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Timestamp: 2020-07-02 16:44:18+00:00

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Pensamiento Penal | Derecho penal | Prisión
SalvaSalva Pensamiento Penal per dopo
Cancio Melia, m., Ferrante, m., y Sancinetti m. - Estudios Sobre La Teoria de La Imputacion Objetiva
TSM 156471 del 24-may-10 Inutilización voluntaria confirma cesación por atipicidad MP. Carlos Dulce.doc
Sistema Penintenciario Mexicano
MELOSSI - Introducción
RESUMEN PENINTENCIARIO
Mauricio Duce y Cristian Riego Presion Preventiva y Nueva Justicia Penal en Chile
leyejecucionmedidascautelares
SISTEMA PENITENCIARIO EUROPA---trabajo.docx
Derecho Penal y La Nueva Ola de La Seguridad.
Articulado Exptes 3805 y 4829 20-9-2-2
Reparación Digna en el proceso penal guatemalteco.
Ejecución penal y litigio.
Algunas propuestas para orientar las decisiones administrativas y judiciales en favor de los derechos de las personas privadas de la libertad en los procedimientos disciplinarios.
Por Rafael Ignacio Martínez
“Ningún programa de reforma ha estado dispuesto a abandonar
el principio según el cual las condiciones de vida de los prisioneros
deben ser inferiores a las de las clases más bajas de la población
libre, como forma de mantener los efectos disuasivos de esta pena”. [1]
“El derecho de defensa es una de las garantías fundamentales
del proceso penal en un Estado de Derecho y sería absurdo
suprimirlo o restringirlo precisamente en la etapa procesal donde
la coacción estatal se manifiesta de manera más violenta”.[2]
SUMARIO: I. Introducción. II. Un necesario análisis de contexto. III. El régimen disciplinario. ¿Alcanza con el control judicial suficiente? IV. Propuestas defensistas. V. Jurisprudencia. VI. Consideraciones finales.
El presente trabajo tiene por objeto formular algunas propuestas para litigar eficazmente en favor de las personas privadas de su libertad en los procedimientos disciplinarios, sea que cumplan el encierro a título de ―prisión preventiva‖ o de ―condena‖.
Nadie puede negar la necesidad de que existan normas que habiliten a la administración penitenciaria a ejercer el poder disciplinario frente a eventuales infracciones, por parte de los internos, a las normas que rigen la convivencia dentro de la institución carcelaria.
Sin embargo, paralelamente con tal atribución, resulta también menester garantizar que la misma sea ejecutada dentro de un estricto marco jurídico, en el que debe garantizarse el derecho de defensa material y técnica de las personas privadas de su libertad.[3]
Lo contrario conduciría a tolerar la continuidad de la vieja doctrina de las relaciones especiales de sujeción que -en palabras de Rivera Beiras- pueden convertir al penado en ´titular de unos derechos devaluados´; lo que ´pone en entredicho la vigencia efectiva de la garantía ejecutiva que se deriva del principio de legalidad´ [4] [5].
Intentaré poner énfasis en que si bien los objetivos de ―orden‖ y ―disciplina‖ son en sí mismos legítimos[6], la necesidad de actuar con rapidez y eficacia en estos procedimientos y la supuesta mayor ―liviandad‖ de las sanciones disciplinarias -en comparación con las penas propiamente dichas-, de ninguna manera sirven como argumento para habilitar a la administración penitenciaria a desconocer la vigencia de las garantías penales y procesales durante la ejecución penal.
Sostener una postura contraria implicaría apartarse de la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes ―Dessy‖[7], ―Romero Cacharane‖[8] y ―Verbitsky‖[9]. Sin perjuicio de la materia específica tratada en cada fallo, son todos coincidentes en afirmar que durante la última etapa del proceso penal rigen de modo pleno y permanente los principios, derechos y garantías que la Constitución Nacional y los Tratados de idéntica jerarquía (art. 75 inc. 22 CN) reconocen a todo ciudadano.
II. UN NECESARIO ANÁLISIS DE CONTEXTO
Antes de ingresar al desarrollo de algunas propuestas defensistas para orientar las decisiones administrativas y jurisdiccionales en favor de los derechos de los privados de libertad, considero fundamental realizar un somero análisis del contexto
carcelario.[10]
Y lo estimo oportuno porque la sanción disciplinaria implica una manifestación del ejercicio del poder punitivo que recae sobre un ciudadano a quien se le reprocha determinada conducta; todo esto, en un contexto caracterizado por la situación de inferioridad en la que se encuentra el preso respecto dela Administración
Penitenciaria.[11]
Siguiendo a Rivera Beiras, es muy importante medir qué grado de cercanía existe entre la legalidad[12] y la realidad carcelaria, para concluir en que tenemos cárceles fuera de la ley. Esa doble visión sirve metodológicamente para poder llegar a la
conclusión que si la cárcel real no se adecua a la cárcel legal, sencillamente el Estado que encierra a la gente por no haber cumplido una legalidad, es el mismo que luego no cumple frente a esa gente con lo que está legislado.[13]
La cárcel es quizás la manifestación más violenta del derecho penal, y siguiendo a Baratta, cuando éste se emplea como castigo por ofensas a los bienes esenciales, lo hace con intensidad desigual y de modo parcial. Esto lo ha llevado a sostener que ―el derecho penal no es menos desigual que las otras ramas del derecho burgués, sino que, contrariamente a toda apariencia, es el derecho desigual por
excelencia‖.[14]
En palabras de Bergalli, ―el ingreso de un individuo a una institución penitenciaria, se traduce en la deposición forzada de su propia determinación; en adelante, serán otras personas las que dispondrán de cada minuto de su vida. Los internos de tal tipo de establecimientos comienzan por sufrir un aislamiento psíquico y social de las personas de su relación; luego pierden la posibilidad de ejercer cualquier rol social. Finalmente, todas las alternativas de satisfacer sus necesidades sociales y materiales, como la movilidad psíquica y social, son reglamentadas y minimizadas.‖[15]
Lo que en definitiva supone todo ello se refleja bien en las palabras de Foucault: ―El aislamiento de los condenados garantiza que se pueda ejercer sobre ellos, con el máximo de intensidad, un poder que no será contrarrestado por ninguna otra influencia‖ (Foucault, 1986:240). Como puede apreciarse, estas descripciones encajan perfectamente en la denominación de institución total de Goffman.[16] [17]
Advirtiendo este contexto y luego de un riguroso análisis, Mathiesen sostiene que ―las prisiones no rehabilitan, no cumplen una función de prevención general, tampoco funcionan como incapacitación y no sirven para cumplir con un ideal de justicia. Una vez construidas son irreversibles, además son insaciables, inhumanas, contradicen los valores básicos y no ayudan a las víctimas." [18]
Sin embargo, la circunstancia de reconocer en la prisión una máquina de producir degradación y sufrimiento a las personas que se encuentran privadas de su libertad, no debe llevarnos a la inacción.
La alternativa más apta para acercarnos al cumplimiento del mandato constitucional y convencional de readaptación social del condenado[19] desde una base realista -y sin ingresar en programas de readaptación máximos, incompatibles con nuestra carta magna- es ―brindar a las personas privadas de libertad un trato humano, lo menos deteriorante posible y tendiente a reducir la vulnerabilidad penal de la persona‖[20]; posición perfectamente compatible con la de Bustos Ramírez: "ofrecerle medios para obtener un grado mayor de propia dignidad, una mejor aptitud para resolver sus conflictos que pueda incidir en una conducta futura de abstención delictiva"[21].
III. EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO ¿ALCANZA CON EL CONTROL JUDICIAL SUFICIENTE?
Explica Daniel Cuenca que el régimen disciplinario es ―un conjunto de preceptos de naturaleza punitiva, destinado al mantenimiento del control y el orden preestablecido en una cárcel cualquiera, que es ejercido por la autoridad administrativa de la misma, y que está contenido en reglamentaciones que se aplican a través de un procedimiento que determinará la sanción a imponerse. Como podemos observar, el ‗orden en la prisión‘ es el objetivo primordial del régimen disciplinario, el cual se estructurará en reglas que sostienen, aún imperativamente, la convivencia pacífica en la población de un establecimiento carcelario. Es decir, el orden y la seguridad interior son premisas que la autoridad penitenciaria debe mantener para el normal desenvolvimiento del penal‖.[22]
Me interesa destacar cuatro aspectos señalados por Cesano[23] con relación a
1) El binomio ―privilegio - castigo‖ constituye un modo de organización inherente a la institución total. A una infracción al orden disciplinario le sigue una sanción que entraña la pérdida temporaria de mínimos privilegios[24]; privilegios que, si se los analiza en concreto, no constituyen ninguna ventaja o prerrogativa sino que, explicados en forma negativa, sólo evitan que el interno sufra privaciones que, de ordinario, no tiene por qué sufrir. De allí que, quien vive en un centro de detención, trate de no quebrantar aquel orden disciplinario.
2) Existe por parte de ciertos funcionarios penitenciarios la idea de que el orden y la seguridad dentro del establecimiento carcelario no sólo constituyen un fin en sí mismo sino, además, agotan la razón de ser de la ejecución.
3) Frente a tal sobre-valoración de la disciplina, puede ocurrir que, en el uso de las potestades conferidas, la autoridad administrativa, órgano encargado de su aplicación, pueda extralimitarse, incurriendo en arbitrariedades.
4) Y precisamente por esta razón, es tan importante que los jueces controlen que el ejercicio de esas potestades, que -en una forma básica y racional- nadie niega, de manera que no se conviertan en algo abusivo y autoritario. Ello lo decimos, debido a la incidencia que tienen las sanciones penitenciarias para la vida del interno. Es que, más allá del derecho afectado por la imposición de la sanción, éstas pueden tener efectos no deseados en orden a las perspectivas del régimen progresivo de la ejecución.[25]
De esta manifiesta situación de inferioridad del preso respecto de la administración penitenciaria, como así también -y fundamentalmente-, de las normas
constitucionales y convencionales[26], se ratifica la necesidad de garantizar el control jurisdiccional en la etapa de ejecución penal.[27]
Pero el resguardo del derecho de defensa, y en general, la tutela de las garantías penales y procesales de la persona sometida a un procedimiento disciplinario, deben ser efectivas no sólo ante la instancia judicial -el que normalmente interviene una vez aplicada la medida sancionatoria-, sino que deben ser operativos desde el primer momento en que se pone en marcha el procedimiento disciplinario.[28]
IV. PROPUESTAS DEFENSISTAS
Seguidamente, procedo a enunciar algunas propuestas dirigidas a orientar las decisiones administrativas y judiciales en favor de los derechos de los internos.
-Nulidad del
que se haya
presencia de la defensa técnica desde el primer momento de la imputación.
La ausencia de defensa técnica desde el inicio del procedimiento disciplinario lo torna ilegal. De esta manera, carece de validez cualquier declaración formulada por el imputado sin presencia de la defensa técnica.[29]
En este orden de ideas, es destacable la regulación que surge del Reglamento del Régimen de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad de la Provincia de Santa Fe al ser claramente superador de lo normado por la Ley Nacional N° 24.660 en el Capítulo IV ―Disciplina‖, en tanto garantiza expresamente el derecho del interno a contar con un abogado defensor desde el primer momento de la
imputación.[30]
En consonancia con lo expuesto, se ha sostenido ―Si el imputado no logra contar con un abogado defensor para dicho momento (esto en relación a las declaraciones prestadas en sede policial), la declaración no podrá ser recibida, debiendo considerarse nula la que eventualmente se recepte en esas condiciones.”[31]
Los aportes de doctrina y jurisprudencia en materia de declaraciones en sede policial son perfectamente trasladables a los procedimientos disciplinarios.[32]
-Si el procedimiento disciplinario resulta violatorio de garantías constitucionales, tal ilegalidad se proyecta a todos aquellos actos que son su consecuencia.
Entiendo que este principio de acción es sumamente útil para plantear nulidades en los procedimientos de secuestro y requisa que concluyen ―con novedad‖, práctica habitual en las unidades penitenciarias.
“Siendo el procedimiento inicial violatorio de garantías constitucionales…tal ilegalidad se proyecta a todos aquellos actos que son su consecuencia y que se ven así alcanzados o teñidos por la misma legalidad. De tal manera, no sólo resultan inadmisibles en contra de los titulares de aquellas garantías las pruebas directamente obtenidas del procedimiento inicial…sino además todas aquellas otras evidencias que son “fruto” de la ilegalidad originaria.” [33]
-El régimen disciplinario no debe conformarse con la mera adecuación típica de la conducta: habrá infracción disciplinaria cuando la conducta sea además antijurídica y culpable.
En el esquema de Zaffaroni que aquí se comparte, la teoría del delito es un sistema de filtros que sirve para que sólo pueda superarlo el poder punitivo que presente características de menor irracionalidad: la mera existencia de un conflicto criminalizado -el injusto- no es suficiente para afirmar la existencia del delito.
Este sistema de filtros tendientes a contener y reducir el ejercicio arbitrario del poder punitivo, rige plenamente para verificar si en un caso concreto se incurrió en una infracción disciplinaria.
En este orden de ideas, y sólo por citar un ejemplo, entendemos que la reiteración infraccional en la que haya incurrido un interno de ninguna manera habilita a la administración penitenciaria a imponerle una sanción más severa[34], ello así, por los mismos argumentos que es inconstitucional la reincidencia (art. 50 CP) como agravante. Es que la argumentación sostenida por la CSJN en ―Gómez Dávalos‖ y ―L´eveque‖ luce absolutamente contradictoria con la desarrollada en ―Gramajo‖, cuyos conceptos son absolutamente trasladables a la reincidencia y, desde la posición que aquí se defiende, plenamente aplicable también en materia de infracciones disciplinarias.
Como afirma Mir Puig, ―…en un derecho penal respetuoso del fuero interno, la agravación de la pena no puede ser fundada en una mera actitud interna del sujeto que no afecta al grado ni a la forma de la lesión producida, y que en general viene acompañada de una menor capacidad de resistencia frente al delito (menor culpabilidad) en quien ha pasado por la experiencia carcelaria…‖[35]
insistirse
afectado”
requisito ineludible para afirmar la existencia de una infracción disciplinaria.
El bien jurídico afectado no puede ser ―el orden y disciplina‖. Siguiendo a Cesano[36], las alegaciones al orden interno o a la seguridad del establecimiento en tanto
no mediatizan posibles afectaciones a derechos de otros sujetos, son harto vagas y dan pie para esconder o camuflar abuso o desviación de poder en su invocación y utilización. La intervención coactiva, a través de la tipificación de faltas (leves, medias o graves) exige, inexorablemente, un nexo causal verificable entre la conducta prohibida y la afectación de las finalidades que la ley establece con la previsión del sistema de sanciones disciplinarias. Una postura contraria importaría vulnerar el principio de lesividad (art. 19, 1ra. cláusula de la Constitución Nacional).[37]
-Culpabilidad como límite a la sanción por el acto infraccional.
Para que exista infracción disciplinaria no basta con el mero encuadre típico de la conducta desplegada por el interno y la imposibilidad de ampararse en un precepto permisivo (causas de justificación o de licitud). El acto, además, debe ser culpable. Sin ingresar en el análisis de la culpabilidad como categoría del delito, cuestión que excedería la temática desarrollada en este trabajo[38], seguiré la posición de Bustos Ramírez: responsabilidad implicaexigibilidad. Esto es, se trata de qué es lo que puede exigir el sistema social, el estado en definitiva, de una persona frente a una situación concreta. Por eso, culpabilidad es exigibilidad, o sea, capacidad no de la persona para dar una respuesta determinada, sino capacidad del estado para exigir esa respuesta.[39]
En términos más concretos, la discordancia entre cárcel real y cárcel legal a la que se hiciera referencia en el punto dos de este trabajo, debe ser un elemento de análisis ineludible para mensurar el reproche ante una infracción disciplinaria.
En la generalidad de los casos, la prisión preventiva es empleada como anticipo de pena[40] no respondiendo a las exigencias que nuestra Carta Magna y el bloque de constitucionalidad federal imponen a los jueces para ordenar el encierro cautelar.[41] Este contexto en donde la prisión preventiva no opera como excepción sino como regla, es más grave aún en el caso de los menores de edad privados de libertad por disposición de jueces de menores, ya que el Régimen Penal de la Minoridad vigente habilita a los jueces a disponer esta medida cautelar de encierro sin mayores
exigencias.[42]
Este dato de la realidad -que puede incluso hacer responsable al estado argentino frente a la comunidad internacional por no responder a los estándares internacionales que rigen la materia-, debe ser un elemento para mensurar el reproche frente a una infracción disciplinaria cometida por un interno que permaneció como preso preventivo excediendo todo plazo razonable y en donde el encierro ya no responda a los fines estrictos y excepcionales a los que se aludiera en la cita número 41.
-Oralidad del procedimiento disciplinario en todas sus instancias.
El derecho del justiciable no es a ser ―leído‖ sino a ser ―oído‖ en la sustanciación de ―cualquier acusación penal…‖ El art. 8 inc. 1 de la CADH es claro en
este sentido: Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.[43]
En esta misma dirección, en las Conclusiones del VI Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución Penal [44], la Comisión N° 3 que abordó el tema ―Oralidad y Sanciones Disciplinarias‖ expresó: ―La oralidad en la etapa de ejecución penal es un derecho que encuentra su fundamento en las normas del bloque de constitucionalidad federal que imponen el diseño acusatorio para la totalidad del proceso penal (arts. 1, 2, 8.1, 8.2 y 29 inc. a de la CADH y 2.1, 2.2, 14.3 del PIDCP, 1, 18, 24, 31, 75 inc. 22 y 118 de la CN). De modo tal, la operatividad de este derecho no está sujeta a la necesidad de la sanción de una norma procesal inferior que expresamente la recepte (CSJN, Ekmekdjian v. Sofovich, Romero Cacharane, Verbitsky y Acosta).”
En síntesis, más allá de las resistencias (sobre todo culturales) para instaurar la oralidad en la etapa ejecutiva, es una exigencia constitucional que debe ser planteada por los defensores y en general, por todos los operadores del sistema.
-La efectivización de una sanción disciplinaria debe operar como última
Aun comprobada la infracción disciplinaria, la sanción al interno sólo podrá efectivizarse en la medida en que no sea viable el empleo de otra medida institucional adecuada para abordar el incidente.
Además, la administración penitenciaria deberá fundar la absoluta necesariedad de recurrir a la sanción; los propósitos que se persigue con la misma y la inconveniencia de recurrir en ese caso concreto a otras medidas alternativas menos gravosas para el interno.
En esa dirección, es destacable la regulación efectuada en la reglamentación de la Provincia de Santa Fe a la ley de adhesión a la LEP 24.660: Art. 63: “La aplicación de una sanción disciplinaria será el último recurso frente a una infracción. En la medida de lo posible, las autoridades deben recurrir a mecanismos de prevención, restauración, mediación y de diálogo para resolver sus diferencias con los detenidos y las dispuestas entre ellos.”
Inconstitucionalidad del art. 96 in fine de la ley 24660.[45]
Compartiendo lo expuesto por Cerutti - Rodríguez[46], de ningún modo el retardo de justicia puede significar un perjuicio para el interno, ni una legitimación de lo
actuado a contrario derecho. El juez competente en cada caso tiene el deber de expedirse sobre la materia de la falta disciplinaria en relación con su existencia, antijuridicidad, efecto suspensivo del recurso y reproche.[47]
Es de destacar lo resuelto por el J.E.P. Nº 3 de Córdoba en ―ROCHA, Sebastián Ricardo‖, 24/02/2010, en donde se declaró la inconstitucionalidad de esa norma por afectar el derecho a la tutela judicial efectiva y los principios in dubio pro reo y de judicialización.
La sanción no debe afectar los derechos fundamentales del preso.
Derechos como el acceso a la educación, salud, trabajo y visitas (sólo por mencionar los más trascendentes), no pueden ser afectados por vía directa o indirecta a través de la aplicación de una sanción disciplinaria. Estos derechos tampoco pueden ser restringidos como medida preventiva.
Seguidamente, procedo a citar alguna jurisprudencia que considero de interés, en tanto contribuye a profundizar el respeto por las garantías penales y procesales durante la ejecución penal.
“Siendo así considero, a diferencia de lo que sostiene la decisión recurrida, que el derecho de defensa durante el trámite de la sanción no se ve cumplido con el descargo de la imputada ante la administración, pues aquél sólo representaría la defensa material pero no a la técnica. La diferencia es sustancial, pues la estrategia de cuestionar, producir y/o ofrecer pruebas en miras a defenderse de un hecho que tiene consecuencias legales implica un conocimiento especial en la materia que no puede ser realizado en forma adecuada por la interna, sino que es tarea propia del abogado defensor. Es por ello que si se considera que aquél derecho se salvaguardó con la sola posibilidad de que la mencionada sea oída se produce una interpretación restringida del art. 18 de la CN.” Voto de la Dra. Ángela E. Ledesma en causa Nro. 12.618 ―Guerrero, Carla Sofía s/ Rec. de casación‖ SALA III CNCP, 14.10.2010.
“Este tribunal ha señalado en el precedente ´Benguiat´ (TSJ, Sala Penal, Sentencia N° 67, 02/09/02) en atención a la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio, que todo imputado tiene derecho a controlar la producción de la prueba que se pretenda incorporar al proceso en su contra, en igualdad de condiciones con el órgano del estado habilitado para el ejercicio de la acción penal. Lo dicho, se individualiza como
08/06/00).
contradictorio” (TSJ,
´Sánchez´,
En el caso el Juez de Ejecución inmediatamente después de que el Sr. Fiscal solicitara, previo a dictaminar, la recepción del testimonio del Subayudante José M., debió poner en conocimiento de la defensa el diligenciamiento de la prueba ofrecida, para garantizar en este caso el derecho que posee el encartado y su defensor de controlar la producción de la misma, logrando así la igualdad de condiciones entre Ministerio Público y la defensa”.
Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Sala Penal, ―Arce, Aldo Alberto‖, 23/03/10.
“De la lectura de las actuaciones llevadas adelante en el Servicio Penitenciario, no surge que se le haya notificado al defensor del imputado de las circunstancias de hecho que motivaron las sanciones que le fueran impuestas, ni de la resolución. Por lo tanto, no ha podido proponer prueba útil para apoyar su posición. De ello puede concluirse que no ha existido una defensa efectiva, ante la autoridad penitenciaria”.
Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, ―Rodríguez, Jorge Nicolás‖, 30/05/05.
“…Tanto en el procedimiento disciplinario llevado a cabo por la administración penitenciaria, como en el procedimiento penal común que se encuentra a disposición del Juzgado Federal N° 3 y en estado de sumario, lo que se perseguía en un caso y lo que se persigue en el otro, es la aplicación de una sanción, entendida como respuesta del estado a un hecho que ha calificado como infracción a la ley. No se me escapa que, en un caso, la sanción perseguida era de tipo disciplinario y que, en el otro, estamos en presencia de una sanción penal; pero, al fin y al cabo, en ambas hipótesis, se trata de una sanción. La identidad de causa de persecución, entonces, también se da en el sub- iudice. Concurriendo en el caso las tres identidades que activan la aplicación de la regla del ne bis in idem corresponde, como he adelantado, esgrimir también este argumento a los fines de revocar la sanción disciplinaria aplicada a Roberto Carlos Nopay o Villegas”
Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de Córdoba, ―Nopay o Villegas, Roberto Carlos‖,
06/05/10.
“…La confirmación ficta de una sanción disciplinaria penitenciaria recurrida por el interno sancionado resulta violatoria de la garantía -de raigambre constitucional- de la
tutela judicial efectiva (art. 25 CADH, art. 75 inc. 22 CN)… La garantía en cuestión no
hace otra cosa que exigir, a los Estados parte, la previsión de un recurso efectivo. Se trata de una auténtica obligación de resultado por cuanto -como apunta Juan Carlos
no es suficiente con que exista en el derecho interno la posibilidad
abstracta de ejercer un carril de este tipo, sino que es necesario que el mismo (es decir:
el recurso) produzca los efectos deseados, esto es, que sea efectivo para proteger el bien jurídico tutelado””
Hitters- “(
―ROCHA, Sebastián Ricardo‖, 24.02.2010, J.E.P. N° 3 de Córdoba.
―…El espacio carcelario -enseña Bovino[48]-…es un espacio oculto al resto de lo social. La propia naturaleza de la institución penitenciaria oculta las prácticas que se desarrollan en su interior. La convivencia permanente entre guardados y guardianes, junto con las facultades -legales o de facto- reconocidas a estos últimos para controlar a los primeros, por otra parte, convierte a la ilegalidad en una posibilidad siempre presente‖.
El presente trabajo pretendió ser un aporte para contrarrestar la potestad disciplinaria de una de las agencias que participan de ese ejercicio de poder punitivo[49]; así como contribuir a profundizar la valiosa jurisprudencia de nuestro máximo tribunal.
Porque en definitiva, “el ingreso a una prisión, en tal calidad, no despoja al hombre de la protección de las leyes y, en primer lugar, de la Constitución Nacional… los prisioneros son, no obstante ello, personas titulares de todos los derechos constitucionales, salvo la libertades que hayan sido constitucionalmente restringidas por procedimientos que satisfagan todos los requerimientos del debido proceso”.[50]
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CESANO, José Daniel: ―Castigando a los castigados: algunas reflexiones sobre la potestad disciplinaria de la administración penitenciaria en la ley 24.660‖ - Exposición del autor en el marco del seminario interdisciplinario ―Universidad y cárcel‖, organizado por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, 10 de Mayo de 2002.-
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[1] RUSCHE, G. y KIRCHHEIMER, O., Pena y Estructura Social, pág. 193. - Ed. Temis - 1984 [2] SALT, Marcos, Los derechos de los reclusos en Argentina, en Rivera Beiras/Salt ―Los derechos fundamentales de los reclusos. España y Argentina‖, pág. 208, Ed. del Puerto, Bs. As., 1999.
el orden interno de los establecimientos debe ser entendido como indispensable
para el funcionamiento de cualquier sistema organizado. Empero, debe afirmarse la imposibilidad de existencia de un orden sin ninguna regla, so pena de que la relación organizativa bajo el empleo de formas discrecionales se transforme en una mera relación de sometimiento‖. SLOKAR, Alejandro, “Forma - Estado Democrática y actuación penitenciaria (Poder y libertad en el ámbito carcelario)”, ―Lecciones y Ensayos‖, N° 66, 1996, pág. 30.; citado por CESANO, José Daniel en“Castigando a los castigados: algunas reflexiones sobre la potestad disciplinaria de la administración penitenciaria en la ley 24.660” - Exposición del autor en el marco del seminario interdisciplinario ―Universidad y cárcel‖, organizado por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de
[3] En palabras de SLOKAR: ―(
Córdoba. Córdoba, 10 de Mayo de 2002.-
[4] RIBERA BEIRAS, Iñaqui. La devaluación de los derechos fundamentales de los reclusos. La construcción jurídica de un ciudadano de segunda categoría, J. M. Bosch, Barcelona, 1997, p. 369.
[5] Citado en ―ARIAS, Daniel Osvaldo‖, Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de Córdoba, 19/11/07.
[6] El art. 80 de la ley 24.660 (Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad) expresa: “El orden y la disciplina se mantendrán con decisión y firmeza. No se impondrán más restricciones que las indispensables para mantener la seguridad y la correcta organización de la vida de los alojados, de acuerdo al tipo de establecimiento y al régimen en que se encuentra incorporado el interno.”
[7] D 346 XXIV; ; 19-10-1995; T. 318 P. 1894
[8] R. 230. XXXIV.; ; 09-03-2004; T. 327 P. 388
[9] V. 856. XXXVIII; 03/05/2005; T. 328, P. 1146
[10] Para el abordaje de esta temática existe una amplísima bibliografía, así por ejemplo: CLEMMER, D., The Prision Community (1958); FOUCAULT, M., Vigilar y castigar (1975); MELOSSI, D. y PAVARINI, M., Cárcel y fábrica (1980); MARI, Enrique, La problemática del castigo (1983); MATTHEWS, Roger, Pagando tiempo. Una introducción a la sociología del encarcelamiento (2003); RIVERA BEIRAS, Iñaqui, La cuestión carcelaria (2006), entre otros.
[11] Así, BOVINO al intentar justificar la necesidad del control jurisdiccional de la pena, ha sostenido que ello se
debe a "
interrelación entre agente penitenciario y preso, en circunstancias que favorecen la generación de conflictos y un manejo violento de alguno de ellos; b) el peligro constante de afectación de derechos fundamentales, y c) la distancia entre el preso y el poder judicial, que es mucho mayor que la distancia geográfica existente entre la prisión y los tribunales". Cfr. BOVINO, Alberto, "Control judicial de la privación de libertad y derechos humanos", ¿Más derecho?, Año I, Nº 1, Di Plácido Editor, Buenos Aires, 200, p. 237.
especial situación que se pretende regular. Esta situación se caracteriza por: a) una estrecha y continua
[12] El deber ser de la cárcel se desprende no sólo de la ley nacional 24.660 -Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad-, sino también de la Constitución Nacional (arts. 1 y 18) y de los Tratados Internacionales incorporados a nuestro derecho interno (art 75. inc. 22), en particular la CADH y el PIDCyP, adquiriendo significativa relevancia las ―Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos‖, adoptadas por el 1er Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, como así también los ―Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas‖ (Resolución 1/08 CIDH)
en http://www.pensamientopenal.org.ar/rivera-beiras-la-carcel-
persiste-gracias-a-su-fracaso-no-a-su-exito/. Este distanciamiento entre ―ser‖ y ―deber ser‖ no constituye una contradicción. En efecto, “si la cárcel triunfara en la función declarada de resocializar y rehabilitar a la gente, debería de ir adelgazando, siendo cada vez más pequeña. Pero como la cárcel fracasa en su función declarada, porque no resocializa, sino que neutraliza, incapacita, destruye y la reincidencia al salir es tan elevada, la cárcel engorda gracias a su fracaso, no gracias a su éxito. Esta es la gran paradoja que se produce en el universo penitenciario. Por lo tanto, no es una contradicción, es lógico que sea un sistema perverso.”
[13] Entrevista
[14] BARATTA, Alessandro, Criminología crítica y crítica del Derecho Penal. Introducción a la sociología jurídico-penal, Siglo XXI Editores Argentina, 2004.
[15] BERGALLI, Roberto, 1980:276
[16] Una institución total puede definirse como un lugar de residencia y trabajo, donde un gran numero de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un período apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, administrada formalmente. Todos los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo la misma autoridad. (GOFFMAN, E., Internados, Ed. Amorrortu.)
[17] Extraído de El impacto carcelario: Los efectos de la cárcel. Josep García-Borés Espi. Texto extraído de ―Sistema penal y problemas sociales‖, Roberto Bergalli coord. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2003.
[18] Artículo publicado en ―Nueva Doctrina Penal‖, Nº 1, 2005, Buenos Aires, Argentina, págs. 3-20 - Paper presentado el 25 de junio de 2004 en las Jornadas ―Prison 2004‖ celebradas en la City University de Londres. Traducción del inglés de Gabriel Ignacio Anitua y Marta Monclús Masó.
[19] Los arts. 5.6 y 29 de la CADH y el art. 10.3 del PIDCyP, incorporados a la Constitución Nacional en función del inciso 22 del artículo 75, disponen que la pena privativa de libertad debe tener por objeto la reincorporación social del condenado. En el mismo sentido el art. 1 de la ley 24.660.
[20] ZAFFARONI, Eugenio Raul, Los objetivos del sistema penitenciario y las normas constitucionales, en El derecho penal hoy. Homenaje al profesor David Baigún, 115-129. Buenos Aires: Editores del Puerto, 1995.
[21] BUSTOS RAMÍREZ, Juan, Política criminal y Estado de derecho, en "Ciencias Penales", Costa Rica, año 8, Nº 12.
[22] CUENCA, Daniel O., Garantías y ejecución penal. Pautas de aplicación en el régimen disciplinario, en Revista de Derecho Penal 2001-2 Garantías constitucionales y nulidades procesales - II, DONNA, Edgardo Alberto (Director), Rubinzal – Culzoni Editores, Santa Fe, 2002. Citado por BLASCO, María Sol en Medios de impugnación
penal, publicado en
http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2011/12/ejecucion05.pdf
[23] CESANO, José Daniel, Castigando a los castigados: algunas reflexiones sobre la potestad disciplinaria de la administración penitenciaria en la ley 24.660 - Exposición del autor en el marco del seminario interdisciplinario ―Universidad y cárcel‖, organizado por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, 10 de Mayo de 2002.-
[24] Establece el art. 87 de la ley 24.660: “Sólo se podrá aplicar como sanción, de acuerdo a la importancia de la infracción cometida y a la individualización del caso, alguna de las siguientes correcciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 89; a) Amonestación; b) Exclusión de las actividades recreativas o deportivas hasta diez (10) días; c) Exclusión de la actividad común hasta quince (15) días; d) Suspensión o restricción total o parcial de derechos reglamentarios de hasta quince (15) días de duración; e) Permanencia en su alojamiento individual o en celdas cuyas condiciones no agraven ilegítimamente la detención, hasta quince (15) días ininterrumpidos; f) Permanencia en su alojamiento individual o en celdas cuyas condiciones no agraven ilegítimamente la detención, hasta siete (7) fines de semana sucesivos o alternados; g) Traslado a otra sección del establecimiento de régimen más riguroso; h) Traslado a otro establecimiento. La ejecución de las sanciones no implicará la suspensión total del derecho a visita y correspondencia de un familiar directo o allegado del interno, en caso de no contar con aquél.”
[25] Así por ejemplo, dispone el art. 89 de la ley 24.660: “El director del establecimiento, con los informes coincidentes del organismo técnico-criminológico y del consejo correccional del establecimiento, podrá retrotraer al período o fase inmediatamente anterior al interno sancionado por falta grave o reiterada.”
[26] Art. 18 CN que recepta el principio de legalidad ejecutiva, a modo de extensión del principio de legalidad; Art. 25 DADH, derecho del penado de ―recibir un tratamiento humano durante la privación de la libertad‖, respetuoso de la ―dignidad inherente al ser humano‖ (Art. 10.1. PIDCP); prohibición de legislar y ejecutar penas ―crueles, inhumanas o degradantes‖ (Art. 5 DUDH), entre otras normas.
[27] AA.VV., Manual de derecho procesal penal, Ciencia, Derecho y Sociedad, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba, 2003, p. 632; citado por GUILLAMONDEGUI, Luis Raúl en La reforma de la ejecución penal y la necesidad del control jurisdiccional en un Estado de Derecho, Ponencia presentada en el Vº Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Penal y Jornadas Argentinas de Derecho Penal, San Miguel de Tucumán, Octubre del 2005. Artículo publicado en Jurisprudencia Argentina. Número Especial de Ejecución Penal, 02/08/06, Coordinador: Sergio Delgado, Lexis Nexis, Bs. As., 2006, pp. 24-32.
[28] Es dable agregar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la resolución 1/08 (Principios y Buenas Prácticas sobre las Personas Privadas de Libertad en las Américas) ha sostenido en relación al principio de legalidad que ―las órdenes y resoluciones judiciales o administrativas susceptibles de afectar, limitar o restringir derechos y garantías de las personas privadas de libertad deberán ser compatibles con el derecho interno e
internacional. Las autoridades administrativas no podrán alterar los derechos y garantías previstas en el derecho internacional (principio IV).
[29] En este sentido, es dable mencionar que en el 7mo Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución Penal (Córdoba, Abril de 2012) con relación al tema ―Sanciones Disciplinarias‖ se concluyó: Debe garantizarse…el derecho a contar con un abogado defensor, desde el inicio del sumario administrativo en virtud del procedimiento de sanción, circunstanciando el modo, tiempo y lugar del hecho que se le imputa al interno, por el cual será pasible de sanción. Dicha garantía de defensa, será tenida como un derecho irrenunciable. Asimismo deberán evacuarse las citas correspondientes y garantizar la producción de pruebas de descargo.
[30] Decreto Provincial N° 598 del 14.04.2011 -Reglamentación de Ley Pcial. N° 11661 (de adhesión a la Ley Nac. N° 24.660). Art. 89: El sumariante procederá, en un plazo máximo de un día, a notificar al imputado: a) Los hechos imputados y la norma que se estaría infrigiendo; b) Las pruebas de cargo existentes; c) Los derechos que le asisten entre los cuales se hallan: negarse a declarar, lo que no será considerado presunción en su contra, y designar en ese mismo acto abogado defensor expresando nombre y apellido del mismo.
Art. 90: En caso de designar abogado defensor el sumariante deberá notificar por la vía más rápida disponible al profesional, quien, en caso de aceptación del cargo, podrá entrevistarse previamente con el interno y asistirlo en la declaración. Se deberá dejar constancia en el sumario de los modos y medios utilizados para la comunicación al profesional y el resultado de los mismos. Para el ejercicio de este acto de defensa, incluida la declaración del imputado, habrá un plazo perentorio de tres días hábiles.
[31] ERBETTA, ORSO, FRANCESCHETTI Y CHIARA DÍAZ, Nuevo Código Procesal Penal de la Pcia. de Santa Fe comentado - Ley 12.734, Ed. Zeus, comentario al art. 268 de la ley 12.734, pág. 517.
[32] Así por ejemplo, la CSJN en “Colman” (Fallos 181:182) niega todo tipo de valor a las declaraciones prestadas en sede policial, sin exigirle al procesado la demostración de que su ―espontánea‖ había sido extraída mediante violencia o coacción.
[33] CARRIO, Alejandro D., Garantías constitucionales en el proceso penal, 5ta Ed. Actualizada, Ed. Hammurabi, pág. 316.
[34] A modo de ejemplo, el art. 50 de la Ley 12.256 -Ley de Ejecución Penal Bonaerense- establece: “Deberá valorarse al imponer las sanciones la magnitud de la infracción cometida, la reincidencia en conductas como la cuestionada, la personalidad del interno y las circunstancias del caso.”
[35] MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal. Parte General, pág. 654.
[36] CESANO, José Daniel, Castigando a los castigados: algunas reflexiones sobre la potestad disciplinaria de la administración penitenciaria en la ley 24.660. Exposición del autor en el marco del seminario interdisciplinario ―Universidad y cárcel‖, organizado por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, 10 de Mayo de 2002.-
[37] Expresan, al respecto, Eugenio Raúl Zaffaroni, Alejandro Alagia y Alejandro Slokar, Derecho Penal. Parte General, Ed. Ediar, Bs. As., 2000, pág. 119 y 120: “El primer párrafo del art. 19 de la C.N. consagra el más importante de los límites materiales que impone esta Carta, no sólo al poder criminalizante primario y secundario, sino a la injerencia coactiva del Estado en general ( )”
[38] Sin desconocer el debate que existe al respecto, entiendo que la teoría de la co-culpabilidad, y la que atiende al esfuerzo por la vulnerabilidad, son absolutamente compatibles como forma decontener y reducir el ejercicio arbitrario del poder punitivo ante la imputación de una infracción disciplinaria.
[39] BUSTOS RAMÍREZ, Juan J., Lecciones de Derecho Penal. Volumen 1. Ed. Trotta, 1997. Pág. 335 y ss.
[40] O en todo caso, siguiendo a Daniel Erbetta, como medida de seguridad predelictual
[41] El estado de derecho exige como presupuestos para su aplicación que sea dispuesta por un tribunal imparcial, previa solicitud de parte y se demuestre, en base a elementos probatorios, que la persona intentará eludir el accionar de la justicia o entorpecer la investigación. Sin excepción, se deberá dar estricto cumplimiento a los siguientes recaudos: un mínimo de prueba de culpabilidad, excepcionalidad, gradualidad, interpretación restrictiva, proporcionalidad, subsidiariedad en la aplicación, provisionalidad y favor libertatis. Extraído de El estado de la prisión preventiva en la Argentina. Situación actual y propuestas de cambio, INECIP, Buenos Aires, febrero de 2012.
[42] El decreto-ley 22.278 (contrario a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, a la ley nacional 26.061 y en general, al paradigma de la protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes) se caracteriza por la situación de cautela en la que pueden permanecer los jóvenes imputados de cometer delitos, cautela que a criterio de los defensores del modelo tutelar, es benéfica para los adolescentes. Ha dicho Mary Beloff que el encierro de niños es ilegal porque, aun cuando leyes formalmente vigentes lo autoricen bajo los eufemísticos títulos de internamiento, depósito o custodia, el uso generalizado de la privación de la libertad para “proteger” niños es contrario a las prescripciones de las constituciones nacionales y los Tratados de Derechos Humanos que rigen la materia, todos los cuales autorizan el uso de la privación de libertad para niños sólo cuando se trata de adolescentes declarados responsables de la comisión de delitos graves. BELOFF, Mary, Luces y sombras de la Opinión Consultiva 17 de la Corte Interamericana: Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, en Beloff, Los derechos del niño en el sistema interamericano, Del Puerto, Buenos Aires, 2004, Cap. IV.
[43] En la misma línea el art. 14 inc. 1 PIDCyP.
[44] Encuentro realizado en el Potrero de los Funes, Pcia. de San Luis, los días 28, 29 y 30 de Abril de 2011.
[45] ARTICULO 96. — Las sanciones serán recurribles ante el juez de ejecución o juez competente dentro de los cinco días hábiles, derecho del que deberá ser informado el interno al notificársele la resolución. La interposición del recurso no tendrá efecto suspensivo, a menos que así lo disponga el magistrado interviniente. Si el juez de ejecución o juez competente no se expidiese dentro de los sesenta días, la sanción quedará firme.
[46] CERUTI, Raúl A. - RODRIGUEZ, Guillermina B., Ejecución de la pena privativa de libertad (Ley 24.660). Comentada y anotada. Doctrina. Legislación. Ediciones La Rocca. Buenos Aires 1998.
[47] Estos autores entienden que la mora de la decisión a tomar, una vez transcurridos los sesenta días, podrá dar la posibilidad de reclamar por ante la instancia superior la producción de un fallo al respecto, con la consecuente solicitud de sanción para el juez que no cumpliera con sus funciones.
[48] BOVINO, Alberto, Control judicial de la privación de libertad y derechos humanos, en Revista ¿Más Derecho? Número 1, Año 1, noviembre de 2000, Fabián J. Di Plácido Editor, Buenos Aires, 2000.
[49] Poder punitivo que, como enseña Zaffaroni, es estructuralmente selectivo, discriminatorio, violento, y, cuando puede, corrupto.
[50] D 346 XXIV; ; 19-10-1995; T. 318 P. 1894
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References: Artículo 8
in fine
in dubio
 artículo 75
 artículo 89
 resolución