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Timestamp: 2016-12-11 04:43:00+00:00

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LEY FORAL 10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen transitorio de los derechos pasivos del personal funcionario de los montepíos de las administraciones públicas de Navarra	LEY FORAL 10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen transitorio de los derechos pasivos del personal funcionario de los montepíos de las administraciones públicas de Navarra Mis Leyes
LEY FORAL 10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen transitorio de los derechos pasivos del personal funcionario de los montepíos de las administraciones públicas de Navarra Estado	:
TÍTULO I. NORMAS GENERALES DEL SISTEMA TRANSITORIO DE DERECHOS PASIVOS.
Artículo 1. Objeto y ámbito personal de aplicación.
Artículo 3. Ejercicio.
Artículo 4. Sucesión en el ejercicio.
Artículo 5. Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas.
Artículo 6. Incompatibilidad de prestaciones.
Artículo 7. Derechos pasivos del personal funcionario separado del servicio.
TÍTULO II. COTIZACIÓN AL SISTEMA DE DERECHOS PASIVOS.
Artículo 9. Obligación de cotizar.
Artículo 10. Nacimiento y duración de la obligación de cotizar.
Artículo 11. Tipo de cotización.
Artículo 12. Base de cotización.
Artículo 13. Límites máximo y mínimo de las bases de cotización.
Artículo 14. Determinación de la base de cotización.
Artículo 15. Cotización adicional por horas extraordinarias.
Artículo 16. Liquidación de cuotas.
Artículo 17. Ingreso de cotizaciones indebidas.
CAPÍTULO II. SUPUESTOS DE COTIZACIÓN ESPECIAL.
Artículo 18. De la cotización del personal funcionario en situación de excedencia voluntaria o de suspensión de funciones.
Artículo 19. De la cotización del personal funcionario con reducción de jornada o en situación de incapacidad temporal.
TÍTULO III. PRESTACIONES DEL SISTEMA DE DERECHOS PASIVOS.
Artículo 21. Devengo de las prestaciones.
Artículo 22. Abono de las prestaciones.
Artículo 23. Retención y embargo de las prestaciones.
Artículo 25. Limitaciones en el importe inicial de las pensiones, actualización de las mismas y pensiones mínimas.
CAPÍTULO II. PENSIONES DE JUBILACIÓN.
Artículo 26. Hecho causante de las pensiones.
Artículo 27. Condiciones del derecho a las pensiones de jubilación.
Artículo 28. Situaciones asimiladas a la de alta.
Artículo 29. Servicios reconocidos.
Artículo 30. Cotizaciones a la Seguridad Social.
SECCIÓN II. JUBILACIÓN FORZOSA.
Artículo 31. Edad de jubilación forzosa.
Artículo 32. Prolongación de la permanencia en el servicio activo.
Artículo 34. Base reguladora de la pensión.
Artículo 35. Cuantía de la pensión.
SECCIÓN III. JUBILACIÓN VOLUNTARIA.
Artículo 38. Base reguladora de la pensión.
Artículo 39. Cuantía de la pensión.
SECCIÓN IV. JUBILACIÓN POR INCAPACIDAD.
Artículo 41. Concepto del accidente de trabajo.
Artículo 42. Concepto de enfermedad profesional.
Artículo 43. Concepto de los accidentes no laborales y de las enfermedades comunes.
Artículo 44. Concepto de incapacidad permanente.
Artículo 45. Grados de incapacidad permanente determinantes de la jubilación.
Artículo 46. Calificación de los grados de incapacidad.
SUBSECCIÓN II. RÉGIMEN DE LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN POR INCAPACIDAD.
Artículo 47. Condiciones del derecho a la pensión.
Artículo 48. Base reguladora.
Artículo 49. Prestaciones económicas por incapacidad permanente total.
Artículo 50. Prestaciones económicas por incapacidad permanente absoluta.
Artículo 51. Prestaciones económicas por gran invalidez.
Artículo 52. Subsidio complementario de las pensiones de jubilación por incapacidad.
SUBSECCIÓN III. REVISIÓN DE LA INCAPACIDAD.
Artículo 54. Procedimiento de revisión.
Artículo 55. Efectos de la revisión.
CAPÍTULO III. INDEMNIZACIONES POR INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL Y LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES.
SECCIÓN I. INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL PARA LA PROFESIÓN HABITUAL.
Artículo 57. Contenido de la prestación.
Artículo 58. Condiciones del derecho a la prestación.
Artículo 59. Permanencia en el servicio activo.
SECCIÓN II. LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES.
Artículo 61. Contenido de la prestación.
Artículo 62. Condiciones del derecho a la prestación.
Artículo 63. Incompatibilidad con las prestaciones por incapacidad permanente.
Artículo 64. Permanencia en el servicio activo.
CAPÍTULO IV. PRESTACIONES POR MUERTE Y SUPERVIVENCIA.
Artículo 65. Hecho causante de las prestaciones.
Artículo 66. Sujetos causantes.
Artículo 67. Período de carencia.
Artículo 68. Concurrencia con derechohabientes desconocidos o sobrevenidos.
SECCIÓN II. PENSIONES DE VIUDEDAD.
Artículo 69. Condiciones del derecho a la pensión prevista.
Artículo 70. Base reguladora.
Artículo 71. Cuantía de la pensión.
Artículo 73. Extinción de la pensión.
Artículo 74. Acrecimiento de la pensión.
SECCIÓN III. PENSIONES DE ORFANDAD.
Artículo 75. Condiciones del derecho a la pensión.
Artículo 76. Cuantía de la pensión.
Artículo 77. Compatibilidad.
Artículo 78. Abono de la pensión.
Artículo 79. Suspensión de la pensión.
Artículo 80. Recuperación de la pensión.
Artículo 81. Extinción de la pensión.
SECCIÓN IV. PENSIONES EN FAVOR DE FAMILIARES.
Artículo 82. Condiciones del derecho a la pensión.
Artículo 83. Base reguladora.
Artículo 84. Cuantía de la pensión.
Artículo 85. Incompatibilidades.
Artículo 86. Abono de la pensión.
Artículo 87. Extinción de la pensión.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Jubilación forzosa del personal funcionario afiliado al Régimen General de la Seguridad Social y a Clases Pasivas del Estado.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Tratamiento de los períodos de cotización anteriores a la vigencia de este sistema de derechos pasivos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Pensiones extraordinarias motivadas por actos de terrorismo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Transferencias de derechos entre el sistema de previsión social del personal de las Comunidades Europeas y los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Norma especial sobre la determinación de la cuantía de la pensión de viudedad.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Cómputo para derechos pasivos de los períodos de ejercicio sacerdotal o de profesión religiosa del personal que ostentó tal condición.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Retribuciones del personal funcionario acogido a los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra, correspondientes al mes en que se produce el hecho causante de la pensión.
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Ayuda familiar de los pensionistas de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra que se rijan por el nuevo sistema de derechos pasivos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMA. Financiación de los Montepíos Municipales.
DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDECIMA. Cómputo recíproco de cotizaciones entre los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra y los distintos regímenes de la Seguridad Social.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODECIMA. Actividades profesionales especialmente peligrosas o penosas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA. Negociación de la integración en el Régimen General de la Seguridad Social.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA. Comisión de estudio.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Aplicación paulatina de los períodos de cotización computables para el cálculo de la base reguladora.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Derecho de opción de los funcionarios por la aplicación del sistema de derechos pasivos anterior.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Derecho de opción de los pensionistas por la aplicación del nuevo sistema de derechos pasivos.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Norma transitoria sobre cotización al sistema de derechos pasivos.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. Norma transitoria sobre el plazo para optar por la realización de cotizaciones especiales.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA. Norma transitoria sobre el plazo de solicitud de la prolongación de la permanencia en el servicio activo.
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral sobre régimen transitorio de los derechos pasivos del personal funcionario de los montepíos de las administraciones públicas de Navarra.
Con estas disposiciones normativas se cerró el ingreso de funcionarios en los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra, de manera que los funcionarios acogidos a los mismos quedaron como un colectivo a extinguir, que está integrado actualmente por 3.287 funcionarios de la Administración de la Comunidad Foral y 1.205 de las Administraciones Locales, y se empezó a propiciar una solución a la importantísima crisis financiero-presupuestaria de los Montepíos, que los técnicos actuariales auguraban a medio plazo.
El nuevo sistema de derechos pasivos contemplado en la presente Ley Foral, que, en principio, sería de aplicación exclusivamente al citado colectivo a extinguir, pretende acabar con la desconexión referida entre el sistema retributivo de activo y el de derechos pasivos, estableciendo un sistema similar al del Régimen General de la Seguridad Social, en el que las cuantías de las pensiones vengan dadas por las retribuciones percibidas en activo, sin perjuicio de que operen unos límites en forma de topes máximos, al igual que en este último sistema.
Por otra parte, se ha de destacar que la pretensión última de la Ley Foral es la integración en el Régimen General de la Seguridad Social y, por ello, se establece la vigencia transitoria del nuevo sistema que se instaura y se encomienda al Gobierno de Navarra la negociación con el Gobierno de la Nación de las condiciones en que aquella integración ha de producirse.
Contenido de la Ley Foral y aspectos más relevantes del mismo.
Contiene los principios básicos que sustentan el Régimen General de la Seguridad Social.
Contempla algunas particularidades del sistema de Montepíos de la Comunidad Foral de Navarra anterior al previsto en esta Ley Foral.
En el Título II se establecen las normas de cotización al nuevo sistema de derechos pasivos, estableciéndose un tipo único de cotización del 5,1 % de la base de cotización, que es ligeramente superior al 4,8 % que rige en el Régimen General de la Seguridad Social.
En el Título III se enumeran, en primer lugar, las prestaciones del nuevo sistema de derechos pasivos que, en líneas generales, vienen a ser las mismas que las del sistema de la Seguridad Social.
La jubilación forzosa se fija en los 65 años de edad, a diferencia del anterior sistema de derechos pasivos de los Montepíos, en que está fijada a los 70 años, y se establece la posibilidad de prolongar la permanencia en el servicio activo hasta cumplir los 70 años de edad, salvo para aquellos que hayan sido nombrados para puestos de trabajo sometidos a normas específicas de jubilación, pudiéndose percibir en el caso de prolongarse la permanencia en el servicio activo más allá de los 65 años una pensión superior al 100 % de la base reguladora.
Se prevé, al igual que en el sistema de la Seguridad Social, que la base reguladora de la pensión de jubilación vendrá dada por las bases de cotización del funcionario de los últimos 15 años, con la salvedad de determinados supuestos de jubilación por incapacidad, y que la escala aplicable será la misma que la de aquel sistema, de manera que con 35 años de cotización, el porcentaje de la pensión sea del 100 %.
Se establece la posibilidad de la jubilación voluntaria con 60 años de edad y 35 años de cotización, sin aplicación de coeficientes reductores en el porcentaje de la pensión, cuando los 35 años de cotización correspondan a servicios prestados a las Administraciones Públicas, a diferencia de la Seguridad Social en que, en todo caso, se aplican coeficientes reductores.
En lo que respecta a la jubilación por incapacidad, el nuevo sistema de derechos pasivos presenta una serie de aspectos singulares en relación con el sistema de la Seguridad Social, en cuanto que se incluyen en el mismo algunas particularidades del sistema de Montepíos anterior al regulado en esta Ley Foral.
En primer lugar, no se exigen períodos de carencia para el derecho a las pensiones de jubilación por incapacidad permanente, a diferencia del sistema de la Seguridad Social, en que sí se exigen.
No se exige período de carencia para que se entienda causado el derecho a las prestaciones por muerte y supervivencia, a diferencia de la Seguridad Social en que sí se exige.
El porcentaje de la pensión vitalicia de viudedad oscila, cuando no hay huérfanos con derecho a pensión de orfandad, entre un mínimo del 40 % y un máximo del 55 %, en función de los años de cotización del causante de la pensión.
Esta previsión, que difiere de la del sistema de la Seguridad Social, en que el porcentaje de la pensión de viudedad es un porcentaje fijo del 46 %, y en unos supuestos muy limitados del 70 %, trae su causa del sistema de Montepíos anterior al previsto en esta Ley Foral en que los años de cotización tienen incidencia en el porcentaje de la pensión de viudedad.
NORMAS GENERALES DEL SISTEMA TRANSITORIO DE DERECHOS PASIVOS.
COTIZACIÓN AL SISTEMA DE DERECHOS PASIVOS.
El tipo único de cotización será del 5,1 % de la base de cotización a cargo del funcionario y el mismo comprenderá, además de la aportación para las contingencias y situaciones contempladas en la presente Ley Foral, la correspondiente a la prestación de asistencia sanitaria en su modalidad de Uso Especial.
El tipo único de cotización se reducirá al 4,8 % de la base de cotización o al porcentaje vigente en el momento en que se produzca la integración en la Seguridad Social.
En los términos previstos en la normativa de Seguridad Social, las indemnizaciones por los gastos realizados por razón del servicio, por la realización de viajes o por traslado forzoso con cambio de residencia.
A la remuneración computada conforme a la norma anterior se añadirá la parte proporcional de las pagas extraordinarias establecidas y de aquellos otros conceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter periódico. A tal efecto, el importe anual estimado de dichas pagas extraordinarias y demás conceptos retributivos se dividirá por 12.
Si la base de cotización que resulte de acuerdo con las normas anteriores no estuviese comprendida entre la cuantía de la base mínima y de la máxima correspondiente al nivel del funcionario, se cotizará por la base mínima o máxima, según que la resultante sea inferior a aquella o superior a ésta.
2. La liquidación de cuotas referidas a conceptos retributivos incluidos en la base de cotización que se devenguen por períodos superiores al mensual o que no tengan carácter periódico y que se satisfagan dentro del correspondiente ejercicio económico se prorratearán en las liquidaciones mensuales de dicho ejercicio.
SUPUESTOS DE COTIZACIÓN ESPECIAL.
6. Las cotizaciones correspondientes a los supuestos previstos en este artículo se computarán a los únicos efectos de determinar la base reguladora y el porcentaje aplicable a la misma para el cálculo de la pensión correspondiente, pero no a efectos del período de carencia.
Por falta de abono de las cuotas correspondientes a tres mensualidades consecutivas.
Por decisión propia, comunicada por escrito al respectivo Montepío.
Por darse de alta en otro sistema de previsión social.
Por haber perdido el derecho a la reserva de la plaza, en los casos de excedencia voluntaria por interés particular.
PRESTACIONES DEL SISTEMA DE DERECHOS PASIVOS.
Pensiones vitalicias para los supuestos de jubilación forzosa, voluntaria o por incapacidad.
Indemnizaciones a tanto alzado para los supuestos de incapacidad permanente parcial y lesiones permanentes no invalidantes.
Pensiones vitalicias de viudedad.
Desde el primer día del mes siguiente al de la jubilación del funcionario, las pensiones de jubilación.
Desde el momento de la declaración de la incapacidad permanente parcial o de las lesiones permanentes no invalidantes, en el caso de las indemnizaciones a tanto alzado previstas para tales supuestos.
Desde el primer día del mes siguiente al del fallecimiento del causante, en el caso de las pensiones de viudedad y orfandad.
Cuando se trate de pensiones a favor de familiares, desde el primer día del mes siguiente al del fallecimiento del causante del derecho, si no existiese cónyuge viudo de éste o huérfanos del mismo con aptitud legal para cobrar pensión de orfandad, o desde el primer día del mes siguiente a la muerte o pérdida de aptitud legal del cónyuge viudo o de los huérfanos con pensión de orfandad, en caso de existir éstos.
En orden al reintegro de cantidades indebidamente percibidas, conforme a lo previsto en el artículo 5 de esta Ley Foral.
De carácter forzoso, que se declarará automáticamente al cumplir el funcionario la edad legalmente señalada como determinante de la jubilación, con la salvedad prevista en el artículo 32 de esta Ley Foral.
De carácter voluntario, que se declarará a instancia de parte, siempre que el interesado tenga cumplidos los sesenta años de edad, y cuente con treinta y cinco años de cotización.
Por incapacidad permanente, que se declarará de oficio o a instancia de parte, sin perjuicio de lo previsto en la presente Ley Foral para los casos de incapacidad permanente parcial y total para la profesión habitual.
El funcionario esté de alta en el Montepío de la Comunidad Foral de Navarra que proceda, por encontrarse en situación de servicio activo en la respectiva Administración Pública.
El funcionario permanezca en el sistema de derechos pasivos en alguna de las situaciones asimiladas a la de alta contempladas en el párrafo primero del artículo anterior.
El funcionario tenga reconocidos en la respectiva Administración Pública de la Comunidad Foral de Navarra, conforme a la normativa vigente en materia de reconocimiento de servicios.
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, cuando el funcionario permanezca en la situación de suspensión provisional y ésta se eleve a firme, no se entenderá como período de servicios reconocidos a efectos de cómputo del período de carencia, aquél en que haya permanecido en tal situación.
1. Los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley Foral tendrán derecho a que se les computen a efectos de derechos pasivos los períodos de cotización con los que cuenten en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, siempre que tales períodos no se superpongan a otros que les hayan sido reconocidos como prestados a las Administraciones Públicas.
2. No se computarán los períodos de cotización de los funcionarios a cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, cuando por dichos períodos, acumulados, en su caso, a otros, se causara derecho a pensión en tales regímenes, con excepción de aquellos por cuya cotización se genere derecho a las prestaciones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), que sí serán computados.
4. Al funcionario que prolongue su permanencia en la situación de servicio activo le será computado a efectos de derechos pasivos el período de tiempo que continúe en tal situación, tras cumplir la edad de jubilación forzosa, y en ningún caso se podrá instar dentro de ese período el inicio de un procedimiento de jubilación por incapacidad, salvo que sea a consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional.
Las bases correspondientes a los veinticuatro meses anteriores a aquél en que se devengue la pensión se computarán en su valor nominal.
Las restantes bases de cotización se actualizarán de acuerdo con la evolución que haya experimentado el Índice de Precios al Consumo de la Comunidad Foral de Navarra desde el mes a que aquéllas correspondan, hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se inicie el período de bases no actualizables a que se refiere la regla anterior.
(I25 / Ij)
Ij = Índice general de precios al consumo del mes j-ésimo anterior al que se devengue la pensión.
Siendo j = 25,26, ......., 180.
3. Cuando en el período que haya de tomarse en cuenta para el cálculo de la base reguladora aparecieran meses durante los cuáles no se hubiese cotizado al respectivo Montepío de la Administración Pública de Navarra, tales lagunas se integrarán a los exclusivos efectos de dicho cálculo, con las bases mínimas de cotización del nivel E, correspondientes a los meses no cotizados, salvo que se trate de períodos en que se hubiera cotizado a cualquier régimen de la Seguridad Social, en cuyo caso se atenderá a las bases de cotización a dicho sistema de previsión social.
Cuando se acceda a la pensión de jubilación a una edad superior a los sesenta y cinco años, el porcentaje aplicable a la base reguladora será el resultante de sumar al 100 % un 2 % adicional por cada año completo, que en la fecha del hecho causante de la pensión, se haya cotizado desde el cumplimiento de los sesenta y cinco año, siempre que en dicho momento el interesado tuviera acreditados treinta y cinco años de cotización. En el supuesto de que el interesado no tuviera acreditados treinta y cinco años de cotización, el porcentaje adicional indicado se aplicará, cumplidos los sesenta y cinco años, desde la fecha en que se haya acreditado dicho período de cotización.
Se consideran años de cotización y se computarán, por tanto, a los efectos reseñados en los párrafos anteriores, los períodos de tiempo correspondientes a servicios reconocidos, los que correspondan a cotizaciones especiales de los funcionarios en la situación de excedencia voluntaria o suspensión de funciones y los cotizados a cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social conforme a lo previsto en el artículo 30 de esta Ley Foral.
Haber cumplido sesenta años de edad.
Acreditar treinta y cinco años de cotización, de los cuales, al menos, dos habrán de estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho a pensión.
1. La cuantía de la pensión de jubilación voluntaria será equivalente al 100 % de la base reguladora, cuando el funcionario que la solicita cuente con treinta y cinco años de servicios reconocidos.
También tendrá la consideración de incapacidad permanente, en el grado que se califique, la situación del funcionario que, agotado el período máximo de duración de la situación de incapacidad temporal, que será de dos años, requiera la continuación de la asistencia sanitaria y siga imposibilitado para reanudar su trabajo.
1. Para causar derecho a las pensiones de jubilación por incapacidad permanente será preciso reunir la condición general exigida en el párrafo primero del artículo 27 de esta Ley Foral.
2. No se exigirán períodos de carencia, para el derecho a las pensiones de jubilación por incapacidad permanente.
2. La base reguladora de la pensión de jubilación por incapacidad permanente derivada de accidente no laboral será el cociente que resulte de dividir entre 28 la suma de las bases de cotización del funcionario durante un período ininterrumpido de 24 meses naturales.
El período de veinticuatro meses, a que se refiere el párrafo anterior, será elegido por el funcionario dentro de los siete años inmediatamente anteriores a la fecha en que se devengue la pensión.
Si en el período que se computa para el cálculo de la base reguladora aparecieran meses durante los cuales no hubiera cotizado el funcionario al respectivo Montepío de la Administración Pública de Navarra, dichas lagunas se integrarán a los exclusivos efectos de dicho cálculo, con las bases mínimas de cotización del nivel E, correspondientes a los meses no cotizados, salvo que se trate de períodos en que se hubiera cotizado a cualquier régimen de la Seguridad Social, en cuyo caso se atenderá a las bases de cotización a dicho sistema de previsión social.
Cuando en ese período de tiempo hubiera meses durante los cuáles no se hubiesen percibido retribuciones de las instituciones señaladas en el párrafo anterior, dichas lagunas se integrarán a los exclusivos efectos del cálculo de la base reguladora, con las bases de cotización que hubiera tenido el funcionario al respectivo Montepío de la Administración Pública de Navarra o a cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social y en su defecto con las bases mínimas de cotización de los funcionarios encuadrados en el nivel E, correspondientes a los meses no cotizados.
En los términos previstos en la normativa de la Seguridad Social, las indemnizaciones por los gastos realizados por razón del servicio, por la realización de viajes, por traslado forzoso con cambio de residencia, por participación en tribunales de selección o por impartir cursos de formación.
1. La prestación económica correspondiente a la jubilación por incapacidad permanente total consistirá en una pensión vitalicia, de cuantía equivalente al 55 % de la base reguladora.
2. Los funcionarios que se jubilen por incapacidad permanente total para la profesión habitual percibirán la pensión prevista en el apartado anterior, incrementada en un 20 % de la base reguladora, a partir de que cumplan 55 años de edad.
La prestación económica correspondiente a la jubilación por incapacidad permanente absoluta consistirá en una pensión vitalicia de cuantía equivalente al 100 % de la base reguladora, sin perjuicio de que pueda superar dicho porcentaje en los supuestos contemplados en el párrafo segundo del artículo 35 de esta Ley Foral.
La situación de incapacidad en el grado de gran invalidez, dará derecho a la pensión que se señala en el artículo anterior para la incapacidad permanente absoluta, incrementándose la misma en un 50 % destinado a remunerar a la persona que atienda al incapacitado.
La cantidad que corresponda a dicho incremento del 50 % no se computará a efectos de la limitación en el importe inicial y en la actualización de las pensiones prevista en el artículo 25 de esta Ley Foral.
El funcionario declarado en situación de gran inválido que, por mejoría o por haberse apreciado un error de diagnóstico, fuera recalificado en el grado de incapacidad permanente absoluta, dejará de percibir el incremento del 50 % en su pensión desde el día primero del mes siguiente a aquél en que haya recaído la resolución en el expediente de revisión instruido.
El funcionario declarado en situación de gran inválido, o de incapacidad permanente absoluta que, por mejoría o por haberse apreciado un error de diagnóstico, fuera recalificado en el grado de incapacidad permanente total tendrá derecho a optar por continuar en la situación de jubilado o ser rehabilitado en su condición de funcionario a través de su recolocación en un puesto de trabajo, conforme al procedimiento y con los efectos establecidos en el artículo 49.3 de la presente Ley Foral.
El funcionario declarado en situación de incapacidad permanente parcial que, por mejoría o error de diagnóstico, fuera recalificado como no incapacitado, no vendrá obligado a devolver ninguna cantidad, y en el supuesto de que se le reconociesen lesiones permanentes no invalidantes, la indemnización a percibir quedará compensada con la que percibió por la declaración de incapacidad parcial.
El funcionario declarado en situación de gran inválido o de incapacidad permanente absoluta o total que, por mejoría o por haberse apreciado un error de diagnóstico, fuera recalificado como apto para el trabajo, será rehabilitado en su condición de funcionario y pasará a ocupar el puesto de trabajo en que cesó, si estuviera vacante, u otro de la misma denominación o similar, dotado con idéntica retribución, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de notificación de la asignación de puesto de trabajo.
INDEMNIZACIONES POR INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL Y LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES.
Se entenderá por incapacidad permanente parcial para la profesión habitual la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al funcionario una disminución no inferior al 33 % en su rendimiento normal para el desempeño del puesto de trabajo, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales del mismo.
Para que se entiendan causados los derechos de los familiares del sujeto causante, no será preciso que éste haya completado ningún período de carencia.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y sin perjuicio de la caducidad de efectos regulada en el artículo 3 de esta Ley Foral, se satisfará al nuevo titular de derechos el importe de las diferencias que pudieran existir, en su caso, entre lo percibido por los antiguos o actuales titulares y lo que le hubiera podido corresponder durante el período comprendido entre el nacimiento del derecho y la fecha de los efectos económicos del nuevo señalamiento.
Cuando el causante estuviese en situación de alta, en situación asimilada a ella, o en situación de no alta, al tiempo de su fallecimiento, y éste no sea debido a accidente de trabajo o enfermedad profesional, la base reguladora será el cociente que resulte de dividir entre 28 la suma de las bases de cotización del causante durante un período ininterrumpido de 24 meses naturales.
El período de veinticuatro meses, a que se refiere el párrafo anterior, será elegido por el beneficiario dentro de los siete años inmediatamente anteriores a la fecha en que se devengue la pensión.
Si en el período que se computa para el cálculo de la base reguladora aparecieran meses durante los cuáles no hubiera cotizado el causante al respectivo Montepío de la Administración Pública de Navarra, dichas lagunas se integrarán a los exclusivos efectos del cálculo, con las bases mínimas de cotización del nivel E, correspondientes a los meses no cotizados, salvo que se trate de períodos en que aquél hubiera cotizado a cualquier régimen de la Seguridad Social, en cuyo caso se atenderá a las bases de cotización a dicho sistema de previsión social.
Cuando el causante estuviese en situación de alta o en situación asimilada a ella al tiempo de su fallecimiento, y éste sea debido a accidente de trabajo o enfermedad profesional, la base reguladora será el cociente que resulte de dividir entre 14 las retribuciones totales que hubiera percibido el funcionario de cualquiera de las Administraciones Públicas de Navarra, de alguna entidad dependiente de las mismas o de cualquier otra institución pública del ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, en los 12 meses inmediatamente anteriores al fallecimiento, con excepción de las retribuciones señaladas en el párrafo tercero del apartado tercero del artículo 48 de esta Ley Foral.
Cuando en ese período de tiempo hubiera meses durante los cuales el funcionario no hubiese percibido retribuciones de las instituciones señaladas en el párrafo anterior, dichas lagunas se integrarán a los exclusivos efectos del cálculo de la base reguladora, con las bases de cotización que hubiera tenido aquél al respectivo Montepío de la Administración Pública de Navarra o a cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social y en su defecto con las bases mínimas de cotización del nivel E, correspondientes a dichos meses.
Si la base reguladora resultante fuera inferior a la que correspondería por aplicación de lo dispuesto en la norma a, se tomará como base reguladora la que resulte más favorable para el beneficiario de la pensión de viudedad.
Cuando el causante fuese pensionista de jubilación, la base reguladora será la misma que sirvió para determinar su pensión inicial, aplicándole las revalorizaciones que le hubieran correspondido a la misma desde su reconocimiento hasta su extinción.
Hasta 20 años de cotización, se asignará un porcentaje del 40 %.
Por cada año de cotización sobre 20, dicho porcentaje se incrementará en un 1 %, hasta un máximo del 55 %, para 35 años de cotización.
2. No obstante lo anterior, la cuantía de la pensión de viudedad será equivalente al 40 % de la base reguladora, en tanto hayan simultáneamente beneficiarios de pensión de viudedad y de orfandad que provengan del mismo causante.
Declaración, en sentencia firme, de culpabilidad en la muerte del causante.
2. En el caso de que el hijo del causante no efectúe un trabajo lucrativo o no obtenga unos ingresos derivados del trabajo por cuenta ajena o propia o de la prestación por desempleo, incapacidad temporal o maternidad, que superen, en cómputo anual, el 75 % de la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional, podrá ser beneficiario de la pensión de orfandad siempre que, al fallecer el causante, sea menor de veintidós años de edad, o de veinticuatro años si no sobreviviera ninguno de los padres.
Que el matrimonio se hubiese celebrado con dos años de antelación a la fecha de fallecimiento del causante.
Que no tengan derecho a pensión de algún sistema de previsión social, ni queden familiares con obligación y posibilidad de prestarles alimentos, según la legislación civil.
1. La cuantía de la pensión de orfandad para cada huérfano será equivalente al 20 % de la base reguladora del causante, calculada de acuerdo con las normas que para la pensión de viudedad se señalan en el artículo 70 de esta Ley Foral.
7. Las pensiones de orfandad originadas por cada uno de los causantes podrán alcanzar hasta el 100 % de su respectiva base reguladora.
En el caso de beneficiarios mayores de dieciocho años, directamente al beneficiario, salvo que se trate de mayores incapacitados judicialmente, en cuyo caso se abonará la pensión conforme a lo indicado en el párrafo anterior.
1. Una vez reconocido el derecho a la pensión de orfandad en el supuesto contemplado en el apartado segundo del artículo 75 de esta Ley Foral, éste quedará suspendido cuando el beneficiario haya concertado o concierte en adelante un contrato laboral en cualquiera de sus modalidades o efectúe un trabajo por cuenta propia o perciba la prestación por desempleo, incapacidad temporal o maternidad, siempre que los ingresos derivados del contrato, de la actividad o de la prestación de que se trate superen, en cómputo anual, el 75 % de la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional. La suspensión tendrá efectos desde el día siguiente a aquél en que concurra la causa de suspensión.
Cumplir la edad máxima fijada en cada caso para tener derecho a la pensión de orfandad, salvo que, en tal momento, tuviera reducida su capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en un grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
Cesar la incapacidad que le otorgaba el derecho a la pensión.
Adquirir estado matrimonial.
Nietos y hermanos:
Menores de dieciocho años o, mayores de dicha edad que tengan reducida su capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en un grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
En el caso de que el nieto o hermano del causante no efectúe un trabajo lucrativo o no obtenga unos ingresos derivados del trabajo por cuenta ajena o propia o de la prestación por desempleo, incapacidad temporal o maternidad que superen en cómputo anual el 75 % de la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional, podrá ser beneficiario de la pensión a favor de familiares siempre que, al fallecer el causante, sea menor de veinticuatro años de edad.
Que convivieran con el causante, o, en su caso, con el cónyuge superviviente y a sus expensas, al menos con dos años de antelación al fallecimiento de aquél.
Que carezcan de medios de subsistencia y no queden familiares con obligación y posibilidad de prestarles alimentos, según la legislación civil.
Que tengan cumplidos los sesenta años de edad o que tengan reducida su capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en un grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
Que reúnan las condiciones consignadas en los apartados c y d del punto primero.
Que sean mayores de 45 años de edad.
Que estén solteros, viudos o divorciados.
Que hubieran convivido con el causante de la pensión, o, en su caso, con el cónyuge superviviente y a sus expensas, al menos con dos años de antelación a su fallecimiento, acreditando dedicación prolongada al cuidado de los mismos.
La cuantía de la pensión a favor de familiares será para cada uno de ellos equivalente al 20 % de la base reguladora.
1. La pensión a favor de nietos y hermanos contemplada en el punto 1 del apartado primero del artículo 82 de esta Ley Foral, se extinguirá por las causas señaladas para la pensión de orfandad en el artículo 81.
A efectos del señalamiento de pensiones conforme al sistema de derechos pasivos establecido en la presente Ley Foral, cuando hayan de tomarse en cuenta para el cálculo de la base reguladora períodos en que se haya cotizado conforme a las bases de cotización del sistema de derechos pasivos anterior a éste, los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra procederán, partiendo de las retribuciones reales de los funcionarios en esos períodos, a determinar las bases de cotización correspondientes, aplicando las normas de cotización vigentes en el ámbito del Régimen General de la Seguridad Social en cada momento.
Cuando en los períodos de tiempo anteriores a la vigencia del sistema de derechos pasivos previsto en esta Ley Foral, aparecieran meses durante los cuales no se hubiese cotizado al respectivo Montepío o a cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, dichas lagunas se integrarán a los exclusivos efectos del cálculo de la base reguladora, con las bases de cotización mínimas de entre todas las existentes en el Régimen General de la Seguridad Social en cada momento para trabajadores mayores de dieciocho años.
A los funcionarios que causen derechos pasivos en los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral, así como a quienes tuvieran la condición de pensionistas de jubilación de tales Montepíos con anterioridad, que hubieran ostentado la condición de sacerdotes o religiosos y religiosas de la Iglesia Católica y se hubiesen secularizado o hubiesen cesado en la profesión religiosa, se les reconocerán a efectos de derechos pasivos como cotizados a la Seguridad Social los períodos de ejercicio sacerdotal o de profesión religiosa, en los términos previstos en la normativa vigente en el ámbito de la Seguridad Social.
1. Las Entidades Locales de Navarra financiarán el coste neto global anual de las clases pasivas del Montepío de Funcionarios Municipales de Navarra en el 64,3 %, sin que la cifra resultante pueda superar, en ningún caso, la cantidad de 10.682.014 euros, actualizada, al ejercicio de que se trate, con los incrementos que para las pensiones se fijen en las sucesivas Leyes Forales de Presupuestos Generales de Navarra a partir del año 2002 inclusive.
2. Los Ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela, financiarán el coste neto anual de las clases pasivas de sus Montepíos propios en el 77,1 %, sin que las cifras resultantes puedan superar, en ningún caso, las cantidades de 9.312.961 euros, 454.520 euros y 1.082.046 euros respectivamente, actualizadas, al ejercicio de que se trate, con los incrementos que para las pensiones se fijen en las sucesivas Leyes Forales de Presupuestos Generales de Navarra a partir del año 2002 inclusive.
Determinar la fórmula para mantener el 100 % de la base de cotización en los casos de reducción del tiempo de trabajo en un 50 %, como medida de conciliación de la vida familiar y laboral.
Pamplona, 5 de marzo de 2003.
Artículo 29 (apdo. 1.d):
Añadido por Ley Foral 17/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2007. Cerrar
LEY 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad SocialLEY FORAL 1/2008, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2008LEY FORAL 1/2008, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2008RESOLUCION 35/2008, de 9 de abril, del Director Gerente del Instituto Navarro de Administración Pública, por la que se autoriza la corrección de error material advertido en el Anexo II de la Resolución 30/2008, de 18 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de una plaza del puesto de trabajo de Diplomado en Relaciones Laborales al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, y por la que se establece un nuevo plazo para la presentación de instancias para participar en la citada convocatoriaDECRETO FORAL 52/2008, de 19 de mayo, por el que se establece un nuevo plazo de opción, por la aplicación del nuevo sistema de derechos pasivos previsto en la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen transitorio de los derechos pasivos del personal funcionario de los montepíos de las Administraciones Públicas de NavarraLEY FORAL 21/2008, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2009LEY Foral 21/2008, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2009LEY FORAL 16/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de Navarra para el año 2010LEY Foral 16/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de Navarra para el año 2010ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 1 de febrero de 2010, por el que se determinan las pensiones mínimas de jubilación, así como de viudedad y orfandad y las cuantías de los conceptos retributivos con incidencia en los derechos pasivos, en aplicación de lo dispuesto en la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2010LEY FORAL 22/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2011LEY Foral 22/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2011DECRETO FORAL 27/2011, de 4 de abril, por el que se regula la reducción de la jornada del personal funcionario de las Administraciones Públicas de NavarraLEY FORAL 19/2011, de 28 de diciembre, de Presupuestos
LEY FORAL 10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen transitorio de los derechos pasivos del personal funcionario de los montepíos de las administraciones públicas de Navarra	Trámites

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