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Timestamp: 2017-02-23 17:26:13+00:00

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1_9788499851969 by Editorial Tirant Lo Blanch - issuu
SOBRE OBTENCIONES
VEGETALES Y ORGANISMOS
JAIME APARICIO GRAU
DIONISIO CHANZÁ JORDÁN
DESAMPARADOS LLOMBART BOSCH
JESÚS OVIEDO ARANDA
OLGA SÁNCHEZ GIL
ANTONIO VILLARROEL LÓPEZ DE LA GARMA
MARÍA JOSÉ ZAPATER ESPÍ
información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del
© PABLO AMAT LLOMBART y otros
I.S.B.N.: 978 - 84 - 8456 - 767 - 7
ABREVIATURAS .............................................................................................
PRESENTACIÓN .............................................................................................
MARCO JURÍDICO DE LAS OBTENCIONES VEGETALES
“Marco jurídico internacional y comunitario para la protección
de nuevas obtenciones vegetales” ......................................................
Doctoranda. Becaria del proyecto de investigación “El Derecho agrario y la agricultura ante la innovación biotecnológica” de la Universidad Politécnica de Valencia
“Novedades de la ley 3/2000 de régimen jurídico de la protección de
las obtenciones vegetales en relación con la anterior ley 12/1975 de
protección de obtenciones vegetales” ................................................
Jurista de la Oficina Española de Variedades Vegetales
“La propiedad intelectual sobre la materia viva vegetal y la ley 3/
2000 de régimen jurídico de la protección de las obtenciones
vegetales” ................................................................................................
Doctor Ingeniero Agrónomo y Doctor en Derecho
Director del CIFA Churriana (Málaga). IFAPA. CICE (Junta de Andalucía)
SERGIO PARDO DE TAVERA SEMON
Experto de Frutas y Hortalizas. Unidad Técnica de la Oficina Comunitaria de
Variedades Vegetales, Angers (Francia)
Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga.
“Las obtenciones vegetales y sus diferencias con otras modalidades de propiedad industrial” .............................................................
Abogado. Agente de la Propiedad Industrial.
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DEL TÍTULO DE
“Los presupuestos de registrabilidad de las obtenciones” ...........
“El procedimiento nacional, europeo e internacional para la
concesión de las obtenciones vegetales” ...........................................
Abogado. Agente de la Propiedad Industrial. Profesor de la Escuela de Práctica
Jurídica del Colegio de Abogados de Valencia. Miembro de la Sala de Recursos de
la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales.
CONTENIDO Y FACULTADES DE LOS DERECHOS SOBRE
“Concepto, contenido y límites del derecho de obtentor de variedades vegetales según la ley 3/2000 de 7 de enero y el Real Decreto
1261/2005 de 21 de octubre” .................................................................
Doctor en derecho. Profesor Titular de Escuela Universitaria. Responsable del
proyecto de investigación “El Derecho agrario y la agricultura ante la innovación
biotecnológica” de la Universidad Politécnica de Valencia.
“El contrato de licencia de explotación sobre variedades vegetales”
Abogado. Director-Gerente de GESLIVE, A.I.E. (Agrupación de Obtentores de
Variedades Vegetales).
9. “Tratamiento en la ley 3/2000 y el real decreto 1261/2005, de protección de obtenciones vegetales, del derecho de obtentor como derecho de propiedad privada. Transmisibilidad, nulidad y extinción
del derecho” ............................................................................................
Doctora en derecho. Profesora Colaboradora. Investigadora del proyecto de investigación “El Derecho agrario y la agricultura ante la innovación biotecnológica” de
10. “El derecho de obtentor como derecho de propiedad privada.
Transmisibilidad, nulidad y extinción del derecho” ....................
11. “El privilegio del agricultor y la excepción en beneficio del agricultor de la Ley 3/2000” ........................................................................
Abogada. Doctora en derecho.
OBTENCIONES VEGETALES Y ORGANISMOS
12. “Los organismos modificados genéticamente y los problemas jurídicos que suscitan” ...............................................................................
Profesora Titular de Universidad Emérita. Investigadora del proyecto de investigación “El Derecho agrario y la agricultura ante la innovación biotecnológica” de la
ANEXO. RESEÑA NORMATIVA ....................................................................
BOVP:
CINB:
CUPOV:
INSPV:
LRJAP:
LRJPOV:
con el Comercio (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech de 1994
por el que se establece la Organización Mundial de Comercio)
Boletín Oficial de Variedades Protegidas
Convenio de Patente Europea de 5 de octubre de 1973
Comisión de Protección de Obtenciones Vegetales (España)
Convenio de la Unión de París de 1883 para la protección de la
Convenio Internacional (de la Unión) para la protección de las
Obtenciones Vegetales de 1961
Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929
Federación Internacional del Comercio de Semillas
Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero
Ley 3/2000, de 7 de enero de 2000, de Régimen Jurídico de la
Microorganismos Modificados Genéticamente
OCVV:
OEVV:
PVPA:
RLRJPOV:
RPCOV:
Plant Patent Act de 1930 (EEUU)
Plant Variety Protection Act de 1970 (EEUU)
Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento de Protección de Obtenciones Vegetales
Reglamento 2100/1994, de 27 de julio, relativo a la Protección
Comunitaria de las Obtenciones Vegetales
Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1961
En enero del año 2000 fue aprobada y publicada en España la nueva Ley
de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales que vino a
introducir savia nueva en un ámbito regulado desde hacía más de veinticinco
años por una Ley de 1975 sobre la misma materia, la cual, pese al tiempo
transcurrido, se encontraba todavía en vigor aun teniendo en cuenta que
procedía del periodo preconstitucional.
Las novedades y modificaciones introducidas por el entonces recientemente inaugurado régimen legal, y las implicaciones derivadas del mismo
sobre todo en los aspectos prácticos, suscitó el interés de un grupo de
profesores universitarios, abogados y profesionales de Valencia que durante
el 2001 estuvieron gestionando la organización de unas Jornadas especializadas sobre la disciplina, que pudieron finalmente celebrarse en la Universidad
Politécnica de Valencia durante los días 18 y 19 de octubre de 2001 bajo el
título Jornadas sobre protección de obtenciones vegetales en el ámbito internacional, europeo y nacional: la ley 3/2000, de 7 de enero.
Buena parte de los trabajos, aportaciones y conclusiones que fueron en su
día expuestos en las mencionadas Jornadas, constituyen el núcleo esencial de
la presente obra. Sin embargo, y habida cuenta del tiempo transcurrido desde
entonces, se ha procedido a una completa revisión y actualización de los
contenidos de la materia a efectos de su puesta al día para la publicación.
En particular, por cuanto afecta a la disciplina de las obtenciones vegetales, se han incorporado y analizado las posteriores modificaciones de la Ley 3/
2000, introducidas por la Ley 3/2002, de 12 de marzo, y de la misma forma,
sobre todo, se ha puesto especial atención a la novedad que supone la reciente
aprobación y entrada en vigor del Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de protección de obtenciones vegetales
(BOE nº. 265, de 5 de noviembre de 2005) que deroga el vetusto Reglamento
de 1977 aún aplicable; también se han estudiado las incidencias que sobre la
materia ha generado la normativa relativa a las patentes biotecnológicas tras
la modificación de la Ley de patentes de 20 de marzo de 1986 por virtud de la
Ley 10/2002, de 29 de abril, para incorporar al Derecho español la Directiva
comunitaria 98/44/CEE; se ha tenido en cuenta, asimismo, la modificación del
Código Penal de 1995 en materia de delitos relativos a la propiedad industrial,
introducida por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre; y en fin, se ha
incluido un completo análisis de la legislación internacional, comunitaria y
nacional sobre organismos modificados genéticamente (OMG - transgénicos),
incidiendo fundamentalmente —por cuanto afecta a España— en la Ley 9/
2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización
confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, así como su Reglamento general de desarrollo y ejecución,
aprobado por Real Decreto 178/2004, de 30 de enero.
En otro orden de cosas, hay que señalar que junto a las aportaciones
actualizadas de quienes en su día participaron como ponentes de las mencionadas Jornadas sobre obtenciones vegetales, se han incorporado en esta obra
nuevos trabajos elaborados por otros profesores universitarios de reconocido
prestigio y por profesionales de los sectores implicados. El hecho de poder
contar en este estudio con la implicación de colaboradores procedentes, por un
lado, del ámbito universitario, docente e investigador, y por otro, del ámbito
profesional, dotan a la obra del adecuado y necesario equilibrio que debe
existir entre la visión dogmática, sistemática y analítica de la disciplina
jurídica, y la perspectiva más pragmática de los especialistas y técnicos del
Derecho acostumbrados al manejo en la práctica de la legislación objeto de
análisis, así como habituados a enfrentarse con los problemas cotidianos que
la misma presenta a la hora de su aplicación.
Finalmente, queda por añadir que la edición y publicación del presente
volumen ha sido financiada por el Proyecto de Investigación 2004/0932
titulado El Derecho agrario y la agricultura ante la innovación biotecnológica,
promovido por el Programa de Incentivo a la Investigación para el año 2004
de la Universidad Politécnica de Valencia, así como por la ayuda a Proyectos
de Investigación GV05/242 de la Consellería de Empresa, Universidad y
Ciencia de la Generalitat Valenciana.
Valencia, septiembre de 2006
MARCO JURﾃ好ICO DE LAS
Marco jurídico internacional y comunitario para
la protección de nuevas obtenciones vegetales
Doctoranda. Becaria del proyecto de investigación “El Derecho agrario y la agricultura
ante la innovación biotecnológica” de la Universidad Politécnica de Valencia
Desde el momento en que el hombre descubrió la agricultura, hace ya más
de diez mil años, comenzó una labor de selección natural y en cierto modo
espontánea de todas aquellas plantas y semillas que consideraba más adecuadas para el cultivo. Esta labor, basada inicialmente en la experiencia adquirida con el paso del tiempo así como en procedimientos caracterizados por un
fuerte componente “artesanal”, ha llegado a convertirse en nuestros días, a
través de la aplicación de métodos técnico-científicos mucho más rigurosos y
complejos, en una verdadera “revolución verde” dentro del campo de la mejora
varietal de especies vegetales.
La creación y desarrollo de nuevas variedades vegetales constituye una
actividad de gran trascendencia para el desarrollo agrario y económico de la
sociedad. Gracias a ella son resueltos un importante número de problemas
que afectan al sector agrícola: calidad del producto final, rendimientos
unitarios de los cultivos, resistencia a enfermedades, a plagas así como a
condiciones adversas, facilidad de mecanización, belleza y armonía en las
formas y colores de plantas y flores, etc.
Por otra parte, y como adecuada recompensa a los esfuerzos que los
investigadores invierten en tales descubrimientos y perfeccionamientos aplicados a las diversas variedades vegetales, es de justicia que el Derecho y las
legislaciones regulen un sistema jurídico que sea capaz de tutelar las expectativas de explotación económica de las nuevas obtenciones vegetales, y de
protegerlas frente a las infracciones que atentan contra los legítimos derechos
adquiridos por los obtentores, quienes en definitiva se convierten en promotores y titulares de la investigación que ha conseguido resultados positivos de
los que se beneficiará el sector agrícola en particular y por extensión toda la
comunidad social en general.
El presente trabajo analiza las vicisitudes que han afectado a la regulación
jurídica de la protección de las variedades vegetales desde sus orígenes hasta
nuestros días, destacando sobre todo las normas internacionales y europeas
que de manera significativa han influido en la configuración de los actuales
sistemas vigentes en los Estados de la Unión Europea.
2. NORMATIVA DE ÁMBITO INTERNACIONAL
En el ámbito de los Acuerdos internacionales entre Estados es necesario
retroceder hasta la fecha de 20 de marzo de 1883 en que fue suscrito el
Convenio de París por virtud del cual quedó constituida la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial.
España fue parte firmante del citado Convenio junto con otros Estados
europeos e iberoamericanos, el cual permaneció abierto a la adhesión por
parte de los demás Estados que no hubieran tomado parte inicial en el mismo1.
Según este Acuerdo internacional, tal y como quedó establecido en su
artículo 11, las partes contratantes se obligaban a conceder en general una
protección de carácter temporal a los inventos que pudieran obtener privilegio, a los dibujos o modelos industriales y a las marcas de fábrica o de comercio
para los productos que figuren en las Exposiciones internacionales, oficiales
o reconocidas oficialmente.
Por su parte, en el apartado primero del Protocolo Final que fue insertado
en el citado Convenio, se incluyó una referencia a la extensión del concepto de
propiedad industrial así como al objeto al que resultaba aplicable:
“Las palabras Propiedad Industrial deben entenderse en su acepción más lata, en el
sentido de que se aplican, no solamente a los productos de la industria propiamente dicha, sino
también a los productos de la agricultura (vinos, granos, frutos, ganado, etc.) y a los productos
minerales destinados al comercio (aguas minerales, etc.)”.
Como se observa, en el Convenio de París de 1883 fueron inicialmente
admitidos como posibles objetos de protección por el derecho de propiedad
industrial los productos agrícolas, las semillas, plantas, flores, etc. Sin
embargo también se incorporó la facultad según la cual los países miembros
podrían excluir determinadas categorías de invenciones del ámbito de aplicación de las patentes, lo que produjo como consecuencia que la gran mayoría
de Estados firmantes se negara a reconocer la patentabilidad de toda variedad vegetal.
Otro de los hitos destacables en el camino hacia la protección legal de las
variedades vegetales lo hallamos en la legislación norteamericana que, tras
la aprobación en 1930 de la Ley Townsed-Purnell (Plant Patent Act), permitió
la patentabilidad de las variedades de plantas de multiplicación vegetativa.
En dicha disposición, no obstante, quedaron excluidas de toda protección
jurídica las variedades vegetales de reproducción sexual.
En esta tesitura, el reconocimiento jurídico general del “derecho de
obtentor de variedades vegetales” y la protección legal que lleva aparejada,
Vid. el artículo 16 del citado Convenio de París.
MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL Y COMUNITARIO…
tendría que esperar a la aprobación del Convenio Internacional para la
Protección de las Obtenciones Vegetales, suscrito en París el 2 de diciembre
de 1961 (Convenio UPOV), dentro del seno de la Unión Internacional para la
Protección de las Obtenciones Vegetales, institución a la cual España se
incorporó como miembro integrante en el año 1980.
Dicho Convenio originario de 1961 ha sido revisado con posterioridad en
varias ocasiones, en la sede de Ginebra, y por virtud del Acta de 10 de
noviembre de 1972, por Acta de 23 de octubre de 1978 y, finalmente, por Acta
de 19 de marzo de 19912.
Ello no obstante y pese a la entrada en vigor del citado Convenio
Internacional junto a sus primeras modificaciones, la batalla por la consecución de la efectiva tutela jurídica de los derechos y prerrogativas que
corresponden a los creadores, descubridores y a quienes desarrollen una
nueva variedad vegetal no había hecho nada más que comenzar.
En ese sentido, de igual forma que sucede con el mecanismo de la
transposición de la normativa comunitaria al ordenamiento jurídico interno
de los Estados miembros de la Unión Europea, también los compromisos
internacionales adoptados por España y por la propia Unión Europea han ido
modelando las legislaciones nacionales aplicables a la protección de las
obtenciones vegetales y su explotación en el tráfico jurídico3.
Concretamente, una de las cuestiones más relevantes en la que ha ejercido
su influencia el Convenio UPOV, es la que hace referencia a la inicial
duplicidad de sistemas de propiedad industrial establecidos para la tutela de
los derechos del obtentor de variedades vegetales.
En efecto, el Acta original del Convenio UPOV de 1961 determinó expresamente en su artículo 2 que “cada Estado de la Unión puede reconocer el
derecho del obtentor previsto por el presente Convenio por la concesión de un
título de protección particular o de una patente. No obstante, todo Estado de
la Unión cuya legislación nacional admita la protección en ambas formas debe
aplicar solamente una de ellas a un mismo género o una misma especie
botánica”.
Por otra parte, y aún reconociendo el indudable avance que supuso el
Convenio UPOV en su redacción de 1961, 1972 y 1978, autores como
VILLARROEL afirman que la regulación de dicho Convenio adoleció desde un
España se adhirió al Convenio UPOV de 2 de diciembre de 1961 y al Acta adicional de 10 de
noviembre de 1972, por instrumento de adhesión de 21 de marzo de 1980.
Sobre estas cuestiones vid. SÁNCHEZ GIL, O.: Efectos de la Convención UPOV sobre la
patentabilidad de las invenciones vegetales en el derecho europeo y, en particular, en los
derechos nacionales español y alemán, Derecho de los Negocios, Noviembre, 1998, pp. 11 y
principio de graves limitaciones que lastraron la eficacia de su aplicación. En
efecto, la limitación del número de especies a que debía obligatoriamente ser
aplicado por los países firmantes (lo que en la práctica dejó numerosas
especies, por ejemplo frutales, huérfanas de toda protección), y el establecimiento del derecho de obtentor sobre “el material de reproducción o de
multiplicación vegetativa” así considerado (salvo para las plantas ornamentales, en que excepcionalmente se extendía a las partes de plantas comercializadas con otros fines que los multiplicativos, pero susceptibles en todo caso
de ser usados como tales), supusieron, en la práctica, graves obstáculos para
la protección efectiva de los derechos sobre las obtenciones vegetales, y una
puerta abierta por la que siguió imperando, masivamente, la defraudación a
esos derechos teóricamente reconocidos4.
A ello debemos añadir que el Convenio de 1961 no contempló de forma
expresa una definición genérica aplicable a todo tipo de variedad vegetal, sino
que simplemente en él se hizo mención a una serie de categorías o especies
representativas de variedades.
En este estado de cosas, la vigente configuración del Convenio UPOV ha
quedado actualmente delimitada por la última modificación operada por el
Acta de 19 de marzo de 1991, la cual entró en vigor el 24 de abril de 1998 en
seis países (Holanda, Dinamarca, Suecia, Israel, Bulgaria y Rusia). Respecto
a los demás países miembros de la UPOV, una buena parte de ellos ya
disponen de legislación nacional propia adaptada a las disposiciones del
Convenio, entre los que también se encuentra España.
Así pues los principales objetivos cuya consecución se perseguía mediante
la firma del Acta UPOV de 1991, fueron los siguientes:
a) Precisar ciertas disposiciones a la luz de la experiencia adquirida por los
Estados miembros de la UPOV en la aplicación del Convenio.
b) Mejorar la protección que se otorga al obtentor según una serie de
modalidades concretas, a fin de mantener la capacidad del sistema de
protección para fomentar las inversiones en el ámbito de las variedades y la
comercialización de las semillas.
c) Tener en cuenta la evolución técnica.
En cuanto a la posibilidad de aplicar una duplicidad de sistemas para la
protección de las variedades vegetales, ya instaurada en 1961, la misma se
consolidó en la práctica mediante el Acta del Convenio UPOV de 1991, si bien
en esta última reforma ya se percibe la tendencia hacia la consagración de un
sistema “sui generis” de protección de las nuevas variedades vegetales que,
VILLARROEL LÓPEZ DE LA GARMA, A.: Explotación comercial de la variedad: Acuerdos
internacionales y herramientas legales, Actas de FITECH, Valencia, 1998, p. 3.
con exclusión del sistema de patentes, quedara como único aplicable a la
tutela del derecho especial de obtentor vegetal. Así para los Estados miembros
no adheridos al acta de 1978, para los nuevos Estados que quisieran formar
parte de la UPOV y para los Estados que aún habiendo ratificado el Acta de
1978 no utilizaran el sistema de la patente, en todos estos casos, ya sólo se
admitirá la protección de los derechos del obtentor de variedades vegetales
por el sistema “sui generis”. Para aquellos Estados que, adheridos al Acta de
1978 y que otorgaban títulos de propiedad industrial distintos al derecho de
obtentor, se permite todavía la doble posibilidad de protección mediante
patentes y el sistema “sui generis” en que consiste el derecho de obtentor.
Respecto a las mejoras de naturaleza técnica y a los cambios sustantivos
introducidos por el Convenio de la UPOV de 1991, podemos afirmar que unas
y otros constituyeron un importante perfeccionamiento de la legislación en
comparación con las versiones precedentes del Acuerdo.
Por un lado, la nueva redacción del Convenio procedió a esclarecer la
delimitación conceptual de la materia socio-jurídica que resultaba objeto de
protección, es decir, la “variedad vegetal”. Esta cuestión deviene fundamental, dado que de la precisa concreción terminológica del concepto de “variedad
vegetal” depende de hecho la aplicabilidad a la misma de un sistema de
propiedad industrial u otro. El Acta del Convenio de 1991, en su artículo 1.vi,
logró introducir un concepto global de variedad que posteriormente ha sido
adoptado de manera uniforme por la legislación comunitaria europea, según
tendremos ocasión de analizar.
Asimismo supuso una novedad de esta última reforma la determinación
del concepto de “variedad esencialmente derivada” (artículo 14.5). La trascendencia de esta institución se manifiesta a la hora de comprobar si una
variedad vegetal que aspira a la protección del título de obtentor cumple el
requisito esencial de la novedad. También se estableció la exigencia del
otorgamiento de autorización por parte del titular de la variedad inicial de la
cual se deriva “esencialmente” la nueva.
Por otra parte, el Convenio extendió su aplicación a todos los géneros y
especies vegetales (artículo 3), poniendo fin a la anterior tendencia restrictiva
respecto del número de variedades botánicas susceptibles de protección.
Igualmente supuso una conquista del Convenio de 1991 la extensión del
ámbito del derecho protegido al producto de la cosecha (incluso plantas o
partes de ellas) obtenido por utilización no autorizada de material de reproducción de la variedad protegida. También se extiende a los productos
fabricados directamente a partir del producto de cosecha, en caso de utilización no autorizada de dicho producto de cosecha (vid. artículo 14.2 y 3).
Y en la misma línea tuitiva de los derechos del obtentor, se amplió la lista
tradicional de actos cuya realización por terceros exigía necesariamente la
autorización del obtentor de la variedad protegida (vid artículo 14.1). De este
modo se añadieron a la producción, la multiplicación, la oferta en venta, la
venta, la exportación o importación, dos nuevos tipos de actos: la preparación
para los fines de la reproducción o multiplicación (el llamado “acondicionamiento”) y la simple posesión para cualquiera de los demás actos contemplados. Estas dos adiciones poseen una extraordinaria relevancia y vienen a
completar el círculo de actividades posibles que permite la manipulación de
semillas y plantas de vivero de la variedad protegida.
En otro orden de cosas, el artículo 13 del Convenio vino a delimitar el
marco de una “protección provisional” en beneficio del obtentor durante el
periodo que iba desde la presentación de solicitud de reconocimiento del
derecho hasta su definitiva concesión. Durante este tiempo ahora el titular
podría exigir una remuneración equitativa a su favor a aquel que realizara
actos que exigirían la autorización en caso de haber sido ya concedido el
derecho de obtentor. Esta previsión constituye de facto una garantía para los
derechos económicos del futuro obtentor-titular, incluso durante la tramitación administrativa del procedimiento de concesión del título de obtención
El Convenio de 1991 reformó asimismo la materia relativa a la duración
de la protección jurídica del “descubrimiento” en que consiste una nueva
variedad vegetal (artículo 19). Ahora los plazos se amplían hasta 20 años para
las plantas herbáceas (antes era de 15 años), y hasta 25 años para árboles y
vides (antes 18 años). La extensión de los plazos del derecho del obtentor
reportan al mismo un beneficio comercial neto, al ampliarse en el tiempo las
posibilidades de explotación jurídica y económica de la variedad vegetal
descubierta o mejorada, pudiendo incrementar sus perspectivas de recuperación de las inversiones efectuadas en el proceso de investigación, así como la
consecución de beneficios remuneratorios. Estos plazos, como veremos en el
siguiente apartado, han sido actualmente modificados e incrementados en el
Finalmente, por lo que afecta a las excepciones o limitaciones al derecho
de obtentor, debemos citar por su especial interés para este estudio la novedad
introducida por el artículo 15.2 y que se conoce como “el privilegio del
agricultor”. Articulado a modo de posibilidad para ser establecido
facultativamente por los Estados miembros, este “privilegio” tiene por finalidad “restringir el derecho de obtentor respecto de toda variedad, dentro de
límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del
obtentor, con el fin de permitir a los agricultores utilizar a fines de reproducción o de multiplicación, en su propia explotación, el producto de la cosecha
que haya obtenido por el cultivo, en su propia explotación de la variedad
A modo de valoración global de los cambios introducidos por el Acta de
1991 de la Convención UPOV, afirma VILLARROEL que indudablemente ha
supuesto un considerable avance en el reconocimiento y protección de los
derechos de los obtentores de variedades vegetales, a quienes concede instrumentos legales mucho más eficaces para hacer valer en la práctica tales
derechos y luchar contra la defraudación. Queda, sin embargo, todavía lejos
del grado de protección que los tratados internacionales prevén para las
patentes industriales, frente a las cuales sufre una injustificada discriminación5.
En el sentido anterior, aunque se va despejando el panorama en lo que
afecta al concreto mecanismo jurídico aplicable a la tutela de los derechos del
descubridor de variedades vegetales, no obstante aún queda pendiente en
particular la cuestión un tanto paradójica de la existencia y operatividad de
una duplicidad de sistemas entre los que optar a la hora de la protección legal
de nuevas variedades.
En nada ha ayudado a resolver la citada cuestión uno de los Acuerdos
sectoriales del GATT, aprobado en Marrakech el 15 de abril de 1994, donde
se constituyó la Organización Mundial del Comercio (OMC). Nos referimos al
Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio incluido el comercio de productos falsificados (denominado
Convenio ADPIC o TRIPs)6.
En el artículo 27.3 de dicho Acuerdo se establece que “los miembros
otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes,
mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de
aquellas y éste”.
Pero también se dispone que “los miembros podrán excluir, asimismo, la
patentabilidad de las plantas y los procedimientos esencialmente biológicos
de producción de plantas”, aunque sí podrán patentarse los microorganismos
así como los procedimientos microbiológicos o no biológicos que se utilicen
para producir plantas.
Pese a la contradicción del texto del precepto, existe la posibilidad de
configurar el derecho de obtentor de variedades vegetales como una forma de
protección “sui generis” y exclusiva de las plantas. No obstante tampoco se
descarta, según el criterio seguido por cada uno de los Estados firmantes, la
Explotación comercial de la variedad: Acuerdos internacionales y herramientas legales,
Actas de FITECH, Valencia, 1998, p. 3.
Sobre el mismo, vid. GÓMEZ SEGADE, El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la
protección de la propiedad industrial e intelectual, Actas de Derecho Industrial, Tomo XVI,
1994-1995, pp. 33 y ss.
1_9788499851969

References: Real Decreto

 real decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

artículo 11
 artículo 16
 artículo 2
sui generis
sui generis
sui generis
 artículo 1
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 15
 artículo 27
sui generis
sui generis