Source: http://insolvia.es/noticias_detalle_actualidad.php?id=76
Timestamp: 2020-08-08 16:55:39+00:00

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El 24 de marzo en la revista jurídica El Derecho se publicó nuestro artículo titulado “¿Se olvidó el gobierno de las empresas en concurso en la regulación del expediente de reducción de jornada o suspensión de contratos de trabajo por el estado de alarma?.
En el RDL 8/2020 de 17 de Marzo de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico del COVID 19 se regulaba la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos o reducción de jornada (ERTE en lo sucesivo) en los artículos 22 (fuerza mayor) y 23 (por causas económicas, técnicas y organizativa y de producción) en los que se atribuía la competencia para su tramitación a la autoridad laboral.
Manteníamos en el citado artículo que el Gobierno se había olvidado de contemplar en el RDL 8/2020 los ERTE de sociedades en concurso cuya competencia (art. 86 ter LOPJ, 8 y 64 de la LC), en principio, es exclusiva y excluyente del Juzgado Mercantil del concurso. La suspensión de plazos procesales, las dificultades operativas de los mismos, la falta de dotación de medios de los citados Juzgados hizo que formulásemos desde DLM INSOLVIA una propuesta en dicho artículo para que los ERTE se tramitasen ante la autoridad laboral dando conocimiento la administración concursal al Juzgado del concurso de sus trámites esenciales (presentación y resolución administrativa). Nuestro compañero Ignacio Fernández Larrea publicó en Hay Derecho y Expansión otro magnífico artículo sobre los ERTE en concurso e incluso propuso un modelo de escrito a presentar ante los Juzgados Mercantiles.
Ambos artículos, creemos desde DLM INSOLVIA, han ayudado a recordar al Gobierno su olvido y subsanar su olvido.
El RDL 11/2020 de 31 de marzo, en su disposición final primera y disposición transitoria cuarta, ha venido a resolver el problema de los trabajadores afectados, principal problema de las sociedades en concurso.
No es objeto de este artículo analizar la tramitación de los ERE ni ERTE regulados en el RD 1483/2012 de 29 de octubre y en el art. 47 del ET sino solo señalar las especialidades de los RDL 8/2020 y 11/2020 que afectan a sociedades en concurso de acreedores.
Por último tampoco es objeto de este artículo entrar a discutir desde un punto de vista doctrinal y dogmático si a través de un RDL se puede cambiar la competencia exclusiva y excluyente de los Juzgados Mercantiles para la tramitación de los expedientes de suspensión colectiva o reducción de jornada atribuida en virtud de una Ley Orgánica (art. 86 ter LOPJ) regulados en los arts. 22 y 23 del RDL 8/2020. En mi modesta opinión estas medidas especiales y extraordinarias también están amparadas por la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio reguladora de los estados de alarma (art. 116 de la CE) y, a través de sus disposiciones, el Gobierno puede adoptar medidas excepcionales que, en este caso, resuelven un grave problema a los trabajadores afectados por los citados expedientes. Sin duda esta discusión doctrinal será interesante desde un punto de vista jurídico pero desde un punto de vista práctico y racional no tiene ningún sentido teniendo en cuenta, como poníamos de manifiesto en el anterior artículo, que a los Jueces, Letrados de Justicia y Oficiales y Auxiliares tramitadores no se les ha dotado de medios de teletrabajo.
2. ¿QUÉ CRITERIOS HAN SEGUIDO LOS JUZGADOS MERCANTILES DESDE EL 17 DE MARZO HASTA EL 1DE ABRIL DE 2020?.
El criterio de los Juzgados Mercantiles desde la entrada en vigor del RDL 8/2020 hasta la fecha ha sido dispar dividiéndose entre los que consideran que la competencia era exclusiva y excluyente de los Juzgados Mercantiles en base al art. 86 ter, 8 y 64 de la LC (Juzgado Mercantil de Valencia, Gerona y Málaga) mientras que otros optaron por estimar competente a la autoridad laboral porque el art. 22 y 23 del RDL 8/2020 atribuye expresamente la competencia a la autoridad laboral. En este segundo supuesto la administración concursal informaba al Juzgado Mercantil de la presentación del ERTE ante la autoridad laboral.
3. ¿ A PARTIR DE 2 DE ABRIL QUIÉN ES EL ÓRGANO COMPETENTE PARA TRAMITAR LOS ERTE EN SOCIEDADES EN CONCURSO?.
El olvido del Gobierno a las sociedades en concurso se ha subsanado en el RDL 11/2020 de 31 de marzo en su disposición final primera, apartado 16, al introducir en el RDL 8/2020 una disposición adicional décima denominada “Especialidades en aplicación del Capítulo II a las empresas concursadas” para regular los ERTE, de los arts. 22 y 23 del primer RDL, para empresas en concurso y en su disposición transitoria cuarta.
La disposición adicional décima añadida al RDL 8/2020, de 17 de marzo, establece que las medidas previstas en los arts. 22 y 23 del citado RDL sobre suspensión de contrato y reducción de jornada por causa mayor y por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción serán de aplicación a las empresas en concurso (apartado 1).
A partir de 2 de abril de 2020 los ERTE, de acuerdo con la disposición décima antes aludida, se solicitarán ante la autoridad laboral y no ante los Juzgados Mercantiles (apartado 2 de la disposición adicional décima). La solicitud la presentará la sociedad concursada con la administración concursal (en lo sucesivo AC), en caso de intervención, o la AC en caso de suspensión de facultades quien, en ambos casos, participará en el periodo de consultas cuando el mismo es preceptivo, esto es, en el ERTE no fundamentado en causa de fuerza mayor covid-19. Deberá informarse de forma inmediata de la solicitud, resolución y medidas aplicadas al juez del concurso.
Contra la resolución aprobando el ERTE la impugnación se presentará ante el juez del concurso que se tramitará como incidente concursal. Contra la sentencia cabe recurso de suplicación, adopta el criterio previsto en el art. 64 LC.
4. ¿QUÉ SUCEDE CON LOS ERTE PRESENTADOS ENTRE EL 17 DE MARZO Y 1 DE ABRIL DE 2020?.
La disposición transitoria 4ª del RDL 11/2020 de 31 de marzo de 2020 establece:
“1 Si a la fecha de entrada en vigor de este RDL se hubiera dictado auto por el Juez del concurso acordando la aplicación de las medidas previstas en los Arts. 22 y 23 del RDL 8/2020 de 17 de marzo, la resolución tendrá plenos efectos para el reconocimiento de las prestaciones previstas en el capítulo II de esa norma”.
2 Las solicitudes presentadas en las que no se haya dictado resolución por el juez del concurso deberán remitirse a la autoridad laboral y continuarán su tramitación por el procedimiento y con las especialidades previstas en los arts. 22 y 23 del RDDL. Las actuaciones previamente practicadas y el periodo de consultas que estuviera en curso o se hubiera celebrado conservarán su validez a los efectos del nuevo procedimiento”.
5. ¿QUIÉN ES LA AUTORIDAD LABORAL COMPETENTE ANTE LA QUE HAY QUE PRESENTAR LOS ERTE?
El art. 25 del RD 1483/2013, de 29 de octubre, establece que cuándo el procedimiento afecte a trabajadores que desarrollen su actividad o que se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en su totalidad dentro del territorio de una Comunidad Autónoma la autoridad laboral será el órgano que determine la Comunidad Autónoma respectiva. Cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de dos o más Comunidades Autónomas lo será la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social. No obstante cuando como mínimo el 85% de la plantilla de la empresa radique en el ámbito de una Comunidad Autónoma y existan trabajadores afectados en la misma, corresponderá a la autoridad laboral de esta Comunidad.
6. ¿TRANSCURRIDO EL PLAZO SIN RESOLVER EXISTE SILENCIO POSITIVO?.
El at. 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas establece que transcurrido el vencimiento del plazo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado para entenderla estimada por silencio administrativo.
El art. 22 del RDL 8/2020 de 17 de marzo, en su apartado 2 c) establece que la autoridad laboral dictará resolución en el plazo de 5 días desde la solicitud. El art. 23 del RDL 8/2020, de 17 de marzo, establece un plazo de 5 días para la formación de la comisión representativa de los trabajadores si no la hubiera desde la presentación de la solicitud y un periodo de consultas que no puede exceder de 7 días. El informe de la inspección de trabajo, que es potestativo, se emitirá dentro de los 7 días siguientes a la solicitud.
Hasta la fecha solo conozco una resolución expresa positiva dictada por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social dentro de los plazos antes citados.
Lo normal es que la autoridad laboral no tenga tiempo material para dictar la resolución en el corto plazo previsto. En este supuesto al no preverse silencio negativo en ninguno de estos preceptos debemos entender que el silencio es positivo de acuerdo con el art. 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y así lo reconoce el propio Ministerio de Trabajo en su página web al afirmar que la empresa deberá presentar a SEPE los datos de los trabajadores para que cobren la prestación de desempleo aportando copia de la resolución dictada o, de no existir, copia de la solicitud presentada de ERTE una vez transcurrido los plazos previstos en los arts. 22 y 23 del RDL 8/2020.
7. ¿QUÉ PROBLEMAS PRESENTA LA DISPOSICION ADICIONAL SEXTA DEL RDL 8/2020?.
La disposición adicional sexta denominada de “Salvaguardia del empleo” establece que “Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente real decreto-ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad”.
Esta disposición plantea un problema grave tanto para las sociedades concursadas como para las sociedades no concursadas. La grave crisis económica generada por el COVID-19 provocará que, una vez terminado el estado de alarma y desaparecida la causa de fuerza mayor, éstas no tengan otra opción que adoptar medidas de extinción, individual o colectiva, de los contratos de trabajo. En ese supuesto se habrá incumplido lo previsto en la disposición adicional sexta en la que no se prevén las consecuencias del incumplimiento del compromiso pero, previsiblemente, la administración pública intentará adoptar medidas contra los administradores sociales y/o administradores concursales.
Ante este dilema en la solicitud del ERTE se harán constar las dudas razonables que genere el cumplimiento de dicho compromiso.
8. ¿SE PUEDEN PRESENTAR ERTE QUE NO CUMPLAN LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ART. 22 Y 23 DEL RDL 8/2020?.
En aquellos supuestos en los que se quiera presentar un expediente de reducción de jornada o suspensión de los contratos de trabajo que no cumplan los requisitos previstos en los artículos 22 y 23 del RDL /2020 se podrán presentar pero la competencia es exclusiva y excluyente de los Juzgados Mercantiles y se rige por lo establecido en el art. 64 de la LC. La competencia vendrá determinada por el art. 86 ter, 8 y 64 de la LC.
9. ¿SE PUEDE PRESENTAR UN EXPEDIENTE DE EXTINCION COLECTIVA DE CONTRATOS DE TRABAJO DURANTE EL ESTADO DE ALARMA?.
El art. 2 del RDL 9/2020 de 27 de marzo por el que se adoptan medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar los efectos del COVID-19 establece que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de los contratos y de reducción de jornada no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.
La norma no prohíbe el despido, se podrá despedir por causas disciplinarias o por causas económicas, técnicas y organizativas y de producción no vinculadas al estado de alarma aunque el mismo previsiblemente se declarará improcedente.
También en mi opinión se podrá presentar ante el Juzgado Mercantil del concurso cualquier expediente de extinción colectiva que no esté vinculado ni tenga causa en el COVID. Se tramitará de acuerdo con lo previsto en el art. 64 de la LC. Desde un punto de vista práctico será difícil tramitarlo por la escasa dotación de medios y personal de los Juzgados Mercantiles y porque se tendrá dificultades para celebrar el periodo de consultas y que la autoridad laboral emita informe en el plazo de 15 días. El riesgo de este expediente es que no se autorice o de autorizarse que, posteriormente, se pueda declarar nulo por el Tribunal Superior de Justicia de cada Comunidad Autónoma en caso de recurrirse por los representantes de los trabajadores.
El Gobierno en el RDL 11/2020, de 31 de marzo, resuelve el problema de la tramitación de los ERTE de sociedades concursadas atribuyendo la competencia a la autoridad laboral incorporando la disposición adicional décima al RDL 8/2020 de 17 de marzo.
La autoridad laboral viene determinada por lo previsto en el art. 25 del RD 1483/2012.
La administración concursal, en caso de intervención, debe autorizar la presentación del ERTE o, en caso de suspensión, debe presentarlo ella.
También debe la administración concursal participar en el periodo de consultas cuando este es preceptivo (art. 23 del RDL 8/2020 de 17 de marzo) y comunicar al Juzgado Mercantil del concurso la presentación ante la autoridad laboral y la resolución que se dicte.
El silencio es positivo en el supuesto frecuente de que la autoridad laboral no dicte resolución expresa.
Se debe ser especialmente cuidadosa con la disposición adicional sexta del RDL 8/2020 en la que legalmente se tiene por asumido el compromiso de mantenimiento del empleo durante seis meses una vez concluya el estado de alarma.
En la disposición transitoria cuarta resuelve los problemas de competencia a los ERTE presentados ante el Juzgado Mercantil en el periodo transcurrido entre el 17 de marzo y 1 abril de 2020 reconociendo y dando validez a las resoluciones judiciales que se hayan dictado y si todavía no se hubiera dictado auto aprobándolo se remitirá el expediente a la autoridad laboral.

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