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Timestamp: 2019-05-19 07:21:25+00:00

Document:
ADMISIBILIDAD DE ACCIONES JUDICIALES CONTRA MINISTRO DE TRANSPORTES. PROCEDIMIENTO
TRATAMIENTO DE MOCIONES DE DIPUTADOS Y DE SENADORES CON SIMILAR CONTENIDO
SALUDO A COMISIÓN DE ASAMBLEA POPULAR NACIONAL DE CHINA
CREACIÓN DE PLANTA DE TROPA PROFESIONAL PARA FUERZAS ARMADAS
RESGUARDO DE DERECHO A IGUALDAD EN REMUNERACIONES
NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA PROGRAMA PAÍS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. PROYECTO DE ACUERDO
BONO DE INVIERNO Y AGUINALDOS PARA BENEFICIARIOS DE PENSIONES MÍNIMAS DE AFP. PROYECTO DE ACUERDO
SOLICITUD A FERROCARRILES DE INFORMACIÓN SOBRE POLÍTICAS DE EMPLEO Y DE REDUCCIÓN DE DEUDAS. OFICIO
COMPONENTES Y EFECTOS DE BOMBAS LACRIMÓGENAS Y COSTO DE ADQUISICIÓN. OFICIOS
SITUACIÓN DE INDUSTRIA TEXTIL BELLAVISTA OVEJA TOMÉ. OFICIO
PROGRAMAS DE APOYO A PESCADORES DE REGIÓN DEL BIOBÍO. OFICIOS
PAGO DE IMPUESTO TERRITORIAL POR PREDIOS FORESTALES. OFICIOS
INQUIETUD POR PLANES DE EMPLEO Y BECAS EN REGIÓN DEL BIOBÍO. OFICIOS
AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN ESTATAL EN ÁREAS CARENTES DE INTERÉS PARA PRIVADOS. OFICIOS
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES MUÑOZ ABURTO, ESCALONA Y LETELIER, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, CON EL OBJETO DE REGULAR LAS ACCIONES PUBLICITARIAS INSTITUCIONALES (5973-06)
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES NAVARRO Y ÁVILA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN QUE LOS MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES Y DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PROMUEVAN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO 94, DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (S 1088-12)
Sesión 36ª, en martes 15 de julio de 2008
(De 16:24 a 17:59)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE
Admisibilidad de acciones judiciales contra Ministro de Transportes. Procedimiento¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Tratamiento de mociones de Diputados y de Senadores con similar contenido ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Saludo a Comisión de Asamblea Popular Nacional de China¿¿¿¿.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea una planta de tropa profesional para las Fuerzas Armadas (5479-02) (se aprueba en particular)¿.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo para resguardar derecho a igualdad en las remuneraciones ((4356-13) (se aprueba en general)¿¿¿¿¿¿¿
Nueva institucionalidad para Programa País de Eficiencia Energética. Proyecto de acuerdo (S 1084-12) (Se aprueba)¿¿¿¿¿¿
Bono de invierno y aguinaldos para beneficiarios de pensiones mínimas de AFP. Proyecto de acuerdo (S 1064-12) (se aprueba)¿¿¿¿.
Solicitud a Ferrocarriles de información sobre políticas de empleo y de reducción de deudas. Oficio (observaciones del Senador señor Navarro)¿¿¿¿
Componentes y efectos de bombas lacrimógenas y costo de adquisición. Oficios (observaciones del Senador señor Navarro)¿¿¿¿
Situación de industria textil Bellavista Oveja Tomé. Oficio (observaciones del Senador señor Navarro)¿¿¿¿
Programas de apoyo a pescadores de Región del Biobío. Oficios (observaciones del Senador señor Navarro)¿¿¿¿
Pago de impuesto territorial por predios forestales. Oficios (observaciones del Senador señor Navarro)¿¿¿¿
Inquietud por planes de empleo y becas en Región del Biobío. Oficios (observaciones del Senador señor Navarro)¿¿¿¿
Autorización de inversión estatal en áreas carentes de interés para privados. Oficios (observaciones del Senador señor Navarro)¿¿¿¿
Concurrieron, además, el Ministro de Defensa Nacional , señor José Goñi Carrasco, y la Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer , señora Laura Albornoz Pollmann.
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 34ª y 35ª, ordinarias, en 8 y 9 de julio del año en curso, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con los siete primeros retira la urgencia y la hace presente nuevamente, con el carácter de "suma", respecto de los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley que regula el lobby (boletín Nº 3.407-07).
2.- Proyecto de reforma de la Carta, en segundo trámite constitucional, en materia de gobierno y administración regional (boletín N° 3.436-07).
3.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, relativo a la "Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas" (boletín N° 5.500-10).
4.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece medidas contra la discriminación (boletín N° 3.815-07).
5.- Proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas (boletín N° 4.248-06).
6.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que transforma la Casa de Moneda en sociedad anónima (boletín Nº 2.949-05).
7.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas sobre importación de mercancías (boletín N° 5.343-01).
Con los seis siguientes retira la urgencia y la hace presente nuevamente, con el carácter de "simple", respecto de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto que establece nueva Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos (boletín N° 5.887-06).
2.- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Matthei y señores García, Ominami, Boeninger y Foxley, sobre juegos de azar ilícitos (boletín Nº 3.935-07).
4.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.885, referida a donaciones con beneficios tributarios (boletín N° 5.315-05).
5.- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señor Girardi, señora Matthei y señores Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide, sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad (boletín Nº 4.921-11).
6.- Proyecto, en trámite de Comisión Mixta, que modifica la ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional (boletín N° 4.059-07).
Con los cuatro primeros comunica que ha aprobado los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley que incrementa transitoriamente un incentivo tributario a la inversión en activo fijo de la micro, pequeña y mediana empresa (boletín N° 5.734-26) (con urgencia calificada de "simple").
2.- Proyecto de ley que sanciona el acoso sexual a menores, la pornografía infantil y la posesión de material pornográfico infantil (boletín N° 5.837-07) (con urgencia calificada de "simple").
3.- Proyecto de ley que exige consentimiento de la madre para el reconocimiento de paternidad de hijos de filiación no matrimonial (boletines números 5.706-18 y 5.812-18, refundidos).
4.- Proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo Marco sobre cooperación en materia de seguridad regional entre los Estados Partes del MERCOSUR y las Repúblicas de Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Bolivariana de Venezuela (boletín N° 5.884-10).
Con el quinto informa que ha aprobado el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Horvath, Stange, Valdés, Vega y Viera-Gallo, que tipifica la conducta de maltrato o crueldad con los animales (boletín N° 3.327-12), con las enmiendas que indica.
Con el último comunica que ha aprobado, con excepción de las normas que indica, las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley sobre operación de embalses frente a alertas y emergencias de crecidas y otras medidas que indica (boletín N° 5.081-15) (con urgencia calificada de "suma"), y remite la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse.
--Se toma conocimiento y se designa a los señores Senadores miembros de la Comisión de Obras Públicas para que integren la referida Comisión Mixta.
Seis del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con el primero remite copia autorizada de la sentencia dictada en relación con el proyecto de ley sobre acceso a la información pública (boletín N° 3.773-06).
Con los cuatro siguientes envía copia autorizada de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulados en contra de los artículos 32, inciso segundo, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades; 61 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de dicha Ley; 13 del decreto ley N° 1.939, de 1977, y 2° de la ley N° 8.828.
Con el último acompaña copia autorizada de la sentencia recaída en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulada en contra del inciso tercero del artículo 474 del Código del Trabajo.
Cuatro del señor Ministro del Interior:
Con el primero contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, referido al aumento de la dotación de efectivos de Carabineros y de la Policía de Investigaciones en la Undécima Región.
Con el segundo da respuesta a dos oficios cursados en nombre del Senador señor Romero, relativos a la construcción de una nueva Comisaría en la comuna de Quilpué y a la factibilidad de implementar el Plan Cuadrante en La Calera.
Con el tercero atiende un oficio enviado en nombre del Senador señor Frei, acerca de los antecedentes proporcionados por el Comité Habitacional Polloico, de Osorno, respecto de la extensión de la red de alcantarillado de aguas servidas.
Con el último contesta un oficio expedido en nombre del Senador señor Cantero, sobre situación que afecta a don Herbert Rojas.
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia, mediante el cual da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Navarro, vinculado al maltrato a los adultos mayores.
De la señora Ministra de Educación , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, referido a la carrera de Criminalística impartida por la Universidad Tecnológica Metropolitana.
Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social , con el que responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Frei, concerniente a la preocupación manifestada por la Asociación Gremial de Pensionados Marítimos Portuarios de Iquique en relación con los compromisos adquiridos en el Programa de Desvinculación Laboral.
Cinco del señor Ministro de Obras Públicas :
Con los dos primeros da respuesta a dos oficios cursados en nombre del Senador señor Espina, atinentes a la reparación de los puentes Pichapinga y Molusco, en la comuna de Melipeuco, y a la instalación de señalética y construcción de una pasarela en el cruce carretero que une las poblaciones Los Volcanes y Lagos de Chile, en la comuna de Traiguén.
Con los dos siguientes atiende sendos oficios remitidos en nombre del Senador señor Romero, tocantes a la suspensión del tránsito vehicular por el puente Hualquén, comuna de La Ligua, y al Proyecto de Concesión Variante Vespucio-El Salto-Kennedy.
Con el quinto contesta un oficio expedido en nombre del Senador señor Navarro, acerca de la implementación, financiamiento y licitación de la rotonda Bonilla y de la situación del puente viejo Andalién.
Dos de la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, referido a problema que afecta a don Hernán Sanhueza.
Con el segundo responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Larraín, relativo a los deudores hipotecarios del Programa PET de Linares.
Del señor Subsecretario del Interior subrogante, mediante el cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Kuschel, relacionado con la regularización de los recorridos de las barcazas que atienden las zonas de Ayacara, Loyola, Chumeldén y Casa de Piedra.
De la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, con el que da respuesta a un oficio expedido en nombre del Senador señor Horvath, sobre financiamiento para implementar un liceo con educación media en la localidad de La Junta, Región de Aisén.
Del señor Subsecretario de Redes Asistenciales , con el que atiende un oficio cursado en nombre del Senador señor Núñez, acerca de la dotación de médicos del Hospital de Huasco.
Del señor Subsecretario de Transportes, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Allamand, relativo a situación de aislamiento en la zona del lago Maihue.
Del señor Director Nacional de Pesca, con el que contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor Navarro, respecto de los planes de administración de las especies en riesgo.
Del señor Jefe de Gabinete del señor Ministro del Interior , mediante el cual responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Kuschel, concerniente al estado de avance de los procesos de investigación sobre catorce personas desaparecidas.
Del señor Director General de Aguas subrogante, con el que da respuesta a un oficio expedido en nombre del Senador señor Navarro, referido al proyecto Alto Maipú, de la Empresa Gener.
Del señor Secretario General de Carabineros de Chile , con el que atiende un oficio enviado en nombre del Senador señor Ávila, tocante a la reacción policial ante una marcha de pescadores artesanales de San Antonio.
Del señor Director General de Aeronáutica Civil , mediante el cual contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor Horvath, en cuanto a la precariedad del transporte aéreo en la zona austral.
De la señora Secretaria Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos, con el que responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Allamand, atinente a problemas existentes en el Hospital de Quilacahuín.
Del señor Director de la ONEMI de la Región de Valparaíso , con el que contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, sobre vertimiento de sustancias tóxicas en Ventanas.
Del señor Gerente General de la Empresa Nacional del Petróleo, con el que da respuesta a un oficio expedido en nombre del Senador señor Bianchi, acerca del estado de cuenta de las inversiones efectuadas por ENAP en el proyecto de exploración y explotación Lago Mercedes.
Del señor Presidente de la Junta Nacional de Bomberos , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, concerniente a los requerimientos de la Segunda Compañía de Bomberos de La Junta.
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y segundo informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria (boletín N° 3.139-05) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto, iniciado en moción de los Senadores señores Bianchi, García, Horvath, Muñoz Barra y Núñez, que modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en lo relativo a la exigencia de haber cursado la enseñanza media para ser candidato a alcalde (boletín N° 5.901-06).
Nuevo primer informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización recaído en el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de modernización municipal (boletín Nº 3.768-06) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en un proyecto de acuerdo de los Senadores señores Naranjo y Muñoz Aburto mediante el cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República modificar el decreto supremo N° 38, que reglamenta el transporte remunerado de escolares estableciendo requisitos especiales para el transporte en zonas interurbanas (boletín N° S 1.086-12).
De la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, recaídos en el proyecto de acuerdo de los Senadores señores Navarro y Vásquez, por medio del cual solicitan al señor Subsecretario de Pesca que se adopten medidas de publicidad acerca de las convocatorias y actas de las sesiones del Consejo Nacional de Pesca, así como respecto del resumen de los informes técnicos que la entidad utiliza en la adopción de sus decisiones (boletín N° S 1.060-12).
De los Senadores señores Muñoz Aburto, Escalona y Letelier, con la que inician un proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades con el objeto de regular las acciones publicitarias institucionales (boletín N° 5.973-06).
De los Senadores señores Navarro y Ávila, mediante el cual solicitan que los Ministros de Relaciones Exteriores y del Trabajo y Previsión Social promuevan la suscripción del Convenio 94, de la Organización Internacional del Trabajo (boletín N° S 1.088-12).
Del Senador señor Flores, para ausentarse del país a contar del 16 de julio del año en curso.
-- Se accede.
Asimismo, ha llegado a la Mesa una petición del señor Manuel Baquedano y otros, mediante la cual, de conformidad con lo dispuesto en el número 2) del artículo 53 de la Constitución Política de la República, se solicita el pronunciamiento del Senado respecto de si ha o no lugar la admisión de acciones judiciales en contra del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, don René Cortázar Sanz (boletín N° S 1.089-02).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y a la de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
Señores Senadores, con relación al último punto de la Cuenta, en el cual se solicita el pronunciamiento de la Corporación respecto de si ha o no lugar la admisión de acciones judiciales en contra del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, quiero precisar lo siguiente.
La presentación, efectuada por un grupo de ciudadanos, se halla plenamente garantizada por el derecho de petición e incide nada menos que en una atribución exclusiva del Senado, consagrada en el número 2) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
En el fondo, estamos frente a una verdadera petición de desafuero o, si se quiere, de un antejuicio para poder iniciar una acción judicial en contra de un Secretario de Estado.
Tal situación se encuentra normada en los artículos 198 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
La Mesa ha analizado el tema con bastante detención y, considerando que la próxima semana se halla destinada al trabajo en Regiones, concluyó que en el plazo de 15 días a que se refiere el citado precepto no se alcanzaría a emitir informe sobre el particular. Igualmente, y a pesar de que la misma norma consigna que los antecedentes se deben remitir solo a la Comisión de Constitución, resolvió enviarlos también a la de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, por tratarse de una materia propia de su competencia.
El Reglamento establece todos los trámites del procedimiento que ha de seguirse en estos casos, el cual es similar al contemplado para las acusaciones constitucionales, salvo que en aquel la cuestión no puede pasar a la Sala sino una vez informada por las Comisiones pertinentes, que en esta oportunidad lo son las de Constitución y de Medio Ambiente.
A las sesiones en que el Senado trate esta materia se debe citar especialmente al Ministro afectado, quien tiene derecho a usar de la palabra para contestar.
Cumplido lo anterior, cualquier Senador puede pedir que el asunto vuelva a Comisión.
En atención a que, al contrario de lo que ocurre en otros temas, en este prácticamente no existe jurisprudencia, quiero sugerir a Sus Señorías que facultemos al señor Secretario para que en la próxima sesión -cuando la solicitud ya se hallará en estudio en Comisiones- nos proponga un procedimiento específico al cual atenernos.
Nos encontramos ante el ejercicio de un derecho ciudadano que no es menor y, en esa perspectiva, considero prudente reglar bien los pasos a seguir y que los tiempos se hallen orientados en ese sentido.
Por lo tanto, pido la anuencia de la Sala para que en la próxima sesión el señor Secretario nos plantee un proyecto de tramitación y para aumentar el plazo de 15 a 30 días -contados desde hoy-, a fin de que las dos Comisiones alcancen a evacuar sus respectivos informes.
Señor Presidente , para los efectos de la tramitación, sería conveniente que también se tomara en cuenta el parecer de la Secretaría de la Comisión de Constitución.
No hay problema en considerar el criterio de ese órgano, señor Senador, pero la Mesa quiere entregar su opinión, y es lo que se ha planteado.
Entonces, si no hay objeción, las Comisiones de Constitución y de Medio Ambiente tendrán 30 días para evacuar sus respectivos informes y en la próxima sesión el señor Secretario propondrá a la Sala un proyecto de tramitación que la misma Comisión de Constitución podrá complementar.
¿Ya fue distribuido el documento que contiene la solicitud, señor Presidente?
No, señor Senador. Llegó ayer, lo estudié y hubo que darle curso de inmediato. Por eso se acordó enviarlo a la Comisión de Constitución y también a la Medio Ambiente, como paso previo al análisis por la Sala.
En todo caso, de inmediato se entregará copia de los antecedentes a cada uno de los señores Senadores.
Señor Presidente, la solicitud mediante la cual se recaba nuestro pronunciamiento reviste gran urgencia y temo que ella se diluya debido a los plazos del procedimiento para su tramitación. Como Su Señoría bien indicó, la próxima semana es regional.
Por eso, quiero saber si se va a establecer una fecha tope para que el Senado emita su parecer, considerando que la petición aborda aspectos directamente relacionados con la salud de 6 millones de personas.
Perdón, señor Senador, no le escuché bien. ¿Sugiere aumentar el plazo?
No, señor Presidente : reducirlo, acortarlo.
Lo que pasa es que las Comisiones no van a poder sesionar ni en los 7 días de la semana regional ni en los que restan de la actual. Por lo tanto, nos encontramos frente a un problema material, pues dichos órganos no alcanzarían a terminar su labor dentro de 15 días, los que comienzan a contarse desde hoy. Además, ese es un plazo reglamentario, que como tal no nos empece.
Señor Presidente, usted me va a excusar, pero difiero de la interpretación de la Mesa.
El número 2) del ex artículo 49 de la Constitución (hoy 53) consagra, como atribución exclusiva del Senado, "Decidir si ha o no lugar la admisión de las acciones judiciales que cualquier persona pretenda iniciar en contra de algún Ministro de Estado ".
Por lo tanto, a menos que haya entendido mal, lo que se solicita a esta Corporación es autorización para iniciar una acción judicial.
En realidad, el número 2) tiene que ver, según la correcta interpretación de la norma, con la admisión de la o las acciones judiciales que se pretenda interponer en contra de un Ministro de Estado .
En ese sentido, si bien no es dable exigir el libelo mismo, lo mínimo que la presentación debe contener, al tenor central del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, es la acción judicial que se piensa entablar; los fundamentos de hecho y de derecho básico en que se funda, y la petición que se formula, por lo menos en carácter general. De lo contrario, estaríamos decidiendo sobre la posibilidad de demandar a un Ministro de Estado porque alguien se siente afectado por tal o cual cosa y punto.
Esa no es la facultad que nos otorga el número 2) del artículo 53 de la Constitución.
Por consiguiente, si la solicitud que llegó al Senado no contuviera tales antecedentes, yo no estaría dispuesto a aprobarla.
De eso se trata precisamente, señor Senador. Esta Corporación, en su conjunto, debe calificar la procedencia o improcedencia de la presentación. No me corresponde a mí hacerlo.
Formulada una solicitud ejerciéndose el derecho de petición, no cabe sino que el Senado se pronuncie sobre ella. Y ahí se verá. Su juicio podrá coincidir con el mío o el mío con el suyo. No sé. Pero lo que no podemos hacer es desechar a priori un requerimiento.
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear
Señor Presidente, en relación con el procedimiento que se debe seguir respecto del desafuero de los Ministros de Estado, a que Su Señoría hizo mención, debo recordar que el número 2) del artículo 53 de la Constitución, señala que es atribución exclusiva del Senado "Decidir si ha o no lugar la admisión de las acciones judiciales que cualquier persona pretenda iniciar en contra de algún Ministro de Estado , con motivo de los perjuicios que pueda haber sufrido injustamente por acto de éste en el desempeño de su cargo;".
De otro lado, el Reglamento de nuestra Corporación en lo referente a la actual situación, establece el siguiente procedimiento con absoluta claridad: "Cuando una persona pretenda iniciar una acción judicial en contra de un Ministro de Estado en conformidad al número 2) del artículo 49 de la Constitución Política," -eso dice el Reglamento, pero es el 53- "se remitirán los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, para que informe dentro de quince días.".
A continuación, los artículos 199 a 204, disponen, con absoluta claridad, la forma en que el Senado deberá tratar una cuestión de esta naturaleza.
Por esa razón, señor Presidente , en relación con lo establecido en el número 2) del artículo 53 de la Constitución, relativo a las acciones judiciales en contra de los Ministros de Estado , pido que los antecedentes pasen a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, según lo preceptuado en los artículos 198 a 204 del Reglamento del Senado.
Por otra parte, señor Presidente , los artículos 7º y 8º de la Carta Fundamental se refieren de manera muy nítida a esto. El primero dice: "Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.".
O sea, una norma constitucional y el Reglamento del Senado fijan un procedimiento para una situación como esta.
En consecuencia, solicito que el asunto vaya a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Eso fue precisamente lo que se acordó, señora Senadora .
Ocurre que la solicitud presenta una especificidad relacionada con el medioambiente. Y dada la sensibilidad existente sobre el particular, la Mesa estimó necesario que también haya un informe de la Comisión de Medio Ambiente.
Esa es la única particularidad.
Nos ha parecido correcto proceder de esa forma. En mi opinión, es lo mejor para profundizar en la materia. La Sala puede tener un mejor criterio, pues ella, en definitiva, va a decidir si ha lugar o no a la petición.
La tiene, la señora Senadora.
Señor Presidente, lamento discrepar de lo que Su Señoría señala.
Resulta absolutamente claro que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia debe ocuparse del asunto. Invito a los Honorables colegas a leer los artículos pertinentes del Reglamento del Senado -del 198 al 204-, porque ellos regulan en forma exacta todos los trámites por seguir cuando se trata del desafuero de los Ministros de Estado.
Lo que yo pido, señor Presidente, es que el proceso se lleve adelante de acuerdo con las normas de la Constitución y de nuestro Reglamento.
Además, como miembro de la Comisión de Constitución, solicito dar cumplimiento a lo preceptuado en esos cuerpos normativos. No puede quedar al arbitrio de la Mesa tramitar el libelo a otra Comisión. No corresponde. La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene que resolver si procede la acusación o acción judicial que un grupo de particulares pretende entablar. Y en la Sala, naturalmente, se podrán escuchar todas las visiones y los distintos puntos de vista. Pero el Reglamento hay que aplicarlo.
Antes de dar la palabra al Senador Navarro, quiero precisar algo. Yo no sé si hemos estado en dos Salas distintas o hubo dos conversaciones diferentes.
La Mesa propuso a la Sala un criterio y fue acordado.
Ahora, si algún señor Senador quiere revisarlo, no hay inconveniente.
Nosotros encontramos que lo propuesto era mejor. Dado que hemos tenido conocimiento del libelo acusatorio o de lo que se pretende hacer, pensamos que sería conveniente que hubiese un informe más en detalle -pues lo que abunda no daña- no solo de parte de la Comisión de Constitución, sino también de la de Medio Ambiente.
Si se insiste en el asunto, voy a tener que poner en votación si se cambia el trámite.
Señor Presidente , el acuerdo para enviar el asunto también a la Comisión de Medio Ambiente ya estaba tomado. Pero, como para revertirlo se requiere la unanimidad de la Sala, no estoy de acuerdo en otorgarla.
Por el tenor del texto de la solicitud, se requiere un informe especializado, pues la acción judicial que se pretende iniciar dice relación a un daño al medioambiente, a la salud. Por tanto, se necesitaría un informe adicional, no solo jurídico. Se trata de un derecho de los ciudadanos consagrado en la Carta Fundamental y que debe tramitarse conforme al Reglamento del Senado.
No sé si el informe de la Comisión de Constitución abordará los temas de fondo. Si se quiere ver la juridicidad respecto a la acción presentada, está bien. Pero el fondo de la cuestión se refiere al incumplimiento en torno de un requisito esencial: el cuidado del medioambiente y de la salud.
En consecuencia, pido que el asunto sea visto por ambas Comisiones.
Reitero: como tiene que haber unanimidad para cambiar lo acordado, yo no la concedo.
Señor Presidente , deseo que todos tengamos claro de qué se trata.
Entiendo que hablamos de una acción judicial que anunció por la prensa -creo que el fin de semana anterior- el Senador señor Girardi . ¿Nos referimos a ese libelo acusatorio o a otro presentado por un grupo de particulares, como señaló la Senadora señora Alvear?
Nos encontramos ante el derecho de petición que es sagrado para cualquier persona.
Desconozco si esa acción la comparte, además, el Senador señor Girardi. No es el caso.
Hemos recibido una solicitud, formulada en ejercicio de un derecho constitucional, de diversos ciudadanos que pretenden entablar acciones judiciales en contra de un Ministro de Estado. De acuerdo con la Constitución y el Reglamento del Senado, corresponde que la Sala se pronuncie si ha lugar a ella.
Hay un sistema establecido. Pero hemos considerado prudente que, además del informe de la Comisión de Constitución -que por cierto es el central-, y, debido a la especificidad de la materia -relativa al medioambiente-, se elabore otro por la Comisión de Medio Ambiente. Se busca que con esos dos documentos la Sala cuente con más elementos de juicio para resolver una situación bastante inédita.
Actualmente, la ciudadanía exige participar.
Si se insiste en que se revise el acuerdo que la Mesa entiende ya tomado, según lo señala el señor Secretario, no tengo inconveniente en que votemos.
Ya existe acuerdo.
¿señor Presidente , pedí la palabra antes de que se diera por aprobado.
Mis observaciones implican nada más que ajustarnos a las normas del Reglamento.
No tengo inconveniente en que la cuestión se decida por mayoría. Estamos fijando un criterio. El de la Mesa postula que el informe sea lo más amplio posible. Legítimamente puede haber una posición más restrictiva.
Se va a poner en votación.
Señor Presidente, por desgracia, no me encontraba en la Sala cuando se dio cuenta de la solicitud. Me acabo de interiorizar de ella.
Al revisar el requerimiento, me percato de que se trata de una solicitud relativa al medioambiente, pero originada en un reclamo en contra del Ministro de Transportes por los efectos contaminantes que habría producido la implementación del Transantiago. Si entendí bien, en eso consiste la acción de un grupo de ciudadanos. En tal sentido, se necesita el pronunciamiento del Senado para que sea posible aplicar la Constitución en lo que dice relación a la responsabilidad civil de un Ministro de Estado .
La Senadora señora Alvear tiene razón cuando sostiene que la materia en análisis ha de ser vista por la Comisión de Constitución, pues así lo manda el Reglamento.
Entiendo que la Mesa quiere que adicionalmente haya un informe técnico.
Sería conveniente que dicho informe fuera solicitado por la Comisión de Constitución. Probablemente, también deba pronunciarse la de Transportes, dado el alcance de la acción judicial.
Quizá se debiera radicar el asunto en la Comisión de Constitución, y que esta demande de las de Medio Ambiente y de Transportes los antecedentes pertinentes. Tal vez sea la primera la que al final haga la presentación, conforme a lo preceptuado en el Reglamento.
Señores Senadores, debemos decidir el asunto.
No encontré ningún precedente al respecto. Queremos ser lo más objetivos posible.
Hoy existe gran sensibilidad acerca del medioambiente. Ha habido gran preocupación por este requerimiento.
En ese entendido, más allá de lo que establece el Reglamento y siendo todavía más exigentes con nosotros mismos, hemos creído prudente pedir su criterio a la Comisión de Medio Ambiente.
Ahora bien, por cierto que la de Constitución puede requerirlo a la de Transportes o a la de Salud.
Cuando se redactó la Carta de 1925 -la norma pertinente del Reglamento dice relación a ella -, no existía Comisión de Medio Ambiente, pero hoy sí.
En tal sentido, resulta más prudente que haya dos informes. Pero es un asunto absolutamente opinable.
Se han planteado dos posiciones. Una estricta, que postula que solo se pronuncie la Comisión de Constitución. Otra, la de la Mesa, que sostiene que, además, informe la de Medio Ambiente. También habría que aumentar el plazo de quince días.
Tenemos que definir una posición, a fin de que la Sala pueda resolver la materia.
Colocaré el asunto en votación.
Quienes estén de acuerdo en que haya un informe de la Comisión de Constitución y otro de la de Medio Ambiente; votan "Sí". Los que consideren que solo debe emitir informe la Comisión de Constitución, "No".
Se trata del fundamento de voto y no de debate.
Señores Senadores, el artículo 79 del Reglamento dispone: "En el mismo acto de la Cuenta, el Presidente dará la tramitación que corresponda a estos negocios; pero si algún Comité pide que se cambie el trámite dispuesto, la Sala resolverá de inmediato y sin discusión.".
Si se pone en votación, hay derecho a fundamentar el voto.
Reglamentariamente, se trata de otro momento.
Se otorgará la palabra a quienes deseen fundar su voto.
Señor Presidente, entiendo que, desde que se reinstaló el Senado, es la primera vez en que nos vemos obligados a dirimir un asunto de este tipo.
Segunda, señor Senador.
Es la segunda ocasión. Por tanto, no hay precedentes acerca de la atribución que nos entrega la Constitución. Ahora bien, interpreto el número 2) del artículo 53 de la Carta en el sentido de que el Senado no debe pronunciarse sobre la cuestión de fondo, que es la presentación que hará un ciudadano ante los tribunales. La atribución nuestra consiste en resolver si ha lugar al reclamo. No hemos de pronunciarnos acerca de la cuestión de fondo, sino respecto de la de forma.
Desde ese punto de vista, me parece más razonable que la petición se envíe solo a la Comisión de Constitución. Ahora si para mejor resolver, ese órgano técnico requiere informe de otra Comisión, que lo pida. Pero, a mi entender, no se trata de que debamos dar una opinión técnica o especializada -entre comillas- sobre el requerimiento de un particular, ya que este se presentaría, no ante el Senado, que carece de jurisdicción, sino ante la justicia, que es la que resolvería respecto del reclamo formulado por un ciudadano, o ciudadanos, como ocurre en este caso.
Por tanto, únicamente tenemos que referirnos más bien a las cuestiones de forma.
Insisto: si la Comisión de Constitución necesita mayores antecedentes, podrá requerir el auxilio de especialistas o de otros órganos técnicos del Senado.
En tal sentido, estoy de acuerdo en que la solicitud se envíe solo a la Comisión de Constitución.
Señor Presidente, nos hallamos ante una Carta Fundamental que otorga un conjunto de facultades al Senado, algunas de las cuales no desearía, pero las tiene. Y nuevamente ella nos obliga a transformarnos, al igual que en las acusaciones constitucionales contra los Ministros, en un tribunal.
Por consiguiente, no es efectivo que el pronunciamiento se refiera solo a cuestiones de forma.
A partir del artículo 198, el Reglamento determina todo un procedimiento. Realizaremos un juicio. Nos corresponderá establecer claramente cada uno de los cargos con que se acusa al Ministro , acerca de los cuales tendremos que votar. La Comisión evacuará un informe; el Senado tomará conocimiento de la solicitud por medio de la relación que hará el Secretario ; el Ministro afectado podrá defenderse por sí o representado por un abogado; terminado el procedimiento, se anunciará la votación para el Tiempo de Votaciones de primera hora de la sesión ordinaria siguiente. Por último -como señala el artículo 203 de nuestro Reglamento-, "El Senado se pronunciará por separado y por mayoría acerca de cada uno de los cargos que concrete el solicitante.".
En definitiva, enfrentaremos un proceso de desafuero, igual al que se sigue en una corte de apelaciones contra cualquier parlamentario. Es decir, si procede o no el fuero ministerial.
En cuanto a los cargos formulados, el Senado deberá votar si corresponde autorizar o no el inicio de un proceso judicial en contra de un Ministro.
Por consiguiente, tocaremos el aspecto de fondo. Porque, si vamos a hacer una evaluación de los cargos para determinar si es viable o no el inicio de acciones judiciales contra un Ministro , no podemos quedarnos solo en la forma jurídica. Ello nos obligará a ir al fondo. De allí que se requieren necesariamente informes técnicos. Y, en mi opinión, el de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales es uno de los más relevantes.
De otro lado, anuncio a los señores Senadores que dicho órgano técnico acordó invitar a la Ministra del ramo y al Intendente de la Región Metropolitana para que informen sobre el nuevo plan de descontaminación propuesto, que constituye uno más entre tantos otros que, lamentablemente, han fracasado.
Por lo tanto, lo conoceremos.
Según los ciudadanos que hicieron la presentación de la solicitud al Senado no se ha dado cumplimiento al plan de descontaminación. En ella se dice que la contaminación daña gravemente el medio ambiente y la salud, y que el Ministerio del ramo no ha hecho uso de sus facultades para evitarla.
En consecuencia, se requiere profundizar en cada uno de los cargos en las materias de fondo, no solo en las de forma.
Por tales motivos, estoy a favor de que también informe sobre el particular la Comisión de Medio Ambiente.
Si la Comisión de Constitución requiere informe de la de Transportes o de la de Salud, podrá solicitarlo.
Me inclino por no alterar el primer acuerdo de la Sala en orden a enviar la solicitud recibida a las dos Comisiones mencionadas en un principio.
Señor Presidente , en mi opinión, debemos abocarnos a lo que la Constitución y el Reglamento señalan.
Este último es muy claro en cuanto a que la petición efectuada por particulares debe ir a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para analizar su legalidad y constitucionalidad.
Entrar a cualquier otra consideración es meterse en el fondo. Y este debe ser conocido, sin duda alguna, por la justicia, en caso de que la Comisión de Constitución y la Sala establezcan que la solicitud formulada se ajusta a Derecho.
Y nuestra votación también tiene que ajustarse a Derecho.
La que tiene que ver esta materia es la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Porque, ¿qué pasaría si le pedimos a dos Comisiones que emitan su parecer y una dice que sí y la otra que no?
La Comisión de Constitución podría señalar: "Le encuentro razón al particular". Pero esa no es la manera en que debemos actuar; no se trata de determinar si es legítima o no la acusación que se hace. Tenemos que pronunciarnos respecto de la legalidad, de la constitucionalidad de la petición que se formula.
En ese aspecto, coincido plenamente con lo planteado por el Senador señor Gazmuri.
Y, por supuesto, voto en contra.
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier, y luego, el Senador señor Novoa.
Señor Presidente, en primer término, el Reglamento del Senado es claro, tanto en su espíritu como en su letra.
Su artículo 198 establece, sin ambigüedad alguna, respecto de la situación referida al numeral 2) del artículo 49 -actual artículo 53- de la Carta Fundamental, que "se remitirán los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, para que informe dentro de quince días.". Punto.
No es ambiguo.
En segundo lugar, sin entrar al mérito, entiendo que los antecedentes presentados tienen que ver con que alguien ha sido afectado. Y si el daño posee algún ámbito de aplicación, es en la salud de la gente.
Por consiguiente, si uno quisiese llegar a argumentar que se modifica el Reglamento del Senado en este procedimiento tan excepcionalísimo que enfrentamos, en que las personas afirman haber sufrido injustamente por un acto referido a la salud, tendríamos que solicitar un informe específico en esa área.
Pero eso sería entrar en el fondo. Y, en cuanto a la forma, hay que atenerse a si existen perjuicios que ameriten llevar a cabo acciones judiciales. Y la Comisión que se encuentra en mejores condiciones para evaluar aquello -por eso nuestro Reglamento es tan sabio- es, exclusivamente, la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
A mi entender, en este tema debemos apegarnos a la legalidad, más allá del episodio en sí, de la causa. Porque mañana podrían iniciarse otras acciones; podría haber otras motivaciones; podrían sentirse afectados los pescadores industriales, u otros.
Creo que en este tipo de trámites corresponde una calificación que tenga que ver con la legalidad, con la procedencia legal, y no con entrar al fondo del asunto.
Por eso, a mi juicio, la materia en cuestión debería ir solo a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Señor Presidente, lamento discrepar en esta oportunidad del criterio de la Mesa, por lo siguiente.
Esta norma se halla establecida en beneficio de particulares.
Un particular puede sentirse perjudicado y querer entablar una acción judicial contra un Ministro de Estado. Lo único que debe hacer el Senado es, en un procedimiento rápido -el Reglamento señala que la Comisión evacuará el informe dentro de 15 días-, señalar si ha o no lugar la admisión de acciones judiciales. Si acordamos enviar la solicitud de un particular a más de una Comisión, tendremos una cantidad de problemas respecto a los quince días con que cuenta la Comisión de Constitución para informar, como dice el Reglamento. El particular es quien se vería afectado en su derecho; el que no tendría el visto bueno para la demanda.
Debo hacer presente que el artículo 202 del Reglamento señala que una vez evacuado el informe este podría volver a Comisión.
Supongamos que se envíe la solicitud a dos o tres Comisiones. En ese caso, de alguna forma estaríamos desprotegiendo los derechos de las personas que hayan sufrido un perjuicio, pues no se les permitiría ejercer con prontitud una acción ante los tribunales. La tardanza podría ir en detrimento de esos particulares.
Por otra parte, a mí me parece que la opinión de la Comisión de Constitución es muy importante. Pero la que va a resolver en definitiva será la Sala, con todos los antecedentes de que se disponga.
Entonces, no considero pertinente, con el pretexto -aunque puede ser muy justificado- de que se afecta el medioambiente, o la salud de las personas, o a alguien que se vio perjudicado, por ejemplo, en virtud de una resolución del Ministerio de Agricultura, que debamos darle un trámite que, en definitiva, puede servir mucho para hacer una especie de juicio político, cuando en realidad ese no es el propósito.
Aquí se trata de un particular que ha sufrido perjuicios, que quiere demandar y que desea que los tribunales acojan su reclamo.
En tal sentido, nosotros como Senado debiéramos actuar lo más pronto posible. Hacer intervenir a más de una Comisión podría significar una demora en la resolución que se dicte y, por consiguiente, un perjuicio para ese ciudadano.
Resultado de la votación: 13 votos por la afirmativa, 13 por la negativa y una abstención.
Como se ha producido empate, debe repetirse la votación.
--Se rechaza la proposición de la Mesa (12 votos contra 11, una abstención y un pareo).
Votaron por la negativa la señora Alvear y los señores Arancibia, Ávila, Escalona, García, Gazmuri, Gómez, Larraín, Letelier, Muñoz Aburto, Novoa y Sabag.
Votaron por la afirmativa la señora Matthei y los señores Bianchi, Cantero, Coloma, Horvath, Longueira, Núñez, Ominami, Pérez Varela, Romero y Zaldívar.
No votó, por estar pareado, el señor Vásquez.
La abstención se suma a la mayoría.
En consecuencia, habrá un solo informe: el de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.
Señor Presidente, Honorables colegas, voy a referirme a un asunto de la Cuenta.
En octubre de 2007, con motivo de la tramitación de un proyecto de ley sobre publicaciones en el Boletín Minero, diversos Senadores expresaron en esta Sala su molestia con relación a la autoría de las mociones y las dificultades que, en tal sentido, se suscitan con la Cámara de Diputados.
Ello vuelve a reiterarse en esta ocasión con un proyecto de la Cuenta que sanciona el grooming o ciberacoso infantil, materia que, junto con el Honorable señor Naranjo, habíamos propuesto mucho antes de la que ahora nos llega de la otra rama legislativa.
Además, estimo que lo mismo ocurrirá con otras iniciativas, como la que establece la tuición compartida de los hijos y, eventualmente, la que mejora los derechos para los pasajeros aéreos, las que, junto con otros señores Senadores , hemos puesto en trámite y avanzan con diverso ritmo.
Imagino que a todos los señores Senadores les ocurre lo mismo.
Por desgracia, no hemos arribado a una fórmula que evite estos problemas. Recuerdo que en esa ocasión se acordó plantear a la Cámara que primase la iniciativa más antigua. Como ignoro el resultado de dichas gestiones, quiero que se nos informe al respecto, aun cuando parece que ellas no han prosperado.
Por este motivo, con el objeto de atenuar el problema y ante la evidencia de que él continúa repitiéndose, es conveniente esbozar una sugerencia recogida de una situación ya dada en esta Corporación con ocasión del trámite de diversas mociones sobre abigeato.
En ese caso, llegó al Senado un proyecto de la Cámara de Diputados y, por acuerdo de Comités, refrendado por la Sala en la sesión 26ª, de la Legislatura 352, se resolvió refundirlo con una moción patrocinada por diversos Senadores, entre los que recuerdo al Honorable señor Romero .
No sé exactamente qué disposición -reglamentaria o legal- permitió proceder de esa forma. Pudiera ser el artículo 79 del Reglamento. Considero que es una buena fórmula para superar, al menos en parte, las actuales dificultades, en tanto no surja un mecanismo mejor.
A mi juicio, estamos de acuerdo en que no se trata de vanidad personal, pues, más allá de la autoría, lo que importa es que las ideas legislativas que uno plantea prosperen. Pero, ciertamente, resulta molesto cuando tal tipo de situaciones ocurren con demasiada frecuencia.
Por lo anterior, señor Presidente , y en el entendido de que la cuestión seguirá presentándose, solicito analizar alguna solución tanto para el asunto puntual del proyecto sobre el grooming como para lo general.
Al respecto hay dos posibilidades.
La primera, requerir un acuerdo de Comités, que sea ratificado por la Sala en una sesión próxima, para que, en lo sucesivo, se faculte al Presidente de una Comisión para refundir las mociones provenientes de la Cámara con proyectos de los Senadores sobre la misma materia, especialmente cuando estos últimos hayan sido presentados con anterioridad.
La segunda sería, si se estimare que no se puede proceder en forma genérica, acordar que cada vez que se dé cuenta de mociones provenientes de la Cámara de Diputados, el señor Secretario analice si hay iniciativas de Senadores sobre el mismo asunto e informe de ello en la reunión de Comités, para que estos acuerden refundirlas.
Esto deberá ser ratificado por la Sala.
Señor Senador , su propuesta me parece muy atingente y de mucho interés.
A mi juicio, ella debería ser vista en la próxima reunión de Comités, con el objeto de que resuelvan el camino por seguir.
Señor Presidente , apoyo el planteamiento formulado por el Senador Muñoz Aburto , pues me he visto enfrentado a una situación semejante.
Una iniciativa de la Cámara de Diputados exige el consentimiento de la madre para el reconocimiento de la paternidad de los hijos; y yo estoy por presentar en la Comisión de Constitución un proyecto que aborda este tipo de cuestiones. Se trata de cambios a la ley en materia de filiación.
Entonces, debiera existir un procedimiento, a fin de que se pueda dar curso a las mociones que se planteen en el Senado.
Desde ese punto de vista, comparto plenamente lo señalado por el Honorable señor Muñoz Aburto.
Solicito a la Comisión de Constitución y a la Secretaría del Senado tomar cartas en el asunto.
En nombre de la Sala, saludo a quienes integran la Comisión de la Asamblea Popular Nacional de China, que nos honran hoy día con su presencia en las tribunas: al Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, señor Zheng Silin; al Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, señor An Jian; al miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, señor Zhang Fusheng, y a la embajadora residente en Chile, señora Liu Yuqin.
A todos ellos expresamos nuestro más grande aprecio.
Señor Presidente , al parecer no llegó a la Mesa la comunicación enviada por la Comisión de Obras Públicas en la que se solicita un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto que sustituye el artículo 119 del Código de Aguas, que se relaciona con una moción presentada por los Senadores señora Matthei y señor Pérez Varela.
Pedimos ampliarlo por una semana más, hasta el 28 de julio, a las 12.
Si no hay objeción, se accederá a ello.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea una planta de tropa profesional para las Fuerzas Armadas, con segundo informe de la Comisión de Defensa Nacional e informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5479-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 8ª, en 8 de abril de 2008.
Defensa Nacional, sesión 19ª, en 13 de mayo de 2008.
Defensa Nacional (segundo), sesión 35ª, en 9 de julio de 2008.
Hacienda, sesión 35ª, en 9 de julio de 2008.
Sesión 21ª, en 14 de mayo de 2008 (se aprueba en general).
El proyecto fue aprobado en general en sesión del día 14 de mayo recién pasado.
Las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda dejan constancia, para los efectos reglamentarios, de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los números 1) al 8) del artículo 1°; los artículos 3°, 6°, 7°, 8°, 9° y 11 permanentes, y los artículos primero y segundo transitorios.
Todas esas disposiciones conservan el mismo texto que Sus Señorías aprobaron en general. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento, deben darse por aprobadas.
Antes de que el señor Presidente así lo proclame, es menester dejar testimonio de que varios de esos artículos tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación 21 votos favorables.
--Quedan aprobados reglamentariamente, dejándose constancia de que votan a favor 26 señores Senadores.
La Comisión de Defensa Nacional efectuó cuatro modificaciones al proyecto aprobado en general, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad.
Tales enmiendas se refieren a la ampliación de las causales de retiro absoluto del personal de tropa profesional, con el goce para dicha dotación de la totalidad de los derechos y beneficios que tiene el resto del personal de planta, con el traspaso de imposiciones y con la no discriminación del tipo de filiación de la madre cuando falleciere un soldado profesional soltero y sin hijos.
La Comisión de Hacienda, por su parte, realizó dos modificaciones meramente formales al texto despachado por la de Defensa Nacional, las que también fueron aprobadas en forma unánime.
Cabe destacar que las enmiendas acogidas unánimemente deben ser votadas sin debate.
El número 9) del artículo 1° y los artículos 2°, 4°, 5° y 10 tienen carácter orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 21 señores Senadores.
Si le parece a la Sala, se aprobarán dichas enmiendas.
--Se aprueban, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que emitieron pronunciamiento favorable 26 señores Senadores, y el proyecto queda despachado en particular en este trámite.
Habiéndose aprobado la iniciativa, no es necesario que ingresen a la Sala las autoridades cuya autorización se solicitó en su momento.
El señor GOÑI ( Ministro de Defensa Nacional ).-
Señor Presidente , solo quiero agradecer de nuevo al Senado el haber aprobado unánimemente el proyecto, el cual continuará el trámite constitucional correspondiente, y resaltar la importancia histórica de la reforma que se está llevando a cabo.
Muchas gracias a las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda y a cada uno de los señores Senadores por el trabajo que realizaron en esta iniciativa.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo, resguardando el derecho a la igualdad en las remuneraciones, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4356-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 13ª, en 16 de abril de 2008.
Trabajo, sesión 35ª, en 9 de julio de 2008.
El objetivo principal de la iniciativa es establecer el derecho a la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres por la prestación de servicios de similar valor.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social discutió el proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Allamand, Letelier, Muñoz Aburto, Pérez Varela y Pizarro), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
El texto, por si Sus Señorías desean consultarlo, figura en la parte pertinente del primer informe.
Señor Presidente, este proyecto, conocido también como de "brechas salariales", persigue el propósito de establecer las bases indispensables para evitar actos de discriminación que impliquen diferencias entre las remuneraciones de hombres y mujeres por trabajos de igual valor.
En esencia, genera en el Código Laboral, particularmente en el artículo 2°, un instrumento legal que permite acciones tutelares para que en nuestro país avancemos en el concepto de garantizar las mismas remuneraciones por igual trabajo.
Si aquello resulta necesario, es porque de hecho existe discriminación en tal ámbito.
Todos los estudios indican que, en promedio, a las mujeres se les paga 30 por ciento menos que a los hombres por similar labor y que muchas veces se hace recaer solo en ellas el costo de la maternidad, en circunstancias de que -disculpen por decirlo en forma coloquial-, al menos como yo lo entiendo, los niños se hacen entre dos; por ende, ese costo debe ser asumido por la sociedad y por ambos padres de manera compartida.
Más aún, estudios recientes de las Naciones Unidas y de otras organizaciones indican que las tasas de productividad femenina en numerosas actividades son superiores y que las mujeres registran muchas veces cifras de ausentismo laboral menores.
Entonces, lo único que se está planteando mediante el proyecto en debate es establecer en la ley una cosa evidente: que no se aceptará la discriminación y que se reconocen como actos de esta índole "las diferencias en las remuneraciones en trabajos de igual valor basadas en criterios distintos de las características y naturaleza del trabajo que se realiza.".
Esta iniciativa reviste una tremenda importancia. Y quiero valorar profundamente lo efectuado por la Presidenta Bachelet . Lo que marca una diferencia en lo que está haciendo hoy Chile es la realización de esfuerzos en todos los ámbitos para terminar con situaciones de discriminación que dañan al país y lo llevan a perder la posibilidad de usar su capital humano, que se halla constituido por hombres y mujeres. Porque está demostrado que el género no define ni productividad ni eficiencia en el cumplimiento de labores similares.
Finalmente, quiero destacar que aquello se nota incluso en sectores donde históricamente estaba prohibido el ingreso de mujeres. Por ejemplo, en la gran la minería del cobre. Así, en yacimientos muy relevantes del norte, más del 27 por ciento de los trabajadores son mujeres que desempeñan funciones de gran significación y con productividades iguales que las de los hombres, cuando no superiores.
Señor Presidente , este proyecto -insisto- es muy trascendente. En la Comisión de Trabajo lo aprobamos en general por unanimidad, sin perjuicio de precisar algunos puntos que generaron discusión. Por ejemplo, en cuanto al reglamento a que se refiere el artículo 154 del Código Laboral, se debatió sobre si la descripción de funciones debe existir solo en el caso de las empresas con más de cincuenta trabajadores o también en el de aquellas con menos personal.
Vale la pena recordar que por desgracia, producto de nuestra historia, el lenguaje de dicho cuerpo de leyes es siempre masculino. Entonces, en el citado artículo quizá debería reconsiderarse tal aspecto.
Vamos a votar a favor, señor Presidente.
La señora ALBORNOZ ( Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer ).-
Señor Presidente, hace aproximadamente un año dimos inicio a la discusión que permitirá otorgar mayor valoración social y económica al trabajo femenino.
Es un compromiso asumido por el Gobierno de la Presidenta Bachelet el mejoramiento de las condiciones de incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral, razón por la que decidimos afrontar la discriminación que se registra en materia remuneracional participando de forma activa en esta iniciativa e impulsando su discusión legislativa, con el objeto de promover un cambio en los hábitos y prácticas culturales en torno a los prejuicios que aún subsisten en la actividad laboral que realizan aquellas.
Además, este asunto ha sido objeto de observaciones hechas permanentemente a nuestro Estado por el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer a raíz de la significativa brecha salarial existente entre hombres y mujeres, que aumenta con la edad, la educación y las responsabilidades asumidas en el trabajo. Y se observa, además, que las que desempeñan cargos directivos reciben hasta 50 por ciento menos que la remuneración percibida por los hombres.
La realidad del mercado laboral refuerza la necesidad, a nuestro juicio, de legislar en esta materia.
Pese a la creciente y sostenida incorporación de la mujer al mercado del trabajo -recuérdese que hemos subido de manera permanente y sustantiva, sobre todo en los últimos dos años-, la discriminación constituye un problema patente que aún no se ha resuelto en su totalidad. Ello se manifiesta principalmente en la existencia de discriminación salarial, que subvalora la labor desempeñada por la mujer en comparación con la realizada por su par hombre.
Uno de los factores que explican esa diferencia en el salario es la desvalorización histórica de los trabajos efectuados mayoritariamente por mujeres. Existen fuertes prejuicios sexistas en el proceso de fijación de las remuneraciones. Así, diversos rubros tienden a ser subremunerados; tal es el caso de los servicios comunales, sociales y personales. En tanto, las remuneraciones más altas se concentran en minería, servicios financieros, electricidad, gas y agua, donde los cargos son ocupados en mayor medida por hombres.
Dicha realidad no nos puede resultar indiferente; en nuestras manos está justamente la posibilidad de revertir dicha situación o, por lo menos, intentar mitigar los efectos que ella provoca. La discriminación salarial es una situación que viven millones de chilenas, y hoy tenemos, sin duda alguna, la oportunidad de lograr su erradicación.
Distintos estudios, con metodologías y parámetros diversos, avalan lo que dije hace un momento. Ellos han cuantificado la brecha salarial entre 30 y 40 por ciento, diferencia que se incrementa a medida que la mujer posee mayores niveles de estudio.
A la vez, se ha constatado que la eliminación de la brecha salarial conlleva diversas implicancias sociales -quiero poner énfasis en este punto-, que se reflejan en más acceso de la mujer al mercado del trabajo; mejoramiento de las condiciones laborales y, por tanto, aumento de la productividad, y, ciertamente, disminución (aspecto que sin duda alguna nos interesa) de los niveles de pobreza, en general, de las familias que dependen de mujeres trabajadoras.
Un reciente Diagnóstico de Género elaborado en conjunto por el SERNAM, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo estima que la eliminación de la brecha salarial en razón de género en Chile podría implicar una reducción en 8 por ciento de la extrema pobreza y un aumento en 2 por ciento del ingreso per cápita, promedio.
Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo ha venido señalando que la discriminación en el empleo debiera desaparecer porque genera gastos e ineficacia, e impide a las empresas examinar la productividad de cada uno de sus trabajadores.
En este plano, señor Presidente , el proyecto de ley que hoy día discute el Senado constituye un primer paso para revertir la realidad a que hemos hecho referencia. Así, la consagración del principio de igualdad de remuneraciones entre los trabajos masculino y femenino por un servicio de igual valor busca terminar con aquel tipo de prácticas al calificarse su vulneración como un acto de discriminación.
No debe ser objeto de preocupación -el punto fue planteado en el debate de la Comisión de Trabajo de esta Alta Cámara- la precisión del concepto de "servicio de igual valor".
Las legislaciones extranjeras sobre tal materia no definen en qué consiste aquella igualdad, atendido que eso puede terminar validando discriminaciones o restringiendo su campo de aplicación.
Nosotros creemos que este proyecto, en definitiva, se limita a señalar los parámetros o criterios objetivos que deben orientar a los empleadores para determinar el aporte que reportan los diversos puestos de trabajo a la estructura empresarial. Ello, en nuestro concepto, les permitirá también medir su productividad y transparentar los criterios de fijación de salarios.
Asimismo, y con el objeto de no recargar en forma excesiva a las micro y pequeñas empresas, se establece que el registro de cargos o funciones debe ser llevado por aquellas que ocupen a 50 o más trabajadores. El procedimiento debe estar precisado en los reglamentos internos. Por lo tanto, será aplicable a las empresas que ocupen 10 o más trabajadores permanentes.
Muchos abrigan el temor de que las exigencias establecidas en este proyecto signifiquen un desincentivo a la contratación de mujeres.
Para su tranquilidad, debo señalarles que la norma pertinente fue redactada en términos generales a fin de evitar aquel efecto perverso. De manera que, independiente del número de mujeres contratadas, las empresas que ocupen 50 o más trabajadores deberán llevar el referido registro.
Finalmente, solo quiero expresar que la iniciativa en debate, también con el objeto de generar incentivos para el cumplimiento de la igualdad salarial, dispone que las empresas que no registren diferencias remuneracionales arbitrarias podrán solicitar la rebaja del 10 por ciento de las multas, siempre que no se basen en prácticas antisindicales o en infracción a los derechos fundamentales.
Señor Presidente, consideramos que los cambios legislativos propuestos deben ir acompañados de acciones positivas tendientes a modificar los patrones culturales, los que en muchas ocasiones restan eficacia -como dije hace un momento- a la aplicación de las leyes.
En tal sentido, el papel que podrían jugar los sindicatos es crucial no solo para fiscalizar el cumplimiento de las normas, sino también para promover una cultura del respeto a la igualdad de oportunidades al interior de los lugares de trabajo.
Por lo expuesto, solicito a esta Sala prestar su aprobación al proyecto de ley que hoy día estamos discutiendo.
Su Señoría no pidió la palabra.
La discusión se halla cerrada.
Pero puedo fundamentar el voto.
Señor Presidente, por cierto, votaré a favor de esta iniciativa, teniendo presente, sí, que resta un conjunto importante de proyectos destinados a proteger a las mujeres y a tratar de reparar la larga discriminación de que han sido objeto en el mundo laboral.
Quiero recordar que Chile ratificó el Convenio 100 de la OIT, sobre igualdad de remuneraciones, de 1951. Por tanto, estamos dando cumplimiento al artículo 5° de la Constitución.
No cabe duda de que el establecimiento de criterios progresivos de igualdad remuneracional va a significar el cumplimiento de los estándares contra la discriminación consignados en el Código del Trabajo.
Sin embargo, no resulta suficiente lo dispuesto sobre el particular en el Código Laboral, cuyo artículo 2° señala que son actos de discriminación las "distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.".
Está claro que, en materia de remuneraciones, el precepto individualizado no basta. Por ende, hoy estamos acordando en general una complementación necesaria para que en el hecho no exista discriminación al respecto.
Ha señalado la Ministra -y yo lo reitero- que no solo el referido estudio del SERNAM revela que las remuneraciones de las mujeres son 31,1 por ciento menores que las de los hombres por el mismo tipo de trabajo. Ello constituye, sin lugar a dudas, una situación insostenible.
La encuesta CASEN del año 2006 muestra que las trabajadoras reciben, en promedio, un equivalente a 76,1 por ciento de los ingresos masculinos y que, a mayor abundamiento -ello resulta paradójico-, mientras más capacitación se tiene mayor es la diferencia salarial; es decir, mujeres con grado académico de magíster o de doctora pueden llegar incluso a 56 por ciento del sueldo que ganan sus iguales masculinos.
Por eso, espero que esta proposición de ley sea objeto de un adecuado debate en particular y que nos esforcemos por seguir la senda de los países a los que muchos de quienes están en esta Sala quieren que Chile se parezca.
Por ejemplo, en Australia, la implementación de normas como las que contiene la ley en proyecto se realiza con 400 empresas; en Alemania, con 800. El País Vasco, México, Brasil y Uruguay ya iniciaron procesos basados en modelos similares para introducir mecanismos de igualdad remuneracional entre hombres y mujeres al interior del mundo privado.
De consiguiente, confío en que el debate particular de esta iniciativa saque del contexto cierta causalidad asociada a que mientras más protección o igualdad otorgamos al ámbito laboral femenino mayor dificultad les generamos a las mujeres para acceder al empleo.
Hay quienes señalan que, si ponemos restricciones como las propuestas, a las mujeres les será más problemático encontrar ocupación.
La verdad es que no estamos hablando de la situación vinculada con los permisos maternales -específicamente, el posnatal-, que se halla pendiente y que por supuesto debemos corregir, sino del principio básico de a igual trabajo, igual remuneración
Y si bien el concepto a que se aboca la ley en proyecto no es ese sino el incentivo al sector privado para que propenda a la igualdad remuneracional, quiero puntualizar que también se requiere un estudio acerca de lo que ocurre en el Estado sobre la materia. Y espero que la Ministra pueda contar en el debate particular qué se está haciendo dentro de las empresas estatales y de los ministerios, para saber cómo se encuentran las mujeres en todos los grados profesionales con relación a sus pares hombres.
Voto a favor, señor Presidente, porque creo que este es un proyecto positivo.
--Se aprueba en general el proyecto (18 votos afirmativos), fijándose el 4 de agosto, a las 12, como plazo para formular indicaciones.
Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Ávila, Cantero, Escalona, Flores, Frei, García, Gazmuri, Gómez, Horvath, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Ominami, Pérez Varela y Zaldívar.
Corresponde pronunciarse sobre un proyecto de acuerdo presentado por los Honorables señores Allamand, García, Horvath, Prokurica, Orpis y Romero.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1084-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica: Se da cuenta en sesión 33ª, en 2 de julio de 2008.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El propósito del proyecto de acuerdo es solicitarle a Su Excelencia la Presidenta de la República que proponga una nueva institucionalidad para el Programa País de Eficiencia Energética, creado el año 2006, atendiendo a su importancia en el contexto nacional en materia de energía.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En seguida, la Sala debe emitir pronunciamiento sobre un proyecto de acuerdo que presentaron los Senadores señora Matthei y señores Allamand, Chadwick, Espina, Larraín, Novoa, Orpis, Prokurica, Romero y Zaldívar.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1064-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La finalidad de este proyecto de acuerdo es pedirle a Su Excelencia la Presidenta de la República que otorgue un bono de invierno y aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad a todos los beneficiarios de pensiones mínimas del Sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Si le parece al Senado, se aprobará
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes.
Al señor Ministro del Interior y a la señora Ministra de Bienes Nacionales , solicitándoles antecedentes sobre ADQUISICIÓN O TRASPASO DE ÁREA DETERMINADA PARA POSIBLE EXPANSIÓN DE CHAITÉN.
A la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo y al señor Director del Instituto Nacional del Deporte, pidiéndoles SATISFACCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE UNDÉCIMA REGIÓN.
A los señores Ministros de Defensa Nacional, de Hacienda , de Justicia y de Salud, requiriéndoles elaboración de FÓRMULAS PARA MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN EN HOSPITAL DE DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS.
Al señor Ministro de Obras Públicas , solicitándole informar acerca de ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO "ENLACE O RETORNO EN EL SECTOR SANTA MÓNICA, KM. 345 DE LA RUTA 5 SUR".
Al señor Ministro de Hacienda , planteándole REVISIÓN DE ARTÍCULO 20 BIS DE DECRETO LEY N° 3.551, DE 1980, DEL MINISTERIO DE HACIENDA.
En Incidentes, los Comités Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional e Independientes no harán uso de su turno.
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
Me referiré a varias materias.
Señor Presidente , solicito que se oficie a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado a fin de que nos señale de manera detallada cuál es el programa de filiales que va a desarrollar a lo largo del país, cuál es el programa de reducción de deudas.
Una vez más aquello se está haciendo, en mi opinión, a costa de los trabajadores. Así, seis de ellos mantienen en la Región del Biobío una huelga de hambre, que ya se empina sobre los 20 días, con motivo de su despido -a mi entender, discrecional- después de un conjunto de movilizaciones que realizó el sector laboral en pos de mayor información y de protección para los empleos.
Es verdad que deseamos ferrocarriles modernos, pero también que la farra de Ferrocarriles del Estado no puede ser pagada por los trabajadores.
En tal sentido reitero la petición que le formulé a Jorge Rodríguez Grossi , su Gerente General, a quien le hemos manifestado toda nuestra voluntad para apoyar el proceso de modernización de Ferrocarriles, y asimismo, para conseguir que la investigación que se lleva adelante en la Cámara de Diputados determine fehacientemente si hubo delito, dolo y corrupción; que se hagan efectivas las responsabilidades políticas y jurídicas, y que en el proceso pertinente se cautele de manera vehemente y concreta la situación del sector laboral.
Cientos de trabajadores de EFE piensan que la administración de la empresa, que ha resultado con un cuestionamiento de más de mil millones de dólares, redunda en que el pago recaiga en ellos. Es decir, a la hora de los ajustes y reducciones, se echa mano al despido y a la creación de nuevas filiales con el fin de lograr la separación del personal.
Pido que la Empresa informe acerca de su plan de inversiones en la Región del Biobío y señale concretamente cuál es su programa de contratación, y solicito formalmente los antecedentes sobre los trabajadores despedidos.
Por cierto, EFE tiene la facultad y, asimismo, la misión de darse gobernabilidad, de emprender las acciones que la saquen del estado crítico en que se encuentra. Porque a todos nos interesa que Chile no tenga solo una columna vertebral, como la ruta 5, sino también una línea de ferrocarriles que lo una. Sin embargo, la situación planteada suscita dudas, debido a que tales medidas no pueden aplicarse en contra de los trabajadores, sino de la mano con ellos o contemplándose la protección laboral y ética de la dignidad que les asiste.
Por ello, siento que el proceso debe ser revisado.
Señor Presidente , pido que se oficie al Instituto de Salud Pública, al Ministerio de Salud y a Carabineros de Chile para que informen qué análisis y tipo de autorización tienen lugar para la importación de bombas lacrimógenas por parte de la institución policial.
Me parece necesario que el Instituto nos detalle exactamente cuál es el contenido toxicológico del gas que se utiliza con motivo de manifestaciones públicas, cuyos efectos ya hemos sufrido algunos de los presentes. Debo confesar que no es algo agradable. Y lo estimo tremendamente riesgoso. Y siempre cabe la pregunta respecto de las consecuencias que puede provocar no solo en los civiles directa o indirectamente afectados, sino también en los propios policías uniformados.
Se ha planteado que estos antecedentes han sido requeridos en forma reiterada. ¿Dónde se compran tales productos? ¿Cuentan con autorización sanitaria? ¿Cuáles son sus componentes químicos? ¿Qué efectos provocan en la salud? ¿Quién facultó para su compra? ¿Y cuál es la certificación de salud del país exportador para enviar ese tipo de materiales a Chile?
Tal información no puede ser propia de la seguridad del Estado, sino que ha de ser pública. Es importante resguardar la salud de las personas y el acceso de cualquier ciudadano a esos datos.
Reitero que la solicitud tiene que ver directamente con los antecedentes que entregan los fabricantes sobre las experiencias de certificación para que las bombas lacrimógenas sean usadas. Existen serias dudas sobre sus efectos en la salud, particularmente en personas de la tercera edad y lactantes, así como también respecto del impacto directo que la exposición permanente a los gases puede causar en los funcionarios de Carabineros. Y no sabemos qué medidas adopta la institución policial para protegerlos de esos efectos, directamente relacionados, por cierto, con el uso de tales elementos.
Solicito que el Instituto de Salud Pública, el Ministerio de Salud, Carabineros de Chile y el Ministerio de Defensa consideren a la brevedad la petición que formulo.
Deseo, además, que se detalle exactamente cuáles son los costos que Carabineros de Chile ha incorporado a su presupuesto para la adquisición de bombas lacrimógenas; si ello se hace por licitación internacional o por ChileCompra; cuáles son los proveedores, y cuáles son las autorizaciones de estos productos en sus países de origen, si son importados.
Asimismo, espero que se entregue una larga y pormenorizada recopilación de antecedentes internacionales sobre la exposición a esos gases, reunidos en países donde estos se encuentran regulados, condicionados, y algunos, directamente prohibidos.
Por lo tanto, la petición no tiene que ver solo con la clase o marca de gases lacrimógenos que hoy día utilizan Carabineros de Chile y también, en la preparación de sus tropas, las ramas de las Fuerzas Armadas. Me interesa saber el tipo de presupuesto que se está usando. Y si bien esto no significa un intento de cautelar la tarea de seguridad pública asignada a la institución policial, preocupa cada vez más que el uso indiscriminado de los gases dañe directa o indirectamente la salud de los afectados.
Espero que el informe pueda darnos luces respecto a si estamos haciendo lo correcto y, particularmente, si estamos salvaguardando la salud de las personas al recabar los mayores antecedentes posibles.
Señor Presidente, pido oficiar a la CORFO respecto a la situación de la industria textil Bellavista Oveja Tomé .
Hace aproximadamente dos meses se determinó la constitución de una comisión especial que se encargaría de la promoción y venta de la empresa, en colaboración con la Junta de Acreedores y el Síndico de Quiebras, para evitar el desarme o la enajenación por partes y lograr el objetivo de que permanezca como unidad económica.
Ya han transcurrido tres o cuatro meses desde el cierre, y el Gobierno está elaborando planes respecto del subsidio que va a aplicar, los cuales hemos conocido de manera vaga.
Temo que lo que expresamos en enero de 2007 se puede hacer realidad, en el sentido de que los costos directos, sin retorno, serán muy superiores al crédito que en su oportunidad se pidió al BancoEstado, garantizado directamente por el propietario de la empresa, el señor Kaufmann , de su peculio, y ni siquiera por la empresa.
Más allá del cuestionamiento por el tipo de decisiones que hoy día llevan al Gobierno a comprometer, aproximadamente, dos a tres millones de dólares, sin retorno, para ir en ayuda de los trabajadores, deseo que CORFO nos informe sobre los resultados de la gestión, los miembros de la comisión y el programa elaborado para viajar a Europa y poder vender la empresa como unidad económica.
Cabe señalar que el Síndico de Quiebras señaló ayer que los activos de Bellavista Oveja Tomé que permanecían en bodega han registrado una salida inusitada y un alto valor de mercado, lo cual le ha permitido recuperar, en un cortísimo plazo, más de 2 millones de dólares al enajenarlos.
Ello ratifica la plena vigencia de la marca, la calidad de sus productos y la necesidad en el mercado internacional de telas tipo premium ; es decir, de aquellas que solo se producen en Italia y que hasta hace poco también se fabricaban en Chile con maquinaria que nada tiene que envidiar a la de ese país, por ser la más moderna de America Latina y mantenerse a niveles competitivos.
En consecuencia, urge realizar todos los esfuerzos necesarios para evitar que Bellavista Oveja Tomé sea vendida en desguace. Advierto que los trabajadores van a evitarlo y que ya han señalado que de la empresa no saldrá ni un solo perno ni tuerca.
Efectivamente, la solución para Tomé no son empleos fiscales ni planes de empleo, sino trabajos productivos. Y allí existe una gran industria, que necesita un apoyo de promoción -en ese caso, de la CORFO- y la extraordinaria voluntad demostradas hasta ahora por la Junta de Acreedores y el Síndico de Quiebras para poder permanecer y dar continuidad a la unidad económica.
Señor Presidente, espero que la CORFO pueda enviar un informe detallado, a fin de remitir esos antecedentes a los trabajadores y al gobierno regional, dada la enorme cesantía en la comuna de Tomé, que supera 16 por ciento.
Deseo adherir al oficio pedido por Su Señoría, a fin de que se resuelva con prontitud la situación de Bellavista Oveja Tomé , porque comparto plenamente lo que se acaba de expresar.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, conforme al Reglamento, en nombre del Honorable señor Navarro y con la adhesión del Senador señor Zaldívar
Pido, señor Presidente, que se oficie al gobierno de la Región del Biobío respecto a la implemención y evaluación de los programas de empleo destinados a la comuna de Tomé, sin incluir en ellas la situación de los pescadores de merluza de las caletas de Cocholgüe, Coliumo , Dichato , Los Bagres . Sin duda, han sido importantes, pero no han dado los resultados esperados.
Por tanto, solicito oficiar también a la Subsecretaría de Pesca, en el Ministerio de Economía, en cuanto a la evaluación de los programas de apoyo a los pescadores que han visto cesar su actividad por la desaparición de dicho recurso.
Hicimos lo posible en la Ley General de Pesca, pero las medidas no han dado resultados. Y existen centenares de desempleados.
Se ha dispuesto un fondo de 5 millones de dólares, pero, en mi opinión, tampoco ha tenido el impacto deseado. Y los nuevos recursos que se entreguen deben ser destinados a fortalecer actividades extractivas, de conservación, pero que digan relación a lo que esas personas saben hacer, que es pescar, trabajar en el mar, y no a otros fines.
También quiero solicitar que se oficie al Servicio de Impuestos Internos y a la Corporación Nacional Forestal (CONAF), a fin de que nos informen del resultado de las múltiples gestiones que hemos realizado para que las empresas forestales de las Regiones Octava, Novena y Décima puedan dar curso al pago del impuesto territorial.
La exención establecida legalmente al respecto terminaba después de la primera corta; es decir, en la segunda debía comenzar a cumplirse la obligación. El decreto ley respectivo data de 1979.
Y tal como lo reconocieron el propio Director del Servicio de Impuestos Internos y los máximos ejecutivos de la Corporación Chilena de la Madera (CORMA), las empresas se han visto en la imposibilidad de efectuar el pago por no existir en dicho Servicio el mecanismo correspondiente. No se ha contado con mediciones de hectáreas ni se hallaba calificada la cancelación del tributo.
He solicitado a CORMA -y espero que la palabra se cumpla- que dicha situación se resuelva con retroactividad. O sea, apelando a la buena fe de las empresas forestales e independientemente del plazo de prescripción de tres años que aplica Impuestos Internos, la idea es que el pago del tributo se materialice en algunas comunas en donde hace diez años su importe, con respecto a decenas, a miles de hectáreas, debió haber ingresado a las arcas municipales, en porcentajes que en muchos casos significan un aporte relevante a su escuálido presupuesto.
En las comunas y localidades más pobres de la Región del Biobío, como Tirúa, Coliumo , Tomé, Curanilahue, Lota, Coelemu y Treguaco, existen vastos predios forestales, pero ellas no reciben los recursos a que hago referencia. ¡Es algo que no parece justo!
Reitero: tal como me lo expresó CORMA , ello no ha obedecido a no querer pagar, sino a no tener cómo hacerlo, a no existir mecanismos para tal efecto.
Hace unos meses, el Servicio de Impuestos Internos implementó una posibilidad de pago genérico, a través de una declaración jurada comprobable en donde se establece una aproximación acerca del territorio sobre el cual se cancelaría el tributo, dado que no se dispone del equipamiento requerido para medir en forma precisa las hectáreas respectivas. Ese proceso de innovación mediante control satelital representa un extraordinario avance y va a permitir que sea detectada -¡algunos deberán tener ojo!- incluso la construcción de una piscina o un garaje en una casa.
Espero que con la misma precisión puedan delinearse los terrenos forestales que hayan recibido el subsidio estatal -ascendente, primero, a 110 por ciento del costo de la plantación; luego, a 100 por ciento, y ahora, a 75 por ciento-, lo cual obligaba a pagar el impuesto territorial, repito, después de la primera corta.
Según nuestros cálculos, si las empresas forestales decidieran actualizar el pago de manera retroactiva, ello podría significar hasta 3 mil millones de pesos en la Región del Biobío. Es una extraordinaria noticia para los alcaldes y, particularmente, las comunas más pobres.
En consecuencia, solicito a CONAF y al Servicio de Impuestos Internos que actualicen la información respecto de los esfuerzos que están haciendo y de las voluntades encontradas en las empresas forestales en torno al pago del impuesto territorial. Por cierto, muchos pequeños campesinos de la Región que represento -en especial, viñateros, agricultores- cumplen sagradamente esa obligación, y no veo justificación alguna para que no lo hagan las grandes empresas forestales, que han reconocido su morosidad, la existencia del tributo y, por tanto, su legalidad, argumentando en forma reiterada que no tienen cómo pagarlo.
Entiendo que el Servicio de Impuestos Internos ha puesto ahora a disposición de los contribuyentes los instrumentos necesarios, y deseo conocer cuándo lo hizo, en qué calidad, con qué fecha, con qué destino, con qué tipo de notificación y si ha existido algún acuerdo. Porque no me gustaría que el tributo fuera pagado con desconocimiento de los municipios, pues una parte importante se destina a ese ámbito.
Asimismo, señor Presidente, quiero que se oficie al Ministerio del Trabajo -a cargo de la totalidad de la generación de puestos de empleo de carácter fiscal-, frente a la grave situación de cesantía en la Región del Biobío, donde existen cinco planes especiales en marcha: Arauco , Coronel, Talcahuano, Tomé y Lota, esta última con la particularidad de incluirse dentro del primero.
En todos ellos se ha comprometido un conjunto de inversiones destinadas a generar trabajo. Por ejemplo, el domingo recién pasado me reuní en Lota con organizaciones de mujeres dueñas de casa, la mayoría de ellas sin ningún tipo de ingreso familiar, y algunas, parte del Programa Puente , de lo cual se muestran muy agradecidas. Esa ayuda brindada a las familias más pobres ha sido una política exitosa del Gobierno.
Sin embargo, hay quienes señalan que la inflación es la mayor amenaza para la economía y la mayor amenaza política para el Gobierno. Al respecto, debo decir que ese fenómeno es uno y que el pan puede subir, pero si no hay empleo, no es posible comprarlo. Por lo tanto, la cuestión de fondo es el fantasma del desempleo, que hoy se ha hecho realidad en la Región del Biobío.
En virtud de esas consideraciones, solicito oficiar al Ministerio del Trabajo, por sus programas de empleo, y al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, por sus programas de becas, para que proporcionen toda la información respecto de cómo se aplican ellos en dicha Región y aclaren las denuncias presentadas acerca de la no rendición por parte de las entidades que los administran, para lograr una mayor transparencia.
Dichas acusaciones, en muchos casos carentes de fundamento, han sido utilizadas políticamente e intentando generalizar una situación puntual, como me consta. En efecto, algunas de las entidades que llevan adelante programas de empleo no han efectuado rendiciones, pero, afortunadamente, no representan más de 6 por ciento del total en el país y constituyen una minoría en la Octava Región.
No es posible castigar a los trabajadores cesantes, a las dueñas de casa que buscan un ingreso para su hogar, por el incumplimiento de una organización no gubernamental o alguna institución que no haya dado cuenta de los recursos en forma adecuada. Más bien, en esos casos cabe recurrir con fuerza a procesos judiciales y seguir otorgando los programas de empleo, sobre todo -aun cuando ello no corresponde a la circunscripción que represento- los solicitados para Lota ante el Ministerio del Trabajo.
Por último, señor Presidente , deseo reiterar al gobierno de la Región del Biobío y, en particular, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en el Ministerio del Interior, la necesidad de reforzar los equipos de los gobiernos regionales.
En verdad, para enfrentar el desafío de dicha Región en materia de empleo se requiere lo que he denominado "Estado Mayor". Y es preciso generarle a ella un apoyo centralizado, de tal manera de abordar los principales problemas que se registran en la unidad estratégica público-privada, que hoy se encuentra tan débil.
Hemos dicho que el Gobierno debe evaluar la dictación de una ley especial para la inversión pública en empresas productivas que luego de cinco o diez años sean traspasadas al sector privado, asumiendo el Estado el riesgo de echarlas a andar en áreas donde los privados no se interesen en invertir.
¡Se han gastado 40 mil millones de pesos en subsidios para las zonas de Arauco, Lota y Coronel, pero más de 60 por ciento de los empresarios solo han permanecido mientras dura el beneficio!
Creemos que ha llegado la hora de estudiar un cuerpo legal -repito- que le permita al Estado invertir. Por consiguiente, planteo formalmente al Gobierno, a los Ministerios del Interior y de Hacienda, que se pronuncien sobre la petición que formulo, cada vez más justificada por la situación de muchos sectores productivos en la Región del Biobío. El Estado debe ser autorizado para crear empresas en áreas donde no exista interés privado, a fin de que, en un plazo de diez años, una vez que se tornen productivas, sean licitadas al sector privado.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).- No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 17:59.
Lo dispuesto en los artículos 1º, 19º y 63º numeral 1) de la Constitución Política de la República y en el D.F.L. N° 1 de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
1.-Que la democracia implica el derecho de los ciudadanos a elegir sus autoridades, participando para ello en los procesos electorales, pero, también, a través de diversas vías en el quehacer público.
2.-Que un adecuado ejercicio del poder público implica que las autoridades estén dispuestas a absolver las solicitudes y requerimientos de los ciudadanos, lo que se garantiza a través del derecho de petición, reconocido por la Constitución Política de la República.
3.-Que, lo anterior, evidentemente se complementa con la obligación de que las autoridades respondan a estos planteamientos, aportando a los ciudadanos la máxima información posible acerca de sus inquietudes y, en general, respecto de la gestión que realizan por mandato popular.
4.-Que en muchos municipios del país, este último y deseable objetivo se está cumpliendo a través de la proliferación de lienzos, carteles, anuncios gráficos, impresos de diversa naturaleza y toda clase de acciones publicitarias y de propaganda en que se destacan obras realizadas o proyectadas, las que se acompañan de fotografías o imágenes de las autoridades, las que, en muchas ocasiones, exceden largamente lo necesario para dar a conocer adecuadamente los logros de las autoridades.
5.-Que lo anterior constituye claramente una deformación de un buen propósito, el cual termina ocasionando más perjuicios que beneficios para la comunidad, a saber:
Primero, constituye un costo adicional para el municipio, generándose la costumbre de producir y editar carteles, revistas, volantes y otros objetos con una periodicidad y calidad mayor a la requerida para informar a los vecinos.
Segundo, resulta un perjuicio estético para la comunidad, al ser utilizados en muchos casos letreros, lienzos y afiches en forma abusiva.
Tercero, incrementa y anticipa la competencia entre los actuales alcaldes y ediles con nuevos postulantes, que se ven obligados a contrarrestar estos avisos institucionales con mensajes propios, con el consiguiente perjuicio y daño para los bienes públicos y privados.
Cuarto, habitualmente el desarrollo de estas acciones implica alterar los símbolos representativos del municipio, los que son reemplazados por alguno alusivo o distintivo de la autoridad respectiva.
6.-Que resulta necesario volver al principio de austeridad tradicional en nuestro servicio público, optándose por mecanismos publicitarios sencillos y sobrios que cumplan con el objetivo básico de informar y orientar a la comunidad, pero sin incurrir en gastos ni montajes excesivos.
Asimismo, se requiere resguardar la institucionalidad de las comunas, enfatizando en el carácter permanente de las municipalidades y sus emblemas distintivos.
7.-Que lo anterior no pretende obstaculizar, en absoluto, la imprescindible labor de los alcaldes y concejales para informar a la comunidad y difundir sus obras, lo que podrá desarrollarse a través de encuentros con la comunidad, visitas a terreno y de material publicitario concebido en términos institucionales, razonables y sencillos.
8.-Que un interesante ejemplo en la materia, lo brinda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El inciso penúltimo de su artículo 134 dispone:
9.-Que, por lo anterior, el Senador que suscribe cree indispensable regular la promoción de las actividades y obras de los municipios, disponiendo las siguientes medidas:
a.-Prohibir toda clase de promoción que incluya la imagen de las autoridades, debiendo limitarse éstas a contener la mención del nombre del alcalde o concejal y el cargo que representa.
b.-Disponer en términos genéricos que la publicidad municipal deberá ser realizada con carácter institucional, en forma austera y sobria, con el sólo objetivo de cumplir la finalidad de difusión y orientación que les anima.
c.- Regular la utilización institucional de emblemas, escudos, logos y frases promocionales.
Artículo único.-Incorpórese, en el Título III del D.F.L. N° 1 de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el siguiente nuevo artículo 92 bis: :
“Artículo 92 bis.-Todo informativo, convocatoria, llamado a concurso o cualquier clase de anuncio, propaganda o publicidad realizada por un municipio, cualquiera fuera su forma y el medio que se empleare para su difusión, deberá ser austera y sobria, estar destinada a la información y orientación de los vecinos y tener un carácter institucional.
En este sentido, sólo podrán incorporar en términos moderados el nombre y cargo de los alcaldes y concejales y no incluirá, en caso alguno, imágenes, voces, símbolos o cualquier otra seña o logo que implique la promoción personalizada de alguno de éstos.
Los municipios, como tales, deberán representarse exclusivamente por aquéllos escudos, banderas, escarapelas u otros emblemas, símbolos, logos y frases publicitarias acordadas por el Concejo Municipal.”
(Fdo.): Pedro Muñoz Aburto, Senador.- Camilo Escalona Medina, Senador.- Juan Pablo Letelier Morel, Senador
1. Que recientemente, el Comité de Expertos de la OIT informó y alertó que uno de los Convenios más importantes promovidos por esa organización, el N°94, que existe desde 1949 y que protege los derechos de los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo, se aplica de manera deficiente.
2. Que el Convenio N°94 establece una norma de la OIT relativa a las cláusulas laborales en contratos públicos, y tiene la finalidad de impedir que haya empresas que ofrezcan precios más bajos en las licitaciones recortando los costos de personal en los contratos.
3. Que el Convenio N°94 exige que todos los oferentes respeten las normas vigentes, incluidas las estipuladas en los convenios colectivos. El año pasado, la OIT realizó un examen general de todos los miembros del Convenio. Sólo 60 países lo han ratificado y sólo una cuarta parte de ellos lo respeta plenamente.
4. Que el Comité de Expertos concluyó que el Convenio sigue siendo un instrumento importante de protección de los derechos laborales, recomendando a la OIT que su miembros hagan más pro promover la comprensión y ratificación del Convenio N°94.
5. Que Chile no ha suscrito ni ratificado este importante Convenio.
6. Que este Convenio se aplica a los contratos en que al menos una de las partes es una autoridad pública; que la ejecución del contrato implique la inversión de fondos públicos y que tenga que ver con la construcción, transformación, reparación o demolición de obras públicas; la fabricación, montaje, manipulación o transporte de materiales, pertrechos y utensilios; o la ejecución o suministro de servicios.
7. Que este Convenio también se aplica a las obras ejecutadas por subcontratistas o cesionarios de contratos, caso en que la autoridad competente debe tomar medidas adecuadas para garantizar la aplicación del Convenio a dichas obras.
8. Que los contratos a los cuales se aplique el Convenio deberán contener cláusulas que garanticen a los trabajadores interesados salarios (comprendidas las asignaciones), horas de trabajo y demás condiciones de empleo no menos favorables que las establecidas para un trabajo de igual naturaleza en la profesión o industria interesada de la misma región.
9. Que este Convenio establece que la autoridad competente deberá tomar medidas pertinentes para garantizar a los trabajadores interesados condiciones de salud, seguridad y bienestar justas y razonables, cuando en virtud de la legislación nacional, de un contrato colectivo o de un laudo arbitral no sean ya aplicables las disposiciones apropiadas relativas a la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores empleados en la ejecución de un contrato.
10. Que en el caso de que no se observen o no se apliquen las disposiciones de las cláusulas de trabajo incluidas en los contratos celebrados por las autoridades públicas, se deberán aplicar sanciones adecuadas, tales como la denegación de contratos o cualquier otra medida pertinente. Además, se tomarán medidas tales como la retención de los pagos debidos en virtud del contrato, o cualquier otra que se estime pertinente, a fin de que los trabajadores interesados puedan obtener los salarios a que tengan derecho.
11. Que el Convenio establece como excepción que la autoridad competente, previa consulta a las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, podrá suspender temporalmente la aplicación de las disposiciones de este Convenio, sólo en caso de fuerza mayor o de acontecimientos que pongan en peligro el bienestar o la seguridad nacional.
Solicitar a los señores ministros de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, y del Trabajo y Previsión Social, Osvaldo Andrade, promover la suscripción y ratificación del Convenio N°94 de la OIT por parte de Chile, considerando la importancia que éste tiene en general, y, especialmente, el aporte a la transparencia administrativa y a la justicia laboral que realiza.
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.- Nelson Ávila Contreras, Senador

References: artículo 474
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 49
 artículo 254
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 49
 artículo 53
 artículo 79
 artículo 53
 artículo 198
 artículo 203
 artículo 198
 artículo 49
 artículo 53
 artículo 202
 resolución 
 resolución 
 artículo 79
 artículo 119
 artículo 1
 artículo 124
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 154
 artículo 5
 artículo 2
 ARTÍCULO 20
 artículo 134
 artículo 92