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Timestamp: 2020-08-07 16:08:44+00:00

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Temas actuales del proceso en el fuero de familia - María Silvia Villaverde
Temas actuales del proceso en el fuero de familia
Curso de actualización normativa y jurisprudencial nacional e internacional
Colegio de Abogados de San Isidro. Área Académica
Fechas: Todos los míércoles desde el 17 de octubre al 21 de noviembre de 2012 – 15 a 17 hs (10 hs.)
TEMAS ACTUALES DEL PROCESO EN EL FUERO DE FAMILIA:
Fuero de familia en la provincia de Buenos Aires. Composición. Etapas del proceso. Rol del abogado. Competencia. Sus reformas.Principios del proceso de familia. “Plazo razonable” en los procesos de familia y control de convencionalidad: Fallo “Forneron e hija vs.Argentina” y “Furlan y familiares vs.Argentina” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Tutela Judicial Efectiva.
Participación procesal de niñas, niños y adolescentes: Fallo “Atala Riffo y niñas vs.Chile” y “Furlan y familiares vs.Argentina” (discapacidad) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.El abogado del niño. Patrocinio letrado y autonomía progresiva. Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2012): Distinción relevante entre personas menores de edad impúberes y adultas.
Violencia y debido proceso. Leyes 12569 y 26485. Incidencia sobre el proceso del fallo “Campo Algodonero” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Incidencia de la ley 26485 sobre el proceso provincial.
Alimentos. Incidencia de la reforma de la mayoría de edad. Ley 26579. Proyecto de reforma del Código Civil y Comercial de la Nación.
Salud Mental. Modelo basado en los derechos humanos. Definición. Nuevos abordajes. Internaciones. El abogado del art.22 Ley 26657. Modificación del Código Civil.
Capacidad jurídica: Impacto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26378): ¿Ocaso del binomio “insania-curatela”?. Apoyos con salvaguardias en el derecho proyectado. Acceso a la justicia e incidencia del Derecho antidiscriminatorio en el proceso: Ajustes razonables y ajustes de procedimiento. El art.43 del Proyecto de reforma del Código Civil y Comercial de la Nación.
♦ Casos relevantes de jurisprudencia internacional en materia de debido proceso familiar
Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile – 24/2/2012: Caso sobre proscripción de la discriminación por la orientación sexual de la persona, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1.1. de la Convención Americana: Caso de discriminación de hecho asociada a las violaciones de garantías judiciales, protección judicial, derecho a la propiedad y derecho a la protección de la integridad personal (párr.269)
Fallo completo Caso Forneron e hija vs.Argentina: Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos – 27/4/2012
“Furlan y Familiares vs.Argentina” – 31/8/2012: La demora excesiva del Poder Judicial y otros incumplimientos de las autoridades estatales generaron la responsabilidad internacional del Estado argentino en un caso de protección de derechos de un niño, luego adulto, con discapacidad
♦ Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la garantía procesal de niña/os y adolescentes de ser escuchados en el proceso. Su abogado de confianza: Distinción en el caso de “menores impúberes” y “menores adultos”.
G. 346. XLVII. RECURSO DE HECHO “G.D. /c C.A.P. /s CONVIVENCIA – REGIMEN DE VISITAS” – 5/6/2012: Se desestima la queja. DICTAMEN DEL DEFENSOR DE MENORES, AUSENTES E INCAPACES
La Corte, además de desestimar la queja, hace saber al tribunal de origen (Tribunal de Familia N° 3 de Lomas de Zamora: Jueces María Silvia Villaverde, Enrique Quiroga y Roxana Del Río) que deberá evaluar la viabilidad de designarle a la niña (menor impúber) un letrado especializado en la materia, a fin de garantizarle en lo sucesivo su derecho a participar en el proceso, de tal manera que se le permita ejercer eficazmente su derecho constitucional de defensa en juicio (conf. arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constituci6n Nacional, art. 12 de la Convención sobre los Derechos de1 Nino y art. 27, incs. c, d y e, de la ley 26.061).
M.394.XLIV M., G. c/ P. , C. A. – 26/6/2012: Procedente la queja – Admisible el recurso extraordinario – Conforma la sentencia con el alcance indicado – Menores Impúberes – Código Civil – Ley 26.061 – Intervención en carácter de parte – Límites – Diferencias con el precedente G.1961.XLII “G.,M.S. c/J.,V.L. s/ divorcio vincular” y “G. 2125.XLII Fallos: 333:2017 del 26/10/2010 – Voto Lorenzetti Y Maqueda – Diferencia entre intervención como parte y derecho a ser asistida por su letrado – Convención sobre los derechos del niño – Sujeto de derecho pleno – Ley 26.061 – Constitución Nacional – Tratados Internacionales – Código Civil – Compatibilidad.
Precedente citado en el fallo anterior: G.1961.XLII “G.,M.S. c/J.,V.L. s/ divorcio vincular“ y G. 2125.XLII Fallos: 333:2017 del 26/10/2010
Además, resulta de interés el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Atala Riffo y Niñas vs.Chile”, en el que el tribunal regional aplica el art.12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, interpretado a la luz de la Observación General N°12 del Comité de los Derechos del Niño (ONU): Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. 24/2/2012, y Furlan y Familiares vs.Argentina, 31/8/2012
Atala Riffo y Niñas vs.Chile: DERECHO DE LAS NIÑAS A SER ESCUCHADAS Y A QUE SE TENGAN EN CUENTA SUS OPINIONES:
párr.196. La Corte resalta que los niños y las niñas son titulares de los derechos establecidos en la Convención Americana, además de contar con las medidas especiales de protección contempladas en el artículo 19 de la Convención, las cuales deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto216. En el presente caso, el Tribunal observa que el artículo 8.1 de la Convención Americana consagra el derecho a ser oído que ostentan todas las personas, incluidos los niños y niñas, en los procesos en que se determinen sus derechos. Dicho derecho debe ser interpretado a la luz del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual contiene adecuadas previsiones sobre el derecho a ser escuchado de las niñas y los niños, con el objeto de que la intervención del niño se ajuste a las condiciones de éste y no redunde en perjuicio de su interés genuino.
párr. 197. De manera específica, la Observación General No. 12 de 2009 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas resaltó la relación entre el “interés superior del niño” y el derecho a ser escuchado, al afirmar que “no es posible una aplicación correcta del artículo 3 [(interés superior del niño)] si no se respetan los componentes del artículo 12. Del mismo modo, el artículo 3 refuerza la funcionalidad del artículo 12 al facilitar el papel esencial de los niños en todas las decisiones que afecten su vida”
párr.198. Con el fin de determinar los alcances de los términos descritos en el artículo 12 de dicha Convención, el Comité realizó una serie de especificaciones, a saber:
i) “no puede partir[se] de la premisa de que un niño es incapaz de expresar sus propias opiniones”
ii) “el niño no debe tener necesariamente un conocimiento exhaustivo de todos los aspectos del asunto que lo afecta, sino una comprensión suficiente para ser capaz de formarse adecuadamente un juicio propio sobre el asunto”
iii) el niño puede expresar sus opiniones sin presión y puede escoger si quiere o no ejercer su derecho a ser escuchado
iv) “la realización del derecho del niño a expresar sus opiniones exige que los responsables de escuchar al niño y los padres o tutores informen al niño de los asuntos, las opciones y las posibles decisiones que pueden adoptarse y sus consecuencias”
v) “la capacidad del niño […] debe ser evaluada para tener debidamente en cuenta sus opiniones o para comunicar al niño la influencia que han tenido esas opiniones en el resultado del proceso”
vi) “los niveles de comprensión de los niños no van ligados de manera uniforme a su edad biológica”, por lo que la madurez de los niños o niñas debe medirse a partir de “la capacidad […] para expresar sus opiniones sobre las cuestiones de forma razonable e independiente”.
párr.279. La Corte recuerda que el artículo 2 de la Convención obliga a los Estados Parte a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por la Convención. Es decir, los Estados no sólo tienen la obligación positiva de adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos en ella consagrados, sino que también deben evitar promulgar aquellas leyes que impidan el libre ejercicio de estos derechos, y evitar que se supriman o modifiquen las leyes que los protegen.
párr.281. De otra parte, conforme lo ha establecido en su jurisprudencia previa, este Tribunal recuerda que es consciente que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin.
párr.282. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.
RECORDAR: Sentencia emitida el 23 de diciembre de 2004 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, República Argentina (Expediente 224. XXXIX), “Espósito, Miguel Angel s/ incidente de prescripción de la acción penal promovido por su defensa”, considerando 6 y Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, Mazzeo, Julio Lilo y otros, recurso de casación e inconstitucionalidad. M. 2333. XLII. y otros de 13 de Julio de 2007, párr. 20. Sobre “doctrina del control de convencionalidad”
Observación General N° 12 del Comité de los Derechos del Niño (ONU) – Sobre la Observación General N° 12 (presentación)
i) “Garantizarán”
♦ Otros fallos locales de interés sobre el derecho de niña/os a ser escuchados en procedimientos judiciales:
♦ Violencia de género:
Ley 26.485: Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales
Decreto 1011/10: Aprueba la reglamentación de la Ley Nº 26.485 sobre protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Anexo) y faculta al CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES dependiente del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACION a dictar las normas complementarias y aclaratorias de la reglamentación que se aprueba por el presente Decreto. El decreto entró en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la REPUBLICA ARGENTINA (Publicación: 20/7/2010)
Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: CASO CAMPO ALDODONERO: Caso González y otras (“Campo Algodonero“) vs. México (16/11/2009)
En este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad, y por la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares. La sentencia detalla la responsabilidad internacional de México.
También es la primera vez en que un Estado, a pesar de haber ratificado dicha convención, no acepta que ésta le obligue, ni reconoce las responsabilidades que ésta le impone. Ante esta controversia, la Corte realizó un análisis detallado para determinar si tenía la competencia, es decir, si el derecho la facultaba para investigar violaciones a esta Convención y en su caso, obligar a los Estados que la han ratificado a que realicen acciones para cumplirla.
La Corte resolvió que sí es competente para investigar y establecer responsabilidad internacional a los Estados por violaciones a los derechos y obligaciones definidas en la Convención Belém do Pará. Establece que sólo puede hacer esa investigación respecto al artículo 7, sin que eso signifique un impedimento para tomar todos los otros artículos de la Convención para la interpretación de la misma y de otros instrumentos interamericanos pertinentes. Todo ello bajo el razonamiento de que el artículo 12 de la Convención sólo menciona al artículo 7 como aquél por el cual se pueden presentar denuncias o quejas de violación a los deberes ahí establecidos.
En este último punto es interesante la lectura de los peritajes presentados por la Comisión y las organizaciones representantes, como insumos para continuar con la reflexión y el debate sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la incorporación de la perspectiva de género en la impartición de justicia.
Otro tema de especial preocupación para el sistema de protección integral del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas es el referido a la obligación de garantizar a las
víctimas de violaciones de derechos humanos el derecho individual a la reparación. Tanto la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (ONU) como la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (ONU) imponen a los Estados el deber de proporcionar indemnización por todos los actos de violencia. Sin embargo, la puesta en práctica de la obligación de debida diligencia con respecto a las reparaciones sigue estando muy poco desarrollada. La escasa atención a las reparaciones, tanto en el plano sustantivo como en el de procedimiento, a las mujeres víctimas de la violencia está reñida con el hecho de que estas son frecuente objeto de violencia, tanto sexual como de otro tipo.
En este caso, relativo al secuestro, asesinato y violencia sexual de que fueron víctimas dos menores de edad y una joven a manos de agentes no estatales en 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretó de forma amplia las obligaciones de debida diligencia del Estado de investigar, enjuiciar y castigar a los culpables de la violencia contra la mujer. Por primera vez Corte hizo suya la noción de reparaciones en función del género con vocación transformadora. Estimó que en una situación de discriminación estructural, las reparaciones deben propender a transformarla, apuntando así no solo a la restitución sino a remediar la situación, a garantizar su no repetición. La trascendencia de la decisión del tribunal regional fue señalada por la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias (ONU), Rashida Manjooenfo, en su informe A/66/215 de fecha 1/8/2011 (párr. 72)
Sitio con amplia información sobre el caso CAMPO ALGODONERO: http://www.campoalgodonero.org.mx/
Libro sobre Análisis y propuestas para el seguimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano: Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, 16/11/2009, (excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas), Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer – CLADEM, México, 2010: http://www.campoalgodonero.org.mx/sites/default/files/descargables-estatico/Caso_Campo_Algodonero_ES.pdf
JURISPRUDENCIA LOCAL en casos de violencia:
Fallos de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en los autos “U., E. L. s/abuso sexual”, causa 37.167 y autos“A., A. M. s/lesiones”, causa 37.164, ambos del 25/6/2009, en donde la Sala revoca dos sobreseimientos y señala que, en actuaciones en donde se involucran hechos de violencia como los investigados, corresponde prestar especial atención a las pautas establecidas en la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres (B.O. 14/4/2009)
Otros MATERIALES ADICIONALES sobre el tema: XIII SEMINARIO de DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL PROFUNDIZADO
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References: artículo 1
 artículo 19
 artículo 8
 artículo 12
 artículo 3
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 artículo 12
 artículo 12
 artículo 2
 artículo 7
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