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Timestamp: 2019-10-15 01:03:05+00:00

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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 3 de Marzo de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 31632794
El licenciado A.H.P., apoderado judicial de ELVIS BARRANTES; y la firma de abogados MENDOZA, VALLE Y CASTILLO, en representación de THE SHELL COMPANY (W.I.) LIMITED-PANAMA, han interpuesto recurso de casación laboral, contra la sentencia de 9 de junio de 2004, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso laboral promovido por ELVIS BARRANTES -VS- THE SHELL COMPANY (W.I.) LIMITED- PANAMA.
Dentro de este contexto, el Magistrado Sustanciador, mediante auto de 28 de julio de 2004, ordenó la acumulación de los recursos interpuestos, toda vez que se fundamentan sobre los mismos hechos, por economía procesal procede su acumulación, con el objeto de que se sustancien y se resuelvan en una sola sentencia, de conformidad con los artículos 636, 637 y 638 del Código de Trabajo.
La parte demandante presentó dos recursos (idénticos) en días distintos, 21 y 29 de junio de 2004, y la demandada el 1 de julio de 2004, y en virtud de ello, haremos unas breves consideraciones en cuanto al término en que se debió presentar la casación, dentro del presente proceso.
Observa la Sala que prevalece una cierta confusión en cuanto al momento en que se debió presentar el recurso de casación, originado por el hecho de que la parte demandante en solicitud formulada al Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, pidió adición de la sentencia emitida el 9 de junio de 2004, la cual obra a foja 775 del Tomo 2, de los antecedentes, a fin de que se adicionaran los intereses y recargos estipulados en los artículos 169 y 170 del Código de Trabajo. Dicha solicitud fue resuelta por el tribunal mediante auto de 21 de junio de 2004, concediéndola sólo con respecto a adicionar los intereses establecidos en el artículo 169 del Código de Trabajo.
En ese sentido, el artículo 876 del Código de Trabajo establece lo siguiente:
"ARTICULO 876: Los recursos de se hayan interpuesto o se interpongan contra la sentencia se entenderán interpuestos también contra las adiciones, modificaciones y aclaraciones a menos que el recurrente exprese lo contrario, o que les sean favorables."
Se colige de forma palmaria, que si fueron presentados recursos de casación contra una sentencia en donde se presentó solicitud de adición, es preciso que esté notificado el auto que resuelve dicha adición, para que dentro de los cinco días siguientes se presente el recurso de casación. Constituye el mismo principio establecido en el artículo 927 para la aclaración de sentencia o corrección de error aritmético.
En el caso in examine la parte demandante presentó solicitud de adición el día 17 de junio de 2004, el día 23 de junio se fijó el edicto para notificación de solicitud de adición de sentencia, el cual fue desfijado el día 24 de junio de 2004, quedando notificada dicha adición, dando como resultado que el término para presentar casación corrió del 25 de junio al 1 de julio de 2004.
Sustentado lo anterior, el Tribunal de Casación entrará al estudio de los recursos presentados, tomando en consideración que los incoados por la parte demandante son idénticos.
La firma de abogados Mendoza, Valle & Castillo, presentó escrito oponiéndose al recurso de casación interpuesto por la parte demandante el cual consta de foja 14 a 17 del cuadernillo de casación.
Por su parte, el licenciado A.H.P., apoderado judicial de E.B. presentó oposición al recurso de casación incoado por la parte demandada The Shell Company (W.I.) Limited, el cual reposa de fojas 41 a 56 del cuadernillo contentivo de la casación.
Se trata de un proceso común de trabajo, en donde el demandante señor E.B., solicita se condene a la demandada THE SHELL COMPANY (W.I.) LIMITED-PANAMA., a pagarle vacaciones vencidas por B/.19,000.00, vacaciones proporcionales por B/.272.73, décimo tercer mes vencidos B/.17,000.00, décimo tercer mes proporcional B/.125.00 y prima de antigüedad por B/.1,567.40, más intereses y recargos del artículo 169, así como también costas y gastos del proceso.
El Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección, en sentencia de 21 de agosto de 2002, absolvió a THE SHELL COMPANY (W.I.) LIMITED-PANAMA de todas las pretensiones incoadas en su contra por el señor B., por considerar que no se probó en este proceso la existencia de la relación de trabajo entre las partes.
Por su parte, el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, en sentencia de 9 de junio de 2004, revocó la sentencia del juzgador primario, y en su defecto, condenó a THE SHELL COMPANY (W.I) LIMITED-PANAMA a pagar al señor ELVIS BARRANTES la suma de B/.23,453.29, en concepto de vacaciones vencidas y proporcionales, décimo tercer vencidos y proporcionales, prima de antiguedad, y costas. Además, a través del Auto de 21 de junio de 2004, adicionó los intereses del artículo 169 de la sentencia de 9 de junio de 2004, a petición del demandante.
ANÁLISIS DEL RECURSO PRESENTADO POR LA PARTE DEMANDANTE.
Sostiene el licenciado H.P. que han sido vulnerados el numeral 2 del artículo 54, artículo 69, artículo 224, y el artículo 226 del Código de Trabajo, el artículo 2 del Decreto de Gabinete No.221 de 1971, artículo 69 del C.T. en concordancia con el artículo 2 del Decreto de Gabinete No.221 de 1971, el artículo 4 del Decreto No.19 de 1973, y el artículo 69 del C.T. en concordancia con el artículo 4 del Decreto 19 de 1973.
El Tribunal analizará de forma conjunta los cargos atinentes a los artículos 54 y 69 del Código de Trabajo, toda vez que mantienen un fundamento común, consistente en que el trabajador indicó en su demanda que el salario mensual devengado era de B/.1,700.00, por lo tanto, para el cálculo de las vacaciones debió tomarse como salario dicha suma, y no el salario de los últimos 6 meses como le efectuó el juzgador secundario.
Sostiene además, que la sentencia impugnada condenó a las vacaciones de los años de 1990 hasta 1998, tomando en consideración el salario de los últimos 6 meses de la relación de trabajo, y no el salario devengado en el período correspondiente a cada vacación vencida que, a su juicio, se debió tomar en cuenta para efectuar el cálculo de las vacaciones de cada período, de conformidad con el artículo 54.
Al respecto, el Tribunal Superior de Trabajo consideró que para la liquidación de los derechos adquiridos reclamados, el salario promedio mensual que señala la parte actora en la suma de B/.1,700.00 no es posible tomarla en cuenta, en función de que el que debe prevalecer es el que resulte más favorable entre el promedio de los últimos 6 meses o del último mes laborado, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 149 del Código de Trabajo. Agregó el ad-quem, que sería una situación distinta si no reposara documento alguno que permitiera determinar el salario mensual, en razón de la presunción contenida en el artículo 69 del Código de Trabajo, lo cual no es el caso.
El artículo 69 establece que "a falta de contrato escrito se presumirán ciertos los hechos o circunstancias alegados por el trabajador que debían constar en dicho contrato. Esta presunción podrá destruirse mediante prueba que no admita duda razonable".
En ese sentido, observa la Sala, que el tribunal se basó en el caudal probatorio obrante en el presente proceso para la determinación del salario para el cálculo de las vacaciones de conformidad con lo preceptuado en el artículo 149 del Código de Trabajo, de tal forma que la presunción contenida en el artículo 69 no es aplicable.
El Tribunal Laboral comparte plenamente lo expresado por el juzgador secundario, toda vez que la fórmula utilizada es la establecida por nuestro máximo ordenamiento laboral en su artículo 149.
El casacionista confunde el concepto establecido en el artículo 54 en cuanto al pago de las vacaciones, al aplicarlo al presente caso, pues, este se refiere al pago de vacaciones durante la relación de trabajo. En cambio, el artículo 149 del mismo cuerpo legal, establece la forma de calcular el monto de las indemnizaciones y cualquiera otras prestaciones que se le adeuden a los trabajadores una vez terminada la relación de trabajo.
Es decir el ad-quem tomó como base el promedio de salario mensual de los últimos 6 meses, siendo más favorable que el salario del último mes (agosto 1998) lo cual dio como resultado la suma de B/.1,362.33, razón por la cual se desestiman los cargos endilgados.
En lo atinente a las violaciones de los artículos 224 y 226 del Código de Trabajo, la Sala los estudiará de forma conjunta en función de que se fundamentan en una alegación común, consistente en que para el cálculo de la prima de antiguedad no se condenó a razón de una semana de salario por cada año laborado sino que se utilizó una constante que en la práctica se utiliza para establecer o calcular la prima de antiguedad proporcional, y que tampoco se tomó en cuenta para el cálculo de la misma, el salario promedio de los últimos 5 años laborados por el trabajador para la determinación del importe de la prima.
En cuanto a este punto, el Dr. O.V. en su obra Derecho de Trabajo, Relaciones Individuales, manifiesta que "Al trabajador que se encuentre laborando al momento en que empezó a regir el fondo de cesantía, se le computará el derecho desde tal fecha. El período laborado con anterioridad -indica el parágrafo del artículo 224-le será pagado a la terminación del contrato, siempre que hubiese prestado servicios de manera continua durante diez años o más... Para la determinación del importe de la prima de antiguedad se entenderá como salario por cada año de servicio prestado por el trabajador, el promedio del total de la remuneración percibida por éste durante los últimos cinco años trabajados (art.226). Esta regla sirve para el cálculo de la prima en el caso de que el trabajador cumpla cinco o más años de servicios. Para los efectos de calcularla cuando se trate de trabajadores con antiguedad menor, se utilizará como base el promedio de los salarios recibidos durante la relación laboral (art. 5 del Decreto Ejecutivo No.106, de 26 de diciembre de 1995) (Editorial Varem, Panamá, 1998, pág. 248).
Le asiste razón al recurrente, pues, resulta evidente en el caso in examine, que el juzgador secundario utilizó para el cálculo del importe de la prima de antiguedad (15 de agosto de 1995- agosto 1998) el promedio del salario de los últimos 6 meses laborados, cuando debió calcularlo en base al promedio del total de la remuneración percibida por éste durante los últimos cinco años, en virtud de que el trabajador mantuvo una relación de trabajo por espacio de 8 años. Se excluye para su pago el tiempo de mayo de 1990- 14 de agosto 1995, porque al finalizar la relación de trabajo no tenía diez años de servicios continuos, de conformidad con los artículos 224 y 226 del Código de Trabajo.
En ese sentido, estima la Sala, que el razonamiento del Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial no se ajustó a derecho, razón por la cual conculcó los artículos 224 y 226 del Código de Trabajo, y en razón de ello prosperan los cargos.
Por último, en lo atinente al resto de los cargos endilgados, considera la Sala que no es necesario entrar a su análisis, toda vez que se sustentaban en las infracciones a los artículos 54 y 69 que fueron desestimados.
ANÁLISIS DEL RECURSO PRESENTADO POR LA PARTE DEMANDADA.
La firma Mendoza, Valle y Castillo, invoca como infringidos los artículos 63, 64, 732 y 755 del Código de Trabajo.
En lo atinente al artículo 63, arguye el casacionista que el mismo ha sido vulnerado en virtud de que el tribunal ha aplicado esta norma considerando las facturas y cotizaciones presentadas por el señor B. como simuladas, por el simple hecho de que no existe un contrato de servicios profesionales entre las partes, "esta aseveración carece totalmente de fundamento, ya que la presentación de cotizaciones y posteriores facturas es el manejo común que se le da en nuestro medio a las relaciones comerciales y de servicios profesionales, sin que se requiera la existencia de un contrato" (Cfr. foja 37).
El juzgador secundario manifestó que no se acreditó un contrato de servicios profesionales, y que no es posible sostener que, previo acuerdo de las partes, las labores administrativas formen parte de un servicio profesional, aún cuando la lógica jurídica nos indica que existe una clara diferencia entre los servicios propios y directos de un profesional de dibujos arquitectónicos "independiente" y de un administrativo de la empresa dedicado a tramitar los contratos de servicios tales como agua, luz y teléfono.
Agrega el juzgador, que el material probatorio demuestra que las órdenes impartidas al señor B. no son de carácter profesional sino que se circunscriben al ámbito administrativo, dentro de una típica relación de trabajo, que trascienden a la mera responsabilidad de confeccionar dibujos de planos.
En las declaraciones rendidas por el señor F.G.L., obrantes a fojas 689, 690 y 691, éste manifiesta que era el J. del señor B., y que entre sus funciones se encontraban las de aprobar planos en las entidades gubernamentales, cuando era necesario le encomendaba hacer levantamiento de edificios de estaciones de servicios existentes cuando para poder ejecutar planos no existía planos anteriores y de esta forma tener entonces una información actualizada de cada proyecto. Además, sostiene el señor G., que él era quien fiscalizaba las labores del señor B. como su jefe inmediato, y en otras ocasiones lo llevaba a cabo el Gerente de la compañía, que era arquitecto, o el J. de Ventas que era también su jefe.
Dentro de este contexto, observa la Sala que la demandada no logró desvirtuar el hecho de que el señor B. mantuvo una prestación de servicios de forma continua dentro de las instalaciones de la empleadora, en donde mantenía una oficina, y se requería que cumpliera con determinadas horas de trabajo, bajo la supervisión de su superior inmediato.
Con fundamento en lo antes expresado, la Sala estima que no prospera el cargo endilgado, toda vez que la decisión del ad-quem se ajustó a derecho.
En cuanto a la trasgresión del artículo 64, el recurrente sostiene que se ha producido en virtud de que el juzgador secundario ha considerado como subordinación jurídica y como órdenes impartidas por la empresa, el hecho de que demandante fuese autorizado para tramitar ante el I.D.A.A.N. un contrato de medidor en representación de la empresa. A su juicio, la autorización que se le confiere a un profesional para que realice una gestión o trámite en nombre de la empresa es un supuesto de hecho que no está comprendido en el concepto de subordinación jurídica que establece el artículo 64 del C.T.
Destaca el casacionista, que los testigos J.G. y P.C., manifestaron que el señor B. no estaba sometido a ningún deber de obediencia, toda vez que tenía la potestad de rechazar cualquier trabajo que se le ofreciera, y la empresa no podía sancionarlo por ello.
Dentro de este contexto, la Sala considera oportuno efectuar una serie de consideraciones entorno al concepto de "subordinación jurídica" en nuestro derecho.
"El concepto de "subordinación jurídica" implica:
Que el trabajador se encuentra obligado a laborar bajo la autoridad, mando y control del empleador;
Que él está obligado a realizar el trabajo convenido personalmente "con la intensidad, cuidado y eficiencia que sean compatibles con sus fuerzas, aptitudes, preparación y destreza".
Que el trabajador está obligado a prestar servicios en el tiempo convenido, y en la forma y modalidades que le sean indicadas por el empleador de acuerdo con el contrato y dentro del marco de los fines y organización e la empresa,
El trabajador debe rendir sus tareas en el lugar convenio. A.C. ha sintetizado en forma feliz el concepto de subordinación jurídico: "se trata de un derecho general de fiscalizar la actividad de otro, de interrumpirla o suscitarla a voluntad sin que sea necesario fiscalizar continuamente el valor técnico de los trabajos ejecutados. Dirección y fiscalización, tales son los dos polos de la subordinación jurídica" (H., A.. Derecho Panameño del Trabajo, Editorial Lil, Panamá, 1982, pag. 219).
Observa el Tribunal de Casación, que de las declaraciones obrantes en el presente proceso se desprende de forma palmaria que el señor B. mantenía una relación de subordinación jurídica para con la demandada, como por ejemplo, lo manifestado por el señor F.G., citado en párrafos precedentes, así como también las afirmaciones hechas por la señora T.P. de Barahona (Cfr. fojas 671-681), cuando en respuesta a un cuestionamiento formulado expresó que el señor B. trabajaba en el Departamento de Ingeniería como dibujante arquitectónico, y que iniciaba sus labores a las 8: A.M. y que los que laboraban en ese departamento tenían un horario de salida a las 5:00 P.M. pero que muchas veces salían a altas horas de la noche. Agregó además, que el señor B. ocupaba una mesa de dibujos en el mencionado departamento, y que su jefe inmediato era el señor F.G., puntualizando que el señor B. y P.C. eran los subalternos del señor G..
Al preguntársele si tenía conocimiento de si alguien dirigía y fiscalizaba los trabajos del señor B., la señora de B. respondió: "Sí, se dirigían los trabajos de la manera en que se dirige un arquitecto a un dibujante arquitectónico, donde se le dan las especificaciones de lo que tiene que plasmar en un plano y hacer las sugerencias de las áreas que hay que corregir dentro de dicho plano". Agregó que el señor F.G. era quien lo fiscalizaba y le daba instrucciones.
Observa la Sala, que estas declaraciones coinciden con lo expresado por el señor F.G..
En otra pregunta formulada a la declarante, en cuanto a que indicara dónde estaba su puesto de trabajo con relación al departamento de Ingeniería, y específicamente con relación al puesto de trabajo del señor B., contestó que "era una sala de ocho escritorios y al final, había una pared de vidrio donde estaban las oficinas de ingeniería, de mi puesto al puesto de ingeniería me separaban dos escritorios".
Estima la Sala oportuno destacar la poca colaboración brindada por la empresa demandada dentro del presente proceso, tal como quedó evidenciado en el informe rendido por el A.J.G., de la Dirección de Auditoría Laboral y Sindical del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, relativo al Peritaje No.033-DA-2001 obrante a foja 716, en los siguientes términos:
"1. La empresa The Shell Company (W.I.) Limited, al momento de practicar la inspección judicial, no proporcionó la documentación requerida para tal fin, alegando que la misma se había presentado en la audiencia y que estas reposaban en el expediente del Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección, lugar donde se ventila el proceso laboral.
La empresa The Shell Company (W.I) Limited, tampoco proporcionó las declaraciones de rentas comprendida del período fiscal 1990 a 1998, alegando que no las había podido ubicar, por lo que no se pudieron examinar a fin de establecer las sumas totales pagadas al señor E.B.N., en los períodos finales antes mencionados."
Dentro de este contexto, el Tribunal de Casación coincide con la decisión del juzgador de segundo grado, toda vez que el caudal probatorio revela que el señor B. mantenía una relación de trabajo bajo las condiciones de subordinación jurídica, razón por la cual se desestima el cargo endilgado.
En lo atinente a los cargos relacionados con los artículos 732 y 755 (referentes a la apreciación que hace el juez de las pruebas según la regla de la sana crítica) constituyen normas catalogadas por la doctrina como de procedimiento o adjetivas, estima la Sala que no entrará a su estudio toda vez que los cargos que sustentaban los mismos fueron desestimados.
En esa misma línea de pensamiento, el Tribunal de Casación ha manifestado en reiteradas ocasiones que "el recurso de casación en materia laboral no es una tercera instancia y que sólo procede corregir errores "in indicando" en que haya incurrido el Tribunal Superior de Trabajo, igualmente ha señalado que, en cuanto a la evaluación de la prueba, si fue errónea, debe demostrarse e incidir en forma directa y determinante en infracciones a normas sustanciales o materiales, lo cual no se ha acreditado en el presente caso.
Frente a este escenario jurídico, el Tribunal de Casación arriba a la conclusión, que los cargos endilgados por la parte demandada son notoriamente insuficientes en cuanto no alcanzan a probar la ilegalidad de la decisión recurrida, y por ello, no están llamados a prosperar, toda vez que en el recurso de casación la Corte tiene vedado efectuar revisiones oficiosas que no hayan sido pedidas y demostradas por el recurrente, por lo tanto, se colige que no hubo vicio de ilegalidad en la sentencia expedida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, por lo que debe negarse la pretensión de la demanda.
Como corolario de lo antes expresado, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 9 de junio de 2004, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso laboral promovido por ELVIS BARRANTES -VS- THE SHELL COMPANY (W.I.) LIMITED PANAMA, S.A., y CONDENA a THE SHELL COMPANY (W.I.) LIMITED PANAMA, S.A. a pagar al trabajador BARRANTES la diferencia que le adeude en concepto de prima de antiguedad más intereses de conformidad con el artículo 169 del Código de Trabajo, y la CONFIRMA en todo lo demás y; ORDENA al Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección que efectúe la liquidación de la condena contenida en esta sentencia de conformidad con lo indicado en ella.
Las costas de casación se fijan en un 15 % de la condena.

References: artículo 169
 artículo 876
 artículo 927
 artículo 169
 artículo 169
 artículo 54
 artículo 69
 artículo 224
 artículo 226
 artículo 2
 artículo 69
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 69
 artículo 4
 artículo 54
 artículo 149
 artículo 69
 artículo 69
 artículo 149
 artículo 69
 artículo 149
 artículo 54
 artículo 149
 artículo 224
 artículo 63
 artículo 64
 artículo 64
 artículo 169