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Timestamp: 2018-10-23 18:46:56+00:00

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﻿ Sentencia 2001-01216 de febrero 28 de 2013
SENTENCIA 2001-01216 DE 28 DE FEBRERO DE 2013
CONTENIDO:RIESGO-CONFLICTO. EN LOS CASOS QUE INVOLUCRAN DAÑOS DERIVADOS DE ATAQUES GUERRILLEROS A BIENES O INSTALACIONES DEL ESTADO, SE PLANTE UNA CATEGORÍA DE RIESGO QUE DERIVA DE LA CONFRONTACIÓN ARMADA QUE SURGE DE LA DISPUTA POR EL CONTROL DEL TERRITORIO Y EL MONOPOLIO DEL USO DE LA FUERZA. ESTA CATEGORÍA DE RIESGO, LLAMADO RIESGO-CONFLICTO, SURGE DEL RECONOCIMIENTO DE QUE, DADA LA SITUACIÓN DE CONFLICTO ARMADO, EL CUMPLIMIENTO DE CIERTOS DEBERES LEGALES Y CONSTITUCIONALES GENERA PARA LA POBLACIÓN CIVIL UN RIESGO DE NATURALEZA EXCEPCIONAL EN LA MEDIDA EN QUE LA PONE EN PELIGRO DE SUFRIR LOS EFECTOS DE LOS ATAQUES QUE LOS GRUPOS GUERRILLEROS DIRIGEN CONTRA LOS BIENES E INSTALACIONES QUE SIRVEN COMO MEDIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESOS DEBERES Y EL DESARROLLO DE DICHAS ACTIVIDADES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, EJÉRCITO NACIONAL, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD POR DAÑO ESPECIAL
Sentencia 2001-01216 de febrero 28 de 2013
Expediente: 27959
Radicación: 130012331000200101216 01
Actor: Elizabeth Torres de Sabagh
9. El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto en razón de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y el Ministerio Público, en un proceso con vocación de segunda instancia en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, fijada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto de perjuicios materiales, supera la exigida por la norma para el efecto(1).
10. Las declaraciones extrajudiciales rendidas bajo juramento, anexas a la demanda, serán objeto de valoración dado que se ratificaron en el debate contencioso administrativo. Se trata de los testimonios de Walter Manuel Beltrán Arias (fls. 99-100, cdno. 1), Robert Lascarro Silva (fls. 95-97, cdno. 2), José Arístides Gutiérrez (fls. 98-99, cdno. 2), Domingo Salazar Cuadrado (fls. 100-102, cdno. 2), Fernando Rafael Osorio Latandret (fls. 103-105, cdno. 2) y Manuel Antonio Arrieta Díaz (fls. 106-109, cdno. 2).
11. A pesar de que el tribunal resolvió no darles valor probatorio a algunas declaraciones con el argumento de que éstas, al momento de ser ratificadas ante el juez comisionado, les fueron leídas a las personas declarantes, desconociéndose la prohibición expresa del inciso final del artículo 229 del Código de Procedimiento Civil(2), la Sala comprueba que en tales ratificaciones no se evidencia una simple anuencia con respecto a lo afirmado anteriormente por los deponentes, sino que se formularon los respectivos interrogatorios con respeto de las formas establecidas para la recepción de testimonios, de manera que se observó el principio de inmediación en la práctica de pruebas.
12. En cuanto al valor probatorio de los recortes de prensa aportados por la parte actora junto con el escrito de demanda (fl. 16, cdno. 1) y remitidos, a instancias del tribunal, por el medio que los publicó (fls. 94-95, cdno. 1), la Sala debe hacer algunas precisiones.
12.1. La corporación señaló inicialmente que la información consignada en las notas de prensa no puede ser admitida dentro del proceso como una prueba testimonial, dado que carece de los requisitos esenciales que identifican este medio probatorio, en especial porque no fue rendida ante un funcionario judicial bajo la solemnidad del juramento, ni el comunicador dio cuenta de su dicho (CPC, art. 227)(3). Por tanto, tales notas periodísticas podrían ser apreciadas como prueba documental de la existencia de la información y de la forma como fue publicada la noticia, pero no de la veracidad de su contenido(4).
12.2. Posteriormente, la Sección Tercera —Subsección C— del Consejo de Estado admitió que tales documentos podían tenerse como un indicio contingente si valorados racional, ponderada y conjuntamente con la totalidad del acervo probatorio resultaban indicativos de la veracidad de la ocurrencia de los hechos(5).
12.3. Finalmente, la Sala Plena de la corporación, en sentencia de 29 de mayo de 2012(6), señaló que los informes de prensa no tienen, por sí solos, la entidad suficiente para probar la existencia y veracidad de la situación que narran y/o describen, por lo que su eficacia probatoria depende de su conexidad y coincidencia con otros medios de prueba que obren en el expediente. De acuerdo con lo anterior, “cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como un indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos”(7). Previamente, la Sala Plena había señalado que los recortes de prensa constituyen documentos en los términos del artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, por lo que no se deben excluir prima facie del debate probatorio, aunque reconoció que corresponde al juez determinar si puede o no conferirles eficacia(8).
12.4. Esta postura resulta acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al respecto ha determinado que los documentos de prensa aportados por las partes pueden ser apreciados “cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, no rectificadas, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso y acreditados por otros medios”(9).
12.5. En consideración de lo anterior, la Sala acogerá el precedente trazado por la Sala Plena de la corporación y, en consecuencia, le dará valor probatorio al recorte de prensa allegado por la parte actora junto con el escrito de la demanda y remitido por el medio que lo publicó, dado que fue aportado al expediente en original y que los hechos que allí se narran guardan correspondencia con las demás pruebas documentales y testimoniales aportadas al proceso.
13. De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, están debidamente acreditados en el proceso los siguientes hechos:
13.1. El lote de terreno que recibe el nombre de “Villa Amalia”, ubicado en jurisdicción del municipio de El Carmen de Bolívar, Bolívar, con una extensión de 186 hectáreas y 4.440 metros cuadrados, que consta de cuatro inmuebles rurales contiguos, registrado con matrícula inmobiliaria 62-0023578, es propiedad de la señora Elizabeth Torres de Sabagh (copia auténtica del folio de matrícula inmobiliaria expedido por la oficina de registro de instrumentos públicos de El Carmen de Bolívar —fls. 10-13, cdno. 1—; copia auténtica de la escritura pública 149 de la Notaría Única del Círculo de San Jacinto, Bolívar —fls. 8-9, cdno. 1—; copia auténtica de la diligencia de remate hecha por el Juzgado Civil del Circuito de El Carmen de Bolívar —fls. 3-5, cdno. 1—; copia auténtica del acta de aprobación del remate extendida por el Juzgado Civil del Circuito de El Carmen de Bolívar —fls. 6-7, cdno. 1—; copia auténtica de la escritura pública 147 de la Notaría Única del Círculo de San Jacinto, Bolívar —fl. 2, cdno. 1—; original del plano arquitectónico del predio hecho por el arquitecto Jesús Duque —fl. 31, cdno. 1—).
13.2. El 13 de febrero de 1999, la finca “Villa Amalia” fue atacada por hombres armados que les quitaron la vida a cuatro trabajadores (Fidel Mercado Martínez, Vicente Barrios Ladeus, Luis Alfonso Mercado Cuadrado y Luis Eduardo Moreno González), desplazaron a sus familias, destruyeron la casa principal y demás construcciones con un artefacto explosivo, y se apropiaron del ganado (original de la constancia del jefe de la unidad investigativa de la policía judicial —fl. 19, cdno. 1—; original de la nota de prensa del diario El Universal, página 6D —fls. 94-95, cdno. 1—).
13.3. El 18 de febrero de 1999, la señora Elizabeth Torres de Sabagh se presentó en la inspección general de policía del municipio de El Carmen de Bolívar para presentar una denuncia por la destrucción de su finca, la muerte de cuatro trabajadores, y el hurto de su ganado (acta de denuncia ante la inspección general de policía de El Carmen de Bolívar —fls. 14-15, cdno. 1—). La investigación penal estuvo a cargo de la unidad seccional de fiscalías de El Carmen de Bolívar y después fue remitida a la dirección regional de fiscalías de la ciudad de Barranquilla (original de la constancia de la secretaría común de la unidad seccional de fiscalías de El Carmen de Bolívar —fl. 20, cdno. 1—).
13.4. El costo total de la reconstrucción física de la finca “Villa Amalia”, incluidos los cimientos, levantes, pisos, carpintería, cubiertas, cielo raso, instalaciones sanitarias y eléctricas, trabajo de pintura y obras exteriores, fue estimado en $ 141.422.727(10) (original del avalúo hecho el 4 de diciembre de 2002 por los peritos Osiris Olmos Mantilla y Manuel Guillermo Ariza Torres —fls. 120-122, cdno. 2—).
13.5. La finca mencionada estaba destinada a la actividad ganadera y contaba con un promedio de 70 a 100 cabezas de ganado (original del informe pericial de Antonio Blanco Ibáñez y Carlos Alberto Villafañe Fonseca —fls. 123-126, cdno. 2—). La proyección de los ingresos de la finca “Villa Amalia” para los años 1999 a 2002 fue estimada en $ 85.050.000, el inventario del ganado bovino en $ 82.100.000, y el inventario del ganado equino en $ 2.300.000(11) (original del avalúo hecho el 5 de diciembre de 2002 por los peritos Antonio Blanco Ibáñez y Carlos Alberto Villafañe Fonseca —fls. 127-130, cdno. 2—).
14. La Sala debe determinar si la entidad demandada es responsable por el daño causado a la señora Elizabeth Torres de Sabagh debido a la destrucción de los bienes que componían la finca de su propiedad y de la pérdida de su ganado.
15. En el asunto bajo examen, está probado que la señora Elizabeth Torres de Sabagh sufrió un daño, representado en la destrucción, de los bienes que componían la finca “Villa Amalia”, de la cual es propietaria, y la pérdida de su ganado —párrafos 12.2 y 12.4—.
15.1. Al respecto, el jefe de la unidad investigativa de la policía judicial del departamento de policía de Bolívar, señala en el informe emitido el 30 de diciembre de 1999 (fl. 19, cdno. 1):
El suscrito jefe de la unidad investigativa de la policía judicial de El Carmen de Bolívar hace constar que el día 13-02-99, siendo las 19:00 horas en la finca “Villa Amalia”, jurisdicción de El Carmen de Bolívar, de propiedad de la señora Elizabeth Torres de Sabagh, fue objeto de atentado terrorista por parte de un grupo armado al margen de la ley, quien llegó a la finca antes mencionada y procedió a dinamitar la casa principal y demás construcciones que se encontraban en dicha finca. Además fueron asesinados Fidel Mercado Martínez, Vicente Barrios Ladeus, Luis Alfonso Mercado Cuadrado y Luis Eduardo Moreno González, trabajadores de dicha finca.
15.2. A su vez, la nota de prensa titulada “Masacradas cuatro personas”, publicada el 15 de febrero de 1999 por el periódico El Universal, relata los siguientes hechos (fl. 95, cdno. 1):
Cuatro personas fueron asesinadas y después incineradas en la subregión de los Montes de María por un grupo armado que incursionó en la finca “Villa Amalia”, ubicada en cercanías de la cabecera municipal de El Carmen de Bolívar.
Las víctimas respondían a los nombres de Luis Alfonso Mercado Cuadrado, de 23 años, Fidel Mercado Martínez, de 68 años, padre del primero y naturales de Montelíbano, Córdoba. Así mismo, Vicente Barrios Ladeus, de 35 años, natural de Apartadó, Antioquia, y Luis Moreno, de 30 años.
La finca en la que se perpetraron los asesinatos, propiedad de William Sabagh, fue dinamitada y luego quemada, ocasionando grandes pérdidas materiales.
El múltiple crimen se registró a eso de las ocho de la noche del sábado cuando a “Villa Amalia” llegaron varios hombres fuertemente armados, que portaban prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares de Colombia, y luego de identificar a sus víctimas les dieron muerte.
“Ellos llegaron, rodearon toda la casa, se acercaron hasta la cocina, en donde nos encontrábamos todos, y luego de obligarlas a acostarse boca abajo, les dispararon indiscriminadamente en la cabeza”, dijo un testigo.
Los asesinos les dijeron a las esposas de las víctimas y a un menor de siete años que salieran de la finca y se fueran para El Carmen de Bolívar, situado a cinco kilómetros del lugar.
Seguidamente dinamitaron las instalaciones de la finca y le prendieron fuego.
Todo lo que se encontraba en el lugar se quemó, incluyendo los cadáveres, que quedaron incinerados e irreconocibles.
La explosión y el fuego destruyeron totalmente la vivienda. Así mismo, quedaron incinerados varios animales de cría.
De la acción violenta se salvaron dos personas que se encontraban en El Carmen disfrutando del carnaval que se lleva a cabo por estos días en la localidad.
Las personas muertas vivían en “Villa Amalia” desde hace dos años aproximadamente y se dedicaban al cultivo de productos agrícolas y a la cría de animales.
Por su parte, vecinos del sector manifestaron que las víctimas eran buenas personas, que durante el tiempo que llevaban trabajando y cuidando la finca, nunca tuvieron problema con ninguna persona, por lo que les causó asombro la forma en que fueron asesinadas. (...).
16. La información contenida en dicho artículo de prensa, valorada en conjunto con el informe de policía judicial y las declaraciones juradas de Walter Beltrán Arias, Robert Lascarro Silva, Fernando Osorio Latandret, Manuel Antonio Arrieta Díaz y Domingo Salazar Cuadrado, testimonios que se apreciarán más adelante, permiten a la Sala tener por acreditado el daño sufrido por la señora Elizabeth Torres de Sabagh.
17. Una vez demostrado el perjuicio, la Sala procede a determinar si existió una conducta irregular por parte de las autoridades y, de ser así, si hay un nexo de causalidad entre dicha conducta y el daño producido.
18. En primer lugar, es preciso señalar que la lectura del expediente no permite concluir que alguna autoridad del Estado haya provocado directamente la destrucción de la finca “Villa Amalia”, pues no se tiene prueba alguna de que la fuerza pública haya participado en el ataque del cual fue víctima, entre otros, la señora Elizabeth Torres de Sabagh. Esta situación permitiría, en principio, eximir de responsabilidad a la entidad, dado que ninguno de sus agentes estuvo involucrado en dicho atentado.
19. Sin embargo, la jurisprudencia consolidada de esta corporación ha examinado en varias oportunidades la responsabilidad del Estado por hechos de terceros, en casos en los que si bien los agentes estatales no causaron el daño de forma directa, con su acción u omisión propiciaron o permitieron que personas ajenas a la administración lo causaran.
20. Este es el caso típico de los llamados actos terroristas, cometidos usualmente por miembros de grupos armados ilegales, si bien otro tipo de bandas criminales, con un menor grado de organización y jerarquía, pueden producirlos. En el presente caso, a pesar de que no hay claridad sobre la identidad de los hombres armados que causaron la destrucción de la finca “Villa Amalia”, la atroz naturaleza del hecho —la muerte de tres trabajadores del predio, la incineración de los cuerpos y la destrucción de las casas con un artefacto explosivo— permite concluir que se está ante un acto de terror, cometido con el propósito de enviar un mensaje de intimidación a la población civil.
21. Sobre todo, la pertenencia de estos hombres a grupos armados al margen de la ley se puede inferir del material probatorio existente. Así, por ejemplo, la señora Elizabeth Torres, en su denuncia del 18 de febrero de 1999, y el jefe de la unidad investigativa de la policía judicial, en una constancia de 30 de diciembre de 1999, refieren la acción de “grupos al margen de la ley” para calificar a los responsables del hecho (fls. 14, 19, cdno. 1). A su vez, la nota periodística del diario El Universal señala que “de acuerdo con las investigaciones preliminares adelantadas por las autoridades, todo parece indicar que las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC, son los autores de la masacre” (sic) (fls. 14, 19, cdno. 1). En el mismo sentido, el señor Walter Beltrán expresa que la población vecina había culpado a “la guerrilla” de dicho atentado (fl. 100, cdno. 1), el señor Domingo Salazar dice que las casas fueron destruidas por un “grupo subversivo” (fl. 102, cdno. 2), y el señor Manuel Antonio Arrieta menciona la acción de un “movimiento insurgente” (fl. 107, cdno. 2).
22. Una vez determinada la participación de grupos guerrilleros en los hechos del 13 de febrero de 1999 en la finca “Villa Amalia”, de la cual es dueña la señora Elizabeth Torres de Sabagh, se debe establecer si el daño ocasionado con dicho ataque es imputable a la administración. En particular, se debe analizar si hubo presencia de la fuerza pública en el predio con anterioridad al suceso violento y, de ser así, en qué medida esta presencia determinó el referido atentado.
22.1. Sobre la presencia de la fuerza pública en dicho lugar y los hechos ocurridos allí durante su estadía en calidad de topógrafo, que duró tres días, el señor Walter Manuel Beltrán Arias expresó (fls. 99-100, cdno. 1):
Yo a finales del mes de octubre de 1998 fui a hacer el levantamiento topográfico del predio “Villa Amalia” acompañado del cadenero primero Amaury Olivera González. El día del inicio estaba el ejército en las casas, una parte, y la otra parte estaba en la entrada de la finca, a unos 400 metros de las casas. Estos últimos hacían un retén para registrar los carros que entraban y salían hacia el corregimiento de El Salado. Yo les comuniqué el propósito de la mensura e inicié el levantamiento desde el mismo punto de entrada de la finca. Ya habían transcurrido unos quince o veinte minutos y nos encontrábamos en la parte baja de una cañada, cuando escuchamos una explosión fuerte en la parte en la parte donde estaba el retén. Inmediatamente los que estaban en la casa empezaron a hacer disparos hacia el lado donde estábamos nosotros, lo cual nos hizo suspender el levantamiento y esperar que se calmara el rato y regresamos con mucho cuidado a la entrada de la finca. Cuando llegamos al lugar preguntamos qué había pasado y nos dijeron que a un soldado se le había estallado una granada, falleciendo este y quedando herido un compañero, lo cual no me consta pero esa fue la versión que me dieron. Entonces procedí a suspender el levantamiento y regresé al otro día, continuando así durante tres días hasta terminar el levantamiento. Al respecto pregunté a los vecinos si era permanente la estadía del ejército en ese lugar y me dijeron que lo hacían por temporadas, sin avisar la llegada y tampoco la salida. (...) En el tiempo que estuve allí, el ejército permaneció constantemente, en cantidad aproximada de unos treinta hombres, y portaban, me parece que fusiles y granadas, no tuve conocimiento por qué ellos estaban allí.
22.2. Por su parte, el señor Robert Lascarro Silva, antiguo propietario de la finca “Villa Amalia”, quien la visitaba ocasionalmente, manifestó que al ir a visitar una finca de su propiedad cruzaba por el predio de la señora Torres de Sabagh “y siempre veía militares en ella”.
22.3. En igual sentido, el señor Fernando Osorio Latandret, agricultor y vecino de la finca “Villa Amalia”, también confirmó la presencia regular de la fuerza pública en ese predio (fl. 104, cdno. 2):
Pregunta: Era frecuente ver a miembros de la Infantería de Marina que permanecían en la finca “Villa Amalia”. Contestó: Sí, pasaban. Pregunta: Díganos aproximadamente cuántos hombres conformaban los grupos de la Infantería de Marina que permanecían en la finca “Villa Amalia”. Contestó: Eran como cincuenta hombres, podían ser más.
22.4. Finalmente, el señor Manuel Antonio Arrieta Díaz, funcionario de la unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria de El Carmen de Bolívar, que en varias oportunidades prestó su experticia a la finca “Villa Amalia”, manifestó: “en dos ocasiones vi gente uniformada del ejército acampando allí en la finca” (fl. 107, cdno. 2).
23. Estas declaraciones, valoradas en conjunto, permiten concluir que, en efecto, miembros de la fuerza pública estuvieron ubicados en la finca “Villa Amalia” en los meses anteriores al atentado del 13 de febrero de 1999, acamparon allí con regularidad, incluso cumplieron funciones de la institución militar como la instalación de un retén en la vía que conduce desde El Carmen de Bolívar al corregimiento de El Salado. Cabe añadir que el Ejército Nacional estuvo allí acantonado sin que mediara alguna autorización o aval por parte de la propietaria del predio.
24. Resta entonces determinar si la presencia de la fuerza pública en la finca “Villa Amalia” determinó o, al menos, contribuyó causalmente a la producción del daño ocasionado, se reitera, por miembros de grupos armados ilegales. Los testimonios de los vecinos y comerciantes de la zona apoyan esta explicación cuando afirman que fue precisamente la presencia del ejército la que motivó la acción violenta de estos grupos insurgentes.
24.1. El señor Robert Lascarro Silva, al ser cuestionado por las posibles causas del ataque, señaló: “El comentario que se hizo en el momento, las causas indican, que fue porque el ejército permanecía o visitaba dicha finca” (fls. 96-97, cdno. 2).
24.2. A su vez, el señor Domingo Antonio Salazar Cuadrado, agricultor que regularmente comerciaba con los trabajadores de la finca “Villa Amalia”, al ser interrogado sobre la posible motivación de los hombres armados para atacar el predio, afirmó (fl. 102, cdno. 2):
Ese grupo cometió eso ahí porque allí era donde acampaban las tropas del ejército de Infantería de Marina y cogieron la finca de campamento, de allí nació todo y ninguno de los propietarios de la finca “Villa Amalia” autorizó eso, todavía hasta esta semana pasada estaban las tropas de la Infantería de Marina en la finca, ellos hacen sus campamentos.
24.3. En el mismo sentido se pronunció el vecino de la zona Fernando Rafael Osorio Latandret (fl. 104, cdno. 2):
Pregunta: Al final de cuentas, qué pasó con la finca y las construcciones que tenía la finca “Villa Amalia”, y con el ganado. Contestó: Eso estaba y después resultó que las casas las destruyeron, yo diría que porque ahí pasaba la infantería con frecuencia, acampaban ahí, pasaban ahí en las casas, no sé en qué estarían pero pasaban frecuente allí (...). Pregunta: Díganos, según usted, cuál fue la causa para que se atacaran las instalaciones de la finca “Villa Amalia”. Contestó: La causa, para mí, fue que se pasaba la infantería allí.
25. Adicionalmente, no existen pruebas en el plenario que evidencien una motivación distinta de los grupos armados ilegales para atacar el predio de la señora Elizabeth Torres y las personas que allí habitaban. Por el contrario, en la nota de prensa dirigida por el diario El Universal al tribunal de instancia, se lee:
Las personas muertas vivían en Villa Amalia desde hace dos años aproximadamente y se dedicaban al cultivo de productos agrícolas y a la cría de animales. Por su parte, vecinos del sector manifestaron que las víctimas eran buenas personas que durante el tiempo que llevaban trabajando y cuidando la finca nunca tuvieron problema con ninguna persona, por lo que les causó mucho asombro la forma como fueron asesinadas.
26. Al no existir una prueba directa que vincule un hecho distinto a la presencia de la fuerza pública en la finca “Villa Amalia” con el atentado cometido por grupos armados ilegales, la Sala encuentra razonable concluir que el Ejército Nacional, al instalarse en dicho predio y cumplir allí funciones propias de la institución militar, generó para los habitantes del mismo, incluida la señora Elizabeth Torres de Sabagh, un riesgo superior al que afrontan el promedio de los ciudadanos en el desarrollo de un conflicto armado.
27. Este riesgo anormal se concretó en el momento en que el ejército, al instalarse en la finca mencionada y desarrollar allí sus actividades, convirtió dicho predio en un ente representativo del Estado y, en esa medida, en un objetivo militar para los grupos insurgentes.
27.1. En asuntos de similar naturaleza, esta subsección ha considerado que los casos que involucran daños derivados de ataques guerrilleros a bienes o instalaciones del Estado, plantean una categoría de riesgo que deriva de la confrontación armada que surge de la disputa por el control del territorio y el monopolio del uso de la fuerza(12). Esta categoría de riesgo, llamado riesgo-conflicto, surge del reconocimiento de que, dada la situación de conflicto armado, el cumplimiento de ciertos deberes legales y constitucionales genera para la población civil un riesgo de naturaleza excepcional en la medida en que la pone en peligro de sufrir los efectos de los ataques que los grupos guerrilleros dirigen contra los bienes e instalaciones que sirven como medio para el cumplimiento de esos deberes y el desarrollo de dichas actividades(13).
27.2. En el presente caso, si bien el ataque guerrillero se dirigió contra un bien civil —la finca “Villa Amalia”— y contra las personas que habitaban allí, la presencia continua de la fuerza pública en el predio facilitó que este bien fuera un objeto claramente identificado como Estado. Sobre el riesgo creado por el Estado al instalar sus Fuerzas Militares y de policía en proximidad o cercanía de bienes civiles, la subsección ha señalado:
La Sala no desconoce que desde un enfoque de teoría administrativa resulta extraña, por decir lo menos, la afirmación según la cual la simple presencia institucional constituye un factor generador de riesgo, máxime cuando muchas veces esa presencia —lograda, por ejemplo, mediante el acantonamiento de la fuerza pública— la que permite al Estado conjurar o repeler las amenazas que para la vida y los bienes de la población civil implican las acciones de la delincuencia. Sin embargo, considera que de cara a la realidad del país, resulta imposible negar que existen zonas afectadas por fenómenos graves de violencia política en las que la cercanía a ciertos bienes e instalaciones del Estado, genera un riesgo cierto para las personas que viven o desarrollan sus actividades cotidianas en sus proximidades ya que estos son blanco de continuos ataques de la guerrilla(14).
27.3. En el asunto bajo examen, no es que el Estado haya emplazado sus fuerzas militares en proximidad o cercanía del predio de la señora Elizabeth Torres, sino que las instaló al interior mismo de la finca, según las declaraciones de los vecinos y comerciantes de la zona, con lo cual convirtió dicho bien en un objeto claramente identificado como Estado y, de tal forma, creó de manera consciente y deliberada un riesgo para los habitantes del mismo.
27.4. Ahora bien, es preciso aclarar que, en tanto este riesgo se deriva de la existencia del conflicto armado interno, su naturaleza es contextual, porque no en todos los municipios del país es factible que se produzca una incursión armada de la guerrilla o un ataque contra la infraestructura del Estado. Este hecho es, justamente, lo que le atribuye al riesgo su carácter excepcional. En efecto, es un hecho notorio que estas acciones tienden a concentrarse en pequeñas poblaciones, ubicadas en zonas del territorio nacional que ofrecen una ventaja estratégica desde el punto de vista militar, y donde los actores armados ejercen una fuerte presencia y están en capacidad de perpetrar un ataque armado de gran impacto. Al respecto, se ha determinado:
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera que en la medida en que el Estado participa consciente y deliberadamente en la creación del riesgo, debe adoptar todas las medidas de precaución, contención y defensa a su alcance para minimizarlo y para evitar que se materialice, pues si no lo hace y facilita la actuación de los grupos armados ilegales, se configura una ostensible falla del servicio que da lugar a un juicio de responsabilidad de naturaleza distinta, fundado en el incumplimiento del deber positivo de protección que le es exigible, no solo respecto de los bienes y personas civiles, sino también de quienes participan en las hostilidades y de los bienes de carácter militar(15).
27.5. En este caso, no cabe duda de que los hechos violentos del 13 de febrero de 1999 en la finca “Villa Amalia”, ubicada a un kilómetro del casco urbano de El Carmen de Bolívar, están inscritos en un contexto de violencia derivada del conflicto armado, debido a la presencia de grupos armados ilegales que se disputan el poder económico, político y militar que representa la zona estratégica de los Montes de María. Al respecto, el observatorio de derechos humanos y DIH de la Presidencia de la República ofrece el siguiente panorama(16):
El desarrollo de la confrontación armada en Bolívar ha estado determinado en gran medida por la presencia y consolidación de los grupos guerrilleros en el departamento desde los ochenta (FARC, ELN y ERP) —las primeras más en la zona norte y centro, ELN y el ERP hacia el sur del departamento— y la incursión de grupos de autodefensa a finales de los noventa.
El ELN, la guerrilla más activa en el departamento hacia 1997, nació a mediados de los años sesenta en una zona que comprende parte de los departamentos de Santander, Antioquia, el sur de Bolívar y el sur de Cesar. (...) En el transcurso de la década de los ochenta y parte de los noventa registró una expansión de sus frentes, basada en la extorsión y el secuestro y se consolidó como un actor central con dominio político y social, irradiando su influencia a lo largo del Magdalena Medio. Por su parte, las FARC, que adquieren a partir de 1998 el mayor protagonismo armado, incursionaron en la región desde principios de los ochenta fortaleciendo paulatinamente su presencia y ejerciendo junto con el ELN una fuerte presión sobre las comunidades.
(...) Desde la creación de las AUC en 1997, esta organización entró a disputar el dominio territorial que ejercían los grupos subversivos, logrando un importante crecimiento y consolidación de su presencia. Es a partir de ese año que se empieza a producir la incursión de esta agrupación en los cascos urbanos de Santa Rosa del Sur, San Pablo, Simití, Cantagallo y Morales (Magdalena Medio) y Altos del Rosario y Río Viejo en las Lobas y Montecristo en La Mojana. El avance de las AUC entre 1999 y 2001 se produce en medio de una gran agitación social por las protestas originadas en algunos sectores de la población del sur de Bolívar en contra de la creación de una zona desmilitarizada para realizar una convención entre el gobierno, la sociedad civil y el ELN (...).
Una característica sobresaliente de la confrontación armada desde 1997 ha sido la elevada frecuencia de enfrentamientos protagonizados por las guerrillas y los grupos de autodefensa. A partir de este momento, las autodefensas se trazaron entre sus principales objetivos: recuperar el territorio bajo presión de la guerrilla mediante el enfrentamiento directo con los grupos subversivos; extender su presencia hacia las zonas influenciadas por la guerrilla, buscando el apoyo económico de las actividades rurales más dinámicas y captar el apoyo de los sectores sociales. Es así como su eje de expansión se dio desde Barrancabermeja, en Santander, a partir de 1998. Ese mismo año se registraba presencia en Santa Rosa y en el casco urbano de Simití, mientras, desde Magangué incursionaron en Tiquisio, Achí, Pinillos y Altos del Rosario. A partir de 1999, se produce una seguidilla de asesinatos, masacres, desapariciones, desplazamientos y torturas, así como enfrentamientos en las zonas rurales (...).
En el Centro y Norte del departamento, las AUC hacían presencia a través de la estructura Rito Antonio Ochoa o Héroes de los Montes de María, perteneciente al bloque Norte de las autodefensas. La actividad de este grupo armado fue particularmente elevada a partir de 1998, cuando perpetró las masacres más sangrientas que haya presenciado el país como las de El Salado (1997-2000), Tolúviejo (1999), Chengue (2002), Pichilín, Ovejas (2002) y Macayepo (2002) (...).
27.6. En este contexto de violentos enfrentamientos entre las guerrillas y los paramilitares, y de graves violaciones a los derechos humanos de la población civil en zonas aledañas al municipio de El Carmen de Bolívar durante la época en que ocurrieron los hechos que hoy se examinan, se constata una compleja situación de orden público en el marco de la cual la permanencia de Fuerzas Militares en predios de carácter civil —como la finca de la señora Elizabeth Torres— constituyó un altísimo riesgo que se materializó en contra de la actora.
27.7. Finalmente, es claro para la Sala que el riesgo excepcional se deriva no solamente del peligro de que en algún momento se produzca un ataque guerrillero contra el bien identificable como Estado, sino también del mensaje que la presencia continua de la fuerza pública en determinado lugar envía a los grupos insurgentes. En el contexto del conflicto armado colombiano, es usual que los grupos guerrilleros, al notar en la población civil algún tipo de cercanía o de trato con la fuerza pública, la señalen de pertenecer, colaborar o auxiliar a las Fuerzas Militares, y los conviertan en el blanco de sus ataques. Sin perjuicio del deber civil de colaborar con el Estado, en las condiciones anotadas, no le correspondía a la actora soportar el daño sufrido, materializado con ocasión del riesgo creado por la actuación de las Fuerzas Militares.
28. En síntesis, por las razones ya expuestas, la entidad demandada, al hacer uso de los predios de la señora Elizabeth Torres de Sabagh para instalar un contingente militar y desempeñar funciones propias del servicio, en una zona caracterizada por continuos enfrentamientos entre grupos armados ilegales y graves violaciones a los derechos humanos, contribuyó significativamente a la producción del daño ocasionado por los grupos insurgentes, de manera que debe asumir su responsabilidad administrativa y patrimonial.
29. En cuanto a la indemnización de los perjuicios materiales, en la modalidad del daño emergente, está acreditado que la señora Elizabeth Torres de Sabagh, propietaria de la finca “Villa Amalia” —párrafo 13.1—, sufrió, en los hechos violentos del 13 de febrero de 1999, la destrucción de su propiedad y la pérdida de su ganado —párrafo 13.2—.
29.1. En los dictámenes periciales practicados en el proceso, el costo de la reconstrucción total de dicho predio se estimó en $ 141.422.727 —párrafo 13.4—, el valor del ganado bovino perdido se calculó en $ 82.100.000, y el valor del ganado equino en $ 2.300.000 —párrafo 13.5—.
29.2. La Sala ha considerado que la eficacia probatoria del dictamen de expertos requiere que: (i) el perito informe de manera razonada lo que sepa de los hechos, de acuerdo con sus conocimientos especializados; (ii) el dictamen sea personal y contenga conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas, por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad; (iii) el perito sea competente, es decir, un experto para el desempeño del cargo; (iv) no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; (v) no se haya probado una objeción por error grave; (vi) el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras, firmes y consecuencia de las razones expuestas; (vii) sus conclusiones sean conducentes en relación con el hecho a probar; (viii) se haya surtido la contradicción; (ix) no exista retracto del mismo por parte del perito; (x) otras pruebas no lo desvirtúen; (xi) sea claro, preciso y detallado, es decir, que dé cuenta de los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas(17).
29.3. La Sala acogerá los dictámenes periciales en relación con el valor de la reconstrucción de la propiedad de la señora Elizabeth Torres de Sabagh, y el valor del ganado perdido, dado que: (i) fueron rendidos por los peritos nombrados por el tribunal a quo, quienes hicieron explícita la metodología para cuantificar el valor de la recuperación de la vivienda de la demandante; (ii) proponen utilizar un modelo de propiedad similar a la de la demandante, respetando el área construida y las características que la misma poseía antes de la incursión violenta; (iii) los peritos son idóneos para rendir la prueba, toda vez que son ingenieros expertos en construcciones y, por tanto, tienen conocimientos especializados sobre la materia en relación con la cual rindieron el dictamen; (iv) su práctica fue personal, porque se trata de conceptos propios de los peritos sobre las materias examinadas y no de criterios de terceros, a los cuales llegaron por la visita que hicieron al lugar objeto de la peritación; (v) no hay motivo alguno para dudar de la imparcialidad de los peritos, siempre que fueron nombrados por el tribunal y no se menciona siquiera que tengan vínculo ni interés alguno en relación con alguna de las partes; (vi) los peritos no se retractaron de sus conclusiones; y (vii) no hay pruebas en el expediente que desvirtúen el dictamen.
29.4. Los valores arrojados por los dictámenes —párrafo 29.1— deberán actualizarse de acuerdo con la fórmula Va x IPC final / IPC inicial, siendo Va el valor a actualizar, IPC final el índice de las series de empalme del mes anterior a la liquidación (112,14)(18), e IPC inicial el índice de las series de empalme de la fecha de ocurrencia de los hechos (54,24)(19).
29.5. En consecuencia, se reconocerá, a favor de la víctima, el monto de $ 292.388.359 para la reconstrucción total de su predio, el valor de $ 169.739.933 para la recuperación de ganado bovino, y la suma de $ 4.755.199 para la compra del ganado equino.
30. En relación con el lucro cesante, la Sala tendrá en cuenta que si bien la proyección de los ingresos de la finca “Villa Amalia” para los años 1999 a 2002 fue estimada en $ 85.050.000, la restitución total del ganado perdido le permitirá a la demandante obtener en la actualidad el producto que dejó de percibir en la época, de manera que se abstendrá de liquidar por ese concepto.
31. Finalmente, en lo relativo a la compensación de los perjuicios morales, la Sala advierte que la demandante no acreditó que hubiera sufrido un daño de carácter moral como consecuencia de la destrucción de su propiedad y el hurto de su ganado, de manera que no condenará a la entidad demandada por ese concepto.
REVOCAR la sentencia de 30 de abril de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión, y en su lugar dispone:
1. DECLARAR responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional por la creación del riesgo que se concretó en la destrucción de los bienes de propiedad de la señora Elizabeth Torres de Sabagh.
2. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar a favor de la señora Elizabeth Torres de Sabagh, por concepto de perjuicios materiales, el valor de $ 466.883.491.
3. Aplicar lo dispuesto en los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
4. Expedir por secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien ha actuado como apoderado judicial.
(1) En la demanda presentada el 26 de enero de 2001, la pretensión de mayor valor, correspondiente a los perjuicios materiales, fue estimada en $ 224.318.216 (fl. 55, cdno. 1). Por estar vigente en el momento de la presentación de la demanda que motiva esta sentencia, se aplica el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que dispone que la cuantía necesaria para que un proceso de reparación directa iniciado en el año 2001 fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 26.390.000.
(2) “Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”.
(3) Véanse, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 21 de junio de 2007, Expediente 25.627, C.P. Alier Eduardo Hernández; 10 de junio de 2009, Expediente 18.108, C.P. Ruth Stella Correa; 10 de marzo de 2011, Expediente 20.099, C.P. Ruth Stella Correa.
(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de agosto de 2011, Expediente 20.325, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(5) Sentencias de 25 de julio de 2011, Expediente 19.434, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; 19 de octubre de 2011, Expediente 20.861, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; y 15 de febrero de 2012, Expediente 20.880, C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.
(6) Expediente 110010315000201101378-00, C.P. Susana Buitrago Valencia.
(7) Cabe señalar que este planteamiento acerca del valor indiciario de los recortes de prensa fue objeto de una aclaración de voto expresada en los siguientes términos por los magistrados Stella Conto Díaz del Castillo y Danilo Rojas Betancourth: “Centralmente debe advertirse que, en determinados eventos, atendiendo, verbi gratia, la naturaleza de la noticia, el espectro de difusión y la calidad de los medios que la comunicaron, puede el juez considerar que se trata de un hecho notorio que no requiere prueba adicional, pues las notas periodísticas otorgan esa naturaleza. // Es que, por ejemplo, casos como desastres naturales de repercusión nacional que son registrados en detalle por todos los medios de comunicación no podrían recibir el mismo trato, ni tampoco debería aplicarse la jurisprudencia vigente para hechos que impactan al colectivo en general y por lo mismo son registrados por la opinión pública hasta convertirse en temas de discusión en cualquier foro social. // Por tanto, el llamado de la presente aclaración tiene por objeto morigerar el precedente vigente para que en cada caso el juez, orientado por su sana crítica, pueda darle a las notas e informaciones periodísticas un alcance superior al de la simple veracidad de su sola difusión y pueda, dependiendo del sub júdice, tener el hecho como notorio y por lo mismo relevarlo de cualquier exigencia de prueba adicional, estimando entonces cierto el contenido que a nivel nacional registren los medios de comunicación, atendiendo también a su grado de credibilidad social. // Además, no puede desconocerse que la publicación de determinada información, puede tenerse como un indicio que, apoyado con otras pruebas, permita alcanzar un grado de convencimiento sobre la certeza del hecho noticioso, esto a partir de su confiabilidad”.
(8) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 20 de mayo de 2003, Expediente PI-059, C.P. Tarcisio Cáceres Toro.
(9) Esta fue la postura asumida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las siguientes sentencias: 4 de julio de 2007, caso Escué Zapata vs. Colombia, párrs. 28, y 11 de mayo de 2007, caso Bueno Alves vs. Argentina, párr. 46. Sin embargo, cabe señalar que en fallos anteriores, la Corte había impuesto menos condicionamientos para la valoración de estos documentos. Así, en varias sentencias proferidas en 2006 (entre otras, la de 29 de noviembre de 2006, caso La Cantuta vs. Perú, párr. 65; de 4 de julio de 2006, caso Ximenes Lopes vs. Brasil, párr. 55; de 1º de julio de 2006, caso de las masacres de Ituango vs. Colombia, párr. 122) indicó que los documentos de prensa aportados por las partes podrían ser apreciados “cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso”. Previamente, en la sentencia de 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, había señalado que los recortes de prensa tienen valor probatorio “en cuanto reproducen textualmente declaraciones públicas, especialmente de altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, del gobierno o de la propia Corte Suprema de Justicia de Honduras, como algunas emanadas del presidente de esta última; (mientras que) otros tienen importancia en su conjunto en la medida en que corroboran los testimonios recibidos en el proceso respecto de las desapariciones y la atribución de esos hechos a las autoridades militares o policiales de este país” (párr. 146).
(10) En el avalúo del 11 de diciembre de 2000 realizado por la secretaría de planeación municipal de El Carmen de Bolívar a instancias de la parte demandante, los costos de reconstrucción de la finca “Villa Amalia” se estimaron en $ 122.883.216 (fls. 23-24, cdno. 1).
(11) En el estudio del 12 de diciembre de 2000 realizado por la unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria de El Carmen de Bolívar a instancias de la actora, la proyección de los ingresos de la finca “Villa Amalia” para los años 1999 y 2000 fue estimada en $ 52.325.000, el inventario ganadero en $ 47.710.000, y el inventario equino en $ 1.400.000 (fls. 26-28, cdno. 1).
(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de octubre de 2012, Expediente 18 472, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Ello sin perjuicio de la posición reciente de la Sala Plena de la Sección Tercera, según la cual no debe privilegiarse un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación. Ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, Expediente 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, Expediente 23219, C.P. Hernán Andrade Rincón.
(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, Expediente 18 536, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de octubre de 2012, Expediente 18 472, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
(16) Observatorio de derechos humanos y DIH de la Presidencia de la República, “Diagnóstico departamental Bolívar”, Bogotá, Presidencia de la República, 2007.
(17) Consejo de Estado, sentencia de 21 de marzo de 2012, Expediente 24 250, M.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 16 de abril de 2007, Expediente AG-250002325000200200025-02, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(18) IPC de enero de 2013.
(19) IPC de febrero de 1999.
Con el debido respeto a continuación expongo las razones por las cuales acompaño la decisión de imputar la responsabilidad a la demandada y condenarla al pago de los perjuicios, apartándome de la calificación del riesgo conflicto atribuida al título de imputación.
1. Como se señaló en el precedente jurisprudencial de la Sección Tercera del pasado 19 de abril(1), el título de imputación de la responsabilidad a la administración de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política debe estar en consonancia con la realidad probatoria en cada caso concreto.
2. En el sub judice está acreditado que la actora sufrió un daño que no tenía que soportar y que es imputable a la entidad demandada, por haber esta creado con sus actuaciones un riesgo excepcional que efectivamente se materializó en contra de la actora; razones por las que comparto que se reúnen las condiciones de daño antijurídico y de imputación, exigidas por el artículo 90 de la Constitución Política, para declararla patrimonialmente responsable y condenarla a pagar la indemnización.
3. En efecto, está acreditado que, con el fin de hacer presencia en la zona y realizar actividades orientadas a controlar el orden público, un grupo de efectivos del Ejército Nacional se introdujo en el predio de propiedad de la demandante sin su consentimiento, donde instaló retenes y pernoctó durante varios días consecutivos. Así mismo, los elementos probatorios dan cuenta de que con la actividad llevada a cabo por la fuerza pública se puso a la demandante en riesgo de sufrir un daño que efectivamente se materializó, habida cuenta que los bienes de la actora fueron atacados y destruidos en razón de que estaban siendo utilizados por los agentes estatales para el ejercicio de sus funciones.
4. En ese orden, comparto la ponencia en cuanto lo procedente con la razón por la cual se le debe imputar la responsabilidad a la demandada —título de imputación—, de acuerdo con los elementos del caso concreto, tiene que ver con el hecho de que el Estado, con el ejercicio de la fuerza legítima, puso a la demandada en un riesgo excepcional de sufrir el daño que efectivamente se materializó en su contra.
5. En ese mismo orden, considero que no resulta necesario poner este peligro excepcional en el campo del riesgo conflicto con la finalidad de utilizar este último como título de imputación de la responsabilidad patrimonial, principalmente, porque i) partiendo del hecho legítimo de que la Constitución Política radica el monopolio del poder y la fuerza en cabeza del Estado, los conflictos de orden público, como el que da cuenta el caso concreto, no son creados directamente por el Estado, sino por los sujetos que se ponen al margen del ordenamiento para disputarle el poder a la organización política; ii) el conflicto armado, en cuanto dirigido contra el Estado, crea una situación de riesgo general y no particular, de la que por sí misma no resulta posible derivar una situación de peligro excepcional para una persona determinada y iii) en ejercicio legítimo de la fuerza, al Estado le corresponde controlar el orden público dondequiera que sea alterado, con independencia de la connotación del conflicto armado que se puso de relieve en el caso concreto, de donde resulta que, en lo que atañe al uso de la fuerza pública, el peligro excepcional de sufrir daño puede resultar de la actuación legítima del Estado cualquiera que sea la perturbación del orden público y no del carácter especial que pretende dársele al riesgo conflicto.
6. En suma, dado que con la actuación llevada a cabo por la fuerza legítima del Estado en los predios de la demandante, en los que se introdujo el Ejercito Nacional sin su consentimiento, se la puso en una situación especial con la que se potencializó la posibilidad de sufrir el daño que efectivamente se materializó en su contra, no le corresponde a ella cargar en su patrimonio los perjuicios sufridos por esa causa y a esos efectos resulta determinante el riesgo excepcional al que fueron expuestos sus bienes por el ejercicio legítimo de la fuerza del Estado, sin otra calificación, como criterio para imputarle la responsabilidad a la demandada.
Stella Conto Díaz del Castillo.
(1) Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Hernán Andrade, Expediente 21515.

References: artículo 229
 artículo 251
 artículo 115
 artículo 2
 artículo 132
 artículo 90
 artículo 90