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Timestamp: 2020-08-11 06:19:57+00:00

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﻿ SENTENCIA 2013-00686/21088 DE ABRIL 25 DE 2018
SENTENCIA 2013-00686 DE 25 DE ABRIL DE 2018
CONTENIDO:NO EXISTE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO CUANDO PRUEBAS INCUMPLEN REQUISITOS DE PERTINENCIA Y CONDUCENCIA. SE PRECISA QUE NO SE PUEDE ENDILGAR VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO CUANDO LAS PRUEBAS SOLICITADAS INCUMPLEN LOS REQUISITOS DE PERTINENCIA, CONDUCENCIA Y NECESIDAD. EN TAL SENTIDO, SE INDICA QUE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA ESTÁ FACULTADA PARA RECHAZAR LAS PRUEBA QUE SOLICITA ALGUNA DE LAS PARTES, EN ESTE CASO LA DEMANDANTE, SIN QUE ELLO CONLLEVE LA TRANSGRESIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA O DEL DEBIDO PROCESO. LO ANTERIOR EN LA MEDIDA EN QUE EL MEDIO PROBATORIO ESCOGIDO NO SEA EL CONDUCENTE PARA DEMOSTRAR LOS HECHOS DEBATIDOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PRUEBA, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, NECESIDAD DE PRUEBA, CONDUCENCIA DE LA PRUEBA, PERTINENCIA DE LA PRUEBA DE REFERENCIA
Sentencia 2013-00686/21088 de abril 25 de 2018
Rad.: 15001-23-33-000-2013-00686-01 (21088)
Temas: IVA Bimestre 2º de 2008. Costos e impuestos descontables.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la Sentencia del 15 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual negó la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se modificó la declaración del IVA del 2º bimestre del año 2008, presentada por el demandante.
Al efecto, se acusa la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión nro. 262412012000012, del 20 de abril 2012, y de la Resolución 900.235, del 15 de mayo de 2013, que la confirmó.
En los términos del recurso de apelación, la Sala debe establecer: i) si los actos administrativos demandados son nulos por violación derecho del debido proceso y derecho de defensa, teniendo en cuenta que la Dian negó la solicitud de pruebas del demandante; ii) si procedía el rechazo de compras por valor de $800.400.000, e IVA descontable en el monto de $72.454.000, registrados en la declaración del IVA del 2º bimestre de 2008; y iii) si es procedente la sanción por inexactitud de $115.926.000.
— El 12 de mayo de 2008, el señor Óscar Enrique Pérez Sánchez presentó la declaración del IVA correspondiente al segundo (2) bimestre de 2008, en la que determinó un total de compras gravadas de $800.400.000 e impuestos descontables de $72.454.000 (fl. 7 del Cdno. Ant.).
— El 11 de abril de 2011, los funcionarios de la DIAN realizaron una visita de verificación al contribuyente para revisar los libros de contabilidad y documentos internos y externos relacionados con la declaración de renta del año gravable 2008 (fls. 14 a 18 Cdno. Ant.).En el acta se dejó constancia de las siguientes situaciones:
i) que el demandante no tenía lugar fijo para el desarrollo de su actividad, pues la compra y venta de la chatarra la hacía telefónicamente;
ii) que las utilidades eran repartidas en partes iguales, con su socio Fernando Robles a medida que vendían la chatarra y que de este reparto no se dejaba soporte, que todo era verbal;
iii) que el proveedor llamaba al demandante y le ofrecía la chatarra, y una vez aceptada la oferta, el mismo proveedor entregaba la mercancía a Hornasa S.A. y Sidenal S.A., que eran los clientes del actor;
iv) que los clientes pagaban la chatarra al actor o a su socio, mediante cheque, y asumían el pago del transporte;
v) que el demandante pagaba la chatarra en efectivo a los proveedores y que de estos pagos no dejaba soportes;
vi) que los libros de contabilidad no tenían ningún registro, que estaban en blanco y que se presentó un libro denominado libro auxiliar general;
vii) que en el segundo bimestre de 2008, el actor vendió chatarra únicamente a Sidenal S.A. El actor sostuvo que esta empresa pagaba la mercancía, mediante cheque, cada seis meses y que asumía el pago de los fletes. Manifestó, igualmente, que la entrega de la mercancía se hacía en la sede Sidenal S.A. directamente por el proveedor del actor. Igualmente, el actor indicó que en la negociación no se manejaban cuentas bancarias, que los cheques los recibían el actor o su socio Luis Fernando Robles y que generalmente se cobraban en efectivo;
viii) la DIAN pidió al actor los nombres de los proveedores y este respondió que no se acordaba. No obstante, se observaron facturas de venta expedidas por María Ismelda Muñoz Córdoba, James Albeiro Aguilar Peña, Teresa de Jesús Ramírez Arango, Sol Ángel Medina Montenegro, Gustavo Adolfo Manchola Perdomo, Nelson Velandia Becerra, Héctor Fernando León Cárdenas, Andrés Ricardo Rodríguez, Rolando Yesid Rodríguez Cuervo, Carmen Julia Arévalo, Nelly Monsalve Trujillo, Johanna Hasbleydi Guiza Pirazán, Augusto López López, Fabián Andrés López Jiménez, Mary Luz Vanegas Guzmán, Jorge A. Robles García, Roberto Mendoza Carreño, Raúl Eduardo Alarcón Ardila y Nérida Liliana Ospina Munza;
ix) el actor señaló que los pagos a los proveedores se hacían al momento de la entrega de la factura y,
x) se estableció que en el año gravable 2008 el actor utilizó las facturas números, 49 a la 137, que las ventas que realizó a Sidenal S.A. las hizo entre el 1º de enero y el 31 de mayo de 2008, terminando con la factura 80, y que las facturas restantes se expidieron a nombre de Hornasa S.A.
— Las facturas verificadas por la DIAN fueron las siguientes:
C.C. Nombre Fecha Valor IVA
41.958.909 Mari Luz Vanegas Guzmán 12/03/2008 32.625.000 5.220.000
41.958.909 Mari Luz Vanegas Guzmán 18/03/2008 60.900.000 9.744.000
41.958.909 Mari Luz Vanegas Guzmán 21/03/2008 48.720.000 7.795.200
41.958.909 Mari Luz Vanegas Guzmán 29/03/2008 36.975.000 5.916.000
80.772.075 Fabián Andrés López Jiménez 06/04/2008 42.630.000 6.820.000
53.031.296 Johanna Jasbleidy Guiza Pirazán 10/04/2008 43.065.000 6.890.400
79.615.124 Augusto López López 12/04/2008 115.710.000 0
80.772.075 Fabián Dnrés López Jiménez 12/04/2008 47.850.000 7.656.000
53.031.296 Johanna Jasbleidy Guiza Pirazán 16/04/2008 51.330.000 8.212.800
79.615.124 Augusto López López 18/04/2008 231.855.000 0
53.031.296 Johanna Jasbleidy Guiza Pirazán 21/04/2008 38.671.500 6.187.440
53.031.296 Johanna Jasbleidy Guiza Pirazán 30/04/2008 50.068.500 8.010.960
Totales 800.400.000 72.453.600
— Los días 28 y 29 de abril y 5 de mayo de 2011, la DIAN intentó realizar una visita de verificación a los señores Mari Luz Vanegas Guzmán, Johanna Hasbleydi Guiza Pirazan, Fabián Andrés López Jiménez y Augusto López López, proveedores del contribuyente, pero no los pudo ubicar en las direcciones reportadas en el RUT ni en las informadas por el contribuyente (fls. 42 a 44, 50 a 52, 64 a 66 y 70 a 72 Cdno. Ant.).
— En el Requerimiento Especial 262382011000033 del 28 de julio de 2011, la DIAN propuso modificar la declaración del IVA presentada por Óscar Enrique Pérez Sánchez por el segundo bimestre de 2008, en el sentido de rechazar las compras y el IVA descontable declarado por inexistentes (fls. 109 a 122 Cdno. Ant).
En la respuesta al requerimiento especial, el apoderado del contribuyente le pidió a la DIAN, que recibiera la “(…) declaración de la totalidad de los “camioneros” que entregaron y recibieron la chatarra durante el segundo bimestre del año 2008” (fls. 124 a 127 Cdno. Ant.).
— En la Liquidación Oficial de Revisión 262412012000012 del 20 de abril de 2012, la DIAN confirmó el rechazo propuesto en el requerimiento especial y frente a la prueba testimonial, consideró que no tenía fuerza de convicción y que no era pertinente ni conducente para probar las compras declaradas y rechazadas (fls. 166 a 188 Cdno. Ant.).
Como se aprecia, a más de las pruebas recaudadas por la Administración, frente a los testimonios solicitados por el demandante, se detalla que la demandada motivó las razones para que estos fueran negados, entre otros aspectos, debido a la falta de conducencia e idoneidad para demostrar una situación que debía probarse a través de otros medios de convicción, como lo eran los documentos (contabilidad, declaraciones tributarias de terceros, entre otros). En consonancia con lo anterior, la Sala observa que las pruebas solicitadas por el actor, tampoco eran útiles como quiera que para la procedencia de los costos y el IVA descontable declarados, no bastaba con demostrar mediante testimonios, la venta de la chatarra; adicionalmente, no se identificaron los camioneros que, según el dicho del actor, le vendieron la chatarra, situación que hacía indeterminable la petición de la prueba. En este contexto, la autoridad tributaria estaba facultada para rechazar la prueba que solicitó el demandante sin que ello conlleve la transgresión del derecho de defensa o del debido proceso, en la medida en que el medio probatorio escogido por el demandante, no era el conducente para demostrar los hechos debatidos.
4. Por otra parte, como afirmó la Sala en la Sentencia del 7 de mayo de 2015, expediente 20680, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, el rechazo de los costos o de impuestos descontables no requiere la declaratoria de proveedor ficticio, porque las normas que consagran la admisibilidad e inadmisibilidad de esos conceptos no condicionan el rechazo a esta declaración. Así que no es pertinente el alegato en este sentido. No prospera el cargo.
5. En cuanto al argumento del demandante en el sentido de que la consecuencia de no llevar contabilidad en debida forma es la sanción del artículo 651 del ET, esta Judicatura considera (como lo hizo en las sentencias citadas anteriormente) que la sanción por irregularidades contables procede por un hecho sancionable, independiente del efecto que tiene para el contribuyente la inclusión de impuestos descontables inexistentes, como en este caso, y de la correlativa obligación que le asiste a la DIAN de verificar la correcta determinación de los tributos. Por lo tanto, se trata de consecuencias autónomas frente a conductas diferentes de un mismo contribuyente, que no se excluyen entre sí. En todo caso, debe insistirse en que en el sub judice, el demandante no ejercitó la carga probatoria para enervar los actos acusados y es por dicho motivo, que el desconocimiento de los costos declarados se mantiene.
6. Finalmente, se observa que en los actos censurados se le impuso al demandante una sanción por inexactitud equivalente al 160% del mayor impuesto determinado, con fundamento en lo que, para la época de expedición de los mencionados actos consagraba el artículo 647 del ET.
Dada esa circunstancia, considera la Sala que se debe atender el mandato previsto en el artículo 29 constitucional y replicado en el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016 (que modificó el artículo 640 del ET), de acuerdo con el cual en el ámbito sancionador se debe aplicar la norma posterior, siempre que sea más favorable que aquella que se encontraba vigente para el momento de ocurrencia de la conducta infractora.
Saldo a pagar según liquidación oficial $74.279.000
Saldo a pagar según liquidación privada $1.825.000
Diferencia $72.454.000
Sanción por inexactitud $72.454.000
En definitiva, la determinación del total de la deuda tributaria de la demandante por concepto del IVA del segundo bimestre de 2008 y de la sanción procedente por la inexactitud incurrida en la declaración, queda de la siguiente manera:
Reglón 61 saldo a pagar por impuesto $74.279.000
Renglón 62 sanción de inexactitud $72.454.000
Renglón 63 total saldo a pagar $146.733.000
7. Finalmente, se observa que, a la luz de los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 (num.8) del Código General del Proceso, no procede la condena en costas en esta instancia a la parte vencida, por cuanto en el expediente no se encuentran probadas.
8. Por todo lo anterior, la Sala revocará el ordinal primero de la sentencia de primer grado y en su lugar, se declarará la nulidad parcial de los actos administrativos demandados en el sentido de determinar una sanción por inexactitud equivalente al 100 % de los valores desconocidos por la administración ($72.454.000), y un saldo a pagar de $146.733.000, como se expuso en precedencia. En todo lo demás, se confirma la decisión de primera instancia.
1. REVOCAR el ordinal primero de la Sentencia del 15 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá. En su lugar:
1. DECLARAR la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión 262412012000012, del 20 de abril de 2012 y su confirmatoria la Resolución 900.235, del 15 de mayo de 2013, que modificaron la declaración del IVA del 2º bimestre del año 2008, presentada por Óscar Enrique Pérez Sánchez.
2. A título de restablecimiento del derecho, ESTABLECER como sanción por inexactitud a cargo del demandante, la suma de setenta y dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil pesos ($72.454.000), y un total de saldo a pagar en la suma de ciento cuarenta seis millones setecientos treinta y tres mil pesos ($146.733.000).
4 RECONOCER personería al abogado Mauricio Alexander Dávila Valenzuela, identificado con la cédula de ciudadanía 7.176.796 de Tunja y TP 144.875 del CSJ, para que actúe en representación de la demandada conforme al poder conferido.

References: Resolución 
 artículo 651
 artículo 647
 artículo 29
 artículo 282
 artículo 640
 Resolución