Source: http://www.scribd.com/doc/534610/DECRETO-NUMERO-1468-LEY-DE-INQUILINATO
Timestamp: 2014-08-31 09:12:48+00:00

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P. 1DECRETO NUMERO 1468 LEY DE INQUILINATODECRETO NUMERO 1468 LEY DE INQUILINATORatings: 4.82 (11)|Views: 37,133
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Que la Ley de Inquilinato contenida en el Decreto Presidencial número 178, no ha producido losresultados que de ella se esperaban, ya que la ilimitada libertad de contratación ha dado lugar a gravesrepercusiones en perjuicio de los guatemaltecos de escasos y de medianos recursos, originándose deaquella ley una alza exagerada de los alquileres y permitiendo a los propietarios de bienes urbanosextorsionar a los inquilinos, hechos injustos que deben evitarse mediante la emisión de una ley que secaracterice por una justa protección a los arrendatarios, quienes constituyen las grandes mayorías de lapoblación urbana de la república y que, al mismo tiempo, estimule a los inversionistas para destinar susrecursos a la construcción de nuevas viviendas y locales, todo lo cual hará posible la obtención, enalquiler, de bienes inmuebles urbanos en condiciones favorables;
Que es necesario regular con la mayor efectividad y equidad el arrendamiento de inmuebles urbanos, afin de que las personas de escasos o medianos ingresos familiares y los pequeños empresarios no sigansiendo explotados mediante el cobro de rentas excesivas y la constante amenaza de desahucios;
Que es de absoluta y urgente justicia dictar normas legales que armonicen los intereses antagónicos,tiendan a solucionar en forma satisfactoria y expedita los graves problemas derivados del arrendamientode inmuebles urbanos y procuren el equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes en tal génerode contratos, en los cuales debe prevalecer el interés social sobre el particular;POR TANTO,Con fundamento en el inciso 1o, del Artículo 147, en el inciso 19 del Artículo 168 y en los Artículos 42, 87y 126 de la Constitución de la República,
Se declara de utilidad pública y de interés social el arrendamiento de toda clase deviviendas y de locales urbanos destinados a cualquiera otra finalidad.
Los beneficios que esta ley establece en favor de los inquilinos son irrenunciables y, enconsecuencia, carecerán de validez las estipulaciones contractuales que los contravengan.La presente ley prevalecerá también sobre todo lo estipulado en contratos de arrendamiento osubarrendamiento celebrados con anterioridad a su vigencia.
Para todos los efectos de esta ley se entienden por:a) LOCADOR: El propietario, usufructuario, arrendante o subarrendante legales de bienes inmueblesurbanos o de partes de éstos;b) INQUILINO: Quien recibe u ocupa en arrendante o en subarrendante legales de bienes inmueblesurbanos o partes de éstos;c) VIVIENDAS: Los inmuebles urbanos o partes de los mismos dados en alquiler para destinarlos ahabitación del inquilino y del grupo familiar que no él conviva en el mismo alojamiento;
d) LOCALES: Los inmuebles urbanos o partes de los mismos destinados a tiendas, almacenes, bodegas,fábricas, talleres, oficinas y negocios o actividades de cualquiera otra naturaleza sean o no índolelucrativa, y que no tengan el carácter de viviendas; ye) RENTA O ALQUILER: La suma que deba pagarse en dinero o que deba retribuirse en cualquiera otraforma convencional por el inquilino a cambio del uso a que se destinen las viviendas o locales.La calidad de bienes inmuebles urbanos se fijará exclusivamente por resolución de la Municipalidadrespectiva.
Esta ley no se aplicará a viviendas o locales amueblados, reputándose como tales los quecomprendan en el arrendamiento o en el subarrendamiento mobiliario con valor mayor de un milquetzales, sin incluirse en dicha cantidad las estanterías, los equipos y artefactos destinados al serviciopermanente del inmueble o a proporcionar a éste comodidad, tales como refrigeradoras, cocinas,calentadores de agua, lavadoras, secadoras, aparatos de radiodifusión para aficionados o deradiorrecepción, televisores y cosas similares. El valor real del mobiliario será fijado en su caso, por el juez de inquilinato, a solicitud del locador o del inquilino aplicando para el efecto, por analogía lo que estaley dispone en cuanto al avalúo de viviendas y locales.
Se declara ilegal todo aumento de alquileres de viviendas o locales urbanos, debiendomantenerse como máximo, el alquiler que, conforme a los contratos respectivos, percibían los locadoresel 1°, de noviembre de 1960. Las rentas de los inmuebles construidos y arrendados o subarrendados conanterioridad a la fecha últimamente mencionada, quedan en consecuencia, congeladas e incurrirán en lassanciones que esta ley establece quienes las aumenten o amenazaren al inquilino con exigirle ladesocupación por causales no autorizadas en la presente ley o lo cohiban de cualquiera otra manerailegal a desocupar el bien arrendado.
Por las viviendas y locales que hubieren estado desocupados el 1°, de noviembre de 1960no podrá cobrarse mayor renta que la que pagaba el último inquilino, sin perjuicio de lo dispuesto en elartículo siguiente.
Unicamente podrán aumentarse los alquileres que estaban vigentes el 1°, de noviembre de1960 o que cubría el último inquilino, en su caso, cuando el propietario del raíz hubiere efectuado nuevasconstrucciones, ampliaciones o mejoras de importancia en inmuebles desocupados. En tales cosas, ypara los efectos del cómputo de la renta a que se refiere el Artículo 22, el valor real que el inmueble teníaanteriormente se elevará en una suma igual a la efectivamente invertida en tales obras, de conformidadcon lo que conste en la licencia municipal obtenida para efectuar tales obras y en la inspección municipalposterior a la conclusión de las mismas.
Los inmuebles que se hubieren construido después del 1°, de noviembre de 1960 y queaún no hubieren sido dados en arrendamiento; y los que se construyan o terminen de construir en elfuturo, quedarán completamente libres de las limitaciones que, en materia de rentas, ordena esta ley. Enconsecuencia, las partes gozarán, en cuanto a ellos, del derecho de libre contratación.
Será igualmente de libre contratación, el alquiler de las viviendas o locales cuando el valor real y total de cada uno de ellos exceda de veinte mil quetzales.
Todo inquilino que no estuviere conforme con el importe de la renta que le correspondierepagar de acuerdo con los Artículos 5º, 6º y 7º de esta ley y que no hubiere podido llegar a un arreglo conel locador, tendrá derecho a promover las diligencias correspondientes a fin de que dicha renta searebajada y de que se aplique a la vivienda o al local que aquél ocupare la renta máxima que el tribunalcompetente fijará de conformidad con el siguiente artículo.
El inquilinato interesado en obtener rebaja del alquiler que estuviere pagando, la solicitarápor escrito al juzgado de inquilinato en la capital o a los tribunales competentes en los departamentos dela República. La rebaja podrá obtenerse conciliatoriamente ante el juez o por resolución judicial mediantela aplicación, al avalúo y reavalúo reales de los bienes arrendados, de las cuotas que se fijan en elartículo 22.
El avalúo o reavalúo, en tal caso, se efectuará por expertos, designados uno por elinquilino, uno por el locador y el tercero por el juez competente.
El inquilino propondrá en su escrito inicial el nombramiento de un experto por su parte y el juzgado señalará al locador el término de dos días para designar el suyo. Si venciere este término sin queel locador hubiere nombrado su experto o éste no se presentare a desempeñar el cargo, el juez de oficio,
nombrará al experto por parte del locador. Nombrados los peritos de ambas partes, el juez dentro deltermino de dos días, nombrará a su vez al tercero para el caso de discordia. Los expertos, dentro deltérmino máximo de cinco días de la fecha en que se hubiere nombrado al tercero, procederán, previainspección ocular del bien de que se trate, a practicar el avalúo o reavalúo correspondiente y locomunicará al juez en comparecencia o por escrito y, en todo caso, bajo juramento legal.En la capital de la República y en los centros urbanos en que residieren valuadores legalmenteautorizados o valuadores o rectificadores fiscales, el experto tercero deberá tener cualquiera de esascalidades. Quienes tuvieren carácter oficial no podrán negarse, sin causa justa, al desempeño delencargo, so pena de destitución.En los municipios en que hubiere tablas o normas debidamente aprobadas para la práctica de avalúosfiscales o municipales, los peritajes deberán ceñirse a éstas, hasta donde sea posible.
Cada parte cubrirá los honorarios de su experto y la mitad de los correspondientes alexperto tercero. Los honorarios de los peritos designados conforme a esta ley se limitan a la tercera partede los autorizados por el Decreto gubernativo 1406.
Si el valúo o revalúo fijados fueren mayores que los consignados en la matrícula fiscalpara la totalidad del raíz, el tribunal, dentro del tercer día, oficiará a la Sección de Matrículacorrespondiente para que sin demora se aumente el valor declarado, del inmueble.Los valúos o revalúos en que se fijare al inmueble un valor inferior al registrado en la matrícula fiscal, noproducirán modificación alguna de ésta.Las sumas declaradas en la matrícula fiscal no influirán en la fijación de los valores a que se refiere estaley. Los avalúos se basarán en el valor real del bien arrendado.
Todo avalúo y reavalúo se limitará al bien arrendado cuya rebaja de alquiler se hubieresolicitado.
Cuando el bien arrendado formare parte de un edificio de más de un piso, el valor delterreno se calculará de conformidad con las siguientes normas:a) El piso situado al nivel de la calle (primer piso), se calculará aplicando el área correspondiente el valor unitario del terreno propiamente dicho; yb) El piso o pisos situados encima o debajo del nivel de la calle se computarán así:El segundo piso con un valor equivalente a la mitad del valor unitario del terreno ocupado por el primero;el tercer piso con un valor unitario equivalente a la tercera parte del valor del terreno del primero y asísucesivamente.En los entrepisos no podrán computarse valor alguno por concepto del terreno.El avalúo o reavalúo justipreciará separadamente el valor asignado al terreno ocupado, el valor de laconstrucción y el valor de los servicios de que gozare la vivienda o el local.
La rebaja que deberá obligatoriamente resolver el tribunal, exclusivamente en favor delinquilino solicitante, será equivalente a la diferencia entre el alquiler máximo que correspondiere a lavivienda o al local de conformidad con los artículo 5, 6 y 7 de esta ley y la suma que resulte aplicando elavalúo definitivo la cuota correspondiente al mismo, conforme al artículo 22.
No podrá solicitarse por el mismo inquilino rebaja de alquiler, sino después detranscurridos dos años de haber obtenido la rebaja anterior por concepto del mismo inmueble.
Las rebajas resueltas definitivamente por el tribunal, principiarán a regir el día en quedeba pagarse el próximo vencimiento de alquiler.
Si por concepto del avalúo o reavalúo correspondiere al locador cobrar una renta mayor que las autorizadas como máximas en los Artículos 5º, 6º y 7º, estas rentas máximas no podránaumentarse.
El alquiler que obligatoriamente deberá fijar el tribunal respectivo en favor del inquilinoque promoviere diligencias para obtener rebaja, se ajustará a la siguiente tabla de alquileres:I. Viviendas o locales valuados en cinco mil quetzales 5,000.00), o menos, seis por millar (6%o) al mes.
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References: Artículo 147
 Artículo 168
 resolución 
 Artículo 22
 resolución 
 artículo 5
 artículo 22