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﻿ Sentencia 23735 de abril 20 de 2005
SENTENCIA 23735 DE 20 DE ABRIL DE 2005
CONTENIDO:PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES. COEXISTENCIA DE VÍNCULO MATRIMONIAL MIENTRAS DURÓ LA CONVIVENCIA.
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:402 DE JUNIO DE 2005, PG.736
Sentencia 23735 de abril 20 de 2005
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES
COEXISTENCIA DE VÍNCULO MATRIMONIAL MIENTRAS DURÓ LA CONVIVENCIA
Radicación 23735
Resuelve la Corte el recurso de casación que interpuso la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. —Colfondos— contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, dictada el 24 de octubre de 2003 en el proceso ordinario laboral que promovió María Idolinda Henao Sepúlveda contra la recurrente y Catalina María Jiménez Estrada.
María Idolinda Henao Sepúlveda convocó a juicio a la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. —Colfondos— y a Catalina María Jiménez Estrada, con miras a lograr que se declare que es la única persona con derecho a la pensión de sobrevivientes por la muerte del señor Bernardo Jiménez Jiménez. En consecuencia, pretende que se condene a Colfondos a pagarle tal prerrogativa de la seguridad social desde que ocurrió el deceso de aquella persona natural; y se ordene a Catalina María Jiménez Estrada a reembolsarle los dineros que ha recibido de Colfondos por concepto de la pensión de sobrevivencia de su finado progenitor.
En apoyo de las súplicas, afirmó que el señor Bernardo Jiménez Jiménez falleció el 12 de mayo de 1998; que el aludido varón había sido casado, en únicas y legítimas nupcias con la señora Gladys Estrada; que, fruto de ese matrimonio, nació Catalina María Jiménez Estrada el 16 de abril de 1982; que, a pesar de su matrimonio con Gladys Estrada, Bernardo hacía vida marital con la demandante, María Idolinda Henao Sepúlveda, desde comienzos del año 1994, con quien compartía techo, mesa y lecho, la asistía en todas sus necesidades económicas y eran prácticamente marido y mujer; que la actora y Bernardo hicieron vida en común bajo el mismo techo, durante más de cuatro años en forma continua e ininterrumpida, hasta la muerte del segundo; que Bernardo se hallaba afiliado a la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. (Colfondos); que, ante el fallecimiento de su compañero permanente, pidió de Colfondos que le reconociera y pagara la pensión de sobrevivientes; y que, mediante comunicación que le fue enviada el 11 de noviembre de 1999, el ente administrador le negó los derechos y se los reconoció a Catalina María Jiménez Estrada.
La Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías —Colfondos—, al responder la demanda, se opuso a todas las pretensiones planteadas. Con el ánimo de enervar los derechos recabados por la demandante, propuso las excepciones de mérito de falta de legitimación en la causa por activa, falta de causa para pedir, cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación y prescripción. Sostuvo que la promotora del pleito no tiene derecho a la pensión de sobrevivientes, por cuanto es casada y no había liquidado la sociedad conyugal con “su cónyuge”; manifestó que para aceptar la calidad de compañera permanente, la sociedad de hecho debe ser declarada judicialmente, situación que no fue acreditada por la demandante; y agregó que el afiliado fallecido se encontraba en imposibilidad de conformar una sociedad patrimonial entre compañeros, pues no había liquidado la sociedad conyugal anterior con la señora Gladys de Jesús Estrada Rodríguez.
En la respuesta al libelo, Catalina María Jiménez Estrada aseveró que percibe pensión de sobrevivientes de su padre legítimo, de manera que no está obligada a reembolsar suma alguna a la actora; expresó que el señor Jiménez Jiménez convivió, a la vez, con la demandante y con su esposa legítima, Gladys de Jesús Estrada Rodríguez; afirmó que la promotora de la litis estaba casada legítimamente con otro señor y al proceso no se aportó. la existencia de la unión marital de hecho declarada por un juez de familia; e indicó, por último, que la demandante no puede excluir de la pensión de sobrevivientes a la esposa legítima del señor Jiménez Jiménez.
Dispuso el juzgado de conocimiento, en el auto admisorio de la demanda genitora de la causa, citar a la señora Gladys de Jesús Estrada, con el objeto de notificarle la existencia del proceso y para que se hiciese parte, si a bien lo tuviese. La dama citada dijo que la demandante no puede afirmar la existencia de una unión marital de hecho con el finado Jiménez J., porque tiene vigente un matrimonio legítimo con el señor William Arturo Castaño Gómez, ni ha presentado declaratoria de unión marital de hecho proveniente de un juzgado de familia; y apuntó que Jiménez J. vivía con su esposa y con la actora y que a esta no le asiste derecho a la pensión de sobrevivientes, puesto que la esposa legítima tiene preferencia.
Ventilada la causa procesal por la cuerda apropiada, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, en virtud de sentencia de 14 de agosto de 2003, condenó a Colfondos S.A. a reconocer y pagar a la señora María Idolinda Henao Sepúlveda y a Catalina María Jiménez Estrada, por mitades, la pensión de sobrevivientes, en sus calidades de compañera permanente e hija del causante Bernardo Jiménez Jiménez, en su orden; condenó a Colfondos S.A. a pagar a la demandante la mitad correspondiente a partir del 11 de mayo de 1998, fecha de la muerte del causante, con los aumentos legales a que hubiere lugar, en la modalidad y cuantía de la pensión que venía pagando a la hija del finado; declaró que el valor de la totalidad de la pensión corresponderá a la demandante, una vez Catalina M. Jiménez Estrada cumpla 25 años de edad o antes si suspendiere sus estudios por causa diferente a una invalidez; y, finalmente, gravó con las costas a Colfondos S.A., en un 80%.
Colfondos S.A. recurrió, en sede de apelación, la providencia anterior y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, en la sentencia aquí acusada, la confirmó, con la modificación consistente en que la pensión de sobrevivientes debía pagarse a la demandante desde septiembre de 1998. No impuso costas en la segunda instancia.
El tribunal comenzó por anotar que en el proceso obraba copia del registro civil de matrimonio del señor Jiménez Jiménez y de la señora Estrada Rodríguez, al igual que el registro de nacimiento de Catalina, en el que consta que es hija de los anteriores; y advirtió que estaba acreditado que el 7 de noviembre de 1996 se declaró el divorcio por mutuo acuerdo entre Bernardo Jiménez y Gladys de Jesús Estrada.
A continuación, el juez de la alzada se refirió a los testimonios de William Castaño Gómez, Lucía Agudelo de Torres, Héctor Jaime Palacio Botero y Álvaro Hernán Hincapié, que dan cuenta de la convivencia de la actora con Bernardo Jiménez Jiménez.
Después de transcribir apartes de la sentencia T-163 de la Corte Constitucional y de la de 2 de marzo de 1999 de la Corte Suprema de Justicia, el ad quem discurrió que para que una persona pudiera calificarse como compañero o compañera permanente de otra fallecida, la seguridad social reclamaba anteriormente que fuera soltera o que, siendo casada, estuviera separada legal y definitivamente de bienes y que la vida marital se hubiese prolongado por tres años, pero que la Constitución Política cambió el concepto.
Y concluyó que para la seguridad social es importante la unión libre y responsable de dos personas de sexo diferente con la finalidad de conformar una familia, independientemente de que se hubiese utilizado la vía jurídica, la vía de hecho o el matrimonio, de manera que el Estado, a través de la seguridad social, protege a los integrantes de esa unión. Por ello —remató sus conclusiones— la Ley 100 no exige requisito adicional para que el cónyuge o el compañero permanente pueda reclamar la protección necesaria, “como antes lo hacía el artículo 29 del Decreto 758 de 1990”.
Lo interpuso la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. (Colfondos). Con él aspira a que la Corte case la sentencia del tribunal para que, en función de instancia, se revoque la del juzgado, y, en su lugar, se absuelva a la recurrente de todas las condenas impuestas.
Con esa finalidad formuló dos cargos, que no fueron objeto de réplica.
Acusa la sentencia por violación directa, en la modalidad de interpretación errónea, de los artículos 73 y 74 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 31, 46, 47 y 48 de la Ley 100 de 1993, 8º de la Ley 153 de 1887; 1º y 2º de la Ley 54 de 1990; 29 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el 1º del Decreto 758 de 1990; 6º del Decreto 1160 de 1989; 7º del Decreto 1889 de 1994 y 42 de la Constitución Política.
La recurrente comienza el desarrollo del cargo por poner de presente que, según el tribunal, la seguridad social protege la unión libre y responsable de dos personas de sexo diferente con la finalidad de conformar una familia, independientemente de que haya llegado a ese estado utilizando la vía jurídica, la vía de hecho o el matrimonio, y por ello los requisitos establecidos en el artículo 29 del Decreto 758 de 1990 han desaparecido del ordenamiento jurídico colombiano.
A juicio de la impugnante en casación, ese entendimiento conduce a la conclusión de que “una mujer con vínculo matrimonial válido, sin haberse disuelto este, declarado la nulidad del mismo, decretado el divorcio o haber fallecido su esposo, puede ser beneficiaria de una pensión de sobrevivientes por el hecho de haber establecido una relación de cohabitación permanente con un hombre diferente de su marido, durante un lapso superior a dos años, así durante la totalidad o algún lapso de ese período haya conservado vigente su vínculo matrimonial con su esposo”.
De conformidad con el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 —continúa la censura—, tienen derecho a pensión de sobrevivientes los miembros del grupo familiar del afiliado o pensionado que fallezca, tanto en el régimen de prima media con prestación definida como en el de ahorro individual. Según el artículo 74 de esa misma ley, el grupo familiar, lo constituyen, en el primer orden, el cónyuge o la compañera permanente supérstite y los hijos, lo que indica que dicho beneficio se estableció en razón de los vínculos familiares que unen a estas personas, y no simplemente como consecuencia de una sociedad conyugal de bienes o una sociedad de hecho de carácter meramente patrimonial.
Ni la Constitución ni la ley —prosigue el ataque— protegen simultáneamente a dos o más familias; y también en el caso de compañeros permanentes milita la connotación constitucional de familia, siempre que se den los presupuestos legales para integrarla debidamente. Por lo tanto, al menos en el esquema de la Ley 100 de 1993, una pensión de sobrevivientes no puede edificarse para dos o más familias vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano.
Señala la demanda de casación que cuando se trata de muerte de “afiliado”, el artículo 7º del Decreto 1889 de 1994 da preferencia a la cónyuge que convive con su esposo sobre la compañera permanente, de manera que en caso de subsistencia de esposa y de compañera permanente, esta última no tiene derecho a la pensión de sobrevivientes. “Es decir si existe un matrimonio jurídicamente válido en los dos años anteriores al fallecimiento del afiliado, la compañera no tiene derecho”.
Considera el acusador que una mujer que establece una relación de convivencia con un hombre con vínculo matrimonial válido y vigente, no tiene vocación de ser titular de la pensión de sobrevivientes mientras subsista esa situación. “Para los fines de la pensión de sobrevivientes consagrada en la precitada Ley 100, tampoco puede ser reputada compañera permanente de un hombre diferente a su marido, una mujer con un vínculo matrimonial válido y vigente”.
El remate de esta parte de la argumentación indica que, para efectos de la pensión de sobrevivientes, se entiende que falta el cónyuge en los siguientes eventos: muerte, nulidad de matrimonio y divorcio.
De otro lado, la censura expresa que tanto en el régimen solidario de prima media con prestación definida como en el de ahorro individual con solidaridad, subsisten, en lo pertinente y en lo no regulado de manera diferente por cada régimen, las normas contenidas en los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales. Así lo prescribe al artículo 31 de la Ley 100 de 1993 en cuanto a prima media, pero aplicable al otro régimen (L. 153/1887, art. 8º); además el artículo 73 de la Ley 100 de 1993, para los efectos de la pensión de sobrevivientes, remite a los artículos 46 y 48 de la Ley 100. En consecuencia, en el sistema de la Ley 100 siguen militando los requisitos del artículo 29 del Acuerdo 49 de 1990, con la diferencia de que la convivencia solo es de los dos años anteriores al fallecimiento y no de tres como lo exige dicho reglamento.
Para el ataque, en el esquema de la seguridad social aplicable al caso de autos, solamente quienes ostentan la condición de solteras, viudas, divorciadas o separadas legalmente de cuerpos, dentro de los dos años anteriores al fallecimiento de su compañero permanente tienen la calidad de compañeras permanentes, y no quienes hacen vida marital permanentemente con un hombre diferente a su cónyuge manteniendo vivo o vigente en esos dos años, al menos jurídicamente, un matrimonio válido anterior. De igual modo, si un afiliado durante los dos últimos años anteriores a su deceso mantiene su matrimonio jurídicamente válido, no se genera pensión de sobrevivientes en cabeza de la compañera permanente que convivió con él en ese mismo lapso.
Por lo tanto, estima la recurrente que el ad quem mal interpretó el recto sentido de la normativa aplicable cuando asentó que la Ley 100 solamente exige que cuando muere el afiliado la compañera permanente tiene derecho a la pensión de sobrevivientes, sin otro requisito adicional, pues, a la luz de nuestro ordenamiento positivo no puede ser tenida como compañera permanente la persona que si bien cohabita regularmente con un afiliado, no ha disuelto su matrimonio anterior, ni se ha divorciado.
El designio indeclinable de la seguridad social es procurar mejor calidad de vida para el hombre. Por ello su preocupación constante es proteger a las personas frente a las contingencias que la menoscaban, a fin de evitar que se coloquen en situación que no se compadezca con la dignidad de un ser humano, de conformidad con los parámetros que para el efecto establecen la Constitución Política y la ley.
A no dudarlo, esa filosofía —de un gran contenido social y humano— permea todas las instituciones de la seguridad social. Precisamente, con ocasión de la muerte de un afiliado o pensionado, el sistema de seguridad social consagra la pensión de sobrevivientes con el evidente propósito de amparar a las personas a quienes dicha contingencia afecta directamente, esto es, el núcleo familiar.
La Constitución Política de Colombia de 1991 dio un enfoque esencialmente distinto al concepto de familia, de suerte que merece la misma protección del Estado la procedente de un vínculo jurídico y la que ha tenido origen en lazos naturales.
Se sigue de esta nueva perspectiva constitucional que el Estado debe brindar amparo a la familia, con total prescindencia de si esta tuvo su fuente en lazos jurídicos matrimoniales o en la decisión libre y responsable de un hombre y de una mujer de iniciar una convivencia, con vocación de estabilidad y duración, animados del propósito de conformar una unidad familiar, tal como la misma recurrente lo admite sin ambages.
Dentro de ese nuevo esquema constitucional de la familia, la efectiva y real vida de pareja —anclada en lazos de afecto y fraguada en el crisol de la solidaridad, de la colaboración y del apoyo mutuos— durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado, se constituye en el criterio que ha de apreciarse cuando el juzgador se aplique a la tarea de definir la persona con vocación legítima para disfrutar de la pensión de sobrevivientes, a raíz de la muerte de su consorte o compañero.
La Sala ha privilegiado la efectiva comunidad de vida, a la hora de legitimar el reconocimiento de las prestaciones por muerte. Por ejemplo, en sentencia de 2 de marzo de 1999, radicado 11.245, proclamó:
“Sin embargo, como lo advierte el recurrente, a partir de la Constitución Política de 1991, se dio un giro fundamental en lo que respecta al concepto de “familia”, de modo que no solo la constituye un primer vínculo matrimonial, sino también cuando después de haber cesado definitivamente la cohabitación dentro de este, se desarrolla durante varios años otra efectiva comunidad de vida —legal o de hecho— cimentada sobre una real convivencia de la pareja, basada en la existencia de lazos afectivos y el ánimo de brindarse apoyo y colaboración, factores determinantes a efectos de construir el nuevo núcleo familiar. De suerte que cuando una pareja se une aun por vínculos naturales, fruto de una voluntad responsable y de la decisión libre de un hombre y una mujer de realizar una convivencia estable para constituirse en familia, también tiene la protección constitucional.
Y es precisamente dentro de este esquema que el nuevo sistema de seguridad social introducido por la Ley 100 de 1993 consagró en su artículo 47, para la compañera permanente la condición de beneficiaria cuando, habiéndose extinguido la convivencia del pensionado con su cónyuge, aquella reuniese cabalmente las nuevas condiciones a la pensión de sobrevivientes, y estableció concretamente que es la efectiva vida de pareja durante los años anteriores al deceso del pensionado, la que viene a legitimar la sustitución pensional, por encima de cualesquiera otra consideración”.
Como la vía directa en casación —que fue la escogida para enfilar este primer ataque— supone plena conformidad del recurrente con las conclusiones fácticas del fallo gravado, se exhibe evidente que la demandante María Idolinda Henao Sepúlveda convivió con Bernardo Jiménez Jiménez, al menos durante los cuatro años anteriores a la muerte de este; que se comportaban como esposos; que, mientras convivió con María Idolinda, Bernardo no tuvo otra relación; y que la actora no convivía con su cónyuge, William Castaño Gómez.
Conforme se dejó consignado en la síntesis del cargo, la acusación achaca al fallador de la alzada dislates interpretativos de los artículos 73 y 74 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 46, 47 y 48 de la misma célula legal.
El primero de los textos dispone que los artículos 46 y 48 son los llamados a gobernar los requisitos en orden a obtener la pensión de sobrevivientes en el régimen de ahorro individual con solidaridad, al igual que su monto.
De conformidad con el segundo, en la forma en que se hallaba redactado antes de su reforma por la Ley 797 de 2003, en lo que es de interés para el recurso extraordinario, son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes —en el régimen de ahorro individual con solidaridad—:
En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que este cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o de invalidez, hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido”.
Según el artículo 46 denunciado, el derecho a la pensión de sobrevivientes le asiste a:
“... 2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que este hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:
El artículo 47, en su redacción original, por su parte, erigió al cónyuge o la compañera o compañero supérstite como beneficiario, en forma vitalicia, de la pensión de sobrevivientes, con sujeción a las mismas exigencias contempladas en el artículo 74, literal a, ya transcrito.
Finalmente, el artículo 48 consagra el monto de la pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado y por muerte del afiliado.
Para la Sala, el sentenciador de segundo grado no cometió los desaciertos hermenéuticos que le enrostra la censura, puesto que de ninguna de las normas legales examinadas se desprende que solo tiene la calidad de compañera permanente quien ostenta la condición de soltera, viuda, divorciada o separada legalmente de cuerpos, dentro de los dos años anteriores al fallecimiento de su compañero permanente.
Carece por ello de razón la censura cuando sostiene que, en este específico caso, no puede ser reputada compañera permanente de un hombre diferente a su marido una mujer con un vínculo matrimonial vigente, pues esa calidad surge de la efectiva convivencia que tenga una mujer con un hombre, independientemente de la existencia de un matrimonio con otro, pues lo que determina que se le pueda catalogar como tal es, exclusivamente, la vida marital durante un lapso superior a los dos años. Así surge de lo establecido por el artículo 10 del Decreto 1889 de 1994, que dispone que para los efectos de la pensión de sobrevivientes del afiliado, “ostentará la calidad de compañero o compañera permanente la última persona, de sexo diferente al del causante, que haya hecho vida marital con él, durante un lapso no inferior a dos (2) años”.
Del explícito texto de la anterior disposición no se deduce una excepción a la noción de compañero o compañera permanente por la existencia de un vínculo matrimonial que se halle vigente, de suerte que por ser claro su tenor literal, al interpretarla razonablemente no es posible adicionarle una restricción que ella no contiene.
Reclamar la condición a que alude la impugnante desdice por completo del concepto de familia establecido por la Constitución de 1991 y desconoce, abierta, frontal y francamente, el criterio de la real y verdadera comunidad de vida —soportada en nudos afectivos y en el compromiso de solidaridad, ayuda, colaboración y apoyo de la pareja— como el factor determinante para definir la legitimidad de la pensión de sobrevivientes, que, como la propia recurrente lo asevera, es una de las prestaciones que otorga el sistema de seguridad social integral de mayor trascendencia para la sociedad.
La forma de entender las normas legales planteada por la censura no guarda correspondencia con el concepto de familia proclamado por la Constitución Política de 1991, ni con la protección que tanto esa norma como la propia Ley 100 de 1993 confiere a la familia de hecho, protección que en modo alguno puede verse menoscabada por la vigencia de un vínculo jurídico matrimonial anterior que, sin embargo, no está acompañado de la comunidad de vida de los cónyuges.
Por otro lado, cumple advertir que cualquier disposición legal anterior a la Ley 100 de 1993 que estableciera condiciones distintas para acceder a la pensión de sobrevivientes por la muerte de un afiliado al sistema de seguridad social en pensiones, ha de entenderse derogada tácitamente, puesto que dicha ley reguló en su integridad la materia.
En efecto, en punto a los beneficiarios de esa prerrogativa, la Ley 100 de 1993 dispuso que lo eran el cónyuge o compañero o compañera permanente, con independencia de la forma como se integró la familia y con acogimiento del criterio material de convivencia de pareja como decisivo en la definición del derecho a la pensión de sobrevivientes.
La censura, con invocación del artículo 7º del Decreto 1889 de 1994, puso de relieve que “en el ordenamiento jurídico colombiano, para efectos de pensión de sobrevivientes, se entiende que falta el cónyuge en los siguientes eventos: muerte, nulidad de matrimonio y divorcio”.
Al respecto, cabe recordar que la jurisprudencia de esta Sala precisó que, a los fines de la pensión de sobrevivientes, antes de que cobrara aliento jurídico la Ley 100 de 1993, también ha de entenderse que falta el cónyuge cuando cesó definitivamente la convivencia entre los esposos mucho antes del fallecimiento de uno de ellos, salvo que el otro cónyuge se hubiere encontrado en imposibilidad de conservar la comunidad de vida matrimonial por el abandono del hogar del primero sin justa causa o por haberle impedido su acercamiento o compañía.
Pero ya en vigencia de la ley citada, la Sala ha proclamado que no tienen influencia alguna las circunstancias que rodearon el rompimiento de la convivencia de los cónyuges. Así, en la sentencia de 2 de marzo de 1999 radicación 11245, se adoctrinó: “sin que tenga al efecto —ahora— incidencia alguna, las circunstancias en que se produjo la ruptura de la convivencia con su cónyuge, vale decir, si esta se dio por causas imputables al causante o no, puesto que el presupuesto de ausencia de culpabilidad no fue reproducido en la nueva preceptiva que reguló integralmente la materia con un fundamento y contenido diferentes”.
El artículo 7º del Decreto 1889 de 1994, en su inciso primero prescribe: “Cónyuge, o compañero o compañera permanente como beneficiario de la pensión de sobrevivientes. Para los efectos de los literales a de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 y 49 del Decreto 1295 de 1994, tendrá derecho a la pensión de sobrevivientes, en primer término, el cónyuge. A falta de este el compañero o compañera permanente”.
Al denegar la solicitud de nulidad de este texto legal, el Consejo de Estado, Sección Segunda, en sentencia de 8 de octubre de 1998, radicación 14.634, dejó sentado:
“Es cierto que tanto la Constitución, como la ley, y la jurisprudencia, han querido proteger los derechos de la unidad familiar, sin que para el efecto sea indispensable determinar la clase del vínculo, así sea el resultado de unión libre o que medie vínculo jurídico o religioso, todas las familias se encuentran en igualdad de condiciones, y en el ejercicio de sus derechos debe ser rechazado cualquier indicio de discriminación.
Sin embargo, estima la Sala que la disposición acusada no necesariamente implica discriminación o desconocimiento de tal derecho a favor del compañero o compañera permanente, pues no significa que para efectos de la pensión de sobrevivientes, en, presencia simultánea de cónyuge y compañero o compañera permanente, se encuentren en el mismo pie de igualdad como se insinúa en la demanda. El lógico entendimiento de la ley permite afirmar que, en principio, el beneficiario de la pensión es el cónyuge, y falta de este, porque no reúna los requisitos que señala la ley, el derecho lo tendrá, de existir, el compañero o compañera permanentes, en las condiciones que señala la misma. En esta última hipótesis, el compañero o compañera asume el derecho, en idéntica situación a la que asumiría el cónyuge”.
Debe acotarse que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia acabada de citar, declaró nulo el inciso 2º del artículo 7º del Decreto 1889 de 1994 que señalaba las causales en que se entendía que faltaba el cónyuge y se perdía el derecho a la pensión de sobrevivientes, bajo la consideración de que las disposiciones reglamentarias al consagrar “causales de pérdida del derecho a la pensión de sobrevivientes que la ley reglamentada no contempló, el acto acusado incurre en exceso en la facultad reglamentaria, pues no resulta lógico que mientras la ley señala las condiciones de acceso a la pensión, el ejecutivo al reglamentarla, señale causales de pérdida del derecho. El ejercicio de la potestad reglamentaria tiene por objeto establecer el mecanismo adecuado para la debida aplicación de la ley, en este caso, señalando la forma como los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes hagan efectivo el derecho, no señalando causales de pérdida del mismo que la ley no previó”.
De otra parte, se plantea en el recurso que ni la Constitución ni la ley protegen simultáneamente a dos o más familias, de suerte que una pensión de sobrevivientes no puede edificarse para aquellas, porque en el esquema de la Ley 100 de 1993 ello no es posible en el ordenamiento jurídico colombiano.
Sin embargo, el supuesto sobre el cual descansa el anterior razonamiento de la parte recurrente, esto es, que la demandante pudiera obtener sendas pensiones de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge y también por la de su compañero permanente, no podría darse en el presente caso porque según lo acredita el documento de folios 121 a 125, mediante fallo del 15 de diciembre de 1998 el Juzgado Quinto de Familia de Medellín dispuso la cesación de los efectos civiles, por divorcio, del matrimonio católico celebrado entre William Arturo Castaño Gómez y María Idolinda Henao Sepúlveda. Ello indica que en la actualidad la actora no tiene la condición de cónyuge del señor Castaño Gómez, que le sirviera de base para reclamar una prestación por la muerte de él.
Asevera la recurrente que los requisitos exigidos en el artículo 29 del Acuerdo 49 de 1990 siguen militando para el caso de autos, por cuanto esta norma resulta aplicable a las pensiones del régimen de ahorro individual, por virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 31 de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, para la Corte ese entendimiento no es acertado, porque si bien es cierto que el citado precepto otorga vigencia a algunas de las normas de ese acuerdo y lo incorpora al régimen de prima media con prestación definida, ello no implica que esa disposición resulte aplicable igualmente al régimen de ahorro individual, pues de manera expresa hace referencia a aquel con prestación definida, de modo que no cabe su utilización por vía de la analogía en la forma como la predica la impugnante, quien, por otro lado, no demuestra la existencia de un vacío normativo en dicho régimen.
Aunado a lo anterior, es claro que la intención del legislador con dicha previsión fue la de permitir el empleo de las disposiciones que, cuando entró a regir el sistema pensional establecido por la Ley 100 de 1993, se hallaban vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales para el régimen pensional que mantuvo, en esencia, sus mismas reglas, sistema de financiación y prestaciones, de modo que resultaba compatible con ellas y que, como regla general, sería administrado por ese mismo instituto. Pero no resulta lógica la utilización de dichas normas para un régimen pensional novedoso que, en los términos del artículo 12 de la Ley 100 de 1993, se excluye con el de prima media y tiene sus propias características y regulación normativa que, como es sabido, obedece a unos principios y reglas diferentes a aquel, y otorga prestaciones en condiciones distintas.
Si excepcionalmente la Corte ha considerado que respecto de una pensión de sobrevivientes del régimen de ahorro individual se pueda tomar en consideración la situación del afiliado estando en vigencia el Acuerdo 49 de 1990, lo ha hecho, de manera exclusiva, para garantizar las prerrogativas de los derechohabientes originadas por afiliados al régimen del seguro social que se trasladaron al de ahorro individual con solidaridad, que durante su vinculación como sujetos activos de la seguridad social habían cumplido todas las cotizaciones exigidas en el reglamento aplicable.
Pero en ningún caso ha considerado que como regla general las normas de ese acuerdo resultan aplicables al régimen de ahorro individual con solidaridad, pues aun en el referido excepcional evento ha sido explícita en destacar las diferencias entre los dos regímenes y la independencia, en lo esencial, de la normatividad a ellos aplicable. Así lo hizo en la sentencia del 5 de septiembre de 2001, a la que pertenecen los siguientes apartes:
Así se asevera porque tal criterio, además de tener sustento en el artículo 53 de la Constitución Nacional, también está fundado en los parágrafos f) y g) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, y el primeramente citado dispone: “Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes, se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio”.
De modo, pues, que las regulaciones diferentes, que no desconoce la Sala tienen los dos regímenes que en pensiones componen el sistema general que en esa materia consagra la ley de seguridad social, no impide aplicar al del ahorro individual con solidaridad el criterio jurisprudencial que hasta la fecha y desde sentencia del 7 de agosto de 1997 ha reiterado la Corte respecto a la pensión de sobrevivientes, en el sentido que para cuando a la fecha de entrada de vigencia la Ley 100 de 1993 ya se había cotizado el mínimo de semanas que conferían el derecho a tal prestación conforme a la normatividad que regía con anterioridad a aquella, sus beneficiarios pueden reclamar su reconocimiento con fundamento en esa regulación”.
Con todo, en cuanto hace al artículo 29 del mencionado acuerdo, baste recordar que el Consejo de Estado, Sección Segunda, en sentencia de 24 de mayo de 1994, radicación 6273, declaró nula la frase “que siendo casado estuviese separado legal y definitivamente de cuerpos y de bienes”, a que se condicionaba el derecho a la sustitución pensional a favor del compañero o compañera permanente que estuviera casado.
Respecto de los artículos 1º y 2º de la Ley 54 de 1990, cumple advertir que el tribunal no se refirió directamente a esos preceptos, aunque copió una sentencia de la Corte Constitucional en la que, de manera general, se alude a la citada ley, afirmándose que “no regula aspectos propios de la familia, sino lo atinente a la sociedad patrimonial de hecho. Las disposiciones contenidas en dicha ley se limitan a establecer reglas relativas a las pruebas de existencia de una convivencia que permita presumir la sociedad patrimonial de hecho. Por lo tanto, no puede hablarse de un vínculo familiar, sino de un mero problema patrimonial”. El anterior razonamiento no es controvertido por la censura y, de todos modos, no resulta contrario a lo que en relación con la susodicha ley se argumenta en el cargo, esto es, que la legislación de seguridad social tiene un fundamento diferente al de la sociedad de hecho entre concubinos o compañeros.
Así las cosas, no demuestra la impugnante que el tribunal hubiera interpretado esos preceptos, ofreciendo de ellos una inteligencia distinta a la que surge de sus respectivos textos cabalmente entendidos.
En consecuencia, no prospera esta primera acusación.
Acusa la sentencia por violación indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 73 y 74 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 31, 46, 47 y 48 de la Ley 100 de 1993, 8º de la Ley 153 de 1887, 1º y 2º de la Ley 54 de 1990; 29 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el 1º del Decreto 758 de 1990; 6º del Decreto 1160 de 1989; 7º del Decreto 1889 de 1994 y 42 de la Constitución Política.
Asevera que la transgresión legal apuntada fue producto de haber incurrido el tribunal en los siguientes errores de hecho:
1. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante no hizo cesar los efectos civiles del matrimonio celebrado con el señor William Arturo Castaño Gómez, antes del fallecimiento del señor Bernardo Jiménez Jiménez.
2. No dar por demostrado, estándolo, que, en los dos últimos años anteriores al fallecimiento de Bernardo Jiménez Jiménez, estaba vigente el matrimonio celebrado entre William Arturo Castaño Gómez y María Idolinda Henao Sepúlveda.
3. No dar por demostrado, estándolo, que, en los dos últimos años anteriores al fallecimiento de Bernardo Jiménez Jiménez, estaba vigente la sociedad conyugal existente entre William Arturo Castaño Gómez y María Idolinda Henao Sepúlveda.
4. No dar por demostrado, estándolo, que Bernardo Jiménez Jiménez, con anterioridad a su muerte, no disolvió la sociedad conyugal formada con Gladys de Jesús Estrada R. con una antelación superior a dos años, ya que solo se divorció el 7 de noviembre de 1996.
Dice que esos errores se originaron en la equivocada apreciación y falta de apreciación de las siguientes pruebas:
1. Registro civil de matrimonio de Bernardo Jiménez Jiménez y Gladys de Jesús Estrada R. (fl. 11);
2. Decreto de divorcio por mutuo acuerdo del matrimonio católico contraído por Bernardo Jiménez Jiménez y Gladys de Jesús Estrada R., según providencia de 7 de noviembre de 1996 (fls. 61 a 63); y
3. Declaraciones de William Arturo Castaño Gómez (fl. 71), Lucía Agudelo de Torres (fl. 73), Héctor Jairo Palacio (fls. 79 a 80) y Álvaro Hernán Hincapié (fls. 80 y 81).
1. Partida de matrimonio católico de William Arturo Castaño Gómez y María Idolinda Henao Sepúlveda (fl. 39); y
2. Documental de folio 67 suscrita por Gladys Estrada y dirigido a la demandada Colfondos.
En la demostración del cargo sostiene que los errores del tribunal se produjeron porque no dedujo que, en los dos últimos años de vida de Bernardo Jiménez, la demandante no había disuelto el matrimonio celebrado con William Arturo Castaño Gómez, ni se había divorciado de él. Tampoco dedujo que Bernardo Jiménez y Gladys de Jesús Estrada R. no se divorciaron dos años antes del fallecimiento del primero, sino el 7 de noviembre de 1996.
Señala que el registro civil de folio 11 acredita el matrimonio celebrado entre Bernardo Jiménez Jiménez y Gladys de Jesús Estrada R. el 30 de junio de 1980. No está demostrado en el expediente que el mismo se haya disuelto o que los cónyuges se hayan divorciado, con una antelación superior a dos años de la fecha de la muerte de aquel.
Al continuar el desenvolvimiento del cargo, indica que el fallecimiento de Bernardo Jiménez se produjo en el mes de mayo de 1998, pero, según el documento de folio 61, Gladys de Jesús y Bernardo Jiménez se divorciaron ante el Juzgado Promiscuo de Familia el 7 de noviembre de 1996, de manera que no alcanzaron a transcurrir dos años hasta la fecha del deceso del afiliado.
Precisa que el documento de folio 39 prueba el matrimonio católico de William Arturo Castaño Gómez y María Idolinda Henao Sepúlveda, sin que conste su disolución, al menos en vida de Bernardo Jiménez, lo que está reiterado con la manifestación de folio 67 suscrita por aquella dama y dirigido a la demandada Colfondos.
Destaca que ninguno de esos asertos, demostrados palmariamente por las citadas pruebas, se encuentra desvirtuado por los testimonios enunciados en la providencia del ad quem, por cuanto no confutan la subsistencia de los matrimonios en los últimos dos años de vida de Bernardo Jiménez.
Y en el final de la demostración de la acusación, proclama que el desacierto fáctico del tribunal fue determinante en su resolución, en razón a que, por efecto de la aplicación indebida de unas normas, condenó a la impugnante al pago de la pensión de sobrevivientes.
Al estudiar el primer cargo enderezado por la vía directa, la Sala concluyó que el ad quem no cometió los desaciertos interpretativos que se le echaron en cara, pues de las normas denunciadas no era dable predicar que solo tiene la calidad de compañera permanente quien ostenta la condición de soltera, viuda, divorciada o separada legalmente de cuerpos, dentro de los dos años anteriores al fallecimiento de su compañero permanente.
Y a esa conclusión se llegó, se reitera, porque tal exigencia no se corresponde con el concepto de familia adoptado por la Constitución de 1991, ni armoniza con el criterio de la convivencia efectiva de pareja como determinante para establecer la legitimidad de la pensión de sobrevivientes.
Así lo consideró el tribunal al valorar los testimonios rendidos en el discurrir procesal, que le permitieron adquirir su convencimiento acerca de la convivencia de la demandante con Bernardo Jiménez Jiménez, por lo menos dentro de los cuatro años anteriores a la muerte de este, hecho que en el cargo no se controvierte.
Por lo tanto, la apreciación errada o la falta de apreciación de las pruebas enlistadas en este segundo cargo no tendrían virtud para variar la decisión de segunda instancia, puesto que esta se sustenta en que la unión libre y responsable de dos personas de sexo diferente de conformar una familia permite a uno de los compañeros permanentes acceder a la pensión de sobrevivientes por la muerte de otro.
En consecuencia, no puede considerarse que incurrió la sentencia acusada en los desatinos fácticos que le imputa la censura porque, para el tribunal, así no lo dijera expresamente, pero se deduce lógicamente de su argumentación, ninguna incidencia, a los efectos del derecho a la pensión de sobrevivientes, tenía el hecho de que la pareja conformada por María Idolinda Henao Sepúlveda y Bernardo Jiménez Jiménez mantuvieran vigentes sus respectivos vínculos matrimoniales dentro de los dos años anteriores al deceso del último de los nombrados, de suerte que de haber tenido como acreditado ese hecho, no tendría por qué haber sido diferente su conclusión.
Como no hubo oposición, no se impondrán costas en el recurso extraordinario.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dictada el 24 de octubre de 2003 en el proceso ordinario laboral que promovió María Idolinda Henao Sepúlveda contra Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A.—Colfondos— y de Catalina María Jiménez Estrada.
Gustavo José Gnecco Mendoza—Carlos Isaac Nader—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz.

References: artículo 29
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 artículo 46
 artículo 74
 artículo 7
 artículo 31
 artículo 73
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 artículo 47
 artículo 46
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 artículo 48
 artículo 10
 artículo 7
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 artículo 29
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 artículo 12
 artículo 53
 artículo 13
 artículo 29