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Timestamp: 2019-03-18 16:24:23+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 507, de 10/09/1998
Año 1998 VI Legislatura Núm. 507
celebrada el jueves, 10 de septiembre de 1998
- Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves. (Número de expediente 122/000191) ... (Página 14630)
- Proyecto de ley sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles. (Número de expediente 121/000076) ... (Página 14630)
Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves. (Número de expediente 122/000191) ... (Página 14630)
Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista proyecto de ley sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles .
(Número de expediente 121/000076) ... (Página 14635)
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- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL EN MATERIA DE PERFECCIONAMIENTO DE LA ACCIÓN INVESTIGADORA RELACIONADA CON EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y OTRAS ACTIVIDADES ILÍCITAS GRAVES. (Número de expediente 122/000191.)
- PROYECTO DE LEY SOBRE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO POR TURNO DE BIENES INMUEBLES. (Número de expediente121/000076.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, iniciamos la sesión de esta Comisión, dándoles en primer lugar la bienvenida después del período vacacional.
En el primer punto del orden del día, como conocen SS.SS., figura la ratificación de la ponencia designada para informar las siguientes iniciativas legislativas. En primer lugar, la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves. ¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.) Queda ratificada.
En segundo lugar, la relativa al proyecto de ley sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles. ¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.) Queda ratificada.
EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL EN MATERIA DE PERFECCIONAMIENTO DE LA ACCIÓN INVESTIGADORA RELACIONADA CON EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y OTRAS ACTIVIDADES ILÍCITAS GRAVES. (Número de expediente 122/000191.)
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves.
Las votaciones, tanto de este texto como del proyecto de ley sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, teniendo en cuenta la hora a la que comenzamos y la previsible duración de los debates, no tendrán lugar antes de las trece horas.
A esta primera proposición de ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que figura en primer lugar en el orden del día y que vamos a debatir en ese orden, tienen formuladas enmiendas vivas la señora Almeida Castro, del Grupo Parlamentario Mixto, y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Haremos un primer turno de intervención de los grupos enmendantes y después cada uno de los portavoces de los restantes grupos parlamentarios que deseen intervenir también podrán consumir un turno en el cual harán las alegaciones que estimen oportunas sobre la proposición, así como pronunciarse sobre las enmiendas a las que he hecho relación.
Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Nuestro grupo había presentado tres enmiendas a la proposición de ley. Algunas de ellas creemos que han sido recogidas, si no en su totalidad, sí como una incorporación al texto que estimamos más ajustada que la que había inicialmente. En cualquier caso, voy a hacer una defensa en el sentido de que, en general, nuestras enmiendas van siempre encaminadas a que haya un control judicial no solamente de la actuación, y a que el control policial esté mucho más regulado y controlado por los jueces, en lugar de por autorizaciones a la policía. En ese sentido, queremos seguir manteniendo vivas nuestras enmiendas al artículo 1.º, en la nueva redacción que se da al artículo 263 bis. En ellas, para hacer todas estas actuaciones a las que se refiere esta ley, damos la competencia al juez de instrucción y al ministerio fiscal, por entender que son los que de verdad tienen autoridad para el control de este tipo de situaciones.
En la proposición de la ley se da también esta misma facultad a los jefes de las unidades orgánicas de la Policía judicial de ámbito provincial y a sus mandos. Creo que no debería abrirse ese cauce para dar algo así como una garantía democrática, aunque sea a posteriori, porque se pierde la esencia del control judicial en todo lo que afecta a derechos fundamentales de la persona o a la quiebra de principios probatorios o de respeto de dichos principios probatorios en nuestro ordenamiento jurídico. Ése es el motivo por el que pedimos a los grupos que reflexionen sobre esas competencias que otorgamos, además de al ministerio fiscal y al juez de instrucción, a mandos de la policía, por si esa competencia pudiera resultar tan amplia que quebrara esos derechos.
En el párrafo tercero de ese mismo artículo, tal y como ha salido de la ponencia, se dice que los funcionarios de la Policía judicial darán cuenta inmediata al ministerio fiscal, pero no se dice que también lo hagan al juez de instrucción. Nosotros añadimos que se incluya también al juez de instrucción porque nos parece que en cualquier caso en el que no haya intervenido todavía el ministerio fiscal y haya algo en el juzgado de instrucción, es más lógico dar cuenta al juez de instrucción, y al fiscal en todo caso. No dar cuenta al juez de instrucción por parte de los funcionarios nos parece que es quitar un control judicial y empezar a hacer como una instrucción paralela al ministerio Fiscal que no es todavía la que está en nuestro ordenamiento jurídico,
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aunque haya deseos de cambiarla. Por tanto, seguimos manteniendo esos dos aspectos fundamentales de nuestra enmienda primera.
En cuanto a la segunda enmienda, aunque no tenga una redacción exacta el articulo 282 bis, creemos que ha sido prácticamente incluida y la vamos a dar por asumida en el texto que procede de la ponencia. La enmienda número 6 al artículo 280 bis pretende añadir en la relación de los delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social los delitos contra la Constitución. Hemos vivido experiencias en las que ha podido haber atentados que quizás se hayan cometido a lo largo de conversaciones contra la propia Constitución. Y también los delitos contra la comunidad internacional. Últimamente estamos viviendo experiencias de este tipo de delitos que tienen la gravedad suficiente para que quizás sea conveniente la quiebra de estos principios y el control judicial.
Nos acaban de manifestar -y ya lo decimos por si no tenemos otro turno- que también se ha solicitado por parte del PNV la inclusión de los delitos contra el tráfico de trabajadores. Queremos señalar que nuestro grupo estaría dispuesto a apoyarla en el sentido que fuera propuesta. Por tanto, aunque no haya turno para aceptación o no de la enmienda, la doy por aceptada y solicito del resto de los grupos que incluyan como delitos los cometidos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social, contra la Constitución y contra la comunidad internacional.
Esas son las enmiendas que seguimos manteniendo con las reflexiones que hemos hecho.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Intervengo para defender la única enmienda que mantenemos viva, así como también para fijar la posición en relación con la proposición y las enmiendas de otros grupos.
Señorías, es obvio que la criminalidad, la delincuencia organizada constituye uno de los problemas fundamentales en materia de seguridad ciudadana, de orden público y puede afectar incluso a la propia sanidad de las instituciones. La lucha contra esta criminalidad no sólo debe efectuarse a través de organismos especiales (como así ha sido hecho, y podemos citar las unidades de lucha contra la delincuencia, el crimen organizado, la propia Fiscalía especial para la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas), sino que es preciso también la modificación y dotar a estas unidades, a la justicia en su conjunto, de instrumentos adecuados para combatir eficazmente, siempre con pleno respeto a los principios del Estado de Derecho, esta delincuencia organizada. Esta es la misión de las dos proposiciones de ley presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario Socialista.
En el trámite de ponencia ha existido un consenso importante, que ha permitido que la mayoría de las enmiendas de los grupos hayan sido incorporadas, y desde ese punto de vista nos tenemos que felicitar de que el control judicial, tal y como consta en el informe evacuado por la ponencia, sea superior al que existía en alguno de los textos que fue presentado a la Comisión. Mi grupo no enmendó el artículo 263 bis, como ha hecho referencia la señora Almeida, en la medida en que ya la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente en ese artículo 263 bis atribuía tanto al ministerio fiscal como a determinadas unidades de policía la posibilidad de autorizar esa circulación vigilada de drogas y otras sustancias. Sin embargo, procedimos a enmendar el artículo 282 en la medida en que entendíamos que atribuía al ministerio fiscal unas funciones de instrucción y de investigación que no se ajustaban estrictamente al modelo actualmente vigente. No nos oponíamos especialmente a revisarlo, pero queríamos que se ajustase al modelo. Al final la solución ha sido una transacción, que consiste en que el ministerio fiscal puede autorizar la presencia o la identidad del agente encubierto, pero debe dar inmediata cuenta al órgano jurisdiccional correspondiente que obvia- mente podrá modificar, revocar o mantener en su caso la citada autorización, y ahí nos hemos puesto de acuerdo. Por lo demás, entendíamos que la figura del agente encubierto, la regulada en el artículo 282 bis, tenía que verse amparada en la actuación que fuese propia de tal agente conforme a los principios de proporcionalidad, que no era preciso efectuar una remisión expresa la apartado séptimo, del artículo 20, del Código Penal y en ese sentido se aceptó la enmienda oportuna; enmienda que establece que será el juez competente -no el juez que haya autorizado al agente encubierto- para conocer de los hipotéticos delitos cometidos el que debiera verificar si en el comportamiento del agente encubierto se había producido algún exceso que pudiera determinar responsabilidad criminal.
Al final nos hemos quedado con una enmienda relativamente sencilla, una enmienda de supresión del número 2del artículo 2.° del texto de la proposición de ley, tal como aparece reflejado en el informe de la ponencia, momento en el que establece que ningún funcionario de la policía judicial podrá ser obligado a actuar como agente encubierto.
Entiende mi grupo que esta disposición en última instancia afecta al Estatuto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que no es la Ley de Enjuiciamiento Criminal el lugar adecuado para establecerlo, sino que será en esa normativa funcionarial donde debe optarse sobre si tiene o deja de tener carácter obligado esa actuación como agente encubierto. Solicitamos su votación favorable, pero tampoco pasaría nada -y así lo manifestamos- si no fuese aceptada. En cualquier caso, entendemos que sería más correcta su desaparición.
Sin embargo, sobre lo que sí quiere llamar la atención mi grupo en estos momentos, de cara a obtener un hipotético compromiso en el Senado, es que en la proposición de ley, que constituye una señal o mensaje importante a la sociedad desde el Congreso de los Diputados, desde las Cortes Generales, se entiende que hay que luchar con mayor eficacia y con más instrumentos contra la criminalidad organizada, lo cual puede plantear algunos problemas de eficacia. Lo digo en un doble sentido, por remarcar dos aspectos de la proposición que entendemos que en el Senado debieran ser objeto de modificación.
Estamos aquí regulando la figura del agente encubierto cuando es posible que en estos momentos en España no exista y que incluso las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no se planteen siquiera que exista dicho agente encubierto, porque es difícil infiltrar un funcionario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro
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de la criminalidad organizada. Más que esa infiltración en la criminalidad organizada lo que se produce es la delación, la colaboración de alguno de los miembros de esta criminalidad organizada, de estas mafias, que unas veces por motivos de venganza, otras veces por motivos económicas, otras incluso buscando un tratamiento favorable de la justicia, ponen en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la previsible y futura comisión de determinados delitos. Y en ese caso son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los que solicitan a ese individuo que permanezca dentro de la organización y pueda suministrar información que garantice el buen fin de una determinada operación.
Pues bien, señorías, es la situación de esas personas la que no resolvemos en esta proposición de ley y cree mi grupo que sería interesante que pueda resolverse de cara a la aprobación que, en su día, pueda tener lugar en el Senado. Son personas que precisamente por requerimientos, repito, de la fiscalía o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se mantienen en el seno de una organización, que con la finalidad de facilitar una determinada operación están perteneciendo a la misma y cabe presumir que están cometiendo determinados delitos. Por tanto, lo que habría que garantizar es que el mismo tratamiento que aquí se prevé para el agente encubierto se dé a esas personas que podríamos denominar infiltradas o encubiertas sobrevenidas, porque siempre han estado en el seno de esas organizaciones. Sin lugar a dudas, esto es algo que creo que debería ser objeto de tratamiento en el Senado.
Del mismo modo se plantea -o puede plantearse- en la práctica otro problema con la sustitución de las sustancias estupefacientes.
Todos los expertos de la policía con los que hemos tenido ocasión de comentarlo, en supuestos de entrega controlada o de circulación, consideran que es preferible la sustitución de las sustancias para evitar los problemas que puedan producirse de desaparición de un circuito que, en principio, se prevé controlado. El problema es cómo se procede -o puede procederse- a esa sustitución, porque hay tribunales que entienden que sólo puede procederse a la apertura de un paquete en el que se presume que existen estupefacientes no ya en presencia del juez y del secretario, sino en presencia del destinatario, con lo cual obviamente esa posibilidad de circulación controlada de la sustancia desaparece total y absolutamente.
Por tanto, quizá fuera interesante de cara al Senado establecer, regular o evitar las discrepancias que puedan producirse en el seno de los tribunales, permitiendo que esa apertura pueda realizarse con todas las garantías necesarias de presencia judicial, de intervención del secretario, e incluso con la intervención de algún abogado de oficio designado por los colegios de abogados, con la finalidad, repito, de que no sea la sustancia tan nociva la que circule, sino que pueda circular la sustancia por la cual haya sido sustituida.
Mi grupo se congratula de la adopción de estas medidas, del nivel de consenso y solicita la aprobación de la enmienda que formulamos, que puede tener un carácter más vinculado al régimen funcionarial que no propiamente estos instrumentos, pero debemos comprometernos en los trámites subsiguientes del proyecto de ley -y ésa es la llamada fundamental- para que éste tenga una eficacia práctica mayor de la que pueda tener -que alguna tiene, sin lugar a dudas- en los términos en los que actualmente se encuentra redactada.
El señor PRESIDENTE: El señor Gómez Rodríguez, de Coalición Canaria, me ha manifestado que su grupo no desea intervenir. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), la señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Señorías, el grupo al que pertenezco mostró desde el primer momento su apoyo a que se tramiten estas dos iniciativas parlamentarias, ya que creemos que es una obligación para el legislador salir al paso de las dificultades de investigación de determinados delitos que conducen a su impunidad.
Eso si, ello debe hacerse huyendo de la provocación del delito y también garantizándose escrupulosamente los derechos fundamentales y el control jurisdiccional de estas actuaciones.
Creemos que todo ello se ha conseguido de una forma bastante aceptable en el trabajo realizado en ponencia, aceptándose en gran medida las enmiendas presentadas por casi todos los grupos. Tal es la suerte que han corrido las enmiendas del Grupo Vasco, que desaparecieron al ser objeto de redacciones transaccionales.
En este acto hemos presentado -y está a disposición de los servicios jurídicos de la Cámara y creo que también de los portavoces de todos los grupos- un añadido a la lista de delitos que podrán ser investigados. Creemos que es una exigencia de la realidad social añadir a los ya con- templados los de los artículos 312 y 313, referidos a los derechos de los trabajadores, el tráfico de éstos y también las redes clandestinas de inmigración. Creemos que la realidad, sobre todo la más reciente, hace necesaria la inclusión de estos delitos. Es evidente que, en estos casos, hay tramas organizadas que son delitos graves, en cuanto que tienen o pueden tener afectación a los derechos fundamentales, de evidente dimensión internacional. Además, a ello se añade la situación geográfica del Estado español, que determina una superior incidencia de esta referida actividad delictiva en relación con nuestra condición de frontera sur de Europa. Por ello, hemos presentado a la consideración de los grupos el añadido de estos tipos delictivos.
Por lo demás, sólo quiero manifestar nuestra conformidad con las enmiendas mantenidas por el Grupo de Convergència i Unió, singularmente en lo que hace referencia ala obligatoriedad o no para los agentes policiales de ser agentes encubiertos, dado que creemos que técnicamente es más adecuado que quede diferida a la propia normativa policial y no a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Quiero manifestar también que, como a ellos, nos ha parecido muy sugerente el interés por aprovechar el trámite del Senado para ampliar la regulación jurídica del inicialmente delincuente arrepentido que colabora desde dentro con la organización.
Con este propósito, manifestamos que nos apuntamos al consenso mayoritario de la Cámara votando estas enmiendas, como también las otras in voce que han sido presentadas por los demás grupos.
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El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Evidentemente, intervengo en turno de fijación de posiciones porque nuestro grupo parlamentario, el grupo parlamentario de Izquierda Unida, no mantiene en estos momentos ninguna enmienda, entendiendo que las que había formulado han sido sustancialmente aceptadas por la ponencia, bien haya sido ello logrado no en base a nuestros propios textos, sino a los textos de otros colaboradores en el trabajo de la misma. Nuestro pronunciamiento tiene que ser de carácter general sobre el texto que hoy, como consecuencia de este trabajo, presentamos a la Comisión como informe.
Nuestro grupo valora muy positivamente que el fenómeno de la delincuencia organizada, de la criminalidad organizada, vaya teniendo en nuestro Derecho correccional un tratamiento cada día más sustantivo. Por ello, no podía oponer ninguna clase de obstáculos a que se facilite la lucha contra dicha criminalidad, tanto desde los ámbitos policiales como desde los ámbitos judiciales, qué duda cabe que compartiendo lo que ha sido expuesto por otros grupos con una preocupación preeminente por la tutela de los derechos de todos los ciudadanos, incluso los presuntos delincuentes y, en consecuencia, manteniendo la necesariedad de la intervención judicial.
Nos gustaría que esta filosofía del tratamiento de la criminalidad organizada de una forma cada día más especifica, pueda verterse algún día en nuestro Código Penal con una especificación porque es obvio que el delito ocasional, aunque el resultado pudiera ser el mismo, no se puede considerar como el delito que constituye el objeto de actuación de una determinada banda u organización, y algún día debería haber no solamente la existencia que pueda haber hoy de agravantes, sino un tratamiento muy especifico de aquellos que han hecho de la delincuencia un modus viven- di y aspiramos a que algún día lo veamos hecho realidad.
Llamamos la atención acerca de que la exposición de motivos va a tener una importancia enorme en la interpretación de estas modificaciones legislativas para que no pueda darse desde ningún supuesto el motivo u ocasión para que estas excepcionales facultades que se conceden a los jefes de las unidades orgánicas de la Policía judicial, a los propios jueces y fiscales, tuvieran una interpretación extensiva para delitos que no sean los expresamente cometidos por bandas u organizaciones dedicadas a la criminalidad.
En esa línea, tal como se ha señalado, la modificación del articulo 263 bis, que amplía el contenido de lo que llamamos entrega vigilada de determinadas sustancias, viene a reforzar lo que ya decía nuestro actual Código Penal en cuanto a la lógica intervención judicial. Llamamos sólo la atención para que no pueda haber en su momento ninguna interpretación contradictoria. Así como decimos en el número 1 del artículo 1.o que la facultad de autorización de circulación o entrega compete al juez de instrucción, ministerio fiscal y jefes de las unidades orgánicas de la Policía judicial de ámbito provincial (a los cuales, a los jueces de instrucción, exigimos que su resolución vaya a parar a manos del juez decano y en cuanto a las resoluciones adoptadas por los jefes de las unidades orgánicas y del propio fiscal vayan a parar a manos del juez), sin embargo al redactar el último párrafo del número 3 hablamos de los funcionarios de la Policía judicial diciendo que darán cuenta inmediata al ministerio fiscal sobre las autorizaciones que hubiesen otorgado.
La frase funcionarios de la Policía judicial no es equiparable, tal como ha querido la ponencia, con la expresión jefes de las unidades orgánicas de ámbito profesional y sus mandos superiores. Nos gustaría que, por tanto, se considerase la posibilidad de que en este apartado último, yo diría casi que como corrección técnica para que haya una coherencia en el texto, más que hablar de los funcionarios de la Policía judicial se dijera los miembros de la Policía judicial, a los que alude el número 1, o se dijera expresamente los jefes de las unidades orgánicas y sus mandos superiores, que son los que deberán dar cuenta inmediata al ministerio fiscal, porque podemos abrir el portillo a que alguien piense que se puede no es el deseo de este proyecto- extender ese poder o facultad bastante importante a cualquier clase de funcionarios de la Policía judicial. Esto en primer lugar.
En segundo lugar, y a la luz de las exposiciones hechas, mostramos nuestra plena conformidad con la propuesta que ha efectuado en estos momentos el Grupo Parlamentario Vasco relativa a la inclusión en el catálogo, entre los que pueden ser objeto de represión por estos medios especializados que aquí contemplamos, de los delitos contra los derechos de los trabajadores de los artículos 312 y 313. Por tanto, daremos nuestro voto favorable.
No tenemos ningún inconveniente en dar nuestro voto favorable a la enmienda que sigue viva del Grupo Parlamentario Catalán sobre la exclusión en este texto de la imposibilidad absoluta de obligación o de imposición a ningún miembro de la Policía judicial de tal papel de agente encubierto, eso si, será con el compromiso contraído entre todos de que lo corrijamos en el texto correspondiente.
Evidentemente, participamos, y en esa medida entonamos nuestra correspondiente mea culpa por no haberlo tenido en consideración, del criterio expuesto por el señor Silva de que habría sido bueno que en este texto hubiéramos aprovechado la ocasión de regular, para una mayor eficacia, qué ocurre con aquellos que, en un momento determinado, sin tener bajo ningún concepto el carácter de funcionario público ni funcionario de Policía judicial, sean confidentes, o aquellos otros que dentro de la trama en la que estuvieran actuando deciden prestar colaboración a la justicia para reprimir toda esta clase de conductas.
Si bien a lo mejor no podemos aportar con presencia física e intelectual una colaboración en el Senado, los grupos que tengan facultad para ello sí pueden contar con que cuando esta ley, por su carácter de orgánica, y, aun- que no lo fuera, vuelva al Congreso tendrá nuestra con- fianza y nuestra conformidad para que se supla tal vacío legislativo.
Queda, como último extremo -perdone, señor presidente no me quiero extender-, la aportación que por parte del Grupo Popular se nos presenta también para que corrijamos en la letra i) del apartado 5 del artículo 2.°, la expresión delitos contra la propiedad por la que hoy está manteniéndose en el propio Código Penal en cuanto a delitos contra los derechos socio-económicos y el patrimonio. Por lo tanto, si se somete a consideración, como así debe ser, también contará con nuestra posición favorable.
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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Gago López.
El señor GAGO LÓPEZ: Brevemente también, para no ser reiterativo, y además porque tampoco mantenemos ninguna enmienda viva. Por lo tanto, para fijar posición en cuanto a las enmiendas que aún se mantienen en este sentido.
En primer lugar, para felicitarnos con el resto de los grupos por haber llegado a un consenso bastante importante en la refundición de estas dos proposiciones de ley presentadas por los grupos Popular y Socialista, y sobre todo por el equilibrio que se mantiene en ellas en el sentido de conseguir una eficacia para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y para los estamentos judiciales en lo que es la lucha contra el crimen organizado, y, por otro lado, mantener ese equilibrio también con todas las defensas de los derechos fundamentales y procesales de los encausados.
Como se dice en la exposición de motivos, por muy abyectos que sean los crímenes, en realidad estos derechos siempre hay que salvaguardarlos, y, por otro lado, el objetivo de cualquier procesamiento y encausamiento es la búsqueda real de la verdad. Por lo tanto, creemos que ese equilibrio se ha conseguido a través de los acuerdos que se han mantenido entre los grupos, por lo que sólo me queda hablar de las enmiendas que quedan vivas.
Se ha presentado una enmienda por el Grupo Popular sobre supresión de un párrafo. En los debates de la ponencia ya habíamos hablado de esta redundancia en el artículo 2.º, por lo que nosotros aceptamos esta supresión del apartado 2 del artículo 2.3, y que quede redactado el apartado 3 del artículo 2.1 tal y como el Grupo Popular mantiene en su enmienda.
También aceptamos la enmienda que presenta el Grupo Vasco por considerar que este tipo de delitos contra los derechos de los trabajadores están plenamente identifica- dos o plenamente incluidos dentro de la definición del crimen organizado.
No estamos de acuerdo con la enmienda que mantiene viva el Grupo Catalán. Aun suponiendo que desde el punto de vista disciplinario se pudiera regular la no obligatoriedad de que ningún funcionario pueda ser obligado a actuar como agente encubierto, pensamos que lo que abunda no daña. No estamos hablando simplemente de una sanción disciplinaria, no estamos hablando de la desobediencia a un mando que exija que un funcionario actúe como agente encubierto; estamos hablando del respeto al derecho que todos tenemos a nuestra propia imagen y a nuestra identidad, y por lo tanto es un derecho que no creemos que se pueda decir que sobra en una ley de estas características y que reafirma la voluntariedad de que los funcionarios de la Policía judicial tengan o no que actuar como agentes encubiertos, utilizando una identidad y una imagen que no es la suya.
En cuanto a las enmiendas presentadas por la señora Almeida, lamento no haberlas podido tratar en los debates de la ponencia al no haber asistido a los mismos la señora Almeida. En todo caso, respecto al control policial al que se refiere el apartado 1 del artículo, creo que el artículo que se modifica contempla la posibilidad, que se mantiene en esta misma ley, de que los jefes de las unidades orgánicas de Policía judicial de ámbito provincial y sus mandos superiores también puedan otorgar estas autorizaciones Por tanto, suprimirlo sería volver atrás cuando en la actualidad este artículo ya mantiene esta posibilidad.
En el último apartado, como antes mencionaba el señor Castellano, se establece la obligatoriedad de dar cuenta al ministerio fiscal y también al juez de instrucción, si existiese un procedimiento judicial abierto, de estas autorizaciones. Es posible, como decía el señor Castellano, que fuese más correcto que en este último apartado en vez de hablar de los funcionarios de la Policía judicial, se dijera los jefes de las unidades orgánicas de Policía judicial de ámbito provincial y sus mandos superiores darán cuenta inmediata al ministerio fiscal sobre autorizaciones, para fijar quienes son los que están autorizados y quienes son los que tienen quedar cuenta, aunque en realidad creo que se sobreentiende.
En cuanto a la inclusión de otro tipo de delitos contra la Hacienda pública, la Seguridad Social, delitos contra la Constitución y contra la comunidad internacional, entiendo que no están plenamente identificados con lo que es el crimen organizado. Por tanto, tampoco vamos a apoyar esta enmienda que mantiene viva la señora Almeida.
En definitiva, entendemos que las correcciones que se puedan realizar en el Senado en relación con esta otra nueva figura de la que hablaba el diputado Silva, referida a aquellas personas que, en principio, son delincuentes y que se mantienen dentro de una trama para poder aportar datos y colaborar con la justicia y con la Policía judicial, deben estudiarse con calma y tranquilidad. Estamos ante la modificación de una ley que afecta exclusivamente a la Policía judicial, a los policías, a aquellas personas que entendemos que tienen un plus de credibilidad, que tienen un plus de servicio a un Estado democrático, por lo que debemos entender que su actitud va a estar siempre de acuerdo con las normas legales, en este caso con estas armas excepcionales para la lucha contra el crimen organizado. Por tanto, sin negarnos a estudiar ese tema en el Senado y a debatirlo en profundidad, deberíamos ser prudentes porque no podemos equiparar a los delincuentes, aunque se hayan arrepentido, con los policías que van a actuar como agentes encubiertos o a hacer el seguimiento de la entrega vigilada de capitales o de estupefacientes.
La señora CAVADE LLANO Y CARRIÓ: En primer lugar, quiero, tal y como ha hecho mi compañero en representación del Grupo Parlamentario Socialista, señor Gago, felicitamos a todos por el alto grado de consenso que, al parecer, vamos a conseguir en una ley tan importante y esperada como ésta.
En su día, tanto el Grupo Parlamentario Popular como el Grupo Parlamentario Socialista presentaron sendas proposiciones de ley que tenían por objeto la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves. Se acordó por parte de los ponentes que se debatieran de forma conjunta y agrupada, y así se ha hecho. Aunque por parte de mi grupo parlamentario no quedan enmiendas
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vivas, quisiera presentar en este acto dos enmiendas. La primera de ellas es que se acordó en la ponencia que se unificara uno de los párrafos. Se propone la supresión del párrafo segundo del artículo 2.3 de la proposición de ley, quedando el párrafo tercero del artículo 2.1 de la proposición con la siguiente redacción: La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento de quien autorizó la investigación. Asimismo dicha información deberá aportarse al proceso en su integridad y se valorará en conciencia por el órgano judicial competente. Es decir, lo que se ha hecho es refundir los dos textos de forma que quedarán prácticamente íntegros pero en un solo párrafo.
En cuanto a la segunda enmienda a la que ha hecho intención el señor Castellano porque se lo he podido comunicar antes de que se iniciara la sesión de la Comisión, se refiere a la modificación del artículo 2, en el que se habla de delitos contra la propiedad. En aras a un mayor rigor jurídico y a la adaptación de la terminología al vigente Código Penal, en el que no se contemplan los delitos contra la propiedad, convendría modificarlo y poner «delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico», que es, textualmente, tal y como viene regulado en el Título XIII del Libro II del vigente Código Penal.
En cuanto a las enmiendas que quedan vivas presentadas por otros grupos, manifestamos nuestra conformidad con la de Convergència i Unió, también con la enmienda presentada por la señora Uría, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco, y discrepamos de las dos enmiendas presentadas por Izquierda Unida. Aparte de hacer las mismas manifestaciones que han efectuado otros grupos, consideramos que de lo que se trata es de ampliar la posibilidad de que esos delitos sean perseguidos y de que se autorice la circulación o entrega. Sería una vuelta atrás que la Policía judicial no lo pudiera hacer. En consecuencia, mostramos nuestra disconformidad con las dos enmiendas propuestas por Izquierda Unida. (La señora Almeida Castro: No es Izquierda Unida, es Nueva Izquierda.) Efectivamente, cuando me refería a la señora Almeida citaba al Grupo de Izquierda Unida, cuando es Nueva Izquierda. Pido perdón.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por la aclaración.
Se han anunciado en este debate dos enmiendas in voce que no han sido entregadas . Ruega la Mesa que quienes las han anunciado las acompañen por escrito para, en el momento de la votación, poder dar lectura a las mismas y permitir que los comisionados puedan conocer su texto en el momento de emitir su voto.
APROBACIÓN, CON COMPETENCIA LEGISLATIVAPLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, DEL PROYECTO DE LEY SOBRE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO POR TURNO DE BIENES INMUEBLES. (Número de expediente 121/000076.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de esta proposición de ley orgánica, vamos a abordar el cuarto punto del orden del día relativo al debate y aprobación, en su caso, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, del proyecto de ley sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles.
Mantienen enmiendas al texto de dicho proyecto de ley el Grupo de Coalición Canaria, el Grupo Vasco, el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el Grupo de Izquierda Unida y el Grupo Socialista. El Grupo Popular ha retirado las enmiendas que mantenía. (El señor Guardans i Cambó pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: El Grupo Catalán también las va a retirar, porque considera que de hecho están incorporadas.
El señor PRESIDENTE: Por claridad del debate, si le parece, señor Guardans, interviene en su momento.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Como dice que el Grupo Popular ya se ha adelantado...
El señor PRESIDENTE: Ha anunciado que las retiraban. Si S.S. así lo indica, quedan retiradas, sin perjuicio de que en su intervención explique la razón.
Vamos a conceder la palabra a todos los grupos que mantienen enmiendas y después a los que no mantienen ninguna, unos y otros en la única intervención que en principio va a tener lugar en este debate.
Defenderán las enmiendas aquellos que todavía las sostienen. Además, se pronunciarán, en su caso, sobre las enmiendas de otros grupos o sobre cualquier otro particular del texto al que deseen referirse y en los términos en que estimen pertinente hacerlo en el curso de su intervención. Los restantes grupos fijarán también su posición en la forma que estimen conveniente y se pronunciarán, si lo consideran oportuno, respecto de las enmiendas mantenidas por los restantes grupos.
En ese orden del debate tiene la palabra, en primer lugar, el señor Gómez, por el Grupo de Coalición Canaria.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Como introducción, y por razones de economía procesal, proponemos que se nos acepten cuatro enmiendas in voce porque ello supondría la retirada de todas las enmiendas que mantenemos vivas y, por lo tanto, se produciría un eficaz ahorro de tiempo.
Nosotros consideramos que estamos ya en la recta final de esta importante ley -la estimada portavoz del PNV diría iter cuasi terminalis-. Lo cierto es que estamos ante una regulación caracterizada por el hecho de que una persona paga por adelantado una cierta suma de dinero a un promotor de un inmueble para adquirir, por medio de dicho pago, un derecho a utilizar un alojamiento en el mismo durante un período de tiempo cada año -a base de semanas- y por un número definido o indefinido de años.
El Gobierno denominó a esta ley como de derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles. Como es sabido, nacional e internacionalmente esta institución de origen británico es conocida como time-sharing o tiempo compartido. Digo que es importante porque aporta a la actividad turística una alta calidad en la oferta y la demanda.
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Es el momento de la aprobación definitiva en el Congreso de esta ley y, por lo tanto, quisiera aprovechar la ocasión para señalar la importancia de esta actividad turística que diversifica la oferta y, en ocasiones, ha servido como eficaz instrumento en situaciones de crisis, como se comprobó en la ocurrida el año 1970 en Florida, Estados Unidos. También es conocido en lo que respecta a la demanda que los adquirentes, pese a tener hasta ahora poca protección, suelen tener una capacidad de gasto superior al de un turista normal, con las favorables repercusiones que ello supone en actividades conexas, como excursiones, restaurantes, deportes de ocio, etcétera.
España, como señala la exposición de motivos de este proyecto de ley, ocupa el segundo lugar en el mundo y aunque no se diga en dicho texto, más de la mitad del mercado español está localizado en nuestro archipiélago. Hay 147 proyectos viables de tiempo compartido en las islas Canarias que se hayan afiliados a una de las dos mayores empresas de intercambio y que están activamente en venta o inactivos aunque con más de 50 propietarios. Estos proyectos cuentan con cerca de 12.000 unidades construidas, con una media de 80 unidades por proyecto. De la venta de los 147 complejos se han obtenido alrededor de 516.000 millones de pesetas.
La industria del tiempo compartido contribuye de manera significativa a la economía de la región. El propietario del derecho plantea regresar al lugar de su compra original unas cinco veces en cada uno de los siguientes diez anos, entre los no propietarios el promedio es de tres veces.
En nuestro archipiélago la industria del tiempo compartido ha creado unos 27.000 puestos de trabajo y ha supuesto en nóminas un total de cerca de 6.000 millones de pesetas.
Coalición Canaria va a apoyar el texto consensuado en ponencia por estimar que su redacción se adapta ahora mucho más a la realidad económica turística que el anteproyecto de ley. He de reconocer las magníficas aportaciones de todos y cada uno de los portavoces de los diferentes grupos que ayudaron a su redacción y también, cómo no, los esfuerzos de la portavoz del Partido Popular, doña Bernarda Barrios Curbelo, por dar celeridad a la aprobación de esta norma para así dar cumplimiento a las exigencias de la Unión Europea, pues sabido es que estamos fuera de plazo. El Gobierno, para dar cumplimiento a esa exigencia de la directiva europea, especialmente a la de 26 de octubre de 1994, presentó este anteproyecto que, sin ánimo de desconsideración, estimamos un tanto teórico, alejado de la realidad. Se redactó un texto con profusión de normas detallistas, algunas de ellas más propias de un reglamento; normas con marcados tintes más inmobiliarios que turísticos y con un sistema oneroso para propietarios y promotores y también para consumidores o usuarios, todo ello nucleado ante la figura de un omnipotente registrador de la propiedad que, con su registro, es mencionado más de 25 veces en este proyecto de ley, que tiene 25 artículos. Nos congratula el texto logrado en ponencia porque, de haberse aprobado el proyecto de ley tal como vino, hubiese supuesto, según información del sector, un duro golpe para el mismo, criterio que también comparte perfectamente este grupo político.
Por ello, desde un principio nos opusimos al referido proyecto, presentando un texto alternativo a todo el articulado, al igual que hizo el Partido Socialista Obrero Español, aunque en esencia este grupo político propusiera la asunción de la directiva europea en un primer período para, posteriormente, regularlo con todo detalle. No cabe la menor duda de que los dos criterios eran legales; era legal lo que hizo el Gobierno -tenía facultades para hacerlo-, opinando también así el Consejo de Estado. En consecuencia, en la sesión plenaria de 11 de diciembre de 1997 el proyecto fue presentado por la ministra doña Margarita Mariscal de Gante, con una breve intervención no muy llena de calor, en la que incluso no replicó a los argumentos de los diferentes grupos en contra del proyecto, y sólo nos respondió la portavoz del Grupo Popular, la estimada doña Mana Bernarda Barrios -ella sí lo hizo con mucho calor-, que, por cierto, tras enumerar varios defectos de nuestra enmienda -quizá los tuviera-, dijo que apoyaba decididamente el proyecto del Gobierno por ser, además de necesario, completo y coherente, y que rechazaba el nuestro por una serie de inconvenientes no sólo de índole jurídica, sino de filosofía legislativa e incluso de orden constitucional, recalcando que habíamos hecho una labor de zapa.
Acepto que aquéllos fueron momentos de calor y acepto las distintas filosofías, pero nuestro grupo no presentó ningún texto anticonstitucional y nunca ha hecho labor de zapa, ya que hasta el propio Ministerio conocía nuestra postura debido a las múltiples reuniones. Hemos jugado limpio; como dirían los británicos, hemos jugado con fairplay y no hemos hecho labor de zapa, como se ha demostrado en los trabajos de ponencia, porque todos los grupos políticos hemos aportado ideas e incluso la propia María Bernarda Barrios ha hecho esfuerzos para conseguir un texto consensuado más adaptable a la realidad. Así nos fueron aceptadas la mayoría de las enmiendas parciales que presentamos; las retiramos porque, repito, al fin y al cabo se recogía nuestra filosofía y nuestras pretensiones. A vuela pluma, diré que el proyecto del Gobierno había olvidado que España era un Estado autonómico desde 1978, invadiendo competencias autonómicas y forales, y cuando digo competencias autonómicas no me refiero solamente a las de las autonomías, sino también a las de las corporaciones locales, que, como es sabido, tienen un papel importantísimo en el control de los escalones más inmediatos de la pro- moción turística, su papel es importantísimo a la hora de controlar el, a voces, agobiante y dañino trabajo de los llamados vendedores del time-sharing. Olvidó también el Gobierno que las zonas turísticas españolas como Baleares y Canarias ya tenían regulada esta actividad como de tiempo compartido. Por ello se logró por unanimidad la supresión casi absoluta del capítulo tercero, que regulaba el régimen de lo que se llamaban sociedades de servicios, ahora, con mayor acierto, empresas de servicios. Reconozcamos que de haberse aprobado el texto propuesto por el Gobierno habrían surgido de nuevo problemas competenciales a añadir a los muchos que ya existen en trámite en el Tribunal Constitucional. En los trabajos de ponencia apoyamos el desmantelamiento de la forma institucional del derecho real limitado como la mejor y única fórmula para la protección de los derechos del consumidor; hoy, en nuestro texto de ponencia, con gran satisfacción nuestra, del sector y de todos
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los portavoces, se establecen los dos sistemas: el real y el personal, quedando, por tanto, eliminado el párrafo cuarto del artículo 1. También se consiguió que desapareciera el régimen injusto que obligaba al propietario a avalar por todo el importe de la obra y no por las cantidades recibidas a cuenta, respetándose, como era lógico, la Ley 57/1968, de 27 de julio. Todos los grupos políticos hicieron esfuerzos para que se aclarara de forma taxativa el respeto a los regímenes preexistentes. No voy a repetir todo lo que se ha dicho en ponencia, pero ha sido un acierto que al artículo 5 se le haya añadido el párrafo correspondiente, con remisión a la disposición transitoria segunda de la ley, que, al fin y al cabo, no viene a recoger otra cosa que el texto de la exposición de motivos, que sí habla de eso que es fundamental y sustancial en el derecho privado internacional: el respeto a los regímenes preexistentes.
También se aclaró -y en eso hay que reconocer el apoyo del portavoz de Convergència i Unió- lo referente al régimen jurídico, haciendo hincapié en que éste nace con la escritura notarial y no por la inscripción en el registro, que es potestativa, y todos asentimos con relación a la conveniencia de que existiese una escritura reguladora para defender los derechos de los usuarios adquirentes.
En cuanto a plazos, nosotros propusimos en el debate de totalidad un plazo mínimo, pero no uno máximo. La portavoz del PP nos criticaba en el debate a la totalidad por no señalarlo y es que quizá no recordara que en la legislación comparada y en la práctica de esta institución de tiempo compartido cabe la posibilidad de establecer el carácter indefinido además del tiempo rotante, precisamente en Canarias tenemos muchos ejemplos de ello. Mas en ponencia se consideró conveniente que para el futuro se estableciera un plazo límite, y Coalición Canaria lo aceptó. Como es sabido, no salió adelante ni el propuesto por el Gobierno, de 15 a 30 años, ni el del PP, de l5 a 40 años, sino el mínimo, de tres años, que proponíamos nosotros, y el máximo, de 50, que propusiera Convergència i Unió.
Hay que felicitar al Gobierno por la redacción que hizo de la facultad de desistimiento y resolución con un texto que creemos que es muy superior al de la directiva europea. En cuanto a las condiciones de promoción y transmisión, pese a que se dice en el informe del estimado letrado, que mucho ha trabajado en este materia, que se recogen en la enmienda 162, sólo es verdad en cuanto se exige la especificación del carácter del derecho personal o real ofrecido, pero no se recogió el resto de nuestra enmienda, que no dejamos viva si se nos admite la enmienda in voce.
En cuanto al título II, normas tributarias, no hemos podido llegar a un acuerdo en cuanto a su contenido. Es una materia compleja.
Nosotros pensamos pedir la desaparición de este título II, pero tras reuniones que hemos tenido esta mañana, por lo visto, el criterio va a ser que se mantenga la redacción tal y como estaba en el texto del Gobierno, añadiendo las alusiones al Impuesto General Indirecto Canario y al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, dos impuestos que no están regulados en la ley, y respetan- do, repito, el texto que propusiera el Gobierno.
Y ahora, si es el momento para defender las enmiendas in voce, procedo a ello, y si no, lo haré cuando me diga la Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Si esas enmiendas están en función de la aceptación por los otros grupos, parece oportuno, señor Gómez, que las exponga ahora para que ellos puedan pronunciarse sobre las mismas.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: La enmienda número 1, cuyo texto hemos repartido a todos los grupos políticos, se refiere al título de la ley. La ley se llama «Derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles»; proponemos que se llame «Derecho de aprovechamiento por tiempo compartido de bienes inmuebles, time-sharing, de uso turístico», y que se añada al final la expresión «normas tributarias». La justificación que hacemos se basa en razones de economía procesal, como dije al principio, porque así no tengo que defender diez enmiendas que queda- ron vivas. Con ésta y dos más, que son de estilo, terminaré mi intervención.
En segundo lugar, el añadido «y normas tributarias» es debido al cumplimiento del contenido del artículo 4 de la Ley 1/1998, del Estatuto del Contribuyente. Ya en la exposición de motivos el legislador se plantea la cuestión de la denominación «por turno».
Reconoce que lo que abunda internacional y nacionalmente es «tiempo compartido», pero no voy a entrar en la justeza de la calificación, porque es verdad lo que dice el proyecto del Gobierno en cuanto a que es un espacio, pero también es un tiempo, porque es el tiempo de ese espacio, durante un año, que se utiliza cincuenta y una veces. No vamos a entrar en esa disquisición, sino que si la corriente mundial y los legisladores de casi todos los países, la doctrina, los grupos políticos, los empresarios y los ciudadanos lo llaman time-sharing, o tiempo compartido, ¿por qué nosotros tenemos que ir ahora contra corriente y llamarlo «por turno»? Espero que no será el mismo motivo que en tiempos pretéritos para no decir fútbol, sino balompié, y no decir whisky, sino güisqui, con g y con q. Nosotros afirmamos que admitiendo «tiempo compartido» estamos en consonancia con lo que viene señalando la directiva europea, que lo llama «tiempo compartido». En este Congreso y en el Senado se han presentado proposiciones no de ley que se refieren siempre a «tiempo compartido». (El señor vicepresidente, Cárceles Nieto, ocupa la Presidencia.) Hay comunidades autónomas, como la canaria, que tienen ya regulada esta actividad específica también con el nombre de «tiempo compartido».Los grupos de intercambio, que tienen un papel importantísimo en esta actividad, también la llaman «tiempo compartido». ¿Y vamos a cambiar todo esto para originar desconocimiento y problemas para los muchísimos visitantes que vienen a España a adquirir este derecho llamándole ahora «por turno»?¿Por qué no utilizamos la denominación nacional e internacional, la de la doctrina? Hace precisamente tres meses se reunía la cátedra de Francisco Vitoria integrada por magníficos juristas, jueces, notarios, organizaciones públicas, etcétera, y todos hablaban también de la conveniencia de no cambiar el nombre a esta institución jurídica.
La segunda enmienda es sustitutoria de la número 662 de nuestro Grupo, al artículo 8.o Es más que nada una cuestión de redacción, porque tras su lectura se verá que hay frases que están repetidas tres veces y, aunque se dice que se asume la enmienda de Coalición Canaria, se asume en
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cuanto se especifica que hay derechos personales y derechos reales, pero no se acepta el texto que proponíamos nosotros. En vez de especificar concretamente los colegios profesionales que puedan informar al adquirente, nosotros proponemos una fórmula amplia: pueden informar todos los colegios profesionales que, según sus estatutos, tengan competencia para ello. Ese párrafo no se incluyó, aunque se dijo que se haría. Por tanto, sería una cuestión exclusivamente de redacción.
En otra enmienda al artículo 5.o, cuando se habla de la escritura reguladora, se utiliza la palabra gravar. Esto viene del texto del Gobierno, porque lo consideraba como derecho real. Nosotros estimamos que se debe quitar la palabra «gravar» y poner en su lugar considerar. El texto, repito, lo hemos entregado a todos los grupos políticos.
Por último, en el texto legal la palabra registro, Registro de la Propiedad, registrador, registrador de la propiedad, se citan más de veinticinco voces, en una ley, repito, que tiene 25 artículos; a veces se habla del registrador de la propiedad y otras veces de Registro y registrador. ¿Por qué no aclarar en la exposición de motivos que, cuando se habla de registrador y de Registro, se refiere exclusivamente al de la propiedad? Porque hay otras clases de registros, y para evitar tanta repetición se podría incluir esta aclaración en la exposición de motivos, que creo que sería el lugar adecuado.
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: En este trámite, salvo el mejor control de los servicios jurídicos de la Cámara, creo que únicamente le queda a mi grupo una enmienda, la número 32, y se debe a un despiste de esta propia ponente en el correspondiente trámite, puesto que lo que en ella se pretendía, que era que en la disposición adicional primera se tuviesen en consideración las organizaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas, cualquiera que fuese su ámbito, estatal o autonómico, aparece recogido así ya en el texto de la ponencia. Debí retirarla o debió considerarse incorporada al texto.
Por tanto, en este momento anuncio la retirada de la enmienda.
Aprovecho el turno que se me ha dado para la defensa de esta enmienda para formular la postura de mi grupo de forma breve. Estamos ante un proyecto de ley que es de naturaleza mixta: de una parte, es trasposición de una directiva que ya es del ano 1994 -es decir, vamos prietos de tiempo-, y de otra parte también pretende, como dice el Consejo de Estado, el pronunciamiento autónomo de este legislador sobre una determinada materia. Es en este aspecto, en la parte del pronunciamiento autónomo, en el que el texto remitido a la Cámara ha sufrido más modificaciones, hasta el punto de ser ahora un producto distinto del remitido por el Gobierno. Ello podría entenderse como un reproche por nuestra parte al Gobierno, autor de la iniciativa, que superó justo el debate de totalidad, pero es mi deseo darle la lectura constructiva al alabar la flexibilidad, la capacidad de consenso e incluso el trabajo técnico realizado en ponencia por todos los grupos, y sobre todo por el grupo mayoritario en la Cámara, el Grupo Popular, a través de la incansable labor de negociación de la señora Barrios.
Se plasma ahora ya en el texto algo distinto. Inicialmente estábamos hablando de un derecho real y ahora se ha configurado la posibilidad de contratar también en régimen de derecho personal y no, repito, como la única posibilidad que existía inicialmente. El régimen jurídico, sobre todo el registral, que fue el objeto inicial de las críticas más duras, ha sido también debidamente pulido, creemos, a los estrictos requisitos de la seguridad jurídica del tráfico, observándose también en la promoción y en la transmisión, desde nuestra óptica, una adecuada y correcta protección de los derechos de los consumidores.
Creemos que en el régimen tributario van a tener que hacerse retoques en el Senado. En este momento se está tramitando en la Cámara la modificación del IRPF y, aun- que no sea estrictamente necesario, por ser obvio, sí intentaremos introducir lo que es cláusula de estilo en todo precepto que contiene normas tributarias, la salvaguarda de los derechos históricos de los territorios forales, que finalmente no aparecen en este texto por no haber sido enmendado, pero que creemos que será necesario introducir, repito, en el trámite del Senado.
En el debate de totalidad ya anunciamos que, en el resto de la tramitación, el Grupo Vasco seguiría en las votaciones y en las deliberaciones la postura que sostuviese el Grupo de Coalición Canaria, lo cual hacemos también en este trámite, no sólo como cumplimiento de la palabra dada sino también en la consideración de la razonabilidad de lo que se propone, singularmente en lo que se refiere a la denominación del producto que se regula. Nos encontramos ante una materia fundamentalmente turística dirigida al consumo europeo (inicialmente hemos dicho que se trataba de trasponer una directiva), así como al consumo internacional, y nos parece que es razonable que se identifique también aquí, como se identifica en todas partes. Por tanto, repito, nos adherimos a las manifestaciones que en este sentido ha hecho el portavoz de Coalición Canaria, nos gustaría que se aceptasen sus enmiendas transaccionales y nuestro voto irá en el mismo sentido manifestado por su portavoz.
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Por el Partido Nacionalista Catalán, tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Durante la transición hubo varios miembros de mi grupo político que propusieron que ése fuese precisamente el nombre de mi partido, señor presidente, pero perdieron en los órganos correspondientes de decisión del mismo y finalmente el partido continuó llamándose Convergència i Unió, y en este caso Grupo Parlamentario Catalán y no como lo ha denominado. (El señor Pedret i Grenzner pronuncia palabras que no se perciben.) Después le aclararé las interioridades políticas al señor Pedret, que parece que está interesado en la actualidad política catalana.
Dicho esto, yo creo que lo primero que tenemos que hacer hoy, y lo digo muy convencido, es felicitarnos porque estemos aquí debatiendo, y es previsible que aprobando, la ley que regule lo que hasta ahora se llamaba multipropiedad, y ya que cuando esta ley entre en vigor estará prohibido llamarlo de esta manera, al menos en términos
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jurídicos o por lo menos que aparezca propiamente la palabra propiedad, utilicemos las últimas horas que nos quedan de disfrute del término antes de ser sumergidos en la ilegalidad.
Esta ley, que tiene una grandísima importancia en un sector muy concreto como es el turístico, la tiene de presente en una comunidad como es la de Canarias y la tiene de futuro en todo lo que son las zonas turísticas no sólo de sol y playa sino también de montaña de toda la geografía española. Por tanto, estamos regulando no sólo un producto que ya existe, que emplea a un número importante de personas y que da servicio a una cantidad importante de los turistas que vienen a nuestro país sino que también estamos regulando un sector que puede ser susceptible de inversiones muy importantes que pueden servir incluso para la reconversión de determinadas áreas turísticas que, como consecuencia de la forma en que se habían llevado las inversiones hasta ahora, podían haber quedado, en términos estrictamente inmobiliarios, más o menos obsoletas, y, en todo caso, es un producto de enorme futuro, como se comprueba en todo nuestro entorno y sería curioso que ésa no fuese la situación española; otra cosa es que sus consumidores vayan a ser o no mayoritariamente españoles o de otros países de la Unión Europea, lo cual, en este caso, no afecta para nada. El tema tiene, por tanto, una enorme importancia.
Cuando esta ley se afronta, después de sucesivas proposiciones no de ley instando al Gobierno a que finalmente trajera a esta Cámara este texto, la situación era, por describirla brevemente, la siguiente. Por un lado, la coexistencia en España de distintos regímenes que regulaban la denominada multipropiedad. Puesto que no existía ley en España, sucesivos regímenes, cada uno apoyado en la legislación extranjera de un país u otro -básicamente con el marco jurídico de la libertad de pactos del Código Civil, todo lo que no está prohibido está permitido- y absolutamente distintos, regían un producto que, teóricamente, o al menos a efectos de conciencia social, era el mismo.
En segundo lugar, en el momento en el que el Gobierno afronta regular esta cuestión nos encontramos con una pluralidad de actores, con compañías de muy distinto pelaje, empresas muy diversas tratando este tema, invirtiendo en él y utilizando el producto turístico de multipropiedad. Y en este contexto es donde se enmarca el tercer factor, de enorme importancia cuando se hizo este proyecto de ley: la gran cantidad de abusos que existían y que fueron objeto de muchas denuncias, algunas de gran relieve público en su momento y que incluso dieron lugar a reportajes emitidos sucesivamente por televisión, por poner un ejemplo. Por lo tanto, ya había calado en la opinión pública, incluso en aquellos que nunca habían utilizado el producto de la multipropiedad, la generalización de que estábamos ante un sector de enorme abuso.
Ante todo ello, mi grupo político entendió que era absolutamente necesario ir hacia una cierta regulación, a lo que se añadía evidentemente cumplir con una directiva de la Comisión de la Unión Europea, que establecía unos requisitos mínimos de información y de protección al consumidor en este ámbito y que debía ser necesariamente implementada en España. Sin embargo, no nos gustó -y hay que decirlo ahora que vamos a felicitarnos por el texto que va a salir de esta Cámara- la solución que a todos esos problemas propuso el Gobierno con el proyecto de ley que entró en el Congreso. Y no sólo no nos gustó a nosotros, sino a nadie. De hecho, hubo varias enmiendas a la totalidad y mi grupo estuvo muy cerca de votar a favor de alguna de dichas enmiendas, auténticas enmiendas de devolución al Gobierno del texto que había entrado. No lo hicimos porque en ese momento obtuvimos un compromiso, que ha sido fielmente cumplido por el Grupo Parlamentario Popular, de revisar sustancialmente el texto del proyecto de ley que en ese momento entraba en la Cámara.
¿Por qué no nos gustó? En primer lugar, porque estábamos ante un proyecto de ley redactado con miedo, como ocurrió, por ejemplo, en el ámbito de la contratación de las administraciones públicas después del paso de un alto cargo por la Administración del Estado, un personaje de infausta memoria, y esa ley tuvo que ser modificada muy poco tiempo después porque terminaba exigiendo unos requisitos que hacían imposible la contratación a las administraciones públicas.
Aquí ocurría algo muy similar, ante una situación real de abusos, indiscutible y que exigía algún tipo de remedio, nos encontrábamos con un proyecto de ley que, redactado desde el miedo, redactado desde la desconfianza hacia el sector, mezclando churras con merinas, a los que estaban llevando a término inversiones honradas dentro de la libertad de empresa que reconoce la Constitución y dentro de su legítima libertad a todos los efectos, se les sancionaba a base de establecer un régimen mucho más duro, en algunos casos, que invertir en viviendas de protección oficial, por poner otro ejemplo relativamente comparable, puesto que se trata del ámbito inmobiliario, y donde también hay intereses sociales que proteger. Era mucho más duro el régimen que entraba en esta Cámara en el ámbito de la multipropiedad, en este producto turístico, que el que existía para un inversor que decidiera, por ejemplo, dedicarse a la promoción de viviendas sociales, y donde, lógicamente, también podría darse el abuso. Por tanto, leyes con miedo, no.
El segundo gran inconveniente que tenía esta ley es que eran leyes teóricas, y pido disculpas si me estoy alargando un poco, pero quiero recordar que esta Comisión va a aprobar esta ley con competencia legislativa plena y, por lo tanto, es la primera y última vez que va a constar en el «Diario de Sesiones» algún comentario que glose por parte de los distintos grupos políticos el iter y el porqué de esta ley, por qué es como es y no es de otra manera. Decíamos que el proyecto de ley era absolutamente teórico, redactado en un laboratorio, con toda la asepsia propia de un laboratorio y, por tanto, con un rigor jurídico impresionante que hubiera podido motivar tesis doctorales de una altísima categoría y de gran profundidad y, sin embargo, absolutamente distante, sin tener la más mínima relación real con lo que era el mercado y con lo que era un producto, insisto, ya existente, con enorme aceptación en Canarias, con una cierta aceptación en otras comunidades, concretamente en Cataluña, y, sobre todo, con un enorme potencial de futuro y un enorme desarrollo en todo nuestro entorno. En España, con el proyecto de ley se pretendía introducir algo que venia de las nubes, hecho por espléndidos civilistas, rompiendo radicalmente con lo que se venía practicando aquí y se practicaba en nuestro entorno.
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El tercer gran inconveniente que tenía ese proyecto de ley era que no respetaba suficientemente las competencias de las comunidades autónomas en materia de turismo, en algunos casos ya ejercidas -como bien ha dicho el portavoz de Coalición Canaria- a base de la aprobación de algunos textos que ya regulaban algunos aspectos concretos de la multipropiedad y en otros casos no ejercidas, como en el caso de la Generalitat de Catalunya o el Parlamento catalán, pero que se reserva la absoluta facultad de legislar en ese tema. Además en el caso catalán y en el de algunas otras regiones, comunidades o nacionalidades españolas, se da la particularidad de que existen competencias en el ámbito del Derecho civil y, por tanto, estando como estamos en una regulación estrictamente del ámbito del Derecho civil era importante salvaguardar no sólo la posibilidad de legislar en los aspectos turísticos que esta ley no desarrolla, sino incluso de llegar a aprobar leyes que sustituyan a ésta en su totalidad en el ámbito de una determinada comunidad autónoma si tiene competencias en el ámbito de la legislación civil, como es el caso de Cataluña y no sólo de Cataluña.
Desde esta perspectiva Convergència i Unió afrontó las distintas enmiendas que presentó, primero para proteger al consumidor, porque nos parecía muy importante que se protegiera al consumidor, que se implementará la directiva con una protección real del usuario, consumidor español o extranjero que en este caso es igual, pero no con una rigidez y una intensidad tan brutal que llegara a perjudicar al propio consumidor a base de hacer ineficiente todo el producto de la multipropiedad y a base de hacer imposible la inversión en multipropiedad y llevar a la extinción o a la ruina a aquellos que ya, hoy por hoy, estaban invirtiendo en este tema. Hay sobre protecciones tanto en el ámbito de la familia como en el de la empresa o en el de la Administración, o en este caso del intervencionismo, que acaban perjudicando a aquellos a los que se pretende proteger.
Por tanto, hemos de flexibilizar la ley, introducir criterios de flexibilidad y adaptarlos muchísimo más a la realidad del mercado salvaguardando la protección al usuario. Y subrayo esto: ninguna de las modificaciones que mi grupo ha planteado y que finalmente han sido aceptadas por la mayoría de los grupos han ido en detrimento del usuario, aunque aparentemente se hayan flexibilizado y allí donde se exigían 20 requisitos ahora se exigen 12; sencillamente a lo que se llega es a una protección equivalente por la vía de adaptarse más a la realidad.
En segundo lugar, no sólo desde la perspectiva del usuario y consumidor sino también de la de los empresarios que legítimamente trabajan en este sector y sin los cuales este producto no existiría, habría que ir hacia una superación de ese sentido de miedo que existía de considerar que todo empresario que actúe, toda persona que hoy haya dedicado un duro a la inversión en multipropiedad es un pirata o un presunto pirata. Esa presunción iaris et de iure que estaba estableciendo el proyecto de ley nosotros la modificamos radicalmente y no pasa a ser ni siquiera una presuncióniuris tantum. Es decir, lo que hay es una presunción de que las personas que trabajan en este producto y que han decidido dedicar sus recursos, sus inversiones o su capital a este producto turístico son empresas legitimas a las que por la protección del consumidor y del usuario y porque hay muchos intereses en juego se les exige un rigor como se le exige a una entidad que quiere dedicarse al ámbito financiero o a cualquiera que tenga que ver con sectores de riesgo de algún tipo y donde el interés público exija un cierto grado de intervención y una cierta regulación de los contratos superior a lo normal. De ahí el sentido de nuestras enmiendas.
Finalmente, enmiendas en la línea de las competencias. Presentamos un importante paquete de enmiendas que fue- ron estudiadas en ponencia y aprobadas globalmente con un gran espíritu de colaboración por parte del grupo mayoritario de la Cámara, el Grupo Parlamentario Popular, pero también recibidas con aceptación en su mayoría por parte de los demás grupos. No voy a entrar ahora a detallar cuáles son las enmiendas que han sido aprobadas, están en el texto, pero en aras de la interpretación o para dejar constancia en el «Diario de Sesiones» de algunos comentarios sí querría mencionar de pasada algunos de los puntos muy brevemente. En primer lugar, la duración -ya lo ha comentado el portavoz de Coalición Canaria, pero quería dejar constancia que es uno de los puntos que a nosotros nos parece importante-. Pretendemos modificar la duración del producto tal y como había aparecido en el proyecto de ley inicial y modificar después toda una serie de requisitos que se presentaban y que se exigían, entre ellos algunos de enorme calado jurídico como, por ejemplo, convertir la inscripción en el registro en constitutiva. No es que -y aquí corrijo al portavoz de Coalición Canaria- no sea obligatoria la inscripción en el registro, sigue siéndolo, pero no es constitutiva sino declarativa, es a efectos de publicidad ante terceros, con todo lo que de ello se deriva. Lo que es constitutivo, lo que constituye, es la escritura y en el momento en que haya una escritura ya se ha constituido el régimen de aprovechamiento por turno.
También aportamos sugerencias de modificación, que en su momento fueron aprobadas, relativas a la financiación, a los anticipos y a toda una serie de requisitos que no quiero detallar. Una de las modificaciones importantes que aportó mi grupo y sobre la que sí vale la pena detenerse -también en aras de la interpretación, puesto que es posible que algún día esto provoque algún tipo de conflicto jurídico que precise de la interpretación de qué es lo que en su momento quiso el legislador, y no es pedante el dejar aquí constancia de ello, modestamente al menos en la parte que le corresponda a este grupo parlamentario en la función del legislador- es en la duplicación de regímenes y la posibilidad de que junto a un régimen de derecho real, que era el que auténticamente establecía como único el proyecto de ley, exista también un régimen de derecho personal. En el derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles ha querido esta Cámara -y perdón por la pedantería, por subrayarlo de esta forma tan clara, pero me gustaría que así quedara constancia, no sólo en la exposición de motivos, no sólo en el texto de la ley sino también en el «Diario de Sesiones»- que no sea el único el derecho real, tal cual apareció en el proyecto de ley, sino que haya también un derecho personal, que tiene vida paralela, a la que se le exigen una serie de requisitos en común, pero evidentemente hay otros requisitos que son aquéllos que se derivan de la naturaleza personal y no real del derecho, que ya no se podrán exigir.
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Por tanto, a partir de la entrada en vigor de esta ley tendremos dos posibles accesos al derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, uno de naturaleza real, con todo lo que de ahí se deriva, otro de naturaleza personal, también con todo lo que de ahí se deriva, y dependerá del promotor optar por un sistema o por otro, aplicándose a unos u otros las distintas regulaciones que la ley establece. Éste es un cambio de enorme importancia no sólo de cara al futuro sino también para homologarnos con muchos de los países de nuestro entorno, en algunos de los cuales tienen su sede o su origen algunas de las grandes empresas que están invirtiendo en este producto, por lo que esto también tendrá consecuencias desde el punto de vista del Derecho transitorio, de cara a la adaptación de inversiones que existen en este ámbito, que tenderán en muchos casos, nos lo tememos -lo tememos no porque nos dé miedo sino porque lo intuimos-, hacia el ámbito del derecho personal y no hacia el ámbito del derecho real, sin que por ello se disminuya la protección del consumidor.
En el ámbito de las competencias, la aportación de nuestro grupo, aceptada por los demás grupos de la Cámara, ha sido el suprimir todo aquello que se contenía en este proyecto de ley que hacía referencia a consumo o turismo, porque consideramos que esa es constitucional y estatutariamente una competencia de las comunidades autónomas y que a ellas corresponderá legislar sobre este tema. Además quiero hacer el inciso de que es precisamente en este ámbito donde se han producido la mayoría de los abusos. La gran cantidad de abusos que ha habido en el ámbito de la multipropiedad no están -alguno puede haber también- en la promoción de la multipropiedad sino en los mecanismos de venta de ese producto y en el hecho de que se acaba por hacer que determinada gente se obligue en contratos de larga duración, de cuyo contenido apenas tiene conocimiento. Por tanto, sobre esos mecanismos de venta, que hacen referencia estrictamente a la protección al consumidor y sobre las empresas de servicios que deben aparecer anejas a la explotación del propio régimen de multipropiedad, competencia estrictamente turística, serán las comunidades autónomas las que deberán regular.
Finalmente, también quiero reconocer la competencia en el ámbito civil que ya establece la Constitución pero que no está de más que se recuerde. Ésas son nuestras enmiendas y desde esa perspectiva mi grupo se da perfectamente por satisfecho con el texto de la ley tal cual ha salido.
Me corresponde ahora pronunciarme sobre unas enmiendas in voce que han sido presentadas y también sobre algunas enmiendas estrictamente técnicas que me ha hecho llegar el Grupo Popular -supongo que también las ha hecho llegar a los demás grupos de la Cámara- que me adelanto a comentar en este momento.
Empezando por las de Coalición Canaria, el primer tema importante -no en cuanto al fondo pero sí en la práctica- es el del nombre del producto sobre el que estamos hablando. Mi grupo introdujo una enmienda en este sentido -y ésa sí ha quedado incorporada al texto por la que se permite la utilización de cualquier denominación para este producto a efectos publicitarios. Por tanto, aunque iniciaba esta intervención diciendo que queda prohibida la palabra multipropiedad, es cierto que a efectos de publicidad es posible seguir utilizándola, exactamente igual que se podrá utilizar la noción de tiempo compartido o cualquier otra noción, la propia noción de time-sharing en inglés. Sin embargo, como nomen iuris de un instituto jurídico nuevo, cuyo primer paso de creación da hoy esta Cámara, no nos parece mal el nombre que ha propuesto el Gobierno, aunque efectivamente no tenga ninguna tradición en el Derecho español ni ningún reflejo concreto en el Derecho comparado y, en ese sentido, haya un cierto elemento de ruptura.
Por tanto, nuestro grupo no va a votar a favor de esa enmienda in voce que propone cambiar la noción de aprovechamiento por turno por tiempo compartido, aun reconociendo todas las razones a efectos de comercialización, de conocimiento por parte de la sociedad de un determinado producto como es éste. Creemos que la dificultad que pueda tener esta cuestión en la práctica queda suplida por el hecho de que, a efectos de publicidad, se puede hablar de time-sharing, se puede hablar de tiempo compartido; como noción jurídica de una institución nueva, el término jurídico -nomen iuris, insisto, por hablar con rigor- que ha introducido el Gobierno, que es derecho de aprovecha- miento por turno de bienes inmuebles, no nos parece mal y, como tal, vamos a mantener nuestro apoyo.
Sobre las demás enmiendas in voce que ha presentado Coalición Canaria, con todo respeto decimos que no acabamos de ver la utilidad de la que hace referencia concretamente a la exposición de motivos. Respecto de las otras dos nos parece un poco precipitado que se introduzcan esta mañana como enmiendas in voce, cuando hemos estado intentando elaborar esta ley en ponencia con toda la serenidad que exige una ley técnicamente compleja y que, insisto, crea un producto radicalmente nuevo; estamos haciendo un contrato que pasará a ser típico a partir de la aprobación de esta ley y no tiene otros precedentes. Por tanto, me permitirá que no nos pronunciemos ahora sobre las modificaciones que propone Coalición Canaria en sus enmiendas in voce números 2 y 3 y que le sugiramos que las presente como enmiendas en el Senado. En ese momento, con más serenidad, con más calma, sopesando los pros y los contras, podremos pronunciarnos. Hoy, como enmienda in voce, no nos parece oportuno.
En cuanto a las enmiendas técnicas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, de las que creo que tiene conocimiento la Mesa, nos parecen todas correctas. Aceptaríamos una enmienda técnica que se presenta al artículo 1.7; también nos parece bien la enmienda al párrafo primero del artículo 7 y la enmienda de supresión del párrafo segundo del artículo 9.1. En cambio, la enmienda por la que se propone retocar el artículo 4.1.c) no nos parece correcta aun entendiendo sus razones. Propondríamos -y así lo hemos hecho saber al Grupo Parlamentario Popular, que creo que dará su aceptación- que la modificación en lugar de lo que el Grupo Parlamentario Popular proponía, consista en lo siguiente. Dice la letra c) del párrafo 1 del artículo 4 de la ley: Haber celebrado, de conformidad con lo establecido en la presente ley, el contrato con una empresa de servicios que regula los requisitos que se exigen a éstas, salvo que el propietario..., etcétera. La modificación que mi grupo propondría es que se «exijan» a éstas. Tan sencillo como esto, pero va en la misma línea de lo que propone
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el Grupo Parlamentario Popular, es más concreta y creo que lleva exactamente al mismo resultado. Efectivamente, es cierto que la palabra exigen tenía sentido cuando era la propia ley la que los exigía, pero debe quedar exijan, puesto que serán las comunidades autónomas las que lo exigirán en su momento y al ritmo que estimen oportuno en uso de sus competencias. Ése sería el cambio.
Finalmente, un cambio menor, estrictamente ortográfico, pero son de los que aparecen en Comisión y pueden acabar en el Boletín Oficial del Estado si nadie los destaca en su momento, por lo que nos podrían llamar a todos al orden en el ámbito jurídico. En el artículo 14.1, párrafo segundo, la palabra gravado aparece con b y no con v. Son los ordenadores los que nos traicionan a todos, que no saben Derecho, pero querría dejar constancia de que debe ser rectificado.
Para terminar -espero que esta intervención no haya sido demasiado larga- quiero felicitarme por el hecho de que hayamos conseguido sacar a la luz este texto, aunque haya enmiendas que siguen vivas como ahora reflejarán otros grupos políticos. Pero el conjunto de las fuerzas políticas, incluidas aquellas que a lo mejor no verán aprobadas hoy algunas de sus enmiendas, también pueden felicitarse globalmente, no en la letra pequeña quizá de cada uno de los artículos, pero sí por el texto tal cual sale de esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Señor Guardans, sabrá S.S.
disculpar con toda seguridad el que me haya visto traicionado por el subconsciente a la hora de denominar a su grupo parlamentario utilizando una vieja denominación que, como comprenderá S.S., no tiene segunda intención. En el «Diario de Sesiones» habrá de constar a todos los efectos, al inicio de su intervención, que se le concede la palabra como portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Dicho lo cual, a continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Como ya han dicho otros grupos políticos, hoy estamos ante un importante proyecto de ley que se refiere a la principal industria de este país que es el turismo, y como ya se ha manifestado, la estamos tramitando con retraso; yo diría que con demasiado retraso, porque esta tardanza en la regulación del producto turístico del que hoy hablamos ha provocado un vacío legal que ha sido aprovechado para realizar múltiples fraudes e irregularidades que en muchos casos han originado un daño en la imagen de esta oferta turística, de manera que hoy podemos afirmar que este producto se encuentra relativamente quemado en muchos mercados, aunque esperamos que su regulación pueda abrirle nuevas fronteras y esperanzas.
Es una situación de anormalidad que, como decía, no solamente ha dañado a este producto turístico, sino que el daño causado ha perjudicado también la imagen de importantes zonas turísticas de este país, porque la imagen del turista perseguido introducido casi a la fuerza en coche para recibir luego en una situación de casi secuestro explicaciones no es la mejor tarjeta de presentación de promoción para nuestras zonas turísticas.
El retraso de la aprobación de esta ley ha provocado que lleguemos fuera de plazo, que hayamos tenido que ser forzados a su aprobación por la Unión Europea cuando entendíamos que nuestro país debería haber sido el primer interesado en tener regulada esta actividad turística ya que afecta directamente a la principal fuente de ingresos de nuestro país. Por eso tenemos que ser muy escépticos cuando escuchamos al Gobierno hablar del carácter estratégico que se le concede al turismo porque al final no se concreta en la realidad.
Aunque tarde y mal, desde nuestra óptica, la realidad es que hoy se puede quedar saldada esta asignatura pendiente de nuestra industria turística. Es una ley que para nosotros se pone al servicio, y creo que ciertas intervenciones han sido hoy más explícitas que la misma tramitación de la ley, de quien quiera utilizar este producto turístico para especular, para reducir plantilla, y de conservar la actual definición se dañará la calidad de nuestra oferta turística.
Ustedes no han pensado que estaban legislando para una ley dirigida al mercado turístico. En principio, estamos a favor de la máxima regulación de este producto, como estamos de acuerdo en que se regule al máximo la actividad turística, y no se debe hacer solamente desde el punto de vista del consumidor, como nos tiene acostumbrados la Unión Europea, sino considerando al turismo como un sector industrial con todas sus consecuencias. Nuestro turismo ha sufrido durante años la desregulación y la falta de exigencia de nuestro Gobierno para que la Unión Euro- pea regulase no solamente los derechos de los turistas sino el desarrollo del turismo como una industria. Por tanto, no estamos de acuerdo con mantener políticas que olvidan que el turismo no es un fenómeno social, sino que como decía antes es una industria con todas sus consecuencias. Por eso, rechazaremos todas las propuestas que pretenden mantener esta situación que tanto daño nos ha causado, a nuestro entender.
Tenemos que denunciar también que no hemos tenido la oportunidad de consensuar los temas importantes que entendemos pueden afectar negativamente al futuro de la industria turística, a los que luego me referiré. La verdad es que no hemos podido tener como interlocutores a los responsables de turismo del Partido Popular; asimismo queremos señalar que la ponencia ha sido un simple tramite para legalizar los acuerdos del Partido Popular con Convergència i Unió, de manera que se han llegado a imponer una serie de enmiendas que empeoraban el texto inicial, de ahí que pensemos mantener ese texto frente a 17 enmiendas provenientes de Convergència i Unió aprobadas en la ponencia. En concreto, estamos ante una ley hecha no para defender los intereses del sector turístico sino para defender otros intereses que son los que vienen a aprovecharse de este instrumento para servicio del turismo.
Mantenemos una serie de enmiendas que esperamos hagan reflexionar en principio sobre la imposibilidad de que un mismo conjunto inmobiliario pueda estar sujeto a la vez a la protección hotelera y el régimen de aprovechamiento por turnos. Como saben ustedes, ambos productos turísticos, el hotelero y el de uso compartido, tienen servicios y clientela muy diferenciados -en algunos momentos incluso incompatibles- y la convivencia de ambos implicará con toda claridad una degradación de la calidad hotelera. También deben saben ustedes que con estas medidas,
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reduciendo a tres años el tiempo mínimo de duración, están poniendo en manos de los especuladores, de esos especuladores que tanto abundan en el sector turístico, un instrumento, como aquí ya ha dicho otro portavoz, para propiciar reconversiones; nosotros sabemos lo que significa reconversión en el sector turístico: significa reducir plantillas por despidos basados en razones objetivas para permitir que por tres años parte de complejos hoteleros se transformen, en régimen de aprovechamiento por turno, que evidentemente requieren menos servicio y por tanto menores plantillas, plantillas con una menor profesionalización. Por tanto, como ha dicho el portavoz de Convergència i Unió, se está abriendo la puerta a una reconversión basada en esos llamados despidos por razones objetivas de parte de las plantillas hoteleras. Ustedes están permitiendo que el propietario se haga cargo de la prestación de los servicios y están abriendo la puerta a que muchas de las irregularidades que han venido siendo denunciadas se sigan manteniendo, irregularidades que tanto daño hacen al conjunto de este sector.
Por otra parte, han rechazado reservar un apartamento por cada fracción de apartamentos para su utilización por parte de aquellos propietarios que en situaciones provocadas por averías u otros elementos, que todos sabemos cuáles son, causan la imposibilidad del disfrute de este apartamento. Ustedes están avalando o permitiendo situaciones de saturación, que tanto daño causan no solamente a este producto sino al turismo en general. En consecuencia, es necesario garantizar la existencia de apartamentos que con los mismos servicios y calidad compensen, cuando no se puede utilizar el propio. Lo contrario para nosotros es una irresponsabilidad, como saben ustedes, que provocará muchas situaciones conflictivas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) También creemos que el tiempo de siete días para reparaciones, limpieza y otros fines comunes, es escaso, por lo que planteamos ampliar al menos al doble, a 15 días, ese período.
En otro sentido, ha costado trabajo que ustedes comprendan, al menos en el título, que estábamos ante un producto exclusivamente turístico, pero se han quedado cortos y por eso proponemos que se especifique que estamos ante una actividad turística no inmobiliaria y por tanto sujeta a normativa de tal índole para la Administración competente. Desde esta perspectiva entendemos que no se vulneran las competencias autonómicas cuando se obliga a la inscripción en el registro que constituyan las comunidades autónomas, al contrario, se está reforzando el papel de las propias comunidades autónomas, que son las que tienen competencia en esta materia. Repito: nuestra enmienda pretende reforzar el papel de las comunidades autónomas sin cuyo aval registral no se podría constituir el régimen. Por tanto, que nadie se esconda detrás de una falsa defensa de las competencias autonómicas cuando lo que se está pretendiendo es que no sea obligatorio ese registro, que permitiría un mejor y un mayor control de estas empresas.
También entendemos que el texto, aunque aquí alguien ha querido ponerse el parche antes de que surja la denuncia, limita el papel que se planteaba en el texto original a las asociaciones de consumidores pues se ha pasado de permitir en el texto original a los representantes debidamente acreditados de estas asociaciones de consumidores visitar las oficinas del promotor o del propietario, y en su caso solicitar del personal responsable de las mismas la información y la documentación correspondiente, a eliminar esta posibilidad.
Sinceramente, no entendemos ese temor alas asociaciones de consumidores, no entendemos por qué se ha eliminado ese párrafo cuando las asociaciones de consumidores han sido asumidas, pues al menos de palabra todos las defendemos, reconociendo su papel importante en esta sociedad. Ahora ustedes quieren limitarles su competencia, quieren limitarles su papel. Entendemos que no es gratuita esta eliminación, que esconde la defensa de otros intereses que son los que ustedes están aquí defendiendo, que no son evidentemente los de los consumidores.
No voy a hacer mención a las enmiendas que siguen quedando vivas, que hemos trasladado a la Mesa para su votación, pero queremos terminar denunciando que esta ley no está hecha para la defensa de los intereses del sector turístico, que está hecha para la defensa de otros intereses. Nosotros creemos que en este caso, como en otros muchos, defender al sector turístico no es, ni más ni menos, que defender a la economía de este país. También creemos que se podía haber hecho una ley mejor. Ustedes nos dirán, como ya se ha dicho, que mejor es esta ley que la situación actual. Puede ser cierto, pero para nosotros la realidad es que se ha perdido una oportunidad histórica de hacer una ley útil y eficaz para la industria turística. A nosotros nos hubiera gustado estar ante una ley consensuada, pero la realidad es que se han realizado pocos esfuerzos para que sea así. Los que hoy voten a favor de esta ley tendrán que asumir que se aprueba una ley que va a tener enfrente con seguridad a importantes sectores de la industria turística y fundamentalmente a los sindicatos y a los trabajadores, porque entendemos que se ven muy perjudicados con esta ley.
Para terminar me voy a referir a la enmienda presentada por Coalición Canaria. Nosotros aunque consideramos que el título no puede ser un elemento primordial, estamos de acuerdo con que el título mejor es el que ha presentado Coalición Canaria en su enmienda aunque, repito, nos preocupa mucho más el contenido de la ley que el propio título.
Sin entrar en las disquisiciones planteadas por Convergència i Unió, estamos de acuerdo con la enmienda de estilo que ha planteado el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo socialista tiene la palabra el señor Sáenz Cosculluela.
El señor SÁENZ COSCULLUELA: Señor presidente, con brevedad voy a fijar la postura, la opinión, el juicio de valor que el informe de la ponencia ha efectuado sobre el proyecto de ley que debatimos en este momento.
Empezaré por manifestar que pocas veces en el Congreso de los Diputados tenemos la oportunidad de palpar de una forma tan concreta la diferente función que en el proceso legislativo corresponde al Gobierno y al Parlamento. El Gobierno constitucionalmente tiene la capacidad de iniciativa legislativa -no es el legislador-; es el que puede proponer iniciativas legislativas y al Parlamento, alas Cámaras, corresponde la función legislativa. Pues bien, repito, en pocas ocasiones puede verse tan diferenciadamente la función que a cada cual ha correspondido como
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en este proyecto de ley, porque la iniciativa que produjo el Gobierno y que entró en la Cámara tenía unas características que justificaron muchas enmiendas de totalidad y, en todo caso, una fuerte oposición en el seno de todos los grupos parlamentarios.
Después de la actividad legislativa desarrollada por la Cámara, al menos parcialmente hasta ahora, podemos obtener un juicio de valor bastante favorable al resultado jurídico y político que se ha producido.
Unos grupos optamos por la enmienda de totalidad y un tipo de enmiendas de supresión que iban en una línea bastante convergente con la de aquellos otros grupos que opta- ron por formular enmiendas de detalle al articulado, pero sosteniendo fundamentalmente criterios parecidos. Creo que el resultado, y en esto coincido con la mayor parte de los portavoces, desde el punto de vista de lo que constituyó la iniciativa, que era la regulación jurídica del tiempo compartido o de la multipropiedad hasta hace poco, es bastante interesante, aunque pueda tener aspectos defectuosos que son corregibles en el Senado. Dije en una ocasión, me pare- ce que fue en el debate de totalidad o en alguno de los encuentros que hemos tenido todos los ponentes en público, que era probablemente más difícil promover un régimen de tiempo compartido y articular su desarrollo en términos económicos y sociales, que promover, vender o comprar viviendas de promoción pública, lo que no deja de ser una situación un poco absurda. Hasta ese punto era complicada la regulación que se nos proponía. Pero ha habido capacidad de acuerdo en el seno de los grupos, y tengo que reconocer que el Grupo Popular, convirtiéndose en una especie de isla en medio del océano en esta Comisión y en lo que se refiere a este proyecto de ley, ha demostrado una capacidad de acuerdo, de reflexión y de encaje, frente a los argumentos esgrimidos, que es obligado agradecer y reconocer.
Entrando ya en las líneas básicas del dictamen, creo que éste resuelve razonablemente bien, en primer lugar, el objetivo de articular, en términos de Derecho positivo interno, las directrices de la directiva 94/47 de la Comunidad Europea. La directiva, que es el motivo fundamental de la iniciativa legislativa y el motivo fundamental por el que el Gobierno estaba en deuda con la Comunidad Europea, se ha desarrollado conforme establece la misma. Es decir, todos los derechos de los consumidores y usuarios que trata de proteger la directiva comunitaria son protegidos por el texto resultante de este dictamen elaborado por la ponencia. Por lo tanto, el desarrollo de la directiva se ha efectuado correctamente.
Segunda observación global. El sector de la promoción de este tipo de inmuebles destinados al turno compartido, o como se le quiera llamar, queda ordenado en términos jurídicos razonables. Manifestamos en su momento que la iniciativa del Gobierno producía, no sé si consciente o inconscientemente, el efecto de constituir un ataque al sector, al menos de introducir unas reglas que alteraban profundamente las expectativas económicas de este sector tan importante para España.
Por ejemplo, el hecho de que se regule el sector es positivo, que se haga teniendo en cuenta una posición favorable a su desarrollo y a su expansión y que no constituya un ataque injustificado, todo esto se ha logrado con el informe de la ponencia. Creo que la regulación jurídica que se nos propone para votar en Comisión, habiendo cosas discutibles que podrán verse en el Senado, es ciertamente una ordenación sensata y razonable.
Hay algo fundamental en este proyecto que ya ha puesto de manifiesto el señor Guardans sobre todo, por lo menos es el que más énfasis ha puesto en esta cuestión. El proyecto, tal como ha quedado redactado, respeta el principio jurídico de nuestro ordenamiento de respetar la libertad de pactos, valga la redundancia. El principio de la libertad de pactos queda aceptado en este proyecto de ley, tal como queda regulado en el dictamen de la ponencia.
Eso es muy importante porque permite que la base jurídica de los contratos que se desarrollen a partir de ahora pueda ser variada o múltiple, basada en el derecho personal o en el derecho real. Mi opinión personal es que va a prevalecer la opción del derecho personal por razones fiscales y porque la dinámica del sector y de los propios consumidores me da la impresión que va a ir por ahí. Lo cierto es que frente a la tesis rígida y cerrada del proyecto, que excluía toda hipótesis que no fuera la del derecho real, ha prevalecido el principio de la libertad de pactos y, por tanto, la aplicación de la base jurídica del derecho personal que constituye para nosotros una modificación esencial y satisfactoria de este proyecto. Por otra parte, se ha regulado más libremente la posible duración de estos contratos de tiempo compartido, y algo en lo que nadie ha hecho mención: se ha regulado la exigencia de seguros y de caución, de manera sensata, porque el proyecto hacia imposible la contratación de estos seguros que pretendía la ley. Eran seguros al margen del mercado, introduciendo unos costos sencillamente formidables para que pudieran ser viables. Hoy, la figura del aseguramiento en beneficio de los consumidores y usuarios y en beneficio de todos los que están relacionados con este tipo de iniciativas económicas se ha establecido en términos viables.
Tenemos todavía algunas dudas desde el Grupo Socia- lista. Quizá hay una excesiva remisión al Registro de la Propiedad. Es una cuestión que merecerá la pena ver más despacio en el trámite del Senado. No lo vamos a hacer nosotros, lo harán los senadores, pero aprovecho esta ocasión para sugerir a nuestros colegas de la Cámara senatorial que repasen estos conceptos. También nos llama la atención una excesiva rigidez, por ejemplo la que establece el artículo 4, cuando exige la presencia de la empresa prestadora de los servicios en el propio acto de otorgamiento de la escritura de constitución. Tengo la impresión de que esta es una figura formalista y rígida que no aporta nada -no sé por qué tiene que estar presente, dando carácter a la constitución del régimen, la empresa prestadora de servicios que, al fin y al cabo, es una acción colateral a la acción de promoción de un bien inmueble con destino al uso compartido-, pero, en fin, son aspectos que, en absoluto, enervan la calificación positiva global que hacemos de este proyecto de ley, tanto quienes hemos sostenido como tesis fundamental de trabajo partir de la enmienda de totalidad frente al proyecto de ley como quienes optaron por otra técnica parlamentaria pero con la misma intencionalidad.
He de hacer algún comentario ahora, para terminar, sobre los diversos documentos que se nos han facilitado a lo largo de la mañana de hoy.
Uno es el documento suscrito
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por el letrado que nos ha asesorado, que hace unas observaciones que personalmente creo que la Comisión, si es que reglamentariamente es posible, debería tener en cuenta y si no, sin duda, caerá en terreno abonado el informe cuando haya la oportunidad parlamentaria de tenerlo en cuenta. Personalmente creo que son observaciones razonables. De entre ellas destaco una que me parece particularmente importante, que es la que suscita la posibilidad de demandar al Parlamento de la Comunidad Autónoma Canaria informe en relación con la disposición del artículo 20.2 referente a medidas tributarias.
Quiero insistir, dados los excesivos precedentes polémicos que ha habido en esta Cámara, en que más vale tener en cuenta la sugerencia y curarnos en salud formulando la solicitud del dictamen al Parlamento canario, salvo que SS.SS. argumenten en contra de esta sugerencia de una forma tan definitiva que tenga yo que revisar mi criterio; de todas maneras me parece que lo prudente sería tenerlo en cuenta.
Por lo demás, por lo que respecta a las enmiendas in voce formuladas por el Grupo Popular no solamente no tenemos objeción alguna a que se tramiten, cosa que no podríamos impedir, sino tampoco a su contenido, salvo la número 2 al artículo 4.1.c) en que, efectivamente, coincido con el señor Guardans en cuanto a la corrección de la expresión «exijan» para sustituir los requisitos que se exigen a éstas, ya que bastaría probablemente. Es seguro que la señora Barrios compartirá esta aseveración porque ha demostrado a lo largo del trabajo no solamente finura jurídica, sino capacidad de análisis terminológico, que también es muy importante en este tipo de proyectos.
Respecto a las enmiendas de Coalición Canaria nosotros informalmente, antes de la Comisión, le habíamos anunciado nuestro apoyo a la expresión tiempo compartido, por la que tanto ha peleado el portavoz de ese grupo. Es verdad, después de oír las argumentaciones que se han formulado en relación con el artículo siguiente en el que se da libertad para emplear cualquier denominación en la publicidad, salvo para la palabra propiedad o multipropiedad, que el problema que suscita el diputado de Coalición Canaria en la práctica queda resuelto porque nada impide que se use la expresión tiempo compartido en la multitud de actividades de promoción y de propaganda que quiera hacer un promotor. Como nosotros hemos dado nuestra palabra al apoyo de esta enmienda, así lo haremos, pero tenemos que reconocer que la explicación dada con posterioridad nos libra ya del temor de privar a Coalición Canaria de sacar adelante una tesis razonable. En todo caso, insisto, hemos dicho que la íbamos a apoyar y así lo haremos, pero el título, en puridad de principios, lo que calificaba el señor Guardans como nomen iuris, es más correcto el que trae el proyecto, aunque no coincida con los usos sociales.
Finalmente, quiero proponer una enmienda in voce, que ya he anunciado a algún grupo, que es de entidad tan pequeña que no ha merecido la pena pasarla por escrito, pero puede tener su interés. Me refiero al artículo 24, sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. El proyecto dice: Alas transmisiones entre particulares o exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido les será aplicable el tipo de gravamen del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. No es exactamente así. Las transmisiones entre particulares, si están exentas, quiere decir que están sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, otra cosa es que no paguen; pero, si están exentas, están sujetas al IVA. Por tanto, habría que decir: Alas transmisiones entre particulares no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido les será aplicable el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, porque la palabra exenta no quiere decir no sujeta; hay una sujeción a ese impuesto y, luego, una medida de exención. En consecuencia, la sugerencia que hacemos es sustituir la expresión no exentas por no sujetas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular desean intervenir varios de los ponentes de dicho grupo en este proyecto de ley, que, por tanto, se distribuirán el tiempo razonable de una sola intervención. Por tanto, como es lógico, y teniendo en cuenta la hora que es, les exhorto especialmente a ello.
Si no tienen un orden prefijado de intervención, primero le concedo la palabra a la señora Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: Efectivamente, los tres ponentes del Grupo Popular vamos a intervenir y lo haremos en el orden de nuestras intervenciones en la ponencia, de tal manera que esta ponente defenderá los criterios y el proyecto del Grupo Popular y se referirá a las enmiendas de los otros grupos desde el título del proyecto hasta el artículo 7; el señor Gómez Darmendrail a las enmiendas de los artículos 8 al 14, y el señor Subirón sereferirá a los artículos 15 hasta el final.
Como primer punto, quiero decir que el Grupo Popular agradece todas las declaraciones de consideración, de apoyo y de reconocimiento de una labor de trabajo, que, sin lugar a dudas, se ha llevado a cabo por todos los componentes de esta ponencia. Hemos trabajado duro, de forma eficaz y, desde luego, ningún ponente ha estado cerrado a las enmiendas defendidas por los otros grupos, por lo que creo que ha salido un buen texto, un texto para lo que todos pretendíamos: regular un sector que en este momento adolecía de adecuada regulación jurídica. A todos nos parecía que era esencial regularlo y, por supuesto, al Gobierno, que es el que presentó el proyecto de ley hace un año exactamente.
Respecto a la intervención del señor Gómez, de Coalición Canaria, en la que manifestaba que esta ponente defendía con más calor que la ministra el propio proyecto de ley, quiero decir que, efectivamente, yo creo en el proyecto, estoy convencida de que, con las mejoras que se han llevado a cabo, ha salido un buen texto, y seguramente lo habré defendido también con el calor que produce ese clima cálido y tropical de Canarias, que se traslada a sus hijos y que seguramente otros compañeros parlamentarios, como usted mismo o el señor Trujillo, aquí presente, también reflejan en sus intervenciones, por otra parte muy variadas, muy técnicas y bien argumentadas, como las que hemos tenido a lo largo de esta legislatura. Por tanto, agradezco en nombre de mis compañeros las intervenciones y las mejoras del texto, así como decir al representante de Izquierda Unida que me resultan un poco duras las diferentes expresiones que ha utilizado, dando a entender que este texto es resultado de la entrega del Partido Popular en brazos de Convergència i Unió. Creo que de la práctica y del
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debate no se puede llegar a esa conclusión. El representante de Izquierda Unida estuvo presente en todas las reuniones de la ponencia y vio cómo los representantes del Grupo Popular y el resto de los ponentes hemos estado abiertos a las aportaciones de otros grupos con diferentes proyectos, intentando llegar a un acuerdo. Si Convergència i Unió ha conseguido que se le admitieran muchas enmiendas -Coalición Canaria ha sido otro grupo al que se le han admitido muchas enmiendas- ha sido porque nos ha parecido la todos muy acertadas, no porque estemos entregados a nadie. Eso es algo que no se explica, puesto que, además, al propio Grupo de Izquierda Unida se le han aceptado enmiendas, que incluso se han incorporado al título, como es el uso turístico, así como se ha sustituido la expresión departamento por alojamiento, que también era una de las enmiendas de Izquierda Unida. Por tanto, no comprendo la intervención del señor Centella en ese sentido; de todos modos, estamos en nuestro debate político y todos son muy respetables.
Quiero intervenir para recordar muy brevemente que nos encontramos, señoras y señores diputados, ante un nuevo producto turístico. Es una nueva oferta turística el derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, que surge por la modificación de los comportamientos sociales y que se lleva a cabo en lo que respecta al disfrute de los períodos vacacionales. En efecto, los particulares que no disponen de medios financieros suficientes para lanzarse a una verdadera adquisición inmobiliaria tienen la posibilidad, con este nuevo producto, de comprar el derecho a utilizar durante un periodo bastante largo, hasta 50 años, si se aprueba lo que proponemos los ponentes en este proyecto de ley, un apartamento durante una o varias semanas al año. Este derecho puede llevar aparejado, eventualmente, el poder beneficiarse de posibilidades de intercambio, y por ello, en principio se da plena libertad para modificar fechas y lugares de veraneo.
Esta oferta turística, que, así plasmada, resulta ciertamente atractiva, ha tenido una enorme aceptación entre nuestros propios conciudadanos, los de la Unión Europea y los de otros países. Eso ha dado lugar, como ha dicho el representante de Coalición Canaria, a que España sea en este momento la segunda potencia mundial en la explotación de complejos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles -se darán cuenta SS.SS. de cómo me estoy obligando a utilizar el término que ya recoge el proyecto de ley-, y nos encontramos en el Estado español con que la comunidad canaria es, sin lugar a dudas, pionera en esta actividad extra-hotelera, que nos parece sumamente interesante y que creemos que tiene mucho futuro.
De hecho, han surgido empresas que se han especializado en la promoción de lo que coloquialmente se conoce como multipropiedad o time-sharing, ocupando para ello a numerosos profesionales fiables. No obstante, hoy en día todos sabemos que alrededor de esta práctica empresarial se han suscitado numerosas controversias, residiendo principalmente los motivos de discordia en la falta de protección jurídica. Son precisamente algunos profesionales del sector -y algunas denuncias, como aquí se ha dicho, por determinados abusos- los que se esfuerzan desde hace tiempo para convencer a las instancias comunitarias y al Poder Legislativo español de que regulen las actividades de su sector, porque consideran que estos abusos, cometidos siempre por sociedades marginales, perjudican a los consumidores y a un tipo de inversión que es muy importante, puesto que no podemos olvidar que este producto turístico es la combinación de lo mejor que tienen la pro- piedad de un apartamento y el uso de una habitación hotelera.
Es por ello que el Grupo Parlamentario Popular ha respondido a esta llamada del sector, habiendo presentado el Gobierno este proyecto de ley en esta Cámara hace justamente un año este mes. Con ello responde también, por supuesto, a la llamada del Parlamento Europeo, que desde 1986 se está ocupando de la problemática y de la laguna jurídica detectada y que, por último, en su Directiva 94/47, de la que todos los ponentes han hablado, ya recoge una regulación de mínimos que el Gobierno del Partido Popular ha considerado que se podía incluso desarrollar mejor, teniendo en cuenta las características sociales y económicas del sector.
El representante del Partido Socialista que acaba de intervenir ha hecho en su intervención una clara manifestación respecto a la separación del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ello me agrada, puesto que, aun viniendo este proyecto de ley del Gobierno que apoyamos desde el Grupo Popular, se manifiesta que es cierto que se ha mejorado ostensiblemente. Nosotros creemos en la separación de poderes y en las funciones diferenciadas. Creo que, efectivamente, el Poder Legislativo ha hecho en esta ponencia una gran labor y que hemos ido mucho más allá de lo que ha recogido la directiva, siempre en el sentido de mejorarla. Por ello, la ponencia sobre el denominado proyecto de ley de derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles lo ha estado estudiando detalladamente, porque aunque oficialmente aparecen 175 enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios, y aceptadas más del 60 por ciento, es cierto que se han aportado muchísimas enmiendas técnicas que han mejorado el texto y que han sido recogidas en el mismo por la ponencia.
Esto ha contribuido sobremanera, como ya he dicho, a mejorarlo, dotándolo de una mayor calidad jurídica y de técnica legislativa.
Creo, y puedo afirmarlo -lo han dicho ya los anteriores ponentes-, que el texto resultante ha sido fruto de arduas negociaciones que han ido acercando posturas francamente opuestas en un principio, pero que han dotado al nuevo texto de un alto grado de calidad legislativa y que, en definitiva, han cubierto la necesidad que urgía cubrir, proteger al consumidor y dar a esta actividad empresarial toda la cobertura legal necesaria para poder presentarse sólida y transparente.
La primera dificultad con la que nos encontramos a la hora de regular esta figura jurídica fue tan simple y tan compleja como elegir las palabras adecuadas que la definieran, y esto se ha demostrado ahora con las enmiendas in voce que ha presentado incluso Coalición Canaria, a lasque después me referiré.
El señor PRESIDENTE: Señora Barrios, recuerde que el tiempo está compartido.
La señora BARRIOS CURBELO: Muchas gracias, señor presidente. Unos minutos nada más.
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Para designar a los contratos de suscripción de inmuebles en régimen de disfrute a tiempo compartido se han utilizado todo tipo de expresiones, como todos sabemos -time-sharing, multipropiedad, nuevo concepto de vacaciones-, e incluso en determinados países, como Gran Bretaña, Portugal, Grecia e Italia, le han dado su propia denominación e incluso su propio contenido. El texto que hoy presentamos ha abordado con seriedad todas estas cuestiones, y por ello su exposición de motivos explica detalladamente los orígenes de este nuevo derecho, el razonamiento de la denominación elegida, así como un pormenorizado recorrido por todo el contenido del articulado, con lo que se ha logrado dar al jurista unas líneas maestras donde moverse a la hora de interpretar y aplicar la ley.
En el título I, que recoge dieciséis artículos, podría distinguirse el título de dicho proyecto, que ahora pasa a denominarse derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias, que nos parece sin lugar a dudas que es el más adecuado, y también, en el artículo 1.º del proyecto, que ha sido parcialmente modificado, se regula el contenido del derecho y se recoge en su apartado 6 una de las principales novedades introducidas: la posibilidad de que se pueda configurar, y así lo han dicho otros ponentes, el derecho tanto como derecho real como derecho personal. Respecto a la duración, en su artículo 3.º, ya pasa de tres a cincuenta años, lo que nos parece bastante adecuado.
En estos artículos que me han correspondido, desde el título del proyecto de ley al artículo 7.o, se demuestran perfectamente las garantías que se quieren fijar en dicho texto y las exigencias que se deben aportar cuando se constituye este derecho, y sin lugar a dudas creemos que salen, en ese sentido, unos artículos con una técnica legislativa bastante perfecta, como he dicho anteriormente, con modificaciones que en el Senado, nuestra segunda Cámara, podrán realizarse, si hubiéramos tenido algún desliz.
En cuanto a los textos que han surgido, nosotros seguimos defendiendo las enmiendas in voce a las que se han referido los diferentes grupos con la modificación, que así se ha hecho, de poner en la segunda enmienda la expresión exijan en lugar de exigen.
Respecto a las enmiendas in voce de Coalición Canaria, no las vamos a aceptar, porque nos parece que la expresión por tiempo compartido, como dije en mi primera intervención en el Pleno, quizá da lugar a que se interprete que lo que se comparte es el tiempo, que ya hemos dicho que justamente es lo único que no se comparte, se comparte el apartamento y se turnan los diferentes titulares en el mismo. Sólo quiero repetir lo que han dicho tanto el representante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) como el Grupo Socialista, y es que en el apartado 4 del artículo 1.º se recoge. Si la comunidad autónoma de Canarias tiene ya unos documentos con la expresión de tiempo compartido, en base a ese apartado 4 la publicidad que no lleve a confundir con el término propiedad, como se ha dicho anteriormente, puede seguirse utilizando y, por tanto, creemos que no le produce daño ni menoscabo alguno. Respecto a la expresión normas tributarias, ya se recoge en la propuesta de la ponencia. Por tanto, me parece que en tal caso está de más, ya lo habíamos determinado así.
Y en cuanto a las demás enmiendas in voce, quiero decir a Coalición Canaria que no vamos a votarlas a favor en este momento, pero es posible que pudiéramos estudiar en el Senado alguna de ellas con tranquilidad, porque nos parece demasiado perentorio el tiempo como para conocer con profundidad las consecuencias de dichas modificaciones.
Al letrado, que nos ha hecho llegar unas determinadas modificaciones y correcciones, he de decirle, igual que al resto de los grupos parlamentarios, que agradecemos muchísimo toda la aportación, que hemos trabajado conjuntamente y que estamos muy satisfechos de su labor. Efectivamente, nos parece muy adecuado que en el apartado 6 del artículo 1.º se recoja, dentro de los bienes vacacionales, bienes inmuebles, tal como se ha estipulado y que en la expresión alojamiento se recoja alojamientos por temporada. Respecto al apartado 2 del artículo 2.º, cuando se declaran nulas determinadas cláusulas, se recoge la expresión se tendrán por no puestas y se propone que se repita en los dos apartados o bien quitarlo de ambos; a nosotros nos parece más adecuado quitarlo de los dos y solamente poner que se declararán nulas. Respecto a las responsabilidades penales y civiles, quitar esta expresión nos parece lo más adecuado.
Respecto al párrafo 3 del artículo 9.º, nos parece muy adecuado añadir al final, tal y como dice el letrado, a elección del adquirente, es decir no poner los apartados a) b) y sino ponerlo al final de toda la expresión, y quitarla de en medio de la frase.
La modificación de los artículos 20 y 23 nos parece muy adecuada. En el artículo 23, a través de los apartados1 y 2, se recoge la regulación del IGIC canario.
En cuanto a las observaciones a la exposición de motvos, me parece muy adecuado no modificarlo, sino suprimirlo, tal como se recoge en el párrafo primero del apartado 2, el párrafo cuarto del apartado 2, el párrafo octavo del apartado 2 y el apartado 5, con las modificaciones que se harían en los párrafos uno y dos.
Respecto a las observaciones sobre el procedimiento, nos parece muy adecuado que, refiriéndose el IGIC a una parte del régimen económico y fiscal de Canarias, se haga la consulta al Parlamento de Canarias, tal como recoge la Constitución española así como el propio Estatuto de Autonomía y el propio régimen económico y fiscal.
Quiero agradecer la paciencia de quienes me han estado escuchando. Me ha tocado a mí aceptar o rechazar determinadas enmiendas. Nosotros hemos retirado las nuestras y quería decir que no vamos a votar afirmativamente las enmiendas que, respecto a esta parte que a mí me corresponde, mantienen los diferentes grupos parlamentarios, agrade- ciendo a todos ellos la colaboración que han prestado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Los artículos 8.º al 15 conforman la sección segunda del capítulo II y recogen las condiciones de promoción y transmisión.
Ya la Directiva 94/47 establecía un mínimo común denominador para toda la Unión Europea sobre información contractual previa, desistimiento y resolución de los contratos. Sin embargo, aunque quedaban recogidos perfectamente en esa directiva una serie de criterios mínimos,
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no se impedía en ningún caso que los Estados miembros regulasen de una forma más completa y amplia esta cuestión, como queda recogido en los artículos 1, 4, 10 y 11 de dicha directiva. Así ha sido entendido por la mayoría de los grupos parlamentarios que, en todo momento, nos hemos preocupado por una mejor y mayor protección de los consumidores, entendiéndolo también así el propio Gobierno que ya en su proyecto de ley dedica esta sección a clarificarla indefinición del derecho transmitido y a eliminar así la posible indefensión en que quedaban los adquirentes.
Se han presentado 54 enmiendas a esta sección por parte de todos los grupos parlamentarios y 38 han sido asumidas por la ponencia, bien directamente, bien a través de transaccionales o mediante modificaciones puntuales consensuadas. El hecho de que dos de cada tres enmiendas hayan sido asumidas en esta sección indica hasta qué punto el proyecto del Gobierno ha sido enriquecido con aportaciones de todos los grupos, consiguiendo así identificar un texto que será punto de encuentro para lograr un respaldo parlamentario suficiente.
Dicho esto, a nadie le sorprenderá que diga que mi grupo no va a aceptar ninguna de las enmiendas que quedan vivas en esta sección.
Por nuestra parte hemos hecho el máximo esfuerzo de aproximación, pero en algunos casos las enmiendas partían de una filosofía diferente a la del proyecto de ley y en otros entendemos que han sido asumidas por la ponencia, si no en su literalidad si en el fondo. Me referiré brevemente a las enmiendas que quedan vivas.
Las enmiendas que mantiene vivas el Grupo Parlamentario Socialista, tres de ellas, la 104, 105 y 106 son modificación de los artículos 8, 9 y 10 y no las podemos aceptar porque parten de una filosofía diferente. Por poner un simple ejemplo, mientras el proyecto habla del Registro de la Propiedad, aquí se habla del registro de condiciones generales de contratación.
Las enmiendas números 107, 108 y 109 son de supresión de los artículos 13, 14 y 15. Es evidente, y lo he dicho al principio, que nosotros queríamos ir más allá de la directiva, que no sólo se hablara de información general, del contenido mínimo del contrato, desistimiento y resolución del contrato, sino también de la prohibición de anticipos, régimen de préstamos a la adquisición, resolución por falta de pago de las cuotas, publicidad registral y las facultades del titular de derechos de aprovechamiento por turno.
Nos parece que estos artículos dotan de mayor transparencia a la ley, clarifican la indefinición del derecho transmitido, aportan mayor seguridad jurídica y consiguen una mayor protección de los consumidores. Hay que decir que en España tenemos un problema importante de imagen que afecta a nuestro sector turístico, porque la falta de transparencia de este mercado puede lesionar los derechos de los consumidores, y en ese sentido creo que esta sección clarifica bastante todo el asunto. Aunque también hay que decir que la situación no era tan catastrófica como la ha pintado el portavoz de Izquierda Unida, pero hay que reconocer en honor a la verdad que esta nueva modalidad turística que surge en la década de los sesenta ha sido desarrollada en gran parte por empresarios fiables y serios.
Pero tampoco hay que olvidar que los millares de reclamaciones, quejas y denuncias por parte de los consumidores y usuarios son lasque provocaron la reacción del Parlamento Europeo.
En cuanto a las enmiendas vivas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, no las podemos aceptar, unas, porque la redacción queda suficientemente clara en el proyecto del Gobierno; otras, porque al haberse aceptado enmiendas de otros grupos o transaccionales no tenían ya cabida ni sentido y quedaban fuera del contexto, e incluso algunas, como la número 18, que queda viva y es similar a la número 19, que ha sido aprobada y se refiere a la inclusión de los gastos de transporte cuando se participa en sistemas de intercambio.
Al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria le quedaban vivas tres enmiendas, las números 162, 163 y 165. Las dos últimas han sido retiradas; mantiene dicho grupo una enmienda in voce referente a la 162. Yo comparto las apreciaciones del portavoz de Convergència i Unió en cuanto a que se podían presentar en el Senado, pero son Simples correcciones gramaticales y una pequeña modificación referente a los colegios profesionales que no tiene mayor trascendencia. Creo que no habría inconveniente en aprobarla. Incluso convendría decir que el punto cuatro de esta enmienda es realmente caótico, quizás porque con las transaccionales y lo que hemos ido introduciendo no ha queda- do claramente expuesto.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Creemos que el trabajo de la ponencia ha sido igualmente eficaz en los artículos que van desde el 15 hasta las disposiciones finales, de los que me toca hablar en este momento.
Son pocas las enmiendas que quedaron vivas después del debate en ponencia. Durante el debate en Comisión muchas de ellas han ido muriendo, valga la expresión, a lo largo de la mañana y creemos que ese es un síntoma inequívoco de que se ha incorporado en el trabajo de la ponencia lo que se ha considerado sustancial de las posiciones de los diversos grupos.
El texto final que se va a someter a la votación de la Comisión se corresponde mejor, desde nuestro punto de vista, con la realidad del Estado autonómico y ofrece un régimen fiscal que entendemos equilibrado. Quiero resaltar expresamente el consenso alcanzado por los distintos grupos sobre el papel a desempeñar por las organizaciones de consumidores y usuarios. Ha quedado clara la preocupación de todos los grupos parlamentarios por garantizar el derecho de los consumidores en un asunto como el que nos ocupa, y así también por parte del Grupo Parlamentario Popular.
No hemos oído que el Grupo de Izquierda Unida haya retirado las enmiendas números 30 y 31. Nosotros vamos a votar en contra porque entendemos que la número 30 no tiene sentido tras la supresión del artículo 21 del proyecto, y la número 31 creemos que está suficientemente recogida con el artículo final, que se refiere a los consumidores y usuarios. Nos extraña la posición del portavoz de Izquierda Unida, cuando en realidad nos parece que la última redacción de este artículo es bastante más amplia incluso que la que podría haber resultado de haberse admitido la enmienda del citado grupo.
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Las enmiendas del Grupo Socialista vamos a rechazarlas. Unas, porque parten de una filosofía distinta, simplemente pretendían la trasposición de la directiva. El Grupo Parlamentario Popular ha entendido que había que ir más allá en un tema como éste, que afecta de forma importante a una industria como es la turística. Y otras, porque creemos que están suficientemente incorporadas en el texto de la ponencia. Respecto a la enmienda 125, porque creemos que la referencia a la entrada en vigor de la ley debe ser la de los veinte días del Código Civil y, por tanto, nos parecía una redundancia incluirlo en el texto de la ley.
Por lo demás, he de decir que consideramos acertada la precisión técnica del letrado en su informe que se refiere a los artículos 20 y 23. En definitiva, vamos a votar en contra de las enmiendas que quedan vivas de los restantes grupos parlamentarios después de haber expuesto nuestra posición.
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate, vamos a suspender la sesión durante dos minutos para ordenar la votación. (Pausa.) En primer lugar, si no tienen inconveniente los señores portavoces, les ruego indiquen a la Mesa las sustituciones para las votaciones, a efectos de que después se sepa exactamente los señores diputados que participan en la votación. (El señor Sáenz Cosculluela pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Sáenz Cosculluela, que me la había pedido con anterioridad.
El señor SÁENZ COSCULLUELA: Solamente quería para manifestar que, aún agradeciendo la atención que nos ha dispensado el portavoz del Grupo Popular, de mi intervención debía haberse deducido que quedaban retiradas las enmiendas del Grupo Socialista, que se presentaron con una intención s que el informe de la ponencia ha resuelto. Por tanto, no hay enmiendas del Grupo Socialista, salvo la in voce al artículo 24, que he anunciado.
El señor PRESIDENTE: Agradecería a los señores portavoces que indicasen las sustituciones, en sus respectivos grupos, de comisionados por otros diputados que se encuentran presentes en la sala. (Pausa.) Se anuncia que se entrega a la Mesa la relación de las sustituciones que quedará unida a la documentación y vamos a proceder a las votaciones.
Votamos, en primer lugar, las relativas a la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves.
Después del debate, han quedado pendientes para la votación, en primer término, las enmiendas de la señora Almeida, del Grupo Mixto, concretamente las números 4, 6, 7 y 8. Procedemos, en primer lugar, a la votación de dichas enmiendas de la señora Almeida.
A continuación, votamos la enmienda número 19, del Grupo Catalán de Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada dicha enmienda.
Han sido retiradas las restantes enmiendas y han sido formuladas enmiendas in voce, concretamente cuatro, que creo que conocen todos los señores portavoces. Si algún señor portavoz o algún señor diputado desea que se dé lectura a alguna de dichas enmiendas, lo haría en este momento. (Pausa.) No siendo así, entiendo que están impuestos todos los señores diputados de su contenido y también que ningún portavoz se opone a la votación de dichas enmiendas in voce planteadas durante la tramitación del proyecto. Por tanto, salvo que algún grupo desee votación separada de alguna de ellas, las vamos a votar todas conjuntamente.
Votamos las cuatro enmiendas in voce a esta proposición de ley.
A continuación, votamos el conjunto del dictamen con las enmiendas aprobadas, que se incorporan al texto.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad el dictamen, con las enmiendas incorporadas fruto del debate que ha tenido lugar esta mañana.
A continuación, pasamos a la votación, con competencia legislativa plena de esta Comisión, del proyecto de ley denominado, en el texto remitido por el Gobierno, de derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles.
Como es sabido, han sido retiradas las enmiendas del Grupo Coalición Canaria, Grupo Vasco y Grupo Catalán. Correspondería la votación de las que no han sido retiradas, las del Grupo Izquierda Unida, que a su vez han sobre- vivido al debate, las números 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 31. Si ningún grupo desea una votación separada, las votamos conjuntamente.
Como quiera que el Grupo Socialista y el Grupo Popular han retirado las enmiendas que mantenían para el debute, sólo resta llevar a cabo la votación de las enmiendas transaccionales y de carácter técnico formuladas in voce en el curso del debate que también obran en poder de la Mesa y que han sido distribuidas a todos los grupos.
Salvo que alguno de ellos o algún señor diputado desee que se dé lectura a alguna de dichas enmiendas, pasamos a la votación.
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El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, sin ánimo de molestar a nadie, querría que detalláramos qué es lo que estamos votando ahora porque ha habido enmiendas y contraenmiendas.
El señor PRESIDENTE: Son cuatro enmiendas formuladas por Coalición Canaria: una, al título del proyecto; otra, al artículo 8.º; otra, al 5.º y otra, al preámbulo ¿Queda suficientemente informado?
El señor GUARDANS I CAMBO: ¿De momento hablamos sólo de esas enmiendas?
El señor PRESIDENTE: Por ahora vamos a proceder primero, para simplificar, a la votación conjunta de estas cuatro enmiendas, salvo que algún portavoz desee que haya votación separada.
Señor Sáenz.
El señor SÁENZ COSCULLUELA: El Grupo Socialista desea votación separada para la enmienda número 1.
El señor PRESIDENTE: ¿Decía algo señor Gómez?
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Pedimos votar las enmiendas una por una.
El señor PRESIDENTE: Procedemos, en primer lugar, a la votación de esta enmienda transaccional de carácter técnico del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, al título del proyecto de ley.
Votamos, a continuación, la enmienda número 2 de este grupo de transaccionales, también planteada por el Grupo de Coalición Canaria, al artículo 8.o
Votamos seguidamente la enmienda número 3, de la misma procedencia, al artículo 5.º
En último término, votamos la enmienda número 4, de este grupo, al preámbulo del proyecto de ley.
Quedarían por votar de estas enmiendas transaccionales, cuya votación se ha admitido por todos los grupos, al texto del proyecto de ley y fruto del debate en esta mañana, cuatro enmiendas del Grupo Popular: una, al artículo 1.7; otra, al artículo 4.1.c); otra, al artículo 7.1 y otra, al artículo 9.1.
Además hay una del Grupo Socialista al artículo 24. ¿Están SS.SS. en condiciones de votar o desean que se dé lectura a algunas de ellas? Señora Barrios, tiene la palabra.
La señora BARRIOS CURBELO: En la enmienda número 2, por la que se modifica el apartado c) del artículo 4.1, suprimiríamos la expresión «en aquellas comunidades autónomas donde se establezcan», que era el añadido y solamente cambiaríamos la forma del verbo, y en vez de «exigen» figuraría «exijan».
El señor PRESIDENTE: Dicha enmienda número 2, al artículo 4.1, letra c), se somete a votación con la corrección formulada en el curso del debate y aceptada por el Grupo Popular.
Vamos a votar, primero, las del Grupo Popular y después votamos la enmienda al artículo 24, del Grupo Socialista. ¿Algún grupo desea votación separada? (Pausa.) Entonces, votamos estas cuatro enmiendas que he relacionado, planteadas por el Grupo Popular en el curso del debate.
Entonces, nos queda la enmienda del Grupo Socialista al artículo 24, que, si no es necesaria su lectura, procedemos a su votación.
Están repartidas las modificaciones que el letrado de la Comisión ha sugerido como correcciones técnicas a distintos apartados del proyecto, de las que espero que SS.SS. estén informadas, para proceder a la votación de la introducción en el proyecto de dichas correcciones. (El señor Guardans i Cambó pide la palabra) Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: No sé cuál es el trámite normal al provenir del letrado, pero mi grupo no comparte la literalidad de las propuestas, entre otras cosas, porque algunas son abiertas y contienen una doble propuesta.
Entonces, el Grupo Popular en su intervención sí las ha hecho suyas, pero tampoco queda claro qué es lo que se va a someter a votación y en qué termina.
La señora BARRIOS CURBELO: En relación a lo que había expuesto hace unos minutos sobre las enmiendas in voce y mejoras técnicas, por si en mi intervención no he sido lo suficientemente clara, podría repetirlo.
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El señor letrado quiere incorporar en el apartado 6 del artículo 1 la expresión «bienes inmuebles». En ese sentido, no hay ningún problema porque dice «bienes vacacionales por temporada», y quedaría como «bienes inmuebles vacacionales por temporada». Es la primera observación.
En el artículo 2 recordarán ustedes que se recogían dos apartados en los que se declaraban cláusulas nulas. En uno de ellos se decía «y se tendrá por no puesta». Ala vista de que el letrado nos proponía o repetir «se tendrán por no puestas» en los dos apartados, o quitarlos, nos ha parecido más adecuado que se elimine esa expresión en los dos.
En el párrafo 3 del artículo 5.2, se hablaba de responsabilidad penal y civil. Nos parece muy adecuada la opinión y la corrección que hace el letrado respecto a quitar estas expresiones de responsabilidad penal y civil.
Nos propone el señor letrado modificar el artículo 9, y poner una letra a) y b), especificando las lenguas españolas y después las lenguas de los Estados miembros de la Unión Europea, o hacer el añadido de que será a elección del adquirente en un solo apartado, y nos parece más adecuado poner al final «a elección del adquirente» respecto a las lenguas diferentes que existen en España y respecto a las lenguas de los Estados miembros, y no en mitad de la frase como está actualmente.
Por último, en los artículos 20 y 23, al incorporar el IGIC de la Comunidad Autónoma de Canarias, parece más adecuado pasarlo al artículo 23 con dos apartados.
Respecto a las observaciones a la exposición de motivos, eliminar todo lo que le parece superfluo o que no es adecuado con las últimas modificaciones que se han hecho del articulado en la exposición de motivos, nos parece más adecuado. Por último, defendemos el procedimiento que recordarán que era dirigirnos a la Mesa del Congreso para que se consulte al Parlamento de Canarias por si la modificación que se hace o la remisión al IGIC, que es parte del régimen económico y fiscal de Canarias, pudiera dar lugar a alguna modificación del mismo, exigencia que recoge la Constitución española, el Estatuto de Autonomía de Canarias y el propio REF para que no se produzca modificación sin el informe preceptivo del Parlamento de Canarias.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Solamente un matiz. La enmienda al artículo 9.3, no sería un añadido -es obvio, no se corresponde con lo que ha dicho la portavoz del Grupo Popular, es un pequeño error-, sino una inversión de los términos del artículo. La expresión «elección del adquirente» ya figura, pero se mueve de sitio.
El señor PRESIDENTE: Lo que se hace es cambiar la expresión «la elección del adquirente».
Señor Sáenz Cosculluela.
El señor SÁENZ DE COSCULLUELA: Es para una cuestión estrictamente reglamentaria. Entiendo que no son enmiendas, sino que son correcciones técnicas.
El señor PRESIDENTE: Lo que se somete a votación de la Comisión es la introducción de las correcciones técnicas sugeridas por el letrado al texto de la ponencia.
Procedemos, por tanto, a la votación de la introducción de las correcciones técnicas.
Votamos, a continuación el texto resultante de este debate y la introducción de las enmiendas en el mismo aprobadas.
Tiene la palabra el señor Centella
El señor CENTELLA GÓMEZ: Nosotros habíamos trasladado a la Mesa la petición de votación de una serie de artículos de forma separada, y que, si ningún grupo tiene inconveniente, podíamos votarlos conjuntamente.
El señor PRESIDENTE: En relación con el texto del proyecto de ley que, como es conocido, no es en este caso dictamen de la Comisión, sino texto aprobado con competencia legislativa plena, vamos a proceder, en primer lugar, a votar por separado los artículos 3.1, 4.1.c), 4.2, 4.3, 5.1, 5.6, 5.7, 6.3, 8.1, 8.2, 10.2, 14.1, 15.3 y la disposición adicional primera.
La señora BARRIOS CURBELO: No he podido entender, cuando hizo relación de los artículos, a qué se refería, para poder dirigir la votación.
El señor PRESIDENTE: Estamos votando el dictamen, señora Barrios.
El Grupo de Izquierda Unida ha pedido votación separada dentro del dictamen de estos artículos. Estamos votando estos artículos dentro del dictamen, fruto del debate en esta Comisión.
Resto del texto del proyecto de ley.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Como lo que se ha votado son los artículos tal y como quedan en la ponencia, quiero rectificar el voto de Izquierda Unida, que es negativo.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto de los artículos del proyecto de ley cuya votación se ha llevado a cabo, con 36 votos a favor, dos en contra y ninguna abstención.
Ya me parecía a mí que SS.SS. se habían confundido.
Votamos el resto del texto del proyecto de ley, incluida la exposición de motivos que se incorpora como preámbulo al mismo.
Finalmente, entendemos pertinente que se lleve a cabo la votación expresa del acuerdo de la Comisión de dirigirse
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a la Mesa de la Cámara, acogiendo la propuesta de la ponencia para que por dicha Mesa de la Cámara se ponga en conocimiento del Parlamento de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias este texto que modifica el IGIC, a los efectos de recabar el informe que, con arreglo al Estatuto de Autonomía de dicha Comunidad y a la disposición adicional tercera de la Constitución, corresponde.
¿Entiendo que podemos aprobar por asentimiento esta votación? (Asentimiento.) Por tanto, queda aprobada.
Habiendo terminado el orden del día, señorías, y rogando a los miembros de la Mesa y Portavoces que permanezcan, se levanta la sesión.

References: artículo 1
 artículo 263
 artículo 280
 artículo 263
 artículo 263
 artículo 282
 artículo 282
 artículo 20
 artículo 2
 artículo 1
 resolución 
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 5
 resolución 
 artículo 4
 artículo 8
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 14
 artículo 4
 artículo 20
 artículo 4
 artículo 24
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 23
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 21
 artículo 24
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 24
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 9
 artículo 23
 artículo 9