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Timestamp: 2018-09-22 07:42:35+00:00

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Derecho Notarial Abella
unidad 1 Derecho Notarial UBP
Práctica Notarial: módulo 1 – contenidos Actas notariales Trabajo Final -Escribana Analía PEGORARO (alumna UBP).
Contenidos: ACTAS NOTARIALES - Estructura interna de las actas - Diligencia - Unidad de acto - Intervinientes - Actuación del notario - Valor probatorio - Diferencias entre Escrituras y Actas - Forma - Clases de actas - acta de constatación o comprobación - acta de protesto - acta de notificación - acta de depósito - acta de protocolización - acta de presentación de testamento cerrado - acta en la Ley 24.441 ACTOR EXTRAPROTOCOLAERS – LIBRO DE REGISTRO DE INTERVENCIONES CERTIFICACIÓN DE FIRMAS - Naturaleza jurídica - Valor como instrumento público - Consecuencias de la certificación de firma - Características de la certificación - Principios y requisitos de la certificación - Análisis de casos especiales - certificación de firme de documentos en blanco - certificación de impresiones dactilares - certificación de reproducciones o fotocopias - documentos firmados
- existencia de personas ANEXOS - Reglamento del Libro de Registro de Intervenciones - Casos Jurisprudenciales - Jurisprudencia Nº 1 - Jurisprudencia Nº 2 - Jurisprudencia Nº 3 - Jurisprudencia Nº 4 - Jurisprudencia Nº 5 - Modelos de Actas Notariales
Las actas notariales son instrumentos públicos autorizados por el escribano, que describen hechos y situaciones, sin poseer negocio o acto jurídico. Fijan y comprueban sucesos, con exclusión de aquellos que son objeto específico de las escrituras. Etchegaray1 ha sostenido que mediante las actas se instrumentan hechos y acciones y que las mismas no poseen contenido negocial. Arévalo expresa que son instrumentos públicos que recogen sucesos que no son actos jurídicos, y se limitan a narrar o describir aquellos que necesitan justificarse fehacientemente. Gattari2, por su parte, ha expresado que el acta notarial es un documento autorizado por un funcionario u oficial público, con las solemnidades de las escrituras con respecto a los terceros, al compareciente y a los objetos. Su objetivo es fijar derechos y hechos. El contenido de las actas está integrado esencialmente con “hechos”.
Para dicho autor entonces, los siguientes puntos caracterizan las actas notariales:
a) Es un instrumento que autoriza el oficial público, fuera o dentro del protocolo. El acta es un instrumento público al igual que la escritura. Quien la autoriza es el notario o quien ejerza tales funciones. b) Cuyo fin común es fijar hechos y derechos, normalmente declaraciones de ciencia, sucesos, y diligencias. Existe una descripción de posibilidades según el tipo de actas.
En síntesis podemos decir que, el ACTA NOTARIAL, es un instrumento público de contenido esencialmente fáctico, autorizado por el notario competente, a requerimiento de una persona con interés legítimo y que, fundamentada en los principios de la función imparcial e independiente, pública, veraz e inmediata y responsable, tiene por objeto constatar la realidad de un hecho que el notario ve, oye o percibe por sus sentidos, cuya finalidad primaria es ser un instrumento de prueba en el proceso judicial, pero que puede tener otros fines, informativos,
Etchegaray, Natalio Pedro. “Escrituras y Actas Notariales”. 3º Edición actualizada y ampliada. Gattari, Carlos Nicolás. “Manual de Derecho Notarial”. Lexis Nexis-Depalma. Bs. As.
autenticados en la esfera privada, administrativa, registral e incluso integradores de una actuación jurídica no negocial o de un proceso negocial complejo, para su preparación constatación o ejecución..
El Código Civil no alude a las actas en forma expresa, sino a través de la interpretación del inc. 2 del Art. 979: “son instrumentos públicos respecto de los actos jurídicos…..2º. Cualquier otro instrumento que extendieren los escribanos o funcionarios públicos en la forma que las leyes hubieran determinado…” Así, el acta notarial es un instrumento público, sea su facción protocolar o extraprotocolar, dado que se trata de un documento extendido por un notario de conformidad con las leyes. En consecuencia, el acta notarial como instrumento público queda comprendida en la propia regulación del Código Civil, y como documento notarial en particular en las leyes notariales locales. Los notarios de cada jurisdicción deben observar las leyes locales en cuanto a la forma y procedimiento de su actuación respecto de las actas notariales. Ante la ausencia de leyes de rango superior, rigen supletoriamente las normas sobre escrituras públicas.
CONTENIDO El contenido material de las actas se refieren al mundo de los hechos. Es decir, no tienen contenido negocial, se trata por medio de ellas de documentar acciones o hechos, cuya virtualidad negocial vendrá derivada de la ley o de un contrato anterior. La doctrina, tanto nacional como extranjera, sostiene que no forman parte del contenido de las actas notariales el mundo de los negocios jurídicos, sino que se limitan a constatar o documentar hechos. En este orden de ideas, Nuñez Lagos sostiene que el acta no contiene declaraciones de voluntad, sino a lo sumo declaraciones de verdad por parte de los interesados
ESTRUCTURA INTERNA DE LAS ACTAS Nos encontramos frente a un sistema que posee una estructura definida y prefijada. Tienen dos sectores diferentes, expresamente definidos: El primero, “ROGACION”, es el requerimiento que la parte hace al notario. A través de esta solicitud o rogación, el requirente, solicita al escribano la confección del acta. Debe dejarse una somera constancia del objeto del acta, que debe ser preciso y circunstanciado. Terminado el requerimiento, debe leerse al solicitante, quien lo suscribe ante el notario. Acto seguido, el profesional estampa su firma. El segundo, “DILIGENCIA”, consiste en la diligencia que el requirente efectúa junto con el notario, o bien la que éste último realiza solo, en cumplimiento de la manda encomendada. Los sectores descriptos pueden separarse con la firma de la parte y autorización del notario en cada uno, o bien efectuarse uno a continuación del otro, con un único otorgamiento y autorización al final.
Acerca del diligenciamiento, debe dejarse constancia si se efectúa en el mismo día o no. Es importante realizar una buena narración, correctamente circunstanciada en cuanto al lugar y al tiempo, así como a la manera de cumplir la diligencia. A continuación, se redacta todo lo que va sucediendo en la actuación, respetando el criterio cronológico.
DILIGENCIA La mayor parte de las actas requieren de la diligencia, en el sentido de traslado del notario hacia un lugar distinto del asiento de la escribanía, para cumplir con el cometido que le fuera encargado. El requirente puede o no estar presente, de acuerdo con la clase de diligencia a realizarse y la conveniencia o no de ello. Así, puede ser ventajoso que el notario se presente solo a efectuar ciertas diligencias y sin compañía del requirente, “para que éste no pretenda imponer su voluntad y no se generen situaciones violentas entre requirentes y requeridos”. A título de ejemplo, podemos citar el caso del acta de notificación, en la que el notario es requerido para dar noticia y/o poner en conocimiento del requerido algún hecho o intimación. A tales fines, no es necesaria la presencia in situ del rogante, ya que la diligencia puede cumplirla sólo el notario haciendo efectivo el requerimiento previo. Sin embargo, lo expuesto anteriormente no es pacífico en doctrina, así Pelosi afirma que…” la diligencia no puede ser realizada por el escribano exclusivamente. Debe acompañarlo el requirente, quién firmará junto con el escribano y, eventualmente, la persona con quien se entiende la diligencia. De no ser así, no estaríamos frente a una escritura pública por trasgresión a lo dispuesto en el Art. 1001 del C.C. La diligencia debe desarrollarse respetando la competencia en razón del territorio, es decir, dentro de la demarcación asignada al notario para ejercer su ministerio, de conformidad con el Art. 981 del mismo ordenamiento legal.
UNIDAD DE ACTO No es necesaria la unidad de acto entre el requerimiento y la diligencia, pero este principio debe cumplirse en ambas etapas del acta notarial. El requerimiento puede efectuarse en forma anterior o coetánea con la diligencia. En cuanto a la diligencia, en ocasiones es necesario realizarla en forma sucesiva, en diferentes lugares, a distintas horas del día, e incluso en distintos días. En este supuesto el principio de unidad de acto debe respetarse en cada diligencia considerada independientemente la una de la otra.
El requirente es parte esencial en toda escritura pública, y en especial en las actas notariales.
Puede definirse como el sujeto activo que pone en marcha la actividad del escribano, puesto que no existe actuación notarial de oficio. Es quien efectúa la rogación previa, concreta, precisa y determinada, en su contenido y objeto. Debe ser persona capaz y de conocimiento del notario. Excepcionalmente el requirente podrá ser un incapaz por ejemplo un menor de edad, si cuenta con capacidad para ese acto. Podrá actuar por si o en nombre y representación de una persona física o jurídica, no siendo en este caso imprescindible, aunque si conveniente, acreditar la personería invocada, a diferencia de lo que ocurre en las escrituras públicas. La constatación realizada por medio de acta notarial, goza de fe pública; sin embargo el notario sólo puede dar plena fe de la existencia de hechos ocurridos en su presencia, mas no de que las afirmaciones efectuadas por quienes concurrieron al acto sean verdaderas, es decir concordantes con la realidad.
El requerido es el sujeto al cual va destinada, en la mayoría de los casos, la actividad del requirente a través de la rogación efectuada al escribano. Es el sujeto pasivo y destinatario de la actividad rogante con relación al requirente. Pero no es sujeto pasivo en el acta, ya que en ocasiones su presencia puede protagonizar un rol activo, teniendo éste frente al requerimiento una actitud de respuesta o bien más pasiva, limitándose a su recepción. Un inconveniente que puede presentarse en la diligencia es la ausencia del requerido en el lugar. En tal caso la resolución dependerá de la clase de acta. Si se trata por ejemplo, de una notificación, el notario deberá proceder de conformidad con las normas del Código de Procedimientos local. En caso de contar con la participación del requerido, resulta esencial obtener su identificación para evitar así que con posterioridad puede desconocer la realización del acta notarial en su presencia. Asimismo, es conveniente asesorar al requirente sobre la conveniencia de contar con una notificación fehaciente previa cursada al requerido con antelación suficiente, invitándolo a concurrir o estar presente en la realización de la diligencia, sobretodo en los casos de actas de constatación, a los efectos de evitar que pueda ser objetada por falta de bilateralidad.
En todo instrumento notarial pueden existir testigos de conocimiento y testigos instrumentales. La intervención de testigos de conocimiento se rige por el Art. 1002 del C.C. y será su presencia supletoria, cuando el requirente no es de conocimiento del notario. Los testigos instrumentales, por el contrario, son más habituales en los documentos notariales en estudio. Ello se fundamenta en la circunstancia que el acta, a diferencia de la escritura pública, contiene fundamentalmente hechos que al ser presenciados por los testigos in situ, incrementan el valor probatorio del acta y a su principio de preconstitución de prueba. Por esta
razón, la presencia de testigos instrumentales es bien vista como un testigo más a favor del hecho que el acta documenta, pero no es obligatoria, su conveniencia dependerá de cada caso en particular.
Los peritos son aquellas personas que por sus conocimientos específicos pueden hacer diagnósticos o descripciones de cosas o situaciones particulares. Su presencia no es obligatoria en las actas, sin embargo en ciertas ocasiones, pueden ser de mucha utilidad dadas las características técnicas de la diligencia a realizar, que solo podrán ser relatadas por una persona con conocimientos propios en la materia que escapan al saber del notario. La labor profesional del escribano se restringe a tomar la declaración del perito sobre el particular, previa identificación del mismo y de su especialidad, y recibir su firma en prueba de conformidad.
ACTUACIÓN DEL NOTARIO La actuación del escribano en lo que respecta a la elaboración de actas notariales no está regulada por la legislación de fondo. Las distintas reglamentaciones locales han sido las que indican los principios rectores, pero sin dudas, rigen aquí todos los deberes que el notario debe cumplir en ejercicio de su labor fedante. Un despliegue de labor funcional que abarca tareas de asesoramiento, de legitimación, formación, documentación y autenticación. VALOR PROBATORIO3 El valor probatorio de las actas notariales es un tema controvertido tanto en la doctrina como en jurisprudencia. Existen dos posturas bien diferenciadas, por un lado, quienes sostienen que las actas notariales, desde el punto de vista meramente procesal, constituyen un medio de prueba como cualquier otro de los permitidos en el proceso. Para esta doctrina el acta es una prueba preconstituida y extrajudicial, asimilable a la declaración testimonial, pero fuera del proceso, y es por ello que podrá ser rebatida por simple prueba en contrario. En este orden de ideas, los partidarios de esta postura sostienen que, el acta, a pesar de la intervención del notario depositario de la fe pública, no goza de plena fe en los términos de los Arts. 993 y sig del C.C. Fundamentan este razonamiento en el concepto que el acta notarial no es escritura pública, y que por esta circunstancia no se encuentra incluida dentro de las prerrogativas estatuidas por el artículo citado. Destacan además la unilateralidad que en la mayoría de las veces se da en el acta notarial. Por otra parte, la posición opuesta asigna a las actas notariales la calidad de instrumentos públicos, y distingue en su contenido entre las manifestaciones que el notario anuncia como
Ver Jurisprudencia anexa.
cumplidas en su presencia o por él mismo, nutridas de fe pública en los términos del Art. 993 del C.C., sólo rebatibles por querella de falsedad, de aquellas manifestaciones dispositivas, enumeradas por el Art. 994 del ordenamiento citado, desvirtuables por simple prueba en contrario. Las actas notariales son instrumentos públicos del Art. 979 del C.C., por ello gozan de fe pública, tal como surge de los Arts. 993 y siguientes: hace plena fe hasta que sea argüido de falso, por acción civil o criminal, de la existencia material de los hechos que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos por él mismo, o que han pasado en su presencia, de haberse ejecutado el acto. El acta notarial es un instrumento público, en consecuencia, prueba por sí misma los hechos que han sido realizados por el propio escribano y los cumplidos en su presencia, que sólo podrán desbaratarse por querella de falsedad. Por su parte, no asegura la sinceridad, legitimidad o legalidad de los mismos y las demás circunstancias contenidas en ella podrán ser atacadas como simple prueba en contra. Debe resultar tanto en el requerimiento como en la diligencia, en forma clara la expresión de fecha, hora y lugar y su suscripción especial y separada. Si durante la diligencia llegara la finalización del día, deberá dejar constancia de ello, cerrar el acta y continuar en una nueva acta con el cambio de fecha correspondiente. Como una excepción al principio expuesto, puede verificarse la diligencia y posteriormente redactarse el documento, ello sin más dilación que la necesaria para trasladarse a un sitio adecuado, dando a conocer dicha situación a los participantes, invitándolos a concurrir y dejando constancia de todo ello en el texto documental. Al respecto, Norman J. Astuena, afirma que, a los fines de la fuerza probatoria de las actas, cabe distinguir dos situaciones perfectamente diferenciadas: 1) las actas que se utilizan para probar hechos reconocidos en la misma por el requirente o por el tercero afectado que también la firmó, a las que válidamente puede adjudicárseles el valor de plena fe o de prueba completa según los casos, por aplicación analógica de las normas que rigen para los actos. 2) las actas notariales que se intentan valer contra un tercero que no la suscribió y que por tanto no reconoció los hechos contenidos en la misma. Sin duda alguna, éstas están sujetas a la apreciación judicial, siendo el juez quien las valorará en función de todos los elementos probatorios reunidos en la causa y según las particularidades de los hechos y del caso concreto. Por supuesto que, en ausencia de prueba en contrario, o en caso de duda, debe estarse a lo que surja de las actas notariales, ya que, en definitiva, constituyen medios de prueba calificados por la intervención de un oficial público.
DIFERENCIAS ENTRE ESCRITURAS Y ACTAS 1.- En las actas existe constancia escrita del requerimiento. En las escrituras, no.
2.- En las actas hay un orden cronológico, que respeta los tiempos y los sucesos. En las escrituras, en cambio, el ordenamiento es lógico, y puede ser modificado para su mejor comprensión. 3.- En las actas es muy frecuente que existan diligencias efectuadas por el notario y los requirentes (o por el escribano solamente). En las escrituras, éstas son difíciles de encontrar. 4.- Las actas no contienen negocios jurídicos, sólo recogen hechos. Además se caracterizan por su efecto casi, exclusivamente, conservatorio. Las escrituras en cambio pueden jactarse de portar actos jurídicos y contratos de todo tipo. 5.- El resultado en las actas es siempre aleatorio e incierto. Las escrituras, en cambio, permiten una previsibilidad temática objetiva. 6.- Las actas no requieren unidad de acto ni de redacción, a diferencia de las escrituras que sí la necesitan. 7.- En las actas se aprueba o se ratifica la redacción o diligencia. En las escrituras, en cambio, hay necesariamente otorgamiento de las partes. 8.- En las actas, el requerido, interpelado o notificado, puede negarse a firmar, conservando las mismas, plenamente su valor. Las escrituras públicas, bajo pena de nulidad, necesitan encontrarse firmadas por todos los que figuran en ella como comparecientes en cualquier carácter (Art. 1004 C.C.¨). 9.- En las actas no es necesario acreditar la representación invocada ni el interés de terceros. En las escrituras, si. 10.- En las actas se destaca, fundamentalmente, el aspecto fedatario de notario. En las escrituras, el escribano desarrolla por igual sus aspectos fedatario y jurídico. 11.- En las actas, los hechos percibidos y autenticados por el escribano, no se devienen necesariamente en una consecuencia o acto jurídico, ya que éste no es su contenido, a diferencia de lo dicho para las escrituras. 12.- En las actas sólo encontramos presencia del notario, en cambio en las escrituras hay presidencia del escribano a cargo de la o las audiencias. 13.- En las actas, la función de asesoramiento notarial está reducida al máximo. En cambio en las escrituras, dicho deber es amplio e ineludible.
FORMA Existen dos formas posibles de instrumentación: protocolar y extraprotocolar. La primera reviste mayor jerarquía por su matricidad, pero ambas han sido aceptadas en el ordenamiento jurídico nacional.
FORMA PROTOCOLAR
Son necesariamente protocolares: las actas de protocolización, incluidas en el Art. 1003 del C.C., con resolución judicial previa y anexión del instrumento al protocolo, la protocolización del testamento ológrafo (Art. 3692 C.C.), la de recepción de depósito (Art. 2128 y sig. del C.C.) que
encierra un acto jurídico y no sólo un hecho, las de protesto legisladas en el Código de Comercio y en la Ley de Concursos (Art. 48 y sig. Decreto Ley 5965/63 y Ley 24.552)
FORMA EXTRAPROTOCOLAR
El Código Civil regula en le Art. 3666 un único caso de acta extraprotocolar al determinar que el acta de recepción de testamento cerrado, debe ser extendida en la cubierta del testamento. A nivel nacional es la única disposición al respecto. En cambio, algunas leyes locales se han ocupado de regular esta forma y en cada demarcación deberá estarse a lo que ellas disponen. Pelosi define al documento extraprotocolar como “instrumento público autorizado por notario, en original, fuera del protocolo, con las formalidades de la ley, en ejercicio de sus funciones y dentro de los límites de su competencia, susceptible de este tipo de facción por su contenido o por prescripción legislativa, sin perjuicio de la entrega, guarda, colección o archivo de otros ejemplares voluntariamente o por mandato legal y de las formas de anotación o registración así como de reproducción que pudieran reglamentarse”.
La doctrina se encuentra dividida acerca de la conveniencia o no de la existencia de esta categoría, y mayoritariamente recomienda la forma protocolar, por las mayores ventajas que derivan de su matricidad.
CLASES DE ACTAS ACTA DE CONSTATACIÓN O COMPROBACIÓN
Es el tipo de acta que más se realiza. Tienen por objeto acreditar la existencia de un hecho, en presencia del notario. Suele utilizarse como medio de asentar algún hecho que está destinado a cambiar con el tiempo o a desaparecer. La constatación del notario ante el hecho a comprobar y la evidencia de su estado en el momento determinado es el objeto del relato que contiene esta acta notarial. El notario “de visu”, previo traslado si es necesario y con constancia precisa del lugar y tiempo, que debe ser oportuno, pues fuera de ellos no se encuentra el objeto de la constatación, toma conocimiento por evidencia y fija mediante su narración las circunstancias de ello en la dimensión papel, a fin de asegurar su permanencia en instrumento auténtico. El acta notarial, en especial la constatación, no debe contener apreciaciones personales del autor, ni conclusiones de los acontecimientos, el notario es únicamente un narrador imparcial, con lenguaje claro y preciso.
En esta clase de actas se suele recurrir al complemento de las fotografías cuando se trata de constatar, por ejemplo, la existencia de daños en una cosa que puede luego ser restaurada, autenticando las fotografías y haciendo la conexión de ellas en el relato
Conforme el Decreto Ley 5965/63 pueden ser protestados los papeles de comercio, entendiendo por tales, la letra de cambio, pagares y cheque, aunque este último se protesta en forma automática, por la negativa de pago del banco girado. El acta de protesto tiene por objeto constatar, en forma auténtica, el requerimiento de pago o aceptación, según se trate de una pagaré o letra de cambio, con su lógica consecuencia que será el pago o bien la aceptación, o la negativa con la reserva de derechos por parte del tenedor o su protesta. El protesto busca adquirir o conservar un derecho o precaverse de algún daño futuro, comprobar de forma auténtica la negativa a la aceptación, o el pago del instrumento presentado. Luego del requerimiento y entrega al notario del documento a protestar, se procede a realizar la diligencia de traslado al lugar indicado, que puede efectuarla el notario, sin necesidad de que lo acompañe el requirente.
Es aquella que tiene por objeto hacer saber a una o más personas determinadas, un hecho o resolución. En esta clase de acta notarial encontramos las dos etapas claramente diferenciadas: primero el requerimiento a efectos de notificar, y luego la diligencia en el lugar indicado para cumplir con la notificación. Puede cumplirse con la notificación aunque no se encuentre físicamente presente el requerido, quedando el actuar del notario regulado por la legislación de fondo de los distintos ordenamientos locales. El notario entonces consigna su presencia en el lugar, a fin de la notificación y su resultado.
El Art. 2182 del C.C. establece que habrá contrato de depósito cuando una de las partes se obliga a guardar gratuitamente una cosa mueble o inmueble que la otra le confía, y a restituir la misma e idéntica cosa.
El recibo es gratuito y suele verificarse bajo recibo o instrumento privado en doble ejemplar. Sin embargo lo correcto es formalizar un acta. Este tipo de acta es la excepción al principio respecto al cual, siempre que hablamos de actas nos encontramos frente a hechos, y no negocios jurídicos, que son el objeto principal de las escrituras públicas. En el acta de depósito existe un verdadero negocio jurídico en el que el notario es parte.
Se denomina así al acta notarial que tiene por objeto incorporar al protocolo un determinado instrumento público o privado, de conformidad con el Art. 1003. La protocolización puede materializarse por dos procedimientos distintos, a través de la transcripción del documento a protocolizar, o bien, mediante la inserción o anexión del instrumento en el protocolo. La rogación puede originarse en un mandato judicial, tal como ocurre en la protocolización de testamento ológrafo o cerrado, en los contratos suscriptos en el extranjero que tienen por objeto la transferencia o hipoteca de bienes inmuebles ubicados en el país, o en los actos realizados en instrumentos privados cuya protocolización es ordenada especialmente por un juez. El requerimiento también puede derivarse del interés particular del requirente, por ejemplo, en el caso de protocolización de las actuaciones judiciales en la subasta. La protocolización no transforma al instrumento privado en público, ya que no produce una mutación de su naturaleza. Es importante destacar también, que protocolizar no suple la forma escritura pública cuando ésta es exigida por ley. El Art 984 del C.C. establece que es instrumento público el documento privado mandado a protocolizar por el juez competente desde el día que se ordena la protocolización.
ACTA DE PRESENTACIÓN DE TESTAMENTO CERRADO
Es un acta extraprotocolar, que debe realizar el escribano público en ocasión de serle dado un testamento de este tipo. El sobre que contenga dicha manifestación de última voluntad, debe presentarse a un notario, en presencia de cinco testigos. El testador tiene la obligación de manifestar que lo contenido en aquel sobre, es su testamento. En consecuencia, el escribano dará fe de la presentación y entrega, realizando el acta. Si bien el Código dice que la misma debe efectuarse en la cubierta del sobre o pliego, la mayoría de la doctrina notarialista sostiene que el acta puede hacerse en hojas de actuación notarial.
La entrega y suscripción del testamento cerrado, debe suceder en un solo y mismo acto, sin interrupción de sucesos extraños al mismo, de acuerdo al Art. 3667 del C.C. El escribano labra entonces la actuación respectiva.
ACTAS EN LA LEY 24441
La ley 24441 prevé un procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria y donde el escribano es un activo partícipe en el mismo. Actúa en lugar del oficial de justicia, en calidad de un oficial de justicia ad-hoc, quedando sujeto a la normativa existente para los oficiales de justicia y a ella ajustará su proceder4. El escribano, en este procedimiento especial labrará las siguientes actas, a lo largo de todo el procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria:
Acta de Comprobación: del estado físico y de ocupación del inmueble en cuestión. Acta de Intimación: a las personas que allí se encuentren, para su desocupación, bajo apercibimiento de lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública. Acta de Lanzamiento: ante el incumplimiento de la desocupación, se labra la correspondiente acta de lanzamiento. Acta de Remate: del inmueble, que se desarrollará fuera del ámbito judicial, a instancias del acreedor ejecutante.
ACTOS EXTRAPROTOCOLARES LIBRO DE REGISTRO DE INTERVECIONES5
Conforme lo prescribe el Art. 13 de la Carta Orgánica Notarial, Ley 4183, a los fines de la actuación de los notarios en todos los actos no protocolares, todo escribano titular deberá llevar un LIBRO DE REGISTRO DE INTERVENCIONES, de hojas móviles numeradas, en papel simple de doscientas cincuenta páginas habilitado por el Tribunal de Disciplina Notarial con todas sus hojas selladas por éste. El escribano titular hará constar en el referido Registro de Intervenciones, por riguroso orden de fechas, en términos claros y breves, la gestión notarial en que hayan intervenido, relacionándola en forma de actas que suscribirán conjuntamente con el interesado. El Libro “Registro de Intervenciones” no tiene carácter sustitutivo del Protocolo Notarial y consecuentemente no podrán extenderse en aquél los actos o contratos que por las leyes de fondo deben labrarse bajo la forma de escritura pública o por instrumento privado. Sin perjuicio de ello, le son aplicables supletoriamente, en los supuestos no reglamentados, las normas
Ver Jurispruedencia anexa. “Reglamento del Libro de Registro de Intervenciones – Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba – en Anexos.-
contenidas en la Sección lll, Del Protocolo y de las Escrituras Públicas, Capítulos l y ll, de la Ley Orgánica Notarial 4183 En el primer folio del Libro “Registro de Intervenciones” se extenderá la habilitación del Tribunal de Disciplina Notarial, que consignará el número que le corresponda en el Registro a que está asignado, el número y asiento de éste, la fecha de habilitación del Libro y la firma y sello del Presidente o un Vocal y del Secretario. En los folios sucesivos se extenderán las actas en la forma establecida en el Art. 52, Ley 4183 –T.O. 1975. El Libro “Registro de Intervenciones” se abrirá cada año en cabeza de foja, con una constancia que indique el número de Registro Notarial respectivo y el año a que corresponda. Igual nota pero de clausura corresponderá extenderse por el escribano titular al finalizar cada año o a la terminación de cada libro, expresando el número de actas extendidas, las que no pasaron, y todo otro dato relevante a juicio del Escribano. Cada acta deberá iniciarse en el primer renglón hábil a continuación del acta inmediata anterior, por orden cronológico y numeradas correlativamente dentro de cada año. Las enmiendas, raspados y demás correcciones se salvarán al final de cada acta de puño y letra del Escribano. Asimismo, deberá ser encuadernado en tomos que no excedan las doscientas cincuenta páginas. En el lomo de cada tomo se hará constar el número de Registro, nombre del Escribano Titular y Adscripto, número del libro si lo hubiere y período que corresponda.
El Libro está sujeto a inspección y vigilancia del Tribunal de Disciplina Notarial conforme a las atribuciones del mismo derivadas de la respectiva ley que las establece. En los documentos extraprotocolares, sin perjuicio de lo que les sea aplicable como consecuencia de las disposiciones del Código Civil y otras leyes de fondo, se expresará: Número de orden que le corresponda al acta en el Libro “Registro de Intervenciones”. Lugar y fecha del otorgamiento y otros datos cronológicos cuando así lo requieran las leyes, las particularidades de su contenido o lo juzgare el Escribano. Nombres y apellido completos del requirente, domicilio, documento de identidad exhibido y/o fe de conocimiento y habilidad del firmante. Las circunstancias relacionadas con el requerimiento y con las situaciones, cosas, documentos y personas objeto de la atestación.
Asiento de Libros: En la certificación de asientos de libros de actas, de correspondencia, laborales, de comercio u otros, se expresará el nombre de la persona individual o colectiva a la que pertenece y si los libros se hallan o no rubricados. Deberá indicarse la ubicación del asiento y si lo que se certifica es de tenor literal o extracto.
Las certificaciones podrán practicarse con respecto a constancias de libros o documentación de personas colectivas o individuales que tengan su domicilio fuera del asiento del Registro, siempre que la exhibición se efectúe dentro de su ámbito de competencia territorial.
Remisión de Correspondencia: En los casos de certificación sobre envío de correspondencia, el despacho al destinatario estará a cargo del Escribano actuante, quien individualizará los documentos a remitir en el acta del “Registro de Intervenciones” y dejará constancia de su intervención en todos los ejemplares despachados. Anexará al folio correspondiente los comprobantes que le suministre la Oficina Postal de remisión, copia auténtica de ellos o los relacionará en el acta identificándolos con precisión.
Representación y Poderes: Al certificar la existencia de representaciones y poderes se deberá especificar la naturaleza del documento exhibido al Escribano y los datos que sirvan para su individualización. Se dejará además constancia de la suficiencia de las facultades otorgadas a los representantes y mandatarios según los documentos exhibidos respecto del acto de que se trata.
Fotocopias, Fotografías y otras Reproducciones: La certificación de fotocopias, fotografías y otras reproducciones se harán dejando constancia que corresponden a cosas o documentos que se han cotejado, relacionando toda circunstancia tendiente a identificarlos y establecer su correspondencia con la realidad. Estas certificaciones quedan excluidas de la obligación de su registración en el “Libro de Intervenciones”, salvo cuando así lo requieran los interesados o lo juzgare el Escribano
Otras Certificaciones: Se dejará constancia de la intervención notarial en las siguientes certificaciones: a) b) En la recepción de sumas de dinero, títulos, valores y otros documentos. En los cargos de los escritos que deban presentarse a las autoridades judiciales o administrativas cuando fueren entregados en horas inhábiles. c) En la certificación de reproducciones completas o parciales y sus extractos de todo documento público o privado. En todos los casos deberán consignarse en el acta del “Registro de Intervenciones” y en el texto de la intervención notarial y en los documentos en que se tratan las circunstancias que permitan la perfecta individualización de los mismos.
notarial en el “Registro de Intervenciones” se dejará constancia en los
documentos extraprotocolares objeto de la certificación. Esta certificación se extenderá en forma manuscrita, mecanografiada, o mediante un sello tipo con llenado de los claros, al pie del documento que se certifica que deberá reponerse con marbetes de actuación notarial. Cuando
no hubiere espacio suficiente deberá comenzarse en el mismo instrumento y concluirse en una foja de actuación notarial que se agregará. Tratándose de un documento integrado por varias fojas se dejará constancia de ello y cada una de éstas llevará el sello y rúbrica del Escribano certificante.
En las certificaciones extendidas en los documentos extraprotocolares se consignarán las circunstancias relacionadas con el requerimiento, número y folio del acta y número del Libro “Registro de Intervenciones” en el que conste dicho requerimiento, cerrando lo actuado la firma y sello del Escribano.
A modo de introducción, podemos citar la definición que efectúan algunos notarialistas respecto a las certificaciones en general, como aquel instrumento notarial que contiene aseveraciones del escribano y cuyo fin es afirmar el acaecimiento de sucesos, instrumentos, cosas o hechos jurídicos, percibidos por él así como las calificaciones de su propia ciencia. Y, ya dentro de las certificaciones de firmas, Gattari ha sostenido que es un documento público, que legitima firmas, respetando la unidad de acto, las que se toman en el libro de requerimiento o en el protocolo, con el objeto de ser certificadas por el funcionario, y colocadas por individuo de su conocimiento ante sí. Son verdaderas legitimaciones afirma el autor, y en ellas se desarrollan las seis operaciones de ejercicio. El notario califica que no haya nada prohibido; lo legaliza, pues debe registrar algo lícito; si lo tratado exige instrumento público no puede certificar, igualmente si resulta incompetente. La actividad que más desarrolla es la legitimación, imputa el acto de firmar a persona determinada, a la que individualiza por la fe de conocer o fe de identidad, comprueba el texto impositivo, si hay actuación por otro, legitima el poder, aun justifica el contenido del documento, porque en un pedido de plano debe legitimar el título del solicitante. La pequeña acta en que consiste la certificación, es un acto extraprotocolar, recoge hechos que se sujetan a la autenticación. Concluye con la autorización, esto es, con la firma por el notario del acta certificante y del libro respectivo.
Naturaleza jurídica Mucho se ha discutido respecto a este tema, podemos resumir las posiciones, en dos grandes corrientes: La primera, sostiene que todo el documento en el cual se autentica la firma, es instrumento público. La segunda, proclama que solamente lo constituye la atestación que efectúa el notario, señalando que certifica una firma. La autentificación no esparce la calidad de instrumento público al contenido del documento privado en la cual se halla, ni le comunica su carácter
Por lo tanto, el documento no deja de ser privado, ni pasa a tener ningún efecto público, sino que simplemente se considera instrumento público, a la nota atestativa que coloca el escribano, así como la foja de la certificación notarial, que anexa a la misma.
Valor como instrumento público El valor de las certificaciones de firmas deriva, en primer término, del Art. 979 del C.C., que reza en la parte pertinente: “son instrumentos públicos respecto de los actos jurídicos….”. “Cualquier otro instrumento que extendieren los escribanos o funcionarios públicos, en la forma que las leyes hubiesen determinado”(Inc.2) Lo cual debe ser interpretado en un sentido amplio, es decir, comprensivas tanto de la ley en carácter material cuanto en carácter formal. La legislación es la que amplía y especifica los demás documentos que serán considerados instrumentos públicos.
La doctrina mayoritaria sostiene que la certificación de firmas, emitida por un escribano, configura un instrumento público. Se basa entre otros postulados, en el C.C. como fuente inmediata, y en el resto de las leyes dictadas en su consecuencia, toda vez que el notario actúe dentro de los límites de su competencia, en razón de la materia, del territorio y de las personas. La atestación de la autenticación de firmas constituye un instrumento público, y es una muestra acabada de la fe notarial. Dicha fe ha sido delegada por el Estado en el Escribano, a fin de que este último, actuando dentro del ámbito de su triple competencia, asevere en la misma, que una persona ha firmado en singular fecha ante sí, otorgando de este modo seguridad a los negocios jurídicos.
Consecuencias de la Certificación de Firmas
FECHA CIERTA La cuestión referida a si la autenticación de firma confiere fecha cierta al instrumento, es aún debatida entre los doctrinarios. La causa principal de la discusión, es la interpretación (amplia o estricta) que se haga del Art. 1035 del C.C., en cuanto a su taxatividad o enumeratividad. Como el caso de la certificación notarial no está enunciado expresamente entre los incisos de dicho artículo, es que se produce la disquisición tanto doctrinaria como jurisprudencialmente. La postura mayoritaria sostiene que la certificación de firmas, efectuada por un escribano en ejercicio de su función y en la órbita de su triple competencia, confiere fecha cierta al instrumento. Fundamenta ello en que el Art. 1035 es enunciativo, no taxativo y además, se basa en la cronología y correlatividad que se lleva estrictamente en los libros de requerimientos de firmas o sus similares (registro de intervenciones), lo cual impide que la constatación constituya un acto aislado, susceptible de ser alterado.
JURISPRUDENCIA: un caso relevante, que marcó a partir de ese momento la imposición de una postura predominante, lo señaló la Provincia de Córdoba, en el dictamen emitido por la
Asesoría de Aforo Notarial, en respuesta a la consulta girada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 16º Nominación … Al respecto el dictamen señaló:”… El registro de las firmas certificadas en el Libro de Registro de Intervenciones, es obligatorio para todos los escribanos públicos, ya se trate de titulares, adscriptos, suplentes, desde el año 1975,….y en consecuencia otorgan fecha cierta a los actos y hechos siempre que se hayan tenido en cuenta los dispositivos legales…”.6
Características de la certificación Entre los principales caracteres de la certificación notarial de firmas, podemos señalar los siguientes:
Para ser válida, debe proceder un escribano, en pleno ejercicio de su cargo y función, actuando dentro de la órbita de su triple competencia.
II. Su facción puede ser protocolar o extraprotocolar, según se efectúa dentro del protocolo (como si fuera una escritura mas) o fuera de el. En este caso, se instrumenta en el Libro de Registro de Intervenciones, y se anexa la foja de certificación respectiva. III. Es un instrumento de ciclo cerrado, pues sólo contiene atestaciones del notario. No hay en ellas declaraciones de las partes. IV. La descripción que se hace, debe ser breve y sintética. Se caracteriza expresamente por su corta extensión y por su precisión. V. Hay narración profesional, pero no redacción notarial. El escribano, en este caso, y a diferencia de las escrituras, no recoge documentalmente voluntades a las que deba dar forma jurídica, sino que se limita a dejar constancia en el instrumento de lo captado sensorialmente. VI. Básicamente, la certificación de firmas se refiere a hechos percibidos por sus sentidos, y autenticados, a través de su narración, en el medio legal instrumentado al efecto.
Principios y requisitos de la certificación
LA DACIÓN DE FE El cumplimiento de este requisito contribuye a sostener la doctrina que la certificación notarial es un instrumento público, que respeta todos sus recaudos. El notario, debe observar este precepto.
LA INMEDIACIÓN Este principio es la evidencia directa del hecho que tiene el escribano y su inmediatez en el mismo.
Asesoría de Aforo Notarial y Comisión de Legislación del Colegio de Escribanos de la provincia de Córdoba. Revista Notarial Nº 64, pág. 155.
Exige que el notario esté presente en el acto de la certificación de firma, y que el proceso se desarrolle, respetando la coetaneidad con el firmante. La inmediación obliga, entonces, a la existencia simultánea de escribano y requirente al momento de la autenticación. La intervención del escribano otorga fe pública al hecho de la signatura de un individuo, en un instrumento, en un momento y lugar determinados (o de su impresión digital en los supuestos legales) La inmediación cumplida debidamente, es una de las causas responsables de conferir a la certificación respectiva de fecha, lugar y firma, ciertos. Y a partir de ello la comunidad toda encuentra garantía de la seguridad jurídica, que impregna de valor a los actos jurídicos con intervención notarial. El instrumento privado puede haber sido signado con anterioridad a la certificación, o en lugar distinto a ella. En el primer caso, la intervención notarial de circunscribe a efectuar la ratificación de la o las firmas, con el mismo proceso e idénticos recaudos que la autenticación. El segundo supuesto, el escribano debe dejar constancia que el documento ha sido en otra ciudad, y proceder a certificar las firmas, o ratificarlas, según el caso.
LA CALIFICACIÓN Si bien el escribano sólo certifica la firma y justifica la identidad del firmante, es deber inherente a su función pública, el hecho de calificar debidamente el documento privado, donde asentará su atestación, el documento no puede ser inmoral, contrario a la legislación vigente, o a los buenos usos y costumbres. Esto es importante ya que contribuye a mantener la indemnidad de la seguridad jurídica, que transmite la intervención notarial, en su ejercicio fedante. Esta tarea la cumple no solo como funcionario público, sino también como perito en derecho. Su inobservancia le puede ocasionar responsabilidad disciplinaria y en su caso, civil (si se demuestran daños y perjuicios).
ANÁLISIS DE CASOS ESPECIALES •
CERTIFICACIONES DE FIRMAS EN DOCUMENTOS EN BLANCO
Para el caso que el requirente solicite autenticar su firma en un instrumento de esta categoría, podemos encontrarnos con dos opciones:
1) Que el documento se encuentre totalmente en blanco:
La normativa de fondo, el Código Civil, en su Art. 1016, prevé: “La firma puede ser dada en blanco, antes de la redacción por escrito. Después de llenado el acto por la parte a la cual se ha confiado, hace fe siendo reconocida la firma”.
Permitiendo de esta forma la ley, firmar instrumentos que se encuentran totalmente en blanco, el escribano puede certificar la firma que obre en un documento que se halle en esas condiciones.
2) Instrumentos parcialmente en blanco:
Se admite asimismo el supuesto en análisis. El escribano se limita a dejar constancia que el documento se encuentra parcialmente en blanco, como medio de resguardo tanto del instrumento cuanto del notario.
Dos supuestos específicos…
Caso1º. La certificación de firmas en formularios relativos a automotores: En la medida que las legislaciones orgánicas lo permitan, los ítems no esenciales podrán encontrarse en blanco, pero el notario deberá dejar constancia de tal supuesto. En respuesta a una consulta, la Comisión Central del Colegio de escribanos de la Provincia de Buenos Aires, tuvo la oportunidad de señalar que se permite la legalización colegial de la firma del escribano en una autenticación efectuada en un formulario 08 con espacios en blanco, toda vez que el notario haya hecho constar expresamente en la foja, cuáles son los datos que faltaban en el instrumento presentado para autenticar la firma. Criterio que en definitiva imperó también en otras regulaciones como en la provincia de Córdoba.
Caso 2º. La certificación de firmas en cartas-poderes: El Instituto Argentino de Derecho Notarial, en el año 1973, emitió un dictamen en mayoría, relativo a este tema, que en su esencia sostuvo que dichas cartas-poderes pueden ser confeccionadas y suscriptas, dejando el nombre del apoderado o mandatario en blanco. Asimismo, expresó que se admite la certificación de la firma del requirente en tales circunstancias, siempre que de ello se deje constancia. Sin perjuicio de ello, varios autores se pronunciaron por la negativa respecto a este tema, es decir, el escribano debe abstenerse de efectuar tal certificación. •
La impresión digital es un signo objetivo que, por sí mismo, sólo contribuye a acreditar la identidad del firmante. No alcanza para que la persona manifieste su voluntad ni exprese su conformidad con un acto o negocio. En consecuencia, el signo dactilar no puede equipararse a la firma ni sustituir la misma. Los instrumentos privados de acuerdo al Art. 1012 del C.C., requieren como condición esencial de existencia y validez, el hecho que estén firmados por las partes. Al respecto se han elaborado tres tesis doctrinarias:
1) Para la primera postura, el signo dactilar no vale como firma, ya que es simplemente una marca o señal que no acredita conformidad con el instrumento, ni demuestra un gesto volitivo de su autor. Sostienen los seguidores de esta corriente, que su ineficacia se deriva del propio Art. 1014, el que dispone: “Ninguna persona puede ser obligada a reconocer un instrumento que esté sólo firmado por iniciales o signos….” Se encuentra en esta doctrina, Salvat, Zanoni, Raymundo, entre otros.
2) La segunda corriente sostiene que la impresión digital vale como firma, ya que la misma, de algún modo, implica conformidad. Expresan de esta manera, que el instrumento privado puede considerarse suscripto por las partes (aunque en realidad tenga el estampado de la impresión dactilar). Se enrolan entre sus seguidores, los juristas Tobal y Spota.
3) La tercera postura proclama que no vale como firma, pero señala que el caso queda comprendido en los documentos privados individualizados por el Art. 1190 del C.C. como “instrumentos particulares no firmados”. Pueden servir como principio de prueba por escrito, si reúnen los presupuestos del Art. 1192, 2º párrafo. Entre sus seguidores se encuentran Llambias y Enrique Díaz de Guijarro
En cuanto al tema puntual de este acápite, sólo en circunstancias excepcionales y debidamente previstas por ley especial, el escribano puede certificar las impresiones digitales de sus requirentes en los documentos privados destinados al efecto. Es lo que sucede en materia de leyes provisionales y laborales. Entre estas últimas se encuentra la Ley 20.744 y sus modificatorias, la cual permite usar la impresión dactilar en aquellas hipótesis en que el trabajador no pueda o no sepa firmar, pero la validez del contrato dependerá de los diferentes elementos probatorios que acrediten la efectiva concreción del mismo. Encontramos disposiciones similares en los formularios de poderes para actuar ante el ANSES o frente a determinadas obras sociales, entes provisionales de jubilación.
El notario, obligatoriamente, debe consignar en el texto de la autentificación de impresiones digitales: a. Los motivos por los cuales el requirente estampa el signo dactilar. b. Indicar a qué mano y a qué dedo corresponde la huella digital estampada. c. Es de buena práctica que el escribano consigne, además, que procede a certificar una impresión, en virtud de que la misma se encuentra autorizada por determinada ley, la cual es conveniente identificar. O bien señale que, el documento privado que se va a certificar se encuadra entre los presupuestos de las reglamentaciones legales de dicho organismo, en los cuales la huella digital vale como firma.
SÍNTESIS DE LOS RECAUDOS A INSTRUMENTAR… Tanto en el supuesto de certificación de firma como de impresión dactilar, deben cumplirse dos requisitos ineludibles: 1) Que la misma sea colocada en presencia del escribano 2) Que se justifique la identidad del compareciente y se asienten los datos requeridos por las normas vigentes. •
CERTIFICACIÓN DE REPRODUCCIONES O FOTOCOPIAS
Es el procedimiento por el cual el escribano constata que la reproducción que le presenta el requirente, es copia fiel de su original, el que también le es exhibido. La certificación de fotocopias, consiste en el proceso mediante el cual, el notario, teniendo a la vista el documento original del instrumento que la parte pretende certificar, procede a colocar una atestación en la fotocopia, que la relaciona con la foja de actuación notarial que completa, firma y anexa. En esta última, el escribano debe dejar constancia del lugar y fecha, número de registro, cargo en el que actúa y de la cantidad de fojas que está legalizando, todo bajo sello y firma del escribano.
Cuando se requiera la certificación de firma en documentos que se le presenten ya firmados, el Notario exigirá nueva firma de los mismos en su presencia y dejará constancia de ello en el acta respectiva y en los documentos de que se trate. •
En la certificación de la existencia de personas se dejará constancia de la presencia del interesado en el momento de expedirse y del conocimiento de dicha persona, -por parte del Escribano o del medio por el cual se identificó ante él-.
REGLAMENTO DEL LIBRO REGISTRO DE INTERVENCIONES
CERTIFICACIÓN DE FIRMAS. ACTUACIÓN EXTRAPROTOCOLAR DEL ESCRIBANO. ACTA DE CONSTATACIÓN. ACTA DE CONSTATACIÓN EN EL TRÁMITE DE EJECUCIÓN
HIPOTECARIA EXTRAJUDICIAL.
MODELOS DE ACTAS NOTARIALES: ACTA DE CONSTATACIÓN; ACTA DE NOTIFICACIÓN E INTIMACIÓN; ACTA DE SORTEO.
La necesidad de reglamentar el “Registro de Intervenciones”, facultad acordada al Colegio de Escribanos de Córdoba en el artículo 13º in fine de la Ley Orgánica Notarial Nº 4183 (t.o.) y el artículo 20º del Decreto Reglamentario, y
CONSIDERANDO: Que el Libro “Registro de Intervenciones” ha sido estatuido por la Ley para que en él se deje constancia de la intervención del Notario en todos los actos no protocolares y que, en general, no requieran la formalidad de la escritura pública, bajo la forma de actas. (Arts. 12º y 13º de la Ley 4183).
Que dichas actas en los términos del inciso 2º del artículo 979 del C.C. son verdaderos instrumentos públicos, al igual que las certificaciones que según sus constancias expidan los Escribanos Públicos.
Que en virtud de las especiales consecuencias y efectos que la ley acuerda a esta clase de documentos y del interés público que exige seguridad y certeza en las relaciones jurídicas, hace necesario que estas actas, en su aspecto formal, requieran un particular rigorismo, como un medio de servir lo más eficazmente posible a los intereses en juego.
Que de conformidad a la corriente doctrinaria y jurisprudencial que entiende como enunciativa la enumeración del artículo 1035 del C.C. y, por lo tanto, una pauta o principio general que admite otros medios aptos para otorgar “fecha cierta” a los actos y hechos, siempre y cuando no den lugar a duda alguna respecto al momento en que los hechos se han producido, se impone la necesidad de rodear al “Registro de Intervenciones” de todas las exigencias de seguridad y certeza, a la manera de un verdadero protocolo de actas.
Que revistiendo a los documentos de que se trata de las mayores garantías formales se crea el marco idóneo para sostener el prestigio del Notariado, otorgándole probidad y certeza moral a los actos en que interviene un Escribano Público.
Por todo ello y en ejercicio de las facultades que la Ley le acuerda, el Honorable Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, RESUELVE: dictar el siguiente REGLAMENTO DEL LIBRO REGISTRO DE INTERVENCIONES:
Art. 1: Quedan establecidas mediante el presente Reglamento las normas que regularán la utilización del Libro “Registro de Intervenciones”, a cuyo cumplimiento quedan obligados todos los Escribanos Titulares del Registro, Adscriptos y Suplentes en ejercicio en jurisdicción de la Provincia de Córdoba.
Contenido Art. 2: Cada Registro Notarial llevará un Libro “Registro de Intervenciones” en el que se anotarán por orden cronológico y en forma de acta las intervenciones extraprotocolares que no requieran la formalidad de la escritura pública. Art. 3: El Libro “Registro de Intervenciones” no tiene carácter sustitutivo del Protocolo Notarial y consecuentemente no podrán extenderse en aquél los actos o contratos que por las leyes de fondo deben labrarse bajo la forma de escritura pública o por instrumento privado. Art. 4: Las intervenciones extraprotocolares no son excluyentes de su formalización protocolar por medio de escritura pública cuando así lo requieran los interesados o lo juzgare el Escribano.
Integridad y Conservación Art. 5: Los Escribanos Titulares de Registro son responsables de la integridad y conservación del Libro “Registro de Intervenciones”.
Normas Supletorias Art. 6: Al Libro “Registro de Intervenciones” le son aplicables supletoriamente, en los supuestos no reglamentados por el presente, las normas contenidas en la Sección lll, Del Protocolo y de las Escrituras Públicas, Capítulos l y ll, de la Ley Orgánica Notarial 4183 (t.o.).
Forma de Llevarlo Art. 7: En el primer folio del Libro “Registro de Intervenciones” se extenderá la habilitación del Tribunal de Disciplina Notarial, que consignará el número que le corresponda en el Registro a que está asignado, el número y asiento de éste, la fecha de habilitación del Libro y la firma y sello del Presidente o un Vocal y del Secretario. En los folios sucesivos se extenderán las actas en la forma establecida en el Art. 52, Ley 4183 –T.O. 1975. Art. 8: El Libro “Registro de Intervenciones” se abrirá cada año en cabeza de foja, con una constancia que indique el número de Registro Notarial respectivo y el año a que corresponda. Igual nota pero de clausura corresponderá extenderse por el escribano titular al finalizar cada año o a la terminación de cada libro, expresando el número de actas extendidas, las que no pasaron y todo otro dato relevante a juicio del Escribano. Cada acta deberá iniciarse en el primer renglón hábil a continuación del acta inmediata anterior, por orden cronológico y numeradas correlativamente dentro de cada año. Las enmiendas, raspados y demás correcciones se salvarán al final de cada acta de puño y letra del Escribano.
Inspección y Vigilancia Art. 9: El Libro “Registro de Intervenciones” está sujeto a inspección y vigilancia del Tribunal de Disciplina Notarial conforme a las atribuciones del mismo derivadas de la respectiva ley que las establece.
Encuadernación Art. 10: El Libro “Registro de Intervenciones” deberá ser encuadernado en tomos que no excedan las doscientas cincuenta páginas. En el lomo de cada tomo se hará constar el número de Registro, nombre del Escribano Titular y Adscripto, número del libro si lo hubiere y período que corresponda.
Requisitos de las Actas Requisitos Generales: Art. 11: En los documentos extraprotocolares, sin perjuicio de lo que les sea aplicable como consecuencia de las disposiciones del Código Civil y otras leyes de fondo, se expresará: a) Número de orden que le corresponda al acta en el Libro “Registro de Intervenciones”. b) Lugar y fecha del otorgamiento y otros datos cronológicos cuando así lo requieran las leyes, las particularidades de su contenido o lo juzgare el Escribano. c) Nombres y apellido completos del requirente, domicilio, documento de identidad exhibido y/o fe de conocimiento y habilidad del firmante. d) Las circunstancias relacionadas con el requerimiento y con las situaciones, cosas, documentos y personas objeto de la atestación. e) Que los hechos le constan al Escribano por percepción directa o de otra manera. Cuando la evidencia se funde en documentos, si le han sido exhibidos y las referencias tendientes a la identificación y al lugar donde se encuentran.
Requisitos Particulares Certificación de Firmas e Impresiones Digitales Art. 12: En la certificación de firmas e impresiones digitales, además de lo establecido en el artículo 11º, se deberá consignar en las actas respectivas que la firma o impresión digital han sido puestas en presencia del Notario actuante.
Prohibición Art. 13: No se certificarán firmas o impresiones digitales puestas en documentos con espacios en blanco, salvo que el Escribano deje constancia en el Libro “Registro de Intervenciones” y en el texto de la certificación de dicha circunstancia en forma precisa.
El Escribano denegará la prestación de funciones si el documento contuviere disposiciones contrarias a las leyes, a la moral y/o a las buenas costumbres.
Documentos Firmados Art. 14: Cuando se requiera la certificación de firma en documentos que se le presenten ya firmados, el Notario exigirá nueva firma de los mismos en su presencia y dejará constancia de ello en el acta respectiva y en los documentos de que se trate.
Existencia de Personas Art. 15: En la certificación de la existencia de personas se dejará constancia de la presencia del interesado en el momento de expedirse y del conocimiento de dicha persona, -por parte del Escribano o del medio por el cual se identificó ante él-.
Asiento de Libros Art. 16: En la certificación de asientos de libros de actas, de correspondencia, laborales, de comercio u otros, se expresará el nombre de la persona individual o colectiva a la que pertenece y si los libros se hallan o no rubricados. Deberá indicarse la ubicación del asiento y si lo que se certifica es de tenor literal o extracto. Las certificaciones podrán practicarse con respecto a constancias de libros o documentación de personas colectivas o individuales que tengan su domicilio fuera del asiento del Registro, siempre que la exhibición se efectúe dentro de su ámbito de competencia territorial. En las certificaciones enumeradas en el presente artículo, no será obligatorio dejar constancia de la diligencia practicada en el Libro “Registro de Intervenciones”, salvo cuando requieran los interesados o lo juzgare el Escribano. así lo
Remisión de Correspondencia Art. 17: En los casos de certificación sobre envío de correspondencia, el despacho al destinatario estará a cargo del Escribano actuante, quien individualizará los documentos a remitir en el acta del “Registro de Intervenciones” y dejará constancia de su intervención en todos los ejemplares despachados. Anexará al folio correspondiente los comprobantes que le suministre la Oficina Postal de remisión, copia auténtica de ellos o los relacionará en el acta identificándolos con precisión.
Representación y Poderes Art. 18: Al certificar la existencia de representaciones y poderes se deberá especificar la naturaleza del documento exhibido al Escribano y los datos que sirvan para su individualización. Se dejará además constancia de la suficiencia de las facultades otorgadas a los representantes y mandatarios según los documentos exhibidos respecto del acto de que se trata.
Fotocopias, Fotografías y otras Reproducciones Art. 19: La certificación de fotocopias, fotografías y otras reproducciones se harán dejando constancia que corresponden a cosas o documentos que se han cotejado, relacionando toda circunstancia tendiente a identificarlos y establecer su correspondencia con la realidad. Estas certificaciones quedan excluidas de la obligación de su registración en el “Libro de Intervenciones”, salvo cuando así lo requieran los interesados o lo juzgare el Escribano
Otras Certificaciones Art. 20: Se dejará constancia de la intervención notarial en las siguientes certificaciones: d) e) En la recepción de sumas de dinero, títulos, valores y otros documentos. En los cargos de los escritos que deban presentarse a las autoridades judiciales o administrativas cuando fueren entregados en horas inhábiles. f) En la certificación de reproducciones completas o parciales y sus extractos de todo documento público o privado. En todos los casos deberán consignarse en el acta del “Registro de Intervenciones” y en el texto de la intervención notarial y en los documentos en que se tratan las circunstancias que permitan la perfecta individualización de los mismos.
Requisitos del Texto Documental de la Certificación
Art. 21: De la actuación notarial en el “Registro de Intervenciones” se dejará constancia en los documentos extraprotocolares objeto de la certificación. Esta certificación se extenderá en forma manuscrita, mecanografiada, o mediante un sello tipo con llenado de los claros, al pie del documento que se certifica que deberá reponerse con marbetes de actuación notarial. Cuando no hubiere espacio suficiente deberá comenzarse en el mismo instrumento y concluirse en una foja de actuación notarial que se agregará. Tratándose de un documento integrado por varias fojas se dejará constancia de ello y cada una de éstas llevará el sello y rúbrica del Escribano certificante.
Art. 22: En las certificaciones extendidas en los documentos extraprotocolares se consignarán las circunstancias relacionadas con el requerimiento, número y folio del acta y número del Libro “Registro de Intervenciones” en el que conste dicho requerimiento, cerrando lo actuado la firma y sello del Escribano.
Interpretación y Modificaciones Art. 23: Compete al Honorable Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba dictaminar, cuando así correspondiere, sobre la interpretación de este Reglamento y modificar las condiciones y requisitos a que debe ajustarse el Libro “Registro de Intervenciones” y las actas que en él se extiendan.
Vigencia Art. 24: El presente Reglamento del “Registro de Intervenciones” entrará en vigencia el día 1º de marzo de 1983.
Modificaciones del Reglamento del Libro Registro de Intervenciones
En sesión del Honorable Consejo Directivo de fecha 25/02/02, se resolvió modificar el Reglamento, agregando en el art. 11 inc. d), lo siguiente: El Escribano deberá consignar en el acta que labre en el “Registro Libro de Intervenciones”, el número de Sello de Actuación Notarial o de Marbete utilizado con motivo de su intervención en las autenticaciones de firmas. La presente modificación comenzará a regir a partir del día 1º de abril de 2002. (publicado en Circular nº 6 del 08/03/02).
Modificaciones del Reglamento del Libro de Registro de Intervenciones (Aprobado en sesión del H. Consejo Directivo de fecha 28.05.07)
Se dispuso modificar el Reglamento del Libro Registro de Intervenciones, agregando el siguiente artículo: “Art. 18 bis. En el acta que se autorice en el Libro y en el texto de la certificación de firmas que se realice en toda autorización por parte de los padres a favor de sus hijos menores, se deberá colocar que se ha tenido a la vista la documentación que acredita el vínculo filial, con referencia concreta a los datos que individualicen la misma. (Ej. Inscripción del Acta de Nacimiento de los menores con número, folio, tomo, año)”
Modificaciones del Reglamento del Libro de Registro de Intervenciones CERTIFICACIONES DE FIRMAS EN FORMULARIOS DEL REGISTRO NACIONAL DEL AUTOMOTOR Desde el 15 de abril de 2001 todas las CERTIFICACIONES DE FIRMAS deben ser realizadas por los notarios en formularios del Registro Nacional de Automotores deben ser formalizadas en una foja de Actuación Notarial. Relacionando en el duplicado y triplicado el número de Fojas de Actuación Notarial en la que consta la autenticación. Desde la modificación del ART. 1001 Y 1002 del Código Civil se debe determinar en el texto
de la certificación el modo en que se realizó la identificación del firmante.
“a.3. Consignará la forma en que hubiere justificado la identidad del firmante en los términos del artículo 1002 del Código Civil.”
JURISPRUDENCIA Nº 1: CERTIFICACION DE FIRMA ~ FECHA CIERTA ~ FECHA DEL INSTRUMENTO ~ INSTRUMENTO PRIVADO ~ JUEZ DE PAZ ~ TERCERIA ~ TERCERIA DE DOMINIO ~ VALOR PROBATORIO
Tribunal: Cámara en lo Civil, Comercial, de Familia y del Trabajo de Marcos Juárez (CCivComFamiliayTrabMarcosJuarez) Fecha: 25/02/2005 Partes: Técnica Agrointegral S.R.L. c. Baldessone, Alberto O.
Hechos: La Cámara rechaza el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que no hace lugar a la tercería de dominio deducida basándose en un contrato de arrendamiento cuya firma fue certificada ante el juez de paz, sin la participación de dos testigos.
Sumarios: 1. Es improcedente la tercería de dominio que se basa en un contrato de arrendamiento cuya certificación de firmas fue hecha por el juez de paz del lugar sin haber sido refrendada por testigos de actuación, toda vez que esa simple certificación no le da el carácter de instrumento publico ni acredita la fecha cierta requerida.
Texto Completo: 2ª Instancia.- Marcos Juárez, febrero 25 de 2005. Considerando: I. Los agravios. Sostiene el recurrente en sus agravios que la resolución que ordena el levantamiento de embargo se basa en un contrato absolutamente falso, cuyas fechas de celebración y certificaciones de firmas son igualmente falsas, y en testimonios contradictorios y teñidos de parcialidad. Manifiesta que el contrato acompañado es consecuencia de una maniobra fraudulenta en la que tuvo especial participación la Juez de Paz de Los Surgentes, mediante la certificación de firmas, tendiente a perjudicar sus derechos. Sostiene que el a quo se equivoca cuando sostiene que no surge del acto que Baldessone estaba presente al momento de la traba del embargo, cuando ello no surge del acta pertinente, resultando obvia su presencia atento los términos de la misma. Resalta que las certificaciones de firmas fueron realizadas en diferentes fechas y una de ellas un día feriado, lo que resalta la falsedad de aquel contrato, ya que el juez interviniente no tuvo en cuenta al momento de inventar la certificación retroactiva de aquella firma que el día
referido era inhábil. Pasa luego a relacionar los testimonios de Pellizón y Rozzi a las que califica de contradictorias, por lo que sostiene que no debieron ser valoradas para fundar su decisión, ya que ello importaba una incorrecta valoración de la prueba. Insiste con la falta de fecha cierta del contrato de arrendamiento, independientemente de su falsedad, porque la certificación de firma no se lo confiere, ya que no está comprendida en ninguna de las hipótesis previstas en el art. 1035, CC y el a quo omite aplicar al caso lo previsto en el código civil argentino, máxime cuando las firmas insertas en aquél contrato, no fueron registradas en ningún libro. Por último manifiesta que al momento de la certificación por parte de la Juez de Paz, actuaba como escribano E. T., por lo que, para obtener fecha cierta el contrato de arrendamiento, tendría que haber certificado las firmas el mencionado escribano. II. La solución. II.1. La exigencia de la fecha cierta en un instrumento privado, implica evitar una posible situación de fraude o perjuicio en relación a los sucesores singulares de las partes o a terceros, que es lo que aquí, con su cuestionamiento se pretende evitar.II.2. Si bien debemos destacar que la actuación del juez de paz en la certificación de las firmas en un contrato de arrendamiento, es de las autorizadas expresamente por la ley (art. 40, ley 13.246 t. o. ley 22.298) y no como lo plantea el apelante cuestionando impropiamente esa competencia, le asiste razón en cuanto en el particular, esa sola circunstancia, no le confiere el estatus de fecha cierta. II.2.a. En primer lugar, porque esa simple certificación no le da carácter de instrumento público, sino que sigue siendo privado (conf. CNCiv., sala F, JA, 1974-21-534 y sala A 08/07/1994, "Orlievsky Roberto c. Aiz Saúl, Escrituración", LexisNxis On line n 10-7170). Como tal, queda aprehendido en las disposiciones del art. 1035 del Código Civil, porque si bien -como se dijo- no resulta cuestionable la competencia del Juez de Paz para esa función, esa simple certificación de firmas en días alternativos, carece de aptitud de actuación, cuando no es refrendada por Secretario o testigos de actuación, según el caso (arg. art. 53, ley 8435; "La admisión de otros casos que no se subsuman en uno de los supuestos de hecho mencionados en el art. 1035 del CC para la adquisición de fecha cierta en los instrumentos privados, está condicionada a la concurrencia de circunstancias inequívocas que conduzcan a una certeza moral de la fecha cierta del instrumento y tal prueba debe incidir en contra de quien pretenda hacer valer las estipulaciones asentadas en el instrumento privado (conf. Llambías "Código Civil Anotado", T. II-B, p. 203; Belluscio- Zannoni "Código Civil...", T. VI, p. 669; Spota "Tratado Parte General, vol. 9 p. 800 n 2141; Borda "Tratado...Parte General", T. II, p. 173 N° 942; Falcón "Código Procesal...", T. III, ps. 206-207; Fenochietto-Arazi, "Código Procesal...", T. 2 p. 366; C.N.Civ. sala A "Chaine c. Constenia s/ escrituración", del 9/2/88; id. sala D R.63905 dl 13/3/90) CNCiv. sala A 08/07/1994, "Orlievsky Roberto c. Aiz Saúl s. Escrituración"), tal como se desprende del documento de fojas 3; todo ello independientemente de la falsedad ideológica
que revela el testimonio de la propia firmante respecto de las fechas en que se habría producido ese hecho (fs. 55 vta.), que lo complica aún más. II.2.b. En ese mismo sentido, no encontrándose protocolizado o archivado en protocolo o libro alguno, de adoptar la tesis amplia y aplicar analógicamente la disposición del inciso segundo del art. 1035, CC al particular, cuando se trata la de certificar firmas en los contratos de arrendamientos rurales de una actuación de competencia del juez de paz, evidentemente debió ello ser realizado ante dos testigos de actuación, lo que no ocurrió (en igual sentido: "El art. 1035 del Código Civil, prevé el caso de reconocimiento del instrumento ante un escribano y dos testigos que lo firmaren y no es posible por vía interpretativa, crear un supuesto de fecha cierta ya previsto por el código parcelando su contenido y haciendo caso omiso de la fundamental exigencia de la firma de dos testigos presenciales (SCBA LA LEY, 149-533, cit. por Llambías, II-B p. 205). II.3. Desacreditada de esa forma la fecha cierta pretendida dar al instrumento privado en que se basa la tercería, la misma es improcedente, por lo que debe acogerse el recurso, revocando la resolución de primera instancia. II.4. Las costas en ambas instancias se deben imponer al tercerista que resulta vencido, difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad. Por lo expuesto el Tribunal resuelve: I. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el doctor A. J. R., interpuesto a fs. 134 en contra del Auto Interlocutorio Número Doscientos cincuenta y ocho de fecha veintisiete de mayo de dos mil cuatro. II. Imponer las costas en ambas instancias al tercerista vencido. III. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes doctores A. J. R. y G. M. R. para su oportunidad. IV. Protocolícese, hágase saber y oportunamente bajen, dejándose constancia que el doctor Luis Mario Sosa (h.), no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia compensatoria del mes de enero (art. 382 del C de PC y C t. o. ley 9129). - Carlos A. Conti. - Carlos F. García Allocco. - Juan A. Namur.
JURISPRUDENCIA Nº 2: CERTIFICACION DE FIRMA ~ PERSONERIA ~ PODER ~ REPRESENTACION PROCESAL
Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Contenciosoadministrativo de San Francisco(CCivComyContenciosoadministrativoSanFrancisco) Fecha: 28/05/1993 Partes: Ruiz, Mario R. c. Porporato, René A. y otra
Sumarios: 1. Cuando se acompaña carta-poder otorgada por cada uno de los demandados a favor de sus respectivos letrados, para que el tribunal tenga presente el poder otorgado en su representación judicial, es necesario al momento de su presentación que esté cumplida la
condición especial de la certificación de la firma. 2. Al presentarse al tribunal una "carta-poder" ya debe estar completa con la firma del poderdante y la certificación correspondiente, y para el caso de pretender que lo sea el propio secretario del juzgado pertinente, se deben tomar las prioridades en el tiempo, es decir el interesado debe hacer firmar al poderdante ante el funcionario y este sin dilatación en el tiempo certificar dicha firma, y luego acompañarlo a las presentaciones judiciales pertinentes, en donde se pide participación, su pretensión de parte y domicilio constituido, pues mientras esto no se haya cumplido, no existe como poder y, por ende, no son admisibles las peticiones formuladas al tribunal invocando tal representación.
Texto Completo: 2ª Instancia.- San Francisco, mayo 28 de 1993. Considerando: I. Que presentada demanda ejecutiva por parte de la actora, a fs. 7/8 y 10/11 comparecen los demandados por separado, oponiendo excepciones y acompañando cartapoder cada uno de ellos a favor de los doctores Cornaglia, la señora de Porporato y el doctor Cubría por el demandado Porporato. II. Que a fs. 13 corre una manifestación del doctor Ruiz, actor en autos, sosteniendo que las carta-poder acompañadas a fs. 6 y 9 por sendos abogados, no lo han sido con las formalidades de ley, por lo que no habiendo acreditado personería se deben desglosar tanto el poder, como la oposición de excepciones. Que falta un requisito especial que es la firma del secretario y esto no ha podido ser por ausencia del tribunal de la misma (escrito presentado el 27/10/92). Que esto motivó que la titular del juzgado, a fs. 16 y con fecha 28/10/92 pidiera informe a la titular de la secretaría Nº 4, a cargo supletoriamente de la secretaría Nº 3. Esta informa que las actuaciones en la fecha referida del 19/10/92, no fueron pasadas a despacho, no habiendo la misma tomado conocimiento de los escritos acompañados. A fs. 17 la juez, pide nuevo informe a la secretaría titular nº 3 y a su personal, quienes informan de que en la fecha y hora indicada en el cargo de los escritos, comparecieron los señores Porporato trayendo las respectivas carta-poderes y escritos, firmando los primeros ante un auxiliar, quien previa comprobación de identidades y recibiendo los escritos, pasa el expediente para decretar. Que luego se apersonó uno de los letrados y un auxiliar requiere cédula de notificación para verificar si estaba en fecha procesal para oponer las excepciones, comprometiéndose el doctor Cubría a traerle, lo que motivó que se pusieran los autos en el casillero correspondiente. Textualmente informa la secretaría titular del juzgado a fs. 17 "Que practicada la averiguación correspondiente al personal de la secretaría, se me informó lo siguiente: que en la fecha y hora indicada en el sello de cargo de los escritos, comparecieron personalmente los señores Porporato trayendo las respectivas cartas-poderes y escritos, firmando las primeras ante la auxiliar Damia, quien previa comprobación de las identidades y recibo de los escritos, devolvió las copias y cédulas de notificación, pasando el expediente para decretar. Que luego se apersonó el doctor Cubría y el oficial Bertotti le requirió las cédulas de notificación a los fines de comprobar la temporaneidad de la oposición de excepciones, prometiéndole al doctor Cubría
acompañarlas, por lo cual los escritos no fueron proveídos ni los mandatos firmados, poniéndose el expediente en el casillero correspondiente". Que ello motiva, con fecha 2/11/92 que la juez decretara lo siguiente "Atento al informe precedente, téngase por acreditada la personería al tiempo de presentarse los escritos de oposición de excepciones y en su consecuencia, téngase a los comparecientes por presentados, por parte en el carácter invocado y con domicilio constituido. Por opuestas las excepciones de falta de personería del actor e inhabilidad de título opuestas, traslado al ejecutante por el término de 6 días, bajo apercibimiento. Notifíquese". II. Que a fs. 19/22, el actor opone recurso de reposición con el de apelación en subsidio del decreto antes transcripto sosteniendo que debe revocarse el decreto, con rechazo y desglose de los escritos y poder cuestionado por que, en síntesis, se admite un sendo instrumento que no corresponde en la instancia que se presente; b) se admite sin la firma certificada, lo que viola la solemnidad del acto y c) admite acreditada personería y da por presentadas las excepciones, otorga participación y los tiene por parte, lo que impugna, y menos aún que se tengan por opuestas las excepciones. Que analiza los hechos cronológicamente como se han transcripto ut supra y sostiene que no corresponde admitir el "poder apud-acta" como corre a fs. 6 y 9, al no estar firmado por el Secretario o por los que la ley procesal admite, violando las disposiciones del art. 1184 inc. 7, 1870 inc. 6, Cód. Civil y art. 27 del Cód. de Proced. Civil. Que los únicos responsables son los demandados quienes deben velar y controlar los actos procesales y no el tribunal ni su personal. Aquellos son los obligados y responsables de acreditar la calidad que invisten en legal forma, es decir con todas las formalidades que la ley requiere y no como en el caso de presentar una carta-poder sin la firma del poderdante autenticada. Que esto es nulo y por lo tanto, ataca la admisión que se ha dado a los comparecientes en el decreto de fs. 18 ya que no está acreditada, aun a esa fecha, la calidad de su personería, por lo que no puede tenerlos por presentado, por parte con domicilio constituido y tampoco por opuestas las excepciones en término. III. A fs. 23/24 contesta el traslado corrido el actor, y a fs. 30/33 corre el auto interlocutorio nº 51 del 22/3/93, en donde el titular del juzgado rechaza el recurso de reposición y concede la apelación en subsidio, invocando que, previamente a un análisis de los hechos cronológicos ocurridos, pese a que los poderes no se firmaron en el día por la secretaria reemplazante del juzgado y guardado el expediente en casillero en esas condiciones, por el art. 27 del Cód. de Proced. Civil esa forma de poder es especial ya que todas las facultades en él enumeradas están destinadas a una acción determinada, luego describe a la carta-poder y sus partes componentes sosteniendo que existe un instrumento privado y lo firma el poder-dante, y la necesidad de la certificación y firma del secretario judicial que es instrumento público. Que en el caso, ante la ausencia de la secretaria titular y el reemplazo por la secretaria de turno, la omisión de la firma y el pasar los autos a despacho son errores formales, pero que no pueden ser imputados a los demandados que correctamente asistieron al tribunal a firmar y hacer autenticar sus firmas. Que hacer prevalecer la formalidad frente a la verdad real, sólo lleva a la
injusticia contra quienes ninguna culpa han tenido. Por tales argumentos rechaza la reposición, mantiene el decreto impugnado, y concede la apelación en subsidio, con imposición de costas al recurrente. IV. Que a fs. 38/39, una vez elevados los autos al tribunal de alzada, corre la expresión de agravios del recurrente, fundándolos en síntesis que el tribunal falla, haciéndose cargo de los errores procesales, pero desligando a los demandados de ello, cuando en realidad la verdad real es que los "poderes apud-acta" acompañados, no fueron suscriptos nunca por la secretaria, tal como lo exige el art. 27 del Cód. de Proced. Civil, lo que de por sí hace todo lo otro innecesario, pues la verdad real que intenta defender el tribunal, es que la parte que comparece, es la que debe presentar la documentación en forma, toda vez que el impulso procesal es de las partes y no del tribunal. Si existen falencias procesales internas, es a los interesados a los que incumbe enderezarlos. Que admitir lo que se ha hecho es admitir la violación de las formas y solemnidades de la ley prescripta tanto por la ley sustantiva como la procesal (arts. 12.950, 973.970 inc. 4, 980, 988, 1184 inc. 7, 1870 inc. 6 y concs., Cód. Civil y 27, Cód. de Proced. Civil). Por los demás argumentos circunstanciales y de hecho que se reiteren, pide se haga lugar al recurso de apelación, con costas al demandado, pues son los responsables directos y legales, tanto para la primera como para la segunda instancia. Que a fs. 42 y 43 corre la contestación por los recurridos, quedando la causa en estado de resolución. V. Que, de acuerdo con el art. 871 del Cód. de Proced. Civil, salvo la aclaración final, "solamente serán recurribles los autos o resoluciones que la ley declara tales", y al no prever nada el Cód. en relación a las providencias que tienen por acreditadas representaciones o que admiten las excepciones, el decreto de fs. 18 era irrecurrible. De suerte que los argumentos esgrimidos en el recurso de reposición con apelación en subsidio de fs. 19/22 se hubiera debido hacer valer en la contestación de las excepciones. No obstante, habiéndose aceptado, tramitado y resuelto dicho recurso de reposición, se impone lo propio respecto del de apelación, pues de lo contrario, si este tribunal se limitara a aplicar el art. 871 del Cód. de Proced. Civil al recurso de apelación, quedaría firme el proveído de fs. 18, con efectos preclusivos. VI. Que en el tema de acreditar la representación de un titular de un derecho por otra persona en el ámbito judicial y dentro del proceso, nuestro art. 27 del Cód. de Proced. Civil contempla las distintas posibilidades y en especial con qué título o documento es necesario acompañar pero peticionar tal representación. Dejado de lado, por no ser el caso de autos, los poderes especiales o generales otorgados por notarios, acorde a las disposiciones del Cód. Civil, la ley de procedimientos dispone la posibilidad de presentar poderes especiales para actuar en cualquier clase de juicios, los que pueden ser otorgados "apud-acta" o por medio de "carta poder" e impone concretamente que los mismos, deben contar con la firma autenticada del poderdante, "por escribano público, juez de paz o secretario judicial". Cuando se acompaña como en autos, carta-poder otorgada por cada uno de los demandados a favor de sus
respectivos letrados, para que el tribunal tenga presente el poder otorgado en su representación judicial, es necesario al momento de su presentación, que está cumplida la condición especial de la certificación de la firma. No se trata de un poder "apud-acta" que es el que se hace en los propios actuados nombrando la parte su apoderado delante del juez, quien lo hace poner en el mismo proceso, luego sólo puede ser otorgado ante el juez y secretario que está en conocimiento de los autos, pero nunca por ante un tribunal extraño. En cambio en la "carta-poder" basta la firma del mandante y que ya está certificada o autenticada por los funcionarios que mencionan el art. 27 del Cód. de Proced. Civil. Así Vénica, "Comentario a la reforma procesal civil y comercial", Ed. García Torralba, en p. 34 al tratar el tema anota este comentario y sostiene que 'en este caso de carta-poder'" el secretario judicial de que habla el artículo puede ser cualquiera, de cualquier grado y fuero, aún del Juzgado de Paz, ya que la ley no distingue. Sólo debe comprobarse la identidad del otorgante...". Esto nos da la pauta que al presentarse al tribunal una "carta-poder" ya debe estar completa con la firma del poderdante y la certificación correspondiente, y para el caso de pretender que lo sea el propio secretario del juzgado pertinente, se deben tomar las prioridades en el tiempo, es decir el interesado debe hacer firmar al poderdante ante el funcionario y este sin dilatación en el tiempo certificar dicha firma, y luego acompañarlo a las presentaciones judiciales pertinentes, en donde se pide participación, su pretensión de parte y domicilio constituido, pues al no hacerla así, se corre el riesgo de lo ocurrido en autos, en donde las carta-poderes de fs. 6 y 9 pese a tener la terminología de una certificación, falta lo única irremplazable para el art. 27 del Cód. de Proced. Civil, que es la firma del funcionario que certifique la firma del poderdante, mientras esto no se haya cumplido, no existe como poder y por ende no son admisibles las peticiones formuladas al tribunal invocando tal representación. Incluso, aun ahora, sigue faltando tal certificación. Que atento a todo lo dicho, las presentaciones de fs. 6 a 11 se deben tener por no presentadas, por revocado el decreto de fs. 18 y el auto interlocutorio número 51 del 22/3/93 corriente a fs. 30/33 de autos, que lo sostiene, con imposición de costas en ambas instancias a los demandados. Por todo lo expuesto y disposiciones legales invocadas: se resuelve: Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto en subsidio y en su consecuencia, dejar sin efecto el decreto corriente a fs. 18 y el auto interlocutorio nº 51 corriente a fs. 30/33, debiéndose tener por presentados los escritos corrientes a fs. 6/11 de autos. Con costas en ambas instancias a cargo de los demandados.Oscar H. Venica.- José F. Blengini.- María A. de Cantagall.
JURISPRUDENCIA Nº 3: ACTA NOTARIAL ~ ESCRIBANO ~ FIRMA CERTIFICADA ~ INSTRUMENTO PUBLICO ~ JUICIO EJECUTIVO ~ PREPARACION DE LA VIA EJECUTIVA ~ TITULO EJECUTIVO
Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contenciosoadministrativo de 1a Nominación de Río Cuarto(CCivComyContenciosoadministrativoRioCuarto)(1aNom) Fecha: 09/06/2000 Partes: Bagley S. A. c. Quiñonez, Humberto T.
Sumarios: 1. La constancia de un documento extraprotocolar de actuación notarial en el Registro de Intervenciones -que debe ser llevado a los efectos de la actuación de los escribanos en todos los actos no protocolares, a la manera de un verdadero protocolo de actas-, que presenta la firma certificada del otorgante, confiere a aquél el carácter de instrumento público en los términos del art. 979 inc. 2° del Cód. Civil. 2. Es innecesaria la preparación de la vía ejecutiva de la constancia de un documento extraprotocolar de actuación notarial en el Registro de Intervenciones -que debe ser llevado a los efectos de la actuación de los escribanos en todos los actos no protocolares, a la manera de un verdadero protocolo de actas-, que presenta la firma certificada del otorgante, ya que el mismo constituye instrumento público. 3. El juicio ejecutivo debe promoverse con un título perfeccionado -en el caso, no surge del instrumento público expedido por un notario, que la deuda reclamada sea exigible-, no siendo posible su saneamiento en el decurso del proceso.
2ª Instancia.- Río Cuarto, junio 9 de 2000. 1ª ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? 2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1ª cuestión.- El doctor Cenzano dijo: I. El pronunciamiento recurrido contiene una relación de causa que reúne los requisitos prescriptos por la ley, por lo que a ella me remito en homenaje a la brevedad, evitando así innecesarias reiteraciones. Elevados los autos a esta Excma. Cámara y corrido que fue a la apelante, el traslado prescripto por el art. 371 del Cód. Procesal Civil, el mismo es evacuado por su apoderado a fs. 183/202 vta., quien manifiesta que la sentencia impugnada no sólo agravia a su representada sino a todo el orden jurídico y al más elemental principio de justicia, de dar a cada uno lo suyo, por cuanto hace lugar a las excepciones planteadas por la demandada, ateniéndose tanto a una falsa premisa como a un rigorismo formal exacerbado. Expresa en primer término que el a quo no ha tenido en cuenta lo dispuesto por el art. 1197
del Cód. Civil, al desconocer que en la cláusula octava del contrato que en copia corre a fs. 13/18, las partes acordaron conferirle el carácter de título ejecutivo por lo que, no resultando alterado el orden público, ni vulnerados principios de raigambre constitucional, como el derecho de defensa o el debido proceso, no podía el sentenciante apartarse de la fuerza ejecutiva convencionalmente otorgada al documento en que se basa la acción deducida en la causa. Sostiene asimismo que la última parte del inc. 1º del art. 518 del Cód. de Proced. Civil, al prescribir que se consideran título ejecutivo los documentos privados declarados tales, se refiere precisamente a los creados por las partes, en tanto reúnan los presupuestos de aquél. En tal sentido invoca la observancia de tales presupuestos, destacando que al estar certificada por escribano público la firma del deudor obrante en el documento ejecutado, se hacía innecesaria la preparación de la vía por medio del respectivo reconocimiento por parte del accionado. Al respecto remarca que surgiendo del fallo traído en crisis, que el fundamento de la decisión radica en la falta de dicho reconocimiento por parte del ejecutado, previo a la ejecución, de la firma que se le atribuye, aquélla carece de todo sustento en virtud de la aludida certificación notarial. Se queja igualmente la recurrente de la supuesta ordinarización del trámite ejecutivo, al haber dispuesto el a quo la apertura a prueba de la causa, señalando asimismo que la resolución cuestionada acarrea a su mandante perjuicios irreparables pues, teniendo en cuenta la importancia económica de la deuda que se pretende ejecutar, el rechazo de la ejecución importa que aquélla deba soportar cuantiosas costas, como así también la necesidad de iniciar un nuevo pleito, posibilitando mientras tanto al deudor, realice maniobras que le faciliten evadir el pago. Destaca igualmente, como otra derivación de la resolución impugnada, la inestabilidad laboral en que quedarán los empleados jerárquicos de la actora, que participaron en la concreción e instrumentación de un convenio declarado inhábil para la vía judicial intentada. Por otra parte pone de resalto la demora insumida en la tramitación de la causa, que atribuye tanto al hecho de haber sido abierta a prueba la misma, como al tiempo en que permaneció a estudio del a quo para el dictado de la sentencia recurrida, circunstancia que, en su opinión, ha lesionado no sólo la garantía constitucional de la defensa en juicio y el derecho al debido proceso, sino que al resolver como lo hizo, apegándose a un bizantino rigor formal, afecta la seguridad jurídica, incrementando el actual descreimiento en la justicia al desconocer tanto la voluntad de las partes como las pruebas rendidas en el pleito, que han acreditado la existencia de la deuda cuya satisfacción se reclama. Por todo lo expuesto, sintéticamente reseñado, solicita la recurrente se revoque la sentencia impugnada, haciéndose lugar a la demanda, con costas, al tiempo que deja planteado el caso federal, efectuando la reserva pertinente. Mediante presentación que corre a fs. 203/210 vta, la apoderada del demandado evacuó el traslado que se le corriera en los términos del art. 372 del Cód. de Proced. Civil, requiriendo el rechazo del recurso interpuesto y la consecuente confirmación de la sentencia impugnada, con imposición de costas al recurrente.
Dictado y consentido el correspondiente decreto de autos, se dispuso el pase de la causa a estudio, concluido el cual el pleito se encuentra en condiciones de ser sentenciado por este tribunal. II. Buena parte de la doctrina y la jurisprudencia se pronuncian en favor de la posibilidad de crear convencionalmente títulos ejecutivos (Daniel Héctor Calatrava, "Título ejecutivo convencional", ED, 97-487/492; Palacio, "Derecho Procesal Civil", t. VII, p. 352, citado por Jorge Donato en "Juicio Ejecutivo", p. 93, Ed. Universidad, año 1989; Hugo Alsina, "Derecho Procesal - Ejecución forzada y ...", t. V, p. 204, Ed. Ediar, año 1962; Hugo Ramacciotti, "Compendio de Derecho Procesal Civil y Comercial de Córdoba", t. 2, p. 317, Ed. Depalma, año 1980; Matilde Zavala de González, "Doctrina Judicial - Solución de casos", t. 2, p. 242, Alveroni, Ed., año 1997; CApel CC Tucumán, 27/03/1981 en "Jabid Olga L. c. Riesznik Isaac y otros", ED, 97-487), coincidiendo en que ello será así siempre y cuando, además, sean observados los requisitos específicos de admisibilidad, esto es los llamados presupuestos del título ejecutivo, extremo que, como se verá luego, no se verifica en el caso de autos. En tal sentido tampoco resulta definitoria del conflicto, la respuesta que se otorgue al segundo de los cuestionamientos de la recurrente, quien sostiene la innecesariedad de la preparación de la vía ejecutiva a los fines del reconocimiento por parte del accionado, de la firma que se le atribuye, inserta en el documento ejecutado, cuando aquélla se encuentra certificada por escribano público. A diferencia de lo que ocurre en el Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación, que en su art. 523 inc. 2º), enumera como título ejecutivo, al "instrumento privado ... cuya firma estuviese certificada por escribano con intervención del obligado y registrada la certificación en el protocolo", nuestro art. 518 no contiene una previsión similar. Habiendo transcurrido casi 30 años entre el dictado de las leyes 17.454 (sancionada el 20/09/1967 y publicada el 07/11/1967) y 8465 (sancionada el 27/04/1995 y publicada el 08/06/1995) y teniendo en cuenta que muchas de las incorporaciones del Cód. de Proced. Civil actualmente vigente en nuestra provincia, han sido tomadas, algunas textualmente, del cuerpo normativo nacional, resulta a mi entender obvio que tal omisión ha sido deliberada. Refiriéndose al segundo de los incisos que integran el artículo 979 del Cód. Civil, autorizada doctrina sostiene que "abarca todas aquellas manifestaciones notariales que no son las escrituras del inc. 1º y que aún pueden llegar a ser extraprotocolares. La más importante de estas expresiones es el acta notarial, que por carecer de una regulación legal a nivel nacional, debe ser estudiada a partir de las respectivas normativas locales" (Alberto Bueres - Elena Highton, "Código Civil comentado", t. 2 C, p. 6, Ed. Hammurabi, año 1999; Belluscio - Zannoni, "Código Civil comentado", t. 4, p. 481, Ed. Astrea, año 1982). En nuestro ámbito provincial la ley 4183, que regula el ejercicio del notariado, prescribe en su art. 13, al igual que en el art. 20 del dec. regl. 2259/75, que a los efectos de la intervención de los escribanos en todos los actos no protocolares, deben llevar un Registro de Intervenciones, cuyas características principales señalan, delegando en Colegio de Escribanos el dictado de las normas de aplicación relacionadas con el funcionamiento de aquél. En cumplimiento de tal delegación legislativa, en
reunión del primero de noviembre de mil novecientos ochenta y dos (01/11/1982), el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba dictó el "Reglamento del Libro Registro de Intervenciones", regulando las intervenciones no protocolares de los notarios de manera puntillosa y pormenorizada, con las formalidades impuestas por la necesidad de rodear al registro en cuestión, conforme rezan los propios considerandos de aquél, "de todas las exigencias de seguridad y certeza, a la manera de un verdadero protocolo de actas". Extendida entonces la certificación, en la forma determinada por la normativa señalada (arts. 13 de la ley provincial 4183, 20 del decreto regl. 2259/75 y Reglamento del Libro Registro de Intervenciones dictado el 01/11/1982 por el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba), cabe concluir que la constancia en un documento extraprotocolar, de la actuación notarial en el Registro de Intervenciones, en el caso certificando la firma del otorgante, confiere a aquél el carácter de instrumento público, en los términos prescriptos por el art. 979, inc. 2º, del Cód. Civil, (Jorge Joaquín Llambías, "Código Civil Anotado", t. II-B, p. 155, Ed. Abeledo Perrot, año 1979; Enrique Falcón, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación anotado, concordado y comentado", p. 619, Ed. Abeledo Perrot, año 1984; Salvat - Romero del Prado, "Derecho Civil Argentino - Parte General", t. II, p. 311/312, Ed. T.E.A., año 1955; Acdeel Salas, "Código Civil anotado", t. 1, p. 485, Ed. Depalma, año 1979; CNCom. sala A, 06/04/1972 en "Vidal Automotores S.A. c. Zastriznij Nicolás", ED, 43-301; CNCiv. sala A, 06/07/1972 en "Campo Argentino S.A. c. Fernández Oscar", ED, 46-139). En consecuencia, corresponde se encuadre al documento que se pretende ejecutar, en el primero de los supuestos contemplados por el inc. 1º del art. 518 del Cód. de Proced. Civil, siendo por ello innecesaria la preparación de la vía ejecutiva, sin perjuicio de lo cual corresponde analizar si aquél reúne, para ser considerado tal, los presupuestos de todo título ejecutivo, esto es "legitimación sustancial, objeto cierto o determinado o fácilmente determinable, plazo vencido y obligación pura o condición cumplida" (Ramacciotti, ob. cit., t. 2, p. 350; Donato, ob. cit, p. 55 y sigtes.; Ramiro Podetti-Guerrero Leconte, "Tratado de las ejecuciones", p. 199 y sigtes., Ed. Ediar, año 1997; Alsina, ob. cit., p. 189 y sigtes.). Sin necesidad de analizar si en el caso ha sido cumplimentado, con la certificación que en copia corre a fs. 19/20, el requisito de completitividad o autosuficiencia del título, lo cierto es que ni de aquélla ni del documento suscripto por el accionado, surge que la deuda reclamada sea exigible, esto es de plazo vencido, tal como lo destacó el demandado en oportunidad de oponer excepciones (fs. 47 vta.). Dicha omisión no puede considerarse subsanada por la pericial contable producida en la causa, pues ello importaría desnaturalizar el proceso ejecutivo, distorsión a la que con vehemencia se ha opuesto la recurrente en su escrito de expresión de agravios. En fallo reciente, esta Excma. Cámara sostuvo que el juicio ejecutivo debe promoverse con un título perfeccionado, no siendo dable sanearlo en el decurso del proceso (Sentencia Nº 6 del 15/03/2000 en "Miatello Francisco c. José María Becerra", Sem. Jur. Nº 1291 del 18/05/2000, pág. 624/625). Consecuentemente a lo expuesto, soy de opinión que resulta ajustada a
derecho la sentencia recurrida, en tanto rechaza la demanda interpuesta, por cuanto ésta se basa en un título inhábil para la procedencia de la ejecución. Los restantes agravios expresados por la recurrente, no constituyen un análisis crítico de los argumentos esgrimidos por el a quo en sustento de la decisión impugnada, por lo que sin perjuicio de haberlos analizado debidamente, considero que su tratamiento explícito resulta absolutamente irrelevante en orden a la decisión que debe adoptar este tribunal, no obstante lo cual me permito destacar la inexistencia de la invocada desnaturalización del proceso ejecutivo por el hecho de haber sido abierta a prueba la causa, desde que constituye una etapa que lo integra a fin de recepcionar las probanzas que hacen a la procedencia de las excepciones opuestas (conf. arts. 548, 552 y conc. del Cód. de Proced. Civil), resultando curioso el reproche si se tiene en cuenta que la propia actora ofreció prueba al contestar las excepciones, determinando uno de los medios propuestos, por su naturaleza, la necesidad de habilitar la etapa en cuestión para su recepción. La carencia de todo asidero de los restantes agravios vertidos por la recurrente, se patentiza cuando reprocha al fallo impugnado lesionar la protección del empleo. El agravio, supuesto de existir, no se verificaría a su respecto, como expresamente lo reconoce la impugnante, siendo ello suficiente para desestimar los argumentos explicitados en tal sentido. Cabe destacar, por otro costado, que la política empresaria de la actora en orden a la responsabilidad funcional de sus dependientes jerárquicos, aún la más rigurosa, no puede traerse a colación en sustento de la crítica al decisorio cuestionado. Por todo lo expuesto, voto por la afirmativa a la primera cuestión planteada. Los doctores de Olmos y Avalos adhirieron al voto precedente y se pronunciaron el igual sentido. 2ª cuestión.- El doctor Cenzano dijo: Corresponde rechazar la apelación interpuesta, confirmando en todos sus términos la sentencia recurrida. De conformidad a lo dispuesto por el art. 130 del Cód. de Proced. Civil, las costas de alzada deben ser soportadas por la recurrente, no encontrando méritos para una decisión diversa, desde que corresponde atribuir sólo a la actora la errónea elección de la vía procesal intentada, producto de un incorrecto análisis del título en el que sustentó la acción deducida. Los doctor de Olmos y Avalos adhirieron al voto precedente y se pronunciaron el igual sentido. Por el resultado del acuerdo que antecede y por unanimidad del tribunal, se resuelve: I. Rechazar la apelación interpuesta y por tanto confirmar en todos sus términos la sentencia recurrida. II. Imponer a la recurrente las costas de alzada. III. Tener presente la reserva del caso federal.- Eduardo H. Cenzano.- César de Olmos.- Julio B. Avalos.
JURISPRUEDENCIA Nº 4:
ACTA DE CONSTATACION ~ CESE DE ACTIVIDADES ~ COSTAS ~ COSTAS POR SU ORDEN ~ CREDITO FISCAL ~ CREDITO POSTCONCURSAL ~ QUIEBRA ~ SINDICO ~ VERIFICACION DEL CREDITO
Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contenciosoadministrativo de 2a Nominación de Río Cuarto(CCivComyContenciosoadministrativoRioCuarto)(2aNom) Fecha: 10/10/2002 Partes: Dirección Gral. Impositiva s/inc. de verif. de créd. en: Vilche, Cristóbal B. Publicado en: LLC2003 (setiembre), 1000 - IMP2003-B, 2945 Hechos: En una quiebra el fallido cuestionó la resolución que declaró verificado un crédito fiscal por obligaciones previsionales. Invocó la ausencia de actividad como para ser deudor de créditos fiscales. Asimismo cuestionó que se hayan impuesto las costas del incidente de verificación en el orden causado. La Cámara confirmó el decisorio del a quo.
Sumarios: 1. Es insuficiente la mera manifestación del fallido en el sentido de haber cesado en la actividad económico/laboral que dijo desarrollar al momento de presentarse en concurso, para enervar las disposiciones impositivas que lo constituyen en tributario de la reclamación fiscal insinuada -en el caso, obligaciones previsionales del régimen jubilatorio de trabajadores autónomosmáxime si tales dichos no se concretan en la instancia procesal en que debieron informarse, sino al cuestionar el crédito fiscal citado. 2. La obligación previsional generada en las actividades de los contribuyentes no puede verse enervada porque éstos se limiten a sostener que no desarrollaron actividad alguna durante el periodo que involucra el reclamo tributario -en el caso, se verificó en una quiebra un crédito por obligaciones previsionales-, pues quien se inscribió como contribuyente por la actividad que dijo desarrollar y con ello se hizo tributario, se encuentra desde allí impuesto del deber de cumplir con el pago de tales tributos, debiendo en caso de cesar su actividad producir las comunicaciones pertinentes. 3. Son válidas las actas labradas por el fisco ante el funcionario concursal que tiene a su cargo el patrimonio falencial, pues estando el fallido desapoderado y habiendo asumido en la sindicatura la administración de los bienes, resulta funcional al sistema que las actuaciones judiciales o administrativas se concreten ante este funcionario. 4. Si el juez del concurso al decretar la quiebra indirecta hizo uso de la opción del art. 202 de la ley de concursos y quiebras (Adla, LV-D, 4381), indicando a los acreedores postconcursales que debían verificar sus créditos por la vía incidental, no corresponde imponer las costas al verificante -en el caso, se impusieron en el orden causado-, pues la verificación por tal vía no fue elegida por el acreedor sino que ella se presentaba como el único camino posible para insinuarse en el pasivo falencial.
Texto Completo: 2ª Instancia.- Río Cuarto, octubre 10 de 2002. 1ª ¿Corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido por el fallido en contra de la resolución que declara verificado el crédito insinuado en el pasivo falencial por la AFIP-DGI? 2ª ¿Qué pronunciamiento debe dictarse? 1ª cuestión.- El doctor Mola dijo: 1. En autos la AFIP-DGI solicita, por vía incidental, la verificación de su crédito en base al pedimento que luce a fs.30, cual merece los reparos que efectúa el fallido en su presentación de fs.32/33, no haciendo lo propio la sindicatura, a quien se le da por decaído el derecho dejado de usar (según dan cuenta las actuaciones de fs.33vta., 38, 40 y 40vta.), con lo que la causa es fallada conforme el resolutorio que se transcribe en el encabezamiento de esta sentencia. 2.1. Contra tal dispositivo se alza en apelación el fallido quien en su expresión de agravios de fs.82/83, cuestiona el resolutorio porque, según lo tiene manifestado, el hoy quebrado no desarrolla actividad alguna como para ser deudor de créditos fiscales, cuestionando, igualmente, las actas labradas por los funcionarios del ente recaudador. Finaliza reprochando, de manera subsidiaria, que las costas se hayan impuesto por su orden, toda vez que ha sido la conducta del ente recaudador la que obligara al litigio al no haberse presentado ante el síndico solicitando el reconocimiento del crédito insinuado. 2.2. A fs.84/88, refuta los agravios el verificante, quien da respuesta a cada uno de los vertidos, a cuyos dichos cabe remitirse y solicita la confirmación del fallo, con costas. 2.3. A fs.94 la sindicatura evacua el traslado conferido y al tiempo que entiende que corresponde al concursado (hoy fallido) acreditar que no ha desarrollado actividad gravada, hace notar que bien podría seguirse un precedente que se expediría de manera distinta a la seguida por la a quo, para finalmente sostener que las costas deben ser mantenidas de la manera en que lo hiciera la magistrada a quo. 2.4. A fs.96/98, el Fiscal de Cámara emite su dictamen analizando las quejas propuestas y concluye entendiendo que cabe la confirmación del fallo en todas sus partes. 2.5. Los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente expuestos en la resolución recurrida, por lo que allí cabe remitirse, procediéndose a fallar las cuestiones traídas. 3. Así puestas las cosas el primero de los asuntos que debe asumir este tribunal de alzada refiere a lo concerniente a la existencia o no de las obligaciones previsionales reclamadas y, en segundo lugar, la formalización de las actas labradas, en base a las cuales se efectúa la insinuación en el pasivo falencial. 3.1.1. Cuadra dar comienzo por el análisis de lo atinente a la supuesta falta de actividad por parte del actual fallido, dado que ello constituye la base de su argumentación impugnaticia, correspondiendo al respecto decir que, evidentemente, la obligación previsional generada en
las actividades de los contribuyentes en manera alguna puede verse enervada porque éstos se limiten a sostener que no han desarrollado actividad alguna durante el período que involucra el reclamo tributario. 3.1.2. Es de toda obviedad que quien se ha inscripto, en su momento, como contribuyente por la actividad que dijo desarrollar y con ello se hizo tributario, en el caso, del régimen jubilatorio de los trabajadores autónomos, se encuentra desde allí impuesto del deber de cumplimentar con los pagos que correspondan a tales contribuciones, debiendo, en caso de cesar con la actividad, producir las comunicaciones pertinentes mediante las presentaciones respectivas. Esto se encuentra reglamentado por el ente recaudador en cuanto a los requisitos que deben observarse para obtener el cese de la condición de contribuyente en que se encontraba inscripto (conf. resolución general D.G.I. 3820/94, vigente en el lapso cuya verificación se solicita, en la actualidad rige la resolución general AFIP 558/99, que, con mayor detalle y precisión mantiene el criterio de la anterior en cuanto a las formalidades necesarias para obtener la baja como trabajador autónomo), situación que, ni por lejos, el fallido acredita haber realizado, a lo que se suma, siguiendo en esto los dichos -no controvertidos- de la a quo, que en oportunidad de producir su presentación en concurso preventivo manifestó (como no podía ser de otra manera) cuáles eran sus medios de vida y allí sostuvo desarrollar actividad económica alcanzada por la contribución previsional reclamada. 3.1.3. Siendo todo esto así y haciendo a la esencia del concurso preventivo la posibilidad de brindar continuidad a quien viene desarrollando una tarea económicamente relevante a los fines de que pueda superar los inconvenientes que lo han colocado en el estado de cesación de pagos que reconoce padecer, resulta claramente antifuncional pretender, como lo insinúa el apelante, que durante la tramitación del proceso concordatario no hubo tal actividad y, en su caso, si ello fue así (cosa que no sucedía al tiempo de la presentación en concurso preventivo), semejante novedad no fue ni tan siquiera hecha saber al tribunal de la causa, con lo que, no sólo se ha omitido cumplir con los recaudos formales que hacen al posicionamiento impositivo frente al órgano recaudador, sino que además, (de ser cierta la afirmación, el fallido -por entonces concursado-), incumplió con el más elemental deber de información, cual era, en este caso, poner en el conocimiento del juez del concurso que se ha cesado con la actividad denunciada al iniciar su causa concordataria (arts. 274 inc. 1 y 275 inc. 3, en función de lo dispuesto por arts. 17 y 102, todos de la ley de concursos y quiebras; conf. Rouillón: "Régimen de concurso y quiebras - Ley 24.522" 10° edic., Astrea, ps. 348/349). 3.1.4. En definitiva pues, no basta la mera manifestación del fallido en el sentido de haber cesado en la actividad económico/laboral que dijo desarrollar al momento de la presentación en concurso para, con ese solo elemento, enervar las disposiciones impositivas que lo constituyen en tributario de la reclamación fiscal insinuada, máxime si, además, tales dichos no se concretan en la instancia procesal en que debieron informarse, sino al cuestionar el crédito fiscal de marras. 3.2.1. En lo que hace a las actas labradas, estas lo han sido ante el funcionario concursal
que tiene a su cargo el patrimonio falencial, procedimiento que resulta ajustado a la reglamentación que rige este tipo de cuestiones pues es el síndico el responsable del cumplimiento de la deuda ajena, según lo determina el art. 6 de la ley de procedimiento tributario (n° 11.683 y sus modif.), resultando, por tanto, la actuación ante el síndico (concretada en los términos de los arts. 100 y cc, del ordenamiento citado), ajustada a las directivas establecidas por el legislador para este tipo de cuestiones. 3.2.2. Estando el fallido desapoderado y asumiendo, por el ministerio de la ley, la sindicatura de la quiebra la administración de sus bienes (conf. arts. 106 y sig., LCQ), resulta funcional al sistema, que las actuaciones -judiciales o administrativas- se concreten ante este funcionario, de donde no se advierte razón que justifique la queja del apelante, máxime si se repara que la totalidad de lo actuado ante el síndico lo fue con posterioridad a la sentencia que declara la quiebra, cual data del 30/3/98, en tanto que las actas son de fecha 4 y 5 de mayo del mismo año (el cotejo de fechas surge de las constancias de autos y de la causa principal que este tribunal tuvo a la vista, según lo certifica el actuario a fs.113). 4.1. Finalmente y dado que se cita, por parte de la juez a quo, como así propio del fallido y la sindicatura, un supuesto precedente judicial de este mismo tribunal ("D.G.I. Incidente de verificación tardía en Puntal S.A. - Concurso Preventivo - Hoy Quiebra"), hay que decir, en primer término, que dicha causa no radicó ante esta cámara sino que la misma fue fallada, según puede leerse en la cita que la magistrada efectúa (LLC, 1996, 544), por la Excma. Cámara de Apelaciones de Segunda Nominación de la Ciudad de Córdoba (con voto de los doctores L., F. y M. G.). 4.2. Zanjada dicha cuestión y determinado el origen del precedente traído, hay que decir sobre el mismo que no hace más que sostener la facultad del tribunal del concurso en cuanto al control sobre "la legalidad de la imposición", circunstancia que no se advierte desatendida en la presente causa toda vez que, el análisis de la documentación arrimada con la petición, como así propio la causa que generara el crédito insinuado, llevaron a la admisión de la pretensión verificatoria, sin obviar tal control judicial. 5.1. Concluyendo, atento a que, según surge de lo precedente, propicio la confirmación del fallo recurrido, cuadra adentrarnos al agravio subsidiario planteado y al respecto, adelantando opinión, dejo dicho que esta queja, tampoco merece en absoluto recibo. 5.2. Este tribunal de alzada ha tenido recientemente oportunidad de expedirse sobre cuestión similar y así en los autos "Conti Víctor Leopoldo - Concurso Preventivo (Hoy Quiebra) - Incidente de Verificación de Crédito promovido por D.G.I." se sostuvo: "En primer lugar no hay dudas que el crédito que se pretendió verificar, y se logró en definitiva, es posterior a la apertura del concurso .... En el caso de una quiebra indirecta, es decir de aquélla que proviene del fracaso de un concurso preventivo, detalladas en el inc. 1° del art. 77 de la ley 24.522, los acreedores de causa posterior a la presentación del concurso preventivo precedente, deben pedir la verificación de sus créditos en la quiebra, porque "como acreedores posteriores a la presentación en concurso preventivo no debían ni habrían podido concurrir en aquél" (conf.
Rouillón Adolfo A.: "Régimen de concursos y quiebras, ley 24.522", 8° edición. Buenos Aires, Astrea, 1998, p. 270). El juez de la quiebra, conforme al art. 202 de la L. C., tiene la posibilidad de optar según las circunstancias del caso por prescindir del período informativo normal de los artículos 32 y subsiguientes y 200 del mencionado cuerpo legal, según lo estime necesario (conf. Rouillon A. A, obra y lugar citados). Esto es lo que hizo el a quo en los presentes autos, de que da cuenta el Certificado del Secretario del Tribunal obrante a fs.70 vta. donde hace constar que en la Sentencia de declaración de quiebra indirecta (dictada el treinta de marzo de mil novecientos noventa y ocho), el a quo dispuso que los señores acreedores posteriores a la declaración del concurso debían formular sus pedidos de verificación por la vía incidental del art. 202 de la L.C. Y justamente ésta es la vía a la que acudió el incidentista: Tratándose de una quiebra indirecta acudió a la verificación de su crédito por vía incidental, de conformidad al art. 202 de la ley 24.522, sin que pudiera hacerle tacha de ser improcedente, sino que por lo contrario su pretensión fue acogida por el juez como admisible en la sentencia apelada. Que aquella norma expresamente ordena que los acreedores posteriores a la presentación que recurran a la vía incidental ".... no se aplican costas sino en casos de pedido u oposición manifiestamente improcedente" (art. 202, L.C.)" (sent. N° 44, de fecha 2/7/02) 5.3. Es evidente que si el tribunal del concurso al declarar la quiebra indirecta hace uso de la opción que pone en sus manos el art. 202 de la LCQ, indicando a los acreedores posconcursales que deben verificar sus créditos por la vía incidental (que en rigor, en estos casos no sería "tardía"), mal puede pretenderse aplicar aquí la postura doctrinaria y jurisprudencial (que este tribunal en general suscribe) en cuanto a la imposición de costas al verificante, toda vez que ello no es más que una consecuencia inmediata y directa del desgaste jurisdiccional que genera quien opta por prescindir de la presentación tempestiva ante el sindico y ocurre, derechamente, a la verificación tardía. Esta situación, claramente, no es la de autos, pues expresamente la juez a quo, en el punto décimo tercero de la parte resolutiva de la sentencia N° 31 de fecha 30 de marzo de 1998, determina esta manera de insinuarse en el pasivo posconcursal, según se lee en el mentado resolutorio, obrante a fs.175/177 de los autos principales, que el tribunal ha podido consultar (conf. certificado de fs.113). 5.4. Aquí la verificación por vía incidental no es una opción a la que recurre el acreedor desaprensivo que no atina a cumplir con el pedido ante el síndico, sino que ésta se muestra, a la luz de lo que surge de los autos principales, como el único camino posible. Repárese que en la sentencia que declara la quiebra no sólo se omite fijar una fecha para la presentación de los pedidos de verificación ante el síndico, sino que, por el contrario, expresamente se remite a la vía incidental para cumplimentar la insinuación en el pasivo falencial. 5.5. En esta senda, es de imposible admisión la pretensión del fallido y las costas de la primera instancia deben, indudablemente, mantenerse impuestas por su orden según fue lo determinado por la magistrada a quo. A la primera cuestión planteada corresponde expedirse por la afirmativa. Así voto.
Los doctores Taddei y Olmos dijeron: Que por coincidir con los fundamentos y conclusiones del vocal preopinante, votaban en igual sentido. 2ª cuestión.- El doctor Mola dijo: 1. En virtud del acuerdo precedente, propicio la confirmación del fallo recurrido en todo cuanto dispone y ha sido materia de agravio. 2. En cuanto a las costas de la presente instancia, no se advierte razón alguna que justifique el apartamiento de la regla objetiva de la derrota que fija el art. 130 del CPCC, y en consecuencia, éstas deben imponerse al apelante perdidoso, a cuyo fin y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 34, 36, 37, 61 inc. 5 -aplicado al caso por vía analógica- y cc, CA, se regulan los honorarios del apoderado de la A.F.I.P., doctor O. E. M. y del síndico, doctor L. B. C., en la suma de pesos ciento cincuenta ($150,00) y pesos ciento cuarenta y seis ($146,00), respectivamente a cada uno, difiriendo los del doctor S. M. F. cuanto ello sea solicitado por quien corresponda (arg. art. 25, CA). Los doctores Taddei y Olmos dijeron: Que, coincidiendo con la propuesta efectuada por el Vocal preopinante, votaban de la misma manera. Conforme las razones expuestas y por unanimidad del tribunal, se resuelve: I. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el fallido y, en consecuencia, confirmar la resolución recurrida en todo cuanto decide. II. Con costas.
JURISPRUDENCIA Nº 5: ACTA DE CONSTATACION ~ EJECUCION HIPOTECARIA ~ ESCRIBANO ~ HIPOTECA ~ PRESTAMO PARA VIVIENDA ~ SENTENCIA DE TRANCE Y REMATE ~ VIVIENDA
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A(CNCiv)(SalaA) Fecha: 01/07/1996 Partes: Banco Credit Lyonnais Argentina S.A. c. Becerra, Eduardo.
Sumarios: 1. Si bien el art. 598 del Cód. Procesal modificado por el art. 79 de la ley 24.441 de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción, establece que una vez pronunciada la sentencia de trance y remate el juez ordenará verificar el estado físico y de ocupación del inmueble designando al escribano que proponga el acreedor, la propuesta y designación de notario es optativa para el ejecutante, quien puede solicitar la normal constatación por medio del oficial de justicia. 2. La ley 24.441 de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción, en cuanto reformó el art.
598 del Cód. Procesal, persigue dos finalidades: la celeridad del trámite y la reducción de los costos de la ejecución hipotecaria. De tal modo, si se considerara inexcusable la designación de escribano para verificar el estado físico y de ocupación del inmueble se dejaría de lado una de esas finalidades, pues se perjudicaría al acreedor incrementando los costos, y si bien la constatación por medio del oficial de justicia puede ir en desmedro de la celeridad, sólo el acreedor debe cargar con las consecuencias de la falta de propuesta de notario.
Texto Completo: 2ª Instancia. -- Buenos Aires, julio 1 de 1996.
Considerando: El inc. 1º del art. 598 del Cód. Procesal, modificado por el art. 79 de la ley 24.441 --que introdujo en nuestro sistema normativo diversas reformas de importancia--, establece que dictada la sentencia de trance y remate, el juez ordenará verificar el estado físico y de ocupación, designando a tal fin al escribano que proponga el acreedor. Se ha entendido que no obstante el tono aparentemente imperativo del artículo, al tratarse de una ejecución por vía judicial, la propuesta y designación del notario es optativa para el acreedor, quien podría peticionar la normal constatación por oficial de justicia (conf. Highton-Mosset IturraspePaolantonio-Rivera, "Reformas al Derecho Privado - Ley 24.441", Ed. Rubinzal Culzoni, p. 512), conclusión que no se modifica por el simple hecho de que para cumplir tal cometido sea designado "ad hoc" el martillero propuesto.
Ello es así pues, si bien el art. 598 del rito es una norma de carácter procesal, y el Derecho procesal debe, en principio, adscribirse al derecho público, no por ello debe entenderse que el citado precepto es de orden público (conf. Castro Hernández, Manuel Horacio, "Ejecuciones hipotecarias a la luz de la ley 24.441, en Rev. El Derecho, del 19/2/96; CNCiv., sala C, del 3/10/95 y sus citas).
Desde esta perspectiva habrá de señalarse que dos son los fines tenidos en cuenta por la ley 24.441: la celeridad del trámite y la reducción en los costos que para los involucrados en la relación crediticia hipotecaria puede importar su ejecución (conf. CNCiv., sala H, del 28/9/95, expte. 176.407 "Herrera, Héctor E. c. Matteo, Marta H. s/ejecución hipotecaria"). De lo expuesto se deduce que el art. 598 del Cód. Procesal, en su actual redacción, resulta claramente aplicable a la generalidad de los casos en tanto los interesados lo soliciten (CNCiv., sala F, del 29/6/95, R. 172.693).
Por el contrario, de considerarse inexcusable la designación del escribano para efectuar
este trámite, se soslayaría una de las finalidades perseguidas por el legislador, pues se perjudicaría al acreedor --a quien la norma beneficia-- al provocarle un incremento en los costos. Y, si bien el método propuesto por el ejecutante podría redundar en desmedro de la celeridad, sólo él deberá cargar con sus consecuencias (conf. CNCiv., sala H, del 28/9/95, expte. 176.407 "Herrera, Héctor E. c. Matteo, Marta H. s/ejecución hipotecaria).
De lo expuesto se deduce que los agravios resultan fundados y que, por consiguiente, la resolución de fs. 82, en la cual se establece como trámite ineludible para efectuar la constatación la previa propuesta del escribano, habrá de ser revocada. Por ello, se resuelve: revocar la resolución de fs. 82. Devuélvase, haciéndose saber que en primera instancia deberá notificarse el presente pronunciamiento junto con la recepción de las actuaciones. -- Hugo Molteni. -- Ana M. Luaces. - Jorge Escuti Pizarro.
Juan, Enrique Perez. Escritura Número veintiséis. En la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, a dos días de Febrero de dos mil nueve, ante mí, escribano titular del registro Número quinientos veintidós, de esta ciudad, comparece la Sra. que se identifica y expresa sus datos personales como se indica a continuación: ………. Considero al compareciente capaz para este requerimiento. Doy fe de conocimiento en los términos del Art. 1001del C.C., por haberlo individualizado. Interviene por si y expresa: PRIMERO: que en su carácter de propietaria de la finca de la calle San Juan Nª 245 de la ciudad de San Francisco, viene a solicitar de mi el autorizante, me constituya en dicho inmueble a las veinte horas del día de hoy, a fin de comprobar el estado de la obra de ampliación del edificio allí existente, contratada oportunamente con la empresa “La Viga”, con domicilio en calle Bv. Los Robles Nº 342, de esta ciudad. Se trata de comprobar el estado actual de la edificación, ya que la citada empresa ha abandonado por su exclusiva decisión el trabajo encomendado y, a fin de evitar el deterioro de lo ya edificado, se hace necesario proseguir la obra, por lo que es imprescindible comprobar fehacientemente hasta qué etapa de la construcción ha llegado la firma mencionada. SEGUNDO: manifiesta el compareciente que ha citado a la empresa constructora para que esté presente en el momento de la comprobación, por medio del telegrama colacionado Nº 3345678 2, que junto con su aviso de recepción exhibe en este acto, y cuyas copias autenticadas agrego a la presente- TERCERO: aclara que ha solicitado los servicios del ingeniero civil Don Juan Pablo Martinez, para que en el acto de la comprobación, teniendo a la vista el plano de obra municipal aprobado bajo el Nº 7658, que exhibe y en copia autenticada agrego a esta escritura, determine las características y especificaciones técnicas de lo
construido y lo que faltare construir. CUARTO: recibo la documentación citada y acepto el requerimiento. Leo al compareciente que da su conformidad, y firma, ante mi, doy fe.Firma Requirente Ante mí: Firma y sello del Escribano
Acto seguido, siendo las veinte horas del día de hoy, dos de Febrero de dos mil nueve, yo el autorizante acompañado del requirente, me constituyo en el domicilio indicado para efectuar la comprobación, calle Bv. Los Robles Nº 342 de la ciudad de San Francisco. Allí se encuentra el Sr. Ingeniero Don Juan Pablo Martínez que se identifica y expresa sus datos personales como se indica a continuación: Juan Pablo Martínez……………. Exhibe credencial profesional Nº 233. Asisten asimismo los Sres. Pedro Demaria y Juana Dilorenzo…………., quienes intervienen como testigos de esta comprobación. Doy fe de conocimiento de estas personas, en los términos del Art. 1001 del C.C., por haberlos individualizados. No habiéndose presentado persona alguna en nombre de la empresa constructora, se da comienzo siendo las veinte horas cinco minutos a la comprobación que motiva esta diligencia. El ingeniero, teniendo a la vista el plano de obra municipal, manifiesta que irá detallando en su informe, local por local, la parte construida la parte por construir con mención de los metros cuadrados de
superficie construida, y los no construidos, así como detalles de ornamentación, terminación y acabado de la obra que pudieren faltar. A continuación penetramos en la finca citada y el ingeniero expresa:… todas y cada una de las menciones efectuadas por el Sr. Ingeniero han sido percibidas debidamente por los Sres. Testigos y por mi el autorizante. Siendo las veintidós horas se da por terminada esta diligencia. Leo al requirente, peritos y testigos, quienes dan su conformidad y firman, ante mí, doy fe.-
Firma de requirente, perito y testigos
Ante mí: Firma y sello del escribano
ACTA DE NOTIFICACION E INTIMACION
Escritura Número veintiocho. En la ciudad de Córdoba, provincia del mismo nombre, a veinte de marzo de dos mil nueve, ante mi, escribano titular del Registro Nº quinientos veintidós, de esta ciudad, comparece la persona que se identifica y expresa sus datos personales como se indica a continuación: Facundo Mires………..Interviene por si y expresa. PRIMERO: que con fecha cinco del corrient,e como lo acredita con el respectivo testimonio legalizado que me entrega en este acto, por escritura número diecisiete, otorgada al folio treinta y tres del
protocolo del escribano titular del registro número cincuenta y seis de la ciudad de Arroyito, Don Arnaldo Funes, el compareciente revocó el poder general amplio de administración y disposición otorgado a su hermano don Enrique Mires, DNI Nº 11.043.221, domiciliado en la calle Dean Funes 432 de esta ciudad de Córdoba. SEGUNDO: solicita me constituya en el indicado domicilio de su nombrado hermano Enrique Mires, calle Dean Funes 432 de la ciudad de Córdoba, y le notifique la revocación contenida en la escritura cuyo testimonio me ha entregado, a la vez que le intime de acuerdo al Art. 1970 del Código Civil la devolución del testimonio de la escritura de poder que se ha revocado, haciéndolo responsable de los daños y perjuicios y reservándose todos los derechos para accionar civil y penalmente en caso de negarse a entregarlo o de no hacerlo en el término de cuarenta y ocho horas de intimado en la sede de esta escribanía calle Ambrosio Olmos 435 Piso 3º de la ciudad de Córdoba. TERCERO: recibo la documentación citada y acepto el requerimiento. Leo al compareciente, que da su conformidad, y firma ante mí, doy fe.-
Firma del requirente Ante mí:
Acto seguido, siendo las diecinueve horas del día de hoy martes veinte de marzo, yo el autorizante me constituyo en el domicilio indicado para efectuar la notificación e intimación, calle Dean Funes Nº 432 de la ciudad de Córdoba. Requiero la presencia del Sr. Enrique Mires quien se encuentra presente y se identifica como tal. Acto seguido le notifico la revocación del poder y le hago saber la intimación impuesto por el requirente para que devuelva el primer testimonio del mismo. Contestada que no lo tiene en su poder en ese momento pero dentro del plazo concedido lo hará llegar a mi escribanía. Siendo las diecinueve horas, veinte minutos doy por terminada esta diligencia. Leo al entrevistado que da su conformidad y firma, ante mi, doy fe.
Firma del entrevistado Ante mí:
“Club Atlético La Francia”. Escritura Número Diecinueve. En la ciudad de La Francia Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, República Argentina, a tres días del mes de Marzo del año dos mil nueve, ante mí, Escribana Autorizante Analía Liliana Pegoraro, Titular del Registro Número Quinientos Veintidós, comparece la persona que se identifica y expresa sus datos personales como se indica a continuación: Roberto Leonardo MARTINO, Argentino, nacido el 21 de Septiembre de 1951, Documento Nacional de Identidad Número 8.665.443. Considero al compareciente capaz para este requerimiento. FE DE CONOCIMIENTO? Interviene por sí y expresa: PRIMERO: Que en el club Atlético La Francia, con sede en la calle Intendente Marconetti Nº 123 de la localidad de La Francia, donde se desempeña como gerente administrativo, debe realizarse a las veinte horas del día de hoy, el sorteo correspondiente para determinar el número ganador del primero y único premio de la “Rifa Anual” de la Institución, y que consiste en un automóvil marca FIAT, modelo PALIO, chasis TKS246, cero kilómetro. SEGUNDO: Que solicita me constituya a la hora indicada en la sede social del citado club, a fin de presenciar y documentar el acto de sorteo. TERCERO: acepto el requerimiento. Leo al compareciente que da su conformidad y firma ante mi, doy fe.-
Acto seguido, siendo las veinte horas del día de la fecha, yo el escribano autorizante me constituyo en la sede social del Club Atlético La Francia, calle Intendente Marconetti Nº 123 de la localidad de La Francia. En el salón de actos de la Institución se encuentran los Señores Don Mario Perez DNI 8.567.357; Don Milton Juarez DNI 7.456.192; y Don Pedro Fontana DNI 6.283.987, casados, mayores de edad y vecinos de esta localidad, quienes intervienen en su carácter de presidente, secretario, y tesorero, respectivamente del Club antes citado, como se acredita al final. Y los testigos del acto, Señores Don Martin Campos DNI 11.234.235, y Don Gonzalo Calcio DNI 12.321.543. Como los billetes puestos en venta van del Número cero-cerocero al novecientos noventa y nueve, se disponen tres bolilleros, uno para la extracción del número correspondiente a la unidad, otro correspondiente a la decena y el tercero a la centena. En cada bolillero se introducen diez bolillas numeradas del cero al nueve. Acto seguido extraigo la bolilla correspondiente a la decena que es el número cinco, luego la correspondiente a la decena que es el número dos y posteriormente la correspondiente a la unidad que es la número cero. Resulta así favorecido con el premio único de la Rifa Anual, que consiste en el automóvil marca FIAT, modelo PALIO, chasis TKS246, cero kilómetro, el número de billete quinientos veintidós (522). Se anuncia a los presentes que el poseedor del billete ganador, de acuerdo con las constancias del mismo, tiene 90 días para presentarse a retirar el premio. Con
lo que terminó el acto de sorteo, siendo las veintidós horas quince minutos. Personería: la personería invocada por los Señores presidente, secretario y tesorero, del Club, requirente surge: a) de los estatutos sociales; b) del acta de asamblea general ordinaria, obrante al folio treinta y dos del libro de asambleas de la institución, que en copia agrego a la presente. leo a los comparecientes y testigos que dan su conformidad y firman ante mí, doy fe.-
Firman las cinco personas citadas
BIBLIOGRAFÍA Gattari, Carlos Nicolás: Manual de Derecho Notarial. Segunda edición. LEXIS NEXIS Depalma Bs. As. 2004. Pelosi, Carlos A: El Documento Notarial. Astrea. Buenos Aires. 1980 Etchegaray, Natalio Pedro. Técnica y Práctica Notarial. Escrituras y Actas Notariales. Tercera Edición actualizada y ampliada. Sierz, Susana Violeta. Derecho Notarial Concordado. Segunda Edición actualizada y ampliada. Di Lalla Ediciones. Bs. As. 2007. Stilerman, Marta N. Menores: Tenencia. Régimen de visitas. Tercera edición actualizada. Editorial Universidad. Bs. As. 1997. Fontanarrosa, Rodolfo O. Derecho Comercial Argentino. Parte General. Víctor de Zavalia Editor. Bs. As. Página web de consulta de jurisprudencia: www.laleyonline.com
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