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Timestamp: 2017-11-18 23:06:30+00:00

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Sentencia T.S.J. Madrid 1087/2013 de 5 de diciembre. IS. Liquidación. Pagos a cuenta. Comprobación limitada - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Madrid 1087/2013 de 5 de diciembre
IS: Liquidación. Concepto de pagos a cuenta. El requerimiento es posterior al pago por lo que el pago debe entenderse realizado voluntariamente sin requerimiento previo. Procedimiento de comprobación limitada. Infracción tributaria leve. Caducidad. Acuerdo sancionador. Estimación.
Visto por la Sala del margen el recurso núm. 1186-2011 interpuesto por la entidad BAYTONA SYSTEMS, SL. representado por la procuradora DÑA. ISABEL COTONER PRESEDO contra fallo del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de fecha 16.9.2011 reclamación n.º 28/15086/2010 interpuesta por el concepto de Sociedades habiendo sido parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía.
Tercero.—Estimándose necesario el recibimiento a prueba y una vez practicadas las mismas se señaló para votación y fallo, la audiencia del día 3-12-2013 en que tuvo lugar, quedando el recurso concluso para Sentencia.
Primero.—Se impugna en este recurso contencioso administrativo la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid el día 16 de septiembre de 2011 en la que acuerda desestimar la reclamación económico administrativa número 28/15086/10, interpuesta contra acto dictado por la Administración de Fuencarral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria: desestimación del recurso interpuesto contra acuerdo sancionador, clave de liquidación A2860610506016615, por infracción tributaria leve derivada de la liquidación practicada en concepto de pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2009 periodo 1T, por cuantía de 3.799,88 euros.
Segundo.—La entidad recurrente solicita en su demanda que se revoque la resolución recurrida del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, anulándose la sanción impuesta.
El día 8 de abril de 2010 se emite notificación de la resolución del procedimiento de comprobación limitada con Referencia 2009CPA626400lOL202 (consta en el expediente administrativo) donde se indica que no procede regularizar la situación como consecuencia de la comprobación realizada (aporta esta notificación como documento 1). En la misma la Administración indica que se han realizado las siguientes actuaciones: " notificación de la propuesta de liquidación provisional y trámite de alegaciones con fecha 13 de julio de 2009, que inicia el procedimiento de comprobación limitada" En este caso no se ajusta a derecho el imponer una sanción sobre un propuesta de liquidación provisional realizada el 13 de julio de 2009 iniciándole el procedimiento sancionador el día 4/1/2010, como se desprende del expediente y de la propia resolución del TEAR de Madrid, pues se habría rebasado el límite de los tres meses establecido en el art. 209.2 de la Ley 5812003 por lo que el procedimiento estaría caducado y no podría volver a iniciarse.
En el caso de que la sanción fuera sobre la resolución del procedimiento de comprobación limitada ésta no existiría, pues la propia Administración indica que no procede regularizar la situación. En caso de que el procedimiento sancionador se hubiera iniciado como consecuencia de la presentación de la declaración (art. 119 y 120 LGT 58/2003) la caducidad del procedimiento volvería ser una cuestión de hecho, pues la declaración se presentó el día 13/7/2009 y el inicio del procedimiento sancionador se produjo. como se ha acreditado el día 4/1/2010, es decir, después de los tres meses previstos.
Manifiesta que la argumentación que se da en la resolución del TEAR un detalle esencial que es el pago de la deuda tributaria.
Tercero.—El Abogado del Estado, en la contestación a la demanda, sostiene, en síntesis, que con independencia de que la Orden EHA 3398/2006 permita, en determinados supuestos, efectuar el ingreso antes de la transmisión telemática de la declaración, lo cierto como resulta del citado art 191 en relación con el art 27 de la LGT ("recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo"), el requerimiento tuvo lugar el mismo día pero antes de la transmisión telemática de la declaración, por lo que la calificación como infracción del art 191 es ajustada a Derecho.
Por otra parte, considera el Abogado del Estado que no estamos ante un procedimiento iniciado mediante declaración ni corresponde a un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección, por lo que no es aplicable el plazo de caducidad previsto en el art 209.2 de la Ley General Tributaria y no debiera entenderse que la declaración extemporánea debe asimilarse a la "resolución" a la que se refiere el art 209.2 no solo porque una declaración no es una resolución administrativa sino porque supondría extender un plazo de caducidad, de interpretación estricta y no extensiva a un supuesto no contemplado en dicha norma.
Cuarto.—En cuanto a la alegación relativa a la caducidad, procede analizarse con carácter previo, pues caso de ser estimada impide entrar a analizar el resto de las cuestiones suscitada por las partes.
En este sentido hay que señalar que el art. 2092 de la Ley general tributaria establece que "Los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección no podrán iniciarse respecto a la persona o entidad que hubiera sido objeto del procedimiento una vez transcurrido el plazo de tres meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o resolución."
En la resolución recurrida, como antecedentes relevantes, como antecedentes relevantes se expresa, en resumen, lo siguiente: "Tras la notificación de la correspondiente propuesta de liquidación provisional y del preceptivo trámite de alegaciones, finaliza un procedimiento de comprobación limitada relativo al concepto pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades del primer periodo del ejercicio 2009, presentando el 13 de julio de 2009 la obligada tributaria la autoliquidación de referencia con un importe a ingresar de 14.475,71 euros.
Con fecha 4-01-10 se notifica a la interesada la apertura de expediente sancionador por infracción tributaria leve, consistente en dejar de ingresar dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo la totalidad o parte de la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación del tributo..."
En el presente caso consta en el expediente administrativo acuerdo de notificación del trámite de audiencia y propuesta de liquidación provisional de fecha 03 de Julio de 2009, en relación con los Pagos fraccionados de Sociedades del periodo 2009/1T, en el que se expresa que se inicia un procedimiento de gestión tributaria de comprobación limitada de su obligación de realizar pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, o en su caso del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en la el anexo de propuesta de liquidación provisional figura un importe a ingresar de 14.442,20 correspondiente al importe del pago fraccionado.
En el expediente administrativo no consta el acuerdo de conclusión del referido expediente de comprobación limitada, aunque junto con la demanda la recurrente ha aportado acuerdo de 8 de abril de 2010 de la misma Administración de Fuencarral y referido al mismo concepto y periodo en el que se expresa que no procede regularizar la situación tributaria como consecuencia de la comprobación realizada indicándose que la notificación de la propuesta de liquidación provisional y trámite de alegaciones con fecha 13 de julio de 2009, que inicia el procedimiento de comprobación limitada.
Por tanto, no consta que en el presente caso las actuaciones de comprobación limitada hubieran concluido por liquidación.
El art. 139 de la Ley General Tributaria establece lo siguiente: "1. El procedimiento de comprobación limitada terminará de alguna de las siguientes formas:
d) Liquidación provisional o, en su caso, manifestación expresa de que no procede regularizar la situación tributaria como consecuencia de la comprobación realizada."
Pues bien de los documentos que constan en el expediente administrativo no puede llegarse a la conclusión que el procedimiento concluyese con liquidación provisional.
La resolución recurrida del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid en el párrafo referido, incluido dentro de los Antecedentes de Hecho, considera que el indicado procedimiento concluyó con la presentación el 13 de julio de 2009 por la obligada tributaria de la autoliquidación, tras la notificación de la correspondiente propuesta de liquidación provisional y del preceptivo trámite de alegaciones, sin embargo la presentación de una autoliquidación por el contribuyente no constituye ninguno de los modos de terminación del indicado procedimiento según lo dispuesto en el art. 139 citado de la Ley General Tributaria, sino que más bien debe considerarse terminado con la resolución de 8 de abril de 2010, antes referida, cuya copia se aporta con la demanda, que sí se ajusta a uno de los supuestos de terminación del procedimiento establecido en el art. 139 de la Ley General tributaria.
Por otra parte, en el acuerdo sancionador se expresa que "Mediante escrito de fecha 18-12-2009 se le notificó la iniciación de un procedimiento sancionador como consecuencia de la posibilidad de que hubiera cometido la siguiente infracción tributaria de las clasificadas como leves:
Dejar de ingresar, dentro del plazo establecido en la normativa del tributo, la deuda tributaria, según se ha puesto de manifiesto en la presentación fuera de plazo, previo requerimiento de la Administración, de la declaración por el concepto impositivo siguiente:
Modelo 202 IS. PAGO A CUENTA correspondiente al ejercicio 2009, período 1T y número de justificante 2020049363753.
La declaración se presentó el 13-07-2009 habiendo vencido el plazo el 20-04-2009."
Por tanto, parece que el acuerdo sancionador se refiere a un procedimiento iniciado por la declaración presentada con el contribuyente y en este sentido debe precisarse que no consta que dicho procedimiento se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o resolución, como requiere el art. 209.2 de la Ley General Tributaria como acto administrativo a partir de cuya notificación debe contarse el plazo de tres meses. Lo cual determina que no puede considerarse que se hubiera superado el plazo de tres meses establecido en dicho precepto, pues el momento de inicio de su cómputo en modo alguno es la presentación de la autoliquidación, sino la fecha de notificación de la liquidación o la resolución que se dicte, pero como se ha dicho, no consta que en el presente caso se dictara liquidación ni tampoco ninguna otra resolución, salvo la ya aludida de 8 de abril de 2010, cuya copia se aporta por la recurrente, que es claramente posterior a la iniciación del procedimiento sancionador.
En consecuencia, se debe desestimar la alegación de caducidad formulada por la recurrente.
Quinto.—En cuanto a la procedencia o no del acuerdo sancionador, la discrepancia se centra en determinar si se debe considerar que se produjo un previo requerimiento, como entiende la Administración o, por el contrario, el requerimiento es posterior, como alega la recurrente.
En este sentido, la recurrente alega que el ingreso se produjo a las 12:04 horas y la declaración se envió telemáticamente a las 16:36 horas del día indicado, mientras que recibió requerimiento de la Administración ese mismo día a las 12:40 horas.
La Administración no cuestiona la hora del ingreso, sino que se limita a considerar la hora de presentación de la autoliquidación, y en el acuerdo sancionador se alude a "habiendo presentado e ingresado la citada autoliquidación fuera del plazo reglamentario tras requerimiento previo de la Administración". Pero de los documentos que obran en el expediente administrativo cabe deducir que el ingreso se produjo con anterioridad a la recepción de la notificación, pues el ingreso se produjo en la hora alegada por la recurrente, según el documento de la entidad bancaria aportado al expediente, lo que determina que deban considerarse no conformes a Derecho los fundamentos tanto del acuerdo sancionador como la resolución recurrida, pues parten de unos elementos de hecho que no son conformes a lo que queda acreditado en el expediente administrativo, en la medida en que omiten que el ingreso fue anterior al requerimiento, siendo el elemento determinante de la infracción el "dejar de ingresar" como se expresa en el acuerdo sancionador, aunque seguidamente sólo alude al momento de presentación de la declaración.
Por tanto, teniendo en cuenta que el art. 191 de la Ley General Tributaria al que alude el acuerdo sancionador, la resolución del recurso de reposición y la resolución recurrida del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, excluye la sanción cuando se regularice la con arreglo al art. 27 de la Ley General tributaria, no resultaba procedente la sanción impuesta.
En consecuencia, procede la estimación del recurso contencioso administrativo, declarando no conforme a Derecho la resolución recurrida, anulándola y dejándola sin efecto, así como el acuerdo sancionador del que trae causa.
Sexto.—En base a lo dispuesto en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en la redacción dada por la Ley 37/2011, procede especial imposición de costas a la administración demandada, al ser rechazadas sus pretensiones.
Debemos estimar y estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de la entidad BAYTONA SYSTEMS, S.L., contra la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid el día 16 de septiembre de 2011, sobre acuerdo sancionador, en concepto de pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2009 periodo 1T, declarando no conforme a Derecho la resolución recurrida, anulándola y dejándola sin efecto, así como el acuerdo sancionador del que trae causa. Con Imposición de costas a la Administración demandada.

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