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Timestamp: 2017-12-14 08:04:11+00:00

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La integración regional - El Tratado de la Cuenca del Plata (abril de 1969)
El Tratado de la Cuenca del Plata (abril de 1969)
En febrero de 1967 tuvo lugar en Buenos Aires la Primera Reunión de Cancilleres de la Cuenca del Plata, cuyos participantes emitieron una declaración donde se dejaba constancia de la decisión de sus respectivos gobiernos de efectuar un estudio conjunto e integral de dicha área, con miras a la realización de obras multinacionales, bilaterales y nacionales, en procura del progreso de la región. En esta reunión se decidió asimismo la creación de un Comité Intergubernamental Coordinador (CIC) -conformado por los embajadores de los cuatro países que integraban la Cuenca del Plata y un técnico argentino de alto rango- que tendría su sede en Buenos Aires. Este Comité tenía la función de estudiar emprendimientos hidroeléctricos, obras de interconexión fluvial, vial, ferroviaria y aérea, comunicaciones, radicación de industrias y complementación económica de áreas limítrofes, objetivos mencionados en el anteproyecto presentado por la Cancillería paraguaya a sus colegas. (1)
La Segunda Reunión de Cancilleres de la Cuenca del Plata se llevó a cabo en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, en mayo de 1968. El día 20, los cancilleres de la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron el Acta de Santa Cruz de la Sierra, reconociendo la existencia formal del CIC, encargado de los proyectos de desarrollo en el área y de las reuniones anuales de los cinco cancilleres de la Cuenca. La firma de este documento representó la aceptación de un criterio subregionalista, basado en la prioridad de la integración nacional y en un esquema regional basado en la coordinación y armonización de intereses conflictivos entre países vecinos. Representó, por oposición, el rechazo de los cinco países integrantes de la Cuenca del Plata al esquema impulsado por Estados Unidos y los países firmantes de la Declaración de Bogotá, propenso a una división del trabajo continental, en donde la Argentina jugaría el papel de “país agrícola” y Brasil y Chile los roles de “países industriales”.
El Acta de Santa Cruz de la Sierra estableció las siguientes prioridades: a) la apertura de un puerto para Bolivia sobre el río Paraguay, que concentraría la producción de hierro y manganeso de El Mutún para la exportación; b) la redacción del Tratado del Río de la Plata para solucionar las diferencias limítrofes pendientes entre la Argentina y Uruguay, en un plazo no mayor de 120 días; c) la planificación del proyecto energético de Salto Grande; d) el establecimiento de un servicio meteorológico e hidrográfico, con el fin de informar sobre lluvias y regímenes de aguas en las cuencas de los ríos Paraguay, Paraná, Uruguay, de la Plata y afluentes principales; e) el desarrollo de conexiones viales y ferroviarias y de sistemas de comunicaciones entre los cinco países miembros de la Cuenca del Plata; y f) la modernización de los puertos de Buenos Aires, Montevideo, Asunción, Santa Lucía (Uruguay) y Río Grande do Sul (Brasil). (2)
La Tercera Reunión Extraordinaria (y Primera Ordinaria) de los Cancilleres de la Cuenca del Plata se realizó en Brasilia, en abril de 1969. El día 23, el canciller argentino, Nicanor Costa Méndez, suscribió junto a sus colegas Víctor Hoz de Vila (Bolivia), José Magalhaes Pinto (Brasil), Raúl Sapena Pastor (Paraguay) y Venancio Flores (Uruguay), el Tratado de la Cuenca del Plata, que tuvo por objeto “mancomunar esfuerzos con el objeto de promover el desarrollo económico y la integración física de la Cuenca del Plata”, para lo cual los firmantes se comprometieron a identificar áreas de interés común, realizar estudios, programas y obras, y formular “entendimientos operativos e instrumentos jurídicos”, en relación a los siguientes proyectos: 1) la facilitación y asistencia en materia de navegación; 2) la utilización racional del recurso agua, especialmente a través de la regulación de los cursos de agua y de su aprovechamiento múltiple y equitativo; 3) la preservación y el fomento de la vida animal y vegetal; 4) el perfeccionamiento de las interconexiones viales, ferroviarias, fluviales, aéreas, eléctricas y de telecomunicaciones; 5) la complementación regional mediante la promoción y radicación de industrias de interés para el desarrollo de la Cuenca; 6) la cooperación económica de áreas limítrofes; 7) la cooperación mutua en materia de educación, sanidad y lucha contra las enfermedades; 8) la promoción de otros proyectos de interés común y en especial aquéllos que tengan relación con el inventario, la evaluación y el aprovechamiento de los recursos naturales del área; y 9) el conocimiento integral de la Cuenca del Plata. (3)
Por cierto, este tratado estuvo inscripto en el contexto de la rivalidad geopolítica argentino-brasileña, según el cual la Cuenca del Plata y los aprovechamientos hidroeléctricos eran medios de poder y de influencia geopolítica. Con la firma de este documento, la Cancillería argentina intentó forzar a la brasileña a negociar, pero Itamaraty continuó con sus emprendimientos hidroeléctricos. (4) La postura argentina respecto de la Cuenca del Plata se basó en dos supuestos: a) la producción argentina debía salir por el río de la Plata evitando que fuera transportada a través del Brasil, más allá de las razones de conveniencia por el costo de los fletes; b) el gobierno argentino podía entenderse más fácilmente e influir sobre los de Uruguay y Paraguay que sobre Brasil. (5) De acuerdo con esta óptica, Costa Méndez intentó frenar el proyecto brasileño de Sete Quedas (localización primitiva de lo que fue luego la central Itaipú), utilizando el Derecho Internacional. (6) Así, el canciller argentino sostuvo el principio de que, en el caso de aprovechamientos hidroeléctricos en ríos internacionales de curso sucesivo como el Paraná, los estados ribereños que proyectaran una obra hidroeléctrica debían proceder a una “consulta previa”. Este principio de “consulta previa” había aparecido en la Declaración de Montevideo -firmada por Brasil en 1933- y había sido reconocido en el Acuerdo de Salto Grande de 1946, suscripto por Brasil, y en el decálogo de las “Reglas de Helsinki”, aprobadas en 1966 y publicadas por la International Law Association. (7)
El Tratado de la Cuenca del Plata entró en vigor el 14 de agosto de 1970, y en términos de los intereses geopolíticos argentinos, el artículo clave era el 1º inciso b) que establecía la “utilización racional del recurso agua, especialmente a través de la regulación de los cursos de agua y su aprovechamiento múltiple y equitativo”. (8)
Los sectores nacionalistas criticaron la firma del Tratado de la Cuenca del Plata en 1969, señalándola como un ardid más de la diplomacia brasileña en su plan de expansión sobre la subregión. Miguel Angel Scenna asume esta postura al sostener que dicho tratado era “un difuso documento que no precisa nada concreto sobre la utilización de los ríos y no compromete a nadie”. Por su parte, un experto en el tema, Carlos Juan Moneta, también denunció por esos años “el plan obstruccionista de Brasil” al firmar el Tratado de la Cuenca del Plata. (9)
Brasil era un tema de agenda muy importante para los sectores nacionalistas, pero en un sentido totalmente opuesto al otorgado por Onganía. Mientras éste buscaba acercarse a Brasil en función de una eventual alianza militar tripartita entre Brasilia, Washington y Buenos Aires, con el objetivo último de derrotar la amenaza comunista, los nacionalistas, combinando la geopolítica con la teoría de la dependencia, vieron a Brasil no como un aliado en la cruzada anticomunista, sino como una doble amenaza para los intereses nacionales argentinos. Para los nacionalistas, como el historiador José María Rosa, Brasil era el eterno vecino expansionista que, desde tiempos inmemoriales, buscó debilitar y aislar a la Argentina en la Cuenca del Plata y era el agente “imperialista” aliado a la Casa Blanca. En consecuencia, el peso de los argumentos geopolíticos, que se extendió no sólo durante el período de la Revolución Argentina sino también durante las gestiones peronistas, dificultó enormemente un eventual acercamiento entre Buenos Aires y Brasilia en esos años.
Este pensamiento geopolítico aggiornado con argumentos dependentistas tuvo en el general “nacionalista-desarrollista” Juan Enrique Guglialmelli, director de la revista Estrategia, a uno de sus exponentes principales. Guglialmelli percibía la histórica competencia de poder entre la Argentina y Brasil como un factor clave en la Cuenca del Plata, en la medida que condicionaba las políticas exteriores de sus vecinos, y estimulaba una política pendular en las diplomacias uruguaya, paraguaya y boliviana. En la visión de Guglialmelli, los emprendimientos hidroeléctricos brasileños como Itaipú implicaban el “control” brasileño de los ríos pertenecientes a la Cuenca del Plata. La construcción de carreteras, la neutralización de los intentos argentinos de cooperar con Uruguay y con Bolivia, el establecimiento de vínculos de seguridad con Chile, entre otras jugadas de la estrategia brasileña, apuntaban a “aislar” a Argentina. A su vez, esta política brasileña estaba apoyada por Estados Unidos y las grandes corporaciones multinacionales que promovían la tesis de “desarrollo económico dependiente y selectivo” y destinaban a la Argentina el papel de país “granja” proveedor de productos agropecuarios e industrias derivadas de estos productos. Brasil buscaba esa “relación especial” con Washington para obtener inversiones o concesiones especiales, y, por cierto, ese favoritismo era percibido por Guglialmelli como promotor de un desequilibrio subregional en favor de Brasil. Ante este escenario y en sintonía con una situación mundial que mostraba la lucha de los países en vías de desarrollo contra el imperialismo, la receta que proponía Gugliamelli era la de superar alternativas “anacrónicas” como la rivalidad argentino-brasileña y la actitud imperial-hegemónica brasileña, y estimular la cooperación bilateral, única alternativa que permitiría a ambos países aumentar su capacidad de negociación frente a los organismos económicos y financieros internacionales. (10)
La diplomacia argentina siguió batallando por el triunfo del principio jurídico de “consulta previa” como un medio de detener el avance de las obras hidroeléctricas brasileñas. Este principio fue aprobado en la Cuarta Reunión Ordinaria de Cancilleres de la Cuenca del Plata, celebrada en Asunción el 31 de junio de 1971. En dicha ocasión, los cancilleres Luis María de Pablo Pardo (Argentina), Huáscar Taborga Torrico (Bolivia), Mario Gibson Barboza (Brasil), Raúl Sapena Pastor (Paraguay) y José Mora Otero (Uruguay) firmaron la “Declaración de Asunción sobre el Aprovechamiento de los Ríos Internacionales”. En la resolución 23 del Acta, puntos 2 y 3, la diplomacia argentina obtuvo la aprobación del principio de “consulta previa”, en los siguientes términos:
1) En los ríos internacionales contiguos, siendo la soberanía compartida, cualquier aprovechamiento de sus aguas deberá ser precedido de un acuerdo bilateral entre los ribereños.
2) En los ríos internacionales de curso sucesivo, no siendo la soberanía compartida, cada estado puede aprovechar las aguas en razón de sus necesidades siempre que no cause perjuicio sensible a otro estado de la Cuenca... (11)
No obstante, a pesar de lo que podría percibirse como un triunfo diplomático argentino, el gobierno de Brasil continuó con su programa de construir obras sobre los ríos de la Cuenca del Plata, haciendo caso omiso de lo acordado en Asunción. Además, el Acta de Asunción había introducido otro concepto: el de “soberanía compartida” de los ríos contiguos. Este ambiguo concepto, aparentemente congruente con el principio de “consulta previa”, en realidad otorgó ventajas a Brasil, que estaba haciendo obras, mientras que la Argentina no tenía proyectos hidroeléctricos serios en el ámbito de la Cuenca del Plata. Desde el gobierno de Onganía, el gobierno argentino había privilegiado la “integración hacia adentro” con la construcción de El Chocón. La falta de concreción de proyectos hidroeléctricos en la Cuenca del Plata por parte de las autoridades argentinas fue una resultante de la dificultad de coordinar distintos enfoques que sobre este tema tuvieron la Cancillería, la Secretaría de Recursos Hídricos y el Consejo Nacional de Seguridad (CONASE). (12)
A pesar de las dificultades con Brasil, la diplomacia argentina siguió bregando por imponer el principio de consulta previa en distintos foros multilaterales. Así, en junio de 1972, para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en la ciudad de Estocolmo, la Cancillería argentina fijó como objetivo principal a alcanzar la aceptación del principio de “consulta previa”. Pero mientras la delegación argentina propuso la “institucionalización de la cooperación internacional”, es decir el “intercambio de información y consulta previa oficial”, Brasil sostuvo el “principio de la publicidad”, que significaba que los Estados interesados debían tener información a través del “conocimiento público”, es decir, por medio de todos los medios como la prensa en general y publicaciones especializadas. La Comisión Preparatoria de la Conferencia, en la que la Argentina participó, había elaborado un proyecto de resolución, en cuyo principio “8” se establecía que “Todo Estado que tenga motivos para creer que las actividades de otro Estado pudieran causar daños a su medio o al medio de las zonas situadas fuera de los límites de su jurisdicción nacional, podrá solicitar la celebración de consultas internacionales acerca de las actividades proyectadas”. (13) Este párrafo provocó la oposición de Brasil, que contó con el respaldo de Yugoslavia.
Ante esta situación, se decidió formar un grupo de trabajo que propuso un principio “20”, que establecía que
los Estados deberán suministrar información pertinente sobre las actividades o acontecimientos que tengan lugar dentro de su jurisdicción o bajo su control siempre que crean, o tengan razón para creer, que dicha información es necesaria para evitar el riesgo de importantes efectos adversos en el medio de las zonas que quedan fuera de su jurisdicción nacional. (14)
Entre ambos principios había una diferencia fundamental: mientras en el principio 8 (el texto de la Comisión) es el Estado damnificado el que determina si hay perjuicio, en el principio 20 (el texto del Grupo de Trabajo) es el Estado el que construye la obra y el que evalúa si ha de causar o no perjuicio más allá de sus fronteras. La delegación argentina, presidida por el canciller de Pablo Pardo, presentó una enmienda al principio 20, que decía:
Esta información deberá ser facilitada a petición de cualquiera de las partes interesadas en un tiempo prudencial y acompañada de los datos disponibles que permitan a las mencionadas partes, informar y juzgar por sí mismas la naturaleza y los efectos probables de tales actividades. (15)
A su vez, un grupo de países africanos, entre los que figuraban Argelia y Egipto, presentaron una nueva enmienda al principio 20, que consistía en eliminar del final del párrafo las palabras “crean o tengan razón para creer” y la palabra “importantes”. De esta manera, el principio enmendado quedaba así:
Los Estados deberán presentar información pertinente sobre las actividades o acontecimientos que tengan lugar dentro de su jurisdicción o bajo su control siempre que dicha información sea necesaria para evitar el riesgo de efectos adversos en el medio de las zonas que quedan fuera de su jurisdicción nacional. (16)
La delegación argentina, tras algunas dudas, aceptó esta nueva enmienda lo mismo que otros países latinoamericanos, y por ello la misma llevó el nombre de “Enmienda Afro-Latinoamericana”. El enfrentamiento entre las delegaciones argentina y brasileña impidió toda resolución de la Conferencia en materia de recursos naturales compartidos, dado que en esta reunión todas las resoluciones fueron aprobadas por consenso. (17)
En septiembre de 1972, en la XXVII Asamblea General de las Naciones Unidas, se reanudó el diálogo entre los representantes argentinos -el embajador ante las Naciones Unidas, Carlos Ortiz de Rozas, Eduardo Bradley y Julio Barberis- y el embajador Sergio Frazao y el ministro Espedito de Freitas Rozende, del Brasil. Un resultado de estas gestiones fue la firma del llamado Acuerdo de Nueva York, por parte de los cancilleres argentino y brasileño, Mc Loughlin y Gibson Barboza, el 29 de septiembre de 1972. Este Acuerdo sostenía los siguientes puntos:
1) (...) en la exploración, explotación y el desarrollo de sus recursos naturales, los Estados no deben causar efectos perjudiciales sensibles en zonas situadas fuera de su jurisdicción nacional.
2) (...) la cooperación entre los Estados en el campo del medio ambiente, incluso la cooperación para la ejecución de los principios 21 y 22 de la Declaración sobre el Medio Humano, se logrará adecuadamente dándose conocimiento oficial y público de los datos técnicos relativos a los trabajos a ser emprendidos por los Estados dentro de su jurisdicción nacional con el propósito de evitar perjuicios sensibles que puedan ocasionarse en el medio humano del área vecina.
3) (...) los datos técnicos mencionados en el párrafo precedente serán dados y recibidos con el mejor espíritu de cooperación y buena vecindad, sin que ello pueda ser interpretado como facultando a cualquier Estado a retardar o impedir los programas y proyectos de exploración, explotación y desarrollo de los recursos naturales de los Estados en cuyos territorios se emprendan tales programas y proyectos. (18)
Este convenio fue aprobado en Naciones Unidas por unanimidad: 115 votos a favor y ninguno en contra, como proyecto de resolución número 2995 (XXVII) de la Asamblea General de la ONU. No obstante, su impacto interno fue desfavorable: generó rechazo en los sectores nacionalistas. Para Juan Carlos Puig, el mismo demostraba la vieja concepción argentina de menosprecio territorial, pues otorgaba a Brasil “luz verde en sus desarrollos hidroeléctricos, en un momento estratégico comprometido, en detrimento de los propios aprovechamientos argentinos sobre el Paraná (...)”. (19) Finalmente, el Acuerdo de Nueva York fue denunciado por el gobierno justicialista de Héctor J. Cámpora.
En la Quinta Reunión de Cancilleres de la Cuenca del Plata, que tuvo lugar en la localidad uruguaya de Punta del Este durante el mes de diciembre de 1972, la delegación argentina presentó una ponencia referida a la sistematización de la información a nivel técnico de las obras hidroeléctricas en el área de la Cuenca del Plata. Este propuesta argentina fue rechazada por Brasil.
Poco después, el 29 de marzo de 1973, el representante argentino en el Comité Intergubernamental Coordinador de los países de la Cuenca del Plata, Alberto Guzmán Soriano, envió una nota al presidente del mismo pidiendo a los países miembros información sobre la noticia del llenado del dique de Ilha Solteira, amparándose en el Acuerdo de Nueva York y la Resolución 2995 (XXVII) de la Asamblea General. (20) El 1º de abril de 1973 Antonio P. Azeredo da Silveira, representante del Brasil ante el Comité Intergubernamental, contestó que la Resolución 2995 (XXVII) se destinaba a casos en que en la explotación y aprovechamiento de recursos naturales existiera la posibilidad de que ocurriera perjuicio sensible fuera de la jurisdicción nacional del Estado que emprendía la obra, pero en el caso del llenado de Ilha Solteira tal posibilidad era por entero inexistente. También señalaba que el gobierno brasileño había emitido un comunicado de prensa, anunciando el llenado de Ilha Solteira, y el mismo comunicado fue publicado en el Diario Oficial del 27 de marzo, una copia del cual había sido enviada por el secretario general de Itamaraty al embajador argentino en Brasil. (21)
El 18 de abril de 1973, el embajador Julio Barberis suscribió la nota de respuesta argentina, que decía lo siguiente:
La Representación de la República Argentina considera inaceptable y contraria al Derecho de Gentes la interpretación del Acuerdo de Nueva York y de la Resolución 2995 (XXVII) formulada en el punto 5 de la nota brasileña. Según esta interpretación del Brasil, pues, el acuerdo se aplica sólo cuando existe la posibilidad de provocar un perjuicio sensible, pero he aquí que quien juzga si existe o no posibilidad de perjuicio sensible es la misma República del Brasil de manera unilateral.
Por lo tanto, bastará que el gobierno de Brasil diga que ninguna actividad que emprenda en su territorio causa perjuicio sensible, para que la Resolución 2995 (XXVII) no se aplique nunca.
En Nueva York, Brasil aceptó otro texto que eliminó los términos que establecían la obligación meramente protestativa. Pero ocurre ahora que el Brasil pretende, por vía de interpretación, imponer su idea que fue rechazada en Estocolmo de manera casi unánime. Su pretensión resulta inadmisible... Los hechos descriptos en la presente nota (...) demuestran claramente que (...) este país no ha cumplido con los compromisos pactados internacionalmente. (22)
El 11 de mayo de 1973, el gobierno de Brasil contestó en los siguientes términos:
El Gobierno brasileño deja de manifiesto, de manera inconcusa, la total improcedencia de las argumentaciones formuladas en la nota del embajador Barberis. Rechaza, asimismo el Gobierno brasileño, las acusaciones, directas o veladas, así como las referencias irrespetuosas a altos funcionarios suyos, contenidas en la referida nota, y expresa su formal protesta contra las afirmaciones de que habría faltado a sus compromisos internacionales. Aunque la nota del embajador Barberis está vertida en términos que no condicen con el espíritu de fraternal cooperación que debe siempre prevalecer entre países vecinos y amigos como el Brasil y la Argentina, el Gobierno brasileño se creyó en el deber de formular esta respuesta, por la consideración que debe a todos los países de la Cuenca del Plata, así como a la opinión pública nacional. (23)
“Cuenca del Plata. Los dulces kilovatios”, Confirmado, Año III, Nº 90, Buenos Aires, marzo 9 de 1967, p. 27.Ver también “Apreciaciones sobre el acuerdo Mc Loughlin-Gibson Barboza. La Cancillería informó sobre trece años de tratativas en la Cuenca del Plata”, La Opinión, 21 de marzo de 1973, p. 12.
“Acta de Santa Cruz de la Sierra: Hacia el desarrollo de la Cuenca del Plata”, Clarín, 21 de mayo de 1968, p. 16; ”Especial. Teoría y práctica en la Cuenca del Plata”, Confirmado, Año IV, Nº 154, Buenos Aires, mayo 30 de 1968, p. 23.
J.A. Lanús, op. cit., vol. II, pp. 19-20.
Ibid., vol. II, pp. 20-21.
Ibid., vol. II, p. 37, nota 11.
No obstante, vale aclarar que el proyecto hidroeléctrico de Sete Quedas generó discrepancias en el seno del gobierno brasileño. Mientras el ministro de Minas y Energía, Díaz Leyte, subordinaba la puesta en marcha de este proyecto a estudios de factibilidad que comprobaran la conveniencia económica de la obra, Itamaraty, liderada por su titular el canciller Mario Gibson Barboza, privilegiaba los argumentos geopolíticos por sobre los de la rentabilidad económica, sosteniendo que la pronta ejecución de Sete Quedas era un medio de atraer la voluntad del gobierno paraguayo hacia la órbita de influencia brasileña, y de este modo evitar que la construcción de Yacyretá-Apipé -una represa argentina ubicada sobre el río Paraná, cuyo proyecto de construcción estaba más avanzado que el de Sete Quedas- alterase el equilibrio de poder subregional en detrimento de Brasil. “Se enfrentan argumentos geopolíticos y de rentabilidad. Discrepancias internas en el gobierno brasileño por la central de Sete Quedas”, La Opinión, 9 de setiembre de 1972, p. 14.
J.A. Lanús, op. cit., vol. II, p. 21; y M.A. Scenna, Argentina-Brasil..., op. cit., p. 392.
“Apreciaciones sobre al acuerdo Mc Loughlin-Gibson Barboza. La Cancillería informó sobre trece años de tratativas en la Cuenca del Plata”, La Opinión, 21 de marzo de 1973, p. 12.
M.A. Scenna, Argentina-Brasil.., .op. cit., p. 392. Según Moneta, dicho plan consistía en que la diplomacia brasileña
(...) ingresa en el proyecto multinacional de la Cuenca del Plata fundamentalmente con el objeto de impedir que éste sirviera a una vinculación más estrecha y solidaria entre la Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Esta podría haber producido -entre otros efectos- la articulación de un frente común, opuesto a un manejo irrestricto brasileño del recurso hídrico. A la acción en el seno de la Cuenca, caracterizada por la constante oposición -entre otros temas- a todo progreso en el tratamiento de los problemas hídricos (negativa a concertar un Estatuto del Recurso Agua propuesto por Uruguay; paralización de las Reuniones de Expertos del Recurso Agua de los países de la Cuenca y veto al tratamiento de varios temas de las agendas de este grupo; oposición a la propuesta argentina en la Conferencia de Estocolmo, etc.), se suma una eficaz política de vinculación y presión bilateral sobre los países de menor desarrollo relativo. Los acuerdos con Paraguay para el estudio y la realización de la obra de Itaipú, precedidos por la financiación brasileña del estudio del aprovechamiento paraguayo del Acaray, obra que obstaculiza políticamente la realización de proyectos argentino-paraguayos centenares de veces más importantes en el tramo Iguazú-Posadas del río Paraná, son sólo algunos de los actos más notorios llevados a cabo en la ejecución de esta política (...).
Carlos Juan Moneta, “La política exterior del Brasil”, en Juan Carlos Puig, Carlos Juan Moneta, Carlos Pérez Llana y A.I. Carella, De la independencia a la liberación. Política exterior de América Latina, Buenos Aires, La Bastilla, 1973, fuente citada en M.A. Scenna, Argentina-Brasil..., op. cit., pp. 402-403.
Ver al respecto el artículo de J.E. Guglialmelli, “Argentina-Brasil: enfrentamiento o alianza...”, op. cit., especialmente pp. 19-29.
J.A. Lanús, op. cit., vol. II, p. 38, nota 15; O. G. Villegas, Tiempo geopolítico argentino..., op. cit., p. 113; “Acuerdo al término de la Conferencia de Asunción. Refirióse a la utilización de los ríos internacionales”, La Prensa, 4 de junio de 1971, p. 1; “Lográronse avances que satisfacen a la Argentina”, por Antonio Requeni, La Prensa, 4 de junio de 1971, p. 4, y “Fue aprobada una resolución sobre recursos hídricos”, Clarín, 4 de junio de 1971, p. 6.
J.A. Lanús, op. cit., vol. II, p. 22.
Principio 8 del proyecto de resolución de la Comisión Preparatoria sobre Medio Humano, cit., en ibid., vol. II, p. 38, nota 17.
Principio 20 del proyecto de resolución de la Comisión Preparatoria sobre Medio Humano, cit. en ibid., vol. II, p. 23.
Enmienda al principio 20, cit. en ibid.
Nueva enmienda al principio 20 cit. en ibid., vol. II, p. 38, nota 18.
Texto de la Declaración de Principios sobre Medio Humano en La Opinión, 17 de junio de 1972, p. 6. Ver también los siguientes editoriales: “Tajante división en la conferencia mundial sobre ecología. El Tercer Mundo no acepta separar el problema ambiental del tema económico”, por Luis Guagnini, La Opinión, 6 de junio de 1972, p. 24; “Mientras Argentina reclamó una fórmula de conciliación. Brasil defendió la primacía del desarrollo sobre la lucha contra la contaminación” por Luis Guagnini, La Opinión, 7 de junio de 1972, p. 9, y “Reuniones latinoamericanas por el enfrentamiento Argentina-Brasil. Tratan de superar las divergencias surgidas en torno a la declaración final que debe aprobarse en Estocolmo”, La Opinión, 14 de junio de 1972, p. 8.
Texto del Acuerdo de Nueva York, cit. en J.A. Lanús, op. cit., vol. II, p. 25, y en O.G. Villegas, Tiempo geopolítico argentino..., op. cit., pp. 114-115.
J.C. Puig, “La política exterior argentina...”, op. cit., tomo I, p. 147.
“Objétase el llenado de una presa sobre el Río Paraná. Estima la Argentina que el Brasil deberá informar antes de hacerlo”, La Prensa, 31 de marzo de 1973, p. 5.
Respuesta del representante del Brasil ante el Comité Intergubernamental Coordinador de los países de la Cuenca del Plata, cit. en J.A. Lanús, op. cit., vol. II, p. 26.
Nota argentina del 18 de abril de 1973 contestando a la nota brasileña, cit. en ibid., vol. II, p. 39, nota 20.
Nota brasileña del 11 de mayo de 1973, cit. en ibid., vol. II, p. 39, nota 21.

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