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Timestamp: 2020-08-09 20:34:04+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 328/01 de Corte Constitucional, 28 de Marzo de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 43614573
Sentencia de Constitucionalidad nº 328/01 de Corte Constitucional, 28 de Marzo de 2001
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, la ciudadana C.R.C., le solicitó a esta Corporación la declaración de inexequibilidad del artículo 1 de la Ley 113 de 1985. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia.
"LEY 113 DE 1985
A juicio de la demandante, la norma acusada viola los artículos 13, 42 y 48 de la Constitución, pues contempla un trato discriminatorio entre las familias originadas en vínculos naturales y aquellas conformadas mediante matrimonio, ya que la compañera del pensionado no puede acceder a la sustitución pensional, a pesar de que al momento de la muerte del pensionado, la cónyuge no conviva con él, en la medida en que la disposición impugnada privilegia el vínculo jurídico formal sobre la relación material de convivencia. Según su parecer, debido a esa norma, "la persona que ha dedicado su vida a formar un hogar y un proyecto de vida con una persona que tiene un vínculo anterior es discriminada porque su unión no estuvo legitimada, aunque cumpliera con los fines esenciales de la familia que se encuentran consagrados en la Constitución." Por ello, y basándose en gran medida en las sentencias T-190 de 1993 y C-482 de 1998, la actora concluye que la disposición impugnada vulnera los artículos 42 y 48 de la Carta, pues no brinda protección alguna a la familia natural, negándole la posibilidad de acceder y ejercer el derecho a la seguridad social. Y como ilustración de esa situación, la demandante presenta su caso personal, en los siguientes términos:
"Estuve conviviendo con el Sr A.P.P. (Q.E.P.D), desde abril de 1965 hasta el día de su muerte que acaeció el cinco (5) de octubre de 1991. El antes formar el hogar conmigo había contraído matrimonio pero por cuestiones personales se separaron y cada uno formó su hogar con personas diferentes.
Mi compañero era pensionado del Banco de la República, cuando él falleció me hice presente a reclamar la sustitución pensional al igual que su pirmera esposa, pero me fue negado este derecho, porque la cónyuge supérstite excluía a la compañera y a ella se la negaron porque no convivía con él y hacía vida marital con otra persona."
La V.F. precisa que si bien la Ley 113 de 1985 podría considerarse derogada por la Ley 100 de 1993, debe la Corte examinar los cargos de la actora, pues la disposición acusada puede estar produciendo efectos jurídicos. Luego el Ministerio Público indica que esa norma se ha limitado a definir el concepto de cónyuge supérstite, para efectos de acceder a la pensión sustituta regulada por la Ley 12 de 1975, pero que eso no significa que necesariamente esa norma excluya al compañero o compañera permanente del pensionado fallecido, sobre todo si se tiene en cuenta que el artículo 2 de la Ley 113 de 1985 extiende los beneficios reconocidos en la Ley 12 de 1975 al compañero permanente de la pensionada fallecida. Por ello el Procurador concluye que la disposición impugnada no parece contener la discriminación señalada por la demandante.
Sin embargo, el Procurador indica que la norma acusada "contempla una advertencia en el sentido de que esa calidad, la de cónyuge supérstite será reconocida para los efectos indicados, si el vínculo matrimonial se hallare vigente al momento de fallece el cónyuge causante", lo cual " puede entenderse como la primacía del reconocimiento del vínculo formal del matrimonio sobre el vínculo material de las relaciones maritales de hecho para tales efectos". Esta situación, agrega la V.F., puede generar conflictos, ya que no "existe previsión legal alguna respecto de la situación frecuente en que los intereses jurídicos del cónyuge supérstite y la compañera o compañero sobreviviente entran en conflicto en relación con el derecho a la sustitución de pensiones". Según su parecer, estos conflictos deben resolverse acogiendo el criterio material de convivencia para efectos de reconocer el derecho a la sustitución, tal y como lo hace la Ley 100 de 1993, ya que éste es el que armoniza con "el principio de igualdad material acogido por el constituyente de 1991 y del reconocimiento constitucional de las distintas clases de familia, en virtud del cual no tiene cabida la distinción de trato para una u otra familia". Por ello concluye al respecto:
"Es el criterio del Procurador General de la Nación que los principios y supuestos constitucionales de la Constitución de 1991 deben proyectarse sobre la norma acusada, especialmente el principio de igualdad y el mismo trato a la familia constituida por vínculos jurídicos como a la familia constituida por vínculos naturales, en el sentido de que el criterio material ha de primar sobre el criterio formal para efectos del reconocimiento del derecho a la sustitución de pensión, en todas aquellas situaciones en que haya que dirimir los conflictos jurídicos de esa naturaleza antes de la vigencia de la ley 100 de 1993".
PARAGRAFO.- Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente ley.
ARTICULO 47.- Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes.
ARTICULO 48.- Monto de la Pensión de Sobrevivientes.
ARTICULO 49.- Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Sobrevivientes.
La Corte Suprema de Justicia, en su momento, y esta Corte Constitucional han reconocido, en numerosas ocasiones, ese efecto derogatorio de la ley posterior que regula integralmente un tema. Así, la Corte Suprema -Sala Plena-en múltiples pronunciamientos reiteró que el ejercicio de la facultad legislativa consistente en expedir códigos, estatutos orgánicos o regímenes legales integrales implica la derogación de las normas incorporadas a éstos para integrar un solo cuerpo normativo De la Corte Suprema ver, entre otras, las siguientes sentencias: No. 85 de Octubre 12 de 1989, Exp. 1958, M.P.J.S.G.; Sentencia No. 198 de Octubre 18 de 1990, Expediente 2124, M.P.F.M.D.; Sentencia No. 165 de Noviembre 15 de 1990, Expediente 2152, M.P.R.M.A., tesis que ha sido plenamente aceptada por esta Corte Constitucional Ver, entre otras, las sentencias C-558 de 1992, C-308 de 1994, y C-558 de 1996.
Ahora bien, en este caso, la norma previa acusada no consagra ningún régimen especial, por lo cual debe entenderse derogada por el sistema integral posterior de la Ley 100 de 1993, tal y como lo ha entendido esta Corte Ver la sentencia C-482 de 1998, que concluyó que el artículo 55 de la Ley 90 de 1946 había sido derogado por el artículo 49 del Decreto 1295 de 1994, por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. El mencionado artículo 49 del Decreto 1295 remite al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, que regula sistemáticamente el tema de pensión de sobrevivientes. Es pues claro que el artículo impugnado fue derogado. El interrogante que surge entonces es si esa derogación implica que la Corte deba inhibirse de conocer los cargos de la demanda.
3- Conforme a jurisprudencia reiterada, a esta Corte no le corresponde estudiar la constitucionalidad de normas derogadas, salvo que éstas sean susceptibles de producir efectos, puesto que esta Corporación no desarrolla funciones consultivas sino estrictamente judiciales. Y es claro que esta doctrina se extiende a los casos de derogación tácita, pues en tal evento, también existe carencia actual de objeto, como lo reiteró la reciente sentencia C-658 de 2000, M.A.B.C., que señaló al respecto:
Sólo en aquellos eventos en que la derogación tácita sea equívoca, y por ende la vigencia de la norma acusada puede ser puesta en discusión, procede un pronunciamiento de fondo de esta Corte, ya que la duda sobre la derogación puede llevar a algunos operadores a aplicar la norma, por lo cual ésta sería susceptible de producir efectos. Pero ello la sentencia C-037 de 2000, V.N.M. dijo al respecto:
4- La Corte considera que en algunos eventos particulares, esa disposición puede estar aún produciendo efectos ya que ella sigue regulando el reconocimiento de pensiones de sobrevivientes cuando el trabajador falleció antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Así, supongamos que a alguien le fue negado el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en virtud de la aplicación de esa norma, y que esa exclusión resulta discriminatoria a la luz de la Carta de 1991. En tal caso, la única forma que tendría esa persona de lograr el acceso a su pensión de sobreviviente es gracias a una declaración de inconstitucionalidad de la disposición acusada. La Corte coincide entonces con la Procuraduría en que, a pesar de la derogación formal de la norma impugnada, procede un examen de los cargos de la demandante, pues esa disposición es susceptible de seguir produciendo efectos En igual sentido y sobre el mismo tema de pensiones de sobrevivientes, ver los pronunciamientos de esta Corte sobre normas derogadas en las sentencia C-309 de 1996 y C-482 de 1998. .
Conforme al análisis de la V.F., el artículo acusado podría no contener la discriminación señalada por la demandante, por lo cual, la Corte considera que es necesario comenzar por aclarar el significado de esa disposición, con el fin de determinar si la actora cuestionó la disposición pertinente. Y en caso de no ser así, esta Corporación deberá decidir si es posible integrar la proposición jurídica completa, o si esa falla de la actora genera una ineptitud de su demanda.
6. La norma demandada contiene una regla de interpretación del artículo 1º de la Ley 12 de 1975, pues señala que por cónyuge supérstite, para efectos de ese artículo, se debe entender "el esposo o esposa de la persona fallecida, siempre y cuando se hallare vigente el vínculo matrimonial según la ley colombiana a la fecha de su muerte". A su vez, el artículo 1º de la Ley 12 de 1975 establece:
"El cónyuge supérstite, o la compañera permanente, de un trabajador particular o de un empleado o trabajador del sector público, y sus hijos menores o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si éste falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiera completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley, o en convenciones colectivas".
8- El examen precedente permite además inferir que la finalidad básica de la Ley 113 de 1985 fue básicamente eliminar una eventual discriminación por razón de sexo, que podría desprenderse de ciertas interpretaciones del artículo 1º de la Ley 12 de 1975, y por ello indicó que por cónyuge supérstite debe entenderse no sólo la esposa del trabajador fallecido sino también el esposo de la trabajadora fallecida, y que también el compañero permanente (y no sólo la compañera) podía ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes. Esta conclusión se refuerza cuando se examinan los antecedentes de esa ley. Así, la exposición de motivos señaló que desafortunadamente las interpretaciones de la Ley 12 de 1975 se "orientaron siempre, en especial en las entidades obligadas al pago, hacia la discriminación entre el varón y la mujer, aunque ahora en perjuicio del primero, diciendo que si fallecía el hombre la pensión sería sustituida en su esposa, pero no a la inversa". Por ello se consideraba necesaria una ley interpretativa que consolidara la "relación de igualdad entre los esposos o los compañeros permanentes" Ver exposición de motivos del senador G. en Historia de las Leyes. Legislaztura de 1985. Tomo V, Bogotá Senado de la República, 1987, pp 378 y 379.. Por su parte, la exposición de motivos para Primer Debate en el Senado reiteró el punto en los siguientes términos:
Pero además, y extendiendo el amparo jurídico a las uniones de hecho que por mandato legal se hallan tuteladas, el derecho de sustitución se consagra expresamente para los compañeros permanentes. Prudente disposición que interpreta la familia en su auténtica dimensión social, independientemente de que la misma se haya sometido, en su formación, a una disciplina legal que pese a su importancia, no es imperativa" Ver esa ponencia del Senador L.A.E.C. en Historia de las Leyes. Legislaztura de 1985. Tomo V, Bogotá Senado de la República, 1987, p 381..
No está llamada a prosperar una demanda de inconstitucionalidad cuando ella parte de disposiciones imaginarias, pues la función encomendada al juez constitucional es la de confrontar con el Ordenamiento Superior una norma de inferior categoría que realmente exista en el mundo jurídico. De no ser así, habría carencia de objeto sobre el cual pudiese recaer el juicio de constitucionalidad. Sentencia C-1048 de 2000, MP J.G.H.G.. En el mismo sentido ver, entre otras, la sentencia C-504 de 1995"
Pero lo cierto es que la omisión indicada por el Procurador parece no existir, ya que el artículo 2º de la Ley 12 de 1975 podría solucionar muchos de esos conflictos, pues expresamente dispone que el cónyuge sobreviviente pierde el derecho a la pensión "cuando por su culpa no viviere unido al otro en el momento de su fallecimiento" La expresión "o cuando contraiga nuevas nupcias o haga vida marital", fue declarada inexequible en la sentencia C-309 de 1996 M.P.E.C.M., lo cual permite inferir que en estos casos prevalece el derecho del compañero o compañera permanente que haya efectivamente convivido con el trabajador cuando éste murió.
"excepcionalmente, la Corte puede conocer sobre la constitucionalidad de leyes ordinarias que no son objeto de control previo u oficioso, pese a que contra las mismas no se hubiere dirigido demanda alguna. Se trata de aquellos eventos en los cuales procede la integración de la unidad normativa. Sin embargo, para que, so pretexto de la figura enunciada, la Corte no termine siendo juez oficioso de todo el ordenamiento jurídico, la jurisprudencia ha señalado que la formación de la unidad normativa es procedente, exclusivamente, en uno de los siguientes tres eventos.
Por último, la integración normativa procede cuando pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad. En consecuencia, para que proceda la integración normativa por esta ultima causal, se requiere la verificación de dos requisitos distintos y concurrentes: (1) que la norma demandada tenga una estrecha relación con las disposiciones no cuestionadas que formarían la unidad normativa; (2) que las disposiciones no acusadas aparezcan, a primera vista, aparentemente inconstitucionales. A este respecto, la Corporación ha señalado que "es legítimo que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma parte la norma demandada, si tal regulación aparece prima facie de una dudosa constitucionalidad" (Sentencia C-320/97 (M.P.A.M.C..
"Salvo los tres casos mencionados, no es conducente, de ninguna manera, la integración de la unidad normativa." Sentencia C-539 de 1999 M.P.E.C.M.
"No es posible por lo tanto, deducir el desconocimiento del estatuto constitucional, basado en suposiciones e interpretaciones del demandante sobre el contenido normativo y la interpretación de las disposiciones acusadas, como tampoco derivarlas de conjeturas del mismo acerca de supuestas violaciones de preceptos constitucionales a que puede dar lugar la aplicación de la norma impugnada" Sentencia C-402 de 1999 M.P: M.V.S. de M.. En igual sentido: C-236/97, C-353/98, C-403/98, C-712/98 entre otras.
15- Por último, la Corte precisa que todos los cargos de la actora se dirigían esencialmente contra el inciso primero del artículo 1º de la Ley 113 de 1985, mientras que no existe ninguna acusación específica contra los parágrafos de ese mismo artículo. Por consiguiente, frente a esos dos parágrafos, la demanda fue inepta, por lo cual la Corte se inhibirá de pronunciarse sobre su constitucionalidad, ya que, conforme a reiterada jurisprudencia, no corresponde a la Corte estudiar oficiosamente la constitucionalidad de las leyes ordinarias sino examinar las normas específicas que sean demandadas por los ciudadanos (CP art. 241). Y es obvio que si el actor no formula un cargo de constitucionalidad, entonces no hubo propiamente demanda, y la Corte debe inhibirse de conocer de la disposición que sólo fue aparentemente acusada Al respecto, ver, entre otras, las sentencias C-353 de 1998, C-003 de 1999 y C-697 de 2000.. Así, en la sentencia C-380 de 2000, MP V.N.M., esta Corporación dijo al respecto:
"En esta medida, puede afirmarse, sin lugar a equívocos, que la sólo acusación de un precepto legal con la indicación de los dispositivos superiores en apariencia infringidos, no llena las expectativas de procedibilidad del juicio, ya que resulta relevante y necesario la formulación de por lo menos un cargo directo de inconstitucionalidad contra la norma impugnada, que a su vez permita al juzgador determinar si en realidad existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política. Los cargos indeterminados o indirectos -lo ha dicho la Corte-, "elaborados a partir de argumentos irrazonables (vagos o abstractos), o que sean producto de las diversas interpretaciones que puedan darle a la norma los distintos operadores jurídicos al momento de su aplicación" (Sentencia C-519/98, M.P.V.N.M., impiden proferir una decisión de fondo respecto del dispositivo impropiamente demandado."
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 7600122030002014-00606-01 de 15 de Diciembre de 2014
Auto Interlocutorio de Corte Suprema de Justicia - Sala de casación civil y agraria nº T 6600122130002009-00021-01 de 7 de Septiembre de 2009
Sentencia de Tutela nº 1162/04 de Corte Constitucional, 18 de Noviembre de 2004

References: artículo 1
 artículo 2
 artículo 33
 artículo 55
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 47
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1