Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0199_ES.html
Timestamp: 2020-01-23 06:25:57+00:00

Document:
INFORME sobre el Informe de aplicación sobre la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética
Procedimiento : 2015/2232(INI)
Ciclo relativo al documento : A8-0199/2016
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sobre el Informe de aplicación sobre la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética
– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 114 y 194,
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de febrero de 2015, titulada «Paquete sobre la Unión de la Energía – Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva» (COM(2015)0080),
– Vista la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios,
– Vistas las Conclusiones del Consejo, de los días 23 y 24 de octubre de 2014, sobre un marco para las políticas de clima y energía en 2030,
– Visto el Acuerdo de París, celebrado en diciembre de 2015, en la 21.ª Conferencia de las Partes (CP 21) en la CMNUCC,
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de diciembre de 2011, titulada «Hoja de Ruta de la Energía para 2050» (COM(2011)0885),
– Vista la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE(1),
– Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2015, sobre el tema «Hacia una Unión Europea de la Energía»(2),
– Visto el Informe de la Comisión, de 18 de noviembre de 2015, titulado «Evaluación, enmarcada en el artículo 24, apartado 3, de la Directiva 2012/27/UE en materia de eficiencia energética, de los avances realizados por los Estados miembros en la consecución de los objetivos nacionales en esa materia para 2020 y en la aplicación de las disposiciones de dicha Directiva»(3),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2011, titulada «Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050»(4),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de diciembre de 2011, titulada «Hoja de Ruta de la Energía para 2050»(5),
– Vista su Resolución, de 5 de febrero de 2014, sobre un marco para las políticas de clima y energía en 2030(6),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de febrero de 2016, titulada «Estrategia de la UE relativa a la calefacción y la refrigeración»(8),
– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0199/2016),
A. Considerando que el aumento de la eficiencia y del ahorro energéticos son factores importantes para la protección del medio ambiente y el clima, al reforzar la competitividad económica, la creación de empleo, la seguridad del suministro energético y la lucha contra la pobreza energética, y tienen una dimensión geopolítica y democrática para la Unión; que la Directiva relativa a la eficiencia energética es una base importante en este contexto; que la propuesta de la Comisión relativa al establecimiento de la Unión de la Energía contempla la eficiencia energética como una fuente de energía por derecho propio;
B. Considerando que la Unión Europea está, en general, en camino de cumplir sus objetivos en materia de clima y energía para 2020, según proyecciones que suponen la aplicación total de toda la legislación pertinente para 2020 (reducción de las emisiones de CO2, aumento del uso de fuentes de energía renovables y fomento de la eficiencia energética) y que debe mantener su papel de vanguardia a escala mundial;
C. Considerando que se espera que el principal ahorro provenga de políticas sectoriales «transversales» (44 %), seguidas de los edificios (42 %), la industria (8 %) y los transportes (6 %);
D. Considerando que existen numerosas incertidumbres sobre la fiabilidad de los cálculos del ahorro de energía facilitados por los Estados miembros;
E. Considerando que los edificios suponen un 40 % del uso final de la energía y el 36 % de las emisiones de CO2; que a esto se añade que el 50 % del consumo final de energía corresponde a calefacción y refrigeración y el 80 % se utiliza en edificios donde se desperdicia la mayor parte; que es preciso desarrollar a escala nacional un indicador de la demanda energética para calefacción y refrigeración en los edificios; que el 50 % de los recortes de emisiones necesarios para limitar el aumento global de la temperatura a menos de 2º C debe provenir de la eficiencia energética; que la reducción de la demanda energética de los edificios también es el camino más rentable para mejorar la seguridad energética y reducir las emisiones de CO2, al tiempo que contribuye a los objetivos de reindustrialización de la UE;
F. Considerando que la eficiencia energética debe ser considerada una fuente de energía por derecho propio, que representa la cantidad de Nw (negavatios) de la energía ahorrada, tal y como demuestra, sin género de dudas, la historia reciente de Europa y del mundo;
G. Considerando que el 61 % del gas importado se destina a los edificios (el 75 % de los cuales son edificios residenciales); que los estudios han demostrado que, con una ambiciosa política europea de renovación de edificios, la cantidad de las importaciones (utilizadas en el sector de la construcción) se podría reducir de modo rentable en un 60 % a corto plazo (esto es, en un periodo de 15 años), y se podría suprimir completamente a largo plazo (el parque inmobiliario europeo consumiría en 2040 el equivalente a la producción de gas interna de la Unión en 2011);
H. Considerando que es fundamental que la Unión y sus Estados miembros reconozcan la importancia que reviste la inclusión de las iniciativas de base ciudadana, como las cooperativas y los proyectos comunitarios de eficiencia energética; que es necesario suprimir las barreras económicas, normativas y administrativas para permitir a los ciudadanos participar activamente en el sistema energético;
I. Considerando que la Directiva relativa a la eficiencia energética es una directiva clave que reconoce la importancia del ahorro energético como impulsor de cambio para realizar el nivel de ambición posterior a la CP 21, al tiempo que aporta numerosos beneficios; que la creación de empleo se ve impulsada por la inversión en la renovación de edificios y otras medidas de eficiencia energética, las mejoras en el nivel de vida por la reducción de la pobreza energética, oportunidades de empleo en el sector de las pymes, mayor valor para los inmuebles, una mayor productividad, mayores niveles de salud y seguridad, mejoras en la calidad del aire, una mayor base impositiva y un PIB más alto;
J. Considerando que la mejora de la eficiencia energética, especialmente en el sector de la construcción, acarrea beneficios adicionales mediante la flexibilidad del lado de la oferta y una reducción de la carga base global y el pico del sistema;
La Directiva relativa a la eficiencia energética: un marco para el ahorro de energía a pesar de una aplicación insuficiente
1. Hace hincapié en que la eficiencia energética es fundamental para alcanzar nuestros objetivos en materia de clima y de energía, en consonancia con los objetivos avalados por el Acuerdo de París adoptado en la CP 21; subraya que la eficiencia energética reviste una importancia transcendental para disminuir nuestra dependencia de las importaciones de energía, crear puestos de trabajo, reducir la pobreza energética, mejorar el confort y la salud, e impulsar nuestra economía; destaca que la Directiva relativa a la eficiencia energética ha dado lugar a numerosos avances positivos en los Estados miembros, pero que las deficiencias en su aplicación están impidiendo el aprovechamiento de su pleno potencial;
2. Hace hincapié en que se trata de una medida indispensable para iniciar la transición hacia un sistema energético más sostenible basado en las energías renovables que contemple el abandono de los combustibles fósiles lo antes posible; se muestra preocupado por el hecho de que el abaratamiento de los combustibles fósiles pueda suponer un freno a las políticas de descarbonización y de eficiencia energética;
3. Pide que se elaboren planes para la retirada paulatina de las subvenciones a los combustibles fósiles y la canalización de recursos financieros hacia proyectos de eficiencia energética destinados a alcanzar el objetivo de la Unión de descarbonización del sector energético para 2050;
4. Señala que, hasta el momento, los Estados miembros siguen sin aplicar de forma adecuada la Directiva relativa a la eficiencia energética de 2012 y la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios de 2010; observa que el plazo de transposición de la Directiva relativa a la eficiencia energética expiró tan solo el 5 de junio de 2014; considera que la reducción de costes y la reducción del consumo de energía redundan en beneficio de los ciudadanos y de las empresas; destaca la importancia que reviste un sólido marco reglamentario que comprenda objetivos y medidas para incentivar y permitir las inversiones en eficiencia energética y en un consumo bajo de energía y bajos costes, respaldando al mismo tiempo la competitividad y la sostenibilidad; añade que algunos Estados miembros no están haciendo un uso adecuado de la ayuda de la Unión disponible para fomentar la eficiencia energética de los edificios residenciales; observa el importante potencial para crear empleo de calidad que ofrece la plena aplicación de las medidas de eficiencia energética, teniendo en cuenta que alrededor de 900 000 puestos de trabajo están relacionados con la prestación de bienes y servicios eficientes en el plano energético (según datos de 2010);
5. Reitera que la eficiencia energética ha de entenderse como la medida más sostenible en el contexto de nuestra obligación de reducir el consumo energético, y no como una excusa para consumir más;
6. Está de acuerdo con la Comisión en que los bajos precios del combustible y la perspectiva de crecimiento económico podrían poner aún más en peligro la consecución del objetivo del 20 %; pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren el régimen de seguimiento, verificación, control y cumplimiento a fin de que el nivel de ambición sea el adecuado;
7. Reconoce que se espera que los Estados miembros logren únicamente un 17,6 % de ahorro de energía primaria para 2020, y que el objetivo del 20 % está en peligro a menos que se aplique en su totalidad la legislación europea vigente, se redoblen los esfuerzos y se supriman los obstáculos existentes a las inversiones; observa, no obstante, que toda evaluación de la aplicación de la Directiva relativa a la eficiencia energética solo puede ofrecer en esta fase una visión parcial, habida cuenta de su entrada en vigor y plazo de transposición relativamente recientes; insta a los Estados miembros a que apliquen en su totalidad y rápidamente la Directiva; pide a la Comisión que intervenga con celeridad, en caso necesario mediante solicitudes de adaptación de los planes nacionales a los objetivos de la Directiva, y que emplee todos los medios legales a su alcance para garantizar que los Estados miembros proporcionen una información actualizada y precisa;
8. Recuerda sus Resoluciones de 5 de febrero de 2014, de 26 de noviembre de 2014 y de 15 de octubre de 2015, en las que se pide, en particular, un objetivo de eficiencia energética de un 40 % para 2030; considera que un objetivo global vinculante con objetivos nacionales individuales para 2030 aumentará la independencia de la Unión con respecto a las importaciones de energía, alentará la innovación y contribuirá a garantizar el liderazgo tecnológico en el ámbito de la eficiencia energética; considera asimismo que los requisitos vinculantes son vitales para lograr el máximo grado de ambición y esfuerzo por parte de los Estados miembros, así como para contemplar una flexibilidad suficiente que permita adaptar la combinación de instrumentos y herramientas a escala nacional;
9. Observa que las autoridades locales tienen que desempeñar un papel crucial a la hora de facilitar la aplicación de la Directiva, participando en medidas ambiciosas de ahorro de energía a través de planes de acción locales, por ejemplo en el marco del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía; considera que los datos procedentes de los planes de acción locales —como las políticas y medidas de eficiencia energética recogidas en más de 5 000 planes de acción de energía sostenible en el marco del Pacto de los Alcaldes— pueden contribuir de manera eficaz en términos de diseño conjunto y aumento de la ambición de los objetivos nacionales en materia de eficiencia energética;
10. Opina que debe explotarse mucho más el potencial del ahorro local de energía, ya que los entes locales y regionales resultan esenciales para impulsar la eficiencia energética y la transición energética en general; pide a la Comisión que refuerce las redes de ciudades, como el Pacto de los Alcaldes, la iniciativa «Ciudades y Comunidades Inteligentes» o las comunidades con fuentes de energía 100 % renovables, que permiten compartir conocimientos y mejores prácticas entre ciudades, autoridades locales, regiones y Estados miembros, en los ámbitos de la planificación local ascendente de la transición energética, el diseño y aplicación de medidas de eficiencia energética y autogeneración y el acceso a apoyo financiero;
11. Lamenta el objetivo escasamente ambicioso adoptado por el Consejo Europeo en 2014 de aumentar la eficiencia energética en al menos un 27 % en 2030 y que se justifica principalmente por la elevada tasa de descuento, en absoluto realista, que figura en una evaluación de impacto previa; recuerda que esta tasa de descuento (17,5 %) es excesivamente elevada; pide a la Comisión que realice un análisis exhaustivo de costes y beneficios que tenga en cuenta los múltiples beneficios de la eficiencia energética, y que adopte una tasa de descuento social, en línea con sus directrices para la mejora de la legislación; pide a la Comisión y a los Estados miembros que revisen el objetivo de eficiencia energética del 27 % para 2030 a la vista del Acuerdo de París sobre el cambio climático, a fin de alcanzar el objetivo de limitación mundial del calentamiento por debajo de 2º C y de proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5º C, en consonancia con el objetivo de eficiencia energética adoptado por el Parlamento; pide a la Comisión que establezca un objetivo de eficiencia energética vinculante del 40 % para 2030 que refleje el nivel del potencial de eficiencia energética rentable;
12. Insiste en que en la Unión se debe seguir promoviendo una estrategia a largo plazo para la reducción de la demanda de energía;
13. Destaca que, en algunos casos, la flexibilidad de la Directiva ha permitido que muchos Estados miembros pudieran adoptar medidas en el ámbito de la eficiencia energética y considera que esta flexibilidad en medidas alternativas es crucial para que los Estados miembros ejecuten programas y proyectos de eficiencia energética en el futuro; exige que se supriman las lagunas que existen en la Directiva actual y que son responsables de sus resultados insuficientes, en especial que se suprima el artículo 7, al tiempo que se sigue ofreciendo una flexibilidad adecuada a los Estados miembros en lo que respecta a la elección de medidas; observa que el estudio del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo sobre la aplicación del artículo 7(9), que se basa en las cifras notificadas por los Estados miembros, llega a la conclusión de que medidas como las que permiten a los Estados miembros introducir paulatinamente el objetivo, tomar en consideración acciones tempranas o eximir al transporte y a los sectores sujetos al RCDE del cálculo de su objetivo ha conducido en casi todos los casos a un objetivo anual de ahorro energético global de solo la mitad (el 0,75 %); señala que los autores han declarado que el análisis solo puede ser de buena calidad en la medida en que lo sean los datos facilitados para su evaluación; insiste en que es necesario definir mejor las medidas alternativas con arreglo al artículo 7, apartado 9, y que estas deben ser fácilmente cuantificables;
14. Observa que la introducción paulatina y las acciones tempranas con arreglo al artículo 7, apartado 2, ya no son válidas; recuerda que se espera que el artículo 7 proporcione más de la mitad del objetivo del 20 % que fija la Directiva;
15. Señala que la principal carencia de la Directiva actual es que la mayoría de las medidas caducará en 2020 a menos que la Directiva se modifique convenientemente, lo que significa, entre otras cosas, que sus disposiciones más importantes, en particular el artículo 7, deben ampliarse no solo hasta 2030, sino más allá, y que es en este contexto en el que se ha de evaluar la Directiva actual, y que los objetivos deben establecerse en función de los avances (resultados obtenidos, innovaciones tecnológicas y del mercado, etc.); espera que esto favorezca las medidas a largo plazo; señala asimismo la necesidad de introducir una evaluación intermedia para poder garantizar la consecución de los objetivos en 2030;
16. Subraya que una mayor armonización de los métodos para calcular la adicionalidad (capacidad de promover tecnologías con prestaciones superiores a la media de mercado) y la materialidad (la promoción de intervenciones que no necesariamente se habrían realizado), así como de los procedimientos de medición y comprobación del ahorro energético, podría favorecer una aplicación más eficaz de las disposiciones del artículo 7;
17. Propone que se modifique el título del artículo 7 y pase a denominarse «Sistemas de apoyo al ahorro energético» para poner de relieve la necesidad de que los Estados miembros ayuden a los consumidores, incluidas las pymes, a ahorrar energía, reducir sus costes energéticos y poner en práctica medidas que les permitan conseguir dicho ahorro mediante los sistemas de obligaciones en materia de energía y otras medidas;
18. Propone que el artículo 7 y, en particular, los sistemas de obligaciones de eficiencia energética, concedan prioridad a la actuación en el sector de la construcción, especialmente promoviendo la aplicación de las estrategias nacionales a largo plazo incluidas en el artículo 4, que deben diseñarse para desbloquear todo el potencial de inversión en la renovación de los edificios desde el punto de vista energético;
19. Subraya que, entre los desafíos y principales obstáculos que dificultan la aplicación del artículo 7, la falta de conocimientos y de capacidades de las partes interesadas tiene un peso importante, así como el hecho de que muchos de los consumidores finales no estén al tanto de los sistemas de eficiencia obligatorios o de las medidas alternativas ni del período de tiempo (2014-2020) disponible para su aplicación; pide, por lo tanto, a la Unión que invierta más en programas de información y acompañamiento en cada uno de los Estados miembros;
20. Destaca que la ausencia de indicadores de eficiencia energética, como el consumo de energía por unidad de renta nacional per cápita, impide a algunos Estados miembros incentivar a los ciudadanos y las empresas en la consecución del objetivo político en materia de clima y de eficiencia energética;
21. Hace hincapié en el hecho de que la disposición del artículo 7 por la que los Estados miembros pueden exigir la aplicación con carácter prioritario de un porcentaje de medidas de eficiencia energética en los hogares afectados por la pobreza energética o en las viviendas sociales, solo se ha utilizado hasta ahora en dos Estados miembros; pide un fortalecimiento de esta disposición;
22. Opina que las medidas de eficiencia energética destinadas a los hogares vulnerables y en situación de pobreza energética deben aplicarse con carácter prioritario a fin de garantizar una reducción sostenible de los costes energéticos especialmente en beneficio de estos hogares;
23. Propone que los Planes nacionales de acción para la eficiencia energética, tal y como se establecen en el artículo 24 de la Directiva actual, puedan requerir a los Estados miembros que fijen objetivos para utilizar las medidas de eficiencia energética con el fin de reducir el riesgo de pobreza energética, y que informen del modo en que están cumpliendo estos objetivos;
24. Considera que las medidas para la renovación de los edificios existentes con miras a una mayor eficiencia energética deben asignarse con carácter prioritario a los más afectados por la pobreza energética; pide a la Comisión que proponga un objetivo para mejorar la eficiencia del parque inmobiliario residencial, junto con futuras normas mínimas en materia de eficiencia para las viviendas alquiladas en el contexto de la revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética;
25. Señala que 16 Estados miembros han optado por establecer un sistema de obligaciones de eficiencia energética (artículo 7, apartado 1), que 24 Estados miembros han hecho uso de la posibilidad de recurrir a medidas alternativas y que 18 Estados miembros han preferido las medidas alternativas a la cuota de renovación (artículo 5); lamenta que siete Estados miembros no hayan establecido auditorías energéticas (artículo 8);
26. Señala que algunos elementos fundamentales de la Directiva relativa a la eficiencia energética (por ejemplo, los contadores inteligentes, las redes inteligentes, la cogeneración o los planes de renovación) requieren más tiempo y que es esencial contar con un marco estable en materia de eficiencia energética después de 2020 para ofrecer a los inversores, a las administraciones públicas y a las empresas la confianza y la estabilidad reglamentaria necesarias para poner en marcha proyectos y planes de innovación, ya que cuentan con un gran potencial para disminuir el consumo de energía y reducir de ese modo los costes para el consumidor; observa que la demanda pública y el mercado constituyen motores esenciales para estos proyectos;
27. Reconoce que la aplicación de señales de precio insuficientes es uno de los principales factores que debilitan la respuesta de la demanda; pide a los Estados miembros que superen esta barrera y que promuevan una medición inteligente y una facturación transparente como manera de fomentar un comportamiento más receptivo por parte de los consumidores en lo que respecta al consumo de energía y a la inversión en eficiencia energética;
28. Acoge con satisfacción las nuevas soluciones innovadoras e inteligentes para equilibrar la oferta y la demanda de energía, para un mejor uso de la energía renovable y para reducir los picos de consumo de energía; pide financiación para la investigación y el desarrollo de estas nuevas soluciones, especialmente en el sector de las pymes;
29. Destaca que la ausencia de coherencia directa entre los tres objetivos políticos en materia de clima y energía y, en concreto, en lo relativo a la conversión equivalente y recíproca de la dinámica de cambio entre esos objetivos, así como el aumento porcentual de la eficiencia y el aumento de la cuota de las fuentes de energía renovables por número de certificados de emisiones de CO2 individuales, no generan los incentivos apropiados para aumentar la eficiencia energética o para utilizar fuentes de energía renovables;
30. Hace hincapié en el papel crucial de los consumidores, los ciudadanos y los operadores de sistemas de distribución en el panorama cada vez más descentralizado de la energía, y en la importancia de su compromiso para alcanzar los objetivos de eficiencia energética; insiste, por lo tanto, en que es necesario adoptar más medidas para mejorar su papel, por ejemplo, facilitando la respuesta a la demanda, el almacenamiento a pequeña escala, la renovación de edificios y los sistemas de calefacción y refrigeración urbanas, tanto sobre una base individual como cooperativa;
31. Señala que la Directiva relativa a la eficiencia energética no solo respalda la eficiencia energética, sino que contiene también elementos de ahorro energético mediante la obligación vinculante de ahorro de energía anual establecida en el artículo 7; pide que la Directiva se centre en consideraciones de eficiencia energética; destaca la importancia de que el objetivo de eficiencia energética para 2030 esté en consonancia con los objetivos en materia de clima acordados en la CP 21, a fin de alcanzar nuestros objetivos en materia climática y reducir nuestra dependencia de terceros países; observa que los edificios suponen el 40 % del uso de la energía en la UE y que el 50 % de esta energía se utiliza con fines de calefacción y refrigeración; subraya que la mejora de la eficiencia energética en los edificios reviste, por lo tanto, una importancia fundamental en términos de reducción de las emisiones de CO2, mejora de la seguridad energética, reducción de la pobreza energética e impulso de nuestra economía; insta a los Estados miembros a que realicen, con ayuda de la financiación de la Unión, inversiones importantes para mejorar la eficiencia energética, ya que esto no solo reducirá la factura energética sino que también creará muchos puestos de trabajo y contribuirá a lograr los objetivos de reindustrialización;
32. Subraya que el 85 % del consumo de energía de un edificio se necesita para calefacción y agua caliente doméstica y que, por lo tanto, es necesario acelerar la modernización de los sistemas de calefacción antiguos e ineficientes en Europa para lograr un aumento de la eficiencia energética de al menos un 20 % con las tecnologías disponibles, entre ellas los sistemas de calefacción basados en energías renovables;
Normativas concurrentes: freno del progreso ecológico, imposición de cargas burocráticas y encarecimiento de la energía
33. Observa que las obligaciones de información en cuestiones energéticas, como parte de un marco, son esenciales para evaluar los avances y la aplicación de la legislación vigente en materia de eficiencia energética; lamenta, no obstante, las excesivas obligaciones de información, también debido a la sobrerregulación de los Estados miembros, a que se ven sometidos los productores de energía, las empresas, los consumidores y las administraciones públicas y que limitan el potencial de crecimiento e innovación; subraya que las obligaciones de información deben simplificarse siempre que sea posible a fin de reducir las cargas y los costes administrativos; critica el hecho de que los datos obtenidos de la información a menudo no son comparables en toda la Unión debido a los distintos desgloses, metodologías y normas; pide a la Comisión que reduzca, en particular mediante soluciones digitales, la carga administrativa relacionada con las obligaciones de información y que establezca más directrices sobre la comparabilidad de los datos con vistas a una mejor evaluación de estos; pide que se adapten las proyecciones de demanda de energía al potencial de ahorro rentable en los principales sectores, y cree que la reducción de los trámites burocráticos acelerará la aplicación de medidas de eficiencia energética; observa que la aplicación del principio de «primero, la eficiencia energética» exige revisar la planificación energética y la información y mejorar la coherencia de las políticas, a fin de garantizar su refuerzo mutuo, reconociendo que el ahorro energético constituye la fuente de energía principal y más segura para Europa; señala que la eficiencia energética puede ser la mejor inversión en «fuentes» de energía, por la reducción de la necesidad de costosas infraestructuras de suministro adicionales y la contribución a la lucha contra el cambio climático;
34. Insiste en que las normas para calcular el ahorro energético y las interpretaciones para las medidas idóneas, tal y como se contemplan en los anexos a la Directiva, son demasiado complejas y, por tanto, imposibles de seguir de modo preciso; pide a la Comisión que garantice que la revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética proporcionará un método esencialmente más sencillo de cálculo de la eficiencia energética, y que considere la propuesta de nuevos actos delegados que simplifiquen los métodos de cálculo de la Directiva actual;
35. Pide a la Comisión que revise el factor de conversión para la electricidad recogido en el anexo IV de la Directiva, a fin de que refleje mejor la transición actual de la producción de electricidad;
36. Señala que no todos los riesgos asociados a las inversiones en ahorro de energía se pueden abordar en el marco del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE), ya que este solo cubre un 45 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión; observa que la Directiva relativa a la eficiencia energética está interrelacionada con otra legislación de la Unión en materia de energía y tiene ciertamente un impacto en la huella de carbono y en el RCDE (precios de los certificados); pide a la Comisión que evalúe la interrelación y garantice la complementariedad; constata que la caída de los precios de los derechos de emisión del RCDE es uno de los numerosos factores que reducen los incentivos para la inversión industrial en ahorro energético;
37. Insiste en la importancia de la aplicación correcta de la reserva de estabilidad del mercado, que podría contribuir a mejorar la eficiencia energética mediante el refuerzo de la coherencia entre el RCDE de la Unión y las políticas energéticas hipocarbónicas;
38. Espera con interés el futuro fondo de modernización, que estará destinado a modernizar los sistemas energéticos y mejorar la eficiencia energética en los Estados miembros de la UE con rentas más bajas, y pide a la Comisión que presente una estructura de gobernanza adecuada, incluidos detalles relativos a las funciones de los Estados miembros beneficiarios, del BEI y de otras instituciones;
39. Subraya que la falta de coordinación entre los diferentes elementos de las legislaciones nacionales puede dificultar la aplicación de soluciones eficaces en materia de eficiencia energética que ofrezcan los mejores resultados posibles en términos de rentabilidad, y contrarresta las ventajas de precios conseguidas mediante el ahorro energético; pide a los Estados miembros y a la Comisión que elaboren medidas coordinadas para la plena realización del potencial de eficiencia energética, lo que dará lugar a una mayor coherencia entre los Estados miembros sin restringir su capacidad de adaptar las políticas en función de su mercado y precios de la energía locales, de las tecnologías y las soluciones disponibles y de la combinación energética nacional; pide que el RCDE tenga más en cuenta las medidas nacionales que afectan al número de derechos de emisión y a su precio;
40. Destaca la necesidad de mejorar la eficiencia energética del sector público y pide una mejor integración de las iniciativas de ahorro energético en la contratación pública;
41. Señala que no todos los agentes de contratación entienden perfectamente los requisitos de eficiencia energética en la contratación pública; pide a la Comisión que proporcione unas orientaciones más claras para facilitar el cumplimiento del artículo 6 de la Directiva y para integrar mejor lo dispuesto en dicho artículo en la normativa general de la Unión sobre contratación pública;
42. Pide a la Comisión que asocie a las instituciones locales y regionales a la promoción de la eficiencia energética a escala regional, local y ciudadana;
43. Señala que, si bien los precios europeos de la electricidad al por menor para los clientes comerciales e industriales de pequeño y mediano tamaño y los consumidores privados son relativamente elevados en muchos Estados miembros, la inversión en eficiencia energética puede impulsar la competitividad de las empresas europeas y reducir el coste de la energía para los consumidores privados; subraya, no obstante, que la factura de la electricidad en la Unión se compone, de media, de un tercio de impuestos y exacciones indirectos aplicados por los Estados para los hogares particulares, que cuando se aplican como elementos fijos en las facturas pueden hacer difícil que los consumidores perciban los beneficios del ahorro energético, y contribuyen a la pobreza energética; observa que las exacciones para financiar las políticas europeas en materia de clima y energía constituyen la parte más pequeña de la factura; subraya que los elevados precios de la energía en la Unión se traducen en una diferencia de precios entre los distintos Estados miembros de la Unión y nuestros principales competidores en muchas partes del mundo, lo que socava la competitividad de las industrias europeas de alto consumo energético; señala que la innovación también aumenta con una mayor inversión en eficiencia energética, lo que coloca a la industria europea en una posición prominente en el mundo;
44. Observa que la eficiencia energética puede convertirse en la mejor inversión en «fuentes» de energía, ya que mejora la asequibilidad de la energía, reduce la necesidad de costosas infraestructuras adicionales y contribuye a luchar contra el cambio climático;
45. Observa que el principio de «primero, la eficiencia energética» permite una expansión más rentable de la cuota de las fuentes de energía renovables en la combinación; subraya que las obligaciones de ahorro deben ser compatibles con el desarrollo de fuentes de energía renovables sostenibles y que deben fortalecerse las sinergias con vistas a una transición hacia un sistema energético descarbonizado, resiliente e inteligente; opina que la mejora de los sistemas suprarregionales de distribución, almacenamiento y de gestión en el lado de la demanda brindan buenas oportunidades para la expansión de emplazamientos óptimos para la energía eólica, hidráulica y solar que suministren energía a toda Europa; está convencido de que este planteamiento tendrá un efecto amortiguador en los precios de la energía;
46. Subraya que la eficiencia energética es la medida más rentable para alcanzar los compromisos de la Unión en materia de reducción de emisiones de CO2;
Necesidad de una mayor coherencia en la legislación en materia de energía
47. Pide a la Comisión que observe el principio de mejora de la legislación, que considere fórmulas para mejorar la coordinación de las normas de la Unión en materia de energía y cambio climático para mejorar la eficiencia y la eficacia legislativas, y que proponga medidas para mejorar la reglamentación actual; pide asimismo a la Comisión que refuerce las metodologías para la evaluación global y a largo plazo de las iniciativas en materia de eficiencia energética, incluidas todas las principales externalidades; pide una perspectiva social en la modelización y la evaluación de los costes y beneficios totales de los distintos niveles de ambición en materia de eficiencia energética, y que se trate la eficiencia energética como una fuente de energía por derecho propio;
48. Pide a la Comisión que considere la eficiencia energética como una prioridad en materia de infraestructuras, reconociendo que cumple la definición de infraestructura utilizada por el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones económicas(10), y que la convierta en un elemento crucial y en una prioridad en las futuras decisiones de inversiones sobre las estructuras energéticas de Europa;
49. Observa que la eficiencia energética puede contribuir a aumentar la resiliencia del sistema energético y, de este modo, ayudar a lograr la transición hacia una situación sostenible y segura;
50. Destaca que un mercado funcional de la energía, incluidos los servicios de eficiencia energética, optimizará los costes de los sistemas energéticos, lo que beneficiará a todos los consumidores y mejorará considerablemente la eficiencia energética y la competitividad en toda Europa; pide, por lo tanto, a los Estados miembros que apliquen en su totalidad el tercer paquete energético, a fin de garantizar mercados de la energía competitivos e interconectados y completamente funcionales;
51. Señala que las industrias con gran consumo de energía también deben realizar su aportación, y que resulta de extrema importancia en este sentido contar con unas condiciones de competencia equitativas en la Unión;
52. Subraya que la eficiencia energética forma parte de los objetivos fundamentales de la Unión y que, por ello, hay que estimular a los países europeos para que eviten el despilfarro provocado por el consumo de la industria, los transportes y la construcción, que son los sectores que cuentan con el mayor porcentaje de consumo;
53. Se felicita por los efectos positivos que los sistemas de certificación y las obligaciones de ahorro (artículo 7) están teniendo en muchos Estados miembros; considera que la opción de elegir medidas alternativas de ambición equivalente es un factor importante para asegurar su aceptación; constata la importancia de garantizar que el ahorro certificado se corresponde con un ahorro energético en la vida real y no con un mero ahorro sobre el papel; hace hincapié en el papel de las empresas de servicios a la hora de desarrollar activamente las medidas de eficiencia energética; pide que el cálculo de los sistemas de certificación y las medidas de ahorro energético no se vean obstaculizados; pide a la Comisión que evalúe si es posible tomar en consideración el ahorro de energía primaria mediante las centrales integradas de cogeneración (producción combinada de calor y electricidad);
54. Llama la atención sobre el informe elaborado para el Parlamento por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, en el que se constata que la mayoría de los sistemas de obligaciones de eficiencia energética establecidos han demostrado su importancia para lograr una mejora en la eficiencia energética nacional y han proporcionado un ahorro rentable a gran cantidad de hogares y organizaciones; destaca asimismo la conclusión de que los sistemas de obligaciones de eficiencia energética presentan una alta rentabilidad y de que hay pruebas de que estos sistemas, bien diseñados y aplicados, pueden lograr el 100 % del ahorro, en el sentido del artículo 7, de un país; propone, por lo tanto, que la Comisión compile una lista de buenas y malas prácticas y elabore un conjunto de criterios para garantizar sistemas de obligaciones de eficiencia energética eficaces y bien diseñados;
55. Pide que se adopten medidas dirigidas a asegurar que los cálculos relativos al ahorro y la eficiencia sean correctos y no incluyan procedimientos burocráticos innecesarios; considera que la Directiva relativa a la eficiencia energética también podría funcionar como marco legislativo en este ámbito; considera que las medidas específicas y los criterios de eficiencia podrían integrarse en una serie de directivas en vigor (por ejemplo, en la Directiva sobre los edificios) o en un requisito de etiquetado combinado (etiquetado de eficiencia energética, diseño ecológico, economía circular, marcado CE);
56. Considera que los objetivos de protección climática y de eficiencia de la Unión deben reforzarse mutuamente, y que las obligaciones vinculantes para la eficiencia energética son vitales para alcanzar un grado máximo de ambición y esfuerzo en los Estados miembros, a la vez que son también necesarias para contemplar una flexibilidad suficiente que permita ajustar la combinación de instrumentos y herramientas a escala nacional;
57. Pide que la Directiva relativa a la eficiencia energética revisada esté en consonancia con los objetivos de la Unión en materia de protección del clima y del objetivo del Acuerdo de la CP 21; hace hincapié en que la revisión de la Directiva debe incluir la continuación y la mejora de las medidas existentes y la eliminación de las contradicciones y lagunas a fin de garantizar la previsibilidad reglamentaria y ofrecer confianza a los inversores a largo plazo;
Mayor eficiencia energética – más empleo y crecimiento
58. Lamenta la falta de eficacia de algunos proyectos de eficiencia energética desarrollados con el apoyo de los Fondos Estructurales de la Unión (2007 a 2013), según ha criticado el informe del Tribunal de Cuentas; pide a la Comisión que aplique cuanto antes las correspondientes mejoras con especial énfasis en la justificación, el seguimiento y la reducción del periodo de amortización de los proyectos financiados; pide que se mejoren las directrices y se intensifique el seguimiento por parte de la Comisión con el fin de optimizar el uso de los Fondos Estructurales y del FEIE en combinación con las inversiones privadas para financiar proyectos viables en el ámbito de la eficiencia energética, en particular en edificios; considera que la financiación de proyectos de eficiencia energética con cargo a los Fondos Estructurales y al FEIE debe orientarse a aquellos consumidores más sensibles al coste de la energía, como la industria con riesgo de fugas de carbono, las pymes y los hogares en riesgo de pobreza energética; considera absolutamente prioritaria la creación de instrumentos financieros, herramientas y modelos innovadores para movilizar fondos públicos y apalancar la financiación privada a nivel local, nacional, regional y europeo, con miras a apoyar las inversiones en sectores clave de la eficiencia energética como la renovación de edificios, prestando especial atención a los grupos vulnerables y teniendo debidamente en cuenta también las especificidades de las inversiones a largo plazo;
59. Pide a los Estados miembros que promuevan las inversiones en el sector de la construcción, redoblando sus esfuerzos para incentivar una renovación en profundidad del parque inmobiliario de la Unión que disponga de un aislamiento deficiente;
60. Subraya que, en caso de que los Estados miembros establezcan un régimen de eficiencia energética financiado mediante tasas, un umbral mínimo deberá destinarse a hogares afectados por la pobreza energética; subraya asimismo que los Estados miembros deben demostrar el modo en que dicho régimen de eficiencia energética financiado mediante exacciones contribuye a mejorar las viviendas que estén en peor situación;
61. Destaca la importancia de los instrumentos financieros europeos en forma de préstamos, garantías y capital para movilizar la financiación privada de proyectos de eficiencia energética; subraya, sin embargo, la necesidad de conceder financiación en forma de subvenciones a proyectos en el ámbito social;
62. Subraya que la Unión debe fijarse un objetivo ambicioso en relación con el ahorro energético y promover la innovación en lo que respecta a las inversiones en eficiencia energética, ya que estas son rentables y pueden amortizarse con bastante rapidez;
63. Pide a los Estados miembros que incluyan una disposición a fin de que un porcentaje mínimo significativo de medidas de los sistemas obligatorios de eficiencia energética se destine a los consumidores con rentas bajas;
64. Observa que los proyectos de eficiencia energética son con frecuencia proyectos a pequeña escala y deben integrarse en expedientes de mayor tamaño; pide, a tal fin, a la Comisión, al BEI y a los Estados miembros que presten más asistencia técnica y asistencia para el desarrollo de proyectos a fin de facilitar las inversiones;
65. Considera que, con el fin de avanzar más allá de medidas simples y de bajo coste en el sector de la construcción, se requiere una estrategia a largo plazo sobre eficiencia energética en los edificios e intensificar el estímulo de la renovación eficiente de edificios desde el punto de vista energético;
66. Pide una mejora de la coordinación y del intercambio de ideas y de mejores prácticas entre los Estados miembros sobre las obligaciones de ahorro y los planes relativos a la construcción y la renovación de edificios (artículos 4, 5, 6 y 7) con miras a aplicar con mayor diligencia los instrumentos existentes y los nuevos (incentivos fiscales, programas de apoyo, modelos de contrato e inversiones en vivienda social); cree que el ámbito de aplicación del artículo 5 debe ampliarse para incluir todos los organismos públicos cuando sea posible; pide a la Comisión que proporcione directrices para los futuros planes nacionales, a fin de garantizar la transparencia y la comparabilidad; acoge con satisfacción la asistencia técnica de la Comisión para la aplicación de la Directiva relativa a la eficiencia energética; pide modelos obligatorios para los planes nacionales, a fin de garantizar la transparencia y la comparabilidad; pide a los Estados miembros que estudien regímenes de apoyo innovadores basados en el mercado;
67. Señala que el menor progreso se ha hecho en el sector residencial y pide, por lo tanto, a los Estados miembros que recurran a las empresas de servicios energéticos y a contratos de rendimiento energético, que apliquen regímenes fiscales y programas de préstamos para aumentar los reducidos índices de renovación del parque inmobiliario existente en Europa y que premien las medidas de eficiencia energética, como la instalación de sistemas de calefacción y refrigeración eficientes desde el punto de vista energético;
68. Pide a la Comisión que aliente a los Estados miembros para que adopten y mejoren los sistemas de seguimiento, medición y gestión de la eficiencia energética en los edificios, a fin de obtener importantes ganancias de eficiencia energética en el parque inmobiliario de la Unión;
69. Pide que las hojas de ruta de los Estados miembros sobre renovación contempladas en el artículo 4 describan el modo en que conseguirán, en la siguiente edición de las hojas de ruta (prevista para abril de 2017), la renovación energética de su parque inmobiliario; y, como resultado, ofrezcan el escenario de una Unión con edificios de consumo de energía casi nulo para 2050;
70. Considera que la ampliación de la función ejemplarizante de los edificios públicos a todos los niveles de la administración pública, y no solo al del Gobierno central, contribuirá a aprovechar al máximo el potencial de rentabilidad de los costes de los edificios, ya que este ha demostrado ser el sector con el mayor potencial, no solo del ahorro de energía, sino también de la prestación de otras ventajas más generales, como un mayor confort y un mayor bienestar; considera, a este respecto, que se debe exigir a los Estados miembros que establezcan mecanismos internos de puesta en común de los esfuerzos para alcanzar el objetivo del 3 % entre los diferentes niveles de la administración pública, y que debe mantenerse la flexibilidad para optar por otras medidas y cuantificarse su impacto, como enfoque alternativo al contemplado en los apartados 1 y 2;
71. Pide a la Comisión Europea que ejerza un estímulo aún mayor sobre los Estados miembros para que renueven los edificios no residenciales, dado su gran potencial de rentabilidad a corto plazo;
72. Propone que el artículo 4 de la Directiva se titule «Estrategias a largo plazo para la renovación en profundidad del parque inmobiliario nacional, en particular para movilizar la inversión»;
73. Pide que se dediquen los recursos necesarios a formar a los instaladores de forma que puedan llevar a cabo renovaciones de calidad;
74. Pide a la Comisión que elabore un enfoque estratégico dirigido a aumentar el conocimiento de los nuevos progresos técnicos (en lo que se refiere, entre otros muchos aspectos, a los refrigerantes, la iluminación, el aislamiento, los termostatos, la medición y el acristalamiento);
75. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que den prioridad al artículo 4 con respecto a la preparación de la segunda versión de las estrategias, que deberá estar lista en 2017 y debería basarse en un compromiso adecuado con las partes interesadas, siguiendo unos modelos obligatorios e incluyendo objetivos intermedios a cinco años y planes de aplicación, con el fin de conseguir un objetivo de edificios de consumo de energía casi nulo a escala de la Unión para 2050, ya que ello será necesario para cumplir los objetivos de la CP 21;
76. Considera que las auditorías energéticas para las empresas son un medio probado para impulsar la eficiencia energética, y subraya sus beneficios para la competitividad; pide que se proceda a una definición uniforme y al cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 8 (definición del concepto de «pyme», auditorías, supresión de la doble certificación de las estructuras empresariales transfronterizas), y el establecimiento de un enfoque uniforme con vistas al umbral de mínimos a que se refiere el artículo 8, apartado 4; pide que el ámbito de aplicación de este artículo se amplíe a todas las empresas con alto consumo de energía; pide una evaluación con vistas a mejorar la eficacia de los sistemas de auditoría energética; pide que, junto con las actividades de mantenimiento previstas, se exija la aplicación de las recomendaciones de auditorías energéticas rentables, de acuerdo con los objetivos de las empresas;
77. Propone una revisión de la definición de «pyme» que se aplica en la Directiva (artículo 2, punto 26) para que haga referencia únicamente al número de personas empleadas y al volumen de negocios anual, de modo que las empresas controladas en un 25 % o más por un organismo público puedan seguir considerándose pymes;
78. Celebra que la Comisión esté trabajando en la elaboración de directrices para la aplicación de los artículos 9 a 11 de la Directiva relativa a la eficiencia energética, con el fin de ayudar a los consumidores a controlar mejor su consumo energético; considera que la viabilidad técnica y la implantación de contadores inteligentes —teniendo debidamente en cuenta la rentabilidad y la transparencia de costes— son elementos importantes para el ahorro energético; opina que, en aras de la coherencia, todas las disposiciones vigentes sobre contadores y facturación deben agruparse en un solo texto;
79. Señala que las facturas energéticas de los consumidores siguen siendo poco claras e inexactas; recomienda aumentar la transparencia y claridad de las facturas mediante el establecimiento de principios de alto nivel para las facturas a escala de la Unión, a fin de poner a disposición de los consumidores la información clave en un formato comparable y poder ayudarles a adaptar los patrones de consumo; destaca que los consumidores cuentan con una amplia gama de preferencias y de instrumentos accesibles, por lo que el enfoque ante la información debe diseñarse mediante un estudio de los consumidores a escala nacional;
80. Considera fundamental el acceso a información y asesoramiento independientes y fiables sobre medidas adecuadas de eficiencia energética y sistemas de financiación, en especial para los hogares, pero también para las autoridades regionales y locales, a fin de permitirles que tomen decisiones informadas y conscientes desde el punto de vista energético y gestionar mejor su consumo de energía, también mediante sistemas de medición inteligentes y contadores individuales del consumo de calefacción y refrigeración;
81. Pide normas estrictas de garantía de calidad, programas nacionales de formación y sistemas nacionales únicos y simplificados de certificación para los proveedores de eficiencia energética, respaldados con marcos de asesoramiento y recurso unificados y de fácil acceso; subraya que esto se propone con el fin de eliminar algunos de los obstáculos no financieros a la adopción por parte de los consumidores de productos y servicios de eficiencia energética, por ejemplo, haciendo posible la identificación de los comerciantes de confianza;
82. Espera nuevas inversiones en el ámbito del ahorro energético como resultado del cumplimiento de las normas de cogeneración de alta eficiencia establecidas en el artículo 14;
83. Destaca que, en caso de que los Estados miembros establezcan un régimen de eficiencia energética financiado mediante tasas (artículo 20), este debe orientarse con carácter prioritario a los hogares afectados por la pobreza energética; insiste en que la revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética debe proporcionar a los Estados miembros un entorno político estable a largo plazo que garantice el aumento sostenido de las inversiones en eficiencia energética, en particular a escala local; exige que la Unión Europea y el BEI redoblen sus esfuerzos de creación de capacidades y asistencia técnica para desarrollar proyectos de eficiencia energética financiables que atraigan la inversión privada del mercado; pide que los programas de financiación de la Unión (como los Fondos Estructurales, el Plan Juncker y el mecanismo ELENA del BEI) aumenten la proporción de fondos asignados a la creación de capacidades y a la asistencia técnica en materia de eficiencia energética;
84. Lamenta el bajo nivel de inversiones públicas y privadas en las redes inteligentes de distribución de electricidad; pide a la Comisión Europea que refuerce la aplicación del artículo 15 de la Directiva, a fin de promover el desarrollo de dichas redes;
85. Pide que se establezca la obligación de llevar a cabo evaluaciones nacionales de rentabilidad de los programas de eficiencia energética desplegados a través de las autoridades locales o en combinación con ellas, y que se adopte este procedimiento allí donde proporcione eficiencias y ahorro de costes para los consumidores;
86. Manifiesta su preocupación por la creciente contaminación provocada por algunas instalaciones de calefacción domésticas alimentadas por biomasa sólida, que generan grandes cantidades de polvo fino, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y dioxinas que deterioran en gran medida la calidad del aire y son, por lo tanto, perjudiciales para la salud humana; insta a los Estados miembros, por consiguiente, a que apliquen soluciones alternativas eficientes y ecológicas;
87. Subraya la necesidad inmediata de aplicar un enfoque más exhaustivo a la mejora de la eficiencia energética del conjunto del sistema de transportes, que no se apoye únicamente en el desarrollo tecnológico de vehículos o sistemas de propulsión; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten medidas nuevas y ambiciosas que fomenten un cambio modal hacia las modalidades de mayor eficiencia energética, y a que implanten íntegramente sistemas de transporte inteligentes (STI) con el fin de seguir mejorando la eficiencia y el índice de uso de la capacidad disponible, tanto de los vehículos como de las infraestructuras, y también en la logística, la aviación y el transporte marítimo;
88. Recuerda que la eficiencia energética puede alcanzarse estableciendo normas para el CO2 e informando a los usuarios acerca del consumo de combustible de sus vehículos; pide a la Comisión que presente propuestas para informar a los usuarios acerca del consumo de combustible de los nuevos camiones, autobuses y autocares y fijar límites a sus emisiones de CO2;
89. Lamenta la escasa contribución del transporte al ahorro energético, con un porcentaje de tan solo el 3 % en el desglose del ahorro general por sectores, pese a la estabilización del tráfico de pasajeros y a la caída del tráfico de mercancías entre 2005 y 2013 debido a la crisis económica; pide a los Estados miembros que aumenten el número de medidas destinadas al sector de los transportes;
Textos Aprobados, P8_TA(2015)0444.
COM(2011)0112.
Textos Aprobados, P8_TA(2015)0266.
Véase el estudio de Tina Fawcett y Jan Rosenow sobre los planes y los logros de los Estados miembros con vistas a la aplicación del artículo 7 de la Directiva relativa a la eficiencia energética (Servicio de Estudios del Parlamento Europeo).
Informe de la consultora E3G, de 3 de marzo de 2016, titulado «Energy efficiency as infrastructure: leaping the investment gap» .
Entre 1990 y 2014, las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron en un 23 % en la Unión. En el mismo período, el PIB de la Unión creció un 46 %. Con una carga cada vez menor sobre el clima, las empresas y los ciudadanos generan mayor crecimiento, crean empleo y realizan una mayor aportación fiscal.
La Unión va por buen camino para alcanzar los objetivos fijados para el año 2020 de reducir las emisiones de CO2 en un 20 %, de aumentar hasta el 20 % la cuota de las fuentes de energía renovables en el consumo total de energía y de incrementar la eficiencia energética en otro 20 %. Esta evolución se debe en gran medida al éxito del régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE). Además de ofrecer incentivos para reducir las emisiones, este régimen fomenta las inversiones en tecnologías eficientes en el plano energético. No obstante, no cabe duda de que la consecución de dichos objetivos puede atribuirse también en parte a la crisis económica y financiera que han sufrido algunos países.
Los motivos de preocupación se centran ahora en la burocracia asociada a los informes en el sector energético y en los altos precios de la energía para los clientes de las empresas de tamaño medio y los hogares. La reducción de costes obtenida gracias al ahorro energético se ve contrarrestada por los gravámenes especiales impuestos a nivel nacional y por las enrevesadas obligaciones de información. Esta situación puede atribuirse en parte a las normativas a veces contradictorias de la Unión en materia de protección climática (repercusiones directas e indirectas en los precios de los certificados del RCDE), a la complejidad de la legislación en el ámbito de la eficiencia energética (Directiva relativa a la eficiencia energética, etiquetado de eficiencia energética, diseño ecológico, RCDE, futura economía circular) y a los diferentes enfoques nacionales de la política energética (mercados de capacidad, sistemas de pago para la energía renovable, abandono del carbón), factores todos ellos que pueden ejercer una influencia masiva en la política europea. Por consiguiente, se insta a la Comisión a que redoble sus esfuerzos dirigidos a elaborar una política climática y energética coherente y diseñar un mercado de la electricidad de alcance europeo.
La aplicación de la Directiva relativa a la eficiencia energética desempeña también un papel muy importante. Cabe señalar, ante todo, que la Unión está alcanzando su objetivo de eficiencia del 20 % para el año 2020 a pesar de que la Directiva no se ha aplicado plenamente en la mayoría de los Estados miembros. Este hecho demuestra la fortaleza del propio mercado. Si las empresas y los ciudadanos reconocen que la eficiencia y el ahorro energéticos redundan en su propio interés, no hay necesidad alguna de regulación por parte de la Unión. No obstante, la Directiva ofrece también otros estímulos innovadores importantes en relación con las obligaciones y los incentivos en los Estados miembros. Hay que dar tiempo a esta Directiva, todavía reciente, y a los Estados miembros responsables de su aplicación para que esas innovaciones den sus frutos. Entretanto, debería aprovecharse la oportunidad que brinda la revisión para conferir una mayor coherencia a la legislación de la Unión en materia de ahorro energético y vincular entre sí algunos de sus aspectos fundamentales. El informe ofrece algunos puntos de partida en este sentido.
OPINIÓN de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (27.4.2016)
Ponente: Peter Liese
A. Considerando que, tras el acuerdo satisfactorio alcanzado en la CP 21 de París, la Unión está más obligada que nunca a cumplir con sus objetivos climáticos y que la eficiencia energética es una de las formas más rentables de conseguir la reducción de las emisiones de CO2;
B. Considerando que en 2014 la Unión gastó 358 000 millones EUR al año en importaciones de energía, es decir, casi 1 000 millones EUR al día(1), un importe superior al déficit total de Grecia (317 000 millones EUR)(2) y casi equivalente a la facturación total del sector del automóvil de Alemania (367 900 millones EUR)(3) de 2014;
1. Hace hincapié en que mejorar la eficiencia energética es fundamental para alcanzar nuestros objetivos climáticos, en consonancia con los objetivos avalados por el Acuerdo de París adoptado en la CP 21, y para reducir nuestra dependencia de las importaciones de energía;
2. Hace hincapié en que se trata de una medida indispensable para iniciar la transición hacia un sistema energético más sostenible basado en las energías renovables, que contemple el abandono de los combustibles fósiles lo antes posible;
3. Insiste en que dicha mejora también es fundamental para la creación de empleo y el crecimiento sostenible, en especial en las pymes y la industria, así como para aumentar la productividad y mejorar el confort y la salud;
4. Manifiesta su inquietud ante la valoración expresada por la Comisión en su Comunicación de 23 de julio de 2014 al Parlamento y al Consejo de que al ritmo actual no se conseguirá el objetivo de la Unión de ahorrar un 20 % en el consumo de energía para 2020 y el ahorro real será entre un 1 % y un 2 % menor; pide a la Comisión que anime a los Estados miembros a redoblar sus esfuerzos y a adoptar medidas que aseguren el cumplimiento de este objetivo europeo;
5. Expresa su preocupación en relación con todos los sectores mencionados en el informe de la Comisión que registran valores todavía muy alejados de la consecución del objetivo de eficiencia energética para 2020; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que intervengan con decisión en los sectores de la construcción, los transportes, los servicios y la producción de energía para garantizar una mayor prosperidad y más empleos ecológicos en la Unión; considera que estas medidas deben estar en sinergia con la transición hacia una economía circular;
6. Sostiene que el Acuerdo de París (CP 21) debe ir acompañado de planes nacionales de emisiones con compromisos concretos y verificables en materia de emisiones y energía que garanticen que se cumple el empeño de evitar un calentamiento global de más de 2 grados;
7. Observa que los edificios públicos y privados son responsables del 40 % del uso final de la energía en la Unión y del 36 % de las emisiones de CO2, y que la calefacción y la refrigeración suponen el 50 % del consumo final de energía; considera que la mejora de la eficiencia energética de los edificios es, por tanto, de máxima importancia para la reducción de las emisiones de CO2 y la mejora de la seguridad energética, así como para poner fin a la pobreza energética y mejorar la salud pública;
8. Pide a los Estados miembros que promuevan las inversiones en el sector de la construcción, redoblando sus esfuerzos para incentivar una renovación en profundidad del parque inmobiliario de la Unión que disponga de un aislamiento deficiente;
9. Propone que el artículo 4 de la Directiva relativa a la eficiencia energética se reformule de manera que haga referencia a «estrategias a largo plazo para la renovación del parque nacional de edificios que comprendan la movilización de inversiones»;
10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que den prioridad al artículo 4 con respecto a la preparación de la segunda versión de las estrategias, que deberá estar lista en 2017 y debería basarse en un compromiso adecuado con las partes interesadas, siguiendo unos modelos obligatorios, que incluyan objetivos intermedios a cinco años y planes de aplicación, con el fin de conseguir un objetivo de edificios de consumo de energía casi nulo (EECN) a escala de la Unión para el año 2050, ya que ello será necesario para cumplir los objetivos de la CP 21;
11. Pide que se amplíe el alcance del artículo 5 de la Directiva a todos los niveles de la administración pública; considera, a este respecto, que se debería exigir a los Estados miembros que estableciesen mecanismos nacionales de puesta en común de los esfuerzos para alcanzar el objetivo del 3 % y que debería mantenerse la flexibilidad para optar por otras medidas como enfoque alternativo al contemplado en los apartados 1 y 2;
12. Señala que el menor progreso se hizo en el sector residencial y, por tanto, pide a los Estados miembros que recurran a las empresas de servicios energéticos y a contratos de rendimiento energético, que apliquen regímenes fiscales y programas de préstamos para aumentar los reducidos índices de renovación del parque inmobiliario existente en Europa y que premien las medidas de eficiencia energética, como la instalación de sistemas de calefacción y refrigeración eficientes desde el punto de vista energético;
13. Considera que las medidas para la renovación de los edificios existentes con miras a una mayor eficiencia energética deben asignarse con carácter prioritario a los más afectados por la pobreza energética; pide a la Comisión que proponga un objetivo para mejorar la eficiencia de los edificios de viviendas, junto con futuras normas mínimas en materia de eficiencia para las viviendas alquiladas en el contexto de la revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética;
14. Destaca que los esfuerzos comunes emprendidos por la Unión contribuirán a crear un mercado común de bienes y servicios que ayuden a ahorrar energía, lo que se traducirá en menores costes para todos los consumidores y abaratará los servicios energéticos, en especial para las personas más vulnerables, creará condiciones de competencia más equitativas para las empresas del sector, fomentará la competitividad y abrirá nuevos mercados;
15. Señala que las industrias con gran consumo de energía también deben realizar su aportación, y que resulta de extrema importancia en este sentido contar con unas condiciones de competencia equitativas en la Unión;
16. Destaca que más de la mitad de la inversión que se necesita para descarbonizar el sistema de energía de la Unión antes de 2050 debe destinarse a la eficiencia energética; pone de relieve que este enfoque permitirá reducir la producción de energía a partir de combustibles fósiles a una escala apropiada para satisfacer la demanda futura, así como evitar los activos varados; pide que la eficiencia energética sea considerada una inversión prioritaria en infraestructuras, de manera que las medidas para ponerla en práctica queden comprendidas en procesos más amplios de planificación y financiación de infraestructuras a escala nacional y de la Unión;
17. Destaca que la Directiva relativa a la eficiencia energética ha dado lugar a numerosos avances positivos en los Estados miembros, pero que las deficiencias en su aplicación están impidiendo la realización del pleno potencial de la Directiva; celebra que la Comisión haya ofrecido un mayor apoyo técnico a fin de garantizar una aplicación correcta y ágil de la Directiva;
18. Subraya, no obstante, la necesidad de más orientación por parte de la Comisión para ayudar a los Estados miembros a aplicar la Directiva con más eficacia e informar de sus avances;
19. Pide a la Comisión que intervenga con celeridad, en caso necesario mediante peticiones motivadas de adaptación de los planes nacionales a los objetivos de la Directiva, y que emplee todos los medios legales a su alcance para garantizar que los Estados miembros proporcionen una información actualizada y precisa;
20. Pide a la Comisión que promueva el intercambio de las mejores prácticas entre los Estados miembros para acelerar la consecución de los objetivos y la difusión de productos y servicios innovadores, y para fomentar la convergencia entre países en materia de eficiencia energética;
21. Considera que los Estados miembros que todavía están lejos de alcanzar el objetivo del 20 % para el año 2020 precisan de orientaciones de la Comisión que les permitan desarrollar inmediatamente políticas y medidas específicas nacionales en favor de la eficiencia energética y de los recursos; insta a los Estados miembros, por consiguiente, a que apliquen y mantengan un régimen estable de incentivos que permita un flujo seguro de inversiones y financiación, prestando especial atención a la eficiencia energética de los edificios;
22. Señala que la principal carencia de la Directiva actual es que la mayoría de las medidas caducará en 2020 a menos que la Directiva se modifique convenientemente, lo que significa, entre otras cosas, que sus disposiciones más importantes, en particular el artículo 7, deben ampliarse no solo hasta 2030, sino más allá, y que es en este contexto en el que se ha de evaluar la Directiva actual, y que los objetivos deben establecerse en función de los avances (resultados, novedades tecnológicas y del mercado, etc.); espera que esto favorezca las medidas a largo plazo; señala asimismo la necesidad de introducir una evaluación intermedia para poder garantizar la consecución de los objetivos en 2030;
23. Lamenta el objetivo nada ambicioso adoptado por el Consejo Europeo en 2014 de aumentar la eficiencia energética en al menos un 27 % para 2030, que contrasta con el objetivo vinculante del 40 % adoptado por el Parlamento Europeo, que debe alcanzarse mediante objetivos nacionales independientes; señala que el porcentaje del 27 % se justifica principalmente por la elevada tasa de descuento, en absoluto realista, establecida en una evaluación de impacto previa; recuerda que la tasa de descuento del 17,5 % es más elevada que la de inversión energética en Irak (15 %); pide a la Comisión que realice un análisis exhaustivo de costes y beneficios y adopte una tasa de descuento social, en línea con sus directrices para la mejora de la legislación(4);
24. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que revisen el objetivo de mejorar la eficiencia energética en un 27 % para 2030 a la luz del Acuerdo de París sobre el cambio climático, y pide a la Comisión que proponga un objetivo para 2030 que refleje el nivel de potencial de eficiencia energética rentable, que puede alcanzarse si se eliminan los fallos y las imperfecciones del mercado, reconociendo el valor social de considerar el ahorro energético una fuente de energía por derecho propio;
25. Reitera el llamamiento que hizo en su Resolución de 5 de febrero de 2014, y que reiteró en sus Resoluciones de 26 de noviembre de 2014 y de 14 de octubre de 2015, para que se fijasen tres objetivos climáticos y energéticos vinculantes para 2030, en particular un objetivo del 40 % en materia de eficiencia energética; pide a la Comisión y a los Estados miembros que revisen el objetivo de mejorar la eficiencia energética en un 27 % para 2030 y que fijen un objetivo vinculante del 40 % en materia de eficiencia energética y que, además, fijen objetivos de eficiencia energética hasta 2050 que estén en consonancia con los ambiciosos compromisos contraídos en virtud de los acuerdos de París de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 °C; destaca que el objetivo de la Unión en materia de eficiencia energética posterior a 2020 debe ser vinculante y aplicarse a través de objetivos nacionales independientes; insta a la Comisión a evaluar diversas situaciones hipotéticas de eficiencia energética para 2030, una de las cuales esté basada en el objetivo del 40 %;
26. Subraya que, para la consecución de los objetivos de eficiencia energética antes de 2030, la Unión debería facilitar la adopción de un abanico más amplio de instrumentos y datos, como por ejemplo auditorías energéticas y sistemas de gestión de energía, estadísticas e indicadores de rendimiento, catastros georreferenciados con información sobre el consumo energético de los edificios, contratos de rendimiento energético, instrumentos de financiación avanzados e iniciativas de formación profesional;
27. Hace hincapié en que una elevada tasa de descuento alimenta la hipótesis, para nada realista, de que no es posible hacer inversiones rentables en eficiencia energética debido a una serie de obstáculos, cuando, en primer lugar, la Comisión sobrevalora dichos obstáculos, y cuando el deber de los actores políticos es precisamente eliminar los obstáculos a las inversiones que resultarán rentables con el paso del tiempo;
28. Observa que la elevada tasa de descuento actual presupone que la eficiencia energética se alcanza únicamente a través de acciones individuales, obviando el hecho de que los organismos públicos desempeñan un papel clave a la hora de impulsar mejoras en la eficiencia energética, especialmente en los edificios;
29. Reconoce que la aplicación de señales de precio insuficientes es uno de los principales factores que debilitan la respuesta de la demanda; pide a los Estados miembros que superen esta barrera y que promuevan una medición inteligente y una facturación transparente como manera de fomentar un comportamiento más receptivo por parte de los consumidores en lo que respecta al consumo de energía y a la inversión en eficiencia energética;
30. Recuerda la conclusión de la Estrategia Marco para la Unión de la Energía de que la eficiencia energética es una fuente de energía por derecho propio; considera que una tasa de descuento elevada mina, por tanto, el autoabastecimiento y la independencia energética de la Unión;
31. Acoge con satisfacción las nuevas soluciones innovadoras e inteligentes para equilibrar la oferta y la demanda de energía, para un mejor uso de la energía renovable y para reducir los picos de consumo de energía; pide financiación para la investigación y el desarrollo de estas nuevas soluciones, especialmente en el sector de las pymes;
32. Destaca la importancia de los instrumentos financieros europeos en forma de préstamos, garantías y capital para movilizar la financiación privada de proyectos de eficiencia energética; destaca, sin embargo, la necesidad de conceder financiación en forma de subvenciones a proyectos en el ámbito social;
33. Coincide con la Comisión en que el descenso de los precios del combustible y las perspectivas de crecimiento económico podrían comprometer aún más la consecución del objetivo del 20 %; pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren el régimen de seguimiento, verificación, control y cumplimiento a fin de que el nivel de ambición sea el adecuado;
34. Subraya la importancia de eliminar las lagunas que existen en la Directiva actual, en especial en el artículo 7, al tiempo que se protege la flexibilidad de los Estados miembros en lo que respecta a la elección de medidas; subraya, a este respecto, la posibilidad de optar por medidas alternativas, siempre y cuando no se comprometa el logro de los objetivos anuales de ahorro energético;
35. Pide una revisión del artículo 7 que permita la cuantificación objetiva y la consecución del requisito del 1,5 % anual de ahorro energético;
36. Señala en particular que la introducción gradual y las acciones tempranas con arreglo al artículo 7, apartado 2, ya no son pertinentes y que el criterio de flexibilidad del 25 % ha mermado la eficacia del requisito del 1,5 % anual de ahorro energético; insiste en que las medidas alternativas en virtud del artículo 7, apartado 9, deben definirse rigurosamente y ser fáciles de cuantificar; recuerda que mediante el artículo 7 se pretende alcanzar más de la mitad del objetivo del 20 % establecido por la Directiva;
37. Celebra el hecho de que las auditorías energéticas y los sistemas de gestión energética en virtud del artículo 8 estén contribuyendo a aumentar la competitividad de las empresas de la Unión; pide que, en conjunción con las actividades de mantenimiento previstas, se exija la aplicación de las recomendaciones en relación con las auditorías energéticas con una buena relación coste-eficacia, y que se prevean, cuando proceda, incentivos adicionales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una rápida transposición y aplicación de los requisitos contemplados en el artículo 8, y que el alcance de este artículo se amplíe a todas las empresas con alto consumo de energía;
38. Insiste en la importancia de efectuar auditorías como paso previo a la puesta en práctica de planes de eficiencia energética basados en la reducción del consumo energético y como medida para atajar la pobreza energética;
39. Destaca la necesidad de mejorar la eficiencia energética del sector público y pide una mejor integración de las iniciativas de ahorro energético en la contratación pública;
40. Señala que no todos los agentes de contratación entienden perfectamente los requisitos de eficiencia energética en la contratación pública; pide a la Comisión que proporcione unas orientaciones más claras para facilitar el cumplimiento del artículo 6 de la Directiva y para integrar mejor lo dispuesto en dicho artículo en la normativa general de la Unión sobre contratación pública;
41. Reitera que la eficiencia energética ha de entenderse como la medida más sostenible en el contexto de nuestra obligación de reducir el consumo energético, y no como una excusa para consumir más;
42. Subraya que, entre los desafíos y principales obstáculos que dificultan la aplicación del artículo 7, la falta de conocimientos y de capacidades de las partes interesadas tiene un peso importante, así como el hecho de que muchos de los consumidores finales no estén al tanto de los regímenes de eficiencia obligatorios o de las medidas alternativas ni del período de tiempo (2014-2020) disponible para su aplicación; pide, por tanto, a la Unión que invierta más en programas de información y acompañamiento en cada uno de los Estados miembros;
43. Subraya que una mayor armonización de los métodos para calcular la adicionalidad (capacidad de promover tecnologías con prestaciones superiores a la media de mercado) y la materialidad (la promoción de intervenciones que no necesariamente se habrían realizado), así como de los procedimientos de medición y comprobación del ahorro energético, podría favorecer una aplicación más eficaz de las disposiciones del artículo 7;
44. Propone modificar el título del artículo 7 a «Regímenes de apoyo al ahorro energético» para poner de relieve la necesidad de los Estados miembros de ayudar a los consumidores, incluidas las pymes, a ahorrar energía, reducir sus costes energéticos y poner en práctica medidas que les permitan conseguir dicho ahorro;
45 Manifiesta su preocupación por la creciente contaminación provocada por algunas instalaciones de calefacción domésticas alimentadas por biomasa sólida, que generan grandes cantidades de polvo fino, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y dioxinas que deterioran en gran medida la calidad del aire y son, por tanto, perjudiciales para la salud humana; pide a los Estados miembros, por consiguiente, que apliquen soluciones alternativas eficientes y ecológicas;
46. Subraya la necesidad inmediata de aplicar un enfoque más exhaustivo a la mejora de la eficiencia energética del conjunto del sistema de transportes, que no se apoye únicamente en el desarrollo tecnológico de vehículos o sistemas de propulsión; en su lugar, insta a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten medidas nuevas y ambiciosas que fomenten un cambio modal hacia las modalidades de mayor eficiencia energética, y a que implanten íntegramente sistemas de transporte inteligentes (STI) con el fin de seguir mejorando la eficiencia y el índice de uso de la capacidad disponible, tanto de los vehículos como de las infraestructuras, y también en la logística, la aviación y el transporte marítimo;
47. Recuerda que la eficiencia energética puede alcanzarse estableciendo normas para el CO2 e informando a los usuarios acerca del consumo de combustible de sus vehículos; pide a la Comisión que presente propuestas para informar a los usuarios acerca del consumo de combustible de los nuevos camiones, autobuses y autocares y fijar límites a sus emisiones de CO2;
48. Pide a la Comisión que implique a las instituciones locales y regionales en la promoción de la eficiencia energética a escala regional, local y ciudadana;
49. Insta a elaborar planes para la retirada paulatina de las subvenciones a los combustibles fósiles y la canalización de recursos financieros hacia proyectos de eficiencia energética destinados a alcanzar los objetivos de la Unión relativos a la descarbonización del sector energético para 2050;
50. Propone que estos «regímenes de apoyo al ahorro energético» prioricen las medidas en el sector inmobiliario, especialmente fomentando la aplicación de las estrategias nacionales a largo plazo a que hace referencia el artículo 4;
51. Destaca la necesidad de una gobernanza climática ambiciosa, firme y transparente que garantice la consecución del objetivo de eficiencia; considera que deben introducirse normas al respecto en el contexto de la revisión de la Directiva; exhorta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen que el Parlamento participa plenamente en la elaboración de la gobernanza climática y a que presenten propuestas en el marco del procedimiento legislativo ordinario;
52. Pide a los Estados miembros que incluyan una disposición relativa a un porcentaje mínimo significativo de medidas destinadas a los consumidores de bajos ingresos en los sistemas obligatorios de eficiencia energética;
53. Reitera su petición de que se ponga en marcha un programa de inversiones significativo para la eficiencia energética en Europa, financiado con cargo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y los Fondos Estructurales; señala que los proyectos de eficiencia energética son, con frecuencia, proyectos a pequeña escala y que deben integrarse en carteras de proyectos de mayor envergadura; a tal fin, pide a la Comisión, al Banco Europeo de Inversiones y a los Estados miembros que presten más asistencia técnica y asistencia para el desarrollo de proyectos a fin de facilitar las inversiones;
54. Lamenta la escasa contribución del transporte al ahorro energético, con un porcentaje de tan solo el 3 % en el desglose del ahorro general por sectores, pese a la estabilización del tráfico de pasajeros y a la caída del tráfico de mercancías entre 2005 y 2013 debido a la crisis económica; pide a los Estados miembros que aumenten el número de medidas destinadas al sector de los transportes;
55. Pide a la Comisión que reduzca todo lo posible los trámites burocráticos que deben despachar las pymes y los organismos públicos;
56. Propone revisar la definición de «pyme» que se aplica en esta Directiva (artículo 2, apartado 26) para que haga referencia únicamente al número de personas empleadas y al volumen de negocios anual, de modo que las empresas controladas en un 25 % o más por un organismo público puedan seguir considerándose pymes.
Statista (2016): Umsatz der Automobilindustrie in Deutschland in den Jahren 2005 bis 2014 (in Milliarden Euro). http://de.statista.com/statistik/daten/studie/160479/umfrage/umsatz-der-deutschen-automobilindustrie/
Directrices para la mejora de la legislación (SWD(2015)0111), instrumento n.º 54: «La tasa de descuento social es la tasa más utilizada en evaluaciones de impacto, ya que estas normalmente consideran los costes y los beneficios en conjunto desde el punto de vista de la sociedad como un todo (en lugar de desde el punto de vista de un único grupo de partes interesadas). La tasa de descuento social recomendada es del 4 % [...]. En general, no es apropiado utilizar tasas de descuento social alternativas, ya que utilizar de manera consistente la tasa del 4 % en las evaluaciones de impacto garantiza la coherencia y la comparabilidad».

References: artículo 24
 artículo 7
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 artículo 4
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 artículo 8
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 Resolución 
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