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Timestamp: 2020-04-09 21:30:26+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 149-2, de 17/06/2015
cve: BOCG-10-A-149-2
Núm. 149-2
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas presentadas en relación con el Proyecto de Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil, así como del índice de enmiendas al articulado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2015.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2015.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Al artículo 3.3
"3. En la interpretación y aplicación de la presente ley se procurará asegurar una tutela judicial internacionalmente efectiva de los derechos e intereses legítimos de los particulares."
Al artículo 39.2, letra b)
"b) Que el proceso ante el órgano jurisdiccional del otro Estado sea suspendido o haya sido sobreseído."
Al artículo 42.2
"2. El mismo procedimiento se podrá utilizar para declarar que una resolución extranjera no es susceptible de reconocimiento en España por incurrir en alguna de las causas de denegación previstas en el artículo 46."
Al artículo 60
"Artículo 60. Inscripción de documentos públicos extranjeros.
Los documentos públicos extranjeros extrajudiciales podrán ser inscritos en los registros públicos españoles si cumplen los requisitos establecidos en la legislación específica aplicable y siempre que la autoridad extranjera haya intervenido en la confección del documento desarrollando funciones equivalentes a las que desempeñan las autoridades españolas en la materia de que se trate y surta los mismos o más próximos efectos en el país de origen."
A la disposición adicional primera, letra f)
"f) Las normas de la Ley y Reglamento Hipotecarios, así como del Código de Comercio y Reglamento del Registro Mercantil, reguladoras de la inscripción de documentos extranjeros en cuanto sean compatibles con lo dispuesto en esta Ley."
A la disposición final segunda, que introduce una disposición final vigésima quinta en la Ley de Enjuiciamiento Civil
En la regla 2.ª del apartado 4 se corrige la referencia, quedando redactada como sigue:
"2.ª La demanda deberá presentarse conforme a lo establecido en el artículo 437 de esta ley, en su caso, en un plazo de 10 días a contar desde la fecha de notificación al demandado del despacho de la ejecución, acompañada de los documentos a los que se refiere el artículo 47.3 del Reglamento (UE) 1215/2012 y cualesquiera otros justificativos de su pretensión y, en su caso, contendrá la proposición de los medios de prueba cuya práctica interese el actor."
A la disposición final segunda, que introduce una disposición final vigésima sexta en la Ley de Enjuiciamiento Civil
En el apartado 15, regla 1.ª, se sustituye: "(UE) 650/2014" por "(UE) 650/2012".
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al proyecto de ley de cooperación jurídica internacional en materia civil exterior.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2015.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de modificar el artículo 4
"Artículo 4. Comunicaciones judiciales directas.
Los órganos jurisdiccionales españoles, así como las instituciones que colaboran con la Administración de Justicia como los procuradores de los Tribunales y sus colegios profesionales, estarán habilitados para el establecimiento de comunicaciones judiciales directas, respetando en todo caso la legislación en vigor en cada Estado. Se entiende por comunicaciones judiciales directas aquellas que tienen lugar entre órganos jurisdiccionales nacionales y extranjeros sin intermediación alguna. Tales comunicaciones no afectarán ni comprometerán la independencia de los órganos jurisdiccionales involucrados ni los derechos de defensa de las partes."
En la medida de que los procuradores de los Tribunales se consideran cooperadores de la justicia según el título II del Libro VII de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es conveniente que se incluyan como habilitados en el establecimiento de comunicaciones judiciales. Más teniendo en cuenta que el mismo artículo 543 de la misma LEC les reconoce la facultad exclusiva de representación, así como la facultad de realizar actos de comunicación.
A los efectos de adicionar un nuevo apartado al artículo 7
"Artículo 7. Autoridad central española.
''En las funciones de auxilio judicial internacional de notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales, también tendrán consideración de autoridad española competente los procuradores de los Tribunales.''"
En coherencia con la enmienda anterior, es conveniente que se incluya a los procuradores como habilitados en el establecimiento de comunicaciones judiciales.
A los efectos de adicionar una nueva letra e) al artículo 9
"e) Por conducto de los respectivos representantes procesales, huissier de justice o agentes de ejecución, si estuviera previsto en el ordenamiento jurídico de ambos Estados."
En los términos expresados en la propuesta ya se encuentra prevista dicha práctica en nuestra legislación procesal con aplicación en todos los órdenes jurisdiccionales y en el auxilio judicial interno entre Juzgados españoles. Se trata de que la norma prevea la transmisión de solicitudes de cooperación a través de los profesionales de cada Estado con competencias en estas materias, y de acuerdo con su legislación interna. La no inclusión de este apartado sería desconocer las funciones que en materia de auxilio judicial actualmente ejercen profesionales como los Huissier o los procuradores como colaboradores de la Administración de Justicia, y que podrían transmitir la solicitud bien a un órgano jurisdiccional concreto de otro Estado, bien entre profesionales de ambos países, si así se contempla en sus respectivos ordenamientos jurídicos.
A los efectos de adicionar una nueva letra f) al artículo 9
"f) Entre los profesionales de representación y comunicación, así como los correspondientes Colegios profesionales, los cuales podrán suscribir convenios de colaboración entre ellos."
En coherencia con enmiendas anteriores, es necesario incluir a los profesionales de representación y comunicación, es decir, en España, los procuradores de los Tribunales, como una vía más de transmisión de las solicitudes de cooperación jurídica internacional.
Se prevé asimismo la posibilidad, en aras a garantizar una mayor eficiencia en las referidas comunicaciones, de suscribir convenios de colaboración con entidades, colegios o profesionales de otros Estados que tengan las mismas funciones que los procuradores de los Tribunales.
A los efectos de modificar el apartado 1 del artículo 12
"Artículo 12. Tramitación.
''1. Las solicitudes de cooperación jurídica internacional acordadas por las autoridades españolas se podrán enviar mediante oficio ya sea a la autoridad central española o, cuando los convenios internacionales lo permitan, a los procuradores de los Tribunales, como colaboradores de la Administración de Justicia, que las transmitirán a las autoridades competentes del Estado requerido bien por vía diplomática o consular, bien a través de la autoridad central de dicho Estado, si existiere, y a ello no se opusiere su legislación. Podrán asimismo remitirse directamente a las autoridades competentes del Estado requerido por cualquiera de las vías previstas en el artículo 9, si ello estuviere previsto en su legislación.''"
Con el fin de dar coherencia al hecho reconocido por la práctica judicial y procesal vigente en España, es conveniente realizar la referida enmienda al presente artículo en el sentido de poder incluir también a los procuradores, como colaboradores con la Administración de justicia que principalmente llevan a cabo el procedimiento de notificaciones y obtención de pruebas de acuerdo con las garantías procesales previstas legalmente para las partes en un procedimiento judicial.
A los efectos de modificar el apartado 2 del artículo 12
''2. Sin perjuicio de la posibilidad de comunicaciones judiciales directas, las solicitudes de cooperación jurídica internacional acordadas por autoridades extranjeras se transmitirán a la autoridad central española que las remitirá a las autoridades españolas o cooperadores de la Administración de Justicia competentes para su ejecución. Así mismo se podrán habilitar los colegios de procuradores, a través de su órgano de notificaciones, para que lleven a cabo dicha función.''"
Es necesario extender la consideración de los colaboradores de la Administración de justicia como agentes necesarios e imprescindibles para la remisión de comunicaciones y su correspondiente ejecución. En concreto, los procuradores de los Tribunales y sus respectivos colegios profesionales tienen los medios y la experiencia necesaria para poder llevar a cabo de forma eficiente y competente las actuaciones que se requieren en este tipo de procedimientos judiciales ya sea en el ámbito nacional como internacional. Así mismo, se prevé para los colegios de procuradores un órgano específico de notificaciones con la finalidad de poder para llevar a cabo esta función de una forma más eficiente y ágil para las partes.
A los efectos de modificar el artículo 15
"Artículo 15. Ejercicio por funcionarios diplomáticos y consulares españoles y otros colaboradores de la Administración de Justicia de diligencias procesales.
1. Las diligencias que resulten de un procedimiento tramitado ante la autoridad judicial española podrán ser ejecutadas en el extranjero ya sea por funcionario diplomático o consular español o bien por parte de los procuradores de los Tribunales como colaboradores de la Administración de Justicia, de forma individual o a través de sus colegios profesionales, siempre que no impliquen coacción, la ley española no requiera de modo inexcusable la presencia de autoridad judicial, hayan de realizarse en la demarcación consular y a ello no se oponga la legislación del Estado receptor.
2. En estos casos la autoridad judicial española podrá elevar oficio a la autoridad central española para que esta traslade la solicitud al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que la hará llegar al funcionario diplomático o consular español encargado de su ejecución. Así mismo, la autoridad judicial española podrá también elevar oficio al colegio de procuradores de su correspondiente partido judicial para que traslade la solicitud a los órganos análogos competentes para la ejecución de las diligencias procesales en el Estado correspondiente."
Reiterando los motivos justificativos expuestos en las anteriores enmiendas, y siguiendo la tendencia de dotar a los procuradores de los Tribunales de mayores funciones dentro de los procedimientos judiciales, es necesario incluirlos, como colaboradores en la Administración de Justicia reconocidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil actual como en las reformas que actualmente se están tramitando, como agentes competentes y autorizados para realizar los actos de comunicación y ejecución de diligencias procesales.
A los efectos de modificar el artículo 16
"Artículo 16. Desplazamiento al extranjero de Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios judiciales y funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, de colaboradores de la Administración de Justicia y de otro personal.
Las autoridades españolas están habilitadas, con carácter general, para desplazarse a un Estado extranjero con el fin de llevar a cabo o intervenir en las diligencias procesales que deban practicar en dicho Estado. También estarán habilitados los procuradores de los Tribunales en el caso de que la parte lo solicite. Estos desplazamientos se ajustarán, en todo caso, a lo previsto por la legislación específica."
Se introduce la facultad de que sean los mismos procuradores de los Tribunales los que también puedan intervenir o llevar a cabo las diligencias procesales en el extranjero. Como colaboradores de la Administración de Justicia y como representantes de las partes en un procedimiento, en el caso de que estas lo requieran, es conveniente facultar o prever la posibilidad de que intervengan directamente también en el extranjero para este tipo de actuación judicial.
A los efectos de modificar el apartado 1 del artículo 17
"Artículo 17. Medios técnicos.
''1. Podrá solicitarse la utilización de cualesquiera medios técnicos y electrónicos de comunicación, para la práctica de las diligencias de cooperación jurídica internacional que hayan de llevarse a cabo en el territorio de otro Estado, de tal forma que esté garantizada la autenticidad de la comunicación, su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron.''"
En consonancia y como desarrollo de las previsiones del apartado 3 del artículo 12 del Proyecto de Ley. Esta previsión ya se contempla en la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 162) siendo posible su aplicación en todos los órdenes jurisdiccionales. Las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Civil no solo se encuentran reforzadas, sino que se convierten en necesarias y obligatorias con la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. Asimismo, debe tenerse en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de actos de comunicación, fundamentalmente en lo que se refiere a citaciones y emplazamientos, que exige la debida constitución de la relación jurídica procesal para así garantizar el derecho de defensa.
A los efectos de modificar el apartado 2 del artículo 18
"Artículo 18. Gastos, costas y asistencia jurídica gratuita.
''2. Respecto a las actuaciones procesales que se realicen por autoridades españolas, el interesado podrá solicitar las prestaciones que pudieran corresponderle conforme a la normativa de asistencia jurídica gratuita, incluida la asistencia letrada y la representación por medio de procurador, si la intervención de ambos profesionales fuere preceptiva.''"
Mejora técnica y concreción de las prestaciones previstas en la normativa reguladora de la asistencia jurídica gratuita.
A los efectos de modificar el apartado 3 del artículo 18
''3. La autoridad central española no estará obligada a asumir gasto alguno en relación con las solicitudes presentadas en virtud de lo dispuesto en este título ni, dado el caso, por los gastos derivados de la participación de un abogado, procurador u otro profesional requerido. La autoridad central española podrá solicitar una provisión de fondos, en cuyo caso se trasladará, en la parte que se corresponda, al abogado, procurador o profesional cuya participación se reclame.''"
En la medida de que se prevé la posibilidad de intervención de procuradores y otros colaboradores de la Administración de Justicia, es necesario incluir la previsión de que, en el caso de que se solicite una provisión de fondos a las partes, estos se trasladen en la parte que corresponda a los procuradores y abogados que intervengan.
Las intervenciones de naturaleza internacional pueden conllevar costes más elevados de lo habitual. En consecuencia, es necesario prever la posibilidad de que una parte de la provisión de fondos se derive a otros profesionales intervinientes en el caso que sea necesario.
A los efectos de adicionar un nuevo apartado 4 al artículo 18
''4. En el caso de que, al final del procedimiento existiere una condena en costas para alguna de las partes, las provisiones adelantadas u honorarios profesionales que se hayan devengado en el correspondiente procedimiento, se incluirán como costas del mismo.''"
Para dar una mayor coherencia a la redacción del artículo 18 y de acuerdo con lo previsto con la legislación procesal vigente, en concreto el artículo 241 de la LEC, es positivo prever el caso que se propone en la presente enmienda en el sentido de que se especifiquen los gastos incurridos en el procedimiento en la intervención de los profesionales correspondientes, formen parte de las costas procesales en el caso de que existiere condena para alguna de las partes.
A los efectos de adicionar una nueva letra c) al apartado 1 del artículo 21
"Artículo 21. Medios de comunicación, notificación y traslado al extranjero.
''c) A través de los representantes procesales de las partes, bajo la dirección del Secretario Judicial, cuando la parte lo solicite y a su costa o cuando en interés de la parte lo acuerde el secretario judicial de conformidad con lo previsto en las leyes procesales.''"
La propuesta de modificación se justifica de igual modo que la justificación señalada como propuesta de modificación a la enmienda de adición de una letra e) al artículo 9. Además, tratándose de actos de comunicación, notificación y traslado al extranjero, debemos y podemos utilizar todos los mecanismos o instrumentos de los que dispone el ordenamiento jurídico español para la práctica de los referidos actos entre los que se encuentran los que vienen realizando los procuradores.
"Artículo 22. Medios de comunicación, notificación y traslado en España.
Para la práctica de notificación y traslado de documentos judiciales en España que provengan de una autoridad extranjera, serán aceptables las vías previstas en el apartado uno del artículo anterior. Se admite también la comunicación directa al destinatario a través de procurador, por correo postal certificado, medio equivalente con acuse de recibo u otra garantía que permita dejar constancia de su recepción o por los medios técnicos y con las formalidades previstas en el artículo 17 de la presente Ley."
En consonancia con la propuesta de modificación y justificación que se contiene en la enmienda número 4 al artículo 17 del Proyecto de Ley y al artículo 21, así como por razones de técnica legislativa.
A los efectos de modificar el apartado 2 del artículo 25
"Artículo 25. Idioma.
''2. Si la comunicación proviene de autoridades extranjeras y se dirige a un destinatario en España, los documentos deberán ir acompañados de una traducción al castellano o, en su caso, a la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma de que se trate, o a una lengua que el destinatario entienda en los términos establecidos en el apartado anterior.''"
Este término es más correcto de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución Española.
A los efectos de modificar el primer párrafo de la disposición final cuarta
"Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.
''Reglamentariamente se determinarán los requisitos para que las traducciones e interpretaciones de una lengua extranjera al castellano o, en su caso, a la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma de que se trate, o a una lengua que el destinatario entienda en los términos establecidos en el artículo 25 de la Ley .../... de cooperación jurídica internacional en materia civil, y viceversa, tengan carácter oficial.''"
En coherencia con el artículo 25 del Proyecto y de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución Española es necesario mencionar a las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes enmiendas al articulado al Proyecto de Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2015.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
"Artículo 11. Idioma.
1. Las solicitudes de cooperación jurídica internacional, y sus documentos adjuntos, que se dirijan a una autoridad extranjera deberán acompañase de una traducción a una lengua que el destinatario entienda, o en una oficial del Estado requerido, aceptada por este.
2. Las solicitudes de cooperación jurídica internacional dirigidas a las autoridades españolas, y sus documentos adjuntos, deberán acompañase de una traducción con arreglo al artículo 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o a una lengua que el destinatario entienda."
En coherencia con las previsiones del artículo 25, que admite que los documentos pueden ser realizados en una lengua que el destinatario entienda, por lo que creemos que debería también tenerse en cuenta en las solicitudes esta posibilidad, aunque se dirija dicha petición entre Estados o tribunales.
Al artículo 25, apartado 3 (nuevo)
Se propone la adición de un nuevo apartado que tendrá la siguiente redacción:
"3. Los documentos objeto de notificación o traslado a que se refieren los apartados anteriores y que vayan traducidos en una lengua distinta de la oficial que el destinatario entienda deberán contener una motivación expresa de tal decisión. Así mismo, el destinatario podrá rechazar el documento transmitido si no se dan razones precisas que garanticen que el destinatario conoce la lengua empleada."
Necesidad de establecer cautelas para el supuesto en que el destinatario no conozca la lengua en que está redactado el documento y además permitir que se rechace tal comunicación. Dicha previsión es demandada tanto por el Consejo General del Poder Judicial como por el Consejo de Estado.
Al artículo 27, apartado 2
"2. Los órganos jurisdiccionales españoles comunicarán al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través del Ministerio de Justicia, la existencia de cualquier procedimiento contra un Estado extranjero a los solos efectos de que aquel emita informe en relación con las cuestiones relativas a la inmunidad de jurisdicción y ejecución, del que dará traslado al órgano jurisdiccional competente por la misma vía."
Aunque pareciera que requerir la intervención del Ministerio de Justicia incrementa trámites, creemos que la propuesta incrementa la seguridad jurídica, ya que aunque las comunicaciones en estos casos se hagan por vía diplomática la Autoridad central es quien tiene la experiencia en materia de cooperación jurídica internacional.
Al artículo 33, apartado 5 (nuevo)
Se propone la adición de un nuevo apartado, que tendrá la siguiente redacción:
"5. A los efectos de inscripción de documentos otorgados en país extranjero será de aplicación, además de lo dispuesto en la legislación hipotecaria, lo dispuesto en los apartado 2 y 3, pudiendo de este modo el Registrador valorar el alcance probatorio de la prueba practicada, de acuerdo con las reglas de la sana crítica."
La propuesta viene a complementar las previsiones del párrafo tercero del artículo 36 del Reglamento Hipotecario, que permite al Registrador, bajo su responsabilidad, inscribir documentos extranjeros prescindiendo de determinados medios de prueba si conociere suficientemente la legislación extranjera de que se trate, debiendo hacerlo constar en el asiento correspondiente.
Al artículo 35, apartado 5
"5. Cuando se solicite un elemento probatorio que suponga coste, este deberá ser sufragado por la parte que lo interese y si la solicitud fuere de quien tiene reconocida asistencia jurídica gratuita, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, el coste será asumido por quien tenga competencias asumidas en materia de provisión de medios materiales a la administración de justicia."
Resulta imprescindible determinar quién debe asumir los costes y no solamente cómo hace el Proyecto excluir que los asuma la autoridad central, para de este modo concluir lo que luego propone en la disposición adicional tercera, que esta Ley tendrá coste cero, como el resto de las que ha traído el Gobierno a la Cámara.
Al artículo 45, apartado 4
"4. Solo serán susceptibles de ejecución las medidas cautelares y provisionales cuya denegación comporte una denegación de tutela judicial efectiva."
Tanto el Consejo de Estado como el Consejo General del Poder Judicial coinciden en la necesidad de no excluir de manera tajante la ejecución de las medidas cautelares y provisionales, ya que la misma podría tener como consecuencia la desatención de exigencias como la necesidad de garantizar la tutela judicial efectiva.
Al artículo 56, apartados 1 y 2
"Artículo 56. Ejecución de documentos públicos extranjeros.
1. Los documentos públicos expedidos o autorizados por autoridades y notarios de la Unión Europea serán ejecutables en España si lo son en su país de origen y no resultan contrarios al orden público.
2. Respecto de los documentos públicos otorgados en otros países, a efectos de su ejecutabilidad en España, deberán tener, al menos, la misma o equivalente eficacia que los expedidos o autorizados por autoridades españolas."
Resulta imprescindible diferenciar si los documentos provienen de un país de la UE o de un tercero, ya que tal y como se desprende del contenido de la STS 5354/2012, la redacción recogida en el Proyecto podría ser contraria a los Tratados.
De otra parte, la inclusión expresa de los notarios añade seguridad jurídica al texto.
Al artículo 59, apartado 2
"2. /.../ El presentante a quien se haya denegado la inscripción podrá oponerse a tal decisión por los trámites previstos en el artículo 328 de la Ley Hipotecaria para las calificaciones negativas.
En caso de procedimiento judicial el trámite a seguir será el del juicio verbal con las especialidades que se deriven de las previsiones del artículo 328 de la Ley Hipotecaria."
Tal y como acertadamente recoge el informe del Consejo General del Poder Judicial deben mantenerse los principios básicos del procedimiento registral español por lo que atribuir alguna consecuencia a la imposibilidad de notificación al eventual perjudicado no garantiza en absoluto la seguridad jurídica que la inscripción promueve.
Se propone la supresión de la disposición.
Se justifica esta Disposición en la Memoria de impacto económico, cuando se afirma que los medios existentes en la actualidad son suficientes para llevar a cabo las actuaciones previstas en el Proyecto y que por tanto no comportará gasto adicional alguno. Pero hemos de señalar que el informe del Consejo General del Poder Judicial advierte que si no se dota de medios materiales y personales a la Autoridad central para atender el incremento de la demanda y las nuevas competencias que se le atribuyen, como atender a las solicitudes de información de Derecho español, existe riesgo de no poder cumplir la función y de colapso administrativo; advertencia esta que también realiza el informe del Consejo Fiscal al recoger que el riesgo de que las funciones asumidas, unidas a la amplitud de deberes derivados del cumplimiento de la normativa europea, no pueden ser atendidas por los escasos recursos humanos con los que cuenta la Subdirección General de Cooperación, la cual ya ha sido objeto de quejas a nivel internacional por retrasos injustificados en la tramitación de asuntos.
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda al articulado del Proyecto de Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil.
A la disposición final quinta (nueva)
Pasando las actuales disposiciones finales quinta y sexta a renombrarse como disposiciones finales sexta y séptima.
"Disposición final quinta. Modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
Se incorpora el apartado cuatro al artículo 96 con el siguiente texto:
"Artículo 96. Resoluciones judiciales extranjeras.
4. El régimen registral de la filiación de los nacidos en el extranjero mediante gestación por sustitución y su adecuación al orden público español será el siguiente:
1.° La inscripción de nacimiento de un menor, nacido en el extranjero como consecuencia de técnicas de gestación por sustitución, sólo podrá realizarse presentando, junto a la solicitud de inscripción, la resolución judicial dictada por Tribunal competente en la que se determine la filiación del nacido.
2.° Salvo que resultara aplicable un Convenio internacional, la resolución judicial extranjera deberá ser objeto de exequátur. Para proceder a la inscripción de nacimiento deberá presentarse ante el Registro Civil español, la solicitud de la inscripción y el auto judicial que ponga fin al mencionado procedimiento de exequátur.
3.° No obstante lo anterior, en el caso de que la resolución judicial extranjera tuviera su origen en un procedimiento análogo a uno español de jurisdicción voluntaria, el encargado del Registro Civil controlará incidentalmente, como requisito previo a su inscripción, si tal resolución judicial puede ser reconocida en España. En dicho control incidental deberá constatar:
c) Que se hubiesen garantizado los derechos procesales de las partes, en particular, de la mujer gestante.
d) Que no se ha producido una vulneración del interés superior del menor y de los derechos de la mujer gestante. En especial, deberá verificar que el consentimiento de esta última se ha obtenido de forma libre y voluntaria, sin incurrir en error, dolo o violencia y que tiene capacidad natural suficiente.
4.° En ningún caso se admitirá como título apto para la inscripción del nacimiento y filiación del nacido, una certificación registral extranjera o la simple declaración, acompañada de certificación médica relativa al nacimiento del menor en la que no conste la identidad de la mujer gestante.""
Se trata de la incorporación de la vigente Instrucción de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre régimen registral de los nacidos mediante gestación por sustitución, al considerar que tal regulación debe formar parte de la ley y no tanto de una Instrucción, con el fin de proteger el interés del menor otorgando seguridad jurídica.
- Enmienda núm. 1, del G.P. Popular, apartado 3.
- Enmienda núm. 8, del G.P. Catalán (CiU).
- Enmienda núm. 9, del G.P. Catalán (CiU), párrafo nuevo.
- Enmienda núm. 10, del G.P. Catalán (CiU), letra nueva.
- Enmienda núm. 11, del G.P. Catalán (CiU), letra nueva.
- Enmienda núm. 12, del G.P. Catalán (CiU), apartado 1.
- Enmienda núm. 13, del G.P. Catalán (CiU), apartado 2.
- Enmienda núm. 14, del G.P. Catalán (CiU).
- Enmienda núm. 15, del G.P. Catalán (CiU).
- Enmienda núm. 16, del G.P. Catalán (CiU), apartado 1.
- Enmienda núm. 17, del G.P. Catalán (CiU), apartado 2.
- Enmienda núm. 18, del G.P. Catalán (CiU), apartado 3.
- Enmienda núm. 19, del G.P. Catalán (CiU), apartado nuevo.
- Enmienda núm. 20, del G.P. Catalán (CiU), apartado 1, letra nueva.
- Enmienda núm. 21, del G.P. Catalán (CiU).
- Enmienda núm. 22, del G.P. Catalán (CiU), apartado 2.
- Enmienda núm. 25, del G.P. Socialista, apartado nuevo.
- Enmienda núm. 26, del G.P. Socialista, apartado 2.
- Enmienda núm. 27, del G.P. Socialista, apartado nuevo.
- Enmienda núm. 28, del G.P. Socialista, apartado 5.
- Enmienda núm. 2, del G.P. Popular, apartado 2, letra b).
- Enmienda núm. 3, del G.P. Popular, apartado 2.
- Enmienda núm. 29, del G.P. Socialista, apartado nuevo.
- Enmienda núm. 31, del G.P. Socialista, apartado 2.
- Enmienda núm. 5, del G.P. Popular, letra f).
- Enmienda núm. 32, del G.P. Socialista (supresión).
Disposición final segunda (modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil)
- Enmienda núm. 6, del G.P. Popular, disposición final vigésima quinta, apartado 4, regla 2.ª
- Enmienda núm. 7, del G.P. Popular, disposición final vigésima sexta, apartado 15, regla 2.ª
Disposición final cuarta (modificación de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado)
- Enmienda núm. 23, del G.P. Catalán (CiU), disposición décima sexta, párrafo primero.
- Enmienda núm. 33, del Sr. Baldoví Roda (GMx).

References: artículo 97
 artículo 110
 artículo 3
 artículo 39
 artículo 42
 resolución 
 artículo 46
 artículo 60
 artículo 437
 artículo 47
 artículo 110
 artículo 4
 artículo 543
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 12
 artículo 9
 artículo 12
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 12
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 241
 artículo 21
 artículo 9
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 21
 artículo 25
 artículo 3
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 3
 artículo 110
 artículo 144
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 27
 artículo 33
 artículo 36
 artículo 35
 artículo 45
 artículo 56
 artículo 59
 artículo 328
 artículo 328
 artículo 96
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución