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Timestamp: 2017-11-21 02:28:18+00:00

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Conflicto negativo de Competencia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que una cuestión de consumidores financieros titulares de tarjetas de débito contra un Banco pretendiendo la restitución de diferencias no abonadas en concepto de devolución de IVA debe ser resuelta por la Justicia Comercial y nunca por la Contencioso Administrativa Federal
by Dra. Adela Prat on junio 8, 2013
SUMARIO. DERECHOS DEL CONSUMIDOR. ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES. Pretensión tendiente a que una Entidad Bancaria restituya a sus clientes titulares de TARJETA DE DÉBITO, las diferencias dinerarias que no hubiesen percibido en concepto de devolución de IVA, conforme el Régimen de devolución parcial del impuesto. Pretensión de que se aplique a la Entidad Financiera una Multa Civil ( Art. 52 bis de la Ley Nº 24.240 ). Estado Nacional citado como tercero. Conflicto negativo de competencia. Improcedencia de la competencia federal. COMPETENCIA de la Justicia Nacional en lo Comercial.
Competencia Nº 931. XLVIII – “Proconsumer c/ Banco Comafi S.A. s/ proceso de conocimiento – CSJN – 28/05/2.013 .-
Los Ministros que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación – Dres. Carlos S. Fayt, Enrique S. Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen M. Argibay – de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal subrogante, declararon que resulta competente para conocer en las actuaciones el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 20, al que se le remitirán por intermedio de la Sala E de la Cámara de Apelaciones de dicho fuero. “ Hágase saber al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal nº 11, por intermedio de la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Fuero. “
Dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal Subrogante al que adhiere la Corte.
La Dra. M. Alejandra Cordone Rosello – Procuradora Fiscal subrogante ante la Corte Suprema de la Nación – dictaminó : “ a mi modo de ver, la presente causa debe continuar su trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 20, Secretaría Nº 40. “
Antecedentes relatados en el Dictamen.
La Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial REVOCÓ la decisión de la instancia anterior en cuanto había rechazado la Excepción de Incompetencia opuesta por el Banco demandado. Declaró competente para conocer en autos a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal. Apelaron dicho pronunciamiento el Fisco Nacional, Estado Nacional y Banco Comafi S.A..
Luce en el Dictamen de la Procuradora Fiscal que ” para así decidir, la Sala E , en primer lugar, precisó que la “Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur “ – Proconsumer – promovió demanda con el objeto de que se condene al “Banco Comafi S.A.” a restituir a la totalidad de sus clientes titulares de tarjetas de débito, en tanto consumidores financieros, todas las diferencias no abonadas en concepto de devolución del Impuesto al Valor Agregado por las operaciones efectuadas con dichas tarjetas inferiores o iguales a $ 1.000, en el marco de lo establecido por los Decretos Nº 1387/01, 1402/01 y 1548/01. En ese contexto, concluyó que el debate consiste, en gran medida, en determinar si la conducta de la demandada se adecúa, o no, a las prescripciones del régimen legal de devolución parcial del I.V.A., lo cual trasciende la actividad bancaria.”
A su vez – añadió – “ante la solicitud del Banco demandado, la Sala E admitió se cite como tercero en los términos del artículo 94 del CPCCN al Estado Nacional – Ministerio de Economía – y AFIP .”
La Procuradora Fiscal continuó relatando que “por su parte, el Magistrado a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11 rechazó dicha decisión, con fundamento en que la cuestión de autos se ciñe a una relación contractual entre particulares, que la materia en discusión involucra el estudio de normas de la Ley de Defensa del Consumidor, y en lo dispuesto en orden a la atribución de competencia por los artículos 7, 8 inc. 3 del Código de Comercio y 43 bis del Decreto Ley 1285/58. “
La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, confirmó dicho pronunciamiento, sobre la base de considerar que el aspecto a determinar es la responsabilidad de una Entidad Bancaria respecto de las relaciones jurídicas establecidas con los consumidores financieros. Aclaró, en este sentido, que la actora además de pretender la restitución de las diferencias no percibidas por los clientes titulares de tarjetas de débito en concepto de I.V.A. por operaciones inferiores o iguales a los $ 1.000, solicitó la aplicación de una multa civil en los términos del artículo 52 bis de la Ley Nº 24.240, imponiéndose el máximo de la sanción prevista en el art. 47 inciso b) de ese cuerpo legal. “
Asimismo, la Cámara consideró que “ no se encuentra en discusión si es correcto lo devuelto por el Fisco por tales conceptos, sino que la controversia versa acerca de la interpretación que realiza el Banco para devolver la alícuota correspondiente. “
“Se planteó así, un conflicto negativo de competencia que corresponde dirimir a V.E. en los términos del artículo 24, inciso 7 del Decreto Ley Nº 1285/58, texto según Ley Nº 21. 708 (art. 2º ) ” – afirmó la Sra. Procuradora Fiscal –
Fundamentos del Dictamen de la Procuradora Fiscal.
Inicialmente la Procuradora señaló que “ la cuestión en debate se vincula con las obligaciones de la Entidad Financiera, agente de pago designado por el Fisco Nacional, en relación con operaciones inferiores o iguales a $ 1.000, realizadas por sus clientes – titulares de tarjetas de débito– en el marco de la interpretación que realiza de la normativa aplicable, y puntualmente del alcance de los sujetos beneficiarios; en otros términos, de la exposición de los hechos efectuada en el escrito de inicio surge que lo que aquí se cuestiona es la conducta y responsabilidad del Banco demandado en el contexto de una relación jurídica de naturaleza eminentemente comercial ( art. 8º inc. 3 C. de Comercio ), y con fundamento, centralmente, en la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240. “
Acto seguido, la Dra Cordone Rosello puso de relieve que “ todo ello, más allá del sistema de acreditación posterior legalmente previsto por el Fisco Nacional a las Entidades Financieras, en tanto por razones operativas la devolución parcial del I.V.A. a los clientes titulares de tarjetas de débito por las operaciones mencionadas, debe ser realizada directamente por las Entidades Financieras ( v. Decreto Nº 1548/01 y Res. Gral. AFIP Nº 1166/01). “
“ No se controvierte lo dispuesto por la legislación en orden a la devolución parcial del I.V.A. – Dec. Nº 1387/01 – sino la conducta del Banco en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo vinculadas con sus clientes. “ – afirmó la Sra. Procuradora Fiscal –
Sentado lo anterior, destacó que “ también debe descartarse la intervención de la Justicia Federal en razón de la persona dado que al respecto cabe recordar que para la procedencia de tal fuero de excepción es necesario que el Estado Nacional además de ser parte en sentido nominal – en este caso, como tercero – tenga un interés federal directo en el pleito, de manera que la sentencia que se dicte le resulte obligatoria ( Fallos 326 : 1871; 329 : 4851; 330 : 1271) “ tras lo cual añadió “ esa calidad de partícipe sustancial debe surgir, en forma manifiesta, de la realidad jurídica, no obstante la voluntad de los litigantes en sus expresiones formales, pues de lo contrario importaría dejar librado al resorte de éstos la determinación de la competencia federal de excepción, limitada a los casos taxativamente contemplados por la Constitución Nacional, por lo que su aplicación es de carácter restrictivo y no puede ser ampliada o modificada por voluntad de las partes ( Fallos 328 : 3032, 3687 ). “ (1)
En tal sentido, la Sra. Procuradora Fiscal recordó que ” la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial al admitir la citación como tercero del Estado Nacional, señaló como fundamento de su decisión que “en caso de que la accionada resultara condenada, podría intentar repetir contra el Estado Nacional y la AFIP y, siendo ello así, aparece procedente su integración a la litis a efectos de que los citados no puedan alegar negligente defensa.”
Finalmente manifestó que “en tales condiciones, no existe obstáculo para que la Justicia Nacional en lo Comercial continúe entendiendo en las presentes actuaciones, toda vez que en el sub lite no se configura ninguno de los supuestos para la procedencia de la jurisdicción federal ratione personae o ratione materiae, que, por otro lado, posee carácter excepcional y está circunscripta a las causas que expresamente le atribuyen las leyes, las cuales, reitero, son de interpretación restrictiva ( v. doctrina de Fallos 328 : 988; entre otros ).“
(1) Luce en el Dictamen de la Procuradora Fiscal “entiendo que este requisito, prima facie y dentro del limitado marco cognoscitivo propio de la cuestión de competencia bajo examen, no se encuentra cumplido en autos atento que, de los términos de la demanda, a los cuales cabe estar de modo principal para determinar la competencia ( art. 4º, CPCCN ), se desprende que el objeto de la acción incoada por la actora se circunscribe a que se condene al “Banco Comafi S.A.” a restituir la totalidad de los clientes, titulares de tarjetas de débito, en tanto consumidores financieros, todas las diferencias dinerarias que no hubiesen percibido en concepto de devolución parcial del I.V.A. por operaciones efectuadas inferiores o iguales a los $ 1.000. Además, solicitó la aplicación de una multa civil en los términos del artículo 52 bis de la Ley Nº 24.240. De tal forma, la citación como tercero del Estado Nacional – AFIP – sería al solo efecto de repetir una eventual condena contra el Banco Comafi S.A. fundada en la procedencia del reclamo.”
Nunca viene mal recordar los artículos 47 inc b) y 52 bis de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor con las reformas introducidas por la Ley Nº 26. 361 del 07/04/2.008./ “ Artículo 47. Sanciones. Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido, serán pasibles de las siguientes sanciones: inciso b) Multa de $ 100 a $ 5.000.000. En la parte final del art. 47 el legislador aclara que el 50% del monto percibido en concepto de multa u otras penalidades impuestas por la Autoridad de Aplicación conforme el presente artículo, será asignado a un Fondo Especial destinado a cumplir con los fines del Capítulo XVI – Educación al Consumidor – y demás actividades que se realicen para la ejecución de políticas de consumo conforme lo dispone el art. 43 inc. a) de la norma. El Fondo será administrado por la Autoridad Nacional de Aplicación .
Artículo 52 bis. Daño punitivo. El proveedor que no cumpla con sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el Juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. La multa civil que imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el art. 47 inc. b) de esta Ley, (o sea $ 5.000.000).
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References: artículo 94
 artículo 52
 artículo 24
 artículo 52
 Artículo 47

Artículo 52
 Resolución