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Timestamp: 2017-08-20 18:08:46+00:00

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Decreto 180/2000, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. TITULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES (Vigente hasta el 01 de Julio de 2009).
Protección y defensa de los bienes
2. Podrá recuperar, del mismo modo los bienes patrimoniales en el plazo de un año, contado a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere producido la usurpación. Pasado este tiempo sólo podrá hacerlo ejercitando las acciones correspondientes ante la jurisdicción ordinaria.
3. No se admitirán interdictos contra las actuaciones de la administración de la Comunidad Autónoma en esta materia, siempre que dichas actuaciones se hayan ajustado al procedimiento legalmente establecido.
El expediente de recuperación de la posesión se incoará de oficio o en virtud de denuncia, ya sea verbal o escrita y se tramitará por la Dirección General de Patrimonio y Política Financiera.
1. Comprobada la veracidad de la usurpación y el hecho de no haber transcurrido un año desde la realización de la misma, la Dirección General de Patrimonio y Política Financiera adoptará los medios oportunos para que el usurpador cese en su actuación.
2. Si el usurpador presentare resistencia, tanto activa como pasiva, se actuará conforme a lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
1. Si hubiese transcurrido más de un año desde la usurpación, la Dirección General de Patrimonio y Política Financiera remitirá las actuaciones al Gabinete Jurídico, a los efectos establecidos en el artículo 9 de este Reglamento.
2. Siempre que en los hechos aparezcan indicios racionales de delito o falta penal, previo informe del Gabinete Jurídico, se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal.
2. Todas las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, están obligadas a colaborar, a los efectos señalados en este precepto, a petición de la Dirección General de Patrimonio y Política Financiera.
3. La falta de colaboración o entorpecimiento en la acción investigadora será sancionada conforme a lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 de este Reglamento.
El ejercicio de la acción investigadora se acordará de oficio, por la Dirección General de Patrimonio y Política Financiera, por su propia iniciativa, por orden superior, moción razonada de sus subordinados o por denuncia.
1. Para ejercitar la acción investigadora a instancia de un particular es preciso que el mismo anticipe el importe de los gastos necesarios para comprobar la denuncia, depositando en la Tesorería de la Consejería de Economía, Industria y Comercio, la cantidad que considere necesaria al efecto la Dirección General de Patrimonio y Política Financiera, y que en ningún caso será menor de 5.000 pesetas ni excederá de 20.000 pesetas.
El expediente de investigación de bienes o derechos se iniciará siempre por Resolución de la Dirección General de Patrimonio y Política Financiera, que se publicará en el Diario Oficial de Extremadura, con expresión de las características que permitan identificar el bien o derecho investigado.
La Dirección General de Patrimonio y Política Financiera ejercerá la autoridad superior gubernativa en todos los procedimientos de investigación y podrá pedir directamente los datos, noticias e informes que convengan al mejor servicio.
En el plazo de un mes contado desde el día siguiente en que deba terminarse la publicación del anuncio a que se refiere el artículo 16, podrán las personas afectadas por el expediente de investigación alegar, por escrito cuanto estimen conveniente a su derecho ante la Dirección General de Patrimonio y Política Financiera, acompañando todos los documentos en que funden sus alegaciones.
1. Transcurrido el término señalado en el artículo anterior, la Dirección General de Patrimonio y Política Financiera, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Extremadura determinará la prueba que haya de practicarse, atendiendo al objeto de la investigación y teniendo en cuenta lo ya alegado y diligenciado.
2. La propuesta e informe indicados serán emitidos en el plazo de 20 días; y en el de otros diez habrá de dictarse dicho acuerdo.
3. Si entre lo propuesto, sobre el particular, por la Dirección General de Patrimonio y Política Financiera y lo informado por el Gabinete Jurídico no hubiera conformidad, se elevará el expediente al Consejero de Economía, Industria y Comercio, el cual en el plazo de 15 días resolverá, en definitiva, lo que proceda.
Una vez se halle completa la justificación o prueba de un expediente, se dará traslado al Gabinete Jurídico para que, en el plazo de un mes informe acerca de la documentación aportada; si se observare algún defecto será subsanado en un plazo igual.
1. Cumplimentado lo dispuesto en el artículo anterior, se pondrá de manifiesto el expediente por término de diez días a las personas a quienes afecte la investigación y hubiesen comparecido en él, para que dentro de dicho plazo aleguen lo que crean conveniente a su derecho.
2. Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, la Dirección General de Patrimonio y Política Financiera resolverá lo que proceda, oyendo previamente al Gabinete Jurídico.
Resuelto favorablemente el expediente de investigación, se procederá a la práctica de la tasación de la finca o derecho, confección de la oportuna ficha de inventario y adopción de las medidas tendentes a la efectividad de los derechos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
1. A las personas que promuevan el ejercicio de la acción investigadora se les abonará como premio e indemnización, el diez por ciento del precio en el que se enajenen los bienes investigados.
2. Si después de adjudicada una finca en venta se redujere el precio por rebaja de cargas, la liquidación del premio de investigación se girará sobre la cantidad líquida que la Comunidad Autónoma haya de percibir en la venta.
3. Si por cualquier causa la finca investigada no fuese vendida en el plazo de cinco años, contados desde la conclusión de aquel expediente, el premio previsto en los apartados anteriores será sustituido a voluntad de quien tuviese derecho al mismo, por el importe del 10% del valor de tasación de la finca que conste en el expediente.
1. La Dirección General de Patrimonio y Política Financiera, al resolver los expedientes de investigación promovidos por denuncias particulares, decidirá lo que proceda respecto al derecho y abono de los premios correspondientes.
2. Contra la resolución que recaiga sobre estos extremos, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, con arreglo a la Ley reguladora de dicha jurisdicción.
1. El conocimiento de las cuestiones de naturaleza civil que se susciten en ocasión de la investigación practicada corresponde a la jurisdicción ordinaria.
2. Los afectados por la resolución del expediente de investigación que no tengan la condición de denunciantes, sólo podrán impugnarla en vía contencioso-administrativa por infracción de procedimiento.
3. El deslinde se iniciará de oficio o a instancia de los propietarios de fincas colindantes y competerá la aprobación del mismo a la Consejería de Economía, Industria y Comercio.
4. Acordado el deslinde, se comunicará al Registro de la Propiedad correspondiente, si la finca estuviese inscrita, para que se extienda nota del acuerdo al margen de la inscripción de dominio.
El expediente de deslinde se iniciará por acuerdo de la Dirección General de Patrimonio y Política Financiera y deberá contener una memoria, en la que se haga referencia a los siguientes extremos:
1.º Justificación del deslinde que se propone.
2.º Descripción de la finca o fincas de la Comunidad Autónoma, con expresión de sus linderos generales, de sus enclavados, colindancia y extensión perimetral y superficial.
3.º Título de propiedad y, en su caso, certificado de inscripción en el Registro de la Propiedad e información de cuantos incidentes haya habido en cuanto a propiedad, posesión y disfrute.
1. La Dirección General de Patrimonio y Polílica (sic) Financiera, tomando como base la memoria, estimará si es procedente o no la realización del deslinde, y formulará el correspondiente presupuesto de gastos del mismo.
2. Si el deslinde se produce a instancia de los particulares colindantes, serán a su cargo los gastos, debiendo constar en el expediente la conformidad de los mismos.
El acuerdo de deslinde deberá ser notificado a los propietarios de las fincas colindantes y también, en su caso, a los titulares de otros derechos reales constituidos sobre las mismas.
Sin perjuicio de la notificación establecida en el artículo anterior, se anunciará en el Diario Oficial de Extremadura y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en que radiquen las fincas afectadas, con dos meses de antelación al menos, la fecha en que ha de dar comienzo el deslinde.
1. Los interesados podrán presentar las alegaciones y cuantos documentos estimaren conducentes a la prueba y defensa de sus derechos, hasta los veinte días anteriores al comienzo de las operaciones.
2. Transcurrido dicho plazo, no se admitirá documento ni alegación alguna.
Los documentos aportados serán remitidos al Gabinete Jurídico de la Junta de Extremadura a efectos de que dentro de los veinte días siguientes califique la validez y eficacia jurídica de los títulos presentados para acreditar el dominio o posesión de las fincas a que se refieran.
Desde el día en que venciere el plazo de presentación de documentos hasta el anterior al señalado para iniciar el deslinde la Dirección General de Patrimonio y Política Financiera acordará lo que estime pertinente respecto a los documentos y pruebas aportados.
En la fecha establecida dará comienzo la realización del deslinde al que asistirán un técnico y un representante de la Dirección General de Patrimonio y Política Financiera, designados ambos por el titular de dicha Dirección, y los peritos que hayan nombrado las partes interesadas.
a) Lugar, día y hora del inicio de la operación.
b) Nombres, apellidos y representación, en su caso de los asistentes.
c) Descripción de los terrenos, trabajos realizados e instrumentos utilizados.
e) Situación, cabida aproximada de la finca y nombres especiales si los tuviere.
f) Manifestaciones y observaciones que se formularen por los asistentes.
h) Firma de los asistentes.
Dentro de los cinco días siguientes a la finalización de la práctica del deslinde el Consejero de Economía, Industria y Comercio, a propuesta de la Dirección General de Patrimonio y Política Financiera firmará la Orden aprobatoria del deslinde, que será publicada en el Diario Oficial de Extremadura y notificada personalmente a los interesados cuyo domicilio sea conocido.
La Orden aprobatoria del deslinde será ejecutiva y sólo podrá ser impugnada en vía contencioso-administrativa por infracción del procedimiento, sin perjuicio de que cuantos se estimen lesionados en sus derechos puedan hacerlos valer ante la jurisdicción ordinaria.
Mientras se tramita un deslinde, no podrán subtanciarse procedimientos de deslinde judicial ni juicios posesorios sobre el mismo objeto.
Una vez que el acuerdo de aprobación de deslinde fuera firme se procederá al amojonamiento, con intervención de los interesados.
1. Si la finca de la Comunidad Autónoma a que se refiere el deslinde se hallare inscrita en el Registro de la Propiedad, se inscribirá igualmente el deslinde administrativo, debidamente aprobado, referente a la misma.
2. Si la finca no se hallare inscrita se procederá a la inscripción previa del título escrito adquisitivo de la misma o, a falta de éste, de la certificación librada conforme a lo dispuesto por el artículo 206 de la vigente Ley Hipotecaria, inscribiéndose a continuación de dicho asiento el correspondiente al deslinde, debidamente aprobado.
La Administración podrá aplicar las precedentes normas para el deslinde de bienes de dominio público, sin perjuicio de lo establecido en la legislación de montes, sobre deslinde de montes públicos; en la de vías pecuarias, sobre deslinde de éstas y en la de la minería, sobre demarcaciones.
Embargos y ejecuciones contra el patrimonio de la Comunidad Autónoma
2. Ningún Tribunal, Juez o Autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamientos de ejecución contra los bienes y derechos del patrimonio de la Comunidad, ni contra las rentas, frutos o productos del mismo. Para estas actuaciones se estará a lo dispuesto en la legislación de Hacienda de la Comunidad o, en su caso, a lo dispuesto en la legislación estatal sobre la misma materia.
2. Las transacciones respecto a bienes o derechos del dominio privado, así como el sometimiento a arbitraje de las controversias o litigios sobre los mismos, requerirán acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía, Industria y Comercio.
Afectaciones, desafectaciones, adscripciones y cambios de destino
1. Compete a la Consejería de Economía, Industria y Comercio la afectación de los bienes integrantes del patrimonio de la Comunidad al uso general o a los servicios públicos.
2. La afectación de un bien o derecho al uso o servicio público producirá su integración en el dominio público.
Los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma que precisen bienes patrimoniales determinados para el cumplimiento de sus fines se dirigirán a la Consejería de Economía, Industria y Comercio, que examinará la situación de los bienes, las razones invocadas para su afectación y la conveniencia o no de llevarla a efecto, adoptando el acuerdo procedente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma.
2. La orden de afectación expresará el bien o bienes que comprenda, el fin o fines a que se destina, la circunstancia de quedar aquellos integrados en el dominio público de la Comunidad y Departamento al que corresponde el ejercicio de las competencias demaniales, incluida la administración y conservación de los bienes; recabando de dicho Departamento la designación de un representante, para que concurra con el nombrado por la Dirección General de Patrimonio y Política Financiera al acto de afectación en fecha determinada.
3. Los representantes suscribirán un acta de afectación con arreglo al modelo oficial, en la que constarán los extremos contenidos en la Orden de cuyo cumplimiento se trate. Dicha acta será remitida la Dirección General de Patrimonio y Política Financiera, y una copia de la misma al Departamento destinatario del bien.
4. La afectación se hará constar en el Inventario General y en su caso, en el Registro de la Propiedad.
1. Las distintas Consejerías deberán dirigirse a la Dirección General de Patrimonio y Política Financiera para obtener la información que precisen sobre los bienes existentes en el patrimonio de la Comunidad Autónoma que puedan ser afectados a determinados fines.
2. Recibida la información, si las Consejerías estimasen que alguno de los bienes convienen aquellos fines, podrán iniciar los trámites para la afectación, según lo establecido en el artículo 47 de este Reglamento.
La afectación de determinados bienes al cumplimiento de los fines propios de los distintos órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma se producirá automáticamente en los siguientes supuestos:
a) Cuando hayan sido utilizados, gestionados y administrados por tales órganos durante el plazo de un año.
b) Cuando hayan sido adquiridos a título oneroso para dichos fines.
c) Cuando hayan sido adquiridos a título gratuito o mortis causa, siempre que el transmitente haga constar la finalidad de la transmisión.
d) Cuando resulte de planes, proyectos o resoluciones aprobados por el Consejo de Gobierno.
e) Cuando se adquieran por usucapión según las normas del Derecho Civil, bienes destinados a tales fines.
1. Cuando la adquisición de bienes se realice en virtud de expropiación forzosa, la afectación se entenderá implícita en la misma y se dará cuenta de aquélla a la Consejería de Economía, Industria y Comercio.
1. La desafectación de los bienes que no sean precisos al uso general o a los servicios públicos, compete al Consejero de Economía, Industria y Comercio, cualquiera que haya sido el procedimiento para su adquisición, la Consejería que la hubiera realizado o la causa por la que hubieran pasado al dominio público.
2. La reversión de los bienes expropiados quedará regulada por la legislación sobre expropiación forzosa.
A los efectos previstos en el artículo anterior, la Consejería que tuviere los bienes bajo su administración y custodia dirigirá comunicación a la Dirección General de Patrimonio y Política Financiera, haciendo constar todas las circunstancias que permitan la identificación del bien o bienes de que se trate y las causas que determinen la desafectación.
La Dirección General de Patrimonio y Política Financiera tramitará el oportuno expediente y recabará de la Consejería interesada la designación de un representante que, junto con el nombrado por dicho Centro directivo, formalizará la correspondiente acta de entrega del bien o bienes al dominio privado.
Hasta que no se comunique la desafectación no perderán los bienes su carácter de dominio público.
1. Los Organismos Autónomos y las Entidades de Derecho Público podrán solicitar de la Consejería de Economía, Industria y Comercio la adscripción de bienes y derechos del patrimonio de la Comunidad para el cumplimiento de sus fines y la gestión de los servicios de su competencia.
Las mutaciones de destino de los bienes demaniales y patrimoniales competen a la Consejería de Economía, Industria y Comercio.
1. Los Organos de la Administración de la Comunidad Autónoma que precisen bienes adscritos a otros se dirigirán a la Dirección General de Patrimonio y Política Financiera para que incoe el oportuno expediente, en el que, con audiencia de todos los órganos interesados, se decidirá sobre el destino de los bienes de que se trate, mediante resolución motivada.
2. Cuando las Consejerías, Organismos o Entidades discrepen entre sí o con la Consejería de Economía, Industria y Comercio, acerca de la afectación, desafectación, adscripción o desadscripción o cambio de destino de un bien o bienes determinados del patrimonio de la Comunidad Autónoma, la resolución correspondiente será de la competencia del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía, Industria y Comercio y previo informe de los Organismos interesados.
1. Toda persona natural o jurídica que, por cualquier título, tenga a su cargo la posesión, gestión o administración de bienes o derechos del patrimonio de la Comunidad, está obligada a su custodia, conservación y, en su caso, explotación racional y responderá ante la Comunidad de los daños y perjuicios sobrevenidos por su pérdida o deterioro cuando concurran dolo, fraude o negligencia culpable, pudiéndose imponer una multa de hasta el cuádruplo de los daños causados, con independencia de la obligación de indemnizar o restituir, en su caso.
2. Los particulares que, por dolo, fraude o negligencia culpable, causen daños en los bienes de dominio público o privado de la Comunidad o los usurpen serán sancionados en vía administrativa con multa del tanto al doble del valor de lo usurpado o del perjuicio ocasionado, y serán obligados a reparar el daño.
3. El incumplimiento del deber de colaboración impuesto en el artículo 13 de este Reglamento será castigado con multa gubernativa no superior a 250.000 pesetas, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar.

References: artículo 9
 Resolución 
 artículo 16
 resolución 
 resolución 
 artículo 206
 artículo 21
 artículo 47
 resolución 
 resolución 
 artículo 13