Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-14-febrero-2007-ministerio-de-justicia-211867
Timestamp: 2016-10-28 13:44:06+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el Notario de Madrid don José Luis Martínez-Gil Vich, contra la negativa del Registrador de la Propiedad n.º 22, de Madrid, a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria
RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el Notario de Madrid don José Luis Martínez-Gil Vich, contra la negativa del Registrador de la Propiedad n.º 22, de Madrid, a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el Notario de Madrid don José Luis Martínez-Gil Vich, contra la negativa del Registrador de la Propiedad n.º 22, de Madrid, a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	En el recurso interpuesto por el Notario de Madrid don José Luis Martínez-Gil Vich contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Madrid (Registro número veintidós), don Ángel Valero Fernández-Reyes, a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria.
«El Registrador de la Propiedad que suscribe., ha resuelto no practicar los asientos solicitados en base a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Madrid a veintitrés de enero de 2006.-El Registrador de la Propiedad, Ángel Valero Fernández-Reyes.»
1.º La nota de calificación es una muestra palmaria de la contumacia en el incumplimiento de la Ley, a pesar de las innumerables resoluciones de esta Dirección General y la nueva redacción del artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, introducida en la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de Reformas para el Impulso a la Productividad.
2.º Respecto del defecto señalado en la nota de calificación con el número 1 de los Hechos, olvida que los datos identificativos exigidos por la Ley se refieren al documento y no al contenido del mismo. Y cabe remitirse a la contundencia de los argumentos de esta Dirección General en la Resolución de 12 de septiembre de 2005, de la que resulta que la pretensión de la nota de calificación ahora impugnada respecto de los datos del nombramiento del Presidente y del Secretario es un intento de recabar la competencia de la calificación de las facultades del otorgante que no corresponde al Registrador sino al Notario.
3.º Respecto del segundo pretendido defecto (inexistencia de una legitimación de las firmas que acredite indubitadamente que el poder está completado por la persona u órgano que tiene facultades para ello), la única acreditación indubitada que necesita el Registrador es el juicio hecho por el Notario. Y los datos identificativos del documento constan en la escritura en la que dicho documento, además, se incorpora.
4.º En relación con los fundamentos de derecho expresados en la calificación: a) La afirmación que contiene el primero es una obviedad, que no oculta el intento de revisar la calificación de las facultades representativas hecha por el Notario (cfr. la muy expresiva Resolución de 4 de octubre de 2005); b) Respecto del segundo fundamento de derecho, la legitimación de firmas y los datos del nombramiento a que se refiere el Registrador no tienen nada que ver con la congruencia del juicio notarial de suficiencia y el contenido del documento (vid. Resolución de 12 de septiembre de 2005), mientras que la nota de calificación convierte en incongruencia lo que unas líneas antes eran datos identificativos; y c) El fundamento tercero produce perplejidad, puesto que de la «posibilidad de hacer algo» (competencia del Notario para legitimar firmas) se pasa al «deber de hacerlo».
1. En el caso a que se refiere este expediente el título calificado es una escritura de préstamo con garantía hipotecaria en cuyo otorgamiento la entidad acreedora está representada por un apoderado que acredita su representación mediante la exhibición de copia auténtica de una escritura de apoderamiento cuyos datos se reseñan, con indicación del Notario autorizante, fecha de otorgamiento, número de protocolo e inscripción en el Registro Mercantil.
2. Planteados los términos del debate, debemos distinguir, claramente, dos vertientes del mismo. De un lado, el análisis relativo a si el notario ha cumplido o no debidamente las exigencias dimanantes del artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, esto es, si existe reseña del poder, juicio de facultades y si éste es congruente con el acto o negocio jurídico documentado; de otro, que incidencia tiene la ausencia de legitimación notarial de firmas de la certificación que sirve de complemento a la escritura de apoderamiento y si dicha ausencia vicia, o no, el juicio de suficiencia efectuado por el notario.
Por ello, esta Dirección General ha reiterado (cfr. Resoluciones citadas en los «Vistos» de la presente) que, así como el Registrador no puede revisar ese juicio del Notario sobre la capacidad natural del otorgante (salvo que -como podrá ocurrir excepcionalmente- de la propia escritura o del Registro resulte contradicha dicha apreciación), tampoco podrá revisar la valoración que, en la forma prevenida en el artículo 98.1 de la Ley 24/2001, el Notario autorizante haya realizado de la suficiencia de las facultades representativas de quien comparece en nombre ajeno que hayan sido acreditadas. Y es que, el apartado 2 de dicho artículo, al referirse en el mismo plano a la narración de un hecho, cual es la constatación −«reseña»− de los datos de identificación del documento auténtico aportado, y a un juicio −«valoración»− sobre la suficiencia de la representación, revela la especial eficacia que se atribuye a esa aseveración notarial sobre la representación −«harán fe suficiente, por sí solas de la representación acreditada»−, de modo que además de quedar dicha reseña bajo la fe pública notarial, se deriva de ese juicio de valor sobre la suficiencia de las facultades representativas una fuerte presunción «iuris tantum» de validez que será plenamente eficaz mientras no sea revisada judicialmente.
Cuestión distinta es que la eventual omisión en el instrumento de ese juicio de suficiencia de la representación, expresado conforme a las mencionadas prescripciones legales, haya de ser calificada por el Registrador como defecto que impida que dicho instrumento público produzca, por sí solo, los efectos que le son propios como título inscribible; o que pueda apreciar, en su caso, que dicho juicio emitido por el Notario resulte contradicho por lo que resulte del mismo documento (v. gr., se expresa que las facultades representativas son suficientes para «vender», cuando se trata de una escritura de donación) o de los asientos del Registro −cfr. artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 18 del Código de Comercio− y que por tales causas niegue uno de los efectos del título, esto es, su acceso al Registro.
3. En el presente caso el Notario ha reseñado adecuadamente el documento auténtico exhibido del que nacen las facultades representativas. Así, se manifiesta que el mismo es un poder que la entidad acreedora ha conferido, mediante escritura pública autorizada por el Notario que se especifica, añadiendo la fecha del otorgamiento de dicha escritura de poder, su número de protocolo y los datos de su inscripción en el Registro Mercantil. Nada hay que objetar, pues, a la existencia y regularidad de la reseña.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 artículo 98
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 98
 artículo 98