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Timestamp: 2016-10-23 07:31:21+00:00

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LEY 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas	LEY 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas Mis Leyes
LEY 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas Estado	:
BOE 27/2006	Fecha Disposición	:
01/02/2006	Órgano Emisor	:
TÍTULO I. NORMAS TRIBUTARIAS Y DE RECAUDACIÓN.
CAPÍTULO I. IMPUESTO SOBRE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE ARRENDAMIENTO SIN CONDUCTOR.
Artículo 4. Compatibilidad con otras exacciones.
SECCIÓN II. NATURALEZA, OBJETO Y OTROS ASPECTOS MATERIALES DEL TRIBUTO.
Subsección I. Naturaleza y objeto del tributo.
Artículo 6. Objeto del tributo.
Subsección II. Otros aspectos materiales del tributo: hecho imponible, supuestos de no sujeción y exenciones.
Artículo 8. Supuestos de no sujeción.
SECCIÓN III. OBLIGADOS TRIBUTARIOS.
Subsección I. Sujeto pasivo.
Artículo 10. Sujeto Pasivo.
Subsección II. Responsables.
Artículo 11. Responsables.
SECCIÓN IV. NORMAS DE CUANTIFICACIÓN DE LA DEUDA.
Subsección I. Base imponible.
Subsección II. Tipos de gravamen y cuota tributaria.
Artículo 13. Tipos de gravamen.
Artículo 14. Inmovilización.
Artículo 15. Cuota íntegra.
Artículo 16. Bonificaciones.
Artículo 17. Cuota líquida.
SECCIÓN V. ASPECTOS TEMPORALES DEL IMPUESTO.
Artículo 19. Exigibilidad.
SECCIÓN VI. NORMAS DE GESTIÓN DEL IMPUESTO.
Subsección I. Comunicaciones.
Artículo 20. Comunicación de datos.
Subsección II. Declaraciones tributarias.
Artículo 21. Autoliquidaciones.
Artículo 22. Ingresos a cuenta.
Artículo 23. Declaración resumen anual.
Artículo 24. Declaración informativa.
Artículo 25. Declaraciones telemáticas.
Subsección III. Registros.
Artículo 26. Registro de sustitutos.
Artículo 27. Registro de vehículos afectos a la actividad de arrendamiento sin conductor.
Subsección IV. Otras normas de gestión.
Artículo 28. Representante.
Artículo 29. Obligaciones de información.
SECCIÓN VII. INFRACCIONES Y SANCIONES.
Artículo 31. Infracción tributaria por incumplimiento de obligaciones registrales en el registro de sustitutos.
Artículo 32. Infracción tributaria por incumplimiento de obligaciones registrales en el registro de vehículos.
Artículo 33. Infracción por incumplimiento de la obligación de acreditar la marca fiscal.
Artículo 34. Infracción por incumplimiento de la obligación de nombrar representante.
SECCIÓN VIII. FACULTADES DE COMPROBACIÓN E INSPECCIÓN.
Artículo 35. Comprobación e inspección.
SECCIÓN IX. REVISIÓN EN VÍA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA.
CAPÍTULO II. OTROS TRIBUTOS PROPIOS E INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.
Artículo 37. Canon de saneamiento de aguas.
Artículo 38. Modificación de determinados aspectos de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Artículo 39. Régimen jurídico de los precios que han de percibirse por la prestación de servicios sanitarios a terceras personas obligadas al pago o a usuarios sin derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
CAPÍTULO III. TRIBUTOS CEDIDOS.
Artículo 40. Modificación de la Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública.
SECCIÓN II. TASA FISCAL SOBRE LOS JUEGOS DE SUERTE, ENVITE O AZAR.
Artículo 41. Tipos de tributación y cuotas fijas.
CAPÍTULO IV. NORMAS DE GESTIÓN RECAUDATORIA.
Artículo 42. Modificación de la Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas.
TÍTULO II. NORMAS DE GESTIÓN Y ACCIÓN ADMINISTRATIVA.
CAPÍTULO I. NORMAS DE GESTIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA.
Artículo 43. Modificación de determinados preceptos del texto refundido de la Ley de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 24 de junio.
Artículo 44. Modificación de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Artículo 45. Modificación de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears.
CAPÍTULO II. LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE COMERCIO INTERIOR.
Artículo 46. Modificación de determinados preceptos de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears.
CAPÍTULO III. LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE MINAS.
Artículo 47. Declaración de zona no registrable.
Artículo 48. Declaración de interés general.
CAPÍTULO IV. LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE ORDENACIÓN FARMACÉUTICA.
Artículo 49. Modificación de determinados preceptos de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica.
CAPÍTULO V. LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE TRANSPORTES URBANOS.
Artículo 50. Normas especiales en materia de transporte discrecional de viajeros en vehículos de turismo.
CAPÍTULO VI. LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE AGUAS.
Artículo 51. Normas en materia de aguas.
CAPÍTULO VII. LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE MONTES.
Artículo 52. Normas en materia de montes.
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 27.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente LEY .
La presente Ley se enmarca en las conocidas como Leyes de acompañamiento de los presupuestos generales. La justificación de estas Leyes reside en las limitaciones establecidas por el Tribunal Constitucional en relación con el alcance de las Leyes de presupuestos, dada la singularidad de estas últimas. En este sentido, las denominadas leyes de acompañamiento pretenden complementar la Ley de presupuestos y constituir, con ésta, una unidad de acción racional para cumplir los objetivos de política económica, razón que justifica que se tramiten simultáneamente con las Leyes de presupuestos generales.
La presente Ley responde a dicha finalidad y, en este sentido, recoge básicamente aspectos de carácter tributario y de acción administrativa.
El título I (Normas tributarias y de recaudación) se estructura en cuatro capítulos que contienen varias normas relativas a los tributos propios y a otros ingresos de derecho público, a los tributos cedidos, y a la gestión recaudatoria.
En lo que concierne al capítulo I (artículos 1 a 36), se establece un nuevo impuesto, el impuesto sobre la circulación de vehículos de arrendamiento sin conductor, en el marco de la potestad tributaria de la comunidad autónoma que resulta de la Constitución Española, del Estatuto de Autonomía y de la Ley 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas.
En el capítulo II (artículos 37 a 39), relativo a otros tributos propios e ingresos de derecho público, se introduce, por una parte, un nuevo supuesto de no sujeción en el canon de saneamiento de aguas regulado en la Ley 9/1991, de 27 de noviembre, referido a la reutilización de agua depurada. Por otra parte, se modifican diversos preceptos de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, al efecto de introducir nuevos hechos imponibles como consecuencia de la prestación de nuevos servicios de carácter divisible, o de modificar puntualmente la cuantía de determinadas tasas o delimitarlas legalmente, según los casos, con el fin de adecuarlas a la realidad actual. Finalmente, se regulan los rasgos esenciales del régimen jurídico de los precios que han de satisfacer los usuarios sin derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social y otras personas obligadas al pago de estos servicios.
En el capítulo III (artículos 40 y 41) se establecen las medidas tributarias en relación con los tributos estatales cedidos al amparo de la capacidad normativa que reconoce la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, las cuales se limitan a la modificación puntual de una deducción autonómica en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y de las cuantías relativas a la tasa fiscal sobre el juego, sin perjuicio, evidentemente, de la vigencia de todas las medidas tributarias que se contienen en los artículos 1 a 25 de la anterior Ley 8/2004, de 23 de diciembre. Así, en lo referente al impuesto sobre la renta de las personas físicas (artículo 40), se hace una nueva delimitación de la deducción autonómica para los declarantes con minusvalía física o psíquica o con descendientes con esta condición a que se refiere el artículo 6 de la Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública, al efecto de incrementar la deducción aplicable por razón de minusvalía psíquica igual o superior al 33%, la cual se equipara a la minusvalía física igual o superior al 65%, de acuerdo con la distinta incidencia real de un mismo grado en la capacidad efectiva de cada uno de estos dos colectivos. En cuanto a la tasa fiscal sobre el juego del bingo (artículo 41), se mantiene el tipo impositivo en el juego del bingo del 31%; se deflacta la escala de gravamen correspondiente al juego en casinos con la finalidad de compensar a los sujetos pasivos de los incrementos meramente nominales de la base imponible derivados de la inflación; y se actualizan las cuantías anuales exigibles en relación con las máquinas de tipo B, C y D, o recreativas con premio, de azar y máquinas grúa, respectivamente.
El capítulo IV (Normas de gestión recaudatoria) contiene un artículo (artículo 42) por el que se modifica el artículo 8 de la Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, con la finalidad de perfeccionar técnicamente la redacción de este precepto, particularmente en lo referente a la recaudación en vía ejecutiva de los recursos titularidad del Servicio de Salud de las Illes Balears y de las entidades de derecho público que han de sujetar su actividad al derecho privado.
El título II (Normas de gestión y acción administrativa) se divide en siete capítulos, referentes a la gestión económico-administrativa (artículos 43 a 45) y a la acción administrativa en materia de comercio interior (artículo 46), en materia de minas (artículos 47 y 48), en materia de ordenación farmacéutica (artículo 49), en materia de transportes urbanos (artículo 50), en materia de aguas (artículo 51) y en materia de montes (artículo 52).
La parte final se completa con quince disposiciones adicionales, a los efectos de recoger la creación, modificación y extinción de determinados entes públicos instrumentales, entre otras determinaciones normativas que, por razones de técnica legislativa, no tienen cabida a lo largo del articulado de la Ley, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.
NORMAS TRIBUTARIAS Y DE RECAUDACIÓN.
IMPUESTO SOBRE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE ARRENDAMIENTO SIN CONDUCTOR.
Artículo 1. Objeto de la Ley. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Artículo 3. Tratados y convenios. Artículo 4. Compatibilidad con otras exacciones. SECCIÓN II. NATURALEZA, OBJETO Y OTROS ASPECTOS MATERIALES DEL TRIBUTO.
Artículo 5. Naturaleza. Artículo 6. Objeto del tributo. Subsección II. Otros aspectos materiales del tributo: hecho imponible, supuestos de no sujeción y exenciones.
Artículo 7. Hecho imponible. Artículo 8. Supuestos de no sujeción. Artículo 9. Exenciones. SECCIÓN III. OBLIGADOS TRIBUTARIOS.
Artículo 10. Sujeto Pasivo. Subsección II. Responsables.
Artículo 11. Responsables. SECCIÓN IV. NORMAS DE CUANTIFICACIÓN DE LA DEUDA.
Artículo 12. Base imponible. Subsección II. Tipos de gravamen y cuota tributaria.
Artículo 13. Tipos de gravamen. Artículo 14. Inmovilización. Artículo 15. Cuota íntegra. Artículo 16. Bonificaciones. Artículo 17. Cuota líquida. SECCIÓN V. ASPECTOS TEMPORALES DEL IMPUESTO.
Artículo 18. Devengo. Artículo 19. Exigibilidad. SECCIÓN VI. NORMAS DE GESTIÓN DEL IMPUESTO.
Artículo 20. Comunicación de datos. Subsección II. Declaraciones tributarias.
Artículo 21. Autoliquidaciones. Artículo 22. Ingresos a cuenta. Artículo 23. Declaración resumen anual. Artículo 24. Declaración informativa. Artículo 25. Declaraciones telemáticas. Subsección III. Registros.
Artículo 26. Registro de sustitutos. Artículo 27. Registro de vehículos afectos a la actividad de arrendamiento sin conductor. Subsección IV. Otras normas de gestión.
Artículo 28. Representante. Artículo 29. Obligaciones de información. SECCIÓN VII. INFRACCIONES Y SANCIONES.
Artículo 30. Régimen sancionador. Artículo 31. Infracción tributaria por incumplimiento de obligaciones registrales en el registro de sustitutos. Artículo 32. Infracción tributaria por incumplimiento de obligaciones registrales en el registro de vehículos. Artículo 33. Infracción por incumplimiento de la obligación de acreditar la marca fiscal. Artículo 34. Infracción por incumplimiento de la obligación de nombrar representante. SECCIÓN VIII. FACULTADES DE COMPROBACIÓN E INSPECCIÓN.
Artículo 35. Comprobación e inspección. SECCIÓN IX. REVISIÓN EN VÍA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA.
Artículo 36. Recursos. CAPÍTULO II.
OTROS TRIBUTOS PROPIOS E INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.
No está sujeto al canon de saneamiento de aguas el vertido de aguas residuales que se pone de manifiesto por la reutilización de agua depurada.
CONSEJERÍAS COMPETENTES EN MATERIA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y TELECOMUNICACIONES.
TASA POR LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VEHÍCULOS AFECTOS A LA ACTIVIDAD DE ARRENDAMIENTO SIN CONDUCTOR PREVISTO EN LA NORMATIVA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE ARRENDAMIENTO SIN CONDUCTOR.
Artículo 8 bis. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización por parte de los órganos competentes de la Administración tributaria autonómica de las siguientes actuaciones :
La inscripción de altas en el registro de vehículos afectos a la actividad de arrendamiento sin conductor y la expedición del distintivo o de la marca fiscal.
La inscripción de bajas en dicho registro.
La inscripción de las modificaciones registrales previstas en la normativa reguladora del registro.
La emisión de un duplicado del distintivo o de la marca fiscal en caso de pérdida o deterioro.
Artículo 8 ter. Sujeto pasivo.
Artículo 8 quater. Exenciones.
Artículo 8 quinquies. Devengo La tasa.
Se devengará al presentar la solicitud que determine la iniciación de las actuaciones administrativas descritas en el hecho imponible o, en defecto de solicitud, cuando dichas actuaciones se inicien de oficio por el órgano competente para ello.
Artículo 8 sixties. Autoliquidación y pago.
Artículo 8 septies. Cuantía.
Inscripción por altas y expedición de la marca fiscal:
Ciclomotores, motocicletas y quads, tengan o no la consideración de vehículos especiales: 15,00 euros.
Automóviles, vehículos mixtos para transporte de personas, moto- caravanas, autocaravanas y cualquier otro vehículo a motor apto para la circulación por vías y terrenos públicos y para el transporte de personas que tenga una capacidad que no exceda de las 9 personas: 70,00 euros.
Inscripción por bajas:
Ciclomotores, motocicletas y quads, tengan o no la consideración de vehículos especiales: 10,00 euros.
Automóviles, vehículos mixtos para transporte de personas, moto-caravanas, autocaravanas y cualquier otro vehículo a motor apto para la circulación por vías y terrenos públicos y para el transporte de personas que tenga una capacidad que no exceda de las 9 personas: 50,00 euros.
Inscripción por modificaciones:
Ciclomotores, motocicletas y quads, tengan o no la consideración de vehículos especiales: 25,00 euros.
Automóviles, vehículos mixtos para transporte de personas, moto-caravanas, autocaravanas y cualquier otro vehículo a motor apto para la circulación por vías y terrenos públicos y para el transporte de personas que tenga una capacidad que no exceda de las 9 personas: 40,00 euros.
Emisión de duplicados de distintivos o marcas fiscales:
Ciclomotores, motocicletas y quads, tengan o no la consideración de vehículos especiales: 5,00 euros.
Automóviles, vehículos mixtos para transporte de personas, moto-caravanas, autocaravanas y cualquier otro vehículo a motor apto para la circulación por vías y terrenos públicos y para el transporte de personas que tenga una capacidad que no exceda de las 9 personas: 25,00 euros.
Artículo 8 octies. Gestión, comprobación e inspección.
La gestión, comprobación e inspección de las obligaciones derivadas de la tasa corresponderá a los órganos competentes de la consejería competente en materia de hacienda.
Artículo 122. Hecho imponible.
Artículo 123. Sujeto pasivo.
Artículo 124. Cantidad.
Artículo 125. Devengo y pago.
La tasa se devenga en el momento en que se realiza la actividad administrativa en que consiste el hecho imponible, sin perjuicio de que se exija el pago, en concepto de depósito previo, en el momento de la solicitud del informe o de la iniciación del procedimiento correspondiente.
TASA POR LOS SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN, INSCRIPCIÓN, CONVALIDACIÓN, CAMBIO DE TITULAR, ACTIVIDAD O DOMICILIO, Y CESE EN LA ACTIVIDAD DE CARNICERÍA, CARNICERÍA-SALCHICHERÍA Y CARNICERÍA-CHARCUTERÍA.
Artículo 388 quinquies. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la autorización, la inscripción, la convalidación, el cambio o el cese de la actividad de carnicería, carnicería- salchichería y carnicería-charcutería, así como el cambio de titular, de denominación comercial o de domicilio industrial o social.
Artículo 388 sexties. Sujeto pasivo.
Artículo 388 septies. Cuantía.
Autorización de la actividad e inscripción en el registro: 151,10 euros
Cambio de titular o denominación comercial o domicilio social: 32,39 euros
Convalidación de la actividad: 151,10 euros
Cambio de la actividad: 151,10 euros
Cambio de domicilio industrial: 151,10 euros
Cese de actividad: 82,34 euros
Artículo 388 octies. Devengo y pago.
La tasa se devenga cuando se preste el servicio o la actividad que constituye el hecho imponible. La tasa ha de exigirse en régimen de autoliquidación que se ingresará en el mismo momento de su devengo. No obstante, por los ser- vicios prestados a instancia de parte, ha de efectuarse el depósito previo de su importe al mismo tiempo de la solicitud del servicio.
CONSEJERÍAS COMPETENTES EN MATERIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y ENERGÍA.
Baja tensión, aparatos elevadores, aparatos de presión, térmicos (calefacción, climatización y agua caliente sanitaria), frigoríficos, productos petrolíferos, almacenamiento de gases combustibles, productos químicos, receptores de gas, instalaciones contra incendios y otros.
3.1.2.1 Hasta 12.000,00 euros de presupuesto de ejecución:63.00
3.1.3 INSTALACIONES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RÉGIMEN ESPECIAL.
3.1.3.1 Con proyecto
3.1.3.1.1 Hasta 30.000,00 euros de presupuesto de ejecución:63,00
3.1.4 CAMBIO DE TITULARIDAD DE INSTALACIONES:11,00
3.3 Agentes autorizados, organismos de control, organismos verificadores, laboratorios de metales preciosos, de ensayo o calibrado y otros
3.4 Registro industrial, registros y certificados de empresas instaladoras y/o mantenedoras, talleres de tacógrafos, talleres de limitadores de velocidad y otros
3.5 Documentos de calificación empresarial
TASA POR SERVICIOS EN MATERIA DE AGUAS, MINAS Y VOLADURAS.
7. Realización de informes de proyectos de voladuras de actividades no mineras.
TASA POR EXPEDIENTES DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE BIENES E IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES DE PASO.
1. Entre 1 y 10 parcelas (por parcela):
2. Entre 11 y 20 parcelas (por parcela):
3. Entre 21 y 30 parcelas (por parcela):
4. Más de 30 parcelas (por parcela):
Artículo 420. Devengo y pago
CONSEJERÍAS COMPETENTES EN MATERIA DE ECONOMÍA Y COMERCIO.
TASA POR LICENCIA AUTONÓMICA DE GRAN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL.
Artículo 421. Hecho imponible
Artículo 422. Sujeto pasivo.
Artículo 423. Cuantía La cuota de la tasa es la siguiente:
Por cada metro cuadrado de superficie de exposición y venta implantada o ampliada: 35,28 euros.
Por cada metro cuadrado de superficie de venta existente, cuando la solicitud venga motivada por un cambio de actividad: 17,64 euros.
Artículo 424. Devengo.
La tasa se devenga en el momento de realizar las actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible. No obstante, el pago podrá exigirse en el momento de formular la solicitud.
Artículo 425. Hecho imponible
Artículo 426. Sujeto pasivo
Artículo 427. Cuantía.
1 Suministro de datos en papel
Cuota fija: 4,00 euros
Cuota variable: 0,50 euros/página, con excepción de la primera
2 Suministro de datos en el soporte magnético: 15,00 euros
3 Si los datos suministrados requieren un proceso previo de la Administración: 30,00 euros adicionales a las tarifas anteriores
Artículo 429. Exenciones.
Están exentas del pago de esta tasa las administraciones públicas territoriales.
TASA POR ACTIVIDADES O PROFESIONES HABILITADAS O REGULADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL COMPETENTE EN MATERIA COMERCIO.
Artículo 430. Hecho imponible.
Solicitud de derechos de examen para obtener los carnets profesionales o técnicos que habiliten para el ejercicio de actividades la regulación de las cuales corresponda a la Dirección General competente en materia de Comercio, así como la solicitud de la carta de artesano y de maestro artesano.
La expedición de carnets, certificados y otros documentos que acrediten la aptitud para el ejercicio de las citadas actividades.
La renovación de carnets, certificados y otros documentos que acrediten la aptitud para el ejercicio de las citadas actividades.
La solicitud de inspecciones de calificación en general y la solicitud del documento de calificación artesanal.
Artículo 431. Sujeto pasivo.
Artículo 432. Cuantía.
Solicitud de derechos de examen y solicitud de carta de artesano o maestro artesano: 7,80 euros
Expedición de carnet, certificado u otro documento de aptitud para el desarrollo de una actividad determinada: 7,80 euros
Renovación de carnet, certificado u otro documento de aptitud de una actividad determinada: 4,00 euros
Inspección de calificación y documento de calificación artesanal:40,00 euros
Artículo 433. Devengo y pago.
La tasa se devenga con la realización del hecho imponible, si bien el pago se exigirá en el momento en que el interesado haga la solicitud de servicio.
Artículo 212. Base imponible.
Ocupación del dominio público portuario.
Ocupación de terrenos e instalaciones. Será el valor de los terrenos y de las instalaciones, que se determinará sobre la base de criterios de mercado teniendo en cuenta su ubicación y la dimensión general del puerto.
Ocupación de las aguas del puerto. Será el valor de los espacios de agua, que se determinará por referencia al valor de los terrenos de la zona de servicio.
Aprovechamiento del dominio público portuario.
Elaboración por el ente público Puertos de las Illes Balears de la valoración de terrenos y aguas del puerto, que deberá incluir entre sus antecedentes y estudios necesarios una memoria económico-financiera.
Información pública durante un plazo no inferior a 20 días, que será anunciada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Solicitud de un informe preceptivo a la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos por parte del ente público Puertos de las Illes Balears que deberá emitirse en un plazo no superior a un mes.
Remisión del expediente a la consejería competente en materia de puertos que, previo informe de los servicios jurídicos competentes, deberá aprobar la valoración correspondiente mediante resolución que se publicará en el "Butlletí Oficial de les Illes Balears".
Las valoraciones, que se actualizarán el 1 de enero de cada año en una proporción equivalente a la variación interanual experimentada por el Índice General de Precios al Consumo para el conjunto autonómico de las Illes Balears en el mes de octubre, podrán ser revisadas para la totalidad de la zona de servicio cada cinco años y, en cualquier caso, deberán revisarse cada diez años. Asimismo, deberán revisarse cuando se produzca cualquier circunstancia que pueda afectar su valor. En todo caso, la revisión de las valoraciones deberá seguir el procedimiento establecido en las letras a, b, c y d del primer párrafo del presente apartado.
Artículo 213. Cuantía.
4. El importe de la tasa satisfecha por los titulares de concesiones de construcción o explotación de puertos deportivos no será repercutible tributaria- mente sobre los usuarios de los puestos base de amarre.
5. Cualquier modificación que el concesionario pretenda aplicar al importe de la contraprestación de los servicios portuarios requerirá autorización previa del ente público Puertos de las Illes Balears.
2. La cuantía de la tasa se obtendrá aplicando la fórmula
T=(C*P2/3) / 5,5 en euros, siendo
C el coeficiente que para cada caso se señale, y
P la base indicada.
En tasaciones de proyectos: 72,20 euros.
4. En caso de que no se disponga del arqueo de acuerdo con el Convenio Internacional de Arqueo de Barcos (1969) se aplicará el siguiente valor estimado de arqueo:
P = puntal de trazado en metros.
1. Las contraprestaciones en concepto de precios por la prestación de ser- vicios sanitarios a terceras personas obligadas al pago o a usuarios sin derecho a asistencia sanitaria de la Seguridad Social, en cualquier centro de la red sanitaria pública, tendrán el carácter de ingresos de derecho público y gozarán de las prerrogativas para su cobro que a estos efectos dispone el artículo 16 del texto refundido de la Ley de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 24 de junio.
2. La regulación de estos precios se hará mediante orden de la consejería competente en materia de salud, sin perjuicio de que la fijación y revisión de sus cuantías pueda aprobarse por resolución de dicha consejería, a propuesta del órgano competente del Servicio de Salud de las Illes Balears o de la entidad correspondiente.
Artículo 6. Deducción autonómica para declarantes con minusvalía física o psíquica o con descendientes con esta condición.
Minusvalía física de grado igual o superior al 33% e inferior al 65%: 60,00 euros.
Minusvalía física de grado igual o superior al 65%: 120,00 euros.
Minusvalía psíquica de grado igual o superior al 33%: 120,00 euros.
Artículo 41. Tipos de tributación y cuotas fijas. CAPÍTULO IV.
NORMAS DE GESTIÓN RECAUDATORIA.
Artículo 8. De la gestión recaudatoria.
4. La recaudación y, en su caso, las funciones de gestión, inspección, liquidación y revisión de los recursos titularidad de otras administraciones públicas que, mediante ley, convenio, delegación de competencias o encomienda de gestión, sean atribuidas a la comunidad autónoma de las Illes Balears, corresponderán a los órganos de la consejería competente en materia de hacienda.
NORMAS DE GESTIÓN Y ACCIÓN ADMINISTRATIVA.
NORMAS DE GESTIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA.
1. Se añade el apartado 8 al artículo 58 del texto refundido de la Ley de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 24 de junio, con la siguiente redacción:
8. Las operaciones contables relativas a los gastos e ingresos presupuestarios del Servicio de Salud de las Illes Balears pueden ser registradas con carácter provisional en la contabilidad financiera o patrimonial, sin perjuicio de que, posteriormente, sean anotadas en los estados de ejecución presupuestaria correspondientes. No obstante lo anterior, el pago de los gastos exigirá, en todo caso, la aplicación del gasto a los créditos presupuestarios correspondientes y, en consecuencia, la previa disponibilidad del crédito.
2. Se añade un segundo párrafo en el artículo 78 del texto refundido de la Ley de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 24 de junio, con la siguiente redacción:
Asimismo, la comunidad autónoma puede conceder un segundo aval sobre los avales que, de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, concedan las entidades autónomas y empresas públicas. En estos casos, y a efectos del importe máximo que se fije en la Ley de presupuestos generales en los términos previstos en el artículo 76 de esta Ley, sólo se computará el aval concedido por la entidad autónoma o empresa pública.
3. Se suprime el contenido de la letra e del artículo 91 del texto refundido de la Ley de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 24 de junio.
1. Se suprime el último párrafo de la letra a del artículo 1 de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
2. Se modifica el apartado 1 del artículo 2 de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:
Se añade la letra i en el artículo 11 de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, con la siguiente redacción:
El resto de funciones que, de acuerdo con la normativa vigente, correspondan a la compañía y que no estén atribuidas expresamente a ningún otro órgano.
LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE COMERCIO INTERIOR.
1. Se modifica la letra d y se añade la letra e en el artículo 48 de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears, con la siguiente redacción:
El incumplimiento de las obligaciones de inscripción y comunicación de variación de datos en las secciones del Registro General de Comercio de las Illes Balears.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley o en sus disposiciones reglamentarias de desarrollo cuando no esté tipificado como infracción grave o muy grave.
2. Se suprime el contenido de la letra e del artículo 49 de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears.
LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE MINAS.
Por razón de interés público, se declara todo el territorio de las Illes Balears como zona no registrable a los efectos de lo establecido en el artículo 39.3 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, y en el artículo 57.3 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento general para el régimen de la minería.
Se declara el interés general, a efectos urbanísticos, de las canteras que, el 1 de enero de 2006, figuren incluidas en el anexo II del Decreto 61/1999, de 28 de julio, de aprobación definitiva de la revisión del Plan director sectorial de canteras de las Illes Balears, en los casos en que el planeamiento urbanístico no haya adaptado la clasificación del suelo a las determinaciones previstas en el artículo 13 del mencionado Decreto 61/1999, de 28 de mayo.
LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE ORDENACIÓN FARMACÉUTICA.
1. Se modifica el apartado 2 del artículo 19 de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica, que pasa a tener la siguiente redacción:
2. La distancia prevista en el apartado anterior deberá ser observada, asimismo, respecto de los hospitales, centros de cirugía ambulatoria, centros de salud y resto de centros sanitarios, todos ellos pertenecientes al sector público, tanto si están en funcionamiento como en fase de construcción.
2. Se modifica la letra d del artículo 21 de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica, que pasa a tener la siguiente redacción:
En el supuesto de que para la autorización de una nueva oficina de farmacia se hubieran computado plazas turísticas y/o viviendas de segunda residencia en la forma establecida en los apartados b y c anteriores, el titular de la dirección general competente en materia de farmacia, una vez atendidas las necesidades de atención farmacéutica de la zona de farmacia correspondiente, ha de delimitar el lugar donde ha de ubicarse la nueva oficina de farmacia, la cual se establecerá dentro de la zona delimitada, respetando, en todo caso, las distancias mínimas a que se refiere el artículo 19 de la presente Ley.
LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE TRANSPORTES URBANOS.
1. Hasta que la comunidad autónoma de las Illes Balears no legisle en materia de transportes urbanos, y debido a la desproporción existente entre la oferta y la demanda del servicio de taxi en temporada estival, los consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera pueden otorgar licencias de ámbito insular de transporte público de viajeros en vehículos de turismo que tengan una duración estacional determinada, en el ámbito territorial de las islas de Menorca y de Ibiza, respectivamente.
2. Los consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera han de regular las condiciones a las que han de sujetarse estas autorizaciones, el número máximo de licencias a otorgar según los municipios de la isla respectiva, el procedimiento de autorización, las condiciones de prestación del servicio, los derechos y las obligaciones que ha de asumir el sujeto autorizado, el plazo de duración de la autorización, la cuantía de la tasa que, en su caso, se fije, y los supuestos de revocación. En el procedimiento de autorización ha de solicitarse informe a los ayuntamientos correspondientes, el cual ha de emitirse en el plazo máximo de un mes.
LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE AGUAS.
1. En el ámbito territorial de las Illes Balears, la persona titular de la concesión a que se refiere el apartado 4 del artículo 61 del texto refundido de la Ley de aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, ha de ser el propietario de las tierras a las que vaya destinada el agua o el titular de la explotación agraria.
2. En el ámbito de las Illes Balears se añaden dos apartados, tercero y cuarto, al artículo 109 de la Ley de aguas, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que quedan redactados de la siguiente forma:
Artículo 109. Régimen jurídico de la reutilización.
3. Cualquier persona física o jurídica que haya obtenido una concesión de reutilización de aguas podrá subrogarse por vía contractual en la titularidad de la autorización de vertido de las citadas aguas, con asunción de las obligaciones que ésta implique, incluidas la depuración y la satisfacción del canon de control del vertido. Estos contratos deberán ser autorizados por el correspondiente organismo de cuenca, a los efectos del cambio de titular de la autorización del vertido. En el caso de que la concesión se haya otorgado respecto de aguas efluentes de una planta de depuración, las relaciones entre el titular de ésta y el de aquella concesión serán reguladas igualmente mediante un contrato que deberá ser autorizado por el correspondiente organismo de cuenca.
4. De acuerdo con el principio de recuperación de costes que recoge el artículo 9.1 de la Directiva 2000/60 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la cual se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, el contrato al que se refiere el apartado 3 de este artículo, cuando se trate de la reutilización de aguas depuradas para campos de golf, contemplará necesariamente la recuperación de dicho coste, en los términos que se prevean concretamente en el contrato y se autoricen por la administración hidráulica.
En ningún caso habrá lugar a la recuperación de costes cuando se trate del riego de zonas de jardín, limpieza viaria u otros usos públicos, así como usos agrarios, por lo que se refiere a los efectos sociales que tal recuperación supone.
3. En el ámbito territorial de las Illes Balears, se añade una nueva infracción administrativa a las previstas en el apartado 3 del artículo 116 del texto refundido de la Ley de aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, con la siguiente redacción:
En el ámbito territorial de las Illes Balears constituye infracción administrativa en materia de aguas, además de las previstas en el apartado 3 del artículo 116 del texto refundido de la Ley de aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, el incumplimiento de las normas técnicas de ejecución de sondeos, en especial, de la obligación de cimentar el espacio anular entre el entubamiento y la pared de los sondeos. Son responsables de esta infracción las personas físicas o jurídicas que ejecuten los sondeos y los directores facultativos de éstos.
4. Se modifica la letra e del apartado 6 del artículo 76 de la Ley 6/1999, de 3 de abril, de directrices de ordenación territorial de las Illes Balears y medidas tributarias, que pasa a tener la siguiente redacción:
Los usos recreativos, con excepción del riego de campos de golf, que se regirán por lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 12/1988, de 17 de noviembre, de campos de golf.
LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE MONTES.
En el ámbito territorial de las Illes Balears se tipifica una nueva infracción administrativa en materia de montes en desarrollo de la infracción prevista en la letra k del artículo 67 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, con la siguiente redacción:
En el ámbito territorial de las Illes Balears, constituye infracción administrativa en materia de montes, además de la prevista con carácter general en la letra k del artículo 67 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, la circulación y/o permanencia de ciclomotores, motocicletas y quads en los montes propiedad de cualquier administración pública. Esta prohibición no afectará a los trabajos propios de gestión del monte, ni a los trabajos de vigilancia y seguridad.
El carácter leve, grave o muy grave de esta infracción se regirá por lo dispuesto en los apartados 1.a, 2.a y 3.a del artículo 68 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.
Las funciones de la Comisión Interdepartamental de Retribuciones de la comunidad autónoma de las Illes Balears, creada en virtud del Decreto 91/2005, de 1 de septiembre, podrán ser ejercidas en relación con todas las entidades que, de acuerdo con la legislación de finanzas, integren el sector público de la comunidad autónoma, con inclusión de aquellas entidades que, conforme a sus leyes de creación, dispongan de autonomía presupuestaria o financiera.
1. Todas las referencias a las entidades autónomas de carácter administrativo contenidas en la normativa vigente han de entenderse realizadas a las entidades autónomas.
2. Todas las referencias a las entidades autónomas de carácter comercial, industrial, financiero o análogo contenidas en la normativa vigente quedan sin contenido.
Se otorga a los titulares de aprovechamientos de aguas privadas afectados por las disposiciones transitorias de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas, que estén en posesión de las autorizaciones correspondientes otorgadas por el organismo competente en materia minera o hidráulica con anterioridad a la entrada en vigor de la mencionada Ley de aguas, o que, en su defecto, puedan acreditar que los aprovechamientos son anteriores a la entrada en vigor del Decreto-ley 11/1968, de 16 de agosto, del Decreto 632/1972, de 23 de marzo, o del Decreto 3382/1973, de 21 de diciembre, en relación con el ámbito territorial de cada una de las islas de Mallorca, de Ibiza, y de Menorca y Formentera, respectivamente, de dos años a contar a partir de la entrada en vigor de la presente Ley para solicitar su inclusión en el catálogo de aguas privadas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Se modifica la disposición adicional cuarta de la Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, que pasa a tener la siguiente redacción:
1. Se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para que cree una empresa pública con forma de entidad de derecho público que ha de someter su actuación al ordenamiento jurídico privado, de acuerdo con lo previsto en el punto 1 de la letra b del artículo 1 de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas a la comunidad autónoma de las Illes Balears, adscrita a la consejería competente en materia de medio ambiente, cuya finalidad institucional será la gestión de los parques y otras figuras de especial protección al amparo de Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, y de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental.
La normativa reguladora del régimen jurídico de la entidad ha de determinar las condiciones de acuerdo con las cuales los funcionarios y el personal laboral de la Dirección General de Biodiversidad de la Consejería de Medio Ambiente, así como el personal laboral del Instituto Balear de la Naturaleza han de adscribirse o transferirse a dicha entidad, a la entrada en vigor de la citada normativa, por razón de ocupar puestos de trabajo cuyas funciones pasen a ejercerse por la entidad que se cree. En todo caso, el personal laboral ha de transferirse en las mismas condiciones y régimen jurídico, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los trabajadores.
2. Se modifica la finalidad institucional de la empresa pública a que se refiere el apartado segundo de la disposición adicional quinta de la Ley 4/1996, de 19 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para 1997, por lo que respecta a la finalidad institucional atribuida a la entidad a que se refiere el apartado primero anterior de la presente disposición adicional.
1. Se disuelve la Cámara Agraria Interinsular de las Illes Balears.
2. Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, mediante decreto, regule el procedimiento de liquidación de los recursos materiales y personales de la Cámara Agraria Interinsular y de las cámaras agrarias locales disueltas en virtud del artículo 26 de la Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas.
3. Mientras no se apruebe el citado decreto, la Administración de la comunidad autónoma, a través de la consejería competente en materia de agricultura, asumirá provisionalmente los derechos y las obligaciones de las entidades disueltas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA.
Se modifica la Ley 10/2005, de 21 de junio, de puertos de las Illes Balears, en lo que se refiere a los artículos siguientes:
El artículo 3 de la Ley 10/2005 queda redactado de la siguiente manera:
1. Son competencia de la Administración autonómica de las Illes Balears:
Los puertos, las marinas y las instalaciones portuarias y marítimas adscritos a la comunidad autónoma que permitan la realización de operaciones de tránsito portuario y presten servicios a las actividades pesqueras, deportivas o náutico-recreativas, siempre que no sean declarados de interés general del Estado.
Los puertos con calificación de interés general cuando el Estado no se reserve su gestión y se produzca la adscripción a la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, así como aquéllos que determine el Estado por cualquier forma jurídica.
En todo caso, los puertos y las instalaciones delimitados en los planos que acompañan al Real Decreto 450/1985, de 20 de febrero, de traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de puertos a la comunidad autónoma de las Illes Balears, y posteriores planos y actos de adscripción.
El artículo 5 de la Ley 10/2005 queda redactado de la siguiente manera:
Integran el dominio público portuario de titularidad de la comunidad autónoma las superficies de tierra, las obras y las instalaciones que la consejería competente afecte a usos o servicios portuarios, así como las obras e instalaciones realizadas sobre el dominio público marítimo-terrestre adscrito para finalidades portuarias.
Al artículo 11 de la Ley 10/2005 se añade un nuevo punto 4:
Se declara de interés general la siguiente obra de infraestructura hidráulica de regadío: proyecto de mejora de la acequia de Coanegra, Santa Maria del Camí (Mallorca).
1. Una vez que la entidad Puertos de las Illes Balears se haya constituido como unidad presupuestaria independiente y haya aprobado su primer presupuesto en los términos que prevé la Ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma para el año 2006, debe iniciarse el procedimiento de extinción de la empresa pública Infraestructuras y Obras Portuarias, S.A.
2. El personal que, día 1 de enero de 2006, mantenga relación laboral con la empresa pública Infraestructuras y Obras Portuarias, S.A., quedará subrogado, con los mismos derechos y condiciones, al servicio de la entidad Puertos de las Illes Balears.
3. La entidad Puertos de las Illes Balears debe subrogarse en todos los derechos y las obligaciones originarias de la empresa pública Infraestructuras y Obras Portuarias, S.A., sin perjuicio de que estos derechos y obligaciones se adapten, en su forma y condiciones, a la naturaleza jurídica de la entidad Puertos de las Illes Balears. En particular, los bienes inmuebles titularidad de la empresa pública Infraestructuras y Obras Portuarias, S.A., se adscribirán a la entidad Puertos de las Illes Balears.
1. Con carácter extraordinario se integran en el cuerpo de abogados de la comunidad autónoma de las Illes Balears los funcionarios del Cuerpo Superior de la Administración de la CAIB, licenciados en derecho que, a la entrada en vigor de esta Ley, lleven ocupando por cualquier sistema de provisión durante, como mínimo, los últimos dos años, plazas adscritas en la relación de puestos de trabajo en el cuerpo de abogados de la CAIB.
2. La opción de integrarse en el cuerpo de abogados debe realizarse en el plazo de un mes a partir de la vigencia de esta Ley. Esta integración tendrá los mismos efectos que la integración automática y es irreversible.
Se añade un nuevo párrafo al apartado a del artículo 2 de la Ley 1/1994, de 23 de marzo, sobre condiciones para la reconstrucción en suelo no urbanizable de edificios e instalaciones afectadas por obras públicas o declaradas de utilidad pública y ejecutadas por el sistema de expropiación forzosa, que pasa a tener la siguiente redacción:
Que se respeten las servidumbres legalmente exigibles, tanto las impuestas por el derecho público como las impuestas por el derecho privado.
En lo que se refiere a las expropiaciones derivadas de la ejecución de proyectos de carreteras, cuando la parcela sobrante resulte insuficiente para cumplir las servidumbres legales, la administración competente podrá autorizar dicha reconstrucción en las zonas de afección de la carretera, fuera de la zona de dominio público, con la imposición previa de medidas que garanticen la seguridad vial.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA. DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA.
1. Se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para crear tres empresas públicas con la forma de entidades de derecho público que han de someter su actuación al ordenamiento jurídico privado, de acuerdo con lo que prevé el punto 1 de la letra b del artículo 1 de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, adscritas a la consejería competente en materia de juventud, la cual debe ejercer el control de eficacia de su actividad.
2. La finalidad institucional de las entidades es la coordinación y la ejecución de la política de juventud y ocio en el ámbito de las islas de Menorca, Ibiza y Formentera, respectivamente.
Las modificaciones de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica, contenidas en el artículo 49 de la presente Ley se aplicarán a los procedimientos de autorización de nuevas oficinas de farmacia, de concursos para la concesión de dichas oficinas y de autorización de los locales donde hayan de ubicarse las mismas que se hayan iniciado y que no hayan finalizado mediante resolución administrativa a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.
1. Hasta que se proceda, en los términos previstos en el artículo 212 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, a la aprobación de una nueva valoración de los terrenos, las instalaciones y las aguas del puerto, serán exigibles las cuantías de las tasas satisfechas por estos conceptos en el ejercicio anterior, incrementadas con el importe correspondiente a la variación anual experimentada por el Índice General de Precios al Consumo para el conjunto autonómico de las Illes Balears.
2. A las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 10/2005, de 21 de junio, de puertos de las Illes Balears, que no hayan optado por el mecanismo previsto en el apartado 2.b de la disposición transitoria cuarta de la citada Ley, el canon por ocupación o aprovechamiento del dominio público portuario deberá adaptarse a la regulación contenida en el artículo 212 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, en relación a la tasa por ocupación del dominio público portuario. A los efectos previstos en el presente apartado:
La cuantía de la tasa correspondiente al año 2006 se calculará aplicando el tipo de gravamen a la primera valoración que se apruebe con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 10/2005, de 21 de junio, de puertos de las Illes Balears.
En aquellas concesiones en que, como consecuencia de la aplicación de la tasa por ocupación del dominio público portuario, resulte una cuantía a abonar al ente público Puertos de las Illes Balears, superior en un cien por cien a la que venían abonando en concepto de tasa por ocupación o aprovechamiento del dominio público portuario, el ente público Puertos de las Illes Balears podrá efectuar una aplicación escalonada lineal del incremento hasta un plazo de tres años, previa solicitud justificada por parte de los titulares de las concesiones.
La adaptación prevista en este apartado se entenderá sin perjuicio de las actualizaciones previstas en el título de otorgamiento y, en su caso, de las revisiones del valor de los terrenos de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 212 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
1. Se deroga expresamente la disposición adicional decimoquinta de la Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública.
En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno de las Illes Balears presentará al Parlamento de las Illes Balears un proyecto de ley que regule la reforma del impuesto sobre sucesiones y donaciones, así como, en su caso, el establecimiento de nuevas figuras tributarias, en el ejercicio y con los límites inherentes a las competencias normativas asumidas por la comunidad autónoma de las Illes Balears en el marco de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas, y de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, reguladora de las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición final segunda anterior, se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para que dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo de la presente Ley.
La presente Ley entrará en vigor, una vez publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el día 1 de enero de 2006, sin perjuicio de que la efectividad o exigencia del impuesto y de los registros de vehículos y de sustitutos regulados en el capítulo I del título I, así como de la tasa por la inscripción en el registro de vehículos afectos a la actividad de arrendamiento sin conductor regulada en el capítulo II del título I, se demore hasta que entren en vigor los decretos de desarrollo a que se refiere el apartado 2 de la disposición final segunda de la presente Ley.
Y para que así conste, expido la presente certificación a los efectos oportunos, con el visto bueno del Molt Hble. Sr. Presidente del Parlamento de las Illes Balears, en la sede del Parlamento, a 20 de diciembre del 2005.
Palma, a 27 de diciembre de 2005.
Jaime Matas Palou.
Luís Angel Ramis de Ayreflor Cardell.
Derogada por Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears. Artículos 1 al 36; Disposiciones adicional séptima, adicional octava, adicional decimocuarta, adicional decimoquinta (derogada parcialmente por lo que se refiere a la creación de una empresa pública cuya finalidad institucional es la coordinación y la ejecución de la política de juventud y ocio en el ámbito de la isla de Mallorca), transitoria segunda y final segunda:
Derogado por Ley 25/2006, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. Artículo 41:
Derogado por Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y económico-administrativas. Disposición adicional cuarta:
Véase, en lo referente a la finalidad institucional, el artículo 33 del Decreto-ley 3/2009 de 29 de mayo, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears.
Artículo 33 de la Ley 6/2009 de 17 de noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears Cerrar
LEY 11/2001, de 15 de junio, de Ordenación de la Actividad Comercial en las Illes BalearsREAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de AguasLEY 5/2003 de 4 de abril, de Salud de las Illes BalearsLEY 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativasLey 8/2004, de 23 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función públicaLEY 10/2005, de 21 de junio, de puertos de las Islas BalearesDECRETO LEGISLATIVO 1/2005, de 24 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes BalearsLEY 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes BalearsLEY 22/2006, de 19 de diciembre, de reforma del Impuesto sobre Sucesiones y DonacionesLEY 25/2006, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativasResolución por la cual se aprueba la valoración de los terrenos, instalaciones y aguas del Club Náutico SEstanyol, t. m. Llucmajor MallorcaResolución por la cual se aprueba la valoración de los terrenos, instalaciones y aguas del Club Náutico Sa Rápita, t. m. Campos MallorcaLEY 6/2007, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y económico-administrativasResolución por la cual se aprueba la valoración de los terrenos, instalaciones y aguas del Club Náutico de Cala Gamba (Mallorca)Orden del consejero de Movilidad y Ordenación del Territorio de 30 de abril de 2009 sobre régimen de tarifas máximas obligatorias de los servicios interurbanos de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo que se presten íntegramente en el ámbito territorial de la isla de EivissaDecreto Ley 3/2009 de 29 de mayo, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes BalearsLey 6/2009 de 17 de noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes BalearsLEY 6/2009, de 17 de noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes BalearsLEY 8/2009, de 16 de diciembre, de reforma de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior	Derecho.com
LEY 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas	Trámites

References: Artículo 4

Artículo 6

Artículo 8

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

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Artículo 28

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Artículo 46

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Artículo 50

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Artículo 52
 artículo 27
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 Artículo 2
 Artículo 3
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Artículo 5
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Artículo 12

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Artículo 21
 Artículo 22
 Artículo 23
 Artículo 24
 Artículo 25

Artículo 26
 Artículo 27

Artículo 28
 Artículo 29

Artículo 30
 Artículo 31
 Artículo 32
 Artículo 33
 Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 8

Artículo 8

Artículo 8

Artículo 8

Artículo 8

Artículo 8

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Artículo 122

Artículo 123

Artículo 124

Artículo 125

Artículo 388

Artículo 388

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Artículo 420

Artículo 421

Artículo 422

Artículo 423

Artículo 424

Artículo 425

Artículo 426

Artículo 427

Artículo 429

Artículo 430

Artículo 431

Artículo 432

Artículo 433

Artículo 212
 resolución 

Artículo 213
 artículo 16
 resolución 

Artículo 6

Artículo 41

Artículo 8
 artículo 58
 artículo 78
 artículo 76
 artículo 91
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 11
 artículo 48
 artículo 49
 artículo 39
 artículo 57
 Real Decreto 
 artículo 13
 artículo 19
 artículo 21
 artículo 19
 artículo 61
 Real Decreto 
 artículo 109
 Real Decreto 

Artículo 109
 artículo 9
 artículo 116
 Real Decreto 
 artículo 116
 Real Decreto 
 artículo 76
 artículo 4
 artículo 67
 artículo 67
 artículo 68
 artículo 1
 artículo 44
 artículo 26
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 5
 artículo 11
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 49
 resolución 
 artículo 212
 artículo 212
 artículo 212
 Artículo 41
 artículo 33

Artículo 33