Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2015/as201510605.html
Timestamp: 2019-03-23 01:16:42+00:00

Document:
as201510605
AUTO SUPREMO Nº 605/2015-RRC
a) En mérito a la imputación formal y requerimiento de salida alternativa de aplicación de Procedimiento Abreviado (fs. 5 a 6), el Juez Primero de Instrucción en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, pronunció la Sentencia SAPA/2013 de 9 de enero (fs. 18 a 19); por la que, declaró a la imputada Carla Lizzy Willy Ruiz, autora y culpable de la comisión de los delitos de Falsedad Material y Falsedad Ideológica, previstos y sancionados por los arts. 198 y 199 del CP, imponiéndole la pena de tres años de reclusión, siendo concedido el beneficio de la Suspensión Condicional de la Pena, imponiendo las reglas pertinentes a cumplir por el período de prueba de tres años.
b) Contra la referida Sentencia, la imputada Carla Lizzy Willy Ruiz formuló recurso de apelación restringida (fs. 31 a 40), resuelto por Auto de Vista 45/2013 de 12 de diciembre (fs. 52 a 57 vta.), dictado por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, que confirmó totalmente la Sentencia apelada, motivando la formulación de recurso de casación.
La recurrente reclama, que el Tribunal de alzada no se pronunció de manera concreta respecto a su denuncia realizada en el numeral 7 de su recurso de apelación, referida a la valoración defectuosa de las pruebas y errónea aplicación de la ley sustantiva; por cuanto, habría sido condenada por los delitos de Falsedad Material e Ideológica con pena de tres años de reclusión requerida por el Ministerio Público; sin embargo, asevera que su persona, no admitió su culpabilidad en relación a los delitos por los cuales fue condenada, incurriendo el Tribunal de Sentencia en los defectos del art. 370 incs. 1), 5) y 8) del Código de Procedimiento Penal (CPP); por cuanto, citando a los autores Cuello Calón, Jiménez Asenjo y Benjamin Miguel Harb, arguye, que en ambas Falsedades, el delito se consumaría en el momento en el que quedaría realizada la falsificación; empero, la punibilidad dependería en gran parte de las circunstancias que pudieran causar perjuicios; sin embargo, en ningún momento se habría demostrado mediante prueba pericial grafológica cómo su persona hubiera firmado el libro de la fiscal Mabel Martínez, peor aún no se habría demostrado cuál es el daño que hubiere sufrido la supuesta víctima; por cuanto, no se demostró quien es la víctima, actuando a su criterio el Ministerio Público de forma oficiosa, no cumpliendo el Juez de Instrucción lo dispuesto por el art. 173 del CPP, ni con el art. 37 del CP, violando el principio de legalidad; toda vez, que su conducta no habría sido adecuadamente calificada, ignorándose los principios de favorabilidad e in dubio pro reo; limitándose el Tribunal de alzada a señalar, que: “el procedimiento abreviado tiene sus características particulares de lo cual se ha dado cumplimiento a este procedimiento tal como se puede evidenciar del cuaderno procesal remitido a este tribunal, no pudiendo la parte apelante ahora pretender desconocer lo aceptado voluntariamente, bajo un ritualismo formal que no se ajusta para nada al caso de autos por lo expresado por este tribunal, consecuentemente NO, se ha incurrido en la valoración defectuosa de las pruebas y errónea aplicación de la ley sustantiva penal”, criterio que considera, no fue sometida a las normas legales adjetivas aplicables; puesto que, no se habría cumplido con las exigencias de los arts. 124 y 398 del CPP, aspecto que implicaría violación al debido proceso y al derecho a la defensa, constituyéndose en una Resolución arbitraria dictada sin la observancia a las garantías constitucionales constituyendo defecto absoluto.
La recurrente solicita que luego de los trámites correspondientes, se admita el recurso y se emita resolución aplicando la doctrina legal aplicable de acuerdo al art. 419 del CPP.
Por Auto Supremo 485/2015-RA de 16 de julio, de fs. 100 a 104, este Tribunal admitió el recurso formulado por Carla Lizzy Willy Ruiz, por la vía de flexibilización, para el análisis de fondo únicamente con relación al tercer motivo detectado en el recurso de casación.
Mediante Sentencia SAPA/2013 de 9 de enero, el Juez Primero de Instrucción en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, en la vía de Procedimiento Abreviado, declaró a Carla Lizzy Willy Ruiz, autora de los delitos de Falsedad Material y Falsedad Ideológica, imponiéndole la pena de tres años de reclusión, argumentando los siguientes aspectos: Que en base al requerimiento de procedimiento abreviado y su procedencia, describe que el 8 de enero de 2013 en horas de la tarde, la imputada fue aprehendida en flagrancia por el policía Ernesto Coimbra Noza, que cumplía servicio de seguridad en la puerta principal de la fiscalía, cuando procedía a la firma de libro de registro de firmas de la oficina de la fiscal Mabel Martínez en su condición de asistente del mencionado despacho; procediéndose a su imputación formal por el Ministerio Público. Que ante la suscripción de acuerdo legal para sometimiento a procedimiento abreviado entre la imputada, su abogado defensor y el Ministerio Público, se admite la autoría de los hechos delictivos sindicados y la renuncia al juicio oral público y contradictorio, admitiendo al mismo tiempo la pena de tres años de reclusión, ratificado en audiencia pública de manera libre y voluntaria de conformidad a lo dispuesto por el art. 373 y 374 del CPP, formando en el juzgador sobre la prudencia, legalidad y pertinencia del juicio abreviado solicitado.
La imputada Carla Lizzy Willy Ruiz, interpuso recurso de apelación restringida, que en lo pertinente al recurso de casación, en el punto 7 “VALORACIÓN DEFECTUOSA DE LAS PRUEBAS Y ERRONEA APLICACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA PENAL”, manifestó relacionando los antecedentes y circunstancias en que se procedió a su aprehensión y sin admitir su culpabilidad en los delitos endilgados, denuncia haberse incurrido en los defectos de sentencia previstos en los incs. 1), 4) y 8) del art. 370 del CPP, habiéndose efectuado una valoración defectuosa de la prueba contraviniendo el art. 173 del CPP, dando por ciertos los hechos endilgados, pero sin haberse demostrado con prueba grafológica, que procedió a la firma del libro, como tampoco se tiene demostrado el supuesto daño que hubiera sufrido la supuesta víctima que no existe; por lo que, al momento de imponer la condena se ha vulnerado la ley sustantiva, por no haberse observado el art. 37 del CP, sin asumir en ningún momento ser autora o culpable de dichos delitos; por lo que, no existe prueba plena de que procedió a la firma del libro correspondiente al despacho de la Fiscal Mabel Martínez, violándose el principio de legalidad al no haberse calificado adecuadamente la conducta ilícita, sin tomar en cuenta el principio de favorabilidad por indebida subsunción de la conducta, que amerita anular la Sentencia y reponer el juicio.
El Auto de Vista 45/2013 de 12 de diciembre, fundamentó su decisión arguyendo que, en el caso que se examina, en audiencia de procedimiento abreviado se cumplió con lo previsto por el art. 127 del CPP, sin dejar de lado la existencia de un acuerdo donde se expresa el reconocimiento de todos los elementos probatorios de conocimiento de la imputada que renunció al proceso ordinario. De la misma forma, se dio cumplimiento al art. 335 del CPP, habiendo la imputada aceptado su culpabilidad en forma voluntaria, sin que exista ninguna vulneración a la norma, reconociendo las pruebas para sometimiento a procedimiento abreviado, en cumplimiento de lo determinado por el art. 373 del CPP, sustentándose el procedimiento en el principio de legalidad y de verdad real, tomando en cuenta la Sentencia Constitucional 1659/2004 de 11 de octubre. Por otro lado, aclaró que en el presente caso, no hay víctima que haya refutado el procedimiento abreviado, siendo que el Ministerio Público contempló la viabilidad del procedimiento, cumpliéndose con todas las formalidades, sin haberse divisado ninguna violación a la norma menos al derecho a la defensa de la imputada, no habiéndose igualmente incurrido en defectos de sentencia por errónea valoración de la prueba, no pudiendo la apelante pretender desconocer lo aceptado voluntariamente.
III.VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES
De acuerdo al Auto Supremo 485/2015-RA de 16 de julio, este Tribunal admitió el presente recurso de casación por la vía de flexibilización, para verificar la supuesta vulneración de derechos al debido proceso y a la defensa, ante la denuncia de que el Tribunal de alzada no se pronunció de manera concreta respecto a su denuncia formulada en apelación restringida relativa a defectuosa valoración probatoria y errónea aplicación de la ley sustantiva; por lo que, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
III.1. Naturaleza jurídica y procedimiento del procedimiento abreviado
Una de la formas de finalizar un conflicto penal sin necesidad de ingresar al juico oral, público y contradictorio, es acudir a la posibilidad legal conocida como el procedimiento abreviado; que como la doctrina ha expuesto a diferencia de otras salidas alternativas, no extingue ni suspende el ejercicio de la acción penal, sino la abrevia y provoca la solución inmediata a la litis; ahora bien, su objetivo tiene que ver con políticas de administración de justicia, que permitan el máximo aprovechamiento de los recursos, el descongestionamiento y la oxigenación del sistema penal, la concentración del Estado en la persecución de los ilícitos penales más graves y la permisión de acuerdos que generen una solución rápida y eficiente del conflicto.
En Bolivia, el procedimiento abreviado fue incorporado al sistema procesal penal con el vigente Código de Procedimiento Penal (Ley 1970 de 25 de marzo 1999): “Cuya aplicación sólo puede ser solicitada por los acusadores, constituye una simplificación de los trámites procesales, ya que se elimina el debate oral, público y contradictorio, quedando el juez plenamente facultado para dictar la sentencia sobre la base de la admisión de los delitos por parte del propio imputado”. (Comisión Redactora, exposición de motivos del Código de Procedimiento Penal.ttp://www.procedimientopenal.com.bo/).
En estas condiciones: “este modelo de procedimiento tiene una función interesante dentro de lo que podemos llamar políticas en la administración de justicia rectius: administración de la justicia en su sentido puramente práctico, de máximo aprovechamiento de los recursos: un verdadero ejemplo de economía procesal, pues tiene a reducir la `inflación´ en el volumen de los procedimientos orales. Con un matiz interesante, y es que contrae la versión procesal adversary o contenciosa al permitir acuerdos que faciliten resolver los asuntos rápida y eficientemente” (María Antonieta Saenz Elizondo. El procedimiento Abreviado. Reflexiones sobre el nuevo proceso penal. Corte Suprema de Justicia. Asociación de Ciencias Penales de Cosa Rica. Año 1996. Pág. 813).
Para que sea efectiva la aplicación del procedimiento abreviado o alegación pre acordada, deben concurrir los presupuestos exigidos por el art. 373 del CPP y la comprobación de la veracidad de los hechos que dieron origen a la investigación y emisión del requerimiento conclusivo, cuya resolución en definitiva dependerá del juez de instrucción que conoce la causa y en audiencia pública.
En estas circunstancias, el debido proceso se encuentra en cada uno de los actos procesales de la tramitación del procedimiento abreviado, cuyo requerimiento podrá ser formulado por el representante del Ministerio Público en dos momentos procesales: a) al finalizar la investigación preliminar conforme el art. 301 inc. 4) del CPP; b) a la conclusión de la etapa preparatoria de acuerdo al art. 323 inc. 2) del citado Código; sin perjuicio, de que las partes puedan proponer su aplicación, en ejercicio de la facultad que el art. 326.7) del CPP, reconoce a las partes, sin soslayar que en el juicio su formulación también resulta posible conforme las modificaciones efectuadas por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, Ley 586 de 30 de octubre de 2014.
Respecto al trámite, el art. 374 de la norma adjetiva penal señala que: “En audiencia oral el juez escuchará al fiscal, al imputado, a la víctima o al querellante, previa comprobación de: 1) La existencia del hecho y la participación del imputado; 2) Que el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral ordinario; y, 3) Que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario”; esto significa que, una vez presentado el requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado, el juez de la causa señalará día y hora para el verificativo de la audiencia, determinación que deberá ser puesta en conocimiento de las partes que intervendrán en dicha actuación; donde serán escuchadas con finalidades distintas: En el caso del representante del Ministerio Público para fundamentar oralmente su requerimiento conclusivo; al imputado para la admisión verosímil de su participación en el hecho atribuido y la constatación de que la renuncia al juicio oral ordinario fue voluntaria; y, a la víctima para que pueda en su caso oponerse a la aplicación del procedimiento abreviado.
De manera particular, la víctima o el querellante, conforme el tercer párrafo del art. 373 del CPP, podrá plantear su oposición fundada a la aplicación del procedimiento abreviado, derecho que debe ser respetado y garantizado durante la tramitación del referido mecanismo de descongestionamiento procesal; pues la víctima o querellante puede ejercerlo por todos los medios legales previstos, una vez tenga conocimiento de la pretensión del imputado a la aplicación de la salida alternativa y del contenido del requerimiento conclusivo formulado por parte del Fiscal; además del derecho de participar en la audiencia a ser señalada por el Juez de Instrucción para el trámite y resolución de procedimiento abreviado. De modo que establecer limitaciones a este derecho de oposición, significaría vulnerar el derecho que tiene la víctima de oponerse a tal pretensión; entendido como la posibilidad a expresar su disconformidad con una petición, la que puede ser aceptada o no por el juzgador.
La recurrente acusó a través del presente recurso de casación, que el Tribunal de alzada no se pronunció respecto a la denuncia descrita en el numeral 7 de su recurso de apelación restringida, referida a la valoración defectuosa de las pruebas que dio lugar a errónea aplicación de ley sustantiva; por cuanto, fue condenada sin haber admitido su culpabilidad en relación a los delitos atribuidos, incurriendo el Tribunal de Sentencia en los defectos del art. 370 incs. 1), 5) y 8) del CPP; arguye, que tanto la Falsedad Material e Ideológica, se consuman en el momento de la falsificación; empero, la punibilidad dependería en gran parte de las circunstancias que pudieran causar perjuicio; sin embargo, en ningún momento se habría demostrado mediante prueba pericial grafológica cómo su persona hubiera firmado el libro de la fiscal Mabel Martínez, peor demostrado el daño que se hubiere provocado a la víctima, no habiendo cumplido el Juez de Instrucción lo dispuesto por los arts. 173 del CPP y 37 del CP; toda vez, que su conducta no habría sido adecuadamente calificada, ignorándose los principios de favorabilidad e in dubio pro reo; incumpliendo las exigencias de los arts. 124 y 398 del CPP, aspecto que implica violación al debido proceso y al derecho a la defensa que se constituye en defecto absoluto.
Establecido el ámbito de análisis del recurso de casación y en aras de contextualizar los argumentos referidos, es preciso analizar los fundamentos alegados por el Tribunal de alzada a los aspectos cuestionados que se hubieren planteado en el recurso de apelación, que a criterio de la recurrente no hubieren merecido una respuesta concreta.
Previamente, el punto 7 del recurso de apelación restringida, intitulado “VALORACIÓN DEFECTUOSA DE LAS PRUEBAS Y ERRONEA APLICACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA PENAL “ (sic), al cual hizo referencia la recurrente, advierte que luego de realizar una descripción de las circunstancias, participación y hechos que originan el presente proceso, así como describir los tipos penales endilgados, apoyada en la jurisprudencia de Autos Supremos que fueron transcritos, evocando la posición doctrinal de los autores Cuello Calón, Jimenez Asenjo y Benjamin Miguel Harb, señaló que el Juez de Instrucción efectuó una valoración defectuosa de la prueba, dando por ciertos los hechos cometidos, cuestionando que no se encuentran demostrados por medio de prueba grafológica el hecho de haber firmado el “libro de registro de firmas”; por ende, no existe prueba plena que permita una adecuada calificación del tipo penal en forma correcta, atribuyendo al juzgador haber incurrido en error in judicando por indebida subsunción. Por su parte, el Tribunal de alzada, sustentó que en la audiencia de aplicación de procedimiento abreviado, el Juez de mérito cumplió con lo previsto por los arts. 217 y 335 del CPP, respecto al reconocimiento de los elementos probatorios y de las actuaciones existentes en el procedimiento abreviado en su totalidad e integridad por parte de la imputada, que voluntariamente reconoció su culpabilidad, aceptando someterse a procedimiento abreviado, siendo para su procedencia suficiente contar con el acuerdo legal fundado en la admisión de los hechos de acuerdo al art. 373 del CPP, cumpliéndose así las formalidades, sin que exista ninguna vulneración y sin que sea evidente lo impugnado por la recurrente, no pudiendo la apelante pretender desconocer lo aceptado voluntariamente.
En ese contexto, primeramente es menester disgregar el aspecto referido a la falta de pronunciamiento respecto a la valoración defectuosa de la prueba en que hubiera incurrido el Tribunal de alzada; como se tiene relacionado en líneas precedentes, no se formula o refiere en particular qué elemento probatorio de los que sirvieron de base para aplicar el procedimiento abreviado, fue defectuosamente valorado, el entendimiento o conclusión que se hubiere obtenido por parte del juzgador y su incidencia o trascendencia en la decisión asumida; al no haber identificado y explicado la forma en que hubiere sido defectuosamente valorada la prueba, obviamente la respuesta del Tribunal de apelación resulta en ese sentido; situación que se repite cuando los aspectos argüidos en el recurso de apelación restringida fueron transcritos textualmente en el recurso de casación, donde se advierte que la defectuosa valoración de la prueba reclamada, solo fue mencionada, resultando un postulado carente de fundamentación. Además, considerando que la aplicación de esta salida alternativa y forma extraordinaria de conclusión del proceso, que como su denominación abrevia la realización de actos procesales obviando la secuencia establecida en la norma procedimental, se advierte que en audiencia de consideración de esta salida alternativa, no se formuló ninguna observación relativa a la acreditación de la firma del libro de registro de firmas, que extrañamente ahora se cuestiona en casación.
Otro aspecto alegado, refiere a la situación de haber sido condenada sin la admisión de su culpabilidad; afirmación carente de veracidad, en razón a que el instituto jurídico procesal del procedimiento abreviado para su procedencia, se cimienta fundamentalmente en la admisión de responsabilidad sobre el hecho endilgado, como se tiene establecido en el acápite III.1. de la presente Resolución y la Sentencia Constitucional 1075/2005 que marcó la siguiente línea:"…con relación a la aplicación de esta salida alternativa, es necesario señalar, que la solicitud de procedimiento abreviado, contiene implícitamente una acusación formal, en la que se solicita la pena requerida; por ello, es necesario presentar junto a la misma, todos los elementos probatorios, expresando lo que se pretende demostrar con cada uno de éstos; por lo que no es suficiente contar con el acuerdo del imputado y su defensor, fundado en la admisión del hecho y su participación en él a que hace referencia el art. 373 del CPP; en razón de que este procedimiento está sustentado en el principio de legalidad y de la verdad real, no pudiendo esta última ser reemplazada por la verdad consensuada entre las partes; consiguientemente, es imprescindible generar en el Juez la plena convicción de que los hechos se suscitaron tal y como presentó o relacionó el Fiscal encargado de la investigación y demostrados en audiencia, porque ello determina que esta autoridad acepte el procedimiento abreviado, en cuyo caso, la Sentencia se fundará en el hecho admitido por el imputado, o en su defecto, rechace el mismo, cuando ha percibido insuficiencia de elementos que le impidan dictar Sentencia sin causar agravio al acusado, cuando exista oposición fundada de la víctima o por haber llegado a la conclusión de que el procedimiento común permitirá un mejor conocimiento de los hechos; quien inclusive, podrá determinar la absolución del sindicado ante la ausencia de pruebas o porque éste no tiene responsabilidad en el hecho".
Asimismo, la referida Sentencia refiere que: "el art. 374 del mismo cuerpo legal le faculta a la autoridad judicial, a comprobar la existencia o realización de determinados actos procesales y el cumplimiento de los requisitos exigidos por ley al determinar que: `En audiencia oral el juez escuchará al fiscal, al imputado, a la víctima o al querellante, previa comprobación de: 1. La existencia del hecho y la participación del imputado. 2. Que el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral ordinario, y, 3. Que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario. En consecuencia, el procedimiento abreviado, como una salida alternativa, depende del cumplimiento de los requisitos establecidos por ley y la comprobación de la veracidad de los hechos que dieron lugar a la investigación y emisión de este requerimiento conclusivo, cuya situación depende de la decisión que pueda adoptar el Juez de la Instrucción en la audiencia pública, toda vez que en función de los principios de inmediación y objetividad, el Juez tiene el deber de generar convicción sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo, que éste voluntariamente renunció al juicio oral ordinario y que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario; caso contrario, si considera que por los datos del proceso y lo acontecido en esta audiencia, el procedimiento común permitirá un mejor conocimiento, debido a que los elementos de convicción presentados por el Fiscal no le permitieron concluir con certeza y objetividad en la veracidad de los hechos ocurridos, podrá indudablemente, conforme lo prescribe la norma procesal, negar la aplicación del procedimiento abreviado, mediante una Resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 124 del CPP, al señalar que las sentencias y autos interlocutorios deben estar debidamente fundamentados, deben expresar los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no puede ser remplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, a cuyo efecto, la autoridad judicial con la permisión expresa del art. 173 del CPP (…), asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida`; consiguientemente, la autoridad judicial, no está obligada a aceptar el procedimiento abreviado".
En el caso de autos, Carla Lizzy Willy Ruiz, en cuanto a la admisión de los hechos endilgados, tiene manifestada su voluntad en el acuerdo legal suscrito en la instancia del Ministerio Público, ratificada por ante el Juez en ocasión de la audiencia de aplicación de procedimiento abreviado como expresa la Sentencia, en presencia y aquiescencia de su abogado defensor, aspecto que no puede ser negado en la forma que expresa y como atinadamente advierte el Auto de Vista impugnado, que de ninguna manera le posiciona en situación de indefensión; por lo que, dicha versión carece de sustento siendo absolutamente infundada.
De igual manera, en cuanto al develamiento impropio en sentido de que la supuesta firma impresa en el libro de registro del despacho fiscal, no se encuentra demostrada con prueba grafológica, supone una postura novedosa y contradictoria al hecho dado por entendido, que por inoportuno no puede ser considerado pues implica una proposición probatoria de algo que en su oportunidad fue admitido por la misma recurrente, que debió ser absuelta en el momento procesal y ante la instancia correspondiente; por lo que, tampoco puede ser asimilado a la posibilidad de haber provocado perjuicio alguno a la víctima, que no fue materializada en el caso, pues la discusión en el último aspecto, atinge a la posibilidad de advertir la concurrencia o no de los elementos constitutivos de los tipos penales atribuidos y admitidos, aspectos sobre los cuales no se tiene ninguna referencia por la recurrente.
Del análisis efectuado, este Tribunal concluye que la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, emitió la Resolución impugnada conforme los datos del proceso, sin incurrir en vulneración al debido proceso ni el derecho a la defensa de la imputada, pues se observaron las disposiciones legales que regulan la tramitación del procedimiento abreviado; consecuentemente, el presente recurso de casación deviene en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Carla Lizzy Willy Ruiz de fs. 71 a 80.

References: in dubio
 Resolución 
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