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Timestamp: 2016-12-02 18:38:31+00:00

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Prevencion del reclutamiento - LiveSlideToggle navigationBUSINESSEDUCATIONTECHNOLOGYTRAVELMORE TOPICSSign upSign in HomeAndhara GhandiPrevencion del reclutamiento of 60Prevencion del reclutamiento Andhara GhandiPublished on: Mar 4, 2016Source: www.slideshare.net Transcripts - Prevencion del reclutamiento
Integrantes Comisión Intersectorial
3 de Diciembre de 2007 a 7 de Agosto de 2010
Coordinadora Secretaría Técnica
(16 Jun.2008 - 7 Ago.2010)
(19 de Febrero 2007 - 16 de Julio 2008)
Ministro de Interior y de Justicia
Alto Consejero Presidencial para la Acción Social y la
(Agosto de 2002 a 16 de Septiembre 2009)
Alto Consejero para la Reintegración
Luz Piedad Herrera
Directora. Programa Presidencial Colombia Joven
A partir del 8 de Agosto de 2010
Montserrat Muñoz Pipin
Asesora Ad Honorem
Félipe Mendoza Corredor
Director. Programa Presidencial Colombia Joven
El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, agradece el esfuerzo
realizado y los aportes entregados al país por la Comisión Intersectorial
(3 de Diciembre de 2007 al 7 de Agosto de 2010) para la prevención del
reclutamiento en materia de derechos de la niñez, especialmente al trabajo
orientado a proteger los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y
la política construida para lograr la prevención de violaciones a los derechos
humanos de la niñez colombiana.
Diseño, ilustración e impresión
Juan David Jaramillo Giraldo
ISBN 978-958-8469-34-8
COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES POR GRUPOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY Y GRUPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.
DECRETO 4690 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2007
Las rutas para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y
adolescentes por grupos organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados
Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas
y adolescentes por grupos armados al margen de la ley. Decreto 4690 de 2007.
Programa de Atención a Niños y Niñas Desvinculados
Esta publicación es posible gracias al apoyo del gobierno de Estados Unidos, a través de
su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), y a la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM). Los contenidos son responsabilidad del equipo de la
Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y
utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley, y no
necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos de
América, ni de la OIM o del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
IMPRESO EN COLOMBIA- PRINTED IN COLOMBIA
© Bogotá, octubre de 2010, Vicepresidencia de la República, Comisión Intersectorial para
la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos
organizados al margen de la ley – Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Una acción afirmativa desde una perspectiva diferencial sustantiva. 5
La política intersectorial para la prevención del reclutamiento y
utilización de niños, niñas por grupos organizados al margen de
Los escenarios de las rutas de prevención. 10
Una acción afirmativa como perspectiva diferencial para el trabajo
en prevención de las amenazas a los derechos de los niños, las
Marco conceptual para la construcción de las Rutas de prevención
temprana, urgente y en proteccion desde la prevención.
Experiencias significativas para la ruta de prevención urgente. 24
En el ámbito institucional. 26
Marco jurídico que sustenta la definición de la ruta de prevención
Principios que deben informar la toma de decisiones de las rutas
de prevención frente a las acciones que se definan.
Identificación de actores estratégicos para la implementación de
las Rutas de Prevención.
Metodología para la implementación de las Rutas de Prevención
Urgente y en Protección.
Las siete estrategias de la política intersectorial para la prevencion
del reclutamiento y utilizacion de niños, niñas y adolescentes por
grupos organizados al margen de la ley.
Desde 1999 el Estado colombiano condenó y puso de presente ante la comunidad nacional
e internacional que los grupos armados ilegales reclutan y utilizan personas menores de
18 años para obligarles a participar en su accionar armado y delictivo, no obstante contar
con normas internacionales vinculantes que tipifican esta conducta como una de las
peores formas de trabajo infantil, como una grave infracción al Derecho Internacional
Humanitario, contra menores de 15 años y como un crimen de guerra, cuando se trate del
reclutamiento y alistamiento de menores de 15 años. Así mismo el Estado ha consagrado
en su normativa interna un artículo en el Código Penal1
, denominado reclutamiento ilícito
de menores de 18 años, con sanciones severas para quienes lo cometan, además de otras
normas, una para definir como víctimas de la violencia política a las personas menores
1	Código Penal. Artículo 162. ARTICULO 162. RECLUTAMIENTO ILICITO. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de
2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El que, con ocasión y en desarrollo de
conflicto armado, reclute menores de dieciocho (18) años o los obligue a participar directa o indirectamente en las hostilidades o
en acciones armadas, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de ochocientos (800) a mil
quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
de 18 años que en cualquier condición participen en las hostilidades2
y otra, para que
quienes han sido reclutados y utilizados por grupos armados ilegales sean reparados por
vía administrativa3
mientras se da término a los procesos judiciales, hechos que constituyen
una clara voluntad del Estado para enfrentar este penoso problema.
La expedición por parte de la Comunidad de Naciones de normas internacionales,
ratificadas todas por el Estado colombiano para proteger derechos especiales de niños y
niñas (toda persona menor de 18 años. Artículo 1 de la Convención de los Derechos del
Niño), generaron paralelamente movimientos importantes en el ámbito de la Secretaría
General de Naciones Unidas, al punto que luego de un estudio realizado en 1996 por la
experta Graça Machel, las Naciones Unidas creó una oficina especial adscrita a la propia
Secretaría General, que se encargará de monitorear y presentar informes al Secretario
General sobre la situación de niños y niñas vinculados en conflictos armados en el mundo.
En efecto, dicha oficina ha hecho seguimiento directo a la situación de los niños y niñas
involucrados en conflictos armados o vinculados por los grupos armados ilegales, como es
el caso de Colombia, país que figura desde 2001 en los respectivos informes del Secretario
General, los cuales señalan con preocupación la persistencia de casos de reclutamiento
y utilización de niños y niñas por parte de grupos armados ilegales y la amenaza y
vulneración de otros derechos propios de niños y niñas.
Por su parte, la expedición de la Ley para la Infancia y la Adolescencia en 2006, recoge
de los tratados internacionales especializados en protección de derechos únicamente
reconocidos a la niñez, un listado de derechos de protección, los cuales reconoce
expresamente en el artículo 20, y para el caso que nos ocupa (numeral 7, derecho a ser
protegidos contra el reclutamiento y utilización por grupos organizados al margen de la
ley. Numeral 11, derecho a ser protegidos contra el desplazamiento forzado. Numeral
13, derecho a ser protegidos contra las peores formas de trabajo infantil. Numeral 17,
derecho a ser protegidos contra las minas antipersonales) dió instrucciones precisas a las
autoridades competentes para tomar medidas de protección inmediata que conjuren las
amenazas a estos derechos, o los restablezcan cuando se hubieren vulnerado.
2	Ley 1106 de 2006 que prorroga las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999 y 782 de 2002. Artículo 6°. El artículo 15 de la Ley 418 de
1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999, quedará así:
Artículo 15. Para los efectos de esta ley, se entiende por víctimas de la violencia política, aquellas personas de la población civil
que sufran perjuicios en su vida, o grave deterioro en su integridad personal o en sus bienes, por razón de atentados terroristas,
combates, secuestros, ataques y masacres en el marco del conflicto armado interno. Son víctimas los desplazados en los términos
del artículo 1° de la Ley 387 de 1997.
Artículo 17. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar diseñará y ejecutará un programa especial de protección para la asisten-
cia de todos los casos de menores de edad que hayan tomado parte en las hostilidades o hayan sido víctimas de la violencia política,
en el marco del conflicto armado interno.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar prestará asistencia prioritaria a los menores de edad que hayan quedado sin familia o
cuya familia no se encuentre en condiciones de cuidarlos, en razón de los actos a que se refiere la presente ley.
Parágrafo. Cuando se reúna el Comité Operativo para la Dejación de las Armas y se traten los casos de menores, deberá citarse al
3	Decreto 1290 de 2009 Artículo CINCO. Indemnización SOLIDARIA. El Estado reconocerá y pagará directamente a las víctimas, o a
los beneficiarios de que trata el presente decreto, a título de indemnización solidaria, de acuerdo con los derechos fundamentales
violados, las siguientes sumas de dinero:
• DESPLAZAMIENTO FORZADO: Hasta veintisiete (27) Salarios Mínimos Mensuales Legales.
Es precisamente este marco normativo internacional, corroborado y contextualizado por el
marco normativo nacional, lo que ha dado fundamento para trazar una política intersectorial
para la prevención del reclutamiento y utilización de niños y niñas por grupos organizados
al margen de la ley y de otras violaciones a los derechos de la niñez perpetradas por estos
grupos, en la cual se materializa el compromiso del Estado colombiano de asumir con
rigor el cumplimiento de las obligaciones que ha adquirido para proteger los derechos
humanos de los niños y las niñas.
La adopción de esta política intersectorial se hizo en el marco de la Comisión Intersectorial
al margen de la ley, creada mediante el decreto 4690 de 2007, presidida de manera
directa por el Vicepresidente de la República y de la que hicieron parte cinco Ministerios
(Relaciones Internacionales, Defensa y Seguridad Nacional, Interior y Justicia, Protección
Social y Educación), dos Altas Consejerías Presidenciales (Acción Social y Alta Consejería
para la Reintegración Social y Económica) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
La Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial se realiza desde el Programa de
Colombia Joven.
La Secretaría Técnica de la Comisión, que ejecuta directamente las estrategias de la
política y articula los planes de acción que cada entidad miembro de la Comisión ha
diseñado y actualmente desarrolla en 120 municipios focalizados, es dirigida también
por el Vicepresidente de la República y se apoya para su funcionamiento en Convenios
de Cooperación Internacional con OIM, UNICEF y con el Fondo de Gobernabilidad de
la Embajada de Canadá (proyecto terminado). Es importante anotar que cada entidad
que integra la Comisión ha previsto un porcentaje de sus recursos presupuestales para
implementar su propio plan de acción, el que va articulado e integrado con las siete
estrategias de la política intersectorial, definidas por la misma Comisión en su conjunto.
En síntesis, la Política Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utilización de
Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Organizados al Margen de la Ley surge por la
necesidad imperiosa de organizar las acciones que cada entidad viene desarrollando para
conjurar el problema de la violencia y la explotación contra la niñez, actos que en muchos
casos dan como resultado el escape forzado del niño o de la niña de sus entornos familiares
y comunitarios en busca de otros horizontes en los que cree encontrar reconocimiento y
protección por el porte de un arma o un uniforme, en unos casos, y en otros por ser parte
de un grupo que le aporta beneficios económicos para sí y su familia.
Es clave anotar que durante la ejecución de esta política intersectorial de prevención,
surge también la necesidad de incluir un dispositivo de prevención para que niños y niñas
no sean utilizados por agrupaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de sustancias
estupefacientes, que son el resultado, en unos casos, de bandas surgidas desde su inicio
para fines de delincuencia organizada, o en otros casos, como consecuencia de las
dinámicas de una situación de violencia armada compleja como la de Colombia.
La Comisión Intersectorial para la prevención nace con el encargo de articular y organizar
las acciones que adelantan las entidades del Estado en lo nacional, regional y local, las
entidades de cooperación internacional y las organizaciones sociales para la prevención
de actos que amenazan o lesionan los derechos de los niños y las niñas, que se enfoquen a
mitigar los riesgos del reclutamiento y utilización de niños y niñas por grupos organizados
al margen de la ley y grupos de delincuencia organizada.
En el mismo sentido, el objetivo de las acciones que adelanta la Comisión Intersectorial
al margen de la ley se articula por mandato del decreto 4690 de 2007 en tres acciones
a)	Promover en los municipios focalizados la garantía y el cumplimiento de los
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes,
b)	Promover el diseño y ejecución de las políticas públicas de protección integral
a la niñez y,
c)	Promoverelfortalecimientodeentornosfamiliares,comunitarioseinstitucionales
para prevenir actos de violencia o explotación contra la niñez, incluido su
reclutamiento y utilización por grupos organizados al margen de la ley y por
A partir de la definición del encargo y del objeto, se estructura la política intersectorial
como un conjunto de estrategias y líneas de acción a mediano plazo (Ruta de Prevención
Temprana), líneas de acción a corto plazo (Ruta de Prevención Urgente) y líneas de
acción inmediata (Ruta de Protección en Prevención), como un conjunto de acciones que
sumadas pretenden dejar a largo plazo, resultados concretos tales como la disminución de
los factores de riesgo, el mejoramiento y transformación de entornos de protección para
niños, niñas y adolescentes, y la reducción progresiva de todas las formas de violencia
y explotación contra la niñez y la adolescencia que inducen a la vinculación de niños y
niñas con actividades ilícitas o ilegales. En ese orden, la Comisión Intersectorial para la
Prevención del Reclutamiento y Utilización, además de articular y coordinar las acciones
de las entidades nacionales que la integran, desarrolla las estrategias propias de la política
intersectorial a través de la ejecución de acciones concertadas en planes de acción con
114 municipios y 6 localidades de Bogotá, que han sido focalizados teniendo en cuenta
factores de riesgo definidos por la propia política (altos índices de violencia intrafamiliar
y violencia sexual, presencia de grupos armados ilegales, de cultivos ilícitos y corredores
estratégicos para el transporte de la droga, minas antipersonales; tasa de muerte violenta y
de muerte por enfermedad prevenible elevada y altos índices de pobreza y marginalidad)
y que adelantan de acuerdo con sus competencias en materia de infancia y adolescencia
y por supuesto con Plan de Acción que cada una de ellas ha trazado, en la órbita de las
estrategias de la política.
Las estrategias de la política son:
I.	Articularaccionesinternacionales,nacionales,regionalesylocalesencaminadas
a prevenir actos de amenaza o vulneración de derechos contra niños y niñas
II.	Contribuir a la transformación de la cultura de los colombianos para que niños
y niñas sean reconocidos como sujetos de derechos
III.	Prevenir todas las formas de violencia contra la niñez, fortalecer redes familiares,
sociales e institucionales y generar RUTAS de reporte de casos y de prevención
IV.	Asegurar la participación de niños y niñas en las decisiones que les afectan
V.	Fortalecer y acompañar a los municipios en el diseño de las políticas de
VI.	Prevenir la delincuencia juvenil mediante la información sobre las implicaciones
del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil
VII.	Movilizar a la sociedad colombiana para rechazar todas las formas de violencia
y explotación contra la niñez.
Para comprender el contenido de cada estrategia, ver el Anexo I.
Por lo expuesto en los dos puntos anteriores, puede observarse que el objeto asignado a la
Comisión Intersectorial parte del principio-concepto legal de Protección Integral definido
por la Ley 1098 de 2006, cuyos ejes son:
1·	El reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos,
2·	La garantía y cumplimiento de todos sus derechos de prestación y de protección,
3·	La prevención para que dichos derechos no sean amenazados ni vulnerados
4·	El restablecimiento inmediato cuando han sido transgredidos o inobservados. y,
5·	El diseño y ejecución de políticas públicas de infancia y adolescencia en todos los
niveles territoriales.
Como quedó expuesto, la estrategia III de la política intersectorial se concentra en definir
acciones de trabajo con las familias, con las comunidades y con las instituciones locales para
Prevenir todas las formas de violencia contra la niñez, fortalecer redes familiares, sociales
e institucionales, generar RUTAS de reporte de casos y Rutas de prevención temprana,
urgente y de protección. Por tal razón, las rutas que se presentan en este documento para
la guía metodológica de la acción en prevención, tienen sus escenarios y campo de acción
en el señalado eje 3 de la tarea de protección integral, vale decir que se ubica cuando el
niño o la niña no han perdido aún el goce de sus derechos de protección, teniendo en
cuenta que de no actuarse de manera inmediata, los perderán.
Para enfatizar lo señalado, es conveniente recordar que este enfoque está dado por el
mandato del artículo 7 de la Ley 1098 de 2006 según el cual todas las tareas del Estado,
de la sociedad y de las familias deben necesariamente tener como objetivo inicial y
último la protección integral a la niñez. Para el caso específico de esta estrategia de la
política intersectorial de prevención, es decir, las Rutas de Prevención en el corto plazo,
se propone adelantar acciones específicas sobre el mencionado tercer eje del concepto-
principio de protección integral que consiste en actuar ANTES de que el niño o la niña
pierda el goce efectivo de su derecho a ser protegido contra el reclutamiento, contra el
desplazamiento forzado, contra los conflictos armados, contra las peores formas de trabajo
infantil o contra las minas antipersonales; vale decir que las acciones que desarrollen los
tres ejes de corresponsabilidad (familia, sociedad y Estado definidos en el artículo 24 del
Pacto de Derechos Civiles y Políticos) deben realizarse ojalá ANTES, incluso de que surja
la amenaza colectiva, tal como lo propone la política intersectorial de prevención de
reclutamiento y utilización de niños y niñas tanto por grupos organizados al margen de la
ley como por grupos de delincuencia organizada.
El escenario en el cual las presentes rutas de prevención encuentran su razón de ser, es
precisamente en el concepto de prevención, entendido como la capacidad de las familias,
de las comunidades, de las instituciones y de los niños, niñas y adolescentes mismos
de prever la amenaza de reclutamiento o de utilización (invitación a unirse al grupo
armado, invitación a vincularse con actividades ilícitas, hacer mandados etc. bien sea de
manera colectiva o individual) considerando que este derecho de protección es única y
exclusivamente un derecho del cual son solamente titulares los niños y las niñas, hecho
que obliga a reconocer en esta propuesta una perspectiva diferencial sustantiva que debe
imperar en un trabajo de prevención para niños y niñas.
Ahora bien, como quiera que las estrategias de la política intersectorial para la prevención
del reclutamiento y utilización de niños y niñas pretende incidir directa o indirectamente
sobre las causas del reclutamiento y de la utilización, éstas constituyen a su vez una ruta
de intervención que se ha denominado prevención temprana. Es urgente entonces trazar
también un método de acción para proceder tanto en escenarios de amenazas colectivas,
como de amenazas individuales de vinculación que ejercen los grupos armados ilegales o
los grupos de delincuencia organizada, tal como lo ilustra el siguiente cuadro:
PREVENCIÓN TEMPRANA PREVENCIÓN URGENTE
Mediano plazo Corto plazo Acción inmediata
Actúa sobre: Factores de
riesgo en 120 municipios
Actúa sobre: Amenazas
colectivas directivas
proferidas por accionar de
grupos armados ilegales o
grupos de delincuencia.
Individuales proferidas
contra un niño o niña, o un
grupo de niños o niñas.
Es indudable el aporte que hizo a la humanidad la expedición del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos de 1966, bitácora que guía las políticas de derechos humanos en el
mundo y las decisiones de política legislativa y judicial que han de tomar los Estados
que son parte de este tratado. Dicho instrumento que no es sólo una norma de carácter
jurídico, marcó en 1966 un hito en la regulación de las acciones de los Estados frente a
los particulares. Justamente, su observancia ha permitido evitar severas violaciones de los
Luego de 1966 surge para los Estados la tarea de incorporar en sus normativas nacionales
los imperativos de sus preceptos, y sobre todo la incorporación de procedimientos capaces
de hacerlas efectivamente aplicables. Nótese que a pesar de ser un pacto de carácter
general y neutro, en él nace el concepto o principio que funda las teorías normativas y
doctrinales sobre derecho de infancia y adolescencia, conocido como corresponsabilidad,
según el cual cuando se trate de menores de 18 años, corresponde a la familia, a la
sociedad y al Estado tomar todas las medidas de protección que requiere la condición de
ser menor de edad4
. Lo anterior implica claramente que aunque el Estado sea per se el
garante de sus derechos, se requiere el concurso y la responsabilidad de las familias y de
las comunidades para asegurar el goce efectivo de sus derechos, considerando además que
uno de los derechos de los niños y niñas más vulnerado es el de su integridad personal,
transgredido en mayor medida en su propio ámbito familiar, tal como lo han evidenciado
estudios mundiales y nacionales sobre violencia contra la niñez.
A pesar de esta consagración normativa citada en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos,
posterior a su proclamación tres grupos poblacionales en particular dieron inicio a un
interesante movimiento que habría de reivindicar en 1979 y en 1989 el reconocimiento
por parte de los Estados que integran la Asamblea General de las Naciones Unidas y
la Organización Internacional del Trabajo, de unos derechos propios, únicos y sólo
pertenecientes a estos tres grupos de personas. Se trata de las mujeres, de los niños y las
niñas y de los pueblos indígenas y tribales, respectivamente.
Estos nuevos e importantes tratados construidos desde la perspectiva de sujetos titulares
de derechos, fueron el complemento de los pactos generales concertados sobre una
perspectiva neutra de derechos. De esta diferenciación consagrada en los tratados que
reconocen nuevos y específicos derechos a sujetos específicos, surge para los Estados
4	Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 24. 1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición
de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.
la obligación de definir políticas, leyes, sistemas, procedimientos judiciales y programas
desde una perspectiva diferencial, en tanto se trata de normas ya no generales, sino
destinadas a resolver situaciones concretas siendo este caso el de la Ruta de Prevención
Urgente, de los niños y las niñas.
En ese orden, la perspectiva que pretende sustentar este capítulo está signada por una
clara distinción desde el propio marco normativo internacional que protege de manera
específica los derechos de los niños y niñas, los cuales deben ser protegidos contra el
reclutamiento y utilización para participar en conflictos armados, o por grupos armados
ilegales, o a ser protegidos contra las peores formas de trabajo infantil entre las que se
contemplan su reclutamiento y utilización por grupos armados ilegales y por grupos
dedicados a actividades ilícitas en particular el tráfico y producción de drogas, o el derecho
a ser protegidos contra el desplazamiento forzado, derechos estos de protección de los que
solamente son titulares los niños y las niñas, es decir que no son derechos reconocidos a
otros grupos poblacionales diferentes a quienes tienen menos de 18 años.
Este punto pretende concretar y explicar los puntos sustantivos desde los cuales se construye
no sólo una regulación legal que diferencia a los niños, niñas y adolescentes como sujetos
de derechos especiales frente a los mayores de 18 años, sino que también representan el
marco desde el cual se construye una obligación estatal de dar origen a acciones puntuales
que respondan a la condición diferencial que los niños, niñas y adolescentes tienen frente
a los demás ciudadanos.
1·	Las normas internacionales y nacionales que regulan la prevención y protección
de los derechos de los niños y niñas a ser protegidos contra el reclutamiento y
utilización por grupos armados al margen de la ley.
EL MARCO NORMATIVO QUE REGULA
LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE
LAS NIÑAS A SER PROTEGIDOS
Y UTILIZACIÓN POR GRUPOS
ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY
La Convención de los Derechos del Niño El Pacto de Derechos Civiles y Políticos
El Protocolo Facultativo de la Convención
de los Derechos del Niño relativo a los
El Estatuto de la Corte Penal Internacional
El Convenio 182 de la OIT
(menos el artículo 44)
La Constitución Política (artículo 44) El Código Penal
La Ley 1098 de 2006 de Infancia y
Es importante anotar que el derecho de los niños y las niñas a ser protegidos contra
su utilización y reclutamiento por parte de grupos organizados al margen de la ley
o de grupos de delincuencia organizada, es un derecho que debe ser protegido en
cualquier tiempo; es decir no solamente en tiempos de conflictos armados, sino en
Esta aclaración es pertinente en cuanto que el diseño de las políticas públicas de
prevención de desplazamiento forzado y la política de prevención de violaciones
a los derechos humanos, centrada en cuatro derechos fundamentalmente: vida,
integridad, libertad y seguridad, carecen de perspectiva diferencial y por ello no
podría insistirse en que la perspectiva poblacional es transversal a ellas, ya que
precisamente son muchos aspectos, pero en particular tres de ellos (las normas
específicas, los derechos específicos y las autoridades específicas que les protegen)
los que no aparecen evidenciados en dichas líneas de política y que demandan, por
los compromisos internacionales adquiridos por el Estado al ratificar los tratados
internacionales que regulan derechos específicos de personas menores de edad,
una visibilización importante y una movilización institucional capaz de que esos
derechos de protección, de los cuales, se insiste, solamente son titulares reconocidas
las personas menores de 18 años, sean prevenidos y protegidos metodológica y
procedimentalmente de forma distinta a los de las personas mayores de 18 años.
2·	La titularidad de los derechos de protección es únicamente de las personas menores
La titularidad de los derechos de
Derechos consagrados en la Convención
de los Derechos del Niño (únicamente
pertenecientes al grupo de personas
El Pacto de Derechos Civiles y Políticos
Protocolos Facultativos de la Convención
de los Derechos del Niño, relativos a los
niños y los conflictos armados y a la venta,
explotación sexual y pornografía infantil
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y
Convenios 138 y 182 de la OIT relativos
a la edad mínima para el trabajo y a
la prohibición de las peores formas de
(excepto el artículo 44)
Constitución Política (todos los derechos,
más los específicos del artículo 44)
La Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y
3·	La responsabilidad internacional específica en materia de prevención y protección
de los derechos de los niños y niñas a ser protegidos contra su reclutamiento y
utilización por grupos organizados al margen de la ley.
aparece Colombia
en los Informes del
porque en el país se
reclutan y utilizan
niños y niñas por
parte de grupos
Unidas expide la
en la que se invita
a los Estados a
prevenir que los
ilegales violen 6
(1) utilización y
(3) asesinato y
(4) ataques a
(5) minas
(6) denegación
En nota de
2008 el Estado
somete de manera
voluntaria a la
informes en relación
adelantadas por
los seis derechos
civil cometidos por
derechos que sólo
están reconocidos
para este grupo
2008 se define el
intersectorial para
y utilización de
ley, en el ámbito
utilización de niños
y niñas creada por
el Decreto 4690 de
2007 que dirige la
4·	Las autoridades competentes para prevenir y proteger los derechos de los niños y
niñas a ser protegidos contra el reclutamiento y utilización por grupos organizados
Autoridades previstas para
prevenir y proteger los derechos
Autoridades para prevenir y
proteger los derechos de las
Autoridades públicas (todos y cada uno de
los funcionarios del Estado)
(Defensores de Familia, Comisarios
de Familia e Inspectores de Policía y
Autoridades Indígenas)
Este cuarto punto es sustantivo y es precisamente el que le da a la Ruta de Prevención
Urgente su marco más específico, en tanto que para prevenir la vulneración al derecho del
niño o niña a ser protegido contra el reclutamiento y utilización por grupos organizados
al margen de la ley, se requiere el concurso de todas las autoridades públicas en el orden
nacional, departamental, distrital y municipal para asegurar las acciones urgentes que
impidan que el niño o la niña pierda el disfrute de su derecho de protección. Sin embargo,
lo que determina en este punto la perspectiva diferencial es precisamente que la autoridad
pública que conozca del caso, que lo actúe e intervenga, deberá por vía de esta ruta reportar
en todos los casos a la autoridad competente para que haga el respectivo seguimiento, y
de no conjurarse el riesgo en tiempo determinado, deberá abrir el respectivo proceso
administrativo de restablecimiento de derechos, proceso definido por la Ley 1098 de
2006 o Ley de infancia y Adolescencia únicamente para los Defensores de Familia, los
Comisarios de Familia o los Inspectores de Policía por competencia subsidiaria, es decir a
falta de defensor, lo hará el Comisario y a falta de este, el Inspector de Policía.
Nótese que cuando se trata de una persona mayor, un defensor de familia (denominada
autoridad competente) no podrá nunca ni en ningún caso actuar frente a la violación de
un derecho, salvo para remitir el caso a una autoridad pública y distinta.
5·	El enfoque de prevención en el riesgo frente a la vulneración del derecho del niño
o niña a ser protegido contra el reclutamiento y utilización por grupos organizados
El enfoque de prevención en el
riesgo para el trabajo con niños
El enfoque de prevención en
el riesgo para el trabajo con
La prevención de amenaza o vulneración
de los derechos de niños y niñas debe
darse desde el mandato del artículo 7 de
la Ley de Infancia: desde la protección
Desde cualquier enfoque teórico
del concepto de prevención y
del concepto de riesgo
La actuación se da sobre amenaza de la
carta de derechos contenida en la ley de
infancia (derechos de protección)
Protección de los derechos de prestación
o subjetivos (vida, integridad, libertad,
El concepto de riesgo cuando se trate de
niños y niñas está amarrado al concepto
de AMENAZA-RIESGO que contiene la
Se aclara en este punto que si bien en el desarrollo conceptual y doctrinal existen diversos
enfoques para el trabajo en prevención de violación a los derechos humanos y que para
el caso de las personas mayores de edad, cada Estado marcará para su trabajo en políticas
de prevención y protección de derechos el que más convenga a sus propias perspectivas,
para el caso colombiano se dan dos condiciones: de una parte, la exigencia imperativa
que representa un trabajo en prevención para personas menores de 18 años y de otra, que
es la propia ley de infancia y adolescencia la que obliga al diseño de las políticas públicas
de infancia y adolescencia desde un enfoque denominado protección integral5
, el cual a su
vez está definido, como se verá más adelante por el artículo 7 de la citada ley de infancia
y adolescencia, según la cual, la protección integral está signada por cinco acciones
específicas como son el reconocer a niños y niñas como sujetos de derechos, garantizarles
y cumplirles con sus derechos, prevenir para que estos derechos no sean amenazados o
vulnerados, restablecer los derechos cuando sean vulnerados y diseñar y ejecutar políticas
5	Ley 1098 de 2006. Artículo 201. Definición de políticas públicas de infancia y adolescencia. Para los efectos
de esta ley, se entienden por políticas públicas de infancia y adolescencia, el conjunto de acciones que adelanta el Estado, con la
participación de la sociedad y de la familia, para garantizar la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Las políticas públicas se ejecutan a través de la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de planes, programas,
proyectos y estrategias.
públicas de infancia y adolescencia. Estas cinco tareas son obligatorias, no optativas, por
ello una discusión sobre el enfoque de prevención que deba contener una política pública
de protección integral a la infancia y a la adolescencia carece de pertinencia.
Finalmente, tanto esta perspectiva diferencial con sus cinco cuestiones sustantivas, como
las Rutas de Prevención Urgente y en Protección que contiene el presente documento se
aprovechan de dos avances importantes que introdujo la ley de infancia y adolescencia.
Primero, la tarea de prevención en el marco de la protección integral y segundo, la tarea
de proteger los derechos en la amenaza, es decir, el actuar antes de que el niño o niña
pierda el disfrute de su derecho. La normativa anterior que regulaba el tema de la niñez,
ordenaba al Estado intervenir cuando quiera que los derechos ya se habían perdido, al
contrario, esta ley, le ordena al Estado en su conjunto actuar e intervenir antes.
Por estas razones, la Ruta de Prevención urgente soporta su estructura en los conceptos
mencionados: prevención y amenaza, que como ya quedó expuesto en el cuadro anterior
es otro de los puntos que señala una perspectiva diferencial de acción frente a las políticas
El diseño y consolidación de “Las Rutas de Prevención urgente y en protección” obedece a
instrucciones impartidas por la Vicepresidencia de la República a la Secretaría Técnica en
la cuarta sesión de la Comisión Intersectorial, para que se creara en el ámbito de la misma
Comisión, una Fuerza deTareas o grupo de trabajo que trazara un protocolo o ruta de acción
frente a los casos urgentes e inmediatos para los niños, niñas y adolescentes que habitan
las zonas geográficas definidas por las autoridades locales, de los municipios focalizados
por la Comisión para la implementación de la política intersectorial de prevención de
las violencias y modalidades de explotación contra la niñez, incluido su reclutamiento y
Con este propósito, la SecretaríaTécnica convocó a las y los profesionales de nivel técnico,
encargados por el titular de la entidad respectiva, de las nueve entidades que integran la
Comisión Intersectorial. Se definió que la Secretaría presentara la propuesta de ruta y en
cuatro sesiones de trabajo conjunto y articulado, se llegó a la versión final de las Rutas de
Prevención Urgente y en Protección.
El punto de partida de la Ruta se ubica desde la prevención, es decir, que su intervención se
da cuando se ciernen sobre los niños y niñas amenazas colectivas o individuales, que les
pone en un riesgo aún mayor que el riesgo marcado por estar en un municipio focalizado
por alguno de los factores de riesgo. Esto implica que en situaciones de prevención
urgente o inmediata, los niños y niñas no han perdido el disfrute de su derecho a ser
protegido contra el reclutamiento y utilización bien sea, porque permanecen aún en su
ámbito familiar o porque no han aceptado la invitación de la organización criminal a
vincularse con actividades ilegales, pero de no actuarse a tiempo, el niño o niña puede
terminar vinculado en cualquier forma con el grupo armado ilegal o con el grupo de
delincuencia organizada. En esto casos, se debe intervenir mediante acciones urgentes
cuando la amenaza es colectiva, o a traves de acciones inmediatas de protección cuando
la amenaza es individualizada. En caso contrario, los niños o niñas perderán el ejercicio
de su derecho a ser protegidos contra el reclutamiento y utilización.
Si definitivamente no se pudo actuar y el niño o niña se va con el grupo armado o se vincula
a su accionar delictivo, el caso deberá ser reportado ante las autoridades de investigación
y justicia, en tanto se configura el delito de reclutamiento ilícito de menores de 18 años.
Si luego el niño o la niña logra abandonar en cualquier forma el grupo o la actividad
delictiva, se activa inmediatamente la Ruta de Atención o restablecimiento de derechos,
a través del programa de Atención Especializada del Instituto Colombiano de Bienestar
Lo anterior implica que hay tres escenarios frente a los cuales el Estado, las comunidades y
las familias deben actuar para asegurar la protección integral de niños, niñas y adolescentes.
El RIESGO, la AMENAZA EN COLECTIVO y LA AMENAZA INDIVIDUALIZADA o
personalizadasobreunniñooniñaogrupodeniñosoniñas.Larazóndeserdeestadistinción
se sustenta en el marco normativo establecido por la Ley de Infancia y Adolescencia, según
el cual el Estado en cabeza de sus autoridades competentes y subsidiarias. (Defensores de
Familia, y en su falta, Comisarios de Familia y a falta de estos, los Inspectores de Policía y
en todos los casos cuando se trate de niños y niñas indígenas, las autoridades indígenas)
deberán ordenar medidas de protección inmediata, las que no implican la apertura de un
proceso administrativo de restablecimiento de derechos (PARD) como tal, dado que en los
escenarios de las tres rutas, el derecho de los niños y las niñas a ser protegidos contra el
reclutamiento y utilización por grupos armados ilegales no se ha vulnerado, es decir, que
el niño o la niña no se ha ido con el grupo, o aún no ha hecho parte del accionar delictivo
de grupos organizados.
La Ley de Infancia y Adolescencia en el artículo 996
dispone que el Estado debe actuar
cuando quiera que uno o varios derechos de un niño o niña se encuentren AMENAZADOS
o hayan sido VULNERADOS y acorde con cada situación, todas las autoridades tanto
públicas como competentes, incluidas las autoridades indígenas, deberán tomar todas las
medidas para conjurar la amenaza o para restablecer el o los derechos establecidos en la
carta de derechos de la Ley 1098 de 2006 (artículos 17 a 37).
Bajo dicho esquema, este punto pretende explicar el marco conceptual en el cual se
desarrollan las Rutas de Prevención Temprana, de Prevención Urgente y de Prevención
en Protección, reiterando que las tres propuestas se ubican antes de que el niño, la niña o
el adolescente decida unirse al grupo armado ilegal, se vincule con acciones o servicios
ilegales de los grupos de delincuencia organizada, o cuando por la fuerza física o de la
intimidación familiar, el grupo armado obligue al niño o niña a vincularse con su accionar
armado o delictivo.
La RUTA DE PREVENCION TEMPRANA está definida sobre los factores de riesgo
establecidos por la Comisión para aplicarse inicialmente en 120 municipios focalizados
por la citada Comisión Intersectorial para la ejecución de sus acciones. Estos factores de
6	Ley 1098 de 2006. Artículo 99. Iniciación de la actuación administrativa. El representante legal del niño, niña o
adolescente, o la persona que lo tenga bajo su cuidado o custodia, podrá solicitar, ante el defensor o comisario de familia o en su
defecto ante el inspector de policía, la protección de los derechos de aquél. También podrá hacerlo directamente el niño, niña o
adolescente. Cuando el defensor o el comisario de familia o, en su caso, el inspector de policía tenga conocimiento de la inobservancia, vulne-
ración o amenaza de alguno de los derechos que este Código reconoce a los niños, las niñas y los adolescentes, abrirá la respectiva
investigación, siempre que sea de su competencia; en caso contrario avisará a la autoridad competente.
1·	Presencia o tránsito de grupos organizados al margen de la ley.
2·	Presencia de economías ilegales (narcotráfico, micro tráfico, contrabando, redes de
trata, tráfico de armas).
3·	Presencia de minas antipersonales.
4·	Altos índices de homicidios.
5·	Altos índices de violencia intrafamiliar.
6·	Altos índices de violencia sexual.
7·	Condiciones de pobreza extrema y marginalidad social.
8·	Reporte de casos de desplazamiento forzado por causa del reclutamiento de niños
o niñas, reportes de riesgos o alertas emitidas por el Comité Interinstitucional de
Alertas Tempranas, entre otros).
El nivel de prevención temprana hace referencia a las situaciones en las cuales es necesario
que el Estado, la sociedad y la familia adopten todas las medidas necesarias para garantizar
el ejercicio y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con el fin de
minimizar o enfrentar los factores que potencian su vulnerabilidad frente a las diferentes
violaciones que son cometidas por grupos armados al margen de la ley, incluido su
reclutamiento y utilización.
Se trata de situaciones donde los entornos de protección de los niños, niñas y adolescentes
son débiles, lo cual per se constituye una situación de riesgo. Este nivel de prevención se
activa en contextos donde existen problemas para garantizar la protección integral de los
niños, niñas y adolescentes: por ejemplo donde hay presencia de grupos armados ilegales,
enfrentamientos, amenazas a la vida, desplazamiento; presencia de minas antipersonales
y municiones sin explotar, existencia de cultivos de uso ilícito, o donde la zona es un
corredor de tránsito del tráfico de drogas, de armas o de personas.
En este escenario también es importante considerar la presencia de indicadores de otras
formas de violencia física, sexual o psicológica contra los niños y niñas, así como una
escasa capacidad de respuesta institucional a las diferentes amenazas y riesgos o posibles
vulneraciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La segunda RUTA, DE PREVENCION URGENTE se debe aplicar en un momento anterior,
cuando aún no existen señalamientos sobre familias o personas determinadas, sino que se
cierne una amenaza colectiva. Por ejemplo: cuando el grupo armado ilegal llega al barrio,
localidad, comuna o vereda, censa una escuela, entrega panfletos en las calles o los dejan
en las puertas de las casas, boleteos, invitaciones a unirse a los grupos a cambio de una
retribución económica, etc. Estos ejemplos muestran que la amenaza es aún colectiva,
razón por la cual deben iniciarse acciones urgentes lideradas por las autoridades públicas
o indígenas según el caso, presentes en el municipio, en conjunto y articulación con
líderes comunitarios, con las familias y con la comunidad educativa, entre otras.
Para comprender el accionar que debe tener esta RUTA DE PREVENCIÓN URGENTE vale la
pena ilustrar con algunos ejemplos, diversas acciones o programas que se han emprendido
en algunas regiones del país y que han permitido conjurar amenazas de reclutamiento y
utilización de grupos armados ilegales contra niños, niñas y adolescentes.
Soacha 2001
Las cadenas de protección que establecieron las madres de los adolescentes que transitaban
de noche hacia sus viviendas en los barrios más altos de la Comuna 4: Altos del Pino, Luis
Carlos Galán Tercer Sector, Santo Domingo, La Isla, El Oasis, El Progreso, El Arroyo y Villa
Los muchachos y muchachas hacían contacto con alguna de las madres, vía celular o
teléfono, y esta persona avisaba a las demás. Las mujeres salían a las puertas y ventanas
de sus viviendas con antorchas, velas, lámparas de petróleo y linternas y acompañaban el
camino del muchacho, muchacha o grupo hasta su casa. De esta manera los protegían de
los actores armados que lo pudieran estar acechando en el camino.
Soacha 2009
Los comedores escolares y centros de apoyo escolar (Infancia y Desarrollo, Aldeas Infantiles
SOS, Meincoldes, FEDES) e la jornada complementaria, no solo protegen a los niños, niñas
y adolescentes cuando salen de su escuela o círculo de aprendizaje, brindándoles un
espacio seguro donde pasar la jornada contraria a la escolar sino que también les proveen
alimentación y los acompañan hasta sus viviendas en la jornada complementaria, cuando
han sido amenazados por los actores armados. Esta labor se complementa con el trabajo
de apoyo psicosocial y la realización de actividades culturales, artísticas y lúdicas que
proponen otras posibilidades de asumir la vida fuera de la violencia.
San Miguel Putumayo 2008
En la Institución Educativa San José, en la frontera con Ecuador, el rector y los docentes
han identificado las amenazas de reclutamiento por parte de las FARC sobre muchos de
los adolescentes que cruzan el río y la frontera para llegar a sus casas, donde conviven con
la guerrilla. Es de anotar que muchos de estos adolescentes viven solos con sus hermanos
porque la violencia y los cultivos de uso ilícito les han robado a sus padres y hermanos
Los maestros y el rector han establecido una estrategia de acompañamiento y seguimiento
a cada muchacho, además de gestionar con la Alcaldía la realización de salidas
pedagógicas, encuentros y paseos. La Comisaría de Familia decidió apoyarlos, brindando
atención psicosocial y gestionando oportunidades para los muchachos. Cuando visitamos
la institución en 2008, pretendían convertirse en un internado para que los adolescentes
estuvieran aun más protegidos contra las amenazas de reclutamiento.
Líbano, Tolima 2009
En El Líbano, en la zona rural que limita con Cundinamarca, los líderes del Comité de
Desplazados han establecido una red cuyos miembros visitan a las familias desplazadas
en sus parcelas, hablan con las señoras y con los muchachos. De esta manera se enteran
de los que ocurre en cada casa e identifican las situaciones de riesgo de reclutamiento
en que se encuentran muchos adolescentes y jóvenes de la región. Los líderes utilizan
una estrategia de diálogo y convencimiento, a través de la cual intentan desvirtuar los
ofrecimientos e ilusiones que el grupo armado siembra en los niños. Cuando la estrategia
se queda corta, ellos bajan con los muchachos y sus familias hasta al centro zonal del
ICBF en Girardot, donde la trabajadora social refuerza las charlas y conversaciones con
los muchachos en riesgo de reclutamiento. Si el riesgo no se conjura, los líderes entregan
el caso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que opere su Ruta de Atención
o restablecimiento de derechos PARD.
Unidades de Atención Integral del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Programa Mis Derechos Primero
Las Unidades de Atención Integral tienen su origen en una experiencia de convivencia
con las comunidades indígenas vulnerables que implementó la Regional de Arauca del
ICBF en años anteriores. En el marco del AUTO 251 y bajo la recomendación de la
Corte Constitucional de generar apuestas innovadoras que superaran las falencias de los
programas tradicionales del ICBF en relación con la protección integral de los derechos
de los niños y niñas en situación de desplazamiento, la entidad decidió retomar esta
experiencia e involucrarla como experiencia del ICBF en el proyecto piloto de Putumayo.
Las Unidades de Atención Integral trabajan en prevención del reclutamiento y utilización
de niños, niñas y adolescentes y en atención a las poblaciones indígenas y afrocolombianas
Las unidades constan de un equipo de dos a tres personas que conviven con las
comunidades desplazadas o en riesgo de desplazamiento, indígenas y afrocolombianas
fundamentalmente, durante diez meses al año. En este lapso de tiempo la unidad se integra
a la comunidad e inicia su trabajo con la familia, los niños, las niñas y los adolescentes,
respetando las costumbres y la tradición, adoptando por tanto una perspectiva diferencial
para cada una de sus acciones.
Allí, en el corazón de las comunidades, las unidades han implementado los programas y
estrategias de prevención y de atención a la familia, a niños, niñas y adolescentes, en el
marco de la perspectiva diferencial de género, étnica y poblacional.
Frente a la prevención del reclutamiento y utilización de grupos armados ilegales contra
niños, niñas y adolescentes se trabaja con las familias en prevención de las violencias,
participación y solución de conflictos al interior de las mismas. Con los niños y niñas se
implementan las estrategias destinadas a la primera infancia y con los adolescentes se
trabaja fundamentalmente a partir de los clubes juveniles y pre-juveniles, la escuela de
derechos y la estrategia “Para escucharte”.
Programas para una educación de calidad del Ministerio de Educación Nacional
El Ministerio de Educación ha ubicado una serie de programas y proyectos que adelanta
en el país desde la Dirección de Calidad como las apuestas fundamentales de su plan de
prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes.
Los programas “Pedagogía y Protección de los Derechos”, “Aulas en Paz”, “Escuela
y Desplazamiento”, “Red aprender” de formación docente, proyecto transversal de
“Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía”, proyecto transversal de
“Educación Ambiental” y Proyecto transversal de “Educación para el Ejercicio de los
DerechosHumanos”,constituyenensuesenciaapuestasporlaimplementacióndeprácticas
pedagógicas que promuevan la formación de sujetos de derechos capaces de convivir,
respetar las diferencias, participar y generar proyectos de vida en la legalidad. Igualmente,
pretenden la construcción de ambientes de aprendizaje, solidarios e incluyentes, donde
los niños y niñas puedan sentirse a gusto, protegidos y respetados.
La prevención urgente se configura entonces en contextos de amenazas colectivas y la
acción que se ejerza es precisamente para conjurar dichas amenazas. En este escenario
deben reforzarse o configurarse nodos de redes institucionales (incluidas comunidades
indígenas) y comunitarias capaces de rodear a los niños y niñas y de protegerles ante
amenazas generales. Estas acciones no ameritan una intervención procesal desde las
autoridades especializadas o competentes: defensores de familia, comisarios de familia
o inspectores de policía de manera subsidiaria, si se actúa articuladamente con las
autoridades públicas, con las autoridades indígenas según el caso, con las familias y con
las redes comunitarias. De esta manera, se puede aún conjurar la amenaza para evitar que
se dé un señalamiento personalizado sobre los niños o niñas.
El tercer trazado es la RUTA DE PREVENCIÓN EN PROTECCIÓN que hace referencia a
situaciones en las cuales es altamente probable que se presente la vulneración del derecho
a ser protegidos contra el reclutamiento y utilización por las circunstancias del contexto.
Se trata de hechos concretos y específicos que amenazan un niño, niña o adolescente
determinado, individualizado y personalizado que se presentan en la cotidianidad y
anuncian la situación de vulneración.
Esta ruta de prevención en protección actúa cuando el derecho de un niño, niña o
adolescente en particular puede ser reclutado por grupos al margen de la ley. En este caso,
hay que desarrollar una acción inmediata, puede ser una medida de protección, como la
movilización del niño o niña solo, con un grupo de hermanos o con su padre, madre o
cuidador, caso en el cual, la autoridad pública en conjunto con la autoridad competente
tendrán que definir si ese desplazamiento debe ser apoyado por Acción Social, cuando
el caso involucra red adulta, o si la movilización es solamente de menores de edad, caso
en el cual será el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien asuma los trámites
inmediatos. También puede suceder que la autoridad pública local movilice con sus
propios recursos todas las acciones necesarias para sacar al niño, niña o grupo de niños
y niñas del lugar del riesgo y les ponga a disposición en un programa local como los
internados, o en programas del Instituto de Bienestar Familiar.
Una anotación importante para el éxito de esta ruta es la sugerencia que se debe hacer a
la autoridad pública o autoridad indígena para que el caso se notifique a las autoridades
competentes, dado que si en un tiempo determinado, a juicio de la autoridad competente, la
amenaza individualizada no se ha resuelto, será preciso tomar medidas de restablecimiento
de otros derechos mermados para proteger el derecho de ese niño o de esa niña a ser
protegido contra el reclutamiento o utilización por grupos organizados al margen de la ley.
Se reitera que la notificación a las autoridades competentes es para que ellas, incluidas las
indígenas, sean quienes definan si el caso amerita la apertura de un proceso administrativo
de restablecimiento de derechos PARD o si, pasada la temporalidad inicial prevista para la
intervención en el ámbito de la prevención en protección, esta se conjuró o permanece.
Esta ruta de prevención en protección actúa cuando el derecho de un niño o niña específico,
a ser protegido contra el reclutamiento, está amenazado y por ello hay que tomar medida
de protección como la movilización del niño o niña solo, con un grupo de hermanos o
con sus padre o madre, caso en el cual, la autoridad pública en conjunto con la autoridad
competente tendrán que definir si ese desplazamiento debe ser apoyado por Acción Social,
cuando el caso involucra red familiar adulta, o si la movilización es solamente de menores
de edad, caso en el cual será el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien asuma
estos trámites inmediatos.
Sobre esta Ruta de prevención en protección es necesario anotar que con fundamento en
el artículo 99 de la ley 1098 de 2006, el niño o niña que esté amenazado de reclutamiento
por un grupo armado ilegal y quiera por tal razón desplazarse de su lugar de vivienda sin su
red familiar, puede acudir ante la personería municipal y solicitar la carta que lo acredita
como persona desplazada por causa de reclutamiento forzado, para que utilizando con
dicho instrumento, sea beneficiario de la ayuda humanitaria de emergencia y de las demás
acciones establecidas por ley a las que tiene derecho cualquier persona desplazada por
la violencia. (Art. 99. “El representante legal del niño, niña o adolescente, o la persona
que lo tenga bajo su cuidado o custodia, podrá solicitar, ante el defensor o comisario de
familia o en su defecto ante el inspector de policía, la protección de los derechos de aquél. También podrá hacerlo directamente el niño, niña o adolescente”). Esto implica además
que cuando se trate de un niño o niña que acuda de manera directa ante una personería,
por ser un sujeto menor de edad y de especial protección constitucional y legal, el Estado
en cabeza de ICBF y de Acción Social deberá asegurar no solo el apoyo humanitario, sino
todas las acciones a que haya lugar para prevenir y asegurar que el grupo armado ilegal
NO pueda cumplir con la amenaza.
En esta individualización de casos hecha por el grupo armado ilegal, o el señalamiento u
oferta de pago por servicios ilegales a que invitan los grupos de delincuencia organizada
y que conceptualmente constituyen una amenaza de utilización, puede suceder también
que la alarma sea reportada inicialmente ante cualquier autoridad pública nacional,
departamental, distrital o municipal. En estos casos es la autoridad pública, con el apoyo
de los líderes comunitarios, de funcionarios y funcionarias de alcaldías o gobernaciones,
de los comités de infancia y adolescencia, de organizaciones sociales o de las mesas
de prevención de reclutamiento en aquellos lugares en los que exista, quienes deben
movilizar la operación de traslado, conducción o cualquier otra medida inmediata que
haya que realizar para sacar a los niños y niñas que han sido individualizados por el grupo
del lugar del riesgo e incorporarlos a programas tales como internados, programas de
hogares gestores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar u otras modalidades, o a
organizaciones sociales cuando estas están presentes en la zona tales como la Corporación
Infancia y Desarrollo o Benposta, entre otros.
Frente a esta Ruta de Prevención en Protección debe decirse también que una vez
notificada la autoridad competente, además de todas las acciones que debieron hacer las
autoridades públicas con el apoyo de las redes de protección, la autoridad competente,
Defensor de familia, a falta de este el Comisario de Familia y en su ausencia el Inspector
de Policía y en todos los casos de niños o niñas indígenas la autoridad indígena, debe
actuar procedimentalmente frente a la inminencia y solicitar verbalmente las medidas de
protección inmediata que el caso amerita, medidas que encuentra en cualquier marco
normativo vigente, tal como lo dispone el artículo 53 de la ley 1098 de 2006 al ordenar a
la autoridad competente tomar las medidas consagradas en otras disposiciones legales, o
cualquier otra que garantice la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes7
7	Artículo 53. Medidas de restablecimiento de derechos. Son medidas de restablecimiento de los derechos de los niños,
las niñas y los adolescentes las que a continuación se señalan. Para el restablecimiento de los derechos establecidos en este Código,
la autoridad competente tomará alguna o varias de las siguientes medidas:
Además de las anteriores, se aplicarán las consagradas en otras disposiciones legales, o cualquier otra que garantice la protección
integral de los niños, las niñas y los adolescentes.
LA RUTA DE PREVENCIóN
Por factores de riesgo:
1·	Presencia de grupos
armados ilegales o
de grupos de delin-
cuencia organizada
2·	Presencia de cultivos
3·	Presencia de econo-
mías ilegales, corre-
dores de tránsito de
actividades ilícitas y
contratación de ser-
vicios ilegales
4·	Presencia de Minas
5·	Altos índices de Vio-
lencia Intrafamiliar
6·	Altos Índices de vio-
7·	Informes de Riesgo
o Alertas Tempranas
emitidos por el SAT
de la Defensoría del
colectivas directas
o grupos de delincuencia
organizada, algunos casos:
•	Censo a escuelas
•	Boleteos
•	Oferta de servicios
contra un niño o niña, o
(El derecho a ser protegidos
armados ilegales NO se
ha vulnerado)
temprana: la acción
Ruta de prevención urgente:
Ruta de prevención en
protección: la acción
Ejecución de las Siete
estrategias de la política en
planes de acción con los
1·	Articulación de acciones
2·	Transformación de
familia, comunidad e
3·	Prevención de todas las
4·	Participación de niños,
5·	Acompañamiento a los
COMPOS en el diseño
6·	Prevención de
delincuencia juvenil en
los entornos de las Casas
7·	Movilización Social para
rechacen cualquier
forma de violencia y
reporten los casos de
Ejecución de los Planes de
Acción de las Entidades
•	Unión de nodos
para reforzar redes
familiares, comunitarias
•	Gestión urgente
públicas locales para
rodear a los niños y
niñas en contra de las
amenazas de los grupos
armados, mediante
iniciativas deportivas,
lúdicas, culturales,
sociales, pedagógicas
•	Mesa de prevención
•	Comité de Infancia de
•	Cadenas de protección
de madres de Soacha
•	Corredores escolares de
•	Estrategia de
salidas pedagógicas de
San Miguel-Putumayo
•	Comité de desplazados
del Líbano-Tolima
Opera el grupo de tareas del
municipio conformado por:
•	Autoridades públicas
(nacionales,
distritales, municipales o
•	Líderes comunitarios
Amenaza individualizada
que implica movilizar al
niño o niña SIN red adulta
(padres o cuidadores):
•	La autoridad pública,
apoyada por los líderes
comunitarios o por las
según el caso, gestiona
los recursos para la
•	Los niños y niñas son
trasladados a un lugar
físico seguro.
•	Se notifica a la autoridad
competente (Defensor
de Familia, Comisario
de Familia o Inspector
de Policía) para
hasta por tres meses: Sin
PARD (el derecho no
está vulnerado, pero hay
que verificar los demás
que implica movilizar
al niño o niña CON red
familiar adulta (padres o
cuidadores):
•	La respectiva personería
comunica sobre
causa de Reclutamiento
Forzado del menor de
•	La Oficina de Acción
Social regional inscribe
a la familia y entrega
NOTIFICADA DEL
CASO LA AUTORIDAD
COMPETENTE (Defensor,
Comisario o Inspector)
DEBERÁ DECIDIR SOBRE
PROTECCIÓN. Ley 1098
de 2006. Artículo 53
numeral 6. Además de
las anteriores, se aplicarán
las consagradas en otras
disposiciones legales, o
cualquier otra que garantice
la protección integral de
los niños, las niñas y los
Ley 1098 2006. Artículo
99. Cuando el defensor o el
comisario de familia o, en su
caso, el inspector de policía
tenga conocimiento de la
inobservancia, vulneración
o amenaza de alguno de los
derechos que este Código
reconoce a los niños, las
niñas y los adolescentes,
abrirá la respectiva
investigación, siempre que
sea de su competencia; en
caso contrario avisará a la
N° 2. Las medidas
provisionales de urgencia que
requiera la protección integral
del niño, niña o adolescente.
Cuando se trate de niños, niñas o adolescentes que pertenezcan a comunidades
indígenas, las autoridades públicas deberán seguir las tres rutas en consulta y coordinar
con las AUTORIDADES INDIGENAS del pueblo al que pertenezcan los niños o niñas en
riesgo, en amenaza colectiva o con amenaza personalizada
El artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, además de reiterar que los derechos
de los niños y las niñas son derechos fundamentales, además de exigir de la familia, de
la sociedad y del Estado una responsabilidad solidaria para asegurar la protección y el
ejercicio pleno de sus derechos, su desarrollo armónico e integral y protegerles contra
todas las formas de violencia y explotación, expresa que: Cualquier persona puede exigir
de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.
Por su parte, el artículo 11 de la Ley 1098 de 2006 o Ley de Infancia yAdolescencia, titulado
Exigibilidad de los derechos, dispone que ”cualquier persona puede exigir de la
autoridad competente el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los niños,
las niñas y los adolescentes.”Y en el aparte que se señala a continuación se sustenta la Red
de Alarma de riesgo, en tanto ordena a las autoridades públicas, la obligación de actuar
de manera inmediata para proteger y restablecer los derechos de los niños y las niñas: “El
Estado en cabeza de todos y cada uno de sus agentes tiene la responsabilidad inexcusable
de actuar oportunamente para garantizar la realización, protección y el restablecimiento
de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes”. Además del artículo 11 de la citada Ley, es imperativo reiterar el aporte sustancial que dicha
ley de infancia y adolescencia hace para que desde los tres ejes de corresponsabilidad
(familia, sociedad y Estado) se asegure la protección integral a todos los niños y niñas sin
distinción alguna. Dicho concepto de protección integral8
se estructura sobre la obligación
para el Estado de cumplir y coordinar 5 tareas a saber:
•	La promoción de los derechos de niños y niñas para que estos sean reconocidos como
•	La garantía de que todos los niños y niñas ejerzan sus derechos.
•	LAPREVENCIÓNDEQUESUSDERECHOSNOSEANAMENAZADOSOVULNERADOS.
•	El restablecimiento de los derechos de los niños y niñas cuando estos hayan sido
amenazados o vulnerados.
•	El diseño y ejecución de políticas de protección integral a la niñez.
8	Artículo 7. Protección integral. Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento
como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de
su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior.
La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos
nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos.
El marco de la presente ruta responde a la doctrina aceptada9
que señala que existe
vulneración y en consecuencia deber de intervención estatal de manera oficiosa, o por
pedido de la víctima, no sólo en aquellos casos en los que la amenaza o vulneración es
patente o material, sino también cuando existe un riesgo que entorpece el libre ejercicio del
derecho por parte de una persona. En este orden de ideas, se comprende que un derecho
que no puede ser libremente ejercido es un derecho incompleto, y por lo tanto existe un
deber estatal de retirar o eliminar el riesgo que lo entorpece, y un deber para la comunidad
y las familias de reportar ante las autoridades públicas o competentes, cualquier hecho
que pueda constituir o que sea sospechoso de riesgo, de amenaza o de vulneración de los
Esta ruta entonces, pretende desarrollar el mandato de los artículos 7 y 11 de la Ley 1098
de 2006, en concordancia con los mandatos constitucionales que obligan al ESTADO en su
conjunto a proteger los derechos humanos de todas las personas en el territorio nacional.
Por ello es necesario entender que este esquema es distinto y complementa la Ruta de
Atención o Restablecimiento de Derechos, sobre la cual trabaja el ICBF, en su calidad de
rector del Sistema de Bienestar Familiar y “restablecedor” de derechos por excelencia.
9	Para ello, Adriano de Cupis, en su obra El Daño.
Con sumo cuidado, las Naciones Unidas promueven en todos los países en los que están
presentes, el principio de Acción sin daño o el principio de precaución el cual pretende
que las acciones que realicen entidades humanitarias o autoridades locales para proteger y
prevenir a las personas en conflictos, desastres o emergencias no pongan en riesgo la vida
e integridad personal de las y los integrantes de las comunidades.
De acuerdo con la literatura, este principio reconoce que las entidades que adelantan
acciones humanitarias, sean estas internacionales o nacionales, sean públicas o privadas,
no están exentas de hacer daño durante las acciones que adelanten en aquellas regiones
con presencia del accionar armado de los grupos organizados al margen de la ley, dado
que dichas acciones, en todos los casos intervienen en los procesos y en la vida social de
los otros, hecho que se agrava precisamente por el riesgo que implica el accionar de los
citados grupos ilegales.
Es por ello, que el enfoque de la acción sin daño implica para las organizaciones que
adelanten acciones de protección, la observancia obligatoria y detallada de las mismas y
en especial de los efectos de las intervenciones humanitarias que invaden los escenarios
regionales que padecen el accionar de los grupos organizados ilegales.
Este principio general requiere también un enfoque diferencial cuando se trate de proteger
los derechos de niños y niñas, dado que cuando de este grupo de especial protección
jurídica se trata, los principios a tener en cuenta en la toma de decisiones para la realización
de acciones en relación con sus derechos superiores y prevalentes se invierten para dar
paso a consideraciones diferenciales. Para decirlo de otra manera, si bien el principio de
acción sin daño debe ser una premisa básica para la acción humanitaria, cuando se trate
de niños y niñas deberán observarse antes de cualquier otra consideración, los principios
de interés superior del niño o niña y la prevalencia de sus derechos.
Principio de Interés Superior y Prevalencia de los derechos de los niños y las niñas
La aplicación tanto de la ruta de prevención urgente como de la de prevención inmediata,
está signada por la aplicación del principio de interés superior, consagrado en el artículo
3 de la Convención de los Derechos del Niño
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que
sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres,
tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos
encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por
las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y
competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión
adecuada.)
Igualmente, este principio ha sido recogido por la Ley de Infancia y Adolescencia, texto
legal que señala en el Artículo 8: Interés superior de los niños, las niñas
y los adolescentes. Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el
imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea
de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes. Este principio que se sustenta además en mandatos legales de obligatorio cumplimiento,
implica para las autoridades y para los miembros de la comunidad y de las familias, actuar
considerando siempre que ante todo, lo que debe protegerse son los derechos de niños
y niñas, incluso si los casos así lo exigieren, pasando por encima de la observancia de
la acción sin daño que pretende proteger al colectivo. Cuando se trate de proteger una
amenaza en la que de por medio esté involucrado uno o varios de los derechos de los
niños y niñas, se reitera, las decisiones estarán centradas en protegerles a ellos o ellas. Esta
es justamente la aplicación del principio de interés superior del niño o niña. Cuando de
tomar decisiones se trate, así se genere un riesgo para el colectivo general, las acciones
prioritarias serán las de proteger a los niños y niñas.
La prevalencia de los derechos de los niños y las niñas
Unido al principio anterior, otro principio a tener en cuenta en el momento de tomar
una decisión sobre las acciones que deberán emprenderse para proteger de amenazas
colectivas o individuales los derechos de niños o niñas, en particular contra el derecho a
ser protegidos contra el reclutamiento y utilización por grupos organizados al margen de la
ley, es el que se refiere a la prevalencia de los derechos de los niños y las niñas, consagrado
tanto en el artículo 44 de la Constitución política de Colombia, como en el artículo 9 de
la Ley 1098 de 2006 que dispone: Artículo 9: Prevalencia de los derechos.
En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que
deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los
derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los
de cualquier otra persona.
En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias,
se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente.
Este principio, igualmente con sustento constitucional y legal complementa el principio
de interés superior en los que efectivamente se advierte a todas las autoridades públicas
y privadas, a todas las personas de las comunidades o de las familias, que en todas las
acciones que se ejecuten para proteger las amenazas que recaen sobre los derechos de
los niños y las niñas, deberán ante todo considerar que los derechos de niños y niñas
prevalecen sobre los demás ciudadanos y por ello dichas acciones no atienden principios
de protección a la colectividad, sino principios específicos y diferenciales que obligan a
proteger a niños y niñas primero y antes que todo
Principios de género y de diversidad étnica
Además de los dos principios presentados, tanto las autoridades como los programas a
donde sean movilizados los niños o niñas sobre los cuales se hayan cernido amenazas
de reclutamiento o utilización o de cualquier forma de explotación económica por parte
de grupos organizados al margen de la ley o de grupos de delincuencia organizada, es
necesario considerar la perspectiva de género en tanto que cada género demanda unas
especificidades propias que recaen en la forma de relacionarse familiar, comunitaria,
institucional o socialmente según si se es niño o si se es niña.
Tan importante como la acción diferencial por género, es también la acción diferencial
que demanda si se trata de proteger amenazas de vulneración de derechos de niños y
niñas pertenecientes a pueblos indígenas, dado que frente a ellos y ellas será la propia
autoridad tradicional o indígena la que defina la forma como se deberán proteger amenazas
colectivas o individuales sobre sus derechos, y por supuesto, los programas a donde sean
movilizados deberán estar señalados claramente, en función de las culturas propias tanto
de población indígena, como de población afro.
Porqué NO un método para la calificación del riesgo en las rutas de prevención
Precisamente por la obligación que impone la observancia de principio de interés superior
y de prevalencia de los derechos de niños y niñas, cuando surja la sospecha, el aviso, el
reporte o cualquier otra forma de notificación de una amenaza en la que niños y niñas de
manera colectiva o individual tienen en riesgo el goce de sus derechos, las familias, las
comunidades, las organizaciones internacionales y en especial las autoridades públicas,
competentes e indígenas deberán actuar de manera urgente o inmediata, lo cual descarta la
confirmación del riesgo. En estas rutas se actuará sobre la base de una información inicial
que no da espera a calificar el riesgo, y por lo tanto será necesaria la movilización con
acciones rápidas y contundentes que permitan cerrar el camino del riesgo que producen
las amenazas del accionar armado de los grupos organizados al margen de la ley y sus
servidores en las comunidades urbanas o rurales.
Un primer ejercicio necesario previo a la puesta en marcha de las rutas, es la identificación
que el grupo de tareas presente en cada municipio o departamento (comités, redes, mesas
de infancia y adolescencia) deberá hacer para la organización y ejecución de las acciones
de operación de las rutas. Para lograr este propósito se deberá contar con un inventario de
actores claves, tales como autoridades públicas nacionales y regionales, hombres y mujeres
miembros de las comunidades focalizadas en posible riesgo, autoridades competentes en
protección de derechos de niños y niñas y programas públicos o privados que se dedican
a la protección de niños y niñas a los cuales pueda remitirse de manera inmediata al niño
o niña, grupos de niños o niñas o grupo familiar que enfrente una amenaza individual.
LOS ACTORES CLAVES
o agencias
tareas las locali-
dades, barrios o
zonas con ma-
yores índices de
riesgo, deberá
trabajarse con
niños y niñas y
en la detección
y reporte de ca-
sos de amenaza
o vulneración
tareas deberá
mujeres líde-
res comunales
focalizada y
entrenarles
en los marcos
normativos y de
las rutas, para
detectado un
caso de amena-
za, ellos y ellas
sepan a dónde
dirigirse para
apoyar las ac-
ciones urgentes
o las inmedia-
tas. Estos acto-
res claves, son
de Juntas de
Acción Comu-
nal, integrantes
Madres Comu-
nitarias, líderes
barriales o vere-
dales naturales
El grupo de ta-
reas de cada Al-
caldía o Gober-
nación, deberá
tener un listado
las autorida-
des públicas
departamenta-
les, distritales o
Alcaldes, Secre-
tarios de despa-
cho y todos los
y las funciona-
rias de alcaldías
o gobernacio-
nes, Personeros,
o judiciales,
contralores, fis-
cales, miembros
ICBF, directores
de institucio-
nes educativas,
de clínicas,
tareas debe-
rá conocer
competentes de
la que disponga
distrito o de-
partamento que
vaya a aplicar
las rutas, tales
Familia del Ins-
tituto Colombia-
no de Bienestar
Familiar, Comi-
sarios de Fami-
lia o Inspecto-
res de Policía,
Deberá hacerse
de los progra-
mas disponibles
con que cuente
cada munici-
pio, distrito o
o los progra-
mas públicos
a cada muni-
cipio que va a
aplicar las rutas,
ya que esta in-
formación será
decidir sobre el
niño o niña que
deberán identifi-
carse los progra-
mas, estrategias
lúdicos, cultura-
les, deportivos,
musicales o de
naturaleza simi-
lar que sirvan
conocer cuando
en el munici-
haya presencia
de apoyo, tales
como la MAPP-
OEA, la Organi-
zación Inter-
-OIM-, la Cruz
Roja Internacio-
nal, o agencias
Unidas, tales
como UNICEF,
OCCHA,
o puestos de
salud, coor-
dinadores de
Los internados,
hogares ges-
tores, hogares
sociales; o los
apoyo, tales
como Batuta,
Golombiao,
equipos depor-
tivos, conjun-
tos musicales,
teatrales, emi-
soras radiales
etc. (hay más
explica la ruta
Este cuadro de actores pretende que al inicio de todo el proceso de movilización que
requiere la aplicación de estas rutas, cada Alcaldía o Gobernación identifique su propio
plano de actores claves, que debe incluir un mapa de programas de prevención o
protección, su mapa de autoridades públicas, su mapa de autoridades competentes y su
propio mapa de entidades de apoyo y cooperación internacional, incluyendo las agencias
de Naciones Unidas. Sobre este último mapa de actores de apoyo internacionales la
MAPP-OEA ha dispuesto expresamente instrucción a sus funcionarios en terreno para que
apoyen cualquier movilización de niños, niñas o adolescentes con o sin red adulta para
sacarles del lugar donde está presente el riesgo. Ejemplos de otras entidades internacionales
que han dado apoyo son la Organización Internacional para las Migraciones – OIM – que
ha prestado su concurso económico en casos que han requerido movilización de niños
o niñas por vías aéreas o terrestres, o el caso de UNICEF que incluso financia programas
regionales que aseguren la protección de los niños y las niñas en regiones de más alto
Es necesario anotar que estas entidades internacionales solamente actúan a modo de apoyo
a las acciones que el Estado en lo nacional y en lo local debe desarrollar para conjurar las
amenazas urgentes e inmediatas, pero la protección de la niñez no es responsabilidad de
estas, sino del Estado. De esta manera debe comprenderse el apoyo necesario o requerido
de las familias y de las comunidades para la protección del riesgo o de la amenaza. Estos
actores también reportan o apoyan los casos, pero reportado el mismo ante cualquier
autoridad pública, la responsabilidad de proteger la amenaza de los derechos de los niños
y las niñas es del ESTADO. Por esta razón, el propio grupo de tareas en cada municipio o
departamento deberá hacer el respectivo seguimiento y monitoreo sobre el cumplimiento
de dichas obligaciones de protección y prevención.
Estos actores deben conocer la metodología de operación de las rutas y previamente
establecer en el propio grupo de tareas de cada entidad territorial el rol que cada uno de
ellos asumirá en el momento de una amenaza urgente colectiva o frente a una amenaza
inmediata individual, sobre todo cuando se trata de disposición de recursos presupuestales
para la movilización de niños o niñas con o sin sus redes familiares.
Debe reiterarse que el primer esfuerzo del grupo de tareas local, que deberá contar
obligatoriamente con el apoyo de las entidades del orden nacional que hacen parte de la
y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley o por grupos de delincuencia
organizada, que hacen presencia en cada entidad territorial, tales como Acción Social,
Alta Consejería de Reintegración Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Ministerio de Protección Social, Ministerio de Educación y Ministerio de Defensa Nacional
a través de sus unidades regionales, tendrá que concentrarse en el trabajo con las familias
y las comunidades de las zonas focalizadas por la propia entidad territorial para hacer
entender a dichas personas sobre la importancia sustantiva que representa el reporte,
aviso, denuncia o información de casos de AMENAZA de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes para que sean a ser protegidos contra el reclutamiento y utilización por
cualquier grupo armado ilegal o de delincuencia organizada, contra cualquier forma de
explotación económica, contra las minas antipersonales, o contra cualquier forma de
abuso o explotación sexual, en particular, las niñas y las adolescentes.
En este punto se concentran las dos primeras tareas que inician el proceso metodológico
para la implementación de las rutas: la identificación de los actores claves que incluye
los mapas institucionales y sociales, y el trabajo de promoción del reporte de casos
de amenaza, tarea que se concentra en el trabajo previo con las familias de las zonas
focalizadas que demanda la concientización de las personas para proteger a sus niños y
niñas y avisar cuando surja una amenaza a sus derechos, para que el Estado con el apoyo
de organizaciones sociales y organizaciones internacionales actúe para conjurar los riesgos
que se detecten o sospechen. El siguiente punto contiene una propuesta metodológica
para la operación de las rutas de prevención.
1·	Adelantar o reforzar en el municipio la “apropiación del marco normativo de
protección integral”, que hace parte de la segunda estrategia de la política
intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas
y adolescentes por grupos armados al margen de la ley y grupos de delincuencia
2·	Identificar en el municipio, distrito, vereda, localidad, comuna o zona, una autoridad
pública (alcalde, personero, secretarios de despacho, rectores de instituciones
educativas, médicos rurales)
3·	Identificar en el municipio los líderes comunitarios más activos dispuestos a actuar
en el escenario de las rutas
4·	Identificar con las autoridades del municipio aquellos lugares que representan el
mayor riesgo para el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas
5·	Identificar en el municipio un grupo de tareas para las acciones a emprender en
desarrollo de las rutas (temprana, urgente y en protección) tales como las mesas
de prevención de reclutamiento, las redes del buen trato, los comités o mesas de
infancia y adolescencia, los comités para la erradicación de trabajo infantil u otros
espacios de articulación en el tema de niñez.
6·	Apoyar al grupo de tareas para que levante un inventario con toda la oferta
institucional, privada, nacional, internacional, social disponible en el municipio
que facilite la acción inmediata para la movilización de los niños y niñas que se
encuentran en amenaza directa
7·	Apoyar al ICBF en la capacitación y entrenamiento de las autoridades públicas y de
las autoridades competentes en las RUTAS: - Ruta de Prevención Urgente, - Ruta de
Prevención en Protección - Ruta de Atención y restablecimiento de derechos y - Ruta
de prevención de reclutamiento a niños y niñas en situación de desplazamiento.
La primera estrategia, la articulación, representa el punto de entrada de la política
intersectorial en cada entidad territorial, impulsando la incorporación de acciones concretas
en las agendas públicas locales para enfrentar las situaciones de amenaza y vulneración
de derechos ocasionadas por el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes
por grupos organizados al margen de la ley, por el problema de las violencias que se
ejercen contra la niñez y la adolescencia, por el problema de la vinculación de niños,
niñas y adolescentes con organizaciones criminales y por el problema de la explotación
de la niñez en las peores formas de trabajo infantil que se presentan en nuestro país.
Frente a estas problemáticas nacionales, que han sido identificadas por estudios sociales
y estadísticas oficiales, cada entidad del Estado debe definir acciones para su mitigación y
eliminación progresiva.
Para el desarrollo de esta estrategia, se presenta la Política Intersectorial como una iniciativa
adecuada para la Prevención del Reclutamiento, constatando la presencia de iniciativas
específicasdeprotecciónintegraldelaniñezylaadolescencia,ofreciendoacompañamiento
a cada una de ellas a través de la ejecución de las estrategias de la política, y generando
un Plan con acciones nuevas que recojan el planteamiento conceptual del que parte el
trabajo de la Comisión Intersectorial.
La segunda estrategia, la transformación cultural, es el nodo central y definitivo de la política
intersectorial. Representa la ruptura con un modelo milenario que considera a los niños,
niñas y adolescentes como incapaces, como “menores”, y “transversaliza” el ejercicio de
su protección y garantía de derechos en la familia, especialmente en los imaginarios y
prácticas de sus padres o cuidadores. Responde a la necesidad de transformar percepciones
y prácticas tradicionales donde el niño y la niña no ocupan ni siquiera una posición real en
su entorno familiar y social, lo que ha llevado a siglos de ocultamiento de su situación, a
las constantes vulneraciones de derechos y a la puesta en riesgo de su integridad personal
y dignidad humana. Situación que los mantiene como un “objeto” del que sus familias
pueden valerse, como alguien que no puede expresar inconformidad frente a su realidad.
De ahí que la sociedad no lo considere una persona, un sujeto, sino un ser vivo que sólo
puede ser escuchado a través de otra persona como el padre, la madre, el cuidador o el
funcionario público que asume decisiones por él o ella.
En este caso, la transformación cultural es un llamado social, familiar e institucional, para
que no se siga eludiendo la realidad que viven los niños, niñas y adolescentes que tantas
vulneraciones ha provocado, y que tantos riesgos sigue generando. En resumen, se trata de
modificar la manera como los vemos a ellos y a ellas, para que al modificar nuestra percepción
cambie nuestro trato, y al cambiar nuestro trato asumamos como propia la protección y
garantía de sus derechos, rompiendo así un ciclo de violencia que los ha implicado, que los
expulsa de los entornos en los que deberían sentirse más seguros, y los convierte en presa
frágil de las agrupaciones armadas que al margen de la ley aprovechan su condición para
cometer crímenes, y “victimizarlos” de nuevo en una espiral que debe encontrar fin.
Bajo esta estrategia de cimentación de sujetos de derechos, se incorpora la noción y
promoción de sujetos responsables de ejercer sus derechos. Sin este complemento no
se podría realmente hablar de sujetos de derechos. Por ello en este punto es imperativo
citar el artículo 15 de la Ley de Infancia y Adolescencia que ordena la obligación para la
familia, la sociedad y el Estado, de formar a los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio
responsable de sus derechos. Señala además que niños, niñas y adolescentes también
tienen la responsabilidad de “cumplir obligaciones cívicas y sociales que correspondan a
un individuo en su desarrollo”10
En relación con la tercera estrategia, la Comisión Intersectorial ha comprendido que el
reclutamiento y utilización de niños y niñas por grupos armados al margen de la ley y
por organizaciones de delincuencia organizada no se da como un hecho aislado frente a
la violación de otros derechos cometidos contra ellos y ellas por parte de las familias, de
las comunidades y del Estado. Estudios nacionales realizados desde 1997 y confirmados
por un informe “defensorial” de 2005 dan cuenta de que cerca del 80% de los niños
y niñas que se han desvinculado de los grupos armados ilegales, se han unido a estos
por diferentes razones, entre las que se destacan la violencia intrafamiliar, la violencia
sexual y todas las formas de explotación económica, dado que como quedo anotado en
la estrategia dos, en la cultura nacional, los niños y las niñas son objetos de los adultos y
no sujetos de derechos.
De allí que sea imperativo que las familias, las comunidades y las instituciones sean
formadas para la detección, reporte y protección de casos de amenazas o violaciones a
sus derechos, especialmente el derecho más agredido que es el de la integridad personal,
10	Artículo 15. Ejercicio de los derechos y responsabilidades. Es obligación de la familia, de la sociedad y del Estado,
formar a los niños, las niñas y los adolescentes en el ejercicio responsable de los derechos. Las autoridades contribuirán con este
propósito a través de decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido pedagógico.
El niño, la niña o el adolescente tendrán o deberá cumplir las obligaciones cívicas y sociales que correspondan a un individuo de
En las decisiones jurisdiccionales o administrativas, sobre el ejercicio de los derechos o la infracción de los deberes se tomarán en
cuenta los dictámenes de especialistas.Related DocumentsKeep on trucking`
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