Source: https://sindicatodeestudiantes.net/noticias/movimiento-estudiantil/90-analisis/98-documento-de-bolonia
Timestamp: 2020-05-31 00:18:43+00:00

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Sindicato de Estudiantes - Documento de Bolonia
· A modo de introducción: Se ha desatado una guerra sin cuartel contra la educación pública
· ¿Qué son los planes de Bolonia?
· Los créditos europeos
¿Qué incluyen los nuevos créditos?
¿Qué tipo de estudiante busca Bolonia?
· Graduados y Másters universitarios
La autonomía universitaria y los grados
Préstamos en lugar de becas
Un ejemplo, el CAP
· La LOU y la privatización
· ¿Por qué Bolonia?
· Privatizan la educación pública
Baja la inversión, suben los conciertos
· ¿Cómo luchar en defensa de la educación pública?
· Tabla reivindicativa del Sindicato de Estudiantes
atacan a la educación pública
De acuerdo a la legislación aprobada por el gobierno de Zapatero, a partir de octubre de 2008 se empezarán a ofertar a los estudiantes universitarios los nuevos grados, es decir, la nueva estructura de las carreras que reemplazarán paulatinamente a las antiguas licenciaturas y diplomaturas. Para octubre de 2010 todos los estudiantes de primero tendrán que cursar los grados. Será la culminación del llamado Proceso de Bolonia que transformará por completo la universidad tal y como hoy la conocemos.
El Sindicato de Estudiantes edita este folleto para poner en conocimiento de todos los estudiantes, y de las familias trabajadoras en general, lo que está en juego con la aplicación de los planes de Bolonia en las universidades públicas.
En nuestra opinión, más allá de la propaganda demagógica de los medios de comunicación y de los responsables educativos, con los acuerdos de Bolonia se busca expulsar a los hijos de los trabajadores de la universidad, así como entregar ésta a los intereses de las grandes empresas y multinacionales, transformando un derecho fundamental como es la educación en una fuente de beneficios para bancos y empresas.
Estamos pues ante el ataque más grave que ha sufrido la universidad pública en toda su historia. Por eso es fundamental conocer en profundidad lo que es Bolonia, y generar un movimiento de protesta lo más amplio posible que frene estos planes.
Pero no podemos caer en el error de pensar que Bolonia es algo aislado, circunscrito al mundo de la universidad. Todo lo contrario. Forma parte de la brutal ofensiva que los capitalistas han lanzado contra los servicios públicos y en especial contra la educación pública.
No es una casualidad que mientras se aplica Bolonia, en Madrid la derecha haya planteado privatizar la educación infantil; que en Catalunya, el tripartit, integrado por el PSC, ERC e IC1 haya impulsado una ley educativa catalana que introduce la gestión privada dentro de los colegios e institutos públicos o que en la Comunidad Autónoma Vasca, donde gobierna la derecha nacionalista del PNV y EA junto con Ezker Batua (IU), el porcentaje de estudiantes matriculados en centros privados concertados (financiados con dinero público) ya sea del 51,5%. Definitivamente, la educación pública está en peligro. Para defenderla, se hace más necesario que nunca la respuesta masiva en la calle.
Aunque la palabra Bolonia está en boca de toda la comunidad universitaria, el secretismo y la opacidad con que se ha llevado a cabo el debate de estos planes revela que los objetivos que persigue son absolutamente cuestionables. Aquellos que lo defienden, empezando por el propio gobierno y los rectores, por no hablar de las grandes empresas, no se cansan de insistir en que Bolonia significa abrir el proceso de la “modernización” de la universidad y que pensaban en mejorar la situación los estudiantes al aprobar estos planes. Así, tratan de vender la imagen de que Bolonia sólo busca la equiparación de los estudiantes del Estado español con los del resto de Europa, fomentar la movilidad entre Estados, etc.
Pero, si estudiamos con detenimiento la génesis y los objetivos reales de este plan, todo el humo de la propaganda se desvanece.
El 19 de junio de 1999, los ministros de Educación de 29 países europeos firmaron la Declaración de Bolonia. En ésta se comprometían en avanzar hacia un espacio europeo de educación, homologando las titulaciones que se imparten en las distintas universidades y creando un sistema de créditos (los créditos europeos) que fueran comunes en toda Europa.
Formalmente es muy positivo que un estudiante de la Universidad de Sevilla pueda terminar sus estudios en la Universidad de Leipzig, y viceversa. Nosotros somos los máximos defensores de que los recursos de toda Europa se utilicen para mejorar la educación pública de todo el continente. Sin embargo, más allá de palabrería vacía, Bolonia no supone nada de eso. Para entender lo que realmente implica el Proceso debemos comprender en interés de quién se impulsa.
El que las universidades del Estado español requieren urgentemente una reforma es algo que el Sindicato de Estudiantes defiende con firmeza. Para empezar, la universidad pública requiere más inversión.
Dicen que con Bolonia acabarán las clases magistrales y que se emplearán nuevos métodos didácticos y pedagógicos, pero... ¿y la inversión necesaria, precisamente para garantizar una universidad pública de calidad? Mientras que en Europa la media de inversión en la universidad es del 1,7% del PIB, aquí a duras penas se alcanza el 1,2%2. Incluso los rectores han denunciado una y otra vez la falta de recursos. Recientemente, Ángel Gabilondo, presidente de la Conferencia de Rectores (la CRUE) exigió alcanzar el 2% del PIB para la universidad y cifró en 2.300 millones de euros la inversión urgente que necesita la universidad (Europapress 06/02/08).
En cuanto a las becas, hoy en día en Europa el 40% de los estudiantes universitarios reciben alguna beca. En el caso del Estado español ese porcentaje no alcanza al 15% de los estudiantes3.
Con más recursos económicos se podría llevar a cabo un Plan de Choque de mejora de la calidad de la universidad pública: construcción de las plazas universitarias necesarias para desmasificar las carreras más demandadas, mejores bibliotecas, laboratorios, aumentar las becas… ¿Por qué la equiparación con Europa no está pasando por aumentar la inversión en la universidad pública o por aumentar el porcentaje de los estudiantes becados? Eso sí sería apostar por una verdadera integración con Europa al tiempo que supondría mejorar de forma real la universidad pública. Pero con los planes de Bolonia no se conseguirá nada de esto.
Con el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, se introdujeron los llamados créditos europeos, los ECTS (Sistema Europeo de Transferencias de Crédito).
El crédito tradicionalmente mide el número de horas que se imparten en una asignatura. Es decir, si una asignatura tiene tantas horas lectivas, éstas equivalen a determinados créditos y eso es lo que finalmente pagas al matricularte. La idea supuestamente consistía en homogenizar el crédito para que fuera igual en todas las universidades de Europa. Hasta ahí muy bien; pero la letra pequeña del decreto demuestra que el ECTS es mucho más que eso.
Resulta que en el artículo 4.3 de esta ley se establece que: “En esta asignación [de créditos] deberán estar comprendidas las horas correspondientes a las clases lectivas, teóricas o prácticas, las horas de estudio, las dedicadas a la realización de seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, y las exigidas para la preparación y realización de los exámenes y pruebas de evaluación” (resaltado en negrita por nosotros). Es decir, en lo créditos incluirán no sólo las horas lectivas, sino también las horas que el estudiante dedique, en su casa, a estudiar, o a preparar un examen. ¡Pagaremos por servicios que la universidad no va a ofrecer! ¡Por horas de estudio que haremos en nuestras casas! Estas actividades al estar incluidas en los créditos son objeto de evaluación, es decir, forman parte de la asignatura como tal. Por tanto, aquel estudiante que pueda costearse una academia privada o incluso un profesor particular tendrá claras ventajas con respecto a aquellos que no puedan costeárselo.
La orientación de estos nuevos créditos busca un tipo de estudiante que pueda permitirse dedicarse a tiempo completo a estudiar y nada más. Así el artículo 4.4 del citado decreto dice: “Esta asignación de créditos, y la estimación de su correspondiente número de horas, se entenderá referida a un estudiante dedicado a cursar a tiempo completo estudios universitarios durante un mínimo de 36 y un máximo de 40 semanas por curso académico” Si cada crédito europeo consistirá entre 25 y 30 horas (Artículo 4.5) y el curso académico corresponde a 60 créditos (Artículo 4.1), 40 semanas son 200 días, lo que hace un total de entre 7,5 y 9 horas al día que el estudiante tendrá que dedicar a sus estudios universitarios.
¿Pero y los estudiantes que simultáneamente trabajan y estudian? ¿Y los que compaginan la universidad con otras actividades? Es evidente que estos estudiantes quedan fuera del estudiante modelo que quiere Bolonia. Muchos universitarios hoy en día necesitan trabajar para poder costearse su matrícula. ¿Qué van a hacer estos jóvenes? ¿Renunciar a estudiar?
Hemos escuchado muchas calumnias sobre la supuesta falta de esfuerzo de los estudiantes. Lo cierto es que el 50,4% de los alumnos que terminan los estudios universitarios lo hacen con 24 años o menos, un dato muy alto teniendo en cuenta que sólo el 63,5% de los estudiantes que se matriculan por primera vez vienen del bachillerato. Los demás acceden a la universidad tras cursar un ciclo formativo de grado superior o tras haber superado las pruebas para mayores de 25 años, entre otras vías. Es decir, la mayoría de los estudiantes universitarios no van a la universidad a vaguear (4).
Como Sindicato de Estudiantes consideramos que el esfuerzo en el estudio es necesario, pero para estimular al aprendizaje es fundamental que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades y las mismas condiciones. El enfoque planteado en los planes de Bolonia pretende crear una psicología determinada, que prepare a la juventud para aceptar su papel como carne de explotación en un mercado laboral cada vez más precario, donde las ocho horas al día que establece la ley se ha convertido en una ilusión y lo más habitual son las nueve, diez, o doce horas de trabajo diario. No es casualidad que la Unión Europea haya aprobado una directiva que eleva a 60 horas semanales (65 en el caso de los médicos) la jornada laboral. ¡Nos equiparamos a la Europa... del siglo XIX!
El decreto deja además la puerta abierta a la subida creciente de las tasas universitarias. No podemos olvidar que curso a curso las tasas universitarias aumentan sin parar, siempre por encima de la inflación. Para el curso 2007/08 el gobierno ha permitido una subida de hasta un 6,4%. ¿Qué salario obrero ha subido a ese nivel?
Incrementando el coste de la matricula universitaria y reduciendo las becas, no sólo acaban con la gratuidad de un derecho esencial para miles de familias trabajadoras, sino que potencian la elitización y la privatización de la educación superior. Y todo esto lo está llevando a cabo un gobierno “socialista” que no deja de presumir de sus “políticas de igualdad”.
Graduados y Másters universitarios
Bolonia supone terminar con la actual estructura de los estudios universitarios. Hasta ahora básicamente existían dos tipos de carreras universitarias, las licenciaturas de cuatro o cinco años y las diplomaturas de tres años. En el caso de las licenciaturas, solían estar divididas en dos ciclos: el primero, donde se impartía una formación más general, y el segundo ciclo donde se proporcionaba una formación más especializada.
Con Bolonia esta distinción desaparece. La carrera tendrá dos clases de títulos: el de graduado universitario, al que se accederá a través de distintos grados y cuyo contenido será más generalista; y los másters universitarios o posgrados donde el estudiante recibirá una educación más específica. La ley que regula los grados y los másters es el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Los grados serán de 240 créditos, lo que corresponde a cuatro cursos, estarán adscritos a 5 posibles “ramas de conocimiento” (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias sociales y jurídicas e Ingeniería y Arquitectura) y corresponderán a las distintas universidades definirlos. De estos 240 créditos, 60 (un curso entero) deberán ser de formación básica, inicial o transversal (36 de estos créditos deberán corresponder a asignaturas comunes de cada rama de conocimiento, una especie de tercero de bachillerato) (Art. 12.5). Otros 60 créditos podrán disponerse para desarrollar prácticas en empresas (Art. 12.6) y por último habrá un proyecto de fin de grado de duración variable (entre 6 y 30 créditos).
Si echamos mano de la calculadora resulta que algunos grados podrían disponer de tan sólo 90 créditos para dar todo el contenido que se impartía en las anteriores diplomaturas o licenciaturas. Evidentemente es una exageración, porque no todos los grados usarán los 30 créditos para el proyecto de fin de grado o los 60 para las prácticas en empresas, pero es evidente que en cualquier caso la formación que se obtiene de un grado será mucho menor de la que actualmente tiene cualquier licenciado o incluso diplomado. Conclusión: el título de graduado tendrá mucho menos valor en el mercado laboral que las actuales licenciaturas. Es decir, el estudiante se verá obligado a cursar el máster si quiere tener un título que le permita aspirar a un puesto de trabajo digno al terminar los estudios.
Con respecto a las prácticas en las empresas, éstas podrían ser positivas si realmente fueran prácticas para aumentar la formación de los estudiantes universitarios, y no la forma más barata de disponer de una fuerza de trabajo sin derechos. Sólo tenemos que fijarnos en los compañeros de la formación profesional o los becarios e investigadores para entender qué es lo que van a suponer: Las empresas utilizan a los estudiantes en prácticas para no contratar a nuevos trabajadores y, por supuesto, muchas veces la tarea de los estudiantes de prácticas no tiene nada que ver con el supuesto contenido que éstas deberían tener. Y, además, no podemos olvidar que las prácticas no son retribuidas, es decir, el empresario, que además recibe cuantiosas subvenciones del Estado, se apropia íntegramente del fruto del trabajo del estudiante sin darle un salario a cambio. Los estudiantes trabajaremos gratis hasta un año, sin recibir la formación prometida.
Tampoco el proyecto de fin de grado es de fiar. Por un lado, la enorme diferencia entre 6 y 30 créditos invita a pensar que las universidades pueden convertir éste concepto de “proyecto fin de grado” en cualquier cosa: desde una reválida para conseguir el título de grado (ya que está “orientado a la evaluación de competencias asociado al título” Art. 12.7) hasta un proyecto de fin de carrera tradicional. Pero tal y como son los créditos europeos, esta última opción también tiene graves peligros ya que, ¿habrá suficientes profesores-tutores para dar una orientación adecuada al proyecto? ¿No saldrán acaso beneficiados, una vez más, aquellos que puedan contratar profesores particulares, academias, etc.?
La tan cacareada autonomía universitaria además permitirá que sean las universidades las que establezcan los distintos grados (Art. 12.1) en lugar de existir, como hasta ahora, un catálogo de títulos. Ya no serán titulados de historia, en general, sino titulados del grado “tal”, de la universidad “cual” (Art. 9.3). Si ya hoy algunas empresas desprecian a los titulados de determinadas universidades por considerarlas poco prestigiosas, ahora esta discriminación será mucho mayor.
Posteriormente la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad (ANECA) y el Consejo de Universidades se encargarán de verificar que estos grados se ajustan a la ley (Art. 24). Cada seis años se revisará el funcionamiento y viabilidad del grado. Así que un estudiante que inicie este curso un grado podría encontrarse con que, cuando lo termine, su título ya no tendría validez porque la ANECA lo ha desestimado.
Evidentemente se acrecentará la diferencia entre unas universidades de primera, que ofertarán los mejores grados, y unas universidades de segunda, cuyos grados sean sistemáticamente despreciados por el mercado laboral.
El máster durará uno o dos años (60 o 120 créditos) y su contenido está mucho menos precisado que el grado. Al final habrá un proyecto de fin de máster también de entre 3 y 30 créditos. Como ya señalamos, estudiar un máster se convertirá en un objetivo fundamental para un estudiante que quiera tener un título con validez real en el mercado laboral. Toda la estructura está pensada para que el grado sea un primer ciclo y el posgrado, la imprescindible especialización.
Sin embargo, los posgrados o másters no estarán al alcance de todo el mundo. Para empezar por el dinero que habrá que desembolsar para matricularse en ellos. El anterior secretario de estado para la universidad, Salvador Ordóñez, insistió, una y otra vez, en que el precio de los másters podría rondar entre los 840 y los 1.440 euros anuales, por lo que habría másters que costarían cerca de medio millón de las antiguas pesetas. Pero se trata de una mera estimación. Recientemente, la Universidad Politécnica de Valencia anunció que contaría con un máster Erasmus Mundus de dos años sobre Materiales y Sistemas Sensores para Tecnologías Medioambientales, cuya matrícula estará en 3.500 euros al año (El País, 07/03/08). Por supuesto los másters más prestigiosos serán los más caros. En cualquier caso hablamos de precios que dejarán fuera a muchos estudiantes de familias obreras que no pueden pagar esa cantidad de dinero.
Los defensores de Bolonia hablan de un esfuerzo en la política de becas para evitar que haya discriminación en los nuevos estudios universitarios y, en especial, en el acceso al máster. Sin embargo, las becas que se dan son absolutamente insuficientes.
Un ejemplo vale más que mil palabras: La ayuda compensatoria es aquella que se ofrece a las familias con menos ingresos. Así, por ejemplo, para percibirla una familia de cuatro miembros debe ingresar en total menos de 13.086 euros al año (1.090,5 euros al mes). Pues bien, la cuantía que recibirá el estudiante que cumpla este requisito será de tan solo 2.500 euros al año5. ¿Qué se puede esperar de esta política de becas?
Desde luego, con estos datos, la supuesta movilidad que trae Bolonia entre universidades europeas seguirá siendo, como ya lo es hoy en día, o incluso peor, un privilegio exclusivo para aquellos que puedan pagárselo.
En cualquier caso parece que la realidad será aún peor: el gobierno ya ha reconocido que no se concederán becas en el posgrado, sino que se facilitarán créditos bancarios a los estudiantes que no puedan cubrir el desembolso de la matrícula. Créditos que, lógicamente, tendrán que ser devueltos. En la práctica, se trata de una tremenda selectividad económica para los hijos de los trabajadores, una barrera discriminatoria en beneficio de los que más tienen y un gran negocio para la banca. ¡De alguna manera hay que compensar a los grandes bancos por las subprime y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria! Eso sí, ¡ay del moroso que no pague una hipoteca o no devuelva un préstamo!
Además para acceder al máster no servirá simplemente con tener un título de grado. El Artículo 17.1 especifica: “Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios del título de Máster Universitario o establezca la universidad” (la negrita es nuestra). ¿Qué significa este párrafo? Pues evidentemente que las universidades podrán establecer criterios de admisión. ¿Cuáles? Pues desde una prueba de acceso, hasta una entrevista individual. Lo que está claro es que las universidades “de prestigio” seleccionarán a sus estudiantes para que sean los más brillantes (o aquellos con las billeteras más abultadas).
Por último, como ya señalamos con los grados, los propios posgrados potenciarán la distinción entre universidades, las de primera por un lado, para la élite, y las de segunda para los demás estudiantes. Por supuesto, ninguna universidad se conformará con ser una universidad “para el pueblo” y tratará de competir ferozmente para ser considerada por las empresas. No es ningún misterio qué universidades parten con ventaja en esta lucha: las que ya hoy tienen más prestigio y tienen acceso a más recursos. Las diferencias entre universidades que ya hoy existen no dejarán de incrementarse.
Un ejemplo: El CAP
Un ejemplo muy claro de que los posgrados buscan elitizar los estudios universitarios se ha visto con el CAP (Curso de Adaptación Pedagógica), necesario para poder optar a un trabajo como profesor. El actual CAP, que dura tres meses desaparecerá y su lugar será ocupado por un máster específico. El estudiante que quiere ser profesor pasará de pagar 250 euros que cuesta el CAP actualmente, a tener que cursar un posgrado con los precios anteriormente indicados.
No entramos a valorar si el actual CAP es útil o no para formar a un profesor (creemos que no lo es), pero de cualquier manera, los que sufrirán la nueva estructura serán aquellos estudiantes a los que les gustaría dedicarse a la docencia, pero no podrán hacerlo por no tener dinero suficiente para pagarse el correspondiente máster.
La LOU y la privatización
La LOU (Ley Orgánica de Universidad) del PP, que suscitó un movimiento masivo de protesta de cientos de miles de estudiantes universitarios en el año 2001, no fue derogada por Zapatero, tal y como había prometido. Incumpliendo sus promesas, el gobierno del PSOE conservó esta ley con unos leves retoques, al gusto de los rectores. El contenido fundamental de la LOU, es decir, su intención privatizadora de la universidad pública tan del gusto de la derecha, se ha mantenido y desarrollado con el gobierno de Zapatero.
La segregación de la universidad del resto del sistema educativo es un salto cualitativo en esa línea. Zapatero ha separado a la universidad del Ministerio de Educación creando un nuevo ministerio llamado “de Ciencia e Innovación”. La universidad será una mercancía más en manos de las empresas. Precisamente, la titular del nuevo ministerio, Cristina Garmendia, hasta ahora era miembro de la junta directiva de la CEOE y se confiesa votante del PNV.
Zapatero se está atreviendo a hacer lo que antes nadie se había atrevido. Al separar la universidad del conjunto del sistema educativo, esta dando alas a la privatización de la enseñanza superior siguiendo el modelo que impuso Margaret Thatcher y Ronald Reagan.
Con la excusa de una universidad más cercana al mercado laboral, pretende disuadir a millones de jóvenes procedentes de familias trabajadoras de acceder a los estudios superiores, jóvenes que se lo pensarán dos veces antes de matricularse por la enorme presión económica y académica que conllevará. Además, será el capital privado el que condicionará el acceso, la organización y planificación de los títulos y la calidad de los estudios, siguiendo el modelo preponderante de EEUU y Gran Bretaña, dónde la enseñanza superior se ha convertido en un fabuloso negocio (6).
La LOU regala la investigación de las universidades a las empresas privadas, así éstas se ahorran invertir en laboratorios de investigación propios. De esta manera sólo se investigará aquello que para los intereses de las grandes empresas resulte rentable, reduciendo aún más el presupuesto y los recursos destinados a investigación para fines sociales.
Pero lo más importante, la LOU entrega la llave de la financiación a la empresa privada que controlará los recursos públicos que se destinan a la universidad, a la vez que se busca aumentar la dependencia de la universidad del dinero privado (como son las tasas, subvenciones de las empresas, etc.).
Con la LOU el verdadero órgano de gobierno es el Consejo Social donde están presentes representantes de las empresas. El Consejo Social tiene potestad en la financiación de la universidad pública. Dominando el grifo del dinero, las empresas decidirán qué carreras universitarias son útiles (para sus intereses) y cuáles no. No es de extrañar que quisieran eliminar las humanidades. ¿Qué sentido tiene para Repsol o Telefónica “despilfarrar” dinero en historia o filología? Si estas carreras se han salvado, por el momento, ha sido gracias a la movilización en la calle.
Las carreras más atractivas para las grandes empresas recibirán más inversiones, así como las universidades más prestigiosas. Si estos planes siguen adelante, pronto tendremos en la universidad un modelo similar a las fundaciones sanitarias, el instrumento que se está utilizando para privatizar la sanidad pública, haciendo de la salud un sabroso negocio para las multinacionales del sector y empeorando alarmante la calidad del servicio.
Además la LOU implica un enorme retroceso en los derechos democráticos en la universidad, sobre todo para los estudiantes, e introduce una mayor precariedad y eventualidad entre el profesorado.
No podemos olvidar a los estudiantes detenidos a raíz de las movilizaciones contra la LOU en diciembre de 2001. Fueron acusados de falsos delitos que no habían cometido y, aunque se ha demostrado reiteradamente que se trató de un montaje policial (7), siguen condenados.
¿Por qué Bolonia?
Recientemente la prensa ha hecho públicos numerosos estudios en los que se demuestran como los licenciados universitarios han engrosado las filas de la precariedad laboral de manera vertiginosa. El salario medio de un licenciado al terminar la carrera no supera los 700 euros al mes, convirtiéndose en cifras aún más miserables dependiendo de la carrera. Pero además cerca de un 40% de los universitarios nunca trabajarán en nada relacionado con sus estudios, sino en otros empleos que requerirán mucha menos cualificación.
Todos estos datos son ciertos, pero lo más grotesco es que están siendo utilizados intencionadamente para potenciar una idea absolutamente cínica y que sirve a los fines privatizadores contra la universidad pública; la idea de que sobran licenciados y que mantener este derroche es “antieconómico”. A esta argumentación se suma la insidiosa campaña de presentar a la juventud, en general, como una generación de vagos mantenidos, holgazanes y pendencieros, preocupados únicamente por el botellón de fin de semana.
Contra esta campaña hay que ser claros. No siempre la clase obrera tuvo acceso a los estudios universitarios. Fue durante las luchas contra la dictadura franquista, y, en especial, durante las grandes movilizaciones estudiantiles del curso 86/87, cuando las familias trabajadoras conquistaron la posibilidad de que sus hijos pudieran tener unos estudios superiores. De hecho, no es casualidad que la propia ONU utilice el número de estudiantes universitarios como un baremo muy fiable del desarrollo y la cultura de un país. Ahora la burguesía, los empresarios, los banqueros, con la colaboración lamentable del gobierno del PSOE, quieren dar marcha atrás en el reloj de la historia y arrebatarnos un derecho esencial como es el de recibir una educación universitaria pública y de calidad.
El derecho a que el hijo del obrero pueda estudiar en la universidad, hay que defenderlo con uñas y dientes. Es absolutamente falso que sea “antieconómico” mantener una universidad pública, digna y gratuita para las familias trabajadoras. Existen enormes necesidades sociales que hay que cubrir y que justifican la necesidad de licenciados: la sanidad tiene largas listas de espera por la escasez de personal sanitario que se contrata, se necesitan profesores para mejorar la calidad de la enseñanza, psicólogos, trabajadores sociales, científicos para desarrollar la investigación y la ciencia, arquitectos, aparejadores, ingenieros para construir infraestructuras sociales y viviendas públicas en alquiler para millones de jóvenes… Pero para la lógica de un capitalista estas necesidades sociales no son rentables. Al contrario, consideran estas necesidades fundamentales como una posibilidad de lucrarse, de llenar sus bolsillos: lo que quieren es hacer negocio con todo y se dicen a sí mismos: “aquel que quiera disfrutar un servicio de calidad, que se lo pague”.
En un contexto de crisis económica, generada por el sistema capitalista, la perspectiva es el crecimiento del desempleo es mucho mayor. Aquellos que, a nuestra costa, han ganado beneficios multimillonarios ahora exigen bajar más los salarios, abaratar los despidos y aumentar la jornada laboral. En esta perspectiva, para los grandes capitalistas no tiene sentido dedicar el dinero público a costear una sanidad o una educación de calidad. Los grandes empresarios necesitan mano de obra barata que pueda ser explotada por miserables salarios. Con un pequeño núcleo de especialistas preparados (a poder ser sus propios hijos) les basta y les sobra. Está es la razón de fondo por la que pretenden expulsar de la universidad a los hijos de los trabadores.
Privatizan la educación pública
Antes explicábamos que para los capitalistas no resulta rentable mantener una universidad pública al alcance de los hijos de los trabajadores. Pero la universidad no es algo al margen de la política general que sigue la burguesía en el Estado español y a escala mundial. En todos los países, la sanidad, la educación, las empresas públicas son acosadas por los capitalistas.
En el Estado español, la educación pública, en su conjunto, está en el punto de mira desde hace ya tiempo. Los capitalistas buscan degradar este derecho fundamental y, de esa manera, privatizarlo con más facilidad. Las dos armas fundamentales que se están utilizando son, por un lado, la falta de inversión y, por otro, el manifiesto apoyo a la educación privada concertada, residuo franquista inexistente en la mayoría de los países de nuestro entorno. No es casualidad que el 89% de los centros privados concertados pertenezcan a la Iglesia Católica, que sigue disponiendo de una fuente de ingresos colosal y de un gran control ideológico.
Baja la inversión,
suben los conciertos educativos (8)
En 1993, el Estado destinaba el 4,9% del PIB para la educación. Desde entonces la inversión ha sufrido una caída en picado que el gobierno del PSOE, lamentablemente, no ha enmendado. En el 2004 el PP dejó como herencia a Zapatero un 4,39% del PIB para la educación. En el 2007 este porcentaje había descendido aún más, hasta el 4,36%. Puede parecer una pequeña caída, pero esas tres centésimas suponen 315 millones de euros menos de inversión, sin olvidar que la caída era ya muy profunda y que esos años fueron la cúspide de un boom económico. Ahora hemos entrado en una crisis económica y el gobierno tratará de hacer que sus cuentas cuadren, a costa de reducir la inversión y el gasto público.
El dinero para la educación pública es fundamental. Es necesario para garantizar el buen estado de los centros y del material, becas suficientes para los estudiantes, condiciones de trabajo digno para el profesorado y el personal laboral, etc. Sin recursos económicos suficientes no es posible una enseñanza pública de calidad. Pero una enseñanza pública de calidad sostenida con fondos públicos es precisamente lo que no quieren los empresarios. Como la experiencia ha demostrado, los capitalistas quieren hacer de los servicios públicos un prospero negocio para sus cuentas de resultados, y el gobierno de Zapatero, a pesar de las apariencias, parece que está de acuerdo con esta filosofía.
Y es que, mientras ha caído en picado la inversión en la pública, el dinero destinado en particular para subvencionar a los centros privados concertados ha crecido. Así mientras que en 1992 el 9,1% del gasto educativo se destinaba a cubrir los conciertos educativos, en el 2005 el porcentaje había subido al 11,2%. Sólo ese año se entregaron a los empresarios de la educación y a los obispos 4.353 millones de euros, una cantidad muy necesaria para la educación pública. Por supuesto ésta es sólo una parte del dinero. Además de los conciertos hay más subvenciones, ayudas, cesiones, concesiones etc. que son complicadas de cuantificar. A esto habría que sumar todos los demás ingresos que recibe la jerarquía eclesiástica fuera del terreno estrictamente educativo.
No podemos olvidar, además, que en la memoria económica que acompañaba a la nueva ley educativa aprobada por el gobierno de Zapatero (la LOE), más de 2.000 millones de euros (de los 7.033 millones totales) estaban destinados a garantizar la gratuidad de la educación infantil. Sin embargo, las Comunidades Autónomas lo han hecho no sobre la base de construir plazas públicas suficientes, sino a través de nuevos conciertos con la patronal educativa. Por tanto, aunque aún no hay datos oficiales, es evidente que después del 2005 el porcentaje del presupuesto de educación destinado a la privada concertada se dispara. Mientras que en inversión en educación estamos en el puesto 28º de la OCDE, en porcentaje de esa inversión destinada a instituciones privadas somos el quinto país del mundo.
Todo parece indicar que la situación se va agravar aún más. Durante la campaña electoral, ante las quejas de la FERE (la principal patronal educativa que pertenece a la Iglesia) insistiendo en la necesidad de revisar la financiación de la concertada para “modernizarla y equipararla a la pública”, el entonces secretario general de educación, Alejandro Tiana, respondió afirmativamente y se comprometió a iniciar una “comisión de conciertos” ya que “el sistema de conciertos es el más adecuado en las circunstancias en las que estamos para el cumplimiento del derecho a la Educación” (Magisnet 02/04/2008).
El Sindicato de Estudiantes defiende la necesidad de luchar por revertir completamente esta situación y frenar esta ofensiva contra la enseñanza pública. Por eso exigimos la paralización inmediata de los conciertos educativos ¡Qué ni un euro del dinero público vaya a financiar el negocio de la enseñanza privada! Junto a esta medida, es necesario un incremento drástico de los recursos económicos destinados a la enseñanza pública, invirtiendo en ella al menos el 7% del PIB.
Si no se invierte en la educación pública, no se construyen plazas públicas suficientes (como por ejemplo sucede en educación infantil), no se adecuan las instalaciones y el material a las nuevas necesidades (ante la llegada de trabajadores inmigrantes, estudiantes con necesidades especiales etc.) y por otro lado se potencia y se favorece a la educación privada concertada, no es de extrañar que aumente el número de estudiantes matriculados en estos últimos centros.
El gobierno del PSOE se lava las manos diciendo que la responsabilidad está en manos de las Comunidades Autónomas ya que son éstas las que tienen las competencias en educación.
Es verdad que sigue habiendo diferencias entre las comunidades gobernadas por la derecha y aquellas que son dirigidas por el Partido Socialista. Sin embargo, la tendencia en todas las Comunidades es hacia la privatización.
Ciertamente en Madrid, por ejemplo, ya no sólo se regala suelo público a la patronal, como era habitual en esta Comunidad, sino que directamente se regala un colegio público construido con el dinero público. Así ha sucedido en El Álamo. Simultáneamente, la Consejería de Educación impuso un decreto de educación infantil que permite que cualquier empresario pueda montar su “guardería” sin ningún tipo de requisito que garantice la calidad y el carácter educativo de esta etapa.
Pero en las comunidades gobernadas por la izquierda la panorámica no es mucho mejor. Así, en Catalunya, el Departament d’Educació presentó la LEC (Ley de Educación Catalana). Se trata de una ley cuyo contenido es, sin duda, de derechas. Su aplicación supondría un paso de gigante en la privatización de la enseñanza, a una escala que ni siquiera la derecha política se había atrevido a plantear. La ley llegaba a plantear, entre otras lindezas, la gestión de los centros públicos por parte de empresas privadas. Fruto de la movilización masiva en la calle de profesores y estudiantes este aspecto ha sido retirado; sin embargo, todos los demás ataques se mantienen.
Así podríamos seguir enumerando lo que sucede en todas las Comunidades Autónomas, desde Andalucía donde a los profesores se les ha impuesto un “plus de productividad”, lo que ha provocado una huelga de docentes contra la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE, a Cantabria donde se han eliminado horas de historia para garantizar la enseñanza de religión.
Ciertamente las competencias las tienen las Comunidades Autónomas, pero desde el gobierno central, el PSOE podría haber garantizado perfectamente una reforma educativa que apostara por la educación pública y obligara a actuar así a los gobiernos autonómicos. Como señalamos en su día, la LOE era una ley privatizadora que seguía la estela de la anterior “Ley de Calidad” impuesta por el PP. No era una cuestión de “competencias”, sino de voluntad política.
Todos los ataques contra la educación pública que se están produciendo responden a lo mismos intereses y a los mismos objetivos. En marzo ese ataque se produce en una Comunidad, en abril el mismo en otra distinta, hoy recortan un aspecto determinado en Valencia, mañana será otro en Asturias. No tiene sentido responder de forma separada, hoy aquí, mañana allí. Eso es precisamente lo que quieren que hagamos porque nos resta fuerza. Tenemos que unificar todas estas luchas, tenemos que responder de manera unificada y estatal.
¿Cómo luchar en defensa de
En el último curso se han desarrollado numerosas manifestaciones, encierros y asambleas contra los planes de Bolonia. La participación de miles de estudiantes en todas estas acciones demuestra que hay una clara voluntad de parar estos planes privatizadores. Paralelamente, también se han organizado huelgas generales de profesores y estudiantes el 14 de febrero en Catalunya, contra la LEC, y en Madrid los días 7 y 21 de mayo. También se han producido movilizaciones de la comunidad educativa en Cantabria, Andalucía y Galicia.
En todos estos casos el objetivo central de la movilización era protestar contra la privatización de la educación pública, y la respuesta no pudo ser más contundente por parte del movimiento: decenas de miles de profesores y estudiantes de secundaria salieron a las calles de Barcelona y Madrid demostrando su voluntad de luchar hasta el final.
Desde el Sindicato de Estudiantes pensamos que es absolutamente necesario unificar las movilizaciones, evitando su dispersión y ampliando su impacto. Y la primera condición es desarrollar una amplia campaña de información tanto en la comunidad educativa como hacia el conjunto de la sociedad, especialmente entre la clase trabajadora, de lo que supone realmente los planes de Bolonia. Hay que insistir en que este gobierno fue elegido con los votos de millones de familias humildes, de miles de jóvenes asqueados con la derecha, y fue elegido para que resolviese de forma positiva los acuciantes problemas que tenemos la mayoría de la sociedad: desempleo, falta de vivienda pública, derecho a disfrutar de una sanidad y una educación pública digna. Por eso fue votado Zapatero.
Sin embargo, la realidad es que este gobierno, a pesar de hacer gestos de cara a la galería para darse una cierta imagen de izquierdas, esta llevando una política que, en los aspectos esenciales, poco se diferencia de la derecha. Una política que beneficia, por encima de todo, a las grandes empresas, que salvaguarda sus dividendos multimillonarios, mientras permite el crecimiento del paro, los bajos salarios, la desigualdad y la privatización de la sanidad y la enseñanza. En definitiva una política que acepta la lógica del capitalismo.
Por estas razones hay que decir al gobierno de Zapatero ¡Basta! Queremos un gobierno de izquierdas, con una política auténticamente de izquierdas, al servicio de los intereses de la mayoría de la sociedad, los trabajadores y sus familias. La experiencia ha demostrado que para que rectifiquen, para que nos escuchen, hace falta salir a la calle y organizar movilizaciones contundentes y masivas.
Desde el Sindicato de Estudiantes hacemos un llamamiento a todo el movimiento estudiantil, a todas las organizaciones, a los profesores, a los sindicatos de clase a conformar un gran movimiento unitario contra los Planes de Bolonia, contra la privatización de la universidad, y en defensa de la enseñanza pública. Hacemos un llamamiento a la unidad de acción para impulsar movilizaciones que obliguen al gobierno a retroceder. Una lucha que tiene que tener un eje fundamental: el aumento sustancial de la inversión de recursos económicos y humanos en la universidad pública para garantizar este derecho universal.
Estamos absolutamente convencidos de que las condiciones para organizar una respuesta de millones en todo el Estado están más que maduras. Las movilizaciones de este curso lo han dejado claro.
Por eso los sindicatos de clase del profesorado tiene que dejar a un lado las ambigüedades, tienen que abandonar la filosofía de la desmovilización y de la paz social, y poner todas sus energías en luchar consecuentemente contra la privatización de la enseñanza al lado de los estudiantes.
Es necesaria y posible una respuesta que unifique a toda la enseñanza, desde la escuela infantil, hasta la secundaria y la universidad, pues la lucha es la misma para todos.
Desde el Sindicato de Estudiantes proponemos al conjunto del movimiento estudiantil, a los sindicatos de clase del profesorado y demás personal laboral de la enseñanza y a la confederación de padres y madres (CEAPA) conformar un FRENTE ESTATAL DE LUCHA EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA.
¡En defensa de la universidad pública y de calidad: Ni LOU, ni Proceso de Bolonia! ¡No a la privatización de la enseñanza pública!
¡POR UN FRENTE ESTATAL DE LUCHA EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA!
1. Partido de los Socialistas de Catalunya, Ezquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya
2. El 13/03/07, en declaraciones a Efe, el entonces secretario de Estado para la Universidad, Miguel Ángel Quintanilla, afirmaba que el porcentaje de inversión en la universidad se encontraba en el 1,22% del PIB.
3. Según los datos facilitados por la CRUE, de 1.191.201 estudiantes matriculados en la universidad pública presencial en el curso 2004/05, sólo 168.050 recibieron alguna ayuda, un 14,11% (La universidad en cifras 2006, pág. 125). El Ministerio asegura que posteriormente el porcentaje ha subido hasta el 16%, aun muy lejos del 20% que había en 1995.
4. Datos obtenidos de la nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística del 23 de mayo de 2008.
5. Real Decreto 675/2008 de 28 de abril, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte para el curso 2008-2009.
6. El precio de la matrícula en una universidad pública en Estados Unidos ronda los 6.100 dólares al año, y en algunos casos puede llegar hasta los 20.000 dólares. En los centros privados se eleva a 23.000 dólares de media, y se duplica en las más prestigiosas del país. A estas cantidades hay que sumar el alojamiento, las comidas y otros gastos indispensables, como los libros.
Según Sandro Pozzi en un artículo publicado en El País el pasado 11 de mayo, los costes universitarios siguen subiendo, a un ritmo del 6% anual, más rápido que la inflación o la gasolina: “Esta espiral va a forzar a muchos jóvenes a endeudarse durante décadas, si es que no encuentran un trabajo con un salario capaz de soportar la carga financiera. Pero la crisis en el mercado de crédito está creando un problema añadido para muchas familias (…) La congelación del mercado de crédito está provocando que algunos Estados estén suspendiendo parte de programas, porque son incapaces de recaudar fondos para financiarlos. Es el caso de Pensilvania, Michigan, Iowa, Misuri y New Hampsire. Y medio centenar de entidades que conceden créditos a estudiantes ya han abandonado el negocio, como College Loan Corp, M&T Bank y CIT Group. (…) Ante esta situación, las oficinas de ayuda financiera de las universidades ya están alertando a los estudiantes y a sus padres de que los préstamos van a ser más difíciles de conseguir, más costosos y se requerirá de un mejor nivel de crédito. Se calcula que hasta 300.000 estudiantes podrían tener problemas el próximo curso académico para conseguir respaldo financiero. Una buena parte de los estudiantes universitarios recurre directamente a los programas de ayuda federales. Los préstamos públicos oscilan entre 3.500 y 5.500 dólares anuales, por lo que después deben acudir a entidades privadas para cubrir el resto del coste (…) El tipo de interés que se aplica a estos créditos para estudiantes se mueve entre el 6,8% y el 8,5%, y podría elevarse al 11%. Las familias con menos recursos ven en la vivienda el activo para dotarse del efectivo que necesitan. Pero la fuerte contracción en el mercado inmobiliario está bajando el valor de sus propiedades, lo que complica la situación en relación con el próximo curso, porque los bancos no se fían (…) Se calcula que hay unas 2.000 entidades que conceden préstamos a estudiantes en Estados Unidos (…) La ansiedad es evidente en muchas familias, que piden que el Gobierno federal salte a escena para poder ayudarles a pagar los estudios universitarios de sus hijos…”.
7. Por ejemplo, fueron acusados de agredir a un policía municipal que entró en servicio media hora después de que fueran arrestados.
8. Todos los datos de este apartado han sido tomados del borrador del Informe sobre el estado y situación del sistema educativo 2006/07, del Consejo Escolar del Estado y del Sistema estatal de indicadores de la educación 2007, del Instituto de Evaluación.
Tabla reivindicativa del Sindicato de Estudiantes
1. Retirada inmediata de los planes de Bolonia. Necesitamos una reforma de la enseñanza universitaria en beneficio de los estudiantes y de las familias trabajadoras, no de las grandes empresas. Reforma de los planes de estudio elaborada con la participación consciente de estudiantes, profesores y sindicatos.
2. No a los créditos bancarios para financiar los estudios. Universidad pública y gratuita. Becas-salario de mil euros al mes para los estudiantes con más dificultades. 40% de los estudiantes con becas dignas.
3. Un único Ministerio de Educación. No a la segregación de la universidad del sistema educativo. No a la gestión empresarial de la universidad.
4. Inversión del Estado del 2% del PIB en la universidad pública para garantizar una educación pública de calidad y gratuita, la construcción de suficientes plazas públicas universitarias, la reducción del número de estudiantes por aula, dotación de laboratorios, bibliotecas, etc. Es necesario un plan de choque de 8.400 millones de euros, inmediato, para mejorar la universidad pública. 7% del PIB para la educación pública.
5. No a la escuela privada. Por una red pública única, de calidad y democrática.
6. Prácticas en las empresas remuneradas, con salarios dignos, y controladas por las organizaciones estudiantiles y los sindicatos de trabajadores. ¡No a la mano de obra gratuita!
7. ¡No sobran licenciados! Plan Estratégico Estatal para dotar a los barrios obreros de suficientes hospitales, colegios, institutos, instalaciones deportivas y culturales, etc.
8. Un puesto de trabajo digno al acabar los estudios, o subsidio de desempleo indefinido igual a mil euros hasta conseguirlo.
El 8 de octubre de 2007 se cumplieron 40 años del brutal asesinato de Ernesto Guevara de la Serna a manos del ejército boliviano. Cuatro décadas después de haberle quitado su vida al Che, la clase dominante sigue sin poder matar el ejemplo de lucha y heroísmo que para millones de jóvenes y trabajadores en todo el mundo representa el gran revolucionario latinoamericano.
Para los jóvenes y trabajadores revolucionarios recordar hoy al Che, además de un homenaje justo y necesario, es una oportunidad de conocer mejor y debatir sus ideas. Intentaremos acercarnos a la inmensa figura humana y política del Che como creemos que debe hacerlo siempre un revolucionario y como él siempre intentó abordar todos los procesos, analizando al hombre y al contexto económico y político que le rodeó y tomándolo no como se toma un mito religioso sino como lo que es: un líder revolucionario cuyo ejemplo sigue profundamente vivo, intentando así pues repetir sus aciertos y aprender de sus errores.
En noviembre de 2007 celebrábamos nuestro XIII Congreso y a la vez nuestro vigésimo aniversario. En este libro, además de incluir el programa aprobado en este último congreso, queríamos hacer una mención especial a nuestra historia. El curso 1986-87 se produjeron las movilizaciones estudiantiles más importantes de las últimas dos décadas en el Estado español. Sus protagonistas fueron estudiantes de instituto que, desde el 12 de noviembre de 1986 y durante los tres meses siguientes, hasta entrado ya el año 1987, tomaron las calles de las principales ciudades y pueblos del país, enfrentándose en ocasiones a las agresiones de las bandas fascistas y a la represión del aparato del Estado, elementos directamente vinculados al régimen franquista, cuyos residuos seguían más que presentes en la sociedad de finales de los años ochenta.
Luchando contra todas las adversidades, cientos de miles de jóvenes en las calles provocaron el mayor impulso que ha vivido la educación pública desde entonces: gratuidad de la educación secundaria, aumento de las becas, construcción de plazas públicas, fueron algunas de las conquistas.
Si la movilización consiguió la victoria fue gracias al surgimiento, al calor de la lucha, de una organización estatal, con un programa y unos métodos revolucionarios, tomados directamente de la experiencia del movimiento obrero: el Sindicato de Estudiantes.
Tercera edición del documento publicado en octubre de 2000, que explica nuestra posición sobre hechos como la globalización, la mundialización de la economía, el saqueo del Tercer Mundo, la dictadura de las multinacionales y sus órganos ejecutivos como el FMI (Fondo Monetario Internacional), BM (Banco Mundial) o la OMC (Organización Mundial del Comercio), que afectan a millones de seres humanos en todo el mundo. En realidad se trata de la agresión permanente que un sistema social, el capitalismo, realiza contra la mayoría de la población en todos los rincones del planeta, y que se traduce en paro masivo, privatizaciones, guerras e intervenciones imperialistas como la que estamos viendo en la actualidad en Iraq y la explotación más brutal.
No somos neutrales ante estos hechos. Luchamos contra todo tipo de opresión, contra este sistema social que nos condena a una degradación permanente de la enseñanza pública, al paro masivo o a los empleos basura. Por eso hemos apoyado y participado decididamente en las movilizaciones de miles de jóvenes en Seattle, Washington, Praga, Génova, Barcelona o París contra la opresión capitalista y la hipocresía de sus instituciones.
En un momento en que los medios de comunicación no se cansan en desprestigiar las ideas revolucionarias y ocultar los acontecimientos revolucionarios que hoy se están viviendo en distintos lugares de América Latina (Venezuela, Bolivia, Ecuador...) o las movilizaciones de la clase obrera y la juventud en toda Europa, desde el Sindicato de Estudiantes consideramos una obligación levantar la bandera de la lucha por una sociedad alternativa al capitalismo, una sociedad socialista, sin clases, donde la población controle democráticamente los recursos de la sociedad, y la economía, la cultura, la sanidad y todos los avances de la humanidad estén al servicio de todos y no para el beneficio de una minoría de capitalistas y multimillonarios.

References: Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 4
 Real Decreto 
 Artículo 17
 Real Decreto