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Obligacion Tributaria - Derecho Tributario I - Perú
CONSIDERACIONES SOBRE LA RESPONSABILIDAD
CIVIL POR DELITO FISCAL EN EL
DERECHO ESPAÑOL (*)
SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. ARGUMENTOS A FAVOR Y
EN CONTRA DE LA EXIGENCIA DE LA DEUDA TRIBUTARIA EN
CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DELITO FISCAL. III.
LA TRASCENDENCIA DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 10.ª DE LA
LEY 58/2003 EN EL ÁMBITO DE LA PRESCRIPCIÓN TRIBUTARIA.
Antes de la reforma operada por la Ley General Tributaria de 2003,
la coyuntura normativa propició el debate doctrinal sobre la paralización
o no de las actuaciones de comprobación e investigación, ante un
presunto delito fiscal1. Actualmente la cuestión no se habría zanjado; las
medidas adoptadas por el legislador de 2003 son susceptibles de crítica2.
(*) Estas páginas extractan algunos aspectos de la monografía del mismo autor titulada
Deuda tributaria y responsabilidad civil por delito fiscal, tal y como se recogen en esa obra,
publicada en España por la editorial Atelier (Barcelona, año 2009).
Ahora bien, MERINO SÁENZ (2000) destaca que «será normalmente en el procedimiento
sancionador […] donde se aprecie la existencia del ánimo de defraudar que integra el
elemento subjetivo del tipo». Puesto que el procedimiento inspector habría terminado ya,
este autor añade que las «eventuales liquidaciones» practicadas «serían válidas si bien
sujetas a revisión como consecuencia de la declaración de hechos probados» de la
sentencia penal (MERINO SÁENZ, L., «La Inspección de los Tributos ante el Delito
Fiscal», AA.VV., Terceras Jornadas sobre el Delito Fiscal. Comentarios y conclusiones sobre el
Delito Fiscal, Foro de Abogados Tributaristas con la colaboración de Gaceta Fiscal, s/l, 2000,
pág. 22). Tengamos presente al respecto que el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre,
el juez o tribunal lo comunicará a la Administración tributaria3.DR. en principio. de cara. Continúan los restantes apartados de esa misma disposición adicional: «2. no sería posible. […] se suspenderá la ejecución de la liquidación hasta que recaiga la correspondiente resolución judicial». en definitiva. Cuando se hubiera acordado el fraccionamiento de pago de la responsabilidad civil conforme al artículo 125 del Código Penal. ordenando que se proceda a su exacción. nos remitimos esencialmente al artículo 180. señalando. JOSÉ ALBERTO SANZ DÍAZ-PALACIOS La continuación del procedimiento inspector. la Administración tributaria iniciará o continuará sus actuaciones de acuerdo con los hechos que los tribunales hubieran considerado probados. En este caso./ De no haberse apreciado la existencia de delito./ 3. carente de sentido proseguir la tramitación de dicho procedimiento. 2 3 En cuanto a la paralización procedimental.1 de la vigente Ley 58/2003: «1. En la misma forma se procederá cuando el juez o tribunal hubieran acordado la ejecución provisional de una sentencia recurrida. el juez o tribunal al que competa la ejecución remitirá testimonio a los órganos de la Administración tributaria. puesto que el resultado del mismo vendría dado en forma de responsabilidad civil «ex delicto». según su 250 . incluidos sus intereses de demora. el juez o tribunal.2 que. Una vez que sea firme la sentencia. podrá fraccionar su pago. a determinar la deuda tributaria del contribuyente. la responsabilidad civil comprenderá la totalidad de la deuda tributaria no ingresada. que quedará suspendido mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme. y los actos de liquidación ya hayan sido dictados. tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal. previa audiencia al perjudicado. el por el que se aprueba el Reglamento general del régimen sancionador tributario. considerando la determinación jurisdiccional de esa deuda en el proceso penal. Según el artículo 125 del Código Penal. y se exigirá por el procedimiento administrativo de apremio». establece en su artículo 32.ª de la Ley General Tributaria. Pareciera./ La sentencia condenatoria de la autoridad judicial impedirá la imposición de sanción administrativa. cuando la Administración aprecie un posible delito fiscal «durante la tramitación del procedimiento sancionador. «cuando los bienes del responsable civil no sean bastantes para satisfacer de una vez todas las responsabilidades pecuniarias. o remitirá el expediente al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento administrativo. pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente. y se reanudará el cómputo del plazo de prescripción en el punto en el que estaba cuando se suspendió. apartado 1: «En los procedimientos por delito contra la Hacienda Pública. Las actuaciones administrativas realizadas durante el período de suspensión se tendrán por inexistentes». Si la Administración tributaria estimase que la infracción pudiera ser constitutiva de delito contra la Hacienda Pública. Establece la disposición adicional 10.
ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA EXIGENCIA DE LA DEUDA TRIBUTARIA EN CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DELITO FISCAL Un sector de la doctrina tributaria rechaza la teoría de la responsabilidad civil. por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. No es éste. en prudente arbitrio y en atención a las necesidades del perjudicado y a las posibilidades económicas del responsable. fuera ya imposible exigir el ingreso de la deuda tributaria. Revista Española de Derecho 251 . la Ley General Tributaria de 2003 habría «resuelto» el problema suscitado a raíz de la reforma de 1998.3 de la Constitución Española. de ahí el interés de nuestro estudio en materia procedimental. por haber transcurrido el plazo de cuatro años. a los efectos del artículo 117. Madrid. por lo que respecta a las garantías de los contribuyentes. En síntesis. 2000. procedimiento de apremio se iniciará si el responsable civil del delito incumpliera los términos del fraccionamiento. 4 RAMÍREZ GÓMEZ pone de manifiesto en 2000 el carácter mayoritario de dicho sector doctrinal RAMÍREZ GÓMEZ. La Administración tributaria informará al juez o tribunal sentenciador. PÉREZ ROYO afirma en 1998 que se trataría singularmente de autores tributaristas: «entre los penalistas la opinión no es la misma» (PÉREZ ROYO. Vid. Este trabajo pone de manifiesto que esas cuestiones afectarían a principios jurídicos tan relevantes como son el de seguridad jurídica o el de capacidad económica. 166 . en su caso. Lo cierto es que esta diferencia de plazos «perjudicaría» a la Administración en aquellos supuestos en los que. El principio ne bis in idem en el ámbito tributario (Aspectos sustantivos y procedimentales). II. En este contexto. también. sobre el particular.. no habiendo prescrito el delito de defraudación de que se trate. pág. por lo que al delito fiscal respecta4. de los incidentes relativos a la ejecución encomendada». F.3 del Real Decreto 939/2005. de cuatro años en el primer caso y de cinco años por lo que respecta al delito fiscal./ 4. Marcial Pons. el período e importe de los plazos». de la tramitación y. el artículo 128. «El delito fiscal tras veinte años de su implantación: cuestiones abiertas en torno a su aplicación».CONSIDERACIONES SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DELITO FISCAL EN EL DERECHO.. permitiendo.. S. en concepto de responsabilidad civil derivada del delito. de 29 de julio. no podemos olvidarnos de la dualidad de plazos de prescripción tributaria y penal. exigir la deuda tributaria que hubiera ya prescrito administrativamente.
como sostiene el recurrente.. M. Aunque determinados pronunciamientos judiciales se han manifestado contra la tesis de la responsabilidad civil. pág. págs. «La responsabilidad civil en los delitos contra la Hacienda Pública». cabe citar los siguientes trabajos: AGULLÓ AGÜERO. 376. 1992 (vid. pág. (Coord. «La responsabilidad civil derivada del delito». «La ejecución de las sentencias penales por la Agencia tributaria». quienes entienden «que la cuantía defraudada no es un elemento del tipo sino una condición objetiva de punibilidad consideran la improcedencia de la responsabilidad civil» (APARICIO PÉREZ. Pamplona. 1998. Pamplona. en Sentencia de 5 de diciembre de 2002. no ha venido siendo ése el criterio del Tribunal Supremo. si bien con posterioridad este órgano judicial cambia su postura.. 1984 (vid. Aranzadi. MUÑOZ MERINO. exigir la deuda tributaria en concepto de tal responsabilidad6. Aranzadi. básicamente remitimos al lector a las Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de 25 de julio y 26 de septiembre de 1988. 252 . en COBO DEL ROSAL. pág.). BAJO FERNÁNDEZ. El principio ne bis in idem en el ámbito tributario (Aspectos sustantivos y procedimentales). cit. por lo que se ha Financiero. que reproducen el argumento utilizado por las dos sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de 1988 (vid. José APARICIO PÉREZ pone de manifiesto en 1997 que la jurisprudencia contraria a la acción de responsabilidad civil se circunscribe a diez pronunciamientos.º): “… la acción civil no nace de la deuda preexistente al delito. núm. 100. establece (Fundamento de Derecho 2. lo cierto es que la doctrina jurisprudencial es favorable a la misma.).ª. El delito fiscal a través de la jurisprudencia. pág. 588). y no surge de éste»7. Sin embargo. 374 y 377). nota núm. la obligación defraudada «es previa al delito. tomo III. M. Madrid. J. Uno de los argumentos que tradicionalmente ha venido empleando la doctrina en contra de la responsabilidad civil por delito fiscal es que nos encontramos ante una obligación que no nace de tal delito (su génesis es anterior) y no procedería. 389). 5. 130).. sino del delito mismo. el criterio jurisdiccional. 37. (Coord. COBO DEL ROSAL. 166. Comentarios a la Legislación Penal. pág. (Dir.DR. por tanto. 2000. Madrid. JOSÉ ALBERTO SANZ DÍAZ-PALACIOS cambio. 6 En lo que atañe a esta corriente doctrinal. pág. 383-385. 5 RAMÍREZ GÓMEZ. R. Generalmente. EDERSA.. op.. S. Comentarios a la Legislación Penal. M.. C. 562). (Dir. núm. 2004. El delito de contrabando. en palabras de FALCÓN Y TELLA. En cuanto a esos determinados pronunciamientos a los que aludimos. A. EDERSA. BAJO FERNÁNDEZ.J. Revista de Información Fiscal. 7 FALCÓN Y TELLA. A. núm.). 1997 (vid. APARICIO PÉREZ. M. A. 5. 1997. así.M. tomo XVIII.). págs. tornándola favorable al criterio de la responsabilidad civil «ex delicto»5. Quincena Fiscal.. 20). SUÁREZ GONZÁLEZ.
com/es/–) se muestra crítico con esta postura. aunque. no siendo delictivas. si bien bajo el control del tribunal penal (DA 10ª. La liquidación en vía 8 Vid. puedan ser improcedentes y no ajustadas a la legislación tributaria»9.) En tanto que argumento también contrario a la responsabilidad civil «ex delicto». pues declara «subsistente la facultad de la Administración tributaria de fijar y. afirmado que «forzosamente ha de entenderse comprendida en la responsabilidad civil aneja al delito (artículos 109. pueda solicitar documentación y auxilio a la Inspección. de 20 de junio. se ha venido invocando asimismo el carácter más amplio del concepto «deuda tributaria» frente a la noción de «cuota defraudada». asimismo Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2005.. una vez concluida la causa penal. por lo que sería más adecuado que realizase la liquidación la Hacienda Pública. «deuda tributaria» y «cuota defraudada»10. (Ahora bien. b) el de la responsabilidad civil declarada en la sentencia. que tendría lugar en la ejecutoria penal./ Cuando el procedimiento se inicia por actuación administrativa de oficio 253 . cuya exacción conforme la Disposición Adicional 10. sino que incidiría en el diferente alcance de ambos conceptos.1 y 2 corresponde a la Administración tributaria por el procedimiento de apremio. de 18 de diciembre)”8. dicho órgano jurisdiccional se apartaría de la idea de unidad de título. 3/2007.CONSIDERACIONES SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DELITO FISCAL EN EL DERECHO. y cuya impugnación de acuerdo con la lógica de la Sentencia debería tener lugar ante la jurisdicción contencioso-administrativa». cuya integridad constituye el bien jurídico tutelado por el artículo 305 ya señalado. constituyendo la sentencia que declara la misma el título de ejecución único para hacer efectiva la deuda tributaria» (STS núm. Este argumento no tendría por qué excluir las labores de cuantificación del órgano jurisdiccional penal. la Administración tributaria podría hacer una nueva liquidación tributaria y ejecutarla a su vez por la vía de apremio. 10 No plantearía objeciones a ese diferente alcance conceptual al que aludimos la situación que dibuja MUÑOZ BAÑOS en 1996: «Parece […] claro que es la Autoridad Judicial quien en un primer estadio determina la cuantía defraudada al admitir una querella e iniciar un procedimiento. relativas al importe de la defraudación. pág. 1940/2000. 9 José Alberto COLOMA CHICOT («Problemas técnicos planteados en el enjuiciamiento de las causas por delito fiscal».indret.4). con la Sentencia 737/2006. c) Por último y según el criterio de la Sentencia comentada […]. «resultarían los siguientes procedimientos ejecutivos: a) el de la multa proporcional. eso sí. proceder a ejecutar la deuda tributaria que pueda ser procedente en virtud de […] deducciones de gastos que. 110 y 116 CP) la indemnización correspondiente o quantum del perjuicio causado a la Hacienda Pública. en su caso. 12 –http://www. InDret.
]. vuelve de nuevo a ser la Autoridad Judicial quien en la misma fija el importe de la cuantía defraudada. FALCÓN Y TELLA. Vid. pág. 8-9. en cambio. y durante la tramitación del procedimiento sancionador. «¿qué fundamento podría existir para vetar al órgano especializado el análisis de la situación tributaria. 66. 1996.DR. 12 SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES. que en cambio resultan incompatibles con los principios penales»11.. ha denunciado la “ciega y sorprendente aceptación por el juez penal de la deuda tributaria fijada por el «perito». «Delito fiscal. C. Madrid. EDERSA. 2002-1.. sobre la base de presunciones. págs. que la jurisprudencia admite la legitimidad constitucional de la prueba indiciaria. En materia de cuantificación. marg. No debe olvidarse. 11. Quincena Fiscal. porque lo único a que está obligada es a pasar el tanto de culpa a la jurisdicción competente cuando estime indicios de delito fiscal [.2 RGIT y en los arts. es obvio que tal cuantía la debe establecer la Autoridad Judicial y no la Administración. 369-370). 66. «Consideraciones críticas sobre la exigencia en el proceso penal de la deuda tributaria: la necesidad de respetar lo previsto en el art. por ejemplo. Actualidad Penal..2 RGIT y en los arts. En la actualidad. y permitiría salvar el obstáculo que conlleva la falta de especialización del juez penal en materia de liquidación tributaria. no hace tal cuantificación sino que se limita a colaborar con el juez para su determinación y sólo cuando éste se lo requiera» (MUÑOZ BAÑOS. en contra de lo que muchos creen. 254 . o más concretamente. 8. Recordemos que ha de diferenciarse entre presunciones e indicios. Infracciones tributarias y delitos contra la Hacienda Pública. págs. pues. 9 y 10 LOPJ».. y permitir. J. la Inspección tributaria que. prescripción y determinación del hecho». que dicho estudio lo lleve a cabo el órgano lego en la materia?». ninguno»12. 237 X. que la determinación de la deuda no es una cuestión de hecho. Por todo ello. op. R. por su parte.. R./ Indudablemente en la fase final. que normalmente resulta ser el actuario”. FALCÓN Y TELLA.. sin embargo. cuando se dicta sentencia. 9 y 10 LOPJ». sino de Derecho. Advierte este autor.. 11 Vid. además. FALCÓN Y TELLA. el artículo 32 del Reglamento general del régimen sancionador tributario contempla la apreciación de indicios de delito antes y después de la propuesta de liquidación. en lo tocante a la intervención de peritos. se ha justificado «que la delimitación entre la infracción administrativa y el delito fiscal se realice única y exclusivamente en función de la cuantía defraudada» (pues “el Derecho Penal que no es sino una solución de «última ratio» debe ser reservado sólo para aquellas conductas que lesionen gravemente aquellos bienes tampoco es la Administración tributaria quien fija la cuantía. JOSÉ ALBERTO SANZ DÍAZ-PALACIOS administrativa de la deuda tributaria «permitiría exigir cantidades adicionales. cit. Se ha respondido que «desde luego. 1998. núm. «Consideraciones críticas sobre la exigencia en el proceso penal de la deuda tributaria: la necesidad de respetar lo previsto en el art.
cit.). La nueva Ley General Tributaria. Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi.. sobre esa base. J. cfr. en contra del criterio de la responsabilidad civil. S. Si bien la cuantía del daño influirá como es lógico en la determinación de la indemnización. J. la misma iría «unida al ilícito penal sin ninguna especialidad relativa a la normativa 13 COLOMA CHICOT. 2004. Madrid.3 de la Ley General Presupuestaria. Volumen VI. no es un privilegio renunciable. op.. El principio ne bis in idem en el ámbito tributario (Aspectos sustantivos y procedimentales). J. Es posible concluir que. pág. parece que “no es admisible en nuestro sistema que la responsabilidad civil tenga que ver con la cuantía de un daño. Capítulo VII «Procedimientos de recaudación».M. 255 . «salvo en los concursos. de acuerdo con los principios jurídicos rectores en materia de responsabilidad civil. sino una actuación debida» (vid. 170 vid. artículo 7. A. op. 2001. AGULLÓ AGÜERO. pág.. sólo el Consejo de Ministros. 274.M. no se ha de olvidar el carácter renunciable de la acción civil.A. y no exista un específico cauce para su reparación que derive de una relación «inter partes».. de que sea [sic] antijurídico y objetivamente imputable a su causante. AGULLÓ AGÜERO se pronunciaba con anterioridad (en 1984) como sigue: «Dada la naturaleza pública de la obligación y el carácter público del crédito protegido.).. podría invocarse la indisponibilidad del crédito tributario14 para negar la tesis de la responsabilidad civil en materia de delito fiscal. frente a dicha indisponibilidad. QUEROL GARCÍA se refiere a esta cuestión. En efecto. puede transigir sobre los derechos de la Hacienda Pública o someterse a arbitraje para resolver las contiendas que se susciten sobre los mismos». establecido con carácter general para todos los ingresos públicos […] impide que la Administración pueda renunciar a su crédito tributario» (RAMÍREZ GÓMEZ. sino el deber de ejecutar coactivamente la deuda tributaria. 384).CONSIDERACIONES SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DELITO FISCAL EN EL DERECHO. (Dir. pág. En 1987. Y esa vía coactiva de realización no es una facultad discrecional de la Administración. como ocurre cuando estamos ante infracciones tributarias. cfr. CALVO ORTEGA. y es que. R. «La reintegración de los conceptos tributarios defraudados en los supuestos de delito fiscal ¿un problema de responsabilidad civil “ex delicto”?». nota 385 ). Escribe RAMÍREZ GÓMEZ (2000) que «es cierto […] que el principio de indisponibilidad del crédito. la Administración posee no ya la facultad. 636. pág. 14 Destacaremos que. al señalar que. Thomson-Civitas. «La responsabilidad civil derivada del delito». con el dictamen previo del de Estado en pleno. jurídicos más importantes”). Adicionalmente.. cit. (Coord. y lo cierto es que cabría argumentar. sino con que dicho daño exista. TEJERIZO LÓPEZ. TEJERIZO LÓPEZ.. de la misma no puede depender la existencia o no de responsabilidad civil”. tampoco en el ámbito penal cabría hablar de responsabilidad civil por lo que se refiere a la deuda tributaria13.
ª T. 56. Madrid. cuando la regularización implique una reducción de la deuda por debajo del límite que determina la existencia del delito.). 131 y ss. con independencia de que pudieran valorarse como circunstancia atenuante. Valencia.).4 del Código Penal nos brinda otro argumento que llevaría a rechazar la tesis de la responsabilidad civil derivada del delito fiscal. Thomson-Civitas. Éste último siempre que no exista renuncia expresa de la Hacienda perjudicada»15.4 del Código Penal. 2004. Madrid. A. (Dir.. asimismo MORILLO MÉNDEZ. ¿qué habría de ocurrir si tuviera lugar una regularización parcial que redujese la deuda impagada por debajo del límite cuantitativo del delito 15 QUEROL GARCÍA. 1987. El delito fiscal. 375.. en virtud de ese artículo. Autonómica o Local y el Ministerio Fiscal. La nueva Ley General Tributaria. La regularización prevista en el artículo 305. pág. quedará exento de responsabilidad penal el que regularice voluntariamente su situación tributaria17. sanciones tributarias y delitos contra la Hacienda Pública. EDERSA.. 17 Sobre «voluntariedad» y «espontaneidad» en el ámbito del artículo 305. MERINO JARA. buena parte de la doctrina ha defendido que. núm.. No obstante. en consecuencia. I. 2004. pueden plantear problemas las regularizaciones «incompletas». 16 GARCÍA NOVOA. lo siguiente: «La reparación o indemnización derivada de dicha acción civil no puede superar la cuantía del perjuicio que vendrá determinado por la cuota defraudada o el beneficio fiscal obtenido.L. vid. y que por ello únicamente podrían «iniciar la acción civil el perjudicado. J. R. al afirmar que “en relación con la Hacienda Pública. en lo tocante al objeto de este trabajo. Capítulo IV «Elementos de cuantificación de la obligación tributaria». pág. bien sea la Hacienda Estatal. SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO. 320. y salvo que el perjudicado solicite un importe inferior». Carta Tributaria Monografías. No perdamos de vista que. CISS. Considerando lo anterior. a propósito de la disponibilidad del crédito en vía de responsabilidad civil. Infracciones. TEJERIZO LÓPEZ. dicha regularización debe entenderse relevante a efectos de excluir la responsabilidad penal. JOSÉ ALBERTO SANZ DÍAZ-PALACIOS que rige esta materia en nuestro Ordenamiento Jurídico». C. «Cuestiones procesales en la nueva regulación de los delitos contra la Hacienda Pública». Contundente se muestra GARCÍA NOVOA en 2004. Pues bien. Se ha entendido que los ingresos parciales no cumplirían los requisitos de la regularización y. pág.DR. no tiene sentido […] la posible renuncia a la «acción civil» por parte de la Administración tributaria que colisionaría con la «indisponibilidad del crédito tributario»”16. Llama la atención también. págs.. 9. Vid. CALVO ORTEGA. M. no determinarían la aplicación de la excusa absolutoria. (Coord. 2000. J. 256 .M.
A. 1998. J.. págs. pero que como consecuencia de la regularización parcial habría vuelto a ser de nuevo deuda tributaria? La verdad es que cabe considerar disparatada esa «transmutación» en virtud de las concretas circunstancias del caso18.. 274. 257 .. La Ley.. será la propia sociedad la que resulte más solvente para hacer frente a las deudas tributarias no ingresadas». pág. «La reintegración de los conceptos tributarios defraudados en los supuestos de delito fiscal ¿un problema de responsabilidad civil “ex delicto”?». «si desde un punto de vista ontológico el ilícito administrativo no es sustancialmente diverso del ilícito criminal. «El delito fiscal en el ámbito de la imposición sobre la renta de las personas jurídicas no debe alterar las posiciones jurídico-subjetivas del tributo». que con el delito fiscal la deuda tributaria se habría «transformado» en responsabilidad civil. de tal modo que sin mezclar instituciones. núm. y no las normas sobre responsabilidad civil derivada del delito del CP» (COLOMA CHICOT. «La reintegración de los conceptos tributarios defraudados en los supuestos de delito fiscal ¿un problema de responsabilidad civil “ex delicto”?». se pueda ejecutar sin más la deuda tributaria en el proceso penal» (vid.. Quincena Fiscal. págs. a juicio de CHICO DE LA CÁMARA. la responsabilidad derivada del delito no tendría necesariamente que regularse de distinta forma a la ya prevista para las infracciones tributarias»19.A.. 2006. 280-282). P. en ese supuesto. COLOMA CHICOT.. Pensemos en los supuestos de responsabilidad directa del administrador social y subsidiaria de la entidad. y en base a la atribución de competencia incidental.A. 1500). op. pág. COLOMA CHICOT propone «la propia aplicación en el proceso penal de las normas fiscales sobre imputación de responsabilidades por participación en acto ilícito. En 2001. 5. ¿podríamos decir. cit. J.CONSIDERACIONES SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DELITO FISCAL EN EL DERECHO. en rigor. «pues. 18 COLOMA CHICOT. op. «La responsabilidad civil derivada del delito fiscal y la Ley General Tributaria». 19 CHICO DE LA CÁMARA. 21-22. fiscal?. cit. J. por regla general. Este mismo autor afirma en 2006 que «las normas que deberían aplicarse para determinar las personas responsables del pago […] son las relativas a la responsabilidad tributaria por participación en infracción. CHICO DE LA CÁMARA (1998) ha denunciado en estos casos un enriquecimiento injusto y ha advertido que resulta poco práctico declarar a la persona física responsable directo. Abogaría asimismo en contra del criterio de la responsabilidad civil el principio de capacidad económica. 11.
importe que se exigiría posteriormente al responsable para reparar el daño ocasionado por su delito. 2004. op. 23 PÉREZ ROYO. la jurisprudencia admite la 258 . 6. 1747). cit. op. cit. «El nuevo delito fiscal». págs. se cita a M. La Ley. el órgano jurisdiccional penal determinaría el importe de la cuota defraudada y de los intereses de demora. Se alega al respecto la paralización del procedimiento administrativo prevista en el artículo 180. En el marco de esta concepción. 55-56).. «La reintegración de los conceptos tributarios defraudados en los supuestos de delito fiscal ¿un problema de responsabilidad civil “ex delicto”?». Ministerio de Justicia. 2002 (vid. o que la eventual cuantificación de la deuda en sede administrativa tendría «el relativo valor que se otorga a cada una de las pruebas realizadas en el juicio oral».. o en el seno del proceso contenciosoadministrativo sobre controversias cuya cuantía nos sitúa en el ámbito de la infracción de defraudación22. op. y 2) la deuda exigida como respon20 Entre los partidarios de esa postura..1 CE. págs. y por ello ha de someterse a lo que resulte del conjunto de las diligencias de prueba practicadas21. COLOMA CHICOT. pág. «El delito fiscal tras veinte años de su implantación: cuestiones abiertas en torno a su aplicación». 436-438..ª Teresa QUEROL GARCÍA. las presunciones previstas en la normativa tributaria vulnerarían el artículo 24 de la Constitución. Se ha dicho que no existen diferencias cualitativas esenciales por lo que respecta a la ejecución de deudas de derecho público en concepto de responsabilidad civil «ex delicto». una renuncia al control judicial de la misma en esta materia y. pág. «Pronunciamiento sobre responsabilidad civil en causa por delito fiscal». 588-589. F.A.. la «vinculación de la justicia penal al cálculo de la deuda fiscal por parte de la Administración importaría. sería contraria al artículo 106. E. 21 Manual de Delitos contra la Hacienda Pública. José APARICIO PÉREZ o Pablo CHICO DE LA CÁMARA (menciona a estos tres autores. Madrid.. 459. a nuestro juicio conviene no perder de vista al menos dos aspectos importantes: 1) la deuda tributaria exigida en concepto de responsabilidad civil puede verse limitada por las reglas probatorias del proceso penal (así.. por lo tanto. Ahora bien. que establece que los Tribunales controlan […] la legalidad de la actuación administrativa» (cfr. 1996. También a favor SOTO NIETO. cit. pág. BACIGALUPO ZAPATER. J. 146. al invertir la carga de la prueba)23. 22 Manual de Delitos contra la Hacienda Pública. 272). En palabras de BACIGALUPO ZAPATER. Ahora bien. JOSÉ ALBERTO SANZ DÍAZ-PALACIOS Se argumenta también a favor de la exigencia de la deuda tributaria en concepto de responsabilidad civil por delito fiscal20. Dirección y Progreso. en ese sentido. en la práctica.1 de la Ley General Tributaria.DR. págs. núm. F.
259 . a través del procedimiento de apremio24.VV.). CISS. (Dir. éstos exigen prueba directa. así como en CALVO ORTEGA. en numerosas ocasiones. por tanto.)..CONSIDERACIONES SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DELITO FISCAL EN EL DERECHO. En aras de la ejecución administrativa de la responsabilidad civil determinada en vía penal. deben ser concomitantes al hecho que se pretende probar. y de presunciones simples o de hecho.. 458-459. 561. como afirma GARCÍA NOVOA. Cabría hablar de «evidentes ventajas» del sistema tanto de cara a «facilitar las posibilidades de cobro». 1001-1002. Pamplona. Lex Nova. Valladolid.VV. Estudios de la Ley General Tributaria. TEJERIZO LÓPEZ. R. (Coord. respectivamente. no olvidemos que. y es que. op. Los nuevos reglamentos tributarios.M. págs. págs. 2006. y que dispone de todo el aparato coactivo para cobrar una deuda que deriva de la ley y no de la comisión del delito fiscal» GARCÍA NOVOA. 2004. «Elementos de cuantificación de la obligación tributaria». 376 .. a favor del ya condenado. así como también compatibles entre ellos (cuando concurren varios). 2006. para la realización de alzamientos posteriores». págs. Cuando. sabilidad civil puede alterar la posición jurídica de los obligados tributarios (pensemos en delitos fiscales dentro del ámbito societario).. cit. 25 AA. presunciones e indicios (también se habla de presunciones legales. J. de las tres sentencias dictadas hasta entonces en legitimidad constitucional de la prueba indiciaria (PÉREZ ROYO aborda también esta cuestión en el citado trabajo). Subrayaremos que se requiere la existencia de una pluralidad de indicios (excepto en aquellos casos en los que un único indicio goce de gran entidad acreditativa). pág. pág. 387-388. C. esta misma idea podría llevarnos a cuestionar la justificación de la propia responsabilidad civil derivada del delito fiscal. MARTÍNEZ IZQUIERDO pone de manifiesto que. Valencia. «la Administración no es un perjudicado normal. Guía de la Ley General Tributaria.. op. la ejecución judicial no tendría como resultado la íntegra reparación del daño producido por el delito: «la lentitud en la investigación patrimonial de bienes ocasionada por diferentes motivos [entre ellos la sobrecarga de trabajo de los órganos jurisdiccionales competentes] muchas veces genera oportunidades. No hemos de confundir. cit. La Administración tributaria contaría con medios más poderosos y eficaces y actuaría con mayor celeridad y flexibilidad en la investigación. De ventajas hablan también Susana ANÍBARRO PÉREZ y Begoña SESMA SÁNCHEZ en AA. como para «liberar» de trabajo a los órganos jurisdiccionales en lo tocante a este tipo de ejecuciones. 24 Manual de Delitos contra la Hacienda Pública. se afirma que ésta potencia la eficacia recaudatoria de la deuda.. de elevada cuantía25. Ahora bien. Thomson-Civitas. traba y realización patrimonial. a finales de los años ochenta. nosotros utilizamos el término «presunciones» en el sentido de presunciones legales).
así como «la mayor coherencia con los esquemas habituales» de dicho proceso. S.. en tanto que dicha potestad seguiría correspondiendo al órgano jurisdiccional «de manera escrupulosamente respetuosa con la Constitución». parece que no estaría viciado de inconstitucionalidad que se encomiende a la Administración tributaria la ejecución de aquélla. «y con el habitual proceder de las partes a lo largo de la litis»26./ Esta retención deberá ser notificada al interesado. Pues bien.. Establece la disposición adicional 10. Rialp. Las dudas se han planteado a la luz del artículo 117 de nuestra Carta Magna. «que se considera como objeto de una reparación o indemnización». esa potestad concreta de enjuiciamiento y ejecución no se habría visto sustancialmente alterada por la medida.DR. dos se decantan por la vía de la responsabilidad civil (la Sentencia de la Audiencia Provincial de Logroño de 24 de marzo de 1988 y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 16 de septiembre de 1988). cit. 27 Vid. El Delito Fiscal (con Legislación y Jurisprudencia). según el cual corresponde a jueces y tribunales juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. 260 . «Elementos de cuantificación de la obligación tributaria». págs. y se mantendrá hasta que éste último adopte la decisión procedente»27. JOSÉ ALBERTO SANZ DÍAZ-PALACIOS el ámbito que nos ocupa. 87-88. Si (a pesar de lo aquí argumentado en su contra) se admite el criterio de la responsabilidad civil derivada del delito fiscal. una vez «firme la sentencia.ª de la Ley General Tributaria que. Madrid. Este autor señala ventajas e inconvenientes relativos al ejercicio de la acción civil. op. dicho autor apunta como ventajas del ejercicio de la acción civil «la posibilidad de garantizar el pago de la deuda tributaria desde el comienzo del proceso penal». 374 y ss. al Ministerio Fiscal y al órgano judicial competente. apartado 7. según el artículo 81. págs. no olvidemos que. C. 1989. en la cuantía que se estime necesaria para cubrir la responsabilidad civil que pudiera acordarse. la crítica de GARCÍA NOVOA. subrayamos la esencial desnaturalización de la deuda tributaria. en cuanto a estos últimos. Ahora bien. la Administración «podrá acordar la retención del pago de devoluciones tributarias o de otros pagos que deba realizar a personas contra las que se haya presentado denuncia o querella por delito contra la Hacienda Pública o se dirija un proceso judicial por dicho delito.. de la Ley General Tributaria de 2003. el juez o tribunal al que competa la ejecución remitirá testi26 MARTÍNEZ IZQUIERDO.
CONSIDERACIONES SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DELITO FISCAL EN EL DERECHO. por ministerio de la Ley. 261 .. como nos recuerda HINOJOSA MARTÍNEZ en lo relativo a inmuebles sobre los que pudiera recaer la actividad ejecutiva de la Administración.3 de la Constitución Española. 4..4 del Reglamento General de Recaudación. 30 Vid. «Incidencia de la nueva Ley General Tributaria en el delito fiscal. El Tribunal Constitucional ha admitido el mecanismo de ejecución administrativa de resoluciones jurisdiccionales.ª: «La Administración tributaria informará al juez o tribunal sentenciador. 2004. 29 CHOCLÁN MONTALVO. no cabe obviar la autorización judicial de entrada en domicilios (HINOJOSA MARTÍNEZ. págs. No olvidemos que. cit. en su caso. 1855). así como prestar la colaboración requerida por éstos en el 28 Manual de Delitos contra la Hacienda Pública. mandataria. op. sino en tanto que concreción del deber de cumplir lo dispuesto por resoluciones jurisdiccionales firmes. E. para lo cual jugados y tribunales pueden requerir la colaboración de los entes públicos. a los efectos del artículo 117. 460-462.. Así. 2004. en todo caso «bajo la tutela y el control judicial»28.. de la tramitación y. monio a los órganos de la Administración tributaria. J. sin perjuicio del oportuno control por parte del juez sentenciador»29. y que «en la misma forma se procederá cuando el juez o tribunal hubieran acordado la ejecución provisional de una sentencia recurrida». Una necesaria revisión de la jurisprudencia del Tribunal Supremo». también el artículo 128. La Ley. 1. ordenando que se proceda a su exacción». pág. y ello no como atribución de una potestad. Ahora bien. «es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales. pág.A. Pero la Administración sería una «simple vicaria. En otros términos: no habría razón para «negar la posibilidad de que corresponda a la Administración la exacción forzosa de la deuda tributaria por la vía del procedimiento administrativo de apremio. De ahí lo dispuesto en el apartado 4 de la disposición adicional 10. Se dice que «es el juez competente para la ejecución el que “ordena” no solicita a la Administración la ejecución de la sentencia condenatoria». según el artículo 118 de la Constitución. de modo que se habría atribuido a la Administración tributaria un «simple papel de ejecución vicaria». de los incidentes relativos a la ejecución encomendada»30. 1580. para la realización de los actos materiales precisos». «La intervención administrativa en la ejecución de sentencias y la exacción de la responsabilidad civil por delitos contra la Hacienda Pública en el nueva Ley General Tributaria». la ejecución administrativa de resoluciones debe respetar ciertos límites. La Ley.
lo que les impone el deber de adoptar las medidas oportunas para llevar a cabo esa ejecución –Sentencia 26/1983. en virtud de dicha responsabilidad. cit. 561.º de la Sentencia del Tribunal Constitucional 67/1984.VV. sin obstaculizar el cumplimiento de lo acordado. op. con cita de las Sentencias del Tribunal Constitucional 155/1985. «Elementos de cuantificación de la obligación tributaria». pág. Guía de la Ley General Tributaria. Vid. 262 . de 10 de febrero (Fundamento Jurídico 3. 32 AA. JOSÉ ALBERTO SANZ DÍAZ-PALACIOS curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto»31. 2004.DR. es posible exigir el pago de una deuda tributaria prescrita33. op. 375. «haciendo ejecutar lo juzgado» (artículo 117. LA TRASCENDENCIA DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 10. de 13 de abril. La Ley. «Boletín Oficial del Estado» de 17 de mayo . Guía de la Ley General Tributaria. pág. también la Sentencia del Tribunal Constitucional 18/1997.º.. Es más.ª DE LA LEY 58/2003 EN EL ÁMBITO DE LA PRESCRIPCIÓN TRIBUTARIA Se ha dicho que la responsabilidad civil «resulta contraproducente. op.. C. (Dir. así. 33 GARCÍA NOVOA. Por otro lado. III. se justificaría con mayor énfasis el supuesto que aquí tratamos (relativo al delito fiscal) sobre la base de que. éste ha de llevarla a cabo con la necesaria diligencia.VV. GARCÍA NOVOA cita al respecto al Tribunal Supremo en Sentencia de 6 de noviembre de 2000 (vid.. La nueva Ley General Tributaria comentada. asimismo del Supremo.º). de 7 de junio: “… la ejecución de las sentencias y resoluciones firmes corresponde a los titulares de la potestad jurisdiccional. la deuda tributaria no perdería por ello su condición originaria de tal deuda32. porque puede llevar a resultados inaceptables». o de 20 de enero de 2006). tengamos en mente que la normativa postconstitucional ha contemplado la ejecución administrativa en el caso de las costas procesales. pág. 562. también Sentencias. asimismo GÓMEZMOURELO CASTEDO. Madrid. cit. Además. AA. Cuando para hacer ejecutar lo juzgado el órgano judicial adopta una resolución que ha de ser cumplida por un Ente público. cit. por imponerlo así el artículo 118 de la Constitución”. Vid. FJ 3. pág. resulta evidente que la potestad de hacer ejecutar lo juzgado no implica que los órganos jurisdiccionales hayan de realizar por sí mismos todas las actuaciones relativas a la ejecución de sentencias. 28/1989 y 160/1991..)..3 de la Constitución). si bien reviste la forma de responsabilidad civil «ex delicto». Vid. 1033. de 2 de junio de 2005. Pero es precisamente ahí donde radicaría para algunos la auténtica 31 Dice el Fundamento Jurídico 2.. C. considerando el papel de la Administración penitenciaria. según las normas de competencia y procedimiento que las leyes establezcan.
. hallándose en curso una causa por delito. Es más. Madrid. op. en resolución de 6 de abril de 2000 afirma el Juzgado que «la responsabilidad civil nace del delito y por tanto el plazo de prescripción al que está sujeta es de quince años (artículos 1902 y 1964 del C.. pues de lo contrario los ingresos públicos se verían mermados. un título judicial autónomo plenamente eficaz» Fundamento de Derecho 2. Marcial Pons.. prescripción y exención de los partícipes por regularización».º 14 de Madrid. J. como presupuesto de una reserva de acciones civiles por parte de la Administración tributaria en tanto que «estrategia procesal»36. en caso de existir prueba de cargo sobre la producción del hecho típico. 4.A. 34 LASCURAÍN SÁNCHEZ es contrario a que se «resucite» una deuda ya prescrita. «a pesar de que por prescripción de la deuda correspondiente no pueda procederse ya a la reparación del daño causado por el delito» (LASCURAÍN SÁNCHEZ. J. en Sentencia de 3 de marzo de 1988 263 .. pág.A. pág. «Incidencia de la nueva Ley General Tributaria en el delito fiscal. resultando. 2001. 227. Consejo General del Poder Judicial. y ello puede dar lugar a situaciones como la apuntada (ingreso de deudas tributarias prescritas)34. MORILLO MÉNDEZ cita en ese sentido al Juzgado de lo Penal n. pág. J. Manuales de Formación Continuada. AA. sanciones tributarias y delitos contra la Hacienda Pública. 321..A. pues no perdamos de vista que a la responsabilidad civil le corresponde un plazo de prescripción de quince años (artículo 1964 del Código Civil). Una necesaria revisión de la jurisprudencia del Tribunal Supremo».. Lo cierto es que el plazo de prescripción de la deuda tributaria es de cuatro años. Madrid.. 1579. A.. COLOMA CHICOT se ha referido a ese otro plazo de prescripción más amplio (insistimos: quince años). 1999. Y leemos más adelante que no hay «obstáculo para que. op. cit. 35 MORILLO MÉNDEZ. sino sólo la de la acción para exigir la responsabilidad civil derivada de aquéllos». Civil)» 35. cit. CHOCLÁN MONTALVO. mientras que el delito fiscal prescribe a los cinco años. «ventaja» de este instituto.CONSIDERACIONES SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DELITO FISCAL EN EL DERECHO. «Tres problemas de aplicación del delito fiscal: retroactividad. Problemas específicos de la aplicación del Código Penal. esta «paradoja» podría llegar a alcanzar mayores proporciones. 36 COLOMA CHICOT. Este autor cita al Tribunal Supremo. La responsabilidad civil en el delito fiscal. Vid. págs.º ). 395-396).VV. Infracciones. CHOCLÁN MONTALVO pone de manifiesto la paradoja de que la prescripción de la deuda tributaria no impida su exigencia vía responsabilidad civil «no impide la declaración de responsabilidad civil la prescripción del derecho de la Administración para exigir el cobro de la deuda» (Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2002: «El recurrente manifiesta su interés en señalar que lo que postula no es la prescripción o inexistencia de los delitos. a su juicio se trata de que pueda hacerse justicia penal. se lleve a cabo dentro de ésta la correspondiente investigación a fin de determinar el monto de lo que pudiera haberse defraudado.
en que se coloca la Administración. Madrid. para dicho autor. 319 . en el contexto actual.. Como argumento favorable a la vía penal «directa» considérese «la naturaleza de simple mandatario. J. 38 Manual de Delitos contra la Hacienda Pública. en principio. JOSÉ ALBERTO SANZ DÍAZ-PALACIOS Puesto que. dada su índole administrativa.2 del Real Decreto 939/2005. se acudiese directamente al órgano jurisdiccional penal encargado de la ejecución. (sobre circulación vial y seguros). también Sentencia (asimismo del Tribunal Supremo) de 28 de noviembre de 2008 (dictada en materia de posesión). Marcial Pons. cit. seguramente sin éxito) que la Administración ha perdido su derecho a percibir el importe declarado en la sentencia penal37. pág. quien denuncia incluso posibles conflictos jurisdiccionales entre la Administración y los órganos judiciales. procede la vía administrativa y contencioso-administrativa ulterior39. Para hacer valer tal pretensión.. en otro caso.J. 37 FERREIRO LAPATZA advierte en 2004 que la disposición adicional 10.1 de la Ley 58/2003).DR. pág. A nuestro juicio. ya que en el procedimiento de apremio. Es posible decantarse por la primera posibilidad expuesta (favorable a la vía administrativa y contencioso-administrativa).2 del Reglamento General de Recaudación ZABALA RODRÍGUEZ-FORNOS. repetimos.ª de la nueva Ley General Tributaria «volverá sin duda a plantear la posibilidad de oponer a la diligencia de embargo (artículo 170. respecto de la realización de los actos materiales de ejecución»38. Subrayamos que. de 17 de diciembre). La nueva Ley General Tributaria (Ley 58/2003. dando cuenta de sus incidentes al Juez o Tribunal [penal] para que éste emita las indicaciones o instrucciones que considere oportunas. debiendo solventarse por 264 . Pero no parece a priori descabellado que. habrá de acudirse a la vía penal. cabría pensar que. por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación) la siguiente: cuando en relación con el procedimiento de apremio se discuta si los actos de ejecución se ajustan o no al contenido de la sentencia. Puesto que. «la competencia para entender del mismo y resolver todas sus incidencias corresponde únicamente a la Administración tributaria» (artículo 163. determine su competencia para resolver en el ámbito de lo que constituye la ejecución o queda fuera de ésta. la Administración se ha de limitar «a tramitar el apremio. Vid. cabe legítimamente establecer como regla (y así lo ha hecho el artículo 128. 463. op. y posteriormente (en su caso) al contencioso-administrativo.3 LGT) la prescripción de la obligación tributaria cuando […] no haya prescrito […] el delito fiscal» FERREIRO LAPATZA. 39 Se muestra muy crítico con la regla del artículo 128. el plazo de prescripción de la deuda tributaria es de cuatro años. sería preciso acudir a la vía administrativa de recursos y reclamaciones. 2004. en tales supuestos. de 29 de julio. entre las incidencias del procedimiento de apremio podría quizá alegarse (aunque.
1 de la Ley General Tributaria. «Incidencia de la nueva Ley General Tributaria en el delito fiscal.A. según la cual el delito supone que la obligación tributaria ex lege. y que por lo tanto la nueva ley supone una desautorización expresa de la doctrina sentada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. si la deuda estaba ya prescrita40. para decidir esa cuestión. 201. Una necesaria revisión de la jurisprudencia del Tribunal Supremo».. cit. el procedimiento de apremio concluye en los supuestos en los que quede extinguida la deuda tributaria. salvo que la liquidación estuviera directamente condicionada por el proceso penal).... constituyendo la sentencia que declara dicha responsabilidad el título de ejecucauces administrativos o mediante el ejercicio de otras acciones civiles o penales. págs. en vía administrativa (y posteriormente en sede contenciosoadministrativa. 1579-1580). pues podría llevar a impedir que se eludiera el plazo de prescripción administrativa (según este autor. 20-21).ª de la Ley General Tributaria «supone un reconocimiento expreso de que el delito fiscal no supone una novación de la obligación tributaria preexistente42.. para afirmar luego que «no es concebible que el juez penal ordene vía responsabilidad civil ex delicto pretendidamente autónoma realizar un ingreso indebido» (CHOCLÁN MONTALVO. La postura de FALCÓN es en verdad digna de consideración. págs. 41 FALCÓN Y TELLA. J. Iustel. haya de intervenir en todo caso dicha jurisdicción. se transforma en una obligación ex damno derivada del delito. ZABALA RODRÍGUEZ-FORNOS. 2007. Teniendo en cuenta la «distorsión» aludida. 2007. entendemos que cabría abogar por la intervención de la jurisdicción penal en aquellos supuestos que efectivamente planteasen dudas fundadas en cuanto a la competencia para resolver. 40 CHOCLÁN MONTALVO invoca el artículo 173. 179-180. la paralización del procedimiento inspector no procedería. op. Aspectos procedimentales del delito de defraudación tributaria.1 de la Ley General Tributaria. surgida del hecho imponible. y decida sobre su estimación» (vid.. op. núm. según el artículo 173. Tribuna Fiscal. cit. 42 En ese sentido también RIBES RIBES.CONSIDERACIONES SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DELITO FISCAL EN EL DERECHO. la tesis de FALCÓN Y TELLA cobra a nuestro juicio especial interés. 265 . «La ejecución de las sentencias penales por la Agencia tributaria». en su caso) procedería quizá alegar que no ha podido iniciarse válidamente dicho procedimiento. reproducimos aquí algunas de sus afirmaciones41: -Cabe entender que la disposición adicional 10. A. Por nuestra parte. A. pero parecería desproporcionado defender que. R. «Ejecución administrativa de la responsabilidad civil por delito contra la Hacienda Pública». Madrid. págs.
pág. en tanto que elemento perturbador de nuestro sistema tributario. 280). -Cabe interpretar. sino por la propia naturaleza del crédito tributario. «La jurisprudencia y la aplicación del delito fiscal. 43 Dice el artículo 109. conforme a lo establecido en el artículo 109. la responsabilidad civil y los incrementos no justificados de patrimonio». en aras de una reserva de la acción civil ope legis). 1990.2 del Código Penal: «El perjudicado podrá optar. sino del hecho imponible»44. cabe incluso sostener que tal reserva de la acción civil resulta inexcusable no sólo por disponerlo así la disposición adicional 10. 169 y ss. porque el legislador tributario se habría «adelantado». J. a juicio de APARICIO.. juntamente con la acción penal.. pero en sentido contrario (esto es. «Algunas consideraciones en materia de prescripción tributaria y penal». págs.A. Nosotros terminamos este trabajo denunciando. Vid. Decimos que perdería virtualidad la propuesta de APARICIO PÉREZ. la dualidad de plazos de prescripción tributaria y penal. SANZ DÍAZ-PALACIOS. en definitiva. una vez más (ya lo hicimos en 200345).ª de la nueva Ley General Tributaria. con la consecuencia de que la Administración seguiría disponiendo de sus facultades de autotutela tanto declarativa […] como ejecutiva.DR. JOSÉ ALBERTO SANZ DÍAZ-PALACIOS ción único para hacer efectiva la deuda tributaria (STS 18 diciembre 2000)». núm. que nos encontramos ante «una reserva de la acción civil. perdería virtualidad la propuesta de lege ferenda formulada por José APARICIO PÉREZ en 1990 contra la reserva de la acción civil. el artículo que tipifica el delito de defraudación (el entonces artículo 349 del Código Penal de 1973 y en la actualidad el artículo 305 del Código Penal de 1995) habría de aludir expresamente a que. para ejercer la misma fuera del proceso penal. por exigir la responsabilidad civil ante la jurisdicción civil».ª de la Ley General Tributaria). en todo caso. 108. J. se ejercitase la civil para el cobro de la cuota tributaria correspondiente más los intereses de demora (APARICIO PÉREZ.2 del Código Penal43. 2003./ Es más. Impuestos-I. 45 266 . Crónica Tributaria. 44 Conforme a la tesis de FALCÓN Y TELLA. sin necesidad de manifestación expresa de la Administración. que no nace del delito fiscal. con la peculiaridad de que tal reserva se presumiría ope legis producida (en virtud de la adicional 10.
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References: Real Decreto 
 resolución 
 artículo 125
 artículo 180
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 artículo 32
 artículo 117
 Real Decreto 
 artículo 128
 artículo 305
 artículo 32
 artículo 7
 artículo 305
 artículo 305
 artículo 180
 artículo 24
 artículo 106
 artículo 117
 artículo 81
 artículo 117
 artículo 128
 artículo 118
 resolución 
 artículo 118
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 128
 artículo 128
 artículo 173
 artículo 173
 artículo 109
 artículo 109
de lege ferenda
 artículo 349
 artículo 305