Source: http://www.libertadidioma.com/2004/20041207.htm
Timestamp: 2020-03-30 18:29:36+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Martes 7 Diciembre 2004
JUAN R. LODARES El País 7 Diciembre 2004
Libertad Digital 7 Diciembre 2004
PRISA o el intoxicador intoxicado
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 7 Diciembre 2004
ETA y su aviso a navegantes
EDITORIAL Libertad Digital 7 Diciembre 2004
ETA radicaliza sus “advertencias”
Lorenzo Contreras Estrella Digital 7 Diciembre 2004
Luis María ANSON La Razón 7 Diciembre 2004
Ignacio Villa Libertad Digital 7 Diciembre 2004
Por qué dan tanta leña al mono
Julián LAGO La Razón 7 Diciembre 2004
José García Domínguez Libertad Digital 7 Diciembre 2004
Cristina Losada Libertad Digital 7 Diciembre 2004
Editorial El Correo 7 Diciembre 2004
ETA siembra el terror
Editorial El Ideal Gallego 7 Diciembre 2004
Iñaki EZKERRA La Razón 7 Diciembre 2004
BOMBAS CONTRA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
LUIS IGNACIO PARADA ABC 7 Diciembre 2004
Editorial Heraldo de Aragón 7 Diciembre 2004
La refinada hipocresía de Maragall
Lorenzo CONTRERAS La Razón 7 Diciembre 2004
¿SERÁ EL ÚLTIMO
Ignacio SÁNCHEZ CÁMARA ABC 7 Diciembre 2004
ALFONSO DE LA VEGA La Voz 7 Diciembre 2004
Vuelve la equidistancia (y el carlismo)
JUAN JOSÉ R. CALAZA La Voz 7 Diciembre 2004
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo 7 Diciembre 2004
Alfonso USSÍA La Razón 7 Diciembre 2004
José Cavero El Ideal Gallego 7 Diciembre 2004
EL MAPA DE LAS BOMBAS
Jaime CAMPMANY ABC 7 Diciembre 2004
CARLOS SECO SERRANO ABC 7 Diciembre 2004
Los fantasmas del vicepresidente del CGPJ
ALFONSO GONZÁLEZ-GUIJA JIMÉNEZ El Correo 7 Diciembre 2004
ETA A LO SUYO...
Editorial ABC 7 Diciembre 2004
...EN LA FIESTA DEL 6-D
Eutanasia para ETA
ANDRÉS MONTERO El Correo 7 Diciembre 2004
BOMBAS A LA CONSTITUCION
CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN ABC 7 Diciembre 2004
¿Euskera en marcha
Cartas al Director El Correo 7 Diciembre 2004
ETA y Carod-Rovira
Cartas al Director ABC 7 Diciembre 2004
Francia no entiende ni aprueba que ZP lleve presidentes autonómicos a las cumbres
Javier Gómez La Razón 7 Diciembre 2004
Rajoy rechaza la idea de Maragall y exige, para hablar, retirar la reforma judicial
C. Morodo La Razón 7 Diciembre 2004
D. MARTÍNEZ / J. PAGOLA ABC 7 Diciembre 2004
(Juan R. Lodares es autor de Lengua y patria. Sobre el nacionalismo lingüístico en España (Ed. Taurus, 2002).)
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PRESIONAN A LOS ALUMNOS PARA QUE SE QUEJEN
La Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria "Princep de Girona" de Barcelona ha iniciado una campaña de recogida de firmas para expulsar a la profesora de Lengua y Literatura, Carmen Leal, por defender el bilingüismo real en la escuela. La profesora, que forma parte de la Asociación de Profesores por el Bilingüismo, ha denunciado la intolerancia hacia el castellano en las aulas de Cataluña.
La circular de la AMPA del IES "Princep de Girona" dirigida al alumnado de Carmen Leal y con el asunto “Recogida de firmas” dice: “Con la intención de solucionar para siempre la situación de indefensión e injusticia en que os encontráis los alumnos y alumnas de la profesora Carmen Leal os pedimos que, lo antes posible, nos hagáis llegar al buzón de la Asociación de Padres y Madres una carta firmada en la que expliquéis las circunstancias que vivís con esta profesional de enseñanza secundaria. Intentamos trabajar para defender vuestros derechos, pero no podremos hacer nada si no nos hacéis llegar vuestra reclamación. Haced constar el nombre completo, teléfono, curso y grupo. Os atenderemos lo antes posible”.
La profesora ha denunciado que se trata de una campaña de los padres de alumnos para expulsarla del instituto por su conocida defensa de un bilingüismo real en la escuela y contra la discriminación del castellano. Carmen Leal y la asociación a la que pertenecen afirman que el bilingüismo en Cataluña en las aulas es inexistente, sino que lo que realmente hay es una imposición del catalán, avalado y auspiciado por la Generalidad. Leal ha denunciado también las presiones que sufren los profesores rebeldes que se oponen a esta imposición del monolingüismo y la utilización de las lenguas para introducir un tipo de ideología.
Puede resultar grotesco, y sin duda lo es, que el partido político y el grupo mediático capaces de manipular de forma tan desvergonzada la masacre del 11M contra el PP, achacándole a Aznar nada menos que la responsabilidad directa del atentado por el respaldo político de España a la guerra de Irak, se escandalicen por unas páginas satíricas en la Red mucho menos salvajes que las que le sirvieron y le sirven para atacar a la derecha. Puede resultar obsceno, y sin duda lo resulta, que el Gobierno capaz de legalizar el matrimonio homosexual, de programar “piercings” de pene en el programa estelar de la Primera Cadena o de presentar a Aznar como “menstruación” en ese mismo programa, el de la excelentemente retribuída Julia Otero, proteste airadamente por un montaje en Internet de las ministras-modelos del Vogue en poses pornográficas. Pero lo que sobrepasa las más disparatadas esperanzas de quienes disfrutan viendo hacer el ridículo al PSOE o a PRISA es que un par de semanas después de que Mercedes Rico tuviera que pedir perdón a la Conferencia Episcopal por haber imputado a la web de la COPE ese supuesto montaje porno de las ministras de la cuota, que hay que estar mal de la cabeza para haberlo creído en serio, “El País” vuelva a las andadas y a las mentiras, imputándole ahora a los geniales humoristas de La Mañana de la COPE que utilizan, entre otros nombres, el de “El Grupo Risa dirigido por José Cable” los contenidos de otra página web que utiliza su nombre manipulado, sin su permiso ni su participación, para poner verde al Gobierno ZP y sus aliados políticos y mediáticos.
Por supuesto, en el mejor “estilo 13M”, la verdad no es ni objetivo ni obstáculo para las intoxicaciones del Imperio prisaico. Ya un paranoico progre que trabaja para Gabilondo publicó recientemente en “El País” una ridiculez de chequista aficionado fingiendo alarma por la proliferación de páginas web de derechas que, según el tal Berlín, preocupan a los “demócratas”, que son exclusiva y excluyentemente ellos: los chicos de PRISA. Pero hace falta ser merluzo para hacerles esa propaganda a unas páginas que hasta ahora no conocía casi nadie. Unos utilizan espacios o fórmulas de la COPE (no pocos deberían pagarme copyright) y otros de cualquier político del PP, como el “Manda huevos” de Trillo. Por supuesto, lo hacen sin permiso, como por desgracia sucede en internet. Y no creo que superen la virulencia de las páginas de izquierda o de extrema izquierda, algunas abiertamente proterroristas, que tanto divertían a los progres cuando estaban en la oposición. El de PRISA empieza a ser el caso del intoxicador intoxicado. Salvo que sea la forma de ir preparando el EGM, también conocido como Sermómetro, en cuyo caso la COPE debe de salir muy bien librada. Ya cerraron Antena 3 de radio. Al lado de eso, estas calumnias ridículas no dejan de ser juegos florales. Pero si el Imperio sabe cómo impedir que alguien use tu nombre en vano, por favor, comuníquenoslo. Nosotros, no.
Las bombas que ETA ha hecho estallar de forma prácticamente sincronizada nada menos que en siete ciudades españolas, constituyen un mensaje en toda regla al Gobierno de la nación, para que este no crea que el innegable debilitamiento que a los terroristas les ha producido el acoso policial, legal y político de estos años le impide perpetrar más atentados. Matar, ciertamente, es fácil y, no nos engañemos, sin necesidad incluso de tener que añadir mayor cantidad de explosivo, a ETA le hubiera bastado con no avisar previamente de la colocación de sus artefactos para sembrar de cadáveres y poner de luto a España el Día de la Constitución.
Téngase en cuenta además, tal y como destacó Libertad Digital, que en mayo se produjeron en el sur de Francia sendos robos de nitrato amónico, —de 500 y 700 kilogramos cada uno—, un material explosivo que fue y ha vuelto a ser este viernes utilizado por ETA y que, de confirmarse la autoría etarra del robo, le permitiría a los terroristas la fabricación de bombas de un enorme potencial destructivo.
Si ETA ha vuelto a aparecer —por esta vez— con un simple pero no menos infame aviso a navegantes, es por su voluntad de advertirnos a todos que sigue ahí y que no va a desaparecer si no se le concede el precio político que desde hace años viene exigiendo por hacerlo. Antes de que se conociera el Zutabe de abril en el que los terroristas vascos celebraban “cómo el Gobierno del PP tuvo que actuar a la defensiva a las puertas de las elecciones” —algo, desgraciadamente, que no es “mérito” exclusivo de los autores del 11-M, dicho sea de paso—, la banda terrorista hizo un comunicado oficial en el que, además de elogiar la retirada de las tropas de Irak, también pedía a Rodríguez Zapatero “gestos fuertes y valientes para con Euskal Herria”. Si en aquel mismo comunicado de marzo, ETA mostraba al nuevo Gobierno su “absoluta disposición a lograr la solución por medio del diálogo”, no es aventurado pensar que los terroristas quieran dar ahora una imagen de que aquella disposición al chantaje, que ellos llaman “diálogo”, nazca de ninguna debilidad operativa.
Si desgraciadamente, los terroristas islámicos tuvieron la satisfacción política de ver retirarse las tropas españolas de Irak tras la masacre del 11-M, afortunadamente y en el caso del terrorismo independentista vasco, a los españoles no les han inculcado sus medios de comunicación la idea de que se puede transferir al Gobierno las responsabilidades políticas de una matanza perpetrada por la “resistencia vasca”; Afortunadamente, hay ahora además una oposición de la que el Gobierno sólo puede esperar apoyo y solidaridad con independencia de la autoría de cualquier asesinato.
ETA, por su parte, podrá preguntarse ahora ¿qué hay de lo mío? Pero la respuesta del Gobierno debe seguir siendo la misma que ha hecho este lunes su ministro del Interior, y que no es otra que la de “perder toda esperanza”. No sabemos si fue este el mensaje que Carod Rovira diera a los terroristas vascos cuando en Perpiñan se plantearon juntos —en afirmación de ETA, no desmentida por el socio independentista de ZP— “profundizar en la crisis del Estado español”. Sin embargo, los etarras no deben esperar del nuevo Gobierno fruto alguno, tanto en el caso de que decidan no sacudir el árbol, como si se deciden a hacerlo con la misma salvaje intensidad que lo hicieron los autores del 11-M.
Los siete nuevos atentados de “baja intensidad” de ETA en el conjunto del territorio español presentan dos características. Por una parte, suponen la continuidad de la advertencia etarra sobre lo que la banda es capaz de hacer, ya que no cabe a estas alturas mantener la teoría de que no cuenta con una infraestructura suficiente para extender el terrorismo a la medida de su conveniencia. Por otro lado, diversifica a esta escala un lenguaje “político” no verbal, pero no elocuente, sobre lo que se puede interpretar como presión para imponer la vigencia y poder de su oferta de “negociación”, ya que no de paz verdadera, en prosecución de sus objetivos de rendición del Estado, como “ellos” llaman a todo lo que representa el poder de España y de sus sucesivos gobiernos.
Naturalmente, Batasuna sigue sin condenar, y lo que te rondaré morena, el terrorismo etarra, salvo que la organización armada quiera suicidarse abandonando en favor de su brazo político el auténtico peso de su estrategia. Lo último que ha manifestado Arnaldo Otegi, portavoz oficial de Batasuna, es que “no se puede seguir pidiendo (a este ilegalizado partido) que abra más la puerta”, ya que “estamos dispuestos a abrirla de par en par, pero eso hay que hacerlo entre todos”.
El lenguaje podrá ser cínico, pero no oscuro. Lejos de ello, es perfectamente claro: o el “Estado” acepta pagar un precio político llamado negociación o lo que ahora es terrorismo de baja intensidad acabará convirtiéndose en acción violenta de alta intensidad, cuyas posibilidades quedan demostradas en el ámbito territorial general diga lo que diga el ministro del Interior.
Esto es lo que hay. De momento, la información etarra precisa “como dato más revelador” que el peso de los artefactos empleados se ha situado entre los cincuenta y los doscientos gramos, menor incluso que el de las bombas hechas estallar durante el pasado verano en la costa cantábrica y la atlántica. Si eso no quiere decir que a ETA no le costará trabajo aumentar los estragos que a su alcance se encuentran, es que no se quiere deducir de tal lenguaje la amplitud de las amenazas terroristas, que pasan por el intento de intimidar no sólo al Gobierno, sino a los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, cuyas condenas milenarias en años contra los responsables de las actividades del antiguo diario Egin han coincidido con la nueva ofensiva de la banda. Es una frivolidad creer que a ETA le importan los presos de su procedencia, sino, por el contrario, los gestos del poder oficial. Su lenguaje está en relación con términos de fuerza. De ahí que sus portavoces insistan en que, por ahora, los “desperfectos” causados por los artefactos colocados en gasolineras y otros objetivos provisionales distribuidos o repartidos por el territorio “del Estado” fueron “casi inexistentes”.
A la banda y a sus colaboradores no les interesa aparecer a estas alturas del tiempo como ejecutores de una actividad altamente impopular en el mundo entero. Compararse con los islámicos es algo que redunda en perjuicio de la organización, pero al mismo tiempo le consta la importancia de que se valore la peligrosidad potencial de sus acciones violentas. En el fondo, la lucha no sólo se libra contra las Fuerzas de Seguridad, sino también contra la mentalidad competidora del PNV y de los nacionalistas en general.
Luis María ANSON de la Real Academia Española La Razón 7 Diciembre 2004
¿Que el partido socialista, vencedor por accidente en unas elecciones generales y dominado por el tripartito catalán, iba a respetar la independencia judicial? Eso no ha pasado nunca y mucho menos ahora. La muerte de Montesquieu, su entierro y funeral, han sido celebrados por el PSOE desde hace muchos años. Para Zapatero y sus mentores, como para Felipe González y los suyos, para Guerra y sus guerreros, el Gobierno no sólo manda en el poder ejecutivo, sino, por supuesto, en el poder legislativo y también en el poder judicial. De lo que se trata es de que en el futuro se obedezcan sin rechistar las decisiones de Zapatero, los desatinos de Moratinos y el manejo que de todos hace Carod Rovira, el independentista que, con un sistema electoral como el francés, no hubiera tenido ocasión de difundir sus panfletos nada más que en los murales de preuniversitario.
Como ha explicado certeramente Eduardo Zaplana en su artículo de ayer, los socialistas están dispuestos a arrollarlo todo, incluso los procedimientos democráticos establecidos, para poder nombrar a tiempo a jueces adictos. La Sala de lo Penal del Supremo es una espada de Damocles que quieren apartar del lugar que ocupa sobre sus cabezas. Los jueces están para hacer lo que conviene al Gobierno del PSOE, a eso se reduce la idea que de la independencia judicial tienen la buena parte de los dirigentes socialistas. Y los demás, a tragar.
La Constitución ha cumplido veintiséis años. Un cumpleaños triste y descolorido, no por el paso de los años, sino por la falta de carácter del Gobierno que tenemos. Y es que Rodríguez Zapatero, que va camino de los ocho meses como Jefe del Ejecutivo, está consiguiendo en un tiempo absolutamente record poner "patas arriba" la estabilidad constitucional.
Nada más aterrizar en el poder, y buscando tranquilizar a sus apoyos parlamentarios, el presidente Zapatero abrió de forma irresponsable la reforma constitucional. Un intento de apaciguar las exigencias nacionalistas que puede terminar convirtiéndose en su propia trampa política. Zapatero ya es víctima de su debilidad: ha prometido a medio mundo cambios, reajustes y reformas para tener a todos contentos pero la estrategia que se ha revelado como una señal de una evidente inconsistencia en sus objetivos e ideas.
Zapatero ha conseguido pasar en ocho meses de la intocable Constitución de los 25 años de democracia a la Constitución cuestionada por estar caduca en sus contenidos. Zapatero ha conseguido enterrar de un plumazo la sensación de éxito, acierto y estabilidad constitucional que nos había dado el texto de 1978. Ahora, sin embargo, nos encontramos inmersos en una situación de cambios, de inestabilidad y de renovación permanente. Nadie es capaz de explicar los motivos de esos cambios ¿tan necesarios? Pero todo el mundo reconoce que son el resultado del chantaje de los partidos nacionalistas que dan apoyo al Gobierno.
El nacionalismo exige esas reformas como resultado de una política de trueque primitivo y primario. Pero ciertamente no son los nacionalistas los únicos autores de estas amenazas. El socialismo catalán, obsesionado por su pervivencia en el poder, ha hecho propias estas exigencias situando a Zapatero entre la espada y la pared.
La Constitución ha celebrado un nuevo aniversario, el vigésimo sexto, pero en esta ocasión con el fantasma de una reforma sin sentido y sin cabeza. Este 6 diciembre, en el Congreso de los Diputados, no se ha vivido con la alegría de otras veces el cumpleaños constitucional. Esta vez, la fiesta ha estado empañada por la irresponsabilidad del poder. Y eso, sinceramente, tiene muy mala pinta.
Cuando los padres de la Constitución, que ahora celebra sus veintiséis años de vigencia ininterrumpida, redactaban la Carta Magna, Roca traía a la pertinente Ponencia un recado de Pujol a ver si colaba. Bueno, en realidad los nacionalistas siempre piden la luna, por si las «flys», que en aquel caso concreto era que el texto constitucional definiera España como «una nación de naciones y regiones».
Es decir, que Roca, que era un interpuesto de los intereses del PNV en la Comisión además, no consiguió colocar en la Constitución de 78 el término de «naciones». Cosa que habría sido tanto como aceptar la factualidad de un Estado confederal, más o menos, por supuesto más allá del Estado de las Autonomías, que nos salió federalizante como mucho. Así que el sociata Peces-Barba, que teledirigía el jacobino Guerra desde el restaurante «José Luis» mano a mano con el vicepresidente Abril, no admitió tal requerimiento, y menos Fraga, que defendía la estructura heredada del Estado Unitario.
No obstante, la capacidad negociadora de Roca, que es todo un fenicio, lió a todos al transar la fórmula primigenia de «naciones» por otra más light, la de «nacionalidades». Definiendo a éstas, a «las nacionalidades», como aquellas «naciones» que no tienen Estado, con lo que todos ante los propios salvaban la cara, la cartera, y lo demás, ya saben.
Pues eso, que como el presidente Zapatero, a tenor de lo declarado recientemente, no ve diferencia entre «naciones» y «nacionalidades», estamos metidos en ese jardín del que se aprovechan los desagregadores. El colega Maragall, sin ir más lejos, quien con motivo del Día de la Constitución reclama que la Carta Magna refleje «la nación de naciones que es España», y que las regiones sean regiones, y a correr.
Dicho de otra forma, que las mal llamadas «comunidades históricas», leáse Cataluña, País Vasco, Galicia y Navarra, serían naciones, y el resto de comunidades autónomas, simples regiones, lo cual resulta un dislate histórico, amén de una afrenta al compañero Bono, que está con Maragall como para echar un baile. Además, puestos ya, a ver quién se atreve a sostener que la Comunidad Valenciana, por ejemplo, con la Historia en la mano, no es una nación y sí una región, a la que por razones del tripartito se le niega su lengua propia, pese a que el Estatuto lo reconozca.
O sea, que Maragall da por concluido el «café para todos» que Suárez estableció para circunvalar los estatutos republicanos porque les tenía pánico: todo un error de la Transición cuya factura aún estamos pagando. Ahora bien, si Maragall insiste en reivindicar su reforma constitucional, resultaría imprescindible disolver las Cortes y convocar elecciones legislativas anticipadas. A lo mejor por eso los del pepé están arreando tanta leña al mono, y el mono ni se entera.
El hombre que sabe demasiado sobre el 11-M estaba preocupado por todo menos por los riesgos de la hipotermia. La gran obsesión del testigo protegido era conseguir como fuera un chaleco antibalas y una pistola. Eso fue lo que les pidió a sus contactos en la Policía Municipal de Gijón, después de que la Dirección General de la Guardia Civil destapara su nombre en una nota oficial. Y, sin embargo, la madre de su hijo acaba de morir por culpa de la hipotermia. La Policía de Asturias estuvo conversando un rato con ella cuando el agua sólo le cubría hasta las rodillas. Pero no se atrevieron a dar dos pasos para sacarla de allí. ¿La razón?: la hipotermia.
Campillo, el guardia civil que grabó al hombre que sabe demasiado sobre el 11-M, tampoco parece alarmado por las hipotermias. No obstante, acaba de solicitar a sus superiores "protección especial". Teme por su vida, y ni siquiera dispone de su arma reglamentaria para defenderla: se la retiraron en el momento de darlo de baja por problemas psicológicos. Fanjul, el socorrista aficionado que paseaba por la playa, no está aquejado de ningún trastorno psicológico, circunstancia que refuerza la credibilidad de su testimonio. Y asegura: "Personalmente creo que la Policía no se mojó". Hubo de ser él, un ciudadano particular, quien lo hiciera. Permaneció durante cuarenta minutos en el agua. Solo. "Durante aquel tiempo no tuve ningún apoyo, allí no llegó nadie", dijo al volver a la arena. El auxilio llegaría después, cuando la mujer del hombre que sabe demasiado sobre el 11-M ya flotaba muerta sobre el mar.
De todos modos, contra lo que pudiera parecer, los suicidios de testigos protegidos en playas invernales no son infrecuentes. Sin ir más lejos, cuando cierto "Mister X" comenzaba a sonar como jefe de los GAL, un informante judicial apareció suicidado entre las rocas, frente a las olas. Únicamente un detalle suscitaría cierta extrañeza en los forenses que llevaron aquel caso, y no fue la hipotermia: antes del óbito, el ano del cadáver había sido desgarrado con una barra de acero.
Lo cuenta la prensa de Asturias: los padres de Lavandero también tienen miedo. Recelan por sus vidas, por la de su hijo y por la de su nieto, no de las hipotermias. Dicen que "hombres extraños" visitaban últimamente a la mujer en el club Horóscopo. El jueves pasado, ante el fiscal, el propio Lavandero fue más explícito; en su deposición testificó que tanto él como la madre de su hijo habían recibido numerosas amenazas.
Lo vieron cientos de personas en directo. Sólo faltó televisarlo. Durante cuarenta minutos, hasta que desapareció bajo el agua, la pareja del hombre que ha destapado la trama sobre el mayor crimen político de la Historia de España demoró su suicidio ante la atenta mirada de la Policía, que no se mojó los pies en el mar por temor a la hipotermia. La hipotermia, ese gran peligro que a todos nos amenaza en estos tiempos oscuros.
Pues bien, ha sucedido algo asombroso en España, digno de figurar en los anales. Por primera vez, hay un suceso que, en opinión de la izquierda, debe juzgarse exclusivamente por las apariencias Cualquiera que se haya familiarizado con el modo de pensar de la izquierda sabe que uno de sus juegos favoritos es la elaboración de teorías conspirativas. Pocas cosas de las que suceden son aceptadas, en su Weltanschauung, por lo que parecen. No, señor. Ellos se proponen escarbar bajo la superficie de los acontecimientos en busca de una mano negra que, según los que han heredado del marxismo, vulgarizándolo, una pertinaz creencia en el determinismo económico, suele portar un saco lleno de dólares.
Hete aquí pues que, según el manual del izquierdismo de pro, el mundo está gobernado por un puñado de poderosos tíos del Pato Donald que se mantienen en la sombra, como los Sabios de Sión, y que se les conoce por multinacionales, transnacionales, oligarquía financiera, o complejo militar-industrial. Que el trabajo sucio se lo hacen agentes de siniestros servicios secretos, que manipulan hasta al famoso Tato para que, es un decir, no vaya a las cumbres iberoamericanas y no se luzca ZP. Y que esos trabajitos incluyen guerras, golpes de Estado y atentados que atribuyen a otros para desestabilizar o lo que haga falta. Nótese que a las dictaduras comunistas nunca se le atribuyeron, ni atribuyen, tales maniobras. La conspiración, reza también el manual, proviene siempre del lado del capitalismo.
Pues bien, ha sucedido algo asombroso en España, digno de figurar en los anales. Por primera vez, hay un suceso que, en opinión de la izquierda, debe juzgarse exclusivamente por las apariencias. Un suceso en el que no hay que buscar ninguna mano, ni negra ni blanca. En el que detrás de los ejecutores no había nadie moviendo los hilos. Del que se ha dicho, incluso, que no puede haber "autor intelectual". Este extraordinario suceso es la masacre del 11 de marzo en Madrid.
Los más acendrados defensores de la teoría de la no conspiración del 11-M, van acumulando, como hormiguitas hacendosas, artículos y filtraciones para sustentar la teoría de que el atentado fue lo que pareció: un castigo de Al Qaeda por el apoyo de España al derrocamiento del sátrapa iraquí, y no hay que rascar más. Se diría que les va mucho en ello y de ahí el esfuerzo, no siempre recompensado por los resultados. Pero hay que reconocerles el mérito de intentar un giro copernicano en su modo de pensamiento.
No deja de ser interesante, desde el punto de vista psicológico, ver cómo personas que creen que los americanos fueron a Afganistán e Irak no por lo que dicen en público, sino a por el petróleo, y que piensan, incluso, que el 11-S fue perpetrado para justificar intervenciones militares urbi et orbi, se han vuelto extremadamente crédulas en lo tocante al atentado de Madrid. No les perturban sus contradicciones. Y están dispuestos a pasar por alto todas las que trufan el 11-M. Más aún, aquellos que digan lo contrario son enviados al diván. Delirio obsesivo, paranoia, psicosis, neurosis, histeria. La psicología de bolsillo no da abasto para suministrar términos con los que descalificar a quienes quieren bucear en las turbulentas aguas de aquellos días de marzo. No sabemos si tras el 11-M hubo una conspiración, pero hay algo parecido a una conjura para no desentrañar su causalidad diabólica.
La cadena de artefactos explosivos que ETA hizo estallar ayer, día de la Constitución, en siete lugares de España volvió a recordar a los ciudadanos que la democracia aún no ha acabado con la banda asesina. Las bombas de Valladolid, León, Ávila, Santillana del Mar, Alicante, Málaga y Ciudad Real, junto a la desactivada el sábado en Almería, representan el periplo que el terrorismo etarra ha querido realizar para exportar hacia el resto de España su propia impotencia a la hora de someter a su dictado la voluntad de la sociedad vasca. El itinerario de los terroristas trata de ofrecer a sus voceros de Batasuna el argumento fáctico necesario para que continúen insistiendo en que persiste «el conflicto armado entre el pueblo vasco y España». El mensaje que la barbarie se obstina en emitir sería simplemente ridículo y su tozudez patética si sus actos no estuviesen poniendo diariamente en peligro la integridad de los ciudadanos, coaccionando a quienes tienen sobradas razones para sentirse perseguidos por sus ideas y violentando la tranquilidad que miles de españoles han visto alterada este largo puente.
El terrorismo de ETA seguirá siendo una amenaza mientras la banda exista. Cada uno de los artefactos que su macabro cronómetro hizo estallar ayer era portador de una carga letal. Ni la sociedad ni mucho menos los responsables públicos deben hacer oídos sordos a las advertencias que el terrorismo colocó en tantas y tan distantes ciudades. Pero al igual que la ciudadanía directamente afectada replicó al estruendo que quisieron provocar los terroristas el viernes y ayer con serenidad y confianza, la sociedad puede afrontar el trecho que resta para acabar definitivamente con ETA en la seguridad de que el triunfo de la razón y de la paz está ya en las manos de la democracia.
Todo cuanto haga ETA resulta brutal y, sobre todo, es cruel porque recuerda su existencia a quienes más han padecido por su causa. Cada atentado terrorista, por insignificante que parezca, mancilla de nuevo la memoria de las personas asesinadas por ETA. De ahí que resulten tan intolerables las explicaciones que los dirigentes de una organización ilegalizada como Batasuna están dando estos días en su gregaria disposición a cumplir con el mandato etarra. Son hechos como los de ayer los que confirman que la lucha contra el terrorismo está orientada en la buena dirección. Y esa dirección no es otra que la de acabar con ETA sin dilaciones ni concesiones.
ETA sembró España de bombas en su estrategia de boicotear el puente de la Constitución y provocar el caos allí donde estallaran. Como ya ocurrió en verano durante la campaña de terror, en la que A Coruña y otras localidades estuvieron en el punto de mira, la organización armada ha interrumpido los días de descanso de millones de españoles, y en esta ocasión lo hizo coincidiendo con la festividad de la Carta Magna, con siete atentados que han causado al menos trece heridos leves y numerosos daños materiales. Las fuerzas de seguridad estaban en alerta tras las cinco explosiones en Madrid el día de la operación salida y la desactivación el sábado en Almería de un artefacto que estaba programado para estallar ayer. El trabajo de la Policía y de la Guardia Civil, cuya rápida reacción ha evitado peores consecuencias, sigue dando resultados en la lucha contra el terrorismo, pero la respuesta de los ciudadanos y la unidad de los partidos políticos es imprescindible para conseguir el aislamiento de los etarras y de quienes los amparan. Con el macabro plan ejecutado estos días en diversas ciudades del país, la banda terrorista intenta mostrar que sigue operativa para camuflar la difícil situación en la que se encuentra, lo que constituye una prueba más de su creciente debilidad, especialmente tras el duro golpe propinado a su cúpula en Francia en los últimos meses. ETA ha dado un nuevo paso hacia su propio fin y en este camino estará acompañada de Batasuna, aunque ésta intente engañar a la sociedad con una propuesta de diálogo y el anuncio de una tregua.
Por LUIS IGNACIO PARADA ABC 7 Diciembre 2004
LAS bombas que ayer sembró ETA en siete ciudades españolas mientras en el Congreso se estaba conmemorando el vigésimo sexto aniversario de la Constitución, con presencia de todos los partidos menos los nacionalistas, no van a tener otro significado que el testimonial, porque así estaba decidido en el debate interno que mantuvo la banda hace dos años, cuando decidió cometer atentados "en fechas significativas" y todavía no se habían producido las detenciones que han supuesto su práctico desmantelamiento. La "benevolencia" de la escasa carga de los artefactos, los avisos previos y la ausencia de víctimas podrían ser, si acaso, instrumentos para "negociar" el abandono de las armas en un futuro no muy lejano.
Las verdaderas cargas de profundidad contra la Constitución y su reforma no vienen del terrorismo etarra residual: vienen de la estrategia de algunos dirigentes autonómicos para aumentar su poder: quieren ocupar un lugar en la Historia y asumen ilegítimamente la representación de todos los ciudadanos sean o no de su Comunidad. Y viene, también, de la debilidad del Gobierno de Zapatero para decir claramente cuáles son las reformas que está dispuesto a negociar con el PP sin riesgo a llevarse un revolcón. Porque sin su consenso no alcanzaría la mayoría necesaria para ningún cambio que afecte a la unidad nacional aunque lo establezcan los futuros Estatutos de Autonomía. Esa indefinición es la que está haciendo cada día más difícil abordar cualquier reforma, hasta las sensatas, como la sucesión a la jefatura del Estado, la referencia a Europa o las funciones del Senado. Tal vez por eso, tres de cada cuatro españoles acaban de decir en una encuesta que Cataluña forma parte esencial e irrompible de España, y se oponen a que se le reconozca como nación, igual que casi dos de cada tres afirman que el plan Ibarretxe debe ser rechazado aunque lo apruebe el Parlamento vasco.
POR primera vez en nuestra historia, una Constitución que nació del consenso general ha estado vigente durante más de un cuarto de siglo -periodo que no puede considerarse largo, en términos históricos- y ha permitido, sobre todo, consolidar los valores más estimables de la concordia civil, social y política, un disfrute pacífico de amplísimas libertades y un fértil régimen de autogobiernos en las Comunidades Autónomas, éste apenas con parangón en Europa, que a su vez ha permitido afianzar, con hechos y no con palabras, la idea cierta de la España plural y multilingüe. El balance para nuestro país es, sin duda, el más positivo que quepa hacer, en su dramática historia contemporánea, respecto del disfrute de las libertades y de un notable bienestar general.
Mientras esos valores comunes son celebrados con discreta alegría y visible comedimiento oficial pero, a la vez, con profunda conciencia de lo que suponen y del riesgo insensato de poner en cuestión sus fundamentos, nada de eso parece importar mucho a quienes incluso niegan su presencia protocolaria en los, por lo demás, poco comprometedores actos institucionales de respeto y aprecio por el texto fundacional de nuestra democracia. Las representaciones parlamentarias de los nacionalistas vascos (PNV, EA y NB) y gallegos (BNG), así como la de los esquerristas, afectan apreciar en la Constitución Española tan escasas virtudes que no les bastan siquiera para dedicarle un gesto de cortesía en su aniversario. Frente al amplio ámbito de encuentro y concordia que la Constitución garantiza, las minorías independentistas anteponen a toda consideración los supuestos derechos esenciales e imprescriptibles de sus respectivos propósitos disgregadores y lo hacen con claro menosprecio de lo que une, para poner un reprobable y único acento en lo que, según ellos, separa tanto que impide incluso la deferencia formal. Que, por lo demás, nadie exige expresar como sumisión, sino como decoroso respeto.
El facundo líder de Esquerra Republicana, Josep Lluís Carod-Rovira, acaba de decir en México que su partido quiere separar a Cataluña de España y que el resto -aludiendo a la actual fase política de su presencia en la Generalitat y en las Cortes Españolas- son etapas intermedias. Casi de inmediato, su socio principal de gobierno, el socialista Pasqual Maragall, suspende los actos de celebración del aniversario de la Constitución, que hasta ahora había mantenido el presidente de Cataluña, y los reemplaza por un mensaje personal, decisión que hurta presencia oficial en Cataluña a la Ley de Leyes, precisamente en vísperas de su anunciada reforma, cuando sólo la creencia en la lealtad a sus fundamentos permitiría abordarla sin multiplicar las suspicacias. El PSC y, de paso, el Gobierno español, parecen así prisioneros de la deriva empecinada de Esquerra Republicana.
Otros partidos nacionalistas cohonestan sus aspiraciones con el respeto al instrumento político más útil, en siglo y medio de agitada y cruenta historia, de la paz entre españoles y de su mutua comprensión. La Constitución ha sido fuente de paz y progreso porque huyó de maximalismos. Quienes hoy los resucitan y los anteponen al deseo de concordia, desdeñan el precio, tan larga y duramente pagado, que costó conseguirla. Amparados por la Constitución que desprecian y atentos sólo a sus parciales ambiciones, no pueden esperar complacencia ni aplauso de quienes optan por ver al todo y a sus partes como una posibilidad más atractiva y rica que la que ofrece la doctrina, fácil y suicida, del descoyuntamiento.
Precisamente cuando se celebra el Día de la Constitución, de la llamada Constitución de todos, la del consenso y superación de la guerra civil, la de la reconciliación y olvido del pasado, con una oferta de autonomías como no se conoce en ninguna parte del mundo, los nacionalismos periféricos del solar español radicalizan su postura y extreman sus gestos separatistas con apelaciones a una supuesta concordia. Pasqual Maragall, presidente de la Generalitat de Cataluña, refina su hipocresía. Asiste a la recepción oficial en el Congreso de los Diputados en homenaje a esa Constitución al tiempo que, rindiéndose a Carod-Rovira, suprime la que Pujol, nacionalista más honrado, venía convocando como «molt honorable», y la sustituye por «una declaración institucional» que básicamente demanda la conversión del concepto de «nacionalidades» en taimada palanca de un Estatuto de Nación soberana para Cataluña. Todo ello en nombre de lo que el denostado Arnaldo Otegui sería capaz de llamar «la paz del velódromo», el de Anoeta en San Sebastián, aunque, por supuesto, no ha condenado luego los atentados de «baja intensidad» y desafiante advertencia que ETA ha perpetrado en cinco gasolineras de Madrid y otros puntos de España; eso sí, como los portavoces etarras han matizado, procurando –por ahora– «no ocasionar ni grandes daños materiales ni ningún tipo de desgracia personal». Buenos y generosos que son estos chicos.
Pues bien , en el Día de la Constitución de todos, «alguno», como por ejemplo en esta oportunidad el señor Maragall, cumple en Madrid con el ritual que suprime en Cataluña, en un juego doble que los nacionalistas vascos no se permiten porque son más lineales y menos tortuosos. Y encima el actual «molt honorable» jalea a Zapatero para que sea valiente y dé el paso decisivo al borde del abismo de la división nacional, algo que «Bambi» es capaz de hacer en un ejercicio de su magnífico talante. No en vano ha relativizado ya, en sonadas declaraciones, el contenido conceptual de nacionalidades y nación, como si la cuestión fuese simplemente gramatical.
Cabe insistir en que, ahora más que nunca, en el Día de la Constitución, la llamada Carta Magna ha sido cuestionada y sometida a un análisis desnaturalizador de su verdadero contenido y, aunque Maragall lo invoque garantistamente como excusa para su demolición, de su verdadero espíritu. O sea, que quieren estos nacionalistas en el fondo cambiarle el espíritu para salvar el ídem.
Por todas estas razones, este Día de la Constitución, aún más que otros aniversarios, ha sido un día triste, enmarcado cronológicamente en la contienda del hockey sobre patines y con la única compensación de la explosión de españolidad del público de Sevilla, llevando en volandas a los tenistas mallorquines ganadores de la Copa Davis.
Por Ignacio SÁNCHEZ CÁMARA ABC 7 Diciembre 2004
SE CUMPLE un nuevo aniversario de la Constitución de 1978. Esta es una buena noticia incluso para los que somos partidarios de la forma republicana de gobierno; preferiríamos que no existiere el Título dedicado a la Corona, pero no deseamos que ésta desaparezca porque previamente lo haya hecho España. Lo importante es que la voluntad proclamada en su Preámbulo por la Nación española en uso de su soberanía se ejerza razonablemente.
Pero la Constitución y sus objetivos de convivencia democrática, consolidación del Estado de Derecho y protección de los derechos civiles se encuentran gravemente amenazados por los que rechazan que la soberanía nacional resida en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Y lo más pintoresco o singular, no es ya que, España, la Constitución y la convivencia pacífica tengan enemigos, sino que, a diferencia de otras turbulentas etapas de nuestra historia, éstos controlen gran parte de la actividad del Gobierno, con un desnaturalizado PSOE convertido en comparsa nacionalista, cuando no contagiado de sus destructivos despropósitos. Una constitución virtual para ciudadanos virtuales de una España virtual. Aunque el presidente de la Generalitat aún no se ha sublevado contra el régimen constitucional como hiciera su antecesor Companys, también ha anunciado su ausencia de los actos conmemorativos de la legalidad gracias a la que él puede presidir una institución española, uniéndose así al presidente sectario vasco que nos viene amenazando con su propio proceso golpista.
¿Será este el último año de vigencia de la actual Constitución? Todo es posible. Que tal pregunta pueda hacerse da idea del deterioro en el que estamos. La quiebra constitucional que no consiguió Tejero, la burla de los poderes legislativo y judicial, llevan camino de lograrla los Pérez Carod Rovira, Maragall, Ibarretxe, socios del inane ZP, quien actúa ¿como presidente del Gobierno constitucional de España?
DADOS los tiempos que corren, quizás fuera de mi interés escribir que soy como las gentes que a mi tierra vinieron, de raza mora, vieja amiga del sol, y que tengo el alma de nardo del árabe español. Pero, a decir verdad, tengo el alma brumosamente alcohólica de los europeos y no resiento ningún tipo de amistad por los astros sino por las personas. Principalmente por las personas que respetan las leyes y, más aun, las convenciones implícitas de la civilización judeocristiana. Que, dicho sea de paso, tan cobardemente se excluye del preámbulo de la Constitución Giscard.
De esa guisa, nada extraño resulta, si bien se mira, que el asesinato de Van Gogh, por haber mostrado en las pantallas holandesas la condición de la mujer musulmana, haya dado lugar a explicaciones muchas y pocas condenas definitivamente claras. No insinúo que se haya llegado al desparpajo de justificar el crimen, sólo faltaría eso, en nombre de la insensibilidad mostrada por Van Gogh cuando se enfrentó a la distancia cultural, al abismo que nos separa de los musulmanes, y que va mucho más allá de una simple diferencia litúrgica y culinaria. Eso sí, afirmo sin rodeos que no pocos han intentado presentarlo como completamente ajeno al espíritu del verdadero Islam, pretendiendo además que en ningún caso la condena del crimen pueda hacerse extensiva al resto de esa comunidad. Gente pacífica y respetuosa de las demás creencias, religiones y culturas, como todo quisque bien sabe. Todo quisque menos servidor, a tenor de lo que observo. Porque, en llegando a este promontorio de la orgía propagandística, la equidistancia ampara sin pudor la colonización en marcha al endosarle al judeocristianismo crímenes peores que los del Islam: desde las Cruzadas hasta la guerra de Irak. Desgraciadamente, esta nueva equidistancia exculpatoria me recuerda dolorosamente a la que padecimos y aún padecemos respecto al nacionalismo curil y racial vasco (ahí están las recientes declaraciones de Lucía Etxebarría: «Comprendo a ambas partes»). Y -equidista, equidista que algo queda- antes o después habrá, por mor de la alianza entre civilizaciones, quien apruebe que se oculte a la vista de los fieles a nuestro Santiago Matamoros, o que se cambien los cuarteles de la bandera de Aragón, o que se supriman los árboles de Navidad de los espacios públicos, al constituir un símbolo que hiere la sensibilidad religiosa de los musulmanes (no estoy exagerando, tal petición ya circula en Francia). Cabe preguntarse, en suma, si ante esta ofensiva generalizada, que puede ir del atentado sangriento a la insidiosa presión mediática, Galicia y España poseen recursos espirituales suficientes que nos permitan vivir libremente nuestras tradiciones. Sinceramente, abundan pero han sido abandonados en el baúl de la ultraderecha y por tanto nadie se atreve a desempolvarlos: no es progresista -ni siquiera propio de una derecha moderna, democrática, europea- defender los valores del pasado.
A estas alturas, los profesionales del confort moral siguen creyendo que media España anda manga por hombro, con la campana por gaita y los curas por danzantes, y que duerme con una escopeta, una guitarra y una foto de Conchita Piquer colgadas de la pared. Ahora bien, lo cierto es que ya no hay guapo que tenga el arrojo de oler a pantalón de pana, tabaco de picadura y anís; comer cecina de buey de carro, trago de vinazo en bota, arenques y ajo cárdeno en ayunas.
Ante tanto arrugamiento, me entran ganas de hacerme carlista, y, quién sabe, hasta requeté. Y es que a mí lo del alma de nardo me huele a pachulí.
Impresiona, mi señor Zapatero, saber que la Generalitat deja de celebrar la Constitución el primer año que preside Cataluña un socialista, (creo). Ayer cumplía la Carta Magna 26 años y el acto del Congreso quedó un poco deslucido por la ausencia de cinco de sus socios: ERC, PNV, EA, BNG y Nafarroa Bai, pero con estos bueyes hay que arar. Tampoco estuvo el Rey, aunque no hubo plantón; el Gobierno se equivocó al dar a conocer las previsiones.
Quiere usted ser el primero en aprobar la Constitución europea en referéndum. El propósito es loable y merece tanta unidad en el esfuerzo que convendrá conmigo en que no era éste el momento adecuado para el calentón de Moratinos contra el PP y para su extravagante explicación de que «apoyar» y «no condenar» un golpe de estado son términos sinónimos.
Gobierna con gente que no comparte la norma básica de nuestra convivencia y los populares eran los únicos que podían echarles una mano. Gracias a su primer diplomático va al referéndum hecho un solitario corredor de fondo, con una sensación solamente comparable a la soledad intelectual que debe de sentir Solbes en el Consejo de Ministros y Ministras. Bueno, tanto no, que usted cuenta con la campaña para el sí de los concursantes de 'Gran Hermano', intelectuales de nuestro tiempo que la vicepresidenta De la Vega ha sabido ganarse con maña. Y el PNV, que hace honor a su tradición europeísta, aunque no está claro que en esto le vaya a seguir su público. Remember OTAN.
Leo que su Alianza de Civilizaciones cuenta ya con la predisposición de la Liga Árabe. No es para tirar cohetes, pero menos da una piedra. No le oculto la dificultad de buscar un nuevo orden mundial, cuando no tiene el apoyo de sus socios de gobierno para la Constitución europea, cuando esos asociados que le tienen cogido por los presupuestos, dicho sea en sentido figurado y sin ánimo de señalar, ni siquiera le aceptan un copetín para celebrar el día de la Constitución española. Como diría el gran característico del cine español que fue Luis Ciges: «Presidente, esto es la descojonación».
Lamento decirle que la sugerencia del presidente del Consejo de Estado no va a servir para atraer a ninguno de sus socios independentistas, los del plantón de ayer. Lo que les molesta es el término «indisoluble» y eso no se arregla con la introducción del sintagma «comunidad nacional». Contra el pesimismo de la inteligencia, el optimismo de la voluntad, con perdón de Gramsci. Le propongo cambiar el artículo 2º por una expresión relativista y multicultural como la que empleó usted en el Senado: «La Constitución se basa en la nación española, que es un concepto discutido y discutible, según».
Los vascos son estéticos ante el dolor. Saben esconder la tristeza. Hay orgullo y timidez en ese rasgo común. No les gusta demostrar la quiebra del ánimo. Se puede descender a la anécdota. Aquel pescador del muelle de San Sebastián cuya mujer falleció repentinamente. Centenares de amigos en el entierro, pero el reciente viudo se hallaba desaparecido. Al fin, alguien preguntó: –Y Pachi, ¿dónde anda?; –con toda naturalidad la respuesta. –¿Y dónde quieres que ande? En la anchoa, como siempre. Así que Pachi se embarcó para pescar anchoas el día del entierro de su mujer. Anecdótico, pero no incierto. He leído en el semanario «Tiempo» un interesante reportaje que daña muchas viejas teorías.
Trata de un ambicioso estudio genético-lingüístico de dos investigadores españoles, Antonio Arnaiz, catedrático de Inmunología, y Jorge Alonso, historiador. El trabajo ha recibido el respaldo de las más prestigiosas publicaciones científicas. Después de minuciosos estudios y de analizar pruebas de frecuencia y distancias genéticas entre 176 madrileños, 82 guipuzcoanos y 108 argelinos, llega a la conclusión de que la linguística y le genética vasca tienen su origen en el Sáhara. Se desmorona incluso el mito del RH negativo que tanto gustó a Sabino Arana y más encandila a Javier Arzallus.
Por su proximidad al Sáhara, hay más habitantes en la zona de Algeciras con el RH negativo que en los territorios vascongados. Y coincidencias significativas en las raíces y las ramas del vascuence y el bereber. Las tierras de regadío para los bereberes son las «urti» y las de secano «iger». Para los vascos, «urtsu» e «igar», respectivamente. «Baserri» en berebere es población, y en vascuence caserío. «Kuba» era para los bereberes el mausoleo, y para los vascos el nicho. El Uar, es un riachuelo marroquí, y en vascuence es riachuelo. «Gara» es para los vascos «lo elevado» y para los bereberes «una elevada región del Atlas». Las casualidades toponímicas tampoco son desdeñables. Hay localidades tocayas en Argelia y Álava (Zuazo), en el Sáhara y la zona norte de Navarra (Ugar), en Túnez y en Vizcaya, en Marruecos y Guipuzcoa. Se desestima en este estudio la teoría del origen georgiano del idioma de los vascos, raíz que resulta más agradable para los nacionalistas que la africana.
He sabido, así de golpe, que parte de mi sangre, y que mi RH negativo viene del Sáhara, y no me siento compungido. Se ha demostrado que seis mil años antes de Cristo, el Sáhara era una región verde y húmeda. Al sufrir un brusco cambio climático, muchos de sus habitantes buscaron su futuro –mar superado–, en la península que más tarde se llamó Ibérica. Disfruto descifrando mis enigmas. Siempre convencido de que mi RH negativo viene de mis raíces alavesas y resulta que estoy equivocado. Que es consecuencia de mis antepasados saharauis. Es de esperar que Javier Arzallus, Ibarreche, Eguibar y compañía sepan mantener la estética de los vascos ante el dolor. Es duro conocer, a estas alturas de la vida que son –que somos– más parientes de Ab-del-Krim que del Cid Campeador. Y que llegamos a España en pateras.
Avanza la elaboración del Estatuto catalán, que los miembros del Parlament estiman que podría estar concluido en primavera. De ese borrador probablemente toma Maragall la idea de su mensaje, divulgado el Día de la Constitución. Maragall parte de una declaración de lealtad a la Carta Magna y a España, -España puede confiar porque Cataluña jugará limpio-, pero introduce novedades apreciables: Vamos más lejos con España entendida como la libre unión de sus pueblos. España entendida como la libre unión de sus pueblos. Y también proclama su deseo de que, en la Constitución que se pretende revisar, que las nacionalidades sean nacionalidades y las regiones, regiones. ¿Cuál es la medida de unas y otras? Volvemos a la confusión sobre la idea de España, de la que se quejan sistemáticamente, y en primer lugar Rajoy: ¿Existe España? ¿Qué es? ¿Se accede a ese ente por voluntad de las regiones que hoy la integran como pretenden Maragall e Ibarretxe, o están previa e inseparablemente integradas, como se viene considerando históricamente?
Y otra serie de preguntas más, que suscita el mensaje maragalliano: ¿Es más región-nación Cataluña que Andalucía, el País Valenciano, porque dispone de una lengua propia que comparte, con algunos matices y variantes, con los valencianos? Don Pasqual aspira y proclama que cada nacionalidad histórica sea considerada como comunidad nacional, dando por hecho que Cataluña es una y otra cosa y debe ser reconocida como tal.
¿Y las restantes regiones, qué son, según Maragall? No parece tener en cuenta el molt honorable que si hace 25 años muchas de las regiones eran sólo eso, un invento de la España repartida en 17 áreas, en la mayor parte de ellas ha nacido y se ha desarrollado conciencia de territorio diferenciado. Pero Maragall sigue entendiendo que hay dos comunidades históricas, naciones con toda propiedad, con derechos históricos, que son Cataluña y Euskadi, acaso también Galicia, tal vez Andalucía, y el resto son regiones de segunda. La filosofía de Maragall es, exactamente, la que reclama que sea asumida por el presidente Zapatero. Probablemente sin ser consciente de lo que determinan las encuestas: que un 75 por 100 de los españoles se opone a que la Constitución o el Estatuto reconozcan que Cataluña y Euskadi son una nación.
Por Jaime CAMPMANY ABC 7 Diciembre 2004
LOS etarras, después de mirar el mapa de España como les pedía su visitante Carod-Rovira, señalaron los puntos de España donde debían estallar las bombas de la traca constitucional: Cantabria, las dos Castillas, el sur de Levante, Málaga y Almería, cabeza de Andalucía. El festejo mayor se reservó para Madrid. Ya se sabe, Madrid, capital de la Gloria, pero ciudad de los más turbios siniestros provocados en voz de los poetas.
Eran bombas de escasa potencia, dicen las crónicas, y además con preaviso: las habituales llamadas al periódico «Gara». Sustos, miedo, correndillas, ajetreo policial y el consiguiente riesgo. El balance arroja algún herido leve, el pánico del gentío, el caos en las cinco salidas de Madrid cuando comenzaba el puente laboral de la Constitución, ganas de jorobar al respetable, y el peligro de que el fuego hiciera estallar los depósitos de combustible en las cinco gasolineras. Bromas siniestras.
Da la impresión de que los etarras no quieren muertos. Sus atentados se producen como si llegaran llevando por delante el cartel avisando del «peligro» de muerte, la calavera sobre los huesos cruzados. Primero, calculan e inventan el riesgo, y luego intentan evitar las consecuencias irremediables. No parece sino que quisieran desligarse y alejarse del terrorismo más brutal y sangriento, y en especial, del terrorismo que ha causado las dos terroríficas masacres de las Torres Gemelas de Nueva York el 11-S y de las estaciones de Madrid el 11-M.
Claro está que no es casualidad que estos atentados con preaviso sembrados por el mapa de España hayan estallado en días vecinos y en la propia fecha de la fiesta de la Constitución. En esta ocasión, los etarras habrán querido hacernos recordar, con el único lenguaje que conocen y practican, que hay unos cuantos españoles -pocos, pero ruidosos, y a veces desalmados y crueles- que quieren modificar la Constitución, no para mejorarla o perfeccionarla, sino para hacer desaparecer de ella algunos de sus fundamentos esenciales.
El Plan Ibarreche es un envite a la Constitución, dirigido en último término a desnaturalizar y destrozar el concepto y la realidad de la Nación española, es decir de España entera y verdadera. Y la cancha que los socialistas (Maragall, primero y Zapatero después) han dado a los «quatre gats» de Esquerra Republicana de Cataluña ha propiciado los ataques sucesivos y empecinados contra la Constitución del 78. Es norma perfeccionable, por supuesto, pero esencial en sus bases para la convivencia de todos los españoles y la supervivencia de la España en paz, y de todas sus tierras y todos sus pueblos.
Un partido político que suma aproximadamente el uno por ciento de la población española negocia con los etarras la exclusión de la Comunidad catalana del mapa terrorista, pide de modo altanero la supresión del Ejército español y de la misión que le encomienda el artículo octavo de la Constitución, y «exige» la consideración de nación independiente para Cataluña, nada menos que para Cataluña, núcleo fundacional de España y ser entrañable de ella. Bombas verbales, aunque de destructiva potencia.
por CARLOS SECO SERRANO. de la Real Academia de la Historia ABC 7 Diciembre 2004
ALFONSO GONZÁLEZ-GUIJA JIMÉNEZ /ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA DEL PAÍS VASCO El Correo 7 Diciembre 2004
El día 25 del pasado mes de noviembre, en el acto de apertura de las octavas jornadas del Bidasoa, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Excmo. Sr. D. Fernando Salinas Molina, realizó una serie de manifestaciones que, dado su contenido y amplia difusión en los medios, resulta indispensable contestar, siquiera sea por salvar la responsabilidad que, ante el calibre del desafuero, se nos podría llegar a imputar por haber guardado silencio.
En el curso de su intervención el señor Salinas declaró, entre otras cosas, que existe «una asignatura pendiente» en el Estado español, que radica en la adaptación de la Justicia «a esa España diversa y plural del Estado actual de las autonomías»; que «esto no se ha hecho con la profundidad necesaria en estos más de veinticinco años de la Constitución»; que «tenemos que desdramatizar el problema y procurar que se descentralice, al menos, el órgano de gobierno del Poder Judicial; que se creen los órganos de gobierno, les llamemos como les llamemos, a nivel autonómico del Poder Judicial y, de alguna manera, tengamos también una intervención activa en ese gobierno de los parlamentos autonómicos, de las comunidades autónomas, que asumen competencias en materia de Justicia»; que es necesario que «la coordinación y organización» de la Administración de Justicia se realice «a nivel autonómico y no tanto a nivel central» y que se produzca un «acercamiento de la Justicia al ciudadano y la adaptación a la realidad de la Constitución, al Estado autonómico»; que los jueces y fiscales se deben «adaptar» a los territorios en los que ejercen sus funciones y deben tener «el mayor conocimiento posible» del derecho y las lenguas propias, «con los plazos transitorios que hagan falta» para conseguirlo, que «sean verdaderos jueces y fiscales de esos territorios» y, en fin, que es necesario «que los tribunales superiores de Justicia asuman su papel de órgano supremo dentro de la estructura judicial española, sin perjuicio de la unificación de doctrina que tenga que hacer el Tribunal Supremo».
1. Que España se configura como un Estado políticamente disgregado y judicialmente integrado, siendo el Poder Judicial un poder único y del Estado, emanado de la soberanía nacional, que reside en el pueblo español, que a su vez integra la nación española, en cuya indisoluble unidad, como patria común e indivisible de todos los españoles, se fundamenta la vigente Constitución Española (arts. 1.2, 2 y 117. 1 y 5 de la Constitución).
2. Que la Constitución en vigor, a diferencia de la Constitución republicana del año 1931, que permitía a las regiones españolas tener un Poder Judicial propio, parte del principio de unidad y carácter estatal del Poder Judicial, lo que explica que los entes territoriales en que se organiza el Estado, en particular, las comunidades autónomas, carezcan de un Poder Judicial propio. Así se deduce, sin mayor esfuerzo intelectual, del artículo 117.5, cuando se refiere al principio de unidad jurisdiccional como la base de la organización y funcionamiento de los tribunales; del 149.1.5, que dispone que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia; del artículo 122.1, que establece que los miembros de la carrera judicial formarán un cuerpo único (o «nacional», según interpreta el Tribunal Constitucional en la sentencia 56/1990), y del artículo 152.1, segundo párrafo, último inciso, en el que se hace expresa mención al principio de unidad del Poder Judicial.
3. Que la posibilidad de crear consejos generales del Poder Judicial en el ámbito autonómico no se compadece con el modelo constitucional de un Poder Judicial único para todo el territorio del Estado, pues éste, atendidas tales notas, sólo puede contar con un Consejo General que extienda sus competencias a todo el territorio nacional y al que se subordinen en su actuación los demás órganos de gobierno interno (arts. 122.2 de la Constitución y 104 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
4. Que según conocida jurisprudencia constitucional establecida partiendo de la distinción entre Administración de Justicia y «administración de la Administración de Justicia» quedan fuera del ámbito competencial de las comunidades autónomas las cuestiones relativas: al ejercicio de la función jurisdiccional, cuyos titulares son los jueces y magistrados; el gobierno del Poder Judicial, que corresponde al Consejo General del Poder Judicial y a otros órganos de gobierno internos, y las competencias que, por resultar inherentes al denominado núcleo esencial de la Administración de Justicia, correspondan al Gobierno (sentencias 108/1986, 56/1990, 62/1990 o 158/1992).
5. Que también es inconcusa la jurisprudencia constitucional al señalar que el derecho de las partes a expresarse en las actuaciones procesales en el idioma propio de la comunidad autónoma en que las mismas se desarrollan no tiene como paralelo una obligación de conocimiento de dicho idioma por parte de los jueces o magistrados que intervienen en aquéllas, y que la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de quienes en las actuaciones procesales se expresan en aquel idioma no queda afectada en términos peyorativos cuando se utilizan, de forma adecuada y por resultar necesario para la impartición de la justicia, los servicios de interpretación y traducción (sentencia 105/2000 y providencia de 1 de octubre de 1997).
6. Que los jueces tienen el deber de conocer el derecho y la obligación inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido (art. 1.7 del Código Civil).
7. Que los tribunales superiores de Justicia no son supremos. Sólo hay un Tribunal Supremo, aquél al que se refiere el artículo 123 de la Constitución, que ostenta jurisdicción en toda España y que es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.
Así las cosas, no llegamos a comprender a qué se refiere el señor Salinas cuando dice que el Estado tiene una «asignatura pendiente», que tenemos que «desdramatizar el problema» o que los jueces se deben «adaptar» a los territorios en los que ejercen sus funciones para conseguir alcanzar en ellos la condición de «verdaderos jueces». ¿Acaso no advierte aquél que ya existe un modelo constitucional y que la asignatura pendiente, el problema y la inadaptación, no obstante los más de veinticinco años transcurridos, es algo predicable en realidad de quienes, como él, le niegan por definición el pan y la sal al sistema constitucionalmente erigido? Si al señor Salinas no le gusta el modelo constitucional, que lo diga abiertamente y punto, pero que no nos traslade a los demás sus fantasmas, pues la gran mayoría ya aprobamos la asignatura en el año 1978, apostando con lealtad y sin reservas por el modelo constitucional, al que estamos adaptados y adheridos sin problemas, con gran orgullo y alto grado de compromiso desde entonces.
Hablaba el señor Salinas de «desdramatizar el problema». El único problema, y ciertamente dramático, por venir de quien vienen -un magistrado del Tribunal Supremo y en la actualidad número dos del Consejo General del Poder Judicial-, es el representado por sus declaraciones. Siempre habíamos pensado que sin fe no se llegaba ni a monaguillo, pero que siendo un descreído se pueda llegar a obispo nos produce verdadero estupor.
EN cuatro días, ETA ha hecho estallar doce explosivos, colocados por casi todo el territorio nacional, con la intención inequívoca de afirmar tanto su omnipresencia como su capacidad operativa. Y aunque ésta sea terminal, ETA es una amenaza constante y directa contra la seguridad de los españoles, sin que la sucesión de golpes policiales a su estructura permita afirmar que esté finalmente desmantelada. Por el contrario, es probable que mayor será su peligro cuanto más cerca esté su extinción. Esta oleada de bombas, de pequeña potencia y con preaviso al diario de cabecera de la banda, constituyen un mensaje en tono «perdonavidas», aparentando al menos una operatividad que puede causar daños más graves. Pero sobre todo es una advertencia a los crédulos que dieron cuerpo a los espejismos verbales de Batasuna sobre la utilización de «vías pacíficas» o la «superación del conflicto». Mucho tendrían que arrepentirse los exegetas de los terroristas a la vista de que sus pronósticos favorables a una oferta de paz se desvanecen a golpe de bomba.
El camino emprendido por el Estado en los últimos años es el único que puede conducir a un cese definitivo e incondicional del terrorismo. La unidad política del Gobierno y la oposición es determinante para no ofrecer fisuras a ETA, pero tampoco a un nacionalismo que cuando habla de paz sólo piensa en perpetuar su hegemonía y no en vencer a los terroristas. Sólo el Gobierno central y los firmantes del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo pueden sentirse verdaderamente acreedores del reconocimiento por la futura derrota de la banda, no aquéllos que no han hecho prácticamente nada por lograrla y que ahora siguen afanados en mantener el suministro de argumentos a los terroristas, bajo la forma de propuestas políticas, como la del lendakari del Ejecutivo vasco.
El Gobierno socialista y el Partido Popular han cruzado declaraciones de compromiso recíproco con el mencionado acuerdo, salvando este pacto de Estado de la tensión acumulada por uno y otro en las últimas semanas. Toda una satisfacción para los ciudadanos españoles, quienes no tienen ninguna duda de cuál ha de ser el desenlace de esta lucha contra ETA: la erradicación del terrorismo y la aplicación inflexible de la Ley, sin expectativas falsas de lo que puede o no negociarse si se entregan las armas.
Y dos avisos al Gobierno. El primero es que el terrorismo, aunque sea previsible, no siempre es evitable. El segundo es que ETA, desde el mes de agosto, ha hecho con sus bombas un mapa, el que dibujó Josep Lluís Carod-Rovira en Perpiñán con la dirección etarra. La tregua sólo para Cataluña no era una falacia ni una declaración formal de la dirección de la banda. Es el pacto de la dirección etarra con la de Esquerra Republicana de Cataluña, una repugnante póliza de seguro que el privilegiado interlocutor de La Moncloa, Carod-Rovira, amarró sólo para su Comunidad. ETA abre muchos frentes y su derrota obliga a compromisos muy exigentes. El primero de todos es la coherencia, y el Gobierno debe recuperarla para seleccionar con mejor criterio a sus aliados parlamentarios. Rodríguez Zapatero cuenta con el apoyo explícito del PP para su política antiterrorista. Mariano Rajoy y Ángel Acebes se lo han reiterado en los últimos días (ayer mismo, sin ir más lejos), aparcando las grandes diferencias que les separan en otros ámbitos. Asunto tan trascendental no admite tener un pie en cada orilla.
Y el mismo día en que ETA «celebraba» a su manera el aniversario de la Constitución, los representantes políticos de los ciudadanos conmemoraban el texto sobre el que orbita la Nación española, precisamente en el lugar donde está residenciada su soberanía: las Cortes. Lamentablemente, la mayoría de los partidos nacionalistas (PNV, ERC, Eusko Alkartasuna, BNG y Nafarroa Bai) decidieron no acudir a la cita. Este ejercicio de absentismo supera el mero desafecto al tratado constitucional y supone un desprecio al 94 por ciento de la representación de la ciudadanía, de la que los nacionalistas se separan con ese gesto displicente. Parece que pretenden poner en cuestión su pertenencia al Estado, acudiendo para ello a un patoso ejercicio de incongruencia que les lleva a rechazar el instrumento que permite su existencia política y, también hablando en plata, de donde obtienen buena parte de los recursos con que se financian. Si no fuera por la gravedad de fondo que encierra la maniobra, sólo habría que criticar el infantilismo preadolescente que revela la pataleta. La única buena noticia es que esas ausencias ponen de manifiesto, números en mano, que apenas representan el 6 por ciento del Estado, lo que permite hacer un análisis comparativo entre el sobrepeso político que se les puede estar otorgando y su peso real.
Tampoco es alentador que alguno de estos partidos sea el principal sostén del Grupo Socialista en la Cámara Baja y, por lo tanto, del Gobierno. ¿Qué clase de proyecto político se puede llevar a cabo con semejantes socios? Zapatero fue advertido el mismo día de su investidura del funambulismo que traería consigo su elección de aliados; pero él pasó por alto la sugerencia de la cuerda floja, confiado en que lograría su colaboración en ese proyecto conjunto llamado España. Hoy por hoy, parece más bien lo contrario, y son estos grupos los que han forzado una reforma de la Constitución que desprecian de palabra y de obra.
ANDRÉS MONTERO/PTE. DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA DE LA VIOLENCIA El Correo 7 Diciembre 2004
ETA ha sabido matar pero desconoce cómo morir. Debería haberse extinguido ya, pero continúa aferrada al pulmón artificial dispuesto por el paternalismo acomplejado del nacionalismo vasco. Al final, vestida de oportunismo político y de una suerte de racismo etnófobo sabiniano, la mano peneuvista que recela de una desaparición de ETA sin condiciones siempre ha estado marcada por la servidumbre del pecado original.
ETA se engendró en el PNV. Entiéndaseme bien. El PNV quiere que ETA desaparezca, pero no incondicionalmente. Al PNV le habría encantando que ETA fuera los GRAPO, que cada asesinato se hubiera verbalizado en consignas netamente marxistas, de utopía de dictaduras proletarias y demás rutilancias de totalitarismo soviético. Habría sido más sencillo. En cambio, ETA recurre a planteamientos ideológicos similares al nacionalismo. ETA asesina y después justifica la solución final para una parte de la ciudadanía vasca apelando a criterios étnicos muy parecidos al basamento ideológico del nacionalismo teorizado por Sabino Arana. Además, ETA mantiene campos de concentración en la miniatura de sus cárceles del pueblo, extorsiona como cualquier aparato de soviet totalitario, elabora listas de excluidos del género humano como en el más puro programa de exterminio nazi y asesina a seres humanos con la frialdad de una ejecución rutinaria en Auschwitz, y lo hace poniendo como excusa la reclamación de la autodeterminación vasca, el paso previo a la independencia de Euskadi.
En ese marco, la acción del PNV ante ETA ha sido tullida, débil e inconclusa, hasta el punto de convertirse en incestuosa en Estella. Como si, de alguna manera, se sintiera atrapado por el subterfugio muy propio del terrorismo de envolver la violencia con la ideología prostituida como argumento para la matanza, jamás el PNV ha desarrollado la capacidad nítida de distinguir el asesinato de seres humanos de la apropiación de la ideología nacionalista por parte de ETA. La condena peneuvista de ETA siempre ha adolecido de un poso de comprensión, de protección del argumentario ideológico que los etarras utilizan como excusa para el crimen. Es como si al nacionalista jeltzale le costara censurar al nacionalista etarra porque, al hacerlo, negara una parte de sí mismo. La ideológica, claro.
El PNV no es único en ese componente de pusilanimidad. Es el mismo que se expresa en cierto sector deficiente de la izquierda que no atina a repudiar a dictadores que han vampirizado idearios progresistas para reprimir las libertades. O similar a aquéllos que manifiestan su comprensión por el terrorismo de grupos palestinos debido a que Israel mantiene un estado de ocupación contra la legalidad internacional. El PNV debería haber repudiado a todo el aparato del MNLV sin distinciones, porque su globalidad ha estado diseñada por y para el servicio de ETA. Sin embargo, aunque condenando la violencia etarra y demandando su desaparición, el nacionalismo vasco ha defendido con una indolencia incalculable a la izquierda abertzale, desentendiéndose inmoralmente de que tanto Batasuna como sus clones son el producto de ETA para infiltrar las instituciones y la sociedad. El resultado es, sin sorpresa, el reforzamiento de ETA.
Han acabado con ETA. Es cierto que seguirán asesinando. De nuevo matarán, a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como han dicho, o a cualquier otra persona que no hayan nombrado. Sin embargo, están en las últimas. Han acabado con ETA ustedes, los ciudadanos. No han sido el PNV o EA, que, antes de Lizarra pero sobre todo tras el acuerdo con ETA, rebautizaron el terrorismo imputándole condición de agente político. Tampoco Izquierda Unida, que secundó un pacto con ETA, igual que Esquerra Republicana de Cataluña. Ellos han servido oxígeno a ETA cuando se estaba asfixiando. Quizás es políticamente incorrecto o sensiblemente desagradable para ellos leerlo así. Tanto mejor.
Ahora no podemos caer en otra trampa. Los ciudadanos comprometidos han acabado con lo que ha venido siendo ETA. A pesar de que existan representantes políticos de la ciudadanía que reincidan en la torpeza, en la zafiedad y en el descaro. Cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco, millones de personas rompieron el miedo y devastaron la mediocridad silente. Las fuerzas de seguridad continuaron su trabajo discreto y anónimo. La sociedad civil comenzó a organizarse y a despertar para reclamar el nombre de las víctimas. La Administración de Justicia desmanteló el negocio de financiación del terrorismo. Y, por fin, rendidos a la evidencia, los dos partidos políticos más representativos del país cercaron la infiltración de ETA en la democracia, ilegalizando a su comando parlamentario disfrazado de Batasuna. La liquidación de ETA nada más ha sido posible en cuanto la propia sociedad despertó de su indiferencia ante los asesinatos. Digamos además que ha sido a un precio muy alto, pues cientos de muertes han tenido que llegar para que la población española distinga que dentro del uniforme de militares y policías asesinados también respiraban personas y convecinos. De nuevo, en los compases mortuorios de ETA, corremos el riesgo de que nuestros políticos no se aproximen a la altura que han conquistado sus ciudadanos.
Imagínense que Zapatero hubiera pensado, o alguien le hubiera sugerido, que con movimientos adecuados y medidos podía acabar con ETA o trazar la senda para cerrar su expresión terrorista en España. Menuda tentación. Tan atractiva, que podría ser seducido por la trampa de pensar que Batasuna es ilegal sólo por no condenar el terrorismo.
Pues no. En realidad Batasuna no es ilegal por su comprensión del terrorismo, sino por que es un instrumento del terrorismo. Batasuna no está fuera de la ley por no repudiar a ETA, sino porque es ETA. Y mientras ETA exista, Batasuna será ETA. Por eso una condena, por muy explícita que fuera, no debería valer. Cuando la banda etarra desapareciese, bien pudiera comenzar a plantearse que una izquierda abertzale democrática, si la contradicción es admisible, emergiera con unos estatutos desvinculados de la violencia. Batasuna no condena a ETA porque primero ETA tiene que condenarse a sí misma desarticulándose. Es inviable permitir a Batasuna recomponerse con subterfugios condenatorios de no se sabe qué ambigüedad, porque entonces tendremos etarras para una década. En un momento de extrema debilidad etarra, no hay que abrir el oxígeno, sino apagar los resortes que mantienen la vida del asesino terrorista a costa de la muerte de sus víctimas. Es tiempo de ofrecer a ETA la eutanasia de la firmeza democrática.
Las siete bombas colocadas ayer en distintas ciudades de España son el modo terrorista de transmitir mensajes importantes. ¿De qué se trata esta vez? Básicamente de que, pese a los golpes encajados, ETA puede hacer creíbles sus amenazas. El mapa de los atentados traza una línea simbólica que atraviesa de norte a sur la península, revelando que ETA admite que España es una nación y que todos los no nacionalistas somos objetivos potenciales fuera de Cataluña, protegida por la rendición de Carod. Pero lo fundamental es que vuelven a demostrar que habrá «conflicto vasco» mientras ETA siga para perpetuarlo. Se desvela, en fin, el verdadero alcance del anuncio de Otegi sobre la desmilitarización del «conflicto vasco»: nada ha cambiado, ETA domina Batasuna e intentará por todos los medios sustraerse a la presión policial y beneficiarse de la confusión política sembrada por sus amagos de tregua y cambio. Lo primero parece difícil pero, dada la nutrida tropa de cínicos y tontos hiperactivos que medran entre nosotros, lo segundo ya no lo es tanto.
Las bombas tienen poco o nada que ver con el debate sobre las posibles reformas constitucionales. Es un error sostener que la discusión de estas reformas conviene a un terrorismo totalmente indiferente a las mismas, tanto como anunciar que la violencia cesará con «más Estatuto». ETA, es obvio, no lo dejará por ninguna otra razón que no sea la derrota total: armada y política. Por eso hay que separar su derrota de cualquier otra controversia. Aquí resultan alarmantes ciertos signos de tolerancia de las actividades de una Batasuna ilegalizada, pero consentida: mítines, reapertura de sedes y ruedas de prensa con publicidad gratuita para ETA.
Las Fuerzas de Seguridad alertan a los muchos miles de amenazados para que no bajen la guardia, porque los terroristas domésticos todavía pueden cometer atentados. Conseguirlo es asunto de vida o muerte para ellos, porque cuando sus amenazas pierdan toda credibilidad habrán pasado a la historia. Es cosa de tiempo que intenten otro asesinato para desafiar la tolerancia cero al terrorismo erigida tras la masacre del 11-M. Las bombas simuladas colocadas a socialistas vascos y navarros apuntan en esa dirección. Y confirman, por enésima vez, la dañina vacuidad de los intentos negociadores que, paradójicamente, proponen dirigentes socialistas. Que sean minoritarios no los hace menos peligrosos, ni más oportunos y valiosos para ETA.
¿Euskera en marcha?
Aníbal Herrero Mtz. de Nanclares/Getxo.Vizcaya Cartas al Director El Correo 7 Diciembre 2004
El día 3 publicaron un artículo firmado por varios miembros de euskaltegis, con el título 'Un país que debe marchar en euskera', y en el cual, sustancialmente, pedían más dinero. Personalmente creo que el dinero gastado, y por gastar, en el euskera es más que suficiente, y lo que debe de mejorar es la eficacia. Como recogen en el texto aludido, el artículo 6 del Estatuto de Gernika dice que todos los habitantes de nuestra comunidad «tienen el derecho» a conocer las dos lenguas oficiales, pero no dice que «tengan la obligación». Los firmantes no tienen en cuenta otras cuestiones que afectan a la eficacia en el empleo del dinero: a) Cuando una asignatura se hace obligatoria, los alumnos menos dotados la acaban odiando, sea aritmética o euskera. B) Cuando un partido se adueña de la bandera y del idioma, como es nuestro caso, los que no son del partido acaban odiándola. En consecuencia, gran parte de los que no dependen del euskera para un puesto de trabajo y los que no quieren pasar por el aro pasan de usarlo o aprenderlo. Hay otros a los que les hubiese gustado aprenderlo, pero no sólo no lo han hecho sino que también han acabado odiándolo. ¿Por qué ocurre esto? Los autores del artículo pueden sacar las conclusiones.
Es preciso tomar nota de que ninguna de las 13 bombas que la banda criminal ETA ha puesto en el «puente» de la Constitución lo ha sido en Cataluña; 5 en Madrid, 1 desactivada en Almería y el resto en 7 ciudades de casi toda la geografía de España; también se ha salvado esta vez de las bombas etarras el País Vasco, como casi siempre que se trata de atentados indiscriminados, no vaya a ser que por casualidad le toque la explosión a algún viandante nacionalista; ¡hasta ahí podíamos llegar!
Sin embargo, la novedad está en que el terrorismo nacionalista vasco ha excluido a Cataluña de sus bombas; seguramente la banda criminal, además de no ocultar su pacto con Carod-Rovira, está dispuesta a cumplirlo; parece que esto es revolucionario: la banda es transparente en sus pactos (como hizo con el pacto ETA-PNV-EA de Estella), la banda tiene palabra y la banda cumple. Que Jaungoikoa nos coja confesados. Fernando Sánchez. Bilbao.
Me siento perplejo y desconcertado ante la actitud del Gobierno, para quien los conceptos de nación y nacionalidad son totalmente relativos, para quien la Constitución Española, que nos ha permitido vivir un largo período de paz y tranquilidad, está anticuada y se debe revisar y para quien sin embargo la mal llamada Constitución europea que se ha parido a trancas y barrancas, de la mano del señor Giscard y en contra de los intereses españoles adquiridos en Maastricht, es la solución de todos los males a la que hay que apoyar. Pues bien, yo adoctrinado por el actual equipo de Gobierno para que huyamos de todo fundamentalismo, considero que Europa e incluso el mundo son conceptos relativos y que esa Constitución europea es más cuestionable que la nuestra. Por todo ello me voy a abstener en el próximo referéndum. Juan Padilla Sanchiz. Madrid.
Ningún representante municipal o regional galo estará presente hoy en la reunión de Zaragoza
Francia hace gala de su centralismo y no le duelen prendas. La presencia de tres presidentes autonómicos españoles en la cumbre bilateral francoespañola, que se celebra hoy en Zaragoza, no ha sido vista con buenos ojos en el país galo. Ningún representante municipal o regional francés acudirá a esa cita. «No es en las cumbres de Estado a Estado donde tienen que expresarse voces regionales», explicaron ayer a LA RAZÓN fuentes de la Presidencia francesa. «Zapatero construye su delegación como lo desea, pero para nosotros se trata de una reunión de gobierno a gobierno», añadieron.
París- El «lendakari» Juan José Ibarreche, presidente de la cuarta comunidad autónoma fronteriza con Francia, también tenía pensado asistir, pero ayer confirmó que no lo hará. La asistencia de los responsables autonómicos puede calificarse de testimonial, pues sólo participarán en la sesión plenaria, con un texto común que será leído por el anfitrión, Marcelino Iglesias. Incluso en el caso de que en el futuro Francia tenga como interlocutora a una comunidad autónoma, para el Elíseo se trata de «un diálogo con España».
El país galo no está en contra de la cooperación regional e incluso la considera «positiva». Pero su objetivo es desplazar esta pelota caliente a una reunión en 2005 exclusivamente de representantes regionales de ambos países, presidida por los jefes de Gobierno y no por el presidente Chirac. Cuestión de marcar distancias. La otra opción que se baraja es revitalizar la cooperación transfronteriza prevista en el Tratado de Bayona, firmado en 1995 y que no se reúne desde hace años.
La cumbre, ante la inexistencia de grandes anuncios concretos, servirá para escenificar el idilio de las relaciones francoespañolas. Una «nueva intimidad» se ha creado entre los dos vecinos, según definieron ayer fuentes de El Elíseo retomando una expresión de Zapatero, tras las borrascosas relaciones entre los dos países mientras el Partido Popular presidía el Gobierno. De «excelente» fue catalogada la relación bilateral por fuentes españolas. París considera a España un socio privilegiado, al mismo nivel que Alemania. Un «eje», palabra que la diplomacia gala se niega a expresar públicamente, que lucha por convertirse en una «fuerza motriz de la UE» y alcanzar «un mundo multipolar y más humanizado», según afirmaron fuentes cercanas al presidente francés.
Los ministerios presentes serán Interior, Asuntos Exteriores, Asuntos Europeos, Defensa, Fomento e Industria. Todos celebrarán reuniones bilaterales, posteriores al primer encuentro de la cumbre, que mantendrán en privado el presidente Jacques Chirac y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Como es habitual en las cumbres hispano-francesas, uno de los capítulos más importantes en el orden del día será la lucha contra el terrorismo, en especial la persecución de ETA. «Jacques Chirac está lejos de creer que ETA sea una historia del pasado», comentaron ayer fuentes cercanas al presidente francés.
Los responsables de Interior galo y español, Dominique de Villepin y José Antonio Alonso, respectivamente; además de abordar la lucha contra ETA, profundizarán también en la llamada «cooperación trilateral», que persigue sumar a Marruecos en el control policial de tráficos ilícitos, principalmente de inmigrantes o drogas, así como en la vigilancia contra el terrorismo islamista. En la última reunión bilateral de los responsables de Interior el pasado 7 de octubre, en París, ya se mencionó esta intención de estrechar los lazos de los tres servicios. «Queremos que en materia de terrorismo islámico se sume a nuestro trabajo el Reino de Marruecos», añadió el ministro español en aquella ocasión. «Su experiencia en la lucha contra el terrorismo islámico puede servirnos de mucho», afirmó Alonso.
Anuncia que ya no se fía del Gobierno para futuros pactos de Estado como el constitucional
El PP da por rota la confianza en el Gobierno en los pactos de Estado, como el de la reforma constitucional, después de que éste haya incumplido el de la Justicia con la modificación del sistema de elección de jueces, y teniendo como socios, además, a minorías que no celebran la Constitución ni apoyan tampoco el «sí» en el referéndum de la UE. La retirada de la citada reforma judicial sería el primer paso para recomponer el diálogo en un «difícil» escenario en el que el PP se desmarca de la idea de «comunidad nacional».
Madrid- La propuesta de Pasqual Maragall de avanzar hacia el reconocimiento de «comunidades nacionales», respaldada en su literalidad por el presidente del Consejo de Estado, órgano consultivo al que se ha encargado el informe de la reforma constitucional, marcó ayer los festejos, en el Congreso, del XXVI aniversario de la Carta Magna.
La dirección del PP no deja margen de discusión y se desmarca con absoluta rotundidad de esa posibilidad, desde una defensa inamovible de la idea de que no cabe tocar, ni de manera lateral, el principio constitucional de que España es una Nación, con nacionalidades y regiones, nada más. El resto, la idea de España «como Nación de naciones» o la de un estatus especial para determinados territorios como «comunidades nacionales» –tesis, entre otros, de Maragall–, queda para los populares fuera del «sentido común» y de cualquier negociación.
El diálogo en esta materia está, en todo caso, «difícil», al tener el lastre de la pérdida de confianza del PP en el Ejecutivo de Zapatero para los asuntos de Estado. El motivo es la ruptura «unilateral» del pacto de la Justicia para sacar adelante, con el apoyo de las minorías, la modificación urgente del sistema de nombramiento de jueces, con vistas a que entre en vigor antes de que el CGPJ elija a nueve magistrados del Tribunal Supremo y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
El PP entiende que la actitud socialista en esta cuestión –que resume en la ruptura de un acuerdo de Estado para «echarse en brazos» de fuerzas que ni apoyan la Carta Magna española ni la europea–, afecta a la negociación de otras ofertas de pacto como el constitucional. «Es la mayor bofetada que se ha dado al diálogo entre partidos», proclamó ayer Mariano Rajoy tras una declaración solemne de apoyo al actual marco institucional, en la que avisó al Gobierno de que su partido no aceptará cambios en la Carta Magna que afecten al Título VIII, «a lo que es lo esencial, a la arquitectura institucional, a que España es una nación o al modelo de Estado». «Sólo digo que hagamos cosa sensatas, normales y con sentido común, y si todos hemos dicho que España es una Nación y que aquí hay nacionalidades y regiones, ¿a qué viene ahora modificar algo que acordamos todos y votó el pueblo español?».
La firmeza en este punto no anula la disposición del PP a estudiar reformas estatutarias, siempre que se promuevan desde la sensatez y no afecten al modelo de Estado que nació del consenso del 78. En el análisis estratégico, los populares no temen quedarse solos en la discusión sobre la reforma constitucional, pues como elemento a favor manejan la idea de que la mayoría de los ciudadanos, más del 80 por ciento, está de su parte. La decisión es aprovechar, con sentido de Estado e interés partidista, el hueco que el PSOE ha dejado en este terreno para hacer pedagogía.
En el debate dialéctico, la tesis es clara: «Si pactamos una cosa con el PSOE y la rompe ¿cómo nos podemos fiar de un nuevo pacto que venga a ofrecernos? Las reglas de juego hay que pactarlas con los partidos nacionales». «Donde no hay confianza, no hay confianza», resume el portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana. Y en la actuación política, también se tiene clara la guía: hacer, y votar en el Parlamento, de acuerdo con el programa con el que se concurrió a las pasadas generales.
MADRID. ETA tensó ayer al máximo su actual estrategia de cometer atentados «calculados» sin víctimas mortales entre la población civil, al avisar con mínimo tiempo de antelación y sin precisar el punto concreto de la colocación de siete artefactos que estallaron en Santillana del Mar, Ávila, Valladolid, León, Alicante, Málaga y Ciudad Real. Los investigadores sospechan que la banda pretendía causar bajas entre los agentes que procedieran a acordonar las zonas. Precisamente, dos policías, además de una niña y otras dos personas, resultaron heridos leves, mientras que otras diez sufrieron lesiones en los tímpanos.
El Ministerio del Interior, pese a haber anunciado que las Fuerzas de Seguridad se encontraban en estado de alerta, no pudo evitar que en el aniversario de la Constitución ETA hiciera estallar siete bombas de forma simultánea en cinco comunidades autónomas, similares a las cinco que activó el viernes en gasolineras de Madrid y a la neutralizada el sábado en Almería.
Los investigadores consideran que en esta campaña de atentados iniciada el viernes actúan, al menos, dos «comandos» integrados por dos «legales» que se han movido con cierta impunidad, aprovechándose del intenso tráfico del puente de la Inmaculada. Uno de los «taldes» habría puesto los artefactos en Almería, Málaga, Alicante y Ciudad Real. El otro se habría encargado de colocar los que estallaron en Ávila, Valladolid, León y Santillana del Mar. Probablemente este grupo fue el «comando» que el viernes actuó en Madrid y que se habría desplazado por la carretera de La Coruña para ejecutar la segunda fase de su plan terrorista.
Todos los artefactos parecen haber sido confeccionados en un mismo taller, cuyo responsable sería el etarra Tomás Elgorriaga. Eran de idéntica composición -unos 300 gramos de explosivo-, y disponían de iguales temporizadores, que se pueden programar con una semana de antelación y que estaban dispuestos para ser activados a la misma hora: la una y media de la tarde. Los etarras depositaron las bombas en lugares que les permitían estar ocultas durante, al menos, un día.
Si el pasado viernes ETA anunció la existencia de las bombas con una hora de antelación y detallando las estaciones de servicio en las que habían sido colocadas, ayer el plazo fue considerablemente inferior y, además, ambos comunicantes se limitaron a indicar la zona, pero sin precisar el establecimiento. La primera llamada se recibía en «Gara» a la una menos veinte para advertir en nombre de ETA de que a la una y media estallarían bombas en Santillana del Mar, Ávila, León, y Valladolid, que harían estallar a la una y media. Quince minutos después, otro etarra avisó que también habían artefactos en Alicante, Málaga y Ciudad Real, también programadas para que se activaran a las una y media.
Obviamente, no había tiempo para localizar y neutralizar los artefactos. Tiempo mínimo e información muy difusa sobre la ubicación exacta de los artefactos. El hecho de que el comunicante de la banda diera informaciones en ocasiones erróneas arroja dudas acerca de si fue algo intencionado para provocar mayor desconcierto. Por ejemplo, al advertir de la bomba de Santillana del Mar, el etarra alertó de que estaba en un aparcamiento próximo al zoológico, que fue desalojado. Sin embargo, había sido colocada junto a una caseta de información, en el aparcamiento «La Robleda», en la Plaza del Rey, a unos 400 metros. La deflagración causó heridas por cortes a una mujer y a una niña que fueron asistidas en centros sanitarios. Otras diez personas sufrieron daños en los tímpanos. Además, el dueño del bar «El Peral», de Ciudad Real, y dos policías que lo desalojaban resultaron heridos.
Los investigadores sospechan que ETA buscaba bajas entre los agentes que procedieran a acordonar los escenarios del terror e incluso entre algunos transeuntes para, en este caso, culpar luego a las Fuerzas de Seguridad por no actuar con celeridad. Interior ve en ello un salto cualitativo en la estrategia que ahora lleva la banda de cometer atentados más o menos «calculados» para no causar matanzas entre civiles y distanciarse del terror indiscriminado que practican los islamistas.
Los mismos medios subrayan que con esta estrategia ETA intenta aparentar que sigue «viva» pese a los golpes sufridos y que de la misma forma que ha colocado bombas de escasa potencia podría hacer estallar otras con capacidad mortífera. Así, en cualquier momento la banda podría dar una vuelta de tuerca e intentar atentados con víctimas mortales, una vez que sus cabecillas ven que entre los simpatizantes se ha superado el efecto del 11-M.
Los expertos sostienen que con su campaña de atentados, la banda no pretende reventar la propuesta presentada por Batasuna en Anoeta sino, antes al contrario, apoyarla con la presión de las armas y, eso sí, «tutelar», como lo ha hecho siempre, el proceso abierto por la izquierda abertzale.

References: artículo 2
 artículo 117
 artículo 122
 artículo 152
 artículo 123
 artículo 6