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Timestamp: 2019-11-12 08:55:34+00:00

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STC 39/2008, 10 de Marzo de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 37788931
STC 39/2008, 10 de Marzo de 2008
Número de Recurso: 6076-2003
Recurso de amparo 6076-2003. Promovido por don E.T. y otra persona respecto a la resolución de la Asamblea de Madrid que les impidió ser miembros de la Comisión de investigación creada para evaluar las responsabilidades que pudieran derivarse de actuaciones urbanísticas en Madrid relacionadas con el bloqueo institucional de la Asamblea. Supuesta vulneración del derecho al ejercicio del cargo parlamentario: participación en una comisión de investigación atinente a hechos protagonizados por los diputados, adscritos al grupo mixto.
Sentencia citada en: 37 sentencias, 3 artículos doctrinales
STC 39/2008, de 10 de marzo de 2008
En el recurso de amparo núm. 6076-2003, promovido por don E.T. y doña María Teresa Sáez Laguna, representados por la Procuradora de los Tribunales doña Esmeralda González García del Río y asistidos por el Abogado don Jesús Miana Ortega, contra Resolución de 10 de julio de 2003 de la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid. Han intervenido la Asamblea de Madrid representada por el Letrado Jefe de su Asesoría Jurídica y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, quien expresa el parecer de la Sala.
Por escrito registrado en este Tribunal el 10 de octubre de 2003, los parlamentarios de la Asamblea de Madrid, don E.T. y doña María Teresa Sáez Laguna, interpusieron recurso de amparo contra la Resolución de la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid de 10 de julio de 2003, que les excluía como integrantes de una Comisión de investigación cuyas reglas básicas de composición, organización y funcionamiento se aprobaban asimismo en la decisión impugnada.
Los fundamentos de hecho de la demanda de amparo y de las alegaciones formuladas son los siguientes:
El 25 de mayo de 2003 se celebraron elecciones a la Asamblea de Madrid, obteniendo 55 actas de Diputado el Partido Popular (PP), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 49 y 7 Izquierda Unida (IU), del total de 111 escaños que constituían la nueva Legislatura del Parlamento autonómico. Durante el tiempo que medió entre las elecciones y la constitución de la Cámara los medios de comunicación dieron cuenta de que las negociaciones entre los representantes del PSOE e Izquierda Unida (IU) condujeron a un acuerdo de gobierno en virtud del cual ocuparían la presidencia de la Asamblea legislativa de la Comunidad y del Consejo de Gobierno, merced al apoyo mutuo que habrían de prestarse en las correspondientes votaciones; tal acuerdo tuvo amplio reflejo en los medios.
El 10 de junio de 2003 fue convocada la Asamblea para su constitución y para la elección de la Mesa y de la Presidencia. Formada la Mesa de Edad, los demandantes de amparo se ausentaron de la sesión. Cuando el Presidente anunció el inicio de la votación, por parte de una de las diputadas del Partido Socialista se solicitó en alta voz de la Presidencia de la Cámara una interrupción de la sesión durante unos minutos a fin de que se pudiesen incorporar dos diputados de su partido, Sr. Tamayo y Sra. Sáez, porque, al parecer, tenían problemas para su asistencia a tiempo de votar. El Presidente accedió a lo solicitado para los diez minutos pedidos, tras los cuales, visto que los diputados en cuestión no llegaban a la Cámara, se procedió a la elección de la Mesa y de la Presidencia de la Asamblea, recayendo ésta en una candidatura del PP, como consecuencia de la mayoría absoluta de la que en ese momento disponía, pese al acuerdo de referencia, en virtud de la ausencia de los dos diputados citados.
Los ahora recurrentes fueron expulsados de su partido, el PSOE, que formuló querella contra ellos por la posible comisión de un delito continuado de cohecho en relación con determinadas actuaciones urbanísticas en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. La querella fue inadmitida por Auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 de julio de 2003, confirmado en suplica por nuevo Auto de la misma Sala de 18 de julio de 2003.
Tras la adquisición de la plena condición de parlamentarios por los integrantes de la Asamblea, y llegado el momento de la constitución de los grupos parlamentarios, los ahora demandantes pasaron a integrar el Grupo Mixto como únicos miembros. Seguidamente se aprobó la creación de una Comisión de investigación sobre los hechos que se han referido.
Mediante oficio de 1 de julio, la Presidencia de la Cámara interesó de los servicios jurídicos informe acerca, entre otros extremos, de si era o no preceptivo que el Grupo Mixto tuviera representación en las Comisiones que pudieran constituirse, tanto permanentes como no permanentes, tomando para ello en consideración los antecedentes existentes en la Cámara. El día 3 del mismo mes el Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica evacuó el informe requerido en cuya conclusión primera se afirma que “a tenor de lo dispuesto en el art. 63.2 del vigente Reglamento de la Asamblea de Madrid, es preceptivo que el Grupo Mixto, si así lo solicita, cuente cuando menos con un representante en cada Comisión de la Cámara, tengan estas el carácter de Permanentes o no Permanentes”.
Por nuevo oficio de 8 de julio, la Presidencia de la Cámara solicitó informe jurídico urgente sobre —en lo que importa a la presente solicitud de amparo— “si el funcionamiento de la Comisión de investigación puede privar o no a los dos integrantes del Grupo Mixto del derecho a: Participar en los debates que pudieran suscitarse en las sesiones de la Comisión”, así como del derecho a “emitir su voto a la hora de adoptar los Acuerdos de la Comisión de investigación previstos en el artículo 75.5 del Reglamento”. El informe se elevó el siguiente día 9 de julio de 2003, por el Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica, con la siguiente conclusión en lo que aquí interesa: “en aplicación de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos consagrada en el art. 9.3 de la Constitución española y a fin de reforzar las garantías que impidan la contaminación del proceso penal, los órganos competentes de la Cámara no solo podrán, sino que deberán, limitar el derecho de participación de los Sres. Diputados Tamayo y Sáez en la Comisión de investigación que se cree en relación con las circunstancias que originaron la crisis institucional generada en la sesión constitutiva de la Cámara”.
El 10 de julio de 2003 la Mesa de la Diputación Permanente aprobó la siguiente Resolución, objeto de impugnación en este recurso de amparo y que se transcribe a continuación en lo que al mismo interesa:
La Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea, en su reunión del día 10 de julio de 2003, ha acordado lo siguiente respecto al asunto que se señala: RESOLUCION DEFINITIVA SOBRE LA COMPOSICIóN, ORGANIZACIóN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIóN DE INVESTIGACIóN.
Segundo: Con base en el informe jurídico de fecha 9 de julio de 2003, emitido por el Sr. Letrado-Jefe de la Asesoría Jurídica (Reg. Sal. Ases. Jurídica núm. 124, 9-07-03), la Mesa de la Diputación Permanente limita el derecho a participar en la Comisión de Investigación de los Sres. Diputados D. E.T. y Dña. María Teresa Sáez Laguna, por resultar citados en el objeto de la Comisión
El 14 de julio de 2003 la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid acordó designar miembros de la Comisión de investigación a los representantes propuestos por los Grupos Parlamentarios Popular, de Izquierda Unida y Socialista.
Los ahora demandantes de amparo interpusieron recurso contencioso-administrativo contra estas decisiones de la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid, recurso que fue inadmitido por Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid al considerarse el Tribunal incompetente jurisdiccionalmente para su conocimiento, toda vez que la resolución impugnada dimanaba de un órgano de gobierno de la Asamblea de Madrid, que no tiene la condición de Administración pública, y que había sido dictada en el ejercicio de sus funciones de gobierno de la Cámara, que están excluidas del conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa por no tratarse de cuestiones de personal, administración o gestión patrimonial (art. 10.1.c LJCA).
La demanda de amparo denuncia que la Resolución de la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid de 10 de julio habría vulnerado los derechos fundamentales garantizados por los arts. 14 y 23.2 CE por las siguientes razones:
Sostienen finalmente los demandantes que la Resolución de la Mesa de la Asamblea de la Comunidad de Madrid no sólo vulnera el principio de igualdad (art. 14 CE), sino que también lesiona el art. 23.2 CE en cuanto atenta contra las funciones públicas que los Diputados del Grupo Mixto tenían encomendadas, hasta el punto de hacer imposible su desempeño. Dicho de otro modo, en opinión de los solicitantes de amparo, dicha Resolución cercena, a la postre, el fin último de una Comisión de investigación en cuestión, cual es el control que ejerce la ciudadanía en los asuntos de interés público y político a través de sus representantes que nunca debió -por no ser su función- cuestionar un órgano interno de la Asamblea, mucho menos aún si con ello vulnera la legalidad. El trato discriminatorio denunciado impidió en este caso el ejercicio de funciones públicas y de derechos de dimensión política, no meros derechos subjetivos privados, produciendo una vulneración directa de los derechos fundamentales invocados.
Por providencia de 4 de octubre de 2004, la Sección Segunda de este Tribunal acordó la admisión a trámite del recurso de amparo así como recabar testimonio del expediente correspondiente al Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de dicha Asamblea, de 10 de julio de 2003. Por diligencia de ordenación de 2 de noviembre de 2004 se tuvieron por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidas por la Asamblea de Madrid, así como escrito del Letrado Jefe de los Servicios Jurídicos de dicho organismo, a quien se tiene por personado y parte en la representación que ostenta; a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se acordó dar vista de las mismas, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que dentro de dicho término pudieran presentar alegaciones.
El Ministerio Fiscal elevó, con fecha 25 de noviembre de 2004, sus alegaciones. Pide el otorgamiento del amparo por las siguientes razones:
La representación letrada de la Asamblea presenta sus alegaciones el 2 de diciembre de 2004, oponiéndose a la concesión del amparo.
Los recurrentes presentaron sus alegaciones el 3 de diciembre de 2004. En esencia, y con cita abundante de jurisprudencia constitucional que entienden confirmatoria de su pretensión, las mismas reproducen los argumentos sustantivos expuestos en la demanda, añadiendo, no obstante, diversas referencias que a su entender refutan la fundamentación del Informe de 9 de julio de 2003, del Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica al que se ha hecho referencia en el antecedente 2 f).
Por providencia de 6 de marzo de 2008 se señaló para deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 10 del mismo mes y año, trámite que ha finalizado en el día de hoy.
Se impugna en este amparo constitucional la Resolución de la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid de 10 de julio de 2003. Versa la misma, literalmente, sobre la composición, organización y funcionamiento, así como plazo de finalización de sus trabajos, de la Comisión de investigación sobre análisis y evaluación de “las responsabilidades que pudieran derivarse de actuaciones urbanísticas en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, que puedan estar relacionadas con el actual bloqueo institucional en que se encuentra la Asamblea de Madrid, provocado por la actuación de los Sres. Tamayo y Sáez, incorporando a la investigación todos los intereses urbanísticos de quienes puedan estar relacionados con el mismo, incluidos aquellos vinculados a miembros de la Asamblea”.
Sostienen los demandantes de amparo que esta resolución vulnera sus derechos garantizados en los arts. 14 y 23.2 CE. Comparte esta posición el Ministerio Fiscal, quien pide la concesión del amparo, por las razones que se han recogido en los antecedentes. Por el contrario, la representación procesal de la Asamblea de Madrid solicita la desestimación de la demanda. 2. Antes de abordar el examen de las quejas concretas planteadas por los recurrentes en amparo conviene acotar el objeto de este proceso constitucional.
Esta tarea requiere, en primer lugar, realizar una breve síntesis del contenido de la Resolución de la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid de 10 de julio de 2003, expresamente impugnada.
También interesa para la resolución de este proceso constitucional recordar la literalidad del segundo apartado de la Resolución, que dice así: “con base en el informe jurídico de fecha 9 de julio de 2003, emitido por el Sr. Letrado-Jefe de la Asesoría Jurídica (Reg. Sal. Ases. Jurídica núm. 124, 9-07-03), la Mesa de la Diputación Permanente limita el derecho a participar en la Comisión de Investigación de los Sres. Diputados D. E.T. y Dña. María Teresa Sáez Laguna, por resultar citados en el objeto de la Comisión”.
No se impugna, por el contrario, la Resolución de la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid de 14 de julio de 2003, designando los miembros de la Comisión de investigación propuestos por los Grupos Parlamentarios Popular, de Izquierda Unida y Socialista.
En el texto de esta Resolución se identifica con el número de registro general de entrada parlamentario 932 (VI) /03 un escrito del entonces Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto y demandante de amparo comunicando su designación como miembro de la Comisión de investigación. Sin embargo, en la parte dispositiva de la resolución no figura el correspondiente nombramiento, en aplicación de “lo dispuesto en los artículos 64.1 y 75 del Reglamento de la Asamblea, así como en las Normas de funcionamiento de la Comisión, y a la vista del Informe Jurídico (Reg. Sal. Ases. Juríd. núm. 124, de 9-07-03), emitido por el Letrado-Jefe de la Asesoría Jurídica”. Como ya se ha indicado, en esta resolución únicamente se nombra a los miembros de la Comisión de investigación propuestos en representación de los otros tres grupos parlamentarios. 3. Acotado en estos términos el objeto del presente recurso de amparo es preciso discernir, con carácter previo, si la Resolución de la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid de 10 de julio de 2003 era susceptible de lesionar por sí sola los derechos fundamentales invocados, puesto que, como este Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente, el recurso de amparo no tiene carácter cautelar, ni protege frente a eventuales lesiones todavía no producidas sino que es un remedio que únicamente cabe impetrar cuando se haya materializado una lesión real de derechos fundamentales, de modo que, como hemos recordado en la STC 288/2006, de 9 de octubre, resulta imprescindible “la existencia de una lesión efectiva, real y concreta de un derecho fundamental, y no un hipotético daño potencial o previsiblemente futuro, ni la denuncia abstracta y no materializada de la vulneración de un derecho constitucional” (FJ 2).
Descartada la concurrencia de óbices procesales, procede entrar en el análisis del fondo de las cuestiones planteadas en este proceso constitucional. La lectura conjunta de la Resolución de la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid impugnada y del escrito rector de este recurso de amparo permite avanzar ya la clara desestimación de la vulneración del derecho a la igualdad (art. 14 CE) denunciada por los recurrentes.
La doctrina constitucional aplicable la resolución de este caso se sintetiza en las recientes SSTC 89/2005, de 19 de abril, FJ 2; 361/2006, de 18 de diciembre, FJ 2, y 141/2007, de 18 de junio, FJ 3, y en el ATC 369/2007, de 12 de septiembre, FJ 3.
El examen del presente supuesto a la luz de esta doctrina requiere, como paso previo, deslindar dos aspectos que en la demanda se presentan entremezclados. Así, invocan los recurrentes el art. 63.2 del Reglamento de la Asamblea de Madrid (RAM) donde se garantiza la representación de todos los grupos parlamentarios en las Comisiones que se constituyan en la Asamblea de Madrid. Partiendo de esta premisa señalan que ellos eran los únicos componentes del Grupo Parlamentario Mixto de la Asamblea de Madrid al momento de dictarse la resolución controvertida, de modo que su exclusión de la Comisión de investigación que se encuentra en el origen de este proceso constitucional representa de suyo la infracción del indicado precepto del Reglamento parlamentario y, en consecuencia, una lesión del derecho fundamental de cada uno de los actores al ejercicio de su cargo en condiciones de igualdad garantizado por el art. 23.2 CE.
A la vista de esta singularidad no puede concluirse que el reconocimiento de que corresponde al Grupo Mixto un puesto en la Comisión de investigación constituya un simple cumplimiento formal de lo dispuesto en el art. 63.2 RAM. Por la misma razón, tampoco puede sostenerse que la exclusión de los demandantes de amparo de dicha Comisión representa una infracción del mencionado precepto del Reglamento de la Asamblea de Madrid. Dicha exclusión no fue acordada atendiendo a su integración en el Grupo Parlamentario Mixto y no representaba un obstáculo insalvable para que ese mismo Grupo designara como miembro de la Comisión de investigación a cualquier otro Diputado que eventualmente pudiera incorporarse al Grupo Mixto y en el que no concurrieran las circunstancias que determinaron la limitación del derecho a participar en la Comisión de los solicitantes de amparo. 7. Descartado que la Resolución de la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid de 10 de julio de 2003 infrinja el art. 63.2 RAM debemos examinar si, a pesar de ello, ha podido vulnerar el derecho fundamental de los recurrentes a ejercer con libertad y en condiciones de igualdad su función representativa protegido por el art. 23.2 CE.
Denegar el amparo solicitado por don E.T. y doña María Teresa Sáez Laguna.
SAP Alicante 153/2015, 16 de Julio de 2015
SAP Barcelona 247/2007, 23 de Mayo de 2007
STS, 1 de Abril de 2003
STSJ Canarias 1535/2006, 29 de Noviembre de 2006

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 75
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