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Timestamp: 2018-11-21 15:16:38+00:00

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Jausas y Rating Legis firman un acuerdo para defender a los afectados por la sanción de la CNMC a Caixabank, Banco Santander, Banco de Sabadell y BBVA - Derecho News
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El pasado 14 de febrero se conoció la Resolución de la CNMC que impuso sanciones por un total de 91 millones de euros a CaixaBank, Banco Santander, Banco de Sabadell y BBVA por la comercialización de derivados de tipos de interés a precio por encima de mercado en préstamos sindicados de Project Finance suscritos entre 2006 y 2016. Esta Resolución abre la vía para que empresas catalogadas de inversor profesional, puedan plantear reclamaciones por el sobreprecio soportado, así como por la negativa de los bancos a ofrecer derivados más beneficiosos para el cliente (por ejemplo, los denominados “Cap”). Tales reclamaciones pueden articularse en acciones civiles y mercantiles.
Según el socio de litigación bancaria de JAUSAS, Jordi Ruiz de Villa, “La resolución de la CNMC pone de manifiesto que, para los bancos, el crédito y el derivado eran una unidad negocial y los bancos sabían de antemano que iba a ofrecer solo un IRS o un Collar. No obstante, en los compromisos previos de financiación escondían la obligación de suscribir el derivado como una simple garantía sin importancia, ocultando el tipo de derivado que se iba a ofrecer, sus riesgos y sus alternativas.” En este mismo sentido añade: “Cuando se analizan los term sheets suscritos con las entidades financieras, en muchos casos se aprecian claros incumplimientos contractuales y de obligaciones legales de lealtad e información”. A juicio de Jordi Ruiz de Villa, la Resolución de la CNMC es importante, además, porque “pone de relieve que los inversores profesionales también tienen derecho de información y que el Banco Agente está obligado a prestar asesoramiento.” Por último, apunta que “la resolución de la CNMC, por su neutralidad y carácter experto, puede tener un gran valor probatorio en las reclamaciones en el orden civil por defectuoso cumplimiento por parte de las entidades financieras de sus obligaciones legales y contractuales.”
En este mismo sentido, el socio fundador de RATING LEGIS, Stefan Rating, apunta que “más allá de la simple reclamación del sobreprecio abonado como consecuencia de la infracción de la normativa de Competencia, del propio texto de la Resolución y de los numerosos casos examinados resulta que los bancos también podrían haber infringido esa misma normativa al decidir colectivamente no ofrecer Caps a sus clientes.” Por ello, añade, “estamos trabajando en un informe pericial para interponer una reclamación judicial por dicha infracción, agravada por un abuso de situación de dependencia o de posición dominante colectiva.” Por último, Stefan Rating indica que “en este tipo de acciones, el carácter profesional o no del inversor carece de trascendencia jurídica. Lo que es importante es interrumpir la prescripción ahora que se conoce la existencia de la posible conducta.”

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