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Timestamp: 2019-07-20 11:33:03+00:00

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Alberto Barrera Tyszka se ha alzado como ganador del XI Premio Tusquets Editores de Novela 2015
El guionista y novelista venezolano Alberto Barrera Tyszka se ha alzado como ganador del XI Premio Tusquets Editores de Novela 2015 con Patria o muerte, una historia ambientada en la Venezuela actual y que narra el drama político y social que vive el país sudamericano a través de las vivencias cotidianas de un grupo de personajes y que refleja las angustias y complicaciones de de una sociedad gobernada por un líder mesiánico
vozpopuli.com Karina Sainz Borgo
Cuando parecía que Venezuela era incapaz de generar un relato sobre el grave proceso de retroceso político, social y económico que padece, Alberto Barrera Tyszka se alza con lo que el jurado ha valorado como una “novela” valiente, capaz de contar la realidad venezolana “de manera poco complaciente”. El fallo del jurado señala asimismo la “habilidad del autor para hacerlo con un absorbente ritmo narrativo, que refleja las angustias y complicaciones de unas vidas condicionadas por la histeria y las tensiones.
Alberto Barrera Tyszka, quien en 2006 ganó el premio Anagrama de Novela con La enfermedad , es autor de las novelas También el corazón es un descuido (2001) y Rating (2001) y de los libros de cuentos Edición de lujo (2001), Perros (2006) y Crímenes (2009), así como de los poemarios Coyote de ventanas (1993) y Tal vez el frío (2000).El jurado, presidido por Juan Marsé, ha estado integrado por Almudena Grandes, Juan Gabriel Vázquez, Juan Trejo, ganador de la anterior convocatoria, y Juan Cerezo, en representación de la editorial.
La Sala de lo Contencioso-administrativo destaca que la evaluación ambiental y su posterior aprobación resultaban imprescindibles
Autor :Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es
La sentencia de la Audiencia Nacional anuló dicha resolución por entender que el proyecto de gasoducto debió ser sometido a estudio de impacto ambiental al ser un elemento inescindible e indisociable del almacenamiento.
La Sala de lo Contencioso-administrativo destaca que la evaluación ambiental y su posterior aprobación resultaban imprescindibles, sin que resulte de recibo, en tal situación, rechazar al inicio el proceso de evaluación considerando la misma innecesaria, cuando otro trozo del gasoducto de similares características (situado entre la planta de operaciones y el mar) sí había sido objeto de evaluación.
En este sentido, añade que no deja de ser significativo que en la resolución impugnada se formulara y aprobara la declaración de impacto ambiental del proyecto Almacén subterráneo de gas natural Amposta, que comprendía tanto el almacenamiento propiamente dicho como una parte importante del gasoducto (el comprendido entre la plataforma marina y la planta de compresión y tratamiento de gas natural en tierra, en el término municipal de Vinarós).
En consecuencia, según la sentencia, al someter a evaluación medioambiental este tramo del gasoducto (8,7m) y no considerarla necesaria con su continuación (11,6 km), se produce una desmembración de una parte del proyecto, de igual naturaleza y características que el sometido a evaluación junto con el almacenamiento de gas y parte marina del mismo gasoducto.
La Sección Quinta señala que la nota que figura al Anexo de la Ley se refiere “al fraccionamiento de proyectos de igual naturaleza y realizados en el mismo espacio físico”, pero afirma que, en todo caso, constituye, al menos, una norma interpretativa que conduce a un sistema de evaluación ambiental de los proyectos, con todos los elementos necesarios para su funcionamiento, y, por tanto, contraria al desmembramiento de los mismos, pues, es obvio que tal proceder resulta contrario a la idea básica del control medioambiental que la evaluación implica y que se proyecta o prolonga al ámbito jurisdiccional.
Después de analizar las resoluciones de la Secretaría de Estado de Cambio Climático en relación con proyectos gasoductos durante el periodo de vigencia de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos de 2008, la Sala Tercera concluye que todas ellas aprueban Declaraciones de Impacto Ambiental de los respectivos proyectos de gasoductos, sin haberse detectado, por el contrario, resolución alguna de similares características a las de este caso.
21 de septiembre de 2015 mineco.gob.es
21/09/2015. ccoo.es
Asimismo, recordó que sólo el 20 % de los parados registrados recibe la prestación por desempleo contributiva, mientras que el 35 %, percibe la asistencial, lo que supone que casi la mitad de los desempleados no cuenta con ningún tipo de renta, por lo que «España necesita una reformulación completa de su sistema de protección».
• El CES valora positivamente la refundición de unos textos que mostraban una complejidad jurídica, contribuyendo al conocimiento y aplicación de estas normas.
• El dictamen considera, respecto de la Ley General de la Seguridad Social, que el Proyecto supone un paso importante en la mejora de la calidad técnica de la norma, si bien estima necesario profundizar en una redacción de la Ley más comprensible para sus destinatarios.
• El CES llama la atención sobre el procedimiento de elaboración de ambos textos refundidos, que debería haber garantizado una consulta con la suficiente información y antelación a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
Cuadro comparativo. Modificaciones en la Ley General Tributaria introducidas por la Ley 34/2015
La reforma permitirá eliminar cualquier incertidumbre sobre la compatibilidad de este instrumento con la legislación comunitaria
La Comisión Europea, los ministerios de Hacienda y Economía y el Banco de España han colaborado en el diseño
28 de Septiembre de 2015. El Gobierno ha decidido modificar el tratamiento fiscal de los Activos Fiscales Diferidos (o defferred tax assets, DTA por sus siglas en inglés) mediante una reforma del Impuesto sobre Sociedades. La modificación se tramitará como una enmienda en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 y ha sido fruto de la colaboración entre todas las instituciones implicadas: la Comisión Europea, los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, y de Economía y Competitividad, y el Banco de España.
1. Los DTA generados antes del 1 de enero de 2016, que estuvieran cubiertos por la garantía recogida en el RDL 14/2013 la mantendrán en el futuro. No obstante, si los beneficiarios de la garantía hubieran pagado menos impuestos entre los años 2008 y 2015 que el valor de esos DTA garantizados, deberán abonar una prestación patrimonial anual en favor del Estado del 1,5% de la diferencia entre ambos importes.
2. A partir del ejercicio 2016 sólo se garantizarán aquellos DTA que cumplan los mismos requisitos que en la norma de 2013 pero con un límite que depende del Impuesto sobre Sociedades pagado. Es decir, no se podrán generar DTA garantizables cuando no se produzca pago por el citado Impuesto.
Gabinete de comunicación – Nota de prensa mjusticia.gob.es
25 de septiembre de 2015.- El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado hoy un Real Decreto por el que se actualizan los Estatutos de la Comisión General de Codificación que agilizarán el funcionamiento de este órgano de asesoramiento en la preparación de tareas prelegislativas del Ministerio de Justicia. Los nuevos Estatutos, que no supondrán un aumento de dotaciones, retribuciones o gastos de personal, incrementarán la eficacia de esta Comisión presente en buena parte de las iniciativas legislativas llevadas a cabo en los últimos años.
La Audiencia de Valencia acuerda retirar el pasaporte a tres de los empresarios acusados en el caso Terra Mítica
La Sección Quinta estima así la petición de la Fiscalía, que había solicitado la adopción de esta medida cautelar para tres empresarios, contratistas y subcontratistas que intervinieron en la construcción del parque temático, para quienes el Ministerio Público reclama más de 20 años de prisión
La Audiencia de Valencia, que juzga a una treintena de personas, entre ellas los ex directivos de Terra Mítica, por estafa, apropiación indebida, falsedad y delitos contra la Hacienda Pública en relación con un presunto fraude de facturas falsas en la construcción del parque de ocio de Benidorm (Alicante), ha acordado retirar el pasaporte a tres de los empresarios acusados.
La Sección Quinta estima así la petición de la Fiscalía, que había solicitado la adopción de esta medida cautelar para tres empresarios, contratistas y subcontratistas que intervinieron en la construcción del parque temático, para quienes el Ministerio Público reclama más de 20 años de prisión. La Fiscal sostiene que los acusados sacaron de España parte del dinero supuestamente defraudado «y podrían iniciar nueva vida y nuevos negocios fuera del país».
La Sala, que precisa que la medida no supone un adelantamiento del fallo, considera que la inminencia de la sentencia (el juicio ya está en fase de conclusiones) y lo elevado de las penas que se solicitan, «incrementa el riesgo de fuga, especialmente si tenemos en cuenta que, de resultar ser ciertos los hechos imputados, los acusados habrían hecho suyas importantes cantidades de dinero, que les facilitarían su traslado a cualquier parte del mundo impidiendo así la efectividad de lo que eventualmente pudiera resolverse».
En su auto, el Tribunal insiste en que la «gravosidad» de esta medida es «realmente mínima» para estos tres acusados porque sólo se les impide «desplazarse a aquellos países para cuya entrada sea necesaria el pasaporte para los ciudadanos españoles». Por lo tanto, «no se considera que con ello se les pueda ocasionar un perjuicio relevante desde el momento en que, como sus defensas sostienen, su voluntad es permanecer a disposición del Tribunal».
Emotional dreams II
El Tribunal Supremo dice que el derecho de defensa no ampara las expresiones injuriosas por parte de los abogados en procedimientos judiciales
La Sala Primera condena a un letrado al pago de 6.000 euros por vulneración del derecho al honor de su oponente
Jueves, 24 de septiembre de 2015 lamoncloa.gob.es
Gobierno y organizaciones sindicales coinciden en que la inserción laboral es un paso fundamental para la completa integración en la sociedad española de los refugiados.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y los secretarios generales de los sindicatos CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez, han mantenido una reunión en la sede del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para tratar posibles líneas de colaboración en relación con el fomento de la integración laboral de los refugiados en España. La próxima semana tendrá lugar otra reunión con representantes de CEOE y CEPYME.
El encuentro ha tenido lugar en el marco del diálogo social y de las actuaciones del Gobierno de España dirigidas al redimensionamiento del Sistema nacional de acogida e integración de solicitantes y beneficiarios de protección internacional, como continuación de la adaptación del mismo al incremento de llegadas de solicitantes de protección internacional a nuestro país y a las decisiones acordadas por la Unión Europea en materia de reubicación y reasentamiento.
Gobierno y organizaciones sindicales han coincidido en la consideración de la inserción laboral como factor esencial en el fomento de la autonomía individual de los refugiados, y paso fundamental para su completa integración en la sociedad española.
Para ello, han considerado necesario incluir en el Plan Anual de Política de Empleo una línea adicional de actuación dedicada a la realización de itinerarios personalizados para la inserción laboral de estos refugiados. Dicho Plan, será acordado con los interlocutores sociales en el marco del diálogo social y con las CCAA en el marco de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
Han coincidido, a su vez, en su voluntad de abordar conjuntamente en el marco del diálogo social los aspectos en materia de extranjería relativos a la integración laboral de los solicitantes y beneficiarios de protección internacional. La ministra de Empleo y Seguridad Social ha aprovechado el encuentro para comunicar a los interlocutores sociales que España se ha ofrecido como anfitrión de un Seminario sobre integración laboral de los refugiados, en el marco del Programa de Aprendizaje Mutuo de la Comisión Europea, vinculado a la Estrategia Europea de Empleo, junto al interés de su Departamento en contar con ellos en dicho seminario.
Entre estas iniciativas, el Banco de España, con el apoyo de algunos de los colaboradores del Plan, pone a disposición del público una línea telefónica de consulta gratuita (900 54 54 54), abierta desde hoy y hasta el próximo 15 de octubre, en la que se resolverán las dudas más habituales de las finanzas domésticas.
Entre las instituciones que colaboran en el Día de la Educación Financiera figuran los ministerios de Economía y Competitividad y Educación, Cultura y Deportes, las principales entidades financieras a través de sus asociaciones (AEB, CECA, UNACC y Asociación Hipotecaria Española) e instituciones como la Fundación ONCE, la Fundación Mapfre, la Fundación UCEIF, la Fundación de Estudios Financieros, Spainsif (Foro Español de Inversión Socialmente Responsable), Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, Fundación AFI, el Instituto de Estudios Financieros, así como las Cámaras de Comercio y el Instituto BME. Todas sus iniciativas se podrán consultar en la web del Plan de Educación Financiera www.finanzasparatodos.es y en las redes sociales (www.facebook.com/FinanzasParaTodos.educacionfinanciera y Twitter @finanzaspartods y los hashtags #EducaciónFinanciera y #5deOctubre)
El mismo 5 de octubre se celebrará un acto en el Banco de España, con la participación de los colaboradores del Plan, donde se entregarán los III Premios Escolares de Educación Financiera, en el que participan alumnos de la ESO que han cursado esta materia en un programa lanzado por el PEF y las autoridades educativas. Durante el último curso lectivo, más de 25.000 estudiantes de la ESO, repartidos en 520 centros públicos, concertados y privados, accedieron a los contenidos de este programa sobre Educación Financiera.
Road to pace
El Consejo General del Poder Judicial aprueba el informe al proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el Estatuto de la Administración Concursal
El Consejo considera que cuestiones como el acceso a la profesión o la clasificación de los concursos en función de su tamaño deberían regularse por ley y no en un reglamento. El texto señala que el diseño de la prueba de acceso no favorece que la profesión de administrador concursal se abra a titulados en materias que no sean jurídicas o económicas
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy con 17 votos a favor, dos en blanco y uno en contra el informe al proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el Estatuto de la Administración Concursal, que tiene entre sus novedades el establecimiento de un examen de acceso que garantice que los administradores concursales cuentan con los conocimientos precisos para cumplir sus funciones con solvencia.
En el texto, del que ha sido ponente la vocal Mar Cabrejas, se señala que la norma merece una valoración general positiva, ya que “se consagra la reclamada profesionalización del órgano de administración concursal, al tiempo que se incrementa la publicidad y transparencia en su configuración” y se revisa el sistema retributivo para incentivar ”el trabajo efectiva y eficientemente realizado a medida en que se vaya realizando”.
Se cuestiona, sin embargo, la técnica legislativa empleada, al estimar que la regulación de las condiciones de acceso a la profesión de administrador concursal y los criterios de clasificación de los concursos en función de su tamaño, que entre otras cosas determinan quién puede ser designado para el cargo, deberían haberse incorporado a la Ley Concursal en lugar de desarrollarse mediante una norma de rango inferior, “en la medida en que se trata de requisitos que afectan al ejercicio de la libertad de las personas”.
Así lo comprendió el legislador cuando reguló por ley el acceso a las profesiones de abogado y procurador, recuerda la ponente, que considera que, de este modo, la norma proyectada incurre “en lo que cabría calificar como un exceso teórico de habilitación reglamentaria y una deslegalización inadecuada o (…) en una dejación de las competencias de la ley”.
El informe sostiene, no obstante, que la prueba prevista –un test de cien preguntas sobre un caso práctico- prima los conocimientos y la experiencia en los ámbitos jurídico y económico, con lo que se corre el riesgo de que sean los mismos profesionales a quienes hasta ahora quedaba circunscrito el ejercicio de la administración concursal los que monopolicen el acceso a la misma. Como solución, se propone aminorar el peso de la puntuación obtenida en la parte específica de la prueba –que supondrá el 40 % de la nota – en el total de la puntuación del examen.
Autor: Comunicación Poder Judicial – poderjudidical.es
Martes, 22 de septiembre de 2015 lamoncloa.gob.es
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la reforma de la Ley General Tributaria (LGT), que permitirá potenciar la lucha contra el fraude, reducir la conflictividad e incrementar la seguridad jurídica de las normas tributarias.
El juez embarga los bienes de los herederos de Ruiz Mateos imputados en la causa «Nueva Rumasa»
Con esta medida cautelar el juez pretende proteger los derechos de los perjudicados en esta investigación, que son los 4.110 inversores que, hasta donde se conoce, pudieron aportar 337 millones de euros de los que faltan por reintegrar 289 millones. Y se pretende investigar «cualquier indicio de su rastro y destino» porque, según explica el instructor, esos fondos solo alimentaban un fraudulento mecanismo piramidal aflorado tras producirse el colapso económico del grupo empresarial.
En su auto, el magistrado explica que los seis hijos de Ruiz Mateos imputados no han depositado la fianza de 30 millones que se les fijó hace cuatro años y «existen indicios suficientes de que existen bienes inmuebles que figuran formalmente a nombre de sociedades vinculadas al denominado ‘Grupo Nueva Rumasa’ que están siendo disfrutados por los querellados, como mecanismo para ocultar la verdadera o real titularidad y así prevenir la efectividad de medidas cautelares como la que aquí se acuerda».
El juez explica en su escrito que la lectura del testamento debe ser reservada a fin de que únicamente se incorporen a las actuaciones aquellos elementos pertinentes, «excluyendo cualesquiera otras manifestaciones o disposiciones contenidas en el testamento que no guarden relación con los hechos investigados».
El CGPJ cuestiona que los administradores concursales con experiencia previa no deban someterse al examen de aptitud profesional
En la propuesta de informe al proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el Estatuto de la Administración Concursal que el Pleno del órgano de gobierno de los jueces estudiará mañana. El texto hace una valoración positiva de la norma al considerar que consagra la profesionalización de los administradores y tiende a remunerar el trabajo “eficientemente realizado”. El Consejo considera, no obstante, que materias como el acceso a la profesión o la clasificación de los concursos en función de su tamaño deberían regularse por ley y no en un reglamento
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial debatirá y votará mañana la propuesta de informe al proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el Estatuto de la Administración Concursal, que tiene como principal novedad el establecimiento de un examen de acceso que garantice que los administradores concursales cuentan con los conocimientos precisos para cumplir sus funciones con solvencia.
El texto, del que ha sido ponente la vocal Mar Cabrejas, señala que la norma merece una valoración general positiva, ya que “se consagra la reclamada profesionalización del órgano de administración concursal, al tiempo que se incrementa la publicidad y transparencia en su configuración” y se revisa el sistema retributivo para incentivar ”el trabajo efectiva y eficientemente realizado a medida en que se vaya realizando”.
La ponente considera, sin embargo, que la prueba prevista –un test de cien preguntas sobre un caso práctico- prima los conocimientos y la experiencia en los ámbitos jurídico y económico, con lo que se corre el riesgo de que sean los mismos profesionales a quienes hasta ahora quedaba circunscrito el ejercicio de la administración concursal los que monopolicen el acceso a la misma.
La solución que propone el texto que estudiará el Pleno es aminorar el peso de la puntuación obtenida en la parte específica de la prueba –que supondrá el 40 % de la nota, según el proyecto de Real Decreto- en el total de la puntuación del examen.
Según la ponente, “la garantía de la profesionalización (…) aconseja someter a aquellos a quienes se exonera de la superación del examen de aptitud a mayores requisitos que la simple acreditación de su designación en, al menos, veinte concursos, sin concretarse la entidad y las características de los mismos”.
“El hecho de que la intervención lo haya sido en concursos ya concluidos induce a pensar que no tenían un tamaño excesivo o que no presentaban excesiva complejidad. La mera intervención en un número determinado de concursos, por significativo que sea, no asegura la profesionalización perseguida por el nuevo modelo de administración concursal”, añade Cabrejas, que señala que, en todo caso, para ser designado administrador en concursos medianos se debería exigir ser persona jurídica o persona natural que cuente con al menos un colaborador.
Sin embargo, el texto cuestiona que, en la fase de liquidación, se establezca un límite temporal –un año- a partir del que ya no se devengará retribución alguna. En opinión de la vocal ponente, esto “no solo permite que las actuaciones desarrolladas más allá de dicho límite temporal queden sin remunerar, sino que además se desentiende de los costes que pueda representar para la administración concursal la realización de tales funciones superado el plazo máximo previsto y el de las posibles prórrogas”.
“Este cúmulo de razones conduce a reflexionar acerca de la oportunidad de introducir un límite temporal para el devengo de la retribución en la fase de liquidación, o, alternativamente, sobre la conveniencia de reconsiderar los plazos previstos, que pueden resultar exiguos en concursos complejos que requieran la realización de operaciones liquidatorias igualmente complejas”, añade.
Exceso de habilitación reglamentaria
El texto cuestiona la técnica legislativa empleada, al estimar que la regulación de las condiciones de acceso a la profesión de administrador concursal y los criterios de clasificación de los concursos en función de su tamaño, que entre otras cosas determinan quién puede ser designado para el cargo, deberían haberse incorporado a la Ley Concursal en lugar de desarrollarse mediante una norma de rango inferior, “en la medida en que se trata de requisitos que afectan al ejercicio de la libertad de las personas”.
12 de los 116 trabajadores afectados demandaron tanto a la empresa como a los comités de empresa al no aceptar el acuerdo de pago aplazado de la indemnización
Los Administradores de Fincas piden que la ITE verifique el estado de las viviendas
Exigen al Ayuntamiento controlar las obras ejecutadas en el interior de los pisos
Madrid, 14 de septiembre de 2015. El colapso de dos edificios residenciales ubicados en los distritos madrileños de Tetuán y Carabanchel ha reabierto el debate sobre la necesidad de revisar el procedimiento de actuación de las ITE (Inspección Técnica de Edificios).
“Como agentes implicados en el protocolo de inspección del estado de los edificios, desde hace años venimos denunciando el mal funcionamiento de las ITE, derivado fundamentalmente de un preocupante ofrecimiento de realización de informes a precios muy bajos y que conllevan una inspección realizada por técnicos con insuficiente experiencia en la materia”, manifiesta Apolonio Dorado, vicepresidente del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid).
El CAFMadrid reconoce asimismo que la ITE nació incompleta pues no obliga a la realización de pruebas de diagnóstico, sino que su metodología de estudio es básicamente visual. “Si finalmente el Ayuntamiento de Madrid estudia la modificación en el procedimiento, se debería solicitar que a la ITE se adjuntara un informe de pocería realizado por una empresa especializada”, dice Dorado. “Y es que”, continúa, “el estado de esta instalación sólo se puede intuir con indicios, dado que es imposible en muchos casos su acceso. Si no hay síntomas claros, la inspección se dará como favorable, desconociéndose el verdadero estado de la misma”.
Con todo, desde esta institución se apunta a que en ocasiones el origen del mal estado del edificio radica en las obras ejecutadas -sin control- en el interior de las viviendas. “Existen casos de propietarios que han realizado reformas de cierta entidad en su piso sin haber solicitado la preceptiva licencia de obras ni mucho menos comunicarlo a la comunidad como es su obligación”, dice el vicepresidente del CAFMadrid.
“Por ello”, insiste Dorado, “el Ayuntamiento debería aprovechar la realización de las ITE para controlar las obras realizadas en las viviendas, mediante la supervisión de un técnico y la solicitud de los planos originarios, pues hay reformas aparentemente pequeñas –cambiar la distribución del salón- que pueden tapar obras de mayor envergadura –retirar un pilar-“. Y concluye: “De este modo el Ayuntamiento podría sancionar a los propietarios que han puesto en riesgo la seguridad del edificio y no a la comunidad”.
“Un buen momento para controlar las reformas realizadas en el interior de las viviendas es precisamente ahora que el Ayuntamiento ha anunciado una revisión de los edificios levantados entre los años 1940 y 1960 y que presentan unas condiciones de ejecución similares a los que se han derrumbado recientemente (en torno a 850 o 1.000 revisiones)”, recomienda Dorado. “Ahora bien”, añade, “el plan de inspección no debe quedarse ahí sino que tiene que llegar a los casi 20.000 edificios que, según el censo de 2011, se construyeron en esas fechas”.
Se encuentra usted en los archivos de AIRE de septiembre de 2015.

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 Real Decreto 
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