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Timestamp: 2018-01-24 07:13:41+00:00

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NICARAGUA: DESDE EL MIRADOR DE NUESTRA HISTORIA: ¡Un abril cuajado de flores…explosivas! EN TORNO AL FALLO DE LA HAYA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO Por: Dr. Eduardo Pérez-Valle. El Nuevo Diario, 1986.
¡Un abril cuajado de flores…explosivas! EN TORNO AL FALLO DE LA HAYA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO Por: Dr. Eduardo Pérez-Valle. El Nuevo Diario, 1986.
¡Un abril cuajado de flores…explosivas!
EN TORNO AL FALLO DE LA HAYA:
Por: Dr. Eduardo Pérez-Valle*
En los últimos días de marzo y primeros de abril de 1984 se hizo explotar más de 27 minas en Corinto, con redes de la que pendían gruesas cadenas. Para plantarlas, los yanquis emplearon submarinos, motos acuáticas y “pirañas· armadas.
Paralelamente a esta actividad, el 31 de marzo se realizó un ataque por lanchas “pirañas” y helicópteros contra el barco panameño “Hosmin”, que cargaba azúcar en Puerto Sandino. El “Terushio Maru” fue tocado por una mina en Corinto. El “misterio” que nunca fue, no duró mucho. El 3 de abril el semanario Newsweek denuncia que la CIA pone las minas, suministrando también la ayuda técnica y el material.
El 3 de abril la delegación soviética en el Consejo de Seguridad de la ONU declara sin ambages que el minado de puertos, como en Nicaragua, es un burdo trabajo de terrorismo de Estado. El 4 el Consejo de Seguridad reitera la condena precisa y añeja del minado de puertos por todos los daños ocasionados, incluido el ser negativa para la libre navegación y el comercio, en abierta violación del derecho internacional. Pero los yanquis utilizaron en su provecho el veto, y el Consejo no pudo exigir el cese inmediato del minado. El 6 de abril, el director de la CIA admitió que las minas eran colocadas por terroristas mercenarios al servicio de su organización, protegidos en un buque madre. Y a renglón seguido, el 8, el New York Times publica información oficial de que las minas son de fabricación yanqui, fueron puestas por personal técnico manejado por la administración. Ya el 4 de aquel mes, Francia había ofrecido barrer las minas, con ayuda de otros países europeos.
Se han ido incrementando los temores de la administración Reagan de que Nicaragua, con sobrados motivos, recurra ante el tribunal de La Haya, acusando a Estados Unidos. Y el 6 de abril anuncia oficialmente que no reconocerá durante dos años la jurisdicción de la Corte en sus diferencias con los países centroamericanos. En Gran Bretaña, el portavoz laborista Denis Healey, abiertamente califica el minado de puertos como “acción terrorista”, contraria al derecho internacional”. El gobierno británico expresa su inconformidad con los Estados Unidos por el minado.
El 10 de abril Nicaragua denuncia la llamada doctrina “Reagan”, aberración que da a los yanquis derecho a realizar ciertas “actividades secretas” cuando lo estimen necesario a la defensa de sus intereses. D’Escoto, en el comunicado, expresa que tal “doctrina” constituye nada menos que una agresión directa al orden legal internacional y una tentativa de hacer retroceder la conducta de los Estados, y ubicarla en la Edad de Piedra, cuando la fuerza se imponía al derecho. A esta cáfila hay que someterla a la ley, “por el bien de la humanidad y la preservación de su futuro”. El objeto primordial de este comunicado es informar de la demanda contra los Estados Unidos, incoada ante la Corte Internacional de Justicia, el día anterior, 9 de abril.
Al enterarse de la decisión nicaragüense de plantear el juicio ante la Corte, Shultz, Secretario de Estado, había enviado una carta al Secretario General de la ONU, modificando la aceptación por Estados Unidos de la jurisdicción obligatoria de la Corte, hecha en 1946. Decía que la mencionada declaración “no debe aplicarse a controversias con cualquier Estado centroamericano o que se originen en acontecimientos que se desarrollen en Centroamérica o se relacionen con ellos”.
Expertos contratados por Nicaragua fueron los profesores: Ian Browlie, de la Universidad de Oxford; Abraham Chayes, de la Universidad de Harvard; y Allan Pellet, de la Universidad de París-Norte. Completaban el equipo Reichier y Appelbaum, abogados de Nicaragua en Estados Unidos; el Dr. Augusto Zamora, y nuestro representante oficial Carlos Argüello. Para le etapa sobre jurisdicción y admisibilidad, nuestro juez ad-hoc fue Claude-Albert Colliard.
La demanda de Nicaragua se presentó el 9 de abril de 1984, solicitando a la Corte que juzgue y declare:
a) Que los Estados Unidos violan y han violado respecto a Nicaragua obligaciones establecidas por cartas y tratados, en particular: la Carta de las Naciones Unidas, artículo 2, párrafo 4; la Carta de la OEA, artículos 18 y 20; la Convención sobre derechos y deberes de los Estados en caso de luchas civiles, artículos 1 y 3. Y que tales violaciones las han cometido al reclutar, entrenar; armar, equipar, financiar, abastecer, y de cualquier otra manera alentar, apoyar, dirigir acciones militares y paramilitares en Nicaragua y contra ella.
b) Que los Estados Unidos, violando el derecho internacional general y consuetudinario, han violado y violan la soberanía de Nicaragua por medio de ataques armados por aire, tierra y mar; incursiones en aguas territoriales; invasiones del espacio aéreo; esfuerzos directos e indirectos para coercer e intimidar al gobierno.
c) Que los Estados Unidos, violando el derecho internacional general y consuetudinario, han usado y usan la fuerza y su amenaza.
d) Que los Estados Unidos, violando el derecho internacional general y consuetudinario, han intervenido e intervienen en los asuntos internos de Nicaragua.
e) Que los Estados Unidos, violando el derecho internacional general y consuetudinario, han infrigido e infringen la libertad de los mares, interrumpiendo el comercio marítimo pacífico.
f) Que los Estados Unidos, violando el derecho internacional general y consuetudinario, han matado, herido y secuestrado, y matan, hieren y secuestran a los ciudadanos.
g) Que los Estados Unidos, teniendo en cuenta las violaciones mencionadas, tienen el deber expreso de cesar y desistir inmediatamente, del uso de la fuerza directa o indirecta, abierta o encubierta, y de la amenaza de su uso; de toda violación de la soberanía, integridad territorial o independencia política, incluyendo la intervención directa o indirecta; de todo apoyo, incluso entrenamiento, armas, municiones, financiamiento, avituallamiento, ayuda, mando o cualquier otra forma, o cualquier nación, grupo, organización, movimiento o individuo que participe o se disponga a participar en acciones militares o paramilitares en Nicaragua o contra ella; de toda tentativa de restringir, bloquear o poner en peligro la entrada o salida de los puertos de Nicaragua; de todas las matanzas, lesiones y secuestros en ciudadanos nicaragüenses.
h) Que los Estados Unidos tienen obligación de pagar a Nicaragua, por derecho propio y como parens patriae de sus ciudadanos, reparación por daños a personas, bienes y a la economía del país, a causa de las mencionadas violaciones al derecho internacional, cuyo monto será determinado por la Corte. Nicaragua se reserva el derecho de presentar una evaluación precisa de los daños.
Aparte de la demanda, Nicaragua solicita que la Corte requiera de los Estados Unidos cesar y abstenerse inmediatamente de prestar apoyo a “La Contra” en la forma descrita en el párrafo g) de la demanda.
El 10 de abril la Thatcher se declara públicamente contra el minado, y confiesa que lo hizo saber a los yanquis con anticipación. Dice no contar con recursos para cooperar en el párrafo g) de la demanda.
El 11 se hace público que la decisión de las minas las tomó Reagan en febrero, por recomendación del asesor en asuntos de seguridad Robert McFarlane y del propio Pentágono. Era un plan de la CIA. El subsecretario de Estado Kenneth Dam defendió la “legalidad” del minado, calificándolo de “acción de legítima defensa colectiva”, según el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas; pero no dijo que esa “defensa”, según la misma Carta, debe comunicarse inmediatamente al Consejo de Seguridad. Y todavía expresó que la Carta de la OEA es más amplia aún que la de la ONU, pues su artículo 18 señala como causa para recurrir a la legítima defensa no sólo el empleo de la fuerza, sino también cualquiera otra forma de injerencia o tendencia atentatoria contra el Estado y los elementos que lo constituyen.
El 17 de abril de 1984, la cadena CBS de televisión hizo público que fue la CIA quien dirigió el sabotaje al puerto de Corinto el 10 de octubre de 83. Mercenarios latinoamericanos a su servicio llegaron en lanchas rápidas provenientes de un barco situado 12 millas mar adentro. Agentes de la CIA dirigían la operación, que básicamente consistió en provocar un gran incendió que obligó a la evacuación apresurada de una gran parte de la población, mientras se hacían humo y llama tres millones de dólares en combustibles. Se ha querido decir que esta fue la primera intervención directa de la CIA en sabotaje.
En estos días de abril de 1984 un oficial de ARDE confirmó a un periodista de la revista Time que antes y después del ataque a San Juan del Norte tuvo lugar un misterioso apoyo nocturno desde el mar. El oficial aclaró: “Nosotros no tenemos gente entrenada para hacerse cargo de nada en el mar”. Antes del ataque, efectuado a plena luz del día, San Juan del Norte “fue cañoneado desde el mar por navíos presumiblemente de Estados Unidos”, según declaran los contras. Oficiales de ARDE confiesan que diez días antes del ataque un avión C-47 yanqui les lanzó armas, municiones y alimentos en territorio tico, diez kilómetros al sur de la frontera.
En Washington, Kissinger y la Kirkpatrick defendieron apasionadamente el minado de los puertos, recordando las conexiones sandinistas con la Unión Soviética y Cuba. El único error de Reagan según Kissinger fue “haber ocultado las dimensiones reales del problema”, actuando secretamente.
La administración actúa en secreto, contradiciendo propias declaraciones, eludiendo el control del Congreso y del público. La Kirpatrick declara: “No podemos permitir que Centroamérica se vuelva comunista, como Cuba. Peligro real aún no existe, pero queremos evitarlo. El minado de los puertos es legal: se quiere dañar la economía de Nicaragua, como ésta ha dañado la salvadoreña, en los últimos años. La agresión armada es persistente y consistente contra El Salvador, que pide ayuda a sus amigos. Naturalmente, hay tremenda irritación en terceros y cuartos países, que usan puertos de Nicaragua para operar. Las minas no han detenido el flujo de armas a Nicaragua. El error fue sustituir una franca política exterior por la ayuda encubierta”.
OPERACIÓN PUSH, AGOSTO 1984
Estados Unidos responden a la demanda de Nicaragua: la Corte es incompetente in limine (in limine litis: quiere decir en el umbral, desde el principio del pleito); y de este “defecto” de competencia sacan la desestimación de la demanda. La Corte no debe darle curso, ni debe indicar medidas provisionales.
Pero se produce la audiencia oral pública de la Corte los días 25 y 27 de abril de 1984. Estados Unidos amplían su alegato sobre la incompetencia del tribunal. Acusan a Nicaragua de estar involucrada en la insurrección que se registra en los países vecinos, en una “revolución sin fronteras”, ataques contra Honduras y Costa Rica, que habían pedido ayuda a Estados Unidos, para su seguridad y “legítima defensa”; enseñan copias de telegramas de Costa Rica y El Salvador a la Corte y un telex de Honduras al Secretario General contra las medidas provisionales solicitadas por Nicaragua, perjudiciales a los derechos de esos tres países. Estados Unidos pide que por “razones imperativas” la Corte rechace la solicitud nicaragüense de medidas provisionales y de por cerrado el caso.
En los días siguientes los Estados Unidos cuestionan la competencia de la Corte y exigen la suspensión inmediata del procedimiento. Según ellos la demanda de Nicaragua no entra en el marco de la jurisdicción del Tribunal. Y no existe prueba alguna de que Nicaragua haya aceptado alguna vez la jurisdicción obligatoria. Los Estados deben aceptar dicha jurisdicción mediante una declaración específica, según el artículo 36 del Estatuto. Pero Nicaragua, dicen los abogados yanquis, aún no había ratificado el protocolo de dicho Estatuto, ni había enviado instrumento de ratificación al secretario general, “condición primordial”. Hubo tensión en el ambiente de la Corte. El presidente Taslim Olawale Elías, de Nigeria, advierte a los Estados Unidos que su demanda, equivalente a un virtual ultimátum, contravenía la competencia exclusiva de la Corte de decidir sobre su jurisdicción.
El señalamiento de medidas provisionales de protección no prejuzga la impugnación de la jurisdicción. La Corte desestima la petición de los yanquis; y el 10 de mayo de 84, en audiencia pública, da a conocer su fallo sobre la solicitud de Nicaragua: rechaza la demanda de los Estados Unidos de poner fin, por eliminación del registro general del procedimiento sobre la demanda y la solicitud de indicar medidas provisionales, depositadas el 9 de abril de 84 por Nicaragua; y dicta medidas provisionales en espera del fallo final: Estados Unidos inmediatamente debe cesar y abstenerse de restringir, bloquear o poner el peligro la entrada o salida de puertos nicaragüenses, en particular colocando minas; respetar la soberanía y la independencia de Nicaragua; no comprometerse en actividades militares y paramilitares prohibidas en derecho, ni se recurra a la amenaza ni al uso de la fuerza; no se intervenga en asuntos de otros Estados, en acatamiento a las Cartas de la ONU y de la OEA.
En la segunda etapa del juicio, el 14 de mayo de 1984 la Corte fijó plazos para que los Estados Unidos y Nicaragua presentaran alegatos escritos sobre la jurisdicción de la Corte y la admisibilidad de la demanda. Para presentar la “Memoria de Nicaragua” se tiene hasta el 30 de junio; par la “Contra-Memoria”, de los Estados Unidos, hasta el 17 de agosto de 84.
El 15 de agosto El Salvador, como “parte afectada” presenta una declaración de intervención. Lo hace sólo para exponer que la Corte no tiene competencia sobre la demanda de Nicaragua y debe declararse inhábil para proceder, e inadmisibles la solicitud y las reclamaciones. “El Salvador se considera bajo presión de un eficaz ataque armado de parte de Nicaragua; y se siente amenazado en su integridad territorial, en su soberanía y en su independencia, junto con los otros países centroamericanos”. Por esto, el presidente Napoleón Duarte viajó a los Estados Unidos a pedir asistencia para la defensa. Por tanto no es posible para la Corte fallar las demandas de Nicaragua “sin determinar los derechos de El Salvador y los Estados Unidos para comprometerse en acciones colectivas de legítima defensa”; las demandas de Nicaragua contra Estados Unidos y las de El Salvador contra Nicaragua están directamente interrelacionadas.
Nicaragua guardó silencio. El Salvador había excluido de su aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte todo lo relativo a la hostilidad, conflicto armado, legítima defensa individual o colectiva, resistencia a la agresión.
El 4 de octubre de 84 la Corte decidió no celebrar audiencia sobre la declaración de intervención de El Salvador; y que tal declaración era “inadmisible en la presente fase en curso de la demanda”.
El 30 de junio de 84 Nicaragua presenta su “Memoria”, cuyo contenido puede resumirse así: la jurisdicción de la Corte está fundamentada en la declaración de Nicaragua, de 24 de septiembre de 1929, y la de los Estados Unidos, de 14 de agosto de 1946; esta declaración de Nicaragua sobre la jurisdicción de la Corte se halla en pleno vigor y validez; el intento de los Estados Unidos de modificar su declaración con la carta de Shultz al Secretario General es nula y sin efecto; de acuerdo al Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Nicaragua y los Estados Unidos, de 24 de mayo de 1958, la Corte tiene jurisdicción para demandas referentes a aspectos del tratado; no hay obstáculo para que la Corte conozca la demanda de Nicaragua; hay admisibilidad.
Por otra parte, la “Contra-Memoria” de los Estados Unidos, presentada el 17 de agosto, se resume así: Nicaragua nunca aceptó la jurisdicción de la Corte; el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Nicaragua y los Estados Unidos no proporciona base a la jurisdicción de la Corte; la demanda de Nicaragua está fuera de la competencia de la Corte, luego no es admisible; esta no admisibilidad se basa en lo siguiente: Nicaragua ha participado en ataque armados contra los países vecinos; los problemas de Centroamérica son regionales, originados por factores económicos, sociales, políticos y de seguridad, interrelacionados; Estados Unidos, Nicaragua y otros Estados centroamericanos están de acuerdo en la resolución del conflicto a través de Contadora.
A todo esto, el 26 de noviembre la Corte decidió: 1) Que tiene jurisdicción para conocer la demanda, en base al artículo 36, párrafo 2 y 5 de su Estatuto; que tiene competencia para conocer la demanda, ya que plantea una controversia sobre la interpretación y aplicación del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Nicaragua y los Estados Unidos, en base al artículo XXIV de dicho tratado; que tiene competencia para conocer el caso. 2) Que la referida demanda es admisible.
Afirmada la jurisdicción de la Corte y la admisibilidad de la demanda, se pasaba a la etapa probatoria del juicio. Mas los Estados Unidos emprenden una fuerte campaña por desacreditar al Tribunal, y por último dirigen una carta a su secretaría, vomitando en seco sus determinaciones: “La Corte no tiene jurisdicción para conocer la controversia; y la demanda nicaragüense de 9 de abril de 1984 es inadmisible”; por tales razones “los Estados Unidos no tienen la intención de participar en ningún otro procedimiento referente a este caso”. Actitud sin precedentes en la historia de la Corte Internacional de Justicia, el más alto tribunal sobre la tierra; nueva violación a la Carta y al Estatuto por un miembro que llega hasta retirarse por no haber obtenido una sentencia a su favor. Como el retiro de una parte no detiene el proceso, el 22 de enero de 1985 la Corte fijó los plazos para la presentación de “Memoria” y “Contra-Memoria”, por Nicaragua y los Estados Unidos, respectivamente, para el 30 de abril y el 31 de mayo.
¡UN AÑO DESPUÉS… OTRA “FIESTA PRIMAVERAL”!
En su “Memoria” del 3º de abril de 1985, Nicaragua reitera, completa, amplía y fundamenta sólidamente sus acusaciones contra los Estados Unidos. Y en los anexos incluye como pruebas copias de testimonios, documentos, declaraciones, reportajes y debates, recogidos en Nicaragua y en los Estados Unidos; y los manuales de la CIA “Operaciones sicológicas en la guerra de guerrillas” y “Manual de los luchadores por la libertad”.
Nicaragua pide a la Corte juzgue y declare: que los Estados Unidos han violado, y en los aspectos particulares están violando las obligaciones del derecho internacional señaladas en la “Memoria”; con toda claridad, la obligación de los Estados Unidos de poner fin a sus violaciones; que como consecuencia de las violaciones señaladas se debe indemnizar a Nicaragua y sus nacionales por los daños causados; y que la Corte determinará en el futuro, en presencia de pruebas, los daños que deber ser incluidos en la indemnización; y que además la Corte adjudique a Nicaragua, 370, 200.000 de dólares de los Estados Unidos, valoración mínima de los daños directos por violación del derecho internacional.
El 1º de mayo los Estados Unidos deciden imponer un “embargo comercial total” a Nicaragua, el que entrará en vigor el día 7. Circula un borrador de medidas económicas contra Nicaragua, redactado por el Secretario de Estado Shultz y el consejero de seguridad nacional de Casa Blanca, McFarlane. Entre las medidas adoptadas está la supresión de los vuelos de AERONICA y de la arribada de barcos nicaragüenses. Por requisitos legales, explicó Shultz, el embargo empezaría a funcionar el 7. El senador demócrata Lloy Bentsen se mostraba complacido por la acogida a la sugerencia suya de sanciones económicas. Este era un buen recurso para Reagan ante el fracaso de su petición de ayuda a los contras.
Otra medida prevista fue la abrogación del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, manteniendo “intactas” las relaciones diplomáticas. Se consideró la demora en la deuda y la congelación de bienes de Nicaragua en los Estados Unidos; la restricción de viajes de yanquis a Nicaragua; y el cierre de las oficinas comerciales de este país en los Estados Unidos. Todo ello conformaba una real y verdadera declaratoria de guerra económica. El senador republicano Richard Lugar se regocija con Bentsen por causa del embargo. Sueña y divaga: el embargo es sólo un primer paso; se piensa en otras medidas. En realidad, el embargo no es aplastante, pues Nicaragua sólo importa de los Estados Unidos un octavo y exporta hacia allá un séptimo de sus totales. Y el embargo puede salir afectando a los vecinos de Nicaragua, que con un déficit comercial de 450 millones, y una deuda externa de 4,500, necesita 300 millones anuales para su servicio.
Con Jesse Jackson, Chicago, agosto, 1984
Las opiniones en torno al embargo son abundantes y variadas. Larry Speakes, portavoz de la Casa Blanca, expone en Bonn que la política y la actuación general del gobierno de Nicaragua son una extraordinaria amenaza contra la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, de tal manera que el embargo viene a ser una acción de emergencia para enfrentar dicha amenaza; Nicaragua realiza actividades agresivas en toda Centroamérica. Se mantendrá cerrado el intercambio mercantil, excepto con elementos de la “resistencia democrática organizada”.
Richard Lugar declara que se estudia un memorándum secreto para recrudecer las sanciones. Los congresistas –dice—tomamos en serio nuestra obligación de defender nuestra seguridad y la de nuestros amigos. Langhome Motley, Subsecretario de Asuntos Interamericanos, opina que las sanciones son debidas a la adopción de una línea inquietante en el comportamiento nicaragüense. Thomas O’Neill, Presidente de la Cámara de Representantes, siempre partidario de las presiones económicas, proclama: “No hay duda de que podemos hacerlos arrodillarse de lo noche a la mañana”. Stphen Solarz, demócrata de Nueva York, opina: creo que es más sensato el camino de las sanciones económicas, que involucrarnos en esfuerzos militares para derrocar al gobierno sandinista. Pérez de Cuéllar, Secretario General de la ONU, declaró que el embargo total contra Nicaragua es una “cuestión bilateral”; y que hay que buscar la solución a la problemática del área a través de Contadora. Mark Hatfield, senador republicano, hace una confesión poco tranquilizadora: “Estamos dando un portazo a las posibilidades de paz”. Y Edward Markey opina, también utilizando la puerta: “Es un golpe mortal al pluralismo en Nicaragua; se abre la puerta a la intervención militar directa”.
En la madrugada del 1º de mayo el embajador yanqui en Managua, Harry Bergold notificó oficialmente al gobierno de Nicaragua. El Departamento de Estado advierte que el embargo no es sustitutivo de la asistencia a la contra; para suspender el embargo a Nicaragua debe aceptar el diálogo con la contra, cesar en la exportación de la revolución y romper relaciones diplomáticas con los socialistas.
El embajador de México en la OEA presentó un proyecto de resolución en que el principio de “no intervención” según los artículos 18 y 19 de la Carta, destaca como norma vigente de la conducta de los Estados. De acuerdo a tales artículos, ningún Estado, por ningún motivo, tiene derecho a intervenir en los asuntos internos de otro. Y ningún Estado “podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico o político para forzar la voluntad soberana de otro Estado”. La iniciativa mexicana, que no menciona directamente el embargo yanqui, se aprobó sin votación, por consenso general.
La agencia Associated Press recogió en los medios diplomáticos un comentario general a la declaración de Pérez de Cuéllar de que el asunto del embargo era “cuestión bilateral”, negociable a través de Contadora: “No se puede calificar de cuestión bilateral una medida que atenta contra el orden internacional y que sienta un precedente gravísimo”. Apreciación contundente que mostró a un Pérez de Cuéllar rezagado o subyugado.
AL SEGUNDO AÑO SE COSECHAN LOS FRUTOS: SENTENCIA Y CONDENA
Fue en 1946 que la antigua “Corte Permanente de Justicia Internacional” que funcionaba desde 1920 bajo la égida de la Sociedad de las Naciones, fue sustituida por la “Corte Internacional de Justicia”, órgano judicial principal de las Naciones Unidas, según el artículo 92 de la Carta. Consta de quince miembros, elegidos para nueve años por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. De competencia contenciosa y consultiva. En lo contencioso, tal competencia es facultativa: no puede fallar sin acuerdo de las partes por vía de compromiso, o por petición unilateral cuando las partes ya han reconocido la jurisdicción aceptando la cláusula opcional de jurisdicción obligatoria prevista en el párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto. Esta “cláusula opcional” es de redacción libre, por tanto, variable con cada Estado. Menos de un tercio de los Estados miembros del Estatuto la ha producido.
El 27 de junio de 1986 la Corte de La Haya, el más alto tribunal de justicia internacional que existe sobre la tierra, emitió su sentencia en el diferendo entre Estados Unidos y Nicaragua, de la siguiente manera:
1. La Corte decide: Que al declarar en esta controversia se requiere que la Corte aplique la “Reserva del Tratado Multilateral” contenida en el inciso C de la Declaración de Aceptación de la jurisdicción, hecha de conformidad con el artículo 36, párrafo 2, del Estatuto de la Corte, por el gobierno de los Estados Unidos, depositada el 26 de agosto de 1946.
En su “Contra-Memoria” sobre la jurisdicción y la admisibilidad, los Estados Unidos alegaban que la demanda nicaragüense era inadmisible, pues lo asuntos relativos al uso de la fuerza armada son de la competencia exclusiva de otros órganos, principalmente del Consejo de Seguridad, según la Carta y la práctica. La Corte no podía conocer eficazmente de un “conflicto armado en curso”, con uso de fuerza armada, sin violar la Carta saliéndose de los límites de una actividad judicial normal. En su fallo del 26 de noviembre de 84 la Corte examina y rechaza el argumento. Los Estados Unidos en lo sucesivo no participaron más del procedimiento y no presentaron a la Corte nueva argumentaciones en el mismo sentido.
En el examen a fondo la Corte encontró que existían circunstancias que podía pretenderse tornaban no justiciable el litigio mismo o las cuestiones de empleo de fuerza y de legítima defensa colectiva que formaban parte. Los yanquis pretendían que el diferendo en cuestión “no justiciable”, pues no entraba en la categoría de “diferendo jurídico”, en el sentido del artículo 36, párrafo 2, del Estatuto. Este argumento lo rechazó la Corte en su auto del 26 de noviembre de 84: los Estados Unidos sostenían que la naturaleza de la función jurídica impedía examinar a fondo las alegaciones de Nicaragua; no concebían el derecho internacional desnudo de pertinencia, aplicable a un diferendo de aquella naturaleza; en resumen, la Corte no vio razón para pensar que aún desde el punto de vista de los Estados Unidos mismos, aquel diferendo escapara a la categoría de “diferendo jurídico”, a la que se aplica el artículo 36, parágrafo 2 del Estatuto. Debía, pues, abordar el examen de las demandas concretas de Nicaragua bajo el ángulo del derecho internacional aplicable.
La Corte, en su auto de 26 de noviembre de 1984, se había declarado competente sobre tres bases:
1) La Declaración de Aceptación de su jurisdicción, depositada por los Estados Unidos el 26 de agosto de 1946; 2) la cláusula facultativa del artículo 36, parágrafo 2, del Estatuto; y 3) el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Nicaragua y los Estados Unidos, Managua, 21 de enero de 1956.
2) La Corte rechaza: La justificación de “autodefensa colectiva” sostenida por los Estados Unidos en actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, materia de la controversia.
La invocación de la legítima defensa colectiva con que los Estados Unidos buscaban justificar sus acciones contra Nicaragua habrían obligado a la Corte a determinar si los Estados Unidos estaban en derecho de proclamarse ellos mismos en la necesidad de emplear la fuerza para responder a una invasión extranjera a El Salvador. Para llegar allí la Corte habría tenido que pronunciarse sobre aspectos políticos y militares, y no sobre cuestiones que un tribunal de su naturaleza puede dominar. Los Estados Unidos sostuvieron estar en ejercicio de un derecho de “legítima defensa colectiva” en respuesta a una agresión armada contra otro Estado. La licitud de una reacción a la amenaza de una agresión armada que todavía no se ha concretado, no fue planteada. La Corte debía determinar primero si esta agresión ya se había producido. En la afirmativa, las medidas tomadas en legítima defensa hubiesen constituido una reacción justificada. La Corte no pudo precisar si los Estados Unidos o el Estado “agredido” habían sido obligados a reaccionar. Si la Corte decidía que había habido agresión armada, para dictaminar sobre cuestiones relativas a la legítima defensa y al tipo de reacción, habría tenido que lanzarse necesariamente a consideraciones de orden militar. En consecuencia, se limitó a concluir que en las circunstancias consideradas los problemas de legítima defensa que fueron alegados hacían parte de los que integran su competencia y que ella está en capacidad de reglar.
Cabe recordar aquí, como definición del derecho de autodefensa, la fórmula Webster, surgida en los Estados Unidos en ocasión del caso Caroline (1824), quedó vigente e inobjetable. La autodefensa para ser tal debe presentar una necesidad instantánea, abrumadora, sin alternativa, sin lugar a vacilar.
3) La Corte decide: Que los Estados Unidos al entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a fuerzas de la contra, es decir, al alentar, apoyar y ayudar en actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua ha actuado contra Nicaragua, violando la obligación de derecho internacional consuetudinario de no intervenir en los asuntos de otro Estado.
El principio de no intervención, corolario del de igualdad, equivale al respeto recíproco a los poderes de cada Estado. Esencialmente de orden político, resulta de difícil aplicación. Incluido actualmente en el marco de la “coexistencia pacífica”, aparecida en 1954, es un principio fundamental de las relaciones internacionales.
Las hipótesis de intervención son de tres categorías: ideológica o política, financiera, y de política internacional. De las tres hay importantes y numerosos ejemplos. De la financiera, los Estados Unidos impusieron para Centroamérica y la República Dominicana controles insoslayables, a través de diferentes convenios: de 7 de febrero de 1907, con Santo Domingo; de 10 de enero de 1911, con Honduras; de 6 de junio del mismo año, con Nicaragua; de 16 de septiembre de 1915, con Haití, que después se convirtió en verdadero protectorado.
Cerca de un siglo atrás el presidente Monroe había formulado su famosa doctrina en mensaje al Congreso el 2 de diciembre de 1823. Circunstancias y motivos determinantes fueron la independencia de América Latina y los intentos de reconquista a través de la políticas interventora de la Santa Alianza; las intenciones coloniales de Rusia, dueña de Alaska hasta 1867, y la actitud de la Gran Bretaña en los problemas fronterizos. Básicamente la doctrina sostenía que los países de América, tras la independencia adquirida, no podían considerarse en lo sucesivo como susceptibles de colonización por ninguna Potencia europea… “Y basándonos en la justicias, consideraríamos la intervención de esa Potencia destinada a oprimirlos o controlar su destino de alguna manera, como la manifestación inamistosa hacia los Estados Unidos”.
Siendo la de Monroe una doctrina política contingente, estaba en la línea de transformaciones posteriores, que en efecto, se dieron, y en dos campos: América y Europa con el resto del mundo. En América, en 1823 sustrajo al continente de la empresa colonial europea. Pero dejó camino libre al imperialismo yanqui. Y la transformación profunda de la doctrina se pone en evidencia en la guerra contra España y la ocupación de las colonias españolas. Se desarrolla con el dominio estratégico, territorial y económico de Centroamérica en las postrimerías del siglo XIX y la primera década del XX: los Estados Unidos permanecen en Cuba, definen el nacimiento de Panamá, asegurándose el dominio del canal. Avasallan financieramente a Honduras, Nicaragua, Dominicana y Haití. Es la política del “coto privado”, del big stick o dollar policy. El cambio más notorio fue el abandono de la política de indeferencia hacia Europa, para pasar a intervenir en los asuntos del mundo, cambio que se sitúa en 1885.
Tras la primera guerra mundial, con el presidente Wilson, los Estados Unidos intervienen activamente en la conclusión del Tratado de Versalles y en la creación y en la creación de la Sociedad de las Naciones. Pero no ratifican el tratado, y aparentemente retornan a su antiguo aislamiento, con intervenciones en Europa sólo en el plano financiero. Con Pearl Harbor, 8 de diciembre de 1941, entran en la segunda guerra mundial; y a su término el cambio de política ha sido total. El “destino manifiesto” que los Estados Unidos invocaban contra el continente americano ahora se proclama en el mundo entero, en lo económico y en lo militar, en Europa, el Cercano Oriente y en el Sudeste Asiático, ante aliados o adversarios de poco tiempo atrás. Los Estados Unidos son “campeones del mundo libre”, de omnipresencia necesaria e insoslayable. La “doctrina Truman”, formulada el 9 de marzo de 1957, para países subdesarrollados, es ya una doctrina de franca intervención, “de apoyo a los pueblos libres que resisten intentos de sujeción”.
Diez años después de la Truman, el 9 de marzo de 57, surge la “doctrina Eisenhower”, que autoriza al presidente a “organizar programas de asistencia militar en la región del Cercano Oriente con naciones o grupos de ellas que deseen este tipo de asistencia”. La salvaguarda de la independencia e integridad de esas naciones, se dice, tiene importancia vital para el interés de los Estados Unidos y la paz mundial. Se promueve la utilización de las fuerzas armadas para asistir a una nación necesitada de ayuda "contra la agresión armada de un país comunista”.
Con la “doctrina Eisenhower” se completa la órbita de la intervención, se fortalece y se renuevan sus pretextos y disfraces; y se mantiene viva y palpitante, como nos muestra el caso de Nicaragua. ¿Hasta cuándo?
4) La Corte decide: Que los Estados Unidos en los ataques contra Puerto Sandino (13 de septiembre y 14 de octubre de 1983) ; Corinto (10 de octubre de 83); Potosí (4 y 5 de enero de 84); San Juan del Sur (7 de marzo de 84); Puerto Sandino (con lanchas patrulleras, 28 y 30 de marzo de 84); San Juan del Norte (9 de abril de 84); y además en los actos de intervención señalados en el parágrafo 3 y que incluyen el uso de la fuerza, han actuado contra Nicaragua violando su obligación de derecho internacional consuetudinario de no usar la fuerza contra otro Estado.
En derecho internacional común, y en relación a la guerra de agresión, Estado atacante es el que exige de otro la modificación de un estado de cosas, y trata de alcanzar su pretensión recurriendo a la fuerza. Definición más detallada de la guerra de agresión proveyó el Tratado de Londres, de 3 de julio de 1983 (Convention de définition de l’agressur) entre la Unión Soviética y siete países, repetido el siguiente día con otros cuatro países. Estos tratados establecen cinco supuestos de hechos que entre las partes constituyen casos de agresión: 1) Declaración de guerra. 2) Invasión de un territorio, aún sin declaración de guerra. 3) Ataque al territorio, marina o aviación de un Estado por fuerzas de otro. 4) Bloqueo de los puertos o costas. 5) Protección a una banda armada que intente la invasión de otro Estado, así como la negativa a retirar a esta banda toda ayuda o protección, después de que el Estado amenazado lo hubiera pedido.
Hasta hace poco habían fracasado todos los intentos de la ONU por establecer una definición de la agresión de validez general ante la prohibición de todo recurso a la fuerza entre los Estados que no haya sido autorizado por la propia Organización, o tenga carácter de autodefensa individual o colectiva frente a un ataque armado.
Cmdte. Daniel Ortega en la ONU, 1986
En 1970, la asamblea general de la ONU declara que el uso de la fuerza viola el derecho internacional; y que la guerra de agresión “constituye un crimen contra la paz que, con arreglo al derecho internacional, entraña responsabilidad”. No se define la agresión; pero se da una serie de supuestos que son en sí actos de agresión, entre ellos: violación de la frontera o demarcación existente, represalias con uso de la fuerza, represión de los movimientos de liberación nacional, organización de bandas armadas para incursionar en otro país.
El 14 de diciembre de 1974 la Asamblea General adopta por fin una definición: es “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”. Se consideran actos de agresión, entre otros: la invasión u ocupación militar del territorio de otro Estado, el bombardeo de otros países, el bloqueo de puertos o costas, el ataque contra fuerzas armadas, la utilización de fuerzas armadas en territorio de otro Estado sin consentimiento de este, la autorización de un Estado a otro para que utilice su territorio con fines de agresión, y el envío de bandas armadas al territorio de otro Estado. Esta es la resolución 3314/XXIX del 14 de diciembre de 74, de la Asamblea General.
Dentro de la conducta de los Estados enfocada en el proyecto Harvard de convenio sobre derechos y deberes de los Estados en caso de agresión (1939), agresión es recurrir a la fuerza, aceptando que con ello se viola una obligación contraída. En la Italia fascista la guerra era la manifestación necesaria de la virilidad de un pueblo. La invasión de Etiopía en 1935 fue una confirmación de tal creencia. Para la Alemania nazi, la guerra era la realización del propio destino. Pero tanto Alemania como Italia y el Japón, como después los Estados Unidos, trataron hipócritamente de presentar sus guerras de agresión como guerras “defensivas”.
Existe la llamada agresión “indirecta”, que incluye la organización de movimiento subversivos en otro país, la infiltración de agentes, la estrangulación económica sistemática, empleando hasta el boicot organizado; como un subtipo de esa agresión está la calificada “ideológica”, que emplea propaganda de todo tipo, ideológica, política y de guerra psicológica, por medio de la radio, de volantes, de publicaciones periódicas, etc. En realidad es una especie aparte de intromisión, que Quincy Wright (1959), para evitar confusiones, ha propuesto se denomine “intervención subversiva” y Schwarzenberger (1950) “agresión por poder”. Esta agresión, importante y escurridiza, se complica con las contiendas civiles. Se plantea la pregunta de sí se puede o no, según el derecho internacional, prestar ayuda militar o de otro tipo a una de las partes en guerra, ayuda equivaldría a brindar apoyo a un determinado sistema político.
Hay ejemplos recientes y muy orientadores de esta actitud, que muestran: el reconocimiento casi inmediato al gobierno surgido de una sublevación, al que también se le otorga amplia ayuda militar para que se imponga y se mantenga, mientras otras Potencias se declaran neutrales, no intervencionistas; la intervención militar para sofocar el levantamiento contra el régimen amigo; la intervención armada para proteger a los connacionales y ayudar al gobierno en peligro a preservar la integridad territorial y la independencia política; el apoyo a una fuerza expedicionaria para derribar a un gobierno non grato, permitiéndole organizarse y dándole apoyo logístico y naval; instalar y mantener estaciones de radio en el propio país o en territorio ajeno para hacer propaganda, destruir la ideología y la popularidad de un régimen de otra nación; impulsar esfuerzos sistemáticos, hasta el boicoteo total, para estrangular económicamente a un gobierno y al pueblo que lo respalda, llegando al cierre de puertos para barcos que no se alinean y pretendiendo establecer una requisa en alta mar para los mismos barcos. Los ejemplos citados, a base de hechos reales y relativamente recientes, ponen a prueba la capacidad del derecho internacional para hacer frente a ciertas formas extravagantes de intromisión que ciertos poderes se empeñan en practicar. En presencia de la realidad, el derecho internacional debe avanzar y ponerse adelante.
Principio primario, básico, fundamental, del derecho internacional tradicional es que lo sustenta un conglomerado de Estados soberanos, que no tienen que ver con la estructura y la ideología de los gobiernos. De ahí que sea ilegal la intervención extranjera en las transformaciones internas, totalmente independientes de cambios y movimientos para un ataque contra la seguridad de otro Estado. Ya en el siglo XIX fueron rechazadas las tentativas de la Santa Alianza para fundamentar un derecho de apoyo a los gobiernos “legítimos” y echar a pique las revoluciones sociales que se daban en ciertos climas. Después, ya en el siglo XX, se llevó a la práctica, aunque por breve tiempo, el dictado del presidente Wilson de fundamentar el reconocimiento a un nuevo régimen en la “constitucionalidad” de su ascenso, que garantizaba su democratismo. Poco después se optó por reconocer a todo gobierno, cualquiera hubiese sido su origen, y se volvió a reconocer a la revolución como el único medio de efectuar cambios sociales y políticos frente a ciertos regímenes y las circunstancias que crean. De ahí que la intromisión o la tentativa de ella en las transformaciones internas de otro Estado, así ayudando a los rebeldes como al gobierno establecido, es contraria al derecho internacional.
En la clásica doctrina de Jessup (1947) y Oppenheim (1952) “un Estado extranjero comete un delito internacional cuando ayuda a los rebeldes estando en paz con el gobierno legítimo”. No obstante, hay quienes quieren aprovechar la franca libertad así en la forma como en la oportunidad del reconocimiento a los rebeldes como gobierno constituido, par justificar, aunque con muy dudosa validez, la ayuda que se les otorgue. A estas artimañas se les denomina “reconocimiento inmediato”, aunque sea del caso que los insurgentes aún no dominen una parte importante del territorio. Así ocurrió en el reconocimiento de Franco por Hitler y Mussolini en 36, apenas iniciada la guerra, en abierto desacuerdo con la costumbre tradicional, y que en verdad no era más que una intervención mal disimulada.
5. La Corte decide: Que los Estados Unidos al colocar minas en las aguas internas o territoriales de Nicaragua, en los primeros meses de 1984, han actuado contra la República de Nicaragua en violación de sus obligaciones según el derecho internacional consuetudinario de no usar la fuerza contra otro Estado, de no intervenir en sus asuntos, de no violar su soberanía y de no interrumpir el comercio marítimo pacífico.
Entre las acciones prohibidas en la guerra marítima, el VIII Convenio de La Haya, de 18 de octubre de 1907, trajo sobre la colación de minas las siguientes determinaciones:
Queda absolutamente prohibido: 1) Colocar minas de contacto no fondeadas, a no ser que estén construidas de modo que se tornen inofensivas una hora después de estar sin control. 2) Colocar minas de contacto fondeadas, pero que no se vuelvan inofensivas al romper sus amarras. 3) Colocar minas de contacto delante de costas y puertos del enemigo sin más objeto que interceptar la navegación mercante. En cuanto a las exigencias militares lo permitan, las zonas de peligro habrán de ser señaladas por medio de avisos.
Haciendo un poco de historia de la guerra marítima, recordaremos que en los siglos XVIII y XIX los Estados beligerantes imponían bloqueo a las costas enemigas enviando barcos de guerra a patrullar en las proximidades. Los buques neutrales que trataban de romper el bloqueo eran apresados. Durante la Primera Guerra Mundial las minas y los submarinos alemanes impidieron a los buques contrarios acercarse a sus costas. S e estableció el bloqueo “a larga distancia”: se detenía e inspeccionaba a los buques neutrales a cientos de millas de las costas, provocando fuertes protestas. Con el submarino los alemanes hundían buques mercantes sin previo aviso, sin salvar tripulación ni pasajeros. Esto suele citarse como una causa para entrada de los Estados Unidos en la guerra, en 1917. Pero ambas partes se comportaban igual, y asimismo durante la segunda guerra: Nüremberg declaró ilícita esta práctica, pero no impuso sanción por ella, pues los aliados también la habían cultivado.
6. La Corte decide: Que los Estados Unidos por los actos del parágrafo 6 han actuado contra la República de Nicaragua en violación de sus obligaciones de acuerdo al artículo XIX del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre los Estados Unidos y Nicaragua, Managua, 21 de enero de 1956.
Es natural que la igualdad de los Estados también se aplique en el plano económico. El principio de igualdad actúa en el área llamada a veces “dominio internacional” marítimo, fluvial, etc. Veámoslo actuar. En el siglo XIX los Estados occidentales proclaman la apertura de todos los países al comercio internacional. Esto proporciona una salida a las potencias industriales de Europa; después a los Estados Unidos. El principio se aplica en Asia. Se exige la apertura al “comercio internacional”, es decir, occidental. Ningún Estado puede cerrarse a este comercio. Se aplica presión política y militar a China y el Japón. En 1853 es la demostración naval del Comodoro Perry en la bahía de Yokohama: el Japón se abre sin problemas. Con China viene la firma del tratado de Nankin con Gran Bretaña, de 1842, tras la “guerra del opio”; se abren algunos puertos, después los ríos. De 1844 es el tratado de Wanghia, con los Estados Unidos, y el de Whampoa, con Francia; y de 1847 el tratado con Suecia-Noruega. El principio de “igualdad económica; de apariencia bilateral, en Asia fue instrumento de dominación económica. La apertura permitió después empresas privadas y concesiones: la explotación económica pesada, actualmente disfrazada de “asistencia económica y técnica”.
Por lo que hace a Nicaragua, el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, violado, según la Corte, por los Estados Unidos, tendía a fortalecer los tradicionales vínculos de paz y amistad, y a promover las relaciones económicas y culturales, las inversiones de capital y los lazos comerciales, con derechos y privilegios mutuamente ventajosos. Establecía facilidades para el comercio yanqui, límites impositivos, indemnizaciones para casos de expropiación, trato favorable en las cárceles y protección de la propiedad. Establecía un tratamiento equitat5ivo para personas y bienes nicaragüenses. El artículo 7 nulificaba las limitaciones establecidas para la inversión en comunicaciones y transporte, operación bancaria y exportación de suelos y otras riquezas naturales. Y el artículo 19 consagraba la libertad de comercio y navegación entre ambas partes; el mutuo respeto con las naves, y tratamiento de “nación más favorecida”; ayuda y amistad constante, y principalmente en arribadas forzosas. En contraste con la letra y el espíritu de esta tratado, los Estados Unidos coloca sus minas en nuestros puertos subrepticiamente y se quedan callados esperando grandes catástrofes; o los atacan con las lanchas armadas de la mafia que disponen.
7. La Corte decide: Que los Estados Unidos al no dar a conocer la existencia y lugar de las minas por ellos colocadas, las del parágrafo 6, han actuado en violación de sus obligaciones de acuerdo con el derecho internacional consuetudinario a este respecto.
8. La Corte decide: Que los Estados Unidos al elaborar en 1983 el manual “Operaciones psicológicas en guerra de guerrillas”, y difundirlo entre los contras, han alentado la ejecución por ellos de actos contrarios a los principios generales del derecho humanitario. (No encuentra base para concluir que cualquiera de esos actos, cometido, sea imputable a los Estados Unidos como acto propio).
Según se desprende del parágrafo 2 de este fallo, para justificar la “autodefensa colectiva” los Estados Unidos aceptan haber realizado actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra ella. Sumando a esto la carga delictiva que arrojan los otros parágrafos se concluye con amplitud y facilidad que los yanquis han menoscabado y violado de arriba abajo los propósitos y principios expresados en los artículos 1 y 2 de la Carta. Esto trae como consecuencia la negación y el ataque a la “Coexistencia Pacífica”, principio general de derecho internacional cuyos elementos específicos se copian y completan de los artículos señalados de la Carta. En resumen, los Estados Unidos niegan y destruyen la “coexistencia pacífica”, preocupación grande de las Naciones Unidas desde hace largo tiempo, cuya idea ha sido retenida y trabajada en la Asamblea General para una formulación general y definitiva de sus principios elementales. La obra de la ONU culminó cuando el 24 de octubre de 1970, se adoptó la resolución 2625 (XXV), con una “Declaración relativa a los principios de derechos internacional respecto a las relaciones amistosas y a la cooperación entre los Estados conforme a la Carta”. Consagra siete principios: 1) Abstenerse de recurrir a la amenaza o al empleo de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia; y de cualquier otra forma incompatible con los principios de las Naciones Unidas. 2) Regular las diferencias internacionales con métodos pacíficos, sin peligro de la paz, la seguridad y la justicia. 3) No intervención en la competencia de otro Estado, conforme a la Carta. 4) Cooperar los Estados entre sí, conforme a la carta. 5) igualdad de derechos de los pueblos; y de su derecho a disponer de sí. 6) Igualdad soberana de los Estados. 7) Cumplir los Estados de buena fe las obligaciones que asumen conforme a la Carta.
Como ya lo advertimos, estos siete principios ya estaban formulados en los artículos 1 y 2 de la Carta; pero en la Declaración de 1970 fueron desarrollados, explicitados y comentados; introduciéndose interesantes adiciones sobre la desaparición del régimen colonial y la licitud de la resistencia a esta forma de dominio.
La coexistencia pacífica era doctrina internacional ya formulada en 1954. En el tratado chino-indio del 29 de abril, relativo al Tíbet, se formulan cinco principios básicos para las relaciones: 1) Respeto mutuo a la integridad territorial y la soberanía. 2) No agresión mutua. 3) No ingerencia en asuntos internos, mutua. 4) Igualdad y ventajas mutuas. 5) Coexistencia pacífica. Los “cinco principios”, mencionados frecuentemente con su nombre indio “Panch Shila”, tuvieron mucha difusión y gran repercusión. Se dijo que eran la “expresión de una doctrina leninista”; y que estaban conformes a las enseñanzas de Buda”. Lo cierto es que los tres primeros son fundamentales clásicos en derecho internacional; el quinto ha servido muy bien para designar el conjunto; y que hizo falta un principio de legítima defensa individual o colectiva, como lo presentó más tarde en su artículo 51 la Carta de las Naciones Unidas.
La mayoría de las bases del tratado chino-indio de 54 no eran nuevas; ya habían sido formuladas en el tratado chino-soviético del 14 de febrero de 1950 (con Chiang Kai-Chek). Y fuera del tratado chino-indio, los “cinco principios” están en varios tratados entre los desaparecidos Estados socialistas, en unas cincuenta declaraciones bilaterales o plurilaterales y comunicados conjuntos, y en gran número de declaraciones unilaterales. A veces con otro orden, o formulación diferente, o variando en número.
Y en 1955, en la Conferencia de Bandung, Pakistán propuso adoptar una declaración fundamentada en los “siete pilares de la paz”; éstos son los cuatro primeros de los “cinco principios”, más los tres siguientes: derecho de legítima defensa individual y colectiva; derecho de los pueblos para disponer de sí mismos; condena al colonialismo. La Conferencia adoptó una declaración basada en diez principios: “los cinco principios” ya conocidos, entremezclados con estos otros cinco: respeto a los derechos fu fundamentales del hombre; reconocimiento de la igualdad racial; negativa a propiciar arreglos pro-intereses de las grandes potencias; arreglo de los conflictos internos por medios pacíficos; respeto a la justicia y a las obligaciones internacionales.
9. La Corte decide: Que los Estados Unidos, por sus ataques al territorio nicaragüense que se refieren en el parágrafo 4, y por declarar un embargo general sobre el comercio con Nicaragua el 1º de mayo de 85, han cometido actos calculados para privar de su objeto y propósito el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, de Managua, 21 de enero de 1956.
10. La Corte decide: Que los Estados Unidos, atacando el territorio nicaragüense como se refiere en el parágrafo 4 y declarando un embardo general sobre el comercio con Nicaragua el 1º de mayo 85, han actuado en violación de sus obligaciones, de acuerdo al artículo XIX del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, de Managua, 21 de enero de 1956
La actitud de los Estados Unidos contra Nicaragua, específicamente contra su economía, actitud que envuelve la colocación de las minas y el embargo, crea un delito descomunal, negativo a toda explicación o pretexto, que vulnera el derecho internacional consuetudinario y el Tratado de Managua de 56, de Amistad, Comercio y Navegación.
11. La Corte decide: Que los Estados Unidos “están en la obligación inmediata de cesar y de abstenerse de todos aquellos actos que puedan constituir violaciones a las obligaciones jurídicas indicadas”.
12. La Corte decide: Que los Estados Unidos “están en la obligación de indemnizar a la República de Nicaragua por todos los daños causados a Nicaragua por las violaciones de las obligaciones de conformidad con el derecho internacional anteriormente indicadas”.
13. La Corte decide: Que los Estados Unidos “están en la obligación de indemnizar a la República de Nicaragua por todos los daños causados a Nicaragua al violar el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, entre las partes, suscrito en Managua, el día 21 de enero de 1956”.
14. La Corte decide: Que “la forma y monto de tales indemnizaciones, de no llegarse a ningún acuerdo entre las partes, será resuelto por la Corte, y reserva para este propósito el procedimiento subsiguiente en el asunto.
15. La Corte “recuerda a las dos Partes su obligación de buscar una solución a su controversia por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional”.
Dado en inglés y francés, el texto inglés dando fe. Palacio de la Paz, La Haya, 27 de junio de 1986. Tres ejemplares: uno para el archivo de la Corte, otro al gobierno de Nicaragua y otro para el gobierno de los Estados Unidos.
(f.) Nagendra Singh, presidente. Santiago Torres Bernárdez, secretario
En los 16 parágrafos que componen la sentencia, hay seis que señalan violaciones al derecho internacional consuetudinario (3, 4, 5, 6, 8 y 9) y tres para las violaciones al Tratado de Amistad de 56 (7, 10 y 11); hay uno (13) para ordenar indemnizaciones por las segundas. Y hay tres parágrafos (12, 15 y 16) para las ejecutorias generales. Los dos primeros del documento establecen la jurisdicción de la Corte sobre el caso (1) y el rechazo a la pretendida “autodefensa colectiva” de los Estados Unidos (2). Resulta notorio que un 33% de la sentencia se ocupa del Tratado de Amistad de 56, inexistente desde el 1º de Mayo de 1986 por denuncia de los yanquis. Da la impresión de que ésta ha sido una condena doble para los Estados Unidos. Y que la indemnización que se demanda y cuyo valor se adelanta por ahí en noticieros y entrevistas, debiera elevarse por lo menos al doble.
1986: Nora Astorga, Embajadora ante la ONU, el Subscretario de la ONU para Asuntos Políticos, Sr. Diego Cordovez, Daniel, y su esposa, Rosario Murillo.
¿QUÉ HACER CON EL CONSEJO PARALÍTICO FRENTE AL IMPERIALSIMO EMPECINADO?
Ahora tenemos ante el Consejo de Seguridad el problema del cumplimiento de la sentencia. Se corre el riesgo de que frente a cualquier resolución del Consejo de Seguridad, los yanquis utilicen el veto, como ya empezaron a hacerlo, y paralicen el procedimiento ¿Podríamos liberarnos de esa parálisis?
El derecho de voto privilegiado de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad los capacita para bloquear en cualquier momento el procedimiento.
Hay quienes opinan que el derecho de veto debiera eliminarse. Para ello habría que reformar la Carta de la ONU, cosa muy difícil. Aunque es causa de inercia en el funcionamiento de la Organización, el veto funge como garantía para el Estado que lo ejerce, y su supresión podría originar deserciones entre sus practicantes.
Contra el abuso del derecho de veto se han generado algunos procedimientos, como la constitución de un organismo permanente regido por la regla de la mayoría: la “Pequeña Asamblea”; y se ha ido desarrollando la competencia de la Asamblea misma para mantener la paz, pero sin poder de decisión.
Una enorme importancia revista la resolución 377 (V) de la ONU, conocida como Unión Pro Paz, adoptada por la Asamblea General el 3 de noviembre de 1950, dirigida contra la inercia de la Organización, cuando se abusa del derecho de veto en el Consejo de Seguridad.
La Asamblea General, a propuesta de Dean Acheson, votó la resolución 377, que establece que cuando pueda surgir una amenaza a la paz o su quebrantamiento, o un acto de agresión, y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, por falta de acuerdo no pueden cumplir con su responsabilidad principal en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, la Asamblea General considerará de inmediato la cuestión para hacer las recomendaciones pertinentes sobre las medidas que se han de adoptar, incluyendo, si hay quebrantamiento de la paz o un acto de agresión el recurso a la fuerza armada si fuere necesario para restaurar la paz o la seguridad internacionales.
Así, convocada por la mayoría de sus miembros, o por la de nueve miembros del Consejo de Seguridad, la Asamblea reemplaza al Consejo paralizado.
El procedimiento de la resolución 377 (V), “Resolucin Acheson”, ha sido empleado varias veces con resultados exitosos, principalmente en el problema de Suez (1956) y en el caso del Congo (1961), en que se emplearon fuerzas de policía internacional.
En el caso de Suez, el 31 de octubre de 1956, fuerzas anglofrancesas habían emprendido operaciones contra Egipto “para proteger el canal”, después del ultimátum a Israel y Egipto para que suspendieran sus entrenamientos militares. En el Consejo de Seguridad se había propuesto abstención general pero el proyecto fue vetado por Francia y Gran Bretaña. Con siete votos se llevó el caso a la Asamblea General, según la resolución 377 (V). La Asamblea ordenó el cese inmediato del fuego y la creación de una fuerza internacional de emergencia, con hombres de diversos países que aceptaron contribuir. Más de veinte Estados suministraron los elementos militares y otros contribuyeron con su transporte. 5,000 hombres que componían esta fuerza propiciaron y realizaron la evacuación de los advenedizos, con total aprobación de los egipcios.
En el caso del Congo Belga, que proclamó su independencia en 1960, había quedado con problemas internos que dieron ocasión a Bélgica, para enviar tropas “a proteger a sus nacionales”. Los congoleses pidieron al Secretario General asistencia militar. Y el Consejo de Seguridad, el 13 de julio, a los seis días de pertenecer el Congo a las Naciones Unidas, exige a Bélgica el retiro y autoriza la asistencia militar al gobierno congolés. El 15 de julio llegan las primeras tropas. Nueva orden del Consejo de Seguridad para que Bélgica también retire sus tropas de Katanga, provincia sureña del Congo, para hacer lugar a las fuerzas de emergencia; se subraya que tales fuerzas no intervienen ni intervendrán en conflictos internos, constitucionales o no, ni ejercerán influencia en ellos. Hasta aquí el Consejo de Seguridad había actuado por consenso. Al paralizarse el 17 de septiembre por abuso del veto, se recurrió a la “Resolución Acheson”, y la Asamblea General pidió al Secretario General proporcionara al gobierno del Congo la ayuda necesaria. Tras un incremento de las actividades y el recrudecimiento de la guerra, las Naciones Unidas se trazan una línea: medidas para cortar la guerra civil, cese de operaciones militares, uso de la fuerza sólo en últimas instancias. Así, se responde con la fuerza a los mercenarios al servicio de Katanga. En noviembre de 61 el Consejo de Seguridad autoriza el empleo de la fuerza “en la medida necesaria”. Las fuerzas de emergencia elevan a 20,000 hombres, procedentes de veinte Estados africanos. En 1963 Katanga es reintegrada al Congo.
¿Qué lecciones provechosas para nuestra patria podemos extraer del recuerdo de estos hechos? Ahí está el Consejo de Seguridad paralizado por el veto yanqui, ahí está la Asamblea General de la ONU y ahí está la simpatía mundial por el sufrido pueblo de Nicaragua y su Revolución.
AYER, LA HAYA - HOY, NICA ACT
La publicación de El Nuevo Diario en fecha 6 de julio de 2011:
END LLEGA AL FONDO Y OBTIENE DOCUMENTO INÉDITO SOBRE HISTÓRICA DEMANDA CONTRA EE.UU.
Fue renuncia en La Haya
* Nicaragua desistió de continuar el procedimiento para tasar la indemnización, e informó de arreglo amistoso con Washington
* Expertos nicas consideran que no hubo mandato soberano para renunciar a la indemnización, que fallado el caso era un bien del Estado nicaragüense
* Manejo de Ortega sobre el tema es sólo una mal informada retórica
Esta nota de prensa de la CIJ da cuenta en 1991 de cómo Nicaragua renunció a cobrar a Estados Unidos la indemnización del juicio por la agresión militar de los años 80. CORTESÍA/END
Una declaración oficial de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya confirmó que el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro renunció continuar con el procedimiento para tasar la indemnización que Estados Unidos debía pagar a Nicaragua, producto de la sentencia condenatoria de la CIJ emitida en 1986.
La comunicación revela que el Secretario de la Corte informó a la prensa el 27 de septiembre de 1991, que el gobierno Barrios renunció a la indemnización.
El 12 de septiembre de ese año, el agente de Nicaragua en La Haya informó a la Corte que el gobierno decidió “renunciar a todo derecho de acción” y que “no deseaba continuar con el procedimiento”.
De acuerdo con la cita textual del documento que EL NUEVO DIARIO obtuvo, el Secretario de la Corte cita al agente nica, declarando en nombre de su gobierno: “Ha decidido renunciar a todo derecho de acción basado en el caso. No desea continuar con los procedimientos, y pidió una orden para que se registre oficialmente la suspensión del procedimiento y para que se remueva el caso de la lista”.
Según el documento emitido el 26 de septiembre de 1991, el Presidente de la Corte mandó a registrar la suspensión del procedimiento y orientó remover el caso de la lista de la Corte, a solicitud del gobierno de turno de Nicaragua.
“En cumplimiento del artículo 89 de las Reglas de la Corte, el Presidente de este Tribunal fijó el 25 de septiembre de 1991, como el plazo dentro del cual el gobierno de Estados Unidos de América podría indicar si se oponía al desistimiento. En esa fecha, una carta de consentimiento de la suspensión fue recibido de parte del Asesor Jurídico del Departamento de Estado de Estados Unidos, a nombre de su gobierno”, dice el documento.
“En consecuencia, el Presidente de la Corte, el 26 de septiembre de 1991, dictó una providencia de registro de la suspensión de las actuaciones y ordenó la eliminación del caso de la lista de la CIJ”, reza el documento histórico.
Doña Violeta no estaba facultada
El especialista en derecho internacional, Róger Guevara Mena, sostiene que la decisión del gobierno de Barrios de Chamorro fue incorrecta, pues en su calidad de Presidenta de la República, la exmandataria no tenía esa facultad.
“En el derecho internacional, para que la parte tenga el derecho a renunciar a los bienes como resultas de un juicio internacional, la parte debe tener un mandato. Ese mandato tiene que ser soberano, y como la soberanía la ejerce el pueblo, este ejerce su soberanía a través de una elección, de un plebiscito o de un referéndum”, expresó Guevara Mena.
Según el especialista, el Presidente “no tiene el derecho de ceder los activos del Estado, y para ello tuvo que haber consultado, de manera que ese desistimiento realizado por la mandataria Chamorro lo que hizo fue suspender el proceso y la tasación de la decisión judicial de la CIJ”.
El gobierno de doña Violeta ni siquiera llevó una resolución de la Asamblea Nacional, ya que la Ley 130, derogando la Ley 92, Ley de Protección de los Derechos de Nicaragua en el marco de la Corte Internacional de Justicia, solo devolvía las cosas a la situación en que estaban antes de abril de 1990, agregó Guevara Mena.
“Nicaragua pudo haber hecho en todos estos años esa consulta donde se desautorizaba a la mandataria por no tener mandato expreso para renunciar a esos fondos, y una vez aceptada la solicitud de Nicaragua, con el respaldo de un plebiscito, y luego, una vez admitida la solicitud, la Corte iba a efectuar la tasación en el estado en que había quedado antes de la renuncia. Una vez tasada por la Corte, el gobierno nicaragüense podía presentarse ante la Corte Federal de Justicia de Estados Unidos pidiendo el cumplimiento de la sentencia”, explicó Guevara Mena.
Derecho no perdido
El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, José Pallais, considera que el hecho de que “no se ejerció la acción, no quiere decir que se haya perdido el derecho”.
“Se renunció a los procedimientos y eso no significa que se renunció a los beneficios de la sentencia”, agrega Pallais.
Nicaragua denunció en 1984 a Estados Unidos por el ataque militar de la CIA en varios municipios del país, por el minado de los principales puertos marítimos de Nicaragua, por el aislamiento económico, por los sabotajes a objetivos civiles y económicos y por los daños materiales que estas actividades provocaron.
Dos años después, la Corte condenó a Estados Unidos, país que desconoció la jurisdicción de la CIJ en ese juicio. En 1991, Violeta Barrios de Chamorro renunció a cobrar la indemnización económica que en 1989 el gobierno había calculado en 17 mil millones de dólares.
El 27 de junio se cumplieron 25 años de la condena, y el presidente Daniel Ortega dedicó varios minutos de su discurso a cobrar esta “deuda histórica”, pero al parecer sin tener ninguna noción de la situación jurídica internacional del cómo había sido interrumpido el caso, y manejando la pretensión de Nicaragua sobre el monto de los daños, como una tasación de la Corte, algo que esta última no tuvo tiempo de hacer.
El ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco considera que esto es “parte de la retórica” del mandatario. “Si Ortega tiene interés en eso, tiene que reabrir un juicio”, sostiene, es decir, comenzar por impugnar la renuncia del gobierno de doña Violeta, y si lo resuelven favorablemente, continuar las resultas del juicio, es decir, el cobro de la indemnización.
Estados Unidos aseguró la semana pasada que el fallo de La Haya y la indemnización eran “caso cerrado”, sin embargo Carlos Argüello Gómez, histórico agente jurídico de Nicaragua ante La Haya durante la sentencia de 1986, consideró que con una Ley de la República no se desestima el fallo de la CIJ, y explicó que lo que se detuvo fue como se dice en derecho, el tasamiento de la deuda.
“Eso (la sentencia) es un patrimonio de Nicaragua, y lo que se hizo en su momento fue suspender la tramitación ante la Corte, pero no se ha renunciado ni se podía renunciar a una indemnización que es de Nicaragua y del pueblo de Nicaragua”, señaló Argüello Gómez.
Thomas O’Neill, Presidente de la Cámara de Representantes, siempre partidario de las presiones económicas, proclama: “No hay duda de que podemos hacerlos arrodillarse de lo noche a la mañana”. Otra medida prevista fue la abrogación del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, manteniendo “intactas” las relaciones diplomáticas. Se consideró la demora en la deuda y la congelación de bienes de Nicaragua en los Estados Unidos; la restricción de viajes de yanquis a Nicaragua; y el cierre de las oficinas comerciales de este país en los Estados Unidos. Todo ello conformaba una real y verdadera declaratoria de guerra económica.
Publicado por Eduardo Pérez-Valle en 12:49
Etiquetas: DERECHO INTERNACIONAL, LA HAYA

References: artículo 2
 artículo 51
 artículo 18
 artículo 36
 resolución 
 artículo 36
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 artículo 92
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
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 artículo 7
 artículo 19
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 artículo 51
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 artículo 89
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