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Timestamp: 2017-07-25 18:39:25+00:00

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Prólogo Legitimación constitucional Potencia social y proceso constituyente Complejidades eco-sociales y eco-institucionales Prólogo
Desde esta certeza, devenida de la experiencia social política, se ubica al proceso constituyente y sus desenlaces. Se considera al proceso constituyente, por más irradiaciones de la potencia social, del desborde rebelde, que todavía contenga, como la reinserción del desborde de la potencia social o, por lo menos, parte de ella, a las estructuras institucionales del poder establecido; es decir, del Estado. El haber apostado a la Asamblea Constituyente, por parte de los movimientos sociales más vigorosos, en las coyunturas cronogramadas por el siglo XXI, es como haber caído en la ilusión del fetichismo jurídico-político, es decir, en la ideología jurídico-política. Se renuncia a la propia potencia de la movilización social, a los alcances que conlleva, a la capacidad creativa, y se reduce todo esto al ideal constitucional; es decir, de la promesa de la palabra escrita. Las masas movilizadas, las multitudes rebeladas, que desafían con su pasión, afecto colectivo desbordante, con su intuición subversiva, a la realidad institucionalizada y a la historia narrada oficialmente, terminan como convencidas por las supuestas alternativas, que todavía contiene el sistema de poderes, que es el Estado-nación y la sociedad institucionalizada que lo sostiene.
La crítica de este ensayo no solamente va dirigida a las formas del poder, al Estado y a la sociedad institucionalizada, a las fuerzas sociales concurrentes organizadas, unas defendiendo el Estado, otras atacándolo, para construir otro Estado, al discurso jurídico-político de legitimación, sino también al mismo pueblo; pues es el pueblo, esta constelación de multitudes, el que decide el curso de los acontecimientos. En la medida que no continúa la lucha, que se queda a mitad del camino, convencido por la promesa de una institucionalidad mejorada, de un Estado más justo, de gobiernos que lo convocan, termina el pueblo siendo cómplice de sus propias dominaciones.
La crítica de la ideología que se ventila no es pesimista, de ninguna manera, pues cree y confía en la potencia social, que contienen los cuerpos y las corporeidades sociales. Esta potencia es desbordante, es la vida misma, la capacidad creativa; solo que, por el camino tomado por las genealogías sociales y las genealogías del poder, ha sido inhibida en las historias singulares de las sociedades humanas. Se trata entonces de liberar la potencia social para liberar a los pueblos de las ataduras y cadenas que ellos mismos se han impuesto.
El discurso jurídico-político tiene su referente nuclear en la Constitución. En las interpretaciones positivistas, por así decirlo, la Constitución corresponde al contrato social, que se expresa en el acuerdo fundamental político, que funda a la sociedad y al Estado. En las interpretaciones más románticas, la Constitución viene a ser el corazón mismo de la nación. Allí se encuentra la nación expresada en su composición jurídica, en su realización política, el Estado-nación. El espíritu de la nación o la consciencia nacional se habría objetivado en la concepción jurídico-política, expuesta en el texto constitucional. Las instituciones del Estado y de la sociedad, nacerían de los postulados constitucionales. Como hemos dicho, en otros escritos, recogiendo la lúcida interpretación de Michel Foucault, el discurso jurídico-político es de legitimación[3]. Para el discurso jurídico-político la Constitución aparece como la tabla de mandamientos del Estado-nación; es la matriz de las leyes, de las normas, de los reglamentos. Una vez promulgada la Constitución, lo que hace el Estado es cumplirla y hacerlo cumplir. Todos los actos que no cumplen con la Constitución, son considerados violaciones y vulneraciones de la misma.
En consecuencia, la Constitución contiene algo así como el arjé de las leyes, acompañada por las leyes fundamentales; lo que viene después es el desarrollo legislativo, que se deriva del arjé normativo y de las leyes fundamentales. Como se puede ver, el discurso jurídico-político tiene a la Constitución como la estructura de sentido del Estado; es como el ideal que rige a las instituciones y sus funciones, a la sociedad y su prácticas. Aunque no lo considera ideal, en el sentido como fin a alcanzar, sino como ideal que rige el mundo político; es su motor fundamental. A esta concepción jurídico-política llamamos ideología jurídico-política.
La ideología liberal ha convertido a la ley en un fetiche; es decir, ha convertido a la formación discursiva y enunciativa jurídica en una ideología. Podemos hablar, entonces, del fetichismo jurídico, cuando el derecho se convierte en el sentido mismo del Estado. Regiría al Estado como rigen las leyes físicas a la naturaleza. Esta es la pretensión ideológica del de la razón de Estado, del funcionamiento de sus instituciones. Las mecánicas y dinámicas estatales no se rigen por el derecho, por las leyes, por la razón jurídica. Las leyes están para regular las conductas, para valorar los comportamientos, estableciendo derechos y deberes; así como libertades y prohibiciones. El derecho es un instrumento administrativo-jurídico; un tanto convincente, un tanto disuasivo y un tanto amenazador. El Estado se rige por la disponibilidad de fuerzas, por el monopolio legítimo de la violencia concentrada, por el juego de la correlación de fuerzas, en el campo político, así como también en otros campos sociales, como el campo económico y el campo escolar. El Estado es una organización de las fuerzas sociales capturadas. Parte de ellas funcionan como burocracia, cumpliendo funciones administrativas; otra parte funciona como aparatos de emergencia, ya sea resguardando el orden, ya sea garantizando la soberanía y cuidando las fronteras. Otra parte funciona cumpliendo funciones en la enseñanza, donde el Estado reproduce los símbolos institucionales, los significados históricos, las narrativas estatales. Las fuerzas sociales capturadas pueden adquirir una distribución mayor, dependiendo de la división del trabajo funcionario. Por otra parte, la sociedad institucionalizada, que es, a la vez, el sostén social del Estado, así como producto mismo de la estatalización, también se encuentra atravesada por las mallas institucionales correspondientes a la sociedad civil. Estas mallas institucionales de la sociedad civil están vinculadas y articuladas a las mallas institucionales del Estado; macro-institución que hace como maquinaria fabulosa del poder; ideológicamente, como síntesis política de la sociedad civil[7]. Esta es otra razón por la que hablamos de ideología jurídico-política. Se trata de una pretensión que extiende excesivamente la condición y el carácter del derecho en el funcionamiento, la composición y la mecánica estatal. Además de cumplir plenamente el papel ideológico que le compete; la legitimación del poder. Sin embargo, lo que interesa, en este ensayo, no es tanto el señalar los límites de la formación discursiva y enunciativa jurídico-política, sino comprender cómo funciona la maquinaria de poder, la maquinaria del Estado, y qué papel cumplen las leyes, el discurso jurídico-político, la ideología liberal, que ha sido heredada por otras ideologías políticas, como las nacional-populares.
No se puede decir que el discurso jurídico-político se equivoca, en el sentido práctico de su funcionamiento. El Estado requiere de un discurso que diga que el núcleo del Estado es el derecho; que es como decir que el núcleo del Estado es la justicia. El funcionamiento del Estado requiere de una ideología, que convierta al Estado en una entidad suspendida. Entidad que se encuentra como fuera de la sociedad civil, sobre la sociedad civil, separada, al margen, por así decirlo, de las pugnas, concurrencias sociales, al margen de la lucha de clases. Entonces, se trata de ungir al Estado del simbolismo imaginario de lo sagrado; solo que, en este caso, de lo sagrado político, no religioso. Simbología que le otorga al Estado la figura de estar fuera de la historia; que permite ungir a la ley del carácter de valor absoluto e indiscutible. Que coadyuva en convertir al derecho y a la razón jurídica en la esencia del Estado mismo. Es así cómo los ciudadanos deben concebir al Estado y sus relaciones con esta entidad casi sagrada. El constitucionalismo jurídico convierte a la Constitución en un fetiche; despliega todo un fetichismo constitucional. La Constitución no solamente es la Ley Madre, la madre de todas las leyes, sino es la madre misma de la nación, del Estado-nación, así como de la sociedad institucionalizada. Es decir, el acuerdo social y político, si se quiere, el contrato social y político, se convierte en el origen del Estado. El Estado no nace del texto constitucional, como si la racionalidad jurídica-política se realizara, se materializara, en la estructura estatal; este es el idealismo jurídico-político. El Estado nace de la violencia inicial, de la guerra de conquista, de la disponibilidad de fuerzas, que articulan los territorios dispersos, los pueblos distribuidos, las diferentes culturas y las variadas lenguas; concentrándolas en el manto del Estado, homogeneizándolas, diseminando su localismos, sus lenguas y culturas, para convertirlas en un solo pueblo, el pueblo que hace a la nación.
El discurso jurídico-político del Estado territorial, entonces, para decirlo retrospectivamente, es como “hegemonía” trucha. Unge a la monarquía absoluta - que se va extender mundialmente, con la conquista y la colonización, convirtiéndose en corona del imperio - de la grandeza del teatro del poder, que transmite la narrativa recogida de la trama de la epopeya. Sin embargo, el discurso jurídico-político de la monarquía absoluta y colonial es ya ideología del Estado. El Estado territorial se atribuye nombres, exaltando su narcisismo, pintado de superioridad y jerarquía; se muñe de un discurso que da órdenes y ordena administrando, un discurso que dictamina y regula, un discurso que norma, que prohíbe; pero, también tolera ciertos derechos consuetudinarios.
Al dirigirse al interlocutor vencido - empero, peligroso, porque es una constante amenaza; puede volverse a levantar y rebelarse, reclamando sus tierras, sus leyes, su propia soberanía – el discurso jurídico-político no emerge solo desde una elaboración auto-referida, pues se construye en la hetero-referencia, dirigiéndose al enemigo vencido. Tomando en cuenta, en la narrativa, los choques de las batallas, aunque sean, en este caso, hitos del despliegue de la grandeza del Estado. No como en el otro discurso histórico-político, pruebas de la violencia y de la usurpación de un poder ilegítimo. El sentido del discurso jurídico-político no se encuentra en la interioridad del discurso mismo, sino, mas bien, en los lugares que menciona, en la guerra vencida, en el enemigo sometido y convertido en vasallo. El sentido deambula en ese mundo, el del Estado territorial, cantando a dos voces; la de la apología del poder y la de la interpelación al poder por parte del pueblo, la nación, la tierra sometida.
La tesis esquemática sobre la condicionalidad de la ubicación en el contexto de la estructura de poder, ayuda a salir de este acto de juzgar y condenar; sin embargo, se encuentra todavía lejos del comprender, del entender y el conocer, que pueden permitir operar prácticas y técnicas que desarmen y desmantelen las máquinas de poder. Resulta todavía una hipótesis simple, que tampoco puede explicar las mecánicas y dinámicas, que hacen de substrato de estas mutaciones políticas. Es menester, entonces, avanzar a la intuición de la complejidad dinámica del acontecimiento político; abriendo la mirada a otras condiciones y procesos de incidencia, que hacen de entramados, también de inducciones, por así decirlo, que empujan a los sujetos involucrados al encantamiento del poder. Sugerimos que la condicionante de la ubicación, en el contexto de la estructura de poder, viene acompañada por otras condicionantes, con las que se articula, formando el tegumento de las atmósferas y climas de poder, de los escenarios de poder, en los que los “revolucionarios” terminan encandilados. Se trata de recortes de realidad, que son representados como si fuesen efectivamente la realidad social entera; incluso, considerando un alcance menor, como si fuese efectivamente la realidad política completa. Es desde estas esferas del poder que la clase política contempla el mundo; lo observa y saca sus conclusiones. La perspectiva desde estas esferas, viene definida por el ángulo del enfoque, por así decirlo; ángulo que le da la visión que permite este enfoque y este ángulo. Una consecuencia funesta para la parte de la clase política gobernante, es que recibe información acotada, filtrada, en el mejor de los casos; información distorsionada, en uno de los peores casos.
Es indispensable volver a analizar los procesos de la crisis, los procesos que convergen en la explosión social, en la decisión colectiva del pueblo sometido a luchar y liberarse de la dominación. La pregunta para reiniciar este análisis es: ¿Cuándo la potencia social desbordada, enfrentada a lo instituido y decidida a destruirlo, retorna al curso de la normalidad institucional, convirtiendo el desborde en un proceso político, que conduce a la Constitución; es decir, a la legitimación de lo instituido, aunque sea una nueva malla institucional? Hablamos del proceso constituyente.
¿Por qué entonces sorprendernos ante la evidencia histórica de que las revoluciones cambian el mundo y, después, se hunden en sus contradicciones? ¿Por qué sorprendernos del diletantismo de los “revolucionarios” que toman el poder? ¿Por qué sorprendernos que los gobernantes “revolucionarios” asuman el discurso jurídico-político de legitimación, y opten por prácticas políticas análogas a la clase política derrocada? Cuando la regresión de la “revolución” parece comenzar ya antes que se manifiesten sus síntomas de la decadencia, cuando la potencia social es atrapada y retenida en el proceso constituyente. Lo que hay que analizar entonces es esta inclinación de las “vanguardias” por orientar la potencia social hacia el proceso constituyente; es decir, a un proceso que plasme la Constitución, sea liberal, nacionalista o socialista. A un proceso que se materialice en un nuevo poder constituido. Lo que hay que analizar es esta inclinación por el fetichismo institucional; en concreto por el Estado; nómbrese este Estado como Estado de derecho, Estado del trabajo, Estado social o Estado socialista. Parece encontrarse aquí otra clave del poder, de la reproducción del poder. Anteriormente dijimos que la clave del poder no se encuentra en la disponibilidad de fuerza de los que ejercen el poder, sino en la renuncia a luchar de los que padecen el poder, de los que tienen la responsabilidad de hacerlo, de luchar, para emanciparse y liberarse de sus dominaciones múltiples. A esta renuncia la hemos identificado con la figura expresiva del deseo del amo. Ahora añadimos otra clave del poder: la inclinación de los “revolucionarios” a recurrir al poder como medio para lograr los fines de la “revolución”. A esta apetencia “revolucionaria” la identificaremos como deseo de poder.
Ahora bien, el análisis del punto de inflexión, cuando el desborde de la potencia social se distorsiona, se limita, y se orienta como proceso constituyente, requiere considerar los campos de correlaciones de fuerzas intervinientes en el momento de la inflexión. Así también, las formas organizativas que adquieren estas fuerzas, haciendo de dispositivos de incidencia. Obviamente también la orientación y proyección de estos dispositivos. El punto de inflexión no se da de por sí, como si el desborde de la potencia social contuviera inherentemente esta posibilidad, la de su propia regresión. Así como el desborde de la potencia social es efectuada masivamente por singularidades que se asocian, que componen formas alternativas de organización, desencadenan acciones de rebelión, ocasionando efectos masivos en las composiciones molares, como las relativas a las mallas institucionales; del mismo modo, estas singularidades asociadas, compuestas y combinadas, en el ejercicio de su potencia, se enfrentan a otras singularidades asociadas y compuestas, que se encuentran ateridas en el tejido de la sociedad institucionalizada, en los tejidos del poder, en sus múltiples formas, en las mallas institucionales del Estado. Así también, en el desenvolvimiento complejo del acontecimiento político, los dispositivos de la rebelión se enfrentan a sus propios límites. Lo que obliga a superarlos, desatando la invención de nuevas asociaciones y composiciones singulares creativas, más allá de donde la inventiva anterior ha llegado. Sin embargo, esto no parece haber ocurrido en las revoluciones sociales y políticas de la modernidad. Por decirlo de alguna manera, la suma de las fuerzas conservadoras, que resguardan el antiguo régimen - aunque sea en su estructura funcional, pudiendo renunciar a los nombres y a las formas, pero manteniendo el dominio y el control efectivo de las instituciones -, de las fuerzas reformistas, para decirlo de una manera ilustrativa, aunque no del todo correcta, apoyadas en las limitaciones de los primeros dispositivos de la rebelión, es cuantitativamente mayor que la suma de las fuerzas entregadas a la potencia social.
Debemos añadir un obstáculo más, entre otros, por el momento; la inclinación de las “vanguardias” por el fundamentalismo racionalista; esto es, el creer que la astucia de la razón se impone en la historia. Dicho de otra manera, que la razón y la racionalidad se imponen; por tener razón llevan la delantera y se anuncia su victoria venidera. Este fetichismo de la razón revolucionaria es síntoma de una debilidad profunda y de una vulnerabilidad expuesta; se entregan de lleno al goce de autosatisfacción en el mundo de las representaciones, alejándose de las condiciones de posibilidad histórico-políticas-culturales y de los procesos inherentes del mundo efectivo.
No se puede acudir a tesis como las del peso de la tradición, el peso de la historia, la gravitación de las mallas institucionales, inscritas en las conductas y comportamientos, así como en las mentalidades. Las instituciones son movidas por actividades de los sujetos sociales singulares en un presente; la tradición es redituada por los hábitos y habitus de sujetos singulares; la historia la hacen los sujetos singulares con las acciones singulares desencadenadas en masa. Parece que el problema se encuentra en las maneras como se relacionan con las instituciones; en las relaciones con los habitus y hábitos redituados; en las relaciones que desencadenan las acciones. En Acontecimiento libertario[11], dijimos que la relación entre “vanguardia” y proletariado es ya una relación de dominación; que la relación entre intelectuales que enseñan y pueblo que aprende es ya otra relación de dominación. Que si las emancipaciones se asientan en estas relaciones, no es sorprendente que las “revoluciones” de estas “vanguardias” y de estos intelectuales conlleven en sus entrañas las nuevas formas de dominación de una nueva forma de poder, con otros discursos y ropajes. Solo tomando en cuenta estas formas de relación del proceso revolucionario, ya tenemos, con anterioridad a las organizaciones, a los dispositivos revolucionarios, el formato o la lógica, por así decirlo, de una proyección de dominación, que, de entrada, limita los alcances de la potencia social.
En consecuencia, el gran desafío para evitar la limitación de la potencia social, consiste en cambiar la forma de operar la rebelión. La forma de operar, que permita la liberación de la potencia y su flujo constante creativo, no corresponde al esquematismo dualista de activo/pasivo. Sino a la posibilidad de asociaciones equivalentes, que logren, en su conexión y empatía, activar las potencias singulares, contenidas en los cuerpos. Esta posibilidad parece requerir formas de comunicación social que no sean dualistas, que reproduzcan el esquema de destinador-destinatario, emisor-interlocutor, o la estructura destinador-destinatario-denotación-connotación-codigo-decodificación-referente-mensaje. Sino, ya especulando, formas de comunicaciones plurales, múltiples y simultaneas.
Estas descripciones de las nuevas constituciones latinoamericanas son sucintas, salvo en el caso boliviano, que es el que más conocemos; donde además de la descripción se hace un análisis. En el proceso constituyente del cual hemos tenido experiencia y participado de la Asamblea Constituyente. De alguna manera ampliaremos la descripción sucinta un poco más en el caso de la promulgación de las constituciones más recientes, como es el caso venezolano y el caso ecuatoriano.
República Federativa de Brasil Promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1988. La Constitución constituyó la estructura jurídico-política del Estado-nación. En lo que respecta a la jerarquía política y sus funciones, perseveró la forma presidencialista de gobierno. El presidente, los gobernadores de los Estados, los alcaldes municipales y los representantes del poder legislativo son elegidos por el pueblo, en votación directa y secreta. Por otra parte, se asume la estructura de la república, que tiene que ver con los contrapesos y la división de poderes. Se ampliaron los derechos sociales, entre ellos, los derechos del trabajo; aunque también se ampliaron las atribuciones de la administración pública. Se garantiza la jubilación para los trabajadores rurales, incluso sin contar obligatoriamente de haber contribuido a la Seguridad Social. Se definió la geografía política del Estado; la cartografía política delimitó veintiséis estados y un distrito federal. El marco económico dispuso la función social de la propiedad, en combinación con la libre empresa, condicionada por la intervención estatal, cuando lo amerite. Regulando las concurrencias electorales en dos vueltas, en caso de que ningún candidato alcance la mayoría absoluta de los votos válidos. Voto facultativo para los ciudadanos de entre 16 y 17 años. Mayor autonomía de los municipios. Instauración del Sistema Único de salud. Establecimiento de la función social de la propiedad privada urbana. Garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, garantizando el cumplimiento de la demarcación de los territorios nativos. Protección del medio ambiente. Prohibición sobre el comercio de la sangre y sus derivados. Fin de la censura en la radio y de televisión, películas, obras de teatro, periódicos y revistas[12].
Constitución Política de Colombia La Constitución Política de 1991 reconoce a Colombia como un Estado Social de Derecho, organizado como República unitaria descentralizada; en consecuencia sus entidades territoriales deben ser autónomas. Reemplaza la democracia representativa por la democracia participativa. Reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación, admitiendo la diversidad lingüística y religiosa del país, así como la obligación del Estado en la protección de su patrimonio cultural. Elimina el Estado de Sitio y lo reemplaza por el Estado de Emergencia, que tiene la característica de ser de naturaleza Económica, Social y Ecológica. El Estado de Emergencia requiere de la firma de todo el gabinete ministerial del gobierno para ser declarado. Cada caso de Estado de Emergencia tiene un límite de vigencia de 30 días; sumados no pueden superar los 90 días en un año calendario. Solo se declara el Estado de Excepción en caso de conmoción interna o de guerra exterior. Se funda el sistema judicial acusatorio, basado en la Fiscalía General de la nación. Se crea la acción de tutela y el derecho de petición, como herramientas de defensa de los derechos de los ciudadanos; cuando sean vulnerados por el Estado o empresas privadas teniendo como entidad la Defensa del Pueblo. Se instituye la Corte Constitucional, reemplazando la Sala Constitucional dependiente de la Corte Suprema de Justicia; que debe encargarse de la revisión jurídica y el análisis de la constitucionalidad de las leyes, decretos legislativos, tratados internacionales y referendos. Además, debe analizar y tomar decisiones en casos de apelación de decisiones judiciales como la acción de tutela. Crea el Consejo Superior de la Judicatura para administrar la rama judicial en reemplazo del Tribunal Disciplinario[13].
En lo que respecta a la geografía política, es decir, en los términos constitucionales, Espacio Geográfico y de la División Política, se establece que el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales, no viciados de nulidad. Considerando los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela. La división política se divide en Estados, Distritos, Capital, Dependencias Federales y Territorios Federales. En el marco de la soberanía, el territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional.
En lo que respecta a la Organización del Poder Público Nacional, la Constitución erige una Asamblea Nacional unicameral, elimina el Senado de la República y el cargo de Senador vitalicio; disponiendo la forma de elección de los miembros de los mismos y sus números, los requisitos e inhabilitaciones para desempeñar el cargo, las atribuciones exclusivas, el funcionamiento de la Asamblea, las materias de ley y la formación de las mismas. Se erige como cabeza del Estado y del gobierno al presidente de la república. Define las formas de elección de éste, así como los requisitos para desempeñar el cargo; dispone las atribuciones del presidente; también las normas correspondientes al vicepresidente, los ministros de Estado; la modalidad de su nombramiento, así como los requisitos para desempeñar el cargo. Se reglamentan las bases del Poder Judicial, representado por el Tribunal Supremo de Justicia. Todo lo referente a la organización y funcionamiento del Poder Ciudadano y los órganos que lo componen, fijando las bases del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Contraloría General. Las formas y modos de operar del Poder Electoral, la designación o elección de sus miembros, así como las atribuciones de los mismos.
En lo que respecta a las Disposiciones Transitorias, dispone el cumplimiento de lo que estipula el cuerpo de la Constitución, con carácter temporal, mientras se dictan los instrumentos jurídicos para que tenga efectiva vigencia[14].
La reciente Constitución de Ecuador instaura el Estado de derechos, en plural, abarcando el conjunto de las generaciones de derechos logrados y conquistados por la humanidad. Hablamos de los derechos civiles y políticos, de los derechos sociales, de los derechos del trabajo, de los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza. El Estado debe dar cumplimiento y garantizar la efectuación de estos derechos. La intención declarada de la Constitución es desarmar el modelo de Estado de Derecho y el marco de la economía de mercado; pasar, de este modo, a una Constitución de libertades, a una Constitución del buen vivir; conformada por la cosmovisión comunitaria autóctona encaminada al buen vivir; heredando de la nación y pueblos quechuas, la praxis y la concepción cultural del sumak kawsay.
En lo que respecta a la estructura de la república, se constituye el cuarto poder; el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Órgano del poder popular, conformado por los organismos de control constitucionales y por los movimientos sociales. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ejerce también el control constitucional. En lo que respecta a política y comercio exterior, se define como horizonte primordial a la tarea de integración regional bolivariana y latinoamericana[15].
Estructura constitucional Título I: Elementos constitutivos del Estado
La Constitución establece la geografía política en Regiones, Provincias, Cantones y Parroquias Rurales; en esta cartografía política, a cada espacio administrativo le atribuye un Gobierno Autónomo Descentralizado; conformado por una autoridad ejecutiva y un cuerpo legislativo. Gobernador y Concejo Regional para las regiones, Prefecto y Concejo Provincial para las provincias, Alcalde y Concejo Municipal, para los cantones y Junta Parroquial para las parroquias rurales.
La Constitución adopta el principio de la ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes; impulsa la integración económica, equitativa, solidaria y complementaria, la unidad productiva y la concordancia política.
En esta descripción de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, retomamos lo escrito en Descolonización y transición[16]. En ese texto se escribió:
Esto es el pluralismo, pensar la transición desde la pluralidad; interpretar la Constitución desde las móviles perspectivas de la pluralidad; aplicar la Constitución en respuesta al pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico. Ello significa no solamente el reconocimiento pleno de la interculturalidad, de su manifestación y ejercicio en múltiples planos, sino también el cambio epistemológico. No se puede pensar y posibilitar esta transición desde un pensamiento universal. Eso sería volver al mono-culturalismo. No se puede recorrer la transición y mantener las mismas formas y estructuras institucionales correspondientes al Estado nación subalterno. No se puede mantener la forma dominante económica del capitalismo dependiente, que es la forma de la economía-mundo en la periferia de la geopolítica del sistema-mundo capitalista. No se puede mantener el dominio del sistema jurídico único, incluso en el caso de una apertura a ciertas formas de la justicia indígena originaria campesina. Es necesario, entonces, abrirse plenamente, consecuentemente, desde la episteme y praxis pluralistas, al pluralismo jurídico. Es comprensible que deben liberarse las potencialidades culturales inhibidas por la cultura dominante, no solo para colocarlas en igualdad de condiciones, sino también para convertir a las culturas en verdaderos mundos simbólicos, significantes e imaginarios, capaces de una hermenéutica abierta y enriquecedora de interpretaciones e intercambios culturales. Ciertamente debe quedar claro que el pluralismo lingüístico no se reduce al reconocimiento constitucional de las lenguas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. No puede reducirse a la oficialización de estas lenguas. Al contrario, exige que se liberen las potencialidades lingüísticas y culturales de las lenguas, y se promocione su reconstitución plena. El segundo artículo de la Constitución ratifica las condiciones plurinacional, comunitaria y autonómica, desde la perspectiva fuerte de la descolonización. El artículo dice:
Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley. El artículo 2 de la Constitución convierte al carácter plurinacional del Estado en un camino de descolonización. Se constitucionaliza la condición ancestral de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos; por lo tanto, el derecho al dominio ancestral sobre sus territorios, a la libre determinación, el derecho a la autonomía y al autogobierno. Aquí radica el alejamiento fuerte respecto del Estado moderno, el Estado nación, el Estado centralizado. Este desplazamiento debe ser retomado en las leyes fundacionales del nuevo mapa legal, del nuevo mapa institucional, en la transición fundacional del Estado Plurinacional comunitario y autonómico. Cuando el artículo establece que las naciones y pueblos indígenas originarios tienen derecho “a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales”, exige no solo crear las condiciones institucionales de la interculturalidad, sino la incorporación de las instituciones propias a la forma de Estado, tal como va a ser expresado en los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Esto, asimismo, implica un descentramiento profundo del Estado moderno, por la forma de organización del nuevo Estado que exige un pluralismo institucional. Otro asunto importante se refiere a los territorios indígenas: no solo deben plasmarse en el nuevo ordenamiento territorial, sino que deben concebirse en su propio espesor cultural y formas espaciales, en armonía con la Madre Tierra, los seres vivos y los ecosistemas. A partir de estos desplazamientos jurídicos y políticos, debe comprenderse que la descolonización no solamente es cultural; también implica profundas transformaciones institucionales y en los ámbitos de las relaciones de las comunidades, de las sociedades y de los pueblos con sus hábitats. Esto es lo que podemos llamar alternativa civilizatoria a la modernidad. En este sentido, la autonomía debe ser concebida plenamente, en toda su integralidad, y no como un apéndice de un Estado. Más bien, el Estado está constituido por autonomías. La forma de Estado es un entrelazamiento de autonomías. Este es el carácter plural del nuevo Estado: el pluralismo autonómico nos lleva a un pluralismo de gobiernos. La descolonización no solamente es desandar el camino colonial, desmontar los engranajes de la dominación colonial; es también avanzar por los caminos de la emancipación. En el artículo 3 se define al pueblo, tema intensamente discutido en la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS). Algunos decían que el pueblo no se define; otros planteaban que, dado el carácter diverso e intercultural del pueblo, había que definirlo. La segunda posición prácticamente consiguió el consenso. Sin embargo, esta redacción sufrió varios cambios y quedó como un texto descriptivo, a partir de su condición cultural e identidad colectiva. El artículo expresa que: La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.
Al respecto, cabe una aclaración: cuando se habla de comunidades interculturales, se incluye a todas las poblaciones y conformaciones demográficas cuya composición es explícitamente intercultural, como son las poblaciones de las ciudades, las poblaciones migrantes, las poblaciones multiétnicas. Esta precisión es indispensable cuando la organización sindical de los llamados anteriormente colonizadores se nombran como interculturales, y después de su último congreso, interculturales originarios. La aclaración procede, en tanto la definición del pueblo boliviano que se refiere a las comunidades interculturales no solamente alude a estas poblaciones de migrantes climáticos, sino a toda condición social y demográfica e intercultural diversa y entrelazada; por lo tanto, también contiene a las poblaciones urbanas y de asentamientos multiétnicos. Desde el punto de vista del discurso constitucional, es interesante que se defina el concepto de pueblo de una manera plural, mostrando su composición compleja y diferencial. De esta forma, se aproxima el concepto de pueblo al concepto de multitud renacentista, connotación dejada de lado por el propio proceso de estatalización que vivieron las sociedades y los países. Así, el concepto de pueblo se acerca más a su composición plural, a su múltiple perfil; vuelve a abrir las compuertas a una desestatalización de la sociedad e incursiona nuevamente por las rutas de la autogestión y la participación. Los tres artículos que hemos analizado, hasta el momento, nos muestran el carácter intercultural, comunitario, autonómico, descolonizador y pluralista de la Constitución. Es así como comienza la Constitución: con una ruptura epistemológica con el pensamiento único, universal, moderno. Se abre a la circulación de distintos paradigmas y, por lo tanto, a la transformación de ellos, al desplazamiento y a la transformación de las formaciones enunciativas y discursivas. Pero, lo que es más significativo, apunta a la transformación pluralista del Estado, las instituciones y la política. No es posible interpretar la Constitución si no es desde este pensamiento pluralista, lo cual también repercute en la producción significativa de un pluralismo normativo y un pluralismo institucional. Quizás aquí radica uno de los problemas de acceso a la interpretación de la Constitución que, en los círculos oficiales y de la oposición sigue haciéndose desde lecturas estrechas, circunscritas al constitucionalismo académico, al modelo jurídico-político del derecho o, en el mejor de los casos, a una sociología constitucional o una sociología política, que no dejan de limitarse a estructuras conceptuales generales y universales, como si hubiesen objetos de estudios susceptibles de ser afectados por las teorías, conmoverse ante la mirada científica y descubrir sus secretos ocultos. Lo que, más bien, nos muestra la episteme pluralista es que estamos ante construcciones políticas-conceptuales de campos de objetividad, entendidos como campos de posibilidad, perspectivas descubiertas por los recorridos y los viajes, sobre todo por las luchas sociales que abren nuevos horizontes de decibilidad y de visibilidad. Las leyes que se deriven y se construyan con la participación popular no son repeticiones monótonas del formato de leyes anteriores, sino instrumentos contra-normativos de cambio. En la medida que no se entiende esta apertura y, por lo tanto, esta ruptura, se piensa que la aplicación de la Constitución está detenida y el proceso de transformaciones, estancado, moviéndose en un círculo vicioso de la repetición y la restauración. El quiebre solo puede ser producido por la trasgresión de las prácticas, sobre todo de las prácticas políticas y legislativas, por la fractura de las prácticas de gobierno, para abrirse al acto de gobierno de las multitudes, al acto perceptivo de la construcción colectiva de las leyes, al acto primordialmente político, que es la concreción de la lucha de clases y de la guerra anticolonial. No la reducción de la política al manejo administrativo, a la policía; no la defensa del orden que, en la medida que no se le afecte, reproduce el orden liberal y el orden colonial. Por eso la importancia de los artículos de la Constitución, sobre todo los que marcan el inicio instituyente y constituyente del modelo de Estado. Vamos a dejar pendiente los artículos 4, 5 y 6. El artículo 4 trata de la libertad de religión y de creencias, que en definitiva es la declaración del Estado laico, a pesar de las modificaciones hechas en la redacción, que buscaban amortiguar la expresión. El artículo 5 se refiere a la oficialización de las lenguas de las naciones y pueblos indígenas y originarios. El artículo 6 aborda la ratificación constitucional de la ciudad de Sucre como capital, y establece los símbolos del Estado. Nos concentraremos en artículos que consideramos estratégicos, como el 7, que define el sujeto de la soberanía. Este artículo se encuentra en el capítulo segundo, donde se establecen los principios, valores y fines del Estado. El artículo 8, asimismo, define los principios ético-morales de la sociedad plural. De ahí pasaremos al tercer capítulo, donde se trata el sistema de gobierno, capítulo que analizaremos íntegramente en sus dos artículos: 11 y 12. El artículo 7 establece que el sujeto de la soberanía es el pueblo. Dice expresamente que:
Esta es una declaración primordial democrática. Supone la transferencia de la legitimación del poder al pueblo, el ejercicio de la soberanía en el pueblo, la potencia de elaborar leyes en el pueblo. Este artículo es de suma importancia, sobre todo porque contrasta con la definición primera del Estado como social de derecho. El artículo 7 expresa claramente que la soberanía radica en el pueblo, no en la ley, con lo que queda relativizada, supeditada y articulada la característica de social de derecho. Estos contrastes muestran la presencia de complejas combinaciones en una transición constitucional, en el contexto de una Constitución de transición, en el proceso de las transformaciones pluralistas del Estado. ¿Cómo interpretar esto, sobre todo cuando un poco más adelante, en el capítulo sobre el sistema de gobierno, el artículo 11 define a este sistema como de democracia participativa? En primer lugar, como señalamos anteriormente, la característica del Estado como social de derecho enfrenta una definición compleja y plural de Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario y autonómico. Es en este pluralismo constitucional donde debemos encontrar la ubicación relativa de la caracterización del Estado como de social de derecho. Esta discusión es importante al momento de elaborar leyes que sustenten las transformaciones institucionales. En la interpretación que realizamos de la Constitución, es necesario tomar en cuenta algunos condicionamientos históricos y políticos, la condición temporal de la transición, la condición radical de la transformación, la condición política de la descolonización, la condición epistemológica del pluralismo y la condición de la heterogeneidad intercultural. Este es el contexto para interpretar la Constitución, para desentrañar su textura, para figurar, configurar y refigurar las imágenes inherentes a un texto descolonizador. Pero, también, es el contexto para una comprensión conceptual que sirva de marco teórico para la elaboración de las leyes; y, al mismo tiempo, es el contexto histórico y político para el desarrollo de las transformaciones institucionales. El artículo 7 continúa estableciendo que la soberanía se ejerce de forma directa y de forma delegada, combinando el ejercicio directo de la participación con el ejercicio delegado de la representación. Aquí también se evidencia una combinación de formas de soberanía o de ejercicio de la soberanía. Hablamos, entonces, de una soberanía plural. ¿Cómo puede entenderse esto? El pueblo ejerce la soberanía de acuerdo con su propia compleja composición. Hablamos del ejercicio de la soberanía de los distintos sujetos y subjetividades, las colectivas, las comunitarias, las individuales; el ejercicio de la soberanía de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos; el ejercicio de la soberanía del proletariado; el ejercicio de la soberanía popular; el ejercicio de la soberanía de los ciudadanos, que ejercitan también su ciudadanía plurinacional e intercultural. Como se observa, estamos ante una transformación pluralista de los conceptos. Esta situación es importante al momento de descentrarnos de la modernidad universal e ingresar a las modernidades heterogéneas, que es como debemos asumir un presente de interpelación y de emergencias, modernidades barrocas y modernidades alternativas. Cuando se afirma que de la soberanía que radica en el pueblo emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público, se ratifica la tesis sobre el poder constituyente. Dicha tesis sostiene que del poder constituyente emana el poder constituido. El problema consiste en que esta institución, la del poder constituido, termina limitando al poder constituyente; restringe los alcances desbordantes del poder constituyente. La teoría del poder constituido establece los límites al ejercicio directo del poder constituyente. Esta contradicción es inherente al ejercicio mismo de la soberanía, a su realización, en tanto se realiza en forma delegada. En el caso de la Constitución boliviana, lo importante es resolver el problema en las tareas relativas a las trasformaciones institucionales correspondientes a la fundación del Estado Plurinacional comunitario y autonómico. La institución de los órganos del poder público deben configurarse de tal forma que el poder constituyente no quede relegado a las puertas del aparato institucional; al contrario, el poder constituyente debe atravesar la propia maquinaria institucional, utilizarla como instrumento, e incluso llegar a desplazar los propios límites que impone el poder constituido. Se trata de que lo constituido no solo se transforme plural, intercultural, comunitaria y participativamente, sino que, de forma constante, esté abierto a su reinvención y se adecue a las distintas problemáticas que se le presenten; entre ellas, las territoriales y eco-sistémicas. La nueva institucionalidad exige plasticidad, flexibilidad, salir de las formas rígidas de las estructuras administrativas liberales. La salida de las hipertrofias burocráticas no se encuentra en las reformas institucionales modernizadoras que, hasta ahora, lo único que han hecho es conformar distintos sedimentos de estrategias administrativas, para formar una geología institucional densa. La clave de la desburocratización parece estar en la relación directa de la gestión de las políticas públicas con las poblaciones concretas, que son el fin de estas políticas. Hablamos de la gestión compartida, también de la cogestión e, incluso, dependiendo de los casos, de la autogestión. Como se observa, el ejercicio de la soberanía popular no es meramente un problema jurídico, de interpretación jurídica, de legislación; tampoco de realización institucional; es un problema práctico, de realizaciones concretas de la participación y el control social. No vamos a leer completo el artículo 8, pues la parte que corresponde a lo que se puede llamar los principios negativos, ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), está siendo discutida por las corrientes descolonizadoras y los investigadores de los primeros periodos coloniales, sobre todo el relativo al siglo XVI, quienes aseguran que no son principios del Incario sino de la Colonia. Dicha sección también ha sido analizada por algunos amautas, quienes plantean que son cuatro categorías y no tres. En todo caso, creemos que la importancia de los valores radica en lo siguiente:
¿Qué es el Vivir Bien? Esta es una de las traducciones del aymara y del quischwa más discutidas en Bolivia y Ecuador. Se ha traducido del suma qamaña aymara y del suma kawsay quischwa. Los aymaristas y quischwistas no se han puesto de acuerdo. Determinadas interpretaciones puntuales tienen que ver con los usos prácticos del lenguaje, presentes en contextos específicos, así como interpretaciones contextuales, recurriendo a figuras como el taqui, el camino, la armonía, interpretada como pacha. Otras interpretaciones de tipo filosófico conciben el Vivir Bien como plenitud o vida plena. El término qamaña está asociado con término qamiri, que quiere decir jaque, es decir alguien, mujer y/o hombre, rico, empero en el sentido de que tiene condiciones y sabe vivir bien. La discusión lingüística va continuar y quizás mejore las condiciones de la interpretación. Lo sugerente es que el Vivir Bien ha sido apropiado políticamente: como proyecto político y cultural de las naciones y pueblos indígenas originarios, de los movimientos sociales, de la Asamblea Constituyente, del gobierno y de la Conferencia de los Pueblos y Movimientos Sociales Contra el Cambio Climático, así como del proyecto de Planificación Plurinacional del Vivir Bien. En otras palabras, el Vivir Bien ha adquirido vida propia, forma parte de la enunciación política y del debate plurinacional, que se ha irradiado al manejo discursivo de parte de la cooperación internacional, incluso de estudios en algunas universidades. No vamos a abordar este tema tan rico respecto de la invención de horizontes o, si se quiere, de la renovación de utopías, desde la discusión de la verdad del Vivir Bien. Consideramos que, si bien esta discusión puede ser esclarecedora, sobre todo cuando se desprende desde la erudición y desde la investigación, no resuelve los usos políticos y culturales que se realizan en el presente de las transiciones y de los procesos abiertos por los movimientos sociales. Entonces, ¿qué es el Vivir Bien desde esta perspectiva?
El Vivir Bien es la búsqueda de alternativas a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo; la búsqueda para lograr una armonía con los ecosistemas, los seres vivos, sus ciclos vitales, las comunidades, sociedades y pueblos. Es una búsqueda de un nuevo ámbito de relaciones, nuevas formas de producción y reproducción sociales, armónicas con las formas de reproducción de la vida. En este sentido, es una búsqueda que apunta a resolver los grandes problemas, como los relativos a la soberanía alimentaria, la escasez de agua, el calentamiento global, la pobreza, la explotación, la discriminación, las dominaciones polimorfas sobre la Madre Tierra, los seres, los cuerpos, los pueblos, las mujeres. ¿Es una nueva utopía? Se podría decir que sí, sobre todo cuando pensamos en el horizonte emancipador que abre; pero también es una crítica al bienestar, al desarrollo, a la reducción de las valoraciones de las condiciones y la calidad de vida a los códigos economicistas del ingreso y del gasto. La declaración de principios, valores y fines no solamente contiene valores de las naciones y pueblos indígenas originarios, sino también valores democráticos largamente conquistados y posicionados en la historia de las luchas sociales. El artículo en su segunda parte establece que:
El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien. Lo interesante de este enunciado es que la combinación de valores democráticos y los de las naciones y pueblos indígenas originarios, sustenta la predisposición ética en la perspectiva del Vivir Bien. En ese sentido, el Vivir Bien es también una construcción posible desde los valores democráticos, lo que nos lleva nuevamente a plantear la alternativa, en tanto apertura a las modernidades heterogéneas, en contextos dinámicos de hermenéuticas interculturales. El enunciado, de igual manera, proyecta los recorridos de las distintas disposiciones de los sujetos y las subjetividades, así como la complementación, si se puede hablar así, de los sujetos individuales, colectivos, grupales y comunitarios. Pero, sobre todo, el enunciado define la posibilidad de una valoración del vivir desde la composición de valores plurales y combinados. En el capítulo tercero, sobre el sistema de gobierno, se produce uno de los desplazamientos más importantes respecto del ejercicio de la democracia, por lo tanto del ejercicio del contrapoder, pues se constitucionaliza no solo la participación, sino el sistema de gobierno, el sistema político, de la democracia participativa, que se ejerce pluralmente. Este pluralismo democrático y participativo transforma constitucionalmente el ejercicio de la democracia. Ya no se trata únicamente de la transferencia simbólica de la soberanía del rey al pueblo, sino de la transferencia efectiva del ejercicio del poder de la burocracia administrativa al pueblo, mediante la creación de nuevas formas de gobierno o de gubernamentalidad, que llamaremos gobierno de las multitudes. El artículo 11 establece en el numeral I que:
Este enunciado configura el ejercicio plural de la democracia y, al mismo tiempo, la concepción de un pluralismo democrático. Esto implica retomar la profundización y expansión de la democracia por los caminos de las formas de la democracia; formas plurales que, además, comprenden dos figuras avanzadas: el ejercicio directo y el ejercicio comunitario de las formas de la democracia, que comparten su vigencia con el ejercicio representativo de la democracia. Este pluralismo democrático, esta democracia plural, plantea desafíos complejos en cuanto a las formas de gobierno, que llamaremos pluralismo gubernamental. Requiere, de igual forma, diseñar y construir de manera compartida los espacios del pluralismo institucional. Respecto de la constitucionalización de las reivindicaciones de género, el artículo establece la equidad de género en la representación. Este es un gran avance en el reconocimiento del sujeto femenino en la configuración política del Estado Plurinacional comunitario y autonómico. La pluralidad del Estado también debe ser entendida desde la perspectiva de género, como pluralidad introducida por la sensibilidad, inteligibilidad y praxis femeninas. En el segundo numeral el artículo dice que: La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley:
Este ejercicio directo de la democracia reivindica el proyecto más anhelado por los movimientos autogestionarios y autodeterminantes. Mediante la concreción de las formas de la democracia directa se da sustento y materialidad política a la democracia participativa. El referendo, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa son las formas de la democracia directa. Se trata de mecanismos de deliberación y de participación en la construcción colectiva de la decisión política. Si el proceso ha sido construido por asambleas y cabildos, como recursos de la movilización, ¿por qué no van a ser precisamente las asambleas y los cabildos los recursos de la conducción del proceso? El mismo artículo señala que la asamblea y el cabildo son instancias deliberativas, cuyos alcances serán definidos por la ley. Este es uno de los lugares donde se manifiesta, a la vez, la voluntad de abrirse a la participación y una preocupación por delimitarla. En todo caso, habría que vivir la experiencia de la participación, para comprender sus dinámicas y entrelazamientos, además de las relaciones con las otras formas democráticas, antes de pretender regular la participación con una ley. La forma de la democracia representativa es la más conocida y es la que funciona en los sistema políticos republicanos, pues la consideran como la única forma de democracia. Esta reducción de la democracia a su forma delegada y representativa ha reforzado la división entre representantes y representados, entre gobernantes y gobernados, y ha fortalecido la relación de dominación en todas sus formas. Aunque la democracia representativa se ha ido extendiendo en la medida que las luchas por la ampliación de los derechos han ido plasmándose, ello no resuelve la problemática del ejercicio del gobierno de todos, del gobierno del pueblo, ni la problemática de la articulación entre comunicación, deliberación, argumentación, colectivas y formulación de políticas consensuadas, materializadas en gestiones publicas transparentes. Estos problemas solo pueden remediarse al salir del círculo de la democracia representativa y profundizar la democracia con el ejercicio de formas de democracia participativas, como la democracia directa y la democracia comunitaria. En el artículo en cuestión la democracia representativa se la define así:
Por lo tanto, el ejercicio plural de la democracia sucede en esta composición rica de formas democráticas, en el ejercicio propio de cada una de estas formas, en su combinación y complementación, en la articulación que configura un mapa abierto y dinámico de los campos políticos. En cuanto a la organización del Estado, se cambia el nombre de los poderes por el nombre de órganos, y se crea uno nuevo, o, más bien, se convierte a la Corte Electoral en Órgano Electoral Plurinacional. La discusión sobre este artículo fue importante, pues, en un principio, se planteó coherentemente que debería constituirse un poder social; que, además, debía ser la matriz de todos los otros poderes, de donde emerjan. Esta propuesta de los dirigentes sociales era consecuente con el sentido histórico-político de las luchas, los movimientos sociales de las naciones y pueblos indígenas originarios. Era coherente con el alcance ilimitado del poder constituyente. Se establecía la base amplia y participativa de la organización del Estado Plurinacional comunitario y autonómico. Empero, el Ejecutivo argumentó que no se podía confundir a los dirigentes sociales con los funcionarios; que una cosa eran las organizaciones sociales y otra, las organizaciones políticas. Con estas afirmaciones, se impidió una de las más avanzadas formas de organización del Estado, y se replanteó la propia composición de los poderes desde la matriz fundante del ejercicio mismo del poder, del gobierno y de la organización estatal. Del poder social se derivan los otros poderes, tomados no como división sino como formas de funcionamiento del poder social. Lo que quedó de dicho planteamiento se trasladó al Título VI de la Constitución Política del Estado, donde se define la Participación y el Control Social. Volviendo a la interpretación integral de la Constitución, la definición del sistema de gobierno, como democracia plural, participativa, directa, representativa y comunitaria, y el título sobre la Participación y Control Social pueden recuperar el sentido inicial de cómo construir una nueva forma de organización del Estado. El artículo 12 establece que:
En el numeral II se amplían las funciones de la organización del Estado al Control, a la Defensa de la Sociedad y a la Defensa del Estado. Se incorporan mecanismos legales de control y defensa, como es posible observar en los desarrollos específicos de la Constitución, al respecto. Aunque, si se interpreta desde el espíritu constituyente, también se pueden explicar como ejercicios políticos de control y defensa, atribuidos a la misma sociedad, tareas prácticas de las organizaciones, las instituciones, los colectivos, las comunidades, los grupos y los individuos. De este modo, puede resolverse el problema, en beneficio del sentido participativo de la democracia plural. El enunciado del numeral citado es el siguiente: Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado.
Al establecer con claridad que las instancias correspondientes a la organización del Estado son independientes, e implícitamente subrayar la figura de la división, el numeral III deja despejado que no puede haber una unificación de poderes ni tampoco invasión de los mismos ni transferencia de sus funciones. Esta idea de división de poderes debe ser discutida a la luz del espíritu constituyente, de la voluntad constituyente, así como del sentido histórico y político del Estado Plurinacional comunitario y autonómico, de las transformaciones institucionales y estructurales que implica. La figura de la división se expresa en el artículo de la manera siguiente:
Se realizó el análisis del proceso constituyente, que todavía no ha concluido, pues nos encontramos en la etapa de aplicación de la Constitución. También nos concentramos en el Capítulo primero, referente al modelo de Estado, del Título I, que trata sobre las bases fundamentales del Estado. Estos artículos son fundamentales porque dan inicio a la interpretación de la Constitución, al definir los marcos conceptuales desde los cuales se debe leer el texto constitucional de una manera integral. Una de las primeras conclusiones consiste en que estamos ante una Constitución de transición, de la transición descolonizadora, que corresponde a la construcción de un Estado en transición, que es el Estado Plurinacional comunitario y autonómico, en una coyuntura mundial caracterizada por la crisis de la modernidad y del capitalismo. Aquí radica el valor de esta Constitución, por diseñar las bases y mecanismos de la descolonización, partiendo de la exigencia de las transformaciones institucionales y la fundación del Estado Plurinacional comunitario y autonómico. Ello significa la muerte constitucional del Estado nación, que es la forma moderna del Estado liberal y que, a su vez, en los territorios de la periferia, responde al carácter colonial del Estado, porque desconoce los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, desconoce sus instituciones, normas y procedimientos propios. Partimos de que el proceso constituyente se debe a la crisis del Estado; una crisis permanente desde los inicios mismos de la república. Una manifestación de la crisis se constata en los reiterados pactos para sostener la endeble administración del poder; también se ha redefinido la idea de Estado moderno en la periferia del sistema-mundo capitalista, como la de un Estado en construcción y articulado con circuitos de redes, influencias, presiones, cohechos, ocupaciones de disímiles grupos de poder. Sobre la base de una evaluación de los intentos de modernización del Estado, los fracasos sucesivos de las reformas de modernización, la crisis del proyecto neoliberal y el desenlace de esta última reforma estructural, se concluye que ya no hay cabida para seguir construyendo el Estado nación en plena crisis global del capitalismo y de la modernidad. Se ha abierto una etapa de transición descolonizadora y alternativa al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. Esta etapa puede ser considerada como la temporalidad de las condiciones de posibilidad históricas de la descolonización, de la transición poscapitalista y transmoderna; condiciones de posibilidad histórica que hacen de contextos mundiales de la crisis del Estado nación. En ese sentido, se puede entender, entonces, que de igual manera existen las condiciones históricas de posibilidad de la construcción del Estado Plurinacional comunitario, como forma organizacional estatal en la transición descolonizadora. El análisis ha remarcado el sustrato del proceso constituyente; sustrato candente de movilizaciones, luchas sociales y de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos. Este fundamento explica la apertura al proceso constituyente y el ingreso a una temporalidad descolonizadora. A propósito, se ha señalado que el ciclo de movilizaciones entre 2000 y 2005 puede ser interpretado a partir de un tejido de la eclosión social. Este tejido posee dos ejes articuladores, la guerra del agua y la guerra del gas; y, un plano de consistencia: la emergencia de los levantamientos indígenas desde las estructuras largas de la rebelión y la memoria larga anticolonial. Estos ejes y este plano de consistencia articulan y son atravesados por múltiples movilizaciones y marchas de los distintos sujetos de la interpelación; cocaleros, gremialistas, proletariado nómada, jubilados, prestatarios e, incluso, policías que demandaban mejores condiciones. Los movimientos sociales se caracterizan por su capacidad de convocatoria y su perspectiva autogestionaria; se sostienen y sustentan en una movilización prolongada, que derrota al modelo neoliberal y abre el horizonte del proceso constituyente.
Respecto del modelo de Estado, hemos observado que de los doce primeros artículos constitucionales analizados, los tres primeros configuran el Estado Plurinacional comunitario y autonómico, en tanto instrumentalidad de la transición descolonizadora, que exige una epistemología pluralista y da apertura a transformaciones pluralistas institucionales y estructurales. Los otros artículos revisados constituyen las bases jurídicas y políticas de la democracia participativa, del ejercicio plural de la democracia, nombrado como un sistema de gobierno de la democracia participativa, representativa y comunitaria[17]. Conclusiones
4. Esto no niega la responsabilidad de defender la Constitución, vulnerada por los propios gobernantes “revolucionarios”, que deben cumplirla y llevarla a cabo. Sino que esta responsabilidad es una de las responsabilidades de los pueblos ante la necesidad de sus emancipaciones y liberaciones múltiples. Complejidades eco-sociales y eco-institucionales
Partimos, como ya lo dijimos y expusimos en otros ensayos, del pensamiento complejo, de la perspectiva de la episteme compleja[18]. En este sentido establecimos que, desde esta perspectiva, no se puede hablar de sociedad como campo de objetos de estudio, pues no hay una sociedad aislada de las ecologías de la biodiversidad del planeta. El concepto que propusimos es eco-sociedades. Por lo tanto, se trata de comprender los funcionamientos de las sociedades humanas en el contexto entrelazado de las sociedades orgánicas, que, a su vez, se interrelacionan e imbrican con los espesores territoriales, con los ecosistemas. En consecuencia, el análisis social o de la sociedad requiere visualizar los nudos de los entramados, las articulaciones e integraciones singulares de la complejidad dinámica, en su simultaneidad y sincronía dinámicas. Al respecto, la pregunta es: ¿Qué papel y cómo funcionan en la complejidad dinámica integrada eco-social estos dispositivos jurídicos-políticos, sostenidos por las composiciones y estructuras institucionales?
La sociedad como sistema autopoiético En La sociedad de la sociedad, Niklas Luhmann comienza a distinguir el análisis de la sociedad, desde la perspectiva de la teoría de sistemas, respecto a la sociología; refiriéndose a la condición de posibilidad de la comunicación, dice:
Esta línea de razonamiento converge con una versión de la teoría de sistemas que de manera constitutiva (tanto para el concepto como para la realidad) hace hincapié en la diferencia entre sistema y entorno. Cuando se parte de la distinción sistema/entorno hay que colocar al ser humano (como ser viviente y consciente) o en el sistema o en el entorno; dividirlo o fraccionado en tercios no es viable empíricamente. Si se tomara al hombre como parte de la sociedad, la teoría de la diferenciación tendría que diseñarse como teoría de la clasificación de los seres humanos — ya sea por estratos sociales, por naciones, por etnias, por grupos. Pero con esto se entraría en oposición evidente con el concepto de derechos humanos, en especial con el de igualdad. Tal 'humanismo' fracasaría ante sus propias ideas. Así que no queda otra posibilidad que la de considerar al hombre por entero — en cuerpo y alma— como parte del entorno del sistema sociedad[19].
En el contexto de la figura teórica de la autopoiesis, presuponer el sentido de ninguna manera contradice el otro presupuesto según el cual el sentido se produce en la trama de operaciones que siempre presuponen sentido. Por el contrario: la peculiaridad del médium del sentido es un correlato necesario de la clausura operativa de los sistemas con capacidad de distinguir. El sentido, se produce exclusivamente como sentido de las operaciones que lo utilizan; se produce por tanto sólo en el momento en que las operaciones lo determinan, ni antes ni después[20]. El sentido se construye permanentemente, momento a momento; entonces:
Esta constatación que de entrada parece mera conjetura (no hay sentido fuera de los sistemas que lo utilizan y reproducen como médium), puede superarse si se mantiene ante los ojos la consecuencia de la clausura operativa del sistema: su relación con el entorno es operativamente inalcanzable. Los sistemas vivos crean un entorno particular para sus células —entorno que las protege y permite su especialización, es decir, permite organismos. Estos sistemas se protegen en el espacio por medio de límites materiales. Los sistemas psíquicos y sociales desarrollan sus operaciones en forma de operaciones-de observación que permiten distinguir al sistema mismo del entorno — a pesar de que (y habría que agregar: porque) la operación únicamente puede llevarse a cabo dentro del sistema; distinguen, en otras palabras, entre autorreferencia y heterorreferencia[21]. Aclara las condiciones operativas de la construcción del sentido:
Sobre cómo opera el sentido pueden hacerse asertos recurriendo a distinciones específicas que refieren y definen con exactitud el sentido. Fenomenológicamente, el sentido puede describirse como aquel excedente de remisiones accesible desde el sentido actualmente dado. El sentido es entonces — y hacemos hincapié en lo paradójico de la formulación — un contexto de remisiones infinito — esto es, indeterminable —, que puede hacerse accesible y reproducirse en forma determinada. Puede caracterizarse la forma del sentido como diferencia entre actualidad y posibilidad y, con ello, a la vez, afirmar que esta distinción y ninguna otra es la que constituye al sentido[22].
El sentido emerge y se reproduce como comportamiento-propio (Eigenbehaviour) de ciertos sistemas; esto resulta del hecho de que los sistemas de conciencia y los sistemas sociales producen sus elementos últimos como acontecimientos referidos a un punto en el tiempo y que al desvanecerse de inmediato no pueden tener duración: suceden por primera y última vez. Se trata de sistemas temporalizados que únicamente logran la estabilidad en forma dinámica reemplazando de continuo los elementos que se anulan por otros nuevos. Sus estructuras deben estar preparadas para eso. El presente actual es corto y está de tal manera diseñado que todo lo que en él sucede, sucede simultáneamente. Este presente no es todavía propiamente tiempo. Se volverá tiempo cuando se conciba como separación de un 'antes' y un 'después', de un pasado y de un futuro. El sentido, entonces, aparece en el tiempo y puede en todo momento invertir las distinciones temporales; es decir, puede utilizar el tiempo para reducir complejidad: tratar el pasado como si ya no fuera actual y el futuro como si todavía no fuera actual[23]. Esto en lo que respecta a los desplazamientos respecto a las ciencias sociales y ciencias humanas. No puede haber una mirada externa a la sociedad, que la estudie; toda mirada sobre la sociedad emerge de la sociedad misma; se trata de una auto-descripción. La sociedad no es objeto, ni campo de objetos de estudio; ni el investigador o la investigación social el sujeto de estudio. La sociología, las ciencias sociales y las ciencias humanas se habrían entrabado en las paradojas que ocasionan, al pretender una exterioridad desde la que estudia la sociedad y se da cuenta de ella; así como al pretender encontrar la esencia que explica la sociedad o la relación básica que la inaugura y la hace posible; del mismo modo al buscar la estructura última que explica su cohesión y consistencia. Desde la perspectiva de la teoría de sistemas, se trata de operaciones en el sistema mismo y desde el sistema las que definen distinciones para efectuar las interpretaciones necesarias.
El sistema, que se diferencia del entorno; diferencia que establece, de entrada, la complementariedad ineludible entre sistema y entorno; que permite efectuar y definir las operaciones dadas en el sistema, a su vez, abarca las operaciones posibles fuera del sistema, en el entorno. En consecuencia, el sentido, que deviene de las operaciones de distinción y de selección, atribuyendo actualidad a la operación interpretada, comprende, a la vez, el sin-sentido, que no puede ser sino otro sentido. El sentido viene a ser una construcción permanente y actualizada en esta complementariedad entre autorreferencia y heterorreferencia. En la exposición de la teoría de sistema autopoiéticos, Luhmann, acude a la teoría de la forma para ilustrar las operaciones auto-referidas de los sistemas[24]. Escribe:
En este sentido la forma es autorreferencia desplegada o, para decirlo todavía con mayor precisión, es autorreferencia desplegada en el tiempo. Hay que partir siempre del lado señalado y se necesita tiempo para una operación posterior: tanto para permanecer en el lado designado como para atravesar el límite que constituye la forma[25].
Un primer paso en este desarrollo lo constituyó la inclusión de relaciones autorreferenciales, por tanto, circulares. En un primer momento se pensó en la construcción de estructuras del sistema a través de procesos sistémicos propios y se habló, por consiguiente, de auto-organización. El entorno fue entendido como fuente de ruido no especifico (carente de sentido), del cual, sin embargo, el sistema podía extraer sentido a través del contexto de sus propias operaciones. Así se trató de explicar que el sistema — ciertamente en dependencia del entorno y en ningún caso sin entorno aunque sin estar determinado por él — puede organizarse por sí mismo y construir su propio orden: "order from noise". Visto desde el sistema, el entorno actúa sobre él casualmente, aunque precisamente esta casualidad se torna imprescindible para que pueda emerger el orden; y cuanto más complejo se torne el orden más imprescindible será la intervención del azar.
En este nivel de discusión, Humberto Maturana con su concepto de autopoiesis introduce un elemento nuevo. Los sistemas autopoiéticos son aquellos que por sí mismos producen no sólo sus estructuras, sino también los elementos de los que están constituidos — en el entramado de estos mismos elementos. Los elementos sobre los que se alzan los sistemas autopoiéticos (que vistos desde la perspectiva del tiempo no son más que operaciones) no tienen existencia independiente: no es por tanto que ya estén y que simplemente se coloquen. Más bien se producen por el sistema y precisamente por el hecho de que se utilizan como distinciones — sin importar la base energética o material. Los elementos son informaciones, son diferencias que en el sistema hacen una diferencia. En ese sentido son unidades de uso para producir nuevas unidades de uso — para lo cual no existe ninguna correspondencia en el entorno[26].
El sistema sociedad no se caracteriza entonces por una determinada 'esencia' (Wesen), ni mucho menos por una determinada moral (propagación de la felicidad, solidaridad, nivelación de condiciones de vida, integración por consenso racional, etcétera), sino únicamente por la operación que produce y re-produce a la sociedad: eso es la comunicación[27]. El autor aclara lo que se entiende por comunicación desde la teoría de sistemas:
Con este concepto de comunicación — acontecimiento atado a un instante de tiempo — corregimos a la vez el concepto popular de información. Información es una selección sorpresiva de entre varias posibilidades; en cuanto sorpresa no puede ni durar ni transportarse. Tiene que producirse dentro del sistema porque supone comparación de expectativas[28].
En la teoría de las formas de George Spencer Brown este desiderátum puede expresarse con el doble concepto de condensation y confirmation — concepto que no puede reducirse a uno solo. Las recursiones deben producir identidades que sean aptas para reutilizarse; esto lo logran únicamente a través de la condensación selectiva omitiendo los momentos no repetibles de otras situaciones. Pero, además, deben poner a prueba — en situaciones nuevas — el sentido ya condensado; para ello precisan de generalizaciones. Cuando estos requerimientos deben satisfacerse repetidamente, por ejemplo a través del lenguaje, se forman variantes de sentido generalizadas cuyos significados no pueden captarse suficientemente en forma de definiciones; resultan de las experiencias de utilización, las cuales dependen totalmente del sistema usuario. En esto vemos el fundamento de la evolución de los medios de comunicación simbólicamente generalizados[29].
2. En el a-sistema jurídico-político las normas son operaciones de distinción dentro del sistema sociedad, que atingen a la distribución operativa de los distintos subsistemas componentes, que corresponden a los campos sociales. Operaciones de comunicación, que construyen sentido y buscan su compartir; a la vez, valorativas, que buscan ponderar conductas y comportamientos; así como regulativas, que obligan al cumplimiento de las normas. En el caso de la condición política del a-sistema jurídico-político, las operaciones de clausura buscan la legitimación; a la vez la reproducción del funcionamiento agitado y contingente del a-sistema jurídico-político. 3. Las normas y las políticas – para ilustrar resumidamente – son operaciones sistémicas, que, como tales, se basan en la auto-descripción del sistema de la sociedad; en las operaciones de distinción del sistema de sociedad, que tiene en cuenta la paradoja de autorreferencia/heterorreferencia; en las operaciones de comunicación, que construyen constantemente el sentido compartido socialmente. Sin embargo, al interrumpir esta operatividad, como a mitad del camino, para decirlo de ese modo figurativo, no continúan la realización operativa, no logran el reciclaje y la continuidad del sistema como sistema, sino lo cristalizan en un momento transversal, con la pretensión de hacerlo eterno. No permiten el aprendizaje de todo sistema, su avance a la comprensión de la complejidad, su misma complejización, evitando las transformaciones necesarias; en sentido sistémico, su evolución.
7. Al hablar de eco-sociedades, nos sitúa en la responsabilidad ante la vida, en su complejidad dinámica; en consecuencia, no es posible pretender el conocimiento de la sociedad si circunscribimos la misma al concepto complejo de sistema de sociedad. Lo que la sociedad es, en su devenir, no puede comprenderse, sin la perspectiva ecológica, abarcando los ciclos vitales del planeta, sin la perspectiva vital de la creación del universo por la sinfonía de cuerdas. 8. En lo que respecta a la crítica de la ideología jurídico-política, ha quedado claro que esta crítica, desde la perspectiva de la complejidad, no se la efectúa desde el discurso opuesto e interpelador del discurso jurídico-político, hablamos del discurso histórico-político, sino desde lo que podemos llamar la mirada móvil del más acá y más allá de la legitimación y la interpelación, más allá del amigo y enemigo.
10. La Constitución, como dijimos en los anteriores ensayos, es una estructura de acuerdos, que se logra en una sociedad concreta, dada la correlación de fuerzas en un momento intenso. Aunque fuese todavía irradiación del desborde de la potencia social, la Constitución ya forma parte de la regresión de un proceso político-social-cultural desbordante, a los cauces institucionales establecidos. 11. La Constitución no es ninguna solución a la crisis múltiple del sistema de la sociedad; es apenas, en el mejor de los casos, una promesa jurídica-política, un ideal, que hay que alcanzar. Entonces, se comporta, efectivamente, como una utopía restringida, reformista, que coadyuva a la legitimación del círculo vicioso del poder. [1] Ponencia para presentarse en el VIII Congreso Internacional de Derecho Constitucional: El Constitucionalismo latinoamericano: Debates y desafíos. Universidad Libre. Bogotá-Colombia. Septiembre de 2016.
https://pradaraul.wordpress.com/2015/06/23/acontecimento-politico-i/. https://pradaraul.wordpress.com/2015/06/23/acontecimento-politico-ii/.
[11] Ver Acontecimiento libertario.
[12] Constitución de la República Federativa de Brasil: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Brazil/esp88.html.
[13] Constitución política de Colombia de 1991: http://www.banrep.gov.co/economia/pli/cp91.pdf.
[14] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Venezuela/ven1999.html.
[15] Constitución de la República del Ecuador de 2008: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf.
[16] Ver Descolonización y transición. https://pradaraul.wordpress.com/2014/02/16/des-colonizacion-y-transicion/. [17] Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia: http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pdf.
[18] Ver Episteme compleja. También Imaginación e imaginario radicales en Devenir y dinámicos moleculares. Así mismo Devenir fenomenología y devenir complejidad. Lo mismo respecto a Humanidades vulnerables y Oikos despojado.
[19] Niklas Luhmann: La sociedad de la sociedad. Editorial Herder; México 2007. Pág. 16. https://www.uniceub.br/media/180352/LaSociedadDeLaSociedad.pdf.
[20] Ibídem. Pág. 27.
[21] Ibídem. Pág. 28. [22] Ibídem. Pág. 32.
[23] Ibídem. Pág. 34.
[24] Ver de George Spencer Brown Teoría de la forma. http://www.manuelugarte.org/modulos/teoria_sistemica/laws_of_form_traduccion_al_espaniol.pdf.
[25] Ibídem. Pág. 41. [26] Ibídem. Págs. 44-45.
[27] Ibídem. Pág. 48.
[28] Ibídem. Pág. 49.
[29] Ibídem. Pág. 52.

References: artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 7
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 artículo 11
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 artículo 12