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Timestamp: 2018-03-21 16:43:43+00:00

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Tema 11 Derecho Procesal [68282] | Introducción al derecho procesal (UA) | Unybook
Tema 11 Derecho Procesal (2015)
Tema 11 Derecho Procesal
Lección 11. El derecho fundamental a la obtención de una tutela judicial efectiva I.
CONTENIDO DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA El cauce para su proclamación y defensa lo encontramos en el art. 24.1 CE, el cual dice que “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que pueda producirse indefensión”.
El Tribunal Constitucional sostiene que este derecho “tiene un contenido complejo que incluye la libertad de acceso a los Jueces y Tribunales, el derecho a obtener un fallo de éstos y... el derecho a que el fallo se cumpla”. Así que el derecho a la tutela judicial efectiva no es una mera respuesta a la petición de apertura de proceso, sino que requiere una resolución de fondo acerca de la pretensión planteada. No obstante, esta resolución podrá ser de inadmisión cuando así lo acuerde el Juez o Tribunal en aplicación razonada de una causa legal.
El Tribunal Constitucional descarta por otro lado que la sentencia tenga que tener un contenido concreto, es decir, “el derecho a la tutela judicial efectiva no comprende obviamente- el de contener una decisión acorde con las pretensiones que se formulen”.
De manera que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta una protección procesal, absolutamente independiente del derecho alegado (y la tutela de los derechos e intereses legítimos no es otra que la instrumental ofrecida por vía del proceso).
El derecho a la tutela judicial efectiva constituye un derecho autónomo y novedoso en el que se integran diversas manifestaciones y que engloba los siguientes: DERECHO AL PROCESO , A UNA RESOLUCIÓN DE FONDO FUNDADA EN DERECHO, DERECHO A LA EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, DERECHO A LOS RECURSOS LEGALMENTE PREVISTOS .
MANIFESTACIONES DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA A. DERECHO DE ACCESO AL PROCESO Son muchas las sentencias del TC que consagran de forma expresa el derecho de acceso al proceso como uno de los que integran el denominado a la tutela judicial efectiva, en tanto implica el primer paso para la apertura de un proceso en el que habrá de dictarse una resolución.
Los obstáculos o limitaciones irrazonables o injustificadas a la iniciación del proceso supondrán la vulneración de este derecho.
De ahí la importancia de eliminar cualquier tipo de impedimento que lleve a los particulares a renunciar a esta fórmula heterocompositiva de solución de conflictos y a recurrir a vías no admisibles en un Estado de Derecho (como la autotutela).
B. DERECHO A UNA RESOLUCIÓN DE FONDO FUNDADA EN DERECHO El derecho a la tutela judicial efectiva supone el de obtener en el proceso una resolución motivada y fundada en Derecho.
El TC afirma que “el derecho a la tutela judicial efectiva implica la obtención de una resolución motivada y fundada en Derecho, la cual puede ser de inadmisión si hay razones jurídicas para ellos, o de serlo y serlo estimatoria o desestimatoria de la pretensión’’. De esto se puede concluir que: - El art. 24.1 CE no supone un derecho a una sentencia favorable.
Normalmente la resolución habrá de resolver el fondo del asunto.
No obstante, podrá ser de inadmisión (= meramente procesal) si concurren razones para ello.
a) Inadmisión o sentencia procesal No se deniega el DTJE cuando la resolución consista en la inadmisión a trámite del asunto si la imposibilidad de entrar a resolver el fondo tiene su origen en una causa no justificada, esto es, arbitraria o irrazonada y siempre con base en la ausencia de los oportunos presupuestos procesales o las formas esenciales del procedimiento.
Esas situaciones excepcionales deben cumplir unos requisitos. No siempre la falta de presupuestos procesales o la infracción de las formas esenciales genera las mismas consecuencias: es necesaria una previa subsanación antes de la emisión de una resolución meramente procesal, y sólo podrá actuarse de ese modo (emitir una sentencia procesal) ante la imposibilidad de subsanación.
La INADMISIÓN, por tanto, ha de contemplarse como una garantía de la integridad del procedimiento, y no como una sanción a la parte que incurre en defectos de carácter procesal. Por ello la interpretación de las causas susceptibles de producirla debe ser siempre restrictiva y en modo favorable a la resolución del fondo del asunto.
b) Sentencia de fondo Ha de ser siempre fundada y motivada, así como congruente con las pretensiones deducidas.
Una sentencia incongruente es generadora de indefensión, y una infracción del Derecho a una tutela judicial efectiva, porque para el TC una sentencia incongruente deja imprejuzgada la pretensión porque las resoluciones de este tipo ofrecen respuestas inadecuadas e irrazonadas en relación con los motivos alegados.
C. DERECHO A LA EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES Se trata de un derecho esencial debido a lo establecido en el ART. 117.3 CE, del cual se concluye que es parte del ejercicio de la potestad jurisdiccional la ejecución de lo juzgado.
Por ello, para el Tribunal Constitucional “la ejecución de las sentencias es una cuestión de capital importancia para la efectividad del Estado social y democrático de Derecho”.
Pero no basta que la Ley lo proclame; hay que establecer medidas para que surta sus efectos, y eliminar todos los obstáculos manifestados en forma de privilegios o dejaciones que ponen en peligro la suerte de las resoluciones judiciales.
Por ello es preciso que el órgano judicial,   por un lado asegure la futura condena desde un primer momento a través de las medidas cautelares por otro lado adopte posteriormente las medidas oportunas que la Ley le concede para llevar a efecto la ejecución.
D. DERECHO A LOS RECURSOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS El TC ha encuadrado este derecho en el más amplio del derecho a la tutela judicial efectiva.
El derecho a los recursos no es un derecho absoluto e incondicionado que comporte la existencia en todo caso de un recurso frente a cualquier resolución judicial. Por el contrario, el derecho sólo lo es a aquellos que hayan sido legalmente establecidos, es decir, este derecho sólo alcanza rango constitucional en tanto el legislador ordinario establezca un determinado recurso de forma expresa.
Una vez el recurso haya sido creado tendrán rango y serán susceptibles de protección constitucional las limitaciones o interpretaciones que en este orden de ideas coarten su ejercicio o lo supediten a exigencias inadmisibles.
En el ámbito civil, la creación de recursos es competencia del legislador ordinario, el cual puede configurar una segunda instancia, suprimir las existentes o crear nuevos recursos más amplios que los vigentes. Como dice el TC, sería posible en abstracto la inexistencia de recursos o su condicionamiento a ciertos requisitos.
En el ámbito penal, el PIDCP y el CEDH obligan a la existencia de un recurso que revise los hechos declarados probados, así como la declaración de culpabilidad. Por ello, la reforma de la LOPJ de 2003 introduce el recurso de apelación frente a las SAP dictadas en primera instancia (antes sólo cabía el recurso de casación), recurso que se tramitará ante la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ correspondiente. De igual modo, frente a las sentencias de las Salas de lo Penal de la Audiencia Nacional cabrá recurso de apelación ante la Sala de Apelación de este tribunal.
A pesar de esta nueva regulación, a día de hoy tales previsiones siguen sin hacerse realidad.

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