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Timestamp: 2020-07-07 10:13:47+00:00

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Resolución de 31 de octubre de 2000, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se modifica la Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores, por la que se dictan normas para la aplicación de los artículos 4, 5, 7 y 10 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 27 de diciembre de 1991, sobre transacciones económicas con el exterior.
Publicado en BOE núm. 280 de 22 de Noviembre de 2000
Vigencia desde 22 de Enero de 2001
Tras más de tres años de vigencia de la Resolución de 9 de julio de 1996 se han producido novedades normativas que conllevan la necesidad de proceder a la modificación de la citada Resolución y que afectan a su instrucción cuarta.
Así, en primer lugar, se procede a adaptar la redacción a la actual distribución de competencias que recoge el Real Decreto 1371/2000, de 19 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía. De esta manera, se sustituye la mención a la Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores por la de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
En segundo lugar, y teniendo en cuenta la aprobación de la Ley 9/1999, de 12 de abril, por la que se regula el régimen jurídico de las transferencias entre Estados miembros de la Unión Europea, se procede a instrumentar un procedimiento de declaración posterior, una vez que se hayan abonado fondos en la cuenta del beneficiario residente. Con ello se permite cumplir el plazo establecido, por defecto, en la citada Ley para el abono en cuenta, evitándose así el incumplimiento del plazo de puesta a disposición de fondos cuando el cliente beneficiario y residente en España no efectuase la declaración de cobro o transferencia del exterior con carácter previo al abono en su cuenta.
Se prevé un procedimiento para formular la declaración en los supuestos de pagos o cobros a o de no residentes a través de endosos de efectos de comercio. A pesar de que dichos medios de pago están claramente incluidos en la Orden de 27 de diciembre de 1991, hasta ahora sólo se ha previsto expresamente la obligación de declarar del residente pagador en cuya cuenta se cargan los efectos. Sin embargo, no se regulaba la misma obligación del propio residente cuando el libramiento inicial se ha efectuado a favor de otra persona asimismo residente y ésta procede a su endoso a favor de un no residente. Las mismas consideraciones son aplicables al supuesto de que un no residente libre el efecto a favor de otro no residente y éste proceda a su endoso a un residente. Por tanto, en ambos casos los endosantes deberán cumplir la obligación de declaración correspondiente.
Por otra parte, se incluye un nuevo supuesto para ser excepcionado de la declaración previa (los adeudos por domiciliación) en el Sistema Nacional de Compensación Electrónica, por considerar que cumple una función económica similar a la de los «recibos» y con ello se facilita el cumplimiento de las finalidades de celeridad y seguridad del sistema.
Finalmente, se eleva la cuantía a partir de la cual se establece la exigencia de declaración, fijándose la franquicia en 12.500 euros, o su contravalor en pesetas.
Primero.- Se da nueva redacción a los apartados 3, 4, 5 y 6 de la Instrucción 4.ª, que pasan a tener la siguiente redacción:
«3. La citada declaración deberá efectuarse con anterioridad a la ejecución del pago o transferencia de que se trate, salvo en los casos en que el pago se realice mediante cheque contra cuenta del residente pagador que un no residente presente al cobro, mediante la adquisición por residentes de cheques bancarios cifrados en pesetas, en euros o en divisas, para ser abonados en cuentas de no residentes o mediante efectos de comercio (letras de cambio, pagarés y recibos) o adeudos por domiciliación a cargo de residentes presentados al cobro por no residentes y liquidados por una Cámara de compensación específica.
6. Cuando por la reiteración de cobros o pagos por cuantía inferior a la franquicia establecida en el apartado anterior, la entidad registrada sospechara que se trata de pagos fraccionados, deberá ponerlo en conocimiento de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.»
Segundo.- Hasta tanto entre en vigor el nuevo impreso B3, a que se refiere la Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores, por la que se dictan normas para la aplicación de los artículos 4, 5, 7 y 10 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 27 de diciembre de 1991, sobre transacciones económicas con el exterior, se continuará utilizando el actual impreso B3, efectuando su tramitación de acuerdo con las normas contenidas en la citada Resolución, de 9 de julio de 1996 y en la presente Resolución y las que, en su caso, se dicten en su aplicación por el Banco de España.
Tercero.- La presente Resolución entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado

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