Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/761196393
Timestamp: 2019-02-23 08:46:10+00:00

Document:
Sentencia de Tutela nº 014/19 de Corte Constitucional, 22 de Enero de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 761196393
Actor: CLAUDIA MARCELA ROJAS BOTELLO
Demandado: CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO CARREÑO
Expediente: T-6937173
GARANTIA DE LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA NO SE APLICA A CARGOS PUBLICOS CON PERIODO FIJO INSTITUCIONAL. La accionante fue nombrada mediante contrato laboral a término fijo de un año en el cargo de Secretaria General del Concejo Municipal de Puerto Carreño. Alega que sus derechos fundamentales fueron vulnerados por dicha Corporación al desvincularla del cargo al término de su período, a pesar de tener incapacidades y recomendaciones médicas. La entidad adujo una causal objetiva fundada exclusivamente en el transcurso del tiempo y en el vencimiento del período legal establecido para su empleo. Se aborda temática relacionada con: 1º. La garantía de la estabilidad laboral reforzada y su aplicación en el sector público. 2º. El ejercicio de la función pública y las formas de vinculación con el Estado. 3º. Los empleos con período fijo y la naturaleza jurídica del cargo de Secretario del Concejo Municipal y, 4º. Jurisprudencia constitucional respecto de la aplicación de la garantía de la estabilidad laboral reforzada en cargos con período fijo. La Corte considera que la precitada garantía está asegurada plenamente durante la vigencia del vínculo público y que después de cumplirse este plazo, la misma no es exigible. Por no encontrar razones constitucionales que justifiquen la inaplicación del período de un año establecido por la Ley para el cargo de Secretario General del Concejo y, por existir evidencia que demuestra que la actora fue desvinculada con ocasión del vencimiento del período legal del empleo y que no estaba incapacitada para ese momento, la Sala decide NEGAR el amparo invocado. . Recibo Relatoria:
Acción de tutela instaurada por C.M.R.B. contra Concejo Municipal de Puerto Carreño.
La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado J.F.R.C. y por las M.C.P.S. y G.S.O.D., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
En el proceso de revisión de la providencia dictada en primera instancia el 20 de abril de 2018, por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Carreño y el fallo de 1º de junio del mismo año, proferido por el Juzgado Promiscuo de Familia de esa ciudad, dentro de la acción de tutela T-6.937.173 promovida por C.M.R.B. contra el Concejo Municipal de Puerto Carreño.
La accionante expresó ser soltera, madre cabeza de familia y tener a cargo a sus dos hijas menores de edad y a su señora madre. La fuente de ingreso económico de su hogar lo deriva únicamente de su salario, pues no cuenta con otros medios para solventar su propia subsistencia y la de sus familiares[1].
Manifestó que ingresó al Concejo Municipal de Puerto Carreño desde el 1º de enero de 2015 “mediante contrato laboral a término fijo de un año” en el cargo de Secretaria General. Adujo que el “contrato” fue renovado para las vigencias 2016 y 2017[2].
Expuso que sus funciones eran “netamente administrativas”. Sin embargo, dijo que el 22 de mayo de 2017, el Presidente del Concejo de la época, el Concejal R.M.V., le solicitó acomodar unas sillas plásticas para atender a unos invitados para la sesión de ese mismo día. Mientras realizaba dicha labor, sufrió un accidente que le generó fractura en el peroné derecho. Aclaró que dichas actividades no se encuentran dentro de sus funciones[3].
Declaró que al momento del accidente no fue valorada ni recibió “acompañamiento” del Presidente de la Corporación. El 24 de mayo de 2017, relató que por sus propios medios acudió al Hospital San Juan de Dios de esa ciudad, fue hospitalizada y según, la actora, el médico de turno “(…) diagnostico (sic) el accidente de trabajo como “una fractura transindesmal de peroné derecho desplazada”[4].
El 30 de mayo de 2017, según la peticionaria, el médico tratante ordenó su remisión a la ciudad de Bogotá, D.C., con la finalidad de que fuera atendida en una institución nivel III. El Hospital San Carlos de esta ciudad recibió a la accionante el 2 de junio de 2017 y le otorgó una incapacidad médica de 30 días entre el 2 de ese mismo mes y el 1º de julio de 2017, la cual fue prorrogada 30 días hasta el 31 de ese mes y año. Adicionalmente, ordenó rehabilitación con fisioterapia, apoyo de muletas, retiro progresivo de las mismas y control en 1 año “(…) para definir el retiro de material de osteosistesis (sic)”[5].
Declaró que, al término de su incapacidad médica retornó a sus labores con total normalidad en el Concejo Municipal y comunicó las recomendaciones médicas de su situación clínica a esa Corporación. Sin embargo, dijo que “(…) a muchos de los concejales no les gustaba el hecho de que me hubiera apartado de mi trabajo (…)”[6].
Informó que “la discapacidad y afecciones médicas” no incidían negativamente en su desempeño laboral. No obstante, el 2 de noviembre de 2017, el Concejo Municipal abrió una convocatoria pública para la elección de la persona que ocuparía el cargo de Secretaria General de esa Corporación[7].
Expresó que el C.J.A., en sesión del 16 de noviembre de 2017, informó a los demás miembros de la Corporación que la accionante tenía recomendaciones médicas y que, además, existían informes de la “oficina de trabajo” que conceptuaban sobre la imposibilidad de terminar el “contrato” de la actora hasta que culminara su tratamiento médico[8].
El 28 de diciembre de 2017, la accionante presentó una petición a la Corporación accionada en la que solicitó su nombramiento como Secretaria General de esa institución hasta que “(…) se determine medicamente la terminación de manera satisfactoria mi recuperación médica (sic) con ocasión del accidente de trabajo (sic).”[9]
Manifestó que “(…) a pesar de las múltiples advertencias, y en un acto de discriminación” el Concejo Municipal la apartó del cargo desde el 31 de diciembre de 2017[10].
El 17 de enero de 2017, el Concejo Municipal de P.C. dio respuesta a la petición presentada por la actora, en la que le expresó que:
Adujo que la Corporación accionada:
Como consecuencia de lo expuesto, solicitó declarar “ineficaz la terminación de mi contrato laboral”, ordenar su reintegro a un cargo de igual o superior jerarquía al que desempeñaba y el pago de todos sus salarios y prestaciones dejadas de percibir. Adicionalmente, la condena al pago de la indemnización establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997[13].
Actuaciones procesales que fueron objeto de nulidad
Concejo Municipal de Puerto Carreño[15]: expresó que no es cierto que entre esa Corporación y la demandante exista un “contrato laboral”. Por el contrario, la peticionaria ingresó a esa entidad desde el 1º de enero de 2015 y su “nombramiento” en el cargo fue “renovado” hasta la vigencia del 2017[16]. Adicionalmente, expuso que la actora no presentó información sobre su condición médica al P. y demás integrantes del Concejo Municipal y tampoco existe certificación o comunicación proferida por la Oficina del Ministerio de Trabajo que advirtiera que no podía terminarse el vínculo con la tutelante hasta que culminara su tratamiento médico[17].
El despacho de primera instancia, mediante fallo de 12 de febrero de 2018, resolvió tutelar los derechos “(…) a la Solidaridad (sic) y al Debido Proceso (sic)” de la accionante y ordenó “(…) extender el nombramiento a C.M.R.B. en el cargo de Secretaria de la Corporación, hasta tanto se dictamine por ante un galeno, que la fractura de peroné derecho de esta dama (Sic), alcanzó su sellamiento (sic)”[20] y, iii) pagar los salarios y prestaciones dejadas de percibir a partir del 1º de enero de 2018 y hasta el momento en que sea ratificada en su cargo[21].
El Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Carreño, conoció la impugnación presentada por la Corporación accionada. Sin embargo, mediante Auto de 22 de marzo de 2018, resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado desde la providencia que admitió la acción de tutela, debido a que no fue conformado en legal forma el contradictorio, en atención a que se requería vincular a las siguientes entidades: i) ESE Hospital Departamental San Juan de Dios; ii) la Nueva EPS; iii) la ARL a la que se encontraba afiliada la peticionaria; y, iv) al señor R.M.V. quien fungía, para la época de los hechos, como Presidente del Concejo Municipal[23].
B.T. surtido después de la declaratoria de nulidad
El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Carreño, mediante auto de 11 de abril de 2018, expresó que: “Aun cuando no comparte el Despacho la decisión tomada por la digna jueza, la norma obliga a que se haga efectiva (…)” por lo que resolvió admitir la tutela y vincular a Concejo Municipal de Puerto Carreño, al Hospital Departamental San Juan de Dios IPS, a la Fundación Hospital S.C., a la Nueva EPS, al C.R.M.V. y a la Administradora de Riesgos Laborales a la cual estaba afiliada la actora.
- Hospital departamental S.J. de Dios E.S.E de Puerto Carreño[24]: expresó que la cesación de la vulneración a los derechos fundamentales invocados en el escrito de tutela no depende de esa entidad, porque el deber de garantizar el reintegro de la accionante a su labor radica en el Concejo Municipal de Puerto Carreño[25]. Por tal razón, solicitó que se desvincule al hospital por falta de legitimación en la causa por pasiva[26].
- R.M.V.[27]: se opuso a las pretensiones de la tutela porque la accionante era una funcionaria elegida para un periodo de 1 año, al cabo del cual fenece el vínculo laboral con la Corporación, sin que requiera preaviso o permiso del Ministerio del Trabajo. Con base en lo anterior, el Concejo Municipal abrió convocatoria pública para proveer el cargo de S. General y la peticionaria no resultó electa[28]. Finalizó su intervención con la advertencia de que la ampliación del plazo o periodo laboral de la accionante carecería de legalidad, puesto que el periodo para el ejercicio del cargo es institucional y además, esa entidad no podría tener dos secretarias[29].
El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Carreño, profirió sentencia el 20 de abril de 2018, concedió y resolvió “Tutelar los derechos a la Solidaridad (sic) y al Debido Proceso (sic)” y ordenó al “(…) Concejo Municipal de Puerto Carreño Vichada (…) que, dentro de los 8 días siguientes a su notificación, procedan a extenderle el nombramiento a C.M.R.B. en el cargo de Secretaria de la Corporación, hasta tanto se dictamine por ante un galeno, que la fractura del peroné derecho de esta dama (sic), alcanzó su sellamiento (sic).”[35] A tal conclusión arribó con base en los siguientes argumentos:
“(…) la obligación de velar por el estado de salud de su Secretaria (sic), no se haya preocupado en lo más mínimo, dándole importancia con mayor y único ahínco, al nombramiento de su nuevo S.; y ni qué decir de una de las personas que suscribe la apertura de la convocatoria: quien le dio la orden a C.M. de que acomodara las sillas; Honorable Concejal que sabía la condición médica de su otrora subalterna. Luego lo que aquí se ofrece es una insolidaridad (sic) por quienes controlan y promueven la armonía social en Puerto Carreño Vichada.”[40]
“(…) una condición médica que necesita unos cuidados para que el peroné derecho selle (sic) totalmente la fractura ocasionada. Y por ello, el permiso que debió pedir el Concejo según lo dice C.M., es una labor que deberán tratar por ante (sic) el Ministerio de Trabajo; porque aquí no se demostró que C.M. hubiera formalizado ante la autoridad competente su accidente cuando este se mostró (sic) ni tampoco que el Presidente del Concejo hubiere llevado a cabo alguna acción respecto de aquel (sic)”[42]
Con base en lo anterior, resolvió: i) que el Concejo Municipal vulneró los derechos a la solidaridad y al debido proceso de la peticionaria; en consecuencia, esa entidad debía ii) “(…) extenderle el nombramiento a C.M.R.B. en el cargo de Secretaria de la Corporación, hasta tanto se dictamine por ante un galeno, que la fractura de peroné derecho de esta dama (sic), alcanzó su sellamiento (sic)”[43] y, iii) pagar los salarios y prestaciones dejadas de percibir a partir del 1º de enero de 2018 y hasta el momento en que sea ratificada en su cargo[44].
- R.M.V.[47]: consideró en su escrito de impugnación que el fallador de primera instancia no se pronunció sobre sus alegatos y adicionalmente, amparó la estabilidad laboral reforzada soportada en los derechos a la solidaridad y al debido proceso[48]. Expresó que el fallo carece de congruencia porque manifestó que no se presentaban los presupuestos para amparar la estabilidad reforzada, sin embargo, la orden buscaba proteger esta circunstancia[49].
“(…) al momento de materializarse la terminación laboral, la señora C.M.R.B. se encontraba en una situación que la hacía titular del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, ya que después del reintegro de su incapacidad, acudió al especialista en ortopedia, el día 27 de julio de 2017, quien ordenó control en un año para definir el retiro del material de osteosíntesis.”[51]
El Presidente del Concejo Municipal de Puerto Carreño: presentó ante esta Corporación el 1º de noviembre de 2018, en cumplimiento del Auto de 24 de octubre de 2018, un informe en el que precisó:
v. Remitió copia de la convocatoria pública abierta del 3 de noviembre de 2017 para proveer el cargo de secretario del Concejo para el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2018. En tal sentido expresó que la señora C.M.R.B. participó en el proceso de selección, en el que resultó elegida N.S.V. en sesión del 1 de diciembre de 2017, según A. número 19 de la misma fecha, adjuntó copia de la hoja de vida de la participante seleccionada, las actas de elección y de posesión.
vi. Señaló que la solicitante, con ocasión de las decisiones de tutela en el presente asunto, fue reintegrada en un cargo similar al de Secretaria General de la Corporación, puesto que se garantizó la elección de la señora N.S.V. en el mencionado cargo para el periodo 2018. De esta manera, manifestó que “(…) informo (sic) a los jueces la imposibilidad material de cumplir lo ordenado, haciendo caso omiso a la solicitud y ocasionando que el concejo utilizara todo el presupuesto de gastos de funcionamiento para dar cumplimiento al fallo de segunda instancia, donde modificó el fallo de primera instancia, y nos impone de una forma indefinida a la accionante en el cargo de Secretaria General del Concejo.”[55]
El Concejal R.M.V., el 6 de noviembre de 2018, radicó ante la Secretaría General de la Corte, un escrito en el que expresó:
i. El 22 de mayo de 2017, fungía como Presidente del Concejo Municipal de Puerto Carreño. A las 2 de la tarde de ese mismo día observó que la accionante ingresaba a su lugar de trabajo y notó que “(…) en su vestimenta calzaba unos tacones muy altos y en su caminar cojeaba un poco.”[57] Procedió a mover unas sillas plásticas que se requerían para la sesión de la tarde y manifestó que “(…) jamás solicité apoyo a la señora C.R., toda vez que por el hecho de ser mujer y que acostumbro a ser muy respetuoso con este género, sin embargo, ella muy comedida y de manera voluntaria, acude a ayudarme en esta labor y en ningún momento se escuchó ni observó caída o lamento alguno (…)”[58].
El representante legal de la Fundación Hospital S.C., remitió a esta Corporación el 2 de noviembre de 2018, la historia clínica de la peticionaria, particularmente de la atención brindada en el mes de junio de 2017[60].
El Director del Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E de Puerto Carreño remitió el 9 de noviembre de 2018 la historia Clínica de la accionante, especialmente, la atención prestada desde el 24 de mayo de 2017, en el que se indicó que el motivo de la consulta fue una caída en la oficina, con un (1) día de evolución y el diagnóstico es fractura de peroné derecho.
La señora C.M.R.B. radicó ante la Secretaría General de ésta Corporación, el 13 de noviembre de 2018, un documento en el que expresó[61]:
ii. El 22 de mayo de 2017, el señor R.M. le pidió que le ayudara a acomodar unas sillas en el recinto del Concejo para la sesión que se realizaría en horas de la mañana. Mientras cumplía dicha actividad sufrió un accidente que le afectó el pie derecho, en ese momento recibió la ayuda del Concejal A.J..
iv. El 24 de mayo de 2017, se presentó al hospital S.J. de Dios y le realizaron los respectivos procedimientos que arrojaron como diagnóstico la fractura del peroné derecho. Ante la gravedad de su lesión, fue hospitalizada y el 1º de junio de 2017, remitida al hospital Fundación San Carlos de la ciudad de Bogotá. El 4 de junio de 2017, le practicaron una cirugía para atender su padecimiento. Al día siguiente fue dada de alta y le ordenaron valoración médica para el 22 de junio de ese mismo año, con la finalidad de retirar los puntos quirúrgicos.
v. El 25 de junio de 2017, regresó a P.C. y expresó que cumplió con las terapias ordenadas. El 27 de julio de ese mismo año, manifestó que le fue ordenada cita de control para julio de 2018 y en ese mismo momento, adujo que entregó las recomendaciones médicas, incapacidades y documentos sobre su tratamiento médico al presidente del Concejo Municipal de la época.
vii. El Presidente del Concejo abrió convocatoria para ocupar el cargo de secretaría para la vigencia fiscal 2018. Previamente, el Concejal J.A. indagó “(…) en varios lugares (Defensoría, oficina de trabajo y algunos abogados)” sobre la posibilidad de la desvinculación, cuando existe una cirugía pendiente, frente a lo cual las personas consultadas concluyeron que no podía producirse el despido sin el permiso de la oficina de trabajo.
viii. El 16 de noviembre de 2017, durante la sesión en la Corporación accionada, el Concejal J.A. dejó constancia de la imposibilidad jurídica de cambiar o designar a otra persona en el cargo de Secretaria General sin el cumplimiento de los requisitos legales. Estas advertencias fueron desconocidas por el Presidente de esa entidad.
ix. La convocatoria pública para la elección del S. General del Concejo para la vigencia 2018 fue adelantada y la accionante expresó que participó en el proceso de selección, pero no fue elegida y en su lugar resultó electa N.H.S., quien la reemplazó durante su periodo de incapacidad.
Mediante Auto de 14 de noviembre de 2018, el despacho de la Magistrada Sustanciadora de oficio ordenó la vinculación procesal de la señora N.H.S.V. para que en su condición de tercero con interés en el presente asunto, por tratarse de la actual Secretaría General del Concejo, ejerciera sus derechos de defensa y de contradicción, y además, de considerarlo procedente, solicitara la nulidad de todo lo actuado. De igual manera, en la mencionada providencia también se ordenó de oficio la práctica de pruebas para insistir en el esclarecimiento de los hechos en los que se funda la solicitud de amparo de la referencia.
El Concejal J.A.H. remitió a la Secretaría de esta Corporación, el 22 de noviembre de 2018, en cumplimento del Auto de 14 de noviembre de 2018, la siguiente información:
i. Reiteró lo expresado por la accionante en relación con el accidente sufrido el 22 de mayo de 2017. Precisó que en el mes de noviembre se enteró que la mesa directiva del Concejo abriría convocatoria pública para elegir el secretario de la vigencia 2018, por tal razón, manifestó que recurrió “(…) no solo a la oficina de trabajo sino además en la defensoría del pueblo y con varios abogados pidiendo conceptos, pero ningún concepto (sic) me lo dieron por escrito la (sic) oficina de trabajo me dijo que ellos me podían asesorar pero no dar conceptos como tal ya (sic) que ellos (sic) se encargan de las empresas privadas y no las del estado (sic) pero igual me podían dar asesoría, donde me doy cuenta que todos coincidieron en que la señora C. no podía ser retirada del cargo porque todavía tenía pendiente una cita para cirugía a consecuencia del accidente que tuvo (…)”[62]
La Inspectora de Trabajo y Seguridad Social regional Vichada en cumplimiento del Auto de 14 de noviembre de 2018, remitió a la Secretaría General de la Corte, el 22 de noviembre de 2018, vía correo electrónico, un documento en el que manifestó que el caso de la accionante “(…) en ningún momento fue expuesto en esta instancia, y al verificarse la base de datos de usuarios se evidencia que no existe registro alguno de las partes involucradas”[63], por tal razón, concluyó que no emitió concepto alguno.
La señora N.H.S.V. remitió a la Secretaría General de esta Corporación, vía correo electrónico el 23 de noviembre de 2018, en cumplimiento del Auto de 14 de noviembre de 2018, un escrito en el que expresó lo siguiente:
ii. En cumplimiento de lo anterior, la entidad accionada realizó convocatoria pública para la elección de S. General para el periodo institucional que va del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018. El proceso finalizó con su elección por votación mayoritaria de los miembros del Concejo.
En este punto, la Sala advierte que la señora N.H. no formuló solicitud de nulidad de lo actuado, derivada de su falta de vinculación a la presente tutela, por lo que cualquier irregularidad procesal fue subsanada y habilitó la continuación del trámite de revisión por parte de la Corte.
El Presidente del Concejo Municipal de Puerto Carreño, mediante documento radicado el 23 de noviembre de 2018 en la Secretaría General de la Corte vía correo electrónico, en cumplimiento del Auto de 14 de noviembre de 2018, informó lo siguiente:
i. Para dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de segunda instancia, en uso de sus facultades y conforme al artículo 5º numeral 2º de la Ley 909 de 2004, vinculó a la señora C.M.R.B. en un cargo de libre nombramiento y remoción, con fecha de terminación de 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con el periodo establecido para los Secretarios de esa Corporación, regulado en la Ley 136 de 1994.
La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos proferidos dentro de la acción de tutela número T-6.937.173, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Antes de abordar el estudio de fondo, esta Sala de Revisión analizará la procedencia de la acción de tutela en este asunto. Una vez verifique la demostración de los requisitos de procedibilidad, y si es del caso, formulará el respectivo problema jurídico que permita realizar el examen material de las vulneraciones a los derechos fundamentales invocados.
La legitimación en la causa configura un presupuesto del proceso que permite la constitución de una relación jurídico procesal válida. Es decir, se trata de condiciones que deben existir para que pueda proferirse una decisión cualquiera sobre la demanda[71].
El artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, regula la legitimación para el ejercicio de la acción de tutela. La norma en cita establece que la solicitud de amparo puede ser presentada: i) a nombre propio; ii) a través de representante legal; iii) por medio de apoderado judicial; iv) mediante agente oficioso; o v) por el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
De acuerdo con lo expuesto, esta S. encuentra que la señora C.M.R.B., es mayor de edad, actúa en nombre propio y acusa la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la salud “en conexidad” con la vida, a la igualdad, a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, al mínimo vital y al debido proceso. Por lo tanto, está acreditado el requisito de legitimación en la causa por activa.
La legitimación en la causa por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal de quien es el destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, una vez se acredite en el proceso[73]. Conforme a los artículos 86 de la Constitución y 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y frente a particulares.
La solicitud de amparo se dirigió contra el Concejo Municipal de Puerto Carreño, la cual, conforme al artículo 312 de la Constitución, es una Corporación político-administrativa, por lo que tiene capacidad para ser parte y se encuentra legitimada en la causa por pasiva para actuar en este proceso según los artículos 86 Superior y 13 del Decreto 2591 de 1991[74].
Esta Corporación ha reiterado que uno de los principios que rigen la procedencia de la acción de tutela es la inmediatez. De tal suerte que, si bien la solicitud de amparo puede formularse en cualquier tiempo, es decir, no tiene término de caducidad[75], su interposición debe hacerse dentro un plazo razonable, oportuno y justo[76], debido a que su finalidad es la protección inmediata y urgente de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados.
Ahora bien, la Sala considera que este requisito se cumple en el presente asunto porque la desvinculación del cargo que desempeñaba la accionante en el Concejo Municipal de Puerto Carreño se configuró el 31 de diciembre de 2017 y la acción de tutela fue interpuesta el 31 de enero de 2018, por lo que transcurrió 1 mes entre el presunto hecho vulnerador y la formulación de la solicitud de amparo.
En el presente asunto, la accionante indicó que su trabajo en el Concejo constituía su única fuente de ingreso, puesto que ha tenido que acudir a amigos, familiares y amigos para solventar sus necesidades básicas[82], era madre cabeza de familia porque tenía a su cargo a su señora madre de 61 años[83] y a sus dos hijas menores de edad de 9 años, conforme a la certificación expedida por el Personero Municipal de Puerto Carreño y a los registros civiles de nacimiento que obran en el expediente[84]. Para la Sala, a pesar de que la peticionaria cuenta con mecanismos judiciales ordinarios para la protección de los derechos fundamentales invocados, en particular ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, estos no resultan idóneos ni eficaces para atender la urgencia de la situación. Como fue relatado previamente, el proceso de selección de Secretario del Concejo Municipal de Puerto Carreño para el periodo 2018 ya ha culminado. Aunque podría pensarse en la procedencia de una acción ante la mencionada jurisdicción con la posibilidad del decreto de una medida cautelar, se trata de un trámite que toma más tiempo, lo que eventualmente afectaría las garantías superiores de la accionante, particularmente el presunto desconocimiento de la estabilidad laboral reforzada y su mínimo vital. En tal sentido, es claro que el presupuesto de subsidiariedad está acreditado en este caso.
Conforme a la demanda, la contestación de la entidad accionada, la intervención de la persona vinculada al proceso y las pruebas que obran en el expediente, la Sala debe resolver el siguiente problema jurídico: ¿Los servidores públicos que ejercen cargos con periodo fijo pueden gozar de la garantía de la estabilidad laboral reforzada por incapacidades y recomendaciones médicas?
Para dar respuesta al problema jurídico planteado la Sala abordará el estudio de los siguientes asuntos: i) la garantía de la estabilidad laboral reforzada y su aplicación en el sector público; ii) el ejercicio de la función pública y las formas de vinculación con el Estado; iii) los empleos con periodo fijo y la naturaleza jurídica del cargo de S. General del Concejo Municipal; y iv) finalmente, analizará el caso concreto.
El artículo 53 de la Constitución establece como uno de los principios mínimos de las relaciones laborales el derecho que tiene todo trabajador a permanecer estable en el empleo, a menos que exista una justa causa para su desvinculación[86], particularmente, por tratarse de escenarios contractuales asimétricos.
La estabilidad laboral reforzada implica, entonces, que los sujetos amparados no pueden ser desvinculados de su puesto de trabajo por razón de la condición que los hace más vulnerables que el resto de la población. Los motivos que llevan a la terminación de su relación laboral deben estar asociados a factores objetivos que se desprendan del ejercicio de sus funciones y sean verificados por el Inspector de Trabajo cuando se trate de “asuntos individuales y colectivos en el sector privado y de derecho colectivo del trabajo del sector público”[95], en cumplimiento de las obligaciones internacionales[96], constitucionales[97] y legales[98] que tiene el Estado colombiano en materia laboral, con el fin de forjar “relaciones laborales en una forma ordenada y constructiva”[99].
Dicha prerrogativa no opera como un mandato absoluto y, por lo tanto, no significa que ningún trabajador protegido pueda ser apartado de su cargo. Lo que garantiza es que el despido no se produzca en razón de su especial condición, particularmente si se trata de una persona en situación de discapacidad física o mental. De esta manera, la mencionada protección no se traduce en la prohibición de despido o en la existencia de “un derecho fundamental a conservar y permanecer en el mismo empleo por un periodo de tiempo indeterminado”[100]. Más bien, revela la prohibición constitucional para los empleadores de efectuar despidos fundados en causas discriminatorias en contra de la población más vulnerable entre los trabajadores.
Este Tribunal ha expresado la necesidad de consolidar relaciones equitativas en el escenario laboral, por tal razón, se han establecido acciones afirmativas bajo la premisa de la disparidad de fuerzas que la componen, principalmente en razón de su asimetría. En consecuencia, el Texto Superior permite evidenciar “(…) la existencia de un verdadero derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de las personas que por sus condiciones físicas, sensoriales o psicológicas se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta o indefensión”[101].
En suma, la estabilidad laboral reforzada tiene como objetivo brindar protección adicional a las personas que puedan ser apartadas de su trabajo, con ocasión de una eventualidad médica por la que transitoriamente pueda atravesar. La Corte ha señalado que la inobservancia de las limitaciones o formalidades para el despido de personas con limitaciones de salud genera como consecuencia la invalidez del despido[105]. En ese sentido el vínculo laboral que, aparentemente y como un acto discriminatorio por parte del empleador, había terminado, no puede entenderse jurídicamente finalizado.
Este Tribunal ha expresado que la garantía de la estabilidad laboral reforzada es aplicable tanto para las relaciones laborales privadas como para el ejercicio del empleo público. En la Sentencia T-292 de 2011[106] esta Corte sostuvo que “(…) la jurisprudencia constitucional ha señalado que sin importar el tipo de relación laboral y la naturaleza de la discapacidad, todo trabajador que se encuentre en esta situación tiene derecho a que se le garantice la estabilidad laboral reforzada por estar en una condición de debilidad manifiesta”. (Énfasis agregado)
Dicha protección se materializa mediante acciones afirmativas que permitan la continuidad laboral, estas son manifestaciones del deber de solidaridad contenido en los artículos 1[109] y 95[110] de la Carta, como principio fundador del Estado Social de Derecho y patrón de conducta de las personas que integran la sociedad, con la obligación de responder con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas[111].
De acuerdo con lo expuesto, la garantía de la estabilidad laboral reforzada se predica de las personas que, por su estado de salud, se encuentran en condición de debilidad manifiesta, de ahí que la garantía no distinga el tipo de vinculación que tenga el trabajador, si es público o privado. Lo anterior no implica de ninguna manera que se establezca una regla absoluta de permanencia en el cargo que sea oponible en todas las circunstancias a los intereses generales del Estado y a otros principios constitucionales, puesto que lo que debe verificar el juez de tutela es que el titular del derecho haga parte de un grupo de especial protección por su situación de discapacidad y que el despido se haya producido como una expresión discriminatoria por su condición.
El ejercicio de la función pública y las formas de vinculación. Los empleos con periodo fijo y la naturaleza jurídica del cargo de S. General de los Concejos Municipales
Para el cumplimiento de los fines que la Constitución le asigna, la actividad estatal requiere de una planta de personal vinculada al sector público en los términos del artículo 125 Superior[115]. Bajo ese entendido, el sistema de carrera es la regla general de la forma en que el Estado selecciona las personas con las que cumplirá sus funciones[116]. De igual manera, el acceso al servicio público, conforme a la Ley 909 de 2004, puede darse en una de las siguientes clases: i) libre nombramiento y remoción; ii) empleos de periodo fijo y, iii) aquellos que son temporales.
Conforme a lo expuesto, los cargos de carrera permiten el ingreso a la función pública mediante el concurso de méritos en el que las personas demuestran sus calidades y cualidades para ejercer el respectivo cargo al que aspiran, bajo estrictos criterios de igualdad e imparcialidad, mediante mecanismos de escogencia objetiva[117].
En suma, las formas de vinculación de las personas con la administración puede darse por concurso de méritos, libre nombramiento y remoción, por periodo fijo o temporal. En el caso de los cargos con periodo fijo, el funcionario ejerce el cargo en un lapso delimitado en la Constitución, la Ley o el reglamento, por lo que puede ser retirado del mismo en el momento en el que se cumpla el plazo establecido para tal efecto.
En el presente asunto resulta relevante determinar la naturaleza jurídica del cargo de S. General del Concejo, el cual, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 136 de 1994[122], tiene un periodo fijo de un año y es reelegible a criterio de la respectiva Corporación. Para el Consejo de Estado, se trata de “(…) un servidor público sin funciones de dirección, cuyo empleo es de periodo fijo de un (1) año”[123]. Tanto la norma como su interpretación son inequívocas, por lo tanto para la Sala es indiscutible que cargo de S. General del Concejo tiene un lapso fijo.
La aplicación de la garantía de la estabilidad laboral reforzada en cargos de periodo fijo ha sido estudiada por la jurisprudencia de la Corte en varios pronunciamientos en los que ha precisado que dicha prerrogativa no es predicable cuando se trata de funcionarios en cargos con periodos fijos si se pretende su aplicación por fuera de esos lapsos. En la Sentencia T-277 de 2012[124] la Corte analizó el caso del gerente de una empresa industrial y comercial del Estado que se encontraba en situación de discapacidad y se produjo su desvinculación al cumplirse su periodo fijo de 2 años. En aquella oportunidad, este Tribunal estableció que no se produjo un trato discriminatorio en contra del accionante relacionado con su estado de salud, sino que la terminación de su relación laboral se produjo por el vencimiento del plazo previsto en los estatutos para su duración.
En la Sentencia T-743 de 2017[125] este Tribunal estudió el caso de una mujer en estado de embarazo cuya relación contractual con una alcaldía terminó. Si bien este caso no presenta identidad fáctica con el asunto de la referencia, las consideraciones sobre los efectos de la aplicación de la garantía de la estabilidad laboral reforzada cuando aquella no es exigible orientan a la S. en esta oportunidad. En efecto, en aquel momento se advirtió sobre las consecuencias inconstitucionales generadas por la aplicación de dicha protección, ya que perpetuaría el vínculo con la administración bajo el manto de una relación laboral. En tal sentido, para la Corte, proferir una orden de reintegro en las mencionadas condiciones implicaba la creación de un cargo sin constatar su necesidad, en especial cuando el texto Superior establece que “no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente”[126].
De acuerdo con lo anterior, la estabilidad laboral reforzada es predicable de los empleos públicos, específicamente cuando se trata de cargos que tienen término fijo. En efecto, mientras el vínculo esté vigente, la garantía constitucional descrita opera plenamente en las condiciones establecidas por la jurisprudencia de esta Corte, no así cuando se pretende extender el periodo establecido por la ley o cuando el mismo ya se ha cumplido.
La accionante formuló acción de tutela contra el Concejo Municipal de Puerto Carreño por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la salud “en conexidad” con la vida, a la igualdad, a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, al mínimo vital y al debido proceso, ocasionada por la desvinculación del cargo de Secretaria General de esa Corporación al término de su periodo a pesar de tener incapacidades y recomendaciones médicas.
Por su parte, la entidad demandada y la empleada del Concejo vinculada en calidad de tercera con interés en las resultas del proceso, coincidieron en manifestar durante el trámite de la tutela que: i) el cargo que ocupaba la accionante tiene periodo fijo de un año y que su desvinculación obedeció al cumplimiento de dicho término; ii) esa Corporación adelantó un proceso público de selección para elegir al S. General para la vigencia 2018; y iii) los fallos de instancia desconocieron disposiciones constitucionales y legales, relacionadas con la naturaleza del mencionado cargo. Además, el cumplimento de las órdenes proferidas por los jueces de tutela implicó graves afectaciones presupuestarias a la entidad.
26.2. El 3 de noviembre de 2017, el Concejo Municipal abrió la convocatoria pública para proveer el cargo de S. General de la entidad para la vigencia 2018. Al proceso concurrieron entre otros participantes las señoras N.H.S.V. y C.M.R.B..
26.3. El proceso culminó con la elección de la señora N.H.S.V. en sesión del 1º de diciembre de 2017, con un resultado de 6 votos frente a los 5 obtenidos por la peticionaria.
Para la Sala, contrario a lo expuesto por los jueces de instancia, la autoridad accionada no desconoció los derechos fundamentales invocados por la peticionaria, con fundamento en los siguientes argumentos:
En este caso, la peticionaria ejercía el cargo de Secretaria General del Concejo accionado, el cual tiene periodo fijo de 1 año por disposición del artículo 37 de la Ley 136 de 1994. En tal sentido, esta S. encontró acreditado que la desvinculación de la solicitante obedeció al cumplimiento del término legal de 1 año para su ejercicio, que en el presente caso correspondía a la vigencia 2017, por lo que en dicho momento, la garantía de estabilidad laboral reforzada no era aplicable.
27.2. En el presente asunto, la desvinculación de la señora C.M. se sustentó en una casual objetiva fundada exclusivamente en el transcurso del tiempo y en el vencimiento del periodo legal establecido para su empleo, en atención a que el ejercicio de sus funciones públicas estaba determinado previamente para la vigencia de 2017, por lo que una vez se cumplió el plazo, el Concejo accionado adelantó las actuaciones administrativas correspondientes para la selección de la persona que cumpliría dicha labor para el año 2018.
27.3. Además de la expiración del periodo de la demandante, que constituye una causal objetiva de terminación del vínculo con la administración, en sede de revisión se estableció que para el momento en que se abrió la convocatoria pública, se produjo la elección de la señora N.H. y culminó el periodo del cargo de la demandante, la solicitante no se encontraba con incapacidad médica que configurara un estado de vulnerabilidad. En tal sentido, en esa oportunidad solo contaba con recomendaciones médicas posoperatorias, que no logran demostrar las graves afectaciones a la salud expuestas por la funcionaria, que además le impidan cumplir de manera regular con sus funciones, por lo que no puede pretender la inaplicación de la regla.
ii) La accionante participó en el proceso de selección sin que hubiera sido discriminada por sus recomendaciones médicas, tanto así que obtuvo 5 votos frente a los 6 obtenidos por la señora N.H.S.. En efecto, al constatar el contenido del Acta No. 19 del 1º de diciembre de 2017, instalada la sesión, un miembro de la Corporación le preguntó al Presidente si existía incapacidad laboral debidamente certificada a favor de la peticionaria y aquel fue enfático en afirmar que no se había radicado ningún documento y seguidamente se produjo la votación mediante la lectura de los nombres de las personas que presentaron sus hojas de vida al trámite de selección.
Conforme a lo expuesto, la desvinculación de la solicitante del cargo de Secretaria General obedeció a una causal objetiva, como es el vencimiento del periodo de 1 año fijado en la ley, sin que la misma configure un trato discriminatorio. De igual forma, durante el proceso de elección del S. General para la vigencia 2018, la accionante participó en condiciones de igualdad, aunque no obtuvo la mayoría de los votos para resultar elegida.
De acuerdo con lo anterior, la Sala llama la atención sobre las decisiones que fueron objeto de revisión, puesto que la concesión del amparo solicitado por la accionante bajo criterios de solidaridad (primera instancia) y su confirmación con base en la garantía de la estabilidad laboral reforzada (segunda instancia), desconoció tanto la Constitución (particularmente las disposiciones que contienen los principios que orientan el ejercicio de la función pública), como el artículo 37 de la Ley 136 de 1994 (que consagra que el cargo de S. General del Concejo tiene periodo fijo por 1 año) y la evidencia probatoria que acreditaba que la accionante fue desvinculada de la entidad con ocasión del vencimiento del periodo legal del empleo y que no estaba incapacitada en ese momento.
28.2. El cumplimiento de la orden de reintegro de la peticionaria por parte de los jueces de instancia generó una injerencia indebida en las competencias de esa entidad municipal no solamente en términos de planeación, sino también de afectación al presupuesto, pues le obligó a crear un cargo inexistente y prima facie, innecesario, con los traslados presupuestarios necesarios para su atención. Bajo este entendido, la Corte considera que la autoridad accionada no contaba con otra alternativa para el cumplimiento de las decisiones de los jueces, ya que la señora N.H. había sido elegida como Secretaría para el periodo 2018 y era destinataria de un derecho adquirido, con el agravante de que no fue vinculada al presente trámite por los funcionarios judiciales de instancia.
En suma, en el presente caso, las providencias avalaron una forma de acceso a cargos públicos que no está contemplada en el ordenamiento jurídico y que contraviene el artículo 122 Constitucional, así como el principio de igualdad (artículo 13 de la Carta), en tanto se prefiere a la accionante para hacer parte de la administración pública, sin fundamento jurídico válido. Dichos pilares, pueden ser sacrificados, para la satisfacción de las peticiones de la accionante sin subvertir los principios que orientan de la administración pública y la Carta misma.
Esta Sala de Revisión conoció la acción de tutela formulada por la señora C.M.R.B. contra el Concejo Municipal de Puerto Carreño, por la desvinculación de su cargo como Secretaria de esa Corporación para el año 2018, no obstante tener incapacidades y recomendaciones médicas.
Tras encontrar acreditada la procedibilidad de la solicitud de amparo, la Sala formuló el problema jurídico del presente asunto en el sentido de establecer si los funcionarios que ejercen cargos públicos de periodo fijo pueden gozar de la garantía de la estabilidad laboral reforzada por incapacidades y recomendaciones médicas más allá del tiempo previsto por el ordenamiento para el ejercicio de sus funciones. La respuesta a la cuestión planteada fue la siguiente:
Cuando se trata de vínculos con entidades públicas, particularmente en cargos con periodo fijo, la estabilidad laboral reforzada debe garantizarse plenamente durante la vigencia del plazo, mientras que aquella no es exigible cuando el término legal se ha cumplido. En tal sentido, el S. General del Concejo Municipal, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 136 de 1994, es un cargo que tiene periodo fijo de 1 año y puede ser objeto de reelección a consideración de la correspondiente Corporación, por lo que dicha protección opera únicamente mientras no se ha vencido periodo de tiempo establecido por el Legislador, una vez expira el tiempo no es aplicable la garantía.
31.2. En el caso concreto, la Sala encontró que la Corporación accionada, contrario a lo expuesto por los jueces de instancia, no vulneró los derechos fundamentales invocados por la peticionaria, en atención a que ella no gozaba de la garantía de la estabilidad laboral reforzada porque la finalización del vínculo se dio por una causal objetiva consistente en el cumplimento del término establecido por la ley para el cargo de S. General del Concejo Municipal.
31.3. Las sentencias que fueron objeto de revisión y que concedieron el amparo solicitado por la accionante bajo criterios de solidaridad (primera instancia) y de la garantía de estabilidad laboral reforzada (segunda instancia) desconocieron la Constitución y la ley. Particularmente, desatendieron las disposiciones que contienen los principios que orientan el ejercicio de la función pública y el artículo 37 de la Ley 136 de 1994, que dispone que el cargo de S. General del Concejo es de periodo fijo por 1 año, y la evidencia probatoria que acreditaba que la accionante fue desvinculada de la entidad con ocasión del vencimiento del periodo legal del empleo. Además, no estaba incapacitada en ese momento, elemento que refuerza que la razón de la finalización del vínculo laboral entre la accionante y su empleador no tuvo una motivación discriminatoria.
Con base a lo anterior, la Sala revocará la decisión de segunda instancia que confirmó la de primera, que a su vez había concedido la tutela y en su lugar, negará el amparo solicitado.
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 1º de junio de 2018, proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de P.C., que a su vez había confirmado la providencia del 20 de abril del mismo año, dictada por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de la misma ciudad, las cuales habían concedido la tutela de los derechos fundamentales invocados por la actora. En su lugar, NEGAR el amparo solicitado por la señora C.M.R.B..
[11] F. 73 cuaderno principal.
[12] F. 4 cuaderno principal.
[16] F. 76 cuaderno principal.
[17] F. 76-77 cuaderno principal.
[18] F. 77 cuaderno principal.
[20] F. 110 cuaderno principal.
[21] F. 109v cuaderno principal.
[25] F. 118 cuaderno principal.
[26] F. 119 cuaderno principal.
[27] Folios 124-127 cuaderno principal. Esta intervención fue presentada en calidad de Concejal y ex presidente del Concejo Municipal de Puerto Carreño, V..
[28] F. 125 cuaderno principal.
[29] F. 127 cuaderno principal.
[32] F. 133 cuaderno principal.
[33] F. 134 cuaderno principal.
[35] F. 175 cuaderno principal.
[36] F. 173v cuaderno principal.
[39] F. 173v – 174 cuaderno principal.
[40] F. 174 cuaderno principal.
[42] F. 174v cuaderno principal.
[43] F. 175 cuaderno principal.
[45] F. 176-188 cuaderno principal.
[48] F. 196 cuaderno principal.
[49] F. 197 cuaderno principal.
[52] F. 15v cuaderno de segunda instancia 3.
[60] F. 67 y 68 cuaderno de Revisión.
[64] F. 276 cuaderno de Revisión.
[66] F. 287v-289v cuaderno de Revisión.
[68] F. 285 y 291v-294v cuaderno de Revisión.
[69] F. 285 cuaderno de Revisión.
[70] F. 285 cuaderno de Revisión.
[71] V., E. Teoría General del Proceso. Temis, 1984, pág. 93.
[72] Sentencias T-416 de 1997 M.P.A.B.C., T-1191 de 2004 M.P.M.G.M.C., T-799 de 2009 M.P.L.E.V.S., reiteradas en la sentencia T-770 de 2011 M.P.M.G.C..
[73] Ver sentencias T-1015 de 2006, M.P.Á.T.G.; T-780 de 2011, M.P.J.I.P.C.; T-373 de 2015 y T-098 de 2016 ambas con ponencia de la magistrada G.S.O.D., entre otras.
[75] Sentencia T-805 de 2012 M.P.J.I.P.P., entre otras.
[76] Sentencia T-834 de 2005 M.P.C.I.V.H., T-887 de 2009 M.P.M.G.C..
[77] Sentencia T-485 de 2011. M.P.L.E.V.S.
[78] Sentencias T-1009 de 2006 M.P.C.I.V.H. y T-299 de 2009 M.P.M.G.C..
[79] Sentencias T–800 de 2012 M.P.J.I.P.P., T–859 de 2004 M.P.C.I.V..
[80] Sentencias T–800 de 2012 M.P.J.I.P.P., T–436 de 2005 M.P.C.I.V., y T–108 de 2007 M.P.R.E.G., entre otras.
[81] Sentencias T–328 de 2011 M.P.J.I.P.C.; T-456 de 2004 M.P.J.A.R., y T-789 del 11 de septiembre de 2003 M.P.M.J.C.E., entre otras.
[82] F. 12 cuderno principal.
[83] F. 126 cuaderno de Revisión.
[85] Este capítulo está desarrollado en las Sentencias T-201 de 2018 y T-743 de 2017. Ambas con ponencia de la Magistrada G.S.O.D..
[87] Sentencia C-470 de 1997. M.P.A.M.C..
[88] Sentencia T-201 de 2018 M.P.G.S.O.D..
[89] Sentencia T-106 de 2015. M.P.G.S.O.D..
[90] CHÁVEZ, A.M.. Fuero de maternidad. Garantía a la estabilidad laboral. Revista de derecho: División de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Norte, 2003, no 19, p. 126-141.
[91] M.P.G.S.O.D..
[92] T-198 de 2066, M.P.M.G.M.C..
[93] T-899 de 2014, M.P.G.S.O.D..
[94] T-642 de 2010, M.P.L.E.V.S..
[99] RICE, A. (Ed.), A T.K. for Labour Inspectors: A model enforcement policy, a training and operations manual, a code of ethical behavior B., International Labour Office, 2006, Principles and Practice of Labour Inspection, OIT p. 26, en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/-
[100] Sentencias T-899 de 2014 y T-106 de 2015. M.P.G.S.O.D..
[105] Sentencia T-111 de 2012, M.P.M.V.C.C..
[107] M.P.J.I.P.P.
[108] M.P.L.E.V.S..
[111] Sentencia T-372 de 2012 M.P.J.I.P.P..
[112] M.P.Á.T.G..
[114] Sentencia T-372 de 2012 M.P.J.I.P.P..
PARÁGRAFO.6 del Acto Legislativo 1 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido”.
[116] Sentencia T-137 de 2014 M.P.J.I.P.C..
[118] M.P.C.G.D..
[119] Sentencia T-137 de 2014 M.P.J.I.P.C..
[120]Sentencia C-563 de 1997, M.P.E.C..
[121] Sentencia T-137 de 2014 M.P.J.I.P.C..
[123] Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 6 de abril de 2017 C.P. L.J.B.B.. R.. 11001-03-15-000-2016-03286-01(AC).
[124] G.E.M.M..
[125] M.P.G.S.O.D..

References: artículo 26
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 312
 artículo 53
 artículo 125
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 122
 artículo 37
 artículo 37