Source: http://www.libertadidioma.com/2005/20050919.htm
Timestamp: 2018-11-19 13:26:21+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Lunes 19 Septiembre 2005
Por JORGE TRIAS SAGNIER ABC 19 Septiembre 2005
La otra cara del Estatut
Editorial ABC 19 Septiembre 2005
Alberto Recarte Libertad Digital 19 Septiembre 2005
Por GERMÁN YANKE ABC 19 Septiembre 2005
José Carlos Rodríguez Libertad Digital 19 Septiembre 2005
Agapito Maestre Libertad Digital 19 Septiembre 2005
Daniel Rodríguez Herrera Libertad Digital 19 Septiembre 2005
No es una película de indios y vaqueros
IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA El País 19 Septiembre 2005
Vérselas con Maragall
Pablo Sebastián Estrella Digital 19 Septiembre 2005
El desguace del sumario
Isabel Durán Libertad Digital 19 Septiembre 2005
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 19 Septiembre 2005
Una OPA política y económica
Luis de Velasco Estrella Digital 19 Septiembre 2005
Un problema llamado Patxi López
Miguel Ángel Orellana elsemanaldigital 19 Septiembre 2005
ETA, poder fáctico
José Cavero El Ideal Gallego 19 Septiembre 2005
¿Un puñado de traidores?
Santiago Abascal elsemanaldigital 19 Septiembre 2005
El futuro del Ebro
Editorial Heraldo de Aragón 19 Septiembre 2005
El Alentejo se apunta al español
BELÉN RODRIGO ABC 19 Septiembre 2005
ME contaba hace unos días Rubén Mújica, el hijo menor de Fernando, asesinado por ETA, que había podido pasear otra vez con su hermano José Mari y otros amigos por la parte vieja de San Sebastián, de bar en bar, tomando chiquitos. «Nos siguen llamando hijos de puta pero cada vez son menos». Y también me decía Rubén que incluso en determinados lugares del casco antiguo volvía a encontrar miradas de complicidad. Efectivamente, la gente ya no puede más y la normalidad se va abriendo paso, lenta pero implacablemente. El terrorismo vasco, que tanto apoyo popular tuvo y sin el cual no hubiese podido sobrevivir, nunca tuvo sentido, aunque existía porque era la erupción febril de una sociedad seriamente enferma. Un cáncer que la cirugía de Aznar extirpó sin contemplaciones. Hay algo que nadie, absolutamente nadie, podrá negarle al ex presidente del Gobierno: haber arrasado a ETA y al entorno de Batasuna, arrinconándoles en el estercolero de la historia, devolviendo a las víctimas la dignidad que antes, vergonzosamente, se les había negado desde los sucesivos gobiernos centristas de UCD y socialistas.
Ahora, el presidente Zapatero tiene una ocasión única para ofrecer salida política a quienes no tienen las manos manchadas de sangre. Si lo consigue, sin hacer concesiones que comprometan la estabilidad territorial y moral de la Nación y del Estado, tendrá un lugar sobresaliente en el frontispicio de la historia de España y su titubeante actitud política habrá tenido sentido; pero si hiciese concesiones intolerables al nacionalismo, entraríamos en una dinámica política y social de incalculables consecuencias e imprevisibles conflictos. Eso de que «aquí nunca pasa nada» es cierto hasta que pasa. Y España, y el que no lo quiera ver es porque está ciego, se encuentra al borde del enfrentamiento territorial y en el límite de la desintegración nacional. No es posible seguir deshaciendo el Estado sin que se venga abajo todo el entramado constitucional. La Constitución, es evidente, puede reformarse. Pero no para descuartizarla, sino para reforzarla o mejorar su funcionamiento.
Aznar hizo morder el polvo a todo el conglomerado que giraba, y sigue girando, en torno a Batasuna. Se les expulsó de los ayuntamientos y de la mayoría de las instituciones políticas, y a muchos de ellos se les persiguió y encarceló con la ley en la mano. Esa lucha implacable costó sangre, sudor y lágrimas, pero ahora conocen los batasunos, sus padres y sus hijos, lo que les esperaría si prosiguieran por el camino del terrorismo. Zapatero tiene, pues, en las manos la posibilidad de sellar la paz. ¿Cómo? Dando una salida política al nacionalismo vasco radical. Pero nada más a cambio. El Estado, que tiene la obligación moral de proteger a las víctimas, y la Justicia, cuyas sentencias deben ser cumplidas de acuerdo con las leyes, no pueden abdicar de su dignidad. No hay otro margen de maniobra. Y si no quieren esa salida, habrá que devolverles al estercolero.
EL debate sobre el proyecto de reforma del Estatut catalán se ha centrado fundamentalmente en la constitucionalidad de su contenido, lo que ha dado el protagonismo a valoraciones técnicas y políticas sobre el modelo de Estado que se encierra en dicha propuesta y su incidencia en el sistema institucional aprobado en 1978. El grosor de esta polémica ha velado la otra cara del proyecto, en la que se refleja el tipo de sociedad al que aspira el tripartito, y que demuestra que el propósito de la coalición nacionalista y socialista es también modelar socialmente Cataluña a la medida de sus doctrinas más radicalizadas, para llegar a una especie de Arcadia progresista. Esta cara oculta del Estatut está caracterizada por un preocupante intervencionismo ético, que exhibe en estado puro el sentido mesiánico que puede llegar a aplicar el nacionalismo a sus propuestas.
Con esta profunda significación social y cultural se entiende que el proyecto del tripartito contenga preceptos que abran la puerta al aborto libre o a la eutanasia. El apartado 5 del artículo 40 recoge el principio de la «libre decisión de la mujer», que se vincula de forma específica «al propio cuerpo y a su salud reproductiva y sexual». Con similar intención, el artículo 20 de la propuesta estatutaria reconoce el «derecho a morir con dignidad», con un contenido que podría ser contrario incluso a la Ley catalana del Testamento Vital de 2000. Son dos cuestiones que, por afectar a un bien jurídico básico de la sociedad -la vida humana- deben estar reguladas por el Estado con criterios comunes para todos. ¿Es un desafío constitucional, similar al del «blindaje» de competencias o la financiación propia? No lo parece, sino que resulta más coherente con el carácter impositivo que domina la acción del tripartito y con la proclividad de la izquierda y de los movimientos nacionalistas a crear sociedades intervenidas. Por eso, el «otro Estatut», el que nada tiene que ver con «derechos históricos», es un muestrario de normas intervencionistas que abarcan todas las esferas sociales. Esta actitud, en 2005, en un Estado democrático europeo como España, que ha alcanzado niveles de libertades, derechos y garantías sin precedentes, podría resultar como un cuerpo extraño. Sin embargo, el nacionalismo catalán, con el concurso del PSC, no hace otra cosa sino mostrarse con sinceridad, porque la construcción nacional a la que se refieren los nacionalistas se basa en la prioridad de las aspiraciones históricas colectivas del pueblo frente a la configuración de la sociedad como suma de libertades individuales y como espacio de mayorías democráticas cambiantes.
La revisión constitucional que entraña la apuesta del tripartito no se limita a la suplantación del Estado autonómico unitario por otro confederal, sino que también incluye la inauguración de una sociedad en la que impere, por decreto, el ideario progresista que el consenso de 1978 no acogió. La impugnación de este modelo, base doctrinal del proyecto estatutario del tripartito, va más allá de la ordenación territorial del Estado. Afecta a una forma de convivencia social que ha dado demasiados frutos como para dinamitarla.
Es el momento en que lo vaporoso produce entusiasmo. Y, así, en el «entorno de ETA», los sagaces observadores reparan en que «algo se mueve». Nadie hace nada (es más, todo el mundo niega hacer cualquier cosa), pero hasta los más quietos teorizan sobre las bondades de modificar las circunstancias, convertir los meneos en una suerte de danza iniciática y aprovechar las oportunidades.
Los terroristas y sus secuaces se quejan, protestan de una supuesta «persecución». Levantan la voz y dicen «así no» e insisten, por activa y por pasiva, en que sus reivindicaciones se mantienen intactas. La resolución del «conflicto» no es ciertamente abandonar la violencia, sino la autodeterminación, la «unidad territorial» (versión en retórica administrativa de la Gran Euskadi), la amnistía... El camino para ello, lo saben desde antaño, es dar la sensación de que «algo se mueve», una suerte de sortilegio que sume a todos los demás en un espasmódico baile de San Vito.
Hay todavía viejos dirigentes nacionalistas, ahora vueltos a sus currículos, que han relatado cómo una y otra vez, a lo largo de estos casi cuarenta años de terrorismo, llegaban noticias a la dirección del PNV de que algo se movía «al otro lado». Siempre un espejismo. En ocasiones un espejismo ridículo, porque no se trataba si no de la conclusión de una conversación en la barra de un bar de Sokoa con alguien que hablaba de sí mismo como «refugiado». Todas las treguas de la banda, a la postre, se han pensado como la escenificación de la fórmula mágica: parecerá que nos movemos, ellos bailarán, quizá logremos que lo hagan a nuestro son.
A pesar del entusiasmo, de la diarrea verbal del secretario general de los socialistas vascos (como si quisiera tener un lugar en el paso a dos de los Gobiernos español y vasco), el mejor escenario para luchar contra ETA es aquel en la que se logra que, más que moverse, esté quieta. Quietos los pistoleros y quietas las ramificaciones de su actividad coactiva y su política totalitaria. Si se mueve, la banda está viva y quizá hasta consiga algo, incluso sin bombas, que a veces basta con la amenaza. Si se la obliga a estar quieta puede terminarse con ella.
No sólo los viejos dirigentes nacionalistas citados siguen por ahí. También algunos dirigentes radicales, ahora en sus cuarteles de invierno, pueden contar cómo, cuando se discutía si las correas de transmisión de ETA deberían estar o no en las instituciones representativas, se utilizaron como «argumento» las pistolas encima de la mesa y, como razón, mantener abierto un territorio, ajeno a las instituciones de una democracia, que no era desde luego ni el del Derecho, el debate y el juego de mayorías y minorías. Era el único en el que podía darse la negociación.
Ahora, como se mueven, vuelven a estar en todos. En uno, tan mal disfrazados que se les reconoce. En otro, tan bien aceptados que se envalentonan. Se mueven, sí, y están esperando que los representantes de la ley lo hagan también, que bailen en esa provincia ajena al Derecho y la opinión pública. Si se lee la tan mentada declaración de Anoeta, Batasuna intuye que el baile está a punto de comenzar. Ahora, para más escarnio, los danzantes piden silencio.
Algunos parecen creer que la derrota de ETA se producirá como en las películas del Oeste, cuando los vaqueros tienen rodeados a los indios y los exterminan en la batalla final. Cualquier medida que no se atenga a ese guión fijado de antemano se interpreta como debilidad, claudicación, desistimiento, rendición, complicidad. Y todo ello acompañado de un catastrofismo delirante. Por ejemplo, los dirigentes del Partido Popular y los energúmenos que pontifican desde micrófonos y columnas, dicen que en la cuestión del terrorismo estamos peor que nunca. Los dos años y cuatros meses que llevamos sin víctimas mortales son lo de menos. El caso es que ETA está al borde de la victoria final, cerca de conseguir que el Estado por fin rompa España en pedazos y le entregue el País Vasco a los terroristas. Y todo por la política del Gobierno de Zapatero, quien ha esperado a que ETA estuviera en las últimas para darle todo lo que pide.
Resulta intrigante, y doloroso, que el partido de la derecha, con Mariano Rajoy al frente, haya decidido dar la batalla política en torno al terrorismo con tesis tan fantásticas justo ahora que hay indicios positivos y claros de que el final de ETA está próximo. Al principio pudo parecer que el PP se sentía desplazado y ninguneado ante la política antiterrorista del actual Gobierno, pero en realidad esa política viene siendo la misma que ponía en práctica el PP, ya que se sigue deteniendo a terroristas con gran eficacia y se mantiene en vigor la Ley de Partidos. La novedad es que ahora, debido al agotamiento de ETA, se contempla la eventualidad de que sus miembros decidan renunciar a la violencia. Parece más bien que los populares, quienes han dado sobradas muestras de deslealtad en este asunto de Estado, están teniendo en cuenta consideraciones estratégicas más de fondo. Si las expectativas creadas se frustran con algún atentado mortal, tratarán de capitalizar el desánimo para darle la puntilla a un Gobierno que consideran en extremo endeble.
Hay asimismo desconcierto entre periodistas e intelectuales, y entre algunos miembros del colectivo de víctimas, como el pintoresco presidente de la AVT, que no acaban de procesar el dato de que ETA se extingue a causa de la presión a la que se ve sometida por España, por Francia, por el contexto internacional, e incluso por muchos de sus propios seguidores en el País Vasco que, condenados al ostracismo político, van asumiendo la condición anacrónica de una organización como ETA.
El hecho cierto es que ETA no ha matado a nadie desde hace más de dos años, algo que sólo había sucedido en los inicios, entre abril de 1969 y agosto de 1972. Todo indica que las detenciones en suelo español y francés, los golpes dados a su infraestructura empresarial y financiera, la ilegalización de Batasuna, el ejemplo del IRA, la pérdida de cualquier orientación estratégica en sus atentados una vez fracasado el frente nacionalista de Lizarra, y quizás incluso las actuaciones de Al Qaeda, han obligado a los etarras a replantearse su futuro. Pueden intentar continuar matando de vez en cuando, a un ritmo cada vez más lento, en medio de una marginalización creciente, mientras los presos se pudren en las cárceles, y con Batasuna fuera de las instituciones. O pueden tratar de negociar su final, aliviando la condición de los presos y reciclando los recursos humanos y materiales que ahora utilizan para el terrorismo en recursos para la competición política democrática. Saben que el IRA y el Sinn Fein han encontrado una salida no completamente deshonrosa, gracias al éxito electoral del Sinn Fein tras el Acuerdo del Viernes Santo.
Si deciden continuar, quizá porque resultase cierto que los etarras matan fundamentalmente para que sobreviva la organización, cualquier cambio de estrategia por parte del Gobierno resultará inútil. Habrá que esperar entonces una lenta pero inexorable extinción del terrorismo nacionalista. Pero si los etarras son capaces de sopesar los pros y los contras de seguir matando en horas tan bajas para ellos, hay que intentar aprovechar la oportunidad.
Por descontado, si se decide avanzar en esa dirección, el camino que queda por recorrer es largo, abrupto y tortuoso. El Gobierno ha de hacer creíble a la vez dos cosas que a primera vista parecen poco compatibles. Por un lado, ha de mostrarse flexible, de forma que los más reticentes en el interior de ETA venzan la desconfianza hacia las promesas sobre lo que vendrá tras el final de la violencia en forma de ventajas personales para ellos (medidas que faciliten su reinserción, etcétera). Pero, por otro lado, el Gobierno ha de mostrarse firme para convencer a los terroristas de que no pueden albergar esperanza alguna sobre concesiones políticas (reconocimiento del derecho de autodeterminación, etcétera). A través de sus decisiones políticas, el Gobierno debe crear incentivos para que los terroristas terminen de dar el paso de renunciar a la violencia, pero sin que éstos puedan pensar que el Estado está cediendo a sus exigencias. No es la cuadratura del círculo, pero requiere inteligencia política.
No tendría sentido, como ha subrayado Patxo Unzueta en sus columnas, legalizar a Batasuna antes de tiempo. Los etarras han de entender que sólo podrán reconvertirse en una fuerza política homologable a las demás cuando abandonen las armas. La recuperación de la legalidad es el principal incentivo para lograr un cese definitivo de la violencia.
Más discutible resulta sin embargo un asunto como el del reagrupamiento de los presos, que no supone una alteración de las reglas del juego político, ni reduce el cumplimiento de las penas. ¿Haría más probable el final del terrorismo, reforzando a los moderados en el seno de ETA que dicen que es posible llegar a un final dialogado, o daría razones a los duros, aumentando sus expectativas sobre lo que pueden "sacar" del Estado sin renunciar a nada? Es verdad que en el pasado ETA siempre ha entendido cualquier concesión como un signo de debilidad del enemigo. Pero la diferencia es que ahora el Gobierno no tomaría esadecisión bajo la presión de atentados mortales, sino justamente como consecuencia de la ausencia de muertos. Y además haría más difícil para ETA justificar ante sus bases un eventual retorno al asesinato.
Si ya es difícil que el Gobierno consiga afinar en todos los pasos que dé, habrá que contar además con interferencias varias: una escisión dentro de ETA, algún atentado imprevisto, filtraciones, actitudes desleales y obstruccionistas del PP o del PNV, un cambio de Gobierno, o cualquier otro factor que rompa el frágil equilibrio que pueda crearse entre ETA y el Estado y que permita el fin de la violencia.
Este tipo de procesos, cuando llegan a darse, son siempre imperfectos. Se cometen injusticias y humillaciones, y se toman decisiones que en ausencia de terrorismo nunca se habrían adoptado. Sobre todo, las víctimas pueden sentirse traicionadas. De ahí que haya que darles el máximo apoyo. Pero, en última instancia, si existe la posibilidad de acabar con una organización terrorista tan brutal y sanguinaria como ETA, la única superviviente del terrorismo que surgió en Europa en los años setenta, sin tener además que ceder a sus exigencias políticas, ¿acaso podemos taparnos los ojos?
El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, está pasando de la paranoia nacionalista a la chulería. “Quien no apoye el Estatut se las verá con el pueblo catalán”, dice el presidente convencido de que él encarna a su pueblo como nadie. Lleva el pobre tantos días y tantas horas reunido con Carod que ha perdido lo poco que le quedaba de sentido común, aunque se ve que en su claro desvarío le queda sentido del humor. Porque Maragall anuncia que pondrá a todo el pueblo catalán en pie de guerra contra España —y contra el mercado español, que es de lo que viven los catalanes y donde sacan su ventaja para el cheque fiscal— diciendo machadas como las que decía Ibarretxe cuando vino a Madrid con su desafiante Plan. ¿Y qué pasó? Pues nada, el lehendakari vino, vio, perdió y se marchó.
La grave de Maragall es que cada día va a peor, porque al presidente Zapatero le da mucha risa, le divierte, todo lo que ocurre en Cataluña con el rioja, los patines, el registro “.cat” de Internet, las matrículas, el Estatuto, las banderas, el idioma español, los charnegos, las empresas de allí que se comen a las de aquí, el término nación. El presidente considera que todo esto son minucias que denuncia la derechona y unos locos trasnochados del PSOE, y que no hay que cargar las tintas, ni rasgarse las vestiduras porque además él está muy ocupado en eso del final de las Cruzadas o del pacto de civilizaciones, que sí que es una cuestión fundamental. O de la negociación con ETA, sin consenso previo ni con el PP ni con las víctimas del terrorismo, porque él está dotado de un halo mágico que le hace, por encima de todo, adivinar el futuro y tener razón.
Se lo demostró, por ejemplo, al presidente Chirac y al premier Blair cuando les anunció a los dos, ante el asombro de ambos, que Kerry iba a ganar las elecciones presidenciales en Estados Unidos. “Tengo el convencimiento”, apostilló, y se quedó tan ancho este gran adivinador. Ahora que podía haber anunciado la resurrección de Schroeder frente a Merkel, se calla el presidente, y con Kerry tan locuaz. Eso sí, ya ha intentado el jefe del Gobierno imponer la ley de silencio sobre el Estatuto catalán —a Bono le prohibió de manera expresa hacer comentarios—, como Patxi López pide una ley de silencio sobre la negociación con ETA, mientras Maragall y Otegi no dejan de agredir y de provocar al personal y a los adversarios políticos de Zapatero, de dentro y fuera del PSOE.
Y mientras tanto nos quieren convencer a todos de que el Consejo Consultivo de Cataluña (el PP no ha abierto todavía la boca sobre este asunto) tiene el mismo rango y criterio que el Tribunal Constitucional. O sea, que lo que les parece poco a Mas y Carod es ni más ni menos que el máximo que despacha la Constitución. Pues no es verdad, el límite del Consejo Consultivo de Cataluña está muy lejos del verdadero límite constitucional. Y si alguien lo duda en el Gobierno, que lleve el proyecto de Estatuto catalán a la puerta del Tribunal Constitucional.
No se atreverá a tanto Zapatero, porque sabe que está mintiendo a los españoles como les mintió Aznar en el 11M y en la guerra de Iraq. Y esta mentira, como las que ahora propaga diciendo que no negocia ni hace concesiones a ETA, son mentiras muy serias sobre grandes cuestiones de alcance nacional, como las que llevaron en su día a la derrota al Partido Popular. Y ¿por qué miente Zapatero? ¿Acaso le tiene miedo a su socio Maragall o teme verse las caras con el pueblo catalán? Lo grave de Zapatero es que hace lo que hace sin saber muy bien por qué lo hace (que diría Rajoy), pero a la vez convencido de que todo esto le ayuda a seguir en el poder y a mandar.
Al presidente Zapatero le sonó la flauta dos veces (en el Congreso del PSOE y el 14M), pero en circunstancias, las dos, de crisis muy especiales, y a lo mejor se ha creído que es el flautista de Hamelin. Pues que se cuide de la magia y de sus profecías, no vaya a ser que un día de éstos se le hiele la sonrisa, porque el pueblo español está dispuesto a verse las caras con quien haga falta. Y si no, que se lo pregunten a Aznar, otro profeta que se apostó todo su capital político, y lo perdió, a la guerra de Iraq.
La posibilidad de conocer la verdad sobre lo que ocurrió el 11-M por la vía judicial tiene un futuro incierto. La Fiscalía proyecta la parcelación del sumario del 11-M para enviar a los a distintos imputados a otros juzgados siguiendo la vieja táctica de la justicia gala. Y es que, a pesar de que todo lo que rodea a la instrucción del 11-M es anómalo e inusual, existen indicios más que preocupantes sobre las intenciones de la Fiscalía sobre el despiece del sumario en varios asuntos diferentes, a imagen y semejanza de los años de la grandeur de la corrupción de Mitterrand y que tan excelentes resultados le dio al amigo de Felipe González ya que jamás se llegaron a conocer a fondo los complejos casos de corrupción que afectaron a sus gobiernos y a él mismo.
En la Audiencia Nacional impera la ley del silencio. Ningún juez ni fiscal se atreve ni tan siquiera a preguntar por el caso que con enfermizo celo llevan el juez Juan del Olmo y la fiscal Olga Sánchez. Incluso a la otra fiscal asignada en exclusiva a la instrucción, María José Checa, se le suministra la información con cuentagotas. Cualquier insinuación sobre el tema convierte al curioso en sospechoso de ser enemigo del Gobierno. Pero todo apunta a que la Fiscalía no tiene en sus planes ni siquiera en pedir el procesamiento de medio centenar de imputados porque harían el caso “inmanejable”. Se pretende así desviar al resto de los acusados a distintos juzgados donde se les abrirán causas relacionadas con el tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, falsificación de documentos o estafa, entre otros.
José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido desclasificar sólo algunos de los documentos solicitados por la justicia, todos ellos chatarra del espionaje, mientras, el Fiscal General del Estado anuncia el avanzado estado de las investigaciones judiciales al tiempo que el ministro del Interior pide comparecer en el Congreso para hacerse propaganda a instancias de IU y no para dar cuenta de las últimas revelaciones sobre el 11-M realizadas por Libertad Digital. Entre tanta verborrea política, un nuevo y definitivo revolcón se prepara sobre el caso de las matanzas del corredor del Henares: el desguace del sumario y la dispersión de los encausados. Todo un hallazgo. Veremos si el juez del Olmo traga.
El final del terrorismo etarra no es cuestión de sentido de la oportunidad o valentía política. Es una cuestión de precio. Siempre lo ha sido y también lo es ahora. ETA ha continuado tanto tiempo con las armas en la mano porque los sucesivos gobiernos españoles no han consentido en pagar el precio que exigían los terroristas.
A la hora de hablar de pacificación, los partidos y grupos sociales vascos están divididos precisamente sobre el precio que cada uno de ellos estaría dispuesto a pagar. O a cobrar. El sindicato ELA invocaba estos días pasados el Acuerdo de Estella que representó la idea de paz por más nacionalismo. Este 'revival' de ELA quizás se deba a la nostalgia, quizás a la constatación de que un sindicato, aun siendo mayoritario en el campo laboral, tiene un papel nulo en una mesa de partidos, al igual que los abundantes chiringuitos 'abajofirmantes' que acostumbran a flanquear las diversas iniciativas de la izquierda abertzale para aparentar que dos son multitud.
La iniciativa de diálogo del Gobierno socialista avalada por el Congreso de los Diputados conlleva de manera implícita la idea de paz por presos, aunque durante la pasada semana el Ejecutivo lo haya negado tres veces. Hay que creer al Gobierno, aunque en una parte de la sociedad pueda existir una tendencia al escepticismo que trae causa en contradictorios episodios del pasado: Felipe González, por ejemplo, el 30 de septiembre de 1998, declaraba que no se daba ninguna condición para dialogar con ETA. Al día siguiente, varios periódicos informaban que el Gobierno español buscaba nuevos interlocutores para mantener contactos con ETA en París.
La clave del problema de fijar el precio justo para lograr el final del terrorismo no reside en lo que el Gobierno esté dispuesto a pagar, sino en lo que ETA pretende cobrar. En plenas conversaciones de Argel, el 13 de marzo de 1989, los presos de ETA difundieron un comunicado en el que condicionaban su salida de la cárcel a «la consecución completa de la alternativa KAS», acabando con las esperanzas del Gobierno de entonces de cambiar paz por presos.
Hace dos domingos, miembros de la izquierda abertzale se manifestaron en San Sebastián en apoyo a los activistas de ETA encarcelados. Los organizadores dejaron como mensaje principal la idea de que los presos no serían la «moneda de cambio» en un eventual proceso de conversaciones con la banda terrorista.
Pronunciamientos como los de San Sebastián constituyen un jarro de agua fría en las aspiraciones no confesadas del Gobierno de conseguir el abandono de las armas a cambio de generosidad hacia los presos.
Hay que ser muy cínico o muy ingenuo para calificar la OPA de Gas Natural sobre Endesa (la antigua “joya de la Corona” de las empresas públicas antes de la fiebre privatizadora del PSOE, tiempos aquellos) como una operación estrictamente económica. Los primeros mienten. Los ingenuos
—si los hay— viven en su ensoñación de la asignación óptima de los recursos, la libre competencia, las sinergias y demás zarandajas en su mundo mágico al margen de la realidad en la que existe el conflicto y las luchas por cuotas de poder.
Hay que volver, una vez más, a los clásicos. Como afirmaba el inigualable Manquiña en la película Airbag, lo fundamental es el “conceto” (sin “p”, por favor). Aquí, lo fundamental es el contexto, y ese contexto es, simplemente, lo que se entiende por política, terreno donde juegan las Comunidades Autónomas y las Cajas de Ahorro, instituciones peculiares ambas.
Uno de los pasivos del Estado de las Autonomías —seguramente inevitable, aunque el tema central es la dimensión que alcance— ha sido crear una casta política cuya existencia se justifica no sólo administrando las crecientes cuotas de poder que van obteniendo sino también pidiendo, exigiendo más. Además, mientras el Gobierno central, desde 1983, adelgazaba su sector público privatizando empresas, las autonomías lo han ido engordando creando sus propios INIs y similares. Todo esto es simplemente poder y crecientes relaciones de clientela, obteniéndose una simbiosis —beneficiosa para ambas partes— con los más poderosos sectores empresariales de sus territorios. Cataluña y el País Vasco son ejemplos luminosos de este proceso, así como guía y luz del resto de Autonomías, regidas o no por nacionalistas, pues los no nacionalistas
—véase el caso Maragall— los quieren adelantar en fervor patriótico-aldeano. Esa simbiosis alcanza su cenit en las Cajas de Ahorro, paradigma de esa colusión entre líderes autonómicos y gran empresariado. Nuevamente, el modelo a seguir es Cataluña con La Caixa y su grupo industrial como force de frappe.
Que la OPA de Gas Natural sobre Endesa tiene, además de este componente político, factores económicos, y muy importantes, es algo obvio. Conviene recordar que la hoy llamada Gas Natural es una empresa que ha crecido estos años, uno, en virtual régimen de monopolio y, dos, con muy importantes ayudas y favores del Gobierno de “Madrid” en sus procesos empresariales de absorción.
Las privatizaciones, iniciadas y desarrolladas por los sucesivos gobiernos del PSOE y continuadas por los del PP, han supuesto, además de otras cosas como enriquecimientos destacables para algunos, la sustitución de monopolios u oligopolios públicos por sus equivalentes privados. Esto es especialmente claro y reconocido por todos en el sector energético (véase el reciente Libro Blanco). La OPA que nos ocupa —que va a sacar a la luz contradicciones internas en este sector oligopolístico y sus gestores y reguladores, lo que nos va a proporcionar un curioso espectáculo—, si se lleva a cabo, supondrá no una ampliación de una competencia, que nunca ha existido, sino todo lo contrario. La experiencia de estos años parece demostrar, al menos así se ha publicado para los países más adelantados, que esas grandes operaciones, además de perjuicio al consumidor, no funcionan en dos tercios de las ocasiones. Eso sí, aumentan la cuota de poder y el “ego” de sus autores y promotores. El pagano es, una vez más, el de siempre: el ciudadano de a pie. A eso vamos.
Me quedé perplejo. No es posible lo que acabo de escuchar, me dije. ¿Habré oído bien, o habrá sido una alucinación?, me preguntaba. Porque estaba cansado, cosa lógica al final de una larga jornada de trabajo. Volvía de la calle, y mientras me aseaba y me ponía en situación de irme a la cama, enchufé la radio y emprendí un apresurado viaje por las diferentes cadenas. Zapping, lo llaman. El mismo plato en todas las mesas, pero algo llamó instantáneamente mi atención. Se trataba de una ocurrencia lanzada por el atribulado Patxi López, ilustrativa del desconcierto casi existencial que le embarga.
La verdad es que uno no ha tenido nunca en gran estima la capacidad política y/o intelectual de don Patxi. Sin duda deben de ser altas, pero uno no ha podido encontrarle jamás el puntillo. Ahora creo que me iré de este mundo sin lograrlo. El secretario general del PSE venía a proponer algo así como un gran acuerdo entre los medios de comunicación y el Gobierno para informar sobre ETA. ¿Acaso sugería López que las informaciones que se están lanzado sobre la tregua y la negociación perjudican algo que se está fraguando? Y, al margen de eso, si el pacto llegara a plantearse, ¿se incluirían en el mismo las filtraciones de La Moncloa a El País, el medio de cabecera del grupo PRISA? ¿Se comprometerían los políticos a dejar ese juego de decir unas cosas en privado y luego otras bien distintas en público?
¿Dejaría Rodríguez Zapatero, al que le crecen enanos o tiene necesidad imperiosa de cerrar el circo, de contarles a unos pocos elegidos las claves que él maneja y aceptaría contárnoslas de una vez a todos? No me extraña que López reclame un acuerdo porque las informaciones diarias sobre la política gubernamental ante el terror es lo más parecido a un desbarajuste. Evidentemente, el socialismo trata de hacer algo para frenar el barullo mediático. El poder y los periodistas son ahora enemigos y no compañeros de un viaje diferente pero con el mismo itinerario. De ahí que se pretendan recuperar viejos modos y formas del final del felipismo. Pero en estos momentos, lo que más daño le puede hacer a este Ejecutivo es el cerrojazo y el apagón informativo.
Esto demuestra hasta qué punto el socialista vasco es tan poco serio en el terreno de las ideas como incapaz en el terreno de las componendas. No es solamente simplismo, es otra manifestación de la incapacidad de López. Así quiere lograr lo que llama, el pobre, "la consecución de la paz". De lo que se infiere que la cosa se va a poner divertida, más divertida aún de lo que está por las cuatro esquinas de nuestro mundo hispano. Ocurre, sin embargo, que esa diversión augura pocas risas y mucho llanto, para qué engañarnos. Desde luego no es la defensa de la libertad lo que predica. Como tampoco es la defensa de la libertad, claro, lo que hace que López tenga urticaria a cualquier entendimiento con el PP en el País Vasco.
Algunos políticos tienen tendencia a cuidar más sus intereses personales y de partido que los generales. ETA juega con demasiada ventaja: la que supone la ausencia en su comportamiento de cualquier barrera o condicionamiento de orden moral. De ella ha prescindido también el socialismo para emprender esta singladura, que empieza a oler a naufragio.
A estas alturas, parece poco discutible que ETA tiene en su haber, por repugnante que resulte, varios avances en la vida política española. Pero es un hecho cierto que, de no haber sido por la banda terrorista, y cuando ya llevaba unos cuantos centenares de sus muertos en Euskadi y en el resto de España, es improbable que se hubiera planteado primero la conveniencia y luego la necesidad de abrir la fase de elaboración y negociación de estatutos, el vasco en primer lugar. El PNV no hizo otra cosa que aprovechar el impulso de quienes iban por delante con la amenaza y la actuación del terror.
Pues bien, con aquel ariete criminal, se abrió el cauce de los estatutos: vasco y catalán como imprescindibles y los restantes para que no hubiera casos excepcionales. Nacía la España autonómica, que por estas fechas está en plena revisión. En Euskadi su preocupaciones siempre van por sus propios cauces: el cumplimiento del estatuto hace tiempo que encalló, como encalló, el Plan Ibarretxe. Hay asignaturas previas, como la de eliminar el elemento ETA . Ahora se empieza a discutir cuáles pudieran ser las contrapartidas que será preciso hacerle a ETA para que pase a ser una fuerza política que tenga protagonismo en la vida pública sin otras armas que sus votos. ¿Cuánto cuesta que ETA deje de matar? Lo correcto sería que se legalizara Batasuna. Pero si la generosidad con los presos etarras es el precio, mal pudiera entenderse que sea una amabilidad que, de antemano, le hace el Gobierno. Pero en esas estamos cuando nos cuentan que los nacionalistas reclaman el acercamiento de los presos de ETA a las cárceles vascas. La generosidad debiera llegar cuando ETA haya comenzado a desaparecer de una vez por todas.
Cada vez me parece más sólida y más decidida la capacidad de traición del Gobierno de Zapatero. No al PP, que al fin y al cabo es sólo el principal –en realidad el único- partido de la oposición, sino a la España histórica, democrática y constitucional.
No es sólo que el Gobierno radical de izquierdas que pastorea a la sociedad española se haya entregado a los pactos de investidura, de gobernabilidad o de Gobierno (estatales o autonómicos) con los separatismos que pretenden subvertir nuestra Constitución y destrozar la unidad de España. Es aún mucho peor. Quienes ostentan los poderes del Estado se han aliado con los secesionistas para algo más grave, con el propósito mismo de subvertir también ellos un orden constitucional que no les gusta.
Y no les agrada porque se fundamenta en la unidad nacional, que parece ser una cosa muy de derechas. Y tampoco les emociona, no lo olvidemos, porque esa España unida se constituye en Estado democrático y -¡qué peligro!- con esas condiciones, algo que no sea el extremismo de izquierdas puede alcanzar el poder. Por eso, el Gobierno actual se alía con quienes, de manera declarada y tramposa, quieren trocear España. El Gobierno no siente España. Se avergüenza de su devenir histórico.
Pero la situación es incluso más grave. El Gobierno socialista pretende firmar la "paz" con una organización criminal que anhela, y nos ha matado por ello, la secesión del País Vasco y de Navarra. Y ese Gabinete lamentable de Zapatero está dispuesto, en contra de nuestra Constitución, a considerar naciones a las autonomías y a amnistiar a los terroristas presos. (El Gobierno dirá que no es verdad, después será el Congreso el que sancione la rendición ante el enemigo, y finalmente el Gobierno dirá que no mintió: "Ha sido el Congreso, y no el Gobierno").
No obstante, triquiñuelas al margen, debemos saber que entre los delitos de traición que contempla nuestro código penal, en su artículo 588, se incluye el de aquellos "miembros del Gobierno que, sin cumplir con lo dispuesto en la Constitución, declararan la guerra o firmaran la paz".
Y no otra cosa quiere hacer Zapatero en contra de lo dispuesto en la Constitución: firmar la paz con los terroristas entregándoles en bandeja nuestro artículo 2 y el concepto mismo de España. Y liquidar de facto la igualdad de los españoles ante la Ley, consagrada en el artículo 14, evitando que sobre los etarras presos (o por apresar) caiga todo el peso de la ley y que paguen por los crímenes cometidos como se vería obligado a hacerlo cualquier español.
En definitiva, sé muy bien que la acusación que aquí se formula a algunos les parecerá gruesa y sin fundamento, pero yo cada vez tengo menos dudas de que este Gobierno quiere traicionar nuestra Constitución, nuestra democracia, y nuestro Estado de Derecho, y no albergo ninguna duda de que ya ha traicionado hace tiempo los sentimientos nacionales de millones de españoles. ¡Qué triste para un español la sola interrogación de que, quizá, su Consejo de Ministros fuera un puñado de traidores!
El Gobierno de Aragón presentará recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña si afecta a los aprovechamientos presentes o futuros del agua en Aragón. Es un anuncio de pura lógica, ya que el Ejecutivo anunció que litigará contra el Estatuto de la Comunidad valenciana, que garantiza "el derecho de la Comunidad a la redistribución de los sobrantes de agua de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad". Una vía inevitable si el PP y el PSOE, que han pactado en Valencia este texto, no se avienen a reformarlo, y que demuestra que la derogación del PHN despejó la amenaza del trasvase pero no solucionó las tensiones territoriales por el uso del agua en España. Además de este frente estatutario, el nuevo PHN abrió otro de gran calado al establecer que una sola de las nueve Comunidades del Ebro, Cataluña, fije con el Gobierno de la nación el caudal ecológico del río. Según un informe encargado por el Gobierno de La Rioja, cabe "un grave reproche de inconstitucionalidad" a esa excepción legal, por la que el Ejecutivo PSOE-PAR dice no sentirse, de momento, preocupado. Pero supone una hipoteca sobre unos caudales que deben ser utilizados, con todo respeto medioambiental, como recurso de vida y desarrollo y no como arma arrojadiza.
La enseñanza del español en las escuelas públicas del Alentejo, en el sur de Portugal, se ha duplicado en un año. La proximidad con Extremadura y Andalucía y la posibilidad de cursar estudios en las universidades españolas explican esta demanda
En el curso lectivo 2005-2006 hay matriculados en clases de español 1.511 alumnos frente a los 786 del año pasado
Esta demanda del español se complementa con la solicitud de clases de portugués en Extremadura
LISBOA. La proximidad geográfica con Extremadura y Andalucía y la posibilidad de cursar estudios superiores en las universidades españolas son algunas de las razones que explican la creciente demanda de las clases de español como una disciplina más en las escuelas estatales portuguesas de la región del Alentejo.
Según confirmó a ABC el director regional de Educación del Alentejo, el profesor Bravo Nico, en el curso lectivo 2005-2006 hay matriculados en clases de castellano 1.511 frente a los 786 que recibieron esta disciplina el año pasado. «El distrito de Portalegre, más próximo a la frontera, es el que registra un número mayor de alumnos, con 867». El distrito de Évora tiene 427 alumnos y Beja 217.
Profesores portugueses licenciados en lengua española son los encargados de impartir esta disciplina a partir del séptimo curso, es decir, estudiantes con 13 y 14 años. «En algunas escuelas existe la posibilidad de comenzar a estudiar español antes, pero en ese caso las clases son extraescolares». El material disponible en las librerías es cada vez mayor aunque «todavía no se iguala al que existe para enseñar inglés», aclara Nico Bravo. El director regional de Educación del Alentejo recuerda que los profesores se sirven de un material muy diverso para impartir sus clases, como puede ser internet y los medios de comunicación, además del uso de manuales gramaticales.
Si la demanda del español continúa creciendo, en cinco o seis años se puede convertir en la segunda lengua extranjera más estudiada y hablada en estas escuelas. No obstante, «los alumnos pueden seguir estudiando inglés al mismo tiempo que el español», especifica Bravo Nico.
Cuestionado sobre las explicaciones de este fenómeno, cree que son varios los motivos que llevan a los estudiantes y a sus padres a decantarse por el español. «Por un lado son las razones humanas, es evidente que muchos niños tienen amigos al otro lado de la frontera» y «por otro les permite desarrollar su carrera académica en las universidades españolas, principalmente las de Extremadura y Andalucía».
Esta demanda del español en el Alentejo se complementa con la solicitud de clases de portugués en las escuelas oficiales extremeñas, donde ya hay 9.000 alumnos inscritos en la lengua de Camões. En los empleos del sector hotelero, comercial y centros sanitarios, hablar portugués se está convirtiendo en un requisito indispensable para aquellos españoles que busquen trabajo en dichos campos.

References: artículo 40
 artículo 20
 resolución 
 artículo 588
 artículo 2
 artículo 14