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Timestamp: 2017-12-13 18:51:40+00:00

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Sentencia A.P. Palma de Mallorca 124/2010, de 11 de marzo. Delito contra los derechos de los trabajadores. Dolo. Exposiciones gaseosas - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Palma de Mallorca 124/2010, de 11 de marzo
Delito contra los derechos de los trabajadores: Delito doloso. Inhabilitación especial para la gerencia o dirección de hospitales o instituciones sanitarias públicas o privadas de los acusados. Riesgo de los trabajadores que están expuestos a fugas de gas y concentraciones de óxido de etileno que es una sustancia cancerígena. Deficiencias en su funcionamiento.
En la ciudad de Palma de Mallorca, a once de marzo de febrero de 2010.
VISTO ante esta Audiencia Provincial en trámite de apelación el proceso penal Rollo de Sala núm. 207/2009 dimanante de los autos núm. 379/08 del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Palma, seguido por delito contra los derechos de los trabajadores, al haberse interpuesto recurso por el Ministerio Fiscal y por el Procurador D. Miguel Arbona Serra, actuando en nombre y representación de Jesús Ángel y Belarmino, con la oposición recíproca de ambas partes y, actuando en nombre y representación de la Federación de Servicios Públicos, integrada en la Unión General de Trabajadores, del Procurador D. Juan Francisco Cerdà Bestard, que se ha adherido al recurso presentado por el Ministerio Fiscal.
Ha sido Ponente para este trámite el Ilmo. Sr. Don EDUARDO RAMÓN RIBAS.
Primero.- Con fecha 26 de marzo de 2009, por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Palma, se dictó sentencia cuyo fallo dice literalmente:
"Que debo condenar y condeno a Jesús Ángel y a Belarmino como autores responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad imprudente a las penas de: tres meses de prisión con la accesoria para Jesús Ángel de inhabilitación especial para la gerencia o dirección de hospitales o instituciones sanitarias públicos o privados durante el tiempo de la condena, y para Belarmino de inhabilitación especial para la jefatura de mantenimiento de hospitales o instituciones sanitarias públicos o privados durante el tiempo de la condena; y multa de tres meses a razón de una cuota diaria de 30 euros para Jesús Ángel y de 20 euros para Belarmino, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas".
Segundo.- Contra la misma se interpuso recurso de apelación por la parte que se menciona en el encabezamiento de la presente, que fue tramitado tal y como prescribe el art. 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Sometido el conocimiento pleno de lo actuado a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, procede declarar como hechos probados los de la sentencia recurrida.
Primero.- Se aceptan, e incorporan a la presente, en lo esencial, los de la sentencia recurrida, si bien se estima, como se verá, que el comportamiento objetivamente observado se realizó con dolo.
Segundo.- En el escrito de apelación presentado por el Ministerio Fiscal se alega la indebida aplicación del artículo 317 del Código Penal por igualmente indebida inaplicación del artículo 318 del mismo texto legal, al considerarse que el comportamiento de los acusados fue realizado dolosamente.
En el escrito de apelación presentado por la representación de Jesús Ángel y Belarmino se hacen distintas alegaciones que, acto seguido, analizamos.
En primer término, y en relación con el acusado Jesús Ángel, se alega lo siguiente:
.- Se denuncia, en primer lugar, la existencia de diversas omisiones apreciables en la narración de hechos probados.
.- Se denuncia, también, que el comportamiento de aquél es atípico, y ello por dos razones: por ausencia del elemento objetivo peligro grave concreto para la vida, salud o integridad de los trabajadores y por inexistencia igualmente del elemento omisión de medidas de seguridad.
.- Se afirma, en tercer lugar, que no concurre el elemento subjetivo del tipo
.- En cuarto término se niega la incapacidad de aquél para ser autor
.- Finalmente se denuncia la incoherente postura del Ministerio Fiscal al referirse a diversas peticiones de sobreseimiento
.- Omisiones en la narración de los hechos
Como subraya el Ministerio Fiscal en su escrito de impugnación del recurso de apelación, Ferconsa, según se deriva del contrato de mantenimiento, del informe obrante en el folio 814 y de la ratificación en el acto de juicio oral sobre la actuación de dicha entidad con relación a las anomalías detectadas, se limitaba única y exclusivamente a realizar un mantenimiento que cabe denominar básico o elemental, ajeno a la realización de reparaciones de entidad y, en concreto, de las anomalías objeto de enjuiciamiento. Por otra parte, y como se destaca en el escrito de impugnación presentado por el Procurador D. Juan Francisco Cerdà Bestard, ni la entidad FERCONSA ni sus responsables ni, añadimos, sus empleados, fueron juzgados en el presente caso. Por otra parte, sí se hace referencia en la sentencia a las medidas adoptadas por el hospital, si bien son consideradas insuficientes para neutralizar el peligro generado. En fin, en relación ahora a la falta de fijación del valor límite permitido de exposición diaria a OE, por encima del cual cabría responsabilidad penal, asiste la razón al Ministerio Fiscal cuando afirma que dicha expresión no resulta procedente en este caso, pues los estudios científicos reflejaron que no cabe afirmar que existan valores de exposición por debajo de los cuales no exista riesgo, siendo mayor éste cuanto mayor sea la exposición. La concentración de dicha sustancia y la exposición, mayor o menor en el tiempo, de los trabajadores a ella debe ser tan baja como sea posible y, si lo fuere, de valor cero, valor conseguido finalmente.
.- Atipicidad del comportamiento atribuido a Jesús Ángel.
Dicha afirmación se sostiene, en parte, sobre la base anteriormente alegada, no compartida ni por el juzgador de instancia ni por esta Sala. Se alega, concretamente, que no se produjo un peligro grave para la vida, salud e integridad física de los trabajadores.
Dicho elemento típico, a diferencia de lo alegado por la apelante, sí es referido en la sentencia recurrida, resultando suficiente, a estos efectos, referirse, por ejemplo, a lo expresado en el relato de hechos probados cuando se hace referencia a la existencia de una alarma con umbral desconocido, "con el consiguiente riesgo para las personas que accedían a la sala al quedar expuestas a concentraciones desconocidas de óxido de etileno", considerado un agente cancerígeno. Este riesgo no puede ser considerado meramente abstracto, pues durante largo tiempo fueron numerosos los trabajadores expuestos a las fugas existentes y en relación con las cuales las medidas adoptadas eran insuficientes. Al margen de sucesos puntuales, es preciso insistir en la permanente exposición de los trabajadores a las fugas y exposiciones del gas referido, por lo que el peligro no puede considerarse, como decíamos, meramente abstracto. Esta caracterización hace referencia a la peligrosidad de la conducta en sí misma contemplada, mientras la de peligro concreto se refiere a la entrada del bien jurídico en el radio de acción de dicho peligro, lo cual sin duda sucedió en el caso que nos ocupa. Si, además, dicho peligro aún resultó más próximo en determinadas ocasiones ello no impide afirmar que era igualmente concreto el antes referido.
Por otra parte, el tipo penal, ciertamente, exige que el peligro sea grave, pero no exige que sea, además, concreto, circunstancia ésta referida explícitamente en otros tipo penales (v.g., el delito de conducción con temeridad manifiesta).
En fin, aún en relación con la creación del peligro exigido por el tipo, debemos remitirnos a los fundamentos tercero, cuarto y quinto de la sentencia. En el escrito de apelación se subrayan los datos de interés para la defensa, pero una lectura completa y detenida de la sentencia sí permite adivinar, conjuntando hechos probados y fundamentos, la existencia de peligro. Quizá sea aconsejable resaltar, de todos modos, las conclusiones alcanzadas por la Inspectora de Trabajo Andrea, que entendió que subsistían fugas incontroladas que suponían un riesgo grave e inminente para la salud: grave por el tipo de consecuencias (cancerígenas y mutagénicas) e inminente en el sentido de probable en el futuro.
En el fundamento sexto de la sentencia recurrida se concluye que "ha quedado demostrado que entre abril de 1998 y febrero de 2000 existieron deficiencias en el funcionamiento del autoenclave de esterilización de óxido de etileno, consistentes en fugas de OE durante la fase final del ciclo de esterilización y durante el cambio de botella; así como que de tales deficiencias se advirtió sucesiva y reiteradamente y tuvieron cumplido conocimiento los acusados, según ellos mismos reconocieron en el acto del juicio". En el mismo fundamento, antepenúltimo párrafo, y tras razonar que las medidas adoptadas no sólo fueron insuficientes, sino que no agotaron el deber de diligencia de los acusados, se afirma que "con dicha conducta infractora se estima que los acusados pusieron en peligro grave la salud de los trabajadores; grave peligro derivado de la circunstancia anunciada de que el óxido de etileno es sustancia carcinogénica de segunda categoría y mutagénica para el hombre, siendo que los conocimientos científicos o criterios médicos actuales no permiten identificar valores de exposición por debajo de los cuales no exista riesgo de que los agentes mutágenos y la mayoría de cancerígenos produzcan sus efectos característicos sobre la salud, de manera que cualquier exposición a esta sustancia entraña riesgo".
.- Ausencia del elemento subjetivo del injusto
Dada la condena por el delito previsto y penado en el artículo 317, la defensa de Jesús Ángel intenta justificar la ausencia del elemento subjetivo de dicho tipo, esto es, de la imprudencia grave por él requerida, alegando, en concreto, que ni siquiera existió una imprudencia de tipo leve. Se refieren, por ello, un conjunto de medidas adoptadas a fin de asegurar la prevención de riesgos laborales.
Esta Sala no duda de que, en efecto, durante el tiempo en que el acusado fue Director del Hospital se adoptaron multitud de medidas con el fin referido, siempre en cumplimiento de la normativa correspondiente. Sin embargo, lo que se discutía en el presente caso no era si, en general, se había actuado correctamente, sino si se había hecho en relación con un supuesto muy concreto, lo cual, según hemos visto, no fue así. Probada la existencia del tipo objetivo de los artículos 316 y 317, sólo resta examinar si dicho comportamiento fue imprudente, lo cual es negado por la defensa, o doloso, circunstancia ésta pretendida por el Ministerio Fiscal.
En la sentencia recurrida, precisamente tras las palabras del fundamento sexto antes transcritas, se atribuye a los acusados un comportamiento imprudente: "y en relación al último de los elementos del tipo, el elemento subjetivo, se entiende que los acusados con tal conducta infringieron gravemente el deber de cuidado que les era exigible en tanto garantes de la seguridad y salud de los trabajadores, por falta de adopción de todas las medidas de seguridad a su alcance, de modo que tuvieron la posibilidad de evitar la situación de riesgo grave y no lo hicieron. Es decir, pese a conocer la subsistencia de fugas así como la naturaleza, las características y efectos sobre la salud del OE, así como su obligación de proporcionar a los trabajadores condiciones de trabajo seguras y libres de cualquier riesgo, y pese a las reiteradas advertencias realizadas en ese sentido, se conformaron con las insuficientes medidas antes descritas durante un lapso de tiempo en exceso dilatado -casi dos años- hasta la paralización cautelar del autoenclave por la Inspección de Trabajo, pese a existir tecnología adecuada en tal fecha para esterilizar con OE sin fugas a mitad del ciclo y, por tanto, sin exposición de riesgo a los trabajadores". "Consiguientemente", sigue la sentencia, "procede calificar la conducta de los acusados como constitutiva de un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad imprudente -por imprudencia grave- prevista en el artículo 317 CP ".
A nuestro juicio hierra la juzgadora de instancia al calificar como imprudente el comportamiento, especialmente atendiendo a lo explicado en la propia sentencia. En efecto, el comportamiento de los acusados, contemplado desde la perspectiva del resultado cuyo peligro se generó, debe ser adjetivado como imprudente; pero no si la mirada se detiene en la omisión cometida y en el peligro con ella generado. El tipo objetivo de los artículos 316 y 317 requiere una infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, explicada en la sentencia, consistente, en concreto, en la no facilitación de los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas; debiendo resultar de todo ello peligro grave para su vida, salud o integridad física. Tanto el comportamiento del artículo 316 como el del 317 son, sin duda, imprudentes, e insistimos en ello, desde la perspectiva del previsible resultado; pero una contemplación atenta únicamente al peligro evidencia que el dolo aligera su contenido sensiblemente respecto a los tipos de resultado. Afirmar que la conducta, desde dicha perspectiva, es dolosa, requiere probar que los acusados conocían la infracción de las normas de prevención en la medida en que no facilitaban los medios adecuados para trabajar en condiciones de seguridad así como el peligro que ello implicaba. La confianza, sin fundamento, en que no sucedería nada malo, en que dicho peligro no se transformaría en resultado, no impide afirmar que el comportamiento ha sido doloso...aunque sí permitiría imputar un eventual resultado a título de imprudencia. El tipo doloso de un delito de peligro que encierra la tipificación de una conducta materialmente imprudente equivale a la imprudencia consciente propia de un delito de resultado, por lo que, repetimos, el conocimiento del peligro generado, aún con la confianza de que nada malo sucederá, debe calificarse como doloso.
Y esto es precisamente lo que, atendiendo a lo sostenido en la sentencia, sucedió, como defiende el Ministerio Fiscal, en el presente caso. En efecto, no otra debe ser la conclusión cuando se parte de la siguiente base: se conocían la subsistencia de fugas así como la naturaleza, las características y efectos sobre la salud del OE; la obligación de proporcionar a los trabajadores condiciones de trabajo seguras y libres de cualquier riesgo, las reiteradas advertencias realizadas en ese sentido y la no adecuación de las medidas adoptadas para reducir o eliminar el peligro producido.
.- Incapacidad de Jesús Ángel para ser autor del delito.
Se alega, al respecto, que dada la división de competencia existente en un centro organizado como el hospital, su director no debió ser condenado. Evidentemente, dada la incapacidad actual de las personas jurídicas para ser consideradas responsables del delito, la determinación de sujetos penalmente responsables debe circunscribirse a personas físicas concretamente identificadas, lo cual sucedió en el presente caso. Jesús Ángel era el máximo responsable del centro y tenía conocimiento de los riesgos existentes.
.- La posición del fiscal, el cual realizó diversas peticiones de sobreseimiento
No necesita comentario esta alegación: el Ministerio Fiscal, a la vista de la instrucción, modificó el sentido de sus conclusiones.
.- El principio de proporcionalidad y el principio de intervención mínima
Se afirma que supuestos similares han sido remitidos, por otros tribunales, a la jurisdicción laboral. A este respecto debemos subrayar el ámbito de aplicación propio del principio de intervención mínima, mandado de naturaleza constitucional dirigido fundamentalmente al legislador, al que se prohíbe adoptar medidas penales cuando los hechos no son suficientemente graves o, aún siéndolo, existen otros recurso defensivos menos severos. Sin embargo, dicho juicio de gravedad y necesidad los realiza el propio legislador, el cual, sí decide tipificar es porque estimó grave el hecho y necesaria la intervención penal, adoptando una decisión vinculante para los aplicadores del derecho: si el hecho es penalmente típico debe ser esta calificación la que prevalezca.
En segundo término, y en relación ahora con el acusado Belarmino, se remite el escrito de apelación a las alegaciones anteriores, si bien, intentando disculpar al otro acusado, se deja recaer toda la responsabilidad en éste al afirmar que tenía la plena responsabilidad del funcionamiento del equipo.
Tercero.- En el ámbito de determinación de la pena nos remitimos a lo establecido en la sentencia recurrida, en la que se estima que dada la inexistencia de circunstancias que aconsejen imponer la pena en mayor extensión, se estima procedente imponerla en su límite inferior.
Cuarto.- El recurso presentado por el Procurador D. Miguel Arbona Serra, actuando en nombre y representación de Jesús Ángel y Belarmino, debe ser desestimado. El recurso del Ministerio Fiscal debe ser parcialmente estimado, revocándose la sentencia recurrida en cuanto resulte afectada por la presente.
En atención a todo lo expuesto la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca
H A D E C I D I D O
Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Miguel Arbona Serra, actuando en nombre y representación de Jesús Ángel y Belarmino, contra la sentencia núm. 127/2009, de 26 de marzo, dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Palma en el Juicio Oral 379/2008, dimanante del Procedimiento Abreviado núm. 2005/2000.
Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sentencia núm. 127/2009, de 26 de marzo, dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Palma en el Juicio Oral 379/2008, dimanante del Procedimiento Abreviado núm. 2005/2000, y, en consecuencia, revocar dicha sentencia en la medida en que resulte afectada por la presente, y condenar a Jesús Ángel y a Belarmino a la pena, como autores responsables de un delito doloso contra los derechos de los trabajadores, previsto y penado en el artículo 316 del Código Penal, a la pena de 6 meses de prisión con las accesorias siguientes:
.- para Jesús Ángel, de inhabilitación especial para la gerencia o dirección de hospitales o instituciones sanitarias públicas o privadas durante el tiempo de la condena
.- y para Belarmino, de inhabilitación especial para la jefatura de mantenimiento de hospitales o instituciones sanitarias públicas o privadas durante el tiempo de la condena
Asimismo se condena a Jesús Ángel a la pena de multa de seis meses a razón de una cuota diaria de 30 euros y de 20 euros para Belarmino, con responsabilidad personal subsidiaria en ambos casos de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.
Notifíquese a las partes la presente resolución en la forma prevenida en la Ley Orgánica del Poder Judicial; y con certificación literal de la misma remítanse las actuaciones originales al Juzgado de lo Penal núm. 1 de Palma a los efectos procedentes, interesando acuse de recibo.
Así por ésta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio al rollo de apelación definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Publicación.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Ilmo. Sr. D. EDUARDO RAMÓN RIBAS, constituido en Audiencia Pública en la Sala Audiencia de esta Sección.

References: artículo 317
 artículo 318
 artículo 317
 artículo 317
 artículo 316
 artículo 316
 resolución