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Timestamp: 2019-11-19 21:31:47+00:00

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27 agosto, 2019 - Empresas
El sistema tributario español está encuadrado legalmente por la Constitución Española, La Ley General Tributaria, la Ley general presupuestaria, las Leyes reguladoras de los tributos y los Reglamentos que desarrollan las leyes tributarias. Su actual estructura procede de la reforma impulsada en 1977 para renovar el sistema fiscal español y prepararlo para su entrada en Europa. Está sustentado por los principios de igualdad y generalidad, de capacidad económica, de progresividad, de no confiscación y de legalidad. Estas aportaciones son obligatorias y están fijadas por ley.
El sistema fiscal se basa en diversas circunstancias (renta, patrimonio, consumo, etc.) para estimar el tipo de aportación a las arcas públicas de cada contribuyente, obedeciendo a principios de igualdad y capacidad económica.
El derecho tributario es la rama del derecho que se encarga del estudio de los tributos en un país, para lo cual se facultan abogados en esta especialidad para darles asesoría a todos los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias.
Los tributos: tasas, contribuciones e impuestos
Un tributo es, tal como define la Ley General Tributaria en el artículo 2, una aportación económica a la que los ciudadanos están obligados por ley ya que sustenta los ingresos del estado y garantiza el funcionamiento del sistema público de servicios de uso general
Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos. (Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, art. 2.
En España, se conocen tres tipos de tributos:
Las tasas: corresponde a los pagos que realizan los ciudadanos hacen uso de un determinado servicio prestado por el estado, como es el pago de un vado permanente de aparcamiento o la renovación del DNI.
Contribuciones especiales: tienen su origen en la recepción de un beneficio o un valor añadido por parte del ciudadano, como podría ser el aumento del valor de una finca por una reforma urbanística adyacente. En este caso, el ingreso que realiza el propietario de esta finca debe servir para compensar los gastos ocasionados por la renovación.
Los impuestos: están definidos por la ley tributaria como el pago sin contraprestación que realiza el ciudadano como prueba de que puede contribuir a la administración pública por motivo de una capacidad económica resultante de negocios, propiedades o del trabajo (art. 2.2. C de la Ley General Tributaria).
Toda persona que genere ganancias suficientes para contribuir a la hacienda pública está obligada a hacerlo y lo hace en función de unos hechos que demuestran su capacidad económica. Los “hechos imponibles” son los que generan precisamente el impuesto: la obtención de un salario constituye un hecho imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la percepción de bienes por herencia, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, por ejemplo.
La capacidad económica o de pago es un principio fundamental del sistema fiscal: a mayor capacidad de pago, mayor capacidad de aportación a las arcas públicas. La capacidad económica de cada ciudadano se expresa de varias formas, principalmente a través de sus posesiones (patrimonio), de los ingresos que recibe (renta) o de lo que consume, y es por ello que los distintos tipos de impuestos recaen sobre alguna de estas tres expresiones de la capacidad de pago de las personas.
Los impuestos se clasifican de diferentes formas, pues se consigue la clasificación por ejemplo de: personales y reales, subjetivos y objetivos, periódicos o instantáneos, y directos e indirectos.
Los impuestos directos e indirectos se basan en su forma de gravar la capacidad económica del contribuyente, y es la más utilizada.
Por otro lado existen los impuestos locales exigidos por los Ayuntamientos, y Diputaciones Provinciales que son, los impuestos sobre los bienes inmuebles, sobre actividades económicas, vehículos, y aquellos establecidos por las Comunidades Autónomas.
Los impuestos directos corresponden a:
Y son aquellos que por su naturaleza, se aplican sobre una manifestación inmediata o directa de la capacidad de pago, como por ejemplo el impuesto al patrimonio o la obtención de una renta, se trata de gravar la riqueza que se posee en un momento determinado.
Los impuestos indirectos grava el consumo de bienes y servicios y las transmisiones de bienes y derechos en general
¿Cuáles son los tributos obligatorios para las pequeñas y medianas empresas y los profesionales autónomos?
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF):
El IRPF se encuentra regulado en la Ley 35/2006 de 28 de noviembre y el Real Decreto 439/2007 de 30 de mayo.
Es un impuesto que grava la renta que recibe una persona, porque es la que determina su mayor o menor comodidad económica y por ende su capacidad contributiva, siendo así un impuesto personal porque recae sobre personas físicas. El IRPF es un impuesto que se paga mes a mes en base a un sistema de retenciones. Al final de año la declaración anual hace un balance: si sale negativo el contribuyente recupera parte de lo pagado y si sale positivo ha de abonar la diferencia.
Es importante tener el conocimiento en esta materia o buscar asesoría con un especialista en derecho tributario, para evitar posibles sanciones por desconocimiento de la ley, lo que viene a repercutir en la capacidad económica tanto personal como de la empresa.
Este impuesto grava la renta obtenida en España por personas físicas y entidades residentes en el extranjero y se fundamenta en el Real Decreto Legislativo 5/2004 de 5 de marzo de 2004 y el Real Decreto 1776/2004 de 30 de julio de 2004. Asimismo conviene conocer los diferentes Convenios internacionales de doble imposición suscritos por el Estado español con otros Estados para evitar la doble imposición o la evasión fiscal.
El Impuesto de Sociedades es un tributo de carácter directo y naturaleza personal que grava la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas (Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades) y se aplica en todo el territorio español, incluidas las Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y a excepción del País Vasco y Navarra, que disponen de una disposición propia.
En el artículo 9 de la misma ley se especifican las exenciones, grupo en que se inscriben el Estado, las comunidades autónomas, el Banco de España o las Reales Academias, entre otras, así como se especifican las entidades parcialmente exentas (instituciones sin fines de lucro, uniones, federaciones, etc.). Las pymes están sujetas a un tipo reducido del 25 %.
Creado en 1986 por exigencia de la Comunidad Europea, el IVA es la base del sistema tributario español de imposición indirecta porque no recae en la renta que obtiene un contribuyente por su trabajo, sino en el uso que esa persona hace de su renta. Está regulado en la Ley 37/1992 conocida habitualmente como Ley del IVA y en el Reglamento del impuesto aprobado por el Real Decreto 1624/1992, con un ámbito de aplicación que excluye a Las Islas Canarias, donde se aplica el similar Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), así como a Ceuta y a Melilla.
Si hay varias empresas que participan en la cadena productiva, todas incluyen el IVA correspondiente en función de tres tipos impositivos que dependen del tipo de servicio de que se trate: 4 % (tipo súper reducido) para productos de primera necesidad; 10 % (tipo reducido) para algunos productos alimenticios y sanitarios, transporte de viajeros, hostelería y construcción, y el general del 21 % si no se inscribe en ninguno de los dos tipos anteriores.
El importe resultante se ve reflejado en el producto final que adquiere el consumidor, en el cual repercute completamente el impuesto al tratarse de un impuesto indirecto que grava la capacidad de consumo. De esta forma, este impuesto es neutral para las empresas, porque no lo pagan ni lo cobran, pero sí lo transmiten, actuando así de ente recaudador para el estado. Por esto, el IVA solo grava la circulación de la riqueza sin detenerse a considerar las circunstancias personales como sí hace el IRPF. Las empresas deben declarar el IVA abonado y cobrado mensual o trimestralmente.
Declarar y pagar los impuestos a tiempo, es una responsabilidad, cuando se tiene una empresa o se trabaja por cuenta propia, no dude en solicitar apoyo en el área de impuestos a personas que manejen el tema con experiencia y seriedad, en el área de derecho tributario encontrara las personas especialistas, los cuales le darán todas las indicaciones necesarias y suficientes para mantener todas sus obligaciones tributarias al día.

References: artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 9
in fine
 Real Decreto