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Timestamp: 2018-07-22 14:39:05+00:00

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Recortes de Prensa Martes 6 Septiembre 2011
Pirotecnia constitucional
RAMÓN PUNSET La Opinión 6 Septiembre 2011
CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL RAMÓN PUNSET
Cuando los apaños urdidos antes de las vacaciones agosteñas por los ciegos aurigas de la Eurozona (nombre orwelliano donde los haya) parecían suficientes para contener la voracidad de los mercados de deuda soberana (aquí lo problemático es el adjetivo), resulta que ni el presidente del Gobierno ni la ciudadanía que viene padeciendo su irremediable ineptitud han podido relajarse lo más mínimo. Hasta la compra de bonos españoles e italianos por el Banco Central Europeo (BCE) no hubo modo de hacer descender la prima de riesgo de nuestra deuda a niveles tolerables, preguntándonos cada mañana si ese sería el día de la intervención de la economía nacional por la Unión Europea (UE) o, deviniendo ello inviable, el del propio fin del sistema de moneda única. Tal parecía que hubiésemos vuelto a la época de la Santa Alianza y la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis.
Durante tan azarosas jornadas leí la excelente edición de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo que acaba de publicar Tecnos en su prestigiosa colección de clásicos del pensamiento. Vi entonces a un Rodríguez Zapatero que, desnudo ante el mundo hobbesiano de los mercados y de las agencias de calificación, era incapaz de ejercer la política como arte de afrontar la contingencia; en suma, vi a un gobernante negado para orientar a la "fortuna" por carencia de "virtud", esto es, de las cualidades excepcionales que, en tanto que innovador, El Príncipe maquiavélico debe poseer. Contrariamente a la actitud de reluctancia del presidente Zapatero a aceptar y encarar a tiempo la gravísima crisis económica, los romanos, escribe Maquiavelo, sabedores de la inevitabilidad de la guerra, elegían siempre combatir a sus enemigos antes de que se hiciera tarde. En definitiva, Zapatero ha ignorado que es función de la virtud del Príncipe imponer una forma a la fortuna. Ahora lo intenta a través del órdago de la modificación constitucional.
Pero, además, en esta bella edición de El Príncipe me encontré con dos lúcidas preguntas, contenidas en el admirable estudio de contextualización de John G. Pocock y que vienen muy bien para ilustrar los conflictos del presente. En sus Historias Florentinas, Maquiavelo se preguntó qué sucedería si la República de Génova hubiera sido fundada íntegramente sobre el Banco di San Giorgio; y David Hume, en On Public Credit (1754), se interrogó acerca de lo que sucedería en caso de que la autoridad política de un Estado estuviera completamente hipotecada a un mecanismo internacional de crédito. ¡Caramba con los clásicos: qué actuales son! Refiriéndose al mundo contemporáneo, alude Pocock a "un estado de cosas en el que el mercado y los medios de comunicación constituyen una tupida red que escapa por completo al control de la comunidad política, y ellos mismos se ofrecen como alternativa para sustituir a esa comunidad como marco en que la vida humana adquiere significado". Precisamente, el problema de la humanidad en el siglo XXI será, a juicio de este ilustre historiador, el de la supervivencia de la capacidad política (de los poderes públicos, se entiende) en tales condiciones.
Pues bien: el Gobierno y el PSOE se esfuerzan por convencernos de que la reforma de la Constitución que los dos grandes partidos nacionales han pactado es el fruto de una situación de máximo peligro que así se pretende conjurar. Se trataría, por tanto, de la única manera de hacer frente al acoso incesante de unos mercados financieros cuya soberanía no se discute, sino que simplemente se teme y se acata. Sin embargo, niego la mayor: aun con reforma constitucional, si el BCE deja de adquirir deuda española volverá a crecer exponencialmente la prima de riesgo en relación con el bono alemán. Y lo mismo si Grecia, o Irlanda, o Portugal... o Italia incurren en suspensión de pagos (default), si empeora la situación económica norteamericana o si continúa incrementándose nuestra alarmante tasa de paro, entre otras eventualidades. Luego el problema no está donde, siguiendo acríticamente la doctrina Merkel-Sarkozy, se dice que está. No necesitamos, por consiguiente, una reforma constitucional que encorsete rígidamente nuestra capacidad de desarrollar políticas económicas anticíclicas. Además, si quisiéramos hacer eso nos bastaría con la modificación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y otras disposiciones infraconstitucionales (véase al respecto la STC 134/2011, de 20 de julio, que reconoce las sobradas competencias estatales para disciplinar el déficit autonómico y local). En cambio, lo que sí precisamos cada vez más es un gobierno económico europeo que unifique las políticas presupuestaria, fiscal y monetaria, incluida la relativa a la emisión de una deuda pública común a toda la UE. Para ello se requiere una reforma de los tratados, y puede que, antes de dar nuestro consentimiento a ella, una modificación de la Constitución que regule detalladamente este y otros aspectos de la participación española en el proceso de integración europea.
Aparte de lo anterior, el texto del nuevo artículo 135 de la Constitución merece reproches de orden político, técnico e institucional. Entre los primeros se hallaría la crítica de la previsión, verdaderamente tremenda, de que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública "gozará de prioridad absoluta", es decir, aunque no haya recursos para nada más. ¡Eso equivale a realizarse una ablación genital para preservar la castidad!
Entre los segundos estarían los que cabe dirigir a las referencias, ciertamente torpes e innecesarias, al establecimiento por la UE de los márgenes de déficit estructural y a la fijación en su Tratado de Funcionamiento (TFUE) del tope de deuda pública de los Estados miembros. No es únicamente que en el resto de los preceptos de la Constitución no se contenga ninguna otra mención del proyecto europeo, lo que a estas alturas resulta chocante, ni que la referencia al TFUE quedará obsoleta cuando esta norma cambie como consecuencia de la dinámica de modificación del derecho europeo originario, sino que tales referencias parecen dar la impresión de que renunciamos a nuestra facultad de retirarnos de la Unión si así nos conviniese. ¿Ya no somos un Estado soberano?
Finalmente, entre los reproches de carácter institucional debe figurar el relativo a la previsión, tomada de la Ley Fundamental alemana, de que la superación de los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrá tener lugar "en caso de catástrofes naturales, recesión económica o -nótese bien- situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados". Ello supone, inevitablemente, el enjuiciamiento por el Tribunal Constitucional de la concurrencia o no de dichas situaciones, con las presiones de altísimo voltaje que entonces es fácil imaginar sobre el supremo intérprete de la Constitución, llamado a intervenir en coyunturas traumáticas acerca de delicados asuntos de política económica. Créanme, no todo lo alemán es bueno.
*Maite Nolla Periodista Digital 6 Septiembre 2011
El PP hizo el mejor servicio a la libertad y a la igualdad recurriendo el Estatuto catalán.
Por algo decía Jordi Pujol que el Estatuto de Cataluña no era necesario. Él vivía en la alegalidad consentida y en la ilegalidad tolerada. En los 23 años de pujolismo se prefirió ir robando tierra al mar por la vía de los hechos y asegurar los diques. El estado de cosas se mantenía por un equilibrio basado en los apoyos parlamentarios, el complejo de la izquierda y la derecha, y una presión social que iba moviendo poco a poco la línea de lo normal.
Cualquier cosa antes que poner por escrito algo que pudiera obligar o comprometer. Todo era equívoco e interpretable en un sentido y su contrario.
Pero cuatro alunados que querían pasar a la historia, dos nacionalistas que pensaron que podían ganar las elecciones, y Zapatero, que vio en el Estatuto la forma de reinventar la transición al margen del PP, metieron la pata hasta el corvejón. Hicieron un pan como unas tortas. Vale que la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto es una componenda, pero la simple declaración de que ninguna lengua tiene carácter preferente lo cambia todo.
De repente, la imposición por la vía de los hechos es ilegal. ¿Por qué? Pues porque se empeñaron en ponerlo por escrito. Enhorabuena, genios. Y ello arrastra no sólo a la inmersión lingüística sino a cualquier cuestión que tenga que ver con la lengua: las multas por rotular en castellano, el uso de las lenguas por parte de los funcionarios o en los juzgados, o los reglamentos en ayuntamientos y diputaciones; vamos, todo, incluida una ley del aranés que es simplemente anormal. Pero todo eso se acabó; por haber querido aprobar el Estatuto y por haber querido aprobarlo para marginar al PP.
La reforma de facto de la Constitución que supuso el Estatuto no se podía hacer sin el PP y menos en su contra. Tampoco hace falta utilizar palabras muy gruesas, pero en el PP deben ser conscientes de que el mejor servicio que han hecho a la libertad y a la igualdad es haber presentado en su día el recurso contra el Estatuto. Y aquí tienen la prueba.
Cambio, que no alternancia.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 6 Septiembre 2011
¿ Por qué Rajoy se niega a pedir el adelanto electoral al máximo posible? Inexplicable, sobre todo si se tiene en cuenta que Zapatero sigue en su plan de colar como sea sus leyes demagógicas y de apoyo al candidato, como la del Impuesto sobre el patrimonio. No es que el adelanto de unos días sea esencial dada la situación de coma profundo de la economía, pero sí es una postura de firmeza y de transmitir la determinación del cambio a los ciudadanos. Cambio, es palabra que el PP esgrime en su propaganda electoral como arma de ataque ante el inmovilismo del PSOE.
Los plazos electorales legales son los que son, pero el que siga Zapatero en el Gobierno de España y aprovechando su cargo de interinidad para sacar “in articulo mortis” leyes como esa, o que desde otros Ministerios se continúe con el despilfarro y la subvenciones sectarias a organizaciones tan variopintas con asociaciones de gays, lesbianas, o mantener las “embajadas” de Cataluña, es totalmente inaceptable.
El Gobierno de Zapatero debe atenerse hasta el día de la disolución de las Cámaras a labores meramente burocráticas y sin contenido político. Puede que su actuación sea legal, pero carece absolutamente de legitimidad para ello. Zapatero usa su cargo de un modo sectario y consciente de la inutilidad real de las medidas que dicta en esta última etapa de su mandato. Pero nada parece detener a quien no le ha importado en sus dos legislaturas de desastroso gobierno llevar a España a la situación actual en la que su futuro va a quedar hipotecado por décadas.
Creo que Rajoy tiene el deber de impedir a Zapatero que siga por este rumbo, y cada día que siga en interinidad es un día perdido para España y el “cambio” que pretende hacer el PP. De hecho, lo que Rajoy debería plantear a Zapatero es la creación de un grupo de seguimiento compuesto por personas designadas de todos los partidos políticos con representación parlamentaria y que sean informadas de modo directo de cualquier asunto de trascendencia que el Gobierno de Zapatero piense aprobar en Consejo de Ministros o antes de la disolución de las Cámaras prevista para final de septiembre.
Si el PP quiere el cambio, no puede permitir que Zapatero siga actuando como si contase aún con el respaldo de los ciudadanos. Las propuestas del candidato Rubalcaba son demagógicas y quieren ocultar que su promotor ha estado durante los últimos ocho años cooperando al desastre en el que nos encontramos. Además, su posible o más que posible implicación en el caso Faisán, debe ser resaltada y puesta en evidencia ante un electorado desinformado por unos medios cómplices y sumisos con las tácticas de este Gobierno en la lucha contra ETA.
El cambio debe empezar por el propio PP y limpiar su casa. El cambio debe ser creíble y comenzar por generalizar las medidas en todas las CCAA y Alcaldías donde el PP ha obtenido o refrendado su Gobierno. No es admisible proponer el cambio cuando Gallardón sigue en el municipio de Madrid subiendo impuestos y endeudándose sin control. La última subida desmesurada e inaceptable del IBI es solo un ejemplo de los modos en que nada cambia si existe “un verso suelto” que hace caso omiso a la doctrina que predica su partido.
Es bueno el cambio. Es bueno el camino emprendido por Aguirre y Cospedal. Lo que no es bueno es quedarse en eso, en meros hechos aislados y no demostrar que el PP es un partido con un líder indiscutido y que sabe imponer sus fórmulas de cambio a sus compañeros de partido. Para convencer hay que actuar no basta con predicar, hay que dar trigo. Por ahora solo tenemos buenas palabras y eso no se diferencia de lo que proponía Zapatero en su día, ni lo que propone Rubalcaba. Palabras y promesas que solo se apoyan en el más absoluto vacío.
Queremos el cambio, pero para eso algo en el PP debe cambiar.
Daniel Perales www.vozbcn.com 6 Septiembre 2011
El bilingüismo y el respeto a la diferencia es la única esperanza para la supervivencia de una sociedad plural y diversa como la catalana, y la única vía para asegurar la cohesión social de todo el país. Si permitimos que el sistema político que debería basarse, para ser democrático, en la división de poderes, presione al sistema judicial para dejar de acatar las leyes que ningún ciudadano a título personal puede dejar de acatar aunque no le guste o favorezca, estaremos firmando la sentencia de muerte a una democracia maltrecha.
Es la hora de ser libres, la libertad empieza por el respeto a la diferencia y no por intentar hacer de la sociedad algo uniforme a la imagen y semejanza del visionario de turno. Y tenemos prisa, setenta años de intentos uniformadores del franquismo y del nacionalismo catalanista son demasiados. Ahora mismo en la escuela catalana el 10% de las horas se hacen en castellano, el 10% o más en inglés y el restante 80% aproximado en catalán.
Algunos profesores somos presionados para no utilizar el castellano ni siquiera en nuestras relaciones personales mientras estemos en la escuela, presionados para efectuar todas las reuniones de padres (colectivas o individuales) en catalán, aunque los padres nos hablen en castellano, presionados para intentar cambiar la forma de hablar de los niños en los patios, en sus actividades, en el comedor, en la ludoteca, en las excursiones…
¿No habremos dejado en nombre de supuestas buenas intenciones como la supervivencia de una lengua, que el fanantismo se haya apoderado de la educación para convertirlo en una parte fundamental, en la piedra angular del proyecto de ingeniería social necesario para caminar hacia la secesión? ¿No es de justicia que en una sociedad donde la mitad de la ciudadanía aproximadamente tiene como lengua materna el catalán y la otra mitad el castellano se eduque en la escuela en las dos lenguas? ¿No es una magnífica forma de educar en valores a nuestros alumnos decirles que las dos lenguas son igual de importantes?
Desliguemos la educación de la política y veremos que lo solidario, lo justo, lo equitativo, lo racional, lo legal, lo ético, lo pedagógico y en general, lo mejor para nuestros alumnos, es que en una sociedad bilingüe tengamos una escuela bilingüe.
Nacho Corredor http://www.vozbcn.com 6 Septiembre 2011
Basta con escuchar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), cuando se refiere a la reciente sentencia del mismo tribunal en relación a la inmersión lingüística, para saber que algo huele mal. Un día dice que, efectivamente, las sentencias solo afectan a casos concretos (como apuntaba el ministro de Justicia, Francisco Caamaño); y al día siguiente dice que se cargan (como aquél que hace una siesta de 20 minutos o reforma una Constitución en dos días) un modelo de inmersión lingüística alabado por la propia Unión Europea, envidiado por otros países con características similares a las de Cataluña y pactado por una amplia mayoría del Parlamento autonómico.
Lamentablemente, es evidente, una vez más, que no estamos ante una cuestión meramente judicial, sino ante un uso (cada vez más descarado) de la condición de la Justicia para hacer política.
Paradojas de la vida… y en un perfecto castellano.
Nací en Santander, vine por aquí a los seis años, y hablo un perfecto castellano. ¡Qué cosas! Y eso que he sido víctima de la famosa inmersión. Quizá, si no fuera por todos los periódicos, canales de televisión y libros que el mercado pone a mi disposición, mi castellano sería pésimo. Y quizá, si el sistema educativo obviara el contexto no favorable al uso del catalán, pese a que sorpresas como las del grupo de música Manel demuestran que la cultura catalana tiene mucho que hacer, pasaría lo mismo con el catalán. Sinceramente, no me preocupa. Y no me preocupa porque me han educado en un sistema cuyos resultados (y es a lo que hay que prestar atención) dicen que las competencias lingüísticas en ambas lenguas es similar. Paradojas de la vida.
¿Hacia un modelo que segregue?
Unas competencias (que no sé si buenas o malas) pero de características similares y un país, o una región como le gustaría remarcar a algún lector, cohesionado en las escuelas gracias a un elemento común denominador que, lejos de tener un trasfondo identitario, posee una de las mejores herramientas de cohesión e integración social del mundo. ¿O es que acaso queremos repetir situaciones como las del País Vasco? ¿O es que acaso queremos separar a las personas en función de la lengua que hablen? ¿O es que acaso queremos crear dos comunidades lingüísticas bien diferenciadas? ¿O es que acaso hay elementos para pensar que el actual modelo, bilingüe de facto, genera una sociedad fragmentada?
Las sentencias del Tribunal Supremo son una de las primeras consecuencias de la sentencia que ya hace más de un año dicto el Tribunal Constitucional en relación al Estatuto. ¿Acaso alguien cree que el TC es un tribunal independiente? ¿Acaso alguien cree que esta interpretación de la ley genera más soluciones que problemas?
En cualquier caso, paradójico es también que aquellos que, con la excusa del derecho a decidir la lengua en la que deben estudiar sus hijos, niegan el derecho a decidir de las personas, o el de las comunidades políticas, cuando se refiere al sistema institucional en el que quieren convivir. No es una cuestión meramente identitaria; se trata de garantizar una harmonía social y garantizar a su vez el conocimiento de las dos lenguas oficiales de Cataluña. Y, de momento, que yo sepa, se está garantizando. ¿O es que acaso hay quién no quiere que sea así?
Nacho Corredor es presidente del centro de reflexión DEBA-T
Y dale con la hidra de infinitas cabezas.
Nota del Editor 6 Septiembre 2011
Para conservar un virus, después de aislarlo, hay dos métodos, el primero consiste en congelarlo y conservarlo a temperaturas subcero y descongelarlo cuando sea necesario recuperarlo.
Pero si es Vd nazionalista, empleará el segundo método: lo inoculará a todo ser (humano a ser posible) viviente desprevenido que esté sometido a este terrorismo.
Si yo quisiera conservar alguna lengua regional, en caso alguno se me ocurriría inocularla en ser humano alguno, sino que, sin utilizar el dinero de los demás, recogería todo el material posible y lo guardaría en su correspondiente cajita (voz, visión, escritura, hasta olores y sabores), y todos tan contentos.
Bilingüismo, inoculación, pederastia lingüística, hidra de tantas cabezas como lenguas regionales y sus interconexiones.
Jesús Royo Arpón www.lavozlibre.com 6 Septiembre 2011
La utopía de esta última semana de verano -esto es un 'outlet' de utopías, rebajas final de temporada- tratará de las diez (?) lenguas hijas del latín. Son, por orden de cantidad de hablantes: español (500 millones), portugués (240), francés (200), italiano (62), rumano (23), catalán (10), sardo, occitano y romanche (4). Las cifras incluyen a los hablantes como primera y como segunda lengua. En francés, por ejemplo, los hablantes como segunda lengua son más (120) que como lengua materna (80). En total, más de mil millones. Lo que propongo es que haya un organismo común que fije y estimule una política lingüística coordinada.
Lo primero que hay que aclarar es si son lenguas diferentes, o variedades de la misma lengua. La entidad 'Ethnologue' fijó en un 85% de coincidencias léxicas la fronteras entre lengua y dialecto: es decir, si dos variedades lingüísticas coinciden en el 85% o más, no son lenguas diferentes. Pues según ese criterio, el catalán-occitano no es diferente del francés (85%), el italiano (87), el español (85) y el portugués (85). El italiano es semejante al francés (89), al catalán (85), al español (85) y al sardo (85). La mayor coincidencia se da entre portugués y español (89), y la menor entre español y rumano (71). El rumano y el romanche son los más divergentes, no llegan a un 80% de coincidencia con ninguna otra lengua latina. El sardo también se aparta de todas las lenguas, excepto del italiano. Conclusión: las lenguas latinas más habladas -español, portugués, francés, italiano, catalán- forman una constelación de parentesco grande, en el que cabe hablar de una “macrolengua” más que de lenguas totalmente independientes. Otras macrolenguas son el chino (1.200 millones de hablantes, 12 variedades ¡no comprensibles entre ellas!), el árabe (16 variedades, 220 millones), hindustaní (422 millones, el hindi con muchas variedades en India y el urdu en Pakistán).
¿Por qué razón las lenguas latinas no se han coordinado, por qué no han formado algo parecido a un trust, simplemente por la cuestión elemental y práctica de unificar criterios y facilitarse mutuamente la vida? Empezando por el nombre: mientras “chino” se aplica a doce lenguas y “árabe” a dieciséis, no existe un término para las lenguas latinas. ¿Latín? No, designa solo al latín clásico, la lengua muerta de uso litúrgico en la Iglesia y académico en la Universidad hasta hace siglo y medio. Propongo adoptar “romance”, que designaría a la macrolengua de lenguas neolatinas. El español es “un” romance. Los italianos y los franceses hablan romance, aunque no hablen del todo igual. Debería haber una Academia del Romance, o Románica, que coordinara a las (poco) diversas lenguas romances.
Pero volviendo a la pregunta, por qué nadie se lo ha planteado: muy fácil, por política nacionalista. El sujeto político, las naciones, utilizan la lengua como frontera. En consecuencia, la lengua se usa no para comunicarse, o sea unirse, sino para diferenciarse frente a los otros sujetos políticos. Las diversas Academias son “soberanas” e “independientes”, y su función no es utilitaria, sino sobre todo normativa, al servicio de la construcción nacional. En nacionalismo ha conformado incluso la teoría de la enseñanza de las lenguas: al tratarse de sistemas independientes, hay que aprenderlas desde cero, “como hacen los niños”. Nunca traducir. Qué error: el niño aprende a hablar al mismo tiempo que aprende su lengua. Pero el adulto ya sabe hablar, su lengua y quizá otras, cuando aprende una lengua nueva, y se aprende lo desconocido a través de lo conocido. Es decir, traduciendo: evidente. Pongamos el gallego, que muchos consideran lengua “independiente”. Se parece al castellano en un 95%. Si quiero aprender gallego, ¿debo empezar de cero, olvidar ese 95% común, o dedicarme e aprender el 5% que me falta?
Pero aún hay más. Los dialectos de una lengua no se aprenden a hablar, se aprenden a entender. Si yo no entiendo el baturro, o el cubano, debo aprender a entenderlos, pero nadie me va a pedir que hable en baturro o en cubano. Si eso lo aplicamos a las lenguas romances, normalmente el esfuerzo de aprenderlas debería ser solo para entender la lengua hermana , no para hablarla. O sea, debería ser normal que italianos y españoles se entendiesen hablando cada uno en su lengua. Eso exigiría unos programas didácticos y unas rutinas sociales que ahora no existen. Tras diez años de inglés en la escuela, los alumnos no saben inglés. Si la mitad de esa energía se dedicara a las lenguas romances, la comunicación entre “romancehablantes” sería total. Les aseguro que, desde el español, el italiano “pasivo” es perfectamente accesible en un mes. Y el portugués, menos aún. Algo más el francés, pongamos un año. Pero el resultado sería espléndido: una comunidad comunicativa de más de mil millones de hablantes.
El fallo del TSJC, un éxito de Convivencia Cívica Catalana
La asociación gana la batalla legal a la Generalitat de Cataluña
PEPE GIMÉNEZ www.lavozlibre.com 6 Septiembre 2011
Madrid.- Los héroes de la historia de hoy son los tres padres que decidieron acabar con el trato discriminatorio que recibían sus hijos en el colegio hace cinco años. Los chavales vivían en Cataluña y sus edades oscilaban entre los tres años y los diecisiete. En la escuela todas las asignaturas eran impartidas en catalán, excepto la asignatura de Lengua Castellana. Esa situación representaba un agravio comparativo importante, ya que sus hijos tenían una dificultad añadida al aprendizaje que los hijos de las familias catalanoparlantes no tenían. Además, los padres no podían compensar el trato excluyente, ya que ni siquiera podían ayudarles a hacer los deberes, puesto que los libros de texto también estaban escritos en la lengua local. Muchos años han pasado desde entonces y la situación es hoy peor, ya que las horas de enseñanza de la asignatura de Lengua Castellana se han reducido drásticamente.
Los protagonistas de este relato se quejaron a los colegios, sin conseguir ningún resultado. Es habitual en Cataluña que al pedir igualdad de trato para los hijos, te llamen ‘facha’. Pero los valientes progenitores no se dejaron atemorizar y se pusieron en contacto con la asociación Convivencia Cívica Catalana (CCC) para que les ayudase a dar la batalla legal. Primero pidieron a la Generalidad que reconociera el derecho de sus hijos a ser escolarizados parcialmente en castellano, sin ningún resultado. Recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), pero éste rechazó el recurso. Acto seguido, reclamaron sus derechos ante el Tribunal Supremo (TS), que finalmente el pasado mes de diciembre les dio la razón y exigió a la Generalitat que estableciese los mecanismos necesarios para garantizar un sistema educativo bilingüe. Pero no acaba aquí la odisea.
Irene Rigau, la consejera de Educación, interpreta las sentencias del TS de una forma curiosa. Considera que sólo afecta a los padres que interpusieron el recurso. Defiende que es la Generalitat la que debe establecer la proporción entre el uso del castellano y el catalán como lenguas vehiculares en la escuela, y que va a seguir siendo el catalán la exclusiva lengua vehicular en la escuela.
Tras la desobediencia de la mandataria, los padres han vuelto a recurrir al TSJC para conseguir una educación bilingüe para sus hijos. Esta vez el TSJC ha dado la razón a las familias. Además, da un plazo de dos meses a la Generalidad para llevar a cabo las reformas necesarias. La consejera ha anunciado que presentará un recurso contra el auto del Tribunal.
El abogado de CCC, Ángel Escolano, ha declarado que si Irene Rigau no cumple estos autos, presentarán una querella criminal contra ella por prevaricación y por desobediencia a los tribunales. Lo que podría suponer la inhabilitación para cargo público. La responsable de educación ha contestado: “Si he de salir de la política por el tema de la lengua, evidentemente, saldré, porque entré por este tema”.
Las reacciones de los políticos a la sentencia del TSJC no se han hecho esperar. Por supuesto todos los nacionalistas se han llevado las manos a la cabeza. Para ellos es inadmisible que no les dejen imponer el catalán. Quico Sallés, periodista nacionalista, ha llegado a afirmar “estamos en estado de guerra. Quien pacte con nuestros enemigos [PP] será considerado un traidor; quien resista, un héroe. Si quieren guerra, la tendrán”.
Por su parte, la ministra de Defensa, Carme Chacón, ha defendido el actual sistema educativo catalán, mientras que la responsable del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, ha afirmado que “si Mas no cumple la sentencia del catalán, actuaremos con firmeza”, insinuando que romperán el pacto de gobierno que tienen con CIU en la Generalitat.
Ana Mato presenta «Empieza el cambio» lema de la campaña para las elecciones
El PP apuesta por compaginar catalán y castellano al mismo nivel
La vicesecretaria general de Organización del PP, Ana Mato, apostó hoy por compaginar la enseñanza del catalán y el castellano "al tiempo" en el sistema educativo de Cataluña, especialmente tras la sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a que el español sea lengua vehicular.
Madrid - Servimedia/Efe La Razón 6 Septiembre 2011
Mato declaró en rueda de prensa que esta fórmula "no creo que sea incompatible" y criticó que desde la Generalitat se esté planteando un debate que pasa por incumplir las resoluciones de los tribunales.
A su juicio, las sentencias "no están para ser interpretadas" conforme a los intereses políticos de cada formación política, sino que están "para cumplirse".
Por eso, defendió la vigencia del catalán como la "máxima" lengua de Cataluña pero indicó que "también el castellano" debe tener esa consideración. "Las dos cosas al tiempo, no creo que sea incompatible", sentenció.
En cuanto a las elecciones del 20 de noviembre, la dirección nacional del Partido Popular anunció hoy que las listas electorales con las que Mariano Rajoy se presentará a las generales estarán marcadas por la "continuidad" de los candidatos, ya que considera que los actuales grupos parlamentarios han trabajado "muy bien" en esta legislatura.
Así lo anunció en rueda de prensa la vicesecretaria general de Organización del PP, Ana Mato, quien presentó el lema "Empieza el cambio", que los populares piensan utilizar durante toda la precampaña.
Mato garantizó que "habrá continuidad en las listas" al Congreso de los Diputados y al Senado, aunque señaló que todavía no se ha empezado a trabajar en las candidaturas y no se piensa hacer hasta el mes que viene, ya que tienen margen hasta el 17 de octubre.
Asimismo, rechazó la idea del candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, de no incluir a alcaldes en las listas para las elecciones generales e indicó que la formación que lidera Mariano Rajoy nombrará como candidatos "a los mejores".
Mato explicó que la legislación vigente "no prohibe que los alcaldes sean parlamentarios" ni en el Congreso de los Diputados ni en el Senado ni en los parlamentos regionales.
Por eso, criticó que en Andalucía el PSOE haya "roto las reglas de juego" y haya realizado "algunas cacicadas" para modificar la ley por iniciativa e impedir que los alcaldes puedan concurrir a las elecciones autonómicas previstas para el año que viene.
Mato interpretó que Rubalcaba ahora sigue el mismo ejemplo en sus listas electorales, aunque la ley no prohíba contar con alcaldes en las candidaturas al Congreso y al Senado, quizá porque "como tiene tantas fugas, ningún alcalde quiera ir en las listas" de Rubalcaba para las generales.
"Nosotros vamos a presentar a los mejores y garantizo que todos los candidatos del PP se dedicarán en exclusiva a defender los intereses de los ciudadanos y que en España se vuelva a crear empleo", dijo.
Mato tuvo que responder, a preguntas de un periodista, si piensa ser la 'número dos' de Mariano Rajoy en la lista al Congreso por Madrid, al estilo de Elena Valenciano en la candidatura de Rubalcaba.
Alegó que no le importa el lugar que ocupe en la lista de Rajoy porque lo importante es el "equipo" y seguir trabajando en su equipo para llevar la alternativa del PP al conjunto de los españoles. "Seré suficientemente feliz vaya en el puesto que vaya", apostilló.
La dirigente popular se refirió también a la participación del ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y actual presidente de Caja Madrid en los actos que el PP va a celebrar antes de la campaña, como el foro por la economía y el empleo que tendrá lugar este fin de semana en Canarias.
Señaló que Rato "es un militante de nuestro partido desde hace montones de años" y por lo tanto considera lógico que participe, ya que es un "experto" en materia económica. Por eso, anunció que tanto él como otras personas próximas al partido colaborarán con la campaña de Mariano Rajoy.
Mato también, se ha referido a esta iniciativa del presidente asturiano, alentada por, han dicho dirigentes de Foro Asturias, la aceptación que dicha formación tiene entre los madrileños que veranean en el Principado y los asturianos empadronados en la capital.
Fuentes del PP han señalado que no creen que la irrupción de Cascos en las elecciones, con una lista propia por Madrid, e independientemente de la entidad de quien sea su número uno, les reste votos y escaños, pues si hay un partido ahora que tiende a crecer de forma inexorable, ése es el Partido Popular.
Inciden estas mismas fuentes en que conseguir un escaño por Madrid ahora mismo resulta "muy caro" por la polarización del electorado.
Aun así, Mato ha destacado que el PP trabajará para aunar a todos los ciudadanos y que, por esa misma razón, estará abierto a negociar con otros partidos posibles alianzas electorales, como con UPN en Navarra o el PAR en Aragón.
La base de la negociación será siempre, y en todo caso, ha recalcado Mato, el programa electoral de los populares.
Con el partido con el que de momento el PP no se plantea hablar es con el FAC de Cascos. Tampoco, ha puntualizado, ha habido conversaciones a instancias de los regionalistas del exministro.
La vicesecretaria de Organización ha asegurado al respecto que es "extravagante que un partido regionalista creado para defender los intereses de los asturianos se presente por Madrid".
Tras considerar "incomprensible" la actitud del actual presidente del Principado cuando se propuso darse de baja del PP para montar un nuevo partido, Mato ha añadido que el único que puede garantizar un mejor futuro de los españoles es el partido de Mariano Rajoy, y no otros del mismo espectro político.
El PP se pasa por el arco de triunfo la C.E.
Cada vez que un inútil del PP suelta alguna gilipollez anticonstitucional me sube la adrenalina y tienen suerte de no estar en mis cercanías.
Esta mañana, el tal G. Pons, elemento importante en la estructura del PP (¿ querrá decir Partido Podrido ?) soltaba el disparate de que las lenguas regionales
y el español deben estar en condiciones de igualdad, como si la C.E. no estableciese claramente el deber de conocer el español y no las lenguas regionales.
Por eso, de igualdad, nada, y por mucho que repitan el disparate, no dejaremos de recordarles que son un atajo de inútiles que solo buscan vivir como
profesionales de la política por encima de la C.E., del sentido común y de cualquier principio ético.
Ángel Escolano, abogado de Convivencia Cívica: “Tendrán que cumplir. No les queda otra”
“Una vez ha dicho el Supremo que la norma se interpreta de una manera concreta, la Administración debe aplicarla como dicen los tribunales. [...] Si Rigau no cumple será una desobediencia a los tribunales, de manual, y encaja en el artículo 410 del Código Penal, lo que supone una inhabilitación para cargo público y para empleo público, que es funcionaria”.
Daniel Tercero http://www.vozbcn.com 6 Septiembre 2011
El abogado, Ángel Escolano, y el presidente de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, entidad que ha representado a los padres de las últimas sentencias del Supremo que pedían el cumplimiento de la ley (foto: LVdB).
La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 1994 dejó establecido que ni los padres ni la Administración autonómica pueden eliminar una de las dos lenguas oficiales de Cataluña, español y catalán, de las escuelas. Ni los padres pueden escoger la lengua de escolarización para sus hijos ni la Generalidad puede eliminar el español como lengua vehicular. La Administración autonómica nunca ha aplicado la sentencia, nunca ha puesto en marcha el bilingüismo escolar.
Desde entonces -y ya antes-, distintas entidades cívicas han acudido a los tribunales para que la Consejería de Enseñanza cumpla con la ley. Las últimas sentencias del Tribunal Supremo han recordado a la Generalidad que lleva incumpliendo las normas en materia lingüística. La sentencia del TC sobre el Estatuto de Autonomía de 2006, hecha pública en 2010, ha supuesto la puntilla para los dirigentes políticos que insisten en no aplicar el bilingüismo escolar o conjunción lingüística que ordenan los tribunales.
Convivencia Cívica Catalana (CCC) es la entidad responsable de las últimas sentencias del Supremo, y de la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que acota y da un plazo, dos meses, a la Generalidad para que aplique el modelo lingüístico legal en las escuelas. Francisco Caja es profesor de Filosofía en la Universidad de Barcelona, licenciado en Derecho y presidente de CCC. Ángel Escolano es uno de los abogados de la entidad, responsable del tema legal y, sorprendentemente, joven -apenas 26 años-. Hemos charlado con ellos de lo que puede ocurrir si la Administración autonómica no aplica la ley en noviembre.
¿Son generalizables las sentencias del Supremo?
Ángel Escolano: Son generalizables. La Administración está obligada a aplicarlas. Si no las aplican estarán prevaricando.
¿Y por qué la consejera de Enseñanza y la Generalidad dicen que no?
E: Así lo dice la ley… en el derecho administrativo, la Administración está obligada por las sentencias. Es decir, una vez ha dicho el Supremo que la norma se interpreta de una manera concreta, la Administración debe aplicarla como dicen los tribunales.
¿Y si la Consejería de Enseñanza no cumple con la ley?
E: Tenemos dos posibilidades diferentes. Si Irene Rigau [consejera de Enseñanza] no cumple será una desobediencia a los tribunales, de manual, y encaja en el artículo 410 del Código Penal, lo que supone una inhabilitación para cargo público y para empleo público, que es funcionaria. Y entiendo que si el Gobierno autonómico no rectifica y continúa sin aplicar la ley estará prevaricando, porque a sabiendas de que la Justicia ha dicho que deben aplicar una norma no la aplican.
¿A cuántas sentencias del Supremo se refiere la interlocutoria del TSJC?
Francisco Caja: A dos… pero vendrán más.
C: Tres más, inmediatamente, en las que el Supremo dirá lo mismo. Pero hay más de 500 instancias en la Consjería de Enseñanza, que en el momento en que les nieguen el bilingüismo escolar se convertirán en más de 500 demandas judiciales.
E: Para estas no habrá sentencias del Supremo porque el TSJC las estimará, lógicamente. Y lo hará positivamente. Y suma y sigue…
¿Hay más padres de esos más de 500 que ya han solicitado el bilingüismo en la escuela?
C: Hay más pero llegarán aún más, porque las vacaciones ha detenido el flujo de peticiones.
La Generalidad ha dicho que en dos meses no se puede cambiar el sistema de inmersión lingüística obligatoria que lleva casi 30 años aplicándose…
C: ¿Por qué no? ¿Qué dificultades hay? Si no sabe, que nos contrate y nosotros lo hacemos en dos meses y medio…
E: En menos, en una semana…
C: Solo tiene que dictar una resolución que regula la enseñanza que se aprueba cada año. El problema sería si fuera un bilingüismo entre el español y el inglés o entre el catalán y el inglés, porque no habría profesores [que supieran inglés], pero supongo que todos los profesores saben español, ¿no?
Un argumento de la Consejería de Enseñanza, para defender la legalidad de la inmersión lingüística obligatoria, es que la Ley de Educación de Cataluña (LEC) y el Estatuto de Autonomía determinan que el catalán debe ser la única lengua vehicular en las escuelas…
C: No. Hay una sentencia del TC [sobre el Estatuto de Autonomía de 2006, dictada en 2010] que dice que no. El Estatuto debe ser interpretado según la Constitución, es decir, no se puede exlcuir el uso del español. No hay mucha vuelta que buscar.
¿La LEC queda derogada, entonces?
E: No, hay que intrepretarla tal cual lo ha dejado escrito el TC. Cuando la LEC dice que el catalán es la única lengua vehicular se debe interpretar que es sin la exclusión del español. Derecho constitucional… es así.
Se habla de la sentencia del TC de 1994 que, según los defensores de la inmersión lingüística obligatoria, avala el modelo lingüístico de la Generalidad…
C: Mentira.
C: Porque la inmersión lingüística obligatoria excluye el uso del español como lengua vehicular, y la sentencia del TC de 1994 dice, explícitamente, que eso es inconstitucional. Lo dice explícitamente.
¿Qué hará Convivencia Cívica Catalana si en noviembre la Generalidad no cumple con las sentencias del Supremo?
C: Si en dos meses no se adoptan las medidas oportunas, para adaptar el sistema de enseñanza, el artículo 112 de la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa es muy claro: multa [de hasta 1.500 euros] por cada día que incumpla la ley y se le exige responsabilidades penales. Pero será el fiscal el que requiera a la consejera de Enseñanza, la ley le obliga al fiscal.
¿Estará obligado el TSJC a…?
E: Sí… en otros casos parecidos, el TSJC está un par de meses poniendo la multa cada día y después actúa la Fiscalía.
C: Pero hay otra cosa muy importante que no dice la Generalidad. Muy bien, Rigau dimite y el señor [Artur] Mas [presidente autonómico], u otro consejero, asume el cargo y las competencias. El artículo 108 dice: ‘Si la sentencia condenare a la Administración a realizar una determinada actividad o a dictar un acto, el Juez o Tribunal podrá, en caso de incumplimiento: a) Ejecutar la sentencia a través de sus propios medios o requiriendo la colaboración de las autoridades y agentes de la Administración condenada o, en su defecto, de otras Administraciones públicas, con observancia de los procedimientos establecidos al efecto’. Es decir, la sala suple y se constituye en Consejería de Enseñanza, a estos efectos.
¿Y de todo esto qué dice la Alta Inspección de Educación, dependiente del Gobierno?
C: Ni sabe ni contesta, pero en diez o doce días dirá algo. Tendrá que contestar, necesariamente.
C: Vamos a desembarcar con un carrito con seis cajas de documentos judiciales en los que se acredita inequívocamente la vulneración de los derechos lingüísticos de los ciudadanos de Cataluña. Esto es competencia de la Alta Inspección. Lógicamente, el ministro tendrá que intervenir porque sino cometerá también un delito de prevaricación. Si en tres meses no abre un expediente a la Generalidad habrá cometido prevaricación…
E: Y abrimos la puerta, otra vez, del Supremo. La competencia del ministro va directa al Supremo.
¿Y si la Consejería solo aplica las sentencias del Supremo a los padres del caso concreto?
C: Las sentencias del Supremo y el auto del TSJC son muy claritos. Se adopten cuantas medidas sean precisas para que el castellano también sea lengua vehicular. Es muy claro. Y a los niños no se les puede separar por lengua. Los fallos del Supremo son tan contundentes que se ha de cambiar el modelo escolar. El sistema de inmersión lingüística obligatoria es contrario al espíritu y a la letra de la Constitución, es un problema de orden público. No se puede tolerar que el régimen lingüístico en las escuelas vulnere derechos y libertades fundamentales. Esto es lo que no entiende el señor ministro de Educación. Los ciudadanos tienen derecho a utilizar el español.
¿Qué dirían a los padres que están en contra del bilingüismo y, por lo tanto, a favor de la exclusión del español en las escuelas de Cataluña por considerar que estas sentencias son un ataque al catalán?
E: Viven en otra realidad que no es la de Cataluña.
C: Les diría que no se crean a los políticos ni a los propagandistas del régimen nacionalista…
E: Sí. Es otra realidad. Este fin de semana, por ejemplo, Joan Herrera (ICV-EUiA) hablaba en una ciudad del cinturón de Barcelona asegurando que no quería dos ciudades, una en español y otra en catalán, en referencia a las sentencias… Este señor, o no sabe leer o es un manipulador. Las sentencias son muy claras, solo una… una escuela en dos idiomas.
¿La inmersión lingüística obligatoria que se ha aplicado en Cataluña, hasta ahora, es como el sistema escolar que se aplica en el Quebec (Canadá)?
C: No, claro. Para nada. En el Quebec empezó como una experiencia en un colegio privado. Los niños con el inglés como lengua materna, voluntariamente, eran inmersionados en francés los tres primeros años. A partir de este tercer año se introducía el inglés, junto al francés, al 50%. Después, este sistema, se generalizó en las escuelas públicas. Al poco, desde 1982, una reforma legal garantiza en toda Canadá, no solo en el Quebec, que cualquier alumno tiene derecho a educarse también en francés -si son un mínimo de alumnos-. Tienen un bilingüismo perfecto. En Canadá tienen un Ministerio de Bilingüismo. Su ministra vino a Cataluña y empezó a hacer declaraciones… salió escopeteada. A mí me parece muy bien que en cualquier parte de España los niños mantengan su lengua materna, entre las oficiales. Es razonable. Pero aquí, en Cataluña, esto no se quiere porque quieren excluir el español de las escuelas. Lo consideran un virus.
Pero, ¿por qué pasa esto último? ¿Qué fin político tiene esto?
E: Muy claro, diferenciar Cataluña del resto de España… La inmersión lingüística obligatoria es una herramienta política.
C: Fíjate con el nombre. La inmersión lingüística, técnicamente, es un procedimiento para el aprendizaje de una segunda lengua, además de la materna. Este es el nombre técnico en todos los manuales. Pero en Cataluña es un fraude porque los únicos que son inmersionados son los castellanoparlantes pero no los catalanoparlantes, que reciben la enseñanza en su lengua materna. A los políticos nacionalistas les gusta la palabra inmersión porque tiene connotaciones bíblicas… como si los castellanoparlantes, o los charnegos, pudieran lavar su pecado original inmersionándose…
Volvamos a la Consejería de Enseñanza. ¿Qué creen que va a ocurrir? ¿Cumplirán las sentencias?
C: Solo queremos que los niños tengan los mismos derechos. Y eso solo puede darse si existe el bilingüismo en las escuelas. Nuestras demandas se basan en la libertad lingüística y en ajustarlas a la ley, y los tribunales han dejado claro que debe ser un bilingüismo forzoso. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 337, dice una cosa muy importante: el niño debe vivir el bilingüismo como un hecho positivo; este es el asunto fundamental. Es muy diferente que una de las dos lenguas sea considerada como una lengua extranjera y que los niños vivan en el aula el bilingüismo como un hecho positivo. No nos fiamos del PP y del PSOE, visto el pasado, porque han hecho dejación de sus obligaciones, además, de una manera sangrante, como lo de 1998, cuando el PP permitió y no recurrió la ley de normalización lingüística de CiU…
Pero, ¿la Generalidad cumplirá? No me han respondido…
E: Tensarán la cuerda al máximo… pero tendrán que cumplir. No les queda otra. Se bajarán del burro…
C: Es muy importante que la sociedad catalana presione y arrime el hombro. Y que el Gobierno no defraude ni negocie sobre los derechos fundamentales de la Constitución.
‘”Pobres hijitos míos, quieren separarlos por la lengua… ¡No lo permitiremos!” [...] La principal actividad del nacionalismo catalán ha consistido, precisamente, en separar a los niños y a los adultos de su lengua; siempre y cuando esa lengua sea el castellano’
Redacción http://www.vozbcn.com 6 Septiembre 2011
Arcadi Espada, periodista y profesor universitario, este martes en un artículo en El Mundo:
‘De joven yo también era sensible al argumento de los pobres niños castellanos que iban a ser separados por la lengua, y que verían paralizado su ascenso social. ¡Así iban a a quedarse siempre: pobres y castellanos! Era el argumento principal de los nacionalistas de izquierda y el más eficaz: enseguida los pobres castellanos pedían el catalán, a fin de hacerse ricos. La verdad es que el argumento tenía base empírica: durante el franquismo todos los ricos interesantes hablaban en catalán. Los nacionalistas, ahora también los de derechas, siguen con el argumento. Cada vez que ven la inmersión amenazada lanzan unos gritos desgarradores: “Pobres hijitos míos, quieren separarlos por la lengua… ¡No lo permitiremos!”. [...] La principal actividad del nacionalismo catalán ha consistido, precisamente, en separar a los niños y a los adultos de su lengua; siempre y cuando, demás está decirlo, esa lengua sea el castellano. La expresión escolar de tal actividad principal ha sido la inmersión lingüística, cuya legalidad impugnan ahora las últimas resoluciones judiciales.
El catalán se ha hecho fuerte en la escuela, en la televisión y en la sociedad institucional: rige un monolingüismo práctico. Desde esos tres ámbitos cardinales de la nación (en realidad la nación misma) el mensaje que se lanza es nítido: “Si hay castellano en Cataluña, no será por nosotros”. Basta sustituir la palabra castellano por la palabra España para tener una idea ampliada y precisa del conjunto de la situación. Es lógico que los partidos contrarios a esta independencia fáctica reaccionen y hayan obligado al sistema constitucional a pronunciarse.
La cuestión nada tiene que ver con problemas técnicos. Acabar con la inmersión no supone separar a los escolares por las lenguas, entre otras muchas razones, porque lo que debe separarse son las materias: tantas en castellano y tantas en catalán. Y también la Generalitat tiene razón cuando afirma que, con el sistema actual, los escolares acaban su formación con un conocimiento similar de las dos lenguas. No. La cuestión es simbólica. [...] La cuestión es si puede separarse a alguien de su lengua cuando la lengua es la oficial del Estado donde el alguien nace, muere y paga’.
El secretario general de la Presidencia de la Generalidad y portavoz del Gobierno autonómico, Francesc Homs, ha mostrado este martes su sorpresa por el hecho de que el Tribunal Constitucional no haya avalado nunca la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán.
Desacato intolerable
Editorial www.gaceta.es 6 Septiembre 2011
Los nacionalistas catalanes tienen una muy amplia capacidad para convertir cuanto no les gusta en una agresión, en un imaginario choque de trenes.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado la razón a una serie de familias que recurrieron a la Justicia frente al hecho de que las autoridades educativas les negasen su derecho a escolarizar a sus hijos en español, en un auto que establece con claridad lo que sólo alguien muy ofuscado por los prejuicios puede negar: que cualquier español que resida en Cataluña tiene derecho a ser educado en la que considere su lengua materna, sea el español, la lengua común que todos tenemos el derecho de utilizar y el deber de conocer, según establece la Constitución, o el catalán, que es la lengua propia de esa comunidad autónoma. Este derecho esencial, cuyo respeto debiera ser una exigencia elemental de cualquier autoridad en una democracia, no puede ser pisoteado invocando razones puramente políticas o aludiendo al respeto debido a la lengua catalana, que nadie pone en duda.
Los nacionalistas catalanes, con la impagable ayuda de los socialistas, han establecido un sistema que impone la inmersión lingüística como norma general; pues bien, independientemente de lo que se piense de dicho sistema, lo que establece el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es que los alumnos que así lo desearen siguen teniendo el derecho a ser escolarizados en su propia lengua, de manera que no se puede imponer por razones puramente políticas o administrativas una lengua distinta a la que el alumno y sus padres prefieran, puesto que tienen un derecho previo a cualquier ley o estatuto a ser educado en la lengua de su elección, especialmente cuando esa lengua en la que exigen ser educados es la lengua común de todos los españoles y que, además, goza de plena vigencia y poderío en la sociedad catalana que acepta y usa el bilingüismo de manera completamente natural como, por lo demás, se viene haciendo desde época inmemorial.
Los nacionalistas catalanes tienen una muy amplia capacidad para convertir cuanto no les gusta en una agresión, en un imaginario choque de trenes. Dice mucho de su ideología que consideren una agresión la defensa de un derecho tan esencial como es el que nos ocupa. Los nacionalistas catalanes, y sus comparsas, aunque sean ministros de Defensa, tienen que respetar los derechos y tienen que cumplir las leyes como todo el mundo y, en caso de duda, someterse a los tribunales y acatar lo que estos establecen de manera incuestionable. El auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es particularmente claro y sólo quienes estén moralmente ciegos por su totalitarismo cultural y político pueden ver en él una agresión a los derechos de nadie.
Por más que lo puedan desear, el nacionalismo no puede ser una patente de corso para hacer lo que les plazca con el Estado de derecho, con la ley y con los derechos de quienes no forman parte de su comunidad imaginaria, del paraíso nacionalista en sus formas más puras. La libertad, decía Hayek, consiste en que pueda haber quienes hagan cosas que no nos gusten, y la libertad consiste en Cataluña en que quienes lo deseen puedan ser educados en la lengua materna de su elección, también cuando ésta sea el español, por mucho que les moleste a los nacionalistas catalanes.
Los que se han mostrado supuestamente tan respetuosos del consenso constitucional para rechazar la reforma reciente de la Constitución no debieran ignorar que el consenso más básico de cualquier democracia debe ser siempre el respeto a la ley y el acatamiento de las sentencias firmes. Está claro que los nacionalistas catalanes, y sus comparsas, creen que pueden sermonear a todo el mundo con una supuesta superioridad política y consideran un abuso intolerable que ellos tengan que cumplir con las exigencias básicas de cualquier democracia.
El líder del PP, en contraste llamativo con el silencio aquiescente y cobardía de los socialistas, ha advertido a Mas de lo dramático que resultaría que la Generalidad se aprestase a aplicar a la sentencia cualquier disculpa que llevase a su incumplimiento. Es admisible que recurran, aunque seguramente volverán a perder, pero sería intolerable que no cumpliesen desde ya mismo las exigencias que se derivan de los derechos vulnerados a esas familias que han acudido al amparo de los tribunales de Justicia, lo que permite ver lo importante que es que estos conserven plena independencia y que no hayan caído bajo las garras insaciables del poder político de los nacionalistas. Cuando no se acata una sentencia se liquida el Estado de derecho, y cuando se pretende liquidar el Estado de derecho, los poderes constitucionales deben salir en su defensa haciendo uso de los abundantes recursos de los que les provee la Constitución para evitar excesos tan caprichosos como totalitarios y fuera de cualquier razón.
El Estado de derecho debería ser una preocupación conjunta de todas las fuerzas políticas: desgraciadamente no lo es, porque absurdos y equívocos intereses electorales ayudan a los partidos a mirar para otra parte cuando creen que no les conviene. Es hora ya de que asumamos que el respeto a la ley no sólo es una exigencia ineludible de la democracia, sino una clave maestra de la credibilidad de nuestra economía, de nuestra supervivencia. Es de esperar que las palabras de Rajoy no se queden en nada si, cosa que sería funesta, los nacionalistas catalanes llevan a efecto sus baladronadas e incumplen la sentencia. El desacato, de mantenerse, le podría suponer al presidente de la Generalitat seis años de inhabilitación.
Desmigando ‘Mas’ el Estado de derecho
Los inquilinos de los despachos han cambiado pero no lo ha hecho su desacato a la ley.
Pablo Yáñez Periodista Digital 6 Septiembre 2011
Los dos autos del TSJC que conocíamos el pasado viernes, y que establecen un plazo de dos meses para que la Generalitat de Cataluña adapte el sistema educativo al bilingüismo que establece la sentencia del TC, pesan en el entorno nacionalista como lo que son, un ultimátum que pone fin a la huida hacia adelante empezada por Montilla y asumida como dogma por el presidente Mas.
Cuando el TC estableció el pasado verano en su sentencia sobre el Estatut la necesidad de que el castellano también fuese lengua vehicular en la educación pública, se lanzaron los primeros gritos que en nombre de la defensa del catalán llamaban a la desobediencia a la propia sentencia judicial.
Y, sorprendentemente, estos llamamientos a la insumisión no procedían como tiempo atrás de las barricadas, sino que llegaban desde el despacho y el coche oficial, provenientes de las corbatas de los representantes políticos que en muchos casos ejercían de representantes del propio Estado de derecho en esta comunidad, encabezados por el presidente Montilla.
El cambio de Gobierno del pasado mes de noviembre en Cataluña no hacía presagiar un cambio en el pulso contra la legalidad de sus dirigentes, que en esta ocasión con las siglas de CiU dejaban claro desde el principio que sus postulados nacionalistas los colocaban por encima de cualquier otro ciudadano corriente cumplidor con la Ley.
El cerco se ha ido estrechando y la respuesta de los “insumisos” se ha mantenido firme. Ante el Constitucional, ante el Supremo y ante el TSJC la cantinela ha sido la misma. La cruzada contra la lengua oficial del Estado es sagrada en el programa de quienes anhelan una cruzada mayor contra el propio Estado.
El anterior Gobierno socialista ya ignoró, en los meses en los que convivió con ella desde el poder, la sentencia del Alto Tribunal. De esta manera, las subvenciones en las que se discriminaba el empleo del castellano y se remarcaba el “sólo en catalán” siguieron adelante. Al igual que las multas a los empresarios que rotulaban en castellano o las barreras lingüísticas en la sanidad y la educación creadas por la exigencia del nivel C de catalán en la Administración.
La Asociación Nacional por la Libertad Lingüística que presido remitió el pasado 5 de octubre de 2010 un informe a la Fiscalía General del Estado enumerando las acciones del Gobierno tripartito contrarias a la sentencia del Constitucional, a la vez que solicitábamos que se estudiasen los presuntos delitos de prevaricación y desobediencia en los que incurría Montilla como presidente al frente de la insumisión.
Una Fiscalía politizada, al servicio como tantas otras veces del proyecto suicida de Zapatero, desestimó nuestra petición y trasladó al nacionalismo un mensaje tranquilizador: “Incumplir la Ley y las sentencias judiciales en nombre del amiguismo de Zapatero y bajo su complicidad, resultará impune”.
Mensaje en el que, junto al chantaje continuo que le permite su sobrerrepresentación parlamentaria en Madrid, se ha apoyado Artur Mas desde su primer día en el Gobierno de Cataluña. Un Gobierno continuista del de Montilla en la construcción artificial de un entorno monolingüe en catalán para una sociedad bilingüe que demuestra en la calle que la convivencia de las dos lenguas no es un problema, sino una riqueza cultural que sólo los políticos nacionalistas se empeñan en convertir en arma de confrontación.
Los inquilinos de los despachos han cambiado, pero no lo ha hecho su uso indecente de los mismos para el desacato a la Ley.
Mientras asistíamos a los discursos del Duran hombre de Estado en Madrid, siempre acompañados de la cómplice abstención de CiU en las ocurrencias socialistas para hundirnos aún más en la crisis, en Barcelona, Zapatero desmigaba lo poco que queda de dignidad constitucionalista y se la echaba a las palomas, en este caso los convergentes, los de ERC y los amigos de Laporta como si fuese a saciarlas en lugar de cebarlas y hacerlas engordar.
Un Rubalcaba vanagloriándose en TV3 de haber descubierto junto a Pujol la fórmula de la inmersión, un presidente Mas crecido llamando al no cumplimiento de las sentencias, una consejera de Educación dispuesta a inmolarse con tal de que ni un solo niño estudie en español en Cataluña, y Chacón y Caamaño, ministros del Gobierno de la Nación, guiñando ojos a los desobedientes, son los actores que terminan de dar forma a lo que en la comedia sería una perfecta representación de una república bananera, pero que en la realidad no deja de ser nuestro Estado de derecho, menos derecho que nunca.
Nosotros volveremos a la Fiscalía General del Estado el día después de finalizar el plazo de los dos meses para denunciar a los prevaricadores, a los desobedientes y a los insumisos del despacho oficial, y para denunciar al ciudadano de a pie, que sin coche oficial, deberá cumplir hoy, como cada día, con las leyes vigentes.
*Pablo Yáñez es presidente de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística.
Bochornosa reforma constitucional
Javier Cortes Lucena www.elsemanaldigital.com 6 Septiembre 2011
La reforma del artículo 135 de la Constitución aprobada por el Congreso de los Diputados la semana pasada sólo puede ser calificada en el mejor de los casos de bochornosa. Primero porque no sirve absolutamente para nada no siendo más que un lavado de imagen que pretende recuperar parte del prestigio perdido en los mercados financieros. Y segundo porque no ha sido más que un paripé orquestado y definido desde lugares alejados de nuestras fronteras.
Tanto PP como PSOE nos toman por estúpidos si pretenden hacernos creer que esta lamentable reforma ha sido liderada por los dos principales partidos nacionales. Una sola llamada desde la UE ha bastado para que se pongan de acuerdo en unas pocas horas ni más ni menos que para reformar la Carta Magna. Una reforma que sería muy necesaria pero en otros aspectos mucho más relevantes.
Este suceso ha supuesto la mayor muestra de pérdida de soberanía nacional desde que somos un estado miembro y que viene motivada por la incapacidad de nuestro gobierno para la toma de decisiones que nos permitan respirar mejor dentro de las turbulencias económico-financieras en las que nos encontramos inmersos. Mucho me temo que no se nos cuenta todo lo que sucede a nuestro alrededor, ya que este episodio hubiera sido motivo de enfrentamientos muy duros entre nuestra clase política y más teniendo en cuenta que nos encontramos en la antesala de unas elecciones el próximo 20-N.
Nos dicen que esta reforma es necesaria para asegurar la estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas, y ahora me pregunto yo: ¿Cómo es posible que Alemania pueda decidir el futuro de los españoles y nosotros sin embargo no seamos capaces de decidir el futuro de nuestras Comunidades Autónomas?, ¿cómo es posible que Merkel y Sarkozy puedan controlar desde Bruselas a Zapatero y nosotros seamos incapaces de revisar la labor de Montilla, Mas o Griñán desde Madrid?, ¿no será que necesitamos una reforma constitucional de mucho mayor calado?
Al final la economía necesita certidumbre y esta patada hacia delante provoca todo lo contrario, y si no que se lo pregunten estos días a los inversores de renta variable en España. Esta medida provoca recelo, inquietud y sospecha ya que nadie entiende lo que está ocurriendo en los mercados simple y llanamente porque no se nos explica todo.
Si los políticos quieren estabilidad presupuestaria, es decir no seguir dilapidando el dinero que no les pertenece, lo que deberían promover es una reforma de la Constitución Española para eliminar el estado de las autonomías que tantos dolores de cabeza nos acarrean. La estabilidad se consigue si en vez de quintuplicar cargos administrativos en las instituciones públicas éstos se eliminan.
Estabilidad nos daría si cambiamos las leyes electorales que tanto poder dan a los secesionistas y disgregadores que sólo piensan en expoliar y debilitar el país.
Estabilidad se conseguiría eliminando como mínimo el cincuenta por ciento de los ayuntamientos españoles que en la mayoría de los municipios sólo han servido para el enchufismo y el mangoneo de los nuevos señoritos de este país, la casta política.
Estabilidad se conseguiría si en vez de permitir la entrada de ETA-Bildu de nuevo en las instituciones dejásemos de negociar políticamente con los asesinos. Esto nos ahorraría fondos que ahora irán destinados a ¡reorganizar una banda terrorista!
Estabilidad nos daría si dejásemos de derrochar millones de euros todos los años en las radios y televisiones públicas. Pero claro esto afecta a los dos propulsores de la magnífica reforma.
Estabilidad nos otorgaría dejar de financiar a los paniaguados sindicatos y a los partidos políticos de la manera actual y empezar a exigir que se financien con las cuotas de sus afiliados.
Estabilidad nos daría una reforma del mercado laboral que incentivase la iniciativa empresarial que permitiese recaudar más impuestos.
Para terminar quiero decir que comparto esta reforma pero no la forma de llevarla a cabo. No ha surgido de nosotros y además es insuficiente, ridícula y bochornosa. ¿Para cuándo un referéndum?
ETA consigue sembrar el desorden en sus enemigos del 20N
Bildu y Aralar irán juntos a las elecciones. Pueden ganarlas, aunque una gran mayoría de navarros rechaza las ideas abertzales de ETA. La causa, las ambiciones y miopía en UPN, PP… y PSOE.
Pascual Tamburri www.elsemanaldigital.com 6 Septiembre 2011
Cuando esta historia se escriba dentro de unas décadas, los que entonces se dediquen a ello y los políticos profesionales del momento discutirán cómo y cuándo empezó. La verdad es que, si nos ponemos estrictos, debió de empezar cuando alguien, por satisfacer su vanidad o sus intereses, le rió indebidamente la gracia a Sabino Arana, en lugar de condenar su invento al basurero. Pero la vorágine actual sin dudar arranca del momento en el que los caprichos de los separatistas, incluyendo a los asesinos abertzales, condicionaron la redacción y la aplicación de nuestro vigente sistema constitucional.
Porque en ésas seguimos: a todos los problemas que se dirimen este 20N los nacionalistas vascos añaden su voluntad de sacar tajada y de que de un modo u otro se reconozcan razones a los asesinos de la ETA. Es verdad que deberíamos hablar de muchas otras cosas, pero una vez más éstas anteponen su urgencia a la importancia de las otras.
Bildu, es decir el grupo político independentista y antiespañol que reúne elementos venidos de Batasuna, de Eusko Alkartasuna y de unos cuantos sitios más, ha sido gestionado con habilidad y a veces brillantez. José Luis Rodríguez Zapatero favoreció su legalización, después de haber jugueteado durante mucho tiempo él, su Gobierno y su PSOE con ETA, sus treguas, sus paces y en definitiva la cesación de la lucha sin concesiones contra la banda criminal. Bildu, sobre esa base, con la estructura de Batasuna y el envoltorio de EA, hizo un excelente trabajo el 22M y lanzó un órdago, primero, al anterior proyecto abertzale de Nafarroa Bai, y después a todas las fuerzas "constitucionalistas" y su unidad tan resquebrajada desde la crisis navarra de 2008.
Una brillante gestión, la de Bildu. Y septiembre ha empezado con su victoria arrolladora, al votar por mayoría la dirección de Aralar su voluntad de ir juntos a las generales de noviembre. Bildu margina así al PNV y el nacionalismo en Navarra vuelve donde solía, es decir a una mayoría radical de izquierda extrema, bendito sea Dios, y con Patxi Zabaleta dentro. Ese proyecto será mayoritario entre los abertzales, puede planear ser la segunda fuerza de Navarra como ya lo ha sido en otro momento, y en esta coyuntura puede incluso soñar con convertirse en la primera fuerza electoral de Navarra… si se suman muchas, pero que muchas coincidencias.
La cuestión es que una victoria de Bildu no es imposible, sólo muy difícil. ¿Y por qué no es imposible, en una Navarra indudablemente foral y española? Porque entre 1982 y 2007 UPN y AP-PP concurrieron unidas a todas las elecciones generales, y tendieron a ganarlas en Navarra salvo en momentos de esplendor del PSOE, que después de Urralburu y de Zapatero no parecen demasiado cercanos. Vencer las generales en una provincia significa adjudicarse tres de los cuatro senadores y, en el caso de Navarra dos o tres de los diputados. Es la posición natural del centroderecha, y más en las elecciones que van a ser las del triunfo de Mariano Rajoy, donde una diferencia nacional de 15 puntos va a llevarse por delante al PSOE. En Bildu, y si es por eso también en el PNV, quieren que haya alguna excepción en el País Vasco… y Navarra.
De aquellos polvos… bien se acuerdan en Génova
En el otoño de 2008, media docena de personas, entre otras, protagonizaron el fin de la unión entre UPN y el PP en Navarra. Echando la vista atrás, es difícil además de inútil decir quién tuvo razón, pero el tiempo ha dado muy diferentes grados de razón a las razones que fueron las de Miguel Sanz, Yolanda Barcina, Santiago Cervera, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y José Ignacio Palacios, y las de sus acompañantes en aquellos meses de discordia. UPN consiguió su ´libertad´ en las Cortes de Madrid, pero fue al precio de dar una victoria al PSOE, de echarse aún más en brazos de éste, de romper una fructífera unidad de muchos años con el PP y de dejar atónitos a muchos de sus votantes, simpatizantes y amigos.
En los tres años transcurridos, el resultado es el que es. El PSOE gobierna en Navarra con UPN, el PP de Santiago Cervera no fue capaz de ofrecer ni a la dirección nacional de su partido ni a sus votantes navarros la alternativa que necesitaban. Navarra vive un multipartidismo desbocado que camufla la decadencia del socialismo, que favorece la unidad y los éxitos del nacionalismo, que disimula el peso social del centroderecha españolista y que permite que pequeños grupos de amigos y afines asuman su dirección sin que se sepa el rumbo. UPN venció en mayo, pero no bastó, y el PP fue derrotado en Navarra sin paliativos, y sin consecuencias… hasta las generales.
La maraña de UPN
En el PP la derrota impune ha tenido como consecuencia un cambio de opinión sin duda positivo: un diálogo, coalición o acercamiento preelectoral a UPN, que era tabú y lesa majestad hace unos meses, es hoy objeto de reflexión por la presidencia. Y a la vez en UPN la unidad y cohesión que parecían nacer de la superación de la crisis de 2008 y de la victoria de 2011 se han visto amenazadas por una división de puntos de vista entre los 23 miembros de la Ejecutiva, entre los 232 del Consejo Político… y entre Miguel Sanz y Yolanda Barcina, sobre todo.
Ante la configuración de las listas para noviembre, hace tiempo que Barcina dejó clara su preocupación por la victoria de los abertzales y su disposición a dialogar de un modo u otro con el PP, para que de las urnas salga reflejada la verdadera voluntad de los navarros. En resumidas cuentas, una vez más y una vez más con razón, "¡que vienen los vascos!". Miguel Sanz, al rechazar hace unas semanas su posible candidatura a Madrid en noviembre, dejó demasiado claramente abierta la posibilidad que ahora se confirma: el ex presidente aceptaría ser cabeza de lista de UPN al Congreso de los Diputados, consciente de que para muchos miembros y votantes de UPN es el mejor candidato posible, y consciente también de que es difícil considerarlo un candidato de unidad.
La sangre no llegará al río porque no estamos entre novatos, pero es un pulso entre Sanz y Barcina que tiene que ver no sólo con las listas, sino con su peso relativo dentro del partido, y sobre todo con las políticas en la España de Rajoy: ¿cerca del PP o cerca del PSOE? Esta compleja situación está teniendo como inesperadas consecuencias un aparente crecimiento de la estatura política de Roberto Jiménez, que ahora se permite hacer declaraciones como hombre de Estado, y una relativa rehabilitación de Santiago Cervera, que mostrándose dialogante y cercano, y llevándose la contraria a sí mismo en lo relativo a la cercanía a UPN, puede compensar en parte su derrota anterior y sacar partido de las tensiones entre los regionalistas.
En manos de los abertzales estaba hasta ahora crear la amenaza, y lo han hecho a pesar de las dificultades. Bien jugado. En manos de sus enemigos (y el PSOE no figura entre ellos) está dar la respuesta más adecuada. Vamos a ver.
El problema estructural es la división, pero para eso no parece haber solución inmediata. La verdad es que UPN y AP concurrieron entre 1982 y 1991 juntos al Congreso y al Senado siendo rivales en las elecciones forales. No era un situación ideal (y por eso se cambio), pero la idea de equiparar división a desperdicio de votos no es nueva, ni de ahora, ni original de Barcina. Bien se lo puede decir Miguel Sanz, que ya entonces estaba en UPN, y por cierto muy implicado en sus corrientes y divisiones de entonces, más actuales de lo que parece en muchos de los temas de fondo. A la espera de un nuevo 1991, un nuevo 1982 devolvería la ilusión a toda la derecha navarra, impediría una victoria abertzale y podría convertirse en el cimiento de una verdadera solución definitiva.
Cervera, que conoce al dedillo y desde su primera juventud las entrañas de UPN y que no en vano fue predilecto de Sanz antes de que el amor se tornase odio, hace bien acercándose a Barcina en este momento. Los votantes ya dejaron claro que lo contrario es poco rentable para el PP navarro. Otra cosa es que, para gran parte del centroderecha, Santiago Cervera es la imagen misma de la deslealtad, la traición y el deshonor, junto a sus más fieles seguidores. Esta política suya conviene al PP tanto a corto como a largo plazo, pero él no es, una vez más, el más adecuado para encarnarla. Su ahora enemistad con Miguel Sanz es sólo parte del problema, pero pese a la indudable popularidad del ex presidente ninguno de los dos puede figurar al frente de un proyecto unitario. Curiosamente, y no por casualidad es la más atacada hoy por los abertzales, la mejor colocada entre las gentes de las dos siglas es Yolanda Barcina, como lo fue ya en 2008 junto a José Ignacio Palacios. Sólo que entonces no se les dio la razón, y por eso hemos llegado aquí, a que nos tenga que preocupar antes una posible victoria de la ETA (los interlocutores de ZP y sus socios municipales) que el desastre económico (responsabilidad de ZP y sus amigos).
Cataluña mantendrá la inmersión «caiga quien caiga»
El portavoz del Govern, Francesc Homs, ha asegurado hoy que el ejecutivo mantendrá "caiga quien caiga" el modelo de inmersión lingüística en las aulas catalanas, porque lo considera un "tesoro" y una "línea roja" inviolable, pero ha rechazado descartar al PP como socio para impulsar otros temas.
Barcelona - Efe La Razón 6 Septiembre 2011
Aunque ha reprochado al PP que "ahora de repente" sitúe como prioridad una cuestión como la inmersión lingüística, por encima de la crisis y el paro, Homs ha evitado cargar excesivamente las tintas contra los populares e incluso ha llegado a arremeter contra el PSOE por promover el Real Decreto de la tercera hora de castellano.
En realidad, ha desvinculado la postura del PP en torno al modelo educativo de los potenciales acuerdos que el Govern pueda alcanzar sobre otros asuntos con los populares en el ámbito parlamentario: "No ponemos vetos a nadie".
La posibilidad de que el Govern intente retrasar al máximo la negociación de los presupuestos catalanes para 2012, para que no se vea enturbiada por la batalla electoral del 20 de noviembre, permite pensar en que el ejecutivo que preside Artur Mas volverá a jugar con la geometría variable en busca de apoyos externos a sus cuentas.
Homs ha dejado claro que el ruido mediático que pueda generar el PP en contra de la inmersión lingüística no será tenido en cuenta a la hora de valorar si conviene aliarse nuevamente con los populares para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat, ya que, a su juicio, no conviene "mezclar una cosa con la otra".
Además, en las filas del gobierno catalán hay la convicción de que los argumentos favorables al modelo de inmersión prevalecerán.
Entre esta tarde y mañana, el Govern presentará su recurso contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que da un plazo de dos meses al Departamento de Enseñanza para que el castellano sea lengua vehicular junto al catalán.
Homs no ha querido avanzar los contenidos del recurso, pero ha asegurado que el Govern cuenta con "un plus de legitimidad" a la hora de defender la inmersión: "Nos sentimos muy fuertes por todas las razones democráticas, jurídicas y pedagógicas que avalan el modelo".
Según el portavoz, la liquidación del modelo educativo vigente no se justifica si se tienen en cuenta los resultados del examen que realizó el Ministerio de Educación el pasado año a casi 30.000 estudiantes de ESO de toda España.
En la prueba de competencias lingüísticas, el sistema educativo catalán ocupó la novena plaza de las 17 comunidades autónomas, con 503 puntos, ligeramente por encima del indicador utilizado como nivel de suficiencia, una nota que demuestra, a su juicio, que los alumnos cuentan con un nivel suficiente de catalán y castellano.
Por todos estos motivos, Homs ha llamado a comenzar el nuevo curso escolar "con toda la normalidad", convencido de que el modelo de inmersión volverá a ser avalado por la justicia.
Homs, que no ha aclarado si se solicitará una paralización del plazo de dos meses fijado por el TSJC, ha afirmado que anteriores sentencias del Tribunal Constitucional (TC) avalan la inmersión, argumento que será esgrimido probablemente en su recurso.
En caso de no prosperar este recurso, el Govern podría elevar el caso al Tribunal Supremo o incluso al TC, con el convencimiento de que la jurisprudencia del Constitucional le acabaría dando la razón.
Los padres gallegos siguen el ejemplo catalán y acudirán a la Justicia para denunciar la imposición lingüística
Galicia Bilingüe considera que Alberto Núñez Feijóo ha incumplido su promesa de elección de lengua
www.lavozlibre.com 6 Septiembre 2011
Madrid.- Galicia Bilingüe ha anunciado este martes que presentará un recurso contencioso ante los tribunales ordinarios si en lo que resta del mes de septiembre la Xunta no accede a la petición de un grupo de padres de que se respete el derecho de sus hijos a recibir la primera enseñanza en su lengua materna.
Galicia Bilingüe se ha dirigido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para pedirle que recapacite, ya que recientes sentencias del Tribunal Supremo (TS) en relación a padres de Cataluña crean una jurisprudencia que permite pensar que las posibilidades de que el recurso de los padres gallegos prospere son grandes.
La Ley de Normalización Lingüística garantiza el derecho a que la primera enseñanza ha de ser en lengua materna y, con una legislación similar en Cataluña, el TS ha sentenciado que tal derecho existe y que abarca el primer ciclo de Primaria. Recientemente y, confirmando una sentencia anterior, tres sentencias del Alto Tribunal en relación a la enseñanza en Cataluña, han respaldado todavía con más solidez las demandas de los padres gallegos, ya que confirman y aclaran la doctrina requiriendo, además, que por parte de la Administración se proporcione a los padres un impreso de pre matriculación en el que figure una casilla en la que los padres consignen la lengua materna de sus hijos que cursan primer ciclo de Primaria.
Galicia Bilingüe estima que, “en las democracias, los poderes públicos han de actuar de buena fe procurando evitarles a los ciudadanos procesos costosos y largos para reclamar sus derechos cuando se prevé que la justicia vaya a darles la razón”. “Si en lo que resta del mes de septiembre no se recibe una respuesta favorable, los padres acudirán a los tribunales”, aseguran.
Galicia Bilingüe inició en su momento una campaña para recaudar los fondos necesarios para costear el proceso, lo que ya se ha conseguido. “Ya que el presidente Feijóo no ha cumplido su promesa electoral de elección de lengua en las asignaturas troncales, la asociación velará porque, al menos, la Xunta cumpla la legislación. Lo logrado por estos padres beneficiaría a todos los alumnos gallegos, ya que el actual Decreto habría de ser modificado”, concluye la nota.
ENARBOLA EL SEPARATISMO POR LA SENTENCIA DEL CASTELLANO
CiU: “Como no nos dejan ser lo que queremos, no cabemos en España”
A. Fernández. Barcelona. El Confidencial 6 Septiembre 2011
El nacionalismo catalán prepara una ofensiva a nivel estatal ante lo que considera un ataque masivo a los intereses de Cataluña.Dos temas son los que han prendido la mecha de este debate: la marginación deCiU en la reforma de la Constitución pactada entre PSOE y PP; y la reciente sentencia del Tribunal Superior de Cataluña (TSJC), que obliga a la Generalitat a utilizar también el castellano como lengua vehicular en las escuelas, en lugar de sólo el catalán, como se hacía hasta ahora.
“No nos quedaremos de brazos cruzados ni nosresignamos. Lo que hacen estos ataques es darnos la razón cuando reclamábamos el derecho a decidir de Cataluña. Porque lo que vienen a decirnos es que, como somos [en un concepto amplio, una nación] y queremos ser [una nación en un Estado plurinacional], no cabemos en España. Por tanto, nosotros iremosa lo nuestro”, dice a El Confidencial Jordi Turull, portavoz de CiU enel Parlamento catalán.
Los nacionalistas consideran que el primer ataque en profundidad contra Cataluña fue la sentencia del Tribunal Constitucionalsobre el Estatuto. “Y ahora la sentencia del TSJC es la guinda de todo ello. Esun mensaje que nos envían. Y, como somos y queremos ser, pues nos dicen: ‘no seréis’”. Por ello, añade, el único camino que queda a los catalanes es “iniciar nuestra propia transición nacional de Cataluña, hacia el derecho a decidir”.Turull asegura que esta transición “no es improvisada, ya que de hecho la explicamos en la última campaña de las autonómicas, porque preveíamos que el camino iniciado por la sentencia del Constitucional nos llevaría aquí”.
CiU echa en cara al Gobierno la“recentralización” de las últimas medidas tomadas por el Ejecutivo de Madrid.“Y ahora los dos grandes partidos se han permitido el lujo de pactar una reforma constitucional al margen de la sensibilidad de las naciones sin Estado.No se nos ha tenido en cuenta para nada. Y si ya dábamos por muerto elproceso constituyente, ahora lo damos por muerto y enterrado. Se acabó”,subraya Jordi Turull.
Para los nacionalistas catalanes, la marginaciónde CiU de la reforma constitucional y la sentencia contra el modelo deinmersión lingüística “nos han venido a dar la razón”. Y ello refuerza lalegitimación de las reivindicaciones identitarias de los convergentes. Estaestrategia cobra más fuerza, si cabe, por el hecho de que la Diada Nacional deCataluña será el próximo domingo. Y para esa fecha, los sentimientos identitarios se hacen más patentes. Además, se acerca el inicio de la campaña de las generales, lo que acrecienta los postulados catalanistas para recoger lacosecha de votos en esta comunidad.
Esta nueva coyuntura política afectará en alguna medida a la estrategia de CiU y del Gobierno catalán ante Madrid. El presidentede la Generalitat, Artur Mas, espera tener listo un borrador de pacto fiscal para presentaral presidente de Gobierno que salga elegido el 20 de noviembre. Su meta es lograr un estatus similar al que tienen el País Vasco y Navarra, con larecaudación de todos los impuestos por parte de la Generalitat y el pago del cupo correspondiente al Estado, además de limitar la contribución catalanaal Fondo de Solidaridad al 4% del PIB de Cataluña, lo mismo que pagan al Estadocentral los länders alemanes.
E, inmediatamente, comenzará una ofensiva parareclamar el “derecho a decidir de Cataluña”. O sea, que el Gobierno catalán pueda convocar referéndums -incluido uno sobre la independencia- cuando lo considere conveniente, sin tener que pedir permiso a Madrid. Esta cuestión, que antes se apuntaba como la última del escalafón de reivindicaciones del Gobierno catalán, cobra ahora más importancia que nunca y es probable que seplantee paralelamente al pacto fiscal, lo que da una idea del cambio de prioridades que ha tenido lugar en la actual coyuntura política.
Jordi Turull es consciente de que “todas estas cuestiones tensarán la situación política”. Pero los nacionalistas tienen claro que plantearán batalla porque “se ha cruzado una línea roja que debería haber sido respetada”. Además, el portavoz convergente admite que “la complicidad conlos dos grandes partidos, PSOE y PP, no será la misma de ahora en adelante”. Enotras palabras, comienza una nueva etapa donde las reivindicaciones identitarias se situarán al mismo nivel que las prioridades de la lucha contrala crisis económica.
Y, en este sentido, CiU considera que, como fuerza catalanista, ha de defender contra viento y marea los intereses deCataluña y se siente legitimada a todos los niveles para actuar como representante de esta comunidad. Una actitud, por otra parte, que le echan encara todos sus contrincantes.
Rigau: “Si he de salir de la política por el tema de la lengua, evidentemente, saldré, porque entré por este tema”
Redacción http://www.vozbcn.com/ 6 Septiembre 2011
La consejera de Enseñanza de la Generalidad, Irene Rigau, se ha mostrado este lunes dispuesta a asumir toda la responsabilidad derivada por mantener el actual sistema de inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán, a pesar de que el Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) han ordenado adoptar ‘cuantas medidas estime precisas para adaptar el sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán’.
“Somos muchos los que entramos en política por el tema de la lengua. Si he de salir de la política por el tema de la lengua, evidentemente, saldré, porque entré por el tema de la lengua. Estaba muy feliz siendo maestra, y me comprometí con la inmersión, con el catalán en la escuela, con la normalización lingüística. Esta ha sido mi motivación y la de muchas otras personas, para nosotros es una cuestión mágica, una cuestión de fondo“, ha declarado la consejera en una entrevista en RAC1.
Reconoce que “tendría graves problemas”, si los tribunales no ceden
Rigau ha defendido que, tal como han indicado los tribunales, es la Generalidad la que debe establecer la proporción entre el uso del castellano y el catalán como lenguas vehiculares en la escuela -actualmente, el 0% para la primera y el 100% para la segunda-. Pero ha olvidado añadir que, esos mismos tribunales, han matizado que eso debe hacerse sin que el español deje de ser también lengua vehicular escolar.
Así, ha considerado que la reciente interlocutoria del TSJC solo afecta a tres casos particulares y ha pronosticado que podrán “desactivar la consideración que afecta al carácter general”. Sin embargo, también ha reconocido que, si eso no fuera posible, “la consejera titular del departamento tendría graves problemas”, que supondría “una multa o una inhabilitación para ejercer cargos públicos, que es lo que el señor [Albert] Rivera [presidente de Ciudadanos] está anunciando ampliamente”. “Pero, de momento, son problemas de la consejera, no del sistema”, ha añadido.
“La lengua también da sentimiento de pertenencia al país”
La dirigente nacionalista ha asegurado que con la inmersión lingüística, es decir, con la prohibición de usar el castellano como lengua vehicular junto al catalán, “nuestros alumnos saben el mismo castellano que los de Burgos”, y ha subrayado que “lo que molesta es que la lengua también da sentimiento de pertenencia al país”.
También ha confesado sentirse “esperanzada” por las declaraciones del ministro de Justica, Francisco Caamaño, y del presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, apoyando la posición de que las sentencias solo afectan a “unos casos particulares”. “Estoy convencida de que un debate jurídico que se ha de producir a partir del recurso nos dará la razón y la tranquilidad a la comunidad educativa y al país [Cataluña]“, ha insistido. Sin embargo, diversos juristas consultados por LA VOZ DE BARCELONA han asegurado que, a diferencia de lo que ocurre en Derecho Civil, en el ámbito Contencioso-Administrativo, como es el caso, una sentencia que afecta a la relación entre un particular y la administración sí que es generalizable.
“El gran temor es que pueda haber una ofensiva política”
Rigau ha querido desmarcarse del derecho a la educación en lengua materna que desde el nacionalismo se reclamaba durante la Transición. “El derecho a la lengua materna, lo teníamos que reclamar [durante la Transición] porque se nos negaba constantemente, [pero] cuanto tenemos el Estatuto y podemos incorporar no solo la enseñanza del catalán sino también en catalán, se lleva a cabo el diseño de la nueva escuela catalana en lengua y en contenidos”, ha destacado.
Por último, ha señalado que en el resto de España “pesa mucho la idea de que aquí hablamos catalán para que no nos entiendan”, y ha lamentado que el PP se haya posicionado últimamente en contra de la inmersión. “Lo que está amenazado, el gran temor, es que pueda haber una ofensiva política en poco tiempo con una propuesta política que vaya a romper este modelo con un discurso demagógico en plena campaña electoral”, ha añadido.
Homs: “[La inmersión] es innegociable”
Por otra parte, el secretario general de la Presidencia de la Generalidad y portavoz del Gobierno autonómico, Francesc Homs, ha advertido al PP y a Ciudadanos que no reintroducirán el castellano como lengua vehicular escolar mientras el Parlamento autonómico no modifique las correspondientes leyes educativas y lingüísitcas. “La posición del Gobierno [autonómico] es innegociable. En otras cosas puede haber margen de negociación pero en esta no“, ha añadido.
Durante una entrevista en TV3, Homs ha justificado la prohibición del castellano como lengua vehicular escolar porque “la cuestión lingüística es uno de los valores más preciados y el nervio en torno al cual se ha de contruir la convivencia y la cohesión en nuestra sociedad”.
La Asociación por la Tolerancia hace una parodia en defensa del castellano
Modelo lingüístico, escuela y calvario en el 'Psiquiatrico Catalán'
En el corto, una madre es ingresada por escoger el castellano como lengua vehicular
Periodista Digital 6 Septiembre 2011
El vídeo sería gracioso, si no tuviera como telón de fondo una realidad desoladora. Ha sido realizado por la Asociación por la Tolerancia y su objetivo, a pesar de la ola de furia que ha despertado en medios nacionalistas, es simplemente denunciar el modelo lingüístico catalán exagerandosu irracionalidad.
En el corto aparece una madre ingresada en un psiquiátrico tras escoger el castellano como lengua vehicular.
Los médicos, en catalán, la tratan de "pàmfila", "beneita" y "boja": "pánfila", "tonta" y "loca".
La asociación denuncia la situación catalana:
"Se ha agravado con la Ley de Política Lingüística aprobada en 1998 por el Parlamento catalán: monolingüismo institucional, el español ha desaparecido de las instituciones públicas catalanas, radicalización de la inmersión lingüística en los colegios e institutos, alcanzando el español la categoría de lengua extranjera".
"Lo que es normal no puede se definido en gabinetes de ingeniería social, bajo una determinada ideología".
"Somos muchos los ciudadanos catalanes que no nos identificamos con la imagen de catalán normal".
LAS AUTORIDAD INCOMPETENTE
El Govern, controlado por los nacionalistas 'moderados' de CiU y con apoyo de fuerzaso como el PSC donde juega un relewvante papel la ministra Chacón, redactó este 6 de septiembre de 2011 un texto de recurso a la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que da a la Generalitat dos meses para que el castellano también sea lengua vehicular de la enseñanza.
En la tradicional reunión de los martes, la consellera Irene Rigau y el resto de miembros del Govern aprobaron un texto para que el TSJC tome en consideración el actual modelo de inmersión lingüística de Cataluña, ya que el tribunal ha dado a la Generalitat cinco días tras la notificación para interponer recurso de reposición.
Cuentan con ue desde Madrid, el ministro socialista Francisco Caamaño ya les ha hecho llegar el mensaje de que les dará su apoyo.
LA ASOCIACIÓN POR LA TOLERANCIA
La Asociación por la Tolerancia, dirigida por Eduardo López-Dórida, nació en 1992 como un grupo de ciudadanos que aseguran sentirse preocupados por lo que consideran el "recorte de sus derechos originada por la política del nacionalismo excluyente".
La asociación afirma en su web que "irrumpen en el mundo del cine" con "un corto que retrata una madre enloquecida por el choque entre la realidad y la ficción".
FERNANDO SAVATER CONTRA LOS XENÓFOBOS
El filósofo Fernando Savater, en declaraciones a Servimedia, opinó que es una muestra de "xenofobia" que el gobierno de Artur Mas no quiera cumplir la sentencia que obliga a que el castellano pueda ser una lengua vehicular de la enseñanza en esta comunidad autónoma.
Savater ha dicho que está "completamente de acuerdo con la sentencia" y dijo que es "repugnante" que no se quiera cumplir esta resolución y no se diga nada cuando se adoptan en Cataluña "medidas discriminatorias" contra el castellano.
El pensador vasco relacionó la respuesta del Ejecutivo de Mas en este asunto con el "incumplimiento generalizado de las leyes en España", que supone que se vulnera las normas "con naturalidad".
Remarcó que impedir que el castellano sea lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña es "una muestra de discriminación, xenofobia y ventajismo político".
En su opinión, esto resume "lo que son los nacionalistas".
Su presidente da marcha atrás tras defender que el fallo sólo afectaba a tres familias
El TSJC rectifica y obliga a Mas a no marginar el castellano en la escuela
Los defensores de que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se refería en su fallo a tres familias, que emprendieron un vía crucis legal para defender una educación bilingüe para sus hijos, y no al conjunto de la educación catalana se llevaron ayer un jarro de agua fría. El presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, a través de un comunicado de este órgano jurisdiccional, rectificaba meridianamente las palabras que había lanzado un día antes.
«No quiero que se estigmatice a mis hijas en la escuela» Los consistorios tampoco podrán imponer el catalán
Barcelona - S. Doménech La Razón 6 Septiembre 2011
Fue un varapalo para el Gobierno catalán porque las titulares de Justicia, Pilar Fernández Bozal, y Educación, Irene Rigau, se habían aferrado a este argumento para defender que Cataluña no tiene que cambiar su modelo educativo, en el que la lengua vehicular es ahora el catalán, como defenderá la Generalitat en el recurso que presentará hoy.
Gimeno había dicho el domingo que el auto del TSJC no obliga a cambiar el modelo de inmersión lingüística, sino que sólo afectaba a las familias que recurrieron. El presidente del TSJC hacía una interpretación similar a la del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y apuntaba que «esta resolución es la ejecución de una sentencia que respondía a la demanda de unas personas concretas y por ello interpretar que puede tener carácter general sería una interpretación excesiva». Ayer mismo por la mañana volvía a insistir en que «el auto tiene un carácter general, y, por tanto, se tiene que interpretar sólo en los casos concretos», pero horas después llegó una rectificación en toda regla.
El comunicado del TSJC, que no iba firmado por su presidente, puntualiza que el auto se basa en sentencias del Tribunal Supremo –ha dictado cinco en favor del bilingüismo en las aulas– que sí pueden modificar el modelo de inmersión que Cataluña aplica desde hace casi tres décadas. Añade que el fallo del TSJC insta a la Generalitat a adoptar las medidas oportunas para cumplir en materia lingüística las sentencias sobre la enseñanza en Cataluña «en los términos resueltos» por el Supremo, lo que «podía significar su aplicación de forma genérica a toda la enseñanza en Cataluña».
Concretamente, el TS dio el viernes a la Generalitat dos meses para «adoptar cuantas medidas sean necesarias» para adaptar la educación a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut que «considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto al catalán». La sentencia del TC es clave, ya que el Supremo en tres sentencias anteriores desestimaba los recursos y defendía que el modelo de educación catalán era constitucionalmente legítimo.
Educación debe ejecutar
Si se había cuestionado que el TSJC dictara una sentencia y después su presidente dijera que el modelo educativo no estaba en cuestión, el comunicado también recuerda que la ejecución de las sentencias del Supremo corresponde «por imperativo legal» a la Sala Contecioso-administrativa de Cataluña. Y puntualiza que el fallo no especifica en su parte dispositiva que la decisión quedara limitada a las familias recurrentes.
El TSJC recuerda a la Generalitat que puede recurrir y añade que no le corresponde señalar cuáles deben ser las medidas a tomar, sino que es la Consejería de Educación la que tiene que dictarlas en función de «criterios pedagógicos, organizativos, económicos y de todo tipo». También afirma que es consciente de que la inmersión lingüística es un tema «especialmente delicado» y finaliza recordando que su ámbito de actuación es «exclusivamente jurídico y no político».
Un histórico del «progresismo» judicial
Miguel Ángel Gimeno es uno de los magistrados «históricos» de la asociación Jueces para la Democracia. de la fue portavoz. A principios de marzo del pasado año dimitió de ese cargo, de forma inesperada, para optar a la presidencia del TSJ de Cataluña. Ni siquiera esperó al congreso que la asociación celebraba en mayo y donde se designarían los nuevos intergrantes de su dirección. Y es que sabía de primera mano que era la opción prioritaria del «sector progresista» del Consejo General del Poder Judicial. El 26 de octubre era elegido con 13 votos a favor (el mínimo necesario), dentro de un «pacto» que incluyó también a que el «sector conservador» pudiese designar para el TSJ de Valencia a su candidata. Gimeno ingresó en la carrera judicial en 1987 y siempre ha ejercido en Cataluña.
Una de las tres familias que recurrió al Supremo cuenta su lucha judicial
«No quiero que se estigmatice a mis hijas en la escuela»
Cuca Santos vive en Sabadell (Barcelona) y forma parte de una de las familias a las que el Tribunal Supremo (TS) dio la razón en su derecho constitucional a recibir una educación bilingüe, en catalán y castellano. Más que contenta, está eufórica por el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que dicta que el español sea también lengua vehicular en las escuelas catalanas.
Barcelona - Joan Planes La Razón 6 Septiembre 2011
El periplo de Cuca empezó hace tres años, cuando su hija mayor, que ahora tiene nueve, llegó a la escuela. Desde el primer momento, tuvo muy claro que quería que sus pequeñas pudieran aprender en los dos idiomas oficiales de Cataluña, no sólo en catalán. «Yo no quiero que todo se enseñe en un único idioma, estoy a favor del bilingüismo», explica a LA RAZÓN. «Lo quiero todo al 50 por ciento», insiste.
La Generalitat ofrece a los padres que no quieran únicamente que sus hijos reciban clases en catalán la posibilidad de que tengan una atención «especializada», una medida éticamente discutible y que Santos nunca ha querido para sus niñas. «No lo deseo por nada del mundo, pienso que sus hijas no tienen que estar nunca en una aula aparte de sus compañeros, no quiero que se las señale», dice.
Han sido años de lidiar con la justicia, pero Cuca recuerda que «en diciembre de 2010 el Supremo nos dio la razón, lo que nos llenó de orgullo, fuimos una de las familias demandantes». Esta sentencia del TS sentó las bases para que, ocho meses después, el TSJC fallara en la misma dirección y diera a la Generalitat un plazo de dos meses para que el castellano también sea lengua vehicular en Cataluña.
Sobre la Generalitat, la opinión de Cuca coincide con todos los padres que han sido consultados por este diario sobre este asunto. «El Govern nunca nos ha dicho nada de nada, siempre nos ha ignorado», lamenta. La Generalitat nunca se ha comunicado con estos padres, y ha rechazado acatar todas las sentencias contrarias a su modelo de inmersión lingüística, vigente desde 1983.
Las hijas de Cuca están matriculadas en una escuela concertada de Sabadell, pero la madre no critica al colegio. «Siempre nos han tratado bien, pero está claro que el sistema educativo de Cataluña se rige por lo que diga la Generalitat». Cabe recordar que los sucesivos gobiernos de CiU y del tripartito nunca han variado ni un ápice un modelo educativo que impide la escolarización en castellano. «A mí lo que me gustaría de verdad es que en las aulas existiera el mismo bilingüismo que veo en la calle», apostilla.
Rajoy cree que se «liquidará el estado de derecho»
Después de que el jefe del Ejecutivo catalán, Artur Mas, criticara duramente el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza junto al catalán, el PP le advirtió que sería «dramático» que «manifiestamente» incumpliera esta decisión. Así lo aseguró ayer el presidente popular, Mariano Rajoy, que recalcó que si no se cumple la ley se «liquida» el Estado de Derecho. En una entrevista en Onda Cero, Rajoy se mostró «firme» en la defensa de la identidad catalana, al tiempo que insistió en que «un gobernante o quien aspira a gobernar» debe tener claro que, en democracia, «no se puede permitir incumplir la Ley». «Si nadie cumple la ley y si nadie cumple las sentencias de los tribunales, tenemos un problema: nos hemos liquidado el Estado de Derecho», añadió. Por eso, Rajoy aseguró que su posición en esta cuestión es «que se cumpla la Ley» y expresó que sería «dramático» que un dirigente político fuera partidario de incumplirla «manifiestamente». En su opinión, del mismo modo que castellano y catalán «conviven en libertad en la vida de la gente», también pueden hacerlo «en todo lo que está relacionado con las administraciones y también en la Educación».
Los consistorios tampoco podrán imponer el catalán
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado un artículo del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar que, contraviniendo la cooficialidad de las lenguas salvaguardadas por la Constitución, excluía el castellano en favor del catalán.
Barcelona - A. D. R. La Razón 6 Septiembre 2011
El precepto, el número 5.1 estipulaba concretamente que «toda la documentación municipal será redactada en catalán». «Una cosa es que el catalán sea la lengua de uso normal de las administraciones públicas, en cuanto a la lengua propia de Cataluña, y otra muy distinta que se excluya totalmente el uso de la otra lengua cooficial», señala la sentencia, ya firme. La alcaldesa de Sant Pol de Mar, Montserrat Garrido (CiU), se apresuró ayer a explicar que el artículo fue eliminado el pasado 29 de julio a instancias del fallo del TSJC durante el primer pleno del nuevo consistorio.
Por otro lado, el fallo puede entenderse como un nuevo aviso a los municipios que pretendan imponer el catalán sobre el castellano. De hecho, el reglamento lingüístico del consistorio barcelonés está ahora en manos del Tribunal Supremo, después de que el TSJC suspendiera cautelarmente siete artículos a petición del PP y el gobierno municipal anterior, liderado por Jordi Hereu, recurriera la decisión. Además, el TSJC apunta que la cuestión ya ha sido abordada anteriormente y cita como ejemplo la sentencia de 2004 contra el reglamento de uso del catalán en Sabadell.
La clave, el fallo del TC: artículo 6.1
El Estatut fijó el catalán como lengua de «uso normal de las administraciones» y «la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza». No obstante, el TC fijó que «las administraciones no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales».
Defensores del castellano estudian querellarse contra ministros por respaldar a la Generalitat
Minuto Digital 6 Septiembre 2011
La Asociación por la Tolerancia, que defiende en Cataluña la igualdad de derechos del castellano, ha anunciado que está estudiando querellarse contra miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, puesto que están respaldando la posición de la Generalitat de no cumplir la sentencia que obliga a que el español sea también lengua vehicular de la enseñanza catalana.
Marita Rodríguez, portavoz de esta asociación, ha dicho a MD que, a juicio de su colectivo, hay ministros que “están animando a la Generalitat al desacato”, puesto que respaldar una actuación ilegal es una medida “contraria al Estado de derecho”.
Rodríguez citó el caso del ministro de Justicia, Francisco Caamaño. No obstante, en los últimos días también han defendido el sistema catalán de inmersión lingüística los titulares de Presidencia, Ramón Jáuregui, y de Defensa, Carme Chacón.
A este respecto, esta portavoz cuestionó que Caamaño haya dicho que lo que hay son casos puntuales en los que los jueces han defendido la posibilidad de que unos niños utilicen en un colegio catalán el español como lengua vehicular.
Según esta representante de la Asociación por la Tolerancia, una cosa es la “opinión personal” de Caamaño y otra que este ministro haga una “interpretación equivocada de una sentencia, a sabiendas de que es equivocada”.
Por otra parte, Rodríguez también se refirió a que su colectivo está dispuesto a recurrir a instancias internacionales, como la ONU, para que la Generalitat cumpla la sentencia que obliga a que el castellano también sea lengua vehicular de la lengua en esta comunidad autónoma.
La Generalitat quiere seguir pactando con el PP pese a discrepar sobre la inmersión lingüística
www.gaceta.es 6 Septiembre 2011
Homs ha dejado claro el compromiso innegocable del Ejecutivo autonómico con la inmersión en catalán y que, si los populares supeditan futuros pactos con una reforma en el modelo lingüístico educativo, será el PP quien rompa con el gabinete de CiU tras cruzar una "línea roja".
El Gobierno de Artur Mas ha asegurado este martes que quiere seguir pactando con el PP pese a la oposición de los populares a la inmersión lingüística y a su exigencia de que haya un nuevo modelo educativo en las aulas, tras la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
En la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo en que se ha aprobado recurrir la sentencia, Homs ha dejado claro el compromiso innegocable del Ejecutivo autonómico con la inmersión en catalán y que, si los populares supeditan futuros pactos con una reforma en el modelo lingüístico educativo, será el PP quien rompa con el gabinete de CiU tras cruzar una "línea roja".
"Ya sabrán ellos --el PP-- cómo deben situar sus prioridades", ha asegurado Homs, quien ha evitado valorar el cambio de opinión del presidente del TSJC, Miguel Angel Gimeno, en relación a la interlocutoria que ha emitido sobre el catalán en las escuelas.
Bomberos catalanes vuelven a mostrar la estelada y son abucheados
Durante los World Police & Fire Games 2011 que tienen lugar Nueva York, los bomberos catalanes mostraron la estelada y fueron abucheados por los españoles a gritos de España.
Después de que se les insultase por mostrar una estelada, los bomberos catalanes han sido abucheados por sus compañeros españoles durante el himno de los Segadors.
Mientras recogían la medalla de Oro ganada en una de las competiciones sacaron una estelada, lo que provocó los gritos de "España, España" y los silbidos de los españoles.
Dos de los bomberos catalanes preguntaron a la persona que tenía la bandera y bajaron del pódium durante el himno catalán para coger una española. Esto hizo que el público aplaudiese.

References: artículo 135
 artículo 410
 artículo 410
 resolución 
 artículo 112
 artículo 108
 artículo 135
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 6