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Timestamp: 2019-05-20 09:00:50+00:00

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Tipos de Cláusulas abusivas - Despacho de Abogados Madrid | Are2 Abogados
Tipos de de cláusulas abusivas recogidos tanto en la Directiva como en la Ley General para la defensa de consumidores y usuarios
Las que vinculan el contrato a la voluntad del empresario
Las que limitan los derechos del consumidor y usuario
Las que determinen la falta de reciprocidad en el contrato
Las que imponen al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o de forma indebida la carga de la prueba
Las desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato
Las contrarias a las reglas sobre competencia y derecho aplicable
Tipos de cláusulas abusivas. En nuestro despacho ARE-2 ABOGADOS, tenemos múltiples consultas en relación a los temas de cláusulas abusivas, por ello a través de este articulo aclarar las dudas que se le puedan suscitar, así mismo en nuestro despacho ARE-2 ABOGADOS la primera consulta es gratuita, y financiamos los procedimientos. Por ello seguidamente pasamos a explicar el tema de las cláusulas abusivas y el carácter de la misma
Para hablar de las cláusulas abusivas hay que remitirnos a la Directiva 93/13/CEE y su posterior incorporación al ordenamiento jurídico español por la Ley 7/1998 de Condiciones Generales de la Contratación y posteriormente Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Teniendo en cuenta el contenido de estas normas podemos definir las cláusulas abusivas como todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y contrarias a la buena fe que causen un desequilibro importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato provocando una falta de equidad que favorece al empresario.
Para determinar el carácter abusivo de una cláusula hay considerar el bien objeto del contrato y las circunstancias de las partes en el momento de la contratación.
Cláusulas que reservan al empresario un plazo excesivamente largo o insuficientemente determinado para aceptar o para rehusar una oferta contractual o para satisfacer una prestación.
Cláusulas que supongan la consignación de fechas de entrega indicativas condicionadas a la voluntad del empresario.
Cláusulas que prevean la prórroga automática de un contrato de duración determinada si la persona consumidora no se manifiesta en contra fijando una fecha límite que no le permita manifestar su voluntad de no prorrogarlo.
Cláusulas que reserven a favor del empresario facultades de interpretación o modificación unilateral del contrato.
Cláusulas que autoricen solo al empresario a resolver anticipadamente un contrato de duración determinada
Cláusulas que determinen la vinculación incondicionada de la persona consumidora al contrato aunque el empresario no haya cumplido sus obligaciones.
Cláusulas que imponen una indemnización desproporcionada al consumidor que no cumple sus obligaciones.
Las cláusulas que excluyen o limitan derechos legales del consumidor por incumplimiento total o parcial o cumplimiento defectuoso del empresario.
Las cláusulas que imponen de renuncias a la entrega de documento acreditativa de la operación
Cláusulas que determinan la retención de cantidades abonadas por la persona consumidora por renuncia, sin prever la indemnización por una cantidad equivalente si renuncia el empresario.
Cláusulas impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor en el contrato.
Cláusulas de redondeo al alza en el tiempo consumido o en el precio de los bienes o en cualquier otra estipulación que prevea el cobro por productos no consumidos.
Cláusulas que prevén que el empresario se quede con cantidades abonadas en concepto de prestaciones todavía no efectuadas cuando sea él quien resuelva el contrato.
Cláusulas que imponen la carga de la prueba en perjuicio del consumidor
Cláusulas que imponen la transmisión al consumidor de las consecuencias económicas de errores administrativos o de gestión que no le sean imputables.
Cláusulas que imponen la transmisión al consumidor los gastos de documentación y tramitación que por ley correspondan al empresario.
Cláusulas que obliguen al consumidor a subrogarse en la hipoteca del empresario o impongan penalizaciones en los supuestos de no subrogación.
Cláusulas que prevean pactos de renuncia o transacción respeto del derecho del consumidor a elegir al notario en el que formalizar el contrato.
Cláusulas que impongan la sumisión a arbitrajes diferentes del arbitraje de consumo y de los órganos de arbitraje institucionales.
Cláusulas de sumisión expresa de juez o tribunal diferente del que corresponda al domicilio del consumidor.
Cláusulas de sumisión del contrato a un derecho extranjero.
En cuanto a la jurisprudencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que el consumidor está en situación de inferioridad respecto del profesional de la contratación, tanto en capacidad de negociación como en nivel de información y que existe abusividad si el consumidor se queda en una situación jurídica desfavorable y desproporcionada respecto del profesional. Por su parte el Tribunal Supremo desde el 2.009 establece el deber de trasparencia en los contratos y que es el empresario quien debe de cumplirlo con el objetivo de conseguir el equilibrio de las prestaciones y la comprensibilidad real de las cláusulas del contrato.
Los tipos de cláusulas abusivas más típicos que podemos encontrarnos en un contrato de préstamo, junto con la cláusula suelo a la que ya hemos hecho mención en otra de nuestras publicaciones, son los intereses de demora, el vencimiento anticipado y los intereses remuneratorios.
El interés de demora, es el porcentaje adicional que se paga por no cumplir el plazo fijado con el banco para el pago de un préstamo. Recogidos habitualmente, en la condición general sexta de la escritura, son impugnables en virtud de los artículos 80.1.a) y 85.6 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Además, recientemente se ha fijado doctrina jurisprudencial a raíz de la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 abril de 2015, la cual establecía: “es abusiva la cláusula no negociada que fija un interés de demora que suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado.”
En ese mismo sentido, la Junta de Unificación de Criterios del Orden Civil de la Audiencia Provincial de Madrid, adoptó un acuerdo de fecha 27 septiembre 2013, que disponía: “se considera abusivo en los contratos con consumidores los intereses de demora que excedan en más de tres veces el interés legal del dinero…”
La mayoría de los intereses de demora de los préstamos hipotecarios son abusivos dado que establecen unos porcentajes muy superiores a los márgenes legales estipulados (rondan entre el 18% o superior), provocando un grave perjuicio al consumidor o usuario, que sin duda, debe ejercer sus derechos y solicitar al tribunal la total nulidad de dicha condición general por ser totalmente abusiva y por ende, contraria a la ley, normativa, doctrina y jurisprudencia.
Respecto al vencimiento, la resolución anticipada del contrato, constituye una cláusula abusiva impuesta por la entidad, que implica un claro desequilibrio en las obligaciones derivadas de la relación contractual, careciendo de toda proporcionalidad. La mayoría de los préstamos hipotecarios estipulan que, la falta de pago de cualquiera de las cuotas de amortización o intereses pactadas facultará, de manera automática, a la entidad financiera a que pueda resolver el contrato de forma anticipada.
Esta condición, vulnera los derechos de los consumidores y usuarios toda vez que, como decíamos atenta contra el principio de proporcionalidad el cual estipula que es necesario ponderar el incumplimiento con la obligación, de tal forma que, si estamos ante una obligación dineraria contraída a través de un contrato de préstamo hipotecario donde las cantidades son elevadas, el adeudo de una cuota no puede suponer el vencimiento anticipado de dicho préstamo.
Asimismo, es contraria a ley y jurisprudencia, que recientemente han abordado este tema. En ese sentido, con la modificación del artículo 693.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se establece un mínimo de tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo, al menos, equivalente a tres meses, y esté convenio constase en la escritura de constitución.
En la Resolución de fecha 1 de octubre de 2010, de la Dirección General del Registro y del Notariado, se establecía lo siguiente: “La posibilidad de exigir el reembolso por incumplimiento de cualquier obligación contenida en la escritura es inadmisible, por su generalidad. Si según reiterada doctrina del Tribunal Supremo no puede declararse vencida la total obligación garantizada por la hipoteca por impago de una cuota.”
Estas estipulaciones son por tanto, contrarias tanto al principio de reciprocidad del mencionado artículo 87 de la Ley General de Consumidores y Usuarios, como a la prohibición de la imposición de una garantía desproporcionada al riesgo asumido establecido en el artículo 88 de la citada Ley, generando indudablemente en contra de las exigencias de la buena fe, y en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes derivados del contrato, pudiendo éstos, exigir la no vulneración de sus derechos ante los Tribunales.
En cuanto a los intereses remuneratorios, de acuerdo con el artículo 1.255 del Código Civil, las partes de un contrato pueden acordar libremente las estipulaciones condicionantes del negocio jurídico con el único límite del respeto a la ley, la moral y el orden público. En virtud de esta disposición, es legítimo que en los contratos de préstamo, como parte del intercambio de prestaciones que dan contenido al contrato, se establezca una carga remuneratoria junto a la devolución del capital a la que tiene derecho el acreedor. Así, el propio Tribunal Supremo ha definido este tipo de intereses como parte de la contraprestación del acuerdo, diferenciándolos así, del carácter indemnizatorio que tienen los moratorios. De hecho, es fácil comprender ésta diferencia, en cuanto a que el origen de los intereses ordinarios, no se encuentra en el incumplimiento por parte del deudor, sino vinculado al propio precio que le corresponde pagar.
De hecho, al considerar los intereses ordinarios como parte esencial del contrato, en cuanto a su naturaleza de precio como contraprestación, quedan excluidos del control de abusividad que se disponía por la Directiva 93/13/CE. Así, ésta en su artículo 4 señalaba que la apreciación de la abusividad de una cláusula no ser referirá al objeto principal del contrato, si bien es cierto que queda a condición de que lo estipulado al respecto en el propio contrato tenga una redacción clara y comprensible. Sin embargo, esta circunstancia no significa que el acreedor pueda valerse de los intereses remuneratorios para establecer una condición ilimitada por la legislación o la jurisprudencia. El control al que se someten este tipo de cláusulas se refiere a su posible carácter usurario, que supone una barrera al arbitrio que al acreedor le permite la normativa civil.
En esta cuestión, se viene repitiendo jurisprudencia reciente entre la que destaca la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015. En esta resolución, en un supuesto de unos intereses remuneratorios del 24.6% para un préstamo personal con un límite de 500.000 pesetas, dejando a un lado el control de abusividad basado en las ya citadas directiva y la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, se controla su posible naturaleza usuraria. La Ley de Represión de la Usura, desde su primer artículo, señala la nulidad de todo interés que sea notablemente superior al interés normal del dinero, incorporando además el análisis de lo proporcionado a las circunstancias del propio préstamo. Sin embargo, deja cuestionarse cuál debe considerarse, y en cada momento, el interés “normal” del dinero. De acuerdo con esta cuestión, la Audiencia Provincial de Alicante, en su sentencia 558/2012 de 3 de diciembre, diferenciaba el interés normal del dinero con el interés legal del dinero, siendo que, para averiguar el primero, hay que acercarse a las circunstancias del caso, la libertad contractual de la materia, los bienes de los que trate el contrato (especialmente significativo podría ser el caso de préstamo hipotecario sobre vivienda habitual), el momento de contratación y el resto de las estipulaciones pactadas.
Por otro lado, frente a la falta de control de abusividad de este tipo de estipulaciones, es pertinente un control en cuanto a su transparencia, como puede darse de todas las condiciones de contratación, pero que en este caso, resulta fundamental. Así, se podrá considerar el pleno consentimiento del deudor cuando aceptó la desproporcionada carga onerosa del negocio. Además, debe también probarse que el prestatario pudo realizar una comparación en el mercado con otros financiadores a fin de que se constate el verdadero conocimiento y libertad que tuvo para firmar.
Habiendo realizado este pequeño estudio de las principales cláusulas abusivas que nos podemos encontrar en cualquier contrato de préstamo, debemos señalar que la naturaleza de las partes que intervengan en el mismo es muy importante en cuanto a los fundamentos jurídicos que pueden alegarse para denunciar la situación de desigualdad creada.
Así, está clara la protección a los actores con papel de consumidores de un contrato de préstamo, incluso sean personas jurídicas; sin embargo, lo controvertido parece suceder cuando el contratante deudor, viene a adquirir el producto como resultado de su actividad profesional habitual y dentro del tráfico mercantil. Pese a que pudiera pensarse, que por su calidad de empresario, difícilmente el obligado va a verse en una situación de desequilibrio frente al prestamista, no es poco habitual, que por situaciones de necesidad económica y/o de financiación, éste se vea obligado a firmar unas condiciones que o bien a priori no es consciente de su desproporcionalidad, o bien conociéndola, no se permite una negociación al respecto.
Por esta razón, en este tipo de supuestos, la protección a la parte en posición más débil puede nacer de la normativa de las condiciones generales de contratación. Como reconoce la Exposición de Motivos de la propia Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación: “nada impide que también judicialmente pueda declararse la nulidad de una condición general que sea abusiva cuando sea contraria a la buena fe y cause un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes, incluso aunque se trate de contratos entre profesionales o empresarios”. Pero tal posibilidad se sujeta al estudio de las circunstancias de la contratación que se dan en cada caso. Si tras este análisis, resultase la condición general como abusiva, el propio texto legal dispone su nulidad.
Por ello si tiene alguna duda lo mejor que puede hacer es contactar con nuestro despacho ARE-2 ABOGADOS, la primera consulta es gratuita y financiamos su procedimiento, nuestros teléfonos son: 91-5472525, 665508441, 902-447722, o también puede contactar a través de nuestra página www:are2abogados.com abogados@are2abogados.com en un tema de clausula abusiva.
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References: Real Decreto 
 resolución 
 artículo 693
 Resolución 
 artículo 87
 artículo 88
 artículo 1
 artículo 4