Source: https://lanuevacultura.wordpress.com/2010/04/
Timestamp: 2019-05-24 05:22:03+00:00

Document:
abril | 2010 | NUEVA CULTURA
¿EVALUAR, O… PLANTELIZAR Y ACREDITAR PARA PRIVATIZAR?
Decreto 1290 de 2009:
(Algunas razones para luchar contra la vigencia y aplicación de esta norma y sus implicaciones)
Medellín, septiembre 11 de 2009
Elkin Jiménez D
Responsable del Correo Pedagógico
CEID-ADIDA
Apreciado Elkin,
…debo decirte que esto de escribir(te) cartas, se me está haciendo una manera de decirle a muchos eso que es necesario decirles; y esto, a pesar de tus claras advertencias sobre la inviabilidad de la forma y de que, si apelo ella, correría el riesgo editorial de quedarme “colgado”, junto a mis otros textos poco afortunados con la tinta, peleados con los díscolos editores que tengo por referentes institucionales. A pesar de todo, debo intentarlo, aunque me quede, nos quedemos este texto y yo… gravitando entre las sombras de lo no-impreso, sometidos a la aviesa y retorcida crítica de los virus informáticos y no ya, por estos días del predominio gris de las imposturas postmodernas, a la arremetida venial de los ratones que siempre amenazaba a la producción del viejo Carlos. Por eso, en ésta que hoy escribo, retomo las cosas que vengo diciendo a lo largo y ancho de este país oblicuo, en medio de este sainete de ladrones y sufrientes, de abusivos que atesoran cazando rentas y gentes que acumulan su dolor y su pena, amasando en su balance de futuros la espera por la más bella posibilidad en que se haga realidad la ineludible ruptura de los horizontes estrechos y la construcción del primero de los verdaderos nuevos-días-por-venir-inexorables.
Tengo, hermano, otro argumento a favor de la tinta que te pido me regales: el próximo número del CORREO PEDAGÓGICO tienes que dedicarlo a presentar algunas síntesis de las investigaciones de los grupos que, para eso, se reorganizaron en el CEID. Sabes, con detalles, que esto que venimos diciendo sobre el decreto 1290 de 2009 y sus mancuernas, es un resultado coherente de las investigaciones que, el Grupo de Investigación “Constitución del sujeto pedagógico y condiciones de la práctica escolar”, viene haciendo sin sesgos ni dobleces al servicio del pueblo.
Retomo, pues, temprano en este día, madrugando para que los dioses no tengan que ayudarme, lo que es urgente y necesario decir sobre la patraña en que intentan enredarnos, en cada escuela y colegio, los pregoneros de las milagrerías del Misterio de la Educación Nacional; ése que gerencia a favor de la privatización doña Cecilia.
Te digo, Elkin, que en nada contribuirán (a la conquista del saber, la ciencia, la decencia y la felicidad) los debates sobre el sexo de los ángeles… o sobre la escala y los instrumentos con que deberíamos “medir” el saber y el conocimiento, o calcular el “desempeño”. Por eso reasumo mi palabra, para decirte como hace ya tantos años de brega en el CEID, que no hay “cognómetros” posibles, y que son otras las urgencias que los maestros, los estudiantes y los padres de familia, en los sectores populares, tenemos en este país donde los “fuertes” convirtieron el campo, el agro, en ingresos seguros para las mismas familias enseñoreadas del poder paralelo que viene sosteniendo tanto estiércol entre las paredes del régimen prevaleciente.
He dicho, por ejemplo, que mientras el Estado desinforma al magisterio y nos pone a buscar “dónde está la bolita”… va imponiendo la privatización, arrasando derechos esenciales; los de los maestros, digo, pero también los de los niños y los jóvenes del pueblo. Es así como avanza el proceso de plantelización y de privatización de la educación pública. Los magos de la metafísica asesinan a la dialéctica para hacernos creer: que la Ley 1324 de este año, es un asunto que permite “crear la cultura de la evaluación” en la sana perspectiva de “evaluar para mejorar” y que toca sólo a las universidades ahora precarizadas o “pre-ecaesrizadas” (convertidas en PRE-ECAES), que para el caso es lo mismo; que el decreto 2355, es sólo una norma que “introduce el orden en las contrataciones que las entidades territoriales deben hacer en educación”… y que el 1290 es el resultado del triunfo (otro más del magisterio en estos días de lentos marchitamientos) sobre la infamia del 0230 que erigió la ignorancia en derecho de nuestra niñez y nuestra juventud.
Nosotros, que nos peleamos el derecho a pensar desde la dialéctica, decimos que estas piezas se mueven en un proceso y no son extrañas figuritas que debemos enmarcar como nos las dan (separadas) y que…, por eso, conviene ver sus relaciones, sus muescas, sus traslapes, sus lineamientos ocultos a los ojos ingenuos; que sólo si así lo hacemos podremos darnos cuenta de cómo juegan el juego perverso y coherente que va arrasando con lo que va quedando de nuestras reivindicaciones… ésas, que ahora vienen muriendo, recorriendo al galope el camino de la privatización del conjunto del aparato escolar.
Te he dicho, Elkin, que el Estado es también, como dijo Piglia, una máquina de hacer creer y opera oculto en la evidencia; y lo hace del modo más simple: el decreto 1290 de 2009 hace creer en el señuelo de la “calidad” de la educación, para imponer las evaluaciones externas (censales), enterrar la autonomía escolar y sembrar un currículo único basado en las “competencias”, el “emprenderismo” y el individualismo metodológico (parámetro esencial del neoliberalismo en la forja de los sujetos que necesita para reproducir el capitalismo). Este currículo impone el “desempeño” como referente único de la evaluación y de la formación de los sujetos escolares; expulsa la evaluación del seno del proceso pedagógico, en la misma maniobra con que deniega la condición de mediadora esencial que, en el proceso de enseñanza–aprendizaje, la evaluación tiene. Es así, Elkin, como el Estado colombiano despliega la “plantilla” desde la cual dictaminará qué “planteles educativos” serán “inviables”, “insuficientes” y, por tanto, deberán ser entregados a los cazadores de renta afectos al régimen (o, directamente, al gobierno). Como tuerca del mismo mecanismo, el decreto 2355 de este fatal año, crea los mecanismos para aplicar el decreto 1290 en una derivación simple y clara: entregar a “los particulares”, bajo las figuras de “concesión”, “contrato” o “administración”, los “planteles educativos” declarados “insuficientes”. Entretanto, el tornillo, el eje “axial” de la maniobra, es la Ley 1324 de 2009 que, privatizando al ICFES y a las evaluaciones censales externas (lo declara como una “empresa estatal de carácter social del sector Educación Nacional, entidad pública descentralizada del orden nacional, de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional” ), le extirpa todas las funciones de carácter académico que antes poseía, para reducirlo a una eficiente herramienta para el cumplimiento de las dos funciones básicas que ahora le son necesarias a la voracidad de los rentistas:
a) Legitimar las declaraciones de “insuficiencia” con que se deben rotular los “planteles educativos” para ser privatizados.. y
b), Llevar un control ideológico de la población (especialmente mediante las pruebas orientadas a identificar sus “competencias ciudadanas”, sus “competencias psicotécnicas” o sus “competencias laborales”).
He dicho también, y lo sabes, que para avanzar en el proceso de privatización, el Estado requiere disponer de sindicatos débiles (específicamente requiere sindicatos del magisterio que no puedan oponerse a sus políticas o que se inhabiliten para movilizar a los maestros, a los estudiantes y a los padres de familia de los sectores populares en defensa de la educación pública). Igual, sirven a este propósito, las agremiaciones cuyos dirigentes, carcomidos por el gamonalismo, despilfarran nuestro acumulado histórico de lucha y resistencia en el terreno político, ideológico y social.
Pero el régimen necesita más: necesita, sobre todo, una fuerza de trabajo magisterial flexibilizada (por eso el decreto 2353 establece que, en los “planteles” entregados a particulares, ningún maestro podrá tener un vínculo laboral con la entidad territorial (su Secretaría de Educación); pero… ésta pagará, con dineros del Sistema General de Participaciones, esos jugosos negocios concretados al amparo del rentismo estatal. De hecho, al desarrollar los procesos de plantelización, los maestros regidos por el 1278, serán —en el mejor de los casos— “indemnizados” y botados de sus puestos (tal como lo permite ARTÍCULO 63 del decreto 1278, en su literal “g”, que establece el “Retiro del servicio” o la “cesación definitiva de las funciones docentes o directivos docentes” por “supresión del cargo con derecho a indemnización”); mientras que, los del 2277, serán trasladados con desmejoramiento de sus condiciones de vida, dado que el decreto 3222 de 2003 permite hacerlo por “necesidades del servicio”… mientras se aburren con el hostigamiento (y renuncian o se jubilan), en tanto se “extingue” su régimen especial; tal como lo explica el pronunciamiento último del Consejo de Estado, en su Sala de Consulta y Servicio Civil, según el cual el que cobija a estos maestros es un régimen de “marchitamiento lento”. Esto último lo dice en un texto suficientemente claro y explícito que, sin ninguna ambigüedad sujeta a la interpretación y la hermenéutica, señala lo perdido:
“…conforme al artículo 81 de la ley 812 de 2003, y a los parágrafos primero y segundo del artículo primero del acto legislativo 01 de 2005, los maestros vinculados antes del 27 de junio de 2003 mantienen el régimen especial de pensiones, aun después del 31 de julio de 2010, y que dicho régimen para los mencionados educadores ES UN RÉGIMEN DE MARCHITAMIENTO LENTO. Que los educadores vinculados a partir del 27 de junio de 2003 PERDIERON, conforme a las normas ya mencionadas, EL RÉGIMEN ESPECIAL DE PENSIONES, que ellos pasaron al régimen general de pensiones desde la vigencia de la ley 812 de 2003, pero que aun dentro de dicho régimen tienen una edad especial de pensiones que es la de 57 años”. (resaltados fuera del texto original)
Por eso vengo invitando a asumir la dimensión exacta que la plantelización tiene: Es la fase de privatización que ahora marca el énfasis de las políticas públicas que el Estado, en relación con la educación básica y media, impone al conjunto de la educación. Esta fase complementa los procesos de “ampliación de cobertura” y la entrega de los nuevos “mega-colegios” a particulares. La fase anterior del proceso de privatización de la educación básica y media se inició con la municipalización a ultranza, derivada del Acto Legislativo 01 de 2001 y su desarrollo en la ley 715 (y sus decretos 1850/02, sobre el calendario académico, jornada laboral y escolar que garantiza que se “atiendan” más estudiantes, vale decir “clientes” del “servicio”, con menos maestros; el 3020/02, sobre la organización de la planta de personal docente y administrativo, que legalizó el hacinamiento; el 1278/02, que impone a los nuevos maestros un nuevo sistema de contratación y escalafón que desprofesionalizó y “flexibilizó” nuestra fuerza de trabajo, dividiéndonos, de paso en varios “universos” (que se asumen como cuasi-enemigos); el 3222/03, sobre traslados que “Flexibiliza el “recurso docente” y permite “aburrir” a los docentes del 2277; el 2700/04, sobre la certificación de municipios, que reglamentó la primera oleada y esquema de privatización; el 0230/02, que hizo ajustes curriculares e impuso definitivamente un currículo único ya avizorado en la legislación anterior, basado en el individualismo metodológico y en el “emprenderismo”, forzando a la “evaluación externa” como referente del “control de la calidad” y, tras el criterio de ahorrarle dinero al Estado central, impuso el “5%” de repitencia como fundamento que terminó legitimando el “derecho a la ignorancia” al que el Estado forzó a toda una generación de colombianos sisbenizados, forjados como “hombres sin atributos”.
Vendrá, de inmediato (como en Chile) la fase de los “bonos”; ésta seguirá a la plantelización (aherrojada con los mecanismos de acreditación y “certificación” establecidos en el MECI y las normas ISO-9000), y será la apuesta de entregar “vouchers” a los padres de familia a manera de subsidios. Éstos, podrán entregarlos a las “Instituciones escolares” (oficiales o privadas compitiendo por este “mercado”) como cubrimiento total o parcial de los “derechos académicos”; llegando a la soñada concreción de la propuesta de los teóricos seminales del neoliberalismo en esta materia: “…sufragar el coste de la instrucción con cargo a los ingresos públicos sin mantener escuelas estatales, con sólo facilitar a los padres de familia bonos que, cubriendo el importe de los gastos que implicara la educación de cada adolescente, pudieran ser entregados a los establecimientos educativos de su elección”, escribió Hayeck en su “Los fundamentos de la libertad”.
Luego, lueguito, llegará la fase de pauperización del subsidio, donde una vez establecido el “entable” definido en este sendero, disminuirán paulatinamente el monto de los subsidios (el valor de los “bonos”) a que tendrán derecho las poblaciones (sisbenizadas)… o cada vez menos familias podrán acceder al “beneficio”… porque al no cumplir con todos los parámetros, no estarán “figurando entre los más pobres de los pobres”.
Venimos diciendo, en mi tribu, que a esta política hay que enfrentarla; que es necesario darle una respuesta coherente, sólida y unificada del magisterio colombiano. Que si no lo hacemos, en menos de cuatro años no tendremos ni educación pública financiada por el Estado, ni sindicatos de maestros, ni maestros con relaciones laborales establecidas formalmente con los “entes territoriales”. Aquí, Elkin, perdemos todos: los maestros, los estudiantes, los padres de familia de los sectores populares. Por eso, combatirla, es una tarea de todos nosotros y tenemos la responsabilidad histórica de asumirla. Si no peleamos, desaparecemos. Éstas, no son “normitas aisladas”: estamos ante la presencia actuante de una política coherente que opera como contra-tendencia necesaria a la reproducción del capitalismo y a la superación de su onda actual y de su profunda crisis.
Tenemos una convicción “táctica”, perentoria y urgente: es posible, en cada departamento o región del país, replicar y profundizar un Seminario con un número suficiente de compañeros, para que estén en condiciones de reproducirlo, replicándolo y profundizando en sus planteamientos; cubriendo, uno a uno, la totalidad de los municipios y (o) grupos de núcleos en las ciudades grandes, de tal manera que le lleguemos organizadamente y con fundamentos conceptuales y operativos a cada docente colombiano. El objetivo es recoger las posiciones de las bases y, al mismo tiempo, llevarles unas orientaciones concretas. Pero necesitamos que los directivos (o los dirigentes que existan) nos oigan. Nadie podrá mantener sola a su parcela.
El ordenamiento de nuestros desvelos es concreto, mi querido Elkin. Tenemos que intentar el cuestionamiento y la denuncia a las evaluaciones “externas”; abrir el debate que deje claramente establecidos los contrastes y contradicciones entre el currículo de acreditación (el suyo) y el nuestro; retomar el trabajo urgente de coordinar fuerzas para salirle al paso a las pedagogías al servicio del actual ciclo de acumulación capitalista, para sentar las bases de una acción pedagógica de los maestros que ponga en cintura a los delirios del “saber hacer en contexto”, y a los “estándares” acordados por los empresarios para ser impuestos en la escuela y a la evaluación fundada en el “desempeño”; impulsar un trabajo sistemático que cohesione a los maestros en la tarea de transformar lo más radicalmente posible la herencia infame del importaculismo e irresponsabilidad intelectual que dejó el decreto 0230/02; contribuir a la generación de unos dispositivos internos en la dinámica de las escuelas, colegios y organizaciones de las bases de maestros, estudiantes y padres de familia… que resista a la aplicación de la política plantelizadora y privatizadora del paquete de normas que estamos denunciando en esta carta; contribuir para que, en la disputa por el currículo, podamos recuperar la evaluación como mediación del proceso de enseñanza-aprendizaje y combatir el carácter punitivo que la escuela capitalista le imprime; contribuir a levantar una propuesta, unificada en sus elementos esenciales, desde la cual podamos confrontar, con rigor pedagógico, este instrumento de las políticas públicas orientadas a la privatización de la educación y al desarrollo de un currículo al servicio de los empresarios.
Pero esto de nada servirá sin unos pasos prácticos que conduzcan a formar, en cada una de las Instituciones Educativas, fuertes Comités por la Defensa de la Educación Pública con el propósito de evitar su entrega a entidades particulares (a Organizaciones No Gubernamentales, Cooperativas, Instituciones Religiosas, o a personas jurídicas o naturales… lo mismo da), que viene siendo el principio rector de la privatización en esta etapa del proceso de las actuales “políticas públicas” desplegadas en la Educación.
El camino es más sencillo de lo que parece: es posible y necesario realizar en cada Colegio y Escuela una investigación específica que permita ubicar cuáles son los presupuestos pedagógicos y curriculares que en realidad venimos asumiendo; y, de acuerdo con ellos, cuál es el tipo de evaluación y promoción que realmente viene operando en la respectiva “Institución Educativa” (cuáles de estos elementos debemos preservar, cuáles deben ser criticados, superados o liquidados y… cuáles hacen falta). Es sobre el resultado de este ejercicio democrático, que se puede elaborar, proponer y erigir, en la resistencia más tenaz, un verdadero Sistema de Evaluación del Aprendizaje Escolar (con éste u otro nombre), que le sirva a las comunidades y esté en sintonía con las auténticas necesidades de la Nación. Para ello… es necesario: asumir la evaluación como un elemento esencial en el proceso curricular que determina la mediación entre la enseñanza y el aprendizaje, de tal modo que asociada a otros factores (internos y externos a cada escuela o colegio) forjan la verdadera calidad de la educación que nosotros defendemos; mostrar cómo, por el contrario, el decreto 1290 expulsa a la evaluación de los espacios de la didáctica y del interior de los procesos pedagógicos, en la misma medida en que la “evaluación externa” (instrumentalista, administrativa y de control ideológico) lo subordina todo… incluso al PEI; establecer que, por todo esto, es necesario dejar sentadas en el currículo, salvaguardas que impidan que las instituciones escolares, que articulan el sistema de la Educación pública financiada por el Estado, puedan ser reducidas a “empresas PRE-ICFES” o su funcionamiento las convierta en de ciegas entidades dedicadas a amaestrar a los estudiantes para que “le vaya bien en las pruebas censales”.
En todo caso, es necesario hacer todo lo que esté en nuestras manos para impedir que las “empresas PRE-ICFES” puedan someter a nuestros centros escolares… imponiéndoles sus adulterados currículos. Por ello, es necesario hacer lo posible: establecer criterios pedagógicos en la evaluación y promoción que asuman verdaderamente, que la evaluación no puede ser punitiva, pero tampoco puede… si es responsable… enmarcarse en la dinámica del “dejar pasar y el dejar hacer”. Vale decir que no puede conducir a castigos; pero tampoco puede renunciar a la clara exigencia; que el aprendizaje jalona el desarrollo y el docente es su mediador esencial y que por eso mismo no hay que dejar a la deriva, o al desarrollo espontáneo, el proceso de aprendizaje que debe estar íntimamente ligado al proceso de la enseñanza en el cual el docente debe estar comprometido. Tenemos que decir bien alto que los maestros no “sobran”; de aquí que haya que exigir, contra el hacinamiento, una relación numérica docente-estudiante muy por debajo de los parámetros actuales hasta llegar a un ideal inicial de 20 estudiantes por docente y por aula.
Hemos demostrado que la relación enseñanza-aprendizaje es social, colectiva y mediada; que los objetos de conocimiento tienen que ser objetos de formación; no se puede formar sujetos por fuera de los saberes específicos y de su articulación interdisciplinar; que nadie puede aprender nada sobre un aspecto cualquiera de la realidad determinada si no ha llegado a un nivel en el cual su conocimiento se hace posible y necesario. Por eso, sostenemos que el criterio de promoción no puede ser ningún índice porcentual, ningún parámetro econométrico, sino el establecimiento riguroso, tanto para las asignaturas y “áreas” del conocimiento como para los grados o niveles, de cuáles son los conocimientos, la información, los procesos sicológicos superiores, las capacidades, posibles y necesarios al aprendizaje previsto.
Nosotros concebimos la evaluación como un componente del currículo y no como el agente que subordina y determina al PEI. Entendemos que la evaluación es histórica y sabemos que responde a los intereses desde los cuales se pretende generar un tipo de sujetos que requiere el sistema económico, político e ideológico predominante. Pero lo hemos dicho: nuestro compromiso, como maestros conscientes de la realidad en que vivimos, no lo vamos a asumir como pasivos reproductores de esa práctica de ilotas amaestrados. De la mano de Vigotski hemos construido una teoría que nos dice cómo la formación de los sujetos (individuales y colectivos) articula tres códigos que le son esenciales (la lengua materna, los saberes específicos, y las normas históricas y simbólicas dentro de las cuales se fundan). Hemos desarrollado estos planteamientos ubicando las que hemos definidos como las cinco espirales que se articulan en la formación del sujeto, en el currículo, en la dinámica que imponen las condiciones materiales de la práctica escolar (los saberes específicos, la formación de claros principios, la apropiación de la lengua como práctica significante, el desarrollo de los procesos psicológicos superiores y la apropiación y el desarrollo de la motricidad humana). Por eso aspiramos a que esto se estudie y se apropie por cada maestro, en el colectivo docente, y en los organismos del llamado “gobierno escolar”. Es urgente que cada docente se dote de herramientas teóricas, prácticas y conceptuales para que la evaluación y la promoción apunten al rigor científico y a la condición humana verdaderamente integral.
Una mirada objetiva sobre la evaluación nos dice que ella tiene que ser continua y permanente: se evalúan etapas del proceso y todo el proceso; se evalúa diagnósticamente y se evalúa procesualmente. La evaluación es un proceso para indagar el carácter que ha venido asumiendo la mediación que se encuentra en el corazón de la práctica escolar y en las entretelas de la tarea pedagógica: el maestro es un mediador esencial de la cultura, y debe seguir siéndolo. La evaluación debe dar cuenta del estado del proceso y de las relaciones que se han perfilado en el desarrollo del complejo curricular. Pero la evaluación tiene que hacer consciente —en todos los sujetos escolares— la práctica escolar y sus condiciones materiales, el método (el camino por recorrer, pero también el camino recorrido) en que se forjan los sujetos escolares.
Nosotros asumimos una evaluación como investigación que devele las causas tanto de las dificultades como de los avances objetivos. La evaluación (y el conjunto de su proceso) debe articularse al desarrollo de la investigación, también en el aula, en el despliegue mismo de los procesos de la enseñanza y el aprendizaje. Sabemos que tenemos derecho a la ciencia y al afecto: en últimas, el maestro no sólo debe poseer la formación específica en una de las áreas del conocimiento y de su didáctica sino, además, el conocimiento de la génesis del concepto, de las características del aprendizaje, del desarrollo del conocimiento científico, del conjunto de los procesos psicológicos superiores, y de la condición esencial de nuestras emociones, tejidos todos por el hilo simbólico esencial en la dimensión humana que nos define.
Siempre hemos sostenido que la evaluación debe ser dialéctica y reconocer en su proceso, entre otras, las contradicciones que dan vida y toman cuerpo en el aula, en la escuela, pero también en el conjunto de la práctica social. La evaluación, como mediación que es, tiene que constituirse en una posibilidad de aprendizaje. Pero, para lograr que la evaluación sea una posibilidad de aprendizaje, tenemos que asumirla en la dinámica que permite saltar de un desarrollo potencial de los sujetos (los problemas que un sujeto sólo puede plantearse o resolver bajo la guía y mediación de otro sujeto), al desarrollo real (los problemas que el sujeto puede plantear y resolver “por su propia cuenta”), en un proceso en el cual todo desarrollo real es, al mismo tiempo, el desarrollo potencial de un saber próximo más cualificado que se establece como horizonte inmediato en el despliegue del currículo. Allí, el docente, como responsable de la mediación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene la responsabilidad de identificar cómo va el proceso para organizar el camino y las herramientas que le permitan hacer avanzar al desarrollo.
Hemos encontrado que si el nivel de desarrollo real caracteriza el desarrollo mental retrospectivamente… la Zona Próxima de Aprendizaje, lo hace prospectivamente. Ante todo esto, el maestro debe asumir una ética de la responsabilidad académica y social, entendiendo la responsabilidad como la síntesis del derecho y el deber… para exigir unas mejores condiciones materiales dadas a la práctica escolar: menos hacinamiento, mejor formación, mejores condiciones de vida para sus estudiantes y sus familias, erradicación de las causas de la violencia, corrupción, clientelismo, politiquería y caciquismo. Por eso, además, el docente consciente, tiene que deslindar campos con toda propuesta que reduzca la evaluación a un tecnicismo y tiene que reivindicarla como un proceso eminentemente pedagógico. En otras palabras: es necesario desburocratizar el proceso de evaluación… porque evaluar no es llenar formatos.
Lo sabemos: el maestro tiene que asumirse como intelectual orgánico opuesto a la cultura dominante que proclama al “emprenderismo” como modelo, al gamonalismo como medio, y al individualismo como meta. Queremos elevar una propuesta en la que el currículo y, por tanto la evaluación, se asuman como construcción de los sujetos que harán del mañana un terreno árido para la opresión, y siempre fecundo para la libertad y el sueño de los hombres despiertos; vale decir, de hombres y mujeres que saben de futuros y se juegan la existencia en conquistarlos. Nuestra concepción del currículo exige que el PEI sea asumido como el dispositivo administrativo que garantice nuestros sueños.
Para lograrlo, en esta “coyuntura”, tendremos, los maestros que ofrecer toda nuestra energía y capacidad de trabajo en la generación de una educación de verdadera calidad al servicio del pueblo. El debate y la lucha contra la plantelización y contra la impostura que supone el decreto 1290, es una parte esencial en esta búsqueda, donde asumir que el currículo es un campo de disputa entre el currículo de acreditación impuesto por el Estado y el currículo nuestro nos permitirá avanzar desde sus límites y limitaciones, dejando claramente establecido en la conciencia de las comunidades que no compartimos esta legislación (instrumento de la privatización que deniega nuestros derechos), y debemos luchar contra su vigencia y por su derogatoria.
Éste, es el camino para cuestionar y denunciar las evaluaciones “externas”; develar el discurso de la “calidad”, los mecanismos de control ideológico que se ejerce sobre la población para hacer más eficiente el “ojo del gran hermano”, bajo el amparo del supuesto rigor conceptual de dispositivos como los fundados en la “lingüística textual”. Tenemos que mostrar cómo y de qué manera esas “evaluaciones externas” legitiman e instrumentalizan las exigencias formales que permiten, a la nueva legislación, declarar “insuficientes” a los colegios y escuelas públicas antes de entregarlas al juego del mercado… bajo las figuras de la concesión, la contratación y la administración.
Así… te convoco a que convoquemos, con urgencia, a que nos levantemos enarbolando estas consignas que, ahora pueden aparecer como muy… estrechas o meramente tácticas:
¡A crear los comités de defensa de la educación pública!… ¡Las pruebas censales son instrumentos de privatización y mecanismos de control poblacional!… ¡Atrás la privatización de la educación pública!… ¡Atrás la precarización de la profesión Docente!… ¡Por un plan unificado que impida la entrega de los colegios y las escuela a particulares!
Recibe mi abrazo de siempre,
Miembro del Grupo de Investigación Gestión y Políticas Públicas, de la Universidad del Valle; Director de la Revista Pedagogía y dialéctica. Orientador del Grupo de Investigación Sujeto Pedagógico y condiciones materiales de la práctica escolar, del CEID-Adida.
Publicado en pedagogia
Pronunciamiento de Nueva Cultura y el Movimiento Pedagógico Orlando Zapata, acerca de la situación interna de ADIDA (la Asociación de Institutores de Antioquia), filial de FECODE, la Federación Colombiana de Educadores.
ADIDA se apresta a realizar su XXXIII asamblea. Luego de su trámite, se culminará otro proceso importante: la elección de la Junta directiva. Todos los maestros, sobre todo los maestros honestos preocupados por la vigencia de nuestra organización sindical, deben hacerse estas preguntas: ¿Qué resoluciones debe aprobar la asamblea? ¿Qué mandato debe dar a la junta y a las bases, cuáles orientaciones debe trazar la asamblea? y… ¿cuál es el carácter de los miembros de la nueva junta que los maestros debemos elegir? ¿Cómo debe ser la nueva junta? Aquí, desde Nueva Cultura y el Movimiento Pedagógico Orlando Zapata, presentamos algunas reflexiones que deben ser tenidas en cuenta.
El Estado, respondiendo a su naturaleza de representante y administrador de los intereses de las clases dominantes, al servicio del imperialismo y de los procesos de globalización desplegados contra los pueblos y a favor de los grandes monopolios, continúa orquestando todas las políticas públicas que le sean necesarias a la continuidad y profundización de la explotación y la opresión capitalista. Parte esencial de esas políticas, en la presente etapa, son las que tienen que ver con el intento de resolver a su favor la enorme crisis del capitalismo.
Avanzar en los proceso de privatización, haciendo de los derechos de los trabajadores y del pueblo una fuente de acumulación, de riqueza y de renta es un eje que los cuadros de la burguesía que controlan el aparato de estado y los engranajes del actual régimen político, necesitan profundizar, precisamente en la búsqueda de más numerosas y más eficientes fuentes de ganancias extraordinarias.
Para hacer más eficientes y expeditas esta políticas la burguesía requiere que los trabajadores y el pueblo en general estemos disperso y confundidos. Por eso intensifica las campañas ideológicas de sometimiento, control y confusión que nos deja sin posibilidades de entender la naturaleza de sus políticas, dificultándonos la tarea de identificar a sus agentes y representantes, sobre todo a los que actúan en el seno de las organizaciones de las masas.
El actual régimen se caracteriza porque ha profundizado los mecanismos corporativos, mediante los cuales coopta y pone a su servicio a las organizaciones naturales de las masas y a los partidos que actúan en el seno de la lucha de clases. Aquellas organizaciones que el régimen no logra controlar directamente y poner a su completo servicio, vienen siendo aniquiladas.
Las organizaciones sindicales son organizaciones que operan esencialmente en el campo de la lucha de resistencia. Conducidas con criterios clasistas, estas organizaciones pueden impedir que avancen las políticas públicas que el régimen impone contra los intereses de los trabajadores y el pueblo; y pueden, también, librar batallas avanzando en la conquista de reivindicaciones parciales en el terreno económico pero, además, en el cultural y político (disputa por el valor de la fuerza de trabajo, por las condicione materiales de existencia de los trabajadores y sus familias). También en este caso, al régimen, al estado y al gobierno que los representa, le serían más fáciles las cosas sin la existencia de los sindicatos, o con la existencia de sindicatos desorientados y erráticos.
Pero contra la existencia de los sindicatos, contra su orientación clasista, conspira no sólo el Estado, el régimen y el Gobierno de turno; también lo hacen las prácticas que al interior de la organización sindical despliegan quienes se alejan del punto de vista que la ideología del proletariado. Éste, es el caso de la actual situación que vive nuestro sindicato.
Por eso, es necesario identificar estas prácticas incorrectas y desterrarlas de nuestro sindicato, empezando por su presencia, desbocada ya, en las ejecutorias casi que cotidianas de la actual junta directiva y del grupo que hegemoniza, controla e impone su parecer, de espaldas a las bases. Veamos algunas de estas prácticas, observemos sus manifestaciones; ésas que los maestros comentan pero no se atreven a denunciar:
a.	El lamentable estilo de la “perropolítica”: grotescos documentos donde la vida privada de los contradictores, infundios, verdades a medias y calumnias, son dados a conocer en el afán de desprestigiar a los representantes del “bando contrario”, sin parar en ningún tipo de consideración ética; al punto que, quienes esto practican, violan —incluso— las sociológicamente establecidas y reconocidas normas que el hampa criolla tiene para su actuar (“respetar a la madre y a las mujeres del enemigo”).
b.	Manejar al sindicato y sus recursos como si fueran de la propiedad privada de quienes los administran. Esto se deja ver en frecuentes actuaciones tales como:
·	En los periódicos, revistas, boletines, sólo se publican (o se privilegian y destacan) fotos, “tomas” y materiales de los compañeros que explícitamente dicen compartir las opiniones ideológicas y políticas de quienes “manejan” el sindicato,
·	Sólo tienen acceso a los programas de radio y TV quienes hacen parte de los “acuerdos” que orientan al sindicato,
·	La Escuela Sindical de ADIDA (ESA), funciona objetivamente como un organismo al servicio de un grupo político. Opera como su mecanismo principal para cooptar los activistas y engrosar las votaciones de este grupo político. Con el agravante de que cuando se necesita de urgencia un pronunciamiento y una orientación, sus dirigentes se declaran “inmaduros” para opinar al respecto, dejando a las bases en la estacada, condenados a su propia suerte,
·	Muchos compañeros que actualmente prestan sus servicios remunerados al sindicato declaran, en privado, que simpatizan con las posiciones críticas y clasistas pero que deben “hacerle campaña” al grupo hegemónico, porque, de lo contrario, perderían el puesto,
·	Los reclamos ante la entidad que presta los “servicios de salud” al magisterio dejan de ser reclamos colectivos para convertirse en favores personales que reciben los compañero de parte de uno u otro directivo, que les “consigue la cita, o el procedimiento” para ellos o sus familiares, de tal modo que los beneficiados con la “vuelta”… deben quedar “agradecidos” (y comprometer su “apoyo”),
·	Los traslados, se convierten igualmente en mecanismos de control gamonal (“yo trabajo con fulano de tal porque él sí me puede conseguir o me consiguió el trasladito”),
·	Una orientación u orden (por ejemplo del presidente del sindicato) puede negar el espacio para reunirse, a un grupo de activistas, incluso a organismos que desde hace muchos años vienen trabajando (por ejemplo en el CEID) si llega a ocurrir que alguno de sus miembros ha hecho algún pronunciamiento contrario a la política del grupo hegemónico (“siga escribiendo papelitos, que así nos vamos entendiendo…”, fue la cordial invitación que recibimos),
·	Pero…, contrario a esto, no hay ningún problema en que los recurso físicos del sindicato (por ejemplo el teatro Luis Felipe Vélez) sea alquilado para que en él funcionen espacios de entidades como “familias en acción” y otros como las que generan estafas al pueblo colombiano (como las “funciones” que allí se hacen de “numerología” y otras prácticas similares que generan atraso y manipulación ideológica),
c.	El anarco-sindicalismo ramplón. A nuestro sindicato están afiliados, como debe ser, docentes que militan en diferentes partidos o son apartidistas, que profesan las más diversas creencias religiosas o se declaran al margen de esta condición, que optan por unos u otros puntos de vista en el conjunto de la practica social. ADIDA es, tiene que ser una organización para la lucha de resistencia de los trabajadores de la educación ante la voracidad capitalista y ante las políticas reaccionarias y privatizadoras del régimen. No es ni debe ser un partido político; los estatutos vigentes plantean la independencia frente a las iglesias, el Estado, los empresarios y los partidos políticos. Pero, recientemente, en especial durante las campañas electorales para Presidente y Congreso de la República, alcaldías, concejos municipales y asambleas departamentales, la Sede Sindical y buena parte de los recursos son puestos al servicio de Directorios Políticos para una u otra campaña, subordinándose a esta dinámica la preparación por la base de las necesarias luchas contra la explotación capitalista y por las reivindicaciones salariales, prestacionales, culturales y referentes a la estabilidad laboral del magisterio. En muchos casos los cargos dignatarios asumidos en la dirección del sindicato se reducen y son utilizados como mero trampolín para acceder los llamados “cuerpos colegiados” regionales y locales; haciendo esto en detrimento de los Planes de Lucha directos para arrancarle reivindicaciones a la patronal y su gobierno. Paradójicamente, cuando se reconoce que más se ha participado en las instituciones burguesas del Estado (Congreso, Asamblea, Concejos), es cuando más hemos perdido reivindicaciones, de tal modo que el lema “demande y vote” asumido como táctica permanente, ha propiciado grandes derrotas al magisterio y sólo ha traído desconcierto y frustraciones a la base magisterial. Por eso es necesario reiterar que los fondos económicos y la infraestructura del Sindicato deben ser utilizados, en su totalidad, en y para la preparación de la lucha directa de los trabajadores de la educación, por sus aspiraciones estratégicas articulada a su lucha de resistencia, cuyas tareas implican a la formación, política, sindical, pedagógica y científica de los asociados y el pueblo aliado. Es necesario velar para que los dirigentes sindicales dediquen las comisiones sindicales a la labor de generar conciencia de clase, preparación y orientación de las luchas del magisterio. Es necesario vigilar para que quienes controlen el “poder” dentro del sindicato no lo utilicen para negociar con la patronal el control absoluto sobre las comisiones sindicales puestas, no al servicio de las bases sino del trabajo (casi siempre electoral y de control de los afiliados) de sus partidos y organizaciones políticas. En esta lucha no se puede avanzar sin combatir las prácticas clientelistas y gamonales que viene haciendo parte de la dirigencia sindical, aprovechándose de los cargos de representación y los activos (bienes) del sindicato.
d.	El CEID-ADIDA, tras el merecido reconocimiento que nacionalmente tiene, ha venido cayendo en un franco deterioro, cuyos principales síntomas son:
·	Ausencia de democracia interna. Los espacios para el debate y el intercambio han desaparecido; en los últimos años no se han realizado los seminarios que para unificar criterios y profundizar en las posiciones pedagógicas se hacían al finalizar el año, antes de la asamblea de delegados y cada que un tema coyuntural o resultado de un proceso de investigación lo ameritaba,
·	La actual estructura del CEID hace posible que aparezcan a su nombre propuestas y planes que no han sido procesados en sus estructuras y que el resto de la comunidad académica desconoce,
·	Se han adoptado como propias del CEID propuestas tales como la de “FACE”, a pesar de los reparos que en el terreno político, pedagógico e ideológico se le hicieron planteando que se trata de una propuesta que encaja en el proceso de la plantelización y del avance de los esquemas del currículo de acreditación al servicio del TLC (un elemento principal es la proclamación de la “resiliencia” como herramienta pedagógica, tal como lo ha venido asumiendo el MEN en el currículo de acreditación). Lo cierto que es que ese programa se adoptó sin que un proceso serio de debate al respecto se hubiese adelantado en el CEID.
·	Aunque desde el CEID se hicieron aportes y se le entregó a la Junta directiva, los elementos necesarios para pronunciarse contra el modelo de la “pentacidadad” y los atropellos que en su implementación se han dado contra los maestros, la junta nunca se pronunció, ni se definió una política, y menos un plan concreto de actividades (que sí le fueron propuestos) para enfrentar este desafuero. Aquí de nuevo le tocó a los maestros de base afrontar solos la ofensiva patronal,
·	Igual ocurrió con el decreto 1290. Este instrumento de la privatización de la educación pública es de abril de 2009; la ley 1324 que privatiza el ICFES y lo convierte en herramienta de privatización y el decreto 2355 que permite entregar a particulares los colegios y escuelas oficiales, son de junio y julio de 2009. Le entregamos a la junta directiva los elementos de juicio mostrando como éstos son los instrumentos legales que dejan fuera de cualquier duda el sentido de las actuales política publicas en el terreno de la educación, pero al día de hoy no hay un pronunciamiento claro ni una orientación certera al respecto. A la junta directiva le presentamos, oportunamente, un análisis de esta legislación y una propuesta concreta para afrontarla; pero a un año, sólo hemos encontrado interferencias que han intentado impedir que podamos dar a conocer estos puntos de vista construidos por la investigación conducida desde la base. Todo esto por una razón: como los partidarios del grupo hegemónico no se han podido apropiar de una clara posición al respecto, prefieren que nada les llegue a las bases, con tal de impedir que a otros se les reconozca el trabajo. Lo cierto es que el gobierno sí avanza en la implantación de los procesos de plantelización, y de aplicación de la agenda que llevará a declarar “insuficientes” a “los planteles educativos” para entregárselo a particulares, a cambio de favores políticos o simplemente en la lógica de hacer de la educación una mercancía rentable. (La propuesta que hicimos es simple: hacer un seminario intensivo de tres o cuatro días con unos 150 o más activistas que estén dispuestos a asumir esta pelea; luego de prepararlos, por parejas, estos activistas llegarán a todos y cada uno de los municipios y/o núcleos educativos para exponerle a la totalidad de los maestros el punto de vista que lleve a organizar los Comités de Defensa de la Educación Pública con los padres de familia y los estudiantes, que impidan con la organización y la movilización que las escuelas y colegios públicos sean declarados insuficientes y, de serlo, lograr que no puedan ser entregados a particulares). La propuesta no ha sido considerada, mientras que sí avanza la propuesta del gobierno de la mano de proyectos como el de Pentacidad (frente al cual la junta directiva, lo reiteramos, guarda silencio) o de FACE que cuenta con su visto bueno y su entusiasta apoyo.
·	El Ministerio de Educación tiene una estrategia clara: que le “rinda la platica” luego del brutal recorte de los recursos contenidos en el Sistema General del Participaciones. Para ello son buenas todas las estrategias: por ejemplo, hacer que con menos maestros se atiendan más estudiantes. Esto se puede lograr si contabilizan en minutos (en “horas de sesenta minutos”) el tiempo de las horas de clase. Así, si una hora-clase que, antes de toda la ofensiva neoliberal equivalía a 45 minutos, tiene menos de los sesenta minutos… los docentes deben, entonces, “dictar” otras horas más, por encima de las 22 que impuso el decreto 1850. De este modo, cada maestro irá asumiendo la “carga” de otros. Esto se reviste de un descarado discurso que habla de la “preocupación por el tiempo efectivo de clase”. Así surge la pretensión de quitarle a la hora de clase el necesario descanso pedagógico. Tras el argumento de que “la ley es la ley”, la junta directiva de nuestro sindicato se suma a la interpretación retrógrada que el ministerio hace en esta materia del ya lesivo decreto 1850. En lugar de organizar la lucha por su derogatoria, y de resistir desde una clara concepción pedagógica que reitera que el tiempo de descanso es necesario al proceso de enseñanza-aprendizaje, las orientaciones oficiales del sindicato, contrariando la resolución votada por unanimidad en la asamblea XXXII, contemporizan con el Ministerio, en una propuesta que: A) reduce el descanso diario a 30 minutos (distribuidos, “recomendablemente” en uno de 20 y otro de 10 minutos) B) le exige a los docentes y a los estudiantes que, en este exiguo tiempo realicen, además, un “proyecto pedagógico lúdico”, con el carácter de asignatura, constituyéndose en “una actividad de acompañamiento obligatorio, por parte de los docentes, a los y las estudiantes”
·	Así, lo único que importa es que “el maestr@ en secundaría cumplirá un total de un mil trescientos sesenta (1.360) cifra superior a los un mil trescientos veinte (1.320) minutos que como mínimo debe de dedicar un educador a su asignación académica”. Aquí, no se tiene en cuenta el efecto nocivo de la falta del descanso y del necesario recreo. Esto redundará en la agudización y generalización de patologías como la del síndrome de atención deficiente, entre otras. Lo único que cuenta, para este punto de vista, es que los maestros estarán en clase un poco más de los minutos que el ministerio quiere que estén.
·	Frente al decreto 1278, luego de años de trabajo de la ESA, se reconoce que su trabajo no ha logrado la suficiente “madurez” como para que el sindicato pueda sentar una clara posición, y trazar unas recomendaciones políticas y pedagógicas de emergencia. Declarada su “minoría de edad”, se rehúsa a orientar a los maestros que esperaban una guía. No pudieron ver lo que es claro para quienes hemos estado al frente del debate pedagógico con el Estado: que el documento que el ministerio hace llegar a los maestros que aspiraban a subir en el escalafón o escalar en el nivel salarial, con el pretexto de ofrecerles una “guía”, dejaba establecido, por primera vez, con todos sus matices explícitos, un punto de vista oficial reaccionario sobre el currículo de acreditación que el Estado viene imponiendo y sobre el tipo de maestro que necesita para impulsar la actual fase de privatización de la educación pública, en los esguinces del TLC. Inicialmente el material siembra entre los maestros el pánico y genera confusión y el Sindicato les vuelve la espalda. Se limita a reenviar, sin una sola crítica, el documento oficial. Pero ocurrieron desafueros más allá de esto, que debería tener claro el sindicato si, en verdad, viniese trabajando sobre lo que representa el decreto 1278. Lo cierto es claro y sencillo: aunque en el CEID, al menos un grupo tenía un punto de vista elaborado (dado a conocer a la junta) sobre todo esto y sobre su articulación al conjunto de las políticas públicas en materia de educación, oficialmente se prefiere invocar la “falta de madurez”, y dejar a los maestros librados a su propia confusión, sin hacer nada al respecto. O mejor: impidiendo, incluso mediante despóticas determinaciones que, como activistas de base, quienes tenían algo que decir al respecto lo pudieran hacer. No importó que se explicara que no se iba a comprometer el nombre del sindicato o del CEID, bajo el subterfugio de que “quienes perdieran la evaluación, le echarían el agua sucia al sindicato”, negaron el permiso para utilizar nuestras instalaciones y quienes persistimos en la tarea, debimos, sobre la marcha, limitar la actividad propuesta y conseguir, apresuradamente, otro espacio.
·	La plantelización es la actual etapa del proceso de privatización. Esto lo dijo claramente la comisión pedagógica de la asamblea anterior. Allí se denunció el MECI, las aplicación de las normas ISO, los procesos de acreditación que se le vienen imponiendo a las “Instituciones escolares” con su secuela de absurda reducción de la práctica docente a llenar formatos. A pesar de esto, nada se ha hecho, organizadamente para confrontar este aspecto de las políticas públicas en materia de educación.
·	Los mandatos de anteriores asambleas sobre este tema y otros como la investigación, el ISP, las publicaciones y su distribución, los espacios para el CEID y sus equipos de investigación, los instrumentos para el trabajo (la edición del conjunto de documentos del CEID sobre su línea pedagógica e investigativa), se han “enmochilado”. Y no sólo eso: se ha trabajado, conscientemente en contravía a lo definido por la asamblea.
·	La investigación en el CEID ha devenido en un ejercicio formal, ausente de rigor, de la mano de los esquemas impuestos por el Estado colombiano y que ya habían sido denunciados por la anterior asamblea, que se declaró contraria a la perspectiva de la privatización de la investigación, establecida con las normas que modificaron el carácter del Colciencias. Los “pares académicos” a los cuales se ha aproximado el CEID han dado criterios policiacos y sesgados desde la ideología posmoderna, en contra la de investigaciones del equipos del CEID que erigen su crítica al estatus quo.
·	Las resoluciones que sucesivas asambleas han ordenado avanzar por el camino de la construcción de ISP, se han desobedecido flagrantemente. Pesa hoy mucho más el criterio que se esconde en la reivindicación de un “estatuto docente unificado” que toma como criterio para el ascenso en le escalafón nacional la capacidad económica que tenga el docente para comprar un titulo que, su producción pedagógica.
e.	Reclamación de intereses por mora en el pago de la prima de vida cara: En el año 2002 al 2005, el gobierno departamental dejó de pagar oportunamente las primas departamentales contenidas en el Decreto 1042 de 1978. Por este motivo, la Junta Directiva de ADIDA acordó con el asesor jurídico Osman Hipólito Roa la reclamación de intereses debido a la tardanza en la cancelación de tales emolumentos. Según el Acta 802, del 12 de mayo de 2004, el Convenio entre la Junta Directiva y el abogado implicaba que no se tocaría el básico (la deuda) sino que, por trámite administrativo, el asesor cobraría 20% de lo recuperado, o por trámite de demanda, el 30%. Así mismo, tal como puede comprobarse por la publicidad que se trasmitió por la emisora radial en los programas “Despertar Educativo” y “Actualidad Educativa”, el compromiso del asesor jurídico fue claro: no cobrar por adelantado (Existe al respecto grabación magnetofónica, además del acta 802). No obstante, a centenares de docentes —que no han recuperado los intereses moratorios— se les cobró— y por adelantado— desde medio millón de pesos hasta varios millones por el “trabajo”.
Todo esto con los siguientes dos agravantes: 1) Que muchos docentes del departamento fueron presionados por el asesor jurídico para pagar por adelantado; 2) Que en Medellín impusieron descuentos de nómina sin que haya habido la firma del docente para ello ni la orden judicial pertinente. Nadie ha explicado qué pasó con los compromisos convenidos en la reunión de Junta Directiva de ADIDA e informada en el Acta 802: ¿Por qué a miles de docentes se les impusieron cobros anticipados y del sueldo básico o capital? ¿Estamos ante una estafa o sólo ante una oportunidad para enriquecerse a costillas de las necesidades de los maestros y de los usos del aparato sindical y jurídico? ¿Por qué, aunque esto se planteó, la dirección del sindicato se hizo la de la “vista gorda”?
f.	El funcionamiento del Fondo de Auxilio Solidario por muerte del docente (FASM). Cuando la Junta Directiva de ADIDA constaba de 14 dignatarios y se vivían tiempos de la llamada “guerra sucia” (1987…), la organización sindical, democráticamente, tomó la decisión de poner en funcionamiento un Fondo para auxiliar a la familia del docente socio que falleciera. Inicialmente, por el deceso de cada educador, nómina departamental descontaba $50 pesos. Hoy, luego de varias reformas, los maestros afiliados cotizan 4% del mínimo, tanto en febrero como en Agosto. Como contraprestación, los beneficiarios del fondo reciben 22 salarios mínimos.
El parágrafo del Artículo 2 del reglamento condiciona el disfrute del auxilio a que en el momento del fallecimiento el cotizante esté a paz y salvo. Leemos el texto, tomado del reglamento vigente al año 2010: “Los pensionados de que trata el artículo anterior, tendrán derecho a disfrutar de los beneficios del Auxilio Solidario por Muerte sin el requerimiento de ser Asociado a ADIDA siempre que al momento del deceso estén a paz y salvo en las cotizaciones al Fondo, sin embargo ésta será una prerrogativa exclusiva, ya que no podrán disfrutar de ningún otro derecho por no tener el carácter de asociado” (Resaltos fuera del texto).
No obstante lo anterior, centenares de docentes, por el retraso de 1, 2 ó más cuotas, han sido desconectados del auxilio solidario, sin importar que hayan cotizado 10, 20 ó 22 años. Por dichas razones, los maestros pensionados y retirados, reiteradamente le han reclamado a la Junta Directiva de ADIDA —y hasta a la Asamblea Delegataria— 3 elementales puntos: a. Automatizar el descuento de los porcentajes del salario mínimo, de la mesada del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales (FNPS); b. Permitir el pago de las cuotas atrasadas, con su debida indexación; c. En caso de no ser resuelto favorablemente –para el desconectado- el punto precedente, devolver las cotizaciones hechas desde 1987, también de manera indexada. La respuesta de la Junta Directiva a esta reclamación ha sido la rotunda negativa. Para ello, incluso, hubo manipulación de la Asamblea de marzo de 2009, de tal manera que se negara lo que en la comisión de finanzas había tenido buena aceptación por parte de las bases.
Preguntamos para que se nos explique: ¿Por qué no es posible que se automatice el pago de la cotización al FASM?, ¿a la Junta Directiva le interesa desconectar al máximo número de pensionados retirados para que funcione como lo hacen las pirámides, donde para que funcione el sistema alguien debe resukltar “tumbado”?, ¿dónde queda el lema original del Fondo: “Este es un servicio de ADIDA para el magisterio y el fomento de la conciencia solidaria”?, ¿por qué en el Noti-ADIDA, de junio de 2008, la Junta Directiva de ADIDA excluyó el parágrafo del Artículo 2 del reglamento del Fondo del FASM que contiene el derecho al auxilio?.
Al respecto también es, urgente y necesario que, con toda claridad, se diga qué hay de cierto en las versiones según las cuales en desarrollo del Convenio firmado por la Junta Directiva del Sindicato con el fin de pasar la administración del FASM a la “Corredora de Seguro de la Empresa Aseguradora Solidaria de Colombia” , tres directivos de ADIDA recibieron “comisiones” que sobrepasan los 33 millones de pesos.
g.	¿Democracia sindical o autocracia de la aristocracia sindical?. Hemos sido defensores de la democracia obrera, sindical que es la democracia proletaria en el seno de las organizaciones de las masas. Por ello repudiamos la maniobra, la trampa, la manipulación y la intriga que se ha venido tomando el aparato sindical distorsionando el carácter de este espacio de los trabajadores de la educación. Una pregunta sencilla que hacemos a la Comisión de Ética es ésta ¿Por qué a la plenaria de la XXXII Asamblea de ADIDA no se llevó la Resolución propuesta por el Comisionado de Ética que –con justicia- reclamaba la suspensión de la publicidad a la Fundación Médico Preventiva en los canales de comunicación del sindicato, entre otras razones, por ser ella una empresa privada que se ha prestado para deteriorar aún más la salud del magisterio, convirtiéndola en negocio rentable? ¿puede, impunemente, una persona o un grupo político enmochilarse, así de fácil, las Resoluciones como la aquí comentada?, puede impunemente, si es aprobada, simplemente ignorarla la dirección del sindicato?
Aspiramos a que, algún día la Comisión de ética funcione como una fiscalía colectiva. Para que pueda serlo, en ella deben tener asiento mayoritariamente, las fuerzas y posiciones que no tiene representación en la Junta. De lo contrario su gestión se parecerá a la de nuestro procurador general que opina de acuerdo con los intereses del gobierno que lo eligió. Sin embargo creemos que los comisionados de ética, pueden dar, o deberían dar sobre estas prácticas, respuestas que satisfagan al magisterio. Estamos convencidos que la mejor manera de defender la organización sindical es rescatando su carácter de clase trabajadora y al servicio del magisterio, el proletariado y el pueblo; es reafirmando la necesidad de que el sindicato sea instrumento de la lucha de resistencia directa contra la voracidad capitalista; es retomando la lucha por un currículo que forme sujetos, no al servicio del gamonalismo y el clientelismo, sino del nuevo país, la nueva nación, la nueva cultura, el nuevo poder, sin explotación ni opresión. Es necesario organizarnos de tal manera que impidamos la DESAPARICIÓN DE NUESTRO SINDICATO POR LA VIA DE LA CORRUPCIÓN, EL ANARCOSINDICALISMO Y LA MANIPULACIÓN. Es urgente dar todas las batallas que sean necesarias para erradicar las prácticas sindicales corruptas como el “cvy”. Es forzoso luchar, en fin, contra el burocratismo, el anarco-sindicalismo y el individualismo burgués que también carcome vastos sectores de la dirigencia sindical del magisterio.
Convocamos, en defensa de nuestra organización sindical, a firmar este documento, respaldándolo. No queremos, no podemos seguir confundidos y dispersos, es necesario recuperar para las bases una dirección consecuente, que combata las prácticas sindicales que liquidan la organización.
Movimiento Pedagógico Orlando Zapata
Véase: http://www.pedagogiaydialectica.org
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References: ARTÍCULO 63
 artículo 81
 resolución 
 Artículo 2
 Artículo 2
 Resolución