Source: https://www.slideshare.net/PerezEsquer/iniciativa-sobre-veto-al-presupuesto
Timestamp: 2018-06-24 11:40:19+00:00

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Iniciativa sobre veto al presupuesto
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Iniciativa de reforma a la Constitución en materia de observaciones o veto presidencial al presupuesto de egresos de la federación
1. 1INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO YSEXTO AL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOSMEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO MARCOS PÉREZ ESQUER, DEL GRUPO PARLAMENTARIODEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.El suscrito Diputado Federal Marcos Pérez Esquer, integrante del grupo parlamentario del PartidoAcción Nacional de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuestoen los artículos 71 fracción II y 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos (CPEUM), concordantes con el diverso 6 fracción I del Reglamento de la Cámara deDiputados del H. Congreso de la Unión, me permito presentar para su análisis y dictamen lasiguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos quinto y sexto alartículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); paratal efecto, procedo a dar cumplimiento a los elementos indicados en el numeral 78 del citadoordenamiento reglamentario.I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA.Ha quedado precisado en el primer párrafo de este documento.II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.La presente Iniciativa tiene por objeto mejorar el diseño constitucional al explicitar la facultad dela que goza el titular del Ejecutivo para formular observaciones (veto) al Presupuesto de Egresosde la Federación (PEF) que haya sido aprobado por la Cámara de Diputados, esto para el supuestode que no coincida o no comparta las modificaciones que hubiere incorporado la Cámara baja alproyecto de presupuesto que para tal efecto hubiese puesto el Ejecutivo a su consideración.III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN (Exposición de motivos).El Estado es la institución formada para asegurar a la sociedad, las condiciones y relaciones para lavida en colectivo. Con ese fin, el Estado debe organizar un sistema de planeación democrática deldesarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de laeconomía para alcanzar la independencia y la democratización política, social y cultural de laNación, según lo establece el artículo 26 de la Constitución Federal.La planeación del desarrollo nacional lleva implícita una fase de programación y otra depresupuestación. Si bien la Carta Magna no contiene alguna norma que indique expresamente talvinculación, es innegable que ésta existe. Así lo corrobora la Ley Federal de Presupuesto yResponsabilidad Hacendaria (LFPRH) -ordenamiento que reglamenta la fracción IV del artículo 74Constitucional en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control yMARCOS PÉREZ ESQUERDiputado Federal
2. 2evaluación de los ingresos y egresos-, habida cuenta que contiene múltiples disposiciones quearticulan las actividades del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el PEF.1De no ser así, los objetivos, metas, estrategias, programas y prioridades contenidos en el PND,correrían el riesgo de quedar desprovistos de recursos necesarios para cumplimentarlos. Luego, elPEF debe elaborarse y aprobarse siempre bajo el enfoque de cumplimiento de los objetivosplanteados en el PND, lo cual además, contribuye a restar discrecionalidad al uso de los recursospúblicos.Para la debida comprensión de la fase de “presupuestación”, es menester tener claro lo que debeentenderse como “Presupuesto de Egresos”.Sobre el término “Presupuesto”, autores como María Amparo Casar Pérez y Fausto HernándezTrujillo señalan que un presupuesto -para cualquier persona, empresa o gobierno-, es ante todoun plan de acción de gasto para un periodo futuro, generalmente un ano, a partir de los ingresosdisponibles.2Para otros como Inocencio Sánchez, el Presupuesto es una herramienta de planificación,coordinación y control de funciones que presenta en términos cuantitativos las actividades a serrealizadas por una organización, con el fin de dar el use más productivo a sus recursos, paraalcanzar determinadas metas. “En otras palabras, es un plan de acción dirigido a cumplir una metaprevista, expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo ybajo ciertas condiciones previstas”.3El término, llevado al ámbito del sistema de planeación nacional, permite definir al PEF comoaquel documento jurídico, contable y de política económica, -aprobado en el caso de nuestro paíspor la Cámara de Diputados a iniciativa del Presidente de la Republica-, en el cual se consigna elgasto público, de acuerdo con su naturaleza y cuantía, que deben realizar el sector central y elsector paraestatal de control directo, en el desempeño de sus funciones en un ejercicio fiscal.1Ejemplo de tal vinculación son la fracción XXII del artículo 22 de la LFPRH indica que la estructuraprogramática es el conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en forma coherente, quedefine las acciones que realizan los ejecutores de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo conlas políticas definidas en el PND y en los programas y presupuestos; el artículo 16 de la misma Ley, según elcual la Ley de Ingresos y el PEF se elaborarán con base en objetivos y parámetros cuantificables de políticaeconómica, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, mismos que junto con loscriterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, en el caso de laAdministración Pública Federal, deberán ser congruentes con el PND y los programas que derivan delmismo.En el mismo sentido, la fracción I del artículo 24 de la LFPRH, establece que la programación ypresupuestación del gasto público comprende las actividades que deberán realizar las dependencias yentidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base enindicadores de desempeño, contenidos en los programas que se derivan del PND y, en su caso, de lasdirectrices que el Ejecutivo Federal expida en tanto se elabore dicho Plan, en los términos de la Ley dePlaneación.2CFR. Casar Pérez María Amparo y Fausto Hernández Trujillo, ¿Qué es el Presupuesto Federal?, CIDE,consultable en www.presupuestoygastopublico.org3Sánchez, Inocencio, Presupuesto y Control Presupuestario, consultable en www.inosanchez.com
3. 3Rafael de Pina define al Presupuesto de un Estado como “la previsión de los ingresos y gastospúblicos para un ejercicio anual, autorizada en la forma constitucionalmente predeterminada”.4Cecilia Licona Vite al abordar el tema, señala que el PEF es un importante instrumento de fijaciónde políticas públicas y un desglose de los gastos necesarios para el gobierno del país; precisandoque es el mecanismo primordial del Estado para la organización de las funciones encomendadas atodos los órganos que lo integran, los que sólo pueden operar y asumir sus responsabilidadescuando cuentan con recursos financieros a su disposición, por lo que a su juicio, es el componentefundamental de la Hacienda Pública Federal y es la autorización indispensable para que se lleve acabo el gasto público federal.5Partiendo de esos conceptos, puede decirse que el PEF es el documento legal aprobado por laCámara de Diputados, a través del cual se prevén y autorizan los gastos que durante un ejerciciofiscal puede llevar a cabo el gobierno en ejecución de los planes y programas preestablecidos.Tal definición obliga a examinar la naturaleza jurídica que reviste este documento, pues siendoemitido (aprobado) por un órgano legislativo (Cámara de Diputados) -lo que le da el carácter de unacto “formalmente” legislativo- al no tener una finalidad estrictamente normativa, sino en todocaso, prever o contemplar los gastos públicos para un ejercicio anual, pudiera cuestionarse sidesde el punto de vista “material” es un acto legislativo o de naturaleza diversa, verbigracia,administrativo.Sergio Francisco de la Garza señala al respecto que “la doctrina extranjera ha discutido de maneraabundante si (el Presupuesto de Egresos) tiene el carácter de acto legislativo, tanto en su aspectoformal como en su aspecto material”6.Sobre el particular, comenta María de la Luz Mijangos que en Alemania fue el primer país endonde tuvo lugar este debate. Paul Laband elaboró toda una teoría para dar respuesta a estadiscusión y concluyó que el Presupuesto tenía la naturaleza de un “acto administrativo” y no“materialmente legislativo”. Esta conclusión permitió a Guillermo I de Prusia eludir la intervencióndel Parlamento en el análisis y aprobación de este documento; lo cual resultaba relevante en esemomento, pues el órgano legislativo se negaba a autorizar ciertos gastos militares pretendidos porel rey.En opinión de María de la Luz Mijangos, considerando la trascendencia que para la vida de losciudadanos tiene la aprobación del presupuesto, carece de sentido y lógica que sólo la Ley deIngresos tenga el rango de ley material y que el PEF sea calificado como un acto de autorización ocondición.Agrega la autora considera que las leyes no son formales o materiales, simplemente son leyesporque resultan de la actividad de los órganos del Estado investidos por la Constitución de las4De Pina, Rafael, Diccionario de Derecho, Editorial Porrúa, México 1979, p. 377.5CFR. Licona Vite, Cecilia, ¿Tiene facultad el Presidente de la República para hacer observaciones alPresupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados?, Quórum Legislativo 92,Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados del H. Congresode la Unión, México Enero-Marzo 2008, p. 88.6Garza, Sergio Francisco de la, Derecho Financiero Mexicano, Porrúa, México, 1990, p. 129.
4. 4facultades para hacer leyes. En su concepto, no existen elementos esenciales para distinguir unaley de otro tipo de normas tales como la generalidad o la abstracción, ya que la reciente TeoríaGeneral del Derecho señala que la generalidad y la abstracción son “requisitos” no de la normajurídica “como es”, sino como “debería ser” para corresponder a un ideal de justicia.7Oscar Nava Escudero por su parte, sostiene que el PEF reviste la naturaleza jurídica de una “ley”,tanto formal como materialmente hablando, sin que pueda ni deba considerarse como un “actoadministrativo” toda vez que ello significaría desconocer el poder presupuestario que ostentaconstitucionalmente la Cámara de Diputados. Agrega que en muchos países se acepta elpresupuesto como un acto legislativo en sentido formal y material, pues amén de ser aprobadopor la Cámara de Diputados (aspecto formal) responde a las particularidades intrínsecas del actolegislativo (aspecto material), pues reúne las características de generalidad, abstracción,obligatoriedad y coercibilidad que reviste todo documento jurídico que se precie de ser una ley.8Lo cierto es que, como lo reconoce el propio Nava Escudero, no existe una doctrina dominantesobre la naturaleza jurídica del PEF, y lo más relevante -cuando menos en nuestro país- es que laSCJN se ha inclinado por considerar que el Decreto de PEF no es una ley sino “un acto deaplicación de la Ley”, es decir, es un acto materialmente administrativo.9, bajo la premisa de queaunque lo aprueba un órgano legislativo, su contenido es materialmente administrativo, por serun acto de previsión y autorización de gasto público.Como puede apreciarse de lo antes expuesto, establecer la naturaleza jurídica del PEF no es untema nuevo ni tampoco de fácil solución y lamentablemente, nuestro más alto tribunal, no ha7Mijangos Borja, María de La Luz, la Naturaleza jurídica del presupuesto, Boletín Mexicano de DerechoComparado, Nueva Serie, Año XXVIII, núm. 82, Enero-Abril, año 1995, pp. 206-207.8Nava Escudero, Oscar, Reflexiones Jurídicas sobre el veto al Presupuesto de Egresos, en CuestionesConstitucionales, núm. 17, julio-diciembre de 2007, pp. 181-183.9Así lo estableció al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 4/98.Si bien hasta la fecha, este ha sido el criterio del Pleno de la SCJN, conviene destacar el voto particular del exministro Genaro Góngora Pimentel, con relación a la ejecutoria aprobado por la mayoría de integrantes delPleno de la SCJN al resolver la controversia constitucional 109/2004 promovida por el Ejecutivo Federal encontra de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, publicada en el Diario Oficial de laFederación el 24 de octubre de 2005, sección Tercera, pp. 62-63.Sobre la naturaleza jurídica del PEF el Ministro Góngora Pimentel concluyó que en nuestra historiaconstitucional se puede advertir que al PEF “nunca se le consideró acto administrativo, por el contrario,siempre reconoció su naturaleza de ley apoyada en un procedimiento legislativo. Inclusive cuando seestableció la diferencia entre ley y decreto, se consideró que la primera siempre sería aquella cuyos efectosfueran dirigidos a la regulación de un interés general”.Góngora destacó en su voto particular que la Constitución reconoce al PEF, toda vez que en sus artículos 13,75 y 126, establece el principio de reserva de ley en materia presupuestaria, asimismo afirma que el PEF esuna ley que determina lo relativo al gasto público; señaló que el PEF es una ley con característicassingulares, porque la Constitución Federal le ha otorgado un periodo de vigencia anual y, por otra parte, enel procedimiento legislativo otorga un tiempo delimitado tanto a la Cámara de Diputados, como al Ejecutivo,para su aprobación, aún cuando su contenido temático está limitado a cuestiones relacionadas con losgastos públicos y su control.
5. 5profundizado en el tema, no obstante haber tenido oportunidad con motivo de la resoluciónrecaída a la citada Controversia Constitucional 109/2004, en la cual la Cámara de Diputadosexpuso diversos argumentos sobre el particular.Ahora, tal discusión no es estéril sino que tiene su valía, pues de considerarse que se trata de unacto formal y materialmente legislativo, entonces -sin duda alguna- puede ser objeto de “veto”por parte del Ejecutivo como cualquier otra ley; empero, de considerar que su naturaleza esdistinta, la posibilidad de “veto” no resulta igualmente clara.Esto es así, ya que el “veto” se ha entendido –según definición de la SCJN- como “la facultad quetiene un órgano ejecutivo dentro del proceso legislativo para objetar, expresando sudesaprobación y falta de consentimiento por vicios de inconstitucionalidad, por defectos o por serinconveniente el decreto que se le envía para sanción, promulgación y publicación”. Así sedesprende de la tesis de jurisprudencia de rubro “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL PROMOVIDAPOR EL GOBERNADOR DE UN ESTADO EN CONTRA DE UN DECRETO DENTRO DE CUYO PROCESOLEGISLATIVO NO HIZO VALER EL DERECHO DE VETO. ES IMPROCEDENTE POR NO AGOTARLA VIA LEGALMENTE PREVISTA PARA LA SOLUCION DEL CONFLICTO, ASI COMO PORCONSENTIMIENTO”.10Como se aprecia, el más alto tribunal del país circunscribe su definición de “veto” al “procesolegislativo”, el cual se conceptualiza como el “procedimiento seguido para la formación de lasleyes” 11, y que tradicionalmente consta de seis etapas: iniciativa, discusión, aprobación, sanción,publicación e iniciación de la vigencia.Luego, en el supuesto de que considerar que la naturaleza jurídica del PEF es distinta de una ley,entonces –siguiendo esta definición-, tendría también que concluirse que el “veto” del Ejecutivono tiene cabida respecto del PEF.Ello explica que diversos tratadistas hayan destinado esfuerzos encaminados a desentrañar yestablecer por un lado, cuál es la naturaleza jurídica del PEF; y por otro, si existe la facultad de“veto” a favor del Ejecutivo una vez aprobado por la Cámara de Diputados (“veto presupuestal”).Lógicamente, esta discusión no acaparó mayor atención en nuestro país, sino hasta que tuvo lugarla “transición democrática” que se identifica con la llegada al Poder Ejecutivo del Partido AcciónNacional, terminando así con más de setenta años de hegemonía priísta.En efecto, ante la prevalencia –en otras épocas- dentro del Congreso y especialmente en laCámara de Diputados, del mismo partido político del que surgía el Presidente de la Republica,resultaba prácticamente imposible que la Cámara modificara el Proyecto de PEF enviado por elEjecutivo y lógicamente, también se anulaba la posibilidad de que el Ejecutivo pretendieraobservarlo o vetarlo.De hecho, ni siquiera el texto constitucional confería como atribución de la Cámara de Diputadosla modificación del PEF; empero al darse una mayor pluralidad política en la Cámara y al no existirun partido con mayoría absoluta, se fueron procesando modificaciones constitucionales y legales10Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo Xlll, Abril de 2001. Tesis P/J.55/2001. Página 924.11García Celayo, Eduardo Felipe, El proceso legislativo en México, UNAM, 26 de febrero de 2010.
6. 6que permitieron, en un momento, que la Cámara de Diputados quedara en aptitud de modificar elProyecto de PEF enviado por el Ejecutivo.Doctrinariamente, el “veto” presidencial -explica Luis Carlos Ugalde- es “un medio de defensa ymoderación de los poderes ejecutivos frente a decisiones de las asambleas legislativas”12. CeciliaLicona Vite lo describe como “un acto del Poder Ejecutivo de no aprobación del proyecto de ley odecreto que le envía el Congreso. Ese acto impide que el proyecto -mientras no sea superado elveto - se convierta en ley o decreto; asimismo, impide la publicación del mismo”.13La figura así entendida, está claramente establecida en la Constitución respecto de las leyes ydecretos que ordinariamente aprueba el Congreso de la Unión, empero, tal claridad no se apreciatratándose del PEF que aprueba –en ejercicio de un facultad exclusiva- la Cámara de Diputados.Esto es así, ya que nuestro texto Constitucional regula el veto presidencial en su Título Tercero,Capítulo II, Sección II “De la Iniciativa y Formación de las Leyes”, en los términos siguientes:“Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva dealguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose elReglamento de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en lasdiscusiones y votaciones.A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a laotra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observacionesque hacer, lo publicará inmediatamente.B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto conobservaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles; a no ser que,corriendo este término hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, encuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso estéreunido.C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, serádevuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido denuevo por ésta y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total devotos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por esta fuese sancionado por lamisma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para supromulgación.Las votaciones de ley o decreto, serán nominales.D. Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámarade revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiesehecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de losmiembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vezen consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para losefectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en elmismo período de sesiones.12Garza, Sergio Francisco de la, Op. Cit. P. 129.13Licona Vite, Cecilia, Op. Cit. P. 118.
7. 7E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, oadicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origenversará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poderalterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformashechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votospresentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para losefectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisorafueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán aaquella para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoríaabsoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adicioneso reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasaráal Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara revisora insistiere, por lamayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo elproyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones, a noser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembrospresentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que sereserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesionessiguientes.…”Como se aprecia, la figura del “veto presidencial” se encuentra situada en un marco general quedelimita los supuestos en los cuales se puede ejercer esa facultad, particularmente tratándose deleyes o decretos que son aprobados por el Congreso de la Unión, esto es, por ambas Cámaras, detal suerte que si conforme al artículo 74, fracción IV de la propia Constitución Federal, el PEF es unacto cuya resolución compete “en exclusiva” a la Cámara de Diputados, entonces, en una lecturaliteral y aislada de estos preceptos tendría que concluirse que el “veto” puede ser ejercidorespecto del PEF, pues no se trata de un acto aprobado por el Congreso de la Unión, sino por unasola de sus Cámaras.Vistos dichos preceptos en sentido estricto, la facultad de veto y por ende, la posibilidad deformular observaciones a los actos del Poder Legislativo, se circunscribe a las leyes o decretos delCongreso de la Unión.La propia SCJN, al resolver la citada Controversia Constitucional 109/2004, planteada en diciembrede 2004 por el titular del Ejecutivo Federal en contra de la Cámara de Diputados, consideró que lasnormas constitucionales -en su literalidad- no consignan con claridad y especificidad dichaatribución a favor del Ejecutivo, de ahí que se hizo necesario efectuar una interpretación através de distintos métodos para arribar a la conclusión de que sí goza de la facultad de “veto”también respecto del PEF.En aquella ocasión, el Ejecutivo Federal demandó la invalidez de diversos actos emitidos por elórgano legislativo, entre ellos: a) el Acuerdo de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura de fecha 14de diciembre de 2004, aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo en sesión de la mismafecha, mediante el cual se desestimaron las observaciones formuladas por el Ejecutivo al PEFaprobado por la Cámara; y b) el Decreto de PEF para el Ejercicio Fiscal 2005, publicado en el DiarioOficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre de 2004, únicamente en cuanto a ciertasdisposiciones, renglones, anexos o artículos que se detallaron en la demanda constitucional.
8. 8Previos los trámites de Ley, la SCJN resolvió el conflicto planteado mediante ejecutoria de 17 demayo de 2005, en la que reconoció la atribución del titular del Ejecutivo para formularobservaciones (“vetar”) el PEF aprobado por la Cámara de Diputados; y partiendo de ello,declaró la invalidez del acuerdo de la Cámara de Diputados por el que se negó dar trámite a lasobservaciones formuladas por el Ejecutivo Federal al PEF 2005; y consecuentemente, requirió a laComisión Permanente del Congreso de la Unión para que convocara a sesión extraordinaria a laCámara de Diputados, a fin de que se discutieran las referidas observaciones; finalmente, declaróla nulidad parcial del PEF 2005, únicamente en cuanto a las partidas a que se referían dichasobservaciones.Aquella controversia constitucional y el fallo que le recayó resultan torales para comprenderdebidamente esta propuesta, pues como se desprende de la ejecutoria, la litis en aquel asunto secircunscribió, precisamente, en determinar si el Presidente de la República se encuentra o nofacultado constitucionalmente para realizar observaciones (vetar) al Decreto de PEF aprobado porla Cámara de Diputados.Al respecto, el más alto tribunal del país estableció que el “veto” es un acto de colaboración entrelos Poderes Legislativo y Ejecutivo y un mecanismo que impide que un Poder se sobreponga aotro. Visto de esa forma, “el veto permite neutralizar, temporalmente, todo acto que considerelesivo”, señaló la SCJN en la sentencia referida.El veto, a juicio de la Corte permite al Ejecutivo participar en el procedimiento legislativo, puestoque el proyecto de ley o decreto aprobado por el Legislativo no alcanza ese carácter sino hastadespués de que fenece el plazo que tiene el Ejecutivo para emitir sus observaciones, o bien porquehabiéndolas presentado no fueron aceptadas; o aceptándolas, dan lugar a la modificación delproyecto original.“La facultad de veto es una prerrogativa del órgano Ejecutivo consistente en la posibilidad de hacerllegar al órgano Legislativo información, objeciones y cuestionamientos adicionales, que pudieronno haberse tomado en cuenta en el momento de discutirse la iniciativa durante el procedimientolegislativo respectivo; en este sentido, el veto, es un medio de participación para una colaboraciónefectiva entre poderes” razonó el alto tribunal en su sentencia.Expuesto lo anterior, la SCJN hizo notar que las partes en conflicto (Ejecutivo Federal y Cámara deDiputados) esgrimieron “interpretaciones divergentes” de lo previsto en los artículos 70, 71, 72 y74 de la CPEUM, pues mientras a juicio del Presidente de la República el texto constitucional síconsigna la posibilidad de formular observaciones (vetar) el PEF, en concepto de la Cámara, estono tiene cabida conforme al diseño constitucional.Cabe apuntar que la Cámara de Diputados arribó a tal conclusión de una interpretación “literal” (yaislada) de dichos preceptos constitucionales, pues adujo que el artículo 74, fracción IV, párrafosprimero a cuarto y octavo, establecen un procedimiento específico para la presentación, discusióny aprobación del Decreto de PEF, el cual es completamente distinto del procedimiento previsto enel artículo 72 para la iniciación y formación de leyes.Empero, a juicio de la SCJN, de lo dispuesto por artículo 74 Constitucional, en modo alguno seadvierte que dicho precepto establezca –expresamente- alguna restricción a la facultad delPresidente de la República para hacer observaciones al Decreto del PEF aprobado por la Cámarade Diputados; y tampoco se advierte una regulación específica y formal del procedimiento para su
9. 9aprobación; habida cuenta que no establece una forma sui generis de cómo habrá de llevarse acabo su discusión, votación, aprobación y publicación.Consecuentemente, la SCJN estimó necesario acudir a otros métodos de interpretación “ante lainsuficiencia de los elementos que derivan del análisis literal del invocado artículo 74, fracción IV,respecto a las formalidades del procedimiento legislativo para la aprobación del Decreto delPresupuesto de Egresos de la Federación”.Una interpretación de los artículos 70, 71, 72 y 74 de la Carta Magna -haciendo uso de distintosmétodos de interpretación admitidos (“sistemática”, “histórica” y “genético-teleológica” einclusive “literal)-, permitió al Tribunal Constitucional concluir lo siguiente:“De la interpretación literal deriva que el artículo 74, a más de no contener ningunarestricción a la facultad del Presidente de la República para hacer observaciones alDecreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, tampoco contiene unaregulación específica y formal del procedimiento para su aprobación, ya que noseñala la forma en que la Cámara de Diputados debe proceder en cuanto a sudiscusión, votación y aprobación, además de no referir que para la aprobación delDecreto deba seguirse un procedimiento diverso al previsto en el artículo 72, de laNorma fundamental.La interpretación sistemática de los artículos 70, último párrafo, 71, 72 y 74, fracciónIV, constitucionales, además de confirmar la conclusión derivada de la interpretaciónliteral del artículo 74, fracción IV, evidencia que el procedimiento legislativo, comotal, es uno sólo; esto es, que no existen diversos procedimientos que atiendan a ladistribución constitucional de facultades, tampoco específicos ni diferentes para laaprobación de leyes, decretos o resoluciones. Asimismo, que el Presidente de laRepública se encuentra facultado para realizar observaciones a cualquier proyectode ley o decreto, con independencia que esto sea de competencia exclusiva dealguna de las Cámaras o bien del Congreso de la Unión y que, las restricciones a estederecho se encuentran consignadas en el último párrafo del artículo 70 y en el incisoJ, del artículo 72, entre los que no se enumera el Decreto de Presupuesto de Egresosde la Federación.De la interpretación histórica deriva el hecho de que desde la Constitución de 1857,sobre todo a raíz de la reforma de 1874, se establece expresa y claramente en laNorma Fundamental, la facultad del Titular del Poder Ejecutivo Federal de realizarobservaciones respecto de proyectos de leyes y decretos, las restricciones impuestas atal derecho y las condiciones para superarlo por el órgano legislativo.De la interpretación genético-teleológica se desprende claramente que las causasque dieron lugar a instituir constitucionalmente el derecho de veto del Ejecutivo,fueron el cúmulo de acontecimientos que, por el exceso de facultades otorgadas alPoder Legislativo y despojadas al Ejecutivo, habían provocado crisis políticas ysociales en nuestra nación, en la medida en que el Presidente de la República se vioimpedido para poder cumplir a cabalidad con su encargo, alterando el principio deequilibrio de poderes. Asimismo se desprende que la finalidad de su inclusión fue,precisamente, mantener un justo equilibrio entre los Poderes de la Unión”.
10. 10Del “cruce” de esos métodos interpretativos, la SCJN decidió que el Presidente de la República sícuenta con facultades para hacer observaciones al Decreto de PEF, las cuales una vez discutidas yvotadas, pueden superarse por la Cámara de Diputados al rechazarse por las dos terceras partesde los Diputados presentes.Como se observa, la SCJN arribó a esa conclusión mediante una interpretación menos restrictivaque la propuesta por la Cámara de Diputados y a partir del criterio de “pesos y contrapesos”establecido en la misma Carta Magna, garantizando así un mecanismo de colaboración yparticipación en asuntos de interés fundamental como es la creación del orden jurídico nacional yla aprobación del propio PEF.Lo cierto es que esta decisión de nuestro más alto tribunal, puso de relieve que, tal como lo señalóLuis Carlos Ugalde, sobre los alcances del veto presidencial en México existen graves“ambigüedades” y “no se han dado pasos legislativos suficientes para clarificarlas”.También el ex Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, al analizar el asunto de mérito, puso demanifiesto tal deficiencia constitucional, al señalar: “La Constitución es muy parca al establecer elmarco normativo al que debe sujetarse el proceso presupuestario, o en términos más concretos, lacreación del PEF. Son muchas las problemáticas que, idóneamente, debiera atender y no lo hace, yeste tema es uno más de esos claroscuros. No existe como sucede en otros países, una normaque de modo expreso autorice al Ejecutivo Federal a formular observaciones al PEF, comotampoco hay una que le niegue en forma categórica este derecho”.Ciertamente, como lo hizo la SCJN en el fallo de mérito, pueden esgrimirse diversas razones paraconcluir el titular del Ejecutivo puede formular observaciones al PEF aprobado por la Cámara deDiputados, haciendo uso incluso de diversos métodos interpretativos; sin embargo, esprecisamente esa circunstancia la que obliga a revisar las normas vigentes a fin de buscarestablecer con la mayor claridad posible bajo qué circunstancias y supuestos, el Presidente de laRepublica debe quedar facultado para oponerse ante las decisiones del Congreso de la Unión,formulando observaciones mediante el mecanismo legalmente establecido.Así lo consideró el Senado de la República al aprobar el 14 de abril de 2011, el Dictamen de lasComisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Reforma del Estado y de Estudios Legislativos,respecto de diversas Iniciativas con Proyecto de Decreto que reforman diversos artículos de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política, queabordaron, entre otras propuestas, la del veto presidencial respecto del PEF. En el dictamen demérito, el Senado señaló:“Ha sido ampliamente explorado por los tratadistas e historiadores que laConstitución aprobada en Querétaro en 1917 dejó sin resolver algunas de lasinconsistencias o contradicciones que presentaba la de 1857, las que era producto,entre otras causas, de que ésta última había previsto un sistema unicameral para elPoder Legislativo Federal, pero al aprobarse la reforma promovida por el PresidenteLerdo de Tejada, que restauró el Senado y volvió al sistema bicameral, los redactoresdel texto dejaron inconsistencia o lagunas que los constituyentes de Querétarotampoco atendieron.
11. 11Una de esas inconsistencias es la relativa al tratamiento que debe darse alPresupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en relación a la facultad deobservación (“veto”) que el artículo 72 de la Carta de Querétaro dispone para elproceso de formación de las leyes. El debate se refiere tanto a la naturalezaconstitucional del PEF (¿es una “ley”, es un decreto?) como a la duda que ha cruzadobuena parte de la reciente historia constitucional de México.El debate ha tenido como eje rector una pregunta: ¿Puede el titular del PoderEjecutivo Federal observar “vetar”, el PEF aprobado por la Cámara de Diputados?Aunque en los años posteriores a la promulgación de la Carta Magna de 1917 algunosPresidentes de la República observaron el PEF y la Cámara de Diputados aceptó yatendió, conforme al artículo 72, esas observaciones, la práctica cayó en desuso altérmino de la época de inestabilidad interna. A partir de la instauración del nuevorégimen presidencialista, el asunto quedó fuera del debate político y legislativo;nunca más un Presidente de la República volvió a “observar” el PEF.El tema quedó bajo la atención de los tratadistas que se pronunciaron de formapolarizada en torno a la pregunta antes planteada. Para unos, el PEF no es una “ley”,al ser de origen unicameral, y por tanto el Ejecutivo no puede observarlo. Para otros,una minoría, el asunto era discutible y cabía la interpretación contraria.El asunto resurgió no como producto de la academia, sino por la ampliación de lapluralidad en la Cámara de Diputados, lo que en 1997 condujo a la primeralegislatura de la historia contemporánea de México sin mayoría de ningún partido ogrupo parlamentario en esa Cámara. Ante los anuncios de la alianza opositora, quesumada contaba con mayoría de votos, el entonces titular del Poder Ejecutivoanunció que podría hacer uso del “derecho de observación” respecto del PEF. Sinembargo, en los tres años de esa Legislatura prevaleció la negociación y el acuerdoentre Poderes; el Ejecutivo no hizo observaciones al PEF.Correspondió al presidente Vicente Fox el primer, y hasta hoy único, acto deobservación del PEF aprobado por la Cámara de Diputados; ésta acudió ante laSuprema Corte de Justicia de la Nación, que finalmente resolvió la controversia afavor del Ejecutivo. Aunque se trata de una sola sentencia, el tema volvió al debatelegislativo y han sido varias las iniciativas de reforma constitucional que buscanaclarar el tema, en uno u otro sentido.Después de analizar y estudiar las iniciativas al respecto, estas comisiones unidasconsideran que en pertinente dejar aclarado el tema del derecho de observacióndel Ejecutivo al PEF en un sentido positivo para ambos Poderes de la Unión y parabeneficio de la sociedad.…”
12. 12Lamentablemente, aunque esta Soberanía ha examinado con antelación diversas Iniciativasencaminadas a ese propósito14, hasta la fecha no han prosperado por falta de los consensospolíticos necesarios; empero, ponen de relieve el interés que los legisladores tenemos sobre eltema y la necesidad de normar ese supuesto, mediante la incorporación expresa de la figura delveto presidencial tratándose del PEF.En mérito de lo anterior, se propone adicionar con dos párrafos (quinto y sexto) al artículo 74fracción IV de la Constitución Federal, a efecto de establecer expresamente la figura del vetopresidencial respecto del PEF en los términos siguientes:a) Dejar establecido que el Ejecutivo Federal puede observar, dentro de un plazoimprorrogable, el PEF aprobado por la Cámara de Diputados; y retomando la normageneral prevista en el artículo 72, establecer que si no tiene observaciones deberápromulgar y publicar dicho Presupuesto; yb) Establecer que si el Ejecutivo observa en todo o en parte el PEF, todo el proyecto deberávolver a la Cámara de Diputados, sin que exista la posibilidad de publicación ypromulgación de la parte no observada. Con ello, se busca que el procedimiento parasuperar las observaciones (“veto”) del Ejecutivo guarde correspondencia y congruenciacon lo dispuesto en el artículo 72 Constitucional.IV. FUNDAMENTO LEGAL.Lo constituyen los artículos 71 fracción II y 78 fracción III de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos (CPEUM), concordantes con el diverso 6 fracción I del Reglamento de la Cámarade Diputados del H. Congreso de la Unión, mismos que quedaron precisados desde el inicio deeste documento.V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.También fue precisado al inicio de este documento y lo es “PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO AL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓNPOLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.Como lo indica el título referido, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.En mérito de lo anterior, someto a consideración de ese Honorable Pleno de la Cámara deDiputados el siguiente:14Entre ellas, pueden mencionarse la planteada por el titular del Ejecutivo Federal ante la Cámara deSenadores el 15 de diciembre de 2009; la Iniciativa de los grupos parlamentarios del PRD, PT, y Convergenciapresentada por el Senador Arturo Núñez Jiménez el 18 de febrero de 2010; la Iniciativa del grupoparlamentario del PRI presentada por el Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera el 23 de febrero de 2010; yla Iniciativa presentada por el Senador Tomás Torres Mercado el 25 de febrero de 2010.
13. 13Artículo 74. (…)I a III. (…)IV. (…)(…)(…)(…)El Ejecutivo Federal podrá hacer observaciones al Presupuesto de Egresos de laFederación en un plazo de diez días naturales. Si el Ejecutivo no tuvieraobservaciones lo promulgará y publicará.El Presupuesto de Egresos de la Federación observado, en todo o en parte, por elEjecutivo será devuelto con sus observaciones a la Cámara de Diputados para quesea discutido de nuevo por ésta en un plazo de diez días naturales; si fueseconfirmado por las dos terceras partes del número total de votos, volverá deinmediato al Ejecutivo para su promulgación y publicación.(…)(…)V. a VII. (…)VIII. ARTÍCULO TRANSITORIOS.Sobre el particular, se proponen los siguientes:ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de supublicación en el Diario Oficial de la Federación.ARTÍCULO SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir realizar lasadecuaciones necesarias a la legislación secundaria, dentro de un plazo no mayor de60 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presenteDecreto.IX, X y XI. LUGAR, FECHA Y NOMBRE Y RÚBRICA DEL INICIADOR.Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2012.Diputado Marcos Pérez Esquer ________________________________________.
14. 14TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONEArtículo 74. (…)I a III. (…)IV. (…)(…)(…)(…)Se deroga.Se deroga.Se deroga.(…)V. a VII. (…)Artículo 74. (…)I a III. (…)IV. (…)(…)(…)(…)El Ejecutivo Federal podrá hacerobservaciones al Presupuesto de Egresos de laFederación en un plazo de diez días naturales.Si el Ejecutivo no tuviera observaciones lopromulgará y publicará.El Presupuesto de Egresos de la Federaciónobservado, en todo o en parte, por elEjecutivo será devuelto con sus observacionesa la Cámara de Diputados para que seadiscutido de nuevo por ésta en un plazo dediez días naturales; si fuese confirmado por lasdos terceras partes del número total de votos,volverá de inmediato al Ejecutivo para supromulgación y publicación.(…)(…)V. a VII. (…)ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decretoentrará en vigor el día siguiente al de supublicación en el Diario Oficial de laFederación.ARTÍCULO SEGUNDO. El Congreso de la Unióndeberá expedir realizar las adecuacionesnecesarias a la legislación secundaria, dentrode un plazo no mayor de 60 días a partir de laentrada en vigor del presente decreto.ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas lasdisposiciones que se opongan al presenteDecreto.
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