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Timestamp: 2020-06-02 21:01:49+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2018-16319
Documento BOE-A-2018-16319
«BOE» núm. 288, de 29 de noviembre de 2018, páginas 116685 a 116689 (5 págs.)
BOE-A-2018-16319
Por don Vicente Javier Cobo Gallego, notario de Ciudad Real, se remitió, en fecha 14 de junio de 2018, el siguiente documento al Registro de la Propiedad de Ciudad Real número 2:
«En cumplimiento de lo establecido en el artículo 233, apartado 3, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, me place comunicarle que don A. J. M. R., titular del D.N.I. número (…), con domicilio en la calle (…), ha iniciado un procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pago con sus acreedores, en virtud de acta por mí autorizada, en esta ciudad, el día 4 de mayo de 2.018, con el número 421 de protocolo, que ha motivado la formación del expediente 421/2018, solicitando la designación de un mediador concursal, función para la que ha sido designado el letrado don A. D. M. L., quien ha aceptado el nombramiento el día 4 de junio del corriente. Hago constar que entre los bienes declarados en el formulario de solicitud para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores figura la finca registral número 12.268 del término municipal de Miguelturra (Ciudad Real), del que dicho señor es copropietario, asentada en el Registro de la Propiedad número dos de Ciudad Real, en el tomo 1.515, libro 159, folios 44 y 45, inscripciones 2.ª, 3.ª y 5.ª Lo que pongo en su conocimiento a fin de que se practique la preceptiva anotación preventiva. Quedo a su disposición. En Ciudad Real, a doce de junio de dos mil dieciocho».
Entrada n.º: 2.130 del año: 2018.
Asiento N.º: 554 Diario: 164.
Presentado el 14/06/2018 a las 14:39.
Presentante: Vicente Javier Cobo Gallego. Interesados: A. J. M. R. Naturaleza: Comunicación. Fecha del documento: 12 de junio de 2018.
Se encuentra pendiente de despacho comunicación expedida en Ciudad Real, el día 12 de junio de 2018, por el notario don Vicente Javier Cobo Gallego, en la que se hace constar que don A. J. M. R. ha iniciado un procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pago con sus acreedores, solicitando la designación de un mediador concursal, y en la que se solicita se practique la preceptiva anotación preventiva sobre la finca registral 12.268 de Miguelturra, del que dicho señor es copropietario; y que ha sido presentada en esta Oficina, por correo certificado con acuse de recibo, a las 14 horas 39 minutos del día 14 de junio de 2018, causando el asiento 554 del Diario 164.
Calificación desfavorable por observarse el siguiente defecto subsanable y en base a los fundamentos jurídicos que se citan:
No se acompaña copia autorizada del acta de designación de mediador concursal autorizada por el notario de Ciudad Real don Vicente Javier Cobo Gallego, el día 4 de mayo de 2018, número 421 de su protocolo, título formal necesario para la práctica de la anotación preventiva y calificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 231 y siguientes de la Ley Concursal.
Con arreglo a lo anterior, el Registrador que suscribe, ha resuelto suspender la anotación solicitada respecto del pleno dominio de once veinticuatroavas partes indivisas y del usufructo vitalicio de una veinticuatroava parte indivisa de la finca 12.268 de Miguelturra –propiedad de don A. J. M. R.–, por el defecto citado.
Ciudad Real, a 4 de julio de 2018 La registradora (firma ilegible) Fdo.: Lydia-Estela Blasco Lizarraga Asiento 554 del Diario 164».
Contra la anterior nota de calificación, don Vicente Javier Cobo Gallego, notario de Ciudad Real, interpuso recurso el día 10 de agosto de 2018 en virtud de escrito en el que alegaba, resumidamente, lo siguiente:
Primero. Que el principio de titularidad pública consagrado en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria admite excepciones y modalizaciones; Que esto ocurre en el artículo 233 de la Ley Concursal, que permite la presentación de certificación o copia; Que, sin necesidad de debatir sobre la naturaleza de la certificación, cuando la expida el notario, debe comprender los extremos necesarios para que el registrador pueda ejercer su función; Que, entender que el notario no puede hacerlo, implicaría un tratamiento distinto para notarios, registradores y Cámaras; Que la regulación del artículo 233 se reitera en el artículo 238 cuando de la finalización del expediente se trata y sólo cuando debe elevarse a escritura pública el acuerdo extrajudicial alcanzado se exige esta forma especial a efectos de presentación en el Registro Mercantil, y Que bien puede entenderse que la solicitud de práctica de anotación preventiva, en cuanto actuación legalmente obligatoria, puede llevarse a cabo por medio de certificación comprensiva de los aspectos precisos para la práctica del asiento sin necesidad de acompañar la copia completa del expediente.
Segundo. Que la calificación de la registradora se basa en la idea argumental de que corresponde al registrador el control de legalidad del proceso dirigido a la designación de mediador, lo que no se corresponde con la regulación concursal que claramente establece que la competencia para determinar que no concurra en el deudor causa de exclusión, recae exclusivamente en manos del receptor de la solicitud. Así resulta de los artículos 231, 232 y 242 bis de la Ley Concursal, y Que, además para los expedientes en que no existan fincas registrables, no existe más control que el del notario, registrador o Cámara que actúe, pues el legislador no contempla más control de legalidad que el que lleve a cabo el actuante.
La registradora, tras la oportuna instrucción del expediente, emitió informe el día 16 de agosto de 2018, ratificándose en su calificación, y elevó el expediente a este Centro Directivo. Resultaba del informe que, subsanado el defecto en su día señalado y que constituye el objeto de la presente, se llevó a cabo la toma de razón de la anotación solicitada.
Vistos los artículos 3 y 18 de la Ley Hipotecaria; 17 de la Ley del Notariado; 5 bis, 231, 232, 233, 235 y 238 de la Ley 22/2003, de 9 julio, Concursal; la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación; los artículos 33 y 34 del Reglamento Hipotecario; 144 del Reglamento Notarial, y las Resoluciones de este Centro Directivo citadas en el texto.
1. Instado ante notario procedimiento para la designación de mediador concursal con el fin de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos, el notario remite comunicación de haberse iniciado el procedimiento al Registro de la Propiedad con la finalidad de que por parte de la registradora se lleve a cabo la anotación preventiva prevista en el artículo 233.3 de la Ley Concursal. La registradora suspende la práctica de la anotación porque el documento remitido no es el acta de designación de experto autorizada por notario, título formal exigido por la Ley Concursal. El notario recurre una vez subsanado el defecto.
2. Como pone de relieve la Exposición de Motivos de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, su Capítulo V introduce en nuestro ordenamiento «un mecanismo de negociación extrajudicial de deudas de empresarios, ya sean personas físicas o jurídicas, similar a los existentes en los países próximos (…) El procedimiento, como aconsejan todos los estudios de Derecho comparado, es muy flexible y se sustancia, extrajudicialmente, en brevísimos plazos ante funcionarios idóneos por su experiencia y cualificación como son el registrador mercantil o el notario, si bien, como ocurre con los acuerdos de refinanciación, se limitarán a designar un profesional idóneo e independiente que impulse la avenencia y a asegurar que se cumplan los requisitos de publicación y publicidad registral necesarios para llevar a buen término los fines perseguidos con el arreglo».
Esta interpretación respeta íntegramente la respectiva competencia de cada una de las autoridades implicadas: los registradores mercantiles expedirán certificación de su resolución de nombramiento de conformidad con el sistema legal existente para dar traslado del contenido del Registro o de otros documentos públicos que obren en su poder (artículo 222 de la Ley Hipotecaria en relación con el artículo 340.3 del Reglamento del Registro Mercantil); las Cámaras Oficiales expedirán igualmente certificación de su propia resolución de nombramiento (artículo 5.1.a de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación); y finalmente, los notarios remitirán copia del acta autorizada de conformidad con sus competencias en materia de documentación de actos que carezcan de contenido negocial (artículo 17 de la Ley del Notariado).
Se respeta así escrupulosamente el principio de titulación pública consagrado en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria así como las exigencias que para la consideración de título a los efectos de práctica del asiento se comprenden en su reglamento (artículo 33 del Reglamento Hipotecario), sin necesidad de acudir a conjeturas que por afectar al régimen de documentación notarial de los actos jurídicos habrían de estar respaldadas por un mandato legal terminante.
5. Llegados a este punto resulta con claridad que el recurso no puede prosperar porque, como ha quedado expuesto, el documento público previsto legalmente para documentar el procedimiento de designación de mediador concursal por notario es el acta autorizada, cuya copia, igualmente autorizada, es el título previsto legalmente para causar asiento de presentación y, en su caso, la anotación preventiva a que se refiere la Ley Concursal así como su cancelación.

References: artículo 233
 artículo 3
 artículo 233
 artículo 233
 artículo 238
 artículo 233
 resolución 
 artículo 340
 resolución 
 artículo 3