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Timestamp: 2019-08-21 05:11:35+00:00

Document:
c. Brasil Caso Ximenes Lopes
Caso Masacre de Mapiripán
Caso "Pueblo Bello" (José Álvarez Blanco y otros)
Caso Wilson Gutiérrez Soler
Caso Claude Reyes y otros
Caso Humberto Palamara Iribarne
Caso Rigoberto Acosta Calderón
El 1º de octubre de 2004, la Comisión sometió ante la Corte la demanda en el caso No. 12.237, Damião Ximenes Lopes, contra la República Federativa del Brasil, por las condiciones inhumanas y degradantes de la hospitalización del señor Damião Ximenes Lopes -una persona con discapacidad mental- en un centro de salud que operaba dentro del marco del Sistema Único de Salud brasileño llamado la Casa de Repouso Guararapes; los golpes y ataques contra la integridad personal de que fue víctima por parte de los funcionarios de la Casa de Repouso; su muerte mientras se encontraba allí sometido a tratamiento psiquiátrico; así como la falta de investigación y garantías judiciales que caracterizan su caso y lo mantienen en la impunidad.
El 30 de noviembre de 2005, tras recibir en audiencia pública los alegatos de las partes sobre la excepción preliminar de no agotamiento de los recursos internos, y su solicitud de que emitiese criterio en esa materia, la Corte dictó sentenciade excepciones preliminares y desestimó la excepción interpuesta.
En la sentencia, la Corte decidió además continuar con la celebración de la audiencia pública, así como los demás actos procesales relativos al fondo, y eventuales reparaciones y costas en el caso. El texto íntegro de la sentencia puede ser consultado en el vínculo http://www.corteidh.or.cr/seriec/index_c.html
En atención a lo resuelto por la Corte, la Comisión presentó en audiencia pública testigos, peritos y alegatos finales en relación con el fondo y las reparaciones del caso. Posteriormente, presentó sus alegatos finales escritos en el presente caso.
La sentencia de fondo en este caso se encuentra pendiente.
El 13 de enero de 2005, la Comisión interpuso ante la Corte la demanda en el caso número 12.058, Nogueira de Carvalho, contra el Estado brasileño, por su responsabilidad en las acciones y omisiones que han mantenido en la impunidad el homicidio del abogado Francisco Gilson Nogueira de Carvalho, defensor de derechos humanos, así como por la falta de reparación adecuada en favor de su padre y madre, señores Jaurídice Nogueira de Carvalho y Geraldo Cruz de Carvalho.
El 30 de noviembre de 2005 la Corte citó a las partes en el caso a audiencia pública, la cual se celebrará en su sede el 8 de febrero de 2006.
Caso 19 Comerciantes (Álvaro Lobo Pacheco y otros)
El 30 de septiembre de 2005 la Comisión presentó sus observaciones al I informe estatal en materia de cumplimiento con lo ordenado por el Tribunal en materia de reparaciones (el texto íntegro de la sentencia puede ser consultado en el vínculo http://www.corteidh.or.cr/seriec/index_c.html) en el caso 19 Comerciantes. En ellas, dejó constancia de su preocupación respecto del nivel de cumplimiento con lo ordenado por la Corte en el presente caso. De las obligaciones decretadas por el Tribunal, solamente existe un par sobre las cuales pueda concluirse que se ha adoptado medidas conducentes a asegurar cumplimiento. Por lo tanto, la Comisión solicitó a la Corte que requiriese al Estado el cumplimiento inmediato de sus obligaciones.
La resolución del Tribunal sobre esta materia está pendiente.
Durante el año 2005 la Comisión presentó sus observaciones periódicas en relación con el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal en materia de reparaciones en el caso Caballero Delgado y Santana.
La última resolución de la Corte en materia de cumplimiento data del 27 de noviembre de 2003. De conformidad con esta última resolución, estaba pendiente el cumplimiento estatal con sus obligaciones de
pagar los intereses devengados en concepto de mora a favor de la señora Ana Vitelma Ortiz, madre de la señorita María del Carmen Santana;
transferir la mitad de la suma correspondiente a las reparaciones que constan en el Certificado de Depósito a Término en dólares de los Estados Unidos de América y sus rendimientos a la fecha de su vencimiento, a la cuenta que se abrirá a nombre de la menor Ingrid Carolina Caballero Martínez, quien será mayor de edad para ese entonces;
constituir un nuevo Certificado de Depósito a Término en dólares de los Estados Unidos de América con la suma correspondiente a la mitad de las reparaciones y rendimientos que constan en el CDT que vence el 1 de septiembre de 2004, a favor de los representantes del menor Iván Andrés Caballero Parra;
la investigación y sanción de los responsables de la desaparición y presunta muerte de las víctimas; y
la localización de los restos de las víctimas y su entrega a sus familiares.
Durante el año 2005 la Comisión presentó sus observaciones periódicas en relación con el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal en materia de reparaciones en el caso Las Palmeras.
La última resolución de la Corte en materia de cumplimiento data del 17 de noviembre de 2004. De conformidad con esta última resolución, estaba pendiente el cumplimiento estatal con sus obligaciones de
informar las diligencias que ha llevado a cabo para investigar los hechos del caso e identificar y sancionar a los responsables;
llevar a cabo las diligencias necesarias para identificar a N.N./Moisés, dentro de un plazo razonable, así como localizar, exhumar y entregar sus restos a sus familiares, y otorgarles una reparación en relación con los hechos ocurridos; y
pagar el monto adeudado en relación con los puntos resolutivos 5, 6, 7, 8 y 9 de la Sentencia de 26 de noviembre de 2002.
Caso La Granja y El Aro
El 30 de julio de 2004, la Comisión presentó a la Corte una demanda en los casos 12.050 (La Granja) y 12.266 (El Aro), en contra de Colombia por su responsabilidad en los hechos acaecidos en junio de 1996 y a partir de octubre de 1997, respectivamente, en el Municipio de Ituango, Departamento de Antioquia, en relación con la violación del derecho a la vida de 16 personas; el derecho a la vida y la libertad personal de una persona; el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad dos personas y el derecho a la propiedad de seis personas así como de asegurar la debida protección y garantías judiciales de todas estas personas y sus familias, así como los derechos del niño en el caso aplicable y la conexión de todos estos con el artículo 1.1 de la Convención Americana.
Posteriormente, el Estado presentó su contestación a la demanda y al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de los representantes e interpuso excepciones preliminares a la competencia de la Corte para conocer del mismo. La Comisión Interamericana presentó las observaciones pertinentes, mediante las cuales desestimó los alegatos del Estado.
Los días 22 y 23 de septiembre de 2005, en audiencia pública ante la Corte, la Comisión presentó declaraciones de los testigos y dictámenes de peritos, y sus alegatos sobre las excepciones preliminares, fondo yreparaciones y costas en relación con el caso.
El 5 de septiembre de 2003, la Comisión presentó ante la Corte la demanda en el caso 12.250, Masacre de Mapiripán, contra Colombia, que concierne la violación de los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal), en perjuicio de las víctimas de la masacre perpetrada en Mapiripán. La Comisión también solicitó al Tribunal que decidiera si el Estado violó los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del referido tratado, en perjuicio de las presuntas víctimas de la masacre y sus familiares.
El 7 de marzo de 2005, tras haber escuchado el mismo día a las partes en audiencia pública sobre excepciones preliminares, y haber recibido del Estado el retiro de una de ellas y un allanamiento estatal a algunas de las pretensiones presentadas por la Comisión, la Corte emitió una sentencia en la cual
a. admitió, para todos sus efectos, el desistimiento por parte del Estado de la primera excepción preliminar referente a la “aplicación indebida de los artículos 50 y 51 de la Convención Americana”;
b. admitió, para todos sus efectos, el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, en los términos de los párrafos 29 y 30 de la presente Sentencia;
c. desestimó la segunda excepción preliminar relativa al agotamiento de los recursos internos y decidió continuar con el conocimiento del caso; y
d. decidió continuar con la audiencia pública, así como los demás actos procesales relativos al fondo y las eventuales reparaciones y costas en el caso.
El 15 de septiembre de 2005 la Corte emitió sentencia sobre el fondo del caso. En ella, declaró violados en perjuicio de las víctimas del caso los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida, consagrados en los artículos 4, 5, y 7 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado; que el Estado violó en perjuicio de los familiares de las víctimas el derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado; y violó en perjuicio de las víctimas menores de edad los derechos de los niños consagrados en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 4, 5 y 1.1 de la misma.
La Corte declaró también que el Estado violó en perjuicio de quienes fueron niños y niñas desplazados de Mapiripán los derechos de los niños consagrados en dicha disposición de la Convención, en relación con los artículos 4, 22 y 1.1 de la misma, y en perjuicio de varias víctimas de desplazamiento el derecho de circulación y residencia consagrado en el artículo 22.1 de la Convención.
Por ultimo, la Corte declaró que el Estado violó en perjuicio de los familiares de las víctimas los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma.
En la sentencia, la Corte estableció las reparaciones que consideró pertinentes. El texto íntegro de la sentencia puede ser consultado en el vínculo http://www.corteidh.or.cr/seriec/index_c.html
El 23 de marzo de 2004, la Comisión sometió ante la Corte la demanda en el caso 11.748, Pueblo Bello, en contra de la República de Colombia por la tortura y desaparición forzada de 37 personas y por la tortura y ejecución extrajudicial de seis personas más, hechos acaecidos en enero de 1990 por acción de grupos paramilitares con la aquiescencia de agentes del Estado en los Departamentos de Antioquia y Córdoba, República de Colombia. Posteriormente, el Estado presentó su contestación de la demanda y al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de los representantes, conjuntamente, en un escrito mediante el cual interpuso excepciones preliminares a la competencia de la Corte para conocer del caso. La Comisión Interamericana presentó sus observaciones mediante las cuales desestimó los alegatos de Colombia.
Los días 19 y 20 de septiembre de 2005 la Comisión presentó, en audiencia pública ante la Corte, las declaraciones de los testigos ofrecidos, así como sus alegatos sobre las excepciones preliminares y los eventuales fondo, reparaciones y costas en relación con el caso.
La sentencia en este caso está pendiente de emisión.
El 26 de marzo de 2004, la Comisión sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana la demanda en el caso 12.291, Wilson Gutiérrez Soler, en contra de la República de Colombia por la detención ilegal de Wilson Gutiérrez Soler el 24 de agosto de 1994 en la ciudad de Bogotá, su sujeción a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes mientras se encontraba bajo la custodia de agentes del Estado y la violación de sus garantías judiciales, así como por la impunidad total en la cual permanecen estos hechos. El Estado presentó su contestación a la demanda y al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de los representantes e interpuso excepciones preliminares. La Comisión presentó sus observaciones, mediante las cuales rebatió los argumentos estatales.
El 10 de marzo de 2005, tras haber escuchado el mismo día a las partes en audiencia pública, y haber recibido del Estado el retiro de sus excepciones preliminares y un allanamiento estatal a algunas de las pretensiones presentadas por la Comisión, la Corte emitió una resolución en la cual decidió tener por retiradas todas las excepciones preliminares interpuestas por Colombia, admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, así como continuar la celebración de la audiencia pública convocada mediante Resolución del Presidente de 1 de febrero de 2005, y delimitar su objeto a las reparaciones y costas.
El 12 de septiembre de 2005 la Corte emitió sentencia sobre el fondo del caso. En ella, declaró violados el derecho consagrado en el artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de la víctima y sus familiares; los derechos consagrados en los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal); 7 (Derecho a la Libertad Personal); 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, todas ellas en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Wilson Gutiérrez Soler.
La Corte también declaró el incumplimiento estatal con las obligaciones previstas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio del señor Wilson Gutiérrez Soler.
Caso Almonacid Arellano
El 11 de julio de 2005, la Comisión sometió ante la Corte la demanda en el caso número 12.057, Luis Alfredo Almonacid Arellano, en contra del Estado chileno, por su responsabilidad en la falta de investigación y sanción de los responsables de la ejecución extrajudicial del señor Alfredo Almonacid Arellano, a partir de la aplicación del Decreto Ley 2.191, ley de amnistía chilena, adoptada en 1978; así como por la falta de reparación adecuada en favor de sus familiares, los señores Elvira Del Rosario Gómez Olivares, Alfredo Almonacid Gómez, José Luis Almonacid Gómez y Alexis Almonacid Gómez.
En este caso, se encuentra pendiente la convocatoria a audiencia pública.
El 8 de julio de 2005, la Comisión presentó a la Corte una demanda en el caso 12.108, Marcel Claude Reyes, Sebastián Cox Urrejola y Arturo Longton Guerrero contra el Estado chileno, por su responsabilidad internacional en la negación del acceso a información pública y por no otorgar un recurso para impugnar dicha negativa.
La Comisión sometió a la Corte, el 13 de mayo de 2004, la demanda en el caso Palamara Iribarne contra de la República de Chile, por haber incautado los ejemplares y la matricería del libro “Ética y Servicios de Inteligencia”, por haber borrado el libro del disco duro de la computadora personal del señor Palamara, por haber prohibido la publicación del libro y por haber condenado a Humberto Antonio Palamara por el delito de desacato. En razón de lo anterior, la CIDH solicitó a la Corte que declarara la violación de los artículos 13 (Libertad de Expresión) y 21 (Derecho a la Propiedad Privada) de la Convención Americana. El Estado presentó su contestación a la demanda y al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de los representantes y el caso se encontraba al 2004 en la fase intermedia de su procedimiento ante la Corte.
El 9 de mayo de 2005, en Asunción, Paraguay, se celebró la audiencia pública sobre fondo y eventuales reparaciones y costas, a la cual compareció la Comisión.
El 22 de noviembre de 2005 la Corte dictó sentencia sobre el caso. En ella, concluyó que el Estado chileno violó a través de los hechos de este caso el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, propiedad privada, garantías judiciales, protección judicial y libertad personal, consagrados respectivamente en los artículos 13, 21, 8, 25 y 7 de la Convención Americana; en relación con las disposiciones de los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
f. Costa Rica
Durante el año 2005 la Comisión presentó sus observaciones periódicas en relación con el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal en materia de reparaciones.
La última resolución de la Corte en materia de cumplimiento data del 12 de septiembre de 2005. De conformidad con esta última resolución, estaba pendiente el cumplimiento estatal con sus obligaciones de
dejar sin efecto, en todos sus extremos, la sentencia emitida el 12 de noviembre de 1999 por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, en los términos señalados en los párrafos 195 y 204 de la […] Sentencia emitida por la Corte Interamericana;
adecuar su ordenamiento jurídico interno a lo establecido en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 2 de la misma;
pagar al señor Mauricio Herrera Ulloa, por concepto de reparación del daño inmaterial, la cantidad de US$ 20.000,00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda costarricense, en los términos señalados en los párrafos 200, 203, 204 y 205 de la […] Sentencia; y
pagar al señor Mauricio Herrera Ulloa, por concepto de gastos para solventar su defensa legal ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, la cantidad de US$ 10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda costarricense, en los términos señalados en los párrafos 202, 203, 204 y 205 de la […] Sentencia.
g. Ecuador
Caso Benavides Cevallos
La última resolución de la Corte en materia de cumplimiento data del 27 de noviembre de 2003. En ella, el Tribunal decidió informar a la Asamblea General de la Organización sobre el incumplimiento estatal respecto de la obligación de investigar.
Durante el año 2005, el Estado no presentó los informes necesarios para documentar el cumplimiento con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en perjuicio de Consuelo Benavides Cevallos, conforme al punto resolutivo cuarto de la Sentencia de 19 de junio de 1998.
Caso Daniel David Tibi
El 7 de septiembre de 2004 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte Interamericana", "la Corte" o “el Tribunal”) emitió la sentencia de excepciones preliminares, fondo y reparaciones en el presente caso. En ella, dispuso los siguientes deberes del Estado en materia de reparación:
la investigación de los hechos para determinar a las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos en el caso, divulgación de los resultados de la investigación, y sanción de los responsables;
la publicación de los Hechos Probados y los puntos resolutivos Primero al Decimosexto de la Sentencia de Fondo y Reparaciones, traducido al francés, en un diario de amplia circulación en Francia, específicamente en la zona en la cual reside el señor Daniel Tibi;
la declaración escrita formal emitida por altas autoridades del Estado en la que reconozca públicamente su responsabilidad internacional por los hechos del caso y pedido de disculpas al señor Tibi y a las demás víctimas;
el establecimiento de un programa de formación y capacitación sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos en el tratamiento de reclusos con la participación de la sociedad civil, la creación de un comité interinstitucional con el fin de definir y ejecutar los programas de capacitación y el informar a la Corte sobre la constitución y funcionamiento del comité, y
el pago de la indemnización por daño material incluyendo la devolución de los bienes incautados, daño inmaterial y costas y gastos;
El 24 de agosto de 2005, la Comisión observó ante la Corte, en materia de cumplimiento, que reconocía acciones tomadas por el Estado tendientes a iniciar cumplimiento de algunas de estas reparaciones. Insistió, sin embargo, en la importancia de que estas reparaciones se dieran en forma íntegra y a la brevedad posible.
El 25 de junio de 2003 la Comisión presentó ante la Corte el caso de Rigoberto Acosta Calderón con el objeto de obtener dictamen en cuanto a la responsabilidad internacional de la República del Ecuador por la violación los artículos 7, 8, 24 y 25 de la Convención, todo ello, en conjunción con las obligaciones de los artículos 1(1) y 2 de la Convención.
El 24 de junio de 2005, la Corte emitió sentencia en el caso. En ella, declaró que el Estado ecuatoriano violó, a través de los hechos del caso y en perjuicio de la víctima, los derechos a la libertad personal, la protección judicial, y las garantías judiciales, consagrados respectivamente en los artículos 7, 25 y 8 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma. La Corte también consideró que el Estado incumplió con la obligación establecida en el artículo 2 de la Convención, en relación con el artículo 7 de la misma.
En la sentencia, la Corte estableció las reparaciones que consideró pertinentes. El texto íntegro de la sentencia puede ser consultado en el vínculo http://www.corteidh.or.cr/seriec/index_c.htmml

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