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Timestamp: 2019-09-19 13:59:00+00:00

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Delitos contra la Hacienda Pública y ...
Doc. visitadosReconvenciónFacta concludentiaInter aliosDerecho de defensaRecurso de casación (proceso penal)Contrato de fletamentoRegistrador de la propiedadJurisprudenciaActo jurídicoContrato de asistencia técnica
I. Concepto y bien jurídico protegido
1. Delitos contra la Hacienda Pública
a) Delito fiscal básico
b) Delito fiscal agravado
c) Delito de fraude de subvenciones
d) Delito contable
e) Defraudación a la Hacienda de la Comunidad Europea
2. Delitos contra la Seguridad Social
a) Delito básico de fraude a la Seguridad Social
b) Delito agravado de defraudación a la Seguridad Social
c) Delito de obtención fraudulenta de prestaciones de la Seguridad Social
3. Responsabilidad de personas jurídicas
Al concepto de patrimonio, como objeto de protección penal, el Código Penal de 1995, aprobado por Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, une el concepto de orden socioeconómico. Ello es fruto de la expansión que en las últimas décadas ha tenido el llamado Derecho Penal Económico en el que la protección que el Derecho Penal dispensa no va ya sólo en la dirección de proteger los intereses económicos individuales sino también los supraindividuales, sociales o colectivos de la vida económica, es decir, la economía política. En la actualidad, por tanto, se defiende un concepto amplio del Derecho Penal Económico, que engloba en su seno desde los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social a los delitos contra los derechos de los trabajadores, de revelación de secretos industriales y comerciales, de publicidad engañosa, delitos societarios, etc., dispensando así protección a lo que sería un amplio concepto de "orden socioeconómico".
No obstante, el orden socioeconómico no aparece como bien jurídicamente protegido de forma directa. El "orden socioeconómico" representaría, pues, una idea o mejor dicho, un bien jurídico categorial que deberá precisarse o concretarse en intereses o bienes jurídicos específicos en cada tipo delictivo. En concreto, los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, previstos en el Título XIV -con ese mismo nombre- del Libro II del Código Penal aprobado por Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, artículos 305 a 310 bis, modificados por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, son unas figuras penales que pretenden proteger la Hacienda Pública y la Seguridad Social de determinadas conductas que pueden dañar a estas Instituciones:
- Proteger la Hacienda Pública conlleva defender directamente los intereses económicos y patrimoniales del Estado, tanto en su aspecto recaudatorio o de ingresos públicos como en el de gastos públicos o asignación del Presupuesto. Pero estos delitos protegen también otros bienes jurídicos de forma indirecta como son la efectividad de los tributos como elemento base del sistema fiscal y el tráfico jurídico documental. En la dimensión del gasto o aplicación del presupuesto (como las subvenciones, por ejemplo) también se protegen otros intereses de forma indirecta como son las políticas sociales del Estado.
- La protección de la Seguridad Social, que tiene también una dimensión de gasto y otra de ingreso, se dispensa, en cambio, sólo en su aspecto recaudatorio y no en el de gasto, como pueden ser los fraudes de prestaciones, que podrán reconducirse a otros tipos penales como la estafa de los artículos 248 y siguientes del Código Penal (véase "Estafa") o la apropiación indebida de los artículos 253 y siguientes del Código (véase "Apropiación indebida"). Además del interés patrimonial de la Seguridad Social, se protege indirectamente la propia igualdad de las empresas en términos de competitividad en relación a las obligaciones y gastos sociales.
Veamos, pues, estos dos grandes grupos de delitos.
Este delito, también denominado de defraudación tributaria, se recoge en el artículo 305 del Código Penal y protege a la Hacienda Pública en cuanto a la dimensión recaudatoria (ingresos de la Hacienda Pública), castigando el fraude en el pago de los tributos.
En el delito puede incurrir, como sujeto activo:
- El obligado tributario o sujeto pasivo principal, que es el contribuyente.
- El retenedor, que es la persona jurídica (sociedades) o física (individuos) que por sus funciones intervenga en actos u operaciones en los cuales debe, por expresa disposición legal, efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente.
- El sustituto del contribuyente es el sujeto pasivo que, por imposición de la Ley y en el lugar de aquél, está obligado a cumplir las prestaciones materiales y formales de la obligación tributaria, sin perjuicio de que pueda repercutir al contribuyente el importe del gravamen.
El sujeto pasivo del delito es la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local. También lo es la Hacienda de la Unión Europea.
Se castiga al que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, conforme a la redacción dada a este precepto por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, salvo en aquellos casos en los que se hubiera regularizado la situación.
- Eludir:
• El pago de tributos.
• El pago de cantidades retenidas o que se hubieran debido retener.
• El pago de ingresos a cuenta de retribuciones en especie.
- Obtener:
• Devoluciones indebidamente.
• Beneficios fiscales indebidamente (bonificaciones, reducciones, deducciones, desgravaciones o exenciones).
La conducta es defraudar por acción (haciendo fraudulentamente la declaración o gestión tributaria) y por omisión (no realizando la declaración obligatoria en caso de ser exigida por la normativa tributaria), es decir, causar un daño patrimonial a la Hacienda Pública mediante engaño.
La conducta se refiere a un tributo, entendido como concepto genérico que comprende impuestos, tasas y contribuciones especiales. No abarca intereses, recargos, costas de ejecución o sanciones tributarias.
El resultado es defraudar efectivamente al fisco, pero sólo será delito si la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados, excede de 120.000 euros.
Para determinar esa cantidad hay que tener en cuenta dos reglas:
- Si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración periódica, se estará a lo defraudado en cada período impositivo o de declaración, y si éstos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado se referirá al año natural.
- En los demás supuestos la cuantía se entenderá referida a cada uno de los distintos conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidación.
Sólo se castiga la comisión dolosa de los hechos, es decir, la actuación u omisión intencional y a sabiendas de la defraudación realizada. No se castiga penalmente el descuido o la negligencia, aunque fuera grave, que tendrán consecuencias sancionadoras administrativas, pero no el castigo criminal.
La pena es de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada, conforme a la elevación de pena impuesta por la modificación del precepto operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.
Excusa absolutoria. El apartado 4º del artículo 305 definido, con la finalidad de promover el pago voluntario de las cantidades defraudadas, establece que quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria, en relación con las deudas a que se refiere el apartado primero de este artículo, antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de regularización, o en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, la regularización sea antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o cuando el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.
La exención de responsabilidad penal contemplada en el párrafo anterior alcanzará igualmente a las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, solamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización, pudieran haberse cometido con carácter previo a la regularización de su situación tributaria.
Por otro lado, los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado tributario o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como investigado satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del obligado tributario o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado tributario o de otros responsables del delito.
El artículo 305 bis del Código Penal prevé un tipo más grave de delito fiscal cuando concurra en la acción delictiva alguna de las siguientes circunstancias:
Las penas serán de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada.
A diferencia de los delitos anteriores, el artículo 308 del Código Penal prevé una conducta criminal que trata de proteger la aplicación de gasto de la Hacienda Pública, que debe estar presidida por una distribución equitativa de los recursos públicos en un sistema regulado, ordenado y justo de las subvenciones o desgravaciones.
El objeto del delito son las ayudas públicas, como las subvenciones, las desgravaciones, los premios o las primas. Estarán excluidos los beneficios fiscales, que se integran en el delito anterior.
- En la primera se pena al que obtenga subvenciones, desgravaciones o ayudas de las Administraciones públicas de más de ciento veinte mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años.
Para la determinación de la cantidad defraudada se estará al año natural y deberá tratarse de subvenciones obtenidas para el fomento de la misma actividad privada subvencionable, aunque procedan de distintas Administraciones o entidades públicas. Tiene que tratarse de requisitos esenciales que hayan sido determinantes de la concesión de la ayuda.
- En la segunda modalidad se impone pena al que, en el desarrollo de una actividad subvencionada con fondos de las Administraciones públicas cuyo importe supere los ciento veinte mil euros, incumpla las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida, tal y como han resultado modificados estos dos párrafos por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Como vemos, aquí el precepto sólo se refiere a las subvenciones, pues sólo en el marco de estas, como ayudas públicas para la realización de una actividad, tiene sentido imponer condiciones y finalidades a las mismas. Las condiciones incumplidas han de ser sustanciales, es decir, que entren en la esencia de la política, esencia o finalidad social o económica de la subvención.
El resultado es la efectiva defraudación de la Hacienda Pública en el caso de la primera modalidad de acción. La segunda modalidad de acción es mera actividad, pues no se precisa ningún resultado sino sólo la mera alteración de los fines, en cuanto ello repercute en el bien jurídico protegido, que es una política justa y equitativa de las subvenciones.
En cualquiera de los casos, para que sea delito es preciso que el interés económico de que se trate supere el importe de 120.000 euros.
Excusa absolutoria. Al igual que en el delito fiscal, y con la misma finalidad de obtener el restablecimiento patrimonial de la Hacienda Pública, el apartado 5º del artículo 308 CP establece que quedará exento de responsabilidad penal, en relación con las subvenciones, desgravaciones o ayudas a que se refiere el precepto tratado, el que reintegre las cantidades recibidas, incrementadas en un interés anual equivalente al interés legal del dinero aumentado en dos puntos porcentuales, desde el momento en que las percibió, antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones de inspección o control en relación con dichas subvenciones, desgravaciones o ayudas o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, el reintegro sea antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante de la Administración autonómica o local de que se trate interponga querella o denuncia contra aquél dirigida.
Los Jueces y Tribunales podrán imponer al responsable de este delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado, lleve a cabo el reintegro del importe y reconozca judicialmente los hechos.
Finalmente, la existencia de un procedimiento penal por alguno de los delitos analizados, no impedirá que la Administración competente exija el reintegro por vía administrativa de las subvenciones o ayudas indebidamente aplicadas. El importe que deba ser reintegrado se entenderá fijado provisionalmente por la Administración, y se ajustará después a lo que finalmente se resuelva en el proceso penal.
En el artículo 310 del Código Penal castiga una serie de conductas cuya cabida en el derecho penal sólo se justifica en ser actuaciones que sirven para preparar el delito de defraudación tributaria, de modo que para prevenir con más eficacia el delito fiscal se adelanta el Derecho Penal a castigar estos actos preparatorios.
La acción es la del que estando obligado por ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales, cometa alguna de las siguientes conductas:
- Incumpla absolutamente dicha obligación en régimen de estimación directa de bases tributarias. Absolutamente quiere decir que no exista ningún tipo de contabilidad, lo que reduce la aplicación del precepto pues es fácil que algún tipo de contabilidad pueda existir, aunque rudimentaria y normativamente insuficiente. La no llevanza tiene que referirse a todo el período impositivo. Está excluido el sujeto pasivo tributario sometido al régimen de estimación objetiva singular.
- Lleve contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, oculten o simulen la verdadera situación de la empresa. En este caso la acción sólo la puede cometer un empresario en el que, además, concurra una finalidad específica de ocultación de la situación real de la empresa.
- No hubiere anotado en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o, en general, transacciones económicas, o los hubiese anotado con cifras distintas a las verdaderas, o hubiere practicado en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias. Se trata pues de conductas de omisión (las primeras) y de acción (las segundas).
En los dos últimos casos, para que los hechos sean delito es necesario que se hayan omitido las declaraciones tributarias o que las presentadas fueren reflejo de su falsa contabilidad y que la cuantía, en más o menos, de los cargos o abonos omitidos o falseados exceda, sin compensación aritmética entre ellos, de 240.000 euros por cada ejercicio económico.
La pena es de prisión de cinco a siete meses.
El Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, hecho en Bruselas el 26 de julio de 1995 (que entró en vigor en España el día 17 de octubre de 2002), obliga a los estados miembros a tomar medidas para castigar de forma eficaz los fraudes de fondos comunitarios. En cumplimiento del convenio, la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre llevó al Código Penal de 1995 los artículos 306 y 309 conteniendo varios tipos delictivos que castigan fraudes comunitarios en las dos versiones de ingreso y gasto de la Hacienda Comunitaria, y en los artículos 627 y 628 unos comportamientos más leves considerados falta. Tras la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, solo se mantiene en vigor el artículo 306.
El artículo 306 CP, modificado por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, establece que el que por acción u omisión defraude a los presupuestos generales de la Unión Europea u otros administrados por ésta, en cuantía superior a cincuenta mil euros, eludiendo el pago de cantidades que se deban ingresar, u obteniendo indebidamente fondos falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubieran impedido, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.
Los comportamientos criminalizados en relación con la Seguridad Social se contienen en los artículos 307 a307 ter del Código Penal, cuyo análisis es el siguiente:
- En el delito puede incurrir, como sujeto activo, aquel que es responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar a la Seguridad Social. Esto excluye como sujeto activo del delito al trabajador, pues si bien en el Régimen General de la Seguridad Social, y conforme al artículo 103 LGSS 2015, está obligado a cotizar (junto con el empresario), no es, sin embargo, responsable de hacerlo, pues sólo el empresario lo es, por disposición del artículo 104 LGSS 2015. En cambio en los regímenes especiales sí existen supuestos en que el trabajador es responsable de la cotización y puede ser sujeto activo del delito, lo que hará necesario tener en cuenta en cada caso concreto la normativa del concreto régimen de Seguridad Social en que se concitan los hechos.
- El sujeto pasivo es la Tesorería General de la Seguridad Social, como organismo que, conforme al artículo 18 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y bajo el principio de caja única del sistema de la Seguridad Social, gestión liquidatoria y recaudatoria de los recursos de ésta, así como de los conceptos de recaudación conjunta con las cuotas de la Seguridad Social, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva, bajo la dirección y tutela del Estado.
- Se castiga al que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de ciento veinte mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, conforme a la modificación de este precepto operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. La conducta castigada tiene dos grandes modalidades:
• La conducta de defraudar por acción (realizando una gestión fraudulenta) o por omisión (no realizando el pago correspondiente), es decir, causar un daño patrimonial a la Seguridad Social mediante engaño en la recaudación de cuotas o conceptos de recaudación conjunta. Comprende, pues, dos objetos:
1. Las cuotas, que incluye tanto las que, en el Régimen General de la Seguridad Social, tiene que pagar el empresario como las que corren a cargo del trabajador, y también comprende las primas de accidentes de trabajo y las primas de enfermedad profesional.
2. Los conceptos de recaudación conjunta son otros conceptos como las aportaciones al Fondo de Garantía Salarial, a formación profesional, cotizaciones durante la situación de desempleo y otros que puedan establecerse en el futuro.
• La segunda modalidad es la obtención indebida de devoluciones. Se refiere a las devoluciones el artículo 23.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estableciendo que las personas obligadas a cotizar o al pago de otras deudas con la Seguridad Social objeto de gestión recaudatoria por la Administración de la Seguridad Social, tendrán derecho, en los términos y supuestos que reglamentariamente se fijen, a la devolución total o parcial del importe de los ingresos que por error se hubiesen realizado.
• La tercera modalidad es el disfrute indebido de deducciones. Habrá que estar a la normativa específica que regula la deducción de que se trate (por ejemplo el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social) y que establecerá los requisitos de acceso a las mismas, conseguidas en este caso de forma fraudulenta.
El resultado es defraudar efectivamente a la Seguridad Social, pero sólo será delito si la cuantía defraudada excede de 120.000 euros. Para determinar esta cuantía se estará a lo defraudado en cada liquidación, devolución o deducción, refiriéndose al año natural el importe de lo defraudado cuando aquéllas correspondan a un período inferior a doce meses.
Sólo se castiga la comisión dolosa de los hechos, es decir, la realizada de forma intencional y a sabiendas, como por otro lado es lógico al tratarse de una defraudación que es esencialmente maliciosa. No se castiga penalmente el descuido o la negligencia, aunque fuera grave, que tendrá consecuencias sancionadoras administrativas.
Excusa absolutoria. Conforme al apartado 3º del artículo 307 CP, y con la finalidad de favorecer la restitución voluntaria del quebranto económico a la Seguridad Social, se prevé que quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación ante la Seguridad Social antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones inspectoras dirigidas a la determinación de dichas deudas o, en caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social interpongan querella o denuncia por los hechos.
Los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado frente a la Seguridad Social o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado, satisfaga la deuda con la Seguridad Social y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del deudor a la Seguridad Social o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado frente a la Seguridad Social o de otros responsables del delito.
El artículo 307 bis del Código Penal prevé un tipo más grave de delito contra la Seguridad Social cuando concurran en la acción delictiva las siguientes circunstancias:
El delito será castigado con la pena de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuantía. Además se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de cuatro a ocho año.
El art. 307 ter del Código Penal castiga la obtención, para sí o para otro, de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública.
La pena a imponer será de seis meses a tres años de prisión. Se prevé también un tipo agravado –para el caso de que la cuantía defraudada superara los 50.000 €- donde la pena a imponer será de prisión de dos a seis años y multa del tanto al séxtuplo. En estos casos, además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de cuatro a ocho años.
Finalmente conviene señalar que esta Ley Orgánica 7/2012 introdujo un artículo 310 bis CP con la siguiente redacción:
"Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Título, se le impondrán las siguientes penas:
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b), c), d), e) y g) del apartado 7 del artículo 33."

References: artículo 305
 artículo 305
 artículo 305
 artículo 308
 artículo 308
 artículo 310
 artículo 306
 artículo 306
 artículo 103
 artículo 104
 artículo 18
 Real Decreto 
 artículo 23
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 307
 artículo 307
 artículo 310
 artículo 31
 artículo 66
 artículo 33