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Timestamp: 2019-07-20 07:11:05+00:00

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Puntuaciones sobre la Pericia Psicológica – Revista Psicología Digital N°ISSN 2422-6297
Puntuaciones sobre la Pericia Psicológica
Mg. María Susana Olcese
Psicóloga. Profesora Adjunta de la Cátedra Psicología en el Ámbito Jurídico Forense. Facultad de Psicología. UNR. Perito de Oficio. Asesora técnica.
Resulta oportuno, atendiendo las dificultades que conlleva el quehacer pericial, establecer una compilación que recupere algunas consideraciones dispersas en los textos que se ocupan de la temática, haciendo pie en cuestiones que resultan relevantes en el ejercicio profesional y que son de consulta permanente por parte de los profesionales que comienzan a establecer una práctica en este ámbito laboral[1]. Es preciso comenzar señalando que existen conceptos y procedimientos que no disponen de la posibilidad de ser definidos desde el campo psicológico ya que los temas y el carácter de las intervenciones pertenecen al campo jurídico. Esta circunstancia plantea que un profesional psicólogo debe adoptar esas cuestiones, con cierta frecuencia, como un hecho consumado; no obstante, importa decir que la ciencia del derecho establece lo atinente a problemas de forma. Lo que se llama el fondo o contenido sí resulta del exclusivo dominio de la ciencia que converge interdisciplinariamente en calidad de auxiliar[2], a los efectos de evacuar la consulta, debiendo ser expuesto a título personal en el cuerpo del dictamen pericial.
Es importante precisar que, con frecuencia, los operadores judiciales pretenden que el perito se pronuncie en función de conceptos que pertenecen al campo jurídico. Esos conceptos y categorías tienen la particularidad de tener una pregnancia jurídico-psicológica y esa condición no debe llamar a confusión ya que, con frecuencia, pertenecen exclusivamente a la ciencia del derecho, a su lógica; esta situación requiere de los psicólogos, a nuestro juicio, establecer un límite que se puede denominar de restricción. En la medida que esos términos han sido acuñados en el universo jurídico, su enunciación data de décadas o siglos; su repetición es automática y generalmente se sostiene en la autoridad de un autor por completo ajeno al conocimiento psicológico académico contemporáneo.
Lo antedicho es relevante en la medida que, a los fines de llevar adelante una práctica profesional correctamente fundada, es menester poder situar no sólo cuál es la escuela psicológica a la que pertenecen las categorías empleadas en la praxis, sino que también es requisito que tengan vigencia académica, estar formulados conforme al estado actual de la cuestión y, sobre todo, deben estar definidos en el universo discursivo de la disciplina en la cual el perito se ha formado.
En lo que respecta a la presente compilación se advierte que, aunque se ha recurrido a instalar distintos subtítulos, no sólo ningún concepto se cierra sobre sí mismo sino que la articulación de la trama conceptual podría devenir diversa según qué acentos sean los requeridos. Se ha dado el formato de viñeta a algunos temas, sin embargo esa economía no implica que la cuestión quede agotada. Cuando la temática no se presta al cálculo subjetivo, se le ha otorgado el tratamiento que le brindan los manuales.
El ámbito que nos ocupa debe ser abordado como campo problemático; un perito psicólogo debe atender la circunstancia de que en el ámbito jurídico y forense pueden llevarse adelante prácticas profesionales que atenten contra los instrumentos o normativas relativas a los Derechos Humanos, ser contrarias a la preceptiva vigente, llegando a poder inducir cuestiones iatrogénicas; esta advertencia también reúne la posibilidad que tiene la praxis pericial de contar con el psicoanálisis en extensión, a los efectos de poner límite al poder estragante, desubjetivizante que las prácticas hegemónicas establecen en el consultorio médico legal.
Antes de concluir con esta introducción es menester aclarar que la nominación “psicología en el ámbito jurídico y forense” implica que no se trata de “psicología jurídica y/o forense”. El término ámbito (o campo) remite a la ley 9.538 del Ejercicio profesional de los psicólogos (1.985) que considera la existencia de incumbencias profesionales[3]. Es decir, no se trata de una asignatura o extensión disciplinar de la ciencia del derecho. Por tal motivo se debe situar la existencia de un corte entre los discursos psicológico y jurídico. Dicho de otro modo: a partir de una particular formación académica en una carrera de psicología, el psicólogo es interrogado desde la ciencia jurídica para que exprese conclusiones en virtud de su formación.
En un litigio las partes intervinientes administran un conflicto de intereses; el proceso judicial se define[4] como una serie gradual, progresiva y concatenada de actos judiciales cumplidos por órganos establecidos por el Estado a los efectos de llevar adelante este tipo particular de conflictos.
El Dr. Omar A. Benaventos[5], en relación a la diversidad de los conflictos jurídicos expresa que "la afirmación de la existencia de un conflicto de relevancia jurídica en el plano jurídico-procesal constituye el objeto de conocimiento del derecho procesal”. Examina los tres tipos de conflictos jurídicamente trascendentes que le interesan al Derecho Procesal: la pretensión y la resistencia, el estado de incertidumbre y la violación de la conducta prescrita por la norma. Dice:
"Más allá de la sustancia material que pueden empapar al conflicto (civil, penal, laboral, administrativo, familiar) pueden establecerse “categorías” de las variantes conflictivas de relevancia jurídica que se presentan en el plano de la realidad social y que admiten su “judicialización” (estatal o privada).
Estas variantes conflictivas asumen, a nuestro juicio, las siguientes formas:
Primer conflicto: pretensión-resistencia: este tipo de conflicto (quizás el más típico) se origina en la existencia, en el plano de la realidad social, de una pretensión por parte de un pretendiente -gente o ente- y, frente a ella, la coexistencia de una resistencia de aquél frente a quién se pretende “un bien de la vida de trascendencia jurídica”.
En otros términos, el requerimiento jurídico no es satisfecho (voluntariamente) por aquél contra quién va encaminado. El “pretendido” -lejos de someterse a la voluntad ajena- le opone al “pretendiente” una resistencia de cumplimiento.
Este primer tipo de conflicto acordamos en denominarlo (como lo viene haciendo la doctrina más calificada) como “pretensión-resistencia”.
Pues bien, el conflicto, que se ubica como dijimos en el plano de la realidad social, puede desembocar (en el caso de quedar irresuelto, y decidir el presunto afectado llevar la cuestión al plano jurídico) en una “pretensión procesal” (ejercitada por medio del derecho de acción y documentada en una “demanda”) por la que se perseguirá el dictado de una sentencia “favorable” (previa formación del proceso judicial) que sea “declarativa de condena”, “constitutiva de estado” o “de ejecución”.
Ahora bien, si el contenido jurídico de “lo pretendido” y “resistido” se remiten a intereses “transigibles” podrá ser procesado y sentenciado (indistintamente) por jueces o árbitros (en la medida que no está en juego sino intereses disponibles por los propios contendientes) y, también, (...) “auto-compuesto” por las propias partes.(...)
Segundo conflicto: estado de incertidumbre: el conflicto consiste en un “estado de incertidumbre jurídica”.
En este supuesto la función jurisdiccional pasa (exclusivamente) por hacer cesar ese estado de duda que, en sí, constituye la situación conflictiva (...).
El tercer tipo de conflicto: la conducta que viola una prescripción normativa: el conflicto puede asumir aquí otro cariz: el mismo se produce al verificarse que una conducta humana entra en colisión con el “molde patrón” que el sistema jurídico “previsionó” para ese supuesto (caso de la conducta delictiva que queda comprendida en uno de los tipos penales sancionados por el código penal). (...)
La índole de este conflicto explica el sentido, la razón de ser, y la intervención de los órganos jurisdiccionales estatales que desenvuelven su actuación aplicando, por caso, el derecho penal sustantivo por medio del derecho procesal penal".[6]
Prosiguiendo con otra circunstancia de carácter general, es necesario tener presente que, una vez que la parte actora ha presentado una demanda, corresponde que la parte demandada proceda a contestarla; en alguno de esos dos acontecimientos -o en ambos- puede plantearse la necesidad de consultar a profesionales de otras disciplinas, que son convocados en calidad de auxiliares de la justicia, para que asesoren a los litigantes y al juez a los efectos de poder emitir sentencia justa. Al abrirse el período de prueba se da lugar a la realización de las pericias psicológicas que nos ocupan -entre otras actividades procesales- las que son consideradas un medio de prueba. Finalizada esta etapa del procedimiento siguen los alegatos, la sentencia y las posibles apelaciones.
La prueba pericial es un “medio para demostrar la existencia o no de hechos en cosas, lugares y personas dentro de los procesos litigiosos”[7] y resulta ser una declaración de ciencia que no constituye un simple informe sobre lo ocurrido, sino un juicio valorativo sobre lo que es objeto directo de verificación.
Al ser ofrecida la prueba pericial se indicará la especialidad que ha de tener el perito y se propondrán los puntos de pericia. La parte en litigio puede designar en el expediente a su consultor técnico indicando nombre, profesión y domicilio. La otra parte, al contestar el traslado, podrá formular otros puntos de pericia y designar delegado técnico[8]. Los puntos periciales deben ser claros y concretos.
Empero, ¿qué ocurre cuando las preguntas se prestan a confusión? Por ejemplo, en oportunidades la interrogación en el fuero civil versa sobre la determinación de existencia de daño espiritual. Este traspié ha sido inducido por Hernán Daray quien, fuera de esta dificultad, ha llevado adelante una compilación de manual muy completa. Está claro que sobre el espíritu al perito psicólogo no le corresponde establecer conclusiones. Situando rápidamente la cuestión, se recordará que en 1.879 W. Wundt produjo el gesto fundacional de la psicología como ciencia independiente de la filosofía; a partir de esa circunstancia psyche dejó de referir al alma -espíritu- y pasó a designar lo psíquico y, en otras escuelas, lo mental. Ambos, -psíquico y mental- han sido sistematizados y en la actualidad no refieren, de ningún modo, a espíritu[9]. En circunstancias como estas un perito psicólogo puede solicitar aclaraciones o él mismo informar que se trata de un anacronismo, un traslado automático impreciso, sin renunciar a la tarea en la medida que ha sido designado en autos y tiene el derecho y la obligación de llevar adelante lo encomendado.
También es habitual que al perito psicólogo se le formule alguna pregunta respecto de si el actor padece daño al equilibrio espiritual, circunstancia que puede estar haciendo referencia concreta al daño moral; en todo caso, hay que tener en cuenta que el perito se puede dirigir al juez que entiende en la causa, o al secretario del juzgado a fin de plantear la cuestión suscitada. Otra pregunta, en el fuero penal, que resulta una torpeza es la que refiere a si una persona ha sido víctima de violación. Un psicólogo no puede expedirse acerca del concepto violación en la medida que éste implica un delito y resulta una incumbencia de los operadores judiciales determinar la existencia de un ilícito. Un perito debe formular si existe o no presencia de indicadores psicopatológicos compatibles con el padecimiento de agresión sexual, pero no debe avanzar sobre categorías pertenecientes a una disciplina que no es la suya. Incluso, y sin pretender agotar esta difícil cuestión[10], resultaría adecuado expedirse acerca del estado psíquico que presenta una presunta víctima de agresión sexual e informar -luego de evaluar clínicamente posibles antecedentes psicopatológicos (previos o contemporáneos) a ese acontecimiento-, si esos indicadores hallados pueden adjudicarse a una experiencia de agresión sexual.
En todos los casos un perito psicólogo debe expedirse sólo sobre lo que ha podido evaluar clínicamente y en ningún caso podrá dar fe de los hechos denunciados; en virtud de esta circunstancia es que se ha expresado que un dictamen es una declaración de ciencia y no una declaración testimonial. Confundir su intervención con una declaración testimonial viciará el dictamen, circunstancia que resultará entorpecedora del resguardo de la subjetividad que se procura establecer sobre la víctima, llegando a abrir el camino a nuevas revictimizaciones.
Con frecuencia los peritos psicólogos en el fuero civil deben responder acerca del daño psíquico en términos cuali-cuantitativos. Esta circunstancia implica emitir un diagnóstico clínico que, aunque podría quedar próximo a la emisión de un psicodiagnóstico, difiere de éste. Es decir, atendiendo a que un psicodiagnóstico puede ser presentado para la toma de decisiones por fuera de la clínica y dirigido a otros ámbitos (educacional, laboral, forense, etc.), éste habrá de resolverse atendiendo la circunstancia particular de quién lo solicite y la función que deba cumplir. Cada uno de esos ámbitos de la praxis profesional disponen de una impronta que requiere, en cada caso, acotaciones necesarias. En el último de los ámbitos referidos, en los puntos de pericia no sólo se suele solicitar la emisión de diagnóstico sino que con frecuencia pueden requerirse pronósticos y prescripciones; resulta oportuno señalar que no es legítimo confundir pronóstico con futurología; es posible establecer lo que se denomina daño futuro cierto, en el marco de una formulación cuidadosa de esas conclusiones.
Por otra parte, los puntos de pericia no pueden ser respondidos por si o por no, sino que deben contener de manera fundada la opinión del profesional. Al tratarse de una declaración de ciencia solicitada a los fines de tomar decisiones, resulta por completo inapropiado que el perito plantee que se trata de una conclusión presuntiva.
Siendo que las partes -actora y demandada- pueden asistir por sí o por delegado técnico a la realización de la pericia para hacer las observaciones que consideren necesarias, es preciso aclarar que en modo alguno los peritos psicólogos pueden plantear que la presencia de los delegados técnicos impiden el establecimiento de la transferencia en la labor pericial y esto por las siguientes razones:
Una pericia no es un tratamiento clínico, por tal motivo no requiere de la instalación de la transferencia. Sí debe establecerse la empatía requerida para que los implicados participen y colaboren en la tarea.
El peritado no es un paciente. Las entrevistas no son sesiones.
No existe demanda[11] de pericia. La tarea se desenvuelve a través de una designación, en la medida que el profesional se ha inscrito en la lista de peritos de oficio.
Los honorarios que cobra el profesional que actúa como perito de oficio no son percibidos al finalizar las entrevistas sino que los regula el juez una vez que ha concluido el litigio y se perciben una vez que hay sentencia firme.
El perito no interpreta al peritado. Tampoco informa sus conclusiones al actor o imputado, sino al juez y a las partes.
Lo que un psicólogo llega a saber por la intervención pericial no dispone del mismo nivel de secreto profesional que lo que le es dado a conocer en la clínica. El psicólogo en función clínica debe guardar el más riguroso secreto profesional. En la labor pericial debe dar a conocer exclusivamente lo que le es solicitado en los puntos de pericia, ateniéndose con rigor a lo que éstos preguntan.
El perito debe hacer saber al peritado en qué consiste la tarea y que las conclusiones serán puestas en conocimiento del juez y las partes a los efectos de producir la resolución del litigio (consentimiento informado).
En el transcurso de la producción del medio de prueba el perito debe llevar adelante tres etapas[12] fundamentales:
Etapa previa o preparatoria: trata de las tareas que abarcan la inscripción en la lista de peritos de oficio, cumplir con los requisitos legales prescritos, la designación -previa notificación judicial-, la aceptación del cargo y toma de posesión del mismo, la fijación de las fechas, hora y lugar de realización de la pericia, el análisis de los puntos periciales, la lectura del expediente.
Etapa de ejecución del peritaje o de comprobación de los hechos: incluye la deliberación personal o en conjunto (si se trata de junta de peritos). Aclaramos que el perito de oficio no delibera con los delegados técnicos. Esta etapa es fundamental en la medida que la compulsa se realiza sobre las cosas o personas para arribar a las conclusiones. F. Zarco Pérez refiere a ella de la siguiente forma:
... es la columna vertebral del dictamen pericial, sin la cual el peritaje no existe. Si el perito no cumple acabadamente con este presupuesto básico y sustancial, su informe será impugnado, por parte de los litigantes, pudiendo llegar -en el otro extremo del continuo- al pedido de nulidad del peritaje, con las consecuencias patrimoniales, procesales, penales y profesionales, que le devienen acorde con la gravedad del caso.[13]
Etapa final: consiste en la emisión del dictamen pericial en el que se arriba a las conclusiones. El dictamen de oficio se presenta por escrito, con copias para las partes en litigio. Corresponde que el perito detalle las operaciones técnicas realizadas y los principios científicos en que se funda para llegar a las conclusiones.
La labor pericial, una vez aceptado el cargo, es indelegable. El perito debe realizar él mismo todos los procedimientos en las distintas etapas, aunque puede contar con colaboradores. Respecto de las llamadas operaciones técnicas y principios científicos se debe tener presente que pertenecen a un ámbito del saber académico que es el cúmulo de conocimientos que el profesional psicólogo ha adquirido en el cursado de las asignaturas de grado y postgrado. En virtud de esta circunstancia es posible preguntarse si acaso los dictámenes psicológicos plagados de contenidos propios de la medicina legal desmienten la formación académica propia de la disciplina psicológica. Incluso, cabe preguntar cuáles han sido las vicisitudes académicas y políticas que han posibilitado una praxis pericial psicológica en la que los dictámenes adquieren un perfil psicológico-legal, sin atender las tensiones conceptuales que se integran en el entrecruzamiento discursivo (interdisciplina) y que son propias de la diversidad presente en los campos y los temas que se abordan.
Por lo general la pericia se realiza mediante entrevistas[14] diagnósticas, de allí que la labor requiere conocimientos pertenecientes al ámbito de la clínica. En ellas cada profesional, según el marco teórico que ha elegido para llevar adelante la prosecución de sus abordajes profesionales, pone en juego el saber teórico y práctico. Por lo tanto, el perito procede en la labor pericial desde la escuela psicológica que ha elegido como marco de referencia, a su cuenta y riesgo; esta última aclaración implica que en el trámite de inscripción en la Corte Suprema de Justicia no se le pide que explicite la orientación en la que establecerá el orden de razones de sus conclusiones. El perito establece las conclusiones en nombre propio, exponiendo su matrícula; o sea, tanto la exhibe como la pone en riesgo -como cualquier profesional y como en cualquier praxis en la que interviene-. El perito puede llegar a ser interpelado, y de continuo lo es, por las partes en conflicto a fin de que de cuenta de los fundamentos científicos en los que se soportan sus conclusiones.
Aunque gran parte de la labor pericial se explicita de manera simplificada en los manuales, no es exactamente una praxis exclusivamente técnica; si así fuese sería posible encomendarla a una máquina. En lo que respecta al contenido o fondo de la cuestión, éste requiere tomar decisiones que hacen a la puesta en función de una lectura del caso, atenta a los entrecruzamientos de los datos e indicios obtenidos del expediente, en el transcurso de las entrevistas y otras fuentes que se establecen según cada caso. Es decir: la realización de una pericia implica el diseño de la intervención atendiendo la singularidad, de la que dependerá, por ejemplo, la cantidad de entrevistas requeridas para producir el dictamen. Las entrevistas deben establecerse en función del problema a resolver/responder y según el requerimiento de resguardo tanto de las personas intervinientes como de las funciones que se ejercen en el trámite. Se deben tener en cuenta los parámetros científicos para abordar el caso y los valores deontológicos circunscritos en el Código de Etica que rige el desempeño de la profesión. Por lo tanto: imprudencia, negligencia e impericia representan acciones iatrogénicas contra el destinatario, actor o imputado.
El dictamen pericial no es vinculante, es decir, el juez habrá de tomar las conclusiones emitidas por los peritos intervinientes si éstas han logrado crear convicción en él. En este sentido, dos son los destinos del dictamen; si el juez no se atiene a sus conclusiones debe expresar el motivo por el que se aparta de ellas. La otra posibilidad es que funde su sentencia atendiendo los dichos periciales, a los que citará en mayor o menor medida, según considere oportuno.
Entonces, una pericia implica abordar el expediente en términos de caso. Un perito psicólogo no puede responder aplicando consignas congeladas; no debe servirse de parámetros clínicos que no sean los de su disciplina; no puede desconocer los aspectos jurídico- legales de la tarea; no puede pasar alto los aspectos deontológicos estipulados en el ámbito de su colegiación.
Uno de los requisitos para actuar como perito es disponer de la idoneidad otorgada por el título habilitante en la ciencia a la que pertenecen las cuestiones acerca de las cuales debe expedirse. La norma y la jurisprudencia valoran la labor pericial en los siguientes términos:
“El perito es un auxiliar de la justicia y contribuye a esclarecer aquellos puntos que requieren conocimientos especiales, sirviendo su dictamen como asesoramiento cuyo valor será apreciado según la profesionalidad y aptitudes de la persona a quien se encomendó la tarea”: (CN Seg. Soc., Sala 2, 31/12/98; González, Herminia c. ANSeS”).”[15]
El perito, en sus distintas figuras procesales, cumple funciones que resultan comunes a todas las disciplinas que intervienen a fin de establecer conclusiones requeridas por los operadores judiciales. Es decir: las definiciones que se establecen a continuación valen tanto para un profesional psicólogo como para un médico o un ingeniero ya que la condición de perito no dispone de especificidad disciplinaria desde el punto de vista de la definición presente en los códigos. Esta circunstancia implica que en la práctica cada profesional deberá atender a su particular formación para dar contenido científico a los dictámenes e informes que realice. Esta aclaración pone en juego, precisamente, que la letra del código es general y abstracta también en lo que respecta a definir la función que nos ocupa.
Anotemos las siguientes cuestiones generales[16]:
Un perito es un experto en alguna ciencia, arte u oficio. El problema se establece al pasar por alto la condición de experto que remite tanto a las cuestiones de forma como de fondo; es decir, cómo, cuándo y qué hacer. La condición de experto implica que un perito debe conocer con solvencia el tema sobre el cual emite su opinión y debe conocer los modos en que se lleva adelante la procuración de la tarea pericial.
En virtud de que un dictamen implica una declaración de ciencia (no es una declaración testimonial, ni una declaración de verdad, etc.) el perito deberá proveer al juez y a las partes una opinión fundada académicamente. Es decir, no puede trasladar el saber de los manuales a los informes y dictámenes; por el contrario, se trata de llevar adelante el análisis que cada caso requiere y éste debe ser especificado en su singularidad.
En el dictamen deben expresarse los procedimientos llevados a cabo para su consumación, así como la aclaración del marco conceptual desde el cual son emitidas las conclusiones; las conclusiones son enunciadas en nombre propio.
Cuando se pone énfasis en la circunstancia de que no se trata sólo de informar sino que es requisito crear convicción en el juez, ello implica que el magistrado debe disponer de argumentos que le permitan tomar decisiones a la hora de dictar sentencia. Es decir, el juez tomará en cuenta la pericia en la medida que le haya podido aclarar el asunto que se discute. Atendiendo el principio de seguridad jurídica, que implica que el juez no puede no dictar sentencia, el perito no puede no responder.
La pericia versa sobre determinadas circunstancias del litigio y el profesional es llamado en calidad de auxiliar -esta caracterización suele ser resistida; hay quienes proponen el concepto de asesor-.
Los operadores judiciales no pueden emitir sentencia sin apelar a conocimientos extrajudiciales. El saber de la ciencia del derecho no alcanza a cubrir los distintos ámbitos del conocimiento sobre los cuales la sentencia debe expedirse.
Lo que se puede denominar hiancias del discurso del derecho, pone en juego la interdisciplina; el intercambio de conocimiento entre profesionales que abordan un objeto de estudio desde disciplinas disímiles, heterogéneas, no implica que el resultado del intercambio implique la complementariedad.
La decisión final corre por cuenta del juez de primera instancia, la que a su vez puede ser revisada en la alzada. La sentencia implica una interpretación de la ley, que se hace en nombre propio, es decir, por cuenta y riesgo.
Lo que acabamos de plantear permite avanzar sobre la cuestión del riesgo profesional. Dicho de manera breve, un profesional, cuando emite un informe, un dictamen, una sentencia, etc., puede ser interpelado desde los distintos lugares habilitados para tal fin.
En el ámbito del expediente judicial, la intervención puede no agotarse en el escrito que se presenta. El dictamen puede ser declarado nulo, impugnado o requerir aclaraciones, ampliaciones, etc. El perito también puede ser convocado para expresar y/o aclarar sus conclusiones en la audiencia de vista de causa o en el juicio oral.
Los peritos gozan de la libertad de establecer la metodología de investigación según su propio criterio e idoneidad.
Los peritos deben proceder de acuerdo con el estado actual del arte de la disciplina a partir de la cual emiten sus dictámenes e informes (principio deontológico).
Un profesional puede ser convocado por la Justicia como perito de oficio. Este nombramiento está reglamentado en los códigos de procedimiento, leyes especiales y acordadas de las distintas jurisdicciones judiciales que especifican la idoneidad profesional que se acredita mediante el título habilitante.
La Ley 10.160 -Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe-, en su Capítulo II: "De la Competencia de la Corte Suprema de Justicia", art. 19, inc. 6° dispone “Confeccionar antes del 31 de diciembre de cada año, las nóminas necesarias para que los magistrados y los jueces comunales puedan efectuar las correspondientes designaciones durante el año siguiente”.
La Corte Suprema de Justicia dispuso, a los efectos del cumplimiento de la norma, que durante el mes de octubre[17] de cada año se recepcionen las solicitudes de los profesionales; los formularios se encuentran a disposición de los interesados en los tribunales correspondientes o pueden bajarse desde la página web habilitada a esos efectos.
Además de la solicitud, cuya firma deberá ser certificada judicialmente, los profesionales que se inscriben para actuar como peritos de oficio deben presentar:
Fotocopia certificada del título habilitante expedido por establecimientos oficiales.
Certificado de buena conducta (carencia de antecedentes penales, inexistencia de inhabilidad especial para ejercer la profesión).
También deben pagarse unos sellos cuyo monto varía según se trate de los Tribunales Provinciales o Federales. En el trámite debe establecerse fehacientemente domicilio legal; esto implica que el perito será notificado de las designaciones en ese domicilio y cualquier cambio deberá ser puesto en conocimiento de la autoridad jurisdiccional; anotemos que la no presentación a aceptar/rechazar cargo implicará la posibilidad de ser dado de baja de la lista de peritos y multado.
El atributo de perito de oficio nace cada vez que un profesional se inscribe en las listas de oficio que cada año confecciona la Corte Suprema de Justicia, adquiriendo su condición procesal a raíz del nombramiento judicial en la causa particular y de la subsiguiente aceptación del cargo. La naturaleza jurídica que reviste esta figura es la de auxiliar de la justicia.
Los objetivos fundamentales del perito de oficio son:
1- Generar un dictamen pericial basado en conocimientos científicos, técnicos o artísticos y habiendo actuado objetivamente, conforme a derecho y en forma equidistante respecto de las partes.
2- Establecer un dictamen con la información suficiente para esclarecer al Juez en áreas ajenas al derecho, posibilitando con este medio de prueba pericial -y otras arrimadas al juicio-, que el juzgador pueda sustentar su sentencia.
Para desempeñarse legalmente, el perito debe aceptar formalmente el cargo en sede judicial, previa recepción de la notificación judicial en el domicilio que constituyó al efecto cuando se inscribió para actuar como tal. Lo hará ante el oficial primero del tribunal, mediante acta formal y prestará juramento de desempeñarlo fielmente[18].
Existe una circunstancia que afecta especialmente al perito de oficio. Esta es referida en los textos que se ocupan de la temática pericial; Zarco Pérez la aborda de la siguiente manera:
Devis Echandía[19] en Compendio de la Prueba Pericial, Ed. Rubinzal-Culzoni, 1984, p. 154, refiere: “Conviene consagrar el deber de colaboración de las partes con los peritos, y contemplar dos hipótesis: 1º) la falta de colaboración que no impide practicar el dictamen; 2º) la obstaculización que hizo imposible practicarlo. De acuerdo con la doctrina esa conducta se traduce en una de dos consecuencias: confesión ficta o indicio. En Colombia se adoptó el segundo camino, de considerar ambas conductas como indicios graves en contra de la parte que niega la colaboración o que impida la práctica del dictamen, sometiéndolas además, en el primer caso, a multas y a pagar los honorarios del perito, y en el segundo a una multa de quinientos a mil pesos. Los peritos deben hacer constar en su dictamen aquellas circunstancias.
Habrá de notarse que en el ámbito de la clínica la expresión falta de colaboración no existe como tal; podría, en todo caso, aparecer como falta de implicación o como resistencia al tratamiento, etc. Atendiendo a esta referencia del texto es oportuno hacer algunas consideraciones:
La labor pericial implica el abordaje del caso en su singularidad.
El peritado debe dar consentimiento informado respecto de qué trata la tarea y sus consecuencias judiciales.
En todos los casos, la falta de colaboración debe ser interpretada contextualmente.
El perito psicólogo pondrá en conocimiento del juez la circunstancia de la falta de colaboración en el marco de otras consideraciones sobre el caso.
En relación al pedido de prórroga para rendir el dictamen, el perito de oficio puede pedirla sólo una vez. Aunque la tarea es indelegable, sin embargo puede tener asesores y colaboradores; esta circunstancia es importante porque permite articular la función de la supervisión de la tarea pericial sin hacer caer la calidad de experto requerida -el supervisor debe guardar secreto profesional-.
La presentación del dictamen al juez y su correspondiente traslado a las partes resulta a los efectos de que quede controvertido; es decir, las partes involucradas en la litis podrán solicitar las ampliaciones o aclaraciones y proponer objeciones. Si el perito no plantea el traslado, el dictamen carece de mérito probatorio; asimismo, el perito debe contestar en tiempo y forma todos los traslados que le realicen las partes.
El dictamen no puede basarse en apreciaciones generales; los puntos de pericia no pueden responderse por si o por no, requieren respuestas fundadas. Por tal motivo se dice que las conclusiones deben ser claras, exactas y sin vacilaciones, convincentes; deben ser la consecuencia lógica de los fundamentos a los fines de que disponga de eficacia probatoria. El perito sólo dará a conocer exclusivamente aquello que le es preguntado; esta circunstancia implica que es la parte la que decide qué desea saber, qué tener en cuenta y qué no. Cuando alguna de las partes aclara que el perito puede comunicar todo aquello que haya podido aprehender del caso en el transcurso de la labor y lo considere oportuno a los fines de informar al juez y a las partes, sólo en ese caso el profesional podrá agregar contenidos que no se encuentren expresamente referenciados en los puntos de pericia.
Castex, respecto de la valoración del daño psíquico, advierte que:
... es de interés tener en cuenta, en este punto, los derechos del examinado, en cuanto a que el estudio de peritación puede, debido al arte propio de la especialidad, poner en descubierto facetas íntimas de aquél, que nada tienen que ver con el objeto de la peritación.
Los peritados no siempre tienen tal consecuencia presente al presentarse al estudio referido, y confunden, además, con frecuencia, el acto médico con el acto de peritación. Ambas cosas obligan al perito a clarificar tal posibilidad antes de iniciar el examen, en la forma más clara, concisa y comprensible para aquéllos.[21]
La circunstancia acerca de qué informar trae aparejadas algunas cuestiones que deben ser resueltas desde la perspectiva de los principios jurídicos, de las disposiciones deontológicas y las teorías que fundamentan las conclusiones.
Otra circunstancia a tener en cuenta son los tiempos procesales; así, por ejemplo, la aceptación del cargo (ante el secretario del juzgado correspondiente) debe realizarse perentoriamente tras recibida la designación -dentro de las 72 horas en el fuero civil y 48 horas en el fuero laboral-. Las fechas de peritación se fijan en función de plazos que se pueden consultar en la Mesa de Entrada del juzgado en el que se lleva adelante la litis. La emisión del dictamen dispone de un plazo que suele pautarse en treinta días -luego de finalizado el período de las entrevistas-, aunque es prudente no pasar por alto que esto ha sido instaurado por costumbre; el código procesal civil de nuestra provincia no dice nada al respecto. El código procesal laboral de la provincia de Santa Fe plantea 10 días para la presentación del dictamen, a partir de la aceptación del cargo, circunstancia que en realidad nunca se puede cumplir en la práctica. Los honorarios se cobran cuando la sentencia queda firme[22].
Esta categoría de perito dispone de las mismas causales de excusación o recusación que los jueces, en la medida que es de rigor respetar el principio de imparcialidad al realizar la tarea.
El dictamen debe reunir los requerimientos formales exigidos para todos los escritos judiciales (hoja tamaño oficio, doble faz, márgenes predeterminados, tinta negra, sin claros); debe manifestar de forma detallada las metodologías de trabajo y los principios que fundan las conclusiones; deben presentarse tantas copias como partes interesadas haya en el juicio; el original se agregará al expediente y el perito requerirá en mesa de entrada copia sellada como acuse de recibo.
Al igual que el perito de oficio, el perito oficial es un experto, auxiliar de la justicia, que colabora con el juez en aspectos científicos, técnicos o artísticos requeridos para dilucidar cuestiones litigiosas que no pertenecen a la competencia académica de un abogado pero que son requeridas en el quehacer del juzgador.
La diferencia, con respecto al perito de oficio, resulta del hecho de que éste es un profesional independiente, inscrito anualmente en las listas de oficio de la Corte Suprema de Justicia, que percibe honorarios regulados judicialmente. En cambio, el perito oficial está en una relación de dependencia con el Poder Judicial, es un asalariado que procede a requerimiento de los jueces. En tanto funcionario del poder judicial tiene restricciones que a los peritos de oficio no los alcanzan, según lo que expresa el art. 168 de la Ley Orgánica Nº 10.160:
No puede ejercer la profesión de manera privada, excepción hecha de la actividad académica.
No puede percibir honorarios.
No puede intervenir como perito a propuesta de parte.
No puede integrar los directorios de los respectivos colegios profesionales.
No puede integrar sociedades de personas o por acciones que tengan por objeto la prestación de servicios.
No puede integrar las listas de oficio en las causas que se sustancien en el territorio de la provincia, salvo casos de juicios en los cuales la parte actúa con beneficio de litigar sin gastos.
El perito oficial no debe aceptar cargo ante el actuario para intervenir en las causas que se sustancian ya que ha prestado juramento al asumir su función.
Esta categoría de perito dispone de las mismas causales de excusación o recusación que los jueces y debe respetar el principio de imparcialidad al realizar la tarea.
Causales de recusación y excusación de los peritos de oficio y oficiales
Para el tema de la excusación y recusación de los peritos debe tenerse en cuenta lo que establece el artículo 189 y 190 y otros que derivan de lo que prescriben éstos en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe (ver Anexo).
El art. 189 remite al artículo 218 del mismo código: “El testigo puede rehusarse a contestar las preguntas que se le hicieren: 1ro. Si la respuesta debiera comprometer su honor o exponerlo a enjuiciamiento criminal. 2do. Si no pudiera responder sin revelar un secreto científico, artístico o industrial; dejando a salvo lo establecido en el artículo 216”.
El art. 216: “Los abogados, procuradores, médicos, sacerdotes, farmacéuticos y parteras podrán rehusarse a prestar declaración sobre hechos que se les hubiere comunicado confidencialmente en el ejercicio de su profesión o ministerio”.
El art. 190 prescribe: “Los peritos nombrados de común acuerdo pueden ser recusados por causas posteriores a su nombramiento y los que hubieren sido nombrados de oficio, también por causa anterior, todo de acuerdo con lo establecido para las recusaciones”
Esta última referencia del artículo remite a las causales de recusación que el artículo 10 del mismo código establece para los jueces:
Art. 10: “Todos los jueces superiores o inferiores pueden ser recusados con causa por encontrarse con el litigante, su abogado o su procurador en alguna de las situaciones siguientes:
Parentesco reconocido en cualquier grado de la línea recta y hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en la colateral;
Tener el juez o sus parientes, dentro de los grados expresados, interés en el pleito o en otro semejante, sociedad o comunidad, salvo que se trate de sociedad anónima o de pleito pendiente iniciado con anterioridad;
Ser el juez o su cónyuge acreedor, deudor o fiador, salvo que se tratare de bancos oficiales;
Ser o haber sido el juez, denunciante o acusador fuera del juicio o antes de comenzado el mismo denunciado o acusado;
Haber intervenido como letrado, apoderado, fiscal o defensor; haber emitido opinión como juez o haber dado recomendaciones acerca del pleito u opinión extrajudicial sobre el mismo con conocimiento de los autos;
Haber dictado sentencia o sido recusado como juez inferior;
Haber recibido el juez o sus parientes en los grados expresados, beneficio de importancia;
Tener amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato;
Mediar enemistad, odio o resentimiento grave, a menos que provenga de ataques u ofensas inferidas contra el juez después de comenzada su intervención;
Ser o haber sido el juez, tutor o curador o haber estado bajo tutela o curatela; salvo que hayan transcurrido más de dos años y estén aprobadas las cuentas respectivas;
Tener el juez de segunda instancia parentesco, dentro de los grados expresados anteriormente, con el que dictó la sentencia de primera instancia. Podrán recusarse con causa hasta el llamamiento de autos y aun después si la recusación se fundare en causa nacida con posterioridad.
La recusación del perito debe ser formulada dentro de los tres días, más uno de gracia, de notificado el decreto de designación e imprimírsele trámite incidental. Planteada ante el juez, debe darse traslado al perito que podrá aceptarla o rechazarla, debiendo en su caso el Tribunal ordenar la producción de la correspondiente prueba y resolver previa vista de causa. La resolución que se dicte es inapelable.
La excusación del perito corresponde cuando éste tiene conocimiento de la causal que le impide desempeñarse como tal. Deberá presentar en sede judicial el escrito correspondiente y, por ende, no podrá aceptar el cargo ni tomar posesión del mismo.
Consultor técnico (perito de parte)
La función del delegado o consultor técnico tiene por objetivo la mejor preservación de los intereses de la parte litigante que lo contrata, asesorando a la parte y controlando las diligencias periciales llevadas a cabo por el perito de oficio y/o perito oficial, según el caso. Se trata de un profesional independiente que es auxiliar de la parte que lo contrata (actora o demandada). La parte no está obligada a exponer las conclusiones que el perito le informa cuando le son desfavorables. Se caracteriza por:
No tiene que aceptar el cargo como el perito de oficio, por no ser auxiliar del órgano judicial, excepto en los procesos penales. Empero, sí debe constar en el expediente sus datos cuando tiene por función controlar el desempeño del perito de oficio u oficial en el transcurso de las entrevistas periciales u otras actividades procesales.
Es una figura extra-procesal, por lo cual no puede ser recusado; sí puede ser reemplazado si la parte que lo contrató así lo decide.
Su naturaleza jurídica es análoga a la del abogado que defiende los intereses de la parte que lo contrató -la mayor parte de la jurisprudencia acepta esta analogía-, sin embargo, atendiendo a que un perito psicólogo no puede llevar adelante intervenciones que puedan resultar iatrogénicas, atender los intereses de la parte no implica producir afirmaciones que impliquen, por ejemplo, enunciar diagnósticos falsos o establecer diagnósticos cuali-cuantitativos que vulneren la subjetividad del actor o imputado, etc.
Sus honorarios no están previstos expresamente en nuestro código para que integre la condena en costas; el profesional debe fijarlos libremente en el momento de la locación de servicios.
Al no ser auxiliar del órgano judicial, no está legitimado para presentar dictamen alguno. Solamente establece informes para quien lo contrató.
Su actuación es limitada. No puede adoptar actitudes que entorpezcan la labor del perito de oficio o del perito oficial. No puede participar en la emisión del dictamen pericial, porque es una función que le compete solamente al perito de oficio u oficial.
Es decir, el informe técnico confeccionado por un consultor no es una pericia ya que éste no presta juramento; las partes no tienen la posibilidad de recusarlo.
CUADRO COMPARATIVO DE LAS TRES FIGURAS DE PERITOS:
PERITO DE OFICIO, PERITO OFICIAL Y DELEGADO O CONSULTOR TÉCNICO
- De oficio por el Juez (listas).
- Por acuerdo de partes (Art. 186 C.P.C. C Sta. Fe).
Funcionario del Poder Judicial. Por las partes en juicio -actor o demandado-.
Auxiliar de quien
Acta ante actuario que contiene aceptación de cargo y fija domicilio.
No acepta el cargo; prestó juramento al asumir la función.
No acepta cargo.
Sí debe constar en el expediente su nombre, título y domicilio.
4. Actuación en
Realización de la pericia al efecto de la comprobación de los hechos. Realización de la pericia al efecto de la comprobación de los hechos.
actuaciones del perito oficial o del perito de oficio.
5. Excusación
Con causa legal que lo justifique.
Figura extraprocesal.
6. Recusación
Puede ser recusado por las mismas causas que los jueces.
Figura extraprocesal
7. Emisión del
Emite dictamen pericial que será agregado al expediente.
El informe, escrito u oral, se dirige a la parte que lo contrata.
Objetiva y equidistante de las partes._____
Profesional independiente Objetiva y equidistante de las partes.___________
Profesional dependiente del Poder Judicial. Defiende intereses
de la parte que lo contrata.________
Regulados por el Juez. Recibe salario. Por acuerdo con la parte.
10. Fuero Todos los dispuestos por el tribunal. Fuero penal y de menores. Cualquier fuero.
Breve reseña histórica sobre la labor pericial en nuestro medio
La actividad pericial es una práctica profesional cuyo quehacer permaneció prácticamente elidido de la formación de grado en el ámbito de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario hasta el año 2015 en que se consolidó como asignatura. Hasta ese momento la transmisión académica se limitaba a la existencia de Seminarios Optativos de Pregrado con modalidad cuatrimestral. Apenas refrendada académicamente, aunque sí reconocida en la Ley de Ejercicio profesional 9.538 (1985), la inserción del psicólogo en este área estuvo hasta hace algunas décadas ubicada en los márgenes tanto del discurso del derecho como de la psicología. En la actualidad, la designación de oficio de peritos psicólogos y la convocatoria a delegados técnicos ha revertido esa situación dando lugar al reconocimiento de un espacio teórico-práctico muy complejo en el que ambas disciplinas abordan problemáticas que requieren de la interrogación y la tarea conjunta. La función del psicólogo en este ámbito conlleva atender, y por lo tanto resguardar, la subjetividad de aquellos que se encuentran implicados en específicas causas judiciales, entendiendo por resguardo que las conclusiones periciales no deben producir consecuencias iatrogénicas. Dicho de otra manera: la intervención pericial para no ser iatrogénica deberá no deshumanizar ni desubjetivizar al actor/imputado.
Según nuestro criterio, fueron los textos e intervenciones de Pierre Legendre los que a partir de la década del 70 en Francia y en la del 80, tras el regreso de la democracia a nuestro país, compusieron el llamado diálogo entre el derecho y el psicoanálisis. En esos años sus textos recibieron una fuerte acogida por parte de E. Mari, E. Kozicki, y otros intelectuales y psicoanalistas –N. Braunstein, David Krezses, Marta Gerez Ambertin, entre ellos-, de tal manera que se fue constituyendo un discurso en torno al entrecruzamiento de estos dos campos. Esta circunstancia instaló cierta “novela” –preferimos nombrarla de esta manera- acerca del alcance de la función clínica del derecho, no sin mediación del experto y del juez, la que ha sido fuertemente cuestionada. Sin embargo, es preciso tener presente que P. Legendre impulsó y ayudó a diseñar numerosas intervenciones en el campo “psi”-jurídico. También desde nuestro punto de vista, Franck Chaumon[23] fue quien cuestionó el punto de vista legendreano; sin embargo, el ámbito quedó abierto para las prácticas y las disputas. Hay que decir, asimismo, que el devenir político de las instituciones académicas y las modas que están presentes también en este ámbito, desalojaron autores de la talla de D. Winnicott -por ejemplo- y otorgaron exclusividad a otros.
En segundo término consideramos que el campo de las pericias psi en nuestro país ha contado -en el quehacer profesional y la escritura de numerosos textos- con la participación crítica del Dr. Mariano N. Castex. Más recientemente es posible acceder a una abundante bibliografía; se trata de textos que dan cuanta –no siempre de manera crítica- de las problemáticas concernidas en este ámbito y disponen, mayoritariamente, de la estructura propia de los manuales.
Código procesal y civil comercial. LEY 5.531
Libro segundo del proceso General
ARTICULO 188. Si los litigantes no comparecieren a la audiencia, lo hiciere uno solo o no se pusieran de acuerdo, se hará el nombramiento de oficio. En tal caso, si existiera lista de los peritos que haya de nombrarse, la designación recaerá en el que corresponda, según el orden de colocación en la nómina; de no haberla, el juez hará una de tres por cada uno de los que deban dictaminar, y nombrará a los que designe la suerte. La lista se formará de personas que tengan título en la ciencia, arte u oficio de que se trate, emanado de instituciones argentinas si la profesión u oficio estuviere reglamentada. Si no lo estuviere o, si está dolo, no hubiere perito en el lugar del juicio, podrá formarse con personas entendidas o prácticas. En este caso, antes de verificarse el sorteo, cada uno de los interesados tendrá derecho a eliminar un perito de la lista por cada tres.
ARTICULO 194. Vencido el término sin que el o los peritos presenten su dictamen o ampliación, serán reemplazados. Además, excluidos de oficio, de la lista respectiva por el año en curso y el siguiente y pasibles de multa de hasta veinte días multa. El auto que disponga la exclusión y la multa será apelable en relación.
[1] La Ley 9.538 -del Ejercicio profesional de los psicólogos de la Provincia de Santa Fe (1.985)-, reconoce como incumbencia de los psicólogos la realización de dictámenes e informes periciales y denomina ámbito jurídico lo que en la actualidad hay consenso en llamar psicología en el ámbito (o campo) jurídico y forense.
[2] Los códigos que organizan los procedimientos nominan como “auxiliar de la justicia” a los peritos de las distintas disciplinas consultadas a los efectos de que las partes y los jueces tomen decisiones en el litigio; la cuestión de acordar o no con el concepto de auxiliar merece una discusión que se pospone para otro momento.
[3] Cap. II. De las especialidades y ámbitos de aplicación. Art. 3º: A) Psicología Clínica; Ps. Educacional; C) Ps. Social: a) en el ámbito laboral; b) en el ámbito jurídico; c) en el ámbito social.
[4] Esta definición, como casi todas las que se encuentran en la ficha pueden ser halladas en los manuales de psicología pertenecientes al ámbito o bien en los manuales de derecho penal; entre los textos no hay variaciones fundamentales.
[5] El Dr. Benaventos se desempeña como profesor asociado a la cátedra de Derecho Procesal Civil de la Facultad de Derecho de la UNR, profesor de Teoría General del Proceso en la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano, profesor honorario de facultades de Derecho de Colombia, Panamá y Perú, entre otros cargos.
[6] Omar A.Benaventos, Teoría General del Proceso 1, Bs. As., Juris, 2002, pp. 92-95. Las cursivas pertenecen al original.
[7] Franklin Zarco Pérez, Prueba Pericial. Criterios procesales. Jurisprudencia. Modelos. Buenos Aires, Editorial Juris, 2003, p. 5 Hemos elegido este texto en virtud de que, tras haber realizado una minuciosa búsqueda y análisis de la bibliografía existente, consideramos que lleva adelante una atenta presentación de los aspectos procesales que no se encuentran presentes en otros manuales que abordan la problemática pericial. Conviene decir, también, que el texto forma parte de la bibliografía obligatoria que integra la Diplomatura en pericias judiciales que dicta el Departamento de Capacitación de la Suprema Corte de Justicia de la Prov. de Santa Fe.
[8] Cabe aclarar que el delegado técnico forma parte del dispositivo pericial porque la parte tiene derecho a controlar cómo llevan adelante el perito de oficio o el perito oficial el medio de prueba; el delegado técnico controla al perito y no al peritado. Por otra parte, los peritos de oficio y oficial están obligados a permitir el control de la prueba; el delegado técnico tiene que estar designado en el expediente a los efectos de poder ser integrado al trámite.
[9] Por otra parte H. Daray distingue el daño espiritual del daño moral. Planteada la referencia, cabe que la dislocación conceptual pueda ser un índice ideológico que se articularía con el hecho de que la C.N. (1994) expresa en la Primera parte, Cap. Primero, Art. 1º La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución. Art. 2º El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano.
[10] Suele hacerse la pregunta acerca de si existen indicadores psicopatológicos que sean específicos de padecimiento de agresión sexual.
[11] Desde nuestro punto de vista, no resulta legítimo denominar demanda a la circunstancia en la cual interviene un profesional psicólogo en el campo jurídico y forense. Cuando un psicólogo recibe una demanda en el ámbito jurídico debe recurrir a un abogado para ajustarse a derecho y no ser declarado en rebeldía. El concepto de demanda, tal como se denomina en psicoanálisis a la implicación del sujeto en el análisis, no es un término genuino en el área. En todo caso podrá hablarse de juego de la oferta y la demanda en el mercado laboral, y en este sentido es ampliamente reconocido que los peritos psicólogos encuentran abundante demanda laboral en el ámbito que nos ocupa. Cuando Castex emplea el término demanda lo refiere a la trilogía lacaniana “necesidad, demanda, deseo” en el contexto de su pregunta acerca de qué hace un profesional respondiendo al “todo legal”; empero, resulta una extrapolación disonante en el ámbito.
[12] Ibidem, pp. 37 y 38.
[13] Ibidem, p.38
[14] Las entrevistas son un medio de investigación clínica que permite llegar a conclusiones diagnósticas.
[15] Ibidem, p. 18
[16] Las características se encuentran recabadas de la bibliografía general. Los comentarios se establecen a título personal.
[17] El mes dispuesto para tales fines suele sufrir variaciones. A los efectos de la inscripción de peritos los Colegios profesionales pueden informar a sus colegiados, oportunamente, los requisitos y fechas actualizados.
[18] Ibidem, p. 25
[19] Hernando Devis Echandía, jurista y procesalista colombiano (1916-2001). Fue Presidente y Miembro Fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. También fue miembro del Centro de Estudios Procesales de Rosario (Argentina), del Instituto de Derecho Procesal Argentino, del Instituto Español de Derecho Procesal, del Instituto Mexicano de Derecho Procesal, del Instituto de Derecho Procesal de la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
[20] Ibidem, p.42
[21] Mariano N. Castex, Daño Psíquico y otros temas forenses, Bs. As., Tekné, 1997, p. 21; las negritas pertenecen al autor.
[22] Ver Anexo.
[23] Franck Chaumon, La ley, el sujeto y el goce. Lacan y el campo jurídico. Bs. As., Nueva Visión, 2004.
- Benaventos, Omar A., Teoría General del Proceso 1, Bs. As., editorial Juris, 2002.
- Castex, Mariano N., El daño en psicopsiquiatría forense, Bs. As., Ad-Hoc, 2005.
- Castex, Mariano N., Daño Psíquico y otros temas forenses, Bs. As., Tekné, 1997.
-Castex, Mariano N., El secreto médico en peritación, Bs. As., Ad-Hoc, 2003.
-Castex, Mariano N., Insania e inhabilitación, Bs. As., Ad- Hoc, 2009.
- Chiappini, Julio, Prueba pericial. Suma de reglas procesales. Jurisprudencia. Legislación. Doctrina, Rosario, Fas, 2003.
- Davoli, Elena, Ficha correspondiente al curso: ¿Cómo se perita hoy? Estatuto de la pericia “Psi” en los fueros civil y penal. Clase del 23 de abril de 2014.
-Degano, Jorge A. y colab., El sujeto y la ley y otros temas psicológico forenses, Rosario, HomoSapiens, 1993
-Degano, Jorge, “El campo de las prácticas psicológicas en el ámbito de la Justicia”, en Revista Lecturas en Subjetividad y Derecho, Nº1, Rosario, S&D, 2005.
-Del Popolo, J. H., Psicología Judicial, Mendoza, Ed. Jurídicas Cuyo, 1996.
- Devis Echandia, Hernando, Teoría general de la prueba pericial, en
https://es.scribd.com/doc/79035479/Teoria-General-de-La-Prueba-Judicial-Tomo-i-Hernando-Devis-Echandia-2
-Ley 9.538, del Ejercicio profesional de los psicólogos de la Provincia de Santa Fe, 1985.
-Travacio, Mariana, Manual de Psicología Forense, Bs. As., UBA, 1996.
- Olcese, María Susana, La interpretación del enunciado art. 34, inc. 1º del C.P. argentino. Una lectura desde el psicoanálisis, tesis de la Maestría en Psicoanálisis, Facultad de Psicología, UNR, 2017.
- http://santafelegal.com.ar/cods/cpcc2.html
- Vázquez Ferreyra, Roberto, Prueba de la culpa médica, Bs. As., Hammurabi, 1993.
- Zarco Pérez, Franklin, Prueba Pericial. Criterios procesales. Jurisprudencia. Modelos. Buenos Aires, Editorial Juris, 2003.
« La Mente y el Centro de Mando. (El yo en la neurociencia, las ciencias cognitivas y el psicoanálisis.) Panorama de Psicología en Educación »

References: resolución 
 artículo 189
 artículo 218
 artículo 216
 artículo 10
 resolución