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BOE.es - Documento BOE-A-2000-7640
Documento BOE-A-2000-7640
«BOE» núm. 99, de 25 de abril de 2000, páginas 16074 a 16078 (5 págs.)
1. Todos los trabajadores tienen derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y de profesión, sin discriminaciones por razón del sexo.
2. Los trabajadores tienen derecho a ser informados y consultados dentro de la empresa.
3. Los trabajadores tienen derecho a tomar parte en la determinación y mejora de las condiciones de trabajo y del entorno laboral en la empresa.
4. Toda persona anciana tiene derecho a protección social.
Artículo 1. Derecho a igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y de profesión, sin discriminaciones por razones de sexo.
1. Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y de profesión, sin discriminación por razones de sexo, las Partes se comprometen a reconocer ese derecho y a tomar las medidas adecuadas para garantizar o promover su aplicación en los siguientes campos:
2. No se considerarán discriminatorias según el párrafo 1 del presente artículo las disposiciones relativas a la protección de la mujer, en particular por lo que respecta al embarazo, al parto y al período postnatal.
3. El párrafo 1 del presente artículo no será óbice a la adopción de medidas concretas para remediar las desigualdades de hecho.
4. Podrán excluirse del alcance del presente artículo, o de algunas de sus disposiciones, las actividades profesionales que, por su naturaleza o las condiciones de su ejercicio, no puedan encomendarse más que a personas de un sexo determinado.
Artículo 2. Derecho a información y consulta.
1. Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de los trabajadores a la información y consulta dentro de la empresa, las Partes se comprometen a tomar o promover medidas que permitan a los trabajadores o a sus representantes, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales:
a) Ser informados periódica u oportunamente, y en manera comprensible, de la situación económica y financiera de la empresa que les da empleo, quedando entendido que podrá denegarse la divulgación de ciertas informaciones que puedan perjudicar a la empresa o exigirse que se mantengan confidenciales y
b) ser consultados a su debido tiempo acerca de las decisiones previstas que puedan afectar sustancialmente a los intereses de los trabajadores y, en particular, acerca de las que puedan tener consecuencias importantes sobre la situación del empleo en la empresa.
2. Las Partes podrán excluir del alcance del párrafo 1 del presente artículo a aquellas empresas que empleen a un número de trabajadores inferior a un mínimo determinado por la legislación o la práctica nacionales.
Artículo 3. Derecho a tomar parte en la determinación y mejora de las condiciones de trabajo y del entorno laboral.
1. Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de los trabajadores a tomar parte en la determinación y mejora de las condiciones de trabajo y del entorno laboral en la empresa, las Partes se comprometen a tomar o promover medidas que permitan a los trabajadores o a sus representantes, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, contribuir:
a) A la determinación y mejora de las condiciones y organización del trabajo y del entorno laboral de la empresa;
b) a la protección de la salud y de la seguridad dentro de la empresa;
c) a la organización de servicios y facilidades sociales y socioculturales dentro de la empresa;
d) a la supervisión de la observancia de lo reglamentado en estas materias.
2. Las Partes podrán excluir del alcance del párrafo 1 del presente artículo a aquellas empresas cuyo número de trabajadores sea inferior al mínimo determinado por la legislación o la práctica nacionales.
Artículo 4. Derecho a protección social de las personas ancianas.
1. A permitir a las personas ancianas seguir siendo, durante el mayor tiempo posible, miembros de pleno derecho de la sociedad mediante:
a) Recursos suficientes que les permitan llevar una existencia decorosa y desempeñar un papel activo en la vida pública, social y cultural;
b) la difusión de informaciones relativas a las facilidades y servicios de que disponen las personas ancianas y sus oportunidades de aprovecharlos.
2. A permitir a las personas ancianas escoger libremente su modo de vida y llevar una vida independiente en su entorno habitual durante todo el tiempo que lo deseen y que sea posible, mediante:
a) La posibilidad de disponer de viviendas apropiadas a sus necesidades y estado de salud o de ayudas adecuadas para el acondicionamiento de la vivienda;
b) la asistencia sanitaria y los servicios que su estado requiera.
3. A garantizar a las personas ancianas que viven en instituciones, la asistencia apropiada dentro del respeto a su vida privada, y su participación en la determinación de las condiciones de vida dentro de dichas instituciones.
Artículo 5. Compromisos.
1. Cada una de las Partes se compromete:
a) A considerar la parte I del presente Protocolo como una declaración de los objetivos cuya consecución perseguirá por todos los medios apropiados, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo introductorio de dicha parte;
b) a considerarse vinculada por uno o más artículos de la parte II del presente Protocolo.
2. El o los artículos escogidos de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del párrafo 1 del presente artículo serán notificados al Secretario general del Consejo de Europa por el Estado contratante al depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.
3. En cualquier momento posterior, cada una de las Partes podrá declarar, mediante notificación dirigida al Secretario general, que se considera vinculada por cualquier otro artículo de la parte II del presente Protocolo que la misma no hubiera aceptado todavía según lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo. Esos compromisos posteriores se considerarán parte integrante de la ratificación, aceptación o aprobación y surtirán los mismos efectos a partir del trigésimo que siga a la fecha de la notificación.
Artículo 6. Supervisión de la observancia de los compromisos contraídos.
Artículo 7. Aplicación de los compromisos contraídos.
1. Las disposiciones pertinentes de los artículos 1 a 4 de la parte II del presente Protocolo podrán aplicarse mediante:
a) Medidas legislativas o reglamentarias;
b) convenios celebrados entre los empleadores u organizaciones de empleadores y las organizaciones de trabajadores;
c) una combinación de esos dos métodos; u
d) otros medios apropiados.
2. Se considerarán cumplidos los compromisos dimanantes de los artículos 2 y 3 de la parte II del presente Protocolo cuando dichas disposiciones, de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se apliquen a la gran mayoría de los trabajadores interesados.
Artículo 8. Relaciones entre la Carta y el presente Protocolo.
1. Las disposiciones del presente Protocolo no afectarán a las disposiciones de la Carta.
2. Los artículos 22 a 32 y 36 de la Carta se aplicarán, "mutatis mutandis", al presente Protocolo.
Artículo 9. Aplicación territorial.
1. El presente Protocolo se aplicará al territorio metropolitano de cada Parte. Todo Estado, en el momento de la firma o en el del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, podrá especificar, mediante declaración dirigida al Secretario general del Consejo de Europa, el territorio que habrá de considerarse a tal efecto como su territorio metropolitano.
2. En el momento de la ratificación, aceptación o aprobación del presente Protocolo o en cualquier momento posterior, todo Estado contratante podrá declarar, mediante notificación dirigida al Secretario general del Consejo de Europa, que el Protocolo se aplicará, en todo o en parte, a uno o más de los territorios no metropolitanos designados en dicha declaración y cuyas relaciones internacionales tenga a su cargo o cuyas responsabilidades internacionales asuma. En la declaración especificará el o los artículos de la parte II del presente Protocolo que acepta como obligatorios respecto de cada uno de los territorios designados en ella.
3. El presente Protocolo entrará en vigor respecto del territorio o territorios designados en la declaración a que se refiere el párrafo anterior a partir del trigésimo día que siga al de la fecha en que el Secretario general haya recibido la notificación de esa declaración.
4. En cualquier momento posterior, toda Parte podrá declarar, mediante notificación dirigida al Secretario general del Consejo de Europa, que en lo referente a uno o varios de los territorios a los cuales se aplica el presente Protocolo en virtud del párrafo 2 del presente artículo, dicha Parte acepta como obligatorio cualquier artículo que hasta entonces no hubiere aceptado con respecto de ese territorio o territorios. Estos compromisos contraídos posteriormente se considerarán parte integrante de la declaración original respecto del territorio de que se trate y surtirán los mismos efectos a partir del trigésimo día que siga a la fecha en que el Secretario general haya recibido la notificación de dicha declaración.
Artículo 10. Firma, ratificación, aceptación, aprobación y entrada en vigor.
1. El presente Protocolo queda abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo de Europa, signatarios de la Carta. Será objeto de ratificación, aceptación o aprobación. Un Estado miembro del Consejo de Europa no podrá ratificar, aceptar o aprobar el presente Protocolo sin haber ratificado simultánea o anteriormente la Carta. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación serán depositados ante el Secretario general del Consejo de Europa.
2. El presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día que siga a la fecha del depósito del tercer instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.
3. Para todo Estado signatario que lo ratifique con posterioridad, el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día que siga a la fecha del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.
Artículo 11. Denuncia.
1. Ninguna Parte podrá denunciar el presente Protocolo hasta que haya transcurrido un período de cinco años desde la fecha en que el mismo haya entrado en vigor para dicha Parte, ni antes de que haya concluido cualquier otro período ulterior de dos años y, en uno y otro caso, lo notificará con una antelación de seis meses al Secretario general del Consejo de Europa. Esta denuncia no afectará la validez del Protocolo con respecto de las demás Partes siempre que el número de éstas no sea en ningún momento inferior a tres.
2. De conformidad con las disposiciones contenidas en el párrafo anterior, toda parte podrá denunciar cualquier artículo de la parte II del presente Protocolo que hubiere aceptado, siempre que el número de artículos que dicha Parte siga obligada a cumplir no sea en ningún momento inferior a uno.
3. Toda Parte podrá denunciar el presente Protocolo o cualquier artículo de la parte II del Protocolo en las condiciones previstas en el párrafo 1 del presente artículo, en lo referente a cualquier territorio al cual se aplique el Protocolo en virtud de una declaración formulada con arreglo a los párrafos 2 y 4 del artículo 9.
4. Cuando alguna Parte vinculada por la Carta y por el presente Protocolo hubiere denunciado la Carta según lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 37 de esta última, se considerará que ha denunciado también el Protocolo.
Artículo 12. Notificaciones.
b) el depósito de todo instrumento de ratificación, aceptación o aprobación;
c) toda fecha de entrada en vigor del presente Protocolo de conformidad con sus artículos 9 y 10;
d) todo otro acto, notificación o comunicación que se refiera al presente Protocolo.
Artículo 13. Anexo.
En la fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados para ello, firman el presente Protocolo.
1. Las personas a que se refieren los artículos 1 a 4 serán únicamente los extranjeros que, siendo nacionales de otras Partes, residan legalmente o trabajen regularmente dentro del territorio de la Parte interesada, entendiéndose que esos artículos se interpretarán a la luz de lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Carta.
2. Cada Parte concederá a los refugiados que respondan a la definición de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951, relativa al estatuto de los refugiados y del Protocolo de 31 de enero de 1967, y que residan regularmente en su territorio, el trato más favorable posible y, en cualquier caso, no menos favorable que el que dicha Parte se haya obligado a aplicar en virtud de esos instrumentos, así como de cualesquiera otros acuerdos internacionales vigentes aplicables a esos refugiados.
3. Cada Parte concederá a los apátridas que respondan a la definición de la Convención de Nueva York de 28 de septiembre de 1954, relativa al estatuto de los apátridas y que residan regularmente en su territorio, el trato más favorable posible y, en cualquier caso, no menos favorable que el que dicha Parte se haya obligado a aplicar en virtud de ese instrumento y de cualesquiera otros acuerdos internacionales vigentes aplicables a esos apátridas.
1. A efectos de la aplicación de estos artículos, la expresión "representantes de los trabajadores" designará a las personas reconocidas como tales por la legislación o la práctica nacionales.
2. La expresión "la legislación y la práctica nacionales" se referirá, según el caso, además de a las leyes y los reglamentos, a los convenios colectivos, a otros acuerdos entre los empleadores y los representantes de los trabajadores, a las costumbres y la jurisprudencia pertinentes.
3. A efectos de aplicación de estos artículos, se interpretará que el término "empresa" se refiere a un conjunto de elementos materiales e inmateriales, dotados o no de personalidad jurídica, destinado a la producción de bienes o a la prestación de servicios, con fines lucrativos y que dispone de poder de decisión para determinar su propia política de mercado.
4. Se entiende que podrá excluirse de la aplicación de esos artículos a las comunidades religiosas y sus instituciones, aun cuando estas últimas sean "empresas" en el sentido del párrafo 3. Los establecimientos que desarrollen actividades inspiradas por ciertos ideales o guiadas por ciertos conceptos morales, ideales y conceptos protegidos por la legislación nacional, podrán ser excluidos de la aplicación de estos artículos en la medida necesaria para proteger la orientación de la empresa.
5. Se entiende que, cuando en los diversos establecimientos de la empresa se ejerzan los derechos expresados en los artículos 2 y 3, deberá considerarse que la Parte de que se trate cumple las obligaciones dimanantes de estas disposiciones.
Eslovaquia 27- 5-92* 22- 6-98R 21- 7-98
España 7- 1-00 24- 1-00
23- 2-00
Ex República Yug. Macedonia 5- 5-98
Finlandia (2) 29- 2-90 29- 4-91R 4- 9-92
Francia (3) 22- 6-89
Grecia 5- 5-98 16- 8-98R 17- 7-98
Italia (4) 5- 5-88 26- 5-94R 25- 6-94
Noruega (5) 10-12-93 10-12-93R 9- 1-94
Países Bajos (6) 14- 6-90 5- 8-92R 4- 9-92
República Checa 27- 5-92* 17-11-99R 17-12-99
* Firma efectuada por la República Federativa Checa y Eslovaca.
(1) Dinamarca:
(2) Finlandia:
(3) Francia:
«Las prestaciones no contributivas previstas por la legislación francesa sujetas a la condición de nacionalidad serán concedidas únicamente a nacionales de Estados miembros de la Comunidad Europea y de aquellos Estados que hayan concluido con Francia un Convenio en términos de reciprocidad, sobre la concesión de prestaciones no contributivas equivalentes para nacionales franceses residentes en dichos Estados." "El Protocolo se aplicará no solamente al territorio metropolitano francés (artículo 9, párrafo 1), sino igualmente a los Departamentos Franceses de Ultramar.»
(4) Italia:
(5) Noruega:
(6) Países Bajos:
«Teniendo en cuenta la igualdad, desde el punto de vista del Derecho Internacional, entre los Países Bajos, las Indias Occidentales Holandesas y Aruba, los términos "metropolitano" y "no metropolitano" que aparecen en el Protocolo adicional pierden su sentido original en lo que concierne al Reino de los Países Bajos, y deben ser considerados, por tanto, en este caso, como "europeos" y "no europeos", respectivamente.»
Madrid, 10 de abril de 2000.–El Secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Núñez Montesinos.
Entrada en vigor: de forma general el 4 de septiembre de 1992 y para España el 23 de febrero de 2000.
Fecha Resolución Ministerio de Asuntos Exteriores: 10 de abril de 2000.
CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 220, de 13 de septiembre de 2000 (Ref. BOE-A-2000-16628).
EN RELACIÓN con la Carta Social Europea de 18 de octubre de 1961 (Ref. BOE-A-1980-13567).

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11
 artículo 9
 artículo 37

Artículo 12

Artículo 13
 Resolución