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Timestamp: 2020-07-05 20:05:02+00:00

Document:
ISSN (Print) 2386-9860
El derecho a las prestaciones de asistencia sanitaria y farmacéuticas de
extranjeros en España afectados por el VIH
Authors: Carmen Tatay Puchades, Maria Dallí, Lluís Xavier Gandia Ferrero, Verónica Enguídanos Lázaro, Ana Pascual Alcayde, Pilar Linuesa Blasco
Abstract: +
DOI: 10.7203/clinicajuridica.15583
Authors: María Dalli, Rita Aracely Alvarez Guasco, Neu Fernández Domingo, Lia Segui Casas
Abstract: Un CIE es oficialmente una institución no penitenciaria donde son ingresadas las personas que, careciendo de permiso de residencia en territorio español, tienen pendiente de ejecutar una orden de expulsión, siendo ésta una mera sanción administrativa. La Ley de Extranjería española permite la privación de libertad por esa circunstancia hasta un máximo de 60 días. En la “Clínica Jurídica per la Justícia Social” hemos elaborado, a petición de la Plataforma “CIEs NO”, el presente trabajo, que pretende encuadrar la regulación delderecho a la sanidad de los extranjeros en situación de internamiento dentro de los CIEs. Para ello, hemos desarrollado tres apartados fundamentales, que entendemos, sigue la línea argumentativa esencial, del resultado del informe. En el primer bloque del trabajo, hablaremos sobre el reconocimiento del derecho a la salud y de la asistencia sanitaria, de un modo global, y de cómo los distintos instrumentos internacionales, circunscriben y acogen el derecho a la salud como derecho intrínseco al ser humano. Para ello, comentaremos los distintos instrumentos internacionales, tales como la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud de 1948, La Carta Social Europea de 1996. Por último, nuestra propia Constitución de 1978, que en su artículo 43 reconoce el derecho a la protección de la salud. En el segundo bloque, trataremos la regulación general del derecho a la salud. Para ello, haremos mención a la teoría tripartita de los derechos de los extranjeros del Tribunal Constitucional, con la finalidad de determinar, ante qué tipo de derechos nos encontramos. Esta teoría tiene su origen en una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se diferencian claramente tres tipos de derechos: “los que corresponden por igual a españoles y extranjeros y cuya regulación ha de ser igual para ambos; los que no pertenecen en modo alguno a los extranjeros (...);; y otros que pertenecerán o no a losextranjeros según lo dispongan los tratados y las Leyes, siendo entonces admisible la diferencia de trato con los españoles en cuanto a su ejercicio”1. En segundo, lugar, trataremos la regulación general en nuestra normativa del derecho a la salud, centrándonos específicamente en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, diferenciando entreresidencia legal o “irregular”, ya que, una y otra, confieren asistencias diferenciadas. En tercer lugar, nos centraremos en la situación de internamiento del extranjero dentro del CIE, y de cómo, debido a su anómala realidad, se amplían sus derechos que habían sido modulados por la normativa en materia de extranjería, y ello debido a la “relación de sujeción especial”, teoría ya estudiada por autores doctrinales, dándole en este trabajo, ybajo la finalidad del estudio, una comparativa y una adaptación, para aplicarla a las personas que se encuentran dentro de los CIEs. En el tercer bloque del trabajo, expondremos los antecedentes legislativos de la situación de internamiento de los extranjeros dentro de los CIEs, así como su actual regulación con la entrada en vigor del Real Decreto 162/2014 de 14 de marzo de 2014, incidiendo, tal y como es la finalidad de éste informe, en las cuestiones atinentes a la materia sanitaria. Para ello, situaremos el marco legislativo de las normas en materia de extranjería, analizando sucintamente, la reciente normativa desarrollada por el nuevo Reglamento, y observaremos si ésta supone una mejora cualitativa respecto de la anterior regulación, o se limita a contemplar en un Reglamento, que ya se venía reclamando desde 1985, las anteriores normas. En un segundo punto, enunciaremos los Autos de los Juzgados de Control que nos parecen más relevantes y que afectan de forma directa o indirecta al derecho de la salud de las personas internas, así como los incidentes con resultado de muerte de las personas que se encontraban dentro de los CIEs. Por último, analizaremos las normas contenidas en el Reglamento y que afectan de forma directa a la materia sanitaria, encuadrándolas en nueve apartados diferenciados, en un intento de simplificar, a modo de herramienta, el Reglamento, y de cómo creemos que debe ser utilizado, en beneficio de la persona internada.
DOI: 10.7203/clinicajuridica.15584
Ethnic profiling: Informe sobre conductas tipificadas que afectan a la
Authors: Andrés Gascón-Cuenca, David Morano García, Whitney Maribel Okechi Alawai, Julio Casero, Kimberly Jade Townend, Carlos Torreño Lerma, Luisa Cardicio, Mayra A; Mosquera Gironza, Wanda Savona Navarro, Amparo J. Marín Soler, Néstor Pelechà Aigües, Isabel Juan Amat, Andrea Crespo, Begoña Puertos García, José García Añón
Abstract: Introducción. Sobre el problema hermenéutico. Si bien nos encontramos ante un problema hermenéutico sobre el contenido semántico de los conceptos “desobediencia” y “autoridad”, con su consecuente problema normativo, intentaremos a lo largo del capítulo esquematizar la regulación normativa a nivel nacional y municipal (en el caso de Valencia, Madrid y Barcelona). Para ello, revisaremos la articulación que se hace en los reglamentos y códigos, así como la doctrina jurisprudencial que se aplica en cuestiones relacionadas con la desobediencia a la autoridad. Empezaremos por exponer aquellos artículos de la Constitución Española (CE) relativos a la materia que nos ocupa. Así, según el art. 9.1 CE cualquier poder público está sujeto a la Constitución, quedando por tanto regido y autorizado por ella. La función de estos poderes es la salvaguarda de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. De esta forma, el artículo 9.2 CE establece que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Por su parte, el artículo 9.3 CE garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa y la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras que no sean favorables de los derechos individuales y la seguridad jurídica. Por otro lado, el artículo 103 CE expresa la intencionalidad de la Administración pública, así como su adecuación de la ley al Derecho. Aquélla se servirá de la objetividad de los intereses generales y de los principios de descentralización y coordinación, y prevé la regulación del estatuto de los funcionarios públicos y el acceso a la función pública “de acuerdo con los principios de méritos y capacidad”. En el artículo 104 CE se manifiesta el objetivo perseguido con la creación de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del estado, así como la adecuación de sus protocolos ' de acción con los estatutos reguladores. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tendrán “como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.
DOI: 10.7203/clinicajuridica.15144
Authors: Andrés Gascón-Cuenca, Alejando Año-Ibiza, Marcos Diago-Sanz, Olga Lenzi, Lorena Mercader-Jiménez, María Dolores Núñez-Ávila, Paula Quintana-Nieto
Abstract: he Public Safety Organic Act 4/2015, also known as Spanish "gag law", has been harshly criticized by both national and international experts, and several worldwide institutions, due to the fact that it may be considered contrary to human rights and fundamental freedoms. This report focuses on the identification of the standards of protection of the right to peaceful public assembly and the challenges this new regulation poses to it. Therefore, we will cover the following areas: On the one hand, we shall analyze the Spanish legal framework, that includes the following:
Article 21 of the Spanish Constitution, which offers a special protection to the right to peaceful public assembly.
The constitutional standards of protection.
The problem of the definition of this right.
The case-law of the Constitutional Court, in order to identify the standards of protection set by it.
Articles 513 and 557 of the Criminal Code.
The Private Security Services Act, as it regulates some aspects that may interfere with fundamental rights, as the one we are studying in this report.
Finally, we will analyze the regulation established by the new Public Safety Organic Act, entered into force in 2015, and also the Peaceful Public Assembly Regulatory Act. On the other hand, we will research into the international standards of protection of the right to peaceful public assembly, which are mainly settled in three international legal instruments: The Human Rights Council, the International Covenant on Civil and Political Rights, and the European Convention on Humans Rights, and its case-law. Finally, we shall conclude this report with a critical approach to the new regulation established by the Public Safety Organic Act, as we consider it precludes the standards of protection we will identify throughout the report.
DOI: 10.7203/clinicajuridica.15142
La discriminación en el acceso a la federación deportiva de las personas
que viven o conviven con VIH en el ámbito de la Comunitat Valenciana
Authors: Andrés Gascón-Cuenca, Ana de Sousa Selfa, Victorino Domingos, Christian Proaño Guzmán, Andrea Granda Iñiguez
Abstract: El presente informe ha sido realizado por un grupo de estudiantes del Máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional pertenecientes a la Clínica Jurídica per la Justícia Social de la Facultat de Dret de la Universitat de València. El mismo tiene por objeto la realización de una investigación de carácter jurídico-social respecto a la posible situación de discriminación que pueden estar afectando a las personas que viven o conviven con VIH dentro del ámbito deportivo. Concretamente, este estudio se centra en los requisitos establecidos por las federaciones deportivas ubicadas en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana para acceder al deporte profesional o federado. La realización de esta investigación se estructurará de la siguiente manera. En primer lugar, se realizará una breve referencia a la razón que motiva el informe, es decir, a la necesidad detectada que nos indujo a efectuar esta investigación. En segundo lugar, se valorará desde el punto de vista constitucional el razonamiento argumentado para la realización de pruebas serológicas de VIH respecto al acceso a la federación deportiva, revisando desde el criterio de la proporcionalidad si sería constitucionalmente aceptable que las personas que conviven con VIH tengan la obligación de presentar un examen serológico de VIH para acceder al carácter de federado, o si al contrario, esto supone una vulneración de derechos fundamentales. En tercer lugar, nos referiremos de forma breve a la normativa internacional y nacional concerniente a la cuestión investigada, en cuanto a la regulación del proceso de federación deportiva y al tratamiento de datos de carácter personal, de igual manera, a lo pertinente en cuanto a la legislación relativa en materia de igualdad, dignidad y no discriminación. Posteriormente, se expondrán de forma clara y sintética los datos y resultados obtenidos del estudio de campo realizado en el período de elaboración del presente informe1, el cual ha consistido en contactar a la totalidad de federaciones deportivas de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de solicitar información concerniente a los requisitos exigidos a las personas que deseen federarse. De esta manera, nos ha sido posible conseguir una visión clara del estado de la cuestión dentro de este ámbito territorial y obtener un conocimiento tanto a nivel cuantitativo como cualitativo de las federaciones que solicitan exámenes serológicos de VIH para que una persona pueda proceder a la federación. Por último, se presentará un apartado en el que se sinteticen las conclusiones alcanzadas.
DOI: 10.7203/clinicajuridica.15141
Indirect Discrimination and School Segregation of Roma Children in the
Authors: María José Añón Roig, Andrés Gascón Cuenca, María Amparo Dalli Almiñana, Pier-Luc Dupont, Ana Calvo Sierra
Abstract: In DH v. Czech Republic (2007), the Czech government argued that Roma parents consented to the assignment of their children to ‘special’ schools. According to the government, parental consent undermined the claim that the disproportionate assignment of Roma children to inferior schools amounted to discrimination. The court rejected the argument, finding as a matter of law that parents could not choose to subject their children to discriminatory education, and as a matter of fact that the parents’ consent was not informed. Since the judgment, the Czech government continues to disproportionately assign Roma children to inferior schools, but it has revised the procedure they use to obtain parental consent for the assignment, and there are some indications that Roma parents indeed wish for their children to go to separate schooling from Czech children because they would be subjected to bullying and other intimidation in integrated schools. This memorandum examines circumstances in which the disparate impact of a government policy is said to result from choices made by the purported victims, and analyses of how courts have addressed the issue of agency and discrimination.
DOI: 10.7203/clinicajuridica.4612
Apología del terrorismo y libertad de expresión en España y Francia. Un
análisis crítico a la luz de la jurisprudencia del TEDH
Authors: Andrés Gomis Fons, Míriam Ripollés Pellicer, Juan Jurado Cepas, Javier Mira Benavent
Abstract: En este informe, elaborado para la Open Society Justice Initiative, se analiza la regulación y aplicación práctica de los delitos de apología del terrorismo en las leyes penales española y francesa, todo ello atendiendo a los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con las limitaciones al derecho a la libertad de expresión. En este sentido, desde el punto de vista de los derechos fundamentales y los principios penales se observa una tendencia a la redacción vaga y difusa de los tipos penales y a una aplicación cada vez más expansiva y discrecional, lo cual ha permitido la vulneración del derecho fundamental a la libertad de expresión y la utilización de dicho delito como instrumento para la criminaliazción de la disidencia, especialmente en el caso español.
DOI: 10.7203/clinicajuridica.8056
Situación actual de los Centros de Internamiento de Extranjeros en
España y su adecuación al marco legal vigente
Authors: Clínica Jurídica per la Justícia Social (Universitat de València), ICADE (Universidad Pontificia Comillas), Dret al Dret (Universidad de Barcelona), Observatorio de Derechos Humanos (Universidad de Valladolid)
Abstract: Informe elaborado por las Clínicas Jurídicas de ICADE (Universidad Pontificia Comillas), Per la Justícia Social (Universidad de Valencia), Dret al Dret (Universidad de Barcelona) y el Observatorio de Derechos Humanos (Universidad de Valladolid) para la Organización No Gubernamental “Pueblos Unidos-Servicio Jesuita a Migrantes” ___________________________________________________
DOI: 10.7203/clinicajuridica.6472

References: artículo 43
 Real Decreto 
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 103
 artículo 104