Source: https://bnochesybsuerte.blogspot.com/2007/12/lucha-contra-el-terrorismo-si.html
Timestamp: 2018-05-21 08:36:35+00:00

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BUENAS NOCHES Y BUENA SUERTE: Lucha contra el terrorismo, SI, persecución política, NO!!!
Por fin en este país se empieza a ver la luz, hoy es uno de los mejores días de la democracia. ¡Pueblo vasco! ¡Que podáis decidir vuestro futuro, que nadie os lo imponga!
Mientras no defiendan la violencia, como está haciendo hasta ahora Amaiur me vale. Muchos dirán que no condenan la violencia, pero otros tampoco condenan la corrupción y están en el poder.
Si condenan la violencia en sus estatutos se legaliza, hay libertad para que cualquiera pueda formar un partido político nos gusten sus ideas o no. Evidentemente la situación actual no es la de 2010, y en cualquier caso es reversible, así que un poquito más de calma y menos ladridos.
Es la única manera de que esta gente deje las armas. Si quieren luchar que sea democráticamente. Entiendo a las víctimas, pero creo que es la única manera de mirar adelante.
¿Dónde está la AVT que le hacía todas las semanas una manifestación a ZP?. Ahora ya no sale a la calle porque están sus amigos en el Gobierno, eso sí es un puto asco. No era el PP, el defensor de la patria, el que iba a ilegalizar a esta gente. ¿Dónde está los de AVT?... Hipócritas.
Claro claro, como todo el mundo sabe, el Tribunal Constitucional está lleno de peligrosísimos etarras y abertzales. Venga ya hombre. Esta decisión la toman porque es la única razonable. El problema es que a mucha gente se le olvida que esta gente estaba ilegalizada por no condenar a ETA, no por ser independentistas. La condena a ETA ha sido clara y rotunda, evidentemente nunca van a hablar de ETA como si fueran La Falange, pero es que eso no es necesario. Esto, guste o no guste en Cádiz o en Logroño, es una buena noticia para el País Vasco y un paso en favor de la convivencia, lo que queda probado en que el apoyo a esta decisión en Euskadi ( Sólo el PP, 14% en las últimas autonómicas, se opone y con voces discrepantes) es mucho más amplio que el apoyo electoral del propio nacionalismo.
Bueno, para los demócratas que seguimos la constitución está claro. Para los demás, que ponen sus deseos por encima de la democracia, no tanto... El problema que tienen muchos, desde mi punto de vista, es que quieren que determinados grupos no se puedan presentar a ser elegidos, cuando lo que deberían hacer es convencer a sus votantes, con sus ideas y sus hechos, de que no les voten, con lo cual “su” problema no existiría.
Está claro que en este País, la democracia es algo que aún no está consolidada en los ciudadanos. Muchos se llaman demócratas, y solo lo son si prevalecen sus ideas. Señores: Votamos todos una Constitución, y los señores del Constitucional dicen que Sortu no puede ser ilegalizado. Aceptémoslo. Pero siempre, no solo cuando las sentencias son de nuestro agrado. Empecemos a ser un poco demócratas, y dejemos la mala baba para otras ocasiones, no para cuestionar al T. Constitucional.
NOS TOCAN EL TEMA PATRIÓTICO Y NOS CEGAMOS. Los temas secesionistas tocan lo más sensible y la gente se embala. Y no le gusta ver las cosas. Prefieren la venda en los ojos, y sobre todo futbol. Mucho futbol.
España está al borde la ruina y algunos tratan de entretenernos con el terrorismo. El Franquismo y ETA son pasado, el presente es el PP, esto es, caos económico y la miseria.
Sortu (nacer, surgir o crear en euskera) Creado en febrero de 2011, ideológicamente se adscribe a la corriente del nacionalismo vasco conocida como izquierda abertzale, y desde su fundación ha sido considerado heredero de la ilegalizada Batasuna.
Sus objetivos, según lo expresado en su presentación pública, son "la constitución de un Estado vasco en el marco europeo", "encauzar la confianza del espacio político de la izquierda abertzale", y contribuir "alianzas políticas y sociales que sitúen el soberanismo y el independentismo en el carril principal de la sociedad vasca".
El nacionalismo vasco, IU y la mayor parte de los partidos políticos saludaron la creación del partido y pidieron que pudiera concurrir a las elecciones sin cortapisas, en tanto que PP y UPyD consideraron a Sortu continuadora de Batasuna y, por tanto, subordinada a ETA, por lo que no debería poder ser inscrita en el registro de partidos políticos. El PSOE consideró que el rechazo de la violencia terrorista por parte de Sortu era un avance importante, pero insuficiente. Por su parte, los promotores de Sortu afirmaron no ser «continuidad de nada porque [hablaban] de principios y compromisos que no tienen identificación con anteriores modelos de organizaciones ilegalizadas» al tiempo que rechazaron cualquier "subordinación o tutelaje".
El 23 de marzo de 2011, la Sala Especial del artículo 61 del Tribunal Supremo estimó las demandas de la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal y denegó la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos, por considerarlo sucesor de Batasuna y no desvinculado de la organización terrorista ETA. La Sala informó en un principio de la existencia de tres votos particulares que discreparon de la mayoría. Al día siguiente se supo de la existencia de siete votos discrepantes y que el resultado final de nueve a siete fue decidido por el último voto, emitido por el presidente de la Sala Carlos Dívar. Hasta entonces, todas las decisiones de la Sala Especial del artículo 61 se habían tomado por unanimidad.
Finalmente, el 20 de junio de 2012, Sortu fue legalizado por el Tribunal Constitucional, por tan sólo un voto de diferencia, al considerar que la sentencia del Supremo vulneró "el derecho de asociación" de los miembros de Sortu en su vertiente de "libertad de creación de partidos políticos" que recoge el artículo 22 de la Constitución.
En otoño del año 2009 la "izquierda abertzale" (como se vino a denominar al sector de izquierda abertzale afín a Batasuna) presentó en Alsasua, coincidiendo con el aniversario de la fundación de Herri Batasuna, una declaración denominada Principios y voluntad de la izquierda abertzale, más conocida como Declaración de Altsasu, y un documento denominado Clarificando la fase política y la estrategia que fue sometido a debate. Dicho debate interno se produjo en 254 asambleas en el que participaron un total de 6.467 personas y finalizó con la celebración de asambleas territoriales en Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra. Una vez finalizado el debate, en febrero de 2010 se presentó el documento Zutik Euskal Herria, en el cual se asumían los principios Mitchell para dar salida al conflicto vasco, un "proceso democrático en ausencia de violencia" y la "acumulación de fuerzas soberanistas". En el documento se descartó el uso de la violencia como forma de hacer política apelando a la "lucha de masas, la lucha institucional y la lucha ideológica" como únicas vías, al tiempo que se comprometía en la creación de un nuevo partido político independentista y de izquierdas.
A la presentación del documento le siguió la "Declaración de Pamplona", en la cual la izquierda abertzale apelaba por primera vez a ETA en público, demandándole a ésta y al Gobierno español el cumplimiento de la Declaración de Bruselas realizada por varias fundaciones y Premios Nobel de la Paz (entre los cuales, el ex presidente sudafricano Frederik de Klerk, el arzobispo Desmond Tutu, y los ex primeros ministros irlandeses, John Hume y Mary Robinson). El 5 de septiembre de 2010, ETA anunció un cese de las "acciones armadas ofensivas", que fue entendido como un "alto el fuego".
En esta línea, el 20 de junio de 2010, miembros de Eusko Alkartasuna y ex cargos de Batasuna presentaron en Bilbao el acuerdo de bases Lortu Arte (Hasta conseguirlo), firmado entre "EA y la izquierda abertzale" para colaborar por la independencia de Euskal Herria, en el que ratificaban que «el diálogo multipartito debe desarrollarse en base a los "Principios Mitchell"», incluyendo el «compromiso con renunciar al uso de la violencia, y al rechazo a todo intento por otros al uso de la fuerza, o la amenaza de usarla, para intentar influir en el curso o el resultado de las negociaciones multipartitas».
El 16 de enero de 2011, días después de que ETA declarara un alto el fuego "permanente, general y verificable", este acuerdo fue ampliado con la participación de Alternatiba (escisión de Ezker Batua-Berdeak), con el compromiso de largo plazo de que las tres formaciones políticas trabajaran "de manera conjunta y prioritaria" en la "defensa de la soberanía de Euskal Herria", pero desde una perspectiva de izquierdas "que busque una transformación profunda del modelo socioeconómico". El acuerdo, denominado Euskal Herria ezkerretik ('Euskal Herria desde la izquierda'), estaba circunscrito a los territorios de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, y recogía la intención de "confrontar a la derecha en todos los ámbitos" y generar "alternativas que superen y trasciendan los actuales sistemas de dominación".
El 7 de febrero de 2011 finalmente tuvo lugar el acto, organizado por Lokarri, de presentación de los estatutos del nuevo partido impulsado por la izquierda abertzale y presentado por el histórico dirigente abertzale Rufi Etxeberria (antiguo miembro de la Mesa Nacional de Herri Batasuna) y el abogado Íñigo Iruin (senador por HB en 1989, defensor de ANV ante el Tribunal Constitucional y abogado en el caso Lasa y Zabala), en el cual se anuncia que la nueva formación rechazaría el uso de la violencia, incluida la de la banda terrorista ETA, y que cumpliría la ley de partidos.
A dicho acto acudieron miembros del PNV, EA (Eusko Alkartasuna), Aralar, Alternatiba, EB (Ezker Batua-Berdeak (EB-B) —"Izquierda Unida-Verdes" en euskera—) y AB (Abertzaleen Batasuna (AB, Unidad de los Patriotas en euskera), país vasco francés), así como de ELA (Eusko Langileen Alkartasuna-Solidaridad de los Trabajadores Vascos. Sindicato), LAB (Langile Abertzaleen Batzordeak (en euskera: Comisiones de Obreros Patriotas). Sindicato), STEE-EILAS (Sindicato de la enseñanza), ESK (Ezker Sindikalaren Konbergentzia (Convergencia de Izquierda Sindical, ESK). Sindicato), Hiru (Sindicato de transportistas autónomos) y representantes de CCOO a título personal.
El 8 de febrero tuvo lugar una rueda de prensa en castellano y en euskera en Bilbao por parte de 10 promotores del partido en la cual reclamaban la legalidad de éste, negaban ser la continuidad de formaciones políticas anteriores y afirmaban cumplir la ley de partidos, manifestando asimismo su rechazo a la violencia de ETA, con el compromiso de realizar una aportación para acabar totalmente y para siempre con la violencia de ésta, y comprometiéndose con las vías exclusivamente políticas y democráticas para conseguir sus objetivos. Igualmente afirmaron que el ámbito este nuevo proyecto de la izquierda abertzale se circunscribía a las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra, y que se trata de "un partido independentista que [pretendía], desde vías exclusivamente políticas y democráticas, avanzar hacia la constitución de un Estado vasco en el marco de la UE", así como "encauzar la confianza del espacio político de la izquierda abertzale", y contribuir "alianzas políticas y sociales que sitúen en soberanismo y el independentismo en el carril principal de la sociedad vasca.
Ilegalización por el Tribunal Supremo
El 9 de febrero de 2011 se solicitó la inscripción en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio de Interior, el cual remitió a la Abogacía y a la Fiscalía del Estado los informes de la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre Sortu. Tanto la Abogacía como la Fiscalía del Estado presentaron ante el Tribunal Supremo sendas demandas de ilegalización contra Sortu por su vinculación con Batasuna y ETA, que fueron admitidas a trámite. Los representantes de Sortu presentaron sus alegaciones ante el Supremo y las partes se reunieron en vista pública el día 21 de marzo. La Sala Especial del artículo 61 del Tribunal Supremo acordó el 23 de marzo denegar la inscripción de Sortu como partido político, al considerar que sólo persigue fraudulentamente la continuación de las actividades de la ilegal Batasuna. La decisión no fue unánime ya que, de los 16 magistrados que componen la Sala Especial, siete se opusieron a la ilegalización de Sortu. Los jueces discrepantes consideraron que no cabía "la ilegalización preventiva".
Tras algunas especulaciones, indicios y movimientos que apuntaban a la creación de una coalición electoral que incluyera a la izquierda abertzale, el 3 de abril se presentó públicamente la coalición Bildu formada por Eusko Alkartasuna, Alternatiba e independientes, amparándose en el acuerdo Euskal Herria ezkerretik firmado en enero, y que también recibió el apoyo de Araba Bai (escisión de Aralar en Álava). Bildu concurrió a las elecciones al Parlamento de Navarra, a las elecciones a las juntas generales del País Vasco y a las elecciones municipales. Sortu no realizó actividad alguna durante la campaña al no haber sido registrado ni constituído como partido político.
El 9 de abril de 2011 tuvo lugar un tiroteo entre dos miembros de ETA y la Gendarmería francesa en la que resultó herido un gendarme, siendo detenidos posteriormente ambos terroristas; la coalición Bildu manifestó su rechazo a estos hechos, tachándolos de un incidente que no rompía el alto el fuego decretado por ETA. Desde la propia izquierda abertzale ilegalizada se emitió un comunicado calificando el tiroteo de "incomprensible", "inaceptable" y "no compatible" con el alto el fuego.
También los promotores de Sortu mostraron su rechazo al tiroteo, mostrando su "rechazo inequívoco y ético a todo tipo de violecia, incluyendo la de ETA y cualquier otra realizada con motivos políticos" y remarcando que "aunque no tengamos una versión fidedigna y veraz sobre la secuencia de los hechos ocurridos, no dudamos en rechazar el tiroteo producido en Francia".
Desde Eusko Alkartasuna (EA), Aralar, Ezker Batua, Alternatiba, Nafarroa Bai y IUN-NEB se mostraron favorables a la legalidad del nuevo partido. Si se produjera su ilegalización ésta sería una decisión política.
Desde Hamaikabat, también favorable a la legalidad del partido, se pidió la disolución del Parlamento Vasco y la convocatoria de elecciones en caso de que la nueva formación fuese legalizada. Propuesta a la que también se sumó el PNV, que demandó su legalidad, mostrándose dispuesto a dialogar con la nueva formación con el fin de alcanzar la desaparición de "cualquier clase de violencia y, en particular la de ETA", así como de contribuir "a la paz, justicia y reconciliación de la sociedad vasca".
Opuestamente, desde el Partido Popular reclamó al Gobierno el cumplimiento de la ley de partidos y que se impidiera a "ETA-Batasuna" presentarse a elecciones, considerando a Sortu "la misma Batasuna de siempre".
El PSOE afirmó que la condena la de violencia por la nueva formación suponía una mejora de la situación pero que para unos grupos que "han apoyado la violencia más de 25 años, no serán suficientes unas manifestaciones o unos estatutos de un partido".
Desde UPyD, se instó a la ilegalización de la formación de la izquierda abertzale al considerarla clara heredera de Batasuna y del historial terrorista de ETA.
En cuanto a los demás partidos, la mayoría defendió su legalidad: Izquierda Unida, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds, Solidaritat Catalana per la Independència, Esquerra Unida i Alternativa, Candidatura d'Unitat Popular y Bloque Nacionalista Galego.
La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua afirmó que el desmarque de la izquierda abertzale de la violencia de ETA era un "avance con trampa" y que el replanteamiento de ésta viene dado por su extrema debilidad ante su ilegalidad y la lucha antiterrorista.
El "Grupo Internacional de Contacto", auspiciado en noviembre de 2010 por el experto en conflictos internacionales, Brian Currin, se mostró dispuesto a "promover, facilitar y hacer posible la legalización de Sortu, de acuerdo con lo señalado en la ley española de partidos políticos", y a generar "medidas de confianza" para el desarrollo del proceso de paz "de acuerdo con los principios Mitchell", después de la declaración de alto el fuego por parte de ETA del 10 de enero. En ese sentido apelaron al "liderazgo y arte de gobernar" del Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "para asegurar que se le da a Sortu la oportunidad de demostrar su compromiso con la paz y la democracia, especialmente a la luz de la decisión del Tribunal Constitucional de no ilegalizar a Bildu".
En el XVII Encuentro del Foro de São Paulo, celebrado en Managua en mayo de 2011, se aprobó por unanimidad una resolución en la que se apoyaba el "proceso de paz y democrático abierto en el País Vasco", destacando además que la legalización de Sortu "sería un factor positivo".
Ante la prohibición de inscribirse en el registro de partidos realizada por el Tribunal Supremo por considerarlo una continuación de Batasuna, Sortu recurrió dicha prohibición ante el Tribunal Constitucional. El 15 de abril de 2011 el propio Tribunal Supremo había rechazado un recurso presentado por Sortu contra su ilegalidad, con lo que el 18 de mayo sus promotores interpusieron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que fue admitido a trámite el 20 de junio de 2011.
Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía pidieron al Constitucional mantener la prohibición sobre Sortu mientras ETA no desaparezca definitivamente, "ya que su legalización supone un riesgo para el Estado democrático". El 22 de mayo de 2012, el Tribunal Constitucional comenzó a analizar el recurso de Sortu contra la decisión del Supremo de prohibir su inscripción como partido político.
Finalmente, el 20 de junio de 2012, un año después de haber sido admitido a trámite su recurso, el pleno del Tribunal Constitucional aprobó con un sólo voto de diferencia (seis contra cinco) la legalización de Sortu como partido político.En el fallo en que se anula la sentencia anterior del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional también advierte que Sortu puede volver a ser ilegalizado si incurre en ciertas conductas como el enaltecimiento del terrorismo, la humillación de las víctimas, la ambigüedad en la condena del terrorismo, los actos de exaltación que equiparen la violencia terrorista con la coacción legítima del Estado de derecho, o la equiparación del sufrimiento de las víctimas con el de los presos de la banda condenados por actos terroristas, entre otras.
El Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón expresó la "discrepancia" del gobierno de Mariano Rajoy con la sentencia ("A mí me hubiera gustado que Sortu siguiera siendo ilegal", afirmó), mientras que el PSOE destacó el fallo como "un paso positivo en la normalización política" y como la ratificación de "una realidad que ya existía", en referencia a la participación de la izquierda abertzale en las instituciones (en los municipios y las diputaciones a través de la coalición Bildu y en el Congreso a través de la coalición Amaiur). En el mismo sentido se expresó el Partido Nacionalista Vasco. Por su parte, el líder abertzale Pernando Barrena calificó la decisión del Constitucional como un primer paso: "Hoy, Sortu; mañana los presos vascos a casa".
(Reunir(se) en euskera) es una coalición electoral española de ideología independentista vasca y perteneciente al denominado polo soberanista de izquierda, conformada por los partidos Eusko Alkartasuna y Alternatiba, las agrupaciones Herritarron Garaia y Araba Bai, y otros independientes abertzales y de izquierda.
Eusko Alkartasuna y Alternatiba configuraron una coalición electoral para concurrir a las elecciones municipales, a las Juntas Generales del País Vasco y al Parlamento de Navarra de 2011 con el objetivo de aglutinar el voto soberanista y de izquierdas. Se quedaron fuera del acuerdo las localidades de Deva, Musques, Santesteban y Echalar, donde EA se presentaba en solitario;2 en Deva además Alternatiba también se presentaba en solitario. En Castilla y León presenta lista a las municipales en el Condado de Treviño.
Asimismo, junto a otros independientes, en Bildu también participan el colectivo navarro Herritarron Garaia y Araba Bai, escisión alavesa de Aralar.3
Según la Junta Electoral Central el nombre oficial de la coalición es Bildu-Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen.
Las organizaciones políticas que conforman la coalición (Eusko Alkartasuna y Alternatiba) han ido perfilando con el paso del tiempo una apuesta por la aglutinación de fuerzas soberanistas, línea que también ha ido perfilando la Izquierda Abertzale, nombre con el que se ha tendido a denominar al sector de dicha ideología afín a la ilegalizada Batasuna y sus posteriores marcas electorales. De esta forma, en junio de 2010 tuvo lugar en el Palacio Euskalduna la firma del Acuerdo estratégico entre Eusko Alkartasuna y la izquierda abertzale, al que siguió el acuerdo Euskal Herria ezkerretik ('Euskal Herria desde la izquierda') el 16 de enero de 2011, que también fue suscrito por Alternatiba.
Algunos medios afirmaron que los firmantes de este último acuerdo decidieron una estrategia conjunta en caso de que no se permitiese la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos.4 Sin embargo, lo único que los promotores de Bildu confirmaron fue que esperaban la integración de Sortu en la coalición sólo en caso de que éste fuera legalizado.
El 30 de octubre de 2010 Alternatiba celebró su primera Asamblea Nacional, en la que apostaron por la confluencia estratégica de los partidos soberanistas de izquierdas que firmaron el Acuerdo de Gernika.6 Dos semanas después, la Izquierda Abertzale hizo un ofrecimiento a EA y Aralar para concurrir juntos a las elecciones de Navarra que, tras ser rechazado por Aralar, amplió al conjunto de "agentes políticos e independientes" de Nafarroa Bai.8 Este ofrecimiento no sólo no fue aceptado sino que finalmente propició la expulsión de EA, al negarse esta formación a romper su acuerdo estratégico independentista, lo que, unido al abandono previo de Batzarre, supuso la nueva coalición Nafarroa Bai 2011 integrada por Aralar, PNV y algunos independientes.
A finales de marzo de 2011, EA anunció que en Navarra se presentaría a las elecciones forales y municipales en una nueva coalición formada con la plataforma ciudadana de izquierda abertzale Herritarron Garaia, mientras que en el País Vasco llegó a un acuerdo electoral con Alternatiba.
Reacción ante el tiroteo entre ETA y la Gendarmería
El 9 de abril de 2011 tuvo lugar un tiroteo entre dos miembros de ETA y la Gendarmería francesa en el que resultó herido un gendarme, siendo detenidos posteriormente ambos terroristas; ante este acontecimiento, Bildu manifestó su rechazo al tiroteo, tachándolo de un incidente que no rompía el alto el fuego decretado por ETA.
Coincidiendo con la precampaña electoral, la utilización del término incidente le valió a Bildu la crítica tanto del Gobierno de España como del Gobierno Vasco y de los partidos políticos PP, UPyD y PNV. Dos días después Bildu censuró las críticas vertidas sobre ella y se reafirmó en sus anteriores declaraciones de rechazo al terrorismo.
Acusaciones e impugnación de candidaturas
Desde antes de su creación, se especuló desde algunos partidos políticos, parte de la prensa española, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Abogacía General del Estado y la Fiscalía General, con que Bildu sería la forma en que la izquierda abertzale ilegalizada intentaría introducir a sus militantes en las elecciones. Se basaban en que la izquierda abertzale anteriormente representada por Batasuna se encontraría huérfana de organización política legal tras la ilegalización de dicha formación por su relación con la banda terrorista ETA y la negativa por parte del Tribunal Supremo de permitir la inscripción de Sortu como partido legal bajo la acusación de ser una continuación de ésta; y asimismo en el Acuerdo estratégico entre Eusko Alkartasuna y la Izquierda Abertzale. Según esto, la inclusión de dicho sector se haría a través de candidatos independientes que no hubieran colaborado con marcas electorales ilegalizadas, dentro de la coalición de partidos (EA y Alternatiba),acusando a Bildu de ser un "Plan B" de Batasuna.
Dicha acusación fue negada por parte de los miembros de Bildu, que alegaron que la coalición ya estaba prevista antes incluso que la presentación de los estatutos de Sortu, con lo que en caso de que este hubiera sido legalizado se hubiera integrado en la coalición.26 Por otra parte, Bildu exigió a todos los candidatos de sus listas a firmar personalmente un decálogo de conducta elaborado por la coalición que «lleva aparejado la oposición, por todos los medios que legítimamente tenga a su alcance, a cualquier acto o actividad que suponga agresión o violación de cualquier derecho humano y al uso de la violencia para lograr objetivos políticos», y que fue remitido a las juntas electorales acompañando a la documentación requerida en cada caso.
Impugnación y anulación
Tanto el Ministerio del Interior como la Abogacía General del Estado anunciaron que vigilarían las listas electorales de Bildu por si se confirmaban sus sospechas y, finalmente, el Gobierno de España autorizó a la Abogacía del Estado "a recurrir las candidaturas de Bildu en la medida que estime que eso debe hacerse".Así, una vía fue investigar cada una de sus listas por si en ellas figuraban personas relacionadas con Batasuna u otras candidaturas ilegalizadas, ya que según la Policía Nacional, en el acta fundacional de Bildu se hablaba reiteradamente de tres partidos participantes (Eusko Alkartasuna, Alternatiba, y según las fuentes policiales, el tercero sería Batasuna);29 y otra vía consistió en basarse en los documentos internos incautados a ETA, como la directiva de ETA de diciembre de 2008 Herri Antolatuaren Estrategia Independentista Baterantz ('Hacia la organización de una estrategia de independentista popular'), en la que se consideraba adecuado un acercamiento a Eusko Alkartasuna por parte de Batasuna,30 31 pacto que no llegó a materializarse en las elecciones europeas de 2009, por lo que la dirección de ETA abroncó a la dirección de Batasuna por haber pedido el voto para Iniciativa Internacionalista, en vez de buscar una acuerdo con EA "en una unión de fuerzas a favor de la independencia", según constaría en un documento interno de ETA de junio de 2009.
A finales de abril de 2011 se anunció que el informe elaborado por la Policía Nacional para la Abogacía del Estado y la Fiscalia General llegaba a las conclusiones de que la propia Bildu y sus listas estaban impulsadas por Batasuna y diseñadas por ETA. Dicho informe se basaba en documentos incautados a la banda terrorista en los que, fijando como modelo la coalición Euskal Herria Bai y partiendo de la legalidad de Sortu (luego truncada), ETA presuntamente impulsaría la alianza de los partidos independentistas y de izquierdas (excluyendo a PNV y Aralar), controlando externamente sus listas electorales por personas relacionadas con Batasuna y declarando el alto el fuego de la banda para favorecer dicha estrategia.33 Asimismo, según dicho informe, Batasuna se habría reunido con Eusko Alkartasuna y Alternatiba para confeccionar las listas electorales, incluso presionando a algunos candidatos para que participasen en ellas, especialmente en el caso de Navarra.34 Por su parte, la Guardia Civil en su propio informe, aparte de los documentos incautados hasta el momento a ETA, también aportó como pruebas grabaciones telefónicas de antiguos dirigentes de Batasuna.35 En estos informes policiales también se señalaba que el origen de la plataforma Herritarron Garaia integrada en Bildu en Navarra estaría en las plataformas Hamaika Bil Gaitezen ('Juntémonos muchos'),36 creada en febrero de 2010 y entre cuyos promotores se encontraban antiguos candidatos de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Abertzale Sozialisten Batasuna,37 y Ezker Soberanista Erakitzen ('Construyendo la izquierda soberanista'),38 promovida por EA en noviembre de 2009, por lo que la Policía estimó que el pacto se produjo en realidad entre Batasuna y EA en esa comunidad foral.
Con motivo del Aberri Eguna de 2011 Bildu participó en un acto organizado por la asociación Independentistak al cual también asistieron antiguos miembros de Batasuna y otras personalidades de la izquierda abertzale,39 hecho que fue tachado por el dirigente del PNV Iñigo Urkullu como una torpeza por parte de la coalición.40
El 26 de abril de 2011 fue adelantado por Federico Trillo, portavoz de justicia del Partido Popular, y confirmado por el Vicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba que los informes policiales sobre Bildu consideraban que ésta estaría "en la estrategia de ETA" y que, entre sus candidaturas, habría personas vinculadas a Batasuna (en 40 listas del País Vasco, según la Ertzaintza, y en 95 en el conjunto de País Vasco y Navarra, según la Guardia Civil). Así, el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado presentaron sendos recursos para impugnar las listas de Bildu y de una treintena de agrupaciones de electores por considerarlas un instrumento de ETA para estar en las instituciones.
Desde el Partido Nacionalista Vasco, su presidente Iñigo Urkullu advirtió el 29 de abril de 2011 que el apoyo de su partido al Gobierno y a los Presupuestos Generales del Estado de 2012 estaría condicionado por la impugnación o no de las listas de Bildu. Igualmente, Aralar y el Ararteko (el Defensor del Pueblo en el País Vasco) también se mostraron favorables a la presencia de Bildu en las elecciones. El ex lehendakari y ex presidente de EA Carlos Garaikoetxea advirtió que en caso de excluirse a Bildu la formación acudiría a los Tribunales Europeos con el fin de que se declaran nulas las elecciones.
El 1 de mayo la sala 61 del Tribunal Supremo falló a favor (por nueve votos a seis) de las impugnaciones presentadas por la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, anulando así todas las candidaturas presentadas por la coalición Bildu, así como otras diez agrupaciones electorales, al estimar que éstas se enmarcarían dentro de un proyecto "gestionado, dirigido, coordinado y articulado por el complejo ETA-Batasuna".
Tras el fallo, el Vicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba manifestó que la sentencia probaba que Bildu no había roto con ETA. Igualmente el presidente del Congreso, José Bono, defendió la decisión del Supremo. Tanto PSOE como Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro y Unión Progreso y Democracia mostraron su satisfacción por la sentencia, así como la Asociación Víctimas del Terrorismo y otras asociaciones de víctimas. Del mismo modo el Gobierno de Navarra afirmó compartir políticamente el pronunciamiento del Tribunal Supremo, mientras el Gobierno Vasco se limitó a manifestar que respetaba y acataba la sentencia del Tribunal "sin más consideraciones sobre su oportunidad". El lehendakari Patxi López afirmó: "Tengo el convencimiento y la seguridad de que ni EA ni Alternatiba ni están al servicio ni forman parte de la estrategia de ETA".
Por su parte, manifestaron su disconformidad con dicha sentencia Izquierda Unida, Partido de los Socialistas de Cataluña, Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya Verds,64 Solidaritat Catalana per la Independència, Esquerra Republicana de Catalunya, Bloque Nacionalista Galego, Bloque Independentista de Cuchas, Partido Nacionalista Vasco, Nafarroa Bai, Aralar, Izquierda-Ezkerra, Hamaikabat, Ezker Batua-Berdeak, la Coordinadora Verde, el líder de Equo Juan López de Uralde, y los sindicatos Comisiones Obreras de Euskadi, ELA, LAB, ESK, EHNE, Hiru y STEE-EILAS, así como Lokarri, el Ararteko (Defensor del Pueblo) y el Parlamento de Cataluña.
El 2 de mayo de 2011 el PNV, como había advertido anteriormente, anunció que suspendía todo su apoyo al Gobierno, considerando además de extrema gravedad la suspensión de las listas de Bildu.
Por su parte los portavoces de Bildu afirmaron que "decir que formamos parte de la estrategia de ETA es un absurdo y un sinsentido" así como la impugnación de sus listas "es una aberración jurídica, política y democrática que sólo se entiende desde la debilidad del PSOE frente a las presiones del PP".
El 4 de mayo el secretario general del PSOE en el Congreso Eduardo Madina manifestó esperar una noticia agradable del Tribunal Constitucional respecto a Bildu sumándose a otras voces dentro del partido favorables a su legalidad, como el alcalde de San Sebastián Odón Elorza, Txiki Benegas, Jesús Eguiguren, Patxi Lazcoz o la consejera del Gobierno Vasco Gemma Zabaleta.
Tras la sentencia del Tribunal Supremo la coalición la recurrió al Tribunal Constitucional. Además intentó recusar al magistrado Francisco José Hernando al haber ejercido de presidente del Tribunal Supremo durante las ilegalizaciones de candidaturas electorales que fueron relacionadas con ETA, pero esta recusación fue rechazada.
En su recurso Bildu alegó que la sentencia del Tribunal Supremo privaba a la coalición del derecho colectivo de participación política de las dos formaciones legales que la integran; que se privaba también del derecho individual de sufragio activo al sector del electorado que deseara votar a esa opción y también negaba el ejercicio del derecho individual de sufragio pasivo "no solamente a quienes sean independientes de ambas formaciones políticas, sino también a los de las formaciones políticas legales". Además, alegó que suponía la vulneración de la libertad ideológica, garantizada en la Constitución en el artículo 16; el derecho a difundir y expresar libremente los pensamientos, ideas y opiniones; así como los derechos de libertad de expresión y de reunión y asociación recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Los representantes de Bildu afirmaban en su recurso que, aunque se entienda acreditada la condición de ETA-Batasuna de defraudar la sentencia que ilegalizó en 2003, "no se ha acreditado su materialización en Bildu", es decir, que no se ha culminado "en la articulación de unas candidaturas instrumentalizadas al servicio de los intereses electorales de los partidos políticos ilegalizados". También reconocían en su escrito que, sobre la base de los documentos incautados y analizados, "puede razonablemente deducirse que, en efecto, ETA-Batasuna concede cierta relevancia a los procesos electorales, y que pretende servirse de algún modo de esa oportunidad para sus fines, e incluso que persistían en ese planteamiento con vistas al proceso electoral"; sin embargo, eso "no presupone la existencia de concertación alguna entre ETA-Batasuna y los partidos integrados en la coalición Bildu, cuya instrumentalización a tal fin por aquellos es una conclusión que no puede alcanzarse, sobre esa base, del modo que constitucionalmente es exigible para delimitar el derecho de participación política que está en juego". Asimismo, insistían en que "no se ha probado" que por parte de la coalición se hayan asumido "los métodos violentos como instrumento de actuación en la vida pública".
El día anterior al debate en el Tribunal, la Guardia Civil presentó un informe sobre unas actas incautadas en 2009 de presuntas reuniones entre EA y ETA de cara a planificar la estrategia electoral en anteriores procesos en los que la colaboración no llegó a consumarse, incluso con la presencia del ex lehendakari Carlos Garaikoetxea en las mismas, lo que fue inmediatamente desmentido desde EA, que anunció medidas legales contra las injurias vertidas, siendo calificado por Garaikoetxea como "farsa policial" y "mentira infame y maniobra escandalosa" elaborada para condicionar la opinión pública en contra de EA. El propio Tribunal Constitucional negó que dicho documento tuviera valor probatorio alguno.
El 5 de mayo de 2011, tras no llegar a un desempate la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, el recurso fue debatido en el Pleno de éste, el cual decidió que Bildu concurriera a los comicios. Votaron a favor de esta resolución los magistrados Pascual Sala Sánchez, Eugeni Gay Montalvo, Elisa Pérez Vera, Pablo Pérez Tremps, Luis Ignacio Ortega Álvarez y Adela Asúa Batarrita; y anunciaron voto particular en contra Javier Delgado Barrio, Ramón Rodríguez Arribas, Manuel Aragón Reyes, Francisco José Hernando Santiago y Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.
Según el Tribunal Constitucional, el Supremo vulneró el derecho a la participación política de la coalición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución. Los argumentos empleados fueron similares a los que esgrimieron en su voto particular los seis magistrados que discreparon de la mayoría en el Tribunal Supremo. Según estos magistrados, el pacto soberanista que culminó en Bildu surgió de la propia Eusko Alkartasuna y sólo se consumó porque la izquierda abertzale, tras un debate de cinco meses, rechazó la violencia terrorista.
En este sentido, el Tribunal Constitucional establece en esta sentencia una diferenciación entre la formación Batasuna ilegalizada en 2003 y la izquierda abertzale, y afirma que "la izquierda abertzale como expresión ideológica no ha sido proscrita de nuestro ordenamiento ni podría llegar a serlo". Además, explica que "la disolución de un partido político no comporta la privación del derecho de sufragio, activo o pasivo, de quienes fueron sus promotores, dirigentes o afiliados" y que "la simple sospecha no puede constituirse en argumento jurídicamente aceptable para excluir a nadie del pleno ejercicio de su derecho fundamental de participación política". La sentencia también afirma que "la pretensión de asegurar a ultranza, mediante controles preventivos, la seguridad del Estado constitucional pone muy en riesgo al propio Estado constitucional", porque se trata de una pretensión "desproporcionada a la vista de la panoplia de instrumentos de control a posteriori de que se ha dotado, mediante las últimas reformas legales, nuestro ordenamiento"; y destaca la "insuficiente entidad probatoria de los indicios manejados por el Supremo para poder justificar el sacrificio de los derechos fundamentales de participación política en términos de igualdad y libre defensa y promoción de la propia ideología".
Tras conocer la sentencia el PNV restableció su relación con el Gobierno. Desde Izquierda Unida se consideró que el Tribunal Constitucional había hecho "bien las cosas" al permitir al independentismo no violento presentarse a estos comicios preservando el derecho a la participación política, y que se trataba de un paso más para consolidar "esta democracia tan débil". De igual modo manifestaron su satisfación los representantes de los partidos que anteriormente habían criticado la sentencia del Supremo, como CiU, ERC e ICV, entre otros.
El Gobierno de España emitió un comunicado en el que afirmaba acatar y respetar la decisión del Tribunal Constitucional pues "es competencia de los tribunales determinar la legalidad de las candidaturas electorales". El Presidente del Congreso, José Bono, señaló a título personal que, aunque la aceptaba, le "gustaba más la sentencia del Tribunal Supremo sobre Bildu". El Gobierno de Navarra también acató la decisión del Constitucional, pero la consideró que era un "retroceso" y un "balón de oxígeno para ETA".
Por otro lado, el Partido Popular rechazó esta sentencia judicial advirtiendo que estarían "vigilantes" para sacar de las instituciones "como sea" a los representantes de dicha coalición. Igualmente, desde UPyD se calificó la decisión del Constitucional de "despropósito" y "grave equivocación", llegando a calificar de "testaferros de ETA" a los candidatos de Bildu.Maite Pagazaurtundua, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, afirmó sentirse preocupada y criticó el poder de los partidos políticos en instituciones como el Tribunal Constitucional.
Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, reivindicó la independencia judicial respecto a los partidos políticos como algo incuestionable y afirmó que dudar de ella era un ataque a la honradez de los jueces.
El Congreso de los Diputados rechazó una propuesta presentada por PP, UPyD y UPN que planteaba "extremar" la vigilancia sobre Bildu y apoyó una propuesta del PSOE que demandaba respeto a "las últimas decisiones de las más altas instancias jurisdiccionales"
· Bolivia - Evo Morales (Movimiento al Socialismo)
· Brasil - Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores)
· Cuba - Raúl Castro (Partido Comunista de Cuba)
· Dominica - Roosevelt Skerrit (Partido Laborista de Dominica)
· Ecuador - Rafael Correa (Alianza PAIS)
· El Salvador - Mauricio Funes (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional)
· Nicaragua - Daniel Ortega (Frente Sandinista de Liberación Nacional)
· Paraguay - Fernando Lugo (Alianza Patriótica para el Cambio)
· Perú - Ollanta Humala (Partido Nacionalista Peruano)
· República Dominicana - Leonel Antonio Fernández Reyna (Partido de la Liberación Dominicana)
· Uruguay - José Mujica (Frente Amplio)
· Venezuela - Hugo Chávez (Partido Socialista Unido de Venezuela)
· Chile - Partido Socialista de Chile
· Colombia - Polo Democrático Alternativo
· Costa Rica - Partido Acción Ciudadana
· México - Partido de la Revolución Democrática
· Bandera de Argentina Argentina - El Frente para la Victoria bajo la presidencia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner;
Publicado por Jose Pedro Monferrer Monfort en 21:54

References: artículo 61
 artículo 61
 artículo 22
 artículo 61
 resolución 
 artículo 16
 resolución 
 artículo 23