Source: http://conflictuslegum.blogspot.com/2017/02/
Timestamp: 2017-06-23 17:25:08+00:00

Document:
[BOE n. 50, de 28.2.2017] Publicado por
-Asunto C-289/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 11 de enero de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Krajský súd v Prešove — Eslovaquia) — Proceso penal contra Jozef Grundza (Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Decisión Marco 2008/909/JAI — Artículo 7 — Requisito de la doble tipificación — Artículo 9 — Motivo de la negativa al reconocimiento y a la ejecución basado en la ausencia de doble tipificación — Nacional del Estado de ejecución condenado en el Estado de emisión por contravenir a una resolución dictada por una autoridad pública) Nota: Véase la entrada de este blog del día 11.1.2017.
-Asunto C-526/15: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 27 de octubre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel — Bélgica) — Uber Belgium BVBA/Taxi Radio Bruxellois NV (Procedimiento prejudicial — Artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Inadmisibilidad — Transporte de personas en automóvil — Conductores particulares que utilizan una aplicación para el teléfono inteligente que les permite entrar en contacto con personas que desean desplazarse por la ciudad — Obligación de disponer de una autorización de explotación) Fallo del Tribunal: "La petición de decisión prejudicial planteada por el Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel (Tribunal Mercantil neerlandófono de Bruselas, Bélgica), mediante resolución de 23 de septiembre de 2015, es manifiestamente inadmisible."
El Derecho internacional privado y las relaciones que ordena experimentan en la actualidad una extraordinaria transformación, que tiene reflejo en sus fuentes documentales básicas. Para conocer este sector del ordenamiento y su aplicación resulta necesario el manejo no sólo de los múltiples textos legales vigentes sino también de otros materiales de la práctica, en particular, decisiones judiciales de especial relevancia en la interpretación de ciertas normas o que presentan particular interés como punto de partida para el debate o la indagación sobre aspectos concretos de la asignatura. Este volumen incorpora una selección de textos -de origen nacional, europeo e internacional- básicos para el estudio del Derecho internacional privado, incluyendo legislación, jurisprudencia y materiales de la práctica extrajudicial. Entre sus novedades, esta sexta edición incorpora el Reglamento (UE) 2016/1103, de 24 de junio de 2016, sobre la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales, así como el Reglamento (UE) 2016/1104 en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas. También incluye las normas de Derecho internacional privado de otros nuevos instrumentos como el Reglamento (UE) 2016/679 general de protección de datos, así como resoluciones relevantes pronunciadas en 2016 por distintos órganos, especialmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sobre las novedades que incorpora esta nueva edición véase el blog de Pedro de Miguel Asensio. Extracto del Índice de la obra:
-FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Mercedes. Abogada. Socia. Jones Day. Preámbulo: apartado VII. Artículos 37, 38, 39 y 40. -FERNÁNDEZ-TRESGUERRES GARCÍA, Ana. Notaria. Letrada adscrita a la DGRN. Preámbulo: apartado VIII (parte II). Artículos 9.d), 50, 51, 56 y 57. Disposición adicional primera. Disposición final segunda en cuanto incorpora la Disposición Final vigesimosexta de la LEC (Implementación del Reglamento (UE) 650/2012: apartados 1-9, 11-13, 15-17).
ISBN: 978-84-9090-180-9 Publicado por
Las recientes Resoluciones de 28.7.2016 y 11.1.2017 (todas ellas basadas en las anteriores de 1.7.2015 y 13.10.2015), han entendido la necesidad de aportar el justificante o certificado del registro extranjero que recoja los títulos sucesorios otorgados por el causante o bien la acreditación de que, conforme al derecho material aplicable a la sucesión, no existe tal sistema de registro. Estas Resoluciones realizan esta distinción poniendo de manifiesto que no todos los países tienen instaurado un Registro de Actos de Última Voluntad similar al nuestro, en cuanto a sus efectos, y en cuanto a su organización. Continúan afirmando que nuestro sistema, donde la práctica totalidad de los testamentos son notariales, basado en la obligatoriedad de la comunicación que se impone al notario autorizante (o que protocoliza un testamento ológrafo o que autoriza un acta donde se da noticia de su existencia), procura las más altas cotas de seguridad en la apertura de la sucesión intestada. Ahora bien, dada la prevalencia de la nacionalidad del causante a la hora de regir la sucesión (hasta la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Sucesiones, como ocurre en el supuesto de hecho), parece una medida oportuna y prudente, y casi obligada si lo exigiese la «lex causae», que el notario español también solicite (en tanto no se establezca la deseada conexión de registros, como la prevista para una fase final en el Convenio de Basilea de 16 de mayo de 1972), como prueba complementaria, la certificación, en su caso, del registro semejante correspondiente al país de donde el causante es nacional (a veces, su propio Registro Civil, si fuere en esta institución donde la ley personal del finado establece que se tome nota de los testamentos otorgados), siempre que estuviese prevista alguna forma de publicidad de los títulos sucesorios en ese país extranjero. Esta actuación, al dotar de un mayor rigor al expediente, sólo puede redundar en una mayor seguridad de la declaración notarial. Así lo entendió la Resolución del Sistema Notarial de 18.12005 (hoy confirmada su doctrina por la sentencia de la AP de Las Palmas de 30.6.2015) que llegó a la conclusión de que al tramitar en aquél supuesto una declaración de herederos «parece una medida oportuna, prudente y casi obligada» el solicitar además de las Últimas Voluntades españolas las del país de la nacionalidad del causante extranjero. Consecuentemente, también deberá aportarse, si existiere, por las consecuencias legitimadoras que atribuye la inscripción registral, al Registro de la Propiedad, con ocasión de la inscripción sucesoria. Y, si este Registro de Actos de Última Voluntad no existiere deberá acreditarse esta circunstancia en la forma determinada en el art. 36 del RH. Deberá aportarse certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad del país de la nacionalidad del causante o acreditarse que en dicho país no existe dicho Registro de Actos de Última Voluntad o que por las circunstancias concurrentes al caso concreto no sea posible aportar dicho certificado.
[BOE n. 44, de 21.2.2017] Publicado por
-Asuntos acumulados C-203/15 y C-698/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 21 de diciembre de 2016 [peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Kammarrätten i Stockholm, y por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Suecia, Reino Unido] — Tele2 Sverige AB/Post- och telestyrelsen (C-203/15), Secretary of State for the Home Department/Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis (C-698/15) (Procedimiento prejudicial — Comunicaciones electrónicas — Tratamiento de datos personales — Confidencialidad de las comunicaciones electrónicas — Protección — Directiva 2002/58/CE — Artículos 5, 6, 9 y 15, apartado 1 — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 7, 8, 11 y 52, apartado 1 — Legislación nacional — Proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas — Obligación de conservación generalizada e indiferenciada de los datos de tráfico y de localización — Autoridades nacionales — Acceso a los datos — Falta de control previo por un órgano jurisdiccional o una autoridad administrativa independiente — Compatibilidad con el Derecho de la Unión) Nota: Véase la entrada de este blog del día 21.12.2017.
-Asuntos acumulados C-508/15 y C-509/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 21 de diciembre de 2016 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Verwaltungsgericht Berlin — Alemania) — Sidika Ucar (C-508/15), y Recep Kilic (C-509/15)/Land Berlin (Procedimiento prejudicial — Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Decisión n.o 1/80 — Artículo 7, párrafo primero — Derecho de residencia de los miembros de la familia de un trabajador turco que forma parte del mercado legal de trabajo de un Estado miembro — Requisitos — Ausencia de necesidad de que el trabajador turco forme parte del mercado legal de trabajo durante los tres primeros años de la residencia del miembro de la familia) Nota: Véase la entrada de este blog del día 21.12.2017
-Asunto C-618/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 21 de diciembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation — Francia) — Concurrence SARL/Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl [Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.o 44/2001 — Competencia judicial — Materia delictual o cuasidelictual — Red de distribución selectiva — Reventa fuera de una red en Internet — Acción de cesación de la perturbación ilícita — Elemento de conexión] Nota: Véase la entrada de este blog del día 21.12.2017
-Asunto C-646/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof (Austria) el 15 de diciembre de 2016 — Khadija Jafari y Zainab Jafari Cuestiones planteadas:
[DOUE C53, de 20.2.2017] Publicado por
Fallo del Tribunal: "1) L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens que la question de l’application, par un État membre, de la « clause discrétionnaire » prévue à cette disposition ne relève pas du seul droit national et de l’interprétation qu’en donne la juridiction constitutionnelle de cet État membre, mais constitue une question d’interprétation du droit de l’Union, au sens de l’article 267 TFUE.

References: Artículo 7
 Artículo 9
 resolución 
 Artículo 53
 resolución 
 Resolución 
 Artículo 7