Source: http://oiprodat.com/2013/03/10/el-juez-de-control-de-garantia-frente-al-tratamiento-de-datos/
Timestamp: 2019-07-17 01:27:35+00:00

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El Juez de control de garantía frente al tratamiento de datos – Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos
Este artículo analiza la figura del Juez de Control de Garantías Colombiano, quien debe ponderar en diversos eventos el necesario ejercicio de la acción estatal de verificación de la sospecha, de búsqueda de la verdad y de acopio del material probatorio, con la preservación de los derechos y garantías constitucionalmente previstos para la persona procesada. En diversas actuaciones, el juez deberá ponderar el correcto y necesario desenvolvimiento de la función de la justicia penal, con la preservación de los derechos y garantías; deberá valorar la legalidad y legitimidad de la intromisión estatal en los derechos fundamentales, frente a las necesidades de la persecución penal, es por ello que la búsqueda en ficheros que contienen datos personales de estudiantes universitarios en forma masiva es inconstitucional y seguramente estaríamos violando postulados de los Derechos Humanos.
El sistema penal acusatorio está caracterizado por una ilimitada extensión de los medios de prueba, siempre y cuando dichos medios respeten los derechos y las garantías. Se trata del denominado “principio de libre configuración de la instrucción”. Los límites impuestos a los medios probatorios, constituyen la vinculación de la investigación y sus efectos, a la garantía de los derechos fundamentales de la persona investigada y esos límites esenciales a la investigación son:
Artículo 29 de la Carta: “Toda persona se presume inocente mientras no se haya declarado judicialmente culpable”.
Artículo 7º del Código de Procedimiento penal: “Presunción de inocencia e in dubio pro reo. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal.
“Un Estado de derecho debe proteger al individuo no sólo mediante el derecho penal, sino también del derecho penal”.2 (Roxin).
Artículo 33 de la Carta Política: “Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”.
Debe observarse de manera especial el literal C del artículo 8°, cuando se aclara que el imputado tiene derecho a que no “se utilice el silencio en su contra”.
El juez debe ponderar en todo momento, por ejemplo en relación con el denominado “principio de aseguramiento procesal” que guía la función de la detención preventiva, el derecho del imputado a permanecer en silencio. Nociones como la “buena voluntad” del imputado para someterse al proceso, el principio de comparecencia, deben ser medidas de manera estricta en función del principio nemo tenetur se ispum accusare.
En el caso particular de las medidas de aseguramiento, “funciona en la práctica como el “presupuesto clave en la regulación de la prisión provisional en todo Estado de derecho y tiene la función de conseguir una solución del conflicto entre el derecho a la libertad personal y el derecho a la seguridad del individuo, garantizada por las necesidades ineludibles de una persecución penal eficaz”. O, de igual manera, “opera como un correctivo de carácter material frente a una prisión preventiva que formalmente aparecería como procedente, pero con respecto a la cual no podría exigírsele al imputado que se sometiera a la misma”.
Todos ellos operan en la práctica, con el propósito de valorar la legalidad y la legitimidad de las intromisiones estatales en los derechos fundamentales. La Corte Constitucional colombiana reconoce, en relación con lo expuesto, que el concepto de proporcionalidad está compuesto por “tres conceptos parciales: la adecuación de los medios escogidos para la consecución del fin perseguido, la necesidad de la utilización de esos medios para el logro del fin (esto es, que no exista otro medio que pueda conducir al fin y que sacrifique en menor medida los principios constitucionales afectados por el uso de esos medios), y la proporcionalidad en sentido estricto entre medios y fin, es decir, que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionales más importantes”3.
Debe tenerse en cuenta, que el principio de idoneidad es flexible. Es decir, no es precisa una adecuación o idoneidad absoluta de la medida respecto del fin pretendido. Se trata de buscar también, la eficiencia de la “adecuación parcial”. Incluso, hay tribunales que aceptan la adecuación por vía negativa. Es decir, se admite que una medida es adecuada cuando no sea totalmente inadecuada. Es la lógica misma de la dogmática de ponderación, como método propio del constitucionalismo moderno: caso por caso, el juez deberá encontrar la medida más idónea y adecuada.
Este “subprincipio”, también llamado de “intervención mínima”, de “exigibilidad”, de “subsidiariedad”, o de “alternativa menos gravosa”, significa que el medio seleccionado para alcanzar el fin propuesto, no pueda ser remplazado o sustituido por otro igualmente eficaz, al mismo tiempo que se exige que no restrinja el derecho fundamental o lo haga de una manera menos gravosa. Lo fundamental en relación con este concepto, es que la medida menos gravosa sea apta para lograr el mismo resultado. Según la jurisprudencia internacional, la medida “no será necesaria cuando el mismo o mejor resultado puede ser alcanzado con una injerencia menos gravosa”.
En el caso de las medidas cautelares, se debe buscar la “medida menos gravosa” frente al fin propuesto. Por ejemplo, en el caso de la detención preventiva, los jueces deben verificar si existe alguna otra medida menos gravosa para el derecho fundamental de la libertad, y que si las hay, ellas puedan resultar igualmente aptas para el logro del resultado previsto, como es el caso de aquellas medidas de “control judicial”, como la obligación de presentarse periódicamente ante una autoridad competente, etc. En última instancia, el juez debe verificar que la medida más gravosa, como es la detención preventiva o la domiciliaria, sea utilizada como ultima ratio, de tal manera que si el fin se logra con otros medios, éstos deben adoptarse. De la misma forma opera en el caso de las medidas que comporten intervenciones corporales.
De manera general, en relación con las previsiones legislativas con intervención en los derechos fundamentales y de creación de tipos penales, se establece que de acuerdo con el subprincipio mencionado, “para que una intervención penal en la libertad o en los demás derechos fundamentales sea legítima, el grado de realización del objetivo de la intervención (es decir, de protección del bien jurídico), debe ser por lo menos equivalente al grado de afectación de la libertad o del derecho fundamental”. Con el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, se cierra la secuencia lógica en que se manifiesta el principio de proporcionalidad. Una vez se han superado las preguntas fundamentales en relación con la idoneidad y necesidad de una medida, se aplica la noción de proporcionalidad en sentido estricto. Es decir, la relación entre medio y fin, debe admitir una medida proporcional.
El criterio de “la expectativa de las consecuencias jurídicas derivadas del delito”, es considerado con frecuencia como el más importante en la graduación del interés estatal para perseguir el mismo. Como no tiene un sustento legal específico, en su concreción dentro del proceso, el juez tiene en relación con él un marco de actuación muy considerable.
Nuestra Corte Constitucional4 ha señalado que en general, la admisión y práctica de pruebas en el proceso penal está librada a la apreciación racional que haga el funcionario responsable de la investigación penal sobre su potencialidad para aclarar lo ocurrido y la responsabilidad de los implicados. Sin embargo, ese ejercicio discrecional debe enmarcarse tanto dentro de los principios constitucionales del debido proceso, de la presunción de inocencia y de la imparcialidad y del derecho de defensa, como del respeto de la dignidad, la integridad y la intimidad de las víctimas. Agrega que la verdad no se ha de investigar a cualquier precio, sino protegiendo a todos los sujetos procesales en sus derechos fundamentales. De ahí, la estrecha relación entre el derecho procesal y el derecho constitucional. La Corte Constitucional ha establecido que el juez o el fiscal vulneran el derecho de defensa y desconocen el principio de investigación integral, en aquellos casos en los cuales dejan de solicitar, o practicar sin una justificación objetiva y razonable, pruebas que resultan fundamentales para demostrar las pretensiones de la defensa. Pero también ha reconocido que se desconoce la finalidad de establecer la verdad, cuando omite tener en cuenta los derechos de las víctimas. Aun cuando normalmente en el ámbito del derecho penal, el cuestionamiento de la ilegalidad de las pruebas está asociado a pruebas que desconocen los derechos del procesado, tal cuestionamiento también puede surgir por afectación de los derechos de la víctima. La finalidad múltiple que cumple el proceso penal y la necesidad de asegurar los fines de la justicia y garantizar los derechos de las víctimas del delito, no excluye la posibilidad de que la parte civil pueda objetar la admisión y práctica de pruebas que desconozcan el debido proceso o que vulneren sus derechos fundamentales, en particular su derecho a la intimidad. Esto ilustrándonos sobre la presunta efectividad de la prueba ordenada o ineptitud de la misma; para ambas partes se pueden tornar vulneradoras de derechos fundamentales.
La reciente Ley de Protección de Datos5 Personales define los datos personales en los siguientes términos:
“Dato personal. Es cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas determinadas o determinables o que puedan asociarse con una persona natural o jurídica. Los datos impersonales no se sujetan al régimen de protección de datos de la presente ley. Cuando en la presente ley se haga referencia a un dato, se presume que se trata de uso personal. Los datos personales pueden ser públicos, semiprivados o privados;
Información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. Para todos los efectos de la presente ley se entenderá por información financiera, crediticia, comercial de servicios y la proveniente de terceros países, aquella referida al nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias, independientemente de la naturaleza del contrato que les dé origen, así como la información relativa a las demás actividades propias del sector financiero o sobre el manejo financiero o los estados financieros del titular”.
c) Fichero de Datos Personales («fichero»): todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica;
h) Consentimiento del Interesado: toda manifestación de voluntad, libre, específica e informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernan.”
Los Estados Unidos Mexicanos establece niveles de seguridad para la protección de los datos personales en su “RECOMENDACIONES SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES, que realiza el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 fracción IX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 2 fracción V de su Reglamento, y el Trigésimo Octavo y Quinto Transitorio de los Lineamientos de protección de datos personales, que en su tenor literal dice:
“Niveles de Seguridad
Origen: Étnico y racial.”
Otro país Latinoamericano Argentina promulga la Ley25.326 de Octubre 4 de 2000, sobre Protección de los Datos Personales, en donde en forme especial señala que esta ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional Argentina.
“Datos personales: Información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables.
Disociación de datos: Todo tratamiento de datos personales de manera que la información obtenida no pueda asociarse a persona determinada o determinable.”
En Chile se promulgó la 19628 de 1999 sobre PROTECCIONDE LA VIDA PRIVADA, observándose en su artículo preliminar la definición que le da al tratamiento de datos personales en los siguientes términos:
“El tratamiento de los datos de carácter personal en registros o bancos de datos por organismos públicos o por particulares se sujetará a las disposiciones de esta ley, con excepción del que se efectúe en ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar, el que se regulará por la ley a que se refiere el artículo 19, N° 12, de la Constitución Política. Toda persona puede efectuar el tratamiento de datos personales, siempre que lo haga de manera concordante con esta ley y para finalidades permitidas por el ordenamiento jurídico. En todo caso deberá respetar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los datos y de las facultades que esta ley les reconoce”.
Inicialmente he de relacionar los tratados internacionales en donde Colombia los ha suscrito y que hablan sobre el tratamiento de datos personales almacenados en ficheros. En primera instancia me referiré de los “Principios rectores para la reglamentación de los ficheros computadorizados de datos personales” 6 adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45/95, de 14 de diciembre de 1990. En tratándose de los Principios Relativos a las Garantías Mínimas que deberían preverse en la Legislación Nacional y en especial al Principio de la licitud y lealtad, dice textualmente: “Las informaciones relativas a las personas no se deberían recoger ni elaborar con procedimientos desleales o ilícitos, ni utilizarse con fines contrarios a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.”
También tenemos el control de la Comisión de los Derechos Humanos sobre la conducta que han de adoptar los funcionarios de hacer cumplir la ley, las Naciones Unidas ha adoptado un Código7 de conducta para estos funcionarios, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente con las facultades de arresto o detención, no podemos descartar nuestra Policía Judicial. Esta disposición obedece al propósito de abarcar no solamente todos los actos violentos, de depredación y nocivos, sino también toda la gama de prohibiciones previstas en la legislación penal.
En su artículo cuarto afirma: “Las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conocimiento los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se mantendrán en secreto, a menos que el cumplimiento del deber o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario”. Por la naturaleza de sus funciones, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley obtienen información que puede referirse a la vida privada de las personas o redundar en perjuicio de los intereses, especialmente la reputación, de otros. Se tendrá gran cuidado en la protección y el uso de tal información, que sólo debe revelarse en cumplimiento del deber o para atender las necesidades de la justicia. Toda revelación de tal información con otros fines es totalmente impropia.
Ahora bien en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 8 Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, aprobada el 16 de diciembre de 1966, en su artículo 14, taxativamente señala sobre el manejo de las garantías y derechos de los sub judice que le serán respetados en una investigación:
“1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.
7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.”
De suma importancia observamos la obligación imperiosa de cumplir los mandatos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 9, adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 del 10 de Diciembre 1948. En su articulado se consagraron los derechos de hombres y mujeres para poder convivir pacífica y armoniosamente en un Estado, en donde impera la democracia y el derecho sea el amparo del ejercicio de todos los ciudadanos. Relaciono a continuación algunos artículos de dicha declaración que hemos de observar con rigorismo, no obstante se deben respetar todos, en la aplicación del derecho como especialista judiciales que somos.
Ahora analizaremos el aspecto legal que en Colombia se le imprime al acceso de la información con datos personales. Se ha suscitado una discusión acerca de la autorización previa o posterior del Juez de Garantías en tratándose de búsqueda selectiva en ficheros, pero sobre la validez de un acceso no consentido de su titular, nuestra Corte Constitucional estableció claros parámetros para ello, tenemos entonces que para la práctica de una diligencia de Registro, Allanamiento en Interceptación de Comunicaciones, esa alta Corporación10 estableció que estas diligencias se deberán practicar con base en la existencia de los siguientes aspectos:
De lo anterior colegimos que si la orden y allanamiento, expedida por el fiscal se encuentra viciada por ausencia de algunos de los elementos esenciales anteriormente señalados, se generará la invalidez de la diligencia y los elementos probatorios y evidencia física que dependan de ella carecerán de valor y se excluirá de la actuación (Art. 2311 C.P.P).
Situación muy diferente si nos referimos a accesar a ficheros personales en entidades públicas o privadas de enseñanza superior, como ocurrió en días pasados en donde se filtró la noticia que la Fiscalía pretendía accesar a ficheros académicos en forma masiva, a algunas Universidades de Bogotá, en procura de encontrar terroristas. Hemos de recordar que para ello ha de seguirse los parámetros taxativos señalados por la Corporación en comento, en su Sentencia C-33612 de Mayo 9 de 2007, en donde aclara que la búsqueda selectiva en ficheros que contenga información confidencial referida al indiciado o imputado, hace referencia a las búsquedas focalizadas sobre un sujeto en particular, en este caso el indiciado o imputado y que la confidencialidad de la información dimana del carácter personal de los datos, cuya difusión constituye una invasión a la intimidad personal o familiar de su titular. La confidencialidad es uno de los principios que regula la actividad del tratamiento de datos personales, en virtud del cual, las personas que antevengan en la recolección, almacenamiento, uso divulgación y control de estos datos están obligadas, en todo tiempo, a garantizar la reserva de la misma, incluso después de finalizar sus relaciones con el responsable del tratamiento.
Como arriba lo anotaba sobre los límites de la investigación penal, me referí a los controles impuestos a los medios probatorios, que no son otros, los que constituyen la vinculación de la investigación y sus efectos, a la garantía de los derechos fundamentales de la persona investigada y esos límites esenciales a la investigación. Como lo es el principio de presunción de inocencia, tal como lo consagra nuestra Constitución Nacional13: “Toda persona se presume inocente mientras no se haya declarado judicialmente culpable”, precepto desarrollado por Código de Procedimiento Penal14: “Presunción de inocencia e in dubio pro reo. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal”.
También se ha intentado afirmar que la celeridad o prontitud ha de ser la premisa en toda investigación, hoy aún más cuando el ejecutivo ha “ordenado” celeridad a los especialistas judiciales. Allí donde la ley sea oscura, donde haya vacíos legales, el juez debe obrar de acuerdo con el concepto de plazo razonable. Todo plazo desmedido, toda acción de la justicia que no sea proporcional, que no se ajuste a un mínimo de razonabilidad, deberá ser controlado y ajustado a derecho. El problema de la duración del proceso penal y del plazo razonable, constituye una de las preocupaciones centrales en el derecho procesal comparado (en particular de los Jueces Colombianos con las exigencias del Consejo Superior de la Judicatura) y de la jurisprudencia internacional; no obstante no se podrá violar derechos fundamentales como el de inocencia, de defensa, la intimidad, o de legalidad, so pretexto que se desaparezcan las evidencias ora los autores de los punibles, sino se obra con prontitud.
Agrega Aponte15 que las reflexiones que el especialista judicial realiza sobre la gravedad de las injerencias propuestas por la Fiscalía, debe considerar de manera particular los efectos secundarios que puedan acompañar la obtención del resultado pretendido. Dos injerencias en derechos fundamentales igualmente adecuadas o idóneas, que producen el mismo resultado, pueden producir, no obstante y en razón a la diferencia de los medios empleados, diferentes efectos secundarios perjudiciales. Si el juez, atendiendo a todas las consecuencias secundarias, encuentra que los perjuicios producidos por la medida empleadas son mayores que los de la otra igualmente eficaz, él debe negar la medida por innecesaria. En este caso, el juez debe evaluar el impacto de la medida sobre la situación familiar, académica, política, laboral o social del imputado. De esta forma, el juicio del Juez de Control de Garantías, no se debe agotar en la inmediatez de la medida, en sus efectos inmediatos; deberá estar atento a los efectos secundarios y posibles de dicha medida. Es una reflexión que exige una perspectiva de futuro.
1 APONTE CARDONA, Alejandro. MANUAL PARA EL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS EN EL SISTEMA ACUSATORIO PENAL. 2da Edición. Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa Escuela “Rodrigo Lara Bonilla”
2 Citado por Alejandro Aponte Cardona en su obra Manual para el Juez de Control de Garantías en el sistema acusatorio Penal, editado por el Consejo Superior de la Judicatura de Colombia y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
3 C-1410 de 2000, Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia. M.P. Fabio Morón Díaz.
4 Sentencia T-453/05. Corte Constitucional Colombiana. Magistrado Ponente: Dr. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA. Bogotá, D.C., dos (2) de mayo de dos mil cinco (2005).
5 Proyecto de ley Estatutaria No. 27/06 Senado – 221/07 Cámara, “por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicio y las provenientes de terceros países y se dictan otras disposiciones”.
6 Principios rectores para la reglamentación de los ficheros computadorizados de datos personales. Adoptado por la Asamblea General en su resolución 45/95, de 14 de diciembre de 1990. Encontrado en visita realizada al site de las UN http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/71_sp.htm el 17 de Noviembre de 2008.
7 Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Adoptado por la Asamblea General en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979. Encontrado en visita que se realizara el día 17 de Noviembre de 2008, al site de las UN http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp42_sp.htm
8 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, aprobada el 16 de diciembre de 1966. Encontrado en visita realizada en Noviembre 17 de 2008 al site de las UN www.onu.org
9Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 del 10 de Diciembre 1948. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera «distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios». Declaración encontrada en el site de la UN en visita realizada el 17 de Noviembre de 2008 www.onu.org
10 C-591/05. 9 de Junio de 2005. Corte Constitucional de Colombia. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
11 ARTÍCULO 23 Código de Procedimiento Penal Colombiano: “Toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesa. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas, o las que solo puedan explicarse de su existencia.”
12 -336/07. Corte Constitucional de Colombia. Expediente D-6473 Bogotá D.C. Mayo 9 de 2007. MP. Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO.
13 Artículo 29. Constitución Nacional de Colombia.
14 Artículo 7º Código de Procedimiento Penal Colombiano
15 Ob. Cit
Colombia, Juez de garantías, Protección de datos

References: Artículo 29

Artículo 7
in dubio

Artículo 33
 artículo 8
 artículo 43
 artículo 19
 resolución 
 Resolución 
 artículo 14
 Resolución 
in dubio
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 ARTÍCULO 23
 Artículo 29
 Artículo 7