Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/fr/Resolucion/Show/24430
Timestamp: 2020-02-16 22:23:08+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 85/2015
SENTENCIA 85/2015, de 30 de abril
ECLI:ES:TC:2015:85
2. Mediante providencia de 19 de noviembre de 2013 el Pleno, a propuesta de la Sección Tercera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Cataluña y, en su representación y defensa, por el Abogado del mismo, contra los arts. 3, apartados 2 y 3, y 5 de la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario; dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes así como publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado”.
“En suma, las actuaciones ejecutivas autonómicas, por el hecho de que generen consecuencias más allá del territorio de las Comunidades Autónomas que hubieren de adoptarlas por estar así previsto en sus Estatutos de Autonomía, no revierten, en principio, al Estado como consecuencia de tal efecto supraterritorial, pues semejante traslado de la titularidad no puede ser considerado la regla general. Por el contrario, la utilización de la supraterritorialidad como criterio determinante para la atribución o el traslado de la titularidad de competencias al Estado en ámbitos, en principio, reservados a las competencias autonómicas tiene, según nuestra doctrina, carácter excepcional, de manera que sólo podrá tener lugar ‘cuando no quepa establecer ningún punto de conexión que permita el ejercicio de las competencias autonómicas o cuando además del carácter supraautonómico del fenómeno objeto de la competencia, no sea posible el fraccionamiento de la actividad pública ejercida sobre él y, aun en este caso, siempre que dicha actuación tampoco pueda ejercerse mediante mecanismos de cooperación o de coordinación y, por ello, requiera un grado de homogeneidad que sólo pueda garantizar su atribución a un único titular, forzosamente el Estado, y cuando sea necesario recurrir a un ente supra-ordenado con capacidad de integrar intereses contrapuestos de sus componentes parciales, sin olvidar el peligro inminente de daños irreparables, que nos sitúa en el terreno del estado de necesidad (STC 102/1995, de 26 de junio, FJ 8)’ (STC 35/2012, FJ 5, con cita de la STC 194/2011, FJ 5).
Así pues, de la doctrina que se ha expuesto resulta que, si bien el desplazamiento de las competencias autonómicas y su asunción por el Estado en supuestos de supraterritorialidad no está constitucionalmente impedida, sí que reviste un carácter excepcional, pues la regla general, en el caso de competencias ejecutivas como las que en el presente proceso se ponen en cuestión, será su asunción por las Comunidades Autónomas en los casos en los que, conforme a la delimitación de competencias en la materia de que se trate, éstas ostenten las competencias de dicha naturaleza. La concurrencia de la excepcionalidad justificativa de la asunción de competencias ejecutivas por el Estado habrá de ser valorada, por tanto, en relación a cada caso concreto, atendiendo tanto a los argumentos aportados para fundamentar dicha excepcionalidad en la asunción de funciones ejecutivas (así, STC 194/2011, FJ 6), como a que se establezca un criterio de delimitación competencial congruente con el régimen jurídico de la materia de que se trate (en los mismos términos, STC 95/2013, FJ 9).”
“Artículo 3. Condiciones para el reconocimiento de las entidades asociativas prioritarias…
3. Las entidades asociativas agroalimentarias reconocidas como prioritarias, las entidades que las integren y los productores que formen parte de las mismas, que no cumplan con los requisitos exigidos para mantener su condición, no podrán beneficiarse de las ayudas y beneficios previstos en las normas reguladoras de su concesión. Reglamentariamente se determinará la forma y condiciones en que se deba acreditar el mantenimiento de los requisitos y las consecuencias de su pérdida.”
“Artículo 5. Creación y funcionamiento.
5. Se regulará reglamentariamente el procedimiento y condiciones para la inscripción y baja de las entidades, en el Registro así como el proceso a desarrollar para su control, mantenimiento y actualización.”
1º Estimar parcialmente el presente recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar que son contrarios al orden constitucional de distribución de competencias y, por tanto, inconstitucionales y nulos el art. 3.2, y las menciones “por el Ministerio” del art. 5.3 y “al Ministerio” del art. 5.4 de la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de inconstitucionalidad 6228-2013
Interpuesto por la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.
Se enjuicia la constitucionalidad de diversos preceptos de la Ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario en relación con las condiciones para el reconocimiento de las entidades asociativas prioritarias y con la creación de un registro nacional de las mismas.
Se estima parcialmente el recurso. La Sentencia declara la inconstitucionalidad del precepto que atribuye al Ministerio el reconocimiento de la condición de entidad prioritaria. Encuadrada la competencia en materia de agricultura, se afirma que la ordenación general de la economía no justifica la exclusión de las Comunidades Autónomas de las decisiones de aplicación de la norma estatal, sin que tampoco se haya acreditado que resulte indispensable la centralización del acto de reconocimiento a efectos de la consecución de la finalidad de la norma. Sin embargo, resulta constitucional la cláusula general que prescribe ciertos requisitos para que las entidades puedan acceder a beneficios y ayudas, toda vez que no impide que la función de verificación de tales requisitos sea asumida por las Comunidades Autónomas. En cuanto al registro nacional de asociaciones prioritarias, la Sentencia concluye que, aunque el Estado está competencialmente habilitado para la creación del mismo, resultan inconstitucionales aquellos aspectos de la regulación de los que se desprenda la centralización de las funciones ejecutivas en el Estado, de tal suerte que los órganos de la Administración general del Estado sólo podrán asumir la función ejecutiva de la inscripción y siempre a partir de la información suministrada por las Comunidades Autónomas.
El art. 149.1.13 CE no excluye la posibilidad de las Comunidades Autónomas de aplicar la norma estatal mediante la tramitación y adopción de un procedimiento de reconocimiento; función esencialmente instrumental y, por tanto, ejecutiva, en virtud de la cual la administración competente verifica y acredita que la entidad asociativa reúne los requisitos fijados para disfrutar de preferencia en la obtención de la financiación pública [FJ 4].
El legislador estatal ha conectado el carácter supraautonómico de las potenciales entidades demandantes de ayudas y subvenciones al amparo del régimen jurídico de la norma, con la preceptiva necesidad de que sea la Administración estatal quien las reconozca como entidades prioritarias; equivalencia que es contraria a la doctrina que determina la necesaria existencia de razones que justifiquen la excepcionalidad de esta decisión unitaria de carácter centralizado [FJ 4].
La centralización estatal de determinadas funciones ejecutivas tan solo, y de forma excepcional, sería válida cuando se acreditara que se convierte en la única vía posible para alcanzar la finalidad de una ley dictada al amparo de un título competencial legítimo, circunstancia que no concurre, y que en ningún caso deriva del posible carácter supraautonómico o supraterritorial de las entidades que pueden concurrir a las ayudas a convocar [FJ 4].
El precepto fija una cláusula general que prescribe el mantenimiento a lo largo del tiempo del carácter prioritario de las entidades, como requisito indispensable para poder acceder al régimen de los beneficios y ayudas que se determinen en las correspondientes convocatorias; pero no hace mención al órgano administrativo a quien corresponde el ejercicio de las funciones de verificación de los requisitos para el mantenimiento de esa consideración como entidad asociativa prioritaria, lo que no impide que esa función sea asumida por las Comunidades Autónomas [FJ 4].
El Estado está competencialmente habilitado para la creación de Registros pero, al tratarse de un ámbito en el que no ostenta competencias ejecutivas, ha de aceptar las propuestas de inscripción que le formulen las Comunidades Autónomas, sin que los órganos de la Administración general del Estado puedan asumir otras funciones ejecutivas que la mencionada inscripción, a partir de la información suministrada por aquéllas (STC 223/2000) [FJ 5].
La competencia estatal ex art. 149.1.13 CE tiene ‘carácter transversal’, ya que aun existiendo una competencia sobre un subsector económico que una Comunidad Autónoma ha asumido como ‘exclusiva’ en su Estatuto, tal atribución competencial no excluye la competencia estatal para establecer las bases y la coordinación de ese subsector, y que el ejercicio autonómico de esta competencia exclusiva puede estar condicionado por medidas estatales, que en ejercicio de una competencia propia pueden desplegarse autónomamente sobre diversas materias, siempre que el fin perseguido responda efectivamente a un objetivo de planificación económica (STC 11/2015) [FJ 2].
El sector de la agricultura y la ganadería, por su importancia, tolera la fijación de líneas directrices y criterios globales de ordenación así como previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación de cada sector, destacándose que en materia de agricultura y ganadería, aun siendo la competencia específica de las Comunidades Autónomas, el Estado puede intervenir en virtud de sus competencias generales sobre la ordenación general de la economía (STC 11/2015) [FJ 2].
La competencia estatal del art. 149.1.13 CE ampara todas las normas y actuaciones, sea cual sea su naturaleza, orientadas al logro de los fines de ordenación de un concreto sector económico, pero el posible riesgo de que por este cauce se produzca un vaciamiento de las concretas competencias autonómicas en materia económica obliga a enjuiciar en cada caso la constitucionalidad de la medida estatal que limita la competencia asumida estatutariamente por una Comunidad Autónoma como exclusiva (SSTC 225/1993, 34/2013) [FJ 2].
La ordenación general de la economía hace posible la intervención del Estado a través de medidas económicas en sectores materialmente atribuidos a la competencia de las Comunidades Autónomas, a fin de que no queden vacías de contenido (STC 104/2013) [FJ 2].
Las actuaciones ejecutivas autonómicas, por el hecho de que generen consecuencias más allá del territorio de las Comunidades Autónomas que hubieren de adoptarlas, no revierten necesariamente al Estado (STC 35/2012) [FJ 3].
Tiene carácter excepcional la utilización de la supraterritorialidad como criterio para el traslado de la titularidad de competencias autonómicas al Estado, teniendo lugar tal traslado cuando la concreta competencia no pueda ejercerse mediante mecanismos de cooperación o de coordinación y, por ello, requiera un grado de homogeneidad que sólo pueda garantizar su atribución a un único titular, forzosamente el Estado, y cuando sea necesario recurrir a un ente supra-ordenado con capacidad de integrar intereses contrapuestos de sus componentes parciales (STC 35/2012) [FJ 3].
El art. 149.1.13 CE puede justificar la reserva de funciones ejecutivas al Estado y también permitir el uso de la supraterritorialidad como título atributivo de competencias al Estado, si se cumplen dos condiciones: que resulte preciso que la competencia quede reservada al Estado para garantizar así el cumplimento de la finalidad de ordenación económica que se persigue y, de otro lado, que el uso del criterio supraterritorial resulte justificado en los términos de nuestra doctrina, esto es, atendiendo tanto a las razones aportadas como a la congruencia de la reserva de la función con el régimen de la norma [FJ 4].
Es constitucionalmente posible la creación de un Registro único para todo el Estado que garantice la centralización de todos los datos a los estrictos efectos de información y publicidad y, a este fin, fijar las directrices técnicas y de coordinación necesarias para garantizar su centralización. (STC 243/1994) [FJ 5].
El Estado debe aceptar como vinculantes las propuestas de inscripción y de autorización o de cancelación y revocación que efectúen las Comunidades Autónomas que ostentan las competencias ejecutivas en la materia, pues si las facultades del Estado están circunscritas a la potestad de normación para la creación de un Registro único, estas otras facultades, de índole ejecutiva, exceden de su ámbito de actuación competencialmente posible (STC 243/1994) [FJ 5].
Ley 13/2013, de 2 de agosto. Fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario
Artículo 5.3 expresión "por el Ministerio" (anula)
Artículo 5.4 expresión "al Ministerio" (anula)
Artículo 3.3, ff. 1, 4
Artículo 5.3 expresión "por el Ministerio", f. 5
Artículo 5.4 expresión "al Ministerio", f. 5
Real Decreto 550/2014, de 27 de junio. Desarrollan los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario
Ámbito territorial supraautonómicoÁmbito territorial supraautonómico, ff. 3, 4
Bases de la planificación económicaBases de la planificación económica, ff. 2, 4
Intervención del Estado en la planificación económicaIntervención del Estado en la planificación económica, f. 2
Potestades ejecutivasPotestades ejecutivas, ff. 4, 5

References: artículo 34

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 3

Artículo 5

Artículo 5

Real Decreto