Source: http://lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS250520152.html
Timestamp: 2018-01-18 02:11:47+00:00

Document:
Extinción de la relación laboral por incumplimiento del empresario
Responsabilidad del Fogasa en el pago de los salarios debidos por la empresa (reconocidos en acto de conciliación) cuando esta se encuentra en concurso.
Concurso de acreedores. Necesidad de inclusión del crédito del trabajador en la lista de acreedores.
Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Abilio contra la sentencia de 4-11-2013 del TSJ de Madrid, en recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia de 19-1-2012, dictada por el Juzgado de lo Social nº 17 de Madrid , en autos núm. 1515/2010, seguidos a instancias de DON Abilio contra el FOGASA sobre reclamación de cantidad.
PRIMERO.- El 19-1-2012 el Juzgado de lo Social nº 17 de Madrid dictó sentencia, en la que se declararon probados los siguientes hechos:
1º.- El demandante prestó sus servicios para la empresa CAPEANS, S.A. y mediante sentencia de 12-1-09 del Juzgado de lo Social n° 3 de Madrid se declaró extinguida la relación laboral que mediaba entre las partes, con efectos de la fecha de dicha resolución, condenando a la parte demandada a abonar al, demandante una indemnización de 81.270 euros, a razón de un salario diario de 64,50 euros.
2º.- Interpuesta demanda en reclamación de cantidad, se alcanzó una conciliación ante el Juzgado de lo Social n° 23 de Madrid en los siguientes términos:
La parte demandada ofrece a D. Abilio la cantidad de 11.515,01 euros líquidos por los conceptos de la demanda, que se abonará en el plazo de un mes y medio con fecha de vencimiento de 29-7-2009.
3º.- Mediante auto de fecha 17-6-2009 del Juzgado de lo Mercantil n° 5 de Madrid, se declaró a la empresa en situación de concurso de acreedores.
4º.- El 2-11-2009, los Administradores Concursales emiten un certificado de créditos a favor del demandante, con los siguientes importes:
- 81.270 euros de indemnización.
- 12.666,51 euros de cantidades adeudadas.
5º.- El 16-4-2010 el demandante solicitó al FOGASA el abono de 33.217,50 euros: 23.542,50 euros de indemnización (30 días con el tope de un año) y 9.675 euros de salarios adeudados (150 días a razón de 64,50 euros), lo que fue denegado por resolución de fecha 25-8-2010 por no ser firme el crédito salarial recogido en el certificado de la administración concursal, si bien le reconoce el derecho a percibir del FOGASA 23.542,50 euros de indemnización.
"Desestimando la demanda formulada por D. Abilio contra el FOGASA, absuelvo al FOGASA de los pedimentos de la demanda.".
SEGUNDO.- La citada sentencia fue recurrida en suplicación por D. Abilio ante el TSJ de Madrid, que dictó sentencia el 4-11-2013, en la que consta el siguiente fallo:
"Desestimando el recurso de suplicación interpuesto por D. Abilio, contra la sentencia del Juzgado de lo Social n° 17 de Madrid, de 19-1-2012, en virtud de demanda formulada por D. Abilio contra FOGASA, en reclamación de cantidad, confirmamos la sentencia de instancia.".
TERCERO.- Por D. Abilio se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina. Se aporta como sentencia contradictoria con la recurrida la del TSJ de Galicia de 4-11-2011.
PRIMERO.- 1. La cuestión planteada en el presente recurso de casación para unificación de doctrina, consiste en determinar la responsabilidad en el pago de los salarios debidos por una empresa que se encuentra en concurso de acreedores, cuando el crédito del trabajador no ha sido incluido en la lista de acreedores por la administración concursal, ni es contra la masa, pero fue reconocido por la empresa en acto de conciliación.
2. La sentencia recurrida contempla el caso de un trabajador que en enero de 2009 obtuvo sentencia acordando la rescisión indemnizada de su contrato por impago de salarios y al que en acto de conciliación, celebrado el 16-6-2009, la empresa le reconoció adeudar 11.515 euros por los salarios impagados, siendo de destacar que al día siguiente la empresa fue declarada en situación de concurso de acreedores por auto del Juzgado Mercantil nº 5 de Madrid.
El FOGASA abonó al trabajador las cantidades que le correspondían por el concepto de indemnización por la rescisión contractual, pero le denegó el abono de lo que se le reclamaba por salarios con base a que, aunque el crédito había sido presentado en el concurso de acreedores, no era firme por no estar incluido en la lista de acreedores.
Contra esta decisión del FOGASA se presentó por el trabajador demanda que fue desestimada en la instancia y por la sentencia recurrida. El fundamento de esa decisión radica en que el crédito salarial no era firme por no estar incluido por los administradores de forma definitiva en la lista de acreedores del concurso, como requería el art. 25-b)-4 del Real Decreto 505/1985.
4. La contradicción entre las sentencias comparadas existe porque han resuelto de forma diferente la misma cuestión: si la obligación del FOGASA de pagar los salarios reconocidos en sentencia o conciliación judicial viene condicionada, cuando se trata de empresas en situación de concurso de acreedores, por el reconocimiento del crédito por la administración concursal y consiguiente inclusión en la lista de acreedores del concurso. La sentencia recurrida ha entendido que concurre esa condición y ha aplicado las disposiciones del R.D. 505/1985, mientras que la de contraste ha estimado que no existe esa condición legal y que es inaplicable el R.D. 505/1985 en este particular.
SEGUNDO.- La cuestión planteada se reduce a interpretar el artículo 33 del E.T., cuya infracción alega el recurso, para determinar si de sus disposiciones se deriva o no la necesidad de que el crédito salarial sea reconocido por la administración concursal e incluido por ella en la lista de acreedores del concurso, para que nazca la obligación del FOGASA de hacer frente a esos créditos con las limitaciones cuantitativas legales.
La respuesta negativa implicaría la inaplicación de los artículos 16-3 y 25-b).4 del Real Decreto 505/1985, de 6-3, preceptos que expresamente condicionan la obligación del FOGASA a la inclusión del crédito del trabajador en la lista de acreedores, disposiciones que serían inaplicables por "ultra vires".
Una interpretación lógica, histórica y sistemática de los preceptos cuestionados y demás concordantes lleva a estimar que es más acertada la solución doctrinal que da la sentencia recurrida.
En efecto, los apartados 3 y 4 del art. 33 del E.T. en la redacción vigente en 2009 nos muestra que la responsabilidad del FOGASA no nace automáticamente, sino que en todos los casos debe instruir el oportuno expediente de comprobación, incluso en los supuestos de concurso de acreedores puede realizar las oportunas comprobaciones y debe ser llamado.
Y es lógico que así sea porque sólo viene obligado a pagar cuando la obligación existe y tiene derecho al reembolso de lo pagado, por cuanto se subroga en los derechos y acciones del trabajador al que paga, razón por la que ese derecho al reembolso sería ilusorio si el trabajador no fuese diligente en el reconocimiento de sus derechos.
En este sentido conviene tener en cuenta las funciones que, conforme a los artículos 26 y siguientes de la Ley Concursal, corresponden a los administradores concursales, tanto para la defensa de los intereses del concursado, como para la tutela de los demás acreedores, razón por la que les corresponde el reconocimiento de los créditos contra el concursado, conforme a los artículos 85 y siguientes de la Ley citada en defensa de los intereses del conjunto de acreedores, sin que la falta de inclusión en la lista de acreedores reconocidos deje indefenso a ningún acreedor diligente, pues podrá promover el incidente, regulado en los artículos 192 y siguientes de la Ley, para obtener la tutela de sus derechos.
En tal sentido es lógico que el trabajador notifique su crédito, oportunamente, al Fondo y a la administración concursal, así como que accione contra la decisión de esta última si le perjudica, lo que no hizo el recurrente pidiendo a los administradores concursales que rectificaran la certificación emitida con la aportación de los documentos que evidenciaban su error o promoviendo el oportuno incidente concursal contra su decisión, acciones que puede ejercitar mientras no prescriban.
A la exigencia de ese "expediente de comprobación" del que hablaba el artículo 33-4 del E.T. responden los artículos 16-3 y 25-b).4 del R.D. 505/1985, por cuanto, es lógico que quien se hace cargo de las deudas de otro y paga por él subrogándose en los derechos de su acreedor, se cerciore antes de su deber de pagar, sin que venga obligado a asumir el pago de un crédito que es cuestionado por quien, dentro del concurso, tutela los derechos del deudor y de sus acreedores.
La solución dada ha sido corroborada por el legislador que ha realizado una interpretación auténtica de la norma y dado una nueva redacción al artículo 33-3 del E.T., precepto que, entre otras cosas, a partir de la reforma dada por la Ley 38/2011, 10-10, en vigor desde el 1-1-2012, expresamente establece la necesidad de que "los créditos de los trabajadores aparezcan incluidos en la lista de acreedores".
TERCERO.- Las precedentes consideraciones nos llevan a estimar que es más correcta la doctrina contenida en la sentencia recurrida que debe ser confirmada. Sin costas.
Desestimamos el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por D. Abilio contra la sentencia de 4-11-2013 del TSJ de Madrid, en recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia de 19-1-2012, del Juzgado de lo Social nº 17 de Madrid, en autos seguidos a instancias de D. Abilio contra el FOGASA. Se declara firme la sentencia recurrida. Sin costas.
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References: resolución 
 Real Decreto 
 artículo 33
 Real Decreto 
 artículo 33
 artículo 33