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Timestamp: 2018-10-20 09:45:12+00:00

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TORTOSA & ASOCIADOS - INICIO
CONSULTORÍA JURÍDICA Y ECONÓMICA
El 15 de marzo de 2017, de 16:30 a 20:30, José Antonio y María Luisa Tortosa impartieron una ponencia en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid relativa a la disolución, liquidación y extinción del tráfico jurídico de sociedades sin activo pero con pasivos insatisfechos.
La entrada en vigor del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital: derecho de separación del socio por la no distribución de dividendos.
El 1 de enero de 2017 entró en vigor el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital que regula el derecho de separación del socio de sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas no cotizadas que hubiera votado a favor de la distribución de los beneficios sociales, a partir del quinto ejercicio a contar desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles.
Dicho precepto se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 25/2011, de 1 de agosto y, apenas promulgado, fue suspendida su entrada en vigor, primero, hasta el 31 de diciembre de 2014; y después hasta el 31 de diciembre de 2016, sin que se sepa si su entrada en vigor a principios de 2017 ha obedecido a una verdadera voluntad del legislador o es consecuencia del contexto parlamentario del año pasado.
El precepto plantea numerosos interrogantes relativos tanto a los requisitos para su aplicación, como a las posibles alternativas para limitarla o condicionar (acuerdos de socios, que pueden incorporar cláusulas penales; renuncia individual; pactos estatutarios...).
Se trata de una cuestión de gran trascendencia práctica, especialmente, en aquellas sociedades en las que los intereses y expectativas de los socios no estén alineados.
Conductas que motivan la calificación culpable del concurso.
En fecha 27 de enero de 2016 nuestro Alto Tribunal ha dictado sentencia (núm. 5/2016), en virtud de la cual confirma que la conducta tipificada en la Ley Concursal como alzamiento de bienes no tiene que haberse llevado a cabo necesariamente antes de la declaración en concurso, sino que puede haber tenido lugar con posterioridad a la declaración, agravando la insolvencia del deudor.
Cálculo del privilegio general que ostenta el acreedor instante de un concurso.
En fecha 21 de diciembre de 2015 el Tribunal Supremo ha sentenciado el tratamiento que ha de darse a los créditos que ostentan los acreedores que, conjuntamente, solicitan la declaración en concurso de un deudor común, afirmando que:
a) Para el cálculo del privilegio han de deducirse tanto los créditos subordinados como los que gocen de privilegio especial u otro privilegio general.
b) El cálculo del 50% habrá de hacerse siguiendo el criterio de “distribución interna proporcional”, prorrateado en función del número de solicitantes de concurso y sin que el privilegio general afecte al 50% de cada uno de los créditos, sino exclusivamente a la parte prorrateada.
Nuevos pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre el tratamiento concursal de las permutas financieras.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Pleno) ha dictado, en fechas 17 y 18 de noviembre de 2015, dos nuevas sentencias en materia de permutas financieras o swaps. En ellas se examina el tratamiento de los contratos de permuta financiera no vinculados a otra operación, y se reiteran pronunciamientos anteriores sobre la inexistencia de obligaciones recíprocas, la clasificación concursal del crédito y la inaplicación del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.
La Sala Tercera del Tribunal Supremo declara nulos los apremios administrativos.
En sentencia de 4 de noviembre de 2015, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo reitera las conclusiones alcanzadas en sentencia de 2 de marzo de 2015, en el sentido de declarar improcedente y nula la providencia de apremio dictada por la AEAT sobre deuda contra la masa. La sentencia se pronuncia, además, sobre el sentido en que ha de interpretarse la reforma operada sobre las ejecuciones separadas tras la entrada en vigor de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, a su vez en línea con los pronunciamientos de la Sala de lo Civil.
VENTA DE LA UNIDAD PRODUCTIVA DE V. OVILO, S.L., EN LIQUIDACIÓN
LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DE V. OVILO, S.L. (VINOS TAGONIUS Y ALMAZARA), ANUNCIA que, en fecha 24 de noviembre de 2015, se ha notificado a la administración concursal el auto de aprobación del plan de liquidación dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid, que conoce del concurso. Durante el plazo de un mes, esto es, hasta el 24 de diciembre de 2015, cualquier interesado en la adquisición de la unidad productiva de V. Ovilo, S.L., podrá presentar oferta en los términos previstos en el plan de liquidación.
De conformidad con lo previsto en el apartado 1.1.1.1. del plan de liquidación, se hace pública la siguiente documentación relativa al concurso, la concursada, los activos en venta y la metodología de enajenación de la unidad productiva:
Identificación del procedimiento concursal (Archivo: Datos del concurso, la concursada y los activos en venta).
Plan de liquidación y auto de aprobación del mismo (Archivos: Plan de liquidación y Auto aprobación plan liquidación).
Forma jurídica de la empresa, sector al que pertenece y tiempo durante el que ha estado en funcionamiento (Archivo: Datos del concurso, la concursada y los activos en venta).
Volumen de negocio, tamaño de balance, número de empleados (Archivo: Anexo 1 al plan de liquidación_unidad productiva).
Identificación de los activos que conforman la unidad productiva (Archivo: Anexo 1 al plan de liquidación_unidad productiva).
Localización geográfica de la unidad productiva y fotografías de los bienes (Archivos: Datos del concurso, la concursada y los activos en venta y Fotografías de los activos).
Contratos vigentes con terceros (Archivo: Datos del concurso, la concursada y los activos en venta).
Licencias y autorizaciones administrativas vigentes (Archivo: Datos del concurso, la concursada y los activos en venta).
Procedimientos judiciales en los que estuviera incursa (Archivo: Datos del concurso, la concursada y los activos en venta).
Pasivos de la empresa (Archivo: Datos del concurso, la concursada y los activos en venta).
Datos registrales de los inmuebles (Archivo: Datos del concurso, la concursada y los activos en venta).
Forma y contacto para consultas y visita de los activos (Archivo: Datos del concurso, la concursada y los activos en venta).
Condiciones de la venta (Archivo: Plan de liquidación, apartado 1.1.1.2).
Plazos y requisitos para la presentación de ofertas (Archivo: Plan de liquidación, apartado 1.1.1.3).
Plazo y condiciones para presentar mejoras (Archivo: Plan de liquidación, apartado 1.1.1.5).
Condiciones de la adjudicación provisional y definitiva (Archivo: Plan de liquidación, apartados 1.1.1.6, 1.1.1.7 y 1.1.1.8).
En fecha 6 de octubre de 2015 se ha publicado en el BOE la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Su entrada en vigor ha tenido lugar el día 7 de octubre.
La Ley 42/2015 introduce importantes novedades en la ley procesal civil, con el objetivo primordial de implantar definitivamente las nuevas tecnologías en el funcionamiento de la Administración de Justicia y de los procedimientos judiciales e introduciendo, además, reformas en la regulación del juicio verbal, del proceso monitorio y de las subastas judiciales en el seno de procedimientos de apremio, así como una importante reducción en el plazo de prescripción de acciones previsto en el artículo 1.964 del Código Civil.
Modificación del régimen jurídico aplicable a la prenda de créditos futuros en sede concursal.
En fecha 2 de octubre de 2015 se ha publicado en el BOE la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuya disposición adicional quinta modifica determinados extremos de la Ley Concursal.
La Ley 40/2015 modifica la redacción del artículo 90.1 de la Ley Concursal, relativo a los créditos que ostentan privilegio especial. Concretamente, se modifica el apartado 6º de dicho artículo, que pasa a tener la siguiente redacción:
“6º Los créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados.
c) Que, en el caso de créditos derivados de la resolución de contratos de concesión de obras o de gestión de servicios públicos, cumplan, además, con lo exigido en el artículo 261.3 del texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre”.
En fecha 29 de julio de 2015 se ha publicado en el BOE la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, resultado de la tramitación, como Proyecto de Ley, del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, con denominación idéntica. Su entrada en vigor ha tenido lugar el día 30 de julio.
Ley 25/2015 consolida la reforma de la Ley Concursal operada por el Real Decreto-ley 1/2015 para mejorar las condiciones de la segunda oportunidad, introducidas originariamente por Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, con el objetivo de instaurar un mecanismo efectivo de segunda oportunidad para las personas físicas destinado a modular el rigor de la aplicación del artículo 1.911 del Código Civil.
Las principales modificaciones se introducen mediante la reforma de los artículos 176 bis y 178, así como con la adición de un nuevo artículo 178 bis, que pasa a regular el mecanismo o requisitos necesarios para que los deudores puedan acogerse al beneficio de excusión de determinados pasivos que resulten insatisfechos en el seno del procedimiento concursal. Por otro lado, se reforma extensamente el Título X de la Ley Concursal, relativo al acuerdo extrajudicial de pagos y de lo que se ha venido a denominar “concurso consecutivo”, consecuencia de la frustración del acuerdo extrajudicial de pagos.
La Ley aprovecha, además, para introducir una reforma – no anticipada por el Real Decreto-ley 1/2015 – en el régimen de retribución de la administración concursal, que había sido objeto de reforma previa por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, de medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, sin que hubiera llegado a entrar en vigor. Se introduce un límite máximo a la retribución a percibir por la administración concursal y se concreta la forma en que habrán de hacerse las aportaciones a la cuenta de garantía arancelaria, si bien ambos extremos se encuentran a expensas de mayor concreción a través del correspondiente desarrollo reglamentario.
El Tribunal Supremo consolida su interpretación del artículo 176 bis 2 de la Ley Concursal.
Mediante tres sentencias dictadas los días 10 y 11 del pasado mes de junio de 2015, el Tribunal Supremo confirma su línea interpretativa acerca del orden de pago a seguir en los concursos sin masa, afirmando que el artículo 176 bis 2 de la Ley Concursal habrá de aplicarse a todo concurso en tramitación (con independencia de su fecha de declaración) y a todos los créditos contra la masa (con independencia de su fecha de vencimiento) desde que se produzca la comunicación al Juzgado por parte de la administración concursal.
En fecha 26 de mayo de 2015 se ha publicado en el BOE la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, resultado de la tramitación, como Proyecto de Ley, del Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal. Su entrada en vigor ha tenido lugar el día 27 de mayo.
La Ley 9/2015, consolida las reformas operadas en la Ley Concursal a través del Real Decreto-ley 11/2014, esencialmente en materia de convenio y liquidación, con el objetivo de garantizar la continuidad de las empresas operativa y económicamente viables, bien facilitando las soluciones convenidas con los acreedores, bien flexibilizando y priorizando la venta de las unidades productivas que forman parte de la empresa concursada.
La Ley pretende asimismo dar respuesta a los aspectos más controvertidos surgidos tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2014, fundamentalmente como consecuencia del nuevo régimen de valoración de las garantías, las reglas de asunción de pasivos laborales y de la seguridad social cuando, como consecuencia de la transmisión de unidades productivas, se produce la sucesión de empresa, o el carácter imperativo de determinados preceptos relativos a la liquidación.
Al margen de la convalidación o modificación de las reformas introducidas por el Real Decreto-ley 11/2014, por la Ley 9/2015 se introducen reformas a la Ley Concursal con el objetivo de dotar al procedimiento de una mayor publicidad, y se retocan determinados preceptos relevantes en materia “preconcursal”, cuya principal reforma vino de la mano del Real Decreto-ley 4/2014, de nuevo con el objetivo de armonizar el contenido de las diferentes reformas y tratar de reparar dificultades surgidas a la hora de su aplicación.
SENTENCIA 711/2014
La sentencia número 711/2014 del Tribunal Supremo, Sala Primera, Sección Primera, de 12 de diciembre de 2014, analiza la capacidad de autotutela de la administración, en el caso que nos ocupa, de la Tesorería General de la Seguridad Social, para llevar a cabo ejecuciones administrativas separadas e independientes del concurso, sin necesidad de la intervención del juez del concurso.
Establece el Tribunal Supremo que la prohibición de ejecución prevista en el artículo 55 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (“Ley Concursal”) opera tanto sobre créditos concursales como sobre créditos contra la masa y cesa con la aprobación del convenio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133.2 de la Ley Concursal. Una vez abierta la fase de liquidación no tiene sentido, a juicio del alto Tribunal, iniciar una ejecución separada contra la masa, pues ello contradice el carácter universal que supone la liquidación concursal, cuyas únicas excepciones vienen determinadas por las ejecuciones de garantías reales que, si no se iniciaron antes de la apertura de la fase de liquidación, ya no podrán hacerse al margen de la liquidación concursal. Los acreedores de créditos contra la masa deberán instar su pago dentro de la liquidación, de acuerdo con las reglas del artículo 154 de la Ley Concursal y sin necesidad de instar otra ejecución dentro de la ejecución universal, ni acudir al apremio administrativo, en el caso de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Descargar sentencia ampliada
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References: artículo 348
 artículo 348
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 90
 resolución 
 artículo 261
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 178
 artículo 176
 artículo 176
 artículo 55
 artículo 133
 artículo 154