Source: http://marore.tripod.com/noticia/noti2002.htm
Timestamp: 2018-12-11 17:12:37+00:00

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Buscaban computadores y encontraron una tremenda plantación de "macoña" 02 - marzo - 2002
Familiares en el gobierno: La probidad administrativa como principio universal 15 - abril - 2002
Reintegran a despedidos en muni de Loncoche 01 - agosto - 2002
http://www.lacuarta.cl/diario/2002/03/02/02.22.4a.NAS.MARIHUANA.html
Yerba crecía entre matas de choclos en el patio de una casa en Loncoche
Buscaban computadores y encontraron una tremenda plantación de "macoña"
LONCOCHE.- Una tremenda sorpresa se llevaron efectivos de carabineros que andaban pesquisando un robo de computadores, cuando en cumplimiento a una orden de entrada y registro en una casa particular,emanada del Juzgado de Garantía, se encontraron con que en pleno patio había una cototuda plantación de marihuana.
Según los antecedentes entregados por la policía, en el operativo se descubrió que en el patio posterior de la vivienda de propiedad de una mujer, identificada sólo con las iniciales D.C.M., de 32 años, había nada más y nada menos que 100 plantas de macoña, con una altura promedio de un metro y 20 centímetros.
La incautación la hizo personal de la Sexta Comisaría de Loncoche, con el apoyo de efectivos del OS-7, de la misma institución, que fue trasladado especialmente desde Temuco.
El operativo, ordenado por el Juzgado de Garantía, inicialmente buscaba establecer la eventual participación de la propietaria del inmueble en un robo de computadores y otras especies que se había registrado en la zona durante el último tiempo. De acuerdo a fuentes policiales, había sospechas de que parte del botín pudiera estar en ese domicilio.
Los policías, bajo la mirada de la fiscal María Soledad Santana, miraron por todos lados hasta que una plantación de choclos les llamó la atención por lo irregular de las hileras. Una segunda mirada les permitió establecer que, camufladas entre las varas donde crece la materia prima para las humitas, crecía como mala hierba la maldita marihuana. Interrogada la dueña del inmueble dijo que ella sólo había sembrado unas semillas que le habían regalado, pero que no sabía que se trataba del alucinógeno.
A pesar de la chiva, fue detenida por infracción a la Ley de Drogas, mientras que los antecedentes fueron remitidos a la fiscalía local del Ministerio Público y la droga decomisada y puesta a disposición del Servicio de salud Pública para su correspondiente incineración.
http://www.institutolibertad.cl/p_124.htm
PERSPECTIVA - AÑO 6 Nº 124 - 15 DE ABRIL DE 2002
FAMILIARES EN EL GOBIERNO:
LA PROBIDAD ADMINISTRATIVA COMO PRINCIPIO UNIVERSAL
Se acaba de producir en Loncoche la primera destitución del actual período de un alcalde por incurrir en causales de destitución, según lo establecido en la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, con relación a los principios de probidad, eficiencia y transparencia administrativa.
El caso de Loncoche ofrece una serie de características muy particulares que, desde luego, se remiten a la necesidad de cumplir el principio de probidad administrativa, desde las autoridades más cercanas a los ciudadanos, los municipios, hasta las más altas autoridades, como el Presidente de la República.
El alcalde de Loncoche, Arturo Pineda Rivera, fue acusado por cinco concejales de la comuna por infracciones graves contra el principio de probidad administrativa, que se configuró en base a 22 causales, entre las cuales destacaremos:
Deudas pendientes de la Municipalidad de Loncoche que no fueron pagadas oportunamente, al Serviu, a Saesa y al Sename.
Irregularidades cometidas en el programa denominado "Viva el verano, en cuanto no hubo un control efectivo de entradas y gastos provenientes de esta actividad.
Uso de materiales e instalaciones del municipio para propaganda política, con ocasión de las elecciones primarias de Senador del partido Demócrata Cristiano.
Irregularidad respecto de la licitación del proyecto de mejoramiento del gimnasio Digeder de Loncoche, al omitir el trámite de aprobación de Digeder y la información al Concejo.
Nombramiento irregular efectuado por el Alcalde de su jefe de Gabinete, ex Administrador Municipal destituido anteriormente por el Concejo.
Contratación de doña Millaray Atenea Ruiz Monsalve, cónyuge del Alcalde, como profesora en la Escuela Alborada, dependiente del Municipio de Loncoche.
Nombramiento de su hermana como paradocente en el Liceo Padre Alberto Hurtado.
No rendir cuenta pública en tiempo y forma
Estas y otras acusaciones fueron acogidas por el Tribunal Electoral Regional de Temuco, el 23 de enero de 2002 y ratificados por el Tribunal Calificador de Elecciones, el 18 de marzo de 2002.
Los Preceptos Legales
El esfuerzo desarrollado en Chile por traducir en preceptos legales los principios de probidad administrativa datan de 1994, cuando el Presidente Frei constituyó la Comisión Nacional de Ética Pública, que propuso incorporar en nuestra legislación mecanismos de incentivo para facilitar denuncias sobre ciertas conductas.
Luego, el 14 de diciembre de 1999 fue publicada en el Diario Oficial la ley Nº 19.653, sobre probidad administrativa aplicable a los órganos de la administración del Estado. Dicha norma modificó la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, estableciendo, entre otras materias, la necesidad de observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas.
El artículo 56, letra b de la ley 18.575, establece que no podrán ingresar a cargos de la Administración del Estado las personas que tengan calidad de "cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la administración civil del Estado al que postulan hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente inclusive.
Asimismo, la ley 19.653 introdujo en el artículo 11, 11bis y 11 ter de la ley 18.575, principios que rigen para toda autoridad, directivo o funcionario que ejerza funciones en el aparato público y esté facultado para elaborar planes o dictar normas. Estos deben velar permanentemente por el cumplimiento de dichos fines y deberán ejercer la función pública con transparencia, de manera que permitir y promover el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella, entendiendo que serán públicos "los actos administrativos de los órganos de la administración del Estado y los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial.
La aplicación práctica de los principios sobre probidad, establecidos en la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, encuentra abundante material en el ámbito municipal, sobre todo en los dictámenes de la Contraloría General de la República, emitidos, específicamente, en casos en los que han estado implicados alcaldes y funcionarios municipales.
En ese sentido, encontramos el dictamen Nº 24.885 del órgano contralor, donde se precisa "que la señalada inhabilidad se configura cuando se reúnen dos requisitos esenciales, a saber, la existencia de alguno de los vínculos a que esos preceptos aluden y que entre las personas de que se trate se produzca una relación de jerarquía, sea ésta directa o indirecta. Continúa indicando que "resulta forzoso manifestar que un funcionario municipal no podrá postular a una plaza de la misma corporación cuando su designación en el nuevo empleo le implique reunir los supuestos requeridos para que se configure la referida inhabilidad por parentesco.
En un oficio del 10 de noviembre de 2000, se aclara que "la expresión autoridad ha sido empleada en su acepción genérica, para aludir a cualquier persona revestida de algún poder, mando o magistratura, tal como se desprende de la historia fidedigna de la Ley Nº 19.653, especialmente del Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, en el que se expresó que la idea es que todo el que ejerce una función pública, de cualquier naturaleza o jerarquía que ella sea, en cualquiera de los poderes, organismos, entidades o empresas del Estado debe observar estrictamente el principio de probidad.
El dictamen 30.672 precisa que "para que opere la norma referida a la inhabilidad establecida en el artículo 56 letra b) de Ley Nº 18.575, sólo basta que el funcionario desempeñe un cargo directivo o de jefe de departamento o su equivalente, aun cuando no tenga funcionarios bajo su dependencia, por cuanto lo que ha pretendido el legislador es que la persona interesada en ingresar al Municipio (o a la Administración Pública) no tenga los vínculos de parentesco señalados en el citado artículo 56 letra b), con funcionarios que desempeñen esos cargos, a fin de impedir que eventualmente, puedan verse afectados por conflictos de intereses en el ejercicio de sus empleos.
Finalmente, el dictamen 34.796 estableció que "la inhabilidad en comento se configura cuando se reúnen dos requisitos esenciales, a saber, que exista alguno de los vínculos de parentesco a que alude el referido artículo 56, y que entre las personas ligadas por aquél se produzca una relación jerárquica, sea directa o indirecta.
La Constitución Política de la República establece, en su artículo 6º, que "los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. "Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.
De esa forma, debemos asumir que los preceptos legales y la jurisprudencia acumulada a partir de conflictos acaecidos en el contexto municipal, deben ser aplicados en todos los niveles de la Administración del Estado. Este precepto no debería excluir al Presidente de la República ni, por consiguiente, a ninguno de sus familiares y parientes que cayeran en lo estipulado por el artículo 56 letra b de la ley 19653.
En consecuencia, tal como se ha cuestionado la presencia de familiares de alcaldes en la administración de sus municipios y esto ha constituido causal de remoción de sus cargos, cabe cuestionar, responsablemente, la presencia de personeros cercanos al primer mandatario como asesores personales o funcionarios de distintas reparticiones del Estado.
En esa situación podrían estar (o estuvieron) Matías de la Fuente, primo de la primera dama Luisa Durán; el sociólogo Pedro Durán, experto en marketing y hermano de Luisa Durán, asesor del Presidente; y, sin duda, el hijo del Presidente, Ricardo Lagos Weber, quien ejerce como director de Asuntos Económicos Multilaterales de la Dirección Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Curiosamente, existe una coincidencia entre los argumentos entregados por el Presidente Lagos para fundamentar la presencia de sus familiares, como sus asesores personales o directores de servicios y la respuesta entregada al tribunal por el alcalde destituido Arturo Pineda Rivera, ante la acusación de haber contratado a su cónyuge en una escuela dependiente del municipio: "es profesional, señaló el alcalde. Pero el tribunal no aceptó el alegato. De la misma forma guardando, ciertamente, las proporciones- el Presidente ha dicho, respecto de la presencia de familiares suyos en la tarea de gobierno: "No veo el problema si se trata de gente capaz que lo ha demostrado en tareas que ha cumplido con anterioridad. (El Mercurio, 10 de marzo de 2002).
En conclusión, la aplicación de una norma al nivel inferior de la administración del Estado, necesariamente, para que cumpla la condición de principio administrativo general, debe ser aplicable al máximo nivel. Sólo de esta forma será posible que la probidad se convierta en un principio universal en nuestra administración.
Diario La cuarta - 01 agosto del 2002
Reintegran a despedidos en muni de Loncoche
LONCOCHE.- La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Loncoche ordenó el reintegro en forma inmediata, además del pago de las remuneraciones desde que dejaron de trabajar, a 16 funcionarios de dicha municipalidad, quienes fueron despedidos tras asumir el nuevo alcalde, Fernando Espejo.
Los trabajadores han tenido una serie de reuniones, e incluso pretenden entrevistarse con el Contralor Regional, respecto de la situación que los afectó.
Dentro de los funcionarios exonerados hay dos mujeres que están con fuero maternal, una en estado de gravidez y la otra con post natal.
Por su parte, el alcalde de Loncoche, Fernando Espejo, precisó que reintegrará a los trabajadores y que su equipo jurídico está apelando a la situación ante la Corte Suprema ya que argumentó que la casa edilicia está trabajando con el personal mínimo pues no cuenta con recursos.

References: artículo 56
 artículo 11
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 6
 artículo 56