Source: https://www.scribd.com/document/360085570/El-Coste-Del-Estado-Autonomico-UPyD
Timestamp: 2019-09-17 12:29:15+00:00

Document:
El Coste Del Estado Autonomico UPyD | Spain | Government Budget Balance
El Coste Del Estado Autonomico UPyD
Informe sobre el fallido estado autonómico Español
saveSave El Coste Del Estado Autonomico UPyD For Later
Coaching y Su Impacto en El Desempeño Laboral, Propuesta de Programa de Coching
T.U.O. de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública (Perú)
Test Nº 3 Constitución
Executive Excellence 69
Conven i Oe Special
El coste del Estado autonómico II:
Edición revisada, actualizada a mayo de 2011 y ampliada de “El coste del Estado autonómico I”
Grupos de Administración Pública y de Economía de UPyD
© Fundación Progreso y Democracia, 2012 Publica: Fundación Progreso y Democracia Calle Cedaceros 11, 2º H 28014 Madrid (España) ISBN: 978-84-937433-7-6 Edición literaria al cuidado de Miguel Ángel Quintana Paz Ilustración y diseño de portada: Pablo Uría Diseño y maquetación: Sic – Idea y creación editorial
Primera edición: marzo 2012 Impreso en España
1ª PARTE: EL COSTE DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
1.1. Prefacio a la segunda edición: Un año después, el tiempo
(y los demás) nos han dado la razón..........................................................25
1.1.1. Sobre el carácter predictivo de nuestro libro
1.1.2. Excesos detectados: conﬁ rmados y aumentados
1.1.2.1. Exceso de deuda y déﬁ cit públicos
1.1.2.2. Excesos derivados de duplicidades, redundancias
y otras incidencias
1.1.3. Carencias que hacen el sistema actual inviable
1.1.3.1. Un Estado fuerte y capaz de hacer frente a los retos que plantea
un contexto global, cambiante y complejo
1.1.3.2. Dirigentes y directivos competentes
1.1.3.3. Una cultura de autocrítica, transparencia
1.1.3.4. Una cultura que fomente la productividad, la eﬁ cacia y la
eﬁ ciencia
1.1.3.5. Déﬁ cit de medición y comparación
1.1.4. Algunas conclusiones sobre lo ocurrido en el último año
1.2. El coste del Estado autonómico (2010): Duplicidades, redundancias
y excesos de un Estado con tres Administraciones. Hacia una medición
de la eﬁ cacia y la eﬁ ciencia
1.2.0. Prólogo a la edición de 2010
1.2.1. Contexto y características del estado autonómico
1.2.1.1. Algunos presupuestos metodológicos y de enfoque
1.2.1.2. ¿Dónde estamos? Geografía, demografía y economía
1.2.1.3.¿Cómo hemos llegado a esta situación? Algunas
características perversas del modelo
1.2.2. El coste del Estado Autonómico
1.2.2.1. ..............................................................
1.2.2.2. .................................................................
1.2.3. Gastos evitables: excesos, duplicidades y redundancias
1.2.3.1. Medios anticuados y políticas innecesarias
1.2.3.2. Proliferación de organismos público-privados
1.2.3.3. Duplicidades administrativas
1.2.4. Costes de personal y de funcionamiento
Dos excesos previos: personal de conﬁ anza
y diferencia salarial
Evolución de la distribución de efectivos
¿Puede medirse la eﬁ cacia y eﬁ ciencia de las
Administraciones Públicas? Hacia una taxonomía de
1.2.5. En conclusión: doce carencias y debilidades del modelo vigente 106
1.2.6. Doce propuestas para salir del caos organizativo
y el exceso de gasto
1.2.7. Anexo: medición de la eﬁ ciencia
y eﬁ cacia de las administraciones públicas
Cómo medir la eﬁ cacia
Indicadores de eﬁ ciencia
Indicadores de eﬁ cacia
Tabla resumen de los principales datos
1.3. Apéndice: Cálculo del sobrecoste de las ineﬁ ciencias de las
1.3.1. Sobrecoste
1.3.2. Sobrecoste en presencia de la externalización de servicios
2ª PARTE: EL COSTE DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
2.1. Medición de la eﬁ ciencia de las 40 principales ciudades
2.1.1. Concepto y medida de la eﬁ ciencia
2.1.2. Cómo medir la eﬁ ciencia
2.1.3. Eﬁ ciencia y calidad
2.2. Tamaño eﬁ ciente de un municipio
2.2.1. Concepto de tamaño eﬁ ciente
2.2.2 Tamaño eﬁ ciente y estimaciones de ahorro pontencial
El libro que presentamos ahora contiene una reedición sustancialmente corre- gida y ampliada del informe El coste del Estado Autonómico I publicado por la Fundación Progreso y Democracia en abril de 2010 1 . Dicho informe constituyó el primer documento de un partido político donde se alertaba de los excesos del modelo autonómico español y de cómo su diseño alentaba y permitía el incremento de gastos innecesarios. Desde entonces poco a poco otros par- tidos, fundaciones, investigadores y expertos se ha ido sumando a nuestras tesis, que hoy recogen asimismo tanto la Comisión Europea como el FMI, aunque no siempre de forma completa. Nos sentimos orgullosos de haber introducido en la agenda político-mediática asuntos que antes simplemente se negaban y de haber roto un silencio cómplice que tapaba y escondía las vergüenzas de un sistema perverso consentido por casi todos.
Con este nuevo libro, los autores (los Grupos de Administración Pública y de Economía de UPyD) pretendemos dar un paso más, aportando nuevos datos (actualizados a mayo de 2011) y profundizando en el nivel de la Admi- nistración local, otro de los pilares necesitados de una profunda reforma en nuestro país si queremos de verdad romper la dinámica de déﬁ cit, deuda, ineﬁ ciencia e irresponsabilidad que caracteriza a la actuación habitual de mu- chos dirigentes políticos. Una vez más queremos contribuir a llenar la laguna (intencionada) que existe en España de estudios comparados sobre eﬁ ciencia administrativa.
Debemos recordar que nuestro análisis no iba ni va dirigido contra el fenó- meno de la descentralización política o administrativa –que en otros países (Alemania, Estados Unidos, Austria) ha logrado tener un notable éxito–, sino contra su aplicación particular «a la española», caracterizada por algunos ele- mentos perversos, la mayoría de los cuales se mantienen a pesar del tiempo transcurrido. Podemos destacar algunos de ellos:
1. Grupo de Administración Pública de UPyD: El coste del Estado autonómico. Fundación Progreso y Democracia: Madrid, 2010.
El coste del Estado autonómico II ı 11
• La renuncia a establecer un modelo concreto en la Constitución española, ambigüedad que ha sido aprovechada por unos y por otros para descono- cer o ignorar los pocos límites que sí establece.
• Una tendencia incremental en prácticamente todas las comunidades au- tónomas, que desde el principio no se conformaron con mantener el gasto de las políticas transferidas por el Estado y el número de organismos, sino que optaron en su lugar por aumentar –de forma en ocasiones redundante y casi siempre innecesaria– ﬁ nanciación, personal y número de entidades, tanto dentro como fuera de su territorio, llegando en ocasiones a bordear el ridículo.
• Esa actuación derrochadora fue liderada por los Gobiernos nacionalistas, con una estrategia nada disimulada de suplantar al Estado en todo tipo de competencias, con independencia de su sentido económico, social o de si poseían o no base legal. Pero a su vez fue imitada por el resto de comuni- dades autónomas, con el axioma bastante simplista y acrítico de que lo que es bueno para los demás debe de serlo para nosotros; y además con la po- sibilidad de conseguir con ello réditos electorales. Del «café para todos», se pasó a «tonto el último», lema que se concretó más recientemente en la de- nominada «cláusula Camps» del nuevo Estatuto de autonomía valenciano.
Todo ello se sustentó en un concepto muy particular de autonomía impulsa- do por los Gobiernos nacionalistas (pero de nuevo imitado por los demás), en el sentido de que no había verdadera autonomía política si no existía al mismo tiempo autonomía económica. Ésta se cifraba en dos objetivos:
recaudar autónomamente (País Vasco y Navarra habrían conseguido en este sentido el top de autonomía) y gastar del mismo modo («caiga quien caiga»). Como consecuencia se trasla dó hábilmente al imaginario colecti- vo de la sociedad que por tanto autonomía «debía» equivaler a ausencia de límites. Lo cierto es que en el mundo real todos estamos sujetos a lími- tes: algunos puramente físicos, pero otros ﬁ jados por nuestras leyes; y es precisamente gracias a estos límites que podemos ejercer nuestra liber- tad. Lo más curioso es que los nacionalistas reclaman para sí un concepto de autonomía de la que no gozan ni siquiera los Estados-nación, como ellos llaman, y que tampoco existe en ningún Estado federal.
• Nada de esto hubiera llamado la atención sin embargo si los distintos Go- biernos autonómicos hubieran hecho un uso sensato y austero de su auto-
12 ı Administración autonómica y local
nomía, pensando en el bienestar de los ciudadanos y en el bien común de España. Pero si algo han demostrado estos treinta años de ausencia de límites es que se ha castigado la mesura y se han premiado los excesos y las argucias orgánico-ﬁ nancieras, como la de crear entidades instrumen- tales para ocultar déﬁ cit. Esto es especialmente cierto en al caso de los Gobiernos nacionalistas quienes, en ejercicio de su particular concepto de autonomía de gasto, por ejemplo, en lugar de apostar por crear y man- tener un sistema de salud y de protección social de calidad y eﬁ ciente, que les diera prestigio (real) en España y en Europa, han preferido optar por el folklore: comprando lanzas tribales, subvencionado la enseñanza del catalán en países latinoamericanos o abriendo costosas embajadas cuya utilidad práctica es cercana al cero, cuando no al ridículo, ya que la protección consular sólo puede ser ejercida legalmente por el Estado es- pañol (¿alguien se cree que se fomenta la inversión extranjera clamando que Cataluña no es España?). Esta tendencia parece que se conﬁ rma con el nuevo protocolo de uso de la lengua catalana por los médicos del sis- tema de salud catalán incluso ante personas que tengan diﬁ cultades para entenderlo: una vez más el nacionalismo demuestra que antepone sus intereses «soberanistas» al bienestar y salud de sus ciudadanos.
• Por otra parte, estos gastos innecesarios y excesivos se trasladaron igual- mente a las inversiones, sometiéndolas a criterios políticos o electoralistas incompatibles con estudios económicos mínimamente rigurosos en cuanto a viabilidad y relación coste/beneﬁ cios: aeropuertos sin pasajeros, universi- dades sin alumnos, carreteras triplicadas, trenes de alta velocidad sin viaje- ros, etc. A ello se une que en ningún proyecto se contabilizan los gastos pre- visibles de mantenimiento dentro de la (preceptiva) memoria económica.
Este diseño del modelo, a golpe de chantaje político u ocurrencia electoralista, se ha convertido en un cáncer estructural en España que funciona como verda- dero impuesto al crecimiento económico y a la gestión eﬁ ciente de los recursos públicos. Esto pasa por ejemplo con la diﬁ cultad para establecer centrales de compras o con la creación y mantenimiento de diecisiete ordenamientos dife- rentes que llegan a establecer requisitos y exigencias «localistas» para la aper- tura de negocios o su funcionamiento (por ejemplo en materia de seguros), lo que supone no solo un obstáculo al mercado interior –con la introducción de un verdadero proteccionismo autonómico y una red clientelar (que fomenta la co- rrupción)–, sino que directamente desincentiva la inversión extranjera en nues- tro país, lo que resulta especialmente grave en tiempos de crisis económica.
El coste del Estado autonómico II ı 13
Desgraciadamente este análisis sigue estando vigente tras las elecciones ge- nerales de 2011, a la fecha de redacción de este prólogo, cuando el nuevo Gobierno ha conﬁ rmado que el déﬁ cit superará el 8%. Pero lo más relevante es que, según informe de 11 de enero de 2012 del Observatorio Fiscal y Fi- nanciero de las Comunidades Autónomas 2 , todas las comunidades autóno- mas incumplen el objetivo de estabilidad del -1,3%; su desvío respecto a esa cifra alcanza los 14.476 millones de euros, de los cuales el 62,2% (más de 9.000 millones) corresponde a cuatro comunidades: Comunidad Valenciana (21,3%), Cataluña (15,5%), Andalucía (14%) y Castilla-La Mancha (11,4%). En este contexto, y sabiendo que las comunidades autónomas son responsables aproximadamente del 60% del consumo público, sorprende poderosamente que estas se nieguen a que sus presupuestos sean visados por el Ministerio de Hacienda, cuando España como Estado miembro de la UE ha aceptado que esta controle su propio presupuesto. De nuevo la pregunta es si el modelo autonómico tal como está diseñado en España está dirigido a mejorar la cali- dad de la vida de los ciudadanos o a mantener una serie de privilegios de las castas dominantes de cada territorio.
En este libro también se incluyen (en su apartado 1.3.) los cálculos que se realizaron (y que no se pudieron incluir en la anterior edición del libro, la de 2010) siguiendo criterios de benchmarking para conocer de forma relativa el sobrecoste de las comunidades autónomas en la prestación de los servicios públicos atendiendo a su gasto en los capítulos I, II y IV de sus presupuestos. Para ello, se normalizó el gasto por comunidad en esos capítulos, dividiéndolo por la población, y se hizo la comparación sobre la media de las tres mejores (esto es, las que menor gasto por habitante tenían). Según este cálculo se pudo concluir que durante el último trienio (2008-2010) el sobrecoste (y consi- guiente ahorro) ascendería a 52,8 mil millones de euros.
El coste de los entes locales Una vez presentado el anterior informe sobre el coste del Estado autonómico (edición de 2010), los Grupos de Administración Pública y de Economía de UPyD trabajaron en un estudio sobre el coste de las entidades locales, que fue presentado en octubre de 2010. Este se hizo desde una doble perspectiva:
1) calculando el sobrecoste de las cuarenta principales ciudades de España por población, aplicando para ello la misma técnica que se utilizó para el cál- culo del sobrecoste de las diecisiete comunidades autónomas y las dos ciuda-
2. http://www.fedea.net/CCAA
14 ı Administración autonómica y local
des autónomas; y 2) calculando el coste de la exuberancia municipal española (nuestro país cuenta con 8.112 municipios) y los ahorros que conllevarían un proceso de fusión municipal al aplicarse economías de escala en la provisión de servicios municipales.
Al igual que en el caso de las comunidades autónomas, fuimos los primeros en presentar un análisis de eﬁ ciencia comparativo de las principales ciudades es- pañolas y de calcular el coste que implica la profusión de pequeños municipios que hay en España. Ese análisis se presenta en la segunda parte de este libro.
Con datos de 2008 (que no varían sustancialmente en años posteriores como publicaremos en su momento), el estudio mostró que las principales ciudades españolas incurrían en importantes sobrecostes, destacando en ello la ciu- dad de Madrid. Para el cálculo de ese sobrecoste hemos utilizado la misma técnica que para el de las comunidades autónomas, normalizando los gastos del capítulo I y capítulo II de los presupuestos dividiéndolos por su población y comparando cada ciudad con la media de las tres con menor gasto en ese capítulo, que son las más eﬁ cientes. Se trata de aplicar las ya citadas técnicas de benchmarking , muy comunes en la Unión Europea y en los países federa- les pero casi ausentes en el estudio de los entes territoriales españoles; se- guramente, como señalamos en el primer libro, por la opacidad interesada de los responsables políticos de estas entidades, que no desean comparaciones que permitan a sus ciudadanos valorar con exactitud sus políticas.
Según los datos obtenidos, las tres ciudades más eﬁ cientes son para el capí- tulo I Gijón, Oviedo y Vigo; y, para el capítulo II, Córdoba, Gijón y Tarrasa. La suma del sobrecoste en esos dos capítulos da un ahorro potencial de 6.211 millones de euros, aproximadamente el 0,6% del PIB español. Un ahorro que representa algo más de la octava parte del que nos obliga el cumplimiento de déﬁ cit ﬁ jado por la Unión Europea para el año 2012. Un sobrecoste en el que destaca la ciudad de Madrid, ya que ella sola aporta el 38% del mismo, más de seis veces el de la ciudad de Barcelona.
Con el objeto de perfeccionar el estudio, aunque de forma todavía provisional, hemos incorporado también un análisis de los gastos del Capítulo IV, ya que todas las ciudades, en mayor o menor medida, han llevado a cabo políticas de externalización de servicios mediante la trasferencia de recursos a entes públicos o privados que lógicamente implican gastos de los capítulos I o II que se podrían ahorrar.
El coste del Estado autonómico II ı 15
En este estudio hemos considerado que todos estos municipios presentan un nivel de servicios similar. Pero con el ﬁ n de contrastarlo con la calidad que los ciudadanos aprecian en sus servicios lo hemos cruzado con un estudio hecho por Mercociudad. Y de ese cruce se puede concluir que la calidad no está reñida con la eﬁ ciencia, ya que no hay una correlación estadísticamente signiﬁ cativa entre ambas. E incluso, en casos como Gijón y Sevilla, hay una correlación inversa entre gasto y calidad: a menor gasto en los capítulos I y II, mayor calidad y a la inversa.
Como mencionamos al hablar de las comunidades autónomas, el estudio es preliminar y debe ser completado por quien realmente tiene medios para ha- cerlo. Y en él deberá incorporarse tanto la deuda como aquellas inversiones realizadas que han resultado de una escasa utilidad pública.
Lo que el estudio sí evidencia es que, al igual que las comunidades autóno- mas, los municipios han duplicado sus competencias sobre la base de la com- petencia general establecida en el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local del año 1985, ampliando su campo de acción con las del Estado y las comunidades autónomas desde la educación hasta el empleo y dejando a veces en un segundo plano la que debían ser sus obligaciones esenciales. Al mismo tiempo, han aplicado ingentes cantidades de dinero en infraestructuras innecesarias o en ediﬁ cios suntuosos, en muchas ocasiones de escaso gusto estético. Se creyó, en suma, que esos gastos colocarían a sus ciudades en el top ten de no se sabe bien qué ranking ; y se olvidó que lo que hace que una ciudad sea realmente próspera son sus ciudadanos y que estos requieren de servicios básicos y no de altos impuestos para pagar los «caprichos de sus alcaldes». Madrid es el ejemplo perfecto: se ha gastado cientos de millones en nuevas sedes municipales, que parecen más propias de un país, o en comple- jos deportivos, como la Caja Mágica, que nadie quiere usar. Este es el camino perfecto que nos ha llevado a la situación de crisis que padecemos.
En una segunda parte sobre los entes locales hemos calculado el coste de la exuberancia municipal española. Nuestro país cuenta con 8.112 municipios de los cuales el 84% tiene menos de 5.000 habitantes y sólo pocos más del 1% superan los 50.000 habitantes. Esta estructura, como señala Ramón Parada en su libro de 2007 La segunda descentralización: del Estado autonómico al municipal 3 , se deﬁ nió en las Cortes de Cádiz a partir del régimen campesino-
3. José Ramón Parada Vázquez: La segunda descentralización: del Estado autonómico al
16 ı Administración autonómica y local
parroquial vigente. Y no se ha adaptado a los nuevos tiempos, en los que se han producido numerosísimos cambios productivos y poblacionales. Ha per- manecido como tal a pesar de su disfuncionalidad y a pesar de lo hecho en otros países a partir de los años 60 del siglo pasado, donde se acometieron importantes procesos de fusión municipal ligados a una racionalización de su propio funcionamiento, como ha explicado el profesor Francisco Sosa Wagner en diversos de sus estudios. Incluso se ha seguido el proceso contrario y se han realizado segregaciones municipales, al hilo de la enfermedad identitaria que ha dominado nuestro país en las últimas décadas (como señalábamos al hablar de las comunidades autónomas) y que conﬁ emos en que haya empe- zado su retroceso.
Al problema del tamaño municipal se une la existencia de las diputaciones provinciales, que jugaron un importante papel desde que se crearon en el siglo XIX por el decreto de Javier de Burgos pero cuya razón de ser, tras el proceso descentralizador en comunidades autónomas, es muy reducida, ya que viene realmente justi ﬁ cado por la función que realizan para garantizar los servicios a los ciudadanos de los municipios de menos de 20.000 habitantes:
mas esa función podría dejar de ser necesaria mediante el citado aumento del tamaño de los municipios españoles y la asunción por las comunidades autónomas de parte de sus competencias, como ya sucede en el caso de las comunidades uniprovinciales. También hay que contar que se han ido crean- do toda otra serie de entes, como las mancomunidades, que en general no han funcionado y que sin embargo han servido para diluir la responsabilidad política de alcaldes y concejales.
Para determinar el sobrecoste que se deriva del tamaño de los municipios en España, y también para ver si se puede establecer una mínima escala eﬁ cien- te para la provisión de servicios, hemos analizado la relación entre población e ingresos a escala municipal en toda España, añadiendo a los ingresos los gastos de las diputaciones. Para asignar los gastos de las diputaciones he- mos aplicado una regla proporcional a la población asignando el 70% de su gasto a los municipios con menos de 20.000 habitantes, ya que es allí donde orientan esencialmente su función. De esta forma el sobrecoste lo hemos deﬁ nido como la relación entre los recursos que gasta un municipio porcen- tualmente sobre el total del gasto municipal español frente al porcentaje que representa su población sobre el total español. Este indicador permite mostrar
municipal . Cívitas: Madrid, 2007.
El coste del Estado autonómico II ı 17
qué municipios tienen un mayor consumo de recursos en relación a sus habi- tantes y, por tanto, son menos eﬁ cientes.
De acuerdo con los datos que hemos calculado y que se pueden consultar en este libro en su apartado 2.2., el tamaño más eﬁ ciente es el de los municipios de 20.000 habitantes; si bien existen economías de escala en general en to- dos los municipios de mayor tamaño, con las excepciones de Sevilla, Bilbao, Vitoria, Pamplona y San Sebastián (lo que en el caso de Sevilla coincide con el hecho de que sea una de las ciudades cuya calidad de servicios es peor va- lorada por sus ciudadanos). En el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes se aprecian deseconomías de escala.
Aplicando estos criterios y determinando posibles tamaños mínimos hemos calculado el ahorro potencial que podría llegar a haber. Así, si fusionáramos los municipios en tamaños de 2.000, 5.000, 10.000 ó 20.000 habitantes se podrían ahorrar desde 1.956 millones de euros para un tamaño de 2.000 ha- bitantes hasta 16.142 millones para un tamaño de 20.000.
En la vida actual, donde prima la movilidad y donde la gente busca la calidad de los servicios, un proceso de fusión municipal tendría grandes beneﬁ cios. Por una parte se podrían prestar servicios de mejor calidad, ﬁ nanciarlos ade- cuadamente y suprimir duplicidades. Serían de mejor calidad ya que podrían contar con una estructura administrativa más eﬁ ciente y reducida que depen- diera menos del localismo; y porque se podrían aprovechar los recursos co- munes reduciendo gasto corriente en ediﬁ cios, material, etc. Por otra parte se podrían eliminar duplicidades entre ellos, con las Diputaciones Provinciales y con las comunidades autónomas. En deﬁ nitiva, se podrían aprovechar las sinergias derivadas de su fusión para prestar los servicios esenciales que dan los municipios y que son uno de los signos más evidentes de civilización: agua corriente, recogida de residuos, alumbrado, calles y carreteras. A veces se nos olvida que esas funciones son las que de verdad con carácter preferente deben realizar los municipios, como nos recuerda Edward Glaeser en su re- cientemente traducida obra El triunfo de las ciudades 4 .
Por otra parte, la cercanía favorece la corrupción, ya que se tienen que tomar decisiones importantes, sobre todo en materia de urbanismo, por institucio- nes poco «poderosas» frente a los poderes económicos que pueden sacar
4. Edward Glaeser: El triunfo de las ciudades. Taurus: Madrid, 2011.
18 ı Administración autonómica y local
grandes beneﬁ cios de ellas. La fusión de los municipios existentes en otros de mayor tamaño permitiría elegir a concejales y alcaldes más preparados y además reduciría signiﬁ cativamente su número, que pasaría, de los 48.733 concejales que existen en la actualidad en los 6.821 municipios de menos de 5.000 habitantes hoy vigentes, a 13.000 concejales, si se fusionaran en 1.000 municipios de 5.000 habitantes, o a 7.500 concejales, si se fusionaran en 500 de 10.000 habitantes.
Los datos que ofrecemos en este estudio resaltan que es muy conveniente ha- cer una modiﬁ cación de la estructura administrativa local de España. Para ello consideramos que es imprescindible que haya un impulso desde el Estado que ﬁ je mediante una modiﬁ cación de la Constitución –que también debería reconsiderar la estructura y competencias de las comunidades autónomas, según hemos señalado– cuales han de ser las competencias de cada ámbito territorial. Y que respecto de las entidades locales proceda a marcar los cri- terios mínimos de población para tener un Ayuntamiento, de forma que pau- latinamente, y en un proceso que deberá hacerse conjuntamente con las co- munidades autónomas, se termine por modi ﬁ car la planta municipal mediante la reducción del número de Ayuntamientos y la supresión de las diputaciones provinciales. Obviamente esto no implicaría la desaparición de los nombres de los pueblos, ni de su ﬁ esta local, que seguirían como hasta ahora. Lo único que compartirían todos los actuales municipios, después de fusionados, sería una misma estructura administrativa.
De realizar estas reformas en España habría tres niveles administrativos cla- ros: Administración del Estado, comunidades autónomas y municipios. Algo que debería ser igual para todo el país, incluido Euskadi, donde sus munici- pios y diputaciones practican estrategias enormemente derrochadoras.
Acciones de UPyD en las instituciones En todo caso, en este tiempo transcurrido desde el primer informe sobre el coste autonómico, UPyD no se ha limitado a su labor de análisis y denuncia, sino que tanto en el Parlamento nacional como en el Parlamento vasco, la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid y numerosos Ayuntamientos donde tenemos presencia ha formulado diversas iniciativas.
En el Congreso de los Diputados se presentó una proposición no de Ley en mayo de 2010 en la que se pedía el control del gasto de las comunidades autó- nomas por el Estado, que fue rechazada por todos los grupos parlamentarios
El coste del Estado autonómico II ı 19
argumentando que era constitucionalmente inviable. Lo que, por cierto, no en- tendió así el Tribunal Constitucional en su sentencia de 134/2011, donde cre- yó constitucional el control del gasto autonómico con la legislación entonces vigente. Y tan importante era esta cuestión que se acabó en agosto haciendo una reforma constitucional exprés para constitucionalizar el límite de gasto de las Administraciones Públicas. También en el Congreso, en julio del 2011, se presento una propuesta de resolución en la que se instaba al Gobierno a que iniciara un proceso de fusión de municipios y supresión de diputaciones que asimismo fue desestimada por todos los grupos. Luego se ha visto como la Unión Europea forzaba a países como Italia a realizar esa fusión, tarea que ha emprendido ya el nuevo Gobierno italiano.
En la Asamblea de Madrid el Grupo Popular propuso la creación de una Co- misión de Duplicidades –siguiendo la estela del debate público abierto por UPyD- entre la Comunidad Autónoma de Madrid y sus Ayuntamientos. Esa comisión tiene aún pendiente emitir un dictamen para su elevación al pleno de la cámara, pero por las comparecencias que han tenido lugar parece evidente la existencia de dichas duplicidades y la conveniencia de reformar la estruc- tura y funcionamiento de la Administración municipal. Tales duplicidades van desde las competencias en educación hasta las de vivienda. Los problemas de estructura y funcionamiento se han puesto aún más de relieve con la crisis. Existen Ayuntamientos como el de Parla, que no puede pagar una estructura de personal absurda en que los conductores y las peluqueras cobran entre los sueldos más altos del Ayuntamiento; y que construyó un tranvía inviable cuya ﬁ nanciación y coste de funcionamiento atenaza el cumplimiento por el Ayuntamiento de los servicios esenciales. O Ayuntamientos como el de Alcalá de Henares, que tiene cerca de 200 millones de euros de deuda, con un alcal- de que gana más que el presidente del Gobierno y 100 empleados públicos que ganan más que él, aparte de dedicar entes municipales a gastar millones de euros en campañas de autobombo y ﬁ nanciación a la que se hace prensa «amiga». Sin que debamos olvidar tampoco el Ayuntamiento de Alcorcón, con 500 millones de euros de deuda para un presupuesto de 160 millones, de los cuales 300 los debe la empresa municipal de la vivienda, que sirvió a los ﬁ nes megalómanos de un alcalde que quería con sus plusvalías construir un centro de arte de costes millonarios.
En otoño de 2011, UPyD presentó también en el pleno de la Asamblea de Madrid iniciativas destinadas a abrir desde la Comunidad homónima el ne- cesario control presupuestario previo de las comunidades autónomas y los
20 ı Administración autonómica y local
municipios; iniciativas que fueron rechazadas por todos los partidos bajo acu- saciones de demagogia y de querer reducir la autonomía de autonomías y municipios. Todos los grupos negaron que fuera necesaria una reforma cons- titucional. A pesar de estas negativas, se ha conseguido abrir el debate públi- co y no nos cabe duda de que el camino se acabará recorriendo, como ocurrió con la renuncia a los coches oﬁ ciales y posteriormente con la supresión en la Asamblea del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Agencia de la Emigración. Además hemos comprobado que donde somos decisivos se han acabado haciendo cosas interesantes en esta dirección: en Coslada se han reducido los asesores municipales y se está negociando un presupuesto que acabe con despilfarros varios; en Getafe se han suprimido también asesores y anulado subvenciones nominativas de millones de euros como la que iba al Getafe Club de Fútbol.
Por tanto, esta labor de UPyD ha sido imprescindible para abrir y potenciar un debate público esencial: la necesidad de resolver la crisis institucional de nuestro país, que en gran parte es responsable de la gravedad de la crisis y del retraso en acometer medidas para su solución. Una solución que a juicio de UPyD requerirá de una modi ﬁ cación constitucional. No hay que más que ver la infausta conexión que se creó entre las cajas de ahorros, comunidades autónomas, entidades locales y empresarios acostumbrados a vivir de los be- neﬁ cios que da la cercanía al poder. Este triángulo, en el que salían todos be- neﬁ ciados menos los ciudadanos, se ha producido en gran parte por el acre- centamiento de las elites locales y su falta de control por parte del Estado.
Breve valoración de algunas medidas del nuevo Gobierno Esta crisis institucional debe ser uno de los principales objetivos a resolver por el nuevo Gobierno y las nuevas Cortes Generales. A pesar de ello, las medidas tomadas hasta ahora por el Gobierno no animan a pensar que esté dispuesto a emprender las adecuadas, incluida la reforma constitucional. Hu- biera sido muy deseable que en el Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011, en el que se acordó la subida de impuestos, se hubiera acorda- do la intervención de la Comunidad Valenciana, para asumir directamente la gestión presupuestaria de esa quebrada comunidad, y se hubiera exigido al resto de comunidades autónomas que sometieran sus presupuestos a un control previo a su aprobación. Sin embargo, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 17 de enero se tomaron medidas a favor de las comunidades autónomas sin exigirles nada a cambio; lo que es un error que conﬁ emos en que se corrija con la Ley de Estabilidad Presupuestaria que habrá de apro-
El coste del Estado autonómico II ı 21
barse como desarrollo del nuevo artículo 135 de la Constitución, donde se ha establecida la llamada regla de oro del déﬁ cit público y cuyo anteproyecto ha sido presentado por el Gobierno.
Sin duda, UPyD está resultando fundamental en el mapa político español para romper la omertá que había venido caracterizando al modelo de organización del poder administrativo en España, siendo probablemente el grupo político que más está haciendo para llevar criterios de racionalidad política y económi- ca al sistema. Cambios estos imprescindibles para España que si no hacemos por nosotros mismos nos acabarán siendo impuestos desde fuera, como ha sucedido en otros países y como ocurrió con la reforma constitucional: que en el fondo implicó una intervención, puede que suave, pero intervención al ﬁ n y al cabo de nuestro país.
Quedan obviamente algunos temas pendientes, como el de seguir insistiendo en reforzar los criterios cualitativos, y no meramente cuantitativos, en el em- pleo de recursos públicos y poner así en cuestión el axioma, algo simplista, de que a más recursos se obtienen automáticamente mejor servicios públicos. De hecho, en futuros estudios pretendemos comparar el gasto autonómico en sanidad y educación para analizar con datos si verdaderamente el mayor gasto por enfermo o por alumnos se concreta necesariamente en más satis- facción del paciente o mejores resultados educativos en la encuesta PISA, así como actualizar el presente libro en función de las medidas que tome el nuevo Gobierno.
Por último, nos gustaría aprovechar también este prólogo para agradecer el trabajo certero de todos aquellos que han hecho posible la redacción de este libro, con una mención especial en este sentido a Jorge Díaz Neira por su labor en la recopilación y el tratamiento de los datos para este estudio.
Jaime de Piniés Bianchi Miembro del Grupo de Economía de UPyD
Ramón Marcos Allo Miembro del Consejo de Dirección de UPYD Diputado de la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid
22 ı Administración autonómica y local
1.1. Prefacio a la segunda edición:
Un año después, el tiempo (y los demás) nos han dado la razón
El libro sobre el coste autonómico publicado por la Fundación Progreso y Democracia en abril de 2010 5 fue el primer documento serio publicado en España por un partido político sobre los excesos del Estado autonómico, al que luego se han ido sin embargo apuntando otros (eso sí, sin nombrarnos). Así, la Fundación FAES, vinculada al Partido Popular, elaboró posteriormente un informe titulado Por un Estado autonómico racional y viable (publicado en diciembre de 2010) 6 , donde curiosamente se utilizaban datos muy similares a los nuestros, por supuesto sin citarnos, en un extraño homenaje a la política de transparencia en España. Algo parecido puede decirse del informe publi- cado por el Círculo de Empresarios sobre eﬁ ciencia de las Administraciones territoriales el 26 de abril de 2011 7 .
Por su parte, un exministro de Administraciones Públicas durante los primeros Gobiernos de Rodríguez Zapatero publicaba un artículo donde diferenciaba entre autonomía y descontrol. 8 También otros diputados del PSOE han pu- blicado artículos en el mismo sentido, como Elviro Aranda, portavoz adjunto de la Comisión Constitucional 9 , quien entre otras cosas decía: «Para seguir construyendo este Estado funcionalmente federal que no ponga en cuestión
5. Grupo de Administración Pública de UPyD: El coste del Estado autonómico. Fundación Progreso
y Democracia: Madrid, 2010. El texto íntegro de tal libro se halla incluido en el presente volumen
como su apartado 1.2.
6. Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales: Por un Estado autonómico racional y viable,
http://www.fundacionfaes.org/record_fi le/fi lename/2964/ESTADO_AUTONOMICO.pdf
7. Círculo de Empresarios: Administraciones Territoriales: propuestas para la mejora de la efi ciencia
y de la unidad de mercado, http://www.circulodeempresarios.org/wp-content/uploads/2011/04/
Doc-AATT-26-abril-2011.pdf
8. Jordi Sevilla: «Comunidades, ¿autónomas o descontroladas?». El Mundo (suplemento Mercados),
9. Elviro Aranda: «Racionalidad en el Estado autonómico». El Mundo, 10 marzo 2011.
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la unidad de España se necesita que la racionalidad impere en la política territorial, que las tentaciones para derivar el debate territorial al plano de los sentimientos y las emociones se erradiquen de las posiciones estratégicas de los partidos».
Finalmente, el propio Gobierno, presionado por la realidad de los datos y las interpelaciones parlamentarias de UPyD, no ha tenido más remedio que subirse al carro: eso sí, a destiempo y de forma un tanto super ﬁ cial y testimo- nial. Así, en el Anexo II de la Orden TAP/700/2011, de 17 de marzo, «por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2011, por el que se aprueban los programas y políticas públicas que serán objeto de evaluación por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios en 2011 (BOE de 1 de abril)», ﬁ gura el siguiente texto:
Informe relativo a posibles duplicidades, solapamientos e ineﬁ ciencias en el Estado Autonómico
En España, tras constatarse el éxito del modelo territorial previsto en la Constitución de 1978, se debate cómo mejorar la eﬁ ciencia del mismo para afrontar los nuevos retos. Otros países descentralizados, como Esta- dos Unidos, Suiza, Australia, Alemania o Canadá, han hecho este mismo ejercicio de reﬂ exión sobre sus sistemas de organización territorial del po- der en los últimos 15 años.
A pesar de que descentralización y eﬁ cacia van de la mano, siempre hay un margen para la mejora.
Bajo estas premisas, la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios elaborará un informe relativo a la me- jora en el funcionamiento del Estado Autonómico, centrado en identi ﬁ car las posibles duplicidades, solapamientos e ineﬁ ciencias del sistema e in- cluyendo las propuestas de mejora, en su caso, siempre desde la leal- tad institucional, el respeto al marco constitucionalmente diseñado y a los Estatutos de Autonomía, y bajo el principio de que la descentralización debe estar ligada especialmente a la eﬁ ciencia y la calidad de la acción pública.
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Extraña la similitud de este título y texto con la proposición no de ley presen- tada el 26 de enero de 2009 por UPyD y rechazada por el PSOE y el PP 10 ; proposición en cuya exposición de motivos se aseveraba, entre otras cosas:
España ha experimentado, sin duda, desde los años setenta una admirable evolución política, económica y social a la que ha contribuido con dedica- ción y eﬁ cacia nuestra Administración Pública. Ello ha sido posible gracias a la buena preparación y nivel de profesionalidad que, con carácter gene- ral, tienen nuestros funcionarios públicos, también a los planes de moder- nización implantados en los años ochenta (con las inspecciones operativas de servicios que eliminaron muchos trámites inútiles) y a una conciencia de austeridad en el gasto público operativo (que injustamente se ha consolida- do también en materia salarial), lo que nos permitió cumplir en el año 2000 los criterios de convergencia y pasar a formar parte de la Eurozona.
[…] Pues bien, sorprende que nadie esté valorando si la estructura creada por cada comunidad autónoma responde a dichos principios de economía, eﬁ cacia y eﬁ ciencia, y si se producen duplicidades innecesarias con el Estado (por ejemplo, en materia de política exterior), con la Administra- ción local o entre ellas. Ni siquiera que se sepa si se han llevado a cabo políticas de bench marking , tan frecuentes en otros ámbitos, que permitan comparar los modelos organizativos de las comunidades autónomas para determinar aquellos aspectos que puedan ser imitables y cuáles han de- mostrado ya su clara ineﬁ cacia.
Todo ello precedía a la proposición no de ley propiamente dicha presentada por UPyD, y que rezaba así:
a) Que presente un Proyecto de Ley que ﬁ je un modelo de Gobierno y de organización ministerial estable para los próximos diez años, sin perjuicio de la potestad de cada Presidente de Gobierno de crear ministerios sin cartera.
10. El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de doña Rosa Díez González, diputada de Unión Progreso y Democracia, presentó el día 26 de enero de 2009 una proposición no de ley (162/000300) de austeridad y racionalización de las Administraciones Públicas y de eliminación de duplicidades y de gastos superfl uos para su debate en pleno (BOE nº 142, 06/02/2009).
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b) Que presente, a ﬁ nales del año 2009, un Proyecto de Ley de Gobiernos austeros y eﬁ caces en el uso del dinero público que, en aplicación del ar- tículo 149.18 de la Constitución Española, ﬁ je las normas para el Gobierno y la Administración de España y de las Entidades locales y armonice las de los Gobiernos y Administraciones de las comunidades autónomas bajo esos principios.
En deﬁ nitiva, pues, nuestro informe-estudio no sólo tuvo la virtud del ser el primero en atreverse a poner el dedo en la llaga, sino que también es plausible sospechar que ha marcado cierta tendencia entre otros informes similares, además de tener un curioso carácter visionario o predictivo: por cuanto todos los errores, excesos y carencias detectados en aquel momento no han hecho sino conﬁ rmarse o agravarse desde entonces. Valga el siguiente resumen (que ocupará el resto de este apartado 1.1., el prefacio a esta segunda edi- ción) como botón de muestra de ello.
1.1.2. EXCESOS DETECTADOS: CONFIRMADOS Y AUMENTADOS 1.1.2.1. Exceso de deuda y dé ﬁ cit públicos
a) Un repaso a la (preocupante) situación En el año 2010 el Gobierno logró cumplir el objetivo que se había planteado, consiguiendo que el déﬁ cit del Estado español se situara en el 9,24%, menor que el 11,1% del año anterior, aunque ello no oculte que se sigue gastando bastante más de lo que se ingresa (en concreto 50.700 millones de euros anuales). No obstante, las comunidades autónomas incumplieron su objetivo previsto del 2,4%, pues alcanzaron un déﬁ cit del 2,83% del PIB. En realidad, de las 17 comunidades autónomas sólo ocho cumplieron el objetivo, con cua- tro (Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares y Cataluña) con desvíos muy nota- bles; fue Castilla-La Mancha la que ostentó el récord negativo con un 6,47% de su PIB. Sólo cuatro comunidades autónomas consiguieron ser ahorradoras en términos de déﬁ cit (Canarias, País Vasco, Extremadura y Madrid). De he- cho, mientras las Administración General del Estado redujo su déﬁ cit en el 2010 hasta casi la mitad del año anterior (situándose en un 4,97% del PIB) las comunidades autónomas aumentaron su déﬁ cit hasta el 3,39% del PIB frente al 2% del año 2009. Incluso si tomamos como referencia los presupuestos aprobados para este año 2011, Cataluña, Andalucía, Madrid, Comunidad Va- lenciana y País Vasco (por este orden) encabezan los mayores porcentajes de déﬁ cit.
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Con relación a la deuda las mayores gastadoras (también por este orden) fueron la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y Galicia. Sin embargo, en términos totales, el mayor volumen de deuda en 2010 fue, un año más, para Cataluña (27,6% del total de la deuda autonómica) seguida de Comunidad Valenciana y Madrid, sumando entre las tres el 54,5% del total. En todo caso, llama la atención que ninguna comunidad autónoma consiguiera reducir su endeudamiento respecto al año anterior y algunas, incluso lo incre- mentaran signiﬁ cativamente: País Vasco, Extremadura y Murcia. La previsión para este año 2011 no es mucho mejor si tenemos en cuenta las previsiones presupuestarias pues al menos ocho comunidades autónomas incumplirían el objetivo del 1,3% del PIB 11 . Es decir la reducción del déﬁ cit público no ha venido acompañada de la reducción de deuda, la cual está previsto que siga creciendo los próximos años (69,7% para el año 2011 y 73% para el año 2012), incrementando así el peso para las ya sobrecargadas espaldas de las gene- raciones venideras. Es más, según datos del Banco de España y de Eurostat, la deuda de las Administraciones Públicas españolas estaría ya (a ﬁ nales del 2010) en realidad cerca de los 800.000 millones de euros (un 75% del PIB) cuando al acabar el año 2007 alcanzaba 502.000 millones de euros; es decir 300.000 millones de incremento en tres años: ¡otro récord Guinness de in- eﬁ cacia e ineﬁ ciencia gubernamental! Todo esto sin contar el posible déﬁ cit oculto que ha aﬂ orado en Cataluña con el cambio de gobierno y que se podría reproducirse en otras comunidades autónomas tras los resultados electorales del 22 de mayo de 2011.
Por lo que se reﬁ ere a las corporaciones locales, el incremento de la deuda en 2010 fue del 2,1%, lo que la sitúa en el 3,3% del PIB. En términos totales llama la atención la deuda de algunas capitales de provincia (especialmente Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Sevilla) y que en 2010 continuara incrementán- dose, con el récord de la ciudad de Barcelona, con un incremento del 59,2%, y con la excepción de Madrid que bajó por primera vez en los últimos años un 4,5%; ahora bien, a costa de la creación de nuevos impuestos (tasa de basu- ra) por un servicio que ya se venía cobrando a cuenta del incremento del IBI. En todo caso, el Ayuntamiento de Madrid sigue ostentando el primer puesto en cuanto a deuda se reﬁ ere (7.300 millones según el Banco de España), lo que hace que supere la de todas las comunidades autónomas, excepto Cata- luña, Comunidad Valenciana y Andalucía.
11. Véase El País, 26 noviembre 2011.
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Esta relación nos demuestra que tanto PSOE (con o sin nacionalistas) como PP han gestionado mal los recursos públicos de sus autonomías, de los cua- les todavía a estas alturas estamos esperando algún ejercicio de autocrítica. No obstante, el caso de Cataluña es un hecho verdaderamente singular pues aparece en todas las quinielas como candidata a ser nombrada la comunidad autónoma con peor gestión económica y ﬁ nanciera. La Agencia de caliﬁ ca- ción Moody’s la caliﬁ ca como A3, la peor nota de solvencia de toda España; es decir, que de ser una nación independiente debería ser probablemente res- catada. 12 Junto al gasto excesivo de la propia Generalitat, habría que añadir la deuda de algunas entidades públicas catalanas destacadas por un Informe de la Cámara de Comercio de Barcelona, como el Instituto Catalán de Finanzas (una suerte de Banco público catalán que controla diversas ayudas públicas); la Agencia Catalana del Agua, con una deuda de 1400 millones; o del Instituto Catalán del Suelo, con 900 millones de deuda. 13
Ello llama especialmente la atención: tratándose de una de las comunidades con mayor autonomía y que ha hecho bandera de la reclamación constante de más cuota de ﬁ nanciación, en la práctica no existe conciencia en la ciudadanía de que con estos dirigentes (tanto del tripartito como demás grupos naciona- listas, pues todos ellos han gobernado) lo que tienen no es tanto un problema de falta de recursos como un serio problema de exceso de gasto y mal uso de fondos públicos. Dejando de lado los numerosos casos de corrupción (juzga- dos, pendientes y prescritos), baste como ejemplo el caso de unas embajadas funcionalmente inútiles o unos parlamentarios autonómicos que se encuentran entre los mejor pagados de España (véase el apartado 1.1.2.2.3.b de este li- bro). Sobre esto sin embargo no se habla y se opta mejor por instalarse en la cortina de humo del cupo catalán o manipulando a los ciudadanos con presun- tos agravios inexistentes o los enigmáticos efectos salvíﬁ cos de una ansiada, absurda y sacralizada independencia, excusas que a ﬁ n de cuentas permite emitir y colocar «bonos patrióticos» de deuda por valor de 5.400 millones de euros. Es un claro ejemplo donde se ve cómo puede la clase política pensar
12. No obstante, no es la única en ser degradada por la Agencia Moody’s (véase su comunicado de
11 de marzo de 2011), pues Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana bajan a A2 y Murcia a A1. Asimismo, Moody’s sitúa en «perspectiva negativa» aunque sin tocar su califi cación actual a An- dalucía, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco. Llama igualmente la atención las razones de la rebaja de califi cación: «Se han desviado ampliamente de los objetivos de défi cit de 2010 y también las correspondientes difi cultades que encontrarán para controlar sus trayectorias de
défi cit y deuda en 2011 y 2012», así como «su debilidad en la gestión del presupuesto en los últimos años, como ilustran previsiones presupuestarias en las que no se puede confi ar».
13. Véase ABC, 14 febrero 2011.
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siempre en cómo mantenerse mejor en el poder antes de en qué modo puede beneﬁ ciar más y mejor la calidad de vida de sus ciudadanos.
b) Un Estado débil incapaz de controlar el déﬁ cit autonómico Ante esta situación, no sólo la Comisión Europea, sino el Banco de España, el Informe de Barclays Capital o las Agencias Fitch y Moody’s, señalan que los objetivos de reducción de déﬁ cit previstos para este año 2011 (6,4% del PIB y no digamos para el año 2012 que está previsto que se reduzca hasta el 5,5 en pleno año electoral) están en peligro por las necesidades continuas de ﬁ nanciación de las comunidades autónomas.
De hecho, la Comisión Europea ha pedido a España que ﬁ je techos de gasto a las comunidades autónomas, aunque el Gobierno lo ha considerado contra- rio a la Constitución. En la actualidad se da la paradoja de que la UE puede ﬁ jar techo de gasto a España e incluso imponerle sanciones si se pasa, pero el Gobierno español no podría hacer lo mismo con las comunidades autó- nomas 14 . Curiosamente el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha anunciado como primera decisión si llega al gobierno el ﬁ jar techo de gasto y endeudamiento para todas las comunidades autónomas 15 , algo que ya pe- díamos nosotros hace más de un año y que contradice la postura actual del Gobierno de que tal medida esté prohibida por la Constitución.
En la actualidad, todas las comunidades autónomas dispondrían de un mayor nivel de soberanía en materia de gasto que el conjunto del Estado. ¡Récord Guinness a la contradicción! Es decir, como en tantas otras ocasiones, tendre- mos que esperar a que Bruselas tome las decisiones necesarias para obligar a las comunidades autónomas a reducir el gasto porque el Estado español re- nuncia, no tanto por falta de previsiones constitucionales adecuadas sino por sus complejos a la hora de interpretarlas, a hacerlo. De hecho, una directiva europea en este sentido (que al parecer ya está sobre la mesa) supondría una humillación más para el Gobierno español y sus dirigentes. Y todo ello aunque nuestra Constitución permite y prevé otra cosa, tomando por ejemplo su artí- culo 131.1 que nunca se ha puesto en práctica (como han demostrado los pro- fesores Luis María Linde de Castro, Serrano Sanz y Juan Velarde Fuertes). 16
14. Véanse las declaraciones del vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba en la sesión de control al
Gobierno en el Congreso del 23 de marzo de 2011.
15. Véase ABC, 30 mayo 2011.
16. El artículo 131.1 de la Constitución española afi rma: «El Estado, mediante ley, podrá planifi car
la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar
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Todo esto tiene además lugar en el Estado miembro de la Unión Europea con mayor porcentaje de descentralización del gasto en manos de entes territoria- les (exactamente un 54,8 por ciento en 2009), siendo la proporción de gasto que asumen las comunidades autónomas 10 puntos superior al de los Länder alemanes y 20 a los austríacos. Esta situación es especialmente preocupante cuando las comunidades autónomas incumplidoras del techo de déﬁ cit resul- tan ser del mismo signo político del Gobierno o socios de referencia para po- der aprobar leyes de la importancia de la Ley estatal anual de presupuestos. Por otra parte, llama la atención la desigualdad en términos de ingresos con el injusto, desigual e insolidario sistema de cupo vasco y navarro (algo aceptado al parecer por todos los partidos del arco parlamentario con la excepción de UPyD) tiene su inﬂ uencia, entre otras cuestiones, en cuanto al paro, pues la única provincia española que baja del 10% de paro es Guipúzcoa (8,98%) y todas las demás están debajo del 13,50% (Álava 11,48%, Vizcaya 13,30% y Navarra 13,58%), lo que no parece que sea debido exclusivamente a la im- plantación de mejores políticas que otros territorios y contrasta fuertemente con la media española del 21,29% 17 .
En cualquier caso, esta situación contrasta con la pervivencia de numero- sos sobrecostes del sistema derivados de duplicidades, redundancias y otras ineﬁ ciencias. De hecho, en nuestro libro de abril de 2010 (incluido en este volumen como apartado 1.2.) logramos establecer un ranking de eﬁ ciencia y eﬁ cacia entre nuestras CCCA, llegando a calcular la cuantía que el mal funcionamiento de nuestro Estado autonómico suponía para nuestros bolsi- llos (26.000 millones de euros). Ahora, con los datos actualizados a 2010 el coste aumentaría a 28.000 millones de euros (en concreto: 28.540.113.545,69 euros). Se trata del sobrecoste directo pues si se tiene en cuenta el coste de externalización habría que revisar ambas cifras a la baja como se analiza en el apartado 1.3 de este libro.
Veamos seguidamente, cómo a día de hoy sigue siendo posible reducir ese sobrecoste sin afectar (necesariamente) a servicios sociales y otras políticas públicas esenciales.
el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de renta y de la riqueza y su más justa distribución». 17. Datos del INE de abril de 2011.
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1.1.2.2. Excesos derivados de duplicidades, redundancias y otras incidencias
1.1.2.2.1. Exceso de fragmentación territorial contraria a criterios de
e ﬁ ciencia y de economía de escala
a) El ejemplo paradigmático de la sanidad pública
En nuestro libro del año pasado ya alertábamos contra el coste añadido que suponía perder economía de escala por realizar compras de bienes y pro- ductos de uso masivo (jeringuillas, algodón, vacunas, etc.) de forma territo- rializada. Pues bien, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en su pleno de 12 de marzo de 2010 optó por un procedimiento de compras agregadas para el conjunto del SNS, al que las comunidades autónomas se pueden sumar de «manera voluntaria». Y recientemente se ha ejecutado una actuación de compra centralizada de vacunas a la que se han apuntado «vo- luntariamente» ocho comunidades autónomas. Como si ser eﬁ ciente y ahorrar costes a los ciudadanos en esta política tan sensible y necesitada de recursos pudiera ser cuestión de capricho o gusto de los dirigentes autonómicos.
Por su parte, en el Informe 01|2010 (aprobado el 20 de octubre de 2010) del Consejo Económico y Social (CES) sobre «desarrollo autonómico, compe- titividad y cohesión social en el sistema sanitario» se propuso la necesidad de «mejorar los sistemas de compras para inﬂ uir en el sistema de ﬁ jación de precios de los insumos sanitarios, particularmente tecnología y medicamen- tos, pero también equipamientos y material sanitario» (pág. 142). A ello se añade la extrañeza (expuesta de forma un tanto sarcástica) del Consejo por la «ausencia de datos» al papel clave que debe cumplir la Alta Inspección del Estado (págs. 31-33), al parecer inexistente, otra nueva dejación de funciones por parte de un Estado débil y acomplejado. En deﬁ nitiva el CES reconoce que la descentralización sanitaria se ha hecho sin los necesarios elementos de coordinación y control por parte del Estado que luego ha debido recti ﬁ car con parcheados legislativos y poca convicción. Como resultado hoy en día no sólo la eﬁ ciencia y eﬁ cacia del sistema no está garantizada, sino que tampoco los están su igualdad y equidad en todo el territorio español.
En deﬁ nitiva, cuando el déﬁ cit del sistema sanitario llega a los 11.000 millones de euros, el gasto hospitalario ha aumentado un 82% desde el año 2002 y el gasto farmacéutico por habitante supera en 103 euros al de la media de la OCDE 18 , sorprende que todavía en España no se apliquen de forma vinculante
18. Según los datos de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública.
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y efectiva medidas que traten de favorecer economías de escala. No es que el sistema sanitario gaste poco: es que gasta mal y de forma desigual según comunidades autónomas.
b) La fusión «sentimental» de las cajas de ahorro
Para un país que pretende ser tenido como serio en la escena internacional, a
la búsqueda (desesperada) de inversiones, y que pretende conservar el em- pleo existente, sorprendentemente la política de fusión (en frío o en caliente) de cajas de ahorro no se ha hecho siempre siguiendo criterios de eﬁ cacia y eﬁ ciencia, sino de política territorial-sentimental con tal de encumbrar una caja (no muy grande ni tampoco muy libre) por comunidad autónoma espe- cialmente en los casos gallego, catalán y vasco, comunidades autónomas por cierto donde PP y PSOE gobiernan o han gobernado con o sin nacionalistas. Como consecuencia, se dan duplicidades de sucursales redundantes en ca- jas ya muy presentes en el mismo territorio (lo que compromete la solvencia y el empleo del futuro), que se hubiera evitado de haber privilegiado opciones que aprovecharan sinergias de distinta presencia territorial.
Convendría preguntar a los ciudadanos de esas comunidades si preﬁ eren te- ner una banca saneada donde tener sus ahorros y con el menor coste en empleo posible o de una caja ineﬁ ciente y redundante, eso sí con marca de la tierra, cual vino con denominación de origen.
1.1.2.2.2. Excesos organizativos: continúa la proliferación de entes y organismos
El ejecutivo español adoptó un Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de abril de 2010 de racionalización del sector público empresarial, en el que ﬁ - jaba el 31 de julio del mismo año como fecha tope para aplicar varias de sus medidas (por ejemplo, reducir el número de consejeros en entidades públicas empresariales). No obstante, a estas alturas gran parte de esos objetivos si- guen en gran parte incumplidos, algunos por cierto en relación con organis- mos dependientes del Ministerio de Economía y Hacienda, que es quien está llamado a dar ejemplo en esta materia. Así, como botón de muestra, hubo que esperar hasta el 31 de marzo de 2011 para que se publicara en BOE el Real Decreto 390/2011 que aplicaba dicho Acuerdo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y al Instituto de Crédito O ﬁ cial.
En dicho Acuerdo el Gobierno optó asimismo por fusionar algunas entidades y eliminar otras (y lo mismo ha instado a hacer a las comunidades autóno-
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mas). Y sin embargo una lectura atenta al BOE permite detectar que se siguen creando nuevos órganos: así, la Orden CIN/1507/2010, de 27 de mayo, por la que se regula la Comisión Asesora de Política Cientíﬁ ca (BOE, 11 de junio de 2010); o el Real Decreto 822/2010, de 25 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario (BOE, 15 de julio de 2010). Y recientemente, el Anteproyecto de la Ley de Igualdad plantea crear un Alta Autoridad con competencias redundantes con las que se supone que ya ejerce el Defensor del Pueblo (a su vez ya duplicado por varias comu- nidades autónomas).
No es que estas funciones no demanden alguien que las desempeñe, pero la pregunta que cabe plantearse es por qué en lugar de extender las funciones de órganos ya existentes se opta tan alegremente por crear nuevas entidades. Parece que cuando no se sabe muy bien qué hacer para resolver un proble- ma (tanto si ya existía o si se ha creado natural o artiﬁ cialmente por el propio Gobierno) se recurre a crear un nuevo organismo o ente como medida «fácil y milagrosa», cuando lo cierto es que tal inﬂ ación de órganos y comisiones multiplica las reuniones (además del coste), muy similares (y a veces inútiles) con casi los mismos miembros, complicando así la gestión. Por ejemplo, en materia de órganos que cumplen funciones asesoras su proliferación, casi ininterrumpida, no va unida paradójicamente a una mejora ostensible de la calidad de las decisiones públicas. Bastaría con establecer, como mucho y en su caso, un órgano asesor por Departamento ministerial con diversas seccio- nes si hiciera falta, pues lo más común es que los mismos miembros formen parte de diversos consejos y comisiones. En deﬁ nitiva: a más órganos, más reuniones, más costes, más dietas, menos eﬁ cacia y, por tanto, mal uso del tiempo y de los recursos disponibles.
Por otra parte, estas entidades, tanto en el ámbito estatal como autonómico, se han convertido en instrumentos para desviar gastos o corruptelas donde el régimen jurídico más rígido del sector público «administrativo» no lo per- mite (contratación de informes varios como pago de favores, contratación de personal a dedo como «falsos asesores» del ministro o consejero de turno), o simplemente acometiendo políticas de incrementos salariales a algunos di- rectivos o de indemnizaciones exorbitantes, alejadas de cualquier criterio de profesionalidad o mérito. Así por ejemplo en un informe de la Intervención General del Estado se atestigua que COFIDES (empresa estatal para ﬁ nan- ciar proyectos en el exterior) pagó como indemnización por despido a una
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persona 238.000 euros por 15 años de servicio cuando en realidad no había trabajado ni uno. 19
Esta tendencia, en realidad, esconde una incapacidad para dirigir políticas públicas o vender realmente eﬁ cacia y eﬁ ciencia en la gestión optando en su lugar por creaciones-milagro. Llama la atención, por ejemplo, que el PSM en su programa electoral para la Comunidad de Madrid proponga la creación de 44 nuevos entes, entre los que aparecen organismos tan curiosos como la «O ﬁ cina de Atención al Sobreendeudamiento». 20
1.1.2.2.3. Excesos organizativos a nivel autonómico
a) Algunas consideraciones generales: continúa «el milagro» de los pa- nes y los peces
El número de entidades públicas sigue creciendo en plena crisis dentro de algunas comunidades autónomas mientras se dispara su deuda. En Cataluña, por ejemplo, se pasó de 190 entidades en 2009 a 224 en 2010 asumiendo és- tas el 56% del gasto total y el 42% del personal al servicio del sector público catalán en 2010 (según datos de la Cámara de Comercio de Barcelona). En otras estadísticas, que toman como base el presupuesto para el año 2011, el número total llega a 244 con un presupuesto de unos 14.504 millones de euros (sólo equiparable al de Andalucía). Recientemente esta tendencia de incremento se ha conﬁ rmado con la creación del Consejo Nacional (catalán) de Arqueología y Paleontología (Decreto 328/2011 de 26 de abril de la Ge- neralitat de Cataluña, DOGC, de 28 de abril). Llama la atención igualmente la Ley 6/2009, de 17 de diciembre, por la que se crea la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha (BOE, 22 de octubre de 2010), así como la «Comisión de Toponimia de las Islas Baleares» (creada por Decreto 3/2011 de 15 de abril, publicado en BOCAIB de 22 de abril), entre otras.
Parece por tanto que la tendencia a crear nuevos entes va a seguir creciendo cuando está en juego cualquier aspecto que puede afectar a encumbrar, au- mentar o consolidar la supuesta entidad diferencial de una comunidad autóno- ma. Esto conﬁ rma que nuestro Estado autonómico no se diseña en función del objetivo de garantizar mejores servicios a los ciudadanos al menor coste, sino que ha derivado en un instrumento para conﬁ rmar y exacerbar sentimientos (reales, supuestos o implantados) de ser diferentes al resto. Por otra parte, re-
19. Véase www.cotizalia.com, 10 enero 2011. 20. El Mundo, 27 de abril de 2011.
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sulta igualmente claro que las comunidades autónomas más endeudadas son también las que han creado un mayor número de entes y empresas. 21 Aunque tal vez esta situación podría estar cambiando si se atienden a ciertas medidas sugeridas por algunos Gobiernos (por ejemplo el catalán y el valenciano), eso sí, para después de las elecciones municipales y autonómicas de 2011, por lo que contraponen de tal modo eﬁ cacia y eﬁ ciencia con democracia.
Una vez más Cataluña ocupa el dudoso honor de liderar, con mucha distancia sobre el siguiente, el ranking autonómico de descontrol organizativo, mientras todos los esfuerzos de los principales partidos (todos los que ocupan y han ocupado la Generalitat) se centran en alentar el sentimiento independista y hacer culpables de sus males a «Madrid» y «lo español». Si durante muchos años el enfoque nacionalista era despreciar a «lo andaluz» como símbolo de un estereotipo negativo de emigrante que sin embargo tanto ha ayudado al desarrollo económico catalán, en muchos casos Cataluña presenta cifras si- milares sino peores (salvo en el paro) a la comunidad autónoma de Andalucía en todos los parámetros económicos y de desmanes organizativos.
En todo caso, no sólo existe un exceso en cuanto al número y a su gasto, sino que los directivos de estos entes son en muchas ocasiones personas de ínti- ma cercanía a dirigentes del Gobierno de turno, ignorando los principios bá- sicos del mérito y capacidad aplicables a toda organización pública. Así, por ejemplo, la adjudicación de obras y proyectos en materia de infraestructuras, carreteras y transportes (importantísima función de ejercicio de potestades administrativas) está atribuida en Cataluña a la empresa pública GISA, mien- tras la adjudicación de obras en materia de obras de reparación y de adminis- tración de las viviendas de promoción pública de la Generalitat está atribuida a otra empresa pública, ADIGSA (80.000 viviendas en el momento del traspa- so desde el Estado), con la curiosa circunstancia de que el «único» supuesto de corrupción detectado en el famoso caso del 3% se refería a esta empresa. Esta situación aconseja que las personas propuestas para directivos de em- presas y fundaciones públicas debieran pasar por una valoración previa ante la correspondiente Comisión del Parlamento.
b) Exceso de parlamentarios y discrepancias salariales
No se trata de criticar aquí tanto que existan diecisiete comunidades autóno- mas para una población de 46 millones de habitantes o de que todas cuenten
21. María Gómez Agustín: La metástasis del INI. Foment del Treball Nacional: Barcelona, 2010.
El coste del Estado autonómico II ı 37
con su parlamento y su Gobierno, pues esas decisiones forman parte de leyes orgánicas en vigor. La cuestión en la que queremos centrarnos es si el princi- pio de autonomía es compatible con criterios de austeridad y proporcionalidad razonables. Por nuestra parte, no creemos que existan obstáculos constitu- cionales insalvables para ﬁ jar límites sensatos al número tanto de parlamenta- rios y consejeros, pues la situación actual es excesiva y costosa.
Así, por ejemplo, nadie se ha planteado en España si son muchos o pocos 1.180 diputados autonómicos. O aunque su distribución en principio tenga que ver con la población, si esta correlación es la adecuada máxime teniendo en cuenta, primero, que el número no es ﬁ jo (sigue aumentando conforme aumenta la población) y que el Congreso de los Diputados cuenta con 350 miembros para 46 millones de personas. Los parlamentos autonómicos que más diputados tienen son Cataluña (135), Madrid (129) y Andalucía (109) y los que menos Baleares (33), La Rioja (33) y Cantabria (39). Por tanto entre tres comunidades autónomas (las que más tienen) ya superan el número de diputados del Congreso. Esta situación no parece razonable por lo que UPyD (único partido en hacerlo) ha propuesto limitar a 100 el máximo de diputados autonómicos. En efecto, el grupo parlamentario de UPyD de la Asamblea de Madrid ha llevado a la Cámara regional la reducción del número de diputados, pasando de los 129 actuales a 100, tal como ﬁ gura en el programa de UPyD para la Comunidad de Madrid.
Otra cuestión llamativa es que tampoco están homologados los sueldos de esos diputados, ni existen baremos de máximos y mínimos. Más en concreto, el Parlament de Cataluña cuenta con 135 diputados para una población de 7,3 millones de personas, y con un presupuesto, para el año 2009, de 68,3 millones de euros, mientras que el Congreso de los Diputados lo componen 350 miembros para una población de 46 millones de habitantes, con un presu- puesto de 98 millones de euros para el mismo año. De ello se deducen algu- nos datos curiosos: el Parlament de Cataluña con un 38,5% de los diputados del Congreso de los Diputados representa al 15,8% de la población española. Ello puede suponer un acercamiento en materia de representatividad pues mientras el diputado del Congreso representa de media a 131.428 personas, el del Parlament representaría a 54.074; aunque estas cifras en realidad son alteradas en la práctica a la luz de las correcciones que impone la ley electoral y variarían algo si el Congreso subiera a 400 diputados como ha propuesto UPyD.
38 ı Administración autonómica y local
Por otra parte, ello se traduce asimismo en un sobrecoste para el ciudadano, pues mientras el gasto medio por diputado en el Congreso se eleva a 280.000 euros, el del un diputado del Parlament alcanza los 505.926 euros, lo que constituye uno de los costes más elevados de España (y ello cuando el Con- greso de los Diputados no es necesariamente un ejemplo de austeridad). La pregunta de nuevo es: ¿de qué manera se beneﬁ cian los ciudadanos de tener uno de los parlamentos más caros de España? Cuando se ha ﬁ jado el número de diputados y su presupuesto, ¿se ha hecho pensando en los intereses de los ciudadanos o de los propios partidos que componen el arco parlamenta- rio? En este sentido, parece claro que urge una rebaja del coste del Parlament catalán (y del resto de parlamentos autonómicos), lo que puede estructurarse primero rebajando todas las partidas de gasto (más allá de los 3,7 millones de euros que se ha rebajado para el 2010 con un total de 65,6 millones de euros de presupuesto) y valorando si realmente son necesarios los 135 diputados actuales o podría funcionarse igual o incluso mejor con un número inferior. Por ejemplo, si se redujera a 100 miembros, la relación con la población sería de un diputado por 73.000 habitantes, lo que seguiría siendo la mitad de lo que se aplica al Congreso de los Diputados. Una vez más cabe preguntarse si el alto autogobierno de Cataluña sirve para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos o de sus políticos nacionalistas.
Por último, aunque ello requiriera la modiﬁ cación de la Constitución, debería plantearse una reforma del Senado dirigido a mejorar su eﬁ cacia y reducir su coste, aprovechando el trabajo y salario de los diputados autonómicos. Se trataría de dejarlo reducido a una cámara auténticamente territorial de 100 senadores formado por representantes de los distintos parlamentos autonó- micos en proporción a su población.
c) Consejeros y discrepancia salarial
En lo que respecta a número de consejeros de Gobiernos autonómicos ocurre algo parecido. Aquí no existe ningún criterio ni siquiera orientador (por ejemplo, población y competencias asumidas). Las comunidades autónomas que más consejeros tenían a fecha de mayo de 2011 (aunque este número puede variar en cada cambio de gobierno y por ejemplo a resultas de las elecciones de mayo 2011) era Andalucía (13), Castilla-León (12), Navarra (12) y Cataluña (11); y las que menos: Castilla La-Mancha (5), Canarias (8), Murcia (9) y Madrid (9). ¿Realmente iría en contra del principio de autonomía ﬁ jar unos niveles máximos y mínimos en función de competencias y población y homogeneizar salarios?
El coste del Estado autonómico II ı 39
En el capítulo de salarios encontramos igualmente algunas discordancias sig- niﬁ cativas; por ejemplo presidentes de comunidades autónomas que ganan mucho más que el presidente de Gobierno, a pesar de tener lógicamente me- nos responsabilidad. Incluso se aprecian discordancias en el interior de cada comunidad autónoma que tienen su relevancia de cara al adecuado servicio de los ciudadanos. Por ejemplo, en Navarra (una de las comunidades autóno- mas del cupo), de acuerdo con la Ley Foral 22/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para el año 2011, el presidente del Gobierno de Na- varra ganará 69.354,46 euros, mientras cada consejero ingresará 64.543,22 euros. Estas cifras contrastan con los sueldos del director gerente del Ser- vicio Navarro de Salud-Osasunbidea y de la Hacienda Tributaria de Navarra (85.445,50 euros, más que el presidente de la Comunidad Foral) o del director gerente del Servicio Navarro de Empleo (65.330,72 euros), el director de la Hacienda Tributaria de Navarra (65.292,64 euros) o de algún personal directi- vo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, como el director de Recursos Humanos, director de Atención Primaria, director de Asistencia Especializada y director de Administración y Organización (65.292,64 euros), que ganan «en realidad» más que los consejeros. Todo ello genera bien desconﬁ anza (los cargos políticos ganan más de lo que aparece en la Ley de presupuestos) o perplejidad, sobre todo cuando se proponen soluciones como el copago para solucionar el sobrecoste de la sanidad o se aumentan los impuestos. Nada tenemos en contra de que los puestos de responsabilidad estén adecuada- mente y dignamente retribuidos (sobre todo si se comparan con el sector pri- vado), pero siempre que los ocupen personas competentes con unos criterios que sean transparentes y racionales así como sujetos a la evaluación de sus resultados.
d) Agencias de Protección de Datos y Autoridades de competencia
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tiene como función prin- cipal la de velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, rectiﬁ cación, oposición y cancelación de datos. Es una Agencia de reducido tamaño que está consiguiendo poco a poco que este derecho tan desconocido como importante vaya encontrando su acomodo en nuestro ordenamiento jurídico.
Sin embargo, en una iniciativa sin parangón en otros Estados europeos, al abrigo de una interpretación expansiva de las atribuciones competenciales de autoorganización, algunas comunidades autónomas han iniciado la creación
40 ı Administración autonómica y local
de autoridades autonómicas orientadas a la protección de los datos persona- les contenidos en los ﬁ cheros de los que la Administración autonómica sea responsable. Fue la Comunidad de Madrid (en contradicción con las decla- raciones oﬁ ciales de austeridad de su presidenta) la primera en crear una institución de esta naturaleza, por medio de la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid. Posteriormente, dada la dinámica incrementalista y mimética que preside la construcción de nuestro Estado autonómico, este impulso fue rápidamente seguido por Cataluña con su Ley 5/2002, de 19 de abril, de la Agencia Cata- lana de Protección de Datos, y por el País Vasco con la ley 2/2004, de 25 de febrero. En Galicia llegó a presentarse a su Parlamento una propuesta de Ley que también preveía la creación de una autoridad de protección de datos; sin embargo, su tramitación fue interrumpida por una convocatoria electoral y, de momento, el proyecto se ha abandonado.
En realidad, se trata de entidades con un ámbito competencial tan reducido que dedican más recursos a actividades divulgativas que a actuaciones de inspección propiamente dichas y, en ocasiones, reiterando sus esfuerzos de manera concurrente con la AEPD en una competencia un tanto estéril y re- dundante.
Un caso similar lo constituye el caso de la defensa de la competencia. Mientras a nivel europeo quien protege que la competencia entre empresas sea real y leal es la Comisión Europea, a nivel nacional lo hace la Comisión de Defensa de la Competencia. Sin embargo, algunas regiones han decidido que ellas también querían defender la competencia en su territorio. Por ejemplo por Ley 1/2009 de 12 de febrero se creó la Autoridad Catalana de la Competencia (mo- diﬁ cada por la Ley 2/2011, de 11 de mayo), a la que se unen el Consejo de De- fensa de la competencia en Andalucía creado en 2008 o el Decreto 15/2009, de 5 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las funciones de la Comu- nidad de Castilla y León en materia de defensa de la competencia (BOCYL de 11 de febrero de 2009). La pregunta fundamental para los ciudadanos es no sólo el coste de este desdoblamiento institucional sino una cuestión más sen- cilla: ¿con tantas instituciones se garantiza mejor la competencia? Pues tal no parece ser el caso por ejemplo en Cataluña, donde la prohibición de rotular en castellano o las diﬁ cultades añadidas para abrir grandes supermercados (en este supuesto con sentencia condenatoria incluso del Tribunal de Justicia de la UE) son pruebas de que sucede todo lo contrario.
El coste del Estado autonómico II ı 41
e) Aeropuertos Como ya advertimos en nuestro anterior informe el número de aeropuertos públicos deﬁ citarios en España resulta excesivo. Por si fueran pocos los que teníamos (y su deuda) otro más se ha inaugurado a bombo y platillo el 25 de marzo de 2011 por los responsables del PP en la Diputación Provincial de Castellón y la Comunidad de Valencia. Todo ello antes de recibir el vis- to bueno de Fomento para declararlo adecuado para operar, lo que tardará al menos seis meses más desde que se solicite tal visto bueno 22 ; es decir, que se ha hecho por decisión personal de los dirigentes locales, sin contar con el punto de vista deﬁ nitivo de la Agencia Estatal de Navegación Aérea. A falta de resultados realmente exitosos, algunos políticos preﬁ eren presentar inversiones inútiles y carísimas como logros para ganar elecciones. La (falsa) tesis en este caso es que un aeropuerto constituye per se un revulsivo eco- nómico para la provincia que lo alberga, sin que importen los millones que ha costado su construcción, su contribución al incremento de deuda pública o el déﬁ cit que se deba arrastrar año tras año por no obedecer su apertura a una demanda real (y suﬁ ciente) de viajeros sino a puro cálculo de marketing electoral y auto-bombo. Esta contradicción ha sido recientemente destacada por el Comisario europeo de defensa de la competencia, Joaquín Almunia 23 , quien resaltó que numerosos aeropuertos regionales lo que estaban haciendo era favorecer vía subvención a compañías de bajo coste (conocidas también por su epíteto inglés, low-cost ), falseando así la competencia y perjudicando al resto de compañías aéreas y aeropuertos.
En efecto, además del coste que implica la construcción de un nuevo ae- ropuerto (donde el Gobierno central aparentemente tiene poco que decir a pesar de que resulta imposible operar sin que los vuelos surquen el cielo de más de una comunidad autónoma) está el coste que los Gobiernos autonómi- cos deben pagar a las compañías aéreas para que utilicen su aeropuerto. Y es que no se piensa en que vaya a haber un número de pasajeros suﬁ ciente para que compense a las aerolíneas hacerse cargo, ni siquiera se elaboran estudios económicos que valoren cuál es la ganancia efectiva de tiempo com- parándolo con el uso de AVE conectado a otro aeropuerto mayor. Así, por ejemplo, la Junta de Castilla-La Mancha concedió recientemente a Vueling
22. A la fecha de cierre de esta edición (febrero de 2012), y tras la ruptura en diciembre de 2011 del
contrato con la empresa que debía gestionar tal aeropuerto, aún no se ha solicitado tal visto bueno.
(Nota del editor).
23. Declaraciones del 26 de mayo de 2011.
42 ı Administración autonómica y local
2,36 millones de euros anuales a través de una nueva empresa pública creada al efecto para salvar el aeropuerto de Ciudad Real 24 .
Este marco deﬁ citario está afectando igualmente a la posible privatización par- cial de AENA, pues en la actualidad los aeropuertos deﬁ citarios están recibien- do apoyo de trabajadores (por ejemplo controladores) pagados con cargo a los beneﬁ cios que obtienen los grandes aeropuertos españoles. Eso implica igual- mente que las tasas aeroportuarios sean más elevadas en España que en otros países europeos, otro impuesto a la productividad y a nuestra competitividad. Como resumen: las inversiones públicas en la España autonómica se mueven por (falsos) criterios electorales y no por razones de eﬁ cacia y eﬁ ciencia.
f) Televisiones
Ya citábamos en la primera edición de este libro el Informe de la Consultora Deloitte donde se demostraba que desde el año 2007 (579 millones) hasta el 2009 (1.362 millones) casi se ha triplicado la cuantía de subvenciones que reciben las televisiones públicas en España, lo que supone para cada fami- lia un coste de 144 euros al año (110 por las autonómicas y 34 por la esta- tal). Las televisiones autonómicas acumulan una deuda de 1.480 millones de
euros pese a lo cual tienen previsto gastar 1.860 millones de euros en el año 2011, lo que supone aproximadamente el 1,1% del presupuesto total de sus respectivas comunidades autónomas 25 . Esto llevó a la secretaria general del PP y candidata, entonces, a gobernar Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, a proponer la privatización de la televisión manchega (después de haber apoyado en su día su creación), lo que supondría según sus propias de- claraciones un ahorro de «hasta 50.000 millones de las antiguas pesetas» 26 . Claro que nada dice la misma responsable del PP de lo que va a hacer este partido en las comunidades autónomas que ya gobierna, alguna de las cuales disponen no sólo de un canal autonómico sino de dos (por ejemplo, Madrid), sin hablar de las de ámbito local 27 .
En octubre de 2011, esta compañía efectuó su último vuelo desde tal instalación aeroportuaria,
una vez fi nalizado el «contrato publicitario» (en realidad, como ya se ha apuntado, mera subvención
encubierta) que la ligaba con la Junta de Castilla-La Mancha. Ello ha acarreado el cierre de tal aeropuerto. (Nota del editor).
Informe Económico sobre la Televisión Pública en España de Deloitte, fi nanciado por UTECA
(Unión de Televisiones Comerciales Asociadas), que reúne a las cadenas privadas de televisión es-
pañolas.
www.cotizalia.com, 16/11/2010.
En la fecha de cierre de esta edición (febrero de 2012), Cospedal es ya la presidenta de la comu-
nidad autónoma de Castilla-La Mancha. Aún no se ha producido la privatización de su canal de
El coste del Estado autonómico II ı 43
Esta idea de la privatización de televisiones autonómicas ha sido igualmente incluida en el informe de julio de 2010 Propuestas de CEOE para recuperar la conﬁ anza en la economía española . En realidad, sin descartar la privatización de estas televisiones, bastaría para reducir el coste con limitar a un solo canal la posibilidad de crear televisiones por las comunidades autónomas, impo- niendo en su caso a las de menor tamaño la obligación de compartir canal con otras.
En todo caso, en el último año no sólo no se han reducido el número de tele- visiones públicas (con algunas comunidades autónomas con dos y hasta tres canales) sino que siguen con un gasto excesivo que no necesariamente se traduce en calidad. Llama la atención el caso de RTVE, que incluso después de una generosa (y excesiva) política de jubilaciones anticipadas y de cambiar su sistema de ﬁ nanciación (el cual por cierto está recurrido al Tribunal de Jus- ticia de la UE, otra chapuza legislativa por tanto) ha comunicado un déﬁ cit de 47,1 millones en el año 2010, mientras sigue comprando y emitiendo costosas películas americanas, lo que difícilmente encaja con su vocación de servició público.
Merece destacarse igualmente la situación de las emisoras de radio de titula- ridad pública en Cataluña, que llega aproximadamente a un tercio de la totali- dad. Existe incluso una emisora de música clásica de la Generalitat: Catalun- ya Música. No basta al parecer con Radio Clásica, de RNE, como si la música clásica también tuviera que pagar el peaje de la culturización catalana. Una vez más, ¿se piensa en los ciudadanos o en el propio clan nacionalista?
g) Embajadas
A la política de «exceso exterior» se ha apuntado recientemente el último can- didato a presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid por el PSM, quien incluyó en su programa electoral el incremento de «oﬁ cinas comerciales» en el exterior. Llama la atención asimismo, una vez más, el caso de Cataluña, donde a pesar de reconocer oﬁ cialmente que no tienen dinero suﬁ ciente para mantener los servicios sanitarios del sistema catalán de salud 28 , preﬁ eren alargar listas de espera y bajar la protección social sanitaria a sus ciudadanos antes que reducir un canal de televisión catalana (de tres) o cerrar al menos la mitad de sus embajadas autonómicas (que suponen un coste de casi 30
28. Véanse las declaraciones de Boi Ruiz, consejero de salud de la Generalitat catalana en La Van- guardia, 17 de abril de 2011, bajo el titular «No hay alternativa [a los recortes], no hay dinero».
44 ı Administración autonómica y local
millones de euros), las cuales resultan en la práctica para los ciudadanos y empresas catalanas, si no contraproducentes, sí prácticamente inútiles. En efecto, si la protección consular la deben prestar legalmente los consulados de las Embajadas españolas (quienes también ostenta la representación oﬁ - cial frente al Estado de acogida), cabe preguntarse ¿es eﬁ caz esta política para los ciudadanos catalanes?; ¿cuál sería la imagen que tendríamos si de repente el Estado de Texas abre Embajada en Madrid y argumentan que «esto no tiene que ver nada con la Embajada de EEUU»?; ¿realmente eso mejoraría su imagen y las ganas y garantías de nuestros empresarios de invertir allí?
En deﬁ nitiva, esta política no sólo supone un coste innecesario, sino que im- plica engañar a los ciudadanos decir que no hay alternativa a los recortes sociales, pues puede recortarse en otros sitios y además ganando en eﬁ ca- cia y efectividad pública: es una simple cuestión de prioridades. En la actual situación de deuda pública conviene aprovechar especialmente mejor la red estatal de embajadas o del Instituto de Comercio Exterior estatal (ICEX), in- corporando en su caso a algún funcionario de la comunidad autónoma que lo requiera en su estructura, a imagen de lo que se ha hecho en el caso de la Representación Permanente ante la UE.
h) Universidades
En el último año se ha publicado el Informe de la Conferencia de Rectores de
las Universidades Españolas de 2010 (dirigido Juan Hernández Armenteros) La Universidad Española en cifras 29 , donde entre otras cosas se nos da la razón en cuanto que el número actual de universidades públicas españolas resulta excesivo e ineﬁ caz de cara a producir una educación de excelencia.
i) Observatorios La plaga de observatorios estatales, autonómicos y locales, en su gran ma- yoría casi completamente inútiles, perfectamente prescindibles o al menos fusionables, es el rayo que no cesa. Por Real Decreto 1220/2010, de 1 de octubre (BOE de 16 de octubre) el Ministerio de Educación ha creado (en plena crisis económica) el «utilísimo» Observatorio Universitario de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento académico (estructurado en un secretariado y dos comisiones) el cual se constituye como un órgano de asesoramiento del Ministerio. No importa que el Ministerio cuente con una Subdirección General de Análisis, Estudios y Prospectiva Universitaria y con una O ﬁ cina Estadística
29. Publicado por la CRUE en febrero de 2011, www.crue.org.
El coste del Estado autonómico II ı 45
dentro de su estructura, ni que exista el Consejo de Universidades y la Confe- rencia General de Política Universitaria, entre otros órganos.
1.1.2.2.4. Exceso de personal y gasto corriente
El primer dato llamativo en este ámbito es que en el último año el número total de empleados públicos no ha dejado de crecer, aunque sí ha disminuido su salario.
Evolución en el incremento y distribución del número de empleados públicos (funcionarios y laborales) y presupuesto en el último año (según datos oﬁ ciales disponibles)
Sector público estatal 30
575.021
597.021
(20% Presupuestos 30% Seguridad Social)
(238.851 AGE)
(241.142 AGE)
Comunidades autónomas 31
1.332.844
1.346.826
(35% Presupuestos)
(15% Presupuestos)
2.636.900
2.680.219
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Boletín del Registro de Perso- nal (MPT y antiguo MAP ) 303132
Tomamos la referencia del Registro Central de Personal porque se trata de datos oﬁ ciales, certiﬁ cados y objetivos, en comparación con la Encuesta de Población Activa (EPA) que se basa en estimaciones de encuestas. En todo caso, la diferencia de este número total (2.680.219) y el de la EPA (3.175.000)
30. Incluye: Administración General del Estado (abreviado como AGE), Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, Administración de Justicia, Entidades Públicas Empresa- riales y Organismos Públicos con régimen específi co. 31. Incluye: Consejerías y sus Organismos autónomos, Área de la Docencia no Universitaria, Institu- ciones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud, Administración de Justicia, Fuerzas de Seguridad. 32. Incluye: Ayuntamientos y Diputaciones/Cabildos/Consejos Insulares.
46 ı Administración autonómica y local
se explica, entre otros motivos, porque en el registro no ﬁ gura el personal co- rrespondiente a altos cargos, al personal contratado laboral para un periodo inferior a seis meses y sobre todo el personal de entidades públicas empre- sariales de las comunidades autónomas (sí aparece sin embargo el de las estatales, donde el número de efectivos se ha incrementado en 390 personas en el último periodo).
Incremento en el número de empleados en las cuatro mayores comunidades autónomas
257.917 253.217 (-4.700)
(+102.000)
162.213 (+66.000)
(+3.391)
160.636 (+135.000)
125.657 (+51.000)
(+2.472)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Boletín del Registro de Perso- nal (MPT, antiguo MAP )
Por lo tanto, al incorporar los últimos datos oﬁ ciales disponibles en estos mo- mentos, correspondientes a julio 2010, observamos que en plena crisis el nú- mero de empleados públicos ha seguido creciendo. No obstante, si se acude a los datos desagregados vemos que el incremento en el Estado se debe en gran medida al mayor número de efectivos dedicados a fuerzas y seguridad del Estado, fuerzas armadas y Administración de Justicia, aunque ello no jus- tiﬁ ca el aumento de personal en la Administración General del Estado (poco más de 2.000 personas). Por otra parte, por primera vez se observan algunos cambios de tendencia, por ejemplo el que el personal de la comunidad autó- noma de Andalucía descienda o que lo haga también el personal global de consejerías y sus organismos autónomos (de 247.561, en el 2009, a 246.354 en el 2010) del total de las comunidades autónomas, o el de las diputaciones/ cabildos/consejos insulares (de 80.063 a 76.151). Ello es algo positivo pero insuﬁ ciente y, en todo caso, la tendencia debe conﬁ rmarse y consolidarse en los años próximos.
El coste del Estado autonómico II ı 47
Hay que estar atentos a lo que realmente se esconde tras algunas propuestas de reducción en este ámbito. Así, aunque a nivel estatal formalmente se ha anunciado que se está reduciendo el número de empleados públicos por la vía de limitar la nueva Oferta de Empleo Público al 10% de la tasa de reposi- ción (jubilados), paralelamente han comenzado a ﬂ orecer las convocatorias de plazas de becarios. Sabemos por Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 2005 (RJ 2005/10049) de la Sala de lo Social (entre otras) que el becario debe limitarse a formarse para su propio interés y no de la institución que la recibe. Sin embargo, de nuevo, una atenta lectura del BOE permite plantearse si esto está siendo así o si por el contrario se está acudiendo a becarios como personal barato para impedir convocar nuevas plazas.
Por otra parte, el número de personal eventual sigue en máximos históricos y bajo el oscurantismo de la inexistencia de cifras oﬁ ciales. Ello contrasta con una cada vez menor relevancia del personal técnico que parece moles- tar al entramado político dirigente. Por ejemplo, recientemente se ha dado publicidad a una carta enviada por los inspectores del Banco de España al entonces Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, el 26 de mayo de 2006, donde se alertaba de la crisis económica en España y de que el Banco de España no estaba cumpliendo adecuadamente su papel 33 , misiva a la que prestaron escasa o nula atención tanto el ministro como el entonces director del Banco.
En este mismo sentido, cabría pensar que las distintas subvenciones expe- rimentarían al menos una reducción semejante al sueldo de los empleados públicos (esto es, en torno a un 5%) y que las no esenciales incluso se eli- minarían. Sin embargo no parece que esto esté siendo así. Por ejemplo, la Resolución de 16 de febrero de 2.011 del ICAA (dependiente del Ministerio de Cultura) informa de 73 subvenciones a distintas productoras de cine concedi- das durante el año 2010 para asistir festivales «internacionales», lo que supo- ne un incremento de 450.000 euros sobre lo inicialmente previsto. En la lista se aprecia que varían mucho las ayudas concedidas (ver BOE de 2 de marzo de 2011), incluyendo, por ejemplo, 60.000 euros a una productora para acudir al festival de San Sebastián, mientras que otras dos reciben conjuntamente 16.667,50 por acudir a Toronto.
33. Véase Pablo Fernández: «Apuntes y preguntas sobre la ‘crisis’ en España» (8 de marzo de 2011), disponible en http://ssrn.com/abstract=1780934 o también en http://dx.doi.org/10.2139/
ssrn.1780934
48 ı Administración autonómica y local
Por último, en los presupuestos para el 2011 las comunidades autónomas consumirán un total de 130.000 millones de euros sólo para gasto de funcio- namiento, esto es, los cuatro primeros capítulos del presupuesto (personal, bienes corrientes y servicios, gastos ﬁ nancieros y transferencias corrientes). Lo curioso aquí es que si bien en gasto total las comunidades autónomas más gastadoras son las de mayor número de habitantes (Cataluña, Andalucía., Co- munidad Valenciana y Galicia), hasta aquí algo lógico, en gasto por habitante los primero puestos los ocupan Navarra y País Vasco (delante de la siempre presente Cataluña): es decir, las comunidades autónomas del cupo; lo que nos lleva a plantear si el principio de igualdad está adecuadamente asegurado en España en cuanto prestación de servicios públicos. Frente a las comunidades autónomas del cupo, estarían las comunidades autónomas de la imaginación creadora (que deben compensar así el déﬁ cit de ingresos), y entre medio las simplemente «derrochadoras», que probablemente lo seguirían siendo con cupo y sin él, aviso a navegantes. Es decir, una primera (y lógica) condición para mejorar la ﬁ nanciación a una comunidad autónoma, más allá de procla- mas identitarias, sería que esta no aparezca como derrochadora, pues otra cosa seria caer en excusas para escapar de la propia responsabilidad trans- ﬁ riéndosela a un tercero.
1.1.2.2.5. Excesos normativos (cuantitativos y cualitativos)
Ya denunciábamos en nuestro libro de 2010 que existen estudios serios que demuestran que la actual proliferación de normas autonómicas en España supone un importante impuesto añadido que perjudica seriamente nuestra competitividad. Según información recopilada por el Instituto de Estudios Au- tonómicos en su Boletín nº 16 de febrero de 2011, durante el año 2010 las co- munidades autónomas aprobaron un total de 291 leyes y decretos-leyes. De esta cifra la mayor parte se la lleva (una vez más) Cataluña con un total de 35 leyes y 8 decretos-leyes; y la más modesta fue Murcia con «sólo» cinco leyes. En el uso del decreto-ley acompaña a Cataluña la comunidad de Andalucía con otros 8 decretos-leyes. 34 Este exceso normativo ciertamente no sólo afec- ta a las comunidades autónomas, sino que abarca al propio Estado en sentido estricto, como ya denunciábamos en nuestro libro de abril 2010.
No obstante, al exceso puramente cuantitativo se une el exceso cualitativo cuando la ley se mete donde no debe. En este sentido, no sólo es en sí misma
http://www10.gencat.cat/drep/AppJava/cat/ambits/recerca/IEACastella/boletines/boletines/
b16.jsp
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criticable la confusión que genera, sino que además resulta inútil especial- mente en el caso de las leyes-anuncio, cuyo ﬁ n es únicamente presentarlas como trucos mágicos cuya simple publicación se basta para resolver proble- mas («no hay que trabajar, basta con legislar»), cuando en realidad se revela como una política de gestos super ﬁ ciales o incluso contraproducentes. Así, por ejemplo la nueva Ley de Morosidad 15/2010, de 5 de julio, de modi ﬁ cación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, establece de for- ma voluntarista el plazo de 55 días para Administraciones Públicas y 85 días para empresas en el pago a proveedores. Pues bien, según denuncian la Fe- deración de Autónomos y la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad 35 el retraso en el pago ha continuado alargándose durante el año 2010 «a pesar» de la ley, llegándose a una media de 158 días de retraso en el sector público y 101 y 150 días (según sectores) en el privado, lo que supone un incremento sustancial respecto al 2009 y nos sitúa en el ámbito UE sólo por detrás de Grecia. Se trata de una simple muestra de que hace falta mucho más que una ley para cambiar la realidad, sobre todo cuando los esfuerzos se centran en obtener su aprobación y no tanto en invertir tiempo y medios en su aplicación. Como ha declarado el ﬁ lósofo Javier Gomá, «sobran leyes y faltan conductas ejemplares» 36 .
Por otra parte, existen estrategias normativas dedicadas a un grupo concreto según criterios particularistas o de consolidación de privilegios, algunas de gran impacto económico. Así, por ejemplo, mientras que por los errores de malos gobernantes los ciudadanos ven como sus impuestos crecen y también lo hace la deuda que deberán pagar sus hijos y sus nietos, ahora se añade la particularidad de que los ciudadanos también deben pagar por el déﬁ cit de empresas privadas, aunque este sea ﬁ cticio (pues años tras año presentan beneﬁ cios). No nos referimos sólo al sector ﬁ nanciero y bancario, sino a unas empresas eléctricas que años tras años consiguen del Gobierno de turno más beneﬁ cios a costa del pago de una ciudadanía acosada por la crisis 37 . Este tipo de normas destinadas a favorecer un sector especíﬁ co rompe la vocación general y de servicio al interés público que debe tener la ley, anteponiendo los privilegios no sólo de algunos territorios sino también de algunas empresas
35. http://www.pmcm.es
36. Entrevista en El País, 14 de diciembre de 2009; véase también Javier Gomá: Ejemplaridad pú-
blica . Taurus: Madrid, 2009.
37. Véase el Real Decreto-Ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgen-
tes para la corrección del défi cit tarifario del sector eléctrico.
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(que se encuentran entre las más potentes del país) por encima de los dere- chos de los ciudadanos, que además ven como la energía es cada vez más cara, lo que hipoteca así la recuperación económica.
Por último, existen también estrategias normativas que dan prioridad a la propaganda sobre el contenido real y efectivo. En este sentido, por ejemplo, siguen apareciendo ejemplos del Plan E donde el coste de varias vallas pu- blicitarias-electorales (1.500 euros de media) ha sido superior al de la obra en cuestión que anuncian (por ejemplo, la compra de un ordenador, el cambio de tres farolas, etc.).
1.1.3.1. Un Estado fuerte y capaz de hacer frente a los retos que plantea un contexto global, cambiante y complejo
Ya llamamos la atención en nuestro anterior informe, y al principio de este prefacio, sobre la paradoja que supone que el Estado español, que deﬁ ende en Europa una UE fuerte cada vez con más poderes y más integración de los Estados miembros, se muestre complaciente internamente con aquellos que deﬁ enden un Estado central débil y cada vez con menos competencias. Hasta el punto de que, como la crisis ﬁ scal y ﬁ nanciera está demostrando, en la actualidad el Gobierno español tiene respecto a las comunidades autóno- mas menos poderes de coordinación y sanción que los que disponen Comi- sión Europea y Consejo respecto a los Estados miembros. Esto se demuestra cuando el Gobierno acude a la UE para conseguir ayuda para solucionar sus problemas con las comunidades autónomas (por ejemplo, para ﬁ jar un techo de gasto).
Lo mismo se constata (según el Informe del Consejo de Estado sobre las ga- rantías del cumplimiento del Derecho Comunitario de 15 de diciembre de 2010 y la Proposición No de Ley presentada por UPyD el 23 de marzo de 2011 so- bre el cumplimiento del derecho europeo en España) en la di ﬁ cultad que en la actualidad tendría el Gobierno para obligar a las comunidades autónomas del cupo a pagar su parte de responsabilidad en una sanción que impusieran a España las instituciones europeas por incumplimiento del Derecho de la UE.
Nos encontramos por tanto frente a un Estado acomplejado, ineﬁ caz y timora- to a la hora de aplicar previsiones constitucionales que le permitirían actuar de otra manera. De hecho, no es la Constitución de 1978 sino su interpretación
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interesada lo que determina un Estado y Gobierno central carentes de pode- res de coordinación y control. En este sentido, la Constitución aparece como un marco que establece el ámbito de una discrecionalidad, el contenido de un amplio derecho subjetivo del cual son titulares los principales agentes de este sistema, en el ejercicio del poder. Así, cabe entender interpretaciones de la Constitución española en todos sus artículos cambiando los verbos prescrip- tivos, propios de una norma, por verbos de tipo dispositivo como «podrán »; ... por ejemplo: «Los partidos políticos ‘podrán’ ser democráticos (si quieren)», «Los españoles ‘podrán’ conocer el español (si así lo desean)», «Los poderes públicos ‘podrán’ (si así lo estiman oportuno) garantizar la cohesión económi- ca y social de la nación», «Las comunidades autónomas ‘podrán’ ser eﬁ cien- tes (si así lo entienden)», y así todo el articulado restante.
No sólo es que haya dirigentes corruptos e irresponsables: es que seguimos asistiendo a nombramientos sorprendentes en puestos de alta responsabili- dad, donde parece que, con algunas excepciones, cuanto más compleja sea la función menores requisitos, competencias o experiencia son exigibles, lo que sin duda tiene una incidencia clara en el diseño y ejecución de las políti- cas públicas.
A ello se une que seguimos sin contar con una regulación satisfactoria ni a nivel estatal ni autonómico que garantice la profesionalidad del nivel directivo público y que no deje su remoción y cese al arbitrio de criterios de simple cercanía política, cuando no de puro amiguismo. Las Administraciones Públi- cas deben ser dirigidas tanto a nivel político como funcionarial por personas suﬁ cientemente preparadas y competentes y sometidas a un sistema de eva- luación objetivo de resultados y rendimiento. A este respecto, UPyD presentó en el Congreso de los Diputados el 29 de noviembre de 2010 una proposición no de ley para establecer un modelo profesional de directivos públicos en Es- paña; y el 11 de marzo de 2011 otra proposición no de ley para el desarrollo de un modelo de evaluación del desempeño de los empleados públicos.
Todo ello es especialmente necesario en nuestro país donde una política edu- cativa crecientemente deteriorada y desvalorizada no garantiza per se una adecuada formación de los ciudadanos ni mucho menos su excelencia. Por tanto, la política aquí tiene una responsabilidad especial a la hora de selec- cionar a quienes van a dirigir las organizaciones públicas. Faltan políticos con
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mayúscula y sobran con minúscula 38 porque la superación de la «mala polí- tica» implica prestar una debida atención a la forma de gobernar y a quienes gobiernan 39 . Políticos que estén preparados para gobernarnos, capaces de tomar decisiones valientes, acertadas y sensatas y no al socaire de clientelas electorales o simplemente para favorecer su propia agenda de ambiciones personales. Y es que el «arte de gobernar» implica, entre otras cosas, ser capaces de adelantarse a los acontecimientos y prever riesgos (sea la crisis económica o la inmigración ilegal), elaborar estrategias a corto, medio y largo plazo para no actuar por impulsos del momento, oportunismo o improvisación permanente, así como diseñar políticas públicas pensando en el bienestar real de los ciudadanos y no en el cálculo electoral, la propaganda o la manipu- lación de sentimientos diferenciadores.
1.1.3.3. Una cultura de autocrítica, transparencia y rendición de cuentas
Hemos seguido asistiendo este último año en España a la ﬁ esta de la «irres- ponsabilidad». A diferencia de lo que pasa en otros países, donde un ministro alemán dimite porque le han pillado que ha copiado su tesis doctoral o una ministra británica hace lo propio porque su marido ha comprado películas por- no con dinero público, por estos lares, corruptos, pícaros, osados y demás gobernantes imprudentes se instalan en el descali ﬁ cativo al adversario o en la negativa machacona como coartadas, apoyados en una justicia demasiado lenta y sujeta a plazos de prescripción fáciles de manipular en su favor por quienes pueden pagarse hábiles y lábiles abogados en la materia. De todo ello se han hecho eco varios cronistas en diferentes medios 40 . A este respec- to, UPyD presentó en el Congreso de los diputados el 7 de abril de 2011 una Proposición de Ley Orgánica de principios y medidas contra la corrupción y por la transparencia en la gestión pública.
A ello se une una falta de transparencia del sistema que diﬁ culta su valoración y control. Por ejemplo, en la actualidad resulta posible que un mismo empresario, grupo mediático, asociación u ONG, reciba subvenciones de las tres Adminis- traciones (central, autonómica y local) sin que éstas se lo comuniquen entre sí y sobre todo sin que lo sepan ciudadanos y competidores, lo que promueve y permite, a pesar o con independencia de la legislación europea, el desarrollo de
38. Véase Emilio Guevara Saleta: «Políticos con mayúscula y con minúscula», El País, 20 de marzo
39. Véase Francisco Longo: «Los mejores en el Gobierno», El Periódico, 8 de marzo de 2011.
40. Rodrigo Tena: «Teoría y práctica de la dimisión en España», El Mundo, 15 de abril de 2011;
Santos Juliá: «Dimitir en democracia», El País, 18 de abril de 2011.
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una economía clientelar o subvencionada, por mucho que quien reciba la sub- vención se arriesgue a incurrir en delito si oculta haber recibido otras ayudas.
Por último, en el colmo de los colmos, nuestro presidente del Gobierno se ha proclamado (mitin del PSOE del sábado 30 de abril de 2011) oﬁ cialmente «libre de responsabilidad» en relación al paro español ante el aplauso de sus incondicionales. Si hay algo más peligroso que un dirigente incompetente es sin duda un dirigente que presume de ser irresponsable.
1.1.3.4. Una cultura que fomente la productividad, la e ﬁ cacia y la e ﬁ ciencia
En un Informe de la OCDE del 12 de abril de 2011 41 se muestra que los espa- ñoles dedicamos de media más horas al trabajo remunerado o a los estudios que los alemanes, daneses, belgas u holandeses (entre otros) y sin embargo estas cuatro naciones nos superan ampliamente en nivel de productividad. En esta descompensación (muchas horas trabajadas-poca productividad) nos acompañan naciones como México o Portugal.
¿Cómo puede ser esto cierto? Pues porque no trabajamos bien, ni empleamos bien el tiempo de trabajo o estudio. Esto que puede verse como una falla «cul- tural» del sistema español (incluido el educativo) es también una maravillosa oportunidad pues en España no se trata tanto de trabajar más, contra lo que habitualmente se presume, sino de trabajar mejor aprovechado de forma más eﬁ caz y eﬁ ciente el tiempo laboral.
1.1.3.5. Dé ﬁ cit de medición y comparación
En nuestro Informe de abril 2010 ya alertábamos que un hecho singular del Estado autonómico español era la falta de mediciones comparadas y un ran- king oﬁ cial de eﬁ cacia y eﬁ ciencia, lo que contrastaba con la abundancia de datos comparados entre Estados, suministrados por organismos internacio- nales y la propia UE. Entonces, aun conscientes de que esa tarea era una carencia que cabía atribuir al Gobierno de la nación en primer lugar y a las comunidades autónomas, en segundo, nos arriesgamos a llevar a cabo nues- tra propia medición comparando el gasto en personal y funcionamiento con el presupuesto total (eﬁ ciencia) y el incremento de presupuesto con el incre- mento del PIB (eﬁ cacia).
41. OECD (2011): Society at a Glance 2011 - OECD Social Indicators, disponible en www.oecd.org/ els/social/indicators/SAG
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A pesar de alguna críticas a la metodología utilizada en nuestro informe de abril 2010 (aunque siempre sostuvimos que una metodología potencialmente deﬁ ciente era siempre mejor que ninguna), lo cierto es que tanto método como resultado han sido replicados por organismos públicos y privados 42 . Incluso algún dirigente del PP ha hecho gala de la cuantía obtenida por nosotros como si fuera suya 43 .
a) La España actual está dirigida por unos Gobiernos central y autonómicos a los
que gusta vivir en el exceso permanente (no sólo ideológico) y a los que cuesta
situarse en el ámbito del equilibrio (aunque sólo sea presupuestario), el sentido común (hasta el mejor de los sentidos es «común») y el rigor económico. Todo ello sin que aún sean conscientes de que este hecho es probablemente uno de los que determina que la clase política haya alcanzado el tercer puesto dentro de los principales problemas del país según las recurrentes encuestas del CIS.
b) Además del coste del Estado autonómico debido a su mal diseño y desa-
rrollo, hay que analizar el coste del «mal gobierno» pues incluso con las mis- mas reglas si los Gobiernos actuaran de forma profesional, eﬁ caz y eﬁ ciente, pensando en los ciudadanos y no en mantenerse en el poder o aprovecharse en el mismo, España no estaría en la situación que se encuentra, sino que podría presumir de unas cuentas públicas saneadas y unos servicios públicos de calidad con tan sólo eliminar malas prácticas, duplicidades, redundancias
y otros gastos excesivos. En este libro así se demuestra.
c) A todo ello se añaden supuestos de corrupción y malversación de caudales
públicos que encuentran un difícil control en nuestro país , donde un sistema oscurantista convive con una ﬁ scalía dependiente del Gobierno de turno y un Tribunal de Cuentas que carece de la independencia y los medios necesarios para actuar con prontitud y eﬁ cacia 44 .
42. Véase Luis Riestra Delgado: «Índice de Gestión Pública», www.elconfi dencial.com, 18 de marzo
de 2011; donde a efectos de establecer «un baremo objetivo de buena gestión pública» se compara
entre deuda pública y PIB.
43. Así ocurrió en el mitin ofrecido en las Islas Baleares por Enrique González Pons, dentro de la
campaña de las elecciones locales y autonómicas de mayo de 2011.
44. Véase la Proposición de Ley Orgánica presentada por UPyD el 7 de abril de 2011, de principios
y medidas contra la corrupción y por la transparencia en la gestión pública.
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d) Sin querer caer en ningún tipo de frente anticatalán, sino pensando real- mente en los ciudadanos catalanes y no en manipular sus emociones, cabe concluir que en la actualidad el verdadero hecho diferencial catalán es que esta comunidad autónoma pasa por ser una de las que peor gestiona sus com- petencias y recursos de España. Aunque este dato quepa atribuirlo a la inepta gestión de un Govern tripartido, puede entenderse que en realidad el tripartido se ha limitado a seguir a este respecto la tendencia creada por los Gobiernos pujolistas, ya inmersos en numerosos excesos y diversos escándalos (3%, Caixa Catalunya, etc.). En todo caso, como consecuencia, en la actualidad el ciudadano catalán sale perjudicado del hecho de que sea la Generalitat la que preste con poca eﬁ ciencia numerosos servicios o que desvíe fondos a actuaciones de escaso interés para el ciudadano (embajadas catalanas en el exterior) que además no están sometidas a evaluación de resultados, lo que se reﬂ eja asimismo en la mala caliﬁ cación de su deuda, 45 o que anteponga cuestiones identitarias a la salvaguardia de la salud de sus ciudadanos.
Es asimismo la comunidad autónoma que menos gasto relativo dedica a in- versiones en España (once puntos menos que Extremadura, por ejemplo), aunque tal vez ello sea motivado porque esta comunidad autónoma consigue compensaciones a través de la negociación que cada año se repite para la aprobación de los Presupuestos Generales el Estado. 46 Todo ello no es neutral en términos de gasto, pues implica sobrecostes que deben pagar los ciudada- nos y a la postre produce servicios caros e ineﬁ cientes, como demuestran las estadísticas crecientes de quejas ante el Síndic de Greuges. De hecho, en el año 2009, el Síndic ha iniciado un total de 24.960 actuaciones; y desde 2004 hasta la fecha, las actuaciones se han visto incrementadas en un 278% 47 .
En Cataluña nos encontramos con un clan político cuyo único interés es llegar al poder y mantenerse en él, para lo cual no duda en alimentar en el ciuda- dano expectativas independentistas fuera de toda lógica (sin perjuicio de su personalidad propia, como otras comunidades autónomas, que nadie discute)
45. Asimismo es discutible que el traspaso del servicio de ferrocarriles de cercanías a la Generalitat
catalana haya servido para mejorar el servicio. De hecho, se ha denunciado que en el primer mes
del traspaso hubo 24 incidencias y que la información que se daba era peor que antes pero, eso sí, sólo en catalán.
46. El dato es 4,7% en comparación con Asturias (14,2%), Castilla y León (15,2%), Extremadura
(15,8%) y Galicia (12,7%), según Mario V. González Fuentes (dir.): El coste de la Administración
Pública en España. Escuela de Administración de Empresas de Barcelona (EAE Business School):
Barcelona, 2009, tabla 4, pág. 20.
47. Informe al Parlament 2009 del Síndic de Greuges, pág. 10.
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para mantener e incrementar sus propios privilegios. En otras palabras, bajo el pretexto de derechos históricos o de sentimientos nacionales, lo que se está creando es un entramado institucional que resulta excesivo, ineﬁ caz e ineﬁ ciente y que se traduce en una serie de prebendas no de los ciudadanos catalanes sino de los políticos nacionalistas (incluido el PSC), un grupo de personajes ávidos de poder y que ostentan el poder de forma ininterrumpida desde la creación de la comunidad autónoma, que en su mayor parte entien- den lo público como su predio.
Por tanto, en la práctica los ciudadanos catalanes están pagando un impues- to «identitario» añadido (y oculto) por tener Gobiernos nacionalistas. Aunque duela asumirlo para los defensores del «todo vale» para llegar a ser indepen- dientes, lo cierto que el principal problema de Cataluña hoy no es la falta de ﬁ nanciación sino el mal empleo de los recursos existentes. En otras palabras, si no cambian mucho las cosas (y los partidos nacionalistas, incluido el PSC, que forman parte del establishment no están capacitados para hacerlo), la recepción de más recursos sólo servirá para que los actuales derroches se multipliquen y el clan cercano al poder aumente sus prebendas y privilegios, mientras el conjunto de la ciudadanía asiste cada vez más empobrecido al espectáculo político-circense-emocional.
e) En resumen, en España conviven dos problemas: uno de diseño de un Estado a todas luces excesivo y otro de «déﬁ cit» de calidad de dirección y gestión, todo ello acompañado por una clase política que obtiene réditos de vivir instalada en el conﬂ icto (sobre todo en el mundo nacionalista) y reacia a asumir responsabilidades tanto por errores de gestión (despilfarro) como de delitos de corrupción.
Mientras otros partidos y fundaciones han cambiado de opinión en el último año, nosotros permanecemos donde estábamos, pudiendo concretarse nues- tra posición en los siguientes principios:
• Frente al exceso, el tamaño razonable
• Frente al adoctrinamiento y manipulación, libertad, excelencia y sentido común
• Frente al caos organizativo y la ley del más derrochador, austeridad, e ﬁ ca- cia, eﬁ ciencia y calidad en el servicio
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• Frente a gobernantes oportunistas y poco preparados, profesionalidad y sentido de Estado
• Por tanto: Hay que cambiar no sólo de Gobierno o de ideología sino de modos de gobernar
Con libros como este la Fundación Progreso y Democracia y los Grupos de Administración Pública y de Economía de UPyD participan en la arena política con ánimo constructivo para demostrar que hay otra forma de hacer política:
la que se toma el arte de gobernar en serio, la que pone a los ciudadanos y la calidad del servicio que se les presta por encima de consignas y proclamas emocionales. Esto es tomarse el Estado autonómico con seriedad y no lo de aquellos que lo utilizan para conseguir prebendas, generar conﬂ ictos y enfren- tamientos artiﬁ ciales, o aumentar privilegios.
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1.2. El coste del Estado autonómico (2010): Duplicidades, redundancias y excesos de un Estado con tres Administraciones. Hacia una medición de la eﬁ cacia y la e ﬁ ciencia
La Fundación Progreso y Democracia presenta con este libro un informe so- bre los costes excesivos e innecesarios del Estado autonómico elaborado por el Grupo de Administración Pública de UPyD. Con él, como dicen sus autores, no se pretende cuestionar la existencia del Estado autonómico, ni la necesi- dad de contar con Administraciones Públicas profesionales; lo que se quiere es mostrar si las Administraciones autonómicas responden a los principios de eﬁ cacia y de eﬁ ciencia y si cumplen, pues, de la mejor manera posible su ob- jetivo de prestar servicios públicos de calidad a los ciudadanos sin derrochar el dinero público.
En este estudio se muestra la existencia de duplicidades, redundancias y ex- cesos de gasto de las tres Administraciones que interactúan en el territorio español, y se plantea la necesidad de evaluar de forma comparada a las co- munidades autónomas (y la Administración General del Estado) en términos de eﬁ cacia y eﬁ ciencia. Se rompe además con una tradición inveterada desde el nacimiento del Estado autonómico, por la cual era la Administración Gene- ral del Estado quien debía suprimir sus órganos periféricos, dejando vía libre a las comunidades autónomas.
Para saber si las Administraciones Públicas son eﬁ caces y eﬁ cientes y si hay redundancias y duplicidades es necesario evaluar su funcionamiento. Esta es
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una de las grandes carencias de nuestro sistema ya que en treinta años de Estado autonómico no hay prácticamente estudios que comparen el funciona- miento de las distintas Administraciones autonómicas y de estas con la Admi- nistración General del Estado. Dejación que no deja de ser sorprendente, ya que difícilmente se podrá saber si el Estado autonómico está haciéndolo bien y en qué si no hay elementos de juicio para poder realizar una comparación. Con este estudio se trata de demostrar que es posible evaluar y comparar, aun- que evidentemente, como señalan sus autores, no estamos más que ante un análisis inicial hecho con datos ya publicados, que deberá ser continuado por otros posteriores hechos por quienes deberían tener la obligación de hacerlos:
el Gobierno o los partidos mayoritarios, que cuentan con muchos más datos. Pero que no parecen interesados en ello, quizá porque sepan que son tanto uno como otros responsables de los desmanes que se están produciendo.
Vivimos un momento difícil, no sólo en España, sino en general en el mundo, en el que hay que tomar medidas exigentes para conseguir orientar la econo- mía y la política. La adopción de estas medidas exige conocer qué es lo que funciona y qué es lo que va mal. Sin una evaluación de nuestras Administra- ciones Públicas será imposible que se acometan adecuadamente los recortes de gasto público a los que estamos obligados, por la caída de los ingresos y la imposibilidad de sostener muchos de los gastos que surgieron como conse- cuencia de un crecimiento con pies de barro. No basta con pretender recortar el gasto público; hay que recortarlo sabiendo dónde y acometiendo tal recorte primero en todos aquellos gastos que son super ﬂ uos, por innecesarios, re- dundantes e ineﬁ cientes, para luego ir hacia aquellos que menor coste tengan para la calidad de vida de los ciudadanos.
Nuestro modelo de Estado no es un ﬁ n en sí mismo; las comunidades au- tónomas se justiﬁ can en cuanto instrumentos capaces de prestar servicios públicos de calidad a los ciudadanos: de forma que si se constata que unas determinadas políticas no las ejercen adecuadamente habrá que reconsiderar si deben seguir ejerciéndolas; de la misma forma, si se constata que el mode- lo de organizativo de las comunidades autónomas no es el mejor para conse- guir sus ﬁ nes por ser poco eﬁ caz y eﬁ ciente, habrá que ver qué instrumentos existen en manos del Estado para poder mejorar esa estructura organizativa.
En esta dirección, UPyD en enero del año 2009 presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley de austeridad y racionalización de las Administraciones Públicas y de eliminación de duplicidades y de gastos su-
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per ﬂ uos. En concreto se pedía que se estableciera una organización ministe- rial estable para los próximos años, que evitara que la última ocurrencia de un presidente del Gobierno pudiera alterarla, como ha sucedido con el Ministerio de Igualdad, y que se presente, a ﬁ nales del año 2009, un Proyecto de Ley de Gobiernos austeros y eﬁ caces en el uso del dinero público que, en aplicación del artículo 149.18 de la Constitución Española, ﬁ je las normas para el Gobier- no y la Administración de España y de las Entidades locales y armonice las de los Gobiernos y Administraciones de las comunidades autónomas bajo esos principios. Ha pasado más de un año y, a pesar de su plena vigencia, aún no ha sido debatida.
Este informe, en aras de su rigor y completud, se estructura en seis apartados y un anexo en el que se pretende medir la eﬁ cacia y eﬁ ciencia de las Adminis- traciones Públicas españolas.
El texto empieza, en su apartado 1.2.1., planteándose las características y el contexto del Estado autonómico. Un Estado con 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, que tiene además 7.286 entidades locales, entre Ayuntamientos –el 80% de los cuales tiene menos de 5.000 habitantes–, di- putaciones, consejos y cabildos insulares. Lo que contrasta con otros países, como por ejemplo el Reino Unido, donde hay aproximadamente unos 340 entes locales para una población de más 60 millones de habitantes.
Esta realidad administrativa tan prolíﬁ ca exigiría que el Estado tuviera meca- nismos de coordinación efectivos, sobre todo en relación con las comunidades autónomas, como de los que dispone la Unión Europea, para que las políticas públicas sean eﬁ caces; pero, como indica este informe, estos casi no existen. Aunque parezca sorprendente, hay menores mecanismos de coordinación a nivel estatal entre comunidades autónomas que a nivel europeo entre los Es- tados miembros de la Unión Europea. Y esto se produce en España, el Estado miembro de la Unión Europea con mayor porcentaje de descentralización del gasto en manos de entes territoriales (exactamente un 54,8% en 2008), pues la proporción de gasto que asumen las autonomías españolas es 10 puntos superior a la de los Länder alemanes y 20 puntos superior a los austriacos.
Se puede decir pues sin exagerar que, a pesar de que las comunidades au- tónomas forman parte del mismo Estado, su autonomía «organizativa» frente al Estado es mucho mayor que la tiene España frente a la Unión Europea. El Estado carece de instrumentos suﬁ cientes de control y corrección ante po-
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sibles desmanes organizativos. Así, carece de un margen de maniobra pre- supuestaria adecuado, de una Constitución que regule cómo debe funcionar el Estado autonómico, y por añadidura ahora se han aprobado unos nuevos estatutos que no sólo acentúan estas carencias, sino que otorgan a las co- munidades autónomas la posibilidad real de vetar políticas de competencia estatal. En resumen, siguiendo aquí al Grupo de Administraciones Públicas de UPyD, podemos aﬁ rmar que tres carencias permean todo el sistema: falta de rendición de cuentas; falta de información comparada y evaluación; y falta de coordinación efectiva que produce duplicidades en la actuación.
Los siguientes apartados 1.2.2. y 1.2.3. se reﬁ eren al coste del Estado auto- nómico con la diferenciación entre gastos inevitables (como los de las ins- tituciones del autogobierno) y gastos evitables: excesos, duplicidades y re- dundancias. No puede haber políticas eﬁ caces cuando se persiguen ﬁ nes innecesarios ya sea porque no toque intentarlos o porque deban ser perse- guidos por otras Administraciones Públicas. Muchos son los ejemplos que se ponen; baste mentar el caso de las comunidades autónomas que siguen imprimiendo en papel sus boletines oﬁ ciales en lugar de tener una edición digital, o de aquellas que tienen varias televisiones autonómicas, por no citar lo que sucede con nuestra universidad, ya que si seguimos igual habrá una en cada pueblo por iniciativa autonómica. Al tiempo, se están creando una gran cantidad de organismo público-privados (empresas, fundaciones, etc.) –los cuales crecieron un 80% más en los años 2003 a 2008– con escaso control, que permiten la colocación de personas próximas ideológica y personalmente a quienes ostentan el poder en cada comunidad autónoma y un enmascara- miento de su déﬁ cit y deuda real. Por ejemplo, Andalucía cuenta con 20.000 trabajadores en esas empresas y en la Comunidad Valenciana la deuda de todas ellas supera los 11.300 millones de euros.
Pero las ineﬁ ciencias también existen en la Administración General del Es- tado, con duplicidades en la estructura del Gobierno, dividido en numerosos ministerios por razones de pura oportunidad partidista, equilibrios entre los miembros del partido, imagen pública, etc. Motivos todos ellos alejados de una orientación racional de su funcionamiento y de una estructura destinada a cumplir con los ﬁ nes que tiene encomendados. En el texto que subsigue se cuentan ejemplos como lo que sucedió entre los responsables del Ministerio de Industria y del de Ciencia y Tecnología, que litigaron en una reunión euro- pea delante de todos por ver quién ostentaba la competencia para estar pre- sente en representación de España. Por otro lado están las comunidades que,
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motivadas por su voluntad de convertirse en miniestados, se han dedicado a reproducir las estructura del Gobierno del Estado con múltiples consejeros y miles de cargos sin saber diferenciar entre su función de Administración dirigi- da a prestar servicios y la que tiene el Estado para plani ﬁ car la política general del país. Se citarán a continuación muchas más duplicidades en órganos con- sultivos, en las encuestas y estadísticas, en las «embajadas» del País Vasco y Cataluña… a lo cual se añade la proliferación de observatorios, etc.
El siguiente apartado, el 1.2.4., se dedica al coste de personal y funcionamien- to de las Administraciones. Empieza destacando los excesos del personal de conﬁ anza que se corresponden con unos políticos que no creen en una Administración profesional y que preﬁ eren incorporar a sus ﬁ eles, excluyendo a los funcionarios públicos profesionales y competentes. Otra cuestión que no se obvia es la diferencia salarial entre funcionarios según la Administración en la que trabajen que no viene justiﬁ cada por la realización de funciones diferentes. Nadie puede entender por qué los mossos d’esquadra ganan más que los guardias civiles o los policías nacionales. En esto, como en muchas otras cosas, las comunidades autónomas practican lo que se conoce como «incrementalismo», esto es, copiar a la que más gasta sin atender a si está gastando bien.
En España durante los últimos 20 años se ha producido un cambio sustancial en la distribución de los empleados públicos. En el estudio se destaca cómo ha disminuido el aparato estatal en un 56%, de forma que si en enero de 1990 tenía 1.308.692 empleados, en el año 2009 la cifra era de 575.021; lo cual, descontados los policías, guardias civiles y Administración de Justicia, deja en 238.851 el número de empleados para gestionar el 50% del presupuesto –aunque hay que tener en cuenta que el 30% pertenece a la Seguridad Social, que es gestionada por 20.000 funcionarios: lo que demuestra que con pocos se puede hacer mucho si se implanta una buena organización–.
Las Administraciones autonómicas emplean por su parte al 50,6% del perso- nal y gestionan el 35% del presupuesto; a su favor hay que decir que gestio- nan servicios muy intensivos en personal, como educación y sanidad, pero a pesar de todo parece una cifra abultada tanto en términos relativos como absolutos. Las entidades locales, con un 23,8% del personal gestionan el 15% del presupuesto. Con estos datos se comprueba que quienes gestionan el 50% del presupuesto utilizan al 74,3% del empleo público de España.
El coste del Estado autonómico II ı 63
España no es de los países que más gastan en proporción al PIB en el perso- nal de sus Administraciones: un 10,7%, inferior al 12,7 de Francia y un poco superior al 10,1 de Estados Unidos. Sin embargo, lo que se debe destacar es el importante crecimiento que ha habido en los últimos años en todas las Administraciones, que desde el año 1990 se puede contabilizar en 500.000 empleados (por ejemplo la del Estado de 2008 a 2009 hizo crecer su función pública en un 0,4%, a pesar de la crisis). Una tendencia que no se justi ﬁ ca ni por el crecimiento de la población, ni por el incremento de los Servicios Pú- blicos prestados. Mucho menos si se tiene en cuenta que con la renovación tecnológica muchos antiguos puestos de trabajo, de lo que se conocía como auxiliares y administrativos, han quedado sin contenido y podrían perfecta- mente haber sido amortizados para crear otros de mayor valor añadido para los ciudadanos.
Muy interesante resulta el hecho de que las cuatro comunidades más pobla- das (Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana) tengan el 53% del total de los empleados, ya que demuestra la asimetría entre las diferentes comunidades autónomas.
Por otra parte, la división entre Administraciones y su régimen de traslados crea barreras a la movilidad laboral, ya que los empleados tienen escasas oportunidades de ir a trabajar a una Administración diferente de la que entra- ron: lo que motiva que haya poca comunicación de experiencias profesionales diversas y un menor conocimiento de la realidad del país.
Tras este relato de ejemplos diversos perfectamente sistematizados, el trabajo se pregunta si es posible evaluar las Administraciones Públicas y compararlas entre sí (en su apartado 1.2.4.3.). Sin duda es una cuestión que no es fácil y que resulta controvertida. Pero que es necesario acometer al menos para te- ner unos datos iniciales que nos permitan tomar una fotografía de la situación actual. En el estudio se ha optado por partir de datos oﬁ ciales de contabilidad nacional accesibles y que no hicieran excesivamente difícil un análisis riguro- so teniendo en cuenta los medios disponibles, tratando de relacionar el gasto de personal de cada comunidad autónoma y la Administración General del Estado y los gastos de funcionamiento y externalización de servicios en rela- ción con el total del presupuesto y con los resultados económicos que cada Administración consigue en términos de incremento de PIB. Pues con estos datos se puede intuir el «éxito» o «fracaso» de los Gobiernos autonómicos.
64 ı Administración autonómica y local
Dada la diﬁ cultad de establecer a priori valores absolutos que permitan valorar cuándo una Administración es eﬁ ciente, parece más apropiado partir de una valoración basada en la comparativa entre distintas Administraciones. Estas es la técnica que se sigue en la Unión Europea para comparar Estados ya que esta técnica resulta menos cuestionable que decidir en términos absolutos y no relativos qué Administración es eﬁ ciente y cuál no. Se trata por tanto de señalar cuáles son las Administraciones ineﬁ cientes o estancadas por contra- posición a aquellas que mejor lo hacen. Lo que no implica que estas no deban también mejorar.
Se citan otros posibles métodos para realizar la evaluación, desde tener en cuenta el incremento de renta per cápita, al incremento del PIB durante un periodo de al menos cuatro años, a un análisis sectorial de eﬁ ciencia por políticas, a una regresión entre la media del aumento de los últimos diez años de los indicadores de gasto en los capítulos 1 y 2 de sus presupuestos y el crecimiento del PIB, etc. Se indican incluso que resultaría especialmente inte- resante calcular los incrementos del gasto «no justi ﬁ cables» (televisiones, in- crementos de asesores y complementos salariales autonómicos, embajadas autonómicas, pérdidas del sector empresarial autonómico, etc.) y restarles el importe (neto) de la recaudación obtenida mediante el uso de la capacidad normativa de las comunidades autónomas en materia de tributos cedidos y propios (que incluso podría ser una cantidad negativa). Pero estos aspectos, por su mayor diﬁ cultad y por la ausencia de datos publicados, los abordare- mos en otro momento aunque, como hemos señalado, deberían ser las insti- tuciones públicas las que acometiesen esa labor con regularidad.
Tarea complicada en un país donde varias comunidades autónomas mues- tran una clara deslealtad al interés común, en las cuales lo que prima es el «qué hay de lo mío». Se trata pues de hacerles entender que es necesaria su evolución para que los ciudadanos sepan si están trabajando bien o no y para en deﬁ nitiva poder aprender de las mejores prácticas. Claro que esto las desmitiﬁ caría y las situaría en un plano de igualdad con otras comunidades, de las que se consideran superiores por el simple hecho de lo que llaman derechos históricos.
Como primer colofón se recogen una docena de conclusiones en el apartado 1.2.5.; entre ellas destacan que en España las comunidades autónomas no son todas iguales y que los ciudadanos tampoco; que bajo el sacrosanto prin- cipio de autonomía organizativa se está permitiendo que las comunidades ha-
El coste del Estado autonómico II ı 65
gan lo que quieran, lo que está en parte motivado porque nuestra constitución no recoge un modelo que ordene el funcionamiento del Estado autonómico y en parte por el miedo del Gobierno del Estado a ejercer sus competencias constitucionales para exigir poner orden en este semicaos; que no se evalúan las diferentes Administraciones y no se recogen datos de forma sistemática, por lo que en muchas ocasiones hay que acudir a instituciones exteriores (Eurostat) para disponer de ellos. En deﬁ nitiva, no hay un sistema coordinado y cuando se coordina algo se hace de manera antigua. Por ejemplo, no se sigue el sistema de Internal Market Information System que hay en la UE, una herramienta informática que conecta las autoridades de cada Estado miem- bro en las diferentes políticas, para conocerlas y permitir que unos aprendan de otros. En suma, como ya hemos avanzado, adolecemos de una falta de rendición de cuentas; falta de información comparada y evaluación; y falta de coordinación efectiva que produce duplicidades en la actuación.
Tras estas doce conclusiones se proponen, en el apartado 1.2.6., también doce posibles medidas para salir del círculo del caos organizativo y del exceso de gasto. Todas ellas urgentes, si queremos hacer frente a ese exceso de gas- to público y mejorar la eﬁ cacia y la eﬁ ciencia de nuestras Administraciones. Algunas más evidentes, como la reducción de las duplicidades innecesarias y la reconversión del sector empresarial y fundacional público. Otras imprescin- dibles, como la evaluación de las Administraciones sobre datos comparados oﬁ ciales, que permitan instaurar una nueva cultura de rendición de cuentas y transparencia. Algunas novedosas, como la implantación de un sistema de evaluación cooperativa efectuado por las propias Administraciones en el que estén las dos autonomías mejor valoradas y las Administración General del Estado. Se propone además reformar la Constitución para que esta ﬁ je con claridad la coordinación entre Administraciones y la obligación de estas de tener una estructura racional. Por otra parte se propone que el Senado opere como una cámara de representación territorial.
En el anexo ﬁ nal (apartado 1.2.7.) ofrecemos una medición de la eﬁ cacia y eﬁ - ciencia de las Administraciones siguiendo los criterios ya mencionados, de la que salen interesantes datos. Se siguen varios criterios como la comparación del gasto público con la población activa de cada comunidad y la comparación entre lo que una Administración gasta en su propio funcionamiento y el total de los recursos que gestiona, lo que nos da un indicador de eﬁ ciencia. Para este último se obtienen datos (año 2008) en los que queda claro que Madrid, Comu- nidad Valenciana y Cataluña quedan por encima de la media nacional. Esto es,
66 ı Administración autonómica y local
que gastan mucho no en servicios sino en su funcionamiento para prestarlos. Esto es un claro indicador de que no son excesivamente eﬁ cientes y que po- drían recortar su gasto público sin empeorar el servicio que prestan a los ciu- dadanos. También se apuntan indicadores de eﬁ cacia que relacionan el gasto global en personal y gastos corrientes con el incremento del PIB para el año 2008; y aquí de nuevo Cataluña y Comunidad Valenciana salen mal paradas porque son dos comunidades gastadoras con poco crecimiento económico.
En deﬁ nitiva tenemos mucha «mala política» (un término que se usa en el texto con gran acierto para caliﬁ car lo que pasa) que está haciendo que no se planteen las medidas necesarias para salir de la crisis económica. Una de las cuales sin duda es la reforma del Estado, desde principios de austeridad y racionalidad. Esta mala política se ha constatado con la pantomima que ha tenido lugar en marzo de 2010, en el Palacio de Zurbano, donde el Gobierno ha hablado de austeridad y de recortar el gasto, pero donde no se han hecho más que proclamas de buenas intenciones, ya que todo el recorte del gasto queda en manos de la Administración General del Estado, puesto que su pre- tensión de recortar 10.000 millones de las comunidades –mientras les regala 11.000 millones de la nueva ﬁ nanciación autonómica- es pura quimera si ésta no utiliza los mecanismos de coordinación y control que, aún escasos e inédi- tos en su uso hasta ahora, la Constitución actual le otorga.
Y es que como aﬁ rma el Grupo de Economía de UPyD, «la consolidación ﬁ scal requiere de reformas de gran calado (…). La conclusión es que resulta urgente y necesario reformar el propio modelo de Estado, racionalizándolo para reducir el componente estructural del déﬁ cit público. Ese objetivo no se logrará tan solo recortando algunas partidas de gasto. La consecuencia más preocupante de la situación actual de duplicidades y desgobiernos varios es que la Administración central no tiene margen para estabilizar ella sola las cuentas del conjunto, pues el núcleo de sus gastos son transferencias con poco margen discrecional (pensiones de jubilación, prestaciones y subsidios de paro, intereses de la deuda pública o transferencias al resto de Administra- ciones). Dada la gravedad de la situación, que nos conduce a un país inviable, si el Gobierno no se atreve a iniciar la reforma del propio modelo de Estado, al menos no debería renunciar a su papel de garante del interés general» 48 .
48. Grupo de Economía de UPyD: Propuestas de política económica . Fundación Progreso y Demo- cracia: Madrid, 2011, pág. 69.
El coste del Estado autonómico II ı 67
Sólo el empuje de la opinión pública y la fuerza de los votos podrán hacer que este país se tome en serio sus obligaciones, entre ellas la racionalización del Estado autonómico. Esa es la meta de este informe.
En Madrid a 9 de marzo de 2010
a) Este es un informe que debería haber hecho el Gobierno o haber impul-
sado alguno de los dos grandes partidos porque es de interés vital para los
ciudadanos. Precisamente, ante la incomprensible pasividad oﬁ cial y de los supuestos partidos nacionales, hemos decidido emprender esta tarea, que consideramos inaplazable en la situación actual, pero condicionados por la limitación de medios, recursos y datos disponibles.
b) Este Informe tiene por objeto demostrar que se puede profundizar en la
evaluación, análisis y diagnóstico de nuestro modelo de organización pública . Lo hacemos ante la evidencia de una sorprendente escasez de análisis con datos oﬁ ciales sobre las relaciones entre comunidades autónomas y el Esta- do. Y cuando existen no están suﬁ cientemente al alcance de los ciudadanos, lo que es una muestra más de la falta de cultura de transparencia y de rendi- ción de cuentas que preside nuestro modelo de Administración Pública. Sin embargo entendemos que si los problemas no se analizan a fondo con rigor
y sin exclusiones previas sólo podrán proponerse parcheados, no soluciones
reales y eﬁ caces. Incluso para concretar una posible reforma de la Constitu- ción en este ámbito y de qué modo, primero hay que comprobar cómo está funcionando en la práctica el sistema que tal Constitución diseña, por ejemplo ―y éste es el objeto de este informe― a nivel administrativo, de organización y de funcionamiento. Por tanto, lo que este estudio pretende es simplemente conocer mejor la situación actual como base necesaria para proponer refor-
mas si ello resultara necesario.
c) Este no es un Informe «contra» el Estado autonómico, ni puede serlo pues
está en nuestra Constitución y nuestras leyes. No se parte por tanto de ningún
prejuicio contrario (o favorable) a la descentralización pues, si bien ésta tiene as- pectos positivos, en principio el que sean reales o no dependerá precisamente
68 ı Administración autonómica y local
de cómo se plantee y se ejecute. 49 Por el contrario, los que en nombre del «loa- ble autonomismo por principio» preﬁ eren ponerse una venda ante los excesos, duplicidades y disfuncionalidades que se están produciendo son los que están provocando que el Estado autonómico pueda embarrancar en la senda de lo inviable o del simple fracaso. Cabe aﬁ rmar a este respecto que a veces los ma- yores enemigos de algo son los que pasan por ser sus mayores defensores.
d) Este Informe no cuestiona la existencia de las Administraciones Públicas (so-
bre todo si son profesionales) pues éstas son necesarias en cualquier Estado
moderno y democrático, sino que pretende analizar si su forma de organización y funcionamiento y sus gastos están justiﬁ cados o no. O, en otras palabras, si se puede hacer más (y mejor) con menos o con otro tipo de organización. Es decir, se trata de analizar cómo está funcionando el sistema en la práctica para ver en qué medida la eﬁ cacia y la eﬁ ciencia (legalmente previstos, por ejemplo, en el artículo 3.2 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Adminis-
tración General del Estado) son principios huecos o reales.
e) Este Informe tampoco parte de un prejuicio contrario al gasto público en sí,
sino que trata de analizar su distribución actual y eﬁ cacia con vistas a valorar si un mejor gasto organizativo podría redundar en liberar recursos para reducir el déﬁ cit o mejorar por ejemplo la política social).
f) Este no es un Informe que pretenda apelar a supuestos derechos históricos
o culturales, tan respetables como discutibles, ni a emociones identitarias,
tan comprensibles como manipulables . Dejamos también de lado las razones políticas que puedan avalar que tal o cual competencia tenga que ser ejercida por una comunidad autónoma o por el Estado.
g) Este Informe pretende descender a la realidad práctica de cada día hacién-
dose y respondiendo la siguiente pregunta: ¿Cuál es el criterio objetivo que puede dar legitimidad y justiﬁ cación al Estado autonómico? Pues el que éste sirva para acercar los servicios públicos al ciudadano ofreciendo una mayor calidad y eﬁ cacia en su diseño y prestación. En otras palabras, desde un pun- to de vista de la calidad de vida de los ciudadanos un Estado descentralizado, para legitimarse, debe resultar eﬁ caz y eﬁ ciente (al menos igual, si no más que un Estado centralizado) porque en la teoría clásica del federalismo ﬁ scal
49. Sobre las ventajas e inconvenientes de la descentralización véase Carlos Monasterio Escudero: El Laberinto de la Hacienda Autonómica. Cívitas: Madrid, 2010.
El coste del Estado autonómico II ı 69
éste sólo se legitima si con él se consigue dotar de mayor eﬁ cacia y eﬁ ciencia al gasto público. En otro caso, nuestra sociedad estaría malgastando recursos y energías y perdiendo capacidad competitiva en el mundo o se estaría ocul- tando un gran fracaso a los ciudadanos, mediante proclamas independentis- tas o por la vía de alegar falta de fondos (sin evaluar cómo se están gastado los que se tienen ya) o buscar un chivo expiatorio (normalmente el Estado) al que echar las culpas de todos los problemas.
En efecto, en términos de calidad, eﬁ cacia y eﬁ ciencia, una de las posibles virtualidades del Estado autonómico sería sustituir una Administración cen- tralizada, presuntamente mastodóntica y alejada físicamente, por 17 Admi- nistraciones más pequeñas, manejables, funcionales, eﬁ cientes y cercanas a los intereses de los ciudadanos. Pero ¿ha sido esto siempre así? También se ha aducido en favor del Estado autonómico que este permitiría la sana competencia entre comunidades autónomas en términos de calidad y oferta de servicios. Pero ¿es eso lo que está ocurriendo? ¿Y si al ﬁ nal se demostrara que el Estado autonómico, tal como se ha diseñado en España a través de los numerosos parcheados sufridos, es poco eﬁ caz y eﬁ ciente y no mejora la calidad de los servicios a los ciudadanos? ¿Seguiríamos defendiendo en ese caso que es lo mejor para este país? Por tanto, nos encontramos ante un debate clave para el presente y futuro de nuestra sociedad .
a) El contexto geoestratégico y demográﬁ co Nos encontramos en un Estado con tres Administraciones: una trinidad admi- nistrativa donde al Estado (en sentido estricto) es presentado a menudo como el malo de la película y responsable de todos los problemas; unas comuni- dades autónomas, que pretenden ser tan Estado como el Estado, pero sin el desgaste de rendir cuentas por ello; y unas Administraciones locales atomiza- das por todo el territorio y que pero aunque son las más antiguas son también las grandes olvidadas. Ahora bien, los números son algo mayores que una simple tríada pues mientras que el Estado sigue siendo (por ahora) uno, las comunidades autónomas ya son 17 (más 2 ciudades autónomas), y el nivel local alcanza a un total de 8.101 entidades entre Ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares (a las que cabe sumar las futuras veguerías, ¡y ello en época de crisis!), 5.905 de las cuales (73%) tienen menos de 1.000 habitantes. 50 No está mal todo ello para 46 millones de ciudadanos, apenas
50. Véase Carlos Monasterio Escudero: El Laberinto de la Hacienda Autonómica, op. cit., cuadro 6.1.
70 ı Administración autonómica y local
10 millones más que el Estado de California, y con una extensión (de 504.645 km 2 ), algo superior a dicho Estado americano (60.000 km 2 más) y muy inferior (190.000 km 2 menos) al de Tejas. Es decir, vivimos en un Estado como mu- cho de tamaño medio, lo que no puede ser ignorado a la hora de determinar una organización territorial u otra. Pues bien, con esas características nuestro Estado se divide en 17 comunidades autónomas, 6 de ellas uniprovinciales y dos archipiélagos (sin contar las islas), con acusadas diferencias de tama- ño (La Rioja frente a Castilla y León), demográﬁ cas (con una recepción de inmigración «diferenciada») y económicas (la España subsidiada frente a la productiva).
Por otra parte, somos un Estado miembro de la Unión Europea, que es nues- tra plataforma de presentación en el mundo (sin perjuicio de las históricas relaciones privilegiadas con zonas como Iberoamérica o el Mediterráneo), donde por cierto defendemos de forma unánime mayores cotas de integra- ción mientras favorecemos incomprensiblemente políticas desintegradoras en nuestra sociedad. Ello no sólo resulta contradictorio sino que debilita y afecta negativamente a nuestra marca como país en un marco internacional globa- lizado que nos obliga a actuar de forma coordinada y buscar economías de escala para ser competitivos en el mundo. 51
No obstante, aunque desde un principio las críticas se han centrado reite- radamente en la Administración General del Estado por no adelgazar suﬁ - cientemente su Administración periférica, 52 hoy tras la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) y la desaparición prácticamente total de la presencia de la Administración estatal en las provincias, dichas críticas comienzan a concretarse más en los efectos perversos de un modelo de descentralización territorial que ha engordado en exceso su escalón intermedio y que además en ocasiones aprovecha sus medios para disgregar y no para integrar. 53
51. Véase, por ejemplo, sobre la innovación tecnológica como motor de la competitividad, José Ma-
nuel Leceta: «Estrategias autonómicas de I+D+i más internacionales». Cinco Días (21 enero 2010),
52. Miguel Sánchez Morón: «Racionalización administrativa y organización territorial». Revista
Española de Derecho Constitucional , n. 40 (enero-abril 1994), pág. 39-60.
53. José Joaquín Fernández Allés: «El Estado de las autonomías: el método constitucional de la Es-
paña vertebrada», en Manuel Carrasco Durán, Francisco Javier Pérez Royo, Joaquín Urías Martínez y Manuel José Terol Becerra (coords.): Derecho constitucional para el siglo XXI: actas del VIII Congre- so Iberoamericano de Derecho Constitucional . Aranzadi: Cizur Menor, 2006, págs. 4493-4510.
El coste del Estado autonómico II ı 71
b) El contexto económico: euro, crisis económica y déﬁ cit creciente de las cuentas públicas Según el propio Ministerio de Economía y Hacienda, el déﬁ cit público fue en 2009 del 11,4% del PIB, presentando una «ligera desviación al alza» sobre las
previsiones «oﬁ ciales». Es decir, en 2009 las Administraciones Públicas gas- taron unos 114 000 millones de euros más de los que ingresaron, y a ﬁ nales de dicho año debían 556.000 millones de euros (en términos de Maastricht) lo que supone el 53% del PIB. Frente a ello el Gobierno ha planteado una reducción de 50.000 millones sin concretar exactamente cómo y correspondiendo a las comunidades autónomas sólo reducir 10.000 millones (cuando van a recibir 11.000 millones más en principio con el nuevo sistema de ﬁ nanciación). 54 Para este año 2010 según la actualización del Programa de Estabilidad y Creci- miento 2009-2013 remitido por el Gobierno a la Comisión Europea (aprobado en Consejo de Ministros del 29 de enero de 2010) se prevé un déﬁ cit del 9,8% del PIB, el cual se deberá a un saldo negativo del 6,2% en el caso del Estado, del 3,2% para las comunidades y del 0,7% para los Ayuntamientos.
Sin embargo el Gobierno envía a Europa estas proyecciones cuando sabe que se tratan de meras aproximaciones teniendo en cuenta que las cuentas autonómicas y locales deben consensuarse con estas Administraciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de Adminis- tración Local. Por tanto, las previsiones autonómicas y locales no son deﬁ niti- vas. En otras palabras, el Estado carece de los mecanismos de coordinación económica efectiva que está reclamando en Europa o que de hecho ya tiene ésta , pues tendría que esperar a que la Comisión o el FMI le diga lo que tiene que hacer para imponer algún criterio o sanción a los entes territoriales auto- nómicos. Todo ello se produce en el Estado miembro de la Unión Europea con mayor porcentaje de descentralización del gasto en manos de entes territoria- les (exactamente un 54,8 por ciento en 2008), siendo la proporción de gasto que asumen las comunidades autónomas 10 puntos superior al de los Länder alemanes y 20 a los austríacos. 55
Por otra parte, además de la deuda «oﬁ cial» del sector público administrativo y del empresarial, existe otra deuda difícil de cuantiﬁ car, oculta en compro-
54. Véase Álvaro Anchuelo: «Españoles, ¡la fi esta ha terminado!». Cotizalia (3 febrero 2010); dispo-
nible en http://www.cotizalia.com/hablando-claro/espanoles-fi esta-terminado-20100203.html
55. Véase Alfonso Utrilla: «El gasto público: requerimientos y prioridades». Temas actuales de Econo-
mía, n. 4 (2009), pág. 29; disponible en http://www.economiaandaluza.es/sites/default/fi les/el%20
gasto%20publico%20requerimientos%20y%20prioridades_0.pdf
72 ı Administración autonómica y local
misos de pago futuros no materializados en deuda, pero que en realidad lo son (sistemas de ﬁ nanciación de inversiones con la empresa privada del tipo «modelo alemán» o «peaje en la sombra»). Es asimismo muy habitual que se creen entidades públicas empresariales que en el fondo desarrollan servicios públicos pero que se disfrazan de privados (por ejemplo, se cobra un canon por ellos) para que la deuda no compute a efectos de los límites que marca la UE. A ello se añade el hecho de que el aparentemente buen estado de las ﬁ nanzas públicas en los últimos años no era tal, pues el boom inmobiliario (traducido en otros booms en otros sectores) aportaba una cantidad ingente de recursos no sostenibles, con lo que en realidad mantuvimos un déﬁ cit es- tructural permanente del 4-5%.
En todo caso, esta situación es especialmente preocupante cuando las comu- nidades autónomas incumplidoras del techo de déﬁ cit resultan ser del mismo signo político del Gobierno o socios de referencia para poder aprobar leyes de la importancia de la ley anual de presupuestos. 56 En todo caso, al déﬁ cit formal del sector público (criterio Maastricht) hay que añadir la deuda viva de las empresas y fundaciones públicas. De hecho, se estima que hay 4.000 em- presas públicas estatales, autonómicas y locales , cuya deuda viva a febrero 2009 ascendía a 44.598 millones de euros y con una estimación de 55.000 a ﬁ n de año. 57 ¿Es ésta la mejor forma de ganarse el respeto en Europa?
Tampoco se ha tomado conciencia de que con el euro las cosas no se pueden seguir haciendo como antes, por lo que las series históricas no son válidas a este respecto. En efecto, en el presente, los derroches y costes excesivos no pueden esconderse o disfrazarse y los errores de gasto se pagan el doble, ya que no se puede acudir al mecanismo de la devaluación de la moneda nacio- nal o al juego de bajada y subida de los intereses según conveniencia política, como pudo ocurrir en el pasado. Por tanto, la imposición de un techo en déﬁ cit y deuda no es un mero capricho de Bruselas: es una exigencia del modelo monetario diseñado por los Tratados europeos, que atribuyen al Consejo y a
56. De hecho las cuatro comunidades autónomas que han presentado para el año 2010 unos presu- puestos que incumplen de forma manifi esta el tope de défi cit pactado con el Gobierno son Extre- madura, Castilla-La Mancha, Cataluña y Canarias. Y las siguientes en la lista son Andalucía y País Vasco (El País, 16 noviembre 2009). Véase también Miguel Cardoso, Rafael Doménech y Virginia Pou Bell: «La consolidación fi scal en España: un reto ambicioso y exigente pero factible a medio plazo». Observatorio económico. Servicio de estudios BBVA , 18 de enero de 2010, pág. 7; disponible en http://s.libertaddigital.com/doc/bbva-la-consolidacion-fi scal-en-espana-25423810.pdf 57. Véase Roberto Centeno: «What’s happening in Spain?». Cotizalia (14 diciembre 2009); disponi- ble en http://www.cotizalia.com/disparate-economico/happens-spain-20091214.html
El coste del Estado autonómico II ı 73
la Comisión Europea las facultades de supervisión para evitar los déﬁ cits y la deuda pública excesivos.
Sin embargo, a pesar de que ése es nuestro contexto, el modelo de organiza- ción del poder público se ha desarrollado (e incrementado en los últimos tiem- pos) bajo el imperio psicológico de que el gasto no era problema, sobre todo cuando España estaba generando superávit y crecía a tasas mayores que el resto de sus competidores. Ello creó la falsa impresión de que se podía gastar sin control («¡gastad, gastad, malditos!» dicen que exclamó en una ocasión
un responsable político a sus colaboradores), dejando los antiguos hábitos de austeridad pública en el baúl de los recuerdos y bajo la idea (equivocada) de que los ciudadanos perdonan los derroches si no se traducen en subidas de impuestos o van acompañados de paralelos incrementos de inversiones pú-
blicas de las que también ellos se beneﬁ cien, aunque cuesten más de lo que deberían y su construcción esté plagada de irregularidades.
A este respecto se ha aﬁ rmado que el espectacular aumento del déﬁ cit públi- co español no se debe principalmente a la recesión que vive nuestro país y al incremento del pago de prestaciones a los desempleados, pues de 10 puntos de déﬁ cit al menos 8 corresponden a lo que se conoce técnicamente como «déﬁ cit estructural», es decir, el déﬁ cit que tendrían las cuentas públicas aun- que no hubiera crisis y no se hubiera disparado el paro. Ello indica que el pro- blema de las cuentas públicas españolas es más profundo de lo que parece a primera vista porque no bastaría con eliminar el aumento de las prestaciones de desempleo ni otras medidas de estímulo ﬁ scal para reconducirlo a cifras razonables 58 Así lo está reconociendo tanto la Comisión Europea como la propia Ley de Economía Sostenible.
En un Estado (federal o no) bien diseñado y eﬁ ciente la reducción del gasto público sería una medida más para luchar contra una situación de crisis eco- nómica. En España el exceso de gasto público ineﬁ ciente ha sido una causa más para que la crisis se desencadene de la manera que lo ha hecho, es decir de forma más virulenta y duradera que en otros lares. Sólo gobernantes irresponsables o ciegos pueden no prestar atención a este hecho. Del mismo modo, se pretende desconocer que el grado de descentralización del gasto
... crisis». Cotizalia (18 diciembre 2009); disponible en http://www.cotizalia.com/en-exclusiva/defi cit-
58. Véase Eduardo Segovia: «El défi cit público en España sería del 8% del PIB
aunque no hubiera
publico-estructural-recesion-20091218.html; quien recoge datos del Informe Económico Financie- ro de la AEB (Asociación Española de Banca).
74 ı Administración autonómica y local
público a favor de las comunidades autónomas ha llegado a ser mayor en Es- paña que en Estados federales como Alemania y Austria o cuasi confederales como Bélgica, lo que motiva que el margen de maniobra presupuestaria sea menor en nuestro país para hacer frente a la crisis al quedar condicionada la capacidad de control sobre sus efectos agregados .
1.2.1.3.¿Cómo hemos llegado a esta situación? Algunas características perversas del modelo
La pregunta que cabe hacerse es: ¿qué características presenta nuestro Es- tado autonómico que lo diferencian de un Estado federal «normal»? 60
a) Tenemos una Constitución que no regula cómo debe funcionar el Estado
autonómico, sino sólo cómo podía crearse pensando exclusivamente en tér- minos de intereses políticos y no de prestar el mejor servicio posible al ciu-
dadano, estableciendo una delimitación competencial poco clara, que puede quedar resumida en el principio del «sin perjuicio del sin perjuicio», lo que ha motivado además un alto nivel de conﬂ ictividad ante el Tribunal Constitucional (que sería incluso mayor si no se llegasen a pactos políticos «de convenien- cia» bajo cuerda). A este respecto, parece necesaria una reforma de la Cons- titución para mejorar el actual sistema, máxime cuando las circunstancias y la experiencia del año 2010 no son las mismas que había en el año 1978.
b) No existe tampoco un modelo general-constitucional de relaciones interad-
ministrativas o intergubernamentales. Sin embargo, se ha impuesto en las re- laciones inter-administrativas un principio que no está en la Constitución y es el de la «indisponibilidad de la competencia»: una competencia autonómica no se puede ceder ni siquiera parcialmente de forma voluntaria en beneﬁ cio de un acuerdo eﬁ caz para todos. Curiosamente este principio no se aplica del mismo modo cuando toca al Estado.
c) El modelo de descentralización en España se ha desarrollado fundamen-
talmente por impulsos (casi espasmos) electorales-sectoriales sin un mode- lo general y racional siquiera como referencia teórica y desconociendo las
59. Véase Alfonso Utrilla de la Hoz: «El gasto público: requerimientos y prioridades», op. cit., págs. 16-51. Véase también Alfonso Utrilla de la Hoz y Esther González: Evaluación comparada de políti- cas públicas. Agencia de Evaluación y Calidad: Madrid, 2007. 60. Para un análisis más en profundidad de los problemas que plantea nuestro Estado autonómico véase Francisco Sosa Wagner e Igor Sosa Mayor: El Estado fragmentado. Modelo austro-húngaro y brote de naciones en España . Trotta: Madrid, 2007.
El coste del Estado autonómico II ı 75
condiciones «objetivas» que afectan a nuestro país: su tamaño territorial, su población y su situación geográﬁ ca en el mundo (que asimismo establece nuestra pertenencia a la UE). Estos tres elementos, sin embargo, no deberían ser ignorados a la hora de ﬁ jar el qué y el cómo de nuestro modelo territorial del Estado.
d) El sistema se ha desarrollado sin ninguna evaluación o diagnóstico. En España, con excepción hecha de la Comisión presidida por Eduardo García de Enterría de 1981 y que daría lugar a la LOAPA, y la fracasada (y poco clara) propuesta de Administración única de Manuel Fraga (1992), nadie a nivel político o gubernamental se ha parado a pensar si el diseño del Estado descentralizado iba en la buena dirección en términos de eﬁ cacia, eﬁ ciencia y calidad de servicios a los ciudadanos. Las consideraciones políticas, cultu- rales, históricas (o pseudohistóricas), el puro marketing o incluso los intereses de ciertas élites locales-regionales han dominado todo el discurso no sólo a la hora de imponer un desarrollo por fases, a golpe de interés electoral o ma- nipulación emocional, sin una coordinación previa, sino a la hora de ejecutar políticas o impedir cualquier fórmula de competencia entre Administraciones o una siquiera somera evaluación general y periódica del funcionamiento del sistema. De hecho, la nueva oleada de Estatutos no ha estado motivada por una reﬂ exión general sobre los fallos del modelo y el ánimo consecuente de resolverlos, sino por el contrario por la intención de ocultar cualquier posible deﬁ ciencia actual por la vía de alegar necesidades identitarias de imposible cuantiﬁ cación y satisfacción.
e) Contamos con un grupo de partidos políticos desleales al régimen consti- tucional y con capacidad real de inﬂ uencia que deﬁ enden abierta o matizada- mente la propia destrucción del Estado. Es más, si algo ha quedado claro en estos años es que contra las buenas intenciones de nuestros constituyentes, el llamado «nacionalismo periférico» no tiene intención alguna de integrarse, sino de aprovechar cualquier resquicio que ofrezca el sistema para destruirlo. Paralelamente hay una evidente pérdida del poder de los partidos nacionales para controlar a sus «franquicias» territoriales, quienes crecientemente, por supuestos motivos electorales o batallas internas por cuotas de poder, suelen anteponer lo local-regional al interés general y a la propia política nacional del partido (aunque en privado se expresen de otra manera). Todo ello determina una falta de conﬁ anza mutua y de lealtad institucional en la búsqueda de lo mejor para el bien común.
76 ı Administración autonómica y local
f) El proceso de descentralización ha venido presidido por algunas ideas pre- concebidas que han funcionado como verdaderas trampas ideológicas . Una de estas «ideas-fuerza» es que «Madrid» y sus funcionarios son burócratas de mentalidad centralista y enemigos de todas las comunidades autónomas, cuando los datos que ofreceremos en este informe demuestran claramente el gran esfuerzo descentralizador efectuado por la Administración General del Estado tanto en número de efectivos y limitación de su propia Adminis- tración periférica, como en competencias transferidas incluso más allá de lo que marca la Constitución. Por el contrario, nada se ha dicho de la amenaza que supone para el propio Estado autonómico y la «cultura federal» los Go- biernos nacionalistas y sus funcionarios de «mentalidad independentista» que amenazan permanente con salirse del sistema si no se atienden sus reivindi- caciones, es decir, exacerbando lo que nos desune y no lo que nos une. Ello resulta exactamente contrario a lo que implica el pensamiento federal clásico tanto en Estados Unidos como en Europa. En efecto, no hay un solo Estado federal que pueda funcionar cuando al menos tres de sus regiones-estados tienen partidos que amenazan permanentemente con romper la baraja y hacer saltar la mesa por los aires .
1.2.2.1. Gastos inevitables
A continuación vamos a ofrecer algunos criterios y datos que nos pueden permitir averiguar cuál es el coste que tiene para los ciudadanos españoles el
Estado descentralizado y si tal coste compensa y es razonable o no. En otras palabras, se tratar de responder a las siguientes preguntas: ¿tal como se ha desarrollado el sistema es bueno para el ciudadano?, ¿cuál es el coste del
Estado autonómico? Una primera aproximación metodológica sería distinguir algunas partidas, ilustrándolas con algunos ejemplos. Pues, independiente- mente de la opinión que cada uno tenga sobre los beneﬁ cios de la descen- tralización política y administrativa, resulta evidente que no todos los gastos que se han producido pueden considerarse igualmente consustanciales a la existencia misma de las comunidades autónomas . En primer lugar, cabe con- siderar como costes inevitables los siguientes:
a) Las primeras subvenciones de autogobierno, derivadas de crear y poner en funcionamiento las instituciones democráticas «mínimas» con que debía contar cada comunidad autónoma para funcionar (Parlamento, Gobierno, etc.) y que tuvieron consignación presupuestaria en los Presupuestos Generales
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del Estado hasta mediados de los años ochenta. Ello no obstante, aquí puede discutirse también si son muchos o no el número ﬁ nal de diputados de algu- nas asambleas o las consejerías de Gobiernos autonómicos. Así, por ejemplo, el Parlament de Cataluña cuenta con 135 diputados para una población de 7 millones trescientas mil personas, y con un presupuesto, para el año 2009, de 68,3 millones de euros, mientras que el Congreso de los diputados se compone de 350 diputados para una población de 46 millones de habitantes, con un presupuesto de 98 millones de euros. Ello se traduce por de pronto en un sobrecoste para el ciudadano, pues mientras el gasto medio por diputado en el Congreso se eleva a 280.000 euros, el del un diputado del Parlament alcanza los 505.926 euros (y ello cuando el Congreso de los Diputados no es necesariamente. un ejemplo de austeridad).
b) El coste efectivo de los servicios transferidos para mantenerlos al mismo
nivel que lo venía prestando el Estado. Este coste se ha incluido en los dife- rentes decretos de transferencia.
c) El coste de nuevas políticas justiﬁ cadas, como consecuencia de la detec-
ción de nuevas necesidades o la evolución de la sociedad (por ejemplo, la
política de dependencia o de I+D+i)
1.2.2.2. Gastos evitables
Se trata de gastos no estrictamente imprescindibles para contar con unos Gobiernos y parlamentos autónomos:
a) Órganos adicionales
Son la consecuencia de incrementar las instituciones de autogobierno más
allá de lo esencial y su coste se ha venido incluyendo en el sistema de ﬁ nan- ciación. Por ejemplo, se ha generalizado en prácticamente todas las comu- nidades autónomas la creación de defensores del pueblo, cámaras o sindi- caturas de Cuentas, defensores del menor, consejos consultivos, consejos de consumo, consejos económicos y sociales, tribunales o comisiones de defensa de la competencia, agencias de protección de datos (ya existen en Cataluña, Madrid y País Vasco), etc. Todo ello como un reﬂ ejo ampliﬁ cado de la estructura estatal, sin que haya habido un estudio que justiﬁ que esa necesidad ni se asegure su relación efectiva con los similares órganos a nivel nacional. No obstante, cabe preguntarse, ¿existen buenas razones por las que todo debe reproducirse necesariamente diecisiete veces?
78 ı Administración autonómica y local
b) El coste incrementado de los servicios
Se ha aumentado el coste de prácticamente todos los servicios transferidos por la necesidad-sentimiento de cada comunidad autónoma de no limitarse a mantener lo que venía haciendo el Estado para justiﬁ car así su propia exis- tencia. Este coste adicional se trasladó igualmente a la organización, pues el número de funcionarios transferidos de los servicios periféricos del Estado correspondiente a cada servicio han sido sistemáticamente multiplicados; y así no es extraño encontrar el caso de antiguas direcciones provinciales (es- tatales) de muy pocos funcionarios sustituidas sistemáticamente por amplias consejerías. 61 Cabría sostener que dicho incremento se ha traducido en una mejora de los servicios para los ciudadanos, y de ahí que el modelo autonó- mico se haya consolidado, pero igualmente cabe preguntarse si las cosas se podrían haber hecho de otra forma tal vez más eﬁ caz y sobre todo gastando menos.
c) Actuaciones innecesarias, super ﬂ uas o de propaganda . Veremos posterior- mente algunos ejemplos que se dan en todos los niveles.
d) Gastos derivados del fraccionamiento de los servicios En materia sanitaria, por ejemplo, una política de contratación centralizada (por ejemplo de jeringuillas o algodón para hospitales) sería más eﬁ ciente para conseguir mejores precios mientras que una contratación parcializada redu- ce las capacidades de negociación, al menos en términos de economía de escala; pero el Estado ha hecho dejación de la competencia de coordinación general que a este respecto le atribuye la Constitución (artículo 149.1.16ª). 62 Del mismo modo, en la Administración de Justicia, ante una sorprendente pa-
61. Habría que contar con la parte proporcional del ministerio correspondiente estatal que se venía dedicando a la gestión de una determinada política, pero en todo caso si comparamos el número de funcionarios (más laborales) que tenía el Estado centralizado por ejemplo en educación (minis- terio más direcciones provinciales) y el número actual de funcionarios (más laborales) adscritos a diecisiete consejerías autonómicas de educación (es decir, contando sólo el personal que se dedica a planifi car y gestionar esa política y no el número de profesores) el resultado es claramente incre- mental, sin que dicho aumento se justifi que necesariamente por el mayor número de centros o por una mejor gestión de la política en concreto, pues los resultados que registra España a este respecto a nivel europeo son claramente negativos. Es decir, se incrementa el gasto y el número de personal de gestión de esa política, pero ello no se traduce en una mejor calidad del servicio. Y es que, sin perjuicio de otras consideraciones, reproducir una política en diecisiete centros distintos de toma de decisiones tiene su coste. 62. Sobre la posibilidad de mejorar el modelo sanitario español, véase Juan Luis Rodríguez Vigil:
Integración o desmoronamiento. Crisis y alternativas del Sistema nacional de salud español . Cívitas, Madrid, 2008.
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sividad del Ministerio de Justicia se ha producido una compartimentalización, y además con criterios diferentes, en el desarrollo de programas y sistemas informáticos para el funcionamiento de órganos judiciales, muchos de ellos incompatibles entre sí y con enormes costes. Sólo acontecimientos luctuosos y fallos judiciales escandalosos han llevado a replantearse esta política, si bien sólo de forma parcial. ¿No hubiera sido más lógico diseñar desde el prin- cipio un único programa informático igual para todos los órganos judiciales en España? ¿Qué tipo de sentimiento autonomista puede justi ﬁ car el derroche, la incomunicación y la ineﬁ cacia? Aquí el Estado ha hecho dejación de las funciones que la propia Constitución le atribuye en el artículo 149.1 5ª y 18ª, convirtiendo el «escándalo» en el único instrumento viable para determinar la asunción de medidas de coordinación a nivel estatal.
Como tercer ejemplo, cabe citar el de importantes obras públicas y grandes inversiones autonómicas que podrían beneﬁ ciarse de economías de escala si fueran compartidas entre varias comunidades autónomas o sujetas a algún tipo de coordinación general.
e) Gastos derivados del fraccionamiento regulatorio y de una ineﬁ ciente atri- bución de competencias En España se estima que existen 100.000 leyes y reglamentos en vigor sin contar con las normas europeas que gozan de aplicación directa. A la proli- feración legislativa como fenómeno mundial se une en España la existencia de 18 centros emisores de normas a nivel legislativo y reglamentario sobre un ámbito potencial de aplicación de apenas 46 millones de habitantes. 63 A este respecto, la introducción (una vez más a instancias de la Unión Europea) de la «memoria de impacto normativo» puede ir en la buena dirección (Real De- creto 1083/2009, de 3 de julio) aunque cabe dudar de su aplicación práctica, dados los antecedentes de un país donde la acción regulatoria está sometida más a criterios de oportunidad política y propaganda y menos al interés en valorar sus efectos reales, por lo que si no cambia ese enfoque cabe predecir que acabará siendo un trámite formal y no real. 64
63. Véase Aurelio Menéndez Menéndez y Antonio Pau Pedrón (dirs.): La proliferación legislativa:
Un desafío para el Estado de derecho. Th omson/Cívitas: Madrid, 2004. Un análisis más reciente y
completo puede encontrarse en el libro promovido por el Colegio Libre de Eméritos Universitarios y titulado Legislar mejor en el siglo XXI. Ministerio de Justicia. Centro de Publicaciones: Madrid,
2009. Véase también Mercedes Fuertes: «Once tesis y una premática para salvar la dignidad de la ley». Revista de Administración Pública, n. 177 (2008), págs. 119-155.
64. Este punto deberá motivar algún día la tercera parte de este estudio: El Coste del Estado autonó-
mico III: Dispersión y exceso regulatorio.
80 ı Administración autonómica y local
Por otra parte, las diferencias regulatorias pueden ser en ocasiones necesa- rias, pero no sin límites ni sin mecanismos que eviten excesos y bloqueos o sus excesos. De hecho, en España está en riesgo tanto la unidad de mercado

References: artículo 25
 resolución 
 artículo 135
 artículo 131
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 149
 artículo 3
e contrario
 artículo 149