Source: http://indigenas.bioetica.org/guia/3e.htm
Timestamp: 2017-04-27 05:12:20+00:00

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por Dra. Teodora ZAMUDIO 5. Personería jurídica de sus comunidades
Reconocida la personalidad de los Pueblos Indígenas Argentinos -sobre la base de su preexistencia étnica y cultural- surge el planteo de la personería de sus comunidades que debe ser reconocida, es decir, la organización actual y concreta de su cotidiano vivir de acuerdo con la modalidad consuetudinaria.
El ordenamiento jurídico debe dar cabida a las organizaciones intermedias dentro de las cuales se desarrolla la vida cotidiana de los miembros de los pueblos indígenas[1]. La agrupación de individuos y familias en torno a un ancestro común o intereses comunes fue la base política del mundo precolombino y aún hoy lo sigue siendo. Los pueblos se organizaban para la caza, la cosecha y la trashumancia, llegando incluso a complejas estructuras políticas como en el caso de los imperios Inca, Aymara, Azteca, Maya y otros de los que quizás tengamos menos testimonios pero que no por ello son menos importantes o sofisticados[2].
Hoy, salvo en algunas provincias, esas estructuras comunitarias deben responder a una imposición legal y a una asimilación de los grupos familiares (más o menos amplios) a las reglas de la asociación civil o sociedad cooperativa u otras legalmente previstas en el ordenamiento general. Estas estructuras jurídicas son las mismas que vienen siendo empleadas por el resto de los ciudadanos en la práctica del derecho de asociación con fines útiles (articulo 14 de la Constitución de la Nación Argentina). Son entidades ajenas a la cultura que intentan personificar y deben ser consideradas las propias y auténticas "divisiones internas" sujetas a las reglas propias de cada pueblo, para darles el estatuto legal que les corresponde, si se desea que estas figuras en verdad coadyuven a la reasunción de la identidad La confusión produjo lagunas y solapamientos normativos, prácticas no concertadas entre las autoridades nacionales y provinciales, todo lo cual no han permitido establecer vías unívocas de interpretación y aplicación a pesar de lo sostenido desde las posiciones doctrinarias de la más elevada enjundia, en el sentido de apoyar la eficiencia operativa de la norma constitucional vigente[3].
La existencia de una persona jurídica como figura asociativa (de carácter privado) es un derecho que la Constitución de la Nación Argentina reconoce a todos los habitantes en su artículo 14[4]. Por su parte el Código Civil regula la figura básica: la sociedad y confiere efectos a las asociaciones incluso a las de hecho; por lo que ninguna norma nueva era necesaria para regular este tipo de configuraciones jurídicas. Su aplicación a las llamadas comunidades indígenas (refiriéndose a los grupos de familias indígenas) se debió a la ley nacional 23302 que siendo pre-reforma constitucional no contaba con un precepto específico como lo es el inciso 17 del artículo 75 del nuevo texto constitucional. El artículo 4 de la ley 23.302 incorporó conceptos y previsiones ajenos al espíritu de la ley al disponer que las relaciones entre los miembros de las comunidades indígenas con personería jurídica reconocida se rijan de acuerdo a las disposiciones de las leyes de cooperativas, mutualidades u otras formas de asociación contempladas en la legislación vigente, lo que no parece compatible el respeto a la identidad histórica de las comunidades indígenas, con la imposición de formas asociativas propias de la sociedad moderna y, por ende, ajenas a las tradiciones y pautas de organización que cada comunidad se ha dado a lo largo de su historia. Más aún, la contradicción se hace más evidente al confrontar este artículo con lo normado en el artículo 3° de la ley 23.302 que impone como requisito de inscripción de una comunidad, la descripción de “las pautas de su organización”[5].
Así, esta situación me lleva a colegir que la impuesta adecuación a instituciones previas (ley de asociaciones civiles, de asociaciones mutuales, de sociedades cooperativas, etc.) ha sido una acción preliminar poco estudiada y feliz, de hecho poco respetuosa de las culturas que se pretenden reconocer y reivindicar, pero la idea de una específica figura legal está latente y pendiente de realización[6].
El término “comunidad” es un referente de uso práctico, del lenguaje común. Puede aludir a un grupo formal o informal de individuos que consideran pertenecer a ese grupo por un sin fin de razones subjetivas u objetivas. Se está entonces en el campo de la percepción o de la identidad en un sentido amplio: así, se habla de la comunidad de los inmigrantes en un país, la comunidad de estudiantes de un colegio, las comunidades de fe religiosa, etc. Estas comunidades pueden tener existencias jurídicas o no, estatuto legal o político, son alusiones en el plano cotidiano y –por impropiamente usadas en referencia a realidades indígenas actuales- quedan fuera del análisis que se pretende hacer aquí. A los fines planteados, importa hacer una suerte de ordenamiento analítico de los varios sentidos que se le da a este concepto según el contexto (circunstancial, oral, escrito, legal, político, literario, cultural, etc.) para distinguir sus funciones en un primer momento, y para entregar -a cada uno- denotaciones específicas en una segunda etapa. En particular cuando se pretende asignarle significados de derechos y jurisdicciones de orden jurídico-político. Si decidimos usar este concepto –“comunidad” para definir una entidad legalmente reconocida, se tendrá que precisar sus contornos (límites reglamentarios) y contenido (de derecho).
El uso indiscriminado de conceptos como cada uno lo entiende, es prerrogativa de la libertad de expresión y desgraciadamente esta “libertad semántica” no escapa a las ciencias…. Decimos “desgraciadamente”, porque en las ciencias sociales, por razones históricas y epistemológicas, se tiende a usar y abusar de referentes que no proceden de definiciones conceptuales resultantes de consensos académicos (y legales) universales. Los miembros de la “comunidad” formada por los antropólogos y sociólogos, entre otros, no están sometidos al uso de un lenguaje único y propio como lo están los científicos de las ciencias exactas. Cada antropólogo tiene su propia definición de lo que es una comunidad, definición basada en su buen entendimiento, su experiencia empírica particular, o basada en los trabajos y reflexiones teóricas de algún homólogo. Se habla de la comunidad en discursos políticos locales, durante ceremonias o eventos políticos. En esos casos, se trata de un uso vernáculo para designar la “confraternidad” de los que comparten un mismo sistema político y puede incluir varias “comunidades de derecho”. No tiene implicaciones jurídicas el usar el referente en este caso. Pongamos el caso de un dirigente indígena que en la ocasión de una junta de grupos vecinos habla diciendo: “Hermanos y hermanas de la comunidad, tenemos hoy que agradecer este día que nos trajo lluvia para las siembras...”; no hace mas que referir a la colectividad que de manera implícita forma parte de un mismo sistema climático, sin aludir a alguna realidad jurídica correspondiente. En Bolivia se utilizó el referente de “comunidad” para definir entidades políticas precisas después de la reforma agraria del 1953. Esto no impide que la gente siga utilizándolo sin rigor, como convenga al discurso de turno y ocasión[7].
Por ejemplo: “Allyu es una palabra Aymara que significa varios significados, pero tradicionalmente se le atribuye el sentido de familia o comunidad, y representa la asociación (o en un sentido de auténtica necesidad de) para compartir recursos” Así otras definiciones técnico-académicas extraídas de diccionarios de lengua Aymara especifican: Ayllu: Parcialidad de Indios, mas propio es Hatha. Hatha: tiene dos sentidos. Semilla de las plantas y los hombres, y todos los animales[8]. “¿Canqui hathata?” significa “¿de qué ayllu eres?”. Casta, familia, Ayllo “Ayllu: Grupo consanguíneo, gens // Familia, personas de la misma sangre. // Alcurnia, ascendencia, linaje, estirpe. [9].
En efecto, el artículo 8, inciso j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (ratificado por ley 24375 de octubre de 1994), establece que los Estados respetarán, preservarán y mantendrán los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales…”[10]
Esta norma también alude al pluralismo socio-político al tratar sobre los derechos de las comunidades indígenas y locales asociadas a los recursos genéticos y biológicos. Sin embargo la puntualidad de la temática –la biodiversidad y el conocimiento tradicional- y la incumbencia de otras expresiones sociales como la referencia a comunidades locales, hace de esta normativa un ejemplo más de la necesidad de clarificar su condición jurídica: COMUNIDADES
Alusión legal
Posibles aludidos
Grupos migratorios, colectividades étnicas, sectas consolidadas, etc.
Condición inferible
Incidencia ambiental - Integración ecológica
La relación entre las comunidades indígenas y el Estado es una cuestión que deberemos distinguir de las modalidades que caracterizan las relaciones políticas, productivas, de parentesco o rituales, que las comunidades puedan desarrollar en lo “interno” de ellas mismas. Estas últimas son íntimas y domésticas de la “colectividad” y en principio, son ajenas al Estado. Las Comunidades en tanto manifestaciones de ese ethos interno, serían -en su génesis- ajenas al Estado aunque en el desarrollo posterior de relaciones socio-económicas deben ser recibidas por el concierto institucional estatal, del modo menos traumático y respetando su perfil propio y distintivo.
Un testimonio puede ser aportado desde otras latitudes, pero no menos aplicables a la nuestra: “Quien dirigía la comunidad, antes de ser jurídica, era el Curaga, éste era la autoridad máxima de la comunidad, su permanencia como Curaga no era limitada en el tiempo y su acción estaba más centrada en hacer cumplir las normas establecidas al interior de la comunidad. Uno de los requisitos para ser Curaga, era básicamente que debía poseer tierras y ejercer liderazgo en la comunidad. Al reemplazar al Curaga por el Cabildo, se rompió el esquema propio de la organización tradicional y se adoptó la manera que sugiere el Estado, de acuerdo a la Ley de Comunas que entró vigencia en el año de 1937”[11].
¿Puede pensarse que un pueblo que ha trascendido por miles de años –de allí su preexistencia- sobre la base de su cultura y costumbres –alejadas y diferenciadas de la burocracia del Estado moderno- puede adquirir o extinguir su presencia en razón de un trámite administrativo? Puede convenirse que el “registro” sea útil y necesario para su actuación vinculante y ordenada, pero debe asumirse que el carácter y naturaleza registral son meramente declarativos. Se debe encuadrar y asumir el/los Registro/s de Comunidades Indígenas como deber de orden institucional –no constitutivo-; así entonces tales registros tendrían una función y utilidad informativa como auxiliar/es ineludible/s del planeamiento de políticas y acciones de gobierno (no se olvida aquí, que los miembros de tales comunidades son ciudadanos y habitantes a los que el Estado –nacional y provinciales- deben garantías y protección en tanto tales e independientemente de su identidad). La resolución 4811/1996 estableció como requisitos para la inscripción: el nombre y la ubicación geográfica de la comunidad, reseña que acredite su origen étnico – cultural e histórico, con presentación de la documentación disponible; descripción de sus pautas de organización y de los mecanismos de designación y remoción de autoridades, nómina de integrantes con grado de parentesco, mecanismos de integración y exclusión de miembros[12]. Sin embargo la discrecionalidad administrativa continúa… y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas puede exigir “otros” requisitos[13].
Hasta el presente, la mayoría de las Provincias -al adherir a la ley 23302- reconocieron la validez de las inscripciones efectuadas en el registro llevado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Otras provincias constituyeron registros locales para la inscripción de las comunidades indígenas radicadas en su territorio, firmando con el Instituto mencionado convenios por el cual éste organismo reconocía las anotaciones provinciales dándole así eficacia nacional[14].
Sin perjuicio de la importancia de las tareas registrales efectuadas se destaca lo dudoso de su pertinencia y lo restringido de su efecto vinculante, dada la norma constitucional de rango superior y promulgación posterior a la ley nacional 23.302, que manda codificar desde una ratio diferente a la tenida por el legislador de aquella ley (y sus reglamentaciones inferiores), y el dificultoso acceso que a sus datos se ha verificado desde otros organismos nacionales e internacionales. Comparemos hasta aquí el tenor de la Constitución de la Nación y de su precedente normativo (en el ámbito nacional):
[…] y la personería de sus comunidades
- Comunidades indígenas (arts. 2, 3 y 4)
indígenas (art. 7 “indígenas no integrados”)
Se ha apoyado en la figura de la asociación sin fines de lucro: las relaciones entre los miembros de las comunidades indígenas con personería jurídica reconocida se regirán de acuerdo a las disposiciones de las leyes de cooperativas, mutualidades u otras formas de asociación contempladas en la legislación vigente[15] y sido caracterizada –en algunos casos- por relaciones de familia entre sus miembros[16], en estos casos la comunidad (o agrupación) no incluye a miembros no familiares en la toma de decisiones y en la participación en los beneficios. Es lábil y perecedera: La personería jurídica se adquirirá mediante la inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas y se extinguirá mediante su cancelación[17]
A pesar de reconocer que no puede obviarse que la reforma constitucional de 1994 alteró -respecto a las comunidades indígenas en tanto sujetos de derecho- las disposiciones legales previas a la citada reforma[18], el gobierno nacional no respondió a la altura de las circunstancias, limitando su respuesta a una resolución administrativa (4811/1996), norma de jerarquía evidentemente menor, que no deroga y complementa restringidamente las normas dentro de la esfera que ha sido dictada, es decir la primitiva 23.302.
[1] El Poder Ejecutivo Nacional, mediante Decreto 155/1989 al reglamentar la Ley 23.302 encuadró la personería de las comunidades indígenas inscriptas en inciso 2 del párrafo 2° del artículo 33 del Código Civil, es decir, se les reconoce como personas jurídicas de derecho privado.
[2] Los aborígenes tobas suelen ir a “mariscar” en pequeños grupos generalmente familiares, a campos que se encuentran hasta más de 100 kms. de su comunidad. Esto es, van a cazar algún animal silvestre, tales como avestruces, venados, o carpinchos para su subsistencia. Para ello, llevan sus perros, palas, machetes, hondas y rifles y pasan varios días buscando.
[3] Bidart Campos, Germán. Dictamen solicitado en el caso judicial de la Comunidad Vera (Neuquén) Ver en el CD rom adjunto desde Jurisprudencia, Neuquén.
[4] Constitución de la Nación - Artículo 14- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender
[5] Reconoce el Considerando 16 de la Resolución 4911/1996 Ver en el CD rom adjunto en sección Normativa nacional
[6] La historia de esta reivindicación político jurídica que comentamos antecedió a 1994 y se jalonó a partir del esfuerzo por atender prioritariamente el estado de abandono y carencia de la población aborigen antes que estatuir un espacio jurídico propio, la situación no sólo se justifica sino que ennoblece pero su empecinamiento constituye un yerro puede dar por tierra con la norma constitucional vigente si se prolonga en una letra que incluso debe ser revisada entorno de algunas de las circunstancias que rodean al ente creado por la vieja ley: nos referimos al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el que doblegado por otras urgencias políticas no ha podido dedicarse a la una verdadera tarea de inserción y desarrollo de los pueblos indígenas argentinos. [7]
Lussier, Catherine. Sur le concept et la conception de l’ayllu ou la communauté andine. Université de Montréal. Canadá. 1998
[8] Bertonio P. Ludovico “Vocabulario de la lengua Aymara”. 1612Re-edición de CERES (Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social) 1984.
[9] de Lucca Manuel D. Diccionario Aymara-Castellano, Castellano-Aymara, CALA (Comisión de Alfabetización y Literatura en Aymara), La Paz. 1983
Convenio sobre la Diversidad Biológica. Artículo 8. Conservación in situCada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: […] j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente;
[11] Bautista, Carlos. Fortalecimiento de la autoridad comunitaria camino a la reconstrucción de un pueblo Publicación mensual del Instituto Científico de Culturas Indígenas. Año 1, No. 6, septiembre de 1999 y No. 7, octubre de 1999. Ver en Notas, Interculturalidad y Derecho
[12] Artículo 2 de la Resolución 4811 de la Secretaria de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación - Buenos Aires, 08 de Octubre de 1996 Ver en el CD rom adjunto en sección Normativa nacional
[13] Articulo 20 del Decreto 155/1989 Reglamentario de la ley nacional 23.303. Ver ambas normas en el CD rom adjunto en sección Normativa nacional
[14] Dicha posibilidad surge de las funciones reconocidas al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas por el Artículo 16 del Decreto reglamentario 155/89 de la Ley nacional 23302.
[15] Articulo 4 de la Resolución 4811 de la Secretaria de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación - Buenos Aires, 08 de Octubre de 1996 concordante con el Articulo 4 de la ley 23.302 que reza: “Las relaciones entre los miembros de las comunidades indígenas con personería jurídica reconocida se regirán de acuerdo a las disposiciones de las leyes de cooperativas, mutualidades u otras formas de asociación contempladas en la legislación vigente”
[16] Articulo 20 [...] f) que constituyan un núcleo de por lo menos tres (3) familias asentadas o reasentadas Decreto 155/89 Reglamentario de la Ley 23302 sobre Política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes, 17 de Febrero de 1989
[17] Artículo 2 de la ley 23.302 Buenos Aires, 30 de septiembre de 1985
[18] Considerando 21 de la Resolución 4811 de la Secretaria de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación - Buenos Aires, 08 de Octubre de 1996

References: artículo 14
 artículo 75
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 8
 resolución 
in fine
 resolución 
 artículo 33
 Artículo 14
 Resolución 
 Artículo 8
 Artículo 2
 Resolución 
 Artículo 16
 Resolución 
 Artículo 2
 Resolución