Source: https://www.scribd.com/document/35556096/REGIMEN-ECONOMICO-EN-EL-DERECHO-DE-FAMILIA-primera-parte
Timestamp: 2016-08-31 17:41:57+00:00

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BrowseUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreEL RÉGIMEN ECONÓMICO EN EL DERECHO DE FAMILIA: ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN PERUANA.PRIMERA PARTE
Olga María Castro Pérez- Treviño1
Reseña: El régimen económico en las uniones matrimoniales y no matrimoniales es dentro del Derecho de Familia, el tema que más dificultades ofrece para su comprensión y aplicación. El análisis del estado actual de la normatividad sobre el régimen económico de bienes del matrimonio a la luz de la propuesta de reforma del Código Civil vigente, la incidencia de la actual regulación sobre las relaciones patrimoniales entre cónyuges en el trafico patrimonial, las convenciones patrimoniales, el debate sobre la naturaleza jurídica del patrimonio social, la evolución de la jurisprudencia sobre la responsabilidad de los cónyuges frente a sus acreedores así como la referida a la disposición arbitraria de bienes sociales por uno de los cónyuges y las nuevas cuestiones que ha planteado la ley de procedimientos concúrsales respecto al concurso de uno de los cónyuges o de la sociedad conyugal, el régimen de Separación de Patrimonios como sistema optativo o sancionatorio, la aplicación del régimen de Sociedad de Gananciales a las uniones de hecho, el requisito del reconocimiento judicial de unión de hecho para la aplicación del régimen de bienes , constituyen el punto de partida de este trabajo que se presenta al lector en dos partes, la primera de ellas enfocada en la presentación y análisis de las normas regulatorias del régimen de Sociedad de Gananciales durante su vigencia, la segunda parte esta destinada al fenecimiento y proceso liquidatorio de la Sociedad de Gananciales, el régimen de Separación de Patrimonios y el régimen económico de las Uniones de Hecho. Sumario: Primera Parte. – Ideas Preliminares.- Antecedentes Legislativos.- La Eleccion del Regimen.- La Sociedad de Gananciales.- Patrimonio Propio.- Bienes Propios..- Facultades de Administración, Disposición o Gravamen de los Bienes Propios.- Patrimonio Social.Bienes Sociales.- Facultades de Administración, Disposición o Gravamen de los Bienes Sociales.- Deudas Sociales.- Teoría del Reembolso.
IDEAS PRELIMINARES El derogado Código Civil de 1936, obedeciendo a conceptos tradicionales arraigados en nuestra sociedad, establecía el predominio del marido sobre la mujer y, en consecuencia, ella estaba supeditada a él. Cabe señalar que en la época de la Colonia y hasta mediados del siglo pasado, la mujer que se casaba pasaba a ser, más o menos, una hija de su marido. 2 Históricamente se relaciona la supremacía del varón sobre la mujer, a una incapacidad en razón del sexo y a una incapacidad correlativa a la potestad marital.
Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Candidata a Magíster en Derecho Civil con mención en Familia por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Docente en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón en el área de Derecho de Familia y Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Docente en el Programa Universidad de la Experiencia (UNEX), Facultad de Letras y Ciencias Humanas Pontificia Universidad Católica del Perú. Docente en la Maestría de Derecho Civil de la Universidad San Martín de Porres.
CORNEJO CHAVEZ, Héctor. Diario “La República”, Lima, 23 de julio de 1984, Pág. 7.
El cambio de rol social de la mujer llevado a cabo en el siglo pasado, significó que ella ocupara un lugar decisivo en la sociedad y que se dejaran de lado patrones tradicionales respecto a los roles domésticos y públicos que venía desarrollando, originándose su reconocimiento, tanto en el plano nacional, como en el plano internacional. El principio de igualdad y el mandato de no discriminación constituyen preceptos constitucionales en casi todas las legislaciones del mundo y está recogido en numerosos instrumentos internacionales. Entre nosotros, la Constitución del 9 de junio de 1979 recoge por primera vez este principio en su Artículo 2°, obligando a cambios normativos en materia de familia. Los regímenes matrimoniales también sufrirían este impacto. Había pues que regular las facultades de administración y disposición de bienes, aspectos medulares en el régimen3, adecuándolas a este cambio. El mencionado Artículo señalaba taxativamente “Toda persona tiene derecho a la igualdad dentro de la ley, sin discriminación alguna por razón de sexo, religión, opinión o ideas. El varón y la mujer tienen iguales oportunidades y responsabilidades. La Ley reconoce a la mujer derechos no menores que el varón” Adicionalmente, el 13 de Septiembre de 1982 el Perú ratifico la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”. En ella se plasma la promoción y defensa de los derechos de las mujeres sobre la base de la igualdad y dignidad de la persona humana, conviniendo los Estados partes en seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer ( Art. 2°). La Constitución vigente también recoge el principio de igualdad y el mandato de no discriminación. Señala que: “Toda persona tiene derecho: ... 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole”4 (Artículo 2° numeral 2) El actual Código Civil – vigente desde el 14 de noviembre en 1984-, nace con una nueva normativa inspirada en el principio de igualdad y el mandato de no discriminación. Como consecuencia de ello, marido y mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales. En el Artículo 4° se reconoce igual capacidad de goce y de ejercicio de los derechos civiles para el varón y la mujer. El Artículo 234° de nuestro Código Civil, en su parte final, establece por primera vez este principio en el ámbito de las relaciones conyugales, al prescribir que: “El marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales”. Este Artículo resulta ser fundamental en el desarrollo del articulado del Código respecto al régimen patrimonial de los cónyuges.
Fundamentalmente se ve reflejado en los poderes de administración y disposición que se otorgan a los cónyuges sobre los bienes que tenían al contraer
matrimonio y los que adquieran después.
LANDA ARROYO, César, VELAZCO LOSADA, Ana. Constitución Política del Perú 1993. Pontificia Universidad Católica del Perú, 1994, Fondo Editorial.
En lo referente a las relaciones patrimoniales el principio de igualdad y el mandato de no discriminación se vieron concretados en cuatro normas que a continuación trascribimos: Artículo 292°. “La representación de la sociedad conyugal es ejercida conjuntamente por los cónyuges, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Procesal Civil. Cualquiera de ellos, sin embargo, puede otorgar poder al otro para que ejerza dicha representación de manera total o parcial. Para las necesidades ordinarias del hogar y actos de administración y conservación, la sociedad es representada indistintamente por cualquiera de los cónyuges. Si cualquiera de los cónyuges abusa de los derechos a que se refiere este Artículo, el Juez de Paz Letrado puede limitárselos en todo o parte. La pretensión se tramita como proceso abreviado. Artículo 313°. “Corresponde a ambos cónyuges la administración del patrimonio social. Sin embargo, cualquiera de ellos puede facultar al otro para que asuma exclusivamente dicha administración respecto de todos o de algunos de los bienes. En este caso, el cónyuge administrador indemnizará al otro por los daños y perjuicios que sufra a consecuencia de actos dolosos o culposos”. Artículo 315°. “Para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención del marido y la mujer. Empero, cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad, si tiene poder especial del otro. Lo dispuesto en el párrafo anterior no rige para los actos de adquisición de bienes muebles, los cuales pueden ser efectuados por cualquiera de los cónyuges. Tampoco rige en los casos considerados en las leyes especiales.” Artículo 317°. “Los bienes sociales y, a falta o por insuficiencia de éstos, los propios de ambos cónyuges, responden a prorrata de las deudas que son de cargo de la sociedad.”
ANTECEDENTES LEGISLATIVOS Debemos buscar los antecedentes más próximos del régimen patrimonial del matrimonio en el Perú en nuestra legislación colonial cuya fuente fue el derecho español. Durante el Imperio Incaico, por su propia organización, éste no tuvo cabida, pues no había dominio privado y sólo al fallecimiento podían transmitirse los bienes de uso personal. “Durante la vigencia del Código de 1936 se pensó que el régimen de Sociedad de gananciales armonizaba con nuestra manera de concebir el matrimonio en el que junto a la comunidad espiritual nacida entre los esposos, debía existir un mínimo de comunidad económica. Mucho tuvo que ver en este la influencia de la Iglesia, que desde finales del Siglo XII, por disposición pontificia de Urbano III, impuso al marido la obligación de dividir con la mujer los gananciales que hubiese. Era la Ley quien creaba ese de tipo de sociedad. Las partes no eran libres para decidir si era preferible acceder a un régimen de separación. Era la
comunidad, en consecuencia, un régimen de orden público que el codificador calificó como irrenunciable”5. El antecedente inmediato del actual Código Civil es el Código de 1936, el que a su vez tuvo como antecedente el derogado Código de 1852. El Artículo 176° del Código Civil de 1936 señalaba que por la celebración del matrimonio se constituía entre marido y mujer una sociedad en la cual existían bienes propios de cada cónyuge y bienes comunes. La mencionada norma indicaba que los cónyuges no podían renunciar a esa sociedad ni a sus efectos. Este Artículo tuvo como fuente inmediata los Artículos 955° y 956° del Código Civil de 1852 los mismos que procedían del proyecto de Vidaurre, (Artículo 39°, Título IV, parte primera). El Régimen de Gananciales fue acogido también por el Código de Santa Cruz.6 La Comisión Reformadora del Código Civil de 1852 acordó mantener el régimen de bienes del Código a ese momento vigente, en consideración a que el régimen de Sociedad de gananciales correspondía a nuestra manera de concebir el matrimonio: esto es que junto a la comunidad espiritual nacida entre los cónyuges debía existir un mínimo de comunidad económica7, pero con las reformas necesarias para elevar la condición de la mujer a ese momento incapaz relativa por matrimonio. De otro lado, se desechó el sistema de Capitulaciones Matrimoniales propuesto por el Doctor Manuel Augusto Olaechea. Se planteaba el régimen de Separación de Bienes como régimen convencional y el de Sociedad de gananciales como régimen legal. Esta propuesta no fue compartida por los demás miembros de la Comisión Reformadora quienes consideraron que el concepto tradicional que los peruanos tenían sobre el matrimonio haría que su uso fuera muy escaso; se consideró además que con la institución de los “Bienes Reservados”8 se rompía la exclusividad y rigidez de mantener el régimen de Sociedad de gananciales como único sistema legal. El régimen de Separación de Bienes se admitió para casos excepcionales y no como un sistema electivo para los esposos; sin embargo el Artículo 241° del Código Civil de 1936 sufrió una evolución, pues en su texto original dicho artículo señalaba la posibilidad de que el juez declarara la separación de bienes solamente a pedido de la mujer y en los casos taxativamente allí señalados. En efecto, la Ley 15779 promulgada el 10 de diciembre de 1965 añadió una causal adicional mediante la cual se permitía que la separación de bienes fuese judicialmente declarada a solicitud de ambos cónyuges con la sola expresión de causa. De esta manera se les dio la oportunidad a los cónyuges de cambiar el Régimen de Gananciales por el de Separación de Bienes basándose en una resolución judicial expedida a solicitud de ambos.
AVENDAÑO VALDEZ, Jorge, Los bienes en el derecho de familia en La Familia en el Derecho Peruano en Libro Homenaje al Dr. Héctor Cornejo Chávez,
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú , 1992 segunda edición . Fondo editorial, de la Pontificia Universidad Católica. . Pág. 252.
VALVERDE, Emilio. El Derecho de Familia en el Código Civil Peruano. Lima, 1942, Tomo I, Imprenta del Ministerio de Guerra, Pág. 443. Ibidem, Pág. 252. Aún cuando la mayoría de legislaciones que instituyen los bienes reservados coinciden en que éstos están constituidos por los frutos del trabajo de la
mujer, algunos de ellos instituyen un régimen de mayor envergadura pues el peculio reservado de la mujer comprende no solamente el producto de su trabajo, sino también las cosas exclusivamente destinadas a su uso personal (vestidos, joyas); lo que sirvió para el ejercicio de su profesión o de su industria y también todo lo que ha sido declarado reservado en el contrato de matrimonio y por último los bienes que se estipulen reservados por el autor de una liberalidad entre vivos o testamentaria. En el Perú constituyeron bienes reservados de acuerdo al derogado Código Civil de 1936, Art. 206 del Código Civil: los productos del trabajo de la mujer y lo que ésta obtenga por el usufructo legal sobre los bienes de los hijos.
El Código Civil de 1984 fue producto del trabajo de dos comisiones: la Comisión Reformadora que tuvo a su cargo el estudio y revisión del Código Civil de 1936 para luego preparar un proyecto del nuevo Código. Esta comisión fue constituida el 1° de Marzo de 1965 y entregó el proyecto del Código Civil Peruano el 15 de julio de 1981. La segunda comisión se denominó Comisión Revisora; esta comisión tuvo como finalidad revisar el proyecto del Código Civil presentado por la Comisión Reformadora, y elaborar el texto final. El Código fue promulgado el 24 de julio de 1984 pero empezó a regir el 14 de noviembre del mismo año, con el objeto de que se divulgara no sólo entre los magistrados, abogados y estudiantes de derecho, sino entre la población de todo el país. El Libro de Familia fue elaborado por el Maestro Héctor Cornejo Chávez, miembro de la Comisión encargada del estudio y revisión del Código Civil de 1936 Comisión Revisora -autor del Anteproyecto del Libro de Familia, el mismo que fue aprobado en su integridad por aquella comisión y asumido con algunas modificaciones, más de forma que de fondo por la Comisión Revisora. La exposición de motivos correspondiente al Libro de Familia estuvo también a su cargo. La parte final de la citada exposición de motivos a la letra dice: “..., el ponente considera que el principio de la igualdad del varón y de la mujer, la especial situación en que pueden hallarse los cónyuges que aportan patrimonios considerables o desproporcionados, la conveniencia de no complicar innecesariamente el tratamiento legal de la materia y la de no producir, con un cambio que pocos reclaman problemas mayores que los que se intentan resolver, pueden ser debidamente resguardados si es que, por una parte, se modifican todas las normas del régimen de comunidad de gananciales que actualmente supeditan la mujer al marido; y por otra, se permite a los cónyuges optar libremente y sin necesidad de juicio, antes o después del matrimonio, por un régimen de separación de bienes. Este sistema, en uso ya en otras legislaciones, funcionaría sobre la base de que, de no elegirse y registrarse el régimen de separación, se presumiría la vigencia del de gananciales. Es cierto que esta solución deja en pie un problema importante si se opta por el régimen de Comunidad de Gananciales, y es el de las dificultades que acarrea para la contratación con terceros la obligación de que ambos cónyuges intervengan; pero ello podría ser subsanado en parte considerable si se dispusiese que esa intervención no se exige para actos de adquisición y si además se tiene en cuenta que uno de los cónyuges puede otorgar poder al otro. Existe siempre, es verdad, el riesgo de abuso de uno de los cónyuges, pero si entre ellos no se mantiene un mínimo de armonía, diálogo y buena fe, entonces el problema no puede resolverlo ley alguna”9. Paralelamente el Doctor Manuel de la Puente y Lavalle elaboró un anteproyecto sobre el régimen de bienes, el mismo que lo presentó a la Comisión Reformadora sin lograr la acogida esperada. En el mencionado proyecto propuso el régimen de “Participación en Gananciales” como régimen legal y consideró como régimen supletorio el de “Separación de
CORNEJO CHAVEZ, Héctor. Derecho de Familia en el Código Civil, Tomo IV. Exposición de Motivos y Comentarios. Compiladora Delia Revoredo de
Debakey, Lima, Perú, 1985, Talleres de Artes GráfiCasacion “Industria Avanzada”, Pág. 409 a 414
Bienes”, al que podrían acogerse voluntariamente ambos cónyuges o ser impuesto por el Juez a pedido de uno de ellos. De otro lado, contempló las Capitulaciones previas y posteriores al matrimonio con libertad absoluta de los cónyuges para elegir el régimen de bienes que regiría sus relaciones patrimoniales y cambiarlo todas las veces que lo crean conveniente. La peculiaridad del sistema de capitulaciones planteado fue que éstas sólo tenían efecto entre los cónyuges, de tal manera que respecto a terceros, los cónyuges se reputaban sometidos al régimen legal. En lo que respecta al régimen de “Participación en los Gananciales”, doctrinariamente se ubica como un régimen de Comunidad de Administración Separada pero con ciertas características propias: se separaba la gestión patrimonial de la comunidad de los bienes, el cónyuge gestor tenía la facultad de administrar, disponer y disfrutar de los bienes que se encontraban a su disposición, bien sea por estar registrados a su nombre o bien no registrables; aún cuando tales bienes no hubieran sido adquiridos necesariamente por el cónyuge gestor. “La espina dorsal del régimen legal es la distinción entre el concepto de propiedad y el de gestión. Con relación a la propiedad, se establece que los bienes de los cónyuges les pertenecen, en el sentido de que cada uno de ellos adquiere su propiedad por cualquiera de los medios que permita el Derecho. Sin embargo, en virtud del matrimonio y durante la vigencia del régimen legal, los atributos inherentes a la propiedad, o sea la posesión, el disfrute y la disposición, no corresponden al cónyuge propietario sino a aquel de los cónyuges que tenga la gestión del respectivo bien. Desde luego, la titularidad de la propiedad y la titularidad de la gestión generalmente coincidirán, pues en la gran mayoría de los casos el cónyuge adquiriente conservará la gestión del bien, pero no porque la titularidad de la propiedad implique legalmente la de la gestión, sino porque así lo determina la voluntad de los cónyuges. Desde luego, tal como también se ha expresado en la citada introducción, la gestión de los bienes de los cónyuges no compromete la condición legal de ellos para efecto de la liquidación del régimen. Por otro tanto, no hay inconvenientes para que uno de los cónyuges transfiera al otro sus bienes propios conservando la gestión de los mismos, entendiéndose que esta transferencia sólo cobrará efectividad al liquidarse el régimen legal.”10 Esta novedosa propuesta no logró convencer a los miembros de la Comisión Reformadora, la crítica a ella bien podría resumirse en el siguiente texto del Doctor Héctor Cornejo Chávez: “De otro lado conviene señalar que tampoco otras fórmulas resuelven el problema sin incurrir en el riesgo de crear otros no menos graves. Así, si dentro de un régimen de comunidad con gestión separada o de participación de gananciales, uno solo de los cónyuges – que no es necesariamente el propietario – puede disponer de los bienes por corresponderle la gestión según el registro correspondiente, o si se trata de bien no registrable, por el hecho de poseerlo, la contratación ciertamente se facilita para terceros, pero suscita para los cónyuges el peligro de que el
DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. Anteproyecto del régimen de bienes en el matrimonio. Exposición de Motivos a proposito de la reforma del Codigo
Civil de 1936, pp 35 – 36
gestor perjudique dolosamente al otro – sin que la posibilidad de un juicio entre ellos sobre cobro de daños y perjuicios parezca una solución alentadora, aparte de que, tratándose de bienes no registrables, no se ve cómo podrían los terceros saber si quien pretende disponer de ellos los posee a título individual y legítimamente o si, por haberlos sustraído o extraído arbitrariamente del hogar común se trata de una simple detentación, a menos que se tenga por poseedor a aquel de los cónyuges que tiene materialmente la cosa en su poder, lo cual, en los hechos, colocaría al débil, casi siempre la mujer, a merced del abuso del más fuerte.”11
LA ELECCION DEL REGIMEN El Código Civil de 1984 acoge dos regímenes matrimoniales: el de Separación de Bienes y el de Comunidad Limitada a los Gananciales denominada por nuestro legislador “Sociedad de gananciales”. Los cónyuges pueden elegir uno de ellos, antes o después del matrimonio, no durante la celebración del acto matrimonial. No está permitido que se introduzcan modificaciones al régimen elegido. En este aspecto el proyecto de reforma del Libro de Familia elaborado por la comisión presidida por el Dr. Jorge Avendaño Valdez y presentada por el Ministerio de Justicia, incorpora con buen criterio la facultad de los contrayentes de elegir el régimen patrimonial que regirá su vida conyugal en el mismo acto de celebración de matrimonio o antes de éste. Propuesta que consideramos acorde con la realidad económica de nuestro país, tal como se señala en la exposición de motivos que a la letra dice: “La propuesta se sustenta en liberalizar la voluntad de los contrayentes en la misma ceremonia matrimonial, así como en unificar en un sólo acto la voluntad nupcial, economizando costos, trámites y tiempo. Se espera que esta fórmula tenga un impacto en las relaciones económicas en general, dado que del matrimonio surgen y se consolidan las mismas. A tal efecto, si la decisión es anterior al casamiento, los futuros cónyuges deben dejar constancia de su opción necesariamente mediante escritura pública; mientras que si la elección tiene lugar en el mismo acto de celebración de matrimonio, esta deberá constaren el acta matrimonial. Obsérvese que la facultad de opción que se concreta en el mismo acto matrimonial --cuya característica es la unidad-- deberá ser manifestada expresamente por los contrayentes de manera directa o previo cuestionamiento del Alcalde.”12 Se considera que la poca libertad que poseen los cónyuges para introducir los acuerdos que deseen en la escritura pública de opción o sustitución de régimen atenta contra sus intereses, pues bien puede ocurrir que tal como están regulados los regímenes pre - establecidos en nuestro Código Civil no se adecuen a lo que consideran que deberían ser las reglas que rijan sus relaciones patrimoniales. En este sentido consideramos que la Propuesta de Reforma del
Debakey. ob.cit., Pág. 415.
Proyecto de reforma del Código Civil de 1984 recuperada el 20 de junio de 2006 de http://www.minjus.gob.pe/Proyectos/
Código Civil de 1984 aprobada debió considerar que los cónyuges pudieran acordar cualquier estipulación que no fuera contraria a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres o limitativa de la igualdad de derechos y deberes que correspondiera a cada cónyuge, dándoles así la posibilidad de introducir en la escritura pública de opción o sustitución de régimen, modificaciones al régimen elegido. De esta manera se logra dar mayor flexibilidad al régimen de bienes, dejando a los cónyuges libertad para introducir los acuerdos que deseen siempre dentro de los límites señalados. El Artículo 295° del Código Civil señala que cuando la elección se hace antes del matrimonio, el régimen elegido comenzará a regir al celebrarse el matrimonio, señalando además que si los futuros cónyuges optan por el régimen de Separación de Patrimonios, deberán hacerlo expresamente, otorgando la escritura pública respectiva bajo sanción de nulidad e inscribiéndola en el registro personal para que surta efectos. Un interpretación literal del artículo nos llevaría a concluir que es necesario también su inscripción en el registro personal habida cuenta que la norma cuando señala: “Para que surta efectos debe inscribirse en el registro personal” no distingue entre cónyuges y terceros; en consecuencia, si ambos requisitos formales no son cumplidos, el régimen de Sociedad de gananciales sería el que rija las relaciones patrimoniales entre los cónyuges. Algunos autores señalan que bastaría que se otorgue la escritura pública para que rija entre los cónyuges el régimen de separación de patrimonios13, interpretación a la que nos adscribimos. Para el profesor Jorge Avendaño Valdez: “La opción por este último – se refiere al régimen de separación de bienes – (el comentario es nuestro) ha de ser expresa; el silencio de los cónyuges hace presumir, Jure et de Jure, que se ha elegido el régimen de comunidad. Más aún, la opción expresa a favor de la separación patrimonial tiene una formalidad esencial que comprende dos etapas: el otorgamiento de una escritura pública y su inscripción en el Registro personal. El Artículo 295° es muy claro cuando al referirse a esa última, dice que ella es indispensable para que la separación patrimonial “surta efectos” (no dice ante terceros). La naturaleza esencial de la inscripción queda reiterada por el artículo 296”14 Revisados los antecedentes de la norma en estudio, tanto en el Anteproyecto presentado a la Comisión Reformadora del Código Civil de 1936, como en el Proyecto de la Comisión Reformadora y la Comisión Revisora del Código Civil de 1936, encontramos que en ambos documentos se señalaba que para que surta efectos el régimen elegido frente a terceros debía inscribirse en el registro personal. Se trataría pues de una omisión en el texto final del Libro de Familia; no se encuentra otra justificación para que el legislador omitiera referirse expresamente a “los terceros” pues es a ellos a quienes se busca proteger con la inscripción del acuerdo en el registro personal. En el proyecto de reforma del Libro de Familia presentado por el Ministerio de Justicia15 con buen criterio se señala que si el régimen de bienes elegido es el de separación de bienes para que surta efecto ante terceros debe inscribirse en el registro personal. El Artículo 295º del mencionado proyecto a la letra dice:
Al respecto véase ALEX F. Placido. “Manual de Derecho de Familia”. AVENDAÑO VALDEZ, Jorge. ob.cit. . Pág. 254.
Lima, Perú., Agosto de 2002. Segunda Edición. Gaceta Jurídica. Pág. 141.
“Artículo 295.- Elección y formalidad del régimen patrimonial del matrimonio. 1. Antes o en el acto de la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden optar libremente por el régimen de sociedad de gananciales o por el de separación de patrimonios, el cual comenzará a regir al celebrarse el casamiento. 2. Si los futuros cónyuges optan por el régimen de separación de patrimonios, deben otorgar escritura pública, bajo sanción de nulidad (las negritas son nuestras). 3. No será necesario otorgar escritura pública cuando lo declaran en el acto de la celebración matrimonial, lo que deberá constar en el acta. 4. Para que surta efecto ante terceros, debe inscribirse en el registro personal (las negritas son nuestras). El notario o el alcalde, en su caso, dispondrán que se envíen los partes al registro 5. A falta de escritura pública o de declaración ante funcionario municipal se presume que los interesados han optado por el régimen de sociedad de gananciales.”16 Una vez celebrado el matrimonio, dice el Artículo 296° 17, pueden los cónyuges sustituirlo por el otro cuantas veces lo crean necesario con la obligación de liquidar formalmente el régimen anterior para ingresar a un nuevo régimen (Artículo 298°).18 Para la validez del convenio, es obligatorio el otorgamiento de escritura pública y la inscripción en el Registro personal , siendo ambas formalidades esenciales. El nuevo régimen tiene vigencia desde la fecha de su inscripción en el registro personal (Artículo 296° del CC). Sin embargo ello no guarda congruencia con el Artículo 319º del Código Civil, norma específica para la regulación del fenecimiento de la sociedad de gananciales, el mismo que señala que para las relaciones entre los cónyuges se considera que el fenecimiento de la sociedad de gananciales se produce en la fecha de la escritura pública19. De la lectura de los Artículos 296° y advierte la referida incongruencia. 319° primera parte, del Código Civil se
1. Por un lado, el Artículo 296° establece que durante el matrimonio, los
cónyuges pueden sustituir un régimen por otro y para la validez del convenio deberán verificarse necesariamente dos actos formales: (i) el otorgamiento de la escritura pública, y (ii) la inscripción en el Registro personal. Señala además que el nuevo régimen tiene vigencia desde la fecha de su inscripción en el Registro personal - se entiende que para los cónyuges y terceros - atribuyéndole de esta manera carácter constitutivo a la inscripción. relaciones entre los cónyuges se considera que el fenecimiento de la sociedad de gananciales se produce en la fecha de la escritura pública – se refiere a la escritura publica de sustitución voluntaria del régimen patrimonial - cuando la separación de bienes se establece de común acuerdo (Artículo 319° primera parte). De la lectura del artículo en referencia podemos concluir que entre los cónyuges la inscripción en el
2. De otro lado, el Artículo 319° del Código Civil establece que para las
Ibídem Artículo 296°.- “Durante el matrimonio, los cónyuges pueden sustituir un régimen por el otro. Para la validez del convenio son necesarios el
otorgamiento de escritura pública y la inscripción en el Registro personal. El nuevo régimen tiene vigencia desde la fecha de su inscripción.”
Artículo 298°- “Al terminar la vigencia de un régimen patrimonial se procederá necesariamente a su liquidación.” Entiéndase escritura pública de sustitución voluntaria de régimen patrimonial.
registro personal tiene carácter declarativo. El caso de los terceros es diferente, en atención a la segunda parte del artículo en mención, la inscripción en el registro personal tiene carácter constitutivo. Al respecto somos de la opinión que cuando la variación voluntaria del régimen tenga como finalidad la sustitución del régimen de sociedad de gananciales por el de separación de patrimonios, la norma aplicable debe ser la contenida en el artículo 319º del CC, considerando que se trata de una disposición de carácter específica referida de manera concreta al fenecimiento del régimen de sociedad de gananciales por sustitución voluntaria del régimen, frente a una disposición de carácter general como es la del artículo 296º CC referida a la variación voluntaria del régimen patrimonial cualquiera que sea (sociedad de gananciales o separación de patrimonios) el que rija entre los cónyuges. Consecuentemente, la normatividad aplicable en cada caso seria como a continuación se detalla:
1. Cuando se trate de variar el régimen de separación de patrimonios por el
de sociedad de gananciales, este último regiría entre los cónyuges desde la fecha de la inscripción en el registro personal, en aplicación del artículo 296º del CC. de separación de bienes, este último regirá entre los cónyuges desde la fecha de la escritura pública de sustitución voluntaria de régimen patrimonial, en aplicación del artículo 319º del CC.
2. Cuando se trate de variar el régimen de sociedad de gananciales por el
Respecto a los terceros las normas coinciden; en ambos casos el nuevo régimen entrará en vigencia frente a terceros en la fecha de su inscripción en el registro personal, estando los terceros protegidos por el principio de buena fe registral, pues no les será oponible la sustitución sino desde la fecha de su inscripción en registros personal. Consideramos que la norma debió contemplar no solo la inscripción en el registro personal sino también en otros pertinentes (registro de predios, vehicular) toda vez que lo que se pretende es que queden a salvo los intereses de los terceros que contraten con los cónyuges. A nuestro criterio el proyecto de reforma del libro de familia presentado por el Ministerio de Justicia,20de aprobarse, lograría enmendar el problema señalado en los párrafos precedentes al unificar criterios. Así de la lectura de ambos artículos podemos concluir que la inscripción tiene carácter consitituvo frente a terceros y declarativo entre los cónyuges. El articulo 296º del mencionado proyecto esta redactado en los términos que a continuación se trascriben y se mantiene el articulo 319º tal como nos rige actualmente.
Articulo 296°.- Sustitución voluntaria del régimen patrimonial. otro. 1. Durante el matrimonio, los cónyuges pueden sustituir un régimen por el
Para la validez del convenio es necesario el otorgamiento de escritura pública. 2. Para que surta efecto ante terceros debe inscribirse en el registro personal21(las negrillas son nuestras).
Proyecto de reforma del Código Civil de 1984 recuperada el 20 de junio de 2006 de http://www.minjus.gob.pe/Proyectos/ En el proyecto de reforma se elimina el carácter constitutivo del registro entre los cónyuges, entro ellos regirá el régimen a partir de de la fecha en que
los cónyuges otorgaron la escritura pública de sustitución voluntaria de régimen patrimonial.
A la luz del Artículo 144° del Código Civil vigente que señala “cuando la ley impone una forma y no sanciona con nulidad su inobservancia, constituye sólo un medio de prueba de la existencia del acto” debemos entender que en el caso de pactar el régimen de separación de patrimonios antes del matrimonio la formalidad de la escritura publica tiene carácter ad solemnitatem mientras que en el caso de sustitución voluntaria del régimen durante el matrimonio tiene carácter ad probationem La CASACION N°1345-98 Lima del 16 de Diciembre de 1998
"La sustitución de un régimen patrimonial por otro durante la vigencia del matrimonio debe constar en escritura pública, lo cual constituye un requisito para su validez que es la cualidad o atributo necesario de un acto jurídico para que surta efectos legales, pero su inobservancia no es sancionada con nulidad. Siguiendo la regla contenida en el artículo 144 del Código Civil, se concluye que se trata de una forma ad probationem, y en consecuencia las partes pueden compelerse recíprocamente a llenarla. A diferencia de lo estipulado por el artículo 295 del Código Sustantivo donde la exigencia de que el acuerdo de separación de patrimonios adoptado antes del momento de la celebración del matrimonio deba constar en escritura pública, constituye una formalidad ad solemnitatem, pues su inobservancia es sancionada con la nulidad del acto jurídico de conformidad con lo establecido por el inciso sexto del artículo 219 del Código acotado" De acuerdo al Artículo 299° del Código Civil, en el régimen patrimonial elegido quedan comprendidos tanto los bienes que los cónyuges tenían antes de su entrada en vigencia, como los que adquieran durante la misma, quedando en consecuencia regulados por un conjunto de reglas propias del régimen patrimonial elegido. El Artículo 300° del Código Civil indica que cualquiera que sea el régimen elegido, ambos cónyuges están obligados a contribuir al sostenimiento del hogar según sus respectivas posibilidades y rentas. En caso de desacuerdo, el juez regulará la contribución de cada uno. La norma señalada tiene por finalidad cuidar que se encuentren cubiertas las necesidades básicas del hogar. En la ley no se ha precisado qué debemos entender por “sostenimiento del hogar”. En doctrina se señala que por ello se debe entender las cargas de familia, esto es los gastos más usuales y necesarios para la vida de los cónyuges y de sus hijos. “Se entiende que los bienes de los cónyuges están sujetos al levantamiento de las cargas familiares. Siendo así, la repercusión de la responsabilidad patrimonial frente a terceros debe ser precisado en los regímenes típicos. Así, en la Sociedad de gananciales se establece que los bienes sociales y subsidiariamente, los propios de los cónyuges, a prorrata, responde de las cargas sociales. En el régimen de separación de bienes, si bien no se ha previsto norma expresa, se concluye que los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas de familia, con su patrimonio personal, en proporción a la contribución que convenga.”23
La CASACION N°1345-98 Lima del 16 de Diciembre de 1998 en SCEP PLACIDO V. Alex. Manual de Derecho de Familia. Gaceta Jurídica, Primera Edición. Lima, 2001. Pág. 139.
LA SOCIEDAD DE GANANCIALES De acuerdo a nuestro ordenamiento vigente, el régimen patrimonial 24 de la sociedad de gananciales es el régimen legal de carácter supletorio a la manifestación de voluntad de los cónyuges que regirá sus relaciones patrimoniales si es que no acuerdan expresamente, antes de la celebración del matrimonio o durante él, que regirá entre ellos el régimen de Separación de Bienes. Uno de los problemas de mayor relevancia es el referido a la naturaleza jurídica del patrimonio social o común y a la titularidad de los cónyuges sobre los bienes que integran este patrimonio. Sobre la naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales se han intentado varias respuestas25 siendo la más generalizada y a la cual nos adscribimos aquella que señala que la naturaleza jurídica del patrimonio social o común es de un patrimonio autónomo indivisible cuyos titulares son los cónyuges, los mismos que poseen atributos “sui generis” diferentes a aquellas que posee una persona cuya titularidad está regida por las normas de propiedad ordinaria y que en términos generales suponen: un titular, libertad de ejercicio de atributos de la propiedad. Los bienes constituyen garantía genérica del propietario en caso de incumplimiento de una obligación. El activo de este patrimonio autónomo está compuesto por algunos de los bienes adquiridos por los esposos durante el matrimonio. Se trata de un conjunto de bienes que se encuentran afectados legalmente a los intereses comunes de la familia. La titularidad de estos bienes adquieren una condición jurídica de carácter sui generis. El pasivo está integrado por algunas deudas contraídas por los esposos durante el matrimonio. Durante la vigencia del régimen, este conjunto de bienes y obligaciones no forman parte del patrimonio ordinario de cada uno de los cónyuges, ni responden por las obligaciones particulares de los cónyuges, salvo que se trate de deudas de cada cónyuge contraídas antes de la vigencia del régimen de gananciales y en beneficio del futuro hogar, en cuyo caso si responderá a falta de bienes del cónyuge deudor. Concordante con esta posición, los cónyuges ostenten una titularidad “sui generis” sobre los bienes que integran el patrimonio común en los que los cónyuges tienen sólo una “expectativa de derechos” en cuanto a su eventual disposición o afectación (constitución de garantías, embargos, medidas cautelares) pues estos derechos sólo se puede concretar al surgimiento de la “masa partible” como consecuencia del fenecimiento y liquidación del régimen. La siguiente Ejecutoria Suprema indica: Considerando Cuarto: “La sociedad de gananciales está constituida por bienes sociales y bienes propios y constituye una forma de comunidad de bienes y no una copropiedad, comunidad que recae sobre un patrimonio. A ella queda sujeto un conjunto de derechos y obligaciones. Por tanto ella rige tanto para el activo como para el pasivo patrimonial… La sociedad de gananciales constituye un patrimonio autónomo que no está dividido en partes alícuotas, y que es distinto al patrimonio de cada cónyuge que la integra” (CASACION N° 2421 – 2002 La Libertad26)
Por régimen patrimonial debemos entender el conjunto de reglas que regulan la relación patrimonial entre los cónyuges y frente a terceros. al respecto puede consultar: PLACIDO V. Alex. Regímenes patrimoniales del matrimonio. Gaceta Jurídica, Primera Edición. Lima, agosto 2002. Pág. 195 y
CASACION N° 2421 – 2002 La Libertad en SCEP
La CASACION N°3109-98 Cusco-Madre de Dios, del 28 de Mayo de 1999
"La sociedad de gananciales está constituida por bienes sociales y bienes propios y constituye una forma de comunidad de bienes y no una copropiedad, comunidad que recae sobre un patrimonio. A ella queda sujeto un conjunto de derechos y obligaciones. Por tanto, ella rige tanto para el activo como para el pasivo patrimonial. La copropiedad en cambio, recae sobre bienes singulares. La primera es, si se quiere, a título universal, la segunda a título particular. En consecuencia, la sociedad de gananciales constituye un patrimonio autónomo que no está dividido en partes alícuotas, y que es distinto al patrimonio de cada cónyuge que la integra, de forma tal que tanto para realizar actos de administración como de disposición que recaigan sobre bienes sociales será necesaria la voluntad coincidente de ambos cónyuges, (...), puesto que la voluntad coincidente de ambos cónyuges constituye la voluntad de la sociedad de gananciales" 28 Otras posiciones que se advierten respecto a la titularidad de los cónyuges sobre los bienes que integran el patrimonio social o común son las siguientes: 1. Durante la vigencia del régimen ambos cónyuges ostentan la titularidad del activo social, es decir los cónyuges son titulares de cuotas ideales de esta masa de bienes (comunidad romana), con todos los atributos que como copropietarios poseen de acuerdo a nuestro legal (coexisten derechos individuales y derechos que se ejercen en común, pluralidad de sujetos – Unidad de objeto, propiedad exclusiva de la cuota (977° CC), derecho exclusivo de uso (974°, 975° CC). Derecho exclusivo de disfrute (976° CC), reivindicar, acciones posesorias, interdictos (979° CC)) Del estudio de la jurisprudencia nacional podemos advertir que para un sector de la judicatura debe asimilarse la sociedad de gananciales al régimen de copropiedad siendo posible inscribir una medida cautelar de embargo hasta el 50% del patrimonio social, protegiendo de esta manera al acreedor. Sin embargo, debe reservarse el remate del bien hasta el fenecimiento de la Sociedad de gananciales. Así lo ha señalado la CASACION Nº 829-200129: “Los derechos que el deudor casado tenga en los bienes sociales con su cónyuge, también forman parte de su patrimonio, y no hay norma legal que impidan que sean embargados en garantía de una obligación, para cautelar las acreencias sobre los derechos que el deudor tendrá al liquidarse la sociedad de gananciales. No hay embargo respecto a los derechos y acciones que le corresponden al cónyuge actora y se mantiene dicha medida sobre los que corresponden al cónyuge deudor, procediéndose a su ejecución cuando fenezca la sociedad de gananciales”. En el Expediente Nº 122-05 Lima del 14 de Junio de 2005 se precisa:
La CASACION N°3109-98 Cusco-Madre de Dios, del 28 de Mayo de 1999 en SCEP Casacion N° 3109-98 CUSCO- MADRE DE DIOS del 28 de mayo de 1999, publicado en la SCEP del 27 de noviembre de 1999, pp. 3582 – 3583 Casacion Nº 829-2001 Ica. En: El Código Civil y su Jurisprudencia. Gaceta Jurídica Primera Edición, Mayo 2007.
“Los bienes sociales pese a poder ser afectados por medidas cautelares, embargo u otro tipo de gravámenes no pueden ser materia de remate hasta que la sociedad de gananciales haya fenecido o haya sido liquidada…”. 2. Los cónyuges no ostentan cuotas, el conjunto de bienes comunes les corresponde en mano común, no existe la facultad de pedir la partición, las facultades de gestión tienen una regulación específica y las de disposición son esencialmente conjuntas dándose las características de la llamada “comunidad germánica”.30 La adhesión de nuestros tribunales a una de tres las posiciones señaladas es de gran trascendencia en la casuística que se presente donde generalmente entran en conflicto los intereses de los acreedores del cónyuge deudor con el interés de resguardar el patrimonio social en función de la protección económica de la familia. Como muestra tenemos el caso del embargo de bienes sociales por deudas personales impagas de uno de los cónyuges. Usualmente, producido el incumplimiento en el pago de deudas contraídas exclusivamente por uno de los cónyuges, sería válido amparar la pretensión cautelar del acreedor sobre la cuota del cónyuge deudor (como si tal cuota existiese), la inscripción en la partida registral del bien social (los mismos que forman parte del patrimonio social) y finalmente su ejecución. Sin embargo, desde la perspectiva de que la naturaleza jurídica del patrimonio social constituye un “patrimonio autónomo”, este pedido no debería ser amparado pues encontrándose vigente la Sociedad de gananciales, los bienes sociales que integran el patrimonio social o común son autónomos e indivisibles y no puede asignarse a cada cónyuge determinados porcentajes de propiedad sobre ellos, por lo que la medida cautelar de embargo no puede ordenarse. Se considera además que mientras subsista la Sociedad de gananciales, el derecho de propiedad ordinaria que poseen los cónyuges es meramente virtual y sólo se actualiza y concreta al fenecer la sociedad legal y, mientras tal cosa no ocurra se trata sólo de una expectativa de derecho por lo que no es válido ni la inscripción de una medida cautelar de embargo, ni el embargo de los mismos por deudas de uno de los cónyuges, salvo que se trate de deudas de cada cónyuge contraídas antes de la vigencia del régimen de gananciales en beneficio del futuro hogar. Dos son las características fundamentales del régimen de la Sociedad de Gananciales:
Durante su vigencia se forman dos tipos de patrimonios: (i) el patrimonio propio de cada uno de los cónyuges que esta compuesto de un pasivo integrado por las deudas personales de cada uno de ellos y de un activo compuesto por los bienes propios de cada cónyuge que les pertenecen en forma exclusiva (ii) el patrimonio social que pertenece a los cónyuges (pareja conyugal) en calidad de “patrimonio autónomo” 31 compuesto de un pasivo social conformado por las obligaciones y cargas sociales y un activo social compuesto por los bienes sociales afectados a los intereses comunes del hogar, los mismos que no constituyen patrimonio de la Sociedad de gananciales, ni de los cónyuges en copropiedad. Sobre los bienes sociales los cónyuges sólo tienen una “expectativa de derecho” sobre lo que les
Al respecto puede consultar: MEJORADA CHA.UCA Martín “Entre la Comunidad Romana y la Comunidad Germánica: La Sociedad de Gananciales a la luz
de le Interpretación Jurisprudencial” en Advocatus: Revista editada por los alumnos de laFacultad de Derecho de la Universidad de Lima.Nueva serie, No. 7 (2002-II). Pág. 115. Lima diciembre de 2002
El Artículo.65° del Código Procesal Civil precisa que existe patrimonio autónomo cuando dos o mas personas tienen un derecho o interés común respecto
de un bien, sin constituir una persona jurídica, hecha esta preescisión califica a la Sociedad conyugal como un patrimonio autónomo.
corresponderán de estos a título de fenecimiento y liquidación del régimen. 32
A su disolución y una vez concluido el proceso de liquidación puede quedar dos tipos de bienes: aquellos cuya titularidad es exclusiva del cónyuge propietario y los “gananciales” que pertenecen en copropiedad a ambos cónyuges o ex – cónyuges, o a sus respectivos herederos hasta que la partición se produzca. Ambos tipos de bienes forman parte del patrimonio personal de cada uno de ellos.
Se denomina gananciales al remanente que queda al momento de liquidar el régimen después de pagar todas las obligaciones y cargas sociales y de haber devuelto sus bienes propios a cada uno de los cónyuges. Este remanente pertenece a ambos cónyuges o ex – cónyuges o sus herederos - según sea el caso en partes alícuotas y respecto del cual deberán efectuar la “partición” correspondiendo a cada uno de ellos o sus respectivos herederos la mitad de la masa partible.
PATRIMONIO PROPIO. Los bienes propios de cada cónyuge así como sus deudas conforman su patrimonio personal. La conformación de este patrimonio, su afectación y su gestión esta regulado por la ley y no por la voluntad de las partes. 3.1.1. Bienes propios. Son bienes propios de cada cónyuge, Artículo 302 del Código Civil: Numeral 1° Los que aporte al iniciarse el régimen de Sociedad de gananciales.- Debemos distinguir dos tipos de bienes: los bienes que uno de los cónyuges aporta al iniciarse el régimen y que fueron adquiridos con absoluta independencia del matrimonio, y aquellos que también aporta al iniciarse el régimen pero que los obtuvo en razón de la celebración del matrimonio. Dentro del segundo grupo están incluidos los bienes que recibe uno de los cónyuges por razón del matrimonio; este es el caso de las donaciones en razón del matrimonio, hecha a uno de los cónyuges o a los dos, en cuyo caso les corresponderá por mitad a cada uno, es decir, serán copropietarios del bien. Las normas sobre donaciones por razón de matrimonio se encuentran ubicadas en el Libro VII del Código Civil: Fuentes de las Obligaciones, Artículos 1646° y 1647°. También están incluidos dentro de este grupo, los bienes adquiridos por uno de los cónyuges para establecer el futuro hogar; este es el caso de los bienes que constituye el menaje del hogar. Estos bienes, a pesar de ser propios, pasarán a formar parte del patrimonio del otro cónyuge en los casos previstos en el Artículo 320° in fine del Código Civil, esto es por muerte o declaración de ausencia del cónyuge que los aportó.
Sobre el particular se puede consultar: CASACIONTRO PÉREZ –TREVIÑO Olga María y GARCIA GARCIA Luis. “ El derecho de propiedad durante el
matrimonio y la copropiedad” en Revista Derecho y Sociedad. Año XIV, N°20, 2003. Editada por los estudiantes de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Numeral 2 Los que adquiera durante la vigencia de dicho régimen a título oneroso, cuando la causa de adquisición ha precedido a aquélla.- Se refiere a aquellos bienes adquiridos a título oneroso durante la vigencia del régimen de Sociedad de gananciales cuya causa de adquisición ha precedido al matrimonio, es decir, son aportaciones en forma de derechos que se hacen efectivas en fecha posterior estando ya vigente el régimen de bienes, tal es el caso del contrato de compra – venta con reserva de dominio. Así, la Ejecutora Suprema N°495-91 Lima, del 7 de Diciembre de 1992,33 señala: "...el departamento sub litis fue comprado (...) por escritura pública (...), antes de contraer matrimonio con la actora (...), por lo que es un bien propio del marido en virtud de lo dispuesto por el inciso primero del artículo trescientos dos del Código Civil; que si bien, el precio se terminó de pagar durante la vigencia del matrimonio, ello no lo convierte en un bien social, pues la calificación de su condición de bien propio resulta clara a tenor de lo que señala la mencionada disposición legal”. Numeral 3, Los que adquiera durante la vigencia del régimen a título gratuito.Quedan comprendidos los bienes obtenidos durante el matrimonio por causa de herencia, legado o donación. Este numeral se debe concordar con el Artículo 304° del Código Civil,34 en el que se establece que el cónyuge que va a recibir una herencia, legado o donación, sin el consentimiento del otro cónyuge, no puede dejar de aceptarla. La razón de esta regla es que la renuncia ocasiona perjuicio, no sólo a la sociedad, sino también a los posibles gananciales del otro cónyuge, desde el momento en que de acuerdo a la norma del Artículo 310°, los frutos de estos bienes son comunes. En este numeral quedan incluidas las donaciones que puedan recibir marido y mujer conjuntamente durante el matrimonio (en copropiedad); en este caso debemos tener presente que de acuerdo a lo señalado en el Artículo 1630° del Código Civil35 cuando se trate de donaciones hechas conjuntamente a marido y mujer, “tendrá lugar el derecho de acrecer, si el donante no dispuso lo contrario”. ¿Se incluye dentro de este numeral también la asunción de dominio por prescripción adquisitiva? La CASACION N° 2176-99 Lambayeque, del 7 de Diciembre de 199936 señala: "Las sentencias de mérito consideran que la adquisición por prescripción es a título gratuito y como tal está comprendida en el inciso tercero del artículo trescientos dos del Código Civil, esto es, que se trata de una asunción de dominio a título gratuito y como tal constituye un bien propio. No obstante, no se la puede considerar un
Ejecutora Suprema N°495-91 Lima, del 7 de Diciembre de 1992, en SJEP Artículo 304°.- “Ninguno de los cónyuges puede renunciar a una herencia o legado o dejar de aceptar una donación sin el consentimiento del otro.” Artículo 1630°.- “Cuando la donación se ha hecho a varias personas conjuntamente, se entenderá por partes iguales y no se dará entre ellas el derecho
de acrecer. Se exceptúan de esta disposiciones las donaciones hechas conjuntamente a marido y mujer, entre los cuales tendrá lugar el derecho de acrecer, si el donante no dispuso lo contrario.”
CASACION. N°2176- 99 Lambayeque del 23 de diciembre de 1999, publicada en la SCEP del 07 de abril de 2002. pp. 4976-4977
acto de liberalidad; por el contrario, es el reconocimiento de un derecho que le da esa posesión que es de cinco años cuando se trata de un bien rústico y de diez años si es un inmueble urbano. Si la posesión la ejerció por el tiempo requerido durante la unión matrimonial, vale decir, con la tenencia de la sociedad conyugal, es forzoso colegir que se trata de un bien social, lo que concuerda con lo dispuesto en los artículos trescientos diez y trescientos once del Código Civil". Numeral 4° La indemnización por accidentes o por seguros de vida, de daños personales o de enfermedades, deducidas las primas pagadas con bienes de la sociedad. Se entiende que lo recibido por este concepto tiene carácter personalísimo ya que equivale a la alteración, pérdida o disminución de la actividad del cónyuge. La deducción de las primas pagadas con fondo social se encuentra justificada, en razón de que si se afectó el patrimonio social invirtiendo fondos sociales, estos deben reembolsarse para evitar que el patrimonio del cónyuge beneficiario se incremente a costa del patrimonio social. No se ha contemplado el caso de las indemnizaciones por daños o pérdidas en los bienes propios de uno de los cónyuges; sin embargo, por aplicación del principio de subrogación real, el criterio que debemos seguir es que la indemnización tiene el mismo carácter porque viene a reemplazar o sustituir el bien en el patrimonio personal del cónyuge. De la misma manera que en el primer caso, deberá deducirse las primas pagadas por la sociedad. Numeral 5° Los derechos de autor e inventor.- Precisa el caso de los derechos de autor y de inventor. El carácter de bien propio que la ley les atribuye radica en la naturaleza absolutamente personal que subyace en ambos casos, ya que tanto la autoría como la invención son indesligables de la persona del creador o inventor. Sin embargo, el precepto resulta incompleto ya que no considera otros derechos intelectuales cuya esencia es también personal. Tal es el caso de los demás signos distintivos, como las marcas, nombres, lemas, diseños industriales e incluso la calidad de asociado en una asociación civil. A pesar de ello, la naturaleza – eminentemente personal – de estos bienes, no permitiría que sean considerados como bienes sociales. Numeral 6° Los libros, instrumentos y útiles para el ejercicio de la profesión o trabajo, salvo que sean accesorios de una empresa que no tenga la calidad de bien propio. Se refiere a los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio del cónyuge, cuya tenencia resulta indispensable ya que quedaría impedido de trabajar. Es importante tener en cuenta que para la aplicación de esta regla no se considera el origen de los recursos con los que se adquieren estos bienes. La regla de la subrogación y el principio que establece que los bienes adquiridos durante el matrimonio son sociales, parecerían no haber sido tomados en cuenta, ya que en tal caso, debería funcionar el reintegro a la masa social con cargo a los bienes propios de los cónyuges o a los gananciales que en su momento correspondan. En cuanto a los accesorios, éstos deben serlos respecto de una empresa (empresa individual o unipersonal) que tenga la condición de bien propio de uno de los cónyuges. Se mantiene así el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.
Numeral 7° Las acciones y las participaciones de sociedades que se distribuyan gratuitamente entre los socios por revaluación del patrimonio social, cuando esas acciones o participaciones sean bien propio.- Encuentra su justificación en que la revaluación del patrimonio social no determina un aumento real de este patrimonio, ya que lo que se modifica es la expresión en dinero de determinados bienes que forman parte de dicho patrimonio. Numeral 8° La renta vitalicia a título gratuito y la convenida a título oneroso cuando la contraprestación constituye bien propio. - Respecto a la primera parte del numeral, debemos señalar que obedece al carácter de gratuidad de lo adquirido por el cónyuge beneficiado. La segunda parte del numeral tiene su origen en la aplicación del principio de subrogación real: lo recibido por el cónyuge beneficiado viene a sustituir en su patrimonio a los bienes empleados para cumplir con la prestación. Numeral 9° Los vestidos y objetos de uso personal, así como los diplomas, condecoraciones, correspondencia y recuerdos de familia. Se trata de bienes que por su naturaleza son de carácter personalísimo.
Facultades de administración, disposición o gravamen de los bienes propios 3.1.1.1 a) Facultad de administración: Si bien en cierto que los cónyuges conservan la libre administración de sus bienes, también es cierto que, en determinadas situaciones expresamente contempladas en la ley, esta facultad puede ser transferida al otro cónyuge37. Cuando se transfiere la facultad de administración se delega sólo facultades inherentes a la mera administración, es decir, el administrador debe adoptar todas las medidas y ejecutar todos los actos jurídicos que tienden a conservarlo, a incrementarlo y a obtener todas las ventajas que es susceptible de procurar, más no puede venderlo, gravarlo o ejercer cualquier otro acto de disposición sobre ellos. Esta facultad es asumida por el otro cónyuge en los siguientes casos: 1. Cuando el cónyuge propietario no contribuye con los frutos o productos de sus bienes propios al sostenimiento del hogar De acuerdo al Artículo 305° del Código Civil, el otro cónyuge puede pedir al Juez que pase a su administración, en todo o en parte, dichos bienes. Pero como indica el mismo Artículo, el cónyuge que recibe la administración de los bienes propios del otro, está obligado a constituir hipoteca, y si carece de bienes propios, otra garantía si es posible, según el prudente arbitrio del Juez, por el valor de los bienes que reciba. 2. Cuando el cónyuge propietario está impedido por interdicción u otra causa como enfermedad, imposibilidad física y mental; cuando se ignora su paradero; cuando se encuentra en algún lugar remoto o si ha abandonado el hogar (Artículo 314° y 294° del Código Civil.
Artículo 303°.- “Cada cónyuge conserva la libre administración de sus bienes propios y puede disponer de ellos o gravarlos.”
Cuando el mismo cónyuge lo permite (Artículo 306° del Código Civil), es decir tácita y voluntariamente lo consiente. El cónyuge que los administra está obligado a devolverlos cuando aquel los solicita. 3.1.1.1 b) Facultades de disposición o gravamen
De acuerdo al Artículo 303°38 de nuestro Código Civil, cada cónyuge tiene derecho a la libre disposición de sus bienes y gravarlos cuantas veces lo crea conveniente. La libre disposición de los bienes está regulada por normas que tienen como finalidad poner límite a un irrestricto uso de esta facultad, que ponga en peligro los intereses de la familia o las expectativas del otro cónyuge respecto de los gananciales. El cónyuge que considere que los actos de disposición excesiva fuesen el resultado de una actitud irracional o de una ausencia de aptitudes de ponderación del valor de los bienes o de su adecuado manejo del cónyuge propietario, puede plantear una acción de interdicción por causa de prodigalidad (Artículo 584°) o de mala gestión (Artículo 585°) o de invalidez de donación (Artículo 1629°). Nuestra legislación no establece ninguna limitación a estas facultades aún cuando se trate de disponer o gravar el inmueble de propiedad de uno de los cónyuges donde está constituido el domicilio conyugal o los muebles de uso ordinario de la familia. Otras legislaciones como la española, bajo el principio de que la gestión de los bienes debe armonizarse con el interés de la familia, establecen que para disponer del inmueble donde está constituido el domicilio conyugal y de los muebles de uso ordinario de la familia, se requiere la intervención de ambos cónyuges, aunque tales bienes pertenezcan a uno solo de ellos. El Juez puede autorizar el acto de disposición por causas justificadas de necesidad o utilidad y atendiendo al interés familiar. En su caso, también puede establecer las medidas cautelares que estime conveniente. 3.1.2. Deudas propias. En nuestro ordenamiento legal no se ha establecido la presunción juris tamtum del carácter común de las deudas asumidas por uno de los cónyuges durante la vigencia de la sociedad de gananciales por tanto debemos entender que las deudas se presumen propias salvo prueba en contrario. Sin embargo jurisprudencialmente se señalan criterios divergentes así: “Considerando Quinto: que asimismo cabe hacer la acotación, que a quien le corresponde probar que la deuda contraída por el ejecutado señor…., no haya redundado en beneficio de la sociedad conyugal es a la demandante, a tenor de lo dispuesto por el artículo 196º del Código Adjetivo: en tanto que si todos los bienes presumen sociales conforme dispone el artículo 311º inciso 1º del Código Civil, se entiende asimismo que para el caso de deudas es de aplicación la misma presunción”. (CASACION Nº 2088- 2000 Cajamarca39). CASACION N°1953-97 Piura, del 7 de Octubre de 199840
Aún cuando el legislador se refiere sólo a los actos de disposición y gravamen y omite aquellos actos que importen una desmembración del derecho de
propiedad – servidumbre, usufructo, etc. -, del espíritu de la norma se deduce que están incluidos en ella.
CASACION Nº 2088- 2000 Cajamarca en SCEP CASACION. N° 1953 – 97 Piura del 7 de octubre de 1998, publicada en el CCJC, tomo II., pp 302 - 303
"Los artículos trescientos siete y trescientos ocho del Código Civil regulan como se cubren las obligaciones contraídas por los cónyuges antes de la vigencia de la sociedad de gananciales. Siendo así, no corresponde discutir si los bienes propios de uno de los cónyuges o los bienes de la sociedad conyugal responderán por las deudas contraídas por el otro cónyuge. Lo que corresponde determinar es si la obligación se contrajo en beneficio del futuro hogar o en provecho de la familia. Por tanto, al no estar acreditado este extremo no es procedente que los bienes propios de uno de los cónyuges o los bienes de la sociedad respondan por las obligaciones personales del otro cónyuge" En principio las deudas individualmente contraídas deben ser consideradas como exclusivamente privadas del cónyuge que las contrajo y por tanto deben ser afrontadas con el patrimonio propio del cónyuge deudor; sin embargo nuestro legislador estableció dos supuestos en de actuación individual de uno de los cónyuges susceptible de afectar el patrimonio social o propio de uno de los cónyuges según sea el caso.41 Los criterios normativos establecidos respectos a las deudas adquiridas individualmente por los cónyuges durante la vigencia de la sociedad de gananciales son los siguientes:
“Las deudas de cada cónyuge anteriores a la vigencia del régimen de sociedad de gananciales son pagadas con sus bienes propios, a menos que hayan sido contraídas en beneficio del futuro hogar, en cuyo caso se pagan con bienes sociales a falta de bienes propios del deudor.” (Art. 307 del CC) Esta norma trae dos supuestos a contemplar:
Deudas contraídas antes del inicio del régimen de sociedad de gananciales en interés propio y exclusivo del cónyuge deudor. El cónyuge deudor responde con sus bienes propios.
Deudas contraídas antes del inicio del régimen de sociedad de gananciales en beneficio del futuro hogar. Responde subsidiariamente el activo social a falta de bienes propios del cónyuge deudor pero deberá probarse que el motivo determinante para adquirir la deuda por parte del futuro cónyuge fue buscar el beneficio del hogar. Es el caso -entre otras situaciones- de aquellas deudas que asume uno de los contrayentes para comprar los bienes de uso doméstico para el futuro hogar. Se trata de un tipo especial de deuda privativa o personal del cónyuge deudor donde el motivo explicito para contraerla fue el beneficio del futuro hogar.
“ Los bienes propios de uno de los cónyuges , no responden de las deudas personales del otro, a menos que se pruebe que se contrajeron en provecho de la familia” ( Art. 308 del CC) Esta norma también trae dos supuestos a observar:
CANALES TORRES Claudia. “Responsabilidad patrimonial por deudas en la sociedad de gananciales” en Dialogo con la Jurisprudencia N° 102 p.124. Lima
Deudas personales contraídas por uno de los cónyuges durante la vigencia del régimen de sociedad de gananciales en interés propio y exclusivo. El cónyuge deudor responde con sus bienes propios. Deudas contraídas por uno de los cónyuges durante la vigencia del régimen de sociedad de gananciales en provecho o beneficio de la familia. Responde subsidiariamente los bienes del cónyuge no deudor a falta o insuficiencia de bienes propios del cónyuge deudor y siempre que se acredite el provecho que produce para la familia. Se trata de un tipo especial de deuda donde el motivo determinante para contraerla fue el perseguir el provecho de la familia lo que no desnaturaliza el carácter de deuda privativa o personal del cónyuge deudor. Cabe señalar que no se trata de deudas contraídas para atender las cargas sociales señaladas en el Artículo 316° del Código Civil o las necesidades inmediatas de la familia, ni para adquirir bienes comprendidos en el menaje de la familia.
Cada cónyuge responde con sus bienes propios a prorrata, de las deudas sociales cuando los bienes sociales no basten para cancelar las deudas que son de cargo de la sociedad (Artículo 317° del Código Civil). De esta manera se constituye la responsabilidad subsidiaria de los bienes propios de ambos cónyuges responsabilizándose cada uno de ellos con su patrimonio por el saldo o integro de la deuda impaga, en proporción a sus respectivos ingresos y rentas. Cada cónyuge responde con sus bienes propios y los de la sociedad que le corresponderían en caso de liquidación por la deuda derivada de responsabilidad extracontractual42. En este caso, el acreedor podrá hacer efectiva su acreencia con los bienes propios del cónyuge deudor, pero si éstos no fueren suficientes, no podrá hacerlo con los bienes sociales que le corresponderían en caso de liquidación de la Sociedad de gananciales sino hasta que ésta se liquide, ya que durante su vigencia los cónyuges no tienen titularidad sobre los bienes sociales; en consecuencia, no se puede afectar derechos individuales que no existen.43 La CASACION N°50-96 Cajamarca, del 11 de Noviembre de 199644 recoge un criterio divergente al señalado "El artículo trescientos nueve del Código Civil se contrae a la responsabilidad extracontractual de un cónyuge, que en este caso no sólo quedan libres de afectación los bienes propios del otro consorte, sino también la parte que le correspondería en los bienes de la sociedad en caso de liquidación; por lo que, tratándose de un acto absolutamente personal, no tiene por que afectar el patrimonio del otro, ni perjudicarlo en la parte que eventualmente le correspondería por concepto de gananciales. En ese sentido, siendo un acto propio de un cónyuge, no puede afectar los derechos y acciones que corresponden a la
Artículo 309° del Código Civil modificado por el Decreto Legislativo No. 768. Sobre el particular se puede consultar: CASACIONTRO PÉREZ –TREVIÑO Olga María y GARCIA GARCIA Luis. “ El derecho de propiedad durante el
matrimonio y la copropiedad” en Revista Derecho y Sociedad. Año XIV, N° 20, 2003. Católica del Perú.
Editada por los estudiantes de Derecho de la Pontificia Universidad
CASACION. N| 50-96 CAJAMARCA del 11 de noviembre de 1996, publicada en la SCEP del 30 de diciembre de 19997, pag. 198
cónyuge en el inmueble embargado, ya que no se trata de obligación que la sociedad conyugal debe responder"
3.2. PATRIMONIO SOCIAL. Como ya se ha señalado en este trabajo, el patrimonio social está compuesto por un activo integrado por un conjunto de bienes afectados a un fin determinado y un pasivo que lo conforman las obligaciones y cargas sociales. El patrimonio social (activo y pasivo), cuya naturaleza es la de un patrimonio autónomo está sujeto a un régimen legal especial: el Régimen Patrimonial de la Sociedad de gananciales Al conjunto de bienes que integran el activo del patrimonio social nuestro legislador lo denomina bienes sociales y al conjunto de cargas y obligaciones sociales nuestro legislador los denomina deudas sociales. 3.2.1 Bienes Sociales Nuestro legislador ha optado por establecer que tienen la categoría de “bienes sociales” todos los bienes no comprendidos en el Artículo 302° del Código Civil, evitando detallar cada uno de ellos; sin embargo, ha cuidado de nombrar especialmente aquellos bienes que tienen carácter de sociales y que dada su importancia, no debe quedar la menor duda de su calidad de tales. Artículo 310° del Código Civil: “Son bienes sociales todos los no comprendidos en el Artículo 302°, incluso los que cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo, industria o profesión, así como los frutos y productos de todos los bienes propios y de la sociedad y las rentas de los derechos de autor e inventor. También tienen la calidad de bienes sociales los edificios construidos a costa del caudal social en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose a éste el valor del suelo al momento del reembolso”. Respecto a la calidad de bienes sociales que tienen lo que los cónyuges adquieran por su trabajo, industria o profesión, se debe señalar que es social lo adquirido por los cónyuges en virtud de su esfuerzo individual, mediante el proyecto y útil empleo de la actividad humana en todas sus manifestaciones, lo que incluye también la producción alcanzada por el trabajo intelectual, técnico y manual sea permanente o eventual pero siempre que la actividad se haya realizado durante el matrimonio. Bajo el concepto de productos de trabajo, también debemos entender la renta de las pensiones de jubilación, cesantía y retiro, percibidos durante el matrimonio, sin que influya el momento en que fueron prestados los servicios, ni el momento en que se solicitó y obtuvo el reconocimiento. Cabe mencionar la calidad de bien social de la CTS y qué criterios se manejan para señalar desde cuándo puede ser considerada bien social y desde cuando bien propio. Al respecto el D.S 001-97-TR TUO de Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, artículo 39º señala: “La CTS tiene la calidad de bien común sólo a partir del matrimonio civil […] y mantendrá dicha calidad hasta la fecha de la escritura pública en la que se pacte el régimen de separación de patrimonios o
de la resolución judicial consentida o ejecutoriada que ponga fin a dicho régimen”. con el “[…] se presume, salvo prueba en contrario, que el trabajador cuenta consentimiento correspondiente para realizar tales actos”
Resulta cuestionable que a los productos de un bien propio se les considere bienes sociales si tomamos en cuenta que el producto del bien es el bien mismo que se percibe poco a poco, de tal manera que el valor del producto es en realidad lo que la cosa vale de menos. No ocurre lo mismo con los frutos que producen los bienes propios y sociales, pues éstos surgen del bien ya sea en forma natural, mediante intervención humana o como consecuencia de relaciones jurídicas. En cualquier caso, los frutos se separan del bien sin disminuir o alterar su sustancia; es decir, son un valor que se agrega al bien pero no es el bien en sí mismo. En cuanto a las rentas de los derechos de autor e inventor, debe quedar claro que la renta de estos derechos son bienes sociales, pero el derecho mismo es bien propio. La Ley 13714, Artículo 17° establece que el autor de obras intelectuales o artísticas se mantiene como titular de ellas si contrae matrimonio y sólo a él le corresponde los derechos morales; pero que tratándose de los rendimientos pecuniarios que se produzcan en el matrimonio, pertenecen a la sociedad.45 Finalmente, en lo concerniente a la calidad de bien común de los edificios construidos a costa del caudal social en suelo propio de uno de los cónyuges abonándose a éste el valor del suelo al momento del reembolso, se debe señalar que la norma bajo comentario tiene un justificado criterio distinto de los que inspiran los Artículos 941º, 942º y 944° del Código Civil relativos a la construcción en terreno ajeno. Cabe señalar que el Artículo 311° del Código Civil indica tres reglas para calificar los bienes dentro del régimen de Sociedad de gananciales.
Todos los bienes se presumen sociales, salvo prueba en contrario. Establece una presunción “Juris Tantum”. La carga de la prueba según esta regla, recae en el cónyuge que aduce ser propietario del bien, quien deberá probar que lo adquirió con su caudal propio. El hecho de que el bien se hubiera adquirido a nombre de uno de los cónyuges no es prueba que lo adquirió con caudal propio. El criterio que maneja el Tribunal Registral en cuanto a la solicitud de inscripción de bienes propios es el siguiente: “...la obligación de acreditar las pruebas no es requerida expresamente por ningún texto legal, empero, su cumplimiento colige de la respectiva norma del Código Civil, en la medida en que no se exige de las partes únicamente la afirmación del reconocimiento de la titularidad o calidad de bien, sino la presentación de pruebas que acrediten la naturaleza del bien propio y social”46 El mismo criterio se advierte en la Resolución del Tribunal Registral N°003-2002-ORLC/TR del 4 de Enero de 200247:
CORNEJO CHAVEZ, Héctor. Op. Cit. Pág. 296. Resolución Nº 239-99 ORLC/TR del 21 de Setiembre del 1999. en ORLC Resolución del Tribunal Registral N°003-2002-ORLC/TR del 4 de Enero de 2002 en ORLC
"Con la finalidad de enervar la presunción de bien social contenida en el inciso 1) del artículo 311 del Código Civil e inscribir un bien inmueble con la calidad de bien propio, no es suficiente la declaración efectuada por el otro cónyuge contenida en la escritura pública de compraventa" . 2. Los bienes sustituidos o subrogados a otros se reputan de la misma condición de los que sustituyeron o subrogaron. Establece una presunción “Jure et de Jure” y se explica por sí misma; establecer lo contrario sería atentar contra el tráfico patrimonial de bienes. Si vendidos algunos bienes, cuyo precio no consta haberse invertido, se compran después otros equivalentes, se presume, mientras no se pruebe lo contrario, que la adquisición posterior es hecha con el producto de la enajenación anterior.” Establece una presunción “Juris Tantum” y debe entenderse en el sentido de que debe haber correspondencia aproximada entre el precio de lo que se vendió y el precio del bien que luego fue comprado. No es necesario que el bien que se adquirió sea de la misma naturaleza del que se compro ni que la nueva adquisición se realice en forma inmediata a la venta del bien cuyo precio de venta se invirtió. Así la Resolución N°298-98-ORLC/TR del 10 de Agosto de 1998 señala: "La ley ha consagrado en el artículo 311º del Código Civil tres presunciones sobre la naturaleza de los bienes en la sociedad. De los antecedentes registrales se puede concluir que... transfirió la propiedad de un bien propio recibiendo como precio US$180,000.00 mientras que, la compraventa materia de rogatoria se formalizó habiendo cancelado el precio de US$55,000.00. Por tanto, dado el mayor valor del inmueble transferido resulta razonable presumir que parte de dicho monto haya sido destinado a la adquisición del bien cuya inscripción se pretende, máxime si la única limitación prevista por el inciso 3 del artículo 311 del Código Civil alude a la existencia de una correspondencia aproximada entre el precio de lo que se vendió y el del bien que luego fue comprado, tal como se puede colegir que existe en el caso subexámine. Sin embargo, el registrador público encargado de la calificación del título alzado, denegó la inscripción en aplicación de un "criterio de temporalidad" que no resulta admisible habida cuenta que la norma legal no lo ha previsto, pues ésta no exige expresamente que la nueva adquisición se realice en forma "inmediata" o en un plazo temporal próximo a la venta del bien propio, exigiendo sólo que no se pruebe haber invertido el precio, no acreditándose con el mero transcurso del tiempo la inversión del monto de la primera compraventa" El Artículo 312° del Código Civil indica que los cónyuges no pueden celebrar contratos entre sí respecto de los bienes de la sociedad, norma de carácter prohibitiva que restringe la posibilidad de negociación entre si sobre los bienes de la sociedad conyugal.
3.2.1.1 Facultades de administración, disposición o gravamen de los bienes sociales. 3.2.1.1.a) Facultad de administración Respecto a la administración de los bienes sociales se debe distinguir dos situaciones:
Cuando se trate de realizar actos que tienen como finalidad atender las necesidades ordinarias del hogar y a la conservación del patrimonio social circunscribiéndose al levantamiento de las cargas sociales, se está efectuando actos de administración ordinaria o “poder doméstico”48 en cuyo caso, de acuerdo al Artículo 292° del Código Civil, cualquiera de los cónyuges podrá ejercer tal administración conforme al uso del lugar y a las circunstancias de tales necesidades. Cuando se trata de realizar actos de administración que excedan del poder doméstico, estamos ante una administración extraordinaria la misma que, de acuerdo al Artículo 313° del Código Civil, debe realizarse conjuntamente por ambos cónyuges. El Artículo 313° del Código Civil a la letra dice: “Corresponde a ambos cónyuges la administración del patrimonio social. Sin embargo, cualquiera de ellos puede facultar al otro para que asuma exclusivamente dicha administración respecto de todos o de algunos de los bienes. En este caso, el cónyuge administrador indemnizará al otro por los daños y perjuicios que sufra a consecuencia de actos dolosos o culposos.” La administración extraordinaria se ejerce en forma conjunta, pero queda abierta la posibilidad de que un cónyuge faculte al otro para que actúe solo. En aplicación estricta del principio consagrado en este Artículo, si uno de los cónyuges desea facultar al otro para que administre en forma exclusiva los bienes sociales, debería otorgar un poder con arreglo a las formas establecidas, lo que constituye una exigencia demasiado rígida, que en la práctica se incumple, pues la cotidianeidad con la que cualquiera de los cónyuges suele asumir – con la anuencia tácita o expresa, aunque no formal del otro – la administración exclusiva de los bienes sociales presumiéndose la anuencia del otro cónyuge, demuestra que el sistema funciona, pero sin que sea necesario el otorgamiento de poder general cuya naturaleza es revocable salvo que el representado haya otorgado un poder irrevocable habida cuenta que es otorgado en interés común de los cónyuges pero deberá tenerse en cuenta lo señalado por el Articulo 153º del Código Civil49 respecto al plazo para su vigencia Recogiendo esta realidad, una opción válida a implementar podría ser que manteniéndose el principio de la co-administración en los casos de realizar actos de administración que excedan del poder doméstico, se admitiera que si uno de los cónyuges la ejerce y el otro asume un
Es importante señalar que de acuerdo al Artículo 292° del CC, a ambos cónyuges se les atribuyó por igual el “poder doméstico”; pero cualquiera de los
dos podrá realizar los actos encaminados a atender las necesidades ordinarias de la familia, esto es las cargas de familia y la conservación y administración del patrimonio social (Artículo316° del CC).
Artículo 153º del Código Civil: “El poder es irrevocable siempre que se estipule para un acto especial o por tiempo limitado o cuando es otorgado en
interés común del representado y del representante o de un tercero. El plazo de poder irrevocable no puede ser mayor de un año
comportamiento acorde con los efectos del acto realizado sin su participación, éste queda convalidado; en caso contrario, podría impugnarlo mediante una pretensión de anulabilidad de acto jurídico, desde luego estableciendo la sanción de anulabilidad en la norma respectiva en concordancia con lo señalado en el Art. 221º del Código Civil. Nuestro Código Civil no contempla una sanción expresa para los actos de administración que son ejercidos unilateralmente. De acuerdo al Artículo 314° del Código Civil50, la administración conjunta de los bienes sociales tiene como excepción, los casos de interdicción de uno de los cónyuges, de enfermedad, imposibilidad física o mental; cuando se ignora su paradero; cuando se encuentra en algún lugar remoto o si ha abandonado el hogar. 3.2.1.1.b) Facultades de gravamen o disposición. Cuando se trate de actos de gravamen o disposición de bienes sociales también se debe distinguir dos situaciones:
Cualquiera de los cónyuges está facultado para realizar actos de disposición que se encuentran dentro de la “potestad doméstica”, es decir, actos de disposición realizados con la finalidad de cubrir las necesidades ordinarias de la familia o necesidades urgentes aún cuando éstas sean de carácter extraordinario y a la conservación del patrimonio social. Ambos cónyuges deben intervenir en todos aquellos actos de disposición o gravamen que excedan del poder doméstico, de acuerdo al Artículo 315°51. Sin embargo, cualquiera de ellos puede ejercer tal facultad si tiene poder especial del otro.52 Nuestro Código no trae sanción alguna respecto a la disposición arbitraria de un bien social por uno de los cónyuges Al respecto el profesor Benjamín Aguilar Llanos señala “La norma comentada contiene un mandato, una orden, y por ello resulta imperativa. La violación de la norma sobre la disposición conjunta ha creado interpretaciones varias: unos señalan que se trata de un acto nulo, otros se pronuncian por la anulabilidad del acto, tal como lo hace el proyecto de reforma del libro de familia del Ministerio de Justicia, que propone que la sanción debe ser demandada por el cónyuge que no intervino o sus herederos; mientras otros además señalan la ineficacia del acto. Tema que introduciremos en líneas posteriores.
Artículo 314° del Código Civil.- “La administración de los bienes de la sociedad y de los propios de uno de los cónyuges corresponde al otro en los
Casacionos del Artículo 294°, incisos 1 y 2. Si uno de los cónyuges ha abandonado el hogar corresponde al otro la administración de los bienes sociales.
Artículo 315° del Código Civil.- “Para disponer de los bienes sociales o gravarlos se requiere la intervención del marido y la mujer. Empero, cualquiera
de ellos puede ejercitar tal facultad, si tiene poder especial del otro. Lo dispuesto en el párrafo anterior no rige para los actos de adquisición de bienes muebles, los cuales pueden ser efectuados por cualquiera de los cónyuges. Tampoco rige en los Casacionos considerados en las leyes especiales”.
Nótese que en este Casaciono, y a diferencia del Artículo 313°, si se requiere de un poder especial, no sólo por la naturaleza de los actos involucrados,
sino porque existe además un principio general recogido en el Artículo 156° del Código Civil, en el mismo sentido, aplicable por analogía, ya que se trata del mismo tipo de actos.
Sobre este asunto, y en vista del interés familiar existente – que debe ser protegido en función de todos los integrantes del núcleo familiar -, creemos que una nulidad es la que debe proceder en caso de contravención a la disposición conjunta de los bienes sociales, porque la disposición es un acto que va en contra de una norma imperativa.
Desde el punto de vista de la teoría del acto jurídico y atendiendo a la actual redacción del Código Civil la posición del profesor Benjamín Aguilar Llanos es correcta. Se plantea además que el acto jurídico es nulo en la medida que uno de los cónyuges no manifestó su voluntad en los actos que realizara su cónyuge. Así la CASACION N° 336-2006 Lima54, indica: “Que, en tal virtud, para disponer de bienes sociales o gravarlos, se requiere de la intervención del marido y la mujer, salvo que uno de ellos de poder al otro para ese efecto, de acuerdo al artículo trescientos quince del Código Civil por lo que están prohibidas los actos de disposición unilateral de bienes inmuebles o los bienes muebles registrables sin la intervención de ambos cónyuges; de tal modo que si, contraviniendo dicha norma, se practica actos de disposición de bienes sociales por uno de los cónyuges se incurra en la causal de nulidad absoluta de acto jurídico prevista en el artículo doscientos diecinueve inciso primero del Código Civil, por falta de manifestación de la voluntad de los titulares del dominio del bien…”55 Otra posición relacionada con el efecto de nulidad es la siguiente: “la venta de derechos y acciones de un bien social sin el consentimiento del otro cónyuge, es nula en virtud de que el objeto es jurídicamente imposible mas no así por falta de manifestación de la voluntad, debido a que mientras no se liquide la sociedad de gananciales ningún cónyuge tiene derecho sobre una cuota ideal o parte del inmueble”.56 La CASACION Nº 111-2006 Lambayeque muestra una novísima postura jurisprudencial en la materia: Considerando Tercero: … siendo que con esta sentencia se procede a variar criterios anteriormente establecidos, a fin de concluir que, el supuesto previsto en la referida norma sustantiva no recoge un supuesto de nulidad del acto jurídico, sino uno de ineficacia el mismo que origina que el acto jurídico cuestionado no sea oponible al patrimonio de la sociedad de gananciales. Cuarto:…el artículo 315º en mención del Código en mención establece que, para disponer o gravar un bien social se requiere de la intervención de ambos cónyuges; supuesto que no
Aguilar Llanos, Benjamín. Régimen patrimonial del matrimonio. pp.331. En Revista de Derecho PUC. Nº. 59 Fondo Editorial de Pontificia Universidad
CASACION N° 336-2006 Lima en SCEP
CasacionNº 2818-2000 Lambayeque. Publicada el 2 de Julio de 2001. Diario El Peruano,
descarta la posibilidad que uno de ellos pueda otorgar poder al otro, posibilidad legal que se encuentra recogida tanto en el articulo 315º como en el artículo 292º del Código glosado, lo cual lleva a concluir que, la presencia de ambos cónyuges en un acto de disposición o gravamen, no supone un requisito de validez del acto jurídico sino supone una adecuada legitimidad para contratar. Quinto es decir la intervención de ambos cónyuges supone dar cumplimiento a un requisito de eficacia denominada legitimidad para contratar…”57 El profesor Rómulo Morales Hervias considera que el efecto del artículo 315° del Código Civil es que “cuando no hay asentimiento de uno de los cónyuges es la ineficacia por la ausencia de legitimación”58, que se entenderá como “la competencia que tiene la parte de disponer o de transferir de las posiciones jurídicas o situaciones jurídicas subjetivas. Se requiere de la presencia del instituto de la legitimación como requisito de las partes contratantes a fin de que el contrato pueda surtir efectos jurídicos”59. Consecuentemente, debemos entender que la presencia de ambos cónyuges en un acto de disposición o gravamen, no supone un requisito de validez del acto jurídico cuyo incumplimiento acarree la nulidad sino que supone una adecuada legitimidad para contratar que tendría como efecto la ineficacia de negocio jurídico respecto del cónyuge no interviniente y la posibilidad de que pueda ser ratificado por este. Respecto del tercero si actuó de buena fe el contrato es eficaz sin perjuicio de que tendrá derecho de extinguir el contrato y solicitar la tutela resarcitoria contra el cónyuge culpable60. Si el tercero actuó de buena fe y no ejerce su derecho de extinguir el contrato, “el cónyuge no interviniente tendrá una tutela jurisdiccional compensatoria por la pérdida del bien del patrimonio social contra el conyugue culpable”61. Finalmente, se plantea que el acto de disposición o gravamen del bien o bienes sociales sin el consentimiento de uno de los cónyuges “es anulable ya que existe un vicio resultante de dolo”62, efecto contenido de manera expresa en el artículo 221º- 2, y es que el actuar de uno de los cónyuges se realiza con conocimiento de que los bienes les pertenecen a la sociedad conyugal. Razón por la cual tal acto merece algún tipo de sanción que implique al menos poner en conocimiento de la situación al cónyuge posiblemente afectado con dicha disposición con la finalidad de convalidar dicho acto. Cabe señalar que no todas las personas casadas bajo el régimen de sociedad de gananciales conocen las normas que lo rigen, en tanto ello no podríamos señalar que todo acto de disposición de bienes sociales sin intervención de uno de los cónyuges trae consigo una actitud dolosa de parte del cónyuge que dispone del bien unilateralmente.
CasacionNº 111-2006 Lambayeque.. Publicada el 31 de Enero de 2007. Diario El Peruano, MORALES HERVIAS, Rómulo. Validez y eficacia de los actos de disposición y de gravamen en la sociedad de gananciales. El concepto oculto en el artículo
315° del Código Civil. En Revista Jurídica del Perú N° 64 Setiembre- Octubre 2005 p.174.
Ibid, p. 181 Ibid. Ibid. Posición sustentada por el Dr. Carlos Furuken. Alumno del Curso Jurisprudencia en Familia y Sucesiones. Dictado en la Maestría en Derecho Civil de la
Así la CASACION N°2148-01 Cajamarca del 12 de Noviembre de 200163 señala que por Dolo debe entenderse “/…/ el accionar deliberado de uno de los cónyuges en perjuicio del otro, lo que puede traslucirse entre otros, en el aprovechamiento de los bienes sociales que se encuentran a su disposición para su propio beneficio" Por la necesidad de que el tráfico patrimonial no se vea paralizado, es deseable que se implemente la norma que regula el acto dispositivo de un bien social sin intervención de uno de los cónyuges propuesta en el proyecto de reforma del libro de familia del Ministerio de Justicia, hacemos nuestra la exposición de motivos del citado proyecto. “La actual regulación de la disposición o gravamen de los bienes sociales, prevista en el artículo vigente materia de comentario, ha generado posiciones jurisprudenciales diversas, así como criterios administrativos contrapuestos en el ámbito registral respecto a la contravención de la regla de la intervención conyugal conjunta para la disposición de los bienes sociales. Con la propuesta se subsana la omisión y se regula la diversidad de criterios que han tratado de hallar la solución más correcta, estableciéndose que el acto practicado contraviniendo la regla general de la intervención conyugal conjunta para la disposición de bienes sociales es sancionada con la anulabilidad. En este sentido, cuando uno de los cónyuges disponga unilateralmente de los bienes sociales, el cónyuge que no interviene en el acto de disposición o sus herederos podrán demandar la anulabilidad. Como se sanciona con anulabilidad --y no con nulidad el acto de disposición unilateral-- es posible la confirmación de este acto por quienes están facultados para demandar la anulabilidad. No obstante ello, se consagra expresamente la facultad de que cualquiera de los cónyuges solicite la autorización judicial para disponer de algún bien social, siempre que se demuestre la necesidad y utilidad tomando en cuenta, en todo momento, el interés familiar (fuente esencial para la solución de conflictos en este ámbito). A fin de evitar un proceso largo y tedioso se indica que el trámite sea realizado mediante proceso sumarísimo. Por último, se dispone que la oposición contra el cónyuge que no interviene –por abstención o negación-- en el acto de disposición es viable. Sin embargo –como resulta lógico-- se indica expresamente que de dicho acto no surgirá obligación personal ni responsabilidad alguna para el cónyuge que no interviene en el acto de disposición”64.
CASACION 2148 – 2002 CAJAMARCA del 12 de noviembre de 2001, publicado en la SCEP del 2 de febreri de 2002, p. 8299 Capítulo Segundo
Sociedad de gananciales Artículo 315.- Disposición o gravamen de los bienes sociales 1. Para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención de ambos cónyuges. El acto practicado en contravención de lo anterior es anulable a solicitud del cónyuge que no intervino o de sus herederos. 2. No obstante lo establecido en el párrafo 1 cualquiera de los cónyuges puede ejercer la facultad de disponer de los bienes sociales o gravarlos, si tiene poder especial del otro. 3. Lo dispuesto en el párrafo 1 no rige para los actos de adquisición de bienes muebles, los cuales pueden ser efectuados por cualquiera de los cónyuges. Tampoco rige en los Casacionos considerados en las leyes especiales. 4. Cualquiera de los cónyuges puede ser autorizado judicialmente a realizar actos de disposición que requieran el asentimiento del otro, siempre que existan causas justificadas de necesidad y utilidad, atendiéndose el interés familiar. La pretensión se tramita como proceso sumarísimo.
La misma norma, consagrada en el Artículo 315°, contiene dos excepciones a la regla general: 1. La intervención de marido y mujer, no rige para los actos de adquisición de bienes muebles, los cuales pueden ser efectuados por cualquiera de los cónyuges. La excepción prevista en la norma respecto a la adquisición de bienes muebles sin el requisito de la intervención de ambos cónyuges, tiene a nuestro juicio aspectos vulnerables que hacen que no se justifique la alteración del principio de co- disposición de bienes. El primero es que muchos bienes muebles tienen un valor que sobrepasa largamente el de un inmueble. El segundo es que en cualquier acto de adquisición (sea que se trate de bienes muebles o inmuebles), supone necesariamente un previo o simultáneo acto de disposición de dinero para pagar el precio del bien que se va a adquirir y finalmente porque nos encontramos fuera del poder doméstico y, en consecuencia, cualquier acto de disposición que se realice va a tener una repercusión patrimonial mayor que la producida para levantar las cargas de la familia. El mismo principio rige para los casos considerados en leyes especiales. Cabe señalar, que con la finalidad de no afectar las relaciones y las transacciones económicas durante la vigencia del Código Civil de 1936 y como consecuencia de la reforma del Artículo 188° por el Decreto Ley 17838, se dieron dos leyes especiales que se apartaban del principio general de co-disponibilidad de los bienes sociales contenido en el Código generándose un conflicto de normas. Los legisladores del actual Código, con buen criterio, optaron por prever en el mismo Artículo esta excepción al principio general validando de esta manera aquellas leyes especiales que se apartaran del principio general contenido en el Artículo 315°. La Ley de Títulos Valores No. 27287, vigente desde el 27 de octubre del año 2000, recogiendo una práctica comercial generalizada e impuesta por los usos y costumbres de nuestro país, introdujo una importante innovación en su sexta disposición final, la misma que señala que: “En la transferencia o Constitución de gravámenes sobre los títulos valores emitidos y transferidos a favor de una persona natural, no se requiere la intervención del otro cónyuge. La misma regla rige para los valores representados mediante anotación en cuenta”. Esta disposición está referida, tanto a los títulos valores como a los valores representados mediante anotación en cuenta emitida o transferida a nombre o a favor de una determinada persona natural, cuyo nombre figura literalmente en el título o registro – según sea el caso – quien se convierte en su legítimo tenedor o titular. La misma norma señala que cuando tal persona lo transfiera o constituya un gravamen sobre dicho valor, sea materializado o desmaterializado, y está casado/a, no requiere la intervención de su cónyuge. Esta disposición está sustentada en:
5. El acto es oponible al cónyuge sin cuyo asentimiento fue otorgado, pero de dicho acto no surgirá obligación personal ni responsabilidad alguna para él.
La presunción jure et de jure que ambos cónyuges consienten la disposición o gravamen del título valor. La presunción jure et de jure de que en la relación cambiaria el tenedor del título actúa de buena fe como condición de legitimación del título.
En nuestro ordenamiento nacional, la primera presunción ya se encontraba prevista por leyes conexas a la de Títulos Valores como es el caso de la Ley No. 26361 (Ley de Bolsa de Productos), que en su Artículo cuarto taxativamente señala: ”Se presume, sin advertir prueba en contrario, que los bienes materia de negociación de bolsa, tienen el consentimiento de ambos cónyuges”; en igual sentido, la Ley de Mercado de Valores en su artículo 113° refiere: “Que en las transacciones que se efectúen en los mecanismos centralizados regulados por esta ley, se presume de pleno derecho, el consentimiento del cónyuge del enajenante” y finalmente la Ley de Banca y Seguros señala en su Artículo 227°: “En el establecimiento de cuentas corrientes por personas naturales y en las operaciones que se efectúen con las mismas, se presume de pleno derecho el consentimiento del cónyuge titular de la cuenta”. 3.2.2 Deudas sociales Así como hay deudas de cada cónyuge, también hay “deudas sociales”, de las que responden, en principio, los bienes sociales y a falta o por insuficiencia de éstos, los bienes propios de ambos cónyuges, a prorrata. (Artículo 317° del C.C). Nuesto ordenamiento legislativo no regula la pesuncion de que las deudas se consideran sociales mientras no se pruebe lo contrario. Dentro de nuestro régimen legal, las deudas sociales podemos agruparlas de la siguiente manera:
Obligaciones sociales.Se trata de deudas contraídas legalmente por ambos cónyuges65, en representación de la sociedad conyugal y en virtud de las facultades de administración, disposición y gravamen de los bienes sociales, de las que ambos son titulares dentro de los límites que señala la ley. Nos referimos a obligaciones que nacen de relaciones jurídicas tales como el arrendamiento (pago de la renta), gravamen (pago de las cuotas de un préstamo hipotecario, adquirir (pago del precio), etc. que sobrepasan la potestad doméstica. Cargas sociales.- Son aquellas deudas contraídas para atender el sostenimiento de la familia y la conservación del activo social es decir para levantar las cargas sociales que en nuestro Código Civil aparecen taxativamente señaladas en el Artículo 316° y que pueden ser contraídas por cualquiera de los cónyuges en uso del poder doméstico conyugal. (Artículo 292° CC). El Artículo 316° del Código Civil señala que son de cargo de la sociedad:
De acuerdo al Artículo 315 ° del Código Civil estos deben intervenir conjuntamente salvo los Casacionos de excepción señalados en la misma norma.
Numeral 1°. El sostenimiento de la familia y la educación de los hijos comunes. Numeral 2°. Los alimentos que uno de los cónyuges esté obligado por ley a dar a otras personas.- El inciso abarca los alimentos que se está obligado a dar al ex- cónyuge por el divorcio, al ex- conviviente abandonado que opta por una pensión de alimentos a los hijos extramatrimoniales reconocidos o judicialmente declarados y a los hijos alimentistas. Numeral 3°. El importe de lo donado o prometido a los hijos comunes por ambos cónyuges.- Se trata de las liberalidades que realicen los cónyuges a favor de sus hijos con cargo a los bienes sociales. Numeral 4°. Las mejoras necesarias y las reparaciones de mera conservación o mantenimiento hechas en los predios propios, así como las retribuciones y tributos que los afecten. Numeral 5. Las mejoras útiles y de recreo que la sociedad decida introducir en bienes propios de uno de los cónyuges con consentimiento de éste. Numeral 6. Las mejoras y reparaciones realizadas en los bienes sociales, así como los tributos y retribuciones que los afecten De acuerdo a lo señalado en los incisos 4°, 5° y 6°, las reparaciones de mera conservación o mantenimiento hechas en los predios propios o sociales son de cargo de la sociedad, en razón de que es ella la que usufructúa estos bienes durante la vigencia del régimen de Sociedad de gananciales. También establecen que son de cargo de la sociedad, y bajo el mismo principio, las mejoras necesarias que se introduzcan en los bienes propios de los cónyuges o sociales, así como los tributos y retribuciones que los afecten. Cuando se trate de mejoras necesarias es decir aquellas sin las cuales el bien puede destruirse o arruinarse, son obligatoriamente de cargo de la sociedad; las mejoras útiles y de ornato también pueden ser efectuadas por la sociedad y a su cuenta, pero siempre que se cuente con la autorización del cónyuge propietario. Respecto de las mejoras realizadas en los bienes sociales, por la propia naturaleza de estos bienes deben ser a costa del patrimonio social. Igualmente corren por cuenta de la sociedad los tributos y retribuciones que afecten a los bienes sociales. Numeral 7°. Los atrasos o réditos devengados de las obligaciones a que estuviesen afectos tanto los bienes propios como los sociales, cualquiera que sea la época a que correspondan.- Se refiere a la carga impuesta a la sociedad por los réditos o atrasos devengados de las obligaciones a que estuvieren afectos los bienes propios de los cónyuges y los bienes sociales. En lo que respecta a los réditos o atrasos devengados de las obligaciones a que estuvieren afectos los bienes propios de los cónyuges, esto obedece a que este tipo de gastos se realiza comúnmente con los frutos de estos bienes y como ellos entran
a formar parte de la masa común, las deudas de los esposos, no le son personales más que en si mismas y no sus réditos o intereses, los cuales incumben a la comunidad por tener ella el disfrute de los bienes. Sin embargo, la norma bajo comentario contiene, pues una excepción a la regla general según la cual las deudas anteriores se pagan con bienes propios del cónyuge que la contrajo (Artículo 307º Código Civil).66 Numeral 8°. Las cargas que pesan sobre los usufructuarios respecto de los bienes propios de cada cónyuge. En razón de este inciso, la sociedad ha de soportar las cargas que pesan sobre todo usufructuario, aquellas contempladas en el Artículo 1010° del Código Civil.67 Numeral 9°. Los gastos que cause la administración de la sociedad. La CASACION Nº 2421- 2002 - La Libertad68 señala: “…la sociedad de gananciales constituye un patrimonio autónomo que no está dividido en partes alícuotas, y que es distinto al patrimonio de cada cónyuge que la integra, de forma tal que tanto para realizar actos de administración como de disposición que recaigan sobre bienes sociales será necesaria la voluntad coincidente de ambos cónyuges…en tal sentido al constituir la sociedad de gananciales un patrimonio autónomo, este sólo responderá por obligaciones asumidas por ésta y no por obligaciones asumidas personalmente por cada uno de los cónyuges, salvo que el objeto de la obligación hubiese tenido como beneficiario a dicha sociedad… ” 3.3 Teoría del Reembolso.
Se señala la necesidad de reembolsar - postura a la que nos adscribimos - al cónyuge titular de un patrimonio afectado por el acreedor ante la falta o insuficiencia del patrimonio del responsable directo de la deuda, circunstancia en que se producirá el empobrecimiento de un patrimonio cuyo titular se ve obligado a satisfacer al acreedor por mandato legal bajo la figura de la responsabilidad subsidiaria o por que fue compelido por el acreedor. En el marco del régimen de la sociedad de gananciales las situaciones en que legalmente se ha establecido la responsabilidad subsidiaria, como ya se ha señalado, son las siguientes: (i) responde subsidiariamente el activo social a falta de bienes propios del cónyuge deudor por las deudas contraídas por uno de los cónyuges en beneficio del futuro hogar antes del inicio del régimen de sociedad de gananciales, (ii) responden subsidiariamente los bienes propios del cónyuge no deudor a falta o insuficiencia de bienes propios del cónyuge titular de la deuda por las deudas que contrajo durante la vigencia del régimen de sociedad de gananciales en provecho de la familia, y (iii) responden subsidiariamente los cónyuges con sus bienes propios a prorrata de las deudas sociales cuando los
CORNEJO CHAVEZ, Héctor. Op. Cit. Pág. 306. Artículo 1010 del Código Civil.- El usufructuario debe pagar los tributos, las rentas vitalicias y las pensiones de alimentos que graven los bienes. La CASACION Nº 2421- 2002 - La Libertad en SCEP
bienes sociales no basten para cancelar las deudas que son de cargo de la sociedad. Nuestro ordenamiento legal solo a contemplado la teoría del reembolso en el último párrafo del Artículo 310° del Código Civil cuando señala: “ /…/ También tienen la calidad de bienes sociales los edificios construidos a costa del caudal social en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose a éste el valor del suelo al momento del reembolso”, mas no para los casos señalados en el párrafo precedente, sin embargo consideramos que debe realizarse teniendo como punto de referencia el valor que tienen los bienes al momento del reembolso, evitando así enriquecimientos indebidos e injustos bajo el manto de un vacio en nuestras normas que regulan las relaciones patrimoniales entre los cónyuges cuando están regidas por la sociedad de gananciales.
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