Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/39103
Timestamp: 2019-12-16 06:20:41+00:00

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Gaceta: LXII/1SPO-81/39103
Establece que las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo programas que incentiven el uso de tecnologías de la información y comunicación como herramientas indispensables en los planes de estudio, desde nivel básico hasta superior.
En esta responsabilidad la autoridad educativa federal podrá: coordinarse con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y dependencias competentes del Gobierno Federal, para recibir apoyo técnico, infraestructura y propuestas; celebrar convenios de participación y colaboración con los sectores público, privado y social; y crear las instancias jurídicas y administrativas necesarias para su instrumentación.
Asimismo, se otorga a la Secretaría de Educación Pública la responsabilidad de crear e implementar programas de acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación en todos los centros de enseñanza, desde nivel básico hasta superior.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 33, FRACCIÓN VI, DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A CARGO DEL SENADOR OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
El que suscribe, Senador Oscar Román Rosas González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33, fracción VI, de la Ley General de Educación; y se adiciona la fracción VIII Bis al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de los siguientes:
En las últimas décadas el avance de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) han avanzado a pasos agigantados; las telecomunicaciones, la informática y la Internet transforman de manera vertiginosa la interacción de las sociedades contemporáneas y su modus vivendi, impactando en todos los campos de la vida humana, desde la manera de comunicarse, hasta las más variadas actividades económicas y sociales, y por supuesto han revolucionado la educación.
Tal y como lo señala la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su estudio realizado en 2004, “Las tecnologías de la información y la comunicación en la formación docente”:
En este estudio se destaca que con el advenimiento de las nuevas tecnologías, el énfasis de la profesión docente está cambiando desde un enfoque centrado en el profesor y basado en clases magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. El diseño e implementación de programas de capacitación docente que utilicen las TICs efectivamente es un elemento clave para lograr reformas educativas profundas y de amplio alcance.
De esta manera, las instituciones de educación docente deberán optar entre asumir un papel de liderazgo en la transformación de la educación, o bien quedar rezagadas en el camino del incesante cambio tecnológico. Para que la educación pueda explotar al máximo los beneficios de las TICs en el proceso de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros docentes como los alumnos sepan utilizar adecuadamente estas herramientas.
Así, el acceso a las tecnologías de la información y comunicación por parte de los alumnos se vuelve una necesidad inaplazable, pues el acceso y utilización correcta de las mismas permitirá cerrar de manera exitosa el proceso de enseñanza-aprendizaje en la era de la sociedad del conocimiento.
La utilización de las TICs en un mundo globalizado adquiere mayor relevancia, ya que son un factor determinante en la competitividad de los países, puesto que un mayor acceso y cobertura de servicios detonan una sociedad más integrada y con mejores niveles de desarrollo.
Por ello, el acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación, con énfasis en el servicio de Internet, se ha vuelto tema central en las políticas públicas de telecomunicaciones y tecnología en gran parte del mundo. El objetivo es lograr que el 100% de la población tenga accesibilidad y asequibilidad a Internet; a través de centros públicos o de manera individual por medio de los proveedores de servicios.
Sin embargo, las condiciones económicas de cada país son diferentes, ya que los países en vías de desarrollo, como México, el grueso de la población no cuenta con los recursos suficientes para contratar el servicio de Internet, y las posibilidades de conexión sin costo en lugares públicos y centros escolares, aún es insipiente.
En ese tenor, los países desarrollados han comenzado a redefinir las nociones de servicio universal para trascender de la telefonía básica hacia servicios convergentes, con énfasis en el acceso a Internet. Sobre este punto, la Unión Europea ha diseñado el paquete “Functional Internet Access (FIA)” o Acceso Funcional a Internet. En Australia, se habla de “Digital Data Service Obligation”, que equivale a un acceso universal a través de una red digital de servicios integrados.
Esto ha permitido que países como Islandia, Noruega y Suecia tengan la cobertura de Internet más amplia de los países miembros de la OCDE; 93.5 %, 92.1% y 90.8, respectivamente.
Estados Unidos tiene un porcentaje de acceso a Internet del 76.2% de la población; 20% menos en comparación con los países escandinavos. Ante ello, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, propuso al congreso- en marzo de 2010-, a través de la Comisión Federal de las Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) tratar el acceso a Internet de banda ancha como un derecho de los ciudadanos.El proyecto prevé una inversión de 5.800 millones de euros en 10 años, para lograr la cobertura al 100%.
Cabe destacar que los altos porcentajes de acceso a Internet en los países desarrollados son el resultado de constantes inversiones públicas en la materia y la participación de la iniciativa privada, como proveedores de servicio, incrementando la cobertura y reduciendo los costos de acceso.
Por su parte, los países en vías de desarrollo no sólo cuentan con limitaciones presupuestales a la hora de impulsar políticas que tienden a acercar el servicio y acceso a las TICs; las limitaciones técnicas y de infraestructura son también problemas que deben ser resueltos.
Para contrarrestar estos efectos, países como Brasil, Chile, Perú, Costa Rica y Bolivia, entre otros, han sido pioneros en la implementación de programas de acceso/servicio universal destinados a incrementar el acceso al teléfono e Internet en áreas rurales y sin servicio. Han puesto en práctica diversos mecanismos de financiamiento para llevar el servicio Internet a zonas rurales y marginadas, entre los que destacan:
· Financiamiento directo con cargo a los ingresos generales del gobierno;
· Contribuciones de los operadores de telecomunicaciones (por ejemplo, en proporción a sus ingresos provenientes de servicios específicos);
· El producto de las subastas de espectro;
· Pagos por licencias o concesiones;
· Un gravamen cobrado por cada línea de acceso instalada por los operadores de telecomunicaciones;
· Fondos procedentes de organismos de desarrollo internacional; y
· Subsidios fiscales a proveedores de servicios.
La implementación de estos programas de acceso o servicio universal a Internet han arrojado buenos resultados en países latinoamericanos. Por ejemplo, Uruguay alcanza niveles de cobertura del 55.2%, Colombia 45.5%, Brasil 39%, Chile 34%, Perú 31%, Venezuela 31% y Argentina 30%. México se encuentra por debajo de sus similares latinoamericanos con 26% de la población con acceso a Internet.
De esta manera, en el plano internacional el acceso universal a internet, debe ser entendido como una meta a conseguir, donde cada país defina las estrategias y su instrumentación para lograr la cobertura der servicio deseado.
Es importante citar dos casos en el terreno de la legislación, que resaltan por su capacidad imaginativa y propositiva para alcanzar la universalidad del Internet: Brasil, con la enmienda constitucional que pretende consagrar como un derecho social el acceso a Internet; y Panamá, que publicó en agosto de 2008 la Ley que promueve el servicio y acceso universal a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones para el desarrollo.
En la última década Brasil se ha consolidado como la economía más fuerte de América Latina, y de acuerdo con el banco mundial, la séptima economía del orbe. Actualmente cuenta con una población de más de 190 millones de habitantes, sin embargo sólo el 39% tiene acceso a Internet, inferior a la cobertura de su similares Colombia y Uruguay con 45.5% y 55.5%, respectivamente.
Para lograr el acceso universal, el Senador Rodrigo Rollemberg, del Partido Socialista Brasileño (PSB-DF) presentó en marzo de 2011 una propuesta de reforma a la Constitución brasileña, para plasmar el acceso a Internet como un derecho social. El objetivo es asegurar que el proveedor de este servicio sea el Estado, ya que el acceso a la información y la comunicación son esenciales para el desarrollo personal, intelectual y profesional de todos los ciudadanos.
Si se produce el cambio, el texto de la Constitución será el siguiente:
“Artículo 6, son derechos sociales la educación, salud, alimentación, trabajo, vivienda, ocio, acceso a la World Wide Web (Internet), la seguridad, el bienestar, la protección de la maternidad y la infancia, y la asistencia a las personas sin hogar en esta Constitución”.
La principal razón que llevó al Senador Rollenberg a proponer esta reforma, es porque ve dos clases de ciudadanos: los que tienen acceso a las vastas oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación del siglo XXI y los que están aislados de la perspectiva más amplia del futuro educativo y profesional. "Todavía existe apartheid social, pero se puede evitar aboliendo el apartheid digital".
Si bien Panamá es un país pequeño, económica y territorialmente, no así en sus políticas públicas para cerrar la brecha digital existente en su población. Este país centroamericano cuenta con 3.4 millones de habitantes, de los cuales solamente el 15% tenía acceso a Internet entre 2007 y 2008.
El Gobierno de Panamá, publicó la Ley 59 “Que promueve el Servicio y Acceso Universal a la Tecnologías de la Información y de la Telecomunicaciones para el Desarrollo”, cuyo objetivo principal es la inclusión digital de la mayor cantidad de ciudadanos.
Con fundamento en dicha Ley, el Gobierno Panameño instrumentó en julio de 2009, el Programa Nacional de Acceso Universal a Internet, promoviendo gratuitamente la conectividad de los ciudadanos, en beneficio de las personas que por limitaciones económicas o geográficas no tienen servicio o acceso a Internet.
Este programa se instrumento en dos fases, que concluyeron en 2010, con la instalación de más de 651 puntos de acceso a Internet gratuito en escuelas, institutos, universidades, dependencias públicas, mercados, parques, jardines, plazas comerciales, gimnasios, museos, bibliotecas, centros de concentración rural, terminales de transporte aéreo, terrestre y marítimo, y otros lugares públicos.
Los resultados del Programa Nacional de Acceso Universal a Internet, de acuerdo al 2º Informe del Gobierno Panameño, ha permitido el acceso gratuito a Internet inalámbrico a un total de 2.6 millones de habitantes, casi un 80% de la población estimada de Panamá.
Actualmente, México tiene una larga brecha por cerrar en cuanto al servicio y acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación. Por lo que hace al Internet, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), en su “Comparativo internacional 2009 de usuarios de internet por cada 100 habitantes”, nuestro país ocupa el último lugar de los países comparados.
Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Venezuela y Argentina tienen una penetración de 55, 39, 34, 31 y 30 usuarios por cada 100 habitantes, respectivamente; países como Islandia, Noruega, Suecia y Dinamarca, tienen 90 usuarios por cada 100 habitantes. En el caso de México, sólo 26.3 de cada 100 ciudadanos tenía acceso a Internet:
Para el 2012, la propia COFETEL y el INEGI señalan que ha habido un incremento considerable en el acceso a Internet, aunque no se señala con precisión las causas, de 2010 a 2012 los usuarios de Internet aumentaron significativamente de 34.8 millones a más de 45 millones de usuarios; de los cuales 22.4 millones acceden a la red desde su hogar y 22.6 millones acceden fuera de casa.
Asimismo, del total de usuarios, sólo el 50% se encuentra dentro de la población económicamente activa, por lo que menos del 20% de la población puede pagar por el servicio.
En resumen, se puede decir que México no se encuentra mejor posicionado en el acceso a acceso a Internet que países latinoamericanos, nuestra cobertura es del 40%, indicándonos que el 60% de la población no tiene acceso a Internet.
Pese a esta realidad, el Gobierno Mexicano ha diseñado programas que promuevan la inclusión y utilización de las tecnologías de la información y comunicación en los diferentes procesos sociales. En el año 2002, creó el Sistema Nacional e-México, cuya tarea principal consiste en integrar y articular los distintos procesos de gobierno de diversas entidades y dependencias, de los operadores de redes de telecomunicaciones, y de las cámaras y asociaciones vinculadas a las TICs, con el fin de ampliar la cobertura de servicios básicos de educación, salud, economía, gobierno, ciencia y tecnología e industria a la población en general.
Los ejes rectores del Sistema Nacional e-México son conectividad y contenidos asociados a servicios. En cuanto a conectividad destacan Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones y los Centros Comunitarios Digitales.
El Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, instrumentado por la SCT, convocó en los años 2005 y 2006 a licitaciones para otorgar apoyos económicos no recuperables y derechos de uso de bandas del espectro radioeléctrico para proporcionar accesos fijos inalámbricos a comunidades marginadas. La condición para otorgar las concesiones establecía la obligación de proporcionar servicio público de telefonía básica local y de larga distancia, a través de una caseta pública en aquéllas localidades de escasos recursos del medio rural y urbano con altos grados de marginación y que no contaran con servicios telefónicos.
Es importante mencionar que, el Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, se enfocó más en el servicio telefónico que propiamente al acceso de Internet en las diferentes localidades.
A la par, se crearon los Centros Comunitarios Digitales, que ofrecen servicios electrónicos a través del acceso a equipos de cómputo e Internet. Los Centros Comunitarios Digitales (mejor conocidos por sus siglas CCDs) son sitios de acceso público a Internet, localizados en todo el país, principalmente en escuelas, bibliotecas, centros de salud, oficinas de correos y edificios de gobierno.
En un CCDs, la población en general puede utilizar computadoras y otras herramientas tecnológicas, para estar mejor informada y comunicada con otras personas; para impulsar su desarrollo económico; y para el acceso a servicios públicos.
Los contenidos se dividen en educación, salud, economía y gobierno, de tal forma que, los ciudadanos al requerir un servicio o acceder a información, utilicen el Internet como elemento indispensable de su desarrollo y propicie la cultura de digitalización de la sociedad.
Así, México ha optado por la participación directa del Estado en la instalación de los Centros Digitales, y el otorgamiento de estímulos económicos y otorgamiento de derechos a los proveedores de servicio; lamentablemente la cobertura no es la esperada y el acceso no es universal.
El acceso a las tecnologías de la información y comunicación, como el Internet, han dejado de ser solamente una fuente donde convergen audio, voz y datos en una amplia gama de matices que permiten a los usuarios comunicarse, informase y acercarse de elementos y herramientas que permiten elevar su conocimiento, para ser pieza fundamental de la educación de millones de jóvenes en su etapa formativa.
Si bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 3º que todos los individuos tienen derecho a recibir la educación que imparta el Estado, la cual será nacional evitando privilegios de razas, grupos o individuos sin exclusivismos, y sobre todo, se basará en los resultados del progreso científico; en los hechos, el acceso a las tecnologías de la información y comunicación fundamentales para el proceso educativo, y que son el resultado del progreso científico, aún no forman parte nodal de las políticas educativas.
Para ello, se propone reformar la Ley General de Educación en su artículo 33, Fracción VI, y darle cabal cumplimiento a uno de los objetivos básicos de esta norma; equidad e igualdad en oportunidades de acceso a los servicios educativos.
Artículo 33…
VI. Establecerán sistemas de educación a distancia y programas que incentiven el uso de tecnologías de la información y comunicación como herramientas indispensables en los planes de estudio, desde nivel básico hasta superior.
En esta responsabilidad la autoridad educativa federal podrá:
a) Coordinarse con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y dependencias competentes del Gobierno Federal, para recibir apoyo técnico, infraestructura y propuestas.
b) Celebrar convenios de participación y colaboración con los sectores público, privado y social.
c) Crear las instancias jurídicas y administrativas necesarias para su instrumentación.
Asimismo, se propone adicionar la fracción VIII bis al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para otorgar a la Secretaría de Educación Pública la responsabilidad de crear e implementar programas de acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación en todos los centros de enseñanza, desde nivel básico hasta superior.
La adición propuesta es la siguiente:
Artículo 38.- A la Secretaria de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. a la VIII…
VIII bis.- Crear, organizar e implementar en todo el territorio nacional programas de acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación en todos los centros de enseñanza, desde nivel básico hasta superior, en la esfera de su competencia.
Compañeros legisladores, de aprobarse esta reforma, estaríamos dando un paso importantísimo para consolidar la educación del siglo XXI. El Estado estaría obligado a proporcionar a todos los estudiantes -por igual- el acceso a las tecnologías de la información y comunicación en sus centros educativos; Internet, telecomunicaciones e informática, pasaran de ser complementos educativos a elementos indispensables para una educación de calidad.
Contribuiríamos a cerrar la brecha digital que nos separa de otros países, pero sobre todo, que separa a la sociedad mexicana entre los que tienen acceso y los que no lo tienen; entre los que pueden pagar por el servicio y los que no pueden pagarlo; los que tienen acceso a nuevas formas de comunicación e información que coadyuvan al desarrollo profesional y personal y los que simplemente forman parte de la segregación digital.
No debemos permitir que el “Apartheid Digital” siga encontrando terreno fértil en nuestro país. Con la aprobación de esta iniciativa, y acto seguido, con la instrumentación de los programas de acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación por parte de las autoridades educativas, se estaría dando cobertura y acceso en más de 240 mil escuelas públicas, y se beneficiaría directamente a 33 millones de jóvenes que se encuentran en su etapa formativa.
De esta manera, la cobertura de tecnologías de información y comunicación, con énfasis en Internet, llegaría al 66% de la población; si tomamos en cuenta los 45 millones de usuarios que tiene registrados actualmente la Cofetel y 30 millones más que se sumarían con los programas de acceso universal implementados por las autoridades educativas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma el artículo 33, fracción VI, de la Ley General de Educación; y se adiciona la fracción VIII Bis al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que las autoridades educativas instrumenten programas de acceso a las tecnologías de la información y comunicación en los centros escolares.
Primero. Se reforma el artículo 33, fracción VI, de la ley General de Educación, para quedar como sigue:
Articulo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:
I.- a la V.-…
VI.- Establecerán sistemas de educación a distancia y programas que incentiven el uso de tecnologías de la información y comunicación como herramientas indispensables en los planes de estudio, desde nivel básico hasta superior.
Segundo. Se adiciona la fracción VIII Bis al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
Segundo.-La autoridad educativa federal emitirá, en un plazo máximo de 30 días, al inicio de cada ejercicio fiscal, los lineamientos que correspondan para instrumentar el Programa Nacional de Acceso Universal a las Tecnologías de la Información y Comunicación para el Mejoramiento de la Educación Pública.
Senador. Oscar Román Rosas González
Senado de la República, a 05 de febrero de 2013.

References: ARTÍCULO 33
 ARTÍCULO 38
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 artículo 3
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