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Sintonia Fina en Nacional: marzo 2015
Programa SF 153 - Mariana Gras y Gabriela Cabezón Cámara - 28 de Marzo de 2015
por Gabriela Cabezón Cámara para Revista Anfibia
Editorial SF 28 de Marzo de 2015.
La construyen poco a poco como si fuera culpable: digamé, comunicador y digan sus audiovidentes, si una mujer joven tiene más de un novio o, peor, ninguno, y vuelve en pedo a las seis y salió en vestido corto, ¿Se está buscando la muerte? ¿Piensa que se la merece? ¿Usted cree que debería volver antes de las doce? ¿Vestirse con una burka e ir a misa los domingos? ¿Usted quiere que le pida permiso a algún buen señor para salir cuando quiere? ¿Que deje de salir sola? ¿Que piense lo que se pone porque si a un hijo de puta le parece algo indecente por ahí la hace pelota? Le pregunto más cortito: ¿Piensa que una chica es propiedad de algún muchacho y que si no tiene dueño pueden matarla tranquilos? ¿De verdad se siente bien eligiendo como elige la foto más provocativa para decir sin decir “la piba era una atorranta”, “los padres no la cuidaban”, “su vida no tenía rumbo”? Empieza una denigración, algo que está en la cultura, no digo que lo inventa usted, pero podría revisar la máquina de prejuicios que le salta cuando habla y cuando hablan los demás. Entre otras cosas se nota la puntuación del mercado: hay cuerpos que valen más y hay cuerpos que valen menos. Casta, rica y estudiosa vale más que pobre y trola pero todas valen menos que el cuerpo del matador que es la manifestación extrema de este estado de las cosas: buena parte del planeta cree, a veces sin saberlo, que cosas somos nosotras. Pobres cosas, poca cosa, algo que se usa y se tira, nada de bienes suntuarios, muñecas que se descartan como globos ya pinchados. Es como canibalismo. Es una bestialidad. Piensen un poco, señores, piensen también las señoras y sientan un poco más: somos sus madres, sus hijas, sus hermanas, sus esposas, sus amigas, sus amantes, sus novias.
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Etiquetas: Politicas Publicas. Metas de Beijing., Violencia contra las mujeres. Violencia de genero
Programa SF 152 - Bruno Nápoli - 21 de Marzo de 2015
La voz del poder.
Editorial SF del 21 de Marzo de 2015.
El 14 de julio de 2011 el Centro de Estudios Legales y Sociales enviaba una carta al juez Daniel Rafecas, por ese entonces a cargo de la causa, en la cual hacían saber su preocupación respecto del comportamiento y los pareceres hechos públicos del fiscal Carlos Alberto Rívolo.
Por estos días de Partido Judicial actuando a diario y con todas las licencias y potestades a su cargo, las lecturas de estos textos del pasado reciente no sólo acomodan los trozos de memoria colectiva que se van construyendo, sino que ayudan a ubicar las piezas que creíamos sueltas de un rompecabezas que cada hora dibuja con mayor claridad el mapa completo.
En aquel texto, la entidad defensora de Derechos Humanos le planteaba al magistrado lo siguiente: “Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de manifestar nuestra preocupación por algunas expresiones vertidas en el dictamen del Sr Fiscal Carlos Alberto Rívolo, efectuado en fecha 27 de junio de 2011, en la causa 1875/09 Martínez de Hoz, José Alfredo; Reynal, Alejandro; y Reynal, William sobre delitos de lesa humanidad”.
“En primer lugar, llama la atención el tiempo transcurrido desde el momento en que el Sr. Fiscal tomó conocimiento de la denuncia y el dictamen de desistimiento realizado. Por otra parte, queremos expresar nuestra inquietud por los términos utilizados por el funcionario en su resolución para justificar el no sostenimiento de la acción. El Sr. Fiscal utiliza expresiones como ´es sabido que el único plan sistemático de la dictadura consistía en aniquilar la subversión tal y como expresamente lo reconoció, lenguaje sembrado y heredado además del gobierno antecesor cuando creó la desgraciadamente famosa fuerza paramilitar conocida como Triple A´, que reproduce un lenguaje y una terminología propios de aquella época. A más de 30 años de vida democrática y las sentencias recaídas en el marco del proceso de verdad y justicia que avanza en el país, esta manifestación significa un fuerte retroceso”.
Dos meses antes de esta carta había ocurrido un hecho nada menor en el cambio que empezaba a darse para erradicar la idea de dictadura militar y asentarle bases sólidas al paradigma más exacto, más preciso y más riguroso con lo ocurrido hace 40 años de nuestro país: ése que da cuenta de cómo los no uniformados no fueron ni acompañantes, ni cómplices y, las más de las veces, ni socios, sino ideólogos de lo que sucedió en aquellos años oscuros; y el mismo que explica que muerte, cama de tortura y desaparición tiene vinculación directa con empresas, patria financiera, dinero y poder.
En mayo de 2011, el entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, se había presentado en nombre del Estado Nacional como co-querellante en la causa que Eduardo E. Saiegh había iniciado por su detención ilegal y las torturas sufridas y por las cuales pedía la detención de Martínez de Hoz y Alejandro Reynal, acusados de ser los autores intelectuales del secuestro del empresario.
Saiegh decidió dar cuenta de su “caso” a través de un blog que se ubica con facilidad en la web. En él cuenta que “El 31 de octubre de 1980 fue un día bisagra en mi vida, cuando la dictadura cívico militar me produjo una profunda y grave inflexión en el devenir de mi vida.
Ese día fue violentamente secuestrado “por una comisión de más de 30 parapoliciales y salvajemente torturado durante 7 días para que confesara ´voluntariamente´delitos inexistentes en el Banco Latinoamericano (BLA) del cual aún soy propietario, con el objetivo de que el Banco Central justificara su arbitraria e ilegal ´autoliquidación´para poder materializar la estatización de Austral Líneas Aéreas que ya había sido resuelta por decreto 1922/80 del 22 de septiembre de 1980”.
“Este grave delito de Terrorismo de Estado y DDHH del que fui víctima propiciatoria en octubre de 1980, fue planeado desde el BCRA con el objetivo de desapoderarme de mi banco y hacer desaparecer -del tesoro del BLA- las acciones de Makin S.A., empresa controlante de Austral Líneas Aéreas, y los comprobantes de su deuda por más de 7 millones de dólares que tenían con el banco, garantizados por la caución de dichas acciones”.
“Dichas acciones las necesitaban -sí o sí- para poder transferirle la compañía aérea al Estado Nacional con un pasivo de más de 200 millones de dólares, y poder estatizarla de acuerdo al decreto 1922 del 22 setiembre de 1980, tramitado en 48 horas, a pedido de los accionistas de Austral por nota formal al entonces ministro de Economía y jefe civil de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz”.
“Para lograr esto se falsificó una denuncia anónima en el BCRA, y se dio su traslado inmediato a las fuerzas parapoliciales pidiéndoles -según consta en las actuaciones- mi detención y el allanamiento de domicilios a la autoridad “política” de la Policía Federal, a través de su División Bancos”.
“La estatización de Austral resultó una real estafa fraudulenta para el Estado Nacional, tal como el fiscal Ricardo Molinas lo denunciara ante la justicia federal penal en 1984, y también es un delito penal imprescriptible cometido por el gobierno de facto contra mi persona y contra mis bienes -por estar incluido en la caracterización de Terrorismo de Estado”.
“Mi secuestro, torturas y extorsión tuvieron el objetivo de “ablandarme” para lograr autoincriminaciones y confesiones falsas con el objetivo de desapoderarme y robarme el BLA y, por ende, quedarse con las acciones caucionadas de Austral. Para lograrlo necesitaban quebrarme en todos los aspectos y, finalmente, liquidarme físicamente”
“Lo económico lo lograron, pero el quiebre moral -a pesar de los terribles tormentos sufridos- nunca pudieron conseguirlo ya que logré soportar las torturas.El 7 de noviembre de 1980, por una situación fortuita del destino, pude negociar mi vida con mis secuestradores y me salvé de una muerte segura”.
“Desde entonces inicié una lucha sin cuartel en todos los frentes legales para reivindicar y denunciar -a nivel nacional e internacional- el arrasamiento de todos mis derechos más elementales y humanos”.
En el 2004, el Estado nacional a través del secretario Eduardo Luis Duhalde, emitió una resolución reconociendo al ‘Caso Saiegh’ como de Terrorismo de Estado agravado por la condición de judío de la víctima.
Así funcionó el genocidio: la muerte y tortura en tándem con –y con el objetivo de- la transformación completa de las bases económicas y culturales de la Argentina.
El así llamado “caso Saiegh” es uno de los que ha logrado mayor visibilidad y, probablemente, uno de los más conocidos. Pero está lejos de ser el único: Acindar o Papel Prensa son –por citar sólo los más emblemáticos- dos ejemplos más de cómo la maquinaria tuvo eje en la dimensión económica de la represión.
La noción de “dictadura militar” se ha ido desgastando y gracias a posibilidades de aperturas y complejizaciones que permiten dar cuenta con mayor exactitud de lo sucedido, se han ido agregando actores a la definición: el bloque civil, los empresarios y la Iglesia. Como indican Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky en su libro “Cuentas pendientes”: “empresarios que son procesados penalmente por contribuir a desaparecer a sus operarios, víctimas que demandan a los bancos que financiaron la dictadura, reclamos económicos en el fuero laboral por detenciones en el lugar de trabajo que se convierten en desapariciones y son declaradas imprescriptibles, sentencias que instruyen investigar la complicidad editorial de los diarios, pedidos efectivos de procesamiento contra empresarios de medios por connivencia con los planes represivos, procesamientos por extorsión de empresarios y usurpación de bienes, la investigación estatal de Papel Prensa, la creación de la unidad especial de investigación de los delitos de lesa humanidad con motivación económica en el ámbito de la Secretaria de Derechos Humanos y de una oficina de coordinación de políticas de derechos humanos dentro de la Comisión Nacional de Valores son algunas de las muestras de esta tendencia”.
Pero lo más novedoso ha sido la vuelta que desde, precisamente la CNV han podido encontrarle al período que transcurrió entre 1976 y 1983: en un libro reciente y valioso como pocos, “La dictadura del capital financiero”, los autores precisan –provocadoramente, por qué no- que “No es preciso el estribillo que durante años consumimos que se refiere a un plan maléfico trazado para implantar por las armas el neoliberalismo en la Argentina”. En este trabajo, sostienen que lo más valioso es conocer “un impactante mapa de relaciones legales, acciones coordinadas entre las instituciones y una presencia civil dominante en la toma de decisiones (...), un espacio de poder que logró perdurar en el tiempo y tener reverberancias no deseadas en la actualidad”. Esto nos obliga, proponen, a examinar “la relación compleja entre genocidio y dictadura y la necesidad de reflexionar de manera crítica sobre la noción de ´complicidad civil´”. Es decir, poner en cuestión esta idea para pasar a una superadora: la de dictadura militar corporativa (…) basados en que fueron las cúpulas de las corporaciones, sobre todo empresarias, diversificadas e integradas, nacionales y extranjeras junto a las estructuras jerárquicas eclesiásticas las que operaron activamente como coprotagonistas hacedoras del período”.
El inmenso intelectual de izquierda Silvio Frondizi, que estuvo muy vinculado con la Revolución Cubana, cerca del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), que fundara Praxis y que fuera fusilado por un comando de las Tres A acuñó una frase enorme, sobre todo para su tiempo y que deberíamos recordar bastante más seguido. Él dijo: “hay que leer La Nación porque es la voz del poder por encima de los gobiernos”, adelantándose con esta expresión varias décadas a un debate que recién estamos pudiendo dar casi de lleno: el que se afinca en comprender que el verdadero poder suele no ser el que a diario manda desde la Casa Rosada. Y que ésa es la única verdadera disputa importante.
El diario La Nación conoce bien de estas cosas. Sabe de sutilezas, de políticas a largo plazo y, sobre todo, de poder. Por eso, casi en soledad, aquel 23 de septiembre de 2011 titularon así la nota: “La persecución a Jaime Smart” y escribieron allí: “Han transcurrido ya más de tres años desde que el doctor Jaime Smart ha sido privado de su libertad sin que haya podido demostrarse hasta ahora su responsabilidad en los hechos que se le imputan. El 12 del actual comenzó a ser juzgado en La Plata, junto con otros acusados, por supuestos delitos de lesa humanidad cometidos durante la lucha antisubversiva en la provincia de Buenos Aires. El juzgamiento, a cargo del Tribunal Oral Criminal I de La Plata, está en la etapa de la lectura de las acusaciones para cumplir con los requerimientos de elevación a juicio. La razón alegada para el enjuiciamiento es haber desempeñado el cargo de ministro de Gobierno de la provincia entre 1976 y 1979. Se trata por lo tanto de la incorporación de un funcionario civil dentro del marco de acusaciones sobre delitos en acciones militares y de las fuerzas de seguridad en la lucha antisubversiva”.
“Los procedimientos llevados a cabo en el marco de la lucha contra el terrorismo” –sigue La Nación- “se realizaban en el más absoluto secreto para los funcionarios civiles de los gobiernos nacional y provinciales. Esto quedó claramente acreditado en varios tramos de la sentencia emitida en el juicio contra los comandantes de las Fuerzas Armadas. La Corte Suprema de Justicia, al entender en los recursos extraordinarios deducidos por los condenados en la causa Nº 4485. A pesar de estas constancias, Jaime Smart es acusado de ser responsable, en su condición de ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, de las acciones de la policía provincial contra la guerrilla terrorista. Para poder hacerlo, 35 años después, no sólo se desconoce que fue ajeno a los hechos, sino que también se violentaron los principios básicos de la justicia como el de legalidad e irretroactividad de la ley penal”.
“El doctor Smart” –continúa La Nación- “tiene un ganado prestigio por sus condiciones personales y profesionales. En sus primeros años como abogado, se desempeñó en el Poder Judicial y, a comienzos de los años setenta, se incorporó a la Cámara Federal Penal de la Nación, que juzgó a miembros de los grupos terroristas que asolaban al país. Queda confiar en que se haga justicia y que se disponga el cese de la actual situación del doctor Smart. De lo contrario, no podrá evitarse que muchos entiendan que casi cuarenta años después, por su actuación en la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, Smart sea perseguido por un gobierno en el que algunos ex terroristas hoy se enseñorean en importantes puestos”.
Avisaban. Alertaban. Advertían. En diciembre de 2012, un tribunal de La Plata condenó al primer funcionario civil del gobierno de facto: Jaime Smart. Fue sentenciado a perpetua en un fallo que por primera vez consideró su rol en tanto funcionario público y lo ubicaron no como cómplice de la dictadura sino como autor de los hechos juzgados en el marco del aparato represivo que comandaba. Uno de los jueces recalcó en la sentencia que se trata de “un cambio de paradigma” porque “la figura del autor permite pensar en un Estado macrocriminal integrado por cuadros civiles, funcionarios y militares en una misma línea de autoría”.
Hay casi 500 represores condenados y decenas de juicios por crímenes de lesa humanidad se suceden uno tras otro. Con trabas y triquiñuelas, pero avanzan. Satisface, calma, cura y da un poco de paz a las víctimas directas y a sus familiares. Y sobre todo ordena a la sociedad toda. Pero en este preciso momento no es una casualidad que se haya alzado en armas de formalidad legal un partido judicial y que detenga, impida, anule o trabe, justamente, las causas donde los sentados no deben ser ya los uniformados sino señores y señoras de corbata y de falda.
La pulseada está asentada exactamente allí. A los uniformados ya los entregaron y no quieren permitir que las condenas lleguen a quienes no cargan grado militar. Lo avisaron, lo alertaron y lo advirtieron. Y están llevando adelante el plan que impida que la política de memoria, verdad y justicia los roce, los toque, los hunda y los lleve a eso que muchos merecen desde hace rato: perpetua y cárcel común.
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Etiquetas: Programa 152 - Bruno Napoli - 21 de Marzo de 2015. Dictadura financiera. La Comision Nacional de Valores en la dictadura Militar Argentina.
Programa SF 151 - Osvaldo Papaleo - 14 de Marzo de 2015
Editorial SF 14 de Marzo 2015
Todavía la Argentina no debatía ni el rol ni la propiedad de los medios de comunicación, ni había conciencias semiologizadas y alertas en casi cada ciudadano, ni se había extendido la idea de que poder y gobierno no necesariamente eran lo mismo, ni se había puesto -o se había colocado a sí mismo- el Poder Judicial en el centro del debate nacional y muchísimo menos se hablaba con naturalidad de cómo habían sido civiles los ideólogos del plan que ejecutaron, codo a codo para satisfacción de las corporaciones económicas, los represores de uniforme y los miembros de la patota. Apenas si el kirchnerismo –que aún no era tal cosa- había dado sus primeras pinceladas con la cadena nacional del Presidente para dar cuenta de cómo lo extorsionaba la Corte de la mayoría automática, con una discusión cara a cara con el pliego de condiciones que José Claudio Escribano le había enviado desde la tapa de La Nación a la primera magistratura del país, con la orden de bajar los cuadros y con algunos otros gestos que iban recién mostrando el tallado del movimiento. Empezaba el forcejeo –eso sí se notaba- pero los poderosos de siempre se mantenían en su posición de saberse triunfadores de cualquier batalla a la que fueran desafiados.
Era en ese contexto, que los medios –incluso los de derecha- se daban el lujo todavía de jugarla de poseedores de un costadito progre. Porque aún tenían esa capacidad perversa de fagocitar lo revulsivo, introducirlo en sus propias entrañas y escupirlo edulcorado; de volver lo antisistémico, inofensivo. Aún no había sido impugnado el corazón de su razón de ser. Todavía podían posar, darse esa manito de pintura que los hacía presentables y jugar a la democracia de utilería.
Porque en nuestra Nación, decir todavía no implicaba empeñar la palabra, es que el diario La Nación se daba algunos permisos, como el de quitarse cierta solemnidad y de celebrar actitudes discordantes con su propia historia.
El domingo 4 de septiembre de 2005 el diario escribió sobre Daniel Rafecas. “El juez que revisa el pasado reciente”, fue el modo en que lo describieron desde el título. “En Tribunales –contaba La Nación- todos hablan de él. Y algunos hasta lo comparan con el juez español Baltasar Garzón. Pero Rafecas tiene una particularidad: nadie, excepto algún que otro procesado por él, habla mal de este magistrado. Aunque se lo intente, las anécdotas que relatan sus colegas, colaboradores, allegados o abogados del foro lo pintan, sencillamente, como un tipo normal. Un estudioso y laburante que, después de mucho esfuerzo, llegó al cargo que siempre soñó.
Como consecuencia de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, ordenó la detención de diez policías federales, cuatro gendarmes y un agente del Servicio Penitenciario Federal que durante la última dictadura habrían cometido violaciones a los derechos humanos en la jurisdicción del I Cuerpo de Ejército. Y, convencido de que hay otras formas de pensar y aplicar la ley penal, llevó a tres supuestos skinheads menores de edad que atacaron a un chico judío a recorrer la Fundación Memoria del Holocausto, donde les dio una clase sobre racismo en lugar de encerrarlos en un instituto. Su trabajo más ponderado lo hizo como titular de una comisión que creó el ex procurador general de la Nación Nicolás Becerra para investigar los procedimientos fraguados por la Policía Federal con el fin de mejorar las estadísticas de la fuerza y así, supuestamente, reducir la sensación de inseguridad. (…) Quizás todo cambie con el correr de los años pero, hasta el momento, el juez Rafecas no es más ni menos que un tipo normal”.
Rafecas había sido designado en octubre de 2004 y sus pares fueron los entonces nuevos jueces federales Ariel Lijo, Guillermo Montenegro y Julián Ercolini. Había llegado –nombrado por la Cámara Federal- para ocupar el juzgado federal Nº 9, el que tenía a cargo Juan José Galeano cuando fue destituido. El entonces camarista Gabriel Cavallo había dicho de Rafecas: "Es uno de los jueces más preparados".
Toda esta catarata de elogios hacia Rafecas tuvo un freno anterior a su desestimación de la denuncia de Natalio Alberto Nisman contra la Presidenta Cristina Fernández. Fue en 2010 cuando se atrevió a lo que nadie se había animado antes: ligar, vincular, poner en un mismo mosaico, delito económico y crimen de lesa humanidad. “Existen distintos elementos que determinan la conclusión de una clara inescindibilidad entre los hechos de privación ilegal de la libertad que tuvieran por víctimas a una serie de personas vinculadas con la firma Papel Prensa y la eventual comisión de ilícitos referidos con la transferencia presuntamente compulsiva de acciones de esa empresa que se encontraban en propiedad de la familia Graiver”, había escrito Rafecas en una de sus sentencias. Fue el 7 de julio de 2010. La guerra ya era declarada y se habían borrado los márgenes para la hipocresía y “los como si”. “Se vincula la compra de acciones”, había escrito el juez “con la dictadura” y había sostenido en su fallo también que “la existencia de acuerdos entre los diarios entre los cuales se encontraba el de no publicar nada que atentase contra la Junta Militar”.
La Argentina se empeña en hacernos vivir historias que o son circulares o nos muestran cuán anclados están algunos al protagonismo de los sucesos. El juez Lijo ha pasado a ser uno de los mejor considerados por las plumas de los poderosos desde el momento en que es quien tiene en jaque al vicepresidente Amado Boudou. Con Guillermo Montenegro nadie que escriba y hable en los medios que comandan la oposición se mete porque, en primer término, es funcionario del candidato que les conviene y en segundo lugar, porque les hace de vocero con todo gusto. Gabriel Cavallo ha dejado el Poder Judicial para convertirse en uno de los abogados personales de la mismísima Ernestina Herrera de Noble.Y Julián Ercolini, pues ¿qué decir?, ha llevado estos días la connivencia jurídico mediática a extremos –incluso para conocedores del tema- aún hoy sorprendentes.
El titular del Juzgado Federal 10 no necesitó ni 24 horas para sentenciar que no iba a tomarles declaración indagatoria a Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, al abogado Juan Gainza Paz y al ex secretario de Desarrollo Industrial de la dictadura Raymundo Pío Podestá. Cuando todavía teníamos la piel erizada por la impunidad con que el juez de Bahía Blanca Claudio Pontet había dictado la falta de mérito a Vicente Gonzalo Massot, luego de la abrumadora prueba presentada por los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani contra el dueño de La Nueva Provincia. En el mismo contexto en que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió también la falta de mérito del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Tadeo Blaquier, y el entonces gerente administrativo de la empresa, Alberto Enrique Lemos, Ercolini sostiene que no había respaldo legal suficiente para sospechar que hubo irregularidades en la adquisición de la empresa Papel Prensa por parte de los diarios La Nación, Clarín y La Razón a la familia Graiver/Papaleo.
Al accionar de Ercolini, ninguno de los dos periódicos involucrados lo encontraron “exprés”. Muy por el contrario. Fue descripto como el “rechazo” de “el juez” frente a las “presiones del kirchnerismo sobre la prensa” y a lo demandado por “un fiscal”, “Gómez Barbella, de la agrupación K Justicia Legítima”. Lejos de las descripciones que recibió Leonel Gómez Barbella de ser “fiscal K”, de sugerir que había sido nombrado en el cargo casi al borde de lo ilícito y de poner en tela de juicio su recorrido en el Poder Judicial, de Ercolini hicieron una semblanza que lo coloca cerca del bronce y llegaron a utilizar al híper mediático abogado y diputado massista Mauricio D´Alessandro como cita de autoridad para cuestionar el pedido del fiscal federal que se atrevió a una de las jugadas más fuertes contra los dueños de la construcción de sentido común en nuestra patria. Y, por supuesto, Ricardo Kirshbaum no eligió hablar de fallo “muy veloz” ni de excesiva “premura para un caso muy complejo”, como sí lo hizo el viernes 27 de febrero cuando cuestionó la decisión adoptada por Rafecas de enterrar por improcedente la presentación de Nisman vía la jugada de Gerardo Pollicita.
Entre aquellas loas a Rafecas en aquel diario La Nación que podía permitirse el cinismo porque la política todavía estaba arrinconada y el fallo de Ercolini circularon poderosísimos torrentes de agua sanadora bajo los puentes de la historia construida recientemente: Toda la discusión, la aprobación, la sanción, la reglamentación y la aceptación por parte de la Corte Suprema de la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; la elaboración, y publicación del Informe Papel Prensa, La verdad; la presentación en la Justicia de Lidia Papaleo en tanto querellante por los padecimientos sufridos para ser obligada a vender sus acciones de Papel Prensa y el hallazgo de los papeles que hacen las veces de eslabón perdido entre el delito económico potencialmente prescriptible y el crimen de lesa humanidad que no deja de ser perseguido: las Actas de la Junta Militar halladas en el edificio Cóndor junto con las de la Comisión Asesora Legislativa –con que la dictadura reemplazó al Congreso- y las reglamentaciones internas de la Comisión Nacional de Valores, por donde pasó todo el ir y venir de Papel Prensa debido a que se trata de una empresa que cotiza en bolsa.
Cuando Lidia Papaleo alzó su voz para que todos conocieran su padecimiento físico y psicológico aún se encontraban del otro lado de la verdad estas actas y documentos de la Junta que muestran la obsesión de los más altos jefes de la dictadura por los bienes de los Graiver. El punto 4 del acta 5 del 15 de septiembre de 1976 dice textualmente: “Caso Graiver: se tomó conocimiento de los antecedentes y se les dio giro al Señor Ministro de Economía”. El anexo 1 del acta 8 marca las “pautas referentes a la disposición de los bienes de los inhabilitados”.
A partir del acta 14, de los primeros días de noviembre de 1976, la mismísima Junta Militar -la conformada por quienes eran los dueños y decisores de los destinos de cualquiera que habitara el suelo nacional- comienza a mostrar y a dejar por escrito la primera muestra de la existencia de un poder por encima del poder de uniforme. En esos documentos dejan asentadas ciertas preocupaciones por el comportamiento de los “nuevos dueños” de la empresa Papel Prensa. No es habitual ver con firma de puño y letra de Jorge Rafael Videla y de Emilio Eduardo Massera papeles que indiquen que había otros que podían tener hasta más poder que éstos de uniforme de cuyas decisiones dependía el seguir o no existiendo de millones.
Dos muestras documentales más de cómo las cúpulas empresariales funcionaban como la patronal del proceso dictatorial son las siguientes: En el libro “La dictadura del capital financiero”, un trabajo que buceó en las resoluciones de la Comisión Nacional de Valores, se relata que en el “acta 688 del 22 de junio de 1978, se cita al Directorio de Papel Prensa para que aclare la colocación de acciones y puesta a disposición de revalúo autorizado por resolución 3763. En julio de 1978, en acta 691, el General Cassino informa que el 4 de dicho mes concurrieron directivos de Papel Prensa a la CNV, Dres Laiño, Aranda y el Capitán Perernau a “quienes se le hizo notar que la publicidad que había efectuado la empresa no se ajustaba a lo convenido en oportunidad de dictar la resolución 3763”. Es decir, que la empresa Papel Prensa ya vendida a La Nación, La Razón y Clarín no sólo se daba la licencia de incumplir con lo establecido por el organismo comandado por miembros de las Fuerzas Armadas, sino que aquella CNV les manifestó su malestar frente al incumplimiento pero estuvo muy lejos de llamarlos al orden con rigor o de apercibirlos, como se hubiera hecho con cualquier otra empresa y, ni que hablar, de pasar a mayores, como sí lo hubieran hecho con cualquier otra empresa.
El otro increíble ejemplo de poderío por sobre el poder absoluto de la Junta es el relatado -en una de las actas de la CAL que aparecieron junto con toda la documentación del el edificio Cóndor- por el entonces capitán de Navío Alberto D´Agostino, designado por decreto 2414/77 como representante del Estado (de aquel Estado de mano de hierro) en el directorio de Papel Prensa. Si no fuese la más cruda realidad, lo relatado por D´Agostino daría lugar a un guion de ficción de éxito asegurado. Relata, según consta en ese acta: “A poco de iniciarse las gestiones, como es de conocimiento de Su Excelencia el señor ministro, se planteó la interpretación del alcance del punto 7 del decreto 2414, al decidir el suscripto con su conocimiento y aprobación asistir a las reuniones de Directorio. Ello motivó que se suspendiera la reunión de ese día para estudiar por ambas partes el problema. Con fecha 30 de agosto se realizó la misma y ante el mantenimiento por parte de los señores Ricardo Peralta Ramos, Bartolomé Mitre y contador Héctor Magnetto, de la posición de no permitirme el acceso a la misma, el suscripto levantó un acta ante escribano público dejando constancia de la situación. Atento a lo expuesto y acorde con las directivas recibidas al respecto, se trasladó este problema a ese Ministerio”. Que se entienda: en pleno 1977, cuando las detenciones seguidas de tortura y desaparición estaban en su pico más elevado; en medio del momento de mayor brutalidad criminal de la dictadura, los representantes de los tres diarios se dan el permiso de impedir al representante de la Junta Militar de que participe de una reunión de directorio de una empresa de la cual el Estado es parte.
Ya en 1950 el papel para diario era un problema en debate. En ese entonces era el Estado quien concedía los permisos de importación y fijaba las cuotas de compra. Por aquellos años, el diario de los Mitre adquiría 8.388 toneladas de esa materia prima y ocupaba el tercer lugar en importador luego de La Prensa y de El Mundo.
Juan Carlos Onganía creó el Fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel y Celulosa (decreto ley 18.312 de agosto de 1969) y con esa medida todos los diarios pagaron durante una década el 10% de sus importaciones. El dinero estaba destinado a la creación de una fábrica de papel. Alejandro Agustín Lanusse determinó que la empresa debía poseer un 51% de capital argentino y que el Estado aportaría la otra parte. Se llamó a concurso y luego de declararlo desierto, Lanusse adjudicó la parte privada a Civita, Doretti y Rey. Para 1976 David Graiver ya controlaba el 80% de las acciones clase A. En aquel más que confuso episodio, Graiver muere en lo que fue denominado un accidente de avión.
La historia que sigue es ahora más conocida. Lidia Papaleo, viuda de Graiver, es “invitada” junto con Juan (el padre de David) e Isidoro (su hermano) a una reunión en el coqueto edificio que La Nación poseía en la calle Florida para encontrarse con Mitre, Patricio Peralta Ramos, de La Razón, y Magnetto. Allí es donde la convencen de vender, con el sutil argumento de que en juego estaban nada menos que su vida y la de su hija. Luego del traspaso de las acciones, todo el grupo Graiver es detenido por la policía de Ramón Camps y Lidia es torturada por el propio Miguel Etchecolatz.
Como contara Jorge Lanata en el diario Crítica: “Los Graiver ni siquiera cobraron la cesión de las acciones. Gracias a gestiones de la dictadura, los diarios lograron dos créditos: del Banco Español del Río de la Plata y del Banco Holandés Unido sucursal Ginebra, por 7.200.000 dólares, a sola firma y sin avales. Años más tarde, ante el fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas, Magnetto declaró que el préstamo tuvo un aval de una papelera internacional, pero se negó a ratificarlo por escrito a pedido del fiscal”.
Hay un dato de una perversidad pasmosa y es el que muestra el detalle con que se llevó a cabo la apropiación de la empresa. Los tres diarios que iban que quedarse con la fábrica y la Junta Militar debían cubrirse en lo formal y crear una falsa legalidad para enfrentar posibles inconvenientes en el futuro: este presente, sin ir muy lejos. Para lograrlo necesitaban que Lidia Papaleo realizara la cesión –bajo coerción, bajo amenaza y con todo el rigor que hiciese falta- en situación de libertad formal. Por una sencilla y única razón: La dictadura había creado la CONAREPA, un organismo llamado Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial al que iban a parar los bienes de todos aquellos signados como subversivos. Los diarios debían evitar que Papel Prensa pasara a ese fondo para que otros no les disputaran el botín. Necesitaban el traspaso directo. Esa es la razón por la cual el grupo Graiver fue secuestrado con posterioridad a la formalización de la operación irregular, ilegítima, sucia y sin el consentimiento de la familia, pero con las apariencias de legalidad que le dan a Ercolini hoy las vergonzantes excusas para hacerse el gil.
Por si no alcanzara con todo esto, Papel Prensa nos debe a todos los ciudadanos el subsidio de energía eléctrica que recibe por parte del estado provincial y muy especialmente indemnizaciones a los ciudadanos de la zona de San Pedro porque según la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA “los valores hallados en la muestra de agua analizada exceden los límites admisibles para descargas de efluentes líquidos de acuerdo a lo establecido por la Resolución 336/03 de la autoridad de la provincia de Buenos Aires”.
Presionan, roban, mandar torturar y matar y encima contaminan.
Argentina –y el mundo, si me permiten- vive un momento particular. El capital, el poder del dinero, los verdaderos dueños del poder real, están jugando una de sus pulseadas más importantes frente a los Estados que intentan ser soberanos. En nombre de eso es que deben pensarse algunas situaciones. El caso de Papel Prensa es uno de los ejemplos más claros de eso de lo que estamos hablando.
Vamos a corrernos por un momento de la conmoción humana. Voy a hacer de cuenta que jamás vi los ojos de Lidia, que nunca tuve su mirada directa a la mía, sencillamente porque quien alguna vez se hundió en sus espejos de agua no puede sino quedar conmovido para siempre. Pero voy a hacer el ejercicio de correr esos ojos de mi reflexión; de hacer a un costado la sacudida que implica conocer los detalles de lo padecido por el grupo Graiver en sus propios cuerpos. Y voy a invitar a quienes se preocupan de lo que el Estado “gasta”; a los liberales que tanto estremecimiento les produce lo que se va por las “canaletas” y a hablarles a ellos: olviden a Lidia y a Osvaldo Papaleo y a su clamor, sigan defenestrando a Guillermo Moreno y a su esposa por su informe Papel Prensa La Verdad, mantengan el odio por Néstor y Cristina Kirchner y oigan otras voces:
“Papel Prensa es uno de los casos de corrupción más graves de la historia argentina. Pone de manifiesto las relaciones y procedimientos empleados por los grandes grupos de poder”. Ningún K dijo esta frase. La escribió el fiscal Ricardo Molinas en su libro “Detrás del espejo”.
“Crónica se editará, dentro de pocas semanas, con el papel más caro del mundo”. Ningún pingüino escribió esta declamación. La firmó el 8 de octubre de 1986 en la tapa del vespertino su propio dueño, Héctor Ricardo García.
“Se regaló Papel Prensa sólo a tres diarios. Luego se elevó el arancel de importación de papel a 48% para que no hubiera otra escapatoria que comprarle a esa fábrica a precio exorbitante. Cuando bajó el arancel, con los radicales, y el precio bajó, Papel Prensa no le vende a nadie. A precio bajo sólo se benefician los dueños”. Ningún funcionario sostuvo esta apreciación. La escribió el creador de Ámbito Financiero, Julio Ramos, en su libro “Los cerrojos a la prensa”.
No se trata en esta historia de ser kirchnerista o no serlo. Se trata de no ser zonzo y de entender que durante la dictadura, para quedarse con nuestras vidas, nuestras cabezas y nuestro dinero hicieron “falta –como escribió Juan Gasparini en “El Crimen de los Graiver”- periódicos y revistas dóciles que se sumaran al concierto de la obsecuencia mientras detrás del escenario se consumaba la carnicería social, política y económica”. De eso estamos hablando cuando nos adentramos en la tenebrosa historia de Papel Prensa.
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Etiquetas: Programa SF 151 - Osvaldo Papaleo - 14 de Marzo de 2015. Telefonica con Ricardo Aredez. Papel Prensa
Programa SF 150 - Luis D'Elía - 7 de Marzo de 2015
Editorial SF del 7 de Marzo de 2015
El problema es el revoleo. Tres horas y 39 minutos le llevó a ella. Y le quedaron afuera decenas de temas. Yo le veía los papeles, desde un piso más arriba. Preguntaba la hora y se desesperaba al darse cuenta que todo lo que guardaba en las carpetitas transparentes no iba a formar parte de su discurso inaugural de las sesiones legislativas. Que la deuda sobre el PBI, de 2007 a hoy, había pasado a signo negativo de 11%; que después de 9 corridas cambiarias había 31456 millones de dólares de reservas; que en 2018 estaremos pagando sólo 1000 millones de dólares; que el crecimiento de la deuda en el mundo fue del 280%; que uno de los 6 países que creció en recepción de turistas fue el nuestro; que Aerolíneas Argentinas pasó de tener 26 aviones operativos en 2008 a 70 en 2015; que se está construyendo el quinto hangar y que el primero data de 1949; que el salario mínimo argentino es el más alto de América Latina; que desde 2004 a 2014 se aprobaron 48 leyes laborales y ninguna vergonzante para quienes piensan que los derechos de los trabajadores es suelo firme y no sarasa; que el Banco Hipotecario dio en toda su historia un millón de créditos y que el PROCREAR en sólo unos años ya otorgó 200 mil; o que el 20% de la facturación de los supermercados proviene de los productos del programa “Precios cuidados”.
Datos. Datos duros. Números. Cifras de las cuales agarrarse para dar una discusión. Guarismos, discutibles como todos en tanto se confíe o no en la fuente que los suministra. Pero una propuesta, un punto de partida para el debate. Un piso alto para iniciar cualquier discusión.
Porque el problema es el revoleo. Me irrita, me crispa, reconozco. Puede llegar a enfurecerme al punto de correrme del eje racional. 3 horas y 39 minutos de información, explicación geopolítica, posicionamiento, reclamos durísimos en lo que es el juego de la palabra internacional, precisiones, pedidos de explicaciones, tiros al blanco, para que menos de 24 horas después, el tono de la polémica con que pretenden hacerle frente al discurso presidencial fuese: “Yo digo", "Me parece", "A mí me suena", “Llueven comentarios”, “¿Ustedes no ven que hay un montón de gente?", para citar sólo unas poquísimas de las berretísimas intentonas de contra argumentación de ciertas voces de la TV. Menos de un día para que de boca, nada menos, que del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación saliera el categórico y sobre todo hiriente “cosa juzgada” para referirse al atentado contra la Embajada de Israel, una causa no sólo no cerrada, sino especialmente abierta a través de la sentencia que él mismo firmó el 13 de diciembre de 2006 junto con Enrique Petracchi, Elena Highton, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, en la cual dijeron cortito y textual: “seguir adelante con la investigación” y que “no es procedente la extinción de la acción penal”. O tener que leer hace un par de días de pluma de una de las firmas más importantes del diario más influyente que “lo que perdura es la muerte de Nisman sobre la Presidenta y su gobierno”, afirmación cuyo sustento es “cuando uno tiene la impresión”.
Porque el problema es el revoleo. Que la testiga Natalia, que el tiro fue primero a 15 y luego a un centímetro de distancia, que le dispararon en la nuca, que se excede la Presidenta al dudar del suicidio, que las voces oficiales sólo aceptan el suicidio como posibilidad, que la quieren correr a la fiscal Viviana Fein, que la defienden a la fiscal Viviana Fein, que con Irán iba a haber comercio de petróleo a cambio de granos, que Héctor Timerman le iba a pedir (pero no le pidió) al FBI que bajara las alertas rojas, que Irán construye armas nucleares y de destrucción masiva y que Luis D´Elía tiene montada una diplomacia paralela.
La estrategia –ya se ve con claridad después de varias semanas de zozobra- es: si no puedes con ellos, si no los puedes vencer, confúndelos. Y en eso andan: revolean. Lanzan pareceres como si fueran dogmas que no superan el nivel Pelopincho de profundidad de argumentación. Pero les sirve en el juego del “siga-siga”, del “todo pasa” y del gesto de la moral de la trompita indignada. Lo mechan, lo instalan y, mientras, la gilada repite gustosa.
Revolean. Revolean impresiones presentadas como información. Revolean mentiras vestidas de noticia. Revolean presuntas responsabilidades como culpabilidades probadas. Y revolean personas junto con su honor y su historia.
Para que quede claro: me cae tan simpático el trato que se le brinda a las mujeres en países como Irak, Irán o Pakistán como lo que hace Estados Unidos con los detenidos en la cárcel de Guantánamo. Es decir, nada. Ahora, ¿en este mundo híper complejo, de una nueva guerra fría bastante tibiecita, con Estados débiles y corporaciones -financieras, de armas y de medios- que sopapean a los líderes electos, será la porción lo que determine la política hacia el todo?
En la novela circulante de agentes de inteligencia con pechera de La Cámpora, Luis D´Elía es el hombre que entregaría los designios de la patria al rigor de Teherán. Porque cuando reina la confusión, esa nueva arma de destrucción masiva, se asusta sencillito. Hagan la prueba: busquen al más morocho que tengan cerca, de ser posible que tenga prototipos de estigmatización pública -pero poca escucha en cuanto a sus reflexivos pareceres-, que sea popular entre otros ya tipificados –pobres y “cabecitas”, de ser posible- que diga lo políticamente incorrecto, que no guarde las formas en nombre del estándar del quedar bien televisivo, que sea amigo de personas con turbante y que se haya estrechado en un abrazo varias veces con Hugo Chávez. Combinen todo eso y tírenselo cual resultado de la carga de un camión atmosférico sobre su honra y sobre su familia. Y háganlo frente a ojos de quienes no tienen la más mínima idea de qué es la solidaridad en un barrio del segundo cordón. Tienen ahí al monstruo perfecto. Y para que la operación no pueda ser derrotada, no permitan que ese Frankenstein -creado a escala de la horrorización de la parte más banal de la clase media- tenga tiempo para hablar, explicar y discutir con calma.
Lo dijo él y lo acepta Clarín: para conocer los vínculos de Luis D´Elía con Irán no eran necesarias las escuchas. Bastaba con conversar con él 10 minutos o escucharlo en su programa 7 punto cero, que ya cuenta en el aire con varios añitos.
D´Elía tuvo con el juez Daniel Rafecas un entredicho hondo. Pero eso no corrió al magistrado de la cordura mínima necesaria para abordar un tema de semejante gravedad. En su sentencia de desestimación de las acusaciones Nisman/Pollicita escribió: “es de público y notorio que el nombrado profesa una gran admiración por Irán, y se ha convertido, al menos en los últimos diez años, en un gran defensor de todas las iniciativas de ese país, incluyendo la defensa acérrima que desde siempre hizo de Irán, negando toda vinculación con el atentado a la sede de la AMIA (…) Sus apariciones públicas en este aspecto han sido muchas. En noviembre de 2006, esta afinidad le costó el cargo que detentaba en el Estado Nacional (…) Desde aquel entonces, D’Elia no es más funcionario, aunque es bien sabido que asiste en forma asidua a casa de gobierno para actos, y que sigue vinculado, con intermitencias, al oficialismo en el mundo de la política. Sirva esto como introducción a la cuestión que aquí nos atañe, que es la de verificar si de los elementos reunidos en el expediente, surgen pruebas o indicioscomprometedores, al menos, de una ideación, instigación o preparación a un delito deencubrimiento que, como ya vimos, nunca existió. Al respecto, con lo único que se cuenta es con las escuchas telefónicas. De un estudio pormenorizado de las mismas, especialmente las invocadas por el Dr. Nisman en particular en su dictamen, surgen claras varias conclusiones:
-D’Elia, entre 2011 y 2013, tenía acceso a despachos y a funcionarios del gobierno nacional, como Julio de Vido y Andrés Larroque, con quienes tiene un trato cordial.
-En ciertas ocasiones, fue el portavoz ante Khalil de la postura del gobierno argentino en torno al Memorándum; y viceversa, supo recoger de éste, una y otra vez, los reclamos y frustraciones de la posición iraní ante la inflexibilidad de la Argentina en cuanto a las notificaciones rojas.
-De los demás aquí denunciados, D’Elia no tiene relación ni contacto demostrado ni con Bogado, ni con Esteche, ni con Yrimia. Sólo con Khalil, con quien conversa en numerosas ocasiones. Tampoco aparece ninguna vinculación con Timerman ni con la Cancillería. Y de su relación con la Presidenta, más allá de algunas jactancias de su parte, de las escuchas tampoco surge que haya mantenido nunca ningún contacto directo con ella, sea personal, o telefónico. Eso es todo. Más allá de su simpatía y reivindicación del régimen iraní, de a ese país, de sus contactos personales con los prófugos, y pese a que durante varios años se intervinieron los teléfonos en busca de evidencia comprometedora, no aparece, en el caso de Luis D’Elia, ninguna evidencia que lo involucre siquiera en la ideación, instigación o preparación de un futuro encubrimiento del atentado a la AMIA”.
Terminante. Y no de puño y letra de un juez de la Yihad, sino de un hombre de la justicia argentina reconocido en el mundo por su estudio y especialización en la cuestión judía y particularmente del Holocausto.
Hicieron que D´Elía diera miedo. Pero muy pocos se horrorizaron o alzaron lo suficientemente alto la voz ante lo hecho y dicho esta semana por el premier israelí Benjamín Netanyahu, cuando como un inquisidor de las cruzadas le faltó el respeto a todo el sistema político de los Estados Unidos. Y de la mano de la derecha más recalcitrante de ese país gritó como un desaforado no sólo contra el acuerdo que está elaborando la Casa Blanca con la República de Irán, sino contra el presidente Barack Obama. Más de 50 representantes de la bancada demócrata se retiraron en una actitud que cuidó al menos algo de dignidad.
Imaginemos por un minuto que el premier no era el hombre fuerte de la guerra en Medio Oriente, sino un presidente latinoamericano e irrumpía de semejante modo ante los representantes de un Congreso que no fuese el de su país. De las pestañas se los llevaba el servicio secreto. Pero claro, aquí se trató de uno de los mandarines de los marines. Era el otro lado de la mecha.
“Sin precedentes”, dijeron algunas voces criteriosas y enojadas y que no ahondaron porque no pueden romper el vínculo Israel-Estados Unidos. “El Señor Seguridad fue a Washington y mostró su verdadera psiquis”, dijo Arabiya Noticias. Isaac Herzog, el líder opositor en Israel, sostuvo que “Netanyahu aislará a Israel con este discurso” y que “su política es una bomba de tiempo”. Y el propio Barack Obama fue claro: “no aportó nada nuevo ni propuso alternativas viables a las conversaciones. No es la primera vez que Netanyahu dice algo que luego es desmentido”. “Si somos exitosos, entonces éste será el mejor acuerdo posible para impedir que Irán tenga un arma nuclear", declaró Obama a periodistas en el Salón Oval.
Vale la pena detenerse en dos cuestiones centrales aquí: 1) Menos de un mes después de que en 2012 Netanyahu advirtiera a la Asamblea General de la ONU que Irán ya había llegado al 70% en sus planes para construir un arma nuclear, el servicio de inteligencia de Israel concluyó que Irán "no está realizando una actividad necesaria para producir armas”. Un cable secreto obtenido por la Unidad de Investigaciones de Al Jazeera reveló que el Mossad envió un cable de alto secreto a Sudáfrica el 22 de octubre de 2012, que establecía la evaluación "resultado final" del programa nuclear de Irán. El cable de la Mossad dijo que los científicos de la república islámica están "trabajando para cerrar las brechas en áreas que parecen legítimas, como los reactores de enriquecimiento" y que “las pistas propias como las de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos no han encontrado pruebas de que Irán haya tomado -hasta ahora- la decisión de utilizar su infraestructura nuclear para construir un arma, o que haya revivido los intentos en la investigación de diseño de ojivas que los EE.UU. habían sostenido que fueron dejadas de lado en 2003”.
2) Obama está trabajando con Irán en un intento de acuerdo para la no proliferación de armas nucleares. El diario La nación –que todos sabemos pro iraní, por supuesto- nos mostraba estos días al Secretario de Estado John Kerry junto al canciller iraní Jarad Zarif en Teherán mientras Netanyahu bramaba en un Congreso al que no había sido invitado por el presidente Obama sino por la oposición republicana. También leíamos en este diario mitristo-yihadista que: “tan extremo fue lo que sucedió en Washington que por un momento parecía que el presidente era Netanyahu y no Obama”, según el textual de la corresponsal de La Nación que, como todos conocemos, es miembro de una célula desacatada del Hezbollah pro iraní.
Estados Unidos está negociando con Irán, dicen, por la no proliferación nuclear para fines armamentísticos. Puede ser. Pero lo cierto es que la potencia militar más poderosa del mundo necesita de la República Islámica de Irán porque el monstruo que George Bush creó en Irak –como les ha pasado siempre a lo largo de todo el siglo XX y lo que va del XXI- se le ha vuelto boomerang: el ISIS ya controla el norte de Irak y la ciudad de Tigrit y el único país que puede frenar ese avance es, sencillamente, Irán.
Entonces, señores, ustedes que como los monos no sabios sino necios, no quieren ver, ni oír, vale explicarles que los Estados intentan llegar a acuerdos, a pactos, a Memorándum. Como ocurrió con el atentado en Lockerbie.
Tal como contó la activa Eva Row en las redes sociales: “La idea que impulsó Néstor Kirchner para destrabar la causa, no fue nada original, se inspiró en una solución que acababa de ser implementada un año atrás, con éxito, en una causa similar que presentaba el mismo problema de parálisis. Se trata del atentado de Lockerbie. (…) El 21 de diciembre de 1988, un avión de Pan American que volaba de Londres a Nueva York, explotó en el aire por una bomba terrorista. La explosión ocurrió sobre la ciudad escocesa de Lockerbie. Murieron 281 personas. 189 eran estadounidenses. Se considera el mayor atentado terrorista contra los EEUU, antes del de las Torres Gemelas y se convirtió en el objeto de la mayor investigación criminal británica.
Durante más de tres años, Scotland Yard, la policía escocesa, la CIA y el FBI, investigaron la causa, tomando declaración a más de 15.000 testigos. Como resultado, el 13 de noviembre de 1991, fueron acusados formalmente dos ciudadanos libios: Abdelbaset al-Megrahi, agente de inteligencia libia y jefe de seguridad de Aerolíneas Árabes Libias (LAA), y Al Amin Khalifa Fhimah, director de las LAA en el aeropuerto de Luqa, Malta.
El atentado al avión de Pan American, se consideró una venganza de Libia por el bombardeo norteamericano a Trípoli efectuado dos años antes, en 1986. Muammar Khadaffi se negó a entregar a los acusados para que fueran juzgados en Gran Bretaña, por no considerar territorio neutral el de un país aliado a los EEUU, enemigo de Libia.
Después de largas conversaciones entre Libia, Gran Bretaña y los EEUU -y permanentes sanciones económicas de la ONU- por fin en 1999, los países involucrados acordaron juzgar a los acusados en un territorio neutral. El 5 de abril de 1999, Muammar Khadaffi entregó a los acusados a la policía escocesa en el territorio de los Países Bajos. El juicio se realizó en La Haya. El 31 de enero de 2001 fue condenado Al-Megrahi a 27 años de prisión y absuelto Fhimah. (…) Gran Bretaña y EEUU deseaban destrabar la causa con el objeto de comerciar con Libia (…) En 2002, Khadaffi había pagado 10 millones de dólares por cada una de las víctimas del atentado de Lockerbie. Los acusados habían sido juzgados y las víctimas terminaron con la angustia de esperar justicia. Y a Néstor Kirchner lo entusiasmó la idea de seguir los pasos de los trámites de negociaciones para un acuerdo con Irán, lo mismo que hizo Gran Bretaña con Libia. Ni más ni menos. (…)”. El Comité Judío Americano le había dado el visto bueno a la idea de destrabar la causa ya en el lejano 2003. Los dirigentes de AMIA y DAIA también y, por supuesto, los familiares de las víctimas.
La historia posterior y cercana a aquello es más o menos conocida. Alberto Nisman viajó a Londres y no pudo probar la responsabilidad de los acusados y el ex embajador iraní Hadi Soleimanpour, detenido sin pruebas, fue indemnizado por su padecimiento con más de 200 mil libras esterlinas.
Es más. Cuando -aún con las inmensas diferencias y con los océanos de distancia en cuanto a los criterios y líneas de investigación que el fiscal llevaba adelante- la discusión no la llevaban del todo de las narices los diferentes sectores de la ex SIDE - que actualmente juegan el todo por el todo- y la geopolítica internacional no estaba ciento por ciento metida en cada hendija del debate, en enero de 2014 el propio Nisman indicó que iba a pedirle al ex embajador israelí en Argentina Itzhak Aviran que explique sus dichos sobre los supuestos responsables del atentado a la AMIA. Temerario, Aviran había dicho livianamente que “la gran mayoría de los culpables está en otro mundo y eso lo hicimos nosotros".
Los diarios de esos días informaban que Nisman iba a enviar un exhorto al ex diplomático para que respondiera una serie de preguntas relacionadas a los ataques homicidas y sus recientes afirmaciones que apuntan al nudo de la investigación."Él está afirmando quiénes son los autores con nombre y apellido; de ser cierto esto, sería importante para la causa, para ver si se ahonda en la pista iraní", había asegurado el fiscal.
No sabemos qué hizo u obtuvo Nisman de estas acciones. Porque esa información no la revolean. Como no nos tiran por la cabeza los datos vinculados con que el 23 de diciembre de 1983 Argentina vendió un total de 11,5 toneladas de armas a Irán; que el decreto presidencial secreto 1723 del 7 de junio de 1984 (firmado por el ministro de Defensa Raúl Borrás y por el entonces canciller Dante Caputo) puso en marcha el “Operativo Ezarim“, que consistió en la venta al contado de 18 cañones CITER de 155 milímetros, 200.000 proyectiles para dichos cañones, 100 equipos electrónicos de vigilancia terrestre y 100 radios mochila; que el 27 de febrero de 1987, Raúl Alfonsín firmó el decreto secreto 307 que autorizó un contrato para vender al gobierno de Irán 18 mil granos propulsantes para cohetes, por medio de la empresa argentina Proveedores Argentinos de Equipos Sociedad Anónima (PRADESA); y que el 3 de junio de 1987, Alfonsín autorizó a través del decreto secreto 852 un nuevo convenio con Irán para la venta de 600.000 fojas negras, 1400 toneladas de pólvora para los cañones de 155 milímetros y 100 toneladas de pólvora CBI (a base de nitroglucosa monobásica).
Los valores de los bonos argentinos en enero demostraron no sólo que no había sido un error no pagar a los buitres durante 2014, sino que la reestructuración de deuda de Argentina puede ser una tentación y un ejemplo de que contra los poderosos, a veces David tiene algo para hacer y decir. Eso no debe estar en el tapete, como tampoco las verdaderas razones de los vínculos de nuestro país con lo que los parlanchines del establishment no reconocen como parte del mundo, sea Irán, los no alineados, China o Rusia. Todo eso no puede ser revoleado. Por eso lo niegan, lo ocultan, lo desaparecen.
Y para lograrlo, todo sirve. Hasta el cadáver de un fiscal. Eduardo Van der Kooy escribió la semana pasada “La denuncia pasa pero la muerte queda”; Alberto Amato dijo: “El caso Nisman languidece”. Es decir, los que firman con peso en Clarín reconocen que la operación se cae de a pedacitos, pero necesitan sostenerla. A como dé lugar. Joaquín Morales Solá lo indicó casi como confesión de parte: “la lucha continúa pero en cada causa judicial”.
A la gilada, en tanto, el miedo. El terror a lo desconocido, a lo lejano, a ese que ya carga con la suficiente estigmatización, la que sirve de base para que la mierda nueva encuentre donde asentarse. “Los odio”, dice el personaje de D´Elía que gracias a Marcelo Tinelli, la televisión y, por ende, el sentido común ya aceptó casi como más verdadero que la persona. Y encuentran en ese odio, no un recorrido sincero por la historia argentina, sino a un negro resentido del conurbano. Lamento informar a los bienpensantes propios y ajenos que el odiar no es una característica ni un sentimiento del subsuelo peronista despreciado, sino una categoría política utilizada por varios de los cerebros más lúcidos del mundo intelectual mundial.
Edward Said fue la cabeza más brillante del mundo árabe. Junto con Daniel Baremboim creó y construyó varios de los espacios más ejemplificadores de cómo musulmanes y judíos podían convivir cuando la lógica del poder imperial no es la que ponía las reglas. En el libro “La pluma y la espada” contó que: “En las escuelas a las que asistí había niños de distintas etnias. Para mí era completamente natural convivir con armenios, musulmanes, italianos, judíos y griegos porque estábamos en Levante y ahí crecimos”. Y agrega este hombre que brilló por encima de toda la intelligentzia oriental y occidental: “El divisionismo y etnocentrismo que tenemos ahora son bastante recientes y me resultan totalmente ajenos. Es más –dice categórico quien no revoleó nunca nada, sino que apuntó, eso sí, piedras codo a codo con los niños de la Intifada- a esos que sólo quieren dividirnos, los odio”.
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Etiquetas: Programa SF 150 - Luis Delía - 7 de Marzo de 2015. Despues de dos meses habla. Nisman. Amia. Iran.
Programa SF 149 - Miguel Angel Palazzani - 28 de Febrero de 2015
Editorial SF del 28 de Febrero de 2015.
El 90% de los periodistas que se toman su profesión más o menos en serio adquieren una rutina que ya luego uno no sabe si es costumbre, rigor, culto o un trastorno obsesivo compulsivo de la rutina. Desayuno y diarios. Tengo 45. Hago exactamente lo mismo desde que tengo 17. Es más. Tal es el nivel -¿neurótico?- del hábito que, en lo personal, para mí, estar de vacaciones no es –necesariamente- realizar un traslado físico y geográfico sino romper la cotidiana de la lectura de los matutinos. Así que el jueves 26 de febrero me dispuse a hacer eso mismo automático que viene desde el primer ingreso a la vida adulta: prender la hornalla, poner el agua a calentar, ir hasta la puerta y levantar los 3, 4 ó 5 diarios –según el día- que llegan a casa y echar una mirada rápida a todos en general –para saber con y en cuál se iniciará la lectura detenida ese día- mientras el agua alcanza la temperatura a la que me gusta el primer mate.
Desde el 14 de enero mi vida fue una especie de infinito cinematográfico. Se inició con la denuncia televisiva del fiscal Alberto Nisman y continuó con poca excepcionalidad, incluida la errónea decisión de tomar vacaciones –que por supuesto no fueron- desde el mismísimo domingo en que el ex titular de la UFI AMIA apareció muerto.
Este 26, entonces, fue parte del loop político periodístico. Miré, hojeé, hice lectura en diagonal –como decimos a eso de leer salteado para saber si luego esa nota merece que le metamos ojo atento- y en la anteúltima página del cuerpo central de La Nación leí: “La Presidenta y Rafecas, entre la espada y la pared”. No era un título atractivo. El lugar común no terminaba de lograr el destello. Pero sí era atrayente. Una especie de hombre llamativo al que una mira, pero que no necesariamente luego de observar encuentra atractivo.
Firmaba el texto un periodista que no es ni particularmente creíble, ni especialmente riguroso, ni específicamente serio. Pero arrancaba su nota con los tapones de punta. Patada directa al estómago: “Aunque Daniel Rafecas no adelantó lo que iba a hacer ni siquiera a su familia, dos altas fuentes que transitan los pasillos de Comodoro Py y que están vinculadas con la causa vaticinaron que al juez federal no le queda otra alternativa que convalidar la imputación contra la Presidenta por el delito de encubrimiento en el atentado contra la AMIA”.
Como decía, este profesional no es -para mi modesto parecer- ni el más creíble, ni el campeón de la rigurosidad, ni el que se llevaría el primer lugar en la lista de los serios. Pero era tan rotunda la frase, tan concluyente, tan terminante, tan tajante el encabezamiento de su nota que todo se me puso en duda.
Sin embargo, algo me parecía extraño. Daniel Rafecas no es un juez que haya hecho pública ni la más mínima particular simpatía por los gobiernos K; tuvo un entredicho superlativo por una pavada carente de importancia con el vicepresidente Amado Boudou, no pertenece a Justicia Legítima, los radicales lo tienen entre ceja y ceja por el episodio de las denuncias de soborno en el Senado, y por su especialización y conocimiento detallado y reconocido mundialmente en el Holocausto tiene vínculos más que cercanos con las entidades que institucionalmente representan a la colectividad judía en la Argentina. Es decir, ni su perfil ni sus fallos anteriores muestran a un juez que ponga especulaciones personales por delante de sentencias.
Pero, la nota era absoluta. Y una no es de metal. Así que hubo ruido y duda. No pude descartarla de plano.
Sin embargo, seguía retintineando en mi silenciosa reflexión que los fallos de Rafecas siempre habían sido pulcros y puntillosos; que con una profunda seriedad jurídica le buscó la vuelta para ver si la venta de Papel Prensa no había constituido, acaso, un crimen de lesa humanidad; y no podía dejar de pensar que –a diferencia de lo que le pasa a las orejas de ciertos mercenarios de Comodoro Py- lo que habían ya sostenido por palabra, escrito, acto u omisión León Arlanián, Raúl Eugenio Zaffaroni, Julio Maier, Ariel Lijo, Rodolfo Canicoba Corral, María Romilda Servini de Cubría y Luis Moreno Ocampo no iba a ser sólo ruido de fondo para este juez atento al derecho .
Horas tardó esa nota en pasar de texto intrascendente a papelón mayúsculo. Cerca de las 13 se supo. “Ninguna de las dos hipótesis sostenidas por Pollicita se sostienen mínimamente. Porque el presunto delito nunca se cometió y porque la evidencia reunida, lejos de sostener mínimamente la versión fiscal, la desmiente de un modo rotundo y lapidario, llevando también a la misma conclusión la inexistencia de delito”, escribió. “Con este panorama, ensayar una hipótesis de delito de encubrimiento carece de todo asidero. Tanto desde el punto de los hechos como, especialmente, desde el Derecho”, puntualizó.
El juez Rafecas había decidido desaprobar a todo el grupo de malos alumnos chantas que venían haciendo del derecho penal un chicle bazooka y se había dispuesto a noquear a la pavada disfrazada de cosa leguleya bajo el a veces secreto y a veces obvio interés político nunca confesado. Es decir, había decidido trabajar de juez.
Al showman de los anteojos que dice que hace periodismo le llevó minutos mostrar la hilacha: “Justicia Legítima es una fuerza de choque”, arrancó. La furia lo hizo reconocer en TV que “los jueces hacen avanzar las causas según el estado de ánimo”. Y el enojo ya lo había cooptado: “Rafecas es un soldado del kirchnerismo”. Eran apenas las 13:59 y ya lo había lanzado. Crucifixión para el juez. Son obvios.
Fue en TN y era lógico. Además, Elisa Carrió y Patricia Bullrich habían subido tanto la temperatura que para superarlas, sólo podía recurrir a la barbaridad. No era todo culpa de él, después de todo.
La tarde fue creciendo en intensidad con las opiniones, pareceres, tergiversaciones, acusaciones y rabietas que despertó la sentencia. Y el anuncio del cambio de gabinete sólo colaboró en convertir a un jueves de fin de vacaciones en el día de la paliza en toda la línea. Hasta Sergio Berni se dio el lujo por la noche, tarde, de repreguntarle al ahora barbudo inocentón y canchero conductor para dejarlo mudo. El secretario de seguridad había declarado por la mañana ante la fiscal Viviana Fein, pero ni semejante hecho pareció importante frente a las 63 páginas que el Centro de Información Judicial había subido a la red.
Me acuerdo que cuando Aníbal Fernández volvió como funcionario a la Casa de Gobierno escribí: “Volvió el rocanrol a la Rosada”. Ese jueves sabía que no me iba a equivocar y publiqué: “Señores, ha comenzado el pogo”. La primera sorprendida de mi acierto de pitonisa fui yo misma.
Entre varias, dos preguntas dejó Rafecas en su escrito. “¿Cómo puede un instrumento jurídico que nunca cobró vida construir un favorecimiento real, una ayuda material concreta prestada, en este caso, a prófugos de la justicia argentina?”, fue una. “¿Puede un acto jurídico que queda trunco generar consecuencias jurídicas? La respuesta es no y mucho menos en el ámbito penal”, fue otra. “Recordemos –dijo, además- que la barrera que separa las meras ideas y/o actos preparatorios del delito en sí mismo es un principio que distingue a una democracia de una dictadura”. Demoledor.
Y como si con esto no hubiese suficiente humillación teórica, Rafecas hizo cuatro movimientos más: 1) Puso en conocimiento de todos que Nisman tenía en su caja fuerte dos documentos firmados en diciembre de 2014 en los cuales reivindicaba el accionar de la Presidenta Cristina Fernández y del canciller Héctor Timerman; 2) explicó que si la firma del Memorandum con Irán fue para Nisman un problema jurídico debería haberlo denunciado desde la propia UFI AMIA años antes; 3) a cada sospecha escrita en el tándem Nisman/Pollicita le respondió con una prueba empírica y comprobable y 4) hizo público que lo que José Eliaschev había escrito en Perfil, respecto de que existía un documento interno de Cancillería en el cual se ponía en evidencia que Argentina había decidido resignar la persecución a uno de los acusados iraníes, no pudo ser sostenido por el fallecido periodista en su declaración ante el propio Nisman.
Fue demoledor. Y los propaladores del golpe blando acusaron el cross en la mandíbula de los términos de la sentencia. Tan así fue que expusieron de modo cabal cuál había sido el engarce argumental de la operación.
Las piezas sueltas, las conocíamos: la denuncia de Nisman –la televisiva y televisada, la escrita y su saga, la de la presentación de Gerardo Pollicita-; la muerte del fiscal; las dudas legítimas y las sembradas; la marcha y los fiscales y jueces caminadores emitiendo opinión con palabra de abogado de modo de confundir a los desconocedores; una ex mujer –prolija en lo suyo como jueza- cumpliendo el rol de viuda y empujando a más no poder para que la investigación pasase al fuero federal; y por lo menos tres grupos de espías (los que responden a Antonio Stiuso, los menemprocesistas cuya cara más visible es Yofre, los radicales que ingresaron con los cambios de De Santibañez y cuyo rostro es el ex señor 8 y actual vicerrector de la UBA, Darío Richarte) queriéndose cobrar viejas y nuevas cuitas entre ellos y con el gobierno; más los movimientos de la SIDE oficial actual.
Porque estos engarzadores de fragmentos, es decir, los que arman la cadena para que sea hilo argumental no muestran con qué unen, atan o pegan. Acomodan las fracciones, los trozos de la historia de acuerdo a su interés y los tiran sobre la mesa sin avisar, de modo sorpresivo y sin explicar cómo exactamente es que –más bien todo lo contrario- una porción del relato encajaría con la siguiente. Lo dejan abierto para que allí se instale la sospecha como verdad. Y cuando la creencia se hace hecho, es muy difícil lograr desarmar la trama.
Pero hoy algo hizo que debieran mostrar cómo habían tejido la urdimbre de este mes y medio de zozobra. La nota de opinión de Clarín que acompaña la crónica sobre los dichos a Reuters de Rafecas dice textualmente que “el juez fulminó la hipótesis de Nisman con un argumento jurídicamente sólido: carecer de pruebas y que el supuesto encubrimiento no se llegó a concretar”. Sin embargo, medio párrafo después, indican: “Este razonamiento tambalea si se apoyara sobre otro suelo: ¿Nisman había volcado en su denuncia toda la evidencia con que contaba, o pensaba aportar más?” y agregan luego: Rafecas “tomó del texto de Nisman sus discutibles fundamentos, pero obvió el detalle de que el fiscal está muerto”. Y ahí se ve el entramado. Exactamente en línea con lo que habían sostenido tanto Patricia Bullrich como Laura Alonso, las dos acosadoras del fallecido fiscal. “Rafecas no dijo que el delito no pudo haber existido, sino que no se consumó”, había dicho a TN a minutos de conocerse el fallo de Rafecas la permanente diputada de partidos varios. “Rafecas confirma que Irán sólo quería bajar las notificaciones rojas de Interpol y jamás cooperar”, había twitteado la legisladora que suele crispar y crisparse pronto. “La clave de la decisión del juez: el delito no se consumó”, había titulado Clarín ayer (el viernes 27).
Metamos la mano en la basura argumental y diseccionemos. Voceros, propaladores, ideólogos y las vociferadoras reconocen que la denuncia de un fiscal federal contra la primera investidura de una Patria y sobre la que montaron las últimas 10 semanas de vida institucional es “discutible”; que el fallo del juez es fulminante por su solidez jurídica. Sin embargo, reconocen que no es eso lo que a ellos les importa. Lo que les interesa, sobre lo que pivotan, su punto de apoyo es todo lo que está por fuera de los expedientes judiciales. Esto es: las dudas acerca de qué sí y qué no habría volcado Nisman en caso de no morir, si poseía o no más evidencia, que el delito no se cometió pero podría haberse cometidoy que no son seguras las buenas intenciones de Irán.
Nadie en el estado de derecho puede impedirle a nadie pensar todo esto, ni decir todo esto, ni firmar todo esto, ni afirmar todo esto. Lo que sí podemos preguntarles a quienes operan, desestabilizan, marchan, acusan, hieren, culpan y mienten en nombre de eso que piensan es ¿cuál es la pieza jurídica existente para que lleven sus pareceres a sede judicial?
Ya algo había sugerido Marijuán en su entrevista brindada a La Nación cuando explicó que apoyó la denuncia de Nisman por la “vehemencia” de éste al presentarla pero que no la había leído. Extraño para un fiscal federal avalar acusaciones de las cuales no conoce los términos. Pero había sido un solo reconocimiento de la debilidad y se perdió en el ruido, en la lluvia y entre los paraguas.
No hay, no tienen. Estos días sirvieron en especial para mostrar lo que se vio: que no hay y que no tienen. Ese fue el golpe demoledor que le dio Rafecas a la operación Nisman. Dejó establecido con una claridad extraordinaria que no hay elemento para llevar adelante esta disputa en territorio jurídico; es decir, deben recoger sus petates y salir a la arena que desde hace rato quieren evitar: la de la política no encubierta, la de la política del debate, esa zona en la cual la palabra es performativa por transformadora y no por judiciable, ese sitio en el cual se construye con acciones, gestiones, militancia, procedimiento de gobierno y votos.
Lo habíamos dicho aquí a modo de sospecha hace unas semanas: así como durante la discusión por la resolución 125 necesitaron construir un “partido del campo” para poder hacer política en las sombras y detrás de una supuesta actitud aideológica limar a un gobierno, en este caso hicieron casi exactamente lo mismo sólo que cambiaron soja por expedientes y crearon el Frankenstein del partido judicial. Hombres y mujeres dispuestos a presentarles la estructura de vidriera, siempre tendrán. No en vano el poder fáctico aún lo detentan.
Por eso, ahora, que la cosa se encauza en el carril de la política de cara descubierta pueden afirmarse con la confesión de parte en la mano que el motivo de la denuncia de Nisman jamás fue jurídico, que su acusación no fue contra la Presidenta sino contra el sistema político y podemos hacer las preguntas incómodas que antes sugeríamos sólo por temor a ofender: ¿Qué le pasó a Nisman entre el diciembre del documento en que elogia el accionar oficial respecto de la causa y el 14 de enero de la verborragia televisiva? ¿Por qué hechos precisos hizo la denuncia? ¿Por qué él creía que Yrimia y Bugallo eran agentes de la SIDE después de trabajar durante casi dos décadas con Stiuso? ¿Acaso Stiuso no le decía a Nisman toda la verdad? ¿Por qué los 12 minutos de la última llamada a un teléfono de propiedad de Stiuso no fue una charla con este agente sino con Alberto Massino? ¿Qué demandó él en este llamado? ¿Existían documentos, cintas, escuchas que lo colocaban a él en una situación públicamente compleja? ¿Es apenas colateral la posibilidad de que con la reapertura de La Tablada varios de los personajes de este entramado tuvieran una espada de Damocles con las letras LESA impresas en ella? ¿Es posible que el allanamiento y cierre de un boliche swinger de Martins y ese notable apuro de la jueza Servini vaya en línea con alguna de estas piezas sueltas vueltas preguntas? ¿Cuál será el próximo movimiento de este partido judicial que lejos de desaparecer con el fallo de Rafecas tiene ahora sobre sí el reflector más fuerte y quedó a la vista de todos?
Hoy por la mañana, como desde hace casi 30 años, me levanté, encendí la hornalla, puse la pava a calentar y fui a recoger los diarios a la puerta. Nisman había salido del foco porque los jugadores que ahora servían volvían a ser Lázaro Báez y Amado Boudou. En La Nación se azuza y se asusta con su “el gobierno recluta militantes para la nueva Agencia de Inteligencia”. Inevitable la imagen de niños de secundaria con pecheras de La Cámpora escuchando ilegalmente y sin saber con qué botón cortar la comunicación entre Carrió y la embajada de los Estados Unidos.
Otra vez: todas las piezas tiradas sobre la mesa pero sin que se explique cómo se engarzan, cómo se unen, en qué se vinculan unas con otras.
Muy en las antípodas de ese modo de operatoria, recordé una provocación twittera de mi parte el 13 de agosto de 2014. Aquel día escribí: “HSBC: en Megacanje. Allanado hoy. ¿Sus papeles? En Iron Mountain. Incendiado y entre sus dueños: Paul Singer. ¡Cuánta casualidad financiera!”. Los 140 caracteres permitidos por la red social del pajarito no colaboran con la posibilidad del complejo y extenso razonamiento, pero el tiempo da la razón a quienes no pretendemos empastar sino pegar una con otra las piezas que encajan. Del HSBC supimos tiempo después que había sido la base operatoria del giro de dinero no declarado (trucho) de los ricos más ricos (truchos) a la sede Suiza (trucha); que el medio que opera como una patota tanto de imprenta como televisiva era nada menos que el que más impuestos había evadido y nos enteramos ayer que el peritaje oficial concluyó que el incendio en Iron Mountain fue intencional.
Allí perdieron la vida siete bomberos, dos miembros de Defensa Civil y 12 días después de las llamas, falleció un joven voluntario de 25 años. Para ocultar las 5 mil cajas de fraude, se cargaron a Facundo Ambrosi, a la subinspectora Anahí Garnica, de 27 años, madre de una nena y miembro de la primera promoción de mujeres en la Superintendencia de Bomberos y a Damián Veliz, Eduardo Conesa, Maximiliano Martínez, Juan Matías Monticelli, Leonardo Arturo Day, Sebastián Campo y Pedro Baricola.
¿Quieren jugar en el terreno judicial? No tenemos inconveniente. Aquí tienen una causa, 10 cadáveres y ninguna duda. Aquí nadie indujo a nadie, nadie pensó en el suicidio, nadie estaba operando con servicios de inteligencia y nadie pidió prestada una bersa calibre 22. Aquí alguien prendió fuego a la documentación de un banco que iba a poner en problemas, quizás, a los que tiran piezas sueltas y las convierten en un diario que cada mañana leemos junto al desayuno los que ejercemos el periodismo. Esos que a veces sólo tenemos que sentarnos a esperar para verlos caer.
Publicado por RaDiO VallS en 3:15 No hay comentarios:
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