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Timestamp: 2017-11-21 23:11:56+00:00

Document:
Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 334/2016, JCA - Madrid, Sec. 15, Rec 261/2015, 13-10-2016 | Iberley
Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Madrid
Palacios Grijalvo, Eusebio
Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 334/2016, Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Madrid, Sección 15, Rec 261/2015 de 13 de Octubre de 2016
Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 378/2016, JCA - Madrid, Sec. 15, Rec 11/2015, 11-11-2016
Órden: Administrativo Fecha: 11/11/2016 Tribunal: Juzgado De Lo Contencioso Administrativo - Madrid Ponente: Monreal Díaz, Ana Num. Sentencia: 378/2016 Num. Recurso: 11/2015
Sentencia Administrativo Nº 108/2015, JCA - Madrid, Sec. 8, Rec 237/2014, 17-03-2015
Órden: Administrativo Fecha: 17/03/2015 Tribunal: Juzgado De Lo Contencioso Administrativo - Madrid Ponente: Lopez Martinez, Amparo Num. Sentencia: 108/2015 Num. Recurso: 237/2014
Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 123/2017, JCA - Santander, Sec. 1, Rec 88/2017, 14-06-2017
Órden: Administrativo Fecha: 14/06/2017 Tribunal: Juzgado De Lo Contencioso Administrativo - Santander Ponente: Varea Orbea, Juan Num. Sentencia: 123/2017 Num. Recurso: 88/2017
Sentencia Administrativo Nº 166/2016, JCA - Barcelona, Sec. 2, Rec 432/2014, 30-05-2016
Órden: Administrativo Fecha: 30/05/2016 Tribunal: Juzgado De Lo Contencioso Administrativo - Barcelona Ponente: Puig Muñoz, Elsa Num. Sentencia: 166/2016 Num. Recurso: 432/2014
Órden: Administrativo Fecha: 30/06/2015 Tribunal: Juzgado De Lo Contencioso Administrativo - Barcelona Ponente: Maestre Salcedo, Andres Num. Sentencia: 281/2015 Num. Recurso: 423/2014
Resolución No Vinculante de DGT, 0003-12, 15-02-2012
Órgano: Sg De Tributos Locales Fecha: 15/02/2012
Núm. Resolución: 0003-12
Tribunal: Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Madrid
Ponente: Palacios Grijalvo, Eusebio
Núm. Sentencia: 334/2016
Núm. Recurso: 261/2015
Núm. Cendoj: 28079450152016100002
Núm. Ecli: ES:JCA:2016:2295
Núm. Roj: SJCA 2295:2016
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 15 de Madrid
C/ Gran Vía, 19 , Planta 3 - 28013
45029710
NIG:28.079.00.3-2015/0012029
Procedimiento Ordinario 261/2015 J
Demandante/s:SANTANDER LEASE SA EFC
PROCURADOR D./Dña. ANA MARIA ESPINOSA TROYANO
Demandado/s:TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MADRID
SENTENCIA Nº 334/2016
En Madrid, a trece de octubre de dos mil dieciséis.
El Sr. D. EUSEBIO PALACIOS GRIJALVO, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 15 de MADRID, habiendo visto los presentes autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 261/15 J, seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como recurrente la entidad ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, representado por la Procuradora Dña. ANA ESPINOSA TROYANO, y defendida por la Letrado Dña. MARÍA TERESA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, y de otra el TRIBUNAL ECONÓMICO MUNICIPAL DE MADRID, representado y asistido por el letrado de sus Servicios Jurídicos, sobre Administración Tributaria.
PRIMERO.-Que por la parte recurrente se promovió recurso contencioso-administrativo con arreglo a las prescripciones legales, siendo tramitado en legal forma, requiriendo a la Administración demandada el correspondiente expediente administrativo, que fue entregado a la actora la cual formuló demanda suplicando se dictara sentencia estimatoria en los términos contenidos en el suplico de la misma.
SEGUNDO.-Por resolución de fecha 29 de septiembre de 2015, se dio traslado de la demanda al letrado del AYUNTAMIENTO DE MADRID para que la contestara, lo que hizo mediante escrito presentado el 2 de noviembre de 2015, en el que, con alegación de hechos y fundamentos de derecho, venía a pedir la desestimación del recurso.
TERCERO.-En la vista celebrada el día de 7 de julio de 2016 se declararon los autos conclusos y vistos para sentencia.
CUARTO.-Que en la sustanciación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, excepto el plazo para dictar sentencia por existir otros despachos ordinarios y preferentes.
PRIMERO.-Tiene por objeto el presente recurso enjuiciar, si la resolución dictada en 23 de abril de 2015 por el Tribunal Económico Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Madrid desestimando la reclamación de esa clase deducida por la mercantil recurrente Santander Leasing S.A., frente a otras tantas declaraciones-autoliquidaciones del IIVTNU, resulta o no ajustada a derecho.
SEGUNDO.-Afirma la recurrente en su demanda, en esencia, y así se desprendería también del expediente administrativo): a) que en 19 de diciembre del año 2002 adquirió a la mercantil MIDECO, S.A., ocho fincas urbanas sitas en Madrid; b) que con esa misma fecha las cedió en arrendamiento financiero a favor del Hotel Claridge, S.l.; c) que a la finalización de ese contrato, Hotel Claridge S. L., ejercitó su opción de compra, que quedó formalizada en 27 de diciembre de 2012; d) que como consecuencia de esa transmisión en el mes de febrero de 2013, y dentro de plazo, autoliquidó el IIVTNU correspondiente a las referidas fincas; e) que después, considerando que había incurrido en un error de derecho instó la rectificación de las autoliquidaciones de ese impuesto al amparo de lo establecido en el art. 120. 3 de la L.G.T . mediante ocho escritos presentados en 20 de junio de 2013; f) que en 11 de noviembre de 2013 el Director de la Agencia Tributaria de Madrid desestimó esas solicitudes de rectificación y aprobó las liquidaciones definitivas; y g) que no estando conforme con esa resolución interpuesto Reclamación Económico Administrativa ante el TEAMM, que fue también desestimada; siendo esta la que ahora se recurre.
Y como fundamento de su pretensión impugnatoria, argumenta ahora, al igual que hizo antes en aquella reclamación, que la fórmula matemática aplicada en la autoliquidación del impuesto no se acomoda a los mandatos de la LHL, y que tal autoliquidación vino inducida por el propio programa de ayuda habilitado por el Ayuntamiento de Madrid en su Sede Electrónica para confeccionar la autoliquidación del impuesto; exponiendo más ampliamente en esa demanda, a la que me remito, los argumentos por los que esa fórmula matemática no estaría calculando el incremento de los terrenos habido desde su adquisición, sino una plusvalía futura, que no es real.
TERCERO.- El Ayuntamiento por su parte se opone a esa pretensión de la mercantil recurrente, y lo que viene a sostener es, básicamente, que ha de estarse, necesariamente, a la fórmula establecida en la ley, y que mientras sus preceptos no sean anulados y expulsados del Ordenamiento jurídico se ha de colegir la validez y procedencia de la actuación administrativa impugnada.
CUARTO.-Así las cosas, la diferencia que enfrenta a las partes viene dada, (en este caso), únicamente, por el hecho de determinar, si en las liquidaciones controvertidas el incremento de valor o plusvalía resultante de las transmisiones que han sido objeto de las mismas, lo ha sido de una futura o de una pasada, ya que en el primer supuesto en el de someter a gravamen las plusvalías futuras, las liquidaciones no resultarían correctas.
A la hora de resolver tan importante divergencia lo primero que conviene dejar sentado es, -porque así lo establece de manera clara el art. 104 de la LHL a la hora de definir la naturaleza y el hecho imponible-, de un lado, que ese impuesto es un tributo directo que gravael incremento de valor que experimenten dichos terrenosy se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de su propiedad; y de otro, que en tal sentido, el apartado 1 del art. 107, regulador de la base imponible, puntualiza, que la base imponible de este impuesto está constituida por el incremento de valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengoy experimentado a lo largo de un periodo máximo de 20 años.
Luego si es un tributo que grava el incremento de valor que se pone de manifiesto con ocasión de la transmisión del bien, y tal incremento se ha de corresponder conel experimentado a lo largode la posesión, tenencia o disfrute del inmueble urbano de que se trate, con un límite o periodo máximo de 20 años,no hay duda de que el incremento de valor objeto de tributación lo ha de ser el pasado, es decir, el habido entre la adquisición y la posterior transmisión, que es lo que sostiene la mercantil recurrente, y no el futuro, respecto del que nada nos dice el Ayuntamiento, que se limita a sostener que las liquidaciones se ajustan a lo que dice la ley.
Y al ser eso así, se hace necesario determinar si el Ayuntamiento de Madrid, en el caso que aquí nos ocupa, liquidó una plusvalía pasada o una futura, ya que la recurrente viene sosteniendo que con el programa informático facilitado por el Ayuntamiento (como ayuda a los contribuyentes para la liquidación del tributo), incurrió en un error que le llevó a ingresar más de lo debido (plusvalía futura); y que por esa razón se tiene que corregir, con devolución de lo pagado de más.
QUINTO.-La tesis de la recurrente, (acogida ya antes por alguno de nuestros Tribunales), además de sugestiva, merece ser analizada con algún detalle, pues más allá de afirmarse en la demanda que nos encontraríamos ante un hecho notorio para el que no resultaría necesaria prueba pericial externa, ni unos conocimiento cualificados, es lo cierto que después esa parte propuso prueba pericial a practicar por perito judicial independiente, que fue admitida y practicada después con el resultado que consta en los autos.
El resultado de esa prueba pericial imparcial que tenía por finalidad constatar la fórmula empleada por la recurrente para el cálculo del IIVTNU y el error en el que estaba incurriendo el Ayuntamiento, concluye afirmando que ambas liquidaciones están correctamente calculadas según el tipo de fórmula que se aplique para determinar la base imponible, pero que en este caso es de resaltar que el cálculo de la plusvalía siguiendo la fórmula matemática utilizada por la recurrente refleja el incremento de valor experimentado por el bien desde su adquisición hasta su transmisión, ya que calcula en primer lugar cuál era el valor del bien en el momento de adquisición y compara este valor con el final o de transmisión, obteniendo por diferencia el incremento de valor que ha experimentado el bien, mientras que la del Ayuntamiento refleja el valor del suelo en años futuros y no pasados, que no se ha producido.
No se pronuncia, sin embargo, en mi opinión, acerca de cuál de las dos fórmulas matemáticas utilizadas por los litigantes se acomoda mejor a los mandatos de la norma; con lo que, en la medida en que la ley no contiene tampoco la fórmula precisa de cálculo a aplicar, las dudas acerca de las liquidaciones controvertidas seguirían persistiendo, pese al resultado de esa prueba. Dudas que habrán de ser disipadas, con ayuda de esa pericia, acudiendo a una interpretación más finalista, integradora y auténtica de la ley, que simplemente literal, que parece es lo que hace el Ayuntamiento de Madrid, (y seguramente la inmensa mayoría de los de España).
SEXTO.-Así, si nos atenemos a la literalidad del aportado 4 del art. 107 de la LHL cuando dice que: 'sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el porcentaje anual que determine cada Ayuntamiento, sin que aquel pueda exceder a los límites ...............', y aplicamos la fórmula del Ayuntamiento obtenemos un incremento de valor o base imponible, como revela la prueba pericial, que no es pasado sino futuro, con lo cual, está claro que esa manera (seguramente literal y simple) de interpretar la ley para llegar a determinar la base imponible, no se compadece bien con el resto del articulado de la ley, en especial con aquella previsión antes referida de los arts. 104 y 107, que supeditan el nacimiento del hecho imponible,al doble requisitode que los terrenosexperimenten, primero,un incremento de valor, y de que, después,tal incremento se ponga de manifiesto a lo largo de un períodode tenencia del bien, (que no puede ir más allá de los 20 años); con lo que, es evidente, que si el incremento que se ha de someter a tributación es el de los años de posesión o disfrute del bien, (y no el del futuro), la fórmula que se aplica por el Ayuntamiento para fijar la base, no puede considerarse ajustada a derecho.
Y como con la fórmula del Ayuntamiento, según afirma el perito, el incremento de valor no sería el del tiempo (pasado) de posesión, sino uno futuro, tal fórmula ha de descartarse, y con ello también las liquidaciones obtenidas, que habrán de ser anuladas.
Y si esa fórmula no se corresponde con la previsión legal se ha de tratar de ver, si en su lugar es posible buscar otra interpretación más acorde con la ley en su conjunto que grave esos incrementos de valor pasados, (y no uno futuro).
SEPTIMO.- En tal sentido, si tomamos en consideración que la preposición 'sobre' que utiliza la ley para llegar a fijar el incremento de valor, además de denotar o significar una idea de intensificación o exceso superior a la cosa que se toma como referencia, bien puede servir también para indicar idea de aproximación en una cantidad o un número, o como la parte más alta o superior dentro de una escala de valores, ningún inconveniente habría de existir para interpretar, que siendo el valor del terreno en el momento del devengo, (el de la transmisión), el último o final de una serie sucesiva de incrementos, y por lo tanto el más alto que ha alcanzado, la aplicación de los porcentajes a los que se refiere el apartado 4 del art. 107 nos ha de servir para conocer, mediante la fórmula más adecuada a este tipo de variación de valores, cuál ha sido el incremento, -teórico que no real-, habido durante el periodo de tiempo de posesión o tenencia del bien hasta llegar a alcanzar el valor asignado en el momento o año de la transmisión, aquel final correspondiente al del IBI.
Y esa fórmula matemática, como bien explica la recurrente en la demanda, y ha evidenciado la prueba pericial, -ha de ser la del descuento, y no la de la capitalización-, pues con ella se refleja el incremento de valor experimentado por el inmueble desde su adquisición hasta su transmisión, bien que tomando como referencia un valor final teórico o legal, al que aplicándole esa fórmula del descuento en función de los porcentajes de incremento o coeficientes de revalorización previstos en la ley (art. 107), se llega a conocer el valor teórico inicial, y después, por diferencia entre uno y otro, el experimentado durante ese periodo de tenencia, al que se le ha de aplicar el tipo de gravamen en los términos también previstos en la ley.
Puntualizar que, en relación con esta cuestión, y en el mismo sentido que aquí se está haciendo, se ha pronunciado también la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de la Comunidad Valencia en sentencia de 6 de mayo de 2015 , que se puede dar aquí por reproducida sin necesidad de acudir a su transcripción.
OCTAVO.-Por consiguiente, no cabe sino estimar este recurso, anular la resolución impugnada y con ello las liquidaciones de las que trae causa; y en su consecuencia, dando por buenos los cálculos presentados por la recurrente, que han sido ratificados por la prueba pericial, y sin necesidad de llevar a cabo otras nuevas (liquidaciones) disponer la devolución a la recurrente de la suma de 237.000,30 euros.
NOVENO.- Considerando que no concurre ni temeridad ni mala fe en los litigantes y por así facultárselo al Juzgador el art. 139 de la L.J.C.A ., y dado que estos casos pueden ofrecer, y están ofreciendo, dudas en derecho, no se hace expresa condena en las costas.
Que desestimando el recursocontencioso-administrativo deducido por la recurrente ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, SANTANDER LEASING S.A. representado y defendido por la Procuradora Dña. ANA ESPINOSA TROYANO, y defendida por la Letrada Dña. MARIA TERESA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, contra el TRIBUNAL ECONOMICO MUNICIPAL DE MADRID representada y asistida por el letrado de sus Servicios Jurídicos, debo anular y anulo, por contraria a derecho, la resolución impugnada, y en su consecuencia, dando por buenos los cálculos presentados por la recurrente, que han sido ratificados por la prueba pericial, y sin necesidad de llevar a cabo otras nuevas (liquidaciones) disponer la devolución a la recurrente de la suma de 237.000,30 euros; sin hacer expresa condena en las costas.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el término dequince díasdesde el siguiente a su notificación, previa la constitución de un depósito, por importe de50 euros, que es la cuantía que se señala en la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O.P.J ., conforme a la redacción introducida por la L.O. 1/2009 de tres de noviembre , que deberá consignarse en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este juzgado, 0030 2798 0000 00 0000 00, correspondiendo los dos últimos dígitos al año del procedimiento, y los cuatro anteriores al número del mismo. Hágase constar el código relativo al tipo de recurso.
Se hace saber a las partes que no se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido.
Están exentos de constituir el depósito referido el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos.
DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN.-La extiendo yo, la Secretaria Judicial para hacer constar que una vez firmada por S.Sª. la anterior sentencia, se une certificación literal de la misma a los autos de su razón, remitiendo las correspondientes notificaciones e incorporándose la original al Libro de Sentencias numeradas por orden correlativo a su fecha. Doy fe.

References: Resolución 
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