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Timestamp: 2017-07-27 16:53:09+00:00

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Equipo Nizkor - Los crímenes contra la humanidad no prescriben.
Buenos Aires, 22 de febrero de 2007. Y VISTOS Y CONSIDERANDO: I- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión del Tribunal en virtud del
recurso de apelación interpuesto a fs.96/99 por el doctor Alfredo A.A. Solari, letrado defensor
de Pablo Eduardo García Velasco, contra la resolución que luce a fs.86/89 en cuanto no hace
lugar a la solicitud de prescripción de la acción penal que dedujo a fojas 1. II- En primer lugar corresponde rechazar la nulidad introducida en el escrito de apelación, ya
que aunque la defensa le coloque el rótulo de nulidades a cada una de los motivos que ensayó, resultan meras apreciaciones que traducen su discrepancia con el modo en que ha
sido resulta la cuestión, que a criterio de este Tribunal está debidamente fundada. III- Ahora bien, pasando a analizar el fondo de la cuestión debatida, y aunque los argumentos
ensayados por el doctor Alfredo A.A. Solari resultan una reedición de aquellos que fueron respondidos por este Tribunal al confirmar su procesamiento, agrega en esta oportunidad en
el memorial que luce a fs.109/13, que a partir de la reciente sanción de la ley n�.200 (BO
9-01-07), se ha puesto de manifiesto la voluntad del legislador en respetar y salvaguardar el
principio de legalidad del artículo 18 de la Constitución Nacional, por lo que corresponde
hacer lugar a la excepción interpuesta y decretarse la prescripción de la acción penal de su
pupilo. En tal sentido, como la norma establece en el artículo 13 "Principio de legalidad" que:
"Ninguno de los delitos previstos en el Estatuto de Roma ni en la presente ley pueden ser aplicados en violación al artículo 18 de la Constitución Nacional. El juzgamiento de esos
hechos debe efectuarse de acuerdo con las normas previstas en el derecho vigente", interpreta
la defensa que debe descartarse que los hechos endilgados a su pupilo puedan ser
considerados "delitos de lesa humanidad" y en consecuencia "imprescriptibles", ya que la
mencionada categoría no era derecho vigente en la época en que se perpetraron (el subrayado
nos pertenece). IV- Llegado el momento de resolver, y en virtud de que este Tribunal no comparte la
interpretación que el doctor Solari efectúa del artículo 13 de la ley 26.200, habremos de
acudir a las pautas reconocidas por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en tanto sostuvo que: "...en toda tarea de interpretación de normas es pertinente
rastrear el espíritu que informa a aquellas en procura de su aplicación racional, puesto que no
es el espíritu de la ley el que debe subordinarse a las palabras sino estas a aquel..."(D.90
XXXVIII. S. 11.XXXVIII -T.328-; y en igual sentido entre muchos otros 310:1012,
310:1797; 310:414; 310:933). Y por otra parte, teniendo en cuenta que nuestro Máximo Tribunal también sostiene que:
"...la primera pauta de interpretación de la ley es dar pleno efecto a la voluntad del legislador,
cuya primera fuente es la letra de la ley, en esta tarea no pueden descartarse los antecedentes
parlamentarios, que resultan útiles para conocer su sentido y alcance..."(Fallos 313:1149;
317:779; 317:1505; 318:1818; 321:2594), también nos referiremos a esos antecedentes. En consecuencia y en cuanto al espíritu emana de la ley 26.200 debe tenerse en cuenta que es
la "Ley de Implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional", a través
de la cual se contribuye a que el Estado Argentino cumpla con los compromisos
internacionales por los cuales se obligó a adecuar su legislación interna a fin de que se avance
en el juzgamiento de los crímenes que fueron definidos en el Estatuto de Roma; al tiempo que
ha venido a cerrar definitivamente la discusión en punto a distintas cuestiones que ya habían
sido receptadas jurisprudencialmente. En punto a sus antecedentes parlamentarios, de la Sesión Ordinaria del 16 de septiembre de
2006 de la Cámara de Senadores, versión taquigráfica, del Orden del Día 742, se desprende
que el cuerpo trató este proyecto en el año 2004, oportunidad en que fue ampliamente
estudiado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, con el auxilio de prestigiosos juristas
de la talla de Raúl Zaffaroni y Julio Maier, y oídas numerosas organizaciones no
gubernamentales como Ammesty International, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la
Cruz Roja, etc. Aunque finalmente se aprobó el proyecto por unanimidad, caducó en la Cámara de Diputados; y dos años después -en el 2006-, se presenta nuevamente para su tratamiento con
las modificaciones ya incorporadas y remitiéndose en el tratamiento de los artículos al amplio
debate del año 2004. Puntualmente en relación al artículo 13, se desprende de la Versión Taquigráfica de la Sesión
Ordinaria de la Cámara de Senadores, del día 23 de junio de 2004, Orden del Dia 431, que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) efectuó una presentación ante la Comisión de
Asuntos Constitucionales para cambiar la parte in fine y modificar la frase "derecho interno"
por "derecho vigente". Surge de ese documento, al que puede accederse por internet, que: "...esta propuesta responde
a diversas consideraciones desarrolladas sobre el conflicto de intereses que podría existir
entre normas ya aprobadas y promulgadas por el Poder Ejecutivo, como por ejemplo, la
imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad...y entoncesa fin de que no haya colisión
con la interpretación de las leyes que con posterioridad realiza el Poder Judicial...se ha
resuelto aceptar la modificación cambiando las palabras derecho interno por derecho
vigente...". Se ha sostenido en torno a esta modificación que: "... apunta a dejar plasmada una formula
que permita la aplicación de las normas y los principios de Derecho Penal Internacional para
el juzgamiento de esta clase de crímenes...el reemplazo de la expresión "derecho interno" por
"derecho vigente" busca evitar que el artículo señalado pudiera ser interpretado como un
argumento en contra de la jurisprudencia argentina reciente que ha venido aplicando la norma
consuetudinaria de imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad en el juzgamiento
de los hechos ocurridos durante la última dictadura militar..." (ver "El Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional y la necesidad de adecuar la Legislación Nacional. Estado de la
Cuestión en Argentina. Pablo F. Parenti Revista de Derecho Penal y Proceso Penal, n�,
pág.19891905, Buenos Aires 2005, Lexis Nexis). En consecuencia, lejos ha quedado la interpretación que pretende asignarle la defensa a la
frase "derecho vigente", para obtener una declaración de prescripción de los hechos que se le
atribuyen a su pupilo, ya que por el contrario, cabe concluir que esa expresión contempla la aplicación del derecho de gentes reconocido por nuestra Constitución Nacional y receptado jurisprudencialmente con anterioridad a esta norma. Cabe agregar a lo dicho, que la ley 26.200 también recepta la imprescriptibilidad de los
delitos llamados de "lesa humanidad" a través del artículo 11 que dice: "La ación y la pena de
los delitos previstos en los artículos 8, 9 y 10 de la presente ley y aquellos que en el futuro
sean competencia de la Corte Penal Internacional, son imprescriptibles". Ante ello, debe recordarse que a Pablo Eduardo García Velasco este Tribunal le confirmó el
procesamiento por la privación ilegal de la libertad y posterior desaparición forzada de
Rodolfo Walsh y los daños a su vivienda en la localidad de San Vicente y desapoderamiento
de sus bienes, conductas sobre las cuales se dijo que: "...llevan el sello característico de los
crímenes contra la humanidad pues se inserta en un ataque de naturaleza sistemática y en gran
escala, en contra de la población civil, en todo o en parte..." (ver causa n�.516, reg.n�
25.427, rta. el 18/7/2006, y artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional). Se sostuvo que "Las formas particulares de los actos ilegales... son menos cruciales que la
definición de los factores de escala y política deliberada, al igual que tengan como objetivo la
población civil en todo o en parte... El término 'dirigido en contra de cualquier población
civil' debe hacer referencia a actos cometidos como parte de un ataque generalizado y
sistemático en contra de una población civil por motivos nacionales, políticos, étnicos,
raciales o religiosos. Los actos particulares referidos en la definición son los actos cometidos
deliberadamente como parte de ese ataque." ("Draft Statute for an International Criminal
Court", en: Report of the ILC on the work of its forty-sixth session, 2.5.- 22/7/1994, Ga,
Oficial Records, Forty-sixth session, Supplement n� 10 (A/49/10), par. 42-91, pp. 29-161, en
Ambos, Kai "Impunidad y Derecho Penal Internacional", p. 95, Ad-Hoc, Buenos Aires,
1999).- En consecuencia, no han perdido virtualidad las afirmaciones de este Tribunal que sostuvo
que nos encontramos ante delitos de lesa humanidad, como crimen de derecho internacional cuya imprescriptibilidad, contenido, naturaleza y condiciones de responsabilidad son
establecidas por normas internacionales con independencia de los criterios que puedan
discernirse en el derecho interno de los Estados. Éstos, a su vez, se encuentran obligados a
juzgar y castigar a los responsables de esos crímenes, y la norma que así lo establece es una
norma imperativa del derecho internacional que pertenece al ius cogens o derecho de gentes. En igual sentido se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sostuvo: "la
desaparición forzada de personas constituye una violación múltiple y continuada de
numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los estados partes están obligados a
respetar y garantizar", y ello sin perjuicio de la ley positiva del Estado que se trate, pues si
bien no existía al tiempo de los hechos "ningún texto convencional en vigencia, aplicable a
los Estados Partes en la Convención, que emplee esta calificación, la doctrina y la práctica
internacionales han calificado muchas veces las desapariciones como un delito contra la
humanidad" (conf. Caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio de 1988 Serie C N�
4; luego reiterado en el caso Godinez Cruz, sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C N� 5;
y recientemente en el caso Blake, sentencia del 24 de enero de 1998, Serie C N� 36, de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, conf. Preámbulo de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas citados en CSJN, A. 533. XXXVIII.
Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros -causa
n� 259- rta el 24/08/2004). Por otra parte, en la anterior intervención de este Tribunal, también se le dio respuesta a lo
alegado por la defensa en cuanto a que el Código Penal no contiene la categoría de crimen
contra la humanidad. Se dijo que: "...la expresión desaparición forzada de personas no es más que un nomen iuris
para la violación sistemática de una multiplicidad de derechos humanos, a cuya protección se había comprometido internacionalmente el Estado argentino desde el comienzo mismo del
desarrollo de esos derechos en la comunidad internacional una vez finalizada la guerra (Carta
de Naciones Unidas del 26 de junio de 1945, la Carta de Organización de los Estados
Americanos del 30 de abril de 1948, y la aprobación de la Declaración Universal de Derechos
Humanos del 10 de diciembre de 1948, y la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre del 2 de mayo de 1948)" (dictamen del señor Procurador General en la
causa M.960.XXXVII "Massera, Emilio Eduardo s/ incidente de excarcelación", sentencia del
15 de abril de 2004). Debe sumarse a lo anterior que el art. 7.1, inc. h, del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, considera como crimen de lesa humanidad la "Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos,
culturales, religiosos o de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente
reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con
cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia
de la Corte...". Finalmente, debe dejarse sentado que el art. II de la Convención sobre la Imprescriptibilidad
de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, luego de definir los
crímenes imprescriptibles, dispone "Si se cometiere alguno de los crímenes mencionados en
el artículo I, las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a los representantes de
la autoridad del Estado y a los particulares que participen como autores o cómplices o que
inciten directamente a la perpetración de alguno de esos crímenes, o que conspiren para
cometerlos, cualquiera sea su grado de desarrollo, así como a los representantes de la
autoridad del Estado que toleren su perpetración". En cuanto al argumento que nuevamente introduce el doctor Solari en el apartado "c" del
memorial de fs.109/112, relativo a que hasta la sanción y entrada en vigencia de la
constitución de 1994 no había delitos imprescriptibles, ya le fue respondido que el Máximo
Tribunal ha dejado sentado que: "la ratificación en años recientes de la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas por parte de nuestro país sólo ha
significado, como ya se adelantara, la reafirmación por vía convencional del carácter de lesa
humanidad postulado desde antes para esa práctica estatal, puesto que la evolución del
derecho internacional a partir de la segunda guerra mundial permite afirmar que para la época
de los hechos imputados el derecho internacional de los derechos humanos condenaba ya la
desaparición forzada de personas como crimen de lesa humanidad" (ver causa Arancibia ya
citada). Todo lo dicho hasta aquí resulta congruente con lo que tiempo antes dijo esta Alzada al
sostener la imprescriptibilidad de este tipo de delitos, cuando señaló que el escollo que constituye el artículo 18 de la Constitución Nacional, en tanto desconoce la validez de la
aplicación de normas ex post facto, sólo puede ser salvado a través del reconocimiento de que
esa regla no puede ser invocada en el ámbito del derecho penal internacional, en el que se
enmarcaban esos acontecimientos. Ello, a su vez, se sustenta en la preeminencia del Derecho
de Gentes establecida por el artículo 118 de la Constitución Nacional (ver de esta Sala, la
causa n� 17.889, "Incidente de apelación de Simón, Julio", rta el 9/11/2001, reg n�.192 y
sus citas). En esa misma línea la Corte Suprema sostuvo que "los delitos como el genocidio, la tortura,
la desaparición forzada de personas, el homicidio y cualquier otro tipo de actos dirigidos a perseguir y exterminar opositores políticos -entre los que debemos contar el formar parte de
un grupo destinado a llevar adelante esta persecución-, pueden ser considerados crímenes
contra la humanidad, porque atentan contra el derecho de gentes tal como lo prescribe el art.
118 de la Constitución Nacional" (ver causa Arancibia Clavel ya citada). Para concluir debe señalarse que en el precedente "Arancibia Clavel", nuestro máximo
Tribunal se refiere expresamente a lo que es "derecho vigente" y declaró que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de LesaHumanidad, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 26 de noviembre de 1968, aprobada por el
Congreso Nacional mediante Ley 24.584 del 1 de noviembre de 1995, e incorporada al bloque
de Pactos con jerarquía Constitucionala partir de la ley 25.778: "...constituye la culminación
de un largo proceso que comenzó en los primeros años de 1960 cuando la prescripción
amenazaba con convertirse en fuente de impunidad de los crímenes practicadosdurante la
segunda guerra mundial...que esta Convención sólo afirma la imprescriptibilidad, lo que
importa el reconocimiento de una norma ya vigente (ius cogenes) en función del derecho
internacional público de origen consuetudinario. De esta manera no se fuerza la prohibición
de retroactividad de la ley penal, sino que se reafirma un principio instalado por la costumbre internacional, que ya tenía vigencia al tiempo de la comisión de los hechos. Que en rigor no
se trata propiamente de la vigencia retroactiva de la norma internacional convencional,toda
vez que su carácter de norma consuetudinariade derecho internacional anterior a la
ratificación de la Convención de 1968 era ius cogens..." (Considerando 27 a 29 del voto de
los doctores Zaffaroni y Highton de Nolasco). Habiendose dado respuesta ha cada uno de los agravios ensayados por la defensa, y en virtud
de las consideraciones efectuadas, habrá de confirmarse la la resolución recurrida. Por lo expuesto el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución que luce a fs.86/9 en todo cuanto dispone y fuera materia de
apelación. Regístrese, notifíquese al Fiscal General y remítase al juzgado origen a fin de que se efectúen
las restantes notificaciones a que hubiera lugar." DDHH en Argentina
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References: resolución 
 artículo 18
 artículo 13
 artículo 18
 artículo 13
 artículo 13
in fine
 artículo 11
 artículo 7
 artículo 18
 artículo 118
 resolución 
 resolución