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Timestamp: 2019-01-23 04:10:26+00:00

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﻿ SENTENCIA T-153 DE ABRIL 28 DE 1998
SENTENCIA T-153 DE 28 DE ABRIL DE 1998
CONTENIDO:ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN DEL PAÍS. ORDENA ELABORAR UN PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN CARCELARIA TENDIENTE A GARANTIZAR CONDICIONES DE VIDA DIGNAS EN LOS PENALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ESTATUTO ORGÁNICO DEL CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA PENITENCIARIA Y CARCELARIA NACIONAL, ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, ADMINISTRACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, REESTRUCTURACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, DEBERES DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, FACULTADES DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, SEGURIDAD EN LA CÁRCEL, HACINAMIENTO EN LA CÁRCEL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:319 DE JULIO DE 1998, PÁG.1037
Sentencia T-153 de abril 28 de 1998
Ref.: Expedientes acumulados T-137-001 y 143.950
Actores: Manuel José Duque Arcila, Jhon Jairo Hernández y otros.
Estado de cosas inconstitucional en los centros de reclusión del país.
2. Se trata de establecer si las condiciones en que se encuentran albergados los reclusos de las cárceles nacionales modelo, de Bogotá y Bellavista, de Medellín, constituyen una vulneración de los derechos fundamentales de los internos y, en caso de ser así, si la acción de tutela es procedente para demandar el remedio a las condiciones señaladas.
El hacinamiento en la Cárcel Nacional Modelo, de Bogotá, y en la Cárcel Distrital de Bellavista, de Medellín
3. Las dos acciones de tutela que son objeto del presente proceso tienen como denominador común la acusación contra las condiciones de hacinamiento1 en que se encuentran los internos de las cárceles Bellavista y Modelo, ubicadas en Medellín y Santafé de Bogotá, respectivamente. Con el objeto de establecer la situación real de estos dos centros carcelarios la Sala de decisión ordenó la práctica de sendas inspecciones judiciales. Así mismo, con miras a obtener una información global sobre la situación carcelaria en el país, en punto al hacinamiento, dispuso que se enviaran cuestionarios a las siguientes entidades: Ministerio de Justicia y del Derecho, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Policía Nacional2. Todas las entidades dieron respuesta a los interrogantes formulados. Así mismo, el día 20 de abril de 1998 se recibió un memorial presentado por distintos miembros de la comisión colombiana de juristas, en calidad de amicus curiae.
En vista del gran volumen de información obtenido no se hará un resumen de los escritos remitidos a esta corporación. En su lugar, se hará referencia a cada escrito en el momento en el que se haga uso de sus datos.
4. Las inspecciones oculares de las cárceles Modelo y Bellavista, en Bogotá y Medellín, se realizaron los días 14 y 21 de noviembre de 1997, respectivamente. En los informes sobre estas visitas, que hacen parte de los antecedentes de esta sentencia, se han consignado las impresiones e informaciones recibidas, razón por la cual no es necesario volver a tratar sobre ellas en forma extensa.
5. Las inspecciones judiciales se iniciaron en horas de la mañana y se prolongaron hasta altas horas de la noche. Ello permitió obtener una imagen real de la situación de hacinamiento. En el caso de Bogotá, la comisión judicial pudo observar cómo algunas zonas comunes colindantes con los pasillos donde se encuentran las celdas —que originalmente estaban destinadas para realizar actividades durante el día y reciben el nombre de rotondas— estaban atestadas de personas acostadas directamente sobre el piso, cubiertas con una simple frazada, y expuestas al frío propio de la noche en la ciudad. Incluso en las zonas de los baños se encontraba un gran número de personas durmiendo sobre el suelo. La congestión de esas zonas era tal que la persona que deseara movilizarse por allí tenía que poner mucha atención en los pasos que daba para no golpear a los reclusos que dormían.
El hacinamiento se evidenciaba también en los pasillos. En los corredores aledaños a las celdas yacían también muchos reclusos, y en las celdas mismas se observaba que dormían, dependiendo del patio, entre 3 y 6 internos, a pesar de que habían sido diseñadas para albergar a una sola persona.
Cabe aclarar que en algunos pabellones el grado de hacinamiento era superior al corriente, por cuanto los reclusos de algunos patios que estaban siendo refaccionados habían sido trasladados a los patios colindantes. Sin embargo, este hecho no desvirtúa las apreciaciones formuladas acerca del estado de congestión del establecimiento carcelario. En efecto, también en los pabellones que mantenían su población normal se pudo observar gran cantidad de personas durmiendo en las llamadas rotondas. Incluso en el pabellón 1 se pudo ver cómo varios internos habían labrado un hueco en la base del cuerpo de la escalera para poder dormir dentro de él. Así mismo, en el último piso de este pabellón los internos habían clausurado los baños, para hacer dormitorios en ellos. El baño lo habían trasladado, entonces, hacia el túnel por donde corrían las tuberías y los cables. Pero, además, cerca de una docena de internos, acuciados por la necesidad, había trasladado a ese túnel —húmedo y oscuro— sus efectos de dormir.
6. También en la cárcel de Bellavista se observó una situación extrema de hacinamientos, aun cuando se manifiesta de otra manera. Contrariamente a lo observado en la Modelo, en este centro las zonas comunes están despobladas durante la noche. Sin embargo, en distintos pasillos los corredores anejos a las celdas se encuentran absolutamente copados de personas durmiendo. A lo largo de los corredores se observan filas interminables de internos acostados, a tan poca distancia el uno del otro que se hace muy difícil caminar hasta el final del corredor.
Además, las celdas —que fueron diseñadas para cuatro personas y son por lo tanto más amplias que las de la Modelo— están saturadas de cubículos de madera y cartón, construidos por los mismos reclusos. Se llegaron a contar hasta 30 “camastros” en una celda. Al observar esa situación no se puede menos que compartir las apreciaciones del actor recluido en esa cárcel, acerca de la dificultad para respirar y del sofocante calor que se experimenta en las celdas. Y lo peor es que —a pesar de las medidas tomadas, como los traslados de reclusos— la situación de hacinamiento carcelario sigue empeorándose mes por mes, como se deduce del siguiente cuadro, transcrito de una certificación expedida por el director de la cárcel, el día 21 de noviembre de 1997:
Cárcel del Distrito Judicial de Bellavista, de Medellín
“Incremento de internos desde 1995 a la fecha
Enero 31 3.029
Febrero 28 3.104
Marzo 31 3.123
Abril 30 3.169
Mayo 31 3.184
Junio 30 3.201
Julio 31 3.328
Agosto 31 3.364
Septiembre 30 3.390
Octubre 31 3.462
Noviembre 30 3.484
Diciembre 31 3.692
Enero 31 4.084
Febrero 29 4.204
Marzo 31 4.112
Abril 30 4.218
Mayo 31 4.328
Junio 30 4.395
Julio 31 4.571
Agosto 31 4.531
Septiembre 30 4.608
Octubre 31 4.626
Noviembre 30 4.578
Diciembre 31 4.668
Enero 31 4.713
Febrero 28 4.870
Marzo 31 4.935
Abril 30 4.952
Mayo 31 4.980
Junio 30 5.029
Julio 31 5.009
Agosto 31 4.990
Septiembre 30 5.085
Octubre 31 5.114
Noviembre 21 5.125”
7. Las inspecciones le permitieron a la comisión judicial llegar a la conclusión de que las condiciones de reclusión en las dos cárceles citadas son absolutamente infrahumanas, indignas de una persona humana, cualquiera sea su condición personal. Las condiciones de albergue de los internos son motivo de vergüenza para un Estado que proclama su respeto por los derechos de las personas y su compromiso con los marginados.
8. Las conclusiones extraídas por la comisión judicial no representan una gran novedad. En efecto, las visitas no hicieron más que confirmar las afirmaciones que, desde hace algún tiempo, habían sido expuestas por distintos organismos estatales acerca de las condiciones infrahumanas que reinaban en estos y en otros centros de reclusión3. Además, para ningún colombiano que mire la televisión, oiga la radio o lea la prensa constituye un secreto que las cárceles colombianas atraviesan por situaciones infernales de hacinamiento. Incluso los directores de las cárceles aludidas, los directores del Inpec, el Ministerio de Justicia y el gobierno en general reconocen que las condiciones de albergue en esos penales no responden a los requerimientos mínimos para poder funcionar como tales.
Por lo tanto, resulta verdaderamente inoficioso pretender describir nuevamente las circunstancias en las que viven los reclusos. Los adjetivos y expresiones utilizados para exponer las circunstancias de vida en esos centros de reclusión se han convertido ya en lugares comunes, en frases de cajón. Por eso, para esta sentencia bastará con confirmar las aseveraciones formuladas en los distintos informes y remitir a ellos a los interesados. La reconstrucción de esta realidad dolorosa le corresponderá quizás a la literatura, despiadada acusadora de las sociedades ante la historia.
9. De lo hasta ahora expuesto se puede deducir con claridad meridiana que las cárceles Modelo y Bellavista presentan impresionantes condiciones de hacinamiento. Pero si el problema se redujera a estos dos reclusorios podría pensarse en solucionarlo con base en algunas órdenes de traslado de internos. Lastimosamente, estas dos cárceles son simplemente exponentes destacados de una situación generalizada, como se verá a continuación.
La situación general de hacinamiento carcelario en el país
10. De acuerdo con el informe estadístico suministrado por la oficina de planeación de Inpec, para el día 31 de octubre de 1997 la población carcelaria del país ascendía a 42.454 personas, de las cuales 39.805 eran hombres y 2.649 mujeres, 19.515 eran sindicadas, 12.294 habían sido condenadas en primera instancia y 10.645 lo habían sido en segunda instancia. Puesto que el total de cupos existentes en las cárceles ascendía a 29.217, el sobrecupo poblacional era de 13.237 personas, con lo cual el hacinamiento se remontaba en términos porcentuales al 45.3%.
Con todo, cabe hacer la aclaración de que tanto el Inpec como el Ministerio de Justicia expresan que existen dificultades para determinar la real capacidad de albergue de las cárceles, razón por la cual la cifra de cupos presentada debe ser entendida como una aproximación. De acuerdo con las dos entidades mencionadas, los siguientes factores explicarían el desconocimiento del verdadero número de plazas en las cárceles:
“La mayoría de las cárceles presentan celdas colectivas y no siempre se toma como norma estandarizada los 3.5 m2 por individuo y sus respectivos 3 m3 de aire en clima frío o 4 en clima cálido.
A la mayoría de las cárceles construidas se les proyectó una capacidad y luego se les asignó otra, dadas las adecuaciones o ampliaciones.
A la mayoría de las cárceles adaptadas no se les calculó técnicamente una capacidad instalada y una de funcionamiento.
Las mejoras y ampliaciones cambiaron todo registro y opción de racionalización cuantitativa de los cupos, aun en aquellos sitios donde la construcción es reciente”.
A estos factores habrá de añadirse un hecho, mencionado en distintos informes y estudios, cuales el de que el deficiente mantenimiento de las construcciones tiene por efecto que muchas celdas no puedan ser empleadas. Sobre este tema señala el escrito enviado por la Defensoría del Pueblo: “La mayoría de los establecimientos carcelarios fueron construidos hace muchos años y de ahí el deterioro que presentan sus instalaciones, las redes hidráulicas y los sistemas eléctricos. En esas condiciones, los centros de reclusión pierden su capacidad de albergue y se inutiliza un número apreciable de celdas y áreas para talleres, aulas, sección de sanidad, etc.”.
También sobre este tema se expresa la Contraloría en su informe sobre aspectos penitenciarios, de junio de 1997, en el cual resalta que “con datos de mayo de 1997, suministrados por 20 centros carcelarios que representan el 12% de la totalidad de la infraestructura carcelaria (169 a nivel nacional), se reportan 532 celdas sin ocupar”.
11. La congestión carcelaria se evidencia en todos los tipos de establecimientos, si bien en distintas proporciones. En el informe del Inpec se expresa al respecto: “de las 9 penitenciarias nacionales 5 presentan hacinamiento; de las 10 reclusiones de mujeres 6 presentan hacinamiento; de las 23 cárceles del distrito 19 presentan hacinamiento y de las 125 cárceles del circuito 67 presentan hacinamiento”4.
Por razones administrativas, los 170 establecimientos carcelarios existentes se encuentran agrupados en 6 regionales, a saber: La noroeste, la central, la norte, la occidental, la oriental y la del Viejo Caldas. Pues bien, el fenómeno de la sobrepoblación carcelaria se manifiesta también en todas ellas, aun cuando no siempre con la misma gravedad. En la respuesta del Ministerio de Justicia se presenta el siguiente cuadro acerca de esa situación, elaborado con base en datos aportados por la oficina de planeación del Inpec, a 30 de septiembre de 1997:
Porcentaje de hacinamiento penitenciario por regional
Regional Capacidad Población % Hacinamiento
1. Noroeste 3725 7514 102%
2. Central 7294 11794 61 %
3. Norte 2793 3823 36%
4. Occidental 7168 8914 24%
5. Oriental 3135 3835 22%
6. Viejo Caldas 5101 6239 22%
Total Nacional 29217 42118 44%
12. En el informe de la Defensoría se precisa que, a octubre 31 de 1997, los establecimientos carcelarios con el mayor índice de hacinamiento eran: “La cárcel del distrito judicial de Medellín “Bellavista”, con capacidad para 1500 personas y albergó a 5146 internos; cárcel del distrito judicial de Santafé de Bogotá, “La Modelo”, con una capacidad para 1920 personas y acogió a 4926 internos; penitenciaría central de Colombia “La Picota” en la capital del país, con un cupo para 700 personas, habitaron 1410 reclusos; cárcel del distrito judicial de Cali “Villahermosa” con sólo 900 cupos y estaban recluidos 2846 personas, y en la cárcel del distrito judicial de Valledupar que con una capacidad para 150 cupos, permanecía una población de 525 reclusos”.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia presenta un cuadro que permite concluir que otros penales menos conocidos por la opinión, pública —como los de Mocoa, Fusagasugá, Villavicencio, Yopal, Leticia y Zipaquirá— se encuentran en peores o en tan malas condiciones como los mencionados por la Defensoría. El cuadro permite formarse una idea general sobre el hacinamiento en las regionales y en los centros de reclusión:5
Establecimientos carcelarios y penitenciarios con mayor porcentaje de hacinamiento regional
Regional establecimiento capacidad población % hacinam.
Central CC. Fusagasugá 40 163 307%
C.D. Villavicencio 237 827 248%
C.C. Leticia 45 127 182%
C.C. Zipaquirá 50 137 174%
C.C. Granada 80 132 165%
C.C. Ubaté 35 97 148%
C.D. Modelo 1920 4662 143%
C.C. Cáqueza 25 58 132%
C.C. Facatativá 72 152 111%
P.N. Picota 700 1418 102%
C.C. Moniquirá 50 98 96%
C. Melgar 40 77 92%
C.C. Girardot 148 80 85%
C.C. Chocontá 37 65 75%
C.C. La Mesa 37 63 70%
C.C. Acacías 50 80 60%
R.M. Bogotá 430 687 59%
Occidental C.C. Mocoa 40 166 315%
C.D. Cali 900 2838 215%
C.C. Caloto 20 51 155%
C.C. Ipiales 55 117 112%
C.C. Florencia 150 311 112%
Norte C.D. Valledupar 150 500 233%
C.D. Barranquilla 250 466 86%
C.D. Cartagena 400 674 68%
C.D. Santa marta 250 382 52%
Viejo Caldas C.D. Ibagué 350 826 136%
C.C. Anserma 50 105 110%
C.C. Armero
-Guayabal 20 38 90%
C.C. Riosucio 30 53 76%
C.D. Manizales 400 638 59%
P.N. Calarcá 350 522 49%
Noroeste C.D. Medellín 1500 5065 237%
C.C. Santa Bárbara 35 81 131%
C.C. Santa Rosa
de Osos 40 72 80%
C.C. La Ceja 87 130 49%
Oriental C.C. Yopal 28 83 196%
C.D. Bucaramanga 600 1163 92%
C.C. Barranca-
bermeja 120 195 62%
P.N. Cúcuta 750 1125 50%
De otro lado, es importante tener en cuenta la apreciación del Inpec acerca de que el problema de hacinamiento es más agudo en el caso de los establecimientos que tienen una población superior a 50 internos y están ubicados en zonas cálidas, a causa de las deficientes condiciones de ventilación y de la insuficiente infraestructura de servicios públicos.
El fenómeno del hacinamiento carcelario desde una perspectiva histórica
13. Las condiciones de hacinamiento en los centros de reclusión del país no constituyen, sin embargo, una gran novedad. En efecto, en otros momentos de este mismo siglo también se han presentado críticas situaciones de sobrepoblación carcelaria. Importa ahora hacer referencia a ellas, con el objeto tanto de contextualizar el estado actual de hacinamiento, como de observar las medidas que se adoptaron para combatir esa situación. Para ello, esta corporación se apoyará en un estudio realizado por la oficina de planeación del Inpec, en 1997, denominado “análisis de la población general de recluidos y el fenómeno del hacinamiento”.
De acuerdo con el mencionado estudio, se pueden distinguir cuatro etapas dentro del fenómeno de la ocupación carcelaria en Colombia, a saber: la época del asentamiento, entre 1938 y 1956; la época del desborde, entre 1957 y 1975; la época del reposo, entre 1976 y 1994; y la época de la alarma, desde 1995 hasta la fecha.
14. La época de asentamiento, entre 1938 y 1956, tendría como antecedentes la expedición del código penitenciario de 1934 —que crea la división de prisiones dentro del Ministerio de Gobierno—, y la construcción de algunas cárceles como las de Cúcuta y Palmira y el inicio de otros reclusorios distritales como el de Sincelejo. La etapa se inicia, en 1938, con una población carcelaria de 8.686 internos. Hasta 1945, este número aumentó anualmente en una cifra promedio de mil internos. En 1946, se presenta una baja importante en el total de los reclusos (2.765 internos menos), a causa de un proceso de desjudicialización, pero este descenso fue rápidamente compensado por los incrementos de los próximos años, hasta llegar en el año de 1957 a la cifra de 37.770 internos.
El Inpec ofrece la siguiente serie de datos de población carcelaria en esos años:
Año 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946,
Nº 8.686, 9.391, 10.807, 11.861, 12.331, 13 634, 14.136, 15.018, 12.253, 1947.
13.742.
Año 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956,
Nº 17.297, 19.326, 19.384, 19.442, 21.011, 23.532, 26.022, 30.878, 34.463, 1957.
35.770.
El estudio señala que el gran aumento en el número de reclusos hizo necesario impulsar varios frentes de construcción carcelaria, como los penales de la Picota, Popayán y El Barne, la cárcel Modelo de Bogotá y la distrital de Barranquilla. Igualmente, precisa que en esa etapa se inició la construcción de las cárceles de Bucaramanga, San Gil, Pamplona, Picaleña, Manizales, Tumaco, Montería, Cartagena, Santa Marta, Pasto, Duitama, Pereira y Cali. Así mismo, se fortaleció la colonia penal de Araracuara, que pasó de albergar 60 internos, en 1938, a 700, en 1951.
Esta etapa comprendería la época más cruda de la violencia. Sus efectos sobre la situación carcelaria son definidos por el estudio de la siguiente manera: “Este asentamiento deja un ambiente crítico en las prisiones, mediado por la marginalidad penalizada, un desarrollo regional desigual, una población cesante excluida de la producción y criminalizada por la ley de vagos y maleantes, fuertes movilizaciones sociales de descontento ante la pauperización, una aguda violencia en el campo generando procesos acelerados de migración, cantidad de obras carcelarias inconclusas, mínimas cárceles pequeñas y viejas pidiendo a gritos su reemplazo y un hacinamiento de miedo en todos los centros carcelarios; desde esta época, el medio carcelario empezó a soportar el peso de la problemática carcelaria a sabiendas que desde 1946 se inicia el período denominado de la violencia y como caso representativo, los hechos del año 1948 llevan a la cárcel a 2000 nuevos recluidos”.
15. La época del desborde, entre 1957 y 1975, se inicia con un nuevo proceso de desjudicialización, en 1957, que reduce en 12.771 internos la población carcelaria. En esta etapa se da comienzo a una serie de obras carcelarias (en lo que el estudio denomina el boom de la construcción) y se expide el nuevo estatuto carcelario, mediante el Decreto 1817 de 1964.
Sin embargo, el esfuerzo de descongestión carcelaria sería nuevamente contrarrestado con aumentos vertiginosos del número de internos hasta el año de 1971. Así, a finales de 1971, se registrará un total de 58.125 internos, “mostrando ante el panorama nacional, la peor de las crisis de hacinamientos vivida”. De acuerdo con el informe, esta cima en las estadísticas de hacinamiento se reduciría de nuevo con medidas despenalizadoras, con la ley de rebaja de penas dictada a raíz de la visita del Papa Paulo VI, la 40 de 1968, y con un mejoramiento de las condiciones sociales. Ello explicaría que para el año de 1973 la población penitenciaria se hubiera reducido a 36.500 internos.
La serie estadística sobre el número de internos para este período es la siguiente:
Año1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964.
internos 35.770, 22.999, 24.428, 24.800, 27.014, 31.184, 33.000, 32.088.
Año 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973.
internos 31.816, 33.280, 38.446, 42.259, 46.451, 51.059, 58.125, S.D., 36.500.
16. Entre 1976 y 1994 tendría lugar la llamada época del reposo. No existen datos acerca del número de reclusos en los años 1972, 1974, 1975 y 1976. Pero en 1977 se realiza el primer censo nacional penitenciario, cuyo resultado arrojó un número total de 34.184 internos. Esta cifra disminuiría aún más, de manera tal que entre 1980 y 1994 la población carcelaria se mantuvo, con pocas excepciones, por debajo de los 30.000 reclusos. El estudio resalta que entre 1981 y 1985 el promedio de internos fue de 27.700, y que en 1986 disminuyó hasta 24.893, a causa del Decreto 1853 de 1985, que ordenó la ex carcelación de sindicados por delitos menores. Sin embargo, el número de internos volvería a ascender a raíz de las modificaciones en la legislación y de la aplicación del estatuto para la defensa de la democracia y de las normas excepcionales posteriores.
A pesar de lo anterior, se presentaba hacinamiento carcelario. En el plan de desarrollo y rehabilitación del sistema penitenciario nacional, publicado por el Ministerio de Justicia, en 1989, se señalaba que 37 establecimientos (es decir, el 22% de los centros encuestados) sufrían problemas de hacinamiento crítico. Este se concentraba particularmente en las cárceles distritales y ello ocurría a pesar de que en el mismo plan se manifestaba que existía “un total de 80 establecimientos con subutilización del espacio y recursos, que equivale al 49% del total de la muestra. Esta subutilización es en buena parte la causante de la actual crisis penitenciaria...”. El plan destacaba que la subutilización del espacio estaba acompañada, además, de una distribución inadecuada de este: “Los establecimientos ocupan el 32% del área total de terrenos carcelarios, con un área construida que representa el 50% del lote. Lo normal sería ocupar el 40% y construir, en el caso de edificaciones en dos pisos, el 70% del lote. Las áreas para celdas y patios representan respectivamente el 25% y el 20% del total construido. Estas proporciones no son las más apropiadas, pues el área para celdas debe oscilar entre el 30% y el 35%. El problema que presenta tal distribución es que dispone de 38.2% del área para actividades de rehabilitación, aunque en la realidad son pocos los centros que cuentan con tales dependencias”6.
La situación de hacinamiento señalada se veía agravada por la paralización de distintas obras iniciadas desde tiempo atrás. En 1979 se registraban 21 obras suspendidas. Por eso el gobierno inició un plan de instalación y reposición de la infraestructura carcelaria, a través del fondo rotatorio del Ministerio de Justicia, con el objeto de enfrentar parcialmente la crisis de la población de reclusos.
La serie de datos estadísticos sobre esta época es la siguiente:
Año 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984,
Nº 34.184, 35.043, 34.017, 32.549, 28.680, 26.942, 27.445, 27.618, 1985.
27.767.
Año 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993,
Nº 24.983, 27.280, 27.358, 31.077, 31.876, 29.356, 26.961, 28.550, 1994.
28.308.
El estudio destaca que en esta época se pondría fin al llamado “triángulo de la infamia”, compuesto por la colonia penal de Araracuara, la cárcel de La Ladera, en Medellín, y el presidio de la isla Gorgona. Igualmente, destaca que, en 1993, se crea el Inpec, con lo cual la institución carcelaria adquiere el status de instituto descentralizado, y se inicia un proceso de adecuación y construcción de la infraestructura carcelaria, marcada por la erección de los pabellones de alta seguridad y por la inversión en no menos de 50 cárceles. Además, indica que a pesar de las características de esta etapa “el hacinamiento se volvió un personaje común en las cárceles preventivas”.
17. La época de la alarma tiene su comienzo en 1995 y se prolonga hasta el día de hoy. Ese año se inicia con una cifra similar al promedio de la época anterior (29.537), pero el número de reclusos aumenta progresivamente hasta llegar a 31.960, todo ello a pesar de que la aplicación del Decreto 1370 de 1995, sobre desjudicialización, contrarrestaba la tendencia al incremento de la población carcelaria.
Según el Inpec, “el año 1996 rompe la barrera del reposo y en forma similar a lo ocurrido entre los años de 1966 a 1971, incrementa la población en más de 6.000 personas (38.063). En diciembre, cerca de la barrera de los 40.000 internos, deja el ambiente carcelario en alerta para lo que ocurrirá durante los años que restan del presente siglo”. La población carcelaria a noviembre 30 de 1996 asciende a 39.574 internos, con un cupo en cifras cerradas de 28.300, lo cual constituye un sobrecupo de 11.700 internos.
El estudio concluye con la siguiente manifestación: “En 1997 hay otro síntoma preocupante. En enero y febrero sigue creciendo la población (39.742 y 40.590, respectivamente). De continuar esta curva podría repetirse el fenómeno del desborde y llegar a poblaciones que por proyecciones superaría los 60.000 internos. Entonces el presente hacinamiento, que nos aterró en el pasado, nos desafía en el futuro (sic)”.
La Ley 415 de 1997
18. El 19 de diciembre de 1997 se expidió la Ley 415 de 1997, “por la cual se consagran normas de alternatividad en la legislación penal y penitenciaria y se dictan otras disposiciones tendientes a descongestionar los establecimientos carcelarios del país”7.
La medida fundamental en favor de la descongestión carcelaria fue la contemplada en el artículo 1º, el cual estableció que, con la salvedad de distintos delitos que precisa, los jueces tendrían que conceder la libertad condicional a todos los condenados a penas privativas de la libertad superiores a tres años, cuando hubieran cumplido las 3/5 partes de la condena y hubieran mantenido buena conducta. De esta forma se dio respuesta a la crítica expuesta por muchos reclusos y funcionarios de prisiones que señalaban que los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad negaban de manera sistemática las solicitudes de libertad condicional presentadas por los reclusos, amparándose en el argumento de que el interno requería mayor tratamiento penitenciario.
La crítica se fundamentaba en el hecho de que los jueces recurrían a ese argumento a pesar de que no habían tenido ningún contacto con el recluso y de que las autoridades de la prisión se expresaban a favor de la libertad condicional. Al respecto interesa mencionar que el director de la cárcel de Bellavista en Medellín expidió una certificación —el día 21 de noviembre de 1997— en la que señala que “de conformidad con lo ordenado por el Decreto 1542 de 1997 (...) el 11 de julio de 1997 se abrió en esta dependencia el libro para radicar las visitas de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín y allí se pudo constatar que estos funcionarios no han efectuado visita alguna a este establecimiento”8.
Es importante señalar que el Ministerio de Justicia destaca que el número de jueces de penas y medidas de seguridad es absolutamente reducido en relación con el número de condenados por atender. Como prueba de esta aseveración, el Ministerio aporta el siguiente cuadro acerca del número promedio de condenados a cargo de cada juez, elaborado con base en estadísticas del Consejo Superior de la Judicatura, de 30 de abril de 1997:
Establecimiento Nº Condenados Nº Jueces Promedio
P.N Picota 1138 8 142
P.N Picaleña 1040 3 347
P.N San Isidro 876 2 438
P.N El Barne 789 2 394
P.N Cúcuta 676 1 676
P.N Acacías 594 1 594
P.N Palmira 576 2 288
P.N Calarcá 499 1 499
P.N El Bosque 427 0 0
P.N Itagüí 219 3 73
El Ministerio anota que, en 1996, los jueces de ejecución de penas soportaron una carga anual de 39.839 procesos, de manera tal que, en promedio, cada despacho atendió 184 procesos mensuales.
19. Los artículos 3º y 4º de la Ley 415 de 1997 tuvieron por fin el reglamentar los permisos de salida para los condenados a los que se les negare la libertad condicional. A su vez, el artículo 2º estaba dirigido a facilitar la realización de trabajos comunitarios por parte de los condenados a penas privativas de la libertad inferiores a 4 años, con la autorización de que el tiempo dedicado a esas labores fuera descontado de la pena. Sin embargo, este artículo debía ser reglamentado por el Gobierno Nacional dentro de los tres (3) meses siguientes a la expedición de la ley, y, de acuerdo con datos periodísticos, el término expiró sin que el gobierno hiciera uso de esa facultad.
20. Según el informe del Inpec, la Ley 415 de 1997 no ha producido los efectos esperados. Al respecto manifiesta esta entidad: “la oficina de planeación del Inpec da a conocer que no se ha producido a la fecha los resultados que se habían planteado, entre otras razones porque los internos posibles usuarios a lograr el tiempo exigido tienen a la vez la alternativa de disfrutar la libertad preparatoria y posteriormente la franquicia que según concepto de los mismos les resulta más favorable que los mismos permisos a que alude la mencionada ley. Otras razones que debilitan la aplicación de la ley, la constituye la tipología delictiva de la población reclusa, según el censo de 1996, que demuestra que los delitos más representativos son los homicidios, hurto, infracción a la Ley 30 de 1986, delitos que por las circunstancias de agravación estarían excluidos de tales permisos (se entiende que se refiere a la libertad condicional y no a los permisos)”. Cabe además señalar que la Ministra de Justicia ha precisado que, hasta mediados de abril, por obra de esta ley solamente habían obtenido la libertad condicional 367 personas9.
Algunas causas explicativas de la situación de congestión carcelaria.
21. En su respuesta al cuestionario que le fuera remitido por esta corporación, el Inpec sintetizó de la siguiente manera los fenómenos que han contribuido a la sobrepoblación de los penales del país: “Crecimiento demográfico y criminógeno; crisis socioeconómica, política, de cultura y de valores de la sociedad; lento proceso de reposición de centros carcelarios con alto grado de envejecimiento o diseños antifuncionales; proceso paulatino de recuperación de cupos en cárceles existentes y ampliación de los mismos; concentración del hacinamiento en cárceles preventivas sin opción de traslados a cárceles de menor categoría por tamaño, por falta de garantías de seguridad; congestión judicial; auge vertical de la detención preventiva, principalmente de la justicia regional, y en fin la expedición de legislaciones represoras del delito como la Ley 228 de 1995, Ley 40 de 1993 y ley anticorrupción, entre otras”. Algunos de estos factores merecen ser destacados, tal como se hace a continuación.
22. En los últimos años han sido expedidas distintas normas dirigidas a sancionar con mayor rigidez una serie de conductas delictivas. Ello ha implicado el ingreso de un número siempre mayor de internos a las cárceles, y una más larga permanencia en ellas. Esta nueva situación no ha sido acompañada de un aumento proporcional en los cupos carcelarios, razón por la cual el hacinamiento que ya se observaba en la llamada época del reposo hubo de incrementarse en la forma que es conocida por todos.
Al igual que en el informe del Inpec, en el escrito de la Procuraduría se resaltan los efectos que han tenido en el fenómeno de la congestión carcelaria, las leyes que contemplan aumentos de penas, la tipificación de conductas contravencionales como delitos y la eliminación de la posibilidad de obtener la libertad provisional y condicional para determinadas conductas, tal como ocurre con las leyes 40 de 1993, 190 de 1995, 228 de 1995 y 30 de 1986.
La Defensoría del Pueblo sostiene en su informe que la Ley 228 de 1995 influyó de manera decisiva en el acelerado hacinamiento que se presentó en 1996. Al respecto señala: “De acuerdo a estadísticas del Inpec, remitidas a esta delegada, la población carcelaria que ingresó por la comisión de algunos de los delitos contemplados en la Ley 228 de 1995 fue 3.833 internos, en el período comprendido entre enero y agosto de 1996. En términos globales, en 1996 la población recluso aumentó en 9.372 reclusos, mientras que en 1994 y 1995 el incremento había sido de 1.000 internos anuales”. La misma entidad recuerda que el artículo 40 de la Ley 228 había autorizado al gobierno para efectuar los traslados presupuestales y las operaciones financieras necesarias para ampliar las cárceles existentes y establecer las nuevas que se requirieran para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley, “velando por que ellas ofrezcan a los internos condiciones dignas, que permitan lograr los fines de la pena”. Con todo, resalta que el gobierno no había adoptado ninguna medida al respecto.
También los internos de las cárceles visitadas y sus directivas destacaron los efectos que en el nivel del hacinamiento ha producido la aplicación de la Ley 228 de 1995. Sin embargo, la oficina de planeación del Inpec no le concede tanta importancia a las consecuencias de la ley en ese campo, puesto que señala que para el 31 de diciembre de 1997 se encontraban privadas de la libertad por obra de la misma 144 sindicados y 178 condenados.
23. Acerca de los efectos de la Ley 228 es importante también tener en cuenta lo señalado por el ex Ministro de Justicia Carlos Medellín, en el marco de una citación al Senado de la República, el 9 de abril de 1997, acerca de que muchas entidades territoriales habían abandonado sus obligaciones para con las propias cárceles, con el argumento de que los contraventores debían estar a cargo del Inpec puesto que las contravenciones especiales eran competencia de los jueces municipales. Decía así el Ministro:
“Sobre las contravenciones sucedió (...) un problema con las entidades territoriales y municipales, y es que las alcaldías interpretaron la Ley 228 como que el cambio de competencia hacia los jueces municipales implicaba que la responsabilidad de la cárcel y del tratamiento penitenciario y carcelario era del Inpec porque los jueces eran municipales. La ley no dice que pasen a las cárceles nacionales porque hay infinidad de cárceles municipales que cumplen esa función en relación con las contravenciones. ¿Qué sucedió? Que nos cerraron la mayoría de las cárceles municipales porque ya no iban a recibir más contraventores, nosotros dijimos la ley nunca dijo eso, hemos tenido que afortunadamente, repito, pues, entrar en conversaciones con las alcaldías para lograr convertir y poder que el municipio y el departamento también se involucre con la redención, con la resocialización y con la administración de las cárceles”10.
Sobre las cárceles municipales interesa también destacar que en el informe del Inpec se comenta que ellas poco podían contribuir a solucionar los problemas de hacinamiento, dadas sus carencias físicas y presupuestales.
24. Entre las causas del hacinamiento se señala también el incremento del número de personas detenidas preventivamente, hecho que se explica parcialmente por la prohibición expresa de la ley de conceder la libertad provisional para un amplio espectro de delitos, y el bajo uso de los subrogados penales. La Defensoría resalta al respecto que en el país “se presenta un abuso en la adopción de la medida de detención preventiva, y una mínima o nula aplicación de los subrogados penales: la condena de ejecución condicional y la libertad condicional” Para la Defensoría, la poca aplicación de los subrogados penales obedece en parte, “a la formación profesional de sus aplicadores, a la concepción que ellos tengan sobre la función de la privación de la libertad, a los conceptos obsoletos que todavía manejan sobre la peligrosidad penal y la reincidencia y a los criterios que adoptan sobre la determinación de la personalidad del recluso para fallar sobre la concreción de un determinado subrogado”.
Sobre este punto basta únicamente recordar que de las 42.454 personas que se encontraban confinadas en los penales colombianos el 31 de octubre de 1997, 19.515 eran sindicadas, es decir el 46% de la población reclusa. Esta alta cifra de personas sindicadas recluidas parece responder a una tendencia judicial y penitenciaria en el país, ahora algo menguada, pues en el ya mencionado plan de desarrollo y rehabilitación del sistema penitenciario nacional, publicado en 1989, se resalta que la población carcelaria sindicada ascendía al 58% del número total de internos. En la misma obra se señala, con base en datos de la Dirección General de Prisiones, que en 1986 el 61.9% de los internos eran sindicados, mientras que el 5.77% habían sido condenados en primera instancia y el 32.24% en la segunda instancia. Igualmente, se destaca que los datos del censo penitenciario nacional de 1977 arrojaron que del total de los reclusos un 61.97% eran sindicados, mientras que el restante 38.11% ya habían sido condenados en primera o en segunda instancia11.
25. Mención aparte merece el tema de la justicia regional. En efecto, en todos los delitos de su competencia únicamente procede como medida de aseguramiento la detención preventiva (CPP, art. 388), la cual no puede ser suspendida (D.L., 99/91, art. 1º) ni convertida en detención parcial en el lugar de trabajo o domicilio (CPP, art. 409). Estas y otras normas referidas a los detenidos y condenados por cuenta de la justicia regional hacen que el porcentaje de los reclusos sindicados y condenados a cargo de esta justicia sea muy elevado. El siguiente cuadro, tomado de una investigación realizada por la Universidad Nacional, evidencia esta situación, con datos de los años 1991 a 199412:
Cuadro Nº 27
Población carcelaria en justicia regional
Discriminación de la población carcelaria según modalidad delictiva y situación jurídica 1991-1994
Delitos 1991
Simples Sindicados Condenados Total
Rebelión 103 12 115
para delinquir 137 41 178
de armas 579 39 618
Tráfico armas uso
prv. FFAA 444 198 627
Decreto 180/88 1.413 326 1.739
Viol. Ley 30/86 2.285 2.181 4.466
Secuestro 413 94 507
Sec. Extorsivo 216 79 295
Extorsión 513 92 605
Total justicia
regional 6103 3.062 9.165
% 66.59% 33.40% 100%
carcelaria 14.212 15.144 29.356
% 48.41% 51.93 100%
Delitos 1992
Rebelión 83 13 96
delinquir 36 52 88
Terrorismo 955 301 1.256
de armas 278 45 323
uso prv. FFAA 499 59 558
Decreto 180/88
Viol. Ley 30/86 3.770 2.840 6.610
Secuestro 466 104 570
Sec. extorsivo
Extorsión 505 139 644
Secuestro 34 34
de armas 17 17
regional 6.626 3.570 1.0196
% 64.98% 35.01% 100%
Carcelaria 14.242 12.719 26.961
% 52.82% 47.18% 100%
Delitos 1993
Rebelión 652 48 700
delinquir 134 33 167
Terrorismo 8 10 18
de armas 305 73 378
uso prv. FFAA 164 15 179
Decreto 180/88 557 121 678
Viol. Ley 30/86 4.594 1.458 6.052
Secuestro 270 65 335
Sec. extorsivo 163 116 279
Extorsión 298 182 480
Terrorismo 11 11
Secuestro 4 4
armas 19 19
regional 7.179 2.121 9.300
% 77.22% 22.76% 100%
carcelaria 16.330 12.220 28.550
% 57.20% 48.80% 100%
Delitos 1994
Rebelión 713 93 806
delinquir 186 49 235
Terrorismo 386 94 480
de armas 513 169 682
uso prv. FFAA 221 61 282
Viol. Ley 30/86 3.526 1.487 5.013
Secuestro 479 134 631
Sec. extorsivo 164 82 246
Extorsión 387 182 569
armas 73 9 82
regional 6.666 2.366 9.032
% 73.85% 26.20% 100%
carcelaria 17.303 13.479 30.782
% 56.21% 43.79% 100%
Fuente: Inpec
26. Para terminar este aparte, importa, además, precisar que la Procuraduría manifiesta que el hacinamiento provocado por el uso frecuente de las medidas de aseguramiento se ve agravado por el incumplimiento de los términos por parte de las autoridades judiciales, situación que impide definir la situación jurídica de los sindicados con la celeridad debida y los obliga a permanecer en el centro carcelario durante períodos prolongados.
La infraestructura carcelaria
27. Dentro del tema de las causas del hacinamiento carcelario merece especial atención el relacionado con la infraestructura carcelaria. Como ya se ha evidenciado, ésta no responde, en su generalidad, a las necesidades de la población carcelaria, y su estado de deterioro general determina que muchas celdas y áreas destinadas a distintas actividades no pueden ser utilizadas.
Los problemas de infraestructura hacen más difíciles las condiciones de hacinamiento. Sobre el tema señala la Procuraduría: “El estado físico de las cárceles es preocupante, pues la mayoría de las construcciones son antiguas, vetustas y obsoletas, el tamaño de las celdas es reducido, carentes de luz, aireación y servicios sanitarios, lo cual agrava aún más las actuales condiciones de hacinamiento. Es común encontrar problemas en el suministro de agua, en la evacuación de aguas residuales, cañerías obstruidas y deficiente presentación de los servicios públicos, entre otros”.
En relación con los servicios públicos en las cárceles objeto de esta tutela, cabe decir que las carencias del acueducto son resaltadas por los reclusos y los directivos de la Modelo y Bellavista. También el alcantarillado presenta serios problemas en la cárcel Modelo. Además, el desordenado manejo de las instalaciones eléctricas en las dos cárceles crea serios riesgos de incendios, de consecuencias imprevisibles13.
25(sic). Muchos de los establecimientos carcelarios que existen en el país no fueron erigidos con fines de reclusión, circunstancia que explica muchas de sus falencias. Además, la mayoría de ellos fueron construidos hace muchos años, hecho que, aunado a la falta de mantenimiento, explica las malas condiciones en que se encuentran muchos penales. La antigüedad de los centros de reclusión fue puesta de relieve en el ya mencionado plan de desarrollo y rehabilitación del sistema penitenciario nacional, de 1989, en el cual se señala14:
“Las construcciones datan en promedio de 1721, con 267 años de edad, y presentan un alto índice promedio de envejecimiento relativo de 1.11. Si no se tienen en cuenta las edificaciones más antiguas (1500-1700), el año promedio es 1840, con un índice de 1.0815. Esta anomalía se agrava, por cuanto existen 91 establecimientos [de los 166 que se habían encuestado, siendo que en ese momento se contaba con un total de 186] que no cumplen con los requerimientos mínimos de dotaciones (cantidad, calidad y estado) y no cuentan con dependencias de rehabilitación, entre los cuales hay 19 en situación crítica”.
El mismo plan de desarrollo llega a las siguientes conclusiones acerca de la infraestructura carcelaria:
“El análisis de las variables muestra las siguientes conclusiones:
— El 54.8% de los establecimientos encuestados está en malas condiciones de infraestructura física y dotación de equipos, muebles y enseres (11.4% en situación crítica).
— (...) Sólo el 15% cuenta con dependencias adecuadas para rehabilitación.
— El 17.5% necesita urgentes reparaciones locativas.
— El 41.0% presenta un envejecimiento de más de 50 años de construcción”.
Así mismo, en el documento Conpes 2797 de julio de 1995, sobre política penitenciaria y carcelaria, época en la que el Inpec contaba con 170 reclusorios, se resalta:
“El Inpec cuenta con un importante número de establecimientos que difícilmente cumplen los fines que las instituciones penitenciarias persiguen, a pesar de las inversiones efectuadas en los últimos años. El 50% de las construcciones carcelarias y penitenciarias presenta alto índice de envejecimiento y deterioro; el 54% de los establecimientos funcionan en edificaciones de más de 40 años y 37 establecimientos tienen más de 80 años de existencia.
“Finalmente, la falta de espacios comunes, la imposibilidad de creación de talleres, áreas educativas en lugares impropios y nada motivadores, dormitorios colectivos, etc., son común denominador de la infraestructura carcelaria, dificultando la prestación de los servicios que, como oferta de la resocialización y la reinserción, son garantizados por la legislación y la razón de ser del sistema penitenciario”.
La vetustez de los establecimientos carcelarios en el país fue también puesta de relieve por la comisión de la Cámara de Representantes encargada de presentar un diagnóstico de la situación carcelaria en el país, en 1997. En su informe, la comisión resalta que en sus visitas encontró un marcado deterioro en las estructuras locativas, a tal punto que algunas de las secciones se encontraban destruidas, y señala que la mayoría de las instalaciones tenían una antigüedad que oscilaba entre los 21 y los 60 años. En el informe se inserta el siguiente cuadro sobre este punto16:
Tiempo de construcción de los inmuebles carcelarios
Años de construcción Número Porcentaje
1-20 25 14.3
21-60 94 53.7
61-100 28 16.0
101 y más 26 14.9
Sin información 2 1.1
Total 175 100
Fuente: DNP-UJS-DIJUS, con base en estadísticas del Inpec.
26(sic). En el aludido documento Conpes se expresa que la inversión en estructura física carcelaria tuvo una tendencia ascendente en el período 1988-1993, pero disminuyó para los años 1994 y 1995. Señala que de la inversión total en prisiones en los últimos 5 años, el 23.7% ha estado dirigida a los penales de alta seguridad. En este sector se crearon 434 cupos, con un costo per capita de 45.096.000 pesos (de 1994). Del aludido documento se han transcrito los siguientes cuadros:
Inversión en infraestructura física en cárceles participación sector justicia 1990-1995 (millones de $ de 1994)
Año Inversión en Variación% Inversión en sector Participación
cárceles justicia de inversión
en inv. sector
1988 4.757 33.976 14.0
1989 5.904 24.1 35.513 16.6
1990 7.293 23.5 36.620 19.9
1991 13.210 81.1 39.312 33.6
1992 10.678 (19.2) 37.058 28.8
1993 18.684 75.0 32.543 57.4
1994 15.690 (16.0) 46.896 33.5
1995 15.236 (2.9) 84.990 17.9
Participación de la inversión en infraestructura de alta seguridad en la inversión de cárceles 1990-1995 (millones de $ de 1994)
Año Inversión Inversión alta Participación alta
cárceles seguridad seguridad
1990 7.007 1.994 28.5
1991 12.234 1.795 14.7
1992 9.945 1.787 18.0
1993 18.684 9.754 52.2
1994 14.818 3.611 24.4
1995 13.027 625 4.8
Sobre el punto de los porcentajes en la inversión en alta seguridad y en cárceles comunes importa resaltar que el ex Ministro de Justicia Carlos Medellín presentó cifras muy distintas a las ofrecidas por planeación, en su intervención ante el Senado en abril de 1997. Decía él en aquella ocasión: “Recordemos que hay cuatro pabellones de alta seguridad y hay 167 establecimientos carcelarios. En el año 90 la inversión total de alta seguridad fija del 47% y en cárceles del 53% del presupuesto destinado para la construcción de nuevos cupos; en el 91 se destinó el 98% para inversión en alta seguridad y el 2% en adecuación de las cárceles (...); en el 92 se invirtió en alta seguridad el 31% y en el resto de cárceles el 69, y la proporción se fue invirtiendo (...) En el 93 la construcción de cárceles normales fue del 48% y en alta seguridad 52%; en el 94, 62% cárceles normales, 38 alta seguridad; en el 95, 85% cárceles normales, 15% alta seguridad; y en el 96, 86% cárceles normales, 14% alta seguridad”17.
Pero, más allá de las diferencias que se observan en los informes sobre porcentajes de inversión, lo que cabe destacar es que, a pesar de los esfuerzos de inversión en infraestructura carcelaria, las deficiencias en este campo continúan18. Por eso, el documento Conpes propone incluir este aspecto dentro de los puntos que deben con formar la política penitenciaria a seguir, así:
“9. Desarrollar la política penitenciaria y carcelaria de construcción, reposición, adecuación, recuperación y mejoramiento de la infraestructura de los centros carcelarios, de acuerdo con los parámetros internacionales que garanticen la seguridad, el hábitat y el tratamiento de los reclusos, en concordancia con las prioridades enunciadas en el diagnóstico. Este desarrollo se llevará a cabo en tres etapas. En la primera etapa se adelantará la construcción de 2 centros penitenciarios (complejos metropolitanos de Santafé de Bogotá y Antioquia) y la construcción de establecimientos especiales para dar cumplimiento al artículo 29 de la Ley 65 de 1993, que ordena la organización de centros especiales para funcionarios públicos particularmente; y la terminación de 6 centros carcelarios (Barranquilla, San Andrés, Girardot, Santa Rosa de Viterbo, Caicedonia y Florencia). La segunda etapa contempla la construcción de 3 centros carcelarios para reponer los existentes en Ibagué, Cali y Valledupar, dado el grado de envejecimiento y deterioro; y la construcción de un establecimiento carcelario de máxima seguridad. La tercera etapa contempla la construcción de 4 centros carcelarios en Arauca, Pereira, Barrancabermeja y Yopal, para reemplazar los existentes que, como los anteriores, se encuentran deteriorados, sin la seguridad requerida y sin posibilidades de adecuarlos”.
La construcción del complejo metropolitano de Santafé de Bogotá debía generar 3.000 cupos e iniciarse inmediatamente. Igual sucedía con la penitenciaría de Antioquia, que tendría capacidad para 1.500 cupos. La reclusión especial se erigiría en Chiquinquirá.
De otra parte, para finales del gobierno del presidente Samper se preveía la construcción de las cárceles de Ibagué (1.000 cupos), de Cali (2.500 cupos) y de Valledupar (400 cupos), así como de una cárcel de máxima seguridad para 300 internos. Igualmente, se contaba con la terminación de la penitenciaría de El Bosque en Barranquilla y de las cárceles de Caicedonia, de San Andrés, de Santa Rosa de Viterbo y de Florencia y con la adecuación, remodelación y mantenimiento de muchas otras.
27(sic). Los proyectos de ampliación del número de cupos en las penitenciarías del país no se han cumplido. El siguiente cuadro aportado por la Procuraduría General de la Nación ofrece una idea acerca de los escasos logros obtenidos en este sentido:
Año Población cancelaría Capacidad
1992 27.261 28.303
1993 28.260 28.084
1994 29.343 26.709
1995 31.960 27.822
1996 38.062 28.302
1997 41.460 29.217
El Ministerio de Justicia expresa que actualmente, se están construyendo 4 nuevos centros de reclusión, en Girardot, Santa Rosa de Viterbo, Apartadó y Valledupar. Los dos primeros tendrían que haber entrado en funcionamiento a finales de 1997 o comienzos de 1998. Así mismo, informa que en el momento se realizan trabajos de ampliación en las cárceles Modelo de Bogotá y Vistahermosa de Cali, y en las ubicadas en Montería y Buga. Las obras deberían crear 3.139 cupos.
Por su parte, el Inpec expresa que actualmente se construyen dos nuevos reclusorios, a saber la penitenciaría nueva de Apartadó y la de Santa Rosa de Viterbo. Igualmente, señala que en 1997 debieron ampliarse los penales La Modelo, Picaleña, Santa Rosa de Viterbo, Acacías, Villavicencio, Calarcá, Montería y Buga, y que en 1998 debían ensancharse las cárceles de Turbo, Acacías, Barranquilla, Cali, Girardot, Manizales, Tunja, Cartagena, Valledupar e Ipiales y las penitenciarías de Cúcuta, Apartadó y Tunja.
Como se observa, las dos entidades no coinciden completamente en los datos que aportaron. Pero más allá de esto, lo cierto es que no se han cumplido las metas propuestas en el documento Conpes y que es muy posible que tampoco se cumplan las que se proponen por parte del Ministerio y el Inpec.
28. Lamentablemente, debe señalarse que al problema de la deficiente infraestructura carcelaria al que ya se hizo mención se le añade el de las permanentes deficiencias en relación con la administración de los penales y de las obras en construcción. Los casos que fundamentan esta aseveración abundan: para 1979 existían 21 obras paralizadas; en 1975 se pone en funcionamiento la Cárcel de Bellavista, en Medellín, y se abandona completamente la cárcel de la Ladera, que es prontamente desmantelada, a pesar de que esta cárcel, como bien lo señala el estudio histórico de la oficina de planeación del Inpec, podría haberse remodelado para convertirla en la tan necesitada penitenciaria de Antioquia; de la cárcel de la Catedral, en Envigado, no queda nada; la antigua cárcel Modelo de Cúcuta es objeto del mayor descuido; el penal del Bosque, en Barranquilla, necesitó 40 años para llegar a su terminación, en 1993, y sin embargo sufre aún de serias deficiencias; también las obras de la cárcel de Florencia se extendieron durante décadas, etc.
29. Un informe de la Contraloría General de la República sobre aspectos penitenciarios, escrito en 1997, expresa que las deficiencias administrativas persisten. Según el informe los objetivos del Inpec en materia de construcción, mantenimiento y reparación de los centros carcelarios no se han cumplido “debido a la forma poco eficiente como se han asignado y utilizado los recursos presupuestales y a la falta de oportunidad y calidad en las obras realizadas, la no aplicación de criterios de economía en la contratación de las obras y la falta de controles adecuados en la ejecución de las mismas”. Señala el informe que, en los últimos tres años, la inversión del Inpec en este campo ($ 54.000 millones) sirvió para que se incrementara la capacidad de reclusión en 80 internos, es decir, de 28.252 en enero de 1993 a 28.332 en abril de 1997. Además, sostiene que “gran parte de esta inversión se destinó a construir pabellones de máxima seguridad que no aportan solución al hacinamiento [y que] el aumento de cupos de reclusión con los proyectos de construcción se vio afectado por la pérdida de éstos por los cierres de celdas por falta de mantenimiento, lo que demuestra la ineficacia del instituto para manejar un presupuesto de inversión que le permita aumentar su capacidad de operación”.
La Contraloría ofrece también distintos ejemplos de inversiones sin sentido. Así, relata que, con el objeto de albergar a las personas detenidas por cuenta del proceso 8.000, se decidió recuperar y adecuar 52 casas fiscales que habían sido ocupadas desde hacía años por guardianes y particulares. Los gastos de expropiación e indemnización a los tenedores ascendieron a $ 347 millones. Luego se decidió demoler 23 casas y adecuar 27. Los costos de remodelación de estas últimas, sumados a la construcción de un edificio de servicios y un muro de cerramiento fueron de 750 millones de pesos. Las obras habrían finalizado el 7 de septiembre de 1996, pero hasta el 1º de junio de 1997 ninguno de los detenidos por el proceso 8.000 había sido trasladado a esas casas. De esta manera, 13 de las 27 casas refaccionadas se encuentran abandonadas, 12 albergan personas que no tienen ninguna relación con el proceso 8.000 y las otras dos sirven de gimnasio y lugar de la guardia.
Igualmente, se señala que se invirtieron 145 millones de pesos en la remodelación del anexo siquiátrico de la Modelo, a pesar de que los internos inimputables pasarán en pocos meses a ser responsabilidad del Ministerio de Salud, que los habrá de retirar de los penales para trasladarlos a centros especializados(19). La Contraloría cuestiona la justificación de tales adecuaciones, puesto que en un futuro próximo los anexos van a ser utilizados por usuarios con otras características y necesidades a las de los inimputables.
En el informe se menciona también que, en 1993, el Inpec dispuso la construcción de una nueva cárcel en Fusagasugá, con el fin de recluir en ella funcionarios públicos, indigentes y ancianos. Para el efecto se adquirieron los terrenos seleccionados y se firmaron contratos de obra y de interventoría, como resultado de los cuales se erigió el muro de encerramiento. Sin embargo, la población de Fusagasugá se opuso a la construcción y, en consecuencia, la autoridades municipales no expidieron la licencia de construcción, razón por la cual el proyecto se suspendió desde el año de 1995, año en el que también se dispuso la liquidación de los contratos. La Contraloría concluye: “Del análisis de los contratos y según registros presupuestales, se estableció que el instituto invirtió en la compra, estudios y construcción $ 635.1 millones, representados en terrenos por $ 53.6 millones y en el muro de encerramiento por $ 581.5 millones”. Actualmente, el predio se encuentra abandonado, las construcciones deterioradas y el antiguo vigilante del terreno ha devenido poseedor.
El informe se refiere también a distintas irregularidades en materia de contratación administrativa que se han presentado en varios proyectos, tales como los de las cárceles de Girardot, Barranquilla, Santa Rosa de Viterbo y Buenaventura.
30. Sobre este punto llama también la atención lo señalado en el informe de la comisión oficial de la Cámara de Representantes que visitó distintos centros penitenciarios del país, durante el primer semestre del año 199720. En efecto, en el aparte relacionado con las construcciones y remodelaciones encontradas (pág. 9) se manifiesta:
“— En la cárcel del distrito judicial Villa Hermosa (Cali) se constató que la construcción del pabellón de alta seguridad, dotado de algunos equipos electrónicos de seguridad, planta eléctrica y paneles de control, con una capacidad instalada de 36 cupos, y la estructura de un nuevo pabellón, con una inversión del orden de $ 89.490.975.11, se encuentran abandonados, mostrando desidia y despilfarro institucional, para su pronta terminación y adecuación se estima una nueva inversión de mil millones de pesos ($1.000.000.000).
“— En la penitenciaría nacional El Bosque (Barranquilla) encontramos que la estructura del alojamiento de la guardia y obras en nuevo pabellón se encuentran abandonadas, siendo su inversión inicial de $1.706.094.350.46, en la actualidad se declaró la caducidad del contrato 454 de 1995 mediante Resolución 5318 de octubre de 1996, para su conclusión la aseguradora está en proceso de iniciar los trámites necesarios para asumir la terminación de la obra.
“— En la remodelación de la penitenciaría nacional de Cúcuta, en las celdas se encontró que la última litera construida, se encuentra a una altura aproximada de 2.10 metros del suelo (casi pegada al techo), cabe anotar que mejoraron substancialmente las condiciones de vida con la adecuación de baños al interior de éstas al igual que las remodelaciones efectuadas en la Modelo de Bogotá”.
31. Como se observa, la comisión del Congreso hace referencia al refaccionamiento de la cárcel Modelo de Bogotá. El Inpec manifiesta que, entre otras cosas, con el programa de remodelación y ampliación del penal se incrementará el número de cupos de 1.920 a 3.840. Sin embargo, el mismo Inpec reconoce que no se pueden crear cupos en pabellones nuevos “ya que el centro carcelario no cuenta con área libre para la construcción de los mismos”. Esto significa que los nuevos cupos deben crearse a partir de un rediseñamiento de las celdas actuales, tal como lo han denunciado los internos y la Defensoría del Pueblo. En el pasado, cada celda tenía un “camastro”, aun cuando alojaba a más internos, que dormían sobre el suelo. De acuerdo con lo que observó la comisión judicial en su inspección, las obras que se adelantan están dirigidas a unir las celdas vecinas —de manera tal que una celda actual equivale a dos celdas anteriores— e incluir dentro de cada nueva celda 4 “camastros”. De esta forma se logra doblar el cupo de albergue de la cárcel, pues en el área donde se acomodaban antes dos “camastros” se incluyen ahora 4. Sin embargo, el área —y el volumen de aire por cada preso— sigue siendo la misma. En realidad, a la celda sólo se le ha aumentado el espacio correspondiente al baño, pero con el agravante de que en su construcción, por lo menos en las primeras etapas, no se tuvo en cuenta la necesidad de dotarlo de una ventilación adecuada.
Los internos manifiestan que las nuevas celdas tendrán un área total de 6.60 m2, lo que significa que para cada uno de sus cuatro ocupantes habría 1.65 m2. En su informe, el Inpec replica que el área total de cada celda, incluyendo la del baño, será de 8.73 m2. Ello implicaría que cada interno tendría 2.18 m2 a su disposición. Pero las diferencias acerca del área real de cada celda no tienen importancia en este caso, pues lo cierto es que, de cualquier modo, el espacio de las celdas no se ajusta a las prescripciones. En efecto, si bien existen diferencias acerca de cuál es el espacio mínimo de alojamiento de un interno, el mismo Inpec precisa que debe ser de 4.4 m2, sin contar con los servicios sanitarios, cuya área debe ser de 1.04 m2 (metros cuadrados)21.
De acuerdo con lo anterior, la pregunta que surge es si, desde la perspectiva de la acción contra el hacinamiento carcelario, tiene sentido el alto gasto realizado en la remodelación de las celdas. En efecto, el hacinamiento continuará dándose en la misma forma, pues el número de metros cuadrados por interno seguirá inalterado. Por eso sí se puede concluir con los demandantes que las obras no están generando más espacio para los reclusos, sino apenas organizando el hacinamiento.
Consecuencias del hacinamiento carcelario
31. Todos los intervinientes resaltan que las condiciones de hacinamiento impiden el cumplimiento de los objetivos del sistema penitenciario. Estos han sido fijados de manera general en el artículo 10 de la Ley 65 de 1993, el cual reza:
ART. 10.—Finalidad del tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario”.
Evidentemente, las condiciones de hacinamiento impiden brindarle a todos los reclusos los medios diseñados para el proyecto de resocialización (estudio, trabajo, etc.). Dada la imprevisión y el desgreño que han reinado en materia de infraestructura carcelaria, la sobrepoblación ha conducido a que los reclusos ni siquiera puedan gozar de las más mínimas condiciones para llevar una vida digna en la prisión, tales como contar con un camarote, con agua suficiente, con servicios sanitarios, con asistencia en salud, con visitas familiares en condiciones decorosas, etc.
Las condiciones actuales en las prisiones colombianas implican que los bienes mínimos para garantizar una vida digna en la prisión (una celda, un “camastro”, oportunidad de trabajar y de estudiar) sean absolutamente escasos. En el medio carcelario ello significa que la distribución y asignación de esos bienes se realice a través de los mecanismos de la corrupción y la violencia. Esta situación es precisada por el Inpec, el cual, luego de resaltar que la congestión carcelaria atenta contra el principio de que el tratamiento penitenciario debe ser individualizado, señala: “la congestión dificulta la seguridad y el manejo de espacios libres; el hacinamiento refuerza los factores de riesgo para la desocialización (sic); tratar en la congestión tiene altos costos sociales, institucionales y económicos y bajo impacto y cobertura; por último, la congestión genera corrupción y privilegios en la asignación de beneficios o recursos individuales”.
32. Como se observa, de manera general se puede concluir que el hacinamiento desvirtúa de manera absoluta los fines del tratamiento penitenciario. Con todo, la Corte quiere concentrar su atención en una consecuencia que considera de mucha gravedad, cual es la de que la sobrepoblación carcelaria impide la separación de los internos por categorías, tal como lo ordenan distintos artículos de la Ley 65 de 1993. En efecto, la ley ordena que los sindicados estén separados de los condenados; que los reincidentes de los primarios, los miembros de la fuerza pública, los funcionarios públicos y los indígenas de los demás reclusos, etc.
33. El artículo 21 de la Ley 65 de 1993 establece que las cárceles deben albergar únicamente personas sindicadas. A su vez, el artículo 22 señala que las penitenciarías están destinadas únicamente para ejecutar las penas impuestas en la sentencia de condena. Estas dos normas son vulneradas de manera general: todos reconocen que en las penitenciarías se encuentran sindicados y en las cárceles condenados, y atribuyen ese hecho a la sobrepoblación carcelaria. La violación de estas normas legales es tan protuberante que no es necesario extenderse sobre este punto. Para el efecto bastará, entonces, con remitir a la información contenida en los siguiente cuadros, elaborados con base en las cifras aportadas por el Inpec acerca de la población carcelaria a 31 de octubre de 1997:
Sindicatos recluidos en penitenciarías.
Penitenciaría Nº condenados Nº condenados Nº
1ª instancia 2ª instancia sindicados
PN Picota 1180 0 230
PN Picaleña 122 959 37
PN San Isidro 380 398 192
PN El Barne 560 219 60
PN Cúcuta 613 105 425
PN Acacías 594
PN Palmira 34 578 134
PN Calarcá 220 284 9
PN El Bosque 262 256 5
PN Itagüí 75 150 69
Personas condenadas que se encuentran recluidas en cárceles.
Establecimiento Sindicados condenados condenados
carcelario 1ª instancia 2ª instancia
CC. Fusagasugá 64 39 71
CD Villavicencio 476 207 144
CC Zipaquirá 82 30 12
CC Granada 57 49 7
CC Ubaté 22 44 25
CD Modelo 4290 629 7
CC Cáqueza 32 24 16
CC Facatativá 78 37 25
CC Moniquirá 32 7 59
CC Melgar 38 3 30
CC Girardot 109 0 51
CC Chocontá 24 3 46
CC La Mesa 13 24 28
CC Acacías 29 16 33
RM Bogotá 439 203 50
CC Mocoa 116 34 14
CD Cali 128 90 34
CD Buga 140 262 102
CC Caloto 15 4 20
CC Ipiales 60 20 47
CD Pasto 155 124 106
CC Florencia 198 31 110
CD Valledupar 316 12 197
CD Montería 144 46 110
CD Barranquilla 397 29 34
CD Cartagena 412 148 131
CD Santa Marta 187 126 88
CD Ibagué 537 67 239
CD Neiva 320 79 134
CC Anserma 15 10 67
CD Pereira 247 76 259
CC Armero-
Guayabal 13 13 9
CC Riosucio 18 5 37
CD Manizales 412 160 120
CD Medellín 3093 1428 625
CC Santa Bárbara 29 9 40
CC Santa Rosa
de Osos 29 33 17
CC La Ceja 33 17 78
CC Yopal 65 11 0
CD Bucaramanga 593 80 482
CC Barranca-
bermeja 81 0 116
34. De otro lado, el Código de Procedimiento Penal (art. 402), el Código Penal Militar (art. 631) y el Código Penitenciario y Carcelario (art. 27) disponen que los miembros de la fuerza pública cumplirán su detención preventiva “en centros de reclusión especialmente establecidos para ellos y a falta de éstos en las instalaciones de la unidad a la que pertenezcan”. Sin embargo, de las pruebas decretadas se deduce que existe un número importante de miembros de la fuerza pública recluidos en centros penitenciarios ordinarios. El Inpec suministró los siguientes datos acerca de su distribución regional:
Regional Central 112
Regional Occidental 123
Regional Norte 43
Regional Oriente 17
Regional Noroeste 120
Regional Viejo Caldas 87
Puesto que la mayor parte de los miembros de la fuerza pública que se encuentran recluidos en cárceles ordinarias pertenecen a la Policía Nacional, la Corte le envío un cuestionario a esta institución, con el objeto de indagar las causas de esta situación. Esta respondió que cuenta únicamente con tres centros de reclusión para sus miembros y ex miembros, con un cupo total de 366 internos, y que los tres centros ya se encuentran en condiciones de hacinamiento. Así, señala que el centro de reclusión de Facatativá, que presenta problemas de servicios públicos, tiene capacidad para 256 internos, pero actualmente alberga 300; que el centro carcelario Belén de Medellín, que es una construcción antigua, que no ofrece las garantías de seguridad necesarias, tiene 70 cupos y cuenta en el momento con 71 internos; y que el Centro Piloto de Cali, que no tiene la infraestructura de un centro de reclusión y no cuenta con la seguridad necesaria, tiene capacidad para 40 internos y alberga 60.
La detención preventiva de los miembros y ex miembros de la Policía Nacional en los centros ordinarios de reclusión es justificada a partir de la situación de hacinamiento que tendrían las cárceles policiales. Precisamente en atención a esa circunstancia, el Inpec expidió la Circular 182 de 1995, en la cual se señaló:
“Como quiera que por disposición de los artículos 402 y 403 del Código de Procedimiento Penal se dispone un sitio de reclusión especial para los miembros de la fuerza pública, los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, Ministerio Público, Personal de Prisiones y Cuerpo de Policía Judicial, y en atención a que no existe ese centro de reclusión especial en todas las ciudades del país que pueda llegar a albergar a todas las personas detenidas que hallan pertenecido a alguna de estas entidades se hace necesario que a partir de la fecha y previendo el ingreso de alguna de estas personas a los establecimientos carcelarios del país, los señores directores de establecimientos carcelarios tanto de distrito como de circuito deberán adecuar según sus posibilidades un pabellón o sitio especial destinado única y exclusivamente para albergar en ellos a las personas a que se refieren los artículos mencionados, evitando con ello que entren en contacto con el resto de la población reclusa”.
35. En la inspección judicial realizada en la cárcel Modelo, la comisión judicial pudo observar uno de los dos sitios especiales en los que se encuentran los miembros de la fuerza pública, los llamados CAI, ubicados en un pasillo del pabellón 2. En el mencionado pasillo se encuentran tanto condenados como sindicados y en él también se presenta la situación de hacinamiento. Lo más grave de todo es, sin embargo que los internos del denominado CAI se encuentran separados de los demás reclusos únicamente por una reja. Este hecho significa para ellos un riesgo permanente para la vida e integridad personal, pues en el cumplimiento de sus anteriores actividades como miembros de la fuerza pública se enfrentaron frecuentemente con reclusos de los otros pasillos y pabellones. Por esta razón, los internos del CAI permanecen durante todo el día en el pasillo, sin salir al patio a tomar el sol.
Las condiciones de reclusión de estos internos han sido denunciadas por la Procuraduría y la Defensoría, instituciones que consideran que los llamados CAI no constituyen instalaciones especiales, como lo prevén las leyes, y que los miembros de la fuerza pública allí internados son objeto de vulneración de sus derechos fundamentales.
En un informe rendido luego de una visita realizada a la cárcel distrital Modelo, en noviembre de 1997, la Procuraduría General de la Nación destacó lo siguiente sobre este punto:
“Respecto a los CAI, debemos precisar que no son pabellones especiales como lo contempla la Ley 65 de 1993 en su artículo 27, en la medida que se encuentran en el mismo pabellón 1, y sólo una reja los separa de los demás internos del pabellón, aunado al hecho de que estos internos por la misma seguridad que requieren no salen del pasillo por lo tanto muchos de ellos no gozan ni siquiera de una hora de sol, pues es casi imposible sacarlos al patio, en donde se encuentra el resto de los reclusos, ni pueden realizar ningún otro tipo de actividad”.
Igualmente, la Defensoría del Pueblo se manifestó sobre esta materia en su escrito de contestación al cuestionario enviado por esta corporación. Para el objeto de esta sentencia es de interés transcribir algunos apartes de su intervención:
“(...) [sobre los lugares donde se encuentran recluidos los miembros de la fuerza pública] hemos constatado que no se trata de instalaciones especiales, sino de dos pasillos corrientes denominados popularmente CAI, en alusión a los miembros de la fuerza pública.
Estos pasillos se encuentran también en ostensible condición de hacinamiento, situación que se agrava por la falta de seguridad ya que estos colindan —a través de una reja— con el patio del pabellón primero (antes noveno), lugar donde permanece durante el día la población reclusa asignada a ese pabellón, lo que genera que los miembros de la fuerza pública están reconocidos por aquellos que una vez fueron objeto de su persecución y captura. Circunstancia que trae como consecuencia que estas personas recluidas en el CAI sean objeto de constantes amenazas y agresiones verbales y físicas.
Esta situación ha llevado a los internos en comento a vivir en circunstancias únicas, ya que no pueden desplazarse como cualquier interno atendiendo el llamado de sus abogados, no pueden acudir a secciones de talleres, educativas, sanidad, culto, y ni siquiera pueden disfrutar de las dos horas reglamentarias de sol, sin correr el riesgo de que se atente contra su vida e integridad personal, viéndose de esta manera sometidos a un género de vida que, por el carácter marginal, doloroso, perturbador e infrahumano, representa para quienes lo padecen una verdadera punición adicional, impuesta de facto, sin proceso, sin juez y sin fallo.
La situación que deben soportar los miembros de la fuerza pública recluidos en la cárcel Modelo de Bogotá se observa en todos los establecimientos carcelarios del territorio nacional en donde han sido ubicados esta clase de internos”.
Los derechos de los internos
36. En su jurisprudencia, la Corte Constitucional ha expresado de manera reiterada que, si bien algunos derechos fundamentales de los reclusos son suspendidos o restringidos desde el momento en que éstos son sometidos a la detención preventiva o son condenados mediante sentencia, muchos otros derechos se conservan intactos y deben ser respetados íntegramente por las autoridades públicas que se encuentran a cargo de los presos. Así, por ejemplo, evidentemente los derechos a la libertad física y a la libre locomoción se encuentran suspendidos y, como consecuencia de la pena de prisión, también los derechos políticos. Así mismo, derechos como los de la intimidad personal y familiar, reunión, asociación, libre desarrollo de la personalidad y libertad de expresión se encuentran restringidos, en razón misma de las condiciones que impone la privación de la libertad. Con todo, otro grupo de derechos, tales como la vida e integridad personal, la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la salud y al debido proceso, y el derecho de petición, mantienen su incolumidad a pesar del encierro a que es sometido su titular22. Lo mismo cabe aseverar acerca del derecho a la presunción de inocencia, el cual, aun cuando no imposibilita la expedición de medidas de aseguramiento, sí obliga a los jueces a justificar en cada caso la orden de detención precautelativa, y a la administración a mantener separados a los sindicados y a los condenados.
37. Como consecuencia de lo anterior, la Corte también ha manifestado de manera recurrente que los reclusos se encuentran vinculados con el Estado por una especial relación de sujeción. Ello significa que este último puede exigirle a los internos el sometimiento a un conjunto de condiciones que comportan precisamente la suspensión y restricción de distintos derechos fundamentales, condiciones sobre las cuales debe añadirse que deben ajustarse a las prescripciones del examen de proporcionalidad23.
Ahora bien, esta misma corporación también ha manifestado que el Estado tiene deberes especiales para con los reclusos, con miras a que éstos puedan ejercer plenamente los derechos fundamentales que no les han sido suspendidos, y parcialmente aquellos que les han sido restringidos. Y estos deberes no implican simplemente que el Estado no debe interferir en la esfera de desarrollo de estos derechos —como ocurriría en el caso de la libertad religiosa—, sino también —y de manera especial— que el Estado debe ponerse en acción para garantizarle a los internos el pleno goce de otros derechos, tales como la dignidad, la salud, la alimentación, el trabajo, etc. Esta conclusión se deriva de la misma relación especial de sujeción de los penados frente al Estado, y del hecho de que las condiciones que se imponen a los reclusos les impide que puedan satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades mínimas, cuya atención garantiza la posibilidad de llevar una vida digna24.
38. La jurisprudencia de la Corte Constitucional acerca de los derechos de los reclusos y de los deberes especiales del Estado para con ellos en muchos aspectos no hace sino ratificar distintas prescripciones incluidas en los códigos de Procedimiento Penal —el Decreto 2700 de 1991, con sus reformas— y Penitenciario y Carcelario, la Ley 65 de 1993. En efecto, diferentes disposiciones de estos códigos están dirigidas a garantizar los derechos fundamentales de los internos. Así, los artículos 3º y 408 del Código de Procedimiento Penal y 5º del Código Penitenciario y Carcelario preceptúan:
“ART. 3º—(CPP) Reconocimiento de la dignidad humana. Toda persona a quien se atribuya la comisión de un hecho punible, tiene derecho a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
Se respetarán las normas internacionalmente reconocidas sobre derechos humanos, y en ningún caso podrá haber violación de las mismas.
ART. 408—(CPP) Derechos de la persona privada de la libertad. Todo sindicado privado de su libertad tendrá derecho a recibir en el lugar de la reclusión un tratamiento acorde con el respeto a los derechos humanos, como los de no ser víctima de tratos crueles, degradantes o inhumanos; a ser visitado por un médico oficial y en su defecto por uno particular, cuando lo necesite; a tener una adecuada alimentación, a que se le faciliten todos los medios y oportunidades de ocuparse en el trabajo y el estudio; a tener un intérprete de su lengua si lo necesitare al momento de recibir notificación personal de toda providencia, todo lo cual se compendia en el respeto por su dignidad humana.
ART. 5º—(C. Pen. y Car.) Respeto a la dignidad humana. En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales, y a los derechos humanos, universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral”.
39. De la misma manera, con el objeto de garantizar el derecho fundamental de los sindicados a la presunción de inocencia, los artículos 21 el Código Penitenciario y 400 del Código de Procedimiento Penal determinan que los sindicados deberán estar separados de los condenados. Las mencionadas normas establecen, respectivamente, que las cárceles son “establecimientos de detención preventiva, previstos exclusivamente para retención y vigilancia de sindicados” y que “ninguna persona podrá ser recluida en establecimiento para cumplimiento de pena, mientras no exista sentencia condenatoria ejecutoriada”. Así mismo, los artículos 506 del Código de Procedimiento Penal y 22 del Código Penitenciario precisan que las penitenciarías están destinadas para alojar exclusivamente a las personas condenadas a penas de privación de la libertad.
También la búsqueda de la garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal, así como la consideración especial para determinados grupos que han infringido la ley, han conducido a que tanto en el Código Penitenciario como en el de Procedimiento Penal se establezcan categorías adicionales de separación de los reclusos, tales como el género, la edad, la reincidencia, la calidad de miembro de la fuerza pública o de servidor público, etc.
40. Igualmente, los artículos 9º y 10 del Código Penitenciario establecen con claridad que el fin fundamental de la pena es la resocialización de las personas condenadas y que este objetivo se alcanzará “mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación bajo un espíritu humano y solidario”.
En concordancia con ellos, el artículo 142 precisa que “el objeto del tratamiento penitenciario es preparar al condenado, mediante su resocialización para la vida en libertad”. Y a continuación, el artículo 143 establece que “[e]l tratamiento penitenciario debe realizarse conforme a la dignidad humana y a las necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto. Se verifica a través de la educación, la instrucción, el trabajo, la actividad cultural, recreativa y deportiva y las relaciones de familia. Se basará en el estudio científico de la personalidad del interno, será progresivo y programado e individualizado hasta donde sea posible”. Luego, en el artículo 144, se diferencian las distintas fases del tratamiento y, en el 145, se contempla que la realización del sistema progresivo estará a cargo de grupos interdisciplinarios integrados por “abogados, psiquiatras, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, médicos, terapistas, antropólogos, sociólogos, criminólogos, penitenciaristas y miembros del cuerpo de custodia y vigilancia”.
Actualmente, se acepta que las penas no tienen un fin único. Por eso, el Código Penal determina en su artículo 12 que “la pena tiene función retributiva, preventiva, protectora y resocializadora”. Sin embargo, como bien lo señala el Código Penitenciario la función primordial de ella sí debe ser la resocialización. Ello por cuanto esta función es la que materializa en mejor forma, en este campo, la definición del Estado colombiano como social de derecho y el principio de la dignidad de la persona humana, una de las piedras angulares de la Constitución Política. Del derecho a la dignidad y del concepto de Estado social de derecho, se deduce el derecho de los reclusos a contar con centros carcelarios que les garanticen la posibilidad de reinsertarse en la sociedad.
Por eso, el análisis del sistema penitenciario debe siempre girar en torno de la pregunta sobre si éste cumple con la financiación resocializadora, a la cual se debe fundamentalmente. Sobre este punto es importante señalar que la labor de resocialización no consiste en imponer determinados valores a los reclusos, sino en brindarles los medios para que, haciendo uso de su autodeterminación, establezca cada interno el camino de su reinserción al conglomerado social. Como bien lo señaló esta Corporación en su sentencia C-261 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero, “la idea de resocialización se opone, ante todo, a penas y condiciones de cumplimiento que sean en esencia, por su duración o sus consecuencias, desocializadoras. El Estado debe brindar los medios y las condiciones para no acentuar la desocialización del penado y posibilitar sus opciones de socialización (...) la función de reeducación y reinserción social del condenado debe entenderse como obligación institucional de ofrecerle todos los medios razonables para el desarrollo de su personalidad, y como prohibición de entorpecer ese desarrollo”.
Pues bien, precisamente desde la perspectiva de la dignidad de los reclusos y de la obligación del Estado de brindarles los medios necesarios para su resocialización se deben interpretar distintos artículos del Código Penitenciario que regulan las condiciones de albergue de los internos (art. 64), y sus derechos al trabajo (arts. 79 ss.), a la educación y enseñanza (arts. 94 ss.), al servicio de sanidad (arts. 104 y ss.), a la comunicación con el exterior y la recepción de visitas (arts. 110 ss.), a la atención social (arts. 151 ss.), etc.
41. De otro lado, la doctrina de la Corte acerca de los derechos de los internos responde a las obligaciones internacionales que ha asumido Colombia a través de la suscripción de tratados internacionales de derechos humanos, tratados que, como ya se sabe, hacen parte del bloque de constitucionalidad y, en consecuencia, sirven también de parámetro para examinar la constitucionalidad de las leyes y los actos administrativos. En efecto, tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos —también conocida como el Pacto de San José, y que fue aprobada por el Congreso mediante la Ley 16 de 1972— como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante la Ley 74 de 1968, establecen que los reclusos tienen el derecho a ser tratados en una forma digna, de acuerdo con el valor que les confiere su calidad de personas, y que el objeto de la pena es la resocialización.
Así, el inciso 2º del artículo 5º de la Convención Americana establece que “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”, y el inciso 6º determina que “[l]as penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”.
A su vez, el numeral 1º del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe que “[t]oda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”, mientras que el numeral 3º consagra que “[e]l régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados...”.
42. Los tratados señalados también imponen el respeto al principio de la presunción de inocencia consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. Este principio, como ya se precisó, tiene dos consecuencias: la primera es que la privación de libertad para los sindicados es una medida extrema, a la que no se debe recurrir sino en los casos que realmente lo ameriten. De acuerdo con las reglas de Tokio —las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, adoptadas mediante la Resolución 45/110 de la asamblea general, el 14 de diciembre de 1990— ello significa que “sólo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso, teniendo debidamente en cuenta la investigación del supuesto delito y la protección de la sociedad y de la víctima”.
La segunda consecuencia es que en los casos en los que se determine la detención preventiva no se debe mezclar a los sindicados con los condenados.
Sobre el carácter especial de la detención preventiva señala el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 9º: “(...) la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”.
De otra parte, con respecto a la separación de los detenidos y los condenados, el literal a) del numeral 2º del artículo 10 expresa que “[l]os procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas”. La obligación de la administración penitenciaria de mantener apartados los sindicados de los condenados se establece en forma similar en el numeral 4º del artículo 5º de la Convención Americana de Derechos Humanos.
43. Las Naciones Unidas han acordado, además, una serie de principios que deben guiar la relación del Estado con los penados, a través de los cuales se reafirma, entre otras cosas, que deben ser tratados de acuerdo con la dignidad que le corresponde a toda persona, que la pena tiene como función la preparación para el reingreso a la sociedad y que en todos los casos se debe separar a los reclusos por categorías, tales como el género, la calidad de sindicado o condenado, la edad, etc. Es así como el primer congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, realizado en 1955, acordó las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, atinentes a los parámetros mínimos que deben cumplir las administraciones penitenciarias en los más distintos campos, tales como la diferenciación entre los reclusos, las condiciones de los locales destinados a ellos, la alimentación, los servicios médicos, etc. Igualmente, mediante la Resolución 43/173 de 1988, la asamblea general dictó el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión; y con la Resolución 34/169 de 1979 se expidió el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley25.
Para la situación bajo análisis no es ocioso transcribir algunas de las pautas contenidas en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos:
“9.1. Las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados más que por un sólo recluso. Si por razones especiales, tales como el exceso temporal de población carcelaria, resuItara indispensable que la administración penitenciaria central hiciera excepciones a esta regla, se deberá evitar que se alojen dos reclusos en cada celda o cuarto individual.
2. Cuando se recurra a dormitorios, éstos deberán ser ocupados por reclusos cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para ser alojados en estas condiciones.
10. Los locales destinados a los reclusos, y especialmente aquéllos que se destinan al alojamiento de los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias de higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo concerniente al volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación.
19. Cada recluso dispondrá, en conformidad con los usos locales o nacionales, de una cama individual y de ropa de cama individual suficiente, mantenida convenientemente y mudada con regularidad a fin de asegurar su limpieza”.
La existencia notoria de un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario
44. Con todo, las prescripciones de los Códigos Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y Carcelario, de los tratados y acuerdos internacionales citados y la misma jurisprudencia de la Corte acerca de los derechos de los reclusos constituyen letra muerta. Las condiciones de vida en los penales colombianos vulneran evidentemente la dignidad de los penados y amenazan otros de sus derechos, tales como la vida y la integridad personal, su derecho a la familia, etc. Nadie se atrevería a decir que los establecimientos de reclusión cumplen con la labor de resocialización que se les ha encomendado. Por lo contrario, la situación descrita anteriormente tiende más bien a confirmar el lugar común acerca de que las cárceles son escuelas del crimen, generadoras de ocio, violencia y corrupción.
En este proceso se ha hecho hincapié en el asunto del hacinamiento carcelario, el objeto de las tutelas incoadas. Y obviamente, la sobrepoblación en los centros de reclusión del país constituye una vulneración grave de la obligación del Estado de brindar condiciones dignas de vida a los internos. Sobre este punto no puede haber gran discusión cuando se constata que los presos duermen sobre el mismo suelo, que los lugares destinados a actividades comunes y los propios baños se convierten en dormitorios, etc. Además, es claro que el hacinamiento genera corrupción, extorsión y violencia, con lo cual se comprometen también los derechos a la vida e integridad personal de los internos. En un lugar donde la demanda por una habitación es mucho más alta que la oferta y donde la guardia no está en capacidad de imponer el respeto a las normas establecidas, sólo cabe esperar que se imponga la ley del más fuerte, con todas sus consecuencias.
Para todos es conocido que la vulneración de los derechos de los reclusos va más allá del hacinamiento y se extiende a distintas áreas —en buena parte debido también a las condiciones de sobrepoblación—, tales como el trabajo, la educación, la alimentación, la salud, la familia, la recreación, etc. En efecto, los puestos de trabajo y de educación son escasos en relación con la demanda sobre ellos, lo cual significa, nuevamente, que en estas áreas se impone la ley del más fuerte y campea la corrupción y la extorsión. Igualmente, es evidente para todos que los procedimientos para las visitas —con las esperas interminables, la falta de espacio para las visitas conyugales y familiares, etc.— no facilitan la unidad e integración familiar. Así mismo, se conoce de muchos casos de personas enfermas que requieren tratamiento hospitalario, pero no pueden ser trasladados a los centros médicos por carencia de personal de guardia. Hechos similares ocurren con las diligencias judiciales, etc.
45. Denuncias sobre las condiciones de vida en las cárceles ha habido muchas. Tanto los organismos nacionales como los internacionales han llamado la atención sobre este problema. Al respecto se pueden observar los informes de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría, de los organismos de derechos humanos, del Observatorio Internacional de Prisiones con sede en Ginebra, etc. Además, los medios de comunicación se encargan periódicamente de recordarle a los colombianos la situación de las cárceles.
Así mismo, como se vio en el aparte acerca del hacinamiento desde una perspectiva histórica, el fenómeno de la congestión carcelaria ha sido recurrente, e incluso han existido períodos en los que la sobrepoblación ha alcanzado grados mucho más extremos que el actual. A pesar de ello no se percibe de parte del Estado el diseño de políticas destinadas a evitar situaciones como la actual. Del análisis histórico surge la conclusión de que la actitud del Estado ante estas situaciones es siempre reactiva, es decir que solamente ha actuado en este campo cuando se encuentra en presencia de circunstancias explosivas, como la actual. En esas circunstancias ha recurrido tanto a la despenalización o la rebaja de penas, como a la construcción apurada de centros de reclusión.
46. De todo lo dicho hasta ahora cabe extraer la siguiente conclusión: el problema de las cárceles y de las condiciones de vida dentro de ellas no ocupa un lugar destacado dentro de la agenda política. A pesar de que desde hace décadas se conoce que la infraestructura carcelaria es inadecuada, que los derechos de los reclusos se vulneran, que los penales no cumplen con su función primordial de resocialización y que los centros carcelarios del país rebosan de sindicados no se observa una actitud diligente de los organismos políticos del Estado con miras a poner remedio a esta situación.
La actitud de los gestores de las políticas públicas frente al problema de las cárceles obedece a la lógica del principio de las mayorías, que gobierna los regímenes democráticos. Los reclusos son personas marginadas por la sociedad. El mismo hecho de que sean confinados en establecimientos especiales, difícilmente accesibles, hace gráfica la condición de extrañamiento de los presos. En estas condiciones, los penados no constituyen un grupo de presión que pueda hacer oír su voz. Por eso, sus demandas y dolencias se pierden entre el conjunto de necesidades que agobian las sociedades subdesarrolladas, como la colombiana.
47. La racionalidad constitucional es diferente de la de las mayorías. Los derechos fundamentales son precisamente una limitación al principio de las mayorías, con el ánimo de garantizar los derechos de las minorías y de los individuos. El juez constitucional está obligado a asumir la vocería de las minorías olvidadas, es decir de aquellos grupos que difícilmente tienen acceso a los organismos políticos. Por esta razón, la Corte Constitucional está llamada a actuar en ocasiones como la presente, llamando la atención sobre el estado de cosas inconstitucional que se presenta en el sistema penitenciario colombiano y que exige la toma de medidas por parte de las distintas ramas y órganos del poder, con miras a poner solución al estado de cosas que se advierte reina en las cárceles colombianas.
48. Los juzgados de instancia denegaron las acciones de tutela, manifestando que, para lograr la efectividad de las normas legales cuya violación se aducía, los demandantes podían acudir a la acción de cumplimiento. Así mismo, con respecto al amparo solicitado por los internos de la cárcel Modelo, se expresó que ellos podían acudir al recurso de nulidad ante la jurisdicción contencioso administrativa, con el fin de obtener la invalidación del contrato de remodelación del centro.
La remisión al recurso de nulidad no toma en cuenta las condiciones extremas de violación del derecho a la dignidad de los reclusos, y las inminentes amenazas contra su vida e integridad personal. El recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa no es eficaz en este caso. Las obras de remodelación terminarían mucho antes de que finalizara el proceso, y están en capacidad de generar un mayor ambiente de violencia en la cárcel, poniendo en grave riesgo la vida e integridad personal de los reclusos.
Por otra parte, los jueces argumentan que, dado que muchas de las situaciones descritas constituyen una clara violación de la ley, los demandantes habrían debido recurrir a la acción de cumplimiento, y no a la acción de tutela. Al respecto debe recordarse que esta corporación ya ha señalado que en los casos extremos de omisión de sus obligaciones por parte de las autoridades —situación que se expresa también cuando se presenta un craso, grave, reiterado y prolongado incumplimiento de la ley—, los afectados pueden también recurrir a la tutela, siempre y cuando la actitud negligente de la administración vulnere o amenace en forma inminente sus derechos fundamentales26. Este es el caso de las situaciones bajo análisis. En efecto, la inacción de las autoridades ha significado la violación sistemática de los derechos de los reclusos, durante décadas, y a pesar de las muchas solicitudes y críticas elevadas con respecto al sistema penitenciario no se percibe ninguna política oficial para modificar de raíz la gravísima situación carcelaria del país.
49. En las sentencias SU-559 de 1997 y T-068 de 1998 esta corporación ha hecho uso de la figura del estado de cosas inconstitucional con el fin de buscar remedio a situaciones de vulneración de los derechos fundamentales que tengan un carácter general —en tanto que afectan a multitud de personas—, y cuyas causas sean de naturaleza estructural es decir que, por lo regular, no se originan de manera exclusiva en la autoridad demandada y, por lo tanto, su solución exige la acción mancomunada de distintas entidades. En estas condiciones, la Corte ha considerado que dado que miles de personas se encuentran en igual situación y que si todas acudieran a la tutela podrían congestionar de manera innecesaria la administración de justicia, lo más indicado es dictar órdenes a las instituciones oficiales competentes con el fin de que pongan en acción sus facultades para eliminar ese estado de cosas inconstitucional.
Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción, y la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos. Razón le asiste a la Defensoría del Pueblo cuando concluye que las cárceles se han convertido en meros depósitos de personas. Esta situación se ajusta plenamente a la definición del estado de cosas inconstitucional. Y de allí se deduce una flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la dignidad, la vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la presunción de inocencia, etc.
En efecto, tanto el derecho a la dignidad como el de no recibir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se ven quebrantados por el hacinamiento y las malas condiciones de la estructura física y de servicios públicos que se encuentra en los centros de reclusión; los derechos a la vida y la integridad física son vulnerados o amenazados de manera inminente por el mismo hacinamiento, por la mixtura de todas las categorías de reclusos y por la carencia de los efectivos de guardia requeridos; el derecho a la familia es quebrantado por la sobrepoblación carcelaria y las deficiencias administrativas, condiciones estas que implican que los visitantes de los reclusos han de soportar prolongadas esperas, bajo las inclemencias del clima, para poder ingresar al centro, y que dificultan en grado extremo las visitas conyugales y familiares; el derecho a la salud se conculca dadas las carencias infraestructurales de las áreas sanitarias, la congestión carcelaria, la deficiencia de los servicios de agua y alcantarillado y la escasez de guardia para cumplir con las remisiones a los centros hospitalarios; los derechos al trabajo y a la educación son violados, como quiera que un altísimo porcentaje de los reclusos no obtiene oportunidades de trabajo o de educación y que el acceso a estos derechos está condicionado por la extorsión y la corrupción; el derecho a la presunción de inocencia se quebranta en la medida en que se mezcla a los sindicados con los condenados y en que no se establecen condiciones especiales, más benévolas, para la reclusión de los primeros, etc.
50. Durante muchos años, la sociedad y el Estado se han cruzado de brazos frente a esta situación, observando con indiferencia la tragedia diaria de las cárceles, a pesar de que ella representaba día a día la transgresión de la Constitución y de las leyes. Las circunstancias en las que transcurre la vida en las cárceles exigen una pronto solución. En realidad, el problema carcelario representa no sólo un delicado asunto de orden público, como se percibe actualmente, sino una situación de extrema gravedad social que no puede dejarse desatendida. Pero el remedio de los males que azotan al sistema penitenciario no está únicamente en las manos del Inpec o del Ministerio de Justicia, los demandados en los procesos bajo estudio. Por eso, la Corte tiene que pasar a requerir a distintas ramas y órganos del poder público para que tomen las medidas adecuadas en dirección a la solución de este problema.
51. Las cárceles colombianas se han convertido en un problema de orden público y en centros donde se violan sistemáticamente los derechos fundamentales de los internos. Por esta razón, la Corte debe poner en conocimiento del Presidente de la República la existencia del mencionado estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria. Ello con el objeto de que, haciendo uso de sus facultades como suprema autoridad administrativa del país y participante fundamental del proceso legislativo, realice todas las actividades necesarias para poner pronto fin a esta delicada situación, vinculada con la conservación del orden público y con la violación crónica y sistemática de los más elementales derechos humanos.
Así mismo, la Corte comunicará de la existencia de este estado de cosas inconstitucional a los presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes; a los presidentes de la Sala Penal de la Corte Suprema Justicia y de las salas Administrativa y Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; al Fiscal General de la Nación; a los gobernadores y los alcaldes; a los presidentes de las asambleas departamentales y de los concejos distritales y municipales; y a los personeros municipales. Esto con el objeto de que hagan uso de las facultades que les conceden la Constitución y las leyes para corregir el señalado estado de cosas que atenta contra la Carta Política.
52. Los reclusos deben ser alojados en condiciones dignas. Como se sabe, la capacidad actual de los centros carcelarios no lo permite. Por lo tanto, es imperiosa la construcción de nuevos establecimientos. Al mismo tiempo, los penales existentes deben ser refaccionados, para que puedan cumplir con los requisitos mínimos para ofrecer una vida digna a los reclusos.
En este sentido, se ordenará que, en un término de tres mesas, se elabore un plan de construcciones y refacciones, con el cual se pueda hacer frente a la situación de hacinamiento y se adecuen los penales actuales a los requerimientos mínimos para el alojamiento de los internos. El plan deberá ser elaborado por el Inpec, el Ministerio de Justicia y el Departamento Nacional de Planeación. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de Nación supervigilarán que los proyectos para las nuevas construcciones y para las adecuaciones de las ya existentes se ajusten a los parámetros mínimos para la edificación de penales. El plan deberá ejecutarse en un término máximo de 4 años a partir de la notificación de esta sentencia.
En armonía con lo anterior, y teniendo en cuenta que la remodelación que se adelanta en las celdas de la cárcel distrital Modelo de Bogotá no contribuye a ofrecerle a los reclusos condiciones de alojamiento dignas —pues, como lo reconoce el mismo Inpec, en ellas los internos no dispondrán del espacio mínimo necesario— se dispondrá la suspensión inmediata de la remodelación de las celdas de la cárcel.
53. En el Estado social de derecho le está permitido al Estado suspenderle a algunos ciudadanos, en condiciones muy especiales, su derecho a la libertad. Pero esto implica, como contrapartida, que el Estado debe garantizarle a los reclusos las condiciones para una vida digna.
Como ya se ha expresado, los internos se encuentran en una relación de especial sujeción frente al Estado. Eso significa que los penados deben aceptar la suspensión y restricción de algunos de sus derechos fundamentales. Pero al mismo tiempo supone que el Estado adquiere deberes especiales para con los internos, con miras a garantizarles el desarrollo de una vida digna y posibilidades para su resocialización. A pesar de ello, salvo la época de la construcción de las cárceles de alta seguridad, la asignación de dineros para las prisiones ha sido escasa.
Desde el punto de vista constitucional, es imperioso destinar el presupuesto necesario para convertir a las prisiones en centros donde los derechos fundamentales tengan vigencia. La inversión en las prisiones no puede ser objeto de transacciones. Tampoco caben objeciones en contra de ella. El Estado tiene la obligación constitucional de ofrecerle a los reclusos condiciones dignas de vida. El gasto en prisiones —relacionado con el deber correlativo al debido proceso y al derecho a la tutela judicial efectiva— tiene un carácter más perentorio incluso que el gasto público social, el cual, como lo dispone el artículo 350 de la Carta, tiene prioridad sobre cualquier otra asignación.
La Corte es consciente de que el gasto público en el mejoramiento de la situación carcelaria en el país acarrea necesariamente reducciones en la inversión en otros campos. Sin embargo, la Corte considera que el sacrificio que ello impone sobre los demás ciudadanos no es desproporcionado, en razón de su carácter temporal, de la deuda de la Nación para con los reclusos —dada la inveterada violación de sus derechos fundamentales—, y de las obligaciones especiales del Estado con los reclusos. Además, este sacrificio es exigible en el marco del deber ciudadano de solidaridad social (C.P. art. 95.2).
Ahora bien, habida cuenta del desgreño administrativo que ha reinado en el campo de las construcciones en el Inpec, situación que puede desvirtuar los esfuerzos de inversión que se realizarán en este campo, el gobierno y los organismos de control ejercer una estricta supervisión sobre el manejo de los recursos públicos dentro del plan de construcción y readecuación de las prisiones existentes.
54. Con todo, el problema de la infraestructura carcelaria no es solamente de las entidades nacionales. El artículo 17 del Código Penitenciario y Carcelario establece que también a los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santafé de Bogotá les corresponde “la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que implique privación de la libertad, por orden de autoridad policiva”. El mismo artículo señala que en los presupuestos municipales y departamentales se incluirán las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, y que los gobernadores y alcaldes, respectivamente, se abstendrán de aprobar o sancionar, según el caso, los presupuestos departamentales y municipales que no incluyan las mencionadas partidas.
Empero, según se expresó atrás, las cárceles de las entidades territoriales se encuentran abandonadas y, en muchos casos, fueron clausuradas. Esta situación ha impedido el traslado de reclusos en detención preventiva o condenados por contravenciones a estas cárceles. De esta manera, la Nación ha tenido que asumir todo el peso de la crisis carcelaria.
La actitud asumida por los departamentos y municipios contribuye a la vulneración de los derechos fundamentales de los internos, pues conduce al desarraigo de los presos locales o regionales y al hacinamiento de los establecimientos del orden nacional. Por esta razón, la Corte ordenará a los gobernadores y los alcaldes, y a los miembros de las asambleas departamentales y de los concejos distritales y municipales que den cumplimiento estricto a lo establecido por el artículo 17 del mencionado Código Penitenciario y Carcelario.
55. Los códigos de Procedimiento Penal y Penitenciario y Carcelario contienen distintas normas destinadas a asegurar la separación de los reclusos por categorías. Ello con el fin de garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos, la presunción de inocencia y la preservación de la identidad cultural en el caso de los indígenas. Igualmente, la clasificación de los reclusos contribuye a diseñar programas diferenciados para la resocialización de los condenados.
La disposición que ordena la separación de los internos por razones de sexo y de edad es acatada. Sin embargo, las que determinan que los miembros de la fuerza pública serán recluidos, para efectos de la detención preventiva, en establecimientos especiales es vulnerada en forma manifiesta. Igual ocurre con la separación de los sindicados y los condenados. Como ya se ha señalado, este incumplimiento de la ley entraña una grave amenaza para los derechos a la vida y la integridad personal de los miembros de la fuerza pública detenidos. Por eso, la Corte ordenará que estos internos sean trasladados, en un plazo no mayor de tres meses a la notificación de esta sentencia, a establecimientos especiales, tal como lo dispone la ley, independientemente del delito que hayan cometido.
Igualmente, dado que la reclusión indiscriminada de los sindicados y los condenados constituye una clara violación del derecho de los primeros a que se presuma su inocencia, y atendiendo al hecho de que la confusión de los mismos impide desarrollar las políticas de resocialización de los condenados, se dispondrá que en un término no mayor de cuatro años a partir de la notificación de esta sentencia deberá haberse agotado en su totalidad un proceso de separación de los sindicados y los condenados.
56. La Corte es consciente de que el problema de las prisiones no se soluciona únicamente con dinero y construcciones. Todo parece indicar que en el país sigue primando una concepción carcelaria del derecho penal. Mientras esta concepción continúe imperando nunca habrá suficiente espacio en la prisiones.
Por eso, la Corte considera importante llamar la atención acerca de que el principio de la presunción de inocencia exige que la detención preventiva se aplique únicamente como medida extrema, tal como lo determina el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las reglas mínimas sobre las medidas no privativas de la libertad, conocidas también como las reglas de Tokio. Igualmente, estima fundamental recordar que en cada proceso penal es importante reflexionar acerca de si la persona condenada requiere para su resocialización el tratamiento penitenciario, o si sus mismas características permiten proceder con otro tipo de sanciones. Al respecto, cabe mencionar que las mismas reglas de Tokio recomiendan que antes de tomar la decisión de imponer la pena de prisión en establecimientos carcelarios es importante poner en consideración, “las necesidades de rehabilitación del delincuente, la protección de la sociedad y los intereses de la víctima”.
La Corte también es conocedora de que muchas normas del Código de Procedimiento Penal no se adecuan al concepto de la detención preventiva y de la pena de prisión como medidas extremas. Ello constituye, obviamente, una camisa de fuerza para las decisiones de los funcionarios judiciales que, sin embargo, es superable en la medida en que se adopte una política legislativa adecuada que contenga un repertorio de alternativas a esas medidas extremas.
57. El artículo 2º de la Carta establece que las autoridades públicas están instituidas para proteger la vida, honra, bienes y demás derechos de los ciudadanos. De aquí se deriva la obligación constitucional del Estado de velar por la seguridad de los ciudadanos. Esta obligación es ineludible. Recuérdese que, desde el punto de vista de la filosofía política, ella es una de las razones fundamentales para la creación de las sociedades políticas. Sin embargo, la visión expuesta acerca de la detención preventiva y de la prisión no entraña la denegación del derecho de los ciudadanos a que el Estado vele por su seguridad. De lo que se trata es de evitar los excesos, de que la aplicación de estas dos instituciones penales se reduzca a los casos en los que sea necesaria.
58. El Código de Procedimiento Penal y el Código Penitenciario y Carcelario contemplan la figura de los jueces de penas y de medidas de seguridad, entre cuyas funciones se encuentra ocuparse de todo lo relacionado con la libertad de los condenados —que deba otorgarse después de la sentencia—, y verificar las condiciones en que se debe cumplir la pena o la medida de seguridad (CPP, art. 75, C. Pen. y Car. art. 51). Los internos de las cárceles Modelo y Bellavista expusieron que los jueces de penas negaban sistemáticamente las solicitudes de libertad condicional, con el argumento de que los peticionarios requerían aún del tratamiento penitenciario. Ello a pesar de que los funcionarios de la administración penitenciaria abogaban por la concesión del subrogado penal y de que, como lo confirmaron los directores de las dos cárceles, los jueces de penas a cargo de sus reclusos no habían acudido a esos establecimientos en los últimos meses.
En principio, la Corte no tiene nada que objetar contra la decisión de los jueces de negar la libertad provisional. Pero esa decisión debe ser fundamentada en el conocimiento del recluso y de su comportamiento en el centro penitenciario. Por eso, la no presencia de los jueces de penas y medidas de seguridad en las penitenciarías es inexcusable. Si bien parece claro que el número de jueces de penas es reducido en relación con el número de reclusos que deben atender, este hecho no justifica la ausencia de los jueces en los centros penitenciarios. Por eso, se le solicitará a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que investigue la razón de esta situación.
59. La Corte es consciente de las carencias de personal especializado para las tareas de resocialización en los centros de reclusión. Igualmente, sabe de la necesidad de incrementar el personal de la guardia penitenciaria, con el objeto de recobrar el orden y hacer cumplir la ley en los establecimientos carcelarios, condición fundamental para garantizar los derechos de los reclusos y la labor de resocialización a la que están destinados los centros penitenciarios. Por eso, ordenará al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Inpec y al Ministerio de Hacienda que tomen las medidas presupuestales necesarias para superar esa situación.
60. Para finalizar, la Corte considera importante recalcar que tanto la guardia penitenciaria como los reclusos pueden hacer un importante aporte para el objetivo de mejorar las condiciones de vida en las cárceles, de manera que los derechos fundamentales tengan en ellas plena vigencia y que las penitenciarías cumplan con su labor de resocialización. El ejemplo de las mesas de trabajo y de los comités de derechos humanos es ilustrativo en este sentido. Por lo tanto, la Corte hará un llamado a las autoridades penitenciarias y a los organismos estatales de control para continuar implementando los procesos de participación en los centros de reclusión.
61. Ante la gravedad de las omisiones imputables a distintas autoridades públicas, la Corte debe declarar que el estado de cosas que se presenta en las prisiones colombianas, descrito en esta sentencia, es inconstitucional y exige de las autoridades públicas el uso inmediato de sus facultades constitucionales, con el fin de remediar esta situación. Para ello procederá a impartir las respectivas órdenes.
1. Ordenar que se notifique acerca de la existencia del estado de cosas inconstitucional en las prisiones al Presidente de la República; a los presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes; a los presidentes de la Sala Penal de la Corte Suprema Justicia y de las Salas Administrativa y Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; al Fiscal General de la Nación; a los gobernadores y los alcaldes; a los presidentes de las asambleas departamentales y de los concejos distritales y municipales; y a los personeros municipales.
2. Revocar las sentencias proferidas por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, el día 16 de junio de 1997, y el Juzgado Cincuenta Penal Municipal de Bogotá, el día 21 de agosto de 1997, por medio de las cuales se denegaron las solicitudes de tutela interpuestas por Manuel José Duque Arcila y Jhon Jairo Hernández y otros, respectivamente. En su lugar se concederá el amparo solicitado.
3. Ordenar al Inpec, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Departamento Nacional de Planeación elaborar, en un término de tres meses a partir de la notificación de esta sentencia, un plan de construcción y refacción carcelaria tendente a garantizar a los reclusos condiciones de vida dignas en los penales. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de Nación ejercerán supervigilancia sobre este punto. Además, con el objeto de poder financiar enteramente los gastos que demande la ejecución del plan de construcción y refacción carcelaria, el gobierno deberá realizar de inmediato las diligencias necesarias para que en el presupuesto de la actual vigencia fiscal y de las sucesivas se incluyan las partidas requeridas. Igualmente, el gobierno deberá adelantar los trámites requeridos a fin de que el mencionado plan de construcción y refacción carcelaria y los gastos que demande su ejecución sean incorporados dentro del plan nacional de desarrollo e inversiones.
4. Ordenar al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Inpec y al Departamento Nacional de Planeación, en cabeza de quien obre en cualquier tiempo como titular del despacho o de la dirección, la realización total del plan de construcción y refacción carcelaria en un término máximo de cuatro años, de conformidad con lo establecido en el plan nacional de desarrollo e inversiones.
5. Ordenar al Inpec y al Ministerio de Justicia y del Derecho la suspensión inmediata de la ejecución del contrato de remodelación de las celdas de la cárcel distrital Modelo de Santafé de Bogotá.
6. Ordenar al Inpec que, en un término máximo de tres mesas, recluya en establecimientos especiales a los miembros de la fuerza pública que se encuentran privados de la libertad, con el objeto de garantizar su derecho a la vida y a la integridad personal.
7. Ordenar al Inpec que, en un término máximo de cuatro años, separe completamente los internos sindicados de los condenados.
8. Ordenar a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que investigue la razón de la no asistencia de los jueces de penas y medidas de seguridad de Bogotá y Medellín a las cárceles Modelo y Bellavista.
9. ordenar al Inpec, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Ministerio de Hacienda que tomen las medidas necesarias para solucionar las carencias de personal especializado en las prisiones y de la guardia penitenciaria.
10. Ordenar a los gobernadores y alcaldes, y a los presidentes de las asambleas departamentales y de los concejos distritales y municipales que tomen las medidas necesarias para cumplir con su obligación de crear y mantener centros de reclusión propios.
11. Ordenar al Presidente de la República, como suprema autoridad administrativa, y al Ministro de Justicia y del Derecho que, mientras se ejecutan las obras carcelarias ordenadas en esta sentencia, tomen las medidas necesarias para garantizar el orden público y el respeto de los derechos fundamentales de los internos en los establecimientos de reclusión del país.
(Sentencia aprobada por la Sala tercera de revisión, en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., abril 28 de 1998).
(1) De acuerdo con la definición ofrecida por el Ministerio de Justicia, por hacinamiento o congestión carcelaria se entiende la ocupación de un espacio por un número de individuos que excede la capacidad funcional del mismo.
(2) Todos los cuestionarios fueron respondidos debidamente por las distintas entidades. El Ministerio de Justicia y del Derecho lo hizo mediante Oficio del 12 de diciembre de 1997; el Inpec, a través de oficios del 15 de diciembre de 1997 y 11 de febrero de 1998; la Defensoría del Pueblo, mediante informe del 3 de diciembre de 1997; la Procuraduría General de la Nación, por informe del día 16 de enero de 1998; el Ministerio de Hacienda y Crédito Público contestó el 12 de diciembre de 1997; el Departamento de Planeación Nacional, en respuesta a preguntas que le había remitido el Ministerio de Hacienda, el 25 de noviembre de 1997; el Ministerio de Salud, el 9 de febrero de 1998; y la Policía Nacional, el 10 de febrero de 1998.
(3) Ver, por ejemplo, el documento elaborado por la oficina permanente de derechos humanos de la Procuraduría General de la Nación, de noviembre 24 de 1997, titulado “Situación penitenciaria y carcelaria del centro carcelario del Distrito Judicial Santafé de Bogotá la Modelo”; el “Informe evaluativo general de las visitas interinstitucionales a la Cárcel del Distrito Judicial de Bellavista”, elaborado por la Dirección General de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, seccional Antioquia, en 1996; el “Informe general cárcel Bellavista”, elaborado por la Defensoría del Pueblo, regional Medellín, en 1996; el escrito elaborado por la Personería de Medellín, en 1995, titulado “Informe sobre la cárcel del distrito judicial de Medellín, Bellavista”; el informe sobre centros carcelarios en Colombia denominado “proyecto piloto para la creación de las condiciones mínimas de rehabilitación de los reclusos en Colombia”, elaborado por la Procuraduría General de la Nación, en 1994; los informes anuales de la Defensoría del Pueblo; el informe presentado por la comisión de la Cámara de Representantes encargada de realizar un diagnóstico de la situación carcelaria en el país, publicado en la gaceta del Congreso Nº 279, de julio 22 de 1997; el documento Conpes Nº 2797 de julio de 1995, etc.
(4) Debe mencionarse que el hacinamiento se ha trasladado también a las estaciones de policía, algunas de las cuales albergan un número de reclusos superior en más de tres veces a la capacidad de las estaciones. Sobre el caso de Bogotá ver el Tiempo, 20 de abril de 1998, pág. 1F.
(5) Con todo, es importante señalar que las apreciaciones y los porcentajes varían de acuerdo con la entidad que presenta los datos. Así, según el informe sobre aspectos penitenciarios, elaborado por la Contraloría General de la República, en 1997, el porcentaje de hacinamiento más elevado lo presentarían las siguientes cárceles: Villahermosa de Cali: 234%; Bellavista de Medellín: 228%; y Modelo de Bogotá: 220%.
En este punto es importante hacer una aclaración general, cual es la de que en varias ocasiones se encontrarán discordancias entre las estadísticas y apreciaciones aportadas por los diferentes estudios o entidades consultados. Con todo a pesar de esta deficiencia en los datos, ellos permiten un buen acercamiento a la realidad de las prisiones en Colombia.
(6) Pág. 220.
(7) Es interesante observar que los cuatro artículos de que consta la ley establecen disposiciones aplicables únicamente a los reclusos que ya han sido objeto de condena, dejando sin atender la situación de los sindicados.
(8) Obsérvese también que el director de la cárcel Modelo afirmaba, en la entrevista que sostuvo con la comisión judicial, que en los tres meses que llevaba a cargo de la dirección de ese establecimiento no había conocido a ningún juez de penas y medidas de seguridad.
(9) El Tiempo, 19 de abril de 1998, pág. 8A.
(10) Gaceta del Congreso Nº 105, del 24 de abril de 1997, pág. 19.
(11) Ver las págs. 220 y 81-82.
(12) Nemogá, Ricardo (dir.): justicia sin rostro. Estudio sobre la justicia regional unidad de investigaciones jurídico sociales “Gaceta Molina” Unijus, Facultad de Derecho, ciencias políticas y sociales de la Universidad Nacional, Bogotá, 1996 pág. 100.
(13) Ver al respecto el informe de la comisión del Congreso, págs. 8-9.
(14) Pág. 220.
(15) En el informe mismo se señala, en la página 254, que “en la medida en que el índice sea superior a 1.025, las edificaciones tienen un envejecimiento y deterioro relativos equivalentes a más de 50 años de construcción, cifra considerada crítica”.
(16) El informe se encuentra en la Gaceta del Congreso Nº 279, del 22 de julio de 1997. El cuadro está ubicado en la pág. 8.
(17) Gaceta del Congreso Nº 105, de abril 24 de 1997, pág. 16.
(18) El Ministerio de Justicia expresa que “una parte importante de la inversión se destina a mejorar aquellos centros carcelarios que presentan alto deterioro a causa de la antigüedad de los inmuebles y dar mantenimiento a las cárceles que han sufrido destrucción como resultado de los amotinamientos y disturbios presentados en el país durante los últimos dos años”. Esta situación podría explicar parcialmente la poca productividad —en materia de deshacinamiento— de las inversiones realizadas hasta ahora en materia de infraestructura carcelaria.
(19) En efecto, el artículo 24 del Código Penitenciario prescribe que el tratamiento siquiátrico de los inimputables debería ser asumido por los establecimientos especializados del Sistema Nacional de Salud, en un término de 5 años, que vence en 1998. De acuerdo con el informe presentado por el Ministerio de Salud, en cuatro penales del país se cuenta actualmente con anexos siquiátricos, con cupo para 170 personas. El informe destaca también que, en cumplimiento de lo ordenado por el código, en los últimos años se han firmado varios convenios con entidades de salud, para que éstas asuman el cuidado y tratamiento de los inimputables. A raíz de estos convenios ya han sido retirados de las cárceles decenas de inimputales, y se espera poder culminar el proceso durante al año de 1998.
(20) Gaceta del Congreso del martes 22 de julio de 1997, año VI, Nº 279.
(21) El Ministerio de Justicia expone también que, de acuerdo con estudios realizados en España, Portugal y Norteamérica, “un interno debe tener un espacio mínimo de alojamiento de 3.5 metros en celda individual o 4.5 metros en celda doble, con alturas de 3 metros para climas cálidos y de 2.50 para climas fríos; a partir de estos mínimos se empieza a contemplar áreas comunes para circulación, comedor, seguridad, etc.
(22) Sobre el tema de los derechos de los reclusos ver, entre otras, las sentencias T-424/92, M.P. Fabio Morón Díaz; T-522/92, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-596/92, M.P. Ciro Angarita Barón; T-219/93, M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-273/93, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-388/93, M.P. Hernando Herrera; T- 437/93, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-420/94, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-705/96, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(23) Sobre el punto del estado de sujeción especial de los reclusos frente al Estado ver, entre otras, las sentencias T-596/92, M.P. Ciro Angarita Barón; C-318/95, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-705/96, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-706/96, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; y T-714/96, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(24) Acerca de los deberes especiales del Estado para con los reclusos ver, entre otras, las sentencias T-522/92, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-374/93, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-388/93, M.P. Hernando Herrera Vergara; T-420/94, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; y T-741/96, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(25) Los tres documentos fueron recopilados en una publicación de la Defensoría del Pueblo, en el año 1995.
(26) Ver al respecto las sentencias SU-474/97, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, y T-622/95, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

References: artículo 1
 artículo 2
 artículo 40
 artículo 29
 Resolución 
 artículo 10
 artículo 21
 artículo 22
 artículo 27
 artículo 142
 artículo 143
 artículo 144
 artículo 12
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 29
 Resolución 
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 5
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 350
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 2
 artículo 24