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Timestamp: 2016-12-03 22:45:54+00:00

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LEY ORGÁNICA 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición
LEY ORGÁNICA 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición	LEY ORGÁNICA 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición Mis Leyes
LEY ORGÁNICA 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición Estado	:
Artículo 1. Titulares del derecho de petición.
Artículo 3. Objeto de las peticiones.
Artículo 5. Utilización de lenguas cooficiales.
Artículo 6. Presentación de escritos.
Artículo 7. Tramitación de peticiones. Subsanación.
Artículo 8. Inadmisión de peticiones.
Artículo 9. Declaración de inadmisibilidad. Plazo.
Artículo 10. Decisiones sobre competencia.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Regímenes especiales.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Defensor del Pueblo e instituciones autonómicas análogas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Peticiones de los internos en las instituciones penitenciarias.
Hasta ahora ha sido en una norma preconstitucional, la Ley de 22 de diciembre de 1960, donde se encontraba su régimen jurídico, aunque convenientemente adaptado por los pronunciamientos del Tribunal Constitucional.
Parece llegado el momento de proceder a la actualización del desarrollo normativo del derecho fundamental de petición desde una perspectiva constitucional.
Probablemente su carácter residual respecto a otros instrumentos de relación entre los ciudadanos y los poderes públicos, unido a que la Ley de 1960 contiene una regulación eminentemente técnica de carácter administrativo y, por ende, neutral, han sido razones suficientes para mantener una norma preconstitucional en materia de derechos fundamentales.
Ahora bien, no debe pensarse que el de petición es un derecho menor. Desde luego, históricamente no lo ha sido. Y en el momento actual entronca de manera adecuada con las tendencias mayoritarias que proclaman una mayor participación de los ciudadanos, y de los grupos en que se integran, en la cosa pública, una mayor implicación en las estructuras institucionales sobre las que se asienta nuestro Estado social y democrático de Derecho.
Al abordar de nueva planta el desarrollo legal de un precepto constitucional en el que se reconoce un derecho fundamental es ineludible atender a la construcción doctrinal que el Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de nuestra Carta Magna, ha establecido. En consecuencia, la presente Ley se ajusta a los pronunciamientos del Alto Tribunal contenidos en diversas sentencias y autos, con especial atención a la sentencia de 14 de julio de 1993.
La delimitación del ámbito subjetivo de titulares del derecho de petición se realiza extensivamente, entendiendo que abarca a cualquier persona natural o jurídica prescindiendo de su nacionalidad, como cauce de expresión en defensa de los intereses legítimos y como participación ciudadana en las tareas públicas, pudiendo ejercerse tanto individual como colectivamente. Tan sólo se establece la limitación que para los miembros de las Fuerzas o Institutos armados, o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar, se deriva directamente de la Constitución, y determina que aquéllos solo pueden ejercer el derecho individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.
Como es tradicional en nuestros precedentes legales, así como en el Derecho comparado, se introduce la previsión de que del ejercicio del derecho no puede derivarse perjuicio alguno para el peticionario, salvo cuando incurra, con ocasión de su ejercicio, en delito o falta.
Los destinatarios de la petición pueden ser cualesquiera poderes públicos o autoridades, incluyendo los diferentes poderes y órganos constitucionales, así como todas las Administraciones públicas existentes. El ámbito de competencia de cada uno de los posibles destinatarios determinará su capacidad para atender las peticiones que se les dirijan.
Las peticiones pueden incorporar una sugerencia, una iniciativa, una información, expresar quejas o súplicas. Su objeto, por tanto, se caracteriza por su amplitud y está referido a cualquier asunto de interés general, colectivo o particular. Ahora bien, su carácter supletorio respecto a los procedimientos formales específicos de carácter parlamentario, judicial o administrativo obliga a delimitar su ámbito a lo estrictamente discrecional o graciable, a todo aquello que no deba ser objeto de un procedimiento especialmente regulado.
La regulación del ejercicio del derecho de petición debe caracterizarse por su sencillez y antiformalismo. Aunque se trata de un derecho que se ejercita siempre por escrito, se permite la utilización de cualquier medio -con especial atención al impulso de los de carácter electrónico-, siempre que resulte acreditada la declaración de voluntad. En cualquier caso, el principio antiformalista obliga a establecer los requisitos mínimos imprescindibles para su ejercicio; además en la línea iniciada por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se opta por un tratamiento amplio en el uso de las lenguas cooficiales en aquellas Comunidades Autónomas donde estén estatutariamente reconocidas, así como por la posibilidad de elegir lugares para su ejercicio o presentación.
Sin entrar en el detalle de su tramitación, orientada necesariamente a la satisfacción del derecho, la Ley presta singular atención a las obligaciones de los poderes públicos y autoridades destinatarias de las peticiones. En los términos establecidos por la doctrina del Tribunal Constitucional se regula la obligación de los destinatarios públicos de las peticiones de acusar recibo de las recibidas y, salvo excepciones tipificadas restrictivamente, la obligación de tramitarlas y contestarlas adecuadamente, lo que constituye desarrollo del contenido esencial de este derecho.
En todo caso, existe una vocación definida hacia la efectiva satisfacción del derecho que se manifiesta tanto en la regulación de los problemas de competencia de la institución o autoridad que deben resolverla, como en el régimen de protección jurisdiccional del derecho que, como no puede ser de otra forma, tratándose de un derecho fundamental, goza del tratamiento que se deriva del artículo 53.2 de la Constitución.
Por último y en reconocimiento obligado a la autonomía organizativa y regulatoria se remite a su régimen especial al ejercicio del derecho ante el Congreso, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Por otras razones, también se respeta el específico régimen de las quejas al Defensor del Pueblo e instituciones análogas de las Comunidades Autónomas.
1. Toda persona natural o jurídica, prescindiendo de su nacionalidad, puede ejercer el derecho de petición, individual o colectivamente, en los términos y con los efectos establecidos por la presente Ley y sin que de su ejercicio pueda derivarse perjuicio alguno para el peticionario. No obstante no resultarán exentos de responsabilidad quienes con ocasión del ejercicio del derecho de petición incurriesen en delito o falta.
2. Artículo 2. Destinatarios.
No son objeto de este derecho aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento específico distinto al regulado en la presente Ley.
1. Las peticiones se formularán por escrito, pudiendo utilizarse cualquier medio, incluso de carácter electrónico, que permita acreditar su autenticidad, e incluirán necesariamente la identidad del solicitante, la nacionalidad si la tuviere, el lugar o el medio elegido para la práctica de notificaciones, el objeto y el destinatario de la petición.
2. En el caso de peticiones colectivas, además de cumplir los requisitos anteriores, serán firmadas por todos los peticionarios, debiendo figurar, junto a la firma de cada uno de ellos su nombre y apellidos.
3. El peticionario podrá dar cuenta del ejercicio de su derecho a institución u órgano diferente de aquel ante quien dirigió la petición, remitiéndole copia del escrito sin otro efecto que el de su simple conocimiento.
4. Los peticionarios podrán exigir la confidencialidad de sus datos.
1. En el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos establezcan la cooficialidad lingüística, los peticionarios tendrán derecho a formular sus peticiones a la Administración General del Estado o a los organismos públicos vinculados o dependientes de ella en cualquiera de las lenguas oficiales y a obtener respuesta en la lengua de su elección.
2. En aquellas peticiones que se dirijan a las instituciones autonómicas y entidades locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.
3. La institución, administración u órgano instructor deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efectos fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si deben surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta al castellano, no será precisa su traducción.
1. El escrito en que se deduzca la petición, y cualesquiera otros documentos y comunicaciones, podrán presentarse ante cualquier registro o dependencia admitida a estos efectos por la legislación reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. La administración, institución pública o autoridad que reciba una petición acusará recibo de la misma y lo comunicará al interesado dentro de los diez días siguientes a su recepción. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad.
1. Recibido el escrito de petición, la autoridad u órgano al que se dirija procederá a comprobar su adecuación a los requisitos previstos por la presente Ley, previas las diligencias, comprobaciones y asesoramientos que estime pertinentes. Como resultado de tal apreciación deberá declararse su inadmisión o tramitarse la petición correspondiente.
2. Si el escrito de petición no reuniera los requisitos establecidos en el artículo 4, o no reflejara los datos necesarios con la suficiente claridad, se requerirá al peticionario para que subsane los defectos advertidos en el plazo de quince días con el apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, notificándose entonces su archivo con expresión de la causa.
3. Asimismo se podrá requerir al peticionario la aportación de aquellos datos o documentos complementarios que obren en su poder o cuya obtención esté a su alcance y que resulten estrictamente imprescindibles para tramitar la petición. La no aportación de tales datos y documentos no determinará por sí sola la inadmisibilidad de la petición, sin perjuicio de sus efectos en la contestación que finalmente se adopte.
No se admitirán las peticiones cuyo objeto sea ajeno a las atribuciones de los poderes públicos, instituciones u organismos a que se dirijan, así como aquéllas cuya resolución deba ampararse en un título específico distinto al establecido en esta Ley que deba ser objeto de un procedimiento parlamentario, administrativo o de un proceso judicial.
Tampoco se admitirán aquellas peticiones sobre cuyo objeto exista un procedimiento parlamentario, administrativo o un proceso judicial ya iniciado, en tanto sobre los mismos no haya recaído acuerdo o resolución firme.
1. La declaración de inadmisibilidad será siempre motivada y deberá acordarse y notificarse al peticionario en los cuarenta y cinco días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición.
Cuando la inadmisión traiga causa de la existencia en el ordenamiento jurídico de otros procedimientos específicos para la satisfacción del objeto de la petición, la declaración de inadmisión deberá indicar expresamente las disposiciones a cuyo amparo deba sustanciarse, así como el órgano competente para ella.
2. En otro caso, se entenderá que la petición ha sido admitida a trámite.
1. Siempre que la declaración de inadmisibilidad de una petición se base en la falta de competencia de su destinatario, éste la remitirá a la institución, administración u organismo que estime competente en el plazo de diez días y lo comunicará así al peticionario. En este caso, los plazos se computarán desde la recepción del escrito, aplicándose lo dispuesto en el artículo 6.2.
2. Cuando un órgano u autoridad se estime incompetente para el conocimiento de una petición remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, si ambos pertenecieran a la misma institución, administración u organismo.
1. Una vez admitida a trámite una petición, la autoridad u órgano competente vendrán obligados a contestar y a notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de su presentación. Asimismo podrá, si así lo considera necesario, convocar a los peticionarios en audiencia especial.
La declaración de inadmisibilidad de la petición.
La omisión de la obligación de contestar en el plazo establecido.
La ausencia en la contestación de los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior.
1. Las peticiones dirigidas al Congreso de los Diputados, al Senado o a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas se tramitarán de conformidad a lo establecido en sus respectivos Reglamentos que deberán recoger la posibilidad de convocar en audiencia especial a los peticionarios, si así se considerara oportuno, quedando sujetas, en todo caso, las decisiones que adopten al régimen de garantías fijado en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
2. En los supuestos en que una iniciativa legislativa popular haya resultado inadmitida por no cumplir con todos los requisitos previstos en su normativa reguladora, a petición de sus firmantes podrá convertirse en petición ante las Cámaras, en los términos establecidos en sus respectivos Reglamentos.
Queda excluida de la aplicación de esta Ley el régimen de las quejas dirigidas al Defensor del Pueblo y a las instituciones autonómicas de naturaleza análoga, que se regirán por su legislación específica.
Las peticiones formuladas por los internos en el ámbito regulado por la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, se ajustarán a lo dispuesto en la misma.
1. Queda derogada la Ley 92/1960, de 22 de diciembre, reguladora del derecho de petición.
2. Asimismo, quedan derogadas todas las demás normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a la presente Ley Orgánica.
1. El Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, dictarán las disposiciones de desarrollo y aplicación de la presente Ley Orgánica que resulten necesarias.
2. La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 12 de noviembre de 2001.
Artículo 1 (apdo. 2):
Sin contenido según Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Cerrar
ORDEN de 27 de septiembre de 2007, de la Conselleria de Sanitat, por la que se regulan las quejas, sugerencias y agradecimientos en el ámbito de las instituciones sanitarias dependientes de la Agencia Valenciana de Salud y de la Conselleria de Sanidad. [ 2007/12241 ]Reglamento Orgánico del Pleno y sus Comisiones del Ayuntamiento de Castellón de la PlanaOrden de 7 de junio de 2007 por la que se aprueban los estatutos del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de A CoruñaReglamento de participación ciudadana del municipio de aljaraqueAprobación provisional del Reglamento de Participación CiudadanaAprobación definitiva del reglamento de participación ciudadanaDECRETO 150/2008, de 29 de julio, por el que se crea Elebide -Servicio para la Garantía de los Derechos Lingüísticosy se establece el régimen de consultas, sugerencias y quejasAprobación definitIVadel Reglamento de ParticcipaciónCiudadana y publicación del mismoReglamento de Participación CiudadanaReglamento de los distritos y de la participación ciudadana del ayuntamiento de cáceresíndice: exposición de motivosResolución de 20 de abril de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se aprueban las Cartas de Servicios de las unidades funcionales que se citanOrden de 23 de julio de 2009, por la que se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Jaén y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de AndalucíaORDEN 2/2011, de 9 de marzo, de la Conselleria de Cultura y Deporte, por la que se regula el procedimiento para la presentación y tramitación de las quejas y sugerencias en el ámbito de los centros culturales, dependientes de la ConselleriaSALA Primera. Sentencia 47/2011, de 12 de abril de 2011. Recurso de amparo 7659-2008. Promovido por don José Luis Mazón Costa respecto a los autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitieron su demanda contra la desestimación por silencio de la petición de cese de un Magistrado del Tribunal Constitucional. Supuesta vulneración de los derechos a un juez imparcial, a un proceso con todas las garantías y de petición: exclusión de control jurisdiccional de las decisiones relativas al cese de Magistrados del Tribunal Constitucional; falta de agotamiento porque no se promovió el incidente de nulidad de actuaciones frente a la imposición de la condena en costas; decisión de inadmisión de un recurso contencioso-administrativo que no puede ser elemento objetivo suficiente sobre el que sostener una duda legítima de parcialidad judicialORDEN INT/1202/2011, de 4 de mayo, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal del Ministerio del InteriorSALA Primera. Sentencia 108/2011, de 20 de junio de 2011. Recurso de amparo 6710-2009. Promovido por la asociación para la defensa de la función pública aragonesa respecto a los acuerdos de la Mesa de las Cortes de Aragón que inadmitieron las peticiones de creación de sendas comisiones parlamentarias especiales. Vulneración del derecho de petición: rechazo de las solicitudes que supone una extralimitación en el ejercicio de las funciones de calificación y admisibilidad de escritos atribuidas por el reglamento parlamentario a la Mesa de la CámaraLEY Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas ArmadasOrden de 11/10/2011, de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, por la que se regula la
tramitación de iniciativas, quejas y sugerencias de los
ciudadanos sobre el funcionamiento de los servicios y unidades de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. [2011/15078]Ordenanza municipal reguladora del Servicio de Atención
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Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10
 artículo 53
 Artículo 2
 artículo 4
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 artículo 42

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