Source: http://noticiasuruguayas.blogspot.com/2007/02/ltimas-noticias-pg.html
Timestamp: 2017-12-16 20:44:36+00:00

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Piqueteros harán bloqueo total de puentes mañana.
TEMEN QUE SUS RECLAMOS DE RELOCALIZACIÓN DE BOTNIA 'CAIGAN EN SACO ROTO'.
Se aproxima un nuevo fin de semana bloqueado. Los asambleístas de Gualeguaychú, Colón y Concordia una vez más acordaron cortar los puentes, a la vez, el sábado durante por lo menos seis horas. Colón evalúa cortar todo el fin de semana.
PASADO EL FIN de semana de recambio por la segunda quincena de febrero, y pasada la semana de Carnaval, los piqueteros vuelven a insistir con el bloqueo total a los tres puentes que unen a Uruguay y Argentina, a pesar de haber logrado su objetivo de "perturbar" el movimiento turístico en los últimos días.
Los tres pasos volverán a estar bloqueados el próximo sábado, cuando los asambleístas de Concordia corten el puente que los une a Salto, para ejecutar así el sexto corte simultáneo, junto a sus "colegas" de Colón y Gualeguaychú.
De acuerdo a lo informado a la Agencia Télam por parte de uno de los coordinadores de la Asamblea de Concordia, Ramón Cabrera, "la decisión de cortar ya fue tomada pero entre hoy y mañana se va a terminar de definir si será de las 18 hasta la medianoche o más largo, comenzando a las 12 del sábado".
Concordia es, desde que comenzaron los bloqueos, la Asamblea más problemática en cuanto a participación, por lo que generalmente surgen problemas a la hora de decidir los cortes de rutas, aunque se estima que estén acompañados por piqueteros de Gualeguaychú, que habitualmente concurren a "hacer fuerza" en los cortes más chicos.
La Asamblea de Colón definía en la noche de ayer si mantiene los bloqueos intermitentes y programados de 6 horas diarias, o vuelve al corte total durante todo el fin de semana.
Esta última opción podría volver a traer problemas, ya que los comerciantes de la zona no concuerdan con
la medida, e incluso en dos oportunidades "levantaron" el piquete a la fuerza.
Desde Colón, el asambleísta Carlos Serrati dijo a Télam que "en la Asamblea hay mucha desconfianza porque vemos que aún no se ha encaminado la cuestión y no hay señales claras de que Botnia vaya a relocalizarse, que es lo que pedimos".
Asimsimo, reconoció que "parece que nuestro reclamo cae en saco roto pero vamos a seguir hasta las últimas consecuencias".
En tanto, la Asamblea de Concordia indicó que con "la apertura de un diálogo" alcanzaría para rever la medida que tomarán el sábado.
El asambleísta Ramón Cabrera, que se había alejado del grupo, indicó que se decidió volver al corte "porque las condiciones en que se efectuaron las medidas anteriores, continúan".
"No vemos ningún cambio que preanuncie la resolución del conflicto, por los menos la apertura de un diálogo", dijo el piquetero.
Las anunciadas reuniones entre centrales sindicales de Uruguay y Argentina no parecen ser señales de diálogo para los asambleístas, que cuentan además con el apoyo logístico de la Confederación General de Trabajadores (CGT), que lidera el kirchnerista Hugo Moyano.
Además, los asambleístas de Entre Ríos únicamente se conformarán si la planta de Botnia es relocalizada, hecho que, de acuerdo a lo anunciado desde distintos ámbitos del gobierno en reiteradas oportunidades, no sucederá.
ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 10
Peritos señalaron que manos expertas armaron la bomba.
EL EXPLOSIVO FUE DETONADO A DISTANCIA.
Peritos del Ejército y de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, analizan los restos de la bomba que detonó frente a un cajero automático de la Aguada, para identificar el material que se empleó y determinar su procedencia.
PERO este hecho provocó ya psicosis y ayer en la mañana un Juzgado de Familia, fue desalojado ante una amenaza de artefacto explosivo. Luego se comprobó que se trató de una falsa alarma.
Los peritos señalaron que la bomba que estalló frente al cajero automático del Bank Boston y destruyó la puerta blindada, fue armada por una persona que tiene conocimientos en el tema. Para armarla utilizaron dos cilindros similares a botellas, que contenían una parte de pólvora y una sustancia volátil. Alrededor fue colocado un detonador eléctrico que se puede activar a una distancia de varios metros que fue lo que se hizo.
En la filmación se observa como cerca de la puerta del cajero automático situado en Avenida del Libertador y Yaguarón, una mano deja una caja de 30 por 30 centímetros y se aleja. A los pocos instantes se produjo el estallido.
No está muy claro aún qué era lo que se buscaba, porque en caso de ser un atentado, algún grupo lo hubiera reivindicado, lo que no sucedió. Y por otro lado, si la intención era también volar la máquina para apoderarse del dinero, tenían que darse cuenta que el explosivo no tendría la suficiente potencia para lograrlo.
Los investigadores no descartan que podría tratarse de una prueba y un "llamador", como para dar a entender "podemos hacerlo", pero todo es hipótesis. Pero ese hecho ya comenzó a hacer cundir el temor y ayer una amenaza de bomba que llegó al Juzgado de Familia situado en avenida Uruguay casi Río Negro, provocó la intervención de Bomberos y personal policial.
El local fue desalojado por precaución y se llevó a cabo una minuciosa inspección, pero al final se trató de una falsa alarma y todo retornó a la normalidad. La jueza Aída Vera Barreto recibió hoy el informe sobre la bomba en el cajero, pero en general contiene lo que indicamos en líneas anteriores. El personal de Inteligencia policial y militar tiene a su cargo los procedimientos para dar con los responsables del atentado, porque todo indica que hay varios implicados.
Los orientales del oeste. Pescadores asiáticos, desregulación laboral y amoníaco.
Es frecuente verlos caminar por el Centro en grupo, sin mucha interacción con el resto de la ciudad. Los marineros asiáticos que llegan a nuestro puerto presentan una enorme diversidad cultural y condiciones laborales muy distintas según su país de origen. BRECHA intentó, pese a las fuertes barreras idiomáticas, avanzar sobre estos aspectos tan poco conocidos.
El pesquero de bandera coreana Sea World 101 recaló en el puerto de Montevideo el martes 13 de febrero solicitando un permiso de permanencia de tres días. Según dijo a la prensa el encargado de Políticas Preventivas de la Administración Nacional de Puertos, Alberto Díaz, no estaban previstas reparaciones y el objetivo era simplemente “descarga”.
El miércoles 14, pasado el mediodía, el barco estaba amarrado al muelle 10 con menos de la mitad de su tripulación a bordo, cuando se produjo un escape de gas amoníaco que mató a cuatro marineros y afectó con lesiones de diversa gravedad a otras 25 personas: 16 tripulantes, cuatro bomberos, cuatro efectivos de Prefectura y un enfermero de una emergencia móvil.
El martes 20 el accidente cobró su quinta víctima. Era un ciudadano vietnamita de 26 años que se encontraba internado en el CTI del Centro de Quemados del Hospital de Clínicas. Todavía quedan dos personas internadas en estado delicado en los hospitales Maciel y Círculo Católico y una tercera se está recuperando en el Banco de Seguros.
Al cierre de esta edición aún no se habían podido realizar los peritajes encargados por el juez Daniel Tapie para conocer las causas del accidente. Se continúa con la ventilación del buque, ya que la concentración del gas todavía es alta, de acuerdo a lo informado por el Jefe de Relaciones Públicas de la Armada, Alejandro Añón.
Según pudo saber BRECHA, los cuerpos de los fallecidos se encuentran a cargo de la empresa Moro a la espera de su repatriación. “El resto de los tripulantes –dijo Añón– está a disposición de lo que la agencia determine, en principio, y en muchos casos los consulados también intervendrán.”
CARTA POPULAR PÁG. 6
Se reabrió el caso Nibia Sabalsagaray. Dr. Juan Errandonea: 'Se parte de la base que todo el operativo de la detención tiene que estar registrado en los archivos del Ministerio de Defensa'.
Una de esas tantas muertes encubiertas por la mentira y el terrorismo de Estado. Una de esas muertes que llena de indignación a la memoria colectiva. Una mártir de la resistencia y la militancia, una mártir para la historia que debemos reconstruir, paso a paso, con verdad, justicia y NUNCA MÁS...
¿Qué pasó con Nibia? Water Cruz
Al Doctor Juan Errandonea le preguntamos si podía atendernos, aunque estos fueran sus días de descanso, porque habíamos oído algún rumor sobre un caso que patrocina.
Le contamos que habíamos hablado con "La Gallega" Antonia Yáñez y que no estaba enterada.
"¿Es sobre Nibia?". Era. "Bueno dale, pregúntame lo que quieras".
Errandonea nos confirmó que el juez en lo penal de 10° Turno Dr. Rolando Vomero, había resuelto desarchivar el caso Nibia Sabalsagaray, que él mismo había archivado tiempo atrás. La fiscal Dra. Mirtha Guianze había apelado la resolución.
Como se recordará, en setiembre de 2004, Blanca Stela Maris Sabalsagaray Curutchet, había presentado una denuncia penal por la detención y posterior fallecimiento de su hermana Nibia.
La joven militante comunista y profesora de literatura, había sido sacada del Hogar Textil de Juan Lacaze en Montevideo -donde vivía - y a las pocas horas falleció en el Batallón de Ingenieros N° 5, donde hoy tiene la sede el Batallón de Comunicaciones N° 1.
Numerosos testigos afirman que en la madrugada del 29 de julio de 1974, participaron en el operativo tres militares y dos civiles. La intervención de estos últimos deja fuera de la Ley de Caducidad el secuestro y asesinato de Nibia Sabalsagaray. La noticia fue recibida por sus familiares, a quienes se les entregó el ataúd con prohibición de abrirlo.
El médico militar José Mautone certificó que la muchacha se había suicidado. De igual forma se había definido ante las muertes de Alvaro Balbi y Hugo de los Santos. Fue expulsado por el Sindicato Médico del Uruguay.
El Dr. Marcos Carámbula opina lo contrario y tiene la absoluta certeza que se trató de un asesinato.
Mirtha Guianze entiende que todavía hay cosas para hacer
Si bien al momento de la consulta de Carta POPULAR, el doctor Juan Errandonea no había tenido acceso a la resolución del Juez Vomero, estima que la reapertura de la causa se debe a la apelación presentada por la fiscal Mirtha Guianze, y nos agrega algunos elementos, por supuesto, desconocidos para nosotros.
-¿Por qué el Juez Rolando Vomero archivó la causa?
-Resolvió archivarla porque entendió que había llegado a una altura de la indagatoria - después que declararon los militares y los testigos que llevamos nosotros - donde no se podía avanzar y determinar, si lo de Nibia había sido suicidio u homicidio.
Los testigos que declararon fueron: "la Gallega" Antonia Yáñez, Francisco "Paco" Laurenzo y Marcos Carámbula. Los militares citados fueron: el Jefe del Batallón, Coronel Chialanza y Mario Segnini, Miguel Dalmao y Antranig Ohannessian Ohannian.
Y conviene recordar que el Presidente de facto era Juan María Bordaberry.
-Bueno, ¿ahora, en base a qué, el Juez Vomero desarchiva el caso?
-Si es en base a los argumentos de Guianze, es porque ella entiende que todavía hay cosas para hacer.
- La autopsia histórica para determinar si era probable o no que Nibia se hubiese suicidado, o si por el contrario se trató de un homicidio. Para ello se tiene que designar una junta médica del Instituto Técnico Forense, que es quien hará los estudios periciales que correspondan.
Y se seguirá pidiendo informes al Ministerio de Defensa. Partimos de la base que todo el operativo de la detención de Nibia tiene que estar registrado en los archivos de ese Ministerio. Se trata de obtener esa información, o sea, quién dispuso el operativo. Quién fue el responsable del mismo. Y quizás, algunas cosas más.
El recuerdo de una de las compañeras y amiga del alma de Nibia
De acuerdo a lo que nos expresara el Dr. Juan Errandonea, se renuevan ahora las esperanzas de que se haga justicia en el caso de Nibia Sabalsagaray. Una joven de 24 años asesinada a menos de 24 horas de su secuestro.
Fue la primera mártir de la dictadura a la cual se homenajea - en el interior - el 26 de junio de 2005 con la inauguración de una calle que lleva su nombre en su ciudad natal de Nueva Helvecia o Colonia Suiza.
Vale recordar entonces hoy, lo que expresara en aquella ocasión a Carta POPULAR, una de sus compañeras de militancia en la UJC y amiga del alma de Nibia:, "la Gallega" Antonia Yánez, quien también es profesora:
"Lo primero, lo más importante que venimos a hacer acá, es a desahogarnos, a 31 años de silencio. Un silencio sordo. Un silencio que nos acompañó durante todos estos años. Fíjate que Nibia murió en junio de 1974 e inmediatamente después se desató una tempestad de represión.
Y vivimos así en la clandestinidad, después presos. En el 85 con la amnistía emergimos de nuevo, a tratar de reconstruir el pasado. Han pasado 20 años y creo que esto era una deuda nuestra, de su pueblo, con Nibia.
Y es un honor para su familia, un poquito de respaldo. Un poquito de calor por todo el tiempo que tuvieron que sufrir solos (...)
Nibia era exactamente como la han descrito hoy: jovial, muy inteligente. Había leído todos los clásicos antes de llegar a Montevideo. Así, cuando nosotros estábamos dando los griegos, ella ya había leído los griegos.
Nosotros recordamos que un mes antes de su muerte había estado detenido su novio ("Paco" Laurenzo) - que fue realmente su amor- se la veía transformada, enamorada.
Ella vestía de negro y nosotros le decíamos: "¡pero no estás viuda todavía!"
Era increíble pensar que nos iba a dejar. Acá recordaba que Galileo Galilei - según Bertolt Brecht - había dicho: "¡pobres de los pueblos que no tienen héroes!".(...) Creo que lo más digno que pudimos haber hecho es tener una actitud digna en nuestra vida, ser dueños de su recuerdo y no defraudarla "
Torturador fuera de carrera.
Guillermo Abella Zuasti fue reconocido por una de sus víctimas, cuando su foto salió en la prensa. Había ido a solidarizarse con Jorge "Pajarito" Silveira en oportunidad que este pasara por uno de los juzgados de la Ciudad Vieja.
El Consejo de Enseñanza Técnica y Profesional (ex UTU) lo destituyó la semana pasada como coordinador del curso de rematadores de la Escuela del Prado y profesor en la Escuela de Comercio de la Blanqueada.
Abella Zuasti tiene el grado de Coronel del Ejército en situación de retiro. El ahora ex profesor había nacido el 10 de marzo de 1947 y entre sus camaradas del Ejército era conocido por el apodo de "Cabeza Seca".
En el libro "Confesiones de un torturador" es denunciado por el desertor del Ejército Hugo García Rivas.
El Coronel (R) figura en numerosas denuncias en el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y en el Instituto de Estudios Legales y Sociales (IELSUR), donde prestaron testimonio varias de sus víctimas.
En 1972 - cuando gobernaba el ahora reo Juan María Bordaberry - Guillermo Abella Zuasti había sido destinado con los grados de Teniente y Capitán, al Regimiento de Caballería N° 8 de la ciudad de Meló. Allí - antes y durante la dictadura - es ubicado como torturador. De militar en los pagos fronterizos, paso docente en dos barrios capitalinos. paras aberrantes prácticas comenzaron hace 35 años. Hace unos días quedó fuera de carrera. Si hay voluntad política - como hora la justicia tarda pero llega.
Están cayendo las fichas
Uno de los principales puntos críticos de la gestión de los casinos municipales en el período 2000-2005 es el mantenimiento técnico de las máquinas tragamonedas. Fabián Werner/Pablo Alfano
El sistema político discutió durante toda la semana cómo enfrentar la situación del director de Casinos del Estado, Juan Carlos Bengoa, cuyos principales asesores aparecieron vinculados –a raíz de una investigación divulgada en la última edición de BRECHA– con una red de empresas que se benefició de las licitaciones municipales para arrendar máquinas tragamonedas cuando Bengoa era responsable de la Dirección de Casinos de la IMM.
Mientras el “affaire” de los casinos municipales pasaba a manos de la justicia, algunos de los principales sectores de izquierda exhibieron posturas llamativas. Asamblea Uruguay, el sector de Bengoa, expresó su apoyo a la investigación administrativa que desarrolla el municipio de Montevideo, pero manifestó su “preocupación por la clara falta de garantías” de esa investigación y reclamó que esta tarea sea acompañada de “un examen profesional externo” que garantice “la total independencia de sus resultados respecto a intereses ajenos al asunto”. El MPP, por boca de su líder José Mujica, se mostró componedor y cauto respecto a los implicados en el caso, en una actitud ciertamente distinta a la que adoptó en el caso Nicolini.
La presente entrega de BRECHA amplía el círculo de sociedades anónimas y actores cercanos a ellas implicados en este caso.
Uno de los principales puntos críticos de la gestión de los casinos municipales en el período 2000-2005 es el mantenimiento técnico de las máquinas tragamonedas. La empresa que contrató la Intendencia de Montevideo (IMM) a esos efectos es Sabid SA, cuyo principal representante es el ex funcionario de la Dirección General de Casinos (DGC) Felipe Nery Ruiz González. El vínculo entre Sabid y la administración comunal es cuestionado en varios ámbitos políticos, sindicales e institucionales. El caso Sabid fue centro también del informe de auditoría del Tribunal de Cuentas (TC) difundido el 25 de octubre del año pasado (véase BRECHA, 8-XII-06). En el documento los técnicos del organismo de contralor señalan que la comuna pagó mantenimiento “por mayor cantidad de slots que los existentes en la totalidad”, y que en los tres años en los que pudo realizar el relevamiento (2000 a 2002) Sabid sobrefacturó por un total de 1.369 máquinas. No obstante, estas conclusiones fueron cuestionadas por la administración comunal, en el entendido de que se contabilizaron sólo las máquinas que están en sala pero no las que están en depósito.
Pero los cuestionamientos a Sabid y a Ruiz González se escuchan además en otros ámbitos, debido a que el empresario también mantiene relación con firmas arrendadoras de las mismas máquinas tragamonedas que repara. Si bien según los informes de guía de Antel, actualmente la empresa tiene su domicilio y teléfono en la calle San Salvador 1765, en la Guía de Pocitos (una página web con las principales empresas que funcionan en ese barrio) Sabid aparece con la dirección Ibiray 2268, esquina Patria, la misma que figura en el registro de actividades del Banco de Previsión Social (BPS) de Felipe Nery Ruiz González. Pero ésta no sólo es la dirección de Ruiz y de Sabid; también figura en los informes de guía de Antel como perteneciente a Héctor Eduardo López Vignoli. Este hombre, de 69 años, aparece vinculado en su historia laboral a dos empresas: una es Danwor Trading Company SA (a la que también aparece vinculado Ruiz González entre noviembre de 2001 y junio de 2002) y la otra es Folway SA (en la que López Vignoli figura como presidente desde el 29 de mayo de 2003), que forma parte de la red de arrendadoras de tragamonedas y que comparte socias fundadoras* y dirección con Timelur SA, la empresa presidida por Orestes González Braida, actual director nacional de Loterías y Quinielas, cuya repartición depende de la DGC conducida por Carlos Bengoa (véase la edición pasada de BRECHA).
Pero además, según pudo constatar BRECHA, en Ibiray 2268 hay una finca de dos plantas y una entrada a un pasillo en el que existen cuatro apartamentos. En el exterior de este corredor está la placa de la escribana Magali Mauad Seba, la profesional que firmó el certificado notarial presentado ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio por Mario César Areán, ex secretario personal de Arana, cuando se trataron las denuncias de tráfico de influencias denunciadas por BRECHA (véase recuadro). El informe dice textualmente: “Certificado notarial expedido por la escribana Magali Mauad Seba, donde se deja constancia que el señor Mario Areán es propietario de un apartamento, sito en la calle Mercedes 1464 y su garaje correspondiente, según escritura de compra venta del 3 de octubre de 2000, hipotecado a favor del Banco de Boston por una línea de crédito de hasta 50 mil dólares Se configura un atraso en el pago de las cuotas desde junio de 2002”.
Además de esta “coincidencia” de domicilios con López Vignoli, la escribana Mauad Seba y Mario Areán, Ruiz González tiene una fugaz aparición en Famostar SA, otra empresa arrendadora de slots que comparte dirección y teléfono con la empresa de González Braida. Esta vinculación con la red de empresas (muchas de ellas vinculadas a familiares directos del ex asesor del director Bengoa) era uno de los requisitos que debía cumplir la empresa que se presentara a la licitación pública que la comuna realizó para adjudicar el servicio de mantenimiento y servicio técnico de las máquinas de azar, contadoras de fichas, sistemas acumulativos y máquinas multipuestos de los casinos municipales. “Dado que las unidades que integran el parque de máquinas de los casinos municipales son suministradas por distintos fabricantes, se deberá demostrar un buen contacto comercial con los mismos o con sus representantes de distribución”, exigía el pliego de condiciones particulares de la “licitación”.
Seguramente este requisito de relacionamiento previo con las empresas arrendadoras de slots haya sido un escollo insalvable para las demás potenciales aspirantes en esta licitación, ya que Sabid fue la única que respondió al llamado de la comuna y resultó adjudicataria de un contrato que le reporta aproximadamente un millón y medio de pesos mensuales.
UN SOLDADO AGREDIDO. El viernes 16 el ex director de los casinos municipales y actual titular de la DGC salió a defenderse de algunos hechos señalados en la nota de BRECHA de ese mismo día. Durante una entrevista realizada en radio Sarandí, Bengoa dijo conocer las versiones que lo vinculan con una red de empresas en la que aparecen sus asesores de entonces, González Braida y José Luis Antúnez, “hace como un año y medio o dos años”, cuando fue consultado por “una denuncia que llegaba a través de un diputado de la fuerza política”. El dirigente de Asamblea Uruguay cuestionó que la izquierda propicie discusiones públicas a través de la prensa y no en los órganos políticos adecuado; dijo que eso se debe a que existen personas en el Frente Amplio (FA) que “filtran” la información para generar “opinión pública”.
Al ser consultado sobre su actitud al enterarse de las denuncias, dijo que la primera reacción “fue asombro, lo segundo fue averiguar”. Narró las consultas que hizo a “un funcionario municipal” que no nombró, quien admitió que su hija era la telefonista de una de las arrendadoras de máquinas. Bengoa se preguntó si éste es el único funcionario que tiene un hijo trabajando en una empresa que negocia con la IMM, y respondió que no, aunque no dio más detalles.
Una de las empresas beneficiadas por el “sistema Bengoa” es Libretol SA, cuyo domicilio es una modesta finca ubicada en José Antonio Cabrera 4044, en la zona de la Unión, y está presidida por Miguel de los Santos. Esta empresa fue fundada el 2 de enero de 2002 y hasta el 7 de diciembre de 2003 quien figuró como su presidente fue el primo de González Braida. Eduardo Mario Bernis Braida participó en la fundación de la empresa junto con Erika Mireya Gelber de Polak (quien también figura en otra de las empresas arrendadoras de slots a la IMM: Macale SA) y su hijo Gustavo Daniel Polak Gelber.
Al explicar la situación de esta empresa, Bengoa dijo que “Libretol no cobró un centavo en el momento de los contratos directos, que fueron discutidos y que tienen una resolución que fue al Tribunal de Cuentas, porque no pudo ponerle dispensadora de billetes a las máquinas y se devolvieron en el período en el cual trabajaron de forma gratuita”. Sin embargo, según documentación a la que accedió BRECHA, esta sociedad anónima facturó en varias ocasiones por cientos de miles de pesos. Por ejemplo, una boleta fechada el 7 de setiembre de 2005 (ya durante la gestión de Ehrlich) le facturó al Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional de la IMM un total de 136.436 pesos (véanse facsímiles). Pero, además, según documentación oficial de la IMM, al 29 de abril de 2005 Libretol tenía diez máquinas arrendadas en el casino Parque Hotel. Y de enero a julio de 2005 recibió por el arrendamiento de esta decena de tragamonedas un total de 860.119 pesos.
Asimismo, con la misma fecha aparecen otras tres facturas en las que se aprecia una caligrafía de características notoriamente similares, pero en empresas distintas. Una de las boletas es de Otor SA, que facturó 114.672 pesos por el arrendamiento de un slot. Las otras dos boletas pertenecen a la empresa Metalfinish SA, que por el alquiler de tragamonedas facturó 31.601 y 446.492 pesos respectivamente. Además, tres de las cuatro facturas fueron confeccionadas por la misma imprenta.
Las coincidencias no terminan allí. Las empresas Macale, Libretol, Metalfinish y Otor (estas dos últimas arrendaban a abril de 2005 diez máquinas cada una al casino Parque Hotel) tienen como representante ante la IMM a Raúl Cohn. Y una de ellas, Metalfinish, aparece domiciliada en Santiago Sierra 3860. La empresa hoy tiene una nueva dirección, pero previamente estuvo en la calle Inca 2193, donde casualmente tuvo domicilio Raúl Cohn, presidente de la Asociación de Fabricantes de Botones, Herrajes y Accesorios para Cueros y Confecciones.
Sobre el “hecho concreto” del déficit cercano a los 15 millones de dólares durante su gestión al frente de los casinos municipales, Bengoa sostuvo que “en todos los años se explicó (al TC y a la Junta Departamental) que el problema es la estructura de costos” y reiteró la relación que según él existe entre la pérdida millonaria y los salarios que perciben los funcionarios. Bengoa dijo no entender “por qué soy presentado como alguien que administró mal o que hizo cosas reñidas con la ética” y justificó su decisión de defenderse públicamente: “A esta altura del partido, yo tengo que decir lo que yo hice y lo que yo dije”.
Se mostró dispuesto a divulgar sus declaraciones juradas ante la Junta Asesora en Materia Económico y Financiera del Estado (jamefe) y sus estados de cuenta, para luego insistir en atribuir la responsabilidad por la divulgación de este tema a los dirigentes de la izquierda que decidieron “filtrar” la información de la investigación administrativa iniciada por el intendente Ehrlich en setiembre de 2006. “Ahora el ataque es personal. Yo me siento en estos momentos como un soldado británico viendo venir los cazas americanos, y la verdad es que me parece que no me lo merezco”, señaló el jerarca, porque “desde el primer día el diagnóstico se hizo correctamente, se dijo qué había que hacer para solucionar el problema y correctamente se tomó una decisión política, la cual yo como integrante de la fuerza política acepté”.
Respecto a los detalles de la nota publicada por BRECHA, Bengoa dijo que “el presidente de una de las empresas que no cobró un centavo en todo el período es primo de González, que es un funcionario municipal”. Resulta particularmente significativo que Bengoa haya hecho esta aclaración respecto a la relación funcional de González, quien no era funcionario de carrera sino que había sido contratado y tenía la responsabilidad (asignada por el propio Bengoa) de ser su representante personal en el proceso de cambios y reestructuras en los casinos municipales, según resolución del 29 de mayo de 2001. Pero además, González también estaba facultado para recibir las facturas que presentaban las empresas arrendadoras, o al menos eso se desprende de documentos a los que accedió BRECHA y en los que figura el sello que dice “Orestes Luis González. Div. Promoción Económica. Asesor”. Por ejemplo, tres facturas de la empresa Tecnostar SA (que actualmente arrienda 25 máquinas marca Cirsa que funcionan en el casino Parque Hotel) presentan una particularidad: en cada una de ellas, la firma que aparece sobre el sello de González es diferente. Entre las tres, fechadas el 31 de marzo, el 30 de abril y el 6 de mayo de 2006, el monto que se pagó a Tecnostar por arrendamiento de diez máquinas tragamonedas asciende a 932.897 pesos iva incluido (véanse facsímiles).
Ante esta serie de acusaciones que lo involucran, el actual titular de la DGC dijo: “Si se necesita un responsable, una decisión política, a mí políticamente me lo dicen y yo me voy para casa como vine. Pero si se está intentando demostrar que uno solo podía tomar decisiones y que además era chambón, si lo que se quiere demostrar es eso, yo me voy a defender, yo voy a ir a la investigadora y voy a ir a la justicia que me digan que tengo que ir”. Además dijo: “Tengo la tranquilidad de espíritu de que cuando tuve que tomar decisiones que dependían de mí, yo las tomé, y no tuve ningún problema. Cuando las decisiones no dependían, porque un director de división está lejos de tomar una decisión que después se pueda llevar a la práctica, la decisión es de un colectivo y no tengo inconveniente en decir que se tomó una decisión en el colectivo y que se previó desde antes que éste era un proceso”.
El argumento de la responsabilidad compartida en la toma de decisiones que involucraban a su área específica dentro de la comuna ya había sido utilizado por Bengoa en setiembre de 2005, cuando recibió una acusación del edil colorado Alberto Jar Sánchez. En aquella ocasión, Sánchez calificó como “llamativo” que Bengoa hubiera sido designado al frente de la DGC luego de su gestión municipal, y aportó su visión personal sobre los motivos que llevaron a este nombramiento. “Tenemos la convicción de que el premio recibido por el contador Bengoa con la designación de la Dirección Nacional de Casinos es consecuencia de los aportes económicos de las empresas arrendatarias de maquinitas en los casinos municipales a la campaña financiera del Encuentro Progresista, y no precisamente por su lamentable manejo de los mismos”, explicó. Ante esta imputación directa, Bengoa declaró a La República que el edil debía hacerse cargo de sus acusaciones, que agredía a los encargados de finanzas del FA y que se sometía a la decisión de la fuerza política ante la posibilidad de iniciar acciones judiciales. En cuanto a su responsabilidad en el déficit de las salas de juego, Bengoa argumentó que “un director de división no puede resolver todo, sino que forma parte de un equipo de gobierno”.
Ahora, y ante las nuevas acusaciones, Bengoa dijo que él no tenía por qué conocer a los directores de todas las empresas con las que hace negocios la IMM. “Si alguien me dice, como director de casinos, que alguien se reunió con los directores de las sociedades anónimas, yo quiero que me diga con qué directores se reunió. Siempre el director se reunió con los representantes de marcas. Cuando finalmente cada representante decide en qué empresa va a colocar esa marca y quién va a ser su director, yo no controlo eso porque no corresponde”, explicó Bengoa para justificar su ignorancia respecto a los vínculos familiares de los directivos de varias empresas arrendadoras con su asesor Orestes González.
No obstante, los gremios de empleados profesionales (ADEP) y funcionarios administrativos (AFACM) de los casinos municipales y la Asociación de Funcionarios de Loterías y Quinielas (AFAL) –nucleados en la Federación Nacional de Trabajadores del Juego (FENAJU)– desmintieron el miércoles 21 varias de las afirmaciones realizadas por Bengoa en radio Sarandí.
El dirigente de ADEP Sergio Pitetta mostró durante la conferencia una resolución municipal, firmada el 27 de junio de 2005, donde el director del Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional, Alberto Rosselli, rescinde “el contrato de arrendamiento suscrito con fecha 20 de marzo de 2002 con la firma Macale SA, representada por la señora Rose Marie Sosa Delgado”, la esposa de Mario Bernis Braida, primo del actual director de Loterías y Quinielas. Esta resolución, dijo Pitetta, es una prueba de que la IMM debe conocer a los directores de las empresas a las que les alquila bienes o servicios, desmintiendo así los dichos de Bengoa. Hasta abril de 2005 Macale le arrendaba 40 tragamonedas al casino Parque Hotel y sólo entre enero y julio de 2005 facturó un total de 2.930.099 de pesos, según información oficial de la comuna.
La FENAJU, en un comunicado emitido el miércoles 21, exigió a las autoridades “el pasaje a la justicia de los hechos denunciados en la edición del 16 de febrero” de BRECHA. Sus tres principales dirigentes (Pitetta, Enrique Book y Leonel Revelese) exigieron también la inmediata remoción de Bengoa y de González Braida “de los importantes cargos que ocupan, por su pésima gestión” y bregaron por la apertura de una discusión seria sobre las políticas de juego a nivel nacional, que concluya en una ley orgánica del juego, “buscando callar las voces privatizadoras”.
* Las dos socias fundadoras son Marta Otero Bergonzoni y Judith Vera Garola, quienes trabajaron en el estudio Vignoli Laffitte & Lublinermann, conocido por dedicarse a la creación de sociedades anónimas. Mario Areán y Juan Carlos Bengoa
Mario César Areán, el ex secretario privado del entonces intendente Mariano Arana (hoy ministro de Vivienda), saltó a la palestra pública luego de una serie de notas publicadas en BRECHA que lo señalaban como uno de los protagonistas de una red de tráfico de influencias que se movió durante la anterior gestión comunal.
Las notas, que comenzaron a aparecer en diciembre de 2002, determinaron que Areán tenía en sociedad con el conductor radial Abel Duarte y el teniente coronel aviador (r) Jorge Semblat una megadisco llamada Complejo Bahía, en el Cerro.
Luego de la investigación periodística, el Tribunal de Conducta Política (TCP) del FA concluyó, el 20 de mayo de 2003, que varios “funcionarios municipales pertenecientes al equipo de confianza” de Arana participaron como “técnicos particulares” en el Complejo Bahía.
Concretamente el informe del TCP citó al arquitecto Daniel Christoff (entonces director de la División Planificación Territorial) como uno de los encargados del proyecto y la dirección de las obras del local bailable.
El otro funcionario municipal de confianza que trabajó para Areán fue el contador Juan Carlos Bengoa (entonces director de la División Promoción Económica) y actual director general de Casinos del Estado.
En las declaraciones en la sede penal a cargo del juez Sergio Torres quedó claro que Areán y Bengoa tenían una larga amistad. Algo similar quedó plasmado en el informe del TCP: “En el caso de Bengoa, éste negó toda relación de dependencia y manifestó que actuó como amigo”.
En sus descargos ante el órgano de conducta del FA, Areán señaló que “el contador Bengoa –de la IMM– le dio opiniones como amigo, pero no trabajó para Bahía, ni ningún funcionario de la IMM tuvo vinculación con el Bahía”.
Areán abandonó el emprendimiento de Complejo Bahía cuando cerró sus puertas y se presentó a concordato luego de haber librado una serie de cheques sin fondos.
Una vez enterado de las conclusiones del TCP del FA, Areán le presentó a Arana su renuncia al cargo de secretario privado y se dedicó a la actividad privada.
Durante la conferencia de prensa realizada el miércoles 21, los integrantes de la Federación Nacional de Trabajadores del Juego (FENAJU) reclamaron el pase a la justicia de los hechos relacionados con el déficit millonario de los casinos municipales durante la gestión de Juan Carlos Bengoa.
Entre otros argumentos, se basaron para fundamentar su exigencia en el artículo 124 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF), que señala textualmente:
“Cuando como consecuencia de la responsabilidad financiero-contable emergente de la resolución administrativa surgiere un perjuicio para el patrimonio estatal, podrá caber la presunción de la responsabilidad civil del infractor. Cuando se presuma la existencia de delito, el jerarca respectivo, sin perjuicio de disponer de inmediato la investigación o sumario correspondiente, formulará sin demora las denuncias judiciales pertinentes con remisión de todos los antecedentes de que disponga.
En estas situaciones no correrá el plazo del artículo 841 del Código de Procedimiento Civil, hasta los noventa días posteriores a la resolución definitiva que recaiga en el sumario”.
GREMIOS LANZARON NUEVAS DENUNCIAS
La Federación Nacional de Trabajadores del Juego (Fenaju) exigió ayer la "inmediata remoción" de los directores de Casinos del Estado, Juan Carlos Bengoa, y de Quinielas, Orestes González, "por su pésima gestión en el sector juegos". En conferencia de prensa, los trabajadores de los casinos municipales y de Loterías y Quinielas afirmaron que si la Intendencia de Montevideo no remitiera el tema a la Justicia, los sindicatos evalúan hacerlo.
Los dirigentes gremiales Enrique Book, Sergio Pitetta y Leonel Revelese, realizaron duras acusaciones contra Bengoa, por haber "faltado a la verdad" en sus declaraciones públicas, y responsabilizaron a González de actuar con "favoritismo hacia los juegos privados". Consideraron que Bengoa realizó una "amenaza velada" cuando dijo en radio Sarandí que por encima de él en la Intendencia había otros jerarcas.
Revelese ratificó que integrantes del gremio de los juegos de azar entregaron al secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, un informe sobre la situación del juego en el país, con un memorando sobre la situación de los casinos municipales. "Nos dijo que el presidente de la República estaba interesado en esta temática y que había que ver los procedimientos que ocurrían en los casinos (por las investigaciones que se llevan adelante), que iba a tomar nota de Loterías y Quinielas y que iba a actuar en consecuencia", precisó Revelese.
Presentaron documentación que probaría el conocimiento que tendría Juan Carlos Bengoa de los titulares de las empresas que arriendan máquinas tragamonedas a la Intendencia.
Denunciaron que con la anuencia de las autoridades, se estaría conformando "un pool gigantesco de agentes privados" para manejar el juego en todo el país y "privatizar" en el interior. Indicaron que Bengoa, tras cerrar la sala de juego en Colonia, habilitó un emprendimiento privado, en el que uno de los empresarios intervinientes es el mismo que participó en la empresa Carmitel SA, ex concesionaria del Hotel Casino Carrasco.
Respecto a González, expresaron que administra en forma "irregular" Loterías y Quinielas. Puntualizaron que pese a los "informes técnicos" desfavorables sobre el "juego de la cédula", González lo autoriza. "Esa es una estafa para el apostador, porque juegan medio millón de cédulas que no fueron emitidas por el Ministerio del Interior", denuncian.
ASTORI REITERÓ APOYO A GESTIÓN DE BENGOA Y PIDE NO PREJUZGAR
El director nacional de Casinos, Juan Carlos Bengoa, permanece en su cargo mientras que el Frente Amplio (FA) no se pronunciará hasta contar con el resultado de la investigación municipal que analiza su gestión. El director de Loterías y Quinielas, Orestes González, está en la mira del gobierno.
Asamblea Uruguay (AU), sector al que pertenece Bengoa, aprobó ayer por unanimidad una declaración elaborada por el propio ministro Danilo Astori, donde expresa su "total confianza" en lo actuado por el director nacional de Casinos cuando se encontraba al frente de la División de la Intendencia de Montevideo (IMM). La declaración equipara a Bengoa con Mariano Arana, María Julia Muñoz, Alberto Rosselli, Luis Orestes González y Luis Antúnez, dejando claro que todos ellos formaron parte de un "equipo". Además de apoyar la "investigación administrativa" ordenada por el intendente Ricardo Ehrlich, el sector sugiere la realización de "un examen profesional externo que garantice la total independencia de sus resultados respecto a intereses ajenos al asunto".
Los comentarios surgidos desde diversos sectores del FA respecto a que Bengoa debería renunciar, provocaron la molestia de los integrantes del Consejo Político de AU, quienes consideran que hay "una evidente ignorancia de la gestión" y el "prejuzgamiento irresponsable" que provoca "un claro daño moral" a los implicados. El diputado Carlos Varela, vocero de la reunión y ex presidente de la Junta Municipal, comentó a Ultimas Noticias que la situación de pérdida en los Casinos Municipales "viene de larga data. En los tiempos que Bengoa era director municipal, las cifras ya se conocían porque venían a la Junta Departamental en las rendiciones de cuentas".
En el resto del FA, la postura es esperar hasta que se pronuncien las Comisiones Investigadoras de la IMM y la Junta Departamental y respaldar a Ehrlich en cualquier medida que considere pertinente, incluyendo el pasaje de los antecedentes a la Justicia. El ministro de Vivienda y ex intendente Mariano Arana dijo a Canal 4 que Ehrlich tiene todo su apoyo "para que se esclarezca todo aquello que se considere imprescindible para generar la confiabilidad en el sistema público. Queremos la transparencia más absoluta". El Movimiento de Participación Popular (MPP), por su parte, cuyo Ejecutivo se reunió ayer, también se expidió a favor de acompañar cualquier decisión que adopte Ehrlich.
TRABAJADORES DEL JUEGO SUMAN ACUSACIONES CONTRA BENGOA
El presidente Vázquez, por su parte, negó haber pedido los antecedentes del caso en un comunicado publicado ayer en el sitio web de la Presidencia de la República. Sin embargo, la dirección de la Federación Nacional de Trabajadores del Juego confirmó ayer en conferencia de prensa que el tema preocupa a Vázquez desde hace varios meses.
Leonel Revelese, representante de los trabajadores de Loterías y Quinielas, indicó que a fines de diciembre y principios de enero el sector sostuvo dos reuniones con el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, para denunciar irregularidades en el sector, cuyo director es Orestes González, ex asesor de Bengoa en la IMM. Revelese señaló que Fernández les dijo que "el presidente de la República estaba muy interesado con esta temática, que iba a tomar nota de la situación en Loterías y que iba a obrar en consecuencia. Hubo un compromiso de hincarle el diente al tema".
Por su parte, Sergio Pitetta, representante de los trabajadores de Casinos, considera que al aludir al "equipo" de Arana, se está haciendo una "velada amenaza" que indica que Bengoa "no está solo en esto". Expresó su preocupación porque "el Ministerio de Economía es el sector que tendría que llevar mejor las cuentas, pero resulta que a un tipo que perdió 14 millones de dólares en cinco años en tres casinos, ahora le dieron 27". Revelese agregó que mantener a Bengoa en el cargo "es una mala señal política a la ciudadanía, una mala respuesta que no pone el acento en la transparencia y la solución del tema".
El diputado y ex candidato a la Intendencia de Montevideo (IMM) por el Partido Nacional, Javier García, reclamó que la auditoría externa que reclama Asamblea Uruguay (AU) sea realizada "sobre toda la gestión municipal y no solamente en los casinos". El legislador planteó la necesidad de una auditoría desde su campaña electoral y una vez electo Ricardo Ehrlich le reiteró la necesidad de investigar los números en nombre del Partido Nacional. Ehrlich rechazó la idea y posteriormente también lo hizo la bancada de ediles del oficialismo. "Hoy retoman un planteo que a nosotros nos negaron", manifestó.
CITAN A ERLICH Y PIDEN AUDITORÍA EXTERNA DE LA IMM
COLORADOS AFIRMAN QUE IRREGULARIDADES COMENZARON EN 1995
El Partido Colorado decidió ayer utilizar toda su artillería contra el Frente Amplio por las presuntas irregularidades en la gestión de los Casinos municipales y programaron para la próxima semana convocar al intendente capitalino, Ricardo Ehrlich, a la Junta Departamental para que explique la gestión de las salas de juego y las responsabilidades de cada jerarca.
Además, los ediles de la Lista 15 -Glenda Rondán y Ángel Fachinetti, entre otros- pedirán que se realice una auditoría externa que abarque a los Casinos de la Intendencia y al resto de la estructura municipal. "Si está todo bien no hay nada que ocultar", sostuvo Rondán.
Ayer por la tarde se reunieron los ediles del sector con los diputados Daniel García Pintos, José Amorín y Daniel Bianchi, además del senador Isaac Alfie. Los participantes del encuentro manejaron nuevos datos relacionados a la gestión del ex director municipal de Casinos y actual director nacional de Casinos, Juan Carlos Bengoa.
Según trasmitió a El País la edil Rondán, las resoluciones municipales 5411/03 y 5481/03 adjudicaron, licitación mediante, el arrendamiento de las maquinas tragamonedas a las sociedades anónimas presuntamente vinculadas a Bengoa.
Hasta ese momento, los contratos se hacían sin licitación alguna, lo que ameritó las reiteradas observaciones del Tribunal de Cuentas (TCR). Sin embargo, desde tiendas coloradas sospechan que ambas licitaciones -la segunda fue una ampliación de la primera- fueron una "jugada" para que el TCR no observara más los expedientes.
"Desde la primera administración de (Mariano) Arana abunda la corrupción", acusó la edil colorada.
Los diputados de la Lista 15 cursaron una serie de pedidos de informes a los ministerios de Economía, Educación y Trabajo con el objetivo de conocer detalles sobre las empresas que venden y alquilan las maquinas de juego. Entre la información, se solicita el domicilio, titulares y síndicos de las firmas.
"Queremos una rápida respuesta a los pedidos de informes", manifestó Amorín, quien entiende que "sería gravísimo" que se confirme la existencia de vínculos entre las empresas contratadas y los jerarcas municipales. "Sería un enorme daño a la gente y a las instituciones democráticas", señaló.
AMPLIACIÓN DE DENUNCIAS EN LA JUSTICIA
El episodio relacionado a los casinos municipales motivó que el edil colorado César García (Foro Batllista) se presentara ante la Justicia para ampliar la denuncia que formuló en noviembre de 2006 ante la jueza Fanny Canessa por el resultado de la concesión de la empresa Carmitel SA, que fue contratada para gestionar las obras de remodelación del Hotel Casino Carrasco. El edil dijo a El País que entregó datos sobre el "entramado de sociedades anónimas" que arriendan maquinas tragamonedas a la Intendencia.
ASAMBLEA CIERRA FILAS EN DEFENSA DE BENGOA
EL GRUPO DE ASTORI CRITICÓ PEDIDOS DE RENUNCIA DE OTROS GRUPOS DEL FA
A influjo de su líder, el ministro Danilo Astori, Asamblea Uruguay respaldó a los ex jerarcas de los casinos municipales, y emitió una declaración en la que se critica los pedidos de remoción que surgieron desde la propia izquierda.
Astori marcó el ritmo de la reunión de ayer del Consejo Político de Asamblea Uruguay, a la que llegó con una declaración en su maletín. Se lo vio distendido. En el primer piso de la sede de Asamblea Uruguay lo esperaban los miembros del Consejo Político. Luego de ligeros retoques, se aprobó por unanimidad una nota dejando en claro que el sector da un voto de "respaldo y solidaridad" al ex director de Casinos municipales de Montevideo y actual titular de los Casinos del Estado, Juan Carlos Bengoa, a sus dos ex asesores, Luis Orestes González y José Antúnez, al ex director de actividades productivas de la comuna Alberto Rosselli, a la ex secretaria general municipal María Julia Muñoz, y al ex intendente Mariano Arana. Asamblea Uruguay subrayó la "total confianza" en la gestión de Arana.
Pese a esas muestras de apoyo, Asamblea Uruguay pidió un "examen profesional externo" para dar más "garantías" sobre la "total independencia" de sus resultados, y "fortalecer" las conclusiones de la investigación que se hace en la comuna. Más allá del respaldo que reiteró el sector de Astori, los funcionarios de Casinos exigieron ayer la "inmediata remoción" de Bengoa y González, actual director de Loterías y Quinielas, porque consideran que cumplieron una "pésima gestión".
El sector de Astori espera ahora que los involucrados en esta situación presenten sus descargos en esa investigación administrativa, para lo cual tienen plazo hasta el lunes 5. El ministro entregó copias de la declaración que propuso aprobar e hizo una intervención breve, donde reafirmó lo que se había analizado del tema y destacó que los elementos nuevos que se presentaron ante la Justicia "no cambian sustancialmente" lo que el sector sabe: que de las conclusiones primarias "no hay elementos" que puedan "dañar" a los involucrados, y así lo reflejó Astori ante su sector, dijeron a El País fuentes políticas.
En el encuentro, el ministro hizo un análisis estructural de las causas del déficit de los Casinos montevideanos -U$S 14 millones en el período 2000-2005-, pero no se pronunció acerca de la idea lanzada por el senador Enrique Rubio, de la Vertiente Artiguista (VA), para privatizar la explotación de las salas de juego comunales.
La declaración aprobada por el sector contraviene fuertemente a dirigentes frenteamplistas como el diputado Juan José Domínguez, del MPP, o el senador Víctor Vaillant, del grupo Claveles Rojos. Domínguez, por ejemplo, dijo a El País que ante estas denuncias los eventualmente involucrados "por lo menos en principio, deben dar un paso al costado". Recordó que en el caso del ex senador Leonardo Nicolini su sector le reclamó la renuncia, mientras se procese la investigación y estimó que "lo mismo debería ocurrir en este caso", en alusión a Bengoa. Por su parte, Vaillant, sin personalizar, subrayó que cuando se ocupa un cargo "de confianza política, para permanecer se debe mantener esa confianza". "Se debe ser transparente, ser cristalino y demostrarlo todos los días. El día que deja de suceder debe abandonar el cargo", declaró a El País.
Astori pidió al respecto que se permitan "los tiempos necesarios" antes de fijar posiciones, en tanto otros participantes de la reunión de Asamblea Uruguay apuntaron que los reclamos surgidos de otros sectores del Frente Amplio son "preocupantes" porque en estos momentos es "aventurado" adelantar conclusiones ya que "no hay elementos de juicio" para pronunciarse sobre la gestión de Bengoa.
Al respecto, la declaración aprobada ayer por el grupo de Astori rechaza esos reclamos de remociones porque parten de la "ignorancia evidente de la gestión que se analiza" y en consecuencia "prejuzgan irresponsablemente" sobre la gestión de los mencionados, "infligiéndoles un claro daño moral".
A la vez, Astori procuró tender lazos con José Mujica, al considerar que sus afirmaciones del martes defendiendo la gestión de Arana y relevándolo de responsabilidades políticas fueron "sensatas" y que van "en sintonía" con lo que pretende Asamblea Uruguay, que es "no señalar con el dedo de antemano", dijeron a El País fuentes de Asamblea Uruguay.
DIFERENCIAS POR PRIVATIZACIÓN DE CASINOS
Al igual que en el resto de los casos en que se habla de privatizar algún servicio, la izquierda uruguaya exhibe divisiones internas. La propuesta del senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) de pasar a la órbita privada los casinos municipales fue tomada con simpatía por algunos grupos del Frente Amplio, otros pidieron estudiarla y no faltaron los que la rechazaron, como el PCU.
El senador Eduardo Ríos (Alianza Progresista) dijo a El País que "hay que estudiar todas las alternativas" y que la privatización es una de ellas. También dijo que se podría iniciar una reestructura para bajar los costos operativos del sector. El diputado Gustavo Bernini (PS) dijo que hay que estudiar el tema, pero que "con los casinos no va la soberanía del país".
En tanto, el diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) indicó que, más allá de la gestión de los casinos, la actividad de las salas del Hotel Carrasco y del Parque Hotel cayó desde la clausura de los hoteles. Agregó que los costos en sueldos se incrementaron y que la recesión económica y la competencia privada perjudicaron al sector.
Según un informe del intendente Ricardo Ehrlich a la Junta Departamental de Montevideo de mayo de 2006, los casinos municipales dieron ganancias hasta el año 1998, y desde entonces hasta 2005 tuvieron un déficit de U$S 14 millones. Ehrlich dijo en la Junta que los egresos aumentaron cuando el gobierno estableció que los funcionarios de los casinos trabajaban en condiciones insalubres. Los gastos de la IMM aumentaron en U$S 1 millón por año por este motivo. Los casinos municipales tienen 495 funcionarios y los salarios representan el 64% de los egresos de esa repartición. En tanto, una auditoría del Tribunal de Cuentas de noviembre de 2006, detectó que por tres años (2000, 2001 y 2002) la IMM había pagado el mantenimiento por 1.439 máquinas tragamonedas inexistentes. El informe de entonces del Tribunal de Cuentas también cuestionaba los manejos internos de los casinos municipales.
VICTOR VAILLANT:
QUE BENGOA DÉ ''UN PASO AL COSTADO NO CONSTITUYE UNA SENTENCIA''
(Primera Voz - 1410 AM Libre)
El senador de Claveles Rojos, Víctor Vaillant, aseguró que nunca pidió la renuncia del director de Casinos, Juan Carlos Bengoa, sino sólo señaló ''que quien estaba en ese momento sometido a serias dudas sobre su gestión pública debía dar un paso al costado''. ''Los hombres públicos no solo tenemos que ser honestos sino que tenemos que parecerlo y demostrarlo'', agregó.
Este miércoles se reunió la directiva de Asamblea Uruguay para analizar el tema de los casinos municipales, donde se respaldó la actuación del director Nacional de Casinos, ex director municipal de esa área, Juan Carlos Bengoa, quien está en el centro de la polémica y por otra parte, se solicitó que se den las garantías del debido proceso.
Las denuncias sobre irregularidades en el manejo de los casinos municipales en la pasada administración lleva bastante tiempo en la agenda del gobierno departamental, desde el año 2000 acumularon pérdidas en el entorno de los 13 millones de dólares.
Ante estas preguntas, hubo varios pasos en los últimos años. Por un lado, el Partido Nacional presentó una denuncia en el seno de la junta Departamental, se sumaron las voces de los funcionarios municipales planteándole al intendente Ehrlich la necesidad de investigar el tema de las pérdidas y también los negocios realizados con los privados.
La reacción del intendente fue investigar por dos caminos: por una parte, se inició una auditoría interna, esta auditoría además de llegar a conclusiones sobre lo actuado, se convertirá en insumos para el cambio de modelo de gestión. Además de la auditoría se realizó una investigación administrativa en setiembre pasado. En la Junta Departamental también se creó una comisión investigadora sobre los casinos en el mes de diciembre.
Hace 10 días, el diario El Observador publicó datos de los resultados de las investigaciones que aún se mantenían en reserva por encontrarse en curso, igualmente, en el informe de los colegas, el secretario general de la comuna Heber Inchausti, perteneciente al MPP, declaró que si bien no había concluido la lectura de las mil fojas de la investigación, era posible que el expediente terminara en la Justicia.
Esto derivó en un cruce de acusaciones de dirigentes de distintos sectores del Frente Amplio involucrados (MPP, Vertiente Artiguista y Asamblea Uruguay). Pese a las declaraciones de las diferentes voces que se manifiestan sobre este tema, todas respaldaron al intendente Ehrlich en su manifiesta voluntad de investigar y actuar en consecuencia de los resultados de la investigación, sin embargo se pasaron facturas sobre actitudes y responsabilidades.
Por un lado, el 13 de febrero pasado, el edil del MPP, Jorge Meroni respaldando el accionar de su sector señaló que ''la intendencia está analizando el expediente que elaboró la comisión y luego lo que ha definido el intendente es que pase a la Justicia. Hasta que no pase y la justicia resuelva no se va a poder conocer. Esto no tiene que resquebrajar la dignidad del Frente Amplio, podemos tener visiones diferentes pero nuestro sector político está avalando lo hecho por el intendente y en este caso por el secretario general de la intendencia''.
A su vez, Asamblea Uruguay también reaccionó en defensa de Bengoa y reclamó a las autoridades municipales que se les brindara a los jerarcas acusados la posibilidad de dar su versión de los hechos.
En torno a las responsabilidades, varios dirigentes del sector liderado por el ministro Danilo Astori, responsabilizaron a Arana y su administración. Así, la diputada Daniela Paysée habló el 14 de febrero reclamando garantías a los acusados y criticando el manejo del tema por parte de los jerarcas municipales: ''Los eventualmente involucrados en cualquier investigación administrativa, deben ser citados a concurrir y hacer los descargos correspondientes en el caso. Planteamos la necesidad de que dentro de las auditorías e investigaciones, en el marco de generar las garantías del debido proceso, cosa que hasta este momento no se ha realizado. Asamblea Uruguay ha resuelto ratificar la confianza en los compañeros involucrados no sólo de nuestro sector político sino de todos aquellos que en el marco de ese expediente están nombrados. Nosotros no nos negamos a las investigaciones, pero tampoco estamos proclives a que se hagan las cosas de esta forma''.
El mismo día, 14 de febrero, el senador de la Vertiente Artiguista Enrique Rubio habló y tal como lo manifestó su sector respaldó la administración del ex intendente Mariano Arana.
''Si perdimos 13 millones de dólares o no sé cuánto es, es porque en realidad tenemos en Uruguay hace 50 años hoteles y casinos, y van juntos. Ahora, si los hoteles se liquidaron, uno el Hotel Carrasco y otro el Parque Hotel y ya no funcionan más desde el punto de vista hotelero, entró el sector privado muy potente a competir en lo relacionado al juego, si tenemos una cantidad de funcionarios importante con sueldos importantes y un peso muy grande de costos fijos, entonces hay que analizar si esto tiene que seguir siendo una obra estatal o si en realidad el Estado tiene que ocuparse la educación, salud, estructura, telecomunicaciones, de cosas sustantivas y no de fabricar calcetines o dedicarse al juego. Eso es un negocio, se supone que debe existir para ganar plata no sacarla, entonces si perdemos plata que vaya al sector privado y lo licitamos o rematamos en la bolsa, pero atrevámonos a este tipo de cosas'', advirtió Rubio.
En ese marco, el ministro de Economía Danilo Astori reaccionó ante las acusaciones a jerarcas de su sector en el caso del contador Juan Carlos Bengoa, quien es actualmente el director Nacional de Casinos. El secretario de Estado señaló que debe hacerse una ''nueva'' auditoría y subrayó la necesidad de que sea ''independiente''.
''Me parecería saludable, aunque estoy a lo que resuelva el gobierno municipal, hacer un análisis externo que esté totalmente despojado de cualquier sospecha de inclinación ajena a la investigación en sí misma. He depositado mi confianza y vuelvo a ratificarlo, en el gobierno de Mariano Arana, en todos sus integrantes, algunos de los cuales estuvieron al frente de los casinos municipales y naturalmente estoy abierto como cualquier ciudadano, como ellos también lo están a que se realice esto, con garantías'' afirmó Astori.
Luego de estas declaraciones, el ministro de Vivienda y ex intendente de Montevideo, Mariano Arana, también habló del tema. Dijo que se tiene que garantizar la máxima transparencia sobre las presuntas irregularidades y destacó que las denuncias sobre las mismas forman parte de un proceso concluido durante su gobierno en la Intendencia de Montevideo.
''Esto fue un proceso absolutamente firme y concluido a través del pasaje al Tribunal de Cuentas y elevar la contestación al Tribunal de Cuentas, Junta Departamental sin que la junta haya hecho algún cuestionamiento. Por otra parte, sin que haya tenido observación alguna desde el Departamento Jurídico de la Intendencia, es más vinieron a felicitar y a exteriorizar su beneplácito los funcionarios de los casinos municipales, por lo menos aquellos que eran dirigentes gremiales del momento. Pero bueno, pueden ser criterios distintos'', declaró Arana.
El actual intendente, Ricardo Ehrlich quien se encuentra en el exterior no hizo declaraciones y desde el gobierno municipal se señaló que la investigación sobre la gestión de los casinos municipales culminará en marzo, una vez que se reciban los descargos de los ex jerarcas aludidos.
El prosecretario de la IMM, Jorge Rodríguez dijo al termino de la semana pasada que aún no está resuelto que el tema pase a la Justicia y desmintió que directores del gabinete comunal hayan pedido el alejamiento del secretario general de la intendencia, Heber Inchausti, por sugerir los resultados de una investigación en curso.
''En este momento lo que estamos haciendo es poner a vista de las personas que fueron nombradas en el expediente a los efectos que puedan decirnos si falta documentación, si quieren aportar pruebas diferentes y además, asesorados por los profesionales que quieran hagan los descargos que consideren pertinentes. Recién ahí, le llega el expediente final al intendente para que él resuelva cual es el destino de la investigación. El tema a nivel público había asumido un perfil político partidario que para nosotros no tenía nada que ver, esta es una medida administrativa dentro de la institucionalidad de la intendencia, o sea que no hay ninguna valoración político partidaria en el inicio ni en los pasos que se vayan a dar ni en las conclusiones. Como el asunto empezó a tomar un sesgo más político sectorial, desde la administración nos pareció que era más adecuado tratarlo como se merece, una investigación administrativa con las reservas y garantías que tiene sin hacer una cuestión d
ado escandalosa porque no se trata de eso'', señaló el prosecretario de la Intendencia.
Sin embargo, en torno a la investigación y a las instancias en que se encuentra la misma, desde la oposición, el edil nacionalista Álvaro Viviano reivindicó el rol de la Junta Departamental y el pasado 13 de febrero dijo que ''la auditoría de la que se habla es una auditoría que nosotros exigimos al intendente municipal en una anterior oportunidad, cuando discutimos e tema de los casinos y denunciábamos la situación. Se formó una comisión investigadora a raíz de irregularidades denunciadas por el Tribual de Cuentas y creemos que es el ámbito para discutir, evaluar y comparar estas realidades que hoy se definen públicamente y como que algunos estarían pensando en remitirlo a la justicia penal''.
Además agregó que ''dentro de la comisión, verdaderamente no me animo a decir que uno u otro puede ir a al Justicia, pero sí he identificado conductas que a mi juicio, rayan con lo ilícito en tanto se utilizan mecanismos subsidiarios que están previstos para otra naturaleza, para cuestiones normales. Mi impresión es que con los elementos que hay y las eventuales informaciones que surjan, y a raíz de las diferentes citaciones que se vayan produciendo, tarde o temprano iba a terminar e la Justicia. Este nuevo documento que elaboró la intendencia, la auditoría y la investigación administrativa están determinando y empujando al MPP a efectuar una denuncia penal''.
De esa forma, el Partido Nacional analizará este jueves en su bancada de legisladores y ediles si corresponde iniciar un procedimiento parlamentario sobre el tema. Mientras tanto, el edil del Foro Batllista César García confirmó que presentará ante la Justicia una ampliación de su denuncia que formulara en noviembre del año pasado. Para García las responsabilidades tocan a varias autoridades ya que a su juicio hubo voluntad política en el ordenamiento de las acciones que llevaron a las irregularidades en esa repartición de la intendencia.
''En aquel momento lo que presentamos fue un exceso que había cometido el ex intendente Adolfo Pérez Piera donde le había otorgado, más allá de lo que la Junta Departamental había resuelto, un plazo hasta el año 2007 a la empresa Carmitel para poder ejecutar las obras del Hotel Carrasco. Lo cual generaba en realidad un beneficio a la empresa y un perjuicio a la intendencia, lo cual quedó en evidencia plena cuando se rescinde el contrato por la actual administración y se le deja a la empresa Carmitel los slots, que son estos los que al día de hoy se están planteando como uno de los cuestionamiento mayores. Esto se agrava con la presentación de la denuncia de Brecha en su última edición en donde se vinculan a directores municipales con sociedades anónimas que trabajan directamente con familiares de directores'', sentenció García.
Además, este martes pasado el diario LA REPÚBLICA informó que el senador del Espacio 609, Víctor Vaillant pidió la renuncia de Bengoa a la Dirección Nacional de Casinos. ''No tengo dudas de que el funcionario en cuestión debe dejar el cargo, es un cargo de confianza política de la sociedad y si la confianza desaparece el funcionario debe dejar el cargo, así lo hemos hecho en el pasado y así lo hemos hecho recientemente con el compañero Leonardo Nicolini'' dijo Vaillant.
Desde Asamblea Uruguay, no se piensa solicitar la renuncia del jerarca al que se le mantiene por parte del sector político la confianza. También, fuentes del sector confirmaron a PRIMERA VOZ que se resolverá finalmente pedir a la IMM una auditoría externa más allá de las conclusiones a las que llegue el departamento de la comuna en la investigación por Casinos.
Por su parte, el líder del MPP, ministro José Mujica dijo que hay que hacer todo lo necesario para esclarecer el asunto, ''no hay que buscarle el pelo al huevo en el juego de poder de sectores, hay que averiguar qué pasó con los 13 millones de dólares de pérdidas denunciadas''. Igualmente se refirió al ex intendente y ministro de Vivienda, dijo que ''nada tiene que ver con la situación'' y que no comparte la teoría de que se es políticamente responsable en casos de jerarquías, ''Arana es Gardel'' dijo Mujica.
En tanto, respecto al costo para el ministro Astori y para el sector Asamblea Uruguay, el líder del MPP dijo a Telenoche 4 que ''los compañeros Astori y de Asamblea Uruguay están en el legítimo derecho de pedir las máximas garantías, pedir una auditoría me parece deber de compañero construyendo unidad, concederla. Usar esos elementos contra un compañero, particularmente en este caso contra Astori, rebaja a quien lo usa, esas cosas no se deben de practicar en la política, hay que tener una visión positiva, Astori es un compañero que ha puesto todo lo suyo y puede cometer errores como cualquiera, pero es un compañero que ha aportado muchísimo y merece el respeto y cuando se discrepa se discrepa pero hay que tener altura, hay recursos de inmundicia que hay que descartarlos de la política'' aseguró Mujica.
VAILLANT NO PIDIÓ RENUNCIA DE BENGOA, PERO DEBE "DAR UN PASO AL COSTADO"
Vaillant aclaró que ''en ningún instante he pedido particularmente ni públicamente el pedido de renuncia sino que he señalado que quien estaba en ese momento sometido a serias dudas sobre su gestión pública debía dar un paso al costado, pedir la renuncia no está en mis posibilidades porque no soy yo quien le otorgué el cargo, ni me corresponde pedirle la renuncia''.
''Señalé mi opinión respecto al tema que es la misma opinión que hemos tenido, con el movimiento Claveles Rojos, en situaciones similares'' aseguró. De esa forma se mostró ''orgulloso'' y ''tranquilo'' de que su fuerza política, el Frente Amplio ''tiene absolutamente claro que el fortalecimiento de la democracia está basado fundamentalmente en la credibilidad y confianza de los hombres públicos y políticos''.
''El desgaste de la imagen de los hombres públicos, trae como consecuencia el desgaste y deterioro del sistema democrático''.
No obstante, Vaillant entendió que la transparencia en la gestión de los hombres públicos ''no significa que como cualquier organización no podamos cometer errores de distintas envergaduras y dimensión'' y destacó que lo importante es que la fuerza política ''tenga la capacidad de corregir esas situaciones''.
El legislador advirtió que se está frente a un caso donde ''habían dudas públicas sobre la gestión de un funcionario'' y ''eso llevó a que la administración de Ehrlich decidiera realizar una investigación sobre la actuación de este funcionario del gobierno anterior del Frente Amplio''.
Asimismo, explicó que de la investigación llevada adelante por la intendencia para clarificar las dudas y responsabilidades del caso, ''surgieron elementos que no solo disipan las dudas sino que las confirman'' razón por la cual la IMM ''analiza'' la posibilidad de elevar el expediente a la Justicia Penal.
''Naturalmente frente a esas circunstancias, consideramos como lo hemos hecho en otros casos, que el funcionario en cuestión debe alejarse del cargo, pero eso no significa un juicio sobre su conducta final, yo no lo hago responsable no lo estoy juzgando sino que simplemente como ocupa un cargo de confianza política, ha generado en el entorno dudas sobre su conducta y aquí está el problema'', indicó.
''Los hombres públicos no solo tenemos que ser honestos sino que además tenemos que parecerlo y demostrarlo, porque la gente cuando deposita en nosotros su confianza, no solo lo hacen por lo que somos sino por lo que parecemos''.
Vaillant precisó que su apreciación y opinión respecto al caso de Bengoa y la actitud de ''dar un paso al costado no constituye una sentencia'' hacia su persona. ''Aquí no se ha dado ningún fenómeno de confrontación entre los sectores, absolutamente para nada'' sin embargo, manifestó que como movimiento del Espacio 609 se quiere mantener ''una conducta coherente y actuar en el acierto o en el error porque no estoy tratando de pautar conductas a nadie, tal vez (con Claveles Rojos) estamos equivocados con lo que decimos, pero es lo que hemos adoptado''.
Además agregó que ''lo que importa, es que la ciudadanía vea que en todos los sectores, que conforman la fuerza política del gobierno, cuando se trata de problemas de transparencia no mira el color ni la pertenencia del funcionario que cae en esos los eventuales errores para juzgarlos'' sentenció.
Finalmente destacó las investigaciones llevadas adelante por la actual administración de la intendencia de Montevideo que ''decidió hacer una indagación sobre hechos dudosos en la pasada administración'' del ex intendente Arana, ''también del Frente Amplio'' y ''eso es importante porque es un signo de cambio profundo en el país, no miramos solo la paja en el ojo ajeno, cuando existe la posibilidad de que la tengamos en el nuestro vamos al oculista'', dijo el senador del Espacio 609.

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 artículo 124
 resolución 
 artículo 841
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