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Timestamp: 2019-09-16 17:09:49+00:00

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CPCESla - Notici@s CPCESla - 144
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Notici@s CPCESla - 144
Reforma Ley Nº 25.862: Conferencia AFIP
Acta Comisión de Enlace AFIP – FACPCE realizada el 18-12-03
Ajuste de Estados Contables en Moneda Homogénea. Coeficientes a aplicar
Salarios. Sector Privado. Asignación no remunerativa de 50 pesos. Aplicatoriedad en convenios colectivos. Dcto. 1.347/2003
Salarios. Salario mínimo vital y móvil. Su incremento. Decreto 1349/2003
Laboral. Despido sin causa justificada. Prórroga. Decreto 1351/2003
Salta – Ley 25840 y Dcto 1337/2003. Estado de Emergencia. Departamento. Actividades comprendidas. Diferimiento de obligaciones tributarias y previsionales. Sistema financiero
Seguridad Social. Aportes. Régimen de capitalización. Información por parte de AFJP. Obligatoriedad. Instrucción Nº 3/2004
La FACPCE ante el Régimen Penal Tributario y la figura de Asociación Ilícita
La FACPCE advierte sobre el alcance de la exención de los aportes como trabajador autónomo de los profesionales en Ciencias Económicas
Asociación ilícita en la Ley Penal Tributaria: Comunicado CPCE CABA
Nota de la AFIP al CPCE de Salta
Disp. Conjunta 1/04-DPNR-GNPS (AFIP) y DGF (ANSES): Trabajadores autónomos. Consulta, imputación y validación de pagos. Procedimiento
BCRA Comunicación C 37393: Mercado Único y Libre de Cambios. Modificación
R.G. 1633/04: Ganancias: Transacciones internacionales. Precios de transferencia. Adecuación normativa. Modificación
R.G. 1634/04-AFIP: Obligaciones Tributarias. DDJJ por medios electrónicos (Internet). Presentación. Modificación. Entidades homologadas
BCRA Comunicación A 4082: Salta. Zonas en estado de emergencia. Cheques. Multas e inhabilitación. Aplicación. Suspensión
BCRA Comunicación A 4084: Sector público. Activos. Valuación. Modificación
Res. 55/04-MTESS: Programas de Empleo. Desarrollo del Empleo Local. Prórroga
R.G. 1635/04-AFIP: IVA. Importación definitiva. Bienes comprendidos. Plan de facilidades de pago. Requisitos
Dec. 164/04: Trabajadores autónomos. Aportes al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Deudas al 30/09/1993. Regularización. Su admisibilidad
Disp. 32/04-SSPMEDR: MicroPyMES. Fondo Nacional de Desarrollo. Sector Turismo. Concurso Público. Proyectos de inversión
Disp. 33/04-SSPMEDR: MicroPyMES. Fondo Nacional de Desarrollo. Concurso Público. Proyectos de inversión. Recomposición del Capital de Trabajo
Disp. 34/04-SSPMEDR: MicroPyMES. Fondo Nacional de Desarrollo. Sector Acuicultura. Concurso Público. Proyectos de inversión
Res. 5/04-SSGP: Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. Proveedores. Procesos de selección. Procedimiento
Salta - R.G. 1/04–DGR: Ingreso en término obligaciones tributarias de escribanos
o Salta - R.G. 2/04–DGR: Diferimientos de obligaciones tributarias. Inversionistas – art. 4 inc. b- Dcto. 2099/01. Norma reglamentaria
Funcionarios del organismo recaudador explicaron los alcances de la reforma al Monotributo y el nuevo Plan de Regularización Especial (incluye diapositivas completas)
El 28 de enero pasado, funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizaron una conferencia en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA), sobre los principales aspectos salientes de las reformas impositivas y previsionales efectuadas por la Ley 25865 (BO. 19/01/2004).
El Director General de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, Guillermo Farías, y el Subdirector General de la AFIP, Eliseo Devoto, explicaron en particular los siguientes temas:
Monotributo – Régimen de Seguridad Social: cantidad mínima de empleados, exclusión, empleadores, pequeño contribuyente eventual, sustitución del aporte de autónomos, sujetos no obligados a cotizar a seguridad social, exenciones parciales, socios de Sociedades irregulares y de hecho, tabla de cotizaciones, régimen previsional, prestaciones, régimen de obras sociales, regímenes previsionales diferenciales y asociados a Cooperativas de Trabajo.
Plan de Regularización de Deudas para Autónomos y Monotributistas: Vigencia, sujetos, conceptos, beneficios, requisitos, formas de pago, procedimiento para la cancelación del pago a cuenta y de las cuotas, servicios de difusión del régimen, seguimientos de cumplimiento y ejemplos.
Usted puede descargar las Diapositivas en formato Microsoft PowerPoint (PPT) y comprimidas en formato ZIP (690 KB), a través de la web del Consejo:
http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/144/Ley_25865.zip
ACTA COMISIÓN DE ENLACE AFIP–FACPCE
REALIZADA EL 18-12-03
Temas Pendientes: 1. Recupero IVA Exportaciones RG 1351. Transferencias. 2. Régimen de traslado de mercadería de empresas de transporte. 3-Administración Tributaria. Régimen de información. 4-Recupero de Exportación. Título III – RG 1394. 5-Seguridad Social – CAT. TEMAS NUEVOS: 1. F.780. Consideraciones de la Gerencia Técnica del Consejo de Buenos Aires. 2- RG 1375 información sobre operaciones económicas de sujetos del exterior – te transmito los siguientes inconvenientes. 3- Devolución de garantías. 4 – Monotributistas – Mutuales 5- RG 1394 – R. Procesamiento de compensaciones. 7-Recuperos de IVA por Exportación – Compensación con aportes y contribuciones de la Seguridad Social (RG 1351 – Artículos 18, 19 y 37). 8 – Administración Tributaria Pagos por Banelco. 9 – Seguridad Social.
http://www.facpce.org.ar/ComisiondeEnlace/18122003.htm
AJUSTE DE ESTADOS CONTABLES EN MONEDA HOMOGÉNEA
Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM). Nivel General
Presentamos la evolución mensual del IPIM, desde el año 2001. Índice a usar para la exposición de los Estados Contables a moneda constante, según RT 6 (FACPCE) y fórmulas frecuentes. Próximamente se publicará el coeficiente a utilizar según FACPCE.
Mes 2001 2002 2003
Enero 105,87 106,60 219,36
Febrero 105,99 119,74 220,21
Marzo 105,29 134,80 218,70
Abril 105,09 161,64 214,70
Mayo 105,17 181,57 213,33
Junio 104,70 197,08 213,04
Julio 104,33 206,24 212,96
Agosto 103,82 216,64 215,87
Septiembre 103,37 221,92 215,50
Octubre 101,82 223,02
Noviembre 100,40 219,32
Diciembre 100,22 218,44
Fórmulas frecuentes
Coeficiente = índice final
del capital = coef. x capital inicial
Porcentaje de variación (%) = (coef. x 100) - 100
(*) Corresponden a cifras provisionales.
Fuente: INDEC (Base 1993 = 100)
SALARIOS. SECTOR PRIVADO. ASIGNACIÓN NO REMUNERATIVA DE 50 PESOS. APLICATORIEDAD EN CONVENIOS COLECTIVOS. DECRETO 1347/2003
Bs. As., 29/12/2003 (BO. 06/01/2004)
Artículo 1° — Establécese, con carácter permanente, a partir del 1° de enero de 2004 una asignación no remunerativa de PESOS CINCUENTA ($ 50.-) mensuales para todos los trabajadores del sector privado, en relación de dependencia, comprendidos en el régimen de negociación colectiva en los términos de la Ley N° 14.250 y sus modificatorias.
Art. 2° — La asignación no remunerativa dispuesta en el artículo anterior, no será aplicable a los trabajadores agrarios, a los trabajadores del servicio doméstico, ni a los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal cualquiera sea el régimen legal al que se encuentren sujetos.
Art. 3° — La asignación, establecida por el artículo 1° del presente, es de carácter no remunerativo estando por ello exenta del pago de las cargas y contribuciones que afectan a las remuneraciones.
Asimismo, en ningún caso podrá ser tomada como índice o base para la determinación cuantitativa de ningún instituto legal, convencional o contractual, ni para el coeficiente contemplado en el artículo 3º del Decreto Nº 762/02, o el que lo reemplace.
Art. 4° — La asignación no remunerativa, establecida por el artículo 1° del presente, es distinta e independiente de las sumas fijadas por el. Decreto N° 392/03 (BO. 15/07/2003).
Los empleadores y las asociaciones sindicales de trabajadores, en ejercicio de la autonomía de la voluntad colectiva, podrán adecuar a las particularidades del sector y del convenio colectivo de trabajo, las previsiones del presente decreto.
Art. 5° — Los trabajadores percibirán en forma proporcional la asignación establecida en el artículo 1°, cuando la prestación de servicios cumplida en el período de pago correspondiente fuere inferior a la jornada legal o convencional.
En el supuesto que el convenio colectivo de trabajo no prevea esos mecanismos de liquidación se aplicarán los criterios establecidos en el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Art. 6° — El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL es la Autoridad de Aplicación del presente Decreto.
Art. 7° y 8º - De forma.
Artículo 1° — Fíjase a partir del 1° de enero de 2004 el monto del salario mínimo, vital y móvil en la cantidad de PESOS UNO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 1,75.-) por hora, para los trabajadores jornalizados y de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350.-) por mes, para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal de trabajo a tiempo completo, comprendidos en el artículo 140 de la Ley N° 24.013.
Art. 2° — De forma.
Artículo 1° — Prorrógase hasta el día 31 de marzo de 2004 inclusive, la suspensión de los despidos sin causa justificada y demás disposiciones contenidas en la última parte del artículo 16 de la Ley N° 25.561, cuya vigencia fuera oportunamente extendida por los Decretos N° 883 del 27 de mayo de 2002, N° 662 del 20 de marzo de 2003 y N° 256 del 24 de junio de 2003.
Art. 2° — Ratifícase la exclusión dispuesta por el Decreto N° 2639 del 19 de diciembre de 2002.
Art. 3° y 4º - De forma.
Declárase en el Departamento de General San Martín, Provincia de Salta, durante seis meses, extendiendo sus efectos a las actividades industriales, comerciales, agropecuarias, mineras y de servicios.
Sancionada: Noviembre 26 de 2003 Promulgada: Diciembre 29 de 2003
BO. 06/01/2004
ARTICULO 1° — Declárase como “estado de emergencia”, durante el término de seis meses, prorrogables por el Poder Ejecutivo, al Departamento de General San Martín —Provincia de Salta — extendiendo sus efectos a las actividades industriales, comerciales, agropecuarias, mineras y de servicios.
ARTICULO 2° — Autorícese al Poder Ejecutivo nacional para que, a través del organismo correspondiente, disponga el diferimiento en forma inmediata de las obligaciones tributarias y previsionales, vencidas y a vencer, en los términos del artículo 1°.
ARTICULO 3° — Autorícese al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de la Banca Oficial disponga la renegociación de los créditos otorgados a los damnificados del estado de emergencia.
ARTICULO 4° — Autorícese al Poder Ejecutivo nacional para que a través del Banco Central, instrumente las medidas destinadas a evitar la aplicación de las sanciones previstas en las Leyes 24.452 y 25.730, respecto de los damnificados.
ARTICULO 5° — El Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, garantizará la ejecución de la obra pública prevista para ser ejecutada en el Departamento de General San Martín, Provincia de Salta.
ARTICULO 6° — De forma.
Instrucción 3/2004-SAFJP. Seguridad Social. Aportes. Régimen de capitalización. Información por parte de AFJP. Obligatoriedad
Seguridad Social. Aportes al Régimen de capitalización. Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Información Cuatrimestral de la Cuenta de Capitalización Individual. Plazos
EL SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES INSTRUYE:
ARTICULO 1º — La información a solicitar por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones a los afiliados comprendidos en las previsiones de los artículos 6º y 7º de la Resolución Conjunta ST Nº 91/03 - SSS Nº 5/03 - AFIP Nº 1552/03, y su posterior remisión a esta Superintendencia, se regirán por las disposiciones de la presente Instrucción.
ARTICULO 2º — Los sujetos de quienes las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones deberán recabar información son aquellos titulares de cuentas de capitalización individual que se encuentren comprendidos en la situación prevista en el penúltimo párrafo del artículo 66 de la ley Nº 24.241. En todos los casos, deberá tratarse de afiliados que: a) hubieran registrado algún aporte en relación de dependencia, o bien b) en la correspondiente Solicitud de Afiliación o Traspaso hubieran declarado encontrarse empleados en relación de dependencia y no hubieran registrado aportes, o bien, c) habiendo sido declarados por algún empleador, fueron asignados como indecisos y no hubieran registrado el ingreso de aportes.
ARTICULO 3º — Las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones en oportunidad de la notificación del Estado Cuatrimestral de la Cuenta de Capitalización Individual (en adelante Estado Cuatrimestral) previsto en el penúltimo párrafo del artículo 66 de la ley Nº 24.241, deberán remitir conjuntamente con éste, un formulario preimpreso que se ajustará a las características previstas en el Anexo I de la presente Instrucción. El formulario deberá prever las facilidades de respuesta postal paga que se direccionará a la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones en la cual el trabajador se encuentra afiliado. La notificación deberá realizarse al menos una vez para cada uno de los afiliados indicados en el artículo precedente.
ARTICULO 4º — El día 10 de cada mes las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones deberán remitir a esta Superintendencia, un archivo en soporte magnético conteniendo los datos informados por los afiliados en las respuestas recibidas durante el mes anterior. El formato del archivo deberá ajustarse a las especificaciones técnicas que se detallan en el Anexo II.
ARTICULO 5º — Las respuestas que las AFJP reciban correspondientes a los envíos efectuados bajo la Instrucción Nº 9/2000, deberán informarse de acuerdo a lo previsto en el artículo precedente.
ARTICULO 6º — Las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones deberán conservar ordenados con criterio lógico que permita su rápida localización los Formularios remitidos por los afiliados.
ARTICULO 7º — Las disposiciones de la presente serán de aplicación a partir de su notificación, y deberán implementarse con el próximo Estado Cuatrimestral a emitir.
ARTICULO 8º — La información que las AFJP comuniquen a la Superintendencia de AFJP será remitida a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a la Administración Nacional de la Seguridad Social, en cumplimiento de la Resolución Conjunta que se reglamenta.
ARTICULO 9º — Derógase la Instrucción SAFJP Nº 9 del año 2000.
ARTICULO 10. — De forma.
La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas manifiesta su expresa disconformidad a la modificación del art. 15 de la Ley 24769. Comunicado de Prensa ...
Esta Federación en representación de los Consejos Profesionales que agrupan a las profesiones en Ciencias Económicas de todas las provincias del país, manifiesta su expresa disconformidad a la modificación del art. 15 de la Ley Nº 24.769 recientemente sancionada que incorpora dos nuevas conductas reprochables a la ya existente a saber:
“El que a sabiendas:
...b) Concurriere con dos o más personas para la comisión de alguno de los delitos tipificados en esta ley, será reprimido con un mínimo de CUATRO (4) años de prisión.
c) Formare parte de una organización o asociación compuesta por tres o más personas que habitualmente esté destinada a cometer cualquiera de los delitos tipificados en la presente ley, será reprimido con prisión de TRES (3) años y SEIS (6) meses a DIEZ (10) años. Si resultare ser jefe u organizador, la pena mínima se elevará a CINCO (5) años de prisión.”
En oportunidad de acompañar el proyecto de ley que con fecha 17 de junio de 2003, el Poder Ejecutivo expuso como objetivo primordial de esta norma, la penalización severa de aquellas personas que formen parte de “verdaderas organizaciones ilícitas dedicadas a “vender” –como si se tratara de un producto- el soporte técnico, logístico o intelectual para la comisión de delitos de evasión”.
Para ello, y advirtiendo las opiniones divergentes tanto en doctrina como en jurisprudencia, en cuanto a la posibilidad de aplicar a estas organizaciones el artículo 210 del Código Penal -asociación ilícita- toda vez que este último se refiere a la comisión de delitos cuando el inciso c) del artículo 15 tiene por finalidad reprimir la participación en el delito de un tercero, es que se sustituye el artículo que nos ocupa.
Si bien el Código Penal específicamente contempla tal situación en los art. 45 y 46 que reprimen la conducta de aquellos que sin ser autores del delito, participan con ellos, en la norma recientemente sancionada se ha incorporado dos nuevas figuras delictivas que además de vedar la excarcelación por la escala penal que establece, resulta a todas luces inconstitucional.
En este sentido, es flagrante la violación del principio de inocencia que ampara a todo habitante de la Nación, a poco que se tenga en cuenta que ante la nimia sospecha de haber incurrido en la conducta reprimida en la norma cuestionada deviene la prisión preventiva durante la tramitación del proceso penal.
De esta manera se prioriza, lo que ha sido tradicionalmente criticado, la inexcarcelabilidad por categorías de delito, que inhibe al juez de la posibilidad de evaluar el peligro existente sobre el proceso o el de fuga, que son los únicos elementos razonablemente válidos para establecer el arresto preventivo.
Es decir que la prisión cautelar prevista en el reciente art. 15 de la Ley Nº 24.769 funciona como una suerte de pena anticipada ya que podría aplicarse hasta en situaciones en las cuales no existe peligro procesal alguno.
Así también lo ha entendido el diputado por la Provincia de Córdoba, Dr. Cafferata Nores, en oportunidad de sancionar la Ley Nº 24.769 al señalar que: “...lo que se pretende con la imposición de estas penas mínimas es evitar la excarcelación de los acusados ... se intenta desnaturalizar el instituto de la prisión preventiva transformándolo en una pena. De este modo la prisión preventiva ya no es una medida cautelar como lo disponen nuestra Constitución y los Tratados Internacionales respecto de los cuales nos ufanamos por haberlos incorporado a nuestra Carta Magna, a pesar de que casi todos los días nos olvidamos de ello al proyectar nuestras disposiciones legales. Se está violando la Constitución cuando se pretende utilizar la prisión preventiva como una pena y al encarcelamiento durante el proceso como una medida ejemplificadora...”.
Por otra parte cabe referirse a la redacción de las figuras incorporadas que trasluce una serie de vaguedades que la tornan irrazonable y violatoria de los derechos y garantías constitucionales que protegen el libre ejercicio de la profesión.
En efecto, el inciso b) establece como pena mínima cuatro años, omitiendo hacer referencia alguna a la pena máxima, aspecto que de ninguna manera puede ser suplido por el Juez interviniente, sin que ello implique arrogarse facultades legislativas que la propia Constitución prohíbe.
Por otra parte de la lectura de los incisos b) y c) se desprende que de configurarse la evasión, tanto los que concurrieren en la comisión del delito como los integrantes “de una organización o asociación... destinada a cometer cualquiera de los delitos tipificados en la presente ley...” permanecerían privados de su libertad durante el transcurso del proceso, mientras que en ciertos supuestos el autor material del hecho -evasor- gozaría de libertad ambulatoria hasta el momento del dictado de la sentencia condenatoria.
De esta forma resulta manifiestamente irrazonable lo señalado, toda vez que reprime de manera mas gravosa a quien ha sido partícipe del delito tributario, que aquél que lo ha cometido, siendo en ambos casos idéntico el bien jurídico tutelado.
Asimismo es por demás sugestivo, el singular impulso que la modificación sancionada ha tenido en la última etapa del trámite parlamentario. Así Legisladores recién asumidos han aprobado esta ley de innegable severidad y vaguedad, sin el exhaustivo análisis previo que una norma de afectación de libertades individuales debe tener.
Frente a esta situación, ¿cómo se protege el legítimo ejercicio profesional en un campo de indiscutible complejidad técnica como es el penal tributario?.
No escapa a nuestro conocimiento que la evasión tributaria y previsional es, entre muchos otros, un flagelo que en este último tiempo se ha incrementado considerablemente, produciendo gravísimos perjuicios a las arcas estatales que repercuten en toda la sociedad. Así esta Federación reprocha cualquier conducta antijurídica en general y se opone a la evasión en particular, apoyando incondicionalmente la lucha contra la misma. Sin embargo, no es la sanción de leyes como la que nos ocupa el instrumento idóneo para cumplir tan complejo fin.
Hoy en día se ha podido comprobar a través de la realización de estudios especializados, si bien para otro tipo de delitos reprimidos penalmente, que no necesariamente el agravamiento de la pena importa un enderezamiento de la conducta del delincuente.
De ello se desprende que la evasión por todos cuestionada debe ser neutralizada, en primer término, a través de políticas educativas destinadas a concientizar a los contribuyentes el fin social que en definitiva persigue la recaudación impositiva y las consecuencias negativas que conlleva el incumplimiento de las normas fiscales que repercuten en la sociedad del cual el mismo es parte integrante y, en segundo lugar -no menos importante-, es imprescindible una transparente y prolija administración de los recursos públicos.
Sin embargo, pareciera que la ansiedad en demostrar el rendimiento satisfactorio de la política antievasión, tanto de los organismos como de los funcionarios públicos involucrados en la persecución de estos delitos, eleva el riesgo de configurar situaciones que vulneren garantías individuales ante meras denuncias. Esta preocupación se encuentra debidamente fundamentada en lo que gran parte de nuestra doctrina ha llamado “terrorismo fiscal” vivido en las diferentes etapas evolutivas del ordenamiento penal tributario, donde decisiones jurisdiccionales apresuradas -divulgación mediática de por medio- privan de la libertad y afectan el buen nombre y honor de las personas denunciadas, desintegrándose luego y de manera vertiginosa a la luz de la demostrada inexistencia del delito anoticiado.
Lo expuesto demuestra que la sustitución del art. 15 de a Ley 24.769 no sólo impide la formulación de un pronóstico de efectividad en el combate contra la evasión tributaria y previsional, sino que además posibilita una persecución hacia los profesionales, toda vez que los integrantes de estudios jurídicos y contables que brindan servicios profesionales al contribuyente -pero que no son el contribuyente, aunque dependan del mismo en términos de calidad y cantidad de la información que reciben para su desempeño- pueden verse transformados, por medio de una denuncia infundada, en integrantes de una “organización o asociación” “destinada a cometer” “delitos” tributarios y/o previsionales, y, hasta tanto se demuestre su inocencia, privados de su libertad ambulatoria y sometidos al escarnio público.
La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas se expide ante la sanción de la reforma del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes -Monotributo- mediante la Ley 25865 (BO. 19/01/2004); en particular sobre la situación de los profesionales en ciencias económicas como trabajador autónomo y la exención de "todos los aportes" de aquellos afiliados a uno o más Regímenes Provinciales para Profesionales y el alcance sobre las Obras Sociales. Comunicado de Prensa ...
Sr. Superintendente de Servicios de Salud
La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas se dirige a usted, a fin de trasmitirle la inquietud que se ha generado en esta institución, ante la aprobación por parte de ambas Cámaras de un Proyecto de Ley [NR: Ley 25.865 (BO. 19/01/2004) a través del cual se sustituye el Anexo aprobado como Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes por la ley 24977.
El Régimen Especial de los Recursos de la Seguridad Social prevé que el profesional como trabajador autónomo, sustituya el aporte mensual por las siguientes cotizaciones previsionales fijas:
a) Aporte de $ 35, con destino al Régimen Previsional Público.
b) Aporte de $ 22 con destino al Sistema Nacional del Seguro de Salud, de los cuales un diez por ciento – que representa el incremento dispuesto por la nueva ley – se destinará al Fondo Solidario de Redistribución, el que no podrá ser inferior a la cotización mínima establecida por el artículo 24 del Anexo II del decreto 576/1993, o el que lo reemplace en el futuro, con más el aporte al Fondo Solidario de Redistribución.
c) Aporte adicional de $ 19, a elección del contribuyente al Régimen Nacional de Obras Sociales por la incorporación de cada integrante de su grupo familiar primario.
En el nuevo régimen los pequeños contribuyentes tendrán derecho a las prestaciones previstas en el Sistema Nacional del Seguro de Salud y para su grupo familiar primario (si hubieran aportado), permitiéndole al pequeño contribuyente la posibilidad de elegir la obra social.
No obstante la futura ley exime de todos los aportes indicados a los profesionales universitarios que por esa actividad se encontraren obligatoriamente afiliados a uno o más Regímenes Provinciales para Profesionales, de acuerdo con lo normado por el artículo 3, inciso b), apartado 4 de la ley 24241 y sus modif.
La situación que se plantea surge como consecuencia que la profesión en general cuenta con Cajas de Previsión y Seguridad Social provinciales que sustituyen el aporte que como trabajadores autónomos deberían realizar los profesionales en ciencias económicas. Sin embargo no todos cuentan con obra social obligatoria dispuesta por ley provincial, no obstante revestir ese carácter para los matriculados por disposiciones internas.
Como el proyecto de ley aprobado no resulta claro en cuanto a su alcance, y como es de esperar se aclare en su reglamentación, es que esta Federación solicita se tenga en cuenta la situación planteada a fin de eximir efectivamente “de todos los aportes ” –tal la expresión de la norma – con destino al Régimen Previsional Público y con destino al Sistema Nacional del Seguro de Salud , a los profesionales que cuenten con su propia obra social profesional. Caso contrario estarían obligados a efectuar un doble aporte – a su obra social y al Régimen Simplificado – circunstancia que podría desestimular la adhesión al mismo o conduciría a la desaparición de los sistemas de salud para profesionales tanto en actividad como pasivos, que durante décadas han sido administrados sana y eficientemente para los propios interesados, lo que ha contribuido a descomprimir el sistema estatal de salud pública sin requerir nunca el auxilio financiero del estado nacional.
Esperando se recepte esta propuesta en oportunidad de dictar el decreto que reglamente el régimen, saludamos a usted con distinguida consideración.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA), emite su opinión y alerta sobre graves implicancias de la incorpora la figura de Asociación Ilícita Especial en la Ley Penal Tributaria mediante la Ley 25874 (BO. 22/01/2004). Comunicado de prensa ...
Ley 25.874, que incorpora la figura de Asociación Ilícita Especial en la Ley Penal Tributaria
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de enero de 2004
La lucha contra la evasión fiscal constituye un objetivo prioritario del Estado y que este Consejo comparte. Sin embargo se interpreta que dada la complejidad del fenómeno, las figuras represivas de naturaleza penal no constituyen el elemento más idóneo para terminar con el flagelo.
En nuestra opinión, dado que el objetivo explícito es reprimir a las asociaciones que se dedican a comercializar facturas, o generar sistemas informáticos que permitan procesar información no declarada impositivamente, lo razonable hubiera sido considerar la figura dentro de los parámetros jurídicos del Derecho Penal.
La reforma implica mantener una figura similar a la de la asociación ilícita del art. 210 del Código Penal (que no se deroga sino que se mantiene), penalizando la conducta de quienes formen parte de una asociación u organización compuesta por tres o más personas destinada a posibilitar, facilitar o brindar -técnica, logística y/o intelectualmente- la colaboración necesaria para la ejecución de alguno de los delitos previstos en la ley penal tributaria.
Ante las graves implicancias derivadas de denuncias indiscriminadas y de procesos que puedan concluir en condenas anticipadas, que sólo podrán ser reparadas tardíamente por los jueces, este Consejo se hace un deber advertir a la matrícula sobre las graves consecuencias procesales de la aplicación de la Ley 25.874 recientemente sancionada.
Nos dirigimos a usted para solicitarle su colaboración a fin de difundir entre sus asociados la información que aquí le acompañamos relacionada con los importantes beneficios del Plan de Facilidades de Pago para autónomos y monotributistas que esta Administración Federal reglamentó recientemente.
Este plan le brinda a dichos contribuyentes la posibilidad de regularizar situaciones de morosidad, ya que ofrece las siguientes ventajas:
Exención de sanciones administrativas
El capital de la deuda para el caso de autónomos se calcula a valor histórico (NO al valor actual de la categoría)
El interés de cada cuota adeudada se reduce a la mitad de la tasa vigente a la fecha de origen de cada una de ellas. Asimismo, en ningún caso el importe total de los intereses de cada una de dichas cuotas podrá superar el 30%
Posibilidad de pagar en cuotas: hasta el 26 de abril de 2004 podrá solicitarse la cancelación hasta en 60 cuotas con un interés financiero mensual del 0,5%. Luego de dicha fecha podrán solicitarse hasta 20 cuotas
Beneficios por pago de contado: hasta el 26 de abril 2004, por pago al contado, la tasa de interés a pagar sobre la deuda nunca superará el 10%, cualquiera sea la antigüedad de la misma
Cuota mínima de 25 pesos mensuales
Por otra parte, le comentamos que se instrumentó un mecanismo para que los autónomos o monotributistas accedan fácilmente a la información referente a los pagos registrados en este Organismo, y a partir de allí puedan calcular su deuda.
En tal sentido, quienes deseen efectuar consultas, obtener más información o acceder al listado de pagos mencionado, podrán hacerlo a través de la página web institucional www.afip.gov.ar , llamando al Centro de Información Telefónica (0810-999-2347), consultando en los Puestos de Atención Personalizada ubicados en sitios públicos, o concurriendo a la agencia o distrito de su jurisdicción.
Asimismo, lo invitamos a una Jornada Informativa sobre los alcances del plan, que se realizará el 11 de febrero del corriente año, a las 15 horas en el auditorio de la sede central de la AFIP, Defensa 192, 3er. Subsuelo, ciudad de Buenos Aires. Se ruega comunicar la asistencia de hasta tres representantes a los teléfonos (011) 4347-2719 ó 4550.
Finalmente, en el entendimiento de que los esfuerzos mancomunados de difusión facilitarán la extensión de su alcance, le agradecemos la colaboración que pueda prestar.
Apruébase el procedimiento de validación de pagos acreditados por los trabajadores autónomos -incluidos en el régimen general o en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo)- , afiliados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Resolución Conjunta General 1616/2003-AFIP y 1415/2003-ANSES.
http://infoleg.mecon.gov.ar/txtnorma/92385.htm
Residentes del exterior. Exportación de efectos personales. Su tratamiento.
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/C37393.pdf
Impuesto a las Ganancias. Artículos 8, 14 y 15 artículo agregado a continuación del 15, 129 y 130 de la ley del citado gravamen. Transacciones internacionales. Precios de Transferencia. Resolución General 1122, sus modif. y complem. Norma modif. y complem. Resolución General 1339/2002-AFIP. Su aplicación.
http://infoleg.mecon.gov.ar/txtnorma/92398.htm
Procedimiento. Régimen especial de presentación de declaraciones juradas mediante transferencia electrónica de datos. Resolución General 1345/2002-AFIP y su modificatoria. Norma modificatoria y complementaria.
http://infoleg.mecon.gov.ar/txtnorma/92399.htm
Zonas en estado de emergencia. Suspensión de sanciones previstas en la Ley de Cheques-multas inhabilitación-. Central de cheques rechazados. Clasificación de deudores. Tratamiento de excepción vinculado con las disposiciones de la Leyes Nros. 25840 y 25851.
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A4082.pdf
Valuación de activos del sector público. Préstamos Garantizados. Títulos públicos. Bonos garantizados. Bonos de compensación. Letras y otros títulos emitidos por el BCRA. Valor teórico. Valor Técnico.
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A4084.pdf
Extiéndese la vigencia del Programa Desarrollo del Empleo Local.
http://infoleg.mecon.gov.ar/txtnorma/92431.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/txtnorma/92484.htm
Establécese que, podrán regularizar la deuda que mantengan por aportes devengados hasta el 30 de septiembre de 1993 mediante el régimen previsto en el Capítulo II de la Ley 24476, los trabajadores autónomos incorporados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
http://infoleg.mecon.gov.ar/txtnorma/92510.htm
Convócase al Llamado a Concurso Público de Proyectos en el marco del Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPyME) para el sector turismo. Monto total del llamado. Bases y Condiciones.
http://infoleg.mecon.gov.ar/txtnorma/92538.htm
Convócase al Llamado a Concurso Público para Presentación de Proyectos en el marco del Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Monto total del llamado. Criterios y mecanismos para seleccionar los proyectos de inversión. Bases y Condiciones.
http://infoleg.mecon.gov.ar/txtnorma/92541.htm
Convócase al llamado a Concurso Público de Proyectos en el marco del Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para el sector económico de acuicultura. Monto total del llamado.
http://infoleg.mecon.gov.ar/txtnorma/92542.htm
Apruébase el procedimiento que deben seguir los interesados en participar en procesos de selección llevados a cabo por las entidades y jurisdicciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto Delegado 1023/2001, a los fines de ser incorporados al Sistema de Información de Proveedores que administra la Oficina Nacional de Contrataciones.
http://infoleg.mecon.gov.ar/txtnorma/92536.htm
Salta – R.G. 1/04–DGR: Ingreso en término obligaciones tributarias de escribanos
Salta – R.G. 2/04–DGR: Diferimientos de obligaciones tributarias. Inversionistas – art. 4 inc. b- Dcto. 2099/01. Norma reglamentaria
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http://www.cpcesla.org.ar/doc/boletin/144/res_02_2004_dgr.doc

References: Artículo 1
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 1

Artículo 1
 artículo 140

Artículo 1
 artículo 16
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 66
 artículo 66
 Resolución 
 artículo 210
 artículo 15
 artículo 24
 artículo 3
 Resolución 
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