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Timestamp: 2020-01-21 19:54:03+00:00

Document:
iv) El laudo no declaró en juicio la legalidad o ilegalidad de un acto administrativo
3.2. Segunda causal
3.2.2. Consideraciones de la Sala
Señaló el impugnante que el laudo resulta nulo por falta de competencia del Tribunal para realizar un juicio de legalidad de un acto administrativo, juicio que consiste básicamente en el análisis que efectuó para determinar que la Resolución 463 de 2001 no había sido derogada por la Resolución 469 de 2002, sino que ella se encontraba vigente, lo que, en su criterio, equivale en el fondo a definir su legalidad, desde la óptica de establecer si riñe o no con la normatividad jurídica, labor para la cual no estaba habilitado según la jurisprudencia.
Sin embargo, este argumento no puede ser de recibo porque si bien es cierto que, y así lo ha señalado en otras oportunidades la Sección, no es posible que la justicia arbitral conociera y determinara la legalidad de actos administrativos generales y aquellos actos particulares contractuales que involucren el ejercicio de potestades exorbitantes, cuya competencia en cuanto a determinar su validez corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no lo es menos que el análisis realizado por los árbitros en el laudo arbitral para despachar, entre otros aspectos, la excepción formulada por la ahora impugnante relacionada con la derogatoria de la Resolución CRT 463 de 2001, no corresponde a los eventos censurados por la jurisprudencia, sino que se refiere al ejercicio hermenéutico propio de cualquier fallador, inclusive de los árbitros, para resolver el asunto que se les somete a su consideración por voluntad de las partes de un litigio.
En efecto, en el laudo arbitral del sub examen, los árbitros manifestaron, entre otros aspectos, que no era de recibo la excepción de derogatoria de la Resolución CRT 463 de 2001, por cuanto la misma ETB en los alegatos de conclusión se fundamentó en su existencia y en las comunicaciones que dirigió a otras operadoras se acogió a ella y, por ende, se había beneficiado de sus efectos económicos, por lo que no le era dable con fundamento en el principio de la buena fe, venir contra sus propios actos; igualmente, mencionó que la Resolución 469 de 2002 no derogó el contenido de la 463 de 2001, según la secuencia de normas del régimen de interconexión, las circunstancias en que fueron expedidas y los antecedentes previos, así como de acuerdo con la explicación que había realizado la autoridad que lo expidió, esto es, la CRT, en la Circular 40 [de 2002].
De otra parte, cabe precisar que en el contencioso administrativo la validez del acto administrativo consiste en su ajuste y concordancia con las normas superiores, porque no infringe los preceptos jurídicos en los que debía fundarse, fue expedido con competencia, en forma regular, con respeto del derecho de audiencias o defensa, sin falsa motivación y sin desviación de las atribuciones propias de quien lo expidió (art. 84 C.C.A); al paso que la ejecutividad del acto hace referencia a su obligatoriedad, esto es, a la plena producción de los efectos jurídicos que se predican de él, estando en firme y siendo válido, y sin que haya perdido esa fuerza ejecutoria por la ocurrencia de los eventos previstos en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, entre ellos el de la pérdida de vigencia por su derogatoria.
La vigencia de una norma, incluyendo dentro de esta categoría los actos administrativos generales, es entendida como la época en que ésta comienza a regir, estos es, a producir efectos jurídicos y su prolongación o proyección con esta propiedad en el tiempo, con el fin de regular con carácter vinculante y coercitivo las situaciones fácticas que ella contempla y otorgar las consecuencias jurídicas que la misma establece para los supuestos por los cuales fue expedida, obligatoriedad que se pierde entre otros eventos jurídicos por su derogatoria.
En este sentido, se advierte que el tribunal de arbitramento no se pronunció sobre la validez del acto administrativo que indica el recurrente, esto es, acerca de la ilegalidad o ajuste a la ley de la Resolución 463 de 2001, ni hizo alusión de que presentara algún vicio que lo afectara por infringir normas superiores, o que haya sido expedido por funcionario incompetente, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia o defensa, o mediante falsa motivación o con desviación de poder, es decir, no cuestionó la presunción de legalidad o validez que acompaña al acto administrativo, tan sólo verificó -que no declaró- que dicho acto se encontraba vigente porque no había sido derogado.
Por lo tanto, el tribunal abordó el aspecto relacionado con la fuerza ejecutoria, vigor u observancia del acto administrativo y no el de su validez, en tanto la derogatoria, que fue el evento analizado, produce la falta de ejecutoria del mismo por pérdida de su vigencia, pero no es una causal de ilegalidad y, por ende, que afecte su validez, pues, incluso, aunque válido, lo que cesa es su obligatoriedad a partir del momento en que se presenta su abolición del ordenamiento jurídico mediante la expedición de otro acto por la autoridad que lo profirió (efectos ex nunc “desde ahora”), a diferencia de lo que se presenta cuando se declara su nulidad por ilegalidad, en cuyo caso el retiro o aniquilación del mismo se remonta al tiempo en que se expidió, como si jamás hubiese sido proferido (efectos ex tunc o “desde entonces”).
En consecuencia, la Sala estima que el tribunal no realizó un juicio de legalidad en el sentido indicado y con exceso de las competencias que la Constitución y la Ley le imponen, por lo que se advierte que los argumentos relativos a la falta de competencia por involucrar asuntos intransigibles tampoco tiene la virtualidad de configurar la causal de anulación del recurso haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a decisión o haberse concedido más de lo pedido de que trata el numeral 8 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998.
Alega el impugnante que se concedió más de lo pedido, por cuanto en la demanda se solicitó una condena liquidada con base en minutos redondeados (pretensión 1ª y hechos 35 y 38) y en el numeral tercero de la parte resolutiva del laudo, se impuso una condena liquidada teniendo en cuenta una tarifa de minutos redondeados aplicada a minutos reales.
Sin embargo, la Sala advierte que, entendida la causal de acuerdo con los parámetros arriba explicados, no se configura la misma, pues de las pretensiones de la demanda transcritas al comienzo de esta providencia, frente a lo resuelto, no se vislumbra un pronunciamiento incongruente, en la medida en que se solicitó declarar que la ETB S.A. ESP., estaba obligada a pagar a COMCEL S.A., por concepto de CARGO DE ACCESO, los valores establecidos bajo la Opción 1: “Cargos de acceso por Minuto” previstos en las Resoluciones CRT 463 de 2001 y CRT 489 de 2002, así como condenarla como consecuencia de ello, y eso fue lo que se sentenció por el tribunal, luego de surtido el trámite arbitral.
Para la Sala este cargo tampoco puede prosperar fundamentalmente porque se trata de un ataque de mérito o de fondo al laudo y no sobre la actividad in procedendo de los árbitros, motivo por el cual no puede ser de recibo para quebrar la validez del laudo en estudio, por cuanto esta Corporación no se encuentra autorizada por la ley para entrar a analizar si las consideraciones de los árbitros cayeron o no en error jurídico o vicio in iudicando o valoraron inadecuadamente el acervo probatorio cuando decidieron sobre las materias que le fueron sometidas en el pacto arbitral y la convocatoria al proceso, toda vez que este asunto se encuentra por fuera del análisis del recurso extraordinario de anulación de laudos, según se explicó a propósito de las generalidades del mismo al comienzo de esta providencia.
En efecto, llama la atención de la Sala que para sustentar este cargo el recurrente realiza, por vía de ejemplo, las siguientes críticas al análisis jurídico y probatorio efectuado por los árbitros para apartarse de la liquidación de la condena realizada por los mismos:
“El Tribunal en la parte motiva del auto, al examinar las actas técnicas de conciliación de minutos concluyó…
“En otras palabras, sin ningún otro cálculo, el tribunal concluyó que la ETB venía liquidando minutos reales y no redondeados, y con base en esa interpretación de las actas, condenó a una liquidación de minutos reales, cuando lo que se estaba solicitando eran redondeados…
“A pesar de tan clara diferencia entre uno y otro minuto, el Tribunal hizo caso omiso y con base en las actas a las que se hizo referencia y a un error de apreciación del perito, concluyó que los valores de cargo de acceso de la Opción 1, previstos para los minutos redondeados, eran igualmente aplicables a los reales…
“Tal error del Tribunal está atado al que se presentó en el dictamen pericial rendido por JORGE TORRES LOZANO, quien concluyó erradamente que los minutos a los que se refería el artículo 4.2.2.19 de la resolución 087/97, adicionado en la resolución 463 de 2001, eran reales, cuando en verdad son redondeados, como lo confesó el propio convocante.
“El yerro en que incurrió el perito fue denunciado ante el tribunal mediante el mecanismo de la objeción de error grave, el cual fue desestimado en la audiencia de 4 de septiembre de 2006, acta No. 19, porque se consideró que tal “debate está inscrito dentro del marco de la interpretación exegética de una norma jurídica, asunto que no plantea, desde un punto de vista fenomenológico, la existencia de un error y mucho menos de grave, aunque se esté discutiendo un elemento de valoración probatoria.
“Con base en esa apreciación el Tribunal ni siquiera tramitó la objeción por error grave, porque tratándose de un tema de valoración probatoria, prácticamente anunció que lo iba a tratar en el laudo (….).
“Al encontrarse probada esta causal el H. Consejo de Estado debería corregir el laudo, pera que se profiera decisión con base en los minutos redondeados (…), empero, tal solución no es posible, dado que en el proceso no se probó la liquidación de los minutos redondeados, sino los reales, por la tozuda postura del perito y de los árbitros que consintieron y perpetuaron el yerro. En otros términos, no existiendo prueba en el plenario de la liquidación de minutos redondeados, ni siendo legalmente posible que en el trámite del recurso de anulación se decreten pruebas adicionales, al prosperar la causal el Consejo deberá corregir el laudo en el sentido de que no puede imponer condena alguna, porque no se probaron los supuestos fácticos de la misma…”.
En las anteriores condiciones, se confirma que los argumentos formulados en este cargo por el recurrente se estructuran sobre presuntos vicios in iudicando y no in procedendo, toda vez que el estudio de los mismos implicaría que la Sala se adentrara al análisis de fondo de las normas jurídicas sustanciales que hicieron obrar y gobernar en la litis desatada por los árbitros, así como del expediente y de su acervo probatorio, lo cual está vedado en sede del recurso extraordinario de anulación de laudos.
En efecto, salta a la vista que el cargo está estructurado sobre la premisa equivocada de controvertir el valor probatorio que le otorgó el Tribunal de Arbitramento al experticio rendido en el proceso y a las actas técnicas de conciliación de los minutos, y a la interpretación que realizó del contrato y a las normas que establecían la Opción 1 de los valores de los cargos de acceso, con el fin de obtener un nuevo análisis al respecto y llegar a las particulares conclusiones en torno a la condena y a la exoneración de la misma, lo cual desconoce que en esta sede extraordinaria no es posible separarse de los hechos que estimó probados el juez arbitral y que las censuras están limitadas a errores in procedendo, sin que, se reitera, esta Sala tenga competencia para revisar las cuestiones de fondo o mérito que se expresen en el laudo por los árbitros.
Se insiste éste no es un medio que permita la apertura de una instancia adicional, en la que se actúe como superior jerárquico del tribunal arbitral, para entrar a examinar de fondo el asunto en cuanto a los hechos que fueron materia de decisión o sobre el valor que se le otorgó a cada una de las pruebas o inferencias que en derecho éste aplicó, materia ésta que, precisamente, es de la competencia de los mismos por expresa voluntad de las partes.
Por consiguiente, es claro que el cargo resulta inadmisible de acuerdo con los alcances y la naturaleza del recurso de anulación de laudo arbitral y desatiende la técnica para su interposición, razón por la cual no prospera.
En este orden de ideas, la Sala estima que ninguno de los cargos expuestos por el impugnante configura la causal de anulación de laudo arbitral prevista en el No. 8 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998.
3.2. Segunda causal: “…Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposiciones contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente ante el tri
bunal de arbitramento…”(Numeral 7 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998).
3.2.1. Sustentación del recurso
En forma similar a lo expuesto en el cargo anterior, asegura el recurrente que entre el numeral 2 de la parte resolutiva del laudo y el numeral 3 del mismo existe una contradicción, toda vez que, mientras en el numeral 2 la ETB está obligada a pagar a COMCEL por concepto de CARGO DE ACCESO los valores establecidos bajo la Opción 1: cargos de acceso por minuto, previstos en las resoluciones CRT 463 de 2001 y CRT 489 de 2002, en la resolución del numeral 3 no se impuso una condena liquidada atendiendo el criterio o parámetro definido en el precedente, sino con base en una tarifa de minutos reales, circunstancia ésta que fue alegada al solicitar la aclaración del laudo pero que el tribunal se negó a aclarar.
Afirmó que el tribunal acogió el dictamen pericial con dicho error, para tomar en la parte motiva del laudo -y aunque no lo precisa- como base del capital de la condena la misma cifra que se señaló en el experticio, liquidada con una tarifa de minuto redondeado pero aplicada a minutos reales, la cual actualizó para condenar en el numeral 3 de la parte resolutiva, cuando lo cierto es que no existe prueba en el expediente que permita adoptar una liquidación del concepto al que fue condenada la ETB.
En consecuencia, consideró que al declararse probada esta causal y corregir el laudo no se podrá imponer suma alguna a cargo de la ETB por no estar probada la cuantía que se estaba solicitando, razón por la cual solicita dejar sin efecto el numeral 3 de la parte resolutiva y exonerarla del pago de cualquier suma por concepto de condena económica a cargo de la misma.
3.2.2.1. La esencia de la causal contemplada en el numeral 7º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998 (numeral 7º artículo 163 del Decreto 1818 de 1998), por cuya inteligencia se encuentra viciado el laudo cuando en su parte resolutiva contiene errores aritméticos o disposiciones contradictorias, de semejante linaje a la establecida para el recurso extraordinario de casación (artículo 366 No. 3 del C. de P. Civi) y equivalente a la tercera que establecía el artículo 72 de la Ley 80 de 1993 -original-24, se ilustra en el siguiente fallo de la Sala:
“Dicha causal tiene lugar, ha dicho la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, cuando no sólo aparezca en la parte resolutiva de la sentencia sino que además ‘la contradicción reinante en dicho acápite, haga imposible la ejecución simultánea o concomitante de sus disposiciones, como cuando “una afirma y otra niega, o si una decreta la resolución del contrato y otra su cumplimiento, o una ordena la reivindicación y la otra reconoce la prescripción adquisitiva, o una reconoce la obligación y la otra el pago’25.
`En el caso en que la sentencia de apelación “contenga disposiciones contradictorias” (art. 517, n. 7, CPC), la misma, que, sin embargo, ha alcanzado la categoría de cosa juzgada en sentido formal, no tiene aptitud para llevar la certeza sobre la relación sustancial controvertida (cosa juzgada en sentido sustancial), ya que si la parte dispositiva contiene pronunciamientos que están en contradicción, de modo que el uno no puede ser ejecutado sin que el otro se convierta en inejecutable, se puede decir que los mismos se neutralizan y se eliminan recíprocamente, de la misma manera que algebráicamente la suma de dos cantidades iguales, la una positiva y la otra negativa, equivale a cero´26
“El fundamento de esta causal de anulación del laudo deriva de las soluciones contradictorias u oscuras, las que precisamente por su falta de claridad y de lógica constituyen obstáculo insalvable para concretar en su sentido sustancial o material, los efectos de la cosa juzgada. Dicho de otra manera
“el vicio lógico se ha manifestado aquí en la volición, en cuanto el juez, al mismo tiempo, ha establecido la certeza de la existencia de varias voluntades concretas de ley que recíprocamente se anulan en la práctica. Considerado en su origen, el motivo contemplado en el num. 7 del art. 517 CPC, es pues, un verdadero y propio error in iudicando; pero puesto que su existencia produce no solamente un fallo injusto, sino un fallo prácticamente inactuable, este vicio puede ser considerado también como un error in procedendo, que vicia la sentencia como “providencia” del mismo modo que la absoluta falta de parte dispositiva la vicia como “acto escrito”27». 28 -Subraya la Sala-.
De otra parte, la Sala también ha recalcado que en tratándose de esta causal debe cumplirse con el requisito de procedibilidad en ella contemplado, toda vez que “…cuando la norma alude a la reclamación oportuna de tales irregularidades ante el Tribunal de Arbitramento, debe entenderse que aquella reclamación debe efectuarse dentro de los cinco días siguientes a la expedición del laudo arbitral, contemplados en el artículo 36 del decreto ley 2.279 de 1989, días en los cuales se puede pedir la aclaración, la corrección y/o la complementación del mismo laudo…”29; y que la contradicción del laudo para que sea anulable, debe buscarse entre las disposiciones contenidas en la parte resolutiva y no entre ésta y la motiva o solo en esta última, salvo en condiciones muy particulares en que se torna imposible prescindir de la parte motiva.30
Además ha subrayado la Sección que la circunstancia de que los árbitros hubiesen valorado en forma contradictoria o no los medios de prueba obrantes en el proceso, no configura esta causal31, ni autoriza revisar el laudo para controvertir su parte motiva, bajo el expediente de que inciden en la parte resolutiva del laudo. 32
En resumen, se configura la causal siempre que habiéndose alegado oportunamente al Tribunal y éste no acceda a su corrección, no sea posible ejecutar la providencia total o parcialmente, porque lo decidido en su parte resolutiva en una o varios de los dictados de ésta se excluyen y oponen entre sí, de tal manera que lo fallado en una parte de pretender cumplirse simultáneamente veda o aniquila otra.
De acuerdo con lo anterior, la procedencia de la causal del numeral 7º artículo 38 del Decreto ley 2279 de 1989, en cuanto a su último supuesto está condicionada33: i) a que se hayan alegado oportunamente ante el tribunal de arbitramento ii) a que las contradicciones que se alegan estén presentes en la parte resolutiva del laudo; y iii) a que determinen la imposibilidad de ejecutar sustancialmente la decisión contenida en la parte resolutiva, como cuando “…una afirma y otra niega, o si una decreta la resolución del contrato y otra su cumplimiento, o una ordena la reivindicación y la otra reconoce la prescripción adquisitiva, o una reconoce la obligación y la otra el pago...”34.
3.2.2.2 En el caso concreto, la censura del recurrente consiste en que el laudo contiene errores aritméticos o disposiciones contradictorias entre sí, por las mismas razones expuestas en el cargo estudiado en precedencia, es decir, porque asegura que entre el numeral 2 de la parte resolutiva del laudo y el numeral 3 del mismo existe una contradicción, toda vez que, mientras en el numeral 2 la ETB está obligada a pagar a COMCEL por concepto de CARGO DE ACCESO los valores establecidos bajo la Opción 1: cargos de acceso por minuto, previstos en las resoluciones CRT 463 de 2001 y CRT 489 de 2002, en la resolución del numeral 3 no se impuso una condena liquidada atendiendo el criterio o parámetro definido en el precedente, sino con base en una tarifa de minutos reales, circunstancia ésta que fue alegada al solicitar la aclaración del laudo pero que el tribunal se negó a aclarar.
El presente cargo no tiene vocación para prosperar porque:
i) Vistos los antecedentes del trámite arbitral, se observa que no se cumplió con el requisito de procedibilidad de la causal consagrada en el numeral 7º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, en el que se establece que las disposiciones contradictorias deben ser alegadas oportunamente ante el Tribunal de Arbitramento. En efecto, en el presente asunto, dentro de las aclaraciones que fueron solicitadas al laudo arbitral no se realizó una petición expresa en el sentido invocado en el cargo, es decir, que existía una contradicción entre los numerales 2 y 3 de la parte resolutiva del laudo arbitral. Y ante la nitidez del requisito contemplado en la citada norma procesal, no puede ser de recibo, como lo sustenta la impugnante, que dicha petición la realizó cuando en el escrito de aclaraciones solicitó al tribunal que definiera si las tarifas máximas fijadas por la Resolución CRT 463 en la Opción No. 1 corresponden a minuto real o a minuto redondeado (fls. 154 y ss. cd. Ppal.), como tampoco aceptarse que ella puede hacerse durante el trámite del recurso de anulación.
ii) Pero aún, si en gracia de discusión se considerara que las disposiciones contradictorias fueron alegadas oportunamente al Tribunal del Arbitramento, comoquiera que el cargo se sustenta en los mismos argumentos a los analizados en precedencia, esto es, referidos a la valoración del acervo probatorio (dictamen pericial, etc.), tenido en cuenta por los árbitros para liquidar la condena, es forzoso concluir que no tienen la virtualidad de configurar esta causal, pues, como se ha recalcado en esta providencia, la circunstancia de que los árbitros hubiesen valorado en forma contradictoria o no los medios de prueba obrantes en el proceso, no lleva a inferir la ocurrencia de esta causal, dado que no está prevista para errores in iudicando por vía indirecta, esto es, cuando la infracción de la ley proviene de la apreciación errónea o de la falta de apreciación de determinada prueba, como tampoco su invocación permite realizar una revisión del laudo con base en una inconformidad con su contenido respecto del derecho sustancial, ni controvertirse las argumentaciones jurídicas de la parte motiva so pretexto de que inciden en la parte resolutiva del laudo, porque el sentido del recurso es revisar errores in procedendo o de actividad.
iii) Por último, tampoco existen los presupuestos para la configuración de la causal, esto es, que las contradicciones estén en la parte resolutiva del laudo y sean imposibles de ejecutar, en tanto no se observa que exista una contradicción entre los numerales 2 y 3, pues en el primero se declara una obligación de pago a cargo de la ETB (deuda por valores de acceso) y en el segundo se impone una condena de acuerdo con lo que encontró probado el tribunal por dicho concepto, sin que el pronunciamiento contemplado en uno sea incompatible o excluyente con la del otro de manera que haga nugatoria su ejecución simultánea o concomitante.
Por lo expuesto, este cargo no resulta de recibo.
En las anteriores condiciones se impone concluir que el recurso extraordinario de anulación interpuesto, carece de prosperidad, por cuanto no se probó alguna de las causales invocadas. En consecuencia, la parte recurrente será condenada en costas, de conformidad con lo ordenado en el inciso tercero del artículo 165 del Decreto 1818 de 1998.
Finalmente, se advierte que el Despacho conductor del trámite del recurso, profirió el 3 de agosto de 2007, un auto mediante el cual se había declarado la nulidad de lo actuado por falta de jurisdicción, el cual impugnado a través de los recursos ordinarios de súplica presentados por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. y la sociedad COMCEL S.A., fue resuelto en Auto de 12 de diciembre de 200735, revocando la decisión. Empero, se observa que para la fecha en que se adoptó la decisión revocada, la parte recurrente había solicitado en memorial de fecha 25 de junio de 2007 (fls. 345 a 346 cd. ppal), el cual reitera en escrito de 15 de febrero de 2008, suspender la ejecutoria del laudo arbitral impugnado sin el requisito de prestar caución, en el caso de que resultara necesario por no entenderse que opera sin que se requiera de pronunciamiento por tratarse de una entidad pública, en los términos del inciso segundo del artículo 331 del C. de P. Civil, medida que se considera que carece de objeto al ser resuelto en esta providencia el recurso de anulación impetrado, por cuanto no resulta necesaria su adopción, pues ella procede mientras se surte el recurso de anulación de laudo arbitral, situación procesal que con el presente pronunciamiento ya no existe, de manera que, por esta sola circunstancia, será negada.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 66
 Resolución 
 artículo 163
 artículo 4
 resolución 
 resolución 
 artículo 163
 artículo 163
 resolución 
 artículo 163
 artículo 163
 artículo 72
 resolución 
 artículo 36
 artículo 38
 resolución 
 resolución 
 artículo 163
 Resolución 
 artículo 165
 artículo 331