Source: https://de.scribd.com/document/324040559/los-intereses-financieros-comunitarios-concepto-y-principios-que-informan-su-sistema-de-proteccion-0-pdf
Timestamp: 2020-08-10 02:57:01+00:00

Document:
los-intereses-financieros-comunitarios-concepto-y-principios-que-informan-su-sistema-de-proteccion--0.pdf | Unión Europea | Derecho penal
speichernlos-intereses-financieros-comunitarios-concepto-y-... für später speichern
0resum Llibre Lecciones d Comunitario 2011
Los intereses financieros comunitarios:
concepto y principios que informan su sistema de protección
Dra. Dña. M.ª Teresa Soler Roch
CONCEPTO Y PRINCIPIOS QUE INFORMAN SU SISTEMA DE PROTECCIÓN.
Tesis doctoral presentada por BEGOÑA PÉREZ BERNABEU Dirigida por la Dra. Dña. MARÍA TERESA SOLER ROCH
CAPÍTULO I. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS
LOS PRIMEROS PASOS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE
INICIATIVAS LEGISLATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS
3. HACIA UN ESTATUTO PENAL DE LOS FUNCIONARIOS COMUNITARIOS
4. CREACIÓN DE ÓRGANOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL
TRANSFRONTERIZO: EL TERCER PILAR
EL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE
209 A TUE: LA PRIMERA BASE JURÍDICA PARA LA LUCHA
FINANCIEROS COMUNITARIOS
TERCER PILAR COMO VÍA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
4. UN SEGUNDO INTENTO DE ESTABLECER UN “ ESTATUTO PENAL” DE LOS
FUNCIONARIOS COMUNITARIOS.
CAPITALES Y LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS
1. EL REGLAMENTO Nº 2988/95 RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES
FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
IV. UNA ETAPA DE TRANSICIÓN: DE LA UCLAF
A LA OLAF
1. UNA VISIÓN CRÍTICA SOBRE LA LABOR DE LA UCLAF: EL INFORME ESPECIAL
2. LA CREACIÓN DE LA OLAF.
3. LOS PRIMEROS PASOS DE LA OLAF
EN ORDEN A UNA FUTURA ARMONIZACIÓN: EL CORPUS
2. COMUNITARIZACIÓN PARCIAL DE LA MATERIA RELATIVA A LA PROTECCIÓN
DE LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS.
3. INCLUSIÓN DE UNA NUEVA BASE JURÍDICA PARA AL PROTECCIÓN DE LOS
4. INICIATIVAS DE REFORMA DE LA COMISIÓN PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN
DE LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS: EL LIBRO BLANCO DE REFORMA DE LA COMISIÓN Y EL NUEVO REGLAMENTO FINANCIERO
QUE ATENTA CONTRA LOS INTERESES FINANCIEROS
PLAN DE ACCIÓN DE LA COMISIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE
VIII. EL ESPACIO JUDICIAL EUROPEO Y LA CREACIÓN DE EUROJUST
IX. LA OLAF EN EL ESPACIO JUDICIAL EUROPEO
X. LA PROPUESTA DE DIRECTIVA RELATIVA A LA PROTECCIÓN PENAL DE
LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS: NUEVOS PASOS HACIA LA
ARMONIZACIÓN DE LAS LEGISLACIONES NACIONALES.
ARTÍCULO 280 BIS: UN NUEVO RETO PARA LA COMISIÓN.
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS SOBRE LA BASE DE UN NUEVO
1. CONTRIBUCIÓN COMPLEMENTARIA DE LA COMISIÓN A LA CIG: EL FISCAL
2. EL LIBRO VERDE DE LA COMISIÓN SOBRE EL FISCAL EUROPEO
XII. LA CONSTITUCIÓN EUROPEA: NUEVOS AVANCES EN LA PROTECCIÓN
DE LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS
2. LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS.
B. La futura Fiscalía Europea
CAPÍTULO II. LOS INTERESES FINANCIROS COMUNITARIOS (I). LA VERTIENTE DE LOS INGRESOS: CONCEPTO Y RÉGIMEN JURÍDICO
I. LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS
1. LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS: CONCEPTO.
“ PROTECCIÓN”
3. EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LAS DISTINTAS MEDIDAS DE LUCHA CONTRA
LOS INGRESOS DE LA COMUNIDAD
DISTINTOS INGRESOS DE LA COMUNIDAD: EL SISTEMA DE RECURSOS
TERCEROS PAÍSES EN EL MARCO DE LA PAC
Uruguay: los nuevos derechos agrícolas
El régimen de intercambios con terceros países tras la Ronda de
El Acuerdo sobre Agricultura alcanzado sobre la base
de las negociaciones multilaterales en el marco del GATT de la Ronda de Uruguay
a´ Consideraciones generales
b´ Consecuencias para los ingresos comunitarios derivadas del Acuerdo de Agricultura alcanzado en la Ronda de Uruguay.
C. Los ingresos comunitarios en el ámbito de la Política Agrícola
a) Las Organizaciones Comunes de Mercado y su papel en la determinación de los vigentes derechos percibidos en los intercambios con terceros Estados en el marco de la PAC
b) La OCM del azúcar y las cotizaciones a la producción de base: concepto, régimen jurídico y naturaleza tributaria
DECISIÓN 2000/597/CE: LOS DERECHOS DE ADUANA.
EN EL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 2 DE LA
B. Los derechos de aduana: concepto
D. Los derechos del arancel aduanero común: el Código Aduanero
Comunitario, el Arancel Aduanero Común y el TARIC
E. Otros derechos fijados en los intercambios con países no
miembros: los derechos antidumping y los derechos compensatorios o antisubvención
Los derechos de aduana sobre productos CECA.
Concepto, procedimiento de imposición y naturaleza jurídica.
LA GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS TRADICIONALES
por parte de la Administración Pública Española.
Gestión y Recaudación de las cotizaciones en el sector del azúcar
C. La Recaudación de la deuda aduanera.
b) El procedimiento de recaudación de la deuda aduanera de
c) Recaudación de la deuda aduanera de exportación
d) La recaudación de deudas al amparo de las normas sobre
Asistencia Mutua en la UE
f) Devolución de ingresos indebidos a particulares.
g) El principio de responsabilidad financiera en la recaudación
de los RPT
D. La gestión de tesorería de los recursos propios
a) Gestión de tesorería a nivel comunitario
b) Gestión de tesorería a nivel nacional
5. EL CONTROL SOBRE LOS RPT.
A. Consideraciones previas y marco jurídico
B. Controles de la Comisión
C. Controles de otras Instituciones
D. Controles de los Estados miembros
a) La problemática del fraude en el recurso IVA.
Control a nivel comunitario.
6. LOS RECURSOS PROCEDENTES DEL IVA.
c) Control a nivel estatal
d) La cooperación administrativa como principal mecanismo de
7. EL FRAUDE EN MATERIA DEL RECURSO PNB
A. Concepto, elaboración y cálculo y naturaleza jurídica
b) Control a nivel comunitario.
8. OTROS INGRESOS: EL IMPUESTO ESTABLECIDO A FAVOR DE LA COMUNIDAD SOBRE LOS SUELDOS, SALARIOS Y EMOLUMENTOS DE LOS FUNCIONARIOS Y
CAPÍTULO III. LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS (II). LA VERTIENTE DE LOS GASTOS: CONCEPTO Y RÉGIMEN JURÍDICO
I. LOS GASTOS DE LA COMUNIDAD
2. LOS DISTINTOS CONCEPTOS DE GASTO DE LA COMUNIDAD
A. Fondos consignados en el Presupuesto General.
a´ Estructura del estado de gastos del Presupuesto.
b´ Modos de ejecutar el gasto.
c´ Las perspectivas financieras
b) Los gastos de gestión centralizada directa
a´ Concepto
b´ Ejecución de los gastos de gestión centralizada directa
c´ Control de los gastos de ejecución centralizada directa
c) Gastos de gestión compartida
a´ Los gastos de agricultura: el FEOGA Sección Garantía
a´´ Concepto
b´´ Ejecución de los gastos del FEOGA-Garantía
a´´´ Las ayudas y subvenciones financiadas con cargo al FEOGA-Garantía: los Organismos pagadores nacionales
b´´´ Las competencias autonómicas en la gestión de las ayudas del FEOGA.
c´´´ Especial referencia a las restituciones a la exportación y su problemática especial.
c´´ Control de los gastos del FEOGA-Garantía
a´´´.
b´´´ El procedimiento de liquidación de cuentas
c´´´ El principio de corresponsabilidad financiera y los distintos organismos pagadores del FEOGA-Garantía en España
d´´´ El Sistema Integrado de Control
e´´´ Otros mecanismos de control de los gastos del FEOGA-Garantía
a´´ Concepto.
b´ Los gastos de las Acciones estructurales: los Fondos Estructurales.
b´´ Ejecución de las distintas intervenciones financiadas con cargo a los Fondo Estructurales
a´´´ La programación y gestión de los Fondos Estructurales. Consideraciones Generales
b´´´ El reflejo de las competencias autonómicas en la gestión de los Fondos Estructurales en España
c´´´ La participación de los entes locales en la gestión de las actuaciones cofinanciadas con cargo a los Fondos Estructurales
c´´ El control de los Fondos Estructurales.
a´´´ Una tarea compartida entre la Comisión y los Estados miembros.
b´´´ El control financiero de los Fondos Estructurales por la Administración General del Estado
c´´´ Implicaciones del hecho autonómico en el control financiero de los Fondos Estructurales en España
cooperación de los controles financieros en materia de Fondos Estructurales realizados
102/1995.
mecanismos de coordinación y cooperación entre el Estado y las CCAA
4. Los distintos mecanismos de cooperación
financiadas por los Fondos Estructurales en España
e´´´ Metodología de control y sistema de seguimiento y comunicación de irregularidades
f´´´ El sistema de correcciones financieras. El régimen de corresponsabilidad financiera entre el Estado y las CCAA
c´ El Fondo de Cohesión
b´´ Gestión
c´´ El seguimiento de las actuaciones financiadas con cargo al Fondo de Cohesión
d´´. Control financiero de las operaciones financiadas con cargo al Fondo de Cohesión
e´´.
Las correcciones financieras.
f´´. Detección de irregularidades y recuperación de sumas indebidamente abonadas.
B. Gastos consignados en otros presupuestos administrados por la
a) Los organismos descentralizados
b´ Ejecución y control de su presupuesto
c´ Los presupuestos de los organismos descentralizados como elemento integrante del concepto de Intereses Financieros Comunitarios
a´ El Banco Central Europeo y Centrales
el Sistema de Bancos
c´ Ejecución y control del Presupuesto del BCE
d´ La Decisión BCE/1999/5 y el control del presupuesto del BCE: la STJCE en el caso 11/00
a´ El Banco Europeo de Inversiones: nuevamente un órgano con recursos propios. La inclusión del presupuesto del BEI en el concepto de Intereses Financieros de la Comunidad
b´ Ejecución y control del presupuesto del Banco Europeo de Inversiones
c´ El conflicto entre el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión: la Decisión BEI 1999/352 y la STJCE de 10 de julio de 2003
C. Gastos no consignados en ningún presupuesto:
b´ La consignación del Fondo Europeo de Desarrollo en el Presupuesto General de la Comunidad
c´ El Fondo Europeo de Desarrollo como elemento integrante del concepto de Intereses Financieros Comunitarios.
b) Régimen financiero y de control.
CAPITULO IV. LOS PRINCIPIOS QUE INFORMAN LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS.
I. EL PRINCIPIO DE ASIMILACIÓN
1. GÉNESIS Y EVOLUCIÓN.
2. ANÁLISIS DEL PRINCIPIO DE ASIMILACIÓN
El principio de asimilación y la técnica del reenvío
La exigencia de eficacia de la protección
Algunas reflexiones sobre la eficacia y el efecto disuasorio de
3. DE LA ASIMILACIÓN A LA ARMONIZACIÓN
4. LAS NUEVAS PROPUESTAS: LA UNIFICACIÓN
5. EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ASIMILACIÓN EN LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA VIGENTE
A. Protección de carácter administrativo
a) Protección administrativa en la vertiente de los ingresos
b) Protección administrativa en la vertiente de los gastos
B. Protección de carácter penal
b) Protección en la vertiente de los Ingresos.
a´ Código penal.526
a´´ Consideraciones generales
protección conferida a los fraudes de ingresos
nacionales y a los fraudes de ingresos comunitarios
b´ Ley orgánica de represión del contrabando
a´´ Ámbito material de aplicación de los delitos de contrabando
b´´ Las modalidades delictivas.
a´´´ Consideraciones generales
c) La protección en la vertiente de los gastos
c´´´ Análisis de los supuestos más comunes.
d´´´ La relación entre el delito fiscal del artículo 305.3 CP y los delitos de contrabando
a´ Un análisis comparativo del grado de protección
conferida al fraude de fondos nacionales y al fraude de
b´ Los problemas de la cofinanciación
C. Conclusiones sobre el cumplimiento del principio de asimilación por la normativa administrativa y penal en materia de protección de los Intereses Financieros Comunitarios
1. RECEPCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD EN EL ÁMBITO
2. EXAMEN DEL CONTENIDO DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD
A. El principio de subsidiariedad del artículo 5 del Tratado
B. El carácter bifronte del principio de subsidiariedad.
C. Ámbito de aplicación del principio de subsidiariedad.
b) El principio de subsidiariedad en el artículo 280 TCE.
Naturaleza de la competencia en materia de protección a los
III. EL PRINCIPIO DE COOPERACIÓN LEAL
1. EL ARTÍCULO 10 DEL TRATADO CE
B. Autonomía del artículo 10 y relaciones con el artículo 280
EL PRINCIPIO DE COOPERACIÓN LEAL EN EL ARTÍCULO 280 TCE
Los sujetos del principio de cooperación leal del artículo
La obligación de cooperación entre las Instituciones.
La obligación de cooperar entre los Estados miembros:
280 TCE
b´ La cooperación en el ámbito de los impuestos
a´´ Cooperación en el intercambio de información.
b´´ La asistencia en la recaudación.
c´´ La cooperación en el ámbito aduanero
d´´ La cooperación en las operaciones de los Fondos
Estructurales y del FEOGA-Garantía.
c) El deber de cooperación recíproco entre las Instituciones y los
Estados miembros: la cooperación vertical
d) La cooperación con terceros Estados
Audit Development and Report
Certificado de Exportación de Productos Agrícolas
Acuerdo sobre Prácticas Antidumping
Comité de Coordinación de la Lucha Antifraude
Dirección de Auditoría del Banco Central Europeo
Documento Único Admisnitrativo
Programa relativo a la red transeuropea de recogida, elaboración y difusión de estadísticas comunitarias y extracomunitarias de bienes
Los Intereses Financieros Comunitarios
Iniciativa comunitaria relativa a la cooperación transnacional para promocionar nuevos métodos de lucha contra las discriminaciones y desigualdades de toda clase en relación con el mercado de trabajo
Fondo e Regulación y Organización del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos
Servicio Central de Auditoría Interna
Programa de Intercambio de Datos entre Administraciones
Oficina de Investigación y Disciplina
Federación Internacional de Expertos Contables
Instrumento Financiero de Orientación Pesquero
INTERREG Iniciativa comunitaria relativa a la cooperación transeuropea para fomentar un desarrollo armonioso y equilibrado del territorio europeo
Iniciativa comunitaria de desarrollo rural
Programa relativo a las medidas de acompañamiento técnicas de las reformas de las estructuras económicas y sociales en el marco de la colaboración euromediterránea
Red de Información Antifraude de la OLAF
Órganos de Control Externo de las
Ordenanzas Aduaneras
Oficina de Publicaciones Oficiales de la Comunidad Europea
Presupuesto General de la Comunidad Europea
Programa de ayuda económica a favor de la República de Hungría y de la República Popular de Polonia
Programa Operativo de Medio Ambiente Local
Unidad Provisional de Cooperación Judicial
Países y Territorio de Ultramar
Régimen Específico de Abastecimiento de las Islas Canarias
Programa de establecimiento y desarrollo de las redes transeuropeas
Instrumento Agrícola de Preadhesión
Sistem Customs Enforcement Network
Sistema Europeo de Cuentas Integradas
Arancel Integrado de la Comunidad
Unidad Central de Coordinación de la Lucha contra el Fraude
Iniciativa comunitaria a favor del desarrollo sostenible de las ciudades y barrios en crisis
Sistema de Intercambio de Información sobre el IVA
Actualmente existe en todo el ámbito comunitario una preocupación generalizada sobre la existencia y dimensiones del fraude en la Comunidad y las irregularidades que afectan a los Intereses Financieros Comunitarios.
Dicha preocupación viene motivada por las más que alarmantes cifras que arrojan los distintos informes y estudios sobre la cuestión: sólo en el ámbito de los Recursos Propios de la Comunidad, los casos de fraude e irregularidades detectados ascendieron al 6,6 por cien en 1997, esto es, unos 1.000 millones de euros, mientras que en el sector de los gastos agrícolas, ese mismo año, el fraude ascendió a 317 millones de euros, cantidad que se elevó a 420 millones en 1998.
Comunitarios asciende a 2.000 millones de euros anualmente.
Estos datos evidencian la necesidad de potenciar la lucha contra el fraude y la necesidad de emprender acciones eficaces contra el uso fraudulento de los recursos comunitarios a todos los niveles.
Singular importancia adquieren en esta cuestión las competencias de los distintos Estados miembros, pues éstos son los únicos encargados de la recaudación de la totalidad de los Recursos Propios de la Comunidad y ejecutan cerca del 80 por cien del Presupuesto Comunitario, siendo responsables no sólo de tal recaudación o ejecución, sino también de las actuaciones de control que recaen sobre los recursos financieros comunitarios.
El estudio del concepto de Intereses Financieros de la Comunidad y de su régimen jurídico es una cuestión que se enmarca dentro del Derecho Financiero Comunitario, sector éste de nuestra disciplina que se encuentra en constante evolución – en paralelo al devenir del desarrollo de la Unión Europea- y cuyo estudio no ha sido tradicionalmente tan atendido como otras ramas de nuestra disciplina.
La elección del presente tema como objeto de nuestra tesis doctoral reside, atendida la relevancia de esta cuestión, en el hecho de que la delimitación del concepto de Intereses Financieros de la Comunidad no haya sido abordada con carácter monográfico por la doctrina jurídico-financiera española, no obstante las valiosas aportaciones puntuales al respecto.
El objeto de nuestro trabajo de tesis doctoral es llevar a cabo un estudio del concepto de Intereses Financieros Comunitarios y de su régimen no sólo a nivel comunitario, sino también a nivel estatal.
La metodología de trabajo empleada por la doctoranda ha debido acomodarse al importante carácter multidisciplinar de esta materia, que exige el manejo de fuentes procedentes no sólo del Derecho Financiero y Tributario, sino también del Derecho Comunitario, Derecho Internacional Público, Derecho Administrativo o Derecho Constitucional.
Debido al innegable carácter evolutivo y actual de esta materia, hemos procedido al estudio y seguimiento legislativo de abundante normativa comunitaria, así como de innumerables documentos oficiales de la Unión Europea, tales como Dictámenes e Informes de diversas instituciones. Conviene subrayar que nuestro estudio se ve completado, en todo momento, por el análisis detallado de la doctrina existente al respecto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.
Para la realización de estas tareas de documentación, que se han convertido en piedra angular de este trabajo de tesis doctoral, hemos recurrido a la utilización de los distintos recursos informáticos y bases de datos de la Unión Europea. El acceso a estos documentos ha permitido a la doctoranda incorporar a su trabajo de investigación, una visión viva, actualizada y de primerísima mano del estado de la cuestión en las diferentes fases que la evolución de esta cuestión ha atravesado.
Comenzamos nuestro trabajo con la elaboración de un Capítulo Primero Introductorio en el cual efectuamos una exposición de los principales hitos históricos acontecidos desde la aparición del concepto de Intereses Financieros de la Comunidad y su problemática. En este primer Capítulo se realiza un análisis descriptivo de la evolución experimentada, intentando siempre resaltar cuáles son las bases del actual estado de la cuestión.
La primera conclusión que el lector extraerá de este primer Capítulo es que es un Capítulo abierto, con vocación de futuro, puesto que el proceso evolutivo, a pesar de tener sus orígenes en la década de los sesenta, se encuentra en un punto que dista mucho de ser el final.
Una vez expuesto este desarrollo histórico, lógico es que avancemos un paso más, adentrándonos en el estudio del concepto de Intereses Financieros de la Comunidad, cuestión central de nuestro trabajo de tesis doctoral. Comenzamos este estudio constatando la existencia de dos vertientes diferenciadas en este concepto: una vertiente relacionada con los ingresos y otra con los gastos. En razón a ello consagramos dos Capítulos al estudio del concepto de Intereses Financieros Comunitarios: el Capítulo Segundo, dedicado al estudio de la vertiente de los ingresos y el Capítulo Tercero destinado al estudio de la vertiente de los gastos de dicho concepto.
estos Capítulos gira en torno al estudio de dos cuestiones
fundamentales. En primer lugar, un análisis exhaustivo del concepto y naturaleza de cada elemento integrante del concepto de Intereses Financieros Comunitarios en la vertiente de los ingresos o de los gastos, respectivamente.
En segundo lugar, procedemos a realizar una análisis completo de su régimen jurídico, ya sea de recaudación –en el caso de los ingresos- como de ejecución, en el caso de los gastos. Resulta inexcusable, llevar a cabo un estudio pormenorizado de las distintas medidas de control, analizando por separado el control ejercido a nivel comunitario, por un lado, y las distintas medidas de control que los Estados miembros
deben adoptar, por otro, prestando una especial atención al análisis de las concretas medidas adoptadas en España
Un análisis tan completo como el que pretendemos resultaría inacabado si no se abordara el estudio de los principios esenciales del régimen jurídico de los Intereses Financieros de la Comunidad, contenidos en el artículo 280 TCE, tarea que ocupa el Capítulo Cuarto de nuestro trabajo. En esta tarea, procederemos a estudiar no sólo el significado y exigencias de estos principios, sino también, las consecuencias prácticas que de ellos se derivan.
Nuestro trabajo finalizará con la exposición de las conclusiones obtenidas en las que sintetizaremos las principales deducciones alcanzadas a lo largo de nuestro trabajo. En ellas no pretendemos mostrar una visión definitiva del problema, pues, como hemos comentado, el horizonte de esta cuestión no se agota con este estudio, debido a la continua evolución que experimenta la materia objeto de nuestra investigación. Con este trabajo de tesis doctoral no pretendemos sino contribuir, en la modesta medida de lo posible, a arrojar algo de luz sobre esta cuestión, sin pretender formular consideraciones cerradas.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PROTECCIÓN DE
Los Intereses Financieros Comunitarios.
I. LOS PRIMEROS PASOS EN LA LUCHA CONTRA EL
LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES COMUNITARIOS CON
Ya desde 1962, la Comisión ha tenido como preocupación la creación de un sistema eficaz de represión de las infracciones comunitarias; en consecuencia con este planteamiento, en marzo de 1962 constituye un grupo de trabajo “ad hoc” (formado por expertos designados por los gobiernos nacionales y funcionarios comunitarios y presidido por el ilustre penalista holandés VAN BINSBERGEN) con un triple encargo:
formular un Anteproyecto de Convenio entre los Estados
miembros sobre investigaciones y represión de las infracciones comunitarias,
formular un Proyecto de “Estatuto penal” de los funcionarios
- realizar un examen de los distintos preceptos nacionales que
prevén sanciones contra las infracciones comunitarias, así como la naturaleza y alcance de las mismas 1 .
Los labores de este grupo de trabajo se desarrollaron hasta que en 1966 se concluyó un “Proyecto de Convenio General 2 ”, de marcado carácter penal, ámbito general y compuesto por cinco títulos.
1 Sobre estos trabajos se puede consultar: BINSBERGEN, V. “Le droit pénal des Communantés européennes” en Droit Pénal Européen, Bruselas, 1970, pág 214 y RINOLDI, “ Domaine communautaire et dispositions pénales: deus projècts de traités” en «Droit Communautaire et Droit Pénal», Revue trimestrielle de droit europeén, 1972, pág. 206. 2 Tal y como acertadamente pone de manifiesto GRASSO, G. En su obra “ Comunidades Europeas y Derecho Penal ( Las relaciones entre el ordenamiento comunitario y los sistemas penales de los Estados miembros)”, traducida al castellano por GARCÍA RIVAS, N. , Ediciones de la Universidad de Castilla – La Mancha y la OPOCE, 1993, pág. 229 en nota a pie de página nº 13, el nombre o expresión de “ Convenio
Evolución histórica de la protección …
Sin embargo, estos trabajos se vieron interrumpidos ante el abandono del grupo de trabajo por parte de la delegación francesa, cuyos representantes veían en ciertos aspectos del texto una limitación a la soberanía nacional; en concreto “su resistencia se refería sobre todo a que el Proyecto estableciera una reglamentación destinada a impedir la apertura de una pluralidad de procedimientos paralelos en otros tantos Estados miembros por el mismo hecho (…) y la inclusión de una regulación para la ejecución de sentencias extranjeras” 3 .
Ante este fracaso y ante los intentos baldíos por reanudar los trabajos del grupo “ad hoc”, la Comisión abandonó la ambiciosa idea de instaurar un sistema penal general.
op. cit, pág. 230.
Fue a raíz de la
Decisión de 21 de abril de 1970 4 que otorgó a las Comunidades 5
un sistema de recursos propios, sin dotar a la comunidad de un poder sancionador para
General” le fue dado por la Comisión, quien lo utilizó en su respuesta escrita a la pregunta formulada por el Sr. Vredeling, el 10 de enero de 1969, publicada en DO C 6 de 22.1.1960, pág. 0001-0002.
GRASSO, G., “ Comunidades Europeas
4 La idea de un “ sistema de recursos propios” no es introducida ex novo en el ámbito de las Comunidades por la Decisión de 21 de abril de 1970 (Decisión 70/243, DO L 94, PÁG. 191), pues en el ámbito de la Comunidad Económica Europea, el Tratado de Roma de 25 de marzo de 1957 ya recogía el “principio de recursos propios”, si bien con un régimen inicial transitorio, al establecer en su art. 201 que “sin perjuicio de concurso de otros ingresos, el presupuesto será financiado íntegramente con cargo a los recursos propios”. Es más, un primer intento de transferir a las Comunidades como recursos propios los derechos de aduana y las exacciones reguladoras agrícolas fracasó en 1965, consecuencia de la negativa francesa, con lo que no se dio cumplimiento al período transitorio exigido por el Tratado de Roma. Tras una situación de crisis, los Jefes de Estado y de Gobierno decidieron dar un nuevo impulso a esta cuestión en la cumbre de La Haya de 1969. Consecuencia de esta determinación, el Consejo adoptó la Decisión de 21 de abril de 1970. Esta Decisión, aplicable a partir de 1971 y desarrollada con carácter posterior por el Reglamento 2891/77 del Consejo de 19 de diciembre de 1977 (DO L 336, pág. 1) sustituyó el sistema de contribuciones estatales (que constituía un medio de control de los Estados miembros sobre las políticas
de la Comunidad) por un sistema de recursos propios, lo que comportó una financiación autónoma mediante las exacciones reguladoras agrícolas, los derechos de aduanas (ambos recursos conocidos como “recursos propios tradicionales”) y un recursos basado en el impuesto sobre el valor añadido (en
Comunidades entre 1971 y 1975, mientras que las exacciones reguladoras agrícolas eran recibidas por la Comunidad desde 1971. Por su parte, la aplicación efectiva del ingreso IVA Comunitario se realizó a medida que avanzaba la armonización de la base del IVA con la VI Directiva de 1977 y la IX Directiva de 1979. Empero, la Decisión de 21 de abril de 1970 no se aplicó íntegramente hasta 1980, existiendo un período intermedio desde 1971 hasta 1979 en el que el equilibrio financiero del Presupuesto General se conseguía con un sistema de contribuciones estatales transitorias y decrecientes. La Decisión de 21 de abril de 1970 (cuya importancia estriba en que separa a las Comunidades del resto de organizaciones internacionales en el sentido de que estas últimas se financian con contribuciones de los Estados miembros) ha sido sucesivamente sustituida por las Decisiones de 7 de mayo de 1985, de 24 de junio de 1988 y de 31 de octubre de 1994; esta última, la Decisión 94/728/CE, Euratom ha sido modernamente
ser progresivamente a ser percibidos por las
proteger tales intereses financieros 6 , cuando la Comisión sintió la necesidad 7 de conceder a los intereses financieros de la Comunidad una protección penal análoga a la que se concede a los intereses de los Estados miembros en dichos Estados y se centró en la idea de elaborar una regulación para determinados problemas relativos al Derecho penal económico, en concreto su atención se centraría en las infracciones contra el
derogada por la Decisión 2000/597/CE, Euratom, del Consejo, de 29 de septiembre de 2000, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas (DO L 253 de 7 de octubre de 2001, cuyo origen reside en el Consejo Europeo de Berlín de 24-25 de marzo de 1999, y que entró en vigor tras su ratificación por los Estados miembros el 1 de enero de 2002, a pesar de que algunas de sus previsiones
(las relativas a la fracción de los recursos propios tradicionales seleccionada por los Estados miembros y el cálculo del cheque británico) entraron ya en vigor el 1 de enero de 2001. Acerca del sistema de recursos propios comunitarios tras la Decisión 2000/597/CE véase: CERVERA VALLTERRA, M., “El sistema de recursos propios comunitario y la decisión 2000/597, de 29 de septiembre del 2000”, y RUIZ GARIJO, M. “Crónica de una insuficiencia anunciada: el delicado sistema de recursos propios de la Unión Europea” en Noticias de la Unión Europea, nº 199-200, Agosto-Septiembre 2001, páginas 47 y 89 respectivamente. Actualmente, y desde la cuarta Decisión de 1994, los recursos propios de la Comunidad son 4 (los
recursos propios tradicionales, el recurso IVA, el Recurso PNB y otros ingresos).
En esta época podemos ya hablar de “ Comunidades”, resultado del Tratado de fusión de 2 de abril de
“El Tratado de la Comunidad Económica Europea de 25 de marzo de 1957 parece haber partido de una concepción según la cual la comunidad del mercado europeo podía llevarse a cabo sin recurrir a un sistema sancionatorio comunitario, salvo en lo referente a la protección de la libre competencia. El Tratado, por lo tanto, sólo previó sanciones sin carácter penal en su artículo 85 y 86. Seguramente se pensó que los Estados Miembros disponían de un sistema penal y sancionatorio administrativo que hacía innecesario pensar en normas comunitarias de esta naturaleza. Este punto de vista se mantenía en 1974, en la 8ª Relación sobre la actividad de la CEE, en la que se sostenía que «el Derecho penal no entra en las competencias de la Comunidad, sino en las de los Estados Miembros»”. B ACIGALUPO , E., “Hacia un espacio judicial europeo (Corpus Iuris de disposiciones penales para la protección de los intereses
financieros de la unión Europea)”, COLEX, Madrid, 1998, Estudio Preliminar, pág. 11. Para profundizar en la cuestión de las competencias sancionadoras (penales y administrativas) de la Comunidad véase: FERRÉ OLIVÉ, J.C., “Derecho penal y competencias de las Comunidades”, Cuadernos de Política Criminal, nº 46, 1992, EDERSA, páginas 811 a 830; NIETO MARTÍN,A., “Fraudes comunitarios”, Praxis, Barcelona, 1996, págs. 57 a 141 en las que realiza un pormenorizado estudio de la competencia sancionadora comunitaria; CUERDA RIEZU, A. “¿Ostentan ius puniendi las Comunidades Europeas?”, en Hacia un Derecho Penal Económico Europeo (Jornadas en honor al Profesor Tiedemann), Editorial BOE (Serie de Derecho Público), 1995, págs. 621 ss; GRASSO, G., “ Comunidades Europeas…”, op. cit. págs 79 y ss, especialmente las páginas 93-93; VERVAELE, J.A.E., “Poderes sancionadores de y en la Comunidad Europea, ¿Hacia un sistema de sanciones administrativas”, Revista
Vasca de Administración Pública nº 37 de 1993, págs. 167-205.
La propia Comisión se pronuncia sobre esta necesidad en la Memoria (COM (76) 428 def, de 30 de julio de 1976 ) que la Comisión adjuntó al Proyecto de Tratado de 22 de septiembre de 1976. En opinión de GÓMEZ-JARA, “El reemplazo en los años 70 de las contribuciones financieras de los Estados Miembros por el de recursos propios de las Comunidades, supuso que los intereses financieros de la Comunidad y su protección de las normas de los Tratados requirieran la amenaza de sanciones penales. Surgen en definitiva una serie de bienes jurídicos propios de las Comunidades Europeas que aparecen «merecedores» y «necesitados» de protección penal”, GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., “La unificación
nº 2 año 2000, pág. 2, (en
http://www.uax.es/iurisuax/textos02/g-jara00.htm).
Sobre la idea de «necesidad de protección», GRASSO, G., “ Comunidades Europeas
op cit. pág 5 ss.
arancel aduanero, contra las organizaciones del mercado agrícola y contra las disposiciones fiscales armonizadoras o en espera de armonización.
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS.
La Comisión, con grandes esfuerzos, consiguió concienciar al Consejo de la necesidad de emprender una línea de trabajo en este sentido, así el Consejo de Ministros de Justicia celebrado en Luxemburgo el 3 de junio de 1971 tomó la decisión de “estudiar con presteza los problemas inherentes a la prevención y sanción de infracciones, así como el control y asistencia de los Estados miembros en aquellas materias que son objeto de reglamentos, directivas y decisiones de las Comunidades. Estos trabajos afectan de manera prioritaria a los sectores fiscal y aduanero, así como al de la agricultura y productos alimenticios”. Además, el Consejo aprovechó para instar a la Comisión a que le presentara propuestas en estas materias.
La Comisión creó un grupo de trabajo, compuesto por expertos nacionales, al objeto de examinar la cuestión. Este grupo de trabajo llegó a un acuerdo sobre el contenido del texto a finales de 1974.
La Comisión presentó un Informe sobre los resultados obtenidos en la Conferencia de representantes de los Estados miembros-Ministros de Justicia celebrada en noviembre de 1974, en la que se animó a la Comisión a proseguir el camino iniciado.
Tras arduas tareas preparatorias 8 , la Comisión –y después de oir extraoficialmente la postura del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 9 (en adelante Tribunal o TJCE)- presentó al Consejo, en enero de 1976, un Proyecto de
8 Sobre las labores preparatorias se puede consultar el Informe presentado por la Comisión COM (76) 418
def de 30 de julio de 19976, antes citado, en su página 7.
Sobre la opinión extraoficial del TJCE consultar el Informe presentado por la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo sobre Propuestas de la Comisión de las Comunidades Europeas al Consejo (doc. 290/76), Doc de sesión 1978-1979, doc 498/78, de 3 de enero de 1979, páginas 19-20.
modificación de los Tratados de fecha de 6 de agosto de 1976 10 , medida que fue bien acogida por el Parlamento Europeo (PE) 11
Este Proyecto de Tratado, que encuentra su fundamento en los entonces vigentes artículos 236 del Tratado CEE, artículo 96 del Tratado CECA y el artículo 204 EURATOM, relativos al procedimiento para la modificación de los Tratados 12 , si bien, en su Exposición de Motivos advierte ya de la insuficiencia de las normas penales de los Estados miembros para garantizar la protección de los intereses financieros de la Comunidad, así como para asegurar el castigo efectivo de este tipo de conductas 13 , no pretende instaurar un sistema penal comunitario autónomo, sino que se erige en un instrumento “simple y flexible” 14 que abandona el principio de territorialidad comunitario y acoge como mecanismo aplicable la transmisión de procedimientos penales, con lo que, en palabras de GRASSO 15 , se genera “la extensión tanto de la esfera de aplicación de la ley penal como del ámbito jurisdiccional de todos los Estados miembros”.
“ Proyecto de modificación de los Tratados con el fin de permitir la adopción de normas penales comunes para la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la persecución de las violaciones de losTratados”, (COM (76) 418, DO C 222, de 22 de septiembre de 1976); este proyecto incluía un segundo acto sobre la responsabilidad penal de los funcionarios y demás agentes de las Comunidades Europea, presentado el 10 de agosto de 1976.
Resolución del PE sobre las Proposiciones de la Comisión de las Comunidades Europeas al Consejo relativas a : I) Un Proyecto de Tratado que modifica los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas en orden a la adopción de una reglamentación común para la tutela penal de los intereses financieros de las Comunidades así como la represión de las infracciones a lo dispuesto en dichos Tratados; II) Un Proyecto de Tratado que modifica el Tratado que crea un Consejo único , una Comisión única de las Comunidades Europeas(Ponente: P.C.A. KRIEG), pág. 23-24, aprobada por el Parlamento Europeo el 17 de enero de 1979, publicada en DO C 39, de 12 de febrero de 1979, pág. 0030.
12 En donde se establecía como procedimiento a seguir, la iniciativa de la Comisión o de algún Estado miembro, la posterior consulta al Parlamento Europeo y el previo dictamen favorable del Consejo, la convocatoria de una conferencia de representantes de los gobiernos de los Estados miembros para deliberar sobre las enmiendas presentadas, que serían sometidas a los Parlamentos nacionales para su ratificación.
13 “Considering that the criminal law of the Member States cannot usually guarantee the protection of the financial interests of the Community nor ensure effective punishment of infringements of the provisions of the Treaties …”
14 En palabras de la Comisión , en COM (76) 418 def, op cit, pág 4 nota a pie nº 22. 15 GRASSO , G., “ Comunidades Europeas …” op. cit . págs. 235-236 donde afirma que “dicha extensión se deriva, por un lado, del artículo 3, que otorga competencia a cualquier Estado miembro para perseguir cualquier infracción que se halle en el ámbito de aplicación del Convenio y que haya sido objeto de requerimiento por parte de otro Estado miembro; por otro lado, el artículo 6 dispone que el Estado miembro que inicia el procedimiento, aún si la infracción se cometió fuera de su territorio, considerará que la misma se ha cometido dentro del mismo. Si el primer precepto establece una “atribución de
Este Proyecto de Tratado (de 7 artículos) pretendía introducir una nueva redacción de los artículos 86 del Tratado de la Comunidad del Carbón y del Acero, 5 del Tratado de la Comunidad Económica Europea y 192 del Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de manera que su dicción resultaría como sigue:
“La protección penal de los intereses financieros de la Comunidad y la persecución en los supuestos de violación de las disposiciones del Tratado, de las disposiciones de Derecho derivado o de las disposiciones o acciones administrativas adoptadas por los Estados miembros en la implementación del Derecho comunitario, deberán estar sujetas al Protocolo que se aneja a este Tratado” 16 .
Este Protocolo al que hace referencia el precepto es el “Protocolo sobre la protección penal de los intereses financieros de la Comunidad y la persecución de las violaciones de los Tratados constitutivos y de las disposiciones de Derecho derivado o de las disposiciones o acciones administrativas adoptadas por los Estados miembros en cumplimiento del Derecho derivado” anejo al Proyecto de Modificación de los Tratados y que, a pesar de constar de 18 artículos, no procede a la tipificación de conductas punibles, sino que en su artículo 1 –que constituye el Capítulo I -establece su aplicación en los supuestos de violaciones de las disposiciones de los Tratados constitutivos, de Derecho derivado o de disposiciones de la normativas interna de los Estados miembros. Lo que deviene, en consecuencia, en una ampliación del ámbito de aplicación de este proyecto a pesar de que el nombre del Proyecto hace referencia únicamente a la tutela penal de los intereses financieros de las Comunidades
Por su parte, el Capítulo II (artículos 2 a 10) contiene los preceptos relativos a la transferencia de procedimientos; en concreto, el articulo 2 sienta que el Estado que resulte competente, en virtud de su propia legislación, para proceder contra cualquiera
competencia” en el plano internacional, el segundo consigue neutralizar los límites que, en tanto en la esfera penal como procesal, conlleva la comisión del hecho en el extranjero”.
La traducción al castellano es nuestra. Según el artículo 7 del Proyecto de modificación de los Tratados, únicamente tienen la consideración de textos auténticos los textos en danés, holandés, inglés, francés, alemán , irlandés e italiano.
de las infracciones a la que es aplicable el Protocolo objeto de análisis puede emitir un requerimiento para la incoación del procedimiento al Estado en que se halle el imputado
o donde resida habitualmente, erigiéndose como presupuesto de este mecanismo el
hecho de que el Estado emisor entienda que no se encuentra en situación de proceder contra el imputado, ni siquiera recurriendo a la extradición. Tras este requerimiento y, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, el Estado requerido asume la competencia para proceder por el hecho objeto del procedimiento, encontrándose obligado a admitir éste, mas no se ve obligado a iniciar el procedimiento -tal y como aclara el artículo 5-, aplicando sus normas procesales. Esta previsión trae como lógica consecuencia que cuando el hecho al que se refiere el requerimiento no constituya delito según su legislación interna, no se iniciará el procedimiento.
En opinión de GRASSO 17 , la introducción de este mecanismo “pretende ofrecer una solución positiva a la insuficiente represión de hechos cometidos en el extranjero por parte de los sistemas penales nacionales y a las deficiencias de los instrumentos de cooperación internacional en materia penal”.
se dedica (artículos 11 a 13) a establecer disposiciones genéricas
en materia de asistencia mutua.
Mayor relevancia planteaba el Capítulo IV, puesto que bajo el nombre de “Protección penal de los intereses de la Comunidad” (artículos 14 y 15) en concreto, el artículo 14 establecía lo que más tarde el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante, TJCE o Tribunal) enunciara como el “principio de asimilación” -como más adelante se verá- exigiendo para los intereses financieros comunitarios, la misma sanción que se prevé para los ilícitos fiscales nacionales.
adolece de una notable
indeterminación ya que “los tipos penales que se extienden hasta tutelar los fondos
mencionado autor, el articulo 14
17 GRASSO, G. “Comunidades Europeas …” op. cit. , pág 245.
comunitarios se determinan genéricamente en función del resultado” 18 . Esta indeterminación comporta el peligro, no sólo de provocar dudas interpretativas en su aplicación, sino también puede provocar, -coincidiendo aquí el autor con el parecer expresado por el Parlamento Europeo- injusticias, debido a la disparidad de sanciones que se contienen en las legislaciones nacionales. De manera que el Proyecto no solo no resuelve el inconveniente de una protección dispar contenida en las legislaciones nacionales, sino que, a través de esta técnica de asimilación se acentúa.
Por su parte, el artículo 15 introduce una segunda modalidad de asimilación para aquellas situaciones en las que se produzca o bien la presentación de un documento falso o bien la entrega de una falsa declaración ante un funcionario comunitario.
Podemos realizar una valoración general de este Proyecto de modificación de los Tratados, coligiendo con BACIGALUPO 19 que “mediante el procedimiento previsto en este proyecto de Tratado difícilmente se podrá lograr una legislación homogénea en esta materia, dado que, tanto en la definición de los hechos punibles como en las consecuencias jurídicas de los mismos, los Estados miembros no quedan obligados a aceptar un modelo determinado ni a superar de una manera directa los problemas que se generan como consecuencia de la aplicación del Derecho penal sobre la base del principio territorial y de la limitación del derecho de extradición. Por otra parte, si se afirma que las disposiciones de los Derechos internos son insuficientes e ineficaces, no parece recomendable reenviar a ellos sin proporcionar un modelo al que se debería ajustar el Derecho Penal interno en esta materia”.
En segundo lugar, cabe criticar a este Proyecto que no recoja en su articulado una mención al principio del “ne bis in idem” 20 , limitándose a prever que los Estados
18 GRASSO, G. “Comunidades Europeas …” op cit., pág. 244.
19 BACIGALUPO, E., “La protección de los intereses financieros de la Comunidad Económica Europea en
el Derecho Penal Español”,
20 Esta laguna se paliaba, en un primer momento, con la doctrina del TJCE que acogía el principio del cómputo (esta doctrina -sentada en pronunciamientos coetáneos a la elaboración del proyecto como los pronunciados en los asuntos Boehringer contra Comisión C7/72,de 14 de diciembre de 1972 o un poco antes en Wilhem contra Bundeskartellant, C14/68, de 13 de febrero de 1969- exigía, para determinar una
Cuadernos de Política Criminal, nº 40, 1990, pág. 246, EDERSA, Madrid.
informarán al resto de Estados miembros en el supuesto de que se abran varios procedimientos por el mismo hecho. No obstante, esta cuestión perdió interés con la adopción del Convenio sobre el “ne bis in idem”, fruto de la Resolución aprobada por el Parlamento Europeo el 16 de mayo de 1984.
El Proyecto de modificación de los Tratados en orden a la adopción de una reglamentación común para la tutela penal de los intereses financieros de las Comunidades (en adelante, Primer Proyecto) vino acompañado de un Segundo Proyecto relativo a la adopción de una reglamentación común en materia de responsabilidad y de tutela penal de los funcionarios de las Comunidades 21 . En efecto, como antes se ha mencionado, el grupo “ad hoc” creado en 1962 tenía como misión formular un Proyecto de “Estatuto penal” de los funcionarios, sobre el que se alcanzó un acuerdo entre los seis Estados miembros (Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos) ya en 1972, pero que tuvo que ser revisado en 1974 tras la entrada de tres nuevos Estados miembros (Dinamarca, Irlanda y Reino Unido que entraron a formar parte como Estados miembros en 1973).
A partir de este momento las vidas de estos dos Proyectos corren paralelas, de modo que también es presentado a la Conferencia de representantes de Estados miembros-Ministros de Justicia de noviembre de 1974 un Informe realizado por la Comisión sobre este Segundo Proyecto, que de igual manera fue presentado por la Comisión el 10 de enero de 1976, ambos Proyectos fueron publicados en el mismo Diario Oficial de 22 de septiembre de 1976, los dos fueron debatidos en la misma sesión plenaria del Parlamento Europeo, expresando éste su opinión sobre los dos textos en su
sanción pecuniaria, tener en consideración las sanciones impuestas al mismo sujeto por violar las disposiciones de otro Estados miembro mediante actos cometidos en territorio comunitario.
DO C 222, de 22.9.1976, pág. 0013 ss.
Resolución de 17 de enero de 1979 y el estudio de ambos fue encomendado a un grupo de expertos nombrados por el Consejo.
Sin embargo, este grupo decidió otorgar preferencia al Primer Proyecto, dejando al Segundo Proyecto en un compás de espera mientras se examinaba y debatía el texto del primero 22 .
Poco tiempo después, el Consejo presentó en 1979, una propuesta de Reglamento sobre “Irregularidades en materia de recursos propios”, que pretendía establecer para los recursos propios un sistema de información de los fraudes muy parecido al que existía en aquel momento en el ámbito del FEOGA-Garantía; no obstante, esta propuesta nunca llegó a adoptarse.
A pesar de que el Proyecto de modificación de los Tratados de 1976 fue minuciosamente debatido en la década de los ochenta, finalmente no fue adoptado 23 , si bien sirvió para remover las conciencias de la época y conseguir, de este modo, intensificar las acciones encaminadas a lograr una efectiva protección de los intereses financieros de la Comunidad en las postrimerías de esta década.
Como ejemplos de esta intensificación vemos que, tal y como recoge el Informe de la Comisión “Sobre la intensificación de la lucha contra los fraudes que se producen en detrimento del presupuesto comunitario” 24 que en diciembre de 1986, la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo remitió a la Comisión un cuestionario sobre el desarrollo de sus programas para luchar mejor contra el fraude.
22 Adelantamos en este punto, que ninguno de los dos textos fue finalmente adoptado, si bien sirvieron como modelo y fuente de inspiración de iniciativas posteriores, como veremos más adelante en este trabajo.
23 Aunque su estudio, como se verá más adelante, se intentó reavivar en los noventa, fue finalmente retirado tras la Decisión de la Comisión de 15 de junio de 1994, Doc. PV (94) 1206.
COM (87) 572 final, de 20 de noviembre de 1987.
Posteriormente, el Parlamento Europeo, en su resolución de 7 de abril de 1987 25 , invitó a la Comisión a “presentar un plan convincente con vistas a mejorar el control de los ingresos y los gastos y a luchar contra los fraudes y las irregularidades, en el cual figuren las medidas de organización que piensa adoptar la Comisión a nivel interno y de común acuerdo con los Estados miembros, así como las medidas legales que pretende introducir”.
Por su parte, el Consejo decidió introducir un nuevo artículo 720 en su proyecto de Presupuesto Rectificativo y Suplementario nº 1/1987 para los ingresos procedentes de la lucha contra los fraudes y las irregularidades, e indicó con toda claridad en una declaración, su voluntad política de progresar en este terreno y animó a la Comisión a que aumentara su coordinación interna en este ámbito de lucha contra el fraude.
Destacan en este sentido los esfuerzos llevados a cabo por la Comisión, quien implantó en su seno una organización especializada con el fin de combatir el fraude. La implantación de esta organización se llevó a cabo en tres fases. En la primera de ellas, la Comisión creó en determinadas Direcciones Generales (en adelante, DG) - especialmente las VI, XX y XXI- Unidades administrativas encargadas de combatir el fraude. En esta época, tal y como afirma el Informe de la Comisión de 20 de noviembre de 1987 26 , la organización interna de la Comisión en materia de lucha contra el fraude, está inserta en la Dirección General que gestiona la corresp ondiente política. De este modo, el control de los recursos propios es competencia de la DG XIX, encargada de la correcta aplicación de la normativa relacionada con la liquidación y puesta a disposición de tales recursos. De la lucha contra el fraude en el ámbito de los recursos propios era llevada a cabo por la DG XXI. En lo referente a los Fondos Estructurales, se disponía de
25 Por la que se aplazaba la decisión de descargo del ejercicio de 1985. 26 Págs. 7 ss., Informe de la Comisión de 20 de noviembre de 1987.
funcionarios al frente de diferentes servicios cuya misión era comprobar la correcta utilización de las políticas financiadoras comunitarias.
Por su parte, el Control Financiero, encargado del control de los ingresos y los gastos presupuestarios, es responsable del “Grupo interservicios de coordinación de las inspecciones in situ”, que tiene también como misión la coordinación de la presentación trimestral de los casos de fraude que llegan a conocimiento de la Comisión 27 , ante la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo.
En un segundo momento, la Comisión, el 14 de octubre de 1987, adoptó la decisión 28 de instaurar una Unidad Central de coordinación de la Lucha contra el Fraude (UCLAF), así como crear diferentes equipos antifraude en las diferentes DG. A partir de este momento, únicamente la DG VI dispone de una unidad específicamente encargada de la lucha en este terreno, existiendo en el resto de DG, funcionarios que participan en actividades contra el fraude, ahora bien, ésta no constituye ni una tarea exclusiva ni diferenciada del resto de sus tareas.
De esta manera, la UCLAF comienza sus funciones el 1 de julio de 1988 con la finalidad de concentrar los esfuerzos que la Comisión venía realizando en la lucha contra el fraude comunitario. En sus inicios, la UCLAF tenía a su disposición 10 funcionarios 29 bajo la autoridad de un director y era dependiente de la Secretaría General, situándose bajo la responsabilidad directa del Presidente. Estaba estructurada en seis unidades, dos de las cuales eran de naturaleza horizontal mientras que las cuatro restantes tienen un marcado carácter vertical.
27 El sistema de información del que disponía la Comisión sobre los casos de fraude se basaba en un sistema de notificaciones de los Estados miembros cuya base jurídica descansaba, en aquel momento, en los Reglamentos 729/79 y 283/72 en materia agrícola, el Reglamento 2891/77 en materia de derechos sobre los intercambios con terceros países y el Reglamento 1468/81 “ Asistencia mutua” que obligaba a los Estados miembros a comunicar a la Comisión las informaciones relativas a determinadas operaciones que no se ajustan a las normativas aduaneras y agrarias.
28 COM (87) 572 final, de 14 de octubre de 1987.
29 De los cuales 5 eran de grado A .
La F1, “de coordinación y política general”, tenía como funciones las materias jurídica, la coordinación, la política de la UCLAF, así como las relacionadas con el presupuesto antifraude. En el seno de esta unidad se elaboraban numerosos informes, proyectos y documentos de naturaleza jurídica, de entre los que cabe citar el Informe Anual de actividades de la UCLAF.
La F2, unidad de “inteligencia, información y evaluación de la legislación”, desarrollaba tareas en materia de informática, inteligencia, legislación y de seguimiento de casos de fraude, así como el tratamiento de los mensajes en el ámbito SCENT 30 .
La F3, unidad de “fondos estructurales y otros ámbitos”, tenía como finalidad el desarrollo de las investigaciones en el sector de los fondos estructurales, de cohesión y de los gastos directamente realizados por la Comisión, al objeto de verificar su correcto empleo y destino conforme a su finalidad. Además, también se ocupaba de aspectos legislativos y del análisis de casos concretos.
La F4, de “intercambio de productos agrícolas” se ocupaba de las actividades de investigación en el ámbito que le es propio, así como los aspectos relacionados con la legislación, el análisis de los casos concretos y la participación en el comité de irregularidades, en unión con la F5.
La F5, de “agricultura: organización común de mercados”, desarrollaba igualmente tareas de investigación en este ámbito, así como el estudio de la legislación y el análisis de casos concretos junto con la participación en el comité de irregularidades en unión de la F4.
La F6, de “recursos propios”, tenía como funciones el desarrollo de las investigaciones en su ámbito, estudio de la legislación, análisis de casos concretos y participación en el comité de asistencia mutua.
Tal y como se recoge en la propia decisión de su creación 31 , son sus responsabilidades:
1. “Analizar todas las informaciones relacionadas con los
fraudes, basándose en la comunicación sistemática y obligatoria de las correspondientes DG, lo que le permitirá:
- cerciorarse del seguimiento de las
correspondientes DG y tomar iniciativas con el fin de
coordinar las actividades en aquellos casos en que intervengan varios servicios (incluyendo la organización de controles específicos),
participar, si viene al caso, en las inspecciones y
las investigaciones organizadas por los Servicios de la
Tomar ante los Servicios responsables cualquier iniciativa
una mejor utilización de la normativa y el estudio
detallado de esta última a fin de remediar las posibles lagunas,
- los métodos de trabajo, la formación del personal
y la intensificación de las relaciones con las administraciones
nacionales (como por ejemplo, intercambiando funcionarios).
3. Concebir, crear y gestionar las infraestructuras comunes,
sobre todo informáticas.
4. Asumir la gestión de un Comité que agrupe a todos los
Servicios responsables y que se reúna con regularidad.
5. Representar a la Comisión en materia de fraudes ante los
Estados miembros y las Instituciones comunitarias.
6. Informar semestralmente a la Comisión de las actividades
30 El Sistema SCENT (Sistem Customs Enforcement Network) es un sistema operativo desde 1987 que crea una red entre los Estados miembros, permitiendo así el intercambio de datos.
Págs. 10 y 11, Decisión de 14 de octubre de 1987, COM (87) 572 final.
7. Proceder, al cabo de un año, a la valoración del esfuerzo
de coordinación en la lucha contra el fraude”
Cuatro años más tarde, y de acuerdo con la Comunicación de 4 de noviembre de 1992 sobre la lucha antifraude 32 , la Comisión decidió reorganizar la UCLAF
disponiendo una nueva estructura interna, pasando de seis a cuatro unidades, de las
cuales tres eran unidades operativas de investigación ( “FEOGA Garantía e importaciones
agrícolas”, “fondos estructurales y otros sectores” y “recursos propios”). Estas unidades operativas de investigación se vieron apoyadas por otra unidad de carácter horizontal (
“asuntos generales, concepción, coordinación).
Fruto de esta reorganización, disponen también de unidades especializadas en la
lucha contra el fraude en diversas DG, tales como la DG VI (Agricultura), DG XIX
(Presupuestos), DG XX (Control Financiero) y DG XXI (Unión Aduanera y Fiscalidad Indirecta), mientras que dentro de las unidades financieras de otras Direcciones
Generales ( V, XIV o XVI) existían células o agentes especializados.
La tercera y última etapa comenzó a finales de 1994 y en ella se llevó a cabo una profundización en la distinción entre, por un lado, desarrollar y aplicar unos principios
comunes y, por otro lado, la tarea de recabar información, realizar investigaciones así
como adoptar medidas correctoras ante el supuesto de una vulneración de los intereses financieros de la Comunidad.
En ese mismo año, la Comisión diseñó una nueva estrategia 33 con el fin de paliar las actividades fraudulentas 34 . Esta nueva estrategia se basaba en cuatro principios o
a) presencia sobre el terreno,
32 SEC (92) 2045 final.
33 COM (94) 92 final
Se trata de la conocida como SEM 2000, Iniciativa de la Comisión “ Por una gestión financiera sana y eficaz”, Informe General 1995, nº 976, e Informe General 1996, nº 970 a 972. Esta iniciativa estaba estructurada en tres fases, las dos primeras destinadas a mejorar la gestión financiera en el seno de la
b) refuerzo de la cooperación con los Estados miembros,
c) mejora del marco legislativo comunitario,
d) mejora de la compatibilidad entre los sistemas penales de los
Esta nueva orientación conllevó cambios en la estructura interna de la UCLAF, de modo que en 1998 las unidades operativas de la UCLAF volvían a ser 6, dos de apoyo horizontal y cuatro unidades operativas. “La primera (F1) se encarga de la coordinación y política general, así como de cuestiones judiciales; la segunda (F2) de la información, de su explotación (intelligence) y de la evaluación de la legislación; la tercera (F3) de los Fondos Estructurales y otros ámbito; la cuarta (F4) del intercambio de productos agrícolas; la quinta (F5) de las organizaciones comunes de mercados agrícolas y, por último, la sexta (F6) se ocupa de los recursos propios. Además el Director de la Oficina de la UCLAF es asistido por un consejero con competencias específicas en materia de formación externa, seminarios, relaciones con los medios de comunicación y coordinación de estudios” 35 .
Ya en febrero de 1995, la Comisión transfiere 36 a la UCLAF las competencias que, en materia de lucha contra el fraude, correspondían a las diferentes Direcciones Generales –así como los recursos tanto humanos como presupuestarios necesarios- al objeto de conseguir una mayor centralización. A partir de este momento, la UCLAF se encarga de todas las actividades de la Comisión en el ámbito de la lucha contra el fraude, lo que incluye:
Comisión, la tercera y última, encargada de conseguir una mejora de la gestión de la parte del presupuesto comunitario gastada en los Estados miembros.
35 Informe Especial nº 8/98
combatir el fraude, en especial, la “ Unidad de coordinación de la lucha contra el fraude” (UCLAF),
acompañado de las respuestas de la Comisión (DO C 230 de 22.7.98, pag. 0001) apartado 3.1
del Tribunal de Cuentas, sobre los servicios de la Comisión encargados de
A través de la Decisión SEC (95) 249.
- la concepción de la lucha contra el fraude en todos sus
ámbitos 37 ,
- el desarrollo de la infraestructura necesaria para la lucha
contra el fraude (bases de datos 38 , redes y fuentes de información 39 ,
- la recopilación y tratamiento de la información sobre los
casos de fraude,
- las medidas operativas necesarias (investigaciones 40 , etc
Sobre la labor y funcionamiento de la UCLAF, cabe afirmar, siguiendo al Tribunal de Cuentas 41 , que “el cometido de la UCLAF es difícil; por un lado, asume tareas administrativas relacionadas con la protección de los intereses financieros de la Comunidad que pertenecen al Primer Pilar, pero al mismo tiempo asume funciones relacionadas con la instrucción judicial que pertenecen al Tercer Pilar, sin contar para ello con el apoyo de una autoridad judicial independiente de ámbito europeo que sea
Son las diferentes DG de la Comisión las responsables de la concepción y gestión de las políticas comunes en sus ámbitos respectivos, teniendo la UCAF y los servicios correspondientes la obligación de cooperar estrechamente y coordinar sus actividades.
Como el trabajo de la UCLAF se basa en la información recibida de las diversas fuentes, las bases de
datos cobran una gran importancia. Con arreglo a su programa estratégico de 1994, la Comisión invirtió numerosos recursos en expandir sus bases de datos y redes de información, de entre las que destacan dos :
IRENE (que registra la comunicación por los Estados miembros de fraudes e irregularidades) y Pre- IRENE (que es la base de datos de gestión interna de casos de la UCLAF). A pesar de la importancia de las bases de datos para la labor de la UCLAF, estas eran escasamente utilizadas, poco fiables y eran sustituidas, con demasiada frecuencia, por versiones más modernas antes de establecer una versión básica de las mismas, tal y como pone de manifiesto el Informe del Tribunal de Cuentas 8/98. Además, los servicios de investigación nacionales carecían de acceso a dichas bases de datos. No obstante los esfuerzos realizados por la UCLAF en esta dirección, no se disponía, en materia de gastos directos, de una base de datos que relacionase los casos de fraude con las cantidades recuperadas.
39 Como una nueva fuente de información, en noviembre de 1994, la Comisión creó el conocido “ teléfono
verde”; éste es un sistema
de datos sobre el fraude comunitario.
40 En materia de investigaciones, en febrero de 1995, el Secretario General de la Comisión pidió a los Directores Generales y los Jefes de Servicios responsables de los gastos o los recursos propios que velaran para que todos los elementos que indicaran la posible existencia de fraude fueran enviados de forma sistemática y rápida a la UCLAF. Sin embargo, en numerosas ocasiones se ocultaban expedientes a los inspectores de la UCLAF y se procedía a destruir todos los elementos de prueba. Con el fin de superar esta situación, el Secretario General de la Comisión aprobó en abril de 1996 un procedimiento que permitía a la UCLAF proceder a registros sin el acuerdo previo del Secretario General y el Director de Personal y Administración a instancias del Director de la UCLAF.
41 Informe Especial 8/98, op. cit. apartado 7.6, documento que analizaremos con mayor detenimiento más adelante.
que permite la comunicación directa y gratuita a los servicios especializados
capaz de iniciar y dirigir la instrucción, así como las diligencias judiciales consiguientes cuando resulte necesario (…)”. Además, los contactos directos entre la Comisión y los Estados miembros deben ser canalizados por la UCLAF que ejerce funciones de coordinación básicamente a partir de los datos recibidos, por lo que cabe afirmar que, a tenor del marco jurídico y administrativo vigente, la lucha contra el fraude corresponde básicamente a los Estados miembros, ya que la UCLAF es la encargada de notificar a las autoridades judiciales de los Estados miembros las pruebas o sospechas en un caso concreto.
La función de la UCLAF supuso el desarrollo de un trabajo integrado de coordinación, en el que no sólo están presentes los aspectos aduaneros, sino también los policiales y los servicios especializados de investigación financiera e incluso judicial. Actividad que no se limita a descubrir los casos de fraude, sino que se extiende también, como aspecto esencial, a la recuperación de las cantidades eludidas o indebidamente obtenidas.
Poco después de la entrada en funcionamiento de la UCLAF en julio de 1988, como acabamos de ver, tiene lugar lo que supone un gran avance en materia de protección de los intereses financieros comunitarios, materializado en el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante, TJCE o Tribunal) en la sentencia de 21 de septiembre de 1989 en el asunto 68/88 (Comisión vs. República Helénica) conocido como el caso del “maíz griego”.
Los hechos que dieron lugar a este pronunciamiento venían constituidos por un supuesto de fraude al arancel agrícola comunitario en el que participaron funcionarios griegos.
El fraude, que se llevaba a cabo ante la pasividad de las autoridades aduaneras griegas, consistió en la falsificación de la declaración oficial de procedencia de dos cargamentos de maíz que en 1986 se exportaron desde Grecia a Bélgica –constando oficialmente su procedencia griega- cuando en realidad su origen era yugoslavo.
De esta manera se conseguía eludir el pago de las exacciones reguladoras agrarias que forman parte de los recursos propios de la Comunidad, lesionando, en consecuencia, los intereses financieros de la Comunidad.
La Comisión interpuso un recurso por incumplimiento contra la República Helénica, alegando que Grecia había infringido el deber de cooperación leal (recogido en el artículo 5 TCE) por no haber iniciado ningún procedimiento disciplinario ni penal contra las personas que habían participado en el fraude.
La doctrina que el Tribunal sentó en este caso viene, en primer lugar, a confirmar una línea jurisprudencial iniciada con la sentencia de 2 de febrero de 1977, conocido como el caso de “los bulbos holandeses 42 ”. El Tribunal, en los breves considerandos 32 y 33 establece que si bien el artículo 5 TCE insta a los Estados a adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que dimana del Tratado, los Estados miembros tienen plena libertad para elegir el tipo de medidas a adoptar, incluso si se trata de disposiciones de carácter penal.
Pues bien, el TJCE en el asunto del maíz griego retoma esta idea de libertad de elección, pero da un importantísimo paso más al establecer dos principios que actuarán como límites a esta libertad de actuación.
En primer lugar, sienta el Tribunal lo que será la piedra angular –como más adelante se verá con detalle- de la futura construcción de la normativa en materia de protección de los intereses financieros de la Comunidad: el principio de asimilación que exige que “las infracciones comunitarias sean sancionadas en condiciones análogas de fondo y de procedimiento a las aplicables a las infracciones del Derecho nacional cuando tengan una índole y una importancia similares” (considerando 24).
sentada la obligación de imponer sanciones
similares a las nacionales, cuando se castiga una infracción del Derecho comunitario
42 Caso 50/76, Ámsterdam Bulb BV vs Produktschap voor Siergewassen, de 2 de febrero de 1977.
(principio de asimilación), establece una ulterior obligación consistente en castigar las infracciones del Derecho comunitario con sanciones de carácter “efectivo, proporcionado y disuasorio” (considerando 24 in fine), es el conocido principio de eficacia.
La relevancia de este pronunciamiento se entiende si se es consciente de la precaria y genérica base normativa que para la protección de los intereses financieros comunitarios y la lucha contra el fraude se disponía. Ésta venía a encontrar su asiento en el artículo 5 TCE que, como cláusula general, establecía que “Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Tratado o resultantes de los actos de las instituciones de la Comunidad. Facilitarán a esta última el cumplimiento de su misión. Los Estados miembros se abstendrán de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines de este Tratado”.
Frente a esta genérica protección, la sentencia en el caso del maíz griego supone un considerable adelanto en la protección de los intereses financieros comunitarios y en materia de lucha contra el fraude al imponer un nivel de protección más estricto.
II. EL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA LUCHA
CONTRA EL FRAUDE TRANSFRONTERIZO: EL TERCER PILAR.
A partir del año siguiente al pronunciamiento del TCE en el caso del maíz griego, ya en 1990 y a lo largo de esa década, se va a asistir a una serie de diferentes acciones provenientes tanto de la Comisión como del Consejo relativas a conseguir una eficaz protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas. Sin
embargo, no todas estas acciones –paralelas entre sí en el tiempo- llegarán a buen puerto.
Ya en noviembre de 1990 tiene lugar en Roma una reunión informal de los Ministros de Justicia en la que se crea, con el objeto de encargarse del estudio de la
protección jurídica de los intereses financieros de las Comunidades el conocido como
“Grupo Derecho Penal/Derecho Comunitario”, grupo ad hoc del Consejo, creado en el
marco de la cooperación judicial para prestar asistencia al Comité K4.
Los representantes de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, el
miembros 44 ,
13 de noviembre de 1991, conscientes de la preocupación existente en las instituciones
emitieron una Resolución 45 sobre la
europeas 43
protección de los intereses financieros de las Comunidades en la que, considerando que
la lucha contra el fraude debe ocupar un lugar privilegiado en la agenda de las próximas conferencias intergubernamentales y reconociendo que la propuesta de modificación de
los Tratados, que la Comisión presentó en 1976, con el fin de crear un marco jurídico
que permita la adopción de normas comunes sobre la protección penal de los intereses
financieros de las comunidades, todavía no ha recibido el dictamen favorable del Consejo, advierte de la necesidad de estudiar de nuevo la cuestión.
Por ello, en la Resolución, el Consejo evidencia claramente dos ideas. Por un lado, declara que “la cooperación entre los Estados miembros en materia de
prevención y lucha contra las prácticas fraudulentas que dañan los intereses
financieros de las Comunidades se verá fomentada si se hacen compatibles las normas contenidas en las disposiciones legales y administrativas de los Estados miembros
sancionadoras de tales comportamientos”.
43 Expresada en instrumentos como la Resolución del Parlamento Europeo de 24 de octubre de 1991, relativa a la protección jurídica de los intereses financieros de las Comunidades.
44 Hecha pública en la Declaración del Consejo de 8 de julio de 1991, relativa a la lucha contra el fraude en detrimento del presupuesto de las Comunidades.
DO C 328 de 17 de diciembre de 1991, pág. 0001-0002 (91/C328/01)
Por otro lado y, en consecuencia de la idea anterior, encomienda al grupo de trabajo Derecho Penal/Derecho Comunitario que retome el estudio de la propuesta de la Comisión de 1976, y solicita a la Comisión que realice un estudio jurídico comparativo sobre las mencionadas disposiciones de los Estados miembros al objeto de precisar las medidas a adoptar para conseguir una mayor compatibilidad de las disposiciones, invitándola a presentar sus resultados, a más tardar, durante el primer semestre de 1993. La Comisión acepta esta invitación y elaborará un informe que recogerá 17 recomendaciones y que verá la luz el 16 de julio de 1993 siendo conocido como “Informe Delmas-Marty”.
209 A TUE: LA PRIMERA BASE JURÍDICA
PARA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE
Poco después de esta reunión tiene lugar otro hito significativo en el proceso de protección de los intereses financieros de la Comunidad: la aprobación del Tratado de la Unión Europea el 7 de febrero de 1992 46 , siendo de singular importancia su artículo 209A que dispone:
“Los Estados miembros adoptarán las mismas medidas para combatir el fraude que afecte a los intereses financieros de la Comunidad que las que adopten para combatir el fraude que afecte a sus propios intereses financieros.
Sin perjuicio de otras disposiciones del presente Tratado, los Estados coordinarán sus acciones encaminada a proteger los intereses financieros de la Comunidad contra el fraude. A tal fin, organizarán, con la ayuda de la Comisión, una colaboración estrecha y regular entre los servicios competentes de sus administraciones”
46 Elaborado en Maastricht y que entrará en vigor el 1 de noviembre de 1993.
La gran relevancia de este precepto reside en el hecho de ser la primera vez que se recoge en el texto de los Tratados una previsión específica para la protección de los intereses financieros comunitarios, si bien la lucha contra el fraude queda enmarcada en el Tercer Pilar 47 .
el artículo 209A tiene la ventaja
de situar el objetivo de los medios de la lucha contra el fraude al más alto nivel institucional. El Tratado de la Unión Europea, dirigido a mantener y desarrollar el
Tal y como afirma la propia Comisión 48 “(
El Tratado de la Unión Europea (TUE), pieza de importancia capital en el proceso de unificación, puesto que por primera vez se sobrepasa el objetivo de crear un mercado común, para dotar al proceso unificador de miras de unidad política, instaura una nueva estructura organizada en torno a tres pilares. El Primer Pilar o pilar central, que recoge la dimensión comunitaria, hunde sus raíces en los Tratados de París y Roma, modificados por el Acta Única Europea. Según este pilar, la función de la Comunidad Europea consiste en promover un desarrollo armonioso y equilibrado de las actividades económicas, un crecimiento sostenible y no inflacionario que respete el medio ambiente, un alto grado de convergencia en materia de resultados económicos, un alto nivel de empleo y de protección social, la elevación de los niveles y la calidad de vida, así como la cohesión económica y social y la solidaridad. Dentro esta materia comunitaria incardinada en el llamado Primer Pilar, el TUE trae cuatro grandes modificaciones: en primer lugar, se prevé un reforzamiento de los poderes comunitarios frente a los Estados miembros, para paliar el denunciado “ déficit democrático” de las instituciones de la Comunidad; en segundo lugar, se crea la ciudadanía de la Unión; se amplían las competencias de la unión, que ahora tiene competencias en 17 grandes áreas; y en cuarto y último lugar, se observa un fortalecimiento de la Cohesión Económica y Social. El Segundo Pilar (Título V del TUE), sucesor de la Cooperación Política Europea, está formado por acciones comunes que la Unión puede desarrollar en materia de Política Exterior y de Seguridad (PESC). Sus disposiciones se establecen en un marco de cooperación, esencialmente intergubernamental, al que la Comisión está asociada y en el que el Parlamento Europeo participa con carácter consultivo. Presenta como principales objetivos: la defensa de los valores comunes, de los intereses fundamentales y la independencia de la Unión; el mantenimiento de la paz y fortalecimiento de la seguridad internacional; el fomento de la cooperación internacional; el desarrollo y consolidación del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Para alcanzar estos objetivos el Tratado prevé dos mecanismos. Uno de ello la cooperación sistemática entre Estados miembros y el otro, el desarrollo gradual de acciones comunes. El Tercer Pilar (Título VI), cuyo objeto es la cooperación en materia de Justicia y Asuntos de Interior (JAI), tiene como objetivos primordiales los asuntos relacionados con las fronteras (tales como las políticas en materia de asilo, inmigración, condiciones de acceso y de circulación, residencia, emigración ilegal y trabajo) y con los asuntos de carácter transfronterizo (lucha contra el terrorismo, contra el tráfico ilícito de drogas y contra la defraudación a escala internacional, la cooperación judicial en materia civil y en materia penal y la cooperación aduanera). Sin embargo, se prevé que las disposiciones del Tratado en materia de justicia y asuntos de interior no afectarán a las responsabilidades de los Estados miembros en materia de orden público y salvaguardia de la seguridad interior. La gran diferencia entre el Primer y el Segundo y Tercer Pilar comunitario reside en la toma de decisiones, debiéndose alcanzar un consenso entre los Gobiernos de los Estados miembros en materias de los pilares no comunitarios y por mayoría de las instituciones comunitarias, en las decisiones relativas a materias del Primer Pilar. Este entramado de Pilares se verá modificado con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, como se analizará más adelante en este trabajo. 48 Informe de la Comisión relativo a la “ Protección de los intereses financieros de la Comunidad” de 1993, págs. 9 y 10.
acervo comunitario, confirma el deber de los Estados miembros de proteger los intereses económicos dela Comunidad de manera eficaz, proporcionada y disuasiva, tal y como ha definido la jurisprudencia del Tribunal. En su función de garante de los Tratados que le asigna el artículo 155, la Comisión vela especialmente por el cumplimiento de esta obligación”.
Se supera, de este modo, la situación precedente en la que el marco de tal protección venía dado únicamente por el artículo 5 TCE y el pronunciamiento del TJCE, antes estudiados.
Del texto de este precepto es posible extraer dos principios. Por un lado, el principio de asimilación (primer párrafo), enunciado por vez primera en el caso 68/88, caso del maíz griego, y que impone a los Estados miembros la obligación de adoptar para combatir el fraude comunitario, las mismas medidas que las que se adopten para combatir el fraude que afecte a los propios intereses financieros 49 .
Por otro lado, el principio de cooperación de las acciones de los Estados miembros tendentes a la protección de los intereses financieros de la Comunidad (segundo párrafo). En lo relativo a las diferentes formas de cooperación intergubernamental el TUE, en su Título VI (el Tercer Pilar, como hemos visto) regula una serie de cuestiones relacionadas con la lucha contra el fraude en el ámbito internacional (art. K1, punto 5 TUE). Con el fin de coordinar sus acciones, los Estados miembros se informan en el seno del Consejo. Además, el Consejo, a iniciativa de cualquier Estado miembro o de la Comisión, puede adoptar posiciones comunes, acciones comunes y celebrar convenios (art. K.3 TUE), instrumentos todos ellos, como acabamos de ver, pertenecientes al ámbito de colaboración y cooperación reforzada del Tercer Pilar.
49 Sobre la implementación del primer párrafo del artículo 209A, consultar págs. 34 ss del Informe Anual de la Comisión, sobre “La protección de los intereses financieros comunitarios”, 1995.
No obstante el gran avance que supuso este nuevo precepto –que, por otra parte, no es aplicable a los ámbitos CECA ni EURATOM- cabe objetar del mismo que sólo recoge una vertiente represivo-disuasoria, puesto que no contiene mención alguna al ámbito de prevención.
Es predicable, también, del mismos su carácter restrictivo, ya que , si bien habla de la obligación de asimilación, lo hace como obligación de medio y no de resultado. Por otro lado, este carácter restrictivo se desprende del hecho de no implicar a la Comunidad en la lucha contra el fraude, dejando al margen la función de coordinación que signa a la Comisión y hablando únicamente de las obligaciones de los Estados miembros 50 , configurándose como una base jurídica genérica para la protección de los intereses financieros comunitarios, lo que supuso una ausencia de atribución de competencias a la Comunidad para poder establecer sanciones administrativas 51 . En consecuencia, podemos afirmar que este artículo 209A codificó la doctrina enunciada por el TJCE, pero no introdujo ningún avance más 52 .
En el plano institucional, el párrafo segundo de este precepto llevó a la Comisión a crear un “Comité consultivo para la coordinación en materia de lucha contra el fraude”, encargado de la coordinación de los Estados miembros y la Comisión, misión que hasta ese momento se venía ejerciendo en un marco informal en el Comité de Coordinación de la Lucha Antrifraude (COCOLAF).
Este Comité consultivo, creado el 23 de febrero de 1994 53 , y reunido por primera vez el 1 de julio y, en ulteriores reuniones, en octubre y noviembre de ese mismo año, sería centro de debates para la elaboración del programa de trabajo de la Comisión y del
50 La toma de decisiones por parte de los Estados miembros se realiza por el criterio de unanimidad en el Consejo.
51 De ahí que – como veremos en paginas ulteriores- la Comisión tuvo que recurrir al artículo 235 TCE para la elaboración y aprobación de los Reglamentos 2988/95 y 2185/96.
NAVARRO BATISTA, N. , “La lucha contra el fraude tras el Tratado de Amsterdam: un proceso inacabado” , Revista de Derecho Comunitario Europeo nº 1998/4, pág. 439. 53 Por Decisión de la Comisión 94/140/CE (DO L 61 de 23 de febrero de 1994.
seguimiento de cualquier asunto relacionado con la protección jurídica de los intereses financieros de la Comunidad 54 .
EL TERCER PILAR COMO VÍA PARA LA PROTECCIÓN DE
Ocho meses después de la aprobación del TUE, en octubre de 1992, la Presidencia británica presentó al grupo “Derecho Penal/Derecho Comunitario” un
proyecto de Declaración Intergubernamental sobre la lucha contra toda conducta
fraudulenta que perjudique los intereses financieros de las Comunidades. Sin embargo, este proyecto nunca vería la luz 55 y no fue hasta junio de 1993 cuando el Consejo
Europeo de Conpenhague, celebrado los días 21 y 22, señaló claramente la necesidad de
reforzar la protección de los intereses financieros de las Comunidades en el contexto de las nuevas disposiciones del Tratado de la Unión Europea e “instó a la Comisión a
presentarle propuestas antes del mes de marzo de 1994”.
Tan solo unos días después, el 16 de julio de 1993, la Comisión, -en ejecución de la Resolución del Consejo de 13 de noviembre de 1991 y habiendo encomendado la
elaboración de los estudios referidos por el Consejo a investigadores y expertos de alto
nivel-, remitió 56 los resultados de estos estudios 57 al Consejo y al Parlamento Europeo. Por su parte, la Comisión procedió a la evaluación de estos trabajos con la finalidad de
identificar las lagunas e incompatibilidades en la protección jurídica de los intereses
económicos de la Comunidad 58 .
54 Sobre la implementación por los Estados miembros del segundo párrafo del artículo 209A, ver Informe Anual de la Comisión de 1995, op cit. págs. 36 ss.
55 A pesar de ello, sirvió de punto de referencia –como más adelante se estudiará- para la elaboración del Convenio de 26 de julio de 1995.
56 Documento de trabajo de los Servicios de la Comisión, SEC (93) 1172 de 16 de julio de 1993.
Estos estudios son el trabajo que el Consejo en su Resolución de 13 de noviembre de 1991 había invitado a hacer y que daría como resultado un Informe elaborado por DELMAS-MARTY recogiendo 17 recomendaciones y un informe comparativo que, con anterioridad a la Resolución del Consejo de 13 de noviembre de 1991, y por propia iniciativa, la Comisión había comenzado.
El primer semestre de 1994,
el grupo Derecho Penal/Derecho Comunitario realizó un estudio
pormenorizado de las 17 recomendaciones del Informe Delmas-Marty.
Transcurridos 4 meses, el primer Consejo “Justicia y Asuntos de Interior” (Consejo JAI) celebrado tras la entrada en vigor del TUE, los días 29 y 30 de noviembre
de 1993 emitió una Resolución declarando la oportunidad de “estudiar las medidas que
convendría adoptar para hacer posible una mayor compatibilidad de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en la lucha contra
las prácticas fraudulentas que perjudican los intereses financieros de las
En ese mismo Consejo, la Comisión, en su declaración, se compromete a
presentar propuestas de acciones en respuesta a la petición que recibió del Consejo
(Economía y Hacienda) de Luxemburgo de 7 de junio de 1993, y del Consejo Europeo de Conpenhague, de los días 21 y 22 de junio de ese mismo año.
El Consejo Europeo de Corfú –celebrado los días 24 y 25 de junio de 1994- pidió al Consejo JAI que llegara a un acuerdo sobre cómo atajar los aspectos criminales
del fraude y que le informara en su reunión de Essen.
El 11 de julio de 1994, la Comisión presentó una propuesta de acto (Proyecto de Convenio 59 ) del Consejo por el que se celebra el Convenio relativo a la protección de
los intereses financieros de la Comunidad 60 . Tras la presentación de este documento, el
Proyecto de Modificación de los Tratados de 1976 fue retirado definitivamente.
Tal y como afirma la Comisión 61 , “el objeto de la propuesta de la Comisión es
introducir no sólo una definición del fraude contra el presupuesto comunitario y el principio de la incriminación específica en el Derecho penal de los Estados miembros,
sino también disposiciones par agilizar la cooperación judicial. La incriminación
59 COM (94) 214 final, de 15 de junio de 1994.
El Parlamento Europeo, en Resolución de 15 de diciembre de 1994 (Doc. PE 185 379, de 15 de diciembre de 1994) pidió a la Comisión que retirara su propuesta de Convenio, ya que el planteamiento institucional adoptado le privaba de su poder de acción y atribuye exclusivamente al Consejo el poder de Decisión, lo que, en opinión del Parlamento, podría debilitar gravemente la protección de los intereses financieros comunitarios. 61 Informe anual de la Comisión, “ Lucha contra el fraude”, 1994, pág. 18, OPOCE , Luxemburgo. Para ahondar más en este proyecto, ver páginas 18 y 19.
específica es lo único que puede cumplir plenamente los requisitos del artículo 209 A CE. Debe precisarse el alcance exacto del concepto de fraude contra los intereses financiero comunitarios, que constituye uno de los componentes del fraude internacional a que se refiere el artículo K.1.5 del TUE, en el que se inscribe la iniciativa de la Comisión”.
El 1 de diciembre de 1994, el Consejo (Justicia) emite una Resolución en la que invita a la elaboración de un instrumento jurídico de protección de los intereses financieros de las comunidades dentro del Derecho penal nacional, tomando como referencia el Proyecto de Acción Común de la presidencia británica y el Proyecto de Convenio de la Comisión. La Resolución del Consejo recoge la idea de una definición común del fraude comunitario, solicitando que la legislación relativa al blanqueo de dinero se extienda a la protección jurídica de los intereses financieros de la Comunidad.
El Consejo (Economía y Hacienda) de 5 de diciembre invitó al Consejo a adoptar rápidamente las medidas necesarias para mejorar el marco legislativo comunitario desde la perspectiva de la evitación del fraude.
El Consejo Europeo de Essen, celebrado en esa localidad los días 9 y 10 de diciembre, aprobó una resolución que daba luz verde a la elaboración de un instrumento jurídico del Tercer Pilar que debía ser aprobado el año siguiente. En las conclusiones de esta resolución se pide a los socios institucionales que “emprendan una acción concertada con los Estados miembros”, y que “le presentaran informes sobre las medidas internas aplicadas para luchar contra el despilfarro y la malversación de los recursos comunitarios 62 ”.
Estos informes debían ser examinados en el Consejo “Economía y Hacienda” de junio de 1995 y presentarse al Consejo Europeo de diciembre de 1995.
62 Informe anual de la Comisión, 1994, “ Lucha
” op. cit. pág. 33.
El Consejo (Economía y Hacienda) de 16 de enero de 1995 manifestó su deseo de llegar a un consenso sobre la forma y el contenido de dichos informes para poder
aprovechar mejor los balances presentados.
Para poder disponer de unos informes homogéneos, por medio de los que se
pudiera realizar una auténtica comparación de los sistemas nacionales, la Comisión
elaboró, a petición del Consejo, un esquema general de elaboración de dichos informes
nacionales que recibió la aprobación del Consejo ECOFIN (Economía y Hacienda) de 20 de febrero de 1995.
Los Estados miembros enviaron los informes 63 en el plazo establecido, en mayo de 1995, al objeto de ser sometidos al estudio del Consejo ECOFIN, cosa que tuvo lugar
el 19 de junio de 1995, éste estuvo de acuerdo acerca de la necesidad de progresar a lo
largo de tres ejes el nacional, el comunitario y el asociativo, para mejorar la eficacia y protección de los intereses financieros de la Comunidad.
Además, el Consejo de Essen hizo un llamamiento al Consejo JAI para que
continuara activamente sus debates con el fin de posibilitar, en el primer semestre de 1995, la adopción de una acción común o un convenio.
Tras este llamamiento, el Consejo JAI celebrado los días 9 y 10 de marzo de 1995 constató que existía un consenso político sobre la conveniencia de elaborar, en una
primera fase, un “instrumento jurídico autónomo” relativo a cuestiones esenciales
(definición de fraude, necesidad de tipificar como hechos punibles los casos de fraude, la adecuación de las sanciones penales, las normas de competencia jurisdiccional de los
Estados miembros, la extradición y responsabilidad penal de los directores de
63 A pesar de ese esquema general de elaboración de los informes que presentó la Comisión, los informes nacionales eran relativamente dispares (tal y como pone de manifiesto la propia Comisión) tanto en la extensión como en los puntos de mayor atención, ello puede ser achacable, en opinión de la Comisión, a la brevedad de los plazos otorgados, lo que llevó en ocasiones a una imposibilidad material de recoger la documentación necesaria para su correcta elaboración y a la falta de diálogo entre la Comisión y los Estados miembros.
Sobre la base de este consenso, el grupo Derecho Penal/Derecho Comunitario centró sus esfuerzos en elaborar un texto del Convenio sobre la base del Proyecto de Acción Común de la presidencia británica y el Proyecto de Convenio de la Comisión, completados con los textos transaccionales que habían presentado las presidencias alemana y francesa y las elaboradas en el Consejo JAI los días 20 y 21 de junio 1995.
En el Consejo Europeo de Cannes, celebrado los días 26 y 27 de junio de 1995, se comprobó que existía un acuerdo acerca del texto del Convenio. Además, una vez examinados los informes de los Estados miembros sobre las medidas adoptadas en el nivel nacional para luchar contra el despilfarro y la malversación de los recursos comunitarios, instó a la Comisión a elaborar, para su posterior presentación en la reunión de Madrid, un documento de síntesis comparativo.
En cumplimiento de esta petición, el 8 de diciembre de 1995, la Comisión presentó un “Análisis Comparado de los informes de los Estados relativos a medidas adoptadas al nivel nacional para luchar contra el despilfarro y la malversación de recursos comunitarios” acompañado de un Documento de Síntesis 64 . Estos trabajos son definidos por la Comisión como “un informe intermedio a partir del análisis comparado de los informes nacionales. Elabora el balance de la aplicación del artículo 209 A CE, referente a la protección de los intereses financieros de la Comunidad, y realiza una síntesis de las medidas adoptadas por los Estados miembros para luchar contra la malversación de los recursos comunitarios” 65 .
El Consejo de Madrid celebrado los días 15 y 16 de diciembre de 1995, reforzó la idea de la necesidad de adoptar una normativa para la protección de los intereses financieros tan pronto como fuera posible y a más tardar en junio de 1996.
Constatando el consenso en torno al texto del Convenio, en el Consejo Europeo de Cannes se aprobó el texto definitivo del Convenio que se firmó en el Consejo
64 Ambos documentos en COM (95) 556 final de 8 de diciembre de 1995. 65 Documento de Síntesis, op. cit. Pág. 6.
reunido en Luxemburgo el 26 de julio de 1995 66 y que fue seguido en el tiempo por un Informe Explicativo 67 , aunque, tal y como manifestó la Comisión 68 , el texto de la Convención adoptada por el Consejo no recogía todos los elementos de la propuesta de la Comisión, debido a la falta de tiempo para proseguir los debates, ante la expiración del plazo para llevar a cabo el plan de trabajo que había sido impuesto por el Consejo.
El mayor avance que presenta el texto aprobado del Convenio es la definición de «fraude» 69 –particularizando los supuestos de ingresos de los supuestos de gastos-, contenido en el artículo 1 apartado 1, ya que, si bien en la legislación de carácter horizontal adoptada al amparo del Primer Pilar existían en ese momento disposiciones referidas a la lucha contra el fraude 70 , “sin embargo, en la detección y persecución de los fraudes que exigen el ejercicio de competencias y atribuciones de orden penal, se considera necesario, para garantizar el cumplimiento de esta misma obligación, recurrir a instrumentos de Derecho internacional clásico, es decir, los convenios, que como tales se enmarcan en el Tercer Pilar” 71 .
Según la dicción de este artículo primero, “a los efectos del presente Convenio será constitutivo de fraude que afecta a los intereses financieros de las Comunidades Europeas;
- a la utilización o a la presentación de declaraciones o de
documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan por efecto la
66 Acto del Consejo de 26 de julio de 1995, por el que se establ ece el C onvenio relativo a la prot ección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316, de 27 de noviembre de 1995, pág. 48).
67 Informe Explicativo relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas 97/C 191/01, (DO C 191 de 23.6.1997 , pág. 0001 ss).
68 Informe Anual de la Comisión 1995, Lucha contra el fraude, pág. 14.
Sobre la distinción ente concepto de “ fraude” y el concepto de “ irregularidad” ver página 42 de este trabajo.
Nos referimos aquí al Reglamento 2988/95, disposición que analizaremos en el apartado siguiente.
71 Informe Especial del Tribunal de Cuentas nº 8/98 sobre los servicios de la Comisión encargado de
combatir el fraude,
acompañado de las respuestas de la Comisión, 98/C230/01 (DO C 230 de 22.7.98, pág. 0001 ss), párrafo
en especial la “ Unidad de coordinación de la lucha contra el fraude” (UCLAF),
percepción o la retención indebida de fondos procedentes del presupuesto general de las Comunidades Europeas o de los presupuestos administrados por las Comunidades Europeas o por su cuenta;
- al incumplimiento de una obligación expresa de
comunicar una información, que tenga el mismo efecto;
- al desvío de esos mismos fondos con otros fines distintos
de aquellos para los que fueron concedidos en un principio;
b) en materia de ingresos 72 , cualquiera acción u omisión intencionada relativa:
a la utilización o a la presentación de declaraciones o de
disminución ilegal de los recursos del presupuesto general de las Comunidades Europeas o de los presupuestos administrados por las Comunidades Europeas o por su cuenta;
al incumplimiento de una obligación expresa de
- al desvío de un derecho obtenido legalmente, que tenga el mismo efecto.”
En palabras recogidas por el Informe Explicativo, “de esta manera, mediante este instrumento, y partiendo de una definición única del fraude, los Estados miembros se comprometen en principio a considerar infracciones penales (artículo 1) los comportamiento que se definen como fraudulentos con respecto al presupuesto de las Comunidades y a imponer sanciones penales, entre las que figuren penas de privación
72 Según el propio Informe Explicativo del Convenio, “se entenderá por ingresos aquellos procedentes de las dos primeras categorías de recursos propios contempladas en el apartado 1 de l artículo 2 de la Decisión 94/728/CE del Consejo, de 31 de octubre de 1994, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas, es decir, los derechos fijados en los intercambios con países terceros en el marco de la política agrícola común y las cotizaciones previstas en el marco de la organización común de mercados del azúcar, por una parte, y los derechos de aduana fijados en los intercambios con países terceros, por otra. No comprenderán los ingresos procedentes de la aplicación de un tipo uniforme válido para todos los Estados miembros a la base de IVA, dado que el IVA no constituye un recursos propio percibido directamente por cuenta de las Comunidades, como tampoco incluirán los ingresos procedentes de la aplicación de un tipo uniforme a la suma de los PNB de todos los Estados miembros”.
de libertad, que puedan dar lugar a la extradición al menos en caso de fraude grave (artículo 2) 73 .
Además, los Estados miembros deberán adoptar las medidas necesaria para permitir que los jefes de empresa o cualquier persona que ejerza poderes de decisión o de control en el seno de las empresas incurran, en determinados casos, en responsabilidad penal (artículo 3).
El presente Convenio determina las normas de competencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros (artículo 4) y establece asimismo normas innovadoras en materia de extradición y de persecución (artículo 5).
Por otra parte, el artículo 6 instituye claramente el principio de cooperación judicial penal reforzada entre los Estados miembros, sobre todo en los casos de fraude transnacional.
El artículo 7 del Convenio recuerda el cumplimiento del principio “ne bis in
El artículo 8 precisa las modalidades según las cuales el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas será competente para resolver los litigios entre los Estados miembros y entre éstos y la Comisión. 74
73 El artículo 2, apartado primero, resulta de importancia capital puesto que es muestra del espíritu que guía a este instrumento convencional: se pretende una cierta armonización de los sistemas penales de los Estados miembros.
74 La limitación de la competencia del TJCE no responde a la propuesta inicial de la Comisión, sino al planteamiento restrictivo de los Estados miembros en el seno del Consejo. Sin embargo para contrarrestar esta limitada competencia del Tribunal, en virtud del Protocolo relativo a la interpretación, con carácter prejudicial, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (establecido por acto del Consejo de 29 de noviembre de 1996 (97/C151/01, DO C 151 de 20.5.97, pág. 0001 ss.), los Estados miembros pueden, mediante declaración efectuada en el momento de la firma del Convenio o con posterioridad, aceptar la competencia del TJCE para pronunciarse, con carácter prejudicial, sobre la interpretación del Convenio y del Primer Protocolo.
El artículo 9 enuncia el principio según el cual el presente convenio no impedirá a los Estados miembros adoptar disposiciones internas cuyo alcance sea mayor al de las obligaciones derivadas del mismo.
El artículo 10 instaura un sistema de información entre los Estados miembros y la Comisión”
Con este Convenio no se instaura un sistema penal comunitario, debido a la falta de competencia de la Comunidad en materia de Derecho penal 75 , por lo que la protección penal de los intereses financieros de la Comunidad descansa en los sistemas penales de los Estados miembros, tal y como acertadamente sostiene BACIGALUPO ZAPATER 76 al precisar que “al instaurarse el nuevo sistema financiero, la Comunidad no recibió competencias sancionadoras especiales que le permitieran arbitrar la propia protección de estos intereses. Por tanto, la protección a los medios propios de la Comunidad, mientras ésta no disponga de competencias sancionadoras 77 será una cuestión del Derecho interno de los Estados miembros”.
El Convenio de 26 de julio de 1995 colma las aspiraciones del Consejo de Cannes celebrado en junio de ese mismo año y, al mismo tiempo, llama a una continuidad en esta línea en el Considerando 2º del Acto del Consejo por el que se establece el mencionado Convenio:
“Considerando que para luchar con la mayor energía contra dicho fraude, conviene crear un primer dispositivo convencional, que se completará cuanto antes mediante otro instrumento jurídico, para
75 Esta ausencia de competencia sancionadora penal ya fue puesta de manifiesto por el TJCE en la Sentencia SAIL de 1972 (STJCE de 21 de marzo de 1972, C82/71, Rec. 1972, pág. 119) al establecer que el Derecho Penal constituye un área descomunitarizada. (Vid. nota 6 de este trabajo). 76 BACIGALUPO ZAPATER, E, “La protección de los intereses financieros de la Comunidad Económica Europea en el Derecho penal español” , Cuadernos de Política Criminal nº 40, 1990, EDERSA, Madrid, pág. 245.
77 Sobre atribución de competencias sancionadoras (administrativas) a la Comunidad ver más adelante en este trabajo páginas 38 ss, especialmente la página 39, en donde se realiza un comentario de los Reglamentos 2988/95 y 2185/96.
mejorar la eficacia de la protección penal de los intereses financieros de las Comunidades Europeas”
A pesar de la loable tarea llevada a cabo por las instituciones comunitarias, el lapso de tiempo transcurrido hasta su entrada en vigor fue muy dilatado, puesto que no fue ratificado por los 15 Estados miembros (debe ser ratificado por los Estados miembros puesto que se trata de un instrumento del Tercer Pilar) hasta 7 años después, pues fue finalmente ratificado por todos los Estados miembros 17 de octubre de 2002.
Esta dilación en su entrada en vigor, trajo como consecuencia, en palabras del Tribunal de Cuentas 78 , que durante este tiempo las normas que rigieron la cooperación judicial se basaron “en el Derecho internacional que se remonta a la década de los cincuenta, cuando Europa carecía de instituciones y políticas comunes respaldadas por un presupuesto único, cuando los intercambios comerciales y financieros eran perpetrados por individuos o bandas, no por redes internacionales organizadas capaces de mantener una apariencia exterior de legalidad, como sucede hoy en día”.
UN SEGUNDO INTENTO DE ESTABLECER UN “ESTATUTO
PENAL” DE LOS FUNCIONARIOS COMUNITARIOS.
Ante la llamada del propio Convenio a la elaboración de más textos normativos para ahondar en la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, la Presidencia italiana hizo de la elaboración de este segundo instrumento una de sus prioridades en su plan de trabajo para 1996. En consecuencia, y como nada se decía en el Convenio sobre la forma que debiera adoptar este segundo instrumento, la Comisión –ante la petición del Consejo de Madrid de 1995- elaboró una Propuesta de Protocolo el 20 de diciembre de 1995 79 sobre la base de la propuesta de la Presidencia Española que ésta había presentado en el Consejo de Cannes de junio de 1995.
78 Informe Especial 8/98, op. cit., apartado 2.11. 79 COM (95) 693 final.
El Consejo dio luz verde al texto de este segundo instrumento jurídico del Tercer Pilar destinado a la protección de los intereses financieros de las Comunidades el 27 de septiembre de 1996 80 , aprobando así el texto del primero de los dos Protocolos de este Convenio, que a pesar de ser un Protocolo tiene el mismo nivel normativo y fuerza vinculante que la Convención, aunque , por las mismas razones que el Convenio, todavía no ha entrado en vigor.
La finalidad de este Protocolo -que bebe sus principios inspiradores del Proyecto de modificación de los Tratados (Segundo Proyecto) relativo a la adopción de una reglamentación común en materia de responsabilidad y de tutela penal de los funcionarios de las comunidades de 1976- es llenar las lagunas de la legislación interna de algunos Estados miembros asimilando en el plano del Derecho penal, no solo a los funcionarios de las Comunidades Europeas, sino también a los funcionarios de los demás Estados miembros, puesto que éstos últimos y no solo los funcionarios comunitarios están relacionados con el fraude a los intereses financieros, debido a su vocación internacional 81 .
El Protocolo prevé tanto la corrupción activa como la pasiva y
acercamiento de los distintos conceptos presentes en los distintos derechos nacionales.
Este Primer Protocolo aparece como la respuesta a la letra h) del punto 7 de la Resolución del Consejo de 6 de diciembre de 1994 82 cuando proclamaba que “los Estados miembros deberían adoptar medidas eficaces para sancionar el soborno en el que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas en relación con los intereses financieros de las Comunidades”. Sin embargo, al ceñir este instrumento su objeto al desarrollo del Convenio de 26 de julio de 1995, sólo exigía a los Estados
80 Acto del Consejo por el que se establece un Protocolo del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (Protocolo referido en especial a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios o nacionales y que causen o puedan causar perjuicios a los intereses financieros de las Comunidades Europeas), DO C 313, de 23.10.96, pág. 0001 ss.
81 Artículo 11.b in fine de este Protocolo. 82 DO C 355, de 14.12.1994, pág. 0002
miembros que castigaran la conducta de los funcionarios que pusiera en peligro o atentara contra los intereses financieros de las Comunidades Europeas.
Conscientes de esta limitación, la Presidencia italiana presentó en 1996 un proyecto de Convenio “con el fin de garantizar la tipificación de todo acto de corrupción en el que estén implicados funcionarios comunitarios o de los Estados miembros, y no sólo los actos vinculados al fraude contra los intereses financieros de las Comunidades” 83 .
Sobre esta base, el Consejo adoptó, el 26 de mayo de 1997, el acto por el que se aprueba, sobre la base de la letra c) del apartado 2 del articulo K.3 del Tratado de la Unión Europea, el Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea 84 .
La entrada en vigor de este Primer Protocolo se demoró en igual medida y por las mismas circunstancias que el Convenio, entrando igualmente en vigor el 17 de octubre de 2002.
EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE: EL
BLANQUEO DE CAPITALES Y LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS
El Acto del Consejo de 19 de junio de 1997, por el que se establece el Segundo Protocolo 85 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las
83 Informe Explicativo del Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea, DO C 391, de 15.12.1998, págs. 0001-0012. 84 DO C 195, de 25.6.1997, pág. 0001.
85 Segundo Protocolo referido a la responsabilidad de las personas jurídica, la confiscación, el blanqueo de capitales y la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión para proteger los intereses financieros de las Comunidades Europeas y proteger los datos personales correspondientes, DO C 221, de 19.7.97, pág. 0011.
Comunidades Europeas aprueba lo que se convierte en el tercer instrumento en la lucha contra el fraude en el Tercer Pilar.
Esta nueva herramienta nació también de una iniciativa de la Comisión que fue adoptada por la Presidencia italiana y que, tras los trabajos de redacción y debate desarrollados bajo las Presidencias irlandesa y neerlandesa, vió finalmente la luz.
Este Segundo Protocolo guarda relación con los dos instrumentos jurídicos que le preceden: el Convenio de 26 de julio de 1995 y el Primer Protocolo; muestra de ello son las definiciones contenidas en el artículo 1, especialmente las letras b) y c) en donde encontramos claras alusiones a dichos instrumentos legislativos 86 .
El campo que este Segundo Protocolo pretende abarcar es doble. Por un lado pretende adaptar las legislaciones nacionales para “penalizar los actos de blanqueo de beneficios derivados de fraude o de corrupción que causen o puedan causar prejuicio a los intereses financieros de las Comunidades Europeas y para posibilitar la confiscación de los productos del fraude y corrupción mencionados” 87 .
En ese primer sentido, dos puntualizaciones resultan imprescindibles. La primera de ellas consiste en aclarar que, tal y como afirma el Informe Explicativo 88 de este Segundo Protocolo, “«blanqueo de capitales» se refiere a los beneficios del fraude, como mínimo en casos graves, y de la corrupción activa y pasiva”.
La segunda precisión consiste pretende poner de manifiesto el hecho de que se define el concepto de «persona jurídica» como “cualquier entidad que goce de tal régimen jurídico con arreglo al Derecho nacional aplicable, con excepción de los
86 “A los efectos del presente Protocolo, se entenderá por: b) «fraude», los comportamientos contemplado en el artículo 1 del Convenio; c) «corrupción pasiva», los comportamientos contemplados en el artículo2 del Protocolo, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, de 27 de septiembre de 1996, «corrupción activa», los comportamientos contemplados en el artículo 3 del mismo Protocolo.
Considerando 6 del Segundo Protocolo, op. cit. DO C 91 de 31.3.99, pág. 0008, apartado 1.5.
Estados o de otros organismos públicos en el ejercicio de su potestad pública” 89 . Entendiéndose por «Derecho nacional» el Derecho del Estado miembro “que toma
medidas contra una persona jurídica de conformidad con el Segundo Protocolo” 90 .
Con estas dos precisiones se satisfacen las demandas del Consejo que, ya en su
Resolución de 6 de diciembre de 1994 91 afirma que “las disposiciones legales de los
Estados miembros relativas al blanqueo de capitales deberían extenderse también a la
protección de los intereses financieros de las Comunidades” y “además de las sanciones penales a una persona física por un delito de este tipo, debería ser posible
también imponer las oportunas sanciones penales o de otro tipo a las personas
jurídicas, en determinadas condiciones todavía por detallar”.
Estas dos condiciones que determinan la responsabilidad de las personas
jurídicas son, en virtud de este Segundo Protocolo 92 , que la infracción se haya cometido en provecho de la persona jurídica y que la infracción haya sido cometida por una
persona física que ostenta un determinado cargo directivo.
Por otro lado, y retomando el doble ámbito que abarca este Protocolo, otra de las dos finalidades de este texto es desarrollar las normas de cooperación entre Estados
miembros existentes en el Convenio e instaurar un nuevo campo para la cooperación
entre los Estados miembros existentes en el Convenio e instaurar asimismo un nuevo campo para la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión.
Efectivamente, el artículo 6 del Convenio contiene, como hemos visto, normas generales sobre la cooperación entre los Estados miembros en los supuestos de fraude a
los intereses financieros de las Comunidades; si bien estas normas generales son
también aplicables al ámbito del Segundo Protocolo en virtud del apartado 1 del artículo
89 artículo 1 d) del Segundo Protocolo.
90 Informe Explicativo del Segundo Protocolo, op. cit. apartado 1.4.
91 DO C 35 de 14.12.1994, págs. 0002-0003, Considerando 7, letras f) e i). 92 Artículo 3 apartado 1.
12 93 , son, al mismo tiempo, desarrolladas por el artículo 7 de este Segundo Protocolo
cuando “por una parte, obliga a los Estados miembros y a la Comisión a colaborar entre sí en el ámbito de la lucha contra el fraude, la corrupción activa y pasiva y el blanqueo de capitales. Asimismo, pone de manifiesto que en la cooperación en estos ámbitos no sólo tienen una función los Estados miembros, sino también la Comisión” 94 . Además, el propio artículo 7 sienta cuáles deben ser las modalidades de intercambio y transmisión de información.
Este Segundo Protocolo no entró en vigor junto con el resto de Protocolos y el Convenio, es más, en la fecha de entrada en vigor de tales instrumentos jurídicos, el Segundo Protocolo todavía debía ser ratificado por Alemania, Italia, Luxemburgo, Austria y Finlandia 95 .
Un tercer protocolo está en vías de ser convalidado por el Consejo, éste texto tiene por objeto el blanqueo de dinero, la responsabilidad de las personas jurídicas y el rol de la Comisión en materia de cooperación judicial 96 .
III. CREACIÓN DE UN MARCO LEGISLATIVO COMUNITARIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS.
EL REGLAMENTO Nº 2988/95 RELATIVO A LA PROTECCIÓN
DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.
Este Reglamento, fruto de la iniciativa de la Comisión en el ámbito del Primer Pilar, tiene su origen en la Propuesta de reglamento sobre las inspecciones, medidas y
93 “Las disposiciones de los artículo 3, 5 y 6 del Convenio se aplicarán también a los comportamientos contemplados en el artículo 2 del presente Protocolo”.
Informe Explicativo del Segundo Protocolo, op cit, apartado 7.1 in fine.
95 Boletín UE. 10-2002, apartado 1.7.8 96 http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/133019.htm
sanciones administrativas comunitarias” 97 que presentó la Comisión en julio de 1994, optando, de esta forma por la elaboración de una disposición normativa de carácter horizontal, esto es, del Primer Pilar, frente al carácter vertical –del Tercer Pilar- que se predica de los Convenios y Protocolos que acabamos de analizar.
El Consejo Europeo de Essen de los días 9 y 10 de 1994, en sus conclusiones pidió al Consejo (Economía y Hacienda) que aprobara cuanto antes este Reglamento.
Esta Propuesta de Reglamento surge en un momento que el que tanto la tipificación de los comportamientos irregulares así como sus sanciones se recogen en normativas sectoriales y en el que los Tratados no confieren poderes específicos para la adopción de disposiciones de carácter horizontal en relación con la protección de los intereses financieros de las Comunidades.
Ante esta situación, la Comisión recurrió a los artículos 235 del Tratado CE y
los ámbitos cubiertos por políticas comunes.
del Tratado CECA y propuso con este reglamento un marco jurídico común a todos
El Parlamento Europeo estudió la Propuesta de la Comisión el 15 de marzo de
1997 98 y aunque aceptó la idea, hizo numerosas enmiendas. Tras la adopción de algunas
de ellas y la posterior consulta al PE, el acuerdo se alcanzó el 29 de junio de 1995, por lo que finalmente, el Consejo, el 18 de diciembre de 1995, adoptó el Reglamento (CE,
EURATOM) nº 2988/95 del Consejo, de 18 de noviembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas 99 .
La gran importancia de este instrumento legislativo estriba en el hecho de que aporta una base jurídica para la formulación de un sistema comunitario de sanciones administrativas de aplicación en todo el territorio de la Unión. Es consciente de su importancia la misma Comisión quien en el párrafo 1 del artículo 1 establece:
97 DO C 216, de 6.8.1994
98 Resolución PE de 15 de marzo de 1995 (OJ C 89, 10.4.95) 99 DO L 312 de 23.12.1995, págs. 0001-0004.
“Con el fin de asegurar la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, se adopta una normativa general relativa a controles homogéneos y a medidas y sanciones administrativas aplicables a las irregularidades del Derecho comunitario”.
En consecuencia, podemos predicar de este Reglamento que viene a suponer una considerable mejora en el marco legislativo existente en el ámbito de la protección de los intereses financieros comunitarios, siendo además, el primer instrumento de carácter horizontal en este ámbito.
Hecha esta precisión resulta oportuno realizar un breve análisis de los rasgos más significativos de esta disposición.
Debemos comenzar resaltando que este Reglamento viene a suministrar- en el apartado 2 de su artículo 1- por primera vez en el ordenamiento jurídico comunitario una definición de acto perjudicial a los intereses comunitarios, o como lo denomina el Reglamento «irregularidad» al precisar que “constituirá irregularidad toda infracción de una disposición del Derecho comunitario correspondiente a una acción u omisión de un agente económico que tenga o tendría por efecto perjudicar al presupuesto general de las Comunidades o a los presupuestos administrados por éstas, bien sea mediante la disminución o la supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos directamente por cuenta de las Comunidades 100 , bien mediante un gasto indebido”. Es preciso puntualizar que, según el Considerando 6 de este Reglamento, dentro del conjunto de comportamientos que constituyen una «irregularidad» se encuentra el de «fraude», tal y como es definido por el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de 26 de julio de 1995.
100 Con esta previsión el Consejo decidió dejar fuera del ámbito de aplicación de este Reglamento el IVA, recurso no percibido directamente por la Comunidad.
No han faltado voces que han puesto de manifiesto la “escasa utilidad práctica” de la distinción entre los conceptos de fraude y de irregularidad, debido a los fuertes
lazos que unen ambos conceptos 101 .
Otro aspecto igualmente importante en materia sancionadora viene constituido
por el reconocimiento del principio de legalidad, al afirmarse en el párrafo 2 del artículo
2 que “no se podrá pronunciar sanción administrativa alguna que no esté contemplada
en un acto comunitario anterior a la irregularidad”.
En consonancia con este reconocimiento, el Reglamente en su artículo 5 –letras
a) a g)-fija una lista de sanciones a imponer por la Comisión como consecuencia del fraude o irregularidad cometidas, sanciones todas ellas de carácter administrativo y
nunca privativas de libertad, en consonancia con el carácter administrativo de la
potestad sancionadora de que únicamente disfruta la Comunidad 102 , y que consisten el pago de una multa administrativa, la pérdida de una garantía, la privación total o parcial
o la exclusión o retirada de una ventaja concedida o a la que tenía derecho,
Otro dato digno de destacar es el establecimiento –en el artículo 3- de un plazo de prescripción de 4 años para iniciar diligencias con el fin de imponer una sanción.
Este plazo, aplicable únicamente al procedimiento de imposición de sanciones y no al
procedimiento para obtener las cantidades defraudadas, viene a aportar una solución de compromiso que intenta aunar, de un lado, el principio de seguridad jurídica y, por otro
lado, la necesidad de proteger los intereses financieros de la Comunidad.
Otra característica del texto normativo es que, a parte de medidas de efecto
directo, como por ejemplo las relativas a la prescripción que acabamos de analizar,
contiene una serie de principios generales en los artículos 1 y 2 –entre los que cabe
destacar el principio de proporcionalidad o el principio de supremacía del Derecho
101 En este sentido,
102 El Considerando 12º
establece que “el presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de la aplicación del Derecho penal de los Estados miembros”.
reconoce la ausencia de competencia de la Comunidad en materia penal y
NAVARRO BATISTA, N., op.cit., pág. 431, nota a pie nº 8.
comunitario, entre otros,- que tendrán, tal y como afirma la Comisión 103 , “un efecto de
que permitirá y facilitará desarrollar mecanismos en los sectores donde sea
Como valoración de conjunto sobre este Reglamento podemos colegir, junto con la Comisión 104 , que es totalmente acorde con la teoría que, sobre la imposición de sanciones administrativas, tiene la Comisión; teoría que se ha visto respaldada por diversos pronunciamientos del TJCE 105 que han defendido la competencia de la Comisión para imponer sanciones -incluidas aquellas que implican la exclusión del disfrute de un régimen de subvenciones- ya que si bien esta competencia forma parte de las competencias de ejecución del Consejo, éste puede delegar tal competencia en la Comisión, con arreglo a los artículo 145 y 155 del Tratado y ello sin menoscabo del principio de legalidad –que caracteriza al establecimiento de sanciones como competencia exclusiva del legislador- y del principio de equilibrio institucional, puesto que, debido a su carácter de ejecución, las normas que regulan las sanciones no tienen la consideración de “normas esenciales” (según interpretación del TJCE en los asuntos ya referidos y en Asunto Koster C-25/70 de 17 de diciembre de 1970, párrafo 6) y su competencia puede ser delegada. Pudiendo revestir, dichas sanciones que de esta manera puede imponer la Comisión, diversas formas 106 .
Este Reglamento 2988/95 adoptó, en opinión del Tribunal de Cuentas 107 , un doble enfoque en relación con los controles “in situ”. “Por un lado, en su artículo 8
103 Informe Anual de la Comisión, Lucha contra el fraude, 1994, op. cit. pág 17.
104 Informe Anual de la Comisión, Lucha contra el fraude, 1995, op.cit. pág. 11.
105 Asuntos Alemania vs Comisión, de 27 de octubre de 1992, C-240/90, párrafo 39; Cereal Italia SRL.,
de 12 de octubre de 1995, C-104/94, párrafo 24 y Hoperman, de 2 de mayo de 1990, C-357/88, párrafo 7.
indebidamente (Asunto Plange Kraftutterwerkw, de 5 de febrero de 1987, C-288/85); la pérdida de fianza equivalente a este beneficio (Asunto Italtrade, de 27 de noviembre de 1991, C-199/90) o la pérdida del derecho a ayuda para la campaña en curso y para la campaña siguiente (Asuntos Hopermann, apartado 7 y Cereal Italia SRL, apartado 25), sin que esta sanción sea contraria al principio de proporcionalidad en el supuesto de un incumplimiento de una obligación importante consecuencia de una grave negligencia o de culpa. Ver VERVAELE, J.A.E., “Poderes sancionadores de y en la Comunidad Europea …” op cit.
107 Informe Especial nº 8/98 sobre los servicios de la Comisión encargados de combatir el fraude, en especial la “ Unidad de coordinación de la lucha contra el fraude” (UCLAF),en Anexo 1 “ legislación
básica en relación con la lucha contra el fraude”, apartado 18 , DO C 230 de 22.7.98, págs. 0001-0044.
establece obligaciones generales en relación con los controles tradicionales realizados por los Estados miembros, dejando la tarea de armonizar los controles para lograr un nivel comparable de rigor en toda la Comunidad a la legislación comunitaria sectorial”.
Por otra parte, el artículo 9 del citado Reglamento establece determinadas normas para los controles realizados por la Comisión, al afirmar en su apartado primero que: “Sin perjuicio de los controles que efectúen los Estados miembros de conformidad con sus respectivas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales y sin perjuicio de los controles que efectúen las instituciones comunitarias de conformidad con las disposiciones del Tratado CE en particular, su artículo 188 C, la Comisión, bajo su responsabilidad, hará que se proceda a la verificación de:
la conformidad de las prácticas administrativas con las normas
la existencia de los justificantes necesarios y su concordancia con
los ingresos y gastos de las Comunidades previstos en el artículo 1;
c) las condiciones en la que se realizan y verifican las operaciones
Añadiendo en su apartado segundo que “Además, podrá llevar a cabo controles
y verificaciones in situ en las condiciones previstas en las normativas sectoriales (
Por último, el artículo 10 prevé la futura adopción de disposiciones generales adicionales relativas a los controles in verificaciones “in situ” 108 .
108 Artículo 10 “Serán adoptadas ulteriores disposiciones generales adicionales relativas a los controles y a las verificaciones in situ, según los procedimientos previstos en los artículo 235 del Tratado CE y 203 del Tratado CEEA”.
LEGAL PARA LAS
COMISIÓN: EL REGLAMENTO Nº 2185/96
Para dar cumplimiento al mandato contenido en este artículo 10 del Reglamento 2988/95, la Comisión presentó, el 22 de marzo de 1996, una Propuesta de Reglamento 109 que obtuvo el Dictamen favorable del Parlamento 110 , si bien se presentaron algunas enmiendas al objeto de posibilitar la sanción a las personas jurídicas que se opongan a un control o a una verificación “in situ” y de prever la participación de los agentes de los Estados miembros en los controles, si bien sólo a petición de los inspectores de la Comisión.
Tras un nuevo dictamen del PE emitido el 24 de octubre de 1996, después de haber sido consultado de nuevo por el Consejo, éste aprueba el 11 de noviembre de 1996 el Reglamento (EURATOM, CE) nº 2185/96 del Consejo de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra fraudes e irregularidades 111 .
Con este Reglamento, la Comisión, en lugar de proceder a la armonización o modificación de la legislación sectorial existente en la materia 112 , dio un segundo paso en el enfoque horizontal de la legislación en materia de lucha contra el fraude y, profundizó, con este Reglamento, en el régimen jurídico común a todos los sectores de actividad ya que el objeto de este Reglamento es dotar a los servicios de la Comisión de un marco jurídico adecuado para posibilitar las labores de investigación en las sedes de los operadores jurídicos involucrados en casos de fraude.
109 COM (95) 690, DO C 84 de 21.3.1996. 110 DO C 166, de 10.6.1996.
111 DO L 292, de 15.11.1996, págs. 0002-0005.
y que no afectará (el Reglamento 2185/96) a la aplicación delas
normativas comunitarias sectoriales contempladas en el apartado 2 del artículo 9 del mencionado Reglamento (se refiere al Reglamento 2988/95)”.
Considerando sexto “in fine” : “(

References: ARTÍCULO 280
 ARTÍCULO 2
 artículo 305
 artículo 5
 artículo 280
 ARTÍCULO 10
 artículo 10
 artículo 280
 ARTÍCULO 280
 artículo 280
 artículo 85
 artículo 96
 artículo 204

Resolución 
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 14
 artículo 15
 Resolución 

Resolución 
 resolución 
 artículo 720
 artículo 5
 artículo 5
in fine
 artículo 5
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 209
 artículo 209
 artículo 155
 artículo 5
 artículo 209
 artículo 209
 artículo 235
 Resolución 
 artículo 209
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 209
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 209
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 10
 Resolución 
 Artículo 11
in fine
 artículo 1
 artículo 1
 artículo2
 artículo 3

Resolución 
 artículo 6
 artículo
89
 artículo 1
 Artículo 3
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 3
 artículo 2
in fine
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 1
 artículo
2
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 145
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 188
 artículo 1
 artículo 10
 Artículo 10
 artículo 235
 artículo 10
 artículo 9
in fine