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Timestamp: 2018-03-22 06:10:34+00:00

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El póquer de Pedro Delgado | Noticias Ubicatv
El póquer de Pedro Delgado
16 Jan, 2014 Amos Amos Ecuador 0
En 2009, la Empacadora Grupo Granmar, de propiedad de la familia Estrada, fue embargada por el Estado, al presumirse su relación con los exaccionistas de Filanbanco. Una deuda que mantenía con el banco había sido pagada a otra empresa de los Isaías, en el exterior, lo cual fue reconocido por el Estado en una reciente resolución y era el pedido que hizo a Pedro Delgado el fiscal general Galo Chiriboga por medio del chat.
El presidente Rafael Correa ha sido enfático: su primo segundo y expresidente del Banco Central del Ecuador, actualmente enjuiciado por el escándalo de su falso título de economista, Pedro Delgado, es un hombre sin ninguna credibilidad.
Pero, desde Miami, el extitular del Central no se rinde. Como si jugase un juego de póquer, revela sus cartas bajo la manga y arremete contra el fiscal general, Galo Chiriboga, quien por medio de mensajes de texto le pidió que una empresa empacadora de la familia Estrada, Empagran, deje de constar entre aquellas compañías que -por estar vinculadas con el Filanbanco y las empresas de los Isaías- aparecían como deudoras del Estado en el caso del ‘vuelto’ a los exaccionistas del desaparecido banco guayaquileño.
La empacadora Grupo Gran Mar (Empagran) es una empresa administrada por la familia Estrada, que el 29 de septiembre del 2009 fue incautada por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) aplicando una norma legal según la cual se podía proceder a la incautación de aquellos bienes que, aunque no estuvieren formalmente a nombre de los exaccionistas de los bancos quebrados, se pudiera presumir de forma razonable que les pertenecían. Según dicha norma, no correspondía a la AGD probar la propiedad, sino que en el caso de que una tercera persona -por ejemplo la familia Estrada- se considerase perjudicada, debía demostrar de forma documentada que la empresa no era realmente de los exbanqueros. Con este criterio se incautaron propiedades no sólo a los Isaías, sino a otros exbanqueros protagonistas de la crisis de 1999, como Alejandro Peñafiel, Nicolás Landes o Fernando Aspiazu.
La defensa de la empresa alegó que dicha obligación, había sido pagada en su momento, a otra empresa de propiedad también de los exaccionistas de Filanbanco, aunque no al banco directamente, por lo cual se le estaba cobrando dos veces.
Así, según la resolución firmada el 29 de septiembre del 2009, se declaró oficialmente que la empresa era realmente propiedad de los exaccionistas de Filabanco, por lo cual pasó a ser bien del Estado ecuatoriano, por medio de la AGD. También, se estableció que dicha compañía tenía una deuda pendiente con el Filanbanco, de poco más de cinco millones de dólares, que debía ser cobrada.
No obstante, la defensa de la empresa alegó que dicha obligación, había sido pagada en su momento, a otra empresa de propiedad también de los exaccionistas de Filanbanco, aunque no al banco directamente, por lo cual se le estaba cobrando dos veces.
Acogiendo ese criterio, Katia Torres, la misma funcionaria que en el 2009 declaró la incautación de Empagran, admitió en una resolución de julio del 2013, que la empresa había liquidado sus obligaciones, por lo cual no procedía el cobro de la deuda.
Pero Pedro Delgado, desde Miami, tiene una lectura distinta. En una carta enviada a los medios de comunicación, el ex titular del Central afirma que se trata de una maniobra realizada para favorecer a esa empresa. Y acusa de ella directamente al fiscal general del Estado, Galo Chiriboga.
En su carta, Delgado afirma que los exaccionistas de Filanbanco pretendieron recuperar parte de los activos de su banco, en forma de pagarés suscritos por empresas pertenecientes al Grupo Isaías o vinculadas a éste.
Esta operación financiera se la conoce como ‘el vuelto’. Para evitarlo, se tomó la decisión de ejecutar dichos pagarés y de esta forma obtener recursos para pagar a los depostitantes, cosa que, según afirma Delgado, se hizo recién en el actual Gobierno por expresas instrucciones del presidente Rafael Correa.
Pero el detalle, según Delgado, es que la resolución de Katia Torres que libera a Empagran de su deuda confirme legitimidad legal a lo que -afirma- son los manejos de ciertos banqueros para hacer desaparecer deudas de sus balances por medio de operaciones de notaría.
Resolución que declara que Empagran no es deudora de Filabanco, por haber pagado a sus ex accionistas la obligación.
En su criterio, con su resolución, Katia Torres ha vuelto imposible que se puedan cobrar todos los pagarés de las empresas vinculadas en el caso del ‘vuelto’, lo cual contraviene las instrucciones del propio presidente Correa. Según Delgado, esto había sido hecho a espaldas del presidente Correa, quien no estaría al tanto de las gestiones del fiscal general Galo Chiriboga, a favor de Empagran.
Las consecuencias de la supuesta gestión del Fiscal General, en criterio de Pedro Delgado, serían varias, entre ellas, dejar sin validez legal la declaratoria de ilegalidad que tanto el Servicio de Rentas Internas cuanto la Ugedep, la entidad sucesora de la AGD, habían realizado de las operaciones contables de las empresas vinculadas al caso del ‘vuelto’. Así mismo, precisa Delgado, se podría perjudicar a los trabajadores de Ecudos, quienes cobraron utilidades amparados en las presunciones legales sobre la propiedad de esa empresa, y que se podrían ver obligados a devolver el dinero recibido.
El fiscal general Galo Chiriboga admitió que los chats son auténticos, pero aseguró que no hubo tráfico de influencias y que Pedro Delgado nunca dio paso a su pedido a favor de Empagran.
millones de dólares podría perder el Estado del vuelto de los Isaias como consecuencia del caso Empagran.
La resolución no sólo beneficiaría a los Isaías, sino a todos los exbanqueros cuyos bienes fueron incautados por presunción de propiedad, pues consagraría que sea la Ugedep la que tenga que probar que los bienes les pertenecían, cuando las normas que se habían aplicado hasta entonces establecían más bien que si un tercero se consideraba perjudicado por una incautación debía probar de manera suficiente que los bienes no eran de los exbanqueros.
Delgado finalizó su misiva desde Miami afirmando que el perjuicio podría llegar a USD 148 millones sólo en el caso del ‘vuelto’, y que todos los exbanqueros podrían iniciar acciones administrativas con ese precedente.
De su lado, el fiscal general Galo Chiriboga admitió la veracidad de las comunicaciones enviadas por chat a Pedro Delgado, y aseguró que Empagran es propiedad de una familia muy respetable de Guayaquil, a la cual se le estaba cobrando dos veces una obligación que sí había pagado. Negó, en todo caso, que se trate de un caso de tráfico de influencias, pues -según dijo- durante la gestión de Pedro Delgado no se dió paso a su pedido, aunque esto ocurrió varios meses después de la caída del extitular del Central por el escándalo de su título falso.
CRISTÓBAL BUENDÍA
ABOGADO DE LOS TRABAJADORES DE ECUDOS
Aquí hay dos escenarios, el primero es el accionar del Fiscal y el otro es la controversia Enpagram-Ugedep por el tema de la obligación vencida de esta empresa con Filanbanco. Empagran era una empresa sometida a un proceso de coactivo por una obligación que tenía con Filanbanco. En el momento de la incautación del banco por parte del Estado se vio que había una cuenta impaga y se inició un proceso de coactiva. Y la embargaron.
La obligación es con Filanbanco. Por su naturaleza jurídica Filanbanco y los accionistas son dos personas jurídicas distintas. El banco es el que está incautado, no las personas.
El Fiscal interviene en ese momento y dice, no señores, están cometiendo una injusticia, porque Empagran ya pagó esa obligación a los accionistas de Filanbanco y por ende es una obligación extinguida. Se realiza una verificación de este tema y se comprueba que la obligación existe entre Empagran y Filanbanco, porque lo que hizo la empresa es pagar ciertos créditos vinculados que tenía Seguros Rocafuerte con una entidad financiera del exterior, llamada IFC, una de las entidades de financiamiento que tenían los señores Isaías para generar pasivos y rebajar utilidades de sus empresas, porque aumentaban gastos. Este es el meollo del asunto. De lo que tengo entendido, luego, el señor Fiscal insiste en que esta medida se retire mediante un escrito en virtud de que se ha justificado el famoso pago.
Bueno, primero la obligación es con Filanbanco. Por su naturaleza jurídica Filanbanco y los accionistas son dos personas jurídicas distintas. El banco es el que está incautado, no las personas. El Estado busca recuperar esa acreencia de la empresa incautada, que en este caso es Filanbanco S.A. Hay esta mezcolanza: yo le pagué al dueño pero no a la empresa. Resulta que por informaciones de prensa el hermano del señor Fiscal es el que tiene una relación de orden laboral con los propietarios de Empagran y resulta que a partir de ello el Fiscal interviene supuestamente a hacer una gestión de buena voluntad y exige que se actúe con corrección. Ahí es donde aparecen los famosos chats, y más allá de su veracidad o no, porque eso debiera ser judicializado para saber si son o no reales, el Fiscal acepta la autoría de esos correos y dice que lo que se está haciendo es dándole una dirección inadecuada y perversa. Pero si nos vamos al hecho y no a las intenciones, el hecho fáctico per se ya es irregular.
Es un presunto manejo de influencia por el cargo que ocupa este señor, más allá de quien sea.
Al ser un funcionario el doctor Chiriboga y ejercer funciones en virtud de este cargo público, estas funciones están determinadas y limitadas única y exclusivamente a lo que la ley le permite hacer, en este caso el Código de Procedimiento Penal y el Código Orgánico de la Función Judicial. Y en ninguna de estas atribuciones está ser adalid de la justicia. Él está limitado a perseguir la vindicta pública en materia penal. El caso Empagran es un caso de autoridad administrativa civil, el Fiscal no es autoridad competente para intervenir en ese proceso. Él es autoridad penal. Como Fiscal General era totalmente incompetente para intervenir, porque no es un proceso penal. Como persona asociada a la autoridad, implica un serio cuestionamiento porque esa persona ejerce un grado de influencia por su cargo. No es lo mismo que Juan Piguave diga que esto o aquello es una injusticia a que lo haga el Fiscal General. Es un presunto manejo de influencia por el cargo que ocupa este señor, más allá de quien sea. Porque induce al funcionario público a que adopte una conducta en virtud de su posición de autoridad. Si me pide algo el Fiscal, tengo que tomar al menos atención.
Y vemos que luego de que el señor Delgado sale del cargo, en el 2012, en el 2013, la nueva administración del Fideicomiso AGD no más Impunidad da la razón al Fiscal. Y extingue la obligación de Empagran y declara revocadas todas las obligaciones por temas de legitimidad.
¿Qué significa la extinción de estas obligaciones? Que el argumento de que este pago de obligaciones cruzadas entre accionistas y personas jurídicas tiene asidero. El Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas, en su transitoria undécima, habla sobre estos pasivos inexistentes. Se dice que si en las empresas incautadas se detectaran estos pasivos la obligación del administrador es reversar esos pasivos de la contabilidad y generar una cuenta por cobrar al accionista. Que significa, si efectivamente se ratifica que la obligación existió en estas empresas por parte de los accionistas, que no se está cumpliendo con este precepto legal de reversar los pasivos inexistentes, al contrario, se les está dando valor como si efectivamente existieran, tanto así que se pagaron, si no no se hubieran pagado.
Resolución del 2009 que embarga la empresa Empagran.
Hay una contradicción con lo que se ha hecho con la mayoría de las empresas que han generado este tipo de pasivos. Por ejemplo, en Ecudos se reversó una obligación que tenía esta empresa con CFI por aproximadamente 60 millones de dólares, se generó una cuenta por cobrar a los accionistas y la Ugedep subrogó esa cuenta por cobrar para aumentar el monto de la deuda que tenían los accionistas con el Estado.
En la resolución, el único argumento que la Ugedep da para extinguir la obligación de Empagran es la falta de motivación. ¿Qué es la ‘motivación’?, cuando emito un fallo tengo que explicar los fundamentos de hecho y derecho en los cuales baso mi decisión. Aquí habla de que se ha violado el artículo 76 de la Constitución, indicando que no hay la suficiente motivación en la decisión que se tomó en el 2010. Eso es referirse a un tema de carácter formal y no a un tema de fondo. Estos señores hacen caer la sentencia por defectos de carácter formal. Porque dice que no cuenta con la suficiente motivación que los actos públicos deben tener.
¿Qué hacían estos señores? Yo tengo un banco, y además tengo empresas. Para que estas empresas paguen menos impuestos, principalmente impuesto a la renta, me genero unas deudas con una empresa financiera en Miami, que es del mismo grupo.
Es una decisión que se va contra el Código Orgánico de Planificación, y es tan ambigua que se pudiera interpretar que la intervención del Fiscal sí tuvo el peso para tomar esa decisión.
Yo no creo en coincidencias. Este es un caso del año 2010. El argumento que la empresa tiene y por el cual consiguió su objetivo es el mismo desde el año 2010. El argumento no ha cambiado. El Fiscal interviene desde septiembre hasta casi diciembre del 2012. Y resulta que en el 2013 ya se le da la razón bajo el mismo argumento. ¿Es coincidencia? ¿Por qué no se les dio la razón en el 2010 o en el 2011 o en el 2012? Es más, se estableció un juicio de excepciones y después de la intervención del Fiscal se les da la razón con el mismo argumento del 2010. ¿Por qué cambiaron las cosas? ¿Por qué antes no era válido y hoy sí?
La familia Estrada-Icaza, propietaria de la empacadora Grupo GranMar.
¿Qué hacían estos señores? Yo tengo un banco, y además tengo empresas. Para que estas empresas paguen menos impuestos, principalmente impuesto a la renta, me genero unas deudas con una empresa financiera en Miami, que es del mismo grupo. Los intereses de las instituciones financieras se pueden deducir del impuesto a la Renta, es una forma de bajar renta, participación laboral e impuestos. Estas empresas que forman parte del grupo adquieren obligaciones afuera. Todos los años declaran eso y se van bajando más impuestos. El momento en que el Estado reconoce que esto fue una sapada ordena que todos esos asientos contables sean revertidos y echados al piso. Eso está bien, es lo correcto. ¿Qué pasó con Empagran? Están diciendo que la empresa le debía a esta financiera de Miami, nosotros le pagamos a los accionistas que eran deudores también de esta empresa en Miami y por ende la obligación está extinguida. Esto quiere decir que las obligaciones que estos señores generaban en Miami están siendo reconocidas como válidas. Y esa es la razón por la cual se extingue la obligación.
¿Por qué la Ugedep reconoce una obligación ficticia, cuando hay una disposición legal clarísima que este tipo de obligaciones se debe dar deben dar de baja de la contabilidad de las empresas incautadas? Quien debiera explicarlo es la doctora Katia Torres. Por qué hace tres años no valía el argumento, interviene el señor Fiscal y vale ese argumento. Hay una coincidencia, cuál es la razón, el argumento real. Que se diga por qué ahora sí se tomó en cuenta la posición de la defensa de Empagran. Deja además un pésimo precedente para los otros deudores de la banca. Empagran no es incautada porque son dueños los exaccionistas, es incautada porque era deudora de Filanbanco, y el momento en que Filanbanco pasa al Estado, es el Estado el que ejerce las labores de cobro. Eran clientes de Filanbanco, no accionistas.
Los demás pueden decir ahora que han pagado al accionista y pedirán extinción de obligación. Con esta resolución, todo el argumento de las deudas ficticias es válido.
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 artículo 76