Source: http://www.eurosur.org/PARC/ddhh/ddhh.html
Timestamp: 2017-07-26 22:41:29+00:00

Document:
Unión de Comités para el Desarrollo Rural y Agrícola en Palestina
ISRAEL Y LOS PALESTINOS 1948-1998:
UN FRACASO DE LOS DERECHOS HUMANOS
"La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana" (Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).
"La Declaración Universal de los Derechos Humanos constituye uno de los mayores documentos aspiracionales de la historia de la humanidad. Plasma las esperanzas e incluso los sueños de un pueblo marcado aún por dos Guerras Mundiales, todavía temeroso por la Guerra Fría, y que acaba de comenzar su gran liberación con el desmantelamiento de los imperios europeos" (Mary Robinson, Alta Comisaria de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos).1
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Su ratificación tuvo lugar pocos meses después de la creación del Estado de Israel en parte del territorio de la histórica Palestina. En los 50 años transcurridos desde entonces, el comportamiento de Israel hacia el pueblo palestino —y hacia otros pueblos— dentro de Israel, en los territorios ocupados por éste y en el territorio de otros estados soberanos, ha sido un caso desgarrador de violación de los Derechos Humanos.
Los derechos humanos fundamentales, contenidos en la Declaración Universal "se han ampliado en otros tratados de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CCT), ambos ratificados por el Estado de Israel"2. Esto no desmerece, bajo ningún aspecto la autoridad de la DUDH como conjunto de principios fundamentales para la conducta internacional.
Aplicabilidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a Israel por su conducta hacia los palestinos.
El Estado de Israel, en sus cincuenta años de existencia, nunca ha tratado a los ciudadanos palestinos como seres humanos libres e iguales sino todo lo contrario: ha hecho lo posible para negarles su nacionalidad, despojarles de sus tierras y negarles su igualdad como humanos. Israel, al tiempo que se declaraba estado democrático, construía una política deliberada de privación de los derechos legítimos de los palestinos, ya sea como ciudadanos de Israel o como pueblo bajo ocupación.
En el momento de la creación del Estado de Israel y en el período inmediatamente después a su nacimiento, varios líderes israelíes realizaron esfuerzos sistemáticos con el fin de limpiar el nuevo estado de sus habitantes palestinos. Se estima que de una población original de 840.000 árabes palestinos, sólo 60.000 permanecieron en las áreas que cayeron en manos del control israelí; de ellos, entre 20.000 y 30.000 eran refugiados internos.3 Durante los años 1949 y 1950, se continuó expulsando a los palestinos de sus casas y de sus tierras con el fin de hacer sitio a los ciudadanos judíos que llegaban. Los palestinos que se quedaron en Israel (conocidos como "árabes israelíes") sufrieron desde el principio discriminaciones por su religión, idioma y origen nacional. Israel se creó como estado judío; la razón de su existencia era la "reagrupación de los exiliados" y su principal objetivo traer el máximo número de judíos de todo el mundo. Desde el primer momento, "se predicó el Sionismo sobre ciertos principios; uno de los más importantes era crear una mayoría judía en Palestina. La comunidad judía, en tanto en cuanto minoría en Palestina, perdería su sentido y sería considerada como las comunidades judías de la Diáspora. El logro de una mayoría era políticamente necesario o como dijo Moshe Sharett, colega de Ben Gurion, "la creación de una comunidad judía lo suficientemente grande como para dar a los árabes un sentimiento permanente de respeto". Casi todos los sionistas consideraron que una mayoría judía era condición sine qua non para el Sionismo, sin tener en cuenta las diferencias existentes a la hora de tratar a los árabes en el Israel de Eretz".4
La ideología sionista en Israel tuvo dos consecuencias: la primera, las leyes israelíes se habían formulado para animar a la inmigración judía y para beneficiar a los judíos que vivían en Israel; y la segunda, las personas que no eran judías no tenían derecho a beneficiarse de ellas y, en consecuencia, estaban en desventaja en cuanto a su educación, empleo y vida cívica; a los árabes palestinos que vivían en el exilio no se les permitía regresar, y a aquellos que se quedaron en Israel se les miraba como a una "quinta columna" en potencia y se les trataba con suspicacia.
Durante la guerra Árabe–israelí de junio de 1967, Israel ocupó Cisjordania y la Franja de Gaza. Las "normas del derecho internacional que regulan dichas situaciones de ocupación beligerante son comúnmente conocidas como ‘Derecho Humanitario’ y forman parte de las leyes de conflictos armados. El Derecho Humanitario está formado principalmente por las Regulaciones anexas al Cuarto Convenio de La Haya Relativo a las Leyes y Costumbres de la Guerra en Tierra, de 1907 (Regulaciones de La Haya) y al Cuarto Convenio de Ginebra Relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, de 1949 (Cuarto Convenio de Ginebra)".5 Dichas leyes no anulan las disposiciones contenidas en la Declaración Universal ya que éstas son aplicables a todos los seres humanos independientemente de su condición. En palabras del entonces Secretario General de las Naciones Unidas: "Las disposiciones de la Carta sobre los Derechos Humanos no hacen distinción alguna entre su aplicación en tiempo de paz y en tiempo de guerra. Cada una de las disposiciones pertinentes se refiere a la promoción y al fomento del respeto hacia los Derechos Humanos y libertades fundamentales para todos. La Carta es aplicable a las personas que viven bajo la jurisdicción de sus propias autoridades nacionales y a aquéllas que viven en los territorios bajo ocupación beligerante".6
En los diez años transcurridos desde diciembre de 1987, cuando comenzó la Intifada palestina, las fuerzas de seguridad israelíes dieron muerte a 1.346 palestinos, entre ellos 276 niños. A 162 de estos los mataron a tiros las unidades secretas. Del total, 802 murieron en Cisjordania, 492 en la Franja de Gaza, 28 en Israel y 24 prisioneros o detenidos por las fuerzas de seguridad, de cuyas muertes el estado de Israel es responsable directo. Además, 133 palestinos fueron asesinados por civiles israelíes. En suma, 1.308 personas murieron como consecuencia de las armas de fuego, al menos 80 de ellas por balas de plástico y 50 tras haber sido heridas por balas de goma; 38 personas murieron por otros medios; 15 a golpes; 10 durante un interrogatorio, como resultado directo o indirecto de éste; 5 por el mal estado de las cárceles; y 8 por otras causas.7 Como la gran mayoría de las víctimas no estaban armadas y habían sido asesinadas por fuerzas israelíes que no arriesgaban sus vidas, todas las alegaciones de que los israelíes involucrados actuaron en defensa de su propio derecho a la vida no son sostenibles.
Según Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad israelíes mataron a cerca de 250 palestinos entre la firma del Acuerdo de Oslo, en septiembre de 1993, y finales de mayo de 1998. La gran mayoría fueron "muertes ilegales, llevadas a cabo con incumplimiento de las normas internacionales que regulan el uso de la fuerza. Sigue habiendo casi total impunidad en las muertes ilegales de palestinos por las fuerzas de seguridad israelíes".8
Aunque no se puede definir literalmente como "esclavitud", el trato que ha dado Israel a los palestinos que no tenían formación alguna y trabajaban como jornaleros dentro de la "Línea Verde" ha sido comparado con un "mercado de esclavos". Dicho trato a gente sometida se basa en los fundamentos de la ideología sionista. Israel "nunca buscó la interacción con la sociedad palestina para que a través de ella se educara e ‘iluminara’ a los palestinos. Ni siquiera intentó explotarles para su beneficio económico, aunque ocurrió. Más bien intentó esencialmente desposeer a los árabes de sus recursos económicos y políticos con el objetivo final de expulsarles de sus tierras, haciendo así posible la realización de su fin ideológico que consiste en crear un estado fuerte y exclusivamente judío".9
Cuando se arresta a una persona palestina, ésta es interrogada por los Servicios de Seguridad General, la agencia de inteligencia interna de Israel (conocida también como Shabak o con las iniciales hebreas Shin Bet). El SSG "opera de forma confidencial y no se hace responsable públicamente".10 Los inquisidores del SSG "emplean métodos de interrogatorio en los que se hace uso de la tortura bajo cualquier criterio internacional. Estos métodos son: no permitir que se duerman, atarles en posturas dolorosas durante largos períodos de tiempo, privación sensorial (encapuchándolos y poniendo música muy alta), obligar al detenido a arrodillarse apoyándose en los dedos de los pies, exposición a temperaturas extremas de frío o de calor, humillación y amenazas, y sacudidas violentas".11
La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (CCT) definió el término "tortura" como "todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia". Israel ha ratificado la CCT y, por tanto, ha aceptado formalmente esta definición. No obstante, la Comisión Landau, cuyas recomendaciones fueron formalmente adoptadas por el Knesset Israelí el 8 de noviembre de 1987, dio otra definición del mismo término "tortura" para que se ajustara a los propósitos de Israel y conviniera a sus "necesidades únicas" en su lucha contra el enemigo "terrorista". Según la Comisión Landau, "el gran mal de la Actividad Terrorista Hostil" justifica contra-medidas apropiadas. El informe concluye así: "Las medidas de presión deberían tomar sobre todo la forma de presión psicológica no violenta mediante un interrogatorio enérgico y persistente, haciendo uso de estratagemas, incluyendo engaños. Sin embargo, cuando esto no cumpla su propósito, no se puede evitar el uso de una presión psicológica moderada".12 Con estas palabras, Israel se convirtió en el único estado en el mundo cuya ley consagraba la tortura.
Ya en septiembre de 1993, "los servicios de seguridad israelí empleaban la tortura por sistema con sospechosos políticos palestinos y esto era totalmente legal".13 Cinco años después de la firma del Acuerdo de Oslo, se siguen usando los mismos métodos de interrogatorio y el SSG continúa torturando a los palestinos. Al mismo tiempo, ha tenido lugar una lucha "por un lado, entre las víctimas, los abogados de Derechos Humanos y las organizaciones, nacionales e internacionales, defensoras de los Derechos Humanos, que buscan los medios para retar de forma eficiente al sistema de tortura legalizada y, por otro lado, el gobierno israelí, que pretende defender y consolidar el sistema actual, junto con un Tribunal Supremo israelí dócil y un público israelí muy a su favor".14
La información proporcionada por el Fiscal General israelí, Michael Ben-Yair, indica que, entre 1987 y 1994, el SSG interrogó a 23.000 palestinos. El defunto primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, admitió que cerca de 8.000 palestinos habían sido "sacudidos" antes de la mitad de 1995. Después de este año, las normas referentes a los métodos de interrogatorio se relajaron aún más y, por tanto, la situación fue aun peor para los palestinos detenidos. Diez de ellos "murieron durante los interrogatorios como resultado directo o indirecto de estos". Una de estas muertes, la de Abd a-Samad Harizat, tuvo lugar en abril de 1995. Después de la autopsia, "el director del Instituto de Medicina Forense, el Médico patólogo Yehuda Hiss, opinaba que la lesión fatal del cerebro de Harizat había sido causada por las violentas sacudidas a las que había sido sometido".15
Tras la decisión tomada por el Tribunal Supremo israelí en noviembre de 1996, en la que el uso de la fuerza durante los interrogatorios estaba permitido, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura emitió una declaración en la que afirmó que la decisión "es contraria a las conclusiones del Comité", y que "pese a toda decisión judicial, ninguna circunstancia puede justificar la tortura".
Tras la creación del estado de Israel en 1948, la minoría palestina que permaneció en territorio israelí fue tratada de forma muy diferente a la población judía. Seis días después de su declaración de independencia, Israel anunció el estado de excepción. Esto, junto a las regulaciones heredadas de las autoridades mandatarias británicas, significó que "el gobierno militar había sido impuesto en todos los núcleos de población árabe y no se abolió hasta 1996... Durante los diez primeros años del estado, se restringió casi por completo la libertad de movimiento de los árabes... En las regulaciones se establecía que los árabes podían ser exiliados, sin explicación alguna, a partes lejanas del país y que tenían que presentarse en la comisaría de policía más cercana varias veces al día. También podían ser arrestados y detenidos por un período indeterminado y sin tener cargos en su contra".16 La razón de esta legislación draconiana y discriminatoria era que los habitantes árabes que residían en Israel, lejos de ser tratados como ciudadanos, ni siquiera eran considerados como seres humanos en toda la extensión de la palabra. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
"El Derecho Internacional de los Derechos Humanos es una rama distinta del Derecho Internacional que el Derecho Internacional Humanitario, a pesar de que los dos campos tienen partes en común y un mismo objetivo fundamental: la protección de los seres humanos... el Derecho Internacional Humanitario es una parte del Derecho sobre los conflictos armados, y pretende proteger a los individuos que no tomen parte en el conflicto o, a aquellos que han sido situados fuera de combate, a fin de asegurar que se les trate humanamente. Por contraste, el Derecho de los Derechos Humanos, ya sea únicamente nacional... o internacional... históricamente se ha ocupado en primer lugar de la relación entre los estados y sus habitantes en tiempos de paz. Sin embargo, todos los grandes convenios internacionales sobre los Derechos Humanos firmados después de la 2ª Guerra Mundial contienen disposiciones para su implementación en tiempos de guerra o ‘emergencia pública que amenace la vida de la nación’, siendo algunos de sus derechos ‘no derogables’. Es decir, algunos de los Derechos Humanos deben ser respetados por los estados signatarios a dichos convenios incluso en tiempos de guerra."17
Cuando Israel ocupó Cisjordania en 1967 estaba en vigor la ley jordana. Además, según afirman los israelíes, las Regulaciones para la Defensa (Emergencia) del Mandatario Británico de 1945, seguían estando en vigor.18 A medida que la ocupación fue expandiéndose, las leyes vigentes se vieron ampliadas por más de 1.300 Ordenanzas Militares. La ocupación también trajo el asentamiento de los judíos israelíes en los Territorios Ocupados. Hacia 1990, se habían establecido 144 asentamientos judíos en Cisjordania y en la Franja de Gaza (sin incluir Jerusalén Este). Las autoridades israelíes ofrecen diversas justificaciones por los asentamientos de su propia población en tierras ocupadas, una política que es ilegal en el Derecho Internacional. Una de estas justificaciones es que la antigua tierra de "Judea y Samaria" había sido poblada por los judíos en tiempos del Rey David; otra es que, ya que los árabes viven en Israel, no hay razón para que los judíos no puedan residir en Cisjordania y en la Franja de Gaza; y una tercera explicación es que los asentamientos fueron construidos por motivos de "seguridad". Sin embargo, ninguna de estas anula la prohibición de trasladar a los ciudadanos del estado ocupador a territorio ocupado, como está establecido en el Art. 49 del Cuarto Convenio de Ginebra.
Para la población judía colonizadora en Cisjordania, en contraposición a los palestinos autóctonos, se aplicaban las leyes del Estado de Israel. La dificultad jurídica presentada mediante este proceso se solucionó con el uso de dos recursos: "El primero consistía en que Israel aplicara parte de sus leyes fuera de sus propios territorios de forma extra-territorial, y el segundo era distinguir entre los asentamientos judíos y los núcleos de población palestina concediéndoles un estatuto legal diferente y distinto, a fin de que la legislación aplicada a las unidades del gobierno local en virtud del derecho jordano no se pudiese aplicar a ellos".19 Esto significa claramente que dos poblaciones que viven en el mismo territorio están sometidas a diferentes sistemas y costumbres jurídicos que ofrecen ventajas a la una sobre la otra. La situación resultante se parece mucho al sistema de apartheid en Sudáfrica.
En comparación con la población judía, la minoría árabe en Israel20 se ha considerado de forma distinta ante la ley. Como Israel se define como "Estado judío" y el Knesset hace uso del Derecho judío, al formular sus estatutos, todo ciudadano que no sea judío sufre inevitablemente una discriminación. Después de la declaración del estado en 1948, el gobierno impuso la ley marcial declarando "áreas cerradas" aquellas zonas del país pobladas por árabes de acuerdo con el artículo 125 de las Regulaciones para la Defensa (Emergencia); se crearon tres zonas con arreglo a la ley marcial, rodeando al 85% de los árabes que permanecieron dentro de la línea de armisticio. Se impuso el toque de queda por la noche y se hizo obligatorio el permiso para viajar. Para obtener este salvoconducto, "un árabe tiene que dirigirse a una oficina militar y muy a menudo hacer cola durante horas. En las carreteras, el ejército israelí pone controles para cerciorase de que los árabes tengan dichos permisos... Podían hacer que un árabe que residiese en una localidad sin permiso fuese expulsado y que se confiscase su propiedad. Un observador, haciendo la comparación con Sudáfrica, lo denominó como sistema de ‘bantustanes’." 21
Asimismo, en los Territorios Ocupados, los palestinos que buscaban la justicia en el sistema jurídico israelí tuvieron muy poco éxito. "El gobierno militar de Israel en Cisjordania y en la Franja de Gaza era comparable en muchos aspectos a los gobiernos militares que había establecido después de 1948 en sus propias zonas pobladas por los árabes. Las normas se fijaban por decreto militar y el control directo lo ejercía el personal militar. Los casos penales se elevaban a los tribunales militares".22
Durante la ocupación de Cisjordania y de la Franja de Gaza, Israel sometió a la población palestina a arrestos, encarcelamientos, detenciones administrativas23 y, con frecuencia, a destierros. Después de 1967, los israelíes instauraron tribunales militares especiales, donde se juzgaba a los palestinos acusados de "delitos contra la seguridad". Éstos eran "a) delitos tipificados en las Ordenanzas militares (algunos de las cuales son claramente de carácter político como, por ejemplo, ‘la reunión de diez o más personas con el objetivo de discutir una cuestión política’, y ‘el comportamiento insultante hacia un oficial del ejército israelí’); b) delitos penales que pueden ser, en algunas circunstancias, delitos contra la seguridad (por ejemplo, la no prevención de un delito, la distribución de panfletos, proporcionar información falsa, etc.); y c) delitos contra el sistema de justicia militar (por ejemplo, escaparse de la prisión, el desacato a los tribunales) y algunos delitos de tipo económico (como el impago de los impuestos sobre la renta o el fraude arancelario)".24 La amenaza de arresto se ha usado como herramienta política para llevar el control de la población de los Territorios Ocupados.
Desde los comienzos de la Intifada hasta finales de noviembre de 1997, las autoridades israelíes emitieron cerca de 18.000 órdenes de detención de tipo administrativo contra los palestinos residentes en los Territorios Ocupados. Antes de 1991, había épocas en las que se llegaba a detener "administrativamente" hasta 1.500 personas. Según B’Tselem, la organización israelí de Derechos Humanos, "las detenciones de tipo administrativo no disminuyeron después de los Acuerdos de Oslo. Es más, Israel continuamente amplia los arrestos de muchos detenidos administrativamente".25
Entre junio de 1967 y diciembre de 1992, más de 1.200 palestinos fueron deportados de Cisjordania y de la Franja de Gaza. En diciembre de 1992, Israel confinó a 415 hombres palestinos —acusados de ser adeptos de Hamas— a una zona inhóspita situada en el sur del Líbano. Estas deportaciones son totalmente ilegales en virtud del Derecho Internacional. El Cuarto Convenio de Ginebra, firmada por Israel en diciembre de 1949 y ratificada en enero de 1952, establece que "los traslados en masa o individuales, de índole forzosa, así como las deportaciones de personas protegidas... están prohibidos".
El 8 de junio de 1967, los israelíes instauraron tribunales militares para tratar delitos contra la seguridad en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Los infractores que comparezcan ante los tribunales militares "no tienen ningún derecho a la representación legal... este derecho a la representación legal (de acuerdo con la Ordenanza militar nº 29) está sujeto a la discreción del Jefe de prisión. En aquellos casos en los que se permita representación legal, el abogado no podrá visitar a su cliente hasta que se haya concluido el interrogatorio... En la mayoría de los casos elevados al tribunal militar, la sentencia se basa en la confesión del acusado. Esta confesión está escrita casi siempre en hebreo (lengua que pocos palestinos hablan o leen). En las sentencias de los tribunales militares no cabe ningún recurso de apelación. El único recurso que se puede llevar a cabo de acuerdo con las Órdenanzas Militares es la súplica de clemencia al Gobernador Militar de la zona donde resida el inculpado".26
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
En el sistema jurídico militar israelí aplicado a los Territorios Palestinos Ocupados, no existe la presunción de inocencia. Cuando un individuo comparece ante un tribunal militar, se permite que la acusación proporcione pruebas secretas a los jueces que la defensa no puede ver por motivos de "seguridad". Bajo estas circunstancias, hay una clara presunción de culpabilidad y parcialidad en el proceso judicial; los abogados defensores han de limitarse a hacer preguntas sobre la legalidad de la detención o a estudiar otros tecnicismos.
Los derechos de los palestinos arrestados por detención administrativa a un juicio imparcial, "entre los que se encuentra el derecho a ser informados de forma rápida y por completo de las razones de su arresto, a la presunción de inocencia, a examinar y haber examinado a los testigos en su contra, y a ser juzgados en público, son vulnerados constantemente".27
Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Una de las artimañas utilizadas por las autoridades israelíes para aterrorizar y someter a la población de los Territorios Ocupados durante la Intifada consistía en entrar, al azar, en sus casas a cualquier hora del día o de la noche, a menudo con el pretexto de que estaban buscando a un sospechoso. En estas injerencias, era probable que se cometieran daños y perjuicios a la propiedad y que los miembros de la familia resultasen heridos. Además, las autoridades se reservan el derecho a hacerse con pertenencias personales o documentos de las personas, a grabar conversaciones telefónicas y a interceptar el correo. Este tipo de medidas está justificado por los intereses de la seguridad israelí y los palestinos no tienen recursos legales ante estas circunstancias.
Después de la creación del Estado de Israel en 1948, los movimientos de la minoría palestina que permaneció, se vieron restringidos. La población no judía estaba sometida a los cierres de las áreas, a los toques de queda y al sistema de permisos de viaje. Israel, como "estado judío", incitó a los judíos de todas partes del mundo a emigrar a Israel. Así, el Gobierno comenzó a confiscar amplios terrenos de propiedad palestina para proporcionarles una vivienda. En 1949, el Knesset aprobó la Ley (Regulación) de Confiscación de Tierras por Emergencia, que autorizaba la expropiación ‘para la defensa del Estado, la seguridad pública, el mantenimiento de recursos esenciales o de servicios públicos fundamentales, la absorción de inmigrantes o la rehabilitación de antiguos soldados o inválidos de guerra’. Otra ley promulgada en 1949 autorizaba al Ministro de Agricultura para ocupar las tierras "inmundas" (no cultivadas). Así, las tierras de los refugiados árabes podían ser confiscadas por ser "inmundas". La Ley de la Propiedad de Ausentes, aprobada en 1950, permitió la confiscación de las tierras de aquellas personas consideradas ‘ausentes’. Esta ley consideraba ausente a todo palestino que, en 1948, hubiera dejado su tierra, bien para ir a otro estado, bien para ir a una zona de Palestina administrada por las fuerzas de la Liga Árabe... La Ley de la Propiedad de Ausentes sólo se aplicaba contra los árabes".28
Los palestinos que vivían en Cisjordania y en la Franja de Gaza, sobre todo desde el principio de la Intifada, también estaban sometidos a los toques de queda, a los cierres y a la demolición de sus viviendas. Zonas enteras han soportado toques de queda que podían durar varias horas o semanas. Entre 1993 y 1996, Cisjordania y la Franja de Gaza tuvieron que tolerar cierres el 21% de los días laborales (233 días efectivos de cierre de un total de 1,108 días potencialmente laborales).29 Tales políticas, usadas todavía como rutina por los israelíes, han supuesto graves prejuicios para la salud, la educación y la economía.
Conforme al Derecho Internacional, los palestinos, "como pueblo, tienen el derecho para regresar a Palestina. Además, según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los árabes palestinos, como personas, tienen derecho a regresar".30 A pesar de la fuerte presión internacional, el gobierno de Israel se ha opuesto rotundamente a que los palestinos expulsados en 1948 regresen a su país. En la Resolución 194 del 11 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó que "los refugiados que quisieran regresar a su país y vivir en paz con sus vecinos estarían autorizados a hacerlo en cuanto fuese posible, y que se compensaría por la propiedad de aquéllos que hubiesen elegido no regresar y por la pérdida o los daños a la propiedad que, según los principios del Derecho Internacional y de justicia, quedaría a cargo de los Gobiernos o autoridades responsables".
Después de que los israelíes ocuparan Jerusalén Este en 1967, lo anexionaron y declararon todo Jerusalén su capital "indivisible". En lo que respecta a las autoridades israelíes, los palestinos que residen en el Jerusalén Este tienen una condición distinta a la de los que viven en Cisjordania y en la Franja de Gaza; se les trata como "inmigrantes que han elegido libremente vivir en Israel y que tienen un país al que pueden volver... Esta política hace una clara distinción entre los palestinos que viven en el Jerusalén Este y los ciudadanos israelíes. Estos últimos pueden abandonar el país el tiempo que quieran, y tienen derecho a regresar cuando así lo estimen. Sin embargo, los palestinos residentes en Jerusalén Este que se trasladan a Cisjordania pierden su estatuto".31
Según B’Tselem, los israelíes han llevado a cabo recientemente una política de "deportación silenciosa" de palestinos residentes en Jerusalén Este. Dicha política, llevada a la práctica mediante leyes, regulaciones, procesos judiciales y tácticas administrativas, "ha hecho que cientos, si no miles, de palestinos residentes en Jerusalén Este perdieran su derecho de residencia en la ciudad. En consecuencia, se ha obligado a muchos palestinos a abandonar sus respectivos hogares y familias". La nueva política funciona de tal forma que los palestinos que no puedan probar que han vivido continuamente en Jerusalén pierden para siempre el derecho a vivir allí. Así, "todos los palestinos que hayan vivido fuera de Jerusalén durante un período de tiempo, ya haya sido en otro país, en otra parte de Cisjordania o en los suburbios de Jerusalén, a tan sólo unos metros de los límites municipales, pueden perder el derecho de residencia en Jerusalén."32 A pesar de una declaración del gobierno israelí de mayo de 1997, que pretendía relajar su política de suspensión de los documentos nacionales de identidad de los palestinos residentes en Jerusalén Este que no fueran capaces de probar tener allí su domicilio permanente, la política queda todavía tal cual en 1998. Según información cedida por el Ministerio de Interior el 14 de septiembre de 1998, el número de documentos de identidad "caducados" entre enero y marzo de 1998 fue de 176, y 500 casos seguían en estudio. En 1994, se confiscaron 45 documentos de identidad; en 1995, 96; en 1996, 689; y en 1997, 606.33
Ni siquiera los palestinos ciudadanos de Israel gozan de absoluta libertad de movimiento o de residencia dentro del estado. Esto se debe a que, cerca del 93% del territorio situado dentro de Israel está en manos de la Autoridad israelí para las Tierras que hace respetar la restricción de la Fondo Nacional Judío sobre el uso del "territorio nacional" únicamente para los ciudadanos israelíes. Los no judíos no podrán vivir en él, ni comprarlo o alquilarlo aunque sean ciudadanos israelíes.
Durante los años de su existencia, Israel ha seguido una política de jurisdicción extraterritorial. Los civiles palestinos que se han refugiado en países vecinos no están libres de ser perseguidos. Los ataques frecuentes y criminales de Israel contra los campos palestinos en Líbano están bien documentados. El 5 de junio de 1982, acabando con los nueve meses de alto al fuego entre Israel y la OLP, los israelíes invadieron Líbano. En una operación llamada "Paz para Galilea" por los israelíes, resultaron muertos entre 30.000 y 40.000 palestinos y libaneses; más de 10.000 resultaron mutilados o heridos; y, por lo menos, 50.000 se quedaron sin hogar. La gran mayoría de estas personas eran civiles. Esta política no ha cesado. Artículo 15. 1.Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
"Los términos ‘ciudadanía’ y ‘nacionalidad’ se refieren a la relación del individuo con el estado, y, a veces, se emplean como sinónimos. Sin embargo, la palabra ‘nacionalidad’ tiene un significado más amplio que ‘ciudadanía’ ya que, la segunda, básicamente, es el término del derecho nacional que se utiliza para las personas con plenos derechos políticos y civiles, mientras que el término ‘nacional’ se aplica tanto a los ‘ciudadanos’ como a las personas que, aunque no lo sean, deben permanente lealtad al estado y tienen derecho a su protección".34
La Carta de las Naciones Unidas se aplica a los pueblos al igual que a los estados. El primer artículo en particular establece el propósito "Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos".35 A los palestinos se les ha considerado durante mucho tiempo un pueblo diferenciado. En el Mandato británico, conforme a lo estipulado en el Artículo 22 del Pacto de la Sociedad de Naciones, que perseguía la independencia de la gente de un país, "se hacía un reconocimiento implícito de la identidad nacional palestina"36
En el derecho israelí existen diferencias entre los judíos y los árabes en lo que se refiere a la nacionalidad y a la ciudadanía. Según la Ley de Retorno de 1950, "todo judío" tiene derecho a establecerse en Israel y a que le concedan la ciudadanía automáticamente. La "Ley de Nacionalidad de 1952 no se refiere a ninguna nacionalidad definida por las fronteras geográficas de Israel. El ilimitado derecho de inmigración para los judíos se considera un aspecto fundamental del concepto del estado judío… En virtud del derecho israelí, los árabes palestinos que se desplazaron en 1948 no tienen derecho a regresar".37 Por lo que respecta a los no judíos, la Ley de Nacionalidad concede la ciudadanía a aquellos que hayan residido de manera permanente en Israel desde el 14 de mayo de 1948 hasta el 14 de julio de 1952, o que hayan regresado legalmente durante este período si, además, la persona se empadronó antes del 1 marzo de 1952, en virtud de la Ordenanza para el Registro de los Habitantes de 1949... De los árabes que no se fueron en 1948, muchos fueron incapaces de probar que habían residido desde el 14 de mayo de 1948 hasta el 14 de julio de 1952, y, por consiguiente, se les rechazó la ciudadanía. Al niño nacido en el seno de tal familia apátrida se le consideraba también de la misma condición"38. Pese a una serie de enmiendas a la ley, sigue existiendo discriminación entre los judíos y los árabes.
Las Naciones Unidas "acordaron a los palestinos el reconocimiento de iure de su estatuto como pueblo con derechos nacionales en las disposiciones de la Resolución de Partición de Palestina autorizándoles a establecer ‘el Estado Árabe’".39 En 1969, la Asamblea General de las Naciones Unidas reiteró su reconocimiento de los Palestinos como pueblo con una "identidad nacional" claramente definida. La Resolución 2535B afirma que "el problema de los refugiados árabes de Palestina ha surgido por la denegación de sus derechos inalienables recogidos en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos".
Tras la ocupación israelí de Cisjordania y de la Franja de Gaza en 1967, las autoridades militares hicieron denodados esfuerzos con el fin de acabar con el sentimiento nacionalista en la población palestina. "Usaron las Regulaciones de Defensa (Emergencia)... para prohibir las manifestaciones públicas, obras de arte y otras expresiones del nacionalismo. Una mujer árabe fue procesada en un tribunal del ejército israelí por colgar un mapa de Palestina en su despacho privado, y un tribunal del ejército israelí condenó a varias personas árabes por entonar canciones nacionalistas en una boda. Además de las regulaciones, los gobiernos militares de la Franja de Gaza y de Cisjordania emitieron ordenanzas locales para acabar con el nacionalismo".40
Artículo 16. 1.Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
Cuando Israel ocupó Cisjordania y la Franja de Gaza en 1967, varios miles de palestinos emigraron a países vecinos. Desde entonces, un gran número de familias palestinas ha sido "separado por ordenanzas y regulaciones militares israelíes en las que se daba el carácter de ‘residentes’ palestinos en los Territorios Ocupados sólo a los que estaban inscritos en el censo israelí realizado poco después de la ocupación de 1967. Las autoridades israelíes introdujeron en aquel momento un procedimiento para la ‘reunificación familiar’ que permitiría a aquellas familias separadas por la guerra, vivir juntas en los Territorios Ocupados. Sin embargo, desde 1984, la política del gobierno israelí ha sido la de aprobar el ‘menor número posible’ de las instancias para la reunificación familiar, presentadas por palestinos residentes en los Territorios Ocupados Palestinos. Esta política impone una fuerte carga emocional y económica en decenas de miles de palestinos en los Territorios Ocupados".41
La vida de las familias palestinas bajo ocupación se ha visto brutalmente afectada en muchos sentidos. Las tácticas rutinarias de acoso por parte de las autoridades israelíes han traumatizado a los niños. Entre éstas están: la humillación de los padres delante de sus hijos por golpes o insultos verbales; las frecuentes detenciones y encarcelamientos de sus padres que, normalmente, son los únicos que se encargan de la manutención de la familia; el crear en el niño la sensación de que ‘su casa’ no es un lugar seguro; y la amenaza constante de que los soldados y colonos israelíes les van a hacer daño tanto de forma verbal como física.
Dentro del mismo Estado de Israel no existe el matrimonio civil. Sólo las autoridades religiosas, con arreglo a sus propias normas, pueden casar a los ciudadanos. Esto significa que los judíos y los no judíos no son libres de casarse dentro del país, exceptuando aquellos casos en los que una mujer judía quisiera casarse con un hombre musulmán: según el derecho islámico este matrimonio estaría permitido.
Artículo 17. 1.Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
Desde los albores del estado israelí, se institucionalizó un hábito de expropiación de las tierras y propiedades de los árabes. Ya para abril de 1949, el gobierno había instalado a 150.000 judíos en viviendas árabes. También confiscaban las propiedades de los árabes que permanecían dentro de la línea de armisticio. Por ejemplo, en 1948, las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF) obligaron a los árabes residentes en el monte Carmelo, Haifa, a salir de sus casas para hacer sitio a los judíos. Los llamados ‘refugiados internos’ que intentaron regresar a sus casas descubrieron que sus tierras – como las de los ‘refugiados externos’ árabes – había sido declarado propiedad de un ‘ausente’ y había sido alquilado a judíos.42	Durante la ocupación de Cisjordania y la Franja de Gaza, la destrucción y el precintado de las casas palestinas por las autoridades israelíes se ha empleado como una forma de castigo colectivo. Conforme al Artículo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra "no se castigará a ninguna persona protegida por infracciones que no haya cometido. Están prohibidos los castigos colectivos, así como toda medida de intimidación o de terrorismo". Las casas palestinas han sido demolidas por los israelíes con los más nimios pretextos como, por ejemplo, por una acusación hecha a un miembro de la familia viviendo en una casa de haber tirado una piedra. Entre los años 1987 y 1997, al menos 447 viviendas palestinas de los Territorios Ocupados fueron totalmente demolidas como castigo; asimismo, al menos 294 casas fueron totalmente precintadas; al menos 81 fueron derrumbadas completamente en la búsqueda de sospechosos; y, al menos 1.800 fueron derribadas por haberse construido sin permiso.43 Durante el gobierno Likud de Binyamin Netanyahu, elegido en 1996, el número de demoliciones aumentó, llegando a destruirse una media de una casa por día en 1998.
En 1995, conforme a los acuerdos firmados entre Israel y la OLP, Cisjordania fue dividida en tres áreas: A, B y C. El área C "abarca más del 70% de Cisjordania e incluye todos los asentamientos israelíes y las áreas militares en Cisjordania y la gran mayoría de las zonas rurales palestinas.44 En estas áreas, la planificación, el desarrollo y la construcción, al igual que la demolición de las casas construidas sin permiso, están actualmente bajo la exclusiva autoridad de Israel. En las últimas docenas de años, Israel ha creado en Cisjordania una situación en la que miles de palestinos no pueden conseguir un permiso para construir en su propio terreno. En consecuencia, se ven en la obligación de construir sin permiso. En lugar de cambiar esta situación, Israel ha adoptado una política de demolición masiva de las casas palestinas". En cambio, siempre se han cedido permisos de construcción a la población israelí colona en Cisjordania. Actualmente, existen, en vulneración del Derecho Internacional Humanitario, 136 asentamientos y se anima y ayuda a sus habitantes para ampliarlos.45
Según B’Tselem, aunque aparentemente la demolición de las casas del Área C es una medida puramente administrativa que resulta de las consideraciones de planificación, "el estudio de la ubicación de las demoliciones, su momento y la comparación con la política de planificación de los asentamientos israelíes indica que la política de gran número de las demoliciones no está relacionada con los factores de planificación". Ellos sugieren que las razones "ilegítimas" de estas demoliciones incluyen la demolición de casas como acción política, como represalia y como política de discriminación.46
Ártículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Durante la ocupación, y en concreto durante la Intifada, han sido frecuentes las violaciones de los derechos religiosos de los palestinos por parte de Israel. Se han profanado sus lugares santos, se ha empleado la violencia contra los creyentes y contra los ritos funerarios religiosos. En octubre de 1990, por ejemplo, se dio muerte a 17 palestinos y cerca de cien resultaron heridos cuando la Policía de Fronteras israelí abrió fuego en las inmediaciones de Al-Haram al-Sharif en Jerusalén. Al-Haram al-Sharif es el tercer lugar más santo del mundo islámico. Conocido como ‘Temple Mount’ en el judaísmo, sigue siendo el escenario de mucha tensión; a algunos extremistas judíos les gustaría reconstruir el Templo en este lugar. Las autoridades israelíes permitieron, basándose en investigaciones arqueológicas, la construcción de túneles por debajo de al-Haram al-Sharif lo que, según los musulmanes, socavó sus cimientos. Estas prácticas han sido criticadas por la UNESCO.
El culto se ha visto constantemente impedido por los cierres de las mezquitas y la confiscación de los altavoces empleados para llamar a los feligreses a la oración. Como vejación a los sentimientos religiosos, los soldados israelíes han entrado en las mezquitas con armas y sin quitarse las botas. Las incursiones en las instituciones religiosas han sido a menudo violentas. Las autoridades militares israelíes creen que los "palestinos usan la religión para expresar sus sentimientos subversivos nacionalistas. Señalan a los líderes religiosos como impulsores de la Intifada y afirman que los lugares de culto y, en concreto las mezquitas, se usan para reuniones ilegales y, por tanto, se consideran centros de hostilidad y rebelión."47 Como resultado del aislamiento de Jerusalén con respecto a las zonas del norte y sur de Cisjordania, los devotos ya no pueden acudir a los lugares santos musulmanes y cristianos. Los residentes de la Franja de Gaza, con excepción de los colonos judíos, no están autorizados para ir a Jerusalén.
También se ha atacado a la comunidad cristiana. El 12 de abril de 1990, "la policía israelí y la Policía de las Fronteras emplearon gases lacrimógenos contra el patriarca ortodoxo griego, Theodoros I, y otros clérigos, en los alrededores del Hospicio San Juan, un edificio que pertenece al patriarcado ortodoxo griego situado en la antigua ciudad de Jerusalén. El hecho ocurrió cuando el Patriarca y las personas que representan la comunidad y otras iglesias se dirigieron hacia el Hospicio San Juan tras saber que había sido tomado por un grupo extremista religioso israelí. El patriarca ortodoxo griego y al menos otro sacerdote perdieron el sentido debido a la inhalación de dichos gases lacrimógenos".48
Tras la ocupación de Cisjordania y de la Franja de Gaza, los israelíes han impuesto restricciones significativas a la libertad de opinión y de expresión de los palestinos de estas zonas. La libertad en la prensa "se ve restringida por las autoridades militares mediante diversos medios como: el control de licencias de publicación, las trabas al proceso de recopilación de noticias, la censura antes de la publicación y el control de la distribución de periódicos".49
Se han impuesto restricciones mediante una serie de Ordenanzas militares. La Ordenanza militar 50 (11 de julio de 1967), por ejemplo, "prohibe tanto el traer periódicos a la zona como el publicarlos sin permiso del oficial designado por el Comandante del Área a los efectos de esta Ordenanza". La Ordenanza militar 101 (27 de agosto de 1967) "prohibe a los residentes de Cisjordania imprimir o editar ‘cualquier publicación, propaganda, proclamación, fotografía o cualquier otro documento’ que contenga algún artículo ‘de trascendencia política’ salvo cuando se obtenga una licencia del Comandante militar". La Ordenanza militar 107 (29 de agosto de 1967) prohibe el uso de los libros de texto señalados en una lista en particular. Éstos incluyen "alrededor de 60 libros de texto: los de gramática, historia (entre ellos unos sobre la historia de las Cruzadas), geografía, filosofía, estudios cívicos y literatura árabe". Esta lista de títulos prohibidos fue ampliada más tarde y sólo recientemente ha sido reducida otra vez.
"El objetivo de estas ordenanzas es prohibir, de forma absoluta, a todo residente en Cisjordania el derecho a adquirir del extranjero (incluso de Israel) cualquier cuestión publicada, antes de que las autoridades militares le concedan el permiso. Esta prohibición no sólo es aplicable a los libros, fotografías, pósters o cualquier otra cuestión publicada: la Ordenanza Militar 101 ha sido interpretada como de aplicación a la pintura. En abril de 1980, por ejemplo, se prohibió a los estudiantes de la Universidad de Belén llevar camisetas blancas de rayas verdes, negras y rojas por ser éstos los colores de la nueva bandera palestina... Los pósters de cuadros de pintores palestinos de Cisjordania fueron confiscados en el Puente Allenby. En las negociaciones con el consejero jurídico militar que luego tuvieron lugar... se explicó que los criterios que seguían las autoridades militares a la hora de prohibir los pósters eran los siguientes: todos aquellos pósters que contengan los siguientes elementos están prohibidos:
los cuatro colores de la bandera palestina seguidos;
inscripciones, incluyendo la palabra ‘Palestina’ ;
representación de armas, granadas o rifles, etc."50
Durante la ocupación, la censura de la prensa fue extremadamente severa. En 1983, por ejemplo, "se prohibió la publicación de los tres diarios árabes de Jerusalén permitiéndose al emitirse nuevos permisos de tres meses. Estos quedaban sujetos a la condición del derecho que tienen las autoridades a confiscar cualquier edición y a prohibir su circulación".51 Otras medidas restrictivas comprendían "la prohibición de la distribución de periódicos, la emisión de órdenes de detención administrativa en contra de los periodistas, la declaración de ‘zonas de cierre militar’ de varias áreas para la cobertura de las noticias o el cierre de agencias de prensa y de periódicos".52
Durante los años de ocupación israelí, los palestinos han tratado de expresar su oposición a la ocupación y su derecho a la autodeterminación mediante protestas pacíficas. A menudo, las autoridades de ocupación israelí detienen estas manifestaciones de manera brutal y en ellas muchas personas resultan heridas de gravedad o incluso pierden la vida. Las protestas de los estudiantes de las universidades y escuelas provocaron el cierre de los centros de educación.
La rebeldía civil palestina se vio intensificada durante la Intifada, cuando huelgas, marcha de protesta y sentadas tenían lugar prácticamente todos los días y en ellos participaban todos los sectores de la población: mujeres, niños, ancianos, comerciantes y agricultores. Las fuerzas israelíes empleaban medidas severas para poner freno a estas expresiones de descontento popular. Tampoco los árabes residentes en Israel mismo están exentos de las tácticas de mano dura de las autoridades. En septiembre de 1998, en el poblado de Umm al-Fahm, la policía de fronteras israelí disparó balas de plástico y fuego de verdad y golpeó a los profesores y estudiantes de un instituto local que se habían rebelado en contra de la confiscación de las tierras del pueblo. Artículo 21. 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
En Israel, todos los intentos que se hicieron para instaurar un partido nacionalista árabe en los años 1950 y 1960 se vieron frenados por la presión y, en el caso de Al-Ard, por una prohibición total. Por consiguiente, los israelíes árabes no tenían libertad para elegir a sus representantes. Se ha mejorado algo desde mediados de los años 70. Sin embargo, en julio de 1985, el Knesset enmendó su ley electoral para incluir la siguiente cláusula: "Aquellos candidatos que expresaran o insinuaran en su objetivo o en sus hechos algo de lo siguiente no participarán en las elecciones del Knesset: 1) Denegación de la existencia del Estado de Israel como Estado del pueblo judío; 2) Denegación del carácter democrático del Estado; 3) Incitación al racismo".53 Esta enmienda pretendía limitar tanto el crecimiento del partido racista judío Kach como el de un voto consolidado palestino.
A finales de 1998 todavía hay en Israel 176 pueblos "no reconocidos", habitados por cerca de 70.000 árabes. Las autoridades israelíes se niegan a concederles los servicios básicos como: agua corriente, sanidad, electricidad y carreteras de acceso. Pese a que el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya ordenó que los pueblos "no reconocidos" tuvieran agua corriente y estuvieran incluidos, junto con sus residentes, en los programas de planificación, el gobierno, hasta ahora, ha incumplido lo estipulado. Ha calificado de "agrícola" el territorio donde están ubicados estos pueblos y ha dado ordenes de destrucción de muchas de sus casas.54
En los Territorios Ocupados de Cisjordania y la Franja de Gaza, una de las herramientas utilizadas por el Sionismo ha sido la de negar la identidad palestina. Desde el lema de reunión del temprano movimiento Sionisma, "una tierra sin gente para una gente sin tierra", y la afirmación de la Primera Ministra Golda Meir "los palestinos no existen", la negación constante de los derechos nacionales y la supresión de sus aspiraciones ha significado que el desarrollo político palestino se haya visto frustrado y obligado a tener lugar en secreto. Esto llevó inevitablemente a una distorsión en la evolución del proceso democrático palestino. "Los partidos y las organizaciones políticas están prohibidas; no se permiten ni los mítines ni las asambleas políticas; se suspende la circulación de periódicos y revistas; y los palestinos activos políticamente pueden sufren detenciones, encarcelamientos y deportaciones".55 En 1976, después de que los palestinos votaran en las municipales para alcaldes, que en su mayoría eran de la OLP, Israel prohibió más elecciones. No hubo elecciones para elegir a una autoridad palestina representativa hasta que tuvieron lugar bajo las condiciones del Acuerdo de Oslo en enero de 1996. Incluso entonces, los candidatos a la presidencia palestina no estaban autorizados a hacer campaña electoral en Jerusalén Este.
La provisión de los servicios públicos a la población palestina se restringió en gran medida bajo la ocupación israelí. Los israelíes limitaron los únicos centros formales de poder, las municipalidades, en el ámbito político y económico. El presupuesto previsto por el Gobierno israelí para los Territorios Ocupados era escaso en comparación con el que está a disposición de los colonos israelíes en estos territorios. Un informe de la OIT de 1981, por ejemplo, puso de relieve "el deterioro de las condiciones de salud en los Territorios Ocupados, como consecuencia particular de la congelada asignación presupuestaria para los hospitales del gobierno".
El ámbito de la educación se vio también perjudicado ya que el espacio en las clases no podía mantenerse al nivel de la gran demanda de una población muy joven. Los impuestos sobre la renta que pagaban los trabajadores palestinos en Israel, en lugar de ser canalizados al desarrollo de proyectos en Cisjordania y la Franja de Gaza, iba en gran parte al propio presupuesto de Israel hasta 1993: incluso ahora, Israel retiene un cuarto de los ingresos provenientes de los impuestos sobre la renta que entrega a la Autoridad palestina, para "gastos administrativos".
Otro de los ámbitos aquejados de la infraestructura ha sido el de la electricidad. Al alcalde de Nablus, Bassam Shaka, se le negó el permiso para instalar un nuevo generador eléctrico local en la ciudad y fue presionado, al igual que otras municipalidades, para que Nablus fuera conectado a la red central de suministro de electricidad de Israel. Este entorpecimiento del desarrollo de la infraestructura local es adicional a la creación de infraestructuras por parte de los israelíes para su uso propio. Esto incluye: cierto número de carreteras, tuberías para el agua, y pozos para satisfacer las necesidades de los asentamientos y de los militares".56 Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Israel sometió a Cisjordania y la Franja de Gaza a un tipo de gobierno colonial de colonos. Como tal, persiguió aprovecharse de los recursos de la tierra sin proporcionar nada a cambio. Esto significa que utilizó la mano de obra palestina como fuente de trabajo barata sin compensar su uso con beneficios sociales, y ha utilizado las tierras y el agua de los palestinos para el uso de sus propios ciudadanos.
Artículo 23.1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo
En 1967, después de que Cisjordania y la Franja de Gaza estuvieran ocupadas, muchos de los palestinos que vivían en estas áreas se vieron obligados a buscar trabajo como inmigrantes en Israel. Las condiciones laborales, sin embargo, eran menos que favorables. El trabajo tendía a ser de baja categoría y para aquellos que no tuvieran formación, y se pusieron en vigor diversas regulaciones draconianas para controlar el movimiento de los trabajadores palestinos en Israel. Una de ellas, por ejemplo, no les permite dormir en Israel, por lo que los trabajadores han de viajar durante muchas horas al día entre su casa y el trabajo.
A estos palestinos que trabajan en Israel se les da un permiso de trabajo pero esto no les da derecho a beneficiarse de la seguridad social. Además de las personas que están trabajando oficialmente, existe un importante mercado laboral "ilegal" en el que los palestinos se arriesgan a ser detenidos y muchas veces pasan largos períodos de tiempo esperando al lado de la carretera a conseguir un trabajo provisional.
Antes de que estallara la Guerra del Golfo en 1991, 110.000 palestinos provenientes de los Territorios Ocupados estaban trabajando oficialmente en Israel. Sin embargo, luego se introdujeron nuevas restricciones para hacer que los traslados entre dichos Territorios e Israel fueran más difíciles. En marzo de 1993, "el gobierno israelí anunció que tanto Cisjordania como la Franja de Gaza iban a ser cerradas indefinidamente, asestando así otro serio golpe a los sustentos palestinos. La restricción que impide a los palestinos entrar en Jerusalén Este o cruzar la frontera para trabajar en Israel, fue condenada por el Jefe del Comité Internacional de la Cruz Roja como castigo colectivo y, por consiguiente, una medida que es una vulneración del Cuarto Convenio de Ginebra"57.
Ya para 1994, el número de permisos de trabajo cedidos a los habitantes de Gaza disminuyó; al mismo tiempo, el paro alcanzó el 40% en total y entre el 50 y 60% en los campos de refugiados. Al ser incapaz "de coartar, avergonzar o sobornar a los judíos israelíes para hacer lo que ellos describen como "trabajo árabe", Israel dio empleo a 29.000 trabajadores extranjeros en los campos e invernaderos".58
En 1967, la economía israelí estaba "en un proceso de crecimiento rápido y necesitaba importantes refuerzos para la mano de obra".59 Para cubrir la demanda de trabajo, el gobierno israelí "en 1968, promulgó leyes que permitieran a los palestinos de Cisjordania y de Gaza trabajar en Israel. El abrir las puertas a los palestinos se incluye en la política general de Israel sobre la integración económica de los Territorios".60 A los trabajadores palestinos se les canalizó a través de una serie de bolsas de empleo que, por un lado, permitía al gobierno israelí controlar los índices de retribución, y por otro, impedía de forma efectiva que los trabajadores palestinos "desvalorizaran el trabajo judío". Asimismo, permitía a Israel "deducir la seguridad social y el seguro de los salarios, que la mayor parte de las veces no se devolvían con beneficios o servicios… La necesidad que tenía Israel de mano de obra, sin formación en su mayor parte, dio lugar a una concentración de palestinos en los sectores laboral-intensivo de la economía israelí, que ostentaban constantemente cargos de subordinados, y no de directivos. Constituyen un ejército de reserva laboral con pocos derechos y escasa protección. No tienen seguro de trabajo y son los primeros en ser echados del trabajo en tiempos de recesión". Sin embargo, nunca faltaban trabajadores. En 1969, el gobierno aprobó la contratación de 40.000 trabajadores de los Territorios Ocupados. Esto incrementó en un 18% entre los años 1977 y 1981. A su vez, los empresarios israelíes, habiendo descubierto el potencial de la contratación de mano de obra barata, pronto "pasaron por alto el servicio de empleo y se pusieron en contacto con los sub-contratistas de los Territorios Ocupados. Los contratistas les ofrecieron jornaleros que les costaban, sin beneficios sociales y sin pagar los impuestos sobre la renta, al menos el 50% menos que los operarios organizados".61 El mercado negro laboral de palestinos continuó y aumentó hasta que se promulgó la nueva legislación en 1989; entonces, casi dos tercios de palestinos contratados en Israel estaban considerados "trabajadores desorganizados".
Existen claras discrepancias entre los sueldos de los judíos y los de los palestinos. Por ejemplo, el Jerusalem Post informaba el 22 de mayo de 1989, que el Ministerio de Trabajo de Israel "estaba considerando pagar a los trabajadores judíos en paro los salarios que darían a los palestinos, más los beneficios del paro, con el fin de persuadirles para aceptar trabajos en los ámbitos de construcción y agricultura".62 Incluso en aquellas industrias donde judíos y palestinos trabajan codo con codo, sus salarios son diferentes. En un informe publicado en 1986, se revelaba que los habitantes de Gaza que trabajaban en Israel ganaban aproximadamente el 40% del salario medio israelí.63 EL gobierno no ha puesto en vigor la política del salario mínimo aplicada a los trabajadores palestinos. Por supuesto, en el caso de los "trabajadores desorganizados", no se aplican ni siquiera los requisitos mínimos.
Antes de la Intifada, los palestinos que trabajaban en Cisjordania y en la Franja de Gaza ganaban entre el 60 y 90% menos que sus homólogos que trabajaban en Israel. En 1982, el P.I.B. per cápita de la Franja de Gaza se estimaba en 1,054 $, aproximadamente un quinto del de Israel.64

References: Artículo 7
 artículo 125

Artículo 12
 Resolución 
 Artículo 15
 Artículo 22
 Resolución 
 Resolución 

Artículo 16

Artículo 17
 Artículo 33
 Artículo 21
 Artículo 22

Artículo 23