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Timestamp: 2017-11-24 20:29:22+00:00

Document:
legado6-3
Noviembre 2006 No. 6
Las audiencias públicas en torno
al Apartado “C” del rector Soberón
Miguel Sánchez Mayén*
Con motivo de un anteproyecto de adiciones al Artículo 123 de la Constitución, presentado al Presidente de la República a iniciativa del doctor Guillermo Soberón Acevedo, entonces Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el “objeto de regular las relaciones entre las universidades del sector público y su personal administrativo y docente”, se promovieron audiencias públicas, según se dijo para “escuchar distintos puntos de vista”.
Soberón, antes de haberse establecido dichas audiencias públicas, había dicho que “puse en manos del señor Presidente de la República, un proyecto de adiciones a la Constitución Política ”. Y para apoyar su proyecto, tergiversando a los actores sociales que estaban en la discusión y sobre los cuales pendía la norma que propios y extraños calificaban de antilaboral y anticonstitucional, esto es, a las organizaciones sindicales de la UNAM, el STEUNAM y EL SPAUNAM, y de otras universidades e institutos de enseñanza e investigación superior del país, sostenía demagógicamente la idea de que “no habrá trabajador universitario que pueda sentirse seguro de sus legítimos derechos si no hay universidades seguras de los suyos propios. Se trata de derechos compatibles”.
E inmediatamente y a manera de conclusión arguyó que se trata de “construir un orden jurídico que posibilite el mejor trabajo universitario, es una responsabilidad colectiva y es preciso encararla”.
La pretensión del Rector era el agregar un Apartado “C” al artículo 123 constitucional. Las llamadas audiencias fueron cubiertas con intervenciones de laboralistas, de representantes sindicales y autoridades universitarias, y se llevaron a cabo durante el noveno y décimo mes de 1976 ante el titular de la Secretaría de Gobernación, licenciado Mario Moya Palencia, y el Procurador de la República, Pedro Ojeda Paullada.
Con el fin de presentar una visión amplia sobre el qué se estaba discutiendo y los puntos nodales sobre lo que versaban las distintas y diversas intervenciones de los oradores, resulta entresacar las principales ideas y conceptos esgrimidos por representantes sindicales y aquellos laboristas que coincidían con la parte sindical. Iremos mostrando las opiniones de los participantes sin responder a ningún criterio en cuanto al orden o jerarquía.
Primeramente, en su turno, Evaristo Pérez Arreola, entonces Secretario General del STEUNAM, externó que asistía a dichas audiencias con el mandato del Consejo General de Representantes (CGR) del sindicato, para expresar la posición de la organización sindical, ya que era necesario enfrentar los “intentos por reducir a los trabajadores universitarios a la condición de no tener ningún derecho y sin esperanza”.
En breve recuento expuso los vaivenes de la lucha de este sector; primero, dijo, se intentó impedir la constitución de sindicatos y después de desconocerlos o negarles el carácter de organización para la defensa de los trabajadores.
Mencionó también que con el intentó de legislar las relaciones laborales hasta el rango constitucional lo que se pretendía es perpetrar un verdadero atropello a los derechos laborales universitarios y a la misma autonomía universitaria.
Pérez Arreola tildo a las audiencias de ser no más que un simulacro, cuyo propósito era encubrir la promulgación de una legislación antilaboral y antiuniversitaria, misna que era “rechazada de antemano”. Sin embargo, a pesar de anticipar ese carácter intervenía para exponer la alternativa del sindicato, la cual, subrayó, sería respaldada por la movilización de los universitarios democráticos.
Señaló que la crisis universitaria respondía como una de sus causas principales a la intromisión del Estado en la vida de los centros de estudios, así como a la antidemocracia que prevalecía en la vida universitaria por la predominio de la burocracia.
Subrayó, frente a lo anterior, que el sindicalismo universitario significaba la organización de la parte más permanente de la Universidad.
Calificó a la propuesta de Soberón Acevedo como la pretensión de una legislación laboral reaccionaria, ya que intentaba “someter a los trabajadores universitarios a un régimen que los excluya del derecho laboral reconocido en México”.
Abundó en el sentido de que la presunta “Ley Soberón” implicaba negar el derecho a la contratación colectiva, sustituyéndolo por el de petición; pretendía eliminar el derecho de huelga, reduciéndolo al caso de que se violaran en forma “sistemática, general y reiterada las condiciones laborales”; Impedía que administrativos y académicos se unificaran en organizaciones comunes; confundía en forma arbitraria las cuestiones de tipo laboral con las académicas, con la finalidad de negar los derechos de los académicos, y, por último, pretendía reconocer como sindicato a cualquier grupo, a pesar de sus más diversos y disímiles propósitos.
Pérez Arreola observó que el argumento principal del Rector en torno a por qué los trabajadores universitarios no tienen los derechos de la Ley Federal del Trabajo (Ley reglamentaria del Apartado “A”, del artículo 123 de la Constitución), era porque, según expresión de entonces, “las universidades no organizan los factores de la producción –capital y trabajo- en la finalidad de algún propósito lucrativo, no persiguen ningún provecho económico”. A lo anterior, contraponía puntualmente lo que a la letra dice la Constitución y la misma LFT en donde quedaban irremisiblemente contemplados los derechos laborales de los universitarios; en consecuencia, sostenía que Soberón pretendía hacer de la Constitución un ordenamiento reglamentario y no su función real de Ley fundamental.
Pérez Arreola enfatizó que “no era necesaria ninguna reforma o adición al texto Constitucional”, sino, por el contrario, bastaría únicamente con introducir una reforma a la LFT en donde se estableciera que el trabajo universitario podría colocarse en los considerandos de “trabajos especiales”.
Pérez Arreola argumentó que lo principal era resolver si los sindicatos universitarios deberían registrarse en la Secretaría del Trabajo y si las Juntas de Conciliación y Arbitraje podían atender los conflictos laborales. Según EPA, para salvar la autonomía universitaria las organizaciones de los trabajadores universitarios deberían acreditarse ante las propias autoridades universitarias y que, “si las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje intervenían en los problemas laborales colectivos universitarios, harían intervenir al Gobierno y a los representantes de los patrones que toman parte de dichas Juntas”.
Otro problema era la intervención de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los asuntos de carácter individual, lo cual se haría después de agotarse las instancias que ya funcionaban en muchas universidades en forma de comisiones mixtas de conciliación.
Insistía EPA en que el objetivo de introducir una reforma en la LFT tenía como objetivo reglamentar en forma precisa las relaciones laborales entre las universidades y sus trabajadores, pero sin atropellar los derechos de estos últimos o afectar la autonomía de aquélla.
En cuanto al proyecto soberonista, EPA dijo que también sería un error pretender que la reglamentación incluyera aspectos sobre los cuales sólo podría resolverse a partir de un examen de la naturaleza del trabajo académico, y además el “pretender introducir en la Constitución problemas tales como la selección y promoción de los profesores e investigadores, y la ‘definitividad' constituiría un absurdo”.
Remarcaba: “nuestra propuesta de reforma a la LFT abarca sólo los aspectos que pueden establecerse legalmente, pero no se entromete en aquellas cuestiones que deben ser el contenido de los convenios colectivos del trabajo”.
Como colofón de su intervención, aseveró: “elevamos ante el Presidente de la República nuestro rechazo a una adición al artículo 123 Constitucional y la proposición de que la LFT sea enriquecida en su Título 6º con lo que sería el capítulo 16º. En él proponemos se regule el derecho de organización sindical, única o plural; adelantamos una modalidad sobre los procedimientos típicos de registro y de contratación; así como una reglamentación del derecho de huelga y algunas disposiciones generales sobre el ingreso y la expulsión”.
A renglón seguido dio lectura a la propuesta del STEUNAM, “como alternativa”, según había adelantado al inicio de su exposición.
En su disertación, acentuó el hecho de que en ese momento el STEUNAM representaba a 14 mil trabajadores. Además de que no fue sino hasta 1972-73 cuando se logró un Convenio Colectivo de Trabajo, ya que antes sólo se tenía un Estatuto (acordado por el Consejo Universitario el 20 de diciembre de 1965), de carácter especial y que en la práctica no se cumplía por las autoridades universitarias; asimismo, subrayó que hacia 1974 y 1975 la mayoría de los trabajadores universitarios no contaban con un régimen de seguridad social e inclusive este sector en el país no ganaban ni el salario mínimo.
Por su parte, Eliezer Morales Aragón, Secretario General del Sindicato del Personal Académico de la UNAM (SPAUNAM) , sostuvo que existían “muchos problemas en la educación superior”, y ellos no habían sido ocasionados por los trabajadores o sus organizaciones sociales. De ahí que insistiera en que además de las laborales deberían discutirse cuestiones como el rol de las burocracias universitarias.
Para él, los problemas se derivaban de las relaciones entre el Estado y las universidades; también el de la autonomía y con ello el de las insuficiencias económicas que padecen los institutos de enseñanza superior.
Refirió que durante el proceso de la huelga del SPAUNAM, estallada el 16 de junio de 1975, el entonces supuesto defensor de los derechos de los sindicalistas universitarios, el licenciado Jorge Carpizo sostenía que los académicos no eran trabajadores. Asimismo, anotó que todos los sindicatos universitarios habían tenido que remar contra corriente, como también para organizarse habían “impuesto un conjunto de situaciones de hecho” las cuales, según su criterio, estaban ampliamente corroboradas y aseguradas por la letra y el espíritu de la Constitución de la República.
Anotaba que como parte primera interesada rechazaban el proyecto de Soberón, pues no incorporaba las realidades que normaban la actuación de los grupos sociales dentro de la UNAM, y menos aun la realidad de otras universidades y mucho menos establecía bases para un desarrollo sano que evitara conflictos. Argüía que los conflictos no se evitaban con medidas legislativas, sino abarcando las realidades en toda su complejidad dialéctica.
Adelantó el hecho de que los órganos competentes de la organización sindical estaban en esos momentos discutiendo los detalles que permitirían presentar una respuesta suficientemente madura, en otras palabras, una vía que resolviera las relaciones laborales dentro de un conjunto de relaciones de diversa naturaleza. Buscaban una alternativa viable y que no se limitara únicamente a los problemas laborales, sino también a otras situaciones que tenían que ver con el sindicalismo.
Por otra parte, el doctor en Derecho Laboral y profesor de la UNAM Néstor de Buen Lozano, al comenzar su alocución asentó que había solicitado hablar porque sentía que estaban “en juego aspectos tan delicados de naturaleza técnico-jurídica y, sobre todas las cosas, de orden social”. Asimismo, que lo hacia a sabiendas de que remaría “en contra de una creciente de simpatía aparente hacia el Proyecto de la Rectoría”.
Subrayó que no estaba de acuerdo, en absoluto, con la propuesta del doctor Guillermo Soberón, con quien no compartía su decisión de plantear, a nivel constitucional, un régimen de excepción, injusto e innecesario, en perjuicio de los trabajadores administrativos, técnicos y académicos.
Al Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, le pedía que fuera el conducto para que Presidente de la República no recogiera ni hiciera suya la petición del doctor Soberón.
El doctor Néstor de Buen sostenía que el problema que planteaba el Proyecto de Soberón partía de un supuesto que se plasmaba en las consideraciones preliminares, en donde se asentaba “que la relación laboral universitaria no encuadra en forma completa ni en el Apartado A ni en el Apartado B del artículo 123 constitucional… porque las universidades no organizan los factores de la producción –capital y trabajo- en la finalidad de algún propósito lucrativo, ni persigue ningún provecho económico”.
Ante lo cual De Buen argumentaba: “es falsa la conclusión y ello deriva de la falsedad de la premisa”. Olvida Soberón, decía De Buen, que el proemio del artículo 123 de la Constitución en el encabezado del Apartado A “ordena que el Congreso de la Unión expida leyes sobre el trabajo que regirán entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y, de manera general, todo contrato de trabajo”.
Bajo el tamiz constitucional en que basaba su argumentación, sostenía que dicho proyecto no respondía a los fines de una norma constitucional. Que era un apéndice en contrario del Apartado A, por cuanto limitaba los principios esenciales del derecho colectivo y de la estabilidad en el empleo.
Al hablar sobre lo que implicaba una norma constitucional, De Buen recurría a la idea de Carl Schmitt, quien aseveraba que ésta atendía “la concreta situación de conjunto de la unidad política y ordenación social de un cierto Estado”. También se apoyaba en Gustavo Radbruch, quien sostiene que “es principio esencial de la generalidad como atributo fundamental de la ley y vehículo de la justicia”. De ahí que concluyera De Buen que “la Constitución no puede ser un mosaico de reglas y sus excepciones”; esto es, “sólo puede fundarse en normas generales”.
Para mayor abundamiento afirmaba: “La Constitución podrá admitir regímenes de excepción en cuanto a la estructura federal que atribuye facultades expresas a los Poderes Federales con merma de los que pueden ejercer los gobiernos de los Estados. Pero en modo alguno es admisible la excepción con respecto a las garantías individuales, y mucho menos con relación a las garantías sociales”.
Entonces decía que la UNAM, “lo quieran o no reconocer, es un instituto patronal, tal como inequívocamente se desprende de lo dispuesto en el artículo 8º. de la LFT y por ello no puede ni debe aspirar a un régimen de excepción en sus relaciones sociales”.
“La conclusión -dice- es que el Proyecto a debate resulta contrario a la estructura de la norma constitucional porque rompe con los principios esenciales de justicia y de unidad.”
Sobre el particular, remarcaba que “una Constitución no puede atender a los intereses o condiciones particulares de los grupos. Que ha de estar dirigida a la solución integral de los problemas nacionales y que en modo alguno puede ser preocupación de nivel constitucional el resolver las cuestiones de determinados mexicanos, de determinados campesinos, de determinados trabajadores. Ya es discutible la procedencia del Apartado B del artículo 123, aun cuando su origen supuso un beneficio social indiscutible, que se atribuyo a los trabajadores al servicio del Estado que se encontraban excluidos de la protección constitucional”.
Prosiguió en la idea de que el proyecto intentaba “crear para las universidades públicas pero autónomas, un régimen de excepción”. Además, apuntaba que en la categoría de dicho proyecto se encontraban solamente unas cuantas universidades, además de la Nacional Autónoma de México, quedando fuera todas las universidades públicas y privadas, además de que “la educación superior no se cumple sólo en las Universidades”.
Enfatizaba: “Afirmamos que la problemática de las relaciones laborales universitarias no puede merecer el tratamiento diferencial que se propone”.
En el proyecto del Rector se establecía el derecho de los trabajadores administrativos y académicos de las universidades autónomas para constituir sindicatos, a lo cual Néstor de Buen replicaba que “no haría falta decirlo, pues ya está previsto en la fracción XVI del Apartado A del artículo 123” . En segundo lugar, indicaba que “se limita la actividad sindical en términos tales que no podrá invalidar la libertad de cátedra e investigación o los fines universitarios”.
Ante la sugerencia de la división entre los sindicatos que agruparan al personal administrativo y los sindicatos de personal académico, según la iniciativa de la Rectoría, adujo que esa división rompería con la clasificación tradicional de los sindicatos, desconociendo la existencia de los sindicatos de empresa, aunque podría tener cierto valor a la vista de la existencia de los sindicatos gremiales, concluye De Buen.
En cuanto al apartado III del proyecto de Rectoría, éste proponía la derogación del principio constitucional de la estabilidad en el empleo; lo cual resultaba por completo absurdo encuadrarlo en una disposición constitucional.
En cuanto a la celebración de convenios colectivos, dicho proyecto proponía al derecho burocrático, esto es, “a la violación sistemática, general y reiterada de las condiciones laborales”, lo cual era un redescubrimiento del contrato civil y era incongruente con la esencia del derecho laboral. En otras palabras, “rompe con las cualidades fundamentales del derecho colectivo de trabajo”.
Sobre la provisionalidad de los derechos del personal académico que aducían las autoridades, resultaba incongruente con el principio de la estabilidad en el empleo, que consistía en atribuir el derecho a los trabajadores de permanecer en sus puestos. Se trataba de una violación al principio básico del derecho al trabajo.
En fin, dice el laborista, “las disposiciones propuestas tendrían cabida en un capítulo particular del Título Sexto de la ley que se refiere a los trabajos especiales, pero en modo alguno en el capítulo relativo a las garantías sociales de nuestra Constitución. Aún así serían discutibles”.
Sobre el punto anterior, subrayaba: “desde luego que nosotros consideramos inaceptable la formulación de ese capítulo especial”.
En cuanto a la huelga, el proyecto a debate le atribuía los fines propios que el Apartado B consagraba respecto a los trabajadores al servicio del Estado; lo mismo atentaba contra el principio de estabilidad y era innecesario hablar de prestaciones sociales ya que éstos eran motivo de la fracción XXIX del Apartado A.
En cuanto a la cláusula de exclusión en sus aspectos de admisión y de separación, decía De Buen, que era esencial para la vida sindical, independientemente de lo criticable que pudiera ser su uso indebido. Habló de las bondades que tenía dicha cláusula en su aspecto de admisión, y más cuando se trata del ámbito académico, lo que permitiría realizar concursos reales por méritos y las oposiciones. De ahí que no concebía el que las autoridades tuvieran la potestad unilateral en esto.
En la modalidad por separación, De Buen repasaba la experiencia de que ésta había sido instrumento venal en manos de líderes sindicales y patrones con la finalidad de separar a aquellos trabajadores que verdaderamente luchaban por los derechos de los trabajadores.
En cuanto a la opinión que Soberón tenía sobre la huelga y, que además le proporcionaba atribuciones y fines distintos, más bien típicos del derecho burocrático y ajenos a la problemática de las universidades públicas, pues al exigirle el arbitraje previo se le hacía perder su eficacia como instrumento coactivo legítimo, tal y como le atribuía el Apartado A.
Por último, al abordar lo referente a la estabilidad en el empleo, donde el proyecto soberonista sugería para su aplicación un periodo de prueba de tres años y, además, lo hacía depender exclusivamente de las autoridades universitarias, al refutarle De Buen señalaba que así no se podía admitir y menos bajo la pretendida selección académica.
Lucinda Nava Alegría, secretaria adjunta de Solidaridad del SPAUNAM, en su turno abordó el asunto de la huelga, a la cual consideró vigente. Para apoyar su idea al respecto se refirió a tres movimientos que, según ella, “han puesto de manifiesto la justeza de ese recurso: la huelga por la autonomía de 1929, la huelga de 1968 y las huelgas por alcanzar reconocimiento de los sindicatos en 1972 y 1975” . De cada una de ellas hizo una extensa exposición.
Sobre las condiciones de la huelga del 68, Nava Alegría consideró que se debió a los elementos que conformaban el marco de “la masificación de las universidades, la proletarización del trabajo intelectual y la crisis de los valores tradicionales”. A partir de ahí, refiere que el profesorado más consciente y brillante se organizó por primera vez para dar respuesta política y respuesta universitaria ante tal problemática nacional, “de tal manera que hacen surgir [a] la Coalición Nacional de Profesores e Investigadores , que marcará un punto de arranque irreversible en la conciencia de los trabajadores académicos universitarios, a partir del cual [se da] el actual surgimiento y desarrollo del proceso de sindicalización de los profesores”.
Afirmaba que “la comunidad empezó a plantearse la necesidad de adecuar al aprendizaje a la realidad que se pretendía analizar, [y] surgen proyectos de reformas académicas”.
Dijo que en ese tiempo empezaron a surgir movimientos cuya finalidad era abrir cauces democráticos y de participación en la Universidad, ensayándose incluso nuevos procedimientos de dirigencia de la institución como ocurrió en los casos de Economía y de Arquitectura. El movimiento de 1968 –dijo- despertará procesos de renovación política, académica y estructural en diversas universidades de provincia, como las de Nuevo León, Sinaloa, Puebla, etc. En suma, “la lucha del 68 implicó el quebrantamiento de viejos mecanismos de control”.
Con respecto a las huelgas de 1972 y 1975, a pesar de errar en sus apreciaciones sobre los inicios de organismos laborales en la UNAM, mencionó que “ya en 1965 se había hecho un intento por integrar un sindicato… [pero] posteriormente, un grupo de trabajadores decidieron integrar una asociación que les permitiera reivindicar sus derechos y luchar por prestaciones. Esta asociación, por sus limitaciones, no pudo cumplir con su cometido. De esta manera, dice, aparece el sindicalismo en la UNAM, no como una buena idea que es impuesta a los asalariados de la Universidad, sino como una necesidad para los trabajadores, y, podríamos decir ahora, una necesidad también para la Institución”.
Para la Universidad de ese momento, según datos de LNA, que agrupaba alrededor de 18 mil profesores e investigadores y casi 15 mil trabajadores y empleados, “no pueden seguir rigiendo sus relaciones por métodos unilaterales”.
Así, también recuerda que después de los logros del STEUNAM se dio una “proliferación de organizaciones sindicales en distintos centros de educación media y superior del país”. Dos años más tarde, en julio de 1974, se constituiría el SPAUNAM.
De la tan discutible “huelga por solidaridad”, que se achacaba a los sindicatos universitarios de abusar de ella, Lucinda Nava contundentemente asentó que éstas no habían sido frecuentes en la UNAM y con la finalidad de argumentar su aserto citó casos como el de la Universidad Autónoma de Puebla, donde se sufría los embates de la derecha e inclusive se llegó al asesinato de varios estudiantes; situación que propició que el mismo Rector Soberón llamara a realizar una huelga nacional en su apoyo, esto en mayo de 1976.
Tal medida surtió efecto, a tal grado que el gobernador renunció y la UAP continuó con sus actividades. También se refirió al paro de un día que realizó el SPAUNAM en solidaridad “cuando se intentaba acabar con una corriente sindical democrática, la Tendencia Democrática del SUTERM . En fin, resumió, podemos decir que las huelgas han sido “palancas fundamentales para la transformación en un sentido avanzado de la Institución”. Sostuvo que lo que se cuestiona del sindicalismo universitario no era su acción laboral, sino su perspectiva política.
Para el Secretario de Asuntos Académicos del SPAUNAM, doctor Rosalio Wences Reza, el proyecto de adición de un Apartado C, a pesar de que en los considerandos pretendía tener como meta la superación académica, lo cierto era que ni siquiera abordaba las causas principales de la crisis universitaria, como aquellas derivadas de las relaciones Estado y Universidad.
Resaltó que lo único que estaba consiguiendo el citado proyecto era dividir en lo interior a las instituciones de educación superior en el país.
En su exposición, mencionó la explosión demográfica estudiantil y cómo el profesorado universitario cayó hasta ser un “destajista”, ya que cada vez más se reducen los de carrera. Sobre las universidades de provincia, demandó a que se les deje de considerar instituciones de segunda o tercera categoría, para lo cual, adujo, será imprescindible diseñar un plan para rebasar esa limitación.
Como colofón de su intervención recomendó que “en lugar de andar proponiendo proyectos de apartados adicionales al Artículo 123 Constitucional, las autoridades universitarias deberían propiciar, sin ingerencia (sic) del Estado, el análisis y la discusión internos de la problemática universitaria –como lo hicieran el SPAUNAM, STEUNAM y la APAC al realizar la Primera Reunión del Foro Universitario en agosto de ese año-, no cabe la menor duda de que estaríamos en vías de resolver la crisis de la Universidad mexicana”.
Cuando el licenciado Pablo Sandoval Ramírez, Secretario General de la Unión Sindical de Catedráticos de la Universidad Autónoma de Guerrero , hizo uso de la palabra, subrayó el hecho de que las autoridades universitarias tomaron como “pretexto la supuesta anarquía introducida por las luchas laborales en la universidad”, pero no se dijo que la responsabilidad recaía en “la política del Estado que ahoga financieramente a las instituciones, haciéndolas incapaces para responder a las legitimas demandas de los trabajadores, y a que [la burocracia universitaria] impone estructuras internas antidemocráticas y cerrazón autoritaria”. Y. por lo tanto. pidió rechazar la afirmación “a todas luces dolosa de que son los trabajadores los causantes de la crisis en la que se debate la universidad al reclamar la satisfacción de sus justas aspiraciones”.
Sostuvo que no era posible aceptar que a los trabajadores universitarios se les restringiera el derecho a la huelga a una de las causales; Soberón señalaba en su proyecto a que sólo se ejercería la huelga cuando las condiciones laborales se ”violaran en forma sistemática, general y reiterada”.
Sobre el derecho de organización que pretendían reglamentar constitucionalmente y que impedía formar sindicatos únicos en las universidades e incluso a escala nacional, el dirigente sindical guerrerense sostuvo esto tampoco debería aceptarse. Y que menos se podría renunciar al derecho que tenían los sindicatos a la contratación colectiva, negado en el proyecto de Soberón.
Para concluir su participación, Sandoval Ramírez se pronunció a favor de la propuesta presentada por el STEUNAM , en el sentido de que se estableciera una adición a la Ley Federal del Trabajo , en el capítulo de Trabajos Especiales, lo cual significaba “que a pesar de advertir las modalidades especificas de la actividad laboral académica, se reivindicaba nuestro carácter de trabajadores titulares de los derechos que en lo general otorga la Constitución para ellos, en su Artículo 123 Constitucional en su Apartado A”.
Por su parte, el señor José Luis Gutiérrez Calzadilla, entonces Secretario de Trabajo y Conflictos de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios (FSTU), al abordar la propuesta de Apartado C enfáticamente dijo que no tenía otro sentido que el de “someter la relación laboral entre la Universidad y sus servidores a un régimen de excepción de derechos laborales y constitucionales, lo que redundaría en la nulificación de las conquistas alcanzadas por los trabajadores universitarios y un freno para el avance y unificación del sindicalismo universitario”.
Al dejar asentado que era vocero por encargo de 60 mil afiliados de la FSTU, alertó a la vez que con dicho proyecto de “adición de Apartado C” se pretendía “imponer un régimen de excepción semejante al conferir a éstas, en sus leyes orgánicas, la prerrogativa de autolegislar sobre las relaciones laborales con sus trabajadores mediante la expedición de estatutos especiales por los Consejos Universitarios”.
Lo anterior redundó, según José Luis Gutiérrez, en “paupérrimas condiciones de vida, nula vigencia de derechos laborales, falta de estabilidad y seguridad en el trabajo y, en la mayoría de las instituciones, los estatutos previstos por las leyes orgánicas nunca se promulgaron, y en los casos en que lo fueron escasamente se cumplían. Tal es el caso de la UNAM donde el Estatuto se promulgó veinte años después de ser emitida por el Congreso de la Unión la Ley Orgánica ”.
Lo que intentaba la Rectoría, dice JLGC, era “retornar al viejo modo de manejo de las relaciones laborales en las universidades, al pisoteo sistemático de los derechos de los trabajadores, a los raquíticos salarios de antes, al favoritismo en la admisión y promoción escalafonaria de administrativos y académicos; a implantar en las universidades un sindicalismo controlado y sumiso al dictado de las autoridades universitarias en turno; en suma, retornar al régimen de excepción laboral”.
Como conclusión y dado que no existía consenso sobre la iniciativa rectoril entre la comunidad universitaria nacional, pidió a nombre y en representación de veinticuatro sindicatos universitarios, que dijo integraban a la FSTU, a “que no fuera remitida al Congreso de la Unión la iniciativa de adicionar un Apartado C al Artículo 123 Constitucional”.
Para Leonardo Olivos Cuellar, quien dijo ser miembro de la Comisión Mixta de Conciliación, la pretendida reforma fue una “tentativa que violaría los derechos fundamentales de la clase laborante universitaria, tanto en la UNAM como en las universidades de provincia, pues pretendía anular de plano los derechos de sindicalización, contratación colectiva y huelga”.
Sobre la reglamentación del trabajo universitario, dijo que deberían quedar plasmada en el Inciso A del Artículo 123 constitucional”, y que “a lo más que podía considerarse es en el establecimiento de un capítulo en la Ley Federal del Trabajo que reconozca e instituya las experiencias que se han generado en las universidades e instituciones de enseñanza superior”.
Leonardo Olivos Cuellar señaló que Soberón pretendía “avasallar a uno de los pocos lugares donde se practican la democracia, la disidencia y la crítica e impugnación a nuestro sistema, esto es, a las universidades, a través de la represión de los sindicatos universitarios”.
A su vez, Paulina Salas de Sosa, quien dijo que hablaba en representación del Comité Ejecutivo del STEUNAM, resaltó lo asentado en el proemio al Artículo 123, en el encabezado del Apartado A, que ordenaba que sería el Congreso de la Unión quien expida leyes sobre el trabajo, que regirán “entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, de manera general todo contrato de trabajo”.
Hice mención al momento en el que Soberón llegó a la Rectoría de la UNAM, ya que lo hizo, dice Paulina Salas , “sin contar con el apoyo de la comunidad universitaria, en los momentos de mayor ascenso de la lucha de los trabajadores y fue el mismo que tuvo que reconocer la justeza de las demandas de los trabajadores, pese a su férrea oposición, por lo que esta iniciativa [de Apartado C] se inserta en el patrón de conducta contraria a los más elementales derechos de los trabajadores universitarios, por lo que avalamos lo dicho por el doctor Eli de Gortari, quien dijo que ‘el Rector se ha exhibido ante todo el país sobre la forma en que gobierna a la UNAM, piensa que con una concurrencia no aprobada en el Consejo Universitario, y aprovechando no sé que relaciones con el Jefe del Estado, puede anular un Artículo 123 hecho con el esfuerzo de los constituyentes'”.
Al igual que otros, que opinaban en que los sindicalistas universitarios no son diferentes al resto de los trabajadores mexicanos, sostuvo que si “las universidades están en crisis no es por los paros, sino por el autoritarismo, la corrupción y antidemocracia que impera en la mayoría de ellas”.
Para sellar su participación, reiteró lo dicho por Néstor de Buen, quien sin vacilación había sentenciado: “los derechos de sindicalización, de huelga y de contratación colectiva son ya, dentro de la Ley, al margen de la Ley y si es preciso en contra de la Ley, derechos inalienables”.
Prosiguiendo con los oradores que abordaron la temática convenida, correspondió al licenciado Rolando Cordera Campos, quien expresó sin ambages que “no podía considerarse la iniciativa de Soberón como una iniciativa de la UNAM”, además de su rotunda discrepancia con las motivaciones y sentido del proyecto del Rector, ya que “hacía abstracción de las cuestiones esenciales que definen la problemática de la Universidad y en general de la educación superior en México”.
A la vez que aludió a que participaba a titulo personal, también rehuía hacerlo como Consejero universitario por la Facultad de Economía; es más, dijo ignorar el porqué su inscripción en las audiencias se hacía a nombre del SPAUNAM .
A renglón seguido anotó que eran tres las cuestiones esenciales que motivaban la crisis en las instituciones superiores: primero, las que tenían que ver con las relaciones de la Universidad con el poder público; en segundo lugar, las relaciones de las universidades con la sociedad y con el desarrollo económico, social y político en particular; y por último, el examen de la forma en que la universidad está constituida internamente.
De la primera cuestión, sostuvo que tenía que ver con la autonomía, dijo que, efectivamente, la universidad había cambiado, se había masificado, se habían cristalizado las estructuras de gobierno y administrativas, se había creado por la fuerzas de las circunstancias una capa burocrática, y también habían surgido de manera permanente los trabajadores como fuerza social (académicos, manuales y administrativos); en resumen, “el viejo esquema comunitario se había vuelto obsoleto”.
Sobre el papel de la burocracia universitaria en la UNAM, la cual dominaba sus órganos de gobierno, señalo que “no estaba ideológicamente preparada para encarar el fenómeno laboral”, sino que, por el contrario, estaba solamente “para contener, como si se tratara de un auténtico enemigo, [al] sindicalismo universitario”.
Convenía en que el problema laboral y lo académico eran una de las preocupaciones centrales y que para ingresar a la universidad lo mejor sería hacerlo a través del “concurso de oposición abierto”, postura asumida por el SPAUNAM . Que los concursos deberían de hacerse entre profesores e investigadores del área, quienes señalarían los criterios y normas particulares que habrían de regir los exámenes de oposición.
Por el contrario, sentencia Rolando Cordera, el proyecto esgrimido por Soberón lo que hacía era abrir las puertas para que los criterios académicos se vieran desvirtuados por un juego de “camarillas disfrazadas de asociaciones o colegios de fines y usos múltiples, tal y como pasa por desgracia todavía hoy en la UNAM”.
Al concluir su exposición, acentuaba que “una legislación es visionaria cuando aprehende en germen las nuevas fuerzas que está produciendo la realidad social, impulsa y canaliza sus contradicciones con una perspectiva de cambio y abre a las nuevas fuerzas campos bien definidos pero amplios para que desarrollen su potencialidad. Esta sería una auténtica legislación para el cambio social. El proyecto del Rector no responde ni a una ni a otra, es una legislación desbordada por la realidad, que pretende volver atrás su vigencia y que sólo sería posible a través de un régimen de fuerza”.
Para el licenciado Carlos Fernández del Real, las intenciones del rector Soberón contenían mayores limitantes que las del Apartado B, de “ahí que pretenda que la titularidad de los contratos sea múltiple y [que] el personal académico no pueda pertenecer a la misma organización que el personal administrativo”. Con ello también se intentaba preservar los privilegios de la burocracia dirigente en la Universidad.
Sobre la cláusula de exclusión por separación, Del Real afirmó que jamás ha sido solicitada por el SPAUNAM , ya que los mismos Estatutos de esa organización sindical estaban en contra de está cláusula.
En definitiva, resumió, “las relaciones entre las universidades públicas autónomas y sus trabajadores están perfectamente definidas por el Apartado A del Artículo 123 constitucional y en consecuencia no se requiere ninguna reforma legislativa para regular sus relaciones”.
Hasta aquí hemos expuesto sucintamente las participaciones de la parte laboral y sindicalista; en sus considerandos y argumentaciones irían exhibiendo los alcances y perspectivas de una iniciativa por regular las relaciones laborales y a sus organizaciones, además de que se pretendía, entonces, normar los fines de los aspectos académicos.
El poder entender el proceso del cómo y con base en qué condicionantes se fue dando lo que posteriormente se llamaría la “constitucionalización de la autonomía universitaria”, y con ello el de normar el trabajo y las relaciones entre las instituciones de enseñanza superior y la organización de los trabajadores académicos y administrativos, será sin lugar a dudas un medio para enriquecer la esencia y función de las universidades mexicanas para coadyuvar en ese trinomio (académicos, administrativos y estudiantes) en el enriquecimiento para un México de pleno desarrollo económico, social y culturalmente. He ahí una intencionalidad para recrear el pasado de las luchas sindicales en el campus universitario.
* Las referencias en las cuales se sustento este trabajo fueron de las ideas expresadas según lo publicado en la Revista la Universidad en el Mundo , de septiembre-octubre de 1976.

References: Artículo 123
 artículo 123
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 artículo 123
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 artículo 8
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