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Timestamp: 2018-11-19 22:45:36+00:00

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AEDAF Newsletter - nº 5 - Actualidad Fiscal 05 - 2018 - BDR Consultores Tributarios y Empresariales, S.L.
Cómo actuar para obtener la devolución de las retenciones por maternidad
No es el prestatario sino el que presta el dinero quien debe pagar el Impuesto ITP-AJD en las escrituras notariales de un préstamo con garantía hipotecaria
Cómputo del tiempo de residencia en la vivienda habitual a efectos de aplicación de la exención por reinversión
Febrero: plazo para presentar el modelo 347
Laboral. Potestad disciplinaria: ¿cuándo prescriben las faltas ocultadas a la empresa?
Laboral. Disminución voluntaria del rendimiento. ¿Qué herramientas de control son válidas para justificar el despido?
Laboral. Tasa de desempleo inferior al 15%: consecuencias laboralesTasa de desempleo inferior al 15%: consecuencias laborales
Laboral. ¿Es válido vincular el contrato de obra o servicio determinado a la duración de una contrata?
Arrendamiento de vivienda para estudiantes. Reducción en IRPF
Tratamiento en el Impuesto sobre el Patrimonio de un seguro Unit Linked sin derecho de rescate durante la vigencia del contrato
Laboral. ¿Pueden acceder los administradores de sociedades a la jubilación activa?
Laboral. Jubilación anticipada involuntaria. ¿Puede acreditarse el pago de la indemnización mediante documento privado?
Laboral. Cambios para los autónomos en octubre
Laboral. Trabajadores desplazados en la UE. ¿Qué régimen de Seguridad Social se aplica?
Laboral. El permiso por hospitalización de parientes exige pernoctación
Laboral. Acumulación de lactancia por el padre y prestación por maternidad: ¿pueden disfrutarse simultáneamente?
El Tribunal Supremo ha resuelto en sentencia de fecha 3 de Octubre de 2018, que la prestación por maternidad percibida del Instituto Nacional de la Seguridad Social está exenta de tributación en el IRPF.
En caso de que os sea de aplicación y deseéis solicitar la devolución de estas cantidades percibidas, pueden contactar con BDR para su tramitación.
En un fallo reciente, el Tribunal Supremo ha defendido el criterio señalado por el TSJ Madrid y sienta como doctrina legal que las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del IRPF.
La AEAT publicó el 10 de octubre de 2018 la siguiente nota informativa, aunque el mismo ´día la eliminó de su web:
"Prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social"
El 3 de octubre de 2018 el Tribuanl Supremo ha dictado la sentencia 1462/2018, en la que fija la siguiente doctrina legal:
1. Las contribuyentes que hubieran percibido estas prestaciones en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 podrán solicitar la rectificación de la declaración de IRPF en la que hubiesen incluido tales rentas.
En los próximos días la AEAT habilitará un formulario específico de solicitud, cuyo uso facilitará y acelerará la tramitación de la devolución procedente, en el que la persona receptora de la prestación deberá indicar los años en los que ha percibido la prestación y un número de cuenta bancaria de su titularidad, donde se abonará la devolución que proceda.
- Si el recurso todavía se encuentra pendiente de resolución, será el correspondiente órgano revisor el que se pronuncia sobre la aplicación al caso de la doctrina del Tribunal Supremo.
3. En relación con las prestaciones públicas por maternidad percibidas durante este año 2018, en la próxima campaña de renta la AEAT ofrecerá los datos fiscales incorporando tales prestaciones como rentas exentas y las retenciones soportadas como plenamente deducibles. Las contribuyentes sólo tendrán que confeccionar y presentar sus declaraciones utilizando los datos fiscales que se les ofrezcan.
La Sala Tercera del Tribual Supremo modifica su jurisprudencia anterior respecto quién es el obligado al pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en las escrituras notariales de un préstamo con garantía hipotecaria.
En la Sentencia de 16 de octubre, la Sala Tercera del Tribuanl Supremo modifica su jurisprudencia anterior e, interpretando el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD) y se reglamento, concluye que no es el prestatario el sujeto pasivo de este último impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria (como aquella jurisprudencia sostenía) sino la entidad que presta la suma correspondiente.
Tiene en cuenta para ello que el negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva de la hipoteca.
La sentencia anula un artículo del reglamento del impuesto (que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto) por ser contrario a la Ley. En concreto, se trata del artículo 68.2 de dicho reglamento, aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.
El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) grava determinados documentos notariales o mercantiles, entre ellos las escrituras de préstamo hipotecario. La cuota es un porcentaje que se aplica sobre el capital garantizado, comprendiendo las sumas que se aseguren por intereses, indemnizaciones, penas por cumplimiento u otro concepto análogo y se gestiona por las Comunidades Autónomas.
Es recomendable, en tanto en cuanto no se aclare definitivamente el sujeto que debe satisfacer el tributo y solo para que aquellos prestatarios a los que el periodo de prescripción pueda cumplirse de manera inminente, soliciten la rectificación de la autoliquidación y la devolución de ingresos indebidos a la correspondiente Administración Autonómica.
El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que se celebrará el próximo 5 de noviembre fijará la forma en al que se liquidará a partir de ahora el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.
En la aplicación de la exención por reinversión en vivenda habitual, el plazo de 3 años de residencia continuada necesario para que la vivienda transmitida tenga la consideración de habitual se cuenta a partir del momento de la adquisición del dominio, sin que pueda computarse el tiempo de residencia anterior a la adquisición.
El TEAC en su Resolución de fecha 18 de septiembre de 2018 para unificación de criterio, entra en la cuestión a resolver para centrarse en determinar si, a efectos de la aplicación de la exención por reinversión en vivienda habitual, el plazo de resiencia en la vivienda anterior a la fecha de adquisición se computa dentro del plazo de los tres años de residencia efectiva en la vivienda, que consituye uno de los requisitos exigidos para aplicar la exención.
a) que constituya la residencia del contribuyente durante un plazo continuado de, al menos 3 años, y
b) que se habitada de forma efectiva y con carácter permanente por el propio contribuyente, en un plazo de doce meses, contados a partir de la fecha de adquisición.
El TEAC considera que las dos condiciones están conectadas entre sí y que la vivienda, para se vivienda habitual, debe ne primer lugar ser habitada en un plazo de 12 meses desde su adquisición y, una vez cumplido este requisito, debe ser habitada durante al menos un plazo de tres años desde la fecha de su adquisición, por lo que el tiempo de residencia de 3 años ha de contarse desde que la vivienda se adquirió.
A efectos de la exención por reinversión no cabe, por tanto, considerar que la transmisión que hace un contribuyente de su vivienda es una transmisión de vivienda habitual si desde la fecha de adquisición hasta la de la venta no han transcurrido al menos 3 años (salvo excepciones que la propia norma prevé cuando concurran algunas circunstancias que necesariamente exija cambio de domicilio) y ello aunque llevara viviendo en dicha vivienda anteriormente a su adquisición y por otro título distinto al de propiedad un tiempo superior a 3 años o un tiempo inferior a 3 años pero que sumado al que va de entre la adquisición y la venta supusiera una residencia habitual en dicha vivienda de al menos 3 años.
El TEAC ya se había pronunciado en este sentido en TEAC 6-10-00, si bien en el contexto de la antigua LIRPF. Con el presente pronunciamiento, considera plenamente vigente lo señalado en la anterior resolución, dada la similitud de la redacción de lso preceptos relevantes. Así, se reafirma en el criterio de que para que una vivienda tenga la consideración de habitual, el plazo de residencia continuada durante tres años debe computarse, en todo caso, con posterioridad a la adquisición de la vivienda.
El 31 de octubre de 2018 se ha publicado en el BOE la Orden HAC/1148/2018 que establece con carácter indefinido el plazo de presentación del modelo 347 en el mes de febrero.
El 31 de octubre de 2018 se ha publicado en el BOE la Orden HAC/1148/2018 que establece con carácter indefinido el plazo de presentación del modelo 347 "Declaración anual de operaciones con terceras personas" en el mes de febrero, no en el mes de enero como la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos tenía previsto modificar.
El trabajador prestaba servicios para la empresa desde el 1-8-1994. El 12-12-2011 la empresa le comunica el inicio de una investigación en el centro de trabajo en el que prestaba servicios y del que era responsable a fin de esclarecer determinadas irregularidades, procediendo al a suspensión de empleo y no de salario durante el tiempo en el que se realizaba la investigación. Finalmente, el 25-1-2012 la empresa le notifica su despido por motivos disciplinarios. En la carta de despido la empresa imputa al trabajador por un lado, la contratación ilegal de dos trabajadores, no teniendo poderes de la empresa para hacerlo; y por otro, su desidia frente a los incumplimientos laborales de otro trabajador de los que la empresa tuvo conocimiento a través de correos electrónicos anónimos recibidos el 10-2-2011.
- la fecha de inicio de la actividad sancionadora tanto de investigación como decisoria las que corresponden a las fechas de comisión de los actos imputados, debido a la ocultación de los mismos;
- la de remisión por correo electrónico al buzón de correo de la empresa en Barcelona (10-2-2011) y la de los correos de julio de 2011, hechos en forma anónima , en momentos coincidentes con una situación de conflictividad laboral , dirigidos a quienes carecían de atribuciones para iniciar una actividad sancionadora.
Por ello concluye que la sanción impuesta el 25-1-2012 no se encuentra prescrita por lo que se estima el recurso de casación para la unificación de doctrina.
El TSJ País Vasco rechaza esta alegación. Señala que la prueba de la realidad de los hechos imputados en la carta de despido corresponde en exclusiva a la empresa, y sin embargo no ha logrado demostrar que durante el periodo imputado se haya producido el exceso de pausas que se imputan al trabajador. Considera que la herramienta de control que utiliza la empresa no ofrece las suficientes garantías como para poder constituir una prueba inequívoca e indubitada que sustente los incumplimientos imputados al trabajador. Y ello porque el sistema informático que reporta en tiempo real la situación en que se encuentra el trabajador produce fallos cuando el trabajador envía el comando de pausa desde el terminal telefónico en lugar de hacerlo desde el ordenador. Además, el supervisor puede acceder al sistema en tiempo real eliminando las pausas que se pudieran haber lanzado desde los terminales telefónicos.
Por ello, el TSJ País Vasco desestima el recurso y ratifica la sentencia de instancia
Laboral. Tasa de desempleo inferior al 15%: consecuencias laborales
Deducimos que será el MTISS mediante instrucción o resolución administrativa, quien determine desde qué fecha dejarán de aplicarse estas políticas de fomento de empleo o medidas socio-labotales.
El contrato de obra o servicio determinado puede estar vinculado a la duración de la contrata a la que está adscrito el trabajador. No obstante, cuando la duración de la contrata es inusual y particularmente larga, debido a prórrogas y novaciones de la misma, el objeto del contrato de obra o servicio determinado pierde autonomía y sustantividad propias por lo que debe entenderse transformado en indefinido.
El 10-6-2003, la trabajadora suscribió un contrato de obra o servicio para una empresa de telemarketing vinculado a la campaña de atención telefónica de la empresa cliente. El servicio se había contratado mediante contrato mercantil celebrado inicialmente el 15-12-1998 produciéndose novaciones posteriores el 1-4-2004 y en agosto de 2009. Finalizada la campaña con la cliente, la empresa de telemarketing comunica a la trabajadora la finalización de su relación laboral, con efectos de 31-12-13, decisión frente a la que la trabajadora presenta demanda de despido. El TSJ Andalucía, revocando la sentencia de instancia desestimatoria, declara que la finalización del contrato a la finalización dela contrata constituye despido improcedente. La empresa recurre en casación para la unificación de doctrina sosteniendo que es posible mantener la temporalidad del vínculo laboral durante todo el tiempo en que dure la contrata según establece la doctrina sentada en la TS 18-6-08, EDJ 166837.
El TS ha venido aceptando la licitud de la vinculación del contrato para obra o servicio a la duración de las contratas extendiéndose su duración por el tiempo que abarca la contrata, siempre que no medie fraude interpositorio (TS 20-2-18, EDJ 13778). En este sentido, se ha señalado que, mientras el mismo contratista sea titular de la contrata, bien por prórroga o por nueva adjudicación, no puede entenderse que haya llegado a su término la relación laboral.
No obstante, debe tenerse en cuenta que, en cualquier caso, se deben mantener todos los elementos básicos que naturalizan este tipo de contratos de duración determinada, para evitar el abuso de este tipo de contratación temporal. Para la validez del contrato para obra o servicio determinado, deben concurrir simultáneamente los siguientes requisitos (TS 27-4-18, EDJ 82439):
- que la obra o servicio que constituye su objeto presente autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad laboral de la empresa;
- que su ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta;
- que se especifique e identifique en el contrato, con precisión y claridad la obra o servicio que constituye su objeto;
- que en el desarrollo de la relación laboral, el trabajador sea normalmente ocupado en la ejecución de aquella o en el cumplimiento de este y no en tareas distintas.
Cuando el contrato de obra o servicio determinado está vinculado a una contrata de duración inusual y particularmente larga (14 años en el supuesto analizado), debido a prórrogas y novaciones de la misma, su objeto pierde autonomía y sustantividad propias y se convierte con el paso de los años en actividad normal y permanente de la empresa contratista. La causa que habilitaba la contratación temporal deja de existir y el cumplimiento de la condición resolutoria se pospone indefinidamente, lo que da lugar a la novación de los contratos temporales en indefinidos
1) En el mismo sentido: TS 19-7-18, EDJ 571996, TS 19-7-18, EDJ 572105 y TS 19-7-18, EDJ 586645.
2) Las sentencias resuelven supuestos regulados al amparo de la redacción del art.15.1.a del ET anterior al RDL 10/2010, momento en el que no se establecía una duración máxima del contrato de obra o servicio determinado. Actualmente la duración máxima del contrato de obra o servicio es de 3 años ampliable​ hasta 12 meses más por co​nvenio colectivo.
Respecto a la obligación de registro de los prestadores de servicios a sociedades, que no constituye una autentica novedad es la obligación de inscripción en el Registro Mercantil que se impone a las personas físicas que actúen como empresarios y profesionales que presten algunos de los servicios que a continuación detallaremos, puesto que de acuerdo a la normativa vigente, todas las personas jurídicas – con independencia de la actividad que desarrollen- ya están obligadas a cumplir con las obligaciones registrales establecidas en el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil.
La Dirección General de Tributos estima que si el alquiler se pacta por más de un año puede beneficiarse de la reducción por arrendamiento de bienes inmuebles regulada en la normativa del IRPF.
La Dirección General de Tributos en Consulta Vinculante V1236-18 de 11 de mayo, estima que si bien el criterio general es que la reducción del 60% por arrendamiento de vivienda no es de aplicación a los arrendamientos de temporada, en relación con las viviendas para estudiantes, se puede entender que no se está ante un arrendamiento de temporada si, como en el caso concreto analizado, el alquiler se pacta por más de un año y la cesión del inmueble tiene como finalidad primordial satisfacer la necesidad permanente de vivienda del estudiante durante el periodo de estudios.
Los unit linked son seguros de vida en los que los fondos en que materializa las provisiones técnicas se invierten en nombre y por cuenta del asegurador en participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva, y otros activos financieros, elegidos por el tomador del seguro, quien soporta el riesgo de la inversión.
Con un unit linked el tomador invierte en un seguro de vida y designa los activos en los que quiere invertir mientras que la aseguradora sustenta la titularidad de estos activos y los asigna a la póliza. Estos seguros tienen unas características que señalamos a continuación:
- Un seguro unit linked no otorga al tomador la facultad de modificar las inversiones afectadas a la póliza.
- Pero sí otorga al tomador la facultad de modificar inversiones afectas a la póliza (cambiar de fondo de inversión), en el caso de que se cumplan los siguientes requisitos:
que las provisiones matemáticas se inviertan en activos o conjunto separado de activos reflejados de forma separada en el balance de la entidad aseguradora, siempre que estén determinadas con el contrato del seguro, que el riesfo de la inversión corra a cargo del tomador del seguro, que sean activos aptos para la inversión de las provisiones técnicas del seguro, y que se cumplan los requisitos de diversificación y dispersión de las inversiones que establece la normativa aseguradora.
La Dirección General de Tributos en consulta vinculante V1165-18 del pasado 8 de mayo, concluye que un seguro unit linked con duración de cinco años en el que se reconoce el derecho a rescates parciales a partir de su vencimiento, el derecho de rescate se integra inmediatamente en el patrimonio del asegurado, y el valor total constituye la base imponible en los primeros cinco ejercicios, minorándose en los siguientes en el porcentaje que haya sido rescada de forma parcial.
Un juzgado de lo social, contrariamente a lo establecido por el último criterio de la DGOSS, reconoce el derecho del administrador único de la sociedad a acceder a la jubilación activa y a compatibilizar, por lo tanto, el 100% de la pensión de jubilación con la actividad por cuenta propia.
El trabajador, encuadrado en el RETA por ser administrador único de la sociedad limitada (LGSS art.305.2), solicita pensión de jubilación activa. Denegada la solicitud, el trabajador interpone reclamación previa que el INSS acoge parcialmente reconociendo la pensión de jubilación activa en cuantía del 50% de la base reguladora, pero desestimándola en cuantía del 100% por no tener el solicitante contratado a ningún trabajador por cuenta ajena​ de manera individual y personal pues la entidad contratante es la sociedad. El trabajador presenta demanda solicitando que se declare su derecho a percibir una pensión de jubilación activa en cuantía del 100% de su base reguladora.
El art.214 de la LGSS que recoge la jubilación activa como figura que permite compatibilizar el trabajo con el 50% de la pensión de jubilación fue modificado, con vigencia de 26-10-17, por la L 6/2017 de reformas urgentes del trabajo autónomo, con el objeto de ampliar al 100% la pensión de jubilación que los trabajadores autónomos pueden compatibilizar con el trabajo por cuenta propia cuando acrediten el requisito de tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena.
El JS Oviedo nº3 acoge la pretensión de la demanda considerando que la interpretación que realiza el INSS es restrictiva y contraria a la finalidad de la norma que no es otra que facilitar la continuidad de los negocios regentados por autónomos que, a su vez, dan empleo por cuenta ajena. Además, el art.214.7 LGSS únicamente excluye de la posibilidad de acceder a la jubilación activa a los supuestos de puesto de trabajo o alto cargo en el sector público, pero no a los trabajadores encuadrados obligatoriamente en el RETA por ejercer las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador.
La sentencia estimatoria del JS Oviedo núm 3 se apoya en la consulta no vinculante de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DOGSS) de 21-3-18 que indicaba que los trabajadores autónomos cuyo alta en el RETA sea obligatoria por desempeñar el cargo de consejero o administrador poseyendo el control efectivo de la empresa, y acrediten haber celebrado un contrato de trabajo por cuenta ajena actuando como empresarios, pueden acceder a la modalidad de jubilación activa. No obstante, en fecha posterior a la publicación de esta sentencia, la (DGOSS) ha modificado su criterio señalando que la compatibilidad entre trabajo por cuenta propia y el 100% de la pensión de jubilación no es aplicable a los pensionistas de jubilación incluidos en el RETA por su condición de consejero, administrador, socio o comunero de sociedades, al no tener la condición de empresarios.
Para solicitar la jubilación anticipada, cuando el cese del trabajador se produce por una causa a él no imputable, es un requisito necesario acreditar que la indemnización ha entrado efectivamente en el patrimonio del trabajador constatándose a través de elementos objetivos, por lo que no resulta admisible el documento privado.
​El trabajador fue despedido de la empresa en la que prestaba servicios por causas objetivas. Al tiempo del despido, empresa y trabajador suscribieron un documento privado en el que el trabajador manifestaba haber recibido la indemnización legalmente establecida para el despido por causas objetivas.
​​Al cumplir los requisitos de edad y cotización, solicita pensión de jubilación anticipada, que es denegada por el INSS al considerar que el solicitante no ha acreditado la percepción de la indemnización correspondiente al despido objetivo. Planteada demanda de Seguridad Social, el TSJ considera que el documento privado de finiquito aportado por el trabajador es equivalente a la trasferencia bancaria y tiene la fuerza probatoria suficiente para acreditar la efectiva percepción por el trabajador de indemnización pactada; y por ello, reconoce el derecho del trabajador a obtener la pensión de jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a su voluntad. Disconforme el INSS, plantea recurso de casación para la unificación de doctrina ante el TS.
La cuestión a debatir consiste en determinar si los documentos privados pueden considerarse documentación acreditativa suficiente, y pueden sustituir a la transferencia bancaria, a efectos de cumplir los requisitos para acceder a la jubilación anticipada por causas no imputables al trabajador.
El TS recuerda que la LGSS art. 161.1 establece que para acceder a la jubilación anticipada como consecuencia de un cese no derivado de un despido objetivo, o colectivo, es preciso acreditar haber percibido la indemnización correspondiente derivada de la extinción del contrato de trabajo, o haber interpuesto demanda judicial en reclamación de dicha indemnización o de impugnación del despido, estableciendo la indemnización se acredite mediante documento de la transferencia bancaria recibida o documentación acreditativa equivalente.
Por tanto considera, que esta norma legal delimita de modo muy específico la capacidad probatoria del solicitante de la prestación, y que la finalidad del legislador ha sido eliminar la posibilidad de que el trabajador alegue haber percibido la indemnización en metálico sin constancia documental. En cuanto que p​ersigue eliminar toda sombra de fraude, exige que se constate que el importe de la indemnización ha entrado efectivamente en el patrimonio del trabajador y que tal constatación pueda efectuarse a través de elementos objetivos-
Por ello concluye que, un documento privado en el que únicamente se consigna la manifestación de voluntad de la empresa de abonar la indemnización en favor del trabajador, como sucede en el supuesto enjuiciado, no es un instrumento​ adecuado, puesto que lo que la ley exige no es que el trabajador entienda satisfecho su crédito, sino que, de modo efectivo y contable, se haya producido el percibo de la indemnización, de forma tal que no pueda dudarse de la realidad de la propia extinción del contrato por las causas legales.
En consecuencia, el TS estima el recurso del INSS casando y anulando la sentencia del TSJ Murcia.
Desde el 1 de octubre los trabajadores por cuenta propia deben gestionar por vía electrónica todos los trámites relacionados con la afiliación, la cotización y la recaudación de cuotas, así como recibir las notificaciones de manera electrónica. En esa misma fecha se producirán efectos los cambios en las bases de cotización que los autónomos soliciten hasta el 30 de septiembre.
El 1-10-2018 entra en vigor la modificación que la Orden Ministerial ESS/214/2018 introdujo en la Orden ESS/484/2013 reguladora del Sistema de Remisión Electrónica de Datos (Sistema RED) en el ámbito de la Seguridad Social, respecto de la obligatoriedad de los trabajadores por cuenta propia o autónomos de incorporarse a dicho Sistema. La obligación alcanza también a los trabajadores por cuenta propia del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios (SETA) y los trabajadores del grupo I del Régimen Especial de Trabajadores del Mar.
La incorporación supone la obligatoriedad de estos trabajadores de gestionar por vía electrónica todos los trámites relacionados con la afiliación, la cotización y la recaudación de cuotas, así como la recepción, por comparecencia en la SEDESS, de las notificaciones y comunicaciones de la TGSS.
La realización de estas gestiones puede llevarse a cabo bien en el sistema RED a través de un autorizado, o bien utilizando los servicios electrónicos disponibles en la Sede Electrónica de la Seguridad Social (SEDESS).
El 1-10-2018, también producirán efectos las solicitudes de cambio en las bases de cotización que los autónomos soliciten hasta el 30 de septiembre. Las solicitudes que se presenten a partir del 1-10-2018, no surtirán efect​os hasta el 1-1-2019.
Los trabajadores desplazados están sujetos al régimen de Seguridad Social del lugar de trabajo cuando sustituyen a otro trabajador desplazado, aún cuando dichos trabajadores no hayan sido enviados por el mismo empresario. No se aplica en estos supuestos, la excepción prevista para los desplazamientos de duración inferior a 24 meses en que el trabajador continúa sujeto a la legislación del Estado de procedencia.
La empresa Alpenrind, con sede social en Austria, celebra sucesivos contratos con diferentes empresas húngaras para que estas realicen labores de despiece en sus instalaciones. En virtud de estos contratos, las empresas húngaras envían a sus trabajadores a Austria respecto de algunos de los cuales, la institución húngara de Seguridad Social expide certificados A1 acreditando la aplicación del régimen húngaro de Seguridad Social. La institución austriaca de Seguridad Social declara la sujeción de estos trabajadores al sistema de seguridad social austriaco mediante resolución que fue impugnada ante los tribunales austriacos.
En este contexto, el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Austria plantea cuestión prejudicial al TJUE solicitando que precise las normas de la UE en materia de coordinación de los sistemas de Seguridad Social y, concretamente, el efecto obligatorio del certificado A1.
El TJUE resuelve que, el Reglamento CE/883/2004 establece como norma general que la legislación aplicable a las personas que realicen una actividad por cuenta ajena o propia en el territorio de un Estado miembro, es la de dicho Estado miembro. No obstante, se establece como regla particular, que "la persona que ejerza una actividad asalariada en un Estado miembro por cuenta de un empleador que ejerce normalmente en él sus actividades enviada a otro Estado miembro para realizar un trabajo por cuenta ajena, seguirá sujeta a la legislación del primer estado miembro. Para la aplicación de esta regla particular establece dos condiciones: que la duración previsible del trabajo no exceda de 24 meses y que el trabajador no sea enviado en sustitución de otra persona. Por lo tanto, un trabajador que sustituya a otro, aunque sean enviados por empleadores diferentes, no puede acogerse a esta regla particular sino que estará sujeto a la legislación del Estado en la que ejerza su actividad, en este caso Austria.
A estos efectos, el TJUE entiende que en el supuesto de un trabajador enviado por su empleador a otro Estado miembro para realizar un trabajo sea sustituido por otro trabajador enviado a su vez por otro empleador, se considera que el segundo ha sido enviado en sustitución de otra persona. Por ello, el segundo trabajador no puede acogerse a la regla particular sino que estará sujeto a la legislación del Estado en la que ejerza su actividad. Carece de relevancia a este respecto el hecho de que los empresarios de los dos trabajadores de que se trate tengan su domicilio social en el mismo Estado miembro o de que mantengan posibles vínculos personales u organizativos.
El permiso de hospitalización de familiares requiere que el causante del mismo pernocte en el centro hospitalario. La única atención prestada en centro hospitalario que genera el permiso sin necesidad de pernoctación es la intervención quirúrgica que requiera de reposo domiciliario.
El Convenio colectivo de la empresa concede un permiso retribuido de 3 días a los trabajadores en caso de hospitalización de un familiar. Para el disfrute del permiso, la empresa exige que esa hospitalización suponga la pernoctación del familiar en el centro hospitalario. La representación sindical, considerando que esa exigencia supone un una interpretación restrictiva del derecho y contrario a la ley, presenta demanda sobre conflicto colectivo.
La cuestión que se plantea consiste en determinar si el permiso de 3 días por hospitalización de familiares reconocido en el convenio colectivo requiere que el causante del mismo pernocte en el centro hospitalario o si, por el contrario, basta la mera atención hospitalaria, aún cuando no requiera pernoctación.
Según el diccionario de la RAE hospitalizar implica internar un enfermo en un hospital o clínica. A su vez, internar significa " disponer o realizar el ingreso de alguien en un establecimiento como un hospital…". De ello se infiere que el término hospitalización excede de una visita programada y puntual a un centro hospitalario, e implica un cierto sometimiento del paciente al régimen de vida del mismo.
Por otro lado, de la interpretación sistemática de la Ley del Sistema nacional de Salud y del RD 1030/2006 que regula la cartera de servicios comunes, se deduce que la asistencia sanitaria especializada comprende la asistencia hospitalaria en consultas o en centro de día y la hospitalización en régimen de internamiento, lo que implica pernoctación.
A la misma conclusión lleva la interpretación finalista, que tiene en cuenta la voluntad del legislador. Las intervenciones quirúrgicas pueden desarrollarse bien en hospital de día –sin pernoctación- o bien en régimen de internamiento –con pernoctación-. Este es un dato relevante a la hora de interpretar el ET art.37.3.b por cuanto que eximen la pernoctación en casos de intervención quirúrgica que requieran de reposos domiciliario del pariente causante del permiso, de lo que cabe concluir que cuando el legislador habla de hospitalización se refiere a la pernoctación en un hospital siendo la intervención quirúrgica la única prestada en centro hospitalario que genera el permiso sin necesidad de pernoctación.
Aunque el permiso de lactancia no pueda compatibilizarse con la suspensión de contrato por maternidad o paternidad, no existe ningún tipo de limitación legal para disfrutar el permiso de lactancia cuando el otro progenitor tiene suspensivo el contrato por maternidad. No existen motivos para defender una interpretación restrictiva de este derecho.
Por parte de la representación de los trabajadores se solicita el derecho a disfrutar acumuladamente el permiso de lactancia en jornadas completas desde que concluya su permiso de paternidad. La empresa se opone a esta posibilidad por cuanto entiende que este derecho únicamente puede ejercerse a partir de la conclusión de la 16ª semana del permiso de maternidad. Apoya su pretensión en la incompatibilidad entre los permisos de maternidad o paternidad y el permiso de lactancia, puesto que, si la madre está cuidando al menor durante su permiso de maternidad, no hay razón alguna para que el padre disfrute del permiso de lactancia.
Disconformes con esta interpretación los trabajadores interponen demanda de conflicto colectivo ante la AN.
La cuestión debatida consiste en determinar si el disfrute del permiso de maternidad por la madre impide que el padre disfrute el permiso por lactancia o, por el contrario, si el padre puede disfrutarlo desde que concluya su permiso de paternidad.
La AN considera que, aunque el permiso de lactancia no sea compatible con la suspensión del contrato por maternidad o paternidad, esta incompatibilidad afecta únicamente al ejercicio simultáneo de ambos derechos por el mismo progenitor, pero no cuando uno de ellos tiene suspendido su contrato por el ejercicio del derecho de maternidad o paternidad y el otro reclama el disfrute del permiso de lactancia. Es decir, su ejercicio debe efectuarse necesariamente durante el tiempo de trabajo progenitor que lo solicite y no es incompatible con la suspensión del contrato del otro progenitor por el disfrute del permiso de maternidad, porque no hay ninguna disposición legal que lo impida, no existiendo, por tanto, razón alguna para apoyar una interpretación restrictiva no querida por el legislador.
Por ello concluye que la negativa empresarial limita el ejercicio del derecho de ambos progenitores, por cuanto obstaculiza el derecho de opción de la madre a compartir con el padre su permiso de maternidad, puesto que le obliga, en la práctica, a disfrutar exclusivamente las 16 semanas de suspensión, cerrando la posibilidad de que el padre disfrute su permiso de lactancia, tras la conclusión de su permiso de paternidad, lo que supone que la opción legítima, amparada legalmente, de que ambos cónyuges puedan cuidar conjuntamente a sus hijos en un período muy complejo y exigente de su vida, quede limitado injustificadamente.
Además, la política empresarial descrita supone, en la práctica, que los padres podrán disfrutar de menos días de permiso de lactancia, lo cual provoca objetivamente un efecto disuasorio para el ejercicio del derecho, entre cuyas finalidades está precisamente la correspo​nsabilización de ambos progenitores en el cuidado de sus hijos, al solapar indebidamente el ejercicio del derecho con el disfrute del permiso por maternidad, lo cual supone una manifiesta discriminación por razón de sexo, que vulnera la Const. art.14.
Por ello, se estima la demanda y se declara el derecho de los trabajadores varones a disfrutar del permiso de lactancia de forma acumulada, calculándose en relación al período que transcurra desde el final del permiso de paternidad y simultáneamente al disfrute de la prestación por maternidad.

References: artículo 68
 Real Decreto 
 Resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
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