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SMALL BUSINESS ACT (Ley de la Pequeña Empresa)
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Carmelo Alvarado Gómez
1 SMALL BUSINESS ACT (Ley de la Pequeña Empresa) PRIMER INFORME DE APLICACIÓN EN ESPAÑA ( )2 Informe elaborado por la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa. Este informe recoge las actuaciones desarrolladas a nivel de la Administración General del Estado durante el período por los diferentes departamentos ministeriales con competencias en asuntos que afectan a las pequeñas y medianas empresas y ha sido presentado, para su consideración, en el Consejo de Ministros de 17 de junio de Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa Edición: julio de 2011 Catálogo general de publicaciones oficiales MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO NORMATIVO, INFORMES Y PUBLICACIONES CENTRO DE PUBLICACIONES Panamá, Madrid Tels.: / / Fax : NIPO: ECPMITYC: 1.ª Ed./0711 EUAEVF: 0,003 ÍNDICE LA SMALL BUSINESS ACT PARA EUROPA (SBA). PRIMER INFORME DE APLICACIÓN EN ESPAÑA ( ) Resumen Ejecutivo... 5 Introducción Antecedentes de la Small Business Act Adopción de la Small Business Act Contenido Gobernanza Revisión y nueva gobernanza Aplicación en España MEDIDAS APLICADAS EN ESPAÑA EN CADA UNO DE LOS PRINCIPIOS DE LA SBA ( ) Y PRÓXIMAS ACTUACIONES Primer principio Promoción del espíritu empresarial Segundo principio Promover las segundas oportunidades para los empresarios honestos que hayan hecho frente a una quiebra Tercer principio Elaborar las normas teniendo en cuenta las especiales dificultades que afrontan las PYME: Pensar primero a pequeña escala4 Cuarto principio Hacer que las Administraciones públicas sean sensibles a las necesidades de las PYME Quinto principio Facilitar la participación de las PYME en la contratación pública Sexto principio Facilitar el acceso a la financiación de las PYME y desarrollar un marco jurídico legal y empresarial que favorezca la puntualidad en los pagos Séptimo principio Ayudar a las PYME a obtener un mayor beneficio de las oportunidades que ofrece el mercado único Octavo principio Promover la mejora de las cualificaciones en las PYME y todas las formas de innovación Noveno principio Capacitar a las PYME para transformar los retos medioambientales en oportunidades Décimo principio Estimular y apoyar a las PYME para que se beneficien del crecimiento de los mercados Anexos Anexo I: Ministerios participantes Anexo II: Iniciativas legislativas adoptadas en el periodo5 RESUMEN EJECUTIVO Los 23 millones de PYME que existen en la Unión Europea representan el 99,8% de las empresas que operan en su territorio y aportan las dos terceras partes del empleo y el 58 % del VAB. No cabe duda, por tanto, del papel estelar que juegan en su desarrollo y crecimiento económico y de ahí que ya desde la adopción de la Carta Europea de la Pequeña y Mediana Empresa en el Consejo Europeo de Santa María de Feira del año 2000, se haya venido enfatizando la importancia de desarrollar un marco político específico para dichas empresas. Desde finales de 2008, ese marco político se encuentra definido en la denominada Small Business Act para Europa (SBA), o Ley de la Pequeña Empresa, una iniciativa no vinculante jurídicamente que engloba los principios estratégicos y las líneas políticas de actuación necesarias para potenciar la creación, el desarrollo y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, tanto en la Unión Europea como en los Estados miembros. Tras más de dos años de andadura en un entorno económico ciertamente difícil, la Small Business Act se encuentra en estos momentos en un proceso de revisión que permita darle a esas políticas un nuevo impulso que acelere la recuperación y el crecimiento económico en el marco de la Estrategia Europa Estas cuestiones se refieren fundamentalmente al acceso de las PYME a la financiación, a la eliminación de cargas administrativas que dificultan su actividad, así como a todo lo que tiene que ver con facilitar su acceso a la internacionalización, la innovación, la contratación pública, las TIC, etc. Para proporcionar ese nuevo impulso a la política europea de la PYME, en esta nueva etapa la Comisión requiere una mayor implicación y coordinación en la aplicación de la SBA por parte de los Estados miembros. Para ello, entre otras medidas, se plantea la creación de un grupo consultivo integrado por 56 representantes de las PYME de los gobiernos (Mr/Ms SME 1 ) y de las organizaciones empresariales, así como la celebración de una Asamblea anual de PYME relacionada con la Conferencia anual sobre buenas prácticas de la SBA. Aplicación de la Small Business Act en España Por lo que respecta a España, donde las PYME representan el 99,9% de las empresas y su contribución al empleo (78%) y al VAB (68%) se sitúa diez puntos por encima de la media de la Unión Europea, la aplicación de los principios y medidas estratégicas de la Small Business Act cobra un especial significado. Se trata de principios y medidas que, al igual que ocurre en el resto de Europa, tienen un evidente carácter transversal que afecta tanto al ámbito fiscal, como al regulatorio, al financiero, a las políticas educativas, o a las de contratación pública entre otras, y que por tanto implican a un gran número de departamentos ministeriales (anexo 1). Ese carácter horizontal dispersa la información y dificulta la obtención de una imagen nítida del efecto de todo el conjunto de medidas adoptadas para favorecer la creación, el desarrollo y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, como también dificulta la visión de esa imagen el hecho de que las competencias directas de fomento de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país corresponda a las comunidades autónomas. 1 Estos representantes, además de intensificar los esfuerzos para la implementación de la SBA en sus respectivos países, deben facilitar a la Comisión Europea la recopilación de la información relativa a los resultados de dicha implementación. Esta información será incluida en los informes anuales de competitividad de la Comisión Europea. En el caso de España, esta representación recae en la Dirección General de Política de la PYME. 67 En este contexto se presenta este Primer informe de aplicación de la SBA en España que, como primer paso, recoge las actuaciones desarrolladas a nivel de la Administración General del Estado durante el período por los diferentes departamentos ministeriales con competencias en asuntos que afectan a las pequeñas y medianas empresas. Un primer paso que permita completar posteriormente esa visión de conjunto incorporando los niveles regional y local en el marco de la Conferencia sectorial de la PYME y del Observatorio de la PYME. Por todo lo anterior, El informe se presenta con un triple objetivo: - Atender nuestros compromisos de información con la Comisión Europea. - Realizar un balance y una puesta en valor de las actuaciones y medidas desarrolladas a nivel nacional en nuestro país en favor de las PYME desde la adopción de la SBA en diciembre de Establecer una base de referencia para la revisión y la mejora continua de la aplicación de la Ley de la Pequeña Empresa (SBA) en España. Así, el informe, que recopila la información sobre las actuaciones desarrolladas en esta materia por 12 departamentos ministeriales, se estructura (a modo de capítulos) en los diez principios o directrices que integran el documento Small Business Act para Europa adoptado por todos los Estados miembros en el Consejo Europeo de marzo de 2009, y de su análisis se pueden extraer las siguientes conclusiones: 78 1. Conclusiones relativas a la promoción del espíritu empresarial y a la creación de empresas (capítulos 1º, 3º y 4º) En el primer principio (o capítulo) se muestran una veintena de programas e iniciativas con carácter presupuestario desarrolladas por ocho departamentos ministeriales en este ámbito, algunos de los cuales incluyen entre su planificación anual de actuaciones planes específicos de apoyo al emprendimiento como es el caso del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El Plan de actuación de Apoyo al Emprendimiento del MITYC para el presente ejercicio contempla un paquete de iniciativas con un presupuesto de 84 millones de euros que movilizarán más de 300 millones de euros. Por lo que se refiere al ámbito educativo, el informe destaca que desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Educación en España en 2006, se ha ido introduciendo progresivamente la iniciativa emprendedora en los currículos educativos y se han ido aprobando de forma sucesiva diversos Reales Decretos que establecen el desarrollo del espíritu emprendedor en las enseñanzas mínimas de las diferentes etapas educativas (educación primaria y secundaria, bachillerato y formación profesional). En consecuencia, 2 Presentado en el Consejo de Ministros del pasado 14 de enero. 89 Todos los ciclos formativos de grado medio o superior de nueva creación (o que hayan sido objeto de alguna modificación), en un número que se estima en 140 aproximadamente, han visto introducido en sus currícula un módulo profesional de Empresa o Iniciativa Emprendedora. Del mismo modo, el documento señala que la iniciativa emprendedora se ha ido introduciendo paulatinamente en las enseñanzas universitarias desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. Continuando con el primer capítulo del informe, y por lo que se refiere al tipo de actuaciones que recoge, cabe señalar que se incluyen tanto programas y líneas de financiación de carácter general dirigidas a toda clase de emprendedores, como iniciativas dirigidas a colectivos o sectores específicos como pueden ser el de los jóvenes, las mujeres, los autónomos, los sectores medioambientales, o los de industrias culturales entre otros. Además, prácticamente el 50% de estas iniciativas han sido puestas en marcha entre 2010 y 2011, lo que demuestra la importancia dada a este ámbito a pesar del presente contexto de consolidación fiscal. Entre 2009 y 2011, se han empleado más de 550 millones de euros en una veintena de iniciativas, programas y líneas de financiación desarrolladas por ocho departamentos ministeriales para la promoción del espíritu empresarial y la creación de empresas. 910 En cuanto a las infraestructuras de apoyo a la creación de empresas, es en el capítulo (principio) 4º donde se mencionan (siguiendo la estructura del documento europeo de la Small Business Act), las más de 600 oficinas de tramitación de la red PAIT y las 37 oficinas de la red VUE repartidas en 15 comunidades autónomas que existen en España para asesorar y facilitar la constitución de empresas. Por lo que respecta al ámbito normativo, en el mismo capítulo también se destaca que: Las medidas adoptadas en el Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, han hecho posible que la constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social inferior a euros (el 98% de las empresas que se constituyen en España) pueda por fin realizarse (utilizando medios telemáticos) en menos de 5 días y con un coste de 250 euros. Tiempos y costes que se reducen a un solo día y a 100 euros para capitales inferiores a los euros. Antes de finalizar con las conclusiones en materia de iniciativa emprendedora, cabe volver a señalar que, como ya se ha indicado en la introducción, las iniciativas contempladas en el informe a nivel de la Administración General del Estado se complementan con las llevadas a cabo en los ámbitos autonómico y local por las comunidades autónomas y entidades locales. En este sentido, en el primer capítulo (principio) del documento se hace referencia al estudio sobre Servicios de apoyo a la persona 1011 emprendedora 3 elaborado por el Observatorio de la PYME en mayo de 2010, donde se identifica la existencia de más de plataformas de apoyo al emprendimiento en todo el territorio nacional 4. Y ya para concluir este primer bloque de conclusiones cabe indicar, a modo de reflexión general que, tras dos años de retrocesos, en 2010 se registró por primera vez un crecimiento acumulado en la creación de sociedades mercantiles del 2,2% con respecto a Un crecimiento que se mantiene en los tres primeros meses de 2011 (7,3% frente al mismo período 2010), por lo que confiamos en que las medidas y las próximas actuaciones recogidas en este informe sigan contribuyendo a acelerar esa tendencia. Entre la previsión de próximas actuaciones incluidas en el informe se encuentra la puesta en marcha del portal todoemprende en el segundo semestre de 2011 que mostrará todos los programas y líneas de financiación y de apoyo a la iniciativa emprendedora desarrolladas por la Administación General del Estado contenidas en el mismo. 2. Conclusiones relativas a las medidas adoptadas para minimizar la pérdida de capacidad emprendedora derivada de las quiebras de empresas Los esfuerzos por promover la iniciativa emprendedora y la creación de empresas no serían completos ni resultarían plenamente eficaces si a la vez no se trabajara para evitar la destrucción de las empresas creadas y para dotar de segundas oportunidades a los empresarios honestos que hayan tenido que hacer frente a una quiebra nacionales, 30 autonómicas y regionales y locales 1112 Siguiendo la estructura del documento europeo de la Small Business Act, estos aspectos se abordan de forma monográfica en el capítulo (principio) 2º del informe. Así, a través del proyecto de Ley concursal aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 18 de marzo y de tres Reales Decretos Ley, en dicho capítulo se muestran las medidas con las que se pretende, por un lado, apoyar la viabilidad de las empresas en situación de insolvencia no definitiva, y por otro, de las que, una vez producida de forma irremediable la quiebra, además de agilizar y abaratar el procedimiento del concurso, tienden a mejorar la distinción entre el empresario honesto y el fraudulento para reducir el estigma de la quiebra. Como en el caso de la creación de empresas, cabe también concluir con respecto al número de concursos registrados en España que, tras dos años de continua escalada, en 2010 se registró por primera vez una disminución acumulada de los mismos del 7,2% con respecto a Lamentablemente esa tendencia no se está manteniendo en los primeros meses de este año, por lo que confiamos en que las medidas y las próximas actuaciones recogidas en este informe contribuyan cuanto antes recuperarla. 3. Conclusiones relativas a la simplificación administrativa y al impacto de las iniciativas legislativas en las PYME (capítulos 3º, 4º y 5º) Habida cuenta del mayor coste proporcional que, en comparación con las grandes empresas, supone para las PYME cumplir con las exigencias normativas y hacer frente a los trámites administrativos que estas conllevan, la evaluación previa del impacto de las nuevas normas sobre ellas cobra una vital importancia. En este sentido, en España se aplica desde 2009, con carácter general, la Memoria de Análisis de Impacto Normativo regulada por el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, que sin ser exactamente el Test PYME tal como lo 1213 concibe la Comisión Europea, tiene como objetivo impulsar la calidad de los análisis previos de las iniciativas normativas como parte fundamental en la estrategia de mejora regulatoria. Como prueba de la necesidad de destacar el enfoque PYME en las memorias de análisis de impacto normativo previo, en el informe se recogen 14 Leyes, 4 Proyectos de Ley, 6 Reales Decreto Ley, y 5 Reales Decretos (ver anexo 2) con incidencia en la actividad desarrollada por las pequeñas y medianas empresas, de los que el 75% han sido adoptados en el período considerado En relación a dicha normativa merece una mención especial la adopción de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, en la que se enmarcan una buena parte de las medidas recogidas en los capítulos 3º y 4º del informe. Se trata de medidas como la Plataforma de Intermediación de Datos, SVD 5, la ventanilla única virtual portal o como las 261 medidas incluidas en los cinco paquetes aprobados hasta el momento dentro del Plan de Acción para la reducción de las cargas administrativas y la Mejora de la Regulación desde su adopción en Consistente en un servicio de verificación y consulta de datos para no volver a solicitar aquellos documentos que ya ha aportado a la administración, independientemente de que ésta sea de ámbito nacional, autonómica o local. A través de este servicio se pueden consultar en tiempo real los datos del interesado que haya iniciado un trámite administrativo y que sean necesarios para resolverlo. 1314 El conjunto de medidas aprobadas en el marco del Plan de Acción para la reducción de las cargas administrativas y la Mejora de la Regulación adoptado en 2008 ha supuesto una reducción de costes valorada en más de millones de euros en ahorros de tiempo y gastos de constitución y funcionamiento para las empresas. Así, a día de hoy se puede acceder a través de Internet al 97% de los trámites de la Administración General del Estado (100% si hablamos de la Agencia Tributaria o de la Seguridad Social), un esfuerzo que ha sido reconocido fuera de nuestras fronteras. Según el último informe egov Read ness de Naciones Unidas, España ocupó el pasado año en el noveno puesto a nivel mundial y quinto a nivel europeo en materia de Administración Electrónica, avanzando once posiciones en este ranking durante el año Entre las medidas adoptadas para la reducción de cargas administrativas a las PYME el informe también recoge la medida adoptada en el Real Decreto Ley 13/2010, dirigida a hacer voluntaria la pertenencia a las cámaras de comercio, industria y navegación, lo que vendrá a aliviar de cargas económicas a las empresas. En particular, desaparece el Recurso Cameral Permanente, una exacción de carácter parafiscal que venía suponiendo aportaciones obligadas de las empresas en torno a 250 millones de euros anuales (sobre datos de 2008), de los que se estima que cerca de 90 millones de euros recaían sobre pequeñas y medianas empresas y profesionales autónomos. 1415 Por su parte, por lo que se refiere a disponibilidad electrónica de contratación pública 6, a la que se dedica expresamente el principio (o capítulo) quinto del informe, España se sitúa en el 5º puesto de la UE (con un 78%) por delante de países como Alemania, Francia, o el Reino Unido. En dicho capítulo se señala cómo la puesta en marcha de la plataforma de contratación o el registro de licitadores han mejorado el acceso de las PYME a estas licitaciones. También se desglosa el conjunto de medidas contenidas tanto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, como en otras tres leyes que favorecen la participación de las PYME en las licitaciones públicas. Entre las próximas actuaciones previstas en materia de contratación pública destaca la publicación de un Código de conducta del Ministerio de Defensa para los contratistas y subcontratistas de armamento y material de defensa entre cuyos objetivos se encuentra el de apoyar y fomentar la participación de las PYME en dichos contratos. Se trata de un Código de suscripción voluntaria con el que, entre otros objetivos, se pretende repartir el riesgo y el beneficio a lo largo de la cadena de suministro, así como maximizar las oportunidades de negocio. Y para completar el panorama de las actuaciones desarrolladas en el ámbito de la reducción de cargas administrativas para las PYME el capítulo 4º del informe dedica un epígrafe específico (4.5) a la transposición de la Directiva de Servicios. 6 Regulada por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público adoptada también con anterioridad al período ( ) considerado. 1516 Una transposición que, a nivel de la Administración General del Estado, se ha realizado a través de cuatro leyes 7 : una horizontal y tres de enfoque sectorial, que conjuntamente modifican 50 leyes estatales, y que ha generado la eliminación de alrededor de 116 autorizaciones a nivel estatal y del orden de 633 a nivel autonómico, así como la eliminación de 594 requisitos. Por otra parte, a las citadas reformas, es necesario añadir los avances recientes producidos con ocasión de la aprobación del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, que reduce significativamente los trabajos profesionales que deben someterse al mismo. Como resultado de la aprobación de la citada norma, se estima que las empresas de los sectores afectados se beneficiarán anualmente de una reducción de costes directos y cargas administrativas de alrededor de 815 millones de euros. En definitiva, las reformas llevadas a cabo para transponer la Directiva de Servicios no sólo suponen una sustancial reducción de barreras al acceso y ejercicio de actividades económicas de servicios, sino que también conllevan un importante ahorro en cargas administrativas. En concreto, Se estima que las reformas llevadas a cabo como consecuencia de la aplicación de la Directiva de Servicios han dado lugar a una supresión de cargas administrativas para las empresas valorada en al menos millones de euros anuales, lo que supone el 0,16% del PIB. 7 Ley 17/2009 de 23 de noviembre (BOE ) sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Paraguas). Ley 25/2009, de 22 de diciembre (BOE ) de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley Paraguas (Ley Ómnibus). Ley 1/2010, de modificación de la ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista. Ley 6/2010, de 24 de marzo, modificación del texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, aprobado por el RD legislativo 1/2008, de 11 de enero. 1617 Para seguir avanzando en este frente, la Ley (paraguas) 17/2009 crea el Comité para la Mejora de la Regulación de las Actividades de Servicios, con la finalidad de facilitar la cooperación entre los tres niveles de la administración para llevar a cabo el seguimiento y la coordinación en relación con la transposición de la Directiva de Servicios. El papel de este Comité para la Mejora de la Regulación de las Actividades de Servicios se ha visto reforzado en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que establece que, entre otras funciones, el Comité debe contribuir a que las Administraciones públicas cooperen en el análisis económico de la regulación y eviten la introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas al funcionamiento de los mercados. 4. Conclusiones relativas a la mejora del acceso a la financiación de las PYME (principio o capítulo 6º) El principio (capítulo) 6º del informe recoge todo el conjunto de medidas que desde la aprobación del Real Decreto Ley 2/2008, de 21 de abril, se han ido poniendo en marcha para mejorar el acceso a la financiación de autónomos y PYME, tanto a través del ICO como de otros instrumentos, como el programa de Fondos de Titulización para PYME (FTPYME), o el reafianzamiento estatal proporcionado a los avales concedidos por las Sociedades de Garantía Recíproca y por CERSA. 1718 Las medias financieras adoptadas entre 2009 y 2011, para paliar el efecto de la restricción crediticia de los mercados financieros sobre las PYME, han proporcionado más de millones de euros, de los que el 88% se han canalizado a través del ICO. Mención aparte reciben en el epígrafe y las medidas de apoyo financiero y fiscal de carácter más específico dirigidas a potenciar el crecimiento de aquellas empresas que están llamadas a convertirse en el motor indiscutible de la recuperación económica, es decir, las pequeñas y medianas empresas que innovan, que diversifican, y que internacionalizan sus productos. Así, entre las primeras, el fondo FESpyme gestionado por la sociedad AXIS, dependiente del ICO, cuenta desde julio de 2010 con 422 millones de euros para apoyar a las empresas en sus planes de expansión. De igual modo, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio pondrá próximamente en marcha un programa que, además de proporcionar financiación bonificada a las Líneas de Crecimiento Empresarial de ENISA 8, ofrecerá (a través de la EOI) asistencia y formación individualizada a las pequeñas y medianas empresas que afrontan procesos de expansión. El montante total de préstamos participativos de las Líneas de Crecimiento Empresarial de ENISA entre 2010 y 2011 es de 80 millones de euros. 8 ENISA es una sociedad pública adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) a través de la Dirección General de Política de la PYME (DGPYME). 1819 En 2010 se han puesto en marcha iniciativas de apoyo específico al crecimiento empresarial de las PYME innovadoras que afrontan fases de expansión a través del ICO (Fonfo Fespyme) y de ENISA (Líneas de Crecimiento Empresarial 9 ) por un importe superior a los 500 millones de euros. En el Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, también se han introducido incentivos fiscales 10 al crecimiento de las empresas de reducida dimensión. Por lo que se refiere a las medidas fiscales adoptadas entre 2009 y 2011, el capítulo (principio) 6º del informe recoge un amplio conjunto adoptado a través de una Ley y tres Reales Decretos Ley. Las medidas fiscales adoptadas entre 2009 y 2011 para paliar el efecto de la restricción crediticia de los mercados financieros sobre las PYME han supuesto millones de euros. Para terminar de subrayar las conclusiones más destacadas de este capítulo, señalar que en su apartado cuarto (6.4) se dedica a la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. En dicho epígrafe se recogen tres tipos de medidas: 9 Línea PYME, Línea EBT para empresas de base tecnológica, Línea MAB para sufragar los gastos de salida al Mercado Alternativo Bursátil, Línea de fusiones y adquisiciones para pequeñas y medianas empresas. 10 Se permite que las entidades de reducida dimensión puedan seguir disfrutando de los beneficios del régimen especial del que disponen durante los tres ejercicios inmediatos siguientes a aquél en que se supere el umbral de diez millones de euros (fijado también por esta norma). 1920 - Las adoptadas por el Gobierno con anterioridad a la aprobación de la Ley para facilitar a las entidades locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos. - Las adoptadas por distintos órganos y unidades 11 de la Administración General del Estado en cumplimiento de los establecido en la mencionada Ley. - Otras medidas de carácter legislativo con incidencia en la mejora de la lucha contra la morosidad como es el caso de la reforma introducida en el proceso monitorio por el proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal (por la que se suprime el límite máximo actual de euros), o las mejoras operadas mediante el Proyecto de Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles. 5. Conclusiones relativas a la mejora del acceso de las PYME al mercado único europeo (capítulo 7º) El 7º capítulo (principio) aborda medidas relacionadas con la identificación y solución de los problemas a los que se enfrentan las empresas españolas en el mercado único europeo a través de la red SOLVIT o de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior (SECEX), así como de las que tienden a reducir los costes de acceso a la normalización y a fomentar su uso por parte de las PYME. El capítulo 7º también aborda los programas desarrollados por la Oficina Española de Patentes y Marcas para estimular la protección de la propiedad industrial de la tecnología para mejorar la competitividad de las empresas, especialmente las PYME, así como las desarrolladas por el Ministerio de Cultura en relación a la protección de la propiedad intelectual. 11 El Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), y el Observatorio de la PYME del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 2021 6. Conclusiones relativas a la mejora de la competitividad, del fomento de la innovación, y de la capacitación profesional del personal de las PYME, (capítulo 8º) En el octavo principio o capítulo, se muestran una veintena de programas e iniciativas con carácter presupuestario desarrolladas por cuatro departamentos ministeriales en este ámbito. Estas actuaciones incluyen tanto programas y líneas de financiación de carácter general, dirigidas a toda clase de PYME, como iniciativas dirigidas a las PYME de sectores o características tan específicas como puede ser los de las TIC, las industrias culturales, las zonas objeto de incentivos regionales, o los sectores estratégicos industriales entre otros. Así, Entre 2009 y 2011 se han empleado cerca de millones de euros para fomentar la innovación y mejorar la capacitación y la competitividad de las PYME a través de una veintena de iniciativas, programas y líneas de financiación desarrolladas por cuatro departamentos ministeriales. Además de las actuaciones desarrolladas por el CDTI, mención especial merece el tratamiento de las PYME situadas en zonas objeto de incentivos regionales: A través del programa de Reindustrialización del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, han recibido más de 943 millones de euros entre 2009 y 2011 para mejorar su competitividad. 2122 De igual modo, resultan destacable las distintas líneas y subprogramas del programa AVANZA de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, que suponen el 35% del total de los recursos destinados a las PYME en el período considerado. Así, Los recursos destinados a las PYME a través del programa AVANZA han superado los millones de euros. De esta cantidad, más de 958 millones de euros corresponden a la línea de financiación ICO AVANZA. Por lo que se refiere a las iniciativas destinadas a favorecer la capacitación y la formación de las PYME cabe también destacar el Subprograma INNCORPORA del MICINN, en línea con la política de innovación prevista en el Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones. Desde su puesta en marcha el pasado año, el Subprograma INNCORPORA ha proporcionado más de 620 millones de euros a las PYME para incentivar la contratación de personal para participar en proyectos concretos de investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de viabilidad técnica previos. Por último, indicar que en el capítulo 8º también se recogen los programas e iniciativas dirigidas a fomentar la aplicación de políticas de igualdad y la responsabilidad social empresarial entre las pequeñas y medianas empresas al ser formas de innovación que permiten mejorar tanto las condiciones de vida del personal que trabaja en las PYME como su rentabilidad. 22 Mostrar más
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References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 197
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 80
 Real Decreto 
 artículo 27
 Resolución