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Timestamp: 2020-02-28 15:53:34+00:00

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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 29 de Marzo de 1996 - Jurisprudencia - VLEX 31737787
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 29 de Marzo de 1996
RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. JULIO A. CANDANEDO, EN REPRESENTACIÓN DE ARÍSTIDES SERRACÍN JR. CONTRA LA SENTENCIA DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 1995, EMITIDA DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ABEL ARÍSTIDES SERRACÍN JR. VS XEROX DE PANAMÁ, S. A
El licdo. Julio A.C., ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia de 22 de septiembre de 1995 proferida por el Tribunal Superior de Trabajo dentro del proceso laboral instaurado por su representado, el señor A.A.S.J. contra Xerox de Panamá, S.A.
En el recurso se pide a la Sala que case la sentencia de segunda instancia y a la vez condene a la parte demandada al pago de ciento catorce mil quinientos setenta y un balboas con ocho centavos (B/.114,571.08).
Se trata de un proceso laboral en el cual el demandante pide que la parte demandada sea condenada al pago de la suma arriba mencionada en concepto de diferencia de comisiones por cobro de 2 1/2% reducido a 1% desde enero de 1970 hasta agosto de 1982 y de los salarios derivados por el no pago de las comisiones por cobro realizado por el trabajador demandante, que van del 1 de septiembre de 1982 al 25 de abril de 1988.
El juzgador de primera instancia condenó al demandado a pagarle al demandante la suma de ochenta y seis mil setecientos cuarenta y tres centésimos (B/.86,745.43) en concepto de diferencia de comisiones dejadas de pagar de 1% a 2 1/2%, más el pago de costas e intereses legales y absolvió a la empresa de las demás pretensiones. El Tribunal Superior de Trabajo revocó la sentencia de primera instancia y absolvió a la empresa de la totalidad de las pretensiones incoadas en su contra.
La Sala pasa a examinar las infracciones que se endilgan a la sentencia de segunda instancia.
El recurrente considera que la sentencia por él impugnada ha infringido los artículos 732, 62, 63, 64, 65 y 159 del Código de Trabajo.
La firma de abogados A., C., G. y L. presentó escrito de oposición al recurso de casación en su calidad de apoderado judicial especial del demandado.
Con respecto a la infracción al artículo 732 del Código de Trabajo, el recurrente señala lo siguiente:
"La sentencia de 22 de septiembre de 1995, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo dentro del proceso laboral a que se refiere el memorial conculca en concepto de violación directa por omisión el Artículo 732 del Código Laboral el cual es del tenor siguiente:
La disposición legal transcrita es clara y precisa; el Tribunal de Segunda Instancia estaba en la obligación de ponderar y evaluar todas las pruebas existentes en autos para que a través de la debida confrontación entre unas y otras, encontrar la verdad objetiva que de ellas se desprende a través de un razonamiento lógico y equitativo, cual es, la de que el trabajador A.A.S.J. laboraba con la empresa demandada desde el 7 de noviembre de 1966. Véase que al no sopesar la Certificación del pago de cuotas del Seguro Social por parte de la empresa demandada, a favor del trabajador demandante, con cada una de 43 pruebas documentales presentadas el 27 de noviembre de 1989 por ante el Juzgado Primero de Trabajo de la Tercera Sección, y todas en su conjunto, así como tampoco con la prueba documental (2) consistente en 4 libretas contentivas de reportes técnicos efectuados por el señor A.A.S.J. para la XEROX DE PANAMÁ, S.A., y que igualmente fueran incorporadas a los autos mediante el escrito de 27 de noviembre de 1989 ya mencionado, incurre en Error de Lógica y de Equidad Procesal, lo que indefectiblemente llevó al Tribunal Superior de Trabajo en la sentencia recurrida, a no cumplir con el principio de la Sana Crítica enmarcado en la disposición legal anotada.
Con respecto al artículo 62, el actor señala que ha sido violado por lo siguiente:
La extensa acreditación documental que el trabajador demandante aportó a la encuesta procesal, prueban y acreditan como verdad procesal innegable la subordinación jurídica a la cual estaba sometida el trabajador demandante, con la empresa demanda.
Sobre la violación al artículo 63 del Código de Trabajo, el demandante dice que ha sido violado de la siguiente manera:
"por cuanto que tiene por mercantil un Contrato Laboral, que la demandada denominó Contrato de Concesión Mercantil y que descansa a foja 33 y 108 de autos; y ello en virtud de que las pruebas documentales existentes en autos determinan que la relación entre el trabajador demandante y la Empresa demandada era de naturaleza laboral y no mercantil; de allí que el Tribunal Superior de trabajo debió prescindir y desestimar tal argumentación de la empresa".
Del artículo 64 del Código de Trabajo señaló lo siguiente:
"La vulneración de la norma consiste en que el Tribunal Superior de Trabajo, en la sentencia impugnada, no tuvo en cuenta que a través de las innumerables pruebas documentales aportadas por el trabajador demandante, se acredita la dirección ejercida por la empresa demandada".
De todo lo anterior se desprende claramente que los cargos que alega el casacionista se fundamentan en que no está de acuerdo con la valoración que el Tribunal Superior de Trabajo le dio a las pruebas, al igual que no se evaluaron otras presentadas al proceso y por lo tanto, el fallo resultó en su contra.
En diferentes ocasiones esta S. ha señalado que el recurso de casación no es una tercera instancia con el objeto de revisar el valor que el Tribunal Superior de Trabajo le haya dado a las pruebas, sino más bien es un recurso con el objeto de revisar los errores in judicando en que haya incurrido el tribunal de segunda instancia. Igualmente ha señalado esta S., que solo en ocasiones excepcionales puede entrar a juzgar la valoración que el juez le dé a las pruebas y es en los casos en que dicho tribunal haya incurrido en un error manifiesto, un error que salte a la vista sin mayor dificultad.
En el caso bajo estudio, el recurrente no ha tomado en cuenta la citada y vigente orientación jurisprudencial. Esto es así por cuanto él recurrente se limita a señalar las pruebas que según el han sido mal apreciadas o no fueron apreciadas, y sin embargo no explicó -frente a cada una de ellas- lo que la prueba acredita y el mérito que se le debió reconocer a su favor. Pues bien, el actor señaló un determinado número de pruebas sin expresar cómo cada una de ellas demuestra el error del juzgador de segunda instancia, el cual, debe aparecer a simple vista o ser manifiesto con el simple cotejo de las pruebas.
Se advierte entonces, luego de una lectura de los cargos endilgados, que simplemente el recurrente hace una mención de las pruebas que supuestamente no se valoraron o mal interpretaron, sin sustentar o demostrar el porqué dichas pruebas conducirían a una conclusión opuesta a la que el Tribunal Superior resolvió.
Siguiendo este orden de ideas, por no ser el recurso de casación una tercera instancia, el casacionista al manifestar que existe un error en la interpretación de la prueba, está obligado a sustentar con claridad y precisión el error manifiesto para que sirva a la Sala de instrumento en una resolución favorable. De otra manera, la Sala tendría que deducir el supuesto error evidente y para juzgar la sentencia impugnada se requeriría acudir a la investigación y búsqueda del supuesto error porque simplemente el actor ha señalado que se incurre en error sin explicar cómo se han infringido las reglas de la sana crítica.
Con respecto a la violación al artículo 159 del Código de Trabajo el recurrente señaló lo siguiente:
Al considerar el Tribunal Superior de Trabajo en la resolución recurrida, en abierta contradicción a las pruebas existentes en autos, que antes del 20 de noviembre de 1972, entre el trabajador demandante y la empresa demandada existía un contrato de concesión mercantil, atenta contra el salario convenido entre las partes integrantes de esta relación procesal laboral, toda vez que permite la reducción salarial del Trabajador a través del desconocimiento del pago de comisiones que ya habían sido pactadas y efectuadas desde el 7 de noviembre de 1966.
Veamos las consideraciones que el Tribunal Superior de Trabajo tomó en cuenta para emitir su decisión:
"El Tribunal Superior, estima que la relación laboral existente entre el demandante y la empresa demandada, surge a partir de la suscripción del Contrato de Trabajo, el 20 de noviembre de 1972, según se lee a fojas 39 y 166, ya que con anterioridad, lo que había entre las partes era un contrato de Concesión Mercantil (fojas 33-108). Además es jurisprudencia constante y reiterada que el hecho del pago de cuotas de Seguro Social no es prueba idónea para determinar la existencia de la relación laboral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 62, 64 y 65 del Código de Trabajo.
En consecuencia, este Tribunal Superior considera que no existe obligación alguna por parte de la empresa al pago de una comisión de cobro del 2 1/2%, ya que lo pactado en el contrato laboral fue de un salario de B/.250.00 mensual, que se le fue aumentando en el transcurso del tiempo hasta B/.1.132.00, tal como se observa a fojas 177, más una comisión de 1% por los cobros según adición hecha a partir del 1º de octubre de 1975, tal como se lee en los documentos operantes a fojas 41, 43, y 636.
El cobro de comisión del 2 1/2, fue con anterioridad a la suscripción del contrato de trabajo, cuando la relación que mantenían las partes era producto de una concesión comercial muy corriente en nuestro medio comercial. Las estimaciones y cálculos de los peritos al contestar las preguntas, responden más que todo a una aplicación del 2 1/2 pactado, durante la relación mercantil, es decir a partir de 1966, pero que le fueron pagados según el perito (fojas 608) y no subsiste al establecimiento una relación laboral a partir del 20 de Noviembre de 1972 y que en todo caso resulta superior.
De lo anteriormente expuesto, se pueden resumir las razones que motivaron la decisión del Tribunal Superior de Trabajo en los siguientes puntos:
Que durante el período comprendido entre el 7 de noviembre de 1966 al 20 de noviembre de 1972 se firmó un contrato de concesión (v. fs. 108 a 111), eminentemente mercantil.
Que una vez terminado el contrato de concesión, se suscribió un contrato laboral con fecha de inicio de 20 de noviembre de 1972.
Que en el contrato de concesión se pactó una comisión de 2 1/2% y en el contrato laboral fue de 1%.
Que la empresa canceló en su totalidad las comisiones correspondientes de acuerdo a lo pactado, durante los períodos señalados.
Que el perito, señor L.A.Á. en representación de la firma Peat, M., Mitchell & Co., rindió informe pericial en el cual indica que el trabajador no ha sufrido desmejoramiento económico, sino todo lo contrario, pues, en el contrato laboral se estableció una remuneración fija mensual en concepto de salario, la cual fue superior a los pagos que recibía el sr. S. por la concesión mercantil otorgada por Xerox, e incluso sumas adicionales.
Ya hemos estudiado en las infracciones anteriores la opinión de esta Sala con respecto a la evaluación de las pruebas por parte del Tribunal Superior de Trabajo, por lo tanto no volveremos a entrar en analizar esta situación.
Considera la Sala que, aunque no consideramos que existió relación de trabajo con anterioridad a la vigencia del Código de Trabajo de 1972, entraremos a ver el cargo en cuanto a que existió reducción de salario. A este respecto no se nos debe escapar el artículo 142 del Código de Trabajo, según fue subrogado por la Ley 1ª de 1986, el cual regía para la fecha de presentación de la demanda, en su parte pertinente señalaba lo siguiente:
El empleador y el trabajador podrán convenir y modificar las condiciones de la remuneración por tareas, piezas, comisiones o primas complementarias.
En la actualidad, el citado artículo ha sido subrogado y, en su parte pertinente ha quedado de la siguiente manera:
"El empleador y el trabajador podrán convenir y modificar las condiciones de la remuneración por tareas, piezas, comisiones".
En el presente caso, cada vez que existía una modificación o alteración a la remuneración percibida por el trabajador ya sea mediante acuerdo mutuo o por decisión unilateral de la empresa, siempre fue en beneficio del trabajador, aun a pesar de que, por un lado se pactaba la disminución de la remuneración en concepto de comisiones por ventas y por el otro se establecía o se aumentaba el salario base.
De acuerdo al artículo 142 del Código de Trabajo que regía a la fecha y como ha sido subrogado, las partes tienen la potestad de pactar y modificar las comisiones, siempre que no sea en desmejoramiento del trabajador, lo que no ha ocurrido en el presente caso.
En el caso de haber existido modificación en la remuneración del trabajador y ésta haya sido una decisión unilateral por parte de la empresa, esta Sala se pronunció en sentencia de 17 de diciembre de 1976 de la siguiente manera:
"A lo anotado se agrega que si el cambio de las condiciones de trabajo ocurrió en el mes de junio de 1972 y la reclamación del trabajador se hizo después de un año y siete meses, el período transcurrido nos indica que tácitamente convino con las nuevas condiciones que le ofreció la empresa".
En este caso en concreto, el reclamo del trabajador, se hace con la presentación de la demanda el 13 de mayo de 1988, la cual consiste en un cambio de las comisiones por ventas del 2 1/5% al 1% que va del año de 1970 a 1982 y las consecuencias derivadas de esta reducción en sus ingresos a partir del año de 1982.
Encontramos entonces que ha transcurrido en exceso un tiempo prudencial para que el actor reclamara y manifestara no estar de acuerdo con esta modificación salarial a su favor y por lo tanto, ha existido una tácita aceptación por parte del demandante de la modificación del salario.
De todo lo anterior podemos concluir que el Tribunal Superior de Trabajo analizó y tomó en cuenta las pruebas presentadas de manera objetiva, dado que no sólo consideró los contratos, las notas, las declaraciones de los peritos y otros documentos que reposan en el expediente presentados por el propio demandante. Por otro lado, vemos que aun en caso de que hubiera existido relación de trabajo con anterioridad a 1972, las modificaciones acordadas a la remuneración total percibida por el trabajador, siempre fueron en aumento a favor de el trabajador y nunca en detrimento de él. Por lo tanto, considera la Sala que no prosperan los cargos endilgados a la sentencia de segunda instancia.
En consecuencia, los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASA la Sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo el 22 de septiembre de 1995, dentro del proceso laboral entablado por A.A.S. JR. -vs- XEROX DE PANAMÁ, S. A.
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO EDGARDO MOLINO MOLA
Dentro del Recurso de Casación interpuesto por licenciado J.A.C. en nombre y representación de A.S.J. contra la sentencia de 22 de septiembre de 1995, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo dentro del proceso laboral: A.A.S.J. -vs- Xerox de Panamá, S. A. salvo mi voto, por las consideraciones que expongo a continuación, y que se plasma en el proyecto inicial, que no tuvo la acogida por parte del resto de los Magistrados que integran la mayoría de la Sala:
Este recurso tiene su génesis en un proceso común instaurado en el Juzgado Primero de Trabajo de la Tercera Sección, en reclamo de salarios por comisiones dejados de pagar por Xerox de Panamá, S.A., más los intereses laborales, los cuales asciende a la suma de B/.104,595.43.
El juzgador de primera instancia, mediante sentencia Nº 6 de 30 de julio de 1992, condenó a la empresa demandada a que pagara al trabajador S., la suma de B/.86,745.43, más las costas tasada en un 15%, y además los gastos ocasionados que derivan de la diferencia de las comisiones por cobro de 2 1/2% al 1% del período 1970 a agosto de 1982 y de los salarios derivados por no pago de las comisiones por cobro realizados por el demandante y que corresponden al período de 1 de septiembre de 1982 al 25 de abril de 1988. La empresa Xerox de Panamá, S.A. fue absuelta del pago de comisiones por venta.
Posteriormente la parte afectada con la sentencia citada, interpuso recurso de apelación contra la misma ante el Tribunal Superior de Trabajo. Este Tribunal Colegiado al resolver la alzada revocó la Resolución Nº 6 de 30 de julio de 1992 y en su lugar absolvió a la empresa de todas las reclamaciones interpuesta en su contra, al dictar su decisión el 22 de septiembre de 1995.
Las consideraciones que sostuvo el Tribunal de Segunda instancia para absolver a Xerox de Panamá, S.A., fueron las siguientes:
Que la relación laboral existente entre el demandante y la empresa surge a partir de la suscripción del Contrato de Trabajo, es decir el 20 de noviembre de 1972, ya que con anterioridad lo que existía era un contrato de concesión mercantil;
Que el pago de cuotas de Seguro Social no es prueba idónea para determinar la existencia de la relación de trabajo;
Que no existe la obligación por parte de Xerox de Panamá, S.A. al pago de una comisión de cobro del 2 1/2% ya que lo pactado en el contrato laboral fue de un salario de B/.250.00 mensual, que fue aumentando en el transcurso del tiempo hasta B/.1,132.00 más una comisión de 1% por los cobros, según adición hecha a partir del 1º de octubre de 1985.
Que el cobro de comisiones de 2 1/2% fue con anterioridad a la suscripción del contrato de trabajo, cuando la relación que mantenían las partes era producto de una concesión comercial;
Que a partir del contrato de trabajo que se verificó el 20 de noviembre de 1972, nunca se pactó pago de comisiones del 2 1/2%, y que además es evidente de que el trabajador no sufrió desmejoramiento económico alguno, ya que la remuneración fija superaba los pagos que recibió con anterioridad bajo la concesión mercantil, antes de la suscripción del Contrato de Trabajo.
De la sentencia de 22 de septiembre de 1995, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo, el trabajador mediante su procurador judicial interpuso recurso de casación, en el cual señala que el Tribunal de segunda instancia ha violado los artículos 732, 62, 63, 64 y 159 del Código de Trabajo.
Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera de Casación Laboral entran a resolver la presente controversia:
La primera norma que se estima conculcada es el artículo 732 del Código de Trabajo, el cual es del tenor siguiente:
"Artículo 732. Las pruebas se apreciarán por el Juez según las reglas de la sana crítica, sin que esto excluya la solemnidad documental que la ley establezca para la existencia o validez de ciertos actos o contratos.
El J. expondrá razonadamente el examen de los elementos probatorios y el mérito que les corresponda."
Según el recurrente el Tribunal de Segunda Instancia estaba en la obligación de ponderar y evaluar todas las pruebas existentes en autos para que a través de las mismas se encontrara la verdad objetiva que de ellas se desprende por medio de un razonamiento lógico y equitativo. Ese razonamiento lógico y equitativo consistía en reconocer que el señor S.J. laboraba con la empresa demandada desde el 7 de noviembre de 1966, tal como pudo probarse con la certificación del pago de cuotas del Seguro Social, cuatro libretas contentivas de reportes técnicos efectuados por el señor A.A.S.J. para Xerox de Panamá, S.A., entre otras pruebas.
Frente al argumento esgrimido por el casacionista, para este Tribunal es importante señalar, que en reiterada jurisprudencia se ha indicado que no es procedente en esta etapa judicial entrar a conocer normas procesales o adjetivas, de manera aislada y que en este caso se trata de una disposición de valoración de pruebas. Esto es que sólo el Tribunal de Casación conoce de errores in judicando y no de errores in procedendo.
Sin embargo a pesar de que esta ha sido la posición de la Sala Tercera en los casos de casación laboral, también hemos manifestado que si se ha verificado un error de hecho en la valoración de prueba por parte del Tribunal Superior de Trabajo, es dable entrar a conocer de tales errores (Ver Sentencias de 12 de junio de 1995, 19 de mayo de 1995 y 6 de julio de 1994).
Por lo anterior, creemos conveniente estudiar los argumentos, pruebas y la norma que se indica que ha sido violada, puesto que a nuestro concepto las apreciaciones del Tribunal Superior de Trabajo, se quedan cortas al analizar el caso que nos ocupa.
En primer lugar, es de suma importancia establecer, la fecha de inicio de la relación de trabajo entre el señor SERRACÍN JR. y la Xerox de Panamá, S.A. ya que es aquí de donde pudiera derivar una serie de obligaciones por parte de la empresa demandada, y que el Tribunal Superior de Trabajo pasó por alto al sólo circunscribirse a lo señalado por la empresa. Según lo expresado por el Tribunal de Segunda Instancia el contrato de 1966 era una concesión mercantil, y adicionó que la relación de trabajo se inicia en 1972 con la entrada en vigencia del Código de Trabajo y la suscripción de un contrato de trabajo.
Según manifiesta el casacionista inició las relaciones laborales con Xerox de Panamá, S.A. el 7 de noviembre de 1966. Como dijéramos en líneas anteriores, estima la empresa, y el Tribunal Superior, que la relación existente desde 1966 a 1972 era comercial, puesto que se trataba de un contrato de concesión mercantil.
El contrato que obra a foja 108 de uno de los antecedentes de este proceso, trata del contrato de concesión que suscribiera el señor S.J. y la Xerox de Panamá, S.A. el 7 de noviembre de 1966.
Este documento mantiene dentro de sus cláusulas una serie de reglamentaciones que en principio dan la impresión que la actividad del señor S. era independiente, es decir una concesión mercantil, tal y como lo ha afirmado la empresa. Y señalamos que en principio, ya que luego de que se cotejara el contrato con otros documentos que obran en los antecedentes a que hemos hecho referencia, todo indica de manera ineludible que la evaluación que hiciera el Tribunal Superior de Trabajo no es acorde con el contenido de los mismos.
En primer lugar, hacemos referencia a lo manifestado por la empresa, quien señala que el señor A.A.S. y Xerox de Panamá, S.A. iniciaron una relación de naturaleza comercial recogida en un contrato de concesión, y que las concesiones a que se refiere el demandante fueron pagadas a partir del 7 de mayo de 1969, mediante anexo o adición al referido Contrato Mercantil.
En lo que respecta a los contratos de concesión de naturaleza mercantil, la doctrina laboral ha indicado que "en algunos países del mundo, es frecuente que algunos sectores de la producción, especialmente en la venta de ciertos productos alimenticios de distribución masiva, los trabajadores sean colocados mediante mecanismos de artificio, en un status diferente al que legalmente le corresponde, logrando de esta forma evadir la aplicación de las normas laborales. Se trata de trabajadores cuya relación de trabajo es ocultada mediante la apariencia de una relación jurídica de otro tipo, civil o mercantil, que excluye la aplicación de las normas laborales y de seguridad social y deja a dichos trabajadores fuera del alcance del amparo jurídico que estas normas presentan". (H.D.Á., O.. La Prestación de Trabajo en los casos de fraude y simulación en Derecho Laboral, Revista de doctrina jurisprudencia e informaciones sociales. Tomo XXIX-Nº 141, Enero - Marzo 1986 Pág. 51) (Subrayado es nuestro).
Tal como se ha reproducido el comentario anterior, esta S. es de la impresión fundada, que el caso sub-júdice reviste características propias de una relación de trabajo, que a pesar de la existencia de un contrato de concesión mercantil, que mantiene cláusulas que dan la impresión que el concesionario, en su nombre, o sea SERRACÍN, debe alquilar línea telefónica personal y local para la atención inmediata de los servicios correspondientes que sean requeridos, la realidad es otra.
En este punto queremos incluir otro comentario de O.H. De Alvarez, muy apropiado para este caso quien ha indicado que "para obtener su empleo, el trabajador suele ser obligado a firmar un contrato de `concesión´ para la distribución del producto y a veces de `arrendamiento´, del vehículo que utiliza para transportarlos. En algunos casos, se exige además al trabajador que constituya una firma mercantil inscrita en el Registro de Comercio, con lo cual se pretende sustentar la calificación jurídica de `comerciante autónomo.´ (H.D.Á., O. op. cit. pág. 52).
Nosotros agregaríamos que no sólo se arrienda vehículos, sino también locales, líneas telefónicas, e instalación del servicio de agua y electricidad del supuesto comerciante, tal como ocurrió en este caso.
A partir del contrato de concesión antes mencionado, la empresa Xerox de Panamá, S. A. mantuvo una serie de comunicaciones que deja entrever claramente que la relación de naturaleza mercantil, era esencialmente laboral. Se colige de esas comunicaciones, la subordinación jurídica, y la dependencia económica elementos éstos que caracterizan la relación de trabajo, tal como lo preceptuaba el artículo 7 del Código de Trabajo de 1947, aplicable a la relación de trabajo que va de 1966 al 2 de abril de 1972. Para mayor claridad a continuación trascribiremos dicha normas.
"Artículo 7. Contrato individual de trabajo es el convenio verbal o escrito, mediante el cual una persona se obliga a prestarle a otra sus servicios o ejecutarle una obra bajo su dependencia continua y por una remuneración y salario.
P.. Por dependencia continua se entiende la obligación que tiene el trabajador de acatar órdenes del patrono y de someterse a su dirección, ejercida personalmente o por medio de terceros, en todo a lo que se refiera a trabajo". (Subrayado es nuestro).
Si bien es cierto la empresa adujo que la relación de trabajo se inició en 1972, al entrar en vigencia el Código de Trabajo, no es menos cierto que por ello, debe considerarse las relaciones antes de 1972, meramente comercial. Confirma nuestra apreciación el hecho que a foja 178 de los antecedentes de este proceso, la empresa, junto con el trabajador firmaron en mutuo acuerdo en la que ambas partes aceptaron que la relación de trabajo fue iniciada el día 20 de noviembre de 1968. Esta declaración desvirtúa lo afirmado por la empresa, en el sentido de que la relación de trabajo con SERRACÍN se inició en 1972. En lo que respecta al trabajador, aún que este manifiesta que la relación de trabajo se inició el 20 de noviembre de 1968, su declaración en este acuerdo no limita los derechos adquiridos antes y durante la ejecución de este acuerdo, pues los mismos son irrenunciables.
En 1968, para el señor SERRACÍN subsistían las mismas condiciones que se pactaran por medio del contrato de concesión antes mencionado. Por ello estamos convencidos de que desde un principio, es decir desde el 7 de noviembre de 1966, tal como se desprende de las pruebas documentales, se verificó la relación de trabajo desvirtuándose así el argumento de que entre las partes existía un nexo comercial. Muestra de lo comentado tenemos, a fojas 112 de los antecedentes, correspondencia interna de la Xerox de 13 de diciembre de 1966, cuyo contenido revela entre otras cosas, la obligación de SERRACÍN de enviar reportes técnicos todos los viernes. También reposa a foja 113 otra nota de 6 de abril de 1967, por medio del cual el Gerente Técnico de Xerox, le enumera ciertas indicaciones para el mantenimiento y servicios de las máquinas de esa compañía, que textualmente dice lo siguiente:
"Sr. Abel A. Serracín
Estimado Sr. S.,
Con el propósito de mantener el mejor control posible del servicio y mantenimiento de nuestras máquinas, por favor sírvase hacer lo siguiente:
Visitar, por lo menos, una vez al mes cada cliente.
Durante esta visita, hacer una limpieza general de dicha máquina, por ejemplo, ajuste y limpieza de corotrones, limpieza del sistema óptico, etc.
Hacer un reporte y copia de prueba, ambas firmadas por el cliente. Estos reportes y copias de prueba deberán ser enviados a Panamá a más tardar el 25 de cada mes.
Espero su cooperación de siempre. Saludos a todos y muchas gracias.
XEROX DE PANAMÁ, S. A.
Gerente Técnico".
Además, a folio 114, con fecha de 15 de marzo de 1948, el Gerente de Ventas de aquel entonces, se dirige directamente a un cliente de la Provincia de Chiriquí (recordar que el señor S. era el concesionario de esta área y quien tenía que velar personalmente por las máquinas Xerox), para anunciarle que el contrato de alquiler de una máquina fotocopiadora no sería renovado, entre otras cosas.
Por último cabe agregar, y no menos importante, que de igual manera el señor S. estaba inscrito en el Régimen del Seguro Social a partir del día 1º de febrero de 1968, bajo el numero patronal de la empresa Xerox de Panamá, S.A., tal como puede verificarse a foja 62 del expediente. Todo lo expresado anteriormente nos lleva a la conclusión inequívoca de que efectivamente el señor SERRACÍN laboraba para Xerox de Panamá, S.A. antes de 1972.
Determinada la relación de trabajo en el año 1966, que desconociera el Tribunal Superior de Trabajo, nos toca ahora establecer si efectivamente el trabajador demandante le asiste el derecho a las comisiones reclamadas.
Las comisiones que reclama S., están calculadas al 2 1\2% pactadas en el anexo que se le hiciera al "contrato de concesión" de 29 de mayo de 1969 que ya hemos señalado que se trata más bien de un contrato de trabajo. (Ver foja 5 de los antecedentes).
El período que según el casacionista debe aplicarse el cobro de estas comisiones del 2 1\2% que no le fueron canceladas, van de 1970 a 1982, ya que sólo le pagaron el 1% de comisiones por cobro; y que a partir del 1º de septiembre de 1982 no se le pagó suma alguna en concepto de comisiones.
Creemos que la confusión por parte del Tribunal de Segunda Instancia, estriba en que ha asimilado el concepto de salario base con el pago de comisiones, y uno no excluye al otro. El hecho de que el salario base fuese aumentado considerablemente, esto no significa que el trabajador no tenga derecho a las comisiones que se pactaron desde 1969, y que al ser reformada al 1%, demuestran una alteración en las condiciones de trabajo, tal y como los propios abogados de aquel entonces de la Xerox se lo manifestaran al Gerente de Finanzas de esta empresa (ver foja 46).
Efectivamente el salario base a que tenía derecho el trabajador SERRACÍN fue variando, es decir le fue aumentado, sin que se reformara lo atinente a las comisiones.
Por ello no podemos aceptar el argumento de que el salario que devengaba S. era superior a las comisiones pactadas y que no le fueron pagadas durante cierto tiempo.
En ningún momento la empresa, al variar el salario base de SERRACÍN, especificó que esto reemplazaría las comisiones por cobro pactados desde 1969, sólo se limitaba a alabar la gestión del trabajador.
A foja 43 de los antecedentes de esta casación laboral, consta Nota de septiembre 18 de 1975, que habla por sí sola:
Después de haber conversado con el Sr. Miranda en relación con el servicio en cobros y administrativos que presta a la empresa el Sr. S. en la provincia de D., hemos creído conveniente solicitarle se apruebe para este señor la suma de B/.50.00 mensuales por los gastos de representación y el 1% de los cobros que realice a partir del 1º de octubre\75.
En lo que concierne a las comisiones por venta que reclama el trabajador, es importante indicar que las comisiones por venta no fueron pactadas, sino sólo por cobro, por lo que este Tribunal no acepta esta pretensión.
En lo referente al mutuo acuerdo a que ha hecho referencia el Tribunal Superior para desechar la reclamación del Sr. SERRACÍN, en este punto es pertinente acotar que el mutuo acuerdo no incluye los derechos adquiridos (que son irrenunciables), que obviamente han sido alteradas en menoscabo del trabajador al omitirse la inclusión de las comisiones exigidas.
Lo expresado en líneas anteriores, nos conduce a señalar que le asiste la razón al casacionista de que se verificó de 1970 a 1988 alteración de las condiciones de trabajo, desde el momento en que no se le cancelaron las comisiones pactadas y que asciende a la suma de OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO BALBOAS CON CUARENTA Y TRES CENTÉSIMOS (B/.86,745.43) más los recargos e intereses de acuerdo a los artículos 169 y 170 del Código de Trabajo.
Las normas que han sido señaladas como violadas por parte del Tribunal Superior de Trabajo como lo son los artículos 62, 63, 64 del Código de Trabajo los cuales trata de la subordinación jurídica y dependencia económica, no fueron analizados por esta Superioridad, dado que la pretensión que se procuraba establecer, como es la relación de trabajo antes del 1972, esta última se verificó con el Código de Trabajo de 1947 vigente a la fecha de inicio de dicha relación laboral entre las partes en este proceso. Por lo demás, prosperan los cargos en relación a los artículos 159 y 732 del Código de Trabajo.
Por las anteriores consideraciones, reitero respetuosamente que nos apartamos del criterio sustentado por el resto de los Magistrados que integran la mayoría de este Tribunal Colegiado, y por lo tanto SALVAMOS NUESTRO VOTO.
Panamá, 29 de marzo de 1996.

References: artículo 732
 Artículo 732
 artículo 62
 artículo 63
 artículo 64
 resolución 
 artículo 159
 resolución 
 artículo 142
 artículo 142
 Resolución 
 artículo 732
 artículo 7