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﻿ SENTENCIA SP9557-2017/48659 DE JULIO 5 DE 2017
SENTENCIA SP9557-2017 DE 05 DE JULIO DE 2017
CONTENIDO:DOSIFICACIÓN DE PENAS PRIVATIVAS DE DERECHOS DISTINTOS A LA LIBERTAD. ASÍ COMO OCURRE EN LA DOSIFICACIÓN DE LAS PENAS QUE RESTRINGEN LA LIBERTAD, EN LAS PRIVATIVAS DE OTROS DERECHOS, BIEN SEAN PRINCIPALES O ACCESORIAS, ES IMPERATIVO SUJETARSE AL SISTEMA DE CUARTOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 61 Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES DEL CÓDIGO PENAL. SE PRECISA ENTONCES QUE LA APLICACIÓN DE DICHO SISTEMA NO SOLO HACE PARTE DEL PRINCIPIO DE ESTRICTA LEGALIDAD DE LA PENA, SINO TAMBIÉN ES UN INSTRUMENTO INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURÍDICA, LA PROHIBICIÓN DE EXCESO Y EL PRINCIPIO DE IGUALDAD. ASÍ LAS COSAS, SE CONCLUYE QUE NO SE ENCUENTRAN MOTIVOS DE PESO PARA VARIAR LA LÍNEA JURISPRUDENCIAL RELATIVA AL SISTEMA DE CUARTOS EN LA DOSIFICACIÓN DE PENAS PRIVATIVAS DE DERECHOS DISTINTOS AL DE LA LIBERTAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE IGUALDAD, PENA PRIVATIVA DE OTROS DERECHOS, LEGALIDAD DE LA PENA, PARÁMETROS APLICABLES A LA PENA, CÓDIGO PENAL, DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA
Sentencia SP9557-2017 de julio 5 de 2017
SP9557-2017
Radicación: 48659
7. Impera aclarar que varias son las circunstancias observadas por la Sala en torno a la “privación del derecho a la tenencia y porte de arma” que como pena accesoria le fue infligida al aquí procesado en el fallo de primer grado, confirmado en segunda instancia, por las cuales se ve impulsada a revisar si por causa de estas se lesionaron a las garantías del acusado.
Tales aspectos son: i) la ausencia de razones que funden su imposición como lo exige el artículo 52, inciso segundo, y 59 de la Ley 599 de 2000; ii) el monto señalado para la misma que rebasa el límite previsto en el artículo 51 ibídem, y iii) la inobservancia respecto de aquélla del régimen de cuartos ordenado en los artículos 60 y 61 del citado estatuto, mediante el cual justamente se hace efectiva la exigencia legal en el sentido de que toda “sentencia deberá contener una fundamentación explicita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena”.
8. En lo inherente al primer punto, tras un rastreo del criterio que sobre el particular ha tenido la corporación, se constata la ausencia de lesión a la garantía de legalidad de la pena por desconocimiento del deber de exponer en el fallo los motivos que fundamentan la “determinación cualitativa” de la comentada sanción accesoria, ya que en tratándose de los delitos descritos en los artículos 365 y 366 de la Ley 599 de 2000 ésta procede per se, como lo concluyó mayoritariamente la Sala al recoger la tesis que antaño había fijado en cuanto a que frente a “Las penas privativas de otros derechos” distintas de “La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas”:
[La] sola naturaleza del delito o las consideraciones plasmadas acerca de su configuración no evidencian, ni siquiera tácitamente, la procedencia de su imposición, dado que no puede confundirse la motivación acerca de la realización del injusto con la motivación relacionada con la imposición de la pena. La primera atañe a las pruebas que sustentan la manifestación en el mundo exterior de una conducta típica y antijurídica, mientras que la segunda concierne al reproche personal (manifestada en la sanción punitiva) que debe hacérsele al autor de dicho comportamiento, situación que en cada evento implica el análisis de una serie de principios, fines y valores distintos(2).
[En] casos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de defensa personal o de uso privativo de las Fuerzas Armadas —sea que se impute sólo esa conducta punible o en concurso de delitos—, se entiende cumplida la garantía de motivación de la imposición de la sanción accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, con la declaración en la sentencia de que el procesado fabricó, traficó o portó armas de fuego o municiones “sin permiso de autoridad competente”. En otras palabras, la declaración judicial de que ajustó su comportamiento a cualquiera de las conductas descritas en los artículos 365 o 366 del Código Penal (también al art. 367 ib.), constituye suficiente fundamento para privar del mencionado derecho al condenado.
No resulta sensato, en ese contexto, en casos de condena por delitos de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones, exigir para la imposición de la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego una fundamentación adicional a la declaración de existencia de la conducta punible. Simple y llanamente porque se plantea lógica, necesaria y proporcional su deducción en tales casos. No se entendería que a quien se reprocha penalmente fabricar, traficar o portar armas de fuego o municiones, o armas químicas, biológicas o nucleares, no se le despoje del derecho a poseerlas por el tiempo que permita la ley(3).
En ese orden de ideas, de acuerdo con el criterio jurisprudencial actualmente en vigor, una vez que en el fallo han sido expuestos los fundamentos acerca de la acreditación de las categorías de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de los referidos injustos, ellas son razón suficiente y per se justifican la imposición de “La privación del derecho a la tenencia y porte de arma” por los motivos que al efecto consagra el artículo 52 de la Ley 599 de 2000, esto es, por su “relación directa con la realización de la conducta punible por haber abusado de ellos o haber facilitado su comisión, o cuando la restricción del derecho contribuya a la prevención de conductas similares a la que fue objeto de condena”.
9. Ahora bien, distinta es la situación que se observa respecto de la magnitud fijada para la comentada pena accesoria en el fallo de primera instancia, confirmado por el de segundo grado, toda vez que allí se infligió por un lapso de veinte (20) años, con lo cual fue desatendido el límite máximo de quince (15) años previsto por el legislador para aquélla, circunstancia que redunda, sin que sea menester consignar amplias disquisiciones, en violación del principio de legalidad de la sanción, por falta de aplicación de la respectiva norma sustantiva(4).
10. Pero más grave que lo anterior es que el a quo fijó el señalado guarismo frente a la susodicha pena accesoria sin tener en cuenta el sistema de cuartos, pese a que en la dosificación de la sanción principal privativa de la libertad sí se valió de las aludidas directrices.
Es claro que de haber seguido el régimen de cuartos en la imposición de “La privación del derecho a la tenencia y porte de arma”, el juzgador de primer grado no solo se habría percatado que para aquella la ley establece un mínimo y un máximo (este último franqueado por el a quo), sino que a lo sumo, con sujeción a las consideraciones que expuso para individualizar la pena principal de prisión en el primer cuarto e infligir el límite menor del mismo, también habría ubicado aquélla en ese ámbito de movilidad pero con relación a los linderos previstos por el legislador para la comentada pena accesoria.
El objeto de estudio en este punto, entonces, no solo repercute en la situación del procesado frente a la mayor o menor gravedad de la sanción que en últimas se le impuso, sino además atañe de manera directa al principio de estricta legalidad en el proceso de dosificación de la pena. En otras palabras, involucra definir el alcance de una garantía judicial.
Para la mayoría de la Sala, la respuesta al problema es afirmativa. Es decir, así como ocurre en la dosificación de las penas que restringen la libertad, en las privativas de otros derechos, bien sean principales o accesorias, es imperativo sujetarse al sistema de cuartos previsto en el artículo 61 y demás normas concordantes del Código Penal.
10.1. El legislador de la Ley 599 de 2000 no distinguió, ni el juez tampoco tiene por qué hacerlo, entre la dosificación de las penas privativas de la libertad ni las restrictivas de otros derechos, ni entre la individualización de las penas principales (prisión, multa y privaciones de otros derechos señaladas en forma específica en tipos penales) y las accesorias (distintas a la inhabilitación que va aparejada con la de prisión).
Ello, claro está, a menos que de la norma se desprenda otra cosa, como sucede con el inciso 3º del último precepto acerca de la inhabilidad para ejercer cargos públicos en tanto sea accesoria de la prisión. Pero cuando las penas privativas de otros derechos están contempladas como principales en ciertos tipos (por ejemplo, las sanciones del C.P., arts. 109, inc. 2º, 121 o 397), o cuando el juez las impone a modo de accesorias siguiendo los parámetros del artículo 52 inciso 1º, emerge como consecuencia directa del principio de estricta legalidad dividir “el ámbito de movilidad previsto en la ley en cuartos: uno mínimo, dos medios y uno máximo”, así como observar los demás parámetros previstos en el artículo 61.
Esta última norma, por lo demás, figura en el capítulo II del Código Penal, denominado “de los criterios y reglas para la determinación de la punibilidad”, que a su vez hace parte del título IV, intitulado “de las consecuencias jurídicas de la conducta punible”. Y preceptos como los del artículo 52, que trata de las penas privativas de otros derechos, así como los referidos tanto a las penas principales como a las accesorias, al igual que las que restringen la libertad y las de naturaleza pecuniaria (arts. 34 a 42), están comprendidos dentro de ese mismo título, en su capítulo I: “de las penas, sus clases y sus efectos”.
10.2. La dosificación de las penas en la Ley 599 de 2000 obedece a dos aspectos esenciales: el sustento razonable y la discrecionalidad reglada. El sistema de cuartos del artículo 61 del Código Penal es la emanación lógica de este último criterio.
Así lo reconoció la Sala en el fallo CSJ SP, 10 de junio de 2009, radicación 27618, y, más recientemente, en la sentencia CSJ SP, 30 de abril 2014, radicación 41350. De acuerdo con la Corte:
Con el sistema de cuartos, en cambio, se mantiene la discrecionalidad judicial para la individualización punitiva (en todo caso indispensable por los motivos expuestos en el fallo CSJ SP, abr. 230/2014, rad. 41350), pero los distintos resultados de los funcionarios no figurarían, comparados entre ellos, sobrepasados, muy indulgentes o demasiado dispares.
10.3. La Sala ha sostenido en forma pacífica una doctrina en su jurisprudencia de acuerdo con la cual en la dosificación de las penas privativas de otros derechos, cuando se imponen como accesorias, opera el sistema de cuartos.
Así lo explicó la Corte en el fallo CSJ SP, diciembre 4 de 2013, radicación 41511:
[…] Teniendo en cuenta que la pena principal privativa de la libertad respecto del delito base se impuso dentro del primer cuarto (60 meses) pues solamente concurrían circunstancias de menor punibilidad, las referidas sanciones accesorias también debían ser situadas dentro del mismo rango. Sin embargo, como lo revela la transcripción, el juez unipersonal las fijó en 5 años, esto es, en el primer caso, dentro del segundo cuadrante y, en el segundo evento, en el extremo máximo del último margen, superando con suficiencia el marco legal, yerro que no fue advertido por el ad quem(5).
Igualmente, en la Sentencia CSJ SP9226, julio 16 de 2014, radicación 43514:
Desconocieron de esa manera los falladores el principio de legalidad, garantía de estirpe fundamental prevista en el artículo 29 de la Constitución Política, al amparo de la cual los funcionarios están obligados a determinar las sanciones, cuando a ello hay lugar, dentro de los límites cuantitativos y cualitativos establecidos en la ley(6).
También en el fallo CSJ SP2636, 11 de marzo de 2015, radicación 44221:
[…] Como ya ha tenido de señalarlo esta corporación (CSJ SP9226, jul. 16/2014, rad. 43514), el citado precepto [L. 599/2000, art. 61] establece que una vez fijados los extremos mínimo y máximo de la pena, el juez procederá a dividir el ámbito punitivo de movilidad en cuartos, labor que debe emprenderse tanto respecto de las sanciones principales como de las accesorias, pues la ley no introduce distinción al respecto.
En este caso los falladores acudieron al sistema de cuartos para cuantificar la pena de prisión, pero no procedieron de igual forma respecto de la sanción de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, pues impusieron el extremo punitivo máximo, lo cual denota que desconocieron el principio de legalidad, garantía de estirpe fundamental prevista en el artículo 29 de la Código Penal, al amparo de la cual los funcionarios judiciales están obligados a determinar las sanciones dentro de los límites cuantitativos establecidos en la ley, circunstancia que impone a la Corte acometer oficiosamente dicha ponderación y efectuar la respectiva enmienda(7).
Y, en idéntico sentido al aquí desarrollado, en el fallo CSJ SP14467, 21 de octubre de 2015, radicación 44367, entre otros.
10.4. Por último, es absolutamente inane, para efectos de determinar el régimen de dosificación punitiva de las sanciones privativas de otros derechos, plantear diferencias sustanciales o de forma, ya sean reales o infundadas, entre las penas principales y las accesorias, o entre las funciones específicas que estas y aquellas cumplen en los casos concretos, o en cuanto a la incidencia que sobre unas y otras tengan ciertas circunstancias modificadoras de sus límites mínimo y máximo.
Lo único que se puede predicar de la consagración por parte del legislador de unas sanciones privativas de derechos distintos al de la libertad en la parte especial del Código Penal, y de penas de idéntica índole que pueden imponerse como accesorias, es el reconocimiento, en el segundo caso, de una facultad discrecional en el juez para establecerlas (sujeta a las circunstancias de cada caso y a los supuestos consagrados en la L. 599/2000, art. 52, inc. 1º), así como la necesidad, en el primero, de eliminar la referida potestad judicial, en tanto su imposición siempre repercutiría para la protección del bien jurídico. Pero esto de ninguna manera supedita o altera el proceso de dosificación punitiva que debe regir en la dosificación de las penas principales y accesorias.
11. En el presente asunto el juez a quo jamás especificó en virtud de la realización de cuál conducta punible procedía la sanción privativa del derecho a portar armas de fuego, sino que en la parte resolutiva del fallo adujo su imposición “por un término de veinte (20) años”(8). Tampoco realizó la individualización de la pena para la conducta contemplada en el artículo 365 del Código Penal, sino que indicó que por el concurso de éste con el delito contra la vida el incremento era de doce (12) meses(9).
Adicionalmente, en la formulación de acusación, el fiscal no imputó circunstancia genérica alguna de agravación respecto de alguno de los dos punibles por los que formuló cargos contra el procesado(10).
Con base en lo anterior, la Sala partirá del supuesto según el cual, si el juez de primer grado hubiera dosificado en forma debida las penas por el delito de porte de armas de fuego de defensa personal, solo habría podido fijarlas en la franja del primer cuarto mínimo.
Igualmente asumirá que la sanción accesoria consistente en “La privación del derecho a la tenencia y porte de arma”, en ausencia de la más mínima consideración al respecto, obedeció no a la conducta más grave (homicidio agravado), sino que aquella procede por la declaración de responsabilidad frente al tipo penal del artículo 365 de la Ley 599 de 2000, dado que en tales casos su imposición deviene “Simple y llanamente se plantea lógica, necesaria y proporcional”, como lo ha entendido la jurisprudencia mayoritaria(11).
En conclusión el reajuste en la dosificación de esta sanción accesoria, deberá quedar encuadrado dentro del ámbito de movilidad correspondiente al cuarto mínimo o primer cuarto, y no en los cuartos intermedios, de que trata el artículo 61 de la Ley 599 de 2000.
Dicho en otros términos, atendiendo los extremos de la pena accesoria en cuestión, el fallador de primer grado se habría tenido que mover en el primer cuarto mínimo que oscila entre doce (12) y cincuenta y cuatro (54) meses, y en ausencia de cualquier otra consideración de ese ámbito habría tenido que seleccionar el límite inferior, como en igual lo hizo para tabular el incremento por el concurso de porte ilegal de armas de fuego que es en relación con el cual, según la jurisprudencia, procede aquélla per se. Es decir que la privación del respectivo derecho sólo habría sido posible por un lapso de doce (12) meses.
Como consecuencia de lo expuesto, la Corte casará de manera oficiosa y parcial la sentencia de segunda instancia, en el sentido de disminuir de “Veinte (20) años” a doce (12) meses la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego infligida a J.P.P.
2. Como consecuencia de lo anterior, disminuir la pena privativa del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego que se le impuso a J.P.P. a doce (12) meses.
2 Cfr. CSJ SP, diciembre 11 de 2013, radicación 41543.
3 Cfr. CSJ SP2336-2015, 11 de marzo de 2015, radicación 43881.
4 Ley 599 de 2000, artículo 51. Duración de las penas privativas de otros derechos. […] La privación del derecho a la tenencia y porte de arma de uno (1) a quince (15) años.
5 CSJ SP, 4 de diciembre de 2013, radicación 41511.
6 CSJ SP9226-2014, 16 de julio de 2014, radicación 43514.
7 CSJ SP2636-2015, 11 de marzo de 2015, radicación 44221.
8 Carpeta original, folio 67. En palabras del funcionario: “TERCERO: Condenar a … a las penas accesorias de inhabilitación de derechos y unciones públicas y a la prohibición para la tenencia y porte de armas de fuego por un término de veinte (20) años”.
9 Carpeta original, folio 68.
10 Carpeta principal, folios 12-13.
11 Cfr. CSJ SP2336-2015, 11 de marzo de 2015, radicación 43881.

References: ARTÍCULO 61
 artículo 52
 artículo 51
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 artículo 61
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 artículo 61
 artículo 29
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 artículo 365
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