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Timestamp: 2019-07-16 12:35:33+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2000-03738/33950 DE ABRIL 9 DE 2018
SENTENCIA 2000-03738 DE 09 DE ABRIL DE 2018
CONTENIDO:FALLA EN EL SERVICIO POR LA OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PLANEACIÓN, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN. LA POBLACIÓN DE UN MUNICIPIO FUE ATACADA POR UN GRUPO SUBVERSIVO QUE DEJÓ CIVILES MUERTOS Y HERIDOS, Y BIENES INMUEBLES Y MUEBLES DESTRUIDOS E INCINERADOSEN ESTE CONTEXTO, SE LOGRÓ ESTABLECER QUE EL DETRIMENTO PATRIMONIAL Y LA AFRENTA A LA TRANQUILIDAD DE LOS ACTORES SON IMPUTABLES A LAS DEMANDADAS, EN TANTO SE ENCUENTRE PROBADA LA FALLA EN EL SERVICIO EN LA QUE INCURRIÓ LA DEMANDADA AL OMITIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PLANEACIÓN, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN QUE SE LE IMPONÍAN AL TENER CERTEZA SOBRE LA INMINENCIA DEL ATAQUE SUBVERSIVO, PUES NO SE ENCONTRABA DEBIDAMENTE PREPARADA PARA ENFRENTAR EL HOSTIGAMIENTO, ADEMÁS DE QUE EL APOYO QUE RECIBIÓ NO FUE SUFICIENTE PARA EVITAR EL DETRIMENTO PATRIMONIAL Y LA AFRENTA A LA TRANQUILIDAD ALEGADO POR LAS DEMANDANTES. ADEMÁS, TODA VEZ QUE LA RESPONSABILIDAD DEBE IMPUTARSE POR FALLA EN EL SERVICIO, NO HAY CABIDA AL ESTUDIO DE LA CAUSAL EXIMENTE DEL HECHO DEL TERCERO ALEGADA POR LA DEMANDADA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN CIVIL, MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN CIVIL, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ATAQUES A LA POBLACIÓN CIVIL, RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD POR ATAQUES A LA POBLACIÓN CIVIL
Sentencia 2000-03738/33950 de abril 9 de 2018
Rad.: 7300-12-33-1000-2000-03738-01 (33950)
Actor: Humberto Copete Escobar y otros
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional
Bogotá D.C. nueve de abril de dos mil dieciocho.
La Sala es competente para conocer del asunto en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (Policía Nacional) y por las partes demandantes en los procesos 3176 (Miryam Luz Copete Escobar y otros), 3184 (Bernarda Jovel de Espinosa), 3186 (Ana Milena Mur Rodríguez) y 3185 (Laura Cecilia Caviedes de Sánchez)(77), en proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado(78), de acuerdo con el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 referido a la competencia de la corporación(79), que establece que la Sala Contenciosa Administrativa conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales.
La acción de reparación interpuesta estaba vigente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136 numeral 8 del Código Contencioso Administrativo según el cual la caducidad de la acción de reparación directa se consolida pasados dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa que dio origen al daño reclamado.
Al momento de la presentación de las demandas no habían transcurrido los dos años de los que habla la norma para que la acción de reparación directa se encuentre caducada por cuanto los hechos ocurrieron los días 16 y 17 de noviembre de 1999, y las demandas se interpusieron así: la 3738, el 6 de diciembre de 2000; la 3176, el 15 de noviembre de 2001; la 3027, el 29 de octubre de 2001; la 3199, el 16 de noviembre de 2001; la 3186, el 16 de noviembre de 2001; la 1331, el 30 de marzo de 2001; la 3184, el 16 de noviembre de 2001; y la 3185, el 16 de noviembre de 2001.
En el proceso se encuentra demostrada la legitimación en la causa por activa según dan cuenta las siguientes pruebas:
— Dentro del expediente 3738:
Humberto Copete Escobar alegó propiedad 1) de los inmuebles ubicados en las direcciones carrera 2ª nº 4-16 y calle 4ª nº 2-17 en los que había viviendas y locales comerciales, y los bienes y enseres que ellos contenían, y 2) del establecimiento de comercio Capulandia.
Para probar tal calidad sobre el inmueble de nomenclatura calle 4ª nº 2-17, trajo al proceso el folio de matrícula inmobiliaria 366-3017(80) correspondiente al ubicado en “1) calle 4ª con carrera 2ª “Los Laureles” sin más especificaciones, en el que consta, según anotación nº 6, que el señor Humberto Copete Escobar es propietario por adjudicación de sucesión proindiviso junto a sus 9 hermanos. En consecuencia, la Subsección tiene acreditada la calidad alegada por el demandante con base en la jurisprudencia unificada en sentencia de la Sección Tercera, de acuerdo con la cual, “la inscripción o el registro del título en la oficina de registro de instrumentos públicos constituye prueba suficiente para acreditar el derecho de dominio, en especial cuando se pretenda demostrar este derecho en un proceso judicial que se tramite ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para efectos de tener por verificada la legitimación en la causa por activa en aquellos eventos en que se acuda al proceso en calidad de propietario sobre un bien inmueble, respecto del cual se fundamenten las pretensiones de la demanda”(81).
A su vez, para demostrar la propiedad sobre el inmueble de la carrera 2ª nº 4-17, aportó folio de matrícula inmobiliaria 366-19655(82) correspondiente al allí identificado como “1) Predio rural “Santa Isabel” sin más especificaciones, en el que según anotación nº 3, el señor Humberto Copete Escobar es propietario por adjudicación de sucesión proindiviso junto a sus 9 hermanos. Sin embargo, dicho documento no corresponde al predio urbano destruido como consecuencia de la incursión guerrillera que sirvió de fundamento al presente asunto, pues de la sola lectura de su contenido se concluye que el documento aportado identifica un predio rural y no uno urbano como el que se alega en la demanda que quedó destruido.
En lo que se refiere a la alegada propiedad del establecimiento comercial Capulandia, obran en el plenario certificaciones emitidas por el personero(83) y el alcalde(84) municipales en las que aseveran que el señor Humberto Copete “sufrió la pérdida total de los muebles e inventarios de su negocio de cafetería denominado Capulandia”, que analizadas junto con las dos declaraciones extra juicio en las que también se da cuenta de que éste era el propietario(85), permiten a la Subsección tener por probada la calidad alegada.
En efecto, a pesar de que para demostrar la propiedad de un establecimiento de comercio es deseable aportar el certificado de cámara de comercio, lo cierto es que esta Sección ha sostenido que “lo que las normas del registro mercantil establecen, en cuanto al aspecto probatorio del registro mercantil en relación con el establecimiento de comercio, es una presunción sobre la propiedad del mismo, sin que ello signifique que tal circunstancia no pueda acreditarse, en virtud del principio de la libre apreciación de la prueba, con los demás medios de prueba que al proceso se allegaron y que permitan identificar que una persona ejerce una actividad comercial con un conjunto de bienes organizados para realizar los fines de una empresa”(86). Y sobre el valor probatorio de las declaraciones extra juicio, “no es posible sostener que, en todos los casos, la prueba deba ser objeto de ratificación o que siempre la contraparte deba tener la posibilidad de contrainterrogar en el mismo momento, como tampoco que determinada prueba deja de serlo porque la contraparte no fue citada, pues, en todos los casos, lo esencial tiene que ver con que quien no participó en su formación, tenga acceso, con igualdad probatoria y posibilidad, a oportunidades reales y efectivas de contradicción”(87) (subrayado fuera de texto).
Lo anterior, sin perjuicio de que las declaraciones se hubieren realizado extra juicio por cuanto “no es posible sostener que, en todos los casos, la prueba deba ser objeto de ratificación o que siempre la contraparte deba tener la posibilidad de contrainterrogar en el mismo momento, como tampoco que determinada prueba deja de serlo porque la contraparte no fue citada, pues, en todos los casos, lo esencial tiene que ver con que quien no participó en su formación, tenga acceso, con igualdad probatoria y posibilidad, a oportunidades reales y efectivas de contradicción”(88) (subrayado fuera de texto).
Ahora, Lida María Polanía de Copete acudió al proceso en su calidad de cónyuge(89) de Humberto Copete, y César Humberto Copete Polanía en su calidad de hijo(90).
— Dentro del expediente 3176:
Myriam Copete Escobar, Elsa Inés Copete de Forteza, Álvaro Copete Escobar, Bernardo Copete Escobar, María Luz Copete de Garavito y Luis Alfredo Copete Escobar alegaron propiedad sobre los inmuebles ubicados en la calle 4ª nº 2- 17/25 y en la carrera 2ª nº 4-16 en los que había viviendas y locales comerciales, cuya propiedad la detentaban a título de comuneros, y que fueron entregados a Humberto Escobar Copete para su administración sin que se hubiera reconocido en su favor la posesión material de ninguno.
Para probar dicha calidad sobre el inmueble de nomenclatura calle 4ª nº 2-17, trajeron al proceso el folio de matrícula inmobiliaria 366-3017(91) correspondiente al predio ubicado en “1) calle 4ª con carrera 2ª “Los Laureles” sin más especificaciones, en el que según anotación nº 6, Myriam Copete Escobar, Elsa Inés Copete de Forteza, Álvaro Copete Escobar, Bernardo Copete Escobar, María Luz Copete de Garavito y Luis Alfredo Copete Escobar son propietarios por adjudicación de sucesión proindiviso junto a sus otros hermanos. En consecuencia, la Subsección tiene por acreditada la calidad alegada por el demandante con base en lo unificado en sentencia de la Sección Tercera que sostuvo que la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos constituye prueba suficiente para acreditar el derecho de dominio(92).
A su vez, para demostrar la propiedad sobre el inmueble de la carrera 2ª nº 4-17, aportaron folio de matrícula inmobiliaria 366-19655(93) correspondiente al allí identificado como “1) Predio rural “Santa Isabel” sin más especificaciones, en el que según anotación nº 3, Myriam Copete Escobar, Elsa Inés Copete de Forteza, Álvaro Copete Escobar, Bernardo Copete Escobar, María Luz Copete de Garavito y Luis Alfredo Copete Escobar son propietarios por adjudicación de sucesión proindiviso junto a sus otros hermanos. Sin embargo, tal como se acaba de sostener, comparte la Sala el análisis realizado por a quo con base en el cual negó cualquier pretensión fundamentada en la destrucción del inmueble mencionado. Lo anterior, con independencia que en el recurso de apelación alegaran un error imputable a la oficina de instrumentos públicos de Melgar al identificar el bien en indebida forma, y aportaran copia del despacho comisorio nº 022 del 23 de mayo de 2003 del juzgado primero civil del circuito de Melgar(94) en el que obra acta en la que se describió el bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria 366-19665, por cuanto tal y como lo advirtió el agente del Ministerio Público en segunda instancia, esta prueba no remplaza la matrícula inmobiliaria cuya aclaración o modificación debió tramitarse oportunamente para ser aportada al proceso por tratarse de una prueba ad sustantiam actus.
— Dentro del expediente 3027:
Los familiares de Wiston Martín Camargo Vargas(95), víctima mortal de los hechos ocurridos en Villarrica el 16 y 17 de noviembre de 1999, acreditaron su calidad con sendos registros civiles de nacimiento, así: Ariadne Camargo Cruz en su calidad de hija(96); Alcira Vargas Viuda de Camargo en su calidad de madre(97); y Ana Mónica Camargo Vargas(98), Ivonne Camargo Vargas(99), Luz Mery Camargo Vargas(100), Jimmy Antonio Camargo Vargas(101), Jenny Camargo Vargas(102) y Juan Carlos Vargas en su calidad de hermanos(103).
En cuanto a la calidad de compañera permanente alegada por Yomaira Cruz Cruz reposan los testimonios de Ramón Elías Torres(104) y Liliana Contreras Martínez(105) quienes coincidieron en que vivían juntos y eran padres de Ariadne Camargo Cruz, y ante la ausencia de prueba en contrario, la Subsección comparte la apreciación del a quo con respecto a la legitimación en la causa por activa que ella alegó.
Los familiares de la difunta Astrid Yesenia Cucaita Rojas(106) acreditaron su calidad con los respectivos registros civiles de nacimiento así: Jorfhan Joel Torres Cucaita en su calidad de hijo(107); José del Carmen Cucaita Parra y Blanca Ludivia Rojas León(108) en su calidad de padres; y Luz Ángela(109), José Mauricio(110) y Erwin David Cucaita Rojas en su calidad de hermanos(111).
Sobre la calidad de compañero permanente alegada por Aldemar Torres Bernal, reposan en el plenario tres testimonios(112) que son contestes en afirmar que convivía con Astrid Yesenia hacía más de dos años, unión de la que nació Yorfan Yoel. En el mismo sentido de lo expuesto más arriba, las anteriores pruebas indican que la relación entre Aldemar y Astrid Yesenia era una de convivencia, estabilidad y apoyo mutuo, por lo que la Subsección tendrá por acreditada la calidad alegada en el proceso.
Los familiares de Luis José Rodríguez Buitrago(113), quien no logró sobrevivir al ataque, acreditaron su calidad, al igual que sus paisanos, con registros civiles de matrimonio y nacimiento así: Ana Arcelia Roa Ballesteros en su calidad de esposa(114); Lina Johanna Rodríguez Roa en su calidad de hija(115); Pilar Buitrago Viuda de Rodríguez en su calidad de madre(116); y Pilar Rodríguez Buitrago(117), Omar Enrique Rodríguez Buitrago(118), Alipio Rodríguez Buitrago(119), Manuel Alberto Baquero Buitrago(120), Pedro Bernabé Baquero Buitrago(121) y Flora María Buitrago en su calidad de hermanos(122).
— Dentro del expediente 3199:
María Clelia Rodríguez de Saavedra, actúa en el proceso como propietaria del establecimiento de comercio Almacén Saavedra, ubicado en la calle 4ª nº 3-21 con matrícula mercantil 3821. Con el fin de demostrar lo anterior, arrimó al proceso certificación expedida por el personero municipal en la que hace constar que con ocasión de los hechos relatados en la demanda, perdió su almacén(123).
Álvaro Saavedra Rodríguez actúa en el proceso como propietario del establecimiento de comercio Variedades Saavedra ubicado en la calle 4ª nº 3-52. Para comprobar su dicho anexó certificación expedida por el personero municipal en la que hace constar que con ocasión de la incursión guerrillera que sirvió de base a la interposición de la acción de reparación directa, perdió el almacén Variedades Saavedra(124). Corroboran lo anterior, dos declaraciones extra juicio(125).
Orlando Rodríguez Cervera actúa en el proceso como propietario del establecimiento de comercio El Pollito ubicado en la calle 4ª nº 3-72. Aportó, al efecto, certificación expedida por el alcalde municipal en la que consta la pérdida del almacén con ocasión de los hechos en los que se basó la demanda.
— Dentro del expediente 3186:
Ana Milena Mur Rodríguez actúa en el proceso en su calidad de propietaria del establecimiento comercial Aries Murs la que pretende hacer valer con copia del certificado de matrícula de persona natural expedido por la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, en la que se dice que desarrolla las actividades de cafetería, panadería y servicio de fotocopias, con la matrícula inmobiliaria 18307 cuya última renovación se surtió el 30 de abril de 1999, que junto con las certificaciones expedidas por el personero y el alcalde son suficientes para comprobar la calidad alegada en el proceso.
— Dentro del expediente 1331:
Moisés Martínez Muñoz acudió al proceso por las lesiones personales que sufrió durante el ataque guerrillero al municipio de Villarrica donde se desempeñaba como gerente de Bancafé, y por la pérdida de los bienes y enseres que había en su casa de habitación. Para probar su dicho trajo al proceso certificación expedida por el personero municipal(126).
Acudieron al proceso sus familiares Alba Cecilia Torres en calidad de esposa(127); Xirys Juliany(128), Gerson Vanderley(129) y Oscar Andrés Martínez Torres en su calidad de hijos(130); y Mayra Martínez Muñoz en su calidad de hermana(131).
— Dentro del expediente 3184:
Bernarda Jovel de Espinosa actúa en el proceso como propietaria del inmueble “ubicado en la carrera 3ª nº 4-31/33/35 matrícula inmobiliaria 366604 y ficha catastral 01-01-0020-0004” de Villarica (Tolima)”.
Si bien el a quo no emitió ningún pronunciamiento respecto de las pretensiones incoadas por la referida demandante, debido a que se arrimó certificado de tradición y libertad con una nomenclatura distinta a la dirección del predio, por lo que consideró que “la demandante no probó la titularidad del dominio respecto de este bien”, la Sala, en auto de 19 de julio del 2017, ofició a la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente, con el fin de obtener el certificado de libertad y tradición del inmueble en mención, del cual se infiere que la demandante Bernarda Jovel de Espinosa, para la época de los hechos, era la propietaria del inmueble por el que reclama indemnización de perjuicios.
Por lo anterior, la Sala concluye que la mencionada demandante se encuentra legitimada en la causa por activa en el presente asunto, por cuanto se demostró su calidad de propietaria del inmueble afectado, por lo que, en virtud del recurso de apelación interpuesto, procederá a estudiar la configuración del daño, así como su imputación.
— Dentro del expediente 3185:
Laura Cecilia Caviedes de Sánchez actuó en el proceso en su calidad de representante de su esposo Emilio Sánchez Torres(132), propietario de los inmuebles identificados así: carrera 3ª nº 4-27/39 (01-0100200005000001 y 366-32387); carrera 3ª nº 4-71 ( 01-0100200068000001, lote 1 y 366-33378); carrera 3ª nº 4-67 (01-0100200069000001, lote 2 y 366-33380); carrera 3ª nº 4-59 (01-0100200071000001, lote 4 y 366-33381); y calle 5 nº 2-20 (01-0100200067000001, lote A y 366-33383) para lo cual aportó sendos folios de matrícula inmobiliaria por lo que la Subsección encuentra probada la calidad con la que actuó en el proceso.
Por el contrario, tal y como lo sostuvo el a quo en sentencia de primera instancia, la alegada propiedad sobre el inmueble ubicado en la carrera 3ª nº 4-07/09/13 con ficha catastral 010100200011000001 y matrícula inmobiliaria 366-002588 no sólo quedó desprovista de prueba, sino que pudo comprobarse que la titularidad la detenta el señor Cristóbal Sánchez Guevara por lo que ningún pronunciamiento adicional se hará a este respecto.
De otra parte, La Nación - Ministerio de Defensa Nacional (Ejército y Policía), está legitimado en la causa por haber sido el organismo que repelió el ataque.
Las apelantes, dentro del relato que ofrecen en sus recursos como sustento de sus réplicas, hacen relación a estos dos elementos, para presentar, las actoras: el daño sufrido, su extensión, intensidad y modalidades, además de las actuaciones y omisiones que endilga a las demandadas; y las demandadas: la causal eximente de responsabilidad del hecho del tercero. En torno a estos elementos gravita la carga probatoria que las partes soportaban, y por tanto, el estudio de los hechos probados los hará la Sala en dos grandes apartes a saber: hechos relativos al daño, y hechos relativos a la imputación.
El daño entendido como el atentado material contra una cosa o persona, las apelantes lo hacen consistir tanto en el detrimento patrimonial que padecieron como en la afrenta a su tranquilidad.
Al respecto, recuerda la Sala que además de las demandadas, apelaron los actores dentro de los expedientes 3176, 3184, 3186 y 3185; y conforme a lo dicho ad supra, sólo habrá pronunciamiento sobre los hechos relativos a los daños alegados dentro de los expedientes 3176, 3184 y 3186, por cuanto en el proceso 3185 la señora Laura Cecilia Caviedes actuó en nombre y representación de su señor esposo Emilio Sánchez, por lo que no puede solicitar reconocimiento de perjuicios morales en su propio beneficio.
3.2.1.1. La prueba de los daños alegados dentro del expediente 3176.
Sobre el inmueble de matrícula inmobiliaria 366-19655 que según la actora se encuentra ubicado en la carrera 2ª nº 4-16, el daño lo hizo consistir en su destrucción total, pero como no acreditó la titularidad en debida forma —como se explicó al abordar la legitimación en la causa por activa—, la Sala confirmará la negativa del a quo en este aspecto. Igual suerte corre la pretensión de reconocimiento del detrimento patrimonial supuestamente ocasionado con la imposibilidad de recibir la renta que generaban los apartamentos y locales en que se encontraba dividido dicho inmueble —que por cierto, también quedo desprovisto de prueba—.
Ahora, en cuanto al pago realizado por el señor Humberto Copete por la remoción de escombros, solicitan los apelantes que sea retribuido en favor de la comunidad; sin embargo, dicho monto lo canceló aquél según da cuenta la constancia que obra a folio 25 del cuaderno principal dentro del expediente 3167, expedida por el señor Miguel Antonio Ramírez en la que certifica que recibió “la suma de un millón doscientos mil pesos ($ 1.200,000) m/cte por concepto de remosión [sic] de escombros de la casa situada en la calle 4ª nº 2-17 al 2-25 la cual fue destruida en la toma guerrillera efectuada el 16 y 17 de noviembre de 1999 a la población de Villarrica Tolima”; y como no se demostró que este tipo de emolumentos hubieren sido realizados en cumplimiento del objeto del contrato de administración que el señor Humberto Copete suscribió con sus hermanos, no puede el juez inferir que se trató de un gasto hecho a nombre de la comunidad, y por tanto, se confirmará la decisión del a quo en el sentido de negar lo solicitado a título de daño emergente por dicho concepto.
Finalmente, se encuentra probado, a través de prueba allegada al expediente que el señor Humberto Copete era el administrador de los bienes de la sucesión de Ligia Inés Escobar de Copete y Alfredo Copete Escobar según contrato de administración suscrito con sus hermanos con base en el cual arrendó a Bancafé y a Jorge Enrique Escandón, Moisés Martínez, Anselmo Ibarra, Carlos Alfonso Galvis y María Clelia Rodríguez, las unidades ubicadas en el inmueble de propiedad de la comunidad distinguido con la matrícula inmobiliaria 366-3017 que para el día de los hechos resultó destruido.
— Folio 256 del cuaderno principal dentro del expediente 3176: contrato de administración de bienes 66831 en el que Bernardo Copete Escobar, Miryam Copete Escobar, María Luz Stella Copete de Garavito, Héctor Guillermo Copete Escobar, Elsa Inés Copete de Forteza, Flor Alba Copete Escobar, Luis Alfredo Copete Escobar, Carlos Erick Copete Escobar y Álvaro Copete Escobar, contratan a Humberto Copete Escobar para que administre los bienes que corresponden a las sucesiones de Ligia Inés Escobar de Copete y Alfredo Copete Arias, para lo cual “se compromete a rendir cuentas de su gestión o desempeño en el puesto encomendado, cada dos (2) meses, y a abrir una cuenta especial en el Banco Cafetero de Villarrica (Tolima) para consignar los valores producto de los arrendamientos o de los frutos cosechados en los predios entregados en administración (…) [y] a suscribir los contratos de arrendamiento de los predios urbanos y rurales pertenecientes a las sucesiones antes indicadas”. Al efecto, cualquiera de los contratantes “tendrá acceso a los libros contables que se lleven en la administración”.
— Folio 15 del cuaderno principal dentro del expediente 3176: folio de matrícula inmobiliaria 366-3017 en la que se indica que el inmueble urbano ubicado en la calle 4ª con carrera 2ª denominado Los Laureles, fue adjudicado en sucesión con utilidad proindiviso por sentencia proferida por el juzgado primero de familia de Melgar en favor de Carlos Erick, Álvaro, Luís Alfredo, María Luz, Stella, Myriam, Héctor Guillermo, Flor Alba, Bernardo y Humberto Copete Escobar, y Elsa Inés Escobar Forteza.
— Folio 10 del cuaderno principal dentro del expediente 3176: certificación expedida el 5 de agosto de 2000 por el personero municipal de Villarrica en el que consta que “el señor Humberto Copete Escobar identificado con la cédula de ciudadanía numero [sic] 17.068.727 de Bogotá, resulto [sic] damnificado con ocasión de la toma guerrillera perpetrada en el municipio de Villarrica el pasado 16 hasta el 17 de noviembre de 1999, con la destrucción total de los bienes inmuebles de su propiedad ubicados en la carrera 2ª nº 4-16 y calle 4ª nº 2-17 de esa localidad (…)”.
— Folio 11 del cuaderno principal dentro del expediente 3176: certificación expedida el 5 de agosto de 2000 por el alcalde municipal de Villarrica en la que se lee: “que el señor Humberto Copete Escobar identificado con la cédula de ciudadanía 17.068.727 de Bogotá, perdió totalmente su negocio denominado Cafetería Capulandia, y dos viviendas ubicadas en la carrera 2ª nº 4-16 y calle 4ª nº 2-17 al 2-25, frente al parque principal de esta localidad, como consecuencia de la toma guerrillera perpetrada el 16 y 17 de noviembre de 1999 (…)”.
— Folio 19 del cuaderno principal dentro del expediente 3176: certificación expedida por la coordinadora administrativa de la zona centro de Bancafé en la que hace constar “que en el mes de noviembre de 1999 se le estaba cancelando al señor Humberto Copete Escobar c.c. 17.068.727 de Bogotá la suma de cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos cincuenta y ocho pesos m/cte ($ 488.758) por concepto de arrendamiento del local donde se encontraba funcionando nuestra oficina Villarrica cuando ocurrió el ataque guerrillero que destruyó su propiedad”.
— Folio 20 del cuaderno principal dentro del expediente 3167: certificación expedida por el señor Jorge Enrique Escandón en la que hace constar que “en el mes de noviembre del año 1999 cuando se perpetro [sic] la toma guerrillera a la población de Villarrica Tolima, poseía en calidad de inquilino (a) un apartamento en el bien inmueble de propiedad del señor Humberto Copete Escobar, portador de la C.C. 17.068.727 el cual estaba situado en la calle 4ª nº 2-25 segundo piso de esta población por el cual pagaba mensualmente un cánon [sic] arrendamiento por valor de ochenta mil pesos ($ 80.000) m/cte”.
— Folio 21 del cuaderno principal dentro del expediente 3167: certificación expedida por el señor Moisés Martínez Muñoz en la que hace constar que “en el mes de noviembre del año 1999 cuando se perpetro [sic] la toma guerrillera a la población de Villarrica Tolima, poseía en calidad de inquilino (a) un apartamento en el bien inmueble de propiedad del señor Humberto Copete Escobar, portador de la C.C. 17.068.727 el cual estaba situado en la calle 4ª nº 2-07 segundo piso de esta población por el cual pagaba mensualmente un cánon [sic] arrendamiento por valor de doscientos mil pesos m/cte”.
— Folio 22 del cuaderno principal dentro del expediente 3167: certificación expedida por el señor Anselmo Ibarra Durán en la que hace constar que “en el mes de noviembre del año 1999 cuando se perpetro [sic] la toma guerrillera a la población de Villarrica Tolima, poseía en calidad de inquilino (a) un apartamento en el bien inmueble de propiedad del señor Humberto Copete Escobar, portador de la C.C. 17.068.727 el cual estaba situado en la calle 4ª nº 2-29 y 2-33 de esta población por el cual pagaba mensualmente un cánon [sic] arrendamiento por valor de ciento cincuenta mil pesos m/cte”.
— Folio 23 del cuaderno principal dentro del expediente 3167: certificación expedida por el señor Carlos Alfonso Galvis Castillo en la que hace constar que “en el mes de noviembre del año 1999 cuando se perpetro [sic] la toma guerrillera a la población de Villarrica Tolima, poseía en calidad de inquilino (a) un apartamento en el bien inmueble de propiedad del señor Humberto Copete Escobar, portador de la C.C. 17.068.727 el cual estaba situado en la calle 4ª nº 2-25 segundo piso de esta población por el cual pagaba mensualmente un cánon [sic] arrendamiento por valor de cien mil pesos m/cte”.
— Folio 24 del cuaderno principal dentro del expediente 3167: certificación expedida por la señora María Clelia Rodríguez de Saavedra en la que hace constar que “en el mes de noviembre del año 1999 cuando se perpetro [sic] la toma guerrillera a la población de Villarrica Tolima, poseía en calidad de inquilino (a) un apartamento en el bien inmueble de propiedad del señor Humberto Copete Escobar, portador de la C.C. 17.068.727 el cual estaba situado en la calle 4ª nº 2-21 de esta población por el cual pagaba mensualmente un cánon [sic] arrendamiento por valor de ciento sesenta mil pesos m/cte”.
— Folio 42 del cuaderno principal dentro del expediente 3167: certificación expedida por contador público en la que hace constar que el señor Humberto Copete Escobar “percibió hasta el 16 de noviembre de 1999 ingresos brutos promedio mensuales de dos millones ciento setenta y ocho mil setecientos cincuenta y ocho pesos m/cte ($ 2.178.758) discriminados así: arrendamiento de locales de los edificios de su propiedad ubicados frente al parque principal de Villarrica Tolima $ 1.178.758. Compraventa de bebidas, alimentos y artículos de cafetería en el establecimiento comercial denominado cafetería Capulandia, ubicado frente al parque principal de Villarrica - Tolima $ 1.000.000”.
— Folio 519 del cuaderno principal: providencia proferida el 6 de junio de 2006 por el juez primero civil del circuito dentro del proceso divisorio contra los herederos de la sucesión de Ligia Inés Escobar de Copete y otro, en la que se resolvió decretar la venta en pública subasta de los bienes objeto de la presente acción, y su producto se dividirá entre los comuneros en proporción a sus derechos.
Si bien dichas pruebas fueron aportadas al proceso en copia simple, serán valoradas de acuerdo con la posición unificada de la Sección teniendo en cuenta que reposaron en el plenario desde el inicio del proceso sin que fueran tachadas de falsas en las etapas procesales pertinentes(133).
En lo que se refiere a las certificaciones expedidas por el personero, el alcalde y la oficina de instrumentos públicos, se trata de documentos públicos por haber sido expedidos por funcionarios de esa naturaleza en ejercicio de su cargo, por lo que se presumen auténticos, y en consecuencia la Subsección les otorgará pleno valor probatorio dado que su autenticidad no fue desvirtuada mediante tacha de falsedad (artículos 251 y 252 CPC)(134).
Y en cuanto a las certificaciones firmadas por los inquilinos que se vieron afectados en su derecho a la vivienda con la destrucción del inmueble en el que se ubicaban las unidades que tenían arrendadas, también serán tenidas en su valor pleno por cuanto a pesar de ser documentos de naturaleza privada, fueron reconocidos ante notario en los términos del artículo 252 del CPC.
3.2.1.2. La prueba de los daños alegados dentro del expediente 3186.
Se encuentra debidamente probado, a través de prueba testimonial allegada al expediente, que la desaparición del establecimiento de comercio Aries Murs, de propiedad de Ana Milena Mur Rodríguez, generó en ella angustia y desasosiego pues se trataba del producto del esfuerzo de toda una vida y la garantía del futuro digno de ella y su familia.
— Folio 139 del cuaderno 3 de pruebas: diligencia de recepción de testimonios realizada en Villarrica el 23 de junio de 2005, en la que la señora Jacinta Gómez Vera indicó: “(…) quiero aclarar que los daños causados al establecimiento de comercio denominado Aries Murs de propiedad de la señora Ana Milena Mur Rodríguez como a su familia, o sea su esposo Yancy Rodríguez los hijos Jhon Walter Rodríguez Mur, Ronald Rodríguez Mur y Angie Rodríguez Mur, por cuanto de ese establecimiento de comercio dependían económicamente todos y al quemarse en su totalidad quedaron sin nada, ellos sufrieron mucho porque sus tres hijos estaban estudiando y el establecimiento de comercio mencionado daba para el sustento de la familia, estudio de los hijos y tengo conocimiento que con el tiempo una de las personas que les ayudó para empezar a trabajar fue el señor Maximiliano Gutiérrez quien se compadeció de la situación y del sufrimiento de toda esta familia quien aportó un granito de arena para ayudarlos” (subrayado fuera de texto).
— Folio 142 del cuaderno 3 de pruebas: diligencia de recepción de testimonios realizada en Villarrica el 23 de junio de 2005, en la que el señor Eugenio Gómez Jaramillo expuso: “(…) PREGUNTADO. Dígale al juzgado si recuerda que [sic] situación de orden material y moral se presentó con la familia de Ana Milena Mur Rodríguez después de que su establecimiento fue totalmente destruido por el fuego a consecuencia de la toma guerrillera de las FARC? CONTESTÓ. Quedaron en una situación económica crítica pues de ese establecimiento que ellos obtenían su sustento y por ende un estado de depresión y desequilibrio emocional bastante marcado” (subrayado fuera de texto).
— Folio 144 del cuaderno 3 de pruebas: diligencia de recepción de testimonios realizada en Villarrica el 23 de junio de 2005, en la que el señor Hernán Parra declaró: “PREGUNTADO: Dígale al juzgado si recuerda qué situación de orden material y moral se presentó con la familia de Ana Milena Mur Rodríguez después de que su establecimiento fuera totalmente destruido por el fuego a consecuencia de la toma guerrillera de las FARC? CONTESTÓ: Creo que como todos nosotros, ellos económicamente quedaron muy mal psicológicamente y materialmente la familia conformada por Ana Milena Mur Rodríguez, su esposo Yancy Rodríguez, sus hijos se vieron enormemente afectados como también sus trabajadores (…) al acabarse el establecimiento de comercio Aries Mur en su totalidad ellos quedaron sin nada a la voluntad de los buenos corazones, además del perjuicio moral y psicológico que se causó a esa familia, por cuanto sus tres hijos se encontraban estudiando, y del fruto de este establecimiento dependían económicamente no sólo esa familia sino nosotros los que trabajábamos allí (…)” (subrayado fuera de texto).
En efecto, las personas naturales tienen derecho a disfrutar de una vida interior o espiritual plácida, sosegada, pacífica. Cuando esta condición se altera para dar paso al dolor, a la angustia, a la aflicción, se configura el daño moral, que como colofón de una elemental regla de experiencia, se traduce en “el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo”(135), que la Sala encontró probado con las pruebas recién transcritas.
Es así como las declaraciones de Jacinta Gómez, Eugenio Gómez y Hernán Parra fueron solicitadas por haber percibido las consecuencias de la destrucción del inmueble en el que funcionaba el establecimiento de comercio Aries Murs, pues además de la cercanía geográfica, eran usuarios de los servicios de panadería y fotocopiadora allí prestados, lo que les permitió apreciar el impacto del daño alegado en la cotidianeidad de la señora Ana Milena. Y si bien la declaración de Hernán Parra podría ser considerada sospechosa por tratarse de uno de sus trabajadores (panadero), lo cierto es que su dicho se encuentra corroborado por los demás testigos que fueron llamados al proceso.
3.2.1.3. La prueba de los daños alegados dentro del expediente 3184.
Sobre el inmueble de matrícula inmobiliaria 366-304, ubicado en la carrera 3ª nº 4-31/33/35, se encuentra demostrada su destrucción total, puesto que la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del municipio de Villarrica, Tolima, certificó: “que en el sector del plano urbano, manzana 7 (anexo) estaba ubicado el cuartel de policía carrera 2ª entre 4 y 5, quedando totalmente destruido; con sus viviendas aledañas, donde estaba ubicado el inmueble, carrera 3ª nº 4-31/33/35 casa lote, distinguido con el número catastral 010100200004000-001 de propiedad de Jovel Espinosa Bernarda (…)”(136).
Con el fin de demostrar el mencionado hecho, la parte demandante también aportó dos fotografías y varios recortes de prensa(137); sin embargo, la Sala no valorará estos documentos, pues, por un lado, las fotografías solo dan cuenta del registro de unas imágenes sin que se pueda determinar su origen, ni el lugar o la época en la que fueron registradas; y, por otro lado, en cuanto a los recortes de prensa la jurisprudencia ha establecido que “las noticias difundidas en medios escritos, verbales, o televisivos, en términos probatorios, en principio no dan fe de la ocurrencia de los hechos en ellos contenidos, sino simplemente, de la existencia de la noticia o de la información; por consiguiente, no es posible dar fuerza de convicción a dichos documentos, en cuanto se relacionan con la configuración del daño antijurídico y su imputación a la organización pública, en tanto que a partir de los mismos no se puede derivar certeza sobre el acaecimiento y las condiciones de tiempo, modo y lugar de los sucesos allí reseñados”(138).
3.2.2. Sobre la prueba de los hechos relativos a la imputación.
Se encuentra debidamente probado a través de la prueba allegada al expediente:
1. Que en la noche del 16 de noviembre de 1999 se reportó una incursión guerrillera en el municipio de Villarrica (Tolima) dirigida principalmente contra la estación de policía, la cual se extendió hasta pasado el mediodía del día siguiente.
De lo anterior da cuenta la siguiente prueba:
— Folio 30 del cuaderno 1 de pruebas: oficio 1116/COMAN-DISTRI-8-MELGAR suscrito el 18 de noviembre de 1999 por el comandante de la estación rural de Villarrica contentivo del informe sobre el ataque subversivo de los días 16 y 17 de noviembre de 1999 en el que se lee: “Trescientos (300) hombres y mujeres, la mayoría menores de edad, pertenecientes a los frentes 25, 53 de las autodenominadas FARC, en asocio con subversivos llegados de la zona de distensión, todos estos a la cabeza del líder subversivo alias “Rumaña” y quienes portando toda clase de armamento y material de guerra, como fusiles Fal, AK-47, ametralladora M-60 entre otros y, armas no convencionales como cilindros de gas, bombas molotov y similares, llegaron a eso de las 21:30 horas del día 16 de noviembre de 1999 al casco urbano del municipio de Villarrica, iniciando un ataque contra el personal de la policía nacional, instalaciones policiales y población civil y sus residencia ubicadas en los alrededores de la estación, incursión esta que duró aproximadamente hasta las 11:00 de la mañana del día 17 de noviembre del presente año” (subrayado fuera de texto).
2. Que debido a que la población y la fuerza pública sabían de la inminencia del ataque, se pudo contrarrestar la ofensiva en ejecución del plan de apoyo por parte del batallón Jaime Rook, la Sexta Brigada y el Comando Aéreo Táctico de Melgar.
— Folio 125 del cuaderno 1 de pruebas: diligencia de recepción de testimonios adelantada el 9 de junio de 2005 por el juzgado promiscuo municipal de Villarrica, en la que el señor Alciniades Perdomo Guzmán indicó: “(…) OCTAVA. Que digan los testigos si sabe o les consta si existían rumores entre los habitantes de la población de Villarrica, de que ésta sería objeto de un ataque o toma guerrillera? CONTESTÓ: Si me consta que existía el rumor de un ataque guerrillero, ya que quince días antes se escuchó que era inminente un ataque o arremetida guerrillera y si apareció el ejército por esos días pero tan solo duraron como cinco o seis días y se volvieron a ir y ahí fue cuando sucedieron los hechos el día 16 de noviembre de 1999” (subrayado fuera de texto).
— Folio 140 del cuaderno 1 de pruebas: diligencia de recepción de testimonios adelantada el 9 de junio de 2005 por el juzgado promiscuo municipal de Villarrica, en la que el señor Ramón Elías Torres González declaró: “(…) DÉCIMO: Que digan los testigos si saben o les consta si existían rumores dentro de los habitantes de la población de Villarrica, de que este sería objeto de un ataque o toma guerrillera. CONTESTÓ: Si señor, desde mucho antes y en especial para la vista un botón tres días antes había estado el ejército por las calles de Villarrica, inclusive hasta preguntando que si era verdad que ese pueblo estaba amenazado por el grupo guerrillero, de los cuales se le dijo a un cabo o a un sargento no se que [sic] el pueblo estaba amenazado, pero el día de la toma no había ejército no se [sic] por qué ya no estaban (…)
— Folio 138 del cuaderno 1 de pruebas: diligencia de recepción de testimonios adelantada el 9 de junio de 2005 por el juzgado promiscuo municipal de Villarrica, en la que el señor Gildaro Ibarra Durán expuso: “(…) OCTAVA: Que digan los testigos si sabe le consta si existían rumores dentro de los habitantes de la población de Villarrica, de que esta sería objeto de un ataque o toma guerrillera. CONTESTÓ: Si ese era un rumor que corría a todo momento la gente del campo bajaba y decía que se encontraba la guerrilla cerca al área urbana, pues todos sabíamos que a cualquier momento se tomaban el pueblo, más no entiendo cómo a sabiendas de esa posibilidad las autoridades no tomaron ninguna medida preventiva que esto tuviera consecuencias en otras palabra [sic] hubo un descuido o abandono por parte de las autoridades, nos dejaron solos aterrorizados siendo las víctimas de este conflicto la autoridad no se siente (…)” (subrayado fuera de texto).
— Folio 131 del cuaderno 1 de pruebas: diligencia de recepción de testimonios adelantada el 9 de junio de 2005 por el juzgado promiscuo municipal de Villarrica, en la que el señor Hujberney Rodríguez Muñoz declaró: “(…) OCTAVO. Que digan los testigos si saben o les consta si existían rumores dentro de los habitantes de la población de Villarrica, de que esta sería objeto de un ataque o toma guerrillera, CONTESTÓ: Los rumores eran constantes de mucho tiempo atrás, ya habían hecho hostigamiento en Cunday como unos seis meses atrás y lo que se rumoraba era que a cualquier momento se metían al pueblo (…)” (subrayado fuera de texto).
— Folio 125 del cuaderno 1 de pruebas: diligencia de recepción de testimonios adelantada el 9 de junio de 2005 por el juzgado promiscuo municipal de Villarrica, en la que el señor Alciniades Perdomo Guzmán indicó: “(…) OCTAVA. Que digan los testigos si sabe o les consta si existían rumores entre los habitantes de la población de Villarrica, de que ésta sería objeto de un ataque o toma guerrillera? CONTESTÓ: Si me consta que existía el rumor de un ataque guerrillero, ya que quince días antes se escuchó que era inminente un ataque o arremetida guerrillera y si apareció el ejército por esos días pero tan solo duraron como cinco o seis días y se volvieron a ir y ahí fue cuando sucedieron los hechos el día 16 de noviembre de 1999 (…)
— Folio 36 del cuaderno 1 de pruebas: oficio 00769/COMAN GRUNE suscrito el 22 de abril de 2005 por el comandante del Departamento de Policía del Tolima en el que se lee: “(…) c) numeral 1, 2, 5: En cuanto al conocimiento que tuvo el Comando de Policía Tolima, sobre la situación de orden público y las amenazas de una toma guerrillera a dicho municipio, le manifiesto que este municipio por encontrarse en zona considerada de constante accionar subversivo del XXV frente de las FARC se recibía información sobre una posible incursión a dicha localidad, la cual era motivo de evaluación por parte de los organismos de inteligencia, sin que arrojaran resultados positivos sobre la inminente incursión. (…) c) numeral 7, 8, 9, 10 y 14: Según consta en el folio 309 del libro radicador de la red departamental llevado en la estación cien del comando del Departamento de Policía Tolima, una vez se tuvo conocimiento de las tomas guerrilleras en forma simultánea a las estaciones policiales de Prado, Hidroprado, La Arada, Dolores y Villarrica para el 16.11.99 inmediatamente se puso en marcha el plan de apoyo a dichas unidades en coordinación del batallón Jaime Rook, Sexta Brigada y el comando aéreo táctico nº 1 de Melgar consistente en: compartir e intercambiar la información; elaboración de la carpeta Plan Búho por cada municipio (ubicación topográfica, croquis y mapa físico político, coordenadas, censo de población, personal policial, armamento, munición, comunicación, fotografías, vías de acceso, árbol telefónico, autoridades municipales, frecuencias de radio y número de veredas); unificar criterios en torno a las acciones que cada fuerza debe desarrollar ante un ataque subversivo; se dispone activación del puesto de mando en el C.A.D. o Sala de crisis compuesto por el subcomando operativo y administrativo, jefes de la SIJIN, SIPOL, talento humano, armamento y comunicaciones; se ordena la disponibilidad permanente y alistamiento de todo el personal administrativo y operativo de la base del departamento; se coordina el apoyo aéreo con la fuerza aérea colombiana con base en Melgar (Tol) y se ordena igualmente que el comandante del distrito VIII de Policía de Melgar permanezca en la base aérea como oficial de enlace y coordinación; se realiza coordinaciones para apoyos aéreos de la policía nacional (helicópteros artillados y el avión plataforma de inteligencia de la policía nacional); se coordina el apoyo con los srs. comandantes de la VI Brigada y cualquiera de los batallones cercanos a la población atacada para efectos de tropas, coordinación y apoyos; se ordena el alistamiento y activación del plan de defensa de los municipios vecinos para no ser objeto de una toma simultánea; se informa al CIO DIPON sobre la toma subversiva; manejo acertado de las comunicaciones mediante el uso del radio tierra-aire; el desplazamiento coordinado de personal de apoyo por parte de los grupos de contraguerrilla de la policía nacional. Es de anotar que una vez las FARC iniciaron el ataque a esta población, lo hicieron primero contra la estación de policía lanzándole un cilindro de gas, que al explotar destruyó totalmente las instalaciones quemándose el radio base de la estación, perdiéndose así la comunicación desde el inicio del ataque y por otra parte el estado del tiempo dificultó el apoyo aéreo a dicha población. (…) c) numeral 13: No solamente se impartió sino que se imparte instrucciones sobre las medidas de seguridad y desplazamiento que debían y deben adoptar todas las unidades, sin excepción alguna ya que por el desorden público que vive actualmente el país, la posibilidad de una toma guerrillera es latente y permanente por el factor sorpresa” (subrayado fuera de texto).
— Folio 3 del cuaderno 3 de pruebas: oficio 7901 COMAN-GRUTA-C-738 suscrito el 9 de octubre de 2001 por el comandante del Departamento de Policía del Tolima, en el que expresó: “En atención al oficio de la referencia de fecha seis (6) de septiembre del año 2001, me permito informar a ese despacho que para la fecha del 16 y 17 de noviembre del año 1999, se encontraban laborando en la estación de policía del municipio de Villarrica catorce (14) policiales. Es de anotar que el personal que conformaba la unidad policial, tuvo conocimiento previo al hecho, razón por la cual adoptaron un plan de reacción ofensivo, permitiendo contrarrestar la cruel acción armada perpetrada por los insurgentes de los frentes 25 “Armando Ríos” y 17 “Angelino Godoy” del comando central de las FARC-EP contra la población de Villarrica, arremetiendo contra la estación de policía. Así mismo informo a ese despacho que el comando del departamento tuvo conocimiento de la incursión subversiva a la mencionada localidad el día 16 de noviembre del año 1999 a las 22:00 horas y posteriormente en la misma fecha a las 22:45 horas el señor oficial comandante del distrito ocho de policía de Melgar sale con apoyo aéreo a la misma localidad” (subrayado fuera de texto).
— Folio 63 del cuaderno 1 de pruebas: oficio 840/COMAN DETOL suscrito por el comandante del Departamento de Policía del Tolima el 3 de mayo de 2005, en el que se lee: “(…) me permito informar a ese despacho que para el día 16/11/1999 en el departamento del Tolima no se registraron bombardeos, por el contrario se presentó un apoyo por parte del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea a la Policía Nacional con motivo de las incursiones simultáneas por parte de guerrilleros de las FARC a las localidades de Prado, Hidroprado, Dolores, La Arada y Villarrica las cuales dejaron como resultado 8 uniformados secuestrados, 8 policías muertos y 8 más heridos” (subrayado fuera de texto).
Así, contrastados los testimonios con los informes de inteligencia se tiene certeza de la existencia de información sobre la inminencia del ataque.
3. Que el apoyo aéreo se prestó por parte de helicópteros que sobrevolaron el municipio entre las 22:40 y las 24:00 de la noche del 16 de noviembre de 1999, y por el avión fantasma que se presentó en el lugar hacia las 01:12 de la madrugada del día siguiente.
— Folio 103 del cuaderno 3 de pruebas: oficio 01668-CACOM-4-ASELE-743 suscrito por el comandante del Comando Aéreo de Combate nº 4 el 16 de mayo de 2002 en el que hizo constar que: “(…) el día 16 de noviembre de 1999, se efectuó un vuelo de reconocimiento a la población de Villarrica (Tolima), en el helicóptero H-500 FAC 4252 de las 22:40 a las 24:00. Lo anterior con fundamento en los archivos de la sección estadística de vuelo del grupo aerotáctico [sic] del CACOM-4 (…)” (subrayado fuera de texto).
— Folio 22 del cuaderno 6 de pruebas: oficio 001196 CACOM-4-ASELE-774 suscrito por el comandante del Comando Aéreo de Combate nº 4 el 14 de abril de 2005, en el que se lee: “En atención a su oficio de la referencia recibido en este comando el 08 de abril de la anualidad, me permito comunicar a la señora secretaria del Tribunal Administrativo del Tolima, que el día 16 de noviembre de 1999, se efectúo un vuelo de reconocimiento a la población de Villarrica (Tolima) en el helicóptero H-500 FAC 4252 de las 22:40 a las 24:00 horas” (subrayado fuera de texto).
— Folio 108 del cuaderno 3 de pruebas: oficio 3556 GRUTA-C-738 suscrito por la coordinadora de talento humano del Departamento de Policía del Tolima, al que adjunta copia de la indagación preliminar nº 011/99 adelantada por los hechos en los que se basó la demanda, dentro de la que se encuentra copia del oficio 1568 JOA-FACDJ-903 suscrito por el jefe de operaciones aéreas de la fuerza aérea en la que expone: “(…) Me permito informar que vistos los archivos operacionales de esta fuerza, se pudo establecer que en cumplimiento de la misión constitucionalmente asignada y del deber aeronaves de la fuerza aérea realizaron operaciones para apoyar a las tropas del ejército y la policía nacional los días 16, 17 y 18 de noviembre de 1999, resaltándose que no se realizaron operaciones BETA, es decir, en el desarrollo de las operaciones no hubo utilización de bombas” (subrayado fuera de texto).
— Folio 1 del cuaderno 4 de pruebas: oficio 1021 COMAN DETOL suscrito por el comandante del Departamento de Policía del Tolima el 13 de septiembre de 2001, en el que se lee: “(…) el Departamento de Policía Tolima a través de su comandante, coordino [sic] con el batallón Jaime Rook, Sexta Brigada y el Comando Aéreo Táctico nº 1 de Melgar las labores de apoyo consistentes en transporte de personal, combate y la utilización de los aviones fantasmas los días 16 y 17 de noviembre de 1999 en las estaciones atacadas en forma simultánea por grupos subversivos como fueron: La Arada, Dolores, Prado, Hidroprado y Villarrica” (subrayado fuera de texto).
— Folio 65 del cuaderno 6 de pruebas: oficio 00768 COMAN GRUNE suscrito por el comandante del Departamento de Policía del Tolima el 22 de abril de 2005, al que adjuntó la “cronología” relacionada con la toma guerrillera en la que se basó la demanda. En la misma aparecen las siguientes anotaciones: “Fecha: 161199. Hora: 22:00. Asunto: 907. Anotación: T4 informa que Villarrica objeto incursión subversiva se informa SV. Stella y red “seres” y nacional, reglamento se informa a B-3. (…) Fecha: 161199. Hora: 22:45. Asunto: nota. Anotación: T8. Informa salida de T8-1 en un helicóptero con personal para apoyar a Villarrica. Se informa a B-1, B-2, B-3. (…) Fecha: 161199. Hora: 00:20. Asunto: nota. Anotación: A la hora T4: informa que se despejó atmósfera en Villarrica y que incendiaron la alcaldía. Se informa a los comandantes. (…) Fecha 171199. Hora: 01:05. Asunto: Villarrica. Anotación: Se informa que las 950 ya la toma [ilegible] media estación se le informa el avión fantasma se le dieron las coordenadas quedaron enterados y manifestaron dentro 7 minutos están en Villarrica. (…) Fecha: 171199. Hora: 07:50. Asunto: Nota. Anotación: Se perdió comunicación con la estación Villarrica se desconoce situación del personal las instalaciones de policiales al parecer fueron quemadas. (…) Fecha: 171199. Hora: 12:30. Asunto: nota. Anotación: informa del centro Villarrica que en Villarrica se observan varios incendios en la localidad pero no se escuchan detonaciones. (…) Fecha: 171199. Hora: 16:00. Asunto: nota. Anotación: B2 Ser. TC. Álvarez informa 901 en Villarrica SI. Ramírez Tovar Diego. Semidestruidas instalaciones alcaldía, estación, corporaciones dos (2) heridos leves. Misma forma que los cadáveres de los compañeros de Prado se encuentran en purificación. Les están practicando necropsia y preparándoles para trasladarlos. Se informa a “seres” (subrayado fuera de texto).
4. Que durante las operaciones de apoyo aéreo, las fuerzas legítimas utilizaron sus armas para contrarrestar el ataque.
— Folio 125 del cuaderno 1 de pruebas: diligencia de recepción de testimonios adelantada el 9 de junio de 2005 por el juzgado promiscuo municipal de Villarrica, en la que el señor Alciniades Perdomo Guzmán indicó: “(…) DÉCIMO TERCERO. Que diga el testigo bajo la gravedad del juramento prestado, si aviones de la fuerza aérea colombiana, ejército, policía o cualquier otra fuerza, auxiliaron y contrarrestaron el ataque por toma guerrillero mediante el bombardeo en diferentes sitios o lugares de Villarrica Tolima? CONTESTÓ: La guerrilla estaba exparcida [sic] por todas las calles de la población y lanzaban cilindros hacia el cuartel de la policía y los helicópteros del ejército disparaban sobre la guerrilla que estaban en las calles y también lanzaban bombas porque al frente de mi negocio cayó una bomba y esta fue la que tumbó las puertas como también rompieron seis tejas con tiros lanzados desde el helicóptero que hasta una fotocopia que tenía fue dañada con un tiro o tiros que caían de arriba o lanzaban desde el helicóptero, había un avión que dicen es el avión fantasma porque yo salí y lo vi, se corrige no es fotocopia sino fotocopiadora (...)” (subrayado fuera de texto).
— Folio 131 del cuaderno 1 de pruebas: diligencia de recepción de testimonios adelantada el 9 de junio de 2005 por el juzgado promiscuo municipal de Villarrica, en la que el señor Hujberney Rodríguez Muñoz declaró: “(…) SÉPTIMO. Que digan los testigos si los días 16 y 17 de noviembre de 1999, tuvo lugar un ataque o toma guerrillera al municipio de Villarrica Tolima y cómo ocurrió ésta, los testigos dirán por qué les consta lo que declare. CONTESTÓ: Si claro, hubo una toma guerrillera que comenzó después de las nueve de la noche del día 16 de noviembre de 1999, porque yo llegaba de viaje, me encontraba en la casa descansando del viaje, cuando comenzó a sonar por las calles cuando iban trotando y al ratico de una vez disparos, bombas eso fue impresionante, hasta mas [sic] o menos la una de la mañana cuando llegó un helicóptero militar el cual comenzó a disparar indiscriminadamente sobre las casas y sobre todo lo que veían porque la casa contigua donde yo vivía de propiedad de don Antonio Ávila encontramos proyectiles que solo disparan desde un helicóptero o de uso privativo de las fuerzas militares, fue pasando la noche salimos a la puerta y vimos que el pueblo se encontraba en llamas afortunadamente llovió y la humareda era impresionante, y se veía no más la luz de lo que era el centro, ya en horas de la mañana del día 17 de noviembre continuaban en combate, más o menos a las nueve de la mañana hubo un receso muy corto, entonces yo salí de mi casa hasta el parque porque hacía parte de un grupo de rescate pero al darme cuenta que estaban aún todavía guerrilla por toda parte me devolví, traté por otras calles y subí hasta el hospital (…). DÉCIMO TERCERO. Que digan los testigos si aviones de la fuerza aérea colombiana, ejército, policía o cualquier otra fuerza, contrarrestaron el ataque o toma guerrillera mediante el bombardeo en diferentes sitios o lugares de Villarrica. CONTESTÓ. Si, además de los disparos de matralladora [sic], caían bombas atacando o tirando bombas por todos lados, se veía cuando caían las bombas en los potreros donde iban pasando los guerrilleros, en las calles frente al negocio de don Norberto Guerrero y Alcibiades Perdomo, por ese sector cayeron varias bombas, la casa donde vivía Wiston, esas fueron las que se pudieron dar cuenta de que eran bombas lanzadas desde un avión o helicópteros (…)” (subrayado fuera de texto).
— Folio 138 del cuaderno 1 de pruebas: diligencia de recepción de testimonios adelantada el 9 de junio de 2005 por el juzgado promiscuo municipal de Villarrica, en la que el señor Gildaro Ibarra Durán expuso: “(…) SÉPTIMO. Que digan los testigos si los días 16 y 17 de noviembre de 1999 tuvo lugar un ataque o toma guerrillera al municipio de Villarrica, y cómo ocurrió esta, los testigos dirán por qué les consta lo que declare. CONTESTÓ: Si hubo una toma guerrillera, eso fueron [sic] los días 16 y 17 de noviembre de 1999, eso empezó como a eso de las nueve y medio de la noche del día 16 de noviembre de 1999, la guerrilla entró disparando por todas partes, siendo el objetivo de ellos el cuartel de la Policía, en eso de la una de la mañana llegaron los helicópteros y comenzaron ametrallar y bombardear en el pueblo donde veían guerrilla bombardeaban y la guerrilla tenía civiles o cogió civiles con ellos y al ametrallar el ejército o los militares murieron civiles en la toma (…) DÉCIMO TERCERO. Que digan los testigos si aviones de la fuerza aérea colombiana, ejército, policía o cualquier otra fuerza, contrarrestaron la toma guerrillera era mediante el bombardeo en diferentes lugares o situsio [sic] de Villarrica. CONTESTÓ: Los helicópteros de las fuerzas armadas ametrallaron las calles inclisivamente [sic] e indiscriminadamente, hubiera elue hibiere [sic] y bombardearon (…)” (subrayado fuera de texto).
— Folio 140 del cuaderno 1 de pruebas: diligencia de recepción de testimonios adelantada el 9 de junio de 2005 por el juzgado promiscuo municipal de Villarrica, en la que el señor Ramón Elías Torres González declaró: “(…) DÉCIMO CUARTO: Que digan los testigos con motivo de la toma guerrillera y posterior intercambio de disparos entre la subversión, la policía y el ejército resultaron además del cuartel de Policía varias casas y locales comerciales, destruidas en diferentes manzanas de Villarrica los días 16 y 17 de noviembre de 1999. CONTESTÓ. Sí señor, claro que si destruidas y entre esas construcciones cayó la de Wiston Camargo Vargas, la casa mía también una pared, otros locales comerciales, la de Roberto Galvis un hotel, la de Efrén Guerrero, porque también vino un helicóptero y echaba ráfagas para contrarrestar la toma de la guerrilla, ellos también en su afán de dispersarlos o quien sabe que hacer también disparaban hacia cualquier blanco donde ni ellos pienso yo si por la altura si eran civiles o guerrilleros realmente, por lo cierto que varias ráfagas y bombas también botaron en repetidas ocasiones, incluso en la pieza donde yo tenía mis niños como no tenía plancha de concreto las tejas quedaron varias parecidas a un colador a los dos días después que pasó todo (…) VIGÉSIMO. Que digan los testigos si saben o les consta que la guerrilla atacó además del cuartel de Policía de Villarrica, varios inmuebles ubicados en diferentes manzanas o cuadras y que en el enfrentamiento con la policía estos se dispersaron por todo el pueblo, utilizaron varías vías o calles para su retirada y que en la huida fue bombardeada por aviones militares. CONTESTÓ. si señor claro, como el pueblo es pequeño creo que aproximadamente el sesenta y cinco por ciento de casas locales comerciales, viviendas como se llamen salieron afectadas tanto en la huida de la guerrilla porque ellos también al irsen [sic] hicieron sus últimos descansos de sus armas y efectivamente los helicópteros de la altura echaban, bombardeaban por todas las cuatro puntas por donde la guerrilla salió porque no salieron en bloque sino esparcidos por carreteras, trochas, caminos (…)” (subrayado fuera de texto).
— Folio 151 del cuaderno 1 de pruebas: diligencia de recepción de testimonios adelantada el 9 de junio de 2005 por el juzgado promiscuo municipal de Villarrica, en la que la señora Rosa Helena García dijo: “DÉCIMO. Que digan los testigos, si los días 16 y 17 de noviembre de 1.99 [sic] tuvo lugar un ataque o toma al municipio de Villarrica (T) por parte de un grupo guerrillero y cómo ocurrió esta, los testigos dirán por qué les consta lo que declaren? CONTESTÓ: La toma la hubo a las nueve y treinta de la noche de ese día 16 de noviembre de 1999, empezó esa hora hasta el otro día a la una de la tarde fue terminando esa toma guerrillera, en esa toma ocurrió que a la una de la mañana por tardar llegó el primer helicóptero del ejército y como había mucha guerrilla por la calle donde vivía Aldemar y donde vivíamos nosotros, desde el helicóptero dispararon (…) DÉCIMO SEXTO. Que digan los testigos si aviones de la fuerza aérea colombiana, ejército o policía o cualquier otra fuerza, auxiliaron o contrarrestaron el ataque o toma guerrillera, mediante bombardeo en diferentes sitios o lugares de Villarrica (T). CONTESTÓ. A la una de la mañana que llegaron los helicópteros, avionetas y el avión fantasma y comenzaron a disparar indiscriminadamente en diferentexsirios [sic] del municipio donde veían grupos de guerrilleros, resultando afectada la población civil (…)” (subrayado fuera de texto).
Así las cosas, en cuanto al apoyo aéreo enviado por los Comandantes, todos los testigos afirmaron que las bombas y disparos desde el aire fueron realizados de manera indiscriminada, y para la Subsección el hecho de que se trate de testigos presenciales hace razonable asumir que les conste que efectivamente hubo presencia militar aérea, circunstancia que además se constató con las certificaciones emitidas por el Comando Aéreo de Combate en las que confirmó la presencia de helicópteros antes de la media noche, y del avión fantasma alrededor de la una de la mañana de la madrugada del día 17 de noviembre.
Sin embargo, ninguno de los testigos dio cuenta de las razones por las que les constaba el hecho de la utilización indiscriminada de las armas por parte del apoyo aéreo, por lo que la Subsección considera que si bien todos pudieron oír la percusión de los artefactos de guerra: la fuerza del ataque, la hora en la que se recibió el apoyo, la humareda producida por el incendio de algunos de los inmuebles en el centro del poblado y la confusión que debe generar el sentirse víctima directa de una cruenta guerra, no permitía develar la inadecuada utilización de las armas por parte de las fuerzas legítimas, por lo que si bien se tiene probado que el apoyo aéreo hizo uso de sus armas, no se logró probar que lo hubiera hecho en violación del principio de distinción. Lo anterior, aunado a la ausencia de prueba técnica que permita identificar el tipo de armas que dieron al traste con la vida, honra y bienes de los habitantes de Villarrica.
Procede la Sala a determinar si en el caso bajo análisis el detrimento patrimonial y la afrenta a la tranquilidad de los actores son imputables a las demandadas, o si por el contrario se encuentra configurada alguna de las causales eximentes de responsabilidad.
A partir de la expedición de la Constitución de 1991, la responsabilidad del Estado se define de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 en virtud del cual, éste será patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus agentes. En efecto, dos son los postulados que fundamentan dicha responsabilidad: i) El daño antijurídico, y ii) la imputación del mismo a la administración, “sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo de componentes a efectos de configurar la responsabilidad”(139). Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que “la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”(140).
Sobre la noción de daño antijurídico, esta Sección ha definido que “consistirá siempre en la lesión patrimonial o extra-patrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar”(141). En este sentido, el daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado, impone el deber de indemnizar el consecuente detrimento con el objetivo de garantizar el principio de igualdad ante las cargas públicas.
En lo relativo a la imputación, se entiende que se trata de la “atribución de la respectiva lesión”(142); en consecuencia, “la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política”(143).
“la imputación fáctica supone un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas propias de la imputación objetiva que han sido delineadas precisamente para establecer cuándo un resultado, en el plano material, es atribuible a un sujeto. De otro lado, la concreción de la imputación fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico; se trata, por ende, de un estudio estrictamente jurídico en el que se establece si el demandado debe o no resarcir los perjuicios bien a partir de la verificación de una culpa (falla), o por la concreción de un riesgo excepcional al que es sometido el administrado, o de un daño especial que frente a los demás asociados es anormal y que parte del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas”(144).
En este sentido, se tiene que el daño antijurídico puede ser ocasionado por el incumplimiento de normas cuya observancia se exige a los agentes estatales, por lo que el régimen de imputación, en este caso, es subjetivo por falla en el servicio. En efecto, “la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía(145)” (subrayado fuera de texto)(146).
Por tanto, es necesario contrastar el contenido obligacional que rige la función de la autoridad demandada con el grado de cumplimiento de la misma, para en caso de encontrar una actitud omisiva, proceder a declarar la responsabilidad del Estado. En palabras de Oriol Mir Puigpelat, “Los problemas fundamentales que se plantean, pues, en sede de omisión (y que son problemas de imputación), son la determinación de cuándo existe el deber jurídico de evitar el resultado (en definitiva, la determinación de cuándo se encuentra la administración en posición de garante de la víctima)(147) y la concreción del grado de capacidad evitadora del resultado que exigimos a la acción omitida, partiendo de la valoración normativa, para imputar el resultado”(148).
De acuerdo con el artículo segundo de la Constitución Política, las autoridades de la República están constituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares(149). Específicamente, la fuerza pública —integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional—, tiene como fin primordial de un lado, la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, y del otro, el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 216 y siguientes del estatuto superior.
Es así como la fuerza pública tiene el deber —normativo y reglamentario— de brindar protección (seguridad, vigilancia y cuidado) a todos los residentes en el país, garantizando el ejercicio de sus derechos a través de la intervención preventiva, cuando se considere que una determinada situación puede perturbar el goce efectivo de los derechos fundamentales. Cuando se incumple dicho deber, los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes por omisión, de acuerdo con el sentir del artículo 6º de la Constitución Política.
“La doctrina distingue las omisiones en sentido laxo y las omisiones en sentido estricto, para considerar que las primeras están referidas al incumplimiento de los deberes de cuidado necesarios para prevenir un evento, de por sí previsible y evitable, cuando se ejerce una actividad. De este tipo serían, por ejemplo, las relacionadas con la falta de señalización de obstáculos que en la actividad de la construcción se dejan sobre una vía; en tanto que las segundas están relacionadas con el incumplimiento de una actuación a la cual se hallaba obligado el demandado, es decir, la omisión de una actuación que estaba en el deber de ejecutar y que podía impedir la ocurrencia de un hecho dañoso. El caso típico sería el del incumplimiento del deber de protección que el Estado debe brindar a las personas, que de haberse cumplido hubiera podido impedir la ocurrencia del hecho dañoso. En relación con las omisiones que bajo estos criterios se han denominado como de sentido restringido, la Sala ha señalado que la responsabilidad del Estado se ve comprometida cuando se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios; b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; c) un daño antijurídico, y d) la relación causal entre la omisión y el daño [imputación fáctica]. Frente a este último aspecto, la Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, precisó que en este tipo de eventos lo decisivo no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión (…)”(150) (subrayado fuera de texto).
Lo anterior no implica exigir de la fuerza pública lo imposible(151), sino que obliga analizar, en cada caso, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjeron los daños con el fin de establecer las “posibilidades reales con las que contaban los agentes estatales para impedir el resultado”(152).
Al respecto, el artículo 3º del Convenio IV de Ginebra del 12 de agosto de 1949(153), “relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra”, señala:
Además la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en situaciones de conflicto armado el Estado adquiere la obligación de adoptar medidas de protección y prevención, cuya inobservancia compromete su responsabilidad. Lo anterior, debido a que en estos casos la población enfrenta un riesgo real de sufrir un desmedro en sus derechos humanos, por lo que el Estado asume una posición especial de garante que lo obliga a ofrecer una protección efectiva a los civiles, con el fin de evitar situaciones de riesgo que podrían materializarse(154).
Así mismo, en la zona donde ocurrieron los hechos es conocida la situación de conflicto armado. Al respecto, el informe departamental realizado por el Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Presidencia de la República concluyó(155):
La evolución geografía de la confrontación en Tolima muestra la forma en que ésta se ha ido ampliando con el paso de los años. La confrontación armada, que hacia comienzos de los noventa se manifestaba de manera exclusiva en municipios situados sobre la cordillera central y el piedemonte occidental se fue ampliando. En efecto, la parte Norte y el Valle del Magdalena, que no registraban mayor actividad armada, en el momento actual son (…) escenarios de confrontación. De hecho, ésta ha sufrido cambios sustanciales en los últimos años. Del protagonismo armado de las FARC registrado entre 1998 y 2002, periodo en el que la organización armada ejecutó una serie de ataques a poblaciones que apuntaron a la destrucción de los puestos de policía, se pasó a una posición defensiva y a tácticas de guerra de guerrilla, con el fin de desgastar moral y físicamente a la Fuerza Pública.
[E]s evidente que los actores al margen de la ley en la lucha por el control de posiciones estratégicas actúan bajo la lógica de que todo vale como método de guerra, que invita e incluso obliga a la imitación, aumentando con esta conducta la vulnerabilidad de la población civil (…).
Finalmente, está demostrado que los indicadores evidencian las zonas críticas y los movimientos de los protagonistas de la confrontación sobre el territorio, por lo que constituye una guía insustituible en el direccionamiento de las acciones tendientes a proteger a la población civil y a garantizar la plena vigencia de sus derechos.
En consecuencia, esta Subsección imputará responsabilidad a la Nación pero no a título de riesgo excepcional como lo declaró el a quo, pues encuentra probada la falla en el servicio en la que incurrió la demandada al omitir el cumplimiento de las obligaciones de planeación, prevención y protección que se le imponían al tener certeza sobre la inminencia del ataque subversivo(156), pues no se encontraba debidamente preparada para enfrentar el hostigamiento, además de que el apoyo que recibió no fue suficiente para evitar el detrimento patrimonial y la afrenta a la tranquilidad alegado por las demandantes(157). Y como se endilga responsabilidad por falla en el servicio imputable a la demanda, resulta inocuo abordar lo relativo al hecho de un tercero alegado por ésta.
— Dentro del expediente 3176
Solicitan los apelantes les sea reconocido el lucro cesante dejado de percibir con ocasión de la destrucción total del inmueble de matrícula inmobiliaria 366-3017 ubicado en la calle 4ª con carrera 2, cuya titularidad la detentan —en comunidad— los hijos de Ligia Inés Escobar y Alfredo Copete Arias, pues a pesar de que el a quo sostuvo que “en el expediente no obra ningún elemento probatorio que demuestre que los aquí demandantes estuvieran derivando provecho económico del citado bien, pues, las certificaciones del pago de unos cánones de arrendamiento del mes de noviembre del 1999 (fls. 23 a 28), están a nombre del señor Humberto Copete, sin que en el plenario haya prueba que éste ejercía como mandatario o administrador de los bienes en común y pro indiviso, sin que sea dado a esta corporación como juez, el imaginarse o intuir una situación que no está probada dentro del plenario”, lo cierto es que el señor Humberto Copete Escobar era mandatario de sus hermanos por lo que lo percibido a título de cánones de arrendamiento por vivienda y comercio debía serles también reconocido a su favor.
Al encontrar probado el daño alegado, esta Subsección accederá a liquidar el lucro cesante en abstracto, y lo hará con base en lo consignado en las pruebas que deberán que deberán aportarse en el incidente, entre ellas, los contratos de arrendamiento que hubieren sido suscritos en debida forma con las personas que constaron ser inquilinos para el momento de los hechos en los que se basó la demanda, y sólo durante la vigencia que en los mismos se haya pactado, los cuales en todo caso también debieron estar consignados en los libros contables, o en su defecto, en el movimiento de la cuenta bancaria especial que debió abrir precisamente con el fin de consignar los valores producto de los arrendamientos de acuerdo con las obligaciones que se le imponía cumplir según el contrato de administración de bienes mencionado. En consecuencia, se modificará el numeral sexto de la sentencia apelada.
— Dentro del expediente 3186
La jurisprudencia tiene decantado que el daño moral resarcible es aquél cierto, personal y antijurídico, y su tasación depende de su intensidad la cual deberá estar probada en cada caso y ser liquidada en salarios mínimos. En efecto, es numerosa la producción jurisprudencial y doctrinaria que coincide, en su mayoría, en la inconveniencia, dentro del ámbito jurídico y del sistema económico, de la formulación e imposición de elementos o variables objetivas que permitan una medición dineraria predefinida del valor dañoso. Lo anterior, por cuanto dicha función —precisamente—, se encuentra en cabeza del juez quien goza de discrecionalidad judicial, facultad conocida como arbitrium judicis, o arbitrio juris.
Es en este escenario en el que cobra importancia la función del juzgador, quien en el marco de dicha discrecionalidad, deberá hacer una valoración integral del acervo probatorio con el fin de establecer la medida compensatoria que considere más apropiada para aliviar el dolor sufrido por quienes ponen en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado(158).
No obstante lo anterior, y con el fin de garantizar el derecho a la igualdad, la Sala Plena de la Sección Tercera unificó su jurisprudencia en torno a los perjuicios morales en caso de muerte, lesiones personales y privación injusta de la libertad, pero dejó abierta la posibilidad de que en las situaciones allí no contempladas el juez pueda reconocerlos con base en el arbitrio juris.
En el sub lite, la parte actora dentro del expediente 3186 solicitó le sean reconocidos perjuicios morales “como consecuencia del ataque guerrillero al puesto o Comando de Policía, por motivo de la falla en el servicio de Seguridad, Protección y Vigilancia que, debieron prestarle a dicha ciudadana y a sus bienes en los hechos ocurridos los días 16 y 17 de noviembre de 1999 en el municipio de Villarrica (Tolima) con ocasión de la incursión guerrillera por parte de las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC”.
Probada la incursión guerrillera y la disminución patrimonial sufrida por la señora Ana Milena Mur, esta Subsección estima que “sin lugar a dudas padecieron un daño moral, pues resulta indiscutible la afectación, la angustia, el temor y el pánico, que para cualquier persona acarrea el hecho de vivenciar y experimentar una situación como la que debieron soportar los moradores del inmueble”(159). En consecuencia, con base en la zozobra y angustia que implica sufrir un ataque terrorista en un país que ha soportado más de cuatro décadas de conflicto armado, se reconocerá a la señora Ana Milena Mur Rodríguez a título de indemnización por daño moral, la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes(160), por lo que se modificará el numeral segundo de la sentencia apelada.
— Dentro del expediente 3184
La parte actora solicitó el pago de una indemnización por los perjuicios morales y materiales ocasionados con el daño sufrido.
Sobre la reparación del perjuicio moral ocasionado por la pérdida de bienes materiales, la jurisprudencia ha determinado que su ocurrencia debe estar plenamente acreditada en el proceso(161).
En el presente caso, la Sala observa que la parte actora no aportó al proceso ninguna prueba tendiente a demostrar el sufrimiento o la aflicción padecida por la demandante con ocasión del daño ocasionado a su inmueble durante la incursión guerrillera, por tanto, a pesar de que se encontró demostrado el daño, la Sala negará el reconocimiento de indemnización de perjuicios morales, debido a que su causación no se acreditó en el proceso.
Ahora, para efectos de demostrar los perjuicios materiales causados, la parte demandante aportó un avaluó elaborado por el ingeniero Civil Mario Portela Sánchez en el que señaló el valor total del inmueble, el valor de renta mensual, así como el presupuesto para su reconstrucción y adecuación(162), sin embargo, la Sala advierte que los valores anotados en el peritaje no se encuentran razonablemente fundados, pues no se conoce su origen o sustento real.
La jurisprudencia ha establecido que la eficacia probatoria de un dictamen pericial depende de varios elementos, a saber:
(i) el perito informe de manera razonada lo que sepa de los hechos, según sus conocimientos especializados; (ii) el dictamen sea personal y contenga conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas, por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad; (iii) el perito sea competente, es decir, un experto para el desempeño del cargo; (iv) no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; (v) no se haya probado una objeción por error grave; (vi) el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras, firmes y consecuencia de las razones expuestas; (vii) sus conclusiones sean conducentes en relación con el hecho a probar; (viii) se haya surtido la contradicción; (ix) no exista retracto del mismo por parte del perito; (x) otras pruebas no lo desvirtúen; (xi) sea claro, preciso y detallado, es decir, que dé cuenta de los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas(163).
Al examinar el avalúo, la Sala encuentra que se anotó la suma de $ 55.900.000 como valor total del inmueble, sin que se especifique el análisis de mercado mediante el cual se llegó a esta conclusión. Así mismo, en el documento se estimó que el inmueble tenía una renta mensual de $ 550.000, sin que exista ningún soporte que indique que sobre este se hubiera celebrado algún contrato de arrendamiento.
Por último, el documento en mención incluyó un “presupuesto total de obra para la reconstrucción del inmueble” en el que detalló el valor de cada uno de los materiales que serían utilizados en una eventual reconstrucción, sin embargo, en el expediente no existe evidencia sobre la constatación de los daños que en concreto sufrió la edifica, o que dé cuenta de la efectiva realización de los trabajos de reconstrucción.
Así las cosas, en el presente proceso no encuentra la Sala probado el lucro cesante, ni elementos de juicio ciertos que permita liquidar el daño emergente generados con la destrucción del inmueble, por lo que negará la condena respecto de aquel, y respecto de este último dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 172 del CCA y condenará en abstracto a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional al pago de los perjuicios materiales por daño emergente ocasionados con la destrucción del bien inmueble.
La liquidación deberá realizarse mediante el trámite incidental previsto en el artículo 137 del CPC, dentro del que la parte demandante deberá: a) acreditar el valor del bien inmueble para la época de los hechos, para lo que podrá acudir al avalúos históricos como los realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por cualquiera otra entidad pública que cumpla análogas funciones, o al medio debidamente fundamentado que estime pertinente dentro del marco de libertad probatoria que rige la materia; b) acreditar en debida forma los daños que en concreto sufrió el inmueble por causa del enfrentamiento que dio lugar a este proceso, pudiendo, si así lo encuentra posible y conveniente, solicitar el reconocimiento de las fotografías que obran en el expediente o de otras diferentes, por parte de quien haya realizado el registro fotográfico respectivo; y c) mediante perito que tenga a disposición estas pruebas, estimar el valor de los daños reales y concretos que tuvo la construcción, o en su defecto, si la reconstrucción no se llevó a efecto, el valor del inmueble después de los hechos, de modo que la diferencia entre el precio histórico y el valor después de los hechos, permita determinar el valor del daño emergente cuya reparación se ordena.
Sobre las medidas de reparación integral.
Esta subsección, en sentencia del 7 de junio del 2012, expediente 23715, en la que ordenó la reparación de perjuicios por el daño causado durante la incursión guerrillera en el municipio de Villarrica-Tolima, los días 16 y 17 de noviembre de 1999, condenó a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional al cumplimiento de medidas no pecuniarias con el objeto de propiciar una reparación integral.
Estas medidas consistieron en la realización de un informe acerca de los hechos ocurridos, con el fin de que fuera puesto a disposición de la opinión pública a través de los medios de comunicación; la realización del estudio y valoración de la posibilidad de trasladar las instalaciones de la Policía Nacional; y la remisión de la sentencia al archivo del Centro de Memoria Histórica.
Por tanto, la Sala considera innecesario proferir nueva condena con el mismo objeto.
1. Modificar los numerales segundo y sexto de la sentencia apelada los cuales quedarán así:
“SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar a los demandantes los perjuicios morales por ellos sufridos, así:
Para cada uno de los señores (as): Humberto Copete, Lida María Polanía y César Humberto Copete, se les reconocerá, por concepto de indemnización por los daños morales por ellos padecidos, el equivalente a veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Para el señor Moisés Martínez Muñoz, en su condición de víctima directa, se le reconocerá por concepto de indemnización por los daños morales por él padecidos, el equivalente a noventa salarios mínimos vigentes.
Para cada uno de los señores (as): Alba Cecilia Torres Villalba, en su condición de cónyuge de Moisés Martínez Muñoz, Xirys Juliany, Gerson Vanderley, Oscar Andres Martínez Torres, en su condición de hijos de Moisés Martínez Muñoz; Maira Martínez Muñoz, en su condición de hermana de Moisés Martínez Muñoz, se les reconocerá por concepto de indemnización por daños morales como víctimas indirectas, el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Para cada uno de los señores (as): Aldemar Torres Bernal, en su carácter de compañero permanente de Yesenia Cucaita Rojas; Jorfan Joel Torres Cucaita, en su condición de hijo; José del Carmen Cucaita y Blanca Ludivia Rojas León, en su calidad de progenitores se les reconocerá por concepto de indemnización por daños morales, el equivalente en pesos a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Para cada uno de los señores (as): Luz Ángela, José Mauricio y Erwin David Cucaita Rojas, en su condición de hermanos de Yesenia Cucaita Rojas, se les reconocerá por concepto de la indemnización por los daños morales por ellos padecidos, la suma equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Para cada uno de los señores (as): Yomaira Cruz Cruz, en su carácter de compañera permanente de Wiston Martín Camargo Vargas, Ariadne Camargo Cruz, en su condición de hija Wiston Martín Camargo Vargas y Alcira Vargas Viuda de Camargo, en su calidad de progenitora de Wiston Martín Camargo Vargas, se le reconocerá por concepto de indemnización por los daños morales por ellos padecidos, el equivalente en pesos a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para Jenny Camargo Vargas en su condición de hermana de Wiston Martín Camargo Vargas la suma equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Para cada uno de los señores (as): Ana Mónica, Ivonne, Luz Mery, Jimmy Antonio y Juan Carlos Camargo Vargas, en su condición de hermanos del extinto Wiston Martín Camargo Vargas, se les reconocerá por concepto de la indemnización por los daños morales por ellos padecidos, la suma equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Para cada uno de los señoras [sic]: Ana Arcelia Roa, en su carácter de cónyuge de Luis José Rodríguez Buitrago; Lina Johanna Rodríguez, en su condición de hija de Luis José Rodríguez Buitrago y a Pilar Buitrago Viuda de Rodríguez, en su condición de madre de Luis José Rodríguez Buitrago, se les reconocerá por concepto de la indemnización por los daños morales por ellas [sic] padecidos, el equivalente en pesos a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Para cada uno de los señores (as): Pilar Rodríguez Buitrago, Omar Enrique Rodríguez Buitrago, Alipio Rodríguez Buitrago, Manuel Alberto Baquero Buitrago, Pedro Bernabé Buitrago Baquero y Flor María Baquero Buitrago, en su condición de hermanos del extinto Luis José Rodríguez Buitrago, se les reconocerá por concepto de la indemnización por los daños morales por ellos padecidos, la suma equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Finalmente, para la señora: Ana Milena Mur Rodríguez se le reconocerá por concepto de la indemnización por daños morales por ella padecidos, la suma equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
SEXTO. CONDENAR, en abstracto, a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar a los demandantes, por concepto de los perjuicios materiales sufridos por los demandantes, así:
Para Humberto Copete Escobar, por la destrucción de los muebles y enseres que guarnecían el inmueble que él ocupaba en la calle 4ª con carrera 2ª de la nomenclatura urbana de Villarrica - Tolima y por la pérdida del establecimiento de comercio “Capulandia” ubicado en el mismo inmueble.
Para Humberto Copete Escobar, Myriam Copete Escobar, Elsa Inés Copete de Forteza, Álvaro Copete Escobar, Bernardo Copete Escobar, María Luz Copete de Garavito y Luís Alfredo Copete Escobar —en el valor proporcional al porcentaje de la propiedad que cada uno tenga en común y pro indiviso—, por la imposibilidad de seguir percibiendo los cánones de arrendamiento de los apartamentos que tenían arrendados en el inmueble destruido identificado con la matrícula inmobiliaria 366-3017.
Para Ana Milena Mur Rodríguez, por la destrucción del establecimiento de comercio “Aries Mur” ubicado en la carrera 3ª nº 4-71 de la nomenclatura urbana de Villarrica - Tolima.
Para María Cleilia Rodríguez Saavedra, por la destrucción del establecimiento de comercio “Almacén Saavedra” ubicado en la calle 4ª nº 3-21 de la nomenclatura urbana de Villarrica - Tolima.
Para Orlando Rodríguez Cervera, por la destrucción del establecimiento de comercio “El Pollito” ubicado en la carrera 5ª nº 4-32 de la nomenclatura urbana de Villarrica - Tolima.
Para Alvaro (sic) Saavedra, por la destrucción del establecimiento de comercio “Variedades Saavedra” ubicado en la carrera 4ª nº 3-52 de la nomenclatura urbana de Villarrica - Tolima.
Para Bernarda Jovel de Espinosa, por la destrucción del inmueble de matrícula inmobiliaria 366-304, ubicado en la carrera 3ª nº 4-31/33/35, del municipio de Villarrica-Tolima, perjuicios en la modalidad de daño emergente se liquidarán en incidente que deben iniciar los actores dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación del auto de obedecimiento de este fallo y se tramitará conforme al artículo 137 del CPC, siguiendo las bases trazadas en la parte motiva de esta providencia”.
2. ORDENAR el cumplimiento de este fallo en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del CCA.
4(sic). ORDENAR que por secretaría se expida a la parte actora copia de esta sentencia con sus constancias de notificación y ejecutoria en los términos del artículo 115 del CPC.
77 “La competencia del juez de segunda instancia se encuentra limitada por el alcance del respectivo recurso de alzada (…) [Es así como], si la apelación debe entenderse interpuesta únicamente en relación con aquello que en el fallo impugnado resultare perjudicial o gravoso para el recurrente, el juez de la segunda instancia está en el deber de respetar y de mantener incólume, para dicho recurrente único —y con ello para el resto de las partes del proceso—, los demás aspectos de ese fallo que no hubieren sido desfavorables para el impugnante o frente a los cuales él no hubiere dirigido ataque o cuestionamiento alguno, puesto que la ausencia de oposición evidencia, por sí misma, que el propio interesado no valora ni estima como perjudiciales para sus intereses los aspectos, las decisiones o las materias del fallo de primera instancia que de manera voluntaria y deliberada no recurrió, precisamente por encontrarse conforme con ellos”. Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, Sentencia de Unificación del 9 de febrero de 2012, Exp. 21060.
78 De acuerdo con lo consignado en el artículo 40 de la Ley 446 de 1998, la cuantía requerida para que un proceso tuviera vocación de doble instancia debía superar los 500 smlmv para la época de la interposición de la demanda. La demanda dentro del expediente 3728, se interpuso en al año 2000 cuando el salario mínimo era $ 260.100 y la mayor pretensión superaba los $ 130.050.000 pues por concepto de perjuicios materiales se solicitó $ 280.753.695. Las demás demandas se interpusieron en el año 2001 cuando el salario mínimo era $ 286.000, y salvo en el expediente 3027 (en el que la mayor pretensión ascendió a $ 28.000.000), todas superaron los $ 143.000.000, pues en el 3176 se pretendieron $ 280.753.695; en el 3199, $ 128.000.000; en el 3186, $ 200.705.267; en el 1331, lo equivalente a 4000 gramos oros; en el 3184, $ 200.705.267, y en el 3185, $ 230.602.864. Al respecto, dado que el artículo 21 del CPC. vigente para la época de la interposición de la apelación indicaba que “(…) La competencia por razón de la cuantía señalada inicialmente podrá modificarse en los siguientes casos: 1. (…) 2. En los contenciosos que se tramitan ante el juez municipal, por causa de demanda de reconvención o de acumulación de procesos o de demanda ejecutiva. En tales casos lo actuado hasta entonces conservará su validez y el juez lo remitirá a quien resulte competente” (subrayado fuera de texto), los procesos acumulados siguen la suerte del proceso al que se acumulan, luego aquéllos que no cumplían con la cuantía para la doble instancia serán en todo caso estudiados al resolver el recurso de apelación.
79 Es preciso advertir que el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dice que el nuevo Código “sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
80 Folio 15 del cuaderno principal dentro del expediente 3738.
81 Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, Sentencia del 13 de mayo de 2014, Exp. 23128.
82 Folio 16 del cuaderno principal dentro del expediente 3738.
83 Folio 11 del cuaderno principal dentro del expediente 3738.
84 Folio 12 del cuaderno principal dentro del expediente 3738.
85 Folio 13 y 14 del cuaderno principal dentro del expediente 3738.
86 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 9 de junio de 2010, Rad. 18536.
87 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 29 de agosto de 2013, Exp. 27521.
88 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 29 de agosto de 2013, Exp. 27521.
89 Folio 3 del cuaderno principal dentro del expediente 3738.
90 Folio 4 del cuaderno principal dentro del expediente 3738.
91 Folio 15 del cuaderno principal dentro del expediente 3738.
92 Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, Sentencia del 13 de mayo de 2014, Exp. 23128.
93 Folio 16 del cuaderno principal dentro del expediente 3176.
94 Que sólo se pudo realizar el 22 de enero de 2007 por razones de orden público, razón suficiente para que en esta instancia se hayan decretado.
95 Folio 25 del cuaderno principal dentro del expediente 3027. Registro civil de defunción.
96 Folio 17 del cuaderno principal dentro del expediente 3027. Registro civil de nacimiento en el que consta que nació el 20 de mayo de 1999, hija de Yomaira Cruz Cruz y Wiston Martín Camargo Vargas.
97 Folio 22 del cuaderno principal dentro del expediente 3027. Certificación notarial en la que consta que en el folio 121 del libro de 1969, se halla inscrito el nacimiento de Wiston Martín Camargo Vargas, hijo de Luís Antonio Camargo y Alcira Vargas, nacido el 5 de diciembre de 1969.
98 Folio 18 del cuaderno principal dentro del expediente 3027. En su calidad de hermana según registro civil de nacimiento en el que consta que nació el 9 de septiembre de 1974, hija de Alcira Vargas y Luís Antonio Camargo.
99 Folio 19 del cuaderno principal dentro del expediente 3027. En su calidad de hermana según certificación notarial en la que consta que en el folio 559 del libro año 1967, se halla registrado su nacimiento como hija de Luís Antonio Camargo y Alcira Vargas, nacida el 5 de diciembre de ese año.
100 Folio 20 del cuaderno principal dentro del expediente 3027. En su calidad de hermana según certificación notarial en la que consta que en el folio 9 del libro 88 aparece inscrito su nacimiento el 8 de diciembre de 1966, hija de Luís Antonio Camargo y Alcira Vargas.
101 Folio 20 del cuaderno principal dentro del expediente 3027. En su calidad de hermano según registro civil de nacimiento en el que consta que es hijo de Alcira Vargas y Luís Antonio Camargo, nacido el 22 de mayo de 1965.
102 Folio 21 del cuaderno principal dentro del expediente 3027. En su calidad de hermana según registro civil de nacimiento en el que consta que es hija de Alcira Vargas y Luis Antonio Camargo, nacida el 22 de septiembre de 1970.
103 Folio 23 del cuaderno principal dentro del expediente 3027, según registro civil de nacimiento en el que consta que es hijo de Alcira Vargas Viuda de Camargo, nacido el 3 de mayo de 1981.
104 Folio 76 del cuaderno de acumulación.
105 Folio 82 del cuaderno de acumulación.
106 Folio 37 del cuaderno principal dentro del expediente 3037. Registro civil de defunción.
107 Folio 36 del cuaderno principal dentro del expediente 3037, en su calidad de hijo de Astrid Yesenia Cucaita Rojas y Aldemar Torres Bernal, nacido el 26 de noviembre de 1998.
108 Folio 33 del cuaderno principal dentro del expediente 3027. En su calidad de padres según registro civil de nacimiento en el que consta que Astrid Yecenia nació el 17 de abril de 1982, hija de ellos.
109 Folio 34 del cuaderno principal dentro del expediente 3027. En su calidad de hermana según registro civil de nacimiento en el que consta que nació el 14 de marzo de 1985, hija de Blanca Ludivia Rojas y José del Carmen Cucaita.
110 Folio 35 del cuaderno principal dentro del expediente 3027. En su calidad de hermano según registro civil de nacimiento en el que consta que nació el 10 de marzo de 1990, hijo de Blanca Ludivia Rojas y José del Carmen Cucaita.
111 Folio 35 del cuaderno principal dentro del expediente 3027, en su calidad de hermano según registro civil de nacimiento en el que consta que nació el 8 de febrero de 1995, hijo de Blanca Ludivia Rojas León, y José del Carmen Cucaita Parra.
112 Folios 87, 106 y 110 del cuaderno de acumulación.
113 Folio 41 del cuaderno principal dentro del expediente 3027. Registro civil de defunción.
114 Folio 39 del cuaderno principal dentro del expediente 3027. Según registro civil de matrimonio en el que consta que se casaron el 30 de diciembre de 1991.
115 Folio 40 del cuaderno principal dentro del expediente 3027. Según consta en su registro civil de nacimiento.
116 Folio 40 del cuaderno principal dentro del expediente 3027. Según registro civil de nacimiento de Luís José Rodríguez en el que consta que es hijo de ella y de Luís Rodríguez.
117 Folio 42 del cuaderno principal dentro del expediente 3027. En su calidad de hermana según registro civil de nacimiento en el que consta que es hija de Pilar Buitrago y Luís Rodríguez, nacida el 29 de diciembre de 1963.
118 Folio 42 del cuaderno principal dentro del expediente 3027. En su calidad de hermano según registro civil de nacimiento en el que consta que es hijo de Pilar Buitrago y Luís Rodríguez, nacido el 9 de abril de 1960.
119 Folio 43 del cuaderno principal dentro del expediente 3027. En su calidad de hermano según registro civil de nacimiento en el que consta que es hijo de Pilar Buitrago y Luís Rodríguez, nacido el 6 de noviembre de 1961.
120 Folio 43 del cuaderno principal dentro del expediente 3027. En su calidad de hermano según consta en el registro civil de nacimiento que dice que es hijo de Pilar Buitrago y Pedro Bernabé Baquero.
121 Folio 44 del cuaderno principal dentro del expediente 3027. En su calidad de hermano según registro civil de nacimiento en el que consta que es hijo de Pilar Buitrago y Pedro Bernabé Baquero.
122 Folio 45 del cuaderno principal dentro del expediente 3027. Según registro civil de nacimiento en el que consta que es hija de Pilar Buitrago.
123 Folio 9 del cuaderno principal dentro del expediente 3199. Si bien a folios 10 y 11 reposan declaraciones extra proceso en las que se da cuenta del funcionamiento del almacén, las direcciones no corresponden a la que la actora identificó como el predio en el que desarrollaba su objeto social. Lo mismo ocurre con la copia de la póliza de seguro contra incendios nº 5037023 (folio 15 del mismo expediente), en el que se identifica como tomadora y beneficiaria a la actora, pero el establecimiento no se identifica y la dirección registrada es distinta a la detallada por la actora.
124 Folio 16 del cuaderno principal dentro del expediente 3199.
125 Folios 18 y 19 del cuaderno principal dentro del expediente 3199.
126 Folio 14 del cuaderno principal dentro del expediente 1331.
127 Folio 16 del cuaderno principal dentro del expediente 1331. Registro Civil de matrimonio.
128 Folio 20 del cuaderno principal dentro del expediente 1331. En su calidad de hijo, según registro civil de nacimiento.
129 Folio 19 del cuaderno principal dentro del expediente 1331. En su calidad de hijo, según registro civil de nacimiento.
130 Folio 18 del cuaderno principal dentro del expediente 1331. Según registro civil de nacimiento.
131 Folios 16 y 21 del cuaderno principal dentro del expediente 1331. Para lo cual adjuntó el registro civil de nacimiento de Moisés Martínez y el suyo propio, con el fin de poder verificar que en ambos, los padres son Elvia Muñoz y Rafael Martínez.
132 Según poder general que obra a folio 37 del cuaderno principal dentro del expediente 3185.
133 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 7 de marzo de 2011, Exp. 20171. Valga la pena advertir que el artículo 16 del Decreto 1736 que corrigió la Ley 1564 de 2012 —por medio de la cual se expidió el Código General del Proceso y se dictaron otras disposiciones—, derogó el inciso primero del artículo 215 de la Ley 1437 de 2011 —Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—, al que hace mención esta referencia, luego las normas que continuaron rigiendo las condiciones del valor probatorio de las copias simples fueron los artículos 252 y siguientes del CPC, que finalmente perdieron vigencia desde el primero de enero de 2014 de acuerdo con las indicaciones contenidas en el artículo 627 de dicho compendio normativo (Código General del Proceso).
134 Para la época de los hechos el artículo 18 de la Ley 418 de 1997 exigía a las víctimas de la violencia política que pretendían beneficiarse de los programas asistenciales creados para mitigar o impedir la agravación o la extensión de los efectos de los daños, una certificación emitida por la alcaldía o la personería municipal en la que se diera cuenta de las circunstancias en las que se sufrieron los daños. En dicho marco normativo, son víctimas de la violencia política los integrantes de la población civil que sufran perjuicios en su vida, o grave deterioro en su integridad personal o en sus bienes, por razón de atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres en el marco de los enfrentamientos y acciones criminosas a manos de grupos armados organizados al margen de la ley, además de las incluidas en el artículo 49 de la misma ley referidas a quienes sufran perjuicios por causa de homicidios u otros atentados contra la vida, la integridad física, la seguridad o la libertad personal, cometidos por móviles ideológicos o políticos, o sean objeto de amenazas de agresiones de esta naturaleza.
135 Consejo de Estado. Unificación jurisprudencial perjuicios inmateriales. Documento ordenado mediante Acta 23 de 25 de septiembre de 2013 con el fin de recopilar la línea jurisprudencial y establecer criterios unificados para la reparación de perjuicios inmateriales. Bogotá, 2014.
136 Fl. 8, c. 7.
137 Fls. 11 y 22-28, c. 7.
138 [8] “Consejo de Estado, Sección Tercera sentencia proferida el 17 de junio de 2004, Exp. 15.450 y sentencia del 4 de diciembre de 2007, Exp. 15.498”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de julio del 2011, Exp. 21297, C.P. Enrique Gil Botero.
139 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 30 de agosto de 2007, Exp. 15932.
140 Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996.
141 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de agosto de 2008, Exp. 17042.
142 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 30 de agosto de 2007, Exp. 15932.
143 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 12 de julio de 1993, Exp. 7622.
144 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 9 de junio de 2010, Rad. 1998-0569.
145 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 30 de noviembre de 2006, Exp. 14880.
146 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 7 de abril de 201, Exp. 20750.
147 “En la determinación de cuándo existe posición de garante o no del sujeto responsable no tiene ninguna incidencia que la responsabilidad se configure como objetiva o basada en la culpa. Aquella determinación constituye una cuestión previa: solo cuando se haya verificado que el sujeto estaba obligado a evitar el resultado entrará en juego la circunstancia de que la responsabilidad sea objetiva o no”. PUIGPELAT, Oriol Mir. La responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria. Ed. Civitas.
148 Ídem. pp. 243 y 244.
149 “En tales condiciones, es claro que en cumplimiento de su función primigenia de proteger a la población (CP art. 2º), la Fuerza Pública debe desplegar sus actividades con la firmeza y la contundencia adecuadas para someter a quienes subvierten el orden constitucional y desafían el principio democrático, según el cual se confía al Estado el monopolio del uso legítimo de las armas”. Corte Constitucional, Sentencia C-251 de 2002.
150 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 6 de marzo de 2008, Exp. 14443.
151 “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 15 de febrero de 1996, Exp. 9940.
152 “En el marco de toda imputación, incluyendo la jurídico penal, se vinculan un suceso en el mundo y un destinatario de imputación, de tal modo que el destinatario aparece como aquel a quien pertenece el suceso: es él quien lo ha creado o ha permitido que tuviese lugar, tanto para bien, en el marco de la imputación a título de mérito, como en lo malo, en la imputación a título de reproche”. JAKOBS, Günter La imputación objetiva en el derecho penal, Ed. Universidad Externado de Colombia, p. 23.
153 Ratificado por Colombia el 8 de noviembre de 1961.
154 Sentencias de 31 de enero de 2006, caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, párr. 123 a 141; y de 1º de julio de 2006, caso de las masacres de Ituango vs. Colombia, párr. 126 a 138.
155 Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Presidencia de la República, “Diagnóstico Departamental Tolima”, Bogotá, Presidencia de la República, 2007.
156 “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Sobre el particular, la doctrina nacional ha precisado: “Ahora bien, en algunos eventos, la imputabilidad podrá resultar del incumplimiento, por parte de la administración, de su deber de protección frente a las personas, como ocurre, por ejemplo, cuando una de ellas se encuentra en situación de grave peligro, que aquélla conoce —sea que se le haya solicitado protección o que ésta debiera prestarse espontáneamente, dadas las circunstancias particulares del caso—; son estas las situaciones que obligan a evaluar el alcance del deber de protección estatal y constituye uno de los eventos en que adquiere relevancia la denominada teoría de la relatividad de la falla del servicio”. Hernández Enríquez, Alier Eduardo y Franco Gómez, Catalina. Responsabilidad Extracontractual del Estado. Ed. Nueva Jurídica, Bogotá, 2007, p. 52.
157 Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 7 de junio de 2012, Exp. 23715.
158 Por lo tanto, es preferible seguir los precedentes jurisprudenciales que sirven al juez para tasar de la manera más justa e igualitaria los perjuicios morales, que tratar de imponer metodologías cuya aplicación en la jurisdicción contencioso administrativa no es dable de manera automática, ya que ha de mediar un mínimo análisis y estudio sobre los objetivos que se persiguen con su aplicación, los procedimientos que se requieren para que su implementación sea adecuada, y los resultados esperados con la misma. Ver por ejemplo, lo dicho en la sentencia de Corte Constitucional, C-176 de 2007.
159 Ver. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 26 de mayo de 2010, Exp. 18625; y Sentencia del 26 de febrero de 2014, Exp. 28231.
160 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 09 de mayo de 2012, Exp. 23300.
161 Consejo de Estado, Sentencia de 13 de mayo de 2004, Exp. AG-520012331000200200226-01. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Sentencia de 21 de marzo de 2012, Exp. 24250, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, ver entre otras providencias relacionadas con los hechos de los atentados del municipio de Cravo Norte (Arauca).
162 Fls. 12-20, c. 7.
163 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de abril de 2007, Exp. AG-250002325000200200025-02, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

References: artículo 129
 artículo 37
 artículo 136
 artículo 252
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 172
 artículo 137
 artículo 137
 artículo 115
 artículo 40
 artículo 21
 artículo 308
 artículo 16
 artículo 215
 artículo 627
 artículo 18
 artículo 49