Source: http://segleg.chaco.gov.ar/seglegis/servlet/hconstramindivnuevo?2018,1,612
Timestamp: 2018-09-22 15:09:34+00:00

Document:
12018 612 0
Proyecto De Ley Nro:612/2018
Extracto:ESTABLECE EL DERECHO DE ACCESO A ARCHIVOS PARA CONOCER IDENTIDAD BIOLÓGICA O DE ORIGEN.- Estado:En Trámite -
DERECHO DE ACCESO A ARCHIVOS PARA CONOCER
IDENTIDAD BIOLÓGICA O DE ORIGEN
ARTÍCULO 1 - La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho a la identidad biológica o de origen, para restituir su ejercicio a toda persona que presuma que su identidad haya sido suprimida o alterada.
ARTÍCULO 2 - Son beneficiarios directos de esta ley las personas que presumieran que su identidad ha sido suprimida o alterada por hechos concomitantes o posteriores a su nacimiento, y las personas adoptadas, cualquiera sea la fecha en que ésta se hubiere producido. A tales efectos, quedan comprendidos los hijos, nietos y supuestos hermanos de la persona cuya identidad hubiera sido alterada o suprimida.
Son beneficiarios indirectos de esta ley todas las personas privadas de la relación parental por la comisión de un delito y/o la falta o vicio del consentimiento, quedando comprendidos los abuelos.
ARTÍCULO 3 - Los beneficiarios de esta ley, tienen derecho a acceder, en forma libre y gratuita, a:
1. Toda documentación y registros de partos, de nacimientos, de neonatología, de defunciones, libros de entradas y salidas, historias clínicas, archivados en cualquier efector de salud, tanto de gestión pública como privada, provinciales o municipales;
2. Los Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas y/o de cualquier otro organismo que pueda proporcionar información útil.
La información o búsqueda deberá requerirse por los beneficiarios a través de la autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 4 - El Ministerio de Gobierno, Justicia y Relación con la Comunidad, en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos, es la autoridad de aplicación de esta ley y tendrá a su cargo un servicio para la atención de los casos de presunción de supresión o alteración de identidad biológica o de origen.
A través de dicho servicio deberá:
1. Gestionar el acceso a los diversos registros detallados en el artículo 3, y a los que fueran creados o a crearse mediante la presente ley, para la obtención de toda la información relacionada con la identidad biológica;
2. Otorgar asesoramiento jurídico y legal en forma gratuita a todas las víctimas de sustitución de identidad y/o familiares, independientemente del año de su nacimiento;
3. Brindar asistencia y contención a todas las víctimas de sustitución de identidad, cualquiera sea la fecha de su nacimiento, y/o a sus familiares;
4. Facilitar el acceso a los medios y recursos necesarios para la realización del examen de compatibilidad de ADN (ácido desoxirribonucleico), en aquellos casos que sea necesario para la constatación de la identidad biológica.
ARTÍCULO 5 - La reglamentación establecerá el procedimiento administrativo para llevar a cabo los trámites de búsqueda, respetando los principios de gratuidad, accesibilidad, celeridad, agilidad procesal y confidencialidad.
En todos los casos, se deberá exigir la identificación de la persona que solicite la información, quien deberá realizar una declaración jurada por escrito, la que será reservada en la institución con carácter de confidencial. En la misma, deberán constar sus datos personales y los motivos de su pedido. En el mismo acto se le notificará fehacientemente la confidencialidad de los datos a que tenga acceso, y su responsabilidad civil y penal en caso de hacer uso indebido de dicha información.
ARTÍCULO 6 - Ningún funcionario podrá denegar injustificadamente la información que le fuere solicitada respecto a la identidad biológica o de origen, siendo el plazo máximo de entrega de la misma de diez (10) días hábiles, no pudiendo ser la misma gravada con ningún cargo.
ARTÍCULO 7 - La Secretaría de Derechos Humanos creará el "Registro Único de Búsqueda de Identidad Biológica o de Origen de la Provincia del Chaco". Además de lo que establezca la reglamentación, asentará los casos recepcionados y actuaciones tramitadas. Asimismo, deberán sistematizarse los datos obtenidos de las pruebas genéticas que se hubieran realizado.
ARTÍCULO 8 - La Secretaría de Derechos Humanos podrá intervenir en todos los casos de supresión y/o alteración de la identidad biológica o de origen de una persona de los que tome conocimiento, sea por la solicitud de un particular, organismo público o entidad privada, teniendo la facultad para actuar de oficio si así lo considerara, a los fines de facilitar y/o impulsar las acciones e investigaciones necesarias para determinar la verdadera identidad biológica o de origen.
SISTEMAS DE REGISTRO DE NACIMIENTOS Y DE PARTOS
ARTÍCULO 9 - El Ministerio de Salud Pública asegurará y colaborará para que las personas interesadas tengan acceso a todos los archivos mencionados en el artículo 3 inciso 1), a requerimiento de la autoridad de aplicación o según disposiciones emanadas de la misma.
Los efectores públicos de salud que cuenten con la infraestructura apropiada deberán prestar colaboración y asistencia para la realización gratuita de las pruebas genéticas, quedando su conservación a cargo de este Ministerio. Sin perjuicio de ello, podrá realizar convenios con efectores de salud privados, garantizándose en todos los casos la gratuidad de dichas pruebas.
ARTÍCULO 10 - El Ministerio de Salud Pública adoptará las medidas necesarias a fin de unificar los criterios para que los registros de los nacimientos y de partos que se produzcan en todos los servicios de salud se realicen bajo una única modalidad, tanto de la Provincia como de los municipios, ya sean públicos o privados.
ARTÍCULO 11 - El Ministerio de Salud Pública creará un "Registro Único de Nacimientos y de Partos" que se produzcan en todo el territorio provincial, a partir de la promulgación de la presente ley, el que será sistematizado e informatizado.
ARTÍCULO 12 - El Ministerio de Salud garantizará la custodia y preservación de todos los documentos existentes en el sistema de salud de la Provincia, públicos y privados, que puedan dar cuenta de la identidad de las personas.
ARTÍCULO 13 - En el supuesto que no se encontrare en los registros en uso o en archivos regulares la documentación a la que la parte legitimada solicita acceder, el funcionario a cargo del establecimiento requerido consignará por escrito la causa atribuible a la ausencia de documentación y/o el destino certero o presunto de los archivos que no se encuentran.
ARTÍCULO 14 - El Ministerio de Gobierno, Justicia y Relación con la Comunidad, a través de la Dirección Provincial del Registro Civil, colaborará en la búsqueda de los materiales obrantes en sus archivos que le fueran requeridos por la Secretaría de Derechos Humanos.
ARTÍCULO 15 - Autorízase al Poder Ejecutivo a imputar las partidas presupuestarias que correspondan, para la implementación y cumplimiento de todas las disposiciones de la presente ley.
ARTÍCULO 16 - El Ministerio de Salud Pública tendrá un plazo de trescientos sesenta (360) días desde la promulgación de la presente ley, para la realización del relevamiento, la sistematización e informatización, de todos los datos, archivos, bases de datos y registros existentes a la fecha, conforme enumeración del artículo 3 inciso 1).
Dichos datos serán incorporados al "Registro Único de Nacimientos y de Partos" creado según artículo 11 de la presente ley.
ARTÍCULO 17 - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente dentro de los noventa (90) días de su promulgación.
ARTÍCULO 18 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se estima que en Argentina existen 3 millones de personas que no conocen sus raíces. Crecieron con padres adoptivos y la mayoría de ellos aún no lo sabe. La trata y tráfico de personas ocupa el tercer lugar como actividad lucrativa ilegal en el mundo, después del tráfico de drogas y el de armas.
Por ello, el presente proyecto de Ley, que tiene como objetivo garantizar el derecho a la identidad biológica o de origen facilitando la investigación y búsqueda de información a toda persona que presuma que ésta ha sido suprimida o alterada en el momento del nacimiento o posteriormente.
Para esto, la normativa permite el libre acceso a los datos contenidos en los archivos del Registro Civil y a la documentación de los hospitales, clínicas y establecimientos de salud municipal y provincial, tanto públicos como privados, con el fin de poder constatar la identidad de las personas que tengan sospechas o dudas al respecto.
Asimismo, se propone la creación del Registro Único de Búsqueda de la Identidad Biológica o de Origen, en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco, con el fin de sistematizar los datos genéticos obtenidos.
Este proyecto encuentra su antecedente directo en la legislación santafesina.
La identidad de una persona comprende dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales, establecidas en los pactos internacionales, suscriptos por la Republica Argentina los cuales gozan de raigambre constitucional, receptados en el Art 75 Inc. 22 de la carta magna.
Entiendo que esta herramienta que hoy se pretende replicar en Chaco contribuirá al cumplimiento irrestricto de los pactos internacionales que rigen nuestra vida democrática.
En tal sentido es dable recordar que la Argentina ha sido sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 27 de abril del año 2012 en el caso “ FORNERON E HIJA CONTRA REPUBLICA ARGENTINA” sentenció que la Argentina ha violado los derechos esenciales de padre e hija a convivir en familia, además de su derecho a la identidad. . En dicho fallo La CIDH sostuvo ahora que "no puede invocarse el interés superior del niño para legitimar la inobservancia de requisitos legales, la demora o errores en los procedimientos judiciales", y sentenció que "la familia a la que todo niño tiene derecho es, principalmente, a su familia biológica, la que incluye a los familiares más cercanos", y esa familia "debe ser objeto primordial de medidas de protección por parte del Estado".
Al respecto, dieron por hecho que el 17 de junio, un día después de darla a luz, la madre de la niña M, "entregó a su hija en guarda provisoria con fines de adopción al matrimonio B-Z, en presencia del defensor de Pobres y Menores suplente de la ciudad de Victoria". Según dilucidó el tribunal, Fornerón ya se había interesado por la niña durante el embarazo -y la madre le negó que él fuera el padre- y había manifestado su interés de hacerse cargo de la niña.
Un mes después del nacimiento, y ante la incertidumbre del paradero de la beba, Fornerón la reconoció legalmente. El 1º de agosto de 2000 el matrimonio B-Z solicitó la guarda judicial de la niña, a la que Fornerón se opuso en el expediente. Entre tanto, una prueba de ADN confirmó su paternidad. Posteriormente, el juez del caso ordenó un peritaje, en el que se concluyó que "el traspaso de la familia que reconoce a otra a la que desconoce [el padre biológico y su propia familia]" sería sumamente dañino psicológicamente para la niña. El 17 de mayo de 2001 otorgó la guarda al matrimonio B-Z.
La Cámara de Apelaciones de Victoria hizo lugar a un recurso de Fornerón y revocó el fallo de primera instancia. Pero el 20 de noviembre de 2003 (cuando la niña ya tenía casi tres años y medio), el Superior Tribunal de Entre Ríos sentenció que "la demora en el trámite del proceso" incidió en su decisión de confirmar la guarda, "en consideración del interés superior de M, que había vivido desde su nacimiento y por más de tres años" con el matrimonio B-Z, al que, finalmente, se le otorgó la adopción el 23 de diciembre de 2005, dos meses después del único encuentro, hasta hoy, entre Fornerón y su hija.
En el fallo la Corte Interamericana de Derechos Humanos cita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que reza asi: “Adicionalmente, la Comisión afirmó que el Estado no ha tomado las medidas necesarias para implementar un régimen de visitas oportuno, por lo que la niña ha sido privada de su derecho a acceder a diversos aspectos de su identidad, de contar con información importante para su desarrollo y de establecer vínculos con su familia biológica. Las relaciones familiares y los aspectos biológicos de la historia de una persona, particularmente de un niño o una niña, constituyen parte fundamental de su identidad, por lo que, toda acción u omisión del Estado que tenga efectos sobre tales componentes, puede constituir una violación del derecho a la identidad. En este sentido, la conducta de las autoridades internas que otorgaron la guarda y la adopción comprometió la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a la familia y a la identidad. Concluyó que la decisión del Estado de separar a M de su padre biológico, sin dar acceso a un régimen de convivencia, violó el derecho de familia de la niña y del señor Fornerón, contenido en el artículo 17 de la Convención, en relación con los derechos establecidos en los artículos 19 y 1.1 del mismo instrumento.”
Pensar el derecho a la identidad implica considerar diferentes ejes de análisis debido a que se trata de una construcción simbólica que operando sobre un referente biológico consolida en el curso del desarrollo humano lo subjetivo e individual, incluyéndolo en la trama social.
La identidad de una persona constituye un proceso que comienza antes del inicio de su vida y se prolonga más allá de la muerte. No se agota en el dato biológico de su existencia física, sino que abraca todos los aspectos que la integran como ser humano. Esto incluye tanto su inscripción en el seno de una familia y la asignación de un nombre propio, como su inserción dentro de una comunidad, con su lengua, su cultura, su territorio y su historia colectiva, a partir de cuyos relatos es posible construir la propia historia y proyectarse socialmente en el tiempo como un ser único e irrepetible.
Finalmente la Corte recuerda que la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 8.1, señala que “[l]os Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”. El Tribunal ha reconocido el derecho a la identidad, que puede ser conceptualizado, en general, como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y, en tal sentido, comprende varios otros derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso 94 . La identidad personal está íntimamente ligada a la persona en su individualidad específica y vida privada, sustentadas ambas en una experiencia histórica y biológica, así como en la forma en que se relaciona dicho individuo con los demás, a través del desarrollo de vínculos en el plano familiar y social. Es por ello que la identidad, si bien no es un derecho exclusivo de los niños y niñas, entraña una importancia especial durante la niñez 95 . Las circunstancias del presente caso implicaron que M creciera desde su nacimiento con la familia B-Z. Este hecho generó que el desarrollo personal, familiar y social de M se llevara a cabo en el seno de una familia distinta a su familia biológica. Asimismo, el hecho que en todos estos años M no haya tenido contacto o vínculos con su familia de origen no le ha permitido crear las relaciones familiares que jurídicamente corresponden. Por ende, la imposibilidad de M de crecer con su familia biológica y la ausencia de medidas dirigidas a relacionar al padre con su hija afectó el derecho a la identidad de la niña M, además de su derecho a la protección familiar.
Una dimensión fundamental en la construcción objetiva y subjetiva de la identidad es el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno. En tal sentido todas las culturas y sociedades a lo largo de la historia han encontrado la forma de dar cuenta de ese proceso mediante marcas que expresan el reconocimiento de la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos a una red vincular, y al mismo tiempo, de una particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas marcas sociales son el fundamento de la dimensión jurídica de la identidad.
La provincia de Santa fe ha sido pionera en legislar la problemática con la aprobación de la ley 13725, ya promulgada.
La presente iniciativa busca contribuir a resolver una problemática que sigue afligiendo a toda la Argentina y cuyas consecuencias se replican hasta nuestros días, a lo largo y ancho de nuestra patria.
El cumplimiento irrestricto de los pactos internacionales en materia de derechos humanos haciendo más fácil la búsqueda de información y el acceso a los archivos por parte de aquellas personas que tienen incertezas sobre su identidad biológica o de origen es la premisa que nos convoca a aprobar la presente iniciativa.
El Chaco en forma constante y metódica ha convertido en políticas de estado tales banderas.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que acompañen la presente iniciativa.

References: ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4
 artículo 3

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9
 artículo 3

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 13

ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 15

ARTÍCULO 16
 artículo 3
 artículo 11

ARTÍCULO 17

ARTÍCULO 18
 artículo 17
 artículo 8