Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2006/A262-06.htm
Timestamp: 2017-11-25 11:04:32+00:00

Document:
A262-06
Auto 262/06
Cuando se trata de una demanda de constitucionalidad contra un Acto Legislativo con fundamento en un vicio de competencia por sustitución de la Constitución, las cargas en cabeza del demandante se agravan. El cumplimiento de requerimientos adicionales en cabeza de los demandantes en estos casos tiene una justificación, pues de conformidad con lo establecido por el artículo 241-1 de la Constitución no es posible ejercer la revisión de constitucionalidad de un Acto Legislativo por su contenido material, por lo tanto no basta con llenar los requisitos a los que previamente se ha hecho alusión, sino que es preciso exponer las razones por las cuales la reforma constitucional supone una sustitución de la Constitución. Entonces, cuando se trata de demandas contra un Acto legislativo fundadas en una supuesta sustitución de la Constitución, la carga argumentativa se incrementa, sin que esto desnaturalice el carácter público de la acción de inconstitucionalidad.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ACTO LEGISLATIVO POR VICIOS DE FONDO-Incompetencia de la Corte Constitucional
Si bien el demandante emplea la expresión “sustitución de la Constitución” y vicios de competencia en el libelo acusatorio, los cargos formulados realmente giran en torno a una supuesta violación del artículo 58 constitucional, por desconocer los enunciados normativos demandados el supuesto derecho adquirido o expectativa legítima de ciertas personas a recibir la mesada pensional catorce, es decir, lo que el ciudadano Castillo Zárate solicita a esta Corporación es examinar si la reforma constitucional demandada viola un precepto constitucional y en esa medida exige que se realice control material sobre el Acto Legislativo 01 de 2005, lo que sin duda escapa del ámbito de competencia de esta Corporación.
Referencia: expediente D-6415
Recurso de súplica contra auto de veintitrés (23) de agosto de dos mil seis (2006), mediante el cual se rechazó la demanda de inconstitucionalidad contra los incisos 3° (parcial) y 8° del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005
Bogotá D. C., veinte (20) de septiembre de dos mil seis (2006)
1.1. En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Luis Agustín Castillo Zárate demandó los incisos 3° (parcial) y 8° del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005[1]. Alega el actor que la expedición de estos preceptos configura un vicio de competencia del Congreso pues las disposiciones demandadas sustituyen los fundamentos de la Constitución, en particular, los principios de protección de los derechos adquiridos –artículo 58 superior-, de igualdad -artículo 13- y de protección de los derechos y garantías constitucionales. A su juicio los enunciados normativos en cuestión, al agregar un nuevo requisito para la causación del derecho a la pensión de jubilación –la edad-, desconocen el derecho adquirido a la mesada catorce de aquellos trabajadores que antes de la expedición del acto legislativo habían reunido los requisitos para el reconocimiento de la pensión con catorce mesadas, pero que no podían exigir tal derecho por no haber cumplido la edad legalmente fijada.
1.2. Por medio de auto de treinta y uno (31) de julio de dos mil seis (2006) el Magistrado Sustanciador –Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra- inadmitió la demanda, por estimar que los cargos formulados carecían de los requisitos de especificidad, porque no contenían una explicación concreta de las razones por las cuales los enunciados normativos demandados sustituían los fundamentos de la Constitución; de pertinencia, pues tenían como punto de partida una interpretación del demandante la cual no se derivaba de los enunciados normativos demandados, y de suficiencia, debido a que no cobijaban todos los elementos de juicio necesarios para valorar la supuesta sustitución de la Constitución.
1.3. El 8 de agosto de 2006, el demandante presentó escrito de corrección de la demanda. Además, precisó que solicitaba la declaratoria la inexequibilidad de los preceptos acusados sólo respecto de las personas que antes de la expedición de la reforma constitucional impugnada habían adquirido el derecho a pensionarse, pero no habían podido exigirlo por estar a la espera de cumplir la edad señalada legalmente.
El Magistrado Sustanciador, mediante auto de veintitrés (23) de agosto de dos mil seis (2006), rechazó la demanda. Estimó que las falencias señaladas en el auto inadmisorio no habían sido subsanadas por el demandante porque “los defectos evidenciados (…) subsisten a pesar del escrito de corrección, pues el actor no aportó nuevos argumentos o elementos de juicio para precisar por qué los incisos impugnados sustituyen los fundamentos de la Constitución”.
Contra el anterior pronunciamiento el ciudadano Castillo Zárate interpuso oportunamente recurso de súplica. Alega el demandante que el libelo acusatorio inicialmente presentado se ajusta a lo señalado por el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, disposición procesal de orden público en la cual están consignados los requisitos que debe reunir una demanda de inconstitucionalidad, y cuyo contenido no puede ser adicionado por vía jurisprudencial, agregando nuevas exigencias o requerimientos. Los cuales considera que desvirtúan el carácter público de la acción de inconstitucionalidad al exigir que la demanda se adapte a “formas sacramentales rigurosas y excesivas” cuyo conocimiento no está al alcance de los ciudadanos comunes. Añade que los cargos formulados en la demanda presentada son claros, específicos y plantean un problema de carácter constitucional que debe ser resuelto mediante un pronunciamiento de fondo.
Finalmente resume los cargos formulados en la demanda y su corrección. Considera el ciudadano Castillo Zárate que los preceptos demandados del Acto Legislativo 01 de 2005 constituyen una expropiación del derecho adquirido a recibir la mesada pensional catorce de las personas que habían cumplido los requisitos legalmente exigidos –excepto la edad- para tener derecho a gozar de una pensión de jubilación de catorce mesadas, al momento de promulgarse la reforma constitucional. Tal expropiación del derecho pensional a la mesada catorce constituye un vicio de competencia del poder de reforma constitucional porque sustituye los principios de protección a los derechos adquiridos con justo título contenido en los artículos 58 y 1 constitucionales, y el principio de protección a los derechos garantías y deberes constitucionales (artículos 114, 58, 48, 53 y 13 de la C. P.). Sostiene que la jurisprudencia constitucional ha protegido las expectativas legítimas los cotizantes próximos a jubilarse, sin embargo, a su juicio tales expectativas son realmente derechos adquiridos porque el derecho a pensionarse “no es un derecho aleatorio sino un derecho cierto (…) sujeto a un plazo al cual está sujeta la obligación de otorgar la pensión por parte de la entidad de previsión social correspondiente” y en esa medida no pueden ser desconocidos por una reforma constitucional.
2. Objeto del recuso de suplica.
En esta oportunidad, el ciudadano recurre el auto de veintitrés (23) de agosto de dos mil seis (2006), porque considera que la demanda presentada se ajusta a lo preceptuado por el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 y que en esa medida la exigencia de requisitos adicionales de creación jurisprudencial –la especificidad, pertinencia y suficiencia de los cargos formulados- por parte del Magistrado Sustanciador desconoce el carácter de orden publico de las normas procesales y desnaturaliza la acción pública de constitucionalidad, pues exige “formas sacramentales rigurosas y excesivas” cuyo conocimiento no está al alcance de los ciudadanos comunes. Sostiene que los cargos formulados en la demanda son claros, específicos y plantean un problema de carácter constitucional que debe ser resuelto mediante un pronunciamiento de fondo. Tales cargos consisten en que los enunciados normativos demandados desconocen el derecho adquirido de las personas que habían cumplido los requisitos señalados legalmente para jubilarse –salvo la edad-, pues las privan del derecho a percibir la mesada pensional catorce, por lo tanto sustituyen distintos preceptos constitucionales y en esa medida configuran un vicio de competencia en el ejercicio del poder de reforma constitucional.
Debe por lo tanto la Sala examinar si la exigencia que la demanda constitucional reúna ciertos requisitos desvirtúa el carácter público de la acción de inconstitucionalidad, como alega el demandante, por una parte, y en segundo lugar si las acusaciones formuladas por el ciudadano Castillo Zárate plantean un cargo por sustitución de la Constitución.
3. Los requisitos que deben reunir los cargos formulados en la demanda.
Parece creer el actor que los requisitos exigidos por el Magistrado Sustanciador respecto de los cargos formuladas en la demanda son una creación jurisprudencial y carecen de un fundamento legal, es preciso por lo tanto recordar que tal exigencia tiene fundamento precisamente en el numeral tercero del artículo segundo del Decreto 2067 de 1991, el cual señala que las demandas de inconstitucionalidad deben contener las razones por las cuáles se estima que las disposiciones constitucionales se consideran violadas.
Lo que ha sostenido de manera reiterada la jurisprudencia es que las razones que esgrima el demandante no pueden ser de cualquier naturaleza sino que deben reunir ciertos requisitos mínimos que permitan el inicio de “…un diálogo entre el ciudadano, las autoridades estatales comprometidas en la expedición o aplicación de las normas demandadas y el juez competente para juzgarlas a la luz del Ordenamiento Superior”[3], debate que no puede tener lugar sin la exposición de las razones conducentes para tal propósito.
Sin duda alguna le cabe razón al actor cuando afirma que la presentación de una demanda de inconstitucionalidad es el ejercicio de un derecho político en cabeza de todos los ciudadanos, y que precisamente el carácter público de la acción se vería desvirtuado si se exigen excesivos rigorismos formales que obstaculicen su admisión. No obstante, el carácter público de la acción debe ser ponderado con la naturaleza del control rogado que ejerce la Corte Constitucional en estos casos, modalidad de control que implica el cumplimiento de una cargas mínimas por parte de los demandantes, entre las que se cuenta en primer lugar formular acusaciones que puedan dar lugar a un pronunciamiento de constitucionalidad que resuelva el fondo de la cuestión planteada.
Ahora bien, lo que ha hecho la jurisprudencia constitucional es intentar sistematizar los requisitos que deben reunir las acusaciones o cargos formulados en la demanda, de ahí que se insista en que las razones expuestas deben ser ciertas, claras, pertinentes, eficaces y suficientes[4]. El empleo de esta terminología no debe confundirse con un excesivo rigorismo formal –como hace el demandante- que desnaturaliza el carácter público de la acción, porque si se analiza lo que implican tales requerimientos se concluye fácilmente que realmente se trata de exigencias mínimas, al alcance de cualquier ciudadano y sin el lleno de las cuales no podría entablarse un debate constitucional.
Empero cuando se trata de una demanda de constitucionalidad contra un Acto Legislativo con fundamento en un vicio de competencia por sustitución de la Constitución, las cargas en cabeza del demandante se agravan. El cumplimiento de requerimientos adicionales en cabeza de los demandantes en estos casos tiene una justificación, pues de conformidad con lo establecido por el artículo 241-1 de la Constitución no es posible ejercer la revisión de constitucionalidad de un Acto Legislativo por su contenido material, por lo tanto no basta con llenar los requisitos a los que previamente se ha hecho alusión, sino que es preciso exponer las razones por las cuales la reforma constitucional supone una sustitución de la Constitución.
Entonces, cuando se trata de demandas contra un Acto legislativo fundadas en una supuesta sustitución de la Constitución, la carga argumentativa se incrementa, sin que esto desnaturalice el carácter público de la acción de inconstitucionalidad, como por otra parte se sostiene en la sentencia C-1124 de 2005:
Estas exigencias fueron reiteradas en la sentencias C-181 y C-472 de este año, al examinar esta Corporación demandas de inexequibilidad presentadas en contra del Acto Legislativo 01 de 2005.
Una vez hechas las anteriores precisiones se debe examinar si los cargos presentados por el ciudadano Castillo Zarate para solicitar la inconstitucionalidad de algunos enunciados normativos del Acto Legislativo 01 de 2005 reúnen los requisitos de un cargo por sustitución de la Constitución.
En resumen plantea el actor que la expresión edad contenida en el inciso 3° y el inciso 8° del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005 del Acto Legislativo 01 de 2005 constituyen una expropiación del derecho adquirido a recibir la mesada pensional catorce de las personas que habían cumplido los requisitos legalmente exigidos –excepto la edad- para tener derecho a gozar de una pensión de jubilación de catorce mesadas, al momento de promulgarse la reforma constitucional. Tal expropiación del derecho pensional a la mesada catorce constituye un vicio de competencia del poder de reforma constitucional porque sustituye los principios de protección a los derechos adquiridos con justo título contenido en los artículos 58 y 1 constitucionales, y el principio de protección a los derechos garantías y deberes constitucionales (artículos 114, 58, 48, 53 y 13 de la C. P.).
Sostiene adicionalmente que la jurisprudencia constitucional ha protegido las expectativas legítimas los cotizantes próximos a jubilarse, sin embargo, a su juicio tales expectativas son realmente derechos adquiridos porque el derecho a pensionarse “no es un derecho aleatorio sino un derecho cierto (…) sujeto a un plazo al cual está sujeta la obligación de otorgar la pensión por parte de la entidad de previsión social correspondiente” y en esa medida no pueden ser desconocidos por una reforma constitucional.
De lo anterior resulta que si bien el demandante emplea la expresión “sustitución de la Constitución” y vicios de competencia en el libelo acusatorio, los cargos formulados realmente giran en torno a una supuesta violación del artículo 58 constitucional, por desconocer los enunciados normativos demandados el supuesto derecho adquirido o expectativa legítima de ciertas personas a recibir la mesada pensional catorce, es decir, lo que el ciudadano Castillo Zárate solicita a esta Corporación es examinar si la reforma constitucional demandada viola un precepto constitucional y en esa medida exige que se realice control material sobre el Acto Legislativo 01 de 2005, lo que sin duda escapa del ámbito de competencia de esta Corporación.
PRIMERO.- CONFIRMAR el auto de veintitrés (23) de agosto de dos mil seis, por el cual se rechazó la demanda presentada por el ciudadano Luis Agustín Castillo Zárate los incisos 3° (parcial) y 8° del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005
NILSON PINILLA PINILLA AL AUTO A-262 DE 2006
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ACTO REFORMATORIO DE LA CONSTITUCION POR SUSTITUCION-Contradicciones de esta tesis (Aclaración de voto)
Demanda de inconstitucionalidad contra los incisos 3° (parcial) y 8° del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005
Habiendo votado de manera favorable en este caso la decisión de confirmar el rechazo de la demanda, según determinación adoptada por el señor Magistrado Ponente inicial mediante auto de agosto 23 de 2006, estimo necesario hacer una muy respetuosa pero importante aclaración sobre el sentido de mi voto en el presente asunto.
La razón que motiva esta aclaración es la necesidad de dejar nuevamente constancia de mi profundo desacuerdo con la tesis planteada por esta Corte a partir de la sentencia C-551 de 2003, conforme a la cual el juez constitucional puede examinar, como presupuesto previo al análisis de constitucionalidad de un acto legislativo, si el Congreso de la República era o no competente para expedir dicha reforma, dependiendo de la materia de la cual ella trata. Como se aprecia, en el presente caso la razón principal que justificó la inadmisión y posterior rechazo de la demanda fue haberse considerado que basando el demandante su acusación en esta tesis, le incumbía entonces una carga de alegación considerablemente mayor a la que se aplica de ordinario en las demandas de inconstitucionalidad.
En consecuencia, si bien participo de la apreciación de que en el presente caso el demandante pretendía un control material sobre el contenido de la reforma constitucional acusada, razón por la cual procedía el rechazo, tal como fue reafirmado por la Sala Plena, no comparto la reiteración de la tesis sobre vicios de competencia en el poder de reforma constitucional que la propia Constitución asignó al Congreso de la República.
Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aún cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento. (…)”
[3] Sentencia C-427 de 1997.

References: artículo 241
 artículo 58
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 241
 artículo 1
 artículo 58
 artículo 1
 artículo 1