Source: http://www.habeasdata.org/wp/2010/08/24/revocan-condena-a-buscadores-en-la-camara-civil/
Timestamp: 2017-11-24 18:25:51+00:00

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Habeasdata.org » Blog Archive » Revocan condena a buscadores en la cámara civil
Cabe señalar que el Código Procesal en el art. 34 inc. 4° impone a los jueces el deber de respetar, en el pronunciamiento de sus sentencias “el principio de congruencia” y en el art. 163, inc. 6 establece que la sentencia definitiva debe contener la “decisión expresa, positiva y precisa de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio…” CNFed. Cont. Adm. Sala II, 23/6/95, LA LEY, 1996-B, 742). Es decir que, si bien es cierto que el juez puede omitir analizar los argumentos de las partes que a su juicio no sean decisivos, no puede otorgar más de lo que el actor pidió -ultra petitio- ni dar una cosa distinta de la pedida, modificando las pretensiones formuladas por las partes -extra petitum-. La incongruencia constituye falta de adecuación lógica entre las pretensiones y defensas de las partes y la parte dispositiva de la sentencia. Dicha conformidad lógica es ineludible en vista al respecto de principios sustanciales del juicio concernientes a la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal, pues la litis fija los límites de las facultades decisorias del tribunal que la ha dictado. (CNCom. Sala E, 25/10/88, Lexis, n° 11/45640, CSJN, 7/9/93 CSJN Fallos, 316-1977) (Elena I. Highton, Beatriz A. Areán “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, en igual sentido Morello Augusto M. “La eficacia del proceso” ed. Hammurabi, cap. 32, pág. 365).-
En consecuencia, trataré de dar solución al conflicto atendiendo en su caso a las quejas expuestas por cada una de las partes de la manera que más clara, concreta y sencillamente pueda efectuarlo. Eso es lo que los aquí interesados esperan y eso intentaré hacer.
4) Se debate en estos autos si alguna responsabilidad cabe a las demandadas por los daños que la actora alega haber sufrido a raíz de haber visto involucrada su persona, su identidad, su imagen, su nombre y en definitiva su intimidad al aparecer en distintas páginas web de dudosa reputación a las cuales puede accederse a través del software proporcionado por las primeras y sin haber otorgado autorización alguna para ello.
Es decir, debo analizar aquí si las ISP accionadas deben responder civilmente por los daños y perjuicios sufridos por la actora a consecuencia de los contenidos ilegales, ya sea por resultar injuriosos, deshonrosos, difamatorios, publicados por terceros.
Ninguna norma legal ha sido dictada en nuestro país tendiente a la regular específicamente la responsabilidad de los ISP (Proveedores de Servicios de Internet) existiendo a la fecha alguno que otro proyecto de ley en el Poder Legislativo (órgano encargado de sancionar las leyes), tales el del senador Jenefes o el del senador Capitanich, y que fueran duramente criticados, lo cual es de esperar atendiendo a los distintos intereses en juego en esta materia, muchos de carácter económico.
Sí se encuentra vigente el decreto 1279/97 que declara que el servicio de Internet se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión, correspondiéndole las mismas consideraciones que a los demás medios de comunicación social. Esto significa que resultan aplicables a los servicios de Internet las disposiciones de los arts. 14, 32 y 42 de la Constitución Nacional que establecen la libertad de expresión y prohíben la censura previa.
A su vez la ley 26.032/05 establece que la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas por medio del servicio de Internet se considera comprendida dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión.
Dicha disposición en concordancia con las normas constitucionales que a su vez encuentran correspondencia en tratados internacionales de igual jerarquía, (tal la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 13) deben armonizarse a la luz de distintas disposiciones legales contenidas en el ordenamiento común como son el art. 1071 bis del Código Civil y el art. 31 de la ley 11.723 de Propiedad Intelectual, que amparan el derecho a la intimidad personal y el derecho a la imagen, y que por otro lado también gozan de protección constitucional a través del art. 19 de nuestra Carta Magna.
Es decir, no existiendo normativa especial que regule la responsabilidad de los ISP, dentro de los cuales las demandadas representan una de las distintas categorías existentes, corresponde aplicar al caso las normas que regulan la responsabilidad civil.
Respecto de la responsabilidad de los medios de comunicación social, como la prensa, ya he tenido ocasión de expedirme en diversas ocasiones. Recientemente y como integrante de esa Sala, he sido vocal preopinante en los autos “Kemelmajer de Carlucci, Aída c. Lanata, Jorge y otros s/ds. y ps.” Expte. n° 31.819/04 de fecha 22/10/2009. Allí y en relación al tema, analicé si un derecho personalísimo, en el sub lite, el honor o la reputación de la actora se habían visto lesionadas por la conducta desplegada por la prensa, y si en su caso correspondía ordenar una reparación, remitiéndome a su vez a pronunciamientos dictados como juez de primera instancia (ver mis sentencias en autos “Burgo Primitivo Héctor c. S.A. La Nación y otro s/ Daños y Perjuicios” Expte. Nº 19.459/00 del 13/12/2005 y “Servini de Cubría c. Editorial AMFIN S.A. y otros s/ daños y perjuicios” Expte. Nº 40.780/2002 del 27/07/2005 entre otros). En esas oportunidades sostuve, “siguiendo el pensamiento expuesto por el juez Claudio Kiper integrante de la Sala “H” de esta Excma. Cámara y que en la actualidad tengo el honor de integrar, que no se trata aquí de juzgar la labor del periodismo ni indicarle como debe realizar su trabajo. Lo que está en juego son los derechos de terceros y de juzgar, objetivamente, si éstos han sido lesionados. (CNCiv. Sala H R. Nº 385.193, en autos “Patitó José Angel c. Diario La Nación y otros s/daños y perjuicios” (LA LEY, 2008-D, 374), ídem su voto en fallo del 29/3/96, J.A. 1997-II-171, entre otros). Es decir, dejando sentada mi profunda convicción de que la prensa tiene el derecho de expresarse libremente, analizaré si en el caso en estudio ésta ha excedido o no los límites del ejercicio lícito del derecho de información en perjuicio a los derechos individuales o personalísimos de otro, en este caso, la actora, si ha desnaturalizado o no los hechos, con dolo, culpa o negligencia, y la naturaleza y magnitud del daño y los perjuicios a los intereses personales (cf. Fallos 314:1523, considerando 10º “Vago, Jorge Antonio c. Ediciones de La Urraca S.A. y otros” del 19 de noviembre de l99l)”.
“Coincido plenamente con el periodista Adrián Ventura, en que la libertad de expresión y sus garantías analizadas a la luz de los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al interpretar el art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no atraviesan su mejor momento en la República Argentina (ver su comentario al respecto en Suplemento de Derecho Constitucional de La Ley, del 28 de setiembre de 2009, pág. 51 y ss.)”.
“Ahora bien, el derecho de informar no escapa al sistema general de responsabilidad por los daños que su ejercicio pueda causar a terceros (P. 36, XXIV “Pérez Arriaga Antonio c. Arte Gráfica Editorial Argentina S.A.” del 2 de febrero de 1993, entre otros)”.
“Precisamente, la Corte IDH al decir del periodista Ventura, en su comentario antes mencionado, ha evolucionado en el tema de la responsabilidad de los medios en el ejercicio de la función social y ello puede verse en los casos Herrera Ulloa y Kimel (LA LEY, 2002-C, 229), estableciendo que los periodistas y los medios deben recoger y trasmitir las informaciones en toda su diversidad y los periodistas deben basar sus opiniones en hechos constatados de modo razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, y deben tomar cierta distancia crítica de sus fuentes.- Señala la Corte IDH que el abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo, sino fundamento de responsabilidad ulterior”.-
A su vez, en los autos “Ruggero Silvia c. Pronto Semanal y otros s/ daños y perjuicios” Expte. Nº 42.133/01, también como juez de primera instancia, sostuve que “si la información es lesiva al honor, a la intimidad o lesiona algún otro derecho personalísimo, el órgano de difusión debe responder por el perjuicio causado, en los términos del art. 1109 del Código Civil, pues libertad de prensa no significa impunidad ni tampoco que la misma deba prevalecer frente a estos últimos, cuando es en la propia constitución nacional donde se encuentra inscripta una norma también fundamental para la existencia de una sociedad libre, el derecho a la privacidad consagrado en el art. 19 de la Carta Magna (C.S.J.N. Fallos 306:1892)”.-
Continué señalando que “La protección material del ámbito de la privacidad resulta uno de los mayores valores del respeto a la dignidad de la persona y un rasgo diferencial entre el estado de derecho democrático y las formas políticas autoritarias y totalitarias (CSJN, “Ponzetti de Balbín Indalia c. Editorial Atlántica S.A.” J.A. 1985-I-510, voto del Dr. Petracchi)” (LA LEY, 1986-C, 411).
“La reserva como bien jurídico protegido es “la cobertura espiritual, envoltura o disfraz que envuelve y protege cierto sector de la vida de toda persona, cerrándolo, no descubriéndolo, guardándolo con exclusividad, apartando ingerencias, intromisiones y fiscalizaciones. La vida privada protegida por el art. 1071 bis es el conjunto de datos, hechos o situaciones reales, desconocidos por la comunidad y reservados al conocimiento bien del sujeto mismo, bien de un grupo reducido de personas (Código Civil, Bueres-Highton, Tomo 3-A, pág. 130 y sus notas)”.
Si bien estos principios resultarían vigentes si en autos la demandada fuera un periodista, un editor o un medio de prensa, en el caso y siguiendo los principios generales a los que he hecho referencia, entiendo que no se dan todos los presupuestos necesarios para hacer efectiva contra las demandadas la responsabilidad que se pretende.
En efecto, como ya señalara, la demanda ha sido interpuesta contra dos ISP, en el caso los buscadores Yahoo! de argentina SRL y Google Inc.
Dado que la actora ninguna relación contractual tiene con los mismos, la responsabilidad de éstos en su caso se valorará de conformidad con las normas que rigen la responsabilidad extracontractual y dentro de estas directrices, bien podemos recurrir a la responsabilidad objetiva que emerge del art. 1113 del Código Civil, en tanto consideremos que la actividad que despliegan las accionadas encuadra en la teoría del riesgo creado (segundo Párr.. segunda parte del artículo citado) o bien se trate de una responsabilidad subjetiva, entrando entonces en juego las disposiciones contenidas en los arts. 512 y 1109 de la ley sustantiva.
Ahora bien, cabe preguntarnos entonces cual es el papel que las demandadas juegan o despliegan entre todos los protagonistas que confluyen en este inmenso mundo virtual.
a) El editor: que incorpora los contenidos puestos a disposición del usuario.
b) El dueño del sitio: que controla los recursos informáticos conectados a Internet.
c) El proveedor de servicios, que actúa como intermediario entre el editor y el usuario.
d) El operador, que engloba en su oferta diversos contenidos.
e) El proveedor de acceso que comercializa la prestación técnica.
f) El transportador, que es un operador técnico que permite la interconexión de las diversas redes que conforman la red.
a) están los Proveedores de Acceso o Internet Acces Providers, que brindan a los usuarios el servicio de conexión a Internet, es decir, funcionan como una empresa prestadora de un servicio de telecomunicaciones, que facilitan el acceso a Internet, tal como por ejemplo Dial-up, Edge, ADSL, Cablemódem, etc.
b) Los proveedores de alojamiento o Hosting Service Providers que almacenan los contenidos de los sitios en sus servidores, ya sea que lo hagan en forma gratuita, a cambio de publicidad, etc.
c) Los proveedores que ofrecen programas especiales que se utilizan para ubicar los contenidos que tengan las características definidas por el usuario, es decir, los buscadores, como son las aquí demandadas. Se trata de ofrecer públicamente programas de software que interactuando con Internet posibilita localizar información.
Resulta a mi criterio evidente que los primeros ninguna responsabilidad les cabría por la difusión en la web de contenidos que pudieran resultar lesivos para terceras personas, pues, como recuerdo haber leído en alguna oportunidad, sería lo mismo que responsabilizar a Telecom o a cualquier empresa de telefonía celular por el hecho de que dos personas utilicen una línea telefónica para preparar y determinar los detalles de perpetración de un delito. Es una situación tan obvia que no encuentro impedimento alguno para efectuar tal observación.
En cuanto a los segundos es decir, los proveedores de alojamiento de contenidos, no siendo parte en ese proceso no considero oportuno expedir opinión al respecto.
Y en cuanto a los terceros, los proveedores de programas de búsqueda de contenidos, dado que aquí se encuentran demandados dos buscadores, me limitaré conforme es mi función, a establecer si algún tipo de responsabilidad cabe atribuírsele por los hechos que la actora les imputa.
Entiendo que no resulta de aplicación a ellos la teoría del riesgo creado, pues si bien los buscadores actúan proporcionando una herramienta al usuario que utiliza la computadora (cosa riesgosa) para localizar los contenidos o la información por él definida, dichos contenidos o información no son creados o puestos en la red o editados por los buscadores.
Pero quien o quienes deciden el contenido que se carga en cada sitio web, es precisamente cada sitio. Periódicamente recorren con programas Internet, accediendo a su contenido, este contenido lo clasifican y almacenan, para ser utilizado por las búsquedas que se realizan en los buscadores (ver fs. 1500 vta. da experticia informática).
Interrogado el perito acerca de quién o quienes deciden con qué términos se describen los sitios web, el mismo responde que los meta tags son etiquetas html que pueden o no ser incorporadas en el encabezado de una página web y que resultan invisibles para un visitante normal, pero de gran utilidad para los navegadores u otros programas que pueden valerse de esta información. Su propósito es el de inducir información referencial sobre la página: autor, título, fecha, palabra clave, descripción etc. Esta información puede ser utilizada por los robots de búsqueda para incluirla en las bases de datos de sus buscadores y mostrarla en el resumen de búsquedas o tenerla en cuenta durante las mismas. Los “meta tags” suelen ser utilizados por los propietarios de web sites para lograr que usuarios que realizan búsquedas con alguna palabra muy utilizada en Internet los encuentren más rápidamente. El nombre de los links html que vincula los distintos elementos contenidos en los web sites lo determina el creador de cada sitio web. Un sito web puede tener distintas estructuras a saber: Árbol, Listas, Mixtas o Red.- (ver fs- 1500 vta.).
Siguiendo entonces estos lineamientos, no cabe sino concluir que la responsabilidad en su caso de los buscadores debe analizarse a la luz de lo normado por el art. 1109 del C.Civil.
Y desde este punto de vista, entonces, no basta que la información o el contenido existente en la web y encontrado a través de los buscadores sea erróneo y aún lesivo para el honor, la imagen o la intimidad de una persona para que ésta tenga derecho a que le sea reparado el perjuicio causado. Comprobado el exceso o la ilegalidad, quien pretenda el resarcimiento deberá demostrar la culpa o negligencia en que incurrió el buscador conforme al régimen general de responsabilidad por el hecho propio que contiene la fórmula del artículo 1109 citado, y que sigue el principio “alterum non laedere”. Es decir, no basta la sola comprobación del daño para imponer el deber de resarcir, sino que es necesario probar el factor de imputabilidad subjetivo, sea la culpa o el dolo. Ese es el criterio también imperante en materia de responsabilidad de los medios de prensa. Larga es la lista de juristas que han sostenido el soporte subjetivo en este caso y las razones que han expuesto en defensa de su tesis son por demás conocidas, pero basta citar las opiniones de Atilio Alterini y Aníbal Filipini, en ocasión del caso “Campillay” (LA LEY, 1986-C, 406 y ss.), López Cabana, Roberto M., “Responsabilidad civil de los medios masivos de comunicación social por la difusión de noticias”, en “Responsabilidad por daños”, Homenaje al Dr. Jorge Bustamanate Alsina, Abeledo Perrot, Bs.As. 1990, t. II, pág. 27, Bustamante Alsina, Jorge, “Responsabilidad de los órganos de prensa por informaciones inexactas”, LA LEY, 1989-B, 286 y ss., Vázquez Ferreyra, Roberto, “Responsabilidad por difusión de noticias falsas o inexactas”, en “La responsabilidad”, homenaje al Prof. Isidoro Goldenberg, Abeledo Perrot, Bs. As. 1995, p. 649, entre otros.
Ahora bien, si entonces las demandadas responderán por los daños y perjuicios ocasionados a la actora por los cuales demanda en los términos del art. 1109 del Código Civil, cabe preguntarse cual ha sido la conducta que las mismas han desplegado y que encuadre en ese factor subjetivo de imputabilidad: la culpa, que el art. 512 del Código Civil claramente conceptualiza.
Según Ester María Pugin de Isola, siguiendo a Gerardo Ancarola (Libertad de Prensa, un fallo de la corte Suprema de Justicia sobre el derecho a la intimidad, publicado en LA LEY, 2002-A, 13) señala que constituye una cuestión de suma importancia la protección de los derechos de la persona en general y de los derechos personalísimos, en particular, frente a la agresión (producida o a producirse) por parte de los medios de comunicación, dado que, por pregonar la libertad de prensa, se ve naufragar muchas veces, atacadas por publicaciones indebidas, a las prerrogativas fundamentales del ser humano, como lo son el honor, la intimidad, o la imagen. Hace referencia a la Internet, manifestando también que la misma tiene la particularidad de estar basada en dos pilares: La libertad y la desregulación. En efecto, la libertad para ingresar y desenvolverse en ella, recibiendo y ofreciendo la más variada información. La desregulación es consecuencia de la imposibilidad material de los Estados y personas de interferir las comunicaciones y de establecer límites tecnológicos para su funcionamiento. El único censor o autocensor que admite Internet es la voluntad del propio usuario. Pero si bien existe esa imposibilidad de implementar ciertos tipos preventivos de control para alguno de sus operadores, esto no significa que su ejercicio esté exento de responsabilidades ulteriores cuando se incurre en un acto ilícito. Pero las normas jurisdiccionales y doctrina que fueron aparentemente satisfactorias para regir la libertad de expresión a través de los medios gráficos y electrónicos clásicos resultan manifiestamente insuficientes para cumplir un papel similar en el siglo XXI. No existe en el Derecho argentino ni en el Derecho francés legislación que resuelva el punto, de modo que la solución está en manos de la jurisprudencia que se maneja con un criterio variable. (no comparto totalmente este concepto, entiendo que en realidad debió hacer referencia a que la jurisprudencia nacional se “maneja” en su caso con las normas de derecho de los cuales disponemos y que no son otras, como ya señalara que las del derecho común) (“Responsabilidad de los medios de Prensa, La culpa y los medios objetivos de imputación”, Revista de Derecho de Daños, 2006-3, Creación de riesgo-I pág- 187, Editorial Rubinzal-Culzoni, año 2007).
Pero en lo que aquí interesa, rescato de este comentario que también entiende que la responsabilidad de los prestadores del servicio de servidor – que entiendo está refiriéndose a los operadores del servicio que es donde se alojan los materiales y que estaría en condiciones de conocer la identidad de sus clientes y deberá ejercer sobre ellos un mínimo de control- carga con diversos deberes entre los que menciona: a) Deber de información, que comprende el deber de informar y el de informarse, b) Deber de reacción o de vigilancia sobre los contenidos que él permite colocar en línea, debiendo verificar al subirlos a la red que ellos no se apartan de lo que es lícito y moral, lo cual no significa censura previa, pero sí la adopción de las medidas conducentes a hacer cesar el problema, medidas que deben ser proporcionadas a la gravedad de la conducta del cliente y que pueden llegar a la rescisión del contrato. Si bien la responsabilidad de quien coloca los mensajes ilícitos en Internet es subjetiva, y se basa en el dolo de ejercitar una actividad prohibida, es decir, se trata de una responsabilidad por el hecho personal del autor del mensaje ilícito, para comprometer la responsabilidad del proveedor del servicio de servidor, debe otorgársele una falta propia a éste; así y siguiendo a Clemente Moro y Cavanillas Mugica, en su obra “Responsabilidad civil y contratos en Internet”, pág. 115, señala que el intermediario o administrador de Internet desde donde se realizan actividades ilegales sería responsable si no realizara esa labor de custodia o control de los contenidos puestos en línea por sus clientes. Por ello, el prestador de servicios de Internet ha de ser tenido como un editor y no como un distribuidor. (ob. cit. pág. 192/193).
Coincido con esta comentarista en el sentido de que los hechos, culposos o dolosos que, en el uso de sistemas automatizados de información, causen daños a terceros, caen, genéricamente, dentro de la preceptiva del artículo 1109 del Código Civil, regulación del deber de no dañar a los demás, y en ese sentido me he expedido, como asimismo que tales hechos, pueden además, configurar una ilicitud violatoria de lo dispuesto en el art. 1071 bis del Código Civil que incrimina la intromisión arbitraria en la vida ajena, con perturbación de la intimidad o privacidad, garantida inclusive por el artículo 19º de la Constitución Nacional.
En este sentido se ha expedido Fernando Tomeo en “Las Redes Sociales y su régimen de responsabilidad civil” (LA LEY, 14 de mayo de 2010).
Pero entiendo que aún admitiendo la responsabilidad civil, la misma solo puede hacerse efectiva contra las demandadas en la medida en que, frente a una situación ilícita, y advertidas a través de los mecanismos pertinentes, no realicen la conducta atinente y necesaria para obtener la cesación de las actividades nocivas, pues, recién en ese momento, se configuraría una falta propia susceptible de ser apreciada en los términos de los arts. 512, 902, 1109 y cc. del Código de fondo.
Resumiendo entonces, con anterioridad a cualquier reclamo del afectado solicitando el bloqueo del contenido que considera agraviante y disponible en Internet a través de los buscadores demandados, no puede a los mismos serle atribuida o adjudicada culpa alguna por los contenidos cuestionados.
“a) Si la red social no fue notificada de la existencia del contenido ilegal no tiene responsabilidad aunque dichos contenidos se encuentren alojados en su plataforma”.
“Sostener lo contrario implicaría imponer a las redes sociales la obligación de monitorear y moderar millones de contenidos, esto es, imágenes, opiniones y comentarios /algunos emitidos en tiempo real) u otros contenidos enlazados (como videos o fotos) que se suben a la red en forma intermitente, minuto a minuto. Ello conlleva una obligación que no se condice con la realidad y la rentabilidad del negocio y una censura previa que se agrega a la incidencia del costo empresario”.
“b) Si la red social fue notificada extrajudicialmente de la existencia del contenido ilegal y se le reclamó su eliminación debe proceder a darlo de baja cuando el mismo resulta ostensible y manifiestamente ilegal, ya que cuenta con los elementos y las herramientas técnicas necesarias para evitar que el ilícito se continúe cometiendo, esto es, posee la capacidad técnica para ejercer el control”.
“En este sentido se debe requerir a la red social un obrar leal, de buena fe y con la diligencia de un buen hombre de negocios en los términos de nuestra ley civil”.
El criterio de irresponsabilidad de los proveedores o intermediarios de Internet, tiene como primer antecedente la sección 230 de la Communications Decency Act (Ley de Decencia en las comunicaciones) del año 1996, en Estados Unidos, que estableció que los proveedores de servicios informáticos interactivos, entre los cuales se encuentra incluidos los buscadores, son inmunes a los reclamos de responsabilidad por información publicada por terceros.
Por su parte, la directiva 2000/31/CE de Comercio Electrónico, del 8 de junio de 2000 y que tuvo por objetivo principal armonizar las diferentes legislaciones de los países que integran la Comunidad Económica Europea, a fin de que sus diferencias no afecten al tráfico económico y los principios que rigen en el ámbito de la Unión, trae medidas que se limitan al mínimo necesario para conseguir el correcto funcionamiento del mercado interno y es respetuosa en principio con la libertad propia de Internet, expresando en sus considerandos que “la libre circulación de los servicios de la sociedad de la información, puede constituir, en muchos casos, un reflejo específico en el Derecho comunitario de un principio más general, esto es, de la libertad de expresión consagrada en el apartado 2 del art. 10 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales….La presente Directiva no está destinada a influir en las normas y principios nacionales fundamentales relativos a la libertad de expresión.
En lo que hace a la responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de información, legislada en sus artículos 12 a 15, proporciona normas que exoneran de la misma bajo determinados requisitos.
Así, el artículo 12 relativo a la mera trasmisión de datos, establece que el prestador del servicio de transmisión en una red de comunicaciones de datos facilitados por el destinatario del servicio o de facilitar acceso a una red de comunicaciones, incluido el almacenamiento automático y provisional de los datos que se transmite, no será responsable de los datos transmitidos siempre que el prestador no haya sido quien origine la transmisión, no seleccione al destinatario de la transmisión ni seleccione o modifique los contenidos.
El Sr. perito informático ha debido responder acerca de la utilidad de este mecanismo (ver fs. 1501 vta. 1502).
El artículo 13 se ocupa de lo que llamamos “cache”, excluyendo también de responsabilidad al prestador de servicios que almacene automática y provisionalmente la información con la única finalidad de hacer más eficaz la transmisión ulterior de la información.
En cuanto a los hostings (alojamiento de datos) excluye su responsabilidad siempre que éste no tenga conocimiento que la actividad desarrollada por el destinatario del servicio sea ilícita y que en cuanto tenga conocimiento de esta ilicitud actúe con prontitud para retirar los datos. Todo ello, sin perjuicio de que las autoridades ordenen el retiro de los mismos.
Pero impone a estos prestadores el deber de colaboración al decir que los Estados podrán establecer obligaciones tendientes a que se comunique con celeridad a las autoridades los presuntos datos ilícitos, como, a solicitud de éstas, la información que permita identificar a los destinatarios de su servicio con los que hayan celebrado acuerdo de almacenamiento.
A su vez, la ley 34/2002 española de Servicios de la sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) y que incorpora la Directiva 2000/31/CE establece la regulación del régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información, y aunque no acogió totalmente el espíritu de la Directiva, en lo relativo a los prestadores de servicios que faciliten enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos, dispuso en su artículo 17 , un régimen de responsabilidad idéntico al establecido para los prestadores de alojamiento de datos, estableciendo una exoneración de responsabilidad, siempre que no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización y si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.
La ley requiere el conocimiento efectivo condicionado por la existencia de un órgano competente que debe haber declarado la ilicitud de los datos, ordenando su retiro o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de lesión de bienes o derechos de terceros susceptibles de reparación, y que el prestador conociera la correspondiente resolución y sin perjuicio de que los contenidos se retiren en virtud de acuerdos voluntarios y otros medios de conocimiento efectivo que puedan establecerse.
Observo además, que entre las Condiciones de servicio de Google, se establece que el usuario reconoce que toda la información, como archivos de datos, texto escrito, programas informáticos, música, archivo de audio u otros sonidos, fotografías, videos u otro material gráfico, al que tenga acceso como parte de los Servicios o a través del uso de estos es responsabilidad de la persona que ha creado dicho contenido (art. 8.2) y que la política de Google consiste en responder a las notificaciones de supuestas infracciones de derechos de autor de acuerdo con lo estipulado por la ley de propiedad intelectual internacional, incluida la ley estadounidense de protección de derechos de autor (Digital millennium Copyright Act) así como en cancelar las cuentas de infractores recurrentes, (art. 16.1) como asimismo que Google cuenta con un procedimiento de reclamación de marcas comerciales relativo a su negocio publicitario (art. 16.2) dando las direcciones a las cuales se puede recurrir.
5) En cuanto al agravio formulado por la accionada Google Inc. en relación a la eliminación de todas las vinculaciones entre los buscadores de las demandadas y los sitios de contenido sexual, erótico y/o pornográfico que contengan el nombre la imagen y/o fotografías de la actora, como consecuencia de lo resuelto precedentemente y sin perjuicio de lo ya ordenado y cumplimentado en los autos sobre medidas cautelares caratulado “D. C. V. c. Yahoo de Argentina SRL” expte. Nº 63.314/2006 no surgiendo de la pericia informática sino solamente la posibilidad técnica de efectuarlo, más no se establece expresamente la manera de materializar dicho cumplimiento, no cabe sino mantener la decisión adoptada por la “a quo” y en tanto sea la interesada la que comunique a las demandadas los sitios web con contenido ilícito o que considere agraviante que deban ser bloqueados a los fines de impedir su acceso a través del buscador, ello sin perjuicio de las demás medidas que la propia actora pueda requerir respecto de los dueños de los sitios de Internet donde se encuentren alojados los contenidos que considere dañosos.
Por todo ello y si mi voto fuera compartido por mis estimados colegas, propicio al Acuerdo: 1) Hacer lugar a los agravios opuestos por las demandadas, revocando la sentencia, en tanto hace lugar a los daños y perjuicios reclamados, y modificando lo dispuesto por la “a quo” en el punto II) de la parte dispositiva de la sentencia, con el alcance establecido en los considerandos precedentes; 2) Imponer las costas de primera instancia y de la Alzada por su orden, atento a que tratándose de una cuestión novedosa y respecto de la cual no existe aún jurisprudencia encontrándose controvertida en doctrina el tema debatido, la parte accionante pudo haberse creído con derecho a accionar como lo hiciera (art. 68 CPCC) 3) Regular los honorarios en el Acuerdo.
No se trata de transmisiones lesivas de los derechos de la personalidad incluidas imágenes, a través de operadores de medios de comunicación escritos, orales o televisivos, sino como bien se afirma, de actividad auxiliar para facilitar el acceso de los usuarios del servicio a los sitios presentes en la “web”.
Tampoco se trata del suministro de datos personales que allí obren de modo que se pudiera afectar el derecho a la vida reservada que tiene todo ser humano si así fuera su deseo, dado que no nos hallamos ante esos extremos, sin perjuicio de reconocerse la natural desazón de la actora –cantante de un grupo musical en su momento y luego devenida modelo y actriz según se afirma-, al encontrarse vinculada del modo señalado con páginas relacionadas con actividad sexual, prostitución y pornografía, pero en modo alguno sindicada o descripta como incluida personalmente en ese tipo de prácticas.
La actividad de las demandadas trae a portada de mano del requirente, de modo gratuito, datos que provienen de registros al que tiene acceso el público, o de elencos, actos o documentos a los que cualquier persona puede tener acceso, que resulta diversa al ejercicio periodístico y sus fines, siendo cuestión distinta por lo demás todo aquello vinculado con la protección de los derechos de autor y otros derechos conexos.
El señor juez de Cámara doctor Diego C. SÁnchez dijo:
“La verdad es independiente de los votos que consigue. Con frecuencia nace con uno solo, porque no siempre es inteligible a la primera vista”.
El epígrafe fue el del doctor Rómulo E. M. Vernengo Prack al votar en “Glusberg” (fallo plenario de esta Cámara del 10-09-82, ED 101-181, JA 1982-IV-443, LA LEY, 1982-D, 525); como dije en “Samudio de Martínez” (ídem, del 20-04-09, ED 232-541; LA LEY, 2009-C- 99 y 222; elDial.com 21-04-09), circunstancias en este expediente –también en otros que mencionaré- lo hicieron recordar.
He tenido presente los fallos dictados en “Glusberg” y “Samudio de Martinez”; tengo ahora las clases magistrales de mi profesor de Introducción al Derecho, doctor Julio C. Cueto Rúa, quien ha reiterado -décadas después (por ej.: “El juez distante”, LA LEY, 1990-C, 906)- lo que nos enseñaba entonces: que existe virtual unanimidad en la identificación de la morosidad como una de las principales causas de la insatisfacción popular con la administración de la justicia.
“El más puro tesoro al que puede aspirar un ser humano en estos tiempos es a una reputación sin mancha, que le sobreviva. Los hombres son como cerámica dorada o barro pintado”.
En la recurrida sentencia de primera instancia (fs. 1933/51 –con aclaratoria a fs. 1965-) se expresó: “El sustento fáctico de la pretensión consistiría en la facilitación de acceso por parte de los buscadores de las demandadas a sitios de contenido pornográfico en los que se hallaba la imagen de V. D. C. y en el uso comercial y no autorizado de su imagen a través de la reproducción de fotografías en el sistema de búsqueda por imágenes.
“No obstante el desconocimiento formulado por sendas accionadas, los términos de sus respectivas presentaciones en el incidente sobre medidas cautelares, a la luz de los alcances con que fue allí dictada y luego cumplida la orden, tornan carente de virtualidad extenderse en consideraciones acerca de lo que surge palmario, esto es: que efectivamente a través de los buscadores en cuestión podía accederse a imágenes de V. D. C., en páginas de las características que provocan su reclamo”.
Concuerdo con ello; también con la conclusión (luego de analizar la prueba producida, a saber: acta notarial labrada por el escribano Rubén Emilio Arias; dictamen elaborado por el Centro Argentino de la Imagen; informe pericial; constancias del incidente de medidas cautelares, entre otras) en que: “Conforme lo expuesto, he de admitir que a través de los buscadores YAHOO de Argentina y de GOOGLE INC resultaba posible acceder a las mentadas imágenes que correspondían a D. C. ubicadas en sitios de contenido erótico, pornográfico, etc. como se indicó; con lo que la controversia a ese respecto, se centra en lo concerniente a la responsabilidad que la actora atribuye a los dos accionados por esa situación”.
“Cuando se permite que la libertad sin límites se ejerza por quienes poseen los medios de comunicación…, se olvida el derecho del ciudadano común, del hombre común, a no ser agredido, ¡a no ser corrompido!”.
Estimo que a semejante pregunta -expresada en diciembre de 2009- merece se le recuerde muy conocida respuesta, igualmente simple ¡y dada hace casi dos siglos y medio!: “La libertad de prensa es en verdad esencial a la naturaleza de un Estado libre; pero ella consiste en no imponer restricciones previas sobre las publicaciones, y no en la libertad respecto de la sanción por impresos criminales cuando se ha publicado. Todo hombre libre tiene un derecho indudable a poner delante del público las opiniones que le plazcan; prohibir esto es destruir la libertad de prensa; pero si él publica lo que es impropio, malicioso, o ilegal, debe asumir la consecuencia de su propia temeridad” (Blackstone, William, “Commentaries on the Laws of England”, publicados entre 1765 y 1769, de sus clases en Oxford). Más acá en el tiempo podemos dar como respuesta el inciso 2°, del artículo 13, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Hay supuestos de admisión de la censura previa, como publicación de pornografía infantil (conf. Fernandez Delpech, Horacio, “La injuria a través de internet a raíz del fallo JUJUY. COM http://www.hfernandezdelpech.com.ar/ARTICULO 20FALLO%20JUJUY.pdf), quien también recuerda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que “no todo lo que se difunde por la prensa o se emite en programas radiales o televisivos o por cualquier otro medio goza del amparo otorgado por la prohibición a la censura previa, sino aquello que por su contenido encuadra en la noción de información o difusión de ideas (Fallos 315:1943, año 1992, ED 149-245)”.
Con singular énfasis desde “Ponzetti de Balbín” (11-12-84), citado en el primer voto, el Alto Tribunal se ha pronunciado claramente cuando se encuentran en juego los límites jurídicos del derecho de información en relación directa al derecho a la privacidad o intimidad. Respecto de las normas convencionales -recién citadas- los jueces Caballero y Belluscio, concluyeron entonces que: “el lugar eminente que sin duda tiene en el régimen republicano la libertad de expresión –comprensiva de la de información- obliga a particular cautela en cuanto se trate de deducir responsabilidades por su ejercicio. Empero, ello no autoriza al desconocimiento del derecho de privacidad integrante también del esquema de la ordenada libertad prometida por la Constitución mediante acciones que invadan el reducto individual, máxime cuando ello ocurre de manera incompatible con elementales sentimientos de decencia y decoro” (conf. Bazan, Víctor, “Confluencias y fricciones entre la libertad de información y los derechos a la honra y a la vida privada”, EDCO, 2008-377). Por su parte Carlos A. Parellada (“Responsabilidad por la actividad anónima en Internet”, LA LEY, 2007-F, 1066) concluye su trabajo: “Por ello, ratificamos —una vez más— nuestra convicción: ¡Libertad de expresión! pero también ¡responsabilidad por lo que se expresa! Tales consignas no presentan incompatibilidad lógica”.
Para dar un ejemplo de mi convicción al respecto recuerdo que he expresado en reciente voto (30-06-10, integrando por sorteo la Sala L de esta Cámara Civil, in re “Aguirre Diego Oscar c. Argañaraz Ramón Francisco y otros s/ daños y perjuicios” y sus acumulados): “…sí coincido con: “El resultado, como apunta Lorenzetti, citando a Nino, es decididamente un país al margen de la ley”. Dije en mi voto en “Samudio”: “He sostenido que la anomia, el no cumplir las leyes, es la causa de muchos de los males que padecemos (v.gr. mis votos del 11-06-07, in re “Bianco Bueno, Velmar c. Parra, Jorge Blas” y del 27-05-08, in re “Sylveyra Jorge Omar c. Transporte Automotor Plaza S.A.”, éste en suplemento de Derecho Procesal de eldial.com -del 23-06-08- y en suplemento de Derecho de Seguros de El Derecho -del 31-12-08-, fallo 31, anotado por Carlos Schwarzberg, “La responsabilidad en dos accidentes de tránsito y temas conexos. Oponibilidad de la franquicia”). Al juez corresponde juzgar -salvo excepciones y considero que no estamos ante ellas- según las leyes y no a las leyes (Iudicare non de legibus sed secundum leges)”.
Lo he reiterado en cuantas ocasiones he tenido oportunidad de hacerlo (v.gr. 10-08-09, in re “Meniño Sumay María Rosa c. Micróomnibus Norte S.A. y otros s/ daños y perjuicios”; 30-04-10, in re “Margarita, Martín Celestino y otro c. M.O. General San Martín S.A. y otro s/daños y perjuicios”; 09-06-10, in re “Nuñez Hugo Osmar c. Rossi Leandro Gabriel y otros s/ daños y perjuicios”; 16-07-10, in re “Silva Benito Horacio c. Empresa Ciudad de San Fernando s/ daños y perjuicios” y los allí citados), votos en los que he demostrado que la doctrina del plenario “Obarrio y Gauna” no se encuentra vigente, que sí lo están las normas en ellos citadas y que deben ser aplicadas (v.gr.: arts. 61, 109, 118 y concs. de la ley 17.418, resolución 25.429/97 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, entre otras).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha revocado por arbitrarias sentencias que han decidido lo contrario (por ej. de la Sala “D” que integro, dictadas con mi disidencia: 28-04-09, in re “Arrua Oscar c. Díaz Roberto”; 01-12-09, in re “Bonzi, Lucía Elena c. Almada, Oscar Raúl”, entre otras); seguramente serán revocadas las que, a pesar de mis esfuerzos, se han seguido dictando y hoy tienen recurso extraordinario en trámite.
He intentado permanentemente convocar, en aras de la seguridad jurídica y aunque lo estimo no vigente, a un nuevo plenario que deje sin efecto la nefasta doctrina de “Obarrio y Gauna”, también sin éxito (por ej.: 05-03-08, in re “Moran Savina Rosa c. Gutierrez Daniel Orlando y otros s/ daños y perjuicios”, 07-03-08, in re “Durante, Carlos Osvaldo c. Transporte del Tejar S. A.”, eldial.com, sup. Derecho Procesal, del 31-03-08; 20-10-09, in re “Coda, María Elvira c. Rando, Alfredo y otros s/daños y perjuicios”; 30-04-10, in re “Margarita, Martín Celestino y otro c. M.O. General San Martín S.A. y otro s/daños y perjuicios” y 09-06-10, in re “Nuñez Hugo Osmar c. Rossi Leandro Gabriel y otros s/ daños y perjuicios”).
Afortunadamente, por cierto, no estamos solos con Google en nuestras convicciones sobre el respeto a la ley, sobre la inviolabilidad de la propiedad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dado buenos ejemplos en las sentencias citadas, como las dictadas el 4 de marzo de 2008 (“Recurso de hecho deducido por La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales en la causa Gauna Agustin y su acumulado c. La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro”; “Recurso de hecho deducido por La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales en la causa Obarrio, María Pía c. Microómnibus Norte S.A. y otros” y “Recurso de hecho deducido por La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales en la causa Villarreal, Daniel Alberto c. Fernández, Andrés Alejandro”. Esta Cámara Civil lo hizo por sus Salas “E” (29-05-08, in re “Lloveras Juan Benjamín c. Bustamante Daniel Arturo”, en sus términos y con remisión a “Del Águila Sonia Karen y otro c. Expreso Gral. Sarmiento S.A.T” – LA LEY, 2008-D, 253, RCyS, 2008-976-) y “G” (26-09-08, in re “Jurado, Plácida Gertrudis c. La Vecinal de la Matanza SAT y otros s/daños y perjuicios”, en ED digital 47248; 30-12-08, “Travaglini, Marcelo Adolfo c. Albertelli, Mauricio Haroldo y otros”, La Ley Online: AR/JUR/22343/2008, entre muchos otros).
El señor presidente de la Corte Suprema, doctor Ricardo L. Lorenzetti, lo ha ampliado –incluso- en muchos de sus votos (v.gr.: 07-08-07, in re “Cuello, Patricia Dorotea c. Lucena, Pedro Antonio”, ED 223-643 y LA LEY, 2007-E, 398, con nota aquí de Domingo M. López Saavedra, “Franquicias deducibles: Su oponibilidad a los terceros en los seguros de responsabilidad civil”) y ha reiterado en estos últimos días (el 05-08-10 en conferencia de prensa organizada por la fundación alemana Konrad Adenauer que se realizó en la sede de la Universidad Católica Argentina, La Nación 06-08-10) que el país necesita “reglas previsibles y claras; respeto del derecho de propiedad y de los contratos, y que gobiernen las leyes, no un hombre o una mujer: las leyes no son un simple consejo”.
“No por obvio he de dejar de señalar que nos hallamos frente a una cuestión novedosa, provocada a partir de una materia que también lo es y que no ha sido aún objeto de regulación específica. Se regirá por los mismos principios que gobiernan la responsabilidad civil en general, los arts. 902 y sgtes., 1066 a 1069, 1072 a 1083, 1109 y 1113 del Código Civil (Tratado de Responsabilidad Civil, Trigo Represas/López Mesa; Tomo IV Ed. La Ley); pero antes que ello por la ya citada manda constitucional del art. 19 del que derivan el derecho a no ser dañado y en su caso, a ser resarcido.
“Por tal razón se ha dicho que las reglas individualistas de la responsabilidad no darían respuesta a la realidad de los problemas que se presentan a partir de la red mundial (López Herrera, Teoría Gral. de la Responsabilidad).
“La presentación del experto aparece consistente, exhaustiva y clara acerca de una disciplina técnica nueva y compleja, cuyo conocimiento está recién comenzando a ser explorado por quienes somos ajenos a la misma. En el caso, todas las partes solicitaron explicaciones al perito y las accionadas además impugnaron su informe, y debo señalar que las respuestas que brindó, satisfacen los requerimientos. Por otra parte, pongo de relieve que aunque los demandados ofrecieron el aporte de sus respectivos consultores técnicos, y aún cuando en todo caso entre la estimación del dictaminante y la del consultor técnico, sin otro elemento de juicio que autorice a inclinarse por una u otra postura, cabe estarse a la del experto designado de oficio y desechar la del asesor de parte interesada, dado que por sus funciones aquél no es sospechado, como puede serlo éste, de parcialidad (Cám. Nac. Civ., sala “E”, 16-12-98, “Montiel Héctor Abelardo c. Geijo Juan Manuel y otro s/ daños y perjuicios”); en este caso, los consultores de los accionados no han siquiera presentado sus informes para -eventualmente- respaldar técnicamente las mentadas objeciones-
“Establecer el núcleo de la cuestión sometida aquí a decisión en términos de “aliento” versus “afectación” al desarrollo de Internet, importa una simplificación del tema.
“De ahí que lo expuesto no implica obviar el carácter de los buscadores como instrumento “inestimable” para potenciar la difusión de información; aunque debe reconocérsele la misma capacidad- en su caso- para potenciar daño.
“En todo caso la “sanción” no es a Internet sino a los daños que provoquen algunos modos de su uso.
“Lo hasta aquí expuesto me conduce a asignar responsabilidad a los demandados en el supuesto de que el acceso que posibilitaron a los sitios que incluían imágenes de la actora, le hubiera producido afección a sus derechos personalísimos y/o hubiera constituido un uso no autorizado de su imagen (…) De conformidad a cuanto hasta aquí se señaló, puede afirmarse con Orgaz que: “La responsabilidad de quien ha ocasionado un daño a otra persona, se asienta sobre tres pilares fundamentales: ilicitud, culpa y daño” (Alfredo Orgaz, “El daño resarcible”, pág. 10). La ilicitud y el daño son siempre inexcusables para la responsabilidad, es decir, para que nazca la obligación de restablecer la situación conforme a derecho y la reparación del daño causado”.
III – 2 – 1) La crítica también ha sido dirigida contra la sentencia recurrida en cuanto ha tenido por configurada la antijuridicidad por aparecer violado el deber genérico de no dañar, el alterum non laedere consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Sin embargo debemos recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación así lo ha reiterado, en especial desde “Santa Coloma” o “Gunther”, y la doctrina especializada (Tomeo, Fernando, “La protección de la imagen y la reputación corporativa en la Web 2.0”, LL sup. act. 02-02-10, págs. 1/4) ha sostenido: “Hasta el dictado de una legislación específica sobre la materia regirán las normas que hemos mencionado a la luz del principio genérico de no dañar “alterum non laedere” consagrado en el art. 19 de la Constitución Nacional”.
III – 2 – 2) Tampoco asiste razón a la apelante en relación con la aplicación de la analogía y los principios generales del derecho. El colega Jorge Mario Galdós (“Responsabilidad civil de los proveedores de servicios en Internet”, LA LEY, 2001-D, 953), con cita de otra colega (Piaggi, Ana I., “Reflexiones sobre la contratación electrónica”, LA LEY, 1999-A, 750) y de un estudioso cuya ausencia definitiva seguimos lamentando (Colautti, Carlos E., “La libertad de expresión y el espacio cibernético”, LA LEY, 1999-E, 1334) nos dice: “El vacío legal en los Estados que no han regulado la responsabilidad civil de los sujetos de la red, sea con normativa específica o con legislación en materia afín, -como contratos a distancia, comercio electrónico, firma digital, protección de datos personales-, conduce, en primer lugar, a la aplicación de la analogía y de los principios generales del derecho, en lo que sea compatible con el régimen jurídico interno y conlleva a apreciar, coadyuvantemente, las Directivas Comunitarias sobre éste u otros temas conexos como el Comercio Electrónico, abrevando en los resultados que se han apreciado en los países con regulación propia (vgr. Alemania, Francia, EE.UU., Italia) y en el vigoroso aporte de la doctrina”.
En otro reciente estudio sobre el tema (Borda, Guillermo J. (h), “La responsabilidad de los buscadores en internet”, JA 2010-II, del 09-06-10, págs. 7/11), que tiene el epígrafe de este capítulo de mi voto, de la autoría de quien fue juez de esta Cámara doctor Guillermo A. Borda, nos dice: “Los buscadores -que son también páginas de Internet- quedan, en conclusión, alcanzados por dicha prescripción legal; por lo que la búsqueda y facilitación de contenidos que aquéllos operan quedan enmarcadas en el ejercicio de la libertad de información y la libre expresión (…) El mecanismo que utilizan los buscadores requiere, en una primera instancia, de la sistematización y facilitación de la información de la web; esta actividad opera como antecedente de su efecto consecuente, que es la potenciación de la información; es allí donde creemos que se concreta -o termina de concretarse- la antijuridicidad de la actividad de los motores de búsqueda: esta última actividad de publicitar los contenidos dañosos -o del lugar donde se hallan los contenidos- es lo que compromete a las empresas de búsqueda en un orden de causalidad dañoso, que se dispara con el proveedor del contenido ofensivo (antecedente) y se potencia (consecuente) con la accesibilidad masiva que posibilitan los buscadores; el daño es, así, causado directamente por el proveedor del contenido ilícito, y potenciado por el divulgador, que se sirve de aquél para su aprovechamiento económico.
III – 2 – 3) En cuanto a la afirmación que la cuestión no tiene solución en el derecho vigente, y sin perjuicio de lo que expreso y dispongo en el apartado siguiente, parece oportuno recordar votos del doctor Roberto E. Greco en esta Cámara (por ej. el del 26-10-1993, in re “Corsetti de Patrignani, Irene c. Martínez, Regino y otros”, LA LEY, 1994-A, 292): “I. Al igual que en todos los casos en que se afirma que una cuestión no tiene solución en el derecho vigente, me veo obligado a reiterar –como lo hago cada vez que se predica un “vacío” o espacio carente de juridicidad– que el ordenamiento no tiene lagunas y todo conflicto encuentra solución en los géneros normativos del sistema. Que esa solución puede no gustar a algunos, no plantea problema de lógica jurídica formal sino problema axiológico, como creo se ha demostrado por lo menos desde 1942 (Carlos Cossio, “Las lagunas del derecho”, en esp. p. 5 y sigts., Imprenta de la Universidad de Córdoba, 1942, separado del “Boletín de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales”; del mismo autor, “La plenitud del ordenamiento jurídico”, ps. 37/53, 2ª ed., Ed. Losada S. A., 1947, que incluye como primera parte el estudio anterior. Ver ejemplos dados en mi trabajo “¿Ultraactividad de normas abrogadas o derecho libre?”, ED, 83-680/703, en esp. cap. III en ps. 683/687)”.
La necesidad de legislar al respecto, sin perjuicio de lo que antes dije, es expuesta por la mayoría de los autores que se han ocupado del tema (v.gr.: Castrillo, Carlos V., “Responsabilidad civil de los buscadores de Internet”, LA LEY sup. 11-01-10, págs. 1/3; Feldstein de Cárdenas, Sara L. y Scotti, Luciana B., “Internet, comercio electrónico y derecho a la intimidad: un avance de los tribunales argentinos”, elDial.com; Fernández Delpech, Horacio, “Medidas tecnológicas de protección de la propiedad intelectual en Internet -los actos elusivos- la protección jurídica contra la elusión” http://www.hfernandezdelpech.com.ar/MEDIDAS%20TECNOLOG.DE%20PROTECCION-MERCOSUR.pdf; Frene, Lisandro, “Responsabilidad de los “buscadores” de Internet”, LA LEY, 2009-F, 1219; Galdós, Jorge Mario, “Responsabilidad civil de los proveedores de servicios en Internet”, LA LEY, 2001-D-953; Gini, Santiago Luis, “Internet, buscadores de sitios web y libertad de expresión”, LA LEY, sup. act. 23-10-08; Granero, Horacio R., “¿Existe un nuevo concepto de daño? (la responsabilidad actual del Derecho Civil)”, elDial.com Suplemento de Derecho de la Alta Tecnología; Thomson, Federico G., “Daños causados a través de buscadores de Internet”, LA LEY, sup. 26-03-10, págs. 7/8; Tomeo, Fernando, “La protección de la imagen y la reputación corporativa en la Web 2.0”, y op. infra cit.; Uzal, María Elsa, “Jurisdicción y derecho aplicable en las relaciones jurídicas por Internet”, ED, 208-719; Vaninetti, Hugo Alfredo, “La responsabilidad civil de los buscadores en Internet. Afectación de los derechos personalísimos. Supuestos para analizar”, ED, sup. del 16-06-10, Nº 12.525).
En otros casos he dispuesto (de conformidad con lo establecido en el art. 2 de ley 340) librar oficios a los señores Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación Argentina y presidentes de las H. Cámaras de Senadores y de Diputados de la Nación Argentina, requiriéndoles la adopción, en el tiempo más breve posible, de las medidas necesarias para la sanción de una ley (v.gr. el 11-09-08, in re “Gómez Carmen Clementina c. Monzon Diego y otros s/ daños y perjuicios”, LA LEY, 2008-E, 682 y eldial.com, sup. Derecho Procesal del 22-09-08; ley de seguro obligatorio de automotores, o el sistema que mejor se considere; el 04-12-08, in re “Schiavo, Alejandro y otros c. Cohen, Liliana Laura Marcela y otros” -ED 232-39, con nota de Carlos Schwarzberg, “La reparación en la mala praxis médica. Legitimación para reclamo de daño moral; eldial.com sup. derecho procesal del 23-02-09- para la sanción de una ley que pudiere ampliar, en casos como el allí resuelto, la legitimación activa para reclamar el daño moral otorgada por el artículo 1078 del Código Civil).
Respecto del uso comercial y no autorizado de la imagen de la actora por la reproducción de fotografías en el sistema de búsqueda por imágenes, me permito agregar –a lo ya establecido en la sentencia recurrida- que un reciente estudio de la destacada especialista profesora doctora Delia Lipszyc (“La responsabilidad de los proveedores de servicios de intermediación en línea”, La Ley, Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, febrero 2009, págs. 3/22), en el que analiza numerosísimos precedentes, nos enseña que los proveedores de motores de búsqueda e hipervínculos pueden infringir el derecho de autor, u otros derechos, en función de los que ofrezcan o bien, de la forma en que brinden sus servicios a los usuarios.
Nos ilustra sobre antecedentes de las propias demandadas en el mundo entero, como también lo hace otro especialista (Mille, Antonio, “Motores de la búsqueda en Internet y derecho de autor. Los casos judiciales de la “generación Google”, JA, 2008-IV-1275) quien sostiene: “El resultado final de cara al usuario, es que en la práctica la mayoría de los navegantes acceden a los sitios web siguiendo las sugerencias del motor del búsqueda y limitándose a revisar las sugerencias contenidas en la primera página de resultados y a todo lo más en las inmediatamente siguientes”.
El primer buscador fue desarrollado en el MIT de EE.UU., en el año 1993 (Vaninetti, Gustavo Juan y Vaninetti, Hugo Alfredo, “Los buscadores en Internet. La protección de los derechos personalísimos. Utilización de la medida cautelar innovativa: adecuada pero… ¿suficiente?”, ED, 222-335); Internet existía desde el año 1969, con “ARPANET” (“Advanced Research Projects Agency Network”).
La doctora Lipszyc en 1981, con más de una década de anticipación al primer buscador y para otro supuesto, por cierto, comenta un fallo de la Sala B de esta Cámara (“El derecho moral de intérprete. Los modelos de fotografías”, LA LEY, 1981-C, 554) y nos dice: “En estos supuestos no habrá habido interpretación ni en sentido técnico ni jurídico y, sin embargo, la fotografía no podrá ser reproducida o utilizada sin autorización del retratado en virtud del derecho que, como persona, tiene sobre su imagen.
“En este sentido, entendemos que el derecho a la propia imagen brinda un marco de protección más amplio y nítido sustrayendo la cuestión de consideraciones sobre la existencia o no de interpretación “en” la fotografía, sobre el carácter de modelo y los antecedentes profesionales de la persona retratada y sobre la extensión de la protección legal del art. 56 de la ley 11.723 y de su dec. reglamentario 746/73 a las obras fotográficas”.
Individualizan los autores jurisprudencia y destacan dos precedentes de esta Sala, con otra integración, en los que se decidió: “Las leyes protectoras de los derechos personalísimos como la 11.723 mediante su art. 31 y la ley 17.711 con el art. 1071 bis del Código Civil, contienen normas que reglamentan el ejercicio de diversos derechos, precisamente para amparar otros de igual o mayor jerarquía como son los inherentes a la persona, a su intimidad y, en definitiva, a su dignidad” (17-07-96, in re “A., C. c. Editorial Perfil S.A.”, LA LEY, 1997-D, 160); en sentido similar se pronunció poco después (10-10-96, in re “W. de F., C. c. Editarte S.A.”, ED 171-94).
Con cita de Carlos Mouchet y Sigfrido Radaelli (“Los derechos del escritor y del artista”, edit. Sudamérica, Buenos Aires, 1957, p. 161) sostiene Federico A. Villalba Díaz (“Algunos aspectos sobre los derechos de autor en Internet. Conflictos con el uso de obras en el ciberespacio”, JA 2000-IV-911): “Nada dice la ley argentina sobre la posibilidad de citar obras de arte, fotografías, dibujos, láminas, ilustraciones, etc. En principio, estas obras no pueden ser reproducidas sin consentimiento, salvo que ello sea indispensable para ilustrar una exposición de orden artístico o para explicar un texto del que las mismas forman parte, la explicación de una teoría, un método, argumento por lo demás confirmado por la jurisprudencia”.
(http://www.lead411.com/Vinod_Sreeharsha_1456292.html), que su domicilio es Mountain View, CA, USA (el de dicha codemandada es 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, USA 94043). Se publica una nota, que estimamos íntima y relacionada con su pertenencia a un Grupo de la otra codemandada (Yahoo) (http://groups.yahoo.com/group/wacsd/message/292?l=1) y dice “Soy Vinod Sreeharsha. Soy un socio de este grupo aunque no he ido a una cena en mucho tiempo. La razón -ahora vivo en Buenos Aires-desde hace casi dos años pero antes fui a una cena en san francisco, de donde soy…”.Me interrogo –y me es más difícil encontrar la respuesta que a la primera pregunta de Yahoo- si una persona de origen hindú, que ha vivido en la costa oeste de los Estados Unidos de Norte América –nada menos que en las inmediaciones de Silicon Valley- y hoy se domicilia aquí en Buenos Aires, director de la codemandada Google Inc, que se presenta como periodista especializado en el tema aquí en debate- ¿envidiará la suerte del pájaro o el destino del árbol?, ¿o ambos?, ¿o ninguno?, ¿o una tercera?
Pienso que es razonabilidad lo que se espera de nosotros y por ello me pareció oportuno al votar en “Samudio de Martínez” –como me parece reiterarlo hoy- tener presente que el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo L. Lorenzetti, en la apertura de la Tercera Conferencia Nacional de Jueces (Córdoba, 18-09-08) nos hizo, con la cita del epígrafe de Jorge Luis Borges (“Obra poética”, Los conjurados, Ed. Emecé, Buenos Aires, 2007, pág. 642), un llamado –precisamente- a la razonabilidad. No puedo siquiera pensar en la poesía de Borges en general, la de este libro en particular, sin recordar que un eminente jurista español, confeso admirador del poeta, nos hace sentir -y compartimos- la impresión que este libro, a la vez exquisito y profundo, le produjo (García de Enterría, Eduardo, “Fervor de Borges”, edit. Trotta, Madrid, 1999, prólogo).
Se afirma en el primer voto que la responsabilidad de los buscadores debe analizarse a la luz de lo normado por el artículo 1109 del Código Civil. Aunque hay fundados argumentos para sostener la atribución objetiva de responsabilidad en los términos del artículo 1113 del mismo Código (ver CACAzul, Sala I, voto del Dr. Esteban Louge Emiliozzi del 19-02-09, in re “Heim, German Luis y otro c. Zito Cono y otro” y nota de Fernando Tomeo, “La responsabilidad civil en la actividad informática”, LL Revista Responsabilidad Civil y Seguros, 03-10, págs. 99/111), admitiré la imputación subjetiva en el supuesto hipotético del que aquí me ocupo.
No sin destacar la atención con la que debemos ver la actividad de las profesionales empresas demandadas que, por la posibilidad de afectar los valores precipuos en la vida del hombre (honor, imagen, intimidad, otros derechos personalísimos), se le podría imputar el carácter de riesgosa, sin afirmar por ello –en virtud del supuesto de imputación subjetiva que aquí analizo- que corresponda necesariamente aplicar la norma del artículo 1113 del Código Civil; podría admitirse la existencia de riesgo creado ante la divulgación de infundios, noticias agraviantes e inexactas que afecten el honor, la imagen o la intimidad. Ya Vélez Sarsfield en su nota al artículo 2312 del Código Civil destacaba: “Hay derechos, y los más importantes, que no son bienes, tal son ciertos derechos que tienen su origen en la existencia del individuo mismo a que pertenecen como la libertad, el honor”.
Nos invita a reflexionar la conclusión, para otro supuesto, de Tomás Ignacio González Pondal supra citado (“Facebook: Reflexiones sobre el derecho a la intimidad”, La Ley, sup. act. 26-05-09): “No poseo los elementos suficientes para probar que tras un mundo “amigable” propugnado por facebook, se esconde un monstruo ávido de dominio y poder. Si he podido, según entiendo, demostrar que el marco rector del sitio web en cuestión no sólo es confuso, sino, lo peor, peligroso, y que tenida en cuenta la práctica del mismo hay evidencia de que se permite incurrir en la violación al derecho a la intimidad, usando como instrumento un falso derecho a la libertad.
Se ha decidido la mayor responsabilidad derivada de la gestión de hacienda especializada en razón del objeto (CNCom, Sala B, 01-11-00 in re “Del Giovannino, Luis Gerardo c. Banco Del Buen Ayre S.A.”, y los allí citados, LA LEY, 2000-F, 657, elDial.com AA7EC). Por voto de la señora Juez de Cámara doctora Ana Piaggi se expresó: “2) Ahora bien, el banco del Buen Ayre, es un comerciante profesional con alto grado de especialización y también es un colector de fondos públicos; ello le otorga superioridad sobre el actor y lo obliga a obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas (arts. 512, 902 y 909 Código Civil; v. mi voto, 5-10-1999, in re “Minniti, Oscar Vicente c. Thriocar SA y o.; ídem, 20-9-1999, in re “Banesto Banco Shaw SA c. Dominutti, Cristina”; bis ídem, 29-6-2000, in re “Caimez, Oscar Rene c. Banco Francés SA”; cfr. Benélbaz, Héctor A. “Responsabilidad de los bancos comerciales…”, RDCO 16-503; Garrigues, Joaquin, “Contratos bancarios”, ed. 1958, pag. 519 y ss.). En otros términos, su condición lo responsabiliza de manera especial y le exige una diligencia y organización acorde con su objeto haciendal, para poder desarrollar idóneamente su actividad negocial.
“Parece de toda obviedad que la conducta del banco no puede apreciarse con los parámetros aplicables a un neófito sino que debe ajustarse a un standard de responsabilidad agravada en tanto profesional titular de una empresa con alto nivel de especialización (cfr. arts. 512, 902 y 909 Código Civil; CNCom., esta Sala, 23-11-1995, voto del juez Butty, in re “Giacchino, Jorge c. Machine & Man”; ídem, 14-8-1997, in re “Maqueira, Néstor y o. c. Banco de Quilmes SA”; v. mi voto, 24-11-1999, in re “Molinari, Antonio Felipe c. Tarraubella Cía. Financiera SA”, Doctrina Societaria, ed. Errepar, tomo XI, pág. 905).
“Como es sabido, en los contratos en que una parte detenta superioridad técnica la otra soporta una situación de inferioridad jurídica (CNCom. esta Sala, 10-8-1998, in re “Rodríguez, Jorge Aquilino c. Barberis Constructora SA”); esta es la situación de autos (cfr. Alterini, Atilio A. “La responsabilidad civil del banquero dador de crédito: precisiones conceptuales”, ED 132-966; “Responsabilidad civil de la entidad financiera por cancelación del crédito otorgado al cliente”, LA LEY, 1987-A, 1067). Y la naturaleza del negocio bancario cristaliza una confianza especial, que en el caso, agrava la responsabilidad del demandado (art. 909 Código Civil; cfr. Belluscio-Zannoni, “Código Civil…”, ed. Astrea, Buenos Aires, 1982, tomo 4, pág. 101).
“Como se constata, la confianza en tanto principio de contenido ético impone a los operadores un inexcusable deber de honrar las expectativas; su quiebre, contraviene los fundamentos de toda organización jurídica y torna inseguro el tráfico (v. mi voto, 17-12-1999, in re “Gismondi, Adrián Alejandro y otro c. Ascot Viajes SA”, Doctrina Societaria, ed. Errepar, tomo XI, pág. 1091; cfr. Rezzónico, Juan Carlos, “Principios fundamentales de los contratos”, ed. Astrea, Buenos Aires, 1999, pág. 376).
V – 1) Se concluye textualmente en el primer voto:
“Observo además, que entre las Condiciones de servicio de Google, se establece que el usuario reconoce que toda la información, como archivos de datos, texto escrito, programas informáticos, música, archivo de audio u otros sonidos, fotografías, videos u otro material gráfico, al que tenga acceso como parte de los Servicios o a través del uso de estos es responsabilidad de la persona que ha creado dicho contenido (art. 8.2) y que la política de Google consiste en responder a las notificaciones de supuestas infracciones de derechos de autor de acuerdo con lo estipulado por la ley de propiedad intelectual internacional, incluida la ley estadounidense de protección de derechos de autor (Digital millennium Copyright Act) así como en cancelar las cuentas de infractores recurrentes, (art. 16.1) como asimismo que Google cuenta con un procedimiento de reclamación de marcas comerciales relativo a su negocio publicitario (art. 16.2) dando las direcciones a las cuales se puede recurrir.
Admitido todo ello, insisto, resulta inadmisible que según constancias del incidente de medidas cautelares (exp. N° 63314/06, que tengo a la vista) se las haya decretado con fecha 23 de agosto de 2006 (fundado entre otras constancias, en la de fs. 64, que es el acta notarial del esc. Arias del 27-06-06) y notificado de inmediato a la demandada; se presentó Google el 7 de setiembre siguiente (fs. 147/9) y a principios de este año 2010 (fs. 2139/40, ahora de este expediente principal) ¡más de tres años después de decretada judicialmente la medida cautelar! mantiene vínculos y enlaces que permiten identificar el nombre de la demandante con sitios de contenido sexual y pornográfico.
También se ha resuelto “que ante un material dañoso, reclamada su eliminación por el sujeto damnificado, el proveedor debe actuar y, de ser técnicamente posible, debe acoger esa petición, por estar en mejores condiciones técnicas y fácticas de actuar ante la prevención o reparación del daño injusto. Como también que ante la entidad objetiva y fácilmente verificable de la ilicitud del contenido, no puede la empresa responsable del servicio amplificar, con su divulgación, los efectos dañosos en curso. Si bien parece –al menos por ahora– dificultosa la prevención del daño, no lo es la cesación de sus consecuencias (conf. Galdós, Jorge Mario, Responsabilidad civil de los proveedores de servicios en Internet, LA LEY, 2001-D, 953). De igual manera, la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea contempla la facultad de un tribunal o una autoridad administrativa de exigir al prestador de servicios que ponga fin a una infracción o la impida (conf. arts. 12, 13 y 14). Desde este punto de vista, es indudable que el servicio prestado por la apelante, por sus propias características, contribuye a facilitar la difusión de las páginas cuestionadas por la actora, por lo cual, la decisión adoptada por el a quo resulta el medio más idóneo para evitar la prolongación de la situación que se quiere hacer cesar. No obsta lo expuesto la ineficacia alegada por la apelante, habida cuenta de que la elección de los medios procesales es de exclusiva incumbencia de la actora. A lo que cabe añadir la posibilidad –aun en el caso de que los titulares de los sitios excluyeran toda relación con la accionante o los eliminaran– de acceder a versiones anteriores de las páginas a través de la función ‘en caché’, disponible en los resultados de las búsquedas, tal como lo advierte la actora. Asimismo, se debe destacar que, como surge de la prueba documental aportada por la actora y de las manifestaciones de la recurrente, en algunos casos Yahoo! Argentina se guarda el derecho a elegir los sitios que incluye en su directorio” (CNFCyC, Sala II, 15-03-07, in re “Unteruberbacher Nicole c. Yahoo de Argentina S.R.L. y otro s/medidas cautelares”).
Resulta autocontradictorio entonces el primer voto, como también el segundo al adherirse, con el agregado que la referencia al derecho al olvido en éste, magnifica la autocontradicción pues la actora –afectada, por la actividad de los buscadores muy considerablemente, en su honor, imagen e intimidad, lo que no es siquiera controvertido por mis colegas- no podrá olvidar; tampoco percibir la indemnización a la que tiene legítimo derecho (ver el estudio de los alumnos del profesor Horacio Fernández Delpech: González, Martina; Ramos, Martín; Vicente, Florencia y Nitto, Rafael, “Protección de Datos Personales – Derecho al Olvido”,
Recordemos también la inmortalidad del mundo virtual (“La invención de Morel” (1940), Bioy Casares, Adolfo, edit. Emecé, Buenos Aires, 2003).
Respecto del daño material anticipo mi coincidencia, en el caso, con la colega de primera instancia: “El acogimiento del reclamo por daño material exige la acreditación del perjuicio. La accionante no ha alegado de modo concreto, y menos aún demostrado que en todo caso, la pretendida utilización de su imagen le haya provocado daños materiales; es decir, no demostró la existencia de un perjuicio susceptible de apreciación económica en los términos del art. 1068 del Código Civil. Insisto, el daño debe probarse; un daño improbado no existe para el derecho; y la prueba del daño incumbe al damnificado (Llambías, “Código Civil anotado”, T. II, p. 159; Mayo, “Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado”, A.C. Belluscio (dir.)- E.A. Zanonni (coord), T. 2, pág. 720).
Consideraré ahora, conjuntamente, los agravios respecto de la procedencia y cuantificación del daño moral y -una vez más- coincido con la sentencia recurrida en cuanto: “Se ha decidido que “…Si hay un derecho a oponerse a la publicación de la imagen con independencia de perjuicios materiales, su violación importa, por sí sola, un daño moral, que está constituido por el disgusto de ver la personalidad avasallada (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala C 6/5/82 JA 1982 IV 516).
“Las imágenes tienen expresión propia y suficiente para transmitir un mensaje capaz de afectar a su titular. Es decir, el ámbito de la publicación/sitio no es inocuo. Esa apreciación es provocada por el marco constitutivo de la “meta-expresión” que no debe ser obviada (Bateson Gregory, “Teoría de la comunicación”).
Al votar, por ejemplo, en “Samudio de Martinez” sostuve: “Porque comparto estos conceptos insisto, casi a diario –en la cátedra, las reuniones académicas, las audiencias, los expedientes-, en mi preocupación por el problema de la cuantificación judicial de la indemnización por daños personales, su anarquía, que conspira contra los valores, que la mayoría dice aquí sostener (v.gr. mi voto del 12-02-09, in re “Rojas, Marcelo Gustavo c. Transporte Larrazabal CISA Línea 161 Int. 1246 y otros”; mis trabajos: “El Derecho en el Desarrollo y Medio Ambiente en las Américas. Su ponderación desde la Integración Legislativa, con especial referencia al contrato de seguro”, Boletín de Información Jurídica Iuris Gestion, tercer trimestre de 1993, Barcelona, España; “Valoración de daños personales y su relación con el seguro”, Winterthur, Madrid, España, 1997, tomo 1; “Cuestiones de constitucionalidad con motivo de la Ley 30/1995 de 8 de noviembre, LL 2000-A-340; Valoración de Daños Personales”, en Nicolás H. Barbato, Coordinador, Derecho de Seguros, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2001, p. 325). El problema no ha sido resuelto (ver Bulló, Emilio H., “El seguro y su contribución a la sistematización de la valoración de los daños corporales”, en Derecho Empresario Actual, homenaje al Dr. Raymundo L. Fernández, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1996, p. 219; Garrido Cordobera, Lidia M. R., “La cuantificación de daños. Un debate inconcluso”, LA LEY, 2007-D, 1204).
En uno de los últimos casos que esta Sala ha debido resolver, en el que se consideraba responsable al demandado por la difusión de información falsa en programas de televisión y citado en el primer voto (22-10-09, in re “K, de C., A. R. c. Lanata, Jorge y otros”, con nota de Ibarlucía, Emilio A., “Es posible la responsabilidad civil aplicando la doctrina de la real malicia”, LA LEY, 2010-A, 72 y 77), redujo el monto de condena por daño moral allí establecido en primera instancia y fijó en la misma cantidad aquí recurrida de cien mil pesos ($ 100.000) la compensación por daño moral.
Al dictar la sentencia recurrida, el día 29 de julio de 2009, se decidió (fs. 1950v) que: “Los intereses se devengaran a partir de la fecha de la notificación de la demanda y hasta el efectivo pago. En cuanto a la tasa y en virtud de la doctrina establecida en el fallo plenario de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil en los autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c. Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios” del 14 de octubre y del 11 de noviembre de 2008, que deja sin efecto la doctrina fijada en los fallos plenarios “Vázquez C.A. c.Bilbao W. y otros s. daños y perjuicios” del 2/8/93 y “Alaniz Ramona Evelia c.Transporte 123 S.A.C.I . int. 200 s. daños y perjuicios” del 23/3/04, se aplicará la tasa activa cartera general -préstamos- nominal anual vencida a treinta días del Banco Central de la República Argentina”.
Hemos resuelto en nuestra Sala D –coincidiendo parcialmente con los agravios de la demandada- que, como “Samudio de Martínez” fue dictado el 20 de abril de 2009 –no en las fechas expresadas en la transcripta sentencia- al indicado día quedó sin efecto la doctrina hasta entonces vigente y establecida en los fallos plenarios “Vázquez, Claudia Angélica c. Bilbao, Walter y otros s/ daños y perjuicios”, del 2 de agosto de 1993 y “Alaniz, Ramona Evelia y otro c. Transportes 123 SACI interno 200 s/ daños y perjuicios”, del 23 de marzo de 2004. Es decir que la doctrina de “Samudio” no se aplica retroactivamente.
Habíamos considerado así configurada la salvedad del punto 4º del plenario porque si la tasa activa se devengara desde el momento de producidos los perjuicios, cuando los valores de condena se fijan con posterioridad, se estaría computando dos veces la misma cosa y alterando el significado económico del capital de condena por la desvalorización monetaria operada entre el hecho y la cuantificación. En algunos casos particulares, en respeto al principio de congruencia, no se ha aplicado tal solución (v.gr. 21-05-09, “Alonso Silvina Vanesa c. Cruz Julio Cesar y otros”; 26-05-09, “Carreira Daniel Emilio c. Espinola Luis Roberto y otros s/ daños y perjuicios”; 08-06-09, “Poletti Susana Alicia c. Testa Norberto Bartolomé”; 24-06-09, “Zamora José Mateo c. Tempone Lucas Antonio s/ daños y perjuicios”; 29-09-09, “Ríos Marza Carlos Alberto y otros c. López Carlos Javier y otros s/ daños y perjuicios”; 30-09-09, “Caro, Carla Verónica c. Flores, Alberto José s/ Ejecución de alimentos – intereses”; 14-10-09, “Rodríguez, José María c. AUSA s/ daños y perjuicios”, entre otros).
Dicho criterio no es mantenido en la actualidad por mis colegas de Sala, que –recientemente- han cambiado su opinión (ver 14-04-10, in re “Mondino, Silvana Andrea c. Tettamanzi, Hernán Diego y otros s/daños y perjuicios”; 27-04-10, in re “Flocco, Mirta Dora c. Masini, Adriana y otro s/daños y perjuicios”, entre otros).
En atención a ello, a que por mi parte sí mantengo la opinión fundada desde el mismo “Samudio”, propicio admitir parcialmente el agravio de la demandada fijando la tasa de interés del 6% anual desde la fecha de la notificación de la demanda y hasta el día 29 de julio de 2009, en que se cuantificó la condena; desde entonces hasta el efectivo pago corresponde confirmar la sentencia recurrida (conf. art. 303 del Cód. Proc., dejando a salvo mi opinión personal expresada desde mi voto en “Samudio de Martínez”).
También coincido en regular los honorarios a los profesionales intervinientes en este Acuerdo; además de coincidir celebro la propuesta que modifica el diferimiento decidido por mis colegas en muchos otros casos; lo han hecho con mis expresas y fundadas disidencias pues he sostenido reiteradamente que, de conformidad con imperativas normas legales vigentes (arts. 34, 163, 279 y concs. del Cód. Proc., arts. 47 y concs. de la ley 21.839), no corresponde, en general, diferir la regulación (ver: 29-06-10, in re “Berretta, Mónica Ercilia y otros c. Dialogo Publicidad S.A. y otros s/daños y perjuicios”; 05-07-10, in re “Licata, Víctor Leonardo y otro s/Servicios Viales S.A. Concesionaria de rutas por peaje s/daños y perjuicios”; 15-07-10, in re “Carbone Diego Alfredo c. López Dominica Cortiñas y otros s/ daños y perjuicios”; 16-07-10, in re “Silva Benito Horacio c. Empresa Ciudad de San Fernando s/ daños y perjuicios”; 16-07-10, in re “Vargas Roberto y otro c. Transportes Metropolitanos Gral. Roca S.A. s/ daños y perjuicios”; 03-08-10, in re “González, Víctor Ariel c. Transporte Ideal San Justo y otros s/ daños y perjuicios” y los allí citados).
No coincido pues la base regulatoria está constituida por el capital de condena más los intereses, y esa es la opinión mayoritaria de esta Sala (v.gr.: 21-05-09, in re “Alonso Silvina Vanesa c. Cruz Julio Cesar y otros s/ daños y perjuicios”; 14-08-09, in re “Figueroa, Marcelo Manuel c. Nudo SA Línea de Transporte Pub de Pasajeros y otros s/ daños y perjuicios” y “Ortega, Rodrigo Fernando c. Idelson, Oscar Darío y otros s/ daños y perjuicios”, 15-07-10, in re “Carbone Diego Alfredo c. López Dominica Cortiñas y otros s/ daños y perjuicios”, y los allí citados).
Reitero mis convicciones respecto del tema (v.gr.: votos del 08-10-09, in re “Alaniz Castello, Jorge y otro c. Prieto, Oscar Héctor y otros s/daños y perjuicios” -en La Ley Online: AR/JUR/37857/2009- y del 12-05-10, in re “Moran, Alicia c. Castiglia, Carmen Liliana”, entre otros).
He dicho, e insisto, que las regulaciones de honorarios que deben realizarse al dictar sentencia, me han llevado a proponer cumplir con nuestro deber, del modo que lo hacíamos cuando éste era el criterio unánime de la Sala, regulándose los honorarios en forma porcentual (desde el 18-10-05, in re “Fernández Héctor Claudio y otros c. Imagen Satelital S.A. s/ propiedad intelectual ley 11723 ordinario” –en La Ley Online: AR/JUR/9064/2005 y en DJ 08-02-2006, 284,con nota de Carlos Ernesto Ure y Oscar G. Finkelberg, “Intereses en la base regulatoria”-; ver también 29-03-06, in re “Vanasco, Jorge Pablo c. Microómnibus Norte S.A. y otro”; 31-08-06 y 10-05-07, in re “Cusi, Marcelo Julio y otro c. Enjamio, Leonardo Sebastián y otros s/ daños y perjuicios”).
El cambio que se produjo en la integración de la Sala el día 3 de octubre de 2006 trajo –precisamente- cambios; fue el motivo por el que mi fundada y mantenida opinión en este tema –como en otros- quedara en minoría (conf. 28-05-07, in re “Heinrich Ana María Erna Erica c. Ediciones Altaya SA s/daños y perjuicios”; 11-03-08, in re “Bonzo, Guido Alejandro c. Transportes Automotores Cuyo (T.A.C.) y otro s/ daños y perjuicios”; 10-08-09, in re “Gómez, Hugo Alfredo c. Córdoba, José Gumersindo”; 12-08-09, in re “Degani, Juan Rafael y otro c. Aguirre, Eduardo Ramón”, entre otros); debo precisar que, en algún caso aislado (v.gr.: 08-10-09, in re “Alaniz Castello, Jorge y otro c. Prieto, Oscar Héctor y otros s/daños y perjuicios” -en La Ley Online, AR/JUR/37857/2009-) se mantuvo, por mayoría, la que estimo como acertada interpretación de la ley y cumplimiento adecuado de nuestros deberes.
Siendo claro el fundamento legislativo de la norma, estimamos oportuno traer el judicial en supuestos que admitimos como similares. Esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dictó sentencia plenaria hace cincuenta años que decidió: “Revocada la sentencia de primera instancia, que no había entrado en el fondo del asunto y no había fijado la indemnización por rechazar la demanda, el tribunal de alzada debe entrar a resolver plenamente”, in re “Gaggero de Simonetti, María y otros c. Bogopolsky, Josué” (LA LEY, 79-492; JA 1955-III-208; GF 214-397); con el texto legal hoy vigente adquiere, entonces, mayor fuerza aún el voto de entonces del doctor Podetti, que contó con amplia mayoría en dicho plenario, y concluyó que el tribunal de alzada debe entrar a resolver plenamente.
La Sala “G” de esta Cámara ha regulado recientemente honorarios en forma porcentual (18-05-09, in re “Di Franco, Aldo Ricardo c. Lorca, Beatriz Estela y otros s/daños y perjuicios”, exp. Nº 84.149/07) resolviendo de ese modo el recurso interpuesto contra la decisión de primera instancia (Juzgado 54), que lo había establecido. En otro caso lo hizo la Sala “I” de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, confirmando los porcentajes establecidos en primera instancia (30-07-09, in re “Universidad Nacional de San Martín c. Superintendencia de Riesgos del Trabajo s/cobro de sumas de dinero”, exp. Nº 11.391/05).
Las Cámaras Federal de la Seguridad Social y Nacional de Apelaciones del Trabajo así lo hacen desde siempre y en casi todos los casos. Por ejemplo, y para la primera, lo vemos en sentencia de su Sala II (LA LEY, 2006-C, 26); para la segunda podemos leer sentencias que han regulado los honorarios en porcentajes de las Salas III (El Derecho, tomo 210, pág. 132), VI (ídem, pág. 566), IX (ídem, pág. 258) y X (ídem, pág. 318). Y en La Ley (tomo 2005-A) se publican sentencias dictadas por las Salas I (pág. 676), II (pág. 783), V (pág. 330) y VIII (pág. 226) que han procedido del mismo modo.
Por su parte Oscar Enrique y Juan Manuel Serantes Peña y Jorge Francisco Palma dicen, con expresa mención de la sentencia de la Sala “C” de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (17-12-75 in re “B., M.R. y otra”, LA LEY, 1977-A, 561, Nº 34.031-S), que la norma del artículo 47 de la ley nacional 21.839 tiende a evidente economía procesal pues la base de la regulación estará fijada en la sentencia misma y se evitan demoras en las tramitaciones de las regulaciones (“Aranceles de honorarios para abogados y procuradores”, Ed. Depalma, Buenos 1979, pág. 142).
Norberto José Novellino, refiriéndose igualmente a la norma del artículo 47 de la ley 21.839 afirma: “parecería que solamente puede diferirse la regulación en el único supuesto previsto por la norma (…) Infelizmente, veremos enseguida que ello no es tan así en la práctica tribunalicia por cuanto algunos magistrados tienden a postergar la regulación de honorarios bajo distintos pretextos que, a veces, ni siquiera están previstos en norma alguna ¿Será porque la mayoría de ellos no han ejercido la profesión activa e ignoran las angustias económicas que a veces padecemos quienes hacemos de ella nuestra única militancia? (…) cuando los jueces se encuentren con la imposibilidad de regular honorarios en la sentencia (…) deberán tomar los recaudos necesarios en la misma sentencia para que pueda llevarse a cabo la regulación pertinente en un futuro cercano, al igual que tiene obligación de dar las pautas para que proceda la liquidación en los juicios que arriben a un fallo condenatorio de pago de sumas de dinero. En esta forma, no sólo se cumpliría con el espíritu de la norma en examen, sino también con el del Código Procesal que es el de lograr una mayor celeridad procesal según resulta de su artículo 34, inciso 5º, punto e, y lo afirman los autores del proyecto de la oportuna reforma introducida por la ley 17.454 al referido Código (“Aranceles y cobro de honorarios”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fé 1995, págs. 256 y 262).
Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE: 1) hacer lugar a los agravios opuestos por las demandadas, revocando la sentencia, en tanto admite los daños y perjuicios reclamados, y modificando lo dispuesto por la “a quo” en el punto II) de la parte dispositiva de la sentencia, con el alcance establecido en los considerandos precedentes; 2) imponer las costas de primera instancia y de la Alzada por su orden.
Conforme al presente pronunciamiento y atento lo dispuesto por el artículo 279 del Código Procesal y artículos 1, 6, 7, 9, 11, 37 y 38 del arancel y ley modificatoria 24.432, teniendo en cuenta la naturaleza, importancia y extensión de los trabajos realizados en autos, etapas cumplidas, el monto del interés económico comprometido y la proporción que deben guardar los honorarios de los peritos con los de los letrados, así como lo normado por el artículo 4°, inc. 4), del decreto 1465/07, se adecuan los emolumentos, fijándose en pesos (…) Notifíquese por Secretaría y devuélvase. —Patricia Barbieri. —Ana María Brilla de Serrat. —Diego C. Sánchez (en disidencia).

References: artículo 1109
 artículo 1109
 artículo 19
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 17
 resolución 
 artículo 13
 resolución 
 artículo 19
 artículo 1078
 artículo 1109
 artículo 1113
 artículo 1113
 artículo 2312
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 34
 artículo 279
 artículo 4