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Timestamp: 2019-11-12 09:30:57+00:00

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﻿ SENTENCIA SL7039-2017/73273 DE ABRIL 5 DE 2017
SENTENCIA SL7039-2017 DE 05 DE ABRIL DE 2017
CONTENIDO:NATURALEZA DE LA RETROSPECTIVIDAD DE LAS NORMAS. LA RETROSPECTIVIDAD EXCLUYE NO SOLO LA RETROACTIVIDAD, SINO TAMBIÉN LA ULTRACTIVIDAD, LO QUE IMPLICA QUE UNA VEZ SE PRESENTE LA DEROGATORIA EXPRESA O TÁCITA, LA NORMA PIERDE SU VIGENCIA, CON LA NECESARIA INCIDENCIA QUE ELLO COMPORTA SOBRE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DEL DERECHO QUE SE ENCONTRAREN EN CURSO. DE IGUAL FORMA, LA EXPEDICIÓN DE UNA NORMA COMPORTA SU APLICACIÓN INMEDIATA, DE SUERTE QUE SI NO SE SATISFACEN LOS REQUISITOS PARA ADQUIRIR UN DERECHO PENSIONAL, LA CONSOLIDACIÓN DEL MISMO QUEDA SUBORDINADA AL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DE LA VIGENCIA DEL NUEVO PRECEPTO LEGAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:NORMAS EN MATERIA LABORAL, MODALIDADES DE LAS NORMAS, RETROSPECTIVIDAD DE LA LEY LABORAL, RETROSPECTIVIDAD DE LA LEY, APLICACIÓN DE LAS NORMAS
Sentencia SL7039-2017/73273 de abril 5 de 2017
Rad.: 73273
Interpuesto por el demandado, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte.
Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme el fallo de primer grado.
Con tal propósito, por la causal primera de casación, formula un cargo, no replicado.
Denuncia violación directa de la ley sustancial, por interpretación errónea del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003 y aplicación indebida de los artículos 53 de la Constitución Política y 21 del Código Sustantivo del Trabajo.
Reprocha al fallo la exégesis desatinada del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, en la medida en que entendió que «la densidad de semanas que se deben exigir para la pensión de vejez son aquellas (sic) que se encontraban rigiendo al momento en que el trabajador cumpla la edad, estableciendo que no se debía aplicar el incremento gradual que dicha norma ordenó desde el año 2015».
Trascribe algunos pasajes del audio que contiene el fallo gravado, que dice poco entendible, y destaca como supuestos fácticos no discutidos, que el demandante cumplió la edad para pensionarse el 30 de diciembre de 2003, cuando se exigían 1000 semanas para acceder a la pensión por vejez, que solo vino a completar en 2013. Reproduce el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y asevera que en parte alguna de su contenido se prevé la posibilidad de congelar el incremento gradual de cotizaciones, que introdujo la Ley 797 de 2003, de suerte que la expectativa de pensionarse con 1000 semanas, feneció en el año 2005, y para poder pensionarse en 2013 debió completar 1250 semanas.
Asevera que la exégesis acertada del precepto mencionado «indicaba que si el demandante cumplió los 60 años de edad en el año 2003, pero para aquel momento no acreditaba las mil semanas, ni las logró acreditar antes de que iniciara el aumento global dispuesto, su situación pensional quedaba cobijada por el incremento exigido en la densidad de cotizaciones. No sobra recordar que la regulación en materia de seguridad social tiene reserva legal, por ende es perfectamente viable que como en este caso, el legislador ordene un aumento progresivo en la densidad de cotizaciones, debiendo simplemente respetar los derechos adquiridos».
Dice no desconocer la importancia de los principios indubio pro operario y de favorabilidad, empero en este caso no se presenta la posibilidad de una interpretación, porque la única exégesis razonable es la que la que señala, «relacionada con que desde el año 2005, se incrementaban gradualmente las semanas, y quienes quisieran causar la pensión con 1000 (mil) semanas, debían acreditar antes del 1º de enero de 2005 la edad exigida y las 1000 (mil) semanas», toda vez que dichos principios no son una «patente de corso» de la que pueda echar mano el juzgador, para sustituir la función legislativa.
Dada la senda de ataque seleccionada, no son controversiales los siguientes hechos: i) El demandante nació el 30 de diciembre de 1943, de suerte que cumplió 60 años de edad, el 30 de diciembre de 2003, para cuando contaba 577 semanas de cotización; ii) Al 31 de diciembre de 2005, sumaba 675 semanas cotizadas; iii) Por no contar siquiera 750 semanas de cotización al 25 de julio de 2005, no se encuentra cubierto por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
A juicio del Tribunal, el cumplimiento de la edad por parte de un afiliado al sistema de seguridad social en pensiones, genera una especie de congelamiento de los demás requisitos, por manera que así aumente el número de semanas exigido para acceder a la prestación, la densidad de cotizaciones que deberá acreditar dicha persona, es la que se exigía para el momento en que alcanzó la edad mínima requerida. Estimó, además, que el entendimiento contrario, comporta una carga excesiva para aquellos afiliados de avanzada edad, que se encuentren dentro o cerca de la línea de pobreza.
El recurrente acusa de desviada la hermenéutica del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, en la versión introducida por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, debido a que el reconocimiento de la norma no consagra ninguna suerte de congelamiento por el cumplimiento de la edad del afiliado, sino que el derecho se causa en el momento en que se satisfacen los requisitos de edad y semanas de cotización.
Con la modificación de 2003, el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, quedó del siguiente tenor:
Según la literalidad de este precepto, para que a un afiliado se le reconozca la pensión de vejez bajo el esquema vigente desde el 1º de abril de 1994, antes del 31 de diciembre de 2013, además de contar 60 años de edad debe demostrar que ha cotizado 1000 semanas, antes del 31 de diciembre de 2004. Si no logró cotizar a esa fecha, las 1000 semanas, el número de semanas se incrementa de la siguiente manera:
Año 2005 1050 semanas
Año 2006 1075 semanas
Año 2007 1100 semanas
Año 2008 1125 semanas.
Año 2009 1150 semanas
Año 2010 1175 semanas
Año 2011 1200 semanas
Año 2012 1225 semanas
Año 2013 1250 semanas
Año 2014 1275 semanas
Año 2015, en adelante 1300 semanas
Es este el sentido natural y obvio que emana de una lectura desprevenida de la norma jurídica, según la cual la adquisición del derecho a la pensión de vejez, está supeditada a la satisfacción de los 2 requisitos allí consagrados, por manera que hasta tanto no los cumpla, no puede decirse que el derecho ha nacido, ni que el cumplimiento de uno de ellos, permite que el afiliado conserve invariable, per sécula seculorum, la condición faltante, en los términos en que estaba concebida cuando satisfizo la otra exigencia.
A no ser que la norma legal lo prevea, mientras no se satisfagan los requisitos previstos en la norma legal, el derecho subjetivo no nace a la vida jurídica a favor de una persona en concreto, ni se genera una especie de latencia del mismo que permita atribuir a quien no es aun titular del derecho, algún tipo de prerrogativa especial que le genere la petrificación del requisito que está pendiente de cumplir.
En términos generales puede decirse que el principio de retrospectividad de las normas laborales y de seguridad social impone entender que estando en curso una determinada situación jurídica, la expedición de una norma que modifique los requisitos para la adquisición de un derecho, comporta su aplicación inmediata, de suerte que si no se han satisfecho todos los requisitos, la consolidación del mismo queda subordinada al cumplimiento de las nuevas exigencias derivadas de la vigencia del nuevo precepto legal, toda vez que, en principio, la protección que brinda la Constitución y la ley, no se extiende a las expectativas creadas a partir de la vigencia de una norma cuyo vigor expiró, sin que la persona terminara de completar los requerimientos previstos.
Por antonomasia, la retrospectividad excluye no solo la retroactividad, sino también la ultractividad, lo que implica que una vez se presente la derogatoria expresa o tácita, la norma pierde su vigencia, con la necesaria incidencia que ello comporta sobre los procesos de adquisición del derecho que se encontraren en curso.
Lo anterior, para significar que quienes antes del 29 de enero de 2003 no habían adquirido el derecho a la pensión de vejez, pues habían satisfecho los requisitos consagrados en el artículo 33 original de la Ley 100 de 1993, quedaron sometidos a las exigencias del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, según la cual los afiliados que no alcanzaron a cotizar 1000 semanas antes de que terminara el año 2005, deben acreditar la densidad de aportes con los incrementos que estatuyó dicha regla de derecho.
La claridad de la norma impide desatender su tenor literal, bajo el pretexto de consultar su espíritu, como paladinamente lo expresa el artículo 27 del Código Civil. Así lo definió esta Sala de la Corte, por ejemplo en Sentencia de Casación 39011 de 13 de septiembre de 2011, al expresar que «Tampoco incurrió el ad quem en ningún desacierto jurídico, cuando concluyó que aún si se sumaran las semanas cotizadas al ISS (573,76) con el tiempo de servicios al sector público, en aplicación del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, lo que totaliza 1008 semanas, esa densidad de cotizaciones no da lugar al reconocimiento de la pensión de vejez incoada, pues a partir del 1º de enero de 2005, ese número se incrementó en 50 (1050) y desde el 1º de enero de 2006, en 25 cada año hasta llegar a 1.300 en el 2015, tal como lo prevé la citada normativa».
Finalmente, conviene acotar que otras consideraciones del Tribunal, como aquella de que la exégesis «tradicional» conlleva la imposición de una carga no soportable para las personas de la tercera edad dentro o por debajo de la línea pobreza, son más propias de un examen de constitucionalidad del texto legal, ejercicio para el que la Corte Suprema de Justicia carece de competencia.
De lo que viene de decirse surge patente el dislate jurídico cometido por el colegiado de segundo grado, al entender que la expresión «en cualquier tiempo» debía entenderse en su sentido natural, de suerte que omitió tener en cuenta que, cuando de una problemática jurídica se trata, la vigencia de la ley en el tiempo juega un rol preponderante en función de desentrañar el sentido de un precepto legal.
El cargo es fundado y próspero, por manera que se casará la sentencia gravada, en tanto en sede de instancia caben las mismas consideraciones para confirmar la dictada por el a quo.
Sin costas por el éxito del recurso. En las instancias, a cargo del demandante.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 28 de julio de 2015, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Alfonso García Andrade contra la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones. En instancia, confirma el fallo emitido el 10 de marzo de 2015, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cali.
Costas, como se dijo
Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

References: artículo 33
 artículo 9
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 36
 artículo 33
 artículo 9
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 9
 artículo 27
 artículo 33
 artículo 9