n o 59320/00,
57, TEDH 2004-VI).
33.La eleccin de las medidas propias a garantizar el respeto del artculo 8 del Convenio en las relaciones inter individuales depende, en principio, del margen de apreciacin de los Estados contratantes,
ya sean las obligaciones a cargo del Estado positivas o negativas. Existen en efecto varias maneras
distintas de asegurar el respeto a la vida privada. La naturaleza de la obligacin del Estado depender
del aspecto de la vida privada que est en juego (X e Y c. Holanda, 26 de marzo de 1985, 24, serie
A no 91 y Odivre c. Francia [GC], no 42326/98, 46, TEDH 2003-III).
34.En este sentido, en asuntos relacionados con la divulgacin de datos de carcter personal, el TEDH
ha reconocido que proceda conceder a las autoridades competentes nacionales una cierta libertad
para establecer un justo equilibrio entre los intereses pblicos y privados que se encuentran enfrentados. Sin embargo, este margen de apreciacin va acompaado de un control europeo (Funke c. Francia, sentencia de 25 de febrero de 1993, serie A no 256-A, 55) y su amplitud est en funcin de factores tales que la naturaleza y la importancia de los intereses en juego y de la gravedad de la injerencia
(Z c. Finlandia, sentencia de 25 de febrero de 1997, Recopilacin de sentencias y decisiones 1997-I,
p. 348, 99).
b) Aplicacin en el presente caso de los principios anteriormente mencionados
35.El TEDH seala que el presente caso no trata de la difusin de imgenes relativas a la vida cotidiana
del demandante, sino exclusivamente de la toma y la posterior utilizacin de tales imgenes como medio de prueba en el marco de un proceso civil (ver de contrario, Sciacca c. Italia (no 50774/99, TEDH
2005-I). Asimismo, las imgenes litigiosas no estaban destinadas a ser publicadas (ver de contrario,
Peck c. Reino Unido, n o 44647/98, 9, TEDH 2003-I), no habiendo sido realizada su toma de una manera sistemtica o permanente (ver, de contrario, Rotaru c. Rumania [GC], no 28341/95, 43-44,
TEDH 2000-V).
36.El TEDH debe por tanto examinar la cuestin de saber si, en ausencia de difusin de las imgenes
litigiosas, ha habido o no vulneracin del derecho a la proteccin de la vida privada del demandante
(ver mutatis mutandis Reklos y Davourlis c. Grecia, n o 1234/05, 38, 15 de enero de 2009). En el
ejercicio de su poder de control, el TEDH no tiene como tarea el sustituirse a las jurisdicciones nacionales, pero le incumbe comprobar, a la luz del conjunto del asunto, si las decisiones que se han dictado, en virtud de su poder de apreciacin, se compaginan con las disposiciones invocadas del Convenio (Petrenco c. Moldavia, n o 20928/05, 54, 30 de marzo de 2010, Polanco Torres y Movilla Polanco
c. Espaa, no 34147/06, 41, 21 de septiembre de 2010, y Petrov c. Bulgaria(dec.), no 27103/04, 2 de
37.En el presente caso, no se ha puesto en duda el hecho de que el demandante se encontrara en la va
pblica cuando las escenas fueron grabadas, y que no hubo ninguna interferencia en su comportamiento.
38.El TEDH no ve ninguna razn vlida para alejarse del enfoque de los Tribunales nacionales. En efecto
constata que las imgenes litigiosas han sido tomadas cuando el demandante se libraba a una actividad susceptible de ser grabada, en esta ocasin la conduccin de una moto para desplazarse por la
va pblica. Adems, las imgenes fueron utilizadas exclusivamente como medio de prueba ante un
Juez. No haba por tanto ningn riesgo de explotacin posterior.
39.El TEDH seala por otra parte que las imgenes del demandante han sido filmadas por una agencia
de detectives privados que respetaba el conjunto de las exigencias legales previstas en el derecho
interno para este tipo de actividad: la agencia en cuestin estaba debidamente habilitada por el Estado
e inscrita como tal en un registro administrativo, y la toma de imgenes en aras de su utilizacin en el
marco de un proceso estaba prevista por el artculo 265 de la ley de Enjuiciamiento Civil.
40.En cuanto al objetivo perseguido por la utilizacin del video cassette, el TEDH juzga razonable considerar que las imgenes grabadas tenan la intencin de contribuir de manera legtima al debate judicial, con el fin de permitir al asegurador poner a disposicin del Juez el conjunto de los elementos pertinentes. En efecto las imgenes litigiosas contradecan las afirmaciones del demandante segn las
cuales haba quedado incapacitado, a raz de su accidente, para conducir vehculos a motor. En la
medida en que su solicitud de indemnizacin estaba fundada en esta incapacidad, era necesario, en
opinin del TEDH de que todo elemento que probara lo contrario pudiera ser sometido al Juez. Y va
en ello el inters pblico de garantizar a todo justiciable un proceso equitativo.
41.En lo que respecta ms especialmente a la no restitucin de las cintas de vdeo, el TEDH constata
que, tal como seala el Gobierno, stas han sido incorporadas al expediente judicial como elementos
de prueba en el proceso civil (prrafo 6) y recuerda que la autorizacin de estos elementos, de los que
formaban parte las grabaciones, queda limitada a los fines del proceso y no da lugar, de manera alguna, a su difusin pblica (ver de contrario, P.G. y J.H. c. Reino Unido, n o 44787/98, 57, TEDH 2001IX).
42.Por consiguiente, la injerencia en el derecho del demandante a su vida privada no ha sido desproporcionada a la luz de las exigencias del artculo 8 del Convenio. En consecuencia no ha
habido violacin de esta disposicin del convenio.
III CONGRESO NACIONAL DE S. PRIVADA
servicios, qu esperan encontrarse en
el texto y contexto de su desarrollo reglamentario y cules son las primeras
aproximaciones de la administracin al
El pasado mes de noviembre tuvo lugar el III Congreso Nacional de Seguridad
Privada, organizado por diferentes entidades
del sector. El objetivo fundamental del Congreso fue contribuir desde el sector al desarrollo reglamentario de la nueva ley.
El comit organizador, compuesto
prcticamente por todas las asociaciones e
instituciones sectoriales, y coordinado por la
revista SEGURITECNIA, decidi convocar
este III Congreso para, una vez publicada la
nueva Ley de Seguridad Privada, ayudar con
sus aportaciones al mejor desarrollo reglamentario posible.
A lo largo de la jornada se presentaron
ponencias agrupadas en torno a dos grandes bloques. El primero de ellos basado en
las propuestas consensuadas por el sector
para el desarrollo reglamentario de la nueva
Ley de Seguridad Privada. Incluy las perspectivas de los prestadores de seguridad
privada empresas y servicios, de los profesionales del sector personal y formacin,
la gestin de la seguridad sujetos obligados
y medidas de seguridad y las relaciones
con la administracin colaboracin y coordinacin con la seguridad pblica y control y
rgimen sancionador.
El segundo bloque abord el tema desde el punto de vista de la administracin, incluyendo sus consideraciones sobre las propuestas del sector.
La inauguracin corri a cargo del Ministro del Interior, Jorge Fernndez Daz,
que seal las oportunidades que ofrece la
nueva normativa, ya que adems la seguridad pblica y privada "atraviesan un momento bueno, dulce y prometedor". El presidente
del congreso y de APROSER, ngel Crdoba, valor la oportunidad de su celebracin:
"Este congreso es el foro por excelencia para entender de una forma didctica y pragmtica qu entiende y opina
el sector al respecto de la nueva Ley,
tanto usuarios como proveedores de
Participaron el Vicesecretario General
Tcnico del Ministerio del Interior, Antonio
Cerrolaza Gmez; el Comisario Jefe de la
Unidad Central de Seguridad Privada del
Cuerpo Nacional de Polica, Esteban Gndara; y el Coronel Jefe del Servicio de Proteccin y Seguridad de la Guardia Civil, Csar
El Ministro Fernndez Daz explic que
el Ministerio ya ha recibido ms de cincuenta
documentos con propuestas para ese desarrollo reglamentario y que se han mantenido
ms de treinta reuniones previas con el sector.
PREMIOS ADSI 2014
El pasado mes de noviembre se hizo
entrega de los premiso ADSI 2014.
Entre otros, y en reconocimiento a la
trayectoria profesional, le fue concedido a D.
Rafael Navarro, Inspector Jefe de la Unidad
Igualmente fueron premiados e Invitados de Honor del acto de la Seguridad Privada, el Comisario, Don Esteban Gndara
Trueba, Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada del CNP y el Coronel Jefe del
Servicio de Proteccin y Seguridad de la
Guardia Civil, Csar lvarez. por el trabajo y
el esfuerzo realizado por hacer realidad la
redaccin de la nueva Ley.
PREMIOS AEDS 2015
El Inspector Pedro Palmero Armendriz, Jefe de la Seccin de Coordinacin de la
Cuerpo Nacional de Polica, recibi, el pasado mes de enero. de manos del presidente
de la Asociacin Espaola de Directores de
Seguridad (AEDS), Jos Antonio Martnez
Gmez, la Metopa de Honor concedida por
esta entidad, en reconocimiento a su constante esfuerzo en el incremento de la coordinacin entre la seguridad Pblica y la privada y por su especial apoyo a la figura del
Esta asociacin instituy este premio,
con el fin de reconocer y homenajear a profesionales, instituciones o empresas que
hubieran destacado, a lo largo del ao, en
actuaciones relacionadas con la seguridad,
indistintamente de su mbito competencial.
Cont con la presencia del Comisario
General de Seguridad Ciudadana, el Comisario, Jefe de la Unidad Central de Seguridad y de una amplia representacin del sector de la seguridad privada en Espaa.
El Inspector agradeci en nombre de la
UCSP, la concesin de esta distincin, sealando la profesionalidad del sector de seguridad privada tanto del personal, como de empresas y despachos de detectives y reiterando la necesidad de una sinergia permanente
de la seguridad pblica y privada, para que,
en beneficio de Espaa, sea una suma de
En el acto tambin fueron distinguidos
el Teniente Coronel de la Guardia Civil, Javier Rogero Martn y la Directora Comercial
de SICUR-IFEMA, Mara de la Cruz Martn
Los ciudadanos encantados
con la Polica Nacional
la denuncia en sus comisaras, en vez de
recurrir a las dependencias de otros cuerpos.
La encuesta, compuesta por diez mil
entrevistas telefnicas, ha sido realizada para mejorar la eficacia operativa y la calidad
del servicio. Las comunidades autnomas
donde mejor valorado est el CNP
son Andaluca y Catalua. En Barcelona, el
ndice de satisfaccin de los ciudadanos est por encima del 91 %.
La encuesta tambin analiza
la percepcin del riesgo que tienen los ciudadanos. En general, muy pocos ven probable que puedan ser vctimas de un delito;
algo que concuerda con la ligera cada en
la tasa de victimizacin, es decir, el nmero
de personas que han sufrido un delito (un
1,6 % menos en cuatro aos, con el hurto
como el ms comn). Pero, a la hora de
identificar las causas de la delincuencia en
estos momentos, sealan la crisis econmica(91%), las penas impuestas (80%),
las desigualdades sociales (79%),
el consumo de drogas (74%) y la prdida de
valores tradicionales (73%).
De entre todos los servicios prestados
por la Polica Nacional, el telfono 091 se
sita en cabeza de las valoraciones: ocho de
cada diez personas que lo han usado lo consideran muy satisfactorio.
El 091 recibe una llamada cada siete
segundos, y la llegada de los agentes al lugar donde son requeridos se produce en menos de seis minutos desde que el afectado
se puso en contacto (cuatro minutos en el
caso de Madrid). Adems, los datos de
la Polica Nacional indican que dos de cada
El estudio de la Polica Nacional tambin aborda un tema candente: la relacin
entre seguridad pblica y privada. Los encuestados estiman que el Estado tiene la
competencia exclusiva por lo que respecta a
la seguridad pblica, pero creen que la cooperacin entre ambos sectores es beneficiosa y ya hay un 10,4 % de espaoles que
han contratado algn servicio de seguridad
privada, con los madrileos, catalanes y valencianos en cabeza.
Fuente One Magazine
EL CUERPO NACIONAL DE POLICA
"magnfico trabajo" y les ha animado a seguir con su labor de utilidad y servicio pblico a los ciudadanos.
La Polica Nacional super, en el pasado ao 2014, el milln de seguidores en
Twitter, lo que sita a esta institucin como
el cuerpo de seguridad ms seguido del
mundo por delante del FBI estadounidense,
con quien rivalizaba por el primer puesto.
Para celebrarlo, se organiz un acto en
el Parque de El Retiro de Madrid, con exhibiciones de las unidades de
guas caninos y de caballera ante el numeroso pblico que se congreg.
Inaugurada en 2009, las claves del xito de esta cuenta son su sencillez y su lenguaje cercano para conectar con el ciudadano y se ha convertido en el perfil con ms
uso operativo policial. La informacin aportada por los ciudadanos a travs de ella ha
permitido detenciones por narcotrfico, localizacin de testigos clave y vctimas de delitos graves, arresto de fugitivos, deteccin de
vdeos sexuales, amenazas o fraudes
Frente al tono corporativo del FBI, que
se limita a publicitar sus operaciones ms
importantes, la Polica Nacional busca conectar con los usuarios a travs de juegos
de palabras y tuits en clave de humor. Un
esfuerzo que muchos cuerpos de seguridad
de Iberoamrica estn tratando de imitar.
Adems de contra el acoso escolar, la
@policia ha lanzado diversas campaas para concienciar a los ciudadanos en aspectos
tan relevantes como el ciberacoso, la lucha
contra la violencia de gnero, el trfico de
drogas, la seguridad en el ocio joven, el turismo sin riesgos y la explotacin sexual.
La Polica Nacional tambin est presente en canales RSS y otras redes sociales
como Facebook y Youtube.
En dicho acto, el Director General de la
Polica, Ignacio Cosid, agradeci a los ciudadanos su apoyo y colaboracin en
las redes sociales, lo que demuestra que la
institucin no solo es una de las ms queridas en la calle sino tambin de las
ms seguidas en internet.
Tambin el Rey Juan Carlos felicit a
travs de una llamada telefnica al Ministro
del Interior, Jorge Fernndez Daz, por el
xito de la cuenta en Twitter, segn fuentes
del Departamento de Interior. Fernndez Daz traslad el mensaje de enhorabuena a los
responsables de la Polica Nacional, a quienes ha reconocido una vez ms su
En este ltimo canal pueden encontrarse videos que ayudan a conocer mejor la
Polica Nacional, su actividad diaria, sus
operaciones, as como distintas cuestiones
relacionadas con la seguridad ciudadana y
las amplias competencias de la Institucin,
siempre al servicio de la sociedad. A da de
hoy, es el canal oficial, con ms subscriptores y visualizaciones de un cuerpo de seguridad espaol.
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sobre la posibilidad o no de prestación de servicios con armas en museos y otros establecimientos que albergan bienes y objetos del Patrimonio Nacional.
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 Real Decreto

 Real Decreto

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