Source: https://boletinjuridico.wordpress.com/2016/07/06/boletin-julio-2016/
Timestamp: 2018-07-18 10:53:30+00:00

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BOLETIN JULIO 2016 – BOLETIN JURIDICO MENSUAL
NÚMERO 19 JULIO 2.016
98.- Res. DGRN de 25/04/2016. ACREDITACIÓN NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR CONCURSAL.
Basta la manifestación por el notario de aparecer inscrito el nombramiento de administrador concursal en el Registro Público de Resoluciones Concursales, según consulta telemática que incorpora. Esta dos manifestación cumple adecuadamente las exigencias del juicio de suficiencia, sobre todo si se tiene en cuenta que nos encontramos ante un caso de representación orgánica que, por su propia naturaleza, extiende su ámbito a todos los actos propios de su función institucional.
99.- Res. DGRN de 19/04/2016. DENOMINACIÓN SOCIAL.
No cabe posibilidad de que la denominación social incluya total o parcialmente el nombre de otra persona ni su seudónimo, sin que la persona en cuestión preste su consentimiento, el cual se presume si dicha persona es socio de la sociedad (en el caso, nombre y apellido).
100.- Res. DGRN de 13/04/2016. SEPARACIÓN LIQUIDADOR.
Transcurrido el plazo de tres años establecido en el artículo 389 LSC nace un derecho a favor de cualquier socio o persona con interés legítimo para pedir al letrado de la Administración de Justicia o registrador Mercantil la separación de los liquidadores y el nombramiento de nuevos. No puede enervar ese derecho la presentación posterior a su ejercicio de un acuerdo de la Junta nombrando nuevos liquidadores.
100.- Res. DGRN de 20/04/2016. DEPOSITO CUENTAS SOCIEDAD NO INSCRITA.
Una sociedad constituida en escritura otorgada el día 17/12/2013, que según sus estatutos da comienzo a sus operaciones sociales el día del otorgamiento de la escritura de constitución, y que se inscribe el día 09/01/2014, está obligada a presentar las cuentas del 2013.No obstante, sería suficiente certificar que tales cuentas no han sido formuladas por carecer la sociedad de actividad entre el 17 y el 31 de diciembre de 2013. Y la causa de falta de actividad, como razón o motivo para el no depósito, es trascendente pues debe considerarse que, dada su naturaleza, no será necesario ratificar o reiterar cada seis meses la permanencia en dicha situación pues del propio registro resultará la imposibilidad actual y futura de llevar a cabo el depósito de las cuentas del indicado ejercicio.
101.- Res. DGRN de 21/04/2016. APODERAMIENTO. FECHA INICIO OPERACIONES.
Es posible inscribir un apoderamiento conferido el día 17/12/2015 por el administrador único de una SRL, constituida el mismo día con número inmediatamente anterior de protocolo, en cuyos estatutos sociales se fija como fecha de comienzo de las operaciones sociales la del 01/01/2016.
102.- Res. DGRN de 04/04/2016. OBJETO SOCIAL. CONVOCATORIA CONSEJO. COMPETENCIA JUNTA GENERAL.
Ninguna norma exige transcribir el epígrafe con el que, en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, se detalla la clase correspondiente al código indicado, ni la reiteración de la actividad incluida en la definición del objeto social que constituya la actividad principal, toda vez que ésta queda claramente especificada «per relationem», por la mera indicación del código expresado. La exigencia de fijación de un plazo de convocatoria del consejo de administración debe entenderse cumplida si en los estatutos se establece junto a un concreto plazo temporal de convocatoria, la previsión de que el consejo pueda ser convocado excepcionalmente por razones de urgencia con la antelación suficiente que permita a los miembros del consejo reunirse. También se discute la inscripción de una disposición de los estatutos que atribuye competencia a la junta general para «la enajenación o adquisición de cualquier activo que no haya sido aprobado en el Plan de Negocio de la sociedad, y tenga un importe superior a 1.000.000 €». Para la DGRN esta limitación sólo puede tener una eficacia meramente interna (en el ámbito de la exigencia de responsabilidad que la sociedad pudiera hacer valer frente al administrador que se hubiese extralimitado). Pero aun cuando esta concreción de efectos se impondría en definitiva por la indudable subordinación de las disposiciones estatutarias a las normas legales imperativas y por la necesaria interpretación de dichas cláusulas en el sentido más favorable para su eficacia, es doctrina de la DGRN que así se destaque en los estatutos.
103.- Res. DGRN de 11/04/16. SUSTITUCIÓN FIDEICOMISARIA.
Siendo “eo quod supererit”, el causante restringe al fiduciario el poder de disposición que alcanza únicamente a los actos inter vivos que realice a título oneroso. A su fallecimiento, los bienes de los que no haya dispuesto deben pasar al fideicomisario, y en consecuencia los bienes sometidos al fideicomiso de residuo no deben formar parte del inventario de la herencia del fiduciario. En todo caso, las renuncias aportadas en documento privado, a diferencia de las renuncias ante el juez en Audiencia, carecen de autenticidad.
104.- Res. DGRN de 11/04/16. ELEVACIÓN A PÚBLICO DE COMPRAVENTA.
Los herederos del vendedor dicen aclarar, en los términos del art. 1224 del CC, el objeto de la compraventa que el documento privado contiene, ya que erróneamente se describió como solar cuando en realidad, y por los actos anteriores a la fecha de dicho documento, se había procedido a declarar un edificio como obra nueva sobre el mismo y su división en régimen de propiedad horizontal. Sin embargo para la DGRN estamos ante una renovatio contractus, ya que del art. 1271 del CC debe deducirse que toda modificación que vaya más allá de la cantidad (en los inmuebles, de la superficie) debe considerarse como un elemento determinante que revela la inexistencia del objeto del negocio, existiendo en el caso concreto “diferencias abismales” entre el objeto del documento privado y el de la escritura. Por otro lado, estando sujeto el documento presentado al ITP y el de Sucesiones, no basta con la nota acreditativa del ingreso por el primero sino que deberá acreditarse también la liquidación por el segundo, aunque el mismo organismo sea competente para liquidarlos. En cuanto a la acreditación de la condición de herederos de quien aparece como vendedor, se precisa un testimonio en relación del título sucesorio o acompañar a la escritura el citado título.
105.- Res. DGRN de 12/04/16. PRIORIDAD REGISTRAL.
El documento presentado en el Diario en primer lugar (la compraventa) gana prioridad no sólo para sí, sino para los documentos presentados con posterioridad cuando sean necesarios para su despacho, a fin de subsanar el concreto defecto (que es subsanable y no motivo de denegación) de falta de tracto sucesivo que impedía su inscripción, siempre que el disponente del primer título presentado sea causahabiente del titular registral, y ello aunque tal atribución de prioridad suponga dotar al documento subsantario (reconstructor del tracto, compraventa por la que adquirió el actual vendedor) de preferencia sobre el intermedio contradictorio que se presentó antes, pero después del subsanado. En los casos en los que la finca aparezca inscrita a favor de persona distinta del disponente, se matiza el principio de prioridad registral con una suerte de reserva de rango a través del asiento de presentación del título con defecto formal de rango a favor del título que falta para completar o reconstruir el tracto, a cuyo favor se produce un trasvase de la prioridad del título al que subsana.
106.- Res. DGRN de 12/04/16. INMATRICULACIÓN. LEY DE MONTES.
El registrador goza de independencia en su función calificadora, no quedando vinculado por las decisiones de otros registradores. Se requiere el informe previsto en el art. 22 de la Ley de Montes no para inmatricular todas las fincas ubicadas en un término municipal donde existan montes demaniales, sino que es preciso que la finca a inmatricular sea monte o colinde con un monte demanial o monte ubicado en término municipal donde existan montes demaniales. Tras la ley 13/2015, el registrador debe evitar la inscripción de nuevas fincas o la representación gráfica georreferenciada de fincas ya inmatriculadas cuando tuviera dudas fundadas sobre la posible invasión del dominio público.
107.- Res. DGRN de 13/04/16. SUBSANACIÓN HIPOTECA DE MÁXIMO.
Se discutía si la escritura de aclaración y complemento presentada en tercer lugar (tras la concesión del derecho a explotar los áridos y servidumbre de paso) era una mera aclaración de la primera de constitución de hipoteca especial del art. 153 bis de la LH, o por el contrario suponía una novación modificativa, requiriendo el consentimiento de los titulares de asientos intermedios para no implicar una pérdida de rango. Para la registradora era preciso aclarar si se trataba de una hipoteca en garantía de cuenta corriente (art. 153 LH) o una hipoteca de máximo (153bis LH), y siendo esta segunda entendía que la alteración del plazo de duración de la hipoteca afectaba a titulares de derechos inscritos o anotados con posterioridad. Ahora bien, la DGRN entiende que estamos ante una simple escritura de rectificación que guarda unidad negocial a efectos de prioridad registral: respecto del plazo, no se añade un dato que inicialmente se hubiera omitido, sino que se aclara un dato que sí constaba, aunque no con la claridad debida.
108.- Res. DGRN de 14/04/16. EXPEDIENTE DE DOMINIO-REANUDACIÓN DEL TRACTO.
Cuando el promotor del expediente (cuya competencia se encomienda ahora al notario y no al juez) es adquirente del heredero del titular registral, se venía exigiendo que hubiese adquirido del heredero único o de todos los herederos del titular registral y que no existiese una extraordinaria dificultad para otorgar la documentación que permita completar la cadena de titularidades y conectar a dicho titular con el promotor. También se admite el expediente de dominio para reanudar el tracto incluso aunque no hubiera una verdadera ruptura del mismo pero revista una extraordinaria dificultad obtener la titulación ordinaria. Cabe sin embargo plantearse la duda de si la expresión legal “o sus herederos” debe entenderse referida o todos o a alguno o algunos de dichos herederos: en el primer caso, no hay interrupción propiamente dicha, y bastaría con aportar el título sucesorio y no necesariamente el particional con adjudicaciones concretas, mientras que en el segundo habría que promover la reanudación mediante el citado expediente. A diferencia de la anterior tramitación judicial, donde la oposición formal de alguno de los citados no determinaba necesariamente el fracaso del expediente, el notario solamente dará por conclusas las actuaciones y pondrá fin al expediente por incomparecencia del titular registral (o sus herederos) cuya inscripción tenga menos de treinta años de antigüedad y haya sido citado personalmente, o bien por comparecencia y oposición de cualesquiera titulares de derechos inscritos con independencia de la antigüedad del asiento.
109.- Res. DGRN de 19/04/16. OBRA NUEVA ANTIGUA. GEORREFERENCIACIÓN.
Respecto al requisito de georreferenciación de la superficie ocupada por la edificación (que sólo será exigible cuando la edificación se encuentre terminada), no es preciso aportarla en formato GML, sino que basta con una representación gráfica de la misma realizada sobre un plano georreferenciado o dentro de una finca georreferenciada, aunque no se especifiquen las coordenadas concretas de aquélla (por ejemplo, si consta en la certificación catastral descriptiva y gráfica). En estos casos, las coordenadas resultan por referencia a las del plano o finca. Por otro lado, el Decreto 29/2014 regula la certificación energética en los edificios de Castilla la Mancha, tanto en los existentes como en las de nueva construcción, si bien de acuerdo con la Directiva comunitaria no será exigible dicha certificación para la obra nueva antigua.
110.- Res. DGRN de 20/04/16. NEGATIVA A EMITIR CALIFICACIÓN SUSTITUTORIA.
Cabe recurrir la negativa del registrador a emitir una calificación sustitutoria conforme al art. 19bis de la LH, estando el notario claramente legitimado para interponerlo.
111.- Res. DGRN de 20/04/16. CONDICIÓN RESOLUTORIA. CADUCIDAD.
Se admite con amplitud la caducidad convencional en los derechos reales ya que carece de normas en nuestro sistema jurídico. En el caso concreto, dicha caducidad se pacta específicamente respecto de la condición resolutoria (no tan solo del asiento), quedándole al vendedor la acción personal resolutoria del art. 1124 del CC. La condición en garantía del precio aplazado debe acceder al Registro conjuntamente con la adquisición del dominio, salvo que el vendedor consienta otra cosa en escritura o salvo que haya transcurrido ya el plazo de caducidad convencional del derecho real.
112.- Res. DGRN de 21/04/16. CANCELACIÓN POR CADUCIDAD DE CONDICIÓN RESOLUTORIA.
Tras la ley 13/2015, el art. 210.8 de la LH (cancelación por caducidad de hipotecas condiciones resolutorias y cualesquiera otras formas de garantía con efectos reales, sin constancia de la fecha en que debió producirse el pago íntegro, por el transcurso de 20 años desde la fecha del último asiento en que conste la reclamación de la obligación garantizada o, en su defecto, 40 años desde el asiento de titularidad de la propia garantía) convive con el art. 82.5. Aunque la redacción se asemeja, el primer precepto no se fundamenta directamente en la prescripción de las acciones sino que fija unos plazos propios de caducidad registral. Además, no se aplica exclusivamente a la hipoteca y condición resolutoria sino, a diferencia del segundo, a cualesquiera otras formas de garantía con efectos reales.
113.- Res. DGRN de 04/05/16. HOMOLOGACIÓN DE TRANSACCIÓN JUDICIAL.
No cabe asimilar, como título formal que permita el acceso al Registro, la sentencia al acuerdo de transacción entre las partes homologado judicialmente, que sigue siendo un documento privado, de naturaleza contractual, que carece de un pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto. Si bien es doctrina de la DG admitir la inscripción del convenio regulador cuando se refiera a la liquidación de la vivienda habitual, no constaba en este caso que el acuerdo se hubiera plasmado en un convenio de dicha naturaleza ni que se hubiera aprobado judicialmente en un proceso de nulidad, separación o divorcio.
114.- Res. DGRN de 05/05/16. INMATRICULACIÓN. REVISIÓN JUDICIAL.
En caso de suspensión de la inmatriculación por dudas del registrador sobre la coincidencia con otras fincas ya inmatriculadas, y en cuanto a la posibilidad de acudir al juzgado de primera instancia del partido en el que radique el inmueble para que dicte auto declarando o no procedente la inmatriculación pretendida, los arts. 300 y 306 del Reglamento hipotecario han quedado tácitamente derogados tras la entrada en vigor de la Ley 13/2015. Habrá que estar al art. 198 de la LH, que permite incoar un proceso jurisdiccional posterior en todos los procedimientos para lograr la concordancia entre el Registro y la realidad física extrarregistral.
115.- Res. DGRN de 05/05/16. DIVORCIO. TITULO INSCRIBIBLE.
La adjudicación en extinción de comunidad de un elemento que fue adquirido por los exesposos durante el matrimonio, por mitad y pro indiviso en régimen de separación de bienes, debe considerarse como un bien incluido en su patrimonio consecuencia de una adquisición derivada de la vida en común, y por ello es posible su liquidación y adjudicación dentro del convenio regulador aprobado por la autoridad judicial, no siendo precisa la escritura pública. En cambio, en la Res. DGRN de 04/05/16, la extinción de comunidad recae sobre un bien adquirido antes del matrimonio, sin justificar el carácter familiar o de vivienda habitual del mismo, por tanto no se permite la inscripción, por defectos formales, del convenio regulador del divorcio.
116.- Res. DGRN de 06/05/16. DESHEREDACIÓN.
En el testamento se desheredaba a un hijo por ignorar su paradero desde hace más de cuarenta años, ignorando de igual modo si el mismo tuvo o no descendencia. Aunque los descendientes ulteriores del desheredado conserven su derecho a la legítima, basta con afirmar el desconocimiento de si existen tales descendientes, sin que pueda exigirse acreditación de este extremo ante la imposibilidad de probar hechos negativos. Así lo dijo igualmente la DG (Res. 3 de marzo de 2012) en caso de premoriencia de un heredero legitimario.
117.- Res. DGRN de 09/05/16. HERENCIA. TRADUCCIÓN JURADA.
Es excesiva la exigencia de traducción jurada de dos testimonios de vigencia de leyes cuando el notario asume expresamente la responsabilidad de conocer suficientemente la legislación francesa en ese punto, declarando que, conforme a dicha legislación, las cláusulas de los testamentos (otorgados ante notario español) son suficientes para permitir la partición. Si el registrador disiente deberá motivarlo por conocer también, bajo su responsabilidad, suficientemente la legislación extranjera aplicable.
118.- Res. DGRN de 11/05/16. PRUEBA DEL DERECHO EXTRANJERO.
Para la acreditación del Derecho extranjero, debe acudirse preferentemente al art. 36 del RH, sin perjuicio de que resulte subsidiariamente aplicable lo previsto en la Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil (arts. 34 a 36). Cuando se emplee el informe de notario, si el registrador entiende que no se deduce la conclusión pretendida en cuanto al sentido, alcance e interpretación de las normas extranjeras, deberá motivar las concretas razones de su rechazo.
119.- Res. DGRN de 11/05/16. DISOLUCIÓN DE CONDOMINIO Y APORTACIÓN A GANANCIALES.
Se extingue el condominio sobre una finca adquirida por herencia por un grupo de familiares (uno de los cuales, titular del 10%, es el adjudicatario final). Ahora bien, la adjudicación se hace a favor de dos cónyuges con carácter ganancial, puesto que satisfacen la diferencia de adjudicación a los demás condueños con dinero ganancial, y seguidamente el comunero adjudicatario aporta a su sociedad de gananciales el 10% privativo que ostentaba sobre la finca. A pesar del orden de las estipulaciones, es clara la voluntad de los cónyuges de atribuir carácter ganancial al bien adquirido conforme al art. 1355 del CC, y la aportación tiene por objeto especificar una causa onerosa que justifica la conversión en ganancial del 10% inicialmente privativo, evitando así el derecho de reembolso consagrado en el art. 1358 del CC.
120.- Ress. DGRN de 12 y 13/05/16. ADJUDICACIÓN HIPOTECARIA EN FAVOR DEL EJECUTANTE.
La redacción literal del art. 671 de la LEC (si se tratare de la vivienda habitual del deudor) ha de ser interpretada en el mismo sentido que el art. 670: es decir, que el ejecutante tiene derecho a pedir la adjudicación del inmueble por el 70% del valor de subasta, o si la cantidad que se le deba por todos los conceptos fuera inferior a ese porcentaje, por la cantidad que se le deba, siempre que sea superior al 60% de su valor de subasta.
121.- Res. DGRN de 12/05/16. INMATRICULACIÓN. IDENTIDAD DESCRIPTIVA.
Tras la Ley 13/2015, deben concurrir necesariamente dos requisitos simultáneos: exigencia de identidad descriptiva entre el título traslativo inmatriculador y el título adquisitivo previo, y entre el título inmatriculador y la certificación catastral descriptiva y gráfica que necesariamente debe aportarse. Ahora bien, el grado de identidad exigible no es el mismo en ambos supuestos: en el primer caso, debe serlo “a juicio del registrador”, mientras que en el segundo se exige “en todo caso” dicha identidad, no siendo por tanto admisible el margen del 10% de superficie que sí se admite en la mera constancia regisral de la referencia catastral en el folio real de fincas ya inmatriculadas (art. 45 de la Ley del Catastro). Caso de no cumplirse este requisito, habrá que instar previamente la alteración catastral para cumplir el requisito de identidad en cuanto a la ubicación, delimitación y superfície: no así para los elementos físicos, tales como las edificaciones, ubicados en el interior del perímetro de la finca, ni tampoco para los titulares catastrales o identidad de los titulares colindantes. En caso de que la delimitación geográfica catastral hubiera variado en el tiempo, habiendo perdido la identidad entre el título inmatriculador y la situación catastral con carácter sobrevenido, podría defenderse que los ulteriores cambios catastrales son irrelevantes a estos efectos. Véase también la Res. DGRN de 09/05/16, en la que además se hace referencia a la acreditación de los requisitos de obra nueva antigua mediante certificación catastral, municipal, técnica o acta notarial, y la constancia en la terminación de obra (nueva o antigua) de la referenciación geográfica de la porción del suelo ocupada por la edificación, de acuerdo con la Resolución conjunta de 26 de octubre de 2015. E igualmente véase la Res. de 21/04/16, en la que se aclara que la identidad plena y absoluta que debe existir entre ambos títulos, el previo de adquisición y el inmatriculador, supone en realidad una identificación razonable entre ambos modelos descriptivos y no una exigencia de correspondencia plena.
122.- Res. DGRN de 12/05/16. COMUNIDAD VALENCIANA: TITULO PARA LA INMATRICULACIÓN.
Se presente título de adjudicación por extinción de una comunidad valenciana sobre una construcción ubicada en un solar, siendo éste el resultado de agrupar una finca inmatriculada con otra sin inmatricular. Para lograr la inmatriculación con arreglo al art. 205 LH, tras la Ley 13/2015, es preciso acreditar que el otorgante del título traslativo adquirió a su vez la propiedad un año antes (fecha que se computa no entre las de los respectivos otorgamientos, sino entre la fecha de la previa adquisición documentada en el título público y la del otorgamiento del título traslativo posterior) y mediante título público. Existe una auténtica mutación jurídico real al transformarse la comunidad ordinaria en valenciana y ésta a su vez en propiedad horizontal, dando lugar a la extinción de aquéllas par dar lugar a ésta y tiene, por tanto, la misma aptitud inmatriculadora que la extinción de la comunidad ordinaria.
123.- Res. DGRN de 13/05/16. CAMBIO DE USO DE LOCAL Y DIVISIÓN EN DOS VIVIENDAS.
Se aportaba en la escritura resolución municipal declarando la prescripción de la infracción consistente en la adecuación de los bajos para el uso de las dos viviendas, siendo en efecto de volumen y uso disconforme. Con carácter general, el art. 187 bis del TR de la Ley de urbanismo catalana exceptúa del régimen de comunicación previa el cambio a uso residencial, exigiendo como título habilitante la licencia urbanística. Sin embargo, la DG aplica el régimen para la inscripción de actos urbanísticos respecto a los cuales ha transcurrido el plazo de prescripción para restaurar la legalidad urbanística (6 años desde la finalización de las obras). Estando consolidada por antigüedad, debe procederse a su inscripción con constancia de la situación urbanística declarada en la resolución administrativa y notificación al Ayuntamiento respectivo.
124.- Res. DGRN de 13/05/16. COMPRAVENTA POR CÓNYUGE TUTOR DE FINCA GANANCIAL.
Para la venta de una finca perteneciente a dos esposos con carácter ganancial, siendo la mujer tutora de su marido declarado incapaz, se celebra pública subasta con autorización judicial únicamente respecto al 50% de la finca que, se dice, pertenece al incapaz. Sin embargo, en la sociedad de gananciales los cónyuges no tienen uno cuota específica sobre el bien (comunidad romana), sino que siendo una comunidad en mano común no se puede enajenar separadamente la cuota de cada uno. La transmisión del pleno dominio de la finca requiere que la subasta exigida en la autorización del juez recaiga sobre la totalidad de la finca y no sobre el 50%, sin que baste el mero consentimiento de la consorte como si fuera suya en exclusiva la titularidad de ese 50% no trasmitido aún.
125.- Res. DGRN de 23/05/16. REANUDACIÓN DE TRACTO.
El promotor del expediente adquirió de un vendedor que a su vez había adquirido directamente del titular registral en cuanto a una mitad de la finca, pero respecto de la otra alega simplemente haber adquirido por “justos y legítimos títulos” sin mayor especificación. Es preciso identificar el título del promotor y de los previos adquirentes para justificar la reanudación de tracto, así como la incomparecencia con oposición de cualesquiera titulares de derechos inscritos. La citación a estos últimos debe ser nominal, pudiendo hacerse por edictos cuando la antigüedad de la inscripción supere los treinta años.
126.- Res. DGRN de 23/05/16. OBRA NUEVA. GEORREFERENCIACIÓN.
Es precisa la georreferenciación de la porción del suelo ocupada por la edificación, pero en el caso planteado dicha superficie ya constaba en el Registro, no siendo objeto de modificación ni alteración en la escritura de ampliación de obra nueva por elevación de nuevas plantas.
127.- Res. DGRN de 31/05/16. CRÉDITOS A CONSUMIDORES. CARÁCTER PROFESIONAL DEL PRESTAMISTA.
El otorgamiento de sucesivos préstamos hipotecarios en un número considerable constituye un indicio suficiente de desarrollo de una actividad profesional a efectos de la Ley 2/2009: la manifestación negativa del acreedor (de no ejercer de forma profesional la actividad efectuada en la escritura) queda desvirtuada por la búsqueda, por parte del registrador, de los datos obrantes en el Registro de la Propiedad (en el propio o en otros), revelando la habitualidad en la concesión de préstamos con garantía hipotecaria, y quedando por tanto sujeto al cumplimiento de las obligaciones legales (inscripción en un registro público especial, contratación previa de un seguro de responsabilidad civil,…).
128.- Res. DGRN de 26/05/16. INTERPRETACIÓN DE CLÁUSULAS TESTAMENTARIAS.
Reiterando la doctrina de la DG, la ley de la sucesión es la voluntad pretérita del testador (en el momento de hacer la disposición, pues siempre cabe la revocación ante circunstancias sobrevenidas), debiendo indagar en la voluntad real y prevaleciendo la interpretación favorable a la eficacia de la disposición. Por otro lado, las palabras empleadas por el notario deben tener el significado técnico asignado por el ordenamiento: ambos cónyuges otorgaron testamento el mismo día y, aunque no fueran exactos en términos literales, lo fue en esencia sus intenciones. Él instituyó a la fundación, mientras que la esposa le instituyó a él con la idea de que a continuación heredase la fundación. En base al art. 668 del CC, hay una designación en favor de la institución como sustituta fideicomisaria que implica la vulgar tácita.
129.- Res. DGRN de 30/05/16. VENTA EN EJERCICIO DE RETRACTO LEGAL.
Se otorga escritura de venta en favor de los arrendatarios, que han ejercitado su derecho de retracto dentro de plazo, pero la registradora deniega la inscripción por entender caducado el retracto, habiendo transcurrido 60 días naturales contados desde la notificación. Se revoca la nota, pues si el comprador retraído consiente en el retracto ejercitado extrajudicialmente por el retrayente dentro de plazo, aquel derecho puede considerarse ejercitado y consumado, naciendo para el segundo acción para exigir el cumplimiento de lo convenido, que es completamente distinta de la acción de retracto. Es absolutamente indiferente, por tanto, que la escritura se otorgue con posterioridad.
130.- Res. DGRN de 30/05/16. OBRA NUEVA ANTIGUA.
Deben ser los órganos competentes de la administración y no el técnico que certifica sobre la antigüedad de la obra los que certifiquen que el suelo sobre el que se ubica la edificación tiene calificación urbanística de suelo no urbanizable común, siendo una cuestión jurídica y no técnica. En cuanto a la calificación registral del plazo de prescripción de la potestad de restablecimiento de la legalidad urbanística, es la fecha de terminación de la obra la que determina la norma urbanística aplicable. Al tiempo de entrar en vigor la ley urbanística valenciana que imponía la imprescriptibilidad en el suelo no urbanizable protegido, el plazo concedido a la Administración ya estaba agotado, por lo que no cabe el renacimiento de una acción ya extinguida.
131.- Res. DGRN de 06/06/16. ADAPTACIÓN DESCRIPTIVA DE LOCAL COMERCIAL.
Bajo esta rúbrica se otorga escritura en la que se deja constancia documental de la existencia de un acceso directo del local a una calle cuando en la descripción registral indica que dicho local tiene su entrada por otra vía pública. Aunque la jurisprudencia admite con mayor amplitud la posibilidad de realizar obras o mejoras que afecten a la fachada cuando se trata de locales comerciales y no de viviendas, no existe regla estatutaria que permita la apertura de huecos o accesos diferentes a los existentes que pueda justificar la innecesaridad de consentimiento de la comunidad de propietarios, siendo una cuestión reservada a los tribunales la apreciación del ejercicio abusivo de las facultades de la junta de la propietarios.
132.- Res. DGRN de 06/06/16. SUSTITUCIÓN VULGAR. CAPACIDAD PARA SUCEDER.
Para acreditar que la sustitución vulgar ha quedado sin efecto por haberse producido la renuncia del legado sin haber tenido descendencia la legataria no bastan las manifestaciones de los comparecientes ni tampoco resulta del estado civil de soltera. Será necesario acta de notoriedad del art. 209 del RN, existiendo también otros medios de acreditación. Por otro lado, renunciando otra legataria, no será llamada, como legataria sustituta, la hija nacida después del fallecimiento del causante pero antes de producirse la renuncia al legado. Del art. 758 del CC y la jurisprudencia resulta que para adquirir el derecho al legado se requiere al menos estar vivo al tiempo del fallecimiento del testador, existiendo discusión doctrinal sobre si se requiere capacidad para suceder también al tiempo de la renuncia del primer instituido. Al no haber nacido el tiempo de la apertura de la sucesión, no tiene capacidad para suceder.
133.- Res. DGRN de 08/06/16. RECTIFICACIONES DESCRIPTIVAS. ART. 199 LH.
Sobre la parcela resultante de una agrupación de 500 m2 se practica la segregación de una finca de 204 m2 y se describe un resto de 296 m2. En escritura rectificativa, se incorpora certificación catastral, de la que resulta que la agrupada tiene una cabida de 616 m2, pero sin hacer descripción literaria alguna de las fincas para adaptarlas a lo que resulta de catastro. Simplemente se incorpora la certificación catastral con una nueva cabida, solicitando que se inicie el procedimiento del art. 199 de la LH, siendo el medio hábil para inscribir rectificaciones descriptivas de cualquier naturaleza (tanto de superficie como de linderos) y de cualquier magnitud (diferencias inferiores o superiores al 10% de la superficie previamente inscrita), obteniendo la inscripción de la representación geográfica de la finca y las coordenadas de sus vértices. Del precepto legal, sin embargo, no resulta que además de aportar la certificación haya de describirse en el título la finca según resulte de la misma: la LH sólo impone la total coincidencia descriptiva en las inmatriculaciones. Todo ello sin perjuicio de que surjan dudas sobre la identidad de la finca (por invasión de fincas colindantes o encubrimiento de otro negocio traslativo), en cuyo caso deben quedar debidamente justificadas en la calificación.
134.- Ress. DGRN de 08/06/2016 y de 28/04/2016. ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS.
Es inscribible una cláusula que se ajuste a los términos literales empleados por el legislador en el art. 233.2.d) LSC, pues el mero hecho de disponer que el poder de representación se ejercerá mancomunadamente por al menos dos de los administradores conjuntos no supone indeterminación. En concreto, no debe deducirse que se permita que la junta general pueda, sin modificación estatutaria, establecer que la actuación se ejerza mancomunadamente por tres, cuatro, etc., o de manera diferente a lo estatutariamente previsto, sino que en tal caso de utilización de la fórmula legal, la forma de actuación de los administradores mancomunados forzosamente habrá de ser por sólo dos o más de ellos.
135.- Res. DGRN de 10/06/2016. ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS. PODERES RECÍPROCOS.
En un poder recíproco entre administradores mancomunados, ningún problema con aquellas facultades otras que, ostentando los administradores mancomunadamente, se otorgan para que cada uno de ellos pueda ejercitar, como apoderado, por sí sólo. Pero no son inscribibles aquellas otras que deben ejercitar mancomunadamente, pues carece de todo interés atribuir a las mismas personas por vía de apoderamiento voluntario facultades que ya ostentan por razón de su cargo y con idéntica forma de actuación –conjunta–.
136.- Res. DGRN de 07/06/2016. APORTACIÓN NO DINERARIA.
La identificación de las aportaciones no dinerarias debe realizarse por cada uno de los bienes aportados y no por el conjunto de ellos, salvo que se trate de bienes de la misma clase o género que se aporten como un todo formando un grupo o conjunto (en el caso, grupos de chapas que se describen con sus medidas, color y especificación de modelos).
137.- Res. DGRN de 06/06/2016. DENOMINACIÓN. OBJETO SOCIAL. MEDIACIÓN SEGUROS.
Al no tratarse de sociedad profesional, la utilización del sintagma adjetival «profesional» junto a la abreviatura indicativa de la forma social, da lugar a confusión. La condición de agente de seguros exclusivo, de agente de seguros vinculado y de corredor de seguros son incompatibles entre sí en cuanto a su ejercicio al mismo tiempo por las mismas personas físicas o jurídicas, y por eso se hace imprescindible especificar cuál de las actividades de intervención constituye el objeto de la sociedad cuya creación se pretende. Y, por ello, únicamente cabe incluir una de las referidas categorías de mediadores de seguros.
138.- Res. DGRN de 03/06/2016. OBJETO SOCIAL. AGENCIA VIAJES. NORMATIVA AUTONÓMICA.
La normativa autonómica valenciana distingue tres modalidades de agencias de viaje (mayorista, minorista y mayorista-minorista; las actividades de mayorista y de minorista no pueden simultanear las actividades, salvo que se constituyan como mayorista-minorista), pero es una clasificación establecida al objeto de la concesión de título-licencia, pero la sociedad puede actuar en todo el territorio del Estado sin tener que ceñir, en forma necesaria, su ámbito de operaciones al lugar donde se sitúa su domicilio social, razón por la que no procede fundamentar la denegación de inscripción en una norma administrativa autonómica (en el caso se hablaba de «agencia de Viajes»).
139.- Res. DGRN de 02/06/2016. REDUCCIÓN CAPITAL.
Para que pueda acceder al Registro la reducción de capital por pérdidas sin que el balance aprobado haya sido objeto de verificación, es imprescindible que, al menos, la situación resultante del conjunto de las operaciones cuya inscripción se solicita sea neutra para los intereses de los acreedores, algo que sólo se produce si la reducción por pérdidas viene acompañada de un sucesivo e inmediato aumento de capital mediante nuevas aportaciones o por compensación de créditos que iguale o supere la cifra de capital inicial.
140.- Res. DGRN de 26/05/2016. CIERRE REGISTRO.
Entre las excepciones al cierre del RM por motivos fiscales no se encuentra la de renuncia de un apoderado.
141.- Res. DGRN de 26/05/2016. AUTOCONTRATO. JUICIO SUFICIENCIA.
El notario debe hacer constar en la reseña del poder que se ha salvado el auto-contrato o el conflicto de intereses.
142.- Res. DGRN de 20/05/2016. TRANSMISIÓN PARTICIPACIONES.
No cabe rechazar la inscripción de una cláusula que atribuye al socio el derecho de separación para el caso de denegación de la autorización para transmitir sus participaciones.
143.- Res. DGRN de 19/05/2016. AUMENTO CAPITAL. INFORME AUDITOR.
En un aumento de capital por compensación de créditos el hecho de que el auditor exprese en su informe que la documentación preparada por los administradores ofrece información «adecuada», en vez de emplear el término información «exacta», no puede constituir obstáculo a la inscripción.
144.- Res. DGRN de 18/05/2016. CIERRE REGISTRO.
Entre las excepciones al cierre registral por motivo fiscales no se encuentra la renuncia del administrador.
145.- Res. DGRN de 18/05/2016. ADMINISTRADORES. NOMBRAMIENTO.
En el caso concurren tres sociedades: A tiene un administrador único, que es otra sociedad B, a su vez administrada por otra sociedad C. Por tanto, existen dos personas físicas representantes: don D, que representa a B en A, y don E, que es quien representa a C en B. El acuerdo consiste en la sustitución del representante, persona física, de la sociedad administradora B en la sociedad administrada A, por lo que debe provenir de dicha persona jurídica administradora. Con la particularidad de que, cuando estamos ante sociedades unipersonales las decisiones del socio único pueden ser ejecutadas y formalizadas por el propio socio o por los administradores de la sociedad. Y a falta de norma para el caso de que dicho socio único sea una sociedad, debe admitirse la posibilidad de que sea el representante voluntario de dicho socio único el que pueda actuar en nombre de éste en el ejercicio de las competencias certificante y de ejecución de acuerdos. La DGRN se reitera en su doctrina de que la designación de la persona física compete al órgano de administración de la persona jurídica administradora ya que se trata de un acto de gestión que, además, supone el ejercicio del poder de representación de la sociedad frente a un tercero cual es la sociedad administrada.
146.- Res. DGRN de 17/05/2016. OPOSICIÓN AL NOMBRAMIENTO DE NUEVO CERTIFICANTE.
No es necesario que los acuerdos adoptados en la junta estén inscritos; antes al contrario, el art. 111 RRM trata de evitar que accedan al Registro los acuerdos irregularmente certificados, por lo que es contrario a toda lógica exigir la inscripción de los acuerdos disputados en aplicación de un mal concebido principio de tracto sucesivo y por ello la mecánica registral impone que la nota marginal se extienda al margen de la última inscripción (en el caso, además, no se trataba de una mera manifestación del interesado, sino que dicha manifestación tiene su fundamento en un acta notarial que pone en evidencia la falta de autenticidad del nombramiento).
147.- Res. DGRN de 17/05/2016. VIGENCIA NOTA AFECCIÓN.
El plazo de la nota de afección del art. 5 del Texto Refundido y 122 del Reglamento del Impuesto, es un plazo de caducidad, no sometido a posibles suspensiones o interrupciones. Su duración es de cinco años desde la fecha de la extensión de la nota marginal.
148.- Res. DGRN de 17/05/2016. SUCESIÓN TITULARIDAD HIPOTECA.
Pese a que la sucesión en la titularidad hipotecaria no está debidamente acreditada en la escritura, puede salvarse por el registrador la omisión padecida con los medios de que dispone para calificar (consulta RM). Cuestión distinta es que sea necesario acreditar mediante las pertinentes escrituras que la hipoteca cuya cancelación se pretende se encuentra incluida en el negocio financiero objeto de cesión por la entidad titular registral a favor de la otorgante de la escritura de cancelación, por cuanto, al tratarse de un supuesto de segregación, la sucesión universal no se predica respecto de la totalidad del patrimonio de la sociedad titular de la hipoteca sino tan sólo de parte de dicho patrimonio.
149.- Res. DGRN de 17/05/2016. TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDAD CIVIL EN SOCIEDAD LIMITADA.
La transformación societaria es una operación jurídica mediante la cual una compañía cambia el ropaje societario para adoptar un tipo social diferente. Entraña un cambio tipológico, pero se mantiene intacta la personalidad jurídica del ente social, lo que significa que se conserva el vínculo societario y se continúan todas las relaciones jurídicas con los terceros. En el caso no se admite porque realmente se trataba de la creación ex novo de una SRL, aunque en algún momento se habla -impropiamente- de transformación.
150.- Res. DGRN de 10/05/2016. ADMINISTRADORES. RETRIBUCIÓN.
Conceptualmente, deben separarse dos supuestos: el de retribución de funciones inherentes al cargo de administrador y el de la retribución de funciones extrañas a dicho cargo. El sistema de retribución inherente al cargo debe constar siempre en los estatutos. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que las funciones inherentes al cargo de administrador no son siempre idénticas, sino que varían en función del modo de organizar la administración. Básicamente hay cuatro modos de organizar la administración, una compleja y las demás simples. La compleja es la colegiada, cuando la administración se organiza como consejo. En ese caso las funciones inherentes al cargo de consejero se reducen a la llamada función deliberativa (función de estrategia y control que se desarrolla como miembro deliberante del colegio de administradores); el sistema de retribución de esta función o actividad es lo que debe regularse en estatutos. Por el contrario, la función ejecutiva (la función de gestión ordinaria que se desarrolla individualmente mediante la delegación orgánica o en su caso contractual de facultades ejecutivas) no es una función inherente al cargo de «consejero» como tal. Es una función adicional que nace de una relación jurídica añadida a la que surge del nombramiento como consejero por la junta general; que nace de la relación jurídica que surge del nombramiento por el consejo de un consejero como consejero delegado, director general, gerente u otro. La retribución debida por la prestación de esta función ejecutiva no es propio que conste en los estatutos, sino en el contrato de administración que ha de suscribir el pleno del consejo con el consejero. Por el contrario, en las formas de administración simple (administrador único, dos administradores mancomunados o administradores solidarios, como es el caso en el presente recurso), las funciones inherentes al cargo incluyen todas las funciones anteriores y, especialmente, las funciones ejecutivas. Por ello, en estos casos, el carácter retribuido del cargo de administrador y el sistema de retribución deben constar en estatutos. Sin embargo, también en estos supuestos de administración simple pueden existir funciones extrañas al cargo. Estas funciones extrañas al cargo -es decir, las que nada tienen que ver con la gestión y dirección de la empresa- tampoco es necesario que consten en estatutos, sino simplemente en los contratos que correspondan (contrato de arrendamiento de servicios para regular las prestaciones profesionales que presta un administrador a la sociedad, contrato laboral común, etc., en función de las labores o tareas de que se trate); lo único que no cabría es un contrato laboral de alta dirección, porque en ese caso las funciones propias del contrato de alta dirección se solapan o coinciden con las funciones inherentes al cargo de administrador en estas formas de organizar la administración. De las anteriores consideraciones se desprende que debe admitirse una cláusula estatutaria que, a la vez que establezca el carácter gratuito del cargo de administrador -con la consecuencia de que no perciba retribución alguna por sus servicios como tal- añada que se le retribuirá por la prestación de otros servicios o por su vinculación laboral para el desarrollo de otras actividades ajenas al ejercicio de las facultades de gestión y representación inherentes a aquel cargo. En el caso resulta indubitado que el cargo de administrador es gratuito para todos los administradores solidarios, sin perjuicio de la retribución que se reconoce a determinada administradora, cuyo nombre y apellidos se detalla en la misma disposición estatutaria, por «los trabajos dependientes» que se reconoce está realizando para la sociedad, que no cabe sino entender que se trata de una relación laboral en régimen de dependencia y, por ende, ajena a las facultades inherentes al cargo de administrador, sin que nada se exprese que conduzca a concluir que esos trabajos son derivados de su condición de administradora.
151.- Res. DGRN de 04/05/2016. CONVOCATORIA JUNTA GENERAL.
La cláusula estatutaria que permite la convocatoria de la Junta General por dos de los tres administradores mancomunados no es contraria a la Ley ni a los principios configuradores del tipo, sino que facilita la convocatoria de la junta general, de suerte que ante la negativa o imposibilidad de concurso de uno de los tres administradores conjuntos se evita la convocatoria realizada por el letrado de la administración de justicia o el registrador, con la mayor dilación que pudiera comportar.
152.- Res. DGRN de 25/04/2016. CONVOCATORIA JUNTA GENERAL.
En el caso el artículo de los estatutos en que el administrador se basa para hacer la convocatoria, sólo ha quedado afectado parcialmente por la modificación legal de la Ley 1/2012, y en virtud del principio de conservación del negocio jurídico, de la no necesidad de adaptación si la norma estatutaria está ajustada a la ley y de la necesidad de interpretar la normativa en la forma más favorable para que surta sus efectos, se debe admitir la convocatoria (en el caso, la convocatoria se hizo por correo certificado con acuse de recibo; para el RM el precepto estatutario había quedado tácitamente derogado, y por eso la convocatoria debía hacerse por el sistema legal).
153.- Res. DGRN de 07/06/2016. CONCURSO. EJECUCIÓN.
En el caso el concurso se declara el 27/03/2015, la fase de liquidación se abre el 24/04/2015, y el decreto de adjudicación de la ejecución hipotecaria ante el JPI es de 01/06/2015. Al no constar que se haya aportado al procedimiento una resolución del juez del concurso que declare que los bienes objeto de ejecución no son necesarios para la continuidad de la actividad empresarial, ha de entenderse que la ejecución ha quedado en suspenso desde la declaración de concurso. Una vez abierta la fase de liquidación del concurso, las actuaciones suspendidas se reanudarán, pero acumuladas al procedimiento concursal como pieza separada.
154.- Res. DGRN de 18/05/2016.
La circunstancia de que los asientos registrales no hagan referencia a una situación de unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptadas por el órgano competente, como es en este caso la junta general, cuando se trata de acuerdos que no traigan causa de la situación de unipersonalidad y que, en consecuencia, no dependan para su inscripción de la constancia de aquella circunstancia.
155.- Res. DGRN de 11/04/2016. AUTO-CONTRATO.
Ver in extenso COMENTARIO DEL MES en este mismo Boletín.
39.- STS de 09/05/2016 Rec. 122/2014. TRANSMISIÓN DE EMPRESA Y CLÁUSULA DE CONCURRENCIA.
En la escritura de venta de las acciones que representan el 75% del capital social, se incluye una serie de cláusulas especiales relativas a la necesidad de acordar la continuidad del transmitente como parte de la plantilla de la compañía (como director general) durante un plazo mínimo de 3 años, así como a la prohibición de competencia, no pudiendo participar de ninguna manera el transmitente en las actividades desarrolladas por la sociedad ni emplear a personas que las presten (en el caso concreto, se trataba de actividades de consultoría). El Tribunal Supremo estima que estamos ante una transmisión de empresa, existiendo un interés legítimo del adquirente en evitar que el transmitente realice actividades concurrentes, permitiendo al comprador estar en condiciones de poder continuar la normal explotación de la empresa adquirida. Las cláusulas de prohibición de competencia son accesorias de este tipo de contratos, pudiendo considerarse incluidas incluso aunque no se hubieran pactado expresamente, al amparo del art. 1258 del CC. Si bien se vulneró el deber de abstención contractual durante el plazo en el que el transmitente todavía trabajaba en la empresa transmitida, no se estima el recurso de casación por ausencia de efecto útil, no estando suficientemente justificada la pretensión indemnizatoria.
40.- STS de 19/05/2016 Rec. 385/2014. AUTONOMÍA DEL AVAL A PRIMER REQUERIMIENTO.
Se plantea la autonomía o independencia del aval a primer requerimiento respecto del cumplimiento del contrato principal: en este caso, una cesión de solar por obra futura cuya obra no se llegó a edificar al haberse declarado la caducidad del programa de actuación integrada en la unidad de ejecución donde se ubicaba el solar. La imposibilidad sobrevenida de la prestación no determina que el contrato sea nulo por falta de causa, sino que la obligación es válida y justifica a su vez la causa de la garantía establecida. Reiterando la doctrina de sentencias anteriores, el aval a primer requerimiento debe considerarse, pese a sus diferencias, una fianza con determinadas especialidades: fundamentalmente, la de dar nacimiento a una obligación de garantía inmediata que pierde su carácter accesorio de la obligación principal (a diferencia de la fianza), en el que la obligación del garante es independiente de la obligación del garantizado y del contrato inicial, de modo que el garante no puede oponer al beneficiario, que reclama el pago, otras excepciones que las que se derivan de la garantía misma. En el presente caso, atendida la literalidad del aval, no puede ponerse en entredicho la autonomía o independencia de la garantía establecida respecto de la obligación del garantizado y del contrato principal celebrado, pues expresamente se prevé que dicho aval será exigible «sin que pueda oponerse al pago (…) las discrepancias que pudieren existir entre el avalado y el beneficiario del presente aval acerca del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones que por este aval se garantiza».
41.- STS de 03/06/2016 Rec. 2499/2014. Es abusivo el interés de demora que supere en dos puntos al ordinario: ahora también en los préstamos hipotecarios.
Tratándose de un préstamo hipotecario destinado a la adquisición de la vivienda habitual, se declara el carácter abusivo de una cláusula que fija los intereses de demora en el 19%. Conforme a la doctrina del TJUE (Sentencia de 14 de marzo de 2013, caso Aziz), el límite legal previsto en el art. 114.3 de la LH no puede servir de parámetro para determinar la ausencia del carácter abusivo de una cláusula (puede que el interés de demora convenido sea inferior al límite legal y, aun así, abusivo). Por ello, el Tribunal Supremo extiende el mismo criterio establecido en su Sentencia 265/2015, de 22 de abril, inicialmente establecido para los préstamos personales, también a los intereses de demora pactados en préstamos con garantía hipotecaria, quedando fijado el límite de abusividad en dos puntos por encima del interés remuneratorio pactado. Respecto a la aplicación de la normativa de protección de consumidores, lo relevante es el destino de la operación y no las condiciones subjetivas del contratante. El préstamo en cuestión se destinó inicialmente a la adquisición de la vivienda habitual, aunque la posterior ampliación fuera para otra finalidad propia del tráfico mercantil o uso personal: por ello se aplica la normativa de protección de consumidores, no quedando acreditado que la cláusula fuera negociada individualmente. Respecto a las consecuencias del carácter abusivo de la cláusula de interés de demora, el art. 114.3 de la LH no puede servir como Derecho supletorio: igual que en la Sentencia del 22 de abril de 2015, la nulidad afectará al exceso respecto del interés remuneratorio pactado, no estando este último afectado por la declaración de abusividad y manteniendo la función de retribuir la disposición del dinero por parte del prestatario hasta su devolución.
42.- STS de 25/04/2016 Rec. 2719/2013. INTERPRETACIÓN CONTRATO.
El criterio interpretativo del art. 1288 CC no puede ser aplicado de un modo autónomo o independiente del resto de los criterios que informan la labor de interpretación de los contratos. Ello comporta, entre otros extremos, que dicho criterio no pueda ser objeto de aplicación previa y preferente sin tener en cuenta el resultado de los restantes criterios de interpretación, por más que pueda alegarse que la elaboración de la cláusula en cuestión fue obra de una sola parte. Resulta necesario, por tanto, atender a la aplicación de los restantes criterios, pues si de su resultado interpretativo se infiere el sentido unívoco querido por las partes, que disipe la aparente oscuridad de la cláusula, entonces no tiene lugar su aplicación. A la misma conclusión valorativa se llega si se atiende el principio de buena fe, como fundamento del citado criterio, en atención a las circunstancias o el contexto negocial llevado a cabo. En este caso la complejidad de la cláusula de determinación del precio no es un subterfugio del predisponente para buscar la oscuridad o difícil comprensión de la cláusula en cuestión, sino que responde a la necesaria previsión de los diversos escenarios en donde puede tener lugar la efectividad de la promesa bilateral de compra de las acciones; complejidad que suele ser habitual en este tipo de operaciones financieras.
43.- STS de 18/04/2016 Rec. 2754/2013. RESPONSABILIDAD ADMINISTRADORES.
No puede recurrirse indiscriminadamente a la vía de la responsabilidad individual de los administradores por cualquier incumplimiento contractual de la sociedad, de ahí que resulte tan importante que se identifique bien la conducta del administrador a la que se imputa el daño ocasionado al acreedor, y que este daño sea directo, no indirecto como consecuencia de la insolvencia de la sociedad. En el caso, en realidad, se está imputando al administrador el impago de las deudas sociales con la demandada, sin que tal impago sea directamente imputable, con carácter general, al administrador. Ni siquiera cuando la sociedad deviene en causa de disolución por pérdidas y no es formalmente disuelta, a no ser que conste que caso de haberlo sido, sí hubiera sido posible al acreedor hacerse cobro de su crédito.
44.- STS de 13/04/2016 Rec. 2910/2013. CONCURSO ACREEDORES. CALIFICACIÓN.
La calificación tras la reapertura por incumplimiento o imposibilidad de cumplimiento del convenio deber ser enjuiciada únicamente desde la perspectiva de los arts. 164.2.3º, 167.2, 168.2 y 169.3 LC. Lo que supone que, respecto de las causas de calificación, el ámbito de conocimiento en la sección reabierta se ciñe necesaria y exclusivamente a la determinación de si la frustración del cumplimiento del convenio es imputable al deudor concursado.
45.- STS de 18/02/2016 Rec. 1914/2013. LEVANTAMIENTO DEL VELO.
La doctrina del levantamiento del velo obtiene su fundamento primario en el plano normativo de la buena fe como principio inspirador de nuestro sistema de Derecho patrimonial (art. 7.1 CC). En este contexto, la estrecha conexión que guarda la doctrina del levantamiento del velo con la figura del abuso del derecho y con la noción del fraude de ley (arts. 7.2 y 6.4 CC) viene a resaltar ese fundamento primario, en la medida en que ambas figuras constituyen formas típicas de un ejercicio extralimitado del derecho contrario al principio de buena fe; esto es, bien a los propios valores ínsitos en el derecho subjetivo ejercitado, o bien, a los que configuren el fin de la institución social en el que se ejercita, funcionalmente, el derecho subjetivo en cuestión. En nuestro caso, la defensa del principio de buena fe que debe presidir las relaciones mercantiles en orden a evitar que el abuso de la personalidad jurídica, como instrumento defraudatorio, sirva para burlar los derechos de los demás. En esta línea, la regla o concreción normativa que nos revela la doctrina del levantamiento del velo queda referenciada en la protección del derecho de crédito y su necesario entronque con el plano de la responsabilidad patrimonial del deudor, pues se trata de evitar que el abuso de la personalidad jurídica pueda perjudicar el legítimo pago de la deuda existente. Dicho esto, la interpretación marcadamente estricta o literal del carácter excepcional y restrictivo con la que la antigua doctrina jurisprudencial caracterizaba la aplicación de esta figura ha evolucionado hacia una valoración prudente y moderada de los requisitos de aplicación, acorde con la funcionalidad práctica de este remedio. En este sentido, la utilización de la personalidad jurídica societaria como un medio o instrumento defraudatorio, o con un fin fraudulento, ya no puede concebirse exclusivamente en clave de un “consilium fraudis” o animus nocendi de los agentes implicados, esto es, desde el plano subjetivo de un deliberado propósito o maquinación de causar un claro perjuicio, sino que, acorde con la funcionalidad señalada, la noción de fraude también resulta objetivable en aquellos supuestos en donde las partes tienen o deben haber tenido un conocimiento del daño irrogado que determina la elusión de sus propias responsabilidades personales y, entre estas, el pago de las deudas. Esta progresiva objetivación del presupuesto subjetivo que anida en el concepto de fraude ya es una constante en la doctrina tradicional del TS respecto de aquellas acciones que contemplan un claro componente subjetivo de reprochabilidad. Caso, entre otras, de la paradigmática acción de rescisión por fraude de acreedores (art. 1111 CC), en donde la doctrina del TS evolucionó en el sentido indicado, esto es, en favorecer al presupuesto objetivo de la acción, reflejado en la lesión del derecho de crédito, (eventos damni), como elemento impulsor del ejercicio de la acción y, a su vez, en ponderar, que no suprimir, el presupuesto subjetivo del mecanismo rescisorio, es decir, la mala fe del deudor y el tercero ya no como un componente estrictamente intencional (consilum fraudis), sino como una acción de conocimiento necesario del perjuicio causado (scentia fraudi). En el caso, el TS discrepa de la valoración de la AP, y aunque los indicios no revelan un propósito deliberado e intencional de perjudicar (siempre de muy difícil prueba), sí que proyectan, de un modo objetivable, que las compañías implicadas tuvieron o debieron tener un conocimiento tanto del perjuicio causado, como del incumplimiento de sus propias responsabilidades al respecto.
46.- STS de 19/04/2016 Rec. 2526/2013. JUNTA GENERAL. ASISTENCIA ADMINISTRADORES.
La asistencia de los administradores a las juntas generales forma parte de sus competencias orgánicas, por lo que no puede ser objeto de delegación mediante representación. Pero su ausencia, a ausencia de los administradores sociales, como regla general, no puede ser considerada como causa de suspensión o nulidad de la junta general, puesto que ello sería tanto como dejar al albur de los administradores la posibilidad de expresar la voluntad social a través de las juntas generales, ya que les bastaría con no asistir para viciarlas de nulidad. Sin perjuicio de la responsabilidad en la que, en su caso, puedan incurrir, conforme al art. 236 LSC, por infracción del deber legal impuesto en el art. 180 de la misma Ley. Y por supuesto, con la posibilidad de que los socios consideren oportuna la suspensión o prórroga de la junta (art. 195 LSC) para lograr la asistencia de los administradores, por ejemplo para posibilitar el derecho de información. No obstante, dicha regla general puede tener excepciones, por lo que no cabe una solución unívoca y terminante, puesto que, frente al supuesto básico de no suspensión o nulidad, habrá casos en que la ausencia de los administradores en la junta general podrá ser decisiva para la privación de alguno de los derechos de los socios que, precisamente, se ven satisfechos a través de la celebración de la junta. Por ello, habrá que ponderar según cada caso hasta qué punto la inasistencia de los administradores puede justificar la suspensión o incluso la nulidad de la junta que se hubiera celebrado en su ausencia. En el caso que nos ocupa, nos encontraríamos ante uno de los supuestos que se escapan a la regla general, en los que sí debe darse lugar a la nulidad de la junta general para no dejar indefensa a la socia minoritaria. Y ello porque, si atendemos al orden del día que figura en la convocatoria, se observa que no solo se trataba genéricamente de censurar la gestión social (contenido necesario de cualquier junta general ordinaria, conforme al art. 164.1 LSC), sino que también había que deliberar y votar sobre una delegación en el consejero delegado para la suscripción de operaciones crediticias y novaciones de préstamos, y en su caso, negociación para liberación a los socios de avales personales en préstamos. Por lo que, al ser la demandada una sociedad patrimonial, era consustancial a la naturaleza de dicho punto del orden del día que tuviera que estar complementado con un derecho (para los socios) y deber (para los administradores) de información reforzado, a fin de explicar adecuadamente las necesidades, características y consecuencias de tales operaciones crediticias. De manera que, al faltar todos los administradores, ese derecho de información quedó completamente cercenado ya desde la propia constitución de la junta general; y esa ausencia de todos los administradores en la junta general debe tener como consecuencia la nulidad de la junta, al faltar un requisito esencial para su válida constitución y celebración en ese supuesto concreto.
47.- STS de 20/04/2016 Rec. 920/2014. REPRESENTACIÓN LEGAL. TERCER ADQUIRENTE.
En el ámbito de la representación voluntaria, puede imputarse al representado la mala fe de su representante; no cabe, por el contrario, imputar la mala fe del representante legal al representado totalmente incapacitad. La anulabilidad del contrato de constitución de la hipoteca, ciertamente no sanada por su inscripción (artículo 33 LH), no comportó la nulidad ni la anulabilidad de la venta o adjudicación judicial de la vivienda. No comportó la nulidad o anulabilidad del título de adquisición, sino un defecto del poder de disposición (ius distrahendi) que, conforme a la apariencia registral, tenía la compañía ejecutante sobre la vivienda objeto de la hipoteca. Y ese es precisamente el tipo de defecto frente al que el art. 34 LH quiere proteger al adquirente. No puede resultar menos protegido en este caso, que en el supuesto de que le hubiera comprado la vivienda a una persona a la que se la hubiesen vendido el tutor sin la preceptiva autorización judicial.
48.- STS de 22/04/2016 Rec. 2431/2013. CONCURSO ACREEDORES. RESPONSABILIDAD.
Debe distinguirse entre responsabilidad societaria y concursal, porque ni la materia tratada es la misma, ni los bienes jurídicos protegidos son los mismos, y la razón de su responsabilidad es distinta. En un concurso de acreedores, el bien jurídico protegido es la masa activa y pasiva del concurso, y mientras que en materia societaria se sanciona la omisión de convocar la junta para acordar la disolución, en el concurso se sanciona el agravamiento que se anuda a una o varias acciones, entre las que se encuentra la de no cumplir con el deber impuesto en el art. 5 LC.
49.- STS de 04/05/2016 Rec. 168/2014. CUENTA INDISTINTA.
En la apertura de la cuenta bancaria firmaron aquellos que estaban llevando a cabo la constitución de la sociedad y se estableció como forma de disposición <<indistinta>>; expresión que si bien se refiere normalmente -y el propio contrato así lo dice- a la existencia de varios cotitulares, debe extenderse a los propios suscriptores de la cuenta de modo que la actuación de cualquiera de ellos era suficiente para operar válidamente sobre la misma.
50.- STS de 05/05/2016 Rec. 2797/2013. REPRESENTACIÓN EN JUNTA GENERAL.
Fija como doctrina jurisprudencial, la siguiente: <<El art. 107.3 LSA (actual art. 186.3 LSC) debe considerarse como una presunción legal que admite prueba en contrario, aplicable únicamente a aquellos casos en que haya mediado una solicitud pública de representación en los términos del art. 107.1 LSA (actual art. 186.1 LSC)>>.
51.- STS de 05/05/2016 Rec. 2515/2013. PAGO DEL PRECIO.
La certeza del precio es requisito esencial de la propia naturaleza del contrato de compraventa, y que de la falta real de precio se deriva la consecuencia jurídica de simulación absoluta que implica la inexistencia del contrato por falta del elemento esencial de la causa. Por tanto, existiendo consentimiento, objeto y causa y concurriendo así los requisitos del art. 1261 CC para la existencia del contrato, el contrato de compraventa, de naturaleza consensual, produjo efecto para las partes desde su perfección por el concurso de oferta y aceptación sobre objeto y causa del contrato aunque ni la cosa ni el precio se hubieran entregado, quedando obligada la compradora desde ese momento a pagar el precio pactado. El que mediante prueba en contrario se desvirtuara la presunción de pago resultante de las manifestaciones del vendedor en la escritura no es más que la constatación del incumplimiento contractual de la parte compradora, situación en la que el vendedor estaba facultado para interesar el cumplimiento.
52.- STS de 15/05/2016 Rec. 2110/2014. IMPUESTO BIENES INMUEBLES.
53.- STS de 20/05/2016 Rec. 2876/2013. PODER. INTERPRETACIÓN.
La voluntad querida por las partes se erige como criterio rector de la interpretación, de modo que no puede atenderse de forma automática o mecánica a la mera literalidad del poder conferido, sino principalmente al sentido del encargo realizado, esto es, a la intención y voluntad del otorgante en orden a la finalidad querida y en relación con las circunstancias que concurran. Los deberes de fidelidad y lealtad son directrices en el desenvolvimiento del mandato, con fundamento en el principio general de buena fe y en la integración del contrato ex art. 1.258 CC. En el caso, no cabe interpretar que la finalidad del poder recíproco fuera que cualquiera de los hermanos pudiera alterar el equilibrio de la sociedad en beneficio propio, comprando para sí o para su esposa las participaciones del otro.
38.-STS de 18/01/16, num. 16/2016. ISD. Reducción transmisión mortis causa de participaciones sociales.
Uno de los requisitos para la reducción del 95% en la base liquidable del Impuesto sobre Sucesiones del art. 20.2 c) de la ley 29/1987 en las transmisiones mortis causa en las que estuviese incluido el valor de una empresa individual o un negocio profesional o participaciones en entidades a las que sea de aplicación la exención regulada en el apartado 8º del artículo 4 de la ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, es que el sujeto pasivo ejerza efectivamente funciones de dirección en la entidad, percibiendo por ello una remuneración que represente más del 50 por 100 de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal. Señala no obstante el Tribunal Supremo que debe aplicarse dicha reducción cuando el sujeto pasivo realice funciones de dirección retribuidas, aunque los estatutos prevean gratuidad en el cargo de administrador, ya que la finalidad perseguida es fomentar la continuidad de las empresas familiares. Reiterando la doctrina sentada por la sentencia de 31 de marzo de 2014, cualquiera que sea la denominación empleada para calificar las funciones desempeñadas por el sujeto en la entidad mercantil, lo realmente decisivo es que tales funciones impliquen la administración, gestión, dirección, coordinación y funcionamiento de la correspondiente organización.
39.-Consulta DGT de 04/02/16, V0403-16. ISD. Seguro de vida.
Aunque las primas del seguro de vida cuya beneficiaria es la hija se pagasen con dinero ganancial y fueran ambos padres asegurados, el hecho de que el padre fuera el único tomador y titular del contrato de seguro determina que la prestación obtenida se acumule únicamente a los bienes y derechos que integren la porción hereditaria recibida de su padre.
40.-Consulta DGT de 02/02/16, V0403-16. ISD. Conmutación de legados.
Puesto que el padre legó a sus hijas tres inmuebles ajenos (con obligación de adquirirlos de la sociedad titular de los mismos para entregarlos a las legatarias), ante el alto costo en impuestos se prevé conmutarlos y entregar su justa estimación mediante un reconocimiento de deuda. Para que el legado de cosa ajena pueda ser realizado mediante su justa estimación es preciso que sea imposible que los herederos la adquiran, hablando aquí únicamente de dificultad y alto coste: por ello, si se realiza la compensación en dinero, los herederos tributarían por el ISD sin poderse deducir la carga que impone el legado. Las legatarias, a su vez, tributarían por el concepto de donaciones y no de sucesiones, pues la cantidad que van a recibir no es en cumplimiento del legado.
41.-Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Valencia de 26/05/16, num. 157/2016. ISD. Responsabilidad patrimonial de la Administración.
A raíz de la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo de 3 de septiembre de 2014, que dio lugar a la correspondiente reforma fiscal a efectos de equiparar a residentes comunitarios en la liquidación del ISD y sus bonificaciones, y que ya fue objeto de comentario en el presente Boletín, la sentencia ahora reseñada condena a la Generalitat Valenciana a indemnizar al contribuyente con 17.633€ en concepto de responsabilidad patrimonial.
42.-Consulta DGT de 03/06/16, V2431-16. IRPF. Cláusulas suelo.
No constituyen renta sujeta a IRPF la restitución de cantidades como consecuencia de la declaración de nulidad de la denominada cláusula suelo, con efectos económicos a partir de la fecha de publicación de la STS, de 9 de mayo de 2013, en cuanto comporta tener por no puesta aquella cláusula a partir de esa fecha. No obstante, en la medida en que tales cantidades hubieran formado parte de la base de la deducción por inversión en vivienda habitual practicada por el contribuyente, se perderá el derecho a practicar la deducción en relación con las mismas, lo que le obligará a su regularización.
43.-Consulta DGT de 07/06/16, V0247-16. IRPF. Escritura de divorcio ante notario.
De acuerdo con la LJV y la nueva redacción del art. 87 del CC, se otorga escritura de divorcio de mutuo acuerdo ante notario, por la que el consultante se obliga a satisfacer una pensión alimenticia en favor de un hijo mayor de edad que convive con la madre, y una pensión compensatoria en favor de su ex esposa. Resulta de plena aplicación la reducción en la base imponible prevista en el art. 55 de la LIRPF para las pensiones compensatorias en favor de los cónyuges y las anualidades por alimentos (a excepción de las fijadas en favor de los hijos del contribuyente, como es el caso, que están exentas de IRPF del perceptor), y ello aunque no se satisfagan por decisión judicial como dice el precepto legal, sino por expediente de jurisdicción voluntaria seguido ante notario o secretario judicial.
44.-Consulta DGT de 15/06/16, V2716-16. IS. Sociedades civiles. Uniones de notarios.
Las comunidades de bienes y sociedades civiles a través de las cuales se suelen articular las uniones de notarios se limitan a sufragar unos gastos que esos notarios tienen en común. El rendimiento, sin embargo, debe ser objeto de imputación al notario titular, no pudiendo ser una sociedad civil con personalidad jurídica titular de esta actividad, por lo que en ningún caso tributarán por el Impuesto sobre Sociedades.

References: artículo 389
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 4