Source: http://periciamedica.es/litigacion_sin_horizontes_responsabilidad_medica.htm
Timestamp: 2018-07-15 19:41:18+00:00

Document:
Hacia una litigación sin horizontes, Responsabilidad médica, Dr. Alejandro Superby Jeldres
Comentario a la SJPI núm. 46 de Madrid, de 5 de julio de 2010,
Magistrado-Juez Javier Sánchez Beltrán
La litigación española sobre responsabilidad civil por daños del amianto ha experimentado cambios profundos en los últimos años. La agregación procesal, la exposición no ocupacional y las placas pleurales han irrumpido con fuerza y han planteado cuestiones bien conocidas por abogados y académicos de otros países.
El ejemplo más reciente es la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 46 de Madrid, de 5 de julio de 2010 (Magistrado-Juez Javier Sánchez Beltrán).
La sentencia condena a “Uralita, S.A.” a indemnizar a vecinos de Cerdanyola del Vallès y Ripollet (Barcelona) por daños derivados de la exposición no ocupacional al amianto procedente de una fábrica de la demandada.
La sentencia es relevante por, al menos, seis motivos: (i) es la primera que condena por daños derivados de exposición ambiental; (ii) se cuenta entre las pocas que condenan por daños derivados de exposición doméstica; (iii) el fallo indemnizatorio es de los mayores en la litigación por daños del amianto hasta la fecha: 3.918.594,64 €; (iv) fue dictada en un proceso en el que se acumularon las acciones de cuarenta y siete vecinos o de sus familiares; (v) la mayoría de acciones correspondía a demandantes asintomáticos o con enfermedades benignas; (vi) resolvió el caso un juzgado del orden civil que, a diferencia de lo que hubieran hecho los del orden social, aplicó el plazo de prescripción trienal del art. 121-21-d) del Código Civil de Cataluña y reglas de responsabilidad cuasiobjetiva y objetiva.
En las próximas páginas, se comenta la sentencia y se analizan los problemas asociados a la agregación procesal y a la compensación de placas pleurales. Asimismo, se estudian las consecuencias que puede tener la indemnización de demandantes asintomáticos expuestos ambientalmente a agentes tóxicos.
Recent developments mark a turning point in Spanish asbestos litigation. Aggregate litigation, non-occupational exposure, and pleural plaques are posing challenges familiar to lawyers and scholars from other jurisdictions.
The Judgment of the 46th Trial Court of Madrid, July 5th 2010 (J. Javier Sánchez-Beltrán) is the latest example. A manufacturer of asbestos-cement products was found liable for injuring neighbors of a factory located in the province of Barcelona. The relevance of the judgment among Westlaw-reported decisions on Spanish asbestos litigation is, at least, six-fold: (i) environmentally-exposed victims are awarded damages for the first time; (ii) domestic exposure is considered to trigger liability for the second time; (iii) the award ranks among the highest so far: 3.918.594,64 €; (iv) the interests of as many as forty-seven neighbors -or their relatives- were at stake; (v) most of the neighbors were asymptomatic or suffered only minor injuries; (vi) the judgment was delivered by a civil court applying a three-year statute of limitation set forth by the Catalan Civil Code and combining negligence and strict liability criteria, while labor courts deciding on occupational exposure cases generally apply a one-year statute of limitation and a negligence rule.
This article comments on the judgment and analyzes practical and theoretical problems that may arise both from aggregate litigation and pleural plaques litigation. It also points out some likely consequences of having environmentally-exposed victims as plaintiffs in an increasing number of cases.
El autor agradece a los evaluadores del trabajo sus observaciones.
1. Cuestiones planteadas
2. Hechos y demanda
4.1. Cómputo del plazo de prescripción en supuestos de daños latentes
4.2. Regla de responsabilidad aplicable a la exposición ambiental y doméstica al amianto
4.3. Causa adecuada de las afecciones pleuropulmonares de los demandantes
4.4. Carácter compensable del daño moral derivado del diagnóstico de placas pleurales asintomáticas
5. Agregación procesal en contextos de daños masivos
6. Exposición ambiental a agentes tóxicos. Riesgos industriales y tecnológicos
Las principales cuestiones que se plantean en el caso que resuelve la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 46 de Madrid, de 5 de julio de 2010 (Magistrado-Juez Javier Sánchez Beltrán) son las siguientes:
i. Cómputo del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual en supuestos de daños latentes.
ii. Regla de responsabilidad aplicable a la exposición ambiental y doméstica al amianto.
iii. Causa adecuada de las afecciones pleuropulmonares de los demandantes.
iv. Carácter compensable del daño moral derivado del diagnóstico de placas pleurales asintomáticas.
“Uralita, S.A.”, la compañía demandada, es una fabricante de materiales de construcción. Durante buena parte del siglo XX, incorporó el amianto o asbesto a productos fabricados en diferentes centros de la compañía. Uno de ellos operó entre 1907 y 1997 en Cerdanyola del Vallès, un municipio de la provincia de Barcelona.
Los trabajadores de la fábrica de Cerdanyola no fueron los únicos afectados por la exposición al amianto. Los vecinos de aquella localidad y de la limítrofe Ripollet también estuvieron expuestos a las fibras del mineral como consecuencia de
“(…) las emisiones de la fábrica en forma de polvo de asbesto, la manipulación de ropas de los trabajadores por parte de sus familiares, en sus domicilios, y la contaminación derivada de la degradación de depósitos de residuos (…), incluida la que probablemente fuera provocada a consecuencia del esparcimiento que durante muchos años se realizaba por los operarios de la empresa por las zonas urbanas de ambos municipios (…)”, FD 5º.
Entre los vecinos expuestos, cuarenta y siete desarrollaron las afecciones pleuropulmonares, que dieron lugar a las acciones resueltas por la sentencia que aquí se comenta. A efectos expositivos, pueden clasificarse en cuatro grupos:
Placas o afecciones pleurales asintomáticas o prácticamente asintomáticas
Placas pleurales sintomáticas o enfermedades pleurales benignas
Asbestosis, mesotelioma u otras afecciones pleurales graves
(siete fallecieron antes de la
presentación de la demanda)
Enfermedades no relacionadas con la exposición al amianto
(una falleció antes de la
Víctimas y perjudicados interpusieron una demanda de juicio ordinario en la que se acumularon sus acciones contra “Uralita, S.A.”. En ella, solicitaban que se condenara a la demandada al pago de 5.414.139,45 € en concepto de daños y perjuicios más los intereses legales desde la interposición de la demanda.
La sentencia desestima la excepción de prescripción, condena a “Uralita, S.A.” a indemnizar a cuarenta y cinco vecinos -o a sus familiares- y la absuelve en relación con los dos que habían contraído enfermedades no relacionadas con la exposición al amianto.
La cuantía total de las indemnizaciones es de 3.918.594,64 € y las individuales oscilan entre 43.078,19 € (placas pleurales asintomáticas) y 470.756,05 € (afectación parenquimatosa y pleural con afectación funcional severa). Las costas del procedimiento se reparten entre las partes y se imponen a cada una las causadas a su instancia.
El fallo condenatorio es el primero en España por daños derivados de exposición ambiental al amianto y uno de los primeros por daños derivados de exposición doméstica. Estos últimos ya habían sido indemnizados a una demandante en la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Madrid de 14 de octubre de 2009 (MP: Marta María Gutiérrez del Olmo Menéndez). La demandante en cuestión, viuda de un antiguo trabajador de la fábrica de “Uralita, S.A.” en Getafe, había desarrollado placas pleurales y “asbestosis pleural” [sic]1 como consecuencia de la exposición al amianto durante el lavado de la ropa de trabajo de su marido.
En relación con la cuantía indemnizatoria, únicamente me consta que sea mayor la de la Sentencia de conformidad del Juzgado de lo Penal Número Dos de Valencia de 14 de septiembre de 2009 (MP: Juan Beneyto Mengo), que supera los diez millones de euros2.
A continuación, resumo y extracto las respuestas que la sentencia da a las principales cuestiones planteadas. Añado alguna referencia puntual al lugar que ocupan en la jurisprudencia sobre responsabilidad civil por daños del amianto y comento algunas cuestiones que suscita la argumentación jurídica.
La sentencia sigue el criterio jurisprudencial según el cual el cómputo se inicia en la fecha en la que se conoce el alcance definitivo de las lesiones cuya compensación se pretende. También señala, sin mayor concreción, que
“se tiende a situar el [inicio del] plazo en la fecha que de todas las eventuales posibles, resulte más favorable para el mantenimiento del derecho”, FD 2º.
En consecuencia, no considera transcurrido el plazo trienal del art. 121-21-d) CCCat, aplicable al caso en lugar del anual del art. 1968.2 CC3:
“Todo ello podría ser suficiente, incluso, para desestimar la excepción de prescripción en territorio de Derecho Común, en base al artículo 1968-2 del Código Civil español, considerando la peculiaridad de las consecuencias negativas para la salud que se derivan del contacto con el asbesto, que se manifiestan con acentuada incertidumbre, y con secuelas prolongadas en el tiempo (…) y que los hoy demandantes, desde que les fue detectada la enfermedad o disfunción respiratoria respectiva, han realizado un seguimiento periódico de la misma, con diversas pruebas médicas; pero, por si algún resquicio de duda quedara, tal apreciación viene a verse reforzada por la aplicación del artículo 121-21-d) del Código Civil de Cataluña (…) [y del] art. 121-23-1”, FD 2º.
No obstante, la sentencia no concreta cuál o cuáles fueron los días que se tuvieron en cuenta para iniciar el cómputo del plazo. En otras resoluciones sobre responsabilidad civil por daños del amianto, se considera que la fecha de inicio del cómputo es la fecha de diagnóstico definitivo de la enfermedad que, con frecuencia, se equipara a la de la de la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que pone fin al expediente de incapacidad o a la del dictamen del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI). En los casos de fallecimiento, a veces se tienen en cuenta estas fechas y otras la fecha de defunción. La opción por esta última únicamente debería considerarse correcta en los supuestos en los que no pudo conocerse el alcance y la causa del daño en las fechas indicadas anteriormente4.
El Quinto Fundamento de Derecho señala que la responsabilidad tiene naturaleza extracontractual y que resultan aplicables los artículos 1902 CC y los apartados 2º y 4º 1908 CC.
En relación con el artículo 1902 CC, el Magistrado considera que este precepto es compatible con una regla de responsabilidad por riesgo de carácter, según parece, cuasiobjetivo. Con todo, examina la concurrencia del requisito de culpa o negligencia:
“[E]l Tribunal Supremo, en coherencia con lo expuesto anteriormente, aplica el artículo 1104 en el campo de la responsabilidad extracontractual (…) de forma que la previsión y la prudencia para evitar el daño es exigida hasta el punto de que algunas sentencias hablan del ‘cuidado exigible hasta alcanzar el agotamiento de la diligencia’ (…) [P]uede llegarse a la conclusión de que la empresa URALITA no extremó la diligencia debida (…) como se revela de la diversa documental (…), entre la que destaca la respuesta dada por los Ayuntamientos de Cerdanyola del Vallès y Ripollet, en lo relativo a los vertidos de residuos en los alrededores de la fábrica o en zonas de las poblaciones no específicamente destinadas para ello, así como el informe del ingeniero municipal (…) de 22 de marzo de 1977, en lo referente a evacuación de polvo sin los filtros adecuados (…); todo ello cuando (…) el elevado riesgo de la utilización del amianto era conocido en la comunidad científica, y reflejado en textos legales, ya desde antes de mediados del siglo XX”, FD 5º.
En relación con los apartados 2º y 4º del art. 1908 CC indica lo siguiente:
“El carácter objetivo de la responsabilidad del agente por razón del riesgo creado está claramente acogido (…) en el artículo 1908-2º del Código Civil, (plenamente aplicable al caso de autos) según el cual ‘responderán los propietarios por los daños causados por los humos excesivos, que sean nocivos a las personas o a las propiedades’, de tal forma que se presume culposa toda acción u omisión generadora de un daño indemnizable, sin que sea bastante para desvirtuarla, el cumplimiento de normativa reglamentaria, (…) porque, aunque cuantitativamente los humos y gases emitidos en el presente caso por la factoría URALITA, pudieran respetar los niveles de contaminación reglamentariamente asumidos, lo cierto es que cualitativamente fueron nocivos (…), lo que evidencia que tales medidas fueron insuficientes (…). Y, asimismo, sería de aplicación (…) el precepto contenido en el punto 4º del artículo 1908, al hacer responsables a los propietarios de los “depósitos” de materias infectantes, (…), constando acreditado que, durante mucho tiempo, los residuos (…) eran depositados por los responsables de la empresa en lugares no apropiados (…)”, FD 5º.
La aplicación de reglas de responsabilidad objetiva o cuasiobjetiva no es desconocida en la jurisprudencia sobre responsabilidad civil por daños del amianto. Así, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 8 de febrero de 2007 (RJ 2007\561; MP: Román García Varela)5. Obsérvese, con todo, que esta última sentencia es anterior a la jurisprudencia de la Sala Primera restringiendo su competencia en relación con casos de accidentes de trabajo, así como a sentencias recientes de aquella Sala sobre responsabilidad por riesgo6. Además, la práctica totalidad de Salas Sociales de los Tribunales Superiores de Justicia aplican una regla de responsabilidad por culpa desde que se dictara la muy citada Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de 30 de septiembre de 1997 (RJ 1997\6853; MP: Leonardo Bris Montes).
Responsabilidad objetiva y responsabilidad por culpa deberían conducir a un nivel de cuidado óptimo, si bien únicamente la primera puede tener incidencia también en el nivel de actividad de, al menos, las organizaciones. Esto es así, porque quien sabe que deberá indemnizar el daño que cause, no incrementará su actividad en una unidad adicional si no le reporta una utilidad mayor a los costes de precaución sumados a los daños que cause7. Existen también otras diferencias y algunos autores son críticos del modelo que he resumido en las líneas precedentes, pero no me extenderé sobre esto aquí8.
Puede que el riesgo asociado a sectores peligrosos aconseje que limitemos su nivel de actividad mediante una regla de responsabilidad objetiva. Ahora bien, en nuestro derecho esta decisión corresponde al legislador. Añádase que la interpretación de los arts. 1902 y 1104 CC, como la de cualquier otra norma, tiene como límite exegético el “sentido propio de sus palabras” al que alude el art. 3 CC9.
En otro orden de cosas, la sentencia no analiza si era posible la aplicación al caso de la regulación catalana sobre inmisiones y acción negatoria. De hecho, es posible que los demandantes no la alegaran. Después de todo, recuérdese que la actividad de la fábrica cesó en 1997. Además, el relato fáctico no informa sobre aspectos relevantes para la aplicación de la regulación catalana. Así, no sabemos si todos los demandantes eran propietarios o titulares de derechos reales que comporten la posesión o si las emisiones de la fábrica en forma de polvo alcanzaron a las viviendas de los demandantes o afectaron, sobre todo, a las calles de los municipios.
En la actualidad, la regulación de la acción negatoria y de las inmisiones se encuentra, principalmente, en los arts. 544-4 a 544-7 CCCat y 546-13 y 14 CCCat y, antes, en la Ley del Parlamento de Cataluña 13/1990, de 9 de julio, de la acción negatoria, las inmisiones, las servidumbres y las relaciones de vecindad (LANISRV). Una de las diferencias entre la regulación anterior y la actual es, precisamente, la prescripción. En el art. 2.5 LANISRV el plazo era quinquenal y a contar desde que el propietario tuviera conocimiento de la perturbación ilegítima, lo cual planteaba algunas disfunciones con otros plazos y dio lugar a diferentes propuestas doctrinales y respuestas jurisprudenciales. Según el art. 544-7 CCCat, la acción negatoria puede ejercitarse, con alguna excepción, mientras se mantenga la perturbación, si bien la acción para reclamar la indemnización por daños y perjuicios prescribe a los tres años desde que los propietarios tengan conocimiento de la perturbación10.
La sentencia tampoco plantea cuál debe ser el nivel de accesibilidad al conocimiento-científico que obligue al demandado a tenerlo en cuenta11. La sentencia se limita a indicar que los daños del amianto eran conocidos por la comunidad científica desde mediados del siglo pasado. Debe entenderse, implícitamente, que una multinacional de la industria primaria del amianto está obligada a conocer el estado de la ciencia sobre los daños derivados de la materia prima que utilizaba y a actuar en consecuencia.
Aunque podrían comentarse otros aspectos sobre la regla de responsabilidad, únicamente añadiré que la parte demandada alegó que cumplió con las medidas legales y reglamentarias vigentes. Sin embargo, tal cumplimiento no exime, por sí solo, de responsabilidad. Deberá atenderse a cuál era la diligencia exigible que puede consistir en la adopción de un nivel de cuidado mayor al previsto legalmente12.
De acuerdo con la sentencia, la exposición doméstica y ambiental al amianto procedente de la fábrica de la demandada puede considerarse “causa adecuada o eficiente” (FD 5º) de los daños que sufren los demandantes.
Al tratar la cuestión de la causalidad adecuada se intercalan, además, reflexiones sobre la culpa del demandado, en particular, sobre su “imprudencia” (FD 5º). Debe señalarse que esto es prácticamente inevitable, con independencia de que rija una regla de responsabilidad objetiva o por culpa. La causalidad natural o sine qua non se limita con criterios de imputación objetiva y es difícil aplicarlos sin atender a consideraciones propias del juicio de culpa13.
En cualquier caso, al analizar las acciones individuales, el Magistrado tiene en cuenta si las enfermedades alegadas pudieron tener otras causas. Así, desestima la acción por el fallecimiento de Don C. (patología pleural benigna –placas calcificadas-, neoplasia pulmonar, multipatología concomitante) porque
“no se aprecia relación de causalidad con el asbesto, puesto que [el Dr. L.G.] afirma que todas las patologías que padece el informado podrían explicarse sin relación con el asbesto, y que la causa principal de cáncer es el tabaco, habiendo sido fumador el informado, siendo así que las placas pleurales pueden tener otras causas distintas de las relacionadas con el asbesto”, FD 8º.
Otras cuestiones de causalidad relevantes y mucho más complejas apenas son tratadas en la sentencia. En particular, si existieron otras fuentes de exposición al amianto y si éstas contribuyeron a la causación del daño. Sobre estas cuestiones me he pronunciado en otras ocasiones y tratarlas de nuevo excede el objeto de este trabajo. En buena medida, la litigación española por daños del amianto ha conseguido, a diferencia de otras jurisdicciones, eludirlas. Veremos por cuánto tiempo más14.
Las placas pleurales son hallazgos radiológicos de exposición histórica al amianto, pero generalmente no comportan ninguna reducción funcional. La sentencia es una de las primeras en declarar sin ambages que el daño moral derivado de su diagnóstico es indemnizable. Con anterioridad, algunas sentencias habían declarado que no constituían asbestosis, enfermedad alegada por los demandantes, y desestimaban la pretensión indemnizatoria. En otras no quedaba claro si lo que se indemnizaba eran placas pleurales o alguna forma de enfermedad pleural benigna15. En la sentencia que aquí se comenta puede leerse:
“[A]siste plena razón a la parte actora cuando alega que quienes han resultado afectados por el contacto con asbesto, de alguna manera, por mínima que sea, han sufrido una agresión indeseada en su organismo, que debe ser indemnizada. Por otra parte, también ha de concluirse que si, ciertamente, esa agresión queda demostrada, proceda indemnización por daño moral, aunque no proceda indemnización por daño físico, como puede ser el caso de presentar placas pleurales, siempre que no implique merma de la capacidad respiratoria, dado que, en principio como se ha expuesto por los peritos que han intervenido en el presente procedimiento, las placas pleurales son muestra de haber tenido contacto previo con el asbesto; y es procedente la indemnización por daño moral, incluso en esos casos, porque la persona que tiene placas pleurales debe, al menos, vigilar su salud y someterse a controles periódicos”, FD 6º.
La sentencia sigue, en buena medida, la jurisprudencia civil del Tribunal Supremo que no exige la concurrencia de un daño personal para indemnizar el daño moral. El sufrimiento o padecimiento psíquico es, pues, suficiente para fundamentar una reclamación de indemnización por daño moral. Ahora bien, algunos de los ejemplos más significativos de esta jurisprudencia son sentencias con un relato fáctico que poco o nada tiene que ver con el de la sentencia que se comenta.
Entre ellos, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 14 de julio de 2006 (RJ 2006\4965), que se cita y extracta profusamente en el Sexto Fundamento de Derecho. La sentencia confirmó la condena a la editora y al director de una revista que publicó en la sección de contactos un anuncio que la actora no había autorizado.
Por otra parte, al final del párrafo que he extractado, se apunta que las personas diagnosticadas con placas pleurales deberán someterse a seguimiento médico y vigilar su salud. Omite que los gastos que generará el seguimiento correrán a cargo de la Seguridad Social. Por lo demás, el diagnóstico de placas pleurales no afecta –no, al menos, en el grado que se pretende- el desarrollo de una vida normal. Por supuesto es mejor no tener placas pleurales, que tenerlas. Quienes sean diagnosticados de ellas merecen la mejor atención médica posible y todo el apoyo que las instituciones y el conjunto de la sociedad puedan prestarles. Otra cosa es pretender la compensación con argumentos imprecisos, por decir lo menos.
El lector interesado puede remitirse al Cuarto Fundamento de Derecho de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala Social, de 19 de junio de 2006 (JUR 2007\208500; MP: Antonio Jesús Outeiriño Fuente). El demandante nadaba, hacía ejercicio y caminaba dos horas diarias a pesar de las placas pleurales.
En el derecho comparado pueden encontrarse ejemplos de jurisdicciones que compensan las placas pleurales y de otras que, a pesar de haberlo hecho durante décadas, han intentado dejar de hacerlo en épocas más recientes. En contra de la compensación de placas pleurales, se han manifestado tanto la extinta Cámara de los Lores británica como el Tribunal Supremo Federal estadounidense, ambas después de observar como los demandantes asintomáticos se convertían en amplia mayoría en la litigación por daños del amianto. El Fondo francés de compensación de las víctimas del amianto, en cambio, compensa las placas pleurales y enfermedades pleurales benignas. Esto podría explicar, al menos en parte, que hayan incrementado sus costes de gestión y que el Fondo esté experimentando retrasos en la tramitación de expedientes16.
La experiencia de derecho comparado muestra que las placas pleurales asintomáticas, la angustia que su diagnóstico pueda generar o el incremento del riesgo de daño futuro no deberían compensarse17. Para no extenderme en el análisis de cada una de las razones que podrían aportarse para negar el carácter compensable de las placas pleurales18, únicamente desarrollaré algunas de orden práctico. Me parecen las más relevantes. Doctrinalmente pueden encontrarse motivos a favor y en contra de la compensación de placas pleurales. Al final, serán valoraciones derivadas de nociones de justicia19 o de carácter consecuencialista20 las que determinarán la regla jurisprudencial –o, en su caso, de derecho positivo- que se aplicará a estos casos.
Así, debe considerarse que el diagnóstico de placas pleurales no inicia el cómputo del plazo de prescripción de los arts. 1968 CC ó 121-21 d) CCCat en relación con acciones indemnizatorias por futuras enfermedades. Tampoco inicia el plazo de preclusión de 30 años del art. 121-24 CCCat21. Por tanto, no es necesario interponer una demanda por placas pleurales asintomáticas para interrumpir la prescripción o para evitar que la preclusión prive a la víctima de cualquier forma de compensación.
Si, con todo, la víctima interpone la demanda por placas pleurales, nada impide que vuelva a demandar en el futuro si finalmente desarrolla alguna enfermedad. Esto incrementa la carga de jueces y tribunales y los costes de administración asociados a la litigación.
Por lo demás, es difícil advertir cuándo la angustia que se alega es real o un mero subterfugio para obtener compensación. Así, una regla que permita su compensación, multiplicará el número de quienes dicen estar angustiados y dificultará la gestión de la litigación. Una vez más, debe insistirse en la necesidad de adoptar una perspectiva ex ante al evaluar las reglas de derecho.
La compensación del daño moral por daños hipotéticos también genera riesgo de insolvencia. Es más, adelanta en el tiempo la insolvencia. En este sentido, es trasladable el análisis sobre la conveniencia de admitir la compensación por la generación de riesgo de daño futuro, por ejemplo, por exponer a otros a un agente tóxico. Si es posible demandar en el momento presente, quienes esperen a hacerlo en el futuro asumen el riesgo de que el demandado sea insolvente entonces. En consecuencia, acabarán demandando en el presente. De este modo, incrementa la presión financiera sobre el demandado y el riesgo de que aquel acabe incurso en situación concursal incrementa. Se producirá, por así decirlo, un escenario próximo al de la “Tragedia de los Comunes”22. Las principales perjudicadas serán las víctimas futuras de enfermedades graves como la asbestosis, el mesotelioma o el cáncer de pulmón. Sin embargo, sus intereses no siempre están en la agenda de jueces y abogados. Con frecuencia, prevalece el cortoplazismo.
Para atajar el problema de la insolvencia, podría obligarse a los expuestos a ejercer sus pretensiones mediante una acción de clase que tuviera en cuenta el carácter limitado de los recursos y la pluralidad y conflictividad de los intereses de los demandantes. Es decir, algo así como la limited fund class action del derecho federal estadounidense23. También podría obligarse a los responsables del daño a pagar impuestos pigouvianos por el importe del daño y que lo recaudado se destinara a un fondo de compensación24.
Para que estos mecanismos sean económicamente viables es necesario que los expuestos que demanden en el presente renuncien a las acciones futuras. Por otra parte, debe asumirse que quienes percibieron compensación en el presente, pueden resultar infracompensados en el futuro si desarrollan enfermedades de gravedad. Tal vez hayan destinado la indemnización a contratar un seguro que cubra el riesgo de daño futuro, pero esto no será posible cuando los demandantes no tengan la holgura financiera para poder destinar la indemnización al pago de la prima o cuando el mercado de seguros no ofrezca un producto a su medida.
La SJPI núm. 46 de Madrid resolvió acumuladamente las acciones de cuarenta y siete vecinos o de sus cónyuges e hijos. En la contestación de la demanda se alegó, además de la excepción de prescripción, la de indebida acumulación subjetiva. Sin embargo, parece que esta última cuestión quedó resuelta en la audiencia. Así se desprende de los Antecedentes de Hecho. Por este motivo, el Magistrado no se pronuncia sobre el particular, a pesar de que, como se verá, la agregación procesal interpreta un papel muy destacado en la gestión de la litigación por daños masivos.
La agregación procesal tiene ventajas claras sobre los procesos individuales. La economía procesal y el tratamiento homogéneo de pretensiones muy similares son las más evidentes. Asimismo, también da respuesta al problema de la dispersión de los costes sociales en supuestos de daños individuales de escasa cuantía que sufren centenares, tal vez miles, de víctimas. En este escenario, si no existieran instrumentos de agregación procesal –señaladamente, acciones de clase25-, las víctimas no tendrían incentivos individuales a litigar, aunque socialmente esto pudiera resultar deseable, por ejemplo, para prevenir nuevos daños. Los costes de litigar serían mayores que la indemnización esperada y pocos o nadie estarían dispuestos a asumirlos26.
Podría parecer que la previsión de que la contraparte sea condenada en costas mitiga el efecto descrito sin necesidad de acudir a la agregación procesal. Ahora bien, este argumento asume que tal condena es altamente probable, que el demandante no tiene inconveniente en adelantar determinados gastos y que está dispuesto a asumir las molestias e inversión de tiempo propias de cualquier procedimiento.
La agregación procesal también tiene efectos cuya evaluación es más compleja. Así, ante la amenaza de una condena indemnizatoria millonaria, el demandado estará dispuesto a transigir aquellos casos en los que no es responsable o en los que, pese a serlo, los demandantes tendrían dificultades probatorias27. Lo último puede ser positivo, lo primero no lo es. Dilucidar cuándo sucede una cosa o la otra no es tarea fácil.
Nagareda propone un ejemplo que puede ayudar a entenderlo y que tomo con algunas variaciones menores. Se demanda a una compañía en 1.000 procesos individuales. La compañía tiene una probabilidad de 8% de ser condenada a pagar 1.000.0000 €. En este escenario, sus costes esperados del conjunto de la litigación son de 80 millones (8% de 1.000.000 multiplicado por 1.000) y estará dispuesto a pagar hasta esa cantidad. Puede, incluso, que esté dispuesto a ofrecer algo más para reflejar el ahorro en los costes de litigar.
Considérese también que, para el mismo supuesto de hecho, se interpone una única acción de clase. Aunque los costes esperados siguen siendo los mismos (80 millones), obsérvese que ahora existe una probabilidad del 92% de no pagar nada, frente a una probabilidad de 8% de pagar 1.000.000.000 €. En términos económicos, la varianza ha cambiado. Es cierto que también se lograrán algunos ahorros en los costes de litigación, pero probablemente serán insuficientes para compensar que con una probabilidad del 8% la compañía sea condenada a pagar mil millones de euros y, tal vez, acabe incursa en situación concursal. Por ello, la compañía estará dispuestas a pagar mucho más de 80 millones para eludir la probabilidad de una condena indemnizatoria. Si una probabilidad del 8% le parece baja al lector, considere si estaría dispuesto a llevar a cabo una actividad que una de cada doce veces supone la pérdida de todo su patrimonio.
Tampoco debe perderse de vista una ventaja de la pluralidad de procesos. Cuantos más juzgados y tribunales decidan, mayor la probabilidad de que, si concurren ciertas circunstancias, prevalezca la opción correcta. Un juez puede equivocarse, dos es más difícil, tres todavía más y así sucesivamente.
Este argumento recuerda, salvando las distancias, al teorema del jurado de Condorcet (1743-1794). Considérese un órgano colegiado con dos alternativas. Una de ellas es correcta y la otra es incorrecta y la probabilidad de que cada miembro del órgano elija la correcta es mayor que 0,5. En estas circunstancias,la probabilidad de que el órgano en su conjunto adopte la decisión correcta se aproxima más a 1 cuantos más sean los miembros del órgano28.
El desarrollo industrial y tecnológico ha ido acompañado de la exposición de buena parte de la población a sustancias que con el tiempo se han demostrado tóxicas. Si se permite la indemnización por la angustia resultante de la mera exposición a estas sustancias, la litigación puede tener dimensiones insospechadas. El aire que respiramos, los productos que usamos y hasta los alimentos que comemos nos exponen diariamente a sustancias potencialmente tóxicas. Ninguna sociedad desarrollada puede permitirse compensar por la exposición a todos y cada uno de ellos29.
En consecuencia, es aconsejable esperar a que el daño se manifieste o, al menos, a que se tenga certeza de su acaecimiento futuro para compensarlo –es decir, cabría la compensación del daño futuro, pero no del hipotético-. Por el momento, la única excepción a esta regla general que tendría sentido en algunos ordenamientos sería la compensación de los gastos de seguimiento médico. Sin embargo, en España, la normativa de seguridad e higiene en trabajos con riesgo de exposición al amianto impone a los empresarios reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores con riesgo de exposición30. Parecidamente, cuando estos trabajadores abandonen la compañía en cuestión seguirán sometidos a control médico a través de la sanidad pública o, en su caso, de las obligaciones de un nuevo empresario. Los expuestos no ocupacionalmente también podrán beneficiarse de las prestaciones de la sanidad pública.
Puede que en las próximas décadas los avances en genética y genómica permitan conocer cuando se produce una mutación genética que de modo irreversible resulte en la manifestación futura de una determinada enfermedad. Parecidamente, puede que estos avances permitan tratar las enfermedades mucho antes de que se manifiesten. Cuando éstos y otros avances tengan lugar, deberemos definir una teoría del daño adaptada a los riesgos tecnológicos propios de las sociedades avanzadas31. Entretanto, el riesgo de agotar los recursos disponibles para la compensación de víctimas futuras que desarrollen enfermedades de gravedad invita a la prudencia.
En otro orden de cosas, no se plantean en el caso algunas de las cuestiones habituales en supuestos de proximidad de fábricas y zonas residenciales. Ello se debe en buena medida a que en 1997 la fábrica de “Uralita, S.A.” en Cerdanyola cesó su actividad. En consecuencia, no es necesario plantearse si el derecho de los vecinos debe protegerse por reglas de propiedad o de responsabilidad. O si, en su caso, debería tenerse en cuenta el carácter previo del uso industrial para determinar el remedio y su aplicación judicial32.
Por último, tampoco cabe plantearse si, con independencia de la asignación de derechos que haga el juez o legislador, siempre prevalecerá el uso que reporte más valor. Las partes pueden negociar y corregir la asignación inicial. Cuando una parte cree más costes a la otra que beneficios para ella misma, la otra estará dispuesta a pagarle para que cese. De esta manera, los derechos acabarán en manos de quienes más los valoren, es decir, quienes están dispuestos a pagar más por ellos. En ausencia, claro está, de costes de transacción. No está de más recordarlo con ocasión del quincuagésimo aniversario de la publicación de “The Problem of Social Cost”33.
La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 46 de Madrid, de 5 de julio de 2010 (Magistrado-Juez Javier Sánchez Beltrán) reconoce el carácter compensable de las placas pleurales asintomáticas derivadas de exposición no ocupacional al amianto. Lo hace, además, en un proceso en el que se acumularon decenas de acciones contra la empresa española que lideró la industria primaria del amianto. La sentencia abre las puertas de la litigación a centenares de nuevos demandantes, incluidos algunos con pretensiones de mérito dudoso. Los horizontes de la litigación son cada vez más lejanos. Las víctimas futuras de enfermedades graves como la asbestosis, el cáncer de pulmón o el mesotelioma pueden ser las grandes perjudicadas.
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1 Si la enfermedad es una asbestosis, no debería añadirse el adjetivo pleural. Si, como sugiere la cuantía indemnizatoria, se trata de placas pleurales o de alguna enfermedad pleural benigna, debería concretarse.
2 Sobre la sentencia y la transacción penal que ratifica, cfr. Azagra (2009).
3 Para una crítica al plazo de prescripción previsto en el art. 1968.2 CC, cfr. Díez-Picazo (2007, 247). Si la exposición hubiera sido ocupacional, el plazo hubiera sido el anual del art. 59 ET.
4 Cfr., por ejemplo, el Auto de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de 8 de mayo de 2008 (JUR 2008/222724; MP: Jesús Souto Prieto).
5 La sentencia acoge la argumentación de las dictadas también por Sala Primera, el 8 de noviembre de 1990 y el 7 de marzo de 1994. Sobre estas sentencias, cfr. Díez Picazo (1999, 178 y ss.).
6 Cfr. Gómez Ligüerre (2008) y Roca Trias (2009).
7 Cfr. Shavell (2004, 177 y ss.). Para una crítica a algunos aspectos de los modelos tradicionales del análisis económico del derecho de daños, cfr. Salvador, Garoupa y Gómez (2005).
8 El lector interesado puede consultar, en relación con la responsabilidad civil del fabricante, Geistfeld (2009), Salvador y Gómez Pomar (Eds.) (2008) y la literatura por ellos citada.
9 En la jurisprudencia sobre responsabilidad civil del fabricante, la situación es todavía más grave, pues concurren la “objetivización” de la responsabilidad por culpa y la “subjetivización” de la responsabilidad objetiva recogida en la legislación especial, cfr. Marco (2007, 84 y ss.).
10 Sobre la regulación catalana de inmisiones y acción negatoria, Cfr. Del Pozo, Vaquer y Bosch (2009, 122 y ss.
y 140 y ss.), Lauroba (2008), Seuba (2008) y, en relación con la legislación anterior, Egea (1994).
11 En sede de producto defectuoso y en relación con la regla de responsabilidad objetiva, esta cuestión fue tratada, por ejemplo, en los considerandos 25 y ss. de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Sala Quinta, de 29 de mayo de 1997 (TJCE 1997\98; MP: Melchior Wathelet).
12 Para determinarla la diligencia exigible, una línea jurisprudencial reciente tiene en cuenta circunstancias tales
como el coste de la precaución adecuada y los daños esperados o, por así decirlo, el concepto económico de negligencia. Cfr. la STS, 3ª, 22.11.2004 (RJ 2005\20; MP: Ricardo Enríquez Sancho) y sobre ella Salvador y Crende (2005). Parecidamente, otra línea jurisprudencial todavía más reciente aplica estos y otros criterios contenidos en el art. 4:102 de los Principios de Derecho Europeo de la Responsabilidad Civil. Cfr., entre otras, STS, 1ª, 21 de noviembre de 2008 (RJ 2009\144; MP: José Antonio Seijas Quintana). Cfr. Salvador, Garoupa y Gómez (2005). Cfr. Azagra (2010, 24 y 47 a 49 entre otras). Cfr. Azagra (2010, 143 y ss.).
16 Cfr. Martín (2009) y Azagra (2010, 143 y ss.). Sobre la responsabilidad civil por daños del amianto en el derecho comparado, en general, cfr. las páginas correspondientes en Martín (2010).
17 Tal vez, podrían exceptuarse los casos de diagnóstico inequívoco de alguna suerte de trastorno depresivo con serias consecuencias para la salud. Sin embargo, es difícil que la excepción no acabe por convertirse en reglas e incentive comportamientos estratégicos de los demandantes, así como de sus abogados y peritos.
18 Estas razones se listan en Azagra (2010, 143 y ss.) y en los trabajos anteriores allí citados.
19 Generalmente, justicia correctiva, distributiva o retributiva. El lector tal vez maneje otra terminología o quiera añadir otras categorías. Por ejemplo, tal vez eche en falta expresiones del tipo “justicia reparadora o restitutiva”.
En cualquier caso, lo relevante es que se imponga el respeto de nociones preconcebidas de justicia incluso cuando perjudique el bienestar de todos los individuos y del conjunto de la sociedad, cfr. Kaplow y Shavell (2002).
20 Es decir, que tenga en cuenta los efectos en el bienestar de las personas y de la sociedad en su conjunto, cfr., de nuevo, Kaplow y Shavell (2002).
21 Cfr. Lamarca (2005, 281 y ss.).
22 Cfr. Porat y Stein (2010). Más abajo analizaré algunas respuestas de los autores para minimizarlo.
23 Una de las acciones de clase recogidas en la Regla 23 (b) de las Reglas Federales de Derecho Procesal Civil es la llamada prejudice class action o necessity class action, que pretende evitar los perjuicios que resultarían de una pluralidad de acciones tales como diversos estándares incompatibles o limitaciones s la capacidad de que otros miembros del grupo defiendan sus intereses. Un ejemplo de este tipo de acción de clase es, precisamente, la limited fund class action para supuestos de solvencia parcial de los demandados. En las prejudice class action, a diferencia de lo que sucede en las damages class action o acciones colectivas indemnizatorias, no cabe opt out. Es decir, los miembros de la clase no pueden elegir quedar excluidos de la acción de clase
24 Cfr., de nuevo, Porat y Stein (2010).
25 Sobre las acciones de clase –o mejor, acciones colectivas indemnizatorias- en derecho español, cfr., entre otros, Gómez Pomar et al. (2008, 735 y ss.), Llamas Pombo (2008), López Jiménez (2008), Gutiérrez de Cabiedes (2001), De la Oliva (2001), Carrasco Perera y González Carrasco (2001) y Marín López (2001). En la primera de las referencias, se listan los principales preceptos aplicables en el momento de su publicación. De entre todos ellos, el central probablemente sea el art. 11 LEC.
26 Cfr. Miceli (2009, 75).
27 Cfr. Nagareda (2007, 48 y ss.). Cfr. también la ponencia del Juez Posner en In re Rhone-Poulenc Rorer Inc., 51 F.3d 1293 (7th Cir. 1995).
28 Cfr., de nuevo, Nagareda (2007, 48 y ss.).
29 Cfr. Henderson y Twerski (2002, 832 y ss.).
30 Cfr. art. 16 RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto (BOE núm. 86, 11 de junio de 2006).
31 Cfr. Grodsky (2007).
32 Para un resumen sobre la jurisprudencia y literatura estadounidense en relación con el coming to the nuisance, cfr. Epstein (2008, 697 y ss.). Para las diferentes soluciones frente a actividades inmisivas (indemnización periódica o a tanto alzado –permanent o temporary damages-, cesación temporal o permanente –permanent o temporary injunctions-, ningún remedio –no remedy-, o una combinación de cesación y compensación al demandado por las pérdidas derivadas de la cesación -purchased injunctions-, cfr. Epstein (2008, 704 y ss.).
Sobre el uso previo en derecho español, cfr. Egea (2002, 3 y ss.), quien comentó la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 2 de febrero de 2001 (MP: Luis Martínez-Calcerrada y Gómez). Entre otros extremos, la sentencia declaró la irrelevancia del uso previo como criterio de reducción de la indemnización. Según Egea, “[d]ar relevancia al uso previo, excluyendo la posibilidad de defenderse frente a injerencias perjudiciales comportaría que la destinación dada a la finca por quién primero se instala en un determinado lugar impone a los predios vecinos una especie de servidumbre de someterse a dicho uso, que no tiene amparo legal en nuestro ordenamiento. (…) [É]ste es un criterio que, en el derecho español se ve desplazado por la planificación territorial”.
33 Cfr. Coase (1960). Sobre la reglas de inalienabilidad, propiedad y responsabilidad, cfr. Calabresi/Melamed (1972). Para una introducción en español a la literatura más relevante sobre derechos de propiedad de la segunda mitad del siglo pasado, cfr. Salvador (1999) y Farnsworth (2007, 75 y ss.). Sobre daños continuados, inmisiones y los incentivos que generan los diferentes remedios posibles, cfr. Epstein (2008, 704 y ss.)

References: artículo 1968
 artículo 121
 resolución 
 artículo 1902
 artículo 1104
 artículo 1908
 artículo 1908