Source: https://lasegundatirania.blogspot.com/2010/02/constitucion-fascista-de-la-provincia.html
Timestamp: 2017-08-18 05:11:50+00:00

Document:
Constitución fascista de la Provincia Presidente Perón (Chaco) | La Segunda Tirania
Constitución fascista de la Provincia Presidente Perón (Chaco)
Volver al artículo prioncipal
CONSTITUCIÓN FASCISTA(*) DE LA PROVINCIA PRESIDENTE PERÓN
[22 de Diciembre de 1951, publicada el 4 de Junio de 1952]
Nos los representantes del pueblo trabajador de la Provincia Presidente Perón, reunidos en Convención Constituyente, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, con el propósito de organizar los poderes públicos, de hacer efectivos los derechos, declaraciones y garantías enunciados en la Constitución Nacional y de contribuir a la formación de la cultura general y al afianzamiento de una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, sancionamos esta Constitución.
Declaraciones generales, derechos, deberes y garantías
Artículo 1° - La Provincia Presidente Perón, con los límites que por derecho le corresponden, es parte integrante de la Nación Argentina, organiza su gobierno de acuerdo al sistema republicano representativo y mantiene el goce y ejercicio de todos los derechos que por la Constitución Nacional no han sido delegados al gobierno federal.
Artículo 2º - El gobierno de la provincia coopera en el sostenimiento del culto católico, apostólico romano de conformidad con las disposiciones de la Constitución Nacional.
Artículo 3º - El gobierno residirá en la ciudad de Resistencia, que se declara Capital de la Provincia.
Artículo 4º - La Provincia provee a sus gastos con los fondos del Tesoro provincial, formado por la propia actividad económica que realice y servicios que preste; de la enajenación de sus bienes propios y de su locación y rentas; de las contribuciones que equitativa y proporcional o progresivamente imponga la Legislatura y de los empréstitos y operaciones de crédito que ella sancione para urgencia de la provincia o para empresas de utilidad pública.
La equidad, proporcionalidad y progresividad son las bases de los impuestos y las cargas públicas.
Artículo 5º - Los habitantes de la provincia gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: de trabajar y ejercer toda industria útil y lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de reunirse; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libre¬mente su culto, de enseñar y aprender.
Artículo 7º - La Provincia Presidente Perón no admite diferencias raciales, prerrogativas de sangre ni de nacimiento; no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad.
Artículo 8º - La libertad de la palabra escrita o hablada es un derecho asegurado a los habitantes de la provincia sin que en ningún caso puedan dictarse medidas preventivas para el uso de esta libertad ni restringirla ni limitarla en manera alguna.
Los que abusen de esta libertad serán responsables ante la justicia ordinaria o ante el jurado, en la forma y por el procedimiento que prescriba la ley.
Artículo 9º - Ningún habitante de la provincia puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa. Siempre se aplicará y aun con efecto retroactivo la ley penal mas favorable al imputado. Nadie puede ser obligado a declarar contra si mismo ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente, salvo el caso de delito infraganti, en que podrá ser detenido por cualquier persona bajo su responsabilidad y conducido inmediatamente ante la autoridad respectiva. Es inviolable: la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, corno también la correspondencia epistolar y los papeles privados: y la ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación.
Los jueces no podrán ampliar por analogía las incriminaciones legales ni interpretar extensivamente la ley penal en contra del imputado. En caso de duda deberá es¬tarse siempre a lo más favorable al procesado. Las cárceles serán sanas, limpias y adecuadas para la reeducación social de los reclusos en ellas: y toda medida que, so pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que la seguridad exija hará responsable al Juez o funcionario que la autorice.
Todo habitante podrá interponer por sí o por intermedio de cualquier persona recurso de habeas corpus ante la autoridad competente, para que se investiguen el procedimiento y la causa de cualquier restricción o, amenaza a la libertad de su persona. El tribunal mandará comparecer al recurrente, y comprobada en forma sumaria la violación hará cesar inmediatamente la restricción o amenaza.
Artículo 10. – Cuando en un proceso criminal se haya dictado la prisión preventiva del imputado y luego resulte éste definitivamente sobreseído o absuelto por sentencia firme, la provincia lo indemnizará en las siguientes condiciones:
1º Sólo recibirán indemnización aquellos que estén calificados como obreros o empleados en los convenios de trabajo emanados de entidades que se rigen por la ley nacional de asociaciones profesionales;
2º La indemnización será equivalente a los salarios que le habrían correspondido mientras estuvo detenido, calculados de acuerdo a lo estipulado por los convenios vigentes en el momento de la privación de su libertad.
Artículo 11. - Ninguna detención podrá prolongarse por más de 24 horas sin darse aviso al juez competente poniéndose al detenido a su disposición con los antecedentes del hecho que motiva su detención. Desde entonces, tampoco podrá permanecer el detenido más de 24 horas sin que se le haga conocer la causa de su detención.
Artículo 12. - La provincia proveerá en especial a la asistencia de la familia desvalida del detenido, el encausado o el penado, así como a la de la familia de la victima. Una ley determinará los casos y el modo en que se prestará la asistencia.
Artículo 13. - El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. En ningún caso una reunión de personas podrá atribuirse la representación ni los derechos del pueblo, y quienes lo hicieren cometen delito de sedición.
Artículo 14. - La provincia no reconoce libertad para atentar contra la libertad. Esta norma se entiende sin perjuicio del derecho individual de emisión del pensamiento dentro del terreno doctrinal, sometido únicamente a las prescripciones de la ley.
La provincia no reconoce organizaciones nacionales o internacionales, cualesquiera que sean sus fines, que sustenten principios opuestos a las libertades individuales reconocidas en esta constitución o atentatorias al sistema democrático en que ésta se inspira. Quienes pertenezcan a cualquiera de las organizaciones aludidas no podrán desempeñar funciones públicas en ninguno de los poderes de la provincia.
Quedan prohibidos la organización y funcionamiento de milicias o agrupaciones similares que no sean los del Estado o de las provincias.
Artículo 15. - Nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella prohíbe.
Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden o a la moral pública ni perjudiquen a terceros, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados.
Artículo 16. - Los poderes públicos no podrán delegar las facultades que les han sido conferidas por esta Constitución ni atribuir al Poder Ejecutivo otras que las que expresamente le están acordadas por ella.
Artículo 17. - Los derechos y garantías reconocidos por esta Constitución no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, pero tampoco amparan a ningún habitante de la provincia en perjuicio, detrimento o menoscabo de otro. Los abusos de esos derechos que perjudiquen a la comunidad o que lleven a cualquier forma de explotación del hombre por el hombre configuran violaciones que serán castigadas por las leyes.
Artículo 18. - Las declaraciones derechos y garantías que enumera esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.
Artículo 19. - La provincia reconoce e incorpora en toda su amplitud los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura que declara el Artículo 37 de la Constitución Nacional, y adoptará los medios legales necesarios para desarrollar la mayor acción, ya sea directa o indirectamente, a fin de asegurar la realización efectiva de estos derechos.
I – Del trabajador
1.- Derecho de trabajar. – El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y de la comunidad, la causa de todas la conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general; de ahí que el derecho de trabajar debe de ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien la necesite.
2.- Derecho a una retribución justa. – Siendo la riqueza, la renta y el interés del capital frutos exclusivo del trabajo humano, la comunidad debe organizar y reactivar las fuentes de producción en forma de posibilitar y garantizar al trabajador una retribución moral y material que satisfaga sus necesidades vitales y sea compensatoria del rendimiento obtenido y del esfuerzo realizado.
3.- Derecho a la capacitación. – El mejoramiento de la condición humana y la preeminencia de los valores del espíritu imponen la necesidad de propiciar la elevación de la cultura y la aptitud profesional, procurando que todas las inteligencias puedan orientarse hacía todas las direcciones del conocimiento, e incumbe a la sociedad estimular el esfuerzo individual proporcionando los medios para que, en igualdad de oportunidades, todo individuo pueda ejercitar el derecho a aprender y perfeccionarse.
4.- Derecho a condiciones dignas de trabajo. – La consideración debida al ser humano, la importancia que el trabajo reviste como función social y el respeto recíproco entre los factores concurrentes de la producción, consagran el derecho a los individuos a exigir condiciones dignas y justas para el desarrollo de su actividad y la obligación de la sociedad de velar por la estricta observancia de los preceptos que las instituyen y reglamentan.
5.- Derecho de la preservación de la salud. – El cuidado de la salud física y moral de los individuos debe ser una preocupación primordial y constante de la sociedad, a la que corresponde velar para que el régimen de trabajo reúna los requisitos adecuados de higiene y seguridad, no exceda las posibilidades normales del esfuerzo y posibilite la debida oportunidad por el reposo.
6. - Derecho al bienestar. - El derecho de los trabajadores al bienestar, cuya expre¬sión mínima se concreta en la posibilidad de disponer de vivienda, indumentaria y ali¬mentación adecuadas, de satisfacer sin an¬gustias sus necesidades y las de su familia en forma que les permita trabajar con sa-tisfacción, descansar libres de preocupacio¬nes y gozar mesuradamente de expansiones espirituales y materiales, impone la necesi¬dad social de elevar el nivel de vida y de trabajo con los recursos directos o indirec¬tos que permita el desenvolvimiento econó¬mico,
7. - Derecho a la seguridad social. - El derecho de los individuos a ser amparados en los casos de disminución, suspensión o pérdida de su capacidad para el trabajo, promueve la obligación de la sociedad de tomar unilateralmente a su cargo las prestaciones correspondientes o de promover regímenes de ayuda mutua obligatoria, destinados, unos y otros, a cubrir o complementar las insufi¬ciencias o inaptitudes propias de ciertos pe¬ríodos de la vida o las que resulten de in¬fortunios provenientes de riesgos eventuales.
8. – Derecho a la protección de su familia. - La protección de la familia responde a un natural designio del individuo, desde que en ella generan sus más elevados sentimientos afectivos y todo empeño tendiente a su bienestar debe ser estimulado y favorecido por la comunidad, como el medio más in-dicado de propender al mejoramiento del género humano y a la consolidación de prin¬cipios espirituales y morales que constituyen la esencia de la convivencia social.
9.- Derecho al mejoramiento económico. - La capacidad productora y el empeño de superación hallan un natural incentivo en las posibilidades de mejoramiento económico, por lo que la sociedad cebe apoyar y favorecer las iniciativas de los individuos tendientes a ese fin, y estimular la forma¬ción y utilización de capitales, en cuanto constituyan elementos activos de la produc-ción y contribuyan a la prosperidad general.
10.- Derecho a la defensa de los intereses profesionales. - El derecho de agremiarse libremente y de participar en otras actividades lícitas tendientes a la defensa de los intereses profesionales, constituyen atribuciones esenciales de los trabajadores, que la sociedad debe respetar y proteger, asegurando su libre ejercicio y reprimiendo todo acto que pueda dificultarlo o impedirlo.
II - De la familla
La familia como núcleo primario y fun¬damental de la sociedad, será objeto de preferente protección por parte del Estado, el que reconoce sus derechos en lo que respecta a su constitución, defensa y cum¬plimiento de sus fines.
1. - El Estado protege el matrimonio, garantiza la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad;
2. - El Estado formará la unidad econó¬mica familiar, de conformidad con lo que una ley especial establezca;
3. - El Estado garantiza el bien de fa¬milia conforme a lo que una ley especial determine;
4. - La atención y asistencia de la madre y del niño gozarán de la especial y privile¬giada consideración del Estado.
III - De la ancianidad
1. – Derecho a la asistencia. - Todo anciano tiene derecho a su protección integral, por cuenta y cargo de su familia. En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer a dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos y fundaciones creadas o que se crearen con ese fin, sin perjuicio de la subrogación del Estado o de dichos institutos, para demandar a los familiares remisos y solventes los aportes correspondientes.
2. - Derecho a la vivienda. - El derecho a un albergue higiénico, con un mínimo de comodidades hogareñas, es inherente a la condición humana.
3. - Derecho a la alimentación. - La alimentación sana, y adecuada a la edad y es¬tado físico de cada uno, debe ser contempla¬da en forma particular.
4. - Derecho al vestido. - El vestido de¬coroso y apropiado al clima complementa el derecho anterior.
5. - Derecho al cuidado de la salud física. - El cuidado de la salud física de los an¬cianos ha de ser preocupación especialísima y permanente.
6. - Derecho al cuidado de la salud moral. - Debe asegurarse el libre ejercicio ele las expansiones espirituales, concordes con la moral y el culto.
7. - Derecho al esparcimiento. – Ha de reconocerse a la ancianidad el derecho de gozar mesuradamente de un mínimo de en¬tretenimiento para que pueda sobrellevar con satisfacción sus horas de espera.
8. - Derecho al trabajo. - Cuando el es¬tado y condiciones lo permitan, la ocupa¬ción por medio de la laborterapia producti¬va ha de ser facilitada. Se evitará así la disminución de la personalidad.
9. - Derecho a la tranquilidad. - Gozar de tranquilidad, libre de angustia y preocu¬paciones, en los últimos años de existencia, es patrimonio del anciano.
10. - Derecho al respeto. - La ancianidad tiene derecho al respeto y consideración de sus semejantes.
IV - De la educación y la cultura
La educación y la instrucción corresponden a la familia y a los establecimientos par¬ticulares y oficiales que colaboren can ella, conforme con lo que establezcan las leyes. Para ese fin, el Estado creará escuelas de primera enseñanza, secundaria, técnicoprofesionales, universidades y academias.
1. - La enseñanza tenderá al desarrollo del vigor físico de los jóvenes, al perfeccio¬namiento de sus facultades intelectuales y de sus potencias sociales, a su capacitación profesional, así como a la formación del carácter y el cultivo integral de todas las virtudes personales, familiares y cívicas.
2. - La enseñanza primaria elemental es obligatoria y será gratuita en las escuelas del Estado. La enseñanza primaria en las escuelas rurales tenderá a inculcar en el niño el amor a la vida del campo, a orientarlo hacia la capacitación profesional en las faenas rurales y a formar la mujer para las tareas domésticas campesinas. El Estado creará, con ese fin, los institutos necesarios para preparar un magisterio especializado.
3. – La orientación profesional de los jóvenes concebida como un complemento de la acción de instruir y educar, es una función social que el Estado ampara y fomenta mediante instituciones que guíen a los jóvenes hacía las actividades para las que posean naturales actividades para las que posean naturales actitudes y capacidad, con el fin de que la adecuada elección profesional redunde en beneficio suyo y de la sociedad.
4. – El Estado encomienda a las universidades la enseñanza en el grado superior, que prepare a la juventud para el cultivo de la ciencias al servicio de los fines espirituales y del engrandecimiento de la Nación y para el ejercicio de las profesiones y de las artes técnicas en función del bien de la colectividad. Las universidades tienen el derecho de gobernarse con autonomía, dentro de los límites establecidos por una ley especial que reglamentará su organización y funcionamiento.
Una ley dividirá el territorio en regiones universitarias, dentro de cada una de las cuales ejercerá sus funciones la respectiva universidad. Cada una de las universidades además de organizar los conocimientos universales cuya enseñanza la incumbe, tenderá a profundizar el estudio de la literatura, historia y folklore de la zona de influencia cultural, así como a promover las artes técnicas y las ciencias aplicadas, con vistas a la explotación de la riquezas y el incremento de las actividades económicas regionales.
La universidades establecerán cursos obligatorios y comunes destinados a los estudiantes de todas las facultades para su formación política, con el propósito de que cada alumno conozca la esencia de lo argentino, la realidad espiritual, económica, social y política de su país, la evolución y la misión histórica de la República Argentina, y para que adquiera conciencia de la responsabilidad que debe asumir en la empresa de lograr y afianzar los fines reconocidos y fijados en la Constitución Nacional.
5. – El Estado protege y fomenta el desarrollo de las ciencias y de las bellas artes, cuyo ejercicio es libre; aunque ello no excluya los deberes sociales de los artistas y hombres de ciencia. Corresponde a las academias la docencia de la cultura y de las investigaciones científicas postuniversitarias, para cuya función tienen el derecho de darse un ordenamiento autónomo dentro de los límites establecidos por una ley especial que las reglamente.
6. – Los alumnos capaces y meritorios tienen el derecho de alcanzar los más altos grados de instrucción. El Estado asegura el ejercicio de este derecho mediante becas, asignaciones a las familias y otras providencias que se conferirán por concurso entre los alumnos de todas las escuelas.
7. – Las riquezas artísticas e históricas así como el paisaje , cualquiera que sea su propietario, forman parte del patrimonio cultural de la Nación y estarán bajo la tutela del Estado, que puede decretar las expropiaciones necesarias para su defensa y prohibir la exportación o enajenación de los tesoros artísticos.
Artículo 20. – El niño tiene derecho a la formación física, intelectual y moral. Incumbe a los padres la obligación de procurar a esta formación y el provincia concurrirá con ellos mediante los establecimientos oficiales que a tal efecto establecerán las leyes. En caso de incapacidad notoria o negligencia de los padres en el desempeño de estos deberes, la provincia proveerá lo necesario para evitar el desamparo infantil y proteger los derechos del niño.
Artículo 21. - La educación y la instrucción corresponden a la familia y a los establecimientos particulares y oficiales que colaboren con ella, conforme con lo que establezcan las leyes.
La Cámara de Representantes dictará las leyes necesarias para establecer y organizar la educación común oficial, así como la instrucción media, especial y superior, y sostener los colegios e institutos destinados a dispensarlos.
Igualmente reglamentará la educación particular.
Artículo 22. - La educación común, es obligatoria en las condiciones y bajo las sanciones que la ley establezca, y es gratuita en las escuelas oficiales.
Función social de la propiedad, régimen económico y de los servicios públicos
Artículo 23. - La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que la ley establezca con fines de bien común. Incumbe al Estado provincial fiscalizar el destino, la distribución y el manejo de la tierra rural y de los bosques de su propiedad, con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad y procurar a cada productor rural o familia de productores rurales la posibilidad de adquirir en propiedad la tierra que trabaja.
Artículo 24. - La expropiación por causa de utilidad pública o interés general debe ser calificada por ley y previamente indemnizada, facultándose al Poder Ejecutivo a determinar los bienes. Solo en virtud de una sentencia fundada en ley pueden los habitantes de la provincia ser privados de su propiedad.
Artículo 25. - El capital debe estar al servicio de la economía de la provincia y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino.
Artículo 26. - La organización de la riqueza y su explotación tiene por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme con los principios de la justicia social. La provincia mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Fomentará el cooperativismo.
Artículo 27. - Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley provincial lo determine.
El precio por la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión, y los excedentes sobre una ganancia razonable, que serán considerados también como reintegración del capital invertido.
Artículo 28. - Es obligación de la provincia velar por la salud y la higiene públicas, especialmente en lo que se refiere a la prevención de enfermedades que afecten al cuerpo social y la lucha contra ellas; y asegurar a sus habitantes la asistencia mé¬dica integral: preventiva y asistencial.
A fin de cumplir más acabadamente con estas obligaciones, el gobierno podrá por medio de convenios, concertar su actividad o comprometer su colaboración con depen¬dencias nacionales o con otras provincias.
Artículo 29. - Los habitantes de la provincia tienen el deber de cuidar de su salud y la de la sociedad, haciéndose asistir en caso de enfermedad y prestando puntual acatamien¬to a las disposiciones del Código Sanitario Nacional –luego que éste se dicte- y a las providencias generales que imponga la au¬toridad sanitaria provincial en ejercicio de las atribuciones que le otorguen las leyes.
Artículo 30. - La Legislatura dictará una ley electoral uniforme para toda la provincia.
El sufragio será secreto y se votará per¬sonalmente. Los ciudadanos votarán en el colegio electoral de su domicilio. El padrón utilizarse será el de la Nación.
Artículo 31. - Los electores no podrán ser arrestados ni restringidos en su derecho o amenazados en su libertad durante las horas del comicio, excepto en caso de ser sorprendidos en flagrante delito.
Artículo 32. - Podrán realizarse las elecciones provinciales y municipales en el mismo acto que las elecciones nacionales y bajo las mismas autoridades de comicio y escrutinio.
Artículo 33. - El Poder Legislativo se ejercerá por una Cámara de Representantes cuyo número será de uno por cada catorce mil quinientos habitantes o fracción que no baje de siete mil quinientas. Después de la reali-zación de cada censo general, la Legislatura fijará la representación con arreglo a aquél, pudiendo aumentar, pero no disminuir el número de legisladores.
La mitad de la representación será elegida por el pueblo de la provincia, dividida ésta en tantas circunscripciones como número de legisladores componga esa mitad.
La otra mitad de los representantes será elegida por los ciudadanos que pertenezcan a las entidades profesionales que se rigen por la ley nacional de asociaciones profesionales, debiendo estar integrada la lista de candidatos con miembros de dichas entidades, dividida igualmente la provincia en tantas circunscripciones como número de legisladores compongan esa mitad.
Artículo 34. – Para ser miembro de la Cámara de Representantes se requiere haber cumplido la edad de 25 años, tener ciudadanía natural en ejercicio o legal luego de cinco años de obtenida, y una residencia inmediata de dos años para los nativos y de cuatro para los nacidos fuera del territorio de la provincia. La residencia debe ser siempre inmediata, real y personal.
Artículo 35. - Durarán seis años en sus funciones y podrán ser reelegidos. La Cámara se renovará por mitades cada tres años. Al constituirse la primera Legislatura se determinará por sorteo los diputados que han de cesar a los tres años. Los represen¬tantes que deban integrar la Cámara después de una intervención federal al Poder Legislativo serán elegidos para completar el período.
Artículo 36. - Es incompatible el cargo de di¬putado con el de legislador nacional, o em¬pleado a sueldo de la Nación, de las provincias o de las municipalidades, reparticiones autárquicas, sociedades mixtas y de servicios y concesiones públicas, con excepción del profesorado secundario, especial y universitario y las funciones técnicas de acuerdo con la ley. Asimismo no podrán los di¬putados celebrar contrates con la administración provincial o municipal ni intervenir en causas contra la Nación, la provincia o municipalidades, ni defender los intereses privados ante la administración pública, ni participar en empresas beneficiadas con concesiones o privilegios del Estado.
Artículo 37. - El vicegobernador es el presidente de la Cámara de Representantes pero no tendrá voto, excepto en caso de empate. La Cámara nombrará de su seno un presidente y un vicepresidente provisionales, quienes en caso de ausencia o impedimento del vice¬gobernador o cuando éste ejerza el Poder Ejecutivo lo reemplazarán por su orden.
Artículo 38. - La Cámara de Representantes se reunirá automáticamente en sesiones or¬dinarias todos los años desde el primero de mayo hasta el treinta de setiembre.
Artículo 39. - Las sesiones de la Cámara de Representantes podrán ser prorrogadas o convocadas extraordinariamente por el Poder Ejecutivo, cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera.
Artículo 40. - Las decisiones de la Cámara serán a pluralidad de votos salvo los casos especiales previstos en esta Constitución.
Artículo 41. - Las sesiones de la Cámara serán públicas a menos que la índole de los asuntos a considerar en ellas exigiera lo contrario, lo cual será determinado por mayoría de votos.
Artículo 42. - La Cámara es el único juez de las faltas cometidas dentro y fuera del recinto contra el orden de sus sesiones y podrá reprimirlas hasta con detención que no pase del término de treinta días, sin perjuicio de su facultad de poner al detenido a disposición de la justicia si lo consi¬derase procedente.
Artículo 43. - La Cámara es el juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miem¬bros en cuanto a su validez. No entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miem¬bros; pero un número menor podrá compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones en los términos y bajo las penas que establezca.
Artículo 44. –Hará un reglamento, y podrá, con dos tercios de votos de los presentes, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirlo de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieran de sus cargos.
Artículo 45. – Los diputados prestarán, en el acto de su incorporación, juramento de desempeñar debidamente el cargo, y de obrar en todo en conformidad a los que prescribe esta Constitución.
Artículo 46. - Los miembros de la Cámara no podrán ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que emitieran desempeñando su mandato. Toda ofensa dirigida contra un miembro de la Cámara dentro o fuera de ella, por causas de sus discursos u opinio¬nes en el ejercicio de sus funciones o en razón del cumplimiento de sus deberes de legislador, es una ofensa a la misma Cámara, y su autor será reprimido por ella.
Artículo 47. - No podrá ser arrestado ningún miembro de la Cámara desde el día de su elección hasta el de su cese, excepto en el caso de ser sorprendido en flagrante ejecución de algún crimen. En este caso el juez que ordene la prisión dará cuenta dentro de los cinco días a la Cámara, con la información sumaria del hecho. La Cámara al conocer el sumario podrá allanar el fuero del arrestado por mayoría de votos de los miembros presentes.
Artículo 48. - Cuando se forme querella criminal por escrito centra un miembro de la Cámara ante la justicia, ésta recibirá el sumario enviado por el juez, y examinándolo en juicio público podrá, con dos tercios de votos de los presentes, suspender en sus funciones al acusado, quedando con este hecho a disposición del juez competente para su juzgamiento.
Artículo 49. - La Cámara puede solicitar al Poder Ejecutivo los informes que estime convenientes respecto a las cuestiones de su competencia. El Poder Ejecutivo podrá optar entre contestar el informe por escrito, hacerlo personalmente su titular, o enviar a uno de sus ministros para que informe verbalmente.
Artículo 50. – Corresponde a la Cámara:
1º Establecer los impuestos y contribuciones necesarias para los gastos de servicio de la administración, seguridad y bienestar general de la provincia;
2º Fijar por un año o por períodos superiores hasta un máximo de tres, a propuesta del Poder Ejecutivo, el cálculo de recursos y presupuesto de gastos;
Si el Poder Ejecutivo no remitiera los proyectos de presupuestos y leyes de recursos para el ejercicio siguiente, antes del 31 de agosto, la Legislatura podrá iniciar su estudio y sancionarlos tomando por base las leyes vigentes. Vencido el ejercicio administrativo sin que la Legislatura hubiese sancionado una nueva ley de gastos y recursos, se tendrá por prorrogadas los que hasta ese momento se hallaban en vigor;
3º Aprobar o desechar las cuentas de inversión y gastos que le remitirá el Poder Ejecutivo anualmente;
4º Declarar las causas de utilidad pública e interés general para expropiación, determinando los fondos con que ha de hacerse la previa indemnización;
5º Autorizar al Poder Ejecutivo para contraer empréstitos con dos tercios de votos de sus miembros presentes, para obras de utilidad genera, determinando las bases, condiciones y rentas para la amortización;
6º Legislar sobre el uso y enajenación de las tierras de propiedad provincial;
7º Arreglar el pago de las deudas de la provincia, dictar la ley orgánica de crédito público y autorizar el establecimiento y funcionamiento de entidades bancarias;
8º Acordar subsidios a las municipalidades y comisiones de fomento, cuyas rentas no alcancen para sus cargos ordinarios;
9º Aprobar o desechar los tratados que el Poder Ejecutivo celebre con la Nación y con las provincias;
10. Establecer la división política o municipal del territorio de la provincia, tomando por base la extensión o población;
11. Disponer la creación de villas y ciudades y la construcción de obras públicas;
12. Acordar amnistías;
13. Crear empleos para la administración de la Provincia, determinando sus atribuciones, responsabilidades y dotación: así como suprimir los no establecidos por esta Constitución;
14. Dictar leyes sobre jubilaciones, pensiones y recompensas de estímulo;
15. Proveer lo conducente a la prosperidad y bienestar general de la Provincia, a la higiene, moralidad y salud públicas; a la asistencia, acción y previsión sociales; al progreso de la ciencia y de las artes; a la instrucción, educación y cultura generales; al desarrollo de la pequeña propiedad agrícola en explotación; a asegurar la prestación de servicios públicos; promover la industria y colonización de las tierras fiscales y de las provenientes de la extinción de latifundios.-
16. Dictar los códigos de Procedimientos, el Rural, de Policía, Fiscal, las leyes de organización de administración de justicia, del Registro Civil, orgánica municipal, tierras públicas, de bosques y viales;
17. Autorizar la cesión de tierras de la provincia para objeto de utilidad nacional o municipal, requiriéndose los dos tercios de la totalidad de sus miembros cuando esas cesiones importen abandono de jurisdicción o desmembración del territorio;
18. Tomar juramento al gobernador, vicegobernador y a sus reemplazantes en cada caso; concederles o negarles licencias para salir del territorio de la provincia, admitir o desechar sus renuncias.
19. Ejercer una legislación exclusiva sobre los servicios públicos, de propiedad de la provincia o explotados por sus organismos administrativos, o que liguen dos o más departamentos entre sí;
20. Legislar en forma exclusiva para el territorio de la capital de la provincia; organizar la administración municipal, sancionar su régimen impositivo y fijar para un año o por períodos superiores hasta un máximo de tres años, a propuesta del Poder Ejecutivo, su cálculo de recursos y presupuesto general de gastos;
21. Dictar todas aquellas leyes necesarias paro el mejor desempeño de las ante¬riores atribuciones y para todo asunto de interés público y general de la provincia, cuya naturaleza y objeto no corresponda privativamente a los poderes nacionales.
Artículo 51. - Toda ley puede tener principio en la Cámara por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo.
Artículo 52. - Sancionada una ley se remitirá al Poder Ejecutivo para que la promulgue o la vete en todo o en parte dentro del tér¬mino de los diez días hábiles de su recepción.
Artículo 53. - Vetada por el Poder Ejecutivo, en todo o en parte, una ley sancionada, vol¬verá a la Cámara únicamente la parte desechada con sus objeciones, y si ésta insiste en la sanción con dos tercios de votos de los presentes, será ley y pasará al Poder Eje¬cutivo para su promulgación. No existiendo los dos tercios para la insistencia o para aceptar las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo, no podrá repetirse en las sesiones del año.
Artículo 54. - En la sanción de las leyes se usará esta fórmula: "La Cámara de Repre¬sentantes sanciona con fuerza de ley".
Artículo 55. - El Poder Ejecutivo de la provincia será ejercido por un ciudadano con el título de “gobernador de la provincia", se elegirá además, un vicegobernador.
Artículo 56. - Para ser elegido gobernador y vicegobernador se requiere: 28 años de edad, ser argentino nativo, pertenecer a la comunión católica apostólica romana, tener una residencia inmediata de 2 años para los nacidos en ella y 6 para los nacidos fuera del territorio de la provincia.
La residencia debe ser inmediata, real y personal.
Artículo 57. - El gobernador y vicegobernador durarán seis años en sus mandatos; cesan el mismo día en el cual expira ese período, sin que evento alguno pueda motivar su prórroga.
El gobernador y vicegobernador no podrán ser reelectos para el periodo siguiente al de su ejercicio. Tampoco podrá el gobernador ser elegido vicegobernador, ni éste gobernador.
No podrán ser electos para ninguno de estos cargos los parientes de los funcionarios salientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad.
Artículo 58. - Al tomar posesión del cargo de gobernador y vicegobernador prestarán juramento ante la Cámara de Representan¬tes en los siguientes términos:
Yo. N. N. Juro por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de gobernador (o vicegobernador) de la provincia y ob¬servar y hacer observar fielmente su Constitución y las leyes que en su consecuencia se dicten. Si así no lo hiciere, Dios y la Patria me lo demanden.
Artículo 59. - El gobernador y vicegobernador gozarán del sueldo que la ley deter¬mine. Durante el período de su mandato no podrán ejercer otro empleo ni recibir otro emolumento de la provincia ni de la Nación.
Artículo 60. – En caso de muerte, destitución, renuncia, enfermedad, suspensión o ausencia del gobernador, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicegobernador, hasta concluir el período legal en los tres primeros casos y en los tres últimos hasta que haya cesado el impedimento.
Artículo 61 - En caso de muerte, destitución, renuncia, enfermedad, suspensión o ausencia del vicegobernador, en los casos en que este funcionario reemplaza definitivamente al gobernador, el Poder Ejecutivo será ejercido por el presidente provisional de la Cámara de Representantes. En el caso que faltare menos de un año para terminar el período legal, continuará hasta su expiración, debiendo procederse en caso contrario a una nueva elección para completar el período, la cual deberá llevarse a efecto dentro de los 90 días. En los tres últimos casos, el presidente provisional de la Cámara de Representantes ejercerá el Poder Ejecutivo hasta que cese el impedimento accidental del vicegobernador. Si ocurriesen iguales circunstancias de impedimento respecto al presidente provisional, ésta será reemplazado por el vicepresidente provisional.
Artículo 62. - La Cámara de Representantes designará el funcionario que ejercerá el Poder Ejecutivo en los casos en que el gobernador, vicegobernador, presidente y vicepre¬sidente provisionales de la Cámara no pudiesen desempeñarlos.
Artículo 63. - Cuando se elija gobernador o vicegobernador en caso de intervención fe¬deral la elección se hará para completar el período.
Artículo 64. - El gobernador y vicegobernador, en ejercicio de sus funciones, residirán en la capital de la provincia, y no podrán ausentarse del territorio provincial por más de quince días sin autorización de la Cámara de Representantes. En el receso de la Cámara sólo podrán ausentarse por motivo urgente de interés público, dando cuenta a aquella oportunamente.
De la forma de elección de gobernador y vicegobernador
Artículo 65. - El gobernador y vicegobernador, serán elegidos directamente por el pueblo y a simple pluralidad de sufragios, constituyendo la provincia a tales efectos un distrito único.
Artículo 66. - Si respecto del gobernador y vicegobernador electos, se produjera algu¬na de las situaciones previstas en el artículo 61 que les impidiera asumir sus funciones, la Cámara de Representantes designará de su seno gobernador interino, rigiendo también en este caso lo establecido en el artículo 61.
Artículo 67. - El gobernador y vicegobernador desde que son electos gozarán de las mismas inmunidades que los legisladores.
Artículo 68. - El gobernador es el jefe de la administración de la provincia y tiene las siguientes atribuciones:
1º Expide las instrucciones, decretos y reglamentos necesarios para poner en ejercicio las leyes de la provincia, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias;
2º Nombra y remueve por sí mismo y sin refrendo alguno los ministros secretarios del despacho;
3º Participa en la formación de las leyes con arreglo a esta Constitución y tiene derecho de tomar parte en todas las deliberaciones de la Cámara de Representantes, por sí o por intermedio de los ministros, sin voto;
4º Nombra y remueve todos los empleados de la administración para los cuales esta Constitución no establece otra forma de nombramiento o de remoción;
Designa con acuerdo de la Legislatura a los magistrados del Superior Tribunal de Justicia, y de los demás tribunales inferiores de la provincia y demás funcionarios para quienes esta constitución o la ley requiere tal acuerdo.
5º En el receso de la Cámara provee toda vacante que requiera un acuerdo por medio de empleos en comisión, debiendo comunicarlos a aquélla dentro de los quince días de iniciadas las sesiones del próximo período legislativo a fin de que los considere en sus sesiones ordinarias;
6º Concede jubilaciones, retiros, licencias y goce de montepíos conforme con las leyes de la provincia;
7º Propone a la Cámara de Representantes el presupuesto general de gastos de la administración como asimismo las leyes de recursos. Recauda las rentas y las invierte con estricta sujeción a las leyes, rindiendo anualmente cuenta detallada y justificada de su administración;
8º Convoca a sesiones extraordinarias a ¬la Cámara de Representantes o prorroga sus sesiones ordinarias cuando asuntos de inte¬rés público lo requieran;
9º Convoca al pueblo a elecciones en la oportunidad debida, sin que por ningún mo¬tivo pueda diferirlas;
10. Celebra y firma tratados con la Nación y con las provincias para fines de la administración de justicia, de interés económico y trabajos de utilidad común, con aprobación de la Cámara de Representantes de lo que dará conocimiento al Congreso Nacional de acuerdo al artículo 100 de la Constitución Nacional;
11. Indulta o conmuta las penas impuestas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, previo informe del tribunal correspondiente de conformidad con las leyes que lo reglamenten;
12. Provee lo conducente al ordenamiento y régimen de los servicios públicos a que se refiere el artículo 50, inciso 9º;
13. Es el jefe inmediato y local del municipio de la Capital y puede delegar estas funciones en la forma que determine la ley. Someterá a la aprobación de la Cámara de Representantes su régimen impositivo y su presupuesto de gastos y cálculo de recursos.
Artículo 69. – El gobernador representa a la provincia en las relaciones oficiales con el Poder Ejecutivo nacional y con las demás gobernadores de provincias. Es agente inmediato y directo del gobierno nacional para hacer cumplir en la provincia la Constitución, leyes y disposiciones de la Nación.
Artículo 70. - El despacho de los negocios administrativos de la provincia estará a cargo de ministros secretarios, y una ley especial fijará su número y deslindará los ramos y funciones de cada uno de ellos.
Artículo 71. – Para ser designado ministro se requiere ser argentino nativo, y las demás condiciones que para ser legislador, gozando de iguales fueros e inmunidades.
Artículo 72. – Los ministros refrendarán y legalizarán con su firma los actos del Poder Ejecutivo, sin cuyo requisito carecerán de eficacia, excepto lo prescrito en el artículo 68, inciso 2º.
Artículo 73. - Cada ministro es responsable de los actos que legaliza y solidariamente de los que acuerda con sus colegas. Los ministros no pueden por sí solos, en ningún caso, tomar resoluciones, a excepción de lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos.
Anualmente presentarán al gobernador la memoria detallada del estado de los negocios de sus respectivos departamentos.
Artículo 74. – Los ministros tienen la facultad de concurrir a las sesiones de la Cámara, informar ante ella y tomar parte de los debates, sin voto.
Del fiscal de Estado, asesor de gobierno, contador y tesorero
Artículo 75 – Habrá un fiscal de Estado, encargado de defender el patrimonio del fisco y los bienes públicos y privados de la provincia, que será parte legítima en los juicios contenciosoadministrativos y en todos aquellos en que se controviertan intereses del Estado. Tiene personería para demandar la nulidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, reglamentos o resoluciones contrarios a las prescripciones de esta Constitución, en el solo interés de la ley o en defensa de los intereses fiscales de la provincia. La interposición de la demanda de nulidad o inconstitucionalidad a que se refiere el párrafo precedente, no suspenderá los efectos ni el cumplimiento de la disposición impugnada, salvo petición expresa del fiscal de Estado y resolución fundada del tribunal. Se dejará sin efecto la medida decretada, si así lo solicitara la autoridad pública demandada, bajo su responsabilidad. Será también parte en los procesos que se formen ante el Tribunal de Cuentas de la Administración Pública.
Artículo 76. – Habrá un asesor de gobierno que lo será del Poder Ejecutivo y de las reparticiones dependientes de éste. Será parte en los juicios por nulidad o inconstitucionalidad que promueva e fiscal de Estado.
Artículo 77. – La ley determinará los casos y las formas en que han de ejercer su función el fiscal de Estado y el asesor de gobierno. Para desempeñar estos cargos se requieren las mismas calidades exigidas que para los miembros del Superior Tribunal de Justicia.
Artículo 78. - El fiscal de Estado será nom¬brado por el gobernador con acuerdo de la Legislatura.
Artículo 79. - Habrá un contador y un tesorero de la provincia. Sus calidades, el plazo por el cual se designan, sus atribuciones, las causas por las que pueden ser removidos y las responsabilidades a que están sujetos, serán determinadas por la ley de contabilidad.
Artículo 80. - El Tribunal de Cuentas estará integrado por un presidente y cuatro vocales, que durarán 6 años, todos inamovibles, nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Representantes, pudiendo ser reelectos. Podrán ser enjuiciados y removidos en la misma forma y en los mismos casos que los jueces. La Legislatura dictará la ley orgánica del Tribunal de Cuentas.
Artículo 81. - El tribunal tendrá las siguientes atribuciones:
1º Examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, provinciales, municipales y de reparticiones descentralizadas, aprobarlas o desaprobarlas, y, en este último caso, indicar el funcionario o funcionarios responsables como también el monto y la causa de los alcances respectivos;
2º Inspeccionar las oficinas provinciales, municipales, comisiones de fomento, y aquellas que administren fondos públicos y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad en la forma y con arreglo al procedimiento que determina la ley.
Artículo 82. - El Poder Judicial de la provincia será ejercido por un superior Tribunal de Justicia y por les demás tribunales inferiores con la jurisdicción y competencia que las leyes establezcan.
Artículo 83. - El Superior Tribunal de Justicia se compondrá de un de un número impar de miembros, que no será menor de tres. La ley que aumente ese número determinará la división de aquél en salas. La presidencia del Superior Tribunal de Justicia se turnará anualmente entre sus miembros. Habrá además un procurador general.
Artículo 84. - Para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia o procurador general, se requiere ser argentino nativo, tener 23 años de edad y ser abogado graduado en uni¬versidad nacional con tres años en ejercicio en la profesión o en la magistratura. La Legislatura establecerá les requisitos que deben reunir los miembros de los tribunales inferiores.
Artículo 85. - Los jueces del Superior Tribunal de Justicia y los demás tribunales in¬feriores son inamovibles y conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta. La remuneración de los servicios de estos magistrados no podrá disminuirse mientras permanezcan en sus funciones.
Artículo 86. - El Superior Tribunal de Justicia tendrá jurisdicción según las reglas que prescriba la ley conforme a esta Constitución y tanto él como los demás tribunales de la provincia aplicarán esta Constitución como la ley suprema, con relación a las leyes locales.
La Justicia del Trabajo se organizará en instancia única, con tribunales colegiados integrados por tres miembros.
Artículo 87. - En ningún caso el gobernador de la provincia ni funcionario alguno del Poder Ejecutivo o Legislativo puede ejer¬cer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.
Artículo 88. – Corresponde al Poder Judicial el conocimiento y decisión de las contro¬versias que versen sobre puntos regidos por esta Constitución y demás leyes de la provincia, así como aquellas en que le co¬rresponda entender de acuerdo con las leyes de la Nación, según que las personas o cosas caigan bajo la jurisdicción de la provincia.
Artículo 89. - Sin perjuicio de los demás ca¬sos que establezca la ley, el Superior Tribunal de Justicia: decide en las causas contenciosoadministrativas en única instancia y en juicio pleno, previa denegación o retardación de la autoridad administrativa competente al reconocimiento de los derechos que se gestionen por parte interesada. La ley determinará el plazo dentro del cual podrá deducirse la acción ante el Superior Tribunal de Justicia y los demás procedimientos de este juicio.
En estas causas tiene la facultad de mandar cumplir directamente sus sentencias por las oficinas o empleados respectivos, si la autoridad administrativa no lo hiciere den¬tro del plazo de sesenta días contados desde la fecha en que se le notifique la sentencia.
Los empleados a quienes alude el párrafo anterior son responsables por la falta de cumplimiento de las disposiciones del Su¬perior Tribunal.
Artículo 90. - El Superior Tribunal ejercerá su jurisdicción originariamente o por ape¬lación y por los demás recursos, o según las reglas y excepciones que prescribe la ley. Actuará asimismo corno Tribunal de Casa¬ción y de inaplicabilidad legal.
Artículo 91. - El Superior Tribunal de Justi¬cia conoce originaria y exclusivamente: en las causas de competencia entre los poderes públicos de la provincia y en las que se susciten entre los demás tribunales con motivo de su jurisdicción respectiva.
Artículo 92. - El Superior Tribunal de Justicia, tiene además, las siguientes atribucio¬nes:
1º Nombra conjueces en el número y casos que la ley determine;
2º Propone al Poder Ejecutivo para su nombramiento los empleados de la admi¬nistración de justicia, cuya designación no está prescrita de otra manera por esta Cons¬titución, y los remueve por si y de confor¬midad con la ley;
3º Dicta les reglamentos necesarios para el servicio interno y disciplinario de la administración de justicia;
4º Propone a la Cámara de Representantes, por conducto del Poder Ejecutivo, la creación de empleos y su dotación;
5º Tiene la superintendencia de toda la administración de justicia;
6º Remite anualmente a la Legislatura y al Poder Ejecutivo una memoria sobre el estado y las necesidades de la administración de justicia;
7º Anualmente propondrá al Poder Ejecutivo el presupuesto de gastos del Poder Judicial.
Artículo 93. – Ningún magistrado judicial, cualquiera que sea su jerarquía, podrá ejercer dentro o fuera de la provincia profesión o empleo alguno, salvo la docencia.
Artículo 94. – La Legislatura creará juzgados de paz en toda la provincia, y otros de menor cuantía atendiendo a la extensión territorial de cada departamento y su población. Establecerá los requisitos que deben reunir los jueces y la remuneración que se les asignará. Serán designados jueces titulares y suplentes por elección y durarán 3 años, pudiendo ser reelectos. Serán removidos por inconducta por el Superior Tribunal de Justicia.
Artículo 95. – La jurisdicción y competencia de los jueces de paz y de menor cuantía serán determinadas por la ley, la que le podrá asignar atribuciones administrativas.
De la institución del jurado
Artículo 96. – Dentro del año de la vigencia de la presente Constitución, serán juzgadas por jurados las causas criminales por los siguientes delitos: contra la vida, lesiones gravísimas, violación, corrupción y prostitución, contra la libertad, robo con homicidio y robo calificado, contra la seguridad pública y contra los poderes públicos y el orden Constitucional Provincial.
Los jurados decidirán si consideran o no penalmente responsable al imputado, quedando las calificaciones legales y la determinación y adecuación de la pena a cargo del magistrado judicial que presida el jurado.
Toda persona detenida por autoridad competente tendrá derecho ser llevada ante el jurado dentro del año de su detención. Si vencido este plazo no lo hubiera sido, se ordenará la libertad bajo caución juratoria, sin perjuicio de su ulterior juzgamiento.
Para ser jurado se requerirán las siguientes condiciones: ser mayor de treinta años, poseer capacidad psicofísica suficiente, saber leer y escribir castellano, figurar como ciudadano hábil en el Registro Electoral y acreditar hábitos de trabajo para su afiliación a las entidades que se rigen por la ley nacional de asociaciones profesionales.
Artículo 97. - El gobernador y vicegobernador y sus reemplazantes legales cuando ejerzan el Poder Ejecutivo, los ministros y magistrados judiciales así como todos los funcionarios que requieren acuerdo para su designación, están sujetos a juicio político. Pueden ser denunciados ante la Cámara de Representantes por incapacidad física o mental sobrevinientes, por delitos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento de los deberes a su cargo por crímenes comunes.
Artículo 98. – La Cámara anualmente, en la primera sesión ordinaria, se dividirá por sorteo en dos salas para la tramitación de juicios políticos y elegirá sus presidentes. La sala primera tendrá a su cargo la acusación y la segunda el juzgamiento. La sala acusadora será presidida por un legislador elegido de su seno y la juzgadora por el presidente del Superior Tribunal de Justicia; si éste fuere el enjuiciado o estuviese impedido, en la forma que se determine en la primera sesión ordinaria del año.
Artículo 99. – La sala acusadora, nombrará en la misma sesión una comisión investigadora, no pudiendo facultar al presidente para que la designe. Tendrá por objeto investigar la verdad de los hechos en que se fundara la acusación, teniendo para este efecto las más amplias facultades.
Artículo 100. – La comisión terminará sus diligencias en el perentorio término de cuarenta días y presentará dictamen a la sala acusadora, la que lo aceptará por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
Artículo 101. – Cualquier miembro de la Cámara de Representantes o habitantes de la provincia podrá denunciar ante la sala acusadora de la Cámara de Representantes el delito o falta, a efectos de que se promueva juicio.
Artículo 102. – Desde el momento en que la sala acusadora haya aceptado la acusación, el acusado quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones, sin goce de sueldo.
Artículo 103. – Admitida la acusación por la sala acusadora, nombrará una comisión de tres de sus integrantes para que la sostenga ante la segunda sala, que se constituirá en tribunal de sentencia, previo juramento de sus miembros.
Artículo 104. – Entablada la acusación por la sala acusadora, el tribunal de sentencia procederá a conocer la causa, que fallará antes de treinta días. Si vencido este término no hubiere fallado, el acusado volverá al ejercicio de sus funciones, abonándosele los sueldos impagos y no podrá repetirse el juicio por los mismos hechos.
Artículo 105. - Ningún acusado podrá ser declarado culpable sino por voto de los dos tercios de los miembros presentes de la segunda sala. La votación será nominal, registrándose en el acto el voto de cada legislador sobre cada uno de los cargos que contenga el acta de acusación.
Artículo 106. - El fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado y aun inhabilitarlo para ejercer cargos públicos, por tiempo determinado, quedando siempre sujeto a acusación, juicio o condena, conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios.
Artículo 107. - La Cámara dictará el procedimiento para esta clase de juicios.
Artículo 108. – La administración de los intereses y servicios locales con excepción de la ciudad capital, cuando alcance un mínimo de población que establezca la ley, estarán a cargo de un municipio siempre que reúnan condiciones eficientes para tener vida propia.
Artículo 109. – Estos municipios estarán constituidos por un departamento ejecutivo: in¬tendente, y un departamento deliberativo: concejo municipal, elegidos directamente por el pueblo en la forma y número que la ley establezca, debiendo coincidir su elección con la de la Cámara de Represen-tantes.
Artículo 110. - Para ser elegido intendente o miembro del concejo se requieren los mis¬mos requisitos que para ser elegido diputado; durarán en sus funciones tres años, pudiendo ser reelectos.
Artículo 111. - En la capital de la provincia sólo se nombrará un intendente municipal por el Poder Ejecutivo.
Artículo 112. - Los intendentes y los concejales son responsables ante el Concejo deliberante.
Artículo 113. - En los casos de acefalía de una municipalidad, el Poder Ejecutivo asu¬mirá el gobierno municipal, y en oportunidad de la primera renovación legislativa convocará a elecciones para constituirlo.
Artículo 114. - En aquellos distritos que no alcancen el mínimo requerido, los intereses y servicios de carácter local, estarán a cargo de comisiones de fomento designadas de conformidad a la ley orgánica que se dicte.
Artículo 115. - Las categorías de los municipios, así como sus atribuciones y deberes serán determinados la ley orgánica.
Artículo 116. - Sin perjuicio de las facultades que la ley les confiera, los municipios ten¬drán exclusivamente el poder de reglamentar y administrar todo lo relativo a la hi¬giene, ornato y vialidad en sus distritos, con excepción de los caminos que la ley declare nacionales o provinciales y las fa¬cultades sanitarias que competen al gobierno de la provincia.
Artículo 117. - Cada municipalidad se da su presupuesto de gastos y formula su cálculo de recursos. Administra sus bienes y las rentas que perciba. Somete las cuentas de inversión al Tribunal de Cuentas. No podrá contraer empréstitos sin previa ley que lo autorice.
Artículo 118. – La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de la reforma debe ser declarada por la Cámara de Representantes con el voto de las dos terceras par¬tes de sus miembros presentes; pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto, en la forma que la ley lo establezca
1º - Esta Constitución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación y comunicación al Poder Ejecutivo nacional.
2° - Hasta tanto la Cámara de Representantes sancione la ley orgánica de los minis¬terios, el despacho de los negocios de la provincia estará a cargo de los siguientes departamentos: de Gobierno, de Economía y de Asuntos Sociales. Asimismo, y hasta tanto sean incluidos en la ley general de presupuesto, se faculta al Poder Ejecutivo a designar y determinar las reparticiones, personal, ramos y funciones de cada uno de los departamentos, disponer sueldos y gastos y tomar con imputación a rentas generales los fondos necesarios para el inmediato y normal funcionamiento y mejor desenvolvimiento de la administración provincial.
3º - A los efectos de unificar los mandatos legislativos, cuya duración regla esta Constitución, dispónese que por esta vez caducarán el 30 de abril de 1955 y 1958.
4º - El mandato de gobernador y vicegobernador por esta única vez durará hasta el 4 de junio de 1958.
5º - La Cámara de Representantes, al iniciar sus sesiones ordinarias, determinará por sorteo cuáles de sus miembros termi¬narán su mandato el 30 de abril de 1955.
6º - El gobernador jurará por esta pri¬mera vez ante el comisionado nacional, cumplir y hacer cumplir esta Constitución. El vicegobernador jurará ante el gobernador; y los miembros de la Cámara de Representantes ante el vicegobernador. Los legisladores que no hubieran jurado como constituyentes, lo harán en la primera sesión que realice la Cámara.
7º - Hasta tanto se dicte la ley respectiva la Cámara de Representantes se com-pondrá de treinta miembros.
8º - Para la elección de quince repre¬sentantes se dividirá la provincia en igual número de circunscripciones, eligiendo cada una a pluralidad de sufragios un legislador a la Cámara de Representantes.
9º - Para la elección de quince representantes a pluralidad de sufragios, por los ciudadanos que pertenezcan a las entidades profesionales dividida igualmente la provincia en circunscripciones, se utilizará igualmente el padrón nacional, siendo documento habilitante a estos fines el carnet gre¬mial autenticado por escribano público que designe la entidad que agrupe en su seno el mayor número de las precitadas asociaciones.
Treinta días antes de la elección la entidad central facilitará la nómina de sus miembros al Poder Ejecutivo a los efectos del Artículo 33.
10. - Los límites territoriales de las circunscripciones para la primera próxima elección serán los establecidos para la elección de convencionales constituyentes.
11. - A los efectos de la emisión del voto se constituirá una sola mesa con dos urnas y dos cuartos oscuros. Se empleará un mis¬mo padrón, asentándose la emisión del voto -según corresponda- sobre dos ejemplares del padrón electoral.
12. - La elección de las autoridades provinciales se regirá, en todo lo que sea compatible, con las leyes nacionales de eleccio¬nes y de partidos políticos y sus decretos reglamentarios.
13. - A sus efectos legales se adopta co¬mo ley provincial la ley nacional que rige a las asociaciones profesionales.
Dada en la Sala de Sesiones de la Hono¬rable Convención Constituyente, en Resis¬tencia, Provincia Presidente Perón, a los veintidós días del mes de diciembre del año mil novecientos cincuenta y uno y publica¬da el 4 de junio de 1952.
(*) Ver en negrita y lo coloreado en rojo

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19
 Artículo 37

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66
 artículo 61
 artículo 61

Artículo 67

Artículo 68
 artículo 100
 artículo 50

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71

Artículo 72
 artículo 68

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75
 resolución 

Artículo 76

Artículo 77

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81

Artículo 82

Artículo 83

Artículo 84

Artículo 85

Artículo 86

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 89

Artículo 90

Artículo 91

Artículo 92

Artículo 93

Artículo 94

Artículo 95

Artículo 96

Artículo 97

Artículo 98

Artículo 99

Artículo 100

Artículo 101

Artículo 102

Artículo 103

Artículo 104

Artículo 105

Artículo 106

Artículo 107

Artículo 108

Artículo 109

Artículo 110

Artículo 111

Artículo 112

Artículo 113

Artículo 114

Artículo 115

Artículo 116

Artículo 117

Artículo 118
 Artículo 33