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BOE.es - Documento BOE-A-2000-15425
Documento BOE-A-2000-15425
«BOE» núm. 194, de 14 de agosto de 2000, páginas 28973 a 28989 (17 págs.)
BOE-A-2000-15425
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2000/07/17/2
Artículo 1. Fondo Canario de Financiación Municipal.
Primero.–Se modifica la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal, en los siguientes términos:
ENPM × 100
ΣY = Suma de las superficies relativas declaradas espacios naturales protegidos en cada municipio.
«El censo de camas alojativas turísticas tendrá carácter bianual. Inicialmente se tomarán en cuenta las existentes en cada municipio a 1 de enero del año 1999, obtenidas a partir de las autorizaciones de apertura otorgadas por los cabildos insulares y acreditadas mediante certificación expedida por el Registro General de Empresas, Establecimientos y Actividades Turísticas de la Consejería competente en materia de turismo.»
El remanente de tesorería para gastos generales se cuantificará de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente que resulte de aplicación, deduciendo, como mínimo, en concepto de derechos pendientes de cobro de difícil o dudosa recaudación, el 95 por 100 de todos los derechos pendientes de cobro por impuestos, tasas y precios públicos con antigüedad de devengo igual o superior a cinco años, el 70 por 100 de los de antigüedad de cuatro años o inferior a cinco, y el 40 por 100 de los de tres años o inferior a cuatro, contados a partir del 31 de diciembre del ejercicio al que se refiere la liquidación.
Segundo.–Se modifica la Ley 14/1999, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2000, en los términos siguientes:
«h) Los del Fondo Canario de Financiación Municipal, para la ejecución de lo dispuesto en el apartado p) del apartado 1 del anexo de la presente Ley.»
Artículo 2. Modificación de la Ley 14/1999, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2000.
«i) No minorarán los créditos que financien las Líneas de auxilio o Proyectos aprobados como consecuencia de enmiendas admitidas en el proceso de trámite de los Presupuestos, excluyendo aquellos que afecten a las actuaciones referidas a los programas 313D, 313E, 313H, 431B, 431C, 431D y 513F».
23 08 313 H 460.11 23.4552.02 “atención a los inmigrantes”
23 07 313 I 480.11 23.4553.02 “atención a los inmigrantes”.»
Primero.–Se modifica el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, y modificado por Ley 2/1999, de 4 de febrero, y por Ley 10/1999, de 13 de mayo, en los siguientes términos:
2. El apartado 1) del artículo 33 bis queda redactado de la forma siguiente:
3. El artículo 54 quater queda redactado de la forma siguiente:
4. El artículo 90 bis se modifica en los siguientes términos:
«El importe de las asignaturas sueltas para aquellos alumnos acogidos al Plan LOGSE se determinará dividiendo el precio del curso completo por el número de asignaturas de que consta dicho curso.»
«7. Los supuestos de convalidación de asignaturas en el Plan de estudios correspondiente a las enseñanzas musicales establecidas en la LOGSE se tendrán en cuenta en el momento de formalizar matrícula mediante el descuento en la tasa para curso completo de la cantidad establecida para asignaturas pendientes por cada una de las convalidadas.»
4.5 Se modifica la tasa por servicios administrativos de traslado de matrícula que figura en el anexo a que se refiere el apartado 6 del artículo 90 bis) fijándose su cuantía en 1.365 pesetas.
«7. Inspecciones y resolución de expedientes de concesión o modificación de autorización e inscripción de instalaciones de radiodiagnóstico y radiactivas de 2.a y 3.a categorías.»
Importe de la tasa: 4.759 pesetas.»
Importe de la tasa: 1.785 pesetas.»
«10. Instalaciones radiactivas de 2.a y 3.a categorías y de radiodiagnóstico.
10.1 Otorgamiento o modificación de autorización para la construcción de instalaciones radiactivas de 2.a categoría, o para la puesta en marcha de instalaciones radiactivas de 2.a y 3.a categorías:
Importe de la tasa: 1.785 pesetas.
10.2 Declaración de instalaciones de radiodiagnóstico para inscripción en Registro Oficial, y modificación de las instalaciones (por cambio de titularidad, equipos, ubicación, ...):
10.3.3 Precinto a solicitud de interesado: Importe de la tasa: 4.759 pesetas.»
7. El artículo 115 bis se modifica en los siguientes términos:
7.1 Al apartado 5 se le añade una letra d) con la siguiente redacción:
«d) Las pequeñas embarcaciones de eslora inferior a 8 metros, de titularidad de armadores o patrones que hayan estado inscritas en la denominada lista tercera del Registro de Matrícula de Buques, y su titular haya cesado en la actividad por causa de jubilación y hayan estado cotizando al Régimen Especial del Mar de la Seguridad Social durante un mínimo de quince años, estarán exentas del abono de tarifas por un periodo de cuatro años, a partir de la fecha de jubilación de los armadores o patrones, en tanto no se produzca la venta o traspaso de las mismas.»
7.2 Dentro de la «Tasa por mercancías y pasajeros» (G3), la regla 6.a) queda con la siguiente redacción:
Embarque: 2,5.
Desembarque: 4,0.
Tránsito marítimo: 4,0.
Transbordo: 3,0.
Tránsito terrestre: 2,5.
1.800.»
7.3 Dentro de la «Tasa por embarcaciones deportivas y de recreo» (G5), se modifica el segundo párrafo de la regla 5.a), que queda con la siguiente redacción:
b) Asignaturas sueltas: El importe de las asignaturas sueltas se determinará dividiendo el precio del curso completo por el número de asignaturas de que consta el curso, a tal efecto las asignaturas cuatrimestrales se computarán como 0,55 asignaturas. El importe por asignatura cuatrimestral será el 50 por 100 de la cantidad anterior.
c) En el caso de matrícula de asignaturas o cursos completos, por tercera o sucesivas veces, el importe se incrementará en un 20 por 100.»
Inscripción en las pruebas de habilitación: 5.250 pesetas.»
Segundo.–Para el ejercicio del año 2000 los tipos de cuantía fija de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias se mantienen en el importe exigible para 1998, por el artículo 30 de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1998, así como por los importes exigibles previstos en la Ley 10/1999, de 13 de mayo, de Modificación del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
1. Se introduce un artículo 5 bis del siguiente tenor:
«El dictamen a que se refiere el artículo 75 ter de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, introducido por la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, se solicitará del Consejo Consultivo de Canarias directamente por los presidentes de las corporaciones locales interesadas.»
«4. Complejos ambientales de residuos.–Será obligación de todos los cabildos insulares el disponer en cada isla de un área suficientemente extensa denominada complejo ambiental de residuos, adecuadamente equipada en función de las necesidades insulares, con los equipamientos mínimos que se requieran para el tratamiento de los residuos que en cada caso correspondan. Se deberán admitir en el complejo ambiental de residuos aquellos que técnica o ambientalmente lo requieran.
«6. La concesión de las autorizaciones previas reguladas en el artículo 24 de esta ley deberán condicionarse a su adecuación a las directrices de ordenación que al respecto apruebe el Gobierno, de conformidad a las previsiones del artículo 15.2 c) del texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. De todas estas autorizaciones deberá remitirse, en el plazo de quince días y a efectos de conocimiento, copia a la consejería del Gobierno competente en temas de turismo. Cualquier autorización que se concediera en contra de lo establecido en las directrices del Gobierno será nula de pleno derecho.»
«Quinta. Régimen sancionador aplicable al incumplimiento del principio de unidad de explotación.
a) Si persistiere el incumplimiento de este principio el 24 de marzo de 2001, será incoado el correspondiente procedimiento sancionador, imponiéndosele, en el caso de derivarse responsabilidad, multa en cuantía de cien mil pesetas (601,012 euros) por unidad alojativa que exploten hasta el límite previsto en el artículo 79.2 b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.
«2. Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquél en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que, además, se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:
2. Se añade el artículo 38 bis con la siguiente redacción:
5. Se añade un nuevo artículo 52 ter con el siguiente texto:
«Artículo 52 ter.
1. Aquellos créditos que se destinen a acciones o proyectos financiados o susceptibles de serio con recursos provenientes de la Unión Europea o de la Administración del Estado deberán sujetarse a la normativa que los regula en cuanto a las condiciones de elegibilidad.
6. Se añade un nuevo artículo 54 bis con el siguiente texto:
«1. La adquisición de bienes y derechos a título gratuito, libres de cargas, gravámenes o afecciones, se acordará por el consejero competente en materia de Hacienda. Cuando ése no fuere el caso, las adquisiciones a título gratuito requerirán la previa autorización del Gobierno a propuesta del consejero competente en materia de hacienda.»
«1. La adquisición por la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos autónomos de títulos representativos del capital, así como de obligaciones y otros títulos análogos representativos de participación en la deuda emitida por entidades mercantiles, se sujetará al procedimiento y requisitos que se establezcan reglamentariamente. Igualmente quedarán sujetas a tal procedimiento y requisitos las adquisiciones de títulos representativos del capital de entidades mercantiles por parte de empresas públicas, cuando de tal adquisición se derive, directa o indirectamente, una participación mayoritaria de la Comunidad Autónoma en aquéllas.
2. La autorización del Parlamento y las cesiones previstas en el apartado anterior contendrá cuantos condicionamientos, limitaciones y garantías estime oportunas, y en particular:
«3. Cuando el valor del inmueble a enajenar no supere, según tasación pericial, los 50 millones de pesetas, corresponderá acordar la enajenación al consejero competente en materia de hacienda; si superase dicho valor, la enajenación deberá ser autorizada por el Gobierno, a propuesta de dicho consejero.
4. El procedimiento de enajenación será el de subasta pública que podrá ser sustituido por el de enajenación directa por orden del consejero competente en materia de hacienda cuando el inmueble tuviera un valor que no exceda de 25 millones de pesetas, o mediante autorización del Gobierno si excediera de dicha cantidad.»
«1. Los bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Canarias podrán ser permutados por otros, previa tasación pericial y justificación de su conveniencia, cuando la diferencia de valor entre los bienes a permutar no sea superior al 50 por 100.
2. La aprobación de la permuta será acordada por el consejero competente en materia de hacienda. Cuando el valor de tasación de los bienes a permutar excediere de 50 millones de pesetas y no superase los 250 millones de pesetas, será necesaria la autorización previa del Gobierno. De superar esta última cantidad, la permuta deberá contar con la autorización previa del Parlamento, excepto en los supuestos de permuta de bienes entre administraciones públicas, en cuyo caso bastaría la autorización del Gobierno.»
9. Se crea el artículo 42 bis, con la siguiente redacción:
2.	El artículo 11 queda redactado en los términos siguientes:
«5. La contratación de personal laboral sustituto, para cubrir necesidades urgentes e inaplazables del Instituto, sólo requerirá la autorización del titular del departamento, previa acreditación de la disponibilidad presupuestaria, sin perjuicio de su inmediata comunicación a las Direcciones Generales de Función Pública y de Planificación, Presupuesto y Gasto Público a los efectos procedentes.»
Por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda se regularán los supuestos, condiciones y procedimientos de colaboración social en la gestión tributaria en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley General Tributaria, en especial los supuestos y condiciones en que los contribuyentes y las entidades incluidas en la colaboración, podrán presentar por medios telemáticos declaraciones, comunicaciones, declaraciones liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria.
«Tercera.–Podrán asistir a los cursos de la Academia Canaria de Seguridad todos los interesados en concurrir a las pruebas de acceso al empleo de policía de los cuerpos de policía local. Estos cursos contendrán en su programación aquellas disciplinas de carácter general no específicas de policía; estas últimas serán facilitadas una vez superada la fase de oposición y en calidad de prácticas.
Cuarta.–La Academia Canaria de Seguridad, mediante convenio con las Administraciones correspondientes, podrá desarrollar las acciones necesarias para la formación del personal integrante del Servicio de Atención de Emergencias y Protección Civil hasta el momento en que se apruebe la normativa reguladora en materia de urgencias y emergencias que determine a qué órgano se atribuyen las funciones y cometidos en esta materia.»
1. Se crea el artículo 16 bis con la siguiente redacción:
«1. A iniciativa del departamento correspondiente, previo informe de las direcciones generales de Función Pública y de Planificación, Presupuesto y Gasto Público, y a propuesta conjunta de los consejeros de Presidencia y de Economía y Hacienda, compete al Gobierno la aprobación de las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo.
Los camineros del Estado integrados en la Comunidad Autónoma de Canarias en virtud del Real Decreto 2125/1984, de 1 de agosto, cuyo estatuto jurídico está regulado por el Decreto 3184/1973, de 30 de noviembre, podrán adquirir la condición de personal laboral fijo de la Administración pública de Canarias. El personal caminero que no haga uso de esta facultad quedará en situación de «a extinguir» en los puestos que venga desempeñando.
«6. Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en los apartados anteriores de este artículo, en las diferentes categorías de suelo rústico protegido por razón de sus valores económicos o por existir en ellos formas tradicionales de poblamiento rural, establecidas en los apartados b) y c) del artículo 55 anterior, se podrá autorizar la ejecución de sistemas generales y de los proyectos de obras o servicios públicos a que se refiere el artículo 11.1 de la presente ley, sin que les sea aplicable lo establecido en la Sección 5.a del capítulo II sobre proyectos y calificaciones territoriales.»
«En las categorías de suelo rústico señaladas en el artículo 63, apartados 1 c) y 4, en todo caso, y en el suelo urbano no consolidado y el urbanizable sectorizado mientras no se haya aprobado el correspondiente planeamiento de desarrollo, sólo podrán autorizarse, cuando no estén expresamente prohibidas por la legislación sectorial o el planeamiento, usos y obras de nueva implantación de carácter provisional y realizadas con materiales fácilmente desmontables.
«e) Permutados directamente o cedidos en uso a entidades religiosas o benéfico-sociales oficialmente reconocidas, cuando su destino sea socio-sanitario, educativo o de culto.»
«1 bis. La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, en el desarrollo de sus competencias, podrá actuar directamente o, mediante convenio autorizado por el Gobierno, a través de empresas de titularidad pública para la gestión y/o ejecución de prestación de servicios, consultorías o asistencias técnicas, gestión de servicios públicos y, en su caso, ejecución de obras por administración.»
«Segunda. Conservación y adaptación de los planes de ordenación territorial y urbanística y de los instrumentos de gestión de los espacios naturales protegidos.
2. Los procedimientos relativos a planes de ordenación territorial y urbanística e instrumentos de gestión de Espacios Naturales Protegidos que a la fecha de entrada en vigor de la Ley 9/1999, de Ordenación del Territorio de Canarias, hubieran sido sometidos al trámite de información pública, recaído aprobación inicial o se hubiere ultimado su instrucción, podrán adaptarse a este texto refundido u, optativamente, proseguir su tramitación, concluirse y resolverse conforme a la legislación derogada por la citada Ley 9/1999. En todo caso deberán adaptarse al presente texto refundido dentro del mismo plazo de tres años señalado en el apartado anterior.
8. Se modifica la descripción literal, delimitación geográfica y Anexo cartográfico del Espacio Natural Protegido denominado Paisaje Protegido de La Isleta (isla de Gran Canaria), que figuran en el Anexo del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo n.º 1/2000, de 8 de mayo, que quedan en los términos previstos en el Anexo de la Ley 11/1999, de 13 de mayo, de Modificación puntual de la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias.
«Primera.–El Gobierno regulará aquellas materias contenidas en el Texto Refundido que se aprueba por este Decreto Legislativo para las cuales se prevea su desarrollo reglamentario y dictará las normas reglamentarias necesarias en materia de planeamiento, gestión y disciplina.»
«Tercera.–El Plan Regional de Infraestructuras Deportivas de Canarias será elaborado, tramitado y aprobado en el plazo de cinco años a partir de la aprobación de la presente Ley.»
«3. El Informe relativo al análisis de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma se elevará al Parlamento de Canarias y al Tribunal de Cuentas, antes del 31 de diciembre inmediato posterior al ejercicio a que se refiera, prorrogable por causa justa por un periodo de cuatro meses.»
«Vigesimoprimera.–Las obras por un importe de 2.200 millones de pesetas con cargo al Plan Especial de La Gomera a las que se refiere el apartado i) del artículo 40 de esta ley desarrollarán las previsiones correspondientes del Anexo V de la Ley 5/1996, de 27 de diciembre, y se podrán atribuir a una o varias empresas públicas o ejecutarse a través de las corporaciones locales de la isla, debiendo abarcar además de obras propiamente de infraestructura el desarrollo de programas, en los capítulos presupuestarios IV, VI o VII, que redunden directamente en la calidad de vida de la población y en el establecimiento de cultivos agrarios permanentes en las superficies abancaladas.»
(Publicada en el «Boletín Oficial de Canarias» número 94, de 28 de julio de 2000)
Entrada en vigor: 17 de agosto de 2000.
Publicada en el BOC núm. 94, de 28 de julio de 2000.
los arts. 3.1.1 y 17, por Ley 9/2006, de 11 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-3699).
las disposiciones adicionales 2.7 y 7 y SE MODIFICA el art. 23, por Ley 2/2002, de 27 de marzo (Ref. BOE-A-2002-7712).
Disposición transitoria segunda de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre (Ref. BOE-A-1998-1461).
Disposición adicional 20 de la Ley 14/1994, de 27 de diciembre , (Ref. BOE-A-1995-2525).
art. 27.5 de la Ley 14/1990, de 26 de julio (Ref. BOE-A-1990-23140).
arts. 61, 63, 77, 228, 229, disposiciones transitorias segunda y final primera, y anexo y AÑADE un art. 201 bis al Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo , (Ref. BOC-j-2000-90006).
arts. 8, 10, y 40 y las disposiciones adicionales 21 y 12 de la Ley 14/1999, de 28 de diciembre , (Ref. BOE-A-2000-1076).
Disposición transitoria única de la Ley 5/1999, de 15 de marzo , (Ref. BOE-A-1999-7982).
arts. 7, 8, 11, 13 y disposición adicional cuarta de la Ley 3/1999, de 4 de febrero , (Ref. BOE-A-1999-4416).
art. 26.4 de la Ley 1/1999, de 29 de enero , (Ref. BOE-A-1999-4414).
el art. 20 de la Ley 9/1998, de 22 de julio (Ref. BOE-A-1998-20139).
la disposición final tercera de la Ley 8/1997, de 9 de julio (Ref. BOE-A-1997-17950).
arts. 6, 13, 35 y AÑADE una disposición adicional quinta a la Ley 7/1995, de 6 de abril , (Ref. BOE-A-1995-12102).
art. 7.1 de la Ley 6/1995, de 6 de abril (Ref. BOE-A-1995-10635).
arts. 29, 33 bis, 54 quater, 90 bis, 91, 94, 115 bis, 159, 162, 163, 166 y anexo del Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio , (Ref. BOC-j-1994-90001).
arts. 28, 102 y 105 de la Ley 11/1994, de 26 de julio , (Ref. BOE-A-1994-19583).
art. 19.3 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo (Ref. BOE-A-1989-12695).
arts. 29, 33, 35 a 38, 41, 42 y 47 y AÑADE el art. 42 bis a la Ley 8/1987, de 28 de abril , (Ref. BOE-A-1987-12641).
arts. 23 y 82 y AÑADE el art. 16 bis a la Ley 2/1987, de 30 de marzo , (Ref. BOE-A-1987-11921).
arts. 8, 11 y 15 de la Ley 11/1986, de 11 de diciembre , (Ref. BOE-A-1987-776).
los arts. 37, 49, 52, 103 a 105 y AÑADE los arts. 38 bis, 52 ter y 54 bis a la Ley 7/1984, de 11 de diciembre (Ref. BOE-A-1985-9804).
arts. 10, 11 y AÑADE una disposición adicional segunda a la Ley 4/1984, de 6 de julio , (Ref. BOE-A-1984-19930).
art. 10.1 y AÑADE un art. 5 bis a la Ley 1/1983, de 14 de abril , (Ref. BOC-j-1983-90023).
AÑADE las disposiciones adicionales tercera y cuarta a la Ley 6/1997, de 4 de julio (Ref. BOE-A-1997-17140).

References: Artículo 1

Artículo 2
 artículo 33
 artículo 54
 artículo 90
 artículo 90
 resolución 
 artículo 115
 artículo 30
 artículo 5
 artículo 75
 artículo 24
 artículo 15
 artículo 79
 artículo 38
 artículo 52
 artículo 54
 artículo 42
 artículo 11
 artículo 96
 artículo 16
 Real Decreto 
 artículo 55
 artículo 11
 artículo 63
 artículo 40