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Timestamp: 2015-11-26 20:38:23+00:00

Document:
Politicas publica sy_afrodescendientesenelperu
Políticas públicas y afrodescendientes en el Perú
Cecilia Reynoso Rendón
Gustavo Oré Aguilar
Mónica Carrillo Zegarra
2010, 78 pp
Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo de Fondo de Acción Urgente, IWHC y AJWS.
Av. Bolívar Nº 138 “A”, Pueblo Libre, Lima, Perú
Teléfono: (51-1) 628 – 3764
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Editor: LUNDU Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos
Autores: Cecilia Reynoso Rendón, Gustavo Oré Aguilar y Mónica Carrillo Zegarra
Coordinación General: Gloria Castro Álvarez
Corrección de estilo: Raúl Behr Vargas
Diseño de Carátula: Joan Jiménez Suero
Diseño y Diagramación: Henry Gutiérrez Rendón
R&F Publicaciones y Servicios S.A.C
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Impreso en el Perú, noviembre 2010
Primera edición: noviembre 2010
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2010-15456
Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sin previa autorización escrita
de los autores y el editor.
PRÓLOGO	9
INTRODUCCIÓN	13
POLÍTICAS PÚBLICAS, INCLUSIÓN SOCIAL, GÉNERO Y AFRODESCENDIENTES
II.1 Afrodescendiente y negro 16
II.2 Pueblo o comunidad 17
II.3 Mujeres afroperuanas	19
II.4 Pobreza y exclusión	23
II.5 Acción afirmativa 25
II.6 Contextos regionales 27
MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL 29
III.1 La protección de derechos de los pueblos afrodescendientes
III.2 La discriminación racial y su desarrollo normativo
III.3 Declaraciones de los Estados 34
MARCO NORMATIVO NACIONAL 37
IV.1 Normas básicas 39
IV.2 Normas de protección en ámbitos específicos
IV.3 Otras normas pertinentes 47
IV.4 Ordenanzas contra la discriminación 49
POLÍTICAS PÚBLICAS Y PLANES NACIONALES
V.1 Plan Nacional de Derechos Humanos 2006 – 2010
V.2 Plan de Igualdad de Oportunidades 2006 – 2010
V.3 Plan Nacional de Restitución de la Identidad
V.4 Medios de comunicación 62
V.5 Instituciones	63
CONCLUSIONES	69
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	73
Se ha dicho, de muchos modos, durante muchos años, que el Perú es un país de todas las sangres. Algunas veces,
como expresión de un deseo; otras, como un hecho evidente de la realidad; otras, como un problema.
Para José María Arguedas, era el horizonte de una identidad que pudiera ayudarnos a superar nuestras fracturas y
desencuentros, nuestros múltiples desarraigos como blancos, mistis, indios, cholos, negros; una larga subdivisión de
colores, estatus, relaciones y sentimientos.
Para muchos de los fundadores de nuestro Estado republicano, esta heterogeneidad étnica era percibida como una
traba para alcanzar el ideal del progreso y la modernidad, entendidas casi literalmente como un bien occidental,
europeo y blanco. Allí tenemos los debates en el Parlamento, los esfuerzos por tener políticas de inmigración blanca
que compitieran con la oferta de países como Argentina, Uruguay o Brasil, y que civilizaran el Perú por la vía más
directa y simple: la de importar gente.
Nuestra república ha incluido el racismo como una de sus instituciones más sólidas. Al mismo tiempo que reivindicaba un credo igualitario, la sociedad peruana reproducía prácticas profundamente desiguales. No hay consenso,
entre nuestros investigadores, respecto del origen de este racismo contemporáneo. Algunos lo explican como una
herencia colonial: la supervivencia de un orden mental que naturalizó e institucionalizó las diferencias. Otros lo consideran un producto moderno, que, paradójicamente, nació con la idea ilustrada de la igualdad, como un contrario
que permitió justificar un orden jerarquizado, cuando ya no funcionaban los argumentos del antiguo régimen, con
sus diferencias basadas en ciertas ‘naturalezas’. Pasar de las morfologías a la pseudobiología y luego, al poder del
prejuicio y el símbolo rotulador.
El racismo ha sido una de las taras que ha minado nuestras posibilidades como colectivo. Porque ha sido eficaz, pues,
al dividir y subdividir, favoreció el abuso de poderosos de facto, de caudillos, mandones, notables y autoridades. Porque debilitó las posibilidades de solidaridad entre los subordinados de todos los colores y culturas. Porque contribuyó
a impedir que las instituciones públicas fueran democráticas. Porque aportó a demostrar que reglas reales del abuso
de poder se sobreponían a la Constitución y las leyes. Es la historia de nuestros siglos XIX y XX.
No hay democracia real si hay gente que no llega a ser ciudadana. Y, si siendo ciudadanos, los hay de varias clases,
cada cual más modesta, en recursos, atribuciones y ‘color’ (de “color modesto”, dice el habla popular, al referirse a
los afroperuanos). En pleno siglo XXI, una inmensa cantidad de peruanos considera prescindible la democracia. Así lo
muestran encuestas serias, como el Latinobarómetro. Y estos peruanos no lo hacen por ignorancia. Todo lo contrario:
lo hacen por experiencia y conocimiento. La democracia que han aprendido ha sido excluyente y agresiva. Ha sido
una democracia sin ventajas.
El racismo no necesita de razas para funcionar: solo requiere de racistas; es decir, de violencia para fabricar un ‘otro’
degradado. Y también de un orden e ideología que le dé sentido a este tipo de relación. El racismo no necesita de
sistemas coloniales, dictaduras o democracias para florecer. Solo necesita que el vínculo entre los seres humanos esté
mediado por una norma cultural, que establezca rótulos, delimite roles y organice la diferencia.
En esta “república sin ciudadanos” -al decir de Alberto Flores Galindo-, o “de ciudadanos de segunda”, al decir de
Carlos Iván Degregori, los afroperuanos han sido fantasmas sin república.
El Estado Peruano no ha sido capaz, en casi dos siglos de existencia, de crecer para ser no un ente represor del cual
defenderse, sino una red institucional que garantice las libertades y los derechos de su población. El Pueblo Afroperuano no está. No está en los libros de texto, no está en la historia, no está en la memoria, no está en los símbolos
de orgullo nacional o regional, no está en la administración, no está siquiera en los registros, en las estadísticas. Ha
sido, sobre todo, un vacío.
El Pueblo Afroperuano es lo que, actualmente, se denomina una minoría étnica o cultural. También es un grupo en
situación de mayor vulnerabilidad. Pero, sobre todo, es una interrogante.
¿Cuántos son? ¿Cómo se identifican? ¿Aumentan, disminuyen? ¿Qué necesidades y oportunidades los enmarcan?
¿Cuánto aumentan o disminuyen sus problemas? ¿Cómo se perfilan sus fortalezas? ¿Qué prioridades definen sus
comunidades? ¿Cuál es su relación con este Estado lejano? ¿Cuáles son las aspiraciones de sus jóvenes? ¿Cuáles los
obstáculos al plan de vida de sus mujeres? ¿Qué enfermedades los afligen? ¿Qué patrimonio, qué recursos, qué?
¿Los niños afroperuanos viven o sufren su infancia?
Es deber del Estado garantizar el disfrute efectivo de los derechos de su población. Debe hacerlo a través de políticas
públicas concretas. Estas deben diseñarse no solo de modo profesional, sino participativo. No se trata de promulgar
medidas aisladas: se trata de articular planes y programas, y dotarlos de herramientas de gestión, para que sean evaluados por sus resultados y no por sus declaraciones.
Como demuestra este valioso estudio de LUNDU, estamos ante el déficit principal del Estado Peruano en relación
con el Pueblo Afroperuano. No existe tal política pública. No existe, siquiera, una norma específica para sancionar el
racismo. No existen metodologías, censos ni sistemas de gestión de la información sectorial, demográfica, social o de
otra índole, que incorpore variables de identificación étnica.
En el periodo colonial, y en la temprana república, miles de esclavos y negros libertos sufrieron traslados en condiciones brutales, sevicia, cepos, mutilaciones, explotación desmedida, enfermedades y muertes, tanto en las haciendas
como en las grandes obras públicas, el servicio doméstico o el Ejército, por ejemplo. El racismo mata.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación mostró que una de las causas del conflicto armado interno, que sufrió el
país en las décadas pasadas, fue el racismo. La subvaloración hizo que aplicar la violencia extrema fuera más sencillo:
que se quebraran menos resistencias mentales al momento de someter a tratos crueles a otros seres humanos. Alrededor de 70 mil personas murieron bajo esta lógica. Otras 15 mil desaparecieron. Cientos de miles, quizá, sufrieron
torturas y otras tantas debieron desplazarse forzosamente. El racismo mata.
Los años pasan, pero una sociedad que tiene entre sus ejes de organización implícitos el racismo, sigue siendo letal.
Mucha de la normatividad dada en los últimos años en el país, vinculada a la discriminación -sobre todo, las ordenanzas de gobiernos locales y regionales-, enfatizan la injuria racista o la protección del ciudadano frente a situaciones
administrativas, como sujeto consumidor. Las instituciones creadas para impulsar y supervisar iniciativas en su favor,
como el INDEPA, lo hacen de modo general, incluyendo, entre sus atribuciones, velar por los derechos de los pueblos
indígenas, campesinos y amazónicos, además del afroperuano.
Las acciones afirmativas, en favor del Pueblo Afroperuano específicamente, son escasas: su focalización es poco precisa y su impacto es débil. El resultado son altos niveles de desnutrición, mortalidad materna, retraso educativo.
El racismo mata de muchas formas. Termina con planes de vida. Termina con las esperanzas.
El enfoque de derechos no es aplicado o no es entendido al momento de definir políticas públicas. No se trata de
acumular citas de normas internacionales, o de emplear las herramientas jurídicas solamente como fetiches. Se trata
de una herramienta clave en la gestión pública moderna, de un principio ético por el cual los Estados deben garantizar el respeto efectivo de los derechos humanos, a través de las políticas públicas. Y esto significa: definir con claridad
el titular del derecho, definir el garante del derecho, definir el modo concreto de garantizarlo (la institucionalidad y
los procedimientos), definir el modo de participar del titular del derecho, definir el modo de hacer transparente la
gestión, rendir cuentas, exigir cumplimientos, evaluar resultados, y evaluar los efectos e impactos diferenciados de la
implementación de dichas políticas, etc. No son palabras: es gestión.
Este trabajo de LUNDU, que tiene, como uno de sus principales objetivos, la identificación de las acciones afirmativas
y políticas públicas dirigidas a la población afrodescendiente, es un aporte básico en este llamado urgente al Estado.
Llevamos ya doscientos años de mirar sin ver: es momento de erradicar las causas que colocan al Pueblo Afroperuano
en condiciones de sufrir múltiples desventajas -no solo de sufrir el racismo directo-. Es momento de asumir los errores
y omisiones del pasado y, si cabe, pedir perdón y avanzar hacia acciones reparadoras. Es momento de convocar a la
sociedad civil nacional y, sobre todo, al Pueblo Afroperuano para construir un mejor Estado para todos. Es un buen
momento para que las políticas públicas se diseñen, se implementen, se critiquen, se mejoren y se vuelvan a implementar. Es momento para que el movimiento de derechos humanos del Perú haga suya esta agenda y, al incluirla,
renueve y enriquezca su propia mirada. Es momento de romper este aislamiento del movimiento afroperuano de
otros movimientos reivindicativos de derechos.
El Perú es un país de muchas promesas y posibilidades. Y, como señalamos al inicio de esta presentación, ha sido y
es un país de todas las sangres. Tenemos fe en que este potencial no será más regado en rojas páginas de violencia.
Y que el pasado de dolor no será más la norma. Aspiremos a que la compleja y, al mismo tiempo, sencilla metáfora
del cholo Arguedas sea un estándar motivador para todos nosotros. No para perdernos en un sueño que homogeniza
bajo un mestizaje que camufla y oculta, sino bajo un mestizaje que reinventa los colores, los relaciona y los potencia
en sus reflejos y diferencias.
El reto de realizar un diagnóstico sobre la situación que atraviesa el Pueblo Afroperuano debe asumirse con empeño
y esperanza, aún con las enormes dificultades que este esfuerzo implica.
Entre los objetivos del presente estudio, resulta preponderante la identificación de las acciones afirmativas y políticas
públicas dirigidas a la población afrodescendiente, repercutiendo en su alcance e impacto.
La falta de información sistematizada y útil es una de las principales dificultades de esta tarea. Ciertamente, toda investigación enfrenta obstáculos; sin embargo, en el caso de los (as) afrodescendientes de nuestro país, la información
es, en unos casos, exigua; en otros, aún incipiente.
Pese a las avanzadas metodologías que existen para acopiar información, todavía no se cuenta con datos precisos
sobre el número y las condiciones de vida del Pueblo Afroperuano; esto representa una primera prueba tangible de
su exclusión e invisibilidad histórica, siendo más grave aún la situación de las mujeres y las niñas.
Esta desinformación estadística influye sustancialmente en la ausencia de políticas públicas y espacios de participación para el Pueblo Afroperuano, lo que dificulta su acceso a oportunidades de desarrollo y al cumplimiento de sus
derechos fundamentales; consecuentemente, acentúa su pobreza y marginación. La investigación y el conocimiento
son claves para enfrentar este problema: tal es la contribución que este documento pretende realizar.
Además de llenar este vacío, los siguientes capítulos plantean análisis y propuestas sobre la relación establecida entre
el Estado y el Pueblo Afroperuano, entendiendo que esta debe regirse por los compromisos jurídicos internacionales
que el Perú ha firmado. En esa línea, este trabajo evalúa las decisiones o políticas públicas que se han llevado a cabo
en los últimos diez años.
La perspectiva de género es uno de los aspectos que esta investigación subraya: es palpable que las principales decisiones del Estado que han involucrado a este sector de la sociedad -en sus tres niveles: nacional, regional y local-,
han obviado la situación de las mujeres y niñas afroperuanas.
La invisibilidad y la exclusión de los (as) afrodescendientes en el Perú han sido enfocadas, generalmente, desde la
discriminación étnico-racial, entendiéndola como un trato desigual, constante y cotidiano. Sin soslayar este enfoque,
este trabajo propone estudiar las causas, efectos y consideraciones histórico-culturales que las originan. Ello permitirá
ampliar el análisis y reorientar las perspectivas sobre el problema.
Confiamos en que esta contribución de LUNDU - Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos fomente el debate y
la construcción de una estadística mucho más fiable sobre la situación del Pueblo Afroperuano. Conforme se sumen
más iniciativas, adquirirán visibilidad aquellos (as) que, por tantos siglos, han sido aislados (as) por una sociedad que
necesita desprenderse de sus fronteras mentales para no repetir las injusticias del pasado.
II. POLÍTICAS PÚBLICAS, INCLUSIÓN SOCIAL,
GÉNERO Y AFRODESCENDIENTES
Resulta pertinente iniciar este capítulo con una revisión conceptual de las políticas públicas, concibiéndolas como categoría de análisis amplio, no solo como leyes, planes o estrategias; constituyen, más bien, un conjunto de decisiones
elaboradas desde el Estado y que pueden expresarse en una serie de normas e instituciones.
Para Oszlak y O’Donnell, las políticas públicas expresan una visión del Estado “en acción”, desagregado y descongelado como estructura global, y “puesto” en un proceso en el que se entrelazan, de forma compleja, con otras fuerzas
sociales: ello permite estudiar el proceso social tejido alrededor del surgimiento, tratamiento y resolución de cuestiones ante las que el Estado y otros actores adoptan políticas1.
La excelencia se manifiesta en los cursos de acción y flujos de información vinculados con un objetivo político -definido en forma democrática-, desarrollados por el sector público, y apoyados, frecuentemente, por la participación de
la comunidad y del ámbito privado. Una política pública de calidad incluye orientaciones o contenidos, instrumentos
o mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales, así como la previsión de sus resultados2.
Dentro de esta dinámica estatal, las políticas públicas evidencian cómo se desarrolla la disputa entre diversos actores
en la distribución de poder y reglas de juego3.
El enfoque de derechos en las políticas públicas y la actuación de la sociedad civil organizada
Para el análisis de las políticas, sobre todo de aquellas vinculadas al ejercicio de derechos fundamentales, debe indagarse, en primer lugar, si fueron o no planteadas desde un enfoque de derechos. Así se sabrá si estas se centraron
en la persona antes que en cualquier otro elemento, teniendo las decisiones adoptadas la prioridad de garantizar el
Oszlak y O’ Donnell 1984: 112.
Lahera 2004: 8.
Acuña y Repetto 2001: 15.
En el Perú, uno de los íconos históricos, a partir del cual se diseñó un conjunto de políticas públicas para erradicar el
racismo y atender a las colectividades discriminadas, fue el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que constituyó el primer documento que reconoció el racismo existente en el país y que lo calificó como
fuente del cruento conflicto que se vivió en los años ochenta y noventa:
“La CVR ha constatado que la tragedia que sufrieron las poblaciones del Perú rural, andino
y selvático, quechua y asháninka, campesino, pobre y poco educado, no fue sentida ni asumida como propia por el resto del país; ello delata, a juicio de la CVR, el velado racismo y
las actitudes de desprecio subsistentes en la sociedad peruana a casi dos siglos de nacida la
República” (Novena Conclusión del Informe Final de la CVR 2003).
II.1 Afrodescendiente y negro
El término afrodescendiente es reciente, pues comenzó a utilizarse, de forma sistemática, luego de la Conferencia
Mundial contra el Racismo, llevada a cabo en 20014. Aunque los incorpora, en la práctica trasciende los conceptos
de ‘negro’ o ‘afroamericano’.
El calificativo ‘negro’ ha sido históricamente empleado como referente de identidad racial y cultural; sin embargo,
también se ha utilizado para discriminar y excluir a las personas por el origen étnico afro, asociado al color de piel y a
un origen cultural: el término, en muchas ocasiones, se emplea de forma peyorativa o con una carga despectiva. Sin
duda, esto responde a una postura racista, que sostiene la superioridad de un grupo humano respecto a otro.
De otro lado, el término ‘afroamericano’ fue criticado por la confusión que generaba con los ‘afronorteamericanos’;
es decir, por ‘afroamericano’ se podía aludir, de forma exclusiva, a los (as) afrodescendientes de los Estados Unidos,
y no a los de América Latina.
El término ‘afrodescendiente’, por ende, se ha perfilado como el más aceptable entre las organizaciones que investigan este tema, ya que “implica el reconocimiento de una ancestralidad africana, es decir, ser hijos e hijas de una
diáspora africana ocasionada por el trafico esclavista”5.
4	“El término afrodescendiente fue propuesto inicialmente por la brasileña Sueli Carneiro en el Taller sobre Etnicidad e Identidad en el 4to Congreso
Luso – Afrobrasileño de Ciencias Sociales, dictado en el Instituto de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Río de Janeiro (1-5 septiembre, 1996). El término afrodescendiente fue retomado en la III Conferencia Regional de las Américas en Santiago de Chile, en 2000, y legitimado
en la Conferencia Mundial Contra el Racismo y la Discriminación de Durban, en Sudáfrica 2001”. En: Verástegui 2009.
5	Carrillo Zegarra 2009.
Aún así, su uso también ha generado algunas críticas: la principal sostiene que este término negaría “las identidades
nacionales y diversidad de herencias en nuestros países latinoamericanos de ‘todas las sangres’”6. Es importante señalar que, además de aludir a los orígenes africanos, el término ‘afrodescendiente’, propuesto como una categoría
política, implica el reconocimiento de raíces africanas, así como la razón por la cual las antiguas generaciones abandonaron África, en el contexto del tráfico esclavista, que ya ha sido considerado como crimen de lesa humanidad7;
por ello, el reconocimiento de este hecho activa automáticamente el derecho a la reparación para los (as) afrodescendientes.
En el Perú, así como en otros países de América Latina, no existe consenso sobre qué término usar: ‘negro’ o ‘afrodescendiente’. Sin embargo la definición afro, añadida a la identidad nacional, es la denominación que los Estados
han estandarizado: afroperuano, afrocolombiano, afroecuatoriano, etc.
II.2 Pueblo o comunidad
La definición de ‘pueblo’ o ‘comunidad’ es clave en el diseño y análisis de las políticas públicas; no obstante, aún no
existe consenso sobre este tema. Algunos señalan que los (as) afrodescendientes no constituyen un pueblo, pues no
cumplirían con todos los elementos que esta categoría exige: una cultura propia, un territorio y un proyecto histórico. Ciertos autores añaden que los pueblos preceden a la creación del Estado, caso que no sería aplicable a los (as)
afroperuanos (as).
Sin embargo, esta posición, que niega el estatus de ‘pueblo’ a los (as) afroperuanos (as), no es la única ni la mayoritaria. Hay quienes sostienen que sí conforman una comunidad desde los tiempos coloniales, aunque en la actualidad
se encuentre desintegrada8. En Colombia, en cambio, la población afrodescendiente sí cuenta con el estatus jurídico
de ‘comunidad’, otorgándosele, incluso, derecho sobre determinados territorios9; específicamente, sobre aquellos en
donde estos grupos han estado tradicionalmente asentados.
Uno de los problemas más graves que enfrentan los (as) afroperuanos (as) es el débil reconocimiento de sus derechos
como pueblo por parte del Estado, así como la notoria ausencia de políticas públicas, específicas y concretas, que
luchen contra el racismo y la discriminación en el país10.
6	Carrillo Zegarra 2009.
7	Numeral 14 de la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas
Conexas de Intolerancia.
8	Esta es la posición del antropólogo Humberto Rodríguez Pastor, citada en: Verástegui 2009.
9	Este surge del reconocimiento del derecho a reparación que tienen los pueblos afrodescendientes.
10	Antón Sánchez 2010: 105.
Opiniones más recientes afirman que la condición jurídica de ‘pueblo’ o ‘comunidad’ no debe circunscribirse al
territorio, pues este no sería el criterio más relevante para definir a una comunidad étnica. Por el contrario, la clave
estaría en la cultura: compartirla sería el elemento esencial para definir a una comunidad como tal.
En nuestro país, tienen estatus de ‘comunidad’ los pueblos indígenas (denominados ‘campesinos’), mas no el Pueblo
Afroperuano. El artículo 89 de la Constitución Política del Perú otorga a las comunidades campesinas existencia legal
y las considera personas jurídicas, les reconoce un nivel de autonomía, les otorga propiedad sobre sus tierras y establece el respeto a su identidad cultural; han sido definidas como:
“(…) organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integrados por familias que
habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales,
expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático
y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y
del país” (Artículo 2 de la Ley 24656).
El Código Civil también menciona a las comunidades campesinas:
“Las comunidades campesinas y nativas son organizaciones tradicionales y estables de interés público, constituidas
por personas naturales y cuyos fines se orientan al mejor aprovechamiento de su patrimonio, para beneficio
general y equitativo de los comuneros, promoviendo su desarrollo integral” (Artículo 134 del Código Civil).
En la definición de ‘comunidad’ que admite la legislación peruana, el elemento territorial es primordial: a partir de
este, se delimita una comunidad y, por ende, se le otorga el correspondiente estatus jurídico. Cabe preguntarse si,
en el caso de algunas comunidades de campesinos afrodescendientes, podría aplicarse esta definición, pues su comportamiento territorial sería similar al de algunos pueblos indígenas; por lo tanto, el cumplimiento de esta exigencia
sería equivalente.
El informe que, en 2009, presentó el Estado Peruano al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD),
de la Organización de Naciones Unidas (ONU), es un testimonio de esta situación, pues expresa lo siguiente:
“En cuanto a la población afroperuana, de manera específica, en la actualidad no es posible establecer grupos
étnicos diferenciados; sin embargo, retrocediendo en el tiempo, se pueden reconocer algunos de los grupos
étnicos africanos que llegaron al Perú y que dieron origen a la actual población afrodescendiente, destacando
los lucumíes, terranovos, mandingas, misangos, congos y caravelíes, entre otros”11.
11	Informe presentado por el Estado Peruano, de conformidad con el artículo 9 de La Convención (2009): Decimonovenos informes periódicos de los
Estados partes, presentado por el gobierno peruano el 30 de enero de 2009. Parágrafo 60.
“Es de suponerse que, del total de la población afrodescendiente en la actualidad, aún
conservan rasgos, estilos y formas de vidas provenientes de los grupos mencionados.
Lamentablemente, el contenido de las lenguas, considerado para distinguir las etnias existentes,
no es aplicable para los afrodescendientes en el entendido que, producto del proceso de
transculturación, perdieron su lengua madre, quedando algunos términos mezclados con el
castellano, determinando, en cierta parte, una lengua híbrida”. (Informe presentado por el
Estado Peruano al CERD 2009.
Como se aprecia, no existe una postura homogénea sobre el estatus de ‘pueblo’ o ‘comunidad’ de los (as) afrodescendientes. Sin embargo, al margen de la definición de nuestra legislación, es viable considerar que, en el Perú, un
pueblo se constituye al compartir una misma cultura; incluso, la variable territorial también puede aplicarse al Pueblo
Afroperuano, que se encuentra establecido en zonas específicas de la costa (tal como en Colombia, donde numerosos afrocolombianos están asentados en las costas ribereñas del pacífico).
En este documento utilizaremos la categoría de Pueblo Afroperuano: esta no solo implica la autodenominación que
realizan los movimientos sociales; también cuenta con reconocimiento estatal, que suele emplear esta categoría en
sus resoluciones e instancias. Aparece en documentos como el Decreto Supremo del Perdón Histórico al Pueblo
Afroperuano; también es utilizada por entidades como el Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA), y la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos (CONAPA).
II.3 Mujeres afroperuanas
Si bien el marco presentado revela el bajo porcentaje de políticas públicas orientadas al Pueblo Afroperuano, estas
tampoco incluyen una dimensión de género que permita mejorar las condiciones de vida de las afrodescendientes,
superando la pobreza, el racismo y el sexismo. Aunque se observan ciertos avances en torno a los derechos de las
mujeres, el impacto de estos no se expresa aún entre las afroperuanas. No existen suficientes fuentes de información
que documenten la presencia y la envergadura de sus problemas y necesidades. Anótese, además, que las políticas
públicas no son propuestas desde la interculturalidad y la dimensión étnica.
La débil participación de las mujeres en los procesos comunitarios y nacionales de desarrollo se relaciona con los
pocos espacios para la participación política y representación en las comunidades. Esto limita la colocación de una
agenda política de mujeres afroperuanas en el debate público. La Plataforma de Mujeres Afroperuanas es un proceso
impulsado por LUNDU, en articulación con diversas organizaciones afroperuanas, y ha tenido como resultado la elaboración de un primer documento que resalta aspectos prioritarios para las mujeres afro; entre ellos se destacan los
siguientes: derechos sexuales, derechos reproductivos, educación, salud, empleo y protección de derechos. Señala
María Ysabel Cedano en una entrevista:
“Nuestro país es profundamente racista, y la peor forma de racismo es aquella que se da desde el interior de las relaciones familiares, allí se destruyen las primeras oportunidades de que las personas formen un valor propio, un cariño
por su cuerpo, una conciencia por su belleza, y si el medio en el que se desarrolla la persona refuerza esta situación
porque se mezcla con el hecho de que la persona sea mujer o pobre, es aún más duro”12.
Sin duda, el racismo y su vinculación a las variables de clase y género agravan la exclusión de las afroperuanas. El poco
acceso a la educación, al mercado laboral y a espacios de desarrollo técnico es consecuencia de este fenómeno.
El trabajo de las mujeres afroperuanas suele ser precario: el racismo las condiciona a escenarios laborales de servicio.
Existen convocatorias en las que son explícitamente solicitadas para tareas estereotipadas, como el servicio doméstico
o la atención en restaurantes. De otro lado, también influye el acoso sexual en las relaciones laborales, sobre el cual
la normatividad existente no ha impactado de forma positiva.
Una situación similar se da con las mujeres andinas, que padecen diversas formas de discriminación, como apunta
Cedano, “debido al tipo de organización económica que tenemos y a la construcción social que hemos generado a
partir de un sistema familiar patriarcal. Las mujeres que son pobres e indígenas sufren una triple discriminación, por
ser mujeres, pobres e indígenas”13.
Los patrones de discriminación racial, étnica y de género, documentados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, continúan menoscabando los derechos de miles de personas en el Perú. Hasta que no se tomen medidas
para erradicar las graves desigualdades y discriminación persistentes, el Estado seguirá incumpliendo sus obligaciones
internacionales de proteger y promover los Derechos Humanos -civiles, políticos, económicos, sociales y culturalesde todas las personas, indistintamente de su raza o etnia, género, o condición socioeconómica14.
Las relaciones violentas y racistas ocasionan mayores contextos de vulneración. El racismo endógeno origina, a su
vez, una pobre capacidad de negociación en el uso del condón: muchas mujeres asumen como obligación, favor o
deber el relacionarse sexualmente con personas no afrodescendientes, en el camino hacia el tristemente mentado
‘“mejoramiento de la raza” (que implica una supuesta prosperidad de las condiciones de vida). Tal circunstancia
recalca los grandes vacíos étnico-raciales en la elaboración de políticas públicas para las mujeres afroperuanas.
12	Entrevista realizada por Gustavo Oré Aguilar a María Ysabel Cedano en Lima, en el año 2008.
13	Ídem.
14	Amnistía Internacional 2007.
El poco acceso a la salud de las mujeres afroperuanas es un problema prioritario: no se toman en cuenta acciones
preventivas frente a las enfermedades predominantes, como el mioma, la diabetes tipo II y la hipertensión.
Hace más de una década, este aspecto ya era considerado al momento de diseñar políticas de salud. Así, resulta
pertinente recordar la conferencia Eliminating Racial and Ethnic Disparities in Health: a Chartbook, organizada por
Grantmakers in Health (GIH) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS), cuando
el entonces presidente Bill Clinton reafirmó que en la población estadounidense subsistían disparidades raciales y
étnicas en ciertas áreas de la salud, como la mortalidad infantil, el VIH/SIDA, el cáncer, la diabetes, las enfermedades
del corazón y la inmunización15.
En el Perú, deben anotarse las desigualdades en la distribución de las instalaciones, bienes y servicios de salud, que
continúan beneficiando a los sectores ya privilegiados, de mayores recursos y con mayor influencia política. La discriminación económica, cultural y racial, que persiste en el sistema de salud, dificulta, a juicio de Amnistía Internacional, el acceso a la salud de las personas en poblaciones excluidas o marginadas16.
Los temas prioritarios, identificados por organizaciones de la Red de Afrodescendientes de la Región Andina, han
sido los siguientes17:
15	Torres 2002: 10.
16	Amnistía Internacional 2007.
17	Temas Principales del Pueblo Afro Descendiente de la Región Andina: Resultados de Encuentros Regionales Afro Andinos, desarrollados por la Comunidad Andina durante 2008 y 2009.
Las mujeres afrobolivianas
sufren de una triple discriminación. Primero, por ser
mujeres, después por ser
afrodescendientes y, finalmente, por ser pobres y
tener poca oportunidad de
Las mujeres afrocolombianas,
además de la discriminación de
género y racial enfrentan otro
problema: la discriminación
por el desplazamiento.
Un alto porcentaje de mujeres afroecuatorianas son
jefas de hogar o un soporte trascendental para
las familias; por ello, no
logran concluir su educación.
La mujer afroperuana es
víctima tanto de racismo
como de sexismo.
“Hay una mirada a la mujer
negra como objeto sexual”.
Durante largo tiempo, en
Bolivia existía la noción
de que las mujeres afro no
eran capaces de razonar y
solo tenían que casarse. Tener una empleada afrodescendiente era símbolo de
estatus. Rompiendo con la
sociedad machista, se dieron cambios y se está avanzando en la construcción
de otra imagen de la mujer
Las afrocolombianas viven, en
promedio, 11 años menos que las
demás mujeres y entre los hombres, la diferencia es de 5 años.
Las artes, la enfermería, la docencia y el deporte son las únicas esferas con mayor posibilidad de desarrollo. Gran parte
trabaja en el sector informal.
Las mujeres afrocolombianas
enfrentan la violencia doméstica y otras formas de violencia
que se presentan en el país. Estos problemas no son abordados ni han sido tratados en su
verdadera dimensión.
La exclusión se refleja
también en el poco acceso a buenos empleos o a
la representación política.
Sus aportes no son valorados. Existen muchas situaciones de acoso sexual
y una victimización relacionada a su generalizada
El panorama se ha agravado como consecuencia
de diez años de aplicación de una política que
poco apoya a las organizaciones sociales de base
y que centralizó los lineamientos de las políticas
sociales en instancias alejadas de los intereses de
los beneficiarios/as.
Existe la necesidad de
promover la organización
desde las propias mujeres
afroperuanas, así como la
identificación de sus problemas principales; por
ejemplo, en el ejercicio
de sus derechos sexuales
Así pues, las condiciones de salud de las mujeres andinas, amazónicas y afroperuanas son frágiles en comparación
a las que tienen mayor capacidad económica. Particularmente, la población rural está más expuesta a una atención
deficiente en salud; sumando a ello otros problemas interrelacionados, como la falta de instrucción, el analfabetismo y la pobre sanidad del entorno en el que se desenvuelven, estas personas son más proclives a las enfermedades18.
En el caso afroperuano no se registran experiencias en salud desde una perspectiva étnico-racial afro. En el caso
indígena, pese al panorama desalentador, no pueden obviarse algunos aspectos positivos. Existen iniciativas del
Ministerio de Salud (MINSA) para respetar algunas costumbres ancestrales, como el denominado ‘parto vertical’,
tradicional entre las mujeres indígenas, andinas y amazónicas. Así, el Estado ha destinado recursos humanos, infraestructura y equipamiento para poder atender a estas mujeres, las más pobres y discriminadas del Perú:
“Entendiendo que el Perú es un país pluriétnico y multicultural, se ha elaborado la Norma
Técnica para la Atención de Parto Vertical con Adecuación Intercultural, con el objetivo de
ofrecer un instrumento que contribuya a brindar una atención efectiva, de calidad y respetuosa de la cultura de las mujeres, en particular andinas y amazónicas, la misma que se complementa con las Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva,
aprobadas con Resolución Ministerial Nº 668 -2004/MINSA” (Quinto Considerando de la
Resolución Ministerial Nº 195-2005/MINSA).
II.4 Pobreza y exclusión
La pobreza suele conectarse con otros conceptos, como desigualdad, distribución, exclusión, vulnerabilidad y marginalidad; estos, al mismo tiempo, guardan estrecha relación con las políticas públicas a ser planteadas. En este sentido,
Martín Hopenhayn propone un cuadro que vincula estos conceptos y propone las políticas públicas que, en cada
caso, deberían formularse:
18	Según una obstetra de Huánuco, citada por Amnistía Internacional, ”a las mujeres en zonas rurales, analfabetas o con nivel de instrucción bajo, con
educación primaria, es difícil llegar (...) no hay suficiente personal que hable sus lenguas (indígenas) (...) se les grita (...) se les dice que están sucias,
que no se bañan (...)”. En: Amnistía Internacional 2007.
Conceptos, dimensiones y propuestas de políticas relacionadas con la pobreza19
Contexto geográfico y ecológico.
Marginalidad económica, laboral y
Ampliación de servicios urbanos.
Organización de la población marginal.
Incorporación al mercado laboral.
Inseguridad y riesgos frente a la crisis.
Incapacidad de respuesta.
Inhabilidad adaptativa.
Grupos objetivos y sus activos.
Apoyo focalizado para
fortalecer los ingresos.
Promover nuevas fuentes de
ingresos o subsidios.
Fortalecimiento de redes de protección
individuales, familiares o sociales.
Dotación de recursos desiguales
Reglas y normas de distribución de los
Redistribución de recursos.
Políticas sociales y económicas
redistributivas.
Políticas de discriminación positiva.
Quiebre de vínculos sociales, comunitarios e individuales con el sistema.
Énfasis en los procesos y su
Dimensión relacional.
Creación de condiciones para una
ciudadanía ampliada y para el pleno
Políticas sociales integrales.
Políticas de participación e integración.
Acceso a servicios institucionales.
Una política pública inclusiva debería incentivar acciones en todos los niveles, pues la marginalidad, vulnerabilidad
y desigualdad son opuestas a la inclusión. El Pueblo Afroperuano está contenido en este cuadro de pobreza y exclusión, por lo que debería contar con espacios para proponer el diseño e implementación de las políticas públicas que
le atañen.
De otro lado, la Defensoría del Pueblo señala que “el Perú es un país que se caracteriza por una enorme desigualdad
social. Más de la mitad de la población es pobre, y más de la tercera parte se encuentra en situación de extrema
pobreza. Por otra parte, históricamente se han originado desigualdades no solo económicas y sociales, sino también
raciales y culturales, las cuales contribuyen a crear desencuentros entre distintos sectores de la sociedad”20.
19	Hopenhayn 2009.
20	Defensoría del Pueblo 2007: 21
II.5 Acción afirmativa21
Para comprender la verdadera dimensión de la acción afirmativa, es necesario aproximarse a los derechos y principios de igualdad y no-discriminación. Estos derechos, históricamente asociados a la Ilustración y la Revolución Francesa, se fundamentan en la idea de igualdad. Esta noción constituye, por sí misma, una abstracción; sin embargo, al
invocarlas en las relaciones sociales, especialmente desde la esfera jurídica, se concreta en normas. Por lo tanto, su
cumplimiento puede exigirse como un derecho.
El derecho a la igualdad se compone de un plano formal y de otro material. La jurisprudencia constitucional ha tratado este aspecto:
“El derecho de igualdad, a su vez, tiene dos dimensiones: formal y material. En su dimensión formal,
impone una exigencia al legislador para que este no realice diferencias injustificadas; pero también a
la administración pública y aun a los órganos de la jurisdicción, en el sentido de que la ley no puede
aplicarse en forma desigual frente a supuestos semejantes (igualdad en la aplicación de la ley).
En su dimensión material, el derecho a la igualdad supone no solo una exigencia negativa -es decir, la abstención
de tratos discriminatorios- del Estado, sino también positiva, iniciándose al reconocer que es insuficiente limitarse a
prohibir la discriminación y que es imperativo equiparar situaciones que, per se, sean desiguales.
Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, pues, no se traduce en el derecho a ser objeto del
mismo trato, con independencia del contexto o las circunstancias en las que un sujeto se desenvuelva:
es imprescindible un tratamiento diferenciado cuando dos sujetos no se encuentran en una situación
equiparable. Por ende, lo complejo es determinar qué tratos diferenciados son constitucionalmente
admisibles, factor que debe analizarse en cada caso concreto, conforme al test de razonabilidad y
proporcionalidad” (Sentencia recaída sobre el Expediente 606-2004-AA/TC).
Dicho esto, se deben comentar algunas ideas sobre las acciones afirmativas o de diferenciación positiva. En principio,
constituyen un instrumento esencial de los Estados para cumplir con sus obligaciones. Se entiende que estas acciones
podrían generar una mayor inversión en recursos, pero la obligación de cautelar el derecho humano a la igualdad
ante la Ley es superior, por lo que estos esfuerzos están justificados.
21	Oré Aguilar 2010.
«Debe tenerse en consideración que el Estado, en algunas oportunidades, promueve el trato
diferenciado de un determinado grupo social, otorgándole ventajas, incentivos o, en general, tratamientos más favorables. Esto es lo que, en doctrina constitucional, se conoce como
´discriminación positiva o acción positiva’ -affirmative action-. La finalidad de esta acción
afirmativa no es otra que compensar jurídicamente a grupos marginados económica, social
o culturalmente; persigue, pues, que dichos grupos puedan superar la inferioridad real en la
que se encuentran con acciones concretas del Estado” (Sentencia recaída en el Expediente
N.º 0048-2004-PI/TC).
La promoción de estas acciones se encuentra reconocida también en una sentencia del Tribunal Constitucional del
Perú, que establece que, aparte de la obligación estatal de evitar actos discriminatorios, existe una obligación positiva,
dirigida a equiparar situaciones desiguales22.
Por su parte, revisando la jurisprudencia internacional, la Corte Constitucional de Colombia interpreta esta obligación del Estado en el mismo sentido que el Tribunal Constitucional del Perú; sintoniza, por lo tanto, con los tratados
internacionales. Sobre este punto, sentencia que “las acciones afirmativas, incluyendo las de discriminación inversa,
están, pues, expresamente autorizadas por la Constitución y, por ende, las autoridades pueden apelar a la raza, al
sexo o a otra categoría sospechosa, no para marginar a ciertas personas o grupos ni para perpetuar desigualdades,
sino para aminorar el efecto nocivo de las prácticas sociales que han ubicado a esas mismas personas o grupos en
posiciones desfavorables [...]”23.
De otro lado, el artículo 4 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) permite
aclarar estos conceptos24. Debe tenerse en cuenta que el mismo texto constitucional dispone, en su cuarta disposición
final y transitoria, que “las normas relativas a los derechos y libertades que la Constitución reconoce se interpretan de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre
las mismas materias ratificadas por el Perú”. En consecuencia, nuestro país cuenta con la CEDAW y otros tratados
internacionales que le permiten adoptar estas medidas para garantizar la igualdad.
22	Sentencia N° 0606-2004-AA/TC, foja 11.
23	Sentencia C-371 de 2000.
24	“Artículo 4º.
3. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, de carácter temporal, encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la
mujer, no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero, de ningún modo, entrañará como consecuencia el
mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y
de trato.
4. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad,
no se considerará discriminatoria”.
La doctrina del Derecho también se ha pronunciado al respecto. El profesor Eduardo Cifuentes Muñoz opina que
“dado que, históricamente, los factores de discriminación enunciados se han empleado contra vastos sectores de la
población, y que no es suficiente su prohibición para que desaparezcan automáticamente hábitos y prácticas que
explican su postración o debilidad socioeconómica y política, se impone, en muchas ocasiones, que las autoridades
utilicen criterios con el objeto de dar un tratamiento o brindar una oportunidad vital a personas o grupos tradicionalmente colocados en condiciones de inferioridad respecto de los demás, con el objeto de propender a su nivelación.
Estas acciones que emprende el Estado, denominadas de ‘discriminación favorable’ o ‘acciones de diferenciación
positiva’, comportan un trato desigual favorable que, por estar dirigido a este fin, no vulnera el principio de igualdad.
Su filosofía se fundamenta en la igualdad material”.25
Por su parte, Robert Alexy sostiene que “la demarcación de las esferas de sujetos jurídicos iguales, como así también
la imponibilidad e imposición de esta demarcación, es una de las tareas clásicas del orden jurídico. A ella apunta la
famosa formulación de Kant: ‘El derecho es, pues, el concepto propiamente dicho de las condiciones bajo las cuales
es posible conciliar la arbitrariedad del uno con la arbitrariedad del otro, de acuerdo con una ley universal de la libertad’. Los derechos a protección son, pues, derechos constitucionales para que el Estado organice y maneje el orden
jurídico de una determinada manera, por lo que respecta a la relación reciproca de sujetos jurídicos iguales”.26
II.6 Contextos regionales
Si bien no existe información censal del Pueblo Afroperuano, se sabe que sus integrantes se ubican a lo largo de la
costa, albergando Lima la mayor cantidad de población. La Región Ica y la Región Callao son consideradas, después
de la capital, las zonas más concentradas.
Según el rango del 1 al 5 que manejan los mapas de pobreza27, donde el 1 corresponde al más pobre y el 5 al menos
pobre, tres distritos afroperuanos de Ica, aparecen acompañados de los siguientes dígitos:
El Carmen	2
El Ingenio	3
El Centro de Desarrollo Étnico (CEDET) realizó una encuesta en la que se preguntó a los (as) pobladores (as) sobre sus
condiciones de pobreza; es decir, una valoración socioeconómica en función de su contexto y expectativas. Obtuvo
como conclusión que “la región Ica nos muestra en su apreciación que los afroperuanos son mayoritariamente pobres.
25	Cifuentes Muñoz 1997: 22.
26	Alexy 1997: 436.
27 Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo (FONCODES) 2006.
A pesar de que, en el mapa de pobreza, El Carmen aparece en el nivel 2, menor al nivel 3 de la región, en las comunidades como San José de los Molinos, que el mapa de pobreza considera como 3, las carencias (incrementadas ahora
por los efectos del sismo del 15 de septiembre de 2007) podrían ubicarlas como 1). (…) Es así que el 61,2% piensa que
los afroperuanos pertenecen al estrato más pobre. Es importante volver a destacar que en Ica la población afroperuana mayoritariamente no posee actividades productivas: en la agricultura son mano de obra para las actividades
(peonaje) y la mayoría de estas actividades son de carácter temporal estacionario”. (CEDET 2008: 119).
En cuanto a la salud, según la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud (MINSA), Ica ocupa el
quinto lugar, después de Lima, Callao, Loreto y Arequipa, en casos de VIH-SIDA. De 2001 a 2009 se notificaron 444
casos de SIDA y 687 casos de VIH. Hasta septiembre de 2010, se han reportado 17 casos de SIDA y 20 de VIH.
III. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL
Es indispensable partir del marco normativo internacional, pues en este se inscriben las decisiones que adopta el Estado en materia de protección de los derechos de los (as) afrodescendientes. Además, según la Constitución Peruana,
los tratados internacionales forman parte de la legislación interna del país, por lo que deben integrarse a cualquier
política social de inclusión, en caso de que existiera.
Los tratados internacionales pueden provenir del Sistema Interamericano o del Sistema Internacional de Derechos
Humanos. El primero no cuenta con un tratado específico sobre pueblos afrodescendientes; sin embargo, los instrumentos generales sobre Derechos Humanos, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo del Salvador y la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
consagran los derechos a la igualdad ante la ley y el principio de no-discriminación por motivo de raza.
En el Sistema Internacional, en cambio, sí existen especificaciones, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por el Perú el 29 de septiembre de 1971. En su artículo 2, inciso c), señala que “cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales
nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como
consecuencia crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya exista”.
Este artículo está conectado con las políticas públicas contra la discriminación y puede ser utilizado en esa dirección:
al haberlo ratificado, el Estado está obligado a implementarlas.
Ningún acuerdo internacional hace referencia explícita sobre la población afrodescendiente; sí lo hace, por el contrario, sobre los pueblos indígenas. Esto indica que, en legislación y normativa, a nivel internacional se produce el
mismo fenómeno que en el ámbito interno; es decir, la legislación que implica a afrodescendientes se fundamenta,
principalmente, en la discriminación racial, no abordándose otros temas que requerirían tratarse de una forma más
concreta, como la educación intercultural, la salud étnica, entre otros:
Los únicos instrumentos internacionales específicos en relación a los afrodescendientes se
produjeron a raíz de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Xenofobia, la Discriminación Racial, y las Formas Conexas de Intolerancia, que se llevó a cabo en Durban, en
El Estado Peruano asumió los compromisos de Durban en el año 2000, durante su participación en la Conferencia de
Santiago, preparatoria de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Xenofobia, la Discriminación Racial y las Formas Conexas de Intolerancia, que se realizó en Sudáfrica al año siguiente. Estos compromisos quedaron expresados
en la Declaración de Santiago y en el Plan de Acción para las Américas.
La Conferencia de Durban también legó una Declaración y un Plan de Acción; este último cuenta con un acápite,
dentro del punto II, referido concretamente a los africanos y afrodescendientes. Comprende desde el punto 4 hasta
el 14 y constituye un instrumento valioso, pues distingue los principales problemas, instando a los Estados a tomar
una serie de medidas para enfrentarlos.
2011, Año Internacional de Personas con Descendencia Africana
En el ámbito internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en su 64va Sesión, aprobó declarar
al año 2011 como Año Internacional de las Personas con Descendencia Africana, con el objetivo de fortalecer las
medidas nacionales y la cooperación regional e internacional en beneficio de los (as) afrodescendientes en tres niveles: el goce pleno de sus derechos  económicos, culturales, sociales, civiles y políticos, su participación e inclusión
en todas las esferas de la sociedad, y la promoción de un mayor respeto y conocimiento de su diversidad, herencia
La Asamblea General encomendó al Secretario General a presentar un informe que esbozara un programa de actividades para el año 2011, teniendo en cuenta las opiniones y recomendaciones de los Estados Miembros, del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, del Grupo de Trabajo de Expertos  sobre los Afrodescendientes y del Consejo de Derechos Humanos,
III.2 La discriminación racial y su desarrollo normativo28
Entre los tratados más relevantes para la protección contra la discriminación racial y/o de identidad étnica, pueden
resaltarse los siguientes:
Aprobada en 1971, mediante Decreto Ley Nº 18969, entró en vigencia para el Perú desde el 29 de octubre de ese
Este documento condena toda exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de origen étnico, instando a los
Estados a declarar estas conductas, así como la difusión de ideas de odio y superioridad racial, como actos punibles
dentro de sus legislaciones. Además, instituye dos organismos: el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y la Comisión Especial de Conciliación; el primero formula recomendaciones generales, mientras que el segundo
plantea la solución amistosa de los conflictos.
La Convención implica el compromiso estatal de decretar medidas específicas que prohíban y eliminen la discriminación racial. Asimismo, impone a los Estados la tarea de garantizar el derecho de todas las personas, sin distinción de
raza, a la igualdad ante la ley y al goce de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales:
“En otras palabras, incluso el racismo inconsciente, o los actos realizados sin intención de discriminar,
pero que tienen consecuencias racistas, constituyen discriminación y están, por tanto, prohibidos por
la Convención” (Amnistía Internacional 2001:21).
No solo protege los actos de discriminación cometidos por el Estado, sino también los realizados por ciudadanos (as)
particulares. Los Estados se comprometen, de acuerdo al artículo 5(b), a garantizar, sin discriminación basada en la
raza, el auxilio ante todo acto de violencia cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo o
Reconociendo el poder de la propaganda del odio, establece medidas complementarias para enfrentarla. En esta
disposición, que se traza como una limitación justificada a la libertad de expresión, la Convención exige a los Estados
a condenar a cualquier organización que fundamente o divulgue ideas de superioridad racial o étnica, o que intente
justificar o promover el odio y la discriminación por estos motivos.
28 Oré Aguilar 2008.
En esa dirección, exige que los países erradiquen toda incitación o acto de discriminación racial: obliga que se establezcan penas para la difusión de estas ideas y para la incitación a la violencia contra determinados grupos étnicos,
entre otros delitos de similar índole.
La Convención reclama también que los Estados brinden a sus ciudadanos (as) recursos efectivos contra los actos de
discriminación racial, así como establezcan una reparación adecuada por los daños que estos causen, incluyendo
tanto las lesiones físicas como las vejaciones y humillaciones psicológicas.
Garantiza, además, que estos derechos se apliquen no solo a los (as) ciudadanos (as) de los Estados que han ratificado
el tratado, sino a toda persona que se encuentre dentro de sus territorios. La no-discriminación, proclamada por este
tratado, está conectada con el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de
todas las ciudadanas y ciudadanos.
Esta Convención consta de 19 artículos y fue aprobada, mediante Resolución Legislativa Nº 16277, en 1966. Entró
en vigor en el Perú el 19 de marzo del año siguiente.
Al aprobarla, nuestro país se comprometió, entre otras obligaciones, a crear y sostener sistemas o establecimientos
separados, por motivos de índole religiosa o lingüística, que proporcionen una enseñanza conforme a los deseos de
los padres o tutores legales de los (as) alumnos (as). Además, se allanó a abandonar todas las prácticas y derogar todas
las disposiciones legislativas y administrativas discriminatorias en la esfera educativa.
Convención Internacional sobre la Represión y Castigo del Crimen del Apartheid
Fue aprobada por Decreto Ley Nº 22280 en 1978 y está vigente en el Perú desde el 1 de diciembre de dicho año.
Esta Convención considera como crímenes de lesa humanidad a los actos inhumanos de dominación de un grupo
racial, en los que se vean afectadas las minorías étnicas. Los organismos garantes son los tribunales del Perú -los mismos que ejercen jurisdicción sobre la persona- o cualquier tribunal internacional.
Los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): Los Convenios 100 y 111
Estos constituyen dos instrumentos jurídicos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que sostienen, a
modo de columnas, el ordenamiento internacional de legislaciones contra todo tipo de discriminación laboral.
El Convenio 100 -relativo a la igualdad en la remuneración entre la mano de obra masculina y femenina por un trabajo de igual valor- y el Convenio 111 -sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación- fueron suscritos
en 1951 y 1958, respectivamente. Su objetivo es promover la igualdad y eliminar la discriminación en el mercado
laboral: ambos figuran entre los convenios de la OIT con mayor número de ratificaciones.
En 1960, el Perú ratificó el Convenio 100, mediante Resolución Legislativa N° 13284; en 1970 lo hizo con el Convenio 111, mediante Resolución Legislativa N° 17687.
El Convenio 100 postula que los hombres y las mujeres tienen derecho a recibir igual remuneración por la prestación de un trabajo de igual valor; es decir, al momento de fijar las tasas de remuneración, no debe existir ninguna
discriminación de sexo, excluyendo las diferencias derivadas de una evaluación del desempeño laboral. Aunque este
Convenio no versa específicamente sobre la discriminación racial, resulta importante por el desarrollo del derecho a
la igualdad que expone en sus artículos.
Por su parte, el Convenio 111, en sintonía con el principio de igualdad de oportunidades y de trato, establece una
definición sobre la discriminación en el empleo y ocupación, excluyendo aquella que se fundamente en las calificaciones exigidas para un trabajo determinado. Adicionalmente, reconoce la posibilidad de que los Estados instauren
políticas que otorguen beneficios especiales a determinadas personas, basándose en razones ‘discriminatorias’, siempre y cuando se trate de grupos tradicionalmente relegados que requieran de una protección especial; es decir, lo
que se conoce como acciones afirmativas o discriminación inversa.
Cabe mencionar que el Convenio 111 no se circunscribe solo a los (as) empleados (as), sino también a otros grupos
laborales, como los (las) trabajadores (as) independientes y los (as) no-remunerados (as), que, sin duda, también se
enfrentan a situaciones discriminatorias.
Junto a los instrumentos mencionados, se encuentran los otros tratados de Derechos Humanos suscritos por el Perú
y que regulan, de forma general, estos principios.
Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes
Fue aprobado mediante la Resolución Legislativa Nº 26253 de 1993. Entró en vigor para el Perú el 2 de febrero de 1995.
En virtud de este Convenio, nuestro país asume la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos
interesados, una acción coordinada y sistemática para proteger sus derechos y garantizar el respeto a su integridad.
La acción estatal debe implicar medidas que aseguren a los miembros de dichos pueblos el goce igualitario de los
derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población, resaltando la
III.3 Declaraciones de los Estados
Adoptada en 1963, fue el primer instrumento de la ONU dedicado a la discriminación racial.
En su preámbulo establece que toda doctrina de diferenciación o superioridad racial es científicamente falsa, moralmente cond enable, socialmente injusta y peligrosa, y que nada permite justificar la discriminación por esta causa, ni
en la teoría ni en la práctica. Dos años después del nacimiento de esta Declaración, la Asamblea General aprobó
y abrió a la firma y a la ratificación la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial, el instrumento jurídico más importante en el Derecho Internacional sobre este tema, junto a la Declaración
de Durban.
Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Sociales de 1978
Esta Declaración proclama el derecho que todos los individuos y grupos tienen a ser diferentes, sin que este, en
ningún caso, pueda servir de pretexto a los prejuicios raciales ni legitimar, de hecho o derecho, cualquier práctica
Asimismo, postula que la identidad de origen no afecta, en modo alguno, a la facultad que tienen los seres humanos
de vivir de forma diferente, de acuerdo a su cultura, medio ambiente e historia. Así, toda teoría que invoque una superioridad o inferioridad intrínseca de grupos raciales o étnicos, que incite a unos el derecho de dominar o eliminar a
los demás - presuntos inferiores-, o que emita juicios de valor basados en una diferencia racial, carece de fundamento
científico y es contraria a los principios morales y éticos de la humanidad.
Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas,
Religiosas y Lingüísticas de 1992
Esta Declaración estipula la obligación de las naciones de proteger la existencia y la identidad nacional o étnica,
cultural, religiosa y lingüística de las minorías que coexisten en sus respectivos territorios, así como fomentar las condiciones y medidas para promover dicha identidad.
Además, resalta el derecho que tienen los integrantes de estas minorías a disfrutar de su propia cultura, a profesar y
practicar su religión, y a utilizar su idioma, en privado y en público, libremente, y sin injerencia ni discriminación de
Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia de 2001 (Declaración de Durban)
La Declaración de Durban es, sin lugar a dudas, el documento más importante que se ha elaborado en los últimos
años para la lucha contra el racismo, en general, y contra la discriminación por motivo racial o de identidad étnica, en
particular. En sus 219 apartados, la Declaración realiza un diagnóstico sobre el racismo en el mundo, al tiempo que
formula ciertas precisiones conceptuales. En sus acápites comprende los orígenes, causas, formas y manifestaciones
contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia.
Se ocupa también de las víctimas y las medidas de prevención, educación y protección destinadas a erradicar el
racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en los ámbitos nacional, regional
e internacional. Defiende la implantación de recursos y medidas eficaces de reparación, resarcimiento e indemnización, junto a la implementación de estrategias para alcanzar una igualdad plena y efectiva, que abarquen a la cooperación internacional y al fortalecimiento de las Naciones Unidas en el combate contra este flagelo social. En una
segunda parte, sugiere un programa de acción.
Entre sus principales invocaciones, consagra que esta lucha debe constituir un asunto prioritario para la comunidad
Enfatiza la idea de que todos los pueblos e individuos constituyen una única familia humana, rica en su diversidad,
que ha contribuido al progreso de las civilizaciones y de las culturas, y que representa el patrimonio común de
todos. Se hace hincapié en que la preservación y el fomento de la tolerancia, así como el pluralismo y el respeto de
la diversidad, conducirán a la humanidad hacia sociedades más abiertas, tolerantes y pacíficas.
Reconoce el valor, la diversidad cultural y el patrimonio de los pueblos indígenas, cuya singular contribución al desarrollo y al pluralismo, así como su plena participación en todos los aspectos de la sociedad -en particular, en temas
que les conciernen-, son fundamentales para la estabilidad política y para el desarrollo de los Estados en los que
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007
De reciente aprobación, este Declaración sistematiza, de modo trascendental, los derechos de los pueblos indígenas,
dotándolos de un conjunto articulado de prerrogativas tendientes al respeto de sus derechos humanos sin discriminación.
Refiere también, entre otros aspectos, el derecho que asiste a estos pueblos a la libre determinación, tanto para decidir su condición política, como su desarrollo económico, social y cultural. Esta prerrogativa contempla el derecho
al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios
para financiar sus funciones autónomas.
Contiene un acápite interesante sobre la posesión de las tierras, señalando que los pueblos indígenas tienen derecho
a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido.
Concluyendo, debe anotarse que esta última Declaración, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, conlleva efectos prácticos similares a los de los tratados, pues “aunque técnicamente carecen del carácter
jurídicamente vinculante de los tratados, tienen la fuerza de persuasión que les confiere haber sido negociadas por
los Estados y adoptadas por órganos como la Asamblea General de la ONU y reafirman principios que, en virtud del
derecho internacional consuetudinario, se consideran jurídicamente vinculantes para todos los Estados”29.
Amnistía Internacional 2001: 13.
IV. MARCO NORMATIVO NACIONAL30
La pobreza, la discriminación y el poco acceso a servicios públicos son los principales problemas que enfrenta el
Pueblo Afroperuano, los cuales devienen de una raíz estructural: la exclusión:
“Perú presenta escasos logros institucionales en materia de reconocimiento y garantía
de los derechos humanos de los afroperuanos y en la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Si bien es uno de los países de América Latina con mayor diversidad
étnica y cultural, donde habitan más de 70 pueblos indígenas de 52 familias lingüísticas
diferentes y un importante porcentaje de afroperuanos, el Estado Peruano no cuenta con información cuantitativa actualizada sobre afrodescendientes” (Antón Sánchez
2010: 105).
Al coincidir en que la exclusión del Pueblo Afroperuano ha sido consecuencia de la esclavitud, basada en el racismo, corresponde analizar si el Estado ha formulado e implementado políticas públicas para reducir los niveles de la
misma. Es necesario indagar si existe una perspectiva de género y de atención específica a las mujeres afroperuanas,
explorando las carencias y las posibilidades.
Para que constituyan una política pública, estas medidas estatales deben haber articulado sus decisiones a un objetivo: la inclusión del Pueblo Afroperuano. Por ello, analizaremos aquellas que hayan expresando esta voluntad. Estas
decisiones, vale recalcarse, no son solo normativas, sino también institucionales; tampoco parten únicamente del
gobierno central, pues provienen también de los gobiernos regionales y locales.
30	Oré Aguilar 2008.
El pedido de perdón histórico: ¿Solo un gesto?
En noviembre de 2009, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) publicó la Resolución Suprema Nº
10-2009-MIMDES, que expresa una solicitud de perdón histórico al Pueblo Afroperuano por los abusos y exclusiones
que sufrió desde la época colonial, así como un reconocimiento a su participación en la afirmación de la identidad
La exposición de motivos -es decir, el porqué de esta norma- se sostiene en la defensa de la persona humana y el
respeto de su dignidad como el fin supremo de la sociedad y del Estado; condena el racismo y la discriminación
racial, reconociendo que, desde el periodo colonial, el Pueblo Afroperuano ha sido víctima de múltiples formas de
abuso, sin haber sido sus integrantes reparados en su condición humana.
También hace hincapié en que el Perú es un país pluricultural, multirracial, multiétnico y plurilingüe, heredado de un
proceso histórico que debe asumirse como una ventaja social y cultural; sin embargo, el Estado reconoce y lamenta
que aún existan rezagos de estos tipos de agresión, los cuales, además, representan una barrera para el desarrollo
social, económico, laboral y educativo del país, en general, y del Pueblo Afroperuano, en particular.
Concluye enfatizando que la motivación de la norma es reivindicar al Pueblo Afroperuano y conducir al país hacia la
igualdad y el respeto por su diversidad.
En cuanto a las disposiciones, la norma expresa, a nombre del Estado Peruano, un “Perdón Histórico al Pueblo Afroperuano por los abusos, exclusión y discriminación cometidos en su agravio desde la Colonia hasta la actualidad”.
Este acto de desagravio se llevó a cabo en una ceremonia pública.
Otro punto importante de la norma es que dispone que el MIMDES, en coordinación con los sectores competentes,
dicte políticas públicas específicas para el desarrollo del Pueblo Afroperuano.
En el contexto americano, Perú es el segundo país, después de los Estados Unidos, que ha pedido un perdón oficial
a su comunidad afrodescendiente, siendo el primero de habla castellana en dar este paso histórico, que reivindica
una identidad negada por siglos31.
Otro gesto destacable fue la Ley Nº 28761, en homenaje al natalicio del decimista Nicomedes Santa Cruz Gamarra,
que reconoce el aporte de los (as) afroperuanos (as) a la riqueza económica, cultural y artística, así como a la identidad nacional: el Congreso de la República decretó el Día Nacional de la Cultura Afroperuana mediante la Ley Nº
28761, promulgada por el Poder Ejecutivo el 19 de junio de 2006.
31	Alarcón 2009.
IV.1 Normas básicas
El derecho a la no-discriminación está establecido en el artículo 2, inciso 2), de la Constitución Peruana, cuando
señala que “toda persona tiene derecho (…) a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de
origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”.
También se menciona a la raza en el artículo 37, referido a la extradición, cuando se afirma que “la extradición solo
se concede por el Poder Ejecutivo, previo informe de la Corte Suprema, en cumplimiento de la ley y de los tratados,
y según el principio de reciprocidad. No se concede extradición si se considera que ha sido solicitada con el fin de
perseguir o castigar por motivo de religión, nacionalidad, opinión o raza”. Como se observa, este artículo aborda la
persecución que puede darse de un Estado a una persona por su condición racial.
Lo que subyace a ambos artículos es el reconocimiento de que la raza ha sido un motivo común de discriminación
y de persecución.
En opinión de la Defensoría del Pueblo, el derecho a la no-discriminación, tal como se encuentra previsto en la redacción constitucional, “protege preponderantemente un aspecto esencial de la dignidad humana. En virtud de ello,
no resulta admisible crear diferencias basadas en criterios prohibidos que restrinjan la igualdad de oportunidades,
derechos y libertades”32.
La discriminación por motivos raciales y/o de identidad étnica se encuentra prohibida en nuestra Constitución y los
tratados internacionales. Para hacer efectivo tal mandato, y asegurar su vigencia, la legislación nacional ha tipificado
a este acto como un delito:
La importancia del derecho a la no-discriminación, así como la vigencia que han ido
cobrando las ideas en torno a la gravedad de los actos discriminatorios que afectan la
esencia misma del ser humano, han conducido a que las conductas discriminatorias
sean consideradas como punibles por nuestro sistema penal.
32	Defensoría del Pueblo 2007: 55.
La Ley Nº 27270, Ley contra Actos de Discriminación, publicada el 29 de mayo de 2000, fue la primera en proclamar a la discriminación como un tipo penal en nuestro ordenamiento jurídico. Posteriormente surgió la Ley Nº
28867, del 9 de agosto del 2006: de acuerdo con esta última norma, el delito de discriminación se tipifica en los
siguientes términos en el artículo 323 del vigente Código Penal: “El que, por sí o mediante terceros, discrimina a
una o más personas o grupo de personas, o incita o promueve en forma pública actos discriminatorios, por motivo
racial, religioso, sexual, de factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión política o de cualquier índole, o condición económica, con el objeto de anular o menoscabar
el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona, será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de dos años, ni mayor de tres o con prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte
jornadas”.
Se establecen dos agravantes de la pena: si el agente fuese un funcionario o servidor público y si la discriminación
se materializara en actos de violencia física o mental. Para ambos casos, la pena es no menor de dos ni mayor
de cuatro años, procediendo también la inhabilitación, conforme al inciso 2) del artículo 36 del Código Penal.
El bien jurídico que se protege es un aspecto concreto de la igualdad. El establecimiento del tipo penal la salvaguarda
en un sentido concreto, para que las personas “no sean tratadas de manera desigual ni se les restrinja sus derechos
en función de determinadas características innatas, como la racial, sexual, identidad étnica, idioma, etc., o de las
posiciones asumidas voluntariamente en la sociedad, como la religión, opinión, etc.”33.
El delito de discriminación se entiende como doloso; es decir, intencional. El dolo exige que el agente tenga conocimiento y voluntad de ejecutar los actos que configuran tal delito.
Además del dolo o intención, en estos casos se requiere de un elemento subjetivo adicional: que la conducta dolosa
del sujeto tenga la finalidad de “anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona”. Probablemente este elemento contribuya a que la prueba del delito se torne más compleja; sin embargo, la
especificación ayuda a que esta figura no sea confundida con otras formas de maltrato. Actualmente, en el Perú no
existe jurisprudencia al respecto, pues los primeros casos aún se encuentran en curso.
Brasil es uno de los paradigmas en la penalización del racismo, pues lo considera un crimen34: la Ley 7716, que
establecía una serie de conductas penalmente punibles -por ser resultantes de un prejuicio de raza-, se ha ido modificando para incorporar más supuestos y variar los castigos. Otro delito considerado en su ordenamiento jurídico es
la injuria calificada; es decir, el delito de injuria agravado por connotaciones raciales.
Defensoría del Pueblo 2007: 82.
Artículo 5, numeral XLII de la Constitución Federal de Brasil.
Ley contra Actos de Discriminación
La ley primigenia fue la Nº 26772, que fue modificada por la Ley Nº 27270, en el año 2000. Este último dispositivo
legal establece parámetros sobre la oferta de empleo y el acceso a centros de formación educativa, señalando, en
su artículo 1, que estos “no podrán contener requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración de la
igualdad de oportunidades o de trato”.
En su artículo 2 define, además, a la discriminación como la anulación o alteración de la igualdad de oportunidades
o de trato en los requerimientos de personal, al igual que en los requisitos para acceder a centros de educación, formación técnica y profesional, cuando estas conductas impliquen una diferenciación basada en razones de raza, sexo,
religión, opinión, origen social, condición económica, estado civil, edad o de índole similar.
Finalmente, en su artículo 3 establece sanciones para las personas naturales o jurídicas que, en el ejercicio de su
actividad –o a través de sus funcionarios o dependientes-, incurran en este tipo de conductas discriminatorias. Las
sanciones son impuestas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y, cuando se relacionen con el
acceso a centros de formación educativa, por el Ministerio de Educación (MINEDU) pueden ir desde una multa no
mayor de 3 Unidades Impositivas Tributarias hasta el cierre temporal del local -que no excederá de un año-.
Esta ley se encuentra reglamentada por el Decreto Supremo Nº 002-98-TR, que especifica a quiénes puede ser aplicable, comprendiendo a los (as) empleadores (as) contratantes, a los medios de formación educativa, así como a las
agencias de empleo y otras que sirvan de intermediarias en las ofertas laborales (artículo 1). En su artículo 2 estipula
la responsabilidad de los medios de comunicación masiva, que difundan ofertas de empleo y de acceso a centros
educativos, de proporcionar a la Autoridad Administrativa de Trabajo la información necesaria y las facilidades para
la investigación de actos discriminatorios.
Además, el Reglamento establece que constituyen una práctica discriminatoria las preferencias subjetivas de los (as)
clientes, o la exclusión de un (a) postulante en función de su pertenencia a un grupo, gremio o asociación, dejando
expedito el derecho del discriminado (a) de reclamar una indemnización por los daños sufridos en la vía civil, mediante un proceso de conocimiento (artículo 4).
La Ley Nº 27815 de 2002, así como su reglamento35, obligan a todo servidor (a) público (a) a adecuar su conducta
al respeto de la Constitución y las leyes cuando desempeñe actividades o funciones a nombre del Estado en las entidades públicas. Este Código, asimismo, señala como deberes de un funcionario (a) el desarrollo de sus actividades a
cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública (Artículos 6.1 y 6.6).
35	Aprobado por Decreto Supremo N.º 033-2005-PCM el 19 de abril de 2005.
El derecho a la no-discriminación se encuentra contemplado en la Constitución y en diversas normas legales, por lo
que su observancia y respeto constituyen obligaciones fundamentales de todo servidor (a) público (a). En tal dirección, un funcionario (a) que cometa un acto de discriminación vulnera no solo la Constitución, sino las disposiciones
de este Código, y puede ser sancionado con una amonestación o, incluso, con su destitución o despido.
Luego de haber revisado el marco genérico de nuestra legislación contra la discriminación –en específico, de tipo
racial o de identidad étnica-, resulta pertinente reseñar algunas prohibiciones en otras normas que sancionan estas
conductas; principalmente, en la legislación que concierne al consumo, la educación y el trabajo.
En el ámbito del consumo
En su artículo 65, la Constitución reconoce los derechos de los (as) consumidores (as) y usuarios (as), destacando el
rol estatal en su defensa.
El Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 716, Ley de Protección al Consumidor, aprobado por Decreto
Supremo Nº 039-2000-ITINCI, ha sido modificado mediante la Ley Nº 27049 del año 1999.
Señala que los (as) consumidores (as) tienen derecho a la protección de sus intereses económicos y a un trato equitativo y justo en toda transacción comercial. Por lo tanto, enfatiza que no pueden ser discriminados (as) por motivos de
raza, sexo, nivel socioeconómico, idioma, discapacidad, ideas políticas y creencias religiosas o de cualquier índole,
en la adquisición de productos y prestación de servicios.
La Ley Nº 27049 añade el artículo 7B al Decreto Legislativo Nº 716, prohibiendo la discriminación a quienes soliciten
productos o servicios que los proveedores o empresarios ofrezcan en locales abiertos al público. Están impedidos
de realizar una selección de clientela o prácticas similares, a menos de que medien razones de seguridad del establecimiento, la tranquilidad de sus clientes u otras causas objetivas y justificadas: por ejemplo, si tales personas se
encuentran bajo efectos de alguna droga o portan un arma de fuego.
Al consumidor (a) afectado (a) –o a su representante en el proceso- le corresponde probar la existencia de un trato
desigual. Si el (la) proveedor (a) demuestra la existencia de una causa objetiva y justificada para tal exclusión, el (la)
denunciante debe acreditar que aquella es un pretexto o una simulación para incurrir en prácticas discriminatorias.
Corresponde al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI) investigar, de oficio y a petición de parte, los casos de discriminación en el consumo, aplicando las san42
ciones respectivas si se verifica que los (as) proveedores (as) han incurrido en prácticas lesivas a la integridad moral
de los (as) consumidores (as).
De otro lado, respecto a la actividad publicitaria, se destaca la reciente entrada en vigencia de la Ley de Represión
de la Competencia Desleal, Decreto Legislativo 1044, que busca eliminar la difusión de mensajes que inciten actos
de discriminación, resguardando el rol educativo de la publicidad comercial.
En el ámbito de la infancia
El artículo 13 de la Constitución garantiza el derecho a la educación, con la finalidad de contribuir al desarrollo integral de la persona humana, y reconoce el deber y derecho de los padres de educar a sus hijos (as) en los centros de
instrucción que elijan. El artículo 16 del Código Político señala, asimismo, que el Estado debe asegurar que nadie se
vea impedido de recibir una educación adecuada por razón de su situación económica o de sus limitaciones mentales o físicas.
El Código de los Niños y Adolescentes, aprobado mediante Ley Nº 27337 en agosto de 2000, establece, en el artículo
V de su título preliminar, que su aplicación abarca a toda la niñez y adolescencia del territorio peruano, sin ninguna
distinción por raza, color, idioma, religión, opinión política, nacionalidad, origen social, posición económica, etnia,
entre otras condiciones que le sean propias, tanto a ellos como a sus padres o responsables legales.
Como se aprecia, la redacción incluye el término ’color’, que es inadecuado, pues centra la discriminación en cuestiones pigmentarias, desconociendo los aspectos culturales que determinan las relaciones raciales.
El Código también subraya el respeto de “(…) la propia identidad cultural, al idioma, a los valores nacionales y los
valores de los pueblos y culturas distintas de las propias”: este punto atañe también a los contenidos que debe tener
la educación y que el Estado está obligado a garantizar; sin embargo, no se hace una mención concreta al pueblo
De otro lado, el artículo 14 establece que los (as) niños (as) y adolescentes tienen el derecho a educarse y que el Estado asegura la gratuidad pública de la enseñanza para quienes tengan limitaciones económicas. En tanto, el artículo
15 garantiza la preparación de la niñez para una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de solidaridad,
comprensión, paz, tolerancia, igualdad entre los sexos y amistad entre los pueblos y grupos étnicos.
La Ley Nº 28044, Ley General de Educación, señala en su artículo 8 que la educación tiene a la persona como
receptor y agente fundamental del proceso educativo y que se sustenta, entre otros, en los principios de equidad
e inclusión; es decir, garantiza iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en un sistema pedagógico de
calidad, incorporando a las personas con discapacidad y a los grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables,
especialmente en el ámbito rural, sin distinción de identidad étnica, religión, sexo u otra causa de discriminación; de
este modo, contribuye a la disminución de la pobreza y las desigualdades.
Además, consagra el principio de la interculturalidad en la educación, pues enriquece la diversidad cultural, étnica
y lingüística del país, legitimando y respetando las diferencias; en esa línea, el mutuo conocimiento y la actitud de
aprendizaje derivan en una convivencia armónica y en el intercambio entre las diversas culturas del mundo.
La Ley detalla que la educación bilingüe intercultural debe ofrecerse en todo el sistema, estableciendo ciertos parámetros de cumplimiento para el Estado:
	Garantía del aprendizaje en la lengua materna de los (as) alumnos (as) y del castellano como segunda lengua,
así como el posterior aprendizaje de lenguas extranjeras.
	Obligación de los (as) docentes de dominar la lengua originaria de la zona en donde laboran, así como el castellano.
	Aseguramiento de la participación de los miembros de los pueblos indígenas en la formulación y ejecución
de los programas educativos, con el fin de formar equipos capaces de asumir progresivamente su gestión.
	Preservación de las lenguas de los pueblos indígenas y promoción de su desarrollo y práctica.
Finalmente, cabe recordar lo mencionado anteriormente sobre la Ley Nº 26772, modificada por la Ley Nº 27270,
Ley contra Actos de Discriminación, que establece que la oferta educativa (pública o privada) no puede contemplar
requisitos que discriminen, anulen o alteren la igualdad de oportunidades o de trato.
Esta disposición es aplicable a la población afrodescendiente; sin embargo, y a pesar de que sí existe una mención específica sobre la educación de los pueblos indígenas, no existe una alusión equivalente sobre el Pueblo
Afroperuano.
En el ámbito del trabajo
El numeral 1 del artículo 26 de la Constitución indica que, en la relación laboral, debe defenderse el principio de
igualdad de oportunidades sin discriminación. Este artículo concuerda con el número 19, que reseña el reconocimiento y protección de la pluralidad étnica.
El Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a la discriminación como “cualquier
distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia
nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo
y la ocupación”.
La discriminación laboral supone un trato injusto y desfavorable al trabajador (a), basado en las razones antes mencionadas, independientemente de cuáles sean sus aptitudes.
Existen tres etapas que la gran mayoría de estudios en doctrina laboral consideran para evaluar esta problemática:
antes, durante y al concluir la relación de trabajo. Así lo entiende también la OIT, que afirma que “la discriminación
puede manifestarse cuando se busca un trabajo, en el empleo o al dejar este último”36.
Discriminación en la contratación laboral
La contratación laboral es la primera etapa de la relación de trabajo. Debe considerarse lo estipulado por la
Ley Nº 26772, modificada por la Ley Nº 27270, que prohíbe que las ofertas de empleo contengan requisitos
Como premisa, esta ley proclama que toda persona calificada para obtener un empleo debe tener la oportunidad
de competir por él y -en caso de obtenerlo- de conservarlo, cualquiera sea su grupo racial, sexual o religioso, o su
apariencia física37.
Por lo expuesto, las exigencias de “buena presencia” o de “fotografía reciente”, que suelen aparecer en las ofertas de
empleo, constituyen requisitos discriminatorios.
Esta norma faculta al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) a investigar los hechos, determinar las
responsabilidades e imponer las sanciones administrativas correspondientes.
Su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-98-TR de 1998, precisa los alcances de la Ley Nº 26772, modificada por la Ley Nº 27270, prohíbe la discriminación en las ofertas de empleo, así como en el acceso a medios de
formación educativa: es aplicable a los empleadores contratantes, a los centros pedagógicos, así como a las agencias
de empleo y otras que sirvan de intermediarias.
También aborda la obligación de los medios de comunicación masiva, que difundan ofertas de empleo y de educación, de brindar la información necesaria a la autoridad administrativa de trabajo, para así facilitar las investigaciones
que esta realice.
36	Oficina Internacional del Trabajo 2007: 7.
37	Defensoría del Pueblo 2007:66.
El Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, en su artículo 31.3,
considera como infracción muy grave a “la publicidad y realización, por cualquier medio de difusión, de ofertas de
empleo discriminatorias, por motivo de origen, raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión, ascendencia nacional, origen social, condición económica, ejercicio de la libertad sindical, discapacidad, portar el virus HIV o de
cualquier otra índole”.
Para entidades que tengan entre uno (a) y diez trabajadores (as), la multa mínima por este tipo de infracciones fluctúa
entre el 5 y 10% de hasta 20 Unidades Impositivas Tributarias.
Discriminación durante la relación laboral
Esta protección normativa regula los actos de hostilidad, equiparables al despido, “por razón de sexo, raza, religión,
opinión o idioma”38.
“La Ley General de Inspección del Trabajo de 2006 faculta a la Dirección de Inspección Laboral, de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima y Callao, a investigar
los actos discriminatorios en las ofertas del empleo durante la relación laboral. Asimismo, faculta a las Direcciones de Prevención y Solución de Conflictos, de las Direcciones de Trabajo
o Promoción del Empleo -o a quien asuma esta función-, a conocer estos casos en los demás
Los actos discriminatorios también son considerados como infracciones administrativas en nuestra legislación. El artículo 25.17 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo califica como una infracción muy grave a
“la discriminación del trabajador, directa o indirecta, en materia de empleo u ocupación, como las referidas a la contratación, retribución, jornada, formación, promoción y demás condiciones, por motivo de origen, raza, color, sexo,
edad, idioma, religión, opinión, ascendencia nacional, origen social, condición económica, ejercicio de la libertad
sindical, discapacidad, portar el virus HIV o de cualquier otra índole”.
De otro lado, el artículo 35 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece que el (la) trabajador (a),
hostilizado (a) por motivo racial y/o de origen étnico, puede exigir el cese de esta hostilidad ante la autoridad administrativa de trabajo o a través de la culminación del contrato laboral; en este último caso, demandará el pago de la
indemnización correspondiente -una remuneración y media ordinaria mensual por cada año completo de servicios,
con un máximo de doce (12) remuneraciones, independientemente de la multa y de los beneficios sociales que
puedan corresponderle-.
38	Según el artículo 30, inciso f), del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado
por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, dado en 1997.
Recientemente se creó el Decreto Supremo 004-2009-TR, que sanciona a los (las) empleadores (as) y a los clubes que
obliguen a las trabajadoras del hogar a usar uniforme en lugares públicos.
Discriminación al extinguirse la relación laboral
El Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, sostiene
en su artículo 29, inciso d), que es nulo el despido que tenga por motivo la discriminación por sexo, raza, religión,
opinión o idioma.
Es importante mencionar que este es uno de los casos en los que resulta más difícil probar la discriminación racial,
pues, al encontrarse la relación laboral muy cerca de concluir, el (la) trabajador (a) se encuentra en una posición más
vulnerable. Sumado a ello, cabe recordar que, según el artículo 38 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el empleador puede despedir arbitrariamente -es decir, sin expresión de causa alguna-, con la única obligación
de pagar la indemnización correspondiente y los beneficios sociales.
A pesar de esta dificultad, existen mecanismos de supervisión que pueden ser útiles, como la inspección laboral y, en
la medida de lo posible, la recopilación de indicios y pruebas que demuestren la discriminación -que debe probarse
en un proceso judicial-.
A nivel regional también existen normas que sancionan la vulneración del principio de no-discriminación en el ámbito laboral: este el caso de la Ordenanza Regional Nº 017-2008, emitida por el Gobierno Regional de Apurímac, que
prohíbe los actos de discriminación en las ofertas de empleo y en la relación laboral.
IV.3 Otras normas pertinentes
Decreto Supremo N° 027-2007-PCM - Define y establece las Políticas Nacionales
de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional
Este Decreto Supremo es de suma importancia, pues está ligado al proceso de descentralización. En efecto, las políticas nacionales, siendo de cumplimiento obligatorio para todas las entidades gubernamentales, son el marco referencial para que los gobiernos regionales y locales puedan desarrollar las suyas. Una de las políticas planteadas en esta
norma incluye al Pueblo Afroperuano. Entre las actividades de esta, que también se dirigen a los pueblos indígenas y
amazónicos, pueden observarse las siguientes:
Racismo web
Más allá del perdón histórico
Módulo 1 - Liderazgo y Presencia Afrodescendiente en el Perú
Afrodescendientes en el peru informe de adjuntia de la defensoria del pueblo

References: resolución 
 artículo 89
 artículo 9
 Resolución 

Resolución 
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 5
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 37
 artículo 323
 artículo 36

Artículo 5
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 65
 artículo 7
 artículo 13
 artículo 16
 artículo 14
 artículo
15
 artículo 8
 artículo 26
 artículo 31
 artículo 25
 artículo 35
 artículo 30
 artículo 29
 artículo 38