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Timestamp: 2019-05-25 07:05:38+00:00

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Resolución de TEAC, 00/8562/1996, 07-04-2000 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/8562/1996 de 07 de Abril de 2000
Se deniega la solicitud de paralización de expediente mientras se resuelva el recurso contencioso. Se confirma la imputación de la Base Imponible de determinada sociedad transparente, al haberse confirmado por este TEAC el acto de determinación de la Base Imponible de la sociedad.
Corresponde al Inspector Jefe la comprobación de las pretendidas irregularidades en el comportamiento de la Inspección.
FUNDAMENTOS DE DERECHOPRIMERO: Se plantean las cuestiones siguientes: Primera, si procede paralizar el expediente hasta que se resuelvan los recursos contencioso-administrativos pendientes; segunda, si debe declararse la nulidad de actuaciones por irregularidad en el procedimiento; en tercer lugar, en cuanto al fondo, si son admisibles las argumentaciones del recurrente acerca de la falta de justificación en el expediente de la imputación de la base imponible de la entidad en régimen de transparencia fiscal; en cuarto lugar, ha de examinarse la alegación del interesado acerca de la disparidad de bases imponibles que, según él, le propuso la inspección en función del carácter del acta.SEGUNDO: En cuanto a la primera de las cuestiones, es decir si debe paralizarse el procedimiento, siguiendo con el criterio sustentado por este Tribunal Económico Administrativo Central en resolución de fecha 12 de febrero de 1999, (R.G. y R.S.Vocalía quinta), relativo al recurso también interpuesto poren relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, ha de tenerse en cuenta que el recurrente fundamenta su petición en el acuerdo de 7 de febrero de 1996 del Servicio jurídico de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria; pero lo cierto es que según la fotocopia del documento expedido por tal Servicio y del Oficio del Subdirector General de Ordenación Legal y Asistencia Técnica de la misma Agencia por el que se acuerda la suspensión del procedimiento sobre solicitud de nulidad de pleno Derecho de determinadas actuaciones inspectoras, al amparo del artículo 153 de la Ley General Tributaria (en tanto se resuelve el recurso contencioso- administrativo interpuesto sobre la cuestión), el documento expedido mencionado anteriormente no es un acuerdo sino un informe, y la conclusión que figura en el mismo es la de que, de conformidad con la doctrina que cita del Consejo de Estado, procede que el órgano competente para la tramitación e instrucción del procedimiento de revisión de oficio acuerde la paralización del mismo mientras se resuelven los recursos contenciosos administrativos pendientes. Es evidente que tal opinión no se refiere ni afecta a la tramitación del recurso de alzada ordinario de una liquidación fiscal concreta ante este Tribunal Económico Administrativo Central. En este sentido parece aconsejable exponer que:1º.- La paralización acordada se refiere al procedimiento de revisión, no al económico administrativo. La eficacia de un acto de liquidación tributaria no se ve afectada por eventuales situaciones de pendencia en la que se encuentren los expedientes de revisión que puedan estar tramitándose en relación con aquél, salvo que se hubiera producido un acuerdo expreso de suspensión de la ejecución de dicho acto, lo que no sucede en el presente caso, en el que lo único que se suspende es precisamente, la tramitación del propio expediente de revisión.2º.- Los actos de la Administración son ejecutivos, a pesar de los recursos que pueden interponerse, principio que no tiene excepciones y por tanto afecta al procedimiento especial de revisión. Se pretende con ello no dejar al arbitrio de los interesados la eficacia de los actos administrativos.Por ello resulta obligado declarar que no procede acceder a la solicitada paralización del procedimiento.TERCERO: Sobre la segunda cuestión, ha de señalarse que la nulidad de actuaciones por irregularidades de procedimiento requiere, como indica el propio artículo 153.1.c) de la Ley General Tributaria, que un acto haya sido dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello, y el recurrente alega que no se le entregó ejemplar del acta en el plazo de tres días, no habiendo firmado el acta, lo que le impidió formular alegaciones. Pero lo cierto es que, como precisa el informe del Servicio Jurídico de la Agencia, ya mencionado, que el 13 de junio de 1994 la Delegación de La Coruña comunicó al recurrente y a su esposa que la firma del acta tendría lugar el día 28 de junio de 1994, notificando el importe comprobado de las bases imponibles de los respectivos conceptos y ejercicios, pese a lo cual el acuerdo de liquidación fue realizado prácticamente casi un mes después del acta sin que los sujetos pasivos acudieran el 28 de junio, ni efectuaran alegaciones. A mayor abundamiento, la nulidad ahora vuelta a solicitar, fue alegada en reposición y en la primera instancia de esta jurisdicción, razón por la cual no puede pensarse que se haya prescindido absolutamente del procedimiento legalmente establecido ni que haya existido indefensión, debiendo en consecuencia declarase la eficacia de las actuaciones practicadas.CUARTO: Respecto del fondo del asunto y en concreto de si ha sido o no adecuadamente documentada en el expediente la imputación de la base imponible de la entidad en régimen de transparencia ha de tenerse en cuenta que este Tribunal, en sesión de 2 de diciembre de 1999 resolvió el recurso interpuesto por dicha sociedad (expediente R.G. Vocalía segunda, R.S. ). En ella se desestimó el recurso, quedando confirmado así el acto de determinación de la base imponible de dicha sociedad, en el ejercicio 1989, por importe de 42.900.381 pesetas, suma de la declarada (19.084.266) y los incrementos de 13.235.066 por ingresos no declarados y de 10.581.049 por gastos no deducibles fiscalmente. De aquí que, en virtud del artículo 12.2 de la Ley 44/1978, proceda imputar en la base imponible del contribuyente su correspondiente parte alícuota sobre la indicada base y practicar liquidación en consecuencia. Alega con razón el contribuyente que en el informe ampliatorio no se explica el origen de la cantidad que se añade en el acta a la base imponible declarada, por el concepto en cuestión, que es de 11.907.814 pesetas, siendo así que el artículo 124 de la Ley General Tributaria exige que las liquidaciones tributarias que supongan un aumento de la base imponible se notifiquen con expresión concreta de los hechos y elementos que lo motivan. Ahora bien, ha de observarse que consta en el expediente la comunicación de la Inspección a los contribuyentes de 13 de junio de 1994, en la que se detallan las bases imponibles de cada ejercicio comprobado; en el apartado correspondiente al ejercicio 1990 se incluye el epígrafe "De sociedad transparente con una imputación de 21.449.947 pesetas. Esta cifra es casi exactamente la mitad de la base imponible que en dicha Sociedad determinó la inspección para el ejercicio 1989 y que este Tribunal confirma en su aludida resolución de 2 de diciembre de 1999, de 42.900.381 pesetas; se observa también que, con una diferencia muy ligera que puede deberse a un pequeño error aritmético, el importe que figura en el acta a título de incremento sobre la base declarada por razón de imputación de la base de dicha sociedad transparente, es de 11.907.814 pesetas, mitad de 23.816.115 es decir, la suma de los incrementos de la base determinados por la Inspección en la citada entidad. Por tanto, sin perjuicio de reconocer que el expediente de gestión debió explicitar el cálculo de la cantidad imputada al contribuyente, ha de negarse la existencia de defecto invalidante y de la pretendida indefensión, porque es clara la concordancia entre lo liquidado por este concepto y la imputación de la base que legalmente procede en este caso, con arreglo a normas cuya interpretación no ofrece duda. En consecuencia, ha de desestimarse también este motivo del recurso, dado que, por otra parte, la cantidad que según lo dicho procedería imputar, equivalente al 50 por 100 del incremento de base de la sociedad transparente, es superior, aunque muy ligeramente (243 pesetas) a la liquidada.QUINTO: Por último ha de examinarse la alegación sobre la pretendida irregularidad en el comportamiento de la inspección, que, según el recurrente, practicó distintas determinaciones de la base imponible y de las sanciones según que el acta fuera o no de disconformidad. Este Tribunal considera que corresponde al Inspector Jefe comprobar los hechos alegados y, en su caso, adoptar las medidas que en Derecho procedan.POR LO EXPUESTO,EL TRIBUNAL CENTRAL, en SALA, en el recurso de alzada interpuesto porcontra Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de de fecha recaída en reclamación número referente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1990, ACUERDA: Desestimar la reclamación, confirmando la Resolución recurrida.
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 artículo 153
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 artículo 12
 artículo 124
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