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Timestamp: 2020-01-20 12:01:31+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 142/1994
SENTENCIA 142/1994, de 9 de mayo
ECLI:ES:TC:1994:142
En el recurso de amparo núm. 1.040/92 interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Antonio Gómez de la Serna Adrada, en nombre y representación de don Pascual España Sánchez, asistido del Letrado don José A. Sanz Grasa, contra el Auto núm. 4, de fecha 25 de marzo de 1992, dictado por la Excma. Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo, en el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia dictada por la Sala de Justicia Militar del Tribunal Militar Central, de fecha 25 de octubre de 1991, en el recurso contencioso disciplinario militar preferente y sumario núm. 23/91. Han comparecido el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Presidente del Tribunal don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito que tuvo entrada en este Tribunal el día 21 de abril de 1992, se interpuso el presente recurso de amparo por parte de la representación procesal de don Pascual España Sánchez contra las resoluciones judiciales anteriormente mencionadas.
2. Al recurrente, Cabo 1º de la Guardia Civil, le fue impuesta en su día una sanción disciplinaria de un mes y un día de privación de libertad como autor de una falta grave prevista en el apartado 30 del art. 9 de la Ley de Régimen Disciplinario Militar. Recurrida esta sanción en tiempo y forma ante el Tribunal Militar Central, éste dictó Sentencia desestimatoria del recurso, con fecha 25 de octubre de 1991. Contra esta Sentencia anunció e interpuso el sancionado recurso de casación por infracción de ley, que fundó, en el motivo primero del art. 849 de la L.E.Crim., en vez de en el motivo 5º del art. 1.692 de la L.E.C. Tras dar audiencia al Fiscal Togado, que se opuso a la admisión del recurso de casación, el Auto de la Sala Quinta del T.S., de 25 de marzo de 1992, ahora impugnado, lo inadmitió por haberse residenciado el recurso en el art. 849.1º de la L.E.Crim., en vez de en el art. 1.692.5º de la L.E.C., siendo este el precepto aplicable al caso, pues la materia disciplinaria militar no tiene naturaleza penal sino administrativa, a tenor de la Ley Orgánica 12/1985, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
A juicio del Abogado del Estado, es de aplicación la doctrina de la STC 64/1992, según la cual no existe violación del derecho fundamental si la inadmisión es "consecuencia del negligente incumplimiento de un requisito esencial" (fundamento jurídico 6º). El art. 1.707 L.E.C. exige entre los requisitos del escrito de interposición la concreta y correcta cita del motivo o motivos en que el recurso pretenda ampararse, sin que tal precepto prevea la posibilidad de subsanación de los errores técnicos que en este escrito puedan cometerse. La exigencia de una precisa técnica jurídica en la confección del escrito de interposición del recurso de casación es una consecuencia proporcionada a su carácter extraordinario. La invocación del motivo o motivos del recurso de forma correcta y separada es por naturaleza una exigencia de índole formal, de sencillo cumplimiento por parte de la representación letrada del recurrente, y una exigencia de técnica jurídica mínima adecuada a la importancia y solemnidad del recurso y a la jerarquía del órgano jurisdiccional al que se dirige.
El derecho a la tutela judicial impide la clausura de un procedimiento por defectos que pueden subsanarse sin perjuicio de otros derechos o intereses legítimos, por lo que está obligado el órgano judicial a rechazar toda interpretación formalista y desproporcionada de los presupuestos procesales que le conduzcan a negar el acceso a la jurisdicción, debiendo, en su lugar, emplear aquella que resulte ser la mas favorable al ejercicio del derecho a la tutela, concediendo a la parte la posibilidad de subsanar los defectos u omisiones procesales que sea susceptibles de subsanación, tal como dispone en artículo 11,3 L.O.P.J. (SSTC 132/1987, 140/1987, 95/1988, 10/1990).
2. Centrado así el objeto del recurso, basa su queja el recurrente en la, a su juicio, excesivamente rigurosa interpretación mantenida por la Sala respecto del alcance de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación pues, habiendo determinado el motivo en que éste se fundaba (la infracción de precepto legal), citó como fundamento del mismo el art. 849.1 L.E.Crim., en lugar de la regla 5ª del art. 1.692 L.E.C., que hubiera sido el procedente, dado que, tras la aprobación de la Ley Orgánica 12/1985, perdida la naturaleza penal anteriormente atribuida a las infracciones disciplinarias militares, el propio art. 503 de la Ley Orgánica 2/1989, procesal militar, remitía a los preceptos de la L.E.C. para sustanciar el recurso de casación.
3. Para resolver la cuestión planteada en este recurso de amparo, conviene recordar que, según es doctrina reiterada de este Tribunal, el derecho a acceder a un medio de impugnación legalmente previsto, no puede obstaculizarse mediante interpretaciones rígidas o formalistas en exceso de la normativa procesal que resulte de aplicación, sin infringirse con ello el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 C.E. (por todas, STC 124/1987, fundamento jurídico 2º). Esta doctrina, evidentemente, "no se opone a que hayan de cumplirse escrupulosamente por las partes los presupuestos y requisitos procesales destinados a asegurar la integridad y regularidad del proceso, así como el derecho de defensa de todas las partes" (STC 213/1990, fundamento jurídico 2º), máxime en un recurso de naturaleza extraordinaria, como lo es el de casación. La legítima exigencia de la regularidad formal en el cumplimiento de los requisitos impuestos por la Ley para garantizar las finalidades a que se acaba de hacer mención debe combinarse sin embargo con el principio de proporcionalidad en las sanciones derivadas de la inobservancia de dichos requisitos, de tal manera que las consecuencias de las infracciones de alcance meramente adjetivo se correspondan a la intrínseca gravedad de éstas; a su incidencia sobre la propia regularidad del proceso y sobre los derechos y posibilidades de defensa de las partes en él presentes. Tal es, por otra parte, una doctrina de este Tribunal ya muy reiterada (STC 119/1994, por todas).
Como ya se ha dicho, el motivo del recurso de casación interpuesto era la infracción de preceptos legales. Así se desprendía con toda claridad del extracto de su contenido y del ulterior desarrollo del mismo. Y no cabe duda de que el enunciado de este motivo, concordante con el citado en el art. 1.692 L.E.C. y, por tanto viable en el cauce casacional que procedía utilizar y que en todos los demás aspectos formales fue correctamente utilizado, no era susceptible de inducir a confusión al Tribunal sentenciador. Así se comprueba si se tiene en cuenta que la Sala del Tribunal tuvo por preparado el recurso sin hacer observación alguna, emplazando a las partes intervinientes en el mismo (entre ellas, a la representación del Estado) para su comparecencia entre la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo; y que, formalizado el recurso, la Sala acordó dar traslado al Fiscal Togado de las actuaciones, a los solos fines previstos en el art. 1.709 L.E.C., interesando éste la inadmisión por haberse amparado el motivo único de impugnación en lo previsto en el art. 849.1 L.E.Crim. "inaplicable al recurso de casación que procede frente a las Sentencias dictadas en el procedimiento contencioso-administrativo militar", en cuyo fundamento se basó el Auto hoy impugnado.
Todo lo cual evidencia que, efectivamente, la esencia del motivo y su intrínseca procedencia no eran discutibles; lo era el amparo legal efectivamente citado en apoyo del mismo, a través de la mención de un precepto (el art. 849 L.E.Crim.). Con su resolución, pues, la Sala ha mantenido una rigurosa interpretación de las precisiones del art. 1.710 L.E.C., que ha acarreado el cierre de la vía de recurso, entorpeciendo la revisión de una sanción disciplinaria que afectaba a valores tan trascendentes como la libertad personal, sobre cuya relevancia constitucional no cabe lugar a dudas (art. 17 C.E.), lo que agrava aún más las consecuencias perjudiciales derivadas de la infracción procesal cometida, acentuando su falta de proporcionalidad en relación con la intrínseca incidencia de ésta sobre los valores que las formas procesales estaban llamados a defender en este caso. Así pues, se ha de concluir que la resolución impugnada vulnera el art. 24.1 C.E., lo que obliga a estimar este motivo y, con él, el recurso de amparo.
1º. Reconocer el derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.).
2º. Anular el Auto de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 1992.
3º. Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dictarse el mencionado Auto.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 1040-1992
Contra Auto de la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo en recurso de casación interpuesto contra Sentencia dictada por la Sala de Justicia Militar del Tribunal Militar Central, en recurso contencioso disciplinario militar preferente y sumario.
La exigencia de citar el precepto legal que enuncia el motivo de casación es perfectamente razonable, dada la naturaleza extraordinaria de dicho recurso y su procedencia sólo en determinados casos y frente a determinadas resoluciones. Ahora bien, la necesidad de cita del precepto concreto, como exigencia formal, debe valorarse en atención a la finalidad que persigue: la ya dicha de ajustar los motivos del recurso a las causas legalmente tasadas y la necesaria claridad y precisión con que dichos motivos han de formularse. De este modo, no es constitucionalmente admisible su apreciación meramente ritual con efecto tan trascendente como cerrar definitivamente la vía de recurso, si los fines que con esta exigencia se persiguen han quedado alcanzados clara e indubitadamente [F.J.4].
Artículo 1709, f. 4
Artículo 1710, f. 4
Artículo 849.1, ff. 2, 4
Artículo 9.30, f. 1
Auto de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 1992

References: artículo 11
 resolución 

Artículo 1709

Artículo 1710

Artículo 849

Artículo 9