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Asociación Nomadesc: agosto 2010
Relatos desde La Toma:Presencia, Solidaridad y Resistencia frente al desalojo de mineros afrodescendientes
Santiago de Cali 18 de agosto de 2010
Desde hace varios meses, las comunidades afro descendientes del Corregimiento La Toma, ubicada en el municipio de Suárez al Norte del Cauca y perteneciente al Consejo Comunitario de La Toma, vienen advirtiendo y denunciando que existe una orden de desalojo emitida para HOY miércoles 18 de agosto de 2010. Ayer, martes 17 de agosto, en vísperas de un desalojo que va en contra de los derechos colectivos, sociales, económicos y culturales, hizo presencia en el territorio el Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD-. Hoy, la comunidad se encuentra reunida en asamblea y las organizaciones de derechos humanos acompañamos de manera permanente el proceso para prevenir y denunciar cualquier tipo de irregularidad. Emitimos este comunicado en solidaridad con las comunidades que resisten de manera pacífica en defensa de sus derechos fundamentales; su territorio, dignidad e historia.
Relatos desde La Toma
Presencia, Solidaridad y Resistencia frente al desalojo de mineros afrodescendientes
Por: Betzaida M.
Equipo de trabajo Nomadesc
La Toma es una comunidad negra perteneciente al municipio de Suárez, departamento del Cauca. Para muchos habitantes colombianos, este municipio no es más que otro lugar de la geografía nacional. Otros, por el contrario, supieron hace poco de su existencia a través de reportes periodísticos sobre la violencia que actualmente se vive en el poblado.
¿Pero en realidad qué está pasando en la Toma? Es posible que no tenga una respuesta exacta, por eso dejo a consideración del lector o lectora para que saque sus propias conclusiones después de leer lo aquí plasmado, lo que ellos y ellas contaron, por lo que ellos y ellas lloran y por lo que ellos y ellas luchan.
La vida me brindó la posibilidad de ir al municipio de Suárez y escuchar lo que ellos y ellas decían. Ellos contaban que estaban muy tristes y preocupados porque escucharon que la Resolución número 52 34, redactada en el año 2009, decía que los municipios de Morales, Cajibío, Piendamó, Suárez y Argelia se encontraban en riesgo de conflicto, por lo cual merecían ser intervenidos y desalojados cuanto antes. Como cosa rara, el 22 de mayo de 2010 enviaron 2.000 militares al municipio de Suárez; 1.000 para Alto Rico y 1.000 para El Mesón. Otros 6.000 estaban vísperas de llegar, pues supuestamente venían a erradicar las plantas de coca. Sin embargo, no hicieron consulta previa a las comunidades que se han servido de esta planta por sus propiedades medicinales y culturales. Las percepciones de los habitantes reflejan que el número de militares enviados es mucho mayor a la cantidad de coca que hay en el territorio.
Ellos y ellas comentaron que Acción Social y el INCODER están pidiendo los títulos coloniales para guardarlos y así evitar que los dueños los pierdan. Estos títulos, dados a los indígenas desde la época de la colonia dicen que los territorios son imprescriptibles, inalienables, inembargables.
Ellos y ellas comentaron que el municipio de Suárez tiene 28 títulos mineros de los cuales ya han dado 7 en concepción, dentro de ellos está ubicada la comunidad de la Toma, a quien van a desalojar a la fuerza el 18 de agosto de 2010, violando sus derechos humanos y étnicos. Se dice que una de las multinacionales favorecida con los títulos mineros es la Anglo Gold Ashanti.
Muchos manifestaron que en el municipio de Suárez se ventilan tres grandes proyectos a ejecutar: plan departamental de agua, erradicación de cultivos ilícitos y explotación de recursos mineros.
Cuando río suena piedra lleva, decía mi madre, y para el caso de La Toma creo que este adagio es verídico por la siguiente razón: luego de la resolución 52 34 del 2.009 donde se manifiesta que los 5 municipios antes mencionados están en riesgo de conflicto, se expide la resolución 2864-3-30 del 30 de abril del 2010, en la cual se ordena el desalojo a la comunidad de La Toma el 21 de mayo de 2010; desalojo suspendido por solicitud del señor Héctor Jesús Sarria quien dice ser el dueño de los terrenos. Luego se ordena un segundo desalojo para el 16 de junio del mismo año, suspendida nuevamente por solicitud de la policía por estar en proceso de elecciones presidenciales.
Recordemos que según testimonios de la gente, el 22 de mayo de 2010, llegaron al municipio de Suárez 2.000 militares y estaban en proyecto de llegar 6.000 más, es curioso que hayan llegado un día después de la primera orden de desalojo y 26 días antes de la segunda orden de desalojo.
Sospeché: ¿a que llegaron los 2.000 hombres de la fuerza pública?, ¿a erradicar la coca o tal vez a militarizar la zona y llevar a cabo el desalojo?
Según los moradores y dueños de los territorios, no es cierto que el municipio de Suárez sea una zona de conflicto que amerite el desalojo de la población como consta en la resolución 5234, ¿tendrá que ver la orden de desalojo con los 28 títulos mineros existentes en el municipio? Recordemos que 7 de ellos ya han sido dados en concepción ¿será que la presencia de la gente obstaculiza la explotación minera? ¿Por qué Acción Social y el INCODER piden los títulos de propiedad territorial para guardarlos? ¿Es esa la función de estas dos instituciones?
Dentro de los 7 títulos mineros dados en concepción por el municipio de Suárez, están los territorios de la comunidad negra de La Toma, comunidad que coincidencialmente salió entre las 11 favorecidas dentro del Plan Departamental de Aguas. Allí se hará un acueducto.
Sospeché de nuevo: ¿si sobre La Toma hay una orden de desalojo, para qué les construyen un acueducto? ¿No será que comprar el agua a la EPSA para explotar las minas les sale más caro que construir un acueducto en los lugares donde se hará la explotación minera?
Lo cierto es que mediante la resolución 647/07 del 31 Julio de 2010 se ordena un tercer desalojo para la comunidad negra de la Toma y si en el municipio de Suárez se va a desarrollar la explotación minera por años venideros, La Toma es la primera comunidad desalojada pero detrás de ella vendrán múltiplex desalojos, entonces es necesario que las comunidades negras, indígenas, campesinas y diferentes sectores sociales nos unamos para hacer valer nuestros derechos.
La comunidad de La Toma hace parte de una de las tantas comunidades negras descendientes de hombres y mujeres arrancados de África y llevados a distintos lugares del mundo donde se les mató, maltrató y esclavizó cometiendo así el mayor pecado social, etnocidio y genocidio conocido en la historia mundial.
Ellos y ellas viven en La Toma por que heredaron esa tierra de aquellos hombres y mujeres cimarrones y cimarronas que trabajaron como esclavos en Colombia, de aquellos hombres y mujeres que aunque fueron desconocidos en la celebración del bicentenario participaron estratégica y militarmente en la independencia de Colombia.
Los habitantes de La Toma han vivido en esas tierras amando y cuidando la naturaleza desde 1.635, esta comunidad conformada por 7.000 habitantes ha sobrevivido a los constantes olvidos del gobierno nacional. Un o9lvido frente al cual la comunidad optó por trabajar la mina y la agricultura de forma tradicional y artesanal; con estos dos trabajos han alimentado a sus hijos pero también han conservado la naturaleza, la que ha proporcionado oxigeno a muchos caucanos, colombianos y al mundo entero.
Desgraciadamente, por la ambición de unos pocos capitalistas, la falta de dignidad y la corrupción del gobierno regional y nacional, a la comunidad de La Toma se le está violando el derecho a la vida, a la paz, al territorio ancestral, a la dignidad y a la alimentación, entre muchos otros derechos, pues después de haber vivido 375 años en este territorio se les desconoce el derecho de propiedad y en su lugar dan títulos y reconocimiento a Héctor de Jesús Sarria perteneciente al municipio de Miranda. De esta manera, y según resolución 2864-3-30 del 30 de abril de 2010, se ordena la suspensión inmediata de explotación que adelantaban los señores y dueños de territorio Jair Ortiz, Germán Ortiz, Arlex González, Eliomar Lucumí, Daniel Lucumí, Bonifacio Lucumí, Mesías Guazá, Eusebio Lucumí, Leonel Lucumí y a cualquier otra persona dentro del área de la licencia de explotación BFC- 021.
Muchos son los comentarios y las preocupaciones de la gente del municipio de Suárez, algunos comentarios llenos de sospechas, sospechas que han resultado verdad, muestra de ello son las resoluciones 52 34, la 2864-3-30 y la 647/07 con propósitos de desalojo colectivo y comunitario, debido a la explotación minera a desarrollarse en los próximos años, desconociendo así los derechos ancestrales al territorio de las comunidades negras, indígenas y campesinas, territorios que tienen títulos coloniales y territorios a los que se les ha negado el titulo colectivo al cual tienen derecho jurídicamente como consta en el capítulo III de ley 70 y su decreto reglamentario 1745 y demás legislaciones para comunidades afrodescendientes.
La realidad actual de la comunidad de La Toma y otras comunidades del municipio de Suárez, pone de manifiesto el materialismo histórico donde el sistema capitalista se está imponiendo sobre unas comunidades con estilo de vida ancestral, acabando así con sus riqueza cultural basada en el amor a la vida, a la tierra, a la naturaleza, una cultura donde prima la vida humana sobre los intereses individuales, donde prima la hermandad sobre la acumulación de capital.
¿Qué harán las comunidades desalojadas afuera de su territorio? ¿Quién les devuelve la memoria de sus ancestros, quien les devuelve la construcción social que han hecho durante más de 375 años?
La comunidad de La Toma está dispuesta a resistir, a no dejarse desalojar y piden a todos los sectores sociales a nivel nacional e internacional que se unan a su causa haciéndose presentes en La Toma el 18 de Agosto, día en el que se llevará a cabo el desalojo, según resolución 647/07 del 31 de Julio de 2010.
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Etiquetas: desalojo, La Toma, mineria, multinacionales en el norte del cauca, plan departamental de aguas
S.O.S En la cordillera occidental de Nariño y el sur del Cauca
Santiago de Cali 6 de agosto de 2010
A un día de finalizar su mandato, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su política de Seguridad Democrática, no atendió las denuncias de la comunidad y organizaciones sociales sobre las violaciones de derechos humanos de las comunidades pertenecientes al Consejo Regional Mayor para el Desarrollo Integral de Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño y Sur del Cauca- COPDICONC. Hoy, las comunidades continúan resistiendo frente a la grave crisis de derechos humanos que se presenta en la región.
Las Comunidades que habitan el Territorio del Consejo Regional Mayor COPDICONC continúan afrontando la más dura crisis de violaciones a los derechos humanos, ya que la totalidad de la región permanece controlada por grupos generadores del conflicto armado (narcotraficantes, guerrilla y paramilitares), ocasionando una crisis humanitaria basada en continuos desplazamientos, enfrentamientos, amenazas, robos, violación de mujeres y menores de edad, reclutamiento de menores, torturas y asesinatos.
Las familias permanecen desprotegidas y en eminente peligro. Hasta la fecha no se ha recibido ningún tipo de apoyo institucional, lo cual representa la violación a todos los derechos legalmente establecidos en la Constitución Política de Colombia.
De igual forma, ponemos en conocimiento que los cuerpos de las victimas asesinadas el pasado lunes 26 de julio de 2010: Albey Mancilla Obando de 25 años y José Efrén Obando Ordoñez de 35 años de edad se encuentran sepultados en una finca ubicada en la vereda el Tagual, municipio de Policarpa Nariño, ya que el grupo paramilitar denominado Los Rastrojos los asesinaron en el corregimiento de Fenicia y posteriormente los sepultaron en medio de la selva manifestando ante la comunidad con palabras textuales: “FAMILIAR QUE VENGA A RECLAMAR LOS MUERTOS, FAMILIAR QUE LOS MANDAMOS A ACOMPAÑARLOS”, ante lo cual los líderes de la comunidad se reunieron para hablar con los integrantes de este grupo irregular y poder pedir permiso para sacar los cuerpos del lugar donde habían sido sepultados. Este grupo aceptó con la condición de que no podían sacar los cuerpos a ningún lugar donde tuviera presencia la fuerza pública. Familiares y amigos lograron sacar los dos cuerpos caminado un trayecto de ocho horas por la selva hasta llegar a la finca donde fueron sepultados, ya que el grupo irregular Los Rastrojos no les permitió sacarlos hasta el corregimiento de Santa Rosa, donde está ubicado el cementerio.
Debido a esto, los familiares de las victimas solicitan de manera inmediata apoyo y acompañamiento para sacar los cuerpos de sus samiliares de esta finca donde se encuentran y sepultarlos en la ciudad de Cali, ya que tienen miedo de que este grupos irregulares puedan desaparecer los cuerpos para no dejar evidencia de los asesinatos y torturas a las que someten a sus víctimas.
Reiteramos que las violaciones de derechos humanos se presentaron durante todo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su política de seguridad democrática a pesar de las denuncias por parte de la comunidad y las organizaciones sociales.
Por todo lo cual exigimos:
Al nuevo gobierno que tome las medidas para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en el territorio.
De manera inmediata: se implementen las medidas necesarias para proteger la vida y los derechos de las comunidades de los nueve municipios que tienen jurisdicción dentro del territorio del Consejo Regional Mayor–COPDICONC- (Cumbitara, Policarpa, Leiva, Rosario, Santa Bárbara de Iscuandé, Guapi, El Charco, Balboa y Argelia) con base en el artículo 23 de la Constitución Nacional y normas concordantes.
De manera urgente: hemos programado una reunión para el día viernes 20 de agosto de 2010 en la ciudad de Pasto con los organismos gubernamentales –nacionales, departamentales y municipales- para analizar la grave situación de las comunidades y se den salidas inmediatas frente a la grave crisis de derechos humanos que se presenta en la región. Solicitamos las entidades y autoridades competentes asistan y se comprometan a dar salida a la grave crisis de derechos humanos de la región.
Se garantice el cumplimiento de la Constitución Nacional de 1991; la ley 70 de 1993; y la directiva 005 de 2009 de la Corte Constitucional.
A las organizaciones sociales y de derechos humanos pronunciarse a la mayor brevedad y exigir del Estado colombiano una respuesta clara y oportuna para prevenir cualquier hecho que siga atentando contra la integridad de los miembros de las comunidades en mención.
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.fsantos@presidencia.gov.co
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.siden@mindefensa.gov.co
Fax. 2221874ministro@minjusticia.gov.co
Fax. 570 20 00contacto@fiscalia.gov.co
Fax. 640 04 91defensoria@defensoria.org.co
ASOCIACION NOMADESCasociaciondhnomadesc@gmail.com
CAMPAÑA PROHIBIDO OLVIDAR dhprohibidolvidar@yahoo.com
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