Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/24425
Timestamp: 2020-06-07 10:59:05+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 74/2015
SENTENCIA 74/2015, de 27 de abril
ECLI:ES:TC:2015:74
c) Interpuesto recurso de súplica contra la anterior providencia, donde el demandante denunciaba las dilaciones indebidas que podrían producirse al fijarse la vista en plazo tan alejado, el Juzgado lo desestimó por Auto de 16 de septiembre de 2009. Razona que la providencia recurrida “acata estrictamente el Artículo 182 de la L.E.Civ., señalándose día para la vista según los procedimientos lleguen y por orden en que lleguen”, no existiendo, añadía, “ninguna de las causas para realizar nuevo señalamiento (Art. 183 y ss de la L.E.Civ.)”.
Para desvirtuar lo expuesto, según la demanda presentada, no sirve alegar el carácter “estructural” de dichos retrasos, no debiendo olvidarse que el derecho que reconoce el art. 24.2 CE no se limita al aspecto negativo de proscripción de las dilaciones indebidas sino que incluye asimismo el derecho a que la decisión se dicte en un plazo razonable (se citan, entre otras, las SSTC 24/1981, de 14 de julio, y 32/1999, de 8 de marzo).
El Abogado del Estado interesa la inadmisión del presente recurso de amparo, dada la falta de justificación de la especial trascendencia constitucional. Con carácter subsidiario postula la desestimación del recurso, al no apreciar lesión del derecho fundamental invocado, y a su vez apunta la pérdida sobrevenida de su objeto.
3. En cuanto a la alegación del Abogado del Estado relativa a la pérdida sobrevenida del objeto del recurso, como dijera recientemente nuestra STC 99/2014, de 23 de junio, FJ 2, y antes aún el Pleno de este Tribunal en la STC 54/2014, de 10 de abril, FJ 3, aunque al tiempo de dictarse esta Sentencia resolutoria del recurso de amparo la dilación indebida denunciada ya haya cesado (el recurso contencioso-administrativo entablado por el demandante finalizó incluso con anterioridad a la fecha de admisión del recurso), no por ello debe apreciarse que haya quedado privado de objeto el presente proceso constitucional, pues no puede considerarse reparada aquella dilación mediante una actuación judicial tardía o demorada. De lo contrario, añadía el Pleno del Tribunal, con cita de la STC 141/2010, de 21 de diciembre, FJ 2, “el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas se vería en buena medida desprovisto del contenido que le es propio, y no sería fácilmente reconocible al quedar la existencia misma de la dilación indebida al albur de la actitud del órgano jurisdiccional ante el hecho exclusivo de la interposición del recurso de amparo que, por su parte, podría correr el peligro de desnaturalizarse si se utilizara más como instrumento conminatorio sobre el órgano judicial que como medio reparador de las lesiones que padezcan los derechos fundamentales que la Constitución reconoce y garantiza”.
“Para determinar si nos encontramos o no ante una vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE), hemos de acudir a las pautas que nos ofrece nuestra doctrina, conforme a la cual este derecho está configurado como un concepto jurídico indeterminado que, por su imprecisión, exige examinar cada supuesto a la luz de aquellos criterios que permitan verificar si ha existido efectiva dilación y, en su caso, si ésta puede considerarse justificada, por cuanto “no toda infracción de los plazos procesales o toda excesiva duración temporal de las actuaciones judiciales supone una vulneración del derecho fundamental que estamos comentando” (STC 153/2005, de 6 de junio, FJ 2). En la STC 178/2007, de 23 de julio, FJ 2, recogiendo jurisprudencia anterior, subrayábamos que la prohibición de retrasos injustificados en la marcha de los procesos judiciales impone a Jueces y Tribunales el deber de obrar con la celeridad que les permita la duración normal o acostumbrada de litigios de la misma naturaleza y con la diligencia debida en el impulso de las distintas fases por las que atraviesa el proceso. Asimismo, en coincidencia con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el art. 6.1 del Convenio de Roma (derecho a que la causa sea oída en “un tiempo razonable”), que ha sido tomada como el estándar mínimo garantizado en el art. 24.2 CE, afirmábamos que el juicio sobre el contenido concreto de las dilaciones, y sobre si son o no indebidas, debe ser el resultado de la aplicación a las circunstancias específicas de cada caso de los criterios objetivos que a lo largo de nuestra jurisprudencia se han ido precisando, y que son la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, el interés que arriesga el demandante de amparo, su conducta procesal y la conducta de las autoridades (En los mismos términos, las SSTC 38/2008, de 25 de febrero, FJ 2; 93/2008, FJ 2; 94/2008, FJ 2, y 142/2010, FJ 3, entre otras).”
“[C]omo ha señalado este Tribunal, entre otras, en las SSTC 160/2004, de 4 de octubre, FJ 5, y 153/2005, de 6 de junio, FJ 6, por más que los retrasos experimentados en el procedimiento hubiesen sido consecuencia de deficiencias estructurales u organizativas de los órganos judiciales o del abrumador trabajo que sobre ellos pesa, esta hipotética situación orgánica, si bien pudiera excluir de responsabilidad a las personas intervinientes en el procedimiento, de ningún modo altera el carácter injustificado del retraso. Y es que el elevado número de asuntos de que conozca el órgano jurisdiccional ante el que se tramitaba el pleito no legitima el retraso en resolver, ni todo ello limita el derecho fundamental de los ciudadanos para reaccionar frente a tal retraso, puesto que no es posible restringir el alcance y contenido de ese derecho (dado el lugar que la recta y eficaz Administración de Justicia ocupa en una sociedad democrática) en función de circunstancias ajenas a los afectados por las dilaciones. Por el contrario es exigible que Jueces y Tribunales cumplan su función jurisdiccional, garantizando la libertad, la justicia y la seguridad, con la rapidez que permita la duración normal de los procesos, lo que lleva implícita la necesidad de que el Estado provea la dotación a los órganos judiciales de los medios personales y materiales precisos para el correcto desarrollo de las funciones que el ordenamiento les encomienda.” (FJ 6)
Tipo y número de registro Recurso de amparo 9400-2009
Promovido por don Issa Koulibaly respecto del Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 18 de Madrid en proceso sobre denegación de la autorización de residencia.
El recurrente interpuso en mayo de 2009 un recurso contencioso-administrativo frente a la denegación de la Delegación de Gobierno de su autorización de residencia en España por circunstancias excepcionales de arraigo. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo acordó la celebración de la vista para noviembre de 2011.
Se concede el amparo por vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas del recurrente. El señalamiento de la vista oral casi dos años y medio después de presentado el recurso contencioso-administrativo fue una demora constitutiva de una dilación indebida. La Sentencia examina las circunstancias específicas del caso a la luz de los criterios generales establecidos en la jurisprudencia constitucional (STC 142/2010, de 21 de diciembre, entre otras). Así, la autorización de residencia por razones excepcionales de arraigo no era una cuestión de especial complejidad y, por el contrario, la tramitación del asunto reunía cierta importancia toda vez que el interés que el recurrente arriesgaba en el proceso afectaba a un ámbito preferente de su vida familiar y social. Finalmente, el comportamiento del demandante durante el proceso fue irreprochable en tanto que no provocó retrasos y denunció todas las dilaciones habidas, las cuales no podían ampararse en motivos estructurales del funcionamiento del juzgado, dado que el ciudadano es ajeno a estas circunstancias.
La Sentencia declara que la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo reside en el contraste entre la resolución judicial impugnada y la STC 93/2008, de 21 de julio, dictada también en un supuesto de dilaciones indebidas originadas por causas estructurales del órgano judicial.
Se considera vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas del recurrente [FJ 6].
El otorgamiento del amparo debe limitarse a la declaración de la violación del derecho fundamental, toda vez que se deduce de las actuaciones recibidas en este Tribunal que el procedimiento en cuestión ya ha concluido, habiéndose celebrado la vista acordada por el Juzgado e, incluso, recaído Sentencia finalmente estimatoria de la pretensión actora [FJ 6].
Debe acogerse la alegación de pérdida sobrevenida de objeto de la pretensión que solicita la anticipación de la celebración de vista, puesto que la vista ya tuvo lugar, aunque fuera en la tardía fecha de su señalamiento (STC 89/2014) [FJ 3].
Aunque al tiempo de dictarse la presente Sentencia resolutoria del recurso de amparo la dilación indebida denunciada ya haya cesado (el recurso contencioso-administrativo entablado por el demandante finalizó incluso con anterioridad a la fecha de admisión del recurso), no por ello debe apreciarse que haya quedado privado de objeto el presente proceso constitucional, pues no puede considerarse reparada aquella dilación mediante una actuación judicial tardía o demorada [FJ 3].
La prohibición de retrasos injustificados en la marcha de los procesos judiciales impone a Jueces y Tribunales el deber de obrar con la celeridad que les permita la duración normal o acostumbrada de litigios de la misma naturaleza y con la diligencia debida en el impulso de las distintas fases por las que atraviesa el proceso [FJ 4].
El asunto planteado no revestía una especial complejidad, al tratarse de un recurso interpuesto contra una denegación de autorización de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo, por lo que no parece razonable que su señalamiento y resolución se haya diferido, con evidente perjuicio del recurrente, a una fecha tan lejana, casi dos años y medio después de la interposición del recurso contencioso-administrativo [FJ 4].
El juicio sobre el contenido concreto de las dilaciones, y sobre si son o no indebidas, debe ser el resultado de la aplicación a las circunstancias específicas de cada caso de ciertos criterios objetivos: la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, el interés que arriesga el demandante de amparo, su conducta procesal y la conducta de las autoridades (SSTC 38/2008, 54/2014) [FJ 4].
El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas está configurado como un concepto jurídico indeterminado que, por su imprecisión, exige examinar cada supuesto a la luz de aquellos criterios que permitan verificar si ha existido efectiva dilación y, en su caso, si ésta puede considerarse justificada, por cuanto no toda infracción de los plazos procesales o toda excesiva duración temporal de las actuaciones judiciales supone una vulneración del derecho fundamental (SSTC 135/2004, 54/2014) [FJ 4].
El retraso en la tramitación procesal ha de ser ponderado teniendo en cuenta el interés que arriesga el recurrente en el pleito -obtener una resolución judicial que determine si era o no ajustada a Derecho una resolución de la Delegación del Gobierno-, que afectaba necesariamente a un ámbito preferente de sus derechos e intereses legítimos, relacionado con la organización de su vida familiar y social, pues del sentido de la misma podía depender incluso su permanencia en España [FJ 4].
El hecho de que la demora denunciada se deba a motivos estructurales, no imputables directamente al órgano judicial no impide apreciar la vulneración del derecho del recurrente a un proceso sin dilaciones indebidas, pues esta situación no altera la naturaleza injustificada de dichas dilaciones [FJ 5].
Por más que los retrasos experimentados en el procedimiento hubiesen sido consecuencia de deficiencias estructurales u organizativas de los órganos judiciales o del abrumador trabajo que sobre ellos pesa, esta hipotética situación orgánica, si bien pudiera excluir de responsabilidad a las personas intervinientes en el procedimiento, de ningún modo altera el carácter injustificado del retraso (SSTC 160/2004, 54/2014) [FJ 5].
El elevado número de asuntos de que conozca el órgano jurisdiccional ante el que se tramitaba el pleito no legitima el retraso en resolver, ni todo ello limita el derecho fundamental de los ciudadanos para reaccionar frente a tal retraso, puesto que no es posible restringir el alcance y contenido de ese derecho (dado el lugar que la recta y eficaz Administración de Justicia ocupa en una sociedad democrática) en función de circunstancias ajenas a los afectados por las dilaciones (SSTC 160/2004, 54/2014) [FJ 5].
Es exigible que Jueces y Tribunales cumplan su función jurisdiccional, garantizando la libertad, la justicia y la seguridad, con la rapidez que permita la duración normal de los procesos, lo que lleva implícita la necesidad de que el Estado provea la dotación a los órganos judiciales de los medios personales y materiales precisos para el correcto desarrollo de las funciones que el ordenamiento les encomienda (SSTC 160/2004, 54/2014) [FJ 5].
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha afirmado que el carácter estructural de las dilaciones sufridas por los recurrentes no debe privar a los ciudadanos de su derecho al respeto del plazo razonable y que la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales obliga a los Estados contratantes a organizar su sistema judicial de tal forma que sus Tribunales puedan cumplir cada una de sus exigencias, en particular la del derecho a obtener una decisión definitiva dentro de un plazo razonable (SSTEDH casos Unión Alimentaria Sanders c. España, de 7 de julio de 1989 y Lenaerts c. Bélgica de 11 de marzo de 2004) [FJ 5].
La especial trascendencia constitucional radica en el contraste de la resolución judicial impugnada con la doctrina que este Tribunal estableció en la STC 93/2008, de 21 de julio, dictada también en un supuesto en que se analizaba una denuncia de dilaciones indebidas originadas por causas estructurales del órgano judicial con posibilidades de originar un cambio de doctrina (STC 155/2009) [FJ 2].
Defectos estructurales de la Administración de justiciaDefectos estructurales de la Administración de justicia, f. 5
Derecho a un proceso sin dilaciones indebidasDerecho a un proceso sin dilaciones indebidas, ff. 2 a 6
Duración desproporcionada del procedimientoDuración desproporcionada del procedimiento, ff. 4, 5
Pérdida sobrevenida de objeto del proceso constitucionalPérdida sobrevenida de objeto del proceso constitucional, ff. 3, 6
Arraigo familiarArraigo familiar, ff. 1, 4
Permiso de residenciaPermiso de residencia, ff. 1, 4
Señalamiento de vistaSeñalamiento de vista, ff. 4, 5

References: Artículo 182
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