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Timestamp: 2016-10-23 20:35:39+00:00

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DECLARACIÓN de aplicación provisional del Convenio de asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 29 de mayo de 2000
DECLARACIÓN de aplicación provisional del Convenio de asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 29 de mayo de 2000	DECLARACIÓN de aplicación provisional del Convenio de asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 29 de mayo de 2000 Mis Leyes
DECLARACIÓN de aplicación provisional del Convenio de asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 29 de mayo de 2000 Estado	:
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES	TÍTULO I Disposiciones generalesArtículo 1. Relación con otros convenios de asistencia judicial.1. El presente Convenio tiene por objeto completar las disposiciones y facilitar la aplicación entre los Estados miembros de la Unión Europea:Artículo 2. Disposiciones relacionadas con el acervo de Schengen.Artículo 3. Procedimientos en los que se prestará igualmente asistencia judicial.Artículo 4. Trámites y procedimientos para la ejecución de las solicitudes de asistencia judicial.Artículo 5. Envío y notificación de documentos procesales.TÍTULO II Solicitudes de determinadas formas específicas de asistencia judicialArtículo 8. Restitución.Artículo 9. Traslado temporal de detenidos con fines de investigación.Artículo 10. Audición por videoconferencia.Artículo 15. Responsabilidad penal en relación con los funcionarios.Artículo 16. Responsabilidad civil en relación con los funcionarios.1. Cuando, de conformidad con los artículos 12, 13 y 14, los funcionarios de un Estado miembro actúen en otro Estado miembro, el primer Estado miembro será responsable de los daños y perjuicios causados por sus funcionarios en el desarrollo de sus cometidos, de acuerdo con el Derecho del Estado miembro en cuyo territorio estén actuando.TÍTULO III Intervención de telecomunicacionesArtículo 17. Autoridades competentes para ordenar la intervención de telecomunicaciones.A efectos de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 18, 19 y 20, se entenderá por "autoridad competente" la autoridad judicial o, cuando las autoridades judiciales no posean competencias en el ámbito que abarcan dichos artículos, una autoridad competente equivalente, especificada de conformidad con la letra e) del apartado 1 del artículo 24 y que actúe a efectos de una investigación penal.Artículo 18. Solicitudes de intervención de telecomunicaciones.1. A efectos de una investigación penal, una autoridad competente del Estado miembro requirente podrá cursar, de conformidad con lo dispuesto en su Derecho interno, a una autoridad competente del Estado miembro requerido:Artículo 19. Intervención de telecomunicaciones en el territorio nacional por medio de proveedores de servicios.Artículo 22. Acuerdos bilaterales.Ninguna de las disposiciones del presente Título constituirá un obstáculo para posibles acuerdos bilaterales o multilaterales entre los Estados miembros, destinados a facilitar la explotación de las posibilidades técnicas actuales y futuras en lo que respecta a la intervención legal de telecomunicaciones.
DECLARACIÓN de aplicación provisional del Convenio de asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 29 de mayo de 2000.
"De conformidad con el apartado 5 del artículo 27, España declara que, hasta su entrada en vigor, el Convenio será aplicable en lo que a ella respecta, en sus relaciones con los Estados miembros que hayan formulado la misma Declaración, a partir de los noventa días de la fecha del depósito de dicha Declaración."
CONVENIO CELEBRADO POR EL CONSEJO DE CON
FORMIDAD CON EL ARTÍCULO 34 DEL TRATADO DE
LA UNIÓN EUROPEA, RELATIVO A LA ASISTENCIA
JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE LOS ESTADOS
Las altas partes contratantes del presente Convenio, Estados miembros de la Unión Europea, Remitiéndose al Acto del Consejo por el que se celebra el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea.
Deseosas de mejorar la cooperación judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión, sin perjuicio de las normas que protegen las libertades individuales, Señalando el interés común de los Estados miembros de asegurar que la asistencia judicial entre ellos se lleve a cabo con rapidez y eficacia y de forma compatible con los principios fundamentales de sus respectivos Derechos internos, respetando los derechos individuales y los principios contenidos en el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950,
Artículo 1. Relación con otros convenios de asistencia judicial.
Artículo 2. Disposiciones relacionadas con el acervo de Schengen.
1. Las disposiciones de los artículos 3, 5, 6, 7,12 y 23, y, en la medida pertinente a los efectos del artículo 12, las de los artículos 15 y 16, y, en la medida pertinente a los efectos de los citados artículos, las del artículo 1, constituyen medidas que modifican o desarrollan las disposiciones a que se refiere el anexo A del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (1).
Artículo 3. Procedimientos en los que se prestará igualmente asistencia judicial.
Artículo 4. Trámites y procedimientos para la ejecución de las solicitudes de asistencia judicial.
Artículo 5. Envío y notificación de documentos procesales.
Artículo 6. Transmisión de solicitudes de asistencia judicial.
Cualquiera de los Estados miembros podrá aplicar el principio de reciprocidad en relación con lás mencionadas declaraciones.
6. Cuando, respecto de las solicitudes de asistencia judicial relacionadas con los procedimientos mencionados en el apartado 1 del artículo 3, la autoridad competente en un Estado miembro sea una autoridad judicial una autoridad central y en el otro Estado miembro sea una autoridad administrativa, las solicitudes y las respuestas a las mismas podrán cursarse directamente entre estas autoridades.
7. Todo Estado miembro podrá declarar, al efectuar la notificación prevista en el apartado 2 del artículo 27, que no está vinculado por la primera frase del apartado 5 por el apartado 6 del presente artículo, o por ambos, que las mencionadas disposiciones sólo se aplicarán en determinadas condiciones que especificará. Dicha declaración podrá retirarse o modificarse en cualquier momento.
Artículo 7. Intercambio espontáneo de información.
TÍTULO II Solicitudes de determinadas formas específicas
Artículo 8. Restitución.
1. A petición del Estado miembro requirente y sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe, el Estado miembro requerido podrá poner a disposición del Estado requirente objetos obtenidos por medios ilícitos para que se restituyan a su legítimo propietario.
Artículo 9. Traslado temporal de detenidos con fines de investigación.
1. Cuando exista acuerdo en tal sentido entre las autoridades competentes de los Estados miembros interesados, el Estado miembro que haya solicitado una investigación para la cual sea necesaria la presencia de una persona detenida en su propio territorio podrá trasladar temporalmente a esta persona al territorio del Estado miembro en el que vaya a realizarse la investigación.
5. Será de aplicación al presente artículo, mutatis mutandis, lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 11 y en los artículos 12 y 2O del Convenio Europeo de Asistencia Judicial.
Artículo 10. Audición por videoconferencia.
1. Cuando una persona que se halle en el territorio de un Estado miembro deba ser oída como testigo o perito por las autoridades judiciales de otro Estado miembro, este último, en caso de que no sea oportuno o posible que la persona a la que se deba oír comparezca personalmente en su territorio, podrá solicitar que la audición se realice por videoconferencia, tal como se establece en los apartados 2 a 8.
2. 2. El Estado miembro requerido deberá autorizar la audición por videoconferencia siempre que el uso de la videoconferencia no sea contrario a los principios fundamentales de su Derecho nacional y que disponga de medios técnicos para llevar a cabo la audición por videoconferencia. Si el Estado miembro requerido no dispone de los medios técnicos necesarios para una videoconferencia, el Estado miembro requirente podrá ponerlos a su disposición previo acuerdo mutuo.
3. En las solicitudes de audición por videoconferencia se indicará, además de la información mencionada en el artículo 14 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial y en el artículo 37 del Tratado Benelux, el motivo por el que no es oportuna o posible la comparecencia fisica del testigo o perito y el nombre de la autoridad judicial y de las personas encargadas de efectuar la audición.
9. Los Estados miembros podrán, si lo consideran
oportuno, aplicar igualmente las disposiciones del presente artículo, cuando sea apropiado y con el acuerdo de sus autoridades judiciales competentes, a la audición por vídeoconferencia de un acusado. En este caso, la decisión de mantener la videoconferencia y la forma en que ésta se lleve a cabo estarán supeditadas al acuerdo de los Estados miembros de que se trate, de conformidad con su Derecho interno y con los correspondientes instrumentos internacionales, incluido el Convenio Europeo de 1950 para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
Artículo 11. Audición por conferencia telefónica.
1. Cuando una persona que se halle en el territorio de un Estado miembro deba ser oída como testigo o perito por las autoridades judiciales de otro Estado miembro, este último, cuando así lo disponga su Derecho interno, podrá solicitar la ayuda del primer Estado miembro para que la audición se realice por conferencia telefónica, tal como se establece en los apartados 2 a 5.
4. En las solicitudes de audición por conferencia telefónica se indicará, además de la información mencionada en el artículo 14 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial y en el artículo 37 del Tratado Benelux,
el nombre de la autoridad judicial y de las personas encargadas de efectuar la audición y una indicación de que el testigo o perito está dispuesto a participar en ella por conferencia telefónica.
c) comprobar que el testigo o el perito consienten
en que la audición se realice por conferencia telefónica.
Artículo 12. Entregas vigiladas.
1. Los Estados miembros se comprometerán a permitir en sus territorios, a petición de otro Estado miembro, entregas vigiladas en el marco de investigaciones penales respecto de hechos delictivos que puedan dar lugar a extradición.
Artículo 13. Equipos conjuntos de investigación.
a) cuando la investigación de infracciones penales en un Estado miembro requiera investigaciones dificiles que impliquen la movilización de medios considerables y afecten también a otros Estados miembros;
Artículo 14. Investigaciones encubiertas.
1. El Estado miembro requirente y el Estado miembro requerido podrán convenir en colaborar para la realización de investigaciones de actividades delictivas por parte de agentes que actúen infiltrados o con una identidad falsa (investigaciones encubiertas).
Artículo 15. Responsabilidad penal en relación con los funcionarios.
Durante las operaciones contempladas en los artículos 12, 13 y 14, los funcionarios procedentes de un Estado miembro que no sea el Estado miembro en el que se desarrolla la operación se asimilarán a los funcionarios de este último Estado miembro en lo relativo a las infracciones que pudieran sufrir o cometer.
Artículo 16. Responsabilidad civil en relación con los funcionarios.
1. Cuando, de conformidad con los artículos 12, 13 y 14, los funcionarios de un Estado miembro actúen en otro Estado miembro, el primer Estado miembro será responsable de los daños y perjuicios causados por sus funcionarios en el desarrollo de sus cometidos, de acuerdo con el Derecho del Estado miembro en cuyo territorio estén actuando.
TÍTULO III Intervención de telecomunicaciones
Artículo 17. Autoridades competentes para ordenar la intervención de telecomunicaciones.
A efectos de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 18, 19 y 20, se entenderá por "autoridad competente" la autoridad judicial o, cuando las autoridades judiciales no posean competencias en el ámbito que abarcan dichos artículos, una autoridad competente equivalente, especificada de conformidad con la letra e) del apartado 1 del artículo 24 y que actúe a efectos de una investigación penal.
Artículo 18. Solicitudes de intervención de telecomunicaciones.
1. A efectos de una investigación penal, una autoridad competente del Estado miembro requirente podrá cursar, de conformidad con lo dispuesto en su Derecho interno, a una autoridad competente del Estado miembro requerido:
a) una solicitud de intervención y transmisión inmediata de telecomunicaciones al Estado miembro requirente, o bien
b) una solicitud de intervención, grabación y ulterior transmisión de la grabación de la telecomunicación al Estado miembro requirente.
2. Las solicitudes previstas en el apartado 1 podrán cursarse en relación con la utilización de medios de telecomunicación por parte de la persona objeto de la intervención, siempre que dicha persona se encuentre en:
a) el Estado miembro requirente, y éste precise de la asistencia técnica del Estado miembro requerido para intervenir las comunicaciones de dicha persona;
b) el Estado miembro requerido, siempre que las comunicaciones de dicha persona puedan ser intervenidas en ese Estado miembro;
c) un tercer Estado miembro al que se haya informado de conformidad con la letra a) del apartado 2 del artículo 20, y el Estado miembro requirente precise de la asistencia técnica del Estado miembro requerido para intervenir las comunicaciones de dicha persona.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 14 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial y en el artículo 37 del Tratado Benelux, las solicitudes con arreglo al presente artículo incluirán los siguiente datos:
b) confirmación de que existe un mandamiento o una orden de intervención legal en relación con una investigación penal;
d) conducta delictiva que se investiga; e) duración deseada de la intervención;
f) si es posible, datos técnicos suficientes, en particular el número pertinente de conexión a la red, a fin de garantizar que pueda ejecutarse la solicitud.
4. Cuando se trate de una solicitud cursada en virtud de lo dispuesto en la letra b) del apartado 2, la solicitud deberá incluir también un resumen de los hechos. El Estado miembro requerido podrá exigir cualquier información adicional que le permita decidir si él mismo habría adoptado la medida solicitada en un caso nacional de características similares.
5. El Estado miembro requerido se comprometerá a acceder a las solicitudes previstas en la letra a) del apartado 1:
a) en el caso de las solicitudes cursadas de conformidad con lo dispuesto en las letras a) y c) del apartado 2, cuando se le facilite la información indicada en el apartado 3. El Estado miembro requerido podrá autorizar la intervención sin más formalidades;
b) en el caso de las solicitudes cursadas de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del apartado 2, cuando se le facilite la información indicada en los apartados 3 y 4 y a condición de que él mismo hubiera adoptado la medida solicitada en un caso nacional de características similares. El Estado miembro requerido podrá supeditar su consentimiento a las condiciones que deberían observarse en un caso nacional de características similares.
6. Si no resultare posible la transmisión inmediata, el Estado miembro requerido se comprometerá a acceder a las solicitudes previstas en la letra b) del apartado 1 cuando se le facilite la información indicada en los apartados 3 y 4 y a condición de que él mismo hubiera adoptado la medida solicitada en un caso nacional de características similares. El Estado miembro requerido podrá supeditar su consentimiento a las condiciones que deberían observarse en un caso nacional de características similares.
7. Todo Estado miembro podrá declarar, al efectuar la notificación prevista en el apartado 2 del artículo 27, que estará sujeto al apartado 6 sólo cuando no le sea posible ofrecer la transmisión inmediata. En tal caso, los demás Estados miembros podrán aplicar el principio de reciprocidad.
8. Al cursar una solicitud con arreglo a la letra b) del apartado 1, el Estado miembro requirente también podrá, cuando tenga razones concretas para ello, solicitar una transcripción de la grabación. El Estado miembro requerido estudiará estas solicitudes con arreglo a su Derecho interno y a sus procedimientos nacionales.
9. El Estado miembro que reciba la información facilitada con arreglo a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 tratará esta información como confidencial con arreglo a su Derecho interno.
Artículo 19. Intervención de telecomunicaciones en el territorio nacional por medio de proveedores de servicios.
1. Los Estados miembros garantizarán que los sistemas de servicios de telecomunicaciones que operen a través de una pasarela en su territorio y a los que no pueda accederse directamente desde otro Estado miembro a efectos de intervención legal de las comunicaciones de una persona que se halle en el territorio de este último, puedan hacerse directamente accesibles para la intervención legal por parte de dicho Estado miembro por mediación de un proveedor de servicios designado que se encuentre en el territorio de éste.
2. En el caso a que se refiere el apartado 1, las autoridades competentes de un Estado miembro, a efectos de una investigación penal y de conformidad con lo dispuesto en el Derecho nacional aplicable, tendrán derecho, siempre que la persona objeto de la intervención se halle en ese Estado miembro, a llevar a cabo la intervención por mediación de un proveedor de servicios designado que se encuentre en su territorio, sin la participación del Estado miembro en que se encuentre la pasarela.
3. También se aplicará el apartado 2 cuando la intervención se efectúe en virtud de una solicitud presentada de conformidad con la letra b) del apartado 2 del artículo 18.
4. Ninguna disposición del presente artículo impedirá a un Estado miembro formular al Estado miembro en cuyo territorio se encuentre la pasarela una solicitud de intervención legal de telecomunicaciones de conformidad con el artículo 18, en especial cuando no exista intermediario alguno en el Estado miembro requirente.
Artículo 20. Intervención de telecomunicaciones sin la asistencia técnica de otro Estado miembro.
1. Sin perjuicio de los principios generales del Derecho internacional ni de lo dispuesto en la letra c) del apartado 2 del artículo 18, las obligaciones contempladas en el presente artículo se aplicarán a las órdenes de intervención dictadas o autorizadas por la autoridad competente de un Estado miembro en el curso de investigaciones penales que se caractericen por ser investigaciones consecutivas a la comisión de una infracción penal específica, incluidas las tentativas que sean tipificadas como delitos en la legislación nacional, con el fin de identificar y detener, acusar, procesar o dictar sentencia sobre los responsables.
2. Cuando, a efectos de una investigación penal, la autoridad competente de un Estado miembro (el Estado miembro que realiza la intervención) autorice la intervención de telecomunicaciones y se utilice la dirección de telecomunicaciones de la persona que figura en la orden de intervención en el territorio de otro Estado miembro (el Estado miembro notificado) cuya asistencia técnica no se necesite para llevar a cabo dicha intervención, el Estado miembro que realiza la intervención deberá informar al Estado miembro notificado de dicha intervencion:
a) antes de la intervención, en aquellos casos en los que ya esté informado, al ordenar la intervención, de que la persona objeto de la misma se encuentra en el territorio del Estado miembro notificado;
b) en los demás casos, inmediatamente después de tener conocimiento de que la persona objeto de intervención se encuentra en el territorio del Estado miembro notificado.
3. La información que deberá notificar el Estado miembro que realice la intervención incluirá:
a) indicación de la autoridad que ordena la intervención;
b) confirmación de que se ha dado una orden de intervención legal en relación con una investigación penal;
c) información para identificar la persona objeto de la intervención;
d) indicación del delito que se investiga; e) duración prevista de la intervención.
4. Cuando un Estado miembro reciba notificación en virtud de los apartados 2 y 3 se aplicará lo siguiente:
a) Una vez recibida la información facilitada con arreglo al apartado 3, la autoridad competente del Estado miembro notificado responderá sin demora, y como máximo en un plazo de 96 horas, al Estado miembro que realiza la intervención, a fin de:
i) permitir que se lleve a cabo o se prosiga la intervención. El Estado miembro notificado podrá supeditar su consentimiento a cualesquiera condiciones que deberían observarse en un caso nacional de características similares;
ii) exigir que la intervención no se lleve a cabo o que se ponga término a la misma cuando sea contraria al Derecho interno del Estado miembro notificado, o por los motivos indicados en el artículo 2 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial. Cuando imponga este requisito, el Estado miembro notificado expondrá por escrito los motivos de su decisión;
iii) en los casos a que se refiere el inciso ii), exigir que el material intervenido mientras la persona objeto de la intervención se encontraba en su territorio no se utilice o sólo pueda utilizarse en las condiciones que este Estado miembro especifique. El Estado miembro notificado informará al Estado miembro que realiza la intervención de los motivos en que se fundan esas condiciones;
iv) pedir una breve prórroga -de una duración máxima de 8 días- del plazo inicial de 96 horas, que deberá acordarse con el Estado miembro que realiza la intervención, con el fin de cumplir con procedimientos internos de acuerdo con su Derecho nacional. El Estado miembro notificado comunicará por escrito al Estado miembro que realiza la intervención las condiciones que, con arreglo a su Derecho nacional, justifican la solicitud de prórroga del plazo.
b) Hasta que el Estado miembro notificado haya tomado una decisión con arreglo a los incisos i) o ii) de la letra a), el Estado miembro que realiza la intervención:
i) podrá proseguir la intervención, y
ii) no podrá utilizar el material intervenido, excepto:
en caso de que exista acuerdo entre los Estados miembros interesados;
o con el fin de adoptar medidas urgentes para evitar una amenaza inmediata y grave para la seguridad pública. Se informará al Estado miembro notificado de toda utilización de esta índole y de los motivos que la justifican.
c) El Estado miembro notificado podrá pedir un resumen de los hechos y cualquier otra información que le permita determinar si se habría autorizado la intervención en un caso nacional de características similares. Una petición de este tipo no afectará a la aplicación de la letra b), a menos que el Estado miembro notificado y el Estado miembro que realiza la intervención hayan acordado lo contrario.
d) Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que pueda darse una respuesta en el plazo de 96 horas. A tal fin, designarán puntos de contacto que prestarán servicio las veinticuatro horas del día, y los incluirán en las declaraciones que formulen con arreglo a lo dispuesto en la letra e) del apartado 1 del artículo 24.
5. El Estado miembro notificado dará tratamiento confidencial, de conformidad con su Derecho nacional, a la información facilitada en virtud del apartado 3.
6. Cuando el Estado miembro que realiza la intervención considere que la información que deba facilitarse en virtud del apartado 3 es de carácter particularmente delicado, podrá transmitirla a la autoridad competente a través de una autoridad determinada, en caso de que así se haya acordado bilateralmente entre los Estados miembros interesados.
7. Todo Estado miembro podrá declarar, al efectuar la notificación prevista en el apartado 2 del artículo 27, o en cualquier momento posterior, que no será necesario facilitarle información sobre las intervenciones contempladas en el presente artículo.
Artículo 21. Responsabilidad por los gastos de los operadores de telecomunicaciones.
Los costes en que hayan incurrido los operadores de telecomunicaciones o los proveedores de servicios para atender las solicitudes cursadas con arreglo al articulo 18 correrán a cargo del Estado miembro requirente.
Artículo 22. Acuerdos bilaterales.
Ninguna de las disposiciones del presente Título constituirá un obstáculo para posibles acuerdos bilaterales o multilaterales entre los Estados miembros, destinados a facilitar la explotación de las posibilidades técnicas actuales y futuras en lo que respecta a la intervención legal de telecomunicaciones.
TÍTULO IV Artículo 23. Protección de datos de carácter personal.
TÍTULO V Disposiciones finales Artículo 24. Declaraciones.
1. Al efectuar la notificación prevista en el apartado 2 del artículo 27, cada Estado miembro indicará en una declaración las autoridades que, además de las que ya se indican en el Convenio Europeo de Asistencia Judicial y en el Tratado Benelux, serán competentes para la aplicación del presente Convenio y para la aplicación entre los Estados miembros de las disposiciones de asistencia judicial en materia penal de los instrumentos que menciona el apartado 1 del artículo 1, incluyendo, en particular:
2. Las declaraciones efectuadas con arreglo al apartado 1 podrán modificarse total o parcialmente en cualquier momento segun el mismo procedimiento.
Artículo 26. Aplicación territorial.
La aplicación del presente Convenio a Gibraltar surtirá efecto en el momento de la ampliación a Gibraltar del Convenio Europeo de Asistencia Judicial.
El Reino Unido notificará por escrito al Presidente
del Consejo el momento en que desee aplicar el presente Convenio a las Islas Anglonormandas y la Isla de Mantras la ampliación de dichos territorios del Convenio Europeo de Asistencia Judicial. El Consejo, por unanimidad de todos sus miembros, adoptará una decisión sobre dicha solicitud.
1. El presente Convenio estará supeditado a su adopción por parte de los Estados miembros con arreglo a sus respectivas normas constitucionales.
2. Los Estados miembros notificarán al Secretario
General del Consejo de la Unión Europea la conclusión de sus procedimientos constitucionales para la adopción del presente Convenio.
3. El presente Convenio entrará en vigor, para los
ocho Estados interesados, a los noventa días de la fecha en que efectúe la notificación a que se refiere el apartado 2 el Estado, miembro de la Unión Europea en el momento en que el Consejo haya adoptado el Acto por el que se celebra el presente Convenio, que sea el octavo en cumplir el trámite.
Artículo 28. Adhesión de nuevos Estados miembros.
Artículo 29. Entrada en vigor para Islandia y Noruega.
1. Sin perjuicio del artículo 8 del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (el "Acuerdo de Asociación"), las disposiciones a las que se refiere el apartado 1 del artículo 2 entrarán en vigor en lo que respecta a Islandia y Noruega a los 90 días de la recepción, por el Consejo y la Comisión, de la información transmitida de conformidad con el apartado 2 del artículo 8 del Acuerdo de Asociación y relativa al cumplimiento de la totalidad de sus normas constitucionales, en sus relaciones mutuas con cualquier Estado miembro para el que el presente Convenio ya haya entrado en vigor con arreglo a los apartados 3 ó 4 del artículo 27.
Artículo 30. Depositario.
1. El depositario del presente Convenio será el Secretario General del Consejo de la Unión Europea.
Hecho en Bruselas el veintinueve de mayo del año dos mil, en un ejemplar único, en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, finesa, francesa, griega, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea. El Secretario General remitirá una copia certificada del mismo a cada Estado miembro.
Declaración del Consejo sobre el apartado 9
del artículo 10
"A la hora de decidir la adopción de un instrumento según lo previsto en el apartado 9 del artículo 10, el Consejo respetará las obligaciones de los Estados miembros con arreglo al Convenio europeo para la protección de los derechos humanos."
"En el Reino Unido, el artículo 20 se aplicará en relación con las órdenes de intervención dictadas por el Ministro a los servicios de policía o a la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales (HM Customs and Excise) cuando, con arreglo a la legislación nacional sobre intervención de comunicaciones, el objetivo declarado de la orden sea el descubrimiento de delitos graves. Se aplicará también a las órdenes dictadas a los Servicios de Seguridad cuando, con arreglo a la legislación nacional, éstos actúen en apoyo de una investigación que presente las características descritas en el apartado 1 del artículo 20."
Estados que han efectuado la declaración
de aplicación provisional
Portugal: 5-11-2001. España: 9-7-2003.
La República Portuguesa declara, en virtud del apartado 1 del artículo 24 deI Convenio mencionado en el artículo precedente, que habrá que entender como autoridades competentes:
c) a los efectos de la aplicación del artículo 12 deI Convenio, el Ministerio Público.
La República Portuguesa, en virtud del apartado 5 del artículo 27 del Convenio, y a los fines de esta disposición, aplicará el presente Convenio en sus relaciones con los demás Estados miembros que hayan efectuado la misma declaración."
Madrid, 23 de septiembre de 2003.-El Secretario General Técnico, Julio Núñez Montesinos.
DECLARACIÓN de aplicación provisional del Convenio de asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 29 de mayo de 2000	Trámites

References: artículo 24
 artículo 27
 ARTÍCULO 34

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 12
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Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6
 artículo 3
 artículo 27

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9
 artículo 11

Artículo 10
 artículo 14
 artículo 37

Artículo 11
 artículo 14
 artículo 37

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17
 artículo 24

Artículo 18
 artículo 20
 artículo 14
 artículo 37
 artículo 27

Artículo 19
 artículo 18
 artículo 18

Artículo 20
 artículo 18
 artículo 2
 artículo 24
 artículo 27

Artículo 21

Artículo 22
 Artículo 23
 Artículo 24
 artículo 27
 artículo 1

Artículo 26

Artículo 28

Artículo 29
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 27

Artículo 30
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 24
 artículo 12
 artículo 27