Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/decreto-2350-de-1995?documento=legcol&contexto=legcol_75992041f4c0f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-23 09:02:43+00:00

Document:
﻿ DECRETO 2350 DE 1995
DECRETO 2350 DE 29 DE DICIEMBRE DE 1995
CONTENIDO:ENTIDADES PÚBLICAS. SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 1996, SE DETALLAN LAS APROPIACIONES Y SE CLASIFICAN Y SE DEFINEN LOS GASTOS.
DECRETO 2350 DE 1995
“Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 1996, se detallan las apropiaciones y se clasifican y se definen los gastos”.
en ejercicio de las facultades constitucionales y legales en especial las que le confiere la ley orgánica del presupuesto, y
Que el artículo 61 del estatuto orgánico del presupuesto general de la Nación faculta al gobierno para dictar el decreto de liquidación del presupuesto general de la Nación;
Que el artículo 1º de la Ley 225 de 1995, “por la cual se modifica la ley orgánica del presupuesto”, establece que el presupuesto de rentas contendrá la estimación de los ingresos corrientes de la Nación; de las contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un órgano que haga parte del presupuesto; de los fondos especiales, de los recursos de capital y de los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional;
Que el artículo 50 de la Ley 224 de 1995, “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 1996”, faculta al Gobierno Nacional para que en el decreto de liquidación clasifique y defina los ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda;
Que de la misma manera el artículo 59 de la Ley 224 de 1995, faculta al Gobierno Nacional para que a través del presente decreto, previo concepto del Departamento Nacional de Planeación, efectúe los traslados presupuestales necesarios entre los fondos de cofinanciación: Fondo de Cofinanciación de Vías, FCV, Fondo Nacional de Caminos Vecinales, FNCV, Fondo de Infraestructura Urbana, FIU, Fondo para el Desarrollo Rural Integrado, DRI, Fondo de Inversión Social, FIS, e Inurbe y de otros gastos de inversión, a fin de atender las demandas que se requieran en los diferentes proyectos de inversión social regional,
ART. 1º—Fíjase los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de capital del tesoro de la Nación para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 1996, en la suma de veintitrés billones quinientos ochenta y cuatro mil seiscientos veintinueve millones setecientos veinticinco mil quinientos noventa pesos moneda legal ($ 23.584.629.725.590), según el detalle del presupuesto de rentas y recursos de capital para 1996, así:
NOTA: La tabla perteneciente a “Rentas del presupuesto general de la Nación”, puede ser consultada en el Diario Oficial Nº 42.170 o en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
ART. 2º—Presupuesto de gastos o decreto de apropiaciones. Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública del presupuesto general de la Nación durante la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 1996, una suma por valor de: veinticuatro billones catorce mil treinta y dos millones setecientos veinticinco mil quinientos noventa pesos ($ 24.014.032.725.590) moneda legal, según el detalle que se encuentra a continuación:
NOTA: La tabla perteneciente a “Presupuesto general de gastos”, puede ser consultada en el Diario Oficial Nº 42.170 o en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
ART. 3º—El monto de los gastos financiados con los recursos que se someten a consideración del Congreso en virtud del proyecto tributario, ascienden a la suma de: cuatrocientos veintinueve mil cuatrocientos tres millones de pesos ($ 429.403.000.000) moneda legal, los cuales se distribuyen en: funcionamiento doscientos tres mil cuatrocientos tres millones de pesos ($ 203.403.000.000) moneda legal e inversión doscientos veintiséis mil millones de pesos ($ 226.000.000.000) moneda legal y cuyo detalle se presenta en el anexo.
ART. 4º—Las disposiciones generales del presente decreto son complementarias de la Ley 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 orgánicas del presupuesto general de la Nación y deben aplicarse en armonía con estas.
ART. 5º—Las disposiciones generales rigen para las ramas legislativa, ejecutiva del orden nacional y judicial del poder público, la Organización Electoral, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, los establecimientos públicos nacionales y entes autónomos independientes creados por ley.
ART. 6º—Los compromisos y las obligaciones de los establecimientos públicos correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios solo podrán ser asumidos cuando estos se hayan perfeccionado.
ART. 7º—El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las entidades territoriales, está obligado a efectuar los trámites correspondientes para que se solicite por quien corresponda la constancia sobre la naturaleza de estos recursos a la dirección general del presupuesto nacional, con el fin de llevar a cabo el desembargo.
ART. 8º—El Gobierno Nacional podrá emitir títulos de tesorería -TES- Clase “B” con base en la facultad de la Ley 51 de 1990 de acuerdo con las siguientes reglas: no contarán con la garantía solidaria del Banco de la República; el estimativo de los ingresos producto de su colocación se incluirá en el presupuesto general de la Nación como recursos de capital, con excepción de los provenientes de la colocación de títulos para operaciones temporales de tesorería; sus rendimientos se atenderán con cargo al presupuesto general de la Nación; su redención se atenderá con cargo a los recursos del presupuesto general de la Nación, con excepción de las operaciones temporales de tesorería cuyo monto de emisión se fijará en el decreto que las autorice; podrán ser administrados directamente por la Nación; podrán ser denominados en moneda extranjera; su emisión solo requerirá del decreto que la autorice y fije sus condiciones financieras; su emisión no afectará el cupo de endeudamiento y estará limitada, para las destinadas a financiar las apropiaciones presupuestales por el monto de estas.
ART. 9º—La dirección general de crédito público del Ministerio de Hacienda informará a los diferentes órganos las fechas de perfeccionamiento y desembolso de los recursos del crédito interno y externo de la Nación. Los recursos de crédito externo e interno contratados directamente por los establecimientos públicos del orden nacional serán reportados por estos a la dirección general de crédito público del Ministerio de Hacienda.
ART. 10.—En caso que, durante la vigencia presupuestal de 1996, una sociedad de economía mixta del orden nacional tenga obligaciones en favor de la Nación u otra entidad descentralizada del orden nacional, estas últimas podrán optar, con el fin de cancelar estas obligaciones, por recibir dinero o acciones que se emitan para el efecto. Cuando se cancelen las obligaciones con acciones, no habrá lugar a operación presupuestal.
ART. 11.—El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con el Confis, fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del tesoro nacional acorde con los objetivos monetarios, cambiarios y de tasa de interés a corto y largo plazo.
ART. 12.—Los ingresos corrientes de la Nación y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no se haya autorizado su manejo a otro órgano, deberán ser consignados en la dirección del tesoro nacional, por quienes estén encargados de su recaudo.
Las superintendencias deberán consignar mensualmente en la dirección del tesoro nacional, el valor total de las contribuciones establecidas en la ley.
ART. 13.—Los rendimientos financieros originados con recursos del presupuesto nacional, incluidos los negocios fiduciarios, deben ser consignados en la dirección del tesoro nacional en el mes siguiente de su recaudo.
ART. 14.—Los rendimientos financieros que generen las inversiones con recursos de los servidores públicos correspondientes a cesantías y pensiones, se utilizarán exclusivamente en la constitución de reservas técnicas para el pago de dichas prestaciones sociales.
ART. 15.—El producto de los reintegros de sobrantes consignados en la dirección del tesoro nacional en la cuenta de recursos no apropiados no tendrá destinación específica y podrá servir de base para la apertura de créditos en el presupuesto general de la Nación.
ART. 16.—Todos los actos administrativos que afecten el presupuesto respectivo, tendrán que contar con el certificado de disponibilidad y registro presupuestal, en los términos de la Ley 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 orgánicas del presupuesto y sus reglamentos.
En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes; o en exceso del saldo disponible; con anticipación a la apertura del crédito adicional correspondiente; o con cargo a recursos del crédito cuyos contratos no se encuentren perfeccionados, o sin que cuenten con la autorización del Confis para comprometer los recursos antes de su perfeccionamiento; o sin la autorización de comprometer vigencias futuras. El funcionario que lo haga responderá personal y pecuniariamente de las obligaciones que se originen.
ART. 18.—Prohíbese tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. Los ordenadores de gastos responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.
ART. 19.—Cuando se provean vacantes de personal se requerirá de la certificación de su previsión en el presupuesto de la vigencia fiscal de 1996. Para tal efecto, el jefe de presupuesto garantizará la existencia de los recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de 1996. Esto regirá también para las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta que se rijan por las normas de las empresas industriales y comerciales del Estado.
ART. 20.—Toda provisión de empleo de los servidores públicos deberá corresponder a empleos previstos en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores del Estado. Toda provisión de cargos que se haga con violación de este mandato carecerá de validez y no creará derecho adquirido.
ART. 21.—La propuesta de modificación a las plantas de personal requerirá para su consideración y trámite, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público —dirección general del presupuesto nacional—, los siguientes requisitos:
El Departamento Administrativo de la Función Pública aprobará las propuestas de modificaciones a las plantas de personal, cuando hayan obtenido la viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - dirección general del presupuesto nacional, en caso de ser necesaria.
ART. 22.—Las juntas o consejos directivos y consejos superiores de las entidades descentralizadas y entes universitarios no podrán expedir acuerdos o resoluciones que incrementen salarios, primas, bonificaciones, gastos de representación, viáticos, horas extras, créditos o prestaciones sociales, ni con órdenes de trabajo autorizar la ampliación en forma parcial o total de los costos de las plantas y nóminas de personal.
Las entidades descentralizadas acordarán el aumento salarial de los trabajadores del Estado que no tengan convención colectiva, dentro de los límites de los contratos, los fijados por el Gobierno Nacional y por las disposiciones legales; aquellos que tengan convención colectiva se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley 4ª de 1992.
ART. 23.—Por el rubro “gastos de operación aduanera”, se imputarán aquellos gastos que, de acuerdo con los artículos 106 y 107 de la Ley 6ª de 1992 y 41 del Decreto 2117 de 1992, deba realizar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por concepto de transporte, cargue, descargue, empaque, inventarios y demás gastos necesarios para el traslado de las mercancías del lugar de aprehensión hasta el sitio donde estas deban ser depositadas. También se atenderán por este rubro los gastos ocasionados por avalúos, análisis de mercancías, peritazgos, bodegajes cualquiera sea el año de su causación, y gastos orientados al alistamiento, preparación, divulgación y realización de la comercialización o disposición de las mismas por medio de la destrucción o donación.
ART. 24.—Las obligaciones por concepto de servicios médico-asistenciales, pensiones, indemnización por vacaciones, honorarios de los tribunales de arbitramento, servicios públicos, comunicaciones y transporte e impuestos, tasas y multas, se podrán pagar con los recursos de la vigencia fiscal 1996, cualquiera que sea el momento de su causación.
ART. 25.—Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie.
ART. 26.—Ningún funcionario podrá devengar en dólares simultáneamente sueldo y viáticos, con excepción de los que estén legalmente autorizados para ello.
ART. 27.—La dirección general del presupuesto nacional será la competente para expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores y la utilización de los avances en los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación.
ART. 28.—El plan de compras se entenderá aprobado al momento de incluir las apropiaciones en el proyecto de presupuesto correspondiente por parte de la dirección general del presupuesto nacional y se entenderá modificado cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas. En caso de tratarse de una modificación que no afecte el total de cada rubro presupuestal será realizada por el ordenador del gasto respectivo.
Cuando los órganos enumerados en el inciso 1º del artículo 5º del presente decreto requieran adquirir vehículos deberán obtener autorización previa de la dirección general del presupuesto nacional. Para ello se deberá incluir una justificación en que se detalle el inventario de vehículos y su programa de reposición. Exceptúase los presidentes de la ramas del poder público.
ART. 30.—En la distribución de los ingresos corrientes de la Nación para el período fiscal de 1996 se tendrán en cuenta los municipios creados válidamente y reportados al Departamento Nacional de Planeación —unidad de desarrollo territorial— hasta el 30 de junio de 1995.
Los municipios creados y reportados con posterioridad a esta fecha solo serán tenidos en consideración en la distribución de la vigencia fiscal de 1996, de conformidad con lo establecido por los decretos 2680 de 1993 y 638 de 1995.
Cuando existan dudas sobre la creación de municipios la unidad de desarrollo territorial se atendrá al concepto que sobre el particular expida el Ministerio del Interior.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solo girará lo que le sea reportado para tal efecto por la unidad administrativa especial de desarrollo territorial del Departamento Nacional de Planeación.
ART. 31.—Los recursos de los municipios, provenientes de la participación en los ingresos corrientes de la Nación y el situado fiscal girado a los departamentos y distritos, que al cierre de la vigencia fiscal de 1996, no se encuentren comprometidos ni ejecutados, deberán asignarse en la vigencia fiscal de 1997, para los fines previstos constitucional y legalmente.
ART. 32.—El porcentaje de la cesión del impuesto a las ventas asignado a las cajas departamentales de previsión y al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, con destino al pago de las cesantías definitivas y pensiones del personal docente nacionalizado, continuará pagándose tomando como base los conveníos suscritos en virtud de lo dispuesto en la Ley 91 de 1989.
ART. 33.—En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 60 de 1993, y mientras las entidades territoriales asumen estas actividades, el situado fiscal para el año 1996 garantizará, en términos constantes, los servicios de salud y educación, tomando como base las apropiaciones de 1995. Para su distribución, se utilizarán los datos suministrados por los ministerios de Salud y Educación.
En el sector educativo se debe incluir, además de los salarios y prestaciones sociales, el efecto de los ascensos en el escalafón y la dotación de personal.
ART. 34.—El Gobierno Nacional incorporará en el presupuesto general de la Nación de la vigencia fiscal de 1996 $ 157.512 millones equivalente al 100% del pago de prestaciones sociales del magisterio, los cuales serán distribuidos con base en los parámetros establecidos en la Ley 60 de 1993. Esta cifra incluye $ 14.722 millones si es aprobado el proyecto tributario que se somete a consideración del Congreso.
ART. 35.—Sin perjuicio de la intervención técnica y administrativa de la Nación por intermedio del respectivo ministerio de que trata el artículo 15 de la Ley 60 de 1993, en el caso de los distritos especiales, para la distribución de las competencias y responsabilidades entre estos y los departamentos correspondientes, se deberán celebrar convenios interadministrativos, mediante los cuales se establezcan las cargas financieras, las poblaciones a atender y las instituciones a cargo de cada entidad territorial. Para la celebración de dichos convenios los distritos dispondrán de un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la fecha de expedición del presente decreto y requerirán del visto bueno de los ministerios de Salud y Educación.
En tales convenios se dispondrá el sistema más conveniente de administración de los recursos que podrá consistir en la organización de sus cuentas para el situado fiscal que le corresponde a los distritos, en los fondos educativos regionales y los servicios seccionales de salud.
ART. 36.—Los órganos enumerados en el inciso primero del artículo 5º del presente decreto deberán remitir al Departamento Nacional de Planeación, antes del 30 de marzo de 1996, el presupuesto de inversión debidamente regionalizado incluyendo las asignaciones que hayan sido incorporadas como nacionales y los proyectos cofinanciados con entidades territoriales.
ART. 37.—Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano si se trata de aportes de la Nación, o por acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos para los recursos propios de los establecimientos públicos del orden nacional. En el caso de las superintendencias y unidades administrativas especiales, las distribuciones deberán realizarse por el jefe de las mismas, o quien haga sus veces.
Dichos actos administrativos requerirán para su validez de la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - dirección general del presupuesto nacional.
Las distribuciones que hagan los órganos a sus seccionales o regionales, se exceptúan de la aprobación, salvo que las apropiaciones presupuestales así lo ordenen.
ART. 38.—Cuando los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta del orden nacional sometidas al régimen de aquellas efectúen distribuciones de alguno de los conceptos del gasto o celebren contratos entre sí, con excepción de los de crédito, que afecten sus presupuestos, harán los ajustes mediante resoluciones del jefe del órgano, si se trata de recursos de la Nación, o acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos en los demás casos. En las superintendencias y unidades administrativas especiales dichos ajustes deberán realizarse por el jefe de las mismas o quien haga sus veces.
El procedimiento previsto en el presente artículo también será aplicable cuando se celebren contratos con entidades públicas regionales y locales.
Estas operaciones presupuestales requieren del concepto previo del Departamento Nacional de Planeación cuando afecten gastos de inversión. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público —dirección general del presupuesto nacional— refrendará los actos de los órganos y las resoluciones o acuerdos de las juntas o consejos directivos, que deberán ser remitidos para estos efectos, acompañados del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y su justificación económica en la cual se señale el objeto, valor y duración de los contratos.
ART. 39.—Corresponde al Confis analizar y conceptuar sobre las implicaciones fiscales del plan operativo anual de inversiones previa a su presentación al Conpes.
ART. 40.—Las modificaciones al PAC de inversión solicitadas por los organismos, requerirán concepto del Departamento Nacional de Planeación.
ART. 41.—Con el fin de proveer el saneamiento económico y financiero de todo orden, autorízase a la Nación y sus entidades descentralizadas para efectuar cruces de cuentas entre sí o con entidades territoriales y sus descentralizadas, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo de entre las partes. Estas operaciones deberán reflejarse en el presupuesto, conservando, únicamente, la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas.
En el caso de las obligaciones de origen legal que tenga la Nación y sus entidades descentralizadas para con otros órganos públicos, se deberán tener en cuenta, para efectos de estas compensaciones, las transferencias y aportes, a cualquier título, que las primeras hayan efectuado a las ultimas en cualquier vigencia fiscal. Si quedare algún saldo en contra de la Nación esta podrá sufragarlo a través de títulos de deuda pública, sin que implique operación presupuestal alguna. Igualmente, se podrán emitir, sin que implique operación presupuestal alguna, los bonos pensionales de que trata la Ley 100 de 1993 y los pagarés que se emitan para el fondo de reservas de pensiones de la Caja Agraria. Todos estos títulos deberán presupuestarse para efectos de su redención.
ART. 42.—Autorízase al Gobierno Nacional a redimir por su valor nominal en el año 1996, con cargo al servicio de la deuda los títulos valores de deuda pública de la Nación otorgados en favor de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero.
ART. 43.—Los compromisos adquiridos con cargo a las apropiaciones disponibles que cobijen la siguiente vigencia fiscal, no requieren autorización de vigencias futuras. Para tal efecto, deberán constituirse las reservas presupuestales.
ART. 44.—Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrán efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Podrán atenderse con cargo a la vigencia en curso las obligaciones de la deuda pública externa del mes de enero de 1997.
ART. 45.—Cuando un órgano requiera celebrar compromisos que cubran varias vigencias fiscales, deberá obtener la autorización para comprometer vigencias futuras.
ART. 46.—Los recursos necesarios para desarrollar las actividades del artículo anterior deberán ser incorporados en los proyectos de presupuesto de la vigencia fiscal correspondiente.
ART. 47.—Constituidas las cuentas por pagar de la vigencia fiscal de 1995, los dineros sobrantes recibidos de la Nación por todos los órganos, serán reintegrados a la dirección del tesoro nacional a más tardar el 1º de marzo de 1996. El reintegro será refrendado por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo respectivo.
ART. 48.—Las reservas presupuestales correspondientes al año fiscal de 1995 que no hubieren sido ejecutadas a 31 de diciembre de 1996 expirarán sin excepción. En consecuencia, los funcionarios de manejo de los respectivos órganos reintegrarán los dineros de la Nación a la dirección del tesoro nacional, antes del 31 de enero de 1997.
ART. 49.—Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para 1996 se clasifican en la siguiente forma:
1002 Sueldos de personal de nómina
1003 Gastos de representación
1004 Bonificación por servicios prestados
1005 Subsidio de alimentación
1006 Auxilio de transporte
1007 Prima de servicio
1008 Prima de vacaciones
1009 Prima de navidad
1010 Primas extraordinarias
1011 Horas extras y días festivos
1012 Bonificación especial de recreación
1013 Indemnización por vacaciones
1014 Jornales
1015 Personal supernumerario
1016 Honorarios
1017 Remuneración servicios técnicos
1018 Otros gastos por servicios personales
1019 Sueldos comisiones al exterior
1020 Pagos pasivos exigibles vigencias expiradas
1021 Prima técnica
1022 Indemnización por insubsistencia
1023 Prima de dirección
1024 Auxilio de localización
1025 Indemnizaciones
1026 Prima especial de servicios
2000 Gastos generales
2001 Compra de equipo
2002 Materiales y suministros
2003 Mantenimiento
2004 Servicios públicos
2005 Arrendamientos
2006 Viáticos y gastos de viaje
2007 Impresos y publicaciones
2008 Comunicaciones y transporte
2009 Seguros
2010 Impuestos, tasas y multas
2011 Gastos imprevistos
2012 Otros gastos generales
3000 Transferencias
4000 Gastos de operación comercial
5000 Servicio de deuda externa
6000 Servicio de deuda interna
ART. 50.—Los servicios personales corresponden a los gastos que debe hacer el Estado como contraprestación de los servicios que recibe sea por una relación laboral o a través de contratos, los cuales se definen como sigue:
Pago de las remuneraciones a los servidores públicos que incluye los incrementos por antigüedad.
Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, en forma proporcional al tiempo laborado, siempre y cuando hubiesen servido cuando menos un semestre en el órgano.
Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales. Pagadera con cargo al presupuesto vigente, cualquiera que sea el año de su causación, en los términos del artículo 28 del Decreto 1045 de 1978.
Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, equivalente a un mes (1) de remuneración o liquidado proporcionalmente al tiempo laborado, que se pagará en la primera quincena del mes de diciembre.
Pago a los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales, que teniendo derecho a las vacaciones, inicien su disfrute dentro del año civil de su causación, equivalente a dos (2) días de la asignación básica mensual.
Compensación en dinero por vacaciones causadas y no disfrutadas que se paga al personal que se desvincula o a quienes, por necesidades del servicio, no pueden tomarlas en tiempo. Su cancelación se hará con cargo al presupuesto vigente, cualquiera que sea el año de su causación. La afectación de este rubro requiere resolución motivada suscrita por el jefe del respectivo órgano.
Remuneración al personal ocasional que la ley autorice vincular para suplir a los empleados públicos en caso de licencias o vacaciones, o para desarrollar actividades netamente transitorias que no puedan atenderse con personal de planta. Por este rubro se pagarán las prestaciones sociales y las transferencias a que legalmente tengan derecho los supernumerarios. En ningún caso la vinculación de este personal excederá el término de tres (3) meses, salvo autorización de acuerdo con las normas legales.
Por este rubro se deberán cubrir conforme a los reglamentos, los estipendios a los servicios profesionales, prestados en forma transitoria y esporádica, por personas naturales o jurídicas, para desarrollar actividades relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de las funciones a cargo del órgano contratante, cuando las mismas no puedan cumplirse con personal de planta. Por este rubro se podrá pagar los honorarios de los miembros de las juntas directivas.
Por este rubro se deberán cubrir, conforme a los reglamentos, los estipendios a los servicios profesionales, prestados en forma transitoria y esporádica, por los árbitros designados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para dirimir los conflictos laborales, una vez agotada la etapa de arreglo directo en la negociación colectiva, cualquiera que sea el año de su causación.
Son aquellos gastos de personal que no se encuentran bajo las denominaciones anteriores, tales como:
Pago a empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales, de determinados niveles salariales, por los hijos que dependan económicamente de ellos, siempre que no sean atendidos por la correspondiente caja de compensación familiar.
Se pagarán por horas cátedra, los profesores de cátedra u ocasionales que laboren en instituciones de educación superior a que se refieren los artículos 73 y 74 de la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992.
ART. 51.—Los gastos generales se definen de la siguiente manera:
Adquisición de bienes tangibles de consumo duradero que deben inventariarse. Las adquisiciones se harán con sujeción al programa general de compras. Por este rubro se debe incluir el software.
Las anteriores adquisiciones se harán con sujeción al programa general de compras.
Por este rubro se deben incluir, disquetes, gastos funerarios cuando exista autorización legal, así como los servicios médicos, hospitalarios y servicios portuarios y aeroportuarios de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Los gastos tendientes a la conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles, incluyendo llantas y los repuestos y accesorios que se requieran para estas finalidades. Incluye el costo de los contratos por servicios de vigilancia y aseo.
Erogaciones por concepto de servicios de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, energía, teléfonos y demás servicios públicos domiciliarios, telefonía celular, cualquiera que sea el año de su causación. Estas incluyen su instalación y traslado.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República podrá pagar con cargo a este rubro los gastos de esta naturaleza al personal militar y de seguridad a su servicio.
Por este rubro se pueden ordenar y pagar los gastos por edición de formas, escritos, publicaciones, revistas y libros, trabajos tipográficos, sellos, suscripciones, adquisición de revistas y libros, pago de avisos y videos de televisión.
Se cubre por este concepto aquellos gastos tales como los de mensajería, correos, correo electrónico, beeper, telégrafos, alquiler de líneas, embalaje y acarreo de los elementos. Incluye el transporte colectivo de los funcionarios del órgano. Estos compromisos serán cancelados por este rubro, cualquiera sea el año de su causación.
Por este rubro se podrán imputar los gastos de transporte, en el perímetro urbano, de los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales, para las funciones de cobranza, fiscalización, devolución y liquidación de los impuestos.
Este incluye las pólizas que amparan los riegos profesionales, a empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes, cuyo valor debe ser proporcional a la responsabilidad de su manejo.
Con cargo a este rubro se atenderá el impuesto sobre la renta y demás tributos, tasas, multas y contribuciones a que estén sujetos los órganos, cualquiera que sea el año de su causación.
Erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable e imprescindible realización para el funcionamiento los órganos.
No podrán imputarse a este rubro gastos suntuarios o correspondientes a conceptos ya definidos en este decreto, erogaciones periódicas o permanentes, ni utilizarse para completar partidas insuficientes.
Corresponde a los gastos generales que no puedan ser clasificados dentro de las definiciones anteriores, autorizados por norma legal vigente, tales como:
Erogaciones por concepto de papelería y útiles de escritorio, agua, luz, teléfono, calefacción, gas, remoción de nieve, elementos de aseo, cafetería y jardinería, servicio de vigilancia, fotocopias, reparaciones locativas, mantenimiento de máquinas y demás gastos afines, que resulten necesarios para el funcionamiento de las embajadas y consulados.
Son erogaciones destinadas a fortalecer el desarrollo de un operativo o plan militar y policial específico, que para su eficaz cumplimiento requiere la realización de gastos ocasionales de carácter inaplazable, cuya imprescindibilidad debe ser declarada por el Ministro de Defensa Nacional, Comandante General de las Fuerzas Militares o el Director de la Policía, según el caso.
Gastos destinados a alimentación, sanidad, arneses, herraje, atalaje y compra de animales.
2014 Defensa hacienda pública
Por este rubro se atendrán los costos correspondientes a peritazgos, costos judiciales, transporte para efectuar peritazgos y diligencias judiciales, fotocopias de expedientes necesarias en los procesos e investigaciones, publicaciones acerca de remates programados y deudores morosos emplazados y demás erogaciones a que se refiere el artículo 53 de la Ley 6ª de 1992 y 696-1 del estatuto tributario.
ART. 52.—Para el cálculo de los aportes que los funcionarios del servicio exterior deban hacer a la Caja Nacional de Previsión, se tomará como base de liquidación el valor de los aportes que se liquidan en cargos equivalentes según la nomenclatura del Departamento Administrativo de la Función Pública, al igual que para el pago de la cuota patronal, de conformidad con los artículos 12 y 76 del Decreto-Ley 2016 de 1968.
ART. 53.—Los órganos a que se refiere el artículo quinto del presente decreto cancelarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Los establecimientos públicos deberán atender las providencias que se profieran en su contra, en primer lugar con recursos propios.
5000 Servicio de la deuda externa
6000 Servicio de la deuda interna
Los gastos por concepto del servicio de la deuda pública tanto interna como externa tienen por objeto atender el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al pago de capital, los intereses, las comisiones, y los imprevistos originados en operaciones, de crédito público que incluyen los gastos necesarios para la consecución de los créditos externos, realizadas conforme a la ley.
ART. 54.—Son gastos de inversión aquellas erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de algún modo económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por oposición a los de funcionamiento, que se hayan destinado por lo común a extinguirse con su empleo. Así mismo, aquellos gastos destinados a crear infraestructura social.
ART. 55.—Los pagos por concepto de previsión social pueden cubrir obligaciones de la vigencia fiscal de 1995.
Las obligaciones correspondientes a cesantías y pensiones al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y al Fondo Nacional de Ahorro, originadas en la vigencia fiscal anterior, pueden ser cubiertas con cargo a este presupuesto.
ART. 56.—Los conceptos de ingresos y de gastos no definidos anteriormente que figuren en este presupuesto, solo podrán afectarse para los fines propios correspondientes a su denominación conforme al respectivo órgano con fundamento en norma legal.
La dirección general del presupuesto nacional podrá determinar los alcances de los conceptos de ingreso y gasto, haciendo o precisando definiciones.
ART. 57.—Las reservas presupuestales que se constituyan en 1996, se entienden incorporadas en forma automática en el presupuesto general de la Nación.
ART. 58.—El Gobierno Nacional en el decreto de liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público —dirección general del presupuesto nacional— hará mediante resolución, las operaciones que en igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia.
ART. 59.—El Ministerio de Hacienda y Crédito Público —dirección general del presupuesto nacional— de oficio o a petición del jefe del órgano respectivo hará por resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figuren en el presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal de 1996.
Para el caso del presupuesto de gastos de inversión se requerirá el concepto previo del Departamento Nacional de Planeación.
ART. 60.—El Ministerio de Hacienda —dirección general del presupuesto nacional— podrá ordenar visitas, solicitar la presentación de libros, comprobantes, informes de caja y bancos, reservas presupuestales y cuentas por pagar, estados financieros y demás documentos que considere convenientes para la adecuada programación y ejecución de los recursos incorporados al presupuesto.
ART. 61.—El Ministerio de Hacienda y Crédito Público —dirección general del presupuesto nacional— podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de aquellos órganos que incumplan los objetivos y metas trazados en el plan financiero, en el programa macroeconómico del Gobierno Nacional y en el programa anual de caja. Para tal efecto, los órganos enviarán a la dirección general del presupuesto nacional informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente.
ART. 62.—Cuando se presenten demandas o denuncias contra un servidor público por actos o hechos ocurridos en ejercicio de sus funciones y, en decisión judicial definitiva sea exonerado de responsabilidad, la Nación podrá cancelar los honorarios causados en que haya incurrido con ocasión de su defensa, siempre y cuando el funcionario judicial no condene a la contraparte a las costas del proceso.
Estos honorarios se cancelarán con cargo al rubro presupuestal de honorarios del respectivo órgano público.
ART. 63.—Los excedentes y reaforos provenientes de las regalías, aún cuando ingresen temporalmente a la tesorería general de la Nación, según lo establecido en el artículo 39 de la Ley 188 de 1995, son de propiedad del Fondo Nacional de Regalías y serán manejados y utilizados por este en los términos establecidos en la Ley 141 de 1994.
ART. 64.—Los rendimientos financieros generados por la colocación de los excedentes del Fondo Nacional de Regalías, son propiedad del mismo fondo.
ART. 65.—Los recursos del presupuesto nacional que se apropien para la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la red vial terciaria, serán transferidos en su totalidad al Fondo Nacional de Caminos Vecinales, para su ejecución como inversión social rural.
ART. 66.—El porcentaje de cofinanciación que deben aportar las entidades territoriales para los proyectos de cofinanciación que se encuentren identificados en el decreto de liquidación que financien los fondos FIU, DRI, FIS, Caminos Vecinales será de la siguiente manera:
Para municipios no capitales 5%
Para municipios capitales y distritos especiales 15%
Para departamentos 10%
El Departamento Nacional de Planeación señalará aquellos proyectos identificados en el decreto de liquidación a los que no se aplicarán los porcentajes anteriores.
El Fondo de Cofinanciación de Vías se regirá por los porcentajes definidos en el artículo 24 de la Ley 188 de 1995.
PAR. 1º—La viabilidad de los proyectos de cofinanciación que se encuentran identificados en el decreto de liquidación podrá ser tramitada en las Udecos regionales o directamente en los fondos de cofinanciación respectivos.
PAR. 2º—Las capitales de los departamentos de: Amazonas, Vichada, Guainía, Vaupés y Guaviare dicho porcentaje de cofinanciación en será del 5% (cinco por ciento).
ART. 67.—Facúltese al Gobierno Nacional para que a través del decreto de liquidación del presupuesto, previo concepto del Departamento Nacional de Planeación, efectúe los traslados presupuestales necesarios entre los fondos de cofinanciación: Fondo de Cofinanciación de Vías, FCV, Fondo Nacional de Caminos Vecinales, FNCV, Fondo de Infraestructura Urbana, FIU, Fondo para el Desarrollo Rural Integrado, DRI, Fondo de Inversión Social, FIS, e Inurbe y de otros gastos de inversión, a fin de atender las demandas que se requieran en los diferentes proyectos de inversión social regional.
ART. 68.—En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley 188 de 1995 por la cual se fija el plan nacional de desarrollo y de inversiones, cuando el gobierno estime que no será posible recaudar los ingresos aforados en el presupuesto de 1996 o su recaudo sea insuficiente deberá reducir el presupuesto.
La reducción del presupuesto será equivalente al valor resultante de comparar el nuevo estimativo de recaudos por concepto de enajenación de activos, nacionalización tributaria, telefonía celular y los ingresos adicionados durante el trámite del proyecto de presupuesto en el Congreso, con el valor aforado inicialmente.
Para estos efectos se considera que en el presupuesto de la Nación existen gastos contingentes por el valor equivalente a la suma de los mencionados conceptos de ingreso.
El gobierno hará las reducciones presupuestales utilizando los mecanismos previstos en la ley orgánica del presupuesto, previo concepto favorable de una subcomisión de 4 miembros designados por los presidentes de las comisiones económicas del Congreso.
ART. 69.—El gobierno distribuirá en el decreto de liquidación las partidas globales que se encuentren en el proyecto de presupuesto de la vigencia fiscal de 1996, con excepción de aquellas que por su naturaleza se ejecuten a través de la suscripción directa de contratos y convenios con terceros.
Tampoco se distribuirán en el decreto de liquidación las provisiones para el incremento salarial que se decreta en los primeros 10 días del mes de enero de 1996, las correspondientes a modificaciones de plantas de personal, los posibles reaforos de las entidades territoriales que dependan del comportamiento del recaudo de los ingresos corrientes de la vigencia fiscal de 1995, las provisiones para el pago de sentencias, indemnizaciones y pensiones, los fondos que tienen su propio reglamento establecido en la ley o aquellas partidas que por su naturaleza solo permiten precisar sus destinatarios durante la ejecución.
En todo caso el gobierno deberá propender por incluir en el decreto de liquidación la mayor distribución posible de las apropiaciones presupuestales.
ART. 70.—Los recursos del Fondo Nacional de Regalías no asignados para un fin específico en la Ley 141 del 28 de junio de 1994, podrán destinarse a financiar los gastos de funcionamiento de la Comisión Nacional de Regalías, sin que exceda de $ 800 millones.
ART. 71.—El Gobierno Nacional en el decreto de liquidación distribuirá las apropiaciones de funcionamiento destinadas a las corporaciones autónomas regionales.
ART. 72.—El gobierno podrá financiar en el presupuesto de inversión del Instituto Nacional de Vías, proyectos de la red secundaria prioritarios en el plan de desarrollo, siempre y cuando interconecten redes troncales y cumplan con los requisitos de cofinanciación del artículo 24 de la Ley 188 de 1995.
ART. 73.—El proyecto de distribución regional que el Gobierno Nacional presentó a consideración del Congreso de la República, del proyecto de inversión “distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector eléctrico”, incluida en el presupuesto de inversión del Ministerio de Minas y Energía, queda aprobado e incluido dentro de la ley del presupuesto general de la Nación para la vigencia de 1996.
ART. 74.—Los recursos de la dirección de transporte fluvial del Ministerio de Transporte, correspondientes a obras de inversión en el río Magdalena y el Canal del Dique, serán ejecutados por esta, hasta que entre en pleno funcionamiento la Corporación del Río Grande de la Magdalena, cuando serán transferidos a ella mediante convenio, previo concepto DNP.
ART. 75.—Para tramitar la aprobación y desembolso de proyectos de cofinanciación se seguirá el siguiente procedimiento:
1. La entidad territorial a través de las Udecos radicará el proyecto en la entidad pública nacional en la que encuentran apropiados los recursos.
2. Dentro de los 30 días hábiles siguientes, la entidad pública informará a la entidad territorial si el proyecto cumple los requisitos técnicos, caso en el cual dentro de los diez días hábiles siguientes se deberá tener a disposición de la entidad territorial el convenio de cofinanciación para su legalización.
La aprobación de los proyectos será facultad de los respectivos comités técnicos. La administración de los fondos llevarán a consideración de los respectivas juntas directivas o consejos de administración aquellos proyectos sobre los cuales los comités técnicos no hayan tenido acuerdo.
3. Si el proyecto presentado no cumple con los requisitos técnicos exigidos, así se deberá informar a la entidad territorial en el término señalado en el numeral anterior. Recibido el documento en el cual se informe sobre los requisitos adicionales que se deben cumplir. La entidad territorial dispondrá de un mes para subsanarlos.
4. Si para el cumplimiento de los requisitos exigidos es necesario cualquier otro trámite ante autoridades nacionales, la entidad territorial presentará su solicitud y esta deberá ser atendida dentro de los plazos que señala la ley.
5. Cuando la entidad territorial no cuente con los recursos técnicos para corregir las deficiencias de su solicitud de cofinanciación, la entidad cofinanciadora en el término de un mes deberá prestarle la asistencia necesaria para que su solicitud cumpla los requisitos exigidos. Vencido el plazo, se deberá dar trámite al proyecto en los términos del numeral 2º de este artículo.
6. Los recursos de cofinanciación serán asignados en estricto orden de llegada y aprobación de las solicitudes y desembolsados a más tardar en el mes siguiente a la suscripción de los convenios.
ART. 76.—El presente decreto se acompaña con un anexo que contiene el detalle del gasto para el año fiscal de 1996.
ART. 77.—El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos a partir del 1º de enero de 1996.

References: artículo 61
 artículo 1
 artículo 50
 artículo 59
 artículo 9
 resolución 
 artículo 5
 artículo 11
 artículo 15
 artículo 5
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 28
 resolución 
 artículo 53
 resolución 
 artículo 39
 artículo 24
 artículo 9
 artículo 24