Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-685-de-noviembre-4-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_839e78a504fd41089bcb6fa1bb147650&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-12 12:42:00+00:00

Document:
﻿ Sentencia T-685 de noviembre 4 de 2015
SENTENCIA T-685 DE 04 DE NOVIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:CRITERIOS JURISPRUDENCIALES PARA LA SELECCIÓN DEL LUGAR DE RECLUSIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PENAS IMPUESTAS A MIEMBROS DE COMUNIDADES INDÍGENAS. SE PRECISA LA IMPORTANCIA DE QUE EN LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PERSONAS DE CONDICIÓN INDÍGENA SE APLIQUE UN ENFOQUE DIFERENCIAL ORIENTADO A SALVAGUARDAR LOS VALORES EN QUE SU SUSTENTA SU IDENTIDAD ÉTNICO – CULTURAL. SIN EMBARGO DICHA PROTECCIÓN DEBE ENMARCARSE DENTRO DE LOS CANALES QUE ESTABLECE EL ESTADO DE DERECHO PARA LA DETERMINACIÓN, IMPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PENAS. DE ACUERDO CON LA DOCTRINA SENTADA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL, LA DEFINICIÓN DEL SITIO DE RECLUSIÓN DE UNA PERSONA DE CONDICIÓN INDÍGENA, CON BASE EN LA COLABORACIÓN ARMÓNICA INTER JURISDICCIONAL, DEBE TOMAR EN CUENTA OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN TALES COMO EL ESPECTRO DE AFECTACIÓN Y LA NATURALEZA DEL BIEN JURÍDICO LESIONADO CON EL DELITO, A FIN DE ESTABLECER LA CONVENIENCIA O NO, DE IMPONER A LA COMUNIDAD LA PRESENCIA DE INDIVIDUOS QUE AFECTEN SU SEGURIDAD O ESTABILIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:JURISDICCIÓN INDÍGENA, BIEN JURÍDICO, PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, CUMPLIMIENTO DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, IMPOSICIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD
Sentencia T-685 de noviembre 4 de 2015
Ref.: Expediente T-4.942.238
Acción de tutela instaurada por Pedro César Pestana Rojas y Antonio de Jesús Martínez Hernández en contra del Instituto Nacional Penitenciario, INPEC, y el Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento.
Dentro del proceso de revisión del fallo adoptado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú - Córdoba, que resolvió la acción de tutela promovida por los señores Pedro César Pestana y Antonio de Jesús Martínez Hernández.
1. De los hechos relevantes.
1.1. Los señores Pedro César Pestana y Antonio de Jesús Martínez Hernández pertenecen a la etnia Zenú y son miembros del Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento(1). El 26 de septiembre de 2006, la Fiscalía General de la Nación les inició una investigación penal por la presunta comisión del delito de concierto para delinquir(2) y fueron acusados el 22 de mayo de 2007.
1.2. Por su condición de indígenas, solicitaron que fuera su Resguardo el que se encargara de juzgarlos y no la jurisdicción ordinaria. Así, el 31 de enero de 2007, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dirimió el conflicto suscitado entre el Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento y la Fiscalía General de la Nación, resolviendo que “la competencia para adelantar la investigación radicaba en la fiscalía en mención, en razón a que el delito de concierto para delinquir con la finalidad de organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley es pluriofensivo y su penalización se justifica en la preservación de bienes y valores del Estado Social de Derecho, por lo que desborda el ámbito territorial de competencia de la comunidad indígena”(3).
1.3. Mediante Resolución 1 del 5 de enero de 2008, se protocolizó, al interior de la jurisdicción territorial del resguardo indígena, la existencia milenaria del Centro de Reclusión y Resocialización Indígena Zenú “Cacique Mexión” como un lugar de aislamiento y redención para los miembros de la comunidad Zenú privados de la libertad(4).
1.4. Según los accionantes, el 29 de octubre de 2008 la Comunidad Indígena solicitó el registro y protocolización del mencionado centro de reclusión, remitiendo la Resolución al INPEC y al Ministerio del Interior y de Justicia(5).
1.5. El 28 de septiembre de 2009, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a los señores Pedro César Pestana y Antonio de Jesús Martínez Hernández a una pena de prisión de seis años y una multa de 2000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por el delito de concierto para delinquir por asociación con las autodefensas ilegales del bloque “Héroes de Montes de María”(6).
1.6. Los accionantes solicitaron ante el Tribunal Superior de Bogotá la libertad provisional, argumentando que ya habían cumplido parte de su pena mediante la reclusión cumplida en el centro Cacique Mexión del Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento. El 05 de marzo de 2010, el Tribunal Superior de Bogotá les negó la solicitud considerando que el tiempo que permanecieron en el centro de reclusión de su comunidad no podía ser tenido en cuenta para dar por cumplida la pena impuesta en la jurisdicción ordinaria(7). Estimó el Tribunal que al no acatar la autoridad indígena el procedimiento regulado en la Ley 600 de 2000 para legalizar la privación de la libertad de los señores Pestana y Martínez, desconoció a su vez, el artículo 28 inciso 2º de la Constitución Política; en consecuencia, al desobedecer la jurisdicción aplicable la privación de la libertad no se ha cumplido según los parámetros establecidos constitucional y legalmente.
1.7. El 4 de febrero de 2011, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó su decisión de fecha 5 de marzo de 2010, en el sentido de negar la libertad de los condenados(8). Entre otras cosas, porque el 16 de diciembre de 2010, la Coordinadora del Grupo de Asuntos Penitenciarios del INPEC, comunicó al Cacique del resguardo, con copia al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, que el Centro de Reflexión “Cacique Mexión” no hacía parte de la estructura interna del INPEC, sugiriéndole poner a los indígenas a disposición de las autoridades judiciales competentes.
1.8. Mediante Sentencia T-097 del 16 de febrero de 2012(9), la Corte Constitucional negó una acción de tutela interpuesta por los aquí accionantes contra el INPEC, en la cual pretendían que se reconociera al Centro de Reclusión y Resocialización Indígena Zenú “Cacique Mexión” como un establecimiento de reclusión especial tanto para las autoridades tradicionales indígenas, como para los jueces y los magistrados de la República, y que como consecuencia de ello se computara el tiempo que habían estado retenidos en dicho centro como parte de la pena impuesta en la jurisdicción ordinaria, y se autorizara continuar la ejecución de la pena en el mismo lugar.
1.9. El 8 de mayo de 2012, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión proferida el 28 de septiembre de 2009 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, despacho que, se recuerda, condenó a los accionantes a una pena de prisión de seis años y una multa de 2000 SMLMV por el delito de concierto para delinquir por asociación con las autodefensas ilegales del bloque “Héroes de Montes de María”. Específicamente frente a la competencia, reiteró que corresponde a la jurisdicción ordinaria investigar y juzgar a los señores Pestana y Martínez, porque, entre otras cosas, los hechos fueron perpetrados fuera de la jurisdicción del Resguardo Indígena Zenú(10).
1.10. El 15 de mayo de 2012, al examinar una solicitud de suspensión condicional de la ejecución de la pena presentada por el señor Pedro César Pestana Rojas, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá —Sala Penal— decidió negarla por no configurarse ninguna de las causales establecidas en el artículo 365 de la Ley 600 de 2000. Adicionalmente, aseguró que el peticionario no había estado privado de la libertad como consecuencia de la pena impuesta por la jurisdicción ordinaria, pues desde el 21 de noviembre de 2006, y en más de una oportunidad, se profirió orden de captura sin resultado alguno, bajo la consideración de que no resultaba válida la privación de la libertad del peticionario en el centro de reclusión indígena(11).
1.11. El 29 de mayo de 2013, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema inadmitió la demanda de casación presentada por los defensores de los accionantes en contra de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá en el marco del proceso penal por concierto para delinquir(12). Las demandas de casación formularon cargos de nulidad por violación al principio de juez natural bajo el argumento de que concurrían los criterios territorial y personal, para asignar a la jurisdicción indígena el conocimiento del proceso penal en su contra, dada su condición de miembros del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento. La Corte Suprema estimó que los accionantes no argumentaron con suficiencia en qué consistió el error de derecho que llevó a sustraer el caso de la jurisdicción indígena.
El Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú - Córdoba profirió sentencia el 05 de marzo de 2014 concediendo el amparo(13). Ordenó: (i) al Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento que certifique ante el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá el período de reclusión de los condenados; (ii) a los actores que soliciten al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá tener en cuenta el tiempo efectivo de privación de la libertad en ese resguardo y, si, el tiempo de privación de la libertad corresponde exactamente a la pena impuesta, proceda a ordenar la libertad de los accionantes en los términos de la ley; y (iii) al INPEC que adelante las gestiones para reconocer y verificar el cumplimiento de los requisitos legales de los centros de reclusión especiales para la población indígena privada de la libertad.
1.13. El 21 de marzo de 2014, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, en cumplimiento de la orden proferida por los jueces de tutela concedió la libertad, por pena cumplida, a los condenados Pedro César Pestana Rojas y Antonio de Jesús Hernández, lo anterior, al computar el tiempo de privación de la libertad de los procesados en el Centro de Reclusión y Resocialización Indígena “Cacique Mexión”. Decisión que fue apelada por el Ministerio Público, y confirmada(14) por el Tribunal Superior de Bogotá mediante auto del 17 de junio de 2012(15).
2. Intervención de las accionadas.
2.1. De los demandados.
2.1.1. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia —INPEC— solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela por falta de legitimidad pasiva, considerando que esta entidad no tiene la competencia para conceder la libertad solicitada por los accionantes, pues ello corresponde al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad(16).
2.1.2. El Cacique Mayor Regional del Resguardo Indígena Zenú Córdoba y Sucre, como autoridad indígena y representante legal del mismo, manifestó que no ha vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes. Informó que los señores Martínez y Pestana, se encuentran bajo custodia de la autoridad indígena Zenú desde el 22 de noviembre de 2006, pagando una pena de seis años de prisión impuesta en la jurisdicción ordinaria por el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado y que desde la expedición de la Resolución 1 de 2008, están recluidos en el Centro Cacique Mexión. Por lo cual concluyó que los actores ya pagaron el tiempo de la condena.
2.2. De los vinculados.
2.2.1. El apoderado de los accionantes solicitó al juez de tutela la vinculación del Juzgado Único de Ejecución de Penas y Medidas de Sincelejo, por estimar que se trata de un tercero con interés en la decisión y es la autoridad que “maneja la pena”(17).
2.2.2. El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá(18), informó que si bien corresponde a ese despacho la vigilancia y ejecución de la sentencia del 28 de septiembre de 2009, los accionados no atacaron una decisión adoptada por ese despacho judicial, por lo cual solicitó su desvinculación.
El Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú - Córdoba profirió sentencia el 5 de marzo de 2014 concediendo el amparo(19). Ordenó: (i) al Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento que certifique ante el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá el período de reclusión de los condenados; (ii) a los actores que soliciten al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá tener en cuenta el tiempo efectivo de privación de la libertad en ese resguardo y, si, el tiempo de privación de la libertad corresponde exactamente a la pena impuesta, proceda a ordenar la libertad de los accionantes en los términos de la ley; y (iii) al INPEC que adelante las gestiones para reconocer y verificar el cumplimiento de los requisitos legales de los centros de reclusión especiales para la población indígena privada de la libertad.
Encontrando cumplidos dichos requisitos, —esto es, voluntad del penado, que se cumpla en un centro de reclusión de la comunidad indígena y una certificación del tiempo de reclusión—, el juez consideró que obligar a los condenados a estar privados de la libertad por 6 años más en una cárcel del INPEC, desconocería los derechos del pueblo indígena de procesar y juzgar a sus miembros de acuerdo con sus normas, costumbres y usos, así como el principio constitucional del non bis in ídem.
4. Trámite de la impugnación presentada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
4.1. El 27 de marzo de 2014, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá —Sala Penal—, dándose por notificado por conducta concluyente del fallo en comento, solicitó al Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú - Córdoba lo siguiente:
(iii) La nulidad del fallo: dado que nunca fue vinculado ni se le permitió defenderse ni pronunciarse sobre la acción de tutela que, finalmente, lo que buscaba era revocar sus decisiones proferidas en ejercicio de su potestad jurisdiccional(20).
4.2. El 3 de abril de 2014, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú - Córdoba negó las solicitudes del Tribunal de ser vinculado al proceso de tutela, considerando que:
(iii) Todos los jueces de la República tienen competencia para conocer, a prevención, de las demandas de tutela pues las reglas establecidas en el Decreto 1382 de 2000, según jurisprudencia de la Corte, son de reparto y no de asignación de competencia(21).
4.3. El 9 de abril de 2014, el Tribunal insistió en la necesidad de ser reconocido como parte dentro del proceso de tutela. Resaltó que el juez de tutela no había dado respuesta a la solicitud de nulidad planteada por violación de los artículos 127 y 133 de la Ley 1564 de 2012 y, finalmente mencionó que de lo sentenciado en la T-097 de 2012, se evidencia la necesidad de que el Tribunal sea parte dentro de éste trámite, pues una vez fallada la segunda instancia del proceso penal y resuelta negativamente la solicitud de libertad, lo que pretende el accionante es dejar sin efectos su actuación judicial(22).
4.4. El 25 de abril de 2014, el juez de tutela nuevamente negó la solicitud de nulidad y la vinculación formulada por el Tribunal, argumentando su extemporaneidad(23).
4.5. Enviado el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, mediante Auto del 25 de junio de 2014, la Sala de Selección Nº 6 ordenó devolver el expediente al juzgado de primera instancia para que le diera trámite a la impugnación presentada por el Tribunal Superior de Bogotá(24).
4.6. El 22 de julio del 2014, el juzgado le solicitó a la Corte Constitucional la aclaración del auto referido en el sentido de saber si las solicitudes presentadas por el Tribunal Superior se consideraban una impugnación(25).
4.7. Posteriormente, mediante Auto del 21 de noviembre de 2014, la Sala de Selección Nº 11 aclaró la anterior orden, en el sentido de que el juzgado debería pronunciarse sobre la nulidad y la impugnación presentada por los magistrados de la Sala Penal del Tribunal(26).
4.8. El 18 de marzo de 2015, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú se pronunció negando la vinculación, impugnación y nulidad solicitada por el Tribunal, enviando el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Consideró el juez de tutela de instancia que el Tribunal al no haber sido vinculado, por no ser parte del proceso ni resultar afectado, no tenía legitimación para formular la impugnación contra la sentencia de primera instancia(27).
Comoquiera que ante la terminación del período constitucional del Magistrado Mauricio González Cuervo, la Sala Plena de la corporación designó en encargo en este despacho a la ahora Magistrada Ponente, mediante escrito del 23 de octubre de 2015, esta puso de presente a la Sala Segunda de Revisión la circunstancia reseñada a fin de provocar su pronunciamiento en el sentido de si concurría un eventual impedimento por el hecho de haber insistido en la selección del expediente T-4942238, habida cuenta de las previsiones del artículo 55 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional(28).
Mediante Auto del 30 de octubre de 2015, los Magistrados Luis Guillermo Guerrero y Gabriel Eduardo Mendoza integrantes de la Sala Segunda de Revisión, consideraron que los hechos puestos de presente por la Magistrada ponente no estructuraban un impedimento. El argumento principal de la Sala se fundamentó en que el artículo 55 del Acuerdo 2 de 2015 contiene una regla de reparto, lo cual no implica un impedimento.
6. Vinculación en sede de revisión.
6.1.3. En respuesta a la vinculación al proceso de tutela(29), la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá informó sobre sus actuaciones judiciales adelantadas en el proceso penal de concierto para delinquir agravado, iniciado en contra de los señores Pedro César Pestana y Antonio de Jesús Martínez, resumidas así: (i) el 5 de marzo de 2010 negó la libertad provisional de los accionantes, confirmando la decisión en sede de reposición el 4 de febrero de 2011, (ii) el 8 de mayo de 2012 confirmó la sentencia condenatoria emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado y reiteró las órdenes de captura, (iii) el 15 de mayo de 2012 nuevamente negó la solicitud de libertad por pena cumplida; (iv) el 17 de junio de 2014, una vez proferido el fallo de tutela objeto de esta revisión, conoció sobre la impugnación formulada por el Ministerio Público al auto que dio cumplimiento a la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú - Córdoba, confirmando la decisión de conceder la libertad a los accionantes.
Reiteró que el Consejo Superior de la Judicatura dirimió el conflicto de competencia, estableciendo que en el caso de los señores Pestana y Martínez, correspondía a la jurisdicción ordinaria realizar la etapa de investigación, de juzgamiento y de ejecución de la pena. Finalmente, informó que solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura de Bogotá y Montería, adelantar una investigación penal y disciplinaria en contra de los titulares de los despachos judiciales involucrados: Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú - Córdoba.
6.2.1. En respuesta, el Juzgado Segundo de Ejecución informó que el 21 de marzo de 2014 autorizó la libertad incondicional e inmediata de los señores Antonio de Jesús Martínez y Pedro César Pestana y la rehabilitación de los derechos y funciones públicas, en cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela del Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú-Córdoba(30). Especificó que aun cuando los procesados no fueron puestos a disposición del despacho para la ejecución de la pena en un establecimiento penitenciario autorizado por el INPEC, la orden judicial de tutela fue ejecutada al computar el tiempo de privación de la libertad de los procesados en el Centro de Reclusión y Resocialización Indígena “Cacique Mexión”.
Por último, señaló que actualmente las actuaciones judiciales se encuentran en el Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Bogotá, desde el 2 de febrero de 2015, de acuerdo a lo establecido en los Acuerdos PSAA14-10195 del 31 de julio de 2014 y PSAA14-10206 del 21 de agosto de 2014 proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura.
De los antecedentes reseñados advierte la Sala que se presentan tres cuestiones procedimentales que deben ser resueltas previamente a la formulación de un problema jurídico en torno al cual abordar, si a ello hubiere lugar, el asunto de fondo. En primer lugar, es preciso examinar si se está ante una situación de temeridad, teniendo en cuenta que la Corte ya conoció de una acción de tutela instaurada por los aquí accionantes con propósitos similares a los que se plantean en la presente acción constitucional. En segundo lugar, es necesario examinar si la acción propuesta cumple con el presupuesto de subsidiariedad, comoquiera que la pretensión última de los demandantes es la obtención de la libertad, afectada en el marco de un proceso penal, y cuya vigilancia está adscrita al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Y en tercer lugar, establecer si concurre legitimidad por pasiva respecto del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.
2.1. En la instauración de la acción de tutela objeto de revisión no concurre el fenómeno de la temeridad.
Como se mencionó en las consideraciones de esta providencia, la Corte Constitucional ya se pronunció en la Sentencia T-097 del 16 de febrero de 2012(31) sobre un caso con partes y hechos similares a los aquí planteados.
En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha reconocido cuatro elementos que deben concurrir para que se configure el fenómeno de la temeridad: “(i) [i]dentidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones(32)”(33); y (iv) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda(34), vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista. Así, es el juez de amparo el encargado de establecer en cada caso concreto la existencia o no de la temeridad(35).
En la Sentencia T-1034 de 2005 la Corte precisó que existen supuestos que facultan a una persona a interponer nuevamente una acción de tutela sin que sea considerada temeraria. Ellos son(36): (i) el surgimiento de adicionales circunstancias fácticas o jurídicas, “(…) un hecho nuevo puede ser, y así lo ha considerado la Corte(37), la consagración de una doctrina constitucional que reconoce la violación de derechos fundamentales en casos similares”(38); y (ii) la inexistencia de pronunciamiento sobre la pretensión de fondo por parte de la jurisdicción constitucional.
En segundo lugar, una vez proferida la sentencia de primera instancia, solicitaron su libertad condicional alegando que con el cómputo del tiempo de reclusión en su resguardo indígena, se hacían acreedores a dicho beneficio. Sobre esta pretensión se pronunció el Tribunal Superior de Bogotá(39), en sede de apelación del fallo condenatorio, despacho que negó la libertad provisional a los accionantes, bajo la consideración de que el tiempo que ellos permanecieron en el centro de reclusión de su comunidad indígena no podría ser tenido en cuenta para dar por cumplida la pena impuesta en la jurisdicción ordinaria. Interpuesto el recurso de reposición contra dicha decisión, el 4 de febrero de 2011, el Tribunal confirmó su decisión, en el sentido de negar la libertad de los condenados. Entre otras razones, porque el 16 de diciembre de 2010, la Coordinadora del Grupo de Asuntos Penitenciarios del INPEC, comunicó al Cacique del resguardo, con copia al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, que el Centro de Reflexión “Cacique Mexión” no hacía parte de la estructura interna del INPEC, sugiriéndole poner a los indígenas a disposición de las autoridades judiciales competentes.
En tercer lugar, el 15 de mayo de 2012, ante una nueva solicitud de libertad presentada por el señor Pedro César Pestana Rojas, el Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá —Sala Penal— decidió negar la solicitud, en razón a que no se configuraba alguna de las causales establecidas en el artículo 365 de la Ley 600 de 2000. Adicionalmente, aseguró que el peticionario no había estado privado de la libertad como consecuencia de la pena impuesta por la jurisdicción ordinaria, pues desde el 21 de noviembre de 2006 y en más oportunidades se profirió orden de captura sin resultado alguno.
Por último, la Corte Suprema de Justicia al resolver la admisión del recurso de casación interpuesto por los aquí accionantes contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, se pronunció sobre el cargo presentado como: nulidad por falta de competencia de la jurisdicción ordinaria para juzgarlos(40).
2.3. Legitimidad pasiva.
El INPEC, dentro de sus funciones, tiene la facultad de crear, fusionar, suprimir, dirigir y vigilar los establecimientos de reclusión del orden nacional; además, coordinar con la Uspec, los lugares donde funcionarán dichos establecimientos —Artículo 16 de la Ley 65 de 1993 modificado por el artículo 8º de la Ley 1709 de 2014—.
Con acierto, el juez de primera instancia vinculó al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá —a quien actualmente le corresponde vigilar el cumplimiento de la pena de los accionados—, y fue a él a quien materialmente le dio la orden de tener en cuenta el tiempo de privación que los accionantes han cumplido en el resguardo para de corresponder a la pena impartida por el juez penal, ordenar la libertad correspondiente.
3. Planteamiento del problema jurídico y metodología de la decisión.
Luego de haberse surtido los trámites legales correspondientes para dirimir un conflicto de competencia suscitado entre el Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento y la Fiscalía General de la Nación, resuelto en favor de la jurisdicción ordinaria(41), y culminado el proceso penal correspondiente, los señores Pedro Cesar Pestana y Antonio de Jesús Martínez Hernández(42) fueron condenados a una pena de prisión de seis años y una multa de 2000 SMLMV por el delito de concierto para delinquir por asociación con las autodefensas ilegales del bloque “Héroes de Montes de María”(43).
En varias oportunidades los accionantes solicitaron ante la autoridad competente —la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá— la libertad sobre la base de que les fuera contabilizado como parte de la pena el tiempo que habrían permanecido en el Centro de Reclusión y Resocialización Indígena Zenú “Cacique Mexión”, a la espera de la sentencia que emitirían los jueces penales.
La negativa se fundó en que no se habían cumplido los parámetros constitucionales y legales para la privación de la libertad de los procesados comoquiera que la autoridad indígena no había seguido el procedimiento regulado en la Ley 600 de 2000 para legalizar la privación de la libertad de los señores Pestana y Martínez, desconociendo a su vez, el artículo 28 inciso 2º de la Constitución Política. Adicionalmente tuvo en cuenta que el Centro de Reflexión “Cacique Mexión” no hacía parte de la estructura interna del INPEC, y correspondía a este órgano definir el lugar de reclusión. En consecuencia, el Tribunal requirió que los solicitantes fueran puestos a disposición de las autoridades ordinarias, pero ni los procesados ni el resguardo dieron cumplimiento a las reiteradas órdenes de captura expedidas en su contra.
El Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú - Córdoba concedió el amparo y ordenó al Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento que certificara ante el juez ejecución de penas y medidas de seguridad el período de reclusión de los condenados en el resguardo y que sobre esa base, los actores solicitaran la libertad al juez competente quien debería ordenar la libertad si el tiempo de privación de la libertad (incluido el que se habría cumplido en el resguardo) correspondía a la pena impuesta. En efecto, el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá concedió la libertad, en cumplimiento de la orden impartida por el juez de tutela.
4. La jurisdicción indígena como fuero especial.
Así, el artículo 246 de la Constitución estableció la jurisdicción indígena(44):
En desarrollo de lo anterior, la jurisprudencia constitucional(45) ha interpretado el artículo 246 Superior, considerando que éste comprende: “(i) la facultad de la comunidades de establecer autoridades judiciales propias; (ii) la potestad de establecer y/o conservar normas y procedimientos propios; (iii) la sujeción de los elementos anteriores [(i) y (ii)] a la Constitución y la Ley; (iv) la competencia del Legislador para señalar la forma de coordinación ínter jurisdiccional (definición de competencias), sin que, en todo caso, (vi) el ejercicio de la jurisdicción indígena esté condicionado a la expedición de la Ley mencionada”(46).
Un primer acercamiento al tema lo encontramos en la Sentencia T-496 de 1996, donde la Corte estableció dos características fundamentales para el reconocimiento del fuero indígena, esto es: (i) que se trate de un miembro de una comunidad indígena, juzgado de acuerdo con las normas y las autoridades de su propia comunidad -elemento personal-; y (ii) que las conductas ocurridas hayan sido dentro de su territorio —elemento territorial—.
Acorde con lo anterior, las autoridades indígenas son el juez natural para conocer de los delitos cometidos por miembros de su comunidad, siempre y cuando se atiendan los dos requisitos establecidos para el reconocimiento del fuero indígena, de no cumplirse con estos presupuestos, le corresponde el juzgamiento a la jurisdicción penal ordinaria. Estas reglas protegen el artículo 29 de la Constitución, el debido proceso, conforme al cual “nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio””.
— Elemento humano: existencia de un grupo diferenciable por su origen étnico y por la persistencia diferenciada de su identidad cultural.
— Elemento orgánico: existencia de autoridades tradicionales que ejerzan una función de control social en sus comunidades.
— Elemento normativo: la comunidad se debe regir por un sistema jurídico propio conformado a partir de las prácticas y usos tradicionales, tanto en materia sustantiva como procedimental.
— Ámbito geográfico: existencia de un territorio, el cual según la propia Constitución, en su artículo 329, deberá conformarse con sujeción a la ley y delimitarse por el gobierno con participación de las comunidades.
— Congruencia: el orden jurídico tradicional de estas comunidades no puede resultar contrario a la Constitución ni a la ley. Por ejemplo, no puede desconocer el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud y la prohibición de la tortura(47).
Este Tribunal ha considerado que las limitaciones admisibles a la autonomía indígena son las que se refieren “a lo que verdaderamente resulta intolerable por atentar contra los bienes más preciados del hombre”,(48) o bien sobre los derechos que independientemente de la cultura que se trate, deben ser garantizados, como el derecho a la vida, la dignidad humana, la prohibición de la tortura, la esclavitud y el debido proceso(49). En todo caso, la Corte ha reconocido que en cada evento deberán analizarse las circunstancias particulares, el grado de aislamiento de las comunidades, y los criterios y principios interpretativos citados anteriormente.
Con todo, la determinación de quien debe ser juzgado por la jurisdicción indígena no ha sido una materia pacífica. Si bien la norma determina que el Legislador debe definir las formas de coordinación inter-jurisdiccional, la jurisprudencia ha reiterado que mientras que eso no ocurra, son el Consejo Superior de la Judicatura(50) y la Corte Constitucional las autoridades encargadas de establecer las reglas para dirimir conflictos de competencia(51), como se desarrollará más adelante.
5. La deficiente regulación respecto de las condiciones de reclusión de los miembros de la comunidades indígenas condenados por la jurisdicción ordinaria.
Corresponde a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad conocer, entre otras, de las decisiones necesarias para que las sentencias ejecutoriadas que impongan sanciones penales se cumplan y de la extinción de la sanción penal(52). El artículo 459 del Código de Procedimiento Penal dispone que “La ejecución de la sanción penal impuesta mediante sentencia ejecutoriada, corresponde a las autoridades penitenciarias bajo la supervisión y control del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en coordinación con el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad”.
En otro escenario, el INPEC tiene como objeto ejercer la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad; la vigilancia y seguimiento del mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución del trabajo social no remunerado, impuestas como consecuencia de una decisión judicial, de conformidad con las políticas establecidas por el Gobierno Nacional y el ordenamiento jurídico, en el marco de la promoción, respeto y protección de los derechos humanos. Dentro de sus funciones, establecidas en el Decreto 4151 de 2011(53), se reseñan, entre muchas otras, (i) Crear, fusionar y suprimir establecimientos de reclusión, de conformidad con los lineamientos de la política penitenciaria y carcelaria; (ii) Custodiar y vigilar a las personas privadas de la libertad al interior de los establecimientos de reclusión para garantizar su integridad, seguridad y el cumplimiento de las medidas impuestas por autoridad judicial; (iii) Vigilar a las personas privadas de la libertad fuera de los establecimientos de reclusión para garantizar el cumplimiento de las medidas impuestas por autoridad judicial; y (iv) Determinar las necesidades en materia de infraestructura, bienes y servicios para cumplir con sus objetivos y funciones, y requerir su suministro a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, SPC.
En el mes de octubre de 2014, la Defensoría del Pueblo presentó un informe sobre la situación de los indígenas privados de la libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios del INPEC(54) en el cual concluyó que:
— Circular 12 de 1998, mediante la cual el INPEC intentó ahondar en el proceso de prisionalización del indígena, buscando preservar y respetar la diversidad étnica y cultural de la población indígena, proponiendo estrategias de trabajo, educación y asistencia de protección en pabellones especiales o cabildos indígenas —cárcel abierta—. Allí, se establecieron acciones concretas como: (i) Apoyar los programas de cabildo indígena —cárcel abierta— como protección al indígena recluido, en cárceles que tengan condiciones apropiadas; si no, impulsar la protección en pabellones especiales , con un régimen especial; (ii) Coordinar acciones relacionadas con el tratamiento de indígenas a través de actividades productivas, socio educativas y de capacitación artesanal; (iii) Coordinar acciones interinstitucionales de atención ubicando al indígena cerca de su región y (iv) Mantener la estadística sobre indígenas a fin de atender traslados, contactos o asesorías a esta población.
— Resolución 994 de julio de 1990, a través de la cual el Ministerio de Justicia estableció el funcionamiento del campamento indígena en la Penitenciaría Nacional “San Isidro” en Popayán.
— Resolución 2561 de 1994, establece que el servicio de salud que brinda el INPEC corresponde al contemplado en el Plan Obligatorio de Salud, de conformidad con las directrices del Ministerio de Protección Social. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de libertad de elección que tienen los internos.
— Resolución 2353 de julio 4 de 2003, por la cual se dictan las Pautas Programa de Atención Social de Indígena y en el cual se establece que los programas deben estar dirigidos a proteger y preservar la diversidad étnica-cultural de esta población a través de acciones que permitan rescatar su identidad, valores, rasgos, usos y costumbres
— El Decreto 1953 de 2014, “Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política”, establece como mecanismos para el fortalecimiento a la jurisdicción especial indígena los siguientes:
Por su parte, el artículo 6º de la Ley 1709 de 2014 —Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones— otorgó un término de 6 meses a la Presidencia de la República para regular todo lo relativo a la privación de la libertad de los miembros de los pueblos indígenas, de comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras, y de grupos ROM así:
Décimo. EXHORTAR al Presidente de la República, al Ministro de Justicia y del Derecho, y al presidente del Congreso de la República para que regulen lo relativo a la privación de la libertad de personas pertenecientes a comunidades indígenas. Lo anterior, en tanto ya expiró el término de seis (6) meses otorgado por el artículo 96 de la Ley 1709 de 2014, concedido para que el Presidente dictara un decreto con fuerza de ley para tal fin.
6. Reglas que deben ser aplicadas por los jueces ordinarios en los juicios donde es juzgada una persona de condición indígena.
6.1. Aplicación de la causal de inimputabilidad originada en la diversidad sociocultural.
Su configuración requiere que la persona, en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica, no haya tenido la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por su diversidad sociocultural(55). Por eso, la pertenencia a una comunidad indígena o a otro grupo social marginal y culturalmente diferenciado no implica automáticamente la calificación de inimputable. En cada caso habrá que probar que la circunstancia de diversidad sociocultural, o estado similar que incapacitó al sujeto, desde su propia perspectiva, para comprender su ilicitud o determinarse de acuerdo con esa comprensión(56).
El numeral 10 del artículo 32 del Código Penal, menciona que no habrá lugar a responsabilidad penal cuando se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Entonces, para que esta modalidad de error elimine la culpabilidad debe ser invencible o inevitable.
6.3. Principios que orientan el cumplimiento de la pena impuesta a un indígena en un establecimiento penitenciario y/o carcelario del sistema ordinario.
En la Sentencia C-394 de 1995, esta Corte estudió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 29 de la Ley 65 de 1993, que establece la reclusión en circunstancias especiales, como es el caso de los indígenas. A juicio de la Corte “es claro que la reclusión de indígenas en establecimientos penitenciarios corrientes, implicaría una amenaza contra dichos valores, que gozan de reconocimiento constitucional; de ahí que se justifique su reclusión en establecimientos especiales”.
Al respecto cabe recordar que de conformidad con el artículo 4º del Código Penal la pena debe cumplir funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección del condenado. Por otra parte, la Ley 65 de 1993 “Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”, dispone en sus artículos 9º y 10, que la pena tiene una función protectora y preventiva pero que su fin fundamental es la resocialización a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, por lo que las medidas de seguridad buscan el restablecimiento, tutela y rehabilitación de los internos.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que forma parte del bloque de constitucionalidad desde su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico con la ley 74 de 1968, establece en su artículo 10.3, que “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y readaptación social de los penados”.
En otras sentencias, se ha enfatizado la función preventiva y resocializadora de la pena considerando que ésta busca de un lado contrarrestar la desobediencia, y de otro, como mecanismo represivo(57):
“De una parte, opera preventivamente cuando se amenaza con ella como una forma para contrarrestar la desobediencia haciendo entender al individuo que por la infracción de la disposición legal será castigado. De otra parte, opera represivamente cuando es impuesta para llenar el vacío dejado por la desobediencia de la Ley(58).
“2.1.7. Desde esta perspectiva, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario está obligada a efectuar una interpretación de las normas aplicables acorde con los tratados internacionales de derechos humanos y con los principios de favorabilidad, buena fe y primacía de lo sustancial sobre lo formal, razón por la cual no le es posible exigir requisitos irrazonables o desproporcionados o imponer barreras de acceso a los beneficios que otorga la ley a las personas privadas de la libertad que no tienen asidero en las normas aplicables (…)”(59).
La jurisprudencia constitucional(60), ha considerado que en el marco del Estado social y democrático de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana, la actual doctrina penal, ha superado la dicotomía entre la pena entendida desde una perspectiva puramente retributiva o preventiva. Si bien al tipificar los delitos se pretende desestimular el crimen, la imposición de las penas debe responder a criterios retributivos y de reinserción social, “puesto que el objeto del derecho penal en un Estado de este tipo no es excluir al delincuente del pacto social sino buscar su reinserción en el mismo”(61).
En virtud del notorio estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria(62), declarado por esta Corporación hace 16 años, se hace necesario reiterar la obligación legal de proveer establecimientos de reclusión especiales para sujetos de especial protección, como los indígenas, quienes independientemente de la jurisdicción aplicable, deberían cumplir la pena en establecimientos especiales con enfoque diferencial o, en su defecto, en un lugar nativo o tradicional que propicie la operancia plena de la justicia indígena, el control de sus propias instituciones de las formas de castigo, con el fin de mantener y fortalecer los rasgos, lenguas y tradiciones indígenas que forman parte de la idiosincrasia del Estado-Nación colombiano.
En similar sentido, en la Sentencia T-208 de 2015, la Corte consideró que “la reclusión especial de los indígenas no implica que deban ser ubicados en recintos exclusivos, sino que los establecimientos penitenciarios, con la permanente colaboración de las autoridades tradicionales, deben hacer efectivo el principio superior de respeto por la diversidad étnica y cultural consagrado en la Constitución”. Con esto se cumpliría en gran parte la protección especial de los miembros de las comunidades indígenas recluidos en cárceles ordinarias. Lo expuso en los siguientes términos:
7. Criterios jurisprudenciales para la selección del lugar de reclusión para la ejecución de penas impuestas a miembros de comunidades indígenas.
De otra parte, en aplicación del principio de colaboración armónica entre las jurisdicciones —especial y ordinaria—, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido que los indígenas juzgados por la jurisdicción especial, pueden ser recluidos de manera excepcional en establecimientos ordinarios cuando la propia comunidad así lo requiera(63).
— Debido a la falta de desarrollo institucional de los pueblos indígenas, donde los territorios indígenas no cuentan con una estructura carcelaria propia. En lo que concierne a esta excepción, la Corte Constitucional en la Sentencia T-239 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), destacó que la autonomía de la jurisdicción indígena está en desarrollo, y como tal, no cuenta con todos los instrumentos físicos, educativos, divulgativos e instalaciones carcelarias. Por lo tanto, hasta tanto las comunidades cuenten con las instalaciones propias necesarias para la ejecución de medidas privativas de la libertad, es obligación del Estado, a través de sus autoridades, colaborar con aquella, por ejemplo al prestar sus instalaciones físicas carcelarias, mientras la jurisdicción indígena puede avanzar en su consolidación(64).
— Con el fin de evitar el “riesgo de linchamiento” al condenado, pues en algunos casos, cuando la comunidad se siente muy ofendida por el delito que se ha cometido, cuando prevé que el infractor no va a ser castigado, o cuando la comunidad enfrenta un riesgo por parte de un agente externo o de un factor estructural ajeno a su control, puede llegar a ejercer una especie de “justicia por propia mano”, linchando al presunto infractor públicamente(65).
7.3.1. En la Sentencia T-097 de 2012(66), la Corte advirtió que no es común encontrar eventos en los que la pena privativa de la libertad, o las medidas de aseguramiento impuestas a los indígenas que hayan cometido delitos sometidos a la jurisdicción ordinaria, sean cumplidas en el interior del resguardo, en sus propios centros de reclusión. Sobre el particular indicó:
Cabe señalar que de conformidad con el principio de legalidad de las penas (C.P., art 29), éstas son las que consagra la ley y que se imponen por el juez competente. Resuelto favorablemente un conflicto entre la jurisdicción penal ordinaria y la jurisdicción indígena, a favor de la primera, en principio, al imputado y condenado le resultan aplicables en su integridad las normas y procedimientos propios previstos en la ley. El hecho de que el imputado o condenado sea indígena, aunque no puede soslayarse y demanda un tratamiento jurídico-cultural apropiado, no lo sustrae del régimen normativo general y abstracto que se predica de las personas a las que se extienden las reglas dictadas por el legislador. Al margen de una pauta normativa específica emanada del legislador, tratándose del régimen ordinario, no puede el juez o la administración, tomar en consideración la condición étnica de un justiciable con miras a otorgar un tratamiento diferente del indicado en el estatuto legal general. Hacerlo comportaría quebrantar el principio de igualdad ante la ley (C.P., art. 13). Justamente, la remisión de una persona a la jurisdicción indígena, es la única circunstancia que en el marco de la Constitución, permite que en términos sustantivos, procesales y de ejecución de la pena, un individuo no pueda ser cobijado por las normas legales ordinarias en esas mismas materias. En otras palabras, si el imputado o condenado indígena, objetivamente se encuentra sujeto a la jurisdicción ordinaria, en ésta no puede reclamar aparte de la consideración jurídico-cultural señalada, un tratamiento que desborde la legalidad ordinaria.
De alegarse que el régimen penitenciario vigente permite que la pena impuesta por un juez ordinario a un indígena pueda pagarse en un centro de reclusión comunitario, la operatividad de esa autorización dependería tanto de la decisión del juez competente —que no del juez de tutela— y, naturalmente, de la previa habilitación y autorización de la autoridad penitenciaria. Si en ausencia de los dos requisitos, por cierto concurrentes y previos, las personas condenadas y la autoridad indígena, por sí y ante sí deciden que la sanción se cumpla en un centro de reclusión comunitario, el periodo de privación de la libertad cumplido en esas condiciones es enteramente inoponible y en modo alguno vinculante para los efectos de la justicia ordinaria. Las sanciones se imponen por parte de los jueces competentes y se ejecutan y cumplen en los términos de la ley y de las específicas y concretas decisiones de aquéllas. No admite el ordenamiento constitucional, sin violar el debido proceso, la igualdad de todos ante la ley y, sobre todo, el principio de legalidad de la pena, que existan sanciones de facto o cumplimiento de facto de una pena establecida legal y judicialmente.
8.3.4.4. La privación de la libertad de los indígenas en establecimientos penitenciarios y carcelarios debería ser excepcional, pese a lo cual en la actualidad la situación es completamente distinta. Para el mes de agosto del año 2012, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, reportó que se encontraban 963 indígenas privados de la libertad(67), sufriendo además la terrible situación de hacinamiento del sistema(68), lo cual implica claramente un proceso masivo de pérdida masiva de su cultura insostenible.
8.3.4.5. En este sentido, el castigo es un agente cultural que transforma la identidad del individuo, mediante métodos de clasificación, restricción y autorización, estandarizando su conducta de acuerdo a patrones generales(69), lo cual afecta de manera directa la cultura del indígena, independientemente de los esfuerzos realizados por el INPEC para evitar este proceso. De esta manera, la simple privación de la libertad de un indígena en un establecimiento ordinario puede llegar a transformar completamente su identidad cultural étnica y cultural, lo cual se presenta tanto si el indígena es juzgado por la jurisdicción ordinaria, como también si es procesado por la jurisdicción indígena y luego es recluido en un establecimiento común.
Al respecto, la Sentencia T-097 de 2012(70) manifestó que “Los indígenas no debían ser recluidos en establecimientos penitenciarios corrientes si esto significaba un atentado contra sus valores culturales y desconocía el reconocimiento exigido por la Constitución” y en este sentido recordó lo señalado en la Sentencia C-394 de 1995(71): “En cuanto a los indígenas debe señalarse que esta expresión no es genérica, es decir referida a quienes, como es el caso de un alto porcentaje de la población colombiana, tengan ancestros aborígenes, sino que se refiere exclusivamente a aquellos individuos pertenecientes en la actualidad a núcleos indígenas autóctonos, cuya cultural, tradiciones y costumbres deben ser respetadas y garantizadas, en tanto no vulneren la Constitución y la ley. Es claro que la reclusión de indígenas en establecimientos penitenciarios corrientes, implicaría una amenaza contra dichos valores, que gozan de reconocimiento constitucional; de ahí que se justifique su reclusión en establecimientos especiales” http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-097-12.htm - _ftn38.
8.3.4.6. Sin embargo, la jurisprudencia de esta Corporación ha venido reconociendo que los indígenas pueden ser recluidos excepcionalmente en establecimientos ordinarios cuando así lo determinen las comunidades a las cuales pertenecen, en virtud de la colaboración armónica de la jurisdicción ordinaria con la jurisdicción indígena, teniendo en cuenta que muchos resguardos no cuentan con la infraestructura necesaria para vigilar el cumplimiento de penas privativas de la libertad en su territorio(72). Cabe resaltar que esta situación es aplicable, siempre y cuando sean las propias autoridades indígenas las que determinen que el cumplimiento de la pena se hará en establecimientos ordinarios, tal como se afirmó en las Sentencias T-239 de 2002(73), T-1294 de 2005(74) y T-1026 de 2008(75).
(iii)Una vez emitida la sentencia se consultará a la máxima autoridad de la comunidad indígena si el condenado puede cumplir la pena en su territorio. En ese caso, el juez deberá verificar si la comunidad cuenta con instalaciones idóneas para garantizar la privación de la libertad en condiciones dignas y con vigilancia de su seguridad. Adicionalmente, dentro de sus competencias constitucionales y legales el INPEC deberá realizar visitas a la comunidad para verificar que el indígena se encuentre efectivamente privado de la libertad. En caso de que el indígena no se encuentre en el lugar asignado deberá revocarse inmediatamente esta medida. A falta de infraestructura en el resguardo para cumplir la pena se deberá dar cumplimiento estricto al artículo 29 de la Ley 65 de 1993.
7.3.3. En la Sentencia T-975 de 2014(76) le correspondió a la Sala Séptima de Revisión, resolver el siguiente problema jurídico: ¿se vulneraron los derechos del accionante al no aplicarse la jurisdicción indígena y habérsele recluido en un establecimiento penitenciario ordinario? El accionante fue juzgado por la jurisdicción ordinaria por los delitos de homicidio agravado con fines terroristas, tentativa de homicidio con fines terroristas y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.
Con relación a la aplicación de las reglas establecidas en la Sentencia T-921 de 2013, la Sala manifestó que: “Estas reglas fueron establecidas en virtud de la grave situación que sufren los indígenas privados de la libertad en Colombia, sin embargo, no estaban contenidas en ninguna ley, por lo cual su desconocimiento antes de que esta sentencia fue proferida, es decir, antes del cinco (5) de diciembre de 2014 no constituye una vía de hecho ni configura ningún defecto, a lo cual debe agregarse que el accionante no mencionó nunca en el proceso su condición de indígena”. Concluyendo que no se vulneró el derecho al debido proceso del accionante al no haberse citado al jefe de su resguardo.
En esta providencia, la Corte ratificó la posibilidad de que la pena fuese cumplida en el resguardo indígena, previo el cumplimiento de unos requisitos: (i) consultar a la máxima autoridad de su comunidad para determinar si el mismo se compromete a que se cumpla la detención preventiva dentro de su territorio; (ii) verificación de si la comunidad cuenta con instalaciones idóneas para garantizar la privación de la libertad en condiciones dignas y con vigilancia de su seguridad, a falta de infraestructura en el resguardo para cumplir la medida se deberá dar cumplimiento estricto al artículo 29 de la Ley 65 de 1993(77); (iii) el INPEC deberá realizar visitas a la comunidad para verificar que el indígena se encuentre efectivamente privado de la libertad, en caso de que el indígena no se encuentre en el lugar asignado deberá revocarse inmediatamente este beneficio; y (iv) el juez deberá analizar si la conducta delictiva por la cual lo acusan o por la que fue condenado, permite concluir que el traslado del indígena al resguardo pueden poner en peligro a esa comunidad.
8.1. Los señores Pedro Cesar Pestana y Antonio de Jesús Martínez Hernández pertenecen a la etnia Zenú y son miembros del Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento(78). El 26 de septiembre de 2006, la Fiscalía General de la Nación les inició una investigación penal por la presunta comisión del delito de concierto para delinquir(79) y fueron acusados el 22 de mayo de 2007.
Por su condición de indígenas, solicitaron que su juzgamiento fuera asignado a su resguardo y no la jurisdicción ordinaria. Así, el 31 de enero de 2007, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dirimió el conflicto suscitado entre el Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento y la Fiscalía General de la Nación, resolviendo que la competente era la jurisdicción ordinaria(80).
8.2. El 28 de septiembre de 2009, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a los señores Pedro Cesar Pestana y Antonio de Jesús Martínez Hernández a una pena de prisión de seis años y una multa de 2000 SMLMV por el delito de concierto para delinquir por asociación con las autodefensas ilegales del bloque “Héroes de Montes de María”(81). Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá en providencia del 8 de mayo de 2012(82).
En efecto, el 5 de marzo de 2010, el Tribunal Superior de Bogotá les negó la libertad provisional considerando que el tiempo que los solicitantes permanecieron en el centro de reclusión de su comunidad indígena no podía ser tenido en cuenta para dar por cumplida la pena impuesta en la jurisdicción ordinaria(83). Lo anterior, en la medida en que pese a que se revolvió el conflicto de competencia en favor de la jurisdicción ordinaria y se solicitó que fueran puestos a disposición de las autoridades penales, los procesados ni el resguardo procedieron a dar cumplimiento a las reiteradas órdenes de captura expedidas en su contra.
Estimó el Tribunal que el hecho de que la autoridad indígena se hubiese sustraído al procedimiento regulado en la ley para la legalización de la privación de la libertad de los señores Pestana y Martínez, implicó el desconocimiento del artículo 28 inciso 2º de la Constitución Política. Como consecuencia de ello la privación de la libertad no se ha cumplido según los parámetros establecidos constitucional y legalmente.
El 4 de febrero de 2011, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó su decisión de fecha 5 de marzo de 2010, en el sentido de negar la libertad de los condenados(84). Entre otras razones porque el 16 de diciembre de 2010, la Coordinadora del Grupo de Asuntos Penitenciarios del INPEC, comunicó al Cacique del resguardo con copia al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, que el Centro de Reflexión “Cacique Mexión” no hacía parte de la estructura interna del INPEC, sugiriéndole poner a los indígenas a disposición de las autoridades judiciales competentes.
Adicionalmente, el Tribunal reiteró que la decisión de desconocer el centro de reclusión del resguardo como lugar para la privación de libertad, no implicaba el desconocimiento de la condición de indígena ni la voluntad de apartarlo del resguardo. Sin embargo, precisó que esta condición no conlleva a que el juzgamiento y la ejecución de la pena sean asuntos exclusivos de la jurisdicción indígena. Indicó que el alcance del fuero indígena trasciende el factor personal del procesado, pues en su determinación puede tener incidencia el hecho de que la conducta desplegada por el agente indígena afecte bienes jurídicos de la comunidad en general y que esté por fuera del ámbito de competencia del resguardo. Insistió en que a la luz del artículo 28 C.P. la privación de la libertad debe obedecer a la ejecución de la orden librada por una autoridad competente y corresponde a las autoridades administrativas, de manera exclusiva, determinar la forma de ejecución de las privaciones de la libertad. Agregó que de conformidad con el artículo 14 del Código Penitenciario, compete al INPEC reconocer los centros de reclusión como lugares aptos para la ejecución de las penas privativas de la libertad, situación que en el caso concreto fue comunicada al resguardo y a los accionantes, sin que a ello se diera acatamiento.
Posteriormente, en mayo 15 de 2012, una nueva solicitud de suspensión condicional de la ejecución de la pena presentada por el señor Pedro Cesar Pestana Rojas, fue negada por el Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá —Sala Penal— al estimar que no concurrían los presupuestos legalmente establecidos para el otorgamiento de este beneficio. Adicionalmente, aseguró que el peticionario no había estado privado de la libertad como consecuencia de la pena impuesta por la jurisdicción ordinaria, pues desde el 21 de noviembre de 2006 y en más oportunidades se profirió orden de captura sin resultado alguno y por estimar que no es válida la privación de la libertad del peticionario en el centro de reclusión indígena(85).
Finalmente, el 19 de febrero de 2014, los señores Pedro Cesar Pestana y Antonio de Jesús Martínez Hernández interpusieron acción de tutela(86) esta vez en contra del INPEC y contra su mismo resguardo, solicitando ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario su libertad inmediata e incondicional por tiempo cumplido, pues desde el 22 de noviembre de 2006 han estado bajo custodia del centro de reclusión del resguardo indígena. Así, la pena de 6 años impuesta por la jurisdicción ordinaria estaría más que cumplida.
En relación con este último aspecto ha recalcado la jurisprudencia que para que la pena cumpla los fines que le son propios, en particular su carácter preventivo y resocializador, es esencial que en la ejecución de la pena o medida preventiva de los miembros de comunidades indígenas se tenga en cuenta su particular cosmovisión, sus costumbres y sus prácticas. De este modo, se ha planteado la necesidad de que en la ejecución de la condena, se opte por soluciones que favorezcan el cumplimiento de la orden del juez de un modo que respete y no atente contra las costumbres y la conciencia colectiva de los indígenas, para lo cual resulta imperioso armonizar de manera efectiva los mandatos de la justicia y el respeto por la diversidad cultural(87).
8.6. En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha alertado sobre la amenaza que implica para la preservación de los valores y principios en que se asienta la identidad étnica de las personas de condición indígena privadas de la libertad, su reclusión en centros penitenciarios corrientes, por lo que ha aconsejado su ubicación en establecimientos o pabellones especiales en los que se posibilite el manejo de la ejecución de la pena con un enfoque diferencial, de modo que se armonice los intereses de la justicia con la preservación de la identidad étnica y cultural del penado. No obstante ha vinculado esta exigencia a la amenaza que dicha reclusión implica, en el caso concreto, frente a los valores culturales que gozan de reconocimiento constitucional(88).
Reitera la Sala su doctrina (sents. T-921/2013, T-975/2014, T-208/2015) sobre la importancia de que en la ejecución de la pena de personas de condición indígena se aplique un enfoque diferencial orientado a salvaguardar los valores en que su sustenta su identidad étnico-cultural. Sin embargo dicha protección debe enmarcarse dentro de los canales que establece el Estado de Derecho para la determinación, imposición y ejecución de la penas.
Sobre el particular cabe referir que en el proceso penal se estableció que, pese a su condición indígena, los investigados habían pasado por un proceso de aculturación. En el caso de Pestana Rojas se estableció que es profesional en medicina, en tanto que respecto de Antonio Martínez se reseñó que es administrador de empresas(89), y que los dos se han desempeñado en cargos públicos y el ejercicio político, lo que llevó a los jueces a inferir su conocimiento respecto del origen y actividades desarrolladas por los grupos de autodefensas como fenómeno social y como una organización armada ilegal involucrada en la comisión de ilícitos caracterizados por su crueldad.
Así mismo, al evaluar una eventual configuración de una causal excluyente de responsabilidad derivada de la condición socio cultural de los implicados, consideraron los jueces de conocimiento que “los implicados utilizaron indebidamente a la etnia a la que pertenecían para justificar sus relaciones con el grupo armado al margen de la ley y obtener adicionalmente el apoyo político de sus miembros, al punto que lograron atemorizar a los miembros del resguardo que de buena fe creyeron que en realidad estaban siendo amenazados y de ahí la autorización para asistir a la mencionada reunión”(90).
8.7.5. En quinto lugar, la sustracción del asunto relativo a la definición del sitio de ejecución de la pena impuesta a los señores Pedro César Pestana y Antonio de Jesús Martínez, de la órbita de decisión de las autoridades judicial y administrativa competentes, impidió que se verificaran los demás requisitos que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte(91) se deben satisfacer para que una pena impuesta a un indígena por la jurisdicción penal ordinaria, pueda ser ejecutada en un centro de reclusión del resguardo. Esto es, la verificación de si la comunidad cuenta con instalaciones idóneas para garantizar la privación de la libertad en condiciones dignas y con vigilancia de su seguridad, o en su defecto dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 29 de la Ley 65 de 1993, así como el seguimiento periódico que debe realizar el INPEC mediante visitas a la comunidad para verificar que el indígena se encuentre efectivamente privado de la libertad, so pena de que en caso de que no se hallare en el lugar asignado deberá revocarse inmediatamente el beneficio.
De alegarse que el régimen penitenciario vigente permite que la pena impuesta por un juez ordinario a un indígena pueda pagarse en un centro de reclusión comunitario, la operatividad de esa autorización dependería tanto de la decisión del juez competente —que no del juez de tutela— y, naturalmente, de la previa habilitación y autorización de la autoridad penitenciaria. Si en ausencia de los dos requisitos, por cierto concurrentes y previos, las personas condenadas y la autoridad indígena, por sí y ante sí deciden que la sanción se cumpla en un centro de reclusión comunitario, el periodo de privación de la libertad cumplido en esas condiciones es enteramente inoponible y en modo alguno vinculante para los efectos de la justicia ordinaria”.
Por las razones expuestas, la Corte Constitucional no accederá a la pretensión de los accionantes en el sentido de tener en cuenta el tiempo que voluntariamente, sin orden judicial que así lo determinara, estuvieron recluidos en el Centro de Reclusión y Resocialización Indígena Zenú “Cacique Mexión” del resguardo de San Andrés de Sotavento. En consecuencia procederá a revocar el fallo de tutela proferido el 05 de marzo de 2014 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú - Córdoba que concedió el amparo, y a dejar sin efectos las decisiones judiciales que se profirieron en cumplimiento de la orden de tutela.
9. Algunas consideraciones sobre la actuación del juez de tutela en el trámite de envío del expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Una última cuestión que le corresponde resolver a la Sala hace referencia al trámite que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú - Córdoba le dio al proceso de tutela, el cual tardó casi un año en enviarse a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
9.2 La sentencia de primera y única instancia fue proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú - Córdoba, el 05 de marzo de 2014.
9.3. El 27 de marzo del mismo año, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá —Sala Penal—, notificado por conducta concluyente del fallo en comento, solicitó al Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú - Córdoba(92) su vinculación y, como consecuencia, dar trámite de impugnación a su escrito.
9.4. El 3 de abril de 2014, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú - Córdoba, decidió no acceder a las peticiones del Tribunal.
9.5. El 09 de abril de 2014, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá —Sala Penal— insistió al juez de instancia sobre la necesidad de ser reconocido como parte dentro del proceso de tutela, haciendo mención de la Sentencia T-097 de 2012, y reiterando que lo pretendido por los accionantes era dejar sin efecto sus actuaciones judiciales(93). Además, reprochó el hecho de no habérsele dado trámite a la solicitud de nulidad planteada, en desconocimiento de los artículos 127 y 133 del Código General del Proceso.
9.6. El 25 de abril de 2014, el juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú - Córdoba, decidió no darle trámite a la solicitud considerando que en ninguna parte del escrito se señalaba que se trataba de un recurso contra la providencia cuestionada. Por lo tanto, esta nueva petición de vinculación, fue considerada extemporánea(94).
9.7. El 30 de abril de 2014, el expediente fue enviado a la Corte Constitucional para su eventual revisión(95).
9.8. Mediante Auto del 25 de junio de 2014, recibido el 22 de julio de 2014 en el juzgado(96), la Sala de Selección Número Seis ordenó devolver el expediente al juzgado de primera instancia con el fin de que se le diera trámite a la impugnación presentada por el Tribunal Superior de Bogotá(97).
9.9. En respuesta, el 22 de julio del 2014, el juzgado le solicitó a la Corte Constitucional la aclaración del auto referido para que fuera la misma Corte quien determinara si la solicitud presentada el 9 de abril de 2014 por el Tribunal Superior, debía ser considerada como un recurso interpuesto contra el auto que negó su vinculación(98), toda vez que en el escrito no se hace mención de que se trate de la interposición de un recurso.
9.10. Posteriormente, mediante Auto del 21 de noviembre de 2014, recibido el 29 de enero de 2015 en el juzgado(99), la Sala de Selección Número Once aclaró la anterior orden, en el sentido de que el juzgado debía pronunciarse sobre la solicitud de nulidad y la impugnación presentada por los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá(100).
9.11. El 18 de marzo de 2015, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú se pronunció negando el trámite de impugnación solicitado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, argumentando que por no ser parte dentro del proceso no tenía la facultad de controvertir el fallo(101).
9.12. En consecuencia, mediante oficio del 19 de marzo del mismo año, envió el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión(102).
Esta situación resulta censurable comoquiera que evidencia un desconocimiento de lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 respecto de los términos de remisión del expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta circunstancia a juicio de la Sala amerita la necesidad de compulsar copias ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a fin de que adelante la investigación pertinente con relación a la actuación adelantada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú - Córdoba dentro de este proceso de tutela.
1. REVOCAR el fallo proferido el 05 de marzo de 2014 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú - Córdoba que concedió el amparo y, en su lugar, NEGAR la tutela instaurada por los señores Antonio de Jesús Martínez Hernández y Pedro Cesar Pestana Rojas.
2. DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, el 17 de junio de 2014, mediante el cual confirmó la decisión adoptada por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, a través del cual, concedió la libertad inmediata e incondicional por pena cumplida a Pestana Rojas y Martínez Hernández, en cumplimiento del fallo proferido el 05 de marzo de 2014 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú - Córdoba.
3. DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, el 21 de marzo de 2014, a través del cual, concedió la libertad inmediata e incondicional por pena cumplida a Pestana Rojas y Martínez Hernández, en cumplimiento del fallo proferido el 05 de marzo de 2014, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú - Córdoba.
4. COMPULSAR COPIAS de esta sentencia al Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Bogotá(103), para que, en cumplimiento de sus funciones, en el término de cuarenta y ocho horas (48) una vez recibido este fallo, haga efectiva la pena impuesta en la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Bogotá, el 8 de mayo de 2012, que confirmó la condena contra los señores Antonio de Jesús Martínez Hernández y Pedro Cesar Pestana Rojas. La privación de la libertad deberá dar cumplimiento estricto al artículo 29 de la Ley 65 de 1993.
5. COMPULSAR COPIAS de este proceso a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que adelante las investigaciones que considere pertinentes con relación a la actuación realizada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú - Córdoba, juez de primera instancia de este proceso de tutela.
Magistrados: Myriam Ávila Roldán (e)—Luis Guillermo Guerrero Pérez—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
1 El Cacique Mayor Regional del Pueblo Zenú del Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento, Eder Eduardo Espitia Estrada —según registro de bases de datos de autoridades indígenas de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior-, certificó que los señores Pedro César Pestana Rojas y Antonio de Jesús Martínez Hernández, se encuentran inscritos en el censo del Cabildo Menor, de Sacana —jurisdicción del municipio de Momíl— y de Buena Vistica —municipio de Sincelejo—, respectivamente. Ver folios 108 a 117, cuaderno 1.
2 De acuerdo con los hechos narrados por las diferentes instancias judiciales en el marco del proceso penal por concierto para delinquir, la Fiscalía dio inicio a la investigación el 26 de septiembre de 2006. Ver folios 119 a 182, cuaderno 1, correspondiente a la segunda instancia del proceso penal.
3 El Consejo Superior de la Judicatura determinó que era competente para dirimir el conflicto de competencia a la luz del numeral 6º del artículo 256 C.P. y el numeral 2º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 y, como el sujeto pasivo de la conducta penal no se limitó a la comunidad indígena sino a la sociedad en general, conducta de la que además estaban conscientes, permite inferir que se trata de una conducta tipificada en el Código Penal y que debe ser investigada y juzgada por la justicia ordinaria. Ver folios 75 a 81 del cuaderno principal.
4 En el folio 266 a 267, cuaderno 1 consta la Resolución 1 del 5 de enero de 2008, mediante la cual el Cacique Mayor Regional del Reguardo Indígena del Zenú de San Andrés de Sotavento, Córdoba - Sucre protocolizó el Centro de Reclusión y Resocialización Indígena Zenú “Cacique Mexión”. En ésta se explica que en aplicación del derecho propio, los usos y costumbres de la jurisdicción indígena, funcionaría un lugar de confinamiento de los miembros de la comunidad Zenú, ya sea como resultado de la decisión de una autoridad tradicional o de la jurisdicción ordinaria.
5 Cfr. Folios 1 a 50, cuaderno 1.
6 Estimó el juzgado que los procesados vulneraron el bien jurídico de la seguridad pública, “pues el trato con organizaciones como las AUC implica la completa desconfiguración social, que crea la desconfianza y la incertidumbre colectiva, ante los eventuales atentados contra esa comunidad, de suerte que se da la ruptura de esa seguridad pública. Por ello igualmente se deriva su responsabilidad, pues en verdad que sobre este aspecto, el mismo material probatorio refleja certeramente que las personas acusadas y señaladas por algunos declarantes, en sus distintas apariciones procesales, desestabilizaron el orden público y la seguridad al interior de su comunidad y sus etnias”. Ver folios 196 a 230, cuaderno 1.
7 En la providencia del 5 de marzo de 2009, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, además de negar la libertad de los accionantes, decidió anular las actuaciones judiciales desde el auto del 15 de diciembre de 2009, con relación a la libertad tramitada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, ordenó que se informará de la decisión de negar la libertad a las autoridades indígenas del Resguardo de San Andrés de Sotavento, compulsó copias del expediente a la Corte Suprema de Justicia, quien ordenó el cambio de radicación y al Consejo Superior de la Judicatura que definió la competencia. Por último, reiteró las órdenes de captura emitidas contra los señores Pestana Y Martínez, para lo cual debía informarse a las diversas autoridades indígenas. Ver folios 367 a 382, cuaderno 1.
8 Ver folios 383 a 407, cuaderno 1.
9 Sentencia proferida por la Sala Segunda de Revisión.
10 Al analizar la competencia del Tribunal para tramitar la apelación, recordó “la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en decisión del 31 de enero de 2007 definió el conflicto positivo de competencias suscitado entre la jurisdicción indígena y la ordinaria, en el sentido de que correspondía a esta última investigar y juzgar a los procesados (…)” porque los hechos fueron cometidos alrededor de Santa Marta. Ver folios 119 a 182, cuaderno 1.
11 A folios 408 a 414, cuaderno 1 consta la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que negó la libertad solicitada por el señor Pedro César Pestana Rojas. Señaló el Tribunal: “(…) luego ningún reconocimiento de una supuesta privación de la libertad en el centro de reclusión indígena procede en este evento, máxime que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dirimió el aludido conflicto de competencias el 31 de enero de 2007, en el sentido de que la competencia para adelantar la investigación radicaba en la justicia ordinaria y no en la jurisdicción indígena”.
12 El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad informó de esta decisión. En los folios 43 al 61 del cuaderno principal consta la decisión de inadmisión proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 29 de mayo de 2013. Los accionantes alegaron una violación indirecta de la ley por error de hecho por falso juicio de existencia y por error de derecho por falso juicio de legalidad. Argumentaron que a la luz del Derecho del Pueblo Zenú, está proscrito un delito denominado “juntilla, emanao o manguelao para hacer daños a terceros, a la comunidad o al Estado”, conducta que se ajusta al tipo penal aplicado en la jurisdicción ordinaria, consagrado en el artículo 340 del Código Penal, por lo que el caso habría debido tramitarse en su jurisdicción.
13 A folios 275 a 315 consta la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú-Córdoba, en la primera instancia de la acción de tutela interpuesta por los señores Antonio de Jesús Martínez y Pedro César Pestana.
14 Según recuento fáctico realizado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, se decidió confirmar la decisión recurrida, “única y exclusivamente, en razón a que se emitió en cumplimiento del fallo de tutela objeto de revisión por esa Honorable Corporación”. Ver folios 108 a 113 del cuaderno principal.
15 En el curso de la apelación, dos magistrados del Tribunal Superior de Bogotá se declararon impedidos para resolver la impugnación, alegando la configuración de la causal 4ª del artículo 56 de la Ley 906 de 2004. El Tribunal decidió no admitir los impedimentos, pero al estar en desacuerdo, fueron remitidos a la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, quien por auto del 4 de junio de 2014, decidió declarar infundado el impedimento de los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá para conocer la impugnación. (Ver fls. 62 a 69, cdno. ppal.).
16 A folios 255 a 256, cuaderno 1, la directora del Grupo de Tutelas del INPEC suministró respuesta a la acción de tutela.
17 En los folios 243 a 244, cuaderno 1 consta el escrito de apoderado judicial.
18 En los folios 269 a 270, cuaderno 1 reposan los oficios de vinculación a estas autoridades, proferidos por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú - Córdoba.
19 A folios 275 a 315 consta la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú-Córdoba, en la primera instancia de la acción de tutela interpuesta por los señores Antonio de Jesús Martínez y Pedro César Pestana.
20 A folios 359 a 365, cuaderno 1 consta la impugnación formulada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, contra la sentencia de primera instancia. En ésta, recalca la indebida integración del contradictorio, planteó una falta de competencia del Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú a luz del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.
21 A folios 429 a 436, cuaderno 1, figura la providencia en la que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú-Córdoba resolvió la solicitud de vinculación del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. En el auto decidió: “ABSTENERSE de vincular al proceso de tutela al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Penal, conforme a las consideraciones anotadas en la parte motiva de ésta providencia. AGREGAR al expediente las solicitudes formuladas por el Tribunal (…) y, REMITIR por Secretaria la decisión y el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión”.
22 Ver folios 442 a 444, cuaderno 1.
23 Resolvió el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú - Córdoba que “frente a esta eventualidad consideró que ha precluído la oportunidad legal para impugnar el auto motivo del rechazo, por lo que consideró ejecutoriada la decisión”. Ver folios 515 a 516, cuaderno 1.
24 En el numeral décimo cuarto del Auto de Selección Nº 06, la Corte Constitucional determinó DEVOLVER el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú - Córdoba, con el fin de que se diera trámite a la impugnación propuesta por el Tribunal Superior de Bogotá, si fuera procedente. Ver folios 524 a 527, cuaderno 1.
25 En respuesta a la Corte Constitucional, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú - Córdoba solicitó a la Corte Constitucional que en sede de revisión “se sirva aclarar la providencia del 25 de junio de 2014; en relación a lo siguiente: Si el escrito adiado 9 de abril de 2014, puesto que en este, no se menciona la interposición de recurso alguno, solo se insiste en que se dé respuesta a lo solicitado y este despacho mediante el auto en cita, resolvió sobre la impugnación planteada por dicho Tribunal”. Ver folios 519 a 520, cuaderno 1.
26 En el numeral decimoctavo el auto de la Sala de Selección Nº 11, se resolvió aclararle al Juzgado de la acción de tutela, que debía pronunciarse sobre la solicitud de nulidad e impugnación formulada por los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior. Ver folios 531 a 538, cuaderno 1.
27 Folios 542 a 545, cuaderno 1.
28 De conformidad con el artículo 55 del Reglamento de la Corte Constitucional —Acuerdo 2 de 2015—, que regula el proceso de selección de tutelas: “Ningún Magistrado podrá, durante la Sala de Selección, decidir sobre su propia insistencia, ni le podrá ser repartido el expediente en caso de ser seleccionado”.
29 Ver folios 108 a 113 del cuaderno principal.
30 En el auto, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad ordenó decretar la rehabilitación de los derechos y funciones públicas, declaró extinguida la pena impuesta a los sentenciados, canceló las órdenes de captura y advirtió a los accionantes del pago de la multa de 2000 SMLV. Ver folios 89 a 94 del cuaderno principal.
31 Sentencia proferida por la Sala Segunda de Revisión.
32 Sentencias T-502 de 2008, T-568 de 2006 y T-184 de 2005.
33 Sentencia T-568 de 2006 y T-053 de 2012; otras, en las cuales se efectúa un recuento similar son las providencias T-020 de 2006, T-593 de 2002, T-443 de 1995, T-082 de 1997, T-080 de 1998, SU-253 de 1998, T-263 de 2003 T-707 de 2003.
34 Sentencias T-568 de 2006, T-951 de 2005, T-410 de 2005, T-1303 de 2005, T-662 de 2002 y T-883 de 2001.
35 Sentencias T-560 de 2009 y T-053 de 2012.
36 Sentencia T-566 de 2001.
37 Sentencia T-009 de 2000. Si la causa petendi está constituida por las razones —de hecho y de derecho— que sustentan la petición formulada, no cabe duda de que, entre las primeras y las segundas decisiones proferidas, existe una muy relevante diferencia. Lo que motivó las últimas solicitudes de amparo y la orden judicial de protección del derecho vulnerado, fue la expedición de la Sentencia SU-36 de 1999, es decir, la adopción de una nueva doctrina que debe ser aplicable siempre que pueda verificarse que la vulneración persiste por razones ajenas a la parte actora y que es jurídica y fácticamente posible la protección judicial. Finalmente, no puede afirmarse que existe una vulneración de la cosa juzgada, pues lo que verdaderamente se produjo en los fallos de primera instancia, fue el rechazo de la acción por considerar que se trataba de un mecanismo improcedente dada la existencia de mecanismos alternativos de defensa. No hubo, por ello, un pronunciamiento de fondo sobre los hechos del caso, como si ocurre en la presente sentencia.
38 Sentencia T-1034 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
39 Auto de marzo 5 de 2010.
40 Ver los folios 43 al 61 del cuaderno principal donde consta la decisión de inadmisión proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 29 de mayo de 2013.
41 El Consejo Superior de la Judicatura determinó que era competente para dirimir el conflicto de competencia a la luz del numeral 6º del artículo 256 C.P. y el numeral 2º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 y, como el sujeto pasivo de la conducta penal no se limitó a la comunidad indígena sino a la sociedad en general, conducta de la que además estaban conscientes, permite inferir que se trata de una conducta tipificada en el Código Penal y que debe ser investigada y juzgada por la justicia ordinaria. Ver folios 75 a 81, cuaderno principal.
42 El Cacique Mayor Regional del Pueblo Zenú del Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento, Eder Eduardo Espitia Estrada —según registro de bases de datos de autoridades indígenas de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior—, certificó que los señores Pedro Cesar Pestana Rojas y Antonio de Jesús Martínez Hernández, se encuentran inscritos en el censo del Cabildo Menor, de Sacana —jurisdicción del municipio de Momíl— y de Buena Vistica —municipio de Sincelejo—, respectivamente. Ver folios 108 a 117, cuaderno 1.
43 Estimó el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá que los procesados vulneraron el bien jurídico de la seguridad pública, “pues el trato con organizaciones como las AUC implica la completa desconfiguración social, que crea la desconfianza y la incertidumbre colectiva, ante los eventuales atentados contra esa comunidad, de suerte que se da la ruptura de esa seguridad pública. Por ello igualmente se deriva su responsabilidad, pues en verdad que sobre este aspecto, el mismo material probatorio refleja certeramente que las personas acusadas y señaladas por algunos declarantes, en sus distintas apariciones procesales, desestabilizaron el orden público y la seguridad al interior de su comunidad y sus etnias”. Ver folios 196 a 230, cuaderno 1.
44 Sentencias de la Corte Constitucional C-139 de 1996, T-349 de 1996; T-030 de 2000; T-728 de 2002; T-811 de 2004; T-009 de 2007 y T-364 de 2011, entre otras.
45 Ver Sentencia T-903 de 2009 y C-139 de 1996.
47 Sentencia de la Corte Constitucional T-349 de 1996.
48 T-349 de 1996
49 T-254 de 1994: “La plena vigencia de los derechos fundamentales constitucionales en los territorios indígenas como límite al principio de diversidad étnica y constitucional es acogido en el plano del derecho internacional, particularmente en lo que tiene que ver con los derechos humanos como código universal de convivencia y diálogo entre las culturas y naciones, presupuesto de la paz, de la justicia, de la libertad y de la prosperidad de todos los pueblos”.
50 Hasta tanto entre en completa vigencia el Acto Legislativo 2 de 2015.
51 T-254 de 1994, C-139 de 1996 y T-514 de 2009.
52 ART. 38.—De los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad conocen: 1. De las decisiones necesarias para que las sentencias ejecutoriadas que impongan sanciones penales se cumplan. 2. De la acumulación jurídica de penas en caso de varias sentencias condenatorias proferidas en procesos distintos contra la misma persona. 3. Sobre la libertad condicional y su revocatoria. 4. De lo relacionado con la rebaja de la pena y redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza. 5. De la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias o de las solicitudes de reconocimiento de beneficios administrativos que supongan una modificación en las condiciones de cumplimiento de la condena o una reducción del tiempo de privación efectiva de libertad. 6. De la verificación del lugar y condiciones en que se deba cumplir la pena o la medida de seguridad. Asimismo, del control para exigir los correctivos o imponerlos si se desatienden, y la forma como se cumplen las medidas de seguridad impuestas a los inimputables. En ejercicio de esta función, participarán con los gerentes o directores de los centros de rehabilitación en todo lo concerniente a los condenados inimputables y ordenará la modificación o cesación de las respectivas medidas, de acuerdo con los informes suministrados por los equipos terapéuticos responsables del cuidado, tratamiento y rehabilitación de estas personas. Si lo estima conveniente podrá ordenar las verificaciones de rigor acudiendo a colaboraciones oficiales o privadas. 7. De la aplicación del principio de favorabilidad cuando debido a una ley posterior hubiere lugar a reducción, modificación, sustitución, suspensión o extinción de la sanción penal. 8. De la extinción de la sanción penal. 9. Del reconocimiento de la ineficacia de la sentencia condenatoria cuando la norma incriminadora haya sido declarada inexequible o haya perdido su vigencia.
53 1. Coadyuvar en la formulación de la política criminal, penitenciaria y carcelaria. 2. Ejecutar la política penitenciaria y carcelaria, en coordinación con las autoridades competentes, en el marco de los derechos humanos, los principios del sistema progresivo, a los tratados y pactos suscritos por Colombia en lo referente a la ejecución de la pena y la privación de la libertad. 3. Desarrollar e implementar los planes, programas y proyectos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional. 4. Diseñar e implementar sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación de los planes, programas y proyectos mencionados en el numeral anterior. 5. Crear, fusionar y suprimir establecimientos de reclusión, de conformidad con los lineamientos de la política penitenciaria y carcelaria. 6. Custodiar y vigilar a las personas privadas de la libertad al interior de los establecimientos de reclusión para garantizar su integridad, seguridad y el cumplimiento de las medidas impuestas por autoridad judicial. 7. Vigilar a las personas privadas de la libertad fuera de los establecimientos de reclusión para garantizar el cumplimiento de las medidas impuestas por autoridad judicial. 8. Garantizar el control sobre la ubicación y traslado de la población privada de la libertad. 9. Autorizar a la fuerza pública para ejercer la vigilancia interna de los establecimientos de reclusión, en casos excepcionales y por razones especiales de orden público. 10. Gestionar y coordinar con las autoridades competentes las medidas necesarias para el tratamiento de los inimputables privados de la libertad. 11. Realizar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las modalidades privativas de la libertad que establezca la ley. 12. Prestar los servicios de atención integral, rehabilitación y tratamiento penitenciario a la población privada de la libertad. 13. Definir y gestionar estrategias para la asistencia post-penitenciaria en colaboración con otras entidades públicas o privadas. 14. Desarrollar y consolidar el Sistema Nacional de Información Penitenciaria y Carcelaria. 15. Implementar el Sistema de Carrera Penitenciaria y Carcelaria, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 16. Determinar las necesidades en materia de infraestructura, bienes y servicios para cumplir con sus objetivos y funciones, y requerir su suministro a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -SPC. 17. Proponer y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos institucionales en materia de inducción, formación, capacitación, actualización y especialización del talento humano de la entidad. 18. Coordinar sus actividades con las entidades que ejerzan funciones relacionadas con la gestión penitenciaria y carcelaria, todo ello en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho. 19. Impulsar y realizar investigaciones y estudios sobre la ejecución de la política y el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario, encaminados a la formulación de planes, proyectos y programas, en lo de su competencia. 20. Asesorar a las entidades territoriales en materia de gestión penitenciaria y carcelaria, en lo de su competencia. 21. Coadyuvar en la elaboración de proyectos de Ley y demás normatividad a que haya lugar, en las materias relacionadas con los objetivos, misión y funciones de la entidad, en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho. 22. Gestionar alianzas y la consecución de recursos de cooperación nacional o internacional, dirigidos al desarrollo de la misión institucional, en coordinación con las autoridades competentes. 23. Definir e implementar estrategias de atención y participación del ciudadano. 24. Las demás que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la entidad.
54 http://www.defensoria.gov.co/es/public/Informesdefensoriales/796/Ind%C3%ADgenas-privados-de-la-libertad-en-establecimientos-penitenciarios-y-carcelarios-del-INPEC-Informes-defensoriales---C%C3%A1rceles-Informes-defensoriales---Discriminaci%C3%B3n-Informes-defensoriales---Minor%C3%ADas-%C3%89tnicas.htm?ls-art0=40
55 Sentencia de la Corte Constitucional C-370 de 2002.
56 Jaime Gaviria Trespalacios, “La inimputabilidad: concepto y alcance en el Código Penal Colombiano”, Revista Colombiana de Psiquiatría, vol.34 suppl.1 Bogotá Diciembre 2005. http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttextπd=S0034-74502005000500005&lng=es
57 Sentencia C-393 de 2002.
58 Sentencia C-565 de 1993.
59 T-635 de 2008.
60 C-592 de 1998, C-430 de 1996, C-565 de 1993, T-596 de 1992.
61 C-261 de 1996.
62 T-153 de 1998.
63 Ver sentencia Sentencias T-239 de 2002, T-1294 de 2005 y T-1026 de 2008.
64 Ver Sentencia T-1026 de 2008.
65 Sobre linchamientos en comunidades indígenas ver: Angelina Snodgrass Godoy. 2006. Popular Injustice, Violence, Community and Law in Latin America, Stanford University Press.
66 En esta sentencia la Corte resolvió una caso similar al aquí planteado. La acción de tutela la interpusieron los señores Pedro Cesar Pestana y Antonio de Jesús Martínez Hernández —mismos accionantes en este proceso— contra el INPEC —una de las autoridades accionadas en esta acción de tutela—, buscando el reconocimiento, a la luz del artículo 29 de la Ley 65 de 1993, del Centro de Reclusión y Resocialización Indígena Zenú “Cacique Mexión” como un Establecimiento de Reclusión Especial tanto para las autoridades tradicionales indígenas como para la autoridades judiciales ordinarias; y como consecuencia, tener en cuenta el tiempo de reclusión en el resguardo como pena cumplida en la jurisdicción ordinaria.
67 Ver Debate situación penitenciaria y carcelaria en el país, Agosto 14 de 2012, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.
68 Ver acápite de hacinamiento: Informe de la Comisión Asesora de Política Criminal del Estado Colombiano, págs. 27 y ss.
69 Garland, David: “Castigo y sociedad moderna”, Siglo XXI editores, Madrid, 2006, págs. 310 y ss.
70 M.P. Mauricio González Cuervo.
71 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
72 Sentencias de la Corte Constitucional T-239 de 2002, T-1294 de 2005, T-549 de 2007, T-1026 de 2008 y T-097 de 2012.
73 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
75 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
76 En esta sentencia aclaró el voto el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, en los siguientes términos: “Considero necesario aclarar que las citas textuales tomadas de la Sentencia T-921 de 2013, referentes a la posibilidad de que los indígenas cumplan penas privativas de la libertad al interior de sus resguardos, no hacen parte de la ratio decidendi de dicha providencia y por lo tanto, no pueden entenderse como vinculantes para casos posteriores. En efecto, el caso que fue resuelto en esa oportunidad se refería a vulneración de los derechos de un accionante que alegaba no haber sido juzgado por las autoridades tradicionales del resguardo al que pertenecía a pesar de contar con fuero indígena, mientras que en el caso que ahora se revisa se discutía principalmente la posibilidad de que el accionante pudiese cumplir la pena privativa de la libertad en los territorios de su resguardo. Así, las apreciaciones hechas en la mencionada Sentencia T-921 de 2013 sobre las condiciones que deberían cumplirse para que un indígena pueda cumplir una pena al interior de los resguardos no constituyen precedente vinculante y son, de hecho, obiter dicta. Esto queda claro al remitirse a la parte resolutiva de dicho fallo, en donde no existe ninguna orden respecto de las condiciones en las que cumplen sus condenas quienes hacen parte de una comunidad indígena. Así pues, aunque para el caso analizado en esta oportunidad las consideraciones de la Sentencia T-921 de 2013 sobre la situación de los indígenas que se encuentran recluidos en las cárceles colombianas son pertinentes como un eventual apoyo a otros argumentos, no pueden tomarse como criterios obligatorios de la jurisprudencia constitucional porque, como ya se dijo, no hacen parte de la razón de la decisión de la citada providencia. Por lo tanto, veo necesario aclarar mi voto también en este sentido, pues considero que se trata de un manejo errado del precedente judicial que puede inducir a error, pretendiendo otorgar obligatoriedad a unos obiter dicta. Haría falta un estudio y análisis mucho más riguroso y profundo sobre la posibilidad de que los miembros de comunidades indígenas cumplan penas privativas de la libertad en los resguardos a los que pertenecen, para determinar unas reglas vinculantes en esta materia, pues son muchos los aspectos que hacen parte de ese debate, y que no fueron resueltos en la Sentencia T-921 de 2013, ni en la providencia objeto de este pronunciamiento”.
77 ART. 29.—Reclusión en casos especiales. Cuando el hecho punible haya sido cometido por personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, funcionarios y empleados de la Justicia Penal, Cuerpo de Policía Judicial y del Ministerio Público, servidores públicos de elección popular, por funcionarios que gocen de fuero legal o constitucional, ancianos o indígenas, la detención preventiva se llevará a cabo en establecimientos especiales o en instalaciones proporcionadas por el Estado. Esta situación se extiende a los exservidores públicos respectivos.
78 El Cacique Mayor Regional del Pueblo Zenú del Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento, Eder Eduardo Espitia Estrada —según registro de bases de datos de autoridades indígenas de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior—, certificó que los señores Pedro Cesar Pestana Rojas y Antonio de Jesús Martínez Hernández, se encuentran inscritos en el censo del Cabildo Menor, de Sacana —jurisdicción del municipio de Momíl— y de Buena Vistica —municipio de Sincelejo—, respectivamente. Ver folios 108 a 117, cuaderno 1.
79 De acuerdo con los hechos narrados por las diferentes instancias judiciales en el marco del proceso penal por concierto para delinquir, la Fiscalía dio inicio a la investigación el 26 de septiembre de 2006. Ver folios 119 a 182, cuaderno 1, correspondiente a la segunda instancia del proceso penal.
80 El Consejo Superior de la Judicatura determinó que era competente para dirimir el conflicto de competencia a la luz del numeral 6 del artículo 256 CP y el numeral 2º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 y, como el sujeto pasivo de la conducta penal no se limitó a la comunidad indígena sino a la sociedad en general, conducta de la que además estaban conscientes, permite inferir que se trata de una conducta tipificada en el Código Penal y que debe ser investigada y juzgada por la justicia ordinaria. Ver folios 75 a 81 del cuaderno principal.
81 Estimó el juzgado que los procesados vulneraron el bien jurídico de la seguridad pública, “pues el trato con organizaciones como las AUC implica la completa desconfiguración social, que crea la desconfianza y la incertidumbre colectiva, ante los eventuales atentados contra esa comunidad, de suerte que se da la ruptura de esa seguridad pública. Por ello igualmente se deriva su responsabilidad, pues en verdad que sobre este aspecto, el mismo material probatorio refleja certeramente que las personas acusadas y señaladas por algunos declarantes, en sus distintas apariciones procesales, desestabilizaron el orden público y la seguridad al interior de su comunidad y sus etnias”. Ver folios 196 a 230, cuaderno 1.
82 Al analizar la competencia del Tribunal para tramitar la apelación, recordó “la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en decisión del 31 de enero de 2007 definió el conflicto positivo de competencias suscitado entre la jurisdicción indígena y la ordinaria, en el sentido de que correspondía a esta última investigar y juzgar a los procesados (…)” porque los hechos fueron cometidos alrededor de Santa Marta. Ver folios 119 a 182, cuaderno 1.
83 En la providencia del 05 de marzo de 2009, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, además de negar la libertad de los accionantes, decidió anular las actuaciones judiciales desde el auto del 15 de diciembre de 2009, con relación a la libertad tramitada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, ordenó que se informará de la decisión de negar la libertad a las autoridades indígenas del Resguardo de San Andrés de Sotavento, compulsó copias del expediente a la Corte Suprema de Justicia, quien ordenó el cambio de radicación y al Consejo Superior de la Judicatura que definió la competencia. Por último, reiteró las órdenes de captura emitidas contra los señores Pestana Y Martínez, para lo cual debía informarse a las diversas autoridades indígenas. Ver folios 367 a 382, cuaderno 1.
84 Ver folios 383 a 407, cuaderno 1.
85 A folios 408 a 414, cuaderno 1 consta la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que negó la libertad solicitada por el señor Pedro César Pestana Rojas. Señaló el Tribunal: “(…) luego ningún reconocimiento de una supuesta privación de la libertad en el centro de reclusión indígena procede en este evento, máxime que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dirimió el aludido conflicto de competencias el 31 de enero de 2007, en el sentido de que la competencia para adelantar la investigación radicaba en la justicia ordinaria y no en la jurisdicción indígena”.
86 Cabe recordar que en mayo de 2010 los accionantes habían instaurado otra acción de tutela, con propósitos similares, la cual fue objeto de revisión a través de la Sentencia T-097 de 2012.
87 Corte Constitucional, Sentencia T-394 de 1995.
88 Al respecto, la Sentencia T-097 de 2012 manifestó que “Los indígenas no debían ser recluidos en establecimientos penitenciarios corrientes si esto significaba un atentado contra sus valores culturales y desconocía el reconocimiento exigido por la Constitución” y en este sentido recordó lo señalado en la Sentencia C-394 de 1995: “Es claro que la reclusión de indígenas en establecimientos penitenciarios corrientes, implicaría una amenaza contra dichos valores, que gozan de reconocimiento constitucional; de ahí que se justifique su reclusión en establecimientos especiales”.
89 Información ratificada en la sentencia de primera instancia del proceso penal. Ver folio 197, cuaderno 1.
90 Sentencia del 28 de septiembre de 2009, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
91 Sentencias T-866 de 2013, T-921 de 2013, T-975 de 2014, T-208 de 2015.
92 Ver folios 359 al 365, cuaderno 1.
93 Ver folios 442 a 444, cuaderno 1.
94 Resolvió el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú-Córdoba, “frente a esta eventualidad considero que ha precluido la oportunidad legal para impugnar el auto motivo del rechazo, por lo que considero ejecutoriada la decisión”. Ver folios 515 a 516, cuaderno 1.
95 Ver folios 517 y 518, cuaderno 1.
96 Ver folio 523, cuaderno 1.
97 En el numeral décimo cuarto del Auto de Selección Nº 06, la Corte Constitucional determinó DEVOLVER el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú-Córdoba, con el fin de que se diera trámite a la impugnación propuesta por el Tribunal Superior de Bogotá, si fuera procedente. Ver folios 524 a 527, cuaderno 1.
98 En respuesta a la Corte Constitucional, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú-Córdoba solicitó a la Corte Constitucional que en sede de revisión “se sirva aclarar la providencia del 25 de junio de 2014; en relación a lo siguiente: Si el escrito adiado 9 de abril de 2014, puesto que en este, no se menciona la interposición de recurso alguno, solo se insiste en que se dé respuesta a lo solicitado y este despacho mediante el auto en cita, resolvió sobre la impugnación planteada por dicho Tribunal”. Ver folios 519 a 520, cuaderno 1.
99 Ver folio 530, cuaderno 1.
100 En el numeral decimoctavo el auto de la Sala de Selección Nº 11, se resolvió aclararle al Juzgado de la acción de tutela, que debía pronunciarse sobre la solicitud de nulidad e impugnación formulada por los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior. Ver folios 531 a 538, cuaderno 1.
101 Determinó el juez de tutela de instancia que el Tribunal al no haber sido vinculado, por no ser parte del proceso ni resultar afectado no tenía legitimación para formular la impugnación contra la sentencia de primera instancia. Folios 542 a 545, cuaderno 1.
102 Ver folios 1 y 2 del cuaderno principal.
103 De conformidad con lo establecido en los Acuerdos PSAA14-10195 del 31 de julio de 2014 y PSAA14-10206 del 21 de agosto de 2014, del Consejo Superior de la Judicatura, el caso fue remitido del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá al Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión, por tratarse de un asunto sin preso.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 28
 artículo 365
 Resolución 
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 365
 artículo 8
 artículo 28
 artículo 246
 artículo 246
 artículo 29
 artículo 329
 artículo 459
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 329
 artículo 6
 artículo 96
 artículo 32
 artículo 29
 artículo 4
 artículo 10
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 14
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 256
 artículo 112
 Resolución 
 artículo 340
 artículo 56
 artículo 1
 artículo 55
 artículo 256
 artículo 112
 artículo 29
 artículo 256
 artículo 112