Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190403-IV.html
Timestamp: 2019-10-19 05:49:25+00:00

Document:
Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5249-IV, miércoles 3 de abril de 2019
Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos de Puebla, Morelos y estado de México a incrementar las campañas informativas sobre protección civil, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a crear una comisión sobre los instrumentos garantes del derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo de la niñez y la adolescencia, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a llevar a cabo por las instancias correspondientes acciones y estrategias contra la discriminación, a cargo del diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SSPC a reconsiderar los criterios de elegibilidad de municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a que se otorgará el subsidio para seguridad pública, a cargo de la diputada Carmen Julia Prudencio González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la república a considerar en el PND del lapso 2019-2024 la perspectiva de niñez y adolescencia, según lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a presentar una estrategia integral encaminada a garantizar a madres y padres trabajadores la prestación de servicios relativos a la atención, el cuidado y el desarrollo infantiles de sus vástagos, así como las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a incluir Veracruz como región prioritaria en el plan de combate de la inseguridad; y al gobierno de esa entidad, a desarrollar, instaurar y ejecutar una nueva política de seguridad pública, a cargo del diputado Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a reconsiderar por la Sader limitar el apoyo al ingreso objetivo y la comercialización de los productores de maíz y mantener el estímulo de 75 por ciento del costo de la cobertura de precios al agricultor por contrato en la zona norte del país, a cargo de la diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SFP, el INE y la Fepade a investigar y, en su caso, sancionar probables desvíos de recursos públicos para beneficiar a Morena en los actos oficiales de la Presidencia de la República, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a designar con la mayor brevedad titular en la Dirección General del Conadis, suscrita por la diputada María Ester Alonzo Morales y diputadas del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, diputada federal Julieta Kristal Vences Valencia, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente
El Popocatépetl es un volcán activo ubicado en el centro de México, en los límites de los estados de Morelos, Puebla y México. Según el periódico Excélsior menciona que “tiene glaciares perennes cerca de la boca del cono, en la punta de la montaña. Es el segundo volcán más alto de México, con una altura máxima de 5 mil 500 metros sobre el nivel del mar, sólo después del Citlaltépetl de 5 mil 610 metros”1 .
En los últimos días el volcán ha tenido una actividad intensa, tal y como lo reportan distintos medios de comunicación.
Según informes del Centro Nacional de Prevención de Desastres “El 15 de marzo pasado, con el apoyo de Policía Federal, personal del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se realizó un sobrevuelo de reconocimiento al volcán Popocatépetl, con objeto de conocer el estado actual del cráter interno y determinar los cambios producidos en éste, particularmente como consecuencia de las explosiones ocurridas los días 13 y 14 de marzo. Durante el sobrevuelo se tuvieron buenas condiciones atmosféricas, además de una baja emisión de vapor y gases que permitieron ver claramente el interior del cráter, observándose que el domo número 82 ha sido destruido totalmente”.
Según el informe del Centro Nacional de Prevención de Desastres y la UNAM2 . “En las últimas 24 horas, por medio de los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl se identificaron 117 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de una emisión de vapor de agua, gas y en algunas ocasiones ligeras cantidades de ceniza. Se registró una explosión ayer a las 21:38 h, la altura de la columna alcanzó 4 km, arrojando fragmentos incandescentes hasta 2.5 km sobre las laderas, lo cual provocó incendios en las zonas de los pastizales”.
La semana pasada el Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2 3 .
Esta fase se presenta cuando la sismicidad volcánica local es frecuente, aumenta las emisiones y existe ceniza.
El último reporte, primero de abril de 2019, señala que se han producido 28 exhalaciones acompañadas de vapor de agua y gases volcánicos.
“El sábado 30 de marzo, con apoyo de la Policía Federal (PF), expertos del Centro Nacional de Prevención de Desastres y del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizaron un vuelo de reconocimiento de las condiciones del cráter del Popocatépetl.
Durante el sobrevuelo se verificó que, como resultado de las más recientes explosiones, las dimensiones del cráter interno aumentaron, alcanzando 350 m de diámetro y 250-300 m de profundidad. No pudo corroborarse la presencia de un nuevo domo de lava”4
Actualmente el Volcán se encuentra en el nivel de Alertamiento Fase 3 implica un crecimiento rápido de domos de grandes dimensiones y su destrucción en explosiones5 .
En este tipo de fenómenos naturales es necesario que la población esté informada de cómo actuar, evitando en todo momento caer en el pánico ocasionada por la desinformación y rumores. Por lo anterior la Coordinación Nacional de Protección Civil, recomienda estar al pendiente de los informes emitidos por sus canales y cuentas oficiales.
Al final del informe se generan algunas recomendaciones:
1. Continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros, por lo que la permanencia en esa área no está permitida.
En estos momentos de incertidumbre es necesario que las autoridades competentes aumenten la difusión de las medidas de protección civil ante este fenómeno natural.
Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de Puebla, Morelos y estado de México, aumentar las campañas de información en materia de Protección Civil, con el propósito de comunicar a la población cómo actuar ante el posible aumento de actividad del volcán Popocatépetl.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades de Protección Civil de los estados de Puebla, Morelos y Estado de México, hacer público un informe de las acciones emprendidas para garantizar la seguridad de los habitantes cercanos al volcán Popocatépetl.
1 Excélsior en línea, disponible en;
https://www.excelsior.com.mx/topico/popocatepetl
2 Este reporte se publica diariamente a las 11 de la mañana, disponible en:
http://www.cenapred.gob.mx/reportesVolcanGobMX/Procesos?tipoProceso=detallesUltimoReporteVolcan
3 Semáforo de Alerta Volcánica, disponible en:
4 Ver el informe de 1ero de Abril de 2019, disponible en;
5 fuertes. https://www.milenio.com/politica/comunidad/popocatepetl-cenapred-cambia -semaforo-alerta-amarillo-fase-3
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de abril de 2019.
Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica)
La suscrita, Martha Elena García Gómez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a crear una comisión sobre los mecanismos de protección al derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo de la niñez y adolescencia , al tenor de las siguientes
Con apego al artículo 125 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se creó el Sistema Nacional de Protección Integral (SNPINNA) cuyo fin es el de asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes mediante el establecimiento de los instrumentos, las políticas, los procedimientos, los servicios y las acciones necesarias.
En esa tesitura fue facultado para crear comisiones internas de trabajo —mediante la emisión de lineamientos para su integración, organización y funcionamiento—, que abordasen temáticas específicas de atención especial; lo anterior, de acuerdo con el artículo 129 de la normativa citada.
De ese modo, actualmente el SNPINNA ha creado prácticamente diez comisiones, volcadas a diversos asuntos tales como migración, protección y promoción de los derechos humanos, igualdad, violencia, primera infancia, seguimiento de recomendaciones internacionales, de protección especial, de tecnologías de la información y contenidos audiovisuales, de presupuesto, o de orden organizativo como la que reúne a las secretarías ejecutivas de los sistemas de protección.
No obstante, no se ha dispuesto la organización y operación de una comisión que de manera particular vele por promover, dar seguimiento y evaluar los esfuerzos institucionales que se realizan para la protección al derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo , previsto en el Capítulo Primero del Título Segundo de la Ley General.
Nos referimos a los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 los cuales establecen que en lo tocante al derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, las autoridades de la federación, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así como para investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida. 1 Por consiguiente, niñas, niños y adolescentes deben disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral; igualmente, señala el artículo 16, tienen derecho a no ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos.
En ese orden el artículo 18 reitera la prevalencia de un principio rector: en todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como consideración primordial, el interés superior de la niñez. [Las] autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio.
Del texto del artículo 14 de la ley general se desprende que los tres órdenes de gobierno han de desplegar medidas a favor de la supervivencia, así como aquellas orientadas a investigar y sancionar la privación de la vida.
Por añadidura, el artículo 7 establece que las leyes federales y de las entidades federativas deberán prever, primordialmente, las acciones y mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo integral plenos.
Dicha problemática fue valorada en su momento por el Comité de los Derechos del Niño —en sus Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México, de junio de 2015—, señalando al respecto que estar seriamente preocupado por el contexto de violencia armada, tráfico de drogas y la lucha contra el crimen organizado que ha resultado en numerosos asesinatos de niñas y niños, incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales como es el caso de Tlatlaya, contexto que continúa amenazando el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo de niñas y niños (numeral 21)
Así, llamó la atención hacia varias cuestiones irresueltas:
(a) El alto número de desapariciones de niñas y niños, especialmente de niñas mayores de 10 años ;
(b) El hecho que el Estado parte no ha garantizado aún un acceso efectivo a la justicia para las familias de algunas niños y niñas que han sido víctimas, ya sea por accidentes o por violencia, como lo han sido los casos de las niñas y los niños víctimas del incendio en la guardería ABC del estado de Sonora, o el caso del niño José Luis Tlehuatle del estado de Puebla;
(c) Los reportes sobre un alto número de feminicidios de mujeres y niñas , la falta de datos oficiales desagregados y la prevalente impunidad sobre este asunto.
Recomendando al Estado mexicano:
22. El Comité insta al Estado parte a:
(a) Aprobar de manera expedita la Ley general sobre desapariciones forzadas y asegurar que estas sean tipificadas tanto a nivel federal como estatal, de acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Esta ley debe incluir medidas específicas para abordar las desapariciones de niñas y niños, particularmente las de niñas ;
(b) Tomar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones de niñas y niños y sus padres y madres, incluyendo un análisis de las causas de estos actos violentos , como lo son la violencia armada, el crimen organizado, el tráfico de drogas, la desigualdad de género, la pobreza y la marginación.
(c) Asegurar que existan mecanismos amigables para niñas y niños para investigar las denuncias sobre muertes violentas, asesinatos y desapariciones, que estos hechos sean investigados de manera expedita y exhaustiva, que los presuntos autores de estos hechos sean llevados ante la justicia, incluyendo los casos en los que los presuntos autores sean funcionarios públicos, como en el caso de Tlatlaya, y que a las familias de niñas y niños víctimas se les provea apoyo psicosocial y que sean compensadas de manera adecuada.
(d) Simplificar y armonizar en los estados los procedimientos existentes para activar la Alerta Amber , que tenga como fin la búsqueda de niñas y niños desaparecidos, así como de sus madres y padres, sin demora alguna;
(e) Como fue recomendado por la CEDAW (CEDAW/C/MEX/CO/7-8, párrafo 19 (a)), el Estado parte debe garantizar que los feminicidios sean penalizados en los códigos de todos los estados , con base en elementos objetivos que permitan la tipificación adecuada de acuerdo con los estándares internacionales y que permita la homologación de los protocolos de investigación de la policía sobre feminicidios en todo el país. El Estado parte debe asegurar también la aplicación efectiva de las disposiciones que penalizan el feminicidio en los códigos penales federal y estatales;
(f) Recolectar datos desagregados sobre asesinatos, incluyendo feminicidios y desaparición de niñas y niños , así como también de las madres y los padres que han sido asesinados o desaparecidos y del número de hijas e hijos que han dejado.
23. El Comité también está preocupado por el alto número de niñas y niños que mueren por accidentes de tráfico.
24. El Comité recomienda al Estado parte que adopte nuevas medidas para prevenir los accidentes de tráfico, continúe sensibilizando sobre la prevención de accidentes, además de diseñar e implementar las sanciones pertinentes, en particular a aquellas personas que conduzcan bajo la influencia de alcohol o drogas.
Es de destacarse que acerca de la Recomendación 22a, la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas —DOF 17/11/2017—, contempla dos principios fundamentales, a fin de que las acciones, medidas y procedimientos establecidos sean diseñados, implementados y evaluados observándolos, esto en el artículo 5:
VII. Interés superior de la niñez : las autoridades deberán proteger primordialmente los derechos de niñas, niños y adolescentes, y velar que cuando tengan la calidad de víctimas o testigos, la protección que se les brinde sea armónica e integral, atendiendo a su desarrollo evolutivo y cognitivo, de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
XI. Perspectiva de género : en todas las diligencias que se realicen para la búsqueda de la persona desaparecida o no localizada, así como para investigar y juzgar los delitos previstos en esta ley, se deberá garantizar su realización libre de prejuicios, estereotipos y de cualquier otro elemento que, por cuestiones de sexo, género, identidad u orientación sexual de las personas, propicien situaciones de desventaja, discriminación, violencia o se impida la igualdad;
Mientras que en los artículos 10 y 12, en relación con la misma recomendación, la Ley General en materia de Desaparición Forzada establece la necesaria coordinación de las autoridades e instancias de búsqueda con las procuradurías de protección integral y con el mismo Sistema Nacional de Protección Integral:
Artículo 7. Las niñas, niños y adolescentes respecto de los cuales haya noticia, reporte o denuncia que han desaparecido en cualquier circunstancia, se iniciará carpeta de investigación en todos los casos se emprenderá la búsqueda especializada de manera inmediata y diferenciada, de conformidad con el protocolo especializado en búsqueda de personas menores de 18 años de edad que corresponda.
En lo relativo a los protocolos de búsqueda—que deben elaborarse con perspectivas de género, de niñez y de derechos humanos—, la Ley General en Materia estipula que corresponderá al Sistema la emisión del Protocolo Homologado de Búsqueda y a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia la del Protocolo Homologado de Investigación, por lo que la Comisión Nacional de Búsqueda dará opinión previa a la emisión de los protocolos (artículo 99)
Por tanto, los protocolos han de contener al menos, entre otros aspectos:
En consecuencia, el Programa Nacional de Búsqueda y Localización debe comprender estrategias particulares como:
VI. Las estrategias específicas a seguir con base en la información y el análisis de contexto, para la búsqueda de personas migrantes, niñas, niños y adolescentes , mujeres, personas con discapacidad, personas mayores u otras personas o grupos que dadas sus características requieran medidas o mecanismos diferenciados de búsqueda;
Pese a ello, no hay evidencia de la expedición del Reglamento de la Ley General en materia de Desaparición Forzada que haga operable las disposiciones aludidas.
En suma, y dados los elementos de preocupación externados por el Comité de los Derechos del Niño, las recomendaciones expuestas, los avances normativos alcanzados en algunos aspectos, resulta factible exhortar al Sistema Nacional de Protección Integral dar paso a la creación de la Comisión sobre los mecanismos de protección al derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo de la niñez y adolescencia, porque de esa manera, apuntamos, sería posible dar seguimiento a las acciones que adopten los tres órdenes de gobierno en relación con garantizar el desarrollo y prevenir toda conducta que atente contra su supervivencia, así como para investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida, como lo estipula el artículo 14 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Incluso, de la información compartida por los integrantes de la comisión que se sugiere crear podrían considerarse elementos cuantitativos certeros que permitirían vislumbrar la magnitud del fenómeno, y por consiguiente servir de insumo para el diseño que estrategias y acciones puntuales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Único . La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de la Secretaría Ejecutiva a crear una comisión sobre los mecanismos de protección al derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo de la niñez y adolescencia en virtud de los recientes casos de desapariciones y homicidios de niñas, niños y adolescentes en el país .
1 11. En 2015 hubo 1,005 homicidios de niñas, niños y adolescentes, de los cuáles el principal grupo de edad es de 12 a 17 años con 73.8 por ciento. Por otro lado, hasta el 31 de enero de 2016, existían 26 mil 038 denuncias de personas desaparecidas o extraviadas de edades entre 1 y 17 años, de las cuales, 5 mil 237 están aún sin localizar y 135 se localizaron muertas (Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 2017)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de abril de 2019.
Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica)
El suscrito, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, diputado por el estado de Coahuila de Zaragoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que a través de las instancias correspondientes realice acciones y estrategias a efecto de reducir la discriminación en nuestro país al tenor de la siguientes
La discriminación es uno de los problemas sociales más sensibles y significativos en nuestro país, en virtud de que vulnera y atenta contra los derechos humanos y la dignidad de las personas.
De acuerdo con el artículo “Discriminación e igualdad”, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred),1 [...] La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido.
En el mismo documento se señala que [...] Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida.
Con relación a la discriminación, el quinto párrafo de artículo 1o. de nuestra Carta Magna2 establece que [...] Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Por otra parte, la fracción III de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación3 señala que [...] Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo;
En México corresponde al Conapred conocer de los procedimientos de queja por presuntos actos, omisiones o prácticas sociales presuntamente discriminatorias imputables a particulares, personas físicas o morales, así como a personas servidoras públicas federales en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, y a los poderes públicos federales.
En su comunicado de prensa número 346 del pasado 6 de agosto de 2018 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi4 Por primera vez, el Inegi da a conocer los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis), que permite reconocer la prevalencia de la discriminación y sus diversas manifestaciones. Dicha encuesta capta actitudes, prejuicios y opiniones hacia distintos grupos de la población discriminados por motivos étnicos, etarios, de orientación sexual, entre otros. Asimismo, identifica las experiencias de discriminación en distintos ámbitos de la vida social, así como la discriminación y desigualdad que enfrentan la población indígena, con discapacidad, diversidad religiosa, niñas y niños, mujeres, personas mayores, adolescentes y jóvenes.
En este documento se indica que el 20.2 por ciento de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el último año por alguna característica o condición personal, tono de piel, manera de hablar, peso o estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social, lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual.
Este comportamiento se presenta en proporciones similares: 20.1 por ciento mujeres y 20.2 por ciento hombres. El estado de Guerrero registra una mayor prevalencia de discriminación hacia los hombres (26.8 por ciento) respecto de las mujeres (23.5 por ciento). En la Ciudad de México los varones declararon menor discriminación (20.6 por ciento) respecto de las mujeres (26.4 por ciento).
El 23.3 por ciento de la población de 18 años y más señaló que en los últimos cinco años se le negó injustificadamente alguno de los derechos por los que se indagó.
La situación de discriminación mayormente declarada en casi todos los grupos de estudio, en este mismo periodo, fue: le han insultado, burlado o dicho cosas que le molestaran. El 19.3 por ciento de personas con discapacidad declaró que lo (a) hacen sentir o miran de forma incómoda.
El 40.3 por ciento de la población indígena declaró que se le discriminó debido a su condición de persona indígena; el 58.3 por ciento de las personas con discapacidad, a causa de su condición de discapacidad y de las personas de la diversidad religiosa, el 41.7 por ciento señaló que fue por sus creencias religiosas.
Como lo muestran las anteriores estadísticas, a pesar de los enormes esfuerzos que se han emprendido para disminuir y erradicar este flagelo de nuestra sociedad, aún prevalece un alto porcentaje de discriminación por diversos motivos.
Millones de mexicanos enfrentan este problema, del que sólo nos enteramos cuando la situación es muy notoria y evidente, como en los casos que se documentan a través de las redes sociales o a través de los medios de información tradicionales como la radio y la televisión.
Hoy por hoy, el mejor ejemplo que tenemos de este flagelo, es la reiterada discriminación de que es objeto la actriz oaxaqueña Yalitza Aparicio nominada al Óscar por su participación en la cinta “Roma” de Alfonso Cuarón.
Lo que debiera ser un motivo de orgullo para todos los mexicanos se ha convertido en un desfile de frases, en el mejor de los casos desafortunadas, y en otras totalmente discriminatorias.
En virtud de lo anteriormente expuesto, acudo a esta tribuna para presentar la siguiente proposición con
Único: La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de las instancias correspondientes diseñe estrategias y acciones tendentes a reducir la discriminación en nuestro país.
1 Conapred, Discriminación e igualdad, consultado el 9 de febrero de 2019 en:
https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=65&id_opcion=110&op=110
2 Cámara de Diputados, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultado el 9 de febrero de 2019 en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm,
3 Cámara de Diputados, Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, consultado el 9 de febrero de 2019 en
4 Inegi, comunicado de prensa número 346 de fecha 6 de agosto de 2018.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de abril de 2019.
Diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández (rúbrica)
La que suscribe, diputada Carmen Julia Prudencio González , integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a reconsiderar los criterios de elegibilidad para la selección de municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a los que se les otorgará el subsidio destinado a la seguridad pública, a fin de beneficiar a un mayor número de municipios , al tenor de las siguientes:
Los lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública (Fortaseg) a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2019, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2019.
En dicho documento se establece:
“ Que el artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018, prevé la cantidad total de $4,009,124,098.00 (Cuatro mil nueve millones ciento veinticuatro mil noventa y ocho pesos 00/100 M.N.), para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función, a fin de destinarlos para los conceptos y conforme a los lineamientos que establezca el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en alineación con los Programas con Prioridad Nacional definidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con el objeto de apoyar la profesionalización, la certificación y el equipamiento de los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública, así como al fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública y a la prevención social de la violencia y la delincuencia;
Que el artículo señalado en el párrafo anterior, establece que los lineamientos incluirán los requisitos y procedimientos para la gestión, administración y evaluación de los recursos, mismos que establecerán, entre otros, los plazos para la solicitud y entrega de recursos, así como el porcentaje de participación que deberán cubrir los beneficiarios como aportación; la fórmula de elegibilidad y distribución de recursos, y la lista de municipios y demarcaciones territoriales beneficiarios del subsidio y el monto de asignación correspondiente a cada uno;”
Estos lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones para la gestión, otorgamiento, administración, ejercicio, seguimiento, verificación y evaluación de los recursos y metas del subsidio de referencia, así como dar a conocer la fórmula de elegibilidad y de distribución de los recursos, el listado de municipios y demarcaciones territoriales beneficiarios y el monto de asignación correspondiente a cada uno.
La cantidad de $3,930,824,098.00 (tres mil novecientos treinta millones ochocientos veinticuatro mil noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) se distribuirá entre los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que hayan sido seleccionadas conforme a la fórmula de elegibilidad, y con el monto de asignación correspondiente derivado del resultado de la aplicación de la fórmula de distribución para la asignación del subsidio.
Es de resaltar que para este 2019 recibirán este subsidio federal 252 municipios, cuando el año pasado lo recibieron 300.
México cuenta con “2 mil 457 municipios y 16 demarcaciones territoriales”,1 el Fortaseg para el ejercicio fiscal 2019, solo beneficio a 252 de estos. Lo que indica solo el 10 por ciento de los municipios que conforman a nuestro país.
El municipio es una entidad administrativa con facultades constitucionales para la seguridad pública en concurrencia con la federación y entidades federativas, lo que coloca como la primera autoridad a la que los ciudadanos acuden para garantizar su seguridad, es posible que solo tenga una oportunidad para obtener recursos provenientes del ámbito federal para mejorar la seguridad pública a lo largo del año, siendo esta el ser beneficiario del Fortaseg, por lo que, de no ser favorecido, el municipio enfrentara graves problemas para combatir a la delincuencia y disminuir la incidencia delictiva.
Si se quiere un cambio verdadero, este debe ser desde abajo, no se puede dejar a la gente más vulnerable sin apoyo, los municipios más pequeños son olvidados por el Estado, ellos también sufren de la inseguridad en sus comunidades y no hay institución policial que pueda ayudarlos, así entonces, como pueden llevar a cabo la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, si no se les dota de recursos.
Pero todo municipio, por su capacidad de recaudación y por los servicios que tiene bajo su responsabilidad que debe prestar a la sociedad, existe la posibilidad de que su presupuesto sea el más limitado para ejercer la función de seguridad pública de la manera más eficiente.
En este orden, la situación generalizada de inseguridad que vive el país, si bien con diferentes matices, hace prioritario que los municipios cuenten con recursos económicos para financiar proyectos, programas y estrategias de seguridad: como los relacionados con la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana o programas para la profesionalización, equipamiento y capacitación de las y los elementos de las instituciones de seguridad pública.
Si bien la incidencia delictiva de los municipios que se apoyaron en años anteriores con el subsidio que nos ocupa, no refleja estadística a la baja, es de destacar que las estrategias de seguridad son de largo alcance y a largo plazo, pues la tendencia a seguir una política que atienda desde los orígenes de la problemática, implica acciones que deberán ser constantes y de manera sistemática.
Consideramos que varios de los municipios que no fueron beneficiados por el Fortaseg para el ejercicio fiscal 2019, por sus características geográficas y sociodemográficas presentan factores de riesgo de consideración vinculados con la inseguridad.
En este orden de ideas, valdría la pena revisar el Mecanismo de Evaluación y Transparencia de Recursos Federales en Materia de Seguridad Pública otorgados a las entidades federativas y municipios, y el cual se conforma por indicadores estratégicos y de gestión respecto a su destino, la eficiencia del gasto y los resultados de su aplicación, y determinar con base a este si los municipios cumplieron con sus responsabilidades presupuestarias respecto a los lineamientos del Fortaseg en el ejercicio fiscal 2018, en los programas de:
I. Prevención social,
II. Desarrollo, profesionalización y certificación policial,
III. Infraestructura y Equipamiento,
IV. Sistema de Justicia Penal (SJP),
V. Sistema Nacional de Información, y
VI. 911.
El objetivo del Fortaseg es apoyar el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública de los beneficiarios mediante la profesionalización, la certificación y el equipamiento de los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública, así como al fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública y a la prevención social de la violencia y la delincuencia , lo anterior en alineación con los Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Sabemos que las limitantes para la ministración de los recursos del subsidio al que nos referimos son, entre otras: la disponibilidad presupuestaria (reducción del 20 por ciento en relación al presupuesto otorgado en 2018 que fue de $4,921,700,000.00) y la calendarización del gasto que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin embargo, solicitamos tomar en cuenta la violencia que existe en diversos municipios derivada de la inseguridad pública, y la afectación a la vida diaria de millones de personas que ello provoca.
Ejemplo de esto son los siguientes datos:
-“Enero de 2019, fueron víctimas de homicidio doloso en todo el país 2 mil 853 personas (en promedio 92 personas al día).
-Entre diciembre de 2018 y enero de 2019, se cometieron 5,699 asesinatos, 149 feminicidios y 276 secuestros.
-Las entidades federativas con mayor número de homicidios dolosos durante enero de 2019 fueron: Guanajuato, estado de México, Baja California, Jalisco, Chihuahua, Ciudad de México y Guerrero, en ese orden.
-Colima y Baja California Sur mantienen la tasa más alta de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes: 7.65 y 6.33, respectivamente”.2
-“Los cinco municipios más violentos en nuestro país de agosto de 2018 a enero de 2019 fueron: Buenavista, Michoacán; Armeria, Colima; Tecomán, Colima; Yuriria, Guanajuato; y Playas de Rosarito, Baja California.”3
Los anteriores datos nos hacen recordar la siguiente sentencia: “En la paz, los hijos entierran a los padres; la guerra altera el orden de la naturaleza y hace que los padres entierren a sus hijos” (Herodoto, historiador y geógrafo griego).
Los criterios de distribución de los recursos correspondientes al Fortaseg se determinaron conforme al siguiente porcentaje por criterio: población (20 por ciento), capacidad policial (20 por ciento), fortalecimiento de capacidades institucionales (25 por ciento), tamaño del problema (25 por ciento) y criterio de transición (10 por ciento).
La policía municipal es el primer contacto con la ciudadanía en materia de seguridad pública, por lo que la estrategia nacional debería empezar a partir de estos cuerpos de policía, ya que son los que cuidan a la población, al ser elementos de prevención y proximidad.
Consideramos que lo deseable sería reforzar a la seguridad pública a partir del orden municipal, siendo conscientes de sus necesidades en la materia. Pero fortalecer a las instituciones policiales implica contar con recursos económicos, de no ser así, las condiciones locales en materia de seguridad si van a cambiar, pero para mal.
Todos estamos de acuerdo en que proporcionar seguridad pública es la prioridad, pero la estrategia debe partir de lo municipal a lo federal, y es a través del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública (Fortaseg) que se cubren aspectos como: evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación en materia de derechos humanos e igualdad de género, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura, prevención del delito y la conformación de bases de datos de seguridad pública, centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia y en general apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública.
El párrafo segundo del artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública decreta que: “El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas”.
Así entonces y como un Poder de Estado que somos, debemos promover el diseño de estrategias y acciones que permitan reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como combatir las distintas causas y factores que la generan, a través de diversos mecanismos de coordinación entre las instituciones de seguridad pública y demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente en acciones de prevención del delito incorporando la participación ciudadana; siendo uno de estos mecanismos el Fortaseg. No olvidemos que siempre será más fácil prevenir que combatir.
Consideramos necesario realizar un análisis de la los factores de riesgo de los municipios que en el ejercicio fiscal 2018 fueron beneficiarios del Fortaseg, pero que para 2019 ya no fueron contemplados, a pesar de haberlos ejercido de manera responsable en tiempo y forma, para que puedan acceder a alternativas o posibilidades presupuestales que permitan establecer estrategias de seguridad homologadas tendientes a disminuir los índices delictivos, tener cuerpos policiales profesionales y capacitados; y contribuir en la eficiencia del sistema de justicia.
Dentro de estos cuerpos de policía del orden municipal existen personas para quienes brindar seguridad a sus semejantes, más que una obligación es un honor, y lo hacen a pesar de no contar con lo necesario para hacerlo de la manera más eficaz, pero por profesionalismo y eficacia en el cumplimiento de la misión que se les encomienda, en todo momento están a la altura.
No se puede perjudicar a los cuerpos de policía de manera directa y a la ciudadanía de forma indirecta, al disminuir o retirarles los recursos económicos por cuestiones ajenas a ellos y que corresponden al ejercicio y distribución de los mismos por parte de las autoridades responsables de ejecutarlos.
La búsqueda permanente de excelencia y buen trabajo de muchos de quienes forman parte de los cuerpos de policía municipales, requieren de los recursos económicos necesarios, mismos que pueden obtenerse a través del Fortaseg, ya que la vocación, la intención de hacer bien las cosas y ayudar a los demás no siempre es suficiente.
Proveer de recursos económicos provenientes del Fortaseg es reconocer el valioso, admirable y útil servicio que prestan los cuerpos de policía del orden municipal.
Por lo anteriormente expuesto, a lo que a nuestro parecer son argumentos de peso, someto a consideración de este pleno, la siguiente proposición con:
Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a reconsiderar los criterios de elegibilidad para la selección de municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a los que se les otorgará el subsidio destinado a la seguridad pública, a fin de beneficiar a un mayor número de municipios.
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía; “División Territorial de México” (Cuéntame); México; Disponible en line en:
http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/division/default .aspx?tema=T
2 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana/ Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; “Informe de Incidencia Delictiva Fuero Común, (Centro Nacional de Información); Información con corte al 31 de enero de 2019; México; Disponible en línea en:
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nuevametodologia/
Informe_IncidenciaDelictiva_Fueroporciento20Comun_Enero2019.pdf
3 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana/ Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; “Incidencia Delictiva del Fuero Común 2018 Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de Delitos y las Víctimas CNSP/38/15”; Fecha de publicación: 20/12/2018, Corte informativo: 30/11/2018; México; Disponible en línea:
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-meto dologia/CNSP-Delitos-2018.pdf
Diputada Carmen Julia Prudencio González (rúbrica)
La suscrita, Martha Elena García Gómez , diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la República para que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se considere la perspectiva de niñez y adolescencia, de conformidad con lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y los instrumentos internacionales de los que México es parte, al tenor de las siguientes:
Una revisión sucinta del orden jurídico vigente nos permite percibir, en primera instancia, que la Ley de Planeación, en su artículo segundo, dispone que la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo que deberá basarse, entre otros, en los siguientes principios:
“III. La igualdad de derechos entre las personas, la no discriminación , la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población;
IV. Las obligaciones del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte;
VII. La perspectiva de género , para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo, y”
En ese orden, la vigente Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes , desde diversos artículos, mandata que se garantice una visión integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos, y a la par observando el interés superior de la niñez, en todas las medidas y acciones que tomen las autoridades:
“Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán:
Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales
En tanto, que en el artículo 125 se establece que corresponde al Sistema Nacional de Protección Integral procurar la incorporación de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la planeación nacional del desarrollo, así como garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de programas , así como en las políticas y acciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal.
La atribución alcanza a los sistemas locales, quienes están obligados a procurar la transversalidad de la perspectiva de derechos de la infancia y la adolescencia en la elaboración de programas, así como en las políticas y acciones para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes (fracción VIII, artículo 137)
Por otra parte, en abono de la propuesta que se fundamenta, en el reciente Informe Anual de Actividades 2018 ,1 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) muestra un panorama poco halagüeño de la situación que priva en este sector poblacional, lo que refuerza la necesidad de incorporar la perspectiva de derechos de la niñez y la adolescencia en el proceso de planeación programática.
Primeramente, apunta el organismo: la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), publicada el 4 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación (...) reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares y sujetos plenos de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos establecidos en los artículos 1o. y 4o. constitucionales y busca garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos, entre otros.2
Igualmente, aduce, que la Ley en cuestión establece obligaciones para que el Estado, las personas encargadas de su cuidado y la sociedad en general, trabajemos coordinadamente a nivel nacional a fin de garantizar la observancia y respeto de los derechos de ese grupo de atención prioritaria.3
Enseguida alude a cifras provenientes de distintas fuentes oficiales que arrojan luz sobre la situación económico-social del 35 por ciento de la población total nacional, que se ve afectada por violencia, bajo aprovechamiento escolar o inasistencia a la escuela, problemas de salud como la obesidad y la desnutrición, y pobreza, por citar algunos aspectos:
-Niñas, niños y adolescentes alcanzan una cifra cercana a los 40 millones.
-21 millones son pobres.
-Cuatro millones no asisten a la escuela.
-Diariamente mueren tres de ellos víctimas de la violencia.
-Es reportada como desaparecida una de cada cinco personas menores de 18 años.
En materia de discriminación y violencia en el hogar , señala:4
“La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (Enadis) advierte que el 22.5 por ciento de niñas y niños entre nueve y 11 años, y que el 36 por ciento de adolescentes entre 12 y 17 años, considera que en México sus derechos se respetan poco o nada . Respecto de la violencia en el hogar , el 14.4 por ciento de niñas y niños refirió que alguna vez le hicieron sentir miedo; al 13.2 por ciento los insultaron o se burlaron de ellas y ellos, un 11.3 por ciento se ha sentido menos o ha sido ignorado, al 10.5 por ciento lo jalonearon, empujaron o pegaron, un 10.1 por ciento sufrió amenazas de ser golpeada o golpeado, y al 9.2 por ciento le han hecho sentir avergonzada o avergonzado.”
En cuanto a la violencia en los planteles educativos destaca5 el acoso escolar:
“La violencia en los planteles educativos ocupa un lugar importante en los problemas que enfrenta la niñez en nuestro país. La Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014 del Inegi reveló que 32.2 por ciento de las y los adolescentes de entre 12 y 18 años sufrieron acoso escolar. Tanto en educación básica, media básica o media superior, los conflictos y agresiones entre pares (bullying o ciberbullying), así como entre profesoras, profesores, alumnas y alumnos, son ejemplos claros de cómo la conjunción de múltiples factores de vulnerabilidad que afectan en lo individual y lo colectivo a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, generan violaciones sistemáticas a sus derechos en un ámbito que debiera ser de los más seguros para su desenvolvimiento.”
Al referirse a la desaparición 6 de personas, la CNDH indica la existencia de casi siete mil menores de edad desaparecidos:
“Por otro lado, como se advierte del Informe Especial de la CNDH sobre Desaparición de personas y fosas clandestinas en México, dado a conocer a la opinión pública en abril de 2017, las instancias de procuración de justicia de las entidades federativas del país reportaron en el periodo de 1995 a 2016 un total de 6,901 casos de personas menores de edad desaparecidas. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas da cuenta que a septiembre de 2018 existían 9,672 casos registrados de personas de cero a 17 años de edad en el fuero común, y 382 casos en el fuero federal.”
En lo relativo a la pobreza ,7 subraya que se recrudece entre niñas y niños indígenas:
“El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, realizado por el Coneval señala que en 2015 el 50 por ciento de la población nacional de niñas, niños y adolescentes vivían en hogares que experimentaban algún tipo de pobreza , es decir, 20.7 millones de NNA.
El panorama es peor cuando hablamos de menores de edad indígenas, quienes alcanzan porcentajes de pobreza cercanos al 80 por ciento (78.6 para las niñas y los niños, y 78.2 para las y los adolescentes). De igual forma, el Informe refleja que 700 mil niñas, niños y adolescentes no asistían a la escuela por motivos económicos.”
Tocante al sobrepeso y la obesidad,8 asevera que tres de cada 10 niñas y niños la padecen:
“De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la obesidad infantil es un problema de salud pública a nivel mundial que está afectando progresivamente a muchos países de bajos y medianos ingresos. En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 (Ensanut MC 2016), tres de cada 10 niñas y niños (de cinco a 11 años de edad) padecen sobrepeso u obesidad. Aunque hubo una disminución significativa del sobrepeso en niños varones, al pasar de 19.5 por ciento en 2012 a 15.4 por ciento en 2016, se observó un incremento progresivo en la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en zonas rurales, tanto en niñas como en niños. Asimismo, cuatro de cada 10 adolescentes (de 12 a 19 años de edad) presenta sobrepeso u obesidad.”
Finalmente, en lo que corresponde a la esfera educativa ,9 se alude a la alta deserción escolar entre personas de entre quince y dieciocho años, principalmente debido a carencias económicas:
“En materia educativa, México es el país integrante de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que presenta el nivel de deserción escolar más alto, especialmente en las y los adolescentes de entre 15 y 18 años , siendo las dos causas principales de abandono de los estudios las carencias económicas de sus hogares en 52 por ciento de los casos, y los embarazos tempranos o las uniones entre parejas jóvenes, que representan el 23 por ciento. Durante 2000 y 2011, alrededor de 6.5 millones de adolescentes y jóvenes dejaron sus estudios.”
Frente al diagnóstico de la situación de niñas, niños y adolescentes expuesta por el organismo nacional garante de los derechos humanos resulta ineludible que la acción del Estado establezca derroteros concretos orientados a prevenir, enfrentar, atender y erradicar las causas de los flagelos que imposibilitan a un numeroso sector de la población —en formación y desarrollo— ejercer a plenitud los derechos establecidos en la Carta Magna y en los instrumentos internacionales , signados y ratificados por nuestro país, y en las normativas derivadas que conforman el orden jurídico interno.
Los retos son enormes, sin duda, empero estamos ciertas que la nueva administración sabrá asumirlos como corresponde en consonancia con los compromisos adquiridos por el Estado mexicano, por lo que en la formulación del próximo Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 habrá de consolidarse el nuevo paradigma en curso, en materia de derechos de NNA y que habrán de observarse en todo momento los principios rectores de orden constitucional. De ahí el presente exhorto.
Único. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se considere la perspectiva de niñez y adolescencia, de conformidad con lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y los instrumentos internacionales de los que México es parte.
http://informe.cndh.org.mx/uploads/principal/2018/IA_2018.pdf
2 Informe Anual de Actividades 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); página 144 y ss.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los tres días de abril de 2019.
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes consideraciones:
El cuidado y la atención de los niños en la primera infancia es un aspecto fundamental para su desarrollo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la atención integral a la primera infancia es “el conjunto de acciones coordinadas que pretenden satisfacer tanto las necesidades esenciales para preservar la vida, como aquellas que tienen relación con su desarrollo integral y necesidades básicas de aprendizaje, en función de sus características, necesidades e intereses”.
Asimismo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señala que en los primeros cinco años de vida se construyen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social de niñas y niños.
Al respecto, el Unicef destaca que en México, en los últimos años, se han producido logros significativos en los indicadores de desarrollo de la primera infancia, entre los cuales sobresalen la disminución de la desnutrición infantil y el acceso a la educación inicial y preescolar.1
A pesar de los avances, los desafíos son formidables, sobre todo si consideramos que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, existen 10.5 millones de niñas y niños de 0 a 4 años, cifra que representa el 9 por ciento de la población total.2 Además de que los grupos de infancia y adolescencia enfrentan mayores niveles de pobreza que el resto de los habitantes, basta señalar que en 2014, la incidencia de pobreza en el subgrupo de dos a cinco años se asoció mayormente con el rezago educativo.
Aunado a lo anterior, en las últimas décadas el rol de la mujer ha cambiado significativamente; cada año se incorporan más madres de familia al mercado laboral para contribuir al sustento de sus hogares. Tan sólo entre 2005 y 2017 la población femenina económicamente activa creció 26.9 por ciento.
En este sentido, el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI) contribuye a dotar de esquemas de seguridad social a la población en condiciones de carencia o pobreza.
Específicamente, busca mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral mediante apoyos para contar con servicios de cuidado y atención infantil3 apoya, a través de subsidios a los servicios de cuidado y atención infantil, a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y a los padres solos con hijas e hijos o niñas y niños bajo su cuidado de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años) y entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) en caso de niñas o niños con alguna discapacidad, cuyo ingreso per cápita estimado por hogar no rebase la Línea de Bienestar, y que cumplan con los criterios y requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, para que las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y los padres solos cuenten con tiempo disponible para acceder o permanecer en el mercado laboral, o en su caso estudiar.
Desde su creación, se han consolidado como un mecanismo de apoyo para madres, padres solos, tutores o principales cuidadores que trabajan, buscan empleo o estudian y cuyos ingresos no rebasan la línea de bienestar.
De enero de 2013 a junio de 2018, benefició a 1 millón 188 mil 28 madres trabajadoras y padres solos, mediante el acceso a los servicios de cuidado y atención infantil, lo que representó un incremento de 15.4 por ciento respecto de los beneficiados entre 2007 y 2012.
A junio de 2018, se encontraban afiliadas al programa 9 mil 354 estancias infantiles y el programa tiene presencia en mil 283 municipios a nivel nacional. Los beneficiados ascienden a más de 303 mil 900 menores en todo el país.
A través de este Programa se otorga un subsidio de 950 pesos destinados a los servicios de cuidado y atención infantil, de esta forma, las madres y padres sólo pagan una parte del costo total de las estancias, que puede variar entre los mil 800 a los 3 mil pesos mensuales.
Entre los efectos positivos de este programa se encontraron: aumentos en la permanencia laboral, incremento en el número de horas trabajadas y mayor diversidad en la dieta de las niñas y niños.
Los resultados de dicho programa son relevantes. Durante el sexenio pasado, se amplío la cobertura, al brindar atención a 1.4 millones de niñas y niños, lo que representa un aumento de 16.1 por ciento, con relación al sexenio anterior.
Asimismo, el programa ha permitido que 1.2 millones de madres trabajadoras y padres no abandonen su trabajo o sus estudios.
Para tener un panorama general de su importancia, basta indicar que de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, las estancias infantiles cuentan con ambientes inclusivos para la atención y cuidado para niñas y niños que se encuentran en una situación de discapacidad.
En el año 2012, la Organización de las Naciones Unidas reconoció este modelo como uno de los principales casos de éxito en el servicio público, con beneficios directos a los niños y apoyo efectivo a sus madres, padres o tutores.
Debido a los servicios que brindan las estancias infantiles, se han posicionado como un mecanismo efectivo de inclusión educativa en beneficio de las niñas y niños de México. La reducción presupuestal podría provocar el cierre de la mitad de estos centros de atención infantil, dejando en el desamparo a más de 300 mil menores en todo el país.
Hay que tener presente que, en nuestro país, el párrafo noveno del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el interés superior del Menor como eje fundamental del Estado Mexicano en la elaboración de todas las políticas públicas:
“Artículo 4o. ...
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”
De acuerdo con lo anterior, el Estado mexicano tiene la obligación de atender, como prioridad fundamental, el desarrollo físico, emocional, social y educativo de la niñez. Esto a fin de que se consoliden como personas en desarrollo y sujetos de derechos. Más allá de la conformación o los intereses personales o políticos las estructuras de gobierno deben dar prioridad a las necesidades de las niñas, los niños y los adolescentes.
Además, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en materia de educación que México ratificó, establece en la Meta 4.2 que los Estados parte deberán “velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria”.
En este respecto, cabe referir que las estancias de desarrollo infantil cumplen con una función primordial en el desarrollo de la educación inicial, razón por la cual se ha establecido que éstas deben estar consideradas como un servicio que el Estado debe brindar a fin de consolidar una educación temprana que permita garantizar el desarrollo educativo del menor y garantizar su posterior ejercicio de derechos plenamente.
De esta forma, más allá del apoyo que una estancia infantil brinda a las madres o padres de escasos recursos, éstas además constituyen centros de formación que brindan atención educativa y temprana a la primera infancia, es así que su actividad es fundamental para el desarrollo del menor y el acceso paulatino a sus derechos humanos, así como el fomento y desarrollo de sus capacidades físicas e intelectuales. De ahí la importancia y necesidad de que se atienda al interés superior del menor y se decante por la necesidad de atender al derecho a la educación en la primera infancia del menor.
Realizar recortes presupuestales y modificaciones a las reglas de operación afectará principalmente las actividades diarias de miles de mujeres trabajadoras e impactará negativamente los servicios educativos prestados en las instancias infantiles.
En este marco es fundamental que el gobierno federal presente a la brevedad las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y una estrategia integral para garantizar a las madres y padres trabajadores la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo infantil de sus hijas e hijos.
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que presente a la brevedad una estrategia integral para garantizar a las madres y padres trabajadores la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo infantil de sus hijas e hijos, así como las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.
1 https://www.unicef.org/mexico/spanish/SITAN-UNICEF2018.pdf
2 https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/
3 https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2016_ 2017/FMyE_20_S174.pdf
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de abril de 2019.
El que suscribe, diputado Héctor Yunes Landa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por la que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana incluya a la entidad federativa de Veracruz de Ignacio de la Llave en el Plan de Combate a la Inseguridad como una región prioritaria. De igual manera, se exhorta al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que a través la Secretaría de Seguridad Pública desarrolle, instrumente y ejecute una nueva política de seguridad pública estatal, mediante el diseño transversal de políticas de prevención, que permita identificar y erradicar los factores de riesgo que originan la delincuencia, con el objeto de proteger la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
Un día después de que el gobierno diera a conocer las 17 zonas prioritarias de su Estrategia Nacional de Seguridad Publica en las que desplegará 10 mil 200 elementos de las fuerzas federales debido los altos índices delictivos. Solicité que se incluyera al Estado Veracruz a estas 17 llamadas zonas prioritarias dado que a diario vivimos, a lo largo y ancho de nuestra geografía, una ola de asesinatos, feminicidios, secuestros, violaciones, extorsiones, robos y demás delitos violentos.
El pasado 16 de enero, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) presentó su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana la cual arrojó que Coatzacoalcos, al sur de la entidad, es una de las ciudades en las que mayor violencia se percibe en todo el país. De acuerdo con la información oficial, 93.4 por ciento de sus habitantes consideran que vivir ahí? es inseguro. Y tienen toda la razón.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojó en sus cifras más recientes, las que corresponden a diciembre 2018, que la incidencia delictiva en el Estado de Veracruz fue de 2 mil 755 presuntos delitos, de los cuales 69 fueron homicidios dolosos, 44 de estos con arma de fuego.
De igual manera, se consignó? que durante diciembre se registraron en Veracruz 396 lesiones dolosas, 2 feminicidios y 7 casos de secuestro. Los robos totales, durante el citado mes, fueron de mil 294 casos.
El Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, de la Universidad Veracruzana (UV) informó que, en el periodo de enero a diciembre de 2018, contabilizó 118 mujeres asesinadas en Veracruz, con mayor incidencia en 6 municipios: Coatzacoalcos, Xalapa, Veracruz, Río Blanco, Córdoba y Tlapacoyan.
El 3 de enero mataron a balazos a una mujer cerca de las vías del tren, en Córdoba. El sábado 5 de enero, una mujer de 43 años fue degollada en su domicilio en Coatzacoalcos.
El tercer feminicidio fue el domingo 6 de enero, cuando una jovencita de 17 años fue también degollada en el Puerto de Veracruz, al interior de su vivienda. Le siguió el caso de una mujer baleada en Minatitlán, el lunes 7 de enero, al interior de un laboratorio al que acudió con su madre.
El domingo 13 de enero asesinaron en Xalapa, de un balazo en el rostro, a una mujer embarazada. El lunes 14, en Ixtaczoquitlán, hallaron a una adolescente envuelta en cobijas. El miércoles 16, el cuerpo de una menor de 16 años fue arrojado a los cañales envuelta en una sábana.
La semana pasada un nuevo asesinato en Coatzacoalcos conmocionó no solo a todo al estado sino al país: la decapitación de la empresaria Susana Carrera, en Coatzacoalcos, porque su familia no pudo pagar el millonario rescate que pedían sus captores.
La trágica muerte de Susana dejó a dos hijos en la orfandad, a una familia devastada, y la evidencia de que en Veracruz el gobierno ya está? rebasado por el crimen organizado.
Fue también la gota que derramó el vaso ante la inseguridad que azota principalmente al sur de Veracruz.
Coatzacoalcos, que antes era sinónimo de prosperidad, un puerto pujante, un referente petrolero en todo el país, hoy vive un banco de sangre, ante la pasividad de las autoridades.
Unos días antes de este fatídico hecho, empresarios solicitaron al presidente municipal se hiciera algo para frenar la violencia, pero Víctor Carranza Rosaldo solo se limitó? a pedir paciencia.
¿Cómo se le puede pedir paciencia a la gente cuando a las afueras de las escuelas secuestran a los padres cuando van por sus hijos? ¿Cómo se puede pedir paciencia cuando a plena luz del día hay ejecuciones? ¿Cómo pedir paciencia cuando negocios con 30 o 40 años de existencia tienen que bajar definitivamente la cortina porque ya no aguantan las extorsiones ni los asaltos?
Desafortunadamente esto se repite prácticamente en todos los municipios veracruzanos.
El mediodía del pasado 7 de febrero, en una plaza del centro de la capital veracruzana, la lideresa de los comerciantes fue asesinada a balazos. Unas horas después, ese mismo día, en otra plaza de Xalapa, otro comerciante, menor de edad, corrió la misma suerte.
El pasado miércoles 13, también en Xalapa, una joyería ubicada dentro de una de las plazas comerciales más concurridas fue saqueada sin que hubiese un solo detenido.
Pese a todos estos casos y muchos más que podría citar durante horas, Veracruz ha sido olvidado por la estrategia federal de combate a la violencia del Gobierno Federal.
Lo que para ellos son cifras, para nosotros, los veracruzanos son familias destrozadas, hogares que viven con el luto, el dolor y la desesperación.
Nos representa una burla que la autoridad estatal nos diga que los delitos van a la baja. El crecimiento año con año del número de veracruzanos afectados por la delincuencia se ve reflejado en las cifras arrojadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública . Es un insulto a la ciudadanía que el Secretario de Seguridad Pública en la entidad cuestione por qué hasta ahora la gente se queja de la inseguridad si así hemos vivido siempre.
No solo es indolencia ni indiferencia de la Cuarta Transformación, es incapacidad para hacer frente a este problema. Incapacidad para garantizar la seguridad de todos los veracruzanos.
Veracruz está sufriendo una hemorragia ante tanta violencia. Necesita de todas y de todos para poder ayudar a su gente, para evitar que se convierta en un estado sin ley.
Por eso urgimos, junto con muchas otras voces, que el Gobierno Federal incluya a la brevedad a Veracruz a las zonas prioritarias en el combate a la inseguridad. Es un justo reclamo social.
Desde la Cámara de Diputados, no podemos ser omisos a la situación tan terrible que actualmente vive la población del estado Veracruz; por tal motivo, el día de hoy, presento ante esta Honorable Asamblea, la preocupación y petición de millones de veracruzanos que se ven afectados a diario por la delincuencia.
Represento a mi estado, a mi gente, gente trabajadora y honrada, que clama por recobrar la paz, la seguridad y el bienestar que caracterizó a la entidad federativa por mucho tiempo; por ello, nuevamente refrendo mi compromiso como representante de todos los veracruzanos para promover las acciones necesarias con el fin de garantizar y salvaguarda el respeto a los derechos humanos de los veracruzanos.
Por lo anteriormente expuesto, y debido al alarmante incremento en los índices delictivos, me permito presentar los siguientes
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo federal, para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana incluya a la entidad federativa de Veracruz de Ignacio de la Llave en el Plan de Combate a la Inseguridad como una región prioritaria.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que a través la Secretaría de Seguridad Pública desarrolle, instrumente y ejecute una nueva política de seguridad pública estatal, mediante el diseño transversal de políticas de prevención, que permita identificar y erradicar los factores de riesgo que originan la delincuencia, con el objeto de proteger la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
Dado el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días de abril de 2019.
La que suscribe, Lourdes Érika Sánchez Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, fracciones II y III, numeral 2, 113 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a reconsiderar limitar el apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización de los productores de maíz a 30 hectáreas y que se mantenga el apoyo de 75 por ciento del costo de la cobertura de precios al agricultor por contrato (en la zona norte del país, principalmente a los productores de Sinaloa), al tenor de las siguientes
La industria agrícola es de suma importancia para México, ya que es una fuente generadora de empleos en las zonas rurales, promueve el consumo y la exportación de productos nacionales, además, su desarrollo es fundamental para la seguridad alimenticia del país.
Según cifras oficiales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, hoy México ocupa el duodécimo lugar en producción de alimentos y el cuarto productor de maíz a nivel mundial, sin embargo, la producción total no satisface la demanda interna, por lo que se tienen que importar cerca de 10 millones de toneladas de maíz amarillo cada año, principalmente de Estados Unidos.1
No obstante, uno de los principales problemas para los productores de maíz es que no siempre tienen éxito en maximizar sus ganancias, ya que constantemente se encuentran expuestos a las fluctuaciones de los precios del mercado, los cambios en los inventarios mundiales y como las condiciones climáticas de su región. A esto hay que sumar que el incremento de los costos de producción no crece paralelamente al incremento del precio de mercado del maíz.
Sinaloa es reconocido como uno de los principales estados productores de alimentos de México. Entre las actividades productivas de la entidad, la agricultura y la ganadería han sido y son fundamentales en el desarrollo, ya que además de tener una participación relevante en el PIB del estado, genera fuentes de empleo y divisas derivadas de las exportaciones agroalimentarias, sirviendo como motor económico.2
De manera particular, cabe destacar que es el principal estado productor de maíz en todo el país. Para poner en su justa dimensión la magnitud de este asunto, basta señalar que conforme al Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, al 31 de enero del año agrícola 2019, la superficie sembrada de maíz grano sumó 514 mil 446 hectáreas y una superficie cosechada de 507 mil 121.
La producción de dicho grano ascendió a 5 millones 648 mil 240 toneladas, con lo que contribuye con 22 por ciento de la producción nacional, el nivel más alto de las entidades federativas.3 Durante los últimos 37 años, la producción de maíz en Sinaloa ha crecido a una tasa media anual de 10.9 por ciento, en tanto que la del resto de las entidades sólo ha aumentado a un ritmo de 1.4 por ciento.4
De igual manera, es el estado que registra los mayores rendimientos, con un promedio de 11.1 toneladas por hectárea en los dos últimos años, que prácticamente triplica el obtenido en la década de 1980 con 3.28 toneladas por hectárea.
Durante el ciclo agrícola otoño-invierno 2018-2019, se producirán en Sinaloa aproximadamente 6 millones de toneladas de maíz blanco, la cual es soporte y garantía de la autosuficiencia alimentaria de nuestro país en lo referente a la tortilla.
Para fomentar el desarrollo de esta industria, los créditos y apoyos por parte del gobierno federal son fundamentales. A través del programa de apoyos otorgados por el componente de ingreso objetivo se apoya directamente a los productores u organizaciones de personas físicas o morales mediante un apoyo complementario al ingreso de los granos y oleaginosas.
El ingreso objetivo considera una amplia gama de productos elegibles que le permiten al productor, seleccionar el cultivo que mejor le convenga de acuerdo con sus condiciones de producción y comercialización.
Este apoyo se aplica siempre que el precio de mercado que obtenga el productor por la venta de su producto sea menor al ingreso objetivo establecido. Estos apoyos se orientan al desplazamiento de las cosechas excedentarias o con problemas de comercialización en tiempos y lugares requeridos, así como para el fomento de la celebración de contratos de compraventa entre productores y compradores, y para otros esquemas de comercialización específicos que contribuyan al ordenamiento del mercado.5
Los productores de maíz de Sinaloa se han beneficiado de estos apoyos durante los últimos años al aumentar su capacidad productiva por la certeza que los esquemas de comercialización le han generado. Continuar el programa de apoyo a través del ingreso objetivo resulta esencial para la seguridad alimenticia nacional, dejar de sembrar maíz en Sinaloa o reducir su producción, significa incrementar los volúmenes de importación, depender cada día más del exterior en materia alimentaria y que este maíz que puede ser genéticamente modificado de acuerdo con la legislación de otros países, es de menor calidad y puede ser destinado al consumo humano de la tortilla.
Los agricultores sinaloenses hacen un gran esfuerzo en la producción de este producto, los costos cada día son mayores de tal manera que en los últimos 4 años han subido alrededor de 20 por ciento y el precio por tonelada se mantiene en el mercado en 3 mil 800 pesos por tonelada, aún y cuando a finales de la pasada administración se incrementó el monto del ingreso objetivo a 3 mil 960 por tonelada.
En este ciclo agrícola, el productor sinaloense sembró considerando que se tiene autorizado un Ingreso Objetivo, como garantía de ingreso para todos los productores sin distingos de hectáreas sembradas; no obstante, hoy se quiere limitar este Ingreso Objetivo únicamente a productores de hasta 30 hectáreas, lo que deja fuera una gran cantidad de productores y un volumen de maíz de 2 millones de toneladas que se venderían a libre mercado y los productores no tendrían más ingreso para cubrir sus costos.
El nuevo gobierno ha insistido en que el apoyo al campo es fundamental para el desarrollo del país; sin embargo, este tipo de decisiones contradicen lo planteado en el discurso y da la espalda a miles de campesinos. El recorte de estos apoyos podría significar la quiebra para miles de productores de maíz, aumentando los índices de pobreza en zonas rurales del país y el incremento casi inmediato en el costo de la tortilla, pero también tendrá un impacto en los bolsillos de los sectores de la población más desfavorecidos en las zonas urbanas, y aumentando los niveles de inflación a escala nacional.
Por ello es fundamental que todos los productores de maíz de Sinaloa del ciclo otoño-invierno de 2018-2019, independientemente del número de hectáreas sembradas, cuenten con apoyos del ingreso objetivo establecido y de 75 por ciento del costo de la cobertura de precios, para garantizar la rentabilidad de esta actividad y dar pie a su análisis par ciclos de siembra venideros.
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a reconsiderar limitar el apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización de los productores de maíz a 30 hectáreas y que se mantenga el apoyo de 75 por ciento del costo de la cobertura de precios al agricultor por contrato, en la zona norte del país, principalmente a los productores de Sinaloa.
1 Luis Fernando López Reyes y Luis Armando Becerra Pérez, Eficiencia de los productores de maíz en Sinaloa: una propuesta metodológica, Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, vol. 9, No. 3, abril-mayo de 2018.
2 https://sinaloa.gob.mx/p/secretaria-de-agricultura-y-ganaderia
3 http://infosiap.siap.gob.mx:8080/agricola_siap_gobmx/ResumenProducto.do
4 https://lasillarota.com/opinion/columnas/el-problema-de-sinaloa/205108
5 Ingreso Objetivo y ordenamiento del mercado, en:
https://info.aserca.gob.mx/claridades/revistas/200/ca200 -20.pdf
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 3 de abril de 2019.
Diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez (rúbrica)
Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que investigue y, en su caso, sancione probables desvíos de recursos públicos para beneficiar al Partido Morena durante los eventos oficiales de la Presidencia de la República, al tenor de las siguientes
En diversos eventos de carácter oficial del Presidente de la República, se han desarrollado manifestaciones de desaprobación, entre ellos abucheos, rechiflas o gritos. Cabe destacar que estos comportamientos sólo se han llevado a cabo con gobernadores de oposición.
Entre las autoridades estatales que se han visto agredidas se encuentran Gobernadores del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional.
Existen indicios de que los organizadores de los eventos y promotores, promueven el denominado “Manual de eventos del presidente, en estados gobernados por la oposición”, en el que es de carácter obligatorio emitir gritos de desaprobación, es decir, son actos planeados con el objetivo de desacreditar a los gobernadores de extracción distinta al partido Morena.1
Entre los sucesos de estas características, destacan los siguientes:
• 9 de diciembre de 2018. En un evento, convocado para la exposición del Plan Nacional de Refinación en el Puerto de Dos Bocas, diversos invitados expresaron su desaprobación al mandatario estatal. No obstante, existen sospechas de que fueron expresiones y planeadas para desacreditar al titular del ejecutivo estatal.
• 11 de enero de 2019. El gobernador del estado de Guerrero recibió rechiflas en el municipio de Tlapa de Comonfort en el marco de la presentación de la Pensión para personas con Discapacidad, frente a ello, le expresó al Presidente “es necesario evitar que seguidores de Morena hagan de sus eventos torneos de insultos y descalificaciones. Usted es el Presidente de todos los mexicanos, el respeto debe ser mutuo, reciprocidad señor Presidente.”
• 22 de enero de 2019. Un grupo de personas, relacionadas con el Partido Morena, de manera reiterada en el municipio de Acambay atacó al Gobernador del estado de México, durante un evento de la Presidencia de México cuando se informaban programas sociales.
• 3 de marzo de 2019. El Gobernador del estado de Baja California Sur fue abucheado durante la presentación del Programa de Desarrollo Urbano. Ante estos actos expresó “quisiera pedirles, señoras y señores, respeto al señor Presidente. Las diferencias de nosotros las lavamos en casa, pero no con el señor Presidente de la República.”
• 5 de marzo de 2019. El estado de Colima no fue la excepción, ya que el gobernador fue blanco de abucheos, gritos e insulto, por ello, aseguró “podemos dejar que se desahogue esta parte de lo que parece ser un protocolo en todas las entidades federativas, para que después de estas prácticas me permitan a mí hacer uso de la voz”2
Por estos lamentables acontecimientos, el gobernador del estado de Chihuahua, tomó la decisión de no volver a acompañar más al Jefe del Ejecutivo en sus actos públicos, ya que todo parece indicar que son mítines de campaña organizados por las estructuras del partido Morena.
Asimismo, acusó al partido Morena no sólo de organizar los eventos, sino también de conducirlos y ser promotores de violencia: “se distribuyen estratégicamente entre el público dirigentes o líderes de algunas asociaciones o frentes, con megáfono en mano para, con toda libertad, lanzar las distintas consignas”3
Ante estos eventos, el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) aseguró que: “La Gobernadora y los Gobernadores hemos sido pacientes ante las manifestaciones frente al Presidente, pero no vamos a continuar permitiendo que líderes de su partido nos quieran desacreditar para imponer su vergonzoso radicalismo”.
Detrás de todas estas acciones que aparentan ser organizadas, se pueden encontrar faltas graves como el desvío de recursos públicos que deben ser investigadas y, en su caso, sancionadas conforme a derecho.
Una de las principales demandas de la población es terminar con la corrupción en todas sus formas, por lo que la vigilancia en la utilización de los recursos públicos debe ser una prioridad para evitar su malversación.
Los eventos públicos organizados por la presidencia de la república son financiados con recursos públicos, por lo que tienen que estos deben de ejercerse con base en la legalidad y favoreciendo el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala en su artículo 7º que:
“Artículo 7. Los Servidores Públicos Observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los servidores públicos observarán las siguientes directrices:
VII. al X. ...”4
Asimismo, en materia de faltas administrativas graves cometidas por los Servidores Públicos, el artículo 54º de la misma Ley señala que:
“Artículo 54. Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.”
Es inaceptable que se quiera hacer de los eventos públicos de la Presidencia de la República actos propagandísticos en favor de un partido o de la imagen del presidente, o bien, que se propicie el pensamiento único y se descalifiquen otras fracciones políticas y la pluralidad.
Estos eventos son de carácter informativo, con el objetivo de dar a conocer la implementación y avance de programas, políticas públicas y acciones de gobierno, no para realizar actos de propaganda en favor de un partido o ideología.
Por su parte, la Ley General de Comunicación Social, establece en su artículo 9º, fracciones I y III, lo siguiente:
“Artículo 9.- Además de lo previsto en el artículo 21 de esta Ley, no se podrán difundir campañas de Comunicación Social, cuyos contenidos:
i. Tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, veces o símbolos de cualquier servidor público, con excepción de lo previsto en el artículo 14;
III. Inciten de forma directa o indirecta, a la violencia o a comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico, y
IV. ...”5
Los partidos políticos cuentan con sus propios recursos para cubrir gastos propios de su interés, entre ellos los espacios propagandísticos, promoción electoral y de su imagen. La utilización de recursos del Gobierno Federal para estas finalidades podría implicar una falta muy grave que debe sancionarse.
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de la Función Pública, al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que investigue y, en su caso, sancione probables desvíos de recursos públicos para beneficiar al Partido Morena durante los eventos oficiales de la Presidencia de la República.
1 Alejandra Canchola. (2019). Morena obliga a abuchear a gobiernos de oposición en eventos de AMLO: PRI. 06/03/2019, de El Universal Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/morena-obliga-abuchear-g obiernos-de-oposicion-en-eventos-de-amlo-pri
2 Misael Zavala. (2019). Gobernador de Colima confronta abucheos en evento de AMLO. 06/03/2019, de El Universal Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/gobernador-de-colima-con fronta-abucheos-en-evento-de-amlo
3 Excélsior. (2019). “Morena planea abucheos”; Javier Corral responde a acciones. 06/03/2019, de p Sitio web: https://www.excelsior.com.mx/nacional/morena-planea-abucheos-javier-cor ral-responde-a-acciones/1299731
4 Ley General de Responsabilidades Administrativas, Cámara de Diputados, en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf
5 Ley General de Comunicación Social, Cámara de Diputados, en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCS_110518.pdf
Las suscritas, diputadas María Ester Alonzo Morales, Dulce María Sauri Riancho y Ximena Puente de la Mora, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
El 17 de enero de 2008, México ratificó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en ella, los estados parte convienen promover, proteger y asegurar el pleno disfrute en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de todas las personas con discapacidad. En su artículo 33, se indica que los países firmantes “designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la presente convención y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles”.
Asimismo, en mayo de 2011, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; esta legislación establece las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar, el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.
La referida ley contempla en su título tercero, la creación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
En su artículo 39, señala como objeto del Conadis, el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional. Así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector privado acciones, estrategias o políticas públicas para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad. Para el cumplimiento de sus atribuciones, gozará de autonomía técnica y de gestión en la formulación de políticas, acciones, estrategias y programas en la materia.
La administración del Conadis, se encuentra bajo la figura de una junta de gobierno y la de un director general; la designación de este último, corresponde al Presidente de la República, tal como lo señala el artículo 49 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. El director general cuenta con facultades de gran relevancia al interior del consejo, las cuales versan en la planeación, organización, coordinación, dirección, control y evaluación del mismo consejo, así como la presentación del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Debemos recordar que desde diciembre de 2018, Jesús Toledano Landero dejó la titularidad del consejo; por lo que durante el primer trimestre del año en curso, no se ha realizado el nombramiento de la persona que ocupará la dirección general de la junta de gobierno de la Conadis. Desde hace más de 90 días, no hay un programa nacional que dé rumbo sobre las políticas que se van a implementar, tampoco se tiene conocimiento de las directrices para evaluar y medir el trabajo que realizara el gobierno federal, para lograr una verdadera inclusión de las personas con discapacidad en la vida pública de México.
Dada la importancia de las atribuciones conferidas por ley al director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, resulta urgente la designación de la persona que ocupará dicho cargo.
Por ello, en concordancia con lo establecido en los ordenamientos tanto nacional como internacional en la materia y, con el fin de retomar los trabajos de la Conadis, en miras de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
De urgente u obvia resolución.
Único. Se exhorta de respetuosamente al Presidente de la República, a designar a la directora o al director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tal como se establece en el artículo 49 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Diputadas: María Ester Alonzo Morales, Dulce María Sauri Riancho, Ximena Puente de la Mora, María Alemán Muñoz Castillo (rúbricas).

References: artículo 125
 artículo 129
 artículo 16
 artículo 18
 artículo 14
 artículo 7
 artículo 5

Artículo 7
 artículo 14
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 125
 artículo 137
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 54
 artículo 9
 artículo 21
 artículo 14
 artículo 33
 artículo 39
 artículo 49
 artículo 49