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El TC declara constitucionales la tipificación y el régimen de sanciones previstos por la ley para las operaciones vinculadas
Enviado por fiscalimpuestos el Lun, 22/07/2013 - 15:38
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo contra el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades. El Supremo paralizó el procedimiento abierto a raíz de un recurso formulado por el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles al surgir entre los magistrados dudas respecto al encaje constitucional de los apartados 2 y 10 del artículo 16 del Real Decreto citado. En concreto, dudas acerca de la posible vulneración de los principios de legalidad sancionadora y de proporcionalidad que la Constitución establece en su artículo 25.1.
Los preceptos cuestionados establecen el régimen sancionador que, con el fin de luchar contra el fraude fiscal, diseñó el Gobierno para las llamadas “operaciones vinculadas”. Es decir, para aquellas transacciones que realizan sociedades o sujetos relacionados entre sí o sometidos de alguna forma al mismo poder de decisión. Puede suceder que estas entidades pacten los precios de sus operaciones y alteren de ese modo la tributación que les corresponde o incluso falseen la competencia. Tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como la Unión Europea y el Gobierno han tratado de evitar que estas operaciones puedan utilizarse de modo fraudulento para encubrir una traslación de beneficios o pérdidas de unas sociedades a otras con el fin de eludir a Hacienda.
El Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, diseña para las “operaciones vinculadas” un tratamiento fiscal diferente del que fija para las transacciones entre empresas independientes. Para determinar si las operaciones vinculadas encubren o no un posible delito fiscal, la norma exige la aportación de documentación. De incumplirse esta “obligación documental”, las sociedades podrán ser sancionadas. El Supremo plantea al TC sus dudas sobre la constitucionalidad de este sistema sancionador al entender que el Real Decreto Legislativo 4/2004 (artículo 16.2 y 16.10) carece “de rigor o precisión en la tipificación de los ilícitos previstos”. También considera que las multas son “desproporcionadas”.
La sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional, de la que ha sido ponente Andrés Ollero, analiza si la norma cuestionada respeta el principio de legalidad sancionadora tanto en su vertiente material (exige que las conductas infractoras y las sanciones correspondientes estén predeterminadas en la ley para que los ciudadanos puedan conocer de antemano las conductas prohibidas y prever así las consecuencias de sus acciones) como en la formal (las normas que tipifiquen esas conductas y sanciones han de tener rango de ley). La exigencia formal, muy estricta en el ámbito penal, es más flexible cuando afecta a las infracciones y sanciones administrativas. Por este motivo, explica el TC, en estas materias la ley puede remitir al reglamento siempre y cuando de forma previa determine “los elementos esenciales de la conducta antijurídica”.
Fuente: Tribunal Constitucional (Nota informativa n.º 45/2013)

References: Real Decreto 
 artículo 16
 Real Decreto 
 artículo 25
 Real Decreto 
 Real Decreto