Source: http://erreius.com/Jurisprudencia/documento/20180612085120157
Timestamp: 2018-06-25 11:43:14+00:00

Document:
En la ciudad de Mar del Plata, a los 17 días del mes de abril del año dos mil dieciocho, se reúne la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en acuerdo ordinario, a efectos de dictar sentencia en autos: "RAGGIO HECTOR ORLANDO C/ SERVICIO UNIVERSITARIO MEDICO ASISTENCIAL SUMA S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) ", en los cuales, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal, resultó que la votación debía ser en el orden siguiente: Dres. Rubén Daniel Gérez y Nélida Isabel Zampini.
1) ¿Es justa la sentencia de fs. 180/ 181 vta.?
a) A fs. 61/ 79 el Sr. Héctor Orlando Raggio, por derecho propio y con el patrocinio letrado del Dr. Emiliano Tomás Albelo, promueve demanda de indemnización de daños y perjuicios contra el Servicio Universitario Médico Asistencial (en adelante, S.U.M.A.).
Relata que: "En septiembre de 2012, por sufrir de muy mal aliento, movilidad en varias piezas dentales, dolores al tomar líquidos, problemas con mi familia, profesión, relaciones sociales y estéticos, tomé la decisión de iniciar un tratamiento de rehabilitación oral completo con la esperanza de poner fin a los trastornos diarios que dichos problemas me estaban ocasionando" (textual).
Señala que: "En noviembre del año 2012, por ser afiliado N°... del SUMA, me dirigí a los consultorios propios odontológicos de la calle Rawson N°..., donde me derivaron al especialista en Cirugía Odontológica Dr. Gustavo Fantacone" (textual).
Comenta que: "El tratamiento propuesto duraría aproximadamente un año, es decir que finalizaría a fines del año 2013. Con fecha 5 de diciembre del año 2012 me extrajeron mis dientes y colocaron prótesis flexibles en ambos maxilares que durarían aproximadamente 6 meses, dado que debía esperar a que cicatricen ambos maxilares luego de las extracciones (...) Pasados 6 meses, comenzaron a darme turnos cada 15 días o más, por la gran cantidad de trabajo del Dr. Gustavo Fantacone (...) Durante el año 2013 y 2014 me reúno en varias oportunidades con el médico auditor Dr. Joaquín Navascues y Gustavo Fantacone, quienes se comprometieron para atenderme con mayor frecuencia, ya que había pasado más de un año desde que había iniciado el tratamiento y se habían roto varias veces las prótesis provisorias" (textual).
Explica que: "En mayo de 2015, cansado de respuestas que pudieran justificar dilaciones en el tratamiento y los trastornos y sufrimientos que esta situación me generaba -mis dientes se rompían y/o salían en cada comida- luego de entrevistarme con el Odontólogo Auditor del SUMA, Dr. Ricardo Puga, decidí elevar mi queja por escrito" (textual).
Subraya que: "El 7 de julio de 2015 presenté una nota dirigida al Director de Presentaciones del SUMA, CP Juan José Martínez González, con el fin de ponerlo en conocimiento de la situación, los trastornos que esta me generaba; en la misma me comprometí a traerle un presupuesto y plan de tratamiento de rehabilitación oral de un odontólogo de mi confianza" (textual).
Sostiene que: "Con fecha 23 y 28 de julio de 2015 realicé una interconsulta odontológica con el Dr. Andrés J. Bertoli, cuyo presupuesto y plan de tratamiento de rehabilitación oral adjunto al presente (...) El 6 de agosto de 2015, a pedido de SUMA, realicé una segunda interconsulta con el Dr. Alejo Rodríguez, cuyo presupuesto y plan de tratamiento de rehabilitación oral también adjunto al presente" (textual).
Destaca que. "Con ambas propuestas y presupuestos de tratamiento de rehabilitación oral, nos reunimos sin poder llegar a un entendimiento. Con fecha 26/ 8/2015 se celebró audiencia de Mediación que fracasó porque tampoco se pudo llegar a un entendimiento (...) En resumidas cuentas, en noviembre de 2012 se me ofreció y propuso un tratamiento de rehabilitación oral completo que se realizaría en aproximadamente un año y, a casi cuatro años de haberlo iniciado, según interconsultas que me solicitaran las autoridades del SUMA -tanto con el Dr. Bertoldi como con el Dr. Alejo Rodríguez- debo someterme a un nuevo tratamiento total que durará aproximadamente un año más, con los consiguientes riesgos que ello implica" (textual).
Puntualiza que: "debo someterme en forma urgente a dicho tratamiento ya que en la actualidad se me están saliendo los implantes y los dientes provisorios de acrílico provocándome profundos estados depresivos al no poder siquiera mirarme al espejo, y más considerando que ya hace casi 4 años que estoy en esta situación por lo que se degrada aún más mi estado de salud" (textual).
Pide el resarcimiento de los siguientes rubros indemnizatorios; a) valor total del tratamiento de rehabilitación oral, b) diferencia por mayor valor del tratamiento a la fecha en que se produzca el pago, c) daño moral, d) gastos y pagos, e) daño psicológico y f) daño punitivo.
b) A fs. 80/82 vta. el Sr. Juez a quo resuelve: "1) Inhibirme para entender en estos actuados (arts. 1, 8, 9 y ccdtes. de la Ley 23.660; arts. 1, 2, 5, 15, 38 y ccdtes. de la ley 23.661); 2) Firme la presente y previa vista al Sr. Agente Fiscal, dispónese el ARCHIVO de las presentes actuaciones (argto. art. 352 inc. 1º del CPCC); 3) REGISTRESE. NOTIFIQUESE personalmente o por cédula con carácter urgente (arts. 179, 180 y 182 del Ac. 3397/08 de la S.C.J.B.A)" (textual).
c) A fs. 85/ 87 vta. el accionante interpone recurso de revocatoria -con apelación en subsidio- contra la resolución de fs. 80/ 82 vta..
El recurso de reposición es admitido por el Sr. juez de grado mediante el resolutorio de fs. 88/ 90 vta.. En dicho proveido, el magistrado de la instancia de origen revoca por contrario imperio su decisión y -en consecuencia- resuelve aceptar la competencia para conocer y decidir en los presentes obrados.
Funda su resolución argumentando que: "la demandada en autos, Servicio Universitario Médico Asistencial (S.U.M.A.) resulta ser una obra social de la Universidad Nacional de Mar del Plata y encontrándose ésta exceptuada de la órbita de aplicación del Sistema Nacional del Seguro de la Salud, concluyo que resulta competente para conocer en la presente contienda la justicia provincial, razón por la cual, corresponde revocar el resolutorio cuestionado, proveyendo a continuación la presentación liminar" (textual).
Sentado lo anterior, el Sr. juez a quo imprime el trámite sumarísimo a las presentes actuaciones y ordena correr traslado de la demanda a la parte contraria por el plazo de ley.
d) A fs. 151/ 158 el Dr. Francisco Raúl Bowden -como apoderado S.U.M.A.- opone excepción de incompetencia.
Funda la defensa de mención alegando que: "El Servicio Universitario Médico Asistencial (SUMA) es la Obra Social del personal de la de la Universidad Nacional de Mar del Plata y, de tal forma, se encuentra regida por la Ley de Obras Sociales Universitarias, ley 24.741." (textual).
Puntualiza que: "En el art. 9 de la precitada ley, se establece que será autoridad de aplicación de la ley de obras sociales universitarias, en todo lo relativo a las prestaciones médico-asistenciales el Ministerio de alud y acción Social de la Nación (...) Amén de ello, el carácter de institución nacional de la Universidad nacional de Mar del Plata, avala la competencia federal en el caso. Es así que todas las controversias, ya sea como actor o demandado, en que se encuentra involucrado SUMA, se dirimen en la Justicia Federal" (textual).
Subsidiariamente, contesta la demanda instaurada en contra de su mandante, solicitando el rechazo de la acción con costas.
e) A fs. 165/ 170 el actor contesta el traslado dispuesto a fs. 159 vta. respecto de la excepción de incompetencia, solicitando su rechazo con costas.
Argumenta que: "según el art. 4 de la Ley 23.890 (Obras Sociales-modificaciones) la demandada en autos, Servicio Universitario Médico Asistencial (S.U.M.A.) resulta ser una obra social de la Universidad Nacional de Mar del Plata que se encuentra exceptuada de la órbita de aplicación del Sistema Nacional del Seguro de la Salud, por lo que resulta competente la justicia provincial" (textual).
f) A fs. 171/ vta. el Sr. Juez de grado resuelve: "el suscripto ya se ha pronunciado sobre la cuestión ahora en debate (competencia) y si bien dicho decisorio de modo alguno importa un prejuzgamiento sobre el fondo de la controversia, dado que la determinación de la competencia en razón de la materia resulta ajena al contenido y resultado del proceso, lo cierto es que subyace el deber de excusarme por haber emitido opinión y me impide volver a pronunciarme al respecto (conf. CC0202 LP B 84188 RSI-219-96 I 04/07/1196). Por consiguiente, en atención a los argumentos desarrollados, corresponde inhibirme para resolver sobre la incidencia generada (arts. 345 inc. 1, 17 inc. 7º y ccdtes. del CPCC). Firme el presente, remítanse los autos a la Receptoría General de Expedientes a fin de que proceda " -textual-.
g) A fs. 173, remitidas las actuaciones a la M.G.E. y luego de realizarse el sorteo pertinente a los efectos de resolver la incidencia formada en torno a la excepción de incompetencia, queda radicado el expediente en la órbita del J.C.C. N°13, a cargo del Dr. Maximiliano Colángelo.
h) A fs. 178/ 179 emite su dictamen la Fiscalía General.
i) A fs. 180/ 181 vta. se dicta sentencia conforme los alcances que se fijan en el punto subsiguiente.
A fs. 180/ 181 vta. el Sr. Juez de primera instancia, decide hacer lugar a la excepción de incompetencia deducida por S.U.M.A..
Señala el juez a quo que: "La pretensión del actor está orientada a obtener un pronunciamiento judicial que condene al Servicio Médico Universitario Asistencial (SUMA), a indemnizar a la actora con fundamento en los daños que alega en una defectuosa prestación en el marco de un tratamiento odontológico, solicitando -a la vez- asimismo el reintegro de los gastos ya efectuados, todo ello en el marco de un relación entre el actor en su carácter de afiliado y la entidad accionada como prestataria de servicios de salud" (textual).
Subraya que: "El sujeto pasivo a quien la actora le imputa una defectuosa prestación médica en que se funda esta demanda, es una entidad de derecho público no estatal, con individualidad jurídica, financiera y administrativa; ello conforme lo establece el artículo 1 de la ley 24741, y excluída por la Ley 23.890 del régimen general normado por la Ley 23.660." (textual).
Añade que: "El art. 4 de la citada ley dispone que son beneficiarios de las obras sociales universitarias, las autoridades superiores, el personal docente y el personal no docente de las universidades nacionales. Por su parte, el art. 9 establece que: "Será autoridad de aplicación de la presente ley, en todo aquello que tenga relación con las prestaciones médico asistenciales, el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación". Asimismo este Ministerio creó -mediante Resolución n°379 del año 2000- un registro especial de Obras Sociales Universitarias que se encuentra sometida al contralor de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación" (textual).
Sentado lo anterior, concluye que: "en este proceso la cuestión planteada versa -en definitiva- sobre la modalidad y extensión en que la demandada otorgó la prestación médica al Sr. Raggio; lo que remite -finalmente- a la aplicación, interpretación y alcance de normas, reglamentos y decisiones concernientes a la estructura de salud implementado por el Estado Nacional, relación que se encuentra regida por normas federales; motivo por el cual corresponde receptar la excepción de incompetencia opuesta por el demandado (arg. arts. 1 y 9 de la ley 24741; arts. 345 del CPCC; CSJN, fallos 247:494; Haro Ricardo, La competencia Federal, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, pág.253; CSJN, fallos 329:2823 y 326:3535)." -textual-.
III.- El recurso de apelación.
A fs. 183/ 187 la parte actora interpone recurso de apelación contra la sentencia de fs. 180/ 181 vta. y lo funda en el mismo escrito de interposición con argumentos que merecieron respuesta de la parte contraria a fs.190/ 191.
IV.- Los agravios del recurrente.
El apelante critica la resolución dictada por el Sr. Juez a quo por cuanto decide hacer lugar a la excepción de incompetencia opuesta por S.U.M.A..
Afirma que: "En el caso alegué la existencia de una relación de consumo con la demandada, aspecto que no se ha debatido, y además he probado prima facie -con la instrumental acompañada- mi condición de afiliado y que la demandada SUMA es una organización que presta, entre otros, servicios de salud, asistencia médica y, por ello, se adecua a los arts. 1092 y 1093 del CCyCN" (textual).
Expresa que: "De la detallada exposición de los hechos del escrito de la demanda surge que la demandada SUMA me propuso un tratamiento odontológico integral -funcional y estético- con el cual recuperaría mi salud bucal (...) En ningún momento planeé cuestiones atinentes al modo, extensión y/o forma de la prestación médico asistencial" (textual).
Agrega que: "En el caso de autos, no se encuentran debatidos conflictos que afecten la instrumentalidad o la planificación de las prestaciones médico asistenciales, ni atañen al funcionamiento del Sistema Nacional del Seguro de Salud ni de la ANSSAL, por lo tanto, de ningún modo puede inferirse que puedan afectar interés general de la Nación para los cuales sí son competentes los Tribunales Federales" (textual).
Subraya que: "La demandada SUMA por ser organismo de derecho público no estatal, con individualidad jurídica, financiera y administrativa, tiene carácter de sujeto de derecho para lo cual es competente la justicia ordinaria, a pesar de demandarse a una Obra Social, siendo los tribunales federales competentes sólo en los supuestos que el litigio atañe al funcionamiento del sistema nacional del Seguro y de la ANSSAL" (textual).
Destaca que: "Siendo el objeto principal demandado el ejercicio de una acción personal de daños y perjuicios, de ningún modo puede afectarse el interés general de la nación. Es, por tanto, competente la justicia ordinaria, a pesar de demandarse a una Obra Social, porque los Tribunales Federales son competentes sólo en los supuestos en que el litigio atañe al funcionamiento del sistema nacional del Seguro de la Salud y de la ANSSAL" (textual).
Resalta que: "Está claro que competen a la justicia provincial las cusas que entienden sobre reclamos a obras sociales universitarias, pues lo comprometido no es el interés federal, sino el de sus propios afiliados. Todo ello y ante la aparente tensión de normas, prima recurrir al principio "pro homine" y mantener la competencia de la justicia provincial, más aún tratándose de una pretensión de salud esgrimida por un consumidor, que no admite dilaciones puramente formales" (textual).
Finalmente, señala que: "el Sr. Juez a quo no aplicó al caso la ley de defensa del consumidor, aún considerando mi condición de afiliado al SUMA quien, a cambio de una cuota mensual, me proporciona prestaciones médicas. Siendo dicha ley de orden público debe aplicarse el art. 53 que establece la competencia de la justicia ordinaria provincial" (textual).
V.- Consideración de los agravios.
Ingresando en el estudio de la cuestión sometida a consideración de este Tribunal, advierto que el recurso no debe prosperar.
Expondré, seguidamente, las razones que me conducen hacia dicha conclusión.
1.- Establece el art. 38 de la ley 23.661 que: "La ANSSAL y los agentes del seguro estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción federal, pudiendo optar por la correspondiente justicia ordinaria cuando fueren actoras. El sometimiento de los agentes del seguro a la justicia ordinaria estará limitado a su actuación como sujetos de derecho en los términos dispuestos por la ley de obras sociales" -textual-.
En cuanto al sentido y alcance de esta norma, el Supremo Tribunal Provincial ha señalado -en reiteradas oportunidades- que: "El texto de marras es harto preciso y no da lugar a interpretación diversa, no pudiendo el intérprete variar su contenido, al grado de prescindir de él (...) El adverbio "exclusivamente" no permite albergar dudas acerca de que tanto la ANSSAL cuanto sus agentes (arts. 6 y 14 de la ley 23.660) están sometidos legalmente por regla general a la competencia federal, admitiéndose como única excepción en la misma norma, la de optar por la justicia ordinaria cuando son actoras" (SCBA, Ac. 94.405, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. del 2-IX-09; Ac. 94.405, "G. R. C", sent. del 8-III-06, entre otros).
La Corte Provincial ha dicho -asimismo- que: "No obsta tampoco a ello el hecho de que la relación jurídica mantenida entre las partes se encuentre regida por el derecho común, pues no se trata sólo de establecer la competencia del tribunal rationae materiae sino rationae personae, supuesto en el que la atribución de jurisdicción se efectúa en razón de la calidad de los sujetos involucrados (...) No obsta a la conclusión indicada lo alegado en el sentido que la pretensión debatida versa sobre el resarcimiento de daños y perjuicios con sustento en el derecho común, ni tampoco que la Obra Social no sea la exclusiva demandada..." (SCBA, Ac. 83.821, "Ceraldi", sent. del 26-X-05).
Cabe destacar que la competencia federal en este ámbito también ha sido reconocida desde hace años por la Corte Suprema de la Nación in re "Talarico" (Fallos, 315:2292, sent. del 6-X-1992), y ha sido ratificada no sólo en casos en los que la materia en juego involucraba un contenido federal (v. dictamen del Procurador General, al que remitiera la C.S.J.N. in re "Longueira, Jorge F. s/Amparo", sent. del 10-X-2000), sino también en los que la pretensión encontrara sustento en la normativa común (v. Fallos, 320:1328, "Brorghi c/I.S.B.B. s/Despido"; en el mismo sentido, v. dictamen del Procurador General adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa t. 199. XXXVI, "Toledo c/Obra Social de Conductores de Camiones Neuquén", sent. del 13-III-2001).
Sentados estos principios, corresponde determinar cuáles son las consecuencias jurídicas que derivan de su aplicación al caso particular.
2.- El Sr. Héctor Orlando Raggio promueve demanda de indemnización de daños y perjuicios contra la Obra Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata (S.U.M.A), procurando también la cobertura efectiva e integral del tratamiento de rehabilitación oral al que debe someterse como consecuencia del cuadro de salud que padece a nivel odontológico.
Atendiendo a las características de la petición judicial y habida cuenta la calidad ostentada por la parte demandada, entiendo que debe confirmarse la resolución del Sr. Juez a quo en cuanto considera que la justicia federal resulta competente -rationae personae- para conocer y decidir la suerte de la pretensión resarcitoria deducida por el Sr. Héctor Orlando Raggio. (argto. arts. 116, 117 y conds. de la C.Nac; 38 y conds. de la Ley 23.661).
Es que si bien S.U.M.A se encuentra excluída por la Ley 23.890 del régimen general normado por la Ley 23.660 lo cierto es que, por su calidad de "obra social" que persigue como objetivo brindar a sus afiliados prestaciones con la mayor cobertura en el servicio de salud (art. 3 inc. a de la ley 24.741) interpreto que se inserta en el entramado de agentes, organismos y prestadoras indirectas de servicios médicos que conforman la estructura del sistema de salud implementado por el Estado Nacional, quedando así sujeta exclusivamente a la jurisdicción federal, conforme lo dispuesto por el art. 38 de la ley 23.661 (argto. Jurisp. Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata, "C., H. J. H. c/ SERVICIO UNIVERSITARIO MEDICO ASISTENCIAL s/ AMPARO LEY 16.986", Expte. 21702/2014; "SILVA BARNI, MARIA FLORENCIA Y OTRO c/ OBRA SOCIAL DE LA UNION PERSONAL CIVIL DE LA NACION Y OTRO s/ AMPARO LEY 16.986", Expte. 5838/2018; Tribunal Superior de la Justicia de la Provincia de Córdoba, sala contencioso administrativa, "Antuña, Eduardo C. y otros v. Obra Social Universitaria, sent. del 2-11-2001).
Refuerza mi convicción de que de nos encontramos frente a un reclamo de naturaleza federal en razón de la persona (por tratarse de una entidad comprendida dentro del Sistema Nacional del Seguro de Salud) la circunstancia de que la ley 24.741, en su art. 9, establece que será autoridad de aplicación de dicha normativa, en todo aquello que tenga relación con las prestaciones médico asistenciales, el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.
Asimismo, que por Resolución N°379/00 el aludido Ministerio estableció la creación de un registro especial de Obras Sociales Universitarias que funciona en la Superintendencia de Servicios de Salud (antes, la ANSSAL), facultando a dicha entidad a dictar normas de funcionamiento interno, así como los requisitos y otros procedimientos necesarios para la inscripción y control de este tipo de obras sociales.
Por otro lado, a diferencia de la opinión vertida por el recurrente con fundamento en la ley de Defensa del Consumidor, me parece oportuno señalar que el cuerpo normativo que regla el sistema de salud en nuestra República es eminentemente federal e involucra tanto a las obras sociales como a los agentes de salud y a las empresas de medicina prepaga (leyes 23.660, 23.661, 24.455, 24.754 y 26.682) ya que, en definitiva, procura regular una de las prestaciones públicas de rango constitucional (la médica obligatoria) que el Estado debe satisfacer (conf. Ricardo Haro, "La competencia Federal", Ed. Lexis Nexis, 2006, pág. 155 y ss; Cám.Civ.Com. de Lomas de Zamora, sala III, causa N° 4628-184 del 4-10-2013).
Por ello, pese a que la actora invocó como fundamento de su pretensión resarcitoria la ley 24.240 (relación de consumo) estimo que la Justicia Federal es quien debe conocer de esta causa pues, tal como lo señaló el sentenciante, el reclamo del Sr. Héctor Raggio remite -finalmente- a la aplicación, interpretación y alcance de normas, reglamentos y decisiones concernientes a la estructura de salud implementado por el Estado Nacional, circunstancia que -a mi entender- habilita la competencia federal de excepción.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador General, ha fallado al respecto señalando que: "Debe declararse la competencia del fuero civil y comercial federal para entender en las actuaciones si se encuentran en juego normas y principios institucionales y constitucionales de prioritaria trascendencia para la estructura del sistema de salud implementado por el Estado Nacional, al establecer la prestación médica obligatoria, que involucra tanto a las obras sociales, como a las prestadoras privadas de servicios médicos, en razón de que la ley 24.754 hizo extensivas las prestaciones básicas implementadas por las leyes 23.660, 23.661 y sus reglamentaciones a prestadoras privadas" (doctrina de fallos 312:985; 320:42; 324:2078, 326:3535"; ver CSJN, in re "Wraage, Rolando Bernardo c/ Omint S.A s/ Amparo Sumarísimo" del 16-9-2003, fallos 326:3535; "Kogan Jonathan c/ Swiss Medical S.A s/ Amparo" del 25-11-2005, la Ley 2006-B, 683; "Rossi, Manuel Mauricio c/ Caja de Seguridad para odontólogos de la Pcia. De Bs. As y otro", La Ley On Line, AR/JUR/2476/2007, entre otros).
A mayor abundamiento, cabe recordar que a fin de resolver las cuestiones de competencia se ha de tener en cuenta, en primer lugar, la exposición de los hechos que la actora efectúa en su demanda -art. 330 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia- y después, sólo en la medida en que se adecue a ellos, el derecho que invoca como fundamento de su pretensión (argto. arts. 330 y conds. del CPC; Jurisp. CSJN, Fallos: 306:1056; 308:2230, entre otros).
De allí entonces que, no obstante haber deducido su pretensión resarcitoria con fundamento en la existencia de una relación de consumo, interpreto que la Justicia Federal es quien debe conocer de esta causa por razón de la persona, más aún teniendo presente que la doctrina de la C.S.J.N. ha sido muy restrictiva en la concesión del fuero ordinario para la discusión de temas que conciernen a los Agentes del Seguro de Salud.
En definitiva, atendiendo a la naturaleza de la pretensión deducida y habida cuenta la calidad ostentada por la entidad demandada (Obra Social), propongo que se confirme la resolución recurrida en cuanto decide hacer lugar a la excepción de incompetencia deducida por S.U.M.A., disponiendo que la cuestión aquí debatida sea dilucidada en la órbita de la justicia federal.
Corresponde: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 183 por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia recurrida en lo que ha sido materia de agravio; II) Imponer las costas al recurrente vencido (art. 68 del C.P.C); III) Diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna (arts. 31 y 51 del Dec.Ley 8904).
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo: I) Se rechaza el recurso de apelación interpuesto a fs. 183 por la parte actora y, en consecuencia, se confirma la sentencia recurrida en lo que ha sido materia de agravio; II) Se imponen las costas al recurrente vencido (art. 68 del C.P.C); III) Se difiere la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna (arts. 31 y 51 del Dec.Ley 8904). Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 del C.P.C.). Devuélvase.-.
Ley 23660 – BO: 20/01/1989

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 artículo 1
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