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Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, - PDF Free Download
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Patricia Coronel Quintero
1 Síntesis: La Recomendación 113/94, del 29 de septiembre de 1994, se envió al Presidente Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, y se refirió al Recurso de Impugnación señor Fernando Velázquez Rosas, quien se inconformó en contra de la resolución definitiva de mayo de 1994, dentro del expediente E-122/94, mediante la cual se declaró incompetente conocer del asunto al considerarlo de naturaleza laboral. El recurrente manifestó que la resolución del Organismo local era incorrecta porque los hechos materia de su queja no tenían el carácter de laborales. Se recomendó revocar la resolución definitiva del 2 de mayo de 1994; radicar la que asignándole el expediente que corresponda, iniciar su trámite y, en su momento, emitir la resolución que conforme a las facultades y atribuciones de esa Comisión Estatal corresponda. Lic. León Dumit Espinal, RECOMENDACIÓN 113/1994 México, D.F., a 29 de septiembre de 1994 Recomendación sobre el Recurso de Impugnación del Señor Fernando Velázquez Rosas Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Puebla, Pue. Muy distinguido señor Presidente: La Comisión Nacional de Derechos Humanos, con fundamento en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 1º; 6º, fracción IV; 15, fracción VII; 24, fracción IV; 55; 61; 63; 65 y 66 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha examinado los elementos contenidos en CNDH/121/94/PUE/1197, relacionado con el Recurso de Impugnación interpuesto por el señor Fernando Velázquez Rosas, y vistos los siguientes:
2 I. HECHOS El 19 de julio de 1994, esta Comisión Nacional recibió el oficio 194/94 suscrito por el licenciado Héctor Reyes Pacheco, Director de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, mediante el cual remitió el Recurso de Impugnación presentado por el señor Fernando Velázquez Rosas, en contra de la resolución que ese organismo estatal emitió el 2 de mayo de 1994, dentro del expedientillo E-122/94. En su escrito de inconformidad el recurrente señaló como agravio el que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla se haya declarado incompetente para conocer de su queja, al calificar su asunto como de naturaleza laboral; ya que, en su opinión, esa resolución "no encaja en este arquetipo, toda vez que el servidor público encargado de reintegrarlo en sus funciones no es positiva por simple hecho personal (sic), ya que los tribunales federales han indicado conforme a derecho que no es culpable de lo que se le acusó", por lo cual considera que la determinación "unilateral" de separarlo de su cargo es violatoria del articulo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A dicho oficio se anexó la documentación que comprende el expedientillo E-122/94 que se integró en esa Comisión Estatal, del cual se desprende que el 2 de mayo de 1994, ese organismo se declaró incompetente para conocer de la queja presentada por el señor Fernando Velázquez Rosas, en virtud de tratarse de un asunto de naturaleza laboral. El 20 de julio de 1994, una vez admitido el Recurso de Impugnación, esta Comisión Nacional radicó el expediente CNDH/121/94/PUE/I197, de cuyo análisis se desprende lo siguiente: 1. El 13 de abril de 1994, el señor Fernando Velázquez Rosas presentó ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, su escrito de queja mediante el cual denunció presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas en su agravio, señalando que a partir del 16 de julio de 1981, desempeñaba el cargo de Oficial adscrito a la Oficina Recaudadora de Tecamachalco, de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Puebla. 2. En ese documento, el señor Fernando Velázquez Rosas indicó que el 29 de julio de 1992, el señor Egla Luna Cid, jefe de dicha oficina recaudadora, le "instruyó un acta administrativa" en virtud de que autorizó el pago de derechos de tres vehículos de otra Entidad Federativa, sin solicitar previamente el visto bueno de su jefe inmediato, por lo que el 14 de agosto de ese mismo año fue
3 citado en la Delegación de la Contraloría General del Estado de Puebla en la referida Secretaría de Finanzas. 3. El 15 de septiembre de 1992, a través del oficio DQ0/1214/94 se notificó al quejoso la resolución emitida el 15 de agosto de ese mismo año, dentro del expediente administrativo 33/92, por medio de la cual la Delegación de la Secretaría de la Contraloría General en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, lo destituyó de su cargo. Por lo anterior, el 2 de octubre de 1992, el señor Fernando Velázquez Rosas presentó un recurso de revocación en contra de dicha resolución, y el 26 del mismo mes y año, la referida Contraloría General confirmó la resolución por la cual fue destituido de su empleo. 4. No obstante, el quejoso continuó prestando sus servicios en el Gobierno del Estado de Puebla, ahora en la Mesa de Adquisición de Bienes Inmuebles de la misma Oficina Recaudadora de Rentas de Tecali de Herrera de la Secretaría de Finanzas. Pero el 30 de septiembre de 1993, en el expediente administrativo 9/93, la multicitada Contraloría General lo encontró administrativamente responsable de irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones, motivo por el cual ese mismo día se le destituyó de su empleo y se le inhabilitó por un período de un año para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión al servicio del Gobierno del Estado de Puebla. 5. El 8 de noviembre de 1993, en contra de esa determinación, el señor Fernando Velázquez Rosas interpuso recurso de revocación el cual no se admitió "argumentando legalismos inexplicables al caso", y solicitó el auxilio de la justicia federal ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, desprendiéndose de las mismas explicaciones del quejoso que el juicio de amparo se encuentra en revisión. Con base en los puntos antes expuestos, el 13 de abril del año en curso, el señor Fernando Velázquez Rosas solicitó la intervención de la Comisión de Derechos del Estado de Puebla, a fin de que ésta emitiera una "recomendación" para que la Secretaría de Finanzas de dicha Entidad Federativa lo restituya en su empleo. 6. EL 2 de mayo de 1994, dentro del expedientillo E-122/94 iniciado con motivo del asunto presentado por el quejoso, el organismo local le comunicó que su caso no fue radicado como queja en virtud de tratarse de un asunto de carácter laboral, por lo cual no surtió la competencia de ese organismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8º de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. II. EVIDENCIAS
4 En este caso las constituyen: 1. El escrito de inconformidad del señor Fernando Velázquez Rosas del 8 de junio de 1994, mediante el cual interpuso el Recurso de Impugnación que se resuelve. 2. Copia certificada del expedientillo E-122/94 integrado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con motivo de la queja presentada por el señor Fernando Velázquez Rosas, el 13 de abril de 1994, de cuyas constancias destacan las siguientes: a) El escrito de queja del 4 de abril de 1994, presentado por el recurrente ante el organismo local. b) Resolución del 30 de septiembre de 1993, dictada por la Delegación de la Contraloría General en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, en el expediente administrativo 9/93, por la cual se destituyó al señor Fernando Velázquez Rosas del cargo que venía desempeñando como encargado de la mesa de adquisición de bienes inmuebles en Tecali de Herrera, Estado Puebla. c) Resolución del 8 de noviembre de 1993, dictada por el Contralor Delegado de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Puebla en la Secretaría de Finanzas, relativo al recurso de revocación presentado en contra de la resolución definitiva del expediente administrativo 9/93, el cual se tuvo por no admitido, por lo consiguiente se confirmó la determinación de suspenderlo de su cargo, así como inhabilitarlo para desempeñar cualquier empleo en el Gobierno del Estado por un período de un año. d) Copia del oficio DQO/124/94 del 2 de mayo de 1994, con el cual el organismo local notificó al quejoso de la incompetencia para conocer de su asunto. III. SITUACIÓN JURÍDICA El 13 de abril de 1994, el señor Fernando Velázquez Rosas presentó un escrito de queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, mediante el cual expresó presuntas violaciones a Derechos Humanos, señalando que el 30 de septiembre de 1993, fue destituido e inhabilitado de su empleo como servidor público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, por la Contraloría General de dicha Entidad Federativa. El 2 de mayo del año en curso, sin abrir expediente, la Comisión Estatal determinó en el expedientillo E-122/94, que no era competente para conocer del asunto en virtud de tratarse de un asunto de naturaleza laboral.
5 El 19 de julio de 1994, esta Comisión Nacional recibió el oficio 194/94 suscrito por el Director de Quejas y Orientación del Organismo local, al cual anexó el Recurso de Impugnación que se estudia. IV. OBSERVACIONES Del análisis de los capítulos de hechos y evidencias que constituyen el presente documento, esta Comisión Nacional concluye que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, incurrió en omisiones por las siguientes razones: El señor Fernando Velázquez Rosas manifestó posibles violaciones a Derechos Humanos cometidas en su agravio, al haber sido destituido de su empleo por la Delegación de la Contraloría General en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, considerando la Comisión Estatal que el asunto planteado era de naturaleza laboral, invocando indebidamente la fracción II, del artículo 8º de su Ley orgánica, toda vez que se debe de entender como un conflicto laboral los que provienen de las relaciones de trabajo entre patrón y trabajador, así se trate de que aquél sea el Estado. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución General de la República, lo que indudablemente no ocurrió en el caso que se estudia, toda vez que la suspensión de que fue objeto el quejoso provino de una resolución de carácter administrativo. En este sentido, si bien es cierto que la resolución a que se refiere el ahora recurrente tuvo el efecto de terminar la relación laboral que existía entre él y el Gobierno del Estado de Puebla, también lo es que la misma, formal y materialmente es administrativa, en virtud de que la autoridad que emitió el acto (Contraloría General), y el ordenamiento jurídico que se aplicó (Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Puebla), son inobjetablemente de naturaleza administrativa. Por lo anterior, conviene destacar el contenido del artículo 4º de la Ley que crea la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Puebla, que establece que la misma tiene competencia en el territorio del Estado de Puebla para conocer de quejas por presuntas violaciones a Derechos Humanos, cuando son imputadas a autoridades o servidores públicos estatales y municipales. En este orden de ideas, ese Organismo Protector de Derechos Humanos tenía la obligación de atender la queja presentada por el señor Fernando
6 Vázquez Rosas. Sin embargo, no inició expediente ni investigó la denuncia, sino que únicamente resolvió que no era competente para intervenir en "asuntos laborales", sin solicitar los informes necesarios para conocer la verdad de los hechos, máxime que del escrito de queja del hoy recurrente, se evidenciaba la naturaleza administrativa del problema. En consecuencia, la intervención de la Comisión Estatal en el presente caso, fue parcial, no cumpliendo con los lineamientos establecidos en el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de proteger e investigar las presuntas violaciones a Derechos Humanos de los gobernados, frente a la actuación de la autoridad. En este sentido, el agravio que hace valer el recurrente es procedente, en virtud de que la inconformidad presentada a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, no fue atendida debidamente. Por todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos se permite formular a usted, señor Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, respetuosamente, las siguientes: V. RECOMENDACIONES PRIMERA. Revoque la resolución definitiva contenida en el oficio DQO/124/94 del 2 de mayo de 1994, deducida del expedientillo E-122/94, emitida por esa Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la que se declaró incompetente para conocer del asunto planteado por el señor Fernando Vázquez Rosas y radicar la queja, asignándole el expediente que corresponda. SEGUNDA. Inicie el trámite del expediente de referencia y, en su momento, emita la resolución que conforme a las atribuciones y facultades de ese organismo corresponda. TERCERA. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 102, Apartado B, de la Constitución General de la República, tiene el carácter de pública. De conformidad con el artículo 170 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solicito a usted que la respuesta sobre el cumplimiento de esta Recomendación, en su caso, nos sea informada dentro del término de quince días hábiles siguientes a esta notificación. Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la Recomendación
7 se envíen a esta Comisión Nacional dentro de un término de quince días hábiles siguientes a la fecha en que se haya concluido el plazo para informar sobre el cumplimiento de la Recomendación. La falta de presentación de las pruebas dará lugar a que se interprete que la Recomendación no fue aceptada, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos quedará en libertad de atraer la queja en términos de lo previsto por el artículo 171 del mismo ordenamiento legal invocado. MUY ATENTAMENTE EL PRESIDENTE DE LA COMISION
RECOMENDACIÓN No. 13/ 2013
RECOMENDACIÓN No. 13/ 2013 SÍNTESIS.- Ex servidor público del Municipio de Delicias reclama haber sido despedido injustificadamente y las autoridades de la junta arbitral municipal no ha dictado resolución

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 artículo 102
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 artículo 4
 artículo 102
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 artículo 170
 artículo 171