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Timestamp: 2017-07-27 04:42:59+00:00

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La incidencia de las leyes de procedimiento administrativo en el deporte — IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE
Alberto Palomar Olmeda y Ramón Terol Gómez 3 de enero de 2017
La incidencia de las leyes de procedimiento administrativo en el deporte Guardar en Mis Noticias.
La incidencia en el deporte de las leyes de procedimiento administrativo común y de régimen jurídico del sector público
Sumario.- 1.- Introducción. 2.- La Ley 40/2015 y el aspecto organizativo de la Administración estatal para el deporte. 2.1.- Planteamiento previo 2.2.- La regulación del organismo autónomo Consejo Superior de Deportes.2.3.- La Agencia Española de protección de la salud y lucha contra el dopaje. 2.3.1.- Situación previa. 2.3.2.- La transformación necesaria. 2.3.3.- Un modelo en transformación. 3.- Sobre la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).3.1.- Aproximación específica al ámbito sectorial del deporte.3.2. Reglas generales del procedimiento administrativo en el nuevo marco legal. 3.2.1. La opción legal y el marco de la LPAC. 3.2.2. Separación entre el procedimiento administrativo y los aspectos orgánicos del funcionamiento de la Administración. 3.2.3. Una evidente continuidad del procedimiento administrativo en sus elementos estructurantes más significativos. 3.2.4. Concluir con la dispersión normativa en materia de procedimiento convencional y electrónico. 3.2.5. Referencia al régimen y la estructura de la LPAC. 3.2.6. La derogación del régimen anterior: alcance. 3.2.6. La derogación del régimen anterior: alcance. 3.2.7. El régimen transitorio de los procedimientos. 3.2.8. La entrada en vigor de la LPAC. 3.2.9. Breve valoración desde una perspectiva operativa.4.- Esquema de fuentes.4.1.- Consideraciones generales. 4.2.- Las normas de adaptación. 4.2.1.- Adaptación de procedimientos. 4.2.2.- Desarrollo normativo de la LPAC. 5.- Y, en este marco, ¿cuál es verdadero papel de las federaciones desde una perspectiva procedimental?.5.1.- Los problemas teóricos de carácter general. Referencia a las notificaciones. 5.2.- Algunos elementos de duda de carácter general.
La entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LSP), ambas en la misma fecha del 2 de octubre de 2016, deben tener una amplia incidencia en el ámbito del Derecho Público, en general, y del Derecho Administrativo, en particular ya que afecta al conjunto de actores y de procedimientos que tramitan los mismos en el ámbito del Derecho Público.
De alguna forma y con carácter meramente descriptivo podríamos indicar que quedan dentro de su ámbito de aplicación el conjunto de las cuestiones relativas a la organización de lo público y al régimen de funcionamiento del mismo. Este régimen afecta, de una u otra forma, a los fenómenos de ejercicio público de potestades y de actividades administrativas en su aspecto orgánico y obligan, como se analizará, a la reconfiguración de la Administración Instrumental con la que se gestiona el deporte estatal.
Desde otra perspectiva la reforma afecta significativamente al régimen de actuación y de intervención pública en la esfera de los particulares que supone o se enmarca dentro del procedimiento administrativo común.
Las consideraciones que siguen tienen como objetivo central examinar las diferencias y las peculiaridades que se introducen en la nueva normativa en su aplicación al conjunto de la organización del deporte tanto en sus aspectos orgánicos como puramente procedimentales. Analizamos ambas cuestiones de una forma diferenciada.
2.- La Ley 40/2015 y el aspecto organizativo de la Administración estatal para el deporte.
2.1.- Planteamiento previo
En el contexto al que nos acabamos de referir podemos señalar que la publicación de la LSP contiene las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades. Se trata en resumidas cuentas de una norma que contiene, en lo que aquí interesa, el régimen jurídico del funcionamiento público, incluyendo los principios esenciales del régimen sancionador y del correspondiente a la responsabilidad patrimonial y, en segundo término, un conjunto de determinaciones sobre la organización de lo público que, en algunos casos, conllevan la necesidad de restructuración de los fenómenos de personificación preexistentes.
La primera consideración desde la perspectiva del modelo es la de haber traído al ámbito subjetivo de aplicación de las normas organizativas es esquema diferencial que ya se mantenía en la legislación de contratos del sector público contenida en el RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y que diferencia entre Administración Pública y Sector Público. El macro-concepto de sector público incluye, de este modo y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2.1 LSP:
<<a) La Administración General del Estado.
d) El sector público institucional>>.
Este régimen se completa con la referencia del artículo 2.2 LSP conforme a la cual:
<<…2. El sector público institucional se integra por:
c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley>>.
Y, finalmente, a los efectos de concreción de qué se considera como Administración Pública, señala el apartado 3 del artículo 2 LSP establece que <<… Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2….>>.
El marco definido en la LSP se completa, en otro momento, con un conjunto de normas como es el caso la Ley 50/1997, de 21 de noviembre, del Gobierno –reformada por la Disposición final tercera LSP- que regulan la esencia del sistema administrativo y los actores que operan en el mismo.
Desde esta perspectiva y con vocación de síntesis podemos intentar una primera aproximación al régimen jurídico organizativo del deporte que queda situado en la forma siguiente:
- El Ministerio competente (hoy, Educación, Cultura y Deporte).
En el RD415/2016, de 3 de noviembre, por el que se reestructura los departamentos ministeriales se encuentra una referencia en el artículo 8 que atribuye al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte <<… la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de deporte. …>>.
Este mismo esquema en lo que se refiere a la política respecto del dopaje se completa con lo previsto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva (LOPS) que reserva, igualmente, la competencia del Gobierno en la política de dopaje. En concreto, el señalado precepto establece que <<…1. Corresponde al Gobierno la formulación, impulso y dirección de una política eficaz contra el dopaje en aquellos deportistas que cuenten con licencia estatal en vigor o que, por haberla tenido o tener expectativas de tenerla, se definen en el artículo 10.1.2. Corresponde al Gobierno el establecimiento de medidas de coordinación y cooperación con el resto de Poderes Públicos para la consecución de una política eficaz de protección de la salud en el deporte, de prevención de las lesiones asociadas a la práctica deportiva y para la minoración de las consecuencias perjudiciales para la salud derivadas de la práctica deportiva realizada en condiciones no idóneas.3. También corresponde al Gobierno el establecimiento de un marco general de colaboración con las entidades deportivas, para facilitar la ejecución de las políticas públicas en la materia y coadyuvar en el compromiso común de conseguir un deporte más saludable y con mayores compromisos éticos…>>.
- El Consejo Superior de Deportes (CSD).
La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (LD) señala por su parte que <<…1. La actuación de la Administración del Estado en el ámbito del deporte corresponde y será ejercida directamente por el Consejo Superior de Deportes, salvo los supuestos de delegación previstos en la presente Ley.2. El Consejo Superior de Deportes es un Organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia. Reglamentariamente el Gobierno podrá modificar esta adscripción….>>, tal y como reza su artículo 7.
En desarrollo de esta determinación, el RD 460/2015, de 5 de junio, que aprueba el Estatuto del CSD, en su artículo 1 establece que:
<<1. El Consejo Superior de Deportes es un organismo autónomo, de los previstos en el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que ejerce directamente las competencias de la Administración General del Estado en el ámbito del deporte y que está adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
2. Corresponde al Ministro de Educación, Cultura y Deporte la dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad, así como el control de eficacia del Organismo, en los términos previstos en los artículos 43 y 51 de la citada Ley 6/1997, de 14 de abril>>.
Además, en el terreno de las competencias, el artículo 3 del mismo RD 460/2015 señala que <<Corresponde al Consejo Superior de Deportes el ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y las que se le atribuyan en la normativa legal o reglamentaria, así como el de aquellas otras destinadas a desarrollar el artículo 43.3 de la Constitución Española>>.
Es claro que la mencionada Ley 6/1997 ha sido derogada por la LSP, con las consecuencias que luego señalaremos.
La Agencia Estatal de Protección de la Salud y lucha contra el dopaje. (AEPSA)
Teniendo como antecedente la Agencia Estatal Antidopaje establecida en la derogada Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, la AEPSA se crea, como inmediatamente se verá, en el artículo 7 LOPS, cuando establece que <<…. 1. La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte es una Agencia Estatal de las previstas en la Ley 28/2006, de 18 de julio de Agencias estatales para la mejora de servicios públicos y se configura como el organismo público a través del cual se realizan las políticas estatales de protección de la salud en el deporte y, entre ellas y de modo especial, de lucha contra el dopaje y de investigación en ciencias del deporte…>>.
Esto nos permite indicar que existen tres niveles de actuación en el ámbito de la Administración General del Estado. El primero, representado por el Departamento Ministerial al que corresponde la fijación y la dirección de las políticas públicas deportivas y de dopaje; el segundo por el organismo autónomo al que corresponde matricialmente la ejecución de la política en materia de deporte y, finalmente, la AEPSA, que es un órgano específico para la ejecución de la política del dopaje y para el régimen sancionador asociado al mismo.
Es cierto, que el modelo final se completa con un conjunto de funciones y facultades administrativas que se sitúan en manos de un agente privado que se denomina federaciones deportivas y que ejercen por una delegación legal expresa un conjunto de facultades de carácter administrativo cuya revisión se produce, incluso, en el ámbito contencioso-administrativo.
NOTA.- Texto preparado para su publicación en la Revista Aranzadi de Derecho del Deporte y el Entretenimiento
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