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Timestamp: 2019-09-19 13:55:45+00:00

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Los consumidores y usuarios son aquellas personas físicas o jurídicas que adquieren productos con fines ajenos a su actividad comercial o profesional y como destinatarios finales de los mismos. La Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios establece una protección especial, dotándoles de instrumentos legales de protección y defensa.
¿Qué engloba el concepto consumidores y usuarios?
¿Qué regula la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios?
¿Qué sujetos intervienen en el consumo?
¿Qué derechos tienen los consumidores y usuarios?
¿Qué ofrecen las asociaciones de consumidores y usuarios?
La voz consumidor no es precisamente una expresión unívoca. En el ámbito del Derecho, a partir de los años 60 y 70 comienzan a surgir normas jurídicas fundamentalmente de Derecho privado que tienen como sujeto destinatario, normalmente persona física, al consumidor final de determinados bienes. Tales normas tenían la manifiesta finalidad de potenciar el consumo de bienes así como de proteger al consumidor de los mismos.
El Derecho de Consumo o de los consumidores se puede definir como el subsector del ordenamiento jurídico, conformado por normas de distinta naturaleza, tanto civiles como administrativas, destinado a regular la protección del consumidor (y del usuario) otorgándole y regulando un elenco de derechos y obligaciones.
Jurídicamente se han ofrecido varias definiciones de consumidor, pero en todas ellas subyace la idea del sujeto, persona física o jurídica, que realiza una actividad ajena a la propia comercial, empresarial o profesional. Por tanto, por definición, el consumidor no es empresario o, al menos, el acto jurídico-económico que realiza no es mercantil, comercial o empresarial. Lo cual no significa lo contrario, es decir, que el acto no ajeno a su actividad económica sea necesariamente un acto mercantil, pues puede tratarse perfectamente de un acto o contrato civil (si la anterior distinción conserva todavía el calado decimonónico con que se concibió). Así, el apartado e) del artículo 2 de la Directiva 98/6/CE en sede de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores define al consumidor como cualquier persona física que compre un producto con fines ajenos a su actividad comercial o profesional. El apartado a) del artículo 2 de la Directiva 2005/29/CE, sobre las prácticas comerciales desleales, dice que es consumidor cualquier persona física que, en las prácticas comerciales contempladas por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad económica, negocio, oficio o profesión. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha construido el concepto de consumidor medio, como el consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, como deriva de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 16 de julio de 1998, asunto C-210/96, caso Gut Springenheide.
En general, puede decirse que consumidor es la persona física o jurídica que adquiere o utiliza como destinatario final, productos, bienes o servicios, actividades o funciones independientemente del carácter individual o social, público o privado, de quienes lo produzcan o suministren. Igualmente, puede definirse como la persona física o jurídica que contrata a título oneroso, para su consumo final o beneficio propio la adquisición de bienes o la prestación de servicios. De este modo, no se consideran consumidores las personas físicas o jurídicas que no son destinatarios finales de los bienes, sino que los adquieren y utilicen en el ejercicio de una actividad empresarial, profesional o de prestación de servicios.
La vigente Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, se aprueba por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido y otras leyes complementarias. Dicha norma tiene por objeto establecer el régimen jurídico de protección de los consumidores y usuarios en el ámbito de las competencias del Estado y, como la anterior derogada de 1984, aspiró a dotar a los consumidores y usuarios de un instrumento legal de protección y defensa, que no excluye otras actuaciones y desarrollos normativos derivados de ámbitos competenciales cercanos o conexos, tales como la legislación mercantil, penal o procesal y las normas sobre seguridad industrial, higiene y salud pública, ordenación de la producción y comercio interior. El Texto refundido, sin embargo, no es completo.
Igualmente, la regulación sobre garantías en la venta de bienes de consumo contenida en la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo se deroga, procediéndose a su refundición por cuanto incide en el ámbito de la garantía regulado por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
Consumidores o usuarios son las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden. Por tanto, consumidor y usuario es la persona física o jurídica que actúa en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Esto es, que interviene en las relaciones de consumo con fines privados, contratando bienes y servicios como destinatario final, sin incorporarlos, ni directa, ni indirectamente, en procesos de producción, comercialización o prestación a terceros.
En cambio, a efectos de lo dispuesto en el citado Texto refundido, se considera empresario, según dispone el art. 4 LGDCU 2007 a toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe directamente o a través de otra persona en su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Si suministra o distribuye productos en el mercado, entonces se denomina proveedor, cualquiera que sea el título o contrato en virtud del cual realice dicha distribución (art. 7 LGDCU 2007). Igualmente, el artículo 5 LGDCU 2007 considera productor al fabricante del bien o al prestador del servicio o su intermediario, o al importador del bien o servicio en el territorio de la Unión Europea, así como a cualquier persona que se presente como tal al indicar en el bien, ya sea en el envase, el envoltorio o cualquier otro elemento de protección o presentación o servicio, su nombre, marca u otro signo distintivo.
En negativo, se puede decir que no son consumidores (ni usuarios) los sujetos que sin constituirse en destinatarios finales, adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios, con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros.
Los consumidores y usuarios tienen reconocidos legalmente determinados derechos, que vienen recogidos en el Real Decreto Legislativo 1/2007. Así, se indica en el artículo 8 LGDCU 2007 que son derechos básicos de los consumidores y usuarios: la protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad; la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular, frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos; la indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos; la información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute; la audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales que les afectan directamente y la representación de sus intereses, a través de las asociaciones, agrupaciones, federaciones o confederaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas.
Por último, se reconoce como derecho básico de los consumidores y usuarios la protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en especial ante situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión.
Todos estos derechos son de carácter irrenunciable, sancionándose con nulidad de pleno derecho los actos o manifestaciones por cuya virtud, consumidores y usuarios renuncien a los derechos que tienen legalmente reconocidos. Y el texto legal al que nos venimos refiriendo, reproduciendo la teoría general sobre eficacia y validez de los contratos que viene establecido en nuestro Código Civil y que ha sido desarrollado jurisprudencialmente, sanciona con nulidad de pleno derecho los actos realizados en fraude de Ley, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Código Civil.
Se establecen, además, en la normativa vigente (arts. 11 a16 LGDCU 2007) distintos preceptos que tienden a garantizar la protección del consumidor o usuario, recogiéndose obligaciones tendentes a garantizar la salud y la seguridad de los consumidores, y la información y formación de los mismos. Así, de un lado se establece la obligación de que los bienes o servicios puestos en el mercado sea seguros, debiendo los empresarios poner en conocimiento de los consumidores los riesgos que pueden derivarse de la utilización de los mismos. Se establece la obligación de identificar mediante las etiquetas oportunas, los productos químicos o que lleven compuestos que sean peligrosos. De otro lado, se establece que los poderes públicos deben fomentar la formación y la educación de los consumidores y usuarios, garantizando o asegurándose de que estos dispongan de la información que sea precisa para el eficaz ejercicio de sus derechos, debiendo velar por que se les preste la información comprensible.
Regula el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, en sus arts. 22 y ss. las asociaciones de consumidores y usuarios, a quienes define diciendo que son asociaciones de consumidores y usuarios las organizaciones sin ánimo lucro que, constituidas conforme a lo previsto en la legislación sobre asociaciones y reuniendo los requisitos específicos exigidos en esta norma y sus normas de desarrollo y, en su caso, en la legislación autonómica que les resulte de aplicación, tengan como finalidad la defensa de los derechos e intereses legítimos de los consumidores, incluyendo su información, formación y educación, bien sea con carácter general, bien en relación con bienes o servicios determinados.
También son asociaciones de consumidores y usuarios, sigue diciendo la Ley las entidades constituidas por consumidores con arreglo a la legislación de cooperativas, que respeten los requisitos básicos exigidos en esta norma y entre cuyos fines figure, necesariamente, la educación y formación de sus socios, y estén obligadas a constituir un fondo con tal objeto, según su legislación específica.
La antigua Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, tras la reforma operada por la Ley 44/2006 de 29 de diciembre, indicaba que "Son asociaciones de consumidores y usuarios las organizaciones sin ánimo lucro que, constituidas conforme a lo previsto en la legislación sobre asociaciones, y reuniendo los requisitos específicos exigidos en esta Ley y sus normas de desarrollo y, en su caso, en la legislación autonómica que les resulte de aplicación, tengan como finalidad la defensa de los derechos e intereses legítimos de los consumidores, incluyendo su información, formación y educación, bien sea con carácter general, bien en relación con productos o servicios determinados. También son asociaciones de consumidores y usuarios las entidades constituidas por consumidores con arreglo a la legislación de cooperativas, que respeten los requisitos básicos exigidos en esta Ley y entre cuyos fines figure, necesariamente, la educación y formación de sus socios, y estén obligadas a constituir un fondo con tal objeto, según su legislación específica". La regulación y definición de las asociaciones es muy similar. Y se les confiere solo a ellas legitimidad para actuar en nombre y representación de los intereses generales de consumidores y usuarios. Estas asociaciones de Consumidores y Usuarios que sean de ámbito estatal, deberán figurar inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios que se gestiona en el Instituto Nacional del Consumo. Y tales asociaciones tienen derecho a ser declaradas de utilidad pública, a recibir ayudas y subvenciones públicas; tienen derecho como asociación, a representar a sus asociados y a ejercer las correspondientes acciones en defensa de los derechos de los mismos, de los derechos de la asociación, o en defensa de los intereses generales, colectivo, difusos de los consumidores y usuarios. Tienen igualmente derecho a la asistencia jurídica gratuita, de conformidad con los previsto y regulado en la Ley reguladora del Derecho a la asistencia jurídica gratuita de 10 de enero de 1996, y por último, tienen derecho a integrarse en la forma reglamentariamente determinada, en el Consejo de Consumidores y Usuarios. Las asociaciones, además, pueden integrarse en uniones, federaciones o confederaciones que tengan fines idénticos y cumplan los requisitos legalmente exigidos.
• Se consideran consumidores y usuarios aquellos que adquieren como destinatarios finales productos o servicios ajenos a su actividad profesional o comercial.
• La LGDCU tiene por objeto establecer un régimen jurídico de protección de los consumidores y usuarios en el ámbito de las competencias del Estado.
• La LGDCU regula derechos básicos de los consumidores, como la protección de sus intereses legítimos frente a prácticas desleales.
• Además, se reconoce la protección de los derechos de los usuarios mediante procedimientos eficaces.
• Las asociaciones de consumidores y usuarios son organizaciones sin ánimo de lucro constituidas para defender los derechos intereses legítimos de éstos.

References: artículo 2
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 5
 Real Decreto 
 artículo 8
 artículo 6
 Real Decreto