Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531381.html
Timestamp: 2019-03-19 21:08:05+00:00

Document:
as201531381
Auto Supremo No 381
Expediente: 121/2015-A
Demandante: Humberto Molina Alcalá
Vistos: El recurso de casación en el fondo de fs. 155 a 157, interpuesto por Juan Edwin Mercado Claros en representación legal del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) contra el Auto de Vista N° 204/2014 S.S.A.-I de 07 de noviembre cursante de fs. 152 a 153, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso administrativo de reclamación seguido por Humberto Molina Alcalá ante la entidad recurrente; el Auto Nº 82/15 SSA-I de 3 de marzo que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:
Tramitado el proceso administrativo, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 0000218 de 14 de enero de 2014 de fs. 48 a 50, resolvió la suspensión definitiva de la renta básica de vejez, otorgada en favor del asegurado Humberto Molina Alcalá, bajo el argumento de no haber acreditado la densidad de 180 aportes requeridos para acceder una prestación conforme manda el art. 1 de la Resolución Ministerial (RM) N° 1361; al amparo del art. 5.d del Decreto Supremo (DS) No 27066 de 6 de junio de 2003, y el art. 9 del DS No 27991 de 28 de enero de 2005, debiendo determinarse el monto indebidamente cobrado, para que por la Unidad de Asesoría Legal, proceda a su cobro y recuperación.
Formulado el recurso de reclamación por Humberto Molina Alcalá, de fs. 71 a 72, la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución No 391/14 de 18 de junio de fs. 116 a 120, resolvió confirmar la Resolución No 0000218 de 14 de enero de 2014, por encontrarse conforme las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
Mediante recurso de apelación, interpuesto por Humberto Molina Alcalá de fs. 129 a 130, la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz mediante Auto de Vista N° 204/2014 S.S.A.-I de 07 de noviembre de fs. 152 a 153, confirmó en parte la Resolución de la Comisión de Reclamación N° 391/14 de 18 de junio de fs. 116 a 120, en lo que se refiere a la suspensión definitiva de la renta reclamada se mantiene firme y subsistente; y, dejó sin efecto la determinación y recuperación de lo indebidamente cobrado por el reclamante dispuesta mediante Resolución de la Comisión de Calificación de Rentas N° 0000218 de 14 de enero de 2014.
La entidad recurrente impugna el citado Auto de Vista, mediante memorial de fs. 155 a 157, planteando al efecto:
a) Manifiesta que en el informe técnico de fs. 46 a 47, se evidencia que la cantidad de aportes realizados al seguro a largo plazo en el Régimen básico solo alcanza al número de 99, sin llegar al mínimo legal establecido de 180 aportes; concluyendo sugerir la suspensión de la renta básica de vejez y la determinación de lo indebidamente cobrado, mismo que es determinado mediante Resolución de la Comisión de Calificación de Rentas N° 0000218 de 14 de enero de 2014 en la cual se determina aparte de la Suspensión definitiva de la Renta Básica de Vejez mediante el Área de Revisión de Rentas determinar lo indebidamente cobrado; documentos que hacen plena prueba conforme los arts. 1287, 1289.I) 1296 y 1523 del Código Civil (CC), y siendo el SENASIR una entidad de carácter Público, creada en representación gubernamental a los fines que por ley se indica y que por ende toda documentación por ella expedida tiene características de oficialidad y publicidad emitidos en pos de su competencia.
2.- Alega que subsiste una obligación, un acreedor de "buena fe" y un pago indebido, que se encuentra plasmada en el art. 963 del CC, que sabiamente articula un axioma del derecho "Quien ha recibido lo que no se le debía queda obligado a restituir lo que se le ha dado", en la casuística se denota un error atribuible a la mala interpretación por parte de la Dirección Nacional de Pensiones, que provocó el pago indebido de renta complementaria de vejes y corresponde al (SENASIR) la recuperación de lo que mal se ha pagado e ilegítimamente se ha cobrado en detrimento del patrimonio del estado y del resto de asegurados del Sistema de Reparto.
3.- Refiere que si bien el art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS) sustenta la potestad de revisión de rentas de oficio o a denuncia de un tercero como parte de la responsabilidad administrativa del SENASIR, revisión que se constituye en un procedimiento administrativo interno, con responsabilidad atribuida a esta entidad como ente gestor del Sistema Residual de Reparto del Régimen de Largo Plazo, cabe aclarar que la recuperación de cobros indebidos, encuentra su fundamento legal en lo dispuesto por el art. 4.c) del DS N° 26189 de 18 de mayo de 2001, según el cual el SENASIR no solo tiene la facultad de revisión de las rentas o prestaciones concedidas en dinero; sino también de exigir la devolución total de las cantidades indebidamente percibidas, en consideración a que las rentas en curso de pago, son pagadas con recursos del Tesoro General de la Nación según la Ley N° 2197 de 09 de mayo de 2001 modificatoria del art. 57.III de la Ley N° 1732 de Pensiones, en virtud del cual el SENASIR debe aplicar, en el presente caso, lo dispuesto por el art. 1 de la RM No 1361 de 04 de diciembre de 1997, respecto al reconocimiento de aportes a la fecha de Corte del Sistema de Reparto (30 de abril de 1997).
4.- Sostiene que la Resolución N° 0391/14 de la Comisión de Reclamación de fs. 117 a 120 considera la aplicación del DS N° 27991 de 28 de enero de 2005, que contiene disposiciones sobre el Sistema de Reparto, la misma que en su art. 9 señala: "el SENASIR cumplirá con la revisión de oficio o por denuncia debidamente justificada de las calificaciones y pagos globales concedidos, iniciando la revisión con el listado de casos registrados en la base de datos que entregará la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros en el marco de lo establecido en el precitado DS", en virtud del cual se evidencia que el SENASIR al subsumir la norma al caso concreto aplicó la ley adecuadamente.
5.- Arguye que el Tribunal de apelación no consideró que el SENASIR como ente liquidador, tiene la obligación de recuperar los montos de prestaciones otorgadas por errores de cálculo, conforme dispone la Resolución Administrativa (RA) N° 044 de fecha 18 de julio de 2001 art. 2.b), que encuentra su razón de ser en el DS N° 27066 de 6 de junio 2003, que señala que el SENASIR tiene competencia para emitir Resoluciones Administrativas en los temas inherentes a sus funciones, que reglamentan las disposiciones que sobre la materia emite el Poder Ejecutivo; por otra parte la Resolución Ministerial (RM) N° 384 de 11 de junio de 2004 en el art. 3 de manera expresa establece que "la recuperación de los montos de las prestaciones otorgadas por errores de cálculo se realizará con el descuento del 20%", concordante con el art. 963 del CC, en atención de tratarse de recursos del Estado, que en aras de precautelar los intereses económicos del Estado boliviano el art. 8 del DS N° 23215, "Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República" en concordancia con los arts. 42.b) y 43 de la Ley N° 1178, señala que el sistema de control gubernamental interno de cada entidad pública a través del sistema de control interno y auditoría interna tiene por objetivo, promover el acatamiento de las normas legales y proteger sus recursos contra irregularidades, fraudes y errores.
Concluye su recurso manifestando se le conceda el mismo ante el Tribunal Supremo de Justicia, que deliberando en el fondo dictara Auto Supremo casando el Auto de Vista N° 204/2014-SSA-l de 07 de noviembre.
Así, planteado el recurso, se observa que los agravios a los que hace referencia la entidad recurrente, se encuentran centrados en la determinación de del Tribunal de Alzada en dejar sin efecto lo determinado por el SENASIR en torno a la recuperación de lo indebidamente cobrado por el reclamante, manifestando que tal atribución le fuera conferida por los arts. 477 del CSS, 4 inc. c) del DS No 26189 de 18 de mayo de 2001.
De principio señalar que el Tribunal de apelación al emitir el Auto de Vista de fs. 152 a 153, no desconoce la facultad que tiene el SENASIR para proceder a la revisión, de oficio o a denuncia, de las rentas en curso de pago y adquisición conforme disponen los arts. 477 del RCSS, 4.c) del DS No 26189 de 18 de mayo de 2001 y 3 de la Resolución Ministerial 384 de 11 de junio de 2004, sino que consideró que la concesión de la renta única de vejez a Humberto Molina Alcalá, no obedeció a actos o trámites fraudulentos o indebidos, es en ese entendido confirmó en parte la Resolución de la Comisión de Reclamación N° 391/14 de 18 de junio de fs. 116 a 120, manteniendo firme y subsistente en lo que se refiere a la suspensión definitiva de la renta, dejando sin efecto legal la determinación y recuperación de lo indebidamente cobrado por el reclamante dispuesta mediante Resolución de la Comisión de Calificación de Rentas N° 0000218 de 14 de enero de 2014 cursante de fs. 48 a 50 de obrados; bajo ese contexto se advierte que en el Auto de Vista recurrido no existió trasgresión a las normas aludidas precedentemente por el recurrente menos vulneración de los arts. 1287, 1289.I) 1296 y 1523 del CC y 477 del RCSS, como propone la entidad recurrente.
En efecto, para el ejercicio de la facultad anteriormente señalada - revisión de rentas-, se debe tener en cuenta que el art. 477 del RCSS, que establece: "Las prestaciones en dinero concedidas podrán ser objeto de revisión, de oficio o a denuncia, a causa de errores de cálculo o de falsedad de los datos que hubieran servido de base para su otorgamiento. La revisión que revocare la prestación concedida o redujere su monto, no surtirá efecto retroactivo respecto a las mensualidades pagadas, excepto cuando se comprobare que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas, caso en el que la Caja exigirá la devolución total de las cantidades indebidamente entregadas". De la ratio legis de la segunda parte de dicha norma, se colige que a efectos de proceder a la devolución de los montos que supuestamente fueron cobrados indebidamente por el rentista, es menester determinar primeramente que los cálculos de las prestaciones que se le otorgaron, fueron realizados en base a documentación, datos o declaraciones fraudulentas proporcionadas por el asegurado, única situación en que procede la devolución de las prestaciones indebidamente recibidas, surtiendo además efectos retroactivos, aspecto que no se observa en el caso de autos, porque de los antecedentes del expediente, se advierte que si bien vía revisión de prestaciones se detectó un cálculo erróneo en la calificación de la renta de vejez básica y complementaria otorgada mediante RA N° 012260 de 15 de septiembre de 1999 de fs. 21, empero, el SENASIR no aportó elementos suficientes que acredite que este error sea atribuible al rentista o que se hubiese originado en la información proporcionada por éste cuando solicitó se le conceda su renta única de vejez (fs. 1 a 17), observando que el yerro cometido inicialmente en la calificación de su renta de vejez básica y complementaria no es imputable al reclamante por lo que resulta incorrecto el cobro que dispuso la Comisión de Calificación de Rentas de fs. 48 a 50.
Bajo los parámetros precedentemente enunciados, se establece que la determinación asumida por el Tribunal de apelación en el Auto de Vista, fue acertadamente correcta, correspondiendo resolver el recurso conforme a la previsión de los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por disposición de los arts. 630 y 633 de la RCSS. Sin perjuicio que el SENASIR, en uso del derecho de repetición que le asiste aplicar como emergencia del cumplimiento de la responsabilidad estatal, inicie las acciones administrativas y legales que correspondan contra los funcionarios responsables.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Juan Edwin Mercado Claros en representación legal del SENASIR. Sin Costas, en aplicación del art. 39 de la Ley No 1178 de 20 de julio de 1990 y art. 52 del DS No 23215 de 22 de julio de 1992.

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