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Timestamp: 2019-11-17 19:13:29+00:00

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Jurisprudencia sobre decomiso y casación de oficio [Casación 540-2015, Puno] | LP
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Jurisprudencia sobre decomiso y casación de oficio [Casación 540-2015, Puno]
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, mediante la ejecutoria recaída en la Casación N° 540-2015-Puno, estableció que, por regla general, el decomiso es una consecuencia accesoria de las sentencias condenatorias, y solo por excepción pueden ordenarse en sentencias absolutorias, siempre que la materialidad del delito está confirmada, mas no la responsabilidad penal del imputado, y, solo sobre bienes previamente incautados de carácter intrínsecamente delictivos (Pariona Abogados).
Sumilla: El recurso de casación de oficio regulado en el inciso uno del artículo cuatrocientos treinta y dos, faculta a este Supremo Tribunal a casar ciertas resoluciones que pueden devenir en inadmisibles. En el presente caso, la Sala de Mérito, pese a que absolvió al procesado por delito de lavado de activos, dispuso el decomiso definitivo del dinero incautado, sin que medie alguna fundamentación de dicha decisión; infringiéndose la garantía constitucional a. la debida motivación, relacionado al principio de legalidad. Asimismo, el Tribunal de mérito se apartó de la doctrina jurisprudencial establecida en este Tribunal, esto es, el Acuerdo Plenario N° 5-2010-CJ-l 16 que estableció que el decomiso es una consecuencia directa de una sentencia condenatoria.
Casación N° 540-2015, Puno
Lima, trece de noviembre de dos mil quince.-
AUTOS Y VISTOS; el recurso de casación interpuesto por Juan Carlos Huanca Mamani -Primera Fiscalía Superior Penal de Puno- contra la sentencia de vista del Quince de junio de dos mil quince- fojas setenta y uno. Interviene como ponente el señor juez Supremo PARIONA PASTRANA; y
1. Agravios postulados por el recurrrente
Primero: El recurrente fundamentó su recurso de casación -fojas noventa y ocho-, invocando;
Causal 3 del artículo 429 del Código Procesal Penal, sosteniendo que existió una errónea interpretación del artículo 3 del decreto legislativo N° 1106, pues en la sentencia recurrida se concluye que el transportar dinero pese a tener conocimiento de su origen ¡lícito, se torna atípico por el hecho de no haberse especificado su finalidad que es evitar su identificación.
Causal 5 del artículo 429 del citado Código: en diversos pasajes de la sentencia recurrida se señala “…al no haberse acreditado…”, “…no se acreditó…”, fijando como criterio de la Sala que el origen ilegal del dinero debe estar acreditado, y probado, es decir, la sentencia requiere que exista otra sentencia que de manera clara determine el origen ilegal del dinero. Dicho razonamiento contradice lo establecido por la doctrina nacional mediante el fundamento 32 del Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-l 16.
Causal 4 del artículo 429 del Código Adjetivo: La sentencia recurrida se limita a indicar los elementos de pruebas actuados, sin señalar por qué estos sustentarían su decisión. Asimismo, en la parte final del fundamento jurídico 2.5 de la resolución impugnada se precisó que el acusado no acreditó de forma suficiente la totalidad de la procedencia del dinero incautado, resultando contradictorio con la decisión de absolver.
Segundo: El recurso de casación es un recurso extraordinario y limitado porque su procedencia debe ser verificada por las causales taxativamente previstas en la ley, cuyo ámbito de aplicación comprende la correcta aplicación del derecho material, la observancia de las normas del debido proceso y la producción de doctrina jurisprudencial que unifique los criterios de los Tribunales de justicia.
Tercero: En ese sentido, los supuestos de procedencia del recurso de casación están regulados en el artículo 427 del Código Procesal Penal, teniéndose que la procedencia ordinaria del recurso de casación está sujeta a lo señalado en el numeral 1 del citado artículo: “El recurso de casación procede contra sentencias definitivas, los autos de sobreseimiento, y los autos que pongan fin al procedimiento, extingan la acción penal sin embargo, ello está sujeto a lo previsto en el inciso 2 del mismo artículo, que señala: “La procedencia del recurso de casación, en los supuestos indicados en el numeral primero, está sujeta a las siguientes limitaciones: (…) b) Si se trata de sentencias, cuando el delito más grave a que se refiere la acusación escrita del Fiscal tenga señalado en la Ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor a seis años’’.
Cuarto: El recurso de casación planteado por el representante del ministerio Público contra la sentencia de vista del quince de junio de dos mil quince -fojas setenta y uno- que revocó la sentencia del veintiocho de enero de dos mil quince que condenó a José Condori Canaza, por tanto, se trata de una resolución recurrible vía casación -artículo 427, numeral 1, del Código Adjetivo-; conforme a ello, se tiene que el delito materia de acusación fiscal es de Lavado de Activos, en su modalidad de transporte por territorio nacional de dinero de origen ¡lícito -presuntamente de Tráfico ilícito de drogas-, sancionado en el artículo 3, concordado con el artículo 4 del decreto legislativo N° 1106, advirtiéndose que el delito imputado en su extremo mínimo supera los seis años de pena privativa de libertad; en consecuencia, el recurso planteado cumple con el criterio summa poena establecido en la norma procesal; lo que implicaría prima facie su admisión.
Quinto: Aunado a ello, debe verificarse que el recurso de casación cumpla con los demás requisitos formales que exige la norma procesal para su admisión. Así, el inciso 1 del artículo 430 del Código (Procesal Penal prescribe que los agravios señalados por el recurrente se encuentren enmarcados en las causales del artículo 429 del citado Código; asimismo, dichas causales deberán ser motivadas con argumentos de hecho y de derecho.
Sexto: Conforme a lo señalado, se puede afirmar que en estricto el recurrente busca una revaloración probatoria al no estar conforme con la decisión adoptada, es decir, busca con la interposición de su recurso de casación una suerte de tercera instancia, la misma que está proscrita en razón de la naturaleza jurídica del recurso de casación. El recurrente cuestiona la aparente errónea interpretación la Sala Penal de Apelaciones respecto al artículo 3 del D.L. N° 106; sin embargo, se advierte que la sentencia señala claramente que en el caso concreto no concurre la finalidad de evitar la identificación del origen ilícito; y mucho menos la justificación de que dinero incautado tenga procedencia ¡lícita -véase a fojas setenta y siete-, por tanto se entiende que la sentencia absolutoria se dio por no encontrarse la configuración de los elementos objetivos del tipo penal.
Sétimo: Asimismo, se cuestiona un apartamiento de doctrina, pues se afirma que la sentencia recurrida señala que para la acreditación de la procedencia ilícita se necesita una sentencia condenatoria del delito precedente; sin embargo de la lectura de autos no se advierte ello, pues solo se señala que a consideración de la Sala Penal de Apelaciones, como fruto de la valoración probatoria realizada por éstos, no encuentran elementos de convicción que señalen que el dinero incautado tenga procedencia ilícita, manteniéndose incólume la presunción de inocencia.
Octavo: Por último, se señala que la sentencia recurrida incurre en una deficiente motivación al presentar los agravios señalados anteriormente; asimismo, el recurrente afirma que ésta es contradictoria, pues termina señalando que no se acreditó en su totalidad la procedencia del dinero incautado. Al respecto, debemos señalar que la no acreditación (total) del dinero que se incautó, no es medio de prueba suficiente para acreditar que éste es de procedencia ilícita, sobre todo si quien debe acreditar suficientemente la imputación es el Ministerio Público, y no el imputado. Por tanto, dicho argumento resulta inviable. Por lo señalado, conforme al literal “a” del inciso I, del artículo 428 del Código Procesal Penal, el recurso de casación debe desestimarse.
IV. Casación de oficio
Noveno: La recurrida presenta contradicciones entre sus premisas, al señalar, en la parte considerativa, que no se acreditó que el dinero incautado sea de procedencia ¡lícita, menos aún que el procesado Condori Canaza haya presumido la ilicitud del mismo; no obstante, en la parte resolutiva, pese a que declaró absuelto a dicho procesado, dispuso el decomiso definitivo del dinero incautado por la suma ascendente de $10,240 dólares americanos; advirtiéndose que dicha decisión no solo infringe la garantía constitucional a la debida motivación de resoluciones judiciales, sino también el principio de legalidad, pues según lo previsto en el artículo 102° del Código Penal, el decomiso es una consecuencia accesoria de la pena. De igual forma, el Tribunal de Mérito se apartó de la doctrina jurisprudencial establecida en este Tribunal, esto es, el Acuerdo Plenario N° 5-2010-CJ- 116, que estableció que el decomiso es una consecuencia directa de una sentencia condenatoria.
Décimo: Por tanto, esta Suprema Sala en el uso de las facultades dadas por la norma mediante el inciso uno del artículo cuatrocientos treinta y dos del Código Procesal Penal, que señala: “El recurso atribuye a la Sala Penal de la Corte Suprema el conocimiento proceso (…) sin perjuicio de las cuestiones que sean declaradas e oficio en cualquier estado y grado del proceso”, declara casación de oficio, por advertir la configuración de las causales 1,4 y 5 del artículo 429 del Código Procesal Penal.
Decisión: Por estos considerandos declaran:
I. INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Juan Carlos Huanca Mamani -Primera Fiscalía Superior Penal de Puno- contra la sentencia de vista del quince de junio de dos mil quince —fojas setenta y uno-.
II. BIEN CONCEDIDO DE OFICIO el recurso de casación por las causales 1, 4 y 5 establecidas en el artículo 429° del Código Procesal Penal.
III. DISPUSIERON que la causa permanezca en Secretaría a disposición de las partes por el plazo de diez días, y vencido el mismo se dé cuenta para fijar fecha para la audiencia de casación.
IV. MANDARON se notifique a las partes la presente Ejecutoria.
Sumilla: Por regla general, el decomiso es una consecuencia accesoria de las sentencias condenatorias; y solo por excepción pueden figurar en sentencias de carácter absolutorio siempre que la materialidad del delito está confirmada, mas no la responsabilidad penal del imputado; y, solo sobre bienes previamente incautados de carácter intrínsecamente delictivos.
Lima, veintisiete de setiembre de dos mil dieciséis.-
VISTOS; en audiencia el recurso de casación de oficio contra la sentencia de vista del quince de junio de dos mil quince –fojas setenta y uno-, por la causal 5 del artículo 429 del Código Procesal Penal, contra la sentencia de vista del dos de marzo de dos mil quince –fojas 175-. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Pariona Pastrana.
A. Hechos fácticos relevantes
Primero: Conforme al requerimiento de acusación -fojas 3 del cuaderno de juzgamiento- se imputa a José Condori Canaza -actualmente absuelto- que el 29 de mayo de 2013, en circunstancias que el personal policial de la comisaría PNP – Ilave, desarrollaba un operativo policial denominado “Control de identidad”, a los vehículos que cubren la ruta de Puno – Desaguadero y viceversa, siendo que a las 15:15 horas aproximadamente se intervino al vehículo perteneciente a la Empresa de Transportes de Pasajeros “San Andrés”, con placa de rodaje Z1S-950, siendo que al realizar el registro vehicular y control de identidad de pasajeros, al acusado José Condori Canaza se le encontró transportando $ 10,240.00 dólares americanos en fajos de dinero, que al ser sometido a la prueba de campo para descarte, uno de ellos ha resultado positivo para adherencia compatible al alcaloide de cocaína, lo que evidencia que el dinero tendría como origen el delito de tráfico ilícito de drogas.
Segundo: En el proceso a nivel de primera instancia seguido contra José Condori Canaza, por delito de lavado de activos, en su modalidad prevista en el artículo 3 del decreto legislativo N° 1106 – Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal, con la agravante del segundo párrafo del artículo 4 del citado cuerpo normativo; por lo que, se arribó a una sentencia condenatoria por mayoría -resolución N° 12-2015 del 28 de enero de 2015 a fojas 1 del tomo de Juzgamiento especializado- afirmando que los elementos objetivos del tipo penal imputado se encontraban probados. Por tales motivos, resolvió adicionalmente a la condena -privativa de libertad-, y la reparación civil -por los daños y perjuicios generados-, el decomiso definitivo del dinero. En dicha resolución, el decomiso definitivo del dinero inicialmente incautado se sustentó en el artículo 102 del Código Penal, señalando que obedece a una consecuencia directa de la condena -véase fundamento jurídico 8 de la sentencia de primera instancia-.
Tercero: La sentencia de primera instancia fue apelada por el condenado José Condori Canaza -fojas 32 del tomo de Juzgamiento especializado-, logrando ser revocada; es decir, la sentencia emitida en segundo instancia -resolución N° 04-2015 del 15 de junio de 2015- absolvió a José Condori Canaza de la acusación fiscal como autor del delito de lavado de activos agravado, en su forma de transporte por territorio nacional de dinero de origen ilícito (proveniente de tráfico ilícito de drogas), consecuentemente, se revocó la reparación civil y los días multa impuestos. Sin embargo, se ratificó la disposición de decomisar definitivamente el dinero incautado ascendente a $ 10 240.00 dólares americanos.
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Cuarto: Ante la revocatoria de la sentencia condenatoria el representante del Ministerio Público – Juan Carlos Huanca Mamani de la Primera Fiscalía Superior Penal de Punointerpuso el recurso extraordinario de casación -véase a fojas 245-, invocando las causales 1 y 4 del artículo 429 del Código Procesal Penal:
Causal 3 del artículo 429 del Código Procesal Penal, sosteniendo que existió una errónea interpretación de la ley penal: artículo 3 del decreto legislativo N° 1106, pues señalan que se incurre en el absurdo de concluir que trasportar dinero pese a tener conocimiento de su origen ilícito, se torna atípico por el hecho de no haberse especificado su finalidad que es evitar su identificación.
Causal 5 del artículo 429 del citado Código, pues en diversos pasajes de la sentencia recurrida se señala “… al no haberse acreditado…”, “…no se acreditó…”, fijando como criterio de la Sala que el origen ilegal del dinero debe estar acreditado y probado; es decir, la resolución cuestionada requiere que exista otra sentencia que de manera clara determine el origen ilegal del dinero. Dicho razonamiento contradice lo establecido por la doctrina nacional mediante el fundamento 32 del Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116.
Causal 4 del artículo 429 del Código Adjetivo, ya que la sentencia recurrida se limita a señalar los elementos de pruebas actuados, sin señalar por qué estos sustentarían su decisión. Asimismo, en la parte final del fundamento jurídico 2.5 se precisó que el acusado no acreditó de forma suficiente la totalidad de la procedencia del dinero incautado, resultando contradictorio, con la decisión de absolver.
Quinto: En consideración de lo señalado, se emitió la ejecutoria suprema del 13 de noviembre de 2015 -véase fojas 39 del cuaderno de casación- declarando el recurso de casación: 1) Inadmisible el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público (argumentado ello en el auto de calificación fundamentos jurídicos 4 – 8); y, 2) Bien concedido de oficio el recurso de casación por apartamiento de la doctrina jurisprudencial –inciso 5 del artículo 429 del Código Procesal penal-; sosteniendo que la sentencia de vista se apartó de la doctrina jurisprudencial establecida en el Acuerdo Plenario N° 5-2010-CJ-116, que en líneas generales establece los alcances de la medida coercitiva de incautación, y la diferencia de ésta con el decomiso; siendo el decomiso una consecuencia directa de una sentencia condenatoria.
A. El derecho a la propiedad
Sexto: La propiedad es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente en el artículo 2, inciso 16, de la Constitución Política del Perú, es así que el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia lo define como:
El derecho de propiedad es un derecho fundamental que guarda una estrecha relación con la libertad personal, pues a través de él se expresa la libertad económica que tiene toda persona en el Estado social y democrático de derecho. El derecho de propiedad garantiza la existencia e integridad de la propiedad (corporal o incorporal) para el propietario, así como la participación del propietario en la organización y el desarrollo de un sistema económico-social. De ahí que en el artículo 70° de la Constitución se reconozca que el “derecho de propiedad es inviolable” y que el “Estado lo garantiza”. (STC. Exp. N° 03258-2010-PA/TC, Caso Torres Fernández, fundamento jurídico N° 2).
Sétimo: Asimismo, el Tribunal Constitucional mediante la sentencia recaída en el expediente Nº 05614-2007-PA/TC, ha descrito brevemente las características fundamentales del derecho a la propiedad:
a) Un derecho pleno, en el sentido que le confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones que puede ejercer autónomamente dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico y los derechos ajenos.
b) Un derecho irrevocable, en el sentido de reconocer que su extinción o transmisión depende de la propia voluntad del titular y no de la realización de una causa extraña o del solo querer de un tercero, salvo las excepciones que prevé expresamente la Constitución Política.
Octavo: La propiedad en tanto derecho fundamental, constitucionalmente reconocido, merece y exige por parte del Estado y sus órganos protección; de manera que se garantice a toda persona el goce, disfrute y ejercicio en libertad de su propiedad. Lo señalado no niega que como todo derecho fundamental, pese a su importancia, encuentra ciertos límites y restricciones. En el caso del derecho a la propiedad se pueden encontrar los siguientes supuestos, de carácter constitucional: a) estar establecidas por ley, b) ser necesarias, c) ser proporcionales, y d) hacerse con el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática.
Noveno: Dentro de las limitaciones al derecho de propiedad, establecidas por ley encontramos: 1) expropiación, 2) incautación, y 3) decomiso; figuras jurídicas que bajo distintos supuestos restringen temporal o permanentemente el derecho a la propiedad. En el caso materia de casación resulta de interés determinar los límites del derecho a la propiedad respecto a la medida restrictiva denominada decomiso.[1]
B.- El Decomiso
Décimo: Como ya se señaló en la casación N° 382-2014, fundamento jurídico 14: “El decomiso es considerado dentro de nuestro Código Penal, artículos 102 y 103, como una consecuencia accesoria a la pena, que deberá resolverse por el Juez [Penal], salvo que exista un proceso autónomo para ello. Sin embargo, al ser esta medida jurídica un límite al derecho constitucional de propiedad merece ser dictada como toda decisión judicial debidamente motivada. La decisión judicial de decomisar un efecto, instrumento u objeto del delito debe pasar por un análisis, donde se verifique si resulta proporcional el comiso.” (resaltado nuestro)
Décimo primero: Por tanto, al tratarse de una figura jurídica accesoria, ésta dependerá siempre de la existencia previa y principal de una sentencia de carácter condenatoria. Así, podemos afirmar que al existir una sentencia que dictamine absolución, no podrá ordenarse el decomiso de bienes que hayan podido ser inicialmente incautados. Debemos advertir que lo señalado guarda relación con lo citado en el Acuerdo Plenario 5 – 2010/CJ-116, fundamento jurídico N° 9, que dice : “(…) la incautación cautelar -artículo 316, inciso uno, del Código Procesal Penal- precede al decomiso como consecuencia accesoria que se dictará en la sentencia [condenatoria] -artículo 102 del Código Penal-.” (resaltado nuestro)
Décimo segundo: Es importante advertir una excepción a la regla en relación a que solo en sentencias condenatorias se puede ordenar el decomiso; y ello ocurre cuando al dictarse una sentencia de carácter absolutorio en razón de que no se ha demostrado la responsabilidad penal del imputado, mas sí ha quedado acreditada la configuración del ilícito penal, ordenandose el decomiso de aquellos bienes de carácter intrínsecamente delictivo -como, por ejemplo, la droga, armas ilegales, dinero falsificado, etc.-
Décimo tercero: Del análisis del presente caso, en consideración de los fundamentos jurídicos previamente señalados, se puede afirmar que la sentencia del 28 de enero de 2015 -fojas1 del cuaderno de apelación- de carácter condenatoria, en el fundamento jurídico octavo se fundamentó como sigue: “8.3. En el presente caso se está expidiendo una sentencia condenatoria, por tanto el pedido del fiscal se encuentra arreglado a ley, por cuanto la comisión del delito fue en flagrancia delictiva y el efecto del delito es el dinero transportado, por lo que debe disponerse su decomiso.”
Décimo cuarto: Como se señaló, lo dispuesto en la sentencia de primera instancia, se encontraba conforme a derecho, pues en dicha sede se había demostrado -aparentemente- no solo la comisión del ilícito -lavado de activos-, sino la responsabilidad penal del imputado José Condori Canaza, resultando que el dinero inicialmente incautado tenía una procedencia ilícita y correspondía su decomiso. Sin embargo, lo citado cambió a nivel de apelación.
Décimo quinto: De la revisión de sentencia de apelación del 15 de junio de 2015 -fojas 71 del cuaderno de apelación que absolvió al imputado José Condori Canaza del delito imputado por el Ministerio Público, por considerar que no existían elementos probatorios suficientes que desvirtúen su garantía constitucional de presunción de inocencia, no se entiende por qué mantiene la orden de decomiso definitivo del dinero. Dicha situación se agrava al no encontrar fundamento jurídico que sustente dicha medida.
Décimo sexto: Como se señaló, por regla general, al existir bienes inicialmente incautados de propiedad del imputado de existir una sentencia condenatoria, estos pasan a decomiso definitivo, salvo el decomiso facultativo en virtud al principio de proporcionalidad (Conforme al artículo 103 del Código Penal que regula de Decomiso facultativo). Sin embargo, la más asentada excepción se da cuando pese a existir una sentencia absolutoria -no se demostró responsabilidad penal del imputado- los bienes inicialmente incautados son de carácter intrínsecamente delictivos: por lo que, en dicho supuesto cabe el decomiso pese a una sentencia absolutoria.
Décimo sétimo: En ese sentido, en el caso concreto se puede advertir que el objeto de incautación y posterior comiso era dinero ascendiente a un monto de $ 10,240.00 dólares americanos. El dinero como tal, no es un bien intrínsecamente delictivo, salvo que éste sea falsificado, o esté demostrado que proviene de un acto delictivo. En el caso concreto, a nivel de segunda instancia, no se menciona que el dinero incautado sea falsificado, ni se demuestra cabalmente que tenga procedencia ilícita; contrario a ello, el mismo Colegiado precisa que solo parte del dinero incautado no pudo ser justificado por el imputado. Por tanto, en el caso concreto competía que se declare la devolución del dinero incautado, en tanto no existían argumentos válidos para su decomiso, primando por tanto el derecho de propiedad del imputado.
Décimo octavo: Este Supremo Tribunal debe advertir que conforme a la Ley N° Nº 28306 -vigente al momento de los hechos-, sexta disposición se ordenaba: “6.1. Establézcase la obligación para toda persona, nacional o extranjera, que ingrese o salga del país, de declarar bajo juramento instrumentos financieros negociables emitidos “al portador” o dinero en efectivo que porte consigo por sumas superiores a US$ 10,000.00 (Diez mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional u otra extranjera. (…) 6.3. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en los numerales precedentes, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria dispondrá: a.- La retención temporal del monto íntegro de dinero en efectivo o de los instrumentos financieros negociables emitidos “al portador” y la aplicación de una sanción equivalente al treinta por ciento (30%) del valor no declarado, como consecuencia de la omisión o falsedad del importe declarado bajo juramento por parte de su portador. (…)” De demostrarse las infracciones administrativas -omisión de declarar dinero al salir o entrar del país- sería la SUNAT, la entidad encargada de seguir un procedimiento administrativo a José Condori Canaza, y aplicar la sanción respectiva por la omisión cometida. Mas no el Juez penal, mediante la consecuencia accesoria del decomiso, en tanto éste no acreditó la responsabilidad penal, ni tampoco la procedencia delictiva del dinero incautado.
Décimo noveno: Asimismo, cabe agregar que existe normativa pertinente, a fin de supervisar la licitud del dinero que se utiliza en diversas transacciones dentro del país. Así, tenemos la Ley N° 27693 “Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF- Perú” que en su artículo 8 señala una lista de los sujetos que se encuentran obligados a proporcionar información, referida al artículo 3 de la ley, dentro de la cual encontramos por ejemplo: “inciso 2. Solicitar, recibir y analizar información sobre las operaciones sospechosas que le presenten los sujetos obligados a informar por esta Ley, mediante los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).” En ese sentido, el artículo 8.2 de la citada Ley precisa que: “Asimismo quedan obligados a informar a la UIF-Perú, con respecto a operaciones sospechosas y/o operaciones de acuerdo al monto que fije el reglamento, las personas naturales o jurídicas que se dediquen a las actividades de: 1. La compra y venta de divisas. 2. El servicio de correo y courrier. 3. El comercio de antigüedades. 4. El comercio de joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales. 5. Los préstamos y empeño. 6. Las agencias de viajes y turismo, hoteles y restaurantes. 7. Los Notarios Públicos. 8. Los Martilleros Públicos. 9. Las personas jurídicas o naturales que reciban donaciones o aportes de terceros. (…) “.
Vigésimo: Asimismo, el artículo 9 de la citada ley, referido al registro de operaciones, establece que: “9.1 El Registro de Operaciones para los efectos de la presente Ley se sujetará a las reglas establecidas en el presente artículo. 9.2 Los sujetos obligados a informar, conforme a la presente Ley, deben registrar cada operación que supere el monto que se establezca en el reglamento respectivo por los siguientes conceptos: (…) f) Compraventa en efectivo de moneda extranjera (…)” (resaltado nuestro).
Vigésimo primero: En ese sentido, conforme al artículo 6 del reglamento de la Ley N° 27693 que precisa: “6.1 Los Sujetos Obligados a informar señalados en los numerales 8.1 y 8.2 del artículo 8 de la Ley deben registrar, mediante sistemas manuales o informáticos, las operaciones referidas en el numeral 9.2 del artículo 9 de la Ley, según corresponda; que realicen sus clientes habituales u ocasionales por importes iguales o superiores a US$ 10,000.00 (diez mil dólares americanos) o su equivalente en moneda nacional; con excepción de las empresas de transferencia de fondos, casinos, sociedades de lotería y casas de juego, incluyendo bingos, hipódromos, y sus agencias, que deben registrar las transacciones a partir de US$ 2,500.00 (dos mil quinientos dólares americanos) o su equivalente en moneda nacional. (…)” (resaltado nuestro).
Vigésimo segundo: Una vez más conforme la normativa administrativa señalada se puede advertir que no es el Juez Penal quien debe cautelar la licitud del dinero más allá de toda duda razonable, más aún si se resolvió con una sentencia absolutoria; ya que existen ciertos sujetos -normado por ley- quienes ante determinadas situaciones, deben exigir una justificación del dinero que forma parte de la operación o transacción que supervisan o intervienen por razón de su cargo -sujetos obligados-. -Por ejemplo, el notario que registra una compra y venta por arriba de los $10,000.00 dólares americanos-.
I. FUNDADO DE OFICIO el recurso de casación contra la sentencia de vista del quince de junio de dos mil quince –fojas 71-, por la causal 5 del artículo 429 del Código Procesal Penal.
II. CASARON la sentencia de vista del quince de junio de dos mil quince –fojas 71- en el extremo que: “3.- DISPUSIERON el DECOMISO DEFINITIVO del dinero incautado ascendente a la suma de diez mil doscientos cuarenta dólares americanos”; y en sede de instancia y emitiendo pronunciamiento de fondo REVOCARON el extremo de la sentencia apelada del veintiocho de enero de dos mil quince que dispone el decomiso definitivo del dinero incautado ascendente a la suma de diez mil doscientos cuarenta dólares americanos; y, REFORMÁNDOSE ORDENARON la devolución a José Condori Canaza del dinero incautado ascendente a la suma de diez mil doscientos cuarenta dólares americanos.
III. ORDENARON se dé lectura de la presente sentencia casatoria en audiencia pública y se publique en el diario oficial El Peruano, de conformidad con lo previsto en el numeral tres del artículo cuatrocientos treinta y tres del Código Procesal Penal. Hágase saber.
[1] Lo señalado es una línea jurisprudencia desarrollada mediante la casación N° 382-2013.
Descarga aquí en PDF la Casación 540-2015, Puno
8 Feb de 2017 @ 08:54
¡Ya es oficial! Publican Ley 30838, que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal

References: artículo 429
 artículo 3
 artículo 429
 artículo 429
 resolución 
 artículo 427
 resolución 
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 430
 artículo 429
 artículo 3
 artículo 428
 artículo 102
 artículo 429
 artículo 429
 artículo 429
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 102
 artículo 429
 artículo 429
 artículo 3
 artículo 429
 resolución 
 artículo 429
 artículo 429
 artículo 2
 artículo 70
 artículo 103
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 429