Source: http://barinas.tsj.gob.ve/decisiones/2009/julio/527-22-12.244-72.html
Timestamp: 2017-02-23 06:59:58+00:00

Document:
Expediente Nº 12.244
PARTE RECURRENTE: El ciudadano ARNOLDO JESUS VILLASMIL HERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 14.135.308, domiciliado en el Municipio San Francisco del Estado Zulia. APODERADA JUDICIAL DEL RECURRENTE: La abogada en ejercicio Martha María Campos, titular de la cédula de identidad N° 11.045.548, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 62.468, venezolana, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia; representación que se evidencia de Poder apud acta otorgado en fecha 29 de Abril de 2008, el cual corre inserto en el folio ciento setenta y cuatro (174) de las actas procesales. PARTE RECURRIDA: La Policía Regional del Estado Zulia. REPRESENTANTE JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA: Abogada Ironú C. Mora, titular de la cédula de identidad N° 12.869.868, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 89.828, obrando con el carácter de abogada sustituta del Procurador del Estado Zulia, según consta de documento poder notariado por ante la Notaria Pública Octava de Maracaibo, quedando anotado bajo el N° 46, Tomo 77 de los libros de Autenticaciones, que riela en el folio ciento noventa y seis (196) y ciento noventa y siete (197) del expediente.
ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO: Acto administrativo de destitución del funcionario Policial ARNOLDO JESUS VILLASMIL HERNANDEZ del cargo Oficial Primero de Policía N° 3299 de la Policía Regional del Estado Zulia, contenido en la Providencia Administrativa N° 003073 suscrita por el Gobernador del Estado Zulia ciudadano Manuel Rosales Guerrero, de fecha 19 de Diciembre de 2006 y publicada en fecha 22 de Enero de 2008. Se da inicio a la presente causa por recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por ante éste Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 08 de Abril de 2008, el cual fue recibido y se le dio entrada el 16 de Abril de 2008, admitiéndose el 16 de Abril de 2008 cuanto ha lugar en derecho ordenándose citar al Procurador del Estado Zulia, a través de su órgano subjetivo institucional administrativo, para que remitiera el expediente administrativo y diera contestación al presente recurso de conformidad con la Ley del Estatuto de la Función Pública así como notificar al Gobernador del Estado Zulia. PRETENSIONES DEL RECURRENTE:
Que prestó sus servicios personales e ininterrumpidos como funcionario público de la Policía Regional del Estado Zulia, durante nueve (9) años y diez (10) meses, llegando a ocupar el cargo de Oficial Primero, credencial Nº 3299, pero en fecha 19 de Diciembre de 2006, la Gobernación del Estado Zulia, mediante la persona del ciudadano Gobernador Manuel Rosales Guerrero le impuso sanción administrativa de destitución del cargo que venía ejerciendo en la Policía Regional del Estado Zulia, fundamentada la decisión en la causal Nº 6 del artículo 86 de la Ley del Estatuto de La Función Pública y en el artículo 32, numeral 1 de la Ley de Policía Regional del Estado Zulia, siendo notificado de la misma en fecha 22 de Enero de 2008, motivada a un expediente administrativo aperturado en su contra en fecha 29 de Marzo de 2006, por denuncia que interpusiera la ciudadana Maritza Beatriz Chirinos de Acosta, denuncia que según el recurrente fue temeraria, infundada e ilegal, por lo que consideró que el procedimiento o averiguación administrativa también fue ilegal, lo que consecuencialmente vició de nulidad el acto de destitución, aduciendo que se transgredieron los artículos 2,19,49,25,26,27,137,138 y 139 de la Constitución Nacional, al igual que el artículo 19, 60, 61, 41, 72, 73, 76 y 41 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, así como el artículo 10 numeral 1 y 9 y 89 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, destacando que tampoco se le dio cabal cumplimiento a la Providencia en lo referente a su notificación o publicación oportunamente, por cuanto fue notificado el 22 de Enero de 2008.
Opuso la prescripción aduciendo que el acto destitutorio fue dictado fuera del lapso establecido en los artículos 60, 61 y 41 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y más aun por cuanto la publicación de la Providencia fue en fecha 22 de Enero de 2008, acto este con el cual y en definitiva según su criterio terminaba la investigación, lo que quiere decir que desde el día 29 de Marzo de 2006 hasta el 22 de Enero de 2008, habían transcurrido un (1) año y diez (10) meses, operando la prescripción en contra de la Administración Pública, pues la misma no dictó el acto dentro de los cuatro (4) meses establecidos en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y no consta en actas tampoco la prorroga a la cual (2) meses, es decir, la terminación del procedimiento ocurrió fuera del lapso legal. Que en el supuesto negado a la prescripción del acto administrativo recurrido, alegó que además la Providencia administrativa destitutoria está viciada de nulidad por las siguientes razones:
En primer lugar porque el órgano administrativo que dio inicio y apertura a la investigación disciplinaria no es el competente para tal efecto, por cuanto la misma se inició por la División de Inspecciones de Asuntos Internos de la Policía Regional en fecha 29 de Marzo de 2006, a través de una denuncia interpuesta por la ciudadana Maritza Beatriz Chirinos de Acosta, dos (2) días después de haberse suscitado el hecho expuesto por ella, transgrediéndose de esa manera lo establecido en el artículo 89, numerales 1, 2, 3, 4 y 5; el artículo 6 y 10 numerales 1 y 9 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, cuando lo correcto es que dicha investigación administrativa disciplinaria debe ser aperturada por la División de Recursos Humanos, pues es el ente administrativo competente, aduciendo que el mismo no fue remitido a tal departamento sino hasta el 30 de Octubre de 2006 cuando ya estaba instruido casi en su totalidad la averiguación administrativa disciplinaria, trayendo como consecuencia la violación del artículo 137 y siguientes de la Constitución Nacional; así también destacó, que no fue sino hasta el 10 de Noviembre de 2006 fecha para la cual habían transcurrido siete (7) meses desde la fecha en la que se le dio apertura a la investigación que tuvo acceso al expediente, violándose con el ello el debido proceso establecido en el artículo 49 y 26 de la Constitución Nacional , lo que conlleva la nulidad del procedimiento administrativo y de la Providencia de destitución en aplicación del artículo 25 de la Constitución Nacional, en concordancia con el artículo 19 numeral 1 y 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
En cuanto a la incompetencia del órgano que instruyó la averiguación administrativa adujo que fue aperturado por el Inspector Jefe Oscar Castellano, Jefe de la División de Inspecciones de Asuntos Internos de la Policía Regional siendo que de acuerdo a la Ley del Estatuto de la Función Pública le correspondía solicitar la apertura de la investigación al Comisario Elisaul Montiel Canario al establecer la referida Ley, que el funcionario de Mayor Jerarquía es el que debe solicitar la apertura de la Investigación a Recursos Humanos, violándose entonces los artículos 137, 138, 139 y 140 de la Constitución Nacional y al artículo 89 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Que la Providencia impugnada fue dictada y publicada fuera del lapso establecido en los artículos 60, 61 y 41 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en lo referente a la notificación o publicación establecida en los artículos 72, 73, y 76 ejusdem, por cuanto aunque la Providencia ordenó notificar al recurrente, no fue notificado inmediatamente ni oportunamente después de la decisión, sino por el contrario, dejaron pasar el tiempo dejándolo al servicio de la Institución cumpliendo las labores habituales y cobrando el respectivo salario, hasta el 10 de Enero de 2008, fecha en la cual le fueron requerido los uniformes y demás accesorios de trabajo y no fue notificado sino hasta el 22 de Enero de 2008, mediante la publicación de la Providencia en el diario “La Verdad”.
Que la averiguación administrativa duró un año (1) y diez (10) meses, más de lo establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por cuanto de conformidad con la Ley mencionada debió durar cuatro mese (4) máximo seis (6) si tuviese la prorroga anexada al expediente a la cual hace mención el artículo 60 de la Ley ejusdem, situación que vició de nulidad el acto administrativo destitutorio. Que el acto de destitución fundamentado en la causal N° 6 del artículo 86 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y el artículo 32 numeral 1 de la Ley de Policía Regional del Estado Zulia por falta de probidad, configura un abuso o exceso de poder por cuanto el ente administrativo dictó el acto destitutorio en base a falsos supuestos de hechos, debido a que decidió basado en hechos que según su consideración fueron meras, escuetas y contradictorias declaraciones y en actas de entrevistas que no fueron soportadas por otros medios probatorios en el expediente administrativo que lleven a determinar si los hechos expuestos por la denunciante y otros declarantes son ciertos o no, considerando además que no debieron ser valoradas por existir un vinculo familiar entre ellas y que según su criterio la única prueba que debió ser valorada fue la del ciudadano Leonardo Antonio Salazar, la cual contradice lo expuesto por la denunciante, así como tampoco hay ningún pronunciamiento de la Fiscalía del Ministerio Público respecto a los hechos denunciados, no siendo comprobados por el ente administrativo los hechos expuestos por la denunciante para así adecuarlos a la norma, no correspondiéndose los hechos con el derecho aplicado.
Por las razones antes expuestas consideró que el acto administrativo destitutorio violó los artículos 2, 19, 25, 26, 27, 49, 137, 138, 139, de la Constitución Nacional de la República, los artículos 6, 10 numeral 9 y 89 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y los artículos 19 numeral 1 y 4, 60, 61, 41, 72, 73 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Solicitó que se declare la nulidad del acto administrativo destitutorio contenido en la Providencia Administrativa Nº 003073 de fecha 19 de Diciembre de 2006, publicada el 22 de Enero de 2008 y en consecuencia se ordene la reincorporación al cargo que venía detentando, se le conceda el ascenso que por merito le pudiese corresponder según la Ley y el pago de todos los conceptos salariales que le pudiesen corresponder desde el momento en que de hecho dejó de prestar sus servicios hasta la terminación del presente proceso y además todo aquel beneficio que haya sido acordado a los funcionarios adscritos a esa Institución Policial DEFENSA DE LA RECURRIDA:
En la oportunidad procesal para dar contestación al recurso, la abogada, Ironú C. Mora, antes identificada, obrando con el carácter de abogada sustituta del Procurador del Estado Zulia, presentó escrito de contestación en el cual se limitó a expresar y solicitar lo siguiente:
Que alegó el recurrente haber sido notificado del acto de destitución el 22 de Enero de 2008, sin embargo de los recaudos consignados en el expediente no se observa instrumento alguno que corrobore u ofrezca la certeza de dicho planteamiento, para lo cual adujo que es necesario establecer con exactitud la fecha cierta en que se practicara la notificación de dicho acto a los efectos de determinar el nacimiento de la supuesta lesión a los intereses del recurrente y fijar una fecha cierta a partir de la cual se pueda computar si ha operado o no la caducidad de la acción.
En tal sentido adujo que siendo la fecha en la que se dictó el acto el 19 de Diciembre de 2008, al no acompañar el recurrente instrumento alguno mediante el cual pueda corroborarse lo alegado por el recurrente en cuanto a la notificación del acto, debe tomarse la fecha de emisión del acto administrativo como la fecha cierta a partir de la cual sea computado el lapso de caducidad.
En cuanto al alegato del recurrente respecto a la prescripción, advirtió la representación procuradural, que la jurisprudencia ha sido pacifica al señalar que la prescripción es una institución que procede únicamente en los casos establecidos expresamente por la Ley, y en tal sentido con respecto al procedimiento administrativo, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos no contempla normativa alguna referida a la prescripción alegada. No obstante, la Ley del Estatuto de la Función Pública dispone la prescripción de las faltas sancionadas con destitución una vez transcurridos 08 meses a partir del momento en que se tuvo conocimiento del hecho hasta el momento de aperturar la averiguación, situación que no se circunscribe al hecho planteado por el recurrente, señalando además que la normativa citada por el recurrente no señala en su contenido referencia alguna a la prescripción, por lo cual solicitó que dicho argumento debe ser desestimado por el Tribunal.
Alegó en cuanto a lo denunciado por el recurrente respecto al vicio de nulidad por la incompetencia del órgano que apertura la investigación disciplinaria que la División de Inspecciones y Asuntos Internos cumple una función previa a la instrucción del procedimiento administrativo de destitución, por la necesidad de determinar a través de una fase investigativa, que se inicia a partir de denuncia, si existen suficientes elementos de convicción para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente de conformidad con la Ley, y en el caso del recurrente una vez determinada la concurrencia de suficientes elementos de convicción se procedió a informar al Comisario Carlos Parada, quien para entonces ejercía funciones al frente de la Comisión Reestructuradora de la Policía, ello a fin de que se iniciara formalmente el procedimiento administrativo conforme a lo contemplado en la Ley.
Y en cuanto a lo alegado por el recurrente respecto a la transgresión de lo dispuesto en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 89, y artículo 6 y 10 numeral 1 y 9 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, advirtió que del expediente administrativo consignado por el propio recurrente, del folio ciento veinte (120) se desprende auto mediante el cual la máxima autoridad de la Policía Regional Comisario Ely Saúl Montiel Canario remitió las resultas de la Investigación a la División de Recursos Humanos para instruir el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 ejusdem; de allí que de las actuaciones siguientes se desprenda de manera fehaciente e indubitable el estricto cumplimiento del procedimiento administrativo contemplado en la Ley. Sobre la base de los argumentos explanado por la representación judicial de la parte recurrida, solicitó se declare sin lugar el presente recurso. DE LAS PRUEBAS:
En fecha 28 de Julio de 2008, día y hora pautados para la realización de la audiencia preliminar, en virtud de la no comparecencia de las partes no hubo solicitud de apertura del lapso probatorio, por lo cual se ordenó la continuación del procedimiento. Sin embargo, es importante destacar que el recurrente junto con el escrito de querella consignó como fundamento de la pretensión unas documentales, las cuales éste Tribunal de conformidad con el principio de adquisición procesal se encuentra forzado a valorar y lo hace de la siguiente manera:
a)	Original de cartel de notificación de la sanción disciplinaria publicada en el diario “La Verdad” de fecha 22 de Enero de 2008, emanada de la Gobernación del Estado Zulia, el cual contiene copia fiel y exacta de la Providencia Administrativa de destitución del ciudadano ARNOLDO JESUS VILLASMIL HERNÁNDEZ. b)	Copia simple de comunicación Nº 3239 de fecha 13 de Diciembre de 2007, suscrito por la Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Zulia, dirigido al Comandante General Ely Saúl Montiel Canario, Director General de la Policía Regional, para informarle que una serie de ciudadanos nombrados serian transferidos a la nomina de jubilados para el 01 de Enero de 2008, lista en la que no se encuentra incluido el ciudadano ARNOLDO JESUS VILLASMIL HERNÁNDEZ.
c)	Copia certificada de la Providencia Administrativa Nº 003073 de Imposición de Sanción Disciplinaria de Destitución, contentiva de la destitución del funcionario policial ARNOLDO JESUS VELLASMIL HERNÁNDEZ, basada en el numeral 8 del artículo 89 de la Ley del Estatuto de la Función Pública en concordancia con el artículo 3 de la Ley de Policía Regional del Estado Zulia dado a la denuncia interpuesta por la ciudadana Maritza Beatriz Chirinos de Acosta por agresiones físicas y verbales en su contra, manifestando que el funcionario destituido en compañía de otros funcionarios de policía la trasladaron sin causa justificada en calidad de detenida al Departamento Policial Manual Dagnino.
d)	Original de recibo de pago del periodo 16/08/06 al 31/08/06 a nombre del Oficial Primero PR010 ARNOLDO VILLASMIL, de la cual se observa la fecha de ingresó del referido funcionario siendo el 16 de Julio de 1998, el sueldo quincenal, entre otras asignaciones deducciones y aportes.
e)	Original de Boleta de vacaciones del funcionario ARNOLDO J. VILLASMIL donde se deja constancia de que el referido Oficial haría uso de sus vacaciones anuales a partir del 14 de Agosto de 2006, debiéndose reincorporar el 07 de Septiembre de 2006, autorización suscrita por el Jefe de la División de Recursos Humanos.
f)	Original de Acta Policial de fecha 07 de Julio de 2007 suscrita por el recurrente Oficial Primero ARNOLDO VILLASMIL, contentiva de una diligencia policial realizada por el referido funcionario respecto al traslado de un ciudadano la Centro Educativo Albergue Cañada II.
h)	Original de Boleta de vacaciones del funcionario ARNOLDO J. VILLASMIL donde se deja constancia de que el referido Oficial haría uso de sus vacaciones anuales a partir del 12 de Septiembre de 2007, debiéndose reincorporar el 08 de Octubre de 2007, autorización suscrita por el Jefe de la División de Recursos Humanos.
k)	Copia simple de la “Orden del Día” de fecha 08 de Enero de 2008 suscrita por el Jefe del Departamento Policial San Francisco el Bajo, en la cual se nombra y distribuye los funcionarios policiales a cargo para ese día, en la cual se observa que para la recorrida fue asignado el Oficial ARNOLDO VILLASMIL.
l)	Original de Acta de entrega al Departamento de Ingresos de la Policía Regional de fecha 10 de Enero de 2008, donde se desprende que el recurrente dejó constancia de la entrega de las prendas policiales en el departamento de Egresos de la Dirección General de la Policía, entre las cuales estaba el carnet de identificación policial y la chapa de pecho signada con el Nº 3299.
n)	Copia simple de distinción “Merito al Servicio en su Única Clase, otorgada por la Dirección General de la Policía Regional al Oficial 1ero ARNOLDO VILLASMIL, de fecha 16 de Julio de 2007, firmada por el Director General de la Policía Regional, Msc. Ely Saúl Montiel Canario y la Sub Directora de la Policía Regional, Lic. Yajaira Acosta de González.
o)	Copia simple de reconocimiento otorgado por el Centro de Justicia de Paz Parroquia Manuel Dagnino Circunscripción 3ª, al Oficial ARNOLDO VILLASMIL, firmado por la Juez de Paz y el Representante de la Asociación de Vecinos.
p)	Copia certificada del expediente administrativo del ciudadano ARNOLDO JESUS VILLASMIL HERNANDEZ, llevado y tramitado por la Policía Regional del Estado Zulia. Vista la anterior promoción de pruebas por el querellante, el Tribunal observa que en cuanto a los instrumentos identificados en los particulares a) d), e), f), g), h), i), j), l), y m) son originales, en consecuencia se le reconoce el valor probatorio y la eficacia jurídica prevista en el artículo 1.363 del Código Civil. Así se decide. Las documentales referentes a los literales c) y p) constituyen documentos administrativos, los cuales se tienen como documentos reconocidos y dan fe entre las partes del hecho material y de las declaraciones en ellas contenidas; en consecuencia a tenor de lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil, el Tribunal les reconoce pleno valor y la eficacia probatoria. Así se decide.
Y en cuanto a los instrumentos identificados en los literales b), k), n) y o) son copias fotostáticas simples, y por cuanto la parte querellada no impugnó las mismas, se tienen como fidedigna de su original a tenor de lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
Se observa de las actas procesales que el ciudadano ARNOLDO JESUS VILLASMIL HERNANDEZ era funcionario de la Policía Regional del Estado Zulia, con el rango de Oficial Primero, credencial Nº 3299 y que en fecha 19 de Diciembre de 2006, fue destituido mediante Providencia Administrativa Nº 003073 suscrita por el Gobernador del Estado Zulia para ese entonces, fundamentada la decisión en la causal de destitución establecida en el numeral 6 del artículo 86 de la Ley del Estatuto de la Función Publica y el numeral 1 del Artículo 32 de la Ley de Policía Regional del Estado Zulia, relativa a la Falta de probidad, a causa de una denuncia por agresión física y detención arbitraria incoada en su contra, realizada por una ciudadana la cual fue debidamente identificada en el expediente administrativo y en la Providencia Administrativa de destitución.
Dictada la Providencia Administrativa de destitución, el funcionario antes mencionado recurrió de nulidad la referida Providencia aduciendo las siguientes razones: En primer lugar alegó que operó la prescripción por cuanto la Providencia impugnada fue dictada fuera del lapso establecido en los artículos 60, 61 y 41 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y más aún porque la publicación fue hecha después de un (1) año y diez (10) meses de haberse dictado la decisión, considerando que con dicho acto termina la investigación. En segundo lugar, alegó la incompetencia del órgano que inició y dio apertura a la investigación disciplinaria, por cuanto fue iniciada por la División de Inspecciones de Asuntos Internos de la Policía Regional, considerando que lo correcto es que sea aperturado por la División de Recursos Humanos y que no fue remitido a tal departamento sino cuando ya estaba instruido casi en su totalidad violentándose con ello lo establecido en los artículos 6 y 10 numeral 1 y 9 y 89 numeral 1 y 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. En tercer lugar, que se violentó el debido proceso consagrado en el artículo 49 y 26 de la Constitución Nacional porque habían transcurrido siete (7) meses desde la fecha en la que se dio apertura a la investigación, cuando por diligencia solicitó el acceso al expediente. En cuarto lugar, denunció la incompetencia del órgano que instruyó el expediente aduciendo que quien debió solicitar la apertura del expediente fue el Director Comisario Elisaul Montiel Canario y no el Inspector Jefe de Asuntos Internos Oscar Castellano. En quinto lugar, adujo contener vicio en la notificación del acto porque no fue notificado inmediatamente ni oportunamente, ya que lo dejaron al servicio de la Institución cumpliendo sus labores habituales obteniendo inclusive la debida remuneración, ni tampoco fue suspendido de su cargo trabajando todo el año 2007, por cuanto fue notificado el 22 de Enero de 2008. Y finalmente alegó que contiene el vicio de falso supuesto, configurándose un abuso y exceso de poder por cuanto consideró que la Administración Pública decidió basado en unos hechos que no fueron comprobados por la misma, no habiendo adecuación entre la norma invocada y los hechos que a su juicio ocurrieron. Por otro lado la representación judicial de la parte recurrida contradijo lo alegado por la parte recurrente indicando que aunque el recurrente alegó que fue notificado el 22 de Enero de 2008 en actas no hay constancia que corrobore dicho planteamiento, solicitando al Tribunal determine la fecha cierta en la notificación a los fines del computo de la caducidad y que de no corroborarse tal fecha se tome como fecha cierta la fecha de la emisión del acto.
Que no debe tomarse en cuenta el alegato respecto a la prescripción por cuanto es una institución que procede únicamente en los casos establecidos expresamente en la Ley, y en cuanto al procedimiento administrativo, la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo no contempla norma respecto a la prescripción alegada agregando que respecto a la prescripción de las faltas sancionadas con destitución consagradas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, la misma dispone que opera transcurrido ocho (8) meses a partir del momento en que se tiene conocimiento del hecho hasta el momento de apertura de la averiguación, situación que según su criterio no se transcribe al hecho planteado, aduciendo además que la norma invocada por el recurrente en cuanto a la prescripción no señala referencia alguna respecto a la prescripción.
Que en cuanto al vicio de incompetencia del órgano que inició y dio apertura a la investigación disciplinaria, la División de Inspecciones y Asuntos Internos cumple una función previa a la instrucción del procedimiento administrativo con el fin de determinar si existen suficientes elementos de convicción para iniciar el procedimiento administrativo de conformidad con la Ley y que en efecto se procedió informando al Comisario Carlos Parada quien para entonces ejercía funciones al frente de la Junta Reestructuradora de la Policía a los fines de que se iniciara formalmente el procedimiento.
Vista la controversia planteada, el Tribunal establece en cuanto a la prescripción alegada por ser dictada y publicada la Providencia impugnada fuera de los lapsos establecidos en la Ley Orgánica del Procedimiento Administrativo, que la normativa procedimental de la sanción de destitución aplicable en el caso de marras es el contenido en el artículo 89 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, a razón de tratarse de la destitución de un funcionario público de carrera como lo era el ciudadano ARNOLDO JESUS VILLASMIL HERNANDEZ, aplicándose en efecto el procedimiento establecido en ella y no el procedimiento ordinario establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos como lo alegó el recurrente.
Por otro lado es importante destacar que la prescripción es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho, permitiendo la extinción de derechos o la adquisición de las cosas ajenas. Es decir, desde el punto de vista procesal, es el modo de pérdida de vigencia o eficacia de un derecho u acción como consecuencia de haber dejado pasar el plazo que la Ley determina para su ejercicio. En tal sentido, es importante aclarar que en materia procesal precluyen los términos, prescriben las acciones y caducan las instancias, razón por la cual en cuanto al alegato de la parte recurrente respecto a la prescripción, se establece que la referida institución no opera en lo solicitado y alegado por la parte recurrente. Sin embargo, el Tribunal a los fines de proporcionar una tutela judicial afectiva y ajustada a derecho entra a verificar si el órgano administrativo cumplió con los lapsos establecidos para dictar la decisión administrativa.
El numeral 8 del artículo 89 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece que “La Máxima Autoridad del Órgano o ente decidirá dentro de los cinco días hábiles siguientes al dictamen de la Consultoría Jurídica…(omisis).
De las actas procesales se observa (folio 167), que la Opinión de la Consultoría Jurídica fue emitida el 12 de Diciembre de 2006 y el acto administrativo de destitución del ciudadano ARNOLDO JESUS VILLASMIL HERNÁNDEZ fue dictado el 19 de Diciembre de 2006, con lo que se demuestra que la decisión fue tomada por el órgano administrativo al quinto (5to) día hábil después de emitida la Opinión de la Consultoría Jurídica, cumpliendo con lo establecido en la Ley ejusdem, razón por la cual el Tribunal establece que la decisión de la Administración Pública se realizó dentro del lapso establecido por la Ley del Estatuto de la Función Pública, por lo que se desestima el alegato esgrimido por la parte recurrente. Así se decide. En cuanto a la incompetencia del órgano que dio apertura al expediente disciplinario, se observa que el artículo 89 numeral 1 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece, que el órgano encargado de solicitar la apertura de la averiguación administrativa para el procedimiento de destitución debe ser hecha por el funcionario de mayor jerarquía dentro de la respectiva unidad y el numeral 2 ejusdem establece, que quien se encargará de instruir el expediente y determinar los cargos, es la División de Recursos Humanos; es decir, una cosa es la solicitud de apertura y otra distinta la instrucción del expediente administrativo.
En efecto, es cierto que en actas se aprecia la apertura de un procedimiento de investigación disciplinaria iniciado por la División de Inspecciones y Asuntos Internos, ello en virtud de cumplir con la fase investigativa interna del organismo policial a los fines de determinar si existen suficientes motivos para darle apertura al procedimiento disciplinario de destitución establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, ello de conformidad con el artículo 9 tercer párrafo del Reglamento General de la Ley de Policía Regional del Estado Zulia, siendo importante aclara que éste no es el procedimiento disciplinario que da origen y determina la destitución del funcionario policial.
No obstante también es cierto que de las actas procesales se observa, específicamente del auto de apertura del procedimiento disciplinario de fecha 30 de octubre de 2006, que riela en el folio ciento veintiuno (121) que fue la División de Recursos Humanos la que dio entrada y con ello dio apertura al procedimiento disciplinario de destitución del ciudadano ARNOLDO JESUS VILLASMIL HERNÁNDEZ, siendo el referido organismo el que notificó al funcionario, formuló los respectivos cargos, ante quien se formuló los descargos por la parte recurrente y se promovieron y evacuaron pruebas, tal y como se demuestra de los folios ciento veinte uno (121) al ciento sesenta y seis (166) de las actas procesales. Razón por la cual se desestima el alegato de la incompetencia del órgano que dio apertura y tramitó el procedimiento de destitución del funcionario recurrente. Así se decide.
En cuanto a la denuncia respecto a la violación del debido proceso consagrado en el artículo 49 y 26 de la Constitución Nacional porque habían transcurrido siete (7) meses desde la fecha en la que se dio apertura a la investigación cuando por diligencia solicitó y tuvo acceso al expediente, se observa que el régimen disciplinario interno de la Policía Regional del Estado Zulia comprende una averiguación o investigación policial que es tramitada por la División de Inspecciones y Asuntos Internos, procedimiento éste que no puede ser considerado como el procedimiento sancionatorio de destitución consagrado en la Ley del Estatuto de la Función Pública tal y como se estableció anteriormente; en efecto, dentro de la tramitación del iter procedimental del procedimiento de destitución establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública se tiene que luego de la solicitud de apertura de averiguación y de la determinación de los cargos, el funcionario investigado será notificado para que tenga acceso al expediente y ejerza el derecho a la defensa, formulando los descargos y promoviendo las pruebas en los debido lapsos procesales establecidos en la Ley ejusdem.
En el caso de autos se observa primeramente el procedimiento investigativo realizado por la División de Inspecciones y Asuntos Internos de la Policía Regional, no obstante finalizado éste se observa que se le dio apertura al procedimiento disciplinario de destitución establecido en el artículo 89 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el cual fue iniciado en fecha 30 de Octubre de 2006 mediante el auto de apertura emanado de la División de Recursos Humanos que riela en el folio ciento veinte uno (121) de las actas procesales, notificado mediante documental de fecha 01 de Noviembre de 2006 (folio 124), y en fecha 06 de Noviembre de 2006 (folio 125) mediante diligencia tuvo acceso al expediente solicitando copia simple del mismo, posteriormente en fecha 13 de Noviembre de 2006, la División de Recursos Humanos realizó la formulación de los cargos (folio 130), lo que demuestra que en cuanto al procedimiento de destitución realizado e incoado en su contra tramitado por la División de Recursos Humanos el recurrente tuvo acceso al expediente administrativo incluso antes del tiempo establecido por la Ley ejusdem, puesto que ello fue antes de la formulación de cargos, pudiendo además comprobarse del referido expediente que en tiempo oportuno, consignó escrito de descargo (folio 135), promovió pruebas (folio 145-146), estuvo presente en la evacuación de las testimoniales (folios 148, 150, 152, 154, 158, y 162), con lo que además se demuestra que no se le violentó el debido proceso a razón de no haber tenido acceso al expediente en tiempo oportuno, en tal sentido se desestima el alegato esgrimido por la parte recurrente respecto a la violación del debido proceso. Así se decide. En cuanto a la denuncia de la incompetencia del órgano que solicitó la apertura del expediente administrativo aduciendo que quien debió solicitarla fue el Director de la Policía Comisario Elisaul Montiel Canario y no el Inspector Jefe de la División de Inspecciones y Asuntos Internos Oscar Castellano.
De actas se observa (folio 113 y 114) que la División de Inspecciones y Asuntos Internos mediante comunicación de fecha 14 de Septiembre de 2006, recomendó al Director General de la Policía remitir las actuaciones a la División de Recursos Humanos de la Policía Regional, para que conociera y determinara la responsabilidad del funcionario ARNOLDO JESUS VILLASMIL HERNÁNDEZ; también se observa de comunicación suscrita por el Secretario de la Junta Restructuradora, dirigida al Jefe de la División de Recursos Humanos (folio 115) que remite la investigación administrativa con la finalidad que se continúe con la tramitación del procedimiento disciplinario establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, decisión tomada en conjunto por los miembros de dicha junta, y de comunicación que riela en el folio (120) de fecha 30 de Octubre de 2006 suscrita por el Director de la Policía Regional y dirigida al Jefe de la División de Recursos Humanos se observa, que el mismo también establece que con la finalidad de dar cumplimiento a las instrucciones emanadas del Secretario Ejecutivo de la Junta Reestructuradora remite la investigación administrativa realizada con la finalidad de continuar el procedimiento conforme al artículo 89 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; no obstante del auto de apertura del procedimiento disciplinario (folio 121) elaborado por la División de Recursos Humanos se lee que la solicitud de apertura del procedimiento disciplinario vino del Secretario Ejecutivo de la Junta Reestructuradora. Al respecto se tiene que de de la comunicación suscrita por el Secretario Ejecutivo de la Junta Reestructuradora dirigida a la Dirección de Recursos Humanos para que se continúe con el procedimiento disciplinario del funcionario ARNOLDO JESUS VILLASMIL HERNÁNDEZ (folio 115) se lee que dicha Junta fue creada mediante Decreto Nº 343, de fecha 06 de Marzo de 2006, por el Gobernador del Estado Zulia de ese entonces, sin embargo es importante destacar que revisadas minuciosamente las actas procesales no hay constancia de las competencias o facultades otorgadas a la referida Junta Reestructuradora.
En tal sentido es importante establecer que en materia de competencia de los órganos administrativos la misma se ha considerado que es de estricta interpretación y debe ser expresa, improrrogable, irrenunciable e impersonal.
La Jurisprudencia ha establecido que la competencia es la aptitud del órgano administrativo para actuar en sus relaciones con los organismos públicos y con los particulares y exige de un texto normativo expreso; mas recientemente ha sostenido la Sala Político Administrativa lo siguiente:
“…(omisis) en cuanto a la competencia, que doctrinariamente ha sido definida ésta como la capacidad legal de actuación de la administración, es decir, representa la medida de una potestad genérica que le ha sido conferida por Ley. De allí, que la competencia no se presuma sino que debe constar expresamente por imperativo de la norma legal” (Sala Político Administrativa sentencia Nº 112 de fecha 06 de Febrero de 2001) En tal sentido, no pudiéndose constatar en el expediente las competencias de la Junta Reestructuradora y siendo que la misma solicitó la apertura del expediente disciplinario del funcionario ARNOLDO JESUS VILLASMIL HERNANDEZ, este Tribunal en virtud de proferir una decisión justa y apegada a los principios legales considera que la Junta Reestructuradora que solicitó la apertura del procedimiento disciplinario de destitución es incompetente para hacerlo, lo que trae como consecuencia que el procedimiento administrativo y con ello el acto administrativo de destitución este viciado de nulidad, razón por la cual se declara la nulidad del acto de destitución impugnado de conformidad con el artículo 19 ordinal 4º de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Así se decide En cuanto al vicio en la notificación del acto porque no fue notificado inmediatamente ni oportunamente dejando al recurrente al servicio de la Institución cumpliendo sus labores habituales obteniendo inclusive la debida remuneración, no siendo tampoco suspendido del cargo, el Tribunal observa que la Providencia impugnada tiene fecha de 19 de Diciembre de 2006 y que la misma en efecto ordena la notificación del funcionario destituido, pero también es cierto que no hay constancia en el expediente de fecha cierta en la que se haya notificado personalmente al recurrente de la decisión administrativa, verificándose asimismo que en efecto siguió laborando y cobrando la respectiva mensualidad por el año 2007, (inclusive enero y febrero de 2008), no obstante también se observa que en fecha 22 de Enero de 2008, salió publicada en el diario “La Verdad” la notificación de la destitución contentiva de la copia fiel y exacta de la Providencia en cuestión, por lo cual el Tribunal considera para los efectos del presente caso que esa es la fecha cierta en la que el recurrente tuvo conocimiento de haber sido destituido, y a los fines de dilucidar el alegato de la representación judicial de la parte recurrente, se observa que la querella fue interpuesta tempestivamente.
En tal sentido, es importante destacar que el artículo 89 numeral 8 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, no establece un lapso o termino especifico en el cual deba practicarse la notificación del funcionario afectado de la decisión administrativa, razón por la cual no existiendo tal imposición mal puede hablarse de una notificación que no sea oportuna, dado que la notificación del acto está estrictamente vinculado con la eficacia del acto, la cual comienza a partir de la notificación del mismo, aunque ello no significa que la Administración Pública sea negligente con la notificación de sus actos; es por ello que aunque la Providencia tiene fecha de haberse dictado el 19 de Diciembre de 2006, y siendo que la misma fue notificada en fecha 22 de Enero de 2008 mediante la publicación del diario “La Verdad”, el funcionario siguió en sus labores habituales y cobrando el respectivo salario por cuanto la providencia hasta ese entonces no había sido eficaz y suspenderle de sus labores o retirarlo sin la debida notificación del acto vulneraria los derechos funcionariales del recurrente. Razón por la cual se desestima el vicio de la notificación alegado por la parte recurrente. Así se decide. Y en cuanto al vicio de falso supuesto, que configuró un abuso y exceso de poder porque la Administración Pública decidió basado en unos hechos que no fueron comprobados por la misma, no habiendo adecuación entre la norma invocada y los hechos que a su juicio ocurrieron. Esta juzgadora observa que el acto destitutorio estuvo fundamentado en la causal número 6 del artículo 86 de la Ley del Estatuto de la Función Pública referente a “la falta de probidad, vías de hecho, injuria, insubordinación, conducta inmoral en el trabajo o acto lesivo al buen nombre o a los intereses del órgano o ente de la Administración Pública”, sanción establecida a consecuencia de no haber desvirtuado fehacientemente el hecho denunciado e imputado en su contra por la ciudadana Maritza Beatriz Chirinos de Acosta de haberla agredido y detenido ilegítimamente.
Como se observa la causal invocada contiene varias sub causales las cuales han sido definidas por la doctrina; para la solución del presente caso se considera necesario citar lo que la doctrina y la jurisprudencia ha definido como falta de probidad y como acto lesivo al buen nombre o a los intereses del órgano o ente de la Administración Pública, a los fines de analizar las referidas conductas y verificar si las mismas concurren en el caso de marras.
Así la falta de probidad según la Enciclopedia Jurídica Opus (1999), citada en el libro “Régimen Jurídico de la Función Pública en Venezuela, Homenaje a la Doctora Hildegard Rondon de Sansó” (definición también usada por los máximos tribunales de nuestro país), se define como “la bondad, rectitud de ánimo, hombría del bien, integridad y honradez en el obrar, completando que la probidad consiste en la rectitud, en la ética en las labores inherentes al cargo, lo cual implica cumplir de manera eficiente con las actividades asignadas y que incluso la probidad va mas allá de un delito ya que toca elementos más profundos como lo son la ética, la moral, la rectitud, la honestidad y la buena fe.
Así también el profesor Jesús González Pérez, igualmente citado en la obra antes indicada, al referirse a la falta de probidad, señala que la misma no debe limitarse al ámbito estrictamente funcionarial, sino que trasciende al ámbito interno de la Institución donde el funcionario se desempeña, actuaciones públicas de quienes revisten la calidad de agentes del Estado, toda vez que la vida social acorde con la dignidad del cargo debe ser observada por todos los funcionarios en sus actuaciones privadas con el objeto de no dañar el prestigio del servicio.
En tal sentido se observa que el fundamento de de la falta de probidad como causal de destitución está en que la Administración Pública debe velar porque los funcionarios a ella adscritos reúnan unos requisitos mínimos de comportamiento debido. Por otro lado en cuanto al acto lesivo al buen nombre o intereses del órgano o ente de la Administración Pública, la Magistrada Hildegar Rondon de Sansó en una sentencia de fecha 29 de Febrero de 1972,. Emanada del Tribunal de Carrera Administrativa estableció lo siguiente:
“ .. (omisis) alude a la realización por parte del empleado de un acto que lesione a la Administración, contemplando dos posibles efectos de dicho acto y con ello dos distintas hipótesis: la primera de las hipótesis es la que el acto menoscabe el buen nombre del organismo y, corresponde por ello al campo de los derechos morales, ya que está destinado a proteger la reputación, la fama, la integridad moral. La segunda hipótesis es la de que el acto lesione los intereses del organismo y debemos entender por ello que, la lesión en tal caso, se refiere a situaciones jurídicas más concretas, esto es, a los derechos y expectativas que tienen un contenido material” Ahora bien, en el caso de autos se observa que la parte querellante y la recurrida coinciden en aseverar que el recurrente estuvo implicado en una denuncia por haber cometido agresión física y detención arbitraria a una ciudadana del municipio.
La Sala Político Administrativa ha establecido pacíficamente que un mismo hecho puede dar lugar a sanciones de tipo penal y de tipo administrativa y que aunque el hecho no esté tipificado como delito, nada obsta para que pueda ser sancionado en sede administrativa, la cual no está supeditada a la comprobación previa ante la jurisdicción penal ordinaria. El Reglamento de Régimen Disciplinario de la Policía Regional establece en su artículado lo siguiente:
Articulo 7: “Los oficiales de Policía deberán conducirse todo el tiempo, dentro y fuera del servicio, de tal manera que refleje favorablemente la imagen de la organización que representan y de la cual forman parte. Una conducta inapropiada de un Oficial, podrá incluir aquella conducta, que conlleve al desprestigio e imagen de la Institución Policial a la que pertenecen y lo cual refleje descrédito, sobre el Oficial de Policía, como miembro de dicha Organización Artículo 13: La vida privada y profesional del personal policial, deberá ser honorable, se evitaran las relaciones con personas de dudosa reputación y la realización de actos que vayan en perjuicio del honor y la dignidad del Oficial de la Policía Regional
El artículo 40: La Dirección General de la Policía Regional del Estado Zulia, tomará las medidas disciplinarias que sean necesarias cuando las circunstancias del caso así lo ameriten y aplicará el régimen disciplinario correspondiente a los Oficiales de Policía que incurran en violaciones de las leyes, reglamentos, decretos, órdenes e instrucciones, que pauten su comportamiento al servicio de la Institución.
Así también La ley de la Policía Regional establece en su artículo 17, numeral 4 que “son deberes del Oficial de Policía: 4. Actuar con probidad, integridad y dignidad”.
De las actas procesales se observa, del expediente de investigación administrativa, del expediente administrativo disciplinario de destitución, así como de las afirmaciones realizadas por el propio recurrente en el escrito recursivo, que ciertamente el funcionario policial estuvo involucrado en una investigación en su contra, por incurrir en hechos irregulares en su función policial, específicamente por agresiones físicas y detención arbitraria ocasionadas a una ciudadana del Municipio.
En tal sentido quien suscribe observa que el estar involucrado en situaciones irregulares de tal magnitud, significa que no está apto moralmente para cumplir funciones policiales, por cuanto ya no se detentaría de una conducta intachable, la cual es exigida para los que estén al ejercicio de esa función pública.
Por lo antes expuesto se establece que la medida de destitución decretada por el órgano administrativo policial no fue desproporcional, no está viciada de falso supuesto de hecho y de derecho por cuanto la norma se aplicó al hecho enmarcado en la situación en la que estuvo involucrado el oficial y no en los hechos concretos materiales imputados por la denunciante, por lo que subsiguientemente tampoco se materializó la desviación de poder planteada, puesto que el acto destitutorio no fue dictado con una finalidad distinta a la establecida en la Ley del Estatuto de la Función Pública y en la Ley policial especial, siendo este un presupuesto para que se configure el referido vicio, tal y como lo ha establecido la Sala Político Administrativa en Sentencia N° 01967 de fecha 05/12/07. Así se decide.
Para mayor ilustración se transcribe a continuación un párrafo de la sentencia citada ut supra referente al criterio asentado por la Sala respecto al vicio de desviación de poder:
“Sin embargo, respecto al aludido vicio la Sala en reiterada jurisprudencia ha indicado que este es una ilegalidad teleológica, es decir, que se presenta cuando el funcionario, actuando dentro de su competencia, dicta un acto para un fin previsto por el legislados; de manera que es un vicio que debe ser alegado y probado por la parte, sin que pueda su inactividad ser subsanada por el juzgador.
Por lo tanto se entiende que la Administración incurre en el vicio de desviación de poder, cuando actúa dentro de su competencia, pero dicta un acto que no esté conforme con el fin establecido por la Ley, correspondiendo al accionante probar que el acto recurrido, como ya ha sido señalado, persigue una finalidad diferente.
Lo anterior implica, que deben darse dos supuestos para que se configure el vicio de desviación de poder, a saber: que el funcionario encargado de dictar el acto administrativo tenga atribución legal de competencia y que el acto haya sido dictado con un fin distinto al previsto por el Legislador” (Sentencia de Sala Político Administrativa N° 01967 de fecha 05/12/07).
Ahora bien, el pronunciamiento anterior podría generar dos posibles actuaciones por parte de éste Tribunal: En primer lugar se podría anular el acto y ordenar la reincorporación del recurrente sin juzgar el fundamento que tuvo la administración policial para separarlo del cargo, pero ésta forma de actuación implica un análisis exclusivamente jurídico del problema que se somete a juzgamiento, omitiendo la posibilidad de que éste haga valer la preeminencia de la justicia material proclamada en el artículo 257 de nuestra Constitución Nacional, en concordancia con el artículo 2 ejusdem.
Una segunda hipótesis se plantea en el artículo 21 párrafo Nº 17 de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, conforme al cual el juez tiene la potestad de extraer de la nulidad los efectos jurídicos en el tiempo y el espacio y además de determinar los efectos de la decisión en el tiempo, así como disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones lesionadas. El ejercicio de esta potestad en forma discrecional implica para el juez encarar los problemas jurídicos dentro del contexto de los principios que informan el Estado Social de Derecho y de Justicia, y en ese sentido, se ha afirmado en la doctrina que los jueces también ejercen funciones políticas, toda vez que éstos emiten normas individuales llamadas sentencias a los fines de llevar a lo concreto la norma jurídica que en principio se ha dictado para una situación abstracta. Es por ello que no puede ignorar quien suscribe ésta decisión, la realidad social de nuestro Estado y el grave problema de inseguridad ciudadana y delincuencia producto de la pérdida de valores éticos y morales; por ello, hoy más que nunca se aspira encontrar funcionarios públicos que observen conductas intachables, íntegras, apegados en su actuar privado y público al ordenamiento jurídico y a las reglas de equidad y probidad. Asumiendo la segunda de las hipótesis planteadas, se ordena que la nulidad del acto tenga efectos desde que fue dictado y como indemnización, se ordena que le sea pagado al querellante todos los salarios caídos desde su destitución hasta la fecha en que quede definitivamente firme ésta decisión. Así se decide.
Igualmente ésta Juzgadora considera preciso destacar que de la lectura de las declaraciones que rielan en el expediente administrativo, incluyendo las del querellante, ponen de manifiesto la comisión de hechos irregulares en el ejercicio de sus funciones y que, por considerar ésta Juzgadora que la Administración Pública Estadal tuvo motivos racionales para separar al ciudadano ARNOLDO JESUS VILLASMIL HERNÁNDEZ del cargo de Oficial Primero Nro.3299 de la Policía Regional del Estado Zulia, a tenor de lo previsto en el artículo 32º, ordinal 1º, de la Ley de Policía Regional del Estado Zulia, en concordancia con el artículo 86 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; y dado que la función policial que ejercía el querellante es atinente a la seguridad del colectivo, el cual debe privar sobre el interés individual, no se ordena la reincorporación, pero deberá el Estado Zulia cancelar al recurrente además de la indemnización arriba reseñada, el pago de las prestaciones sociales y así se decide. A los efectos de la indemnización anterior, se ordena practicar una experticia complementaria del fallo, conforme pauta el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, estableciendo que la misma tome en cuenta los salarios devengados por el recurrente, aumentados en la misma forma que haya aumentado el cargo que ocupaba en la Policía Regional del Estado Zulia u otro de similar jerarquía, tomando en cuenta la escala de sueldos que para dicho cargo tenga establecida la División de Recursos Humanos de la Policía Regional del Estado Zulia. Así se decide.
Por los fundamentos expuestos, éste Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de nulidad de acto administrativo interpuesto por el ciudadano ARNOLDO JESUS VILLASMIL HERNÁNDEZ en contra de la Policía Regional del Estado Zulia, órgano adscrito a la Gobernación del Estado Zulia. Así se decide. Primero: Se declara la nulidad de la Providencia Administrativa de destitución del ciudadano ARNOLDO JESUS VILLASMIL HERNÁNDEZ, suscrita por el Gobernador del Estado Zulia, ciudadano Manuel Rosales Guerrero del cargo de Oficial Primero de la Policía Regional del Estado Zulia.
Segundo: A título de indemnización, se ordena a la entidad Federal del Estado Zulia el pago de todos los salarios caídos adeudados al ciudadano ARNOLDO JESUS VILLASMIL HERNÁNDEZ desde que se hizo eficaz su destitución hasta la fecha en que se acuerde el cumplimiento voluntario de ésta decisión. Cuarto: A los efectos de la indemnización anterior, se ordena practicar una experticia complementaria del fallo, conforme pauta el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, estableciendo que la misma tome en cuenta los salarios devengados por el recurrente, aumentados en la misma forma que haya aumentado el cargo que ocupaba en la Policía Regional del Estado Zulia u otro de similar jerarquía, tomando en cuenta la escala de sueldos que para dicho cargo tenga establecida la División de Recursos Humanos de la Policía Regional del Estado Zulia. Quinto: Se niega la pretensión del querellante de ser reincorporado al cargo de Oficial Primero de la Policía Regional del Estado Zulia.
Sexto: Se ordena a la entidad Federal del Estado Zulia cancelar las prestaciones sociales al ciudadano ARNOLDO JESUS VILLASMIL HERNÁNDEZ.
No hay condenatoria en costas por gozar la recurrida el privilegio procesal establecido en el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines legales previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los veintidós (22) días del mes de Julio de dos mil nueve (2009). Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación.
En la misma fecha y siendo las tres de la tarde (2:00 p.m.) se publicó el anterior fallo con el Nº 72.

References: artículo 86
 artículo 32
 artículo 19
 artículo 10
 artículo 60
 artículo 89
 artículo 6
 artículo 137
 artículo 49
 artículo 25
 artículo 19
 artículo 89
 artículo 60
 artículo 86
 artículo 32
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 artículo 3
 artículo 1
 artículo 429
 artículo 86
 Artículo 32
 artículo 49
 artículo 89
 artículo 89
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 artículo 9
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