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Timestamp: 2019-06-25 16:08:00+00:00

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STC 14/2000, 17 de Enero de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 145324
STC 14/2000, 17 de Enero de 2000
Número de Recurso: 3265/1999
RA 3265/99. Promovido por don Cristóbal Jesús M. Q. frente a los Autos de la Audiencia Provincial y del Juzgado de Instrucción núm. 6 de Málaga que, en un sumario por delito contra la salud pública, mantuvieron su situación de prisión provisional y acordaron su libertad condicionada al pago de una fianza. Vulneración del derecho a la libertad personal: privación de libertad motivada insuficientemente y no acorde con los fines de la institución.
Sentencia citada en: 3662 sentencias, 8 artículos doctrinales, un tema práctico, una resolución administrativa
En el recurso de amparo núm. 3265/99, interpuesto por don Cristóbal Jesús M. Q., bajo la representación procesal de la Procuradora de los Tribunales doña Belén Lombardía del Pozo y asistido por el Letrado don José Enrique Bernal Menéndez, contra el Auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga, de 23 de junio de 1999, desestimatorio del recurso de apelación entablado contra Auto del Juzgado de Instrucción núm. 6 de Málaga (Sumario 5/98), en materia de prisión provisional. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Cachón Villar, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 23 de julio de 1999, don José Enrique Bernal Menéndez, Letrado designado en turno de oficio para ejercer la defensa de don Cristóbal Jesús M. Q., interpuso recurso de amparo constitucional contra el Auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga, por el que se desestimaba el recurso de apelación promovido contra el Auto del Juzgado de Instrucción núm. 6 de los de Málaga, de fecha 31 de marzo de 1999, recaído en el sumario núm. 5/98 seguido contra el ahora solicitante de amparo por un presunto delito contra la salud pública.
En las diligencias previas núm. 2825/98, tramitadas por el Juzgado de Instrucción núm. 12 de Málaga, y previa la realización de la comparecencia prevista en el art. 504.bis.2 LECrim, se dictó Auto de fecha 1 de mayo de 1998 acordando la prisión provisional sin fianza del ahora demandante de amparo. La medida se fundaba en la existencia de elementos suficientes, relatados en el antecedente de hecho único, para creer responsable criminalmente a don Cristóbal Jesús M. Q. de un delito contra la salud pública y en que la pena establecida para el delito en cuestión por el CP sobrepasa el límite establecido en el art. 503.2 LECrim.
Una vez transformado el procedimiento en el sumario núm. 5/98, y conociendo del mismo el Juzgado de Instrucción núm. 6 de Málaga, el demandante remitió escrito de 15 de febrero de 1999 por el que, aduciéndose la práctica finalización de la fase de instrucción y la inexistencia de riesgo de fuga, dado su profundo arraigo en el país, solicitaba su libertad provisional, con la adopción, en su caso, de cualquiera otra medida cautelar que, en el supuesto de que se tratara de la fianza, debería ser adecuada a la capacidad económica del procesado. El Fiscal, por escrito de 18 de febrero de 1999 interesó el mantenimiento de la situación al no haber variado las circunstancias que determinaron la adopción de la medida de prisión provisional, gravedad del delito, pena prevista y riesgo de fuga.
Por Auto de 23 de febrero de 1999, el órgano judicial actuante denegó la solicitud. Tras recordarse la excepcionalidad que en todo caso debe revestir la medida en cuestión, dicha denegación se fundamentó en la concurrencia de los requisitos previstos en el art. 503 LECrim: existencia de un hecho que presenta los caracteres de delito, pena prevista que supere el límite establecido al efecto, y existencia de motivos bastantes en la causa para creer responsable criminalmente del delito a la persona afectada por la medida. Igualmente, habría de tomarse en consideración la alarma social (concepto en cuya interpretación se hace referencia a la doctrina tanto de este Tribunal como del Tribunal Supremo y a los criterios recogidos en la Circular 2/1980 de la Fiscalía ante el Tribunal Supremo) que este tipo de delitos produce.
El 25 de febrero de 1999 la parte presentó recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el meritado Auto. En dicho recurso se hacía hincapié en los fines a que ha de responder la prisión provisional --prevención de riesgos relevantes para el proceso y, en su caso, para la ejecución del posible fallo-- que, siempre a juicio del ahora demandante de amparo, no concurrirían en el presente supuesto, toda vez que no habría riesgo de huida del procesado y la causa se hallaba ya en un avanzado estado de tramitación, por lo que resultaría muy difícil que aquél pudiera obstruir la obtención de pruebas.
Mediante Auto de 31 de marzo de 1999 se resolvió el recurso de reforma. En esta resolución judicial se estimó la procedencia de revisar la medida de prisión provisional, disponiéndose la posibilidad de ser eludida mediante el abono de la fianza correspondiente. A la vista de las circunstancias concurrentes en el caso y en aplicación de lo dispuesto en los arts. 531 y 532 LECrim, se fijó dicha fianza en la cantidad de cinco millones de pesetas.
En el recurso de apelación (rollo núm. 149/99) se celebró vista oral el 22 de junio de 1999, reiterando la parte actora la solicitud de revocación del Auto de 23 de febrero de 1999, a lo que se opuso el Ministerio Fiscal. Finalmente, el 23 de junio de 1999 la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga dictó Auto desestimatorio de la pretensión deducida por el recurrente. La desestimación alcanzada se basó en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo para la adopción de este tipo de medidas y la adecuada aplicación de los criterios fijados por el art. 531 LECrim para la determinación de la cuantía de la fianza sustitutoria de la prisión provisional.
En su escrito de demanda, el solicitante de amparo denuncia que la resolución judicial impugnada adolece de falta de motivación en cuanto apenas se justifica la medida privativa de libertad acordada. En concreto se indica que, tras una somera relación de argumentos perfectamente aplicables a cualquier resolución judicial de este tipo, la Sala actuante tan sólo justifica el mantenimiento de la medida en "la naturaleza del delito, el estado social y los antecedentes del acusado".
Por diligencia de ordenación de 27 de julio de 1999, esta Sala acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 7.3 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita y el art. 4 del Acuerdo del Pleno de este Tribunal Constitucional de 18 de junio de 1996, librar despacho al Colegio de Abogados de Madrid para que se designara Procurador del turno de oficio que representase al recurrente en este proceso constitucional. Igualmente, se recordaba al Letrado don José Enrique Bernal Menéndez su deber de renunciar a percibir honorarios, conforme a lo dispuesto en los arts. 4.3 del indicado Acuerdo del Pleno de este Tribunal y 27 de la Ley 1/1996, habiendo de remitir copia para su constancia en el recurso.
El 29 de julio de 1999 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal oficio del Colegio de Procuradores de Madrid comunicándose la designación de la Procuradora doña María Belén Lombardía del Pozo para representar al recurrente en este proceso constitucional.
Con esa misma fecha, la Sección Primera de este Tribunal acordó, de conformidad con lo previsto en el art. 88 LOTC, requerir al Juzgado de Instrucción núm. 6 de Málaga y a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de dicha capital para que remitieran, en el plazo de diez días, testimonio íntegro de la pieza de situación del recurrente, dimanante del sumario núm. 5/98, y del rollo de apelación núm. 149/99.
Por providencia de 8 de noviembre de 1999 se acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo así como, en virtud de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo a la representación procesal del recurrente y al Ministerio Fiscal para que, en el plazo común de veinte días, formularan las alegaciones que a su derecho conviniere.
El Ministerio Fiscal evacuó el trámite conferido mediante escrito registrado el 26 de noviembre de 1999. Tras una extensa exposición de los hechos, interesa la denegación del amparo solicitado con invocación de la doctrina sentada en la STC 33/1999 y en el ATC 336/1995, puesto que, frente a lo sostenido por el recurrente, el hecho de que las investigaciones sobre sus medios de vida hayan resultado infructuosas no implica la irrazonabilidad de la medida adoptada. Por otro lado, además de rechazarse la identificación de la parquedad de la argumentación con la falta de motivación, se destaca la proporcionalidad de la medida en atención a la naturaleza de los hechos y al carácter cautelar de aquélla, extremos ambos aludidos en las resoluciones judiciales que el recurrente no cuestiona.
La representación procesal del demandante de amparo presentó escrito de alegaciones el 2 de diciembre de 1999, dando por reproducidas las contenidas en la demanda iniciadora del proceso constitucional.
Mediante providencia de 17 de diciembre de 1999 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 20 del mismo mes y año, día en el que se inició el trámite que ha finalizado en el día de la fecha.
Según se ha consignado en el antecedente segundo de esta Sentencia, don Cristóbal Jesús M. Q. se encuentra en prisión provisional desde el día 1 de mayo de 1998, en virtud de Auto dictado en el curso de las diligencias previas núm. 2825/98, que se incoaron por presunto delito contra la salud pública. Transcurridos algunos meses desde la adopción de dicha medida y próxima a concluir la fase de instrucción, se solicitó por el procesado su puesta en libertad provisional, solicitud que fue denegada por Auto de 23 de febrero de 1999. Frente a esta resolución judicial se interpuso por el ahora solicitante de amparo recurso de reforma y subsidiario de apelación, lo que dio lugar a sendos Autos del Juzgado de Instrucción núm. 6 de Málaga, de fecha 31 de marzo de 1999, y de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de dicha capital dictado el 23 de junio siguiente. El precitado Auto de 31 de marzo, luego confirmado por el de la Audiencia, modificó la situación personal del solicitante, en el sentido de que la medida cautelar adoptada podía ser eludida mediante el pago de una fianza cifrada en cinco millones de pesetas.
Con carácter previo hemos de precisar el verdadero objeto de este recurso de amparo constitucional, puesto que, aun cuando el demandante tan sólo identifica como tal el Auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga antes mencionado, es lo cierto que, de atenernos a los estrictos términos del suplico de la demanda, donde se interesa exclusivamente la anulación del citado Auto, el amparo carecería de eficacia si no se anularan igualmente los Autos del Juzgado de Instrucción núm. 6 de Málaga confirmados en grado de apelación. Consecuentemente, primando el sentido real de la pretensión en relación con los elementos que le sirven de fundamento y habida cuenta de que la vulneración constitucional que debe centrar nuestro análisis ya fue planteada en el recurso de reforma y subsidiario de apelación, debemos considerar como objeto del actual proceso constitucional tanto el Auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga de 23 de junio de 1999 como los Autos del Juzgado de Instrucción núm. 6 de dicha capital de 23 de febrero y 31 de marzo de 1999. En todo caso, debe quedar al margen de nuestro análisis el Auto del Juzgado de 1 de mayo de 1998 por el que se decretó el ingreso en prisión provisional del recurrente, ya que no fue impugnado. La solución ahora acordada representa la aplicación al caso de nuestra jurisprudencia, conforme a la cual, cuando se impugna en amparo una resolución judicial confirmatoria de otras, que han sido lógica y cronológicamente presupuesto de aquélla, han de tenerse también por recurridas las precedentes resoluciones confirmadas, aunque las mismas no lo hayan sido de forma expresa (por todas, STC 97/1999, de 31 de mayo, FJ 2 y las resoluciones allí citadas).
Una vez definido el objeto del presente recurso, interesa subrayar que en el mismo se cuestiona la adecuada motivación de las resoluciones judiciales impugnadas, denunciándose vulneración de los derechos fundamentales a la libertad personal (art. 17.1 CE) y a la tutela judicial (art. 24.1 CE). Sin embargo, debemos avanzar que no procede abordar el estudio autónomo de la alegada vulneración del art. 24.1 de la Constitución, puesto que, recogiéndose en los Autos impugnados la respuesta a la demanda de libertad personal frente a su privación de origen judicial, lo que está prioritariamente en juego en la fundamentación y motivación de tales decisiones es la libertad misma (STC 33/1999, de 8 de marzo, FJ 2).
Una vez acotado como objeto de nuestro examen la alegada infracción del derecho a la libertad personal del recurrente, como consecuencia de la insuficiente motivación de los Autos que decretaron el mantenimiento de la situación de prisión provisional en que se hallaba aquél y la posible elusión de la misma mediante el abono de una fianza, que quedó fijada en cinco millones de pesetas, parece oportuno comenzar recordando brevemente la doctrina constitucional elaborada por este Tribunal y que resulta relevante para la resolución del caso sometido a nuestro enjuiciamiento.
De acuerdo con lo expuesto examinaremos a continuación si existió motivación que pueda calificarse de suficiente y razonable en las resoluciones judiciales a las que se extiende el presente proceso constitucional. Dicho examen habrá de versar sobre la concurrencia tanto de los presupuestos que habilitan legalmente para el mantenimiento de la prisión provisional --existencia de indicios racionales sobre la comisión de un hecho delictivo por el imputado--, como del fin legítimo y acorde con la institución. Además, desde la perspectiva del control externo que a este Tribunal le compete, importa especialmente analizar la ponderación que de las circunstancias personales y del caso hayan llevado a cabo los órganos judiciales actuantes.
Comenzando por el Auto del Juzgado de Instrucción núm. 6 de Málaga, fechado el 23 de febrero de 1999, la decisión de mantenimiento de la situación de prisión provisional en él adoptada se fundamenta únicamente en la alarma social generada por la comisión del delito que se imputa al ahora recurrente en amparo. Pues bien, conforme a la doctrina de este Tribunal, dicha fundamentación no puede reputarse por sí sola suficiente para la adopción o el mantenimiento de la medida cautelar en cuestión, pues lo contrario implicaría atribuir a la prisión provisional una finalidad de prevención general; fin que únicamente resulta congruente cuando se predica de la pena, pero que resulta contradictorio con la naturaleza de la prisión provisional (por todas, STC 33/1999, FJ 6). En efecto, como ya se indicó en el fundamento jurídico 6 de la STC 66/1997 (y en similares términos en las SSTC 98/1997, de 20 de mayo, FJ 9, y 156/1997, de 29 de septiembre, FJ 6), "con independencia del correspondiente juicio que pueda merecer la finalidad de mitigación de otras alarmas sociales que posean otros contenidos --la alarma social que se concreta en disturbios sociales, por ejemplo--, y otros orígenes --la fuga del imputado o su libertad provisional--, juicio en el que ahora no es pertinente entrar, lo cierto es que la genérica alarma social presuntamente ocasionada por un delito constituye el contenido de un fin exclusivo de la pena --la prevención general-- y, so pena de que su apaciguamiento corra el riesgo de ser precisamente alarmante por la quiebra de principios y garantías jurídicas fundamentales, presupone un juicio previo de antijuridicidad y de culpabilidad del correspondiente órgano judicial tras un procedimiento rodeado de plenas garantías de imparcialidad y defensa".
Los Autos del Juzgado de Instrucción núm. 6 de Málaga, de 31 de marzo de 1999, y de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de dicha capital, de 23 de junio siguiente, transforman la situación de prisión incondicional en otra de libertad condicionada a la prestación de fianza. Según se consigna en la primera de dichas resoluciones judiciales, la alteración de la medida cautelar se fundamenta en que, amén del tiempo transcurrido desde el ingreso en prisión del imputado, lo avanzado de la instrucción impedía que aquél pudiera obstaculizar el buen desarrollo de la misma.
En consecuencia, procede estimar la demanda y anular los Autos recurridos, pues las medidas cautelares en ellos adoptadas han quebrantado el derecho del demandante a la libertad personal (art. 17.4 CE), dado que no puede sostenerse que las resoluciones judiciales impugnadas hayan realizado una razonable ponderación de la proporcionalidad de dichas medidas cautelares. Esta anulación de los Autos impugnados conlleva la puesta en libertad del recurrente, sin perjuicio de la competencia que los órganos judiciales tienen asignada por el ordenamiento vigente para decretar las medidas cautelares que estimen pertinentes, incluida, en su caso, la adopción nuevamente de la prisión provisional, si concurriesen las circunstancias exigidas en el citado ordenamiento (SSTC 56/1997, de 17 de marzo, FJ 12; 88/1988, de 9 de mayo, FJ 2; 98/1998, de 4 de mayo, FJ 4; 142/1998, de 29 de junio, FJ 4; 234/1998, de 1 de diciembre, FJ 3 y 33/1999, de 8 de marzo, FJ 8).
Otorgar el amparo solicitado a don Cristóbal Jesús M. Q. y, en consecuencia:
Declarar que el mantenimiento de la prisión provisional del recurrente y el establecimiento de la situación de libertad condicionada al pago de una fianza vulneraron el derecho del recurrente a la libertad (art. 17.1 CE).
Anular los Autos del Juzgado de Instrucción núm. 6 de Málaga, de 23 de febrero y de 31 de marzo de 1999, y de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga, de 23 de junio de 1999.
SAP Córdoba 272/2003, 10 de Noviembre de 2003
AAP Madrid 506/2003, 23 de Octubre de 2003

References: resolución 
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