Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531621.html
Timestamp: 2019-03-22 18:31:19+00:00

Document:
as201531621
Auto Supremo N� 621
Expeiente: 141/2015-S
Demandante: Vania Oyola Demetri y otros
Demandad: Sociedad Telef�nica Celular de Bolivia TELECEL S.A.
VISTOS: Los recursos de casaci�n en el fondo interpuestos por Jos� Luis Cerezo Lambert�n, en representaci�n legal de Vania Oyola Demetri a trav�s de memorial de fs. 641 a 646 vta., en virtud de los testimonios de poder N� 463/2012 de 13 de julio (fs. 1 a 2 vta.), 563/2012 de 3 de septiembre (fs. 3 a 4 vta.), 572/2012 de 7 de septiembre (fs. 5 a 6 vta.) y 575/2012 de 10 de septiembre (fs. 7 a 8 vta.); y, Carola Constanza Serrate Tarabillo en representaci�n legal de Telef�nica Celular de Bolivia Sociedad An�nima (TELECEL S.A.), ambos impugnando el Auto de Vista N� 268/2014 de 26 de junio, cursante de fs. 632 a 637, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; dentro del proceso laboral que por pago de beneficios sociales sigue Vania Oyola Dimitri y otros, contra TELECEL S.A., los Autos (fs. 656 y 687) que concedieron los recursos; los antecedentes del proceso; y:
Tramitada la demanda interpuesta, la Juez Cuarto del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emiti� Sentencia N� 60 de 5 de noviembre de 2013, cursante de fs. 571 a 588 de obrados, que declar�: i) Improbada la excepci�n perentoria de prescripci�n, entendiendo que el c�mputo establecido por el art. 120 de la Ley General del Trabajo (LGT) fue interrumpido por la promulgaci�n de la Constituci�n Pol�tica del Estado (CPE) de 2009; ii) Probada en todas sus partes la demanda de pago de beneficios sociales, con costas, en cuyo m�rito orden� a TELECEL S.A., a trav�s de su representante Jos� Mario Serrate Paz Ramajo y Carola Constanza Serrate Tarabillo, paguen a tercero d�a de su notificaci�n la suma de Tres Millones Novecientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Tres 20/100 Bolivianos (Bs.3.982.493,20.-) por concepto de beneficios sociales a los actores, de acuerdo al siguiente detalle:
Luis Benjam�n Maturana Ib��ez, Bs.125.064.-, por conceptos de desahucio, indemnizaci�n, aguinaldo, vacaci�n, incremento salarial, primas, reintegro bono de antig�edad, horas extraordinarias y multa del 30%.
Patricia Balceras Garnica, Bs.65.545.- por conceptos de desahucio, indemnizaci�n, aguinaldo, vacaci�n, incremento salarial, prima, horas extraordinarias y multa del 30%.
Jorge Fernando Medina Palacios, Bs.53.798,80.- por conceptos de desahucio, indemnizaci�n, aguinaldo, vacaci�n, incremento salarial, primas, reintegro bono de antig�edad, horas extraordinarias y multa del 30%.
Jairo Daniel Becerra Sosa, Bs.155.473,63.- por conceptos de desahucio, indemnizaci�n, aguinaldo, vacaci�n, incremento salarial, primas, reintegro bono de antig�edad, horas extraordinarias y multa del 30%.
Monica Andrea Mendieta Carrizales, Bs.30.888,60.- por conceptos de desahucio, indemnizaci�n, aguinaldo, vacaci�n, incremento salarial, primas, reintegro bono de antig�edad, horas extraordinarias y multa del 30%.
Fernando Fern�ndez Miserandino, Bs.53.011.- por conceptos de desahucio, indemnizaci�n, aguinaldo, vacaci�n, incremento salarial, primas, reintegro bono de antig�edad, horas extraordinarias y multa del 30%.
Vivian Soraya Costas Guzm�n, Bs.223.386.- por conceptos de desahucio, indemnizaci�n, aguinaldo, vacaci�n, incremento salarial, primas, reintegro bono de antig�edad, horas extraordinarias y multa del 30%.
Jos� Mar�a Gonzales Parada, Bs. 135.548.- por conceptos de desahucio, indemnizaci�n, aguinaldo, vacaci�n, incremento salarial, primas, reintegro bono de antig�edad, horas extraordinarias y multa del 30%.
Juan Ochoa Chavarr�a, Bs.305.805.- por conceptos de desahucio, indemnizaci�n, aguinaldo, vacaci�n, incremento salarial, primas, reintegro bono de antig�edad, horas extraordinarias, subsidio y multa del 30%.
Alejandro Rom�n Roca, Bs.210.481,60.- por conceptos de desahucio, indemnizaci�n, aguinaldo, vacaci�n, incremento salarial, primas, reintegro bono de antig�edad, horas extraordinarias, subsidio y multa del 30%.
Juan Carlos Vargas Clavijo, Bs.138.823,90.- por conceptos de desahucio, indemnizaci�n, aguinaldo, vacaci�n, incremento salarial, primas, reintegro bono de antig�edad, horas extraordinarias, subsidio y multa del 30%.
Rozana M�ndez Lijer�n, Bs.571.663.50.- por conceptos de desahucio, indemnizaci�n, aguinaldo, vacaci�n, incremento salarial, primas, reintegro bono de antig�edad, horas extraordinarias y multa del 30%.
Renato Justiniano Foronda, Bs.57.510,70.- por conceptos de desahucio, indemnizaci�n, aguinaldo, vacaci�n, incremento salarial, primas, reintegro bono de antig�edad, horas extraordinarias y multa del 30%.
Carlos Alfredo Fern�ndez Suarez, Bs.571.663,50.- por conceptos de desahucio, indemnizaci�n, aguinaldo, vacaci�n, incremento salarial, primas, reintegro bono de antig�edad, horas extraordinarias y multa del 30%.
Carlos Josip Villag�mez Rojas, Bs.566.579,80.- por conceptos de desahucio, indemnizaci�n, aguinaldo, vacaci�n, incremento salarial, primas, reintegro bono de antig�edad, horas extraordinarias y multa del 30%.
Roberto M�ndez Cuellar, Bs.38.870,10.- por conceptos de desahucio, indemnizaci�n, aguinaldo, vacaci�n, incremento salarial, primas, reintegro bono de antig�edad, horas extraordinarias y multa del 30%.
Vania Oyola Demetri, Bs.287.675.- por conceptos de desahucio, indemnizaci�n, aguinaldo, vacaci�n, incremento salarial, primas, reintegro bono de antig�edad, horas extraordinarias, subsidio y multa del 30%.
Denisse Roca Meschulits, Bs.41.426,60.- por conceptos de desahucio, indemnizaci�n, aguinaldo, vacaci�n, incremento salarial, primas, reintegro bono de antig�edad, horas extraordinarias, subsidio y multa del 30%.
Romel Leonardo Ipamo Saravia, Bs.179.440,50.- por conceptos de desahucio, indemnizaci�n, aguinaldo, vacaci�n, incremento salarial, primas, reintegro bono de antig�edad, horas extraordinarias, subsidio y multa del 30%.
Ignacio Felipe Zeballos Salazar, Bs.3.982.493,20.- por conceptos de desahucio, indemnizaci�n, aguinaldo, vacaci�n, incremento salarial, primas, reintegro bono de antig�edad, horas extraordinarias, subsidio y multa del 30%.
En grado de apelaci�n interpuesta por Carola Constanza Serrate Tarabillo, en representaci�n legal de TELECEL S.A., la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz revoc� en parte la Sentencia de 5 de noviembre de 2013 y el Auto Interlocutorio de 16 de diciembre de 2013, para que pronunci�ndose en el fondo declarase probada en parte la excepci�n perentoria de prescripci�n, modificando la liquidaci�n de beneficios sociales de los demandantes: Carlos Alfredo Fern�ndez Suarez, Rozana M�ndez Lijer�n, Carlos Josip Villag�mez Rojas e Ignacio Felipe Zeballos Salazar, quedando ratificadas y subsistentes las liquidaciones de los dem�s demandantes, conforme al siguiente detalle:
A favor de Carlos Alfredo Fern�ndez Suarez, Bs.165.770, por concepto de desahucio, indemnizaci�n, aguinaldo, vacaci�n, incremento salarial, primas, bono de antig�edad, horas extraordinarias y multa del 30%.
A favor de Rozana M�ndez Lijeron, Bs.357.604.- por concepto de desahucio, indemnizaci�n, aguinaldo, vacaci�n, incremento salarial, primas, bono de antig�edad, horas extraordinarias, subsidios de Ley y multa del 30%.
A favor de Carlos Josip Villag�mez Rojas, Bs.267.645.-por concepto de desahucio, indemnizaci�n, aguinaldo, vacaci�n, incremento salarial, primas, bono de antig�edad, horas extraordinarias, subsidios de Ley y multa del 30%.
A favor de Ignacio Felipe Zeballos Salazar, Bs.206.002.- por concepto de desahucio, indemnizaci�n, aguinaldo, vacaci�n, incremento salarial, primas, bono de antig�edad, horas extraordinarias y multa del 30%.
M�s ajustes y actualizaciones de Ley.
Mediante memorial cursante a fs. 638, TELECEL S.A., reiter� solicitud de reposici�n del Auto de 16 de marzo de 2014, emitido por el Tribunal de apelaci�n que no mereci� respuesta, pidiendo de su parte se disponga la apertura del t�rmino de prueba solicitado en el marco del art. 232 del CPC, acusando la afectaci�n de su derecho a la defensa. A dicha solicitud le correspondi� el decreto de 25 de septiembre de 2014, que dispuso se est�n al Auto de Vista de 26 de junio del mismo a�o.
Posteriormente, TELECEL S.A., mediante memorial cursante a fs. 649, solicit� explicaci�n y complementaci�n del Auto de Vista que resolvi� la apelaci�n, resuelto por Auto de 12 de noviembre de 2014, que dispuso se enmiende el Auto de Vista de 26 de junio del mismo a�o, cursante de fs. 632 a 637, aclarando que la fecha del DS N� 21137, citado en el fallo, era el 30 de noviembre de 1985, rechazando las dem�s solicitudes de explicaci�n y complementaci�n.
I.2. Motivos de los recursos de casaci�n
El Fallo mencionado, motiv� que por una parte, Jos� Luis Cerezo Lambert�n, en representaci�n legal de Vania Oyola Demitri y otros; y, por otra, Carola Constanza Serrate Tarabillo, a nombre y representaci�n legal de TELECEL S.A., formulen los recursos de casaci�n en el fondo, cursantes de fs. 641 a 646 y vta. y de fs. 658 a 670 de obrados, respectivamente, impugnando el Auto de Vista N� 268/2014 de 26 de junio, cursante de fs. 632 a 637, expresando lo siguiente:
I.2.1. Recurso de casaci�n de Jos� Luis Cerezo Lambert�n
Violaci�n del art. 48.II, 180.I de la Constituci�n Pol�tica del Estado (CPE), 30 de la Ley del �rgano Judicial (LOJ), 1, 2 y 3 del Decreto Supremo (DS) N� 107 de 11 de mayo de 2009, en relaci�n a la indebida aplicaci�n del art. 120 de la LGT y 163 del Decreto Reglamentario a la Ley General del Trabajo (DR-LGT) porque el Tribunal de apelaci�n sostuvo que la prescripci�n de los derechos y beneficios sociales, se computa a partir de la fecha en que nacieron �stos y, que no todo los derechos sociales nacen con el despido de la parte trabajadora, por lo que declararon prescrito los derechos de sus poderconferentes Carlos Alfredo Fern�ndez Suarez, Rozana Mendaz Lijeron, Carlos Josip Villag�mez Rojas e Ignacio Felipe Zeballos Salazar, siendo esa determinaci�n irracional y arbitraria.
Haciendo referencia a la verdad material, reglas de interpretaci�n de la norma laboral, prescripci�n: inicio de su c�mputo en una relaci�n laboral afirm� que los contratos suscritos de manera obligada por sus poderconferentes eran de naturaleza civil y/o comercial para simular una relaci�n laboral con la finalidad de eludir la normativa social. La relaci�n que uni� a la Empresa demandada con sus representados era de naturaleza laboral, correspondiendo el pago de sus derechos y beneficios sociales.
De la lectura de los argumentos del Auto de Vista, se comprueba la violaci�n del art. 180.I de la CPE y 30.11 de la LOJ, ya que se limit� a resolver la controversia sobre la base de la verdad formal, cual es no haberse ejercido el derecho dentro del plazo de dos a�os, cuando debi� aplicar la verdad material, porque la Empresa demandada oblig� a sus poderconferentes a suscribir un contrato de naturaleza civil y/o comercial, que ten�a como finalidad encubrir la relaci�n laboral, raz�n por la que sus representados no acudieron antes ante las autoridades laborales para obtener el restablecimiento de sus derechos adem�s del temor a perder su �nica fuente de trabajo, de ninguna manera por desidia o negligencia. Esa verdad material de forma arbitraria e irracional fue omitida de considerarse por el Tribunal de apelaci�n.
El Tribunal de Alzada tambi�n viol� los arts. 1, 2, y 3 del DS N� 107 de 11 de mayo de 2009, al no considerar ni valorar, para declarar probada en parte la excepci�n de prescripci�n, que la Empresa demandada incurri� en pr�cticas empresariales para eludir relaciones t�picamente laborales, correspondiendo se le sancione con el pago de los derechos laborales de los trabajadores perjudicados con la retroactividad a la fecha de su contrataci�n original.
Asimismo, afirm� que el Tribunal de apelaci�n aplic� indebidamente el art. 120 de la LGT y 163 del DR-LGT, puesto que no consider� ni valor� la burla de la Empresa demandada, respecto de los derechos laborales de sus poderconferentes, oblig�ndoles a suscribir contratos de naturaleza civil y/o comercial que encubren la relaci�n laboral, hecho no denunciado por los afectados por temor a perder su trabajo, no concurriendo entonces uno de los elementos de la prescripci�n, como es la voluntad, sin que sea posible de tal manera aplicar la citada norma laboral para declarar probada en parte la excepci�n de prescripci�n, de ah� que el Tribunal de Alzada incurri� en el defecto denunciado supra, m�s cuando el citado DS N� 107 de 11 de mayo de 2009, de forma expresa dispone que corresponde el pago de los derechos laborales de forma retroactiva, raz�n por la que tampoco resuelta aplicable la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de Justicia a trav�s de sus Autos Supremos Nos. 85 de 10 de abril de 2012 y 379 de 28 de septiembre de 2012, pues en esos casos no existe como antecedente la simulaci�n y es evidente la negligencia del trabajador que no reclam� oportunamente su derecho, circunstancia que no se da en el caso.
Es m�s, el Tribunal de apelaci�n viol� el art. 48.II de la CPE, porque aplic� el art. 120 de la LGT y 164 del DR-LGT, sin haberlo interpretado conforme a los principios de protecci�n de las trabajadoras y trabajadores, primac�a de la relaci�n laboral, no discriminaci�n, pro homine y de interpretaci�n progresiva y, en base a ese acto arbitrario premi� a la Empresa demandada por burlar los derechos laborales de sus poderdantes, liber�ndosele de la obligaci�n de pagar sus derechos en forma retroactiva, cometiendo una gran injusticia.
Violaci�n de los arts. 204 del C�digo Procesal del Trabajo (CPT), 16.I parte in fine de la LOJ y 48.II de la CPE, en sentido que el Tribunal de Alzada al no condenar costas en ambas instancias emiti� una decisi�n arbitraria e irracional, pues si bien el art. 237.3 del CPC dispone que la revocatoria total o parcial, es sin costas, esa disposici�n no puede ser aplicada al proceso laboral por los siguientes motivos: a) En relaci�n a las costas del proceso, no existe un vac�o legal, de forma clara el art. 204 del CPT dispone que es en la Sentencia donde se establece la condenaci�n en costas, dependiendo de si se demostr� la vulneraci�n de los derechos y beneficios sociales; b) La finalidad de la condenaci�n en costas en materia laboral es evitar o impedir que la suma de dinero que va a recibir el trabajador por concepto de beneficios sociales sea destinado a cubrir las costas del proceso, finalidad que no est� prevista en el art. 237.3 del CPC; c) el error en que pudiera haber incurri� el Juez de primera instancia al fijar la suma de dinero que por concepto de beneficios sociales le corresponde al trabajador, no puede repercutir en perjuicio del trabajador, d) conforme al principio in dubio pro operario, cuando existe duda debe aplicarse la interpretaci�n m�s favorable al trabajador, por lo que si se revoca parcialmente la Sentencia pero se mantiene subsistente el pago de una suma de dinero a favor del trabajador por concepto de beneficios sociales, no debe aplicarse el art. 237.3 del CPC, porque de hacerlo se perjudica al trabajador y se beneficia al empleador, quien no solo vulner� los derechos del trabajador sino es el causante directo de que �ste tenga que acudir ante el juez; e) de admitirse la aplicaci�n del art. 237.3 del CPC se vulnera el principio de la no discriminaci�n.
En el caso, el Tribunal de Alzada al haber dispuesto sin costas en ambas instancias viol� el art. 204 del CPT, porque no consider� que la finalidad de la condenaci�n en costas es evitar que la suma de dinero por concepto de beneficios sociales que le corresponde al trabajador, sea destinado a cancelar costas del proceso; tambi�n vulner� el art. 16.I parte in fine de la LOJ, ya que no consider� que el art. 204 del CPT al ser Ley especial debe ser aplicada en forma preferente a la Ley general; asimismo vulner� el art. 48.II de la CPE porque no interpret� los lineamientos trazados por dicha disposici�n constitucional y la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) N� 0148/2014 de 10 de enero, pues el art. 237.3 del CPC no puede ser aplicado en el proceso porque viola el principio laboral del in dubio pro operario y no discriminaci�n.
I.2.2. Petitorio
Por lo expuesto, al amparo de las normas jur�dicas invocadas solicit� a la Sala Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia casar parcialmente el Auto de Vista N� 268 de 26 de junio de 2014, cursante de fs. 632 a 637, y pronunci�ndose en el fondo, confirmar en todas sus partes la Sentencia N� 60 de 5 de noviembre de 2013 cursante de fs. 571 a 588.
I.3.3. Respuesta al recurso de casaci�n opuesto por la parte demandante
Carola Constanza Serrate Tarabillo, en nombre y representaci�n de TELECEL S.A., contest� el recurso de casaci�n interpuesto por los actores, se�alando lo siguiente: i) El recurso no cumple lo previsto por el art. 258 del CPC, aplicable por mandato del art. 253 del CPT, por cuanto, no detalla en qu� consiste la violaci�n o aplicaci�n falsa o err�nea de la Ley limit�ndose a se�alar argumentos sin consistencia legal. Pidi� considerar la jurisprudencia contenida en los Autos Supremos (AASS) Nros. 261 de 8 de junio de 2010 SSA I, 687 de 29 de agosto de 2006 SSA II, 691 de 29 de agosto de 2006 SSA II, 811 de 11 de septiembre de 2006 SSA II; 373 de 14 de agosto de 2010 SSA I; ii) La parte actora pretende se reconozcan pagos a su favor, haciendo caso omiso de la previsi�n contenida en el art. 120 de la LGT, ampar�ndose en la imprescriptibilidad establecida en la actual Constituci�n, pretendiendo su aplicaci�n retroactiva que implicar�a una vulneraci�n al principio de irretroactividad de la Ley prevista por su art. 123. Aclar� que la previsi�n de irretroactividad de la Constituci�n no es absoluta, pues debe existir determinaci�n expresa de la retroactividad y de la forma que operar� la misma, a la fecha no existe ninguna norma que determine que la excepci�n de retroactividad sea aplicada a la previsi�n contenida en el art. 120 de la LGT, norma legal cuyos alcances solo se han modificado para los derechos emergentes a partir de febrero de 2009, pero no para supuestos derechos originados antes de febrero de 2009, los cuales siguen afectados por el mandato contenido en el art. 120 de la LGT, pidiendo al efecto considerar el AS N� 370 de 28 de septiembre de 2012; iii) No corresponde la imposici�n de costas por mandato del art. 237.3 del CPC.
I.2.4. Recurso de casaci�n de TELECEL S.A.
Indebida aplicaci�n del art. 4 de la LGT y los DDSS Nos. 23570 de 26 de julio de 1993; 28699 de 1 de mayo de 2006 y 521 de 26 de mayo de 2010, porque no existe vinculaci�n de naturaleza laboral con los demandantes. La aplicaci�n que efectu� el Tribunal de apelaci�n de los DDSS Nros. 23570, 28699, 521 y del art. 4 de la LGT es equivocada, no consider� ni valor� que los actores no mantuvieron una relaci�n laboral con TELECEL S.A., pues ninguno prestaba servicios como trabajador dependiente de esta empresa; lo cierto es que la misma para facilitar al p�blico en general el mayor acceso a sus servicios -adem�s de la distribuci�n que realizan de manera directa- tiene convenido con distribuidores, personas naturales o jur�dicas, ofertar servicios de comercializaci�n de sus productos, siendo que �stos realizan esa labor por cuenta propia, de forma independiente, sin ning�n tipo de subordinaci�n ni dependencia, con su propio personal y equipo de trabajo, actividad que comercialmente se conoce como �free lancers�, cuyas particularidades constan en los contratos cursantes de fs. 60 a 65, 68 a 72, 77 a 89, 93 a 97, 101 a 105, 111 a 115, 121 a 125, 132 a 137, 143 a 148, 152 a 167, 163 a 168, 174 a 178, 182 a 186, 191 a 194, 198 a 201, 206 a 211, todos mencionados en el Auto de Vista.
Dicha actividad representa una labor aut�noma para quien realiza servicios para terceros por encargo determinado que, entre otras caracter�sticas desempe�a una actividad por cuenta propia, tienen �nimo de lucro, est� en libertad de ocupar o no a otras persona, dispone de infraestructura productiva y material propios; desarrolla su actividad bajo criterios administrativos propios, percibe una comisi�n econ�mica en funci�n a sus resultados por la que extiende factura, correspondi�ndole cumplir con las obligaciones tributarias, no observan ning�n tipo de control de asistencia, gozan de independencia en el desarrollo de su actividad, no existiendo ning�n tipo de relaci�n laboral, en el marco de lo previsto por los arts. 1260 y 1271 del C�digo de Comercio (CCom), no existe una remuneraci�n o salario sino exclusivamente el pago de una comisi�n. En consecuencia, al considerar la comisi�n como una forma de remuneraci�n salarial prevista por los DDSS Nros. 23570 y 28699, la apreciaci�n es sesgada y parcializada puesto que, el pago de las comisiones est� previsto por el art. 1271 del CCom, siendo �sta una forma de compensaci�n de car�cter comercial, no solo de orden laboral, en el caso, el pago comercial es m�s patente con la obligaci�n de emitir la factura respectiva.
Adicionalmente, quienes realizan los servicios de comercializaci�n descritos no tienen car�cter de exclusividad siendo libres de efectuar sus propias actividades para otras personas naturales o jur�dicas; no est�n sujetos a ning�n tipo de carga horaria o control de asistencia, realizando su actividad de manera independiente. Dentro de tal contexto comercial, -dice la parte recurrente- se encontraban los demandantes con quien la empresa convino un servicio de distribuci�n o comercializaci�n independiente en merito a contratos comerciales, por cuya realizaci�n no se les reconoc�a ning�n tipo de sueldo o salario, no existi� por lo mismo una vinculaci�n laboral sino comercial y circunstancial, convini�ndose que cualquier disputa ser�a dirimida a trav�s del arbitraje. En la vinculaci�n entre partes no se dieron condiciones de subordinaci�n, dependencia, trabajo por cuenta ajena y remuneraci�n o salario por lo que no existe una relaci�n laboral; sin embargo el Auto de Vista, incurri� en una indebida aplicaci�n del art. 4 de la LGT as� como de los DDSS Nos. 23570 de 26 de julio de 1993, 28699 de 1 de mayo de 2006 y 521 de 26 de mayo de 2010, al no existir vinculaci�n de naturaleza laboral con los demandantes.
Vulneraci�n del art. 154 del CPT, al rechazar la aplicaci�n de la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia -hoy Tribunal Supremo- que determin� en casos id�nticos iniciados contra la misma Empresa que las personas que se encuentran bajo el concepto free lancer no tienen una vinculaci�n laboral (en ese sentido el Auto Supremo N� 634/2010); sin embargo, el Auto de Vista se�al� que la jurisprudencia establecida en el citado Auto Supremo, no era aplicable en el caso, al haberse comprobado la prestaci�n de trabajo y la percepci�n de remuneraci�n, empero las situaciones son id�nticas no existiendo raz�n para que el Tribunal de apelaci�n, omitiese cumplir la l�nea jurisprudencial establecida por los Autos Supremos Nros. 62 de 29 de enero de 2004, 65 de 7 de febrero de 2007, llamando la atenci�n se pretenda reconocer a los demandantes pagos que no les corresponden al no tener una relaci�n laboral, debido a que los demandantes realizaban servicio de distribuci�n de productos por cuenta propia, en forma independiente, sin ning�n tipo de subordinaci�n, con su propio personal y equipo de trabajo, en el marco de lo previsto por los arts. 1260 y 1271 del CCom y, si bien, la carga de la prueba corresponde al empleador, al tenor de la �ltima parte de lo dispuesto por los arts. 66 y 150 del CPT, los demandantes no est�n liberados de acreditar sus afirmaciones, extremo al que no han dado cumplimiento, ya que no demostraron de forma alguna la supuesta relaci�n laboral con la Empresa. Agrega que la prueba de fs. 324 (carta de felicitaci�n) hace alusi�n a una sola de las demandantes no puede constituir plena prueba para los dem�s menos demostrar la existencia de una relaci�n laboral.
Vulneraci�n del art. 19 de la LGT, con los demandantes no hubo una relaci�n laboral por lo que no corresponde el pago de los conceptos que injustamente se les otorga, a�n en el impensado y no consentido caso de que se asuma una vinculaci�n laboral con los actores no corresponde se practique liquidaci�n sobre un sueldo promedio inexistente; dice la recurrente que los de instancia fijaron remuneraciones promedio sin que conozca su origen, siendo por todos conocido que la liquidaci�n debe efectuarse sobre la base de promedios de ingresos que se hubieran tenido los tres �ltimos meses anteriores a la ruptura contractual por mandato del art. 19 de la LGT, normativa vulnerada en el caso porque ni la Sentencia ni el Auto de Vista indican cu�les habr�an sido las supuestas remuneraciones que habr�an recibido los demandantes en los tres �ltimos meses ni identifican los documentos que evidencian tales cuant�as, situaci�n que da a lugar a considerar que se realizaron liquidaciones a favor de los demandantes, sin ning�n respaldo.
Vulneraci�n y aplicaci�n err�nea de Resoluciones Ministeriales (RM) de incremento salarial N� 179/08 de 7 de abril de 2008, 115/09 de 9 de marzo de 2000, 396/10 de 28 de mayo, 189/11 de 29 de marzo de 2011, y 335/12 de 28 de mayo de 2012, pues al no existir ninguna relaci�n laboral con los actores es improcedente el pago de los incrementos salariales que pretenden; a�ade que no existe una base de c�lculo sobre el que se aplicar�a el imaginario incremento; sin embargo, el Tribunal de apelaci�n insiste en otorgar ese pago, se�alando el Decreto de incremento salarial, no determinan una exclusi�n en cuanto al incremento salarial en el caso de remuneraciones variables, criterio incorrecto, pues de la revisi�n de las RRMM por las que el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsi�n Social reglamenta el incremento salarial desde la gesti�n 2008 hasta el 2012, en todas se establece que el incremento deba aplicarse sobre el haber o remuneraci�n b�sica, siendo suficiente para ello revisar el art. 1 de cada una de estas resoluciones, no haciendo referencia en ninguna parte a que el incremento pueda ser susceptible de aplicaci�n sobre una remuneraci�n variable ni en funci�n al promedio de ingreso, existiendo por lo tanto una clara vulneraci�n de las resoluciones se�aladas.
Vulneraci�n del art�culo �nico del DS N� 23474 de 20 de abril de 1993 y de la l�nea jurisprudencial contenida en el Auto Supremo N� 002/2013 de 30 de septiembre, el Auto de Vista impugnado refiere que el art. 60 del DS N� 21060 de 29 de agosto de 1985, no establece exclusi�n alguna en cuanto al bono de antig�edad y que el art. 13 del DS N� 21137 de 30 de noviembre de 1985, reitera la escala del bono de antig�edad, sin embargo el art�culo �nico del DS 23474, establece la ampliaci�n de la base de c�lculo del bono de antig�edad, establecida por el DS N� 23113 de 10 de abril de 19992, a tres salarios m�nimos nacionales para los trabajadores de empresas productivas del sector p�blico y privado, respetando los acuerdos establecidos en convenios de parte sobre la materia, dicha ampliaci�n fue dispuesta �nicamente para Empresas productivas, es decir para aquellas que realizan el procesamiento de materias primas a trav�s de f�bricas o industrias, condici�n que la Empresa demandada no tiene, por lo tanto no corresponde la asignaci�n del bono de antig�edad sobre la base de tres salarios m�nimos, con lo que cualquier otorgaci�n, al respecto tendr�a que ser conferida �nicamente sobre un salario m�nimo nacional as� lo dispone el Auto Supremo N� 002/2013 de 30 de septiembre, que desvirt�a la errada forma de c�lculo establecida por el Tribunal de apelaci�n.
Violaci�n de los arts. 5 y p�rrafo segundo del art. 46 de la LGT, al disponerse el pago de horas extras a favor de los demandados, con quienes no se mantuvo una relaci�n laboral sino comercial. A�n en el supuesto aunque no admitido caso, de que se les asigne la condici�n de empleados, la naturaleza de sus labores los excluye del pago de este tipo de conceptos, el Tribunal de apelaci�n con el �nico argumento de que la carga de la prueba les corresponde y la no presentaci�n del control de asistencia -documento que no pod�an presentar porque los demandantes no estaban sujetos a control de asistencia- otorg� a los actores el reconocimiento de horas extras afirmando que �stos de manera permanente realizaron horas extras todas las semanas de manera fija. Sobre el particular de la lectura del art. 50 de la LGT se entiende que cualquier realizaci�n de labor extraordinaria debe ser a solicitud expresa de la Empresa, situaci�n que en el caso no aconteci� porque no exist�a una relaci�n laboral tampoco pod�an exigir mediante instrucci�n excedan la jornada de trabajo que prev� el art. 46 de la LGT. Aun en el supuesto aunque no consentido caso de que hubiera existido una vinculaci�n laboral, cualquier labor extraordinaria realizada, solo pudo originarse en la decisi�n personal de los mismos, situaci�n que no corresponde por mandato expreso del art. 50 citado. Por otra parte, dada la naturaleza de la actividad que desarrollaban los actores esta no se realizaba en sus instalaciones ya que los servicios requer�an del contacto con la gente en las calles, no existiendo ninguna posibilidad de control, por lo tanto ante la inexistente relaci�n laboral est�n comprendidos dentro de la excepci�n prevista por el p�rrafo segundo del art. 46 de la LGT, por lo expuesto es evidente que a los actores tampoco les corresponde el pago de horas extras.
Vulneraci�n del art. 33 del DR-LGT sobre la imposibilidad de acumular vacaciones, ratificado por la l�nea jurisprudencial contenida en el Auto Supremo N� 133 de 4 de abril de 2013, posterior a la Constituci�n vigente. El Auto de Vista dispuso el pago injustificado para los demandantes por dos gestiones, esa determinaci�n vulnera el alcance del citado art. 33, en el mismo sentido el Auto Supremo reiter� que las vacaciones no son acumulables y que solo puede reconocerse la vacaci�n correspondiente a la �ltima gesti�n, glosando al efecto un extracto de dicho fallo judicial.
Vulneraci�n de la Ley de 18 de diciembre de 1944, en la liquidaci�n que realiza el Tribunal de apelaci�n considera como un concepto a ser cancelado el aguinaldo de navidad, �tem otorgado no obstante la inexistencia de la relaci�n laboral con los actores, vulnerando la Ley de 18 de diciembre de 1944 que establece el pago por ese concepto �nica y exclusivamente para las personas sujetas a una relaci�n laboral de dependencia y subordinaci�n que en el caso no se presenta.
Aplicaci�n indebida de los arts. 12, 13 de la LGT y 9 del DS N� 28699 de 1 de mayo de 2006, el Tribunal de apelaci�n dispone el pago no solo de indemnizaci�n sino del desahucio adem�s del pago de la multa del 30%, al respecto al no haber existido relaci�n laboral la Empresa no pudo haber incurrido en despido de los actores, muestra de ello es que no existe memor�ndum de retiro, por ello el Tribunal err� al disponer el pago de desahucio, aplicando de manera equivocada el art. 12 de la LGT, del mismo modo al haber dispuesto el pago de indemnizaci�n cuando los demandantes no tuvieron un tiempo de servicios de orden laboral se aplic� de manera indebida el art. 13 de la LGT pues establece el pago de ese �tem cuando existe una vinculaci�n de naturaleza laboral no cuando la relaci�n es de car�cter civil comercial como en el caso. De igual modo al disponer el pago de la multa del 30% que establece el art. 9 del DS N� 28699 aplicado de manera equivocada dicha disposici�n, pues requiere como elementos sine qua non la existencia de una relaci�n laboral, que como se ha dicho en el caso no existe.
I.2.4.1. Petitorio
Por lo expuesto, al amparo de las normas jur�dicas invocadas solicit� a la Sala Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia casar el Auto de Vista de 26 de junio de 2014, cursante de fs. 632 a 637 y Auto de enmienda de 12 de noviembre de 2014, declarando improbada la demanda en todas sus partes, sea con imposici�n de costas y las penalidades de la Ley.
I.2.4.2. Respuesta al recurso de casaci�n
Mediante memorial cursante de fs. 673 a 685, Jos� Luis Cerezo Lambertin en representaci�n de Vania Oyola Demetri y otros, contest� el recurso de casaci�n interpuesto por la Empresa demanda se�alado, lo siguiente: 1) los jueces laborales, a tiempo de asumir sus decisiones est�n obligados a aplicar e interpretar el ordenamiento jur�dico laboral en base a los principios que rigen la materia, en ese sentido deben otorgar especial protecci�n al trabajador, impidiendo que se burlen sus derechos, por lo que en el caso, no es atendible la pretensi�n de la Empresa demandada de no aplicaci�n de las normas laborales, dado que se demostr� la existencia de una relaci�n laboral sujeta a las normas de la LGT encubierta en la suscripci�n de un contrato civil comercial. Telecel S.A., se limita a exponer sus pensamientos, pretendiendo demostrar que no existi� una relaci�n laboral, sin cuestionar los argumentos expuestos en la resoluci�n judicial y la valoraci�n de la prueba, en ese sentido, respecto a la remuneraci�n debe considerarse el art. 6 del DS N� 28699 que se�ala que el pago de comisi�n es una forma de remuneraci�n o salario, por lo que no es cierto que no existi� salario o remuneraci�n. El hecho de que sus poderconferentes hubieran emitido facturas no es un indicio o prueba que desvirtu� la relaci�n laboral as� lo ha se�alado el Tribunal Supremo de Justicia, tampoco es evidente la falta de exclusividad en el servicio, cuando los propios contratos establecen la limitaci�n contenida en el punto 1.6 de la cl�usula decima adem�s de no existir prueba alguna que acredite que los actores hubieran desarrollado otra actividad. La carga horaria fue demostrada por las declaraciones testificales que no fueron cuestionadas. La sola vulneraci�n de los derechos laborales conlleva la ineficacia jur�dica del contrato, en materia laboral para demostrar la ineficacia de un acto jur�dico no se requiere demostrar la mala fe o el enga�o como absurdamente pretende TELECEL S.A.; 2) El Auto Supremo N� 634 de 16 de noviembre de 2010, se avoca a analizar la prueba producida en ese caso particular, concluyendo que no existe una relaci�n laboral, dicha valoraci�n no constituye jurisprudencia porque ata�a a un caso concreto, por lo que el Tribunal de Alzada al no haber aplicado el citado Auto Supremo no incurri� en error alguno. Debe considerarse tambi�n que la justicia no es est�tica de ese modo el mismo Tribunal Supremo de Justicia ha modificado su entendimiento as� los Autos Supremos Nos. 417 de 21 de diciembre de 2012 y 44 de 25 de febrero de 2013; 3) La determinaci�n del sueldo promedio en la Sentencia est� sustentada en las documentales de cargo correspondientes a los abonos de sueldos mensuales cursantes de fs. 232 a 259, 261 a 273, siendo falso lo alegado por la Empresa recurrente; 4) El incremento salarial se aplica a la comisi�n que percib�an los actores como contraprestaci�n al trabajo que realizaban, constituyendo estas comisiones el sueldo b�sico al ser el salario de contrataci�n adem�s TELECEL no aleg� ni demostr� que hubiera pagado a favor de sus poderconferentes sumas de dinero diferentes al pago de la comisi�n, en consecuencia, al haber ratificado el Tribunal de apelaci�n el incremento salarial sobre el sueldo promedio aplicando el principio in dubio pro operario y no discriminaci�n, no incurri� en error alguno menos en la vulneraci�n de la norma legal acusada por la Empresa demandante; 5) El Tribunal de Alzada al haber se�alado que correspond�a el pago del bono de antig�edad, tomando en cuenta tres salarios m�nimos nacionales no incurri� en un acto arbitrario, tan solo aplic� la norma laboral de manera objetiva e imparcial, ya que se constat� que TELECEL S.A., es una Empresa que genera utilidades, beneficios econ�micos por el servicio de telefon�a e internet que brinda a los usuarios, extremo que no fue desvirtuado, argumentando la Empresa que realiza procesamiento de materias primas, argumento rechazado pro al jurisprudencia desde hace a�os atr�s, TELECEL al obtener utilidades y ganancias pro el servicio que presta a costa de sus poderconferentes debe cancelar el bono de antig�edad como bien lo han dispuesto los de instancia; 6) TELECEL S.A., a fin de no vulnerar el art. 50 de la LGT oblig� a sus poderconferentes a suscribir un contrato que simulaba una relaci�n civil, de ah� que es l�gico que la Empresa no hubiera solicitado al Ministerio de Trabajo la autorizaci�n para el trabajo de horas extraordinarias que realizaban sus poderconferentes; asimismo es falso que los mismos no hubieran estado sujetos a control de horario, la prueba testifical de cargo es clara y precisa al se�alar que todos cumpl�an horario; 7) No obstante el mandato del art. 33 del DR-LGT, debe considerarse el actuar fraudulento de TELECEL S.A.; 8) Habi�ndose demostrado la existencia de una relaci�n laboral corresponde el pago de los derechos sociales incluido el desahucio dado el despido intempestivo que sufrieron los actores. Por lo expuesto, solicit� se declare improcedente e infundado el recurso de casaci�n interpuesto por la Empresa demandada por los fundamentos desarrollados.
II.1.1. Recurso de casaci�n de Jos� Luis Cerezo Lambert�n
Sobre la acusada violaci�n del art. 48.II, 180.I de la CPE; art. 30 de la LOJ; arts. 1, 2 y 3 del DS N� 107 de 11 de mayo de 2009, en relaci�n a la indebida aplicaci�n del art. 120 de la LGT y 163 del DR-LGT, por haberse declarado prescritos los derechos de Carlos Alfredo Fern�ndez Suarez, Rozana Mendez Lijeron, Carlos Josip Villag�mez Rojas e Ignacio Felipe Zeballos Salazar, siendo esa determinaci�n irracional y arbitraria.
Conforme se tiene en obrados, los de instancia partieron de la premisa que entre las partes existi� relaci�n de dependencia laboral y bajo ese fundamento concedieron los derechos que consideraron justos, de los cuales, el Tribunal de apelaci�n desestim� los relativos a aguinaldo, vacaci�n, prima, bono de antig�edad y horas extras de la gesti�n 2006 y las anteriores a ella, en lo que concierne a los demandantes Carlos Alfredo Fern�ndez Suarez, Rozana Mendaz Lijeron, Carlos Josip Villag�mez Rojas e Ignacio Felipe Zeballos Salazar, por considerarlos prescritos, en raz�n a que tales derechos no habr�an sido reclamados oportunamente.
En raz�n a que el reclamo tra�do tiene �ntima relaci�n con el reconocimiento de la existencia de una relaci�n laboral entre las partes y, considerando que la misma se encuentra cuestionada por la entidad demandada, �ste Tribunal considera pertinente resolver prima facie la controversia sobre tal �tem.
1.- En principio es menester tomar en cuenta que el Juez de primera instancia, sustent� su decisorio en el hecho de que los demandantes cumpl�an una jornada laboral con horario pre determinado y que cobraban sueldo mensual en el que se consideran tambi�n las comisiones, con arreglo al DS N� 23570 de 26 de julio de 1993 cuyos pagos se los realizaba de manera mensual, conforme los extractos bancarios aparejados al expediente, certificados de asistencia a procesos de capacitaci�n, credenciales de identificaci�n, con lo que concluy� como probada la realizaci�n de tareas propias y permanentes.
Asimismo, deduce subordinaci�n en raz�n del texto contenido en la cl�usula novena del contrato que en el que la entidad demandada se reserva el derecho de supervisar que la promoci�n y venta se realice de acuerdo a cronograma, en funci�n a las metas de ventas y/o de servicios establecidos por dicha entidad.
Tambi�n deduce subordinaci�n y dependencias de las declaraciones testificales de cargo de fs. 543 y 544 en la que los testigos se�alas que cumpl�an horario de oficina de 8 am. a 12 y de 2 a 7 pm., as� como del memor�ndum de felicitaciones de fs. 324.
Por su parte, el Tribunal de Apelaci�n agrega que conforme a los contratos de trabajo, la Empresa ejerc�a directa supervisi�n de las actividades de los demandantes.
Sobre el particular �sta Sala considera pertinente considerar tambi�n, en principio, que en la declaraci�n testifical de fs. 544 se se�ala que �hab�an fri lancer, que era los que sal�an a las calles a hacer las ventas�.�.
Esta aseveraci�n, resulta de trascendental importancia para definir la controversia, a m�rito que desvirt�a la aseveraci�n en sentido que se ten�a un horario de oficina de 8 am. a 12 y de 2 a 7 pm., por cuanto si los denominados free lancer cumpl�an sus trabajos en las calles, se entiende que no se cumpl�a un horario de �oficina�.
Por otro lado, conforme a lo que se tiene admitido en doctrina, la dependencia supone no s�lo la verificaci�n de un trabajo efectivo material o determinado, sino que en dicho per�odo el trabajador se encuentre a disposici�n del empleador.
Analizando el caso presente bajo la perspectiva anterior, no es dif�cil concluir que al momento de abandonar el free lancer las dependencias de la entidad demandada a efectos de cumplir con su labor, por un lado, el control empresarial sobre el cumplimiento de tales funciones perd�a total eficacia y, por otro, en lo que respecta al free lancer, �ste se encontrar� constre�ido a s�lo su cronograma personal de trabajo o sus metas de ventas, pues, en raz�n a la naturaleza de sus servicios, ser� el resultado de sus gestiones los que determinar�n el cuantum de su retribuci�n.
Asimismo, tal naturaleza contractual, hac�a contraproducente establecer una jornada laboral fija, por su incidencia directa en el emolumento a percibir como contraprestaci�n. En efecto, por una parte, dadas las caracter�sticas de la relaci�n laboral, los actores no necesariamente deb�an permanecer en sus instalaciones ya que los servicios requer�an del contacto con los potenciales clientes fuera de dichas instalaciones y, por otra, atendiendo que el emolumento percibido se encontraba subordinado al resultado obtenido en el desempe�o de sus funciones (comisiones), cualquier restricci�n en la jornada laboral habr�a tenido efecto directo en sus ingresos econ�micos.
As� entonces, se encontraba a libertad del trabajador el disponer libremente su tiempo laboral en funci�n a sus metas establecidas, de tal modo que el tiempo extra empleado en sus tareas, se encontraba compensado con el mayor ingreso de comisiones.
Siguiendo el razonamiento anterior y con ocasi�n al mismo, conviene tener presente que conforme a la doctrina uno de los elementos que distingue el trabajo por cuenta propia del prestado por cuenta ajena, constituye la ajenidad de mercado, seg�n el cual, para el trabajo por cuenta ajena, se entiende que el trabajador dependiente o subordinado, prestar� sus servicios que se oblig� con el contrato, sea verbal o escrito, sin preocuparse por el resultado econ�mico de tal actividad, lo que no ocurre en el caso presente, por cuanto el resultado econ�mico del que se beneficiar�, depender� del tiempo que el free lancer disponga para su cometido y la eficacia con la que ejerza tales actividades.
Por otro lado, esa misma facticidad torna de imposible cumplimiento al empleador el desvirtuar el alegado trabajo en horario de oficina, por cuanto, en raz�n a la naturaleza de tales servicios, el control de asistencia en oficina resulta absurdo y restrictivo.
Consiguientemente, como primera conclusi�n en raz�n a lo aseverado por la testigo de cargo, se tiene que el servicio prestado por el free lancer no muestra las caracter�sticas de trabajo subordinado y dependiente o por cuenta ajena.
2.- En cuanto al car�cter mensual de la contraprestaci�n, cabe tener presente que el mismo no resulta indicador id�neo para calificar la relaci�n laboral como trabajo por cuenta ajena, por cuanto a�n a pesar de que se haya practicado con car�cter mensual, dicho emolumento no deja de responder a los resultados del trabajo desempe�ado, por cuanto los mismos constituyen comisi�n porcentual sobre venta realizada; en espec�fico comisiones sobre el total de las ventas realizadas en el mes, aspecto que en esencia, resulta distinto al sueldo fijo mensual pagado al trabajador ajeno al riesgo empresarial.
3.- De igual modo los certificados por capacitaci�n mal podr�an suponer indicios de dependencia laboral, por cuanto los mismos constituyen mecanismos �tiles en las estrategias empresariales orientadas al mejor rendimiento, lo mismo que las credenciales de identificaci�n por cuanto en ellas no se certifica que el portador es empleado dependiente y trabajador por cuenta ajena del demandante, sino �FREE LANCER� o �VENTAS�, �til para el mejor desempe�o del free lancer.
Se debe tener presente en �sta parte que no es muy frecuente encontrar Empresas privadas sin fines de lucro o con fines de beneficencia para sus miembros o dependientes, sino m�s bien empresas cuya inversi�n de capital busca generar ganancias y, siendo as�, cuanto mayo facilidades tengan sus dependientes o cuenta inscritos en las relaciones terciarias como el presente, mejor ser�n los resultados para la Empresa y, por consiguiente, para los comisionistas, ergo, el otorgar una tarjeta de identificaci�n o certificar un proceso de capacitaci�n, no necesariamente supone relaci�n de dependencia laboral.
4.- De la reserva que hace para s� el empleador en los contratos, para supervisar la promoci�n y las ventas que se realicen, �ste Tribunal no encuentra signos que informe subordinaci�n o dependencia, por cuanto la misma constituye una medida com�n y gen�rica para asegurar el resultado y garantizar la licitud de las transacciones, por cuanto si bien el free lancer act�a con independencia en el ejercicio de sus labores, el comitente tiene la responsabilidad de garantizar el producto o el servicio.
Asimismo, se debe distinguir los actos de supervisi�n de los actos de direcci�n empresarial, a m�rito que los primeros suponen control externo de las actividades, mientras que los de direcci�n suponen intervenci�n directa en el trabajo.
Conforme a lo anterior, queda claro que los demandantes no estuvieron sometidos a un trabajo por cuenta ajena, sino a un trabajo por comisi�n de caracter�sticas propias que no dan lugar a establecer la dependencia laboral reclamada.
Por lo expuesto, corresponde resolver el recurso de casaci�n, aplicando las
disposiciones contenidas en los arts. 271.4 y 274 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribuci�n prevista por el art. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, CASA el Auto de Vista N� 268/2014, cursante a fs. 632 a 637 y, deliberando en el fondo declara IMPROBADA la demanda. Sin costas.

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