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Timestamp: 2019-08-20 02:04:30+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2019-9971
Documento BOE-A-2019-9971
«BOE» núm. 159, de 4 de julio de 2019, páginas 71640 a 71656 (17 págs.)
BOE-A-2019-9971
En el recurso interpuesto por don J. G. P., abogado del Estado, en nombre y representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, contra la nota de calificación extendida por el registrador de la Propiedad de Almonte, don José Carlos Roca García-Valdecasas, por la que se suspende la inscripción de una certificación de acta de adjudicación directa en procedimiento de apremio administrativo.
Mediante certificación administrativa, de fecha 20 de febrero de 2019, expedida por la jefa de la Delegación Regional Adjunta de Recaudación de Andalucía de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se acreditó el acuerdo dictado por dicha Delegación por el que se aprobaba la adjudicación directa de determinada finca, objeto de un procedimiento administrativo de enajenación, tras quedar desierta la previa subasta.
Presentada el día 26 de febrero de 2019 la citada certificación en el Registro de la Propiedad de Almonte, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
Correos-Agencia Tributaria, presentó el 26/02/2019, mandamiento expedido el 20/02/2019, por la Agencia Tributaria-Dependencia Regional de Recaudación, en expediente administrativo de apremio de adjudicación directa como consecuencia de la subasta n.º S2018R4186003024, que causó el asiento de presentación número 1568, del Libro Diario 181.
1. De conformidad con el artículo 18 L.H., artículo 99 R.H, así como artículos 107, 109 y 112 del Reglamento General de Recaudación, tras la reforma operada por Real Decreto 1071/2017 de 29 de diciembre, de aplicación al presente procedimiento, al haber quedado desiertas las correspondientes subastas en primera y segunda licitación no cabe la adjudicación directa del bien o derecho embargado, sino proceder a la adjudicación de los bienes a la hacienda pública o el inicio de un nuevo procedimiento de enajenación mediante subasta, sin perjuicio de la posibilidad de adjudicación directa al amparo de la letra C) del propio artículo 107 R.G.R en aquellos casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, justificando las razones que motivan dicha adjudicación directa en el propio expediente, cosa que no consta en el presente expediente.
2. No consta el domicilio del adjudicatario «Adrimar Inversiones 2016, S.L.», de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 R.H.
En virtud de lo anteriormente expuesto, se suspende la práctica de la anotación ordenada, por al defecto subsanable antes indicado.
De acuerdo con el Artículo 323 de la Ley Hipotecaria, queda prorrogado el asiento de presentación por un plazo de 60 días hábiles desde esta notificación.
Contra la presente nota de calificación: (…).
Almonte, a trece de marzo del año dos mil diecinueve. El registrador (firma ilegible) Fdo. Don José Carlos Roca García-Valdecasas.»
Contra la anterior nota de calificación, don J. G. P., abogado del Estado, en nombre y representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, interpuso recurso el día 19 de marzo de 2019 mediante escrito y con arreglo a las siguientes alegaciones:
I. El recurso se interpone, dentro de plazo, al amparo de los artículos 323 y siguientes de la Ley Hipotecaria.
II. La calificación del Sr. Registrador suspende la inscripción del acta de adjudicación de la Finca 11155, acordada en procedimiento de apremio tramitado por la AEAT por estimar concurrentes dos defectos subsanables:
Respecto de uno de ellos, la falta de expresión del domicilio del adjudicatario, no tenemos nada que objetar y será oportunamente subsanado.
Sin embargo, es en relación con al segundo de los defectos apreciados respecto del que hemos de manifestar nuestra discrepancia. En efecto, considera el Registrador que no es posible la práctica de la inscripción solicitada por haber utilizado la AEAT un procedimiento de enajenación, el de adjudicación directa, que considera derogado para el supuesto de hecho calificado, fundamentando su decisión en el art. 107 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, en la redacción dada a los mismos por el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre que, entre otros aspectos, suprime la posibilidad de acudir al procedimiento de adjudicación directa en caso de que quede desierta la subasta en primera y segunda licitación.
III. 1. El primer motivo del presente recurso se fundamenta en el exceso de la calificación registral, con vulneración de los artículos 18 de la Ley Hipotecaria (en adelante, LH) y 99 del Reglamento Hipotecario (en adelante, RH) que regulan la calificación registral como medio o instrumento para hacer efectivo el principio de legalidad, en concreto, en relación con la calificación de documentos administrativos.
Así, el artículo 18 LH dispone que “Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro”. Por su parte, para el caso de los documentos administrativos, el artículo 99 RH indica que «La calificación registral de documentos administrativos se extenderá, en todo caso, a la competencia del órgano, a la congruencia de la resolución con la clase de expediente o procedimiento seguido, a las formalidades extrínsecas del documento presentado, a los trámites e Incidencias esenciales del procedimiento, a la relación de éste con el titular registral y a los obstáculos que surjan del Registro.»
IV. Enlazando con lo anterior, y sin perjuicio de lo alegado respecto a la vulneración de las normas reguladoras de la calificación registral, estimamos que la efectuada en este caso por Registrador responde al desconocimiento de la fecha de inicio del procedimiento de enajenación o, en su caso, a una incorrecta interpretación de la normativa transitoria aplicable a la modificación introducida en el Reglamento General de Recaudación por el Real Decreto 1071/2017, siendo válida la actuación de la Agencia Tributaria.
En esencia, la calificación, salvo que, como apuntábamos parta del desconocimiento del dato referente a la fecha de inicio del procedimiento de enajenación, anterior al 1 de septiembre de 2018, se basa implícitamente en que a la luz de la Disposición Transitoria Tercera del RGR, desde el 1 de enero de 2018, una vez quede desierta la segunda subasta no es posible acordar la adjudicación directa de la finca, sino que lo único posible era proponer la adjudicación a la propia Hacienda Pública, o bien, comenzar un nuevo procedimiento de enajenación por subasta.
En efecto, de acuerdo con el criterio implícitamente seguido por el registrador, a estos expedientes les sería aplicable el nuevo régimen material de la subasta, pero no las normas de desarrollo de la misma. Pues bien, como señala la exposición de motivos del RD 1071/2017, «La adjudicación directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta. Se trata de simplificar el procedimiento de enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su transparencia y agilidad».
Por último, no puede decirse que la adjudicación directa era gravemente perjudicial para el deudor, sin generar un beneficio para la Hacienda Pública, razón por la cual es preferible, ante la duda existente, optar por el régimen nuevo sobre el anterior. Fue el legislador el que regula esta forma de enajenación, no pudiendo fundamentarse en esta sede los beneficios o perjuicios de un procedimiento previsto en la Ley General Tributaria. Por otro lado, la Ley garantiza los derechos del deudor al intervenir en todo el procedimiento de apremio, y en el caso de la adjudicación directa, mediante la garantía de un precio mínimo de adjudicación (artículo 107.4 RGR)».
El registrador emitió informe el día 27 de marzo de 2019, ratificándose íntegramente en el contenido de la nota de calificación impugnada, y remitió el expediente a este Centro Directivo.
a) seguido procedimiento administrativo de apremio contra don J. M. R. V., la Agencia Tributaria tras dictar la correspondiente providencia de apremio, y practicada anotación preventiva de embargo sobre la finca, el órgano de recaudación competente adopta y notifica el acuerdo de enajenación mediante subasta del bien embargado, conforme a lo previsto en el artículo 101.2 del Reglamento General de Recaudación.
b) la finca objeto de la subasta se valora por la Administración tributaria en la cantidad de 27.417,52 euros, sin que conste sobre la misma cualesquiera otras cargas o gravámenes inscritos en el Registro de la Propiedad.
c) celebrada la subasta el día 12 de diciembre de 2018, conforme a lo previsto en el artículo 104 del Reglamento General de Recaudación, se declara desierta en primera y segunda licitación.
d) la mesa de la subasta, visto el resultado de la subasta desierta, acuerda el día 29 de enero de 2019 continuar el expediente de enajenación mediante el procedimiento de enajenación directa, sin exigencia de tipo o precio mínimo, resolviendo, según consta en el acta de adjudicación directa cuya certificación es objeto de la calificación impugnada, declarar en dicho procedimiento adjudicatario del lote integrado por la finca registral número 11.155, previamente subastada, a la entidad «Adrimar Inversiones 2016» (sic), por el importe de 11.500 euros.
El registrador suspende la inscripción, además de por otro defecto que no es objeto de recurso, por entender que no resulta posible la práctica de la inscripción solicita por haber sido acordada la adjudicación directa en una fecha en que ya había entrado en vigor la reforma del Reglamento General de Recaudación operada por el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, que, entre otras modificaciones, suprimía la posibilidad de que, desierta la subasta en segunda licitación, se acordara la enajenación de los bienes embargados por el procedimiento de adjudicación directa, modificación en vigor desde el 1 de enero de 2018.
Como hemos visto, en el presente caso el registrador cuestiona la idoneidad del procedimiento de adjudicación directa seguido para la realización del bien, al considerar que en el supuesto de hecho de este expediente no concurre ninguna de las causas legales habilitantes de la adjudicación directa, como procedimiento excepcional frente a la regla general de la enajenación mediante subasta, al haber sido suprimida entre tales causas habilitantes la relativa a haber quedado desierta la subasta del bien, en virtud de la reforma del artículo 107 del Reglamento General de Recaudación en virtud del Real Decreto 1071/2017, de 29 de enero, reforma que estaba en vigor el 25 de mayo de 2018 en que se celebró la subasta y el 29 de noviembre en que se abrió el procedimiento de adjudicación directa. Discutiéndose, por tanto, la idoneidad o admisibilidad legal del procedimiento seguido, y siendo este extremo uno de los que conforme a las disposiciones y doctrina antes expuestos están sujetos a la calificación registral, no cabe sino desestimar este primer motivo de oposición a la calificación impugnada.
De la calificación se desprende que, tanto la interpretación literal de la citada disposición transitoria cuarta (que se refiere explícitamente de forma inequívoca y exclusiva a las «normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado»), como su interpretación finalista y sistemática conducen a la conclusión anterior, pues siendo la finalidad de la referida eliminación de la adjudicación directa como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta, según el preámbulo del Real Decreto 1071/2017, «simplificar el procedimiento de enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su transparencia y agilidad», resulta contrario a dicha finalidad acudir, en defecto de adjudicación del bien a la propia Hacienda Pública (vid. artículo 109 del Reglamento General de Recaudación), a un procedimiento de menor publicidad y concurrencia (adjudicación directa) que a otro con mayores niveles de concurrencia y transparencia (nueva subasta), nueva subasta que es lo que procede en defecto de adjudicación del bien a la Hacienda Pública (cfr. artículo 112.2 del citado Reglamento).
Y precisamente por haberlo entendido así, aun estando tasada la finca (siendo éste el tipo de la subasta) en 27.417,52 euros, sin embargo fue adjudicada por la cantidad muy inferior de 11.500 euros, es decir el 41,9% de su valor de tasación. Este hecho avala la afirmación sobre el perjuicio sufrido por el deudor, y la falta de beneficio correlativo para la Hacienda Pública, que se sigue del hecho de haber acudido al trámite de la adjudicación directa, pues el crédito público ha quedado parcialmente insatisfecho al no quedar cubierto en su totalidad por la cifra abonada por el adjudicatario, según resulta del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, presentado junto con la certificación de la adjudicación directa, según el cual «se hace constar que el valor obtenido en la adjudicación no ha sido suficiente para cubrir el importe total del crédito a favor de la Hacienda Pública en virtud del cual se ejecutó el bien».

References: artículo 18
 artículo 99
 Real Decreto 
 artículo 107
 artículo 51
 Artículo 323
 Real Decreto 
 artículo 18
 artículo 99
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 101
 artículo 104
 Real Decreto 
 artículo 107
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 109
 artículo 112