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Timestamp: 2017-08-22 05:12:46+00:00

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Sentencia Civil Nº 14/2010, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 41/2010, 03-02-2010 | Iberley
Pando Echevarria, Ignacio
Sentencia Civil Nº 14/2010, Audiencia Provincial de Segovia, Sección 1, Rec 41/2010 de 03 de Febrero de 2010
Sentencia Civil Nº 25/2010, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 40/2010, 17-02-2010
Órden: Civil Fecha: 17/02/2010 Tribunal: Ap - Segovia Ponente: Sainz De La Maza, Rafael De Los Reyes Num. Sentencia: 25/2010 Num. Recurso: 40/2010
Sentencia Civil Nº 71/2010, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 42/2010, 29-03-2010
Órden: Civil Fecha: 29/03/2010 Tribunal: Ap - Segovia Ponente: Palomo Del Arco, Andres Num. Sentencia: 71/2010 Num. Recurso: 42/2010
Sentencia Civil Nº 101/2016, AP - Baleares, Sec. 5, Rec 111/2016, 13-04-2016
Órden: Civil Fecha: 13/04/2016 Tribunal: Ap - Baleares Ponente: Oliver Barcelo, Santiago Num. Sentencia: 101/2016 Num. Recurso: 111/2016
Sentencia Civil Nº 21/2010, AP - Baleares, Sec. 5, Rec 530/2009, 21-01-2010
Órden: Civil Fecha: 21/01/2010 Tribunal: Ap - Baleares Ponente: Homar, Mateo Lorenzo Ramon Num. Sentencia: 21/2010 Num. Recurso: 530/2009
Sentencia Civil Nº 915/2010, AP - Vizcaya, Sec. 4, Rec 467/2010, 01-12-2010
Órden: Civil Fecha: 01/12/2010 Tribunal: Ap - Vizcaya Ponente: Castresana Garcia, Maria De Los Reyes Num. Sentencia: 915/2010 Num. Recurso: 467/2010
Declaración amistosa de accidente en caso de indemnización del seguro obligatorio de vehículos
Órden: Mercantil Fecha última revisión: 22/07/2015
Para agilizar las indemnizaciones en el ámbito de los daños materiales originados con ocasión del uso y circulación de vehículos de motor, el asegurador facilitará ejemplares de la denominada «declaración amistosa de accidente» que deberá u...
Demanda de juicio ordinario en accidente de circulación (Modelo I)
NOTA: El daño patrimonial se puede manifestar como lucro cesante. Este perjuicio económico se define por ser la ganancia dejada de obtener como consecuencia directa e inmediata de un hecho lesivo. Estas "ganancias frustradas" ofrecen dificultades ...
Modelo de impreso de declaración amistosa de accidente
Demanda ejecutiva de auto de cuantía máxima
NOTA: El auto de cuantía máxima sólo se mantiene cuando se celebre juicio penal recayendo sentencia absolutoria y en casos de fallecimiento (cfr. artículo 13 de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro, modificado por la Ley 35/2015, de...
Órgano: Direccion General De Seguros Y Fondos De Pensiones Fecha: 14/03/2005
Resolución de TEAC, 00/1781/2004, 28-10-2004
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 28/10/2004
Resolución de TEAC, 00/191/2001, 10-05-2001
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 10/05/2001
Núm. Resolución: 00/191/2001
RESOLUCION de 31 de enero de 2005, de la Direccion General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las condiciones especiales y la tarifa de primas del seguro de explotacion de ganado vacuno reproductor y de recria; incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2005.
Fecha: 03 de Febrero de 2010
Ponente: Pando Echevarria, Ignacio
Núm. Sentencia: 14/2010
Núm. Recurso: 41/2010
Núm. Cendoj: 40194370012010100014
SENTENCIA: 00014/2010
S E N T E N C I A Nº 14/ 2010
Número 41 Año 2010
Juicio Verbal nº 222/09
S E P Ú L V E D A
En la Ciudad de Segovia, a tres de Febrero de dos mil diez.
La Audiencia Provincial de Segovia, constituida por el Ilmo. Sr. Magistrado D. Ignacio Pando Echevarria, ha visto en grado de apelación los autos de las anotaciones del margen, seguidos a instancia de La mercantil AUTOVIA DEL ARLANZÓN, S.A., con domicilio social en Cardeñajimeno (Burgos), Area de Peaje de Castañares de la Autopista ACaso práctico: Cotización durante el periodo de vacaciones anuales devengadas y no disfrutadas y retribuidas a al finalización de la relación laboral.; contra ZURICH ESPAÑA CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.; con domicilio social en Barcelona, Calle Aribau, nº 197 y contra La mercantil TALLERES N.M. AUTO ESCLUSIV. S.L., con domicilio social en Villanueva de la Torre (Guadalajara), C/ Camelias, nº 4; sobre juicio verbal, en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia, recurso en el que han intervenido como apelante, la demandante, representada por la Procuradora Sra. Martín Misis y defendida por la Letrado Sra. Martín Berrón y como apelado 1º, la Aseguradora demandada, representada por la Procuradora Sra. Martín Blanco y defendida por el Letrado Sr. Minguez Fernández, y como 2º apelado, el taller demandado, que no se ha personado y no ha efectuado alegación alguna.
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia de Sepúlveda, con fecha treinta y uno de julio de dos mil nueve , fue dictada Sentencia, que en su parte dispositiva literalmente dice: "FALLO: Acuerdo estimar parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador DON JOSÉ ALFONSO BARTOLOMÉ NUÑEZ, en nombre y representación de la entidad AUTOVÍA DEL ARLANZÓNS.A. contra la entidad TALLERES N.M. AUTO ESCLUSIV.S.L. y contra ZURICH SEGUROS, a quienes condeno abonar a la actora la cantidad de 1.303,37 € a que ascienden los materiales según valoración de daños, condenando a la aseguradora al pago del interés legal previsto en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguros consistente en una cantidad igual a la de la indemnización por daños incrementada en el tipo del interés legal del dinero incrementado en el 50%.
- No ha lugar a expresa imposición de costas."
SEGUNDO.- Notificada que fue la anterior resolución a las partes, por la representación procesal de la demandante, se anunció la preparación de recurso de apelación, con enumeración de los pronunciamientos que se impugnan, al tenor que es de ver en su escrito unido en Autos, teniéndose por preparado el mismo, emplazándose a la recurrente para que en plazo interponga la apelación anunciada; y notificada dicha resolución a las partes, por los apelantes se interpuso para ante la Audiencia en legal forma el recurso anteriormente anunciado, en base a lo establecido en los arts. 457 y ss de la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil , dándose traslado a las adversas y emplazándolas para oponerse al recurso o impugnarlo, tramite realizado por la representación procesal de la aseguradora, y dándose por precluido el trámite para el taller demandado, habiendo transcurrido sin presentar escrito en sentido alguno, tras lo cual se acordó remitir las actuaciones a esta Audiencia Provincial.
TERCERO.- Recibidos los autos en este Tribunal, registrados, formado rollo, turnado de ponencia y personadas las partes en tiempo y forma , con excepción de la demandada Talleres N.M. Auto Exclusiv. S.L.; y a tenor de lo dispuesto en el art. 82.2.1º de la LOPJ , según redacción Ley Orgánica 1/2009 de 3 de Noviembre , que establece que la Audiencia Provincial se constituirá con un solo Magistrado en los recursos de apelación contra resoluciones de los Juzgados de Primera Instancia que se sigan por los trámites del juicio verbal por razón de la cuantía, se pasaron las actuaciones al Ilmo.Sr. Magistrado D. Ignacio Pando Echevarria, quién dictó la resolución procedente.
PRIMERO.- Se interpone en esta alzada recurso de apelación por la parte actora contra la sentencia dictada en la instancia en la que, estimando la demanda de forma parcial, se condenaba a los demandados, propietaria del vehículo y aseguradora, a indemnizar a la demandante Autovía del Arlanzón S.A., en el coste del material dañado como consecuencia del accidente sufrido por el vehículo de la primera, absolviendo del resto de los conceptos de la reclamación, mano de obra y maquinaria.
Como motivos de recurso se alega en primer lugar error en la valoración de la prueba, en tanto que la sentencia da pro hecho que los daños fueron reparados por empleados de la empresa actora y con sus medios propios, cuando fue realizada por otra entidad. En segundo lugar se alega incongruencia en el fallo de la sentencia entendiendo que puesto que se admite la responsabilidad del accidente del conductor del vehículo de la demandada, el fallo debió condenar al abono de cuanto solicita la parte. En tercer lugar se expone que la sentencia incurre en infracción de la normativa civil derivada de culpa o negligencia, si bien en su contenido lo que hace es desarrollar su alegato de que en la cantidad a indemnizar deben incorporarse todos los conceptos por los que se reclama.
SEGUNDO. -La juez de instancia desestima la inclusión de los gastos de personal y maquinaria por considerar que es obligación de la empresa concesionaria, en virtud de esa misma concesión, contar con los medios materiales y personales para acometer la reparación de estos desperfectos a fin de garantizar la seguridad de los usuarios, por lo que no pueden ser considerados gastos emergentes derivados del accidente, al no haber causado gasto extraordinario, no acreditándose que la empresa haya debido realizar algún gasto específico por este concepto o que haya debido abonar un importe suplementario al que paga habitualmente a sus trabajadores.
Frente a esta tesis la parte opone sendas sentencias de otras Audiencias Provinciales, que no coinciden con la doctrina pacífica de esta Sala, que es precisamente al recogida por la juez de instancia. Efectivamente venimos considerando que si un empresa concesionaria tiene entre sus funciones las de mantenimiento (y con ello reparaciones) de un servicio público, y ha de contar en virtud de esa obligación contractual con medios personales y materiales para desarrollarla, en principio ha de entenderse que las obras que se realizan en base a esa funciones forman parte de la actividad laboral y material propia de la concesión; criterio que obliga a la concesionaria a acreditar que esa reparación le ha supuesto un cargo extra en cuanto a su personal y maquinaria (pues evidentemente el material empleado sí es una evidente perjuicio), salvo que nos encontremos ante supuestos de tal gravedad y relevancia que ese exceso sobre la actividad habitual resulte notorio.
En este sentido la sentencia de esta sala de 29 de diciembre de 2006 ya expresaba que "Es criterio reiterado de esta Sala considerar no indemnizable el gasto de personal dedicado a la reparación de los daños causados en autopista por accidente, cuando el personal que realiza la reparación es personal contratado de forma habitual por la empresa concesionaria, teniendo asignadas entre sus tareas la de conservación y reparación de los elementos que la misma componen, o la realización de los trabajos forestales en los terrenos colindantes adscritos a la concesión, o propiedad de la concesionaria. Ello porque, tal y como se señala en la Sentencia dictada por esta Audiencia, de fecha 11 de mayo de 1999 , no se acredita que la prestación de tales servicios haya incrementado los gastos ordinarios de la demandante, lo cual se induce de la ausencia de facturación específica, ni de mención alguna de la denominación de la empresa supuestamente contratada de forma puntual para este fin. El impedimento para la denegación de la indemnización radica pues en que, de los tres elementos necesarios para que aquélla sea procedente, la conducta, el nexo causal y el daño, no concurre la prueba de daño o perjuicio alguno en la medida en que, como igualmente se señala en las Sentencias dictadas por esta Sala de fecha 26 de julio, 11 de octubre de 2002 , no se aprecia que la actora haya tenido que desembolsar como consecuencia de los daños causado por el vehículo importe alguno supletorio al que habitualmente abona a sus trabajadores o a sus contratas, en cuanto que conforman un equipo con cuya dotación cuenta habitualmente la actora. De haber incurrido la actora en unos gastos específicos como consecuencia de la necesaria contratación de una empresa que llevare a cabo la reparación le hubiere sido sumamente fácil aportar la factura, o traer al pleito al representante de dicha empresa, a fin de verificar este hecho que no consigue acreditarse por la mera manifestación, por cierto, poco contundente, de un testigo ajeno a la empresa".
Por el recurrente se alega de contrario, como ya hemos dicho, resoluciones de la sección 13ª de la Audiencia de Madrid y de la sección 4ª de la de Zaragoza. Esta Sala admite que este criterio no sea unánime, pero no se considera contrario a la doctrina del tribunal Supremo. Se cita por el apelante en su favor la STS de 29 de enero de 2001 , referida a un supuesto semejante pero con Telefónica como actora. Es cierto que en ella se discutía sobre los gastos de mano de obra y maquinaria y son incluidos, aunque no lo es que por la Sala Primera se hiciese la supuesta cita que la parte entrecomilla. Ahora bien, esta resolución matiza sus conclusiones, derivadas de la gravedad del siniestro, en este sentido: "La cita de dichas resoluciones por la recurrente parece estar sugiriendo que en casos como el de autos en que la víctima de un acto dañoso disponga de personal especializado que pueda ser transitoriamente apartado de su normal actividad a fin de subsanar eventuales accidentes causados por terceros y lograr mantener con la menor interrupción posible la continuidad del servicio, no podrá obtener indemnización, salvo que demuestre cumplida y detalladamente en que sectores de la empresa y en que medida se produjo algún retraso, o hubieron de ser abonadas horas-extra o fue precisa la contratación de algún personal interino.
Tal razonamiento, que pudiera ser acogido en supuestos de averías de mínima trascendencia, ha de ser rechazado cuando, como aquí sucede, la reparación de la de litis requirió cerca de 2.000 horas de trabajo, desarrollado con la perentoriedad y urgencia que el caso requería, ya que es notorio que la interrupción del servicio telefónico lesionaba no sólo los propios intereses de la demandante, sino también los de un importante número de ciudadanos afectados al verse impedidos de acceder a un tipo de comunicación que por entonces Telefónica atendía en régimen de monopolio".
A su vez la STS 12 de julio de 1985 , en la que se basaba la defensa del recurrente expone: "La sentencia recurrida hace referencia en su quinto Considerando a la correcta doctrina según la que, en aplicación de los principios procesales que informan la materia sobre la carga de la prueba, existe la necesidad, en los supuestos en que es de aplicación la preceptiva contenida en el artículo mil novecientos dos del Código Civil , de acreditar debidamente los perjuicios ocasionados cuya indemnización se reclame, de tal suerte que no basten perjuicios meramente posibles, sino reales Y efectivos, proclamando a continuación la resolución impugnada que no existía constancia de que la Compañía Telefónica Nacional hubiera sido perjudicada en realidad como consecuencia del servicio o actividad laboral ordinaria que uno o varios de sus empleados habían desarrollado para reparar el cable dañado, en atención a que el posible perjuicio había que situarlo en el retraso ocasionado en el despacho del trabajo diario o, en su caso, en el desembolso efectuado a terceras personas que accidental y eventualmente se ocuparan de impedir tal retraso, realizando el trabajo de quienes se encargaron de reparar el daño, no habiéndose realizado por la entidad perjudicada ninguna justificación sobre estos extremos, por lo que debía entenderse inexistente o indemostrado cualquier perjuicio, salvo el originado por el importe del material empleado para la sustitución del cable dañado Y en el abono de las horas extraordinarias precisadas para efectuar la reparación".
Por lo tanto, la tesis que sostiene la juez de instancia no es en absoluto extravagante, y teniéndola en cuenta deberemos analizar las alegaciones que hace la parte actora; sin que sea admisible su pretensión de que el mero reconocimiento de la negligencia y de la causación de los daños (que en momento alguno se discute), implique que deba ser admitida sin discusión la valoración que de éstos haga la reclamante.
TERCERO. -En el presente caso, los daños se limitaron a un tramo de bionda, sustituyéndose 55 metros, reparación que llevó un total de 6,5 horas según la valoración de daños, por lo que visto el ámbito de la concesión, de 146 kilómetros de la A-1 no puede en caso alguno considerarse como un siniestro de tal gravedad que implique de forma notoria y sin necesidad de más pruebas, la necesidad de unas actividades laborales extraordinarias.
Lo cual nos lleva a la cuestión de la prueba de los perjuicios causados. Como ya hemos dicho la juez admite como tales los materiales de la nueva bionda así como del resto de elementos accesorios necesarios, excluyendo mano de obra y maquinaria. La parte recurrente aduce dos motivos para su inclusión: por una parte que en todo caso deberían incluirse aunque fuesen propios, y por otra que la obra de reparación no fue ejecutada por la actora sino que se contrató a otra empresa, por lo que tiene derecho a verse resarcida en la integridad del desembolso económico efectuado, habiendo aportado en el acto del juicio una factura de la empresa Valoriza, la cual no obstante no ha sido ratificada por su representante legal, que no compareció al juicio, al que no lo hizo testigo alguno, frente a lo que afirma el recurrente en su escrito de apelación.
En cuanto a la primera de sus posturas ya ha sido contestada con la doctrina citada en el fundamento anterior, debiendo haber acreditado el perjuicio extraordinario que sobre las labores habituales de conservación y mantenimiento le produjo, sin que sea de recibo el argumento que se expone en el sentido que la actora, como concesionaria de la conservación y explotación de la autopista, no tenía obligación de reparar la vía, pues dicha responsabilidad no se deriva de ese contrato. Este original argumento, por el que según la parte sólo tiene que conservar pero no reparar, no puede ser admitido al no acreditarse, frente al sentido común, que las obras de reparación no estén incluidas en el convenio, al no aportarse el pliego de condiciones del contrato, cuando el contrato en sí no contiene las obligaciones concretas que conlleva la concesión, remitiéndose a dicho pliego. En segundo lugar y como luego veremos, la concesión que se otorga a Autovía del Arlanzón no es una simple contrato de mantenimiento de la autovía a cambio de un precio, es la concesión de un peaje en la modalidad de peaje en sombra, constituyéndose por tanto la A-1 en una vía de peaje especial, pero que debe conllevar a que la concesionaria asuma las responsabilidades y riesgos propias de la concesionaria de una autopista. Y sobre la obligación de éstas de reparar los desperfectos ya se ha pronunciado esta Sala que en su sentencia de fecha 24 de junio de 2005 expresó: "La solución que debe darse al litigio es la establecida en el artículo 80 del Real Decreto 215/1973, de 25 de enero , por el que se aprueba el pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión. Dicha norma resulta aplicable conforme a lo dispuesto en el artículo 62 2 del Real Decreto 1073/1977 1073/1977 de 08-02-1977 (1977/662 ) que aprueba el Reglamento General de Carreteras que establece que será también de aplicación a las expresadas concesiones administrativas el pliego de cláusulas administrativas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de enero. El referido artículo 80 establece que el concesionario se compromete a conservar la autopista en perfectas condiciones de utilización, procediendo a la periódica reparación o sustitución de aquellos elementos de la misma que se deterioren por el uso continuo, por lo que en virtud de tal disposición legal venía obligado a reparar los daños causados en la bionda situada en el kilómetro 66 de la autopista A-6 y ello sin perjuicio de las acciones que pudieran corresponderle con arreglo a otros preceptos legales por lo que decae el motivo alegado por la parte recurrente al constituir el deber de conservación de las condiciones de la autopista un deber inexcusable para el concesionario, el cual no puede calificarse como excepcional sino como contenido normal del deber de mantener en perfecto estado la autopista porque el referido artículo 80 no efectúa ninguna distinción en razón del origen de la causa que determine el deber de conservar la autopista en perfecto estado de funcionamiento en contra de lo sostenido en el recurso".
CUARTO.- Queda por tanto el argumento alegado por la actora al inicio de su recurso de que la obra fue efectuada por una tercera empresa, y que por lo tanto debe ser resarcida de la factura abonada.
En este punto esta Sala también se ha pronunciado, como es de ver en la sentencia reproducida en el fundamento segundo, considerando que resulta indiferente que la mano de obra o la maquinaria utilizada sea propiedad de la propia concesionaria o una subcontrata si ésta es al que habitualmente presta los medios para la conservación y mantenimiento a que viene obligada la contratista, lo que es coherente con el hecho de que siendo la concesionaria la que tiene la obligación de suministrar los medios materiales y personales para garantizar el servicio objeto de concesión, que lo haga con medios propios o por medio de una contrata es irrelevante a los efectos civiles que nos ocupan, pues en ambos casos serán labores desarrolladas dentro del marco concertado.
Por ello la cuestión se centra en determinar la relación que pueda existir entre Valoriza y Autovía del Arlanzón. Ninguna prueba se ha solicitado al respecto en el juicio, pero partiendo de la consideración de que son hechos notaros aquellos que las propias partes ponen de relieve y permiten obtenerlos de un medio de comunicación abierto al público, comprobamos que en la factura de Valoriza se aporta su página web (www. gruposyv.com) que nos remite al Grupo Sacyr Vallehermoso, en el que se integra igualmente Atavía del Arlanzón. Forman por tanto ambas entidades parte del mismo grupo empresarial, que se define a sí mismo en su página como una empresa, asumiendo por tanto su unidad de acción y reparto funcional de actividades por cada una de las sociedades creadas al efecto. Y así consta al definir los activos del Grupo y en relación con Autovía del Arlanzón S.A. que "Es una de las autovías del programa de adecuación de las autovías de primera generación, que contempla las actuaciones de mejora y acondicionamiento en la A-1. Esta autopista de peaje en sombra consiste en el tramo adyacente a la Autopista de peaje ACaso práctico: Cotización durante el periodo de vacaciones anuales devengadas y no disfrutadas y retribuidas a al finalización de la relación laboral.. Conjuntamente con la ACaso práctico: Cotización durante el periodo de vacaciones anuales devengadas y no disfrutadas y retribuidas a al finalización de la relación laboral. se consigue una longitud en concesión de 230 Km, integrados a futuro en un único explotador" (lo que reafirma su obligación de reparar los desperfectos que se produzcan en la vía y que ya hemos examinado en el fundamento anterior). Y a su vez al describir la actividad de Valoriza se hace constar que "Valoriza Conservación de Infraestructuras es la empresa del grupo SACYR-VALLEHERMOSO, dedicada a la gestión, conservación y mantenimiento integral de instalaciones y obra civil. Los tres tipos de infraestructuras en las cuales tenemos presencia, son Canales, Presas y en mayor medida las Autovías, Autopistas y carreteras convencionales, teniendo contratos de conservación, con el Ministerio de Fomento, Comunidades Autónomas, Diputaciones y Concesionarias Privadas encargándose en total de más de 2.300 kilómetros de autopistas y autovías.
Valoriza Conservación de Infraestructuras, tiene en plantilla alrededor de unos 350 personas, incluyendo su oficina Técnica, garantizando un servicio integral que cumple los estándares mas estrictos de seguridad, calidad y Medio Ambiente. Un aspecto importante para poder dar este servicio, es la disposición de un amplio parque de Maquinaria, el cual es capaz de ofrecer un adecuado servicio en los Contratos de Vialidad Invernal ó satisfacer con medios propios, necesidades especificas como la limpieza de firme drenante, colocación de señalización vertical y defensas y gestión de inventarios". Por tanto quedan establecido los distintos roles que cada entidad desarrolla en la actividad conjunta de la empresa, pues incluso los medios comunes de mantenimiento, como los de vialidad invernal, son aportados por Valoriza; lo que lleva a que no quepa considerar a ésta como un tercero ajeno a la actividad concesional de la actora.
Pero es que incluso abundando en la cuestión ha de ponerse de relieve, por ser una afirmación de la propia parte (o de su matriz, que es lo mismo) que ésta atribuye a Valoriza las actividad de mantenimiento y conservación del tramo de la A-1 cuya concesión corresponde a la actora, al manifestar en la página web que "En 2008 se hizo con el mantenimiento de: .../...
Servicio para la Ejecución de diversas Operaciones de Conservación y Mantenimiento en la Autovía A-1, desde El P.K. 101,00 al P.K. m246,00. Provincia de Segovia y Burgos".
Y a estos datos debe añadirse un elemento indiciario que confirmaría esa ausencia de independencia entre la concesionaria y la que ejecuta la reparación, como es al fecha de la factura. El accidente tuvo lugar el 30 de enero de 2008, y la factura es de fecha 4 de mayo de 2009, elaborada y aportada después de la presentación de la demanda en el acto del juicio. Resulta poco creíble, y más si no se da explicación alguna al respecto, puesto que en la demanda nada se mencionaba de que la obra hubiese sido ejecutada por un tercero, que la bionda destruida hubiese permanecido durante un año y tres meses sin cambiar, incumpliendo la actora de forma flagrante su obligación como concesionaria. Como no es presumible que la entidad actora actúe de forma negligente en el cumplimiento de la concesión, hay que concluir que esa reparación se llevó a cabo con anterioridad, sin que se facturase en su momento, y redactándose la factura para su exclusiva presentación en juicio, reafirmándose la íntima relación entre los distintos entes de la misma empresa.
Por lo tanto debe desestimarse la relevancia de este motivo de apelación y con ello confirmase la sentencia por no acreditarse que la reparación del daño causado supusiese un gasto extraordinario en mano de obra ni en maquinaria respecto de su actividad habitual de conservación, mantenimiento y explotación de la A-1.
QUINTO. - Desestimado el recurso de apelación, las costas de esta alzada deberán ser impuestas a la parte apelante.
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Autovía del Arlanzón S.A. contra la sentencia de fecha 31 de julio de 2009, dictada pro el Juzgado de Primera Instancia de Sepúlveda en juicio verbal 222/09; se confirma la misma, con imposición a la parte apelante de las costas de esta alzada.
Así, por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia para su ejecución, lo pronuncio, mando y firmo.

References: artículo 13

Resolución 

Resolución 
 artículo 20
 resolución 
 resolución 
 resolución 
e contrario
 resolución 
 resolución 
 artículo 80
 Real Decreto 
 artículo 62
 Real Decreto 
 artículo 80
 artículo 80