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Timestamp: 2018-09-25 17:35:49+00:00

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﻿ Sentencia SP12926-2014 de septiembre 24 de 2014
SENTENCIA SP12926-2014 DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:ABUSO DE FUNCIÓN PÚBLICA. SE REFIERE A UNA ILEGALIDAD POR DESBORDAR UNA ATRIBUCIÓN FUNCIONAL QUE LE CORRESPONDE EJECUTAR A OTRO FUNCIONARIO, EN LO CUAL RADICA LA ILEGALIDAD DEL ACTO. POR TANTO, SE CONFIGURA ESTE DELITO: SI UN FISCAL REASIGNA UN PROCESO, SIENDO ÉSTA UNA FACULTAD RESERVADA AL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ABUSO DE FUNCIÓN PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCESO PENAL, FUNCIONES ESPECIALES DEL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN, DELITO, EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, FISCAL
Sentencia SP12926-2014 de septiembre 24 de 2014
Rad.: 39.279
Bogotá, D.C, veinticuatro de septiembre de dos mil catorce.
Primero. De acuerdo con el artículo 6º de la Constitución Política, “los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes”, mientras que “los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. Este enunciado, y el del artículo 122 del mismo ordenamiento, según el cual “no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento”, permiten explicar por qué es constitucionalmente admisible que se penalice la infracción a la denominada cláusula especial de sujeción, cuando un funcionario público realiza funciones públicas distintas de las que legalmente puede efectuar dentro del ámbito de su competencia.
“Abuso de función pública. El servidor público que abusando de su cargo realice funciones públicas diversas de las que legalmente le correspondan, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco años”.
A partir de estas nociones y de la configuración de la administración pública como un bien jurídico institucional esencialmente dinámico, es posible diferenciar el delito de abuso de función pública del prevaricato, conducta que el defensor cree que ha debido atribuirse al exfiscal y que de aceptarse, como bien expresó el tribunal, desmejoraría la situación jurídica del justiciable, aun cuando hay que convenir en que la defensa lo hace no con ese propósito sino con el de demandar la nulidad de la actuación por una indebida calificación de la conducta, sin explicar en todo caso los réditos que le reportaría atender esa petición.
Pero no tiene razón: tanto en el delito de abuso de función pública como en el prevaricato, el acto es contrario a la ley, pero por el contenido singular de la conducta y la manera como se interfiere el bien jurídico de la administración pública, el comportamiento que se atribuye al exfiscal se adecúa al tipo penal de abuso de la función y no al de prevaricato, como en seguida se verá.
“Acertó entonces el tribunal en la decisión recurrida, al señalar que el abuso de la función pública se tipifica al actuar en donde no se tiene competencia, mediante comportamiento que puede ser desarrollado lícitamente por el empleado que tiene facultad para ello; en cambio en el abuso de autoridad y en el prevaricato, como bien lo pone de resalto el señor defensor, el acto es ilegal, no importando que funcionario lo ejecuta” (CSJ SP, radicado 10131 del 14 de septiembre de 1995).
De acuerdo con ello, la fiscalía tiene en la dogmática un primer límite o, en otras palabras, en el tipo penal un referente que no puede desbordar. En ese sentido, se estipuló y probó, que el doctor César Augusto Fernández Vega se desempeñó como Jefe de Unidad y Fiscal Segundo Local de Puerto Boyacá entre el 26 y 29 de diciembre de 2006 y que en esas mismas fechas fue encargado de la Fiscalía Primera del mismo nivel de la misma ciudad, ante la ausencia transitoria de su titular, según lo dispuso el Director Seccional de Fiscalías de Manizales en la Resolución 483 del 13 de diciembre de 2006.
En ese margen, obsérvese que mediante Resolución 3605 del 3 de noviembre de 2006, “por medio de la cual se reglamentan los mecanismos de reasignación de investigaciones”, el Fiscal General de la Nación dispuso en el artículo segundo lo siguiente:
“Procedencia. Tanto la designación de fiscales delegados especiales como la reasignación de investigaciones entre despachos de fiscalía, procederá por solicitud de cualquiera de los sujetos procesales, del denunciante, víctimas o de terceros que evidencien interés en la búsqueda de la verdad y la justicia, siempre que se sustente en razones objetivas calificables como excepcionales, especialmente en los que procede el cambio de radicación y siempre que esas circunstancias no puedan ser subsanadas a través de los mecanismos procesales previstos en la legislación vigente”.
Con dicha resolución por lo demás, se articula la legislación a lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-873 de 2003, que indicó lo siguiente:
“En consecuencia... el cambio en la asignación de procesos únicamente puede ser realizado por el Fiscal General de la Nación, teniendo en cuenta las pautas establecidas en los acápites precedentes de esta providencia —es decir, que se adopte esta determinación mediante resolución motivada debidamente notificada a los afectados, y sin que implique una invasión de la independencia y autonomía de los fiscales delegados”.
Esas situaciones, cabalmente probadas en el expediente, demuestran sin la menor duda el tipo objetivo y desde la culpabilidad se ofrece evidente, en las condiciones anotadas, que al exfiscal le era exigible actuar de acuerdo con el orden legal en la medida que podía y debía hacerlo. Por tal razón, ante la contundencia de la evidencia, la condena proferida debe confirmarse.
Tercero. Como se ha explicado, el artículo 372 de la Ley 906 de 2004, exige para condenar que se pruebe, más allá de toda duda, “el hecho y sus circunstancias”. Con esa finalidad y para acreditar el énfasis del injusto y la intensidad del dolo, la fiscalía se empecinó en demostrar la relación entre el fiscal y el alcalde y el interés de este por incidir en el trámite de los procesos.
En ese propósito se valió de la declaración que por fuera del juicio oral ofreció Andrés Felipe Hurtado, la que a manera de prueba referencia fue decretada por el tribunal, y de los testimonios de los investigadores Luis Alejandro Barreiro, Raquel Gallo Londoño y Carlos Andrés Campuzano, y de los excandidatos a la alcaldía de Puerto Boyacá, Luis Evelio López Ospina y Leonel Uribe Hernández.
En ese margen, Andrés Felipe Hurtado, en entrevista que ofreció el 4 de marzo de 2008 a la investigadora Raquel Gallo, relacionada con la investigación de conductas distintas a la que se juzga y que el fiscal llamó proceso matriz, no se refirió expresamente a reuniones entre el alcalde y el fiscal ni a la amistad entre ellos, pero si mencionó que algún día que no precisó, acompañó a su novia a entregar 7 millones y medio de pesos a Elías, para que este a su vez los repartiera a varios funcionarios, y entre ellos al fiscal acusado.
Y aun cuando posteriormente se retractó de esa versión, en una segunda entrevista que le recibió el investigador Carlos Andrés Campuzano el 19 de enero de 2011, se refirió al interés del fiscal César Fernández Vega por acercarse al alcalde Luis Evelio López, padre de su excompañera sentimental, quien habría propiciado un encuentro entre ellos, sin que pudiera enterarse de lo que allí se discutió y sin poder precisar, pese a una concreta pregunta al respecto, si el fiscal recibía dineros del alcalde.
Con relación a otros supuestos la prueba de referencia es problemática: de una parte, quienes se refieren a la afinidad entre el alcalde y el fiscal y al interés monetario que los unía, lo hacen con fundamento en lo que el testigo fallecido les habría dicho, pero colocan en su boca expresiones que nunca dijo y que el entrevistado por su gravedad no hubiese ocultado a los funcionarios judiciales que lo entrevistaron. Luis Evelio López Ospina, excandidato a la alcaldía, por ejemplo, aseveró que Andrés Felipe Hurtado le comentó que el fiscal era parte de la nómina del alcalde y que mensualmente recibía dos y medio millones de pesos, y el doctor Leonel Uribe Hernández, veedor municipal y también excandidato a la alcaldía, declaró que el testigo le comentó que él pagaba a los fiscales, algo que además, en su decir, se rumoraba en el pueblo, pero que el testigo nunca mencionó a los investigadores judiciales.
Desde ese punto de vista, López Ospina y Uribe Hernández, quienes derivan la razón de ser de su dicho del testigo fallecido se refieren a aspectos que el declarante nunca dijo y que de haberlas conocido, seguramente por haber comparecido en mayo de 2008, fecha muy próxima a los hechos que se juzgan, no hubiese ocultado a la investigadora que lo entrevistó. De manera que por tal circunstancia, la declaración de estos últimos no ofrece la credibilidad necesaria para probar que de por medio estuviera un interés económico en relación con la concreta conducta que aquí se juzga; debido a que, se reitera, la fuente de la que derivan su conocimiento no expresó semejantes afirmaciones ante los funcionarios judiciales.
1. Confirmar la decisión de fecha y origen indicados, por medio de la cual el Tribunal Superior de Manizales condenó al doctor CÉSAR AUGUSTO FERNÁNDEZ VEGA a las penas indicadas en esta decisión, como autor del delito de abuso de función pública.

References: artículo 6
 artículo 122
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 372