Source: http://www.periodicoelpulso.com/febrero_2019/generales-3.html
Timestamp: 2019-11-22 14:47:03+00:00

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Como lo habían solicitado los colombianos durante años, y exigido todos los actores del sector, la Superintendencia Nacional de Salud parece que ha comenzado a tomar el papel de gran veedor del sistema en cumplimento de sus funciones de inspección, vigilancia y control. Así se puede comprobar al revisar la cantidad y tenor de las medidas tomadas durante los meses recientes que muestran a una entidad que pasó de emitir tímidas resoluciones y extensiones eternas a las intervenciones, a una que parece ir tomando el rumbo de las sanciones, las acciones preventivas, y de presencia constante ante las instituciones bajo su vigilancia.
El Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, venía anunciando en diferentes escenarios desde finales de 2018 que mostraría una Supersalud con “dientes de sable”, y que su accionar se vería expresado a través de resoluciones; estas no se hicieron esperar y 2018 concluyó con 16 EPS bajo algún tipo de medida en lo que se podría llamar la primera ola de acciones de una Supersalud renovada.
El listado de las EPS que fueron objeto de alguna de las medidas expresadas en diferentes resoluciones ofrece un escenario variopinto del estado de incumplimientos que ronda a las aseguradoras en el país, ya que por la significativa cantidad de las implicadas, es imposible hablar de casos o situaciones aisladas.
A Capresoca, la Resolución 10007 de 2018 le limitó la capacidad para realizar nuevas afiliaciones y aceptar traslados. A Emdisalud la Resolución 10009 de 2018 le prorrogó la medida preventiva de vigilancia especial en la que se encuentra dese años atrás. Emssanar continua gracias a la Resolución 10010 de 2018 bajo la medida preventiva denominada programa de recuperación. Asimismo Ambuq con la Resolución 10015 de 2018 vio como se prorrogaba la medida preventiva de vigilancia especial en su contra. Al Servicio Occidental de Salud SOS a través de la Resolución 10003 de 2018 se le limita la capacidad para realizar nuevas afiliaciones y aceptar traslados. Capital Salud también quedó en la misma condición con la Resolución 10004 de 2018.
En la avalancha de resoluciones también cayeron cooperativas y algunas de las cosideradas grandes por su número de afiliados. A Coomeva la Resolución 10005 de 2018 le limitó la capacidad para realizar nuevas afiliaciones y aceptar traslados. Igual medida ordenó la Resolución 10006 de 2018 a Savia Salud. Por su parte la Supersalud prorrogó la medida preventiva denominada programa de recuperación a las EPS Comfachoco con la Resolución 10012 de 2018, y Comfamiliar Huila con Resolución 10013 de 2018. En cuanto a Comfamiliar Cartagena y Bolivar la Resolución 10016 de 2018 extendió la vigilancia especial. Lo mismo sucedió con Comfacor en la Resolución 10017.
En el caso de la EPS Servicio Occidental de Salud otra Resolución, la 10088 de 2018, le estableció condiciones y plazos para realizar la actualización de la autorización de funcionamiento otorgada desde 1995. Ambuq también fue objeto en el mismo sentido de otra Resolución (10089 de 2018), a ellas se sumó Cruz Blanca en la Resolución 10091que además continuó bajo medida preventiva de vigilancia especial. A Comfasucre se le prorrogó la medida preventiva denominada programa de recuperación. A Comparta la vigilancia especial, y a Medimás, la Resolución 10002 de 2018 le limitó la capacidad para realizar nuevas afiliaciones y aceptar traslados.
Las medidas tomadas dejan entrever que es posible que en 2019 el número de aseguradoras en el sistema de salud pueda verse reducido, ya que a los problemas financieros por las que la mayoría de ellas atraviesa, se suman ahora las limitaciones para afiliar nuevas personas y por ende reduce significativamente el ingreso de recursos frescos de la UPC ya las posibles protyecciones financieras que estas tuvieran.
Son varias las sanciones tomadas por la Supersalud como consecuencia en parte de las Resoluciones proferidas a finales del año anterior, además de otras medidas que le han dado a la Supersalud un protagonismo especialmente llamativo.
La primera de ellas fue la negación a un grupo de Cajas de Compensación de una autorización para crear una nueva EPS, decisión que se tomó tras evaluar el Plan de reorganización institucional presentado por Comfamiliar Cartagena, Comfacor de Córdoba, Confasucre, y Comfamiliar Huila. Según señaló la Superintendencia Nacional de Salud la solicitud fue negada al considerar que no cumplían “con todos los requisitos exigidos en el numeral 3.2.1 de la circular externa 005 de la Supersalud”, ya que habría diferencias entre la información radicada por las Cajas y la reportada por los posibles inversionistas, pero también, porque existían “disparidades” entre lo establecido por las Cajas en el documento y lo reportado durante la primera etapa del Proyecto del Plan de Reorganización que buscaba crear una nueva entidad.
El proyecto buscaba que con el nombre de EPS Familiar de Colombia, se capitalizarían las deudas de las cajas asociadas con 71 IPS que se convertirían en inversionistas a través de la escisión de los programas de salud de las Cajas. Con esta estrategia, la naciente EPS atendería alrededor de un millón 400 mil afiliados. El problema se dio al momento de cotejar las exigencias de norma sobre los inversionistas donde según el ente de control: “No se observa claridad frente al análisis realizado en la construcción de la caracterización poblacional realizada para la clasificación del riesgo y la consecuente construcción del modelo de atención”. A lo que se sumaba que en el caso de catorce de los inversionistas tenían un patrimonio inferior al valor total de la capitalización propuesta, además que no cumplían con el reporte de información financiera a la Superintendencia.
Días después, ya en 2019, Comfacor, que había participado en esta propuesta de crear una nueva, se vio afectada con una revocatoria total de funcionamiento ordenada en la Resolución 00299 de 2019. En este caso, la Supersalud justificó la radical medida en una serie de hallazgos que ya habían generado que la EPS estuviera bajo una medida de vigilancia especial. Dentro de las anomalías encontradas en el campo financiero se destaca que al cierre de junio de 2018 la entidad no cumplía con los indicadores de permanencia y de solvencia, n o se contaba con una metodología para el cálculo de reservas técnicas, que a junio de 2018 se reportaba un indicador de siniestralidad en 100%, que un 55% de las cuentas por cobrar estaba concentrado en deudas por anticipos, lo que no genera liquidez y un 69% de ellos mostraban una antigüedad igual o mayor a 360 días. A esto se suma que al cierre de junio de 2018 había un crecimiento negativo del patrimonio de 37% representados en $ -361.172.073 miles de pesos, con respecto a junio de 2017, y pérdidas acumuladas por valor de $ -235.141.927 miles de pesos.
En cuanto a los aspectos relacionados con la atención, Comfacor mostraba una desviación en el indicador de experiencia de la atención, y las cifras, para la Supersalud, mostraban deficiencias: en tasa de incidencia de sífilis congénita 1.96 días; porcentaje de gestantes con captación temprana al control prenatal 55.57%; porcentaje de mujeres con toma de citología cervicouterina 7.94%; porcentaje de mujeres con citología cervicouterina anormal que cumplen el estándar de 30 días para la toma de colposcopia 19.19%; porcentaje de esquemas de vacunación en niños menores de 1 año 61,47; porcentaje de pacientes diabéticos controlados 11.61%; pérdida de función renal 28.60%; porcentaje de tamización bianual con Mamografía de mujeres entre los 50 y 69 años 5.87%; tasa mortalidad infantil 25.5 y tasa de mortalidad perinatal 20.59, todos los indicadores con corte junio de 2018.
Las cifras que fueron consideradas por la Supersalud como causales para la revocatoria se extendían a componentes administrativos, que de todas maneras afectan la atención, como por ejemplo el porcentaje de contratos legalizados con prestadores de solo un 20%, lo que pone en duda la existencia de una red de servicios para la atención de los afiliados. El número de tutelas POS en contra era de 116, lo que representa una tasa de 2.0 por cada 10.000 afiliados, y 103 procesos activos los cuales ascienden a la suma de $45.956.418.363.
Comfacor EPS, que tiene derecho a interponer acciones en contra de la medida, opera en Montería, y a comienzo de este año reportaba 541.663 afiliados en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y Magdalena. De esa cantidad 13.133 pertenecían al régimen contributivo, y 528.530 al subsidiado; la mayoría se ubicaba en el departamento de Córdoba, 308.465, en Atlántico tenía 64.264, en Bolívar 42.739, en Cesar 49.622, en Magdalena 52.256, y en Sucre 23.916.
Dos acciones más, tomadas por la Supersalud a comienzos de 2019 llamaron la atención. La revocatoria parcial de habilitación a Medimás para los departamentos de Chocó, Sucre y Cesar en donde la Supersalud indica que Medimas no garantiza la prestación de servicios de salud a la población afiliada en dichas regiones. Según analistas consultados resulta curioso que la medida no se ext8ienda para todo el país, puesto que las auditorías a la EPS señalan los mismos problemas en todo el territorio y no solo en los departamentos cobijados por la Resolución 00158 DE 2019. Incluso algunas personas fueron un poco más allá e indicaron, pidiendo la reserva de sus nombres, que la sanción podría beneficiar a la EPS en el sentido de quitarle carga de afiliados en zonas poco rentables, con lo que mejoría su condición ante la posible venta, situación que viene siendo tratada.
El otro caso fue el inicio de la revocatoria de la autorización de funcionamiento, o de la habilitación, de la EPS Coomeva, también restringida a tres departamentos, Cundinamarca, Meta y Cauca. En este caso el trámite se clasifica en un estado de “previo” con lo que la aseguradora podrá interponer los recursos que controviertan una posible sanción definitiva.
Inicialmente Coomeva, EPS con alrededor de 2,1 millones de afiliados, señaló en un comunicado que sí ha mostrado mejoras en varios indicadores de tipo administrativo, atendiendo así el Plan de Ajuste y Recuperación Financiera presentado a la Supersalud: “Cumplimos el margen de solvencia, fortalecimos el patrimonio con capitalización por 299.000 millones de pesos, redujimos la siniestralidad a 92,12 por ciento, logramos el resultado financiero presupuestado y conformamos y fortalecimos las redes integrales como principal estrategia de la gestión del riesgo”, y añadió que acudirá al derecho de contradicción y así demostrar que pueden seguí operando en las regiones mencionadas en la medida.

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