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Timestamp: 2019-01-22 13:06:40+00:00

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﻿ SENTENCIA T-132 DE ABRIL 2 DE 1998
SENTENCIA T-132 DE 02 DE ABRIL DE 1998
CONTENIDO:CONCURSO PARA VINCULAR PERSONAL DOCENTE: PUNTAJE POR EL LUGAR DE ORIGEN Y LA EXPERIENCIA
TEMAS ESPECÍFICOS:CONCURSO DE MÉRITOS, CARRERA DOCENTE, SALARIO DEL DOCENTE, DERECHOS DEL DOCENTE, EVALUACIÓN DEL DOCENTE, DESEMPEÑO DEL DOCENTE, CONCURSO DE MÉRITOS PARA DOCENTES
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:318 DE JUNIO DE 1998, PÁG.829
Sentencia T-132 de abril 2 de 1998
CONCURSO PARA VINCULAR PERSONAL DOCENTE
PUNTAJE POR EL LUGAR DE ORIGEN Y LA EXPERIENCIA
EXTRACTOS: «La cuestión que se debate en el presente caso es si la incorporación de ciertos factores de calificación en un concurso de ingreso para llenar cargos en el sector educativo, como la experiencia y ser oriundo del lugar donde se desempeñen las labores, implican la violación al principio de igualdad, en cuanto se establecen exigencias discriminatorias que crean irrazonablemente ventajas en favor de algunos de los participantes y condiciones desventajosas para otros.
Tanto la Ley 115 de 1994 (art. 105) sobre educación, como el Decreto 1706 de 1989 (art. 14), han dispuesto que el nombramiento de personal docente y directivo docente en el servicio público educativo estatal, debe estar antecedido de la selección de sus candidatos mediante el sistema de concurso.
El Ministerio de Educación, con fundamento en la atribución que expresamente le confiere el artículo 14 del Decreto 1706 de 1989, dictó la Resolución 20974 de 1989, que reguló la convocatoria y desarrollo de los concursos para la incorporación y ascenso de los educadores dentro de la carrera docente.
Las regulaciones en referencia imponen a las autoridades administrativas encargadas de la provisión de cargos para docentes la obligación de señalar de manera previa y expresa los requisitos y condiciones requeridos para acceder al concurso y los sistemas y métodos para evaluar los méritos y calidades de los aspirantes, observando las previsiones constitucionales, legales y reglamentarias.
Según el artículo 3º de dicha resolución, la selección de los aspirantes a cargos en el ramo docente se desarrolla en tres fases:
a) Aplicación de pruebas escritas, las cuales tendrán un valor del 60%;
b) Realización de entrevistas a los aspirantes que hayan obtenido el puntaje requerido en la prueba escrita, las cuales tendrán un valor hasta del 20%;
c) Valoración de los siguientes factores por un total del 20%, discriminados así:
Ser oriundo del municipio para el cual concursa: 5%
Experiencia docente de 5 años o más: 5%
Trabajo docente en zona rural de 5 o más años: 10%
“El puntaje total será determinado por la suma que resulte de la evaluación de la prueba escrita, de la entrevista y de los factores contemplados en el numeral anterior”.
Por su parte el artículo 4º de la citada resolución establece:
“La autoridad nominadora sólo podrá proveer la vacante con los aspirantes incluidos en el listado de elegibles en estricto orden descendente de puntaje y en los niveles y áreas correspondientes”.
Es evidente que el otorgamiento de un determinado puntaje a ciertos aspirantes, motivado exclusivamente por la condición de ser oriundos de la región donde se van a prestar los servicios, confiere un privilegio violatorio del derecho a la igualdad, porque desconoce los méritos y calidades de los aspirantes, como criterios objetivos para poder determinar quienes se encuentran en mejores condiciones para acceder al servicio público, cuando aquéllos son los únicos requisitos y condiciones relevantes según el artículo 125 de la Constitución.
El sistema de concurso constituye, a no dudarlo, la expresión más acabada del derecho a la igualdad de oportunidades para el acceso a cargos públicos, en la medida en que coloca a todas las personas en la posibilidad de participar en aquél, sin cortapisas excluyentes, porque tan sólo se exige como condición general para los aspirantes que reúnan las exigencias mínimas que el ejercicio del cargo requiere.
Cuando quiera que en el proceso de selección se establecen prerrogativas en favor de ciertas personas o determinados sectores o se consignan exigencias a cargo de algunos participantes, y tales prerrogativas y exigencias carecen de justificación racional, se convierten indudablemente en fuente de violación del derecho de igualdad.
El origen de una persona como factor positivo a valorar en la selección de un servidor público, no ofrece una explicación sólida que justifique el trato diferencial que él comporta porque el acceso a la carrera se fundamenta esencialmente en los méritos y calidades de los aspirantes, que son los supuestos que garantizan por el seleccionado una adecuada prestación de las funciones públicas que se le van a encomendar.
El argumento que puede tenerse en cuenta para incorporar como factor de calificación el origen de los concursantes, no se asocia de ninguna manera a la búsqueda de los méritos y calidades de los aspirantes, que es la finalidad que justifica el concurso, y, por el contrario, consagra una prerrogativa irrelevante para dicho fin, en virtud de que no ofrece las características que demuestran su bondad como un medio necesario para conseguir la mejor selección del candidato o candidatos para el cargo o cargos respectivos.
La Corte, en sentencia 147 de 1996(5) se pronunció aún cuando para otro caso particular, sobre los temas en cuestión, así:
“Para los efectos del análisis de la proporcionalidad de la medida, tanto su finalidad como el medio empleado, deben ser ponderados con mayor rigor en vista de que la Constitución prohíbe expresamente en el artículo 13 la discriminación por razones de origen nacional o familiar. Es evidente que si la Carta excluye la diferenciación de trato sustentado en el origen nacional, está igualmente descartada, inclusive de una manera más perentoria, la discriminación entre nacionales. Dado que la utilización o señalamiento de un factor discriminatorio explícitamente rechazado por la Constitución, induce a temer que se persiga por la autoridad pública la perpetración de una discriminación, el juicio constitucional en estos casos deberá ser más exigente, esto es, debe ir más allá de la mera verificación de la racionalidad o razonabilidad de la medida (...).
Sólo razones que tengan suficiente fundamento constitucional y que demuestren la legitimidad y la necesidad de un trato diferenciado con base en un factor asociado al origen nacional o a la residencia, pueden en realidad desvirtuar la presunción de inconstitucionalidad que normalmente acompaña a las decisiones generales o particulares de los poderes públicos que hagan uso de tales parámetros con el fin de regular o tratar de manera distinta situaciones aparentemente semejantes. La Corte, por lo tanto, no desconoce que, excepcionalmente, en algunas materias y en ciertas circunstancias, la residencia pueda tener relevancia constitucional y admitirse como elemento de diferenciación”. (Se subraya).
2.6. En la convocatoria que hizo el departamento del Valle del Cauca para escoger los coordinadores del Colegio Libardo Madrid, evidentemente tuvo en cuenta como elemento de la calificación el origen de los concursantes. En estas condiciones la tutela hubiera prosperado, de no ser por la circunstancia de que, como se anotó antes, el mayor puntaje derivado del origen del concursante resulta irrelevante, porque para el caso particular del demandante, dicha condición no afectó su situación personal en forma alguna, porque aún descontando el referido factor de sus contendores, no lograba colocarse en primero o segundo lugar para tener derecho al nombramiento respectivo.
Por lo tanto, la presunta violación de los derechos invocados por el actor se reduce ahora a la sola consideración de la “experiencia” como factor del alegado tratamiento inequitativo que se dispensó por la gobernación del Valle en el proceso de selección de los candidatos para llenar los cargos de supervisores en el colegio Libardo Madrid Valderrama .
2.7. La experiencia no puede ser un hecho o situación que contradiga el principio de igualdad porque no se predica como una prerrogativa o una carga particular para determinadas personas, sino por el contrario, como una exigencia general y necesaria para establecer la idoneidad de los candidatos a seleccionar.
En otra oportunidad había tratado la Corte(6) el tema, advirtiendo que el requisito de la experiencia no es contrario al postulado establecido en el artículo 13 de la Constitución. Así dijo:
(6) Sentencia C-420/95 M.P. Hernando Herrera Vergara.
“El requisito de experiencia no resulta contrario al principio consagrado en el artículo 13 de la Carta Política, si se tiene en cuenta que el precepto acusado se encuentra fundado en la experiencia operativa de quienes han laborado en el campo específico de dicha capacitación a efecto del ingreso a programas de formación técnica profesional con respecto a ocupaciones que tengan dicho carácter.
Por su parte, el literal c del parágrafo del artículo 14 de la Ley 30 de 1992 también acusado, establece que a los programas de formación técnica profesional en las instituciones de Educación Superior, podrán ingresar quienes reúnan los siguientes requisitos: “c) Haber laborado en el campo específico de dicha capacitación por un período no inferior a dos (2) años, con posterioridad a la capacitación del SENA”. A juicio del actor, tal requisito vulnera el libre desarrollo de la personalidad consagrado en el artículo 16 de la Carta. Por su parte, el señor Viceprocurador General de la Nación afirma que “la exigencia de dos años de labores en el área específica de la capacitación parece un requisito desproporcionado y es, por lo tanto, opuesto al principio de igualdad”.
A juicio de la Corte Constitucional, el referido requisito no resulta contrario al principio consagrado en el artículo 13 de la Carta Política, si se tiene en cuenta que el precepto acusado se encuentra fundado en la experiencia operativa de quienes han laborado en el campo específico de dicha capacitación a efecto del ingreso a programas de formación técnica profesional con respecto a ocupaciones que tengan dicho carácter”.
Es claro el criterio jurisprudencial anterior que la experiencia como elemento en consideración concurre a que se logre el objetivo del concurso que es el de seleccionar el mejor o mejores aspirantes. Por eso ha dicho la Corte:(7)
(7) Sentencia C-041/95, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
“La finalidad del concurso es hacer que sean los mejores los que ingresen al servicio público; su idea-fuerza, en consecuencia, gira alrededor del mérito (C.P., art. 125). Para alcanzar este objetivo es indispensable que la sociedad y sus miembros respondan positivamente a la convocación y que el afán de servicio junto a la cultura y al saber concurran con miras a escoger a los más aptos y capaces. No menos importante es el tipo de pruebas —orales, escritas, entrevistas, diálogos, confrontaciones etc.— y de requisitos —títulos, certificaciones de estudio, experiencia, trabajos, antecedentes, publicaciones etc.— que se contemplen y se exijan. Su contenido no solamente puede revelar conocimientos y aptitudes sino también, como lo atestigua el estado del arte en esta materia y la experiencia acumulada en otros países en los que los concursos y las oposiciones constituyen práctica cotidiana, a través de ellas y de las puntuaciones y ponderaciones que se prevén, se puede conocer la capacidad crítica de los aspirantes y los rasgos relevantes para aproximar lo más cerca posible el perfil del cargo a lo que se desprende de las pruebas”.
3. En conclusión, para la Sala no son aceptables los argumentos esgrimidos por el demandante para reclamar su incorporación al cargo de directivo docente en la administración educativa del departamento del Valle del Cauca, en razón de que, por un lado, su situación no pudo verse afectada por el factor origen, como condición del nombramiento, porque la protección que puede brindar la acción de tutela sólo se predica del caso particular en juicio y no puede extenderse de manera general y abstracta a cualquier caso y, de otra parte, en razón de que la experiencia constituye una exigencia necesaria en la selección de cualquier servidor público y un factor importante para calificar la idoneidad de un educador.
En razón de lo anterior, no es del caso considerar la inaplicación por inconstitucional de la norma antes mencionada de la Resolución 20974 de 1989, originaria del Ministerio de Educación Nacional».
(Sentencia T-132 de abril 2 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell).

References: artículo 14
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 4
 resolución 
 artículo 125
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 16
 artículo 13
 Resolución