Source: https://jurisprudencia.cladem.org/peru/Comit%C3%A9_de_Derechos_Econ%C3%B3micos_Sociales_y_Culturales_Observaciones_referidas_a_las_mujeres_y_las_ni%C3%B1as/
Timestamp: 2019-02-23 07:45:56+00:00

Document:
1º Observaciones finales sobre el primer informe presentado por el Estado adoptadas el 16 de mayo de 1997.1
El Comité examinó el informe inicial del Perú (E/1990/5/Add.29) en sus sesiones 15ª, 16ª y 17ª, celebradas los días 7 y 9 de mayo de 1997, y aprobó en su 26ª sesión, celebrada el 16 de mayo de 1997, las siguientes observaciones finales.
A juicio del Comité, para romper el círculo vicioso de la violencia que produce más violencia, y para ganarse a la población indígena, a los campesinos y a otros sectores desfavorecidos de la sociedad peruana, es preciso introducir y aplicar medidas sumamente necesarias de justicia social, en particular, reformas políticas, económicas y sociales.
El Comité insta al Estado Parte a que tome medidas eficaces para eliminar todas las formas de discriminación y de marginación de que son víctimas las poblaciones autóctonas en el disfrute de sus derechos económicos, sociales y culturales.
El Comité recomienda que el Gobierno del Perú adopte medidas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos2.
El Comité recomienda que el Estado Parte tome las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación sobre salario mínimo, seguridad e higiene del trabajo, remuneración igual para hombres y mujeres por trabajo igual, y que vele por que se reconozca a los jóvenes de 16 a 25 años su condición de trabajadores. Con este fin el Comité subraya que hay que destinar recursos suficientes a los servicios de inspección laboral para que puedan llevar a cabo su trabajo de forma apropiada3.
El Comité insta al Estado Parte a que mejore las condiciones del trabajo de los empleados domésticos y vele por que estas condiciones estén en consonancia con las obligaciones que se derivan del Pacto.
El Comité recomienda que el Gobierno del Perú aumente sus inversiones en la educación. El Comité recuerda a este respecto la obligación del Estado Parte de garantizar la educación obligatoria y gratuita a todos los niños en el Perú, con el fin de reducir la tasa de analfabetismo4.
2º Observaciones finales sobre los informes periódicos combinados segundo a cuarto del Perú.5
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó los informes periódicos combinados segundo a cuarto del Perú sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/PER/2-4) en sus sesiones 6ª, 7ª y 8ª, celebradas los días 2 y 3 de mayo de 2012 (E/C.12/2012/SR.6-8), y aprobó en su 28ª sesión, celebrada el 18 de mayo de 2012, las siguientes observaciones finales.
El Comité observa con inquietud la importante disparidad salarial que existe entre hombres y mujeres (art. 7).
El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas para velar por la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor, como se dispone en la legislación nacional, y que facilite información en su próximo informe periódico sobre el efecto de esas medidas.
Preocupan al Comité la prevalencia y la magnitud del problema de la violencia doméstica, incluidos el maltrato y el abuso sexual de niños. También le preocupan el hecho de que la violencia doméstica no esté tipificada específicamente como delito en el Código Penal del Estado parte y los obstáculos con que tropiezan las víctimas de esa violencia, en particular las mujeres indígenas y rurales, para acceder a la justicia, así como la falta de medidas para hacer cumplir la ley (art. 10).
El Comité recomienda al Estado parte que modifique su Código Penal a fin de tipificar la violencia doméstica como un delito específico, y que intensifique su labor para prevenir y combatir dicha forma de violencia mediante, entre otras cosas, medidas de sensibilización dirigidas a la judicatura, los agentes del orden, los fiscales, los maestros, los profesionales de la salud, los trabajadores sociales y los medios de comunicación. También insta al Estado parte a que vele por que se investiguen todos los casos de violencia doméstica y por que los autores sean enjuiciados y condenados sin demora.
Preocupan al Comité la alta tasa de embarazos de adolescentes y la falta de servicios de salud sexual y reproductiva adecuados. También le inquieta que, conforme al Código Penal del Perú, las relaciones sexuales consentidas entre adolescentes equivalgan a violación de menores, lo que en la práctica inhibe el acceso de los adolescentes a los servicios de salud reproductiva. El Comité expresa su preocupación por la elevada tasa de mortalidad materna en las zonas rurales, que sigue siendo superior a la cifra fijada como meta en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. También está preocupado por la falta de una reglamentación nacional que regule las condiciones en que se practican los abortos terapéuticos y por que los abortos en casos de embarazos resultantes de violaciones estén penalizados (art. 12).
El Comité recomienda al Estado parte que redoble su labor para reducir la alta tasa de embarazos de adolescentes y asegurar la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, con inclusión de la atención del parto, los servicios institucionales de natalidad y los anticonceptivos de emergencia, especialmente en las zonas rurales. Recomienda que se modifique el Código Penal para despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre adolescentes y los abortos en los casos de embarazos resultantes de violaciones. También recomienda al Estado parte que establezca un protocolo nacional que regule la práctica de abortos terapéuticos.
Al Comité le preocupa que las mujeres que fueron sometidas a esterilizaciones forzadas en el marco del Programa nacional de salud reproductiva y planificación familiar entre 1996 y 2000 no hayan obtenido aún reparación (art. 12).
El Comité recomienda al Estado parte que investigue de manera efectiva, sin más demora, todos los casos de esterilización forzada, garantice una adecuada dotación de recursos para esas investigaciones penales, y vele por que las víctimas reciban una reparación adecuada.
Al Comité le preocupan las diferencias de nivel de calidad e infraestructuras entre las escuelas de las zonas urbanas y las rurales. Asimismo, le inquietan las elevadísimas tasas de abandono escolar y repetición de cursos, en particular entre las niñas de las zonas rurales, y la tasa de analfabetismo de las comunidades indígenas y afroperuanas (arts. 13 y 14).
El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas para mejorar la calidad de la enseñanza y la infraestructura física de las escuelas de las zonas rurales. Asimismo, le recomienda que adopte medidas urgentes para lograr que aumenten las tasas de asistencia y disminuyan las altas tasas de abandono escolar y repetición de cursos, en particular de las niñas que viven en las zonas rurales, así como para combatir el analfabetismo entre los niños de las comunidades indígenas y afroperuanas.
20/05/97. E/C.12/1/Add.14.↩
Mediante Ley No 28983 –Ley de Igualdad de oportunidades, publicada el 16 de marzo del 2007, se establece en el Artículo 6 inciso f.↩
El 20 de julio de 1999 se crea el Programa Pro Joven mediante Resolución Ministerial No 112-99-TR. Tanto el PROFECE como el ProJoven entre otros programas del Ministerio de Trabajo, son insuficientes y tiene poca cobertura. (Fuente: Mapeo de las Recomendaciones del Comité de la CEDAW a los Estados de la Región Andina y su grado de implementación, periodo 2000-2005). Mediante D. S. N° 001-2000-PROMUDEH.- Aprueba y pone en vigencia Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2000-2005. (02/02/2000).↩
En el Reporte alternativo de la Convención de Derechos del niño, niña y adolescente. CLADEM. 2005., se establece lo siguiente: “El Programa Nacional de Educación Sexual, se crea en 1996, como parte del Ministerio de Educación, en el marco de la política nacional de población, donde se diseñó y validó un currículo de educación sexual para enseñanza secundaria y módulos de capacitación para los docentes orientados a brindar información teórica que a un cambio de mentalidad en relación a la sexualidad de niños y adolescentes. El 25 de junio de 1998 se oficializa la Red Nacional de Educación de la Niña, uno de sus principales logros ha sido la dación de la Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales Ley Nº 27588 (2001). La Comisión Multisectorial de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes (2003) es la encargada de proponer y concertar políticas y acciones para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales. Esta Comisión si bien está instalada en la práctica no produce por cuanto la Ley 27558 aún no ha sido reglamentada. El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES aprobó el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2000-2005), que compromete el accionar de los Ministerios de Trabajo y Promoción Social, Salud, Educación, Interior, y Justicia. En relación al sector educación el Plan de Igualdad de Oportunidades ha propuesto cinco objetivos: 1. Disminuir el analfabetismo de las mujeres, preferentemente del área rural e indígena. 2. Promover el desarrollo integral de niñas y niños menores de tres años, particularmente aquellos en situación de riesgo. 3. Promover la matrícula oportuna y la permanencia en el sistema escolar de las niñas y adolescentes. 4. Erradicar los contenidos sexistas de la enseñanza, favoreciendo la transmisión de valores co-educativos en todas las etapas de la enseñanza. 5. Producir información sobre la situación y posición de las mujeres y las niñas en el Perú. Posteriormente se ha formulado el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones 2003-2010, el cual fue sometido a consulta nacional con la finalidad de que sea validado y enriquecido mediante un proceso participativo. En diciembre 2003, se concluyó el proceso; sin embargo, a la fecha no se ha evaluado los logros del Plan anterior. En el sector educación no se ha constituido ningún equipo de trabajo para realizar las acciones que se señalan en el Plan de Igualdad de Oportunidades, así como el cumplimiento del mencionado plan no está definido en la política educativa del sector. El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (2002-2010), fija entre los principios rectores la igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas y adolescentes, eliminando toda forma de exclusión y discriminación, y promoviendo el respeto a la diversidad cultural. El Plan Nacional de Educación para Todos (2003), promovido por el PNUD, el Banco Mundial, UNICEF, UNESCO, pone énfasis en la equidad y calidad de la educación ello en el marco del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Foro Mundial de Educación de Dakar. Este Plan Nacional no se logra consolidar hasta la actualidad. Dentro del Plan se ha elaborado un programa para la Educación Rural y Educación Bilingüe intercultural que tiene como objetivo general mejorar la calidad de la educación inicial y básica en áreas rurales y disminuir las brechas de acceso por género y a aquellas provenientes de la discriminación sociocultural. Ley General de Educación Nº 28044 (2003), señala en su artículo 10º los criterios para la universalización, la calidad y la equidad en la educación; en tal sentido señala se adopta un enfoque intercultural y se realiza una acción descentralizada, buscando igualar las oportunidades de desarrollo integral de los estudiantes y a lograr satisfactorios resultados en su aprendizaje. En el artículo 17º señala que buscando compensar las desigualdades derivadas de diferente índole y con la finalidad de garantizar la equidad en la educación toma una serie de medidas entre ellas: Elabora y ejecuta proyectos educativos que incluyan objetivos, estrategias, acciones y recursos tendientes a revertir situaciones de desigualdad y/o inequidad por motivos de género (art. 18º b.. En el artículo 19º reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a una educación en condiciones de igualdad con programas especiales que garanticen la igualdad de oportunidades y equidad de género. En su artículo 3º por su parte, señala que la sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo”↩
E/C.12/PER/CO/2-4, 30 de mayo de 2012↩

References: Artículo 6
 Resolución 
 artículo 10
 artículo 17
 artículo 19
 artículo 3