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Timestamp: 2017-10-17 03:45:47+00:00

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Sentencia T.S.J. País Vasco de 25 de abril de 2006. Prescripción de acciones. Desestimación - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. País Vasco de 25 de abril de 2006
Prescripción de acciones. Desestimación. Reclamación sobre circunstancias del puesto de trabajo que deben ser objeto de anotación en registros administrativos. No hay plazos concretos. De ser aplicable el artículo 59.1 no se aprecia la prescripción. El demandante tiene suspendido su contrato de trabajo, no extinguido.
1. Paulino mayor de edad, con DNI NUM000 el 1.º de junio de 1993 tomó posesión como personal laboral y con la categoría de Técnico de Informática y Transmisión de Datos en la Delegación de Gobierno del País Vasco y Gobierno Civil de Alava en el Area de protección civil dependiente del Ministerio del Interior, puesto que pasó a depender del Ministerio de Administraciones públicas el 1 de enero de 1998.
2. Desde el primer día de toma de posesión, el actor se encontró bajo la dependencia directa del Gobernador Civil, realizando sus tareas al margen del departamento de protección civil al que había sido asignado, estando ubicado dentro de la delegación en otro piso y no recibiendo órdenes de su inmediato superior, realizando las funciones que posteriormente llevaría a cabo el Jefe de red informática en el momento de su contratación. Siendo ambos puestos diferentes y a los que se les asigna diferentes funciones. Los puestos de trabajo aquel para el que fue contratado y el que finalmente desempeñó tienen además una retribución anual diferente.
3. El 1 de julio de 1998 el actor solicitó su excedencia voluntaria indefinida que mantiene en la actualidad.
4. En el expediente personal del trabajador no constan las funciones que efectivamente desarrolló en ese periodo de tiempo si no las funciones correspondientes al puesto de trabajo para el que se le contrató pero que no llegó a desempeñar. El trabajador en todo momento ha tenido acceso a su expediente personal y el 17 de septiembre de 2003 solicitó la subsanación de las irregularidades que se contenían en el mismo, a los efectos de que se hiciesen constar las funciones efectivamente desempeñadas solicitud que fue desestimada por resolución de 10 de mayo de 2004, y posteriormente, tras el correspondiente recurso, por resolución de 6 de octubre de 2004.
5. POr resolución de la Dirección General de Trabajo de 1 de septiembre de 2000 se publicó el acuerdo de clasificación profesional del Convenio Unico por el que se establecen los criterios de encuadramiento en los nuevos grupos profesionales de las antiguas categorías profesionales de los convenios colectivos existentes en cada departamento ministerial. El puesto de trabajo que pretende el trabajador se le reconozca haber desarrollado corresponde actualmente a personal funcionario en la relación de puestos de trabajo.
6. Intentada reclamación previa la misma finalizó sin efecto, quedando abierta la vía judicial aquí iniciada.
Desestimar totalmente la demanda presentada por D. Paulino frente al Ministerio de Administraciones Públicas al encontrarse prescrita la acción ejercitada, absolviéndose al Ministerio de las pretensiones frente al mismo formuladas.
Primero.-La sentencia de instancia ha denegado la pretensión del trabajador demandante, cuya naturaleza jurídica aparentemente no es meramente declarativa sino de clasificación profesional como luego veremos, de solicitud de inscripción de determinados datos sobre el desarrollo de los puestos de trabajo y funciones realizadas históricamente como personal laboral en un puesto de trabajo de jefatura con su correspondiente registro administrativo en dicho expediente personal, por cuanto se dice haber realizado funciones de personal laboral, técnico informático, en la Delegación del Gobierno del País Vasco, Gobierno Civil de Alava, en el área de protección civil, dependiente del Ministerio de Interior con dependencia posterior del Ministerio de Administraciones Públicas y todo ello recordando que dicho trabajador se encuentra en excedencia voluntaria indefinida desde el 1 de julio de 1998, que el acuerdo de clasificación del convenio único se publicó mediante resolución de 1 de septiembre de 2000, y allí se establecían los criterios de encuadramientos en los nuevos grupos profesionales de las antiguas categorías de los convenios colectivos existentes en cada departamento ministerial y que aquellas funciones y puestos de trabajo en la actualidad, aparentemente, corresponden a personal funcionario. Para responder a todo ello la sentencia de instancia entiende prescrita la acción por entender que indirectamente se impugna aquel acuerdo de clasificación cuyo dies a quo de su publicación conlleva la aplicación exhaustiva del plazo de prescripción de un año que articula el precepto del ET art. 59.
Así el trabajador disconforme con tal resolución de instancia plantea recurso de suplicación con un doble motivo jurídico al amparo del párrafo c) del art. 191 LPL que disocia artificialmente y que pasaremos a analizar por razones obvias y de técnica expositiva en un sólo motivo jurídico.
Como hemos querido ya avisar con anterioridad la acción o cuestión jurídica no es la de la asignación de una determinada categoría profesional formal que debe ser reconocida en función de unas labores llevadas a cabo con petición de ámbito superior en función de las desempeñadas siguiendo el art. 39.4 del ET, por negativa empresarial, reconocimiento de una categoría profesional correspondiente a funciones que se realizaron y siempre previo informe de un comité de empresa, así como en su caso el informe preceptivo de la Inspección de Trabajo como reza el art. 137 de la LPL.
El trabajador concreto siempre es contratado para efectuar una tarea más o menos determinada en el tiempo y en el espacio. Ese objeto específico conlleva el acto de clasificación profesional mediante la identificación de la actividad a realizar ya por vía convencional, ya antendiendo a un acto individual de clasificación. Lo habitual es que exista una fase convencional en la que se ha fijado el sistema de clasificación profesional mediante la negociación colectiva o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, por medio de categorías o grupos profesionales, y siempre existe de forma subsidiaria, unos criterios de definición de categorías y grupos que suele dar los acuerdos y convenios colectivos.
Es evidente que por acuerdo entre el trabajador y el empresario se establece el contenido de la prestación laboral objeto del contrato de trabajo que firma, con la equiparación a la categoría, grupo o nivel retributivo correspondiente al convenio colectivo, o en su defecto, al que sea de aplicación en la empresa.
El problema viene dado por cuanto, en la mayoría de los casos, las partes al firmar el contrato se limitan a atribuir genéricamente al trabajador una categoría profesional según convenio colectivo, sin ni siquiera describir o pormenorizar las funciones que constituyen el objeto de la prestación laboral.
Y es que la trascendencia del acto de clasificación profesional no se limita solo a la fijación del contenido de esa prestación que configura la clasificación como mecanismo jurídico, sino que se une al mismo otras circunstancias como son la delimitación de la prestación, el tratamiento retributivo específico, el tiempo de prestación, el período de prueba, la cotización, prestaciones y otros derechos de representación colectiva.
Cuando la categoría inicialmente atribuida al trabajador no resulta ajustada a los trabajos realizados en el ejercicio de esa relación laboral, el afectado puede reclamar una clasificación profesional adecuada como es el caso.
Por lo tanto, la modalidad procesal de clasificación profesional es el cauce adecuado para estas reclamaciones en las que existe una divergencia entre el grupo o categoría profesional que el trabajador tiene reconocida en la empresa y las funciones que verdaderamente realiza (art. 22 y.39.4 del E.T.). Estos litigios suelen dejar constancia de que los datos fácticos sobre las funciones laborales efectivamente realizadas tienen un peso decisivo en la constatación última de la solución.
Con todo, la naturaleza de la acción ejercitada es un supuesto paradigmático de una acción declarativa (STC 71/91 y 210/92), en virtud de la cual, el trabajador únicamente pretende el reconocimiento de una categoría profesional correspondiente a las funciones efectivamente desarrolladas y con ello normalmente suele llevar implicita una diferencia de retribución o una repercusión en el importe económico a percibir.
Y es que en el presente supuesto que nos trae a colación en suplicación estamos claramente ante una mera acción declarativa de petición de condena a inscripción de unos determinados datos sobre el desarrollo efectuado en un puesto de trabajo, que se dice haber realizado, queriendo hacer constar en el expediente personal y en el registro administrativo correspondiente unas funciones que le fueron atribuidas a los efectos oportunos y sin perjuicio de la futura determinación de los consabidos efectos y repercusiones que pudiera tener, que aquí no se prejuzgan o predeterminan. Y así el recurrente entiende infringidos no sólo el art. 59 en su párrafos 1 y 2 del ET sino también los arts. 13 y 29 bis de la Ley 30/84 en relación a los arts. 44.1 c) y 45 del RD 364/95, propias de la función Pública en materia clara de visicitudes de la relación administrativa, reingreso, participaciones y reincorporaciones, que por ello deben ser analizadas no desde el prisma general del plazo de prescripción de un año, sino como la imagen de una acción declarativa de anotación de funciones para futuros concursos u otros efectos que se insiste no vienen aquí prejuzgados.
Es por ello que resulta necesario detallar las instituciones solemnes de prescripción y caducidad en el orden Jurisdiccional Social recordando que ambas figuras jurídicas vienen exigidas por la denominada seguridad del tráfico jurídico en el ejercicio de los derechos, en forma y plazos que establece la Ley al efecto, cuyo fenecimiento se provoca por el transcurso de la duración temporal predeterminada para su uso. Así el tiempo de ejercicio de los derechos es modulado por la prescripción-caducidad y para ello se exige la concurrencia, tanto de un derecho ejercitable como de una inactividad de su titular en el ejercicio, durante un plazo legalmente predeterminado. Ambas instituciones suponen la extinción de los derechos por el transcurso del tiempo sin su ejercicio, teniendo en común los mismos fines y fundamentos y diferenciándose, entre otras, en su disponibilidad por las partes y/o apreciación de oficio además de los efectos propios de la posibildiad de interrupción y/o suspensión.
Y es que a criterio de la Sala si bien cuando las acciones derivadas del contrato de trabajo no tienen señalado un plazo especial, prescriben según el párrafo 1.º del art, 59 del ET al año de su terminación, entendiendo que a estos efectos se considera terminado el contrato el día en que expide el tiempo de duración convenido o fijado por una disposición legal o convenio colectivo o el día que termine la prestación de servicios continuados, resulta evidente que el trabajador no ha visto extinguida tal contratación por cuanto la mantiene suspensa al encontrarse en situación de excedencia voluntaria, eso sí de larga data. Por lo tanto no estamos en la acción que se ejercite para exigir prestaciones económicas o para el cumplimiento de obligaciones de tracto único que no puedan tener lugar después de extinguido el contrato en el que el plazo también de un año se computa desde el día en que la acción pudiera ejercitarse ni tampoco estamos en un plazo anual para presentar acción frente a una asignación de categoría profesional llevada a cabo por la empresarial de una promoción interna que empezará a correr siempre desde el día en que se conoce tal atribución (Sentencia del TS 14 de junio de 1996, Aranzadi 5165 y 22 de abril de 1997, Aranzadi 3488). Pues bien entiende el Tribunal en materia propia de anotación de circunstancias varias referidas a relaciones de carácter personal contractuales o administrativas que deben ser producto de anotación o registro de personal, no existen en el articulado (art. 13 y sgs de la Ley 30/84) un plazo concreto para llevarlas a cabo, rectificarlas, anotarlas, inscribirlas o dar referencias a periodos específicos y/o detalles. Por otro lado la circunstancia específica de la suspensión contractual habida por excedencia voluntaria permite del mismo modo entender que cualquier devengo de cómputo en plazo de prescripción tendría un dies a quo propio de la reincorporación en un contrato que no está extinguido y en una efectiva exigencia de tracto sucesivo declarativa e indefinida.
Por todo ello se admite la exigencia expresa declarativa de necesidad de inscripción de los concretos datos sobre el desarrollo del puesto de trabajo realizado con las funciones allí atribuidas que deberá ser anotado en el correspondiente registro de personal administrativo sin predeterminarlo ni prejuzgar las circunstancias que no han sido valoradas respecto de concretos plazos u otras consecuencias propias de personal que en modo alguno han podido ser estudiadas. Por lo que en resumidas cuentas debemos estimar el recurso de suplicación y proceder al reconocimiento de tal acción meramente declarativa con su operativa concreta y detallada que no conlleva sino dicha anotación y registro sin más efectos directos que pueda invocarse en función o conocimiento de resultancias administrativa o de personal a que hubiera lugar en función de la aplicación del acuerdo de clasificación profesional del convenio único que no se aborda atendiendo a la específica litis esbozada.
Tercero.-El recurrente trabajador que ve estimado el recurso de suplicación no está obligado a hacer frente a ningún tipo de costas o gastos en atención al art. 233 LPL.
Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por D. Paulino frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Vitoria-Gasteiz de fecha 5 de septiembre de 2005, Autos núm. 719/04 seguidos en proceso sobre RPC (derechos) a instancias del recurrente frente al Ministerio de Administraciones Públicas se revoca la sentencia de instancia y se declara la exigencia de inscripción de los datos habidos sobre el desarrollo del puesto de trabajo y funciones desempeñadas en la jefatura informática que se atribuyen al recurrente con su plasmación en el expediente personal y en los registros administrativos correspondientes sin prejuzgar sus efectos o consecuencias, obligando a la Administración recurrida a estar y pasar por tal declaración. Sin costas.

References: artículo 59
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