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Timestamp: 2019-12-10 18:09:51+00:00

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GESTIÓN PROCESAL (Turno Libre): DESESTIMACIÓN IMPUGNACIONES ~ OPOSITORES JUSTICIA
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GESTIÓN PROCESAL (Turno Libre): DESESTIMACIÓN IMPUGNACIONES
PREGUNTA 6 ( 83 DEL Cuestionario B )
Se alega que está fuera de programa, pero la competencia para conocer de un laudo arbitral es una cuestión incluida en el tema 7, en el epígrafe “ Examen de la organización y competencias de …los Tribunales Superiores “
PREGUNTA 25. ( 76 del Cuestionario B)
La respuesta correcta a esta pregunta es inequívocamente la B : el artículo 25-ter de la Ley Concursal, en su epígrafe 1, establece la regla general para los concursos declarados conjuntamente y acumulados; que se tramitarán de forma coordinada y sin consolidación de masas, y en su epígrafe 2, establece las excepciones a esta regla general. Por ello, leído conjuntamente, el artículo citado conduce directamente a la respuesta correcta: que generalmente se tramitan sin consolidación de masas. La respuesta A no es correcta, puesto que, además de no atenerse al epígrafe primero del artículo en cuestión ( que no incluye la expresión “ en ningún caso”) ignora completamente lo indicado en el segundo.
PREGUNTA 35. ( 45 del Cuestionario B )
El supuesto de hecho que plantea la pregunta viene referido a un despido “declarado” improcedente, lo que supone necesariamente que ya se ha dictado Sentencia, por lo que el ejercicio de la opción sobre la que versa la cuestión planteada no puede ejercitarse en el acto del juicio, incluso aunque la Sentencia correspondiente se dicte oralmente, pues ello, conforme determina el artículo 50 de la Ley 36/2011, de 10 de Octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, se efectúa, en su caso, al terminar el juicio, en definitiva, concluido el mismo.
No invalidada la solución correcta tenida en consideración por el Tribunal, que fue la opción B- “dentro de los cinco primeros días desde la notificación de la Sentencia, si fuera la de instancia”, el hecho de que en el enunciado de la cuestión se contenga la expresión “puede ejercitarse” y ello porque el artículo 110.3 de la indicada Ley 36/2011, cuando alude a que la opción “deberá ejercitarse”, a lo que se está refiriendo es a la forma en que tiene que llevarse a cabo, o “debe ejercitarse”, la opción de referencia en los casos en que la misma se efectúe, lo que, y pese a lo que se alega, no constituye obligación, en el sentido de que nuestro ordenamiento jurídico no contempla mecanismos para compeler a su ejercicio, al punto que el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de Marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, expresamente contempla la opción de referencia como facultativa - “podrá optar” señala en su apartado 1- previendo incluso, en el apartado 3 del propio precepto, las consecuencias que se producen de “ no optar el empresario por la readmisión o la indemnización ”, en cuyo caso se entiende que procede la primera.
PREGUNTAS 50 y 67 ( 52 y 59 del Cuestionario B)
La Orden JUS/1959/2013, de 17 de Octubre, por la que se convocó la presente convocatoria, en su punto 3 denominado “Programas”, se especifica que: “El contenido del temario para todos los ejercicios de la oposición se ajustará a la normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado en la fecha de la presente convocatoria, aun cuando no hubiese entrado en vigor. No obstante, en materia de Registro Civil se exigirá sólo la legislación vigente en la fecha de la presente convocatoria”.
De acuerdo con esta previsión, la normativa de referencia para la solución que planteaban las preguntas impugnadas era necesariamente la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de Junio (publicada en el B.O.E. de 29 de Junio próximo siguiente), de Reforma del Consejo General del Poder Judicial y que modificaba la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, que era la “normativa publicada” a fecha 24 de Octubre de 2013, fecha en que se anunció la Convocatoria del proceso selectivo.
Lo relevante a la hora de determinar la solución a cualquier pregunta que planteara el cuestionario, a excepción de la materia relativa al Registro Civil en cuyo caso se especificaba concretamente la necesaria referencia a la normativa vigente al momento de la convocatoria era, que no otra, la normativa publicada , es decir es ésta característica, la publicación, y la más reciente de las posibles existentes, la que define la normativa de referencia, excepción hecha del Registro Civil, no la de la “vigencia” o no de la normativa publicada.
A mayor abundamiento, la indicada Ley Orgánica 4/2013, de 28 de Junio, especificaba, en su Disposición Final Tercera, que la misma entraría en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado en lo relativo a la renovación, designación y elección de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial y a la constitución del mismo, siendo así que la Disposición Derogatoria de la propia Ley Orgánica, en su punto 1, especificaba que El Título II del Libro II de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, en lo relativo a la renovación, designación y elección de los Vocales del Consejo ya la constitución del mismo, queda derogado desde el momento de entrada en vigor de lapresente Ley Orgánica.
Las preguntas impugnadas vienen referidas a materia que se regulaba en el Título II del Libro II de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, y que afectaba a aspectos que tenían que ver con la “constitución” del Consejo, por lo que las previsiones contenidas en los artículos 123.4 y 147 de la misma fueron derogadas con efectos de 30 de Junio de 2013, es decir con anterioridad a la publicación de la Convocatoria que nos ocupa.
Las respuestas correctas a estas preguntas son por lo tanto Nº 50- C y nª 67- A.
PREGUNTA 56. (46 DEL Cuestionario B)
Se alega que está “fuera de programa” : Entiende el Tribunal que versa sobre la materia incluida en el tema 44, epígrafe: “. El responsable civil” También se incluye en el tema 56: La ejecución de sentencias penales… la ejecución civil en el proceso penal.
PREGUNTA 66 ( 70 del cuestionario B)
La pregunta está correctamente formulada y su única respuesta correcta es la A. Aunque, como bien afirma el recurrente, el art. 16-2 del tratado de Maastrich en su redacción dada por el Tratado de Lisboa, que reproduce el art. 203 de la versión consolidada del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, se afirma que “ el Consejo está compuesto por un representante de cada Estado miembro…” y que por tanto estricto senso la denominación correcta de las personas que componen ese Consejo es la de “representante” , lo cierto es que el mismo Tratado utiliza ambas denominaciones indistintamente- véanse , por ejemplo los artículos 204 y 205 y 206 del mismo Texto consolidado. Además, y en cualquier caso, el contenido de la pregunta, y las respuestas alternativas que se plantean, que es lo fundamental a efectos de su impugnación, no se ve afectado en modo alguno: lo que se pregunta y a lo que se ciñen las respuestas es a cómo se compone el Consejo, por quién, y a si se constituye con carácter paritario o con alguna proporcionalidad a la población…
PREGUNTA 67 ( 59 del Cuestionario B- )- Véase más arriba
PREGUNTA 69. ( 63 del Cuestionario B)
Se alega que está fuera de temario, pero el Tribunal entiende que está incluida en el tema 56: “la ejecución de sentencias penales”, puesto que trata específicamente de la posibilidad de suspensión de penas privativas de libertad.
PREGUNTA 88. ( 29 del cuestionario B)
La pregunta que se formula es gramaticalmente muy precisa y , además, se formula en modo interrogativo :¿ Es posible practicar “un lanzamiento“, ( es decir un “lanzamiento” en general , sin más especificación, o sea , cualquier lanzamiento ) con la presencia de un único funcionario? Y la respuesta es la “C”: Que sí es posible hacerlo, si el lanzamiento es del tipo que se indica : “desahucio por falta de pago de las rentas o cantidades debidas , o por expiración del plazo legal o contractual”. La pregunta no concreta, ni tiene porqué hacerlo, la clase de funcionario que ha de practicarlo, por lo que la respuesta tampoco ha de precisarlo…
La B no es correcta: no se puede practicar el lanzamiento de la pregunta ( es decir, cualquier lanzamiento…) por mucho que lo autorice el Secretario y el funcionario sea un Gestor. La respuesta es incorrecta.
Es cierto que el Tribunal podría haber formulado otra pregunta distinta y haberla referido a todo el contenido (o a otra parte ) del último párrafo del artículo 703-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con detalle de todos los requisitos que el artículo citado establece, ( clase de lanzamiento; autorización del Secretario; clase de funcionario; motivación ; posibilidad de solicitar el auxilio dela fuerza pública….) pero la opción del Tribunal ha sido otra, y la respuesta correcta es aquella que se ciñe al contenido de la pregunta.
PREGUNTA 94 ( 65 DEL Cuestionario B)
La única respuesta correcta a esta pregunta, de acuerdo con lo que dispone el artículo 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es inequívocamente la B. La A no es correcta en ningún caso, ya que el “concebido no nacido” ( nº 2º del artículo 6-1 ) está incluido entre quienes “pueden ser parte en un proceso ante un Tribunal Civil”, que es exactamente lo que se pregunta. Cierto es que no puede ser parte para cualquier efecto, sino sólo para los que le sean favorables, pero no es eso lo que se pregunta, ni ese hecho invalida la aseveración de la respuesta A.

References: artículo 25
 artículo 50
 artículo 110
 artículo 56
 Real Decreto 
 artículo 703
 artículo 6
 artículo 6