Source: https://beta.e-justice.europa.eu/473/ES/judicial_auctions?action=printAll&clang=&useContId=60589
Timestamp: 2020-02-21 03:42:59+00:00

Document:
Subastas judiciales - Estonia
1. Publicación y tasación para la venta de bienes embargados
De la venta de los bienes embargados se encarga un agente judicial. En caso de que el deudor y el demandante lleguen a un acuerdo sobre el pago de la deuda, es decir, si acuerdan que la deuda que se está ejecutando puede satisfacerse de otra manera, no es necesario que los bienes embargados se vendan en subasta. Estos acuerdos deben incluir a todos los demandantes y se deben notificar al agente judicial; de lo contrario, el agente seguirá con las actuaciones procesales habituales.
En el caso de que diferentes acreedores hayan presentado demandas de ejecución de una deuda a diferentes agentes judiciales y uno de estos agentes ya haya embargado bienes inmuebles del deudor, el resto de agentes judiciales que hayan abierto proceso de ejecución no pueden embargar los bienes inmuebles del deudor registrados hasta que el primer agente los libere.
Un perito determina el valor y el precio inicial de los bienes que van a subastarse.
Las subastas en línea se llevan a cabo en una plataforma de subastas en línea especial. La subasta se anuncia al menos diez días antes de su celebración en el diario oficial Ametlikud Teadaanded y en internet. El agente judicial también puede publicar el anuncio en un periódico que se venda en la zona de la subasta. A petición del demandante o del deudor, el agente judicial publicará el anuncio en otras publicaciones a expensas de la parte que lo inste.
Los terceros interesados tienen derecho a inspeccionar los bienes que se van a subastar desde la publicación del anuncio hasta el inicio de la subasta. Asimismo, tienen el derecho de revisar las solicitudes presentadas relativas a los bienes que se van a subastar así como los certificados de los bienes, incluidos los informes de tasación. En caso de que los bienes se vendan durante el proceso de ejecución, ni el agente judicial ni el deudor son responsables de cualquier defecto que pudieran presentar; esta exención no excluye la posible responsabilidad del agente judicial o del deudor por cualquier daño causado ilícitamente. El agente judicial determina el momento en el que se pueden examinar los bienes. Si los bienes están en poder del deudor, este tiene el derecho de pedir que la inspección tenga lugar en el plazo establecido para los actos de ejecución. El agente judicial debe tener en cuenta los intereses del propietario.
Si hay varias personas interesadas en los bienes que se van a subastar, todas ellas pueden participar en la puja siempre que se hayan inscrito correctamente. La puja empieza en el precio inicial y los participantes pueden hacer sus ofertas conforme siempre al alza y durante el tiempo establecido para la subasta. Si se realiza una nueva puja durante el intervalo de prórroga antes de que finalice la subasta, la subasta se prolonga y dura mientras sigan presentándose ofertas. El intervalo de prórroga es de 1 a 60 minutos. En una subasta en línea, la mejor oferta será la más alta que se haya presentado en la plataforma de subastas antes de que esta finalice. La mejor oferta se publicará en la plataforma el siguiente día hábil a la fecha de la subasta.
El agente judicial puede establecer que los participantes de la subasta hagan un depósito de hasta el diez por ciento del precio inicial. Si se fija un depósito, cualquier persona que desee participar en la subasta tendrá que abonarlo. El depósito puede pagarse de forma electrónica, es decir, mediante transferencia bancaria a través de internet, a la cuenta bancaria que el agente judicial especifique, o dentro de la plataforma de subastas mediante un proveedor de servicios de pago. En las subastas orales, los depósitos pueden pagarse en efectivo si no superan los 640 EUR.
Los agentes judiciales se encargan de vender los bienes muebles e inmuebles embargados en procesos ejecución o concursales. De las subastas simplificadas se ocupan personas a las que la Cámara de agentes judiciales y administradores concursales (Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja) haya autorizado.
Las normas anteriores son de aplicación plena a todos los tipos de subasta en los procedimientos concursales y de ejecución. Sin embargo, pueden aparecer diferencias en las condiciones para la celebración de subastas en función de medidas legislativas concretas.
Estonia cuenta con los registros siguientes:
El Registro Electrónico de la Propiedad (E-kinnistusraamat) es un servicio electrónico que permite verificar de manera rápida y práctica los datos generales, la zona y los propietarios de bienes inmuebles registrados, así como los gravámenes y cargas, incluidos los hipotecarios. Es preciso iniciar sesión para usar el servicio. Se puede acceder a los datos detallados que constan en las distintas partes del Registro de la Propiedad por el precio indicado en la lista de tasas.
El Registro de Edificios (Ehitisregister) es un registro electrónico público cuyo propósito es recopilar, almacenar y publicar información relativa a edificios en construcción o en uso.
El Registro de Tráfico (Liiklusregister) ofrece información sobre vehículos y remolques. Se trata de una base de datos electrónica de carácter público, si bien el acceso a algunos datos (por ejemplo, información sobre los propietarios de los vehículos) está restringido.
El Registro de Valores (Väärtpaberiregister) es la plataforma de servicio electrónico del Registro Central de Valores de Estonia (Eesti väärtpaberite keskregistri). Se dirige tanto a empresas como a particulares y permite realizar búsquedas y obtener información con rapidez sobre los valores y las cuentas de valores que constan en el registro dentro de los límites acordados. Es preciso iniciar sesión para usar el servicio.
El Registro Electrónico de Empresas (E-äriregister) contiene datos acerca de todas las personas jurídicas registradas en Estonia. Además de empresas, asociaciones sin fines lucrativos y fundaciones, también se puede acceder a datos relativos a Administraciones de ámbito local y estatal, personas jurídicas de Derecho público e instituciones constitucionales. Cualquiera que acceda con su documento de identidad puede ver sus propios datos de forma gratuita.
El Registro de Bienes Conyugales (Abieluvara registrisse) contiene datos sobre el tipo de régimen económico matrimonial elegido y las capitulaciones matrimoniales firmadas por los cónyuges. La información disponible en este Registro es pública y de acceso gratuito y electrónico para todo el mundo.
El Registro de Buques (Laevakinnistusraamat) es un registro electrónico que contiene información sobre los buques matriculados y los buques en construcción, así como sobre derechos reales relacionados con estos. Los datos que constan en el Registro de Buques son públicos y se benefician de los efectos jurídicos de la publicidad registral. Todo el mundo puede acceder a estos datos de forma gratuita.
El Registro de Aeronaves (Õhusõidukite register) está destinado a la recogida y el tratamiento de los datos necesarios para registrar e identificar a las aeronaves.
El Registro de Crédito (Maksehäireregister) es el registro oficial de Creditinfo y el único registro de Estonia que contiene información coherente y de calidad sobre pagos incumplidos. Lo crearon en 2001 los bancos de Estonia. Se pueden realizar búsquedas en el registro pagando una tasa.
En los registros electrónicos públicos de patentes y marcas se pueden realizar búsquedas de forma gratuita.
La mayor parte de la información disponible en los registros nacionales citados es completamente o parcialmente pública. Para realizar una búsqueda puede que sea preciso iniciar sesión utilizando un documento de identidad, un código identificador del móvil, o a través de un banco. Ciertas búsquedas están sujetas al pago de una tasa.
En varios registros, los agentes judiciales y administradores concursales deben pedir autorización para obtener acceso electrónico a determinados datos.
En las subastas celebradas durante un proceso de ejecución, los bienes inmuebles y muebles embargados se venden de conformidad con la ley. Las subastas en línea pueden verse y seguirse desde la plataforma de subastas especial que gestiona la Cámara de Agentes Judiciales y Administradores Concursales.
Las subastas públicas se anuncian al menos diez días antes de su celebración en el diario oficial Ametlikud Teadaanded y en internet. El agente judicial también puede publicar el anuncio en un periódico que se venda en la zona de la subasta. A petición del demandante o del deudor, el agente judicial publicará el anuncio en otras publicaciones a expensas de la parte que lo inste.
Una persona que desee participar en una subasta en concreto tiene que registrarse siguiendo las normas y antes de que finalice el plazo especificado en el anuncio de la subasta. Además, tendrá que pagar el depósito en caso de que ello sea una condición para participar en la subasta en cuestión y de que no esté exenta por ley de pagarlo. Pueden presentar ofertas aquellos participantes registrados que cuenten con la capacidad jurídica necesaria y cuyo derecho a participar en la subasta no esté limitado legalmente o de otra manera. Para participar en una subasta pública, debe firmarse una solicitud, ya sea de forma digital o a mano. La solicitud de participación se puede enviar por correo electrónico al agente judicial a la dirección especificada en el anuncio de la subasta o se puede cargar a la plataforma de subastas. En principio, no hace falta que la solicitud de participación esté cifrada, si bien el proceso específico de registro lo determina el agente judicial. En el caso de las subastas orales, el sobre debe estar sellado. Para realizar una puja en la plataforma de subastas en línea, los participantes deben iniciar sesión utilizando su documento de identidad, un código identificador del móvil o un nombre de usuario y una contraseña.
Los pagos requeridos (depósito, gastos, precio de remate, etc.) pueden hacerse de forma electrónica, ya sea mediante transferencia bancaria a través de internet a la cuenta bancaria que el agente judicial especifique, o dentro de la plataforma de subastas mediante un proveedor de servicios de pago.
Los licitadores deben estar inscritos antes de que comience la subasta. Se informa a todos los licitadores del inicio de la subasta por medio de un correo electrónico. Cualquiera puede ver el progreso de la subasta en la plataforma de subastas públicas. Hay un límite de tiempo para presentar las ofertas (modelo eBay). Los participantes de la subasta cuentan con asistencia al usuario (en estonio, ruso e inglés). Se garantiza el anonimato de los licitadores que participan en una subasta hasta que esta finalice.
Las subastas públicas organizadas entre los Estados miembros fomentarían las relaciones entre las personas y las empresas de los Estados miembros de la UE, harían las subastas más transparentes y atraerían a un mayor número de participantes. Este tipo de subastas también podría reducir el tiempo requerido para vender activos.
Subastas judiciales - España
Subastas judiciales - Francia
1. Publicidad y fijación del valor de los bienes embargados
En lo que respecta a la ejecución hipotecaria, la elaboración del pliego de condiciones de subasta es responsabilidad del acreedor ejecutante. Este fija el precio inicial del bien, que el deudor puede no obstante impugnar, caso en el que el juez competente será quien adopte la decisión definitiva tras la audiencia de orientación (audience d’orientation).
En general, el profesional encargado de la enajenación de bienes muebles mediante subasta pública fija el precio inicial, es decir, el precio de partida de la subasta, y los bienes son adjudicados al mejor y último postor. El profesional a cargo de la subasta puede recurrir a un experto que estime el valor del bien en cuestión cuando las características del bien embargado así lo aconsejen.
En una ejecución forzosa de bienes inmuebles, el acreedor ejecutante puede publicar los bienes embargados (ver apartado siguiente), mientras que, en una ejecución forzosa de bienes muebles, el profesional a cargo de la subasta también puede publicar el bien en cuestión en su propio sitio web y, cuando se trate del perito tasador designado por el tribunal, en el portal de subastas que corresponda: http://www.interencheres.com/ o http://www.drouot.com/
Para la ejecución forzosa de bienes muebles, es posible realizar publicidad en la prensa, mientras que, para la ejecución forzosa de bienes inmuebles, debe publicarse la notificación del acreedor en un boletín de anuncios oficiales, así como una notificación simplificada en dos ediciones periódicas del boletín oficial local o regional, aunque también es posible publicar anuncios en cualquier otro medio suplementario.
Para la ejecución forzosa de bienes inmuebles, debe publicarse la notificación elaborada por el acreedor ejecutante en un lugar de fácil acceso de las instalaciones de las autoridades jurisdiccionales competentes.
Para la ejecución forzosa de bienes muebles corporales, la publicidad se hace mediante carteles colocados en el ayuntamiento donde tenga su residencia el acreedor y el lugar de venta de los bienes en cuestión.
Para la ejecución forzosa de bienes muebles, la publicidad puede realizarse mediante folletos o catálogos.
En lo que respecta a la subasta de bienes muebles embargados, la publicidad de la subasta puede incluir la descripción y de los bienes en cuestión y su tasación.
La notificación de ejecución hipotecaria publicada en las instalaciones de las autoridades jurisdiccionales competentes contiene la identificación del inmueble embargado, una descripción sucinta (tipo de inmueble, identificación de los posibles ocupantes, datos conocidos relativos a su superficie) y su precio inicial.
El perito tasador designado por el tribunal o el profesional autorizado para realizar la subasta presenta los bienes muebles en la subasta pública. Puede realizarse una exposición de los bienes con anterioridad al comienzo de la subasta.
Los bienes inmuebles embargados pueden visitarse en las fechas y en los horarios designados por el juez [artículo R.322-26 del Código de los Procedimientos Civiles de Ejecución (Code des procédures civiles d’execution o CPCE)], en compañía de un oficial de justicia.
Los bienes muebles enajenados mediante subasta son adjudicados al mejor y último postor; cabe aclarar que en las subastas no existe limitación de tiempo, pero estas no pueden finalizar hasta que no se hayan realizado tres pujas como mínimo. En las ejecuciones hipotecarias, se emplea un sistema de subasta por puja en el que cada oferta debe superar a la anterior; la puja termina cuando han transcurrido noventa segundos desde la última oferta (el tiempo se calcula mediante un dispositivo visual o sonoro que indica al público los segundos transcurridos).
En las ejecuciones forzosas de bienes muebles, los participantes no tienen que depositar una garantía ni prestar fianza para tomar parte en la subasta. En cambio, en las ejecuciones forzosas de bienes inmuebles, quien desee participar en la subasta debe prestar una fianza bancaria irrevocable que conservará su abogado o emitir un cheque bancario a la orden del depositario judicial o la caja de depósitos y consignaciones (caisse des dépôts et consignations) de un importe equivalente al 10 % del precio inicial (que no puede ser inferior a 3 000 EUR). Si el licitador no resulta adjudicatario del bien, dicho importe le es restituido al finalizar la audiencia de adjudicación.
2. Terceros autorizados a enajenar el bien
Los únicos profesionales habilitados para organizar subastas judiciales públicas de bienes muebles (en particular, de bienes muebles embargados) son los peritos tasadores designados por un tribunal, los notarios, los corredores de comercio colegiados y los oficiales de justicia.
3. Tipos de subastas judiciales en las cuales las normas se aplicarían solo parcialmente
Los bienes muebles pueden enajenarse mediante subasta pública voluntaria, en la cual se aplican unas normas mucho más flexibles que las que rigen las subastas judiciales. En estos casos, son de aplicación los artículos L. 321-1 y siguientes y R. 321-1 y siguientes del Código de Comercio francés. Las subastas voluntarias no entran dentro del ámbito de los procedimientos de ejecución judicial forzosa.
4. Información relativa a los registros nacionales de bienes
Por lo que respecta a la propiedad inmobiliaria, el catastro, un documento administrativo y fiscal, brinda al acreedor información sobre los bienes inmuebles que posee el deudor en un municipio, así como sobre sus características (si se trata de un inmueble rústico o urbano, las dimensiones de las parcelas, la naturaleza de cada uno de los espacios que lo componen). Además, los servicios de registro de la propiedad inmobiliaria de cada municipio, que dependen de la Dirección General de Finanzas Públicas (Direction Générale des Finances Publiques), llevan un registro de bienes inmuebles que contiene, para cada municipio, extractos de los documentos registrados en relación con cada inmueble y con el nombre de sus propietarios, por lo que permite conocer la situación jurídica de cada inmueble.
Por lo que respecta a los bienes muebles, el Sistema de Identificación de Vehículos (Système d’Identification des Véhicules o SIV) permite obtener información sobre el estado civil del titular del permiso de circulación de un vehículo de motor o de dos ruedas, el número de matrícula y las características del vehículo. Existen registros nacionales de buques (la legislación relativa a estos registros está en proceso de preparación), de barcos (registro electrónico de matrículas llevado por el Ministerio de Transportes) y de aeronaves (registro de matrículas llevado por las autoridades de aviación civil). Los derechos de propiedad intelectual e industrial constan en un registro nacional al que los acreedores pueden acceder directamente y que lleva el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual e Industrial (Iinstitut national de la propriété intellectuelle o INPI). Los títulos de obras cinematográficas destinadas a su exhibición pública en Francia figuran en el Registro Público del Cine y del Sector Audiovisual (registre public du cinéma et de l’audiovisuel), llevado por una agencia de administración tributaria, y los títulos de obras literarias cuyos derechos de adaptación estén disponibles para su compra figuran en el Registro de Opciones (registre des options).
En lo que respecta a la propiedad inmueble, cada municipio lleva un catastro constituido por varios tipos de documentos (planos catastrales, códigos de clasificación catastral, registros catastrales); los planos catastrales son los únicos registrados mediante un sistema electrónico. El registro de bienes inmuebles es llevado por los servicios de registro de la propiedad inmobiliaria (services de la publicité foncière), administrados a escala local dentro del límite de la jurisdicción de los distintos tribunales de primera instancia (tribunal de grande instance), sin que exista un registro nacional.
En el caso de los vehículos de motor, cada prefectura lleva su propio registro, pero el SIV lleva además un registro electrónico nacional.
Para los barcos, existe un registro electrónico llevado por el Ministerio de Transporte; para los buques, existen seis registros diferentes también llevados por el Ministerio de Transporte.
Para las aeronaves, existe un registro de matrículas llevado por las autoridades de aviación civil y disponible en internet a título informativo.
El INPI es el único organismo que brinda información relativa a los diversos derechos de propiedad intelectual e industrial mediante bases de datos disponibles en su sitio web.
Algunos servicios catastrales están disponibles parcialmente en línea. Se trata solamente de un servicio de consultas del plan catastral y no de los registros catastrales (que contienen información sobre los propietarios de los inmuebles), al igual que sucede con el SIV, el registro internacional de buques franceses y los registros del INPI.
En general, la mayoría de los registros públicos están sujetos a las disposiciones del Código de las Relaciones entre el Público y la Administración (code des relations entre le public et l’administration), que dispone que el acceso a los documentos administrativos puede ser gratuito, mediante consulta in situ, mediante envío de una copia cuyo coste no debe superar el coste de la reproducción o por correo electrónico y de forma gratuita, cuando el documento esté disponible en formato electrónico.
5. Información relativa a las bases de datos que permiten a los acreedores identificar los bienes y las deudas de un deudor
El artículo L.152-1 del CPCE permite al oficial de justicia solicitar a organismos del Estado, regionales, departamentales y municipales, así como a establecimientos públicos u organismos controlados por la administración pública, información que permita determinar el domicilio del deudor, la identidad y el domicilio de su empleador o de cualquier tercero deudor o depositario de cantidades de dinero en efectivo y exigibles, y los bienes que integran el patrimonio inmobiliario del deudor.
El oficial de justicia puede consultar directamente al FICOBA (el registro nacional de cuentas bancarias llevado por la administración fiscal y alimentado por las entidades bancarias) a fin de obtener información sobre cuentas abiertas a nombre del deudor y los lugares en los que se ubican dichas cuentas.
El oficial de justicia también puede consultar a la seguridad social francesa (caisses d’assurance maladie o caisse d'assurance chômage).
En virtud del artículo L.152-2 del CPCE, los bancos tienen la obligación de revelar al oficial de justicia que actúa en representación del acreedor si el deudor es titular de una o más cuentas y los lugares en los que se ubican dichas cuentas, excluyéndose cualquier otro tipo de información.
El SIV, al que el oficial de justicia puede acceder en representación del acreedor, permite obtener información sobre el estado civil del titular del permiso de circulación de un vehículo de motor o de dos ruedas, el número de matrícula y las características del vehículo.
Los acreedores no pueden acceder directamente a las bases de datos mencionadas anteriormente, sino solo por intermedio del oficial de justicia autorizado para proceder a la ejecución forzosa.
6. Información relativa a las subastas judiciales electrónicas
En el sistema francés de subastas de bienes muebles existen dos tipos de subastas electrónicas:
Subastas en directo o «live auctions», que están parcialmente desmaterializadas: la subasta se lleva a cabo de forma física en un lugar determinado y se retransmite en directo a través del sitio web del profesional que organiza la subasta o a través de uno de los portales de subastas a disposición del perito tasador designado por el tribunal ( http://www.interencheres.com/ o https://www.drouotlive.com/). Nada impide que este sistema se utilice para realizar subastas judiciales, y en la actualidad cada vez son más las subastas judiciales que se realizan de este modo.
Subastas «en línea», que están totalmente desmaterializadas: las subastas solo se realizan por internet, sin presencia física en un lugar determinado. Al contrario de lo que ocurre con las subastas voluntarias, la legislación actual no permite realizar subastas judiciales mediante este sistema, debido a los obstáculos técnicos y jurídicos que conlleva.
Las subastas (parcialmente) desmaterializadas solo son posibles para la enajenación de bienes muebles.
Los profesionales encargados de la subasta pueden realizar publicidad transfronteriza y cualquier persona puede realizar pujas, sin importar el lugar en el que se encuentre ni su nacionalidad, ni si la subasta es en directo o no (de hecho, existen sistemas de subasta a distancia, en los que las ofertas se formulan por escrito o por teléfono).
Los participantes (posibles adjudicatarios) de una subasta desmaterializada no tienen la obligación de hacer constar su firma, pero el profesional a cargo de la subasta puede solicitarles los datos de una tarjeta de crédito. El profesional encargado de la subasta debe inscribir a los licitadores, en principio por cualquier medio, aunque por lo general lo hace mediante el sitio web en el que se retransmitirá la subasta. Es posible formular ofertas por escrito por cualquier medio.
El profesional a cargo de la subasta decide cuáles serán los medios de pago aceptados.
Aunque los licitadores pueden asistir a la subasta en persona si lo desean, no tienen la obligación de hacerlo; pueden seguirla en directo y formular ofertas en tiempo real. También pueden registrar una o más ofertas antes de la subasta y, en ese caso, el precio de adquisición aumentará conforme vaya aumentando el importe de las ofertas, partiendo de la primera oferta realizada. En general también es posible realizar ofertas por teléfono durante la subasta.
La posibilidad de que se traduzca el evento depende de la capacidad del profesional a cargo de la subasta y de sus asistentes, pues la legislación no determina nada al respecto.
En cuanto a la configuración de los portales de subastas, solo pueden acceder a ellos las personas inscritas en la subasta en línea; el resto del público solo puede asistir a la subasta en persona en el lugar donde esta se realiza.
Subastas judiciales - Croacia
Las subastas judiciales se utilizan para la venta de bienes muebles e inmuebles de conformidad con las disposiciones de la Ley de Ejecución Forzosa (Ovršni zakon) [Narodne Novine (NN, Diario Oficial de la República de Croacia) n.º 112/12, n.º 25/13, n.º 93/14 y n.º 55/16]. El 1 de enero de 2015 entró en vigor en Croacia un sistema de venta de bienes muebles e inmuebles mediante subastas judiciales en línea aplicable a los procesos iniciados después de esa fecha.
La ejecución de bienes inmuebles se lleva a cabo mediante la anotación de ejecución en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria, la tasación de los bienes inmuebles, su venta y la liquidación de los créditos de los acreedores mediante los ingresos obtenidos de dicha venta.
El valor de los bienes inmuebles se determina a discreción del órgano jurisdiccional, con base en el dictamen motivado de un perito habilitado o tasador. En el avalúo de los bienes inmuebles, también se tendrán en cuenta ciertos derechos y gravámenes sobre la propiedad que disminuyan su valor y que no cesen incluso tras la venta.
Al finalizar el procedimiento de tasación de los bienes, el órgano jurisdiccional dictará una resolución sobre la venta en la que se establezca el justiprecio de los bienes y la forma y condiciones de su venta.
El artículo 92, apartados 2 y 3, de la Ley de Ejecución Forzosa estipula que las partes pueden determinar el valor de los bienes mediante un acuerdo judicial o extrajudicial que constituya la base de un gravamen u otro derecho pertinente sobre la propiedad establecido para garantizar el crédito por el cual se solicita la liquidación.
Los bienes inmuebles se venden en subastas judiciales en línea que lleva a cabo la Agencia Financiera (Financijska agencija; en adelante la «FINA») a petición de organismos competentes. La solicitud de venta y los otros documentos del proceso de venta de bienes inmuebles se envían a las oficinas regionales de la FINA que tengan competencia territorial en función de la ubicación y la competencia territorial del órgano jurisdiccional de ejecución.
Las subastas judiciales en línea comienzan con la convocatoria para la participación en la misma.
En la primera subasta judicial en línea, los bienes inmuebles no se pueden vender por menos del 80 % de su valor establecido. En la segunda subasta judicial en línea, los bienes inmuebles no se pueden vender por menos del 60 % de su valor establecido (artículo 102, apartados 1 y 2, de la Ley de Ejecución Forzosa).
Hay un período de diez días hábiles para presentar ofertas. Si en la primera subasta judicial en línea no se reciben ofertas válidas, la segunda subasta comenzará con la publicación de una convocatoria de participación el día después de la finalización de la primera subasta judicial en línea.
Si no se reciben ofertas válidas en la segunda subasta judicial en línea, la FINA lo notificará al órgano jurisdiccional. Llegado este caso, el órgano jurisdiccional suspenderá la ejecución.
La subasta judicial en línea se cerrará en la fecha y hora que se especifiquen en la convocatoria de participación (artículo 103, apartado 1, de la Ley de Ejecución Forzosa).
Tras completarse con éxito la venta de los bienes inmuebles mediante subasta judicial en línea y tras recibir la notificación de la FINA, el órgano jurisdiccional dictará una resolución en la que adjudicará los bienes inmuebles. En dicha resolución dispondrá que, una vez la resolución haya pasado a ser firme y el comprador haya abonado el precio de compra, el derecho de propiedad de los bienes inmuebles se consignará a su favor en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria y se suprimirán todos los derechos y gravámenes que pesen sobre la propiedad en cuestión y que deban extinguirse al producirse la venta.
Una vez sea firme la resolución por la que se adjudican los bienes inmuebles al comprador, el órgano jurisdiccional fijará una fecha para la vista en la que se practicará la imputación de pagos.
La ejecución de bienes muebles se lleva a cabo mediante la prohibición de disponer, el embargo, el avalúo, el depósito de los bienes, la administración por parte del órgano jurisdiccional, del acreedor o de un tercero, la venta y la liquidación del crédito con los beneficios obtenidos de dicha venta.
Los bienes muebles se venden en subasta judicial oral o mediante venta directa. La forma de venta se determina en virtud de resolución del órgano jurisdiccional, teniendo en cuenta que los bienes muebles se venden al mejor postor.
La venta de bienes muebles se anuncia con la debida antelación en el tablón de anuncios del órgano jurisdiccional, aunque también se puede anunciar de la manera prevista para la venta de bienes inmuebles.
El lugar, la fecha y la hora de la venta se notifican al acreedor o ejecutor y al deudor o ejecutado.
A propuesta del ejecutor, la venta de bienes muebles también podrá realizarse mediante subasta judicial en línea, a la que se aplicarán mutatis mutandis las disposiciones de la Ley de Ejecución Forzosa relativas a la subasta judicial en línea de bienes inmuebles (artículo 149, apartado 7, de la Ley de Ejecución Forzosa).
En la subasta, los bienes muebles no se podrán vender por menos de la mitad de su valor estimado, incluso durante el período de tiempo determinado por el órgano jurisdiccional para su venta mediante venta directa.
Si los bienes muebles no se pueden vender mediante subasta o venta directa, se suspenderá la ejecución.
De finalizarse con éxito la venta de bienes muebles, el comprador debe abonar el precio de compra y hacerse cargo de los bienes muebles en cuanto concluya la subasta o la venta directa. La subasta solo se tiene por finalizada cuando el rematante abona el precio de la compra.
La venta de bienes muebles embargados en un proceso de ejecución se puede confiar a un comisionista certificado. La Cámara de Economía de Croacia es quien organiza y controla las actividades de los comisionistas certificados.
Las subastas de bienes muebles que gestionan los comisionistas certificados se llevan a cabo ante notario.
Tras la venta de los bienes muebles, el comisionista los entregará al comprador previo pago del precio de compra.
En Croacia, la venta de bienes inmuebles la realiza la FINA. Además de una solicitud de venta que debe presentarse mediante el formulario pertinente, el órgano jurisdiccional debe remitir a la FINA la resolución de ejecución, copia del asiento del Registro de la Propiedad Inmobiliaria y la decisión referente a la venta.
En cuanto a las ventas de bienes inmuebles mediante venta directa, se realizan a través de una persona autorizada para la venta de bienes inmuebles, un administrador de la ejecución, un notario o de otro modo.
Las subastas judiciales orales de bienes muebles las lleva a cabo un administrador de la ejecución. El órgano jurisdiccional puede encomendar la gestión de la subasta a un notario mediante resolución (artículo 149, apartado 2, de la Ley de Ejecución Forzosa). La venta de bienes muebles embargados en un proceso de ejecución se puede confiar a un comisionista certificado (artículo 152, apartado 1, de la Ley de Ejecución Forzosa).
A propuesta del ejecutor, la venta de bienes muebles se realizará mediante una subasta judicial en línea que llevará a cabo la FINA.
Los bienes inmuebles se venden en subastas judiciales en línea. Una subasta judicial en línea comienza con una convocatoria para la participación en la misma (artículo 97, apartado 1, de la Ley de Ejecución Forzosa).
Las partes, los acreedores con derecho de preferencia y los titulares de servidumbres personales y de derechos de propiedad que deban extinguirse una vez que se vendan los bienes inmuebles podrán alcanzar un acuerdo, a más tardar en el momento de la venta de dichos bienes en la subasta judicial en línea, para la venta directa de los bienes en cuestión a través de una persona autorizada para realizar operaciones con bienes inmuebles, un administrador de la ejecución, un notario o de otro modo en un plazo determinado (artículo 97, apartado 6, de la Ley de Ejecución Forzosa).
En el caso de venta directa, el órgano jurisdiccional dictará una resolución de adjudicación de los bienes inmuebles vendidos mediante venta directa, una vez haya comprobado que se han cumplido las condiciones para la validez jurídica de la venta (artículo 104, apartado 1, de la Ley de Ejecución Forzosa).
La resolución de adjudicación se publicará en el tablón de anuncios del órgano jurisdiccional y se le dará traslado a todas las personas a quienes se les notifica la resolución relativa a la venta de los bienes inmuebles al rematante (artículo 104, apartado 2, de la Ley de Ejecución Forzosa).
Los bienes muebles se venden en una subasta judicial oral o mediante venta directa. La forma de venta se determina mediante resolución del órgano jurisdiccional, teniendo en cuenta que los bienes muebles se venden al mejor postor (artículo 149, apartado 1, de la Ley de Ejecución Forzosa).
Las ventas por operación directa se celebran entre el comprador, por una parte, y el administrador de la ejecución o un comisionista, por la otra. El administrador de la ejecución vende los bienes muebles en nombre y por cuenta del ejecutado, y el comisionista lo hace en nombre propio y por cuenta del ejecutado (artículo 149, apartado 3, de la Ley de Ejecución Forzosa).
A propuesta del ejecutor, los bienes muebles también se podrán vender en una subasta judicial en línea, a la que se aplicarán mutatis mutandis las disposiciones relativas a las subastas judiciales en línea de bienes muebles (artículo 149, apartado 7, de la Ley de Ejecución Forzosa).
La venta de bienes muebles e inmuebles que sean objeto de garantía judicial y notarial mediante la transmisión de la propiedad y la cesión de derechos podrá realizarse de acuerdo con las disposiciones pertinentes relativas a la venta de bienes muebles e inmuebles a efectos de ejecución.
En Croacia existen los siguientes Registros de bienes:
los libros del Registro de la Propiedad Inmobiliaria relativos a la situación jurídica de los bienes inmuebles en el territorio de Croacia (zemljišne knjige o pravnom stanju nekretnina na području Republike Hrvatske);
el Registro de Vehículos de Motor (registar motornih vozila);
el Registro de Buques (registar brodova);
el Registro de Aeronaves (registar zrakoplova);
el Registro de Acciones y Anotaciones en Cuenta (registar dionica i nematerijaliziranih vrijednosnih papira);
el Registro de Instrumentos de Garantía Judicial y Notarial (Registro de Gravámenes) [upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja (upisnik založnih prava)];
el Registro Único de Cuentas (jedinstveni registar računa), y
otros registros y libros de registro.
Los registros los gestionan varias entidades públicas y se puede acceder a ellos de forma electrónica (por ejemplo, accediendo a un registro de personas jurídicas de los tribunales mercantiles).
Para que las entidades competentes faciliten información registral normalmente hay que pagar una tasa, cuyo importe depende de la entidad a la que se solicite y se determina de conformidad con la Ley de Tasas Administrativas (NN n.º 115/16) y el Decreto de Tarificación de Tasas Administrativas (NN n.º 8/17). Las tasas administrativas de hasta 100,00 HRK se pagan con timbres fiscales y las que exceden de dicha cantidad se pueden pagar mediante transferencia electrónica.
La lista de bienes muebles e inmuebles que se pueden vender en procedimientos de ejecución está regulada por el Reglamento sobre el contenido y la forma de gestionar un registro de los bienes muebles e inmuebles vendidos en procedimientos de ejecución (NN n.º 115/12 y n.º 156/14).
El artículo 18 de la Ley de Ejecución Forzosa establece la obligación de las entidades públicas de proporcionar información sobre el deudor a petición de una persona que pretenda iniciar un proceso de ejecución o un proceso de ejecución de garantías en un plazo de ocho días a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
El Ministerio del Interior (Ministarstvo unutarnjih) está obligado a proporcionar información sobre si una persona está inscrita en el registro de vehículos matriculados como propietario de un vehículo y la clase, marca, tipo, modelo, año de fabricación y número de matrícula del mismo, así como de cualquier gravamen que pese sobre dicho vehículo.
La Sociedad Central de Depósito y Liquidación (Središnje klirinško depozitarno društvo) u otras personas autorizadas que ejerzan la teneduría de los cuentas de valores nominativos o valores desmaterializados, acciones, bonos, letras del Tesoro, letras del banco central, pagarés, certificados de depósito y otros valores emitidos en serie, deben proporcionar información sobre si una persona que aparece en su libro de registro tiene valores registrados en las cuentas.
La Capitanía de Puerto (Lučka kapetanija) debe proporcionar información sobre si una persona inscrita en el libro de registro o en el registro de que se trate figura como propietaria de un buque, un yate, una instalación flotante, una instalación fija situada en el mar, un barco o instalaciones en construcción.
La autoridad responsable de los registros catastrales debe proporcionar una copia impresa de cualquier hoja de propiedad que posea de una persona física o jurídica.
El empleador o el beneficiario de ingresos permanentes en efectivo está obligado a facilitar información sobre la forma de pago del salario u otro ingreso permanente en efectivo a una persona contra la que el demandante tiene intención de iniciar un proceso.
Cualquier otra autoridad o persona que lleve un registro o un libro de registro de cualquier derecho pertinente que constituya propiedad está obligada a proporcionar información acerca de si una persona inscrita en el registro o libro de registro en cuestión figura como titular de un derecho particular.
A petición del órgano jurisdiccional, la persona señalada por el ejecutor como deudora del ejecutado o como poseedora de una parte de los bienes del ejecutor debe, en el plazo de ocho días, deberá declarar si el ejecutado tiene algún derecho sobre su patrimonio, y si la persona en cuestión tiene en su poder alguno de los bienes del ejecutado.
Las autoridades y las personas mencionadas anteriormente no están obligadas a actuar a petición de la persona que solicita la información hasta que los gastos de llevar a cabo tales acciones les hayan sido pagados.
La persona que presenta una solicitud de información debe especificar en dicha solicitud la pretensión acerca de la cual dicha persona tiene intención de iniciar la ejecución o el procedimiento de ejecución de garantía y adjuntar un documento que sirva de base a esa reclamación.
No es necesario contratar a un abogado para que presente la solicitud de información antes mencionada y los gastos dependen de la entidad estatal a la que se envíe la solicitud.
El procedimiento de venta de bienes muebles e inmuebles mediante subasta judicial en línea está regulado por las disposiciones de la Ley de Ejecución Forzosa, así como por reglamentos de aplicación, específicamente:
Reglamento relativo a la forma y el procedimiento de venta de bienes muebles e inmuebles en un procedimiento de ejecución (Pravilnik o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku) (NN n.º 156/14; en lo sucesivo, el «Reglamento de venta»);
Reglamento relativo a los tipos e importes de las tasas de la gestión de la venta de bienes muebles e inmuebles en un procedimiento de ejecución (Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku) (NN n.º 156/14);
Reglamento sobre el contenido y la forma de gestionar un registro de los bienes muebles e inmuebles vendidos en un procedimiento de ejecución (Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku) (NN n.º 115/12 y n.º 156/14).
Una subasta judicial en línea comienza con la convocatoria para la participación en la misma.
La convocatoria para la participación en una subasta judicial en línea debe contener la forma y las condiciones de venta, la fecha y hora del inicio y fin de la subasta, el momento en el que las personas interesadas en los bienes inmuebles pueden verlos, así como otros datos necesarios.
La FINA publicará una convocatoria para participar en una subasta judicial en línea en medios de comunicación públicos si la parte lo solicita por escrito y adelanta los costes de dicho procedimiento.
Debe transcurrir un plazo mínimo de sesenta días entre el anuncio de la convocatoria de participación en una subasta en línea en el sitio web de la FINA y el inicio del proceso de licitación.
Solo las personas que hayan presentado un depósito de garantía pueden participar como compradores en una subasta judicial en línea (artículo 99, apartado 1, de la Ley de Ejecución Forzosa).
Como prerrequisito para acceder al sistema de subastas judiciales en línea, hay que contar con un certificado digital válido que confirme la identidad del licitador y un certificado que permita el uso de una firma electrónica avanzada en la oferta de la persona en cuestión (artículo 14, apartado 2, del Reglamento de venta).
En el momento de la primera conexión a una subasta judicial en línea determinada, el licitador está obligado a cumplimentar un formulario de registro para participar.
El licitador debe firmar este formulario con una firma electrónica avanzada.
Una vez cumplimentado el formulario electrónico a que se refiere el artículo 15 del Reglamento de venta, el sistema de subasta judicial en línea asignará un identificador exclusivo al licitante para una subasta judicial en línea determinada.
Los formularios forman parte integral del Reglamento de venta.
El plazo para la recepción de ofertas en una subasta judicial en línea es de diez días hábiles; las ofertas se reciben de forma electrónica las veinticuatro horas de día en días hábiles y no hábiles.
El precio de salida de un artículo en venta será determinado por el órgano jurisdiccional. Al finalizar la subasta judicial en línea, la FINA presentará al órgano jurisdiccional un informe con la información establecida en el artículo 25 del Reglamento de venta.
El proceso de subasta judicial en línea tiene lugar ante la FINA y los pagos se realizan mediante transferencia bancaria. No es necesario que el licitador esté presente en la subasta, sino que puede participar en dicho proceso de forma remota.
El órgano jurisdiccional dictará una resolución por escrito (resolución de adjudicación), que se publicará en el tablón de anuncios del órgano jurisdiccional y en el sitio web de la FINA.
En el caso de la venta de bienes muebles y a propuesta del ejecutor, la venta de dichos bienes también podrá realizarse mediante subasta judicial en línea, a la que se aplicarán mutatis mutandis las disposiciones de la Ley de Ejecución Forzosa relativas a la subasta judicial en línea de bienes inmuebles (artículo 149, apartado 7, de la Ley de Ejecución Forzosa).
Subastas judiciales - Chipre
El precio de los bienes embargados se determinada sobre la base de los precios corrientes de mercado de Chipre. En el caso de bienes inmuebles embargados, tras determinar su valor, el subastador fija un precio de venta mínimo. Si no se alcanza ese precio, no se vende el bien.
Por lo que se refiere a los bienes muebles, después de que los agentes judiciales hayan embargado dichos bienes mediante la ejecución de una orden de embargo de bienes muebles a favor del acreedor, determinarán el precio mínimo sobre la base de los precios corrientes de mercado y procederán luego a su venta. Si no se alcanza el precio mínimo, los agentes judiciales pueden repetir la subasta.
Los anuncios de subasta se publican en periódicos de tirada diaria. Si la subasta se refiere a bienes inmuebles, los anuncios se publican en el municipio o barrio donde se encuentren, así como en el sitio web del Ministerio del Interior (Υπουργείου Εσωτερικών).
La venta de bienes por subasta puede llevarse a cabo por parte de subastadores privados cualificados. Un subastador es una persona designada por la Dirección General del Catastro (Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας) del Ministerio del Interior de la República de Chipre que cuenta con las cualificaciones necesarias para llevar a cabo ventas de ejecución de bienes en subasta pública.
En lo que respecta a los bienes muebles, toda venta de bienes muebles en ejecución de una resolución judicial se lleva a cabo mediante una subasta pública dirigida por agentes judiciales, que forman parte de la Administración de Justicia del Estado (Δικαστικής Υπηρεσίας του Κράτους) y cuentan con competencias para vender bienes muebles embargados en el curso de la ejecución de una orden de embargo de bienes muebles.
Hay casos en los que los propios acreedores llevan a cabo las subastas de bienes muebles, ya sean empresas (p. ej., bancos) o personas físicas, si son ellos los que toman posesión de los bienes muebles del deudor tras la ejecución de la resolución judicial. Estos casos no están sujetos a las mismas normas que se aplican a las subastas públicas, según lo establecido en la legislación vigente.
En Chipre existen los siguientes registros de bienes:
La Dirección General del Catastro de Chipre (Στο Κτηματολόγιο της χώρας) gestiona un registro en el que se inscriben todos los títulos de propiedad sobre bienes inmuebles de los ciudadanos.
La Dirección General de Transporte por Carretera (Τμήμα Μηχανοκίνητων Οχημάτων) gestiona un registro de todos los vehículos matriculados en la República de Chipre.
La Dirección General de la Marina Mercante de Chipre (Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας) gestiona el registro chipriota de buques, en el que están inscritos todos los buques y embarcaciones.
La Sección de Sociedades (τμήμα Εταιρειών) de la Dirección General del Registro Mercantil y la Administración Concursal (Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) gestiona un registro de las empresas, cooperativas y nombres comerciales inscritos en Chipre.
La Dirección General de Aviación Civil (Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας) gestiona el Registro de Aeronaves de Chipre (Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών) y se encarga de los asientos de inscripción, transmisión y supresión de aeronaves del Registro.
En la Sección Sociedades, el Servicio de Propiedad Intelectual e Industrial (Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) gestiona un registro de marcas comerciales.
Se puede acceder fácilmente al registro de personas declaradas en concurso o empresas liquidadas en el sitio web de la Dirección General del Registro Mercantil y la Administración Concursal, lo que permite al acreedor obtener información sobre la situación financiera del deudor. Sin embargo, no hay bases de datos electrónicas a las que un acreedor pueda acceder para obtener información directamente sobre los bienes de un deudor. El acreedor así declarado en una sentencia podrá, por sí mismo o por medio de un abogado, realizar una búsqueda en el registro de la propiedad mediante copia certificada de la resolución o citación judicial para obtener información sobre los bienes inmuebles registrados a nombre del deudor.
En Chipre no se celebran subastas judiciales en línea.
Subastas judiciales - Polonia
Un tasador autorizado para valorar bienes de conformidad con diferentes reglamentos (y nombrado por un agente judicial) se encarga de llevar cabo tales tasaciones. Sin embargo, si el bien en cuestión ya se hubiera tasado no más de seis meses antes de su embargo con el objetivo de venderlo y tal valoración cumpliera los requisitos relativos a la tasación de bienes con fines de ejecución, no se llevará a cabo una nueva tasación. Por otra parte, si se han producido cambios significativos en el estado de los bienes entre el momento en que se realizaron la descripción y la tasación y la fecha de la subasta, se podrá realizar otra descripción y tasación a petición del acreedor o del deudor.
Los bienes embargados se venden en subasta pública. La subasta no puede celebrarse si no han pasado al menos dos semanas desde que la descripción y tasación sean definitivas o antes de que la resolución judicial en virtud de la cual se inicia la ejecución adquiera firmeza.
El agente judicial anuncia la fecha y el objeto de la subasta por medio de un anuncio público, que se entrega a las partes del procese, a la Administración municipal, a la oficina tributaria en cuyo territorio se encuentran los bienes y a las autoridades de la seguridad social.
La convocatoria de la subasta también se publica al menos dos semanas antes de la fecha de su celebración en la sede del órgano jurisdiccional y en las instalaciones de la autoridad municipal, en un periódico de amplia tirada en la ciudad/pueblo/aldea de que se trate y en el sitio web del Consejo Nacional de Agentes Judiciales (Krajowa Rada Komornicza). Además, a petición de parte y a su costa, el agente judicial podrá ordenar que el anuncio se publique de otra manera indicada por la parte.
Las subastas se llevan a cabo en público con la presencia de un agente judicial y bajo la supervisión de un juez o secretario judicial (referendarz sądowy). La ejecución de propiedad inmobiliaria la realiza un agente judicial del órgano jurisdiccional en cuya área de competencia se encuentra los bienes en cuestión.
ejecución de una parte de un bien;
ejecución de un derecho enfitéutico;
ejecución de terreno no urbanizado e inmuebles con un edificio residencial o comercial si, en el momento en el que se presentó la demanda de ejecución, no se notificó la finalización de los trabajos de construcción o no se presentó ninguna solicitud de permiso de ocupación en el sentido que establece la Ley de Construcción (prawo budowlane);
ejecución de buques marítimos inscritos en el registro de buques;
ejecución mediante la venta de una empresa o explotación agrícola;
ejecución mediante una venta pública que se lleva a cabo para extinguir una comunidad de bienes.
Los tribunales de distrito (sąd rejonowy) gestionan los registros de la propiedad inmobiliaria (księga wieczysta) con el objetivo de determinar la situación legal de los bienes. Esta información se almacena y mantiene en un sistema informático. Los registros de la propiedad inmobiliaria son públicos y constan de cuatro secciones:
1) la primera sección incluye una descripción del inmueble y asientos relativos a los derechos asociados con la propiedad;
2) la segunda sección comprende asientos relativos a la propiedad y la enfiteusis;
3) la tercera sección incluye asientos relativos a los derechos de propiedad limitados, salvo las hipotecas, las restricciones sobre la disposición de la propiedad o las enfiteusis, así como asientos relativos a otros derechos y gravámenes, salvo los gravámenes hipotecarios;
4) la cuarta sección incluye asientos relativos a las hipotecas.
Además de los registros de la propiedad inmobiliaria, el segundo registro de la propiedad es el registro catastral (ewidencja gruntów i budynków), regulado por la Ley de lindes y cartografía de 17 de mayo de 1989 (Prawo geodezyjne i kartograficzne) (texto refundido: Diario Oficial 2010/193, artículo 1287, en su forma modificada). El responsable de la llevanza de este registro es el gobernador del distrito (starosta).
Las bases de datos descritas en el punto 5, es decir, los registros de propiedad inmobiliaria y el registro catastral, están a disposición de los acreedores y sirven para localizar el patrimonio de los deudores. Además, en los registros de propiedad inmobiliaria se pueden inscribir los créditos exigibles de los acreedores garantizados con hipotecas.
No se realizan subastas judiciales en línea. En el sitio web del Consejo Nacional de Agentes Judiciales solo se publican los anuncios de subasta (por obligación legal), que habitualmente también se publican en el sitio web del agente judicial que se encarga de la subasta en cuestión.
Subastas judiciales - Portugal
Subastas judiciales - Eslovenia
Los bienes muebles e inmuebles se venden en subastas públicas. En Eslovenia, no se pueden celebrar subastas judiciales en línea porque las leyes de ejecución del país (todavía) no las contemplan.
Los bienes muebles se ejecutan mediante el embargo y el avalúo de los bienes, su venta y el pago del producto de la venta al acreedor [artículo 81, apartado 1, de la Ley de ejecución y garantía de los créditos (Zakon o izvršbi in zavarovanju); en lo sucesivo, Ley de ejecución].
Se pueden ejecutar bienes que están en poder del deudor, así como bienes del deudor que están en poder del acreedor. Aquellos bienes del deudor que se encuentren en poder de terceros se podrán embargar si esos terceros dan su consentimiento (artículo 83 de la Ley de ejecución).
Tras el embargo, el acreedor obtiene un derecho preferente sobre los bienes embargados (artículo 87 de la Ley de ejecución).
Valoración pericial de los bienes embargados. Los bienes se valoran en el momento del embargo, salvo que no sea posible debido al valor especial de los bienes. El agente de ejecución que realiza el embargo se encarga también de la valoración. A petición de una de las partes y a sus propias expensas, puede realizar la valoración el perito judicial que la parte haya seleccionado (artículo 89 de la Ley de ejecución). La venta de los bienes embargados solo puede tener lugar una vez la resolución de ejecución sea firme, salvo que el deudor consienta que los bienes se vendan antes, que los bienes sean perecederos o si existe riesgo de que el valor de los bienes embargados baje significativamente (artículo 92 de la Ley de ejecución).
Los bienes embargados se venden en subasta pública o mediante un contrato directo entre el comprador y un agente de ejecución o un particular que trabaje a comisión. El agente de ejecución determina la forma y la fecha de la venta de los bienes y las hace constar en el expediente de embargo inmediatamente después de que tenga lugar, teniendo en cuenta el principio según el cual debe conseguirse el mejor precio posible (artículo 93 de la Ley de ejecución). Si el agente de ejecución opta por una subasta pública, se deben añadir la fecha y el lugar de la subasta en el expediente. El agente de ejecución comunica a las partes la forma y la fecha de la venta de los bienes a través de una notificación especial de la que se da traslado tanto al acreedor como al deudor [artículo 82 del Reglamento relativo a los servicios de los agentes judiciales (Pravilnik o opravljanju službe izvršitelj)].
Anuncio de la venta. Si el agente de ejecución decide que un bien debe venderse en subasta pública, dicha subasta debe publicarse en el tablón de anuncios y en la página web de la autoridad competente que dictó la resolución relativa al embargo. El agente de ejecución debe solicitar que la convocatoria de subasta pública también se anuncie en un registro oficial, en caso de que tal registro exista. A propuesta del acreedor o el deudor, el agente de ejecución también puede anunciar la subasta pública en los medios de comunicación; los costes que se deriven los asume la parte que solicita la subasta pública. La convocatoria de subasta pública debe especificar el lugar, la fecha y la hora de la subasta, indicar y describir los bienes que se van a vender y precisar dónde se pueden ver los bienes antes de que se celebre la subasta (artículo 89 de las Reglamento relativo a los servicios de los agentes judiciales).
Posibilidad de ver los bienes que se van a vender. El agente de ejecución debe especificar en la convocatoria de subasta pública el lugar, la fecha y la hora de la subasta, describir los bienes que se van a vender y precisar dónde se pueden ver los bienes antes de que se celebre la subasta (artículo 89 de las Reglamento relativo a los servicios de los agentes judiciales).
Depósito. Antes de que comience una subasta pública, el agente de ejecución debe determinar si, atendiendo a la naturaleza y el valor de los bienes, los participantes en la subasta deben sufragar los gastos de su depósito, que no podrán ser superiores al 10 % del precio inicial de los bienes.
Persona o empresa que gestiona la venta. Las subastas públicas las llevan a cabo los agentes de ejecución, que pueden autorizar, a sus propias expensas, que un subastador puje si hace falta, en función de la cantidad y la calidad de los bienes. Las subastas están abiertas al público (artículo 92 de las Reglamento relativo a los servicios de los agentes judiciales).
Precio inicial. En la primera subasta, los bienes embargados no se podrán vender por debajo de su valor tasado. En caso de que durante la primera subasta no se alcance el valor tasado y si una de las partes lo propone, el agente de ejecución llevará a cabo una segunda subasta. En la segunda subasta, los bienes se pueden vender por debajo de su valor tasado, pero no por menos de un tercio de ese valor (artículo 94 de la Ley de ejecución).
Adjudicación. Transcurridos al menos quince minutos desde el inicio de la subasta, el agente de ejecución invita a los participantes de la subasta a presentar sus ofertas (pujas o posturas). La subasta continúa hasta que todos los participantes interesados hayan presentado sus ofertas. El agente de ejecución adjudica el bien a aquel que haya hecho la oferta más alta si no se presenta ninguna oferta más elevada tras llamar dos veces a los participantes a presentar una oferta mejor. Si el comprador no completa el precio ofrecido al finalizar la subasta, el agente de ejecución podrá vender el bien al siguiente mejor postor, siempre que el acreedor exprese su acuerdo mediante la firma del acta de la subasta. Si el acreedor no está presente durante la subasta, el agente de ejecución podrá vender el bien inmediatamente al siguiente mejor postor si su oferta es de al menos el 50 % de la mejor oferta y más alta que el precio inicial; de no ser así, el agente de ejecución volverá a sacar el bien a licitación durante la misma subasta. El que fue mejor postor no podrá participar en esta nueva licitación.
Transmisión. El comprador debe pagar el precio ofrecido y tomar posesión de los bienes inmediatamente después de que finalice la subasta. El agente de ejecución debe facilitar al comprador un documento que contenga información sobre la venta y la información que conste en el registro, de existir registro de los bienes vendidos. Sobre la base de este documento, el agente de ejecución solicita que todas las autoridades competentes que lleven un registro eliminen cualquier gravamen o prohibición de venta de los bienes e inscriban al nuevo propietario en los casos en que los que los derechos de propiedad se incluyan en el registro. El agente de ejecución puede transferir la propiedad al comprador incluso antes de que se haya pagado el precio ofrecido si el acreedor lo permite, bajo su responsabilidad, por el importe del precio de compra al cual el acreedor tiene derecho en relación con su crédito. Si el comprador no paga el precio de compra y el acreedor no autoriza la transmisión de la propiedad, el agente de ejecución podrá vender los bienes al siguiente mejor postor. El comprador adquiere los bienes libres de todos los gravámenes y se convierte en el propietario incluso en el caso de que el deudor no lo fuera. El comprador no tiene derecho a una garantía por defectos de la propiedad (artículo 96 de la Ley de ejecución).
La ejecución de bienes inmuebles acarrea la inscripción de la resolución de ejecución en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria, la determinación del valor del bien inmueble, su venta y el pago al acreedor con el producto de la venta (artículo 167 de la Ley de ejecución).
Valoración pericial de los bienes embargados. El órgano jurisdiccional puede determinar el valor del bien inmueble incluso antes de que la resolución de ejecución sea firme. El órgano jurisdiccional determina el valor de los bienes inmuebles a partir del avalúo que realiza un perito judicial, de conformidad con el valor de mercado en el momento de la valoración. En dicha valoración, se tendrá en cuenta cualquier posible reducción debida a derechos particulares que pueda manifestarse después de la venta, por ejemplo, las servidumbres (artículo 178 de la Ley de ejecución). El valor de un bien inmueble se determina por resolución judicial susceptible de recurso (artículo 179 de la Ley de ejecución).
Anuncio de la venta. Una vez sea firme la resolución donde se determina el valor de los bienes inmuebles, el órgano jurisdiccional dicta una orden para la venta de dichos bienes. En esta orden, el órgano en cuestión establece el tipo de venta y sus condiciones, así como la hora y el lugar en que se va a celebrar en caso de que de los bienes inmuebles vayan a venderse en subasta. La venta de los bienes inmuebles se produce una vez adquieren firmeza la orden de ejecución y la resolución que determina el valor de los bienes. El órgano jurisdiccional hace pública la orden de venta en su tablón de anuncios y en su página web, así como por otros medios locales. Los órganos jurisdiccionales anuncian las órdenes de venta de terrenos agrícolas en el tablón de anuncios de la unidad administrativa donde se sitúan los bienes inmuebles en cuestión, y también se pueden publicar en el sitio web de esa unidad administrativa. El acreedor puede publicar la orden de venta de bienes inmuebles en medios de comunicación; en tal caso, los costes de publicación corren de su cargo. Deben pasar al menos treinta días desde el momento en que se publica la orden de venta en el tablón de anuncios hasta el día de la venta. El órgano jurisdiccional da traslado de la orden de venta a las partes, al acreedor con derecho preferente, a otros participantes del proceso que tengan un derecho de opción de compra o un derecho de retracto inscritos y a la entidad administrativa competente (artículo 181 de la Ley de ejecución).
Como regla general, los bienes inmuebles se venden en subasta pública dirigida por el órgano jurisdiccional en sus propias instalaciones, a menos que el juez decida otra cosa. Los acreedores, los acreedores con derecho preferente y los acreedores de deudas inmobiliarias pueden acordar, a lo largo del proceso de ejecución y hasta que se dicte la orden de venta, que los bienes inmuebles se vendan mediante la recepción de ofertas vinculantes o mediante una oferta directa (artículo 183 de la Ley de ejecución).
Una orden de venta de bienes inmuebles contiene:
una descripción detallada del inmueble, incluidas sus partes integrantes y elementos accesorios;
un derecho de servidumbre sobre la construcción y gravámenes reales que el comprador debe aceptar;
el valor del bien inmueble que el órgano jurisdiccional haya indicado en su resolución;
el precio por el cual se puede vender el bien inmueble;
el plazo que tiene el comprador para pagar el precio de compra;
la forma de venta, y
el importe del depósito que debe pagar el licitador (artículo 184 de la Ley de ejecución).
Posibilidad de ver los bienes que se van a vender. el órgano jurisdiccional puede permitir que una persona interesada en la compra de los bienes inmuebles los vea si así lo pide y corre con los gastos derivados. El órgano jurisdiccional, en la orden de venta de bienes inmuebles, establece la forma en que se hará, así como si es necesario que un agente de ejecución esté presente (artículo 176 de la Ley de ejecución).
Depósito. Puede asistir a las subastas públicas todo aquel que pague un depósito de una décima parte del valor fijado para el bien inmueble al menos tres días hábiles antes de la subasta. El acreedor a petición del cual el órgano jurisdiccional autorizó la subasta está exento de pagar el depósito, como también lo están los acreedores con derecho preferente y los acreedores de deuda inmobiliaria si sus créditos superan el importe del depósito y si el depósito se puede cubrir con el precio de la compra en relación con el lugar que ocupe su crédito en el orden de prelación de pagos y el valor fijado para el bien inmueble. Los depósitos de los licitadores cuyas ofertas no sean aceptadas se devuelven a sus cuentas bancarias en el plazo de quince días desde la finalización de la subasta pública o tras la finalización del proceso de ofertas iniciales, salvo que la ley disponga otra cosa (artículo 185 de la Ley de ejecución).
Precio inicial En la primera venta, los bienes inmuebles no se podrán vender por menos del 70 % de su valor. Si el bien inmueble no se vende en la primera venta, el órgano jurisdiccional anuncia una segunda venta a petición del acreedor en la que el bien inmueble no se podrá vender por menos de la mitad de su valor. Deben pasar al menos treinta días entre la primera y la segunda venta. Las partes, los acreedores con derecho preferente o los acreedores de deuda inmobiliaria pueden acordar que los bienes inmuebles se vendan en subasta por menos del 70 % de su valor en la primera venta o por menos de la mitad de su valor en la segunda si así lo declaran ante el órgano jurisdiccional que conoce del proceso de ejecución o ante cualquier otro órgano jurisdiccional (artículo 188 de la Ley de ejecución).
Adjudicación. Cuando el órgano jurisdiccional constata que se cumplen las condiciones para la venta, anuncia que la subasta va a comenzar. La subasta no finaliza hasta que los licitadores dejan de realizar posturas. Los licitadores están vinculados por su oferta hasta que se presenta una oferta más alta (contraoferta). A petición de uno o más acreedores, el órgano jurisdiccional puede conceder un breve descanso a los participantes para que estos reflexionen. La subasta se termina cuando los pujantes no ofrecen un precio más alto después de que el juez les haya llamado dos veces a hacerlo. Una vez terminada la subasta, el órgano jurisdiccional identifica al licitador que ofreció el precio más alto y declara que el bien inmueble queda adjudicado a ese ofertante (adjudicación del bien inmueble). El órgano jurisdiccional dicta una resolución sobre la adjudicación del bien inmueble, de la que se da traslado a las partes a las que se notificó la orden de venta y a todos los participantes de la subasta. No cabe recurso contra la decisión de adjudicación. No obstante, si en una subasta se producen irregularidades, se puede recurrir la resolución sobre la adjudicación de los bienes inmuebles al comprador (artículo 189 de la Ley de ejecución).
Pago del precio de compra. Tras la adjudicación (transferencia), el comprador debe pagar el precio ofrecido en el plazo establecido en la orden de venta (artículo 191 de la Ley de ejecución). Este plazo no puede superar los seis meses tras la fecha de la venta, independientemente de si el precio se paga de una sola vez o de forma fraccionada (artículo 184 de la Ley de ejecución).
Transmisión. Tras la adjudicación, se paga el precio y el órgano jurisdiccional dicta una resolución mediante la cual se entrega el bien inmueble al comprador (transmisión). Una vez esta resolución adquiere firmeza, el derecho de propiedad del comprador se inscribe en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria y se suprimen los derechos y gravámenes, de conformidad con la resolución sobre la adjudicación. En la resolución, el órgano jurisdiccional determina cuándo debe abandonar la vivienda el deudor o cuándo debe vaciar el establecimiento comercial. La resolución sobre la entrega de los bienes constituye también un título ejecutivo para la desocupación y la entrega del bien inmueble, y se vuelve ejecutable una vez sea firme (artículo 192 de la Ley de ejecución).
Los agentes de ejecución se encargan de vender los bienes muebles en subasta pública, aunque, si hace falta, también puede autorizar, a sus propias expensas, que lo haga un subastador, en función del importe y de la calidad de los bienes muebles. Las ventas en subasta son públicas (artículo 93 de la Ley de ejecución y artículo 92 de las Reglamento relativo a los servicios de los agentes judiciales).
Los bienes muebles también se pueden vender por acuerdo directo entre un comprador y el agente de ejecución o por medio de un particular que trabaje a comisión. El agente de ejecución determina la forma y la fecha de la venta de los bienes y las hace constar en el expediente de embargo inmediatamente después de que tenga lugar, teniendo en cuenta el principio según el cual debe conseguirse el precio más elevado posible (artículo 93 de la Ley de ejecución).
Los jueces llevan a cabo las subastas públicas de bienes inmuebles.
La legislación eslovena no reconoce ningún otro tipo de subastas. Hay diferentes maneras de vender bienes muebles e inmuebles. Los bienes muebles se pueden vender en virtud de un contrato directo entre un comprador y un agente de ejecución o un particular implicado en transacciones de comisiones en vez de en una subasta pública (artículo 93, apartado 1, de la Ley de ejecución). Los bienes inmuebles se venden en subasta pública si acreedores, acreedores pignoraticios y acreedores de deuda inmobiliaria no llegan a un acuerdo antes de que se dicte una orden de venta:
los bienes inmuebles se venderán mediante la obtención de ofertas vinculantes; o
si los bienes inmuebles no se venden por contrato directo en un plazo determinado (artículo 183 de la Ley de ejecución).
En Eslovenia, existen los registros de la propiedad siguientes:
el Registro de la Propiedad Inmobiliaria (zemljiška knjiga) para derechos de propiedad y otros derechos reales sobre los bienes inmuebles;
el Registro de Vehículos de Motor (register motornih vozil);
el Registro Marítimo Esloveno (slovenski ladijski register);
el Registro de Aeronaves (register zrakopolovov);
el Registro de Anotaciones en Cuenta (register nematerializiranih vrednostnih papirjev);
el Registro de Gravámenes sobre Bienes Muebles (register zastvanih pravic na premičninah);
el Registro de Cuentas Bancarias (register transakcijskih račiunov);
el Registro de beneficiarios de salarios y otras rentas personales (por ejemplo, pensiones) (register prejemnikov plač in drugih osebnih prejemkov).
Todos estos registros son electrónicos y cada uno lo gestiona una entidad diferente.
Todo aquel que acredite un interés jurídico puede consultar estos registros (artículo 4, apartado 6, de la Ley de ejecución). Un acreedor puede acreditar un interés jurídico mediante la presentación de un título ejecutivo (por ejemplo, una sentencia ejecutoria mediante la cual se ordene al deudor el pago del crédito del acreedor). En este caso, el acreedor puede solicitar información sobre los bienes del deudor al personal del registro. Los órganos jurisdiccionales pueden consultar muchos de estos registros por vía electrónica.
Para obtener información de estos registros, no es necesario pagar ninguna tasa judicial; sin embargo, el personal de estas bases de datos (registros) puede solicitar que los acreedores paguen una pequeña tasa [por ejemplo, el Instituto Esloveno de Seguros de Enfermedad (Zavod za zdravstveno zavarovanje), que gestiona el registro de los pagadores de salarios y otras rentas personales (como las pensiones), exige el pago de 4,00 EUR para obtener información sobre el empleo del deudor]. El pago también se puede realizar por vía electrónica.
De conformidad con el artículo 4, apartado 6, de la Ley de ejecución, los gestores de las bases de datos deben proporcionar información sobre los bienes de los deudores a los acreedores si estos lo piden, siempre que hayan acreditado un interés jurídico (por ejemplo, un título ejecutivo). Estos gestores son:
el Instituto Esloveno de Seguros de Enfermedad proporciona información sobre pagadores de salarios y otras rentas personales (por ejemplo, pensiones);
la Agencia de la República de Eslovenia para los Registros Legales Públicos y Servicios Relacionados (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, AJPES) facilita información del Registro de Cuentas Bancarias;
la Corporación Central de Compensación de Valores (Centralna klirinško depotna družba d.d., KDD) ofrece información sobre el Registro de Anotaciones en Cuenta;
el órgano jurisdiccional que lleva el Registro Judicial (sodni register) facilita información sobre acciones en empresas y sobre otras participaciones en personas jurídicas (se puede acceder al Registro Judicial por vía electrónica, a través de su sitio web);
el órgano jurisdiccional que mantiene el Registro de la Propiedad Inmobiliaria proporciona información sobre los bienes inmuebles respecto de los cuales el deudor tiene un derecho de propiedad;
el Ministerio del Interior (Ministrstvo za notranje) proporciona información registral de los vehículos y remolques matriculados;
la Administración Marítima Eslovena (Uprava Republike Slovenije za pomorstvo) ofrece información procedente del Registro Marítimo (barcos de menos de 24m);
la Agencia de Aviación Civil (Javna agencija za civilno letalstvo) proporciona información procedente del Registro de Aeronaves.
En la mayoría de los casos, los acreedores pueden consultar los registros solicitando información sobre los bienes del deudor al personal del registro. Los acreedores pueden consultar determinados registros (por ejemplo, el Registro Judicial) por vía electrónica (a través de la página web).
No es necesaria la representación por parte de abogado para obtener información sobre los bienes de los deudores y no hay que pagar ningún impuesto al Estado; no obstante, el personal de algunas bases de datos exigen el pago de una pequeña tasa (por ejemplo, Instituto Esloveno de Seguros de Enfermedad) de 4,00 EUR para suministrar información sobre el empleo de los deudores. La tasa se puede pagar electrónicamente.
La legislación eslovena relativa a la ejecución todavía no contempla las subastas judiciales en línea.
Subastas judiciales - Inglaterra y Gales
Subastas judiciales - Irlanda del Norte
La Enforcement of Judgments Office (Oficina de ejecución de resoluciones judiciales) es una división del Servicio de Tribunales de Irlanda del Norte (una agencia del Departamento de Justicia) que se encarga de la ejecución de resoluciones judiciales civiles en Irlanda del Norte que tengan por objeto dinero, bienes muebles o bienes inmuebles. La Judgements Enforcement (Northern Ireland) Order 1981 (Ley de ejecución de resoluciones judiciales de Irlanda del Norte de 1981) permite el embargo y venta de bienes para pagar una cantidad de dinero reconocida en virtud de sentencia.
La Oficina de ejecución de resoluciones judiciales cuenta con una serie de competencias para hacer cumplir el pago de una deuda reconocida por una condena monetaria judicial. Estas competencias incluyen las órdenes de embargo conforme al artículo 31 de la Ley de ejecución de resoluciones judiciales de 1981.
De conformidad con esta Ley, la Oficina de ejecución de resoluciones judiciales está autorizada a embargar bienes y a venderlos en subasta, así como a utilizar el producto neto obtenido de la venta (tras deducirse los gastos del embargo) para pagar las deudas pendientes de pago (véanse los artículos 31, 34 y 40 de la Ley de 1981). Al ejecutar una orden de embargo, la Oficina de ejecución de resoluciones judiciales puede, en virtud del artículo 38 de la Ley de 1981, entrar en cualquier inmueble ocupado o utilizado por un deudor, su cónyuge o cualquiera de los demandados o, en algunas circunstancias, en un inmueble ocupado o utilizado por cualquier otra persona.
La Oficina de ejecución de resoluciones judiciales puede dictar este tipo de órdenes [previa solicitud al funcionario judicial competente en virtud del artículo 30, apartado 1, del Judgements Enforcement Rules (Northern Ireland) 1981 (Reglamento de Ejecución de Resoluciones Judiciales de Irlanda del Norte de 1981)] cuando conste que hay suficientes bienes embargables para satisfacer la deuda. En la práctica, buscará otros medios de ejecución pertinentes, como una orden de embargo del salario (por la cual se deduce una cantidad de dinero del salario de los deudores), antes de optar por solicitar una orden de embargo al funcionario judicial competente.
Existen limitaciones en cuanto a los tipos de bienes que pueden embargarse (por ejemplo, no se pueden embargar ni la ropa ni el mobiliario ni el menaje de la casa de los deudores (véase el artículo 33 de la Ley de 1981).
Los artículos 30 a 33 del Reglamento de ejecución de resoluciones judiciales de 1981 establecen el procedimiento que la Oficina de ejecución de resoluciones judiciales debe seguir para las órdenes de embargo.
Subastas judiciales - Escocia

References: in fine
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 artículo 92
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 artículo 18
 artículo 15
 artículo 25
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 artículo 1287
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 artículo 92
 artículo 4
 artículo 31
 artículo 38
 artículo 30
 artículo 33