Source: https://www.scribd.com/document/131489248/comision-equidad
Timestamp: 2018-05-22 07:19:48+00:00

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La Comisión de Equidad, Género y Familia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración de este Alto Cuerpo Colegiado el presente dictamen, elaborado con base en los siguientes:
1.- Con fecha 19 de abril de 2011, la Diputada Brenda Ríos Prieto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó Iniciativa con carácter de Decreto, a efecto de reformar los artículos 94 y 136 y derogar el artículo 225 del Código Civil del Estado de Chihuahua.
2.- El C. Presidente del H. Congreso del Estado en uso de las facultades que le confiere el artículo 30, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el día 26 de abril de 2011, tuvo a bien turnar a los integrantes de la Comisión de Equidad, Género y Familia la Iniciativa de mérito, a efecto de proceder a su estudio, análisis y elaboración del correspondiente dictamen.
3.- Algunos de los antecedentes y la exposición de motivos que sustentan la Iniciativa en comento, señalan lo siguiente:
“La igualdad en el ejercicio de los derechos entre hombres y mujeres es uno de los pendientes de la función pública, principalmente en la búsqueda por modificar aquellas acciones discriminatorias por razón de género que se sustentan
LMSR/RIHP/LSA
en determinadas costumbres o prejuicios. En este sentido, es primordial abordar la situación de desventaja en la que el marco jurídico vigente deja a las mujeres adolescentes, quienes actualmente pueden contraer matrimonio en una edad más temprana que los varones.
“Ahora bien, indagar en las causas de este fenómeno social nos lleva al hecho de que el matrimonio entre adolescentes se da como consecuencia de varios factores; en el caso de las mujeres, influyen principalmente la pobreza, las presiones por los bienes dotales, las restricciones de los padres en cuanto al sexo prematrimonial y el rechazo de los mismos a embarazos no deseados, siendo estos la principal causa del matrimonio de las mujeres a esta edad.
“El inicio de la vida sexual a temprana edad, generalmente sin protección, que se ve precipitado por los matrimonio durante la adolescencia, deriva no sólo en que se tenga un mayor número de hijos, sino en el aumento de las probabilidades de contagiarse de enfermedades de transmisión sexual como el Virus de la Inmunodeficiencia Adquirida, y por tanto, de caer en el aislamiento social y la marginación.
“Diversos estudios arrojan como resultado invariable, que entre más jóvenes los contrayentes, mayor es la posibilidad de que el matrimonio termine en divorcio, esto debido a la falta de madurez emocional suficiente para asumir el compromiso, y sobre todo debido a que el matrimonio, en caso de haberse celebrado a consecuencia de un embarazo, ha sido condicionado por una situación sobrevenida que no ha sido previamente meditada; estos matrimonios se sustentan en bases más frágiles, por lo que están destinados con mayor razón al fracaso dejando familias desintegradas. Datos del INEGI nos muestran que en
México hombres y mujeres con un promedio de poco más de treinta años forman parte de un grupo de divorciados en aumento, según registros del año 2008.
“Por otra parte, la Organización de Naciones Unidas, han señalado que en caso de que los patrones en cuanto a la edad mínima permitida para contraer matrimonio continúen sin ser modificados, durante la próxima década
aproximadamente más de cien millones de mujeres menores de 18 años en todo el mundo habrán contraído matrimonio. Esta situación lamentable repercute de manera negativa en este sector de la población principalmente en cuanto a aspectos de salud, educativos, sociales y económicos.
“El matrimonio en edad adolescente trae por lo general, como consecuencia para las mujeres, la disminución de la capacidad para negociar en cuanto a planificación familiar y necesidades de sus hijos, un bajo logro educativo, pocas oportunidades de movilidad social e incluso, en ciertos entornos, las mujeres casadas menores de dieciocho años presentan tasas más elevadas de infección por enfermedades de transmisión sexual, ya que entre menor sea la mujer, mayor será la diferencia de edad con su pareja, lo que hace también dispar la experiencia y el número de parejas sexuales del cónyuge.
“De igual forma, la Organización Mundial de la Salud advierte que las madres primerizas menores de dieciséis años, tienen un riesgo de hasta noventa por ciento mayor de mortalidad materno-infantil.
“En cuanto a educación, una jovencita casada con hijos tiene un bajo logro educativo además de que sus posibilidades de recibir educación posterior se ven disminuidas, lo que dificulta el acceso a un empleo digno. El Instituto Nacional de
las Mujeres muestra datos que nos indican que la población de mujeres económicamente activas de entre catorce y diecinueve años disminuye drásticamente si tienen de uno a dos hijos, en comparación con las jovencitas que aún no son madres. En contraste, entre la población de mujeres de veinte a veintinueve años, el tener de uno a dos hijos si bien afecta su ingreso económico, no influye tan drásticamente como en el caso de las más jóvenes.
“Según datos del mismo Instituto, las cifras de violencia doméstica cometida en perjuicio de las adolescentes de entre 15 y 19 años han ido en aumento significativamente desde 2003, principalmente porque a esta edad, hay situaciones de superioridad ya sea paterna, del cónyuge, o incluso de la familia política que las menores no se atreven a cuestionar, lo cual se traduce a situaciones de dominio y violencia que afectan gravemente la calidad de vida de las mujeres de este grupo de edad. Incluso aspectos tan significativos como la movilidad, la posibilidad de expandir sus redes sociales, la exposición a los medios de comunicación y por ende a la información, se ven severamente disminuidos en el caso de adolescentes casadas.
“Es por ello que, teniendo como fundamente la Petición del Comité de los derechos del Niño de la ONU, el cual recomienda aumentar la edad mínima para poder contraer matrimonio, sobre todo para combatir los abusos y explotaciones contra las niñas y fomentar el desarrollo de los adolescentes, la tendencia a nivel mundial ha sido incrementar la edad mínima para que las mujeres puedan contraer matrimonio, homologándola con la de los hombres en los casos en los que sea desigual: Por citar algunos ejemplos, en España, la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años sin distinción de sexo de los contrayentes, y lo mismo ocurre en el caso de Argentina y Francia. Uruguay es uno de los países
que actualmente está reformando su legislación para hacer lo propio en este ámbito. En el caso de México, el Senado de la República, sumándose a la tendencia internacional por la protección de los derechos de las mujeres, trabaja actualmente en una reforma al Código Civil Federal a fin de adecuar la legislación para aumentar y homologar la edad mínima para casarse; Michoacán, San Luis Potosí, Campeche y Nuevo León son los estados en los que ya se han hecho las reformas necesarias para postergar la edad en la que las adolescentes contraigan matrimonio.”
Ahora bien, los suscritos al entrar al estudio y análisis de la Iniciativa en comento, formulamos las siguientes:
I.- El H. Congreso del Estado, a través de esta Comisión de Dictamen Legislativo, es competente para conocer y resolver sobre la Iniciativa de antecedentes, de conformidad con lo que disponen los Artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado; 43, 52 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
II.- En principio tal y como lo menciona la iniciadora a nivel internacional se ha venido pugnando por que se legisle en el tema que propone, es así que la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos en su Artículo 8 estipula: “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”. El artículo 12 a su vez protege la privacidad de las personas, mientras que el artículo 16 establece la igualdad de
derechos durante el matrimonio y tras su disolución, y que sólo podrá contraerse matrimonio mediante el libre y pleno consentimiento de los futuros cónyuges. El artículo 25 se ocupa de la maternidad y la infancia y, de un modo más general, el artículo 28 afirma: “toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”.
La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en su artículo 3 establece: “Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre..”
Además en su artículo 16 instituye: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares” y, en su párrafo 2, afirma específicamente que: no tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial y que en las relaciones familiares, especialmente se aseguren condiciones de igualdad con el hombre respecto al derecho para contraer matrimonio.
Sobre el tema la Recomendación General 21 de la Organización de las Naciones Unidas refiere: “El derecho a elegir su cónyuge y la libertad de contraer
matrimonio son esenciales en la vida de la mujer y para su dignidad e igualdad como ser humano. De un examen de los informes de los Estados Partes se desprende que hay países que permiten que las mujeres contraigan matrimonios obligados en primeras o segundas nupcias, sobre la base de la costumbre, las creencias religiosas o el origen étnico de determinados grupos. En otros países, se permite decidir el matrimonio de la mujer a cambio de pagos o de ventajas y, en otros, la pobreza obliga a algunas mujeres a casarse con extranjeros para tener seguridad económica. A reserva de ciertas restricciones razonables basadas, por ejemplo, en la corta edad de la mujer o en la consanguinidad con su cónyuge, se debe proteger y hacer cumplir conforme a la ley su derecho a decidir si se casa, cuándo y con quién.”
Se señaló también al emitir tal recomendación que es incorrecto que en algunos países se establezcan distintas edades entre el hombre y la mujer para contraer matrimonio, bajo el argumento de que el desarrollo intelectual de la mujer es distinto al hombre, o que su desarrollo físico e intelectual carece de importancia, a cuyo efecto, la Convención mencionada señala efectivamente que tales prevenciones deben abolirse.
III.- Ahora bien, no puede pasar desapercibido que si bien el asunto que se analiza es referido a la edad en la cual las mujeres pueden contraer matrimonio, y específicamente situando la edad permitida en la etapa de la adolescencia, es imposible dejar de abordar una de las situaciones por la cual muchos de estas uniones entre personas menores de edad se llevan a cabo, el embarazo precoz.
A lo largo del pasado siglo XX, la dinámica de población en nuestro país se fue transformando, caracterizándose las primeras décadas por un hecho
principalmente el impulso a las políticas de salud reproductiva especialmente a aquellas que tienen que ver con la planificación del embarazo como una alternativa para bajar los índices de nacimientos y retrasar la edad en que se tuviera el primer hijo, política que trae como consecuencia una disminución el número de hijos de las mujeres mexicanas.
Sin embargo, mientras el porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años que son madres cada año respecto del total de ese grupo, corresponde a 6 de cada 100 en Estados Unidos y Canadá, en América del Sur es de 8 y en el Caribe y México es de 9, llegando a 10 de cada 100 para América Central.
En estadísticas en nuestro país los estados más desfavorecidos de acuerdo a los datos de la Biblioteca Virtual en Salud Adolescente 2000 fueron Nayarit, Guerrero, Hidalgo, donde los embarazos adolescentes se presentan en un mayor índice incluso que en ciudades considerados como grandes urbes como Guadalajara, Monterrey y el Distrito Federal.
Por otro lado, de acuerdo a las datos del INEGI, 2005, la tasa global de fecundidad ha disminuido de 5.7 en 1976 a 2.2 en el 2004. Pero el nacimiento de hijos con madres adolescentes sigue siendo considerado una problemática a nivel social debido a que como hace referencia la iniciadora constituye un factor que propicia diversas situaciones adversas, tales como, la deserción escolar y un impacto negativo en el nivel económico. También durante el 2003 de los cerca de dos millones y medio de nacimientos, 450 mil corresponden a mujeres menores de 20 años, lo que equivale a un 16.8 % de todos los nacimientos. Esto significa que aproximadamente uno de cada seis nacimientos la madre es adolescente.
Desde luego que también es innegable que al embarazo en adolescentes tanto en el significado que se le atribuye y muchas de sus consecuencias para los jóvenes, dependen en gran parte del contexto socio-histórico y cultural donde se presente. Por ejemplo, en los países desarrollados es visto como un problema de salud. Sin embargo, es común que las chicas no interrumpan su trayectoria académica, ni trunquen sus expectativas profesionales y laborales. Por el contrario, en países subdesarrollados como el nuestro donde también se le ha denominado igualmente como un problema de salud, es común todo lo contrario, que estas mujeres interrumpa su preparación académica.
De acuerdo con la Investigación sobre la “Resignificación en el proyecto de vida y redes de apoyo en mujeres con la experiencia de embarazo en la adolescencia” presentada en el IV Congreso Iberoamericano de Psicología Clínica y de la Salud, se pone en evidencia la necesidad al abordar este tema e incorporarle investigadores formados en otras disciplinas como la antropología, sociología, psicología, y otras especialidades como los estudios de la mujer, la sexualidad y la salud reproductiva, así como acudir a otras aproximaciones epistemológicas y metodológicas y plantear una definición distinta del problema del embarazo adolescente.
Se plantea asimismo que para estos nuevos enfoques y para comprender los diversos fenómenos sociales, éstos deben ser relativizados en el momento histórico y en el contexto socioespacial en el que ocurren; sugieren aprehenderlo e investigarlo sin aislamiento de los procesos de cambio social, demográfico, cultural, institucional y político. Esto permitirá definir para quiénes constituyen un problema y su naturaleza. Situación similar sucede en el caso que nos ocupa el matrimonio en adolescentes.
De esta perspectiva se deriva que el embarazo adolescente es el resultado del comportamiento de diversos actores en un momento histórico y cultural, de entre quienes la protagonista tiene su propia manera de experienciar los hechos, lo cual es una fuente que apenas se está explorando.
Ahora bien, con relación al tema específico que los ocupa en el proceso de modificaciones legislativas se han venido presentando también controversias en algunos países donde fundamentan y dan cuenta de si es válido o no hacer diferenciación entre hombres y mujeres para que puedan contraer matrimonio y más aún si se debe dar en menores de edad, un ejemplo de lo anterior son varias sentencias de la corte constitucional de Colombia, donde entre los argumentos de las escuelas de medicina y psicología de algunas de sus universidades expresaron:
“ …No se puede desconocer que junto con la maduración sexual, hay también cambios en la esfera cognoscitiva que requieren un poco más de tiempo para establecerse, y que se caracterizan porque los procesos de pensamiento concreto, intuitivo, basado en la experiencia previa a un pensamiento abstracto, formal u operacional, adquiriendo de esa forma capacidad de imaginarse las posibles consecuencias de una actuación sin necesidad de haberla vivido previamente. Este paso no ocurre súbitamente y no es una ley de todo o nada.
Los dos géneros funcionan de manera diferente en muchos aspectos de sus vidas, en parte debido a las diferencias biológicas, pero fundamentalmente debido a factores socio-culturales que definen roles actitudes y subjetividades. Sin embargo, ambos sexos están en condiciones semejantes con respecto a los
elementos de juicio necesarios para comprender y asumir las responsabilidades de sus decisiones. Las diferencias observadas con respecto del momento en el que ocurre la pubertad (indicada por el comienzo de la menstruación en la mujer y la capacidad de eyaculación en los hombres) no tienen paralelismo con respecto de sus capacidades intelectuales, ni su estabilidad emocional. En otras palabras, los factores relativos a la educación familiar y socio-cultural son más determinantes de la llamada ‘madurez psicológica’ que el género y la edad.”
De ahí que es incuestionable que en el aprendizaje de las normas sociales es importante el desarrollo integral de los individuos y la cultura misma donde además influyen otras pautas sociales como el amor idealizado producto de la vida en pareja o el matrimonio, las cuales pueden como en cualquier tipo de relación resultar contraproducentes si se toman sin cortapisas, sin considerar incluso posibles excepciones a la regla. Por ello, como en muchas otras situaciones de la vida, si los convencionalismos o mandatos sociales no reconocen salvedades se convierten en imperativos insalvables o en totalitarismo moral.
independientemente de las diferencias de edad, culturales, sociales en la experiencia del terapeuta Walter Riso expresa que la palabra clave para flexibilizar los mandatos sociales referidos anteriormente y ligados a las relaciones de pareja sean o no matrimonios y si estos deben promoverse y perdurar es relativo, y lo refiere porque depende de si afecta los principios de uno, es decir si se está bien y no se vulneran derechos, como violentar la integridad física, prohibición de continuar los estudios, o a cuidar su salud, etc., es decir, lo trascendental es el respeto a la autonomía del otro lo que viene finalmente a posibilitar la socialización
asertiva y más genuina de la vida en pareja independientemente de la etapa de juventud o adultez.
IV.- Finalmente, todas las problemáticas planteadas en la Iniciativa tienen un ingrediente que las influye de manera sustancial, el “género” y para la autora Marcela Lagarde, el género, más que una categoría, es una teoría amplia que abarca categorías, hipótesis, interpretaciones y conocimientos relativos al conjunto de fenómenos históricos construidos en torno al sexo. El género está presente en el mundo, en las sociedades, en los sujetos sociales, en sus relaciones, en la política y en la cultura.
El género es la categoría correspondiente al orden sociocultural configurado sobre la base de la sexualidad: la sexualidad a su vez definida y significada históricamente por el orden genérico. Asimismo, de acuerdo con Seyla Benhabib: “Por (género) entiendo la construcción diferencial de los seres humanos en tipos femeninos y masculinos. El género es una categoría relacional que busca explicar una construcción de un tipo de diferencia entre los seres humanos. Las teorías feministas, ya sean psicoanalíticas, posmodernas, liberales o críticas coinciden en el supuesto de que la constitución de diferencias de género es un proceso histórico y social y en que el género no es un hecho natural. Aún más... es necesario cuestionar la oposición misma entre sexo y género. La diferencia sexual no es meramente un hecho anatómico, pues la construcción e interpretación de la diferencia anatómica es ella misma un proceso histórico y social. Que el varón y la hembra de la especie difieren es un hecho, pero es un hecho también siempre construido socialmente. La identidad sexual es un aspecto de la identidad de género. El sexo y el género no se relacionan entre sí como lo hacen la naturaleza y la cultura pues la sexualidad misma es una diferencia construida culturalmente”.
Cada mujer y cada hombre sintetizan y concretan en la experiencia de sus propias vidas el proceso sociocultural e histórico que los hace ser precisamente ese hombre y esa mujer: sujetos de su propia sociedad, vivientes a través de su cultura, cobijados por tradiciones religiosas o filosóficas de su grupo familiar y su generación, hablantes de su idioma, ubicados en la nación y en la clase en que ha nacido o en la que han transitado, envueltos en la circunstancia y los procesos históricos de los momentos y de los lugares en que su vida se desarrolla.
Dicho lo anterior, podemos afirmar que no cabe la menor duda que muchas de nuestras instituciones jurídicas, de nuestras normas jurídicas contienen innumerables disposiciones que hacen una diferenciación de trato entre hombres y mujeres, basado en concepciones de género, que tienen definitivamente su carga fundamentalmente cultural influidas como se preciso por un momento histórico en el cual se crearon y que a la visión de los nuevos tiempos y dinámicas sociales podrían quedar desfasados y por lo cual deben modificarse de acuerdo con esta nueva realidad en la que aparece el nuevo paradigma de la perspectiva de género.
No obstante lo anterior, de acuerdo a como se ha construido en cuanto a la división de papeles o roles sociales en donde el poder pertenece al hombre y el amor a la mujer, las consecuencias primordialmente para las mujeres. de ello trae aparejados riesgos
Es así que las consecuencias en el desarrollo humano, y por referirnos a algunas en cuestiones psicológicas la división o acumulación de roles ocupados son importantes no sólo por su naturaleza, sino porque éstos difieren con relación al tipo de privilegios y obligaciones asociadas a ellos. De esta manera, el
desempeño de roles familiares y laborales se ha visto como una fuente de ventaja del hombre sobre la mujer y sobrecarga y conflicto para ella. Tradicionalmente los roles sociales de la mujer, de la esposa y madre y sus ocupaciones en el trabajo no tienen el privilegio asociado a ellas y representan, en su conjunto, mayores obligaciones que privilegios.
Como podemos interpretar hasta aquí con todo lo antes dicho es que finalmente los comportamientos de género, tal como los vemos, se presentan y los conocemos obedecen a una construcción social (Gergen, 1996), situación en la cual de alguna forma también coincide el célebre filósofo francés Michel Foucault cuando dice que el sexo es cultura, refiriéndose a que las definiciones que conocemos sobre la relación de pareja y sexualidad, no se dan en el vacío, sino que van ligadas a un momento histórico y a un grupo social determinado, como ya se ha dicho.
Igualmente la feminidad, que podemos tomarla como otro de los conceptos construidos socialmente, es primordialmente concebida como un conjunto de ideas y modelos que cada mujer recibe en principio de su madre, de su familia y su grupo social y que luego reproduce como un patrón o un legado que deja a sus propias hijas, ésta transmisión se hace sin pensarse ni cuestionarse y muchas veces va contra el desarrollo de las propias ambiciones e intereses, mismos que tienen que ser relegados para ofrendarlos en el servicio de los otros.
Por eso, en este proceso evolutivo una herramienta importante es la perspectiva de género que constituye una mirada desde las concepciones profundamente femeninas, nombra de otras maneras las cosas conocidas, hace evidentes hechos ocultos y les otorga otros significados. Incluye el propósito de
revolucionar el orden de poderes entre los géneros y con ello la vida cotidiana, las relaciones, los roles y los estatutos de mujeres y hombres. Abarca, de manera concomitante, cambiar la sociedad, las normas, las creencias, al Estado y por ello puede ocasionar reticencias en su aplicación a las personas y a las instituciones más conservadoras y rígidas, más asimiladas y consensuadas por el orden patriarcal.
Lo anterior, únicamente nos puede llevar a una conclusión que si bien es cierto las medidas legislativas como tales tienen un efecto educativo, preventivo en muchos de los casos, las acciones a favor de la modificación o adecuación de nuestra sociedad a los nuevos paradigmas basados en la perspectiva de género, tienen que enfocarse de manera importante también en aspectos de educación con base en la vigencia de los derechos humanos e incluso en los adolescentes a la autonomía progresiva como el principio por el cual se reconoce el proceso de evolución de facultades, para el ejercicio progresivo de sus derechos y garantías con autonomía personal, social y jurídica.
De ahí que cuando en las normas jurídicas en las cuales se legisla sobre cuestiones que están influidos de una gran carga cultural, dirigidos a personas con diferentes idiosincrasias, cosmovisiones, religión, se puede caer en la trampa también de tomar medidas que rayan en un autoritarismo jurídico, si no se toman en cuenta precisamente todas las cuestiones que influyen en determinado hecho para poder considerar excepciones a las reglas.
V.- Por lo anterior, quienes integramos esta comisión dictaminadora hacemos nuestra la intención en términos generales de la Iniciativa en comento a fin de modificar la edad en la cual podrán contraer tanto hombres como mujeres
matrimonio, tomando en cuenta primeramente un principio de equidad, basado en la igualdad en la diferencia de género, no obstante que en las estadísticas del Estado de acuerdo con datos de la Dirección del Registro Civil nos precisan que la tendencia de los matrimonios entre personas menores de edad año con año van disminuyendo.
En nuestra Entidad por ejemplo, los matrimonios de personas de sexo femenino que oscilan entre los 14 y 17 años, en el 2007 se celebraron 1410, en 2008 fueron 1265, 2009 un total de 1023, para 2010 sólo 995 y en los meses de 2011 suman 412. Igualmente, las cifras de matrimonios de mujeres de 14 años del 2001 a 2011 la tendencia igualmente es la baja y en total suman 487, mientras que los de 15 años en igual período y en la misma circunstancia son 1,987.
Sin embargo, en muchos países en congruencia con la CEDAW, la edad legal para el matrimonio es igual para ambos sexos y existe una tendencia a aumentar hasta los 18 años, por ejemplo: en Australia la edad legal para contraer matrimonio es 18 años para ambos sexos, entre 16 y 18 años pueden hacerlo con autorización de sus padres; en Corea también es de 18 años para ambos sexos; en Turquía pasó de 15 y 17 años para mujeres y hombres respectivamente a 18 años para ambos sexos; en Filipinas, van más allá y se requiere consentimiento de los padres entre 18 y 21 años y nunca se permite antes de los 18 años; en Etiopía igualmente quedó en 18; en algunos estados de los Estados Unidos como Carolina del Norte, Delaware, Florida, Maryland y Washington, DC, entre otros la edad legal para contraer matrimonio es de 18 años para ambos sexos, pero con consentimiento parental se pueden casar personas desde los 16 años.
En México la tendencia es similar ya que otros Estados de la República han legislado en el tema y así encontramos que en el Distrito Federal, el Código Civil en su artículo 148, establece que ambos contrayentes sean mayores de edad y una dispensa para los menores de edad siempre que ambos hayan cumplido dieciséis años para lo cual se requerirá el consentimiento del padre, madre o tutor, señalando que en ningún caso se otorgará a menores de catorce años.
Por su parte, en Coahuila y Chiapas, la edad establecida para contraer matrimonio es de dieciséis años para ambos consortes.
En razón de lo anterior, podemos advertir la necesidad de adecuar nuestro marco jurídico, a efecto de garantizar la salud de las mujeres adolescentes, procurando además su beneficio educativo, económico y social, en condición de igualdad con los hombres; y por otro lado, dar cabal cumplimiento a las disposiciones internacionales adoptadas por México.
No obstante lo hasta aquí dicho es necesario expresar que los adolescentes no son adultos incompletos o en proceso; sino sujetos de derechos con capacidad progresiva en el ejercicio de los mismos. Por tanto, debe reconocerse esta capacidad en todo nuestro sistema jurídico de manera coherente, regulándose en los casos que sea necesario un régimen de asistencia cuando así lo requieran. Pero nunca negando esta capacidad, ni el ejercicio concreto de sus derechos acordes a su edad y madurez.
Gran parte de los argumentos están basados de esta forma en la experiencia que ha demostrado que los matrimonios de adolescentes frecuentemente terminan en el abandono de uno de ellos o en el divorcio. La falta de madurez para
mantener en armonía la vida en pareja y enfrentar los problemas derivados de la convivencia conlleva la necesidad de un cierto grado de desarrollo personal. Los 18 años no son, desde luego, garantía de éxito matrimonial pero permiten presuponer una mayor madurez de la pareja para afrontar la vida común.
Por lo anteriormente expresado, quienes integramos esta Comisión dictaminadora coincidimos con la Iniciativa en comento y se va más allá, de ahí que se eleva la edad en que las mujeres podrán contraer matrimonio pasando de 14 a 16 años en igualdad de circunstancias con los 16 años para los varones, ello en pro de la postergación de la unión de adolescentes, lo que esperamos redunde en ventajas que les permitan mejorar su desarrollo personal y calidad de vida.
Finalmente, la reforma aquí planteada pretende, como ya se expresó, cumplir a cabalidad con las recomendaciones que se hacen en el sentido de brindar mayor protección a las personas menores de edad para que puedan desarrollarse en óptimas condiciones, en plena coincidencia también con el párrafo segundo del artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que estipula lo mencionado anteriormente que no tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial y que en las relaciones familiares, especialmente se aseguren condiciones de igualdad con el hombre respecto al derecho para contraer matrimonio.
Sin embargo, también atendiendo a los argumentos ya vertidos respecto a los aspectos de desarrollo físico, psicológico pero sobre todo a las cuestiones
socio culturales que influyen de forma importante es que se plantea una excepción a la regla del matrimonio sólo entre personas mayores de 16 años, y tienen que ver con permitir el matrimonio en personas menores de edad de entre 14 y 16 años incumplidos atendiendo a circunstancias especiales como pueden ser el que la mujer menor de edad se encuentre en estado de gravidez.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los Artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado; 43, 46, 52, 59 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, nos permitimos proponer a este Alto Cuerpo Colegiado, el siguiente proyecto de:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 94, en su fracción I, 136, y 225 en su primer párrafo, todos del Código Civil del Estado, para quedar redactados de la siguiente manera:
ARTÍCULO 94. Al escrito que se refiere el artículo anterior, se acompañará: I. La copia certificada del acta de nacimiento de los pretendientes. II. a IX. … ARTÍCULO 136. Para contraer matrimonio, el hombre y la mujer necesitan haber cumplido dieciséis años, salvo que exista embarazo se permitirá a los catorce años. ARTÍCULO 225. No procede la causa de nulidad cuando los contrayentes sean menores de dieciséis años en los siguientes casos:
ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la Secretaría para que se elabore la minuta correspondiente en los términos en que deba enviarse.
D A D O en el Recinto Oficial de la Sede del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los 18 días del mes de octubre del año dos mil doce.
POR LA COMISIÓN DE EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA
DIP. PATRICIA FLORES GONZÁLEZ PRESIDENTA
DIP. LIZ AGUILERA GARCÍA SECRETARIA
DIP. GLORIA GUADALUPE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ VOCAL
DIP. BENJAMÍN GARCÍA RUÍZ VOCAL
La presente hoja de firmas corresponde al dictamen que recae a la Iniciativa de la Diputada Brenda Francisca Ríos Prieto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó Iniciativa con carácter de Decreto, a efecto de reformar los artículos 94 y 136 y derogar el artículo 225 del Código Civil del Estado de Chihuahua.
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References: artículo 43
 artículo 225
 artículo 30
 Artículo 8
 artículo 12
 artículo 16
 artículo 25
 artículo 28
 artículo 3
 artículo 16
 artículo 148
 artículo 16

ARTÍCULO 94
 ARTÍCULO 136
 ARTÍCULO 225
 artículo 225