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Timestamp: 2019-06-26 00:33:41+00:00

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Ley del Municipio Libre del Estado de Colima Dirección de Procesos Legislativos
ULTIMA REFORMA DECRETO 272, P.O. 22, SUP. 4, 01 ABRIL 2017.
Decreto No. 80.- Se aprueba la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.
FERNANDO MORENO PEÑA, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de Colima, a sus habitantes sabed:
Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente
EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN IV Y 39 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y
PRIMERO.- Que mediante oficio número 342 de fecha 20 de marzo del año en curso, suscrito por los Ciudadanos Diputados Secretarios Rubén Vélez Morelos y Jaime Enrique Sotelo García, se turnó a las comisiones que suscriben, la iniciativa presentada en la sesión ordinaria de esa misma fecha por los ciudadanos Coordinadores de los Grupos Parlamentarios que integran esta Quincuagésima Tercera Legislatura, relativa a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Colima.
SEGUNDO.- Que los integrantes de las comisiones dictaminadoras revisaron, en forma concienzuda y cuidadosa, la iniciativa materia del presente Decreto, encontrando que la misma contempla la totalidad de los temas objeto de la reforma constitucional municipal, tanto a nivel nacional como estatal, modificando solamente en algunos casos, diversos aspectos para darle una estructuración más integral a su contenido.
Por ello, se consideró más adecuado que el nombre de dicho ordenamiento sea el de LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA, y no Ley del Gobierno Municipal del Estado de Colima, como se planteó originalmente, tomando en cuenta que el primero refiere con mejor precisión y amplitud todos los temas relacionados con la institución municipal, que comprenden no solamente los correspondientes al gobierno del ayuntamiento, sino los relativos al territorio, la población, la participación ciudadana y vecinal, la planeación del desarrollo del municipio, el sistema de medios de impugnación para que los particulares tengan la garantía de seguridad jurídica frente a las decisiones de la autoridad y otros más que tienen que ver con la prestación de servicios públicos, su concesión a particulares y la asociación y coordinación de municipios.
TERCERO.- El dictamen que se presentó a la consideración de la Asamblea del Congreso se sustentó en los siguientes lineamientos:
a).- Contiene 8 títulos, 32 capítulos, 135 artículos y 4 transitorios, estructurados en función de los diferentes temas y agrupamientos municipales, cuyas características se enuncian a continuación.
b).- El título primero, Disposiciones Generales, refiere los 5 objetos materia de la ley, en consonancia con el mandato constitucional previsto en la fracción II del artículo 115: las bases generales del gobierno y de la administración pública municipal; las bases generales del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre la administración municipal y los particulares; las normas para celebrar convenios de derecho público con otros municipios y con el gobierno del Estado; los procedimientos y condiciones para que el Ejecutivo estatal asuma funciones y servicios públicos municipales; y las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los reglamentos y bandos correspondientes.
En el capítulo I, se precisa la naturaleza del Municipio Libre, de ser una institución de orden público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, constituido por una comunidad de personas establecidas en un territorio determinado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que la misma requiera.
Congruente con esa naturaleza, se establece que los municipios colimenses tienen la potestad para normar directamente las materias, funciones, procedimientos y servicios de su competencia y para establecer órganos de gobierno propios. Asimismo, se reconoce su heterogeneidad, determinándose que ello deberá reflejarse en la facultad que cada municipalidad tiene para conducirse con autonomía y realizar sus acciones de gobierno en concordancia con sus condiciones y necesidades.
Se estatuye, por primera vez en un texto legislativo local, que el ayuntamiento será reconocido como interlocutor directo con los demás ámbitos de gobierno, en relación con las acciones que incidan en su territorio. Como consecuencia de lo anterior, dicho ordenamiento dispone que el ayuntamiento es la forma de gobierno municipal mediante la cual el pueblo, en ejercicio de su voluntad política, realiza la autogestión de los intereses de la comunidad.
La organización territorial municipal se regula en el capítulo II, destacando, entre otros aspectos, los siguientes: la regulación que se propone de una nueva figura para el gobierno interior de los municipios, las delegaciones, que podrán constituirse en las zonas urbanas y conurbadas, determinadas por el ayuntamiento respectivo; y la atribución para que dichas corporaciones declaren la categoría urbana de sus propias localidades, preservando la de ciudad a la Legislatura, tal como actualmente acontece.
El capítulo III relacionado con la población, precisa la calidad de habitantes y de vecinos del municipio, estableciendo un catálogo de derechos y obligaciones en favor de los vecinos, tomando en cuenta su carácter político de ser el destinatario principal de los actos municipales.
La creación y fusión de municipios requirió de una regulación cuidadosa, consignada en el capítulo IV, estableciendo requisitos que garanticen determinaciones racionales por parte del Congreso y aseguren la participación efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones. Adicionalmente es pertinente mencionar que se introduce el elemento de incapacidad económica para atender correctamente los servicios públicos indispensables, como hipótesis para la supresión de municipios.
Asimismo, por primera vez se regula en forma específica el mecanismo y el órgano competente para determinar lo conducente a la modificación de la extensión territorial de los municipios, originado por 3 causas: por resolución de un conflicto de límites intermunicipales, por convenio amistoso entre ayuntamientos y en los casos de fusión de municipalidades.
Igualmente, se prevé el mecanismo para que un ayuntamiento solicite el cambio de residencia de su cabecera municipal.
Por la importancia que reviste el tema de la participación social, se propone un capítulo específico, el V, estableciendo los siguientes mecanismos para que éstos se materialicen: realización de consultas populares para la elaboración de planes y programas o para la toma de decisiones; acciones de contraloría social; creación de consejos y comités municipales para tareas comunitarias y vecinales; utilización de las instituciones de democracia directa como la iniciativa popular, el plebiscito y el referéndum; y los demás que establezcan las propias autoridades municipales. Asimismo, se plantea el ámbito territorial en donde deben conformarse dichos mecanismos, su modo de integración y los objetivos a su cargo.
Conviene señalar que los organismos municipales de participación ciudadana se integrarán por vecinos electos por ellos mismos, de conformidad con las convocatorias y requisitos que expida el ayuntamiento. Asimismo, el Decreto propone que se asegure la participación ciudadana y vecinal en el procedimiento de designación de autoridades municipales auxiliares.
c).- En el título segundo, relacionado con el Gobierno Municipal, se regula, en el capítulo I, la integración de los ayuntamientos, la incompatibilidad para el desempeño del cargo de munícipe con otros empleos, cargos o comisiones federales y estatales por las que se perciba sueldo; el principio general de irrenunciabilidad de dichos cargos de elección popular; las categorías de servidores públicos que están impedidas para ser candidatos a ocupar los cargos de presidentes municipales, regidores y síndicos; y la facultad del Congreso para expedir las normas que regulen la oportuna transmisión del mando de los gobiernos municipales, mecanismo éste que se aplica desde 1994.
Un aspecto novedoso es el relativo a la reglamentación del procedimiento que debe seguirse cuando no se realicen elecciones municipales o éstas se declaren nulas, proponiéndose que en dichos casos el Congreso designe a un concejo municipal que recibirá el ayuntamiento el 15 de octubre del año correspondiente y que estará en funciones hasta que tomen posesión los integrantes del ayuntamiento que sean electos en los comicios extraordinarios. Se prevé que la Legislatura expida la convocatoria respectiva y autorice al Consejo General y al Tribunal competentes para que determinen los ajustes necesarios a los plazos del proceso electoral establecidos en el código respectivo. Las elecciones extraordinarias, en este supuesto, se celebrarán el último domingo de diciembre y los munícipes electos tomarán posesión el 31 de enero siguiente.
La instalación de los ayuntamientos y el proceso de entrega-recepción de las oficinas municipales a las nuevas administraciones, está prevista en el capítulo II, sobresaliendo el procedimiento para que se instale el gobierno del municipio cuando un concejo municipal, designado por el Congreso, reciba el ayuntamiento. También es importante señalar que por primera vez se regula en una ley municipal las diferentes hipótesis que pueden presentarse en el momento de instalación de un ayuntamiento, cuando asistan a la sesión solemne el número suficiente de munícipes para integrar el quórum, pero no la totalidad o cuando el quórum no se integre, dando cumplimiento de esta forma a lo establecido por el artículo 87, fracción I, del texto constitucional local.
El siguiente capítulo, el III, se dedica al funcionamiento del ayuntamiento y sus comisiones. Acordes con la reforma constitucional municipal, se prevé que los cabildos sesionen, por lo menos, 2 veces al mes; que estas sean públicas y que los lugares en donde se lleven a cabo, cuenten con los espacios adecuados para la asistencia del público; el tipo de votación requerido para sus resoluciones, ya sea por mayoría simple o calificada; y la obligación legal para que los cabildos expidan el reglamento que norme su funcionamiento interno.
Mención especial merece el tratamiento que se les otorga a las comisiones municipales. En primer lugar, se deja a la libre determinación de los cabildos, el número y denominación de las mismas. Por otra parte, se ratifica el mandato constitucional colimense de que cuenten con los recursos humanos y materiales para el mejor ejercicio de sus funciones, de acuerdo con las posibilidades presupuestales de los ayuntamientos. Finalmente, se les otorga la facultad para hacer comparecer a los titulares de los dependencias administrativas municipales y entidades paramunicipales a efecto de que les informen, cuando así se requiera, sobre el estado que guardan los asuntos de su competencia.
Si bien la Constitución local y este ordenamiento disponen el relieve significativo del nuevo papel institucional a cargo de las comisiones, debe precisarse que el Decreto propone que sus funciones sean exclusivamente dictaminadoras, de vigilancia y supervisión municipal, nunca ejecutivas ni mucho menos competidoras con las atribuciones asignadas, claramente en este Decreto, a los presidentes municipales, en su carácter de titulares, responsables de la administración municipal. En tal virtud, el presente Decreto no desconoce el contenido del artículo 92 de la Constitución colimense, que dispone que las funciones de dichas comisiones son las de: proponer, discutir y dictaminar los asuntos municipales; vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del cabildo; supervisar el adecuado funcionamiento de la administración municipal, formulando al cabildo las observaciones sobre las irregularidades que se detecten; y las demás que señalen los reglamentos municipales.
Las facultades y obligaciones de los ayuntamientos quedaron consignadas en el capítulo IV. Se optó por una presentación de las atribuciones a su cargo, según la materia correspondiente: gobierno y régimen interior, obra pública y desarrollo urbano, servicios públicos, hacienda pública, participación social, desarrollo económico, salud, educación y cultura.
El siguiente capítulo, el V, relativo a las facultades y obligaciones de los presidentes municipales, fue estructurado en la misma forma que el anterior, de conformidad con las siguientes materias: gobierno y régimen interior, servicios públicos y desarrollo urbano, seguridad pública, hacienda municipal, desarrollo comunitario, social y cultural.
Tomando en cuenta el alcance y contenido del ordenamiento que se dictamina, en sujeción estricta del mandato constitucional federal, se regulan las atribuciones generales de los síndicos y regidores, en los capítulos VI y VII, respectivamente. Se consideró conveniente que el Congreso revalorice la importante función de estas dos figuras municipales, otorgándoles con ello un carácter preponderante en el ejercicio de la función de gobierno municipal. No obstante esa nueva orientación que el este Decreto plantea para dichas autoridades, se deja en claro que sus atribuciones colectivas no deben controvertirse con las del presidente municipal, por lo que se acordó preservar el actual sistema de distribución de facultades entre aquéllos y éste.
Adicionalmente, se creyó conveniente no alterar el mecanismo actual de nombramiento de los 4 principales colaboradores municipales, así como sus relaciones con el cabildo, tomando en cuenta el principio de heterogeneidad de los municipios colimenses establecido en el artículo 2º de la ley, en el sentido de que cada municipalidad, al interior de su propia organización, regulará los aspectos particulares y específicos, para no incurrir en una regulación que al ser general para los municipios, los obligue a adoptar una estructura estandarizada. En todo caso, los regidores y síndicos de cada ayuntamiento deberán plantear y consensar con cada presidente municipal, los aspectos específicos, particulares, propios de cada uno de sus municipios, lo cual, por lo demás, constituye la razón de ser de la reforma constitucional de 1999, que atribuye a la ley municipal carácter de general, para dejar en libertad a cada ayuntamiento la manera de organización y regulación interna de sus propios asuntos. Esto vale también, como criterio genérico, con relación al papel más activo y dinámico que la reforma constitucional y este Decreto le asignan a las comisiones municipales.
Tres capítulos finales complementan este título segundo. El VIII, que regula el modo de suplir las faltas de los integrantes de los ayuntamientos, destacando el papel que en lo sucesivo desempeñará el suplente de los munícipes. El IX, destinado a regular la desintegración de los ayuntamientos y la suspensión y revocación del mandato de sus integrantes; y el X, en el que se plantean los aspectos relacionados con las autoridades auxiliares municipales.
d).-	El régimen administrativo es el contenido del título tercero. En el capítulo I, se propone que la administración municipal sea centralizada y paramunicipal, para recoger de esta manera la experiencia que se viene desarrollando en varios municipios del Estado, y se faculta a los ayuntamientos para crear las dependencias que le estén subordinadas directamente, así como para crear, fusionar, modificar y suprimir las ya existentes, atendiendo a sus necesidades y capacidad financiera. Se prevé también la creación de organismos desconcentrados.
En el capítulo de la administración pública centralizada, el II, se establece la estructura general a la que deberán sujetarse los ayuntamientos, creando a nivel de ley únicamente 4 dependencias municipales: la secretaría, la tesorería, la oficialía mayor y la contraloría, esta última de creación novedosa, permitiendo de esta manera que los ayuntamientos determinen la estructura complementaria, considerando sus condiciones territoriales, socioeconómicas, capacidad administrativa y financiera así como el ramo o servicio que se pretenda atender.
Los capítulos subsiguientes, III, IV, V y VI, están dedicados a regular en detalle las 4 dependencias mencionadas, normando los requisitos generales para que las personas puedan accesar a dichos cargo, así como las facultades y atribuciones de cada autoridad municipal. Se dotó al síndico de facultades especiales en relación con la hacienda y el patrimonio municipales, considerando que debe formar parte de las comisiones correspondientes a esas materias, para que cuente con voz y voto en la toma de decisiones tan importantes, y el último de este título, o sea el VII, que contiene los lineamientos generales de la administración pública paramunicipal.
e).- El título cuarto plantea lo relacionado con los servicios públicos municipales, estableciendo que será facultad exclusiva de los ayuntamientos organizar y reglamentar su administración, funcionamiento, conservación y explotación, así como las 4 formas mediante las cuales dichas instituciones prestarán los servicios públicos: directa, a través de sus propias dependencias administrativas u organismos desconcentrados; a través de los organismos públicos paramunicipales; mediante el régimen de concesión a particulares; y por medio de convenios de asociación y coordinación con otros municipios y con el gobierno del Estado.
Los servicios de seguridad pública y tránsito se regulan en el capítulo II. Mención especial merece la disposición relativa a la policía preventiva municipal, que de acuerdo con la disposición constitucional estará bajo el mando directo del presidente municipal, previéndose que dicha policía deberá acatar las órdenes que el gobernador le transmita, en los casos que éste juzgue de fuerza mayor o alteración grave del orden público.
Debe resaltarse el carácter inédito del capítulo III, relativo a los convenios de asociación y coordinación. En él, se regulan las bases y los requisitos para la asociación entre municipios, los convenios de coordinación con el gobierno del Estado, así como el procedimiento para que éste asuma la prestación de un servicio o el ejercicio de una función municipal, cuando un ayuntamiento manifieste incapacidad real para prestar el servicio o ejercer la función, quedando a cargo del Congreso la decisión final. Para estar en la mejor posibilidad de proveerla, la Legislatura podrá ordenar los estudios y análisis técnicos necesarios.
El capítulo IV se dedica a la reglamentación de las concesiones de bienes y servicios públicos municipales. Se dispone que los servicios de alumbrado, seguridad pública, policía preventiva municipal, tránsito y vialidad nunca podrán ser concesionados, en razón de su naturaleza y de la importancia estratégica que tienen para la comunidad. Se prevé que las concesiones no podrán otorgarse, entre otros, a los integrantes del ayuntamiento, a los servidores municipales de confianza, así como a los cónyuges y parientes cercanos de los anteriores. Se regula el procedimiento para su otorgamiento, en el que destaca la participación ciudadana, a través de un procedimiento plebiscitario, para determinar su procedencia, cuando se trate de servicios cuya prestación sea general y permanente para la población. Por otra parte, se dispone el contenido del título-concesión, las obligaciones de los concesionarios, las atribuciones de los ayuntamientos, las causales de extinción, las hipótesis de revocación y de caducidad, así como los procedimientos que deben seguirse en cada uno de los casos anteriores.
f).- La planeación del desarrollo municipal está prevista en el título quinto del presente Decreto. Se plantea, entre otros aspectos: que la planeación constituye la base de la administración pública municipal y tiene como sustento el sistema de planeación democrática previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que el municipio cuente con los siguientes instrumentos de planeación, plan municipal, programa de gobierno y suprogramas derivados de este último; y que los actos de preparación del plan y los programas respectivos estén a cargo de consejos de planeación del desarrollo municipal.
g).- Se propone un título, el sexto, para regular la importante facultad reglamentaria de los ayuntamientos, lo que constituye uno de los puntos fundamentales de la reforma constitucional municipal. En un solo capítulo se regulan los alcances de dicha facultad: respeto a las disposiciones constitucionales y legales; delimitación de los materias a regular; los sujetos obligados; el objeto sobre el que recae la reglamentación; derechos y obligaciones específicos de los habitantes; facultades y obligaciones de las autoridades; los procedimientos administrativos que deben seguirse para la obtención de permisos, licencias y autorizaciones; las sanciones y el procedimiento para su imposición; y las disposiciones transitorias.
Asimismo, se enuncian los principales reglamentos que deben expedir los ayuntamientos, conforme a los cuales regularán, en lo sucesivo, sus propios ámbitos competenciales: el general de cada municipio; el del cabildo; el de la administración pública municipal centralizada y paramunicipal; el de los servicios públicos municipales; los de desarrollo urbano; los de ecología; el de salud pública; y el que regule la participación ciudadana y vecinal, y en general las que sean necesarios para dar cumplimiento a las leyes municipales.
Por otra parte, en cumplimiento del mandato constitucional federal, se establecen las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes. En este caso, se dispone que los municipios ubicados en esta hipótesis tomen como referencia los similares de los municipios de Colima o Manzanillo, cuyos ordenamientos ya han sido probados en la realidad y se ajustan a las características reglamentarias relativas, siempre y cuando los cabildos que carezcan de esos ordenamientos expidan previamente el acuerdo correspondiente. Por ello no se optó por establecer casuísticamente en este Decreto, un capítulo relativo al tema, en el cual se regularan detalladamente todos los aspectos municipales reglamentarios, pues ese mecanismo resultaría a todas luces incompleto. Además, con este mecanismo, se envía un mensaje claro a los municipios colimenses para que procedan a expedir los reglamentos necesarios, demostrando así su voluntad política para asumir el nuevo papel institucional que les asigna la reforma constitucional.
h).- Los lineamientos relativos al proceso contencioso municipal y los órganos para resolver las controversias entre la administración pública municipal y paramunicipal con los particulares, están contenidos en la regulación del título séptimo. Las comisiones dictaminadoras que suscribieron, en este aspecto específico, proponen un transitorio correlativo con el doble propósito de ser congruentes con el espíritu de la reforma constitucional, pero que al mismo tiempo sea sensible a la realidad que presenta nuestro Estado, estableciendo un plazo suficiente (al 15 de septiembre del año 2003) para que todos los ayuntamientos tengan la oportunidad y disposición presupuestaria para la creación de dichos órganos, previendo transitoriamente que en tanto eso suceda, por una parte, quede en vigor el capítulo relativo a los recursos administrativos municipales previsto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, y por la otra, siga siendo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado el órgano para resolver las controversias arriba señaladas. No deja de reconocerse que este tema suscitó un prolongado y fructífero debate entre los integrantes de las comisiones y otros Diputados que participaron activamente en el análisis de la iniciativa.
i).- En el título octavo se regulan las disposiciones finales.
El capítulo I, establece 5 tipos de sanciones a que se harán acreedores quienes infrinjan esta Ley y los reglamentos municipales: multa de 3 a 10 mil días de salario mínimo general, tomando en cuenta la comisión de infracciones en materias, como ecología, cuyo monto debe ser proporcional a los daños causados al medio ambiente; arresto hasta por 36 horas; suspensión de funcionamiento; clausura del establecimiento o actividad; y jornadas en favor de la comunidad, sanción cuya incorporación es inédita en el ámbito municipal.
Cabe destacar que el presente Decreto, tomando en cuenta la experiencia desarrollada por el ayuntamiento de Colima a principios de la década de los ochentas, prevé un mecanismo específico para documentar que las infracciones se ajusten al principio de legalidad y garanticen la seguridad jurídica de los particulares, cuya incorporación constituye una aportación inédita de la presente Legislatura. En términos generales, las infracciones a las leyes y reglamentos municipales se harán constar por el personal autorizado del ayuntamiento, en acta circunstanciada que contendrá los datos y hechos que constituyen la infracción; la norma jurídica y los artículos infringidos; la declaración de la persona con quien se entiende la diligencia o su negativa en el caso de que no sea su deseo hacerla; la intervención de testigos; así como el nombre y firma de los que en ella intervinieron. Se prevé que el inspector municipal entregue una copia del acta al infractor y le haga saber que dispone de 72 horas para que acuda con el titular de la dependencia municipal correspondiente, para alegar lo que a su derecho convenga y pueda rendir las pruebas que considere convenientes. La autoridad municipal competente, dentro de los 5 días siguientes a la conclusión del plazo mencionado, emitirá la sanción procedente con base en los hechos consignados en el acta, así como en el alegato producido por el infractor y las pruebas aportadas, en su caso.
El siguiente capítulo, el II, regula los servidores públicos que tienen la obligación de declarar su situación patrimonial y el último, el III, trata los aspectos generales de la responsabilidad de los funcionarios y empleados municipales.
CUARTO.- El dictamen que se presentó a la consideración de la H. Legislatura, se refiere al contenido general de la ley que regula los diversos aspectos relativos a la organización de los municipios. Cabe destacar que los aspectos específicos de cada una de las materias que norman el funcionamiento de la institución del municipio, se regulan por leyes específicas cuya gran mayoría ha sido ya expedida por el Congreso. Por ello, se prevé una disposición genérica para remitir a leyes particulares, entre otros, las siguientes materias: los impuesto, derecho, productos y aprovechamientos son el contenido de cada una de las leyes generales de ingresos municipales; la aprobación y ejercicio del presupuesto anual de egresos, está incluida en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; la integración, control y desafectación de los bienes del patrimonio municipal, será objeto de la Ley del Patrimonio Municipal, actualmente inexistente, pero cuya iniciativa ya fue presentada a esta Soberanía; la autorización y manejo de la deuda pública municipal forma parte de la actual Ley de Deuda Pública Estatal, pero que al igual que la anterior se encuentra ya una iniciativa turnada a comisiones; la adquisición, arrendamientos y contratación de servicios, deberá ser objeto de una ley específica, actualmente inexistente, y que será responsabilidad de esta Legislatura su expedición; finalmente, la coordinación fiscal así como la asignación y entrega de participaciones forma parte del contenido de la actual Ley de Coordinación Fiscal del Estado.
QUINTO.- Por otra parte, es conveniente señalar que la iniciativa que nos ocupa, es producto de un mecanismo plural, de diálogo enriquecedor, de propuestas conjuntas y de voluntades políticas de los Diputados integrantes de esta Legislatura, encaminadas a producir las normas legislativas para regular la vida municipal colimense, en el que se integran diversas propuestas de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, el Diputado del Partido del Trabajo, así como los planteamientos de ciudadanos colimenses recogidos en la jornada popular, convocada por el Poder Legislativo del Estado, a través de la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana, durante los meses de enero y febrero próximo pasados.
SEXTO.- En síntesis, consideramos que la Ley que se contiene en el presente Decreto, además de ser el producto de una tarea responsable y conjunta de todos los integrantes de esta Quincuagésima Tercera Legislatura, sienta las bases para continuar con el fortalecimiento de la institución municipal, iniciado con las reformas constitucionales de 1983, pues estamos concientes de que el fortalecimiento del municipio es una tarea colectiva y que la aprobación de esta nueva ley, es una aportación que en ejercicio de nuestras atribuciones hacemos para que los municipios del Estado, se conviertan en el eje fundamental de nuestro desarrollo.
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente:
D E C R E T O No. 80
ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, para quedar como sigue:
ARTICULO 1°.- La presente Ley tiene por objeto establecer:
I.	Las bases generales del gobierno y de la administración pública municipal;
II.	Las bases generales del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre la administración municipal y los particulares;
III.	Las normas para celebrar convenios de derecho público con otros municipios y con el gobierno del Estado;
IV.	Los procedimientos y condiciones para que el Ejecutivo estatal asuma funciones y servicios públicos municipales; y
V.	Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los reglamentos y bandos correspondientes.
ARTICULO 2°.- El Municipio Libre es una institución de orden público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, constituido por una comunidad de personas, establecida en un territorio determinado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su régimen interno y con libre administración de su hacienda.
Asimismo, tiene la potestad para normar directamente las materias, funciones, procedimientos y servicios de su competencia así como para establecer órganos de gobierno propios. Se reconoce la heterogeneidad de los municipios del Estado, lo que deberá reflejarse en su autonomía para conducirse y realizar sus acciones de gobierno en relación a sus condiciones y necesidades.
ARTICULO 3°.- Cada municipio será gobernado y administrado por un ayuntamiento cuyos miembros se elegirán por sufragio universal, libre, secreto y directo, mediante los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, de conformidad con la Constitución Política estatal y el Código Electoral y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. Por tanto, el ayuntamiento será reconocido como interlocutor directo con los demás ámbitos de gobierno, en relación a las acciones que incidan en su territorio.
El ayuntamiento es el órgano de gobierno municipal mediante el cual el pueblo, en ejercicio de su voluntad política, realiza la autogestión de los intereses de la comunidad.
Con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios, las relaciones entre éstos y el gobierno del Estado, se conducirán por los principios de coordinación y descentralización,
ARTICULO 4°.- Los conflictos jurídicos que surjan entre los municipios y entre éstos y los Poderes Ejecutivo y Legislativo, se dirimirán por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, previa opinión de las autoridades interesadas, a excepción de los previstos por el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una ley reglamentará el ejercicio de esta atribución.
Será competencia del Congreso del Estado dirimir los conflictos sobre límites territoriales que se susciten entre dos o más municipios, de conformidad con la ley de la materia.
ARTICULO 5°.- La autoridad municipal puede hacer únicamente lo que la ley le concede y el gobernado todo lo que ésta no le prohíbe.
El municipio será responsable directo de los daños causados por los servidores públicos municipales en el ejercicio de sus atribuciones, en los términos de la Constitución Política del Estado y las leyes de la materia.
ARTICULO 6°.- Las relaciones laborales entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado.
ARTICULO 7°.- A toda solicitud o petición, el ayuntamiento deberá dar respuesta y comunicarla por escrito al interesado en los siguientes plazos:
a)	Hasta treinta días, cuando la decisión corresponda al presidente municipal o a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal y paramunicipal; y
b)	Hasta cuarenta y cinco días cuando la decisión corresponda al cabildo.
(ADIC. DEC. 337, P.O. 28, SUPL. 01, 18 DE JUNIO DEL 2011)
En caso de que una solicitud o petición presentada no sea atendida mediante respuesta escrita por la autoridad competente, dentro de los plazos señalados en este precepto, se entenderá contestada en sentido afirmativo o como consentida, por la dependencia o autoridad municipal correspondiente.
La figura jurídica de la Afirmativa Ficta a que se refiere el párrafo anterior, sólo operará respecto de los actos regulativos, en términos de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que la norma exige para el caso específico y que no se cause perjuicio ni lesión a intereses de terceros, ni al interés público.
ARTICULO 8°.- Los términos establecidos en el presente ordenamiento, se computarán en días hábiles, salvo disposición en contrario.
ARTICULO 9°.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I.	Congreso, al Congreso del Estado;
II.	Constitución General, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
III.	Constitución, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;
IV.	Periódico oficial, al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Colima;
(REFORMADO; DECRETO 133, P.O. 73; SUPL. 3; 22 NOV 2016)
V. Unidad: a la Unidad de Medida y Actualización vigente en el Estado;
VI.	Mayoría simple, la correspondiente a más de la mitad de los munícipes presentes en la sesión de cabildo;
VII.	Mayoría absoluta, la correspondiente a más de la mitad de los integrantes del cabildo; y
VIII.	Mayoría calificada, la correspondiente a cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del cabildo.
ARTICULO 10.- El Estado de Colima se divide en diez municipios, como lo establecen los artículos 7° y 104 de la Constitución y su denominación es la siguiente:
1.	Armería;
2.	Colima;
3.	Comala;
4.	Coquimatlán;
5.	Cuauhtémoc;
6.	Ixtlahuacán;
7.	Manzanillo;
8.	Minatitlán;
9.	Tecomán; y
10.	Villa de Alvarez.
ARTICULO 11.- Para su gobierno interior los municipios se organizarán en:
I.	Cabecera, que será el lugar en donde resida el ayuntamiento;
II.	Delegaciones, que podrán constituirse en las zonas urbanas o conurbadas de los municipios, determinadas por el ayuntamiento respectivo; y
III.	Juntas y comisarías, que se constituirán en las demás localidades de los municipios.
ARTICULO 12.- Para los efectos del artículo anterior, los centros de población adquirirán la categoría de ciudades, pueblos y rancherías, atendiendo a la concentración demográfica y a la dotación de servicios públicos.
El cambio de un pueblo a ciudad se hará mediante declaratoria del Congreso, tomando en consideración la opinión del ayuntamiento al que pertenezca. La creación y extinción de las demás categorías se declararán por los ayuntamientos en sesión de cabildo. Los ciudadanos de las poblaciones respectivas podrán solicitar por escrito las declaratorias correspondientes.
ARTICULO 13.- Para la determinación a que se refiere el artículo anterior, el Congreso y los ayuntamientos se sujetarán a las siguientes bases:
I.	Se considera ciudad, al centro de población que tenga un censo superior a los diez mil habitantes y que cuente con los siguientes servicios: alumbrado público, sistema de alcantarillado, agua potable, calles pavimentadas o arregladas con cualquier otro material similar, servicios médicos, policía municipal, hospital, mercado, centro de reclusión, rastro, panteón, planteles educativos de enseñanza básica y media superior, parques y jardines, edificios funcionales para las oficinas municipales y lugares adecuados para la práctica de los deportes, eventos culturales y sociales;
II.	Se considera pueblo, al centro de población cuyo censo sea superior a los dos mil habitantes y cuente con los siguientes servicios: agua potable, alumbrado público, policía municipal, mercado, panteón, planteles educativos de enseñanza básica, así como parques, jardines y áreas deportivas; y
III.	Se considera ranchería, al centro de población que no reúna los requisitos anteriores.
ARTICULO 14.- Son habitantes del municipio las personas que residan habitual o transitoriamente dentro de su territorio.
ARTICULO 15.- La vecindad en los municipios se adquiere por tener cuando menos un año de residencia efectiva y con domicilio establecido comprobable dentro del municipio.
ARTICULO 16.- La vecindad en los municipios se pierde por:
I.	Manifestación expresa de residir en otro lugar;
II.	Ausencia por más de un año del territorio municipal; y
III.	Ausencia legal resuelta por autoridad judicial;
La declaración de pérdida de vecindad será hecha por el ayuntamiento.
La vecindad de un municipio no se perderá cuando el vecino se traslade a otro lugar para el desempeño de un cargo público, de una comisión de carácter oficial del municipio, del Estado o de la federación, para la realización de estudios o por ausencia con motivo de persecuciones políticas, si el hecho que las origina no implica la comisión de un delito.
ARTICULO 17.- Los vecinos tienen los siguientes derechos y obligaciones:
I.	Votar y ser votado para los cargos públicos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley;
II.	Ser preferidos en igualdad de circunstancias para el desempeño de empleos, cargos y comisiones y para el otorgamiento de contratos y concesiones municipales;
III.	Presentar iniciativas populares sobre reglamentos municipales;
IV.	Ejercer interlocución con las autoridades municipales y ser atendidos por las mismas, en todo asunto relacionado con su calidad de vecino;
V.	Proponer a las autoridades municipales las medidas y acciones que juzgue de utilidad pública;
VI.	Respetar a las autoridades legalmente constituidas y cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones dictadas por las mismas;
VII.	Contribuir para los gastos públicos municipales, conforme a las leyes respectivas;
VIII.	Prestar auxilio a las autoridades municipales, cuando sean legalmente requeridos para ello;
IX.	Enviar a sus hijos o pupilos a las escuelas públicas o privadas a obtener la educación primaria y secundaria obligatorias;
X.	Inscribirse en los padrones que determinen las leyes federales, estatales y municipales;
XI.	Formar parte de los organismos de participación ciudadana y vecinal;
XII.	Aceptar los cargos para formar parte de los concejos municipales;
XIII.	Participar en los asuntos que así le competan en torno a las acciones emprendidas por el ayuntamiento;
Conservar limpios de residuos de construcción, maleza y residuos sólidos, las construcciones deshabitadas y los predios baldíos de su propiedad;
Miguel angel osorio chong, gobernador constitucional del estado libre y soberano de hidalgo, a sus habitantes sabed
Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el lunes 9 de abril de 2007

References: artículo 115
 resolución 
 artículo 87
 artículo 92
 artículo 2
 artículo 105