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Timestamp: 2018-11-21 02:49:03+00:00

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Ley numero: 246
Estatuto Profesional de Ciencias Económicas.
- Ley nº 630 -Deroga- (B.O. 3340, p. 1. 12-11-86).
ESTATUTO PROFESIONAL de CIENCIAS ECONOMICAS
Artículo 1º.-	El ejercicio de las profesiones del Doctor en Ciencias Económicas, Contador Público Nacional y actuario en todo el territorio de la Provincia, queda sujeto a lo que prescribe la presente ley y a las disposiciones reglamentarias que se dicten en lo sucesivo.
Art. 2º.-	Se entiende por ejercicio de las profesiones mencionadas, aquel que se realiza en forma individual sin relación de dependencia con el dador del trabajo, consistiendo la retribución en honorarios conforme el respectivo arancel, que será fijado por ley a propuesta del Consejo Profesional.
Art. 3º.-	A los efectos de esta ley será considerado ejercicio las citadas profesiones,todo acto que suponga, requiera, o comprenda la aplicación de los conocimientos propios de las personas con diplomas comprendidos en el artículo 4º y especialmente si consiste en:
1º.-	El ofrecimiento o realización de servicios profesionales;
2º.-	El desempeño de funciones derivadas de nombramientos judiciales, de oficio o a propuesta de partes;
3º.-	La emisión, evacuación, expedición, presentación de laudos, consultas, estudios, consejos, pericias, compulas, tasaciones, escritos, cuentas, análisis, proyectos o trabajos similares, destinados a ser presentados a autoridades públicas o particulares.
Art. 4º.-	Las profesiones enumeradas en el artículo 1º solo podrán ser ejercidas:
1º.-	Por personas titulares de diplomas oficiales expedidos por las universidades nacionales y los que en adelante se expedirán, siempre que el otorgamiento de estos últimos requiera estudios completos de carácter universitario y que éstos acrediten conocimientos iguales a los impartidos en las respectivas disciplinas en la Universidad Nacional de Buenos Aires o de otra universidad nacional oficial.
2º.-	Por personas titulares de diplomas expedidos por universidades extranjeras que hayan sido reconocidos o revalidados por una universidad nacional o que fuere en lo sucesivo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º.
3º.-	Por personas titulares de diplomas expedidos por escuelas superiores de comercio, y por los que en adelante expidieran, siempre que los planes de estudios de estos se hallen encuadrados en las exigencias del inciso 1º del presente artículo;
4º.-	Con personas de reconocida idoneidad inscriptas en el registro de NO Graduados, contratadas por la Provincia, las Municipalidades o por las demás entidades de derecho público en lo que sea indispensable,directa o exclusivamente para el cumplimiento de su cometido.
Art. 5º.- Para la inscripción en la matrícula a que se refiere el artículo 11, de títulos revalidos o reconocidos, con excepción de los comprendidos en el artículo 6º, deberán concurrir en todos los casos los siguientes requisitos:
1º.-	Que los diplomas extranjeros hayan sido otorgados previo un ciclo completo de enseñanza media universitaria, conocimientos iguales o superiores a los impartidos en las respectivas disciplinas en la Universidad Nacional de Buenos Aires o de universidad nacional oficial;
2º.-	Tener una residencia continuada en el país, no menor de dos(2) años.
Art. 6º.-	Las personas, asociaciones o sociedades de personas, que en momento de entrar en vigencia esta ley prueben fehacientemente que desempeñan o hubieran desempeñado funciones, cargos, empleos o comisiones, que pudieran considerarse propias del ejercicio de las profesiones, en la forma definida en el artículo 2º, podrán inscribirse en sí o por mandatarios, dentro de los noventa (90) días, en su registro especial de NO Graduados que a tal efecto llevará el Consejo Profesional.- La inscripción en el expresado registro dará derecho a ejercer los servicios profesionales dentro de las limitaciones de las tareas desempeñadas pudiendo indicar la índole de los servicios profesionales para los cuales se crean capacitados de acuerdo con la categoría en que se hallen inscriptos pero en forma alguna invocar títulos privativos
de las profesiones enumeradas en el artículo 1º. A las personas que no se inscriban en el citado registro dentro del término fijado, a menos que la omisión, se deba a causas justificadas a juicio del Consejo Profesional, les queda absolutamente prohibido ofrecer sus servicios en carácter profesional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8º.
Art. 7º.-	El uso del título de cualquiera de las profesiones enumeradas en el artículo 1º de la presente ley está sometido a las siguientes reglas:
1º.-	Solo será permitido a las personas de existencia visible;
2º.-	Las asociaciones, sociedades de cualquier conjunto de profesionales no podrán, en ningún caso, usar los títulos de las profesiones que se reglamentan por la presente ley ni ofrecer servicios profesionales,a no ser que la totalidad de sus componentes posean los respectivos títulos habilitantes;
3º.-	En todos los casos deberá determinar el título de que se trata excluyendo la posibilidad de cualquier error o duda al respecto.
Art. 8º.-	Se considerará como uso del título toda manifestación que permita referir o atribuir a una o más personas el proposito del ejercicio de una de las profesiones enumeradas en la presente ley, tales como el empleo de: leyendas, dibujos, insignias, chapas, tarjetas, avisos, carteles, inclusión de guías de cualquier espacio o la emisión, reproducción o difusión de palabras o sonidos o el empleo de términos como: organización, academia, estudio, asesoría, oficina, instituto, sociedad u otras palabras o conceptos similares. En esta disposición no se incluyen las denominaciones de cargos públicos.
Art. 9º.-	Las personas que sin títulos habilitantes en las condiciones exigidas por la presente ley ejercieran las profesiones cuyo ejercicio se reglamenta y ofrecieran los servicios inherentes a las mismas, sufrirán arresto de treinta (30) a trescientos sesenta (360) días. Los que indebidamente se arroguen título de Doctor en Ciencias Económicas, Contador Público Nacional o Actuario serán pasibles de las sanciones previstas en el artículo 247 del Código Penál.
Art.10º.-	Los Directores, Regentes de Institutos, Administradores o propietarios de Academias o Establecimientos de enseñanza privada, que expidan títulos, diplomas o certificados, con designaciones iguales o parecidas a las reglamentadas por la presente ley, serán pasibles de una multa de $ 5.000 m/n. (Cinco mil pesos moneda nacional) a $ 50.000 m/n. (Cincuenta mil pesos de igual moneda) o prisión equivalente, siendo clausurados inmediatamente tales centros de enseñanza.
Disposiciones especiales a cada título profesional
Art.11º.-	Es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones de Doctor en Ciencias Económicas, Contador Público Nacional y Actuario, la inscripción en las respectivas matrículas profesionales que se crean a tal efecto por la presente ley. El ejercicio de la profesión sin la inscripción correspondiente será reprimido con multa de $ 500 m/n. (Quinientos pesos moneda nacional) a $ 1.600 m/n. (Un mil seiscientos pesos de igual moneda). En caso de reincidencia, se aplicará arresto de treinta (30) a ttrescientos sesenta (360) días.
Art.12º.-	Corresponderá a los profesionales matriculados, sin perjuicio de todas aquellas funciones que sean propias de la naturaleza de los conocimientos acreditados por los respectivos títulos, las siguientes:
1º.-	Se requerirá título de Doctor en Ciencias Económicas para todo dictámen destinado a ser presentado a autoridades judiciales, administrativas a hacer fe pública, relacionado con problemas de economía o finánzas;
2º.-	Se requerirá título de Contador Público:
a)-	En materia judicial para la producción y firma de dictámenes relacionados con las siguientes cuestiones:
1º.-	En las quiebras y convocatorias de acreedores para las funciones de síndicos revistas por la ley de quiebras y para la conformidad de los estados patrimoniales de distribución de fondos y cálculos de dividendos, presentado por los liquidadores;
2º.-	En los concursos civiles, cuando los síndicos no sean Contadores Públicos, para la conformidad contable de todos los estados patrimoniales de distribución de fondos, cálculos de dividendos y todo los cómputos numéricos que en dichos juicios sean presentados por los síndicos;
3º.-	En las liquidaciones de averías y seguros y en las cuestiones relacionadas con los transportes en general, para realizar los cálculos;
4º.-	Los estados de cuentas en las disoluciones y liquidaciones de sociedades civiles y comerciales y en todas las rendiciones de cuentas por administración de bienes a pedido de parte interesada;
5º.-	Las compulsas de libros, documentos y demás elementos concurrentes a la dilucidación de cuestiones de contabilidad relacionadas con el comercio en general, sus prácticas, usos y costumbres a pedido de parte interesada;
6º.-	Para las tareas de contabilidad en las administraciones judiciales de sociedades comerciales, cuando el administrador designado no sea Contador;
7º.-	En los juicios sucesorios para realizar y suscribir las cuotas particionadas, conjuntamente con el letrado interviniente.
b)- En materia comercial, cuando los dictámenes sirvan a fines judiciales, administrativos o estén destinados a hacer fe pública en los siguientes casos:
1º.-	Estudio económico y financiero de la situación y porvenir de haciendas comerciales;
2º.-	Determinación de resultados económicos en las empresas o asociaciones de carácter comercial o civil, así como también el estudio y la determinación de precios de costo;
3º.-	Revisión de contabilidades y contralor de sus asientos; visación de documentos y certificación del arqueo de valores en forma permanente o transitoria;
4º.-	Certificación interpretada de los estados comerciales o civiles a los efectos fiscales o adminisstrativos y de balances comerciales o civiles y manifestaciones de bienes en general, con destino a ser presentados a cualquier entidad bancaria o financiera, oficial o privada. El Consejo Profesional determinará oportunamente las excepciones a esta obligación;
5º.-	Liquidación de averías;
6º.-	Intervención y dirección en el relevamiento de inventarios que sirvan de base para la transferencia de negocios, constituciones, fusión, disolución y liquidación de cualquier clase de sociedades;
7º.-	En las sociedades que exploten concesiones hechas por autoridades, compañias de seguros, instituciones bancarias, entidades financieras, empresas y asociaciones de empresas, para la revisión, contralor y certificación en materia de contabilidad y estudios económicos y financieros;
8º.-	Para la supervisión legal; contable de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo III, título II, libro I del Código de Comercio;
9º.-	Para la interveción y certificación interpretada de balances y cuadros de explotación en calidad de asesores, de síndicos de sociedades anónimas y de los revisores de cuentas de asociaciones civiles. Cuando los síndicos y revisores de cuentas no poséen título de Contador Público Nacional deberán acreditar que no se hallan en relación de dependencia con las entidades cuyos balances y cuadros de explotación intervinieran o certificaran ni con entidades económicamente vinculadas a las mismas;
10º.-	Para la intervención de todo contrato de emisión de obligaciones (debentures) o de préstamo otorgado por los Bancos, cuando los fideicomisarios designados no peséen títulos de Contador Público Nacional;
11º.-	Para intervenir en la organización contable de toda clase de asociaciones y sociedades civiles y comerciales;
12º.-	Para firmar los balances de los bancos, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 12.156, no pudiendo cada Contador Público suscribir el balance de más de un banco, debiendo acreditar en el caso de los b bancos no oficiales que no se hallan en relación de dependencia con los mismos;
c) En materia de cuentas para las siguientes cuestiones:
1º.-	Certificación literal de los balances contabilizados en los respectivos libros, dando opinión sobre la fe que pudieran merecer;
2º.-	La certificación de asientos en la forma establecida en el punto 1;
3º.-	La certificación de saldos y asientos para los fines materiales;
d)- En materia administrativa: para la certificación de balances, estados de cuentas e informes relativos a contabilidad que se presentan por sociedades anónimas o de cualquier naturaleza y comerciantes en general ante los poderes públicos o instituciones oficiales. El Consejo Profesional determinará las excepciones a esta obligación.
3º.-	Se requiere el título de actuario:
a) Para todo informe que las compañías de seguro, capitalización, ahorro, auto - financiación (crédito - recíproco) y sociedades mutuales, elevan a sus asociados o terceros a la Superintendencia de Seguros, Inspección de Justicia u otra repartición pública, y siempre que se relacionen con el cáalculo de tarifas, planes de seguros, beneficios o subsidios, reservas técnicas de dichas entidades;
b) Para dictámen sobre las reservas que esas mismas compañías y sociedades deberán publicar junto con su balance y cuadro de rendimientos anuales.
c) Para todo informe que sea indispensable en juicio en que se ventilan cuestiones técnicas relacionadas con la estadística y el cálculo de las probabilidades de su aplicación al seguro, a la capitalización o a las operaciones de ahorro autofinanciadas (crédito recíproco).
Art.13º.-	Los profesionales aludidos en los artículos 1º y 4º de la presente ley que se hallen en relación de dependencia, con personas, empresas, sociedades, entidades o grupos de entidades económicamente vinculadas, no podrán ejercer las funciones a que alude el artículo 12, en actuaciones en que las mismas sean parte.
Art.14º.-	El superior Tribunal de Justicia, formará anualmente un registro para cada una de las profesiones a que se refiere el artículo 1º, enel que podrán inscribirse sin limitaciones alguna todos los profesionales matriculados. Las designaciones de oficio deberán efectuarse mediante sorteo practicado en acto público entre los profesionales que integren dichos registros.-
Los profesionales desinculados serán eliminados de la colocación que tuvieran, dejandose constancia de la designación, y serán repuestos automáticamente al agotarse la lista. Las designaciones de oficio son irrenunciables, salvo el caso de que al profesional desinculado, le comprendan las generales de la ley o de enfermedad.-
El profesional que renuncie sin causas no podrá ser repuesto en la lista ni incluído en las correspondientes a los dos (2) años subsiguientes.
Art.15º.-	En la Capital de la Provincia funcionará un Consejo Profesional delas profesiones a que se refiere el artículo 1º cuyo ejercicio se regla porla presente ley y que extenderá su jurisdicción al territorio de la Provincia.
Art.16º.-	El Consejo Profesinal estará constituído por cinco (5) miembros inscriptos en la matricula. La elección de sus miembros se hará por voto secreto obligatorio de todos los profesionales inscriptos en las matrículas. Las elecciones serán fiscalizadas por el Ministerio de Gobierno. La duración del mandato será dedos (2) años, pudiendo ser reelectos. Los cargos serán ad - honorem y obligatorios con las excepciones que establezca la reglamentación. Simultáneamente con los miembros titulares y en la misma forma que éstos, serán electos también dos (2) miembros s plentes, por el término de dos (2) años. Los miembros suplentes se incorporarán al Consejo de acuerdo con la reglamentación pertinente.
Art.17º.-	Corresponderá al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, dentro de su respectiva jurisdicción:
1º.-	Crear y llevar las matrículas correspondientes a las profesiones que reglamenta la presente ley;
2º.-	Certificar las firmas y legalizar los dictámenes expedidos por los profesionales matriculados cuando tal requisito sea exigido;
3º.-	Velar por el cumplimiento delapresente ley y demás disposiciones atinentes al ejercicio profesional;
4º.-	Someter al Poder Ejecutivo los reglamentos necesarios para la aplicación de la presente ley y proponer a los poderes públicos las medidas y disposiciones de todo orden que estime necesarias o convenientes para el mejor ejercicio de la profesión respectiva;
5º.-	Dictar el Código de Etica Profesional;
6º.-	Proponer los aranceles correspondientesa cada profesión;
7º.-	Aplicar las correcciones disciplinarias por violación al Código de Etica y a los aranceles;
8º.-	Ejercer la representación en juicio a los efectos previstos en los artículos 18 y 19;
9º.-	Proponer al Poder Legislativo los derechos a abonar a los efectos del artículo 20;
10º.-	Designar al personal que sea necesario para el ejercicio de sus funciones.
Art.18º.-	Las correcciones disciplinarias consistirán en:
1º.- Advertencia;
2º.- Amonestación privada;
3º.- Apercibimiento público;
4º.- Suspención en el ejercicio de la profesión de un (1) mes a un (1) año;
5º.- Cancelación de la matrícula.
Las correcciones disciplinarias indicadas darán recurso de apelación ante el Superior Tribunal de Justicia, el que resolverá oyendo al apelante y al representante del Consejo Profesional, en audiencia pública que deberá realizarse dentro de los veinte (20) días de interpuesta la apelación, con los antecedentes del expediente administrativo y otros que de oficio solicitare para mejor proveer. Los recursos deberán ser interpuestos dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la penalidad, y la resolución del Consejo no será aplicada ni publicada mientras transcurra dicho plazo, o producida la apelación mientras no haya sentencia confirmatoria.En los caso de cancelación de matrícula no podrá solicitarse la reinscripción hasta pasados tres (3) años de la fecha en que quedó firme la resolución respectiva.
Art.19º.-	Las resoluciones del Consejo Profesional denegando la inscripción o reinscripción en la matrícula, darán recurso ante el Superior Tribunal de Justicia.
Art.20º.-	Créase un derecho de inscripción en la matrícula y uno anual de ejercicio profesional en forma que oportunamente se determine. Con el importe de los mencionados derechos y el de las multas que se apliquen en virtud de la presente ley,se constituirá un fondo para la atención de lo dispuesto en el inciso 10 del artículo 17.
Art.21º.-	El Consejo Profesional confeccionará en el término de treinta (30) días un padrón provisorio de los profesionales comprendidos en la presente ley, a los efectos de elegir dentro de los quince (15) días los miembros previstos en el artículo 16.
Art.22º.-	El Consejo Profesional de Ciencias Económicas designado en la forma establecida por el artículo 21 procederá, en el término de veinte (20) días, a la habilitación de los registros de las matrículas respectivas, a la redacción del Código de Etica Profesional, de su propio reglamento y del anteproyecto de aranceles.
Art.23º.-	En la Provincia el Consejo Profesional de Ciencias Económicas es el órgano el cual compete la representación gremial ante los poderes públicos.
Art.24º.-	El Consejo Profesional estará bajo la fiscalización del Superior Tribunal de Justicia, en todo lo que se refiere al desarrollo de sus actividades, pudiendo éste intervenir de por sí cuando a su juicio hubiera mérito para ello.
Art.25º.-	A partir de los noventa (90) días de vigencia de la presente ley no podrá darse curso a ninguna gestión en la que no se haya cumplido previamente los requisitos comprendidos en el artículo 12.
Art.26º.-	Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.
Art.27º.-	Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese y archívese.
Sancionada en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Formosa, el veintiuno de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro.
BENICIO LOPEZ PEREYRA /RAUL INOCENIO VILLAGGI

References: Artículo 1
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 artículo 1
 artículo 5
 artículo 11
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 247
 artículo 12
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 20
 resolución 
 resolución 
 artículo 17
 artículo 16
 artículo 21
 artículo 12