Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2014/as201421028.html
Timestamp: 2019-03-23 17:19:43+00:00

Document:
as201421028
Auto Supremo: 28/2014
Expediente: T-30-13-S
Partes: Verónica Navajas Nincevic en representación de María Elena Marlene
Reese Cabezas c/ Doris López Abán, Calixto López, Elvio López
Abán, Luisa López Abán y León Rengel Martínez.
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Elvio López Abán y Luisa López Abán de fs. 1419 a 1429 de obrados; el recurso de casación en la forma o de nulidad de fs. 1441 a 1444 y vlta., interpuesto por María Elena Marlene Reese Cabezas, y, el recurso de casación en la forma o de nulidad de fs. 1466 a 1471, interpuesto por el Banco Mercantil Santa Cruz S. A. Sucursal Tarija representado por José María Paz Balanza, en contra del Auto de Vista Nº 54/2013 de 22 de agosto de 2013 cursante de fs. 1412 a 1414, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso de Reivindicación seguido por Verónica Navajas Nincevic en representación de María Elena Marlene Reese Cabezas en contra de Doris López Abán, Calixto López, Elvio López Abán, Luisa López Abán y León Rengel Martínez; el Auto de Concesión de fs. 1487; los antecedentes del proceso, y:
Por memoriales de fs. 62 a 65 y vlta. y fs. 85 del expediente, Verónica Navajas Nincevic en representación de María Elena Marlene Reese Cabezas, plantea demanda de reivindicación señalando que en vida el cónyuge de su representada, Sr. Justo Antonio Ávila Campero, adquirió mediante Escritura Pública Nº 380-86 de 7 de agosto de 1986 e inscrita en DD.RR, un crédito del Banco Mercantil S.A. oficina Tarija, constituyéndose en deudor individual por la suma de $us.4.450.-crédito del cual su representada ni se benefició ni suscribió dicha Escritura, sin embargo, se gravó como garantía del mencionado préstamo un bien inmueble adquirido dentro de la unión conyugal como común por subrogación. La entidad financiera mediante proceso ejecutivo embargó y remató la totalidad del mencionado predio rústico denominado “San Silvestre de Lajas” en la extensión de 4½ has., cuando únicamente procedía en el 50% de la acción y derecho del de cujus.
Mediante Sentencia Nº 166/2011 de 27 de octubre de 2011, cursante de fs. 1242 a 1252, el Juez de Partido Segundo de Familia de la ciudad de Tarija, falla declarando Probada la demanda en todas sus partes con relación a la reivindicación más daños y perjuicios, e Improbada la excepción perentoria de falta de acción y derecho planteada por los demandados; parcialmente Probada la demanda reconvencional presentada por el Banco Mercantil S.A. oficina Tarija e Improbadas las demandas reconvencionales planteadas por los demandados Elvio y Doris López Abán y León Rengel Martínez.
El Auto de Vista Nº 54/2013 de 22 de agosto de 2013, dispuso la Anulación y Reposición de obrados hasta fs. 1242 inclusive, a efectos de que el Juez A Quo dicte nueva Sentencia.
Dicha Resolución de segunda instancia, fue recurrida en casación por la parte demandante y la parte demandada.
Recurso de Casación en la Forma y en el Fondo formulado por Elvio López Abán y Luisa López Abán, de fs. 1419 a 1429:
Pese a que la pretensión de la actora es clara señalando el 50% de 4 has. y media del bien inmueble litigado, se le otorga más de lo pedido ya que la demandante no impugnó ni total, ni parcialmente la Sentencia aceptándola en todas sus partes. La revisión de oficio del proceso tiene el propósito de acomodar la Sentencia a la demanda principal otorgando a la actora más de lo pedido ya que ésta demandó el 50% de 4 has. y media, es decir, 2 has. 2.250 m2. sin que haya impugnado la Sentencia y por ende, está plenamente de acuerdo con ella.
El Auto de Vista es incongruente y violatorio de los arts. 190 y 192 nums. 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, cuales son de cumplimiento y observancia obligatoria a momento de pronunciar aquel, infracción que implica la nulidad procesal con reposición de la causa hasta el vicio más antiguo.
Tampoco se interpretó, ni aplicó correctamente el art. 115 de la Constitución Política del Estado cuya trascendencia vincula al Operador de Justicia quien no ha dimensionado el debido proceso preceptuado.
La nulidad del Auto de Vista se justifica porque además de violar el debido proceso no tomó en cuenta lo consagrado en los arts. 109, 119, 178, 180 y 410 de la Constitución Política del Estado y 15 de la Ley del Órgano Judicial.
Acusan de violación, interpretación errónea y aplicación indebida de los arts. 87, 90, 190, 191 nums. 2) y 3) y 327 del Código de Procedimiento Civil; arts. 13, 24,109, 115, 119, 178, 180 y 410 de la Constitución Política del Estado.
Recurso de Casación en la forma o de Nulidad formulado por María Elena Marlene Reese de Ávila, de fs. 1441 a 1444 y vlta:
Violación de los arts. 327inc. 5), 354 y 190 del Código de Procedimiento Civil, debido a que la demanda establece el objeto demandado, empero, el Auto de Vista anula obrados justificando que no se habría individualizado el inmueble sobre el cual recae en el 50% de su acción y derecho, si son 4,5 has. u 8 has. 8974,41 m2, pese a que la sentencia solamente se ha pronunciado sobre lo demandado. Por ello, el Auto de Vista no puede fallar sobre algo que no se demandó pudiendo pronunciarse sobre el 50% del predio demandado de acuerdo al art. 116 del Código de Familia que dispone la parte ganancial en la mitad del bien. En el análisis se valoró únicamente la prueba pericial desconociendo la restante violando el art. 397 de la mencionada norma.
Violación del art. 235 del Código de Procedimiento Civil, debido a que el sorteo del expediente se efectuó 322 días después de la radicatoria no obstante la celeridad que obliga a dictar Resolución inmediatamente a la dictación de la providencia de Autos, vencidos los 5 días de plazo desde la radicatoria, con cuya transgresión el Tribunal de Alzada violó el debido proceso y el principio de celeridad.
Violación del art. 234 del Código de Procedimiento Civil, debido a que en el expediente no se emitió el Decreto de Autos para el cómputo del plazo para el pronunciamiento de Resolución, falta insubsanable por cuanto constituye el inicio del trámite de resolución que determina que se tenga que dictar Resolución. Sin señalar cuál es la norma para sancionar la nulidad se aplicó el art. 15 de la abrogada Ley de Organización Judicial sin resolver el fondo debido a dos razones: porque no se cumple con el procedimiento ni los plazos y porque se encuentra librado a su voluntad y libre arbitrio para disponer el sorteo y emisión de Resolución.
Recurso de Casación en la forma o de Nulidad formulado por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A Sucursal Tarija, de fs. 1466 a 1471:
El Auto de Vista no considera la documentación y fundamentos aportados en sus memoriales, recursos, jurisprudencia y doctrina expuestos a lo largo del proceso.
Que a través del recurso de apelación concedido en efecto diferido solicitaron se anulen obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta que se notifique al perito ofrecido de su parte, asimismo, ante el fallecimiento de la codemandada, solicitaron la suspensión del proceso y en su caso, se declare perención o rebeldía; comprobada la existencia de por lo menos un heredero, se nombre defensor de oficio, aspectos que no fueron analizados por el Tribunal de Alzada quienes por dichos motivos, debieron anular el proceso, por el contrario, adelantaron criterios erróneos sobre la decisión final. Pero tampoco se consideró el recurso de Apelación en el efecto diferido que declaró improbadas las excepciones previas y perentorias planteadas en la que se interpretaron erróneamente el art. 380 del Código de Procedimiento Civil en relación al 134 de la Ley del Órgano Judicial; se aplican indebidamente los arts. 303, num. 2), 340 y 1453 del Código de Procedimiento Civil, así como la prueba aportada de su parte.
Al ordenar al Banco restituir el 50% del inmueble, la Sentencia no tomó en cuenta: - la posesión y propiedad actual es de Elvio López Abán, por tanto, la Resolución de imposible cumplimiento; - en la Escritura de Préstamo de dinero, el deudor declaró que “…el inmueble es alodial, tampoco soporta intervención, litigio, condominio, copropiedad…”, extremo que fue ratificado por el Juez que aprobó la venta judicial quien constató que el bien se encontraba únicamente a nombre del de cujus; - la excepción de cosa juzgada debido a que existen dos procesos judiciales concluidos con calidad de cosa juzgada material por lo que la demandante no puede plantear la reivindicación; - la transferencia del inmueble mediante Adjudicación Judicial constituye una venta perfecta y solemne; - la excepción de falta de acción y derecho de la demandante al no haber poseído el bien no corresponde reivindicación alguna, más aun con la perención de instancia, falta de reanudación del proceso y no haber oportunamente actuado para defender su supuesto derecho.
La demandante al no apelar la Sentencia la aceptó en su integridad pese a que resulta imposible de cumplimiento al no aclarar específicamente la extensión del 50% que supuestamente le corresponde.
De la revisión de los recursos interpuestos por las partes, en principio se debe señalar que el recurso de casación, se constituye en un medio extraordinario de impugnación que se apertura bajo el cumplimiento de ciertos requisitos tanto de forma como de fondo, cuyo incumplimiento deviene en Resolución que declara su improcedencia. Es en ese entendido cuando la Resolución que se impugna dispone la nulidad de obrados, como es el caso de Autos, sólo es procedente la interposición del recurso de casación en la forma, toda vez que este Tribunal asumirá competencia, sólo para revisar la legalidad o no de los motivos que dieron lugar a la nulidad de obrados, ya que al no haber ingresado el Tribunal de Alzada en análisis de fondo, ni emitido criterio alguno respecto del asunto litigado, no se apertura la competencia para que este Tribunal ingrese a conocer el fondo del recurso.
En ese contexto se tiene que, el Auto de Vista Nº 54/2013 de 22 de agosto de 2013, señala:“En consecuencia no se dio cumplimiento a lo dispuesto por el art. 190 del Código de Procedimiento Civil respecto a los presupuestos que debe contener la misma… por lo que en el presente caso, la Sentencia resulta incongruente toda vez que en el petitorio de la demanda de fs. 62 a 65 y vlta., pide que el Juez disponga la desocupación y entrega de la propiedad rústica “San Silvestre de Lajas” y el Juez en Sentencia dispone la restitución en favor de la parte actora del 50% del bien inmueble … sin especificar … si ese 50% es de la superficie total del terreno de 8 has 8.971,41 m2 o de las 4 has. y media que fueron adjudicadas a favor del Banco Mercantil Oficina Tarija, y luego transferidas por el Banco al Sr. León Rengel Martínez, omisión que dificultará el cumplimiento de la Sentencia cuando se ingrese a la fase de su ejecución, por lo que corresponde dar aplicación a lo previsto por el art. 237 num. 4) del Código de Procedimiento Civil”.
De lo transcrito precedentemente, se puede deducir que el razonamiento del Tribunal de Alzada se circunscribe a ello, es decir, expresa que la Sentencia no es clara en establecer si la reivindicación que pretende es sobre las 4 has. y ½ media o sobre las 8 has 8.971,41 m2, que aparentemente fuera la superficie del predio, y en consideración a ello, procede a la anulación de la Sentencia para que se aclare cuál es la superficie total o sobre qué superficie se está disponiendo la reivindicación.
De la revisión de la Sentencia se puede evidenciar que en la misma, el Juez de la causa hace referencia a dos superficies que constituirían la propiedad rústica “San Silvestre de Lajas”: primero en base a la prueba aparejada a la demanda, señala que son 4 has. y ½ media, y posteriormente, en base a un informe técnico cursante de fs. 1042 a 1047, establece que la superficie del predio es de 8 has. 8.971,41 m2, y con este antecedente, concluye que debe restituirse a la demandante el 50% de la superficie total de la propiedad, pero para ello, nunca llega a definir sobre qué superficie corresponderá reivindicar ese 50%.
El razonamiento del Tribunal de Alzada por el que anuló la Sentencia, es que se genera duda y se pone en riesgo la seguridad jurídica de las partes, correspondiendo ciertamente la aclaración pertinente sobre qué extensión y superficie se está otorgando el 50% que se demanda en vía de reivindicación.
Como puede verse, la Resolución de Alzada no tiene otro propósito que señalarle al Juez que aclare el objeto de la reivindicación, si ese objeto versa sobre las 4 has. y media de la propiedad –que se demandó- ó sobre 8 has. 8.971,41 m2 –que señala el informe técnico pericial-que generaría inseguridad jurídica.
Con esas consideraciones, se pasa a responder los recursos planteados por las partes:
Recurso de Casación en la Forma y en el Fondo de Elvio López Abán y Luisa López Abán.- Los recurrentes anuncian que interponen recurso de casación en la forma y en el fondo, sin embargo, en el desarrollo de su recurso no diferencian entre una y otra especie de recurso; exponen los argumentos que ellos consideran ameritan la casación tanto en la forma como en el fondo, sin embargo, no mencionan específicamente porqué causales previstas en los arts. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil están impugnando.
Sin embargo de lo anterior, se establece que la denuncia de otorgarse más de lo pedido a la parte, es errada toda vez que el Auto de Vista no resolvió el fondo de la controversia y el fundamento de fallo de Alzada, como se dijo para la anulación de la Sentencia es la incongruencia de no haber establecido la superficie total del terreno de 8 has. 8.971,41 m2 o de las 4 has. y media que se menciona en la Sentencia, consecuentemente el argumento expresado por los recurrentes carece de fundamento.
Recurso de Casación en la forma o de Nulidad formulado por María Elena Marlene Reese de Ávila.- Recurre de casación en virtud a los nums. 4) y 7) del art. 254 del Código de Procedimiento Civil, alegando: Violación de los arts. 327num. 5), 354 y 190 del Código de Procedimiento Civil, debido a que la demanda establece el objeto demandado, empero, el Auto de Vista anula obrados justificando que no se habría individualizado el inmueble sobre el cual recae en el 50% de su acción y derecho, si son 4,5 has. u 8 has. 8974,41 m2, pese a que la Sentencia solamente se ha pronunciado sobre lo demandado.
Corresponde señalar que conforme disponen los arts. 327, 354 y 190 del Código de Procedimiento Civil, un proceso para ser admitido necesariamente tiene que cumplir con los requisitos señalados en la primera disposición legal, y tener un objeto y calificación del proceso (Art. 354), y la Sentencia emitirse de acuerdo a lo probado y contener decisiones expresas, positivas y precisas sobre las cosas litigadas, y considerando las pruebas esenciales y decisivas de acuerdo al art. 397 del Procedimiento Civil. La Sentencia, como ha establecido el Auto de Vista, no especifica la superficie real a reivindicar, determinación que ciertamente haría imposible su cumplimiento tornándola en inejecutable de donde se establece la incongruencia del fallo de primera instancia, por lo que la acusación de que la Resolución del Ad Quem ha incumplido los arts. 190, 327, 354 del Adjetivo Civil, que se reclaman como vulnerados, no tienen sustento.
Violación del art. 235 del Código de Procedimiento Civil, debido a que el sorteo del expediente se efectuó 322 días después de la radicatoria así como violación del art. 234 del Código de Procedimiento Civil, debido a que en el expediente no se emitió el Decreto de Autos para el cómputo del plazo para el pronunciamiento de Resolución.
Al respecto debemos señalar que no existe reclamo alguno por parte de la recurrente a efectos del pronunciamiento del Auto de Vista habiéndose emitido el mismo en los plazos correspondientes, cuando la parte que se cree afectada con la no emisión del fallo respectivo dentro de los plazos que señala el Procedimiento Civil, debe reclamar oportunamente este aspecto o impugnarlo de manera pertinente. De la revisión de actuados, si bien existe el Auto de Radicatoria en fecha 18 de septiembre de 2012, y el apersonamiento de la recurrente de fecha 20 de septiembre de 2012, no existe reclamo alguno pese al transcurso del tiempo hasta la fecha del sorteo y la emisión del Auto de Vista, de tal modo, que este argumento no tiene razón de ser.
En cuanto al reclamo de perdida de competencia, en el caso en cuestión, el Auto de Vista se dictó dentro del plazo que prevé el parágrafo III del 204 del Código de Procedimiento Civil, verificándose a ese fin el sorteo de fs. 1411 realizado en fecha 30 de julio de 2013, y la emisión del Auto de Vista data de fecha 22 de agosto del mismo año, consecuentemente, dentro del plazo previsto por la señalada norma, por lo que el reclamo de pérdida de competencia por parte de la recurrente carece de fundamento.
Recurso de Casación en la forma o de Nulidad del Banco Mercantil Santa Cruz S.A Sucursal Tarija.- El representante legal recurre de casación en virtud de los nums. 4) y 7) del art. 254 del Código de Procedimiento Civil, arguyendo:
1) “La Sentencia no tomó en cuenta: la posesión y propiedad actual es de Elvio López Abán, por tanto, la Resolución de imposible cumplimiento; en la venta judicial se constató que el bien se encontraba únicamente a nombre del de cujus; la excepción de cosa juzgada debido a que existen dos procesos judiciales con esa calidad; la transferencia del inmueble mediante Adjudicación Judicial constituye una venta perfecta y solemne; - la excepción de falta de acción y derecho de la demandante al no haber poseído el bien no corresponde reivindicación alguna”.
De acuerdo a los fundamentos expuestos precedentemente se estableció que la Sentencia es incongruente de acuerdo al razonamiento expuesto, habiendo derivado en la nulidad y reposición de la misma, por lo que el argumento expuesto por el recurrente es este punto, no tiene razón para su análisis.
2) Respecto a que en recurso de Apelación concedido en efecto diferido solicitaron se anulen obrados hasta el vicio más antiguo del cual no hubo pronunciamiento oportuno de las pretensiones planteadas por él. Corresponde realizar las siguientes consideraciones:
En el caso de Autos, el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. acusa señalando que el perito ofrecido de su parte no habría sido notificado para la saca del expediente lo que implicaría nulidad, sin embargo, de acuerdo a la normativa procesal civil prevista en los arts. 430 al 443 del Código de Procedimiento Civil, no se obliga al Juzgador a notificar para dicha saca ya que una vez aceptado el cargo de perito está habilitado para apersonarse al juzgado y recabar los antecedentes del proceso y realizar la pericia.
De la revisión de antecedentes, se verifica que el perito propuesto por el Banco prestó juramento (Acta de fs. 907), consecuentemente tenía conocimiento de la labor que fue encargado. En ese contexto, debe considerarse el art. 375 Código de Procedimiento Civil, correspondiendo a las partes la carga de la prueba. Por lo que la parte recurrente, advirtiendo que su perito no había realizado la pericia debía instar a esa producción además, se debe tomar en cuenta que de acuerdo al memorial de fs. 920 a 921, el Banco Mercantil Santa Cruz S.A Sucursal Tarija, solicitó señalamiento de audiencia de testigo y habiendo en la fecha prestado el juramento el perito ofrecido de nuestra parte, permita la presentación de su trabajo dentro de un plazo prudencial”, recibiendo la respuesta de la Juez Segundo de Partido de Familia, dispuso “De acuerdo a lo solicitado, con las atribuciones contenidas en el art. 378 del Procedimiento Civil, se concede un plazo de 20 días para el trabajo pericial”. Estableciéndose que tuvo la oportunidad de producir esa prueba pericial incluso con ampliación del término no habiéndolo hecho, por lo que este fundamento también es insustentable.
3) A la presunta no Resolución de la Apelación en efecto diferido respecto a las excepciones de incompetencia, oscuridad y contradicción en la demanda y cosa juzgada; se debe considerar:
a) El recurrente evidentemente interpuso el recurso de Apelación con efecto diferido de fs. 303 y 303 vlta., y lo ratificó a tiempo de apelar de la Sentencia de fs. 1305 a 1323, sin embargo, el Juez de la causa solo concede la Apelación en efecto suspensivo (fs. 1380), y no hace referencia a las apelaciones interpuestas con efecto diferido. Si bien esta situación puede resultar irregular, le correspondía a la parte reclamar su concesión a tiempo de ser notificado.
b) Conforme al principio de convalidación la parte recurrente al no haber objetado o interpuesto algún recurso oportunamente contra ese actuado, a fin de que el Juez advertido de su error, conceda las apelaciones en el efecto diferido, al no haberlo hecho se entiende su renuncia de manera que intentar en casación se pronuncie este Tribunal sobre ese aspecto, sin tomar en cuenta que no reclamó oportunamente, convalidó el actuado procesal defectuoso, precluyendo su derecho para reclamar en la instancia.
Bajo los razonamientos expuestos, la nulidad determinada por el Ad Quem se encuentra justificada y sin sustento los reclamos efectuados a su turno por los recurrentes, consecuentemente, corresponde resolver conforme a lo previsto por los arts. 271 nums. 1) y 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, núm. 1) de la Ley Nº 025 de 24 de junio de 2010, Ley del Órgano Judicial, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADOS los recursos de casación interpuestos por Elvio López Abán y Luisa López Abán (fs. 1419 a 1429); María Elena Marlene Reese Cabezas de Ávila (fs. 1441 a 1444), y el Banco Mercantil Santa Cruz S.A Sucursal Tarija (fs. 1466 a 1471), asimismo conforme al art. 271 num. 1) del Código de Procedimiento Civil, se declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo planteado por Elvio y Luisa López Abán (fs.1419 a 1429), contra el Auto de Vista Nº 54/2013 de 22 de agosto de 2013 cursante a fs. 1412 a 1414, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso de Reivindicación seguido por Verónica Navajas Nincevic en representación de María Elena Marlene Reese Cabezas en contra de Doris López Abán, Calixto López, Elvio López Abán, Luisa López Abán y León Rengel Martínez. Con costas.

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