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Timestamp: 2017-12-17 09:45:35+00:00

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Población tampoco está conforme con trabajo de los congresistas por Lambayeque ni del gobernador regional.
La Agencia Chiclayo IN ha realizado una encuesta de opinión pública sobre la percepción que tiene la ciudadanía de Lambayeque respecto de las instituciones y autoridades locales.
La encuesta fue realizada entre el 10 y el 22 de noviembre y aplicada a 410 personas, de ambos sexos, en cinco ciudades del departamento: Chiclayo, Ferreñafe, José Leonardo Ortiz, La Victoria y Lambayeque, con un nivel de confianza del 96 %.
El 50.2 % de los encuestados respondieron que aprueban la gestión del gobierno del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en tanto el 38 % mostró su desaprobación. El 11.7 % no sabía ni opinaba sobre el particular.
Sobre los congresistas, el 18.3 % dijo aprobar el trabajo del parlamentario aprista Javier Velásquez Quesquén; el 45.4 % lo desaprueba y el 36.3 % no sabe ni opina.
Del legislador fujimorista Marvin Palma Mendoza, solo el 14.4 % aprueba su labor, el 42.7 % la desaprueba y el 42.9 % no sabe ni opina al respecto. De la misma agrupación, Milagros Takayama Jiménez recibió un 11 % de respaldo a su labor congresal, el 49.3 % la desaprueba y el 39.8 % no sabe ni opina.
De los representantes por Lambayeque, el congresista de Peruanos Por el Kambio Clemente Flores Vílchez es el que tiene el índice de aprobación más bajo (6.8 %), mientras que el 52.4 % lo desaprueba y el 40.5 % no sabe ni responde al ser consultado.
Cerca de él se ubica el legislador de Fuerza Popular Héctor Becerril Rodríguez con 7.1 % de aprobación, 56.1 % de los encuestados en contra y 36.8 % sin pronunciarse sobre su trabajo congresal.
De las autoridades departamentales, el gobernador regional, Humberto Acuña Peralta, recibió solo un 10.5 % de aprobación. El 55.4 % de los encuestados se mostró disconforme y el 34.1 % no sabe ni opina sobre su trabajo.
Respecto al alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, el 9 % aprueba su gestión, el 70.5 % lo desaprueba y el 20.5 % se abstuvo de dar una respuesta precisa. Sobre el alcalde de José Leonardo Ortiz, Epifanio Cubas Coronado, el 5.9 % aprueba su gestión, el 69.3 % la desaprueba y el 24.9 no sabe ni opina.
De los alcaldes incluidos en las preguntas, el de La Victoria, Anselmo Lozano Centurión, tiene la más alta aprobación (37.56 %), el 35.85 % lo desaprueba y 26.59 % no sabe, no opina. Del alcalde de Ferreñafe, Jorge Temoche Orellano, el 15.1 % dijo aprobar su gestión, el 43.2 la desaprueba y el 41.5 % no sabe, no opina.
En tanto, el 16.8 % dijo aprobar la administración del burgomaestre de Lambayeque, Ricardo Velezmoro Ruiz y el 47.8 % se mostró en contra.
AUTORIDADES JALADAS: EL 70.5 % DESAPRUEBA GESTIÓN DE DAVID CORNEJO EN CHICLAYO
Tras las primeras reuniones de trabajo con el nuevo director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, Edgar Quispe Remón, el gobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, presidente de la comunidad nororiental, dice tener confianza en las capacidades del funcionario y en que los proyectos del drenaje pluvial y el sistema integral de saneamiento básico serán ejecutados.
Acuña Peralta compartió con Expresión sus reflexiones sobre el proceso, reconociendo que en lo que queda del año no habrá mayores avances.
La autoridad regional es clara en señalar las obras más importantes podrían demorar hasta ocho años en ejecutarse y que respecto al drenaje y el saneamiento básico lo ideal sería que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se encargue de la elaboración de los proyectos y de licitar las obras, en las que deberían participar postores internacionales.
¿Cuál es la opinión que tiene del nuevo director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios?
Es una persona que ha sido viceministro y tiene experiencia en la administración pública. Él es consciente que el tiene el Plan de la Reconstrucción aprobado y tiene que ver la priorización de cómo se va a ejecutar.
Primero se tiene que ver el tema de la rehabilitación, donde se tiene, por ejemplo, la factibilidad de la limpieza de los cauces de los ríos que es lo que se tiene que hacer de inmediato, trabajos que no forman parte de la reconstrucción sino que son actividades.
Él, por ejemplo, nos ha manifestado que los centros educativos que están dentro del Plan de Reconstrucción, en lo que se refiere a infraestructuras nuevas, serán ejecutados a través del UNOPS y esa es una gran idea, porque es asegurar que esta institución elabore los expedientes técnicos y realice las obras. Con eso nos evitamos que la Contraloría General de la República retrotraiga los procesos o que no se tenga fecha exacta de cuándo se terminarán los colegios.
No olvidemos que en el Plan de Reconstrucción primero se tienen que ver qué proyectos son de mediano y largo plazo y cuáles tienen perfiles o expedientes técnicos, porque sin estos, por más que se diga que se va a invertir tal cantidad de dinero no se va a lograr. En la administración pública esa es una gran problemática.
Sin embargo es preciso recordar lo que hace algunos años la Contraloría General de la República, denunció que no podía fiscalizar los proyectos ejecutados por organismos internacionales como UNOPS.
Depende de cómo se quiera mirar. Yo como gobernador deseaba que los expedientes de los hospitales de Ferreñafe y Monsefú los elabore el UNOPS, pero cuando estos se debían hacer la ley aún no lo permitía.
En un procedimiento tradicional de la administración pública hemos demorado mil años para convocar la realización de dichos expedientes y lo mismo esperemos para la ejecución de las obras. Hay ocasiones en las que sí se justifica la participación del UNOPS. Además, no nos olvidemos que el Hospital Regional fue licitado por esta entidad.
¿Hay posibilidades de que se inicien obras de la reconstrucción antes de finalizar el año? ¿Qué compromisos ha asumido Edgar Quispe?
Este fin de semana estará en Lambayeque el director de la reconstrucción y ahí se evaluará cuál es la situación de cada proyecto. Creo que este año no se va a lograr nada. La ejecución de la reconstrucción con cambios podría empezarse el próximo año con los proyectos que ya tienen expediente técnico.
No nos olvidemos que en la administración pública sacar adelante un proyecto de inversión demora, en promedio, cinco años.
¿Es la burocracia la que detiene la recuperación de los departamentos afectados por El Niño Costero?
El sistema de la administración pública. Ejecutar un proyecto demora cuatro o cinco años.
¿Cuál es el sentir de las demás autoridades de Lambayeque y de la sociedad civil respecto al proceso de reconstrucción?
Hay varios criterios. Los alcaldes tienen sus propias responsabilidades en recuperar las pistas y veredas afectadas por el Fenómeno El Niño, garantizar que funcione el saneamiento básico y las demás competencias propias de los municipios, que corresponden a la rehabilitación.
Muy distinto es el proceso de reconstrucción con cambios que se compone de proyectos de mediano y largo plazo. En esto se considera la construcción de colegios, puentes, carreteras, canales y otras obras, dentro de las que también están los dos grandes proyectos para Lambayeque: el drenaje pluvial y un proyecto integral de saneamiento.
Por otro lado están las inversiones que deben realizar los municipios para la renovación de redes y la mejora de la prestación de los servicios, conforme se ha venido haciendo. Lo fundamental y prioritario, lo que todos los lambayecanos debemos defender, es nuestro drenaje pluvial para Chiclayo metropolitano y el sistema integral de saneamiento, que deben tener una vida útil de 50 o 60 años. Son obras de largo plazo que se ejecutarán en siete u ocho años.
Sobre el drenaje y el sistema integral de saneamiento no hay hasta el momento estudios técnicos. ¿Quién debe asumir su elaboración? ¿Lo hará el Gobierno Regional de Lambayeque?
Debe hacerlo el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, no olvidemos que nuestra gestión regional concluye el próximo año y no sabemos cuáles serán las prioridades del próximo gobernador regional. Además, el ente rector en este tipo de proyectos es el Ministerio de Vivienda, lo que garantiza continuidad.
He conversado sobre este tema con el ministro Carlos Bruce y con el nuevo director ejecutivo de la reconstrucción, y ellos coinciden con mi opinión.
Lo primero que se debe asegurar es tener un buen perfil y para ello se tiene que convocar a una licitación internacional y luego un expediente técnico que considere el crecimiento poblacional en los próximos 50 años.
Nos gustaría que participen empresas con gran experiencia en estos temas. No olvidemos que en el Perú no tenemos ninguna ciudad que tenga drenaje pluvial integral, como sí sucede en otros países.
De los tres mil 115 millones aprobados para Lambayeque ya se ha empezó a transferir dinero para obras que no son definitivas, sino paliativas. ¿Es conveniente que los recursos se gasten de ese modo?
Sí estamos de acuerdo, porque no podemos esperar un proyecto definitivo que va a demorar siete u ocho años y vivir durante ese tiempo con pistas deterioradas o tramos de desagüe colapsados. La inversión de rehabilitación tiene que darse, lo que no implica que se dejará de lado la ejecución de obras definitivas que son las que necesita Lambayeque.
¿Qué resultados han tenido las gestiones iniciadas por su administración para que el Plan Hídrico Regional sea incluido en la reconstrucción?
En la próxima reunión con el director de la reconstrucción vamos a volver a tocar ese tema con el director de la reconstrucción, porque el Plan Hídrico es el que nos permitirá estar en mejores condiciones para el próximo Fenómeno El Niño.
Ahora se habla no solo de la construcción de presas, sino también del control de inundaciones y los recursos hídricos en las cuencas de los ríos y de lo beneficioso que es. Es la única manera de mitigar las inundaciones futuras y también asegurar la ampliación o crecimiento del sector agrario.
El gobierno nacional ha declarado la emergencia en Lambayeque y otros departamentos de cara al próximo período de lluvias. ¿Cuáles son las acciones que el gobierno regional va a implementar para seguridad de la población?
Esta declaratoria de emergencia es distinta a la que tuvimos en meses pasados por la cual el gobierno regional podía realizar modificaciones presupuestales para atender a los damnificados o personas afectadas.
Esta declaratoria se ha dado porque hay retrasos en la rehabilitación de algunos sectores como transportes, agricultura, educación o vivienda en las zonas afectadas por El Niño Costero, por lo que se autoriza a los ministerios, gobiernos regionales y locales a que gasten a través de procesos simplificados.
Al presidir la Mancomunidad Nororiente, ¿qué acciones de coordinación está realizando con los demás gobernadores, cuyos territorios también resultaron afectados por El Niño Costero?
Uno de los primeros acuerdos es que a fines de este mes debemos realizar una reunión en Piura para evaluar los cambios en el proceso de reconstrucción. Asimismo, se ha acordado reunirnos en San Martín con la presidenta del Consejo de Ministros, Mereces Aráoz, para discutir la problemática de salud, educación y transportes.
Otra iniciativa que tenemos es la realización de una feria macroregional para promover los proyectos de cada departamento y alentar la inversión. La mentalidad de la macroregión es que cada departamento pueda llevar adelante sus obras más necesarias, como la construcción de los puertos. No hay discusiones sobre eso entre Piura, Lambayeque y La Libertad. Estamos pensando en infraestructura para el país.
Un pedido que todos abrazamos es la integración de Loreto al norte del país a través del Corredor Bioceánico con salida por Lambayeque.
¿Qué otro beneficio le da a Lambayeque el hecho que usted presida la mancomunidad?
Nos suma en el sentido que vamos a desarrollar en conjunto el segundo eje turístico del país. Ese es un proyecto grande en el que estamos participando todas las regiones.
Somos conscientes que en el aspecto turístico nos hemos quedado en comparación al sur, por eso queremos apuntar a que se desarrolle este sector.
Hemos sostenido una reunión sobre el tema con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, la idea es pensar como mancomunidad en el fortalecimiento de la oferta turística de todo el norte y estamos pidiendo que se cree una unidad ejecutora para la macroregión a fin de desarrollar este proyecto.
EL DRENAJE PLUVIAL Y EL SANEAMIENTO BÁSICO: ACUÑA PIDE DEFENDER LOS PROYECTOS DE LAMBAYEQUE
Expresidente del Poder Judicial afirma que el ministro del Interior, Carlos Basombrío, ha convertido al Ministerio Público “en su mascota”.
“Hay dos cosas que no puede ser el juez: cobarde o corrupto”, sentencia el expresidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, quien conversó en exclusiva con Expresión sobre el comportamiento de los magistrados y el excesivo uso de las medidas coercitivas contra los investigados, tendencia que califica de abusiva y desproporcional, pues – afirma – se vulnera abiertamente el principio de legalidad.
Villa Stein, quien en marzo de este año renunció al Poder Judicial, cansado – dice – de las “aberraciones jurídicas que se están cometiendo”, sostiene que el rol de los jueces se empieza a distorsionar en el país, saliendo estos de su función de juzgadores “para convertirse en activistas contra algunos delitos”, como la corrupción.
“El juez no es un luchador contra nada, este tiene el papel de discernir justicia en los casos concretos, el activismo hay que dejárselo a los activistas. En la línea del activismo, hay muchos jueces que se ponen del lado del Ministerio Público y prácticamente convierten su magisterio y desempeño en mesa de partes de la fiscalía y eso es peligroso no solo para el Poder Judicial, sino también para el país en su conjunto, porque nadie está libre de caer en manos de un acusador y que el juez, que es la trinchera de legalidad y un parapeto contra el atropello, no lo defienda”, manifiesta el ex juez supremo.
Refiere que la cautela del debido proceso no garantiza que no se cometan excesos contra el investigado, porque hay casos que son “bien llevados por los administradores de justicia”, pero vulneran el principio de legalidad.
“La legalidad es lo más importante que todo. En estos momentos se está produciendo persecuciones por eventos que no son delictivos, pero que tienen un componente de activismo en la lucha por los Derechos Humanos o la lucha contra la corrupción. Esto le ha pasado, por ejemplo, a la pareja Humala Heredia”, asevera.
Respecto al expresidente de la República Ollanta Humala Tasso y su esposa, Villa Stein refiere que hasta cierto punto son “víctimas del juez (Richard) Concepción Carhuancho”.
“Ha resuelto con un criterio que yo lo denomino naturalístico y no con un criterio jurídico y normativo. Por ejemplo, el lavado de activos se ha vuelto el nuevo cajón de sastre del país. A todos los quieren sindicar como lavadores y con ese argumento no se libra absolutamente nadie de una persecución”, señala.
Otra corriente es la que encasilla a los investigados como miembros de una organización criminal. Al respecto., explica que para que se ordene un mandato de prisión se requiere de determinados plazos y requisitos, pero cuando estos no existen se busca crear la figura de la organización criminal para detener al ciudadano.
“Es una simple justificación. El problema es que una vez que el fiscal acusa por organización, sin que se den los elementos que ya la Corte Suprema de la República ha establecido para conceptuar a una organización criminal, después resulta difícil salir del asunto y para esa situación el Poder Judicial tiene que cumplir una función muy importante. No nos olvidemos que en la ecuación del Estado Constitucional de Derecho, el Poder Judicial es una pieza importante en salvaguarda de los derechos ciudadanos en general, no en la persecución al delincuente”, indica.
Añade que la independencia es una característica que “el juez debe llevar en el alma”, toda vez que esta no se garantiza en el código procesal dadas las interpretaciones que se tienen.
“El código puede ser una maravilla si hay mala fe, si hay miedo o cobardía. Hay dos cosas que no puede ser el juez: cobarde o corrupto, puede ser otras cosas, pero no eso, porque por miedo mete presa a mucha gente”, indica.
Villa Stein considera que la prisión preventiva es una pena anticipada contra el investigado, esto por la influencia que tiene sobre el trabajo de los jueces el activismo de la lucha contra la corrupción y otros delitos.
Y en ese sentido, refiere que los magistrados deben tener presente que en materia penal la única fuente de Derecho es el código y no lo que indican organizaciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención de Palermo, la Convención de Viena e incluso la Constitución Política.
“Todo se rige por el principio de legalidad. Hay jueces activistas que dicen que se tiene que extender el concepto de legalidad o que este es un principio que puede ser derrotado y se equivocan. En el sistema anglosajón la fuente de derecho penal es lo que dicen los jueces, en nuestro sistema es lo que dice el código, que se desprende de la legislación. Lo que no se puede hacer es un chaufa, de cuando me conviene aplico el principio de legalidad y cuando no, lo rompo. El principio de legalidad, como todos los principios contenidos en el Título Preliminar del código, es un límite al poder punitivo del Estado”, refiere.
¿FALSA AUTONOMÍA?
El expresidente de la Corte Suprema de la República afirma que en estos momentos en el país existe una autonomía relativizada de los organismos de justicia.
“Por ejemplo, vemos al ministro (Carlos) Basombrío que se mete en las diligencias del Ministerio Público y convierte al fiscal en su mascota. Él va y señala por sí y ante sí quién es delincuente y quién no. En un último evento en Ucayali se les ocurrió decir que habían encontrado un expediente en la casa de un abogado y eso era falso. Lo que había eran las copias que tiene todo abogado. ¿Quién se encargó de esto? El señor Basombrío. En Piura inventó el ‘Escuadrón de la muerte’, en el caso de Díaz Arce se metió a su casa y mientras los fiscales exigen autonomía dejan que el Poder Ejecutivo interfiera en sus acciones”, manifiesta.
Acota que otra seria debilidad que se tiene actualmente en el país es que el Ministerio Público “ha dejado de ser el primer defensor de la legalidad”, conforme exige su ley orgánica.
“El primer filtro de legalidad es el Ministerio Público. Este no es para acusar, sino para que no se acuse por cualquier cosa. Para eso se pone a un experto en derecho, cuya función es defender la legalidad. Sin embargo, si el Ministerio Público se convierte en un jacobino, en un perseguidor, deja de garantizar esa defensa. Por ejemplo, en Chiclayo tenemos a un fiscal que ha sido policía y sigue actuando como policía olvidándose que es fiscal. Eso genera desventajas”, asevera.
Respecto a la acusación constitucional presentada contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, y la investigación aprobada por la Comisión Permanente del Congreso de la República en su contra, Villa Stein señala que no considera que esto represente un avasallamiento del legislativo sobre la autonomía de la institución.
“¿De qué autonomía hablamos si Basombrio tiene al Ministerio Público de mascota, si cuando se trata del oponente rompen la reserva, pero cuando se trata de los aliados ahí sí nadie sabe de las actuaciones de los fiscales? El Ministerio Público reclama autonomía, pero también presiona al Poder Judicial. Aquí lo que existe es un contrapeso de poderes, el Congreso es la única fuerza que puede contener los excesos y exabruptos del Ministerio Público. Yo sí estoy de acuerdo con el equilibrio y que debe haber poderes y contrapoderes”, asevera.
Para Villa Stein, el Congreso de la República actúa conforme a lo que está señalado en la constitución.
“Lo que ocurre también es que el Congreso es chantajeado con el discurso de que cada cosa que haga servirá para que le recuerden el pasado, creyendo que el error es fuente de derecho y eso no es así. Los errores de Fujimori no fundamentan ni justifican nada y no pueden servir para silenciar al Congreso de la República. Creo, por el contrario, que este no está ejerciendo el poder que tiene y yo lo he dicho: poder que no se usa, se pierde”, afirma.
CASO RONCAL MIÑANO
Javier Villa llegó a Chiclayo esta semana para apersonarse como abogado del empresario Carlos Roncal Miñano, investigado por la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado de Lambayeque y a quien se sindica de pertenecer a la organización delictiva “La hermandad del norte”.
Sobre el particular, el ex juez supremo señala que para aceptar la defensa de Roncal Miñano ha revisado con minuciosidad los elementos que el Ministerio Público presenta en su contra, a fin de delinear su estrategia de defensa.
“Estoy persuadido de que es absolutamente inocente y es por eso que lo estoy defendiendo en esa línea, aclarando que el fiscal, quizá por su formación de policía, analiza el caso en clave policiaca y no jurídica, saltándose, como es natural, el principio de legalidad y ejerciendo una especie de derecho de sospecha. Están aplicando un derecho penal de autor y criminalizando los vínculos, distorsionando el derecho penal, que es un disciplina que tiene que conocerse bien para poder emplearse”, refiere.
Villa Stein agrega que las imputaciones de lavado de activos empiezan a servir para la práctica de ilícitos como la extorsión por parte de ciertos operadores de justicia, ligados incluso a organismos tutelares como el Ministerio Público y el Poder Judicial.
“Ven a un sujeto con plata y le dicen: ‘Cuénteme de dónde tiene plata’ y ahí empieza la extorsión. Es bien delicado lo que está pasando en el país con este nuevo cajón de sastre que es el lavado de activos, cuyas investigaciones se prestan para la extorsión. Con el viejo truco de una república de redentores se quiere perseguir a todo el mundo y eso es bien peligroso”, concluye.
VILLA STEIN: “INVESTIGACIONES POR LAVADO DE ACTIVOS SE PRESTAN PARA LA EXTORSIÓN”
La presunta falta fue originada por la falta de agregados, siendo la empresa PAS SRL la proveedora por más de 100 mil soles, trasgrediendo normas de derecho público de imperativo cumplimiento.
Por presuntamente haber incurrido en negligencia en la supervisión de la ejecución de la obra de inversión “Construcción de pavimento, veredas, áreas verdes con mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en la avenida Prolongación Francisco Bolognesi, tramo entre la avenida José Leonardo Ortiz y Garita de Pimentel”, el gerente regional de infraestructura del Gobierno Regional de Lambayeque, Fidel Ortiz Zapata, se encuentra sometido a procedimiento administrativo disciplinario.
La supuesta acción fue originada por la falta de materiales - agregados, necesarios para completar la ejecución de la obra, pero ante tal situación el funcionario investigado habría autorizado a la empresa PAS SRL transportar material a la obra, sin que previamente se haya convocado a un proceso de selección, trasgrediendo normas de derecho público de imperativo cumplimiento.
De acuerdo a la resolución de Gerencia General N° 113-2017-GR.LAMB/GGR, del 19 de octubre último, si el investigado hubiera supervisado correctamente la ejecución de la obra y hubiera permitido que oportunamente se previera la falta de material –agregado- y consecuentemente, la contratación del servicio correspondiente se hubiera realizado conforme al ordenamiento jurídico, el Estado no se habría perjudicado con más de 100 mil soles.
Se tiene que con las cartas sin número, de fecha 5 de mayo y 3 de noviembre del año 2015, el apoderado de la empresa PAS SRL, Glen Carlos Suárez Ramos, solicitó al Gobierno Regional de Lambayeque, el pago por el servicio de transporte de materiales –agregados- por la cantidad de 4 mil 168 metros cúbicos, desde la cantera La Esperanza a la obra antes descrita, por el monto de 124 mil 318.10 soles.
Es el caso que, mediante oficio N° 1318-2015-GR.LAMB/0RAD, el Jefe de la Oficina Regional de Administración, solicitó a la Gerencia Regional de Infraestructura que -en su condición de área usuaria- emita informe respecto al pago pendiente a la Empresa PAS S.R.L. En atención a dicho documento, con informe N° 17-2015-GR.LAMB/GRINCVS-DOB, el Director de Obras, ingeniero Jorge Luis Nizama Paz, manifiesta que el residente de obra, Ing. Francisco Ugaz Cabrera, realizó el requerimiento de carguío de 4 mil120 m3 de afirmado desde la Cantera La Esperanza a la Prolongación Bolognesi, sin adjuntar los términos de referencia, lo cual se subsanó, y posteriormente –pateando las herramientas legales- se solicitó el proceso de selección correspondiente.
Sin embargo, el proceso no fue convocado, requiriéndose – necesariamente- la atención del servicio –por disposición verbal- para un posterior pago. Finalmente, se sostiene que el servicio de transporte de agregado a la obra se realizó, por la cantidad mencionada por el proveedor de acuerdo a los vales alcanzados, pero fue a dedo.
RECONOCIMIENTO DE PRECIO
Mediante informe técnico N° 02-2015-GR.LAM/AAT-ORAD, la coordinadora del Área Funcional de Asesoramiento Técnico, adscrita a la Oficina Regional de Administración manifiesta que corresponde a la entidad decidir si reconocerá el precio del servicio prestado por el proveedor de manera directa, o si esperará que el proveedor perjudicado interponga la acción en la vía correspondiente.
Además, recomienda al jefe de la Oficina Regional de Administración, coordine con Asesoría Jurídica interna para la emisión de la opinión legal correspondiente; así como con la Oficina de Presupuesto para determinar la disponibilidad presupuestal.
Asimismo, se recomienda se establezca la responsabilidades que correspondan a los funcionarios y servidores involucrados en la adquisición a dedo.
De igual manera, el jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, mediante informe Legal N° 463-2015-GR.LAMB/ORAL, es del criterio que, en caso de haberse demostrado con documentación, el abastecimiento del servicio, se procedería a la emisión del acto resolutivo de reconocimiento de deuda a favor del proveedor, aun cuando este proviene de la vulneración de la normatividad, toda vez que resultaría inoficioso, esperar que el proveedor acuda a la instancia judicial a solicitar tutela jurisdiccional efectiva por el enriquecimiento sin causa por parte de la entidad, pudiendo optar por el reconocimiento de deuda a través de la Oficina Regional de Administración, en coordinación con la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, para la determinación previa y de la existencia de recursos necesarios; sin perjuicio del deslinde de responsabilidad de los funcionarios responsables.
Es el caso que con oficio N° 2322-2015-GR. LAMB/ORAD, el Jefe de la Oficina Regional de Administración, solicitó a la Gerencia Regional de Infraestructura, que emita informe documental que demuestre la prestación del servicio del transporte por parte de la Empresa PAS S.R.L.
En virtud a ello, el Director de Obras, Ing. Jorge Luis Nizama Paz, emitió el Informe N° 01-2016GR.LAMB/GRIN-D0B, suscrito por el Controlador de Materiales de la Entidad, quien informa que, a partir del 1 de octubre del 2014 hasta el 21 de febrero de 2015, se recibió material afirmado traído por la empresa PAS S.R.L. de la Cantera La Esperanza a la obra; acreditando su dicho con los vales suscritos por el contralor de materiales. Además, aclara que el servicio de transporte de material ha sido recibido entre el 28 de octubre de 2014 al 13 de diciembre de 2014.
Asimismo, el jefe de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, mediante oficio N° 947-2015-GR.LAMB/ORPP, otorga disponibilidad presupuestal por el monto de 124 mil 319 soles, mediante la certificación Presupuestal N° 330/2015, con Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, Cadena Funcional: 9002.2137529.40000079.19.042.0091, Meta: 0074.
NO RECONOCE DEUDA
A través de la Resolución Jefatural Regional N° 624-2015-GR.LAMB/ORÁD, del 10 de diciembre de 2015, el Jefe de la Oficina Regional de Administración, resuelve declarar infundada la solicitud de reconocimiento de deuda a favor de la Empresa PAS SRL; en mérito a lo cual, el administrado Glen Carlos Suárez Ramos, en su condición de apoderado de la Empresa PAS S.R.L. interpone recurso impugnativo de apelación a efecto que, el superior jerárquico revoque la resolución emitida por el Jefe de la Oficina Regional de Administración y consecuentemente, disponga la cancelación de la deuda pendiente de pago.
Sin embargo, en mérito al informe legal N° 019-2016-GR/ LAMB/ ORAJ, del 11 de enero de 2016, e informe Legal N° 116-2016-GR.LAMB/ ORAJ, del 7 de marzo de 2016, el Gerente General Regional emitió la Resolución Gerencial General Regional N° 024-2016-GR.LAMB/GGR, del 11 de marzo de 2016 que resolvió declarar fundado el recurso administrativo de apelación interpuesto por Glen Carlos Suárez Ramos, en representación de la Empresa PAS S.R.L; en consecuencia, deja sin efecto la Resolución Jefatural Regional N° 624-2015-GR.LAMB/ORAD de fecha 10 de diciembre de 2015.
Asimismo, dispone que la Oficina Regional de Administración emita nuevo acto administrativo, y, con dicho propósito se han derivado los actuados al precitado funcionario adjuntos al Oficio N° 136-2016- GR. L/MB SG/DIGD, del 7 de abril de 2016.
SE CAMBIA RESOLUCIÓN
Es así que, en cumplimiento a la disposición superior el Jefe de la Oficina Regional de Administración, con fecha 11 de abril de 2016 emitió la Resolución Jefatural Regional N° 128-2016- GR.LAMB/ ORAD, que resuelve declarar fundada la solicitud de reconocimiento de deuda a favor de la Empresa PAS S.R.L por la suma de 124 mil 318.10 soles por el servicio de transporte de materiales – agregados- por un volumen de 4 mil 68 m3, desde la cantera La Esperanza a la Obra “Construcción del Pavimento, Veredas, Áreas Verdes con Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones domiciliadas en la Av. Prolongación Francisco Bolognesi, Tramo entre la Av. José Leonardo Ortiz y Garita de Pimentel – Chiclayo.
Asimismo, autoriza a la oficina de Logística, Contabilidad y Tesorería del Gobierno Regional de Lambayeque, pagar la suma adeudada a la Empresa PAS S.R.L, afectándose a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, cadena funcional 9002.2137529.4000079.19.042.0091, Meta: 0074; sin perjuicio de derivar a la Secretaría Técnica, los actuados para la precalificación de las presuntas faltas administrativas incurridas por los funcionarios o servidores públicos participantes de los hechos descritos.
Sin embargo, mediante oficio N° 150-32017-GR.LAMB/STPAD, del 24 de agosto del 2017, se solicitó al gerente regional de infraestructura emitir informe documentado sobre su actuación en los hechos constitutivos de presunta falta disciplinaria descritos en la resolución Jefatural regional N° 128-2016-GR.LAMB/ORAD.
Igual procedimiento, se ha efectuado con el coordinador de servicios auxiliares de la Oficina de Logística, a quien se le cursó el oficio N° 151-2017-GR.LAMB/STPAD, del 24 de agosto del 2017, y jefe de la Oficina Regional de Administración, a través del oficio N° 152-2017-GR. LAMB/STPAD, de la misma fecha.
Pero es o no es todo. El jefe de la Oficina Regional de Administración, mediante informe N° 058-2017- GR.LAMB /ORAD, del 28 de agosto de 2017, en torno a los hechos, sostiene fundamentalmente que al no haberse llevado a cabo el respectivo proceso de selección, determinó que la entidad asuma la obligación contraída con el proveedor, vulnerando con dicha conducta la imperatividad de la norma de derecho público.
De igual manera, Fidel Ortiz Zapata, mediante informe N° 16-2017-GR.LAMB/ GRIN, del 14 de setiembre del 2017, argumenta a su favor que la Gerencia Regional de Infraestructura, al ser el área usuaria, sí elaboró el requerimiento de dicho servicio previo, conforme se aprecia del informe N° 106-2014 -GR. LAMB/ GRINCVS-DOB-FJUC, del 04 de noviembre del año 2014, y el cual sí siguió su trámite administrativo regulado por Ley.
Sin embargo, dicho proceso no continuó, situación que no eximía de la necesidad pública que acontecía en ese momento, debido a que era necesario la utilización del servicio requerido en cuanto faltaba el abastecimiento para poder completar la ejecución de la obra, debido a que se trata de over y afirmado, así como de su debido transporte, en cuanto se encontraba en una situación de desabastecimiento regulado por Ley.
Finalmente, hace referencia que la responsabilidad de su despacho, como área usuaria, fue satisfecha en cuanto se mandó el requerimiento con la finalidad de cumplir con las funciones de la entidad; es decir, dicho requerimiento se emitió con sus especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico.
Es más – se señala- en la resolución jefatural regional N° 684-2014-GR.LAMB/ORAD, que hubo expediente de contratación del servicio de transporte de agregados, en donde se aprueba un monto de 157 mil 66.67 soles, para ser invertidos en la obra antes descrita.
MÁS DE TRES UIT
En la mencionada resolución también se contiene el contenido del oficio 163-2017-GR.LAMB/STPAD, del 18 de setiembre del 2017, cursado al coordinador de servicios auxiliares de la oficina de Logística, Martín Edgar Rodríguez Luyo, a quien se reiteró remitir informe documentado sobre las acciones administrativas que habría realizado en torno al requerimiento de carguío de afirmado de cantera, efectuado por la Gerencia Regional de Infraestructura a través del oficio N° 2340-2014-GR.LAMB/GRINCVS, y subsecuente archivo temporal del documento.
Con información proporcionada por el coordinador de Servicios Auxiliares, con fecha 4 de octubre del 2017, se cursó el oficio N° 171-2017-GR.LAMB/STPAD, mediante el cual se solicita a la servidora pública Merly Paúcar Zevallos, Coordinadora (e) del Área de Apoyo a las Contrataciones del Estado –AACE- remitir informe documentado sobre los hechos comunicados por el coordinador de servicios auxiliares.
La mencionada funcionaria, con oficio N° 19-2017-GR.LAMB/ORAD-OFLO-AACE, del 6 de octubre del 2017, refiere que el área de apoyo de contrataciones del Estado cumplió con realizar las acciones administrativas que correspondían a fin de contratar el servicio; sin embargo, no se llegó a convocar debido a que se tomó conocimiento debido a que la necesidad ya había sido cubierta.
Conforme a lo que establece la Ley de Consejos Regionales –N° 27867-, el gerente general regional, Francisco Gayoso Zevallos, resolvió iniciar el procedimiento administrativo disciplinario contra el Ing. Fidel Ortiz Zapata, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, por las razones antes expuestas.
Además, se hace conocer que la conducta de Fidel Ortiz Zapata, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, se enmarca en el artículo 85 de la Ley N° 30057- SERVIR-, la que señala, que la falta que habría cometido el aludido funcionario puede ser sancionada con suspensión temporal o con destitución, pero para ello tiene que existir un previo proceso administrativo.
COMPRARON MATERIALES SIN LICITACIÓN PARA LA PROLONGACIÓN BOLOGNESI: ABREN INVESTIGACIÓN A GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN

 Resolución 
 resolución 
 resolución 
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 artículo 85