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Timestamp: 2019-03-22 20:57:25+00:00

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El Espejo de Argentina y el Mundo: agosto 2010
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Estamos en tiempos de bicentenarios en América Latina y el Caribe. En 1804 desde Haití se levantó el primer grito de lucha por la emancipación de nuestros pueblos. Desde entonces se acumuló una imparable fuerza social en la lucha emancipatoria de Nuesta América; buena parte de ella condensó hacía 1810. La lucha contra el colonialismo se transformó en el tiempo en una lucha contra el capitalismo y el imperialismo. Los centenarios nos encontraron a los trabajadores en una abierta lucha contra el régimen del capital. La emancipación como proyecto animó la revolución en esos años de consolidación capitalista de una región fragmentada por los apetitos de las clases dominantes locales. Desde esa tradición de lucha de los pueblos originarios contra el invasor colonial y la gesta por la emancipación que conmemoramos con los bicentenarios, la clase obrera de nuestra región recoge el desafío por el proyecto inconcluso.
En esta ofensiva capitalista, las clases dominantes pretenden recuperar el terreno perdido por los cambios políticos ocurridos en nuestro medio en la última década. Son conscientes del peligro que significa la persistencia por más de medio siglo de la Revolución Cubana, pese al bloqueo y el boicot de los Estados Unidos y sus socios, las clases dominantes en el bloque de poder de cada uno de los países latinoamericanos y caribeños. Están preocupados del poder popular emanado de las reformas constituyentes en Venezuela, Bolivia y Ecuador, y otras experiencias en el mismo sentido, que enarbolan el objetivo del protagonismo y la participación del pueblo para transformar la realidad y desarrollar un tránsito desde un capitalismo históricamente construido en nuestro territorio hacia una nueva sociedad, anticapitalista, antiimperialista, socialista, que recoja la tradición del buen vivir de las comunidades originarias, las experiencias de democracia directa, participativa, comunitaria, que pueda organizar el orden económico y social sin explotados ni explotadores.
Les preocupa el movimiento popular, democrático y progresista, constituido en gobiernos que reniegan del proyecto neoliberal, hegemónico en los 90´, y que en su profundización pueden potenciar procesos más radicalizados. Los sectores dominantes ultraconservadores intentan recuperar la iniciativa perdida de años anteriores. La primera década del Siglo XXI puso de manifiesto los avances en la crítica a las políticas hegemónicas de cuño neoliberal, principalmente en Sudamérica, expresado en gobiernos de coalición donde, en algunos casos, la izquierda y los movimientos populares, con matices, contradicciones y diversos grados de amplitud y profundidad, pudieron llevar su voz y propuestas.
Somos conscientes que los trabajadores están pagando la crisis del capitalismo, tal como quieren que paguemos las políticas anti crisis, de salvataje de bancos y empresas con problemas. El capital acude al Estado capitalista para socializar las pérdidas y favorecer la recuperación de las ganancias afectadas por la crisis. Las clases dominantes utilizan a la crisis como un chantaje sobre los de abajo, para profundizar el ajuste y la restructuración regresiva del orden capitalista. La crisis es una oportunidad para el capital, para seguir flexibilizando y deteriorando el poder de los trabajadores y sus organizaciones. Sin embargo, pese a la iniciativa de la burguesía y su Estado, en este Manifiesto del IIIº Esna sostenemos que la crisis es también una oportunidad para nosotros, para los explotados, para los pueblos, para constituirnos como sujetos conscientes de la lucha contra el régimen del capital. Para constituirnos en constructores de nuestra emancipación, para superar una lucha defensiva y construir nuestra ofensiva en la perspectiva de una sociedad sin explotación.
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Durante la clausura del III Encuentro el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, se dirigió a las delegaciones enfatizando que es “hora de la ofensiva para la clase obrera”.
En este momento –agregó- el imperio está atacando con furia. "Estamos obligados a batallar por el equilibrio del mundo; y además en condiciones de dignidad. Víctimas del atropello de la potencia yanqui son los iraquíes, los palestinos".
"Acá en América Latina tristemente en Colombia el imperio ha clavado sus garras; y ha instaurado un gobierno que no ha dudado en ponerse contra sus hermanos de la Región. No hay duda que el espacio más caliente, el más intenso que el imperio escogió para preparar las condiciones, de que aquí se desate un conflicto armado, está en la parte norte de Latinoamérica".
El jefe de Estado señaló que en Venezuela está en marcha una revolución, "construyendo nuestro modelo socialista. Como es sabido, me vi obligado a romper relaciones con Colombia. Claro, la oligarquía colombiana tiene razones para estar preocupada; porque ellos saben que los destinos en Venezuela y Colombia en el fondo son el mismo destino; y lo que impacta acá, allá también causa el mismo efecto".
El presidente Chávez señaló que la oligarquía colombiana es experta en montajes tecnológicos. "Eso viene desde el 4 de febrero de 1992 (...) Han pasado casi veinte años. Luego cuando salí de la cárcel, a los pocos meses, se me acusó desde Colombia, de haber protagonizado un asalto a un puesto militar en Cararabo. Esos son algunos antecedentes. Claro, la oligarquía colombiana está temerosa del efecto contagio de la revolución bolivariana".
Asimismo, al referirse de la intervención colombiana en la Organización de Estados Americanos (OEA) , señaló que ahí presentaron un show, ordenado por el imperio estadounidense. "Lo último que pudiera ocurrir es una guerra entre Venezuela y Colombia, eso sería para llorar cien años. Cuidado si al Gobierno de Uribe se le ocurre invadir a nuestro país, instigado por el imperio estadounidense".
El jefe de Estado señaló que la guerrilla colombiana debería considerar el llamado hecho por el Gobierno venezolano, para deponer las armas. "No es el mismo mundo de los años 60. Hay varios ejemplos de nuestros gobernantes que están enfrentando el imperio, como representantes legítimos de sus pueblos. Yo creo que no hay condiciones en Colombia para que la guerrilla pueda tomar el poder. En cambio se han convertido en la principal excusa del imperio, para que agreda a sus vecinos".
Dijo que Venezuela está obligada a considerar la posibilidad de una guerra. "El golpe de Estado contra Zelaya, fue un golpe para todos los gobiernos de nuestra Latinoamérica. Por eso es imprescindible que en esta batalla, la clase obrera se una. Aquí en Venezuela los trabajadores han venido asumiendo posiciones más sólidas en este proceso de cambios. Mucho más allá de las posiciones defensivas".
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Retroceso: Desde que asume en el gobierno de la Ciudad la fórmula integrada por Mauricio Macri y Gabriela Michetti, comienza a concretarse un profundo cambio regresivo en las políticas publicas de la ciudad. El rasgo más destacado del gobierno del PRO es el énfasis político depositado en la organización de mega proyectos inmobiliarios destinados a utilizar las tierras del Estado, incluyendo hospitales y otros edificios públicos para supuestos proyectos de refuncionalización territorial, constitución de polos productivos, sanitarios, tecnológicos, entre otros publicitados aunque con inciertos objetivos urbanísticos.
Así empezó el gobierno de Mauricio Macri: con la propuesta de concesionar los edificios públicos del centro de la ciudad de Buenos Aires, incluyendo los ministerios de Salud, de Educación, de Hacienda, la Procuración General entre otros, a la empresa constructora del misterioso “Nuevo Centro Cívico”, ubicado justamente en las tierras que actualmente ocupan los hospitales de Salud Mental del barrio de Barracas.
Este proyecto fue bloqueado en su tratamiento por la resistencia de la comunidad y por el rechazo de todos los bloques de la oposición. Sin embargo, el objetivo de realizar mega emprendimientos con fuerte injerencia de las empresas constructoras monopólicas y amigas de la familia Macri, vuelve en numerosos expedientes: ahora en el proyecto de fusionar otros tres hospitales – muy deteriorados por cierto – el María Ferrer, el Muñiz y el Udaondo, en un solo “Centro Hospitalario del Sur”.
En el mismo sentido, en otras áreas de gobierno, incluyendo las referidas a las políticas sociales, se está llevando adelante un proceso de privatización de servicios y programas con empresas privadas y de tercerización de servicios a organizaciones de la sociedad civil. El proceso de liquidación de haberes y de gestión de recursos humanos, la administración de los últimos lavaderos y sistemas de provisión de medicamentos que aún quedaban en manos del Estado, fueron transferidos a empresas privadas con resultados desastrosos en cuanto a la calidad de las prestaciones y la eficiencia de los servicios. En los programas sociales se han transferido responsabilidades importantes en la atención de la infancia y en la atención terapéutica de jóvenes y adultos a instituciones sociales y empresas privadas.
Más allá de la calidad de los organismos involucrados, este rasgo que puede ser correcto si se utiliza excepcionalmente, o en situaciones de emergencia, encubre, al extenderse como gestión habitual en la ciudad, un brutal proceso de vaciamiento del Estado, de sus competencias y de sus servicios. Aumentan las partidas de transferencia al sector privado, disminuyen los gastos corrientes, en particular los de personal y de mantenimiento del sector estatal.
Los recortes presupuestarios y la falta de ejecución de los planes de urbanización, la parálisis prolongada de los acuerdos y planes comprometidos con la red de cooperativas de vivienda, ha generado una acentuación de las condiciones de hacinamiento y marginalidad de los barrios del sur de la ciudad. Muchos de los emprendimientos de autogestión de vivienda popular y los planes iniciados en las gestiones anteriores de gobiernos progresistas, fueron paralizados o demorados en su realización. Igualmente con los proyectos de infraestructura escolar y de infraestructura hospitalaria programada en los últimos cinco años, cuya ejecución en el gobierno de Macri no supera el treinta por ciento.
Se constituye de esta forma un fuerte retroceso en materia de las políticas públicas destinadas a garantizar el acceso de la población al conjunto de sus derechos. La utilización indebida de los fondos del Estado y del patrimonio público, intenta conformar el diseño de una ciudad revitalizada en aspectos cosméticos, visibles para el impacto mediático, sin dar respuesta a los problemas profundos que atraviesan estructuralmente nuestra sociedad.
Los indicadores sociales básicos empiezan a señalar con trágica elocuencia las consecuencias previsibles del permanente recorte y debilitamiento de las áreas sociales: el aumento de la mortalidad infantil del 7,3 por mil en 2008 al 8,3 por mil en el año 2009, el incremento del embarazo adolescente llegando al 19 por ciento, la caída de las prestaciones en los servicios de salud mental, en los servicios de protección de derechos de infancia y adolescencia, las listas de espera en las escuelas infantiles y primarias de la zona sur, muestran parte del señalado retroceso.
En defensa de los derechos consagrados en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, los bloques de la oposición con diversos matices de unidad y de perfiles, estamos llevando adelante la resistencia a estas políticas y la iniciativa para recuperar Buenos Aires hacia un nuevo gobierno popular en el próximo y muy cercano 2011.
Necesitamos articular primero y consolidar después un movimiento que, a partir de las numerosas experiencias recorridas en el distrito y con nuevas perspectivas, proponga un frente político y social amplio y transversal. Para alcanzar este desafío se requiere una profunda voluntad política. Construir superando los sectarismos y desterrando las prácticas habituales de no escuchar y de resolver entre muy pocos las iniciativas y las propuestas de acción política. Tendremos que ser capaces de afrontar estos desafíos.
*Por María Elena Naddeo. Legisladora porteña - Bloque Diálogo por Buenos Aires
Violación cotidiana de la Constitución capitalina: hábitat y vaciamiento
Desalojados: En la ciudad de Buenos Aires, unas 500.000 personas sobre cuatro millones de habitantes, están en situaciones críticas de hábitat. Son trabajadores de bajos ingresos, migrantes internos y de países limítrofes que malviven en villas, hoteles pensión, conventillos y casas tomadas. Son la mano de obra formal e informal de nuestra ciudad. Son también los más vulnerables: viejos, jóvenes, chicas y chicos de nuestro pueblo que ya no cuentan para el sistema y malviven en la calle. A esto hay que sumarle amplias capas de sectores medios, que viven la inseguridad creciente de los aumentos en los alquileres y no tienen opciones crediticias que los contengan. Este cuadro, no se entiende por fuera de la dinámica urbana y su papel en la reproducción general de la sociedad y sus relaciones de poder.
Buenos Aires atraviesa un proceso de renovación urbana desde comienzos de los ´90 que incluye la urbanización de la ribera, la ampliación del área central, la ejecución de autopistas, accesos y mega obras de significación regional y macroregional de largo plazo, al servicio de necesidades del capital financiero y que se han traducido en el alza sostenida del precio del suelo. El gobierno nacional y el de la ciudad han jugado y juegan un papel insustituible como gestores de estas condiciones a través de sus funciones regulatorias, el proceso de privatizaciones, la transferencia subsidiada de recursos como el suelo urbano y la deuda pública.
El gobierno de Mauricio Macri es heredero y continuador de estas políticas estructurales, privatizadoras y concentradoras que ponen el estado al servicio de grandes negocios. Por ello, su política urbana y habitacional -en consonancia con acciones y omisiones del gobierno nacional, socios al fin-, refuerza el carácter excluyente de la ciudad y le sobreimprime notas de ilegalidad y represión (como expresivo sucesor del ingrato y célebre dicho dictatorial: “hay que merecer la ciudad”).
La continuidad de la liberalización y desregulación de los mercados de suelo y alquileres, etc. La gran desalojadora en la ciudad es la silenciosa libertad de mercado, que naturaliza e impone vivir donde se puede pagar.
La continuidad en la decisión de utilización del patrimonio estatal, el espacio público, los recursos económicos y técnicos del Estado, la creación y destrucción de normativas y políticas al servicio de la valorización del capital, (con ejemplos estruendosos en el sector 5 de la EX AU3 y la pretensión de crear una Corporación del Norte para lucrar con la venta de terrenos del barrio de Catalinas, los intentos –afortunadamente frenados- por subastar 36 terrenos del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC),
La firme decisión de debilitar o destruir toda institucionalidad y marcos de legalidad impulsados, sostenidos y/o útiles para el movimiento popular. Tres ejemplos:
1- el desguace del Instituto de Vivienda de la Ciudad con su sostenido y arbitrario vaciamiento presupuestario, reforzado por los también arbitrarios niveles de subejecución del presupuesto asignado, ante lo cual, los controles legislativos resultan insuficientes y lentos.
2- la política hacia las denominadas históricamente “villas”, con ambiguas competencias traspasadas a instituciones como la Corporación del Sur y el ministerio de Espacio Público, que ponen el énfasis en el suelo (recurso) más que en las personas y las características de los procesos habitacionales reales (por ejemplo inquilinos y subinquilinos que nunca son censados). Sólo la resistencia organizada de la población ha impulsado medidas como la Ley que crea un marco concertado para la radicación de “Villa 31”; un campo en disputa.
3- La decisión -ya asumida por los gobiernos “progresistas” de Aníbal Ibarra y Jorge Tellerman- de ahogar propuestas nacidas de la organización popular como la Ley 341 de Autogestión del Hábitat, que permitió la compra de suelo y el desarrollo de emprendimientos habitacionales con una lógica satisfacción de la necesidad, de creación de trabajo y no de negocio empresarial. Existen 400 cooperativas, 100 terrenos comprados, 1100 viviendas en ejecución y otras terminadas que dan cuenta de su validez; sin embargo se padecen trabas burocráticas y ahogo financiero, lentitud de certificaciones, índices de desactualización presupuestaria, cerramiento a la inscripción de nuevos proyectos.
Y, como un hecho de mayor gravedad, la aplicación de formas represivas abiertamente ilegales hacia distintas formas de organización popular, empezando por los caracterizados como más débiles: jóvenes, algunos sectores de trabajadores sindicalizados, gente viviendo en la calle, chicos adictos al paco, etc., (la patota de la Ucep, la implementación de desalojos administrativos, maltratos y golpizas, incluso en predios de propiedad del Estado nacional, como los terrenos ubicados en el barrio de Caballito, ante lo cual el gobierno nacional miró para otro lado).
Un escenario en donde se calcula que hoy, no menos de 20.000 personas están viviendo en las calles de la ciudad de Buenos Aires y siguen creciendo, alimentados por los desalojos colectivos que transcurren silenciosamente cada semana.
En definitiva y a contramano de los derechos constitucionales expresados en el artículo 31 de la Constitución, y que fueron ganados con la participación y la lucha de las organizaciones populares, el gobierno de Mauricio Macri desconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado.
*Por Néstor Jeifetz. Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI-CTA)
Fortaleza: la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, introduce en su artículo 1º el concepto de Democracia Participativa. Este no es un hecho menor, atento a que en las últimas décadas la democracia representativa ha entrado en crisis en tanto y cuanto los ciudadanos, los vecinos, no participan en la solución de sus problemas y la dirigencia política no escucha sus reclamos, acentuando el desprestigio de la clase política y perdiendo su representatividad, legitimidad y credibilidad.
El desafío de esta hora es avanzar en la transición de un tipo de democracia a otra, es decir, a una donde la participación popular y el compromiso motoricen los procesos de cambio.
En la ciudad de Buenos Aires, se inicia un proceso histórico con la sanción de la Ley 1777, la denominada Ley de Comunas. A través de este nuevo y novedoso marco jurídico, los vecinos están en condiciones de comprometerse en el diseño y toma de decisiones de las políticas urbanas, lo que obliga necesariamente a todos y todas a modificar las pautas tradicionales de comportamiento social que tiendan a la fragmentación y a la ruptura del tejido de la sociedad.
La descentralización administrativa y la participación de los vecinos a través de las Juntas Comunales y los Consejos Comunales, no debilita al gobierno de la ciudad; por el contrario lo fortalece ya que es la mejor herramienta para luchar por la implementación de políticas que apunten a la inclusión social y eviten las asimetrías existentes.
Entre todos estamos inaugurando una nueva cultura política que aspira a renovar el pensamiento y el trabajo de los sectores que piensan y sueñan que un proceso de cambio es posible, que nos permita acompañar a nuestros hermanos latinoamericanos que ya han iniciado ese proceso histórico de transformación. Nos permite recuperar el discurso político fundamental para articular a los movimientos sociales y barriales, que emergen como el nuevo fenómeno, que no se basan en esquemas fijos inmodificables, sino en el pensamiento que está determinado por la dinámica de los procesos que genera la realidad, permitiendo el desarrollo y fortalecimiento de organizaciones de base .
En definitiva, la Democracia Participativa genera una mayor equidad, recrea los sentimientos de solidaridad, reconstruye y amplía los ámbitos donde la democracia se construye y profundiza, al tiempo que sienta las bases de una comunidad que avizora lo que significa un proyecto colectivo y trabaja para terminar con la marginalidad, la exclusión, la indigencia, estableciendo a través de mecanismos de democracia directa una sociedad más justa, dándole a la política un sentido más ético.
Entre todos podemos desarrollar esquemas educativos que potencien y estimulen la participación ciudadana; que arraigue en cada uno de nosotros el concepto de: participación, compromiso, autonomía, realización y libertad para que, en definitiva, seamos todos sujetos históricos en el camino irrenunciable hacia una sociedad más justa.
* Por Juan Carlos Quiroga. Participación Urbana en Partido Proyecto Sur Capital
Realidad: desde que asumió como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri promovió políticas que han llevado a la destrucción de la cultura; sobre todo atacando al arte como transformador social en ámbitos y espacios donde no sólo se gestan hechos artísticos, sino que se estimula a pensar y a cuestionar.
La cultura es algo fundamental en toda sociedad. Mediante el hecho artístico y cultural no sólo se entretiene, sino también se educa y se logran únicas y diferenciadas sensaciones en las personas. Sin embargo, para el poder establecido, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires, todas estas cualidades pueden convertirse en un arma que afecte sus intereses de clase. Es innumerable la cantidad de centros culturales barriales, talleres y espacios públicos utilizados con fines culturales, que han sido cerrados, trasladados o directamente desalojados por la fuerza pública.
Esta es una decisión política concebida desde el comienzo de la etapa macrista. Los hechos violentos que han sufrido algunos espacios culturales, propiciados desde el gobierno comunal, no tienen difusión masiva en la prensa comercial. El vecino de la ciudad de Buenos Aires se entera a través de las noticias en periódicos barriales o por transmisión oral, mediante “el boca a boca”.
Un cuestionamiento central que se le hace a Macri desde diversos sectores, es el de gestionar la ciudad como si fuese una empresa. La cultura y el arte no escapan a esta premisa.
Esta lógica y esta concepción de gobierno hicieron, por citar un caso, que no se comunicara a los trabajadores de la biblioteca del Teatro Colón el traslado de la misma. De forma arbitraria fue mudada a tres contenedores que están al aire libre, con muchísima bibliografía acumulada durante años, expuesta a los fenómenos climáticos, en el mejor de los casos. El Teatro Colón, como símbolo de la ciudad, fue restaurado a medias: los baños se inundan; a pico y pala se rompieron antigüedades valiosas y otras fueron salvadas y conservadas por los propios trabajadores. Hubo una reestructuración de personal, enviando gente con muchos años en la rama del arte a sectores administrativos de los hospitales, por citar un ejemplo. También el teatro General San Martín fue utilizado con fines ajenos a su actividad, en tanto fue alquilado a un particular para que celebrara allí su cumpleaños. Este son sólo dos ejemplos de una infinidad que constituyen una política cultural basada pura y exclusivamente en el lucro y en la exposición banal y la tilinguería.
Condiciones labores precarias
Con relación al Teatro Colón, los figurantes ocupan la escala artística (y de sueldos) más baja en los elencos. Éstos no están contratados por el teatro, sino que firman un contrato informal de duración breve, en general hasta que termine la ópera para la que han quedado seleccionados. El Espejo consultó a un trabajador despedido por haber reclamado, quien nos señalaba que no están garantizados los derechos mínimos. Esto es, obra social, pago doble por trabajar domingos y feriados, horas extras, no cuentan con aseguradoras de riesgo del trabajo y ni siquiera algo básico: el pago en término. Los sueldos son pagados una o dos veces al año, todos juntos. Y los trabajadores deben tener una disponibilidad de más de doce horas diarias, todos los días, cuando a veces durante una semana no se los llama para trabajar, y obviamente, no se les paga. Por eso les resulta tan simple echar a los trabajadores que firman un contrato: al no estar inscriptos, no existen para la ley y los patrones hacen y deshacen a su antojo; el gobierno de la Ciudad es cómplice de estas maniobras.
De todos modos y a pesar de los enormes esfuerzos por avasallar la cultura, siempre está presente la resistencia que hace que esta se cuele por intersticios que el poder de turno no puede destruir.
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Etiquetas: *191, 08. Cultura
El vaciamiento sanitario público y gratuito potencia a los circuitos privados: la salud es un derecho no un negocio
Destrucción: Los datos recientes de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad son elocuentes. Por primera vez en cinco años aumentó la tasa de mortalidad infantil de la Capital. La Comuna más vulnerable corresponde a Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati. Las cifras revelan además el incremento de asentamientos en la Comuna 15 (Agronomía, Chacarita, Parque Chas, Paternal, Villa Crespo y Villa Ortúzar). Un emergente del desmantelamiento en términos de insumos y recursos humanos de los hospitales y centros de salud públicos.
A fines de junio otro detonante develó la magnitud de la crisis, con la muerte de una beba en el hospital Pena por falta de anestesistas, la segunda ocurrida por la misma causa en algo más de dos años. El antecedente fue en el hospital Santojanni en 2008, hecho por el cual el 3 de mayo pasado la Cámara del Crimen de la Capital decidió el procesamiento de varios médicos, situación que puso al descubierto la conjunción de silencios, complicidades, omisiones, arreglos y acuerdos para zafar en la ocasión ante las orfandades de personal y equipamiento. No solo eso. Está pendiente el debate sobre qué formación reciben los trabajadores/as de la salud, la mercantilización creciente de conceptos, prácticas y esquemas organizativos, y la aplicación de mecanismos de productividad asentados en la lógica capitalista. La única definición posible es el derecho a la salud de la población, plena y sin discriminación.
La falta de anestesistas es estructural. El servicio de ambulancias (Same) debe ir de un hospital a otro como remisero trasladando anestesistas donde se requiere. Queda claro que no siempre llegan a tiempo. A esto se agrega la demora por parte del gobierno de la Ciudad de efectivizar los nombramientos que han demorado entre once y quince meses, lapso en el cual muchos lograron insertarse en el ámbito privado.
En ese sentido, son categóricas las denuncias del titular de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (Cicop), Hugo Amor, y del presidente de la Federación de Profesionales de la Salud de Argentina (Fresposa), Jorge Yabkowski, al señalar que “el Estado delegó la formación y los cupos de profesionales en la Federación de Anestesia, Analgesia y Reanimación (Faaar) a nivel nacional y en la Aaarba en el caso de la provincia de Buenos Aires. Teniendo como norte las leyes del mercado, estas entidades regularon a la baja el número de anestesistas, para obtener más ganancias por sus servicios. La ecuación es simple: a menor competencia, mayores ingresos”. De igual forma acusaron al Estado de “dejar crecer la privatización y tercerización de los servicios en el sistema público de salud”.
Etiquetas: *191, 01. Politica nacional, 03. Sociedad
Oportunidad: en el marco de las elecciones internas de la Central de Trabajadores de Argentina, aparece una nueva oportunidad de poner en marcha los ideales que le dieron nacimiento. Nuevamente la oportunidad de pensar en una construcción sindical diferente, fortalecer y reconstruir nuestra CTA, en general y en particular en Concordia dada la situación de precariedad, explotación, exclusión y sometimiento que tienen los trabajadores ocupados y desocupados en esta ciudad.
Tenemos que hacernos cargo algunos militantes de nuestras propias contradicciones; tener claro que existen en el país y en Entre Ríos, distintos proyectos de modelo sindical y desde este contexto, sostener que se puede construir de manera plural y democrática, que no es sinónimo de alianzas electoralistas. Un ámbito donde se debata qué central queremos y qué modelo de país queremos, en el que se pueda incluir a todos los trabajadores ocupados y desocupados de los sindicatos de base y movimientos sociales, sin que esto condicione la participación o la exclusión de algún plan. Es necesario salirse del caudillismo dirigencial que prevalece en nuestra sociedad en lo político y social. Erradicar el pensamiento único y la práctica coercitiva que se tiene; es decir, queremos y apostamos a la libertad sindical, a la autonomía de las patronales, de los partidos políticos y de los gobiernos: a esa autonomía que nos lleve a profundizar un proyecto político de liberación con el movimiento político social y cultural y que en algún momento votamos más de diez mil compañeros en el estadio mundialista marplatense en el año 2002.
La regional Concordia
Falta mucho por hacer, la cuestión educativa, la falta de contención de nuestros pibes, el debate del problema energético, las condiciones paupérrimas de los trabajadores cosecheros, la tercerización de servicios esenciales como el agua, la luz; es un debate que nos debemos como sociedad. También la situación ambiental es de emergencia y será unas de las problemáticas que atravesarán todos los debates.
Nuestra ciudad esta rodeada por una zona rural, con un esquema de cultivos altamente rentables: soja y arándano junto a la forestación, generan no solo jugosas rentas para pocos, sino concentración de tierra y contaminación.
No hace mucho Concordia fue una ciudad rodeada de numerosos y hermosos arroyos, manantiales, pero producto de un proceso de contaminación de arroyos y del rio Uruguay, el agua se va convirtiendo cada día en una mercancía. Este fenómeno es acelerado por un sistema de agua potable y una red cloacal que han colapsado.
Es notable la dificultad que tienen franjas importantes de ciudadanos de barrios “marginales” ante el acceso al agua potable, como también la conducta de la clase media de esta ciudad que, de manera silenciosa, rechaza eso que se le presenta como agua potable (líquido imbebible, con niveles de cloro elevado) comprando agua envasada.
Mientras por la contaminación un río entero se va perdiendo junto con sus afluentes, Concordia es promocionada como ciudad termal; cuyas aguas de elevada temperatura e importantes propiedades para la salud son objeto de lucro, y cuyos residuos (miles y miles de litros por día) son un afluente más de contaminación, no utilizadas en provecho de una comunidad sino como explotación lucrativa han sido cedidas a privados, por parte de los gobiernos que ha tenido la provincia y la ciudad.
En tan poco tiempo la corruptela y desidia de unos y la búsqueda de lucros, van generando innumerables daños en lo social y ambiental.
Este año también nos da la oportunidad de fortalecer y asumir como propias las luchas de las mujeres, dado que en Entre Ríos se realiza el XXV Encuentro Nacional de Mujeres, garantizando la presencia activa en los conflictos y en la calle. Tenemos claro que la equidad y la igualdad de género no deben ser tratadas como cuestiones relativas; debemos trabajar contra la discriminación y la violencia de género, contra la trata y el trabajo infantil. Concordia no escapa a esa realidad, y desde aquí construir una CTA para los próximos diez años que nos permita convocar a todos/as y dar forma a una Constituyente Social en pos de la integración latinoamericana, a partir de la unidad de los trabajadores. Para ello los compañeros militantes tendrán el 23 de septiembre del 2010 garantizada la participación.
*Desde Concordia, Liliana Silvia
Secretaria de Organización de la Asociación gremial del magisterio de Entre Ríos (Agmer)
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Córdoba: nuevas trampas en la carrera administrativa
Engaños: el gobierno provincial ha decidido concursar ochocientos cargos que históricamente han sido de carácter político y los encargados de tomar importantes decisiones en cualquier gobierno. Detrás de la fachada de transparencia, la finalidad es dejar en esos puestos a sus punteros políticos.
La medida demuestra que se trata de un “gobierno en retirada”. Ante esa manipulación, la Comisión de Agua y Saneamiento del Frente Cívico elaboró un documento que presentó a los medios de comunicación, en el cual denuncian la mentira gubernamental y señalan que para estos supuestos concursos “no se tuvo en cuenta idoneidad, capacidad, experiencia en la materia, ni se realizó evaluación alguna”.
El texto muestra que el gobierno provincial busca “adjudicarse el mérito de haber restituido la carrera administrativa destruida por Ramón Mestre, a los trabajadores estatales”. También desenmascaran que: “no es menos cierto que Unión por Córdoba, lleva once años de gobierno, sin preocuparse por la carrera administrativa, poniendo funcionarios con el dedo, que avalaron decisiones contrarias al interés de los cordobeses cuando no negociados, y que hoy pretenden quedarse en la planta permanente del Estado asegurándose un conchabo, garantizándoles además la impunidad a sus mentores”.
La Comisión propone: “la publicidad de la prueba de oposición para que la sociedad pueda evaluar los conocimientos de quiénes decidirán políticas públicas. Además decimos que los tribunales juzgadores deberán se conformados, para cubrir cargos jerárquicos, por integrantes de las universidades, colegios profesionales, especialistas de acreditada solvencia y experiencia en la materia, además de las entidades gremiales (no sólo las impuestas por el gobierno provincial).
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Por fuerte presión internacional, sacan a Gerardo del “hueco”
Luego de estar confinado en la cárcel de Victorville, California, desde el 21 de julio pasado en el denominado “hueco”, Gerardo Hernández Nordelo volvió a su celda habitual.
Cabe destacar que el hueco es una pequeña celda de dos metros de largo por uno de ancho, donde las temperaturas superan los 35 grados, y la única comunicación con el exterior es un pequeño orificio en su parte superior. Su situación se agravó particularmente, ya que Gerardo –uno de los cinco héroes cubanos presos en Estados Unidos- tiene problemas de presión arterial. Con sólo cuarenta y cinco años, doce de ellos los ha pasado en condiciones más que graves.
Su salida del siniestro lugar produjo gracias a una intensa campaña liderada por Fidel Castro, los diputados del Parlamento cubano, sus abogados y miles de seguidores en todo el mundo.
Su compañera, Adriana Pérez O’Connor, habló telefónicamente con él e informó que se encontraba en buen estado de ánimo y elevada moral.
Aborto: La Universidad de Buenos Aires se pronunció a favor de la despenalización
El pasado miércoles 11 de agosto, el Consejo Superior de la casa de estudios apoyó la resolución que había sido presentada por representantes de los estudiantes. La votación fue contundente y mayoritaria a favor de la despenalización, ya que hubo veintisiete votos en ese sentido, uno en contra y una abstención.
La Universidad Nacional de Córdoba y la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, fueron quienes elaboraron los textos, cuya síntesis culminó en la resolución finalmente votada; cabe destacar que Sergio Caletti, decano de Ciencias Sociales, dejó claramente expresado que votaba en nombre personal y en el de su facultad, ya que allí el tema había sido ampliamente tratado y votado por unanimidad.
En algunos de sus considerandos la resolución señala: “Que la práctica de abortos inseguros y clandestinos es la principal causa de mortalidad materna en nuestro país.”; “Que considerar a los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, implica la implementación de políticas públicas integrales.”; “Que el derecho a decidir no sólo se circunscribe al derecho a la interrupción de un embarazo, sino que incluye también la posibilidad de decidir la maternidad. Es reconocer a las mujeres como sujetos sociales, como ciudadanas y agentes morales capaces de decidir si desean o no ser madres; el número de hijos/as que desean tener y el espacio temporal entre nacimientos.”; “Que la profundización de la democracia implica plantear los derechos individuales y colectivos como eje de la equidad social, que en este caso permite la discusión de decidir sobre el propio cuerpo, acceder a sistemas de salud desde instancias de prevención, promoción y atención clínica de mayor o menor complejidad de manera gratuita y segura.”; “Que la igualdad de géneros es un principio inherente a la Universidad de Buenos Aires en la que el tratamiento de las cuestiones, incluida la relacionada con la educación sexual, se lleva a cabo desde una óptica laica.”
Al mismo tiempo, la resolución declara: “Pronunciarse a favor de un cambio en la legislación nacional en el sentido de la despenalización de la interrupción de embarazos”; además de “Pronunciarse a favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito.”
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La unidad latinoamericana en la práctica: tercer módulo de la Escuela Latinoamericana de Autogestión del Hábitat
Se escuchan cantos, se perciben sueños, leemos: “Patria socialista o muerte”; se escucha al unísono: “Alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina”. Imágenes del bicentenario por toda Caracas, imágenes del Che, de Fidel, de Evo, de Correa, Bolívar, San Martín. Por otro lado, con sus edificios último modelo emerge imponente la Caracas imperial. Pero afortunadamente, expropiado por el Estado, lo que antes era el Sheraton Hotel, hoy es el Hotel Alba Caracas.
En este escenario, nos recibe la capital venezolana y su pueblo entre el viernes 23 y el sábado 31 de julio, días en que se desarrolló la tercera etapa de la Escuela Latinoamericana de Autogestión del Hábitat (Elah), escuela de formación de formadores de la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda Popular (Selvip), en donde organizaciones de Chile, Brasil, Uruguay, Venezuela y Argentina, estuvimos debatiendo cuáles son, y cuáles queremos que sean, las políticas de hábitat en nuestros territorios, qué grado de autogestión contienen estas políticas, qué es la autogestión, y cuán imprescindible es la participación y la organización de nuestro pueblo, la construcción de poder popular para superar nuestros desafíos.
A ésta experiencia en Caracas podemos dividirla en dos partes. La primera consistió en formación y discusión sobre nuestras prácticas e ideas; la segunda se concentró en visitas a barrios como La Vega, Gramoven y El Junquito. En todos estos barrios, nuestros anfitriones se encargan de mostrarnos todo lo que aún hace falta para poder decir que la problemática del hábitat está resuelta, y que al día de hoy hasta parecen muy pequeños los cambios realizados; pero que esto tiene que ver con que la construcción del socialismo es un proceso. Aquí, las contradicciones entre socialismo y capitalismo son tan palpables como la amabilidad del pueblo venezolano.
En este marco, en la Elah estuvimos debatiendo el Alba de los pueblos y fue así que la Selvip decidió sumarse a la Plataforma de los Movimientos Sociales en el Alba, para participar en marzo de 2011 de un encuentro a realizarse en Foz de Iguazú (Brasil). Con el objetivo de, junto a otras organizaciones de hábitat, constituirnos como Vía Urbana y así, junto a la Vía Campesina y al movimiento obrero, conformar esta plataforma que intenta unir, socializar y resolver en conjunto los problemas que nos atañen a todos los sectores. Esos problemas que son causa de un capitalismo que, crisis tras crisis, se levanta golpeando cada vez más fuerte a los trabajadores.
Como resultado de esta semana, la Selvip acordó una agenda común que contiene pasantías entre organizaciones, apoyatura sobre diversos temas y acciones conjuntas el 4 de octubre próximo, Día Mundial de los Sin Techo, como así también el 10 de diciembre, día universal de los Derechos Humanos, donde llevaremos adelante una “Jornada Continental de repudio al imperialismo y sus secuaces.”
La próxima escala de la Elah será en San Pablo (Brasil), entre el 20 y 30 de noviembre, donde nuevamente nos encontraremos los que impulsamos procesos organizativos para debatir qué, cómo y el porqué de nuestras prácticas.
Desde Buenos Aires, Germán Sartori
Publicado por El Espejo de Argentina y el Mundo en 10:58 1 comentarios
El encuentro tuvo lugar el 22 de junio en el local del Concejo Vecinal de la ex Zona 14, que comprende barrios de Montevideo con tradición de militancia política, social y sindical. Participaron dirigentes de la central sindical Pit-Cnt, cooperativistas de la Federación uruguaya de viviendas por Ayuda Mutua (Fucvam), militantes barriales, concejales vecinales y la revista América XXI.
Al inicio del evento, intervino Cristina Camusso, cofundadora de la Casa del Alba en Buenos Aires. Comenzó refiriéndose a los cometidos de la iniciativa. Primero “debemos explicar a nuestros pueblos qué es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba); pero más que nada establecer el criterio de unidad latinoamericana y caribeña expresada en esta propuesta, planteada por fuera de todo lo que es la miseria de la sociedad capitalista”.
Camusso opinó que “la creación de la Casa del Alba es importante para el pueblo oriental, ya que Uruguay no integra este bloque regional”. Consideró imprescindible “fundar casas de estas características, en países que aún no se han integrado al bloque emancipador, para transmitir a la población lo que se está generando a través de este proyecto”.
Por su parte, para Washington Beltrán, secretario de la Comisión de Derechos Humanos de Pit-Cnt, la presencia de una Casa del Alba “es fundamental. En América Latina están sucediendo cosas desde hace unos años, y el Alba profundiza estos procesos”.
Según el dirigente, la iniciativa pondrá en la agenda “temas que tienen una importancia medular para el futuro de América Latina, y llevará a posicionarnos en forma directa con los desafíos que hoy tenemos”.
“Nosotros somos una central de trabajadores que apunta a un proyecto hacia el socialismo y defendemos los cambios democráticos. Queremos posibilitar nuestra acción, para poder profundizar y lograr los objetivos que todos los asalariados tenemos en conjunto”.
“Todo aquello que se encamine hacia la unificación nacional, regional y continental, será un paso fundamental para la liberación de los pueblos”, expresó Fernando Zerboni, presidente de Fucvam. Además destacó el papel de las organizaciones en los procesos de unidad y enfatizó que participarán activamente en el “impulso del proyecto de integración bolivariana de los pueblos de nuestra América”.
Zerboni agregó que “Fucvam tiene experiencia en impulsar procesos de unificación de organizaciones que hoy no tienen una expresión única. La unificación permite multiplicar fuerzas de aquello que muchas veces a las organizaciones sociales les ha sido imposible realizar individualmente”.
Para los participantes, la apertura de la primera Casa del Alba en Uruguay, es una meta que contribuirá a la integración latinoamericana y caribeña, en clave antiimperialista.
Desde Montevideo, Georgina Rodríguez.
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