Source: https://odont.info/versin-pblica-del-acuerdo-piftext270217119.html?page=85
Timestamp: 2020-07-03 13:13:42+00:00

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“Artículo 6. A falta de disposición expresa en esta Ley o en los tratados internacionales se aplicarán supletoriamente:
Los asuntos que no tengan previsto un trámite específico conforme a la Ley Federal de Competencia Económica o esta Ley, se tramitarán conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo”
“Artículo 32.- Para efectos de las notificaciones, citaciones, emplazamientos, requerimientos, visitas e informes, a falta de términos o plazos establecidos en las leyes administrativas para la realización de trámites, aquéllos no excederán de diez días. El órgano administrativo deberá hacer del conocimiento del interesado dicho plazo.”
“Artículo 35.- Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas podrán realizarse:
I. Personalmente con quien deba entenderse la diligencia, en el domicilio del interesado;”
“Artículo 36.- Las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado o en el último domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado ante los órganos administrativos en el procedimiento administrativo de que se trate. En todo caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá entregar copia del acto que se notifique y señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez.
Cuando las leyes respectivas así lo determinen, y se desconozca el domicilio de los titulares de los derechos afectados, tendrá efectos de notificación personal la segunda publicación del acto respectivo en el Diario Oficial de la Federación.”
“Artículo 38.- Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación.
En las notificaciones por edictos se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en el territorio nacional.”
De lo transcrito, se observa que lo dispuesto por el artículo 6, último párrafo de la LFTR debe de aplicarse para la evaluación de impacto de medidas, toda vez que en la normatividad aplicable al caso concreto no se precisa una tramitación en específico para realizar dicho procedimiento.
A sabiendas que el procedimiento que nos ocupa debía de ser tramitado con base en la LFPA, el Instituto fundamentó su actuar, entre otros artículos, en los transcritos líneas arriba de la LFPA, mismos que detallan los plazos y la manera de actuar al momento de realizar una notificación.
Es así, que mediante constancias de notificación (citatorios e instructivos) se notificó a los integrantes del AEP el Oficio de Inicio, mismos que se encuentran fundados en los artículos de la LFPA citados en el Oficio de Inicio, entre otros. Es decir, que este Instituto en todo momento les hizo saber que el procedimiento se iba a tramitar utilizando la LFPA y por ende, las notificaciones del mismo, deberían respetar lo indicado en dicha Ley, esto es, los artículos 32, 35 fracción I, 36 y 38 de la LFPA.
Respecto de lo que señalan en relación con que la UPR fue omisa en señalar número de expediente alguno ante el cual se esté tramitando el procedimiento de referencia y al amparo del cual se hubiere dictado el Oficio de Inicio violando el artículo 3 fracción XII de la LFPA.
Dichas manifestaciones resultan infundadas, toda vez que observan una inadecuada interpretación de lo señalado por el artículo 3, fracción XII, de la LFPA105, en razón de que el artículo en comento, no señala que se deba de indicar el número de expediente, lo que sí ordena es que el acto se expida sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre completo de las personas, situación que si acontece, tal y como se puede ver en los Oficios de Inicio en la hoja 1, donde se identifica claramente a las personas morales a notificar, además de que en el Acuerdo Tercero de los Oficios de Inicio se menciona que el expediente del presente procedimiento podrá ser consultado en las oficinas de la UPR, indicando la dirección de la misma. Lo anterior corrobora que se precisó a detalle la identificación del expediente, tan es así que personal de la empresa se presentó en este Instituto a consultar el expediente de mérito. Esto no hubiese ocurrido si hubiera mediado error respecto a la referencia específica de identificación del expediente. Por lo tanto, es improcedente lo manifestado.
Ahora bien, respecto a los argumentos relativos a que:
UPR fue omisa en notificar el denominado Análisis en Materia de Competencia a que se alude reiteradamente en el Oficio como causa y sede de las decisiones de este procedimiento;
Que se destaca la indefensión en que se le ha colocado, pues objeta y desconoce el origen e idoneidad del Análisis en Materia de Competencia, razón por la que se le ha privado de la oportunidad de ejercer adecuadamente su derecho de audiencia y a una defensa plena, y
Que el Oficio de Inicio carece de una motivación razonable y exhaustiva al pretender sustentar sus conclusiones en actos que no forman parte del mismo como el Análisis en Materia de Competencia y la Consulta Pública.
Dichas manifestaciones resultan infundadas, toda vez que como ya se explicó en las consideraciones del Instituto dentro del rubro “OPINIONES DE LA DGDTR Y DE UCE”, argumentos que por economía procesal se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen en obvio de repeticiones innecesarias, y contrario a lo manifestado, no se le corrió traslado del Análisis en Materia de Competencia, en virtud de que se trata de un acto intraprocesal, y no existe razón por la que previamente deba de informarse al particular respecto de su emisión. Asimismo, se precisa que en la página 11 del multicitado Análisis en Materia de Competencia, se indica que dicha opinión “No tiene el alcance de determinar cumplimiento de las medidas por parte de los obligados”. Por lo que, como ya se ha mencionado, la finalidad del Análisis en Materia de Competencia únicamente es para orientar la resolución.
Asimismo, como se explicó en el rubro “CONSULTA PÚBLICA”, argumentos que por economía procesal se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen en obvio de repeticiones innecesarias, y contrario a lo manifestado, no se le corrió traslado de los resultados de la consulta pública dado que de la literalidad del tercer párrafo del artículo 51 de la LFTR, se advierte que el Instituto tiene la obligación de publicar y mantener actualizado en un espacio dentro de su portal de internet los procesos de la consultas públicas106, mas no de notificar a cada interesado el inicio o conclusión de las mismas.
Relativo a los argumentos tendientes a que:
En el Oficio de Inicio no se demuestra que exista una situación contraria a la competencia efectiva en el llamado sector de las telecomunicaciones, ni menos aún respecto de los servicios de telecomunicaciones que específicamente presta Telcel, tampoco que hubiera qué reclamarle en la pretendida evaluación en materia de competencia económica, lo que per se causa que el Oficio de Inicio y el procedimiento estén mal fundados y motivados, y
La necesidad de la debida fundamentación y motivación al respecto, de acuerdo con la situación de hecho y de derecho existente en la actualidad es, además, consecuencia necesaria de lo previsto en el último párrafo de la fracción III del Octavo Transitorio del Decreto, que fue omitido y soslayado en el Oficio de Inicio al emitirlos (El Oficio y las imputaciones y calificaciones que contiene), no obstante tratarse claramente de una materia de competencia económica según lo prescribe específicamente el Decreto y las fracciones III y IV del Octavo Transitorio, se omite invocar como fundamento material la legislación de competencia vigente al emitirse la Resolución de AEP.
Dichas manifestaciones son improcedentes, toda vez que como ya se analizó en las consideraciones del Instituto dentro del rubro “PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA”, argumentos que por economía procesal se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen en obvio de repeticiones innecesarias, y contrario a lo manifestado, el presente procedimiento no se encuentra justificado en el Decreto en sus fracciones III y IV del Octavo Transitorio, sino que se encuentra fundamentado, entre otros, en las medidas Septuagésima del Anexo 1, Quincuagésima Séptima del Anexo 2 y Vigésima Cuarta del Anexo 3 de la Resolución de AEP, en las cuales, no se ordena que el IFT tenga que realizar un análisis para determinar si existe competencia efectiva a efecto de suprimir, modificar o adicionar medidas.
Ahora bien, sobre lo dicho respecto a que el procedimiento que nos ocupa es improcedente y fue iniciado mediante un acto antijurídico, ya que el Oficio de Inicio fue dictado sin la debida fundamentación y motivación, pues se dejó de observar el contenido del artículo 28, fracción V, de la Constitución107, así como que con el dictado del Oficio de Inicio en forma de resolución por parte del Director General, no ha lugar a dudas que se vulnera la separación ordenada constitucionalmente y, de paso, se excede en las facultades que la propia Constitución determina para este tipo de actos de autoridad; no les asiste la razón por los siguientes argumentos.
El Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2014, establece que para el ejercicio de sus funciones y el despacho de los asuntos que le competen, el Instituto contará, en términos del artículo 4, fracción V, inciso i), con la Unidad de Política Regulatoria y, en términos de la fracción IX, inciso ii), del mismo artículo, con la Dirección General de Desarrollo de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión.
El mismo ordenamiento establece en su artículo 24 fracciones IV y XVII, lo siguiente:
IV. Sustanciar los procedimientos para la declaración de los agentes económicos preponderantes y la imposición de las medidas necesarias para evitar que se afecten la competencia y la libre concurrencia, previa opinión de la Unidad de Competencia Económica, así como proponer al Pleno la resolución correspondiente;
XVII. Sustanciar los procedimientos relativos al seguimiento de obligaciones y medidas impuestas al agente económico preponderante o con poder sustancial en el sector de telecomunicaciones;
Vista la transcripción anterior, aseguramos que corresponde a la DG-DTR sustanciar los procedimientos para la declaración de los agentes económicos preponderantes y la imposición de las medidas necesarias para evitar que se afecten la competencia y la libre concurrencia, previa opinión de la UCE, así como proponer al Pleno la resolución correspondiente. Asimismo, establece que le corresponde sustanciar los procedimientos relativos al seguimiento de obligaciones y medidas impuestas al agente económico preponderante.
De conformidad con lo antes señalado, la DG-DTR, es competente para sustanciar el procedimiento relativo a la evaluación bienal de las medidas impuestas al AEP, que conlleva a la modificación, supresión o adición de medidas.
Por otra parte, dentro del Oficio de Inicio, específicamente en la hoja 37 se mencionó que:
“Se deberá notificar a América Móvil, S.A.B. de C.V., Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V., Radiomóvil Dipsa, S.A. de C. V., Grupo Carso, S.A.B. de C.V., Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V., el inicio del procedimiento administrativo para la modificación, supresión o adición de las medidas impuestas a quienes fueron declarados integrantes del AEP con la Resolución de AEP”

References: artículo 6
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 51
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 28
 resolución 
 artículo 4
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 Resolución