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Timestamp: 2016-12-11 07:53:44+00:00

Document:
LEX·PY | Legislación paraguaya
Ley 5683 obligación de exhibir una leyenda
Ley N° 5.683/2016
Obligación de Exhibir
una Leyenda en Lugares Públicos y Visibles que diga "La Trata de Personas y en Especial cuando es con Fines de
Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes es un Crimen en la República
del Paraguay. Denúncielo"
Establécese la obligación de exhibir en lugar visible una leyenda que diga en
letra clara y legible: “LA TRATA DE PERSONAS Y EN ESPECIAL CUANDO ES CON FINES
DE EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ES UN CRIMEN EN LA REPÚBLICA
DEL PARAGUAY. DENÚNCIELO”. La autoridad de aplicación establecerá el formato,
los idiomas en que figurará la leyenda dependiendo de la zona y el número de la
línea telefónica gratuita receptora de denuncias sobre trata de personas que se
encuentre vigente. Artículo 2 .- Lo
dispuesto en el artículo 1° será implementado en aeropuertos nacionales e
internacionales, terminales portuarias, estadios deportivos, terminales de
transporte terrestre, medios de transporte público, pasos fronterizos, oficinas
públicas de turismo, instituciones educativas públicas, privadas y lugares
oficiales de promoción del país, pudiendo la autoridad de aplicación ampliar
los espacios enumerados de acuerdo a las necesidades estratégicas del área
correspondiente. La obligación establecida en esta ley se extiende igualmente
a lugares privados de acceso público tales como: hoteles, pubs, discotecas,
casinos, moteles y otros que resulten necesarios para el cumplimiento de los
objetivos de la presente ley. Artículo 3.- Se
aplicará una multa de un mil jornales para actividades diversas no
especificadas en el territorio de la República a los concesionarios del Estado
que exploten servicios de administración de los locales a que se hace
referencia en el artículo 2° de esta ley, así como a los propietarios de
empresas de transporte público y locales privados de acceso público obligados
en el marco de la presente ley, que incumplan la obligación de portar la
leyenda en las condiciones establecidas por la autoridad de aplicación. Artículo 4.-
Establécese como autoridad de aplicación de la presente ley, a la Secretaría
Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (SNNA), la que suscribirá convenios
con el Ministerio Público, Ministerio del Interior, Secretaría Nacional de
Turismo (SENATUR), Ministerio de la Mujer, Dirección Nacional de Aeronáutica
Civil, Administración Nacional de Navegación y Puertos, Ministerio de Educación
y Cultura, Municipios de la República y todo organismo público o privado que
fuere pertinente para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley. La autoridad de aplicación para la fiscalización y sanción
de los locales privados de acceso público, serán las respectivas
Municipalidades donde tiene su asiento el local sancionado. Las autoridades de aplicación para la fiscalización y
sanción en las unidades de transporte público de pasajeros serán el Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones a través del Viceministerio de Transporte y
la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN), en el ámbito de sus respectivas
competencias. Artículo 5.- El
50% (cincuenta por ciento) de los importes provenientes de las multas será
destinado a la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) para
programas de atención directa a niños, niñas y adolescentes, en especial a
víctimas de trata de personas. A dicho fin los obligados deberán depositar el
monto de la multa en una cuenta especial que se habilitará en el Banco Nacional
de Fomento (BNF) a nombre y a la orden de la Secretaría Nacional de la Niñez y
la Adolescencia (SNNA). El 50% (cincuenta por ciento) restante será destinado a la
autoridad o Municipio que aplicó la sanción. Artículo 6.- La
presente ley será reglamentada en un plazo máximo de sesenta días, contados a
partir de la fecha de su promulgación. Artículo 7 - .- Comuníquese al Poder Ejecutivo. LEX·PY
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Acordada Nº 540 (Rematadores Judiciales)
ACORDADA Nº Quinientos cuarenta
POR LA QUE SE UNIFICA EN UN SOLO CUERPO LEGAL LAS DISPOSICIONES DICTADAS CON ANTERIORIDAD EN RELACIÓN A LA REGLAMENTACIÓN DE LA FUNCIÓN DEL REMATADOR, SE MODIFICA LA ACORDADA Nº 232 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2001 Y SE AMPLIA EL SISTEMA DE DESIGNACIÒN ALEATORIA DE REMATADORES A TODAS LAS CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES DE LA REPÚBLICA.
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los dos días del mes de setiembre del año dos mil ocho, siendo las doce y treinta horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Víctor Manuel Núñez Rodríguez, y los Excmos. Señores Ministros Doctores, José Raúl Torres Kirmser, Sindulfo Blanco, Antonio Fretes y Alicia Beatriz Pucheta de Correa y, ante mí, el Secretario autorizante;
Que en virtud de la Acordada No. 229 de fecha 23 de noviembre de 2001 se estableció el sistema de sorteo informático para la designación de los rematadores públicos a través de la Mesa de Entrada de Garantías Constitucionales de la Capital y por la Acordada No. 232 de fecha 4 de diciembre de 2001 se introdujo una modificación a aquella.
El sistema de sorteo informático así implementado ha redundado en forma provechosa para el sistema judicial de la Capital, al efectuarse una designación más transparente de los rematadores. No obstante, la presente acordada tiene como objetivo primordial el de seguir perfeccionando este mecanismo, en el modo que aconseja la práctica adquirida en sus años de funcionamiento.
Frente a esta fructífera experiencia, es criterio del más alto Tribunal de la República que se debe replicar el sistema de designación aleatoria de rematadores en todas las Circunscripciones Judiciales que cuenten con Mesa de Entrada de Garantías Constitucionales.
Motivados por el deseo de ajustar el sistema implementado a las exigencias de un método aún más equitativo y transparente de asignación de las subastas públicas, resulta conveniente establecer rondas diferentes de sorteos según la competencia de los Juzgados (Juzgados de Paz, Justicia Letrada y Primera Instancia).
Igualmente, es necesario unificar los diferentes criterios existentes entre los Jueces para la designación de rematadores en los procesos de Convocatorias de Acreedores y de Quiebras, en atención a lo dispuesto por el Art. 138 de la Ley 154/69.
Por otro lado, resulta pertinente unificar en un solo cuerpo legal las numerosas disposiciones dictadas con anterioridad en relación a la reglamentación de
la función del Rematador, como ser la inscripción y renovación de matrículas de Rematadores Judiciales, el cupo actualmente existente, el procedimiento de sustitución de Rematadores, no previsto en las Acordadas de referencia, el procedimiento de designación en los casos de reconstitución de expedientes y otros temas más.
Por tanto, de conformidad a las disposiciones del Art. 3º incs. a) y b) de la Ley 609/95 que organiza la Corte Suprema de Justicia, el Art. 138 de la Ley 154/69 de Quiebras y el Art. 162 del Código de Organización Judicial,
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
Art. 1º.- Establecer los siguientes requisitos que deberán llenar las personas que deseen inscribirse como Rematadores Públicos Judiciales, para obtener la matrícula habilitante o su renovación:
a) Mayoría de edad.
b) Acreditar buena conducta con los certificados de antecedentes policiales y judiciales.
c) Haber aprobado el cuarto curso de la carrera de Derecho de cualquier Universidad de la República, o del extranjero debidamente convalidado.
Art. 2º.- Establecer como número máximo de Rematadores, conforme al siguiente detalle, por Circunscripción Judicial:
- Capital 55
- Amambay 5
- Itapúa 12
- Caaguazú 5 - Alto Paraná 10
- Concepción 3
- Misiones 3
- Ñeembucú 3
- Central 10
- San Pedro 3
- Canindeyú 3
- Pte. Hayes 3
- Paraguarí 3
- Caazapá 3
- Guairá 3
- Cordillera 3
Las solicitudes de matriculación deberán ser atendidas en orden cronológico. Así también la petición de traslado de matrícula de Rematadores de una Circunscripción Judicial a otra, que será procedente solo de existir en esta última un número inferior
de Rematadores al enunciado precedentemente y de existir en la Circunscripción originaria del solicitante, más de un Rematador matriculado.
Art. 3º.- No podrán matricularse como Rematadores Públicos los Abogados y los Oficiales de Justicia que se hallen inscriptos en la matrícula correspondiente.
Los Abogados u Oficiales de Justicia que se hallasen matriculados simultáneamente como Rematadores, comunicarán por escrito a la Corte Suprema de Justicia su opción por la matrícula respectiva antes del 22 de setiembre de 2008.
La falta de comunicación escrita antes de dicha fecha, implicará su opción por la matrícula de Abogado o la de Oficial de Justicia.
Art. 4º.- La opción por una de las matrículas mencionadas en el Art. 3º implicará cancelación automática de la otra, salvo la del abogado que quedará vigente al solo efecto de su eventual participación en asuntos propios, de los padres, esposas, hijos menores de edad o personas bajo su tutela o curatela, de conformidad con la Ley.
Art. 5º.- Establecer que los Rematadores Públicos matriculados y domiciliados en la Capital de la República, serán designados única y exclusivamente para la realización de remates a efectuarse por orden de Jueces de la Capital. En las Circunscripciones Judiciales del interior de la República, serán designados aquellos matriculados y domiciliados en la Circunscripción Judicial correspondiente. Donde no existan rematadores matriculados deberán participar de la desinsaculación respectiva todos los matriculados en la República.
Art. 6º.- Ampliar el sistema de designación aleatoria de rematadores públicos a todas las Circunscripciones Judiciales del país que cuenten con Mesa de Entrada de Garantías Constitucionales, en la forma que se detallará en la presente Acordada.
Art. 7º.- Establecer que en el sistema de sorteo de Rematadores existirán tres rondas diferentes e independientes de sorteos que corresponderán a: 1) Juicios tramitados ante los Jueces de Paz de los Distritos correspondientes; 2) Juicios tramitados ante los Jueces Letrados en lo Civil y Comercial de la Capital; y 3) Juicios tramitados ante Jueces de Primera Instancia en todos los fueros.
De cada ronda participarán todos los Rematadores matriculados y habilitados, de acuerdo a los artículos 2º y 5º de esta Acordada.
Art. 8º.- Disponer que el sorteo deberá realizarse diariamente a las 12:30 horas en la Oficina de Mesa de Entrada de Garantías Constitucionales, en acto público, entre todos los oficios remitidos desde los Juzgados en las precedentes 24 horas, en orden cronológico. En las Circunscripciones Judiciales donde existan hasta cinco Rematadores, el sorteo respectivo se realizará a través de un bolillero; superado este número, será realizado a través del sistema informático. En caso de falla que imposibilite la utilización del sistema informático, el sorteo deberá ser realizado por el bolillero, siguiendo el mismo procedimiento. Los datos resultantes serán consignados, en cualquiera de los sistemas y a más de la forma dispuesta en el ACORDADA Nº Quinientos cuarenta
Artículo 4° de la Acordada 232/2001, en un libro de actas habilitado al efecto y a ser rubricado diariamente por el Jefe de Mesa de Entrada de Garantías Constitucionales, que también deberá estar a disposición del público. La designación de Rematador en un expediente, se mantendrá aunque la subasta haya sido por algún motivo suspendida y podrá ser sustituido únicamente conforme los artículos 13° y 14° de la presente Acordada.
Art. 9º.- La petición de designación de Rematador debe ser proveída por el Juez en el plazo previsto en el inc. a) del Artículo 162 del Código Procesal Civil. El oficio dirigido a la Mesa de Entrada de Garantías Constitucionales será suscripto, con el contenido explicitado en la presente Acordada, en el Artículo 3° de la Acordada N° 232/2001 y remitido de inmediato en la fecha de la firma de la providencia que ordenó su libramiento. La observancia de esta disposición será especialmente atendida por la Dirección de Auditoría de Gestión Judicial, al momento que la misma realice sus funciones, a sus efectos.
Art. 10°.- En los casos de Reconstituciones de expedientes en los que se solicite el sorteo de Rematador Público, el Juzgado deberá acompañar los antecedentes del expediente objeto de reconstitución, como ser: Número de expediente, folio y año de entrada, a los efectos de que la Mesa de Entrada de Garantías Constitucionales verifique si ya hubo o no una designación de rematador en el mismo, la que en caso de existir, se mantendrá para el expediente reconstituido.
Art. 11°.- Disponer que en los juicios de Convocatorias de Acreedores y de Quiebras y de conformidad al Art. 138 de la Ley 154/69, el Juez remita a Mesa de Entrada de Garantías Constitucionales la terna propuesta por el Síndico, para que dicha repartición realice el sorteo de acuerdo al mecanismo previsto en el Art. 8° de la presente Acordada, entre los tres rematadores propuestos, a efectos de su designación en consecuencia por parte del Magistrado.
Art. 12. Los Síndicos propondrán, a los efectos del Art. 138 de la Ley de Quiebras, la terna correspondiente que será integrada a través de una desinsaculación pública a realizarse en la Secretaría de la Sindicatura General de Quiebras únicamente los martes y jueves de cada semana a las 11:00 horas y de donde participarán todos los rematadores matriculados de la circunscripción donde se realizará la subasta. De este sorteo se excluirán a aquellos Rematadores que ya han sido nombrados previamente, no así a los propuestos y no nombrados, así hasta completar la ronda. La terna conformada será elevada al Juez a los efectos de designación del Rematador de acuerdo al mecanismo previsto en el Art. 11 de la presente Acordada. El Sindico General de Quiebras deberá fiscalizar el cumplimiento estricto de esta disposición, expidiendo una constancia al momento de elevación al Juzgado del sorteo realizado ante su secretaría y de la terna propuesta; sin la cual los Jueces de la República se abstendrán de remitir a su vez la propuesta a la Mesa de Entradas a los efectos previstos en el Art. 11 de la presente Acordada. Asimismo, el Síndico General deberá elevar un informe semestral detallado sobre la observancia de esta disposición a la
Corte Suprema de Justicia, con copia a la Mesa de Entrada de Garantías Constitucionales, a sus efectos.
Art. 13°.- Establecer como causales de sustitución del rematador público que ameritan la realización de un nuevo sorteo de rematador, las siguientes:
a) fallecimiento; b) enfermedad que imposibilite el cumplimiento de sus funciones acreditada mediante certificado médico visado por el Ministerio de Salud Pública; c) suspensión de la matrícula; d) casación de la matrícula; y e) incompatibilidad legal.
Los antecedentes justificativos de las causas y situaciones mencionadas en la presente disposición deben constar y acreditarse debidamente en el expediente en cuestión, así como en el oficio que comunica la sustitución a la Mesa de Entrada.
Art. 14°.- El procedimiento de sustitución se aplicará igualmente en los casos de rematadores públicos que no comparezcan a cumplir con su obligación de tomar intervención en el expediente y no actúen de conformidad a las disposiciones legales que le son impuestas en el ejercicio de sus funciones, pese a haber sido debidamente intimados bajo apercibimiento de ser sustituidos. Esta circunstancia deberá igualmente ser explicitada en el oficio que comunique la sustitución a la Mesa de Entrada de Garantías Constitucionales. El Juez deberá remitir en este caso los antecedentes al Consejo de Superintendencia, a fin de que se dispongan las sanciones disciplinarias correspondientes, que consistirán en la suspensión en el ejercicio de sus funciones por el plazo de seis meses y en caso de reincidencia, la casación definitiva de su matrícula de rematador.
Art. 15°.- Autorizar a la Oficina de Mesa de Entrada de Garantías Constitucionales para que en forma conjunta con la Dirección de Informática y Sistemas, realicen las acciones correspondientes a efecto de aplicar las disposiciones de desinsaculación, conforme a lo expuesto en la presente Acordada, la que tendrá plena vigencia desde el 20 de octubre del año 2008.
Art. 16°.- A los efectos de mantener actualizada la base de datos de Rematadores Públicos, disponer que la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia remita dentro del quinto día hábil posterior a la Feria Judicial, el listado de Rematadotes Públicos habilitados a todas las Mesas de Entrada de Garantías Constitucionales de la República y a la Sindicatura General de Quiebras, sin perjuicio de informar en cualquier momento a estas dependencias, de las inclusiones y exclusiones que sufriera dicha lista, a los efectos de evitar designaciones incorrectas.
Art. 17°. Quedan derogadas todas las disposiciones dictadas con anterioridad contrarias a las de la presente Acordada.
Art. 18°.- ANOTAR, registrar, notificar.
LEX·PY
Ley Nº 4711 (Desacato de Orden Judicial)
LEY N° 4711 QUE SANCIONA EL DESACATO DE UNA ORDEN JUDICIAL EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA
DE LEY Artículo 1º.- DESACATO DE ORDEN JUDICIAL. El que incumpliere una orden
escrita dictada en legal forma por una autoridad judicial competente, será castigado con
pena privativa de libertad de seis meses a dos años o multa.
Si el autor cometiere el hecho, mediando apercibimiento escrito y previo de la
autoridad judicial correspondiente o fuere un funcionario público, en los términos del Artículo
14, numeral 14 del Código Penal, la pena podrá ser elevada hasta cinco años.
En los casos del párrafo anterior o cuando el mismo facilitare o posibilitare la
comisión de otros hechos punibles, la pena privativa de la libertad también será de hasta
cinco años y no será sustituible por la multa. La autoridad judicial cuya resolución hubiere sido incumplida informará el hecho al
fiscal penal de turno, para que este impulse el procedimiento respectivo bajo el presupuesto
de la flagrancia. Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a doce días del mes
de abril del año dos mil doce, quedando sancionado el mismo, por la Honorable Cámara
de Diputados, a nueve días del mes de agosto del año dos mil doce, de conformidad a lo
dispuesto en el Artículo 211 de la Constitución Nacional.
Atilio Penayo Ortega Blanca Beatriz Fonseca Legal
Asunción, de de 2012 Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
María Lorena Segovia Azucas
Acordada Nº 348 (Síndicos de Quiebras)
ACORDADA Nº Trescientos cuarenta y ocho
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los nueve días del mes de febrero del año dos mil cinco, siendo las 12:30 horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes, la Excma. Señora Ministra Dra. Alicia Pucheta de Correa, y los Excmos. Señores Ministros Doctores Miguel Oscar Bajac Albertini, José Victoriano Altamirano, Sindulfo Blanco, César Antonio Garay, Victor Manuel Núñez R., Wildo Rienzi Galeano, José Raúl Torres Kirmser, ante mí, el Secretario autorizante;
Que la Acordada Nº 53 del 26 de noviembre de 1985 dispuso que las funciones encomendadas a los Agentes Síndicos por la Ley Nº 154/69 sean ejercidas en las Circunscripciones Judiciales del Interior por los Agentes Fiscales de la respectiva jurisdicción, sin perjuicio de sus obligaciones como parte integrante del Ministerio Público.
Que dichas funciones resultan incompatibles debido a los objetivos procesales contrapuestos que pueden existir en virtud de las funciones que la ley establece como competencia del Ministerio Público y de la Sindicatura General de Quiebras (Ley Nº 154/69, arts. 178, 211 y siguientes).
Que en tal sentido, resulta necesario dejar sin efecto la mencionada Acordada, y establecer la forma en que se designará a los Agentes Síndicos que intervendrán en los juicios de Convocatoria de Acreedores y de Quiebras que se tramitan en las Circunscripciones Judiciales del Interior de la República.
Por tanto, en virtud de los arts. 29 inc. "a" de la Ley Nº 879/81 "Código de Organización Judicial", y 3º de la Ley Nº 609/95, "Que organiza la Corte Suprema de Justicia", la
ART. 1º DEJAR SI EFECTO la Acordada Nº 53 del 26 de noviembre de 1985.
ART. 2º ESTABLECER que en los Juicios de Convocatoria de Acreedores y de Quiebras que se tramitan en las Circunscripciones Judiciales del Interior tendrán intervención los Agentes Síndicos de conformidad con el siguiente orden:
Agente Síndico del Primer Turno: Concepción y San Pedro
Agente Síndico del Segundo Turno: Caaguazú, Guaira y Caazapá
Agente Síndico del Tercer Turno: Paraguari y Misiones
Agente Síndico del Cuarto Turno: Ñeembucú e Itapúa
Agente Síndico del Quinto Turno: Alto Paraná y Caníndeyú
Agente Síndico del Sexto Turno: Amambay
ART. 3º DISPONER que las notificaciones serán realizadas por cédula y en cada uno de los Despachos de los Agentes Síndicos en la Capital de la República.
ART. 4º ANOTAR, registrar, notificar.
Ley Nº 1.294 de Marcas -índice
LEY N°1.294 DE MARCAS
LEY ÍNDICE
TÍTULO I De la marca
CAPÍTULO I De las marcas de productos y servicios
CAPÍTULO II Del registro, de sus formalidades y del derecho de propiedad de las marcas
CAPÍTULO III De la publicidad de las solicitudes de registro y renovación de marcas
CAPÍTULO IV Del abandono de las solicitudes de registro y la pérdida del derecho de Prelación
CAPÍTULO V Del uso de la marca registrada
CAPÍTULO VI De las licencias de uso de marcas
CAPÍTULO VII De la cesión y transmisión de los derechos sobre las marcas
CAPÍTULO VIII De la oposición al registro
CAPÍTULO IX Extinción del derecho
CAPÍTULO X Caducidad de la instancia administrativa
CAPÍTULO XI De la indicación geográfica
CAPÍTULO XII De la marca colectiva
CAPÍTULO XIII De la marca de certificación
TÍTULO II Del nombre comercial
CAPÍTULO ÚNICO TÍTULO III De la competencia desleal
CAPÍTULO ÚNICO TÍTULO IV CAPÍTULO I De las acciones civiles y penales por infracción
CAPÍTULO II De las medidas precautorias
CAPÍTULO III De las medidas en la frontera
TÍTULO V De los agentes de la propiedad industrial
TÍTULO VI De las tasas
TÍTULO VII De la Dirección de la Propiedad Industrial
TÍTULO VIII De los recursos y disposiciones generales
>>>> sigue ...>>>>índice Título I De la Marca
Título III De la competencia desleal
Esta temporada del verano que está pronto a concluir fue extraordinaria para la Ciudad de Encarnación, anticipando no solo los festejos que... a la/s
Ley de Marcas,
Ley de Marcas -Título V al VIII
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LEY TÍTULO V
112.- Reconócese la profesión de Agente de la Propiedad Industrial para las
gestiones relativas a la competencia de la Dirección de la Propiedad
113.- Para ejercer la profesión se requerirá título de abogado y la inscripción
en la matrícula de Agentes de la Dirección de la Propiedad Industrial.
114.- Las personas que sin tener título de abogado estén matriculadas como
Agentes de la Propiedad Industrial antes de promulgarse esta ley, podrán seguir
ejerciendo la profesión. No obstante, en asuntos litigiosos deberán actuar bajo
patrocinio de abogado.
115.- El testimonio de poder para actuar en la instancia administrativa en
asuntos de competencia de la Propiedad Industrial, independientemente del lugar
de su otorgamiento, deberá inscribirse necesariamente en el registro que para
el efecto habilitará la Dirección de la Propiedad Industrial. La legalización
consular de los poderes otorgados en el extranjero a los Agentes para
actuaciones ante la Dirección de la Propiedad Industrial, no será necesaria,
bastando la sola certificación notarial.
116.- El poder otorgado por carta, telegrama, fax, télex o correo electrónico,
a un Agente de la Propiedad Industrial, le habilita para actuar de acuerdo con
su mandato, siempre que el testimonio del poder sea presentado dentro de los
sesenta días hábiles.
117.- Para todas las actuaciones ante la Dirección de la Propiedad Industrial
se requerirá la intervención de un Agente de la Propiedad Industrial como
patrocinante o apoderado, y se observarán las mismas formalidades establecidas
para la solicitud de registro en todo lo que fueren aplicables.
118.- El Ministerio de Industria y Comercio, por medio de la Dirección de la
Propiedad Industrial, percibirá tasas calculadas en base a jornal del salario
mínimo para trabajadores no calificados en la capital, en los siguientes
conceptos y montos:
solicitud de registro o de renovación de marca: un jornal;
recargo por renovación en plazo de gracia: medio jornal;
tasa anual por manutención del registro: cinco jornales;
cada inscripción de poder en el registro: un jornal;
cada informe oficial sobre marca: medio jornal;
cada escrito de oposición: medio jornal;
inscripción de cambio de domicilio del titular, por cada marca: medio jornal;
inscripción de cambio de nombre del titular, por cada marca: medio jornal;
inscripción de licencia de uso de cada marca: un jornal;
inscripción de transferencia de cada marca: medio jornal;
expedición de un duplicado de un certificado de registro: medio jornal;
inscripción o renovación en la matrícula de Agentes: medio jornal.
119.- Los ingresos provenientes de la percepción de las tasas establecidas en
el artículo anterior y de las multas estipuladas en esta ley serán depositados
en una cuenta especial abierta en el Banco Central del Paraguay, a la orden del
Ministerio de Industria y Comercio, fiscalizada por el Ministerio de Hacienda.
Estos ingresos se incluirán en el Presupuesto General de la Nación desde el año
siguiente al de la promulgación de esta ley, y su inversión será programada por
la Dirección de la Propiedad Industrial.
DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
120.- La Dirección de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de
Industria y Comercio, es la entidad competente en cuanto a la jurisdicción
administrativa marcaria, la que se regirá por esta ley, las demás disposiciones
legales pertinentes y los reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo.
121.- La Dirección de la Propiedad Industrial estará a cargo de un Director
designado por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Industria y
122.- La Dirección de la Propiedad Industrial editará un órgano de publicidad
oficial en que se publicarán los actos jurídicos requeridos por esta ley, los
registros concedidos y sus renovaciones, así como las resoluciones y sentencias
judiciales firmes relativas a la revocación, anulación o cancelación de
cualquier registro. Esta publicación sólo tendrá efectos informativos; no
implicará ninguna notificación y se efectuará sin perjuicio de cualquier otra
publicación determinada por el Reglamento.
123.- Para ser Director de la Dirección de la Propiedad Industrial se requiere
la ciudadanía paraguaya, haber cumplido treinta años de edad, ser de profesión
abogado y tener una reconocida solvencia moral. No puede desempeñar otra
actividad remunerada, salvo la docencia.
RECURSOS Y DISPOSICIONES GENERALES
124.- Contra toda resolución, sea interlocutoria o definitiva, procederán los
reconsideración o reposición ante la autoridad que dictó la resolución; y, b)
apelación ante la autoridad jerárquica superior.
interposición de cada recurso será optativa para el interesado, pero no se
podrá anteponer el de apelación al de reconsideración o reposición.
125.- Contra el rechazo de una solicitud de registro o renovación que dicte
un Jefe de Sección dentro de algún procedimiento no litigioso, se podrá
interponer recurso de reconsideración en escrito fundado dentro de los cinco
días hábiles de la notificación y su resolución no causará ejecutoria.
Transcurridos quince días hábiles sin que el Jefe de Sección dicte resolución,
los interesados podrán interponer el recurso de apelación ante el Director de
la Dirección de la Propiedad Industrial. Se entenderá que la resolución ficta
rechazó la reconsideración, y la resolución del Director deberá confirmar o
revocar el rechazo.
126.- Contra las providencias de mero trámite que no causen gravamen
irreparable que dicte un Jefe de Sección dentro de un procedimiento litigioso,
se podrá interponer recurso de reposición en escrito fundado dentro de los
cinco días hábiles contados desde la notificación de la providencia y su
resolución causará ejecutoria.
127.- Las resoluciones de los Jefes de Sección serán apelables ante el Director
de la Dirección de la Propiedad Industrial. El recurso será
interpuesto ante el Jefe de Sección dentro de cinco días hábiles de la
128.- Los fundamentos de la apelación deberán presentarse ante el Director de
la Dirección de la Propiedad Industrial, durante el plazo de dieciocho días
hábiles contados desde la notificación. De la fundamentación se correrá
traslado a la otra parte, por el mismo término para su contestación.
129.- La resolución del Director de la Dirección de la Propiedad Industrial
agotará la instancia administrativa. Contra la resolución del Director de la
Dirección de la Propiedad Industrial se podrá promover demanda
contencioso-administrativa ante el Poder Judicial, dentro de los diez días
130.- Transcurridos cuarenta días hábiles sin que el Director de la Dirección
de la Propiedad Industrial dicte resolución, los interesados podrán recurrir
directamente a la vía contencioso-administrativa. Se entenderá que la
resolución ficta rechazó las pretensiones de la parte que promueve la demanda
contencioso-administrativa y la sentencia judicial deberá confirmar o revocar
la resolución ficta.
131.- Todos los plazos procesales previstos en esta ley son perentorios e
improrrogables. Todas las notificaciones deberán ser efectuadas por cédula.
132.- Los expedientes referentes a marcas quedarán archivados en la Dirección
de la Propiedad Industrial. Los que hayan sido remitidos a los Tribunales
deberán ser devueltos una vez finiquitada la cuestión judicial.
133.- Las solicitudes de registro o de renovación de marcas que se encuentren
en trámite en la fecha de entrada en vigor de esta ley continuarán tramitándose
de acuerdo con el régimen anterior, pero los registros y renovaciones que se
concedan quedarán sujetos a las disposiciones de esta ley.
134.- Las marcas y otros signos distintivos registrados de conformidad con el
régimen anterior se regirán por las disposiciones de esta ley y de las
disposiciones reglamentarias correspondientes, que serán aplicables a partir de
la fecha de entrada en vigor de la ley.
135.- Esta ley será aplicable a todas las acciones litigiosas que se iniciaren
con posterioridad a su entrada en vigencia, como así también a las acciones
litigiosas que se encontraren pendientes con excepción de los trámites,
diligencias y plazos que hubieren tenido principio de ejecución o empezado su
curso, los cuales se regirán por las normas hasta entonces vigentes.
136.- Las disposiciones de los códigos de fondo y forma en materia civil y
penal se aplicarán en forma supletoria.
137.- El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley.
138.- Deróganse la Ley No. 751/79 "De Marcas", la Ley No. 1.258 de
fecha 13 de octubre de 1.987, "Que modifica la Ley No. 751/79 De
Marcas"; la Ley No. 259 de fecha 16 de noviembre de 1.993 "Que
modifica y amplía el Artículo 77 de la Ley No. 751/79 De Marcas"; los Artículos
262, inciso XII y 356 de la Ley No. 879 de fecha 2 de diciembre de 1.981
"Código de Organización Judicial" y todas las disposiciones
contrarias a la presente ley.
139.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley
por la Honorable Cámara de Senadores el veintiocho de mayo del año un mil
novecientos noventa y ocho y por la Honorable Cámara de Diputados, el
veinticuatro de junio del año un mil novecientos noventa y ocho, quedando
sancionado el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 207,
numeral 1) de la Constitución Nacional.
Campos Cervera
Téngase
por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial
Carlos Wasmosy
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