Source: https://ahoragetafe.es/acta-garantias-19-02-2019/
Timestamp: 2019-03-25 21:51:06+00:00

Document:
﻿ Ahora Getafe | ACTA DEL COMITÉ DE GARANTÍAS Y DERECHOS DE AHORA GETAFE
24 febrero, 2019 Actas, Actas Grupos de Trabajo
Maria Teresa Martínez Romero
José Blanco Martos
Fernando Martín Escolar
Francisco Serrano Caballero
Rubén García Higuera
Día: 19-02-2019
Hora de inicio: 19 tarde.
Habiendo quórum suficiente se inicia la sesión con el siguiente y único orden del día:
Solicitud de amparo en defensa de su honor al Comité de Derechos y Garantías de Ahora Getafe por parte de Hugo Alejandro Paternina Espinosa y Sergio Jaramillo Cáceres afiliados de Ahora Getafe por la supuesta vulneración de sus derechos recogidos en los Estatutos de Ahora Getafe.
La suspensión cautelar de la decisión adoptada por el Consejo Local de Ahora Getafe de solicitar la dimisión y la puesta a disposición de su acta del concejal Hugo Paternina Espinosa.
Después de un intenso debate por parte del Comité de Garantías no se llega a ningún acuerdo por mayoría absoluta.
Votos a favor de la medida: 3
Votos en contra de la medida. 3
Rubén García Higueras
No habiendo ningún otro tema a tratar se la da la finalizada la reunión extraordinaria., siendo la 20 horas, 45 minutos.
El Comité de Derechos y Garantías.
Getafe, 19 de febrero de 2019.
Explicaciones motivadas de los votos emitidos afirmativos por:
María Teresa Martínez Romero
José Blanco Martos José Ruiz López.
Primero. Nos consideramos el órgano legal estatutario donde se debe dirimir y resolver la vulneración de los derechos de los inscritos e inscritas de AHORA GETAFE.
Segundo: De ninguna de las maneras podemos admitir como hecho probado la noticia publicada en dos medios de comunicación de Getafe donde se involucran al concejal Hugo Paternina Espinosa en las posibles dádivas o promesas para obtener votos en un proceso de primarias que se estaba celebrando en otra Organización Política ajena a Ahora Getafe.
Tercero. Si admitiésemos la publicación de cualquier libelo aparecido en un medio de comunicación sobre militantes, cargos orgánicos o públicos de los partidos políticos como prueba irrefutable, estaríamos en un Estado de Derecho indefenso, donde el llamado Cuarto Poder, pondría y quitaría a su antojo a los militantes de cada partido por encima de las organizaciones políticas.
Cuarto. Al adoptar el Consejo Local de Ahora Getafe la decisión de solicitar a Hugo
Paternina Espinosa su dimisión y la puesta a disposición de su acta de concejal, ese Consejo Local, prejuzga y condena y asume como propias las versiones vertidas en los medios de comunicación, vulnerando el fundamental principio de Presunción de Inocencia y no tiene para nada en cuenta el punto de partida de la Carga de la Prueba, que no es otro que: “quién o quienes acusan tienen que demostrar el delito”. Amén, de que se extralimita en sus funciones invadiendo competencias que son propias del Comité de Derechos y Garantías de Ahora Getafe. Volviendo al fondo del asunto: la vulneración del derecho constitucional de la presunción de inocencia. Dicho derecho constituye uno de los pilares básicos del sistema penal de los Estados Democráticos. Expresamente recogido en la Constitución Española, en su artículo 24.2. Para más abundamiento, en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948) se establece: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la Ley”. Así mismo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), cuyo artículo 14.2 dispones que: “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la Ley. En el Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), cuyo artículo 6.2 proclama que: “toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente establecida. Y así un largo etcétera, etcétera…
Quinto. El Consejo Local de Ahora Getafe, por lo tanto, no ha sido garante del derecho que le asiste al compañero Hugo Paternina Espinosa recogido en el Apartado 1 del Artículo 18 de nuestra Carta Magna que dice: ”La Constitución Española garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La protección de estos derechos puede llevarse a cabo por tres vías: la constitucional (por el recurso de amparo), la civil y, en su caso por la penal.
Sexto. No se puede admitir como excusa adoptada por el Consejo Local de Ahora Getafe, de llevar a efecto su petición de dimisión y entrega del acta de concejal, alegando que, el perjudicado, no asistió a la reunión del Consejo Local para dar explicaciones, sabiendo que un día antes, el jueves, había elegido el compañero Hugo Paternina Espinosa la vía Civil para dirimir en los tribunales la infamia que se le atribuía en dos medios de Getafe ante la impasividad de falta de amparo, de ese mismo órgano político. Lo único que hizo fue seguir las recomendaciones de sus abogados. No obstante, ¿cómo es posible, que ese órgano político de Ahora Getafe, no saliese en su defensa ante ese ataque a su honor? Y para más abundamiento, incluso advirtiendo por escrito a la Organización de Ahora Getafe, que daría las explicaciones oportunas en la medida de cómo se iban desarrollando las acciones judiciales interpuestas contra los medios que le involucraban en un posible fraude.
Conclusión del voto particular conjunto que se adjunta a la presente acta:
No ratificamos con absoluta rotundidad que nos asiste el principio de legalidad vigente de acuerdo con la Constitución Española y los Estatutos de Ahora Getafe.
Y, para que conste a todos los efectos oportunos firmamos, el presente anexo, convencidos de que se hará justicia.
Getafe, 21 de febrero de 2019
VOTO PARTICULAR EMITIDO POR:
Primero. – El domingo 17 de febrero 2019 entró en el correo electrónico del Comité de Derechos y Garantías de Ahora Getafe la reclamación interpuesta por Hugo Alejandro Paternina Espinosa. El objeto de la misma se relaciona con el comunicado adoptado por el Consejo Local de Ahora Getafe, transmitido a las personas inscritas en la organización en fecha 16 de febrero de 2019. En dicho objeto identificamos cuestiones de forma y de fondo con respecto a la decisión del Consejo Local. Se solicita amparo al Comité de Derechos y Garantías de Ahora Getafe para evitar actuaciones ulteriores de los órganos del partido que vulneren sus derechos como inscrito o cargo público, así como una rectificación inmediata de la comunicación trasladada a las personas inscritas de Ahora Getafe. Además, en el cuerpo del e-mail que acompaña al texto se hace referencia a la presunta vulneración del derecho al honor del reclamante. A estos puntos se ha añadido una cuestión de competencia introducida por un compañero del presente Comité de Derechos y Garantías.
Siguiendo lo establecido en el artículo 13.12 de los Estatutos, se fijó la correspondiente reunión de este Comité dentro del plazo de 5 días que marca la normativa. En concreto, en el segundo día tras su recepción.
Segundo. – Como se verá en el desarrollo del texto, los firmantes de este voto particular no prejuzgan ni entran a valorar, más allá de lo que fuere necesario para esta causa y se relacionara estrictamente con el cumplimiento de la normativa de Ahora Getafe, ámbito de competencia de este órgano, los hechos y afirmaciones que rodean a la presente reclamación. Más allá de esta organización, el reclamante cuenta con los derechos y procedimientos puestos a su disposición por el Ordenamiento Jurídico español, especialmente cuando se trata de relaciones con terceros ajenos a la organización. Estos procedimientos estimamos que serían el posible cauce adecuado para la restitución de alguna de las vulneraciones alegadas, de estimar el reclamante que dichas vulneraciones se hubieren cometido.
Tercero. – El Comité de Derechos y Garantías de Ahora Getafe es el órgano encargado de velar por el respeto a los derechos de las personas inscritas en AG y de las normas de funcionamiento de la Organización, así como de la instrucción de los procesos disciplinarios, de acuerdo con lo establecido en el art. 13 de los Estatutos. Los derechos a los que se alude en dicho art. 13 traen relación, como no puede ser de otro modo, con los especificados en los propios Estatutos, particularmente en su artículo 6 – “Derechos de los y las afiliadas”-, así como de los recogidos en el resto de la normativa interna.
Los derechos y principios recogidos en la Constitución española (CE) pueden servir de inspiración a la hora de interpretar dicha normativa, pero la protección de los mismos excede la competencia de este Comité de Derechos y Garantías, salvo en lo relacionado con la normativa interna, como especificamos en el punto siete. Para ello, el Ordenamiento Jurídico español proporciona los cauces adecuados, incluyendo el procedimiento preferente y sumario ante la jurisdicción ordinaria, que se recoge en el art. 53.2 CE.
No solo entendemos que excede de nuestra competencia, sino que alertamos de que la alusión abstracta y genérica a derechos recogidos en la Constitución u otras normas es particularmente peligrosa cuando se hace sin seguir los elementos más básicos del razonamiento jurídico, como es la atención a su posible conflicto con otros derechos, lo que exige un análisis casuístico minucioso y la adecuada ponderación entre los mismos; cuando la proclama simple no atiende, siquiera mínimamente, al acervo de principios y reglas que la jurisprudencia ha ido desarrollando para la concreción de los mismos; cuando no se busca la construcción de estándares generales que establezcan un precedente y guíen a futuro la interpretación del órgano, y, en definitiva, cuando la falta de deliberación y matización convierte a los mismos no en garantías o triunfos frente a la mayoría, sino armas en posesión del órgano que toma la decisión, los miembros del Comité de Derechos y Garantías en este caso. Una actuación de este tipo no cumpliría con los deberes de fundamentación suficiente que se exigen a todo órgano de naturaleza jurisdiccional o cuasi-jurisdiccional y puede abrir tanto el margen de actuación de la presente Comisión que sus decisiones rallen la pura arbitrariedad, atentando así contra los niveles más básicos de seguridad jurídica. Este riesgo está particularmente presente en un órgano como el nuestro, que no es profesional y está compuesto por personas legas.
Lo afirmado en el párrafo anterior aparece perfectamente reflejado al analizar en primera instancia el presente caso, que de haberse querido resolver con la simple invocación de derechos constitucionales, cuestión con la que hemos dicho que estamos en desacuerdo y genera un peligroso precedente, hubiera debido tener en cuenta el posible conflicto de los derechos alegados y otros recogidos en la misma Constitución, como son lo del el artículo 20. En esas circunstancias, se debiera haber atendido a los criterios de ponderación razonablemente establecidos por nuestro Tribunal Constitucional, haber deliberado adecuadamente sobre su aplicación a cada punto del caso, con el fin haber desarrollado una motivación suficiente que fundamentara la resolución. El desarrollo de una resolución de este tipo entraría en conflicto con la pretensión de inmediatez a la hora de adoptar una resolución pública.
Siguiendo actuaciones prematuras, cuando nos encontrándonos ante posibles conflictos de derechos donde pudiera estar presente la libertad de expresión u otros derechos, corremos el riesgo de que la Comisión de Garantías y Derechos, en vez de acomodar, promover y dejar fluir el libre debate dentro de la organización, respetando los mínimos establecidos en las normas, pudiera convertirse en un órgano utilizado para cercenar el mismo. No indicamos que sea este el caso, pero alertamos de los riesgos que conlleva la actuación no adecuada dentro de este órgano. Por esa vía, la precaria, delicada y necesaria credibilidad de un órgano como este, destinado a ejercer de tercero inter pares en casos de desacuerdo o conflicto dentro de la organización, puede verse gravemente comprometida.
Tercero. – La Comisión de Derechos y Garantías tiene una naturaleza cuasi-jurisdiccional, esto es, no goza de iniciativa política y ámbito competencial se limita a lo establecido en los Estatutos y el resto de normativa del partido, como se indica en el citado artículo 13 de los Estatutos. No realiza manifiestos o se posiciona políticamente, no es parte de los órganos de dirección política de la organización y, más allá de asegurar el cumplimiento de las normas de la misma, incluyendo los derechos de los afiliados, su función no es dictaminar sobre necesidad, adecuación, coherencia u oportunidad política de las posiciones políticas que adopten tanto otros órganos como cada una de las personas afiliadas.
Asimismo, precisamente por ser la última instancia interna y tener como función asegurar el cumplimiento de las normas de la organización, su actuación debe estar regida por los principios de prudencia, proporcionalidad y pulcritud; debe regirse por los cauces contenidos en los mismos; debe tomar sus decisiones con el debido conocimiento de la causa, y debe garantizar a las partes el derecho a presentar las alegaciones que estimen oportunas.
Cuarto. – Entendemos que la actividad general del órgano de Garantías viene regulada en el mencionado artículo 13 de los Estatutos. A falta de reglamento que desarrolle la actividad del mismo, en dicho artículo se prevén dos tipos de procedimientos para adoptar decisiones. Por un lado estaría el procedimiento disciplinario, recogido en el artículo 13.4 y siguientes. Por otro lado, la competencia para instruir los casos que afecten al cumplimiento de las normas de la organización (art. 13.9).
Quinto. – En primera instancia, consideramos que la adopción de medidas cautelares no está prevista dentro de las normas que rigen la actuación del Comité de Derechos y Garantías. No ha sido alegada tal previsión dentro de los Estatutos y tampoco este órgano ha adoptado un reglamento de funcionamiento que así lo prevea. Además, no ha sido alegada una situación de irreversibilidad que fuera a hacer imposible, en caso de estimarse, el cumplimiento de la solicitud realizada al órgano en lo relacionado con la rectificación del comunicado del Consejo Local de Ahora Getafe.
Ocurre lo mismo con la solicitud preventiva de impedir cualquier actuación a futuro que pudiera vulnerar los derechos recogidos en la normativa interna de la organización. De lo recogido en el artículo 13 de los Estatutos no se deduce la existencia de un tipo de control a priori sobre los actos de los órganos y de los afiliados de la organización.
Sexto. – La presente reclamación se refiere a un acuerdo adoptado por un órgano de la organización, está fundamentada y, en este marco, consideramos que este órgano es competente para conocer si la misma ha cumplido con lo establecido en la normativa interna. En lo referente a las cuestiones de forma y competencia, creemos que debería tomarse una resolución sobre la base del artículo 13.9 de los Estatutos. Para adoptar la misma, solicitábamos que se diera traslado a la otra parte de la presente reclamación, en este caso el Consejo Local, y se le diera un plazo que estimáramos adecuado para que pudiera reunirse y aportar las alegaciones que estimara oportunas, dando la oportunidad a este órgano de aclarar, si lo hubiere considerado necesario para la resolución de la causa, su versión de los hechos, la naturaleza de su comunicado y de su actuación, las causas que la motivan, etc. Asimismo, este Comité debería haber solicitado a dicho órgano los datos y aclaraciones necesarias para completar el expediente, sobre todo en lo referente a la convocatoria. El plazo marcado debería haber sido suficiente para que el Consejo hubiera podido tratar la cuestión y presentar las alegaciones, pero no tan amplio como para que la solicitud del reclamante, de estimarse, llegara demasiado tarde. Una vez recopilada la información necesaria y habiendo escuchado a las dos partes, el Comité de Derechos y Garantías debería haber adoptado la correspondiente resolución sobre el fondo del asunto, ya sea en una nueva reunión presencial o mediante el debate y la elaboración de un borrador que luego es modificado y votado por los miembros del órgano vía telemática, como se ha hecho en otras ocasiones.
En este caso, lamentamos que la reclamación de Hugo Alejandro Paternina Espinosa no haya avanzar en su tramitación de este modo, que creemos el más adecuado.
Séptimo. – De estimarse que pudieren existir graves vulneraciones de derechos fundamentales por parte de algún órgano o afiliado de la organización hacía el reclamante, los firmantes del presente voto particular no entienden que no se haya aceptado entrar a analizar la posible existencia de una infracción. Como hemos mencionado arriba, no estamos a favor de la invocación abstracta, simple y genérica de derechos, por los peligros que conlleva, pero eso no quiere decir que estemos en desacuerdo con conocer de la presunta vulneración. Ahora bien, vemos inverosímil la presunta vulneración de derechos que se plantea sin su correlativa plasmación en alguna de las infracciones que se prevén en la normativa y que, esta vez sí, son el ámbito de competencia de esta Comisión. De haber estimado preliminarmente una presunta infracción, planteamos la posibilidad de tramitar el correspondiente expediente disciplinario.
Este proceso es el más garantista y reglado de los recogidos en el artículo 13 de los Estatutos. Su incoación seguramente hubiere requerido de resolver con carácter previo las posibles contradicciones existentes dentro de la normativa; el traslado a las personas interesadas por las vías especificadas; la resolución de las posibles incompatibilidades entre los miembros de la presente Comisión y el expediente a tramitar, por la relación directa existente entre los mismos; la solicitud de la documentación que se estimara necesaria, etc., pero habría permitido abordar la situación desde un tribunal equitativo e instruir el procedimiento de forma contradictoria, garantizando a cada afiliado el derecho a ser informado de los hechos que dan lugar a su incoación, el ser oído con carácter previo a la imposición de sanciones y dando lugar a una resolución suficientemente motivada, de conformidad con la normativa estatutaria y con los requisitos recogidos en el art. 3.2.s) de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.
Octavo. – El martes 19 de febrero de 2019 se recibió en el correo electrónico del Comité de Derechos y Garantías de Ahora Getafe una reclamación interpuesta por Sergio Jaramillo Cáceres y Hugo Alejandro Paternina Espinosa. En la misma se adjuntan sendos escritos transmitidos vía burofax al periódico “Noticias para Municipios”. En el cuerpo del e-mail se “exige” amparo orgánico a la organización Ahora Getafe.
Los firmantes del presente voto consideramos que el Comité de Derechos y Garantías no tiene competencia para resolver de conflictos entre afiliados y personas físicas y/o jurídicas ajenas a la organización.
En relación con la solicitud de respaldo orgánico por parte de la organización ante las noticias aparecidas en diversos medios de comunicación, en un análisis preliminar no encontramos disposición estatutaria o normativa que así lo establezca. Tampoco ha sido alegada por las partes. Como ya hemos indicado, no es competencia de la Comisión de Derechos y Garantías el posicionarse públicamente ni el indicar a los órganos o afiliados del partido en qué sentido deben hacerlo, en lo que exceda el cumplimiento de la normativa, el asegurar el respeto de los derechos recogidos en la misma en el funcionamiento interno o la instrucción de las posibles infracciones.
Lo señalado en el párrafo anterior no impide que los reclamantes puedan solicitarlo a los órganos políticos correspondientes o al resto de afiliados, no debiera asociarse a la posición personal que fuera de las actuaciones dentro de este órgano tenga cada miembro de la presente Comisión, ni supone un juicio de valor sobre los hechos y afirmaciones en cuestión.
Los firmantes de este voto particular se mostraron de acuerdo con la tramitación de la reclamación interpuesta el domingo 17 de febrero de 2019 siguiendo los procedimientos y cauces adecuados, en línea con lo indicado en los puntos Sexto y Séptimo del presente voto particular, y lamentan que la pretensión de inmediatez a la hora de adoptar una resolución no haya permitido actuar al órgano siguiendo lo que consideran el debido proceso, dando a las partes concernidas la posibilidad de presentar alegaciones y, consecuentemente, resolviendo de forma adecuada y suficiente motivada el objeto de la reclamación.
Getafe, a 22 de febrero de 2019
LEER EL ACTA COMPLETA
ACTAS GRUPO MUNICIPAL DICIEMBRE 2018

References: artículo 24
 artículo 11
 artículo 14
 artículo 6
 Artículo 18
 artículo 13
 artículo 6
 artículo 20
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 resolución 
 artículo 13
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 resolución 
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