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Timestamp: 2018-12-09 22:38:35+00:00

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Sentencia 69
El Caso: La codemandada deduce recurso directo en razón de que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial le denegó el recurso de casación motivado en el inc. 1° del art. 383 del C.P.C.C. El propio Banco accionante resultó comprador en ese remate. La subasta fue aprobada, se pagó el saldo del precio y se otorgó la posesión de los bienes en el año 1993. La adquisición fue inscripta provisoriamente, pero nunca se completó el trámite respectivo. En ese entonces, la reglamentación registral fijaba un plazo de caducidad de 180 días para ese tipo de actos. Luego de ello, en el año 1997 la notaria interviniente en el negocio jurídico mencionado inicialmente presentó ante el Registro General de la Provincia, un segundo testimonio de la escritura labrada en el año 1988, persiguiendo la inscripción del mencionado inmueble de 8 has. a nombre de La Universal Sur S.A.. El TSJ rechazó la casación.
1. En la ley local no rige el recaudo de la inexistencia de otra vía procesal más apta, como en cambio sí lo impone el C.P.C.C.N., para la admisibilidad de la acción declarativa de certeza.
2. La reciente entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación impone aclarar que la fiscalización de la decisión asumida por la Cámara en este punto debe efectuarse de acuerdo a las normas vigentes en oportunidad de formalizarse el instrumento cuya validez se cuestiona. La forma de los actos jurídicos, tanto si es ´ad solemnitatem´ como simplemente ´ad probationem´, debe regirse por la ley vigente en el momento de realizarse el acto” (MOISSET DE ESPANÉS, Luis, Irretroactividad de la ley y el nuevo art. 3 (Código Civil) (Derecho transitorio), Universidad Nacional de Córdoba, 1976, pág. 73, con cita de ROUBIER, Paul, Le Droittransitoire, Sirey, Paris, 1960, pág. 191 y N° 53, pág. 234 y sgtes.).
3. Las normas contenidas en el Código Civil referidas al valor y eficacia de los instrumentos públicos, independientemente de que formen parte de ese cuerpo legal de carácter sustantivo, establecen directivas que ostentan carácter procesal, y por consiguiente la actividad jurisdiccional cumplida de una manera contraria a ellas es censurable en casación en concepto de quebrantamiento de las formas (Sentencias Nº 119/08, 14/11 y 218/11, entre otras).
4. Un instrumento público está afectado de nulidad sólo cuando adolece de algún defecto constitutivo y la ley ha previsto de manera expresa esa sanción. Cuando el instrumento fue celebrado por el Oficial de Justicia habilitado al efecto, quien actuó dentro del marco de su competencia, dejando asentado que el representante se encontraba presente en el lugar, poniéndolo en posesión del inmueble en cuestión. La firma del adquirente no se constituía en recaudo esencial del acto, como sí lo eran su presencia, la orden del Juez de la subasta y la consiguiente intervención del Oficial de Justicia para hacer entrega de la posesión del inmueble. La sanción de invalidez prescripta por el art. 988 del C.C. no tenía lugar en aquella clase de instrumentos públicos en los cuales bastaba la firma del oficial público, como acontecía precisamente en ciertas actas judiciales en las cuales no era necesaria la firma de las partes. Tal conclusión se reforzaba en aquellas actuaciones donde la autoridad e imperium del funcionario público bastaba para la plena validez del instrumento.
5. Existen instrumentos públicos que no requieren más que la firma del propio oficial público (copias de escrituras, art. 1006); ciertas actas notariales que son tales aún con la ausencia de la firma de alguno de los sujetos que participaron de la diligencia y que constan en el texto escriturario” (ARMELLLA, Cristina, comentario al art. 986, en “Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial”, BUERES, Alberto J., dirección, HIGHTON, Elena I., coordinación, Tomo 2C, Hammurabí, Bs.As. 1999, pág. 40. El resaltado ha sido agregado). Dada la variedad de instrumentos públicos no hay una formalidad única para todos, sino que cada uno responde a sus rasgos característicos”.
6. Si quisiera trasladarse a los actos procesales la sanción de invalidez que la norma ha previsto, tal criterio podría aplicarse únicamente respecto de los llamados ´actos procesales bilaterales´, tales los que instrumentan una transacción o una presentación conjunta de demanda y contestación” (LOPEZ MESA, Marcelo J., Código Civil y leyes complementarias, LexisNexis, Bs.As., 2008, t. II, pág. 209). Lógicamente que no estamos ante un acto de ese tipo dado que la toma de posesión, en abstracto, puede llevarse a cabo incluso frente a la oposición del ejecutado, por lo que esa argumentación también es suficiente para desechar el ataque.
7. El fundamento de la exigencia de la firma de los intervinientes en los instrumentos públicos obedece como regla general a evitar que el oficial público pueda crear por sí mismo un instrumento que genere o modifique derechos con su sola participación, es decir, suplantando la expresión de voluntad de los interesados. De esta manera, se ha querido controlar, en cierto modo, la actuación del oficial público, cuya sola intervención no es suficiente para obligar a las partes…” (LLAMBIAS, Jorge Joaquín, Tratado de derecho civil Parte General, Editorial Perrot, 17° Edic., Bs.As., 1997, T. II, pág. 383).
8. En este caso en particular, en el que estamos frente a un acto enmarcado en el ámbito de un procedimiento jurisdiccional con todas sus etapas íntegramente cumplidas, no existe el peligro de que el oficial de justicia haya sustituido u obrado en contra de la voluntad del adquirente en subasta. En efecto, todas las formalidades que rodean el trámite propio de las subastas judiciales incluso las posteriores al acto del remate en sí mismo impiden considerar que la voluntad del adquirente fue sustituida. Sólo pudo arribarse a la toma de posesión luego de satisfacerse una serie de formalidades previas en las cuales obviamente tiene plena participación el comprador.
9. Como regla general la eventual nulidad de los actos llevados a cabo en el proceso judicial es de carácter relativo. En consecuencia, siendo que quien plantea la nulidad tuvo participación en aquel pleito (dado que fue la parte demandada ejecutada), debe presumirse que todos los actos que vengo refiriendo se llevaron a cabo con su conocimiento, con lo cual, cualquier invalidez habría quedado convalidada. No puede olvidarse incluso en ese marco, que la toma de posesión no se trata de uno de los supuestos que deben notificarse por cédula según el art. 145 del C.P.C.C. por lo que rige a su respecto la regla de la notificación ministerio legisdel art. 153 del mismo cuerpo legal.
10. El Código Civil consagra con los efectos de la plena fe sólo la existencia de los hechos que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos por él mismo o que han pasado en su presencia; estas aseveraciones vertidas en el instrumento gozan de plena fe no sólo respecto de las partes y el oficial público, sino también respecto de los terceros en general; la presunción de verdad de tales circunstancias fácticas son “a priori”, es decirque el legislador sustrae del juez la comprobación de la certeza del hecho mientras al documento no se lo impugne por acción de falsedad; d)estos aspectos amparados por la fe pública no pueden ser desconocidos por simple prueba en contrario, sino que la inexactitud de los mismos sólo puede demostrarse mediante redargución de falsedad por acción civil o criminal. También se advirtió que ninguna distinción efectúa la normativa sustantiva en relación a si el documento notarial ha sido celebrado con o sin control de las partes. Conforme la ley de fondo, en ambas hipótesis, las afirmaciones del funcionario público relativas a hechos materiales gozan sin distinción de los efectos de la plena fe (Sentencias Nº 29/02, 119/08 y 218/12 entre otras).
11. La carga de la prueba de la falsedad que se imputa pesa sobre quien pretende destruir la presunción de autenticidad que favorece a los instrumentos públicos.
12. El silencio de los accionados no implica su conformidad con los hechos alegados en la demanda, ni obliga a los jueces a tener a los mismos como verdaderos. En rigor, tal situación no libera al demandante de la carga de probar los extremos fundantes de su pretensión (Cfr. Sentencias N° 30/06, 211/10, 139/12, entre otras).
13. En el precedente “Vázquez” (Sent. N° 65/08) el Tribunal de Casación local, más allá de delinear los caracteres del estado de incertidumbre que caracteriza a la acción declarativa, también se encargó de destacar que se trata de un concepto indeterminado e indefinido cuyos límites y alcances deberán ser ponderados en cada caso concreto por el Tribunal (Cfr. considerando N° IX.2 de dicho pronunciamiento). Teniendo en cuenta esa pauta genérica, recordemos que el art. 413 del Código Procesal Civil y Comercial dispone: “El que ostente un interés legítimo puede entablar acción a fin de hacer cesar un estado de incertidumbre, que le causa perjuicio sobre la existencia, alcance o modalidad de una relación jurídica, aún sin lesión actual”.
14. La pretensión declarativa se satisface con la mera declaración que pone fin a un estado de incertidumbre respecto de una relación o estado jurídico; mientras que la constitutiva, con la creación de una relación jurídica inexistente hasta ese momento y, finalmente, la de condena, con la imposición al adversario de una determinada conducta” (COLOMBO Carlos J. KIPER Claudio M.; Código procesal civil y comercial de la Nación, anotado y comentado, 3ª ed., Buenos Aires, 2011, Edit. La Ley, t. III, pág. 464).
15. “Su finalidad es ´preventiva´. Con esa declaración de certeza, que otorga seguridad jurídica, se agota el ejercicio de la función jurisdiccional. Es decir, la mera declaración es suficiente en el sentido de que aunque para hacerla efectiva pueda en algunos casos, ser necesario algún acto de cumplimiento de la sentencia (v.gr., inscripción en un registro), en cambio, no existe ámbito para la ejecución forzosa o coactiva contra la otra parte…” (COLOMBO Carlos J. KIPER Claudio M.; ob. cit., t. III, pág. 464. El resaltado ha sido agregado).
16. Una manifestación concreta de ese principio en nuestro ordenamiento legal se observa en el art. 1775, inc. b, del nuevo CCCN., a propósito de las relaciones entre la acción civil y la acción penal. Allí se viene a imponer al juez civil el deber de dictar sentencia sobre la causa civil a pesar de la pendencia de la acción penal, cuando ésta se encuentra demorada en forma significativa en su trámite, lo que justamente persigue evitar que el transcurso de un tiempo excesivo termine menoscabando el derecho a la jurisdicción que asiste al justiciable, uno de cuyos elementos constitutivos está dado por la duración razonable de los procesos que se ventilan en los Tribunales.
TSJ Sala Civil Cba., Sent. 69, 15/6/2016, “Banco Pcia. de Cba. c/ Universal Sur S.A. y otros Acción declarativa de certeza Recurso directo (civil) Expte. Nº 2648319/36”
SENTENCIA NUMERO: 69
En la ciudad de Córdoba, a los 15 días del mes de junio de dos mil dieciséis, siendo las 10:30 hs., se reúnen en audiencia pública, los Sres. Vocales integrantes de la Sala Civil y Comercial del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, Dres. María Marta Cáceres de Bollati, Carlos Francisco García Allocco, y Domingo Juan Sesín bajo la presidencia de la primera, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “BANCO PCIA. DE CBA. c/ UNIVERSAL SUR S.A. Y OTROS ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA RECURSO DIRECTO (CIVIL) EXPTE. Nº 2648319/36” procediendo en primer lugar a fijar las siguientes cuestiones a resolver.
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso directo deducido por la codemandada Porcel de Peralta S.A.?.
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de casación deducido al amparo de la causal prevista en el inc. 1º del art. 383 del C.P.C.C?.
TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde?.
Conforme al sorteo que en este acto se realiza, los Sres. Vocales votan en el siguiente orden: Dres. Carlos Francisco García Allocco, María Marta Cáceres de Bollati y Domingo Juan Sesín.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR, CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO, DIJO:
I. La codemandada, Porcel de Peralta S.A., mediante su representante, Sr. Ramón Oscar Porcel de Peralta, y con el patrocinio de los Dres. José Fernando Márquez y Pablo A. Martínez, deduce recurso directo en estos autos caratulados: “BANCO PCIA. DE CBA. c/ UNIVERSAL SUR S.A. Y OTROS ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA RECURSO DIRECTO (CIVIL) EXPTE. Nº 2648319/36”, en razón de que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Séptima Nominación de esta ciudad le denegó el recurso de casación motivado en el inc. 1° del art. 383 del C.P.C.C. (A.I. N° 222, del 8 de septiembre de 2.014) oportunamente deducido contra la sentencia N° 127, del 7 de noviembre de 2.013.
La impugnación fue debidamente sustanciada en la instancia de Grado, conforme al procedimiento establecido en el art. 386 del Rito, corriéndose traslado, el que fuera evacuado por la parte actora por intermedio de su apoderado, Dr. Juan A. González Leahy y por el Sr. Fiscal de Cámara, tal como dan cuenta las copias glosadas a fs. 69/73 y 34/40, respectivamente, de las presentes actuaciones.
Dictado el decreto de autos (fs. 118), firme y consentido el mismo, queda la causa en estado de ser resuelta.
II. El tenor de la articulación directa es susceptible del siguiente compendio:
Luego de relacionar los antecedentes de la causa, la quejosa afirma que los argumentos de la denegatoria son genéricos, dogmáticos, y van más allá del examen de admisibilidad del recurso intentado. Agrega que el a quo realiza un juicio sobre el fondo de la impugnación que concierne a la corrección intrínseca de la resolución casada invadiendo así competencia propia de esta Sala.
III. Contrariamente a lo decidido por el a quo, considero que prima facie, concurren las condiciones formales, en cuya virtud la ley habilita esta etapa extraordinaria.
En efecto, al margen de la configuración o no de los vicios denunciados al amparo de la causal prevista por el inc. 1º del art. 383 del C.P.C.C., lo cierto es que muchas de las cuestiones argumentadas por la quejosa (falta de fundamentación lógica y legal, errónea interpretación de la normativa procesal aplicada, etc.) son de naturaleza estrictamente formal, lo que abre la instancia casatoria articulada por la recurrente.
Por ello corresponde conocer sobre la impugnación casatoria deducida (art. 407, primera parte, del C.P.C.C.).
Voto por la afirmativa a la primera cuestión planteada.
Adhiero a los fundamentos expuestos por el Señor Vocal Carlos Francisco García Allocco. Por ello, compartiéndolos, voto en igual sentido a la primera cuestión planteada.
Comparto el análisis desarrollado por el Señor Vocal del primer voto.
I. Atento a la respuesta dada a la primera cuestión corresponde declarar mal denegado el recurso de casación fundado en el inc. 1° del art. 383 del C.P.C.C., y concederlo por esta vía.
La admisión de la queja impone la restitución del depósito efectuado a fs. 122 como condición de su admisibilidad formal, debiendo la parte recurrente dejar recibo en autos.
II. Habilitada, la instancia extraordinaria, los agravios que sustentaron el recurso de casación pueden extractarse de la siguiente manera:
II.1. Nulidad y redargución de falsedad del acta de toma de posesión.
Bajo el rótulo de falsa e insuficiente fundamentación explica que su parte demostró que el juez de primer grado reposaba su argumentación en juicios inexactos, y dado que la Cámara pasó por alto esa circunstancia se desemboca en una transgresión de las reglas de la sana crítica.
Invocando falta de fundamentación lógica y legal, afirma que la norma positiva que rige el caso, art. 988 C.C., deja en claro que tratándose de un acto jurídico en el que aparece un interesado formando parte del mismo, la ausencia de firma de ese interviniente resulta suficiente para declarar la nulidad del acta y contrarrestar la fe pública que de ella emana. Asegura que no basta con que el oficial de Justica avale que el representante de la parte interesada se hallaba presente, sino que es necesario que éste último firme el acta. Dice que la conclusión de la Cámara sobre el punto resulta tan opuesta que se viola el principio de no contradicción.
Manifiesta que según la doctrina que cita existen dos clases de instrumentos públicos y, en aquellos en los cuales se instrumenta un acto jurídico como en el presente caso la firma de la parte interesada es insoslayable. Señala que la motivación sentencial debió demostrar que el acto de que se trata está excluido de la regla del art. 988 C.C.
Dice que la entrega de posesión del bien subastado modifica una relación jurídica y establece un nuevo estado el de poseedor lo cual implica que el acto tenga parte interesada y que su firma sea necesaria.
Agrega que la presunción de legalidad de los instrumentos públicos (art. 979 C.C.) no está en discusión, pero que ello debe ser meritado en consonancia con lo que dispone el art. 988 ib. y teniendo en cuenta la prueba que su parte aportó.
Concluye este segmento diciendo que tanto respecto a la posesión cuanto en lo que hace al título, la adquisición de Universal Sur S.A. es anterior a la del Banco.
A continuación denuncia omisión de valorar prueba dirimente en tanto que de la propia acta cuestionada surge la falta de firma del interesado. Agrega que por el principio de cargas dinámicas de la prueba era el adquirente quien tenía que justificar la ausencia de la firma, pero nada hizo al respecto.
Señala que tampoco se ponderó el hecho de que ni el adquirente en subasta ni el oficial de justicia interviniente contestaron el incidente de redargución, y las consecuencias que trae esa actitud, según el art. 192 del C.P.C.C., es decir, tenerlas por confesas. Dice que, en esas condiciones, es absurdo que se hable de la escasa actividad probatoria de su parte. Contrariamente, agrega, su parte probó que desde la supuesta toma de posesión hasta el día de la fecha el Banco no diligenció ninguna prueba que demuestre que ejerció la posesión del inmueble.
En el siguiente punto denuncia violación de la sana crítica racional en tanto la Cámara le enrostra que su parte no diligenció ninguna prueba para demostrar que el representante del Banco no se encontraba presente en el acto de toma de posesión, o que se encontraba en otro lugar. Añade que, en todo caso, esa carga le correspondía al representante del Banco.
Aduce que la Cámara tampoco valoró otros elementos probatorios de los cuales se desprende que el Banco nunca ejerció la posesión del inmueble ni puso de manifiesto esa condición. Enumera dichos elementos, entre los cuales figuran las copias del juicio de despojo o diversos contratos que menciona.
II.2. Lo esencial del tema: La acción de certeza.
Luego de señalar que la intervención de su parte se limitaba al carácter de vendedora que había tenido en la escritura cuya inscripción registral se disputa, la recurrente denuncia que el fallo transgrede el principio de congruencia en tanto la propia Cámara, mediante auto Nº 496, del 7/12/06, fs. 385/386, estableció a qué estaba circunscripta su participación en el pleito pero, al sentenciar, transformó la acción declarativa de certeza en una virtual acción constitutiva y de condena, sustituyendo uno de los elementos de la pretensión por otro distinto.
A continuación, sostiene que no obstante encontrarse frente a una acción declarativa de certeza, el juicio concluye con una sentencia que no puede ser otra cosa que el fruto de una acción constitutiva, ya que se pronuncia por reconocer la adquisición de derechos reales a uno de los contendientes, siendo que esa cuestión no había integrado la litis, quedando las demandadas en estado de indefensión.
Agrega que la propia actora, a fs. 371/376, reconoció que ejerció una pretensión constitutiva. Por ende, indica, la petición no sería tendiente a aclarar dudas, sino para que se dé satisfacción a un derecho que la accionante declara que tenía y era existente. Aduce que ello es contrario a la doctrina de esta Sala, fijada en la causa “Vázquez”.
En la censura titulada “Economía procesal versus violación de la Ley” aduce que el acortamiento de los trámites de la justicia no puede hacerse a costa de menoscabar la legalidad procesal, dado que la intervención que la Cámara tiene en este pleito no es la que tendría en el caso de apelarse una decisión registral, dado que de acuerdo con la ley 5771 tanto podría haber intervenido éste cuanto otro tribunal de Alzada. Finaliza este punto sosteniendo que ello no se salva con la invocación del excesivo rigor formal.
Califica de apresurada la afirmación sentencial acerca de que el Registro ya tenía una posición tomada sobre la prioridad de las rogaciones y que ello no puede inferirse de la contestación dada en una causa penal vinculada, ni tampoco de la carta documento en la cual el Registro instó al banco actor a acudir a la autoridad judicial correspondiente.
Seguidamente denuncia violación al principio de razón suficiente asegurando que la a quo no ha explicado los motivos por los que tiene que sobrevivir la comunicación de subasta expedida en el año 1992.
Aduce que la Cámara, luego de decir que la cuestión de los efectos de la caducidad de la comunicación del remate ha sido objeto de modificaciones normativas y diversas interpretaciones, sin seguir con una línea de razonamiento, pasa a decir que actualmente esa comunicación no está sujeta a plazo de caducidad y conecta la vigencia de ésta al hecho de que quien la use sea un rogante de buena fe.
Con cita de otro fallo, expresa que el a quo no ha abordado el problema de la irretroactividad de la ley.
En el mismo capítulo cuestiona que el interesado no haya acompañado al expediente el elemento fundamental del pleito, es decir, la mentada comunicación del remate, de donde surge que la misma estaba sujeta a la resolución Nº 11/83 del Registro y que su plazo de vida no pasaba de 1993 o 1994. Continúa diciendo que en esa época las anotaciones preventivas de subasta eran provisorias y caducables y que el Tribunal no explica cómo le da vida a un documento no vigente.
Añade que la buena o mala fe no tendría que incidir en la cuestión, y que aun cuando ello fuera así, los otorgantes de la escritura no obraron de mala fe, pero sí lo hizo el Banco, quien pese a conocer la existencia de esa escritura igualmente pidió la subasta del inmueble.
III. Así reseñado el recurso de casación, anticipo criterio en sentido opuesto a su procedencia, por los motivos que se expresaran a continuación.
En forma previa a ello, y en atención a las particularidades de la cuestión planteada, resulta conveniente formular una reseña de los antecedentes relevantes de la causa y de los términos del pronunciamiento atacado.
IV. Del relato efectuado por el interesado y de las constancias del expediente principal que fuera requerido ad effectum vivendi, surge que en el año 1988, la firma Porcel de Peralta S.A. vendió mediante escritura pública a La Universal Sur S.A. un inmueble de su propiedad, de 8 has., ubicado en barrio Marques de Sobremonte de esta ciudad. Dicho instrumento se inscribió sólo de manera provisoria, y luego la inscripción fue declarada caduca por el Registro, mediante resolución N° 548/91.
Después de ello, el Banco Provincia de Córdoba entabló juicio ejecutivo en contra de Porcel de Peralta S.A., reclamando el pago de una deuda que esta última mantenía con la entidad financiera. Una vez caducada la inscripción conforme fuera mencionado más arriba el Banco trabó embargo sobre ese inmueble (junto con otros dos) y lo hizo subastar en el año 1992.
El propio Banco accionante resultó comprador en ese remate. La subasta fue aprobada, se pagó el saldo del precio y se otorgó la posesión de los bienes en el año 1993. La adquisición fue inscripta provisoriamente, pero nunca se completó el trámite respectivo. En ese entonces, la reglamentación registral fijaba un plazo de caducidad de 180 días para ese tipo de actos.
Luego de ello, en el año 1997 la notaria interviniente en el negocio jurídico mencionado inicialmente presentó ante el Registro General de la Provincia, un segundo testimonio de la escritura labrada en el año 1988, persiguiendo la inscripción del mencionado inmueble de 8 has. a nombre de La Universal Sur S.A..
Pues bien, cuando el Banco tomó conocimiento de que la empresa mencionada pretendía “revivir” la mencionada escritura reitero, anterior a la subasta dedujo la presente acción declarativa de certeza a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre en que dicha situación lo había colocado con relación a sus derechos sobre el fundo.
Fueron demandados La Universal Sur S.A. (en su carácter de adquirente en la escritura mencionada), la escribana actuante y el Registro General de la provincia. Luego la pretensión fue ampliada en contra de Porcel de Peralta S.A. (en su condición de vendedora).
En lo que aquí nos concierne, el último de los sujetos mencionados se opuso a la procedencia de la pretensión y además planteó incidente de redargución de falsedad y nulidad, cuestionando el acta de toma de posesión del mentado inmueble por parte del Banco Provincia de Córdoba en el trámite de la subasta. Argumentó al respecto que faltaba la firma del representante de éste último en el instrumento, agregando que dicha entidad financiera nunca tuvo ni recibió la posesión del fundo.
El Juez de primer grado hizo lugar a la excepción de incompetencia planteada por uno de los demandados, por considerar que la problemática traída a conocimiento se trataba de una cuestión registral que debía agotarse previamente en el seno de dicha entidad administrativa para que luego pueda acudirse a la vía judicial.
Pero, además, rechazó el incidente de redargución de falsedad mediante el cual la codemandada cuestionaba el acta de toma de posesión.
La Cámara en el pronunciamiento ahora atacado revocó lo decidido, salvo en lo que hace a la redargución de falsedad.
En primer lugar, consideró que la vía utilizada acción declarativa de certeza era idónea, ya que la petición de inscribir la escritura pública configuraba una situación de amenaza concreta al derecho de la actora, generando una situación de incertidumbre sobre la situación jurídica del Banco en relación al inmueble. Se verificaban, entonces, los requisitos propios de esa figura procesal.
Contrariamente a lo entendido por el Juez de primer grado, entendió que en la ley local no rige el recaudo de la inexistencia de otra vía procesal más apta, como en cambio sí lo impone el C.P.C.C.N.
De otro costado, la Cámara concluyó que el Tribunal era competente. En pos de fundar esa conclusión entendió que si el interesado hubiera agotado la vía administrativa y luego acudía al ámbito judicial, el conocimiento de la cuestión igualmente hubiera correspondido a los mismos órganos de Alzada, por imperio de las disposiciones de la ley registral.
Para ello, además, tuvo en cuenta que el Registro ya se había expedido a favor de la empresa ejecutada, es decir, que a juicio del a quo la entidad administrativa había tomado partido en el sentido de que la escritura había adquirido prioridad frente a la compra en subasta judicial. Esto fue inferido por la Cámara de elementos objetivos tales como lo informado por el Registro al Fiscal de instrucción, y la Carta Documento mediante la cual dicha entidad respondió la intimación formulada en su momento por el Banco.
En función de todo esos argumentos aquí sintetizados en honor a la brevedad la Alzada concluyó que “aún cuando pudiera interpretarse como dice el Juez que el accionante debía obtener una resolución del Registro como modo de agotar la vía administrativa, lo cierto es que resulta irrazonable, contrario al principio de economía procesal y al principio constitucional de duración razonable de los procesos (…), remitir al demandante a transitar determinada vía registral luego de casi catorce años de sustanciación de la causa, lo que provoca un mayor desgaste jurisdiccional, innecesario”(Cfr. fs. 1988 de los autos principales, a los que me referiré de aquí en adelante, salvo aclaración).
Por ende, a juicio de los sentenciantes, mantener la decisión del Juez de Primera Instancia importaría convalidar un exceso de rigor formal.
Luego, el a quo se adentró en el análisis del planteo de nulidad y redargución de falsedad del acta de toma de posesión otorgada a favor del Banco, confirmando el rechazo dispuesto por el Juez inferior. En primer lugar, adujo que el apelante no había logrado desvirtuar los motivos esgrimidos en la sentencia atacada. En segundo término, agregó que no era necesaria en el acta respectiva la firma de aquél a quien se entregaba la posesión, es decir, en el caso, del representante de la entidad financiera. Consideró que bastaba con la firma del oficial de justicia interviniente, quien dio fe de que entregó la posesión a aquél. Para culminar este punto, sostuvo que ninguna prueba había producido la parte interesada, es decir, quien impetró la redargución.
Finalmente, la Cámara se introdujo en el examen de la cuestión de fondo. Como premisa mayor señaló que las adquisiciones en subasta se perfeccionan con la realización del acto y su posterior aprobación, con más el pago del precio y la entrega de la posesión del bien. De tal modo continuó se consolida el dominio en cabeza del comprador, al contar con “título” y “modo”.
Por ende, siendo que tales extremos se habían verificado efectivamente en el caso de autos, el a quo concluyó que la pretensión debía prosperar dado que el derecho real ya se había perfeccionado en cabeza del Banco y el acto de adquisición en subasta gozaba de prioridad en orden a su inscripción en el Registro.
En lo que hace a la normativa registral involucrada, adujo que la misma había tenido varias modificaciones a lo largo de los años, pero que actualmente regía la resolución general Nº 1/2011 que, en su art. 28.1, establece que la comunicación de subasta no estaba sujeta a plazos de caducidad, recogiendo de ese modo lo que venía postulando la doctrina y la jurisprudencia, esto es que la mentada comunicación no caduca aunque sí prescribe a los 10 años, todo ello por imperio de lo dispuesto por el art. 35 de la ley 5771. En función de todo ello, y teniendo en cuenta que todos los otorgantes del acto notarial en cuestión vendedor, comprador y escribana conocían que el inmueble había sido subastado judicialmente, la Alzada decidió que ellos no podían prevalerse del hecho de que el Banco no hubiere completado el trámite administrativo registral.
En definitiva, para la Cámara, la petición de inscribir el segundo testimonio de la escritura pese al conocimiento del remate se trataba de un accionar contrario a la buena fe.
V. Efectuada esa reseña, ahora sí analizaremos separadamente cada capítulo del recurso de casación, manteniendo las denominaciones con que el recurrente se refirió a cada uno de ellos.
VI. “Nulidad y redargución de falsedad del acta de toma de posesión”
VI.1. Bajo diversos rótulos de carácter formal, el interesado cuestiona la decisión del Tribunal de rechazar los ataques deducidos en contra del instrumento agregado a fs. 16 de los autos principales.
VI.2. La reciente entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación impone aclarar que la fiscalización de la decisión asumida por la Cámara en este punto debe efectuarse de acuerdo a las normas vigentes en oportunidad de formalizarse el instrumento cuya validez se cuestiona.
En efecto, según ha explicado autorizada doctrina, “La forma de los actos jurídicos, tanto si es ´ad solemnitatem´ como simplemente ´ad probationem´, debe regirse por la ley vigente en el momento de realizarse el acto” (MOISSET DE ESPANÉS, Luis, Irretroactividad de la ley y el nuevo art. 3 (Código Civil) (Derecho transitorio), Universidad Nacional de Córdoba, 1976, pág. 73, con cita de ROUBIER, Paul, Le Droit transitoire, Sirey, Paris, 1960, pág. 191 y n° 53, pág. 234 y sgtes.).
En definitiva, la cuestión debe juzgarse sobre la base del ordenamiento que regía en el año 1.993, fecha en que se labró el instrumento atacado.
VI.3. Aclarado ello, digamos que esas críticas son susceptibles de examinarse con cierta amplitud en esta sede extraordinaria a título de violación de las formas y solemnidades prescriptas para los procedimientos y las sentencias en los términos del art. 383, inc. 1º, C.P.C.C., lo que a su vez permite prescindir del estudio más acotado y circunscripto que significa verificar la regularidad puramente lógica de la motivación del pronunciamiento.
En efecto y tal lo ha destacado esta Sala en varios precedentes, las normas contenidas en el Código Civil referidas al valor y eficacia de los instrumentos públicos, independientemente de que formen parte de ese cuerpo legal de carácter sustantivo, establecen directivas que ostentan carácter procesal, y por consiguiente la actividad jurisdiccional cumplida de una manera contraria a ellas es censurable en casación en concepto de quebrantamiento de las formas (Sentencias Nº 119/08, 14/11 y 218/11, entre otras).
VI.4. Sentado ello, adelantemos que en el caso la Cámara ha aplicado adecuadamente los preceptos legales involucrados, tanto para desestimar la nulidad cuanto la redargución de falsedad del acta de toma de posesión.
VI.5. En primer lugar, corresponde analizar lo decidido con relación al planteo de nulidad, pretensión que se fundó en el hecho de que el instrumento de marras carecía de la firma del representante del adquirente en subasta.
Repasemos los argumentos que la Cámara esgrimió para rechazar el planteo.
El Tribunal sostuvo a modo de premisa inicial que un instrumento público está afectado de nulidad sólo cuando adolece de algún defecto constitutivo y la ley ha previsto de manera expresa esa sanción.
En el caso, sin embargo, el instrumento atacado fue celebrado por el Oficial de Justicia habilitado al efecto, quien actuó dentro del marco de su competencia, dejando asentado que el representante del Banco de la Provincia de Córdoba se encontraba presente en el lugar, poniéndolo en posesión del inmueble en cuestión.
Agregó el a quo que la firma del adquirente no se constituía en recaudo esencial del acto, como sí lo eran su presencia, la orden del Juez de la subasta y la consiguiente intervención del Oficial de Justicia para hacer entrega de la posesión del inmueble.
Con cita de autorizada doctrina el órgano de Alzada añadió que la sanción de invalidez prescripta por el art. 988 del C.C. no tenía lugar en aquella clase de instrumentos públicos en los cuales bastaba la firma del oficial público, como acontecía precisamente en ciertas actas judiciales en las cuales no era necesaria la firma de las partes. Tal conclusión se reforzaba en aquellas actuaciones donde la autoridad e imperium del funcionario público bastaba para la plena validez del instrumento.
En definitiva, por estos argumentos es que el Tribunal concluyó que no resultaba óbice para la validez del acta la carencia de la firma del representante del Banco.
Mal que le pese a la recurrente, tal desenlace se muestra ajustado a derecho en el caso concreto sometido a juzgamiento.
De hecho, y en sentido coincidente con lo explicado en el fallo atacado, reputada doctrina ha enseñado que “existen instrumentos públicos que no requieren más que la firma del propio oficial público copias de escrituras, art. 1006; ciertas actas notariales que son tales aún con la ausencia de la firma de alguno de los sujetos que participaron de la diligencia y que constan en el texto escriturario” (ARMELLLA, Cristina, comentario al art. 986, en “Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial”, BUERES, Alberto J., dirección, HIGHTON, Elena I., coordinación, Tomo 2C, Hammurabí, Bs.As. 1999, pág. 40. El resaltado ha sido agregado).
El supuesto fáctico allí descripto se ajusta a la perfección al caso de autos, lo que basta para desechar este apartado del recurso.
No obstante ello, agrego, además, que “dada la variedad de instrumentos públicos no hay una formalidad única para todos, sino que cada uno responde a sus rasgos característicos” (obra y autor citados, pág. 33).
De acuerdo con ello, no puede pasarse por alto que aquí nos encontramos frente a un acto llevado a cabo en el marco de un proceso judicial y que por ende presenta sus particularidades propias que lo distinguen de los emanados en forma privada, vale decir, de manera ajena a un procedimiento jurisdiccional.
Por ende, la doctrina y jurisprudencia que la casacionista cita indistintamente referida tanto a escrituras públicas cuanto a actas notariales que, además, son figuras diversas entre sí no es derechamente traspasable al supuesto que ahora nos ocupa.
En efecto, se ha entendido que “…si quisiera trasladarse a los actos procesales la sanción de invalidez que la norma ha previsto, tal criterio podría aplicarse únicamente respecto de los llamados ´actos procesales bilaterales´, tales los que instrumentan una transacción o una presentación conjunta de demanda y contestación” (LOPEZ MESA, Marcelo J., Código Civil y leyes complementarias, Lexis Nexis, Bs.As., 2008, t. II, pág. 209). Lógicamente que no estamos ante un acto de ese tipo dado que la toma de posesión, en abstracto, puede llevarse a cabo incluso frente a la oposición del ejecutado, por lo que esa argumentación también es suficiente para desechar el ataque.
A mayor abundamiento recordemos que el fundamento de la exigencia de la firma de los intervinientes en los instrumentos públicos obedece como regla general a evitar que el oficial público pueda crear por sí mismo un instrumento que genere o modifique derechos con su sola participación, es decir, suplantando la expresión de voluntad de los interesados. Así, la doctrina ha explicado que “De esta manera, se ha querido controlar, en cierto modo, la actuación del oficial público, cuya sola intervención no es suficiente para obligar a las partes…” (LLAMBIAS, Jorge Joaquín, Tratado de derecho civil – Parte General, Editorial Perrot, 17° Edic., Bs.As., 1997, T. II, pág. 383).
Teniendo en cuenta esas pautas, en este caso en particular, en el que estamos frente a un acto enmarcado en el ámbito de un procedimiento jurisdiccional con todas sus etapas íntegramente cumplidas, no existe el peligro de que el oficial de justicia haya sustituido u obrado en contra de la voluntad del adquirente en subasta.
En efecto, todas las formalidades que rodean el trámite propio de las subastas judiciales incluso las posteriores al acto del remate en sí mismo impiden considerar que la voluntad del adquirente fue sustituida.
En otras palabras, sólo pudo arribarse a la toma de posesión luego de satisfacerse una serie de formalidades previas en las cuales obviamente tiene plena participación el comprador. Por ende, nadie puede dudar que la voluntad del Banco Provincia era tomar la posesión del inmueble, aún cuando la firma de su representante no haya sido asentada formalmente en el acta. Por eso, se satisface al menos en el caso concreto la finalidad que la norma legal contempla cuando impone la firma como recaudo para cierto tipo de instrumentos públicos.
Para finalizar, también a mayor abundamiento, añado que debe suponerse que la parte supuestamente afectada consintió la toma de posesión, por lo que precluyó a su respecto la posibilidad de impugnación.
Sabido es que como regla general la eventual nulidad de los actos llevados a cabo en el proceso judicial es de carácter relativo.
En consecuencia, siendo que quien plantea la nulidad tuvo participación en aquel pleito (dado que fue la parte demandadaejecutada), debe presumirse que todos los actos que vengo refiriendo se llevaron a cabo con su conocimiento, con lo cual, cualquier invalidez habría quedado convalidada.
No puede olvidarse incluso en ese marco, que la toma de posesión no se trata de uno de los supuestos que deben notificarse por cédula según el art. 145 del C.P.C.C. por lo que rige a su respecto la regla de la notificación ministerio legis del art. 153 del mismo cuerpo legal. En definitiva, debe considerarse anoticiado del acto en la época de su realización, es decir, en el año 1.993. Siendo así, el cuestionamiento del instrumento efectuado más de diez años después, en el año 2.007 (cfr. fs. 453/455) resulta tardío.
Se arriba a una conclusión similar si se repara en los arts. 55, 56 y 63 de la ley 1419, es decir del C.P.C. vigente en la época del acto cuestionado.
Por todo ello, entonces, es que le asiste razón a la Cámara cuando desestimó el ataque de nulidad del acta.
VI.6. En segundo término, debe examinarse el capítulo relativo a la redargución de falsedad.
Las objeciones formuladas sobre el particular no resultan atendibles, toda vez que la Cámara no ha incurrido en inobservancia de los preceptos legales involucrados. Conforme lo ha explicado esta Sala en varias oportunidades: a) el Código Civil consagra con los efectos de la plena fe sólo la existencia de los hechos que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos por él mismo o que han pasado en su presencia; b) estas aseveraciones vertidas en el instrumento gozan de plena fe no sólo respecto de las partes y el oficial público, sino también respecto de los terceros en general; c) la presunción de verdad de tales circunstancias fácticas son “a priori”, es decir que el legislador sustrae del juez la comprobación de la certeza del hecho mientras al documento no se lo impugne por acción de falsedad; d) estos aspectos amparados por la fe pública no pueden ser desconocidos por simple prueba en contrario, sino que la inexactitud de los mismos sólo puede demostrarse mediante redargución de falsedad por acción civil o criminal. También se advirtió que ninguna distinción efectúa la normativa sustantiva en relación a si el documento notarial ha sido celebrado con o sin control de las partes. Conforme la ley de fondo, en ambas hipótesis, las afirmaciones del funcionario público relativas a hechos materiales gozan sin distinción de los efectos de la plena fe (Sentencias Nº 29/02, 119/08 y 218/12 entre otras).
En el caso concreto, la interesada criticó que en el acta de toma de posesión el oficial de Justicia haya afirmado que el representante del Banco comprador estaba presente en esa oportunidad. A juicio de la incidentista éste último estuvo ausente, dado que no firmó el acta respectiva (Cfr. fs. 453/455).
En definitiva, la incidentista niega que el Oficial de Justicia hubiere otorgado la posesión del inmueble al representante del Banco adquirente en subasta el día 22 de diciembre de 1993.
Es decir que en el caso constituyen objeto de cuestionamiento los actos cumplidos por el propio oficial público o que han pasado en su presencia, los que conforme se explicara más arriba gozan de la presunción de autenticidad que otorga la ley. Pues bien, mal que le pese al recurrente, sobre esos extremos no se ha producido prueba alguna, es decir, no se demostró la no entrega de la posesión en ese acto, ni tampoco que el apoderado del Banco hubiere estado ausente (más allá de que luego no haya dejado asentada su firma en el acta respectiva).
La afirmación recursiva mediante la cual se indica que esa prueba surgiría del propio instrumento cuestionado evidencia una confusión conceptual, porque el hecho de la ausencia de firma es eventualmente objeto del planteo de nulidad, dado que se trataría de un supuesto defecto congénito del instrumento. Tal extremo ya fue descartado más arriba como sustento de la invalidez.
Además, resulta evidente que la carga de la prueba de la falsedad que se imputa pesa sobre quien pretende destruir la presunción de autenticidad que favorece a los instrumentos públicos. La jurisprudencia lo ha entendido en el mismo sentido (Cfr. C.N.Com., Sala B, 18/9/14, Redlojo Entertainmet S.A. s/ concurso preventivo, Incidente de verificación por la AFIP, Microjuris MJJUM89005AR/MJJ89005/MJJ89005; C.N.Civ., sala I, Ochoa, Ricardo N. y otra c. Martínez Larrea, Juan D. y otros.; 08/09/1998; LL 1999C, 60, DJ 19991, 948; AR/JUR/1449/1998, entre otros). El recurrente insiste en la importancia de elementos probatorios de los que surgiría que con posterioridad al acta que se ataca su parte ejercía la posesión del inmueble. Pero lo cierto es que las pruebas referidas a tales hechos futuros resultan intrascendentes a los fines pretendidos mediante la redargución.
En efecto en lo que aquí interesa resulta irrelevante analizar si con posterioridad al instrumento cuestionado Porcel de Peralta S.A. ejercía o no la posesión sobre el inmueble, porque ello hace referencia a un hecho que no es el objeto específico de la impugnación de falsedad.
La recurrente afirma que ninguna prueba aportó la parte actora con el objeto de sostener su postura. Sin embargo, ambos Tribunales ordinarios ponderaron que fue el Banco Provincia quien había demostrado la realización de actos que demostraban su posesión sobre el fundo, con la abundante documentación acompañada a fs. 993/1306.
La incidentista si bien al expresar agravios de apelación cuestionó la eficacia probatoria de esos instrumentos (cfr. fs. 1861/1870) manifestó expresamente que no tenía observaciones que formular respecto de la autenticidad de esa prueba (Cfr. fs. 1316).
Pero más allá de eso, lo trascendente, reitero, es que la parte interesadasobre quien pesaba la carga de la prueba no demostró la falsedad del “contenido” del documento atacado. Por ende, el contenido del acta sigue haciendo plena fe.
Ello resulta suficiente para rechazar el embate.
Por otro lado, cabe agregar que la supuesta falta de oposición al planteo incidental no implica en modo alguno la configuración de la incongruencia que ahora se denuncia, ni tampoco violación del art. 192 del C.P.C.C., es decir, de la norma que regula las consecuencias de la falta de contestación de la demanda.
En efecto, de acuerdo a la doctrina sostenida por esta Sala, el silencio de los accionados no implica su conformidad con los hechos alegados en la demanda, ni obliga a los jueces a tener a los mismos como verdaderos. En rigor, tal situación no libera al demandante de la carga de probar los extremos fundantes de su pretensión (Cfr. Sentencias N° 30/06, 211/10, 139/12, entre otras).
A su vez, cabe destacar otras circunstancias dignas de mención.
Por un lado, el Banco Provincia sí se opuso a la procedencia de la redargución, aunque el Tribunal de primera instancia rechazó el escrito respectivo por extemporáneo (Cfr. fs. 1482). El Banco cuestionó esa decisión mediante recurso de apelación, pero el recurso fue denegado por el juez de primer grado en virtud de las limitaciones recursivas que impone el art. 515 del C.P.C.C. (cfr. fs. 1489). El interesado dedujo recurso directo ante la Cámara, quien declaró bien denegado el recurso, pero aclarando que al entender en la apelación sobre lo principal podrían repararse los agravios causados en el curso del procedimiento (Cfr. fs. 1530/1530 vta.). Pues bien, esta última circunstancia no pudo verificarse en tanto respecto de la redargución el Banco resultó vencedor en primer grado, por lo que carecía de interés para apelar ese capítulo de la sentencia.
Fuera de ello y en relación a la sentencia de la alzada, el demandante tampoco invistió legitimación para reproducir el agravio en esta sede extraordinaria porque, a semejanza de la primera instancia, también aquí fue vencedor en ese extremo de la litis y más aún también lo fue en lo principal de la causa, o sea en lo concerniente a la declaración de certeza.
Por otro lado, al plantear la redargución, el incidentista afirmó expresamente que no imputaba responsabilidad alguna al oficial de justicia interviniente y que su citación sólo obedecía al fin de satisfacer la imposición legal del art. 244 del C.P.C.C. De hecho, expresamente solicitó que no se le impongan las costas (cfr. fs. 455 vta.). En consecuencia, resulta contrario a los propios actos que el incidentista pretenda prevalerse de la falta de contestación del incidente de redargución por parte del oficial de Justicia siendo que antes había expresado que no tenía interés en la participación de éste.
Por lo demás, aquella manifestación resulta por demás llamativa. En efecto, si la incidentista sostiene que nunca se entregó la posesión, ello implica plantear la falsedad ideológica del acta. En otras palabras, afirma que el oficial público mintió. Por ende, resulta contradictorio que pese a ello la incidentista asegure que no imputa responsabilidad alguna al oficial de justicia que hizo efectiva la entrega de la posesión.
De todas maneras, y volviendo al tema de la supuesta falta de oposición a la redargución, cabe considerar además de todo lo expuesto que la Sra. Fiscal de primera instancia, que fue llamada a participar del incidente, sí se opuso expresamente a la procedencia del planteo (Cfr. fs. 1547/1548 de la causa principal).
VI.7. En atención a todos los argumentos expuestos, se deriva entonces que no es posible entender que la Cámara haya incurrido en infracción de las directivas de las normas del Código Civil relativas a los instrumentos públicos vigentes en oportunidad de labrarse el acta cuestionada, por cuyo motivo este capítulo de la casación no luce atendible.
VII. “Lo esencial del tema: La acción de certeza”.
VII.1. Despejados los aspectos medulares que sostenían el interés atendible del recurrente, las demás críticas que apuntan al apartamiento de las prescripciones de la acción declarativa de certeza, a la violación del principio de congruencia, y a la exigencia ineludible de un trámite previo ante el Registro de la Propiedad, devienen abstractas precisamente por la falta o desaparición de ese interés.
No obstante ello, con la única finalidad de dar una mayor satisfacción al recurrente, paso a considerarlos a continuación.
En esa senda, y sin perjuicio de reconocer que el presente caso presenta ribetes particulares, lo cierto es que el fallo atacado no se ha apartado de los términos de la litis, de las prescripciones legales propias de la pretensión incoada, ni tampoco de los contornos que esta Sala ha fijado respecto de la acción declarativa de certeza en el precedente “Vázquez” (Sent. N° 65/08).
El análisis que se formule al respecto debe partir de la siguiente consideración: en el fallo mencionado esta Sala, más allá de delinear los caracteres del estado de incertidumbre que caracteriza a la acción declarativa, también se encargó de destacar que se trata de un concepto indeterminado e indefinido cuyos límites y alcances deberán ser ponderados en cada caso concreto por el Tribunal (Cfr. considerando N° IX.2 de dicho pronunciamiento).
Teniendo en cuenta esa pauta genérica, recordemos que el art. 413 del C.P.C.C. dispone: “El que ostente un interés legítimo puede entablar acción a fin de hacer cesar un estado de incertidumbre, que le causa perjuicio sobre la existencia, alcance o modalidad de una relación jurídica, aún sin lesión actual”.
Tal como entendió la Cámara, en el caso se verifican los presupuestos de viabilidad de la acción declarativa de certeza.
Así, resulta evidente que la pretensión de “revivir” la escritura pública anterior a la subasta judicial ingresando al Registro General un segundo testimonio de dicho instrumento a los fines de lograr la inscripción generó en el Banco actor (comprador en el remate) un estado de incertidumbre sobre la existencia de su derecho a la inscripción de la venta forzosa en la que resultó comprador.
Esa incertidumbre se asentaba en elementos objetivos las constancias del Registro de las que surge la situación mencionada, pero también generó un estado de duda subjetivo en el ánimo de la parte demandante quien precisamente por no “sentirse segura” acerca de sus derechos sobre el inmueble, acudió a los estrados judiciales para despejar esa situación. Lógicamente que no se trataba de solicitar una declaración de carácter meramente consultivo, sino que se estaba frente a una duda sobre un conflicto de prioridades entre dos actos de adquisición de dominio sobre un inmueble, la que necesitaba ser dilucidada y aún no había ingresado a un estado litigioso.
A su vez, tal incertidumbre configuraba una situación de amenaza a los derechos de la actora y por ende era susceptible de aparejar un daño. Por ende, se subsume sin dudas en la órbita de la norma mencionada, que permite entablar la pretensión “aún sin lesión actual”. De lo expuesto, surge también con claridad que la entidad financiera ostenta un interés legítimo, que surge de su carácter de adquirente en remate, y que ha sido debidamente acreditado.
Por otro lado, es verdad que el Banco disponía de procedimientos que prima facie le permitirían evitar la inscripción de la escritura pública y el ingreso al Registro de la subasta, cuáles eran las vías administrativas previstas por la ley 5.771 y el ulterior recurso judicial.
Sin embargo y como bien lo entendió la a quo en la sentencia, en el sublite y habida cuenta de las especiales circunstancias que presentaba el caso concreto, esos procedimientos no resultaban idóneos para obtener una tutela oportuna y eficaz de los derechos del Banco, situación que conduce a estimar que la acción de declaración de certeza era viable (infra n° VII.5).
En definitiva, todo lo expuesto evidencia la corrección de lo decidido por el Tribunal de Mérito interviniente respecto de la idoneidad de la vía intentada.
VII.2. De otro costado, no es atendible la censura mediante la cual se denuncia que la Cámara habría transformado la acción declarativa en una virtual acción constitutiva y de condena.
La doctrina ha explicado que: “La pretensión declarativa se satisface con la mera declaración que pone fin a un estado de incertidumbre respecto de una relación o estado jurídico; mientras que la constitutiva, con la creación de una relación jurídica inexistente hasta ese momento y, finalmente, la de condena, con la imposición al adversario de una determinada conducta” (COLOMBO Carlos J. – KIPER Claudio M.; Código procesal civil y comercial de la Nación, anotado y comentado, 3ª ed., Buenos Aires, 2011, Edit. La Ley, t. III, pág. 464).
La resolución atacada se limitó a declarar que el derecho real ya se encontraba en cabeza del adquirente en subasta y debía ser objeto de inscripción registral. No hay aquí una condena (dado que no se impone a los demandados ninguna conducta), ni tampoco se constituyó mediante la decisión cuestionada una relación jurídica inexistente hasta esa oportunidad. Contrariamente, para el Tribunal el derecho real ya se había consolidado en cabeza del banco con anterioridad, y con arreglo a las normas legales el acto que lo generó tenía prioridad frente a la escritura a los fines de su inscripción en el Registro; esto es, se trataba de derechos y efectos jurídicos que ya existían en el mundo del Derecho y el fallo sólo se limitó a efectuar la declaración correspondiente.
VII.3. Tampoco se verifica incongruencia alguna en la resolución.
Inicialmente, no puede soslayarse que como fundamento de la crítica no se ha denunciado un apartamiento de los términos en que fue planteada la pretensión, sino de lo que la parte actora habría supuestamente reconocido en un escrito diverso (el de fs. 371/376); además se ha invocado que lo ahora resuelto se opone a lo que la propia Cámara habría decidido en una resolución anterior, en la cual habría dejado establecido cuáles eran los límites de la intervención de Porcel de Peralta S.A.
Al respecto, es preciso recordar que la congruencia está determinada por los escritos postulatorios. Es decir, básicamente, que la demanda y la contestación son los actos que fijan los términos de la litis.
El escrito de fs. 371/376 se trata en cambio de la expresión de agravios del Banco Provincia mediante el cual se fundó la apelación deducida en contra del proveído que denegó la ampliación de la demanda en contra de Porcel de Peralta S.A.
Pero esa ampliación obrante a fs. 307 fue de carácter estrictamente subjetivo, esto es, para que la litis alcance a dicho sujeto, sin ningún otro aditamento que haga a los límites de una futura intervención de dicha parte. En esa presentación tampoco se modificó el objeto pretendido ni los hechos fundantes de la acción.
Es cierto por otro lado que en la mentada expresión de agravios de fs. 371/376 el apoderado del Banco manifestó que la pretensión no se subsumía estrictamente en la norma que prevé la acción declarativa de certeza.
Sin embargo, lo afirmado por una de las partes en ese escrito no puede fundar al menos en este caso una denuncia de incongruencia, más aún cuando la cuestión misma es propia de la naturaleza de la acción declarativa de certeza. Esa manifestación del representante del Banco, en rigor, se adecua a los contornos de la concreta pretensión incoada, dado que “Su finalidad es ´preventiva´. Con esa declaración de certeza, que otorga seguridad jurídica, se agota el ejercicio de la función jurisdiccional. Es decir, la mera declaración es suficiente en el sentido de que aunque para hacerla efectiva pueda en algunos casos, ser necesario algún acto de cumplimiento de la sentencia (v.gr., inscripción en un registro), en cambio, no existe ámbito para la ejecución forzosa o coactiva contra la otra parte…” (COLOMBO Carlos J. – KIPER Claudio M.; ob. cit., t. III, pág. 464. El resaltado ha sido agregado).
Por otro lado, tampoco se configura vicio alguno derivado de un presunto apartamiento de lo decidido por la Cámara en el auto Nº 496, de fecha 7/12/06. En efecto, contrariamente a lo afirmado por el recurrente, en dicho pronunciamiento no se limitaron los alcances de la intervención en el pleito de Porcel de Peralta S.A.. En esa resolución el Tribunal ordenó que la litis debía integrarse con la participación de dicha firma, argumentando que había un litisconsorcio pasivo necesario, y a los fines de asegurar la eficacia de una eventual cosa juzgada posterior, pero en modo alguno circunscribió la intervención de la ahora recurrente en la forma que esta última afirma (Cfr. fs. 385/386).
El único segmento de este capítulo que sí tiene correspondencia con el vicio invocado es aquél en el cual se denuncia que la temática referida a la adquisición del derecho real no había formado parte de la controversia. Sin embargo, una sencilla lectura del libelo inicial del pleito obrante a fs. 38/40 revela que tal cuestión fue precisamente uno de los fundamentos de la pretensión. No otra cosa puede entenderse de las alusiones que se hacen al perfeccionamiento del derecho real sobre bienes adquiridos en subasta pública (Cfr. fs. 38 vta.).
Por otro lado, la Cámara se encontró en la necesidad de efectuar consideraciones sobre el particular para poder expedirse a continuación sobre el extremo capital de la causa, es decir, para poder dilucidar cuál de los dos actos en conflicto tenía prioridad en orden a su inscripción en el Registro de la Propiedad.
VII.4. Despejado ello, las restantes censuras esgrimidas en este capítulo de la impugnación se diluyen en una mera discrepancia con el criterio jurídico sustancial adoptado por el Tribunal de Grado a la hora de concluir que el Registro ya tenía una posición tomada sobre la problemática en cuestión; que se había perfeccionado el derecho real en cabeza del Banco adquirente en subasta por contar con título (subasta aprobada) y modo (posesión), aún en defecto de inscripción registral completada; y también con la conclusión de que la petición de Porcel de Peralta S.A. tendiente a inscribir la escritura luego de la subasta implicaba un accionar de mala fe.
Pues bien, la determinación de cuál sea el acierto intrínseco de tales segmentos de lo decidido remite a cuestiones de mérito y por ende su consideración resulta ajena a esta Sede extraordinaria por la vía del recurso de casación previsto en el inciso 1º del art. 383 del C.P.C.C., incluso aún cuando esta Sala pudiera tener un criterio diverso respecto de tales tópicos.
Además, y como surge de la reseña efectuada más arriba, la Cámara ha justificado acabadamente la solución adoptada para cada uno de esos capítulos sentenciales, por lo que no se verifica la falta de fundamentación ni la presunta violación al principio de razón suficiente que se acusan en este punto.
El recurrente pone énfasis en que la Alzada no habría explicado la conclusión relativa a la supervivencia de la comunicación de subasta pese a que la reglamentación registral que regía en la época del remate preveía un plazo acotado de vigencia de la misma.
Sin embargo, el a quo expresamente afirmó que adoptaba la opinión que viene prevaleciendo en la doctrina especializada y en la jurisprudencia, esto es, que la comunicación de subasta no caduca, lo que deriva a su juicio de lo prescripto por el art. 35 de la ley 5771 que no contempla plazo alguno de caducidad, con independencia de lo estatuido por las reglamentaciones registrales.
En otras palabras, la Cámara hizo prevalecer lo dispuesto en la ley registral provincial por encima de lo prescripto en la reglamentación, por ser esta última una norma inferior.
En la tesitura asumida por el Tribunal a quo, ello implica que los plazos de caducidad no son ni pueden ser acordados por normas reglamentarias. Por ende, el hecho de que la reglamentación vigente en tiempos de la subasta hubiera previsto un plazo de caducidad resultaba intrascendente para el órgano de Alzada.
No hay entonces, violación al principio de razón suficiente.
VII.5.Finalmente, también debe rechazarse la censura en la cual se denuncia que la economía procesal no puede satisfacerse en desmedro de la legalidad.
En efecto, de lo ya expuesto surge que se cumplimentaron los recaudos legales de la vía elegida y además los demandados pudieron ejercer su derecho de defensa en plenitud en sede judicial, aún cuando el trámite no se hubiera agotado en la sede registral. A su vez, se reitera que la resolución atacada es congruente y no presenta vicio formal alguno.
En el fallo impugnado se tuvo en cuenta la necesidad de brindar solución a un conflicto que ya lleva casi tres lustros de duración. Se entendió que obligar a la parte afectada a transitar la vía registral luego de todo el tiempo transcurrido y cuando la entidad administrativa ya tenía una posición tomada sobre la cuestión discutida implicaría cohonestar un exceso de rigor formal. Sobre todo si se repara en el hecho de que en definitiva la propia ley 5771, en su art. 19, otorga competencia para entender a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de turno de la Capital.
No puedo más que coincidir con esa tesitura.
Aceptar la postura de la parte demandada luego de que la causa fuera tramitada en su integridad, y habiendo transcurrido al presente más de dieciséis años desde la fecha de promoción de la demanda (29/11/1999, según cargo de oficina que luce estampado a fs. 40) implicaría retrotraer injustificadamente el conflicto y obligar a los interesados a transitar la vía registral para recién luego de ello poder acudir al ámbito jurisdiccional, lo que se revela en franca transgresión a la garantía del plazo razonable de los procesos (art. 8, Conv. Americana sobre Derechos Humanos).
Una postura semejante ha asumido este cuerpo frente a conflictos que presentan similitud en ese aspecto (Cfr. Sent. N° 21/15).
En el precedente mencionado se anuló la declaración de incompetencia material pronunciada en sede de Grado, por considerar que tal decisión dispuesta por la Cámara interviniente luego de que la causa fuera sustanciada en su integridad y habiendo transcurrido más de seis años desde el día en que se dedujo la demanda era contraria a la mencionada garantía de plazo razonable. Allí se ponderó con cita de doctrina de la Corte Suprema que tal garantía se coloca en crisis frente a declaraciones de incompetencia intempestivas dictadas cuando la causa ha llegado a su conclusión, al haberse dictado la sentencia que pone fin a la controversia (v. C.S.J.N., Fallos 307:569; 311:621; 324:1710).
Remito a lo allí expuesto en lo que sea pertinente en honor a la brevedad.
Cabe añadir, en este orden de ideas, que una manifestación concreta de ese principio en nuestro ordenamiento legal se observa en el art. 1775, inc. b, del nuevo CCCN., a propósito de las relaciones entre la acción civil y la acción penal.
En efecto, allí se viene a imponer al juez civil el deber de dictar sentencia sobre la causa civil a pesar de la pendencia de la acción penal, cuando ésta se encuentra demorada en forma significativa en su trámite, lo que justamente persigue evitar que el transcurso de un tiempo excesivo termine menoscabando el derecho a la jurisdicción que asiste al justiciable, uno de cuyos elementos constitutivos está dado por la duración razonable de los procesos que se ventilan en los Tribunales. Por ende, la censura debe desestimarse.
VIII. En definitiva y en virtud de las razones expuestas, concluyo que el recurso de casación no es procedente, lo que me determina a responder negativamente la cuestión propuesta, emitiendo en tal sentido mi voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, DIJO:
Comparto el análisis efectuado por el vocal preopinante, en consecuencia así voto.
Coincido con los fundamentos dados por el Sr. Vocal Dr. Carlos Francisco García Allocco, por lo que voto en igual sentido.
A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DOCTOR CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO, DIJO:
A mérito de las consideraciones precedentes, corresponde:
II. Ordenar la restitución del depósito efectuado a fs. 122 del recurso directo, debiendo dejarse recibo en autos.
III. Rechazar el recurso de casación impetrado por Porcel de Peralta S.A., con costas a su cargo (art. 130 C.P.C.C.).
IV. Fijar los honorarios profesionales del Dr. Juan Antonio González Leahy en el treinta y cuatro por ciento (34%) sobre el mínimo de la escala del art. 36, C.A. (arts. 39, 40, 41 y cc, Ley 9459). No estimar honorarios para los letrados de la parte perdidosa (arg. art. 26 Ley 9459).
A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI, DIJO:
Comparto la solución propuesta por el Señor Vocal del primer voto.
A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO JUAN SESÍN, DIJO:
Coincido la conclusión a la que arriba el Sr. Vocal Dr. Carlos Francisco García Allocco, por lo que voto en igual sentido.
Por ello, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Comercial,
I. Declarar mal denegado el recurso de casación articulado bajo el amparo del inc. 1° del art. 383 del C.P.C.C. y concederlo por esta vía.
II. Ordenar la restitución del depósito efectuado a fs. 122, debiendo dejarse recibo en autos.
III. Rechazar el recurso de casación impetrado por Porcel de Peralta S.A., con costas a su cargo.
IV. Fijar los honorarios profesionales del Dr. Juan Antonio González Leahy en el treinta y cuatro por ciento (34%) sobre el mínimo de la escala del art. 36, C.A.. No estimar estipendios para los letrados de la parte perdidosa (arg. art. 26 Ley 9459).
Fdo.: CÁCERES DE BOLLATI SESÍN GARCÍA ALLOCCO
Registros 6 a 6 de 16

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