Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1998-02034-de-marzo-21-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_c1bc7a80bcc6000ce0430a010151000c&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-15 10:51:48+00:00

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﻿ Sentencia 1998-02034 de marzo 21 de 2012
CONTENIDO:MANIPULACIÓN Y USO DE ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS. LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LOS FUEGOS ARTIFICIALES Y EL USO DE ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS NO SE ENCUENTRAN PROHIBIDAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO SINO QUE SE HALLAN SOMETIDAS A UNAS CONDICIONES DE CUIDADO Y CONTROL MÁS RIGUROSAS. SIN EMBARGO, EL INCUMPLIMIENTO DE TALES PRECEPTOS NO CONSTITUYE DELITO SINO UNA INFRACCIÓN DE TIPO CONTRAVENCIONAL VISIÓN BAJO LA CUAL, NO ERA POSIBLE PARA LAS AUTORIDADES REALIZAR UNA DILIGENCIA DE ALLANAMIENTO. DAÑOS DERIVADOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL DECLARADOS NULOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACTO ADMINISTRATIVO, ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Sentencia 1998-02034 de marzo 21 de 2012
Radicación: 25000-23-26-000-1998-02034-01(21986)
Se encuentra en el expediente copia auténtica del Decreto 120 de 23 de febrero de 1996 mediante el cual el Distrito expidió los parámetros bajo los cuales se accedería a la compensación económica atrás referida
En cuanto a la demostración de la circunstancia de la incautación y decomiso de la mercancía propiedad del demandante a que se hace referencia en el libelo, se tiene que obra en el proceso la declaración de Héctor Moreno González(19), hermano de crianza del actor, de oficio comerciante de libros, quien afirmó que para el día 21 de noviembre de 1996 se encontraba presente cuando la Policía Nacional ingresó a la residencia del demandante y se llevó la mercancía allí existente de artefactos pirotécnicos y al señor Munevar Caballero para que hiciera inventario de la misma. Así narró lo sucedido en su presencia:
“Yo me encontraba ahí cuando llegaron los agentes de la policía a buscar la pólvora, no sé cuántos policías fueron, uno de ellos me cayó y me dijo que si no también me llevaban con ellos, yo me salí a la calle y ellos subieron unas cajas a la camioneta de la policía, no me fijé cuántas eran, y por el desorden subieron lo que encontraron, estaban uniformados y armados, no sé cómo fue la entrada de la policía, sé que buscaron por todo lado, agredieron verbalmente a las personas pero no físicamente. No llevaban orden, lo trataron a uno como delincuente... Según Jorge Alberto Munevar Caballero me dijo que la pólvora la quemaron en Doña Juana a Jorge Alberto Munevar Caballero se lo llevaron para hacer inventario, pero no sé si hicieron el inventario, no supe cuando regresó…”.
En similar sentido, obra la declaración de la señora Carmen Rosa Aguasaco(20), inquilina del actor, quien afirmó que éste se dedicaba al comercio de pólvora y que, el día de los hechos, la Policía Nacional realizó un operativo en el cual se llevaron varias cajas con artefactos pirotécnicos. Su dicho es del siguiente tenor:
“Yo conozco al señor Jorge Alberto Munevar Caballero como doce años, él siempre es vendedor de pólvora, llegué a vivir a la casa de él, soy inquilina. Me consta que entraron varios policías alrededor de la casa y esculcaron en todo lado buscando pólvora y a él se le llevaron todas las cajas, que en valor no le podría decir, la casa que da en la calle 55 Nº 12-16 en Tunjuelito. No sabría decirle cuántas cajas eran pero él trabajaba con bastante pólvora. El distribuía la pólvora, iban allá por pólvora… A mí me consta que entraron varios policías como 10 con patrullas y se entraron sin ninguna orden, revisaron hasta mi pieza, a ver si tenía pólvora…”.
“Ese día me encontraba en mi casa y me dio por abrir la puerta de la entrada de mi casa h vio (sic) esa cantidad de gente de la policía era un promedio de 15 agentes de la policía, entraron sin respeto alguno, pero no me dejaron pasar a esa parte de la casa del vecino, fueron en carros y motos, estaban uniformados y estaban armados, se que incautaron elementos de pólvora, eso sacaron cajas y echaron a una radiopatrulla, eran bastantes, don Jorge Alberto Munevar Caballero se dedicaba a vender pólvora, era comerciante fuera y dentro de su vivienda, era vendedor ambulante, sólo sé que la vendía, [la] mercancía era almacenada en la casa de él… la policía traía sus armas no me di cuenta que hubieran traído orden de allanamiento”.
Se allegó con la demanda constancia suscrita por el SS Víctor Orlando Acero Chitiva, comandante de la patrulla Tunjuelito, con fecha 23 de noviembre de 1996, en la que se informó de la incautación de pólvora realizada al actor en los siguientes términos:
“Comedidamente me permito hacer constar, que el día 21 de noviembre de mil novecientos noventa y seis, se le incautó pólvora al señor Jorge Munevar Caballero con C.C. 80.363.984 de Bogotá, en la residencia de número calle 55 # 12-16 sur barrio Tunjuelito, de las siguientes características:
VELAS ROMANAS MARIPOSA 200 PAQUETES.
“Con toda atención me permito informar a ese despacho, que revisadas las actas existentes en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Santafé de Bogotá, D.C., estación Puente Aranda no le parecen (sic) antecedentes de la denuncia y entrega de artículos pirotécnicos en el año de 1996 al señor Jorge Alberto Munevar Caballero”.
“Por todo lo anterior, la Sala concluye que los actos administrativos acusados son violatorios de los artículos 1º, 131, 145, 146, 576 y 577 de la Ley 9ª de 1979 y, por consiguiente, son ilegales, porque la competencia para expedir las medidas administrativas demandadas corresponde al Ministerio de Salud y no al Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá. Así mismo, las decisiones administrativas violan los artículos 6º y 113 de la Constitución Política y, por ende, son inconstitucionales, toda vez que se desconoció la división tripartita de las ramas del poder público (ejecutiva, legislativa y judicial), por cuanto a cada una de ellas le corresponden funciones separadas. El reparto de competencias mencionado se extiende al orden municipal y distrital, de conformidad con el inciso final del artículo 115 de la Constitución que preceptúa que las alcaldías forman parte de la rama ejecutiva. Por lo tanto, cuando la autoridad pública ejerce competencias que corresponde a otras autoridades está violando dichas disposiciones fundamentales y, consecuencialmente, los actos que expidan son inconstitucionales. De lo cual se desprende además responsabilidad para el servidor público, por ello el artículo 6º de la Carta Magna señala que los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, es decir y para el caso sub judice el Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá al entrar al expedir los decretos (… ...) se extralimitó en sus funciones, pues como ya advirtió no era el competente para expedirlos”.
También se allegó el fallo de segunda instancia, dictado por la Sección Primera del Consejo de Estado el 10 de junio de 1999(23) con ponencia del Dr. Juan Alberto Polo que revocó parcialmente la decisión del tribunal al considerar que el alcalde sí tenía competencia para expedir reglamentos sobre la materia, siempre que se adecuara al contenido de la ley. Dijo entonces el Consejo de Estado:
“Al respecto, no se debe perder de vista que la potestad reglamentaria dentro del poder de policía, si bien es reglada, se entiende que se tiene en relación con todas las actividades y conductas que son objeto del poder de policía, es decir, las que son susceptibles de ser limitadas en procura de la conservación del orden público, y que ha de ejercerse, no sólo de acuerdo con la ley y para la ejecución de la misma, sino también de acuerdo con el reglamento y para ejecución de éste, tal como se dispone en el antes comentado artículo 9º del Código Nacional de Policía.
ART. 5º—Se autoriza la venta de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales el día siete (7) de diciembre, del día quince (15) al día veinticuatro (24) de diciembre, el treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), y los días cinco (5) y seis (6) de enero de mil novecientos noventa y seis (1996), desde las nueve de la mañana (09:00 a.m.), hasta las ocho de la noche (08:00 p.m.)”.
Los apartes de la norma trascrita, no fueron objeto de modificación por parte de la jurisdicción contenciosa, al encontrarlos ajustados a las normas que rigen la materia, en especial, la Ley 9ª de 1979 y el Código Distrital de Policía.
“ART. PRIMERO.—Se prohíbe totalmente la venta, almacenamiento, manipulación y uso de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y globos, en Santa Fe de Bogotá, D.C. Declarado NULO por el Consejo de Estado mediante fallo 3881 de 1999.
ART. SEGUNDO.—Quien venda artículos pirotécnicos, fuegos artificiales o globos incurrirá en retención transitoria hasta por veinticuatro (24) horas y en el decomiso del producto. Si tal venta se realiza en establecimientos comerciales de cualquier índole, así como en recintos abiertos, casetas o cualquier tipo de expendio en el Distrito Capital, se impondrá el cierre inmediato por siete (7) días por la autoridad de policía. Texto subrayado declarado NULO por el Consejo de Estado mediante fallo 3881 de 1999.
“Como la Ley 9ª de 1979 y sus resoluciones reglamentarias permiten o autorizan las actividades de producción y venta de uso de pólvora y fuegos pirotécnicos, al igual que el Código de Policía de Santa Fe de Bogotá con sujeción a rigurosas restricciones, y sólo prohíben el expendio, manipulación y uso de pólvora o elementos pirotécnicos que contengan fósforo blanco u otras sustancias prohibidas para el efecto, y de detonantes cuyo fin sea la producción de ruidos, así como la venta a menores de edad de pólvora o elementos pirotécnicos (tengan o no fósforo blanco), o en establecimientos comerciales o en recintos cerrados o abierto al público y la venta ambulante de los mismos, este artículo resulta contrario a las normas superiores en cuanto prohíbe absolutamente todo tipo de venta de pólvora y de artículos pirotécnicos, sin distinguir entre los que la ley y el Código de Policía de Bogotá permiten vender con ciertos requisitos y aquéllos que se encuentran efectivamente prohibidos”.
Visto el contenido de las normas que el actor considera como fuentes del daño, considera la Sala que tales preceptos se limitaron a precisar y repetir lo previsto en normas anteriores tales como la Ley 9ª de 1979, el Acuerdo Distrital 18 de 1989 —Código Distrital de Policía— y las resoluciones 19703 de 1988 y 4709 de 1995 del Ministerio de Salud, tal y como pasa a verse.
En efecto, la Ley 9ª de 1979(26) prohibió la fabricación de artículos pirotécnicos con fósforo blanco y detonantes que produjeran ruidos sin efectos luminosos, a la vez que estableció una serie de requisitos para las personas que manipularan y comerciaran dichos artefactos.
Por su parte el Código de Policía Distrital(28), vigente para la época de los hechos, repitió lo dispuesto por las normas transcritas y agregó tan sólo lo concerniente a la prohibición de vender ese tipo de productos —pirotécnicos— a los menores de 16 años, estableciendo como sanciones a esta contravención, el decomiso del producto y el trabajo social(29).
5. La circunstancia de que el actor no explique adecuadamente los fundamentos jurídicos en que basa su demanda no implica per se la negativa de sus pretensiones toda vez que el juez debe aplicar el derecho que corresponda a los hechos debidamente probados dentro del proceso sin que, al hacerlo así, exista una modificación de la causa petendi. Las infracciones en el uso, manejo, y distribución de artefactos pirotécnicos son de naturaleza meramente contravencional. Imposibilidad de realizar allanamientos en caso de infracciones contravencionales. Los allanamientos sólo se circunscriben al caso de infracciones de tipo penal.
“Así mismo, el Sr. sargento segundo Víctor Orlando Acero Chitiva se extralimitó en sus funciones, el día 23 de noviembre de 1996 cuando procedió a incautar la mercancía pirotécnica de mi poderdante sin manifestar bajo qué disposición legal procedía a incautar la mercancía pirotécnica como aparece en la constancia expedida por el mencionado sargento segundo”.
Debe anotarse que acciones como la presente se rigen por el principio denominado “iura novit curia”, conforme al cual, al actor le incumbe la invocación y demostración de los hechos, siendo deber del juez la interpretación o adecuación de los fundamentos de derecho aplicables a cada caso objeto de juzgamiento, principio éste que se recoge en aquella expresión del derecho romano que dice: “da mihi factum, dabo tibi ius”, de manera que si el actor yerra al determinar o explicar el fundamento normativo en que apoya su actuación, dicha circunstancia no es óbice para que el juez decida el caso con base en la norma que le sea jurídicamente aplicable(30).
“V. El apoderado de la entidad demandada impugnó la sentencia proferida por el tribunal por considerar que en ésta se modificó la causa petendi, ya que la demanda se fundamentó en la falla del servicio y la sentencia en el daño antijurídico, modificación que no podía realizarse porque esta jurisdicción es rogada…
“…Pero, aún en el evento de que la demanda se hubiera fundamentado exclusivamente en la falla del servicio, en la decisión bien puede examinarse la responsabilidad patrimonial de la administración pública desde una perspectiva o régimen diferente, en aplicación del principio iura novit curia, toda vez que frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, corresponde al juez definir la norma o el régimen de responsabilidad que resulta aplicable al caso.
“Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia del 14 de febrero de 1995, expediente S-123 se pronunció en los siguientes términos:
‘La Sala reitera la tesis de que la justicia administrativa es rogada y en ella no es aplicable el principio iura novit curia, pero precisa con relación a dicha característica una excepción: en aquellos procesos, en los cuales no se juzga la legalidad o ilegalidad de la actuación u omisión de la administración, sino que directamente se reclama la reparación del daño mediante el reconocimiento de una indemnización, el juez puede interpretar, precisar el derecho aplicable y si es del caso modificar, de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda los fundamentos de derecho invocados por el demandante’ (resaltado y subrayas fuera de texto)
Nótese como en el mentado listado no aparece la posibilidad de realizar allanamientos o similares diligencias, situación que tampoco fue contemplada en la Ley 9ª de 1979 en la que se estipularon las siguientes sanciones para los infractores de sus disposiciones:
“(sic) &$ART. 577.—Teniendo en cuenta la gravedad del hecho y mediante resolución motivada, la violación de las disposiciones de esta ley, será sancionada por la entidad encargada de hacerlas cumplir con alguna o algunas de las siguientes sanciones:
“La providencia a que se refiere el inciso anterior no requiere notificación” (resaltado fuera de texto).
“El respeto a las formalidades legales y la existencia de un motivo previamente definido en la ley —requisitos b) y c)—, hacen referencia a que en la expedición de una orden de allanamiento o de privación de la libertad como en su ejecución se observe el debido proceso, consagrado como principio en el artículo 29 superior. La existencia de un motivo previamente definido en la ley hace alusión al principio universal de legalidad, es decir que sólo la ley puede definir las circunstancias en que la naturaleza del hecho punible —delito o contravención—, ameritan la privación de la libertad a una persona. Igualmente que sólo la ley podrá establecer los casos en los cuáles puede un juez ordenar un registro domiciliario. La Constitución estableció entonces una estricta reserva legal en materia de libertad personal e inviolabilidad de domicilio, por lo cual estos derechos no pueden ser limitados sino por la ley.
Precisa la Corte que en ambos casos solamente las autoridades policiales —y no los particulares u otro tipo de autoridades— están autorizados para allanar un domicilio sin orden judicial..
Igualmente señala la Corte que por tratarse de excepciones al principio general de la reserva judicial en materia de libertad personal e inviolabilidad de domicilio, son fenómenos que deben ser interpretados de manera restrictiva a fin de no convertir la excepción —allanamiento o detención sin orden judicial— en la regla” (resaltado fuera de texto).
“Salvo casos de flagrancia, el fiscal o un delegado suyo debe estar presente en los allanamientos” (se ha resaltado).
ART. 311.—Integrantes de las unidades de policía judicial. El director de la entidad que cumpla funciones de policía judicial, en coordinación con el Fiscal General de la Nación, determinará cuáles de los servidores públicos de su dependencia integrarán las unidades correspondientes” (resaltado fuera de texto).
TRIQUITRAQUES 120 RUEDAS x 1600 =192000
CRISANTEMAS 116 UNIDADES x 8000 =928000
SILVADOR TORERO 80 CAJAS x 7500 = 600000
TOTES CARTONES 150 CARTONES x 4500 =675000
VOLADORES GRUESAS 40 GRUESAS x 42000= 168000
MOSQUITOS PAQUETES 300 PAQUETES x 2000 =600000
MECHAS PAQUETES 600 PAQUETES x 2000 =1200000
AVIONES MARIPOSA 200 PAQUETES x 4800 = 960000
CHISPITAS MARIPOSA 10 PACAS x 110.000 =1100000
VOLADORES MARIPOSA 118 PAQUETES x 4000 = 472000
SATÉLITES 190 PAQUETES x 2000 = 380000
VOLCÁN MARIPOSA 270 PAQUETES x 3800 =1026000
VELAS ROMANAS MARIPOSA 200 PAQUETES x 6500 = 1300000
Total daño emergente. $ 9.610.000
Dicha valor debe ser actualizado desde la fecha en que fueron comprados los bienes hasta la fecha de la sentencia de la siguiente manera:
R= 9601000 Índ. final (feb. 2012) 110,63
Índ. inicial (compra, nov. 95) 30,95
En cuanto al lucro cesante solicitado, la Sala encuentra que dicho pedimento es procedente y se acogerá lo dispuesto en el dictamen pericial en el entendido de que correspondía al 30% del valor de la mercancía incautada, valor que también deberá ser indexado de la manera que sigue
34.318.534,08 x 30% = 10.295.560,22
1. DECLARAR a la Nación - Distrito Capital responsable administrativamente de los perjuicios causados a Jorge Alberto Munevar Caballero con ocasión de la incautación de material pirotécnico que le fuera realizada el día 21 de noviembre de 1996, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación - Distrito judicial a pagar al señor Jorge Alberto Munevar Caballero las siguientes sumas
Por concepto de perjuicios materiales, lucro cesante, la suma de diez millones doscientos noventa y cinco mil quinientos sesenta pesos con veintidós centavos ($ 10.295.560,22)
(15) Folio 14, cdno. ppal.
(16) Folio 2, cdno. ppal.
(17) Obra en copia autentica a folios 71-75, cdno. de pbas.
(18) Obra en copia autentica a folios 76-79, cdno. de pbas.
(19) Folios 50-51, cdno. de pbas.
(20) Folios 52-53, cdno. de pbas.
(21) Folios 54-55, cdno. de pbas.
(22) Obra en copia autentica a folios 165-194, cdno. de pbas.
(23) Obra en copia autentica a folios 57-107, cdno. ppal.
a) Artículo sexto en la parte que dice “…retención transitoria hasta por veinticuatro (24) horas y…”;
b) Artículo sexto, parágrafo segundo, en la parte que dice: “…, y será conducido y puesto a disposición de un defensor de familia, quien determinará las medidas de protección a adoptar de conformidad con el Decreto 2737 de 1989”;
c) Artículo sexto, parágrafo segundo, inciso segundo, que dice: “Los representantes legales del menor infractor, a quienes se les encontrare responsables por acción o por omisión de la conducta de aquél, se les impondrá retención transitoria hasta por veinticuatro (24) horas" .
d) Artículo séptimo en la parte que dice: “… retención transitoria hasta por veinticuatro (24) horas…”.
(25) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de julio de 2006, C.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio, expediente 21051.
(26) ART. 145.—No se permitirá la fabricación de los siguientes artículos pirotécnicos:
(27) ART. 1º—Autorizar a partir de la vigencia de la presente resolución la venta y utilización de artículos pirotécnicos en todo el territorio nacional, de acuerdo con los términos, las condiciones y los requisitos que se señalan en los artículos siguientes.
(28) Acuerdo 18 de 1989.
(29) “ART. 63.—Se prohíbe, dentro del territorio del Distrito Especial de Bogotá el expendio, manipulación y uso de pólvora o artículos pirotécnicos que contengan fósforo blanco. Quien contravenga lo aquí dispuesto, incurrirá en el decomiso del producto.
ART. 67.—A quien permita el uso de pólvora o artículos pirotécnicos de características peligrosas a menores de dieciséis (16) años, se le impondrá trabajo en obras de interés público”.
(30) “Aunque parezca un poco exagerado, en la fundamentación jurídica de estas demandas, [se refiere a las de reclamación] como las que se ventilan ante la jurisdicción civil, tiene mayor importancia la formulación misma de los hechos que hace el actor, que la normatividad que quiere éste que se le aplique. Porque en estas acciones el juez aplicará el derecho en función de los hechos debidamente probados que lo permiten. Al fin de cuentas, aquí juega el principio iura novit curia, según el cual el juez conoce la ley vigente y deberá aplicarla así no haya sido invocada por la parte demandante en el libelo. Por eso se entiende también que en estas mismas acciones el juez maneje, implícitamente, el postulado: “Dadme los hechos que yo os daré el derecho””. Carlos Betancur Jaramillo, Derecho Procesal Administrativo. Medellín: Editorial Señal Editora. 2009. Pág. 279.
(32) C.P. Ricardo Hoyos Duque, expediente 10952.
(34) Corte Constitucional, Sentencia C-404 de 2003 en la que explicó: “Significa lo anterior, que no toda la Policía Nacional, ni todos los funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, ni todos los integrantes del cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación, desempeñan funciones de policía judicial, sino sólo quienes estén específicamente capacitados para ese efecto, es decir, quienes constituyan dentro de las entidades respectivas un cuerpo especial, el de “policía judicial”.
(35) Sentencia de 12 de octubre de 2002, expediente 13395. “En relación con los perjuicios morales causados por el daño o pérdida de las cosas dijo la Sala en providencia del 30 de julio de 1992, expediente 6828, que salvo en circunstancias muy especiales, la pérdida de las cosas materiales no amerita el reconocimiento de perjuicios morales, pues “la materia necesita ser tratada con un especial enfoque cultural y filosófico para no rendirle culto a las personas que, no poseen las cosas, sino que se dejan poseer por ellas”.

References: artículo 115
 artículo 6
 artículo 9
 resolución 
 artículo 29
 resolución