Source: http://perjudicadosporlaleydecostas.blogspot.com.es/2011_06_01_archive.html
Timestamp: 2017-08-23 02:18:06+00:00

Document:
ASOCIACION EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY DE COSTAS (AEPLC): 1/06/11 - 1/07/11
Publicado por AEPLC en viernes, junio 24, 2011 Enlaces a esta entrada
Anulado un deslinde por vulnerar el Principio de Seguridad Jurídica (Art 9.3 de la Constitución)
﻿Confirma la sentencia que daba la razón a una familia que denunció el deslinde realizado por la Dirección General de Costas
El Tribunal Supremo ha declarado inadmisible el recurso de casación interpuesto por el abogado del Estado contra la sentencia que daba la razón a la familia González Cique en su contencioso contra la Dirección General de Costas sobre el deslinde de bienes de dominio público efectuado entre San Miguel de Cabo de Gata, y el límite entre Almería y Níjar.
El auto al que ha tenido acceso Noticias de Almería, al tratarse de una decisión del Supremo, sienta jurisprudencia, y podría ser argumentada por otras personas físicas o jurídicas que demanden a Costas en los deslindes que viene realizando en toda la provincia.
El procedimiento, ganado desde instancias anteriores por el letrado Vicente Fernández Capel, denunciaba la orden de 23 de mayo de 2008, del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se aprobaba el mencionado deslinde, pero fue recurrida en casación por la Abogacía del Estado ante la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que ha no lo ha admitido.
El auto del Supremo viene a confirmar casi punto por punto el escrito de Fernández Capel pidiendo su no aceptación, y detalla por ejemplo que el letrado del Estado no hace “mención alguna a las concretas infracciones normativas o jurisprudenciales que se pretendían denunciar y desarrollar en el escrito de interposición, aunque fuere sucintamente”.
Los argumentos sostenidos frente al Supremo por el abogado de la familia propietaria de unas fincas en la zona de deslinde, son similares a los mantenidos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Provincial donde también ganó, y apuntaban a “la nulidad de pleno derecho del acto; existencia de fraude de Ley en las actuaciones iniciadas, y falta de justificación, tanto jurídica como técnica del nuevo deslinde”.
Otros extremos apuntados por Fernández Capel se referían a que “La Resolución que ordena la incoación del Expediente de Deslinde, incide en vicio de nulidad de pleno derecho, por falta de motivación adecuada de la misma.” por lo que “Esta falta de motivación de la Propuesta aprobada respecto a la determinación del D.P.M.T. en este tramo de costa conculca igualmente el principio general de seguridad jurídica proclamado por la Constitución Española en su art. 9.3”.
Otro detalle importante en el escrito de Fernández Capel en aquel momento ante la Audiencia Provincial es que recuerda que “El deslinde que aprueba la Orden Ministerial objeto del Recurso no respeta el contenido y delimitaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Almería. Esta circunstancia que está íntimamente ligada a la improcedente consideración en el deslinde de las Salinas de Cabo de Gata como bien de dominio público marítimo terrestre y la inclusión de una servidumbre de protección alrededor de su perímetro, supone una flagrante contradicción con la actuación de la Administración Estatal llevada a cabo durante la tramitación de la revisión y adaptación del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, en la que la Dirección General de Costas informó favorablemente, no puso objeción alguna en lo que respecta a ese lugar y no recurrió la aprobación definitiva del Plan General, consintiendo que adquiriese firmeza".
En ese sentido añadía que "Entonces la Dirección General de Costas no consideraba bien de dominio público las Salinas de Cabo de Gata y emitió al Ayuntamiento de Almería un escrito de fecha 11 de febrero de 1998 con registro de salida 735, en el que se informaba favorablemente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que acabó así siendo aprobado con el beneplácito de la Administración de Costas.Pero es que, además, como consta dicho en los escritos de alegaciones obrantes en el expediente el propio Servicio Provincial de Costa emitió informe favorable a la terminación de los edificios en construcción para su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad, junto a un plano del dicho Servicio Provincial, en donde se reflejaba la delimitación del suelo conforme al vigente PGOU. Así las cosas, la Administración no puede ahora realizar y aprobar un nuevo deslinde que contradice clarísimamente sus propios actos en vulneración del principio de seguridad jurídica.En tal punto procede anular el deslinde efectuado en el sentido de no incluir las Salinas de Cabo de Gata como bien de dominio público marítimo terrestre y, en todo caso, eliminar la zona de servidumbre de protección que se interesa”.
http://www.noticiasdealmeria.com/noticia/57468/SUCESOS/supremo-admite-recurso-abogado-estado-favor-deslinde-cabo-gata.html
¡¡¡Por fín un juez que hace prevalecer la Constitución por encima de los desmanes de Costas!!!
Publicado por AEPLC en jueves, junio 23, 2011 Enlaces a esta entrada
Publicado por AEPLC en domingo, junio 19, 2011 Enlaces a esta entrada
Confiscación y arbitrariedad de la Ley de Costas - Concentración a favor de Sidra El Gaitero en Villaviciosa
DOCUMENTO DE EXCLUSION DEL MOLINO DE LA ENCIENA
Publicado por AEPLC en sábado, junio 18, 2011 Enlaces a esta entrada
Decisiones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre la Ley de Costas
Publicado por AEPLC en viernes, junio 17, 2011 Enlaces a esta entrada
El Parlamento Europeo volverá a analizar los abusos de la Ley de Costas
Los portavoces de los grupos políticos en la comisión parlamentaria "han acordado mantener la petición abierta y pedir más información sobre las peticiones concretas a la Dirección General de Costas" en una reunión celebrada este martes a puerta cerrada, han confirmado fuentes parlamentarias.
La Comisión Europea ya dejó claro el pasado 24 de mayo --la última vez que se debatieron las más de 40 quejas que afectan principalmente a Cantabria, Canarias, Comunitat Valenciana, Asturias, Baleares, Galicia, Cataluña, País Vasco y Andalucía-- que no tiene competencias para intervenir en la normativa española, cuya aplicación e impacto sobre el derecho de propiedad ha sido denunciado por numerosos ciudadanos europeos.
El Ejecutivo comunitario se ha comprometido mantener los contactos con las autoridades españolas, aunque advierte de que hasta la fecha "no ha encontrado este tipo de discriminación" reflejo directo de la normativa española.
http://www.abc.es/20110615/local-comunidad-valenciana/abci-eurocamara-201106151813.html
Publicado por AEPLC en miércoles, junio 15, 2011 Enlaces a esta entrada
Tomás González (Cho Vito) advierte que los eurodiputados están escandalizados porque se estén atropellando derechos de los ciudadanos con fondos públicos provenientes de Europa
Advierte que ha ido al Parlamento Europeo no sólo a defender Cho Vito y sus derechos, sino que con su trabajo están haciendo una defensa a ultranza del litoral canario ante la amenaza de Costas
Tomás González, portavoz de los vecinos de Cho Vito, informó desde Bruselas sobre el desarrollo del Seminario Internacional sobre la Legislación Europea y el derecho a la propiedad privada organizado por el grupo de los Liberales y Demócratas del Parlamento Europeo y dijo que los europarlamentarios y expertos juristas que están presentes en estas jornadas están comprobando cómo se ha aplicado el principio de la retroactividad y se está cuestionando seriamente cómo es posible que una Ley se aplique de esa forma cuando afecta a los derechos fundamentales no sólo de ciudadanos españoles, sino de personas que forman parte de la Unión Europea.
Tomás González dijo que esta mañana asistió al seminario sobre legislación europea y el derecho a la propiedad, ocasión que aprovechó para mantener contactos con los eurodiputados Diana Wallis (Alianza de los Demócratas y Liberales) y Ramón Tremosa (Convergencia Democrática de Cataluña) a quienes explicó en qué consiste la problemática de Cho Vito y cómo ha actuado el gobierno español en todo este escándalo.
En este sentido, dijo que de cara a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, ha estado repartiendo un dossier completo de todas las violaciones de los derechos, no sólo de los ciudadanos de Cho Vito, sino en general de todos los afectados por actuaciones de Costas en Canarias, basando la alegación en la vulneración del derecho a la propiedad a la que han sido objetos, pero también en la vulneración de los derechos humanos en su artículo 17.
El portavoz de los vecinos de Cho Vito señaló que el eurodiputado catalán Ramón Tremosa se ha ofrecido a que se grupo realice una pregunta en el Parlamento Europeo sobre qué ha pasado y qué subyace detrás del desalojo por la fuerza de los vecinos del poblado marinero de Candelaria y destaca que en menos de un mes es la segunda ocasión que una representación de los vecinos tiene la ocasión de estar presentes en Bruselas para defender sus derechos con muchísima información.
Destaca que en el encuentro mantenido este martes con diferentes eurodiputados han encontrado comprensión y mucha preocupación, puesto que con dinero europeo se están atropellando derechos fundamentales de la Carta Magna europea referente a los ciudadanos.
González insistió en que esta es una ocasión muy importante para los vecinos de Cho Vito puesto que están en el órgano de mayor representación de la Unión Europea y allí están exponiendo apoyados en una extensa documentación todo lo que ha ocurrido en el poblado marinero y cómo la administración española ha pisoteado impúnemente sus derechos y explicó que en las próximas horas mantendrá nuevos encuentros con miembros del Parlamento como Bart Staes, Raúl Romeva y Margrete Auken, del Grupo los Verdes. Alianza Libre Europea, así como con Erminia Mazzoni, presidenta del Comité de Peticiones, Marta Andreasen, que ha sido la encargada de realizar la propuesta de congelar los fondos a España para este tipo de actuaciones en el litoral.
Además de este intenso trabajo de este martes, el miércoles tendrá una reunión muy importante con David Lowe, secretario del Comité de Peticiones y, posteriormente, con representantes del resto de grupos políticos que tienen representación en el Parlamento Europeo como Carlos Iturgaiz, Gabriel Mato y Rosa Estaras, del grupo Popular y con Willy Meyer, vicepresidente del Comité de Peticiones y miembro del Grupo IU-los Verdes.
Tomás González dijo que todos los grupos parlamentarios le han recibido muy bien y se han mostrado inquietos por lo ocurrido en Cho Vito y critica que pese a todos los intentos por mantener un encuentro con representantes del grupo Socialista, concretamente con Juan Fernando Lòpez Aguilar, no haya tenido ni siquiera una respuesta.
Tras lamentar que sean los representantes españoles del PSOE en el Parlamento los únicos que no hayan querido reunirse en esta estancia en Bruselas, dijo que este miércoles hará entrega del dossier sobre Cho Vito compuesto de soporte impreso, fotografías y filmaciones recogidas a lo largo de estos años, puesto que ha ido al Parlamento Europeo no sólo a defender Cho Vito y sus derechos como ciudadanos, sino que con su trabajo están haciendo una defensa a ultranza del litoral canario en su conjunto ante la amenaza de Costas
http://www.sanborondon.info/content/view/35119/1/
El TSJC suspende los derribos en la playa de Ojos de Garza
Ya lo dijeron los vecinos de la playa de Ojos de Garza. La lucha contra Costas, que ordenó tirar sus casas, no iba a ser fácil, pero dejaron claro que plantarían batalla. Ayer trascendió que han ganado la primera. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha paralizado cautelarmente la orden de derribo de 7 de las casas.
Las viviendas que están en el punto de mira de la Demarcación de Costas de Canarias no son 7, son muchas más, tres veces más, 21 en total, pero los vecinos están convencidos de que lo que ha valido para 7, valdrá para el resto. A esas 7 les ha llegado una resolución de la Sala de lo Contencioso-administrativo en las que se les ha aceptado, a todas por igual, la solicitud que habían cursado de que los tribunales paralizasen cautelarmente los derribos ordenados por Costas hasta tanto la propia justicia no dirima cuál de las dos partes tiene la razón.
En esencia, los autos emitidos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas, a uno de los cuales ha tenido acceso este periódico, justifican la decisión adoptada ante la evidencia de que si no se aplicara esta medida cautelar solicitada, y se llegaran a tirar las viviendas antes de que el tribunal decidiese quién tiene la razón, de nada valdría que al final la resolución fuese favorable a los afectados.
En el auto que firmaron los magistrados Cristina Páez, Francisco Javier Varona y Alfonso Rincón González-Alegre (este último en calidad de ponente) se apunta que la Sala, en supuestos como este que tienen que ver con la posible demolición de obras, ha optado por aplicar la doctrina jurisprudencial reiterada de suspender cautelarmente las demoliciones hasta que no se resuelva el caso de forma definitiva.
Costas defiende la recuperación del espacio que ocupan las casas, situadas en primera linea de playa, al considerar que se hallan sobre suelo de dominio público marítimo-terrestre, donde la Ley de Costas prohíbe que haya viviendas, pero los vecinos sostienen que estaban ahí antes de esa ley, que se aprobó en 1988, y que cuando se hizo el deslinde que les dejó en dominio público, en 1984, no se les notificó pese a que eran parte interesada. Costas empezó a remitirles las órdenes de derribo desde 2009, y frente a ellas los afectados han ido agotando trámites hasta el último paso, la interposición de contenciosos judiciales contra Costas.
En todo caso, los vecinos no se oponen a dejar la orilla de la playa. Quieren tener una casa a la que irse cuando derriban las suyas y para eso buscan reactivar el plan especial que iba a realojar a todo el barrio.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=217612
Publicado por AEPLC en martes, junio 14, 2011 Enlaces a esta entrada
¿Por qué este hotel se salva y ésa pequeña casita se tiene que tirar?, ¿por qué me quitan algo que mi familia compró y pagó religiosamente hace más de 50 años?, ¿por qué este paseo marítimo no molesta y sí estorba el pequeño barrio de pescadores? Muchos interrogantes giran alrededor de la ley de Costas, una normativa cuyo supuesto fin es proteger el litoral y cuya aplicación es vista como "abusiva, arbitraria y confusa" por los afectados. En nuestra comunidad, y tras llevar años en silencio por miedo a represalias, poco a poco van saliendo los perjudicados, que se unen para ganar peso y hacer más ruido. Están dispuestos a ir donde haga falta para reclamar justicia. Y a gritar muy fuerte para que la queja se oiga también en el extranjero.
Joan Cirera fue el que más fuerte gritó hace unas semanas. Alrededor de cuarenta afectados de todo el país viajaron a Bruselas el pasado mes de mayo para exponer sus casos en la Eurocámara. Allí les dijeron que sólo se escucharía a siete peticionarios. Pero en un momento de silencio Cirera aprovechó para decirlo sin ambages y en voz muy alta: "Yo también quiero hablar". Lo logró. Le escucharon a él, y a 16 personas más. Y la comisión del Parlamento Europeo se comprometió a plantear un cuarto informe Auken; unos documentos redactados por la eurodiputada danesa de Los Verdes, Margaret Auken, que denuncian los "abusos" de la ley de Costas española.
"Algo es algo", se resigna Cirera, portavoz de Basta Ja!, la plataforma de perjudicados de Balears, que de momento agrupa a una decena de familias y que mantiene contactos con muchos más perjudicados (como la plataforma homóloga de Formentera, que reúne a unas 104 personas). En 2010 a través del comité de peticiones se logró aprobar una directiva europea para cambiar la norma. Pero nada ha pasado desde entonces.
Este joven se enciende al hablar de esta ley. Ideada por Alfonso Guerra y Felipe González en 1988, la norma estuvo ocho años en barbecho durante los mandatos del Partido Popular. Con la vuelta de los socialistas a la Moncloa comenzó a enseñar de nuevo los dientes, llevándose por delante incluso barrios enteros (como el poblado de Cho Vito, en Tenerife, cuyos vecinos, que llevaban allí más de 60 años, fueron desalojados en 2008). A esta plataforma no les bastan los adjetivos para criticar una normativa que por encima de todo ven muy injusta.
Esos daños a los que se refiere Domenèch es el peligro que supone esta ley para lograr inversiones extranjeras. Y es que, ¿quién se va a atrever a comprar algo en la costa española ante la incertidumbre de que luego se lo quiten? Ése es uno de los principales fallos de la ley, según Cirera: "Ya puede ir el ministro Blanco a intentar vender a casas a Inglaterra; con esta ley se genera una situación de inseguridad jurídica brutal porque es muy ambigua", apunta. "Te dan una concesión de 30 años, pero te la pueden comprar en cualquier momento a un precio bajísimo si ellos deciden que es de interés general". Esta incertidumbre se empieza a percibir en Europa. No es casualidad que precisamente los eurodiputados ingleses y alemanes (además de los miembros del PP, Rosa Estaràs y Carlos Iturgaiz) fueran los que apoyaran a los afectados en la Eurocámara.
¿Hace negocio el Gobierno con esta ley? Así lo ve este grupo de ciudadanos y para demostrarlo, dan una pequeña muestra. Según denuncia la plataforma, cuando decretan el derribo de tu casa no sólo pierdes tu vivienda, encima tienes que pagar los costes del derribo. Según el procedimiento usual, apuntan, Costas se encarga de subcontratar a una empresa para el derribo y se queda el 40% por esa intermediación. El único caso de derribo efectuado por la ley de Costas en Mallorca (de momento) es el de Can Ganxo, la casa ubicada en la playa de Cala Tuent que fue tirada abajo hace un año. La demolición costó 375.000 euros. Se encargó la empresa pública Tragsa, que enterró parte delos escombros en la misma playa. Según explican desde Basta ja! esta empresa además es la que se encarga de hacer los informes para justificar los deslindes.
Tema aparte, señalan, es la especulación que se puede hacer con estos deslindes. Ponen el ejemplo del centenario poblado de pescadores de Es Puig en Valencia, que fue derribado en 2010. "El primer día de demolición ya habían puesto el cartel de promoción del golf que iban a construir allí", explica el portavoz de la plataforma que denuncia el "trapicheo" de concesiones al que juegan algunos municipios y la dirección de Costas.
El fin de esta normativa, según consta en su prólogo, es proteger el medio ambiente. Pero este grupo de propietarios, tal y como está hecha la ley, no se lo cree: "Ni un artículo habla sobre la protección del medio ambiente", indica Cirera, quien añade además que en muchos casos estas zonas que se quieren deslindar ya cuentan con los máximos niveles de protección, al ser ANEI, CEPA o al pertenecer a la Xarxa Natura 2000, como sucede por ejemplo en s´Estalella, en Llucmajor. En este caso fue la propia familia propietaria, los Cirera, quienes pidieron la declaración de la zona como ANEI para protegerla de dos intentos de construcción de centrales eléctricas. Recibieron un premio del GOB en 1990 por su labor de protección medioambiental.
El ahora portavoz de Basta ja! expone además otro ejemplo de arbitrariedad de la ley que les toca de cerca: en 2003 hicieron un deslinde en s´Estalella y lo aceptaron; en 2007 volvieron los técnicos y les hicieron otro, mucho más amplio. "¿Qué ha cambiado en cuatro años? La ley es la misma", se interroga Joan Cirera.
Otras zonas que ya están protegidas y permanecen en el punto de mira de Costas son la bahía de Alcúdia, Sa Vall, Es Trenc, de Cala Figuera a Cala Falcó, y también en la Albufera, desde donde ya se han presentado unas 1.300 alegaciones. Algunas de las casas que allí se encuentran están catalogadas: "¿También las tiramos?", plantea Cirera. Y la respuesta parece que es ´sí, las tiramos´. Ya lo dijo en enero el jefe de demarcación de Costas, Celestí Alomar, sobre Ses Casetes dels Capellans de Muro: que esta zona logre la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC) no tiene por qué impedir que se incluya dentro del deslinde (del que sí se salva el hotel anexo). En este caso al menos los propietarios de las casas cuentan con el apoyo del Ayuntamiento (que es el titular del territorio). O por lo menos así lo aseguró en un debate electoral Martí Fornes, alcalde reelegido de Convergència Democrática Murera, que aseguró que el consistorio "ha defendido todo lo que Madrid quería hacer suyo: veinte millones de metros cuadrados" y que garantizó que interpondrían los pleitos necesarios después de agotar la vía del diálogo.
El ejemplo de Capellans pone el acento en otro de los puntos más polémicos de la ley: la retroactividad. Ses Casetes empezaron a construirse en 1929; S´Estalella es una finca que tiene 400 años e incluye una casa que fue construida hace un siglo; Can Piquero tiene 84 años; Can Ganxo tiene más de 109... y así con tantas y tantas otras casas cuyas familias llevan allí viviendo varias generaciones.La forma en que se hacen los deslindes también es objeto de críticas, ya que, según la plataforma, se realiza "sin rigor científico: los planos, en algunos casos de hace décadas, ni se corresponden con la realidad, y encima muchas veces no se usan criterios técnicos comprobables, sino la observación visual, fotografías o la jurisprudencia". Critican que "comparan las costas y los temporales de Málaga con los de Mallorca cuando no tienen nada que ver". Otro obstáculo con el que se topan cuando presentan su caso ante los jueces es que éstos "ignoran los peritajes independientes que ellos mismos ordenan hacer y que suelen ser favorables a los propietarios".
Los afectados tienen muy claro sus argumentos y han conseguido que Europa les escuche. Piensan hacer mucho más ruido. La batalla continúa.
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2011/06/12/lucha-llega-europa/677755.html
Publicado por AEPLC en domingo, junio 12, 2011 Enlaces a esta entrada
Publicado por AEPLC en sábado, junio 11, 2011 Enlaces a esta entrada
Los 4.600 amarradores de la marina de Empuriabrava (Girona) serán de titularidad pública
Los 4.600 amarradores que forman la marina d'Empuriabrava (Girona) pasarán a ser de titularidad pública --unos 3.900 de los cuales son ahora de propiedad privada o de uso privado y el resto los gestiona una concesionaria--, por lo que el Estado prevé que se puedan utilizar igualmente a través de una concesión de 30 años que podría prorrogarse a 60.
La medida la ha anunciado este jueves en Empuriabrava el director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pedro Antonio Ríos, aunque no ha acabado de gustar a los propietarios, que quieren consultarla con sus abogados y no descartan recorrer a los tribunales.
Así, la propuesta del Estado, a la que tiene que darle el visto bueno el Gobierno, es que los amarradores sean de titularidad pública y los gestione una concesionaria --la concesión sería gratuita para los propietarios--.
Ríos también ha prometido que aunque la titularidad sea del Estado, la afectación a las viviendas será "cero", ya que se permutarán los seis metros de servicio que exige la Ley de Costas por las calles de acceso.
Según consta en la Ley de Costas, desde el agua tiene que haber un tramo de seis metros de tierra de servicio de paso o de libre acceso, lo que en Empuriabrava afectaba a todas las viviendas que están en la zona de los canales --incluso en algunos casos este paso se metía dentro de la casa--.
Por ello, Ríos ha intentado calmar a los propietarios asegurando que "no habrá afectación en ninguna vivienda", ya que la propuesta del Estado es que el servicio se permute con las calles de acceso, aunque como excepción.
Actualmente, hay más de 6.000 propietarios en Empuriabrava y hace años que pelean por los amarradores, incluso se han llegado a presentar 574 recursos de reposición.
Para Ríos, la propuesta de este jueves es la mejor solución que podían encontrar para Empuriabrava dentro de la Ley de Costa y cree que una respuesta óptima a todos estos recursos.
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-4600-amarradores-marina-empuriabrava-girona-seran-titularidad-publica-20110609184118.html
Publicado por AEPLC en jueves, junio 09, 2011 Enlaces a esta entrada
EU property Rights and Wrongs - La UE los derechos de propiedad, aciertos y errores
http://www.alde.eu/event-seminar/events-details/article/eu-property-rights-and-wrongs-37447/#sideanchor_1
El Parlamento Europeo ha detectado un número cada vez mayor de los problemas de los ciudadanos europeos que hayan comprado la propiedad a través de las fronteras de los Estados miembros.
La falta de protección de los derechos de propiedad en toda la Unión Europea tiene consecuencias para el mercado interior, asuntos legales y el derecho fundamental a la propiedad.
Uso de las experiencias de académicos, profesionales y ciudadanos afectados por fallas en la protección de los derechos de propiedad, el seminario abordará el estado actual de las cosas, y ver algunas medidas prácticas, que podrían servir de base para el futuro de las soluciones europeas.
European Property Rights and Wrongs; the role of the EU in protecting the right to property DRAFT ALDE seminar hosted by Diana Wallis MEP Vice President of the European Parliament and Ramon Tremosa MEP
El derecho a la propiedad privada en Europa, errores y aciertos: el papel de la UE en la protección del derecho a la propiedad PROYECTO ALDE seminario organizado por Diana Wallis diputada vicepresidente del Parlamento Europeo y eurodiputado Ramon Tremosa
Introducción, Diana Wallis MEP ALDE:
Los ciudadanos de la UE han adoptado la libertad para desplazarse y establecerse y poseer propiedades en otros países, enriquecer las economías y culturas, la UE ha apoyado esta libertad con la protección? ¿Cómo podemos trabajar juntos para asegurar que los ciudadanos estén informados y protegidos en la compra de la propiedad, que abarca las posibilidades de un verdadero ciudadano de la UE y acercar los vínculos entre todas las naciones de la UE?
Hay casos de alto perfil que ponen de relieve algunas de las trampas que se pueden encontrar en la compra de la propiedad transfronteriza, nuestra intención es colocar estos casos en el contexto más amplio de los objetivos del mercado de la UE y de la economía y los objetivos de la regulación legal y de los consumidores.
Vamos a escuchar a un grupo de presión de los ciudadanos formados después de los problemas con los gobiernos regionales en España
Vamos a revisar la mezcla actual de los códigos y las protecciones ya existentes
Vamos a imaginar lo que un verdadero derecho de propiedad de la UE podría ser similar
Tendremos en cuenta el aspecto de la legislación de Derechos Humanos,
Vamos a escuchar a los profesionales que se han encontrado con situaciones de conflictos de leyes y se refleja en las expectativas culturales de los procesos legales
El proyecto European Land Registro nos dará esperanza de beneficios tangibles en la cooperación entre las jurisdicciones que presentan información actualizada sobre su trabajo y objetivos
Ramon Tremosa i Balcells diputado ALDE
Señor Tremosa hablará de su papel como diputado de una región que ha estado involucrado en algunos de alto perfil de los problemas del derecho de propiedad. Esbozará algunos de los problemas comunes, así como sus esfuerzos por lograr la acción en el Parlamento Europeo, en nombre de los ciudadanos y residentes de su región.
Orador del Grupo de Acción
Expondrá el tipo de casos que se pueden enumerar de acuerdo al tipo, permisos y regionales de la burocracia-, los cambios de la legislación retroactiva, asesoramiento profesional incorrecta o negligente, la incomprensión del entorno legal, la falta de acceso a la información, etc - poner el problema en un contexto humano y también está estudiando las interacciones hasta la fecha con las instituciones de la UE.
Dr. B y S Akkermans profesor Van Erp la Universidad de Maastricht
Revisará el panorama de la legislación de la UE y cómo afecta a un comprador: Protección de los consumidores, la multipropiedad, hipotecas, herencias y sucesiones, conflictos de leyes, el ángulo de derechos humanos pertinentes, revisión completa de la imagen actual
P Sparkes profesor de la Universidad de Southampton
Mirará hacia una Ley Europea de la propiedad, es necesario, es conveniente, ¿es posible? ¿Dónde nos encontramos ahora y cómo hemos llegado hasta aquí? Sobre la base de los mejores modelos transaccionales, cómo llevar este proyecto para promover la excelencia en los estándares profesionales.
Andrew Walker Cámaras de control de calidad Maitland
Se reflejará en los casos que ha encontrado en la dimensión cultural ha sido tan relevante como el puramente legal. Se tendrá en cuenta la necesidad de seguridad de procedimiento y un mayor acceso a información confiable y cómo la UE puede ayudar con esto.
Landeta Alonso Secretario General ELRA
Discutirá el proyecto ELRA, es la ambición y el impacto y cómo este modelo podría convertirse en un catalizador para el cambio en las transacciones.
Profesional por confirmar
Hablará de la experiencia de los problemas transfronterizos e ilustrar con ejemplos algunas de las dificultades prácticas y cómo la UE podría pasar al impacto sobre éstos.
Diana Wallis ALDE diputado Vicepresidente del Parlamento Europeo
Publicado por AEPLC en miércoles, junio 08, 2011 Enlaces a esta entrada
INTERPRETACIÓN ARBITRARIA DE LA LEY DE COSTAS: Molinos de agua, criterios variables
La norma excluye del dominio público a varias edificaciones de ese tipo, caso de Villaviciosa, mientras incluye a otras construcciones similares
El deslinde de El Gaitero revela las distintas aplicaciones de la ley de Costas
El conflicto que mantiene Sidra El Gaitero con Costas por el deslinde que convierte su fábrica de Villaviciosa en terrenos de dominio público ha vuelto a traer a primer plano de la actualidad una norma proteccionista que es considerada por muchos de los afectados como un verdadero «expolio».
Y es que esta ley se sujeta a interpretaciones lo que da lugar a que no se aplique de la misma manera en todo el Estado. Prueba de ello es la diferente manera en que ha afectado a los molinos de mareas del norte de España, unas construcciones que utilizan precisamente la energía de los cambios de nivel de las mareas en los estuarios como fuerza motriz.
Hay casos en los que estas construcciones han sido excluidas del dominio público, ya sea por sentencia favorable del Tribunal Supremo, como es el caso del molino A Seca, ubicado en la localidad gallega de Cambados, o por informe favorable del abogado del Estado, como es la situación del molino de La Encina, en la ría de Villaviciosa.
En el primero de los casos los propietarios agotaron la vía judicial y el Tribunal Supremo excluyó esta construcción del dominio público al considerar que tenía unas cotas de más de tres metros y que se encontraba sobre «terrenos no inundables». En el segundo de los casos, el de
La Enciena, la construcción se excluye del dominio público por el informe favorable del abogado del Estado, un documento que, según la Delegación del Gobierno, «no se encuentra en la Demarcación de Costas de Asturias».
También hay casos en los que el Estado ha optado por expropiar estos molinos a sus dueños, pagando un justiprecio, con el objetivo de rehabilitarlos.
Es el caso del molino de Santa Olaja, en la ría cántabra de Santoña, donde a día de hoy hay un centro de interpretación.
Los casos más llamativos de estas distintas aplicaciones de la Ley de Costas se dan en la vizcaína ría de Urdaibai. Allí existen tres molinos de mareas afectados por esta norma.
Dos de ellos, el Mallukitza en Murueta y otro más en Busturia han sido declarados como construcciones ubicadas en un terreno calificado como servidumbre de protección; mientras que el molino de Portu Errota ha sido incluido dentro del dominio público.
Curiosamente las dos primeras construcciones están más próximas a la línea de costa que la tercera además de tener unas cotas inferiores a los tres metros, algo que no ocurre en el caso de Portu Errota cuyas cotas son mucho mayores.
http://www.elcomercio.es/v/20110608/villaviciosa/molinos-agua-criterios-variables-20110608.html
Ampliación y documentos
http://www.arrakis.es/~errota/Documento%20de%20Arbitrariedades%20probadas%20Enero%202010.pdf
Los partidos nacionalistas europeos piden a España que la Ley de Costas no se aplique con carácter retroactivo
La retroactividad de esta normativa afecta en Canarias a unas 160.000 personas
Los partidos nacionalistas han presentado una resolución en el Parlamento Europeo con vistas a que el Pleno de la Cámara 'obligue' al Gobierno de España a modificar la Ley de Costas para que no tenga carácter retroactivo.
En una rueda de prensa, el abogado José Luis Langa ha explicado que el Parlamento Europeo convocó el pasado 29 de mayo una reunión en la que se acordó --a instancia de los partidos nacionalistas-- presentar en el Pleno de la Cámara siempre y cuando se consiguiera el quórum necesario que la Ley de Costas no se aplique con carácter retroactivo, una retroactividad que en Canarias afecta a cerca de 160.000 personas.
Tal y como recoge el escrito, lo que se pide al Parlamento Europeo es que "considerando que la propiedad privada está protegida (...), que la Ley de Costas pone en peligro el derecho a la propiedad de miles de ciudadanos (...) y que esta situación perjudica al prestigio de la actividad turística (...) llama al Gobierno español a que tenga en cuenta la resolución del Pleno del Parlamento Europeo y le pide que respete la propiedad privada en todas sus actuaciones, presente un informe comprensivo sobre el estado de su aplicación, así como propuestas para resolver los casos que vulneran los derechos de los ciudadanos".
Según Langa, es probable que el Pleno del Parlamento Europeo se reúna en el mes de julio si se logra el quórum necesario. En el caso de aprobarse esta resolución en la que se insta al Gobierno de España a que respete el derecho a la propiedad privada, supondrá un avance "tremendo" y el comienzo de que "una injusticia que se está cometiendo en España --particularmente en Canarias-- no se siga cometiendo", resaltó Langa.
Si bien la UE sólo puede obligar a un Estado Miembro a modificar sus normativas a través de una Directiva, el letrado se mostró "convencido" de que "si todo el Pleno apoya esta modificación, el Gobierno de España --sea del color que sea-- tiene la obligación y la moral de hacer cumplir el deseo de todo el Parlamento Europeo".
RESOLUCIÓN DE LA COTMAC
Por otro lado, el abogado José Luis Langa también ha hecho referencia a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en la que se anula la resolución de la COTMAC de febrero de 2007, por la cual se aprobaba el deslinde marítimo terrestre en Igueste de San Andrés en 20 metros en lugar de 100.
Langa aclaró que el TSJC, en su sentencia, viene a decir en cuanto a la resolución de la COTMAC que no está suficiente acreditado que en Igueste de San Andrés tenga la evacuación de aguas, una apreciación que el abogado no compartió porque en España en general y en Canarias en particular "hay muchas poblaciones que no tienen evacuación de aguas y no por eso dejan de ser consideradas núcleos poblacionales".
En consecuencia, el abogado explicó que ahora se está pendiente de recurrir esta sentencia al Tribunal Supremo, por lo que se pondrá en contacto con los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, del Cabildo y de la propia COTMAC.
Ahora bien, aunque la resolución del TSJC hubiera sido favorable, Langa consideró que eso "no hubiera resuelto el problema" porque "la solución únicamente pasa por la modificación de la Ley de Costas". No obstante, según el letrado, será la Audiencia Nacional quien tiene que decidir si el deslinde que se aplique en Igueste se quede en 20 metros.
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-partidos-nacionalistas-europeos-piden-espana-ley-costas-no-aplique-caracter-retroactivo-20110607131140.html
Publicado por AEPLC en martes, junio 07, 2011 Enlaces a esta entrada
Villaviciosa acogerá el día 18 una concentración de apoyo a Sidra El Gaitero
Distintas asociaciones de Villaviciosa han convocado una concentración en la Plaza del Ayuntamiento para el próximo sábado 18 de junio en la que mostrarán su apoyo a la empresa Sidra El Gaitero en el conflicto que tiene con Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.
Según han informado los organizadores a Europa Press, con esta acción pretenden escenificar el "apoyo masivo" de las gentes de Villaviciosa "para que la empresa no se vea obligada a marcharse".
La movilización ha surgido tras el último deslinde de la Demarcación de Costas que considera que los terrenos donde se encuentran la fábrica y las principales instalaciones de la compañía en Villaviciosa son de dominio público. La propietaria, Sociedad Valle, Ballina y Fernández ha recurrido ese deslinde en los tribunales.
Los que se oponen al deslinde piden a Costas que reconsideren su actitud ante una decisión que consideran "absolutamente incomprensible y dañina" para los intereses particulares, locales y generales. Temen que la empresa pueda incluso instalarse fuera del municipio y de la región, "con el consiguiente daño para los 70 trabajadores".
http://www.20minutos.es/noticia/1073567/0/
Publicado por AEPLC en domingo, junio 05, 2011 Enlaces a esta entrada
IPR solicitó al Concello planos de Os Areeiros para remitirlos a los eurodiputados españoles
Iniciativa Progresista de Ribeira (IPR) espera tener lista el lunes la documentación que remitirá a los eurodiputados españoles en la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo con la intención de resolver, de una vez por todas, el conflicto sobre el deslinde de Costas en este núcleo. La representante de IPR, Rosa García Pose, señaló ayer que solicitó diversos planos al Concello para poner de manifiesto la distancia que hay entre el arenal y las viviendas.
García Pose pidió al Ayuntamiento los mapas en los que se traza el deslinde de los 100 metros y en los que figura la ubicación de los inmuebles.
También solicitó copia del plano, realizado a mediados del siglo pasado, en el que se constata que en el lugar ya había edificaciones mucho antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas del año 1988.
Este documento fue remitido en su día por el Concello de Ribeira al Tribunal Supremo cuando se presentó el recurso contra el deslinde.
Además, y en representación de los afectados, IPR enviará fotografías de la zona de Coroso y del polígono de Couso. El objetivo, según explicó García Pose, es que se vea la distinta aplicación de la línea de dominio público que se hace en estos lugares del municipio.
La documentación será remitida a Carlos Iturgaiz, secretario de la Comisión de Peticiones, y a los integrantes españoles de la misma, Willy Meyer y Antolín Sánchez Presedo. La portavoz de IPR señaló que su objetivo es conseguir suscitar el interés necesario de los representantes políticos españoles para que vengan a conocer la situación de Os Areeiros.
http://www.lavozdegalicia.es/barbanza/2011/06/04/0003_201106B4C4995.htm
Publicado por AEPLC en sábado, junio 04, 2011 Enlaces a esta entrada
Apoyad el respeto al Derecho de Propiedad en España
Desde el comienzo de mi andadura como eurodiputada he recibido infinidad de mensajes de ciudadanos británicos solicitando apoyo en su lucha por el respeto de sus derechos de propiedad en España.
Al escuchar los dramas por los que muchos están atravesando, me he sentido obligada a hacer algo por ellos y así descubrí que el tema afectaba no sólo a británicos sino también a ciudadanos de otras nacionalidades, incluídos los españoles.
Mis llamamientos al presidente del Gobierno español para que resuelva el tema, enocasión de la apertura y de la clausura del semestre español en2010, son de público conocimiento. Sin embargo, no se ha planteado ninguna solución satisfactoria a este tema que tiene dos vertientes, una relacionada con la Ley de Costas, la otra relacionada con el ordenamiento urbanístico. En ambos casos el problema se origina en su aplicación.
Sería difícil resumir la casuística en este blog, pero existe una constante: propietarios de buena fé se ven despojados de sus derechos de la noche a la mañana.
Contra todo pronóstico, al inicio de este mes, el Ministro de Fomento, José Blanco, y la Secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, iniciaron en Londres una gira para !promover la inversión en propiedades en España!
Resultaba difícil de creer que el gobierno español optara por tal iniciativa cuando miles de ciudadanos británicos (y de otras nacionalidades) viven en la angustia constante como resultado de las amenazas de demolición y/o expropiación de las propiedades que adquirieron en buena fé. !Muchos de ellos han invertido los ahorros de toda una vida!
En el mes de marzo, tres eurodiputados españoles, Ramón Tremosa, Santiago Fisas, Oriol Junqueras y la que suscribe, presentamos una declaración escrita con el fin de solicitar al Gobierno español que, de acuerdo a la resolución del Parlamento Europeo del 26 de marzo del 2009, asegure el respeto de los derechos de propiedad en cualquier acción que emprenda y que haga llegar a este Parlamento propuestas para solventar los casos en que la aplicación de la Ley de Costas en Ampuriabrava ( Cataluña) está perjudicando los derechos de los ciudadanos de distintas nacionalidades.
Aunque la solicitud se refiere a una localidad concreta de España, el éxito de la moción, para lo cual necesitamos las firmas de la mitad de los eurodiputados (369), podría servir de base para realizar una acción similar en favor de los afectados en otras regiones de España.
Pongo en manos de los electores la tarea de animar a los eurodiputados a los que habéis votado para que actúen en defensa de vuestros intereses y firmen la declaración (puede consultarse aquí: declaración) la semana que viene durante el pleno de Estrasburgo.
La economía española pasa por un momento difícil y el mercado inmobiliario -de notable importancia- no se verá animado por la gira de ministros alrededor de Europa, sino por el respeto de los derechos de propiedad y la constatación práctica de que en España existe seguridad jurídica.
Los eurodiputados estamos para defender vuestros intereses. !Ayudádnos a ayudaros!
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/europa_atirodeblog/2011/06/01/apoyad-el-respeto-al-derecho-de.html
Publicado por AEPLC en miércoles, junio 01, 2011 Enlaces a esta entrada
Ley de Costas Confiscacion Puerto de Sta María Parlamento Europeo
Ley de Costas Confiscacion La Casbah, El Saler Parlamento Europeo
Ley de Costas Confiscacion S'Estalella, Llucmajor Parlamento Europeo
Ley de Costas Confiscacion CC Los Anexos II Parlamento Europeo

References: Resolución 
 Real Decreto 
 artículo 17
 resolución 
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RESOLUCIÓN 
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