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Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações - Ley nº 9.472, de 16 de julio de 1997 Agência Nacional de Telecomunicações Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações - Ley nº 9.472, de 16 de julio de 1997
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Resoluciones de la Anatel
Ley nº 9.472, de 16 de julio de 1997
Publicado: Jueves, 17 Julio 1997 10:00	|	Última actualización: Lunes, 15 Agosto 2016 14:03	|	Visto: 6979
Exposición de Motivos nº 231/MC, de 10/12/1996, que encaminó el proyecto de Ley General de las Telecomunicaciones.
Dispone sobre la organización de los servicios de telecomunicaciones, la creación y funcionamiento de un órgano regulador y otros aspectos institucionales, en los términos de la Enmienda Constitucional nº 8, de 1995.
Observação: Este texto no sustituye al publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 17/07/1997.
El PRESIDENTE DE La REPÚBLICA Hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo sanciono la siguiente Ley:
Art. 1º Compete a la Unión, por intermedio del órgano regulador y en los términos de las políticas establecidas por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, organizar la explotación de los servicios de telecomunicaciones.
V. Decreto nº 2.338, de 7 de octubre de 1997, que aprobó el Reglamento de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones – Anatel.
V. Decreto nº 4.733, de 10 de junio de 2003, que dispone sobre políticas públicas de telecomunicaciones.
Parágrafo único. La organización incluye, entre otros aspectos, la disciplina y la fiscalización de la ejecución, comercialización y uso de los servicios y de la implantación y funcionamiento de redes de telecomunicaciones, así como de la utilización de los recursos de órbita y espectro de radiofrecuencias.
Art. 2º El Poder Público tiene el deber de:
I - garantizar, a toda la población, el acceso a las telecomunicaciones, a tarifas y precios razonables, en condiciones adecuadas;
II - estimular la expansión del uso de redes y servicios de telecomunicaciones por los servicios de interés público en beneficio de la población brasileña;
III - adoptar medidas que promuevan la competencia y la diversidad de los servicios, incrementen su oferta y propicien estándares de calidad compatibles con la exigencia de los usuarios;
IV - fortalecer el papel regulador del Estado;
V - crear oportunidades de inversión y estimular el desarrollo tecnológico e industrial, en un ambiente competitivo;
VI - crear condiciones para que el desarrollo del sector sea armónico con las metas de desarrollo social del País.
Art. 3º El usuario de servicios de telecomunicaciones tiene derecho:
I - a acceso a los servicios de telecomunicaciones, con estándares de calidad y regularidad adecuados a su naturaleza, en cualquier punto del territorio nacional;
II - a la libertad de elección de su operadora de servicio;
III - a no ser discriminado respecto a las condiciones de acceso y uso del servicio;
IV - a la información adecuada sobre las condiciones de prestación de los servicios, sus tarifas y precios;
V - a la inviolabilidad y al secreto de su comunicación, salvo en las hipótesis y condiciones constitucional y legalmente previstas;
VI - a la no divulgación, en caso de que lo requiera, de su código de acceso;
VII - a la no suspensión de servicio prestado en régimen público, salvo por débito directamente resultante de su utilización o por no cumplimiento de condiciones contractuales;
VIII - al previo conocimiento de las condiciones de suspensión del servicio;
IX - al respeto de su privacidad en los documentos de cobranza y en la utilización de sus datos personales por parte de la operadora del servicio;
X - a respuesta a sus reclamos por parte de la operadora del servicio;
XI - a peticionar contra la operadora del servicio ante el órgano regulador y los organismos de defensa del consumidor;
XII - a la reparación de los daños causados por la violación de sus derechos.
Art. 4º El usuario de servicios de telecomunicaciones tiene el deber de:
I - utilizar adecuadamente los servicios, equipos y redes de telecomunicaciones;
II - respetar los bienes públicos y aquellos dedicados a la utilización del público en general;
III - comunicar a las autoridades las irregularidades ocurridas y actos ilícitos cometidos por la operadora de servicio de telecomunicaciones.
Art. 5º En la disciplina de las relaciones económicas en el sector de telecomunicaciones se observarán, en especial, los principios constitucionales de la soberanía nacional, función social de la propiedad, libertad de iniciativa, libre competencia, defensa del consumidor, reducción de las desigualdades regionales y sociales, represión del abuso del poder económico y continuidad del servicio prestado en el régimen público.
Art. 6º Los servicios de telecomunicaciones serán organizados con base en el principio de la libre, amplia y justa competencia entre todas las operadoras, debiendo el Poder Público actuar para propiciarla, así como para corregir los efectos de la competencia imperfecta y reprimir las infracciones del orden económico.
Art. 7º Las normas generales de protección al orden económico son aplicables al sector de telecomunicaciones, cuando no entren en conflicto con lo dispuesto en esta Ley.
§ 1º Los actos envolviendo una operadora de servicio de telecomunicaciones, en el régimen público o privado, que busquen cualquier forma de concentración económica, inclusive mediante fusión o incorporación de empresas, constitución de sociedad para ejercer el control de empresas o cualquier forma de agrupamiento societario, quedan sometidos a los controles, procedimientos y condicionamientos previstos en las normas generales de protección al orden económico.
§ 2º Los actos de que trata el parágrafo anterior serán sometidos a la apreciación del Consejo Administrativo de Defensa Económica – CADE, por medio del órgano regulador.
V. Ley nº 12.529, de 30 de noviembre de 2011, que estructuró el Sistema Brasileño de Defensa de Competencia, revocando la Ley nº 8.884/1994.
§ 3º Practicará infracción del orden económico la operadora de servicio de telecomunicaciones que, en la celebración de contratos de provisión de bienes y servicios, adoptare prácticas que puedan limitar, falsear o, de cualquier forma, perjudicar la libre competencia o la libre iniciativa.
DEL ÓRGANO REGULADOR Y DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES
DE LA CREACIÓN DEL ÓRGANO REGULADOR
Art. 8º Queda creada la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, entidad integrante de la Administración Pública Federal indirecta, sometida a régimen autárquico especial y vinculada al Ministerio de Comunicaciones, con la función de órgano regulador de las telecomunicaciones, con sede en el Distrito Federal, pudiendo establecer unidades regionales.
§ 1º La Agencia tendrá como órgano máximo el Consejo Director, debiendo contar, también, con un Consejo Consultivo, una Procuraduría, una Corregiduría, una Biblioteca y una Defensoría, además de las unidades especializadas incumbidas de diferentes funciones.
§ 2º La naturaleza de autarquía especial conferida a la Agencia es caracterizada por independencia administrativa, ausencia de subordinación jerárquica, mandato fijo y estabilidad de sus dirigentes y autonomía financiera.
Art. 9º La Agencia actuará como autoridad administrativa independiente, asegurándosele, en los términos de esta Ley, las prerrogativas necesarias para el ejercicio adecuado de su competencia.
Art. 10. Cabrá al Poder Ejecutivo instalar la Agencia, debiendo su reglamento, aprobado por decreto del Presidente de la República, fijarle la estructura organizativa.
Parágrafo único. La edición del reglamento marcará la instalación de la Agencia, invistiéndola automáticamente en el ejercicio de sus atribuciones.
Art. 11. El Poder Ejecutivo encaminará al Congreso Nacional, en el plazo de hasta noventa días, a partir de la publicación de esta Ley, un mensaje creando el cuadro efectivo de personal de la Agencia, pudiendo reubicar cargos disponibles en la estructura del Ministerio de Comunicaciones.
Art. 12. Quedan creados los Cargos en Comisión de Naturaleza Especial y del Grupo-Dirección y Asesoramiento Superiores - DAS, con la finalidad de integrar la estructura de la Agencia, relacionados en el Anexo I. (Revocado por la Ley nº 9.986, de 18.7.2000)
Art. 13. Quedan creadas las funciones de confianza denominadas Funciones Comisionadas de Telecomunicación - FCT, de ocupación privativa por servidores del cuadro efectivo, servidores públicos federales o empleados de empresas públicas o sociedades de economía mixta, controladas por la Unión, en ejercicio en la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, en el cuantitativo y valores previstos en el Anexo II de esta Ley. (Revocado por la Ley nº 9.986, de 18.7.2000)
§ 1º El servidor investido de la Función Comisionada de Telecomunicación ejercerá atribuciones de asesoramiento y coordinación técnica y percibirá remuneración correspondiente al cargo efectivo o empleo permanente, acrecida del valor de la Función para la cual fue designado.
§ 2º La designación para Función de Asesoramiento no es acumulable con la designación o nombramiento para cualquier otra forma de comisión, cesando su pago durante las situaciones de apartamiento del servidor, inclusive aquellas consideradas de efectivo ejercicio, exceptuados los períodos a que se refieren los incisos I, IV, VI, VIII, líneas a a e, e inciso X del Art. 102 de la Ley nº 8.112, de 11 de diciembre de 1990.
§ 3º El Poder Ejecutivo podrá disponer sobre alteración de los cuantitativos y de la distribución de las Funciones Comisionadas de Telecomunicación dentro de la estructura organizativa, observados los niveles jerárquicos, los valores de retribución correspondientes y el respectivo costo global establecidos en el Anexo II.
Art. 14. La Agencia podrá solicitar, con costo, servidores de órganos y entidades integrantes de la administración pública federal directa, indirecta o fundacional, cualquiera sean las funciones a ser ejercidas. (Revocado por la Ley nº 9.986, de 18.7.2000)
§ 1º Durante los primeros veinticuatro meses subsecuentes a la instalación de la Agencia, las requisiciones de que trata el caput de este artículo serán irrecusables cuando sean hechas a órganos y entidades del Poder Ejecutivo, y desde que sean aprobadas por el Ministro de Estado de Comunicaciones y por el Ministro de Estado Jefe de la Casa Civil.
§ 2º Cuando la requisición implique reducción de remuneración del servidor solicitado, queda la Agencia autorizada a complementarla hasta el límite de la remuneración percibida en el órgano de origen.
Art. 15. La fijación de las dotaciones presupuestarias de la Agencia en la Ley de Presupuesto Anual y su programación presupuestaria y financiera de ejecución no sufrirán límites en sus valores para movimiento y empeño.
Art. 16. Queda el Poder Ejecutivo autorizado a realizar los gastos y las inversiones necesarios para la instalación de la Agencia, pudiendo reubicar, transferir o utilizar saldos presupuestarios, empleando como recursos dotaciones destinadas a actividades finalísticas y administrativas del Ministerio de Comunicaciones, inclusive del Fondo de Fiscalización de las Telecomunicaciones – FISTEL.
V. Ley nº 5.070, de 7 de julio de 1966, que crea el FISTEL.
Parágrafo único. Serán transferidos a la Agencia los acervos técnico y patrimonial, así como las obligaciones y derechos del Ministerio de Comunicaciones, correspondientes a las actividades a ella atribuidas por esta Ley.
Art. 17. La extinción de la Agencia solamente ocurrirá por ley específica.
Art. 18. Cabe al Poder Ejecutivo, observadas las disposiciones de esta Ley, por medio de decreto:
I - instituir o eliminar la prestación de modalidad de servicio en el régimen público, concomitantemente o no con su prestación en el régimen privado;
II - aprobar el plan general de otorgamientos de servicio prestado en el régimen público;
III - aprobar el plan general de metas para la progresiva universalización de servicio prestado en el régimen público;
IV - autorizar la participación de empresa brasileña en organizaciones o consorcios intergubernamentales destinados a la provisión de medios o a la prestación de servicios de telecomunicaciones.
Parágrafo único. El Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta los intereses del País en el contexto de sus relaciones con los demás países, podrá establecer límites a la participación extranjera en el capital de la operadora de servicios de telecomunicaciones.
V. Decreto nº 2.617, de 5 junio de 1998, que dispone sobre la composición del capital de empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones.
Art. 19. A la Agencia compete adoptar las medidas necesarias para la atención del interés público y para el desarrollo de las telecomunicaciones brasileñas, actuando con independencia, imparcialidad, legalidad, impersonalidad y publicidad, y especialmente:
I - implementar, en su esfera de atribuciones, la política nacional de telecomunicaciones;
II - representar al Brasil en los organismos internacionales de telecomunicaciones, bajo la coordinación del Poder Ejecutivo;
III - elaborar y proponer al Presidente de la República, por intermedio del Ministro de Estado de Comunicaciones, la adopción de las medidas a que se refieren los incisos I a IV del artículo anterior, sometiendo previamente a consulta pública las relativas a los incisos I a III;
IV - expedir normas en referencia al otorgamiento, prestación y uso de los servicios de telecomunicaciones en el régimen público;
V - editar actos de otorgamiento y extinción de derecho de explotación del servicio en el régimen público;
VI - celebrar y administrar contratos de concesión y fiscalizar la prestación del servicio en el régimen público, aplicando sanciones y realizando intervenciones;
VII - controlar, acompañar y proceder a la revisión de tarifas de los servicios prestados en el régimen público, pudiendo fijarlas en las condiciones previstas en esta Ley, así como homologar reajustes;
VIII - administrar el espectro de radiofrecuencias y el uso de órbitas, expidiendo las respectivas normas;
IX - editar actos de otorgamiento y extinción del derecho de uso de radiofrecuencia y de órbita, fiscalizando y aplicando sanciones;
X - expedir normas sobre prestación de servicios de telecomunicaciones en el régimen privado;
XI - expedir y extinguir autorización para prestación de servicio en el régimen privado, fiscalizando y aplicando sanciones;
XII - expedir normas y estándares a ser cumplidos por las operadoras de servicios de telecomunicaciones respecto a los equipos que utilicen;
XIII - expedir o reconocer la certificación de productos, observados los estándares y normas por ella establecidos;
XIV - expedir normas y estándares que aseguren la compatibilidad, la operación integrada y la interconexión entre las redes, abarcando inclusive los equipos terminales;
XV - realizar búsqueda y aprensión de bienes en el ámbito de su competencia;
XVI - deliberar en la esfera administrativa en referencia a la interpretación de la legislación de telecomunicaciones y sobre los casos omisos;
XVII - componer administrativamente conflictos de intereses entre operadoras de servicio de telecomunicaciones;
XVIII - reprimir infracciones de los derechos de los usuarios;
XIX - ejercer, relativamente a las telecomunicaciones, las competencias legales en materia de control, prevención y represión de las infracciones del orden económico, exceptuadas las pertenecientes al Consejo Administrativo de Defensa Económica - CADE;
V. Ley nº 12.529, de 30 de noviembre de 2011, que estructuró el Sistema Brasileño de Defensa de la Competencia, revocando la Ley nº 8.884/1994.
XX - proponer al Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Comunicaciones, la declaración de utilidad pública, para fines de desapropiación o institución de servidumbre administrativa, de los bienes necesarios a la implantación o manutención de servicio en el régimen público;
XXI - recaudar y aplicar sus ingresos;
XXII - resolver en referencia a la celebración, alteración o extinción de sus contratos, así como al nombramiento, exoneración y demisión de servidores, realizando los procedimientos necesarios, en la forma en que dispusiere el reglamento;
XXIII - contratar personal por plazo determinado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley nº 8.745, de 9 de diciembre de 1993;
XXIV - adquirir, administrar y alienar sus bienes;
XXV - decidir en último grado sobre las materias de su alzada, siempre admitido recurso al Consejo Director;
XXVI - formular al Ministerio de Comunicaciones propuesta de presupuesto;
XXVII - aprobar su reglamento interno;
XXVIII - elaborar informe anual de sus actividades, destacando en él, el cumplimiento de la política del sector definida en los términos del artículo anterior;
XXIX - enviar el informe anual de sus actividades al Ministerio de Comunicaciones y, por intermedio de la Presidencia de la República, al Congreso Nacional;
XXX - rever, periódicamente, los planes enumerados en los incisos II y III del artículo anterior, sometiéndolos, por intermedio del Ministro de Estado de Comunicaciones, al Presidente de la República, para aprobación;
XXXI - promover interacción con administraciones de telecomunicaciones de los países del Mercado Común del Sul – MERCOSUR, con vistas a la consecución de objetivos de interés común.
Del Consejo Director
Art. 20. El Consejo Director será compuesto por cinco consejeros y decidirá por mayoría absoluta.
Parágrafo único. Cada consejero votará con independencia, fundamentando su voto.
Art. 21. Las sesiones del Consejo Director serán registradas en actas, que quedarán archivadas en la Biblioteca, disponibles para conocimiento general.
§ 1º Cuando la publicidad pudiere colocar en riesgo la seguridad del País, o violar secreto protegido o la intimidad de alguien, los registros correspondientes serán mantenidos en secreto.
§ 2º Las sesiones deliberativas del Consejo Director que se destinen a resolver conflictos entre agentes económicos y entre éstos y consumidores y usuarios de bienes y servicios de telecomunicaciones serán públicas, permitida su grabación por medios electrónicos y asegurado a los interesados el derecho de obtener transcripciones de ellas.
Art. 22. Compete al Consejo Director:
I - someter al Presidente de la República, por intermedio del Ministro de Estado de Comunicaciones, las modificaciones del reglamento de la Agencia;
II - aprobar normas propias de licitación y contratación;
III - proponer el establecimiento y alteración de las políticas gubernamentales de telecomunicaciones;
IV - editar normas sobre materias de competencia de la Agencia;
V - aprobar edictos de licitación, homologar adjudicaciones, así como decidir por la prorrogación, transferencia, intervención y extinción, en relación a los otorgamientos para prestación de servicio en el régimen público, obedeciendo el plan aprobado por el Poder Ejecutivo;
VI - aprobar el plan general de autorizaciones de servicio prestado en el régimen privado;
VII - aprobar edictos de licitación, homologar adjudicaciones, así como decidir por la prorrogación, transferencia y extinción, en relación a las autorizaciones para prestación de servicio en el régimen privado, en la forma del reglamento interno;
VIII - aprobar el plan de destino de bandas de radiofrecuencia y de ocupación de órbitas;
IX - aprobar los planes estructurales de las redes de telecomunicaciones, en la forma en que dispusiere el reglamento interno;
X - aprobar el reglamento interno;
XI - resolver sobre la adquisición y la alienación de bienes;
XII - autorizar la contratación de servicios de terceros, en la forma de la legislación en vigor.
Parágrafo único. Queda prohibida la realización por terceros de la fiscalización de competencia de la Agencia, exceptuadas las actividades de apoyo.
V. Artículo 14, § 2º, del Decreto nº 2.338, de 7 de octubre de 1997, con redacción dada por el Decreto nº 4.037, de 29 de noviembre 2001, que definió cuáles actividades constituyen actividades de apoyo a la fiscalización.
Art. 23. Los consejeros serán brasileños, de reputación impecable, formación universitaria y elevado concepto en el campo de su especialidad, debiendo ser escogidos por el Presidente de la República y por él nombrados, después de aprobación por el Senado Federal, en los términos de la línea f del inciso III del Art. 52 de la Constitución Federal.
Art. 24. El mandato de los miembros del Consejo Director será de cinco años. prohibida la prórroga.(la parte tachada fue suprimida en la redacción dada al caput por el art 36 de la Ley nº 9.986, de 18 de julio de 2000)
Parágrafo único. En caso de vacante en el curso del mandato, éste será completado por sucesor investido en la forma prevista en el artículo anterior, que lo ejercerá por el plazo remanente.
Art. 25. Los mandatos de los primeros miembros del Consejo Director serán de tres, cuatro, cinco, seis y siete años, a ser establecidos en el decreto de nombramiento.
Art. 26. Los miembros del Consejo Director solamente perderán el mandato en virtud de renuncia, de condena judicial transitada en juzgado o de proceso administrativo disciplinario. (Revocado por la Ley nº 9.986, de 18.7.2000)
§ 1º Sin perjuicio de lo que prevén la ley penal y la ley de la improbidad administrativa, será causa de la pérdida del mandato la inobservancia, por el consejero, de los deberes y prohibiciones inherentes al cargo, inclusive en lo que se refiere al cumplimiento de las políticas establecidas para el sector por los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
§ 2º Cabe al Ministro de Estado de Comunicaciones instaurar el proceso administrativo disciplinario, que será conducido por comisión especial, compitiendo al Presidente de la República determinar el apartamiento preventivo, cuando fuere el caso, y proferir el juzgamiento.
Art. 27. El reglamento disciplinará la substitución de los consejeros en sus impedimentos, así como durante la vacancia.
Art. 28. A los consejeros les es prohibido el ejercicio de cualquier otra actividad profesional, empresarial, sindical o de dirección político-partidaria, salvo la de profesor universitario, en horario compatible. (Revocado por la Ley nº 9.986, de 18.7.2000)
Parágrafo único. Es prohibido a los consejeros, igualmente, tener interés significativo, directo o indirecto, en empresa relacionada con telecomunicaciones, como dispusiere el reglamento.
Art. 29. Cabrá también a los consejeros la dirección de los órganos administrativos de la Agencia.
Art. 30. Hasta un año después de dejar el cargo, es prohibido al ex-consejero representar cualquier persona o interés ante la Agencia.
Parágrafo único. Es prohibido, también, al ex-consejero utilizar informaciones privilegiadas obtenidas como resultado del cargo ejercido, bajo pena de incurrir en improbidad administrativa.
Art. 31. El Presidente del Consejo Director será nombrado por el Presidente de la República entre sus integrantes e investido en la función por tres años o por lo que restare de su mandato de consejero, cuando sea inferior a ese plazo, prohibida la prórroga. (Revocado por la Ley nº 9.986, de 18.7.2000)
Art. 32. Cabe al Presidente la representación de la Agencia, el comando jerárquico sobre el personal y el servicio, ejerciendo todas las competencias administrativas correspondientes, así como la presidencia de las sesiones del Consejo Director.
Parágrafo único. La representación judicial de la Agencia, con prerrogativas procesales de Hacienda Pública, será ejercida por la Procuraduría.
Art. 33. El Consejo Consultivo es el órgano de participación institucionalizada de la sociedad en la Agencia.
Art. 34. El Consejo será integrado por representantes indicados por el Senado Federal, por la Cámara de Diputados, por el Poder Ejecutivo, por las entidades de clase de las operadoras de servicios de telecomunicaciones, por entidades representativas de los usuarios y por entidades representativas de la sociedad, en los términos del reglamento.
Parágrafo único. El Presidente del Consejo Consultivo será elegido por sus miembros y tendrá mandato de un año.
Art. 35. Cabe al Consejo Consultivo:
I - opinar, antes de su encaminamiento al Ministerio de Comunicaciones, sobre el plan general de otorgamientos, el plan general de metas para universalización de servicios prestados en el régimen público y demás políticas gubernamentales de telecomunicaciones;
II - aconsejar respecto a la institución o eliminación de la prestación de servicio en el régimen público;
III - apreciar los informes anuales del Consejo Director;
IV - requerir información y hacer proposición respecto a las acciones referidas en el Art. 22.
Art. 36. Los miembros del Consejo Consultivo, que no serán remunerados, tendrán mandato de tres años, prohibida la prórroga.
§ 1º Los mandatos de los primeros miembros del Consejo serán de uno, dos y tres años, en la proporción de un tercio para cada período.
§ 2º El Consejo será renovado anualmente en un tercio.
Art. 37. El reglamento dispondrá sobre el funcionamiento del Consejo Consultivo.
DE LA ACTIVIDAD Y DEL CONTROL
Art. 38. La actividad de la Agencia será jurídicamente condicionada por los principios de la legalidad, celeridad, finalidad, razonabilidad, proporcionalidad, impersonalidad, igualdad, debido proceso legal, publicidad y moralidad.
Art. 39. Exceptuados los documentos y los autos cuya divulgación pueda violar la seguridad del País, secreto protegido o la intimidad de alguien, todos los demás permanecerán abiertos a la consulta del público, sin formalidades, en la Biblioteca.
Parágrafo único. La Agencia deberá garantizar el tratamiento confidencial de las informaciones técnicas, operativas, económico-financieras y contables que solicitare a las empresas operadoras de los servicios de telecomunicaciones, en los términos del reglamento.
Art. 40. Los actos de la Agencia deberán ser siempre acompañados por la exposición formal de los motivos que los justifiquen.
Art. 41. Los actos normativos solamente producirán efecto después de publicación en el Diario Oficial de la Unión, y aquellos de alcance particular, después de la correspondiente notificación.
Art. 42. Las minutas de actos normativos serán sometidas a la consulta pública, formalizada por publicación en el Diario Oficial de la Unión, debiendo las críticas y sugerencias merecer examen y permanecer a disposición del público en la Biblioteca.
Art. 43. En la invalidación de actos y contratos, será garantizada previamente la manifestación de los interesados.
Art. 44. Cualquier persona tendrá el derecho de peticionar o de recorrer contra acto de la Agencia en el plazo máximo de treinta días, debiendo la decisión de la Agencia ser conocida en hasta noventa días.
Art. 45. El Oidor será nombrado por el Presidente de la República para mandato de dos años, admitida una prórroga.
Parágrafo único. El Oidor tendrá acceso a todos los asuntos y contará con el apoyo administrativo que necesitare, compitiéndole producir, semestralmente o cuando fuere oportuno, apreciaciones críticas sobre la actuación de la Agencia, encaminándolas al Consejo Director, al Consejo Consultivo, al Ministerio de Comunicaciones, a otros órganos del Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional, haciendo publicarlas para conocimiento general.
Art. 46. La Corregiduría acompañará permanentemente el desempeño de los servidores de la Agencia, evaluando su eficiencia y el cumplimiento de los deberes funcionales y realizando los procesos disciplinarios.
Art. 47. El producto de la recaudación de las tasas de fiscalización de instalación y de funcionamiento a que se refiere la Ley nº 5.070, de 7 de julio de 1966, será destinado al Fondo de Fiscalización de las Telecomunicaciones – FISTEL, por ella creado.
Art. 48. La concesión, permiso o autorización para la explotación de servicios de telecomunicaciones y de uso de radiofrecuencia, para cualquier servicio, será siempre hecha a título oneroso, quedando autorizada la cobranza del respectivo precio en las condiciones establecidas en esta Ley y en la reglamentación, constituyendo el producto de la recaudación ingresos del Fondo de Fiscalización de las Telecomunicaciones – FISTEL.
§ 1º Según dispusiere la Agencia, el pago debido por la concesionaria, permisionaria o autorizada podrá ser hecho en la forma de cantidad determinada, en una o varias cuotas, o de cuotas anuales, siendo su valor, alternativamente:
I - determinado por la reglamentación;
II - determinado en el edicto de licitación;
III - fijado en función de la propuesta vencedora, cuando constituyere factor de juzgamiento;
IV - fijado en el contrato de concesión o en el acto de permiso, en los casos de inexigibilidad de licitación.
§ 2º Después de la creación del fondo de universalización de los servicios de telecomunicaciones mencionado en el inciso II del Art. 81, parte del producto de la recaudación a que se refiere el caput de este artículo será a él destinada, en los términos de la ley correspondiente.
Art. 49. La Agencia someterá anualmente al Ministerio de Comunicaciones su propuesta de presupuesto, así como la del FISTEL, que serán encaminadas al Ministerio de Planificación y Presupuesto para inclusión en el proyecto de ley presupuestaria anual a que se refiere el § 5º del Art. 165 de la Constitución Federal.
§ 1º La Agencia hará acompañar las propuestas presupuestarias de un cuadro demostrativo de la planificación plurianual de los ingresos y gastos, buscando su equilibrio presupuestario y financiero en los cinco ejercicios subsecuentes.
§ 2º La planificación plurianual preverá la suma a ser transferida al fondo de universalización a que se refiere el inciso II del Art. 81 de esta Ley, y los saldos a ser transferidos al Tesoro Nacional.
§ 3º La ley presupuestaria anual consignará las dotaciones para los gastos de costeo y capital de la Agencia, así como el valor de las transferencias de recursos del FISTEL al Tesoro Nacional y al fondo de universalización, relativos al ejercicio a que ella se refiriere.
§ 4º Las transferencias a que se refiere el parágrafo anterior serán formalmente hechas por la Agencia al final de cada mes.
Art. 50. El Fondo de Fiscalización de las Telecomunicaciones - FISTEL, creado por la Ley nº 5.070, de 7 de julio de 1966, pasará a la administración exclusiva de la Agencia, a partir de la fecha de su instalación, con los saldos en él existentes, incluidos los ingresos que sean producto de la cobranza a que se refiere el Art. 14 de la Ley nº 9.295, de 19 de julio de 1996.
Art. 51. Los Arts. 2º, 3º, 6º y sus parágrafos, el Art. 8º y su § 2º, y el Art. 13, de la Ley nº 5.070, de 7 de julio de 1966, pasan a tener la siguiente redacción:
"Art. 2º El Fondo de Fiscalización de las Telecomunicaciones - FISTEL es constituido de las siguientes fuentes:
a) dotaciones consignadas en el Presupuesto General de la Unión, créditos especiales y transferencias que le fueren conferidos;
b) el producto de las operaciones de crédito que contratare, en el País y en el exterior, y rendimientos de operaciones financieras que realizare;
c) relativas al ejercicio del poder concedente de los servicios de telecomunicaciones, en el régimen público, inclusive pagos por el otorgamiento, multas y indemnizaciones;
d) relativas al ejercicio de la actividad ordenadora de la explotación de servicios de telecomunicaciones, en régimen privado, inclusive pagos por la expedición de autorización de servicio, multas y indemnizaciones;
e) relativas al ejercicio del poder de otorgamiento del derecho de uso de radiofrecuencia para cualquier fin, inclusive multas y indemnizaciones;
f) tasas de fiscalización;
g) recursos provenientes de convenios, acuerdos y contratos celebrados con entidades, organismos y empresas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras;
h) donaciones, legados, subvenciones y otros recursos que le fueren destinados;
i) el producto de los emolumentos, precios o multas, los valores liquidados en la venta o alquiler de bienes, así como los resultantes de publicaciones, datos y informaciones técnicas, inclusive para fines de licitación;
j) resultantes de cantidades recibidas por la aprobación de laudos de ensayo de productos y por la prestación de servicios técnicos por órganos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones;
l) rentas eventuales."
"Art. 3º Además de las transferencias al Tesoro Nacional y para el fondo de universalización de las telecomunicaciones, los recursos del Fondo de Fiscalización de las Telecomunicaciones - FISTEL serán aplicados por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones exclusivamente:
d) En la atención de otros gastos corrientes y de capital por ella realizados en el ejercicio de su competencia."
"Art. 6º Las tasas de fiscalización a que se refiere la línea f del Art. 2º son la de instalación y la de funcionamiento.
§ 1º Tasa de Fiscalización de Instalación es la debida por las concesionarias, permisionarias y autorizadas de servicios de telecomunicaciones y de uso de radiofrecuencia, en el momento de la emisión del certificado de licencia para el funcionamiento de las estaciones.
§ 2º Tasa de Fiscalización de Funcionamiento es la debida por las concesionarias, permisionarias y autorizadas de servicios de telecomunicaciones y de uso de radiofrecuencia, anualmente, por la fiscalización del funcionamiento de las estaciones."
"Art. 8º La Tasa de Fiscalización de Funcionamiento será pagada, anualmente, hasta el día 31 de marzo, y sus valores serán los correspondientes al cincuenta por ciento de los fijados para la Tasa de Fiscalización de Instalación.
§ 2º El no pago de la Tasa de Fiscalización de Funcionamiento en el plazo de sesenta días después de la notificación de la Agencia determinará la caducidad de la concesión, permiso o autorización, sin que quepa al interesado el derecho a cualquier indemnización.
"Art. 13. Son exentos del pago de las tasas del FISTEL la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, las Fuerzas Armadas, la Policía Federal, las Policías Militares, la Policía Rodoviaria Federal, las Policías Civiles y los Cuerpos de Bomberos Militares."
Art. 52. Los valores de las tasas de fiscalización de instalación y de funcionamiento, constantes en el Anexo I de la Ley nº 5.070, de 7 de julio de 1966, pasan a ser los de la Tabla del Anexo III de esta Ley.
Parágrafo único. La nomenclatura de los servicios relacionados en la Tabla estará en vigor hasta que nueva reglamentación sea editada, con base en esta Ley.
Art. 53. Los valores de que tratan las líneas i y j del Art. 2º de la Ley nº 5.070, de 7 de julio de 1966, con la redacción dada por esta Ley, serán establecidos por la Agencia.
Art. 54. La contratación de obras y servicios de ingeniería civil está sujeta al procedimiento de las licitaciones previsto en ley general para la Administración Pública.
Parágrafo único. Para los casos no previstos en el caput, la Agencia podrá utilizar procedimientos propios de contratación, en las modalidades de consulta y pregón.
V. la Ley nº 10.520/2002, que instituyó la modalidad de licitación denominada subasta inversa.
Art. 55. La consulta y el pregón serán disciplinados por la Agencia, observadas las disposiciones de esta Ley y, especialmente:
I - la finalidad del procedimiento licitatorio es, por medio de disputa justa entre interesados, obtener un contrato económico, satisfactorio y seguro para la Agencia;
II - el instrumento convocatorio identificará el objeto del certamen, circunscribirá el universo de proponentes, establecerá criterios para aceptación y juzgamiento de propuestas, regulará el procedimiento, indicará las sanciones aplicables y fijará las cláusulas del contrato;
III - el objeto será determinado de forma precisa, suficiente y clara, sin especificaciones que, por excesivas, irrelevantes o innecesarias, limiten la competencia;
IV - la calificación, exigida indistintamente de los proponentes, deberá ser compatible y proporcional al objeto, buscando a la garantía del cumplimiento de las futuras obligaciones;
V - como condición de aceptación de la propuesta, el interesado declarará estar en situación regular ante las Haciendas Públicas y la Seguridad Social, proveyendo sus códigos de inscripción, exigida la comprobación como condición indispensable para la firma del contrato;
VI - el juzgamiento observará los principios de vinculación al instrumento convocatorio, comparación objetiva y justo precio, siendo el empate resuelto por sorteo;
VII - las reglas procedimentales asegurarán adecuada divulgación del instrumento convocatorio, plazos razonables para la preparación de propuestas, los derechos al contradictorio y al recurso, así como la transparencia y fiscalización;
VIII - la habilitación y el juzgamiento de las propuestas podrán ser decididos en una única fase, pudiendo la habilitación, en el caso de pregón, ser verificada apenas en relación al licitante vencedor;
IX - cuando el vencedor no celebrare el contrato, serán llamados los demás participantes en el orden de clasificación;
X - solamente serán aceptados certificados de registro expedidos por la Agencia, que tendrán validez por dos años, debiendo el registro estar siempre abierto a la inscripción de los interesados.
Art. 56. La disputa por la provisión de bienes y servicios comunes podrá ser hecha en licitación en la modalidad de pregón, restringida a los previamente registrados, que serán llamados a formular ofertas en sesión pública.
Parágrafo único. Cerrada la etapa competitiva, la Comisión examinará la mejor oferta respecto al objeto, forma y valor.
Art. 57. En las siguientes hipótesis, el pregón será abierto a cualquier interesado, independientemente de registro, verificándose en un solo tiempo, después de la etapa competitiva, la calificación subjetiva y la aceptabilidad de la propuesta:
I - para la contratación de bienes y servicios comunes de alto valor, en la forma del reglamento;
II - cuando el número de registrados en la clase fuere inferior a cinco;
III - para el registro de precios, que tendrá validez por hasta dos años;
IV - cuando el Consejo Director así lo decidiere.
Art. 58. La licitación en la modalidad de consulta tiene por objeto la provisión de bienes y servicios no comprendidos en los Arts. 56 y 57.
Parágrafo único. La decisión ponderará el costo y el beneficio de cada propuesta, considerando la calificación del proponente.
Art. 59. La Agencia podrá utilizar, mediante contrato, técnicos o empresas especializadas, inclusive consultores independientes y auditores externos, para ejecutar actividades de su competencia, prohibida la contratación para las actividades de fiscalización, salvo para las correspondientes actividades de apoyo.
DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Art. 60. Servicio de telecomunicaciones es el conjunto de actividades que posibilita la oferta de telecomunicación.
§ 1º Telecomunicación es la transmisión, emisión o recepción, por cable, radioelectricidad, medios ópticos o cualquier otro proceso electromagnético, de símbolos, caracteres, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza.
§ 2º Estación de telecomunicaciones es el conjunto de equipos o aparatos, dispositivos y demás medios necesarios para la realización de telecomunicación, sus accesorios y periféricos, y, cuando fuere el caso, las instalaciones que los abrigan y complementan, inclusive terminales portátiles.
Art. 61. Servicio de valor adicionado es la actividad que acrecienta, a un servicio de telecomunicaciones que le da soporte y con el cual no se confunde, nuevas utilidades relacionadas al acceso, almacenamiento, presentación, movimiento o recuperación de informaciones.
§ 1º Servicio de valor adicionado no constituye servicio de telecomunicaciones, clasificándose su proveedor como usuario del servicio de telecomunicaciones que le da soporte, con los derechos y deberes inherentes a esa condición.
§ 2º Es asegurado a los interesados el uso de las redes de servicios de telecomunicaciones para prestación de servicios de valor adicionado, cabiendo a la Agencia, para asegurar ese derecho, regular los condicionamientos, así como el relacionamiento entre aquellos y las operadoras de servicio de telecomunicaciones.
Art. 62. Respecto al alcance de los intereses a que atienden, los servicios de telecomunicaciones se clasifican en servicios de interés colectivo y servicios de interés restringido.
Parágrafo único. Los servicios de interés restringido estarán sujetos a los condicionamientos necesarios para que su explotación no perjudique el interés colectivo.
V. el Acto nº 3.833, de 20 de junio de 2013, que aprobó la Clasificación de los Servicios de Telecomunicaciones, en lo que atañe a los intereses atendidos, sean colectivos o restrictos.
Art. 63. Respecto al régimen jurídico de su prestación, los servicios de telecomunicaciones se clasifican en públicos y privados.
Parágrafo único. Servicio de telecomunicaciones en régimen público es el prestado mediante concesión o permiso, con atribución a su operadora de obligaciones de universalización y de continuidad.
Art. 64. Estarán incluidas en el régimen público las modalidades de servicio de telecomunicaciones de interés colectivo, cuya existencia, universalización y continuidad la propia Unión se comprometa a asegurar.
Parágrafo único. Se incluyen en este caso las diversas modalidades del servicio telefónico fijo conmutado, de cualquier ámbito, destinado al uso del público en general.
Art. 65. Cada modalidad de servicio será destinada a la prestación:
I - exclusivamente en el régimen público;
II - exclusivamente en el régimen privado; o
III - concomitantemente en los regímenes público y privado.
§ 1º No serán dejadas a la explotación sólo en régimen privado las modalidades de servicio de interés colectivo que, siendo esenciales, estén sujetas a deberes de universalización.
§ 2º La exclusividad o concomitancia a que se refiere el caput podrá ocurrir en ámbito nacional, regional, local o en áreas determinadas.
Art. 66. Cuando un servicio fuere, al mismo tiempo, explotado en los regímenes público y privado, serán adoptadas medidas que impidan la inviabilidad económica de su prestación en el régimen público.
Art. 67. No estarán incluidos en el régimen público los servicios de telecomunicaciones de interés restringido.
Art. 68. Es prohibida, a una misma persona jurídica, la explotación, de forma directa o indirecta, de una misma modalidad de servicio en los regímenes público y privado, salvo en regiones, localidades o áreas distintas.
De las Reglas Comunes
Art. 69. Las modalidades de servicio serán definidas por la Agencia en función de su finalidad, ámbito de prestación, forma, medio de transmisión, tecnología empleada o de otros atributos.
Parágrafo único. Forma de telecomunicación es el modo específico de transmitir información, resultante de características particulares de transducción, de transmisión, de presentación de la información o de combinación de estas, considerándose formas de telecomunicación, entre otras, la telefonía, la telegrafía, la comunicación de datos y la transmisión de imágenes.
Art. 70. Serán cohibidos los comportamientos perjudiciales a la competencia libre, amplía y justa entre las operadoras del servicio, en el régimen público o privado, en especial:
I - la práctica de subsidios para reducción artificial de precios;
II - el uso, procurando ventajas en la competencia, de informaciones obtenidas de los competidores, en virtud de acuerdos de prestación de servicio;
III - la omisión de informaciones técnicas y comerciales relevantes a la prestación de servicios por otro.
Art. 71. Buscando propiciar competencia efectiva e impedir la concentración económica en el mercado, la Agencia podrá establecer restricciones, límites o condiciones a empresas o grupos empresarios respecto a la obtención y transferencia de concesiones, permisos y autorizaciones.
Art. 72. Apenas en la ejecución de su actividad, la operadora podrá valerse de informaciones relativas a la utilización individual del servicio por el usuario.
§ 1º La divulgación de las informaciones individuales dependerá de la anuencia expresa y específica del usuario.
§ 2º La operadora podrá divulgar a terceros informaciones agregadas sobre el uso de sus servicios, desde que ellas no permitan la identificación, directa o indirecta, del usuario, o la violación de su intimidad.
Art. 73. Las operadoras de servicios de telecomunicaciones de interés colectivo tendrán derecho a la utilización de postes, ductos, conductos e instalaciones pertenecientes o controladas por operadora de servicios de telecomunicaciones o de otros servicios de interés público, de forma no discriminatoria y a precios y condiciones justos y razonables. (Vide Ley nº 11.934, de 2009).
V. Artículo 10 de la Ley nº 11.934, de 5 de mayo de 2009, que dispone sobre límites a la exposición humana a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos.
Parágrafo único. Cabrá al órgano regulador del cesionario de los medios a ser utilizados definir las condiciones para adecuada atención de lo dispuesto en el caput.
Art. 74. La concesión, permiso o autorización de servicio de telecomunicaciones no exenta la operadora de la atención a las normas de ingeniería y a las leyes municipales, estaduales o del Distrito Federal relativas a la construcción civil y a la instalación de cables y equipos en bienes públicos.
Art. 75. No dependerá de concesión, permiso o autorización la actividad de telecomunicaciones restringida a los límites de una misma edificación o propiedad móvil o inmueble, según dispusiere la Agencia.
Art. 76. Las empresas operadoras de servicios y los fabricantes de productos de telecomunicaciones que invirtieren en proyectos de investigación y desarrollo en Brasil, en el área de telecomunicaciones, obtendrán incentivos en las condiciones fijadas en ley.
Art. 77. El Poder Ejecutivo encaminará al Congreso Nacional, en el plazo de ciento veinte días de la publicación de esta Ley, mensaje de creación de un fondo para el desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones brasileñas, con el objetivo de estimular la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, incentivar la capacitación de los recursos humanos, fomentar la generación de empleos y promover el acceso de pequeñas y medianas empresas a recursos de capital, de modo de ampliar la competencia en la industria de telecomunicaciones.
V. Ley nº 10.052, de 28 de noviembre de 2000, que instituye el Fondo para el Desarrollo Tecnológico de las Telecomunicaciones – Funttel.
Art. 78. La fabricación y el desarrollo en el País de productos de telecomunicaciones serán estimulados mediante adopción de instrumentos de política crediticia, fiscal y aduanera.
DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN RÉGIMEN PÚBLICO
De las Obligaciones de Universalización y de Continuidad
Art. 79. La Agencia regulará las obligaciones de universalización y de continuidad atribuidas a las operadoras de servicio en el régimen público.
§ 1º Obligaciones de universalización son las que buscan posibilitar el acceso de cualquier persona o institución de interés público a servicio de telecomunicaciones, independientemente de su localización y condición socio-económica, así como las destinadas a permitir la utilización de las telecomunicaciones en servicios esenciales de interés público.
§ 2º Obligaciones de continuidad son las que buscan posibilitar a los usuarios de los servicios su uso de forma ininterrumpida, sin paralizaciones injustificadas, debiendo los servicios estar a disposición de los usuarios, en condiciones adecuadas de uso.
Art. 80. Las obligaciones de universalización serán objeto de metas periódicas, según plan específico elaborado por la Agencia y aprobado por el Poder Ejecutivo, que deberá referirse, entre otros aspectos, a la disponibilidad de instalaciones de uso colectivo o individual, a la atención de deficientes físicos, de instituciones de carácter público o social, así como de áreas rurales o de urbanización precaria y de regiones remotas.
§ 1º El plan detallará las fuentes de financiamiento de las obligaciones de universalización, que serán neutras en relación a la competencia, en el mercado nacional, entre operadoras.
§ 2º Los recursos del fondo de universalización de que trata el inciso II del Art. 81 no podrán ser destinados a la cobertura de costos con universalización de los servicios que, en los términos del contrato de concesión, la propia operadora deba soportar.
Art. 81. Los recursos complementarios destinados a cubrir la cuota del costo exclusivamente atribuible al cumplimiento de las obligaciones de universalización de operadora de servicio de telecomunicaciones, que no pueda ser recuperada con la explotación eficiente del servicio, podrán ser de las siguientes fuentes:
I - Presupuesto General de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios;
II - fondo específicamente constituido para esa finalidad, para el cual contribuirán operadoras de servicio de telecomunicaciones en los regímenes público y privado, en los términos de la ley, cuyo mensaje de creación deberá ser enviada al Congreso Nacional, por el Poder Ejecutivo, en el plazo de ciento veinte días después de la publicación de esta Ley.
V. Ley nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, que instituye el Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones – FUST.
Parágrafo único. Mientras no fuere constituido el fondo a que se refiere el inciso II del caput, podrán ser adoptadas también las siguientes fuentes:
I - subsidio entre modalidades de servicios de telecomunicaciones o entre segmentos de usuarios;
II - pago de adicional al valor de interconexión.
Art. 82. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas a la universalización y a la continuidad permitirá la aplicación de sanciones de multa, caducidad o decreto de intervención, según el caso.
Art. 83. La explotación del servicio en el régimen público dependerá de previo otorgamiento, por la Agencia, mediante concesión, implicando ésta el derecho de uso de las radiofrecuencias necesarias, según reglamentación.
Parágrafo único. Concesión de servicio de telecomunicaciones es la delegación de su prestación, mediante contrato, por plazo determinado, en el régimen público, sujetándose la concesionaria a los riesgos empresarios, remunerándose por la cobranza de tarifas de los usuarios o por otros ingresos alternativos y respondiendo directamente por sus obligaciones y por los perjuicios que causare.
Art. 84. Las concesiones no tendrán carácter de exclusividad, debiendo obedecer al plan general de otorgamientos, con definición respecto a la división del País en áreas, al número de operadoras para cada una de ellas, sus plazos de vigencia y los plazos para admisión de nuevas operadoras.
§ 1º Las áreas de explotación, el número de operadoras, los plazos de vigencia de las concesiones y los plazos para admisión de nuevas operadoras serán definidos considerándose el ambiente de competencia, observados el principio del mayor beneficio al usuario y el interés social y económico del País, de modo de propiciar la justa remuneración de la operadora del servicio en el régimen público.
§ 2º La oportunidad y el plazo de los otorgamientos serán determinados de modo de evitar el vencimiento concomitante de las concesiones de una misma área.
Art. 85. Cada modalidad de servicio será objeto de concesión distinta, con clara determinación de los derechos y deberes de la concesionaria, de los usuarios y de la Agencia.
Art. 86. La concesión solamente podrá ser otorgada a empresa constituida según las leyes brasileñas, con sede y administración en el País, creada para explotar exclusivamente los servicios de telecomunicaciones objeto de la concesión.
Parágrafo único. La participación, en la licitación para otorgamiento, de quien no atienda lo dispuesto en este artículo, será condicionada al compromiso de, antes de la celebración del contrato, adaptarse o constituir empresa con las características adecuadas.
Art. 86. La concesión solamente podrá ser otorgada a la empresa constituida según las leyes brasileñas, con sede y administración en el País, creada para explotar exclusivamente servicios de telecomunicaciones. (Redacción dada por la Ley nº 12485, de 2011)
Parágrafo único. Los criterios y condiciones para la prestación de otros servicios de telecomunicaciones directamente por la concesionaria obedecerán, entre otros, a los siguientes principios, de acuerdo con reglamentación de la Anatel:(Redacción dada por la Ley nº 12485, de 2011)
I - garantía de los intereses de los usuarios, en los mecanismos de reajuste y revisión de las tarifas, mediante el reparto de los beneficios económicos surgidos de la racionalización resultante de la prestación de otros servicios de telecomunicaciones, o aun mediante la transferencia integral de los beneficios económicos que no resulten de la eficiencia o iniciativa empresarial, observados los términos de los §§ 2º y 3º del Art. 108 de esta Ley; (Incluido por la Ley nº 12485, de 2011)
II - actuación del poder público para propiciar la libre, amplía y justa competencia, reprimidas las infracciones del orden económico, en los términos del Art. 6º de esta Ley; (Incluido por la Ley nº 12485, de 2011)
III - existencia de mecanismos que aseguren el adecuado control público en lo que se refiere a los bienes reversibles.(Incluido por la Ley nº 12485, de 2011)
Art. 87. El otorgamiento a empresa o grupo empresario que, en la misma región, localidad o área, ya preste la misma modalidad de servicio, será condicionado a la asunción del compromiso de, en el plazo máximo de dieciocho meses, contados a partir de la fecha de firma del contrato, transfiera a otro el servicio anteriormente explotado, bajo pena de su caducidad y de otras sanciones previstas en el proceso de otorgamiento.
Art. 88. Las concesiones serán otorgadas mediante licitación.
Art. 89. La licitación será disciplinada por la Agencia, observados los principios constitucionales, las disposiciones de esta Ley y, especialmente:
I - la finalidad del certamen es, por medio de disputa entre los interesados, escoger quien pueda ejecutar, expandir y universalizar el servicio en el régimen público con eficiencia, seguridad y a tarifas razonables;
II - la minuta de instrumento convocatorio será sometida a consulta pública previa;
III - el instrumento convocatorio identificará el servicio objeto del certamen y las condiciones de su prestación, expansión y universalización, definirá el universo de proponentes, establecerá factores y criterios para aceptación y juzgamiento de propuestas, regulará el procedimiento, determinará la cantidad de fases y sus objetivos, indicará las sanciones aplicables y fijará las cláusulas del contrato de concesión;
IV - las calificaciones técnico-operativas o profesional y económico-financieras, así como las garantías de la propuesta y del contrato, exigidas indistintamente de los proponentes, deberán ser compatibles con el objeto y proporcionales a su naturaleza y dimensión;
V - el interesado deberá comprobar situación regular ante las Haciendas Públicas y la Seguridad Social;
VI - la participación de consorcio, que se constituirá en empresa antes del otorgamiento de la concesión, será siempre admitida;
VII - el juzgamiento atenderá los principios de vinculación al instrumento convocatorio y comparación objetiva;
VIII - los factores de juzgamiento podrán ser, aislada o conjugadamente, los de menor tarifa, mayor oferta por el otorgamiento, mejor calidad de los servicios y mejor atención de la demanda, respetado siempre el principio de la objetividad;
IX - el empate será resuelto por sorteo;
X - las reglas procedimentales asegurarán la adecuada divulgación del instrumento convocatorio, plazos compatibles con la preparación de propuestas y los derechos al contradictorio, al recurso y a la amplia defensa.
Art. 90. No podrá participar en la licitación o recibir otorgamiento de concesión la empresa prohibida de licitar o contratar con el Poder Público o que haya sido declarada no idónea, así como aquella que haya sido punida en los dos años anteriores con el decreto de caducidad de concesión, permiso o autorización de servicio de telecomunicaciones, o de la caducidad de derecho de uso de radiofrecuencia.
Art. 91. La licitación será inexigible cuando, mediante proceso administrativo conducido por la Agencia, la disputa fuere considerada inviable o innecesaria.
§ 1º Se considera inviable la disputa cuando apenas un interesado pudiere realizar el servicio, en las condiciones estipuladas.
§ 2º Se considera innecesaria la disputa en los casos en que se admita la explotación del servicio por todos los interesados que atiendan las condiciones requeridas.
§ 3º El procedimiento para verificación de la inexigibilidad comprenderá llamado público para verificar el número de interesados.
Art. 92. En las hipótesis de inexigibilidad de licitación, el otorgamiento de concesión dependerá de procedimiento administrativo sujeto a los principios de la publicidad, moralidad, impersonalidad y contradictorio, para verificar el llenado de las condiciones relativas a las calificaciones técnico-operativas o profesional y económico-financieras, a la regularidad fiscal y a las garantías del contrato.
V. Artículo 119 de esta Ley.
Parágrafo único. Las condiciones deberán ser compatibles con el objeto y proporcionales a su naturaleza y dimensión.
Art. 93. El contrato de concesión indicará:
I - objeto, área y plazo de la concesión;
II - modo, forma y condiciones de la prestación del servicio;
III - reglas, criterios, indicadores, fórmulas y parámetros definidores de la implantación, expansión, alteración y modernización del servicio, así como de su calidad;
IV - deberes relativos a la universalización y a la continuidad del servicio;
V - el valor debido por el otorgamiento, la forma y las condiciones de pago;
VI - las condiciones de prorrogación, incluyendo los criterios para fijación del valor;
VII - las tarifas a ser cobradas a los usuarios y los criterios para su reajuste y revisión;
VIII - los posibles ingresos alternativos, complementarios o accesorios, así como los provenientes de proyectos asociados;
IX - los derechos, las garantías y las obligaciones de los usuarios, de la Agencia y de la concesionaria;
X - la forma de la prestación de cuentas y de la fiscalización;
XI - los bienes reversibles, si hubiere;
XII - las condiciones generales para interconexión;
XIII - la obligación de mantener, durante la ejecución del contrato, todas las condiciones de habilitación exigidas en la licitación;
XIV - las sanciones;
XV - el fuero y el modo para solución extrajudicial de las divergencias contractuales.
Parágrafo único. El contrato será publicado resumidamente en el Diario Oficial de la Unión, como condición de su eficacia.
Art. 94. En el cumplimiento de sus deberes, la concesionaria podrá, observadas las condiciones y límites establecidos por la Agencia:
I - emplear, en la ejecución de los servicios, equipos e infraestructura que no le pertenezcan;
II - contratar de terceros el desarrollo de actividades inherentes, accesorias o complementarias al servicio, así como la implementación de proyectos asociados.
V. Artículo 117, II, de esta Ley.
§ 1º En cualquier caso, la concesionaria continuará siempre responsable ante la Agencia y los usuarios.
§ 2º Serán regidas por el derecho común las relaciones de la concesionaria con los terceros, que no tendrán derechos frente a la Agencia, observado lo dispuesto en el Art. 117 de esta Ley.
Art. 95. La Agencia concederá plazos adecuados para adaptación de la concesionaria a las nuevas obligaciones que le sean impuestas.
Art. 96. La concesionaria deberá:
I - prestar informaciones de naturaleza técnica, operativa, económico-financiera y contable, u otras pertinentes que la Agencia solicitar;
II - mantener registros contables separados por servicio, en caso de que explote más de una modalidad de servicio de telecomunicaciones;
III - someter a la aprobación de la Agencia la minuta de contrato estándar a ser celebrado con los usuarios, así como los acuerdos operativos que pretenda firmar con operadoras extranjeras;
IV - divulgar lista de abonados, observado lo dispuesto en los incisos VI y IX del Art. 3º, así como el Art. 213, de esta Ley;
V - someterse a la reglamentación del servicio y a su fiscalización;
VI - presentar informes periódicos sobre la atención de las metas de universalización constantes del contrato de concesión.
Art. 97. Dependerán de previa aprobación de la Agencia la escisión, la fusión, la transformación, la incorporación, la reducción del capital de la empresa o la transferencia de su control societario.
V. Artículo 114, I, de esta Ley.
Parágrafo único. La aprobación será concedida si la medida no fuere prejudicial a la competencia y no colocare en riesgo la ejecución del contrato, observado lo dispuesto en el Art. 7º de esta Ley.
Art. 98. El contrato de concesión podrá ser transferido después de la aprobación de la Agencia desde que, acumulativamente:
I - el servicio esté en operación, hace por lo menos tres años, con el cumplimiento regular de las obligaciones;
II - el cesionario llene todos los requisitos del otorgamiento, inclusive respecto a las garantías, a la regularidad jurídica y fiscal y a la calificación técnica y económico-financiera;
III - la medida no perjudique la competencia y no coloque en riesgo la ejecución del contrato, observado lo dispuesto en el Art. 7º de esta Ley.
Art. 99. El plazo máximo de la concesión será de veinte años, pudiendo ser prorrogado, una única vez, por igual período, desde que la concesionaria haya cumplido las condiciones de la concesión y manifieste expreso interés en la prorrogación, por lo menos, treinta meses antes de su expiración.
§ 1º La prorrogación del plazo de la concesión implicará pago, por la concesionaria, por el derecho de explotación del servicio y por el derecho de uso de las radiofrecuencias asociadas, y podrá, a criterio de la Agencia, incluir nuevos condicionamientos, teniendo en vista las condiciones vigentes a la época.
§ 2º La desistencia del pedido de prorrogación sin justa causa, después de su postergación, sujetará a la concesionaria a la pena de multa.
§ 3º En caso de comprobada necesidad de reorganización del objeto o del área de la concesión para ajuste al plan general de otorgamientos o a la reglamentación vigente, podrá la Agencia desestimar el pedido de prorrogación.
Art. 100. Podrá ser declarada la utilidad pública, para fines de desapropiación o institución de servidumbre, de bienes inmuebles o muebles, necesarios a la ejecución del servicio, cabiendo a la concesionaria la implementación de la medida y el pago de la indemnización y de los demás gastos involucrados.
Art. 101. La alienación, enajenación o substitución de bienes reversibles dependerá de previa aprobación de la Agencia.
Art. 102. La extinción de la concesión transmitirá automáticamente a la Unión la posesión de los bienes reversibles.
Parágrafo único. La reversión de los bienes, antes de expirado el plazo contractual, importará pago de indemnización por las cuotas de inversiones a ellos vinculados, aun no amortizados o depreciados, que hayan sido realizados con el objetivo de garantizar la continuidad y actualidad del servicio concedido.
Art. 103. Compete a la Agencia establecer la estructura tarifaria para cada modalidad de servicio.
§ 1º La fijación, el reajuste y la revisión de las tarifas podrán basarse en valor que corresponda a la media ponderada de los valores de los ítems tarifarios.
§ 2º Son prohibidos los subsidios entre modalidades de servicios y segmentos de usuarios, exceptuado lo dispuesto en el parágrafo único del Art. 81 de esta Ley.
§ 3º Las tarifas serán fijadas en el contrato de concesión, consonante edicto o propuesta presentada en la licitación.
§ 4º En caso de otorgamiento sin licitación, las tarifas serán fijadas por la Agencia y constarán en el contrato de concesión.
Art. 104. Transcurridos al menos tres años de la celebración del contrato, la Agencia podrá, si existiere amplia y efectiva competencia entre las operadoras del servicio, someter a la concesionaria al régimen de libertad tarifaria.
§ 1º En el régimen a que se refiere el caput, la concesionaria podrá determinar sus propias tarifas, debiendo comunicarlas a la Agencia con antecedencia de siete días de su vigencia.
§ 2º Ocurriendo aumento arbitrario de los lucros o prácticas perjudiciales a la competencia, la Agencia restablecerá el régimen tarifario anterior, sin perjuicio de las sanciones cabibles.
Art. 105. En la implantación de nuevas prestaciones, utilidades o comodidades relativas al objeto de la concesión, sus tarifas serán previamente llevadas a la Agencia, para aprobación, con los estudios correspondientes.
Parágrafo único. Considerados los intereses de los usuarios, la Agencia podrá decidir por fijar las tarifas o por someterlas al régimen de libertad tarifaria, siendo prohibida cualquier cobranza antes de la referida aprobación.
Art. 106. La concesionaria podrá cobrar tarifa inferior a la fijada desde que la reducción se base en criterio objetivo y favorezca indistintamente a dos los usuarios, queda prohibido el abuso del poder económico.
Art. 107. Los descuentos de tarifa solamente serán admitidos cuando sean extensibles a todos los usuarios que se encuadren en las condiciones, precisas e isonómicas, para su uso.
Art. 108. Los mecanismos para reajuste y revisión de las tarifas serán previstos en los contratos de concesión, observándose, en lo que cupiere, la legislación específica.
§ 1º La reducción o el descuento de tarifas no significará revisión tarifaria.
§ 2º Serán compartidos con los usuarios, en los términos regulados por la Agencia, los beneficios económicos resultantes de la modernización, expansión o racionalización de los servicios, así como de nuevos ingresos alternativos.
§ 3º Serán transferidos integralmente a los usuarios los beneficios económicos que no resulten directamente de la eficiencia empresarial, en casos como los de disminución de tributos u honorarios y de nuevas reglas sobre los servicios.
§ 4º La carga causada por nuevas reglas sobre los servicios, por el riesgo extraordinario, así como por el aumento de los encargos legales o tributos, salvo el impuesto sobre la renta, implicará la revisión del contrato.
Art. 109. La Agencia establecerá:
I - los mecanismos para acompañamiento de las tarifas practicadas por la concesionaria, inclusive la antecedencia a ser observada en la comunicación de sus alteraciones;
II - los casos de servicio gratuito, como los de emergencia;
III - los mecanismos para garantizar la publicidad de las tarifas.
Art. 110. Podrá ser decretada intervención en la concesionaria, por acto de la Agencia, en caso de:
I - paralización injustificada de los servicios;
II - inadecuación o insuficiencia de los servicios prestados, no resueltas en plazo razonable;
III - desequilibrio económico-financiero resultante de mala administración que coloque en riesgo la continuidad de los servicios;
IV - práctica de infracciones graves;
V - inobservancia de atención de las metas de universalización;
VI - rechazo injustificado de interconexión;
VII - infracción del orden económico en los términos de la legislación propia.
Art. 111. El acto de intervención indicará su plazo, sus objetivos y límites, que serán determinados en función de las razones que lo motivaron, y designará el interventor.
§ 1º El decreto de la intervención no afectará el curso regular de los negocios de la concesionaria ni su normal funcionamiento y producirá, de inmediato, el apartamiento de sus administradores.
§ 2º La intervención será precedida de procedimiento administrativo instaurado por la Agencia, en que se asegure la amplia defensa de la concesionaria, salvo cuando sea decretada cautelarmente, hipótesis en que el procedimiento será instaurado en la fecha de la intervención y concluido en hasta ciento ochenta días.
§ 3º La intervención podrá ser ejercida por un colegiado o por una empresa, cuya remuneración será pagada con recursos de la concesionaria.
§ 4º De los actos del interventor cabrá recurso a la Agencia.
§ 5º Para los actos de alienación y disposición del patrimonio de la concesionaria, el interventor necesitará previa autorización de la Agencia.
§ 6º El interventor prestará cuentas y responderá por los actos que practicare.
Art. 112. La concesión se extinguirá por cumplimiento del término contractual, expropiación, caducidad, rescisión y anulación.
Parágrafo único. La extinción devuelve a la Unión los derechos y deberes relativos a la prestación del servicio.
Art. 113. Se considera expropiación la retomada del servicio por la Unión durante el plazo de la concesión, por razón extraordinaria de interés público, mediante ley autoritativa específica y después del pago de previa indemnización.
Art. 114. La caducidad de la concesión será decretada por la Agencia en las hipótesis:
I - de infracción del dispuesto en el Art. 97 de esta Ley o de disolución o falencia de la concesionaria;
II - de transferencia irregular del contrato;
III - de no cumplimiento del compromiso de transferencia a que se refiere el Art. 87 de esta Ley;
IV - en que la intervención sería cabible, pero su decreto fuere inconveniente, inocuo, injustamente benéfica al concesionario o innecesaria.
§ 1º Será innecesaria la intervención cuando la demanda por los servicios objeto de la concesión pudiere ser atendida por otras operadoras de modo regular e inmediato.
§ 2º El decreto de la caducidad será precedida de procedimiento administrativo instaurado por la Agencia, en que se asegure la amplia defensa de la concesionaria.
Art. 115. La concesionaria tendrá derecho a la rescisión cuando, por acción u omisión del Poder Público, la ejecución del contrato se volviere excesivamente onerosa.
Parágrafo único. La rescisión podrá ser realizada amigable o judicialmente.
Art. 116. La anulación será decretada por la Agencia en caso de irregularidad insanable y grave del contrato de concesión.
Art. 117. Extinguida la concesión antes del término contractual, la Agencia, sin perjuicio de otras medidas cabibles, podrá:
I - ocupar, provisoriamente, bienes móviles e inmuebles y valerse de personal empleado en la prestación de los servicios, necesarios a su continuidad;
II - mantener contratos firmados por la concesionaria con terceros, con fundamento en los incisos I y II del Art. 94 de esta Ley, por el plazo y en las condiciones inicialmente ajustadas.
Parágrafo único. En la hipótesis del inciso II de este artículo, los terceros que no cumplieren con las obligaciones asumidas responderán por el incumplimiento.
Art. 118. Será otorgado permiso, por la Agencia, para prestación de servicio de telecomunicaciones en situación excepcional comprometedora del funcionamiento del servicio que, en virtud de sus peculiaridades, no pueda ser atendida, de forma conveniente o en plazo adecuado, mediante intervención en la empresa concesionaria o mediante otorgamiento de nueva concesión.
Parágrafo único. Permiso de servicio de telecomunicaciones es el acto administrativo por el cual se atribuye a alguien el deber de prestar servicio de telecomunicaciones en el régimen público y en carácter transitorio, hasta que sea normalizada la situación excepcional que la haya motivado.
Art. 119. El permiso será precedido de procedimiento licitatorio simplificado, instaurado por la Agencia, en los términos por ella regulados, exceptuados los casos de inexigibilidad previstos en el Art. 91, observado lo dispuesto en el Art. 92, de esta Ley.
Art. 120. El permiso será formalizado mediante firma de término, que indicará:
I - el objeto y el área del permiso, así como los plazos mínimo y máximo de vigencia estimados;
III - las tarifas a ser cobradas de los usuarios, criterios para su reajuste y revisión y las posibles fuentes de ingresos alternativos;
IV - los derechos, las garantías y las obligaciones de los usuarios, del permitente y del permisionario;
V - las condiciones generales de interconexión;
VI - la forma de la prestación de cuentas y de la fiscalización;
VII - los bienes entregados por el permitente a la administración del permisionario;
VIII - las sanciones;
IX - los bienes reversibles, si hubiere;
X - el fuero y el modo para solución extrajudicial de las divergencias.
Parágrafo único. El término de permiso será publicado resumidamente en el Diario Oficial de la Unión, como condición de su eficacia.
Art. 121. Otorgado permiso como resultado de procedimiento licitatorio, el rechazo injustificado por el otorgado en firmar el respectivo término lo sujetará a las sanciones previstas en el instrumento convocatorio.
Art. 122. El permiso se extinguirá por el transcurso del plazo máximo de vigencia estimado, observado lo dispuesto en el Art. 124 de esta Ley, así como por revocación, caducidad y anulación.
Art. 123. La revocación deberá basarse en razones de conveniencia y oportunidad relevantes y supervenientes al permiso.
§ 1º La revocación, que podrá ser hecha en cualquier momento, no dará derecho a indemnización.
§ 2º El acto revocatorio fijará el plazo para que el permisionario devuelva el servicio, que no será inferior a sesenta días.
Art. 124. El permiso podrá ser mantenido, aun vencido su plazo máximo, si persistiere la situación excepcional que lo motivó.
Art. 125. La Agencia dispondrá sobre el régimen del permiso, observados los principios y objetivos de esta Ley.
DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN RÉGIMEN PRIVADO
Del Régimen General de la Explotación
Art. 126. La explotación de servicio de telecomunicaciones en el régimen privado será basada en los principios constitucionales de la actividad económica.
Art. 127. La disciplina de la explotación de los servicios en el régimen privado tendrá por objetivo viabilizar el cumplimiento de las leyes, en especial de las relativas a las telecomunicaciones, al orden económico y a los derechos de los consumidores, destinándose a garantizar:
I - la diversidad de servicios, el incremento de su oferta y su calidad;
II - la competencia libre, amplia y justa;
III - el respeto a los derechos de los usuarios;
IV - la convivencia entre las modalidades de servicio y entre operadoras en régimen privado y público, observada la prevalencia del interés público;
V - el equilibrio de las relaciones entre operadoras y usuarios de los servicios;
VI - la isonomía de tratamiento a las operadoras;
VII - el uso eficiente del espectro de radiofrecuencias;
VIII - el cumplimiento de la función social del servicio de interés colectivo, así como de los compromisos de ella resultantes;
IX - el desarrollo tecnológico e industrial del sector;
X - la permanente fiscalización.
Art. 128. Al imponer condicionamientos administrativos al derecho de explotación de las diversas modalidades de servicio en el régimen privado, sean ellos límites, encargos o sujeciones, la Agencia observará la exigencia de mínima intervención en la vida privada, asegurando que:
I - la libertad será la regla, constituyendo excepción las prohibiciones, restricciones e interferencias del Poder Público;
II - ninguna autorización será negada, salvo por motivo relevante;
III - los condicionamientos deberán tener vínculos, tanto de necesidad como de adecuación, con finalidades públicas específicas y relevantes;
IV - el provecho colectivo generado por el condicionamiento deberá ser proporcional a la privación que él impusiere;
V - habrá relación de equilibrio entre los deberes impuestos a las operadoras y los derechos a ellas reconocidos.
Art. 129. El precio de los servicios será libre, exceptuado lo dispuesto en el § 2º del Art. 136 de esta Ley, reprimiéndose toda práctica prejudicial a la competencia, así como el abuso del poder económico, en los términos de la legislación propia.
Art. 130. La operadora de servicio en régimen privado no tendrá derecho adquirido a la permanencia de las condiciones vigentes en de la expedición de la autorización o el inicio de las actividades, debiendo observar los nuevos condicionamientos impuestos por ley y por la reglamentación.
Parágrafo único. Las normas concederán plazos suficientes para adaptación a los nuevos condicionamientos.
Art. 130-A. Es facultado a las operadoras de servicio en régimen privado el alquiler de sus redes para implantación de sistema de localización de personas desaparecidas. (Incluido por la Ley nº 12.841, de 2013)
Parágrafo único. El sistema a que se refiere el caput de este artículo está sujeto a las reglas de mercado, en los términos del Art. 129 de esta Ley. (Incluido por la Ley nº 12.841, de 2013)
De la Autorización de Servicio de Telecomunicaciones
Art. 131. La explotación de servicio en el régimen privado dependerá de previa autorización de la Agencia, que acarreará derecho de uso de las radiofrecuencias necesarias.
§ 1º Autorización de servicio de telecomunicaciones es el acto administrativo vinculado que faculta la explotación, en el régimen privado, de modalidad de servicio de telecomunicaciones, cuando sean llenadas las condiciones objetivas y subjetivas necesarias.
§ 2º La Agencia definirá los casos que no dependerán de autorización.
§ 3º La operadora de servicio que no dependa de autorización comunicará previamente a la Agencia el inicio de sus actividades, salvo en los casos previstos en las normas correspondientes.
§ 4º La eficacia de la autorización dependerá de la publicación de extracto en el Diario Oficial de la Unión.
Art. 132. Son condiciones objetivas para obtención de autorización de servicio:
I - disponibilidad de radiofrecuencia necesaria, en el caso de servicios que la utilicen;
II - presentación de proyecto viable técnicamente y compatible con las normas aplicables.
Art. 133. Son condiciones subjetivas para obtención de autorización de servicio de interés colectivo por la empresa:
I - estar constituida según las leyes brasileñas, con sede y administración en el País;
II - no estar prohibida de licitar o contratar con el Poder Público, no haber sido declarada no idónea o no haber sido punida, en los dos años anteriores, con el decreto de la caducidad de concesión, permiso o autorización de servicio de telecomunicaciones, o de la caducidad de derecho de uso de radiofrecuencia;
III - disponer de calificación técnica para prestar bien el servicio, capacidad económico-financiera, regularidad fiscal y estar en situación regular con la Seguridad Social;
IV - no ser, en la misma región, localidad o área, encargada de prestar la misma modalidad de servicio.
Art. 134. La Agencia dispondrá sobre las condiciones subjetivas para obtención de autorización de servicio de interés restringido.
Art. 135. La Agencia podrá, excepcionalmente, frente a relevantes razones de carácter colectivo, condicionar la expedición de autorización a la aceptación, por el interesado, de compromisos de interés de la colectividad.
Parágrafo único. Los compromisos a que se refiere el caput serán objeto de reglamentación, por la Agencia, observados los principios de la razonabilidad, proporcionalidad e igualdad.
Art. 136. No habrá límite al número de autorizaciones de servicio, salvo en caso de imposibilidad técnica o, excepcionalmente, cuando el exceso de competidores pudiere comprometer la prestación de una modalidad de servicio de interés colectivo.
§ 1º La Agencia determinará las regiones, localidades o áreas abarcadas por la limitación y dispondrá sobre la posibilidad de que la operadora actúe en más de una de ellas.
§ 2º Las operadoras serán seleccionadas mediante procedimiento licitatorio, en la forma establecida en los Arts. 88 a 92, sujetándose la transferencia de la autorización a las mismas condiciones establecidas en el Art. 98, de esta Ley.
V. Artículo 129 de esta Ley.
§ 3º De los vencedores de la licitación será exigida contrapartida proporcional a la ventaja económica que usufructúen, en la forma de compromisos de interés de los usuarios.
Art. 137. El incumplimiento de condiciones o de compromisos asumidos, asociados a la autorización, sujetará la operadora a las sanciones de multa, suspensión temporal o caducidad.
Art. 138. La autorización de servicio de telecomunicaciones no tendrá su vigencia sujeta a término final, extinguiéndose solamente por casación, caducidad, renuncia o anulación.
Art. 139. Cuando hubiere pérdida de las condiciones indispensables para la expedición o manutención de la autorización, la Agencia podrá extinguirla mediante acto de casación.
Parágrafo único. Resultará en casación de la autorización del servicio la extinción de la autorización de uso de la radiofrecuencia respectiva.
Art. 140. En caso de práctica de infracciones graves, de transferencia irregular de la autorización o de incumplimiento reiterado de compromisos asumidos, la Agencia podrá extinguir la autorización decretándole la caducidad.
Art. 141. La caducidad será decretada por la Agencia, por acto administrativo, si, por razones de excepcional relevancia pública, las normas vinieren a prohibir el tipo de actividad objeto de la autorización o a suprimir la explotación en el régimen privado.
§ 1º La edición de las normas de que trata el caput no justificará la caducidad sino cuando la preservación de las autorizaciones ya expedidas fuere efectivamente incompatible con el interés público.
§ 2º Decretada la caducidad, la operadora tendrá el derecho de mantener sus propias actividades regulares por plazo mínimo de cinco años, salvo desapropiación.
Art. 142. Renuncia es el acto formal unilateral, irrevocable y irretractable, por el cual la operadora manifiesta su desinterés por la autorización.
Parágrafo único. La renuncia no será causa para punición del autorizado, ni lo librará de sus obligaciones con terceros.
Art. 143. La anulación de la autorización será decretada, judicial o administrativamente, en caso de irregularidad insanable del acto que la expidió.
Art. 144. La extinción de la autorización mediante acto administrativo dependerá de procedimiento previo, garantizados el contradictorio y la amplia defensa del interesado.
DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES
Art. 145. La implantación y el funcionamiento de redes de telecomunicaciones destinadas a dar soporte a la prestación de servicios de interés colectivo, en el régimen público o privado, observarán lo dispuesto en este Título.
V. Artículo 156 de esta Ley.
Parágrafo único. Las redes de telecomunicaciones destinadas a la prestación de servicio en régimen privado podrán ser dispensadas de lo dispuesto en el caput, en el todo o en parte, en la forma de la reglamentación expedida por la Agencia.
Art. 146. Las redes serán organizadas como vías integradas de libre circulación, en los términos siguientes:
I - es obligatoria la interconexión entre las redes, en la forma de la reglamentación;
II - deberá ser asegurada la operación integrada de las redes, en ámbito nacional e internacional;
III - el derecho de propiedad sobre las redes es condicionado por el deber de cumplimiento de su función social.
Parágrafo único. Interconexión es la ligación entre redes de telecomunicaciones funcionalmente compatibles, de modo que los usuarios de servicios de una de las redes puedan comunicarse con usuarios de servicios de otra o usar servicios en ella disponibles.
Art. 147. Es obligatoria la interconexión a las redes de telecomunicaciones a que se refiere el Art. 145 de esta Ley, solicitada por operadora de servicio en el régimen privado, en los términos de la reglamentación.
Art. 148. Es libre la interconexión entre redes de soporte a la prestación de servicios de telecomunicaciones en el régimen privado, observada la reglamentación.
Art. 149. La reglamentación establecerá las hipótesis y condiciones de interconexión a redes internacionales.
Art. 150. La implantación, el funcionamiento y la interconexión de las redes obedecerán a la reglamentación editada por la Agencia, asegurando la compatibilidad de las redes de las diferentes operadoras, buscando su armonización en ámbito nacional e internacional.
Art. 151. La Agencia dispondrá sobre los planes de numeración de los servicios, asegurando su administración de forma no discriminatoria y en estímulo a la competencia, garantizando la atención a los compromisos internacionales.
Parágrafo único. La Agencia dispondrá sobre las circunstancias y las condiciones en que la operadora de servicio de telecomunicaciones cuyo usuario se transfiera para otra operadora será obligada a, sin cargo, interceptar las llamadas dirigidas al antiguo código de acceso del usuario e informar su nuevo código.
Art. 152. La provisión de la interconexión será realizada en términos no discriminatorios, bajo condiciones técnicas adecuadas, garantizando precios isonómicos y justos, atendiendo a lo estrictamente necesario para la prestación del servicio.
Art. 153. Las condiciones para la interconexión de redes serán objeto de libre negociación entre los interesados, mediante acuerdo, observado el dispuesto en esta Ley y en los términos de la reglamentación.
§ 1º El acuerdo será formalizado por contrato, cuya eficacia dependerá de homologación por la Agencia, archivándose una de sus vías en la Biblioteca para consulta por cualquier interesado.
§ 2º No habiendo acuerdo entre los interesados, la Agencia, por provocación de uno de ellos, arbitrará las condiciones para la interconexión.
Art. 154. Las redes de telecomunicaciones podrán ser, secundariamente, utilizadas como soporte de servicio a ser prestado por otro, de interés colectivo o restringido.
Art. 155. Para desarrollar la competencia, las empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones de interés colectivo deberán, en los casos y condiciones fijados por la Agencia, hacer disponibles sus redes para otras operadoras de servicios de telecomunicaciones de interés colectivo.
Art. 156. Podrá ser prohibida la conexión de equipos terminales sin certificación, expedida o aceptada por la Agencia, en el caso de las redes referidas en el Art. 145 de esta Ley.
§ 1º Terminal de telecomunicaciones es el equipo o aparato que posibilita el acceso del usuario a servicio de telecomunicaciones, pudiendo incorporar nivel de transducción, estar incorporado a equipo destinado a ejercer otras funciones o, también, incorporar funciones secundarias.
§ 2º Certificación es el reconocimiento de la compatibilidad de las especificaciones de determinado producto con las características técnicas del servicio a que se destina.
DEL ESPECTRO Y DE LA ÓRBITA
Del Espectro de Radiofrecuencias
Art. 157. El espectro de radiofrecuencias es un recurso limitado, constituyéndose en bien público, administrado por la Agencia.
Art. 158. Observadas las atribuciones de bandas según tratados y acuerdos internacionales, la Agencia mantendrá plan con la atribución, distribución y destino de radiofrecuencias, y detalle necesario para el uso de las radiofrecuencias asociadas a los diversos servicios y actividades de telecomunicaciones, atendidas sus necesidades específicas y las de sus expansiones.
§ 1º El plan destinará bandas de radiofrecuencia para:
I - fines exclusivamente militares;
II - servicios de telecomunicaciones a ser prestados en régimen público y en régimen privado;
III - servicios de radiodifusión;
IV - servicios de emergencia y de seguridad pública;
V - otras actividades de telecomunicaciones.
§ 2º El destino de bandas de radiofrecuencia para fines exclusivamente militares será hecho en articulación con las Fuerzas Armadas.
Art. 159. En el destino de bandas de radiofrecuencia serán considerados el empleo racional y económico del espectro, así como las atribuciones, distribuciones y consignaciones existentes, buscando evitar interferencias perjudiciales.
Parágrafo único. Se considera interferencia prejudicial cualquier emisión, irradiación o inducción que obstruya, degrade seriamente o interrumpa repetidamente la telecomunicación.
Art. 160. La Agencia regulará la utilización eficiente y adecuada del espectro, pudiendo restringir el empleo de determinadas radiofrecuencias o bandas, considerado el interés público.
Parágrafo único. El uso de la radiofrecuencia será condicionado a su compatibilidad con la actividad o el servicio a ser prestado, particularmente en lo tocante a la potencia, a la banda de transmisión y a la técnica empleada.
Art. 161. En cualquier momento, podrá ser modificado el destino de radiofrecuencias o bandas, así como ordenada la alteración de potencias o de otras características técnicas, desde que el interés público o el cumplimiento de convenciones o tratados internacionales así lo determine.
Parágrafo único. Será fijado plazo adecuado y razonable para la realización del cambio
Art. 162. La operación de estación transmisora de radiocomunicación está sujeta a la licencia de funcionamiento previa y a la fiscalización permanente, en los términos de la reglamentación.
§ 1º Radiocomunicación es la telecomunicación que utiliza frecuencias radioeléctricas no confinadas a cables u otros medios físicos.
§ 2º Es prohibida la utilización de equipos emisores de radiofrecuencia sin certificación expedida o aceptada por la Agencia.
§ 3º La emisión o extinción de la licencia relativa a la estación de apoyo a la navegación marítima o aeronáutica, así como a la estación de radiocomunicación marítima o aeronáutica, dependerá de parecer favorable de los órganos competentes para la inspección de embarcaciones y aeronaves.
De la Autorización de Uso de Radiofrecuencia
Art. 163. El uso de radiofrecuencia, teniendo o no carácter de exclusividad, dependerá de previa otorgamiento de la Agencia, mediante autorización, en los términos de la reglamentación.
§ 1º Autorización de uso de radiofrecuencia es el acto administrativo vinculado, asociado a la concesión, permiso o autorización para prestación de servicio de telecomunicaciones, que atribuye al interesado, por plazo determinado, el derecho de uso de radiofrecuencia, en las condiciones legales y reglamentarias.
§ 2º No dependerán de otorgamiento:
I - el uso de radiofrecuencia por medio de equipos de radiación restringida definidos por la Agencia;
II - el uso, por las Fuerzas Armadas, de radiofrecuencias en las bandas destinadas a fines exclusivamente militares.
§ 3º La eficacia de la autorización de uso de radiofrecuencia dependerá de publicación de extracto en el Diario Oficial de la Unión.
Art. 164. Habiendo limitación técnica al uso de radiofrecuencia y ocurriendo el interés en su utilización, por parte de más de un interesado, para fines de expansión de servicio y, habiendo o no, concomitantemente, otros interesados en prestar la misma modalidad de servicio, se observará:
I - la autorización de uso de radiofrecuencia dependerá de licitación, en la forma y condiciones establecidas en los Arts. 88 a 90 de esta Ley y será siempre onerosa;
II - el vencedor de la licitación recibirá, según el caso, la autorización para uso de la radiofrecuencia, para fines de expansión del servicio, o la autorización para la prestación del servicio.
Art. 165. Para fines de verificación de la necesidad de apertura o no de la licitación prevista en el artículo anterior, se observará lo dispuesto en los Arts. 91 y 92 de esta Ley.
Art. 166. La autorización de uso de radiofrecuencia tendrá el mismo plazo de vigencia de la concesión o permiso de prestación de servicio de telecomunicaciones al cual esté vinculada.
Art. 167. En el caso de servicios autorizados, el plazo de vigencia será de hasta veinte años, prorrogable una única vez por igual período.
§ 1º La prorrogación, siempre onerosa, podrá ser requerida hasta tres años antes del vencimiento del plazo original, debiendo el requerimiento ser decidido en, como máximo, doce meses.
§ 2º El incumplimiento solamente ocurrirá si el interesado no estuviere haciendo uso racional y adecuado de la radiofrecuencia, si hubiere cometido infracciones reiteradas en sus actividades o si fuere necesaria la modificación de destino del uso de la radiofrecuencia.
Art. 168. Es intransferible la autorización de uso de radiofrecuencias sin la correspondiente transferencia de la concesión, permiso o autorización de prestación del servicio a ellas vinculada.
Art. 169. La autorización de uso de radiofrecuencias se extinguirá por el cumplimiento de su término final o en el caso de su transferencia irregular, así como por caducidad, renuncia o anulación de la autorización para prestación del servicio de telecomunicaciones que de ella se utiliza.
De la Órbita y de los Satélites
Art. 170. La Agencia dispondrá sobre los requisitos y criterios específicos para ejecución de servicio de telecomunicaciones que utilice satélite, geoestacionario o no, independientemente de que el acceso ocurra a partir del territorio nacional o del exterior.
Art. 171. Para la ejecución de servicio de telecomunicaciones vía satélite regulado por esta Ley, deberá ser dada preferencia al empleo de satélite brasileño, cuando este propicie condiciones equivalentes a las de terceros.
§ 1º El empleo de satélite extranjero solamente será admitido cuando su contratación fuere hecha con empresa constituida según las leyes brasileñas y con sede y administración en el País, en la condición de representante legal del operador extranjero.
§ 2º Satélite brasileño es el que utiliza recursos de órbita y espectro radioeléctrico notificados por el País, o a él distribuidos o consignados, y cuya estación de control y monitoreo sea instalada en el territorio brasileño.
Art. 172. El derecho de explotación de satélite brasileño para transporte de señales de telecomunicaciones asegura la ocupación de la órbita y el uso de las radiofrecuencias destinadas al control y monitoreo del satélite y a la telecomunicación vía satélite, por plazo de hasta quince años, pudiendo ese plazo ser prorrogado, una única vez, en los términos de la reglamentación.
§ 1º Inmediatamente después de un pedido para explotación de satélite que implique utilización de nuevos recursos de órbita o espectro, la Agencia evaluará las informaciones y, considerándolas en conformidad con la reglamentación, encaminará a la Unión Internacional de Telecomunicaciones la correspondiente notificación, sin que eso caracterice compromiso de otorgamiento al requirente.
§ 2º Si fuere inexigible la licitación, según lo dispuesto en los Arts. 91 y 92 de esta Ley, el derecho de explotación será conferido mediante proceso administrativo establecido por la Agencia.
§ 3º Habiendo necesidad de licitación, se observará el procedimiento establecido en los Arts. 88 a 90 de esta Ley, aplicándose, en lo que cupiere, lo dispuesto en este artículo.
§ 4º El derecho será conferido a título oneroso, pudiendo el pago, según dispusiere la Agencia, hacerse en la forma de cantidad determinada, en una o varias cuotas, así como de cuotas anuales o, complementariamente, de cesión de capacidad, según dispusiere la reglamentación.
Art. 173. La infracción de esta Ley o de las demás normas aplicables, así como la inobservancia de los deberes resultantes de los contratos de concesión o de los actos de permiso, autorización de servicio o autorización de uso de radiofrecuencia, sujetará los infractores a las siguientes sanciones, aplicables por la Agencia, sin perjuicio de las de naturaleza civil y penal:
V. Artículo 18 de la Ley nº 11.934, de 5 de mayo de 2009, que dispone sobre límites a la exposición humana a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos.
I - advertencia;
III - suspensión temporal;
IV - caducidad;
V - declaración de no idoneidad.
Art. 174. Toda acusación será considerada, permaneciendo en secreto hasta su completa investigación.
Art. 175. Ninguna sanción será aplicada sin la oportunidad de previa y amplia defensa.
Parágrafo único. Apenas medidas cautelares urgentes podrán ser tomadas antes de la defensa.
Art. 176. En la aplicación de sanciones, serán considerados la naturaleza y la gravedad de la infracción, los daños de ella resultantes para el servicio y para los usuarios, la ventaja obtenida por el infractor, las circunstancias agravantes, los antecedentes del infractor y la reincidencia específica.
Parágrafo único. Se entiende por reincidencia específica la repetición de falta de igual naturaleza después del recibimiento de notificación anterior.
Art. 177. En las infracciones practicadas por persona jurídica, también serán punidos con la sanción de multa sus administradores o controladores, cuando hubieren actuado de mala fe.
Art. 178. La existencia de sanción anterior será considerada como agravante en la aplicación de otra sanción.
Art. 179. La multa podrá ser impuesta aisladamente o en conjunto con otra sanción, no debiendo ser superior a R$ 50.000.000,00 (cincuenta millones de reales) para cada infracción cometida.
§ 1º En la aplicación de multa serán considerados la condición económica del infractor y el principio de la proporcionalidad entre la gravedad de la falta y la intensidad de la sanción.
§ 2º La imposición a operadora de servicio de telecomunicaciones, de multa resultante de infracción del orden económico, observará los límites previstos en la legislación específica.
Art. 180. La suspensión temporal será impuesta, en relación a la autorización de servicio o de uso de radiofrecuencia, en caso de infracción grave cuyas circunstancias no justifiquen el decreto de caducidad.
Parágrafo único. El plazo de la suspensión no será superior a treinta días.
Art. 181. La caducidad importará la extinción de concesión, permiso, autorización de servicio o autorización de uso de radiofrecuencia, en los casos previstos en esta Ley.
Art. 182. La declaración de no idoneidad será aplicada a quien haya practicado actos ilícitos buscando frustrar los objetivos de licitación.
Parágrafo único. El plazo de vigencia de la declaración de no idoneidad no será superior a cinco años.
Art. 183. Desarrollar clandestinamente actividades de telecomunicación:
Pena - detención de dos a cuatro años, aumentada de la mitad si hubiere daño a tercero, y multa de R$ 10.000,00 (diez mil reales).
Parágrafo único. Incurre en la misma pena quien, directa o indirectamente, concurriere para el crimen.
Art. 184. Son efectos de la condena penal transitada en juzgado:
I - hacer efectiva la obligación de indemnizar el daño causado por el crimen;
II - la pérdida, en favor de la Agencia, exceptuado el derecho del afectado o de terceros de buena fe, de los bienes empleados en la actividad clandestina, sin perjuicio de su aprensión cautelar.
Parágrafo único. Se considera clandestina la actividad desarrollada sin la competente concesión, permiso o autorización de servicio, de uso de radiofrecuencia y de explotación de satélite.
Art. 185. El crimen definido en esta Ley es de acción penal pública, no condicionada, cabiendo al Ministerio Público promoverla.
V. Artículo 129, II, de la Constitución Federal.
V. Artículos 100 a 106 del Código Penal.
DE LA REESTRUCTURACIÓN Y DE LA DESESTATIZACIÓN DE LAS EMPRESAS FEDERALES DE TELECOMUNICACIONES
Art. 186. La reestructuración y la desestatización de las empresas federales de telecomunicaciones tienen como objetivo conducir al cumplimiento de los deberes constantes del Art. 2º de esta Ley.
Art. 187. Queda el Poder Ejecutivo autorizado a promover la reestructuración y la desestatización de las siguientes empresas controladas, directa o indirectamente, por la Unión, y supervisadas por el Ministerio de Comunicaciones:
I - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS;
III - Telecomunicações do Maranhão S.A. - TELMA;
IV - Telecomunicações do Piauí S.A. - TELEPISA;
VI - Telecomunicações do Rio Grande do Norte S.A. - TELERN;
VII - Telecomunicações da Paraíba S.A. - TELPA;
VIII - Telecomunicações de Pernambuco S.A. - TELPE;
IX - Telecomunicações de Alagoas S.A. - TELASA;
X - Telecomunicações de Sergipe S.A. - TELERGIPE;
XI - Telecomunicações da Bahia S.A. - TELEBAHIA;
XII - Telecomunicações de Mato Grosso do Sul S.A. - TELEMS;
XIII - Telecomunicações de Mato Grosso S.A. - TELEMAT;
XIV - Telecomunicações de Goiás S.A. - TELEGOIÁS;
XV - Telecomunicações de Brasília S.A. - TELEBRASÍLIA;
XVI - Telecomunicações de Rondônia S.A. - TELERON;
XVII - Telecomunicações do Acre S.A. - TELEACRE;
XVIII - Telecomunicações de Roraima S.A. - TELAIMA;
XIX - Telecomunicações do Amapá S.A. - TELEAMAPÁ;
XX - Telecomunicações do Amazonas S.A. - TELAMAZON;
XXI - Telecomunicações do Pará S.A. - TELEPARÁ;
XXII - Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A. - TELERJ;
XXIII - Telecomunicações de Minas Gerais S.A. - TELEMIG;
XXIV - Telecomunicações do Espírito Santo S.A. - TELEST;
XXV - Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP;
XXVII - Telecomunicações do Paraná S.A. - TELEPAR;
XXVIII - Telecomunicações de Santa Catarina S.A. - TELESC;
XXIX - Companhia Telefônica Melhoramento e Resistência – CTMR
Parágrafo único. Se incluyen en la autorización a que se refiere el caput las empresas subsidiarias explotadoras del servicio móvil celular, constituidas en los términos del Art. 5º de la Ley nº 9.295, de 19 de julio de 1996.
Art. 188. La reestructuración y la desestatización deberán compatibilizar las áreas de actuación de las empresas con el plan general de otorgamientos, el cual deberá ser previamente editado, en la forma del Art. 84 de esta Ley, así como observar las restricciones, límites o condiciones establecidas con base en el Art. 71.
Art. 189. Para la reestructuración de las empresas enumeradas en el Art. 187, queda el Poder Ejecutivo autorizado a adoptar las siguientes medidas:
I - escisión, fusión e incorporación;
II - disolución de sociedad o desactivación parcial de sus emprendimientos;
III - reducción de capital social.
Art. 190. En la reestructuración y desestatización de la Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS deberán ser previstos mecanismos que aseguren la preservación de la capacidad de investigación y desarrollo tecnológico existente en la empresa.
Parágrafo único. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el caput, queda el Poder Ejecutivo autorizado a crear entidad, que incorporará el Centro de Investigación y Desarrollo de la TELEBRÁS, bajo una de las siguientes formas:
I - empresa estatal de economía mixta o no, inclusive por medio de la escisión a que se refiere el inciso I del artículo anterior;
II - fundación gubernamental, pública o privada.
Art. 191. La desestatización se caracteriza por la alienación onerosa de derechos que aseguran a la Unión, directa o indirectamente, preponderancia en las deliberaciones sociales y el poder de elegir la mayoría de los administradores de la sociedad, pudiendo ser realizada mediante el empleo de las siguientes modalidades operativas:
I - alienación de acciones;
II - cesión del derecho de preferencia a la suscripción de acciones en aumento de capital.
Parágrafo único. La desestatización no afectará las concesiones, permisos y autorizaciones detentadas por la empresa.
Art. 192. En la desestatización de las empresas a que se refiere el Art. 187, parte de las acciones podrá ser reservada a sus empleados y ex empleados jubilados, a precios y condiciones privilegiados, inclusive con la utilización del Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio - FGTS.
Art. 193. La desestatización de empresas o grupo de empresas citadas en el Art. 187 implicará la inmediata apertura a la competencia, en la respectiva área, de los servicios prestados en el régimen público.
Art. 194. Podrán ser objeto de alienación conjunta el control accionario de empresas operadoras de servicio telefónico fijo conmutado y el de empresas operadoras del servicio móvil celular.
Parágrafo único. Queda prohibido al nuevo controlador promover la incorporación o fusión de empresa operadora del servicio telefónico fijo conmutado con empresa operadora del servicio móvil celular.
Art. 195. El modelo de reestructuración y desestatización de las empresas enumeradas en el Art. 187, después de sometido a consulta pública, será aprobado por el Presidente de la República, quedando la coordinación y el acompañamiento de los actos y procedimientos resultantes a cargo de Comisión Especial de Supervisión, a ser instituida por el Ministro de Estado de Comunicaciones.
§ 1º La ejecución de procedimientos operativos necesarios para la desestatización podrá ser encargada, mediante contrato, la institución financiera integrante de la Administración Federal, de notoria experiencia en el asunto.
§ 2º La remuneración de la contratada será pagada con parte del valor líquido obtenido en las alienaciones.
Art. 196. En la reestructuración y en la desestatización podrán ser utilizados servicios especializados de terceros, contratados mediante procedimiento licitatorio de rito propio, en los términos siguientes:
I - el Ministerio de Comunicaciones mantendrá registro organizado por especialidad, abierto a empresas e instituciones nacionales o internacionales, de notoria especialización en el área de telecomunicaciones y en la evaluación y auditoría de empresas, en la planificación y ejecución de venta de bienes y valores inmobiliarios y en las cuestiones jurídicas relacionadas;
II - para inscripción en el registro, los interesados deberán atender los requisitos definidos por la Comisión Especial de Supervisión, con la aprobación del Ministro de Estado de Comunicaciones;
III - podrán participar en las licitaciones apenas los registrados, que serán convocados mediante carta, con la especificación de los servicios objeto del certamen;
IV - los convocados, aisladamente o en consorcio, presentarán sus propuestas en treinta días, contados de la convocación;
V - además de otros requisitos previstos en la convocación, las propuestas deberán contener el detalle de los servicios, la metodología de ejecución, la indicación del personal técnico a ser empleado y el precio pretendido;
VI - el juzgamiento de las propuestas será realizado por el criterio de técnica y precio;
VII - el contratado, bajo su exclusiva responsabilidad y con la aprobación del contratante, podrá subcontratar parcialmente los servicios objeto del contrato;
VIII - el contratado será obligado a aceptar, en las mismas condiciones contractuales, los incrementos o reducciones que se hicieren necesarios en los servicios, de hasta veinticinco por ciento del valor inicial del ajuste.
Art. 197. El proceso especial de desestatización obedecerá a los principios de legalidad, impersonalidad, moralidad y publicidad, pudiendo adoptar la forma de remate o competencia o, también, de venta de acciones en oferta pública, de acuerdo con lo establecido por la Comisión Especial de Supervisión.
Parágrafo único. El proceso podrá comportar una etapa de precalificación, quedando restringida a los calificados la participación en etapas subsecuentes.
Art. 198. El proceso especial de desestatización será iniciado con la publicación, en el Diario Oficial de la Unión y en diarios de gran circulación nacional, de avisos referentes al edicto, en el cual constarán, obligatoriamente:
I - las condiciones para calificación de los pretendientes;
II - las condiciones para aceptación de las propuestas;
III - los criterios de juzgamiento;
IV - minuta del contrato de concesión;
V - informaciones relativas a las empresas objeto del proceso, tales como su pasivo de corto y largo plazo y su situación económica y financiera, especificándose lucros, perjuicios y endeudamiento interno y externo, en el último ejercicio;
VI - sumario de los estudios de evaluación;
VII - criterio de fijación del valor mínimo de alienación, con base en los estudios de evaluación;
VIII - indicación, si fuere el caso, de que será creada, en el capital social de la empresa objeto de la desestatización, acción de clase especial, a ser suscripta por la Unión, y de los poderes especiales que le serán conferidos, los cuales deberán ser incorporados al estatuto social.
§ 1º El acceso a la integridad de los estudios de evaluación y a otras informaciones confidenciales podrá ser restringido a los calificados, que asumirán compromiso de confidencialidad.
§ 2º La alienación del control accionario, si es realizada mediante venta de acciones en oferta pública, dispensará la inclusión, en el edicto, de las informaciones relacionadas en los incisos I a III de este artículo.
Art. 199. Buscando la universalización de los servicios de telecomunicaciones, los edictos de desestatización deberán contener cláusulas de compromiso de expansión de la atención a la población, consonantes con lo dispuesto en el Art. 80.
Art. 200. Para calificación, será exigida de los pretendientes comprobación de capacidad técnica, económica y financiera, pudiendo también haber exigencias respecto a la experiencia en la prestación de servicios de telecomunicaciones, guardada siempre la necesaria compatibilidad con el tamaño de las empresas objeto del proceso.
Parágrafo único. Será admitida la participación de consorcios, en los términos del edicto.
Art. 201. Queda prohibida, en el transcurso del proceso de desestatización, la adquisición, por un mismo accionista o grupo de accionistas, del control, directo o indirecto, de empresas actuantes en áreas distintas del plan general de otorgamientos.
Art. 202. La transferencia del control accionario o de la concesión, después de la desestatización, solamente podrá efectuarse cuando haya transcurrido el plazo de cinco años, observado lo dispuesto en los incisos II y III del Art. 98 de esta Ley.
§ 1º Vencido el plazo referido en el caput, la transferencia de control o de concesión que resulte en el control, directo o indirecto, por un mismo accionista o grupo de accionistas, de concesionarias actuantes en áreas distintas del plan general de otorgamientos, no podrá ser efectuada mientras tal impedimento fuere considerado, por la Agencia, necesario para el cumplimiento del plan.
§ 2º La restricción a la transferencia de la concesión no se aplica cuando sea efectuada entre empresas actuantes en una misma área del plan general de otorgamientos.
Art. 203. Los precios de adquisición serán pagados exclusivamente en moneda corriente, admitida la división en cuotas, en los términos del edicto.
Art. 204. En hasta treinta días después del cierre de cada proceso de desestatización, la Comisión Especial de Supervisión publicará informe completo al respecto.
Art. 205. Entre las obligaciones de la institución financiera contratada para la ejecución de actos y procedimientos de la desestatización, podrá ser incluida la provisión de asistencia jurídica integral a los miembros de la Comisión Especial de Supervisión y a los demás responsables por la conducción de la desestatización, en la hipótesis de ser demandados por la práctica de actos resultantes del ejercicio de sus funciones.
Art. 206. Los administradores de las empresas sujetas a la desestatización son responsables por la provisión, en el plazo fijado por la Comisión Especial de Supervisión o por la institución financiera contratada, de las informaciones necesarias para la instrucción de los respectivos procesos.
Art. 207. En el plazo máximo de sesenta días a contar de la publicación de esta Ley, las actuales operadoras del servicio telefónico fijo conmutado destinado al uso del público en general, inclusive las referidas en el Art. 187 de esta Ley, así como del servicio de los troncos y sus conexiones internacionales, deberán pleitear la celebración de contrato de concesión, que será efectiva en hasta veinticuatro meses a contar de la publicación de esta Ley.
§ 1º La concesión, cuyo objeto será determinado en función del plan general de otorgamientos, será hecha a título gratuito, con término final fijado para el día 31 de diciembre de 2005, asegurado el derecho a la prorrogación única por veinte años, a título oneroso, desde que sea observado lo dispuesto en el Título II del Libro III de esta Ley.
§ 2º A la operadora que no atienda lo dispuesto en el caput de este artículo se aplicarán las siguientes disposiciones:
I - si fuere concesionaria, continuará sujeta al contrato de concesión actualmente en vigor, el cual no podrá ser transferido o prorrogado;
II - si no fuere concesionaria, su derecho a la explotación del servicio se extinguirá el 31 de diciembre de 1999.
§ 3º En relación a los demás servicios prestados por las entidades a que se refiere el caput, serán expedidas las respectivas autorizaciones o, si fuere el caso, concesiones, observado lo dispuesto en este artículo, en lo que cupiere, y en el Art. 208 de esta Ley.
Art. 208. Las concesiones de las empresas operadoras de servicio móvil celular abarcadas por el Art. 4º de la Ley nº 9.295, de 19 de julio de 1996, serán otorgadas en la forma y condiciones determinadas por el referido artículo y su parágrafo único.
Art. 209. Quedan autorizadas las transferencias de concesión, parciales o totales, que fueren necesarias para compatibilizar las áreas de actuación de las actuales operadoras con el plan general de otorgamientos.
Art. 210. Las concesiones, permisos y autorizaciones de servicio de telecomunicaciones y de uso de radiofrecuencia y las respectivas licitaciones se rigen exclusivamente por esta Ley, no aplicándose a ellas las Leyes nº 8.666, de 21 de junio de 1993, nº 8.987, de 13 de febrero de 1995, nº 9.074, de 7 de julio de l995, y sus alteraciones.
Art. 211. El otorgamiento de los servicios de radiodifusión sonora y de sonidos e imágenes queda excluido de la jurisdicción de la Agencia, permaneciendo en el ámbito de competencias del Poder Ejecutivo, debiendo la Agencia elaborar y mantener los respectivos planes de distribución de canales, teniendo en cuenta, inclusive, los aspectos concernientes a la evolución tecnológica.
Parágrafo único. Cabrá a la Agencia la fiscalización, respecto a los aspectos técnicos, de las respectivas estaciones.
Art. 212. El servicio de TV por cable, inclusive respecto a los actos, condiciones y procedimientos de otorgamiento, continuará regido por la Ley nº 8.977, de 6 de enero de 1995, quedando transferidas a la Agencia las competencias atribuidas por la referida Ley al Poder Ejecutivo.
Art. 213. Será libre a cualquier interesado la divulgación, por cualquier medio, de listas de abonados del servicio telefónico fijo conmutado destinado al uso del público en general.
§ 1º Observado lo dispuesto en los incisos VI y IX del Art. 3º de esta Ley, las operadoras del servicio serán obligadas a proveer, en plazos y a precios razonables y de forma no discriminatoria, la relación de sus abonados a quien quiera divulgarla.
§ 2º Es obligatoria y gratuita la provisión, por la operadora, de listas telefónicas a los abonados de los servicios, directamente o por medio de terceros, en los términos en que dispusiere la Agencia.
Art. 214. En la aplicación de esta Ley, serán observadas las siguientes disposiciones:
I - los reglamentos, normas y demás reglas en vigor serán gradualmente substituidos por reglamentación a ser editada por la Agencia, en cumplimiento de esta Ley;
V. Decreto nº 3.896, de 23-8-2001, que dispone sobre la tutela de los servicios de telecomunicaciones.
II - mientras no fuere editada la nueva reglamentación, las concesiones, permisos y autorizaciones continuarán regidas por los actuales reglamentos, normas y reglas; (vide Decreto nº 3.896, de 23.8.2001)
III - hasta la edición de la reglamentación resultante de esta Ley, continuarán regidos por la Ley nº 9.295, de 19 de julio de 1996, los servicios por ella disciplinados y los respectivos actos y procedimientos de otorgamiento;
IV - las concesiones, permisos y autorizaciones hechas anteriormente a esta Ley, no reguladas en su Art. 207, permanecerán válidas por los plazos en ellas previstos;
V - con la aquiescencia del interesado, podrá ser realizada la adaptación de los instrumentos de concesión, permiso y autorización a que se refieren los incisos III y IV de este artículo a los preceptos de esta Ley;
VI - la renovación o prorrogación, cuando fuere prevista en los actos a que se refieren los incisos III y IV de este artículo, solamente podrá ser hecha cuando hubiere habido la adaptación prevista en el inciso anterior.
Art. 215. Quedan revocados:
I - la Ley nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, salvo respecto a la materia penal no tratada en esta Ley y a los preceptos relativos a la radiodifusión;
II - la Ley nº 6.874, de 3 de diciembre de 1980;
III - la Ley nº 8.367, de 30 de diciembre de 1991;
IV - los Arts. 1º, 2º, 3º, 7º, 9º, 10, 12 y 14, así como el caput y los §§ 1º y 4º del Art. 8º, de la Ley nº 9.295, de 19 de julio de 1996;
V - el inciso I del Art. 16 de la Ley nº 8.029, de 12 de abril de 1990.
Art. 216. Esta Ley entra en vigor en la fecha de su publicación.
Brasilia, 16 de julio de 1997; 176º de la Independencia y 109º de la República.
CUADRO DEMONSTRATIVO DE POSICIONES DE LIBRE DESIGNACIÓN DEL GRUPO-DE GESTIÓN E ASESORAMIENTO SUPERIORES - DAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
(Revocado por el Art. 39 de la Ley nº 9.986, de 18 de julio de 2000)
DENOMINACIÓN/POSICIÓN
CÓDIGO/NE/DAS
ABOGADO OFICIAL
GERENTE DE OFICINA REGIONAL
GERENTE DE UNIDAD OPERACIONAL
JEFE DE DIVISIÓN DE OPERACIONES
JEFE DE SERVICIO DE OPERACIONES
CUADRO DEMONSTRATIVO DE FUNCIONES COMISIONADAS DE TELECOMUNICACIONES – FCT DE LA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CÓDIGO/FCT
FCT IV
FCT III
FCT II
FCT I
TABLA DE VALORES DE LA TASA DE FISCALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN POR ESTACIÓN (EN R$)
(ANEXO I DE LA LEY Nº 5.070, DE 7 DE JULIO DE 1966 - Véase Art. 52 de esta Ley)
(Tabla alterada por la Ley nº 9.691, de 22 de julio de 1998)
VALOR DE LA TFI (R$)
1- Servicio Móvil Celular
2- Servicio Telefónico Público Móvil Rodoviario/Teléfono de auxilio en carretera
3- Servicio Radiotelefónico Público
a) hasta 12 canales
b) más de 12 hasta 60 canales
c) más de 60 hasta 300 canales
d) más de 300 hasta 900 canales
e) superior a 900 canales
4- Servicio de Radiocomunicación Aeronáutica Público - Restricto
5- Servicio Limitado Privado
c) fija
6- Servicio Limitado Móvil Especializado
a) base en área de hasta 300.000 habitantes
b) base en área con más de 300.000 habitantes hasta 700.000 habitantes
c) base superior a 700.000 habitantes
7- Servicio Limitado de Fibras Ópticas
8- Servicio Limitado Móvil Privativo
9- Servicio Limitado Privado de Radiollamada
10- Servicio Limitado de Radio en carreteras
11- Servicio Limitado Móvil Aeronáutico
12- Servicio Limitado Móvil Marítimo
b) portuario
13- Servicio Especial para fines Científicos o Experimentales
14- Servicio Especial de Radio Recado
15- Servicio Especial de Radiollamada
b) base en área con más de 300.000 hasta 700.000 habitantes
16- Servicio Especial de Frecuencia Estándar
17- Servicio Especial de Señales Horarios
18- Servicio Especial de Radiodeterminación
19- Servicio Especial de Supervisión y Control
b) fija
20- Servicio Especial de Radioautocine
21- Servicio Especial de Boletines Metereológicos
22- Servicio Especial de Televisión de pago
23- Servicio Especial de Canal Secundario de Radiofusión de Sonidos e Imágenes
24- Servicio Especial de Música Funcional
25- Servicio Especial de Canal Secundario de Emisora de FM
26- Servicio Especial de Repetición por Televisión
27- Servicio Especial de Repetición de Señales de TV vía Satélite
28- Servicio Especial de Retransmisión de Televisión
29- Servicio Mantenido con Satélite
a) terminal de sistema de comunicación global por satélite
b) estación terrena de pequeño porte con capacidad de transmisión y diámetro de antena inferior a 2,4m, controlada por estación central
c) estación terrena central controladora de aplicaciones de redes de datos y otras
d) estación terrena de gran porte con capacidad de transmisión, utilizada para señales de audio, video, datos o telefonía y otras aplicaciones, con diámetro de antena superior a 4,5m
e) estación terrena móvil con capacidad de transmisión
f) estación espacial geoestacionaria (por satélite)
g) estación espacial no-geoestacionaria (por sistema)
30- Servicio de Distribución de Señales Multipunto Multicanal
31- Servicio Radio Acceso
32- Servicio de Radiotaxi
33- Servicio de Radioaficionado
34- Servicio Radio del Ciudadano
c) móvill
35- Servicio de Televisión por cable
36- Servicio de Distribución de Señales de TV por Medios Físicos
37- Servicio de Televisión en Circuito Cerrado
38- Radiodifusión Sonora en Ondas Medias
a) potencia de 0,25 a 1 kW
b) potencia de más de 1 hasta 5 kW
c) potencia de más de 5 hasta 10 kW
d) potencia de más de 10 hasta 25 kW
e) potencia de más de 25 hasta 50 kW
f) potencia de más de 50 hasta 100 kW
g) potencia superior a 100 kW
39- Servicio de Radiodifusión Sonora en Ondas Cortas
40- Servicio de Radiodifusión en Ondas Tropicales
41- Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada
a) comunitaria
b) clase C
c) clase B2
d) clase B1
e) clase A4
f) clase A3
g) clase A2
h) clase A1
i) clase E3
j) clase E2
l) clase E1
42- Servicio de Radiodifusión de Sonidos e Imágenes
a) estaciones instaladas en las ciudades con población hasta 500.000 habitantes
b) estaciones instaladas en las cidades con población entre 500.001 y 1.000.000 de habitantes
c) estaciones instaladas en las ciudades con población entre 1.000.001 y 2.000.000 de habitantes
d) estaciones instaladas en las ciudades con población entre 2.000.001 y 3.000.000 de habitantes
e) estaciones instaladas en las ciudades con poblacion entre 3.000.001 y 4.000.000 de habitantes
f) estaciones instaladas en las ciudades con población entre 4.000.001 y 5.000.000 de habitantes
g) estaciones instaladas en las ciudades con población con más de 5.000.000 de habitantes
43- Servicio Auxiliar de Radiodifusión y Correlatos – Conexión para Transmisión de Programas, Reportaje Externo, Comunicación de Órdenes, Telecontrol, Telemando y otros.
43.1- Radiodifusión Sonora
43.2- Televisión
43.3- Televisión de pago
44- Servicio Telefónico Fijo Conmutado (STFC)
a) hasta 200 terminales
b) de 201 a 500 terminales
c) de 501 a 2.000 terminales
d) de 2.001 a 4.000 terminales
e) de 4.001 a 20.000 terminales
f) superior a 20.000 terminales
45- Servicio de Comunicación de Datos Conmutado
46- Servicio de Conmutación de Textos
47- Servicio de Distribución de Señales de Televisión y de Audio por Suscripción vía Satélite (DTH)
a) base con capacidad de cobertura nacional
b) estación terrena de gran porte con capacidad para transmisión de señales de televisión o de audio, bien como de ambos
registrado em: Leyes
Assunto(s): LGT ,	Ley General de Telecomunicaciones ,	Ley 9.472 ,	Ley 9.472/1997 ,	Reglamento de Anatel ,	Decreto 2.338 ,	Decreto 2.338/1997 ,	Anatel

References: Artículo 14
 Artículo 10
 Artículo 119
 Artículo 117
 Artículo 114
 Artículo 129
 Artículo 156
 Artículo 18
 Artículo 129