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Timestamp: 2019-09-15 18:19:04+00:00

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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 11-08-2016 ( ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 96/2014 ) - Jurisprudencia - VLEX 799741617
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 11-08-2016 ( ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 96/2014 )
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN. ASOCIACIÓN, REUNIÓN Y LIBRE TRANSITO.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 96/2014 Y SU
ACUMULADA 97/2014
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 96/2014 Y SU ACUMULADA 97/2014
PROMOVENTES COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL Y COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
SECRETARIO: M.A. NÚÑEZ VALADEZ
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al once de agosto de dos mil dieciséis, emite la siguiente:
Mediante la cual se resuelven las acciones de inconstitucionalidad 96/2014 y su acumulada 97/2014, promovidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de diversas disposiciones de la L. de Movilidad del Distrito Federal.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
Presentación de la demanda. El doce y trece de agosto de dos mil catorce, mediante escritos interpuestos, respectivamente, por los representantes de las referidas comisiones de derechos humanos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se promovieron dos acciones de inconstitucionalidad en contra de la aprobación, promulgación y publicación de varios preceptos de la L. de Movilidad del Distrito Federal, publicada el catorce de julio de dos mil catorce en el No. 1899 Bis de la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
La comisión del Distrito Federal impugnó los artículos 7, 9, 69, 213 y 214 y la comisión nacional el numeral 212, todos de la citada L. de Movilidad1. En estas disposiciones, por una parte, se establece que no se reexpediría permiso o licencia para conducir cuando la Secretaría de Seguridad Pública compruebe que el solicitante ha sido calificado de incapacidad mental o física que le impida manejar vehículos motorizados, cuya negativa puede ser superada con ciertos acondicionamientos; asimismo, se detallan definiciones en torno a quiénes son las personas con movilidad limitada, cuál es el criterio de accesibilidad de la ley y a quiénes se le otorgará prioridad del espacio vial y se beneficiará con la distribución de recursos presupuestales (aludiendo a las personas con discapacidad y con movilidad limitada); por otra parte, se prevén los requisitos para la realización de ciertos tipos de concentraciones humanas o manifestaciones en la ciudad, tales como los avisos de 48 horas previas a la realización de la misma y la prohibición de utilizar las vías primarias de circulación continua en determinadas circunstancias, así como las obligaciones y facultades de la referida secretaría al respecto, como el deber de tomar las medidas necesarias para evitar el bloqueo de las aludidas vías primarias de circulación.
En los escritos de demanda, indistintamente, se señalaron como normas transgredidas los artículos 1°, 6º, 7º, 9º, 11 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante la “Constitución Federal”); 2, 12, 19, 21, 22 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 13, 15, 16 y 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 5 y 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros.
Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez planteados por las comisiones de protección de derechos humanos son los que se sintetizan en los párrafos subsecuentes.
Demanda de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Tras detallarse los antecedentes que se estimaron pertinentes sobre la oportunidad de la acción, se expusieron los siguientes argumentos en dos conceptos de invalidez:
PRIMERO. Los artículos 213 y 214 de la L. de Movilidad deben declararse inválidos, pues no se adecuan a las limitaciones que establece la Constitución Federal en torno al derecho a la reunión. En principio, a diferencia de lo que mandata el citado artículo 213 que delimita que las manifestaciones o reuniones especificadas en esa disposición deberán llevarse a cabo en todas aquéllas vialidades que no sean las vías primarias de circulación, se aduce que el texto constitucional jamás restringe los lugares para ejercer tal derecho; es decir, las normas impugnadas establecen una restricción a la libertad de reunión que no se encuentra prevista en la Constitución Federal.
En segundo lugar, valorando el contenido del artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se afirma que la propia disposición convencional acepta que pueda limitarse el derecho de reunión pacífica, pero únicamente cuando las restricciones se establezcan en ley y sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público o para proteger la salud o moral pública o los derechos o libertades de los demás.
En ese tenor, se argumenta que los requisitos plasmados en el artículo 213 para ejercer las manifestaciones no superan tales lineamientos convencionales, ya que el legislador no señaló en ningún documento legislativo las razones imperiosas para establecer lugares específicos para la celebración de manifestaciones o concentraciones humanas. A juicio del promovente el espacio público es un elemento de participación política y social que constituye un lugar óptimo para la celebración de reuniones.
En relación con lo anterior, se arguye entonces que al preverse de manera general en el artículo 213 que, las manifestaciones o concentraciones humanas no podrán llevarse a cabo en las “vías primarias de circulación continua”, provoca un vacío legal e inseguridad jurídica. Desde su punto de vista, ni la norma reclamada ni los artículos 27 y 178 de la mismas ley detallan con certeza y claridad cuáles son esas vías y permite a la Comisión de Clasificación de Vialidades la categorización o re-categorización de esas vialidades, transgrediendo consecuentemente el mencionado artículo convencional al no preverse en una ley uno de los elementos de restricción del derecho a la reunión.
Se alega que los anteriores razonamientos de inconstitucionalidad resultan también aplicables al citado artículo 214 pues éste es el que le otorga materialmente a las autoridades la facultad para disolver manifestaciones en contra del artículo 9º de la Constitución Federal, el cual prevé que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente.
Aunado a lo sintetizado en párrafos precedentes, en la propia demanda se señala que si se consideraran los artículos impugnados como constitucionales, deben interpretarse a la luz de lo expuesto en la L. de Cultura Cívica, en atención al principio pro persona que consiste en que deberá preferirse aquella disposición que resulte más protectora a los derechos de las personas.
En ese sentido, se indica que la fracción II del artículo 25 de la L. de Cultura Cívica del Distrito Federal, supletoria de la ley de movilidad, regula que bloquear o estorbar el espacio público se encuentra justificado si es en ejercicio razonable de la manifestación de las ideas, de asociación o de reunión pacífica. Consecuentemente, se establece un nivel de protección de la manifestación de las ideas en la vía pública que no puede ser limitado bajo el argumento de “liberar la vía pública”, lo que ocasiona que la L. de Movilidad se deba de interpretar considerando lo regulado en la L. de Cultura Cívica, al ser una concepción y disposición más protectora.
Adicionalmente, se señala que aun cuando las disposiciones reclamadas son similares a las que se encontraban en la abrogada L. de Transporte y Vialidad para el Distrito Federal, con vigencia anterior a la L. de Movilidad, tales preceptos deben interpretarse de manera que no resulten lesivos a los derechos humanos.
SEGUNDO. Los artículos 7, 9 y 69 de la L. de Movilidad del Distrito Federal contradicen el artículo 1º constitucional y diversos tratados internacionales, cuyos objetivos son promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos a las personas con discapacidad; en particular, el preámbulo y los artículos 1 y 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que mandatan promover prácticas de inclusión social y adoptar medidas positivas para remover las barreras existentes en el entorno que afectan a este grupo y que le impiden el pleno goce de sus derechos y libertades.
Así se argumenta que el artículo 69, fracción II, de la referida ley de movilidad, al establecer como una prohibición para reexpedir permiso o licencia para conducir...

References: artículo 213
 artículo 15
 artículo 213
 artículo 213
 artículo 214
 artículo 9
 artículo 25
 artículo 1
 artículo 69