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Timestamp: 2017-12-15 08:24:44+00:00

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Orden EHA/407/2008, de 7 de febrero, por la que se desarrolla la normativa de planes y fondos de pensiones en materia financiero-actuarial, del rÃ©gimen de inversiones y de procedimientos registrales.
La presente Orden tiene por objeto el desarrollo de determinadas materias reguladas en el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real DecretoÂ 304/2004, de 20 de febrero, que ha sido objeto de modificaciones posteriores de especial relevancia. Primero fue modificado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas y se modifica dicho Reglamento de planes y fondos de pensiones, adaptando Ã©ste a las reformas del rÃ©gimen de aportaciones, prestaciones y contingencias introducidas en el texto refundido de la Ley de regulaciÃ³n de los planes y fondos de pensiones aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por la Ley 35/2006, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, y de modificaciÃ³n parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. Recientemente, el Real Decreto 1684/ 2007, de 14 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento de planes y fondos de pensiones aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, y el Reglamento sobre la instrumentaciÃ³n de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, ha introducido en el de planes y fondos de pensiones un desarrollo normativo amplio que abarca distintas materias, entre ellas los aspectos financieros-actuariales de los planes de pensiones, y profundiza especialmente en el rÃ©gimen de inversiones de los fondos de pensiones, completando el marco normativo de los instrumentos de previsiÃ³n social complementaria y la movilizaciÃ³n entre los mismos. TambiÃ©n se incluyen en esta Orden desarrollos puntuales de las normas reglamentarias sobre procedimientos administrativos de autorizaciones y comunicaciones registrales, asÃ­ como de integraciÃ³n de planes de empleo en fondos de pensiones en el Ã¡mbito de la actividad transfronteriza regulada en el capÃ­tulo X del texto refundido de la Ley de regulaciÃ³n de los planes y fondos de pensiones. Esta Orden consta de 24 artÃ­culos agrupados en tres capÃ­tulos, una disposiciÃ³n adicional, una disposiciÃ³n transitoria, una disposiciÃ³n derogatoria y una disposiciÃ³n final, y se acompaÃ±a de dos anexos que incorporan cuestionarios a cumplimentar por los socios y altos cargos de las entidades gestoras.
El capÃ­tulo primero contiene un desarrollo sobre la actividad de los actuarios y normas de naturaleza actuarial aplicables a los planes de pensiones.
El Reglamento de planes y fondos de pensiones, en desarrollo del principio bÃ¡sico establecido en el artÃ­culo 5.1.b) del texto refundido de la Ley de regulaciÃ³n de los planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, estableciÃ³ la tipologÃ­a y condiciones de aplicaciÃ³n de los sistemas de capitalizaciÃ³n.
El citado Reglamento de planes y fondos de pensiones, en sus artÃ­culos 18, 19 y 20, encomienda al Ministro de EconomÃ­a y Hacienda la fijaciÃ³n del contenido y requisitos a que se ha de ajustar la base tÃ©cnica que deberÃ¡n incorporar como anexo a sus especificaciones los planes de pensiones que contemplen prestaciones definidas para todas o alguna de las contingencias o prestaciones causadas, asÃ­ como la fijaciÃ³n de los criterios relativos a las hipÃ³tesis demogrÃ¡ficas, financieras y econÃ³micas aplicables en el cÃ¡lculo de las provisiones matemÃ¡ticas o restantes provisiones tÃ©cnicas que los mismos deban constituir.
Por otra parte, la disposiciÃ³n adicional Ãºnica del Real Decreto 1589/1999, de 15 de octubre, por el que se modificÃ³ el antiguo Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto 1307/88, de 30 de septiembre, habilitÃ³ al Ministro de EconomÃ­a y Hacienda a adaptar los tipos de interÃ©s e hipÃ³tesis a la evoluciÃ³n de la experiencia demogrÃ¡fica y de los mercados financieros y desarrollar normas de naturaleza actuarial aplicables a los planes de pensiones.
El contenido del capÃ­tulo primero de la presente disposiciÃ³n se dicta en cumplimiento de los mandatos reglamentarios, atendiendo en primer lugar a la necesidad de actualizar, sistematizar y delimitar la actividad profesional de los actuarios en materia de planes de pensiones.
En la definiciÃ³n de los criterios generales a que se han de ajustar las hipÃ³tesis demogrÃ¡ficas, financieras y econÃ³micas, se ha pretendido conciliar la flexibilidad, admitiendo los procedimientos y mÃ©todos contrastados tÃ©cnicamente, con la imprescindible prudencia que requieren los cÃ¡lculos extendidos a largo plazo y los mÃºltiples elementos de riesgo que pueden afectar a los planes de prestaciÃ³n definida y mixtos.
Con respecto a las hipÃ³tesis econÃ³micas y financieras aplicables, teniendo en cuenta la experiencia de los Ãºltimos aÃ±os en el sector de los planes de pensiones y fondos de pensiones y la constante evoluciÃ³n de los tipos de interÃ©s, se considera conveniente introducir una flexibilizaciÃ³n y permitir la utilizaciÃ³n de tipos de interÃ©s variable, que sean mÃ¡s acordes con las rentabilidades realmente obtenidas.
A este respecto, se publicarÃ¡ anualmente un tipo de interÃ©s por la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones que actuarÃ¡ como lÃ­mite en los planes de pensiones que garanticen alguna prestaciÃ³n. No obstante, este lÃ­mite podrÃ¡ ser superado en determinados casos y bajo determinadas condiciones en funciÃ³n del rendimiento neto obtenido por el plan.
Por lo que se refiere a las hipÃ³tesis demogrÃ¡ficas, la conveniencia de evitar el desfase que puede suponer la utilizaciÃ³n de tablas demogrÃ¡ficas basadas en experiencias alejadas en el tiempo del momento actual, se ha resuelto definiendo los requisitos que deben cumplir las tablas de mortalidad, supervivencia e invalidez a aplicar por los planes de pensiones.
Por otra parte, se adaptan los requisitos exigibles a las tablas aplicables, a efectos de lo establecido en la Ley OrgÃ¡nica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, exigiendo justificaciÃ³n estadÃ­stica en el caso de la utilizaciÃ³n de tablas que contengan probabilidades diferentes para cada sexo.
Con respecto a las distintas magnitudes actuariales, se pretende clarificar determinados aspectos relativos a la cuantificaciÃ³n y definiciÃ³n de las mismas, distinguiendo entre aportaciones y contribuciones ordinarias y aportaciones y contribuciones excepcionales, estableciendo las normas generales aplicables para el cÃ¡lculo de las provisiones matemÃ¡ticas y otras magnitudes actuariales, o regulando especÃ­ficamente determinados aspectos relativos a los planes de pensiones asegurados.
Dada la trascendencia que tiene la aplicaciÃ³n de uno u otro mÃ©todo de valoraciÃ³n actuarial para la determinaciÃ³n del coste anual del plan, la presente disposiciÃ³n introduce una delimitaciÃ³n de los mÃ©todos aplicables, normalizando y limitando este contenido de la base tÃ©cnica frente a la diversidad terminolÃ³gica y conceptual existente. Se introduce como novedad la necesidad de que el mÃ©todo aplicado permita conocer la evoluciÃ³n y situaciÃ³n del plan en cada momento, impidiÃ©ndose la aplicaciÃ³n de mÃ©todos basados en la edad alcanzada por el partÃ­cipe en cada ejercicio.
Asimismo, se pretende sistematizar y concretar los requisitos y medidas que deberÃ¡n adoptarse en el caso de la aplicaciÃ³n de excedentes o del tratamiento del dÃ©ficit que se ponga de manifiesto en un plan de pensiones introduciÃ©ndose como novedad la regulaciÃ³n de los requisitos que deberÃ¡ cumplir el plan de amortizaciÃ³n del dÃ©ficit.
Por Ãºltimo se aclaran determinados aspectos de la cuantificaciÃ³n y movilizaciÃ³n de los derechos consolidados de los partÃ­cipes en relaciÃ³n con el criterio general de no penalizaciÃ³n y sus excepciones.
El capÃ­tulo segundo tiene por objeto el desarrollo de ciertos aspectos del rÃ©gimen jurÃ­dico en materia de inversiones de los fondos de pensiones contenido en el Reglamento de planes y fondos de pensiones.
En dicho capÃ­tulo se precisa quÃ© ha de entenderse por agentes financieros a efectos de la norma reglamentaria; se desarrolla el rÃ©gimen aplicable a los instrumentos derivados, determinÃ¡ndose los requisitos que les resultan exigibles segÃºn tengan o no la condiciÃ³n de negociados en mercados regulados del Ã¡mbito de la OrganizaciÃ³n para la CooperaciÃ³n y Desarrollo EconÃ³mico; y se concreta el concepto de activo financiero estructurado, su tipologÃ­a y los requisitos que ha de cumplir, estableciendo por Ãºltimo los criterios de calificaciÃ³n crediticia aplicables.
El capÃ­tulo tercero desarrolla determinados aspectos de los procedimientos de autorizaciones y comunicaciones correspondientes a los Registros Especiales de Fondos de Pensiones y de Entidades Gestoras y Depositarias.
El Reglamento de planes y fondos de pensiones habilita al Ministro de EconomÃ­a y Hacienda para dictar normas de desarrollo relativas a los procedimientos administrativos de autorizaciÃ³n e inscripciÃ³n, necesarias para el acceso a la actividad de los fondos de pensiones y sus entidades gestoras y depositarias, asÃ­ como para determinadas modificaciones de los fondos de pensiones, y para la fusiÃ³n y escisiÃ³n de las entidades gestoras. Asimismo, tambiÃ©n habilita al Ministro para dictar normas de desarrollo del deber de comunicaciÃ³n de modificaciones de la informaciÃ³n contenida en los Registros Administrativos Especiales de los fondos y de las citadas entidades, y obligaciones de informaciÃ³n sobre los planes de pensiones adscritos, asÃ­ como sobre las Comisiones de control, y en relaciÃ³n con los altos cargos de las entidades gestoras y concurrencia en Ã©stas de vÃ­nculos estrechos con otras entidades, y otros extremos relativos a su organizaciÃ³n y programas de actividad.
Por otra parte, la Ley 11/2006, de 16 de mayo, de adaptaciÃ³n de la legislaciÃ³n espaÃ±ola al rÃ©gimen de actividades transfronterizas regulado en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y supervisiÃ³n de los fondos de pensiones de empleo, aÃ±adiÃ³ un nuevo capÃ­tulo X en el texto refundido de la Ley de regulaciÃ³n de los planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, en el cual se regulan, entre otros aspectos, los procedimientos administrativos de integraciÃ³n de planes de pensiones de empleo en fondos de pensiones de empleo en el Ã¡mbito de la actividad transfronteriza, y se prevÃ© la llevanza de un Registro de fondos de pensiones de empleo de otros Estados miembros que actÃºen en EspaÃ±a, habilitando al Ministro de EconomÃ­a y Hacienda para dictar normas mÃ¡s detalladas sobre estos procedimientos.
El capÃ­tulo tercero de esta Orden desarrolla algunos aspectos de las citadas normas que es preciso detallar y actualizar, y en los Anexos I y II se establecen los cuestionarios que han de cumplimentar los altos cargos y los socios con participaciÃ³n significativa de las entidades gestoras.
ArtÃ­culo 1. Actividad profesional de los actuarios en relaciÃ³n con los planes de pensiones.
1. Los informes y dictÃ¡menes actuariales a los que hace referencia la legislaciÃ³n vigente de planes y fondos de pensiones deberÃ¡n ser firmados por actuarios personas fÃ­sicas con indicaciÃ³n, en su caso, de la empresa de servicios actuariales para la que el actuario desarrolle su actividad.
2. SerÃ¡n funciones a desarrollar por un actuario cualificado profesionalmente conforme a la normativa y disposiciones aplicables:
a) La elaboraciÃ³n del dictamen solicitado por parte de la comisiÃ³n promotora sobre la suficiencia del sistema actuarial y financiero del proyecto definitivo del plan de pensiones en los casos en que el mismo sea necesario.
b) La elaboraciÃ³n del dictamen que ponga de manifiesto la existencia de un dÃ©ficit en planes de empleo que permita realizar aportaciones excepcionales cuando sea preciso para garantizar las prestaciones en curso o los derechos de los partÃ­cipes de planes de prestaciÃ³n definida para jubilaciÃ³n.
c) La elaboraciÃ³n de las revisiones actuariales.
d) La prestaciÃ³n de los servicios actuariales necesarios para el desenvolvimiento ordinario del plan de pensiones definido en la disposiciÃ³n adicional tercera del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero.
e) La elaboraciÃ³n del informe actuarial de valoraciÃ³n de los derechos por servicios pasados y, en su caso, de las obligaciones ante jubilados y beneficiarios derivadas de los planes de reequilibrio constituidos.
ArtÃ­culo 2. Bases tÃ©cnicas.
1. Como anexo a las especificaciones de los planes de pensiones se elaborarÃ¡ la base tÃ©cnica correspondiente, prevista en el apartado e) del artÃ­culo 18 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero.
La elaboraciÃ³n de dicha base tÃ©cnica deberÃ¡ efectuarse por un actuario cualificado profesionalmente conforme a la normativa y disposiciones legales aplicables.
2. La base tÃ©cnica del plan de pensiones comprenderÃ¡, en cuanto proceda, segÃºn la modalidad de plan de pensiones, los siguientes apartados:
a) InformaciÃ³n genÃ©rica: contendrÃ¡ la descripciÃ³n detallada de las prestaciones, devengo y forma de determinaciÃ³n de las mismas conforme a las especificaciones del plan, incluyendo, en su caso, definiciÃ³n y composiciÃ³n de las magnitudes, tales como salario, antigÃŒedad, base de cotizaciÃ³n u otras variables de referencia.
c) Tipo de interÃ©s aplicado.
d) EvoluciÃ³n prevista de los parÃ¡metros y variable de contenido econÃ³mico que puedan afectar a la cuantificaciÃ³n de las aportaciones o prestaciones contenidas en el plan.
e) Sistema de capitalizaciÃ³n y mÃ©todo de valoraciÃ³n actuarial.
f) FÃ³rmulas aplicadas para la determinaciÃ³n del coste del plan y de las provisiones matemÃ¡ticas, incluyendo, en su caso, la previsiÃ³n relativa a la constituciÃ³n de las reservas patrimoniales que integren el margen de solvencia.
g) Destino y aplicaciÃ³n de los excedentes generados por las desviaciones positivas registradas entre las hipÃ³tesis utilizadas en el plan y la experiencia real obtenida, asÃ­ como su posible incidencia en la cuantÃ­a de las aportaciones futuras o de las prestaciones.
h) Procedimiento de determinaciÃ³n de los derechos consolidados con carÃ¡cter general y en el caso de movilizaciÃ³n de los mismos.
3. Cuando se prevea el aseguramiento parcial o total de un plan de pensiones, la base tÃ©cnica de Ã©ste incorporarÃ¡ informaciÃ³n detallada de las condiciones del contrato de seguro y se harÃ¡n constar los datos sobre primas y derechos econÃ³micos derivados de la operaciÃ³n que tengan incidencia en la determinaciÃ³n de derechos consolidados, prestaciones y movilizaciÃ³n de la cuenta de posiciÃ³n del plan.
En todo caso la cobertura ofrecida por los dos instrumentos deberÃ¡ ser coincidente, no siendo aceptables exclusiones en el clausulado del contrato de seguro concertado no recogidas en el plan de pensiones. Asimismo, deberÃ¡n ser coincidentes las hipÃ³tesis econÃ³micas y actuariales establecidas en la base tÃ©cnica del plan de pensiones y las derivadas del contrato de seguro concertado. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artÃ­culo 7 de esta Orden en lo referente al aseguramiento parcial del plan de pensiones. En aquellos planes de pensiones de aportaciÃ³n definida que prevean prestaciones garantizadas en forma de capital-renta o de renta temporal o vitalicia, la base tÃ©cnica del plan de pensiones coincidirÃ¡ con las condiciones tÃ©cnicas correspondientes al contrato de seguro concertado.
4. Cuando en un plan de pensiones se estipule la concertaciÃ³n de avales u otras garantÃ­as externas con entidades financieras, la base tÃ©cnica del mismo incluirÃ¡ informaciÃ³n detallada sobre las condiciones de dichos contratos y la forma en que atenderÃ¡ el coste de las citadas garantÃ­as.
ArtÃ­culo 3. HipÃ³tesis econÃ³mico-financieras.
1. En los planes de pensiones respecto a las contingencias en que estÃ© definida la prestaciÃ³n y para las que se garantice exclusivamente un interÃ©s mÃ­nimo o determinado en la capitalizaciÃ³n de las aportaciones, el tipo de interÃ©s utilizable no podrÃ¡ ser superior a:
a) Para los compromisos del plan expresados en euros, el 100 por 100 de los tipos de interÃ©s medios de los emprÃ©stitos materializados en bonos y obligaciones del Estado correspondientes al Ãºltimo trimestre del ejercicio anterior al que resulte de aplicaciÃ³n. La DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones publicarÃ¡ anualmente el tipo de interÃ©s resultante de la aplicaciÃ³n del criterio anterior.
b) Para los compromisos del plan expresados en moneda distinta del euro, el 100 por 100 de los tipos de interÃ©s medios de los emprÃ©stitos materializados en bonos y obligaciones del respectivo Estado, correspondientes al Ãºltimo trimestre del ejercicio anterior al que resulte de aplicaciÃ³n.
2. No obstante, si el tipo de interÃ©s publicado por la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones para cada ejercicio econÃ³mico es inferior al empleado por el plan en el ejercicio anterior, podrÃ¡ utilizar, sin sobrepasar este Ãºltimo, el rendimiento neto obtenido por el plan.
Por el contrario, si el tipo de interÃ©s publicado por la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones para cada ejercicio econÃ³mico es superior al empleado por el plan en el ejercicio anterior, sÃ³lo podrÃ¡ utilizarse aquÃ©l si el rendimiento neto obtenido por el plan en el ejercicio anterior es superior al publicado. En otro caso deberÃ¡ mantenerse el utilizado por el plan en el ejercicio anterior o el rendimiento neto obtenido por el plan si Ã©ste fuera superior.
Para el cÃ¡lculo de dicho rendimiento neto se tendrÃ¡ en cuenta la media ponderada de las rentabilidades obtenidas por el plan de pensiones en los Ãºltimos tres ejercicios econÃ³micos. La ponderaciÃ³n a efectuar serÃ¡ del 50 por ciento para el Ãºltimo aÃ±o, del 30 por ciento para el aÃ±o anterior y, del 20 por ciento para el primero de la serie.
A estos efectos, en aquellos planes de pensiones en los que el plazo transcurrido desde la formalizaciÃ³n del mismo sea inferior a tres aÃ±os, el cÃ¡lculo del rendimiento neto se efectuarÃ¡ teniendo en cuenta las rentabilidades obtenidas por el plan en los aÃ±os transcurridos desde su formalizaciÃ³n, sin aplicar ponderaciones.
Todo lo anterior se entenderÃ¡ sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artÃ­culo 8 de la presente Orden con respecto a la modificaciÃ³n de las hipÃ³tesis empleadas en las Bases TÃ©cnicas de los planes de pensiones en caso de dÃ©ficit.
3. Una vez establecido el tipo de interÃ©s, las restantes hipÃ³tesis sobre evoluciÃ³n de parÃ¡metros o variables de contenido econÃ³mico utilizadas en el cÃ¡lculo de las aportaciones y prestaciones, deberÃ¡n ser coherentes entre sÃ­, con el tipo de interÃ©s, con el comportamiento reciente de las mismas y con las expectativas del mercado.
ArtÃ­culo 4. HipÃ³tesis demogrÃ¡ficas.
Las tablas de supervivencia, mortalidad e invalidez podrÃ¡n basarse en la propia experiencia del colectivo, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
a) El perÃ­odo de observaciÃ³n de dichas tablas no podrÃ¡ ser anterior en mÃ¡s de veinte aÃ±os a la fecha de cÃ¡lculo de la provisiÃ³n.
b) Las tablas deberÃ¡n estar contrastadas con el comportamiento real del colectivo durante un perÃ­odo no inferior a los cuatro Ãºltimos aÃ±os ni superior a los Ãºltimos diez.
c) La informaciÃ³n estadÃ­stica en la que se basen deberÃ¡ cumplir los requisitos de homogeneidad y representatividad del riesgo, e incluir informaciÃ³n suficiente que permita una inferencia estadÃ­stica, indicando el tamaÃ±o de la muestra, mÃ©todo de obtenciÃ³n de la misma y perÃ­odo al que se refiere, que deberÃ¡ ajustarse a lo previsto en el apartado a) anterior.
d) En caso de que contengan probabilidades diferentes para cada sexo deberÃ¡n justificarse estadÃ­sticamente.
Cuando el contraste no sea posible o fiable, se considerarÃ¡n aplicables las tablas de experiencia nacional o extranjera no particulares, ajustadas segÃºn tratamientos estadÃ­sticos de general aceptaciÃ³n, siempre que el final del perÃ­odo de observaciÃ³n de las tablas no sea anterior en mÃ¡s de veinte aÃ±os a la fecha de cÃ¡lculo de la provisiÃ³n.
La mortalidad, supervivencia e invalidez reflejada en las tablas aplicadas deberÃ¡ encontrarse dentro de los intervalos de confianza generalmente admitidos por la experiencia espaÃ±ola.
ArtÃ­culo 5. Aportaciones y contribuciones.
1. Las aportaciones a un plan de pensiones se fijarÃ¡n conforme al sistema y modalidad del mismo y en funciÃ³n de las condiciones contractuales previstas en Ã©l. Cada plan de pensiones podrÃ¡ establecer las aportaciones en tÃ©rminos absolutos o en funciÃ³n de otras magnitudes como salarios, flujos empresariales, cotizaciones a la Seguridad Social u otras variables susceptibles de servir de referencia. En todo caso la cuantificaciÃ³n de las mismas se ajustarÃ¡ al lÃ­mite financiero establecido legalmente y, en su caso, a las limitaciones fiscales previstas en la normativa.
2. La aportaciÃ³n ordinaria anual al plan de pensiones vendrÃ¡ determinada por la suma de las siguientes magnitudes, segÃºn proceda:
a) Las contribuciones correspondientes a cualesquiera contingencias respecto de las que no estÃ© definida la prestaciÃ³n.
b) El coste normal correspondiente a las prestaciones definidas de jubilaciÃ³n.
c) El coste anual correspondiente a la cobertura de cada una de las otras contingencias en que estÃ© definida la prestaciÃ³n.
d) El coste por servicios pasados, incluidos los importes procedentes de las obligaciones de trasvase y amortizaciÃ³n del dÃ©ficit de los planes de reequilibrio.
e) La dotaciÃ³n a reservas patrimoniales destinadas a la cobertura del margen de solvencia.
f) La dotaciÃ³n destinada a la atenciÃ³n de los gastos imputables al plan.
3. SerÃ¡n aportaciones y contribuciones excepcionales al plan de pensiones:
a) El coste suplementario correspondiente a las desviaciones negativas en el comportamiento de las variables econÃ³micas, financieras y demogrÃ¡ficas, con respecto al previsto.
b) Las contribuciones del promotor necesarias para, a efectos de lo establecido en el artÃ­culo 6.1.c) del Reglamento de planes y fondos de pensiones, garantizar las prestaciones en curso o los derechos de los partÃ­cipes de planes que incluyan regÃ­menes de prestaciÃ³n definida para la jubilaciÃ³n efectuada como consecuencia de la existencia de un dÃ©ficit en el plan de pensiones que se haya puesto de manifiesto a travÃ©s del oportuno dictamen de actuario independiente o de las revisiones actuariales.
En ningÃºn caso se computarÃ¡ a estos efectos el dÃ©ficit generado como consecuencia de la existencia de lÃ­mites de aportaciÃ³n a planes de pensiones.
Con carÃ¡cter general, no podrÃ¡n efectuarse aportaciones excepcionales al plan de pensiones para cubrir el dÃ©ficit individual derivado de la cobertura de las prestaciones definidas de partÃ­cipes cuando el mismo pueda ser compensado por el superÃ¡vit que presenten otros partÃ­cipes del mismo plan de pensiones.
No obstante, en aquellos casos en los que dÃ©ficit y superÃ¡vit correspondan separadamente a los colectivos de partÃ­cipes o beneficiarios del plan, podrÃ¡n llevarse a cabo dichas aportaciones excepcionales sin necesidad de compensaciÃ³n previa.
c) Igualmente, serÃ¡n aportaciones excepcionales las contribuciones efectuadas por el promotor derivadas del ejercicio del derecho de rescate correspondiente a una pÃ³liza de seguro constituida como consecuencia de la existencia de lÃ­mites legales de aportaciÃ³n. En todo caso, dichas contribuciones estarÃ¡n sujetas al lÃ­mite global de aportaciÃ³n en el ejercicio econÃ³mico en el que se realicen.
4. En aquellos casos en los que el importe de las aportaciones que deban efectuarse al partÃ­cipe en un ejercicio econÃ³mico para la cobertura de las contingencias de prestaciÃ³n definida derivadas del plan de pensiones sea superior a los lÃ­mites legales, la base tÃ©cnica del plan deberÃ¡ establecer un sistema de reducciÃ³n de prestaciones por el importe actuarialmente equivalente a las aportaciones que no puedan realizarse por la existencia de dichos lÃ­mites.
De acuerdo con lo establecido en la disposiciÃ³n adicional primera del texto refundido de la Ley de regulaciÃ³n de los planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, y en el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre la instrumentaciÃ³n de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, cuando pese a la reducciÃ³n de las prestaciones en el plan de pensiones, subsista la totalidad de los compromisos por pensiones asumidos por la empresa con sus trabajadores, deberÃ¡ integrarse el importe de dicho exceso sobre el lÃ­mite legal en una pÃ³liza de seguros que garantice la financiaciÃ³n de la totalidad de los compromisos asumidos.
ArtÃ­culo 6. MÃ©todos de valoraciÃ³n actuarial y magnitudes fundamentales relativos a contingencias de jubilaciÃ³n en que estÃ© definida la prestaciÃ³n.
1. Los mÃ©todos de valoraciÃ³n actuarial aplicables para la determinaciÃ³n del coste anual del plan podrÃ¡n basarse en la asignaciÃ³n de beneficios o del coste.
En concreto, los dos mÃ©todos podrÃ¡n ser:
a) De asignaciÃ³n de beneficios: En estos mÃ©todos, cada aÃ±o se asigna una parte de la prestaciÃ³n total a reconocer en la fecha de jubilaciÃ³n, proporcional a los aÃ±os previstos de permanencia en el colectivo o a la suma total de salarios a la edad de jubilaciÃ³n.
b) De asignaciÃ³n del coste: Esos mÃ©todos distribuyen el coste de las prestaciones de forma regular a lo largo del perÃ­odo de permanencia del partÃ­cipe en el colectivo.
El coste normal puede ser de cuantÃ­a constante durante todos los aÃ±os o variable en funciÃ³n de la evoluciÃ³n del salario o del Ã­ndice de precios al consumo.
En todo caso, la distribuciÃ³n anual del coste deberÃ¡ basarse en la edad del partÃ­cipe en el momento de entrada en el colectivo en cuyo interÃ©s se cree el plan o bien, en la edad alcanzada en la fecha de su incorporaciÃ³n al plan o de modificaciÃ³n de las hipÃ³tesis de la base tÃ©cnica, no pudiendo aplicarse mÃ©todos basados en la edad alcanzada del partÃ­cipe en cada ejercicio, o cualquier otro que impida conocer la evoluciÃ³n y situaciÃ³n del plan en cada momento.
2. Como consecuencia de la aplicaciÃ³n de los mÃ©todos de valoraciÃ³n actuarial, deberÃ¡n explicitarse las siguientes magnitudes fundamentales relativas a las contingencias de jubilaciÃ³n en que estÃ© definida la prestaciÃ³n:
a) Valor actual de las prestaciones futuras: Es el valor actual actuarial de las obligaciones por prestaciones de jubilaciÃ³n previstas en el plan de pensiones.
b) Coste normal: Es el coste resultante para cada aÃ±o de funcionamiento del plan de pensiones segÃºn el mÃ©todo de valoraciÃ³n actuarial fijado en dicho plan y de acuerdo con las hipÃ³tesis econÃ³micas, financieras y demogrÃ¡ficas previstas en el mismo.
c) Coste por servicios pasados: Es el coste, determinado de acuerdo con el mÃ©todo de valoraciÃ³n actuarial, correspondiente a los derechos reconocidos explÃ­citamente a los partÃ­cipes por perÃ­odos anteriores a la implantaciÃ³n de un plan de pensiones o resultantes a la incorporaciÃ³n de mejoras en las prestaciones del plan.
d) Coste suplementario: Es el coste anual adicional al coste normal correspondiente a las desviaciones negativas en el comportamiento real de las variables econÃ³micas, financieras y demogrÃ¡ficas con respecto al previsto.
3. Una vez elegido el mÃ©todo de valoraciÃ³n actuarial deberÃ¡ utilizarse dicho mÃ©todo para todo el perÃ­odo de permanencia del partÃ­cipe en la empresa, es decir, tanto para los servicios pasados como para los servicios futuros, de forma que dicho mÃ©todo, permita distribuir el coste necesario para financiar la prestaciÃ³n definida de forma regular a lo largo de toda la vida activa del partÃ­cipe sin que se produzcan rupturas de mÃ©todo.
4. La existencia de lÃ­mites anuales de aportaciÃ³n a planes de pensiones no permitirÃ¡ la alteraciÃ³n del mÃ©todo de valoraciÃ³n establecido en el propio plan.
ArtÃ­culo 7. Provisiones matemÃ¡ticas y otras magnitudes: capitales en riesgo, otras provisiones tÃ©cnicas.
1. En la determinaciÃ³n de las provisiones matemÃ¡ticas a que se refiere el artÃ­culo 20 del Reglamento de planes y fondos de pensiones se tendrÃ¡n en cuenta las normas siguientes:
a) Se determinarÃ¡n individualmente para cada miembro del colectivo.
b) Se ajustarÃ¡n a la base tÃ©cnica del plan de pensiones utilizando las mismas hipÃ³tesis, interÃ©s y mÃ©todos actuariales que hayan servido de base para la valoraciÃ³n y cÃ¡lculo del coste del plan.
c) Las provisiones matemÃ¡ticas se constituirÃ¡n de forma independiente para cada una de las contingencias cubiertas por el plan. Por tanto, no resultarÃ¡ admisible la adscripciÃ³n de la provisiÃ³n matemÃ¡tica correspondiente a la prestaciÃ³n de jubilaciÃ³n, al cÃ¡lculo de los capitales en riesgo derivados de las contingencias de fallecimiento e invalidez. No obstante, en el caso de que en el cÃ¡lculo de la provisiÃ³n matemÃ¡tica para la contingencia de jubilaciÃ³n no se hubieran considerado las salidas derivadas de la invalidez del partÃ­cipe, sÃ­ podrÃ­a adscribirse la sobredotaciÃ³n derivada de la no consideraciÃ³n de dichas salidas para el cÃ¡lculo de los mencionados capitales en riesgo.
d) Las provisiones matemÃ¡ticas estarÃ¡n constituidas por la cifra que represente el exceso del valor actual actuarial de las prestaciones futuras contempladas en el plan, sobre el valor actual actuarial de las aportaciones que, en su caso, corresponda a cada miembro del colectivo. Para el cÃ¡lculo de la provisiÃ³n no podrÃ¡ tenerse en cuenta el coste suplementario derivado de la existencia de un dÃ©ficit en el plan de pensiones.
e) Cuando las provisiones matemÃ¡ticas se calculen una vez devengada la prestaciÃ³n, su importe coincidirÃ¡ con el valor actual actuarial de los pagos futuros que la completen.
f) En el caso de que el plan prevea el aseguramiento de las prestaciones definidas o de las prestaciones causadas de naturaleza actuarial, la cuenta de posiciÃ³n reflejarÃ¡ la provisiÃ³n matemÃ¡tica en poder del asegurador.
g) En los casos en los que se produzca aseguramiento parcial, se dotarÃ¡n por parte del plan las provisiones matemÃ¡ticas correspondientes al riesgo asumido directamente por el plan. A estos efectos, se entenderÃ¡ por aseguramiento parcial, entre otros, cuando la pÃ³liza cubra los riesgos biomÃ©tricos y de tipo de interÃ©s de la base tÃ©cnica del plan, sin garantizar los riesgos derivados de otras variables no asegurables que determinan el valor de las prestaciones previstas en la misma. No obstante, en estos casos, no serÃ¡ necesaria la constituciÃ³n de provisiones matemÃ¡ticas siempre y cuando en la base tÃ©cnica del plan de pensiones y en las condiciones tÃ©cnicas del contrato de seguro concertado se establezca un sistema de regularizaciÃ³n de primas con periodicidad mÃ­nima anual para todo el colectivo.
2. Para aquellas contingencias distintas de la jubilaciÃ³n en las que de acuerdo con lo dispuesto en las especificaciones del plan de pensiones, debido a las caracterÃ­sticas del perÃ­odo de cobertura, no se constituyan las provisiones matemÃ¡ticas en la forma establecida en el artÃ­culo 20 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, se periodificarÃ¡ la parte de la aportaciÃ³n correspondiente a estas coberturas destinada al cumplimiento de obligaciones futuras no extinguidas al cierre del ejercicio corriente.
ArtÃ­culo 8. Tratamiento del dÃ©ficit y del superÃ¡vit.
1. La base tÃ©cnica del plan de pensiones deberÃ¡ establecer el destino o aplicaciÃ³n de los excedentes generados por las desviaciones positivas registradas entre las hipÃ³tesis utilizadas en el mismo y la experiencia real obtenida, asÃ­ como su posible incidencia en la cuantÃ­a de las aportaciones futuras o de las prestaciones. PodrÃ¡n destinarse dichos excedentes, entre otros, a reducir las contribuciones presentes y futuras del promotor, a amortizar dÃ©ficits originados por desviaciones de hipÃ³tesis actuariales, a incrementar el margen de solvencia, a aumentar las prestaciones, o a aumentar los derechos consolidados. En cuanto al tratamiento del dÃ©ficit podrÃ¡n adoptarse las siguientes medidas: aplicaciÃ³n, en su caso, de la parte del margen de solvencia que exceda sobre el mÃ­nimo legal exigido, reducciÃ³n de prestaciones o establecimiento de costes suplementarios en los plazos indicados en el apartado siguiente.
2. La comisiÃ³n de control del plan de pensiones de empleo acordarÃ¡ anualmente la aplicaciÃ³n de excedentes o el tratamiento del dÃ©ficit que se pongan de manifiesto en el plan de pensiones, conforme a las previsiones contenidas en la Base TÃ©cnica del plan.
3. En el caso de la existencia de dÃ©ficit en el plan de pensiones, el mismo deberÃ¡ amortizarse mediante aportaciones constantes o decrecientes del promotor del plan de pensiones en un perÃ­odo de tiempo no superior a 5 aÃ±os. Dicho perÃ­odo podrÃ¡ ser ampliado hasta un mÃ¡ximo de 10 aÃ±os, previa autorizaciÃ³n por la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones. Una vez establecido el plan de amortizaciÃ³n del dÃ©ficit Ã©ste deberÃ¡ irse adaptando a las posibles modificaciones que se produzcan en el mismo como consecuencia de las condiciones reales del plan de pensiones, no pudiendo extenderse el perÃ­odo de amortizaciÃ³n, en ningÃºn caso, por encima del plazo establecido inicialmente.
4. En aquellos supuestos en los que el plan de pensiones presente una situaciÃ³n deficitaria superior al 10 por ciento en la cobertura de provisiones tÃ©cnicas y, en su caso, margen de solvencia, deberÃ¡ procederse a revisar las hipÃ³tesis empleadas en la base tÃ©cnica salvo que existan fundadas razones para estimar que el dÃ©ficit ha surgido por una desviaciÃ³n puntual.
TambiÃ©n deberÃ¡n modificarse las hipÃ³tesis empleadas cuando el dÃ©ficit presentado por el plan de pensiones, aun siendo inferior al 10 por ciento, suponga un porcentaje de relevancia y se presente de forma recurrente durante varios ejercicios econÃ³micos. Lo establecido en este apartado serÃ¡ de aplicaciÃ³n en el caso de planes de pensiones que se encuentren parcialmente asegurados de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artÃ­culo 7 de esta Orden.
Asimismo, en aquellos casos en los que el plan de pensiones presente reiteradamente un dÃ©ficit de cobertura que suponga la realizaciÃ³n de aportaciones extraordinarias por encima de los lÃ­mites legales establecidos para uno o varios partÃ­cipes, tambiÃ©n serÃ¡ necesaria la modificaciÃ³n de la base tÃ©cnica establecida en el apartado anterior.
Las nuevas hipÃ³tesis deberÃ¡n estar basadas en las expectativas de mercado en la fecha de modificaciÃ³n de la base tÃ©cnica no pudiendo situarse en un rango de variaciÃ³n superior al 25 por ciento respecto de la media del comportamiento real de las variables en los Ãºltimos 5 aÃ±os, salvo que se acredite adecuadamente la conveniencia de utilizar otras hipÃ³tesis distintas en base a las expectativas de los prÃ³ximos ejercicios.
ArtÃ­culo 9. CuantificaciÃ³n y movilizaciÃ³n de derechos consolidados.
1. Por lo que se refiere a los derechos consolidados correspondientes a prestaciones definidas, con periodicidad al menos anual, la entidad gestora del fondo de pensiones en el que se encuentre integrado el plan deberÃ¡ remitir a cada partÃ­cipe una certificaciÃ³n que deberÃ¡ incluir, entre otros, la cuantificaciÃ³n de sus derechos consolidados en el plan asÃ­ como la cuantificaciÃ³n de los derechos consolidados de los partÃ­cipes en caso de cese o extinciÃ³n de la relaciÃ³n laboral.
En estos casos las especificaciones podrÃ¡n prever la no inclusiÃ³n en el derecho consolidado de la parte del margen de solvencia correspondiente al partÃ­cipe.
Asimismo, las especificaciones podrÃ¡n prever los ajustes que se estimen pertinentes en el valor del derecho consolidado a estos efectos, como consecuencia de la existencia de un dÃ©ficit o superÃ¡vit en el plan de pensiones.
2. No serÃ¡ admisible la aplicaciÃ³n de penalizaciones en la cuantificaciÃ³n de los derechos consolidados en caso de cese o extinciÃ³n de la relaciÃ³n laboral salvo, en su caso, las derivadas de la rescisiÃ³n parcial de los contratos con entidades de seguros o financieras en relaciÃ³n con el valor de realizaciÃ³n de las inversiones afectas.
En estos supuestos, las especificaciones del plan de pensiones deberÃ¡n prever la posibilidad de permanencia del partÃ­cipe en el contrato de seguro concertado y en el plan de pensiones para evitar dichas penalizaciones.
En el caso de que en un plan de pensiones coexistan colectivos de aportaciÃ³n definida y de prestaciÃ³n definida no se podrÃ¡n minorar los derechos consolidados de los partÃ­cipes correspondientes al colectivo de aportaciÃ³n definida como consecuencia de la existencia de dÃ©ficit en el cÃ¡lculo de las prestaciones derivadas del colectivo de prestaciÃ³n definida.
RÃ©gimen de inversiones de los fondos de pensiones
ArtÃ­culo 10. Requisitos que deben cumplir los agentes financieros.
A efectos de lo dispuesto en el artÃ­culo 70.1 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, los agentes financieros deberÃ¡n ser entidades de crÃ©dito o sociedades de valores del Ã¡mbito de la OCDE sujetas a supervisiÃ³n prudencial de la autoridad de control de los respectivos Estados, dedicadas de forma habitual y profesional a la realizaciÃ³n de operaciones de este tipo y que tengan solvencia suficiente. A estos efectos, se presumirÃ¡ que la solvencia es suficiente cuando cuente con calificaciÃ³n crediticia favorable de una agencia especializada de reconocido prestigio y se incluya entre los tres primeros grupos de mÃ¡s alta calificaciÃ³n crediticia a que se refiere el artÃ­culo 17 de la presente Orden.
ArtÃ­culo 11. Instrumentos derivados no negociados en mercados regulados.
Los instrumentos derivados no negociados en mercados regulados adquiridos por los fondos de pensiones deberÃ¡n cumplir los requisitos siguientes:
a) Las contrapartes deberÃ¡n ser entidades financieras domiciliadas en los estados miembros de la OCDE sujetas a supervisiÃ³n prudencial de esos estados u organismos supranacionales de los que EspaÃ±a sea miembro, dedicadas de forma habitual y profesional a la realizaciÃ³n de operaciones de este tipo y que tengan solvencia suficiente. A estos efectos, se presumirÃ¡ que la contraparte tiene solvencia suficiente cuando cuente con calificaciÃ³n crediticia favorable de una agencia especializada y se incluya entre los tres primeros grupos de mÃ¡s alta calificaciÃ³n crediticia a que se refiere el artÃ­culo 17 de la presente Orden.
b) Las operaciones podrÃ¡n quedar sin efecto en cualquier momento a peticiÃ³n del fondo de pensiones, de modo que las clÃ¡usulas contractuales de cada operaciÃ³n deberÃ¡n permitir en todo momento su liquidaciÃ³n o cesiÃ³n a un tercero. Para asegurar el cumplimiento de este requisito, bien la contraparte o bien el intermediario financiero que hubiera asumido este compromiso y reÃºna los requisitos establecidos en el apartado a) anterior, estarÃ¡n obligados a ofrecer cotizaciones de compra y venta en cualquier momento a peticiÃ³n del fondo de pensiones. La diferencia mÃ¡xima de oscilaciÃ³n entre ambos tipos de cotizaciones deberÃ¡ haberse fijado en cada contrato asÃ­ como en los documentos informativos periÃ³dicos de la entidad elaborados con posterioridad a la firma del mismo. En el caso de cesiÃ³n a un tercero, Ã©ste deberÃ¡ subrogarse en la posiciÃ³n, como mÃ­nimo al precio que haya facilitado la contraparte o el intermediario financiero mencionados anteriormente para deshacer la operaciÃ³n en la misma fecha.
El cumplimiento de este requisito por el fondo de pensiones tambiÃ©n podrÃ¡ quedar acreditado con la existencia de al menos un agente financiero que, cumpliendo los requisitos establecidos en la letra a) anterior, ofrezca precios en firme de compra y venta, que se ajusten a las condiciones vigentes en el mercado en cada momento, de forma que permita al fondo de pensiones realizar sus inversiones o cerrar posiciones al citado precio.
d) Cuando la contraparte pertenezca al mismo grupo que la entidad gestora del fondo de pensiones, deberÃ¡ poderse probar que la operaciÃ³n se realiza a precios de mercado. Se presumirÃ¡ que se ha realizado a precios de mercado cuando la contraparte haya llevado a cabo otras operaciones en esas mismas condiciones con entidades no pertenecientes al grupo, o cuando el fondo de pensiones haya cerrado operaciones en esas condiciones con otra contraparte ajena al grupo al que pertenece la entidad gestora.
e) No resultarÃ¡ admisible la liquidaciÃ³n de posiciones en instrumentos derivados con subyacentes no financieros mediante la entrega fÃ­sica de los subyacentes.
ArtÃ­culo 12. Instrumentos derivados negociados en mercados regulados.
Los instrumentos derivados adquiridos en mercados regulados del Ã¡mbito de la OCDE en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 69.5 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, deberÃ¡n garantizar la liquidez de las posiciones, no resultando admisible su liquidaciÃ³n, cuando cuenten con subyacentes no financieros, mediante la entrega fÃ­sica de los subyacentes. La liquidez de las posiciones se entenderÃ¡ acreditada cuando el mercado cuente con una cÃ¡mara de compensaciÃ³n.
ArtÃ­culo 13. Activos financieros estructurados.
1. A los efectos de lo dispuesto en el artÃ­culo 70.2 del Reglamento de planes y fondos de pensiones se entenderÃ¡ por activo financiero estructurado aquel activo compuesto por combinaciÃ³n de dos o mÃ¡s activos, instrumentos derivados o combinaciÃ³n de ambos que se instrumenten a travÃ©s de un Ãºnico negocio jurÃ­dico, en los que el valor de mercado del activo financiero estructurado venga determinado por el valor de los instrumentos que lo integran, denominados colaterales; o bien, que el riesgo de crÃ©dito del activo estructurado dependa del riesgo de crÃ©dito de los colaterales, o que el activo financiero estructurado contenga instrumentos derivados cuyo subyacente se referencie a una calificaciÃ³n, Ã­ndice o evento de crÃ©dito.
2. A estos efectos, no tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de activos financieros estructurados los siguientes bienes y derechos:
a) Las acciones y participaciones de instituciones de inversiÃ³n colectiva y de entidades de capital riesgo.
b) Los activos y derechos del mercado hipotecario, incluidas las titulizaciones hipotecarias, emitidos por sociedades establecidas en el Espacio EconÃ³mico Europeo y negociados en mercados regulados.
c) Los activos financieros, distintos de los activos financieros estructurados no negociables, en los que la cuantÃ­a y fecha de todos sus flujos sea determinada o determinable mediante un mÃ©todo objetivo al emitirse el activo, y que incorporen instrumentos derivados, distintos de los derivados de crÃ©dito, que puedan afectar al importe de cualesquiera de sus flujos o a la fecha de cobro o vencimiento, siempre que se garantice a la fecha de vencimiento del activo el importe total satisfecho o a satisfacer en la suscripciÃ³n sin considerar los gastos inherentes a la operaciÃ³n. Si el activo fuese adquirido en un momento posterior conforme a las condiciones existentes en el mercado, se atenderÃ¡ a las condiciones de la emisiÃ³n para su calificaciÃ³n como estructurado o no.
ArtÃ­culo 14. Clases de activos financieros estructurados.
Los activos financieros estructurados se clasificarÃ¡n en:
1. Activos financieros estructurados negociables, que son aquellos que, habiendo sido admitidos a negociaciÃ³n en mercados regulados, son susceptibles de trÃ¡fico generalizado e impersonal en un mercado financiero.
En todo caso, se entenderÃ¡ que los activos financieros estructurados son susceptibles de trÃ¡fico generalizado e impersonal en un mercado financiero, cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:
a) Cuando se trate de valores y derechos de renta variable que se negocien electrÃ³nicamente o que forme parte de un Ã­ndice representativo del mercado en el que se negocie.
b) Cuando se trate de bienes y derechos de renta fija respecto de los que sea posible obtener cotizaciÃ³n en alguna de las tres Ãºltimas sesiones del mercado previas a la fecha de la elaboraciÃ³n de los estados contables.
c) Cuando se trate de bienes y derechos de renta fija respecto de los que, al menos, un agente financiero actuando por cuenta propia ofrezca pÃºblicamente precios con fines de negociaciÃ³n y cierre de operaciones que se ajusten a las condiciones vigentes en el mercado en cada momento. Los agentes financieros deberÃ¡n ser entidades de crÃ©dito o sociedades de valores del Ã¡mbito de la OCDE en los tÃ©rminos descritos en el artÃ­culo 10 de esta Orden.
2. Activos financieros estructurados no negociables, que son aquellos que no reÃºnen ninguna de las condiciones anteriores.
ArtÃ­culo 15. Requisitos de los activos financieros estructurados negociables.
1. Para su consideraciÃ³n como inversiÃ³n apta para los fondos de pensiones los activos financieros estructurados definidos en el apartado 1 del artÃ­culo 14 anterior, instrumentados en valores negociables deberÃ¡n disponer de una calificaciÃ³n crediticia, actualizada anualmente, emitida por una agencia de calificaciÃ³n de reconocido prestigio de, al menos, A, salvo que se trate de activos financieros estructurados negociables en los que el riesgo de crÃ©dito del activo estructurado dependa del riesgo de crÃ©dito de los colaterales, o que el activo financiero estructurado contenga instrumentos derivados cuyo subyacente se referencie a una calificaciÃ³n, Ã­ndice o evento de crÃ©dito en cuyo caso la calificaciÃ³n exigida serÃ¡ de, al menos, AA.
2. AdemÃ¡s de los principios contenidos en el artÃ­culo 69 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, los valores representativos de los activos financieros estructurados negociables contemplados en este artÃ­culo deberÃ¡n cumplir las reglas de titularidad, situaciÃ³n y valoraciÃ³n de las inversiones a las que se refieren los artÃ­culos 74 y 75 de dicho Reglamento y los lÃ­mites de diversificaciÃ³n y dispersiÃ³n a los que se refiere el artÃ­culo 72 para los activos financieros admitidos a negociaciÃ³n en mercados regulados.
3. Cuando un activo financiero estructurado no pueda considerarse negociable o no alcance o pierda el requisito de seguridad previsto en el apartado 1 de este artÃ­culo, el activo estructurado deberÃ¡ cumplir las normas previstas para los activos estructurados no negociables recogidas en el artÃ­culo 16 de esta Orden para poder ser calificado como activo apto de un fondo de pensiones.
ArtÃ­culo 16. Requisitos de los activos financieros estructurados no negociables.
Para su consideraciÃ³n como inversiÃ³n apta de los fondos de pensiones los activos financieros estructurados no negociables estarÃ¡n sujetos al cumplimiento de los artÃ­culosÂ 69 y siguientes del Reglamento de planes y fondos de pensiones teniendo en cuenta las siguientes particularidades:
a) Al activo financiero estructurado no negociable le resultarÃ¡ de aplicaciÃ³n los requisitos generales previstos para los valores no negociados contenidos en el apartado 9.a) del artÃ­culo 70 del Reglamento de planes y fondos de pensiones.
b) Los valores representativos de los activos financieros estructurados no negociables deberÃ¡n cumplir las reglas de titularidad, situaciÃ³n y valoraciÃ³n de las inversiones a las que se refieren los artÃ­culos 74 y 75 del Reglamento de planes y fondos de pensiones.
c) DeberÃ¡n cumplir con el requisito de liquidez previsto en el apartado b) del artÃ­culo 11 de la presente Orden.
d) Todos los activos colaterales integrantes de la estructura deben estar identificados y pertenecer a algunas de las categorÃ­as previstas en el artÃ­culo 70 del Reglamento de planes y fondos de pensiones y, asimismo, estar depositados en una entidad financiera del Espacio EconÃ³mico Europeo en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 74 de dicho Reglamento.
e) Los lÃ­mites de diversificaciÃ³n y dispersiÃ³n a los que se refiere el artÃ­culo 72 del Reglamento de planes y fondos de pensiones se aplicarÃ¡n con referencia tanto al activo estructurado como a cada uno de los componentes de la estructura.
ArtÃ­culo 17. Calificaciones crediticias.
A los efectos de lo dispuesto en esta Orden con relaciÃ³n a las calificaciones crediticias exigibles al emisor o a las condiciones de emisiÃ³n, se establece la siguiente clasificaciÃ³n:
Grupo 1: AAA y AA o calificaciÃ³n similar.
Grupo 2: A o calificaciÃ³n similar.
Grupo 3: BBB o calificaciÃ³n similar.
Grupo 4: BB o calificaciÃ³n similar.
La existencia de subdivisiones realizadas por las diferentes agencias de calificaciÃ³n no afectarÃ¡ a la asignaciÃ³n realizada en el anterior cuadro.
Articulo 18. Solicitud de autorizaciÃ³n administrativa previa para la constituciÃ³n de fondos de pensiones.
Los fondos de pensiones se constituirÃ¡n previa autorizaciÃ³n administrativa, en escritura pÃºblica, y se inscribirÃ¡n en el Registro Mercantil y en el Registro Especial de Fondos de Pensiones, conforme al procedimiento establecido en el artÃ­culo 58 del Reglamento de planes y fondos de pensiones.
Con carÃ¡cter previo a la constituciÃ³n del fondo de pensiones, la entidad promotora deberÃ¡ solicitar autorizaciÃ³n administrativa a tal efecto ante la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda. Junto con la solicitud de autorizaciÃ³n se presentarÃ¡ la siguiente documentaciÃ³n:
a) CertificaciÃ³n de los acuerdos de los Ã³rganos competentes de las Entidades Promotora, Gestora y Depositaria, de concurrir a la constituciÃ³n del fondo de pensiones.
b) Proyecto de escritura de constituciÃ³n con el contenido mÃ­nimo establecido en el apartado 4 del artÃ­culo 58 y en el artÃ­culo 59 de Reglamento de planes y fondos de pensiones.
Articulo 19. IntegraciÃ³n de planes de pensiones en los fondos de pensiones.
1. Las entidades gestoras de fondos de pensiones deberÃ¡n comunicar a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones la integraciÃ³n de cada plan de pensiones en los fondos gestionados, dentro del plazo de 10 dÃ­as desde la adopciÃ³n del acuerdo de admisiÃ³n en el fondo, acompaÃ±ando:
a) CertificaciÃ³n del acuerdo de admisiÃ³n en el fondo adoptado por la ComisiÃ³n de control de fondo, o, en su defecto o por delegaciÃ³n, por la entidad gestora.
b) Datos del promotor o promotores del plan de pensiones: nombre o razÃ³n social, domicilio, cÃ³digo de identificaciÃ³n fiscal o, en su caso, nÃºmero de documento nacional de identidad, y CÃ³digo de ClasificaciÃ³n Nacional de Actividades EconÃ³micas (C.N.A.E.).
c) IdentificaciÃ³n de los miembros de la ComisiÃ³n promotora del plan, indicando su nombre, nÃºmero de documento nacional de identidad, cargo y representaciÃ³n que ostentan.
d) IndicaciÃ³n de la denominaciÃ³n, sistema y modalidad del plan, contingencias cubiertas, modalidad de cada contingencia, forma de las prestaciones y, en su caso, aseguramiento, e identificaciÃ³n de subplanes o colectivos con regÃ­menes diferenciados dentro del plan.
e) IdentificaciÃ³n, en su caso, del actuario o actuarios que hayan elaborado la base tÃ©cnica y el dictamen de actuario previsto en los artÃ­culos 27.4 y 54.1 del Reglamento de planes y fondos de pensiones.
f) Comisiones de gestiÃ³n y depÃ³sito acordadas aplicables al plan de pensiones.
g) En el caso de los planes de empleo y asociado, que prevean prestaciones definidas para la contingencia de jubilaciÃ³n de los partÃ­cipes o de algÃºn colectivo de Ã©stos, se acompaÃ±arÃ¡n: las especificaciones del plan, la base tÃ©cnica y el dictamen de actuario citado en la letra e) anterior.
En el caso de los planes de empleo de promociÃ³n conjunta que prevean prestaciones definidas para la contingencia de jubilaciÃ³n de los partÃ­cipes o de algÃºn colectivo de Ã©stos, se presentarÃ¡n ademÃ¡s los anexos correspondientes de las empresas promotoras.
IdentificaciÃ³n de la persona o personas designadas o apoderadas como representantes del promotor en las actuaciones que como tal le correspondan a Ã©ste relativas al plan de pensiones, indicando su nÃºmero de documento nacional de identidad.
Datos del Defensor del PartÃ­cipe: nombre o denominaciÃ³n social, profesiÃ³n, domicilio y cÃ³digo de identificaciÃ³n fiscal.
AcreditaciÃ³n de la aceptaciÃ³n del Defensor del PartÃ­cipe de su nombramiento.
Cada Defensor del PartÃ­cipe, con motivo de su primer nombramiento, deberÃ¡ presentar ante la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones sus normas de procedimiento y plazo establecido para la resoluciÃ³n de las reclamaciones, y cualquier modificaciÃ³n posterior de las mismas o, en su caso, las establecidas para determinado plan o planes de pensiones en particular que difieran de las que utilice con carÃ¡cter general.
2. En el supuesto de adscripciÃ³n de un plan de pensiones de empleo a varios fondos de pensiones, la entidad gestora de cada fondo deberÃ¡ comunicar a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones la integraciÃ³n de respectivo subplÃ¡n dentro del plazo mÃ¡ximo de diez dÃ­as desde el acuerdo de admisiÃ³n del subplÃ¡n en el fondo.
La comunicaciÃ³n deberÃ¡ acompaÃ±arse de la documentaciÃ³n e informaciÃ³n prevista en el apartado 1 anterior, entendiÃ©ndose realizadas al subplÃ¡n las referencias al plan en lo que corresponda.
3. La integraciÃ³n en el fondo de pensiones de planes de pensiones promovidos por empresas establecidas en otros Estados miembros, sujetos a la legislaciÃ³n social y laboral de estos Ãºltimos, se ajustarÃ¡ al procedimiento establecido en el artÃ­culo 40 del texto refundido de la Ley de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
1. Las modificaciones posteriores de los planes y fondos de pensiones, y la movilizaciÃ³n de las cuentas de posiciÃ³n los planes a otros fondos deberÃ¡n comunicarse por la entidad gestora a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones, y en su caso, requerirÃ¡n autorizaciÃ³n administrativa previa, conforme a lo previsto en el artÃ­culoÂ 60 del Reglamento de planes y fondos de pensiones. En su caso, junto con la solicitud de autorizaciÃ³n administrativa previa deberÃ¡ presentarse el proyecto de modificaciÃ³n de las normas de funcionamiento del fondo y certificaciÃ³n del acuerdo de modificaciÃ³n.
La comunicaciÃ³n de la movilizaciÃ³n de un plan de pensiones a otro fondo deberÃ¡ incluir informaciÃ³n sobre las comisiones de gestiÃ³n y depÃ³sito aplicables en el fondo de pensiones de destino.
2. La constituciÃ³n de la comisiÃ³n de control del plan y de la comisiÃ³n de control del fondo, y los ceses y nombramientos de sus miembros, deberÃ¡n comunicarse por la entidad gestora a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones dentro del plazo de 10 dÃ­as desde los acuerdos correspondientes, acompaÃ±ando el acuerdo correspondiente, e indicando nÃºmero del documento nacional de identidad, asÃ­ como el cargo y la representaciÃ³n que ostentan y, en su caso, los planes de pensiones que representan.
En igual plazo se comunicarÃ¡n los cambios en las personas designadas o apoderadas como representantes de los promotores en las actuaciones que como tal les correspondan a Ã©stos relativas a los planes de pensiones del sistema individual.
3. Los acuerdos de sustituciÃ³n o designaciÃ³n de nueva entidad gestora o depositaria de un fondo de pensiones deberÃ¡n comunicarse a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones en la forma y plazo previstos en el artÃ­culo 85.6 del Reglamento de planes y fondos de pensiones.
4. Las entidades gestoras deberÃ¡n comunicar a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones las modificaciones de los datos que figuren en el Registro Especial de Fondos de Pensiones relativos a los planes de empleo a que se refiere el apartado 3 del artÃ­culo 19 anterior dentro del plazo de 10 dÃ­as desde que tuviere conocimiento de los acuerdos correspondientes, sin perjuicio de lo previsto para los casos de movilizaciÃ³n de la cuenta de posiciÃ³n a otro fondo y de terminaciÃ³n de dichos planes en el artÃ­culo 41, apartados 6 y 7, del texto refundido de la Ley de planes y fondos de pensiones aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
Articulo 21. AutorizaciÃ³n administrativa e inscripciÃ³n de entidades gestoras y depositarias de fondos de pensiones.
1. Las sociedades anÃ³nimas que se constituyan para ser gestoras de fondos de pensiones como objeto social y actividad exclusiva, deberÃ¡n solicitar autorizaciÃ³n administrativa e inscripciÃ³n simultÃ¡nea en el Registro Especial de Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones ante la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones, siendo de aplicaciÃ³n el procedimiento establecido en el artÃ­culo 79.1 del Reglamento de planes y fondos de pensiones. Junto con la solicitud deberÃ¡n presentar:
a) Copia autorizada de la escritura pÃºblica de constituciÃ³n debidamente inscrita en el Registro Mercantil, en la que conste acreditaciÃ³n de la efectividad de la suscripciÃ³n y desembolso del capital social teniendo en cuenta en su caso lo previsto en el artÃ­culo 22.2 de esta Orden.
b) RelaciÃ³n de socios, indicando las participaciones que los mismos ostenten en el capital social, debiendo acompaÃ±ar el cuestionario contenido en el Anexo II de esta Orden respecto de los socios que ostenten una participaciÃ³n igual o superior al 10 por ciento del capital suscrito.
c) RelaciÃ³n de administradores y altos cargos de la entidad, indicando su nÃºmero de documento nacional de identidad, y debiendo acompaÃ±ar cumplimentado el cuestionario contenido en el Anexo I de esta Orden.
1.Âª Las razones, causas y objetivos del proyecto.
2.Âª El nÃºmero y tipo de planes y fondos de pensiones que pretende gestionar, y, en su caso, los motivos o criterios de diversificaciÃ³n de fondos, asÃ­ como el Ã¡mbito geogrÃ¡fico de actuaciÃ³n.
3.Âª Medios materiales y humanos para el desarrollo de la actividad.
4.Âª Los sistemas de comercializaciÃ³n, contrataciÃ³n y atenciÃ³n al partÃ­cipe.
5.Âª Previsiones de los gastos de instalaciÃ³n de los servicios administrativos y de la red de comercializaciÃ³n en su caso, y los medios financieros destinados a hacer frente a dichos gastos.
6.Âª Previsiones sobre el nÃºmero de partÃ­cipes, aportaciones y prestaciones.
7.Âª Previsiones sobre las comisiones e ingresos estimados.
8.Âª DescripciÃ³n de los sistemas y mecanismos de control interno y gestiÃ³n de riesgos que pretenden aplicar.
2. Las Entidades Aseguradoras que pretendan operar como gestoras de fondos de pensiones, deberÃ¡n solicitar ante la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones la autorizaciÃ³n administrativa e inscripciÃ³n simultÃ¡nea en el Registro Administrativo de Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones, siendo de aplicaciÃ³n el procedimiento establecido en el artÃ­culo 80.3 del Reglamento de planes y fondos de pensiones. Junto con la solicitud deberÃ¡n presentar certificaciÃ³n del acuerdo de realizar actividades de gestiÃ³n de fondos de pensiones, adoptado por el Ã³rgano competente, el organigrama funcional y operativo de la entidad, el programa de actividades y el reglamento interno de conducta previstos en las letras d), e) y f) del apartado 1 anterior, referidos todos ellos a las actividades de gestiÃ³n de fondos de pensiones.
3. Las entidades de crÃ©dito que pretendan actuar como depositarias de fondos de pensiones deberÃ¡n presentar la solicitud de inscripciÃ³n en el Registro Especial de Entidades Depositarias de Fondos de Pensiones conforme a lo establecido en el artÃ­culoÂ 82.2 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, acompaÃ±ada de la siguiente documentaciÃ³n e informaciÃ³n:
a) CertificaciÃ³n de hallarse inscritas como Entidades de CrÃ©dito domiciliadas en EspaÃ±a en el Registro correspondiente.
b) IndicaciÃ³n de su domicilio y cÃ³digo de identificaciÃ³n fiscal.
c) RelaciÃ³n de Administradores, Directores o Gerentes a quienes se hubiese apoderado para la representaciÃ³n de la entidad como depositarias de fondos de pensiones, indicando el nÃºmero de documento nacional de identidad.
d) Reglamento interno de conducta que comprenda sus normas especÃ­ficas referidas a la actividad en el Ã¡mbito de los planes y fondos de pensiones.
ArtÃ­culo 22. Modificaciones posteriores de las entidades gestoras y depositarias.
1. Las modificaciones estatutarias y de los datos de las entidades gestoras inscritos en el Registro Especial deberÃ¡n comunicarse a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones conforme a lo establecido en el artÃ­culo 79.3 del Reglamento de planes y fondos de pensiones.
La DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones ordenarÃ¡ la publicaciÃ³n en el BoletÃ­n Oficial del Estado de los cambios de denominaciÃ³n de las entidades gestoras de fondos de pensiones, una vez que le sea presentada la escritura pÃºblica correspondiente debidamente inscrita en el Registro Mercantil.
2. Los aumentos y reducciones de capital social de las entidades gestoras, y realizaciÃ³n de desembolsos pendientes, se comunicarÃ¡n a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones acompaÃ±ando certificaciÃ³n de los acuerdos correspondientes, y, en su momento, la escritura pÃºblica debidamente inscrita en el Registro Mercantil en la que conste, en su caso, la efectividad de la suscripciÃ³n y desembolso, y, en el caso de aportaciones no dinerarias, incluirÃ¡ documentaciÃ³n o informes acreditativos de la valoraciÃ³n de los bienes y derechos aportados.
3. Los ceses y nombramientos de los administradores y altos cargos se comunicarÃ¡n acompaÃ±ando certificaciÃ³n del acuerdo correspondiente y, en su caso, el cuestionario del anexo I de esta Orden.
4. Las personas fÃ­sicas o jurÃ­dicas que pretendan adquirir, directa o indirectamente, una participaciÃ³n en el capital social de una entidad gestora de fondos de pensiones igual o superior al 10 por ciento del capital suscrito, deberÃ¡n comunicarlo a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones, acompaÃ±ando el cuestionario del anexo II.
5. Las modificaciones de los datos de las entidades depositarias que figuren en el Registro Especial deberÃ¡n comunicarse a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones dentro del plazo de 10 dÃ­as desde la adopciÃ³n del acuerdo correspondiente.
ArtÃ­culo 23. FusiÃ³n y escisiÃ³n de entidades gestoras de fondos de pensiones.
1. Conforme al artÃ­culo 85.7 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, la fusiÃ³n y escisiÃ³n de entidades gestoras de fondos de pensiones requerirÃ¡ autorizaciÃ³n administrativa previa de la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones y, en su caso, cumplimentar el procedimiento previsto para la autorizaciÃ³n e inscripciÃ³n de la nueva entidad resultante que pretenda ser gestora de fondos de pensiones.
A la solicitud de autorizaciÃ³n se acompaÃ±arÃ¡ la siguiente documentaciÃ³n:
a) CertificaciÃ³n de los acuerdos adoptados por las Juntas Generales de Accionistas de las entidades aprobando el proyecto de fusiÃ³n y, en su caso, la disoluciÃ³n de las entidades absorbidas, asÃ­ como el traspaso en bloque de sus patrimonios a la absorbente. En su caso, dichos acuerdos incluirÃ¡n tambiÃ©n el de creaciÃ³n de una nueva entidad, la cual deberÃ¡ cumplir los requisitos establecidos en el texto refundido de la Ley de regulaciÃ³n de planes y fondos de pensiones y en el Reglamento de planes y fondos de pensiones para el acceso a la actividad de gestiÃ³n de fondos de pensiones, y en esta Orden.
b) Proyecto de fusiÃ³n, en el que se indicarÃ¡ la causa de la fusiÃ³n y se harÃ¡ constar expresamente si la entidad resultante o absorbente pretende asumir la gestiÃ³n de los fondos de pensiones de las absorbidas. El proyecto precisarÃ¡ la fecha de toma de efectos de la fusiÃ³n, condicionando su eficacia a la autorizaciÃ³n administrativa, e incluirÃ¡, en caso de creaciÃ³n de nueva entidad, el proyecto de estatutos de Ã©sta.
c) AcreditaciÃ³n de haber comunicado los acuerdos de fusiÃ³n a las comisiones de control de los fondos gestionados por las entidades absorbidas, condicionados a la autorizaciÃ³n administrativa.
d) AcreditaciÃ³n de la publicaciÃ³n del acuerdo de fusiÃ³n mediante anuncios en el BoletÃ­n Oficial del Registro Mercantil y en dos diarios de mayor circulaciÃ³n de la provincia donde radique el domicilio social.
e) Balances de situaciÃ³n y cuentas de pÃ©rdidas y ganancias de las entidades interesadas, cerrados dentro de los seis meses anteriores a la fecha de adopciÃ³n del acuerdo de fusiÃ³n, adjuntando los informes de auditorÃ­a de las entidades.
f) Balance final de la entidad resultante para el caso de que se lleve a efecto la fusiÃ³n.
g) AnÃ¡lisis de la suficiencia de los recursos propios estimados de la absorbente o de la nueva entidad respecto al volumen de los fondos de pensiones que quedarÃ­an bajo su gestiÃ³n.
Una vez aprobada la fusiÃ³n mediante resoluciÃ³n de la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones, y formalizada la fusiÃ³n, deberÃ¡ solicitarse la inscripciÃ³n de Ã©sta en el Registro Administrativo acompaÃ±ando escritura pÃºblica de fusiÃ³n debidamente inscrita en el Registro Mercantil. La DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones podrÃ¡ requerir subsanaciones e incluso denegar la inscripciÃ³n en el caso de que la fusiÃ³n efectuada no se ajuste a la autorizaciÃ³n previa o a la normativa aplicable.
La DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones ordenarÃ¡ la publicaciÃ³n en el BoletÃ­n Oficial del Estado de la inscripciÃ³n de la fusiÃ³n en el Registro Especial de Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones.
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, se podrÃ¡ optar por solicitar la autorizaciÃ³n previa de la fusiÃ³n antes de su aprobaciÃ³n por las Juntas de Accionistas, presentando al efecto certificaciÃ³n de los acuerdos de los Consejos de administraciÃ³n de las entidades con el contenido del pÃ¡rrafo a) del apartado 1, asÃ­ como los documentos de los pÃ¡rrafos b), e), f) y g) del mismo apartado. Una vez autorizada, a la solicitud de inscripciÃ³n en el Registro Administrativo se acompaÃ±arÃ¡ escritura pÃºblica de fusiÃ³n debidamente inscrita en el Registro Mercantil, incluyendo las acreditaciones previstas en los pÃ¡rrafos c) y d) del apartado 1.
3. Lo previsto en este artÃ­culo serÃ¡ aplicable al supuesto de escisiÃ³n de una entidad gestora.
4. En su caso, una vez inscritas en el Registro Mercantil las escrituras de cambio de gestora de los fondos afectados, deberÃ¡n presentarse ante la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones.
ArtÃ­culo 24. Fondos de pensiones de empleo domiciliados en otros Estados miembros que actÃºen en EspaÃ±a.
La integraciÃ³n de un plan de pensiones de empleo sujeto a la legislaciÃ³n espaÃ±ola en un fondo de pensiones de otro Estado miembro se realizarÃ¡ mediante el procedimiento establecido en el artÃ­culo 44 del texto refundido de la Ley de regulaciÃ³n de los planes y fondos de pensiones aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
Una vez integrado el plan en el fondo, la ComisiÃ³n promotora o, en su caso, la ComisiÃ³n de control del plan, lo comunicarÃ¡ a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones en la forma y plazo previstos en el apartado 3 de dicho artÃ­culo 44 del texto refundido de la Ley, acompaÃ±ando acreditaciÃ³n de la integraciÃ³n en el fondo y un ejemplar de las especificaciones y, en su caso, de la base tÃ©cnica, asÃ­ como la informaciÃ³n a que se refieren las letras b), c), d) y f) del apartado 1 del artÃ­culo 19 de esta Orden, e identificaciÃ³n del representante del fondo en EspaÃ±a indicando su nombre o denominaciÃ³n social, nacionalidad, domicilio o establecimiento en EspaÃ±a, y el nÃºmero de documento nacional de identidad o cÃ³digo de identificaciÃ³n fiscal.
La DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones procederÃ¡ a inscribir la integraciÃ³n del plan en el Registro Especial de Fondos de Pensiones de otros Estados miembros que actÃºen en EspaÃ±a, comunicÃ¡ndolo a la ComisiÃ³n promotora o de Control del plan y al referido representante.
En lo no previsto en el citado texto refundido de la Ley de planes y fondos de pensiones, la comunicaciÃ³n de las modificaciones posteriores del plan de pensiones y las relativas a los miembros de su ComisiÃ³n de control se ajustarÃ¡n a lo previsto en el artÃ­culoÂ 20 de esta Orden.
DisposiciÃ³n adicional Ãºnica. Requerimientos de informaciÃ³n adicional.
En los procedimientos administrativos de autorizaciÃ³n previa e inscripciÃ³n y en las comunicaciones preceptivas a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones, Ã©sta podrÃ¡ requerir informaciÃ³n y documentaciÃ³n adicional cuando sea precisa para resolver adecuadamente sobre las solicitudes o para la supervisiÃ³n de las entidades.
La DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones, en relaciÃ³n con los planes de pensiones de empleo sujetos a la legislaciÃ³n social y laboral espaÃ±ola adscritos a fondos de otros Estados miembros, podrÃ¡ requerir a las comisiones de control y a los promotores de los mismos, asÃ­ como a los representantes en EspaÃ±a de los fondos respectivos, cuanta informaciÃ³n sea precisa para la supervisiÃ³n de dichos planes.
DisposiciÃ³n transitoria Ãºnica. AdaptaciÃ³n a lo previsto en esta Orden.
Las entidades gestoras de fondos de pensiones con objeto social exclusivo, que se hallen inscritas en el Registro Administrativo a la fecha de entrada en vigor de esta Orden, deberÃ¡n remitir a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones los cuestionarios de los Anexos I y II, debidamente cumplimentados, dentro del plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Orden.
Los fondos de pensiones deberÃ¡n adaptar sus inversiones a lo previsto en el capÃ­tulo segundo de esta Orden antes del 1 de julio de 2008.
a) La Orden Ministerial de 7 de noviembre de 1988 por la que se determina el procedimiento de inscripciÃ³n registral de instituciones y personas relacionadas con los planes y fondos de pensiones regulados por la Ley 8/1987, de 8 de junio.
Madrid, 7 de febrero de 2008.-El Vicepresidente Segundo y Ministro de EconomÃ­a y Hacienda, Pedro Solbes Mira.
Cuestionario para Administradores y quienes lleven la direcciÃ³n efectiva de la entidad gestora de fondos de pensiones
A efectos de lo dispuesto en el artÃ­culo 20.1.g del texto refundido de la Ley de regulaciÃ³n de los planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto LegislativoÂ 1/2002, de 29 de noviembre, quienes bajo cualquier tÃ­tulo, lleven la direcciÃ³n efectiva de la entidad gestora deberÃ¡n cumplimentar y remitir a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones, debidamente firmado por todos y cada uno de ellos, el siguiente cuestionario acompaÃ±ado de la documentaciÃ³n prevista en el mismo.
1. Datos personales: Nombre, apellidos, domicilio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, el nÃºmero del Documento Nacional de Identidad o si se trata de personas extranjeras el nÃºmero de identificaciÃ³n de extranjeros, el del pasaporte, el de su tarjeta de residencia o de cualquier otro documento legal de identificaciÃ³n.
Si han residido fuera de EspaÃ±a durante los Ãºltimos cinco aÃ±os su Ãºltimo domicilio en el extranjero.
2. CertificaciÃ³n emitida por Registro pÃºblico competente o documentaciÃ³n acreditativa de no haber sido quebrado o concursado no rehabilitado, o que, en tales casos, en virtud de convenio aprobado judicialmente, se les permita ejercer el comercio, y de no estar incursos en incapacidad o prohibiciÃ³n segÃºn la legislaciÃ³n vigente.
3. DeclaraciÃ³n responsable del interesado en la que manifieste que ha venido observando una trayectoria personal de respeto a las leyes mercantiles y demÃ¡s que regulan la actividad econÃ³mica y la vida de los negocios, asÃ­ como las buenas prÃ¡cticas comerciales y financieras, a la que se adjuntarÃ¡ el historial profesional del mismo y cuantas certificaciones considere oportunas, expedidas por corporaciones o asociaciones representativas de intereses econÃ³micos o profesionales, acreditativas de lo anterior. No obstante, cuando el Ã³rgano administrativo competente tuviera dudas acerca de la concurrencia efectiva de tales circunstancias, podrÃ¡ exigir motivadamente, previa audiencia del interesado, la aportaciÃ³n de tales certificaciones, asÃ­ como requerir de oficio informe de otros Ã³rganos de las Administraciones PÃºblicas o de Entidades de Derecho PÃºblico que ejerzan funciones de supervisiÃ³n en el Ã¡mbito financiero.
4. Certificado de antecedentes penales expedido por el Ministerio de Justicia, con una antigÃŒedad no superior a tres meses.
Los residentes en otros Estados miembros del Espacio EconÃ³mico Europeo deberÃ¡n aportar documentos equivalentes a los previstos en los apartados 2, 3 y 4 emitidos por la autoridad competente, o en caso de no existir en los respectivos paÃ­ses, la documentaciÃ³n prevista en el pÃ¡rrafo siguiente.
Si se trata de personas no residentes en el Espacio EconÃ³mico Europeo, deberÃ¡n presentar un documento equivalente o, en su defecto, una declaraciÃ³n responsable hecha ante autoridad administrativa competente o ante notario pÃºblico en la que se manifieste cumplir los requisitos previstos en los nÃºmeros 2, 3 y, en relaciÃ³n con el nÃºmero 4, en la que afirmen no haber sido condenados en el extranjero por delitos de falsedad, violaciÃ³n de secretos, descubrimiento y revelaciÃ³n de secretos, contra la Hacienda PÃºblica y contra la Seguridad Social, malversaciÃ³n de caudales pÃºblicos o cualesquiera otros delitos contra la propiedad, ni haber sido inhabilitados para ejercer cargos pÃºblicos o de administraciÃ³n o direcciÃ³n en entidades financieras.
5. DeclaraciÃ³n solemne para los residentes fuera de EspaÃ±a de no haber sido suspendidos en el ejercicio del cargo o separados del mismo, o suspendidos en el ejercicio de la actividad, como consecuencia de un procedimiento sancionador, o en virtud de una medida de control especial segÃºn la normativa de planes y fondos de pensiones del paÃ­s de residencia, salvo que acrediten el cumplimiento de la sanciÃ³n o que ha sido dejada sin efecto la medida de control especial.
6. InformaciÃ³n sobre su titulaciÃ³n acadÃ©mica, en su caso.
7. DescripciÃ³n de las actividades profesionales realizadas, durante un perÃ­odo mÃ­nimo de cinco aÃ±os, y de la empresa o empresas en las que se hayan desempeÃ±ado, indicando en particular:
â€ DuraciÃ³n de las actividades.
â€ DenominaciÃ³n del cargo y funciones adscritas al mismo, con descripciÃ³n de estas funciones.
â€ DenominaciÃ³n y tipo de empresa en la que ha desarrollado la actividad profesional: objeto social, patrimonio neto, importe neto del volumen del negocio, nÃºmero medio de empleados durante los aÃ±os en los que existiÃ³ la vinculaciÃ³n profesional.
â€ Ãmbito geogrÃ¡fico de la actividad de la empresa y lugar en el que se realizaron las actividades.
â€ En el caso de que la empresa forme parte de un grupo una lista de las principales entidades que constituyen el grupo, y un organigrama detallado de su estructura.
Cuestionario para socios que ostenten una participaciÃ³n significativa en la entidad gestora de fondos de pensiones
A efectos de lo dispuesto en el artÃ­culo 20.1.g del texto refundido de la Ley de regulaciÃ³n de los planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto LegislativoÂ 1/2002, de 29 de noviembre, las personas fÃ­sicas o jurÃ­dicas que ostenten o pretendan adquirir, directa o indirectamente, una participaciÃ³n igual o superior al 10 por ciento del capital social suscrito de una entidad gestora de fondos de pensiones, deberÃ¡n cumplimentar el siguiente cuestionario, adjuntando la documentaciÃ³n prevista en el mismo.
I. Personas fÃ­sicas o jurÃ­dicas que participen, directa o indirectamente, en la constituciÃ³n de una entidad gestora de fondos de pensiones
I.1 InformaciÃ³n relativa a la operaciÃ³n.
1. DenominaciÃ³n y domicilio de la entidad gestora de fondos de pensiones en la que se ostente, directa o indirectamente, una participaciÃ³n significativa.
2. CuantÃ­a y porcentaje de la participaciÃ³n, motivos de la adquisiciÃ³n y resultados que se pretenden conseguir con la referida adquisiciÃ³n.
3. TÃ©rminos y condiciones de la operaciÃ³n y plazo mÃ¡ximo en que se pretenda realizar el desembolso.
4. InformaciÃ³n relativa al capital social o derechos de voto en la referida entidad gestora cuya titularidad directa o indirecta ostenten los socios previstos en el nÃºmero 2 del presente apartado o de los que puedan disponer en virtud de acuerdos con terceros, y de todas las participaciones en el capital social de la entidad gestora que correspondan al grupo de sociedades, o que posibiliten ejercer influencia notable en la gestiÃ³n de la entidad gestora.
I.2 InformaciÃ³n relativa al socio.
A) Socios personas fÃ­sicas:
2. CertificaciÃ³n expedida por Registro pÃºblico competente o documentaciÃ³n acreditativa de que no ha sido quebrado ni concursado, o que, en tales casos, en virtud de convenio aprobado judicialmente tenga permitido el ejercicio del comercio, y de no estar incurso en incapacidad o prohibiciÃ³n conforme a la legislaciÃ³n vigente.
3. DeclaraciÃ³n responsable del interesado en la que manifieste que ha venido observando una trayectoria personal de respeto a las leyes mercantiles y demÃ¡s que regulan la actividad econÃ³mica y la vida de los negocios, asÃ­ como las buenas prÃ¡cticas comerciales, financieras y de pensiones y seguros, a la que se adjuntarÃ¡ el historial profesional del mismo y cuantas certificaciones considere oportunas, expedidas por corporaciones o asociaciones representativas de intereses econÃ³micos o profesionales, acreditativas de lo anterior. No obstante, cuando el Ã³rgano administrativo competente tuviera dudas acerca de la concurrencia efectiva de tales circunstancias, podrÃ¡ exigir motivadamente, previa audiencia del interesado, la aportaciÃ³n de tales certificaciones, asÃ­ como requerir de oficio informe de otros Ã³rganos de las Administraciones PÃºblicas o de Entidades de Derecho PÃºblico que ejerzan funciones de supervisiÃ³n en el Ã¡mbito financiero.
DuraciÃ³n de las actividades.
DenominaciÃ³n del cargo y funciones adscritas al mismo, con descripciÃ³n de estas funciones.
DenominaciÃ³n y tipo de empresa en la que ha desarrollado la actividad profesional: objeto social, patrimonio neto, importe neto del volumen de negocio, nÃºmero medio de empleados durante los aÃ±os en los que existiÃ³ la vinculaciÃ³n profesional.
Ãmbito geogrÃ¡fico de la actividad de la empresa y lugar en el que se realizaron las actividades.
8. DescripciÃ³n precisa de la estructura del grupo cuyo control pueda ejercer el socio, con especial consideraciÃ³n de los vÃ­nculos estrechos a que pudiera estar sujeto el mismo, con una declaraciÃ³n solemne de que no existen tales vÃ­nculos con personas fÃ­sicas o jurÃ­dicas que, en virtud de disposiciones normativas de un tercer Estado a cuyo Derecho estÃ© sujeta alguna de dichas personas fÃ­sicas o jurÃ­dicas, o por problemas relacionados con la aplicaciÃ³n de dichas disposiciones, puedan obstaculizar el buen ejercicio de la ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de la entidad gestora.
9. InformaciÃ³n sobre la posible existencia de acuerdos en cuya virtud pueda disponer el socio de derechos de voto, por sÃ­ o a travÃ©s de sociedades dominadas o personas que actÃºen por su cuenta, superiores a los que correspondan a su participaciÃ³n en el capital social de la entidad gestora o que otorguen a Ã©ste la facultad de nombrar a la mayorÃ­a de los miembros del Ã³rgano de administraciÃ³n.
10. Toda la informaciÃ³n necesaria para apreciar los medios patrimoniales con los que cuenta para atender los compromisos asumidos.
11. DescripciÃ³n de los riesgos asumidos por el socio en actividades ajenas a la entidad gestora y manifestaciÃ³n solemne de que la entidad no quedarÃ¡ expuesta de forma inapropiada a los mismos.
B) Socios personas jurÃ­dicas:
1. DenominaciÃ³n social, domicilio, social, CÃ³digo de IdentificaciÃ³n Fiscal.
2. Documento probatorio de su constituciÃ³n de acuerdo con la normativa del paÃ­s de su sede social, excepto para las entidades financieras autorizadas en EspaÃ±a, o habilitadas para operar en EspaÃ±a.
3. Lista de quienes lleven su direcciÃ³n efectiva, indicando el nombre, apellidos, domicilio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, el nÃºmero del Documento Nacional de Identidad o si se trata de personas extranjeras el nÃºmero de identificaciÃ³n de extranjeros, el del pasaporte, el de su tarjeta de residencia o de cualquier otro documento legal de identificaciÃ³n. Si han residido fuera de EspaÃ±a durante los Ãºltimos cinco aÃ±os su Ãºltima residencia en el extranjero.
4. Objeto social y distribuciÃ³n del capital social y de los derechos de voto, asÃ­ como descripciÃ³n de su participaciÃ³n en el capital social de empresas espaÃ±olas y extranjeras.
6. Certificado emitido por Registro pÃºblico competente o documentaciÃ³n acreditativa de no haber sido quebrados o concursados no rehabilitados, salvo que, en virtud de convenio aprobado judicialmente, se les permita ejercer el comercio.
Los residentes en otro Estado del Espacio EconÃ³mico Europeo deberÃ¡n aportar un documento equivalente emitido por la autoridad competente, o en caso de no existir en los respectivos paÃ­ses, un certificado acreditativo del cumplimiento de los requisitos anteriores, en la forma prevista en el pÃ¡rrafo siguiente.
Si se trata de personas no residentes en el Espacio EconÃ³mico Europeo, deberÃ¡n presentar un documento equivalente o, en su defecto, una declaraciÃ³n responsable ante autoridad administrativa competente, o ante notario pÃºblico, en la que afirmen no haber sido quebrados o concursados no rehabilitados o que, en tal caso, en virtud de convenio judicial tiene permitido ejercer el comercio, y de no estar incursos en incapacidad o prohibiciÃ³n segÃºn la legislaciÃ³n vigente.
7. El balance y la cuenta de resultados de los dos Ãºltimos ejercicios cerrados y, en su caso, auditados e informe detallado de la evoluciÃ³n de los resultados y del patrimonio desde la fecha de cierre del Ãºltimo ejercicio cerrado y, en su caso, auditado.
Si procede, las cuentas consolidadas del grupo para los dos Ãºltimos ejercicios cerrados y, en su caso, auditados, e informe detallado de la evoluciÃ³n de resultados y patrimonio desde la fecha de cierre del Ãºltimo ejercicio cerrado y, en su caso, auditado.
8. Si se trata de una entidad financiera nacional de otros Estados miembros del Espacio EconÃ³mico Europeo distintos de EspaÃ±a, estado de cobertura del nivel de su ratio de solvencia.
9. DescripciÃ³n precisa de la estructura del grupo al que pertenezca la entidad, con especial consideraciÃ³n de los vÃ­nculos estrechos a que pudiera estar sujeta la misma, con una declaraciÃ³n solemne de que no existen tales vÃ­nculos con personas fÃ­sicas o jurÃ­dicas que, en virtud de disposiciones normativas de un tercer Estado a cuyo Derecho estÃ© sujeta alguna de dichas personas fÃ­sicas o jurÃ­dicas, o por problemas relacionados con la aplicaciÃ³n de dichas disposiciones, puedan obstaculizar el buen ejercicio de la ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de la entidad gestora.
10. InformaciÃ³n sobre la posible existencia de acuerdo en cuya virtud pueda disponer el socio de derechos de voto, por sÃ­ o a travÃ©s de sociedades dominadas o personas que actÃºen por su cuenta, superiores a los que correspondan a su participaciÃ³n en el capital social de la entidad gestora o que otorguen a Ã©ste la facultad de nombrar a la mayorÃ­a de los miembros del Ã³rgano de administraciÃ³n.
II. Personas fÃ­sicas o jurÃ­dicas que pretendan adquirir una participaciÃ³n significativa en una entidad gestora de fondos de pensiones
En este caso, ademÃ¡s de las informaciones reseÃ±adas en el apartado I.2 anterior, se aportarÃ¡ la siguiente informaciÃ³n:
2. DescripciÃ³n de la naturaleza jurÃ­dica de la operaciÃ³n en cuya virtud se pretenda adquirir, directa o indirectamente, la participaciÃ³n significativa.
3. CuantÃ­a y porcentaje de la participaciÃ³n, tÃ©rminos y condiciones de la adquisiciÃ³n y plazo mÃ¡ximo de la operaciÃ³n.
4. IndicaciÃ³n de la participaciÃ³n significativa de que pueda resultar titular el adquiriente antes de la operaciÃ³n, incluyendo las participaciones en el capital de las sociedades en poder del grupo.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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