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Timestamp: 2018-04-25 12:45:29+00:00

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herbertmujica: Jun 4, 2012
http://idl-reporteros.pe/2012/05/31/columna-de-reporteros-81/
Apenas electo, Humala viajó a Brasil. Ahí visitó a la presidenta Dilma Rousseff ,el 29 de junio del año pasado. De acuerdo con fuentes con conocimiento de causa, un entusiasmado presidente electo le propuso a Rousseff elevar el nivel de la relación bilateral de "alianza estratégica" al de "sociedad estratégica".
Eso fue música para los brasileños, que consideran el 2003 como el año que marcó el inicio de la "alianza estratégica" entre Perú y Brasil.
Los brasileños son, hasta ahora, los más entusiastas por el proceso. "Perú es crucial geoestratégicamente [para Brasil]", me dijo una fuente familiarizada con el pensamiento de Itamaraty.
En noviembre del año pasado, el ministro de Defensa y ex canciller brasileño, Celso Amorim, vino al Perú y entregó al presidente Humala una carta de la presidenta Rousseff indicándole la decisión de "cooperar con el Perú en todo lo posible".
Humala no solo estuvo de acuerdo sino que buscó acelerar la cooperación y pidió que Amorim volviera para desarrollar la cooperación "en toda la línea".
En el pasado, el Perú suplió ambas necesidades en gran parte con los aviones Tucano. Fueron fundamentales en la interdicción del puente aéreo del narcotráfico en los '90; y tuvieron un desempeño digno en la confrontación con Ecuador en 1995. Pero hoy, los pocos aviones que todavía vuelan son carcochas con alas.
"Es un tema de costo-beneficio", me dijo una fuente calificada del ministerio de Defensa, "no hay punto de comparación entre las ofertas de Corea y Brasil".
La palabra clave, dijeron, es "offset". Es decir, cómo compensa, en un ambiente altamente competitivo, el país vendedor la decisión de comprarle su producto.
¿Confiaron mucho en la decisión de Humala? Parece que sí, porque la competencia con los coreanos ya estaba planteada desde el gobierno de García. "Tuvimos un programa de adquisición tanto con Brasil como con Corea", me dijo Jaime Thorne, ministro de Defensa hasta el fin del gobierno de García.
"Se iba a comprar entre 8 y 10 Super Tucanos… ofrecieron overhaulear [sic] los Tucano (…) y se trataba de comprar como 24 KT".
Según Thorne, el Super Tucano "es imbatible en lo táctico [pero] el KT es muy bueno para escuela de pilotos (…) Si las cosas estaban equilibradas, podía hacerse ambos. Y Brasil ofrecía buena financiación".
Luego de la sorpresa y el mal disimulado enojo, los brasileños parecen haber aceptado el desafío coreano. "¿Se sienten como la novia (o el novio) vestida para la boda, y que ve entrar a otra novia a la limusina?" pregunté a un experimentado profesional brasileño. "Hasta donde sé" contestó, "ninguna novia se ha subido a la limusina y menos se ha casado todavía".
Pero mientras la competencia se intensifica, la perspectiva termina por aclararse para algunos. Una fuente familiarizada con el pensamiento diplomático brasileño, expresó que, ganen o pierdan, "el Perú es [para nosotros] mucho más importante que doce aviones".
Delictiva e ilegal Resolución de San Martín
La reciente Resolución Administrativa N° 096-CE-PJ de 31-5-2012 que suscribe solo y sella el Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), César San Martín Castro, quien a su vez es Presidente de la Corte Suprema de Justicia, es inconstitucional, ilegal y delictiva; ergo, acarrea grave responsabilidad penal a su mentor por un variopinto Concurso Ideal de ilícitos: falsedad ideológica, prevaricato, abuso de autoridad y falsedad genérica.
Dispone textual e ilegalmente su Artículo Primero que "las conductas delictivas (o sea, todas) objeto de imputación cometidas con motivo de la convulsión social que tienen lugar en las Regiones del Cusco y Cajamarca, serán de conocimiento" de jueces de competencia supraprovincial de los Distritos Judiciales de Ica y Lambayeque.
En sencillo: cualquier delito que se cometa en Cajamarca al oponerse al proyecto Conga será visto en Chiclayo; y los que se cometan en Espinar o Cusco por caso Tintaya serán conocidos en la ciudad de Ica. Los detenidos correrán la misma suerte.
El Considerando Sexto de esta Resolución afirma que se dispone así "en aplicación del artículo 24° del nuevo Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 957" y que esas "conductas delictivas sean conocidas por órganos jurisdiccionales de competencia supraprovincial".
Siendo ampliamente conocido que César San Martín Castro es un especialista del campo penal, versado en la materia sin parangón, catedrático universitario, autor consagrado de muchos libros de indiscutible autoridad académica y añejo magistrado que cultiva la ciencia de Cesar Beccaria: de los delitos y las penas, son más reprobables los ilícitos penales que ha consumado. Veamos.
Es cierto que el Art. 24° del Código Procesal Penal invocado otorga al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial una facultad específica de "organización territorial y funcional" de los jueces penales; pero es falso que sea respecto de todas las "conductas delictivas"; aún más falso que se refiere a delitos de "convulsión social"; y peor todavía de "Cusco y Cajamarca".
El texto claro y expreso del numeral 24° del citado Código Adjetivo ha sido desobedecido, violado y ultrajado delictivamente, por satisfacer con velocidad el pedido escrito y reservado del ministro del Interior Wilver Calle Girón, conocido por sujetarse a Montesinos.
La primera línea de la Resolución en cuestión reza: "VISTO: El oficio con carácter reservado cursado en la fecha por el señor Ministro del Interior". ¡Sí, el mismo día 31-5-2012 San Martín Castro resolvió la petición del cuestionado ministro! ¡Demasiado veloz nuestro Presidente de la Suprema para convocar al CEPJ, deliberar, tomar acuerdos entre varios y redactar una compleja Resolución Administrativa de 4 páginas: todo en un solo día!
La prevaricación, la falsedad ideológica y el abuso de autoridad fluyen diáfanos. Resulta que el Artículo 24° falsamente invocado no se refiere a cualquier delito, sino únicamente a los "especialmente graves" o los que produzcan "repercusión nacional" cuyos "efectos" superen el ámbito de un Distrito Judicial, o los cometidos por "organizaciones delictivas", que la "ley establezca". El entrecomillado es como un subrayado y es mío.
¿Alguna ley ha establecido lo que ha decidido San Martín, a pedido del gobierno, con una Resolución Administrativa que no está facultado a expedir? No, no y NO.
Ninguna ley ha establecido cuáles son los delitos "especialmente graves" de todos los cientos o miles que contiene el Código Penal; tampoco existe ley que haya señalado qué delitos producen "repercusión nacional" con "efectos" que superen el ámbito de un distrito judicial; menos alguna ley ha establecido el tipo de delitos que cometan "organizaciones delictivas" ni la identificación de éstas.
¿Qué criterio legal adoptará un juez, sin violar el principio de la legalidad penal, para saber si está ante un ilícito "especialmente grave" y definir su competencia? ¿Cuál será la medida legal de la "repercusión nacional" y se podrán mensurar los "efectos" de un ilícito que supere el ámbito de un "distrito judicial" para invadir otro?
¡A una Resolución Administrativa de César San Martín Castro, ni del CEPJ por unanimidad, compete hacer esta difícil distinción conceptual, sino a una ley dada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, porque así lo dispone el Artículo 24° del Código Procesal Penal invocado y violado por el mismo San Martín!
En consecuencia, su responsabilidad penal fluye nítida e incontrovertible, porque él sabe lo que hace, actúa a sabiendas en materia penal. Algún congresista de sólida estructura ético-moral debe formular la denuncia constitucional del caso. ¿Habrá quién?
Yo, LIZ CHASKA MORI HERNANDEZ, identificada con DNI No. 07876884, con domicilio en Mz. W1. Lote 07, Prolongación Jahuay, distrito de Lurín; señalando domicilio procesal en Calle Coronel Inclán No. 135, of. B, distrito de Miraflores, ante usted con el debido respeto me presento y expongo:
Lurín, 10 de mayo, 2012
Liz Chaska Mori Hernández
DNI No. 07876884

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 24
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 Artículo 24
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