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Timestamp: 2016-10-23 15:18:51+00:00

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Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. T�TULO V.�Revisi�n en v�a administrativa (Vigente hasta el 12 de Octubre de 2015).
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (Vigente hasta el 12 de Octubre de 2015).
Vigencia desde 01 de Julio de 2004. Esta revisi�n vigente desde 01 de Junio de 2015 hasta 12 de Octubre de 2015
Vigente desde 1/Julio/2004 hasta 1/Diciembre/2006
Vigente desde 1/Diciembre/2006 hasta 26/Diciembre/2008
Vigente desde 26/Diciembre/2008 hasta 1/Enero/2010
Vigente desde 31/Marzo/2012 hasta 24/Abril/2012
Vigente desde 24/Abril/2012 hasta 31/Octubre/2012
Vigente desde 31/Octubre/2012 hasta 28/Junio/2013
Vigente desde 28/Junio/2013 hasta 29/Septiembre/2013
Vigente desde 29/Septiembre/2013 hasta 1/Junio/2015
Vigente desde 1/Junio/2015 hasta 12/Octubre/2015
2. Las resoluciones firmes de los �rganos econ�mico-administrativos, as� como los actos de aplicaci�n de los tributos y de imposici�n de sanciones sobre los que hubiera reca�do resoluci�n econ�mico-administrativa, no podr�n ser revisados en v�a administrativa, cualquiera que sea la causa alegada, salvo en los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en el art�culo 217, rectificaci�n de errores del art�culo 220 y recurso extraordinario de revisi�n regulado en el art�culo 244 de esta ley.
Las resoluciones de los �rganos econ�mico-administrativos podr�n ser declaradas lesivas conforme a lo previsto en el art�culo 218 de esta ley.
Capacidad y representaci�n, prueba, notificaciones y plazos de resoluci�n 1. En los procedimientos especiales de revisi�n, recursos y reclamaciones previstos en este t�tulo ser�n de aplicaci�n las normas sobre capacidad y representaci�n establecidas en la secci�n 4.� del cap�tulo II del t�tulo II de esta ley, y las normas sobre prueba y notificaciones establecidas en las secciones 2.� y 3.� del cap�tulo II del t�tulo III de esta ley.
2. Lo dispuesto en los apartados anteriores se aplicar� teniendo en consideraci�n las especialidades reguladas en el cap�tulo IV de este t�tulo.
3. A efectos del c�mputo de los plazos de resoluci�n previstos en este t�tulo ser� de aplicaci�n lo dispuesto en el apartado 2 del art�culo 104 de esta ley.
SECCI�N 1PROCEDIMIENTO DE REVISI�N DE ACTOS NULOS DE PLENO DERECHO
Declaraci�n de nulidad de pleno derecho 1. Podr� declararse la nulidad de pleno derecho de los actos dictados en materia tributaria, as� como de las resoluciones de los �rganos econ�mico-administrativos, que hayan puesto fin a la v�a administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los siguientes supuestos:
3. Se podr� acordar motivadamente la inadmisi�n a tr�mite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del �rgano consultivo, cuando el acto no sea firme en v�a administrativa o la solicitud no se base en alguna de las causas de nulidad del apartado 1 de este art�culo o carezca manifiestamente de fundamento, as� como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.
La declaraci�n de nulidad requerir� dictamen favorable previo del Consejo de Estado u �rgano equivalente de la respectiva comunidad aut�noma, si lo hubiere.
5. En el �mbito de competencias del Estado, la resoluci�n de este procedimiento corresponder� al Ministro de Hacienda.
SECCI�N 2DECLARACI�N DE LESIVIDAD DE ACTOS ANULABLES
Declaraci�n de lesividad 1. Fuera de los casos previstos en el art�culo 217 y 220 de esta ley, la Administraci�n tributaria no podr� anular en perjuicio de los interesados sus propios actos y resoluciones.
3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciaci�n del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad se producir� la caducidad del mismo.
4. En el �mbito de la Administraci�n General del Estado, la declaraci�n de lesividad corresponder� al Ministro de Hacienda.
SECCI�N 3REVOCACI�N
Revocaci�n de los actos de aplicaci�n de los tributos y de imposici�n de sanciones 1. La Administraci�n tributaria podr� revocar sus actos en beneficio de los interesados cuando se estime que infringen manifiestamente la ley, cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situaci�n jur�dica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitaci�n del procedimiento se haya producido indefensi�n a los interesados.
2. La revocaci�n s�lo ser� posible mientras no haya transcurrido el plazo de prescripci�n.
3. El procedimiento de revocaci�n se iniciar� siempre de oficio, y ser� competente para declararla el �rgano que se determine reglamentariamente, que deber� ser distinto del �rgano que dict� el acto.
En el expediente se dar� audiencia a los interesados y deber� incluirse un informe del �rgano con funciones de asesoramiento jur�dico sobre la procedencia de la revocaci�n del acto.
SECCI�N 4RECTIFICACI�N DE ERRORES
Rectificaci�n de errores 1. El �rgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resoluci�n de la reclamaci�n rectificar� en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales, de hecho o aritm�ticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripci�n.
SECCI�N 5DEVOLUCI�N DE INGRESOS INDEBIDOS
c) Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o sanciones tributarias despu�s de haber transcurrido los plazos de prescripci�n. En ning�n caso se devolver�n las cantidades pagadas que hayan servido para obtener la exoneraci�n de responsabilidad en los supuestos previstos en el apartado 2 del art�culo 180 de esta Ley.
Letra c) del n�mero 1 del art�culo 221 redactada por el apartado dos de la disposici�n final primera del R.D.-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducci�n del d�ficit p�blico (�B.O.E.� 31 marzo).Vigencia: 31 marzo 2012
Reglamentariamente se desarrollar� el procedimiento previsto en este apartado, al que ser� de aplicaci�n lo dispuesto en el apartado 2 del art�culo 220 de esta ley.
N�mero 1 del art�culo 221 redactado por el apartado treinta y siete del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre).
2. Cuando el derecho a la devoluci�n se hubiera reconocido mediante el procedimiento previsto en el apartado 1 de este art�culo o en virtud de un acto administrativo o una resoluci�n econ�mico-administrativa o judicial, se proceder� a la ejecuci�n de la devoluci�n en los t�rminos que reglamentariamente se establezcan.
3. Cuando el acto de aplicaci�n de los tributos o de imposici�n de sanciones en virtud del cual se realiz� el ingreso indebido hubiera adquirido firmeza, �nicamente se podr� solicitar la devoluci�n del mismo instando o promoviendo la revisi�n del acto mediante alguno de los procedimientos especiales de revisi�n establecidos en los p�rrafos a), c) y d) del art�culo 216 y mediante el recurso extraordinario de revisi�n regulado en el art�culo 244 de esta ley.
4. Cuando un obligado tributario considere que la presentaci�n de una autoliquidaci�n ha dado lugar a un ingreso indebido, podr� instar la rectificaci�n de la autoliquidaci�n de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del art�culo 120 de esta ley.
5. En la devoluci�n de ingresos indebidos se liquidar�n intereses de demora de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del art�culo 32 de esta ley.
Cuando en el plazo establecido para recurrir se hubieran interpuesto recurso de reposici�n y reclamaci�n econ�mico-administrativa que tuvieran como objeto el mismo acto, se tramitar� el presentado en primer lugar y se declarar� inadmisible el segundo.
Iniciaci�n y tramitaci�n del recurso de reposici�n 1. El plazo para la interposici�n de este recurso ser� de un mes contado a partir del d�a siguiente al de la notificaci�n del acto recurrible o del siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
Trat�ndose de deudas de vencimiento peri�dico y notificaci�n colectiva, el plazo para la interposici�n se computar� a partir del d�a siguiente al de finalizaci�n del per�odo voluntario de pago.
Suspensi�n de la ejecuci�n del acto recurrido en reposici�n 1. La ejecuci�n del acto impugnado quedar� suspendida autom�ticamente a instancia del interesado si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la suspensi�n y los recargos que proceder�an en caso de ejecuci�n de la garant�a, en los t�rminos que se establezcan reglamentariamente.
Si la impugnaci�n afectase a una sanci�n tributaria, su ejecuci�n quedar� suspendida autom�ticamente sin necesidad de aportar garant�as de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del art�culo 212 de esta Ley.
N�mero 1 del art�culo 224 redactado por el n�mero quince del art�culo 1 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificaci�n de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuaci�n de la normativa financiera para la intensificaci�n de las actuaciones en la prevenci�n y lucha contra el fraude (�B.O.E.� 30 octubre).Vigencia: 31 octubre 2012
b) Aval o fianza de car�cter solidario de entidad de cr�dito o sociedad de garant�a rec�proca o certificado de seguro de cauci�n.V�ase O.M. EHA/3987/2005, de 15 de diciembre, por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisi�n en v�a administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, sobre requisitos de suficiencia de determinadas garant�as aportadas para obtener la suspensi�n de la ejecuci�n de los actos impugnados (�B.O.E.� 21 diciembre).
3. Podr� suspenderse la ejecuci�n del acto recurrido sin necesidad de aportar garant�a cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritm�tico, material o de hecho.
4. Si el recurso no afecta a la totalidad de la deuda tributaria, la suspensi�n se referir� a la parte recurrida, quedando obligado el recurrente a ingresar la cantidad restante.
N�mero 5 del art�culo 224 introducido, en su actual redacci�n, por el apartado treinta y ocho del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre).
5. Cuando deba ingresarse total o parcialmente el importe derivado del acto impugnado como consecuencia de la resoluci�n del recurso, se liquidar� inter�s de demora por todo el per�odo de suspensi�n, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4 del art�culo 26 y en el apartado 3 del art�culo 212 de esta ley.
N�mero 6 del art�culo 224 renumerado e introducido por el apartado treinta y ocho del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre). Su contenido literal se corresponde con el del anterior n�mero 5 del mismo art�culo.
N�mero 3 del art�culo 225 introducido, en su actual redacci�n, por el apartado treinta y nueve del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre).
3. El plazo m�ximo para notificar la resoluci�n ser� de un mes contado desde el d�a siguiente al de presentaci�n del recurso.
En el c�mputo del plazo anterior no se incluir� el per�odo concedido para efectuar alegaciones a los titulares de derechos afectados a los que se refiere al p�rrafo segundo del apartado 3 del art�culo 232 de esta ley, ni el empleado por otros �rganos de la Administraci�n para remitir los datos o informes que se soliciten. Los per�odos no incluidos en el c�mputo del plazo por las circunstancias anteriores no podr�n exceder de dos meses.
Transcurrido el plazo m�ximo para resolver sin haberse notificado resoluci�n expresa, y siempre que se haya acordado la suspensi�n del acto recurrido, dejar� de devengarse el inter�s de demora en los t�rminos previstos en el apartado 4 del art�culo 26 de esta ley.
N�mero 4 del art�culo 225 renumerado por el apartado treinta y nueve del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre). Su contenido literal se corresponde con el del anterior n�mero 3 del mismo art�culo.
4. Transcurrido el plazo de un mes desde la interposici�n, el interesado podr� considerar desestimado el recurso al objeto de interponer la reclamaci�n procedente.
N�mero 5 del art�culo 225 renumerado por el apartado treinta y nueve del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre). Su contenido literal se corresponde con el del anterior n�mero 4 del mismo art�culo.
N�mero 6 del art�culo 225 renumerado e introducido por el apartado treinta y nueve del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre). Su contenido literal se corresponde con el del anterior n�mero 5 del mismo art�culo.
Subsecci�n 1�mbito de las reclamaciones econ�mico-administrativas
�mbito de las reclamaciones econ�mico-administrativas Podr� reclamarse en v�a econ�mico-administrativa en relaci�n con las siguientes materias:
a) La aplicaci�n de los tributos del Estado o de los recargos establecidos sobre ellos y la imposici�n de sanciones tributarias que realicen la Administraci�n General del Estado y las entidades de derecho p�blico vinculadas o dependientes de la misma y las Administraciones tributarias de las Comunidades Aut�nomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonom�a.
Art�culo 226 redactado por el apartado dos de la disposici�n final tercera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n y Ciudades con Estatuto de Autonom�a y se modifican determinadas normas tributarias (�B.O.E.� 19 diciembre).Vigencia: 1 enero 2010
b) Las resoluciones expresas o presuntas derivadas de una solicitud de rectificaci�n de una autoliquidaci�n o de una comunicaci�n de datos.
f) Los actos que determinen el r�gimen tributario aplicable a un obligado tributario, en cuanto sean determinantes de futuras obligaciones, incluso formales, a su cargo.
g) Los actos dictados en el procedimiento de recaudaci�n.
h) Los actos respecto a los que la normativa tributaria as� lo establezca.
3. Asimismo, ser�n reclamables los actos que impongan sanciones.
4. Ser�n reclamables, igualmente, previo cumplimiento de los requisitos y en la forma que se determine reglamentariamente, las siguientes actuaciones u omisiones de los particulares en materia tributaria:
a) Las relativas a las obligaciones de repercutir y soportar la repercusi�n prevista legalmente.
b) Los dictados en procedimientos en los que est� reservada al Ministro de Econom�a y Hacienda o al Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos la resoluci�n que ultime la v�a administrativa.
c) Los dictados en virtud de una ley del Estado que los excluya de reclamaci�n econ�mico-administrativa.
N�mero 5 del art�culo 227 redactado por el apartado tres de la disposici�n final tercera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n y Ciudades con Estatuto de Autonom�a y se modifican determinadas normas tributarias (�B.O.E.� 19 diciembre).Vigencia: 1 enero 2010
Subsecci�n 2Organizaci�n y competencias
�rganos econ�mico-administrativos 1. El conocimiento de las reclamaciones econ�mico-administrativas corresponder� con exclusividad a los �rganos econ�mico-administrativos, que actuar�n con independencia funcional en el ejercicio de sus competencias.
2. En el �mbito de competencias del Estado, son �rganos econ�mico-administrativos:
a) El Tribunal Econ�mico-Administrativo Central.
b) Los tribunales econ�mico-administrativos regionales y locales.
3. Tambi�n tendr� la consideraci�n de �rgano econ�mico-administrativo la Sala Especial para la Unificaci�n de Doctrina.
4. Corresponde a cada Comunidad Aut�noma y cada Ciudad con Estatuto de Autonom�a determinar su estructura administrativa para el ejercicio de la funci�n revisora en el �mbito de las reclamaciones econ�mico-administrativas, todo ello sin perjuicio de la labor unificadora del Estado que ser� ejercida por el Tribunal Econ�mico-Administrativo Central y por la Sala Especial para la Unificaci�n de Doctrina establecida en el apartado anterior.
5. La competencia de los �rganos econ�mico-administrativos ser� irrenunciable e improrrogable y no podr� ser alterada por la voluntad de los interesados.
Art�culo 228 redactado por el apartado cuatro de la disposici�n final tercera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n y Ciudades con Estatuto de Autonom�a y se modifican determinadas normas tributarias (�B.O.E.� 19 diciembre).Vigencia: 1 enero 2010
Competencias de los �rganos econ�mico-administrativos 1. El Tribunal Econ�mico-Administrativo Central conocer�:
a) En �nica instancia, de las reclamaciones econ�mico-administrativas que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los �rganos centrales del Ministerio de Econom�a y Hacienda u otros departamentos ministeriales, de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria y de las entidades de derecho p�blico vinculadas o dependientes de la Administraci�n General del Estado, as� como, en su caso, contra los actos dictados por los �rganos superiores de la Administraci�n de las Comunidades Aut�nomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonom�a.Tambi�n conocer� en �nica instancia de las reclamaciones en las que deba o�rse o se haya o�do como tr�mite previo al Consejo de Estado.
b) En �nica instancia, de las reclamaciones econ�mico-administrativas que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los �rganos perif�ricos de la Administraci�n General del Estado, de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria y de las entidades de derecho p�blico vinculadas o dependientes de la Administraci�n General del Estado o, en su caso, por los �rganos de las Comunidades Aut�nomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonom�a no comprendidos en la letra anterior, as� como contra las actuaciones de los particulares susceptibles de reclamaci�n, cuando, aun pudiendo presentarse la reclamaci�n en primera instancia ante el tribunal econ�mico-administrativo regional o local correspondiente o, en su caso, ante el �rgano econ�mico administrativo de las Comunidades Aut�nomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonom�a, la reclamaci�n se interponga directamente ante el Tribunal Econ�mico-Administrativo Central, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 de este art�culo.
c) En segunda instancia, de los recursos de alzada ordinarios que se interpongan contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los tribunales econ�mico-administrativos regionales y locales y, en su caso, como consecuencia de la labor unificadora de criterio que corresponde al Estado, contra las resoluciones dictadas por los �rganos econ�mico-administrativos de las Comunidades Aut�nomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonom�a.
d) De los recursos extraordinarios de revisi�n, salvo los supuestos a los que se refiere el art�culo 59.1.c) �ltimo p�rrafo de la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n y Ciudades con Estatuto de Autonom�a, y de los extraordinarios de alzada para la unificaci�n de criterio.
e) De la rectificaci�n de errores en los que incurran sus propias resoluciones, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 220 de esta Ley.
2. Los tribunales econ�mico-administrativos regionales y locales conocer�n:
a) En �nica instancia, de las reclamaciones que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los �rganos perif�ricos de la Administraci�n General del Estado, de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria y de las entidades de derecho p�blico vinculadas o dependientes de la Administraci�n General del Estado y, en su caso, por los �rganos de la Administraci�n de las Comunidades Aut�nomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonom�a no comprendidos en el p�rrafo a) del apartado anterior, cuando la cuant�a de la reclamaci�n sea igual o inferior al importe que se determine reglamentariamente.
b) En primera instancia, de las reclamaciones que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los �rganos mencionados en el p�rrafo a) de este apartado, cuando la cuant�a de la reclamaci�n sea superior al importe que se determine reglamentariamente.
c) De la rectificaci�n de errores en los que incurran sus propias resoluciones, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 220 de esta Ley.
3. Los �rganos econ�mico-administrativos de las Comunidades Aut�nomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonom�a conocer�n, en su caso, y salvo lo dispuesto en el art�culo 59.1.c), segundo p�rrafo, de la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n y Ciudades con Estatuto de Autonom�a:
a) En �nica instancia, de las reclamaciones que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los �rganos de la Administraci�n de las Comunidades Aut�nomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonom�a no comprendidos en el p�rrafo a) del apartado 1, cuando la cuant�a de la reclamaci�n sea igual o inferior al importe que se determine reglamentariamente.
b) En primera instancia, de las reclamaciones que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los �rganos mencionados en el p�rrafo a) de este apartado cuando la cuant�a de la reclamaci�n sea superior al importe que se determine reglamentariamente.
4. Los tribunales econ�mico-administrativos regionales y locales y, en su caso, los �rganos econ�mico-administrativos de las Comunidades Aut�nomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonom�a, conocer�n asimismo de las reclamaciones que se interpongan contra actuaciones de los particulares en materia tributaria susceptibles de reclamaci�n econ�mico-administrativa, en primera o �nica instancia seg�n que la cuant�a de la reclamaci�n exceda o no del importe que se determine reglamentariamente, salvo lo dispuesto en el art�culo 59.1.c), segundo p�rrafo, de la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n y Ciudades con Estatuto de Autonom�a.
En estos casos, la competencia de los tribunales econ�mico-administrativos regionales y locales y de los �rganos econ�mico-administrativos de las Comunidades Aut�nomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonom�a vendr� determinada por el domicilio fiscal de la persona o entidad que interponga la reclamaci�n.
5. Cuando la resoluci�n de las reclamaciones econ�mico-administrativas sea susceptible de recurso de alzada ordinario ante el Tribunal Econ�mico-Administrativo Central, la reclamaci�n podr� interponerse directamente ante este �rgano.
6. En cada Comunidad Aut�noma existir� un tribunal econ�mico-administrativo regional. En cada Ciudad con Estatuto de Autonom�a existir� un tribunal econ�mico-administrativo local.
El �mbito de los tribunales econ�mico-administrativos regionales y locales coincidir� con el de la respectiva Comunidad Aut�noma o Ciudad con Estatuto de Autonom�a y su competencia territorial para conocer de las reclamaciones econ�mico-administrativas se determinar� conforme a la sede del �rgano que hubiera dictado el acto objeto de la reclamaci�n. En los tribunales econ�mico-administrativos regionales podr�n crearse salas desconcentradas con el �mbito territorial y las competencias que se fijen en la normativa tributaria.
Art�culo 229 redactado por el apartado cinco de la disposici�n final tercera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n y Ciudades con Estatuto de Autonom�a y se modifican determinadas normas tributarias (�B.O.E.� 19 diciembre).Vigencia: 1 enero 2010
Art�culo 229 redactado por el apartado cuarenta del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre). La nueva redacci�n del art�culo 229.6 ser� de aplicaci�n a las reclamaciones y recursos interpuestos desde su entrada en vigor.
Acumulaci�n de reclamaciones econ�mico-administrativas 1. Las reclamaciones econ�mico-administrativas se acumular�n a efectos de su tramitaci�n y resoluci�n en los siguientes casos:
b) Las interpuestas por varios interesados relativas al mismo tributo siempre que deriven de un mismo expediente o planteen id�nticas cuestiones.
c) La interpuesta contra una sanci�n si se hubiera presentado reclamaci�n contra la deuda tributaria de la que derive.
3. La acumulaci�n determinar�, en su caso, la competencia del Tribunal Econ�mico-Administrativo Central para resolver la reclamaci�n o el recurso de alzada ordinario por raz�n de la cuant�a. Se considerar� como cuan t�a la que corresponda a la reclamaci�n que la tuviese m�s elevada.
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores ser� aplicable cuando se interponga una sola reclamaci�n contra varios actos o actuaciones.
Art�culo 230 redactado por el apartado cuarenta y uno del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre). La nueva redacci�n del art�culo 230 ser� de aplicaci�n a las reclamaciones y recursos interpuestos desde su entrada en vigor.
Funcionamiento de los Tribunales Econ�mico-Administrativos 1. Los Tribunales Econ�mico-Administrativos funcionar�n en Pleno, en Salas y de forma unipersonal.
2. El Pleno estar� formado por el Presidente, los Vocales y el Secretario.
3. Las Salas estar�n formadas por el Presidente, un Vocal al menos y el Secretario. Podr� nombrarse Presidente de Sala a alguno de los Vocales cuando se produzcan las circunstancias que se determinen reglamentariamente.
4. Los Tribunales Econ�mico-Administrativos podr�n actuar de forma unipersonal a trav�s del Presidente, los Presidentes de Sala, cualquiera de los Vocales, el Secretario o a trav�s de otros �rganos unipersonales que se determinen reglamentariamente.
5. Reglamentariamente se regular�n las cuestiones de composici�n, organizaci�n y funcionamiento de los Tribunales Econ�mico-Administrativos no previstas en los apartados anteriores.
Subsecci�n 3Interesados
b) Cualquier otra persona cuyos intereses leg�timos resulten afectados por el acto o la actuaci�n tributaria.
Si durante la tramitaci�n del procedimiento se advierte la existencia de otros titulares de derechos o intereses leg�timos que no hayan comparecido en el mismo, se les notificar� la existencia de la reclamaci�n para que formulen alegaciones, y ser� de aplicaci�n lo dispuesto en el apartado 5 del art�culo 239 de esta ley.
Subsecci�n 4Suspensi�n
Suspensi�n de la ejecuci�n del acto impugnado en v�a econ�mico-administrativa 1. La ejecuci�n del acto impugnado quedar� suspendida autom�ticamente a instancia del interesado si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la suspensi�n y los recargos que proceder�an en caso de ejecuci�n de la garant�a, en los t�rminos que se establezcan reglamentariamente.
Si la impugnaci�n afectase a una sanci�n tributaria, la ejecuci�n de la misma quedar� suspendida autom�ticamente sin necesidad de aportar garant�as de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del art�culo 212 de esta Ley.
N�mero 1 del art�culo 233 redactado por el n�mero diecis�is del art�culo 1 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificaci�n de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuaci�n de la normativa financiera para la intensificaci�n de las actuaciones en la prevenci�n y lucha contra el fraude (�B.O.E.� 30 octubre).Vigencia: 31 octubre 2012
3. Cuando el interesado no pueda aportar las garant�as necesarias para obtener la suspensi�n a que se refiere el apartado anterior, se acordar� la suspensi�n previa prestaci�n de otras garant�as que se estimen suficientes, y el �rgano competente podr� modificar la resoluci�n sobre la suspensi�n en los casos previstos en el segundo p�rrafo del apartado siguiente.
4. El tribunal podr� suspender la ejecuci�n del acto con dispensa total o parcial de garant�as cuando dicha ejecuci�n pudiera causar perjuicios de dif�cil o imposible reparaci�n.
En los supuestos a los que se refiere este apartado, el tribunal podr� modificar la resoluci�n sobre la suspensi�n cuando aprecie que no se mantienen las condiciones que motivaron la misma, cuando las garant�as aportadas hubieran perdido valor o efectividad, o cuando conozca de la existencia de otros bienes o derechos susceptibles de ser entregados en garant�a que no hubieran sido conocidos en el momento de dictarse la resoluci�n sobre la suspensi�n.
5. Se podr� suspender la ejecuci�n del acto recurrido sin necesidad de aportar garant�a cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritm�tico, material o de hecho.
6. Si la reclamaci�n no afecta a la totalidad de la deuda tributaria, la suspensi�n se referir� a la parte reclamada, y quedar� obligado el reclamante a ingresar la cantidad restante.
N�mero 7 del art�culo 233 introducido en su actual redacci�n por el apartado cuarenta y dos del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre). La nueva redacci�n del art�culo 233.7 ser� de aplicaci�n a las solicitudes de suspensi�n que se formulen desde su entrada en vigor.
7. La suspensi�n de la ejecuci�n del acto se mantendr� durante la tramitaci�n del procedimiento econ�mico-administrativo en todas sus instancias.
La suspensi�n producida en el recurso de reposici�n se podr� mantener en la v�a econ�mico-administrativa en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
N�mero 8 del art�culo 233 renumerado por el apartado cuarenta y dos del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre). Su contenido literal se corresponde con el del anterior n�mero 7 del mismo art�culo.
8. Se mantendr� la suspensi�n producida en v�a administrativa cuando el interesado comunique a la Administraci�n tributaria en el plazo de interposici�n del recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto dicho recurso y ha solicitado la suspensi�n en el mismo. Dicha suspensi�n continuar�, siempre que la garant�a que se hubiese aportado en v�a administrativa conserve su vigencia y eficacia, hasta que el �rgano judicial adopte la decisi�n que corresponda en relaci�n con la suspensi�n solicitada.
N�mero 9 del art�culo 233 renumerado por el apartado cuarenta y dos del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre). Su contenido literal se corresponde con el del anterior n�mero 8 del mismo art�culo.
9. Cuando deba ingresarse total o parcialmente el importe derivado del acto impugnado como consecuencia de la resoluci�n de la reclamaci�n, se liquidar� inter�s de demora por todo el per�odo de suspensi�n, teniendo en consideraci�n lo dispuesto en el apartado 4 del art�culo 26 y en el apartado 3 del art�culo 212 de esta ley.
N�mero 10 del art�culo 233 renumerado por el apartado cuarenta y dos del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre). Su contenido literal se corresponde con el del anterior n�mero 9 del mismo art�culo.
10. Cuando se trate de actos que no tengan por objeto una deuda tributaria o cantidad l�quida, el tribunal podr� suspender su ejecuci�n cuando as� lo solicite el interesado y justifique que su ejecuci�n pudiera causar perjuicios de imposible o dif�cil reparaci�n.
N�mero 11 del art�culo 233 renumerado por el apartado cuarenta y dos del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre). Su contenido literal se corresponde con el del anterior n�mero 10 del mismo art�culo.
11. La ejecuci�n del acto o resoluci�n impugnado mediante un recurso extraordinario de revisi�n no podr� suspenderse en ning�n caso.
N�mero 12 del art�culo 233 renumerado por el apartado cuarenta y dos del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre). Su contenido literal se corresponde con el del anterior n�mero 11 del mismo art�culo.
12. Reglamentariamente se regular�n los requisitos, �rganos competentes y procedimiento para la tramitaci�n y resoluci�n de las solicitudes de suspensi�n.
N�mero 13 del art�culo 233 renumerado por el apartado cuarenta y dos del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre). Su contenido literal se corresponde con el del anterior n�mero 12 del mismo art�culo.
SECCI�N 2PROCEDIMIENTO GENERAL ECON�MICO-ADMINISTRATIVO
Normas generales 1. Las reclamaciones econ�mico-administrativas se tramitar�n en �nica o primera instancia con los recursos que esta ley establece.
2. El procedimiento se impulsar� de oficio con sujeci�n a los plazos establecidos, que no ser�n susceptibles de pr�rroga ni precisar�n que se declare su finalizaci�n.
3. Todos los actos y resoluciones que afecten a los interesados o pongan t�rmino en cualquier instancia a una reclamaci�n econ�mico-administrativa ser�n notificados a aqu�llos en el domicilio se�alado o, en su defecto, en la secretar�a del tribunal correspondiente, mediante entrega o dep�sito de la copia �ntegra de su texto.
La notificaci�n deber� expresar si el acto o resoluci�n es o no definitivo en v�a econ�mico-administrativa y, en su caso, los recursos que procedan, �rgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin que ello impida que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.
4. El procedimiento econ�mico-administrativo ser� gratuito. No obstante, si la reclamaci�n o el recurso resulta desestimado y el �rgano econ�mico-administrativo aprecia temeridad o mala fe, podr� exigirse al reclamante que sufrague las costas del procedimiento, seg�n los criterios que se fijen reglamentariamente.
5. El procedimiento econ�mico-administrativo se regular� de acuerdo con las disposiciones previstas en este cap�tulo y en las disposiciones reglamentarias que se dicten en su desarrollo.
Art�culo 234 redactado por el apartado cuarenta y tres del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre). La nueva redacci�n del 234.2 ser� de aplicaci�n a las reclamaciones y recursos interpuestos desde su entrada en vigor.
Subsecci�n 1Procedimiento en �nica o primera instancia
Iniciaci�n 1. La reclamaci�n econ�mico-administrativa en �nica o primera instancia se interpondr� en el plazo de un mes a contar desde el d�a siguiente al de la notificaci�n del acto impugnado, desde el d�a siguiente a aqu�l en que se produzcan los efectos del silencio administrativo o desde el d�a siguiente a aqu�l en que quede constancia de la realizaci�n u omisi�n de la retenci�n o ingreso a cuenta, de la repercusi�n motivo de la reclamaci�n o de la sustituci�n derivada de las relaciones entre el sustituto y el contribuyente.
En el supuesto de deudas de vencimiento peri�dico y notificaci�n colectiva, el plazo para la interposici�n se computar� a partir del d�a siguiente al de finalizaci�n del per�odo voluntario de pago.
2. El procedimiento deber� iniciarse mediante escrito que podr� limitarse a solicitar que se tenga por interpuesta, identificando al reclamante, el acto o actuaci�n contra el que se reclama, el domicilio para notificaciones y el tribunal ante el que se interpone. Asimismo, el reclamante podr� acompa�ar las alegaciones en que base su derecho.
3. El escrito de interposici�n se dirigir� al �rgano administrativo que haya dictado el acto reclamable que lo remitir� al tribunal competente en el plazo de un mes junto con el expediente correspondiente, al que se podr� incorporar un informe si se considera conveniente.
No obstante, cuando el escrito de interposici�n incluyese alegaciones, el �rgano administrativo que dict� el acto podr� anular total o parcialmente el acto impugnado antes de la remisi�n del expediente al tribunal dentro del plazo se�alado en el p�rrafo anterior, siempre que no se hubiera presentado previamente recurso de reposici�n. En este caso, se remitir� al tribunal el nuevo acto dictado junto con el escrito de interposici�n.
Si el �rgano administrativo no hubiese remitido al tribunal el escrito de interposici�n de la reclamaci�n, bastar� que el reclamante presente ante el tribunal la copia sellada de dicho escrito para que la reclamaci�n se pueda tramitar y resolver.
4. En los casos de reclamaciones relativas a retenciones, ingresos a cuenta, repercusiones, a la obligaci�n de expedir y entregar factura y relaciones entre el sustituto y el contribuyente, el escrito de interposici�n se dirigir� al tribunal competente para resolver la reclamaci�n.
Art�culo 235 redactado por el apartado cuarenta y cuatro del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre). La nueva redacci�n del art�culo 235.1 ser� de aplicaci�n a las resoluciones expresas que se dicten desde su entrada en vigor y la del art�culo 235.5 a las reclamaciones y recursos interpuestos desde su entrada en vigor.
Tramitaci�n 1. El tribunal, una vez recibido y, en su caso, completado el expediente, lo pondr� de manifiesto a los interesados que hubieran comparecido en la reclamaci�n y no hubiesen formulado alegaciones en el escrito de interposici�n o las hubiesen formulado pero con la solicitud expresa de este tr�mite, por plazo com�n de un mes en el que deber�n presentar el escrito de alegaciones con aportaci�n de las pruebas oportunas.
N�mero 1 del art�culo 236 redactado por el apartado cuarenta y cinco del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre). La puesta de manifiesto electr�nica prevista en el art�culo 236.1 entrar� en vigor cuando as� se disponga en Orden Ministerial, que ser� objeto de publicaci�n en la sede electr�nica de los Tribunales Econ�mico-Administrativos.
2. En los casos de reclamaciones relativas a retenciones, ingresos a cuenta, repercusiones, obligaci�n de expedir y entregar factura o a las relaciones entre el sustituto y el contribuyente, el tribunal notificar� la interposici�n de la reclamaci�n a la persona recurrida para que comparezca, mediante escrito de mera personaci�n, adjuntando todos los antecedentes que obren a su disposici�n o en registros p�blicos.
3. El tribunal podr� asimismo solicitar informe al �rgano que dict� el acto impugnado, al objeto de aclarar las cuestiones que lo precisen. El tribunal deber� dar traslado del informe al reclamante para que pueda presentar alegaciones al mismo.
Reglamentariamente se podr�n establecer supuestos en los que la solicitud de dicho informe tenga car�cter preceptivo.
4. Las pruebas testificales, periciales y las consistentes en declaraci�n de parte se realizar�n mediante acta notarial o ante el secretario del tribunal o el funcionario en quien el mismo delegue que extender� el acta correspondiente. No cabr� denegar la pr�ctica de pruebas relativas a hechos relevantes, pero la resoluci�n que concluya la reclamaci�n no entrar� a examinar las que no sean pertinentes para el conocimiento de las cuestiones debatidas, en cuyo caso bastar� con que dicha resoluci�n incluya una mera enumeraci�n de las mismas, y decidir� sobre las no practicadas.
5. Cuando de las alegaciones formuladas en el escrito de interposici�n de la reclamaci�n o de los documentos adjuntados por el interesado resulten acreditados todos los datos necesarios para resolver o �stos puedan tenerse por ciertos, o cuando de aqu�llos resulte evidente un motivo de inadmisibilidad, se podr� prescindir de los tr�mites se�alados en los anteriores apartados de este art�culo y en el apartado 3 del art�culo 235 de esta ley.
6. Podr�n plantearse como cuestiones incidentales aquellas que se refieran a extremos que, sin constituir el fondo del asunto, est�n relacionadas con el mismo o con la validez del procedimiento y cuya resoluci�n sea requisito previo y necesario para la tramitaci�n de la reclamaci�n, no pudiendo aplazarse hasta que recaiga acuerdo sobre el fondo del asunto.
Para la resoluci�n de las cuestiones incidentales el tribunal podr� actuar de forma unipersonal.
La resoluci�n que ponga t�rmino al incidente no ser� susceptible de recurso. Al recibir la resoluci�n de la reclamaci�n, el interesado podr� discutir nuevamente el objeto de la cuesti�n incidental mediante el recurso que proceda contra la resoluci�n.
Extensi�n de la revisi�n en v�a econ�mico-administrativa 1. Las reclamaciones y recursos econ�mico-administrativos someten a conocimiento del �rgano competente para su resoluci�n todas las cuestiones de hecho y de derecho que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas por los interesados, sin que en ning�n caso pueda empeorar la situaci�n inicial del reclamante.
2. Si el �rgano competente estima pertinente examinar y resolver cuestiones no planteadas por los interesados las expondr� a los mismos para que puedan formular alegaciones.
N�mero 3 del art�culo 237 introducido por el apartado cuarenta y seis del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre).
2. Cuando se produzca la renuncia o desistimiento del reclamante, la caducidad de la instancia o la satisfacci�n extraprocesal, el tribunal acordar� motivadamente el archivo de las actuaciones. Este acuerdo podr� ser adoptado a trav�s de �rganos unipersonales.
El acuerdo de archivo de actuaciones podr� revisarse conforme a lo dispuesto en el apartado 6 del art�culo 239 de esta ley.
N�mero 2 del art�culo 238 redactado por el apartado cuarenta y siete del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre).
Resoluci�n 1. Los tribunales no podr�n abstenerse de resolver ninguna reclamaci�n sometida a su conocimiento sin que pueda alegarse duda racional o deficiencia en los preceptos legales.
N�mero 3 del art�culo 239 redactado por el apartado cuarenta y ocho del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre).
Para declarar la inadmisibilidad el tribunal podr� actuar de forma unipersonal.
N�mero 5 del art�culo 239 redactado por el apartado cuarenta y ocho del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre).
6. Con car�cter previo, en su caso, al recurso de alzada ordinario, podr� interponerse ante el tribunal recurso de anulaci�n en el plazo de 15 d�as exclusivamente en los siguientes casos:
N�mero 6 del art�culo 239 redactado por el apartado cuarenta y ocho del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre). La nueva redacci�n del art�culo 239.6 ser� de aplicaci�n a las resoluciones que se dicten desde su entrada en vigor.
N�mero 7 del art�culo 239 introducido en su actual redacci�n por el apartado cuarenta y ocho del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre).
7. La doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Econ�mico-Administrativo Central vincular� a los tribunales econ�mico-administrativos regionales y locales y a los �rganos econ�mico-administrativos de las Comunidades Aut�nomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonom�a y al resto de la Administraci�n tributaria del Estado y de las Comunidades Aut�nomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonom�a. El Tribunal Econ�mico-Administrativo Central recoger� de forma expresa en sus resoluciones y acuerdos que se trata de doctrina reiterada y proceder� a publicarlas seg�n lo dispuesto en el apartado 2 del art�culo 86 de esta Ley. En cada Tribunal Econ�mico-Administrativo, el criterio sentado por su Pleno vincular� a las Salas y el de ambos a los �rganos unipersonales. Las resoluciones y los actos de la Administraci�n tributaria que se fundamenten en la doctrina establecida conforme a este precepto lo har�n constar expresamente.
N�mero 8 del art�culo 239 renumerado por el apartado cuarenta y ocho del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre).
Art�culo 239 redactado por el apartado seis de la disposici�n final tercera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n y Ciudades con Estatuto de Autonom�a y se modifican determinadas normas tributarias (�B.O.E.� 19 diciembre).Vigencia: 1 enero 2010
Plazo de resoluci�n 1. La duraci�n del procedimiento en cualquiera de sus instancias ser� de un a�o contado desde la interposici�n de la reclamaci�n. Transcurrido este plazo, el interesado podr� considerar desestimada la reclamaci�n al objeto de interponer el recurso procedente, cuyo plazo se contar� a partir del d�a siguiente de la finalizaci�n del plazo de un a�o a que se refiere este apartado.
El tribunal deber� resolver expresamente en todo caso. Los plazos para la interposici�n de los correspondientes recursos comenzar�n a contarse desde el d�a siguiente al de la notificaci�n de la resoluci�n expresa.
N�mero 1 del art�culo 240 redactado por el apartado cuarenta y nueve del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre).
2. Transcurrido un a�o desde la iniciaci�n de la instancia correspondiente sin haberse notificado resoluci�n expresa y siempre que se haya acordado la suspensi�n del acto reclamado, dejar� de devengarse el inter�s de demora en los t�rminos previstos en el apartado 4 del art�culo 26 de esta ley.
Subsecci�n 2Recursos en v�a econ�mico-administrativa
Recurso de alzada ordinario 1. Contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los tribunales econ�mico-administrativos regionales y locales y por los �rganos econ�mico-administrativos de las Comunidades Aut�nomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonom�a podr� interponerse recurso de alzada ordinario ante el Tribunal Econ�mico-Administrativo Central en el plazo de un mes contado desde el d�a siguiente al de la notificaci�n de las resoluciones.
2. Cuando el recurrente hubiera estado personado en el procedimiento en primera instancia, el escrito de interposici�n deber� contener las alegaciones y adjuntar� las pruebas oportunas, resultando admisibles �nicamente las pruebas que no hayan podido aportarse en primera instancia.
3. Estar�n legitimados para interponer este recurso los interesados, los Directores Generales del Ministerio de Econom�a y Hacienda y los Directores de Departamento de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria en las materias de su competencia, as� como los �rganos equivalentes o asimilados de las Comunidades Aut�nomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonom�a en materia de su competencia.
N�mero 3 del art�culo 241 redactado por el apartado cincuenta del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre). La nueva redacci�n del art�culo 241.3 ser� de aplicaci�n a las solicitudes de suspensi�n que se formulen desde su entrada en vigor.
4. En la resoluci�n del recurso de alzada ordinario ser� de aplicaci�n lo dispuesto en el art�culo 240 de esta Ley.
Art�culo 241 redactado por el apartado siete de la disposici�n final tercera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n y Ciudades con Estatuto de Autonom�a y se modifican determinadas normas tributarias (�B.O.E.� 19 diciembre).Vigencia: 1 enero 2010
Art�culo 241 bis introducido por el apartado cincuenta y uno del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre).
Art�culo 241 ter introducido por el apartado cincuenta y dos del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre). La nueva redacci�n del art�culo 241 ter ser� de aplicaci�n a las reclamaciones y recursos interpuestos desde su entrada en vigor.
Recurso extraordinario de alzada para la unificaci�n de criterio 1. Las resoluciones dictadas por los tribunales econ�mico-administrativos regionales y locales y por los �rganos econ�mico-administrativos de las Comunidades Aut�nomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonom�a que no sean susceptibles de recurso de alzada ordinario y, en su caso, las dictadas por los �rganos econ�mico-administrativos de las Comunidades Aut�nomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonom�a en �nica instancia, podr�n ser impugnadas, mediante el recurso extraordinario de alzada para la unificaci�n de criterio, por los Directores Generales del Ministerio de Econom�a y Hacienda y por los Directores de Departamento de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria y por los �rganos equivalentes o asimilados de las Comunidades Aut�nomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonom�a respecto a las materias de su competencia, cuando estimen gravemente da�osas y err�neas dichas resoluciones, cuando no se adecuen a la doctrina del Tribunal Econ�mico-Administrativo Central o cuando apliquen criterios distintos a los empleados por otros tribunales econ�mico-administrativos regionales o locales o por los �rganos econ�mico-administrativos de las Comunidades Aut�nomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonom�a.
Cuando los tribunales econ�mico-administrativos regionales o locales o los �rganos econ�mico-administrativos de las Comunidades Aut�nomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonom�a dicten resoluciones adoptando un criterio distinto al seguido con anterioridad, deber�n hacerlo constar expresamente en las resoluciones.
N�mero 1 del art�culo 242 redactado por el apartado cincuenta y tres del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre).
2. El plazo para interponer el recurso extraordinario de alzada para la unificaci�n de criterio ser� de tres meses contados desde el d�a siguiente al de la notificaci�n de la resoluci�n.
Si la resoluci�n no ha sido notificada al �rgano legitimado para recurrir, el plazo de tres meses para interponer el recurso se contar� desde el momento en que dicho �rgano tenga conocimiento del contenido esencial de la misma por cualquier medio.
El documento acreditativo de la notificaci�n recibida o, en su caso, del conocimiento del contenido esencial de la resoluci�n, deber� acompa�arse al escrito de interposici�n del recurso.
3. La resoluci�n deber� dictarse en el plazo de seis meses y respetar� la situaci�n jur�dica particular derivada de la resoluci�n recurrida, unificando el criterio aplicable.
N�mero 3 del art�culo 242 redactado por el apartado cincuenta y tres del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre). La nueva redacci�n del art�culo 242 ser� de aplicaci�n a las reclamaciones y recursos interpuestos desde su entrada en vigor.
4. Los criterios establecidos en las resoluciones de estos recursos ser�n vinculantes para los tribunales econ�mico-administrativos, para los �rganos econ�mico-administrativos de las Comunidades Aut�nomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonom�a y para el resto de la Administraci�n tributaria del Estado y de las Comunidades Aut�nomas y Ciudades con Estatuto de Autonom�a.
Art�culo 242 redactado por el apartado ocho de la disposici�n final tercera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n y Ciudades con Estatuto de Autonom�a y se modifican determinadas normas tributarias (�B.O.E.� 19 diciembre).Vigencia: 1 enero 2010
Recurso extraordinario para la unificaci�n de doctrina 1. Contra las resoluciones en materia tributaria dictadas por el Tribunal Econ�mico-Administrativo Central podr� interponerse recurso extraordinario para la unificaci�n de doctrina por el Director General de Tributos del Ministerio de Econom�a y Hacienda, cuando est� en desacuerdo con el contenido de dichas resoluciones.
Dicho recurso extraordinario tambi�n podr� ser interpuesto por los Directores Generales de Tributos de las Comunidades Aut�nomas y Ciudades con Estatuto de Autonom�a, u �rganos equivalentes, cuando el recurso tenga su origen en una resoluci�n de un �rgano dependiente de la respectiva Comunidad Aut�noma o Ciudad con Estatuto de Autonom�a. 2. Ser� competente para resolver este recurso la Sala Especial para la Unificaci�n de Doctrina, que estar� compuesta por el Presidente del Tribunal Econ�mico-Administrativo Central, que la presidir�, tres vocales de dicho Tribunal, el Director General de Tributos del Ministerio de Econom�a y Hacienda, el Director General de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria, el Director General o el Director del Departamento de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria del que dependa funcionalmente el �rgano que hubiera dictado el acto a que se refiere la resoluci�n objeto del recurso y el Presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente. Cuando el recurso tenga su origen en una resoluci�n de un �rgano dependiente de una Comunidad Aut�noma o Ciudad con Estatuto de Autonom�a, las referencias al Director de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria y al Director General o Director del Departamento de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria se entender�n realizadas a los �rganos equivalentes o asimilados de dicha Comunidad Aut�noma o Ciudad con Estatuto de Autonom�a.
3. La resoluci�n que se dicte se adoptar� por decisi�n mayoritaria de los integrantes de la Sala Especial. En caso de empate, el Presidente tendr� siempre voto de calidad. 4. La resoluci�n deber� dictarse en el plazo de seis meses y respetar� la situaci�n jur�dica particular derivada de la resoluci�n recurrida, estableciendo la doctrina aplicable. 5. La doctrina establecida en las resoluciones de estos recursos ser� vinculante para los tribunales econ�mico-administrativos, para los �rganos econ�mico-administrativos de las Comunidades Aut�nomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonom�a y para el resto de la Administraci�n tributaria del Estado y de las Comunidades Aut�nomas y Ciudades con Estatuto de Autonom�a.
Art�culo 243 redactado por el apartado nueve de la disposici�n final tercera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n y Ciudades con Estatuto de Autonom�a y se modifican determinadas normas tributarias (�B.O.E.� 19 diciembre).Vigencia: 1 enero 2010
Recurso extraordinario de revisi�n 1. El recurso extraordinario de revisi�n podr� interponerse por los interesados contra los actos firmes de la Administraci�n tributaria y contra las resoluciones firmes de los �rganos econ�mico-administrativos cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
2. La legitimaci�n para interponer este recurso ser� la prevista en el apartado 3 del art�culo 241.
3. Se declarar� la inadmisibilidad del recurso cuando se aleguen circunstancias distintas a las previstas en el apartado anterior.
4. Ser� competente para resolver el recurso extraordinario de revisi�n el Tribunal Econ�mico-Administrativo Central.
5. El recurso se interpondr� en el plazo de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que qued� firme la sentencia judicial.
6. En la resoluci�n del recurso extraordinario de revisi�n ser� de aplicaci�n lo dispuesto en el apartado 1 del art�culo 240 de esta ley.
N�mero 6 del art�culo 244 redactado por el apartado cincuenta y cuatro del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre).
SECCI�N 3PROCEDIMIENTO ABREVIADO ANTE �RGANOS UNIPERSONALES
T�tulo de la Secci�n 3.� del Cap�tulo IV del T�tulo V redactado por el apartado cincuenta y cinco del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre).
�mbito de aplicaci�n 1. Las reclamaciones econ�mico-administrativas se tramitar�n por el procedimiento previsto en esta secci�n:
a) Cuando sean de cuant�a inferior a la que reglamentariamente se determine.
c) Cuando se alegue exclusivamente falta o defecto de notificaci�n.
d) Cuando se alegue exclusivamente insuficiencia de motivaci�n o incongruencia del acto impugnado.
e) Cuando se aleguen exclusivamente cuestiones relacionadas con la comprobaci�n de valores.
2. Las reclamaciones econ�mico-administrativas tramitadas por este procedimiento se resolver�n en �nica instancia por los tribunales econ�mico-administrativos mediante los �rganos unipersonales que se determinen reglamentariamente.
3. El procedimiento abreviado ante �rganos unipersonales se regular� por lo dispuesto en esta secci�n, por las normas reglamentarias que se dicten en su desarrollo y, en defecto de norma expresa, por lo dispuesto en este cap�tulo.
Art�culo 245 redactado por el apartado cincuenta y seis del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre). La nueva redacci�n de los art�culos 245 a 247 ser� de aplicaci�n a las reclamaciones y recursos interpuestos desde su entrada en vigor.
Iniciaci�n 1. La reclamaci�n deber� iniciarse mediante escrito que necesariamente deber� incluir el siguiente contenido:
Identificaci�n del reclamante y del acto o actuaci�n contra el que se reclama, el domicilio para notificaciones y el tribunal ante el que se interpone. En los casos de reclamaciones relativas a retenciones, ingresos a cuenta, repercusiones, obligaci�n de expedir y entregar factura o relaciones entre el sustituto y el contribuyente, el escrito deber� identificar tambi�n a la persona recurrida y su domicilio.
Alegaciones que se formulan. Al escrito de interposici�n se adjuntar� copia del acto que se impugna, as� como las pruebas que se estimen pertinentes.
2. La reclamaci�n se dirigir� al �rgano al que se refiere el apartado 3 del art�culo 235 de esta ley, y ser� de aplicaci�n lo dispuesto en dicho apartado.
Art�culo 246 redactado por el apartado cincuenta y siete del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre). La nueva redacci�n de los art�culos 245 a 247 ser� de aplicaci�n a las reclamaciones y recursos interpuestos desde su entrada en vigor.
Tramitaci�n y resoluci�n 1. Cuando el �rgano econ�mico-administrativo lo estime necesario, de oficio o a instancia del interesado, convocar� la celebraci�n de una vista oral comunicando al interesado el d�a y la hora en que debe personarse al objeto de fundamentar sus alegaciones.
2. El �rgano econ�mico-administrativo podr� dictar resoluci�n, incluso con anterioridad a recibir el expediente, siempre que de la documentaci�n presentada por el reclamante resulten acreditados todos los datos necesarios para resolver.
3. El plazo m�ximo para notificar la resoluci�n ser� de seis meses contados desde la interposici�n de la reclamaci�n. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resoluci�n expresa, el interesado podr� considerar desestimada la reclamaci�n al objeto de interponer el recurso procedente, cuyo plazo se contar� a partir del d�a siguiente de la finalizaci�n del plazo de seis meses a que se refiere este apartado.
El �rgano econ�mico-administrativo deber� resolver expresamente en todo caso. El plazo para la interposici�n del recurso que proceda empezar� a contarse desde el d�a siguiente a la notificaci�n de la resoluci�n expresa.
4. Transcurridos seis meses desde la interposici�n de la reclamaci�n sin haberse notificado resoluci�n expresa y siempre que se haya acordado la suspensi�n del acto reclamado, dejar� de devengarse el inter�s de demora en los t�rminos previstos en el apartado 4 del art�culo 26 de esta ley.
Art�culo 247 redactado por el apartado cincuenta y ocho del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre). La nueva redacci�n de los art�culos 245 a 247 ser� de aplicaci�n a las reclamaciones y recursos interpuestos desde su entrada en vigor.
Recursos Contra las resoluciones que se dicten en el procedimiento previsto en esta secci�n no podr� interponerse recurso de alzada ordinario, pero podr�n proceder, en su caso, los dem�s recursos regulados en la secci�n anterior.
SECCI�N 4RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
T�tulo VI introducido por el apartado cincuenta y nueve del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre). Lo dispuesto en el t�tulo VI resultar� de aplicaci�n en los procedimientos iniciados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley 34/2015 en los que, concurriendo los indicios a los que se refiere el art�culo 250.1, a dicha fecha a�n no se hubiese producido el pase del tanto de culpa a la jurisdicci�n competente o la remisi�n del expediente al Ministerio Fiscal.
T�tulo VII introducido por el apartado sesenta del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre).
Exacciones parafiscales Las exacciones parafiscales participan de la naturaleza de los tributos rigi�ndose por esta ley en defecto de normativa espec�fica.
Normativa aplicable a los recursos p�blicos de la Seguridad Social Esta ley no ser� de aplicaci�n a los recursos p�blicos que correspondan a la Tesorer�a General de la Seguridad Social, que se regir�n por su normativa espec�fica.
Ciudades con Estatuto de Autonom�a de Ceuta y Melilla A efectos de lo previsto en esta ley, las referencias realizadas a las comunidades aut�nomas se entender�n aplicables a las Ciudades con Estatuto de Autonom�a de Ceuta y Melilla, sin perjuicio de lo establecido en las leyes org�nicas que aprueban los Estatutos de Autonom�a de dichas ciudades.
Normas relativas a las Haciendas Locales 1. La normativa aplicable a los tributos y restantes ingresos de derecho p�blico de las entidades locales en materia de recurso de reposici�n y reclamaciones econ�mico-administrativas ser� la prevista en las disposiciones reguladoras de las Haciendas Locales.
2. Lo dispuesto en el apartado 3 del art�culo 32 de esta ley ser� aplicable a la devoluci�n de ingresos indebidos derivados de pagos fraccionados de deudas de notificaci�n colectiva y peri�dica realizados a las entidades locales.
3. Las entidades locales, dentro del �mbito de sus competencias, podr�n desarrollar lo dispuesto en esta ley mediante la aprobaci�n de las correspondientes ordenanzas fiscales.
Declaraciones censales 1. Las personas o entidades que desarrollen o vayan a desarrollar en territorio espa�ol actividades empresariales o profesionales o satisfagan rendimientos sujetos a retenci�n deber�n comunicar a la Administraci�n tributaria a trav�s de las correspondientes declaraciones censales su alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, las modificaciones que se produzcan en su situaci�n tributaria y la baja en dicho censo. El Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores formar� parte del Censo de Obligados Tributarios. En este �ltimo figurar�n la totalidad de personas f�sicas o jur�dicas y entidades a que se refiere el art�culo 35 de la Ley General Tributaria, identificadas a efectos fiscales en Espa�a.
Las declaraciones censales servir�n, asimismo, para comunicar el inicio de las actividades econ�micas que desarrollen, las modificaciones que les afecten y el cese en las mismas. A efectos de lo dispuesto en este art�culo, tendr�n la consideraci�n de empresarios o profesionales quienes tuvieran tal condici�n de acuerdo con las disposiciones propias del Impuesto sobre el Valor A�adido, incluso cuando desarrollen su actividad fuera del territorio de aplicaci�n de este impuesto.
2. Reglamentariamente se regular� el contenido, la forma y los plazos para la presentaci�n de estas declaraciones censales.
3. La declaraci�n censal de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores contendr�, al menos la siguiente informaci�n:
a) El nombre y apellidos o raz�n social del declarante.
b) El n�mero de identificaci�n fiscal si se trata de una persona f�sica que lo tenga atribuido. Si se trata de personas jur�dicas o entidades del apartado 4 del art�culo 35 de la Ley General Tributaria, la declaraci�n de alta servir� para solicitar este n�mero, para lo cual deber�n aportar la documentaci�n que se establezca reglamentariamente y completar el resto de la informaci�n que se relaciona en este apartado. De igual forma proceder�n las personas f�sicas sin n�mero de identificaci�n fiscal que resulten obligadas a la presentaci�n de la declaraci�n censal de alta, porque vayan a realizar actividades econ�micas o vayan a satisfacer rendimientos sujetos a retenci�n.
c) El domicilio fiscal, y su domicilio social, cuando sea distinto de aqu�l.
d) La relaci�n de establecimientos y locales en los que vaya a desarrollar actividades econ�micas, con identificaci�n de la comunidad aut�noma, provincia, municipio, y direcci�n completa de cada uno de ellos.
e) La clasificaci�n de las actividades econ�micas que vaya a desarrollar seg�n la codificaci�n de actividades establecida a efectos del Impuesto sobre Actividades Econ�micas.
f) El �mbito territorial en el que vaya a desarrollar sus actividades econ�micas, distinguiendo si se trata de �mbito nacional, de la Uni�n Europea o internacional. A estos efectos, el contribuyente que vaya a operar en la Uni�n Europea solicitar� su alta en el Registro de operadores intracomunitarios en los t�rminos que se definan reglamentariamente.
g) La condici�n de persona o entidad residente o no residente. En este �ltimo caso, se especificar� si cuenta o no con establecimientos permanentes, identific�ndose todos ellos, con independencia de que �stos deban darse de alta individualmente. Si se trata de un establecimiento permanente, en la declaraci�n de alta se identificar� la persona o entidad no residente de la que dependa, as� como el resto de los establecimientos permanentes de dicha persona o entidad que se hayan dado de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.
h) El r�gimen de tributaci�n en el Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas o en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, seg�n corresponda, con menci�n expresa de los reg�menes y modalidades de tributaci�n que le resulten de aplicaci�n y los pagos a cuenta que le incumban.
i) El r�gimen de tributaci�n en el Impuesto sobre el Valor A�adido, con referencia a las obligaciones peri�dicas derivadas de dicho impuesto que le correspondan y el plazo previsto para el inicio de la actividad, distinguiendo el previsto para el inicio de las adquisiciones e importaciones de bienes y servicios del previsto para las entregas de bienes y prestaciones de servicios que constituyen el objeto de su actividad, en el caso de que uno y otro sean diferentes.
j) El r�gimen de tributaci�n en los impuestos que se determinen reglamentariamente.
k) En el caso en que se trate de entidades en constituci�n, la declaraci�n de alta contendr�, al menos, los datos identificativos y domicilio completo de las personas o entidades que promuevan su constituci�n.
4. La declaraci�n censal de modificaci�n contendr� cualquier variaci�n que afecte a los datos consignados en la declaraci�n de alta o en cualquier otra declaraci�n de modificaci�n anterior, en los t�rminos que se establezcan reglamentariamente.
5. La declaraci�n censal de baja se presentar� cuando se produzca el cese efectivo en todas las actividades a que se refiere este art�culo, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.
6. La Administraci�n tributaria llevar� conjuntamente con el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores un Registro de operadores intracomunitarios en el que se dar�n de alta los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor A�adido que realicen entregas y adquisiciones intracomunitarias de bienes, as� como determinadas prestaciones de servicios en los t�rminos que se establezcan reglamentariamente.
7. Las personas o entidades a que se refiere el apartado uno de este art�culo podr�n resultar exoneradas reglamentariamente de presentar otras declaraciones de contenido o finalidad censal establecidas por las normas propias de cada tributo.
8. Las sociedades en constituci�n y los empresarios individuales que presenten el documento �nico electr�nico para realizar telem�ticamente sus tr�mites de constituci�n e inicio de actividad, de acuerdo con lo previsto en la Ley 14/2013 de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalizaci�n, quedar�n exoneradas de la obligaci�n de presentar la declaraci�n censal de alta, pero quedar�n obligadas a la presentaci�n posterior de las declaraciones de modificaci�n o de baja que correspondan en la medida en que var�e o deba ampliarse la informaci�n y circunstancias contenidas en dicho documento �nico electr�nico en caso de que el emprendedor no realice estos tr�mites a trav�s de dicho documento.
N�mero 8 de la disposici�n adicional quinta redactado por la disposici�n final tercera de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizaci�n (�B.O.E.� 28 septiembre).Vigencia: 29 septiembre 2013
N�mero de identificaci�n fiscal 1. Toda persona f�sica o jur�dica, as� como las entidades sin personalidad a que se refiere el apartado 4 del art�culo 35 de esta ley, tendr�n un n�mero de identificaci�n fiscal para sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria.
Este n�mero de identificaci�n fiscal ser� facilitado por la Administraci�n General del Estado, de oficio o a instancia del interesado.
Reglamentariamente se regular� el procedimiento de asignaci�n y revocaci�n, la composici�n del n�mero de identificaci�n fiscal y la forma en que deber� utilizarse en las relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria.
2. En particular, quienes entreguen o conf�en a entidades de cr�dito fondos, bienes o valores en forma de dep�sitos u otras an�logas, recaben de aqu�llas cr�ditos o pr�stamos de cualquier naturaleza o realicen cualquier otra operaci�n financiera con una entidad de cr�dito deber�n comunicar previamente su n�mero de identificaci�n fiscal a dicha entidad.
La citada obligaci�n ser� exigible aunque las operaciones activas o pasivas que se realicen con las entidades de cr�dito tengan un car�cter transitorio.
Reglamentariamente se podr�n establecer reglas especiales y excepciones a la citada obligaci�n, as� como las obligaciones de informaci�n que deber�n cumplir las entidades de cr�dito en tales supuestos.
3. Las entidades de cr�dito no podr�n librar cheques contra la entrega de efectivo, bienes, valores u otros cheques sin la comunicaci�n del n�mero de identificaci�n fiscal del tomador, quedando constancia del libramiento y de la identificaci�n del tomador. Se except�a de lo anterior los cheques librados contra una cuenta bancaria.
De igual manera, las entidades de cr�dito exigir�n la comunicaci�n del n�mero de identificaci�n fiscal a las personas o entidades que presenten al cobro, cuando el abono no se realice en una cuenta bancaria, cheques emitidos por una entidad de cr�dito. Tambi�n lo exigir�n en caso de cheques librados por personas distintas por cuant�a superior a 3.000 euros. En ambos casos deber� quedar constancia del pago del cheque as� como de la identificaci�n del tenedor que lo presente al cobro.
Reglamentariamente se establecer� la forma en que las entidades de cr�dito deber�n dejar constancia y comunicar a la Administraci�n tributaria los datos a que se refieren los p�rrafos anteriores.
4. La publicaci�n de la revocaci�n del n�mero de identificaci�n fiscal asignado a las personas jur�dicas o entidades en el Bolet�n Oficial del Estado determinar� que el registro p�blico correspondiente, en funci�n del tipo de entidad de que se trate, proceda a extender en la hoja abierta a la entidad a la que afecte la revocaci�n una nota marginal en la que se har� constar que, en lo sucesivo, no podr� realizarse inscripci�n alguna que afecte a esta, salvo que se rehabilite dicho n�mero o se asigne un nuevo n�mero de identificaci�n fiscal.
Asimismo, determinar� que las entidades de cr�dito no realicen cargos o abonos en las cuentas o dep�sitos de que dispongan las personas jur�dicas o entidades sin personalidad a quienes se revoque el n�mero de identificaci�n fiscal, en tanto no se produzca la rehabilitaci�n de dicho n�mero o la asignaci�n a la persona jur�dica o entidad afectada de un nuevo n�mero de identificaci�n fiscal.
Lo dispuesto en este apartado se entender� sin perjuicio del cumplimiento por la entidad de las obligaciones tributarias pendientes, para lo que se utilizar� transitoriamente el n�mero de identificaci�n fiscal revocado
N�mero 4 de la disposici�n adicional sexta introducido por el apartado diecisiete del art�culo quinto de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevenci�n del fraude fiscal (�B.O.E.� 30 noviembre).Vigencia: 1 diciembre 2006
N�mero 4 de la disposici�n adicional sexta redactada por el apartado sesenta y uno del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre).
Responsabilidad solidaria de las comunidades aut�nomas y de las corporaciones locales 1. Las comunidades aut�nomas son responsables solidarias respecto del pago de las deudas tributarias contra�das por las entidades de derecho p�blico de ellas dependientes, sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca �ntegramente a la comunidad aut�noma o instituciones asociativas voluntarias p�blicas en las que participen, en proporci�n a sus respectivas cuotas y sin perjuicio del derecho de repetir que les pueda asistir, en su caso.
2. Las corporaciones locales son responsables solidarias respecto del pago de las deudas tributarias contra�das por las entidades a que se refieren los p�rrafos b) y c) del apartado 3 del art�culo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de R�gimen Local, as� como de las que, en su caso, se contraigan por las mancomunidades, comarcas, �reas metropolitanas, entidades de �mbito inferior al municipio y por cualesquiera instituciones asociativas voluntarias p�blicas en las que aqu�llas participen, en proporci�n a sus respectivas cuotas y sin perjuicio del derecho de repetir que les pueda asistir, en su caso.
Procedimientos concursales Lo dispuesto en esta ley se aplicar� de acuerdo con lo establecido en la legislaci�n concursal vigente en cada momento.
Competencias en materia del deber de informaci�n A efectos del apartado 1 del art�culo 8 de la Ley Org�nica 1/1982, de 5 de mayo, de Protecci�n Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, se considerar� autoridad competente el Ministro de Hacienda, el �rgano equivalente de las comunidades aut�nomas, el �rgano de gobierno de las entidades locales, los Directores de Departamento de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria y sus Delegados territoriales.
4. La Administraci�n tributaria informar� al juez o tribunal sentenciador, a los efectos del art�culo 117.3 de la Constituci�n Espa�ola, de la tramitaci�n y, en su caso, de los incidentes relativos a la ejecuci�n encomendada.
Disposici�n adicional d�cima redactada por el apartado sesenta y dos del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre).
Reclamaciones econ�mico-administrativas en otras materias 1. Podr� interponerse reclamaci�n econ�mico-administrativa, previa interposici�n potestativa de recurso de reposici�n, contra las resoluciones y los actos de tr�mite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto relativo a las siguientes materias:
a) Los actos recaudatorios de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria relativos a ingresos de derecho p�blico del Estado y de las entidades de derecho p�blico vinculadas o dependientes de la Administraci�n General del Estado o relativos a ingresos de derecho p�blico, tributarios o no tributarios, de otra Administraci�n p�blica.
b) El reconocimiento o la liquidaci�n por autoridades u organismos de los Ministerios de Hacienda y de Econom�a de obligaciones del Tesoro P�blico y las cuestiones relacionadas con las operaciones de pago por dichos �rganos con cargo al Tesoro.
2. No se admitir�n reclamaciones econ�mico-administrativas con respecto a los siguientes actos:
b) Los dictados en procedimientos en los que est� reservada al ministro competente la resoluci�n que ultime la v�a administrativa.
c) Los dictados en virtud de una ley que los excluya de reclamaci�n econ�mico-administrativa.
3. Estar� legitimado para interponer reclamaci�n econ�mico-administrativa contra los actos relativos a las materias a las que se refiere el apartado 1 cualquier persona cuyos intereses leg�timos resulten afectados por el acto administrativo, as� como el Interventor General de la Administraci�n del Estado o sus delegados, en las materias a que se extienda la funci�n fiscalizadora que le confieran las disposiciones vigentes.
4. No estar�n legitimados para interponer reclamaci�n econ�mico-administrativa contra los actos relativos a las materias a las que se refiere el apartado 1:
a) Los funcionarios y empleados p�blicos salvo en los casos en que inmediata y directamente se vulnere un derecho que en particular les est� reconocido o resulten afectados sus intereses leg�timos.
b) Los particulares cuando obren por delegaci�n de la Administraci�n o como agentes o mandatarios en ella.
5. Podr�n interponer el recurso de alzada ordinario las personas u �rganos previstos en el apartado 3 de esta disposici�n adicional y los �rganos directivos de los Ministerios de Hacienda y de Econom�a que se determinen reglamentariamente en materias de su competencia.
6. Podr�n interponer el recurso extraordinario de alzada para la unificaci�n de criterio los �rganos directivos de los Ministerios de Hacienda y de Econom�a que se determinen reglamentariamente.
7. Podr�n interponer el recurso extraordinario de revisi�n las personas u �rganos previstos en el apartado 3 de esta disposici�n adicional, y los �rganos directivos de los Ministerios de Hacienda y de Econom�a que se determinen reglamentariamente en materias de su competencia.
8. Salvo lo dispuesto en los apartados anteriores, en las reclamaciones econ�mico-administrativas reguladas en la presente disposici�n adicional se aplicar�n las normas reguladoras de las reclamaciones econ�mico-administrativas en materia tributaria contenidas en esta ley.
Composici�n de los tribunales econ�mico-administrativos El Presidente y los vocales de los tribunales econ�mico-administrativos ser�n nombrados entre funcionarios del Estado y sus organismos aut�nomos, de las comunidades aut�nomas y entre funcionarios de Administraci�n local con Habilitaci�n de Car�cter Nacional, que re�nan los requisitos y condiciones que reglamentariamente se determinen, actuando como Secretario un Abogado del Estado.
Participaci�n de las Comunidades Aut�nomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonom�a en los tribunales econ�mico-administrativos 1. Las Comunidades Aut�nomas y las Ciudades con Estatuto de Autonom�a que no asuman la funci�n revisora en v�a econ�mico-administrativa de los actos dictados por ellas en relaci�n con los tributos estatales, podr�n participar en los tribunales econ�mico-administrativos del Estado, en los t�rminos que se establezcan reglamentariamente, de las siguientes maneras:
a) Mediante el nombramiento de funcionarios de las Comunidades Aut�nomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonom�a conforme a lo indicado en la disposici�n adicional duod�cima de esta Ley.
b) Mediante la creaci�n en el seno del Tribunal Econ�mico-Administrativo Regional y local, y en virtud de Convenio celebrado entre el Ministerio de Econom�a y Hacienda y el �rgano superior competente de la Comunidad Aut�noma y de la Ciudad con Estatuto de Autonom�a de una Sala Especial para resolver las reclamaciones que versen sobre los actos dictados por las Comunidades Aut�nomas y las Ciudades con Estatuto de Autonom�a en relaci�n con los tributos estatales. Dicha Sala Especial tendr� el mismo n�mero de miembros del Tribunal Regional y local y de la Administraci�n tributaria de la Comunidades Aut�nomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonom�a y ser� presidida por el Presidente del Tribunal, que tendr� voto de calidad.
La Sala Especial resolver� todas las reclamaciones que versen sobre los actos dictados por las Comunidades Aut�nomas y las Ciudades con Estatuto de Autonom�a en relaci�n con los tributos estatales, salvo las que traten exclusivamente sobre actos dictados en el procedimiento de recaudaci�n.
Las reclamaciones se tramitar�n por el Secretario del Tribunal, que ser� tambi�n el Secretario y formar� parte de la Sala Especial, por el procedimiento general regulado en la Subsecci�n 1.� de la Secci�n 2.� del T�tulo V de esta Ley, no siendo aplicable el procedimiento abreviado ante �rganos unipersonales regulado en la Secci�n 3.� del mismo T�tulo.
2. A falta de convenio se proceder� en la forma prevista en la letra a) del apartado anterior, seg�n ese establezca reglamentariamente.
Disposici�n adicional decimotercera redactada por el apartado diez de la disposici�n final tercera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n y Ciudades con Estatuto de Autonom�a y se modifican determinadas normas tributarias (�B.O.E.� 19 diciembre).Vigencia: 1 enero 2010
Cuant�a de las reclamaciones econ�mico-administrativas Con efectos para las reclamaciones econ�mico-administrativas que se interpongan a partir de la entrada en vigor de esta ley las cuant�as a las que se refieren los p�rrafos a) y b) del apartado 2 del art�culo 10 del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento de las Reclamaciones Econ�mico-administrativas quedar�n fijadas en 150.000 y 1.800.000 euros, respectivamente, hasta que se apruebe un nuevo Reglamento de desarrollo en materia econ�mica-administrativa.
Normas relativas al Catastro Inmobiliario 1. Las infracciones y sanciones en materia catastral, se regir�n por su normativa espec�fica.
2. El art�culo 27 de esta ley relativo a los recargos por declaraci�n extempor�nea sin requerimiento previo no ser� aplicable a las declaraciones catastrales.
3. En materia de notificaci�n de valores catastrales, esta ley se aplicar� supletoriamente respecto a lo dispuesto en la normativa espec�fica catastral.
Utilizaci�n de medios electr�nicos, inform�ticos o telem�ticos en las reclamaciones econ�mico-administrativas 1. Podr�n utilizarse medios electr�nicos, inform�ticos o telem�ticos para la interposici�n, tramitaci�n y resoluci�n de las reclamaciones econ�mico-administrativas.
2. Podr�n emplearse dichos medios para las notificaciones que deban realizarse cuando el interesado los haya se�alado como preferentes o hubiera consentido expresamente su utilizaci�n.
3. Los documentos que integren un expediente correspondiente a una reclamaci�n econ�mico-administrativa podr�n obtenerse mediante el empleo de los medios a que se refiere el apartado 1 de esta disposici�n.
4. El Ministro de Hacienda regular� los aspectos necesarios para la implantaci�n de estas medidas y crear� los registros telem�ticos que procedan.
V�ase Orden EHA/2784/2009, de 8 de octubre, por la que se regula la interposici�n telem�tica de las reclamaciones econ�mico-administrativas y se desarrolla parcialmente la disposici�n adicional decimosexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sobre utilizaci�n de medios electr�nicos, inform�ticos y telem�ticos en las reclamaciones econ�mico-administrativas (�B.O.E.� 16 octubre).
Naturaleza jur�dica de los cr�ditos gestionados en el �mbito de la asistencia mutua 1. A efectos de la asistencia mutua a la que se refiere el art�culo 1.2 de esta Ley y sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 80 bis de esta Ley, tendr�n la consideraci�n de derechos de la Hacienda P�blica de naturaleza p�blica todo cr�dito de otro Estado o entidad supranacional o internacional respecto del que se ejerzan las acciones de asistencia, colaboraci�n, cooperaci�n y otras de naturaleza an�loga que preste el Estado espa�ol en ejercicio de dicha asistencia mutua.
2. A los efectos del ejercicio de dichas acciones de asistencia mutua tales derechos conservar�n su naturaleza jur�dica originaria conforme a la normativa espa�ola y les ser� de aplicaci�n el r�gimen jur�dico regulado en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en la presente Ley.
Disposici�n adicional decimos�ptima introducida, con efectos desde 1 de enero de 2012, por el apartado 19 del n�mero uno de la disposici�n final primera del R.D.-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la correcci�n del d�ficit p�blico (�B.O.E.� 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2012
Obligaci�n de informaci�n sobre bienes y derechos situados en el extranjero 1. Los obligados tributarios deber�n suministrar a la Administraci�n tributaria, conforme a lo dispuesto en los art�culos 29 y 93 de esta Ley y en los t�rminos que reglamentariamente se establezcan, la siguiente informaci�n:
Las obligaciones previstas en los tres p�rrafos anteriores se extender�n a quienes tengan la consideraci�n de titulares reales de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del art�culo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevenci�n del blanqueo de capitales y de la financiaci�n del terrorismo.
2. R�gimen de infracciones y sanciones.
Constituyen infracciones tributarias no presentar en plazo y presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos las declaraciones informativas a que se refiere esta disposici�n adicional.
Tambi�n constituir� infracci�n tributaria la presentaci�n de las mismas por medios distintos a los electr�nicos, inform�ticos y telem�ticos en aquellos supuestos en que hubiera obligaci�n de hacerlo por dichos medios.
Las anteriores infracciones ser�n muy graves y se sancionar�n conforme a las siguientes reglas:
a) En el caso de incumplimiento de la obligaci�n de informar sobre cuentas en entidades de cr�dito situadas en el extranjero, la sanci�n consistir� en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta que hubiera debido incluirse en la declaraci�n o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un m�nimo de 10.000 euros.La sanci�n ser� de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta, con un m�nimo de 1.500 euros, cuando la declaraci�n haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administraci�n tributaria. Del mismo modo se sancionar� la presentaci�n de la declaraci�n por medios distintos a los electr�nicos, inform�ticos y telem�ticos cuando exista obligaci�n de hacerlo por dichos medios.
b) En el caso de incumplimiento de la obligaci�n de informar sobre t�tulos, activos, valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero, la sanci�n consistir� en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada elemento patrimonial individualmente considerado seg�n su clase, que hubiera debido incluirse en la declaraci�n o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un m�nimo de 10.000 euros.La sanci�n ser� de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada elemento patrimonial individualmente considerado seg�n su clase, con un m�nimo de 1.500 euros, cuando la declaraci�n haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administraci�n tributaria. Del mismo modo se sancionar� la presentaci�n de la declaraci�n por medios distintos a los electr�nicos, inform�ticos y telem�ticos cuando exista obligaci�n de hacerlo por dichos medios.
c) En el caso de incumplimiento de la obligaci�n de informar sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero, la sanci�n consistir� en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a un mismo bien inmueble o a un mismo derecho sobre un bien inmueble que hubiera debido incluirse en la declaraci�n o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un m�nimo de 10.000 euros.La sanci�n ser� de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a un mismo bien inmueble o a un mismo derecho sobre un bien inmueble, con un m�nimo de 1.500 euros, cuando la declaraci�n haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administraci�n tributaria. Del mismo modo se sancionar� la presentaci�n de la declaraci�n por medios distintos a los electr�nicos, inform�ticos y telem�ticos cuando exista obligaci�n de hacerlo por dichos medios.
Las infracciones y sanciones reguladas en esta disposici�n adicional ser�n incompatibles con las establecidas en los art�culos 198 y 199 de esta Ley.
3. Las Leyes reguladoras de cada tributo podr�n establecer consecuencias espec�ficas para el caso de incumplimiento de la obligaci�n de informaci�n establecida en esta disposici�n adicional.
Disposici�n adicional decimoctava introducida por el n�mero diecisiete del art�culo 1 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificaci�n de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuaci�n de la normativa financiera para la intensificaci�n de las actuaciones en la prevenci�n y lucha contra el fraude (�B.O.E.� 30 octubre).Vigencia: 31 octubre 2012
V�ase la Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 720, declaraci�n informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, a que se refiere la disposici�n adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentaci�n (�B.O.E.� 31 enero).
Competencias de investigaci�n patrimonial en los procesos por delito contra la Hacienda P�blica En los procesos por delito contra la Hacienda P�blica, y sin perjuicio de las facultades que corresponden a las unidades de la Polic�a Judicial, los �rganos de recaudaci�n de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria mantendr�n la competencia para investigar, bajo la supervisi�n de la autoridad judicial, el patrimonio que pueda resultar afecto al pago de las cuant�as pecuniarias asociadas al delito.
A tales efectos, podr�n ejercer las facultades previstas en los art�culos 93, 94 y 162 de esta Ley, realizar informes sobre la situaci�n patrimonial de las personas relacionadas con el delito y adoptar las medidas cautelares previstas en el apartado 8 del art�culo 81 de la misma.
De tales actuaciones, sus incidencias y resultados se dar� cuenta inmediata al juez penal, que resolver� sobre la confirmaci�n, modificaci�n o levantamiento de las medidas adoptadas.
Las actuaciones desarrolladas se someter�n a lo previsto en la presente Ley y su normativa de desarrollo, sin perjuicio de la posibilidad de que el juez decida la realizaci�n de otras actuaciones al amparo de lo previsto en el art�culo 989 de la Ley de enjuiciamiento criminal.
Disposici�n adicional decimonovena introducida por el n�mero dieciocho del art�culo 1 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificaci�n de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuaci�n de la normativa financiera para la intensificaci�n de las actuaciones en la prevenci�n y lucha contra el fraude (�B.O.E.� 30 octubre).Vigencia: 31 octubre 2012
Disposici�n adicional vig�sima introducida por el apartado sesenta y tres del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre).
Disposici�n adicional vig�simo primera introducida por el apartado sesenta y cuatro del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre).
Disposici�n adicional vig�simo segunda introducida por el apartado sesenta y cinco del art�culo �nico de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificaci�n parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (�B.O.E.� 22 septiembre; Correcci�n de errores �B.O.E.� 26 septiembre).
Recargos del per�odo ejecutivo, inter�s de demora e inter�s legal y responsabilidad en contratas y subcontratas 1. Lo dispuesto en el art�culo 28 de esta ley se aplicar� a las deudas tributarias cuyo per�odo ejecutivo se inicie a partir de la entrada en vigor de la misma.
2. Lo dispuesto en los apartados 4 y 6 del art�culo 26 y en el apartado 2 del art�culo 33 en materia de inter�s de demora e inter�s legal ser� de aplicaci�n a los procedimientos, escritos y solicitudes que se inicien o presenten a partir de la entrada en vigor de esta ley.
3. El supuesto de responsabilidad a que se refiere el p�rrafo f) del apartado 1 del art�culo 43 de esta ley no se aplicar� a las obras o prestaciones de servicios contratadas o subcontratadas y cuya ejecuci�n o prestaci�n se haya iniciado antes de la entrada en vigor de esta ley.
Consultas tributarias escritas e informaci�n sobre el valor de bienes inmuebles 1. Lo dispuesto en los art�culos 88 y 89 de esta ley se aplicar� a las consultas tributarias escritas que se presenten a partir del 1 de julio de 2004. Las consultas presentadas antes de esa fecha se regir�n por lo dispuesto en el art�culo 107 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y en el art�culo 8 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garant�as de los Contribuyentes.
2. Lo dispuesto en el art�culo 90 de esta ley relativo a la informaci�n sobre el valor de bienes inmuebles ser� de aplicaci�n a los procedimientos, escritos y solicitudes que se inicien o presenten a partir de la entrada en vigor de esta ley.
Procedimientos tributarios 1. Los procedimientos tributarios iniciados antes de la fecha de entrada en vigor de esta ley se regir�n por la normativa anterior a dicha fecha hasta su conclusi�n salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.
2. Ser�n de aplicaci�n a los procedimientos iniciados antes de la fecha de entrada en vigor de esta ley los siguientes art�culos:
a) El apartado 2 del art�culo 62 de esta Ley, relativo a los plazos de pago en per�odo voluntario, cuando la liquidaci�n administrativa se notifique a partir de la entrada en vigor de esta ley.
b) El apartado 2 del art�culo 112 de esta ley, relativo a la notificaci�n por comparecencia, cuando las publicaciones se realicen a partir de la entrada en vigor de esta ley.
c) El apartado 3 del art�culo 188 de esta ley, relativo a la reducci�n del 25 por ciento de la sanci�n, cuando el ingreso se realice a partir de la entrada en vigor de esta ley.Tambi�n se aplicar� la reducci�n del 25 por ciento prevista en el apartado 3 del art�culo 188 de esta ley cuando a partir de la entrada en vigor de esta ley se efect�e el ingreso de las sanciones recurridas con anterioridad y se desista, antes del 31 de diciembre de 2004, del recurso o reclamaci�n interpuesto contra la sanci�n y, en su caso, del recurso o reclamaci�n interpuesto contra la liquidaci�n de la que derive la sanci�n.
d) El apartado 3 del art�culo 212 de esta ley, relativo a los efectos de la interposici�n de recursos o reclamaciones contra sanciones.
e) El apartado 1 del art�culo 223 de esta ley, relativo al plazo de interposici�n del recurso de reposici�n, cuando el acto o resoluci�n objeto del recurso se notifique a partir de la entrada en vigor de esta ley.
3. Los art�culos 15 y 159 de esta ley, relativos a la declaraci�n del conflicto en la aplicaci�n de la norma tributaria, se aplicar� cuando los actos o negocios objeto del informe se hayan realizado a partir de la entrada en vigor de esta ley. A los actos o negocios anteriores les ser� de aplicaci�n, en su caso, lo dispuesto en el art�culo 24 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria.
Infracciones y sanciones tributarias 1. Esta ley ser� de aplicaci�n a las infracciones tributarias cometidas con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que su aplicaci�n resulte m�s favorable para el sujeto infractor y la sanci�n impuesta no haya adquirido firmeza.
2. Los procedimientos sancionadores en materia tributaria iniciados antes del 1 de julio de 2004 deber�n concluir antes del 31 de diciembre de 2004, sin que les sea de aplicaci�n el plazo m�ximo de resoluci�n previsto en el apartado 3 del art�culo 34 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garant�as de los Contribuyentes, y en el art�culo 36 del Real Decreto 1930/1998, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla el r�gimen sancionador tributario y se introducen las adecuaciones necesarias en el Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspecci�n de los Tributos.
V�ase la Instrucci�n 9/2003, de 18 de diciembre, de la Direcci�n General de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria por la que se fijan los criterios a seguir por sus �rganos con competencia sancionadora en relaci�n con el apartado 2 de la disposici�n transitoria cuarta de la nueva Ley General Tributaria.
Reclamaciones econ�mico-administrativas 1. Esta ley se aplicar� a las reclamaciones o recursos que se interpongan a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma. A las interpuestas con anterioridad se les aplicar� la normativa anterior a dicha fecha hasta su conclusi�n.
2. El plazo al que se refiere el apartado 1 del art�culo 235 de esta ley relativo a la interposici�n de las reclamaciones econ�mico-administrativas se aplicar� cuando el acto o resoluci�n objeto de la reclamaci�n se notifique a partir de la entrada en vigor de esta ley.
3. Lo dispuesto en el apartado 2 del art�culo 240 de esta ley se aplicar� a las reclamaciones econ�mico-administrativas que se interpongan a partir de un a�o desde la entrada en vigor de esta ley.
4. El procedimiento abreviado regulado en la secci�n 3.� del cap�tulo IV del t�tulo V de esta ley se aplicar� a las reclamaciones econ�mico-administrativas que se interpongan a partir de un a�o desde la entrada en vigor de esta ley.
V�ase la disposici�n transitoria �nica del R.D. 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisi�n en v�a administrativa (�B.O.E.� 27 mayo), en relaci�n con las competencias de los �rganos del Tribunal Econ�mico-administrativo Central respecto a las reclamaciones pendientes.
Derogaci�n normativa 1. Salvo lo dispuesto en las disposiciones transitorias de esta ley, a la entrada en vigor de esta ley quedar�n derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en la misma y, entre otras, las siguientes normas:
b) La Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garant�as de los Contribuyentes.
d) La Ley 39/1980, de 5 de julio, de Bases sobre Procedimiento Econ�mico-Administrativo.
e) El Real Decreto Legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre, por el que se articula la Ley 39/1980, de 5 de julio, de Bases sobre Procedimiento Econ�mico-Administrativo.
f) La Ley 10/1985, de 26 de abril, de modificaci�n parcial de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria.
g) La Ley 25/1995, de 20 de julio, de modificaci�n parcial de la Ley General Tributaria.
h) De la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, el art�culo 113 relativo al N�mero de Identificaci�n Fiscal.
i) De la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989, el art�culo 107 relativo a las declaraciones censales.
j) De la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n y Ciudades con Estatuto de Autonom�a, el p�rrafo c) del apartado 1 del art�culo 51 relativa a la competencia para resolver los expedientes de fraude de ley.
2. Las normas reglamentarias dictadas en desarrollo de los textos derogados a los que se refiere el apartado anterior continuar�n vigentes, en tanto no se opongan a lo previsto en esta ley, hasta la entrada en vigor de las distintas normas reglamentarias que puedan dictarse en desarrollo de esta ley.
3. Las referencias contenidas en normas vigentes a las disposiciones que se derogan expresamente deber�n entenderse efectuadas a las disposiciones de esta ley que regulan la misma materia que aqu�llas.
Modificaci�n de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios p�blicos El art�culo 6.� de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios P�blicos, quedar� redactado de la siguiente forma:
Concepto Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilizaci�n privativa o el aprovechamiento especial del dominio p�blico, la prestaci�n de servicios o la realizaci�n de actividades en r�gimen de derecho p�blico que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepci�n voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.�
Modificaci�n del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria El apartado 1 del art�culo 32 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, quedar� redactado de la siguiente forma:
�1. A los fines previstos en el art�culo anterior, la Hacienda del Estado ostentar�, entre otras, las prerrogativas reguladas en los art�culos 77, 78, 79, 80, 93, 94, 109, 110, 111, 112, 160 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.�
Modificaci�n de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio Los apartados uno y dos del art�culo 6 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, quedar�n redactados de la siguiente forma:
�Uno. Los sujetos pasivos no residentes en territorio espa�ol vendr�n obligados a nombrar una persona f�sica o jur�dica con residencia en Espa�a para que les represente ante la Administraci�n tributaria en relaci�n con sus obligaciones por este impuesto, cuando operen por mediaci�n de un establecimiento permanente o cuando por la cuant�a y caracter�sticas del patrimonio del sujeto pasivo situado en territorio espa�ol, as� lo requiera la Administraci�n tributaria, y a comunicar dicho nombramiento, debidamente acreditado, antes del fin del plazo de declaraci�n del impuesto.
Dos. El incumplimiento de la obligaci�n a que se refiere el apartado uno constituir� una infracci�n tributaria grave y la sanci�n consistir� en multa pecuniaria fija de 1.000 euros.
La sanci�n impuesta conforme a los p�rrafos anteriores se graduar� incrementando la cuant�a resultante en un 100 por ciento si se produce la comisi�n repetida de infracciones tributarias.
La sanci�n impuesta de acuerdo con lo previsto en este apartado se reducir� conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del art�culo 188 de la Ley General Tributaria.�
Modificaci�n de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Uno. El apartado 2 del art�culo 18 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, quedar� redactado de la siguiente forma:
�2. Los interesados deber�n consignar en la declaraci�n que est�n obligados a presentar seg�n el art�culo 31 el valor real que atribuyen a cada uno de los bienes y derechos incluidos en la declaraci�n del impuesto. Este valor prevalecer� sobre el comprobado si fuese superior.
Si el valor al que se refiere el p�rrafo anterior no hubiera sido comunicado, se les conceder� un plazo de diez d�as para que subsanen la omisi�n.�
Dos. El art�culo 40 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, quedar� redactado de la siguiente forma:
Modificaci�n de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor A�adido Uno. El art�culo 170 quedar� redactado de la siguiente forma:
�Art�culo 170
4.� La no consignaci�n en la autoliquidaci�n a presentar por el periodo correspondiente de las cantidades de las que sea sujeto pasivo el destinatario de las operaciones conforme a los n�meros 2.� y 3.� del apartado uno del art�culo 84 o del art�culo 85 de esta ley.�
Dos. El art�culo 171 quedar� redactado de la siguiente forma:
3.� Las establecidas en el ordinal 3.� del apartado dos, con multa pecuniaria proporcional del 100 por ciento de las cuotas indebidamente repercutidas, con un m�nimo de 300 euros por cada factura o documento sustitutivo en que se produzca la infracci�n.
Cuatro. La sanci�n de p�rdida del derecho a obtener beneficios fiscales no ser� de aplicaci�n en relaci�n con las exenciones establecidas en esta ley y dem�s normas reguladoras del Impuesto sobre el Valor A�adido.�
Modificaci�n de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales Uno. Se modifica el art�culo 19 que quedar� redactado de la siguiente manera:
Infracciones y sanciones 1. El r�gimen de infracciones y sanciones en materia de impuestos especiales de fabricaci�n se regir� por lo dispuesto en la Ley General Tributaria, en las normas espec�ficas que para cada uno de estos impuestos se establecen en esta ley y en las contenidas en los siguientes apartados.
En particular, cuando las sanciones impuestas de acuerdo con lo previsto en esta ley se deriven de la previa regularizaci�n de la situaci�n tributaria del obligado, ser�n aplicables las reducciones reguladas en el apartado 1 del art�culo 188 de la Ley General Tributaria.
Las sanciones pecuniarias que se impongan de acuerdo con lo previsto en esta ley se reducir�n conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del art�culo 188 de la Ley General Tributaria.
a) La fabricaci�n e importaci�n de productos objeto de los impuestos especiales de fabricaci�n con incumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos en esta ley y su reglamento.
b) La circulaci�n y tenencia de productos objeto de los impuestos especiales de fabricaci�n con fines comerciales cuando se realice sin cumplimiento de lo previsto en el apartado 7 del art�culo 15.
Las sanciones se graduar�n incrementando la sanci�n en un 25 por ciento cuando se produzca comisi�n repetida de infracciones tributarias. Esta circunstancia se apreciar� cuando el infractor, dentro de los dos a�os anteriores a la comisi�n de la nueva infracci�n, hubiese sido sancionado por resoluci�n firme en v�a administrativa por infringir cualquiera de las prohibiciones establecidas en el apartado anterior.
Igualmente, las sanciones se graduar�n incrementando la sanci�n en un 25 por ciento cuando la infracci�n se cometa mediante el quebrantamiento de las normas de control.
4. Por la comisi�n de infracciones tributarias graves podr�n imponerse, adem�s, las siguientes sanciones:
a) El cierre temporal de los establecimientos de los que sean titulares los infractores, por un periodo de seis meses, que ser� acordado, en su caso, por el Ministro de Hacienda, o el cierre definitivo de los mismos, que ser� acordado, en su caso, por el Consejo de Ministros. Podr� acordarse el cierre definitivo cuando el sujeto infractor hubiese sido sancionado por resoluci�n firme en v�a administrativa por la comisi�n de una infracci�n grave dentro de los dos a�os anteriores que hubiese dado lugar a la imposici�n de la sanci�n de cierre temporal del establecimiento.
b) El precintado por un per�odo de seis meses o la incautaci�n definitiva de los aparatos de venta autom�tica, cuando las infracciones se cometan a trav�s de los mismos. Podr� acordarse la incautaci�n definitiva cuando el sujeto infractor hubiese sido sancionado por resoluci�n firme en v�a administrativa por la comisi�n, por medio del aparato de venta autom�tica, de una infracci�n grave dentro de los dos a�os anteriores que hubiera dado lugar a la imposici�n de la sanci�n de precintado de dicho aparato.A efectos de la imposici�n de las sanciones previstas en la presente letra, tendr�n la consideraci�n de sujetos infractores tanto el titular del aparato de venta autom�tica como el titular del establecimiento donde se encuentra ubicado.Salvo en los casos establecidos en el p�rrafo c) siguiente, la imposici�n de estas sanciones ser� acordada por el �rgano competente para la imposici�n de la sanci�n principal.
c) No obstante, cuando la imposici�n de las sanciones previstas en el p�rrafo b) concurra con la imposici�n de las previstas en el p�rrafo a) anterior, proceder� la incautaci�n definitiva del aparato de venta autom�tica siempre que se acuerde el cierre definitivo del establecimiento. En los casos en que se produzca esta concurrencia, la imposici�n de las sanciones ser� acordada por los �rganos previstos en el p�rrafo a).
5. La circulaci�n de productos objeto de los impuestos especiales de fabricaci�n sin ir acompa�ados por los documentos que reglamentariamente se establezcan, cuando no constituya infracci�n tributaria grave, se sancionar�, en concepto de infracci�n tributaria leve, con multa pecuniaria proporcional del 10 por ciento de la cuota que corresponder�a a los productos en circulaci�n, con un m�nimo de 600 euros.
6. La tenencia, con fines comerciales, de labores del tabaco que no ostenten marcas fiscales o de reconocimiento, cuando tal requisito sea exigible reglamentariamente, se sancionar�:
a) Con multa de 75 euros por cada 1.000 cigarrillos que se tengan con fines comerciales sin ostentar tales marcas, con un importe m�nimo de 600 euros por cada infracci�n cometida.
b) Con multa de 600 euros por cada infracci�n cometida respecto de las restantes labores del tabaco.
Las sanciones establecidas en los p�rrafos a) y b) anteriores se graduar�n incrementando el importe de la multa en un 50 por ciento en caso de comisi�n repetida de estas infracciones. La comisi�n repetida se apreciar� cuando el sujeto infractor, dentro de los dos a�os anteriores a la comisi�n de la nueva infracci�n, hubiese sido sancionado en virtud de resoluci�n firme en v�a administrativa por la comisi�n de las infracciones contempladas en este apartado.�
Dos. El art�culo 35 quedar� redactado de la siguiente manera:
a) La existencia de diferencias en m�s en relaci�n con el grado alcoh�lico volum�trico adquirido del vino o las bebidas fermentadas en existencias en una f�brica de productos intermedios o utilizados en la misma.La sanci�n consistir� en multa pecuniaria proporcional del 100 por ciento de la cuota que corresponder�a a la diferencia expresada en hectolitros de alcohol puro, aplicando el tipo impositivo establecido para el Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas.
b) La existencia de diferencias en menos en relaci�n con el grado alcoh�lico volum�trico adquirido de los productos intermedios en proceso de fabricaci�n, en existencias en f�brica o salidos de ella.La sanci�n consistir� en multa pecuniaria proporcional del 100 por ciento de la cuota que corresponder�a a la diferencia expresada en hectolitros de alcohol puro, aplicando el tipo impositivo establecido para el Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas.
c) La existencia de diferencia en m�s en primeras materias, distintas del alcohol y las bebidas derivadas, en f�bricas de productos intermedios, que excedan de los porcentajes autorizados reglamentariamente.La sanci�n consistir� en multa pecuniaria proporcional del 100 por ciento de la cuota que corresponder�a a los productos intermedios a cuya fabricaci�n fuesen a destinarse las primeras materias, presumi�ndose que, salvo prueba en contrario, los productos intermedios a que iban a destinarse tendr�an un grado alcoh�lico volum�trico adquirido superior al 15 por ciento vol.�
Tres. Los apartados 1 y 2 del art�culo 45 quedar�n redactados de la siguiente manera:
�1. En los supuestos que a continuaci�n se indican, que tendr�n el car�cter de infracciones tributarias graves, se impondr�n las sanciones especiales que para cada uno se detallan:
a) La puesta en funcionamiento de los aparatos productores de alcohol incumpliendo los tr�mites reglamentariamente establecidos o expirado el plazo de trabajo declarado, se sancionar� con multa pecuniaria proporcional del 150 por ciento de la cuota que resultar�a de aplicar el tipo impositivo vigente en el momento del descubrimiento de la infracci�n al volumen de producci�n, expresado en hectolitros de alcohol puro a la temperatura de 20� C, que pudiera obtenerse en trabajo ininterrumpido desde que expir� la �ltima declaraci�n de trabajo, si la hubiera, hasta la fecha del descubrimiento, con un m�ximo de tres meses.
b) La rotura de precintos que posibilite el funcionamiento de los aparatos productores de alcohol o su extracci�n de dep�sitos precintados, se sancionar� con multa pecuniaria proporcional del 100 por ciento de las cuotas calculadas seg�n el apartado anterior o de la correspondiente a la capacidad total del dep�sito, respectivamente, salvo que de dicha rotura se haya dado conocimiento a la Administraci�n con anterioridad a su descubrimiento por �sta.
d) La falta de marcas fiscales o de reconocimiento, superior al 0,5 por 1.000 de las utilizadas, en los recuentos efectuados en los establecimientos autorizados para el embotellado de bebidas derivadas, se sancionar� con multa pecuniaria proporcional del 150 por ciento de las cuotas que resultar�an de aplicar el tipo impositivo vigente en el momento del descubrimiento de la infracci�n al volumen de alcohol puro correspondiente a la cantidad de bebidas derivadas cuya circulaci�n pudiese haber sido amparada por dichas marcas, supuestas las bebidas con un grado alcoh�lico volum�trico adquirido de 40 por ciento vol. y embotelladas en los envases de mayor capacidad seg�n tipo de marca.�
�2. La regeneraci�n de alcoholes total o parcialmente desnaturalizados constituir� infracci�n tributaria grave que se sancionar�, sin perjuicio de la exigencia de la cuota tributaria, con multa pecuniaria proporcional del triple de la cuant�a resultante de aplicar al volumen de alcohol regenerado, expresado en hectolitros de alcohol puro, a la temperatura de 20� C, el tipo impositivo vigente en el momento del descubrimiento de la infracci�n, pudiendo imponerse, adem�s, la sanci�n del cierre del establecimiento en que se produjo dicha regeneraci�n, de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 del art�culo 19 de esta ley. Se considerar� que el alcohol total o parcialmente desnaturalizado ha sido regenerado cuando no se justifique su uso o destino.�
Cuatro. Los apartados 1, 4 y 5 del art�culo 55 quedar�n redactados de la siguiente manera:
�1. Constituir� infracci�n tributaria grave la inobservancia de las prohibiciones y limitaciones de uso que se establecen en el art�culo 54 de esta ley. Dichas infracciones se sancionar�n con arreglo a lo que se dispone en el presente art�culo, con independencia de las sanciones que pudieran proceder, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 19 de esta ley, por la posible comisi�n de otras infracciones tributarias.�
�4. La sanci�n que se imponga al autor o a cada uno de los autores consistir�:
a) Cuando el motor del veh�culo, artefacto o embarcaci�n con el que se ha cometido la infracci�n tenga hasta 10 CV de potencia fiscal, en multa pecuniaria fija de 600 euros y sanci�n no pecuniaria de un mes de precintado e inmovilizaci�n del veh�culo, artefacto o embarcaci�n. Si del precintado e inmovilizaci�n se dedujera grave perjuicio para el inter�s p�blico general, dicha sanci�n no se impondr� y la sanci�n consistir� en multa pecuniaria fija de 1.200 euros.
b) En motores de m�s de 10 hasta 25 CV de potencia fiscal, en multa pecuniaria fija de 1.800 euros y sanci�n no pecuniaria de dos meses de precintado e inmovilizaci�n del veh�culo, artefacto o embarcaci�n. Si del precintado e inmovilizaci�n se dedujera grave perjuicio para el inter�s p�blico general, la sanci�n consistir� en multa pecuniaria fija de 3.600 euros.
c) En motores de m�s de 25 hasta 50 CV de potencia fiscal, en multa pecuniaria fija de 3.600 euros y sanci�n no pecuniaria de tres meses de precintado e inmovilizaci�n del veh�culo, artefacto o embarcaci�n. Si del precintado e inmovilizaci�n se dedujera grave perjuicio para el inter�s p�blico general, la sanci�n consistir� en multa pecuniaria fija de 7.200 euros.
d) En motores de m�s de 50 CV de potencia fiscal, en multa pecuniaria fija de 6.000 euros y sanci�n no pecuniaria de cuatro meses de precintado e inmovilizaci�n del veh�culo, artefacto o embarcaci�n. Si del precintado e inmovilizaci�n se dedujera grave perjuicio para el inter�s p�blico general, la sanci�n consistir� en multa pecuniaria fija de 12.000 euros.
e) En los supuestos contemplados en el p�rrafo a) del apartado 2 anterior, la sanci�n consistir� en multa pecuniaria fija de 600 euros.�
�5. En los casos de comisi�n repetida de esta clase de infracciones se duplicar�n los importes y per�odos establecidos en el apartado anterior.
Esta circunstancia se apreciar� cuando el infractor, dentro de los dos a�os anteriores a la comisi�n de la nueva infracci�n, hubiera sido sancionado por resoluci�n firme en v�a administrativa por infringir cualquiera de las prohibiciones establecidas en el art�culo anterior.�
Modificaci�n de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre R�gimen Fiscal de las Cooperativas El apartado 3 del art�culo 4 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre R�gimen Fiscal de las Cooperativas, quedar� redactado de la siguiente manera:
�3. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en los dos apartados anteriores tiene la consideraci�n de infracci�n tributaria leve y se sancionar� de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Tributaria para las declaraciones censales.�
Modificaci�n de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificaci�n de los aspectos fiscales del R�gimen Econ�mico Fiscal de Canarias El art�culo 63 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificaci�n de los aspectos fiscales del R�gimen Econ�mico Fiscal de Canarias, quedar� redactado como sigue:
Infracciones y sanciones 1. Las infracciones tributarias en este impuesto se calificar�n y sancionar�n conforme a lo establecido en la Ley General Tributaria y dem�s normas de general aplicaci�n, sin perjuicio de las especialidades previstas en este t�tulo.
2. Constituye infracci�n tributaria la expedici�n de facturas por los sujetos pasivos incluidos en el r�gimen especial de comerciantes minoristas sin que en las correspondientes facturas figure expresamente consignada su condici�n de tales.
La infracci�n prevista en este apartado ser� grave.
La sanci�n consistir� en multa pecuniaria fija de 30 euros por cada una de las facturas emitidas sin hacer constar la condici�n de comerciante minorista.
3. Constituye infracci�n tributaria la obtenci�n, mediante acci�n u omisi�n culposa o dolosa, de una incorrecta repercusi�n del impuesto, siempre y cuando el destinatario de la misma no tenga derecho a la deducci�n total de las cuotas soportadas.
Ser�n sujetos infractores las personas o entidades destinatarias de las referidas operaciones que sean responsables de la acci�n u omisi�n a que se refiere el p�rrafo anterior.
La sanci�n consistir� en multa pecuniaria proporcional del 50 por ciento del beneficio indebidamente obtenido.
4. Constituye infracci�n tributaria la repercusi�n improcedente en factura por personas que no sean sujetos pasivos del impuesto, de cuotas impositivas sin que se haya procedido al ingreso de las mismas.
Igualmente constituye infracci�n tributaria la repercusi�n por parte de sujetos pasivos del impuesto de cuotas impositivas a un tipo superior al legalmente establecido y que no hayan sido devueltas a quienes las soportaron ni declaradas en los plazos de presentaci�n de las declaraciones-liquidaciones del impuesto. La sanci�n derivada de la comisi�n de esta infracci�n ser� compatible con la que proceda por aplicaci�n del art�culo 191 de la Ley General Tributaria.
La sanci�n consistir� en multa pecuniaria proporcional del 100 por ciento de las cuotas indebidamente repercutidas, con un m�nimo de 300 euros por cada factura o documento sustitutivo en que se produzca la infracci�n. Cuando se trate de sujetos pasivos del impuesto, la base de la sanci�n consistir� en la diferencia entre la cuota derivada de la aplicaci�n del tipo impositivo legalmente aplicable y el indebidamente repercutido.
5. Constituye infracci�n tributaria la no consignaci�n en la autoliquidaci�n a presentar por el per�odo correspondiente de las cuotas de las que sea sujeto pasivo el destinatario de las operaciones conforme al apartado 2.� del n�mero 1 del art�culo 19 de esta ley y el apartado 2 del art�culo 25 de la Ley 19/1994.
La sanci�n consistir� en multa pecuniaria proporcional del 75 por ciento de la cuota tributaria correspondiente a las operaciones no consignadas en la autoliquidaci�n.
La sanci�n impuesta de acuerdo con lo previsto en este apartado se reducir� conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del art�culo 188 de la Ley General Tributaria.
6. Constituye infracci�n tributaria retirar los bienes importados sin que la Administraci�n Tributaria Canaria haya autorizado previamente su levantamiento en los t�rminos previstos reglamentariamente as� como disponer de los bienes sin la preceptiva autorizaci�n antes de que, por los Servicios de la Administraci�n Tributaria Canaria, se hubiese procedido a su reconocimiento f�sico o extracci�n de muestras, en el caso de que se hubiese comunicado por dichos servicios al importador o persona que act�e por su cuenta la intenci�n de efectuar las referidas operaciones.
La sanci�n consistir� en multa pecuniaria fija de 600 euros.
7. Constituye infracci�n tributaria desplazar del lugar en que se encuentren los bienes importados en relaci�n a los cuales no se haya concedido su levante, o manipular los mismos sin la preceptiva autorizaci�n.
La sanci�n consistir� en multa pecuniaria fija de 1.000 euros.
8. Constituye infracci�n tributaria el incumplimiento de los requisitos, condiciones y obligaciones, previstos para la autorizaci�n y el funcionamiento de los reg�menes especiales, as� como de los relativos a las zonas, dep�sitos francos u otros dep�sitos autorizados.
La sanci�n consistir� en multa pecuniaria fija de 3.000 euros.�
Desarrollo normativo de actuaciones y procedimientos por medios electr�nicos, inform�ticos y telem�ticos y relativos a medios de autenticaci�n En el �mbito de competencias del Estado, el Ministro de Hacienda podr� dictar las correspondientes normas de desarrollo aplicables a las actuaciones y procedimientos tributarios que se realicen por medios electr�nicos, inform�ticos o telem�ticos y a las relacionadas con los medios de autenticaci�n utilizados por la Administraci�n tributaria.
Entrada en vigor La presente ley entrar� en vigor el 1 de julio de 2004 salvo el apartado 2 de la disposici�n transitoria cuarta que entrar� en vigor al d�a siguiente de la publicaci�n de esta ley en el �Bolet�n Oficial del Estado�.

References: Real Decreto 
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