Source: http://societarioycambiario.blogspot.com/2010/05/las-acciones.html
Timestamp: 2016-06-27 11:08:02+00:00

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Derecho Societario y Cambiario de Julio Rougès: LAS ACCIONES Y OTROS TÍTULOS
LAS ACCIONES Y OTROS TÍTULOS
La financiación bursátil puede ser ventajosa para la sociedad comparativamente con la bancaria o la emisión de obligaciones negociables, dado que el inversor percibe dividendos por las acciones suscriptas sólo en cuanto existan utilidades a distribuir, a diferencia de las deudas, que conforman un pasivo corriente o no corriente, pero exigible a su fecha de vencimiento, con prescindencia de la situación patrimonial y de la liquidez de la empresa. De esta forma, el accionista, en tanto socio, asume el riesgo empresario. Si las ganancias a distribuir son elevadas, obtendrá un rédito superior a los intereses de una colocación financiera; en contrapartida, correrá el álea propia de la empresa, más la aleatoriedad propia de las fluctuaciones del mercado bursátil.
En los países desarrollados el esquema trazado se reproduce con bastante fidelidad. No ocurre lo mismo en nuestro país. Tradicionalmente, las sociedades no han recurrido a la emisión de acciones para financiarse, por diversos motivos:
1) Durante años, tuvieron un tratamiento desventajoso respecto de los títulos públicos, que, además, aseguraban una elevada rentabilidad. El Estado financiaba su crónico déficit presupuestario mediante la emisión de diversos instrumentos de deuda, libres de impuestos.
2) Las tasas de interés activas han sido, por largos períodos, inferiores a la inflación; es decir, negativas en términos reales. En esas condiciones, las empresas encontraron más provechoso recurrir al endeudamiento bancario -pues sus pasivos tendían a licuarse por el solo transcurso del tiempo, o especulando con una devaluación que finalmente se produjo- que aumentar su capital mediante la oferta pública de sus acciones.
Como las sociedades que tienen posibilidad de acceder a la financiación bursátil son las de grandes dimensiones, y estas mismas, por la eventual proximidad o más fácil acceso de sus directivos a los funcionarios de turno y por su solvencia real o aparente, son las que pueden obtener créditos preferenciales de bancos oficiales o privados, la opción de la capitalización bursátil ha quedado habitualmente descartada.
3) Aún en épocas de tasas de interés elevadas, existe la inconfesada esperanza -la mayor parte de las veces, confirmada por los hechos- de que no serán pagadas nunca, al menos en los niveles comprometidos. La inflación crónica y los saltos hiperinflacionarios, la lentitud de los procesos judiciales, las ventajas que la ley y la praxis judicial dan al deudor concursado (durante décadas se sostuvo que la suspensión de intereses abarcaba también el reajuste por desvalorización monetaria, y desde 1991 -artículos 7 y 10 de la ley 23928- está vedado aquél), la imposibilidad para los acreedores de capitalizar judicialmente intereses con la misma periodicidad que en lo extrajudicial (arts. 623 del Código Civil y 569 del Código de Comercio); las normas y fallos permisivos hacia los deudores en mora; la pesificación de todas las obligaciones después de la gran devaluación del año 2002 (decreto 212/2002); todo ello ha coadyuvado a que en general, sea negocio en nuestro país el endeudamiento, ya que las sanciones para el incumplidor virtualmente no existen. Siendo así, la financiación bursátil es un deslucido competidor.
5) Son condiciones para el desarrollo de un mercado de capitales genuino y vigoroso: una considerable dispersión de la propiedad accionaria; normas estrictas -y que se apliquen- tendientes a evitar la manipulación de las cotizaciones por el grupo de control o sus directivos, y a prevenir o sancionar el falseamiento de los estados contables; que las acciones que cotizan no sean una proporción pequeña del total del capital accionario de las sociedades. En términos generales, mientras más atomizados están los paquetes accionarios, mayor es el interés de los accionistas en la seriedad de los estados contables, que éstos arrojen beneficios, y que las utilidades se distribuyan. En cambio, cuando el paquete de control se halla en manos de pequeños grupos, son mayores las posibilidades de fraudes, de “desviación” de operaciones o ingresos hacia sociedades controladas o vinculadas, o lo falta de distribución de dividendos.
En Argentina no se dan esas condiciones. Los grupos o familias fundadoras o de control retienen la mayor parte del capital accionario, que no cotiza en bolsa; no se distribuyen dividendos regularmente; los balances son escasamente confiables; las maniobras en las cotizaciones o los fraudes de otra índole no son enérgicamente sancionados. La deshonestidad resulta, en los hechos y en la inmensa mayoría de los casos, impune.
El mercado accionario ha sido y sigue siendo reducido en Argentina. En un documento elaborado en diciembre de 1994 por JP Morgan Securities Inc. -la situación no ha cambiado sustancialmente-[3] se evidencia que la capitalización del mercado es extremadamente baja como porcentaje del PBI. En un cuadro anexo a dicho artículo, se muestra la relación con el Producto Bruto Interno del valor global de las acciones negociadas: Argentina aparece con apenas un 16 %; proporción muy inferior al 40 % de Brasil, 61 % de México, 71 % de Japón, 82 % de Estados Unidos, 107 % de Chile. Señala JP Morgan que, además, se destaca la subrepresentación o la ausencia en los negocios de sectores como la construcción y la minería. Continúa: "La capitalización del mercado bursátil es aún baja según los parámetros internacionales, ya que oscila entre U$S 40.000 millones y U$S 50.000 millones -en el auge- alrededor del 16 % del producto bruto interno, lejos de otros emergentes".
La situación empeoró. En el periódico “Gazeta Mercantil Latinoamericana” correspondiente a la semana del 11 al 17 de junio de 2000 (páginas 9 y 10), bajo los títulos “Las bolsas latinas están perdiendo adeptos”,[5], y “La venta de títulos cae 50 % en Argentina”, se destacaba que “las bolsas de Buenos Aires y Venezuela tienen las menores capitalizaciones ante sus PBI entre los mercados más importantes de la región, con apenas el 14 %. Frente a ellas, Chile tiene el 104%, Brasil 46 % y México 22%. Hace diez años en Buenos Aires cotizaban 181 empresas, en 1999, 134 y hoy, 124, de las que sólo 47 registran cotizaciones efectivas. Para tener una idea de la magnitud actual de la bolsa local basta señalar que en los mercados bursátiles de las ex comunistas Polonia y Hungría, creados hace menos de diez años, cotiza un mayor número de compañías...Para Alfredo Ferrarini de Cohen Sociedad de Bolsa, “la bolsa no ha sido una opción interesante pues fue mejor negocio prestarle al Estado a tasas altísimas”....Ferrarini identifica otra causa del poco atractivo de la bolsa porteña. Según él, “la Comisión Nacional de Valores y demás instituciones responsables del mercado bursátil no se han preocupado por cuidar al pequeño accionista...y los pequeños accionistas son los que pueden ayudar a mantener un mercado estable...Ese fenómeno se ha visto profundizado desde 1999 con el retiro de la petrolera YPF después de pasar a manos de Repsol. ...con la salida de YPF de la bolsa la capitalización de mercado cayó de 46 mil millones de dólares a 38 mil millones de dólares...(a lo que se agrega) “...el canje de acciones de Telefónica y de los bancos Río y Galicia, que se suman al que hizo hace algunas semanas el holding Pérez Companc”.
2. Nuestro derecho y nuestra realidad La LSC regula en forma unitaria -salvo contadas disposiciones- a las sociedades abiertas y las cerradas, caracterizando a la sociedad anónima en pocas palabras: el capital se representa por acciones y los socios limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas (art. 163).
Habida cuenta que la limitación de la responsabilidad -mejor dicho, la ausencia de responsabilidad (artículo 39 del Código Civil)- es propia, también, de las sociedades de responsabilidad limitada y de los socios comanditarios, en las sociedades en comandita, cabe preguntarse qué son las acciones, y cuáles son sus notas diferenciales.
Según SERGIO LE PERA[6] -cuyos conceptos seguimos casi literalmente en esta parte- la sociedad cerrada por acciones es el traslado al derecho inglés, y de allí a otros derechos de la familia del Common Law, de la sociedad de responsabilidad limitada alemana. La legislación alemana de fines de siglo (1892 y 1898) pasó a otros derechos continentales y a otros derechos de latinoamérica, incluyendo el derecho argentino, a través de la versión francesa de la ley alemana. El propósito de esa legislación no fue otro que crear una suerte de sociedad anónima más simple, menos revestida de formalidades y requisitos, y de la obligación de publicar sus estados contables, cuando no tiene vocación de realizar oferta pública de sus títulos. Por razones coyunturales se le dio una regulación independiente, cuyas ideas principales son el mantenimiento de la división del capital en unidades y limitación de la responsabilidad al capital suscripto.
En Inglaterra, a fines del siglo pasado, no existía una legislación específica para sociedades por acciones sino una Companies Act. En 1908 se resolvió incorporar un régimen para las sociedades cerradas, bajo el nombre de "private companies"[7], de donde pasó a otras legislaciones, a veces con denominaciones distintas ("close corporations" en los Estados de la Unión que siguieron ese molde).
3. Concepto de acción Económicamente, se la ha caracterizado como el documento que consigna qué parte del patrimonio del aportante del capital deja de ser de su propiedad para pasar a ser propiedad de la sociedad, a cambio de participar en las utilidades o en el saldo de liquidación[8].
La insuficiencia de ese enfoque, como todos los que se limitan a su faz contable o económica, es que no señala la diferencia específica de las acciones, con las cuotas sociales en la sociedad de responsabilidad limitada; y en general, con los documentos justificativos del aporte a cualquier tipo de sociedad. En todos los casos, confieren el derecho a su titular de participar en las utilidades y en el remanente de liquidación, así como los derechos parapolíticos de asistencia a reuniones sociales y de votar (salvo las acciones que carecen de ese derecho).
Antes de la sanción de la ley 22.903, que normativizó las acciones escriturales (art. 208), eran distinguibles las acciones de las cuotas sociales por la materialidad de las primeras. De allí, que frecuentemente se las encuadrara dentro de los títulos de crédito, con sus notas de literalidad, necesidad, autonomía, y libre transmisibilidad. [9]
Pero, dejando de lado que la acción no instrumenta un derecho creditorio, sino un derecho aleatorio a la participación en las utilidades y al remanente de liquidación -más otros derechos económicos y parapolíticos que se analizarán por separado- la posibilidad de que las acciones no se representen en títulos -acciones escriturales- y que estatutariamente se restrinja -aunque sin prohibirla totalmente- su negociación (art. 214), atenúa en gran medida sus diferencias sustanciales -no de régimen normativo- con las cuotas sociales de las sociedades de responsabilidad limitada, y priva de sentido a la caracterización de aquéllas como títulos de crédito.
Si, para salvar el obstáculo, acudimos a la noción de "título valor" esbozada en el art. 226 de la L.S., tampoco habremos avanzado mucho en el campo cognoscitivo del objeto a definir, puesto que la aplicación de las normas al respecto se efectúa "en cuanto no son modificadas por esta ley", y tanto la ley, como los estatutos en la medida que aquélla lo autorice, pueden apartarse sustancialmente de las normas y principios que gobiernan los títulos valores. Las acciones nominativas o escriturales con cláusulas restrictivas de la transferencia que emitan una sociedad de componentes, un "country", un club deportivo o una sociedad cerrada de profesionales que utilicen el tipo de la anónima, difícilmente podrán ser considerados títulos valores.
Por otra parte, si bien algunos ordenamientos los aluden -por ejemplo, la ley 17.811 que disciplina la oferta pública de títulos valores; la ley 20.643 sobre depósito colectivo de títulos valores- no contienen un cuerpo orgánico de normas específicamente aplicables a aquéllos, en tanto tales, sino como objeto de oferta pública o de depósito colectivo. La noción es recogida, profundizada y tratada exhaustivamente por la doctrina, pero no existe un conjunto de preceptos que los abarque y siente sus principios generales [10]
a) ¿Necesidad? Los títulos son necesarios, cuando obligatoriamente deben presentarse y exhibirse para ejercer los derechos emanados en ellos. De esta característica participan en alguna medida las acciones al portador –interdictas por la ley 24.587 de nominatividad de los títulos valores emitidos en serie- dado que en tales supuestos, para concurrir a las asambleas, los accionistas deben depositar en la sociedad sus acciones o un certificado de depósito librado al efecto por un banco, caja de valores u otra institución autorizada, para su registro en el libro de asistencia a las asambleas (art. 238).
No ocurre lo mismo con las acciones nominativas --nuevamente obligatorias a partir de la ley 24.587- y con las escriturales -también nominativas- cuando su registro es llevado por la misma sociedad. En estos últimos supuestos, no es necesaria la presentación de ningún instrumento para concurrir a la asamblea, bastando con la comunicación a la firma, para que ésta los anote en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas (art. 238).
Y aun cuando las acciones se emitan al portador –prescindiendo de la ley 24.587, y suponiendo, lo que es poco probable, que en el futuro se autoricen- resulta de un excesivo rigor otorgar a la posesión de los títulos accionarios un carácter constitutivo, castigando a quien, muchas veces, no es responsable de carecer de los títulos accionarios, pues –como señala Nissen- “dicha carencia no obedece exclusivamente al robo o extravío de los mismos, sino a otras circunstancias, de muy frecuente comprobación en la práctica, como la retención por la sociedad de esos títulos o el hecho de no haber sido nunca emitidos, como sucede habitualmente en las sociedades anónimas cerradas o de familia”[11]
b) ¿Literalidad? Las acciones no son títulos literales. Los derechos y obligaciones del accionista no dependen de lo expresado en aquéllas, sino de la ley, los estatutos y las asambleas.
Así, el accionista lo es con prescindencia de la efectiva emisión de las acciones; y aun emitidas, sus derechos no dependen de las enunciaciones del título, sino en cuanto lo enunciado coincida con lo estipulado en los estatutos y en las asambleas celebradas de conformidad con aquéllos[12].
c) ¿Abstracción? Si bien no hace a la esencia de los títulos valores el carácter abstracto, sí es frecuente la asociación de aquéllos con tal naturaleza. En lo que a la acción concierne, la acción no es un título abstracto, sino causal. Su causa es el contrato o estatutos de la sociedad, que determinan los derechos y marcan las obligaciones del accionista; consecuentemente, sus relaciones jurídicas con la sociedad jamás pueden emanciparse de los negocios jurídicos basales que dieron nacimiento a la acción.
La buena fe del adquirente de las acciones no basta para asignarle derechos frente al ente[13].
d) ¿Título autónomo? Se llama autonomía a la característica de los títulos de crédito, de que toda adquisición reviste el carácter de originaria, no derivada; en consecuencia, no está sometida a la regla "nemo plus iuris" consagrada en el art. 3270 del Código Civil.
Si se reconociera carácter de título autónomo a la acción, quien la adquiriese dentro del plazo fijado por el art. 251 de la L.S., podría impugnar las asambleas con prescindencia de la voluntad del enajenante, toda vez que la plenitud de su derecho no derivaría de los derechos de aquél. Sin embargo, el régimen legal es distinto, ya que los ausentes deben acreditar la calidad de accionistas a la fecha de la resolución impugnada.
e) La acción es un título en principio circulatorio Con la salvedad de que estatutariamente se pueden imponer severas restricciones a la negociabilidad de las acciones, con tal que no importen su prohibición total (art. 214), la acción es -en principio- un título circulatorio. Si cotiza en bolsa, se rige por el régimen de oferta pública de títulos valores, en el cual el vendedor ignora la identidad del comprador, y viceversa[14].
Hemos dicho "en principio", atendiendo a la faz normológica del derecho (arts. 214 y 226). Bien distinto es el enfoque desde el punto de vista sociológico, concentrándonos -hic et nunc- en lo que ocurre en nuestro país. La inmensa mayoría de las sociedades son cerradas; en algunos casos, con restricciones estatutarias a la negociabilidad, y aunque éstas no existan, el mercado para las acciones -salvo la transferencia de "paquetes de control", en los que la intención de las partes no es sustancialmente enajenar acciones, sino derechos sobre una hacienda empresaria[15]- es virtualmente nulo. Tan limitada puede estar la cesión de acciones, que se ha utilizado o puede utilizarse a la sociedad anónima para instrumentar -en forma superpuesta con otras figuras jurídicas- clubes de campo, tiempo compartido, cementerios privados, las llamadas "sociedades de componentes", e inclusive "joint ventures"[16]. En todos estos casos, la transferibilidad de las acciones está restringida, siendo probable que se pacten prestaciones accesorias las cuales, al ser conexas a las primeras, deben ser nominativas y se requiere la conformidad del directorio para la cesión (art. 50, L.S.C.). Otras modalidades lícitas son la exigencia del acuerdo de una asamblea, o un derecho de adquisición preferente a favor de los restantes socios, en las sociedades cerradas con escasos accionistas.
4. Acción y título Hemos empleado con frecuencia la palabra "título", al referirnos a las acciones. A la vez, los "títulos" pueden representar una o más acciones (art. 208, primer párrafo), 211, inc. 3º y 212).
A fin de evitar los equívocos propios de la polisemia de los términos en el derecho y en el lenguaje común, es dable aclarar que la expresión "título" significa, según su ubicación contextual:
5. Características de las acciones 1) Igualdad de valor. Moneda argentina Deben ser siempre de igual valor, expresado en moneda argentina (art. 207).
b) si otorgan votos suficientes para otorgar el control, o junto con otras sindicadas o no, para formar la voluntad social, o si constituyen una minoría aislada;
d) en un orden decreciente, si reúne o no las tenencias mínimas exigidas para solicitar a la autoridad de control la fiscalización de la sociedad (art. 301, inc. 1)[17]; la convocatoria de la asamblea (art. 236)[18] o para solicitar informes y formular denuncias ante el síndico (art. 294, incisos 6 y 11)[19];
e) del patrimonio neto de la sociedad, al del ejercicio del derecho de receso, y del balance que a tal efecto se adopte: un balance especial (arts. 77, inc. 2, 78, 83,inc. 1), b), 85, 88, II) o de ejercicio;
h) de la rentabilidad, solvencia y liquidez de la sociedad;
Compartiendo lo expresado por NISSEN[20], el "valor nominal" sólo supone una manera práctica de medir la participación del accionista en la sociedad, pero de modo alguno sirve para fijar el valor económico de la participación del accionista ni puede ser utilizado como valor para la emisión de nuevas acciones, pues de lo contrario podría caerse en la sanción establecida por el art. 202, LSC, que considera nula la emisión de acciones bajo la par[21].
Tocante a la expresión de valor en moneda argentina, ello no impide la concertación de operaciones en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras, cuando cotizan en el exterior. Nada obsta a que se conviertan a moneda extranjera las emisiones a colocarse en el exterior mediante la negociación de ADR (american depositary receipts), autorizada por resolución general Nº 179/91 (B.O. del 21-6-91).
A partir de la sanción de la ley 23.928, las obligaciones en moneda extranjera son consideradas "como de dar sumas de dinero" (art. 617 del Código Civil). Sería factible, que se reforme la ley de sociedades comerciales, posibilitando la emisión de acciones y -correlativamente- la expresión del capital en otra moneda que la nacional. Autorizadas como están las obligaciones negociables en moneda extranjera (art. 4, segundo párrafo, ley 23.576, modificado por ley 23.962), y pudiendo éstas ser convertibles en acciones (art. 5, ley 23.576), están dados los pasos para que una futura reforma legislativa elimine la obligatoriedad de expresar el capital y por ende el valor de las acciones en moneda argentina[22], o lisa y llanamente se ponga fin a la necesidad de expresar un valor nominal. Pero el ciclo político actual discurre por otros caminos, signados por la irracionalidad, la xenofobia y la prevención contra las operaciones en otras monedas que la nacional, en un momento que los particulares solamente utilizan el dinero doméstico para las transacciones de pequeño monto, o para la adquisición de bienes de consumo.
Cuando la ley habla de "clases", se refiere a las categorías de acciones que, dentro de la especie, confieren iguales derechos políticos y patrimoniales, los que a su vez son distintos en cada una de las especies (arts. 207, segundo párrafo[23]; 211, inciso 3[24]; 213, inciso 1[25], 216[26], 217[27], etcétera). La expresión "clases" –equivalente a “categorías”- está contenida en otras disposiciones de la ley (art. 166, inc. 1, 186, segundo párrafo, 194, segundo párrafo, 250, 262).
Las acciones pueden ser de voto simple o plural (art. 216) -ambas "ordinarias" por contraposición a las "preferidas" (art. 194, primer párrafo)-[28]; y gozar de preferencias patrimoniales (art. 217) o carecer de ellas. Otra clasificación que coexiste con la anterior es la de acciones rescatables -normal, pero no necesariamente preferidas[29]- o no rescatables[30]; en este último caso, cuando el rescate no está preestablecido en las condiciones de emisión, sin perjuicio del derecho que siempre asiste a la sociedad de así disponerlo (artículos 220 y 235, L.S.C.).
La indivisibilidad de la acción no obsta a la divisibilidad de los títulos, en el supuesto frecuente (en los hechos, la regla) de que representen varias acciones (art. 208, primer párrafo). Estos son siempre divisibles, salvo que representen una sola acción, y susceptibles de negociación por separado (art. 208, párrafos cuarto y sexto).
Uno de los principios del condominio -acorde con el disfavor con que contempló Vélez Sarsfield las situaciones de propiedad indivisa- es la facultad de cada condómino de pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común, cuando no se encuentre sometido a una indivisión forzosa (art. 2692 del Código Civil)[31].
La facultad de la sociedad de exigir la unificación de la representación para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones no es sino una consecuencia de la indivisibilidad de la acción, pero sólo subsiste mientras perdure el condominio. Dividido éste, la sociedad está obligada a reconocer la titularidad de los derechos políticos y patrimoniales a cada uno de los nuevos titulares, sin poder imponer la unificación de la representación, más allá del tiempo que dure la copropiedad.
En caso de que los títulos representen una cantidad de acciones que sea exactamente divisible por el número de condóminos -esto es, que el cociente arroje un número entero- nada impide la división de aquéllos, pues el principio de indivisibilidad se refiere a las acciones, no a los títulos.
Dentro del esquema ideal trazado por el legislador, la anónima es la típica sociedad de capitales, en la cual en principio es indiferente la persona del accionista, y su transferencia no implica modificación del estatuto. En esto se diferencia de su figura más próxima, la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual si bien las cuotas son libremente transmisibles (art. 152), la cesión entraña una modificación del contrato social [32].
Se trata de un tipo "en principio concebido para instrumentar relaciones societarias abiertas"[33]. Ese diseño teórico, empero, no impide que en los hechos muchas sociedades -la mayoría- sean cerradas. En tales casos, estatutariamente se pueden imponer fuertes restricciones a la transferencia. Existen sociedad anónimas en las cuales el componente personal es muy fuerte: asociaciones bajo forma de sociedad (art. 3), clubes de campo, sociedades de profesionales, sociedades de componentes, et caeteris. En todos estos casos, pueden pactarse prestaciones accesorias, y requerirse la conformidad del directorio para su transferencia (art. 50); son habituales los contratos accesorios o reglamentos complementarios.
La rigidez de las limitaciones a la cesión de acciones tiene el límite de la razonabilidad. Restricciones irracionales -por ejemplo, conformidad de una asamblea unánime- implicarían desvirtuar y volver inoperante el principio del art. 214 de la L.S.C.
6. Prescriptibilidad o imprescriptibilidad Una cuestión escasamente tratada por la doctrina y la jurisprudencia es la posibilidad de que el carácter de accionista se pueda perder -en forma parcial o total-por la inactividad en el ejercicio de sus derechos.
Por un lado, se ha expuesto la tesis de que el derecho a reclamar la entrega de nuevas acciones liberadas (por capitalizaciones de revalúos, reservas, "resultados no asignados", ajustes de capital, etcétera) y a canjear acciones en circulación es imprescriptible[34]. En un sentido contrario, otros autores han sostenido que ese derecho prescribe en el plazo previsto en el art. 848, inc. 1º del Código de Comercio[35]. Adelantamos nuestra opinión acorde con la primera postura.
Las razones esgrimidas en aval de la posición que brevitatis causa "prescriptoria" pueden resumirse así:
a) Partiendo del enfoque kelseniano, una persona jurídica no es más que un ordenamiento jurídico parcial, regulatorio de la conducta de individuos. Cuando el orden estatal acuerda derechos e impone obligaciones a una sociedad anónima, en realidad sólo fija el ámbito material de aquellos derechos y obligaciones, es decir, la conducta debida, dejando al orden parcial -la corporación- la determinación del ámbito personal, es decir la designación de aquellos individuos que actuarán como órganos. Atribuir derechos u obligaciones a la persona jurídica es una manera resumida de referirse al conjunto de normas, tanto estatales como societarias que imponen a ciertos individuos determinadas obligaciones o les otorgan determinados derechos subjetivos o facultades.
c) El "status socii" no es más que una expresión verbal, sin valor ontológico. No constituye un presupuesto de relaciones jurídicas, del que deriven consecuencias en el mundo del derecho, sino por el contrario, es la forma abreviada de designar un complejo de derechos y obligaciones que corresponden a los accionistas. En consecuencia, la procedencia o improcedencia de la prescripción del derecho a canjear acciones, es cuestión a resolver por las reglas del ordenamiento jurídico societario y no por principios "a priori".
e) El principio general en nuestro ordenamiento jurídico es que todos los derechos subjetivos tienen un plazo de prescripción, excepto aquellos taxativamente enumerados por la ley (arts. 4017 y 4019 del Código Civil), principio que resulta aplicable a la materia societaria (art. 844 del Código de Comercio).
Consideradas como documentos, las acciones son "cosas"; títulos de participación necesarios para ejercitar los derechos que en ellos se expresan. Si son documentos necesarios para hacer uso de los derechos que otorgan y si la titularidad de aquéllas corresponde a su propietario debe existir un "modo" de adquisición -conforme a la clásica distinción civilista entre el título y el modo- que consiste, respecto de las acciones, en la tradición.
En primer lugar, y aunque la ponencia antes aludida sólo hace una referencia accidental a las sociedades que cotizan sus acciones en la bolsa, evidentemente se han tenido en miras fundamentalmente las situaciones jurídicas y prácticas derivadas del canje de acciones en este tipo de personas colectivas, caracterizadas por una mayor difusión de la propiedad accionaria, una cantidad más grande de títulos emitidos, que cuentan con un mercado relativamente transparente -al menos, tienen algún mercado, lo que no ocurre en las sociedades cerradas- y cuyos accionistas minoritarios -dada la obligada dispersión del paquete accionario- se comportan más que socios, como inversores. Si bien los argumentos antes transcriptos en forma resumida tienen vocación de universalidad, son más atendibles o lo eran más -aunque no coincidimos ni siquiera en ese supuesto- respecto de las sociedades con cotización bursátil, que siempre han constituido una proporción ínfima dentro del universo de sociedades anónimas.
Por esa nueva realidad, y por la nominatividad impuesta nuevamente por la ley 24.587, el carácter de documento necesario que se asignaba a los títulos -pensando fundamentalmente en las acciones al portador- carece de actualidad. Pero esa misma ley, al disponer la conversión forzosa de las acciones al portador en títulos nominativos, reactualiza el problema de la prescriptibilidad o imprescriptibilidad del carácter de socio, ante el evento de que no se proceda a la conversión y canje.
Dejando de lado las consideraciones históricas y circunstanciales[36], la doctrina con la que disentimos tiene, con los términos que está formulada, alcance general. Si bien en el sumario y conclusiones alude al derecho a reclamar la entrega de nuevas acciones liberadas y a canjear acciones en circulación, su desarrollo lógico es trasladable a todo tipo de acciones -aunque no coticen en bolsa, o no esté autorizada su oferta pública- e inclusive al carácter mismo de accionista, que podría ser objeto de prescripción liberatoria.
a) Inevitabilidad de un marco general de encuadre. El "status socii". En otro artículo expusimos la teoría kelseniana. Y, kelsenianos o no, los autores suelen criticar como un vicio conceptualista partir dogmática y apriorísticamente de las características de determinado instituto y su "naturaleza", para derivar de allí las normas jurídicas aplicables, en vez de proceder en forma inversa[37].
Los mismos autores cuyo discurso se reprodujo, malgrado su profesión de fe anticonceptualista, recurren a la teoría general de los títulos valores[38], pese a que sus principios no están contenidos en un cuerpo orgánico de nuestro derecho, sino se encuentran enunciados por la doctrina. Invocan esa teoría, porque así como la filosofía es un saber ineludible, la teorización es, guste o no, inevitable.
Las situaciones jurídicas permanentes no se pierden por prescripción: la posesión se conserva animo solo, mientras el poseedor no sea excluido de la posesión por otro; el dominio no se pierde por el no uso; el condominio subsiste mientras ninguno de los condóminos pida la división, y la posesión de cualquiera de los copartícipes se ejercita en representación de los otros, salvo interversión del título. Cuadra remarcar que el carácter "permanente" de aquellas situaciones, no obsta a su modificación, pero no por la simple inercia, sino por actos del titular o de terceros.
Como decía el maestro ALBERGO G. SPOTA, "los derechos subjetivos pueden implicar un plexo de facultades jurídicas que la ley ampara (res merae facultatis). Estas, en cuanto emanen de la ley y no de convención de partes, son imprescriptibles (in facultativis non datur praescriptio)"[39].
b) El derecho al mantenimiento de la participación del socioUno de los principios del ordenamiento societario es el derecho del socio al mantenimiento de su participación; aplicación particular de éste es la veda de los acuerdos que permitan la adquisición de la parte de un socio por un precio notoriamente inferior a su valor al momento de hacerla efectiva. Esa noción -contenida en el artículo 13, inciso 5º de la L.S.C.- es aplicable no sólo a la génesis de la sociedad -el contrato constitutivo y los estatutos- sino a todo su desarrollo. Sería un contrasentido de la ley que se encuentren prohibidos dichos pactos leoninos; que la satisfacción de ese requisito deba ser controlada por el juez (arts. 6 y 167), pese a que al menos media el consentimiento de los contratantes; pero que en el desenvolvimiento de la vida societaria, pueda el ente quedarse gratuitamente con la parte de un socio, perdiendo éste total o parcialmente la condición de accionista[40]
Concordamos que el socio no tiene un derecho de dominio sobre el patrimonio social. Pero éste no es totalmente ajeno a los socios[41] y por ello debe respetarse su participación en aquél, no sólo en el capital, principio que recoge el art. 189 de la L.S.C. [42]
Como la integración es connatural al carácter de socio -en el sentido de que sólo puede ser llevada a cabo por los socios[43]- si éstos la han efectuado con una partida del patrimonio social, significa que de alguna forma son partícipes de esa masa de bienes en forma proporcional a su cuota parte en el capital, pues al entregar acciones liberadas la sociedad no efectúa un pago como tercero, sino se trata de acciones ya pagadas[44]. Las acciones liberadas por capitalizaciones en los términos del artículo 189 de la LSC no son entregadas gratuitamente a los socios. Estos las han integrado con el propio patrimonio social, lo que demuestra que no les resulta ajeno.
d) ¿Carácter necesario de la posesión material del título? Admitir que el carácter de accionista puede perderse por no retirar las acciones emergentes del canje, implica asignar a la detentación material de aquéllas un carácter necesario y constitutivo de la calidad de socio. Esa postura no condice con nuestro régimen legal, en el que las acciones son títulos meramente representativos de aquella condición. El socio no es tal porque posea materialmente las acciones, ni deja de serlo porque no las detente. Las acciones no son un título abstracto, sino causal: representan el capital (art. 163) y constituyen su correlato, pero no tienen sustantividad propia. Entender lo contrario, es hacer prevalecer lo adjetivo y formal -la posesión material de la acción- por sobre lo sustancial.
e) Reductio ad absurdum. Sociedad sin socios y otros supuestos 1- ¿Qué sucedería en el supuesto de que la sociedad no emitiera nunca los títulos, y ni siquiera certificados provisorios, o si, dispuesto el canje, ninguno de los accionistas concurriese a hacerlo efectivo? ¿A los tres años sería una sociedad sin socios?
En el caso de capitalización de reservas o resultados no asignados, ajustes, primas, etcétera, la integración se encuentra, por definición, cumplida antes de la tradición material de los acciones resultantes del aumento de capital, pues se entregan acciones liberadas (art. 189, L.S.C.). Ergo, se es accionista y se tiene derecho a recibir los nuevos títulos a partir de la resolución asamblearia que dispone la capitalización, con prescindencia de la emisión o traditio de aquéllos.
En el caso de acciones escriturales que coticen en bolsa, las capitalizaciones de partidas del patrimonio (reservas, revalúos, ajustes, resultados no asignados, etcétera), una vez decididas y hechas efectivas, dan lugar a automáticas acreditaciones en cuenta (art. 91 in fine del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires). Lo mismo cabe decir de las acciones escriturales que no coticen, dada su naturaleza. Si se trata de acciones de cualquier especie depositadas en la Caja de Valores, dicha entidad las someterá a idéntico régimen, sin petición del interesado (arts. 33 y 49 de la ley 20.643). ¿Existe razón valedera para que la condición jurídica de los titulares de acciones cartulares sea distinta, por la circunstancia meramente accesoria e instrumental de que no hayan entrado en el circuito bursátil?
f) Disimilitud con los títulos abstractos Los Doctores Bacqué y Jelonche ejemplifican con típicos títulos de crédito como las letras de cambio y pagarés, cuyos derechos se pierden por la prescripción (art. 96, decreto ley 5965/63).
Pero existe una importante diferencia: prescripta la acción cambiaria, el titular de la cambial conserva las acciones causales y la actio in rem verso (arts. 61 y 62, dto. ley citado); en cambio, con la tesis que combatimos, la prescripción del derecho al canje haría perder al accionista su condición de tal.
g) Los inconvenientes en la negociación La aducida perturbación del tráfico, en el caso de cotizar las acciones en bolsa, difícilmente se presente en la actualidad, en virtud del depósito colectivo en la Caja de Valores S.A. Pero aun prescindiendo de esa circunstancia, no vemos qué obstáculo real puede existir a la negociación de acciones que, al no haberse presentado al canje, evidentemente no se negocian, y sus titulares carecen de interés en hacerlo. Es axiomático que quien no canjea las acciones ni las deposita en la caja de valores, está excluido por propia y legítima decisión del circuito bursátil. A la inversa, los accionistas que sí realizan el canje de sus títulos son quienes pretenden negociarlos; respecto de ellos, no puede haber inconvenientes en el tráfico jurídico o económico.
La celeridad del tráfico jurídico y económico no es un valor abstracto o supraindividual, que deba prevalecer sobre el concreto interés de los accionistas en negociar o no sus tenencias. Si nadie está obligado a vender (art. 1324 del Código Civil), la negociación de títulos valores únicamente puede tener lugar entre quienes desean hacerlo. Ellos -cuyas ofertas y demandas determinan el mercado objeto de "tráfico- no sufrirán ningún inconveniente
En suma, ninguna consideración práctica justifica confiscar a los accionistas sus derechos de participación, y tampoco existen razones jurídicas de peso para aceptar la prescriptibilidad del derecho al canje de acciones liberadas.
Acciones ordinarias: voto simple o plural Cada acción ordinaria, sin preferencias patrimoniales, debe tener al menos derecho a un voto (art. 216). Lo habitual, empero, es que los contratos constitutivos y los estatutos prevean que todas las acciones ordinarias inicialmente emitidas tengan cinco votos, (“clase A”, suelen denominarse), sin perjuicio de la posibilidad de emitirse ulteriormente nuevas acciones con derecho a un solo voto (“clase B o C”, según los casos). El propósito es reservar para los accionistas fundadores el control de la voluntad social, cuando terceros suscriban las acciones que se emitan por aumentos de capital[45].
Aun antes de la sanción de la ley 22.903, que agregó la obligación de expresar los estados contables en moneda constante (art. 62 in fine), hemos considerado -conforme era unánime criterio jurisprudencial- que el ajuste por depreciación monetaria no es otra cosa que una parte del capital, expresado en moneda constante[46]. En consecuencia, nada impedía que las acciones que se emitieran por revalúos contables, mantuvieran el voto plural, pues no se trataba más que de la adecuación del valor nominal -no real- del capital al envilecimiento del signo monetario.
Las acciones que se emiten por revalúos contables -o por capitalización de la cuenta "ajuste del capital"- aunque la sociedad esté autorizada a la cotización de sus acciones, no son objeto de oferta de suscripción, sino de distribución entre los accionistas en proporción a sus respectivas tenencias (art. 189, LSC). En consecuencia, no se daba la ratio legis de la prohibición contenida en el art. 216 in fine.
x/6 = 500 = 83,33...
Dado que el 100 % del capital social se compone -en la hipótesis aquí analizada- por acciones de cinco votos (“y”) y de un voto (“x”), las acciones de voto plural que equiparen los votos de las de voto simple será el 16,66... %. Los titulares de acciones con cinco votos sólo necesitan poseer el 16,66... % del capital social más un voto para prevalecer en las asambleas, aunque asistan los accionistas que representan la totalidad del capital. Esta proporción necesaria para controlar la voluntad social se reduce aún más, si -como ocurre habitualmente- una parte del capital no asiste o carece de derecho de voto. Quienes se aburren con el álgebra, redondeando valores y asignando un valor de 100 a todo el capital, 17 acciones de cinco votos otorgan 85 votos, que prevalecen sobre los 83 restantes de un voto.
1) Para la adopción de decisiones sobre las materias comprendidas en el art. 244, cuarto párrafo de la L.S.C[47]. Se trata de modificaciones sustanciales del contrato social -en algunos casos, la disolución de la sociedad- y por ello, de las bases del negocio jurídico que determinaron la constitución de la sociedad o que tuvieron en cuenta los socios para la suscripción de sus tenencias accionarias. En las sociedades personalistas, para adoptar esas decisiones, se requeriría el acuerdo unánime de los socios (artículos 77, inc. 1; 83 inciso 2; 88; 94, inciso 1; 95; 96; 131; 139 y 145); en la anónima, dado que la unanimidad sería incompatible con su naturaleza y con la necesaria agilidad de su funcionamiento, se han previsto mayorías calificadas, la supresión del voto plural y el otorgamiento de voto a las acciones preferidas.
Acciones preferidas Se llama acciones preferidas a las que otorgan a su titular alguna preferencia patrimonial, que puede consistir en:
De esta forma, se viola la norma del art. 216 en su espíritu: ciertas acciones en el fondo ordinarias, carecen de voto. Y la calificación como preferidas no depende de estatutos más o menos ingeniosos, sino de la realidad económica: una acción con ese tipo de supuesta preferencia carecerá de todo atractivo adicional para los inversores.
3) La función económica de la acción preferida es “comprar” seguridad en el dividendo -a condición de que existan utilidades suficientes- pagando por aquella certeza la privación del derecho de voto. Los titulares de esta clase de acciones renuncian a participar en las decisiones sociales, mientras su dividendo preferente sea respetado. Sin llegar a ser acreedores, se trata de accionistas con un “status” especial [48]
No son aceptables las interpretaciones que desvirtúan y tornan inoperantes las normas en juego[49]. E interpretar que es acción preferida la que no confiere en la práctica ninguna preferencia, y a la vez carece en principio del derecho de suscripción preferente, entraña desvirtuar la mens legis y la función económica de aquélla.
* Mediante aumentos de capital por suscripción -por lo común, aumentos patrimonialmente insignificantes, pero grandes en relación al capital nominal- se redujo a proporciones despreciables su participación, dado que en principio carecen del derecho de preferencia (art. 194), salvo que el estatuto o resolución asamblearia les acuerden ese derecho. Y las mayorías se han cuidado muy bien de no acordarlo[52].
* Jurídicamente, porque la “mora” desde el punto de vista del derecho civil, es un retardo imputable al deudor. Cuando la sociedad no distribuye dividendos porque no hubo ganancias -o el balance fue confeccionado de modo que no existan- o porque las ganancias se pasan a reserva o a “resultados no asignados”[53], no existe “mora” civil, pero sí hay mora desde el punto de vista de los fines del precepto[54].
Las acciones de participación Mediante resolución nº 208/92, publicada en el Boletín Oficial del 2 de Junio de 1.992, la Comisión Nacional de Valores creó una nueva categoría, autorizando la emisión, por parte de las sociedades comprendidas en el régimen de la oferta pública, de las llamadas "acciones de participación". Sustituyó así el art. 14 de las Normas (T.O. en 1987 y sus modificaciones) por un nuevo texto.
La Comisión Nacional de Valores entendió con claridad que se estaba apartando del régimen general de la ley de sociedades, y que aquellos títulos no son acciones preferidas. Por eso afirma en los considerandos, que "la legislación societaria tendiente a la protección de los accionistas minoritarios frente a los eventuales abusos de las mayorías, no siempre constituye un incentivo para la difusión de la propiedad accionaria". Inequívocamente se quiso crear una categoría de acciones ordinarias sin voto, para evitar que ejerciten el derecho de suscripción preferente, derecho que, por hipótesis, no constituiría un incentivo para la difusión de la propiedad accionaria.
Por otra parte, la emisora puede disponer el retiro voluntario del régimen de la oferta pública, para lo cual debe contar con la aprobación de una asamblea especial de los tenedores de acciones de participación, y los accionistas disconformes con la decisión solamente tienen derecho de receso; también les asiste ese derecho en los casos de desistimiento, denegatoria o cancelación de la oferta pública o cotización (punto 2.1.2.3. de la resolución).
Si fueran acciones preferidas, la suspensión o retiro de la cotización otorgaría a sus titulares, en forma individual, derecho de voto en las asambleas generales (art. 217 in fine), lo que no ocurre con las acciones de participación: la voluntad de sus tenedores sólo puede expresarse en una asamblea especial de la clase , pero no pueden votar en la asamblea general.
Pues bien: las acciones de participación son emitidas precisamente por sociedades anónimas comprendidas en el régimen de oferta pública, e inclusive, las sociedades por acciones podrán pedir su ingreso al régimen de la oferta pública para ofrecer exclusivamente aquéllas (cf. Resolución Nº 208). Al coexistir acciones ordinarias con voto, y acciones sin voto -que se asemejan marcadamente a las ordinarias, al punto que son reguladas conjuntamente con las mismas por las Normas de la C.N.V. en un solo artículo (art. 14)- las primeras se convierten automáticamente en "acciones de voto privilegiado". La razón 5 votos/1 voto -máxima desigualdad admisible- es siempre más baja que 1 voto/ 0 votos, pues cuando el denominador tiende a cero, el cociente tiende a infinito. O para decirlo en otras palabras, los "privilegios" de los titulares de acciones ordinarias son mayores, respecto de los que poseen "acciones de participación", que los que pueden tener las acciones de voto plural, respecto de las de voto simple.
Como el concepto de "privilegio" es siempre comparativo, debemos concluir que las acciones ordinarias con un voto, se tornan privilegiadas en relación a las que carecen de él.
Y si el legislador, bien o mal, pero en forma intergiversable, dispuso que no pueden emitirse acciones de voto privilegiado después que la sociedad haya sido autorizada a hacer oferta pública de sus acciones (art. 216, L.S.C. y su antecesor, art. 9 de la Ley 19.060), nos parece desvirtuar la mens legis autorizar la emisión de las llamadas acciones de participación, pues en tal caso las acciones ordinarias resultan de voto comparativamente privilegiado.
* Al no ser acción ordinaria, carecerá de voto y por ello de toda posibilidad de injerencia en las decisiones sociales. Tampoco dispondría del derecho de suscripción preferente (art. 194, L.S.C.). Inclusive, a nivel doctrinario se le ha negado derecho de voto en la asamblea extraordinaria aún para decidir sobre alguna de las materias comprendidas en el cuarto párrafo del art. 244[55] sin perjuicio de la aprobación o ratificación por una asamblea de la clase, cuando la decisión afecte sus derechos (art. 250), en particular, para el caso que la asamblea general se proponga el retiro voluntario del régimen de la oferta pública (art. 14, apartado V de las normas, según Resolución Nº 208).
* Tampoco tiene derecho de voto en la asamblea general en caso de que se suspendiere o retirare su cotización bursátil -lo que sí ocurre con las acciones preferidas (art. 217 in fine)- circunstancia que descarta que pueda asignarse a las acciones de participación tal naturaleza. Sólo les asiste el muy deslucido derecho de receso (art. 14, apartado V de las Normas, cf. Resolución Nº 208).
Si los funcionarios de la CNV que dictaron la resolución nº 208 pensaban que aquella legislación comporta un estorbo para la ampliación del mercado de capitales (opinamos absolutamente lo contrario; fomentar la desprotección de ciertos accionistas no ayuda precisamente a los fines perseguidos por los autores del precepto) lo que correspondía hacer era asesorar al Poder Ejecutivo Nacional para que remitiese un proyecto de ley al Congreso propiciando su modificación, pero no arrogarse el papel de legisladores.
* Resulta muy difícil para los adquirentes de acciones conocer con exactitud sus derechos en cuanto socios minoritarios. La información -particularmente para los inversores de otra jurisdicción territorial- sobre los estatutos, las acciones emitidas y los derechos que confieren es de difícil acceso, y en términos de costos, puede ser muy onerosa con relación al monto de la inversión.
* La insuficiente información de los inversores puede inducirlos a error respecto de las características de los títulos que están adquiriendo. Y esta desinformación no se limita a ahorristas de escasa cultura o experiencia inversora. Para verificarlo, basta indagar entre personas vinculadas a medios financieros, pero sin un especial conocimiento de las regulaciones en materia de títulos valores y de la operatoria bursátil, qué son las acciones de participación, cuáles sociedades cotizantes en bolsa las emiten, y cómo puede seguirse la evolución de sus cotizaciones. La inmensa mayoría no sabrá contestar. Es más: no hemos podido acceder a esa información leyendo ningún periódico de difusión masiva, ni siquiera los especializados en el ámbito financiero o bursátil.
Acciones rescatables En términos generales, las sociedades no pueden adquirir sus propias acciones. Una de las excepciones a ese principio lo constituye el “rescate”: la sociedad, en tales hipótesis, puede cancelarlas, previo acuerdo de reducción del capital (art. 220, inc. 1°).
Certificados globalesLas sociedades autorizadas a la oferta pública pueden emitir certificados globales de sus acciones integradas con los requisitos de los arts. 211 y 212, para su inscripción en regímenes de depósito colectivo. A tal fin se consideran definitivos, negociables y divisibles (art. 208, 2º párrafo).
La oferta pública de las acciones entraña una dispersión mayor de la titularidad accionaria que en las sociedades cerradas[56], y a la vez, una permanente variación de los titulares por su negociación periódica. Estas circunstancias conducirían, de no existir el depósito colectivo- a una continua transmisión física de los valores, con los consiguientes riesgos de pérdida, destrucción y falsificación.
Antes de caracterizar jurídicamente al instituto, destacamos que la transferencia de títulos valores susceptibles de oferta pública se lleva a cabo exclusivamente mediante débitos y créditos en las subcuentas de la Caja de Valores S.A. De este modo, sea cual fuere la naturaleza de los títulos valores en cuanto a su transmisibilidad, en los hechos las transacciones bursátiles están nominativizadas y "escrituralizadas", y así lo han entendido las leyes de nominatividad de títulos valores que se sancionaron (art. 61 de la ley 20.643, texto según art. 1º de la ley 23.299; ley 24.587), al eximir de la exigencia de conversión de los títulos al portador, a aquéllos que se encuentren depositados en la Caja de Valores.
Por ello, si bien la emisión de certificados globales no significa que las acciones sean escriturales, su oferta pública e inscripción en regímenes de depósito colectivo conduce a que se transmitan como si lo fueran[57] [58]
La ley define al contrato de depósito colectivo de títulos valores, como el celebrado entre la caja de valores y un depositante, según el cual la recepción de los títulos valores por parte de aquélla sólo genera obligación de entregar al depositante, o quien éste indique, igual cantidad de títulos valores de la misma especie, clase y emisor (art. 30, inc. a). Esa definición, si no se complementara con otras normas, sugeriría que se trata de un depósito irregular (arts. 2191 y 2220 del Código Civil), que transfiere la propiedad y el uso de los bienes depositados al depositario [59].
Pero no es así. El depósito colectivo se aparta de las reglas del derecho común en cuanto a la propiedad de los bienes fungibles. Conforme a las reglas del derecho civil, cada vez que éstos se entregan, quien los recibe adquiere su dominio[60]. Aplicaciones de ese principio son los arts. 2191 (depósito irregular) y 2245 (mutuo) del Código Civil; y por tal motivo el mismo cuerpo legal establece que no son reivindicables "las cosas muebles cuya identidad no puede ser reconocida, como el dinero, títulos al portador, o cosas fungibles" (art. 2762)
a) En principio sólo pueden emitirse por acciones totalmente integradas (art. 208). Ello es así, pues en caso de transferencia, los cedentes y cesionarios responden solidariamente por los pagos debidos, y el cedente que realice desembolsos parciales, deviene copropietario de las acciones cedidas en proporción a lo pagado (art. 210), lo que crearía dificultades para la determinación de los titulares, incompatibles con la necesaria certeza que requiere la negociación de los valores.
b) Deben reunir las formalidades exigidas por los arts. 211 y 212 de ley 19.550, tópico que desarrollaré infra.
Entiendo que podía considerarse soporte normativo de aquella práctica el art. 30, inc. b) de la ley 17.811. Obviamente, la reforma al art. 208 zanja toda posible discusión.
Considero que la esencialidad de esas enunciaciones no obsta al ejercicio, por el socio, de sus derechos patrimoniales y políticos, si por otros medios puede demostrar su condición de accionista, la naturaleza y clase de sus acciones, y las integraciones realizadas. Las acciones son títulos representativos del capital (art. 163), pero no tienen eficacia constitutiva. Los derechos del socio nacen con la suscripción y se pueden ejercer mientras no exista mora en la integración, con prescindencia de la representación del capital en títulos, con frecuencia jamás emitidos.
Consecuente con mi postura aformalista, entiendo que constituiría un excesivo e inaceptable rigorismo negar al titular de acciones debidamente suscritas el ejercicio de sus derechos, por una omisión que no es a él imputable.
La norma debe insertarse en el contexto en que se redactó la ley de sociedades comerciales: la regla era que las acciones fuesen al portador (art. 208), y los títulos revestían esa naturaleza, si los estatutos no disponían lo contrario. Históricamente, la sociedad fue denominada “anónima” por el anonimato que caracterizaba a los títulos transmisibles por la simple tradición (art. 577 del Código Civil), no asentándose la transferencia en el Libro Registro de Acciones (art. 213, inciso 3)[62]. Siendo así, resultaba comprensible que se impusieran recaudos formales tendentes a asegurar la autenticidad de aquéllos.
Los cupones son títulos de legitimación para la percepción de dividendos o para el ejercicio de ciertos derechos, como el de suscripción preferente. Presentan la utilidad práctica de su negociabilidad, en forma separada de las acciones a las cuales acceden. Así, quien quiere negociar el dividendo –derecho creditorio subordinado a la existencia de ganancias realizadas y líquidas (artículos 68 y 224 de la Ley de Sociedades Comerciales)- o el derecho de preferencia consagrado por el art. 194, puede hacerlo, enajenando el cupón, sin perder la titularidad de las acciones de las que se desprendieron los cupones.
La sociedad debe llevar un libro registro de acciones con las formalidades de los libros de comercio (arts. 43 y ss), de libre consulta por los accionistas[63], en el que se asentarán:
2) Estado de integración, con indicación del nombre del suscriptor[64].
El Libro de Registro de Acciones no tiene eficacia constitutiva, sino meramente declarativa[65] y probatoria. Se rige por las normas de los libros de comercio, y por ello, sus asientos no constituyen prueba a favor de la sociedad para negar a un socio el carácter de accionista o para menoscabar sus tenencias, si no se complementan con la documentación respectiva (art. 43, in fine, Código de Comercio).
Tengo por incuestionable que la oponibilidad a terceros de las cesiones, gravámenes o medidas cautelares no puede depender de lo que haga o deje de hacer el órgano de administración de la sociedad, en muchas ocasiones interesado en que las anotaciones en el libro se "aceleren" o "demoren". Ello es muy peligroso en las sociedades cerradas, y puede conducir a la frustración de los derechos de accionistas o terceros, según el caso.
Como decía VIVANTE, la sociedad que registra en sus libros el nuevo titular no realiza un acto de voluntad, un acto que pueda o no efectuar, sino que cumple la obligación originariamente contraída de registrar toda transferencia ante la simple petición del titular; realiza un acto de mera ejecución, que puede ser suplido judicialmente. La anotación no es un acto que quede subordinado a la voluntad de la sociedad[66].
Salvo que existan restricciones estatutarias a la transferencia, le asiste un derecho contra la sociedad a que se le reconozcan las facultades propias del status socii[67]. El principio de libre transmisibilidad (art. 214) se vería desvirtuado si dependiera del arbitrio o la desidia del directorio de la firma inscribir o no la transferencia. Una interpretación sistemática de la ley no admite la incongruencia de que en la sociedad de responsabilidad limitada -tipo social en el que teóricamente la enajenación no es tan libre ni indiferente a la sociedad como en la anónima, ya que comporta modificación del contrato- la cesión de cuotas sea oponible a la sociedad desde la notificación (art. 157, 2º párrafo), y que no sea aplicable esa regla en el caso de venta de acciones.
Se podrá replicar: es incongruente pero está en la ley. Por mi parte, considero inaceptable una exégesis que, apegada al tenor literal de un precepto aislado, se desentienda de las consecuencias de su interpretación, conduciendo a una visible desarmonía interna en el articulado de la ley, y a consecuencias disvaliosas e ilógicas. Si el principio rector es la libre transmisión, no puede inteligirse que esa libertad esté subordinada a la actividad o inactividad del ente.
La responsabilidad de los directores y síndicos, que sin duda existe[68] no soluciona el problema, pues lo que está en juego no es la reparación de los perjuicios que ocasione la demora o falta de inscripción, sino la efectividad y operancia del principio de libre transmisión. Por otra parte, no siempre el órgano de administración y la sindicatura son ocupados por personas económica y moralmente solventes.
Adquisición de sus acciones por la sociedadDejando para otra oportunidad las hipótesis de “rescate” de las acciones (art. 220, inc. 1°) e incorporación de otra sociedad accionista de la incorporante (art. 220, inc. 3°), el supuesto que mayores desvelos ha ocasionado a la doctrina y mayores problemas prácticos presenta, es el contemplado en el inciso 2° del art. 220: excepcionalmente con ganancias realizadas y líquidas o reservas libres cuando estuvieren completamente integradas y para evitar un daño grave, lo que será justificado en la próxima asamblea ordinaria. Esa decisión, por su gravedad y urgencia, puede ser tomada por el directorio.
La resolución general 262/95 del 22 de febrero de 1995, publicada en el Boletín Oficial del día 28 del mismo mes y año, pág. 8, dispone:
* Qué ocurre si la asamblea desaprueba lo actuado. A todas luces la desaprobación no invalida la adquisición, por los siguientes motivos:
a) La ley no lo impone como un acto sujeto a ratificación, sino a “justificación” (art. 220) y teniendo en cuenta lo dilatado de los plazos para la enajenación posterior (art. 221), no parece razonable que en el interín, queden los derechos del enajenante sometidos al albur de una desaprobación, cuando ya ha cumplido y percibido su prestación.
Adquisición a título gratuito Aunque la hipótesis no está contemplada en la ley, debe entenderse que en ese supuesto la adquisición está autorizada, pues no media un menoscabo patrimonial para la sociedad.
Amortización de acciones La “amortización” de acciones –regulada en el art. 223 de la Ley de Sociedades Comerciales- presenta con el rescate las siguientes notas diferenciales:
En relación al concepto de justo precio, bien dicen SASOT BETES-SASOT (“Acciones, bonos, debentures y obligaciones negociables”, Ed. Abaco, 1985, p. 286) que no puede consistir en el valor real de la acción, pues ello implicaría que el accionista alcanzado por una amortización total habría recibido por sus acciones la parte proporcional del patrimonio social a la fecha de la amortización, y a la vez seguiría participando en las ganancias y en el saldo de liquidación a través del bono de goce. De allí, infiere que sólo tiene sentido que la amortización se efectúe por el valor nominal, lo que tampoco es aceptable: si así fuera, carecería de sentido que la asamblea deba fijar el justo precio, concepto que supone que no es un valor único, sino que su justiprecio –sujeto a la decisión del órgano de gobierno- dependerá de la ponderación de una serie de variables: capital suscripto, ajuste del capital, derechos que tendrá el bonista sobre las utilidades (si se le pagará un dividendo similar a los restantes accionistas, o menor).
Distribución de dividendo. Pago de interés. La distribución de dividendos o el pago de interés a los accionistas son lícitos sólo si resultan de ganancias realizadas y líquidas correspondientes a un balance de ejercicio regularmente confeccionado (art. 68).
Aunque el concepto de “deberes fiduciarios” -tan rico en proyecciones prácticas- es propio del derecho anglosajón y específicamente estadounidense[70]considero que de los arts. 54, primer párrafo -para el socio o controlante- y 59 -para los administradores- surge un deber de fidelidad hacia la sociedad y los restantes socios.
El usufructo de acciones El usufructo es un ius in re aliena (derecho real sobre cosa ajena), definido por el Código Civil (art. 2807) como “el derecho real de usar y gozar de una cosa, cuya propiedad pertenece a otro, con tal que no se altere su sustancia”.
Frutos son “los que la cosa regular y periódicamente produce sin alteración ni disminución de su sustancia” (art. 2329 del C.C.). Siguiendo a Enrique Aztiría[71], los frutos se producen y reproducen periódicamente, en períodos variables de duración pero más o menos regulares, como las frutas y cosechas; los cortes de árboles; las crías de los animales. La extracción de los frutos no altera ni disminuye la sustancia de la cosa que los produce.
El usufructo se extingue con la muerte del usufructuario (art. 2920 del Código Civil) pero si se trata de una persona jurídica, por la cesación de la existencia legal de esa persona jurídica y por el transcurso de 20 años (art. 2920 del Código Civil).
Los dividendos, que nacen con el ejercicio y no con la aprobación del balance. Si esa aprobación fuera constitutiva, en caso de usufructos sucesivos el que tendría derecho a los dividendos sería el último usufructuario, pero no es así: el artículo 218 dispone que se divida a prorrata en proporción al tiempo de ejercicio de su derecho, lo que nos indica que la propia ganancia se va devengando día a día. Es decir, que el derecho al dividendo se va devengando durante el ejercicio.
* El enajenante asegura una determinada consistencia del patrimonio social,[72] prestando una serie de garantías por la inexistencia de “pasivos ocultos”.
En los Estados Unidos de Norteamérica, la doctrina del precedente “Perlman c/ Feldmann” [73]constituye un “leading case”.
Ciertos accionistas minoritarios de “Newport Steel Corporation demandaron a quienes habían vendido el paquete accionario de control de la firma. Sostuvieron que el precio de venta de las acciones incluía un plus por enajenación de un activo intangible de la corporación, que era una cierta posición de poder monopólico, o cuasimonopólico.[74] El grado de poder monopólico, oligopólico o simplemente de competencia monopolista, dependerá de diversos factores: sustituibilidad del producto, “competencia potencial” -aunque no esté presente- en cierta área geográfica, costo del flete desde otras ´zonas productoras, etcétera. Los accionantes afirmaron que esa posición, que traía aparejadas ventajas para la firma, debía ser ejercida por los controlantes como fiduciarios de los minoritarios, razón por la cual éstos debían compartir el beneficio representado por el “plus”.
Los “deberes fiduciarios” del accionista dominante (dominant stockholder), son un principio en el derecho estadounidense, equiparándose su responsabilidad con el de los administradores sociales[75]: quien de hecho administra la sociedad, a través de los administradores que designa, asume las mismas obligaciones fiduciarias que el directorio[76]. Cuando -como ocurre con harta frecuencia- el directorio, en vez de actuar como órgano de la sociedad, es en los hechos un dependiente del accionista mayoritario que lo controló (o es el mismo controlante), y su desempeño no se dirige a la satisfacción del interés social, sino del interés particular de aquél, los principios de derecho común imponen que se responsabilice, no sólo al administrador, sino al propio socio controlante.
La ley autoriza la emisión de bonos; títulos que no confieren la calidad de socio, sino ciertos derechos de participación en las utilidades. Deben estar reglamentados en el estatuto, so pena de nulidad (art. 227). Sus condiciones de emisión pueden modificarse, pero tal modificación requiere la conformidad de la mayoría absoluta de bonos de la clase respectiva (art. 232), expresada en asamblea de tenedores convocada por la sociedad a ese efecto, salvo que se trate de bonos de goce o de participación para el personal (arts. 228 y 232).
Los bonos de goce se emiten en sustitución de las acciones totalmente amortizadas (art. 228). Dan derecho a participar en las utilidades, más los derechos que expresamente les confiera el contrato social o sus modificaciones (art. 228).
Acerca de si es válida una disposición estatutaria que les otorgue el derecho de designar directores por clase, entiendo que por aplicación de lo reglado en el art. 228 in fine, y conforme al principio de autonomía de la voluntad que debe ser la regla rectora en la interpretación de los contratos (art. 1197 del Código Civil), nada lo impide.
Dado que los aportes de industria no pueden integrar el capital social (art. 39), son válidos como prestaciones accesorias (arts. 45 y 50).
Como título representativo del derecho a la remuneración por esas prestaciones –inclusive las que realicen los promotores y fundadores (art. 185)- pueden entregarse bonos de participación, que “sólo dan derecho a participar en las ganancias de ejercicio” (art. 229 in fine).
Considero que participan en la distribución de las reservas, pues se trata de utilidades retenidas, y que tienen derecho de impugnar la formación de reservas voluntarias que se aparten de las reglas y del procedimiento previstos en los arts. 66 y 70 de la L.S.C.
Sin perjuicio de las acciones penales que les correspondan (art. 301 C.P.), están legitimados para impugnar los estados contables que no se ajusten a los principios consagrados en los arts. 63 y ss.
[3] Diario "La Nación" del Domingo 19 de febrero de 1995 (3ª Sección, Economía),
[6] "Principio y Dogma en las Sociedades Comerciales" (La Ley, 1980-A, 745),
[7] IVAN BAKMAS, "Sociedades Anónimas Cerradas", La Ley, 11 de Abril de 1.997, capítulo IV, "Recepción legislativa de este tipo societario en el derecho comparado".
[8] SASOT BETES-SASOT y su cita de BOMCHIL, en "Acciones, Debentures, Bonos y Obligaciones Negociables", capítulo I, pág. 31, 1985.
[9] El Anteproyecto Malagarriga-Aztiria expresaba en su art. 272, "en lo que sea compatible con su naturaleza y no se oponga a las disposiciones de este artículo, se regirá por las disposiciones de los títulos de crédito".
[10] ( ) El Proyecto de Reformas al Código Civil elaborado por la Comisión designada mediante decreto nº 468/92 -de unificación de la legislación civil y comercial- incorporó, en el Título II de la Parte Tercera, "DE OTRAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES" de la Sección Tercera del Libro Segundo del Código Civil -que queda sustituído totalmente- a "LOS TITULOS VALORES EN GENERAL".
[11] RICARDO NISSEN, obra citada, Tomo 3, pág. 215.
[12] ( ) RICARDO NISSEN, "Ley de Sociedades Comerciales", Tomo 3, pág. 215. Por la literalidad, SASOT BETES-SASOT, "Acciones, Bonos, Debentures y Obligaciones Negociables", págs. 46-47 y la doctrina allí citada.
[13] ( ) ZALDÍVAR y otros, "Cuadernos de Derecho Societario, T.II., pág. 254.
[14] ( ) SASOT BETES-SASOT, op. cit., pág. 51.
[15] ( ) Sobre la transferencia de los "paquetes de control", ver entre otros, RACCIATI, Hernán y ROMANO, Antonio Alberto, "Venta de participaciones societarias de control y pasivos ocultos", VIº Congreso Argentino de Derecho Societario", Tomo II, págs. 32-38, publicación del Instituto de Derecho Comercial Nº 4 de la Universidad Notarial Argentina, Editorial Ad Hoc, 1995.
[16] ( ) "Negocios parasocietarios", publicación del Instituto de Derecho Comercial de la Universidad Notarial Argentina, Vol. II, Editorial Ad Hoc, con artículos de Martorell, Ernesto Eduardo y Nissen, Ricardo Augusto, "Las sociedades de componentes", págs. 153-166; Jacobo, Gabriel, "Programas de propiedad participada", págs. 169-176; Acquarone, María T., "Los clubes de campo. Utilización de la sociedad anónima para su estructuración", págs. 195-208; Pérez Casini, Analía B., "Los clubes de campo. Su regulación desde el punto de vista del derecho societario y la legislación provincial", págs. 211-220; Dasso, Ariel Gustavo, "Conformación asociativa del club de campo", págs. 242-257; Favier Dubois, Eduardo M. (h), "Joint venture bajo forma de sociedad anónima", págs. 276-287.
[17] Al menos 10 % del capital social.
[18] Al menos 5 % del capital social.
[19] Al menos 2 % del capital social.
[20] ( ) Obra citada, Tomo 3, pág. 212.
[21] ( ) La emisión de acciones "bajo la par" se da, desde el punto de vista económico, en los frecuentes casos en que se procede a un aumento de capital insignificante respecto del aumento de patrimonio de la sociedad que de él resulta, emitiéndose acciones sin prima, o sin aumentar el valor nominal de todas ellas. Se demostrará este aserto en otra parte.
[22] La ley 25.561, no obstante los desatinos en que incurrió en otros aspectos, mantuvo la vigencia del nuevo texto de los arts. 617 y 619, conforme a su reforma por la ley 23.928..
[23] “El estatuto puede prever diversas clases con derechos diferentes; dentro de cada clase conferirán los mismos derechos. Es nula toda disposición en contrario”.
[24] “El número, valor nominal y clase de acciones que representa el título, y derechos que comporta”
[25] “Se llevará un libro registro de acciones con las formalidades de los libros de comercio, de libre consulta por los accionistas, en el que se asentará: 1) Clases de acciones, derechos y obligaciones que comporten”
[26] “El estatuto puede crear clases que reconozcan hasta cinco votos por acción ordinaria”
[27] “Las acciones con preferencia patrimonial pueden carecer de voto....”
[28] ( ) El art. 14, inc. a) de las Normas de la Comisión Nacional de Valores las caracteriza así: "Se consideran ordinarias aquellas acciones que otorgando derecho a voto poseen derechos económicos en igual proporción a su participación en el capital social".
[29] ( ) HECTOR ALEGRIA, "¿El titular de acciones preferidas sin derecho a voto y rescatables, es accionista?", La Ley, 1981-D, pág. 824.
[30] Arts. 17 y 16, respectivamente de las Normas de la Comisión Nacional de Valores)
[31] En la vida cotidiana, las situaciones de copropiedad se producen como consecuencia de la muerte del accionista, y el estado de indivisión que produce (arts. 3449 a 3475 bis del C.C.). Cabe recordar que se aplican las mismas reglas que en el condominio (art. 2698 del C.C.).
[32] ( ) MARTORELL, "Sociedades de Responsabilidad Limitada", pág. 184, Ed. Depalma, 1989 y sus citas.
[33] ( ) CABANELLAS DE LAS CUEVAS, "Introducción al derecho societario, Parte General", pág. 373, Ed. Heliasta S.R.L., 1993.
[34] ( ) JUAN M. FARINA, "Tratado de Sociedades Comerciales", parte especial, T.II-B, pág. 458; FRANCISCO J. GARO, "Sociedades Anónimas", pág. 189. Aunque no en forma categórica, parece ser la postura de RAFAEL H. REYES, "Derechos individuales del socio", págs. 66-68, Ed. Abaco, 1993. La CAMARA DE SOCIEDADES ANONIMAS. CAPITULO PERMANENTE DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES, en base a un estudio del tema realizado por CARLOS SUAREZ ANZORENA, en principio no ha admitido la prescripción del canje de las acciones, pero sí la prescripción del derecho del accionista al dividendo en acciones ("La conversión de los caracteres de las acciones y el canje de los títulos que las representan", Congreso Argentino de Derecho Comercial de 1.990, Volumen 2, págs.120-121).
[35] ( ) JORGE BACQUE y EDGAR JELONCHE, "Prescripción del derecho al canje de acciones", Segundo Congreso de Derecho Societario, Comisión II, págs. 173-179; IGNACIO J. RANDLE, "Derecho del accionista al dividendo y al canje de acciones: prescripción", La Ley, 1989-D, págs. 439-444, y los autores allí citados.
[36] ( ) Hoy (ley 24.587) se volvió a la nominatividad de las acciones; ayer (ley 23.697), las acciones al portador eran el título que mágicamente nos retornaría a la modernidad; anteayer (Leyes 20.643 y 23.299), eran una "expresión del capitalismo liberal más crudo", al decir de GUILLERMO BORDA ¿Qué "ricorsi" nos espera mañana?
[37] ( ) Empleando las palabras de los autores mencionados, "debería ser la conclusión y no la premisa del razonamiento" (pág. 176).
[38] ( ) Op. cit., pág. 179
[39] ( ) Tratado de Derecho Civil, Tomo I, Parte General, Volumen 3º, 10, "Prescripción y Caducidad", pág. 60, nº 2165, Roque Depalma Editor, 1959.
[40] ( ) Como bien dice al respecto RAFAEL MARIANO MANOVIL, ("El derecho a la integridad de la participación del socio", Segundo Congreso de Derecho Societario, Comisión II, págs. 227-229), "...no es de aplicación estática a una cláusula escrita, por el solo hecho de estarlo, sino que es una previsión dinámica aplicable a una situación de la realidad que se dará en um momento futuro...Ello permite afirmar que nuestra Ley contiene y recepta el derecho al mantenimiento de la participación del socio en una norma que por su ubicación en la parte general de aquélla y por su carácter principista, proyecta aquel derecho sobre toda la normativa societaria.
[41] Por esa razón, y no meramente para satisfacer una igualdad contable, la totalidad de las partidas del patrimonio -no sólo el capital- figuran en el pasivo, como algo que es debido por la sociedad a los socios.
[42] ( ) Aunque la temática de su artículo pasa por otros meridianos que la prescriptibilidad o imprescriptibilidad del derecho al canje de acciones, ver JORGE ROBERTO HAYZUS, "En defensa de la intangibilidad de los derechos de participación del accionista en la sociedad por acciones", Congreso Argentino de Derecho Comercial, 1990, Ed. Colegio de Abogados de Buenos Aires, Vol 2., págs. 165-168.
[43] ( ) El aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital, realizado por un tercero, mientras no sea capitalizado, no constituye jurídicamente un "aporte" en los términos de los arts. 37 y concs. de la L.S.C.
[44] ( ) Refiriéndose a las reservas -y sus palabras son aplicables con mayor razón al ajuste por inflación del capital- ALEGRIA ("Sociedades Anónimas", pág. 80) expresa que "los accionistas son titulares de ellas como si se tratara de parte del capital".
[46] C.S.N., fallo del 1 de Septiembre de 1987 in re "WILLIAMS, Alberto A. y otra c/ BANCO HIPOTECARIO NACIONAL", publicado en La Ley, 1988‑B, pág. 787, N? 1631; idem, Septiembre 22 de 1987, en "SANCHEZ SANTAMARIA, Jacinto c/ GOBIERNO NACIONAL", La Ley, 1988‑B, pág. 787, N? 1635; Junio 7 de 1988, en "SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A. c/ PETRONE, Mauricio", La Ley, 1988‑E, pág. 678, N°s 1035 y 1036; etc.
[50] CNCom., sala D, Junio 23-1976, “Ladrillos Olavarría S.A.”, La Ley, 1976-D, pág. 40, fallo 73.390.
[51] La estipulación de conversión automática de las acciones preferidas en acciones ordinarias determina -no de manera explícita sino tácita, pero con igual fuerza en derecho (Cód. Civil, art. 918), - una situación particular, que limita la discrecionalidad del ejercicio ulterior de los propios intereses por parte de los tenedores de las acciones ordinarias preexistentes. Carece de legitimidad que quien conserva el poder de gobernar la sociedad -por ser tenedor de las acciones ordinarias- use esa autoridad que antes empleó para invitar a otros a asociarse al ente, a fin de distribuir las utilidades en su beneficio, y de un modo tal que reduce la participación por adquirir por esos suscriptores de las acciones preferidas, de la aparente mitad en el momento del pedido, a un insignificante el 1/2 % sin incidencia útil en el gobierno de los asuntos societarios.
[52] La opinión siempre lúcida de RAFAEL MARIANO MANOVIL se hizo oír en el Segundo Congreso de Derecho Societario (1979), en el sentido de que el derecho de suscripción preferente debía ser otorgado también a los titulares de acciones preferidas; sin embargo, la reforma de la ley 22.903, si bien permitió reconocerles ese derecho en forma facultativa por el estatuto -lo que no es ninguna novedad- o por la asamblea -lo que tampoco es una novedad, dado el principio general de autonomía de la voluntad- no le dio carácter de norma imperativa.
[55] ( ) LEONARDO FERNANDEZ, "Las acciones de participación", La Ley, 18 de Diciembre de 1.995, pág. 2).
[56] ( ) El art. 8 ter de las Normas de la C.N.V. (cf. Resolución General Nº 207/92) establece requisitos mínimos de dispersión de la propiedad de las acciones.
[57] Haciendo un poco de historia, de la ley 20.643 (arts. 30, 57, 58, etc.), así como de los considerandos y de algunas disposiciones del decreto 659/74 (arts. 1, 2, 3, 15, 27, etc.), podía inferirse que se autorizaba el funcionamiento de una sola caja de valores.
Vencidos los plazos previstos en los arts. 57 y 58 de la ley 20.643 sólo se constituyó la Caja de Valores S.A., la que sin embargo, hasta Octubre de 1.980 no había entrado en funcionamiento con los recaudos que prevé la ley. Por ello, en fecha 24 de Octubre de 1.980 el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 2220/80, delegando en la Comisión Nacional de Valores la facultad de autorizar el funcionamiento de una Caja de Valores que se ajustara a los requisitos contemplados en la Ley 20.643 y el Decreto nº 659/74 (art. 1º). Transcurrido el plazo previsto en la norma, la C.N.V. debía promover y autorizar el funcionamiento de un sistema de caja de valores a través de una de las siguientes alternativas: 1) Formación de una entidad cuyo capital esté suscripto, preferiblemente, por las Bolsas de Comercio cuyos estatutos, conjuntamente con los Mercados de Valores adheridos a ellas (art. 57 de la Ley 20.643), u otras que la C.N.V. considerase aptas para cumplir esa función. 2) Autorizar a las entidades financieras y/o a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro para ejercer las funciones de Caja de Valores.
Finalmente, prevaleció la primera alternativa, y comenzó a funcionar la Caja de Valores S.A. Pese a que el decreto 290/90, en línea con una política signada por el énfasis en la desregulación y apertura interna y externa de los mercados, dispuso que todas las normas de aquél que se refieran al funcionamiento de una sola caja de valores deben entenderse modificados por el segundo, e interpretarse como referidas a una o más cajas de valores (art. 3), en los hechos la única existente es la Caja de Valores S.A.
[59] ( ) Así lo entienden CARLOS BOLLINI SHAW y EDUARDO BONEO VILLEGAS en su "Manual para operaciones bancarias y financieras", págs. 399 y 403 (Tercera Edición Actualizada, Abeledo Perrot, 1990).
[60] ( ) BELLUSCIO-ZANNONI, "Código Civil Comentado, Anotado y Concordado”, T.III, pág. 58, comentario al art. 607, Ed. Astrea, 1988.
[61] ( ) Sin perjuicio de la acción subrogatoria, en su caso (art. 1196 del Código Civil).
[62] “...se asentará...3) si son al portador, los números”.
[63] Se aparta así de la regla del art. 55.
[64] Recordemos que hasta la total integración, sólo pueden entregarse certificados provisorios nominativos (art. 208, 4º párrafo)
[65] ( ) SASOT BETES-SASOT, "Acciones, bonos, debentures y obligaciones negociables", Ed. Abaco, 1985, pág. 79).
[66] GUSTAVO SILVETTI, “Títulos de crédito”, Tomo 1, pág. 89, Ed. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Tucumán.
[67] ( ) Paralelamente, se ha resuelto con razón que el titular registral de las acciones transferidas carece del derecho de ejercer las prerrogativas de socio, si el cesionario de las mismas se presenta e invoca su carácter de accionista en base a un negocio existente (RICARDO NISSEN, "Ley de Sociedades Comerciales", Tomo 3, pág. 249, Ed. Abaco, 2ª edición).
[68] ( ) NISSEN, Ricardo, obra y página citadas en la nota anterior.
[70]MANÓVIL, “Grupos de sociedades en el derecho comparado”, págs. 817-830.
[71] ENRIQUE AZTIRÍA, “Usufructo de acciones”, Tipográfica Editora Argentina (TEA), 1956, p. 45.
[73]Citado por JUAN JAVIER NEGRI, “Temas de Derecho Comercial Moderno” en homenaje a Fernando Legón, “Transferencia del control accionario y “deber de lealtad” del accionista mayoritario”, pág. 173; MANÓVIL, obra citada, pág. 781, nota 698; pág. 818, etc.
[74] El concepto de “competencia monopolista”, desarrollado inicialmente por JOAN ROBINSON y CHAMBERLIN, ha sido explicado ampliamente en los tratados y también en los manuales de economía elemental, desde el clásico SAMUELSON. El competidor monopolista, aunque su accionar no encuadre en las leyes antimonopolio, posee cierto control sobre el precio, dado que, al no ser la curva de demanda de su producto perfectamente elástica, el ingreso marginal que obtiene por la venta de unidades adicionales es inferior al precio. Mientras mayor diferencia haya entre el precio y el ingreso marginal, más inelástica será la curva de demanda, y mayor -caeteris paribus- el poder monopolístico del vendedor.
[75] OTAEGUI, “Concentración Societaria”, pág. 447.
[76] MANÓVIL, obra citada, pág. 645.
Anónimo24 de agosto de 2010, 15:53Dr. segun lo que estudie en derecho societario, me parece una verguenza el discurso de cristina K...usted lo esta escuchando? es de terror, es sobre PAPEL PRENSA S.A.------SOBRE todo cuando hacxe referencia a la sindicalizacion de votos!ResponderEliminarJulio Rougès24 de agosto de 2010, 17:51Se sancionó la ley de medios (n° 26.522), y los diarios dijeron poco o nada. Se privó de la licencia a Fibertel (¿por qué tiene que haber licencia?), y pocos se quejaron. Ahora viene la embestida contra Clarín y La Nación. Que los otros medios pongan las barbas en remojo, porque este gobierno tiene manifiestas tendencias totalitarias. Para qué hablar de los artículos 14, 17 y 32 de la Constitución. No sólo ni principalmente un problema societario, cuyos detalles no conozco porque no llegó aún la información escrita (al parecer una sala de la Cámara Nacional en lo Comercial revocó la intervención dispuesta a petición de la Comisión Nacional de Valores). Con alegre inconciencia, vamos hacia un país totalitarioResponderEliminarAñadir comentarioCargar más...

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