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Timestamp: 2017-11-24 03:50:28+00:00

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Guayaquil Faro del Ecuador: 2012
Al terminar este aciago año, en cuestiones de interés público, especialmente en asuntos de corrupción, es conveniente recordar que el Ecuador es parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
El Mesicic (Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción), fue creado en el marco de la OEA, para ayudar a los Estados partes en la implementación de la Convención. El mecanismo prevé evaluaciones y la formulación de recomendaciones específicas en lo pertinente a la lucha contra la corrupción.
Es por ello que el Mesicic realiza seguimientos a los compromisos asumidos por el Ecuador en ese campo. La labor la realiza un Comité de Expertos. El proceso de evaluación de los estados se efectúa en el marco de “rondas”.
Así es como se adoptan los informes dedicados a cada Estado, que incluyen recomendaciones respecto de sus legislaciones y las incompatibilidades que pugnan con las disposiciones de la Convención.
Algo más de 9 meses duró la detención provisional de 7 de los 10 detenidos del caso Luluncoto. Un retraso “providencial” en el traslado de los 7 jóvenes al lugar donde se celebró la audiencia, posibilitó que los libere una Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dentro del trámite de hábeas corpus. A 3 mujeres del grupo se les negó la excarcelación, porque, según los jueces, su pedido no tuvo motivación suficiente.
La decisión, por un lado fue fácil y por el otro, no creo.
Al liberarlos los jueces cumplieron lo que dispone el artículo 45, numeral 2, letra a, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC). Es decir: “…En caso de privación ilegítima o arbitraria… se dispondrá la inmediata libertad y la reparación integral” y debe presumirse arbitraria o ilegítima la privación de libertad “…Cuando la persona no fuere presentada a la audiencia”. Técnicamente los 7 detenidos no estuvieron presentes cuando se instaló la audiencia, aunque llegaron después.
En relación al debate efectuado por iniciativa de la Cámara de Comercio de Guayaquil, con la asistencia de solo seis candidatos a la presidencia de la República, compartiré mis reflexiones, ante la ausencia de dos candidatos.
Primera. Las elecciones libres y auténticas permiten la participación del ciudadano y la vida democrática. En el 2013 no solo elegiremos presidente y asambleístas, también expresaremos aceptación o rechazo a las políticas y al rumbo del actual Gobierno.
Segunda. Las elecciones están profundamente vinculadas a la libertad de expresión e información. Para votar es indispensable la mayor información posible. Es trascendental conocer los hechos, que las ideas y opiniones circulen libremente.
Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos es imprescindible proteger y garantizar el derecho a recibir información en el debate político durante un proceso electoral.
Tercera. El debate de las propuestas de todos los candidatos debe ser libre y desinhibido, abriendo espacio a la disidencia.
Cuarta. Las elecciones no son suficientes para garantizar la democracia. No se concibe un régimen democrático sin la abierta competencia entre fuerzas sociales y agrupaciones políticas que buscan el poder. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, existe competencia abierta cuando hay trato igual en las oportunidades del proselitismo.
Está circulando el Índice de Estado de Derecho 2012, que informa sobre el grado de seguridad jurídica que ofrecen 185 países. El documento es útil para inversionistas. También para gobiernos, así conocerán la situación interna, pueden corregir falencias y mejorar la presencia de sus países en el mundo de negocios internacionales.
La información decepciona respecto a Ecuador. Tanto como la proporcionada por Transparencia Internacional, publicada ayer por Diario EL UNIVERSO, sobre el alto grado de corrupción en el país.
El índice publicado por The World Justice Project (WJP) sitúa a Ecuador debajo de la mayoría de países latinoamericanos, en lo pertinente a seguridad jurídica.
Ahí se dice, además, que la inseguridad es causa de mucha preocupación (en el puesto 85 del ranking global). La rendición de cuentas del gobierno es débil y los controles a la Función Ejecutiva son limitados (clasificación 81 a nivel mundial y 13 en la región).
El estudio también ha detectado que “…Los tribunales civiles son ineficientes y vulnerables a la corrupción e interferencia política...”, aunque en mi opinión, los casos Chucky-Seven, coronel Carrión, Glas indican que los jueces y/o tribunales penales, tampoco escapan de esa percepción. Se señala que “…la protección de los derechos de propiedad es débil…”.
Recientemente circuló un reporte publicado por el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional, que compara las regulaciones de 185 países destinadas para pequeñas y medianas empresas. La publicación titulada ‘Doing Business’ se centra en resultados de investigaciones sobre regulaciones que incentivan actividades comerciales y sobre aquellas que las desalientan.
El trabajo evalúa las regulaciones que inciden en el día a día de las empresas, tales como apertura, manejo de permisos, empleo de trabajadores, registro de las propiedades, obtención del crédito, protección a los inversionistas, pago de los impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y cierre de actividades empresariales. Con esos indicadores se ponderan los resultados económicos, para ubicar las regulaciones que funcionaron.
Entre la variada información que proporciona la publicación, resulta muy interesante la que clasifica a los países por la facilidad de hacer negocios. Así, aparece Singapur en primer lugar. Este primer puesto también lo tuvo en el 2007. En el 2006 fue Nueva Zelanda.
El caso es que en el último reporte, el Ecuador asoma en el puesto 139, con cero reformas de incentivo para el mejoramiento de la actividad empresarial. Lo grave es que pasamos del puesto 120 (año 2006). Es decir, desmejoramos 19 puntos en seis años. En comparación, Colombia estuvo en el puesto 76 (2006) y luego de seis años se situó en el puesto 45. El Perú aparece en el puesto 43, cuando estuvo en el puesto 78 hace seis años.
El 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción. En octubre del 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención contra la Corrupción y Ecuador es uno de los Estados Partes de ese instrumento internacional. Esta rige desde el 2005.
Entre los motivos para tan importante esfuerzo de la comunidad internacional, estuvo la preocupación “…por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley…”.
También se convino en que la prevención y la erradicación de la corrupción, si bien es responsabilidad compartida de todos los estados, en la labor deben participar quienes no pertenecen al sector público, tales como “…la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, para que sus esfuerzos en este ámbito sean eficaces”.
Opinión y publicidad electoral
En abril del 2009 fue derogada la Ley Orgánica de Control del Gasto y Propaganda Electoral, lo cual ha resultado perjudicial para la libertad de expresión. Contenía importantísimas definiciones pertinentes al control indicado, que hacen falta en la legislación vigente. Este vacío propicia inadecuadas disposiciones administrativas e injustas resoluciones jurisdiccionales en lo contencioso electoral.
Lo anterior se agrava con las imprecisas normas de la “Ley Orgánica Electoral… Código de la Democracia”, pues da margen a ilegales e injustas sanciones. Incluso permite violentar el derecho a la libertad de expresión en la actividad periodística noticiosa o de opinión.
Es que ciertas sanciones establecidas en la indicada ley se pueden aplicar a discreción del sancionador. Especialmente, aquellas dirigidas a los medios de comunicación.
Por ejemplo, el numeral 2 de su artículo 277 establece que infracción es: “… La difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al Consejo Nacional Electoral... En estos casos se suspenderá la publicidad en dicho medio y se le sancionará con una multa de cincuenta a cien mil dólares.”. Pero como no se define el vocablo “propaganda” o “publicidad”, el significado será el que le otorgue el juzgador. Esto, además de que no provee parámetros para imponer la sanción con proporcionalidad.
‘Mensalao’
Recientemente, miles de personas protestaron en Brasilia en contra de la corrupción, vistieron ropas negras y exhibieron vistosos carteles. Los noticieros destacaron que entre los manifestantes había un grupo que portaba un ataúd con la leyenda ‘mensalao’. Se explicó que ese nombre refiere al juicio iniciado en agosto por la Corte Suprema contra exdirigentes del gobernante Partido de los Trabajadores. Fueron acusados de llevar una contabilidad no declarada al inicio del gobierno del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, presuntamente destinada a favorecer a aliados a cambio de apoyo.
Mientras leía esas noticias identifiqué algunas circunstancias de la realidad ecuatoriana, pues entre los carteles se expresaba: “Brasil, el país donde la astucia vale más que la educación…”. Otro cartel: “No podemos quedarnos impasibles sin exigir que el dinero público llegue a los hospitales y las escuelas están en ruinas…”. Entre los manifestantes se expresó tristeza al constatar que a pesar de la visible corrupción, no hubo reacción en la mayoría, “…no salen a la calle, se quedan en casa. Solo si van al fútbol se juntan 45.000…”. Así reflexioné que aquí como allá se vive esa angustia de que el embate de la corrupción no moviliza la protesta de la gran colectividad.
El 11-S en la justicia
Aunque estoy consciente de que los tópicos en asuntos legales no despiertan interés en la ciudadanía, hoy me enfocaré en uno, con la finalidad de señalar un ejemplo más de los efectos de ese “tsunami” que ha tomado una fuerza destructiva de la seguridad jurídica, desde que en enero del 2007, se inició con la “simple” manifestación de abjurar la Constitución entonces vigente.
Me refiero a una reciente Resolución de la Corte Nacional de Justicia, en la que los miembros del pleno se arrogaron funciones, en aparente ejercicio de una de sus atribuciones.
Es la Resolución 08-2012, publicada en el Registro Oficial 786 del 11 de septiembre de este año, fecha coincidente con aquel aciago día que marcó el antes y el después de la seguridad personal en este planeta.
Pues bien, la referida Resolución le quitó al presidente de la Corte Provincial la competencia para juzgar afectaciones al medio ambiente, producidas en su sección territorial. En su lugar se asignó la competencia a los jueces y tribunales de garantías penales.
El ciudadano se preguntará ¿dónde está lo malo de la decisión? Parecería razonable que sean más jueces los que juzguen y estén próximos a los hechos. Ese no es el punto.
La institucionalidad democrática debe ser preservada a fin de que el ejercicio del poder no pierda legitimidad. Es obligación del Gobierno esforzarse para fortalecerla, así como lo es para las autoridades de las demás funciones del Estado.
Lo indicado no se ha cumplido con la validación de las firmas de las organizaciones políticas, para participar en las elecciones del 2013. Se trata de un procedimiento fuera de la ley, que si bien beneficia a unos y perjudica a otros, genera sospechas. Hay movimientos que de la forma más “fresca” y para pasar la página de su cuestionada acreditación, han retirado un gran número de formularios con firmas. ¿En qué parte de la ley se autoriza tamaño despropósito? ¿Acaso para evitar la investigación?
De otra parte, crispa los nervios de la ciudadanía que cierto dirigente haya convocado a la unidad de la oposición para “enfrentar un plan de fraude en marcha”, supuestamente para beneficiar al Gobierno. Acusación muy grave, pues se trata del dirigente de una organización política que fue habilitada ayer por el CNE, para participar en la próxima contienda electoral. Se sigue insistiendo en que el sistema informático del CNE no es fiable; es decir, la queja repetida en las últimas semanas.
No obstante lo anterior, por parte de voceros del CNE, ya no se habla de actos de falsificación que generaron el escándalo, sino de “errores”.
Que participen todos
Es desconcertante el aparente desinterés de la gran mayoría sobre lo que acontece en el Consejo Nacional Electoral (CNE), respecto al caso de las “firmas falsas”. Podría decirse que lo trascendente es el malestar de los denunciantes que reclaman por haber aparecido como afiliados o adherentes a tal o cual partido, sin su autorización.
Tampoco se aprecia mayor inquietud frente a las enrevesadas circunstancias en que se realizarían las próximas elecciones, tomando en cuenta la indudable desorganización del proceso de verificación de firmas; la sospecha de manipulación del sistema informático en el CNE; y las declaraciones de autoridades electorales, reconociendo la falta de idoneidad de ese sistema.
Se suma a lo anterior, la poca reflexión sobre lo que implicaría la cancelación del registro de los movimientos y partidos políticos. La discusión se ha centrado en la eventual compra de formularios con firmas, para obtener dicho registro. Lo cual, sin desconocer la gravedad de los ilícitos, desatiende la afectación a los valores democráticos.
No se ha considerado que el CNE es el responsable principal; y que, entre los formularios de respaldo a los actores políticos acreditados, deben constar firmas auténticas. Estas avalan la voluntad real de apoyo a las organizaciones registradas y esa voluntad de participación no debería frustrarse. Es decir no cabe afectar los derechos políticos de esas personas.
Suposiciones para otorgar asilo
Se ha insistido en que una de las razones determinantes para conceder el asilo diplomático a Julian Assange, es el temor de que el Reino de Suecia lo reextradite a los Estados Unidos, en donde enfrentaría la condena a pena de muerte o la cadena perpetua, presumiblemente como consecuencia de un proceso judicial por el delito de espionaje. Sin embargo, luego de conocerse más información especializada en el ámbito del Derecho Internacional, proporcionada por conocedores, poco espacio queda para que el temor de los riesgos de Assange, superen el nivel de una ligera suposición.
Por el contrario, los indicios documentados sitúan lejana la posibilidad de que Suecia, conceda la temida supuesta extradición a los Estados Unidos, una vez que reciba y juzgue al australiano, ya condenando o exonerándolo de las acusaciones de violación.
¿A qué indicios me refiero?
En primer lugar al más conocido: Suecia es un Estado, tal vez el más notorio defensor de los derechos humanos, con tradición de ser el refugio preferido por los perseguidos políticos. Basta recordar las cifras de chilenos acogidos por ese país durante la dictadura de Pinochet.
Gregorio Peces-Barba fue uno de los “padres” de la Constitución española de 1978, aprobada luego del franquismo. Falleció el pasado mes de julio, dejando atrás una estela de logros en la política, en la Academia y un legado importantísimo de obras jurídicas enfocadas principalmente en la Filosofía del Derecho y los Derechos Humanos. Jurista para ejemplo, con prestigio en España y en el exterior.
Como columnista del diario El País, Peces-Barba escribió en alguna ocasión, entre las tantas ocasiones y temas tratados, sobre la ideología del enemigo total, advirtiendo que constituye el mayor peligro para la concepción humanística de la historia, de la cultura y de la democracia. Sugería que tal ideología es la expresión radical y más peligrosa de aquella idea de que el hombre es un lobo para el hombre. Al mismo tiempo ubicaba la presencia de esa ideología en los gobiernos autoritarios y en “…personas dogmáticas y violentas, agresivas e intolerantes y que cultivan el odio…”. En uno y otro caso “…son modelos antidemocráticos, antiliberales, antisolidarios y antipluralistas… fomentan rechazos a la dignidad humana, al respeto… al juego limpio”.
Decía, que en esa concepción se impulsa la destrucción del adversario, como enemigo sustancial, sobre la creencia de que es “absolutamente incompatible para la convivencia”. Para afianzar esa posición, previamente se invoca la necesaria “defensa de un yo inocente, justo y poseedor de la verdad, frente a otros, que son los enemigos”.
‘Firmas falsas’
La participación ciudadana en decisiones sobre asuntos públicos es un derecho protegido por la Constitución e instrumentos internacionales sobre derechos humanos. El ejercicio del voto permite esa participación, con elecciones auténticas, que garanticen la libre expresión de voluntad de los electores.
El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos advierte que la ley puede reglamentar el ejercicio de tales derechos y oportunidades “exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”.
Así, las posibilidades de cancelar los registros de partidos políticos y movimientos regionales, debido a la detección visual de firmas presuntamente falsificadas, o por denuncias de personas indebidamente incluidas como afiliadas o adherentes de tales partidos o movimientos, podrían obstaculizar los derechos protegidos por la norma indicada. Es que esa cancelación del registro limitaría ostensiblemente las opciones ciudadanas en las próximas elecciones, en desmedro del ejercicio democrático representativo, que exige pluralismo político.

References: artículo 45
 artículo 277
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 23