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Timestamp: 2020-02-19 10:56:13+00:00

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2.INTRODUCCION_LaMisionera | Minería | Evaluación de impacto ambiental
2.INTRODUCCION_LaMisionera
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La misión del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, es propender al desarrollo sustentable del sector minero, facilitando, normando y promoviendo una actividad extractiva sustentable bajo la responsabilidad del sector privado; mientras que el Ministerio del Ambiente velará por el cumplimiento de la normativa ambiental, aplicable a cualquier proyecto de desarrollo. Toda empresa dedicada a la extracción minera, deberá cumplir con las obligaciones ambientales relativas a la exploración y explotación de las concesiones a su cargo.
La normativa ambiental vigente, promueve esta tendencia de desarrollo, exigiendo a los titulares de concesiones mineras efectuar estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental para prevenir, mitigar, controlar, rehabilitar y compensar los impactos ambientales y sociales derivados de sus actividades.
La toma de decisiones debe reconocer los derechos de las comunidades a tener representación y participación en los procesos que les afectan, y debe basar su interacción entre el proyecto minero y la comunidad en los valores, objetivos y aspiraciones de la comunidad afectada. Es probable que la ausencia de la comunidad en la toma de decisiones se traduzca en acuerdos ineficaces o inadecuados para la distribución de beneficios, que sean fuente de conflictos, o en instituciones incapaces de sostenerlos una vez finalizada la actividad minera.
El compromiso ambiental de las empresas involucradas en la exploración y explotación de minerales, las obliga a cumplir con los máximos estándares de calidad y con los procedimientos de prevención y control de los efectos ambientales que podrían generarse por el desarrollo de sus actividades.
Para la fase de explotación del proyecto de minería aluvial en la Concesión La Misionera, se requiere la aprobación del Estudio Ambiental que posibilite la obtención de la Licencia Ambiental, emitida por el MAE, como Autoridad Ambiental.
Con este motivo y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Gestión Ambiental y en la Ley de Minería y el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras, se desarrolla el Estudio de Impacto Ambiental Expost, cuya parte fundamental es la caracterización de la Flora y la Fauna que se encuentra en el área de influencia de la concesión, así como el análisis de los aspectos socio- económicos de la población del área de influencia, para con estos datos poder identificar y evaluar los posibles impactos ambientales generados sobre ellos, por el desarrollo de las actividades extractivas en La Misionera.
Una vez identificados los impactos y riesgos ambientales, se elabora el Plan de Manejo Ambiental, que permitirá a ANTEMIN, cumplir con las normas y procedimientos de prevención, mitigación y control de impactos, así como
EIA-Expost Concesión Minera “La Misionera”
2.1 Objetivos del EIA Expost
 Caracterizar socio-ambientalmente (Línea Base de los factores abióticos, bióticos, socio-económicos y etno-culturales) del área de influencia del Proyecto Minero La Misionera, con el fin de integrar la información al EIA.
 Identificar, analizar y valorar los impactos ambientales, tanto negativos, como positivos, que las actividades (extracción y transporte de material) puedan provocar, así como analizar la significancia de los mismos en relación a la fragilidad del ambiente.
 Diseñar un Plan de Manejo Ambiental adecuado, efectivo y objetivo, tomando en consideración las políticas de la empresa, la tecnología a utilizarse y las características del entorno y su sensibilidad frente a las acciones propuestas.
2.2 Ubicación del Proyecto
La Concesión Minera La Misionera, motivo del presente Estudio Ambiental, ocupa un área de 1.250 hectáreas, que involucran el área aluvial de un sector del Río Bomboiza; dentro del territorio de las Parroquias Bomboiza, El Ideal y Mercedes Molina del Cantón Gualaquiza de la Provincia de Morona Santiago, en la Región Amazónica Ecuatoriana. Ver mapa de ubicación política en Anexo A.
De estas 1.250 hectáreas, se propone la explotación inicial en aproximadamente 90 hectáreas (7,2% del área de concesión) correspondientes a propiedades de la Empresa y pobladores interesados en el desarrollo de la actividad extractiva.
El área de concesión, no interseca con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectora del Ecuador, según el Certificado de Intersección emitido el 11 de Marzo de 2010, mediante Oficio Nº: MAE- DNPCA-2010-0520. (Se adjunta copia del Certificado de Intersección en el Anexo C.
2.3 Marco de Referencia Legal e Institucional
2.3.1 Marco de Referencia Legal
El Art. 313, de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los
sectores estratégicos; dentro de los cuales se considera el manejo y gestión de los recursos mineros.
Todas las actividades desarrolladas por la sociedad están reguladas por un conjunto de normas, leyes, procedimientos y estándares que permiten el desarrollo de dicha actividad, la población y/o el país, sin poner en riesgo la salud, equilibrio, conservación y armonía de la población humana, el entorno natural, la infraestructura física y las relaciones entre la empresa ejecutora de un proyecto con la población que se asienta alrededor de ella y con los organismos encargados de velar por el cumplimiento de dichas normas, leyes y estándares.
Para la ejecución del Estudio de Impacto Ambiental Expost para la Fase de Explotación de la Concesión Minera “LA Misionera”, se toma en cuenta el siguiente marco jurídico; considerando a la Constitución Política del Estado Ecuatoriano como la norma de máxima jerarquía; en tal virtud el resto de normas analizadas, están subordinadas a la misma.
3.1.1 Marco Legal Ambiental General.
El Art. 3 de la Constitución señala como deber primordial del
Estado “proteger el patrimonio natural y cultural del país”.
Ecuador R.O. 449 del 20 de Octubre
La Constitución Política de Ecuador, dentro de su Título II – Derechos – Capítulo segundo, Sección segunda – Ambiente sano,
en el Artículo 14, señala: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. Art. 15: El Estado promoverá en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y energías no contaminantes y de bajo impacto. Título VII – Régimen del Buen Vivir – Capítulo segundo – Biodiversidad y Recursos Naturales, Sección primera – Naturaleza
ambiente, Art. 395: “El Estado garantizará un modelo
sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras”. “Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera
transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas…”.
“El Estado garantizará la participación activa y permanente de
las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas,
en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. “La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo
daño al ambiente, además de sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas”. Sección séptima – Biosfera, ecología urbana y energías alternativas – Art. 411: El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales asociados al ciclo hidrológico. Art. 413: El Estado promoverá a eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas, ni el derecho al agua.
Ambiental. Ley 99-
del 30 de Julio de
Ley Reformatoria al Código Penal. Ley 99-49. R. O. No. 2 de 25 de enero del
La Ley de Gestión Ambiental (Art. 1), establece los principios y directrices de política ambiental; se determinan las obligaciones y
responsabilidades de los sectores público y privado en gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en
esta materia. En el Capítulo III, de la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental, artículo 19 determina que “Las obras públicas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados
de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental,
cuyo principio rector será el precautelatorio”; en el artículo 20
señala que…”para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el ministerio del ramo”; y, en el artículo 21, “Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes
de manejo; planes de manejo de riesgos; sistemas de monitoreo;
planes de contingencias y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono…”. Esta Ley Establece los principios ejecutables de información y vigilancia ambiental, aplicando mecanismos de participación social para lograr un adecuado control de la contaminación ambiental y protección del ambiente (especialmente los Arts. 28, 29, 39, 40, 41 y 42).
En la Ley Reformatoria al Código Penal se agregan los Capítulos
VII A y Capítulo X A para incorporar los Delitos Contra el
Patrimonio Cultural y los Delitos Contra el Medio Ambiente,
respectivamente. Sobre los delitos contra el Medio Ambiente
propone que su objetivo principal no e castigar sino respaldar el cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes al sancionar a
los funcionarios o empleados públicos que actuando por sí
mismos o como miembro de un cuerpo colegiado, autoricen o permitan que se viertan residuos contaminantes de cualquier
clase por encima de los límites fijados de conformidad con la ley (Art. 437 lit e). En su aspecto fundamental se otorga potestad al sistema judicial para ordenar, como medida cautelar, la suspensión inmediata
de la actividad contaminante, así como la clausura definitiva o
temporal del establecimiento, sin perjuicio de lo que pueda
ordenar la autoridad competente en materia ambiental (Art. 437
lit K).
Texto Unificado de Legislación Secundaria. Registro Oficial N°
Título Preliminar: De las Políticas Básicas Ambientales del Ecuador Política 11: Reconociendo que el ambiente y sus regulaciones jurídicas deben afrontarse de forma integral, pero que es conveniente enfatizar en la prevención y control con la finalidad
725 del 16 de
evitar la ocurrencia de daños ambientales:
perjuicio de afrontar los asuntos ambientales en forma integral,
– Suplemento R.O.
incluyendo sus regulaciones jurídicas, se dará especial prioridad a
prevención y control a fin de evitar daños ambientales
del 31 de marzo de 2003.
provenientes de la degradación del ambiente y de la contaminación, poniendo atención en la obtención de permisos previos, límites de tolerancia para cada sustancia, ejercicio de la supervisión y control por parte del Estado en las actividades potencialmente degradantes y/o contaminantes. La
degradación y la contaminación como ilícitos (una vez que sobrepasen los límites de tolerancia) serán merecedoras de sanciones para los infractores, a la vez que su obligación de reparación de los daños causados y de restauración del medio
ambiente o recurso afectado. Libro VI: De la Calidad Ambiental Las políticas nacionales de residuos sólidos (Título II), el Comité de Coordinación y Cooperación Interinstitucional para la Gestión de Residuos (Título III), el Reglamento para la Prevención y Control de
la Contaminación por Desechos Peligrosos (Título V), la Reforma al
Régimen Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos y, finalmente el Título VII Del Cambio Climático y de la Creación del Comité Nacional del Clima. El Art. 83. indica que “El regulado deberá contar con un plan de manejo ambiental aprobado por la entidad ambiental de control
y realizará a sus actividades, auditorías ambientales de
cumplimiento con las normativas ambientales vigentes y con su plan de manejo ambiental acorde a lo establecido en el Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas ambientales.”
El Sistema Único de Manejo Ambiental abarca el proceso de evaluación de impactos ambientales desde el proceso de presentación, revisión, licenciamiento y seguimiento ambiental de una actividad o un proyecto propuesto, considerando mecanismos de coordinación interinstitucional establecidos a través de las figuras de la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr) y las Autoridades Ambientales de Aplicación Cooperantes (AAAc), ambas integrantes del Sistema Nacional Descentralizado o de Gestión Ambiental (SNDGA).
En el Art. 7, literal (a) del Reglamento Ambiental de Actividades
Eléctricas - RAAE, con el propósito de ejecutar las funciones atribuidas por la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, sus reformas
y demás Reglamentos aplicables al sector eléctrico en el área
ambiental, le corresponde al Consejo Nacional de Electricidad – CONELEC “cumplir y hacer cumplir la legislación ambiental aplicable a las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica así como las disposiciones que se derivan del RAAE”. Conforme al Art. 3 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, el
CONELEC deberá aprobar los estudios de impacto ambiental y verificará su cumplimiento a través del Plan de Manejo Ambiental de los proyectos u obras de generación, transmisión y distribución, con excepción de los casos contemplados en el Art.10 de La Coordinación Administrativa con el Ministerio del Ambiente. El Sistema Único de Manejo Ambiental – SUMA – descrito en el Título I, del Libro VI de La Calidad Ambiental, señala en los artículos 19 hasta 24 a la Ley de Gestión Ambiental, en lo referente a: Marco institucional, mecanismos de coordinación interinstitucional y los elementos del sub-sistema de evaluación de impacto ambiental, el proceso de evaluación de impacto ambiental, así como los procedimientos de impugnación, suspensión revocatoria y registro de licencias ambientales. Los principios del SUMA son la transparencia, agilidad, eficacia y la eficiencia así como la coordinación interinstitucional de las decisiones relativas a proyectos propuestos con potencial impacto y/o riesgo ambiental.
En el Artículo 7 de la Ley de Patrimonio Cultural se especifica que
Cultural. Codificación Registro Oficial N°
bienes son considerados pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado. El Artículo 30 de la misma ley dice: “En toda clase de
exploraciones mineras, de movimientos de tierra para
edificaciones, para construcciones viales o de otra naturaleza, lo
mismo que en demoliciones de edificaciones quedan a salvo los derechos del Estado sobre los monumentos históricos, objetos de interés arqueológico y paleontológico que puedan hallarse en la superficie o subsuelo al realizarse los trabajos. Para estos casos, el contratista, administrador o inmediato responsable dará cuenta al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y suspenderán las labores en el sitio donde se haya verificado el hallazgo”. En el artículo 30 de la Ley de Patrimonio Cultural se establece que las actividades de mitigación arqueológica no sólo deben circunscribirse a trabajos en bloques de explotación petrolera, zonas de extracción minera, sino también a obras de expansión y renovación urbana y vial, construcción de represas, dragado y mantenimiento de ríos, canales y puertos, construcción de redes eléctricas, entre otras. El Reglamento al Artículo 30 de la Ley de Patrimonio Cultural en su artículo 15 indica lo siguiente:
“Todas las instituciones nacionales y seccionales, tales como Ministerios, Consejos Provinciales, Municipios, Entidades Autónomas y las de la Empresa Privada, que ejecuten proyectos de desarrollo que involucren la transformación del paisaje mediante el movimiento de tierra, inundación o recubrimiento de la superficie natural del terreno, o que analice, evalúen, financien y/o concedan permiso de construcción o ejecución de este tipo de proyectos a terceros, deberán asegurarse que en dichos proyectos se cumpla con lo dispuesto en este reglamento del artículo 30 de la Ley de Patrimonio Cultural”.
Codificación de la Ley de Aguas 2004
Se regula el aprovechamiento de las aguas marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas del territorio nacional,
-016.
en todos sus estados físicos y formas (Art. 1). Art. 3.- Para los fines de esta Ley, decláranse también bienes nacionales de uso público todas las aguas, inclusive las que se han considerado de propiedad particular. Sus usuarios continuarán gozándolas como titulares de un derecho de aprovechamiento de conformidad con esta Ley.
Art. 5.- Por derecho de aprovechamiento se entenderá la autorización administrativa, intransferible, para el uso de las aguas con los requisitos prescritos en esta Ley; salvo el caso de transferencia de dominio, con la sola presentación del título de propiedad del predio por parte de su adquirente, SENAGUA traspasará automáticamente la concesión del derecho de uso del agua en forma total o proporcional a la superficie vendida al nuevo titular. Las aguas destinadas a un inmueble o industria, podrán ser usadas por el mero tenedor de
éstas, en las mismas condiciones y con las limitaciones que tuvo el titular del derecho de aprovechamiento. Art. 7.- La concesión de un derecho de aprovechamiento de aguas, estará condicionado a las disponibilidades del recurso
y a las necesidades reales del objeto al que se destina.
Art. 12.- El Estado garantiza a los particulares el uso de las aguas, con la limitación necesaria para su eficiente aprovechamiento en
favor de la producción. Art. 22.- Prohíbese toda contaminación de las aguas que afecte
la salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna.
Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el
Ministerio de Salud Pública y las demás entidades estatales, aplicará la política que permita el cumplimiento de esta disposición. Se concede acción popular para denunciar los
hechos que se relacionan con contaminación de agua. La denuncia se presentará en la Defensoría del Pueblo.
3.1.2 Marco Legal Ambiental Específico
Art. 1.- La Ley de Minería norma el ejercicio de los derechos
soberanos del Estado Ecuatoriano, para administrar, regular,
controlar y gestionar el sector estratégico minero, de
conformidad con los principios de sostenibilidad, precaución, prevención y eficiencia.
Estado podrá delegar su participación en el sector minero. a
empresas mixtas mineras en las cuales tenga mayoría accionaria,
o a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria. para
la prospección, exploración y explotación, o el beneficio, fundición y refinación, si fuere el caso, además de la comercialización interna o externa de sustancias minerales. Art. 8.- Agencia de Regulación y Control Minero.- La Agencia de Regulación y Control Minero, es el organismo técnico- administrativo, encargado del ejercicio de la potestad estatal de vigilancia, auditoría, intervención y control de las fases de la actividad minera que realicen la Empresa Nacional Minera, las empresas mixtas mineras, la iniciativa privada, la pequeña minería y minería artesanal y de sustento, de conformidad con las regulaciones de esta ley y sus reglamentos.
Art. 18.- Sujetos de derecho minero.- Son sujetos de derecho minero las personas naturales legalmente capaces y las jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas, mixtas o privadas, comunitarias
y de autogestión, cuyo objeto social y funcionamiento se ajusten
a las disposiciones legales vigentes en el país.
Art. 26.- Actos Administrativos Previos.- Para ejecutar las
actividades mineras en los lugares que a continuación se
determinan, se requieren, de manera obligatoria, actos administrativos fundamentados y favorables, otorgados previamente por las siguientes autoridades e instituciones, según sea el caso:
a) En todos los casos, se requiere la aprobación del Estudio de
Impacto Ambiental y el informe sobre la afectación a áreas protegidas por parte del Ministerio del Ambiente; Art. 27.- Fases de la actividad minera.- Para efectos de aplicación de esta ley, las fases de la actividad minera son:
a) Prospección, que consiste en la búsqueda de indicios de
áreas mineralizadas;
b) Exploración, que consiste en la determinación del tamaño y
forma del yacimiento, así como del contenido y calidad del
mineral en él existente. La exploración podrá ser inicial o avanzada e incluye también la evaluación económica del yacimiento. su factibilidad técnica y el diseño de su explotación;
c) Explotación, que comprende el conjunto de operaciones,
trabajos y labores mineras destinadas a la preparación y
desarrollo del yacimiento y a la extracción y transporte de los minerales;
d) Beneficio, que consiste en un conjunto de procesos físicos,
químicos y/o metalúrgicos a los que se someten los minerales producto de la explotación con el objeto de elevar el contenido útil o ley de los mismos; Art. 28.- Libertad de prospección.- Toda persona natural o jurídica,
nacional o extranjera, pública, mixta o privada, comunitarias, asociativas, familiares y de auto gestión, excepto las que prohíbe la Constitución de la República y esta ley. tienen la facultad de prospectar libremente, con el objeto de buscar sustancias minerales, salvo en áreas protegidas y las comprendidas dentro de los límites de concesiones mineras, en zonas urbanas, centros poblados, zonas arqueológicas, bienes declarados de utilidad pública y en las Áreas Mineras Especiales. Cuando sea del caso, deberán obtenerse los actos administrativos favorables previos referidos en el artículo 26 de esta ley. Art. 30.- Concesiones mineras.- El Estado podrá excepcionalmente delegar la participación en el sector minero a través de las concesiones. La concesión minera es un acto administrativo que otorga un título minero, sobre el cual el titular tiene un derecho personal, que es transferible previa la calificación obligatoria de la idoneidad del cesionario de los derechos mineros por parte del Ministerio Sectorial, y sobre éste se podrán establecer prendas, cesiones en garantía y otras garantías previstas en las leyes, de acuerdo con las prescripciones y requisitos contemplados en la presente ley y su reglamento general. Art. 41.- Contrato de Explotación Minera.- En el plazo de seis
meses desde la resolución que declara el inicio de la etapa de explotación, el concesionario minero deberá suscribir con el Estado, a través del Ministerio Sectorial, un Contrato de Explotación Minera que contendrá los términos, condiciones y plazos para las etapas de construcción y montaje, extracción, transporte, y comercialización de los minerales obtenidos dentro de los límites de la concesión minera. El modelo de este contrato será aprobado por el Ministerio Sectorial mediante acuerdo ministerial. Asimismo, los contratos deberán contener las obligaciones del concesionario minero en materias de gestión ambiental, presentación de garantías, relación con las comunidades, pago de regalías y actividades de cierre parcial o total de la Art. 45.- Autorización para instalación y operación de plantas.- El Ministerio Sectorial podrá autorizar la instalación y operación de plantas de beneficio, fundición o refinación a cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, pública, mixta o privada, comunitarias y de auto gestión, que lo solicite de conformidad con lo establecido en la presente ley y su reglamento general. No será requisito ser titular de una concesión minera para presentar dicha solicitud. Para la pequeña minería, el Estado autorizará el funcionamiento de plantas de beneficio de minerales, constituidas exclusivamente por trituración y molienda, con una capacidad instalada de 10 toneladas diarias y plantas de beneficio: que incluyan trituración, molienda, flotación y/o cianuración con una capacidad mínima de 50 toneladas diarias. Las personas naturales o jurídicas que soliciten autorización de instalación y operación de plantas de beneficio, fundición o refinación, deberán contar con la respectiva Licencia Ambiental, incluso si fuesen concesionarios. Art. 46.- Derechos del concesionario minero para la instalación de plantas.- Los titulares de concesiones mineras pueden instalar y operar plantas de beneficio, fundición y refinación, al amparo de sus concesiones, sin necesidad de solicitar la autorización prevista en el artículo anterior, siempre que dichas plantas se destinen a tratar los minerales de las mismas. El tratamiento de minerales ajenos a la concesión requerirá la autorización respectiva. Art. 47.- Informes semestrales.- Los titulares de plantas de beneficio, fundición y refinación, presentarán informes semestrales de sus actividades al Ministerio Sectorial, consignando la información requerida por la autoridad competente, conjuntamente con un resumen de las inversiones y trabajos realizados, la producción obtenida y los resultados técnicos de la operación. Art. 49.- Derecho de libre comercialización.- Los titulares de concesiones mineras pueden comercializar libremente su producción dentro o fuera del país. Art. 78.- Estudios de impacto ambiental y Auditorías Ambientales.- Los titulares de concesiones mineras y plantas de beneficio, fundición y refinación, previamente a la iniciación de las actividades mineras en todas sus fases, de conformidad a lo determinado en el inciso siguiente, deberán efectuar y presentar estudios de impacto ambiental en la fase de exploración inicial, estudios de impacto ambiental definitivos y planes de manejo
ambiental en la fase de exploración avanzada y subsiguientes, para prevenir, mitigar, controlar y reparar los impactos ambientales y sociales derivados de sus actividades, estudios que deberán ser aprobados por el Ministerio del Ambiente, con el otorgamiento de la respectiva Licencia Ambiental. No podrán ejecutarse actividades mineras de exploración inicial, avanzada, explotación, beneficio, fundición, refinación y cierre de minas que no cuenten con la respectiva Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio del ramo. Para el procedimiento de presentación y calificación de los estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental y otorgamiento de licencias ambientales, los límites permisibles y parámetros técnicos exigibles serán aquellos establecidos en la normativa ambiental vigente. Todas las fases de la actividad minera y sus informes ambientales aprobatorios requieren de la presentación de garantías económicas determinadas en la normativa ambiental legal y reglamentaria vigente. Los términos de referencia y los concursos para la elaboración de estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental y auditorías ambientales deberán ser elaborados, obligatoriamente por el Ministerio del Ambiente y otras instituciones públicas competentes, estas atribuciones son indelegables a instituciones privadas. Los gastos en los que el ministerio del ambiente incurra por estos términos de referencia y concursos serán asumidos por el concesionario. Los titulares de derechos mineros están obligados a presentar una auditoría ambiental anual que permita a la entidad de control monitorear, vigilar y verificar el cumplimiento de los planes de manejo ambiental.
Art. 79.- Tratamiento de aguas.- Los titulares de derechos mineros
y mineros artesanales que, previa autorización de la autoridad
única del agua, utilicen aguas para sus trabajos y procesos, deben devolverlas al cauce original del río o a la cuenca del lago o laguna de donde fueron tomadas, libres de
contaminación o cumpliendo los límites permisibles establecidos en la normativa ambiental y del agua vigentes, con el fin que no se afecte a los derechos de las personas y de la naturaleza reconocidos constitucionalmente.
El tratamiento a darse a las aguas para garantizar su calidad y la
observancia de los parámetros de calidad ambiental correspondientes, deberá preverse en el respectivo sistema de manejo ambiental, con observancia de lo previsto en las leyes pertinentes y sus reglamentos. Art. 82.- Conservación de la flora y fauna.- Los estudios de
impacto ambiental y los planes de manejo ambiental, deberán contener información acerca de las especies de flora y fauna existentes en la zona, así como realizar los estudios de monitoreo y las respectivas medidas de mitigación de impactos en ellas. Art. 86.- Daños ambientales.- Para todos los efectos legales derivados de la aplicación de las disposiciones del presente artículo y de la normativa ambiental vigente, la autoridad legal es
Decreto Ejecutivo Nº 119.
a terceros se estará a lo establecido en la Constitución de la
República del Ecuador y en la normativa civil y penal vigente. Art. 87.- Derecho a la información, participación y consulta.- El
Estado, es responsable de ejecutar los procesos de participación
y consulta social a través de las instituciones públicas que
correspondan de acuerdo a los principios constitucionales y a la
normativa vigente. Dicha competencia es indelegable a cualquier instancia privada. Art. 88.- Procesos de Información: A partir del otorgamiento de una concesión minera y durante todas las etapas de ésta, el concesionario, a través del Estado, deberá informar adecuadamente a las autoridades competentes, gobiernos autónomos descentralizados, comunidades y entidades que representen intereses sociales, ambientales o gremiales, acerca de los posibles impactos, tanto positivos como negativos de la actividad minera.
Art. 89.- Procesos de Participación y Consulta.- La participación ciudadana es un proceso que tiene como finalidad considerar e incorporar los criterios de la comunidad a la gestión social y ambiental de un proyecto minero, dicho proceso deberá llevarse
a cabo en todas las fases de la actividad minera, en el marco de
los procedimientos y mecanismos establecidos en la Constitución
Art. 91.- Denuncias de Amenazas o Daños Sociales y Ambientales.- Existirá acción popular para denunciar las actividades mineras que generen impactos sociales, culturales o ambientales, las que podrán ser denunciadas por cualquier persona natural o jurídica ante el Ministerio El reglamento tiene como objeto, establecer la normativa necesaria para la aplicación de la Ley de Minería. (Art. 1). La Política minera, le corresponde al Presidente de la República (Art. 2). Para el desarrollo de dicha política, el Estado obrará por intermedio del Ministerio Sectorial.
Art. 7.- la Agencia de Regulación de Control Minero.- Es el organismo técnico-administrativo, encargado del ejercicio de la potestad estatal de vigilancia, inspección, auditoría y
fiscalización, intervención, control y sanción en todas las fases de
la actividad minera, de conformidad con las disposiciones de la
Ley de Minería y su Reglamento. Art. 9.- El Registro Minero constituye el sistema de información e
inspección de títulos, autorizaciones, contratos mineros y de toda decisión administrativa o judicial, que hubiere causado estado en materia minera.
Art. 10.- La ARCOM mantendrá consolidada y actualizada la base de datos alfanumérica y gráfica en el Catastro Nacional Minero, que permita a las entidades determinadas en la Ley, la supervisión y control de esta información. Art. 57.- El modelo de contrato, condiciones generales y particulares a cada de tipo de contratación, constarán en los acuerdos ministeriales promulgadas por el Ministerio Sectorial, en concordancia con lo establecido en el Art. 41 de la Ley de Minería. Art. 1.- Ámbito de aplicación.- El reglamento, las normas
técnicas ambientales incorporadas a él y aquellas que se
expidan sobre su base, regulan en todo el territorio nacional
la gestión ambiental en las actividades mineras en sus fases de
Suplemento Nº 67,
prospección, exploración inicial y avanzada, explotación,
beneficio, procesamiento, fundición, refinación, comercialización
cierre de minas; así como también en las actividades de cierres
parciales y totales de labores. Art. 2.- Objeto.- El reglamento tiene por objeto promover el desarrollo sustentable de la minería en el Ecuador, a través del establecimiento de normas, procedimientos, procesos y subprocesos, para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los efectos que las actividades mineras puedan tener sobre el medio ambiente y la sociedad, en todo el territorio nacional. Art. 3.- - Autoridad ambiental minera.- Para todos los efectos ambientales derivados de la actividad minera, de acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales sobre la materia, la
autoridad ambiental nacional en el ámbito minero la ejerce el Ministerio del Ambiente y sus órganos. Art. 5.- Responsabilidad de los titulares mineros y de sus
contratistas.- Los titulares mineros serán responsables civil, penal y
administrativamente por las actividades y operaciones de sus
contratistas ante el Estado Ecuatoriano, el Ministerio del Ambiente
y los ciudadanos en general.
Art. 8.- Contratación de consultores.- Para efectos de la elaboración de los términos de referencia y la realización de los concursos para la contratación de los estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental y auditorías ambientales, el Ministerio del Ambiente contará con un Registro de Consultores Ambientales. Art. 9.- Certificado de intersección.- En todos los casos el titular minero deberá obtener de la Autoridad Ambiental el Certificado de Intersección del cual se desprenda la intersección de la obra, actividad o proyecto con relación a las áreas protegidas,
patrimonio forestal del Estado o bosques protectores. Art. 10.- Términos de referencia para estudios de impacto ambiental minero.- Los estudios de impacto ambiental minero se realizarán en función de términos de referencia (TDRs) por tipo de proyecto y para cada una de las fases mineras. El Ministerio del Ambiente, a través de acuerdo ministerial, expedirá las correspondientes normas técnicas que establecerán los contenidos, características y condiciones mínimas que deberán contener los términos de referencia tipo, para todas las actividades y fases mineras.
El titular de los derechos mineros focalizará y justificará el alcance
de los términos de referencia en función de su proyecto en particular. Estos serán sometidos a evaluación del Ministerio del
Ambiente que los aprobará, observará o rechazará. El proponente podrá volver a solicitar su aprobación tantas veces cuantas considere necesarias. Las observaciones que
realice la Autoridad Ambiental deberán ser debidamente notificadas para que el titular minero las acepte o aclare en forma previa a su aprobación definitiva. Art. 11.- Estudios de impacto ambiental para actividades
mineras.- Previo al inicio de cualquier actividad minera se
presentará al Ministerio del Ambiente el correspondiente
estudio de impacto ambiental de acuerdo con las disposiciones de este reglamento y demás normativa ambiental vigente. El estudio de impacto ambiental para actividades mineras deberá identificar, describir y valorar, de manera precisa y en función de las características de cada caso en particular, los efectos previsibles que la ejecución del proyecto minero producirá sobre los distintos aspectos socio-económico- ambientales. El estudio de impacto ambiental incluirá además el correspondiente plan de manejo ambiental, que contemple acciones requeridas para prevenir, mitigar, controlar, compensar, corregir y reparar los posibles efectos o impactos ambientales negativos, o maximizar los impactos positivos causados en el desarrollo de la actividad minera, con su respectivo cronograma y presupuesto. El plan de manejo ambiental comprenderá también aspectos de seguimiento, evaluación, monitoreo, y los de contingencia, cierres parciales de operaciones y cierre y abandono de operaciones mineras, con sus respectivos planes, cronogramas y presupuestos.
Art. 13.- Participación social.- Adjunto al estudio de impacto ambiental se deberá presentar el informe del proceso de participación social realizado en los términos establecidos en la normativa pertinente.
Decreto Ejecutivo 1040 – Reglamento de aplicación de los mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental.
El Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la ley de Gestión Ambiental del Decreto Ejecutivo No. 1040, Abril 22, 2008 y publicado en el Registro Oficial No. 332, Mayo 8, 2008, establece criterios y mecanismos de participación ciudadana que deben ser adoptados por las autoridades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, con el propósito de salvaguardar la seguridad jurídica, la gobernabilidad de la Gestión Pública y sobre todo, la participación social en materia ambiental. El Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social, manifiesta en su Art. 6 que la Participación tiene por objeto el conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir los riesgos ambientales. Los fines de este Reglamento establecidos en su Art. 4, son los siguientes:
- Precisar los mecanismos determinados en la Ley de Gestión Ambiental. - Permitir a las autoridades conocer los criterios de la comunidad en relación al proyecto que genere un impacto ambiental.
- Incluir los criterios de la comunidad en el desarrollo de la gestión ambiental.
- Aclarar las actividades que pueden afectar al ambiente, asegurando a la comunidad el acceso a la información disponible.
En el Art. 3 de este Acuerdo Ministerial No. 112 de Julio 2008, en el
Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social (Acuerdo Ministerial Nº 112)
Otros documentos, como Normas, Guías y Estándares Internacionales.
literal a) manifiesta que los mecanismos de participación se efectuarán por uno o varios medios de amplia difusión, en el cual se precisarán las fechas en que estará disponible el borrador del EsIA y PMA. En el mismo artículo, literal d) manifiesta que en el plazo de (7) siete días contados a partir de la fecha de aplicación del mecanismo complementario, se receptarán los comentarios de la comunidad, respecto al borrador del Estudio de Impacto Ambiental y del Plan de Manejo Ambiental, y se dará por concluido el proceso de participación social. El facilitador deberá ser seleccionado por la autoridad competente y no será parte del grupo consultor, ni promotor o ejecutor del proyecto que ejecuta el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental.
Acuerdo Ministerial 112 - Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social de la Ley de Gestión Ambiental, que establece el procedimiento para la aplicación de la participación social que es de carácter obligatoria para todos los proyectos o actividades que requieran licenciamiento ambiental. El MAE será el encargado de la organización, desarrollo y aplicación de los mecanismos de participación y de existir autoridades ambientales acreditadas serán las encargadas de aplicar este instructivo.
Acuerdo Ministerial 106 – Reforma el Acuerdo Ministerial 112; Publicado en el Registro Oficial No. 82 del 7 de diciembre de 2009; establece en su art. 4 que “conforme a la disposición final segunda del Decreto Ejecutivo 1040, publicado en el Registro Oficial 332 de 8 de mayo del 2008, los estudios de impacto ambiental ex-post, los alcances y las reevaluaciones no se acogerán al presente instructivo”.
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 288:2000 - Esta norma expedida por el Instituto Ecuatoriano de Normalización en 1999 presenta medidas para Etiquetado de Precaución de Productos Químicos Industriales Peligrosos.
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 266:2000 - Presenta medidas para el Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos.
Norma INEN 439.- Establece estándares de Colores, Señales y Símbolos de Seguridad, con el propósito de prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así como para hacer frente a ciertas emergencias.
Decreto Ejecutivo 2393.- Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. R.O. N° 565 de 17 de noviembre de 1986. Establece parámetros de conducta y exigencias en cuanto al diseño de instalaciones, compra de equipos y maquinaria que deberán ser cumplidas por las empresas de acuerdo a su ámbito de aplicación. Presenta obligaciones en términos de seguridad y salud ocupacional, que
los empleadores deberán cumplir para con los trabajadores. Se define la importancia de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo (Art. 15).
Según el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la Republica del Ecuador, para todos los efectos ambientales derivados de la actividad minera, de acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales sobre la materia, la Autoridad Nacional en el ámbito minero la ejerce el Ministerio del Ambiente y sus órganos.
Ministerio del Ambiente La Ley de Gestión Ambiental, publicada en 1996, determina que la Autoridad Ambiental Nacional será ejercida por el Ministerio del Ambiente que actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. Le corresponde al Ministerio, entre otras:
 Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para la verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes.
 Definir un sistema de control y seguimiento de las normas y parámetros establecidos y del régimen de permisos y licencias sobre actividades potencialmente contaminantes.
 Dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre los organismos integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, la resolución que se dicte al respecto causará ejecutoría.
El Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente- TULAS viabiliza las disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental. El Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), así como el Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y sus normas técnicas (Anexos del Libro VI De la Calidad Ambiental – TULAS) conforman el subsistema creado para la evaluación de impactos ambientales, licenciamiento y monitoreo ambiental de proyectos y actividades reguladas.
El Reglamento Ambiental para Actividades Mineras establece las siguientes atribuciones:
a. Expedir de forma exclusiva a nivel nacional las normas administrativas, técnicas, manuales y parámetros generales de protección ambiental, para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los efectos que las actividades mineras puedan tener sobre el medio ambiente y la participación social, de obligatorio cumplimiento en el ámbito nacional;
b. Controlar y coordinar con el organismo competente de control expost la verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental
referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes
c. Establecer un subsistema de control ex ante y concurrente para el seguimiento del cumplimiento de las normas y parámetros establecidos
y régimen de autorizaciones administrativas ambientales en general
sobre la actividad minera en todas sus fases;
d. Coordinar y colaborar con el Ministerio Sectorial en la formulación de los criterios ambientales que deben ser incorporados en la elaboración de sus políticas, en los procesos de planificación y en la ejecución de las correspondientes fases de la actividad minera. En estos casos, el Ministerio Sectorial contará con la opinión previa escrita de la Autoridad Ambiental sobre la adecuación del instrumento a la normativa
ambiental vigente;
e. Generar y recopilar información técnica y científica precisa para
prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los efectos que las actividades mineras puedan tener sobre el medio ambiente y la
f. Ejercer las potestades ambientales de seguimiento, evaluación, monitoreo y control de las actividades mineras en todas sus fases, así
como la aceptación y aprobación de las auditorías ambientales de
g. Expedir los actos administrativos de cualquier naturaleza relacionados con la gestión ambiental;
h. Adoptar medidas cautelares en la vía administrativa ambiental o iniciar los procesos que correspondan en los que podrá solicitar la adopción de medidas preventivas a las autoridades competentes, sea en la vía
administrativa o en la vía jurisdiccional, para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los efectos que las actividades mineras puedan tener sobre el medio ambiente y la sociedad, a través de los subsistemas de control ambiental establecidos en la legislación
i. Llevar adelante los procesos para la elaboración de los términos de referencia de los estudios de impacto ambiental, los planes de manejo ambiental y auditorías y los concursos para la elaboración de estos instrumentos de gestión ambiental; esta atribución la podrán ejercer también las instituciones acreditadas al Sistema Único de Manejo Ambiental, en el marco de la regulación ambiental minera contenida en este reglamento y demás normativa ambiental vigente;
j. Elaborar las normas técnicas y mantener a su cargo toda clase de
registros de usuarios de los servicios de naturaleza ambiental. Los registros en mención contendrán el listado de personas naturales o jurídicas que presten servicios ambientales y que, por disposiciones expresas de la Ley de Minería, deben ser contratados con fondos del promotor de la actividad;
k. Ejercer la potestad sancionatoria establecida en la normativa ambiental
y en este reglamento, en el ámbito administrativo, distribuida en los
órganos que para el efecto establezca la normativa aplicable para tal
l. Llevar a la práctica procesos de difusión y capacitación tanto para el
desarrollo de estudios ambientales y planes de manejo específicos y
simplificados para la pequeña minería y minería artesanal, como para la obtención del licenciamiento ambiental y su correspondiente proceso de evaluación y monitoreo. Para este efecto coordinará con el Ministerio Sectorial;
m. Participar activamente en programas especiales de manejo ambiental para la pequeña minería y minería artesanal, de manera que los estudios ambientales y los planes correspondientes se apliquen en las fases simultáneas de exploración, explotación, beneficio o procesamiento propias de este régimen especial. Para este efecto coordinará con el Ministerio Sectorial; y,
n. Las demás que se le asignen.
2.4 Metodología general para el desarrollo del EIA Expost y Plan de Manejo Ambiental.
El Estudio de Impacto Ambiental Expost se desarrolló con la participación de un grupo interdisciplinario de técnicos con la debida experticia en cada una de las áreas, para el levantamiento de información de campo, la elaboración de la línea base, la sistematización de la información, el análisis de la descripción del proyecto, la evaluación y calificación de impactos, definición de influencia, áreas sensibles, la elaboración del Plan de Manejo Ambiental y la coordinación de los procesos de Consulta y Participación Ciudadana.
 Recopilación y análisis de la información secundaria existente.
 Trabajo y caracterización en el campo, con el fin de desarrollar una evaluación efectiva y objetiva de las condiciones socio-ambientales del área de influencia del proyecto minero La Misionera. Durante el trabajo de campo se aplicó la metodología descrita en el Capítulo 5 del EIA expost.
 Elaboración de los respectivos informes técnicos; recopilación y edición de la información para la elaboración del informe final del Estudio de Impacto Ambiental Expost, a presentarse a la Autoridad Ambiental.
 Ejecución del proceso de Participación Social, en coordinación con el Ministerio del Ambiente.
 Inclusión de los comentarios, observaciones y sugerencias derivadas del proceso de Participación Social
 Edición del documento final y entrega al Organismo Ambiental de Control.
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 artículo 21
 Artículo 7
 Artículo 30
 artículo 30
 Artículo 30
 artículo 15
 artículo 30
 artículo 26
 resolución 
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