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Timestamp: 2018-11-17 08:39:51+00:00

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SUJECIÓN AL PLIEGO
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: ALIER E. HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, BOGOTÁ D.C., DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL UNO (2001). RADICACIÓN NÚMERO: 11001-03-26-000-1996-3771-01(12037).- La licitación pública y el pliego de condiciones:
La licitación pública, como lo señala la norma precitada, es un procedimiento de formación del contrato, que tiene por objeto la selección del sujeto que ofrece las condiciones más ventajosas para los fines de interés público, que se persiguen con la contratación estatal. "Consiste en una invitación a los interesados para que, sujetándose a las bases preparadas (pliego de condiciones), formulen propuestas, de las cuales la administración selecciona y acepta la mas ventajosa (adjudicación)"
Marienhoff precisa que la razón de ser de la licitación pública debe analizarse desde dos aspectos: con relación al Estado y con relación a los administrados. En cuanto al primero, explica, “la 'ratio iuris' no es otra que conseguir que el contrato se realice de modo tal que la Administración Pública tenga las mayores posibilidades de acierto en la operación, en lo que respecta, por un lado, al 'cumplimiento' del contrato (calidad de la prestación, ya se trate de entrega de cosas o de la realización de servicios o trabajos; ejecución del contrato en el tiempo estipulado; etc) y, por otro lado, lograr todo eso en las mejores condiciones económicas." Y en relación con los administrados afirma: “con el procedimiento de la licitación también se busca una garantía para los particulares o administrados honestos que desean contratar con el Estado. En este orden de ideas la 'igualdad' entre los administrados en sus relaciones con la Administración Pública, evitando de parte de ésta favoritismos en beneficio de unos y en perjuicio de otros; trátase de evitar improcedentes tratos preferenciales o injustos.”
En palabras de Dromi, el pliego de condiciones es "el conjunto de cláusulas formuladas unilateralmente por el licitante que especifican el suministro, obra o servicio que se licita (objeto); las pautas que regirán el contrato a celebrarse; los derechos y obligaciones de oferentes y co - contratante (relación jurídica) y el mecanismo procedimental a seguir en la preparación y ejecución del contrato (procedimiento)."9
5. El derecho de igualdad entre los oferentes.- Como quedó señalado a propósito de la consagración legal del principio de transparencia y del deber de selección objetiva, la Administración esta obligada constitucional (art. 13 C.P.) y legalmente (art. 24, 29 y 30 ley 80 de 1993) a garantizar el derecho a la igualdad de los oferentes o competidores.
Como vemos, la referida igualdad exige que, desde el principio del procedimiento de la licitación hasta la adjudicación del contrato, o hasta la formalización de éste, todos los licitadores u oferentes se encuentren en la misma situación, contando con las mismas facilidades y haciendo sus ofertas sobre bases idénticas."
En relación con la igualdad entre los oferentes, Marienhoff precisó: “La licitación debe respetar el principio de que todos los licitadores u oferentes se hallen en pie de 'igualdad'. Tal exigencia constituye una noción racional que fluye de la propia esencia y razón de ser de la licitación, siendo ínsito a ella.
Para lograr su finalidad, la licitación debe reunir ese carácter de 'igualdad', pues ésta excluye o dificulta la posibilidad de una colusión o connivencia entre algún licitador y oferente y la Administración Pública que desvirtúen el fundamento ético sobre el cual descansa la licitación y que, junto con los requisitos de 'concurrencia' y 'publicidad', permite lograr que el contrato se realice con quien ofrezca mejores perspectivas para el interés público.
La referida 'igualdad' exige que, desde un principio del procedimiento de la licitación hasta la adjudicación del contrato, o hasta la formalización de éste, todos los licitadores u oferentes se encuentren en la misma situación, contando con las mismas facilidades y haciendo sus ofertas sobre bases idénticas."
Por otra parte, la disposición atinente a que, en los mismos pliegos, se señalen las consecuencias que se deriven del hechos de que la propuesta no se ajuste al presupuesto oficial, tampoco contradice las reglas que desarrollan el principio de transparencia, si se tiene en cuenta que el mismo artículo 29 establece que en el pliego deberá indicarse el valor de cada uno de los factores, para permitir la ponderación de los mismos al momento de adjudicar.
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE DR. RAMIRO SAAVEDRA BECERRA. EXPEDIENTE 16555 DE 2006, RADICACIÓN 11001-03-26-000-1999-16555-00, NATURALEZA: ACCIÓN DE NULIDAD. BOGOTÁ, D.C., VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SEIS (2006). 2.1. El procedimiento administrativo de licitación pública: La licitación pública es un procedimiento administrativo, eminentemente reglado y compuesto por una serie de etapas integradas y demarcadas mediante actos jurídicos preparatorios, de trámite y decisorios, cuya finalidad es la adjudicación de un contrato estatal, es decir, es el procedimiento de formación del contrato estatal.
Mediante el proceso licitatorio se busca que todos aquellos sujetos interesados en ser contratistas del Estado, participen de una manera amplia, transparente y en igualdad de oportunidades, para que entre ellos, mediante criterios objetivos de selección, la administración escoja la oferta más favorable para el cumplimiento de los intereses generales que busca satisfacer a través del contrato a celebrar. Lo anterior está presente en la Ley 80 de 1993, la cual en su artículo 30 parágrafo dispone:
“ Ley 80 de 1993, art. 30, parágrafo .—Para los efectos de la presente ley se entiende por licitación pública el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más favorable. Cuando el objeto del contrato consista en estudios o trabajos técnicos, intelectuales o especializados, el proceso de selección se llamará concurso y se efectuará también mediante invitación pública” (resaltado de la Sala).
Dicho procedimiento licitatorio está demarcado por unos elementos esenciales: la libre concurrencia, la igualdad de los oferentes y la estricta sujeción a los pliegos de condiciones, elementos que han sido definidos por la jurisprudencia de esta corporación en los siguientes términos: “Son por tanto elementos fundamentales del proceso licitatorio: la libre concurrencia, la igualdad de los oferentes y la sujeción estricta al pliego de condiciones.
La igualdad de los licitadores , presupuesto fundamental que garantiza la selección objetiva y desarrolla el principio de transparencia que orienta la contratación estatal, se traduce en la identidad de oportunidades dispuesta para los sujetos interesados en contratar con la administración.
Y la sujeción estricta al pliego de condiciones es un principio fundamental del proceso licitatorio, que desarrolla la objetividad connatural a este procedimiento, en consideración a que el pliego es fuente principal de los derechos y obligaciones de la administración y de los proponentes. En efecto, el pliego de condiciones está definido como el reglamento que disciplina el procedimiento licitatorio de selección del contratista y delimita el contenido y alcance del contrato
3. Acciones procedentes en contra del acto que ordena la apertura de un proceso licitatorio y su caducidad: Para efectos de revisar la legalidad o restablecer los perjuicios que el acto administrativo precontractual de apertura a una licitación pueda haber causado, se puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y ejercitar la acción de simple nulidad (CCA, art. 84), o la acción de nulidad y restablecimiento da derecho (CCA, art. 85), al tenor del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, el cual dispone que:
“ ART. 87. Modificado. L. 446/98, art. 32. De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas.
En efecto, el artículo transcrito señala que aquellos actos proferidos por la administración, con ocasión de la actividad contractual , pero con anterioridad a la celebración del contrato —actos precontractuales— pueden ser demandados a través de las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, para lo cual los accionantes tienen 30 días contados a partir de la comunicación, notificación o publicación del respectivo acto. Sin embargo, el incoar tales acciones no obsta para que se continúe con el proceso licitatorio.
Ahora bien, si pasados los 30 días no se han ejercitado las respectivas acciones, o si antes de expirar dicho término se celebra el contrato estatal, la ilegalidad de los actos previos al contracto ya no podrá ser revisada en forma separada o independiente, pues únicamente podrá ser invocada como fundamento de la nulidad absoluta del contrato, a través de la acción de controversias contractuales prevista en el artículo 87 citado.
De lo anterior se deduce que la norma en comento, estableció una innovación en materia de caducidad de las acciones procedentes en contra de los actos previos a la celebración del contrato, pues los sustrajo del plazo de caducidad previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, según el cual la acción de simple nulidad puede ejercitarse en cualquier tiempo y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en un plazo de 4 meses, ya que ahora, los actos precontractuales serán susceptibles de las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, las cuales caducarán en un término de treinta días a partir de su comunicación, notificación o publicación.
En consecuencia, cualquier persona dentro de ese plazo y en interés de la legalidad en sentido abstracto, puede demandar la nulidad de cualquiera de los actos previos a la celebración del contrato, incluido el acto de apertura al proceso licitatorio y, únicamente las personas con interés jurídico directo, podrán ejercitar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho —en el mismo término— a efectos de que les sean reparados los daños que tales actos les hayan podido causar.
En el caso en estudio, la Resolución 0362 de 1999, proferida por Ecosalud S.A., mediante la cual se ordenó la apertura de la Convocatoria Pública Internacional 003 de 1999, es un acto administrativo precontractual y por lo tanto, pasible de revisión ante la jurisdicción contencioso administrativa mediante las acciones señaladas en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo.
La vía escogida por el actor, para que se revisara la legalidad del acto acusado, fue la acción de simple nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo y siguiendo los lineamientos del artículo 87 ibídem, se hace necesario establecer en primer lugar si la acción fue ejercitada en el momento oportuno, es decir, dentro de los 30 días siguientes a su comunicación, notificación o publicación, para lo cual, se debe tener en cuenta que el término de caducidad del que habla la norma en mención se cuenta en días hábiles.

References: artículo 29
 artículo 30
 artículo 87
 artículo 32
 artículo 87
 artículo 136
 Resolución 
 artículo 87
 artículo 84
 artículo 87