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﻿ SENTENCIA 12129 DE MARZO 16 DE 2000
SENTENCIA 12129 DE 16 DE MARZO DE 2000
CONTENIDO:AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. OMISIÓN DEL DEBER DEL FISCAL DE FIJAR DE OFICIO SU CELEBRACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:CENTRO DE CONCILIACIÓN, DEBERES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, ACTA DE CONCILIACIÓN
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:343 DE JULIO DE 2000, PÁG.1167
Sentencia 12129 de marzo 16 de 2000
OMISIÓN DEL DEBER DEL FISCAL DE FIJAR DE OFICIO SU CELEBRACIÓN
EXTRACTOS: «El procurador delegado solicita la nulidad de lo actuado a partir de la resolución de apertura de la investigación porque, a su juicio, se omitió un “requisito” del debido proceso, pues no se dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 38 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que el delito por el que finalmente se condenó al procesado es contra el patrimonio económico en cuantía inferior a doscientos salarios mínimos legales, lo que implicaba que en tal proveído se dispusiera la celebración de una audiencia de conciliación dándole así la oportunidad al procesado de que indemnizara los perjuicios ocasionados con la infracción y obtener, como consecuencia la cesación de procedimiento.
Así, y siendo que los hechos materia de esta investigación ocurrieron en vigencia de la Ley 81 de 1993, mediante la cual se introdujeron varias modificaciones al Decreto 2700 de 1991, bajo cuyo imperio, desde luego, se rituó el presente proceso, debe iniciarse por dejar claro que las disposiciones que cita el delegado eran, en efecto, las aplicables en este caso, esto es, que respecto de los delitos objeto de la acusación y la sentencia, bien podía extinguirse la acción penal si las partes —procesado y titulares de la acción civil— hubiesen conciliado ante el funcionario instructor, o porque aquél haya indemnizado integralmente al perjudicado por los daños y perjuicios causados con la infracción penal.
Además, y sólo con el fin de hacer la correspondiente precisión conceptual respecto de los argumentos del delegado, se impone aclarar, que la aplicación de las referidas disposiciones era procedente, no sólo a partir del momento en que se imputó el delito de estafa, esto es desde la resolución acusatoria, sino también en relación con el de abuso de circunstancias de inferioridad, como quiera que este hecho punible pertenece al título XIV del Código Penal que trata de los “delitos contra el patrimonio económico”, siendo cosa distinta que, teniendo en cuenta la absolución de que fue objeto Urueña Osorio, por dicha infracción, considere que, desde su punto de vista, resulte menos traumático la invalidación del proceso únicamente a partir de la concreción formal del cargo por el que se condenó al procesado, esto es, respecto del delito de estafa.
Ahora bien, y como quiera que la escueta petición del Ministerio Público se reduce a afirmar que la citación a la mencionada diligencia era obligatoria al iniciar la investigación, a efectos de responder las inquietudes planteadas, corresponde en primer lugar establecer, si de acuerdo con la filosofía de la norma en cita y la regulación procesal, tal omisión de parte de la fiscalía comporta irregularidad sustancial, e igualmente si dicha actuación integra el concepto del debido proceso, por manera que su ausencia vicie la actuación posterior.
En efecto, el artículo 38 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 6º de la Ley 81 de 1993, establece respecto de esta institución:
“Conciliación durante la etapa de la investigación previa o del proceso. A solicitud del imputado o procesado y/o los titulares de la acción civil, el funcionario judicial podrá disponer en cualquier tiempo la celebración de audiencia de conciliación, en los delitos que admitan desistimiento y en los casos previstos en el artículo 39 de este código. En todos los casos, cuando no se hubiere hecho solicitud, en la resolución de apertura de investigación el funcionario señalará fecha y hora para la celebración de audiencia de conciliación, que se llevará a cabo dentro de los diez (10) días siguientes.
Obtenida la conciliación, el fiscal o el juez podrá suspender la actuación por un término máximo de treinta (30) días. Garantizado el cumplimiento del acuerdo, se proferirá resolución inhibitoria, de preclusión de la instrucción o cesación de procedimiento.
Si no se cumpliere lo pactado, se continuará inmediatamente el trámite que corresponda.
No es necesaria audiencia de conciliación cuando el perjudicado manifieste haber sido indemnizado o haber estado de acuerdo con el monto propuesto por quien debe indemnizar.
PAR.—Límite de las audiencias. No se podrá realizar más de dos audiencias de conciliación, ni admitirse suspensión o prórroga del término para cumplir o garantizar el cumplimiento del acuerdo”.
Así, entonces, y concretamente en lo que respecta al contenido de la norma transcrita en precedencia respecto del deber del fiscal de convocar a las partes a audiencia de conciliación en la resolución de apertura de la investigación, necesario resulta recordar que los propósitos del legislador al introducir sustanciales modificaciones al Decreto 2700 de 1991 mediante la Ley 81 de 1993, apuntaron a perfeccionar y solucionar los inconvenientes que surgieron con la aplicación de la normatividad inicialmente citada, pues no sólo con ella se entraba en una fase de transición en materia procesal, puesto que se pasaba de un sistema meramente inquisitivo a uno acusatorio o “semiacusatorio” como se denominó en el proyecto de Ley 205 de 1992, presentado por los doctores Andrés González Díaz y Gustavo de Greiff Restrepo, entonces Ministro de Justicia y del Derecho y Fiscal General de la Nación, respectivamente, de entonces, sino que “Para cumplir con el objetivo propuesto se siguieron orientaciones generales como una mayor aproximación al sistema acusatorio; precisar algunas de las normas que consolidan la política de sometimiento a la justicia y de cooperación con ella; plantear nuevas alternativas tendientes a una mayor celeridad y eficacia de la acción de la justicia y la plena garantía de los derechos fundamentales, siempre bajo la concepción según la cual el derecho procesal es un medio para lograr la efectividad del derecho material, tal como lo establece el artículo 228 de la Constitución Política”, sosteniéndose frente a instituciones como la conciliación y la indemnización integral que con la finalidad de que la utilización del derecho penal sólo sea viable en los casos necesarios, “se propone la ampliación de la conciliación, como instrumento procesal que tiende a limar las diferencias patrimoniales. Este mecanismo ha reportado grandes beneficios en su aplicación en materia de delitos que admiten desistimiento y en las contravenciones”, razón por la cual, se consideró la posibilidad de extender este mecanismo a los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas en donde no concurra ninguna circunstancia específica de agravación “y en los delitos contra el patrimonio económico excepto el hurto calificado y la extorsión”, toda vez, que “la experiencia muestra que en este tipo de hechos punibles los particulares encuentran mayor interés de extinguir la acción penal, cuando logran acordar el resarcimiento de los perjuicios causados mediante el pago de una indemnización”, además que con ello se lograba una mayor celeridad y economía procesal, pues, en casos como los que son objeto de regulación en los artículos 6º y 7º del referido proyecto de ley “resulta inoficioso para el Estado poner en funcionamiento todo su andamiaje judicial cuando están todos los presupuestos de arreglo directo entre los particulares” (Gaceta del Congreso Nº 140, nov. 4/92).
Con esa misma finalidad, la de incrementar el catálogo de conductas penales susceptibles respecto de las cuales es posible la extinción de la acción penal por esta vía, se modificó también el artículo 33 del Decreto 2700 de 1991 en el sentido de aumentar el catálogo de delitos que requieren de querella de parte y por tanto admiten desistimiento, por manera que en el texto inicial de reforma al artículo 38 del Decreto 2700 de 1991 (Proyecto ley, art. 6º) mantuviera básicamente la misma redacción pero incluyendo además, como delitos objeto de la diligencia de conciliación, los relacionados en el artículo 39, aumentando a 200 salarios mínimos la cuantía de los punibles contra el patrimonio económico frente a los cuales es viable la indemnización integral con efectos de preclusión la investigación o cesación del procedimiento, pues en el estatuto procesal vigente sólo procedía respecto de aquellos que admitían desistimiento, introduciéndose, además, en la reforma, un inciso tercero sobre la no necesidad de llevar a cabo tal diligencia cuando el perjudicado “manifieste haber sido indemnizado o haber estado de acuerdo con el monto propuesto por quien debe indemnizar”.
Sin embargo, en el informe para primer debate ante el Senado, los senadores Darío Londoño Cardona y Hugo Castro Borja, ponentes del proyecto de ley, expusieron que luego de consultadas algunas inquietudes con diversos funcionarios de la rama judicial y grupos de expertos en la materia, se le hicieron algunas modificaciones a varios artículos apuntando a “una mayor precisión jurídica, a un cabal acatamiento a los preceptos constitucionales y a la identificación de un más real rigor conceptual como es el que quienes dentro del proceso penal dirigen las etapas del sumario y el juicio cuyo criterio auscultamos” señalándose respecto del artículo 6º del mismo que “su redacción se hace más técnica conservando todo el sentido de la propuesta”, siendo a partir de ese momento que aparece dicha modificación, en los términos en que finalmente fue aprobado el texto definitivo, sin que fuera objetado durante el posterior trámite legislativo.
Colígese entonces de lo anterior, que el hecho de que en la referida norma se disponga que “...En todos los casos, cuando no se hubiere hecho solicitud, en la resolución de apertura de investigación, el funcionario señalará fecha y hora para la celebración de audiencia de conciliación, que se llevará a cabo dentro de los diez (10) días siguientes”, no está significando que el propósito del legislador fuera establecer un requisito de proseguibilidad de la actuación penal en los asuntos por los delitos allí señalados, pues, de conformidad con las finalidades que se trazó la reforma legal, lo único que se buscó fue lograr, de una manera más coherente, que se cumplieran los propósitos de justicia material, efectividad de los derechos y ahorro de tiempo, evitando que el aparato investigativo se desgaste de manera inoficiosa en los casos, en los que, las partes pueden voluntariamente acordar el monto de los perjuicios extinguiendo la acción penal.
Por ello, durante la etapa de la investigación previa, cuando la hubiese, las partes tienen la iniciativa de finiquitar el asunto solicitando la audiencia de conciliación y llegando a un acuerdo económico, por manera que si ello no sucede, corresponde al fiscal en la resolución de apertura de la investigación sugerir esa posibilidad a fin de que, si a bien lo tienen sindicado y titulares de la acción civil, terminen el conflicto por esta vía, pues no debe perderse de vista que lo que se pretende es evitar la dilación de una investigación que bien puede acabarse por voluntad particular, siendo a tal punto flexible la figura, que con el solo hecho de que el perjudicado manifieste haber sido indemnizado o estar conforme con el monto propuesto por quien debe responder patrimonialmente, es posible darle aplicación a este instituto para inhibirse de abrir investigación, precluir la investigación o cesar procedimiento, según el caso.
En este sentido, este instrumento procesal lo que busca es darle cabida a mecanismos que hagan alternativo el uso del derecho penal en asuntos que por su naturaleza, pueden arreglarse por voluntad de los interesados, y si bien sería lo ideal que, como lo prevé la norma en comento, así procediera el fiscal en la resolución de apertura cuando antes no ha mediado solicitud de parte, su omisión, no implica resquebrajamiento de las formas propias de la instrucción o el juzgamiento, pues en principio, es la voluntad privada la que prevalece si se tiene en cuenta que la oportunidad de los legitimados para elevar la solicitud de la mencionada audiencia de conciliación, está dada “en cualquier tiempo”, por manera que la oficiosidad autorizada al funcionario judicial, sólo pretende que si ello es posible, se dé en los albores del proceso, evitando así, actuaciones dilatadas en el tiempo que finalmente llegan a iguales resultados.
Siendo ello así, forzoso resulta concluir, que la nulidad que oficiosamente solicita el procurador primero delegado, carece de fundamento y que por el contrario, tiende únicamente a un formal respeto por la ley que ningún servicio le presta a la judicatura, máxime si se tiene en cuenta que con tal petición se pretende invalidar el proceso desde el cierre de la investigación para que se suscite de parte del procesado una voluntad conciliatoria que no demostró durante todo el trámite, pues no se puede desconocer que todas sus intervenciones personales ante los estrados judiciales (indagatoria y ampliaciones), así como las hechas por parte de su defensa técnica estuvieron tendientes a demostrar la inexistencia del delito contra el patrimonio económico, insistiéndose, como se hace ahora en la demanda de casación en que los hechos investigados no tienen trascendencia en el derecho penal por haberse tratado de simples transacciones comerciales que se vieron abocadas a una serie de inconvenientes, y que debieron dilucidarse ante la justicia civil, pues si otra hubiera sido su intención, habría hecho uso del instrumento procesal cuya aplicación ahora reclama el Ministerio Público.
Por tales razones, se negará la nulidad oficiosa solicitada por el delegado».
(Sentencia de casación, marzo 16 de 2000. Radicación 12.129. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote).

References: resolución 
 artículo 38
 resolución 
 artículo 38
 artículo 6
 artículo 39
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 228
 artículo 33
 artículo 38
 artículo 39
 artículo 6
 resolución 
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