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Rivera-silveira. La Europa Fortaleza
Tutela Discapacidad MODELO
T-060-16
SSeenntteenncciiaa TT--006600//1166
ACCCCIIO
ONND DEE TTU
UTTEELLA
ONNTTR
RAA PPR
NCCIIA
ASS JJU
UDDIIC
ALLEESS--Requisitos generales y especiales de
NCCIIPPIIO
NMMEED
ATTEEZZ EEN
A--Inaplicación cuando violación de derechos
ALLEESS--Facultad de fallar extra y ultra petita
UEEZZ D
A--Facultad de fallar extra y ultra petita
El juez de tutela está investido de la facultad oficiosa de proferir fallos extra y ultra petita, cuando de los hechos de la
demanda se evidencia la vulneración de un derecho fundamental, incluso cuando no ha sido solicitado por el tutelante.
ODDEE C
D--Cambio de parámetro de control
REEGGIIM
ND DEE TTR
NSSIIC
ONN PPR
VIISSTTO
N EELL A
ARRTTIIC
O 3366 D
A LLEEY
Y 110000 D
DEE 11999933--Cambio de
jurisprudencia y alcance de la sentencia C-258 de 2013
URRSSO
O EEX
RAAOOR
RDDIIN
ODDEE RREEV
ONN--Reanudación de términos para el ejercicio por UGPP, al
evidenciar aumento desproporcionado en la mesada pensional, según sentencia C-258 de 2013
ONNEESS A AD DQQUUIIR
DAASS CCOONN AABBU
USSOO D DEELL DDEER
HOO O O SSIIN
UMMPPLLIIM
RREEQ
QUUIISSIITTO
OSS EESSTTA
ABBLLEEC
DOOSS EEN
Y--Indebida interpretación del régimen de transición para
ONNDDEE TTU
ACCOONNTTR
ROOVVIID
NC CIIA
ALLEESS--Vulneración del derecho de acceso a la
administración de justicia de UGPP para verificar si hay abuso del derecho en reliquidación pensional a
funcionario, quien presenta vinculaciones precarias
Fallos de tutela objeto revisión: Sentencia de segunda instancia del 03 de agosto de
2015, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta,
que confirmó la providencia del 28 de mayo de 2015, por el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta.
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal
-UGPP.
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión,
Sección Segunda - Subsección Tercera y otro.
Bogotá D.C., quince (15) de febrero de 2016
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y Alejandro Linares Cantillo quien la preside, en ejercicio de sus competencias
sin que la el vinculado allegara escrito de contestación o se opusiera a los hechos. II. gastos de representación. Sección Segunda. En la sustentación de la vulneración del debido proceso. el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 y el Decreto 717 de 1978 ajena a su finalidad. R Reessppuueessttaa ddee llaass eennttiiddaaddeess aacccciioonnaaddaass [8] 8.como Consejero de Estado .25 efectiva desde el 1° de mayo de 1995 . el 03 de agosto de 2015. constituyen un abuso del derecho. al acceso efectivo a la administración de justicia (CP. Mediante Decreto 2196 de 2009 se ordenó la liquidación y supresión de Cajanal EICE. (iv) descontar de la suma que resulte. con el fin de que se reliquidara la cuantía de la mesada y se incluyeran los factores salariales de vacaciones. conculcados presuntamente por un fallo judicial. Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca [10] solicitó que se declare improcedente la acción ante el incumplimiento del requisito de inmediatez. el apoderado de la UGPP indicó que el fallo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo atacado incurrió en los siguientes yerros: (i) Defecto material o sustantivo al desconocer normas de rango constitucional. El pensionado inconforme con el monto reconocido. La conducta de la violación se centra en el reconocimiento de una reliquidación sin topes pensionales de la mesada pensional del ciudadano Humberto Cárdenas Gómez.493. SSeenntteenncciiaass oobbjjeettoo ddee rreevviissiióónn PPrriim meerraa iinnssttaanncciiaa:: SSeenntteenncciiaa ddeell C Coonnsseejjoo ddee EEssttaaddoo. 6. (iii) efectuar los ajustes anuales.195. el 28 de mayo de 2015. Posteriormente. Sobre el particular trae a colación la sentencia de unificación SU-962 de 1999 (M.483.877. Adicionalmente. SSeecccciióónn C Cuuaarrttaa. SSaallaa ddee lloo C Coonntteenncciioossoo A Addm miinniissttrraattiivvoo.012. SSEEN NTTEEN NCCIIA A Dentro del trámite de revisión del fallo dictado en primera instancia. por basarse en una interpretación ostensible y abiertamente contraria a la norma jurídica aplicable. Fabio Morón Díaz) en la que se señaló: “que las decisiones que incurren en una vía de hecho por interpretación carece(n) de fundamento objetivo y razonable. primas de navidad. en segunda instancia. Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta. el 09 de marzo de 2015 mediante apoderado judicial la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal interpone acción de tutela en busca de la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y denegación al acceso a la justicia. proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. procedió a vincular mediante [9] oficio BLV-14164 del 28 de abril de 2015 . reconocida mediante fallo del 09 de septiembre de 2004. A ANNTTEEC CEED DEEN NTTEESS D Deem maannddaa ddee ttuutteellaa [1] 1.” (ii) Desconocimiento del precedente sentado en la sentencia C-258 de 2013 (M. Se solicita al juez constitucional dejar sin efectos el fallo atacado y el reintegro de las mayores sumas consignadas al pensionado. [11] ddeell 2288 ddee m maayyoo ddee 22001155 . Sala de Descongestión.. y que a su juicio. presuntamente vulnerados a la entidad pública por parte de un fallo judicial. La Subsección Tercera. trasgrede el principio de sostenibilidad financiera del Sistema Pensional. Sección Segunda. una pensión del régimen de transición para los funcionarios de la Rama Judicial. trastocando el ámbito de la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional.490.666.. 003895 del 9 de septiembre de 1998. Salvador Ramírez López en calidad de apoderado judicial y subdirector jurídico pensional de la UGPP. Sala de Descongestión. en el asunto de la referencia. los aportes a que por ley haya lugar. Dicho proceso fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.06 a $15. por el Consejo de Estado. por la [3] suma de $1. pues aplicó una interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 7. No obstante.P.15. Y. venció en silencio. 4. la Corte Constitucional indicó que las pensiones reliquidadas por vinculaciones precarias en nombramientos en provisionalidad. al pensionado Humberto Cárdenas Gómez. Sección Segunda – Subsección Tercera. Es así como el [7] pensionado pasó de devengar $7. 229)..P. y mediante sentencia de adición del 21 de octubre de 2004 (v) la indexación de los mayores valores acorde con el IPC. el juez de primera instancia notificó a la Subsección Tercera. como beneficiario del régimen de transición previsto para los funcionarios de la Rama Judicial en el Decreto 546 de 1971. solicita el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso (CP. Mediante Auto del 22 de abril de 2015. Sección [4] Segunda – Subsección Tercera mediante fallo del 09 de septiembre de 2004. En cumplimento de este fallo. H Heecchhooss ddeell ccaassoo 3. 2.. Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el auto admisorio de la presente tutela y concedió un término perentorio para ejercer el derecho a la defensa. Sección Cuarta y. al duplicarse la mesada pensional mediante una vinculación precaria [2] -un mes. 5.395. el período para ejercer el derecho de contradicción. Cajanal EICE mediante Resolución 6588 del 02 de agosto de 2006 tasó la reliquidación de la mesada pensional en la suma de $9. Cajanal EICE (hoy liquidada) le reconoció al señor Humberto Cárdenas Gómez mediante Resolución No. producto del abuso del derecho. luego de varias prórrogas en el proceso de liquidación. al cumplir con los requisitos previstos en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971. 29) mediante la configuración de un defecto material o sustantivo y el desconocimiento del precedente y. las obligaciones pensionales de Cajanal fueron adquiridas por la UGPP el 11 de junio de [5] [6] 2013. (ii) ordenó a Cajanal reliquidar la pensión de jubilación del demandante sin topes pensionales. de servicios y por limitar la cuantía al tope de 20 SML/v. una vez acreditara el retiro efectivo del servicio.31. inició un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Sala de lo Contencioso Administrativo. en calidad de directo afectado con la decisión judicial que eventualmente se adopte. ya que no tuvo en cuenta que el pensionado en los últimos meses de servicio tuvo un incremento desproporcionado de sus ingresos y por ello duplicó el monto de su mesada pensional. en el cual: (i) declaró la nulidad de la resolución de reconocimiento. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) por medio de la cual. por el Consejo de Estado.
En tanto que a partir del 1° de enero de 2016. el 03 de diciembre de 2015. Que no se trate de sentencias de tutela. 14. el expediente rotó a la Magistrada en turno María Victoria Calle. al considerar que los aspectos negativos de la entidad sustituida no pueden ser imputados a su representada. quien también manifestó su imposibilidad de conocer el asunto por una causal similar. Despacho del Magistrado Alejandro Linares Cantillo. constató que no se habían agotado todos los recursos judiciales a su disposición. salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. Del anterior pronunciamiento se extrae que para que sea factible la revisión de un fallo judicial por parte del juez constitucional. Mediante escrito del 12 de junio de 2015 el apoderado judicial de la UGPP impugnó el fallo de primera instancia. SSeegguunnddaa iinnssttaanncciiaa:: SSeenntteenncciiaa ddeell C Coonnsseejjoo ddee EEssttaaddoo. Gloria Stella Ortiz Delgado y Alejandro Linares Cantillo. (vi) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela. transcurrió un lapso de 10 años. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. El juez constitucional negó el amparo solicitado por la UGPP en tanto que la accionante no cumplió con el requisito de inmediatez. De igual modo. que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. integrada por los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. quien en esa misma fecha asumió el trámite de revisión.9. en los siguientes términos: “LLooss rreeqquuiissiittooss ggeenneerraalleess ddee pprroocceeddeenncciiaa ddee llaa aacccciióónn ddee ttuutteellaa ccoonnttrraa ddeecciissiioonneess jjuuddiicciiaalleess ssoonn llooss ssiigguuiieenntteess: a. IIm mppuuggnnaacciióónn 10. Razón por la cual. La Sala de Selección No. debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (…) e.. (iv) si la alegación del defecto es por una irregularidad procesal. IIII. y en ese sentido los años de inactividad no pueden transferírsele automáticamente. se declaró impedido para conocer del mismo mediante escrito del 26 de noviembre de 2015. con base en la Constitución Política -artículos 86 y 241. 18. el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. la Corte Constitucional reconoció que era posible justificar la falta de defensa por parte de la accionante contra la providencia judicial atacada. (…)” (Todas las subrayas fuera de texto) 17. Tras aceptar el impedimento del Dr. quien la preside. como lo es la mesada pensional.. Vargas Silva por ser beneficiario del régimen de transición y específicamente del Decreto 546 de 1971.9. el asunto sub lite le corresponde a la Sala Tercera de Revisión. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. aduciendo la actora que tan solo hasta el 11 de junio de 2013 adquirió la competencia para conocer y controvertir las decisiones judiciales en las que hizo parte la extinta Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal. siendo procedente el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. (ii) agotar todos los recursos ordinarios y extraordinarios dispuestos por la legislación aplicable.de defensa judicial al alcance de la persona afectada. SSaallaa ddee lloo C Coonntteenncciioossoo A Addm miinniissttrraattiivvoo –– SSeecccciióónn Q Quuiinnttaa. se rotaron los números y la composición de las Salas de Revisión. FFU UNND DAAM MEEN NTTO OSS C Coom mppeetteenncciiaa 12. dispuso la selección del expediente y. 3 meses y 19 días. Máxime si se considera que Cajanal estuvo [12] en un estado de cosas inconstitucionales y. (iii) presentarse en un término oportuno y razonable. la demanda de tutela debe: (i) versar sobre un asunto de relevancia constitucional. esta debe ser de tal magnitud que impacte en el sentido de la decisión. el daño ocasionado a la actual administradora de pensiones no ha cesado. hizo alusión a los requisitos generales y especiales para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Respecto de la posibilidad de admitir el examen de amparo cuando la conducta que atenta o vulnera un derecho fundamental deriva de una decisión judicial. en esa misma sentencia de constitucionalidad.. (…) b. No obstante. Como ya se mencionó. en tanto que la UGPP asumió la protección de los recursos públicos desde el 11 de junio de 2013 y el daño se origina en una prestación periódica. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. se señalaron las causales especiales o materiales para la procedibilidad de la acción de amparo . Cuando se trate de una irregularidad procesal. es decir. El juez de segunda instancia al desatar la impugnación declaró la improcedencia de la tutela al considerar que conforme a la sentencia T-835 de 2014 (M.y lo desarrollado en el Decreto 2591 de 1991 -artículos 31 a 36-. [13] ddeell 0033 ddee aaggoossttoo ddee 22001155 . Jorge Iván Palacio Palacio). 09 mediante Auto del 28 de septiembre de 2015. La Corte Constitucional está habilitada para revisar la decisión judicial mencionada. Que se cumpla el requisito de la inmediatez. (…) f. es pertinente recordar que esta Corporación. el cual.P.P. de acuerdo con el sorteo realizado en esa misma sesión. 15. el asunto le correspondió por sorteo al Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva. notificado por estado del 15 de octubre de 2015. pues desde la ejecutoria del fallo judicial atacado hasta el momento de la interposición de la acción de tutela. al tratarse de una prestación periódica como lo es una mesada pensional. Jaime Córdoba Triviño). (…) d. R Reeqquuiissiittooss ddee pprroocceeddeenncciiaa ddee llaa aacccciióónn ddee ttuutteellaa ccoonnttrraa pprroovviiddeenncciiaass jjuuddiicciiaalleess 16. 11. (…) c. TTrráám miittee eenn eell pprroocceessoo ddee R Reevviissiióónn 13. (v) una especificación detallada de los hechos y. en la Sentencia C-590 de 2005 (M. mediante [14] oficio del 18 de diciembre de 2015 el proceso fue remitido a la Sala Segunda de Revisión. además de pronunciarse sobre los anteriores requisitos formales.
que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. el Registrador Nacional del Estado Civil. La Corte Constitucional al estudiar el régimen de pensiones especiales previsto en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 para los Congresistas y por extensión a Magistrados de Altas Cortes y otros funcionarios públicos. como el Procurador General de la Nación –artículo 25 del Decreto 65 de 1998-. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación. los demandantes solicitan a la Corte declarar que el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 es contrario al derecho a la igualdad y al Acto Legislativo 01 de 2005. cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance.contra las decisiones judiciales. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. entre ellos se encuentran los Magistrados de Altas Cortes -artículo 28 del Decreto 104 de 1994.. como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. el análisis de constitucionalidad que se llevará a cabo en esta providencia se circunscribe . El presente caso reviste de importancia constitucional. g. En este caso. el Contralor General de la República. Defecto orgánico. en los siguientes términos: ““44.20 de la Ley 797/03-. c. el fallo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo acusado fue proferido en primera instancia. el Ministerio Público y órganos de control. 29) y el acceso a la administración de justicia (CP. La disposición acusada. Por las siguientes razones: 23. es necesario establecer dos distinciones respecto de los mecanismos judiciales. que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.11. por lo que en su momento. Defecto material o sustantivo. No obstante. Desconocimiento del precedente. limitó dichos [16] efectos a los pensionados de ése régimen pensional. carece. una de las causales específicas de procedibilidad contra las providencias judiciales.P. el Fiscal General de la Nación. sino que su análisis debe circunscribirse a la norma acusada y a los cargos propuestos por el demandante.11.o (ii) la revisión del reconocimiento -art.” 19. como elemento de garantía del sistema y de preservación del principio de separación de poderes. A Allccaannccee ddeell ccoonnttrrooll ccoonnssttiittuucciioonnaall rrooggaaddoo ddee llaass lleeyyeess La Constitución confirió a la Corte Constitucional muy amplios poderes en orden a preservar la supremacía y la integridad del ordenamiento superior.. hipótesis que se presenta. Frente a esta exigencia. Estas son: “a. Cajanal EICE tenía la posibilidad de apelar dicha decisión. es procedente ejercitar la acción de tutela como mecanismo excepcional por vulneración de derechos fundamentales.. Ahora bien. no le asiste razón al juez de tutela de segunda instancia -Supra numeral 11-. previo a plantearse el problema jurídico. por lo menos. en el caso en concreto. que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada. Sin embargo.P. indicó que cuando la administradora de pensiones evidenciara irregularidades o abuso del derecho en el reconocimiento de la pensión del régimen de transición. b. En conclusión. al indicar que la UGPP cuenta con el recurso extraordinario de revisión con fundamento en la sentencia C-258 de 2013 (M. en la medida que se estudia la posible afectación del derecho fundamental al debido proceso (CP. por medio de la sentencia C-258 de 2013. se ha reiterado que siempre que concurran los requisitos generales y. Por un lado. antes de acudir a la acción de tutela. 19 de la Ley 797/03. Violación directa de la Constitución. En este orden de ideas. h. por ejemplo. Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta. si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales..y ciertos funcionarios de la Rama Judicial. Defecto procedimental absoluto. Jorge Iván Palacio Palacio). y los Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado –artículo 25 del Decreto 682 del 10 de abril de 2002-. no es factible imputarle dicha negligencia. e. f. quedando la sentencia en firme. 22. Error inducido. tal y como se reconoció en la sentencia T-835 de 2014 (M. 229) generada por un fallo judicial que ordenó una reliquidación pensional sin límite de cuantía. pues sus obligaciones de defensa fueron adquiridas desde el 11 de junio del 2013.11. prevista inicialmente para los Congresistas. Defecto fáctico. O OBBJJEETTO ODDEE EESSTTA A SSEEN NTTEEN NCCIIA A 44. el Defensor del Pueblo. cuando la Corporación conoce de una demanda ordinaria de inconstitucionalidad. que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. podría optar por: (i) la revocatoria directa -Art. es aplicable igualmente a otros servidores públicos en virtud de distintas normas. Razón por la cual. CCoonnssttaattaacciióónn ddee llaa aaccrreeddiittaacciióónn ddee llooss rreeqquuiissiittooss ggeenneerraalleess ddee pprroocceeddeenncciiaa ddee llaa ttuutteellaa ccoonnttrraa pprroovviiddeenncciiaa jjuuddiicciiaall Que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional 20. sin que se ejercitara adecuadamente dicho [15] recurso. d. de competencia para ello. absolutamente. no puede ejercer un control oficioso sobre la constitucionalidad de todo el precepto u otras disposiciones. la Sala Tercera de Revisión procederá a verificar el cumplimiento de los mismos.. salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable 21. Y en tanto que la ahora demandante UGPP asumió las funciones de la extinta Caja muchos años después. Que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios.
lo que esta Corporación señale en esta decisión no podrá ser trasladado en forma automática a otros regímenes especiales o exceptuados. conforme al artículo 251 de la Ley 1437 del 2011 el término oportuno para incoar dicho recurso para efectos del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. se revisarán por los representantes legales de las instituciones de seguridad social competentes. así: “En tal sentido. de la Rama Ejecutiva.-. a más tardar el 31 de diciembre de 2013. (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado. los artículos 19 y 20 la Ley 797 de 2003. La determinación del plazo oportuno tratándose de la posible vulneración de un derecho fundamental por parte de una sentencia judicial. Oportunidad que a todas luces caducó para Cajanal EICE y que en todo caso no es imputable a la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales.P. es imperativo que las personas hagan uso de la acción con la misma presteza con la que la jurisdicción constitucional debe atenderla. como por ejemplo. a través de sus distintas Salas de Revisión ha acogido el criterio de determinar el término razonable con base en las características especiales de cada caso en concreto. como lo consideró la Sala Quinta de Revisión en la Sentencia T-328 de 2010 M.” (Subrayas fuera de texto) 24. En ese sentido. la Corte ha establecido los siguientes criterios: (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes. al respecto. este Tribunal.-. El principio de inmediatez busca que la acción de tutela se ejerza dentro de un término razonable desde la presunta vulneración del derecho fundamental. la inmediatez como criterio general de procedencia de la tutela contra providencias judiciales exige que ésta se presente dentro de un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. la interposición de la demanda no admite espera o dilación para la oportuna activación del mecanismo de protección de un derecho fundamental presuntamente conculcado.” 28. Por tanto. Q Quuiinnttoo. del Instituto Nacional Penitenciario. En consecuencia. ccrreeaaddooss yy rreegguullaaddooss eenn oottrraass nnoorrm maass. según la cual la tutela puede interponerse en cualquier tiempo. de los aviadores civiles. No obstante lo anterior. entre otros .. 86). se limitan al aspecto procedimental de la acción. es dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia. como puede que sea irrelevante. sino que por el contrario debe entrar a estudiar el asunto de fondo en la medida que concurran otros elementos que justifiquen la moratoria. en particular a su admisibilidad.. (Subrayas fuera de texto) [18] 25. no cuenta con un mecanismo ordinario o extraordinario a su disposición para solicitar la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia. Para que ello sea viable.En los demás casos de pensiones reconocidas de manera contraria a lo dispuesto en los numerales i.. el juez constitucional no puede rechazarla in limine argumentado un lapso excesivo en su presentación. Por lo cual. en algunas ocasiones un plazo de seis (6) meses podría resultar suficiente para declarar la tutela improcedente y en otros [19] eventos. las consecuencias de reanudación de términos para interponer el recurso extraordinario de revisión. en los términos del acápite de conclusiones de esta sentencia. un término de dos (2) años se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela . según corresponda. Esta Corporación ha sostenido prima facie que la tutela no tiene término de caducidad (CP. ii y iii del ordinal tercero. de los trabajadores oficiales. el contemplado en el Decreto 546 de 1971. El fundamento detrás de dicha exigencia estriba en que: “La vocación de la tutela es la de servir como instrumento para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la actuación u omisión de una autoridad pública. En efecto.Las pensiones reconocidas al amparo del artículo 17 de la Ley 4 de 1992. Jorge Iván Palacio Palacio). con abuso del derecho o con fraude a la ley. [17] de Ecopetrol. lo siguiente: “La posibilidad de interponer la acción de tutela en cualquier tiempo significa que no tiene término de caducidad. no fueron previstas para el régimen de la rama judicial. se entiende superado el cumplimiento de este requisito de procedibilidad. el problema jurídico que se plantea en este punto es: ¿quiere decir esto que la protección deba concederse sin consideración al tiempo transcurrido desde el momento en que ha tenido lugar la violación del derecho fundamental?. 26. (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión. de la Defensoría del Pueblo. de la siguiente manera: “Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneración del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acción. Es decir. y dentro de estos puede ser fundamental el momento en el cual se interponga la acción. del Banco de la República. Las consecuencias de la premisa inicial. al régimen pensional especial previsto en el precepto censurado. quienes podrán revocarlas o reliquidarlas. de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.P. al cual pertenece el ciudadano Humberto Cárdenas Gómez vinculado a la presente acción de tutela. Dicha ponderación para el ejercicio oportuno de la acción depende de la casuística del proceso. de las profesiones de alto riesgo. o los dispuestos por convenciones colectivas.” 29. es decir. aquello no implica que el juez constitucional pueda conceder la protección de los derechos fundamentales señalados como vulnerados cuando aquella se solicitó de manera manifiestamente tardía. al precisar lo siguiente: ““C Cuuaarrttoo. Sin embargo. esta Corporación en sentencia de unificación de tutelas SU-961 de 1999. Ahora bien. Presentación en un término oportuno y razonable 27. aplicando en lo pertinente. La Corte ha indicado que una de las características principales de la tutela es la inmediatez. eenn eessttee ffaalllloo nnoo ssee aabboorrddaarráá llaa ccoonnssttiittuucciioonnaalliiddaadd ddee oottrrooss rreeggíím meenneess ppeennssiioonnaalleess eessppeecciiaalleess oo eexxcceeppttuuaaddooss. La consecuencia de ello es que el juez no puede rechazarla con fundamento en el paso del tiempo y tiene la obligación de entrar a estudiar el asunto de fondo. Asunto además reiterado en el resolutivo de dicha sentencia. en algunos casos. los regímenes del Magisterio. del Departamento Administrativo de Seguridad. de la Rama Judicial y Ministerio Público.. (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales. Conforme a lo anterior. quienes tienen a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones decretadas al amparo del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 deberán en el marco de su competencia tomar las medidas encaminadas para hacer efectivo el presente fallo. presuntamente conculcados por un fallo judicial. de los servidores de las universidades públicas. sin afectar en lo absoluto el sentido que se le deba dar a la sentencia. En ese sentido. el cual es aplicable a los Congresistas y los demás servidores ya señalados. en tanto que para dicho momento era otra la entidad encargada de ejercer dicha defensa. Todo fallo está determinado por los hechos. se constata que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Pensiones y Parafiscales como administradora de la pensión del régimen de transición del ciudadano Humberto Cárdenas Gómez.” (Subraya fuera de texto) . también fue estudiada en la sentencia T-033 de 2010 (M. Jorge Iván Palacio Palacio).. señaló. en los términos del apartado de conclusiones de esta sentencia. Así las cosas. por lo cual.
P. en algunos casos. pudiéndose ejercer. sino que igualmente comprende a los que las niegan. Por lo tanto. No obstante.que se suele utilizar para indicar que al juez no puede considerársele como un autómata o esclavo de la norma escrita. al tiempo que como quedó expresado en párrafos anteriores. por ejemplo el estado de indefensión. sin embargo bajo la motivación expuesta precedentemente. El derecho a la pensión y su reliquidación es un bien imprescriptible e irrenunciable para sus titulares.” 30. continúa y es actual. en un caso que si bien es distinto al tratarse del reintegro de un porcentaje de cotización para el Sistema de Salud en los casos de la pensión gracia. Humberto Antonio Sierra Porto) expuso: “De la jurisprudencia de esta Corporación se puede derivar que solamente es aceptable un extenso espacio de tiempo transcurrido entre el hecho que genera la vulneración y la presentación de la acción de tutela bajo dos circunstancias específicas: (i) Que se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que. es necesario determinar los extremos del momento en el que inició la conducta vulneradora -fallo judicial. para sus titulares que son personas de la tercera edad. para el caso en concreto. Así mismo. En dicha oportunidad la Sala Quinta de Revisión en la sentencia T-835 de 2014 (M. por lo que no se está en presencia de un descuido de la administración. en cuanto dispone que los actos que reconocen prestaciones periódicas pueden demandarse en cualquier tiempo. la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos. entre otros. seis (6) meses podrán resultar suficientes para declarar la tutela improcedente. tratándose de actos que niegan el reconocimiento de prestaciones periódicas. se presentó dentro de un término razonablemente oportuno. minoría de edad. la relectura y alcance que en esta oportunidad fija la Sala al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela. la Corte ha precisado que. valor este constitutivo de nuestro ordenamiento constitucional (…)”. Adicionalmente. En el sub examine. interdicción. en sentencia T-158 de 2006 (M. el término oportuno y razonable para iniciar la demanda se determina con fundamento en los siguientes criterios decantados por la jurisprudencia -Supra numerales 29 y 30. abandono. En el evento en el que el lapso se extremadamente largo. aunado a que la UGPP asumió las funciones de defensa judicial de Cajanal el 11 de junio de 2013. debe entenderse el ordenamiento jurídico como un todo. (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado.P. en el asunto sub lite es necesario precisar que como consecuencia de la supresión de la entidad pública en la que originalmente estaba a cargo de la pensión especial acusada -Cajanal-. razones que explican el cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso en estudio . Y (ii) que la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales. 32. la norma no los excluye sino que el entendimiento en ese sentido ha sido el resultado de una interpretación restringida. la Sala Tercera de Revisión considera que. En suma. atendiendo los criterios antes reseñados. Jorge Iván Palacio Palacio) indicó lo siguiente: “En los casos analizados la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante es permanente por tratarse del pago de prestaciones periódicas. la posibilidad de controvertir decisiones que reconocen. convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez. niegan o modifican prestaciones periódicas. se debe tener en cuenta la grave afectación de los ingresos con los que se financia la prestación de los servicios de salud. pues en . Con todo. convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez. Con fundamento en los anteriores criterios. por cuanto los aportes se destinan a financiar el sistema médico asistencial del afiliado pensionado. la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos. Incluso. la doctrina constitucional permite dejar de lado el texto de la ley para no proferir decisiones que contraríen el orden justo. y de otro. ello se traduce en reclamaciones y controversias que envuelven derechos fundamentales. es aceptable un mayor espacio de tiempo transcurrido entre el hecho que genera la vulneración y la presentación de la acción de tutela. entre otros”. es asimilable en lo que respecta al cómputo de la inmediatez para la accionada. un término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela. debe estudiarse en cada caso particular.y la solicitud de defensa de los derechos fundamentales -demanda de tutela-. no apunta sólo a aquéllos que literalmente tienen ese carácter. ya que todo dependería de las particularidades del caso. por ley. Ello por cuanto de un lado. pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela. continúa y es actual. así como también. (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión. Teniendo en cuenta que la causa de la posible vulneración del derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de justicia se origina en una sentencia judicial. Así. tales como pensiones o reliquidación de las mismas. debe resaltarse que en términos de caducidad. (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales. DDeetteerrm miinnaacciióónn ddee llaa iinnm meeddiiaatteezz ppaarraa llaa pprroocceeddeenncciiaa ddee llaa aacccciióónn ddee ttuutteellaa eenn ccoonnttrraa ddee llaa sseenntteenncciiaa jjuuddiicciiaall qquuee oorrddeennóó uunnaa rreelliiqquuiiddaacciióónn ppeennssiioonnaall 31. en los casos como el aquí examinado. por ejemplo el estado de indefensión. minoría de edad. en la que el máximo órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo indicó lo siguiente: “(…) y se incurre en el pecado que señala el aforismo latino de “súmmum jus summa injuria” -derecho estricto injusticia suprema. su extemporaneidad se torna en una inconsistencia inane. la demanda contra los actos impugnados fue presentada por fuera del término de caducidad -cuestión que extrañamente ignoró el Magistrado que admitió la demanda y la Sala que la decidió-. bajo ciertos parámetros. (ii) Que la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales.” (Subraya fuera de texto) 33. es [20] aceptada en la sentencia del 02 de octubre de 2008 . mal podría imputársele a la actual entidad UGPP dicha carga. incapacidad física. en otros. Por tal motivo. incapacidad física. de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición. si la acción de tutela. se deberá verificar si: (i) Se demuestra que la vulneración es permanente en el tiempo y que. el Consejo de Estado ha considerado que tratándose de actos que reconocen o niegan prestaciones periódicas tales como el derecho pensional o su reliquidación. y en acogimiento de lo estimado por otra Sala de Revisión. Por consiguiente.: (i) Determinación de si existe un motivo válido para la inactividad del accionante. no son objeto de la excepción de caducidad cuando el juez debe pronunciarse sobre el orden justo. En este sentido. No puede perderse de vista que la Carta Política garantiza la primacía de los derechos inalienables y éstos prevalecen sobre aspectos procesales. abandono. interdicción.
el período empleado para la defensa de los derechos fundamentales que la accionante estima conculcados. se manifiesta que el defecto por vulneración del precedente. es posible aplicar el mismo criterio empleado por las Salas de Revisión Quinta y Sexta. el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 y el Decreto 717 de 1978 ajena a su finalidad y permitir el aumento de la mesada mediante vinculaciones precarias. Con fundamento en todo lo anterior.y no se evidencia desidia en la defensa jurídica por parte de la entidad pública accionante. 42. Conforme a las falencias imputadas a la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de defecto material o sustantivo y vulneración del precedente. Pues. lo sustenta mediante la configuración de un defecto material o sustantivo y el desconocimiento del precedente. la providencia cuestionada no es una sentencia de tutela. en la sentencia T-546 de 2014 (M. la norma del entonces Código de Procedimiento Administrativo se refería al término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Igualmente. En igual sentido. que pugnan con el principio de Sostenibilidad Financiera. han transcurrido aproximadamente un año (1) y nueve (9) meses.” 38.. que al momento de adoptarse la decisión acusada.P. en la Sala de Revisión Sexta. Alegación de una irregularidad procesal 39. Conforme al anterior pronunciamiento. Así las cosas. CCoonnssttaattaacciióónn ddee llaa aaccrreeddiittaacciióónn ddee aall m meennooss uunnoo ddee llooss rreeqquuiissiittooss eessppeecciiaalleess ddee pprroocceeddeenncciiaa ddee llaa ttuutteellaa ccoonnttrraa pprroovviiddeenncciiaa jjuuddiicciiaall 41. es decir. 36. por lo que tampoco podría darse el análisis de este defecto. se torna adecuado y por ende la acción es procedente ante la grave afectación de recursos públicos. Gloria Stella Ortiz Delgado) consideró en un caso análogo. así: “3399. lo anterior sumado a la situación especialísima derivada en que la UGPP sólo asumió las funciones de defensa judicial de CAJANAL el 11 de junio de 2013. 37. Respecto del primero. Sobre la argumentación del anterior defecto. recae sobre la sentencia C-258 de 2013. Frente al primero se tiene por satisfecho en la medida que en el acápite de los hechos se detalla la situación fáctica -Supra numerales 1 al 7.” (Todas las subrayas fuera de texto) 34. por lo tanto se observa que frente a la oportunidad de la tutela objeto de estudio no estamos en presencia de una desidia de la Administración sino ante la imposibilidad jurídica y material para interponer la acción en un término menor. Pues en la sustentación tan solo se hacen aseveraciones genéricas. esta Corporación. sin precisar el modo en el que los fundamentos del fallo judicial contrariaron en ese momento los postulados constitucionales vigentes. Al respecto. fue introducido con posterioridad en la reforma constitucional del Acto Legislativo 01 de 2005. lo que explica su posibilidad de revisión y control durante el tiempo su vigencia. la cual fue proferida el siete (7) de mayo de dos mil trece (2013). es necesario considerar que el daño es continuado y la especial situación de defensa del patrimonio público afectado entre otras por casos de abuso de derecho o fraude a la ley. como el juez “desconoció normas de rango constitucional al momento de ordenar la reliquidación”. mediante la aplicación de una interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. el cómputo del término oportuno y razonable no será desde el pronunciamiento del fallo judicial atacado -09 de septiembre de 2004. No obstante.y. si no hay caducidad para los actos que reconocen prestaciones periódicas tampoco la habrá para aquellos que las niegan. Tal y como se señaló con anterioridad -Supra numeral 7. se logra inferir de la alusión al principio de Sostenibilidad Financiera que se trata del artículo 48 de la Carta Política. cuya vigencia data del 25 de julio de 2005. que en la anterior providencia.sino desde el momento en el que la accionante asumió la defensa judicial de los recursos del sistema pensional a cargo del tesoro. Finalmente. esta se funde en normas inexistentes o inconstitucionales -Supra numeral 18-. Sala de lo Contencioso Administrativo. en aplicación a un orden justo. No obstante. razones que explican el cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso en estudio. 44. fundamento que facilita el examen de fondo del asunto propuesto en esta instancia. se desconocería la posibilidad de solicitar reliquidaciones. esta situación para determinar el cumplimiento del requisito de inmediatez. De lo anterior se extrae que incluso antes de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011. por parte de una sentencia judicial proferida con antelación a la fijación del precedente que se estima violado. encuentra la Sala que a primera vista dicho lapso sería desproporcionado. se tiene que el concepto de la violación se funda en el desconocimiento por parte de la providencia acusada de normas de rango constitucional. se debe tener en cuenta la grave afectación de los ingresos con los que se financia la prestación de los servicios de salud. contempló la posibilidad de no tener en consideración los términos de caducidad tratándose de prestaciones periódicas en asuntos pensionales o de su reliquidación. Se trata de situaciones que se proyectan en el tiempo. y por lo tanto. Si no. su lógica también debe aplicarse a las sentencias que reconocen. se concluye que si bien prima facie la demanda de tutela resulta procedente al cumplir con los requisitos de forma para el análisis de la vulneración de un derecho fundamental por parte de una providencia . cualquier caso. 43. cuando la pensión es reconocida judicialmente. el requisito de inmediatez será tenido por satisfecho. Por tal razón. conforme al marco de procedencia reseñado en el párrafo 16. dicho argumento resulta inadmisible en tanto que el fallo fue proferido el 09 de septiembre de 2004. no sería posible aplicar ese criterio al defecto alegado. se echa de menos la identificación de la interpretación ajena a la finalidad de las disposiciones legales invocadas y con ello el desconocimiento de normas Superiores. el cual exige por lo menos. restan por analizar los requisitos de que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible ” y que no se trate de sentencias de tutela. por cuanto los aportes se destinan a financiar el sistema médico asistencial del afiliado pensionado. y el principio de Sostenibilidad Financiera en el Sistema Pensional. 45. Razón por la cual. teniendo en cuenta que desde el 11 de junio de 2013 al 09 de marzo de 2015 -Supra numeral 5-. De todo lo expuesto. 11 de junio de 2013.la titular de los derechos fundamentales afectados invoca la protección constitucional por considerar vulnerados sus derechos al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia. Si bien es cierto. Para el caso en estudio se considera que la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante es permanente por tratarse del pago de prestaciones periódicas. niegan o modifican prestaciones periódicas. la Sección Segunda - Subsección “A” Sala Consejo de Estado. Verificación de los demás requisitos de forma 40. 35. y al evidenciarse que en el presente caso el asunto versa sobre un daño continuado. tal y como ocurre en el caso sub lite. como lo es el pago de una obligación de tracto sucesivo –mesada pensional.
P. Argumentar lo contrario significaría que si. El funcionario jurisdiccional podrá usar dicha potestad ultra o extra petita. como consecuencia del cambio del parámetro constitucional introducido con el Acto Legislativo 01 de 2005 a la Seguridad Social en Pensiones. por ejemplo. Por lo cual. FFaallllooss eexxttrraa yy uullttrraa ppeettiittaa eenn eell ttrráám miittee ddee ttuutteellaa.. los cambios introducidos son sustanciales y acordes con la Constitución. Finalmente. No obstante. En ese caso la Sala constató que la tutela era improcedente por cuanto el actor contaba con una pérdida de capacidad laboral inferior al 50% y por ello no cumplía con el requisito legal para ser considerado inválido. cuando de los hechos de la demanda se evidencia la vulneración de un derecho fundamental.a las pensiones causadas en el régimen especial de transición previsto en el Decreto 546 de 1991. al no lograr configurar siquiera uno de los defectos recopilados por la jurisprudencia. ¿Es posible aplicar el precedente de reanudación de los términos para controvertir las pensiones reconocidas con abuso de derecho o fraude a la ley mediante el ejercicio del recurso extraordinario de Revisión -art. por este aspecto. y el reciente pronunciamiento por parte de esta Corporación en la sentencia C-258 de 2013. incluso cuando no ha sido solicitado por el tutelante. en esa oportunidad este Tribunal indicó lo siguiente: “En cuanto a la posibilidad de que los fallos puedan ser extra y ultra petita en materia de tutela. Con fundamento en todo lo anterior. como lo expresó éste Tribunal Constitucional al pronunciarse sobre el derecho de asociación.P. (Subraya fuera de texto). Luis Ernesto Vargas Silva) a la Sala de Revisión se le planteó la vulneración del derecho a la seguridad social en pensiones por causa de la suspensión de una pensión de sobrevivientes por hijo inválido. no podría ordenar su protección. en la sentencia C-1234 de 2005 (M.P. Aunado a lo anterior. esta Sala se planteará si es posible aplicar el precedente de reanudación de términos judiciales para que la administradora de pensiones pueda ejercer el recurso extraordinario de revisión. 48. en la sentencia C-110 de 1994. disponiendo lo necesario para su efectiva protección. 47. por un lado. la Sala Plena al referirse a la acción de tutela como mecanismo efectivo en la protección de los derechos fundamentales y en aplicación de la facultad extra petita. examinó el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo. Esta Sala se planteará el siguiente problema jurídico. desde los primeros pronunciamientos se ha sentado esta posición. consideró lo siguiente: “En consideración a la naturaleza fundamental de los derechos amparados por la acción consagrada en el artículo 86 de la Carta Política. En efecto. los Convenios 151 y 154 de la OIT. (Subraya fuera de texto) No en vano la Corte Constitucional ha sostenido que: “(…) dada la naturaleza de la presente acción. se hará un breve caracterización de dichas facultades.la vigencia de los derechos constitucionales fundamentales es el cimiento mismo del Estado social de derecho.judicial. argumento que queda sin piso. por virtud de un fallo extra petita ordenó la tutela de su derecho fundamental a la salud con base en lo siguiente: “El juez de tutela está revestido de amplias facultades oficiosas que debe asumir de manera activa para brindar la adecuada protección a los derechos constitucionales de las personas. entre a determinar cuáles son los derechos fundamentales vulnerados y/o amenazados. En otras palabras. De la situación fáctica descrita se evidencia que la reliquidación de la mesada pensional se incrementó desproporcionadamente por cuenta de unos nombramientos. pues no se está ante el fenómeno de la cosa juzgada. toda vez que el peticionario no lo adujo expresamente en la debida oportunidad procesal. radicó principalmente en la consideración de que el artículo 416 del Código laboral era una de las excepciones de que trata el artículo 55 de la Constitución. el régimen de la tutela está dotado de una mayor laxitud que el resto de las acciones jurídicas. en la sentencia de unificación SU-195 de 2012 (M. el juez advierte una evidente violación.” 49. Pese a que no se configuró una causal específica de procedencia de tutela contra providencia judicial.P. esta Corte de manera pacífica ha señalado que el juez de tutela puede al momento de resolver el caso concreto conceder el amparo incluso a partir de situaciones o derechos no alegados. al punto que puede decidir más allá de lo pedido o sobre pretensiones que no hicieron parte de la demanda. en la sentencia de unificación SU-484 de 2008 (M. o amenaza de violación de un derecho fundamental como el derecho a la vida. la labor de la autoridad judicial no puede limitarse exclusivamente a las pretensiones invocadas por la parte actora. en el año de 1994. no habían sido incorporados por medio de la Ley. En consecuencia. al juez de tutela le está permitido entrar a examinar detenidamente los hechos de la demanda para que. toda vez que conforme a la condición sui generis de esta acción. Es importante señalar que el cambio del parámetro de control tiene un efecto directo sobre la cosa juzgada ya que habilita al juez constitucional para conocer una proposición ya estudiada frente a un contexto jurídico diferente. Ello equivaldría a que la administración de justicia tendría que desconocer el mandato contenido en el artículo 2o superior y el espíritu mismo de la Constitución Política. R Reeiitteerraacciióónn ddee jjuurriisspprruuddeenncciiaa 46. 20 Ley 797 de 2003. y. En el curso del proceso que culminó con la sentencia T-568 de 2013 (M. pues. y del otro. En este caso. se concluye que el juez de tutela está investido de la facultad oficiosa de proferir fallos extra y ultra petita. por la sencilla razón de la existencia de las Leyes en mención. siempre que se establezca la infracción a los derechos del demandante. la labor del juez no debe circunscribirse únicamente a las pretensiones que cualquier persona exponga en la respectiva demanda. de conformidad con lo dispuesto por el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil . Jorge Iván Palacio Palacio) la Sala Plena reiteró la facultad que [21] ostentan los jueces de tutela para resolver un asunto distinto al solicitado . la Corte puede volver a examinar la constitucionalidad de lo acusado del artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo. atendiendo la informalidad que reviste el amparo y además quien determina los derechos fundamentales violados. en materia de tutela no sólo resulta procedente sino que en algunas ocasiones se torna indispensable que los fallos sean extra o ultra petita.” (Subrayas fuera de texto). con ello amparar el derecho al acceso a una efectiva administración de justicia vulnerado a la UGPP? EExxiisstteenncciiaa ddee uunn ccaam mbbiioo ddee ppaarráám meettrroo ddee ccoonnttrrooll 50. Así. y con base en las facultades extra y ultra petita en cabeza de los jueces constitucionales. sino que debe estar encaminada a garantizar el amparo efectivo de los derechos fundamentales. mientras que el pronunciamiento judicial ultra y extra petita está vedado en [22] materia civil. pues -se reitera.” (Subraya fuera de texto). Alfredo Beltrán Sierra). así: “Se está ante un panorama legal distinto al que existía cuando la Corte. la declaración de exequibilidad de la prohibición para los sindicatos de empleados públicos de presentar pliegos de peticiones o de celebrar convenciones colectivas. . si lo considera pertinente. no es posible acceder a amparar el derecho fundamental al debido proceso. Razón por la cual. sino que su labor debe estar encaminada a garantizar la vigencia y la efectividad de los preceptos constitucionales relativos al amparo inmediato y necesario de los derechos fundamentales. Jaime Araújo Rentería).
está concebida como el resultado de aplicar el porcentaje o tasa de reemplazo al promedio de liquidación del respectivo régimen. 4. (ii) en protección a las expectativas legítimas. en reconocimiento al derecho viviente . interpretación constitucional que no resulta ajena al presente caso. No obstante.3. cuando el conflicto versa sobre la aplicación integral del régimen especial del que era beneficiario el accionante.3. al que se le aplicaron los criterios de la mencionada sentencia de constitucionalidad. beneficios que implican el efecto ultractivo de los requisitos de edad. (vi) dispuso la derogatoria de los regímenes especiales y exceptuados. Mauricio González Cuervo) en la cual. serían destinatarios de unas reglas específicas y propias de la pensión causada en vigencia de la transición.3. pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad. tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo. respecto de la interpretación del artículo 36 de la Ley 100/93. en los siguientes términos: ““44. Finalmente. y del régimen de transición mencionado. Posteriormente.P. 55. 4. en la medida que el beneficio otorgado. Ahora bien. ofrece a un grupo de afiliados que se encuentran próximos a la consolidación de su derecho pensional. permitiendo causar el derecho pensional antes de finalizar el año 2014. en lo relacionado con el concepto monto se presentan dos acepciones. monto. fue modificado por el citado Acto Legislativo. Por ello.3.. como se deriva del tenor literal del artículo 36 de la ley mencionada. 4.2. es decir. por lo que se entiende que se rige por la ley general. constituye la concesión de una ventaja que no previó el legislador al expedir la Ley 100.. una en el marco de los regímenes especiales y.3.2. a través de las disposiciones contenidas en el artículo 36 de la Ley 100/93.3.P. monto y número de semanas o tiempo de servicio del régimen al cual venían afiliados al momento de la entrada en vigencia del nuevo sistema general de pensiones. En la sentencia C-258 de 2013.regula la forma de promediar el ingreso base de liquidación de aquellos beneficiarios del régimen de transición que están a menos de 10 años de consolidar el derecho. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) al resolver un problema similar respecto de la interpretación que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia hace sobre algunos aspectos del régimen de transición. (ii) consagró el respeto de los derechos adquiridos con arreglo a la ley en materia de seguridad social. (v) ordenó la liquidación pensional concordante con los aportes cotizados. adoptó su decisión en acatamiento de un precedente interpretativo fijado dentro de la ratio decidendi de una sentencia de constitucionalidad que es relevante y aplicable para la solución del caso concreto.1. así: 4. (ii) los beneficios antes mencionados -edad. 17 Ley 4 de 1992). En cuanto a la primera. otra como beneficio del régimen de transición. en armonía con las normas y principios de rango constitucional.2. algunas Salas de Revisión en corrección a dicha práctica interpretativa han venido extendiendo el precedente constitucional a regímenes pensionales distintos al de los Congresistas y Magistrados de las Altas Cortes y algunos servidores públicos. pero que por razón de no haberlo consolidado. el artículo 48 constitucional -marco constitucional del artículo 36 de la Ley 100/93-. se estudió el caso de un pensionado por el régimen de transición del Decreto 758 de 1990. especialmente en lo relacionado en su inciso 3°. la Corte determinó que el cálculo del ingreso base de liquidación bajo las reglas previstas en las normas especiales que anteceden al régimen de transición. no mencionó a los afiliados que estando dentro del régimen de transición les faltare más de 10 años para acceder al derecho pensional. fijó unos parámetros de interpretación para la aplicación del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100/93.5. y semanas o tiempo de servicio.. reconocieron pensiones más allá de lo legalmente permitido. (vii) ordenó la revisión de las pensiones adquiridas con abuso del derecho y (viii) fijó un tope al monto de la mesada. se acogió el criterio interpretativo de la C-258 de 2013. por el contrario. El anterior pronunciamiento fue objeto de solicitud de nulidad. Cabe destacar que. Inciso segundo. el artículo 21 de la Ley 100/93. Ahora bien.3. en lo atinente a los parámetros de interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. se interpretó el concepto de derechos adquiridos previsto para el régimen de transición. sino que. [23] 54.2. Sobre el derecho a la seguridad social en pensiones: (i) fundó el principio de la Sostenibilidad Financiera del Sistema Pensional. (iv) prohibió establecer requisitos y beneficios pensionales distintos a los de la leyes del sistema general de pensiones. como se señaló en un principio. 4. estableció una extensión de dicho régimen para aquellos afiliados que acrediten 750 semanas o 15 años de servicio a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 -25 de julio de 2005-. Expresamente sobre el artículo 36 de la ley del Sistema General: (i) determinó que el régimen de transición expiró el 31 julio de 2010. (iii) los requisitos y beneficios serán los expresamente consagrados en el artículo 36 y demás normas que lo desarrollen.establece (i) los requisitos para acceder al régimen de transición -40 años hombre / 35 mujer ó 15 años de tiempo de servicio-.y (iii) dispone que las demás condiciones y beneficios serán los de la Ley General de Pensiones. Situación distinta se presenta respecto del ingreso base de liquidación. se da en la reforma al artículo 48 Superior.” 57. consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario.P. De lo anterior. Ahora bien. puesto que este no fue un aspecto sometido a transición. Carlos Gaviria Díaz) por medio de la cual. resumido en las siguientes normas: 52. los cuales cuentan con la posibilidad de: (i) liquidar la pensión con base en el tiempo restante o (ii) con el promedio de toda la vida laboral si fuere superior. El régimen de transición establecido en la Ley 100/93. la Sala Plena en la sentencia de unificación SU-230 de 2015 (M. un ejemplo de la aplicación del precedente establecido en la C-258 de 2013. se dio en la sentencia T-078 de 2014 (M.” (Subraya fuera de texto) 56. más aun. 4. otro ejemplo del efecto directo del cambio de parámetro constitucional en el fenómeno procesal. (iii) consagró la estabilidad e inmutabilidad en el pago de la mesada. la cual se negó por parte de la Sala Plena en el Auto 078 de 2014 al considerar que “La solicitud de nulidad debe ser negada cuando se constata que la Sala de Revisión de Tutelas competente no cambió la jurisprudencia en vigor. con la incorporación de nuevos principios al derecho a la seguridad social en pensiones y al propio artículo 36 de la Ley 100/93. del siguiente modo: . 53.51. en la sentencia C-258 de 2013 se demostró que con anterioridad e incluso después del Acto Legislativo 01 de 2005. que establece el modo de calcular el ingreso base de liquidación para aquellos beneficiarios del tránsito normativo. efectuada por el Acto Legislativo 01 de 2005.33. Inciso tercero. algunos jueces de la República en aplicación de una interpretación contraria al espíritu de las normas de la transición pensional.1. el cual alteró el panorama normativo bajo el cual se adoptó la sentencia C-168 de 1995 (M. se puede colegir que esta Corporación al estudiar la constitucionalidad de la norma demandada en esa oportunidad (art. y la segunda como un privilegio legal para aquellos próximos a adquirir el derecho. IInntteerrpprreettaacciióónn jjuurriisspprruuddeenncciiaall ddeell A Arrttííccuulloo 3366 ddee llaa LLeeyy 110000 ddee 11999933.
(iii) y. sino a la interpretación que se hizo del régimen de transición. sus reglas deben ser de interpretación restringida y no pueden ser extendidas por analogía a casos de servidores no cobijados por ellos. por tanto. que se encuadran dentro de esta segunda hipótesis. Esto suele presentarse en situaciones en las que servidores públicos beneficiarios del régimen especial anterior a la Ley 100 y cobijados por la transición. solidaridad y eficiencia que rigen un sistema pensional equitativo. Esto. Cabe señalar que para que se produzca este abuso del derecho. que rompa con el promedio de lo cotizado durante toda la vida laboral. se consideró que “En términos generales. En aplicación al tema pensional. se consideró lo siguiente: . pero que lo utiliza para fines no queridos por el ordenamiento jurídico. sino del empleo de una interpretación de la ley que. en armonía con los principios constitucionales de universalidad. En materia pensional con frecuencia se presentan situaciones de abuso del derecho. un incremento significativo de sus ingresos que en realidad no corresponde con su vida laboral.” 58. (iii) existía falta absoluta de correspondencia entre el valor de la pensión y las cotizaciones. algunas Salas de Revisión e incluso en unificación han adoptado los criterios esgrimidos en la sentencia C-258 de 2013. En estos eventos. es aplicable.19 de la Ley 797/03. La sentencia fijó unos parámetros determinados para el régimen especial dispuesto en la Ley 4 de 1992. No obstante. En el numeral 26 se constató que la UGPP no tuvo la oportunidad de ejercer los mecanismos legales para revisar la pensión concedida con un aparente abuso del derecho. que dan lugar al reconocimiento de pensiones con ventajas irrazonables frente a la verdadera historia laboral del peticionario. De todo lo expuesto. En primer lugar. en el último año de servicios.y de revisión -art. comete abuso del derecho: (i) aquél que ha adquirido el derecho en forma legítima.” 60. en los demás casos en que el artículo 17 de la Ley 4 de 1992. se previó el uso de los recursos de revocatoria directa -art. dados sus efectos erga omnes. se puede concluir que como consecuencia de la interpretación que hizo esta Corporación en sede de control abstracto respecto del régimen de transición en el marco del régimen especial de la Ley 4 de 1992. Sala Plena encontró que el artículo 17 de la Ley 4 de 1992. 62. dado su carácter excepcional y su impacto en las finanzas públicas. resulta contrario a la Constitución y como resultado de la cual. (iii) el titular de un derecho que hace un uso inapropiado e irrazonable de él a la luz de su contenido esencial y de sus fines.conducen a una pensión que no guarda ninguna relación con los aportes que acumuló en su vida laboral y que. En esa medida. (ii) quien se aprovecha de la interpretación de las normas o reglas. dejando abierta la posibilidad a las Salas de Revisión de acoger esos criterios en otros casos en concreto. estableció una interpretación sobre la aplicación del IBL a los regímenes especiales sujetos a la transición del artículo 36 la Ley 100. (ii) generaba una desproporción manifiesta entre algunas pensiones reconocidas al amparo del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 cuando. a la luz de lo establecido en esta sentencia. a todos los beneficiarios de regímenes especiales. pero además. la persona accedió a una pensión. dichos criterios deberán ser constatados por el juez de la jurisdicción competente y en el seno de un proceso judicial que garantice el debido proceso a ambas partes. De lo anterior se concluye que (i) la connotación de abuso del derecho no va dirigida al uso de conductas delictivas. se establecieron algunos casos en los que podría configurarse la anterior irregularidad. dentro de las múltiples órdenes dadas en la C-258 de 2013. para ese menester se tendrá en cuenta.debe ser evidente. D Dee llaa rreeaannuuddaacciióónn ddee ttéérrm miinnooss ppaarraa eell eejjeerrcciicciioo ddeell rreeccuurrssoo eexxttrraaoorrddiinnaarriioo ddee rreevviissiióónn 59. (ii) el desequilibrio entre la resultante de la pensión -mesada.hace referencia a una restricción para las administradoras de pensiones para hacer uso de lo indicado en esa oportunidad. (v) es incompatible con el principio de Estado Social de Derecho. En uso de dichas figuras ajustadas a la interpretación jurisprudencial. por fuera del sentido conforme a la Carta del régimen pensional y que produce una objetiva desproporción y falta de razonabilidad en la prestación. los incrementos significativos de los ingresos del servidor en sus últimos años de servicios –incremento que escapa el sendero ordinario de su carrera salarial. que el salto abrupto sea producto de vinculaciones precarias durante el último año para adquirir la pensión o la reliquidación. que generan un desequilibrio manifiesto del principio de igualdad. sí lo son los subsidios carentes de relación con el nivel de ingresos y la dedicación al servicio público del beneficiario del elevado subsidio. y (iv) aquél que invoca las normas de una forma excesiva y desproporcionada que [24] desvirtúa el objetivo jurídico que persigue. y por el contrario. dentro de los cuales se destaca el siguiente: “Recuerda la Corte que. de manera que no se trata de establecer la existencia de conductas ilícitas o amañadas. el aumento. representa un salto abrupto y desproporcionado en los salarios recibidos en toda su historia productiva. además. resultaba contrario al ordenamiento constitucional por cuanto (i) desconocía el derecho a la igualdad.en tanto que pese a que el Acto Legislativo encomienda al Legislador la expedición de un mecanismo idóneo para la revisión de pensiones. de tal modo. la dimensión objetiva de los conceptos del abuso del derecho y fraude a la ley. debe ser claramente desproporcionado y debe ser evidente que no corresponde a su historia laboral. la mención atinente a que lo que esta Corporación señale en esta decisión no podrá ser trasladado en forma automática a otros regímenes especiales o exceptuados -Supra numeral 23. Por lo que se hará una síntesis de los fundamentos de la C-258 de 2013 para ordenar el reinicio de términos en cuanto a la procedencia del recurso consagrado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. puesto que si bien los subsidios en regímenes especiales no son per se contrarios a dicho principio fundamental. y fruto de un aprovechamiento de las interpretaciones que las autoridades judiciales y administrativas han hecho de las normas.con lo efectivamente aportado -historial de cotización. de manera preponderante. imponen al Estado la obligación de proveer un subsidio muy alto para poder pagar la pensión reconocida. en su sentido natural y en concordancia con su configuración viviente.20 de la Ley 797/03. lo cual conduce a que dicha desproporción excesiva sea (iv) financiada con recursos públicos mediante un subsidio muy elevado. y la provisionalidad. a través de figuras como las suplencias en el caso de los Congresistas. y por ende. Estos casos suelen además estar acompañados de vinculaciones precarias al cargo en virtud del cual se produce el aumento del ingreso base de liquidación. Razón por la cual. se repite. además. Ello en aprovechamiento de las tesis de algunas corporaciones judiciales sobre las reglas de la transición y del Ingreso Base de Liquidación. “La Sala Plena de la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 fijó el precedente en cuanto a la interpretación otorgada sobre el monto y el ingreso base de liquidación en el marco del régimen de transición. el encargo en el caso de Magistrados. también lo es que. lo cual hasta el momento no se ha hecho. En este punto debe recordarse que si bien es cierto la Corte ha avalado la existencia de algunos regímenes pensionales especiales. para fines o resultados incompatibles por el ordenamiento jurídico. obtienen.” (Todas las subrayas fuera de texto) 61. tal y como ocurrió en las sentencias mencionadas -Supra numerales 55 y 57-. Finalmente.
para los procedimientos que se adelantarán para dar cumplimiento a la presente providencia.31 -Supra numeral 3. deben ser plenamente aplicados por las entidades responsables. lo pertinente es que el juez de la jurisdicción de lo contencioso administrativo verifique en el seno de un proceso judicial con respeto al debido proceso. Cabe también dejar claro que los términos de caducidad de posibles acciones contenciosas contra estos actos de reconocimiento pensional.493. de tal modo. modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005. se reanudarán y empezarán nuevamente a contarse a partir de la fecha de la comunicación de esta providencia.395. a efectos de aplicar el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. 68.395.debe ser evidente. no aplica automáticamente para las pensiones causadas bajo el régimen del Decreto 546 de 1971 y. si se cumplen las condiciones de abuso del derecho por vinculaciones precarias enunciadas en la C-258 de 2013. En el análisis de subsidiariedad se constató que la entidad administradora de los recursos públicos con los que se sufraga la prestación periódica no tuvo la oportunidad procesal de ejercitar una debida defensa ante el juez de los contencioso administrativo en tanto.25 -Supra numeral 3-. verificándose la imposibilidad de un acceso efectivo a la administración de justicia y con ello la vulneración de dicho derecho fundamental. en relación con los términos aquí indicados. en todo caso deberán ser constatados por el juez de la jurisdicción competente y en el seno de un proceso judicial que garantice el debido proceso de ambas partes. posteriormente incrementada en $15. que en su caso. puesto que debe enunciarse con claridad cuál es la interpretación judicial ajena a los postulados constitucionales vigentes al momento de la adopción del fallo. y los precedentes constitucionales aplicables a ese caso que se estiman desconocidos. por orden judicial se reliquidó en $9.y. De lo que se colige que la reliquidación ordenada por un fallo judicial es sustancialmente superior al monto inicialmente reconocido. si lo considera pertinente. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal – UGPP mediante apoderado judicial interpuso una demanda de tutela el 09 de marzo de 2015 contra una providencia judicial del 09 de septiembre de 2004. Por lo que resta determinar el momento a partir del cual se reanuda el término para incoar dicho recurso extraordinario. el término para el ejercicio de la defensa de sus derechos fundamentales es oportuno.25 -Supra numeral 3-. Los cuales. Al respecto. la demanda no logró configurar ninguno de los defectos alegados. No obstante lo anterior. trasgrede el principio de Sostenibilidad Financiera del Sistema Pensional. la sala de revisión considera aplicable la formula acogida en la providencia antes mencionada. (iii) y. 69. por la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso (CP. se contaran a partir de la notificación de la presente sentencia.490. se constató que por falta del desarrollo legal del mandato constitucional del Acto Legislativo 01 de 2005 atinente al “establecimiento de un procedimiento breve para la revisión de las pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de requisitos”.15 al haber fungido por el lapso muy corto como magistrado del Consejo de Estado -Supra numeral 7. al evidenciar que en el caso en concreto podría mediar un posible abuso del derecho por parte de una interpretación judicial contraria a los principios del artículo 48. se evidencia con claridad que el primer monto de su pensión fue fijado en la suma de $1. Adicionalmente.483. desde el momento de la notificación de esta sentencia. proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.490. sino a la interpretación que se hizo del régimen de transición. C COON NCCLLU USSIIÓ ÓNN Síntesis del caso 66. fue reliquidada por orden [25] judicial en $9. los jueces competentes de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo deberán darle trámite al recurso extraordinario de Revisión. asumió las obligaciones de Cajanal.31 -Supra numeral 3.” A Applliiccaacciióónn eenn eell ccaassoo eenn ccoonnccrreettoo 63.195. que rompa con el promedio de lo cotizado durante toda la vida laboral.012. en tanto que se trata de un daño continuado por el pago de una obligación de tracto sucesivo -mesada. es decir. (ii) el desequilibrio entre el producto de la pensión –mesada. Sección Segunda – Subsección Tercera. el recurso procedente es el de revisión en los términos de la sentencia C-258 de 2013. los términos para ejercitarlo.y. 65. la administradora de pensiones accionante. Razón de la decisión .483.15 al haber fungido por un lapso muy corto como magistrado del Consejo de Estado -Supra numeral 7-. Por ende. 70. Consideraciones 67. Así las cosas. siendo efectivamente vinculado desde el inicio de la acción de tutela. en observancia de los lineamentos establecidos en la presente providencia. se identificó de los hechos presentados por la accionante UGPP y que no fueron controvertidos por el pensionado en el respectivo momento procesal. puesto que la reanudación de términos dispuesta por esta Corporación en la sentencia C-258 de 2013. que desde el 11 de junio de 2013. 29) mediante la configuración de un defecto material o sustantivo y el desconocimiento del precedente y.y en la defensa del patrimonio público. “Los condicionamientos consagrados en la Sentencia C-835 de 2003. en tanto que en dicho proveído se reconoció una reliquidación de la mesada pensional del ciudadano Humberto Cárdenas Gómez del régimen de transición del Decreto 546 de 1971 sin topes pensionales. que el salto abrupto sea producto de vinculaciones precarias durante el último año para adquirir la pensión o la reliquidación. 64. y en vista de que el reproche del incremento del quantum de la pensión deriva de una interpretación judicial. Acorde con la situación fáctica descrita por la accionante UGPP y que en todo caso no fue controvertida por el pensionado. La Sala estima que para este caso. [26] posteriormente se incrementó en $15.y que a su juicio.493. que el primer monto de la mesada se fijó inicialmente en la suma de $1. al acceso efectivo a la administración de justicia (CP. se constató que la UGPP no cuenta con un mecanismo judicial para la satisfacción de su pretensión de revisión de la reliquidación -artículo 20 de la Ley 797 de 2003-. cumpliendo prima facie con los criterios esgrimidos en el numeral 61 atinentes a que: (i) la connotación de abuso del derecho no va dirigida al uso de conductas delictivas. procedió a analizar si era posible aplicar el precedente sentado en la C-258 de 2013 respecto de la reanudación de términos en los casos en los que la administradora de pensiones identifique aumentos desproporcionados de la mesada producto de vinculaciones precarias. Sala de Descongestión. con base en todo los elementos percibidos y con fundamento en vinculaciones precarias –Supra numeral 2.. Evaluados los requisitos formales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. No obstante. podrá interponer el recurso extraordinario de revisión contemplado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. 229). IIIIII. para cuyo caso. la Sala de Revisión en ejercicio de sus facultades extra y últra petita.012.195.con lo efectivamente aportado –historial de cotización. Adicionalmente.
CONCEDER el amparo del derecho fundamental al acceso efectivo a la administración de justicia a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Pensionales de la Protección Social –UGPP-. Sala de lo Contencioso Administrativo.. ALEJANDRO LINARES CANTILLO Magistrado GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Magistrado Con aclaración de voto GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Magistrada Con salvamento de voto MARTHA SACHICA MENDEZ Secretaria General . En mérito de lo expuesto.. LÍBRESE por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. declaradas por el máximo tribunal en lo constitucional como contrarias a los principios que rigen la Seguridad Social en Pensiones... para que. que a su vez confirmó con base en otras consideraciones. comuníquese. administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política. IIV V. Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta. INSTAR a los jueces competentes de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. D DEEC CIISSIIÓ ÓNN. en especial en los casos de abuso del derecho. Se vulnera el acceso efectivo a la administración de justicia de una entidad que administra recursos públicos en pensiones.. REVOCAR por las razones expuestas en esta sentencia.. el recurso extraordinario de revisión. SSEEG GUUN NDDO O.71. Notifíquese. R REESSU UEELLV VEE:: PPR RIIM MEERRO O. C CUUAAR RTTO O. cuando no existen medios legales efectivos e idóneos para solicitar la defensa jurídica del patrimonio público que se ve afectado por interpretaciones judiciales. que declaró improcedente el amparo solicitado. se contarán a partir de la notificación de esta providencia. Sección Cuarta. respecto de los términos para ejercer el recurso extraordinario previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. la providencia del 03 de agosto de 2015 dictada por el Consejo de Estado. TTEER RCCEERROO. sean determinados conforme a la parte motiva de esta providencia. si la entidad accionante UGPP considera pertinente tramitar ante el respectivo órgano judicial. DECLARAR que los términos para el ejercicio de la defensa judicial. el fallo del 28 de mayo de 2015 proferido por el Consejo de Estado. publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. la Corte Constitucional de la República de Colombia.
o en relación con el IBL. y los mecanismos legales para ello. al tenerse en cuenta dicha realidad. una vez proferidas las nuevas decisiones judiciales. Fecha ut supra. quiero aclarar que la sentencia C-258 de 2013 se pronunció acerca de los siguientes aspectos: 1) no puede extenderse el régimen pensional previsto en la Ley 4 de 1992.143. se reguló la revisión de estas prestaciones. el Decreto 664 de 1999 y el Decreto 1102 de [28] 2012) . por otro lado.141 Acción de tutela instaurada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal -UGPP-contra Tribunal Administrativo de Cundinamarca. esto puesto que al momento de efectuar la liquidación de la pensión. velar por la protección del patrimonio público. 2) en lo que tiene que ver con el ingreso base de liquidación deben aplicarse los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993. por consiguiente. no se encontraban afiliados al mismo. debo realizar la siguiente observación: en mi sentir. equivaldría al 80% de lo que devenga un Magistrado de alta Corporación. De otra parte. a quienes con anterioridad al 1o de abril de 1994. y la sentencia C-258-2013. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Magistrado . Frente al punto. se llega a la conclusión de que en los argumentos esgrimidos por la entidad accionante no se precisa cuál de los supuestos contenidos en la sentencia C-258-2013. 3) solo pueden tomarse como factores de liquidación de la pensión aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario. En ese sentido se advierte que. las mesadas no pueden superar los veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes. y los múltiples pronunciamientos judiciales que así lo han reconocido. Magistrado Ponente: ALEJANDO LINARES CANTILLO No obstante que estimo acertadas las decisiones adoptadas en el presente asunto. con fraude a la ley o abuso del derecho. es posible que no existan diferencias protuberantes en el monto alcanzado por la mesada pensional. que tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubiesen realizado las cotizaciones y. De conformidad con las normas que regulan la remuneración de un Magistrado de Tribunal y un o Magistrado de alta Corporación. 4) en lo referente al tope de la pensión. ante la posibilidad de que la nueva entidad pueda promover los mecanismos judiciales idóneos a efectos de lograr la aplicación de los nuevos parámetros de control establecidos por el Acto Legislativo 01 de 2005. Ahora bien. Sala de Descongestión. fue desconocido o transgredido al reconocerse la pensión de jubilación del demandante o al efectuarse los reajustes de que esta fue objeto. en caso de que las mismas incurran en los defectos que según la jurisprudencia de esta Corte así lo permiten. no resulta claro si la UGPP busca la aplicación del tope pensional. en relación con las personas que adquirieron las pensiones de manera ilegal. [27] se desempeñó como Magistrado de Tribunal desde el 9 de julio de 1984 hasta el 30 de abril de 1999 (14 años 9 meses y 29 días). se evidencia que la persona concernida como funcionario judicial. la reliquidación de la mesada en consideración a los factores salariales. se desprende que el salario de un Magistrado de Tribunal. nada impide que se pueda promover una nueva acción de amparo con la finalidad de dar aplicación al principio de sostenibilidad financiera y. además. En el fallo materia de la presente aclaración. A ACCLLA ARRA ACCIIÓ ÓNND DEE V VOOTTO OD DEELL M MAAGGIISSTTR RAADDOOGGAABBRRIIEELL EED DUUA ARRD DOOM MEEN NDDO OZZA A MMAARRTTEELLO OAA LLA A SSEENNTTEEN NCCIIA A TT--006600//1166 Referencia: expediente T-5. de las sentencias judiciales que reconocen la reliquidación de la mesada pensional en cuestión. estimo que dicho análisis podría incidir en las consideraciones que deban efectuarse en relación con la posible configuración del supuesto "abuso del derecho". Sección Segunda -Subsección Tercera y otro-. (artículo 1 del Decreto 610 de 1998.
(ii) se cumplía el presupuesto de inmediatez. Sección Segunda Subsección Tercera.y al carácter permanente de la afectación derivada del pago de una obligación de tracto sucesivo. la reanudación de términos ordenada en la sentencia C-258 de 2013. concedió el amparo del derecho al acceso efectivo a la administración de justicia de la actora y restableció el término para incoar la revisión que está prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. la introducción del principio de sostenibilidad financiera en el sistema pensional a través del Acto Legislativo 1 de 2005 y la fecha en la que se emitió la sentencia C-258 de 2013 -7 de mayo de 2013-. que además constituye el único desarrollo sobre la materia en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y que estableció de forma expresa que: “el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera. . Sección Segunda Subsección Tercera Magistrado Ponente: ALEJANDRO LINARES CANTILLO 1. por votación mayoritaria. esa omisión no era imputable a la accionante porque adquirió sus obligaciones de defensa de los recursos del sistema pensional con posterioridad a la providencia judicial censurada. hizo una síntesis de las razones expuestas en la sentencia C-258 de 2013 para ordenar la reanudación de términos. Sala de Descongestión. específicamente la medida de reanudación de los términos para controvertir la pensión aparentemente reconocida con abuso de derecho en la sentencia de 9 de septiembre de 2004. En el análisis de subsidiariedad se indicó que si bien no se formuló el recurso de apelación en contra de la decisión atacada. ya que venció el término para su formulación previsto en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011. que se dejara sin efectos la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2004 por la autoridad judicial accionada. se profirió la sentencia T-060 de 2016. [29] 2. La UGPP solicitó. [30] mediante la cual declaró la nulidad de la resolución a través de la que CAJANAL EICE reconoció la pensión de vejez a Humberto Cárdenas Gómez. Luego resaltó que. en la medida en que se discutía la afectación de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. la sentencia de revisión emprendió el análisis de los requisitos generales de procedencia. el cual no corresponde al que se aplicó en la decisión cuestionada. En su lugar. En ese estudio estableció que: (i) el caso revestía importancia constitucional. pues el pensionado en los últimos meses de servicio incrementó de forma desproporcionada sus ingresos y duplicó el monto de la mesada. en los términos de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Esa conclusión se erigió en el momento en el que se profirió -9 de septiembre de 2004-. y ordenó la reliquidación de la prestación sin límites en la cuantía. dentro de las que destacó el desequilibrio entre la pensión y lo efectivamente cotizado. Para la accionante. se determinó que la sentencia controvertida no adolecía de los defectos que se le endilgaron. de acuerdo con la sentencia de constitucionalidad mencionada. Particularmente sobre el abuso del derecho refirió: (i) las hipótesis generales en las que se presenta. en la que. la Sala en ejercicio de sus facultades extra y ultra petita planteó como problema jurídico establecer si era posible aplicar el precedente fijado en la sentencia C-258 de 2013. dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”. (iv) no se controvirtió una sentencia de tutela.en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. PPEEN NSSIIO ONNEESS A AD DQQUUIIR RIID DA ASS CCO ON N A AB BUUSSO O DDEELL DDEER REECCHHO O O O SSIINN CCUUMMPPLLIIM MIIEEN NTTOO D DEE RREEQ QUUIISSIITTO OSS EESSTTA ABBLLEECCIID DOOSS EEN N LLA A LLEEY Y--UGPP estaba en término para formular solicitud de revisión de sentencia (Salvamento de voto) Referencia: expediente T-5. (ii) los casos en los que podría configurarse en materia pensional y (iii) las consecuencias que provoca. SSA ALLV VAAM MEENNTTO OD DEE V VOOTTO OD DEE LLAAM MA AG GIISSTTR RAAD DAA G GLLO ORRIIA A SSTTEELLLLA AO OR RTTIIZZ DDEELLG GAADDO O A A LLAA SSEENNTTEEN NCCIIA A TT--006600//1166 A ACCCCIIO ONNDDEE TTU UTTEELLA ACCO ONNTTRRAA PPR ROOV VIID DEEN NCCIIA ASS JJU UDDIIC CIIA ALLEESS--Improcedencia por cuanto UGPP cuenta con el recurso previsto en el artículo 20 de la ley 797 de 2003 para solicitar revisión de sentencia que haya reconocido pensión con abuso del derecho (Salvamento de voto) Respecto del término para incoar el mecanismo de revisión de las decisiones judiciales que hayan reconocido pensiones con abuso del derecho existió un vacío legal que sólo se superó con el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011. dichos criterios deben ser constatados por el juez ordinario en el marco de un proceso judicial que garantice el debido proceso.141 Acción de tutela presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal UGPP contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. También se destacó que la actora no cuenta con el procedimiento de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. como medida de protección de sus derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia. en el caso estudiado.143. Como quiera que la acción de tutela se dirigió contra una providencia judicial. Advertida la concurrencia de los requisitos generales de procedencia de la tutela. Con el fin de responder dicho problema. No obstante lo anterior. Sala de Descongestión. Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional. (iii) se identificaron los hechos que generaron la vulneración. la providencia judicial incurrió en dos causales específicas de procedibilidad de la tutela: [31] ddeessccoonnoocciim miieennttoo ddeell pprreecceeddeennttee sentado en la sentencia C-258 de 2013 y ddeeffeeccttoo ssuussttaannttiivvoo porque aplicó una interpretación de las normas regentes que contrarió el principio de sostenibilidad financiera. y no era viable aplicar. debido al momento en el que la UGPP asumió la defensa judicial de los recursos del sistema pensional -11 de junio de 2013. y (v) se cumplió el requisito de subsidiariedad. por cuanto ésta sólo se ocupó del régimen especial de pensiones previsto en el artículo17 de la Ley 4ª de 1992. considero que esa es la disposición que debe regir la caducidad para el caso que ocupó la atención de la Sala. a continuación presento las razones que me llevaron a salvar el voto tal y como lo manifesté en la sesión de la Sala Tercera de Revisión adelantada el 15 de febrero de 2016. Como quiera que sólo hasta la expedición del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 hubo claridad en cuanto al término para solicitar la revisión de providencias judiciales que reconocieron pensiones fundadas en abuso del derecho. La sentencia de la que me aparto revocó los fallos de instancia que consideraron improcedente la acción de tutela formulada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal -en adelante UGPP.
Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo. (Subrayas fuera del texto original) Ese precepto superior contempló un mecanismo específico para la revisión de las pensiones reconocidas con aabbuussoo ddeell ddeerreecchhoo.. se estableció para la revisión de decisiones judiciales que reconocieron prestaciones periódicas a cargo del erario público únicamente por la trasgresión del debido proceso o por haber excedido lo debido de acuerdo con las disposiciones regentes. tal y como lo señaló la sentencia de la que me aparto. Para evidenciar la plausibilidad de la revisión de la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2004 deben considerarse las siguientes circunstancias: (i) El mecanismo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. la sseenntteenncciiaa C C--883355 ddee 22000033 declaró inexequible la expresión “cualquier tiempo” prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. por esa vía. respectivamente. En esa oportunidad. (v) El término de 5 años del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 comporta el único desarrollo respecto a la caducidad de la revisión por abuso del derecho en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005. pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. Lo anterior. el cual fue superado por la misma sentencia con una remisión a los términos vigentes para el recurso de revisión ordinario. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de que el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia. los términos establecidos en la sseenntteenncciiaa C C--883355 ddee 22000033 no resultan aplicables para la verificación de pensiones obtenidas con abuso del derecho. la Corte indicó que el mecanismo debía ser activado: “(…) de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo. contrario a la posición mayoritaria de la Sala. tal como lo explicaré a continuación. en la sentencia T-060 de 2016 se consideró que la situación demostrada en el trámite de la acción se ajustó. tras la expedición de la sentencia C-835 de 2003 se contaba con un instrumento especial para la revisión de decisiones judiciales que reconocieron prestaciones periódicas a cargo del erario público con violación del derecho al debido proceso o que superaron las cuantías fijadas en la ley. pero no aquellas obtenidas con abuso del derecho. 5. Sin embargo.” De manera que. de las situaciones jurídicas subjetivas ya consolidadas en cabeza de una persona. como no se expidió una ley que desarrollara dicho mandato. el acceso a la administración de justicia y el imperio del Estado Social de Derecho. llevan a concluir que llaa aacccciioonnaannttee ccuueennttaa ccoonn eell rreeccuurrssoo pprreevviissttoo eenn eell aarrttííccuulloo 2200 ddee llaa LLeeyy 779977 ddee 22000033 ppaarraa ssoolliicciittaarr llaa rreevviissiióónn ddee llaa sseenntteenncciiaa ddiiccttaaddaa eell 99 ddee sseeppttiieem mbbrree ddee 22000044. o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. provoca una alta inseguridad jurídica y de paso: “(…) desplomaría el universo de los derechos adquiridos. según el cual: “[l]a ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones reconocidas ccoonn aabbuussoo ddeell ddeerreecchhoo o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados". en principio. pues consideró que la indeterminación que generaba. previó la posibilidad indefinida en el tiempo de revisar decisiones judiciales que reconocieron pensiones con violación del debido proceso o que superaron los topes legales. considero que en el caso examinado no operó la caducidad. en principio. En efecto. (iii) No se ha efectuado un desarrollo legal del instrumento de revisión previsto en el Acto Legislativo 1 de 2005. revisen las providencias judiciales que “ en cualquier tiempo” hayan decretado un reconocimiento que imponga al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza. Lo expuesto evidencia que respecto del término para incoar el mecanismo de revisión de las decisiones judiciales que . Contrario a la posición mayoritaria de la Sala. a los criterios sobre abuso del derecho desarrollados en la sentencia C-258 de 2013. (vi) La situación especialísima que se configura frente a la UGPP. De lo anterior se evidencia que la norma. razón por la que dispuso la reanudación del término de caducidad de la solicitud de revisión para que.Finalmente. (ii) El Acto Legislativo 1 de 2005 estableció la posibilidad de revisión de pensiones reconocidas con abuso del derecho. la solicitud de revisión podía formularse dentro de los 2 o 5 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia cuando la competencia era de la jurisdicción [34] [35] contenciosa administrativa o de la jurisdicción ordinaria laboral . se constate una posible irregularidad en el reconocimiento de la pensión de Humberto Cárdenas Gómez. [32] 4. de la confianza legítima.” Como consecuencia de la inexequibilidad de la expresión que permitía la revisión “en cualquier tiempo” se presentó un vacío en relación con el término durante el cual podía elevarse la solicitud correspondiente. en su acepción original. En consecuencia. considero que la acción formulada por la UGPP no superaba el análisis de procedencia por la inobservancia del carácter subsidiario de la tutela previsto en el artículo 86 de la Carta Política. Sobre el asunto. se ha acudido a la solicitud especial del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 como vía para la revisión de las pensiones en las hipótesis de abuso del [36] derecho. la Corte destacó que la posibilidad de que se revisen en cualquier tiempo decisiones judiciales que configuraron una situación jurídica concreta. de la inmutabilidad que toda sentencia ejecutoriada merece al cabo de un tiempo debidamente determinado por la ley: la resolución de los conflictos de derecho no puede abandonarse a la suerte de un ad calendas graecas. Así. Ahora bien. por el momento en el que asumió las funciones de defensa judicial de CAJANAL -11 de junio de 2013-. el abuso del derecho como causal de revisión independiente no se consideró por la Corte para establecer los términos de caducidad provisionales referidos. tal y como lo hizo la sseenntteenncciiaa C C--225588 ddee 22001133 . y por supuesto. Sin embargo. el AAccttoo LLeeggiissllaattiivvoo 11 ddee 22000055 adicionó un último inciso al artículo 48 Superior. (iv) Ante la omisión legislativa. [33] Posteriormente. pues el momento en el que la UGPP asumió las funciones de defensa judicial de CAJANAL y el tránsito legislativo sobre el recurso de revisión. se ha acudido al mecanismo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 para la revisión de pensiones obtenidas con abuso del derecho. transgredía el derecho al debido proceso. dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo. por cuanto esa decisión analizó la posibilidad de revisión únicamente frente a las dos causales previstas originalmente en la Ley 797 de 2003. como quiera que la extensión del mecanismo del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 tuvo origen jurisprudencial y buscó hacer efectiva la previsión del Acto Legislativo 1 de 2005. el mecanismo al alcance de la actora para satisfacer su pretensión y restablecer los derechos que adujo conculcados como consecuencia de un reconocimiento pensional indebido a su cargo es el procedimiento de rreevviissiióónn previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. 3. Luego. de acuerdo con sus competencias y por solicitud del Gobierno. El procedimiento de revisión establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 procede cuando: (i) el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso o (ii) la cuantía del derecho reconocido exceda lo debido de acuerdo con la ley.
en la sseenntteenncciiaa TT--883355 ddee 22001144 se analizó con menor rigor el presupuesto de subsidiariedad y se estableció el carácter oportuno de la acción formulada por la UGPP. Sección Segunda –Subsección Tercera. De esta manera. pues si éste transcurrió durante el tiempo en el que se presentó la situación estructural de ineficiencia administrativa referida y cuando la accionante no tenía competencia para emprender las actuaciones judiciales correspondientes. el cual no puede servir como referente para determinar la caducidad respecto a la UGPP. considero que esa es la disposición que debe regir la caducidad para el caso que ocupó la atención de la Sala. Por ejemplo. 2425 del 20 de junio de 2013. en las que advirtió un problema estructural de ineficiencia e inoperancia administrativa. dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”. en atención al momento en el que dicha unidad asumió las funciones de defensa judicial de CAJANAL y al estado de cosas inconstitucional de esta última entidad. a folio 56 del Cuaderno No. Fecha ut supra. Establecido el término para incoar el procedimiento de revisión -5 años.hayan reconocido pensiones con abuso del derecho existió un vacío legal que sólo se superó con el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011. (iv) se ajusta a la autorización constitucional de afectar la intangibilidad de las sentencias ejecutoriadas para impedir que se mantengan situaciones irregulares en desmedro del erario público. En consecuencia. la situación especialísima de la UGPP frente a su actividad judicial se ha considerado por esta Corporación [[3399]] en diversas oportunidades. vi) responde a la situación especial de ineficiencia e inoperancia administrativa de CAJANAL. [5] Folio 2 del Cuaderno No. se fijó un hito específico: llaa eejjeeccuuttoorriiaa ddee llaa pprroovviiddeenncciiaa jjuuddiicciiaall. el término previsto para formular la revisión debe contarse para la UGPP desde que efectivamente pudo promoverla. 1. . 1. dando constancia de la vinculación de Humberto Cárdenas Gómez como Magistrado del Consejo de Estado del 1 al 31 de mayo de 1999. 1. [6] Acta de reparto a folio 45 del Cuaderno No. (v) atiende al principio general del derecho. 1. expongo las razones que me llevan a salvar el voto respecto de las consideraciones y la decisión que se adoptó en el presente caso. 1. como sucedió en el caso que examinó la Sala. la contabilización del término a partir de la ejecutoria de la providencia judicial se traduce en la inexistencia del mecanismo de revisión para la UGPP. lo que descartaba la procedencia de la acción de tutela formulada por la UGPP como consecuencia del incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Esa aplicación de la norma le da un efecto útil a la revisión y al término de caducidad que: (i) concilia el interés general que resguarda el mecanismo de revisión y la seguridad jurídica que proporciona el término de caducidad. De acuerdo con lo expuesto. el término de 5 años para que la UGPP formulara la solicitud de revisión de la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2004 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. (ii) observa el raigambre superior del mecanismo previsto en el Acto Legislativo 1 de 2005. que además constituye el único desarrollo sobre la materia en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y que estableció de forma expresa que: “el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera. El estado de cosas inconstitucional que se configuró frente a CAJANAL y el momento en el que la UGPP asumió la competencia para la defensa judicial deben considerarse para la contabilización del término de 5 años establecido en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011. esto es. [7] Folio 7 del Cuaderno No. Como quiera que sólo hasta la expedición del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 hubo claridad en cuanto al término para solicitar la revisión de providencias judiciales que reconocieron pensiones fundadas en abuso del derecho. [10] Contestación a folios 83 a 88 del Cuaderno No. [2] A folio 32 del Cuaderno No.se advierte que. 1. [4] Fallo acusado a folios 66 a 76 del Cuaderno No. En efecto. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Magistrada [1] Escritura pública No. bajo una consideración especial sobre el momento en el que dicha entidad asumió las funciones de defensa judicial de CAJANAL.debió contabilizarse desde el 11 de junio de 2013. 1. para su contabilización. reconocido por la Corte en [37] [[3388]] las sentencias TT--006688 ddee 11999988 y TT--11223344 ddee 22000088 . 1. 1. elevada ante la Notaría 47 del Círculo de Bogotá D. según el cual de la ilegalidad no se generan derechos y. 6. desde que se le asignó la competencia para la defensa judicial de CAJANAL -11 de junio de 2013-. 1 obra certificación laboral expedida por la Directora Administrativa de la División de Tesorería del Consejo Superior de la Judicatura.C. [9] Notificación a folio 98 del Cuaderno No. (iii) atiende a la inexistencia de un término de caducidad aplicable para la revisión de pensiones obtenidas con abuso del derecho. Sala de Descongestión. [3] Resolución a folio 11 del Cuaderno No. [8] Oficio recibido el 29 de abril de 2015 obrante a folio 81 del cuaderno No.
” (Resaltado fuera de texto) [19] Ver entre otras las sentencias T-328 de 2010. la Sala Plena encontró que el artículo 17 de la Ley 4 de 1992.P. Magistrados de Consejo Seccional.” [23] C-258 de 2013 “Resultan inexequibles algunas expresiones del artículo 17 de la Ley 4 de 1992. no simplemente sobre el derecho de petición. como efecto inmediato de la sentencia. 1 obra certificación laboral expedida por la Directora Administrativa de la División de Tesorería del Consejo Superior de la Judicatura. El primero. de la Ley 100 de 1993.” [22] Cita dentro del texto “Reformado por el Decreto 2282 de 1989. Bajo esta óptica. en ausencia de un vehículo legal específico. inciso tercero. En efecto. según el caso. Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los funcionarios vinculados a la Procuraduría General de la Nación. (ii) como factores de liquidación de la pensión solo podrán tomarse aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario. dando constancia de la vinculación de Humberto Cárdenas Gómez como Magistrado del Consejo de Estado del 1 al 31 de mayo de 1999. 1. sí lo son los subsidios carentes de relación con el nivel de ingresos y la dedicación al servicio público del beneficiario del elevado subsidio.P. Sin embargo.” [37] M. podrá superar el tope de los 25 salarios.” [17] Estos se encuentran. resulta claro que el régimen dispuesto por el artículo 17 de la Ley 4 de 1992.P. Igualmente CAJANAL EICE en Liquidación continuará con la administración de la nómina de pensionados. [27] Folio 70 vuelta. Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado. entre otras disposiciones. La remuneración para el año 2014 es de $20. Sin embargo. a la Subdirección de prestaciones económicas de la Caja Nacional de Previsión. [16] C-258 de 2013 “En todos estos casos. art.” [13] Impedimento a folios 62 y 63 del Cuaderno No.Subsección “A”. y por tanto. para las pensiones reconocidas en cumplimiento de una sentencia judicial sobre el alcance del derecho a la pensión. según el caso y (iv) las mesadas correspondientes no podrán superar los veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.[11] Sentencia de primera instancia. prioritariamente. (v) incompatible con el principio de Estado Social de Derecho. en su sentido natural y en concordancia con su configuración viviente. en empleos en los que actúen de manera permanente como agentes del Ministerio Público ante los Magistrados del Tribunal. no constituye el desarrollo del mandato contenido en el Acto Legislativo. la Ley 6 de 1945. es constitucional si se entiende que: (i) no puede extenderse el régimen pensional allí previsto. 1º. que permiten que los jueces fallen los casos a través de decisiones ultra o extra petita. Jaime Araújo Rentería [34] Artículo 187 del Código Contencioso Administrativo “El recurso deberá interponerse dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia. Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito. dicha reliquidación no puede ser arbitraria. las fallas de organización y procedimiento que afectan la pronta resolución de solicitudes de reconocimiento y reliquidación de pensiones y se adecuen las relaciones laborales. el Decreto 546 de 1971 y el Decreto 1660 de 1978. [28] ARTICULO 1°. mod.” [36] “Este procedimiento fue diseñado para otras causales y fue adoptado antes de 2005. [25] Folio 7 del Cuaderno No.” [24] Ibíd. [21] Facultad reiterada posteriormente por la SU-515 de 2013 “Aunque esa censura fue planteada mediante escrito allegado durante el trámite de revisión efectuado por esta Corporación. Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial. 2. Por todo lo anterior. para las pensiones reconocidas exclusivamente por vía administrativa. la Administración podrá proceder a revocar y reliquidar el derecho pensional con el objeto de hacerlo compatible con el ordenamiento jurídico y con el régimen pensional que realmente le corresponde. [29] Fallo de primera instancia proferido el 28 de mayo de 2015 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.256. Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia. De igual manera. en la Ley 32 de 1961. [14] Folio 78 del Cuaderno No. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. el derecho a la igualdad u otro derecho atinente al alcance del derecho pensional del interesado. También se ha explicado por qué es necesario que las pensiones obtenidas con abuso del derecho o con fraude a la ley sean reliquidadas a 31 de diciembre de 2013. equivaldrá a un valor que sumado a la asignación básica y demás ingresos laborales iguale al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de la Corle Suprema de Justicia. Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar. para que dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de esta sentencia. la Ley 33 de 1985. el administrado podrá acudir a las acciones contenciosas correspondientes. Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura. la Ley 22 de 1942. los decretos 1282 y 1302 de 1994. Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes. antes señalados.se encuentra adelantando las acciones de alistamiento que le permitan asumir los procesos misionales de carácter pensional que actualmente ejecuta CAJANAL EICE en Liquidación. (iii) las reglas sobre Ingreso Base de Liquidación aplicables a todos los beneficiarios de este régimen especial. dentro de los parámetros legales. Igualmente. tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas. Además. la Bonificación por Compensación que vienen percibiendo con carácter permanente los Magistrados de Tribunal. Subraya fuera de texto. el Decreto 902 de 1969.” [33] M. El segundo.P.UGPP. T-526 de 2005 yT-692 de 2006. Consejo de Estado. en consecuencia por Secretaría General de la Corte Constitucional deberá COMUNICARSE la presente providencia al Ministro de Hacienda y Crédito Público. corrijan en la práctica. a partir del 1 de julio de 2013 y sin necesidad de reliquidación. [[3322]] “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales. Alejandro Martínez Caballero . 1. al jefe del Departamento Administrativo de la Función Pública. Cajanal fue sucedida procesalmente por la UGPP “Que con fundamento en lo anterior. Alejandro Martínez Caballero) en la que en el resolutivo Sexto se decidió: “DECLARAR que el estado de cosas que originó las acciones de tutela objeto de revisión es contrario a la Constitución. la Administración deberá revocar o reliquidar unilateralmente el acto. folios 145 a 152 del cuaderno No. (…) En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. solidaridad y eficiencia que rigen un sistema pensional equitativo. resulta contrario al ordenamiento constitucional por cuanto (i) desconoce el derecho a la igualdad. Fallo de segunda instancia proferido el 3 de agosto de 2015 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. en armonía con los principios constitucionales de universalidad. además.”… “la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE en Liquidación adelantará. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.A partir del 27 de enero de 2012. [31] M. (iii) existe falta absoluta de correspondencia entre el valor de la pensión y las cotizaciones. [26] A folio 32 del Cuaderno No. no se encontraren afiliados al mismo. el Decreto Ley 2661 de 1960. (ii) genera una desproporción manifiesta entre algunas pensiones reconocidas al amparo del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 cuando. [30] Resolución número 003895 del 9 de septiembre de 1998 expedida por Cajanal EICE. lo cual incluye lo establecido en el artículo 2 del Decreto 1293 de 1994. con efectos hacia futuro. la Sala considera que ella puede ser estudiada teniendo en cuenta la informalidad y el carácter garantista de la acción de tutela. dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio. [18] A Arrttííccuulloo 225511. lo cual conduce a que dicha desproporción excesiva sea (iv) financiada con recursos públicos mediante un subsidio muy elevado. Por lo tanto. hasta cuando estas funciones sean asumidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. respecto de aquellos afiliados que hubieren cumplido con los requisitos de edad y tiempo de servicio para obtener la pensión de jubilación o de vejez a la fecha en que se haga efectivo el traslado a que se refiere el artículo 4° del presente Decreto. ni por causa diferente a la invocada en ésta”. cuyo alcance evolucionó en el derecho viviente en un sentido contrario a la Carta. TTéérrm miinnoo ppaarraa iinntteerrppoonneerr eell rreeccuurrssoo. las acciones que permitan garantizar el trámite y reconocimiento de obligaciones pensionales y demás actividades afines con dichos trámites. ninguna mesada pensional. el Decreto 1045 de 1975. 135. el Decreto 69 de 1973.899. Esto es. Sala de lo Contencioso Administrativo. [15] Por medio del Decreto 4269 de 2011. son las contenidas en los artículos 21 y 36. a quienes con anterioridad al 1º de abril de 1994. de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. en la concesión de estos derechos pensionales no se respetó la legalidad. además. [20] Consejo de Estado.. Sección Segunda . radicación número 25000-23-25-000-2002-06050-01(0363-08). puesto que si bien los subsidios en regímenes especiales no son per se contrarios a dicho principio fundamental. con cargo a recursos de naturaleza pública. el pensionado no tiene un derecho adquirido. a la gerencia de la Caja Nacional de Previsión. [12] T-068 de 1998 (M. en aras de dar cumplimiento a la presente providencia. de acuerdo con las normas que rigen la materia. creada por la Ley 1151”. a través de un procedimiento que garantice a los afectados su derecho a la defensa y con la posibilidad de la interposición de los recursos pertinentes. Dicho artículo prevé en su inciso 2º que “No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda. 2. al Ministro del Trabajo y Seguridad Social. Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia. el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera. para esta hipótesis se dará aplicación a los artículo 19 y 20 de dicha ley. la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP.” [35] Artículo 32 Ley 712 de 2001 “El recurso podrá interponerse dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia penal sin que pueda excederse de cinco (5) años contados a partir de la sentencia laboral o de la conciliación. de conformidad con las funciones que le fueron asignadas por la Ley 1151 de 2007.
P. Rodrigo Escobar Gil [39] M.[38] M. Jorge Iván Palacio Palacio .P.
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References: artículo 6
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 Resolución 
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 artículo 20
 artículo 17
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 artículo 251
 artículo 20
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 136
 artículo 6
 artículo 36
 artículo 48
 artículo 416
 artículo 86
 artículo 416
 artículo 55
sui generis
 artículo 2
 artículo 305
 artículo 416
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 48
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 21
 artículo 36
 artículo 36
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 artículo 48
 artículo 36
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 36
 artículo 17
 artículo 20
e contrario
 artículo 20
 artículo 48
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 artículo 36
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 artículo 251
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 artículo 20
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 artículo 251
 artículo 20
 artículo17
 artículo 251
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 artículo 20
 artículo 32
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 artículo 251
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 Resolución 
 artículo 17
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 Artículo 187
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 artículo 20
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 artículo 4
e contrario
 artículo 19
 Artículo 32