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Timestamp: 2020-01-21 07:46:16+00:00

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[Historia] Propuestas para la mujer a la izquierda del PCE en perspectiva comparada: la ORT y el Partido Carlista
Este interesante trabajo de Juan Carlos Senent Sansegundo fue presentado en el II Congreso Las Otras protagonistas de la Transición: movilizaciones sociales e izquierda radical.
Barcelona, 11-13 de octubre de 2019.
Con la llegada de la recuperación de la democracia, los partidos políticos elaboraron propuestas específicas para la mujer, que revertían la situación vivida por ellas durante la dictadura franquista. Dos de estos partidos fueron la Organización Revolucionaria de los Trabajadores (ORT) y el Partido Carlista. En esta comunicación se tratan las propuestas para la mujer de estos partidos, en el contexto de la recuperación de las libertades democráticas, y desde una perspectiva comparada.
Propuestas para la mujer a la izquierda del PCE: la ORT y el Partido Carlista
Las mujeres como ciudadanas, como sujetos políticos, empezaron a ver hechos realidad sus derechos durante la Segunda República. Fue un momento histórico para la emancipación de la mujer en el Estado español. Se las reconoció como ciudadanas, en igualdad con los hombres. Obtuvieron, por primera vez en nuestra historia, el derecho a sufragio activo y pasivo.(1) Se legisló sobre el divorcio. Se eliminó la diferencia entre las hijas legítimas e ilegítimas. Entre mayo de 1931 y verano de 1933, el gobierno republicano-socialista promulgó 17 normas que favorecían la participación de la mujer en la vida pública y la igualdad entre ambos géneros. Se suprimió el delito de adulterio,(2) aunque el marido continuó siendo el representante legal de la mujer en las cuestiones económicas. Un decreto de la Generalitat de Catalunya de 1936 legalizó el aborto. Se estableció la educación laica y mixta. Y pese a que este proceso emancipador no fue igual para todas las mujeres, variando según la clase social o las condiciones de vida, etc., sin duda es un hito histórico.(3)
Todos estos avances en referencia a la mujer se vieron fuertemente afectados con la llegada de la dictadura franquista. Y con la recuperación de las libertades democráticas se tuvo que volver a posicionar a la mujer como ciudadana, con derechos. Los partidos políticos, en la época de la Transición y la nueva democracia, no dudaron en ofrecer medidas específicas en referencia al género femenino. Esta comunicación pretende ilustrar, desde una perspectiva comparada, cuales eran estas medidas desde el espectro político a la izquierda del Partido Comunista de España (PCE), centrándose en dos partidos políticos: la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) y el Partido Carlista. Este último partido político había sufrido una redefinición ideológica durante la etapa final del franquismo que le había llevado a defender como ideas-fuerza el socialismo de autogestión global, el federalismo y el pluralismo político.
Antecedentes: La mujer durante el franquismo
Como veníamos diciendo, los avances de conseguidos durante la Segunda República en materia de derechos de la mujer y su configuración como ciudadana fueron derogados por el franquismo.(4)
El modelo fascista era un modelo femenino conservador, donde la mujer rechazaba la vida pública, política, científica y artística, para refugiarse en el hogar, pues este espacio es el que estaba destinado a la mujer, que solo adquiría valor como madre y como esposa, dentro de la familia, subordinada al marido.(5)
El debate sobre la naturaleza del franquismo, su posible naturaleza fascista, se puede dilucidar poniendo el foco en su política hacía las mujeres, que tuvo similitudes –aunque también diferencias- con los regímenes fascistas europeos. Según Carme Molinero, la “política antifeminista que desarrolló el régimen franquista no se diferenció en nada relevante respecto a la que desarrollaron los regímenes fascistas por excelencia: Italia y Alemania”.(6)
En un contexto de familia jerarquizada, la mujer no tendría autonomía, sería dependiente del marido, del hombre. Es el modelo familiar patriarcal, recogido en el Código Civil de 1944, en su artículo 57: “el marido debe proteger a la mujer y esta obedecer al marido”, entre otros. Tenía superioridad en el terreno económico, como veremos también. Gozaba de la autoridad y del privilegio de tomar decisiones, de reclamar obediencia a su persona. El resto del entorno familiar dependería económicamente de él, por lo que ello afirmaría más su autoridad frente a la familia. Durante el régimen de Franco, a través de su política de género, se legitimará e institucionalizará el dominio del hombre sobre la mujer y la desigualdad entre ambos.(7)
Todo este modelo de género se institucionalizará a través de la legislación, en todos los aspectos. Así, por ejemplo, respecto al derecho civil, con la Ley de 12 de marzo de 1938, se declaraba vigente el Título IV del Libro I del Código Civil (CC) de 1889, que fue derogado durante la Segunda República, así como otros artículos referidos a la capacidad jurídica del género femenino. En cuanto al matrimonio, reconocía el matrimonio canónigo, que debían contraer todos los católicos, y el civil en los términos que determinaba la legislación. Las uniones civiles tenían una condición subordinada, dado que solo se podía contraer matrimonio civil cuando ambos cónyuges o uno de ellos declarasen no procesar la religión católica.(8)
Las mujeres que hubieran quedado viudas tenían prohibido el matrimonio “durante los trescientos un días siguientes a la muerte de su marido, o antes de su alumbramiento si hubiese quedado encinta, y la mujer cuyo matrimonio hubiera sido declarado nulo, en los mismos casos y términos, a contar desde su separación legal”. El matrimonio, además, solo quedaba roto por la muerte de uno de los dos cónyuges, impidiendo la posibilidad de divorciarse. La Ley de Divorcio republicana fue derogada por decreto el 23 de septiembre de 1939. La mujer casada, respecto a su situación jurídica, estaba más limitada que la mujer soltera. El marido tenía el control de la totalidad de los bienes matrimoniales, era el administrador de los bienes de la sociedad conyugal. El marido era el represéntate de la mujer, no pudiendo, por ejemplo, comparecer en un juicio de por sí sin su licencia. Según el artículo 58 del CC: “La mujer está obligada a seguir a su marido dondequiera que fije su residencia.”(9)
Un aspecto que llama poderosamente la atención es la posibilidad legal de que el padre diera en adopción a sus hijos sin consentimientos, ni conocimiento de la madre. Por otro lado, las mujeres solteras no tenían la opción de adoptar acogiéndose a la opción de la adopción plena.(10) Una falangista, Mercedes Formica, que luchó por reformar esta legislación escribía en 1969:
¿Saben las madres españolas que sin su consentimiento les pueden quitar a sus hijos? […] Ahora que un nuevo argumento viene a sumarse a la necesidad de esta reforma he creído que el mejor camino sería dirigirme a nuestras procuradoras en Cortes para suplicarlas que propugnen, con la mayor urgencia, una nueva redacción de ciertos artículos de la ley del 58. Tal y como se encuentra redactado el párrafo primero del artículo 176 del Código Civil existe la posibilidad, verdaderamente inconcebible, de que unos hijos, incluso de legítimo matrimonio, sean adoptados por un tercero sin el consentimiento ni el conocimiento de la madre, que jamás pensó en abandonarles, que goza de conducta intachable y que horas antes convivía tranquilamente con ellos.(11)
La patria potestad era ejercida por el padre y, en caso contrario, por la madre, que la perdía en algunos casos, como en el momento en que se casara por segundas nupcias, aunque en caso de volver a enviudar la recuperaba. Las mujeres no podían ser tutoras, por ser “inhábiles” junto con condenados o dementes, salvo en los casos en los que la ley lo permitía. La mayoría de edad las mujeres la adquirían a los 21 años, aunque “las hijas de familia mayores de edad, pero menores de veinticinco años” no podían abandonar la casa paterna sin consentimiento del padre o de la madre, a no ser que fuera para casarse, o el padre o la madre se hubieran casado por segundas nupcias. Por la Ley de Enjuiciamiento Civil, tenían limitada su capacidad jurídica. Por otro lado, el Código de Comercio las inhabilitaba para realizar actividades comerciales.(12)
En el Código Penal también se encontraban desigualdades de género. Era el Código Penal de 1848, que fue revisado en 1870, y del que habían sido derogados los artículos introducidos en 1932 y revisado en 1944. En este Código Penal del franquismo se penaba el adulterio de la mujer, eximiendo el del varón que no estuviera amancebado y su situación constituyese escándalo público, cometiendo adulterio por tanto una mujer casada que yace con un hombre que no sea su marido, pero “el marido que tuviera manceba dentro de la casa conyugal, o notoriamente fuera de ella, será castigado con prisión menor. La manceba será castigada con la misma pena o el destierro.” En definitiva, se castigaba la infidelidad de la mujer solo por mantener relaciones sexuales con otro hombre, en cambio al hombre no se le castigaba penalmente por el simple hecho de mantener relaciones sexuales con otra mujer. Hay una clara asimetría legal en este aspecto.(13)
Desde 1941 se penalizó el aborto, la venta de anticonceptivos y la propaganda pública de su uso. Las relaciones sexuales solo eran admitidas en el contexto del matrimonio, y no se las consideraba con otra finalidad que a de la procreación, así que para el control de la natalidad solo se permitía el coito interrumpido, la continencia periódica regulada por el método Ogino-Knaus y, por supuesto, la abstinencia total. Era considerado aborto “no solo la expulsión prematura y voluntariamente provocada del producto de la concepción, sino también su destrucción en el vientre de la madre.” La mujer que se produjera un aborto o lo consintiera tendría prisión menor. También eran castigados con penas de prisión los médicos y co-participes en la interrupción del embarazo.(14)
Respecto a los métodos anticonceptivos, se establece que “la divulgación, en cualquier forma que se realice, de medios o procedimientos para evitar la procreación”, así como todo género de propaganda anticonceptiva, sería castigada con una pena de arresto mayor en su grado mínimo, es decir, de un mes y un día a 2 meses; y una multa de entre 500 y 5.000 ptas. De la misma manera, sería castigada la exposición pública y ofrecimiento en venta de objetos destinados a evitar la concepción. La sexualidad era algo inevitable para la concepción de prole, algo que se toleraba, solo con el objetivo de crear una nueva vida, al menos ese era el discurso que en teoría imperaba.(15) Más adelante veremos como se toleraba otro tipo de sexualidades.
En cuanto al derecho laboral, la legislación “osciló entre la protección y la prohibición”. Las limitaciones laborales para las mujeres estaban justificadas desde diferentes puntos de vista, pero sobre todo desde el ámbito jurídico y médico. Juan Bosch Marín, Jefe de Puericultura de la Sanidad Nacional diría al respecto:
Influye notablemente sobre su propio organismo; influye sobre las funciones de maternidad, sobre la natalidad o número de hijos y sobre la mortalidad infantil […] La disminución de la nupcialidad y de la natalidad que se acentúa en los centros industriales, los peligros que para la familia supone el trabajo femenino, que le conviertan en verdadera plaga social, como puede serlo la tuberculosis u otra enfermedad, hace indeseable la organización de la lucha contra el trabajo femenino, especialmente fuera del hogar.(16)
Por último, cabría nombrar el aspecto de la prostitución. A pesar de la actitud frente a la sexualidad que hemos descrito y de la moral católica que imperaba, hasta 1956 durante el franquismo la prostitución estuvo regulada, legalizada su práctica en lugares cerrados, llamados meublés, lupanares, casas de cita, etc., que pagaban sus impuestos y recibían inspecciones. Aunque, a causa de la guerra y de la posguerra, la prostitución clandestina, es decir, fuera de esos recintos, la callejera, prolifero desmesuradamente. Y estas prostitutas si eran perseguidas, de tal modo que la prostitución callejera estaba prohibida. Estás prostitutas deberían ser “redimidas”, en cárceles especiales o reformatorios.(17)
Instituciones como la Obra de las Mujeres Caídas o el Patronato de Protección del a Mujer se presentaban como importantes lugares de represión y reeducación de las mujeres. Por ejemplo, hasta el año 1944 se rapaba a las mujeres como método de represión. Y especial castigo recibían las encarceladas que eran calificadas como “de inmoralidad manifiesta”, es decir, las mujeres lesbianas. Estas instituciones eran herederas de otra ya existente desde 1902 destinada a la represión de la trata de blancas, que fue disuelto en 1935. La Obra de las Mujeres Caídas estaba destinada a las prostitutas callejeras; el Patronato para los ámbitos marginales, para prevenir y evitar la entrada de las mujeres en la prostitución clandestina.(18)
La dictadura franquista reformó la Ley de Vagos y Maleantes republicana y, posteriormente, promulgó la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970, que incluyó la prostitución, como modo de facilitar su represión directa. Pero hasta 1956, como comentamos, la prostitución era legal, estaba regulada. Iba dirigida a los hombres, “ir de putas” era una actividad socialmente aceptada, practicada por solteros, que iniciaban así su vida sexual; y por casados. Era un mal menor para desahogar el instintito sexual.(19)
Hay que apuntar, aún así, que la legislación sobre la mujer durante el franquismo no permaneció sin reformarse. Ya a comienzos de los años cincuenta aparecieron voces que defendían una revisión de la situación jurídica de las mujeres, una de estas voces fue la falangista Mercedes Formica. Hubo dos reformas legislativas reguladas por las leyes de 1958 y 1962. Las intenciones revisionistas continuaron en la década de los sesenta, cuando un grupo de abogadas, con María Telo Núñez a la cabeza, desde la Asociación Española de Mujeres Juristas, plantearon la necesidad de igualar el trato jurídico entre los dos géneros. Se aprobaron las leyes de 1970, 1972 y de marzo de 1975, que supusieron, en particular esta última, una mejora sustancial de la situación legal de las féminas antes de la llegada de la democracia, aunque todavía quedaba por avanzar.(20)
Propuestas para la mujer: la ORT y el Partido Carlista
La Organización Revolucionaria de los Trabajadores (ORT) redacta un documento titulado La mujer ante las elecciones, en la que se redactan una serie de medidas específicas para la mujer. Se plantean medidas para acabar con la discriminación laboral de la mujer, tales como: la admisión en los centros de trabajo de un tanto por ciento proporcional de mujeres a la actual, entonces, población laboral femenina; la obligatoriedad de las empresas de que no exista en su seno discriminación de la mujer a la hora de acceder a puestos de mayor responsabilidad; a igual trabajo, igual salario, en todas las ramas de producción; obligatoriedad de realizar contratos laborales con los mismos derechos y deberes que se establecen para el conjunto de los trabajadores, dado que muchas mujeres optan por trabajos de carácter eventual (limpieza, empleadas del hogar, jornaleras…). (21)
También piden desde la ORT en materia laboral que se suprima la legislación laboral que discrimine a la mujer, como en los casos que a través del eufemismo “protección a la mujer”, se vetaban trabajos a las mismas, como hemos visto, y esto debe desaparecer, según el partido maoísta; también deben de suprimirse las diferencias que existían en cuando a la Seguridad Social; los fondos de empleo Comunitario deben de ser accesibles a las mujeres también; se debe facilitar el acceso a la mujer a la formación profesional a todos los niveles. Y, por último en esta área del ámbito laboral la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), propone medidas de conciliación laboral y familiar, como la creación de guarderías, lavanderías, comedores, tanto en los centros empresariales como de carácter municipal.(22)
En cuanto a la educación, en este documento electoral, proponen un sistema educativo laico, público y gratuito en todos los niveles de la enseñanza. Defienden un concepto que denominan “coeducación” -que podríamos denominar educación mixta-, partiendo de la consideración de que el hombre y la mujer son seres humanos con el mismo nivel de inteligencia; de que el papel de género asignado a la mujer y al hombre son causa de imposiciones económicas y culturales; que no existen distintas facultades por razón de sexo; y para que la mujer deje de ser un sujeto pasivo encerrado en las paredes de su casa. En este modo de educación, mujeres y hombres, desde su nacimiento, desarrollan sus capacidades y reconocimiento, “respetándose sus características físicas propias y las del sexo contario.” (23)
La coeducación promoverá la información y la formación sexual, el respeto y aceptación así mismas y al otro sexo, así como sus valores personales como individuas. Esta coeducación contaría en los centros escolares con todas las instalaciones, aulas, comedores, gimnasios, compartidas en todo momento por niñas y niños. Todas las actividades escolares habrán de realizarse, según este modelo, conjuntamente por ambos géneros, en colaboración y trabajando en equipo. Esto conllevaría la supresión de las asignaturas específicas para un género. La información sexual se dará a lo largo de toda la vida escolar y en todos los aspectos. Apuntan también, que para evitar que se sigan promoviendo funciones-tipo para cada uno de los géneros, es decir, roles de género, se exigirá un control de la publicidad en los medios de comunicación. (24)
En cuanto a la planificación familiar, la ORT propone que cada persona es libre del control de la natalidad, creando, no obstante, una red de centros de planificación familiar, a través de los cuales se informe de los métodos anticonceptivos existentes y se faciliten los más adecuados. Consideran en la ORT la interrupción voluntaria del embarazo como el último método que una mujer debe de usar, por lo agresivo que es para su cuerpo, según el partido maoísta, pero que el aborto debe de ser legalizado, realizarse bajo control médico y ser una libre decisión de la propia mujer. Establece que se realicen revisiones ginecológicas periódicas a las mujeres que utilicen anticonceptivos y a la población de mujeres en general a partir de los 30 años de edad. En los centros también atenderán psiquiatras, sexólogos, etc.(25)
En dichos centros de planificación familiar también se desarrollarán actividades educativas sobre la planificación familiar y la educación sexual, que irán recomendadas para ambos géneros. Estos centros proponen, además, que estén vinculados a los consultorios de la Seguridad Social. Mientras el Estado no garantice la asistencia sanitaria a toda la población, se establecerán métodos de cotización que permitan a todas las ciudadanas no incluidas en la seguridad social disfrutar de los servicios sanitarios públicos. Y, apuntan, que en la gestión de estos centros deben de participar sus trabajadoras y sus usuarias, haciéndose imprescindible que participen en las mismas organizaciones de mujeres feministas.
La Organización Revolucionaria de los Trabajadores pidió el sí para la Constitución.(26).Pero realiza un documento donde explica Los derechos de la mujer a la Constitución, a modo de crítica de la legislación. Esta cuestión es importante para ellas, porque es a través de la legislación como se institucionaliza la discriminación y la asignación del rol femenino, que sufren desde la infancia. Y advierte que las leyes españolas son altamente discriminatorias para la mujer. Si bien es cierto que no tratan sobre la Constitución, sino sobre el Código Penal, sirve para entender que desde la ORT opinan que las leyes tienen que contemplar la igualdad de géneros.(27)
Consideran que la ley no debe de recoger una especial protección en la ley penal a favor de la mujer, pese a que en ese momento “la mayor fuerza física del varón impide en la mayoría de los casos que pueda ser violentado por una mujer”.(28) Esto sitúa al partido maoísta lejos de una asimilación de la violencia de género y su problemática, al menos, tal y como la entendemos hoy en día. Dejaba patente, por tanto, que la ley penal no debería de tener asimetrías en cuanto al maltrato físico, ni hablan del machismo como agravante, aunque posiblemente juzgar estas propuestas desde una perspectiva actual resulte altamente anacrónico desde una perspectiva histórica.
Defienden la desaparición de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, de 1970, en su totalidad. Consideran que el apartado 4 del artículo segundo de dicha ley es discriminatorio, concretamente refiriéndose como sujetos peligrosos a “los que habitualmente ejerzan, promuevan y favorezcan o faciliten la prostitución”. El ejercicio de la prostitución, apuntan, estaba penado con hasta cinco años de cárcel, mientras que al hombre, que “usa de ella”, no era sancionado de ninguna manera.(29) No aluden directamente a que tenga que haber sanciones económicas y/o penales hacia los clientes de la prostitución, pero si critican que el modelo en el que se persigue a las mujeres que practican la prostitución y no a quienes hacen uso de ella, por lo que parecen partidarios de políticas abolicionistas.(30)
Por último, nombraré un documento que la ORT publicó en relación al 8 de marzo de 1978 titulado Los comunistas ante la cuestión de la mujer. En él, hacen un balance histórico en referencia a la mujer, y proponen una serie de medidas para solucionar la cuestión de la discriminación histórica que sufren las mujeres. En el aspecto laboral, insisten en el derecho a la formación profesional, sin discriminación; defienden la igualdad de oportunidades en la enseñanza; la coeducación, de nuevo; a igual trabajo, igual salario; acceso a todas las categorías profesionales; luchar contra el paro femenino; luchar contra el trabajo eventual o la media jornada impuesta; derogar las leyes proteccionistas que discrimen a la mujer; abolir los trabajos que se consideran “específicamente femeninos”; y la creación de guarderías en las empresas, como ya hemos comentado también anteriormente.(31)
En la cuestión social proponen servicios colectivos (comedores, lavanderías, etc.); centros de planificación familiar, controlados por comisiones de mujeres; legalización de anticonceptivos y su prescripción y uso bajo control médico y a cargo de la Seguridad Social; y la legalización del aborto, a cargo también de la Seguridad Social. En cuanto a legislación, insisten en lo ya apuntado sobre el Código Penal y la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social; defienden la desaparición del Patronato de la Mujer; desaparición del Tribunal Tutelar de Menores, tal y como estaba orientado en ese momento; igualdad para los hijos e hijas nacidos tanto dentro como fuera del matrimonio; que no se discrimine, ni social ni laboralmente, a las madres solteras; legalizar el matrimonio civil, como única forma de convivencia entre la pareja institucionalizada; legalizar el divorcio; igualdad en los deberes y derechos hacia las hijas y los hijos; establecer el derecho a la investigación de la paternidad; y que desaparecieran la publicidad que usa a la mujer como objeto erótico o consumista.(32)
Por su parte, el Partido Carlista, estaba a favor del divorcio. Esta ley la consideraba propia de un sistema democrático. Tanto es así, que las leyes de divorcio son propias de un sistema democrático y de libertades, que en el año 1979 solo el 3 % de la población mundial estaba privada del derecho al divorcio, entre los que se encontraba la población española.(33) Consideran el divorcio en los siguientes términos:
Es un paso en la transformación de las relaciones entre las personas, en el reconocimiento de la libertad de los hombres y mujeres. La familia que carece de las necesarias bases afectivas es una institución perjudicial para la convivencia de los cónyuges y la formación de los hijos, y por tanto perjudicial para toda la sociedad.(34)
En un documento titulado Por un divorcio progresista, suscrito junto con otras formaciones de la izquierda y de la izquierda radical en la provincia de Guadalajara, considera el Partido Carlista que los principios que deben de regir la ley de divorcio son los de igualdad, justicia y libertad para ambos cónyuges. Y plantean que el divorcio ha de ser tramitado por mutuo acuerdo o por petición de alguno de los cónyuges. Que ha de ser rápido y gratuito, siendo considerado un trámite administrativo que no implique cargas económicas, estando de esta manera al alcance de todo el mundo, incluidas las clases bajas. Piden que se acabe con la dependencia económica de la mujer frente al hombre. Y respecto a los hijos, proponen que de no existir un acuerdo entre los padres, sea una instancia legal adecuada resuelva sobre la cuestión, hasta que los hijos puedan opinar por sí mismos.(35)
En cuanto a la Constitución, el Partido Carlista hacía referencia a que en el nuevo concepto de matrimonio convendría atender a varios aspectos más definidos, como el hecho de que si se contrae matrimonio en “igualdad de derechos” hay que cambiar socialmente el concepto de “la mujer propiedad del marido”. También indicaban que la patria potestad debería de ser compartida por ambos cónyuges y debería de estar unida a la guardia y custodia de los hijos; la igualdad ante la administración de bienes gananciales, que hasta ahora era exclusiva del marido. Establecía por tanto que tenía que hacer una ley del divorcio justa para mujeres y hombres.(36)
En el Trabajo-propuesta elaborado por la Comisión mixta para la problemática de la mujer, en el contexto del IV Congreso del Partido Carlista, propone la legalización del divorcio. También apunta otras medidas relacionadas con la familia, como: la planificación del número de hijos, un día laboral más corto en relación con la conciliación, una patria potestad compartida, separación de bienes, asesoramiento en cuanto a la propia planificación familiar, el matrimonio civil como única forma jurídica que regule las relaciones de pareja.(37) En la propuesta de Murcia se dice respecto al matrimonio que: “El Estado no precisará nada más que del Matrimonio Civil.
No pudieron imponer otro tipo de matrimonio a sus ciudadanos.”. Sobre el divorcio, considera que pueden romper el matrimonio civil o contrato. Respecto a la paternidad, disponen que toda persona tiene derecho a que le sea reconocida su filiación. Y respecto a la manutención, dicen que todo menor tiene derecho a ser mantenido o sustentado por sus padres, aunque estos no se encuentren casados.
Resume su propuesta de la siguiente manera: “La pareja humana es libre y tiene derecho al amor, a la paternidad, a la planificación familiar, al unirse o separarse, libremente en matrimonio civil.” Y que “el Estado no se inmiscuirá, con razonamientos morales o religiosos, en la vida de la pareja humana.”(38)
Por su parte, en la propuesta de Navarra se apoya igualmente la legalización del divorcio, con derecho de los individuos a rehacer sus vidas, aunque sea por el deseo de uno solo, en igualdad de condiciones entre el hombre y la mujer. También proponen la administración conjunta de bienes comunes. A medio plazo respecto a la familia defienden la reforma de la estructura familiar, de tal manera que desaparezca la función autoritaria del padre dentro de la misma. Una sociedad plural, que reconozca los nuevos modelos de familia. Y, por último, la desaparición de las discriminaciones que existen en la sociedad en referencia a las madres solteras.(39) El Partido Carlista en Navarra y de Murcia hablan de despenalizar el adulterio.(40)
La princesa carlista en su ensayo sobre la mujer insistía sobre la necesidad de una patria potestad ejercida por los dos progenitores como en otros países de Europa. Habrá un concepto nuevo de los papeles a desempeñar por la esposa y el esposo. El marido se podrá quedar en casa a atender sus obligaciones como padre o las responsabilidades en el hogar, si la esposa no pudiese. Se incorporará a la tarea del cuidado de los hijos con un papel más activo el hombre, al ser considerada una responsabilidad de los dos. Tendrá que haber una planificación familiar del número de hijos que debe tener el matrimonio.(41)
El Partido Carlista ponía en evidencia que se deberían de garantizar constitucionalmente la igualdad de salario para la mujer, no pudiéndose admitir ningún convenio laboral, que no reconozca esta igualdad. Además proponía que la mujer que hubiera trabajado y cotizado a la Seguridad Social pudiera dejar una pensión de viudedad a su marido, y a los restantes miembros de su dependencia, pues se ha de sustituir el concepto de “cabeza de familia”, debiendo ser la pareja en su conjunto. Respecto a la Constitución el Partido Carlista pondría de manifiesto que el título de la Corona discrimina a la mujer respecto al acceso al trono. Apunte que no deja de ser significativo, viviendo justamente del carlismo.(42)
En el material de la Comisión mixta para el IV Congreso del Partido Carlista, se establecía que toda mujer tenía derecho al trabajo. La independencia económica es sinónimo para el Partido Carlista de liberación. Según esta propuesta se deberían derogar las leyes laborales que protegen falsamente a la mujer, como el permiso por embarazo, dote, trabajos peligrosos, etc., que además dificultan el acceso de la mujer al mundo laboral. La mujer y el hombre deberían de tener igualdad a la hora de ejercer cualquier profesión e igualdad de oportunidad, suprimiendo el concepto de “trabajos femeninos”.
Las condiciones de trabajo deberían de ser iguales para ambos sexos, asegura la Comisión mixta en su propuesta, tiene que haber igualdad de salario y promoción. Tener derecho a la Seguridad Social en igualdad, con una legislación laboral que no distinga entre sexos. Proponían entre otras cuestiones que las empleadas del hogar tuvieran seguridad social, una jornada laboral de 8 horas, salario mínimo interprofesional y un mes fijo de vacaciones.(43)
La Comisión Mixta para la Problemática de la Mujer del Partido Carlista en su estudio sobre la Constitución y la mujer dice respecto al artículo 15 de la Sección 1o del proyecto de Senado que en vez de ser(44):
Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradante. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares en tiempo de guerra.(45)
Quedará redactado de tal manera que se sustituyese la frase “todos tienen derecho…” por “todas las personas tienen derecho”, pues según el Código Civil, la definición de persona era: “Todo feto con figura humana que ha vivido 24 horas desprendido del seno materno”, dejando así una puerta abierta a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Los abortos clandestinos que tenían lugar considera el Partido Carlista que van en contra del párrafo “tratos degradantes”.(46) El Partido Carlista, desde antes de que se aprobara la Constitución, a la que apoyarían con el sí,(47) ya estaba proponiendo dejar la puerta abierta en la Carta Magna para poder legislar sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
En el contexto del IV Congreso del Partido Carlista, como ya hemos apuntado, se lleva a cabo un trabajo-propuesta sobre la problemática de la mujer. En este documento, en el apartado de “familia” se habla sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Dicen que no desean el aborto, por lo que pondrán a disposición de las gestantes los medios necesarios para evitarlo, mediante diversos medios tales como campañas de anticonceptivos, educación sexual, a ser posible antes de la pubertad; ayudas económicas y sociales respecto a las guarderías y colegios; además de asistencia médica gratuita. Proponen también que se mentalice la sociedad contra los prejuicios hacia las madres solteras y los hijos ilegítimos.(48)
Pero tienen claro que seguirá habiendo abortos, y por tanto, se hace necesaria su regulación, para que se atienda a la madre en las mejores condiciones sanitarias. Proponen que sea realizado antes de las 12 semanas de gestación, de manera gratuita, en un centro hospitalario y con personal cualificado.(49) Esto es lo que proponía el Partido Carlista respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. La agrupación territorial de Murcia al respecto del aborto apuntaba que el Estado no debe de entrar en consideraciones morales que incumben a las conciencias o creencias de las personas, apostando, por tanto, por su despenalización.50 Del mismo modo, la agrupación territorial de Navarra también se posicionaba a favor de la despenalización del aborto.(51)
Irene de Borbón-Parma en su ensayo sobre la mujer trata el tema del aborto. Dice que los padres de la iglesia habían debatido sobre si el embrión humano era vida humana. Tomás de Aquino consideraba que el ser divino del hombre, o sea, el alma, no aparecía hasta los 3 meses de gestación. Incluso, en la Edad Media, había teorías sobre que en los hombres el alma aparecía a los 40 días y en la mujer a los 80 días de gestación. Con esto llega a la conclusión de que la Iglesia no siempre ha tenido la opinión actual de que hay vida humana desde el momento de la gestación. Hay opiniones diversas a este respecto apunta, pero la realidad es que en España hubo 300.000 abortos clandestinos durante 1976.(52)
Enumera la reina carlista algunos motivos por los cuales las mujeres interrumpen voluntariamente su embarazo. Desde falta de información sobre los anticonceptivos; la falta de educación sexual; hasta por razones de salud, cuando la madre esta enferma o corre peligro su salud, además de por factores de edad; por razones económica, por no poder mantener a otro hijo o estar manteniendo mal a los que ya se tiene; por razones psíquicas, por no poder mentalmente encargarse de otro hijo; por estar el feto malformado; por haberse quedado embarazada por una violación o acto de incesto.
Las mujeres que abortan bajo estas premisas y no tiene dinero para ir al extranjero, se realizan abortos clandestinos.(53)
Aunque se viva en libertad, haya educación sexual y acceso real y gratuito a los anticonceptivos, seguirá habiendo abortos, asegura la princesa carlista, porque los anticonceptivos fallan, entre otras razones. Por ello, la regulación del aborto tiene un papel primordial.
En los países donde esta regularizado se usa el método de aspiración en la mayoría. No exige ingreso y los riesgos de hemorragia son mínimos. Es una intervención sencilla, que al estar regularizada, se realiza en correctas condiciones higiénicas y por un médico. Se realiza esta técnica hasta las 12 semanas, después la intervención es más complicada, exige ingreso y convalecencia.(54)
La posición oficial en el Partido Carlista quedaba claro que era la de la despenalización del aborto. Pero no todas las agrupaciones territoriales carlistas estaban de acuerdo. Hay que tener en cuenta que la religión seguía pesando mucho. Este es el caso de las Juventudes Carlistas de Madrid. Consideran el aborto como una cuestión polémica. Gracias a la victoria del Partido Socialista, se va a presentar un proyecto para la despenalización parcial del aborto, primer paso para asimilarnos a los países de Europa. Comentan que “La legalización del aborto es tanto como establecer la pena de muerte, sólo que aquí el juicio es sumarísimo y el deliro muy simple: ser producto de una violación, o subnormal”. Se preguntan, además, desde cuando los hombres tienen derecho a disponer de la vida de los demás. Reconocen que cuidar a un niño con minusvalía física o psíquica no es fácil, pero la estimación por la vida humana está por encima de los intereses propios. Sus padres, con mérito y sacrificio, les cuidan y seguro que no quieren “tirar a sus hijos a la basura”.(55)
En cuanto a la violación, se trata de un hijo no deseado y concebido a la fuerza, aseguran. Pero una madre no tiene título de propiedad sobre la vida del niño desde que este es concebido. En opinión de las juventudes carlistas: “¿Qué no quieres a tu hijo? Pues lo donas, lo llevas a donde sea, pero no lo mates”. Critican a las mujeres económicamente pudientes que se van a abortar a Londres o Francia, asegurando que “el peso de la ley debe caer especialmente sobre ellas, ya que en muchas ocasiones, el hijo es solo consecuencia de un “buen rato”. Consideran diferente abortar porque no se tengan medios materiales para cuidar de la criatura. Afirman que era fácil evitar la concepción, a través de los medios anticonceptivos, eficaces y accesibles, y que dicha utilización corresponde a la responsabilidad de pareja a la hora de afrontar una relación.(56)
Dado que la mayoría del pueblo español, según estas juventudes carlistas madrileñas, son católicas, propusieron que el tema de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo sea sometida a referéndum popular, para que de este modo sea el pueblo español si permite o no la regularización del aborto.(57) Cuando se despenalizó finalmente el aborto en España consideraban que “el derecho a la vida es un patrimonio de la sociedad, de cada ciudadano, de cada español quien, en su conciencia debe decidir si esta ley es un triste episodio o algo irreversible.” Condenarán además la manifestación delante del Congreso de feministas radicales, que lo hacían bajo lemas “Abortus tuuus”, parafraseando al Papa.(58)
Respecto a los anticonceptivos, el Partido Carlista proponía el derecho al uso de anticonceptivos a cargo de la Seguridad Social.(59) Pedían que hubiese un acceso a todos los anticonceptivos.(60) El Partido Carlista de Murcia apuntaba que todo ciudadano tiene derecho a información sobre los anticonceptivos y a un acceso real a los mismos.(61) El partido en Navarra hablaba no solo de información y legalización, sino también de la necesidad de un asesoramiento médico al respecto de los mismos, e insistía en el suministro a cargo de la Seguridad Social.(62)
Dentro del material remitido por el Partido Carlista de Euskalherria (E.K.A.) a la Secretaria de cultura sobre la sociedad marginada, en el contexto de la sesión extraordinaria el IV Congreso tratan la prostitución:
Cambiar de vida significa para ellas renunciar a toda posibilidad de sobrevivir, y aceptan su situación con una concepción fatalista de la vida. En definitiva, con personas expulsadas de una sociedad “normalizada” que les ha negado su apoyo y ha terminado instrumentalizándolas y explotándolas dentro de un conjunto cultural en el que el valor hombre preponderante, infravalora, utiliza y explota colectivamente el valor de la mujer. Una igualdad real y una situación social justa, junto con un cambio real cultural de las relaciones valor hombre-mujer, son la única vía de evitar esta problemática colectiva.(63)
En la propuesta navarra respecto a la resolución de la mujer, también presentada en la sesión extraordinaria del IV Congreso, aparece la prostitución, aunque en la ponencia de la Comisión mixta no la nombran. En el punto sobre legislación se propone la eliminación de las condiciones de explotación y marginalidad de la que son objeto las prostitutas, por considerarse una forma degradante y alienante para la persona que la ejerce y para el cliente que accede a ella. Dadas las actuales estructuras sociales, se entiende capitalistas, consideran que la prostitución va a seguir existiendo, por ello proponen una revisión médica periódica.(64)
Vista las propuestas que el Partido Carlista de Euskalherria (EKA) realiza, vemos que hay una tendencia hacia el modelo abolicionista, al hablar de la prostitución en términos de explotación. Asume que las mujeres que lo ejercen lo hacen en situación de subdesarrollo, es decir, de pobreza o situación socio-económica complicada. Critican la doble moral de mantener esta actividad por parte de la sociedad y a la vez condenarlas a la marginalidad. El hombre infravalora y explota a la mujer. Considera denigrante esta actividad, pero que en el mundo capitalista no es posible erradicarla y, por eso, a corto plazo, proponen un sistema de revisiones médicas, que podríamos atribuir a un modelo reglamentarista.
En definitiva, vemos como estos dos partidos proponen mejoras para las mujeres respecto a la situación vivida anteriormente por ellas. Dos partidos que tenían una base cristiana, pues no olvidemos que la ORT proviene de la Acción Sindical de Trabajadores, un grupo sindical nacido de los grupos cristianos de acción apostólica obrera, surgidos sobre todo a raíz del Concilio Vaticano II.(65) Y dos partidos que durante los años setenta lucharon, juntos, en la lucha contra el franquismo; y juntos también por la recuperación de las libertades democráticas, por ejemplo, compartiendo adscripción en organismos unitarios de oposición democrática.(66) Un partido marxista-leninista de pensamiento Mao Tse-Tung y el Partido Carlista, que no parecieran ser organizaciones con similitudes, resulta ser que sí las tienen.
1 El artículo 36 de la Constitución de 1931: “Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes.”
2 El Código Penal de 1870 fue reformado el 27 de octubre de 1932, en época de la Segunda República, en varios artículos referentes a la mujer. Se suprimió de esta manera el delito de adulterio, referido a la mujer, y de amancebamiento, referido al hombre. Ambos delitos tenían la misma pena, pero se aplicaban de manera diferenciada según el sexo. GÓMEZ BLESA, Mercedes: Modernas y vanguardistas. Mujer y democracia en la II República. España, Ediciones del Laberinto, 2009, pp. 230-231.
3 NICOLÁS LAZO, Gemma: La reglamentación de la prostitución en el Estado español. Genealogía jurídico-feminista de los discursos sobre prostitución y sexualidad. Departament de Dret Penal i Ciènces Penals, Universitat de Barcelona, Codirigida por Dra. Encarna Bodelón González y Dr. José Ignacio Rivera Beiras, 2007, pp. 444-446. GÓMEZ BLESA, Mercedes: Op. Cit., p. 220, 226, p. 231. y p. 240.
4 Rosario RUIZ FRANCO: “Mujeres y represión jurídica en el franquismo”, en Ana FERNÁNDEZ ASPERILLA (Coord.): Mujeres bajo el franquismo: compromiso antifranquista, Madrid, Asociación para la Memoria Social y Democrática, 2009, p. 13.
5 Carlota CORONADO: “Esposa y madre ejemplar: la maternidad en los noticiarios Luce durante el fascismo (1928-1945)”, Historia y Comunicación Social, 13 (2008), pp. 5-31., esp. pp. 6-7.
6 Rosario RUIZ FRANCO: “Mujeres y represión…”, p. 15.
7 Jordi ROCA I GIRONA: De la pureza…, pp. 262-263.
8 Rosario RUIZ FRANCO: “Mujeres y represión…”,p. 19.
9 Ibid., p. 19 y 21.
10 María del Rosario RUIZ FRANCO: “Hacia una igualdad jurídica entre los sexos: las últimas reformas del franquismo”, Actas del Congrés la transició de la dictadura franquista a la democràcia, Barcelona, 2005, pp. 102-114. esp. p. 107.
11 María del Rosario RUIZ FRANCO: “Hacia una igualdad jurídica…”, p. 107.
12 Rosario RUIZ FRANCO: “Mujeres y represión…”, pp. 23-24 y p. 26.
14 Jordi ROCA I GIRONA: De la pureza…, p. 243, p. 246 y 249.
16 Rosario RUIZ FRANCO: “Mujeres y represión…”, p. 27.
17 Mirta NÚÑEZ DÍAZ BALART: Mujeres caídas: prostitutas legales y clandestinas en el franquismo, Madrid, Oberon Editorial, 2003, pp. 21-22.
18 Ibid., p. 34 y 41.
19 Gemma NICOLÁS LAZO: La reglamentación de la prostitución en el Estado español. Genealogía jurídico-feminista de los discursos sobre prostitución y sexualidad, Tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 2007, p. 517 y pp. 576-577.
20 Rosario RUIZ FRANCO: “Mujeres y represión…”, p. 15.
21 Organización Revolucionaria de Trabajadores: “La mujer ante las elecciones”, s.d, Archivo de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (AORT), http://www.pte- jgre.com/archivo/archivotransicionORT.html.
23 Organización Revolucionaria de Trabajadores: “La mujer ante las elecciones”, s.d, Archivo de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (AORT), http://www.pte- jgre.com/archivo/archivotransicionORT.html.
26 Organización Revolucionaria de Trabajadores: “La mujer ante las elecciones”, s.d, Archivo de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (AORT), http://www.ptejgre.com/archivo/archivotransicionORT.html.
27 Organización Revolucionaria de Trabajadores: “Los derechos de la mujer a la Constitución”, p. 4, s.d, Archivo de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (AORT), http://www.pte- jgre.com/archivo/archivotransicionORT.html.
28 Ibid. 29Ibid., p. 6.
30 Hay fundamentalmente cuatro modelos de políticas frente a la prostitución, el prohibicionista, el reglamentista, el legalizador y el abolicionista. Véase Sofía SANTOYO SALGADO: Modelos de regulación de la prostitución en la Unión Europea, Trabajo de fin de grado, Universitat de las Isles Balears, 2016, pp. 10-13.
31 Organización Revolucionaria de Trabajadores: “Los comunistas ante la cuestión de la mujer”, s.d, Archivo de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (AORT), http://www.pte- jgre.com/archivo/archivotransicionORT.html.
33 “Por un divorcio progresista”, Archivo de Juan Pablo Calero Delso (En adelante AJPCD), 1979. 34 Ibid.
36 “La Constitución y la mujer”, AJPCD, 30 de octubre de 1978.
37 Partido Carlista: “Trabajo-propuesta elaborado por la Comisión mixta para la problemática de la mujer del Partido Carlista”, AJPCD, s.d.
38 Partido Carlista: “Material remitido por Murcia sobre la resolución de “La mujer””, AJPCD, s.d.
39 Partido Carlista: “Material remitido por Navarra a la Secretaria de Cultura sobre resolución tema mujer”, AJPCD, octubre de 1978.
40 Partido Carlista: “Material remitido por Murcia sobre la resolución de “La mujer””, AJPCD, s.d; y Partido Carlista: “Material remitido por Navarra a la Secretaria de Cultura sobre resolución tema mujer”, AJPCD, octubre de 1978.
41 Irene BORBÓN-PARMA: La mujer y la sociedad, Plaza & Janes, Barcelona, 1979, pp. 77-78 y p. 80.
42 Partido Carlista: “La Constitución y la mujer”, AJPCD, 30 octubre de 1978.
43 Partido Carlista: “Trabajo-Propuesta elaborado por el Comité del Partido Carlista”, AJPCD, s.d.
44 Partido Carlista: “La Constitución y la mujer”, AJPCD, 30 de octubre de 1978.
46 Partido Carlista: “La Constitución y la mujer”, AJPCD, 30 de octubre de 1978.
48 Partido Carlista: “Trabajo-Propuesta elaborado por el Comité del Partido Carlista”, AJPCD, s.d.
50 Partido Carlista de Murcia: “Material remitido por Murcia sobre la resolución de “La mujer””, AJPCD, s.d.
51 Partido Carlista de Navarra; “Material remitido por Navarra a la Secretaria de Cultura sobre resolución tema mujer”, AJPCD, 24 de enero de 1978.
52 BORBÓN-PARMA, Irene: La mujer…, pp. 111-113. 53 Ibid., pp. 113-114.
54 BORBÓN-PARMA, Irene: La mujer…, pp. 114-118.
55 Boina Roja, diciembre 1982, no 10. 56 Ibid.
57 Boina Roja, febrero de 1983, no 12. 58 Boina Roja, octubre de 1983, no 18.
59 Partido Carlista: “La Constitución y la mujer”, AJPCD, 30 octubre de 1978.
60 Partido Carlista: “Trabajo-Propuesta elaborado por el Comité del Partido Carlista”, AJPCD, s.d.
61 Partido Carlista de Murcia: “Material remitido por Murcia sobre la resolución de “La mujer””, AJPCD, s.d.
62 Partido Carlista de Navarra: “Material remitido por Navarra a la Secretaria de Cultura sobre resolución tema mujer”, AJPCD, 24 de enero de 1978.
63 Partido Carlista de Euskal Herria: “Material remitido por EKA a la Secretaria de Cultura sobre la sociedad marginada”, 24 de enero de 1978, AJPCD, p. 10.
64 Partido Carlista de Navarra: “Material remitido por Navarra a la Secretaria de Cultura sobre resolución tema mujer”, AJPCD, 24 de enero de 1978.”
65 Consuelo LAÍZ CASTRO: La izquierda radical en España durante la transición a la democracia. Tesis doctoral, Madrid, 1993, pp. 40-41.
66 Josep MIRALLES CLIMENT: El carlismo militante (1965-1980). Del tradicionalismo al socialismo autogestionario.
Tesis doctoral, Valencia, 2015, p. 374.

References: artículo 57
 artículo 58
 artículo 176
 artículo 15
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 artículo 36
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