Source: https://delajusticia.com/2010/12/05/sobre-la-posible-ilegalidad-del-estado-de-alarma-decretado-por-r-d-16732010/?replytocom=6670
Timestamp: 2020-08-15 14:26:28+00:00

Document:
Sobre la posible ilegalidad del estado de alarma decretado por R.D.1673/2010 delaJusticia.com El rincón jurídico de José R. Chaves
En el día de ayer el Gobierno aprobó el Real Decreto 1673/2010 que declara el estado de alarma haciendo uso del art.116.2 de la Constitución y de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de Junio. Dicho Decreto se comunicó al Congreso que lo debatirá el próximo jueves. Sevach valoró positivamente en el último post la oportunidad de adoptar tal medida, y aunque sea la primera vez en Democracia, las normas han de aplicarse cuando concurren sus presupuestos fácticos y normativos y no dejarlas sin estrenar como la tapicería de los coches nuevos. Dado que algunos comentaristas expusieron de forma razonada la posible ilegalidad de tal Declaración de estado de alarma, resulta adecuado abrir un sencillo debate al respecto para aclararlo.
1. De entrada, hay que contar con que la impugnación del RD.1673/2010 es previsible, bien por Asociaciones de controladores aéreos, bien por algún controlador concreto ante el recorte singular de sus derechos, o incluso por alguna organización de tutela de derechos ciudadanos ( o quizás por algún Ejecutivo autonómico).
2. Tal impugnación sería ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, bien por el proceso especial de protección de derechos fundamentales, o bien por el proceso ordinario, y la competencia sería de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
3. Hay que partir de la transcripción literal del fundamento normativo de la declaración del Estado de Alarma, que nos ofrece el art.4 de la Ley Orgánica 4/81:
«El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución podrá declarar el Estado de Alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad:
D) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.»
4. Pues bien, amparándose en dicho precepto, el Real Decreto 1673/2010 de declaración del estado de alarma expone en su Preámbulo la motivación concurrente: paralización del servicio de transporte aéreo como servicio público esencial para la comunidad [art.4.c) LO 4/1981], que constituye una calamidad o catástrofe pública [art. 4.a) LO 4/1981]
5. Así pues, la impugnación se fundamentaría en la redacción del artículo 4 transcribe, tal y como sutilmente se ha argumentado aquí.
“ Se puede decretar el estado de alarma cuando haya una catástrofe (apartado A), una crisis sanitaria (apartado B) o una situación de desabastecimiento de productos básicos (apartado D) de tanta gravedad como para justificar la implantación de ese estado de alarma. O bien (apartado C), cuando se produzca una paralización de servicios públicos esenciales Y ADEMÁS estemos en alguna de las situaciones mencionadas en los restantes apartados (es decir, tiene que haber una catástrofe, una crisis sanitaria o un desabastecimiento de productos de primera necesidad, aunque sea de menor gravedad).”
En la misma línea, un sensato comentarista de nuestro blog ha subrayado… “ Esta última calificación es dudosa, ya que la catástrofe, calamidad o desgracia pública (que son conceptos distintos) se ejemplifica en la LO 4/1981 con los terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud, conceptos propios de la legislación de protección civil y emergencias”.
5. Pues bien, me temo que la defensa de la Abogacía del Estado sosteniendo la legalidad del Real Decreto podría ir por los siguientes derroteros:
I. El R.D. 1673/2010 pertenece a la categoría de los denominados “actos políticos”, cuyo control intrínseco queda fuera de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con el apartado a) del art.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Así sería de aplicación el razonamiento sentado en la Sentencia del Tribunal Constitucional 196/1990, de 29 de Noviembre: “ Quiere decirse con ello que en tales casos el Gobierno actúa como órgano político y no como órgano de la Administración, no ejerce potestades administrativas ni dicta actos de esta naturaleza y, por lo mismo, su actuación no puede calificarse como “administrativa” cuyo control corresponda “ex” arts.106.1 CE y 8 LOPJ a los Tribunales de Justicia”.
Todos sabemos que el concepto “acto político” está en retroceso y debe ser interpretado restrictivamente, pero me temo que cuando se trata de adoptar una decisión de esta naturaleza que ha merecido regulación constitucional en el Titulo V relativo a “Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales” e imponiendo el control de la “dación de cuenta al Congreso de los Diputados”, el mismo se escapará en su fundamento del control jurisdiccional ordinario.
II. El Estado de Alarma requiere tomar en cuenta los elementos reglados ( órgano competente, dación de cuenta al Congreso, plazo máximo, etc) , de manera que la constatación de las situaciones referidas en el apartado A) (Catástrofes, calamidades o desgracias públicas,) presenta un fuerte componente de discrecionalidad política puesto que no está llamado cada ciudadano o grupo a identificar una situación concreta como calamidad o accidente de gran magnitud sino que la Constitución ha depositado en el Gobierno (como órgano político) su apreciación caso a caso. Cómo la pregunta zen:¿ cuántos granos hacen un montón?, podría decirse, ¿cuántos perjuicios o perjudicados hacen falta para una calamidad?.
III. La regulación del estado de alarma no es un régimen normativo de materia sancionadora ,por lo que nada impide el empleo de las habituales técnicas de interpretación (finalidad) y de aplicación ( la analogía) del Código Civil , que permiten encuadrar la conducta de los controladores aéreos ( actuación concertada y dolosa para provocar daños y perjuicios masivos, a particulares y empresas) en la noción de calamidad pública.
IV. La enumeración del inciso final del apartado A) ( “tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud”) no es una enumeración cerrada o numerus clausus, sino ejemplificativa. Tal enumeración no persigue limitar al Ejecutivo en su capacidad de decisión, sino mas bien evitar que por no indicar “nominatim” tales supuestos se cuestionase su apreciación. Y es ejemplificativa por varias razones:
a) Primera, porque los supuestos de calamidad pública son mucho mas ricos que la lacónica enumeración del legislador. ¿ Acaso no se incluiría el caso de un terremoto o maremoto o erupción volcánica o movimiento de terrenos, casos extraordinarios enumerados en el art.248 de la Ley de Contratos del Sector Público como “fuerza mayor”?.
b) Segunda, porque los supuestos de eventual calamidad pública no son los que en el año 1981 podían concebirse, ya que la evolución tecnológica puede ofrecer muchos supuestos no imaginados. Por ejemplo, piénsese unos empresarios que desde España y para conseguir beneficios fiscales, al estilo Wikileaks, difundan por la red los historiales clínicos de millones de ciudadanos de forma descontrolada, provocando una situación que no encaje en la idea de “catástrofe”, pero si en la de “calamidad pública”, que según el Diccionario de la Real Academia se corresponde con “Desgracia o infortunio que alcanza a muchas personas”.
V. Por otra parte, la sola lectura del apartado c) de la Ley, abona una interpretación muy flexible cuando se trata de una “ Paralización de servicios públicos esenciales”. Así, observemos la literalidad del apartado: “ C) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo.”
Una primera lectura lleva a pensar que además de la “paralización de servicios públicos esenciales” tiene que concurrir una situación de las contenidas en los apartados A), B) y D). Sin embargo, esta tesis conduce al absurdo ya que entonces el citado apartado C) sería superfluo o inútil pues si ya concurre tal situación de los otros tres apartados, es irrelevante que exista o no paralización de servicios públicos esenciales. Por tanto, la interpretación correcta ha de partir del “efecto útil” del legislador y en el “contexto”. Así, la coherencia del texto se salva sencillamente buscando el antecedente o supuesto al que se refiere el inciso final ( “ Y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo”). Este inciso, alude literalmente a las “contenidas en este artículo”, no a las indicadas en otros “apartados” y lo cierto es que el propio artículo se abre indicando cuales son las circunstancias que legitiman la adopción de la declaración del estado de alarma: “cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad”. Ahí radica a nuestro modesto juicio, el factor concurrente que legitima la adopción del estado de alarma: la paralización de servicios públicos esenciales junto con la “alteración grave de la normalidad” ( no bastaría la paralización ocasional, leve o irrelevante del servicio público, ni tampoco que se trate de una paralización “normal” por problemas técnicos u objetivos, sino de una alteración “grave” de la “normalidad”).
Sin embargo, creo que mas que perderse en interpretaciones sesgadas, forzadas, literalistas que conduzcan a una u otra conclusión sobre la legalidad del Real Decreto, basta con un simple cotejo de la realidad de la grave situación planteada con la lectura de la norma bajo ojos no suspicaces, para percatarse de que no se trata de ningún disparate en términos jurídicos.
Por todo ello, a mi leal saber y entender la situación provocada por los controladores con su «huelga salvaje» tiene anclaje en el supuesto habilitante del Estado de Alarma, aunque aquí dejo planteado el debate, en términos mas jurídicos que lúdicos, y que como cláusula de estilo, Sevach “ somete gustoso a otros criterios mejor fundados en Derecho”.
ANEXO DE POSICIONAMIENTOS ACADÉMICOS:
Aquí hay un artículo de Martín Pallín, ex magistrado del Tribunal Supremo apoyando la legalidad del R.D., y en la misma línea pero con explicaciones muy naturales, se revela la entrevista a Joan Oliver Araujo, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Baleares, aquí. También Marc Carrillo, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, aquí. Especialmente interesante y contundente es la opinión de Francesc de Carreras Serra, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, aquí. Tampoco ven descabellado y en cambio, consideran con posible encaje en el estado de alarma, la situación planteada, D.Ramón Punset Blanco y D. Francisco Bastida, Catedráticos de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, aquí.
En contra, se expresan Alberto López Basaguren, Catedrático de Derecho Constitucional de la UPV-EHU, aquí. Y con mayor contundencia, Roberto Blanco Valdés, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, aquí. En la misma línea, Juan Manuel López Ulla, Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz, aquí.
Cuestión diferente a la aquí analizada ( legalidad del Decreto) es la de la «constitucionalidad» del Decreto, que bajo la perspectiva de la sumisión decretada al Código Penal ha sido cuestionada por destacados juristas, aquí.
Finalmente, las cuatro Asociaciones Judiciales de Jueces, han apoyado de forma unánime (¡) la idoneidad del Decreto que declaró el estado de alarma, aquí.
72 comments on “Sobre la posible ilegalidad del estado de alarma decretado por R.D.1673/2010”
He tratado el tema en mi último post (http://monsieurdevillefort.wordpress.com/2010/12/05/estado-de-alarma-y-controladores-aereos/), que conste había redactado antes de leer tu análisis sobre el tema. En el defiendo que el supuesto tiene mucho más fácil encaje en el estado de excepción que en el de alarma (al fín y al cabo, en el estado de excepción únicamente bastaría acreditar que el normal funcionamiento de los Servicios Públicos esenciales para la comunidad resulta tan gravemente alterado que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo), pero claro, en este supuesto el órgano competente para la declaración es el Congreso, que con total seguridad desautorizaría o denegaría la propuesta, dejando al gabinete tocado del ala; mientras que en el supuesto de una hipotética desautorización del estado de alarma, el gobierno podría sostener que mientras los Tribunales no se prununcien (cosa que tardará lustros en hacerlo en el supuesto de que el Real Decreto sea impugnado judicialmente) el mismo es plenamente legal.
Enuncio algunas reflexiones:
1. Dos datos del RD 1673/2010: /1/ En el preámbulo se habla indistintamente de calamidad pública (2º párrafo) y de catástrofe pública (3er párrafo), anudadas a la paralización del servicio público. /2/ En el art. 1, se alude a todas las circunstancias habilitantes, salvo la crisis sanitaria [apartados c), a) y d) del art. 4 de la LO 4/1981]. ¿Por qué el Gobierno de la Nación, asesorado por el Abogado General del Estado y por el Fiscal General del Estado –que fueron invitados a la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros- ha acumulado tal justificación?
2. Las alteraciones graves de la normalidad sí son tasadas: las cuatro circunstancias o situaciones enumeradas en el art. 4 de la LO. El criterio literal pesa, en la situación de paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice el funcionamiento del mismo (“…y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo”). Cuestión distinta es el empleo de conceptos jurídicos indeterminados para definir las circunstancias o situaciones habilitantes.
3. No es cualquier alteración grave de la normalidad (entradilla del art. 4 LO 4/1981).
4. El criterio teleológico también pesa en la interpretación de la norma: la finalidad es asegurar el restablecimiento de la normalidad, que indubitadamente estaba alterada. La medida ha sido eficaz pero, ¿ajustada a Derecho?
5. Los conceptos de calamidad y catástrofe pública están vinculados a las emergencias (protección civil). Hay definiciones en las leyes autonómicas de protección civil (p. ej., vid. la Ley aragonesa 30/2002, de 17 de diciembre, de protección civil y atención de emergencias: art. 2). Dada la unidad del Ordenamiento jurídico, la enumeración ejemplificativa del art. 4.a) LO 4/1981 hay que integrarla con las definiciones que el Ordenamiento jurídico ofrece de los conceptos legales.
6. La declaración del estado de alarma es un acto gubernativo. ¿Es una función constitucional no administrativa? ¿Es una acto político del Gobierno de la Nación? El art. 116 CE está sistemáticamente dentro del Título V “De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales”.
7. Si se admite su naturaleza de acto político, además del control de los elementos reglados señalados en el comentario (jurisprudencia del TC y del TS), que son asequibles al control judicial, hay que tener en cuenta que, en todo caso, en los actos políticos o de gobierno se deben controlar para garantizar la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales[art. 2.a) LJCA]. Los controladores aéreos afectados por el ámbito subjetivo del RD 1673/2010, al haber sido movilizados (“militarizados”) han visto afectado algunos de los derechos fundamentales reconocidos por el art. 24 CE [ej., el juez predeterminado, con un cambio de jurisdicción (de la penal a la militar) y de los jueces naturales (de los de instrucción a los togados militares) en la vía penal, amén del cambio del Derecho sustantivo aplicable].
8. Creo, modestamente, que el RD está sujeto al control de la Sala 3ª del TS (por el procedimiento ordinario o el especial de protección de los derechos fundamentales) y, posteriormente, al del TC, vía amparo constitucional, si algún sujeto legitimado reacciona contra él.
Saludos. JMA. Zaragoza.
No os rompaís la cabeza, supuesto que se llegue a impugnar el RD, el TS, lo dará por válido…. como muchas otras cosas, pues son sentencias donde pesa más lo político que lo jurídico.
Sin llegar a la hondura del análisis jurídico, de los anteriores comentaristas, me inclino por la tesis de la interpretación literal de la normativa, en este caso, dada la flagrante restricción de derechos fundamentales a que se ha hecho mención, que implica el mencionado RDL. Sostener la interpretación extensiva de la norma, bajo el argumento de que los supuestos que en la misma se mencionan son «ad exemplum», implica y supone, a mi modo de ver, una inadmisible extensión, también, del concepto de acto político, lo que no es de recibo en absoluto, así como el abrir el portillo a un precedente extremadamente peligroso e inquietante. Ejemplos de Política o sociología ficción, podría poner unos cuantos, pero por poner un buen ejemplo resumen, que les parece «1984» de G. Orwell.
Y a modo de inquietud: ¿Si los juristas no controlamos a los gobiernos, quien lo hará?
Los juristas no debemos perdernos en disquisiciones escolásticas, como se hacía en las facultades de derecho españolas hasta el siglo XIX. Por favor, además de desmenuzar ad infinitum el literal de la norma, muchas veces los juristas debemos mirar a su elemento teleológico, en este caso, el restablecimiento de la normalidad en circunstancias excepcionales, y conforme ese elemento deben interpretarse el resto.
Roberto Garro Araujo
No puedo estar más de acuerdo que lo expuesto, y añadiendo además las siguientes razones:
1 – Estaba más que claro que era una huelga encubierta, puesto que todos repentidamente alegaron causas médicas en una hora determinada y por el momento no quedó acreditada la realidad de la situación. Toda huelga necesita unos tiempos de preavisos, y ellos se la saltaron a la torera. Abandonaron sus puestos de trabajo y desobedecieron órdenes alegando motivos falsos (además de las consecuencias de su régimen sancionador), poniendo en grave peligro vuelos que aún estaban en el aire, así como la seguridad del resto de pasajeros. Y eso es un delito grave contra el tráfico aereo regulado por la Ley 209/1964 Penal de navegación aerea, que ellos están sujetos en todo momento en el ejercicio de su profesión (al igual que lo estamos nosotros cuando vamos a tomar un avión).
2 – «Los cabecillas» estuvieron reunidos en el Hotel Auditorium…. con lo cual, dadas las consecuencias y las repercusiones en el país, por la paralización del país por causas que por el momento no han quedado acreditadas, según el CP.515 (1º y 3º) se estaban conformando en asociaciones ilícitas (Prisión de 2 a 4 años a los promotores y directores, y de 1 a 3 años a los miembros activos).
3 – Hay un derecho a la libre Circulación (CE.19 = Derecho fundamental) por todo el territorio nacional, reconocido además en tratados y convenios internacionales. Dicha libertad ha quedado restringida y anulada sobre todo en las Islas (que ahí es donde creo que han metido y muy mucho la pata) y aquellos que estaban en tránsito y que se quedaron «tirados» (sin poder pisar suelo español).
4 – La CE.116.2 remite a la LO 4/1981 para los estados de alarma…. pues primeramente habría que ir al art. 1 de la LO, que dice que «procederá cuando…. se hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad»… con lo cual yo creo que es adecuado… además de que en el art. 4.c de la misma, que es en el que se basa el gobierno, habla de «paralización de servicios esenciales»…. y yo creo que la libertad de movimiento lo es en tanto y en cuanto por los cientos de miles afectados…. pasajeros que se encontraban en tránsito y que no podían pasar a territorio español y que tenían que quedarse en territorio internacional (por ejemplo)… y ello sin contar a gente que les caducó el visado, que ahora no pueden entrar en el país… o peor.. que no pueden salir…etc.. (y ello sin contar con los órganos de trasplantes… que finalmente los más urgentes han tenido que ir en aeronaves militares en su espacio aéreo militar reservado…..pero otros muchos se han perdido… y lo mismo con operaciones urgentes…)…. y todo ello con las correspondientes responsabilidades por daños y perjuicios.
5 – Con lo cual, con la entrada en vigor del estado de alarma, les es de aplicación la código penal militar (LO 13/1985).
…. así que nada…. que vayan preparándose que les van a dar hasta en el DNI… (eso espero).
Una vez leído el post y los comentarios, creo que aferrarse a la interpretación literal para apartarse de la finalidad, del sentido común, tal y como prescribe de forma prevalente el Código Civil, y tal y como el propio Tribunal Constitucional ha afirmado a la saciedad, me declaro convencido de la plena legalidad del Real Decreto del estado de alarma. Comparto línea a línea toda la argumentación de Sevach, y especialmente convincente me parece que resultaría superfluo el apartado c) si requiriese la concurrencia de los otros apartados ( por cierto, argumento que no he visto a nadie rebatir en el foro).
Las normas nacen para algo, no para ser leídas entre líneas, y so pretexto de un término o sintaxis, retorcer su finalidad, pues eso conduce a un fraude al legislador, y en el caso del estado de alarma, un fraude a la Constitución, pues no abrigo dudas de que el constituyente quería que el Ejecutivo tuviese mecanismos para reaccionar frente a abusos como el de los controladores.
Un saludo a todos, pues al fin y al cabo, del debate sale la luz
Agradezco el esfuerzo en dar luz en esta situación que a muchos nos resulta desconocida y nos inquieta. Un saludo.
Para el debate, añado a mi anterior comentario:
1. Alarma vs. excepción. La grave alteración del servicio público esencial del transporte aéreo, que el Gobierno de la Nación no pudo restablecer con el ejercicio de las potestades ordinarias, ante la huelga “sorpresa” [sic] o “salvaje” le habilitaba para solicitar autorización para la declaración del estado de excepción al Congreso (art. 13.1 LO 4/1981]. Las potestades ordinarias incluían la dirección del Mº de Defensa de las tareas de los controladores aéreos de AENA (disposición adicional 1ª.2 de la Ley 9/2010, de 14.IV, en la redacción dada por la disposición adicional 2ª. 3 del RD-L 13/2010, de 3.XII), que fueron insuficientes durante la tarde del viernes, día 3 y la mañana del sábado 4).
2. Conjunción copulativa “y” del art. 4.c) LO 4/1981. El carácter acumulativo de la paralización de un servicio público esencial para la comunidad y otra circunstancia (catástrofe, crisis sanitaria o desabastecimiento) es para evitar que el mero conflicto laboral (p. ej., una huelga ilegal, por no haber sido preavisada y sin servicios mínimos) sea un supuesto habilitante per se para la declaración del estado de alarma. Debe provocar, además, una o varias de las otras tres situaciones, que para la declaración del estado de alarma tendrían su origen en la paralización del servicio público esencial ⎯o que se agravarían⎯.
3. Duración del estado de alarma declarado. El límite temporal inicial máximo inicial es de 15 días [art. 6.2 LO 4/1981], pero su duración debe ser la indispensable para el restablecimiento de la normalidad (art. 1.2 LO 4/1981). El Gobierno no puede mantenerla 15 días si antes se restablece la situación, so pena de vulnerar este último límite legal. El restablecimiento de la normalidad en la prestación del servicio esencial de transporte aéreo (o del control del tránsito aéreo) es un hecho objetivo, mensurable en el tiempo.
4. Refrendo del RD 1673/2010. El RD aparece adoptado a propuesta del Vicepresidente 1º del Gobierno y Ministro del Interior, de la Ministro de Defensa y del Ministro de Fomento. El refrendo de la sanción real es del Ministro de la Presidencia. Parece que, conforme a la Ley del Gobierno, el acto gubernamental de declaración del estado de alarma, adoptado bajo la forma de real decreto acordado en Consejo de Ministros, debería ser del Presidente del Gobierno (y si no asistió a la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, al Vicepresidente 1º). Por cierto, este acto gubernamental no requiere la sanción real, a tenor literal del art. 6.1 LO 4/1981 (“La declaración del estado de alarma se llevará a cabo mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros”) en relación con el art. 25.c) de la Ley del Gobierno de 1997 (esta última es una ley ordinaria posterior, que no puede modificar a una ley orgánica previa).
Saludos, JMA. Zaragoza.
El debate sobre el art. 116 CE y su LO de desarrollo es un buen modo de celebrar el «Día de la Constitución» y defenderla.
Totalmente de acuerdo con J.M.Aspas, el supuesto es mas de «Estado de Excepción» que de «Estado de Alarma»; pero la declaración del primero primero le compete al Congreso, y no al Gobierno.
El Gobierno ha tirado por el camino fraudulento; lo hago y luego ya los Tribunales, dentro de «n» años me sacaran los colores, o, tal vez no si seguimos interpretando las normas jurídicas bajo el prisma del posibilismo y la practicidad, con las consiguientes y segurísimas presiones.
Siento tener que celebrar el aniversario de la Constitución con un flagrante ataque a la misma, por parte de quien debería defenderla.
En este blog recopilan unos cuantos análisis relativos a esta cuestión
http://blogs.libertaddigital.com/enigmas-del-11-m/por-la-cancelacion-inmediata-del-estado-de-alarma-ilegal-8665/
¿ Pregunto ?, los Juristas que están para defender los «presuntos derechos salvajes de una minoría», o para entender y aplicar el Derecho a la Mayoría, que para mas » INRI » es la que paga a este grupusculo prepotente y engreido.
Con el máximo respeto no me ha dado tiempo de buscar, las leyes, decretos y …. y por supuesto no he podido enumerar los artículos, solo aplico el sentido común.
Creo que se utiliza el término de Jurista de una forma, que nos ofende a los que entendemos el Derecho de forma diferente.
Para contrastar:
CRUZ VILLALÓN, Pedro, (1984): Estados excepcionales y suspensión de garantías, Madrid, Tecnos.
Los juristas estamos para aplicar el derecho a las personas, físicas o jurídicas, no es cuestión de mayorías o minorias.
Dice Sevach:
«Una primera lectura lleva a pensar que además de la “paralización de servicios públicos esenciales” tiene que concurrir una situación de las contenidas en los apartados A), B) y D). Sin embargo, esta tesis conduce al absurdo ya que entonces el citado apartado C) sería superfluo o inútil pues si ya concurre tal situación de los otros tres apartados, es irrelevante que exista o no paralización de servicios públicos esenciales».
En mi humilde opinión su criterio es desacerttado pues olvide que cada uno de loa apartados mencionados llevan, en si mismos, una especificación que en concurrencia con el apartado C no haría falta.
Así se habla de catástrofes DE GRAN MAGNITUD, de crisis sanitarias de ámbito general (epidemias o contaminación general) y de desabastecimiento de PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD.
Como dice Sevach, esos apartados por si solos justificarían el estado de Alarma. El apartado C entraría en escena si concurre, en mi opinión, con una catástrofe, aunque no fuera de gran magnitud o con un desabastecimiento de productos no calificados como de primera necesidad o una crisis sanitarias de índole menor.
Lo primero que te comento a raíz de tu sugerente comentario es que he acudido a «bucear» en la tramitación y génesis del apartado c) del art.4 de la LO 4/1981 para descubrir las razones de la incoherencia a mi juicio de ese apartado, que al exigir además ese inciso de que «concurran las demás circunstancias o situaciones» determina su inutilidad pues si se dan los otros apartados…¿para qué ampararse en este?. Y de hecho, es curioso que el Proyecto de la Ley Orgánica 4/1981 contemplaba el apartado c) en los siguientes términos: “Paralización de servicios públicos esenciales, para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución. “. Nada más. El Informe de la Ponencia no tocó el artículo, y tampoco el Dictamen de la Comisión añadiéndose sin que conste masa motivación que la propia defensa oral de la súbita enmienda, el inciso final “ y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo” al aprobarse por el Pleno (Diario Oficial del Congreso de 20 de Abril de 1981), lo que demuestra que el problema de coherencia e interpretación de dicho apartado C, es debido a enmiendas de última hora (bienintencionadas pero no se percataron de que ese inciso en vez de reforzar el apartado c) lo mataban por inútil).
Por lo demás, has razonado tu interpretación y quizás estés en lo cierto. Sin embargo, creo que ello conduce a un resultado no querido ni por el constituyente y el legislador: así, bajo tu perspectiva, parece que si se produce una paralización de servicio esencial y concurre un «desabastecimiento» de producto que no es de primera necesidad, o un simple accidente/inundación o desgracia, ya se podría decretar el estado de alarma.
Veamoslo con humor y casos extremos. O sea, una huelga de vendedores de maserattis o un corte de electricidad que paraliza temporáneamente el Ave, o una gripe que afecta a todos los médicos que prestan servicio en la Unidad de cirugía, podría justificar la declaración del Estado de Alarma. Incluso llevado el ejemplo al límite en el caso que nos ocupa, como los controladores paralizan el tráfico aéreo y se impide que los viajeros procedentes de Andalucía lleven el aceite- de primera necesidad- pues ya concurriría el supuesto legal.
Por otra parte, cuando el apartado c) se remite a «situaciones o circunstancias del apartado anterior» ni expresa ni tácitamente está recortándolas y privándolas del adverbio («gran, grave»), y ello sin olvidar que incluso no faltaría quien argumentase desde un punto de vista gramatical, que implícito en «calamidad»o «catástrofe» va su «gran magnitud», lo que llevaría a que esta última locución sólo se predique o imponga respecto del sustantivo inmediato que acompaña, esto es, en el caso A) respecto solamente de «Accidentes» ( ya que además un «terremoto» no es un accidente), y en el caso del apartado B) la gravedad solamente se impondría respecto de la «contaminación» ( ya que toda «crisis sanitaria» por definición implica situación grave).
En fin, que lo bonito de este asunto es demostrar las distintas lecturas e interpretaciones que caben, todas razonables y todas razonadas. Habrá que esperar a que los Tribunales digan la última palabra, y con la honradez que debe presidir este blog y foro, publicaré aquí mismo su criterio. Y por cierto, no habrá que esperar años, pues si se va por el cauce de protección de derechos fundamentales, la Sala 3ª del Tribunal Supremo lo tendrá resuelto en seis meses (aunque en esto de los plazos sí que hay que tener cautela).
Señoría: la que suscribe, desde su desconocimiento de lo que pasa en las entretelas de las cloacas del Estado tiene una teoría ( no sé si descabellada), que es la siguiente:
1.- El PSOE, dio un golpe interno de timón y retiró de la escena política a ZP y colocó a Rubalcaba.
2.-Una vez el poder en manos de Rubalcaba, había que dar una imagen de fuerza y de que se acabó el tiempo de contemplaciones (al menos con algunos) y de salir contando el cuento de la lechera a los medios de comunicación y al Parlamento (que después termina en los medios de comunicación).
3.-A continuación y a sabiendas de que el colectivo de controladores aéreos había dicho en al menos en una ocasión “somos el único colectivo que puede derrocar a un gobierno”, sólo faltaba provocarles para que saltaran. Esta provocación llega a través de la publicación del RDL del viernes ( víspera del acueducto), estos pican el anzuelo tirado por Rubalcaba y colapsan al país. Casualmente Zapatero suspende el viaje a la reunión de los países sudamericanos, va sólo el rey y la ministra de sanidad
4.-Siguiente paso, reunión urgente por la mañana del Consejo de Ministros para controlar la situación (que casualidad que ningún ministro estuviera de vacaciones o fuera salvo la de sanidad) Se reúnen “estudian las medidas” y a las cinco de la tarde salta la chispa…..(Blanco reitero en varias ocasiones que se habían reunido por la mañana) y la chispa salta por la tarde……¿Lo sabían por informes de la policía? ¿O Lo esperaban en virtud de la provocación a través del cebo que les habían puesto, provocación que perseguía dar después un golpe de efecto para que la imagen de Rubalcaba y el partido saliera fortalecida?….. ¡por fin se daba se actuaba con firmeza…..¡
5.-¿No es una casualidad que todo esto sucediera cuando SE HABIA SUPRIMIDO la ayuda de 426 € (miseria por otra parte) a los parados que habían agotado sus prestaciones por desempleo…..y que había provocado malestar no sólo en los ciudadanos sino en sus propias filas…. Barones del partido como Saavedra manifestaron a los medios de comunicación su descontento con la medida tomada y éste dijo textualmente a los medios de comunicación “a mi me repugna oír que el AVE llegará en 2011 a tal provincia en el 2010 a cual provincia y luego se SUPRIMEN SUBSIDIOS DE SUPERVIVENCIA”……………….?, con el notición de los controladores se consiguió lo siguiente:
•	No se habla de la supresión del subsidio de supervivencia
•	No se habla de las privatizaciones de los únicos aeropuertos que son rentables
•	Y ya por último, el gobierno (Rubalcaba) después de muchos años a la deriva ¡por fin gobierna!
Quizás sea descabellado, o no, cómo diría una gallega.
Quizás tengas razón Angeles, pero como buena abogada sabes que hay que separar la legalidad o no de un acto administrativo del juicio que merezca la trayectoria de quien lo emite. De todos modos, dado que este es un foro abierto y toda opinión tiene cabida ( y como por deformación profesional, el trámite de audiencia es inexcusable) aquí va un enlace en que una controladora ofrece su versión de los hechos con gran despliegue de datos.
http://controladoresareosyotrashierbas.blogspot.com/2010/12/con-permiso-de-este-caballero-espero.html
Pingback: Tweets that mention Sobre la posible ilegalidad del estado de alarma decretado por R.D.1673/2010 | Contencioso es un pedazo de la blogosfera pública -- Topsy.com
FuncJM
Estoy contento porque por una vez en mucho tiempo hemos conseguido poner de acuerdo al 99,99% de la población española; a los Borja-Mari y compañía había que ponerlos en su sitio y lo han hecho los únicos que podían llevarlo a cabo. ¿O alguien se imagina a «los otros» tomando estas medidas? La asociación inmediata habría sido con el dictador don Francisco y por secuencia histórica se habría llegado hasta Atila.
Los controladores aéreos han cometido un fallo garrafal que me permito poner de manifiesto: el CONTEXTO POLÍTICO-ECONÓMICO ACTUAL. Los líderes de los Borja-Mari no han valorado la situación crítica en la que se encuentra España, señal inequívoca, por otra parte, de que probablemente por deformación profesional despegaron de la tierra hace mucho tiempo. Al Gobierno presente y en aplicación de la máxima, «From lost to the river», igual le daba adoptar esas medidas que instalar cadalsos en plazas públicas, buena parte de ellos pensaron: «Joder, sólo nos faltaba esta banda, a por ellos». Éste ha sido, a mi juicio, el elemento diferencial de los intentos de chantaje de los últimos 10 ó 15 años, compartidos con sus primos los pilotos.
Suscribo, en este sentido, el razonamiento de otro bloguero cuando dice que han picado el anzuelo, yo diría que se han tragado hasta la caña. En un contexto normal socio-político se habría saldado la disputa con “más pasta”, como vino ocurriendo en el pasado, sin embargo, el guión ha cambiado y los super-profesionales irremplazables ni lo han olido.
Por último, sólo un pequeño reproche: este grupo ha conseguido oscurecer la torpeza negociadora, la incapacidad de gestión y el recurso a la ocultación de la realidad (mintiendo, una vez más), de quienes nos gestionan y desgobiernan.
No soy jurista, pero mi sentido comun me dice que seiscientas mil personas tiradas en aeropuertos y cientos de millones de perdidas es una calamidad publica o una catastrofe se mire como se mire.
Por otro lado, solo a Canarias dejaron de llegar cienmil turista por el desplante, ¿no es un desabastecimiento de una materia escencial para nuestra economia?
Esta vez no puedo estar de acuerdo con Sevach, vaya.
Dejando aparte la huelga salvaje del metro de Madrid (¿cuantos millones de afectados?) téngase en cuenta la huelga de transportes del año pasado que dejo desabastecidos los comercios; nadie habló de Estado de Alarma. Seguro que ha habido más ejemplos.
Y si en la ley pone «y», como ha dicho antes ASPAS, es por algo. Si no está bien, que redacten de nuevo el artículo en las Cortes, pero no deben admitirse interpretaciones diversas cuando se habla de restricción de derechos.
Además, ¿puede la Guardia Civil entrar en una reunión privada? No era el Derecho de reunión fundamental.
Por otra parte, tiene sentido que el Estado de Alarma continúe. Incluso se habla de prorrogarlo durante meses (¡!).
En fin, ¿qué nos estamos perdiendo?
Domino el idioma alemán y como tal, hoy he sentido esclafríos oyendo un discurso de Hiler en Youtube … se justificaba la asunción de poderes extraordinarios por el primer ministro (Hitler) ante una supuesta situación de urgente necesidad. La historia se levanta de su tumba y llama a nuestras puertas: ¿Era realmente necesario declarar el estado de alarma por una huelga de controladores aéreos que al final ha estropeado vacaciones de unos y negocios de otros? Señores. estamos hablando de tiempo libre o asueto y dinero, y si por esto declaramos estados excepcionales de la CE, podemos irnos preparando para lo que viene.
Recuerdo por encima de todo la frase de una película cuasi-infantil que ví no hace mucho (La Guerra de las Galaxias) cuando se investía de poderes excepcionales al canciller en el parlamento ante una similar situación excepcional: «Así muere la democracia, con un aplauso estruendoso»
¿¿¿¿Vuelve Aristóteles con su círculo de gobierno, de la demagocia a la tiranía, y de ahí a una nueva monarquía????
Los demas podéis reíros o restarle importancia, como muchos hicieron el 23-F, pero yo estoy realmente preocupado ahora mismo. Estamos entrando en algo desconocido hasta ahora, y terriblemente grave. Ojalá me equivoque, y como dice Sevach, esto sea simplemente un uso normal de los poderes que el estadod e derecho otorga. Es mas, mañana quiero despertarme y que todo esto haya sido un sueño y todos los demás usuarios de este blog me tachéis de exagerado y tremendista. Ojalá.
Comparto totalmente tus reflexiones e inquietudes; y en cuanto a tus esperanzas, soy todavía mas pesimista, veo el vaso casi vacío del todo.
El posibilismo, la practicidad,la productividad, la competividad, la oportunidad y demás «idades» se imponen, por la, para mí, nefasta influencia, y no se me exciten, del «Common Law».
Me interesaría que me explicase la constitucionalidad del R.D. que declara el estado de alarma con lo establecido en el artículo 117, 5 de nuestra Norma Fundamental.
Pues el art.117.5 de la Constitución es compatible con los estados anómalos (alarma, sitio y excepción) porque la propia Constitución se ha cuidado de disponer una regulación especial en el art.116, de manera que la Ley Orgánica 4/1981 se ocupa de tales estados en la vertiente sustantiva y la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de Noviembre de Defensa Nacional en armonía con la Ley Orgánica 4/1987 sobre Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, se ocupan de tal aspecto en la vertiente procesal. Quizás resulta chocante la jurisdicción militar sobre civiles pero tan excepcional situación responde a la situación excepcional que determina el estado de alarma y así lo ha querido la Constitución. Un saludo
Desde que se decretó el estado de alarma el viernes pasado vengo dándole vueltas al asunto y mis reflexiones son las siguientes:
– Estoy con algunos de los comentaristas de este hilo en que la figura adecuada debería haber sido el estado de excepción, ya que no requiere como en el estado de alarma concurrencia de la causa de la letra c) art. 4 con otra (a, b o d). Discrepo por tanto de la opinión de Sebach en que la letra c) queda vacía de contenido, ya que entiendo que lo que el legislador pretendió en su día con la enmienda era precísamente que no se utilizase el estado de alarma de forma injustificada. Con los estados excepcionales, y en particular con el de alarma, se pretende proteger un bien jurídico protegido que es la vida y seguridad de las personas (derecho fundamental a la vida), sacrificando temporalmente otros derechos fundamentales como el derecho de huelga o la negociación colectiva que objetivamente son menos importantes que lo que se pretende proteger (ej. la vida). Por eso se habla el artículo de catástrofes, terremotos, inundaciones, epidemias (hablo de memoria). Sucesos todos imprevisibles y que ciertamente ponen en riesgo el derecho fundamental por excelencia que es el derecho a la vida.
En el supuesto de abandono de sus funciones por los controladores y cierre progresivo del espacio aéreo, desde mi punto de vista no se puso en juego la vida de las personas, sacrificándose derechos fundamentales mediante el decreto de alarma en beneficio de criterios económicos. Que yo sepa que la economía vaya bien o la obligación de gestionar bien la economía no es un derecho fundamental.
– Por otra parte, considero que con la Ley de Navegación Aérea preconstitucional hubiese sido suficiente para movilizar (obligar coactivamente) a los controladores a volver a sus puestos. La Ley está vigente, y en lo que no contradiga a la CE 1978 vale tanto como el Código Civil.
– Para terminar una pregunta. Habiéndose adoptado el estado de alarma, lo cual es un hecho consumado, con el que se ha solucionado una «supuesta» (para mí) situación de alarma de la Ley del 81, ¿por qué no se decreta el levantamiento de dicha situación excepcional?Los aeropuertos funcionan, según parece bien, la causa ha cesado. Entiendo que debería decretarse la vuelta a la normalidad ipso facto.
1. Tienes razón. No cabe ni mantener el estado de alarma 15 días ni que le sea concedida al Gobierno de la Nación la autorización del Congreso para su prórroga posterior. Lo dice la LO 4/1981: la duración de cualquiera de los tres estados debe ser la indispensable para el restablecimiento de la normalidad (art. 1.2). El estado de alarma no es remedio de Derecho de excepción para un conflicto laboral.
2. El Gobierno puede incurrir -puede estar incurriendo ya, por las manifestaciones de AENA de recuperación de la normalidad del tráfico y del control aéreo- en una ilegalidad -otra-, que afecta a derechos fundamentales de unos ciudadanos -los controladores- que han vulnerado los de otros. Grandezas del Estado de Derecho.
3. Tiene interés la lectura del Real Decreto 1516/2009, de 2.X, por el que se regula la licencia comunitaria de controlador de tránsito aéreo, que incorpora al OJ español la Directiva 2006/23/CE, de 5.IV. Está en vigor desde el 17.10.2009.
4. ¿En 13 meses no se han podido seleccionar controladores con la nueva regulación de la licencia, que ha sustituído a la del Real Decreto 3/1998, de 9 de enero, sobre el título profesional aeronáutico civil y licencia de controlador de tránsito aéreo?
5. Además, el citado RD de 2009 da cumplimiento a una STJCE de 16.10.2008, al incorporar expresamente las condiciones para reconocer las licencias nacionales expedidas por otros Estados miembros. ¿Dónde ha quedado la libertad comunitaria de circulación de profesionales? ¿Puede contestar AENA o el Mº de Fomento?
6. Conste que ni vuelo, ni sé volar ni, por supuesto controlar el vuelo de otros «pájaros». Vamos, que ni soy controlador aéreo ni tengo ningún familiar o amigo de dicha profesión; al contrario, tengo perjudicados por la «espantada» durante el macropuente. Permítaseme esta pequeña licencia, dado el tono excesivamente serio de mis comentarios.
Saludos, JMA
Pues claro que sí; pero ya están tardando.
Gracias de antemano por una exposición libre de sesgo ideológico, basada en el análisis de las leyes.
El otro día tuve una discusión, al insinuar que el gobierno tendría que haber tirado directamente por el artículo 1 para declarar el estado de alarma sin pillarse los dedos con el artículo 4. Me respondieron (con bastante poca educación) que no se podía aplicar dicho artículo por ser común a los tres estados. En cuanto artículo, creo que tiene validez legal (aprovecho para indicar que de leyes, yo, sólo lo que sé leer), y por lo que leí en tu exposición, supongo que no estoy tan desencaminado. ¿Serías tan amable de explicarselo a un profano como yo? ¿Sería aplicable el artículo 1 en plan genérico ante cualquier situación extraordinaria no controlable mediante cauces habituales? ¿No sería esto un peligroso precedente?
Verás, parece que si el legislador ha querido detallar los casos en que procede declarar el estado de alarma, no podría ampararse en el artículo genérico, pues lo especial prima sobre lo general. Eso en primera lectura. Sin embargo, voy a ofrecerte una de las muchas interpretaciones.
1º Si no pudiera aplicarse el art.1.1,¿ por qué el legislador lo estableció?. Sobraría, y las leyes están para algo.
2º Si leemos el art.1.1 y el art.4, con atención observaremos una cosa muy curiosa. El art.1 dice que » Procederá la declaración…» y el art.4 dice que el » Gobierno… podrá declarar». O sea que el art.1.1. utiliza una fórmula imperativa e inexcusable: si se constatan » circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes» el Gobierno DEBERÁ declarar el estado mas adecuado del menú constitucional (Alarma, excepción o sitio). En cambio, en los supuestos específicos del art.4, el Gobierno PODRÁ declararlo, o sea, como alternativa a barajar pero no obligada. De este modo se armonizan ambos preceptos y el Estado no queda indefenso ante supuestos de » circunstancias extraordinarias que hicieran imposible el mantenimiento de la normalidad». Ahora bien, tienen que darse esos requisitos: extraordinarias (no habituales ni previsibles) que hicieran imposible (no difícil o gravoso) la normalidad (no el capricho del gobierno) sin los poderes ordinarios (esto es, sin alternativa).
En fin, quizás esto te confunda más, pero así ves que el Derecho lo soporta todo, y desde mi punto de vista ese art.1.1 es la clave de bóveda que ofrece las claves para interpretar el resto del artículo y por eso su lectura refuerza la aplicación del art.4 al caso que nos ocupa.
«Sensaciones»
Estoy de acuerdo en que la situación se ha resuelto de forma más o menos afortunada a una grave crisis en perjuicio de ciudadanos (interés general sobre el particular). Ahora bien, mi pensamiento suscita una severa reflexión sobre los acontecimientos (y hablo de varios meses y/o años) que desencadenaron esta grave crisis. No habló de pruebas sino de «sensaciones» como las que tiene el Sr. Ministro de Fomento José Blanco. Dice el refranero español «Piensa mal y acertarás». Me parece tan grave aquél que generá un perjuicio a los demás como él que con una pésima gestión (no olvidemos las provocaciones) aboca a ellas. Cada cuál que libremente utilicé su libre albedrío y no se deje influenciar. «Aquél que le eche un pulso al gobierno, pierde».
Sólo una cosa más, y dejo de molestar con mi ignorancia. Si te he entendido bien, ¿son precisamente los artículos 4, 13 y 32 de la ley los que dejan la puerta abierta a su ejecución bajo interpretación de la situación, mientras que el art. 1 sería de obligado cumplimiento ante situaciones más objetivas que la presente?
Es lo que creo entenderte a ti, pero al leer el artículo de Martín Pallín, me he vuelto a perder, porque fusila tal cual el art.1, y luego mete con calzador la circunstancia de calamidad pública. O sea, que hibrida dos artículos para legitimar la acción, pienso yo.
Pero lo dicho, yo de leyes, nada. Gracias de nuevo por resolverme estas dudas en unos días en los que la legalidad parece enturbiada por los intereses políticos de unos y otros.
Ya que hablamos de interpretaciones de preceptos legales, y en particular del dichoso apartado C) del artículo 4 de la Ley Orgánica 4/81 que regula la declaración de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, por que no miramos en la interpretación auténtica, la verdadera voluntad del legislador.
Y dicha interpretación auténtica (voluntad explícita del legislador) se encuentra plasmada y recogida en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados número 160 de 1.981, páginas 9894 a 9900.
Se da la circunstancia, que el proyecto de ley orgánica incluía originalmente cuatro supuestos para declarar el estado de alarma: catástrofes, crisis sanitarias, situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad… y situaciones de grave conflictividad laboral. Pero una enmienda transaccional “in voce”del grupo comunista – defendida por el entonces diputado Don Nicolás Sartorius Alvarez de Bohórquez, y que fue aceptada por los parlamentarios del Grupo de UCD que sostenía al Gobierno de entonces, y que fue votada favorablemente por la casi totalidad de todos los grupos parlamentarios, incluido el socialista, ya que obtuvo 267 votos favorables, 6 negativos y 3 abstenciones – excluyó del estado de alarma las situaciones de conflictividad laboral que no estuvieran acompañadas de alguna de las otras tres circunstancias, porque lo contrario hubiera supuesto una limitación inconstitucional de los derechos de los trabajadores. (Veansé las páginas 9894 a 9900 del citado Diario de Sesiones).
En la previa argumentación a la enmienda se dice por dicho diputado, página 9895, que: “Creemos que si se mantuviera (redactado) en la forma en que está, sería gravísimo, señorías, dejar a la discreccionalidad del Gobierno, a través de decretos (con la confianza que nos puede merecer un gobierno u otro, siempre puede resultar, al fin y la postre, un caldo de cultivo a posibles arbitrariedades), determinar cuales son servicios esenciales, cuando esos servicios esenciales se han paralizado de manera grave”.
En consecuencia, el inciso final añadido al apartado C) del artículo 4 de la citada Ley Orgánica, consistente en: “y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo”, por la citada enmienda transaccional “in voce” tiene por finalidad, en palabras de su autor, Don Nicolas Sartorius, el que: “ Eso nos parece que garantizaría lo que se pretende por parte del legislador, porque que lo que no queremos pensar es que lo que se pretende es limitar el derecho de huelga a partir del derecho de huelga, sino de situaciones de excepcionalidad de otro tipo, porque –repito- estas garantías las contempla nuestra Constitución clarísimamente en los artículos 28.2 y 37.2 referidos a los Conflictos Colectivos.
Esta es la solución que el Grupo Parlamentario Comunista ve en este apartado c), porque tal y como está no nos parecería aceptable, y la propuesta que haríamos sería esta enmienda “in voce”.
Mas claro, dificilmente se puede decir; aunque no estaría demás que Don Nicolas Sartorius Alvárez de Bohórquez, nos explicara hoy si efectivamente esto es así, y si tuvo «in mente» estos hechos o similares, más lógicos en la época (como una huelga o abandono del servicio, llamasé como se quiera), de maquinistas de ferrocarriles, por ejemplo, curiosamente citados en el argumentario de la enmienda.
ha de llamarse la atención de que el inciso final del citado apartado C) consistente en: «“y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo”, fue introd
Gracias Perplejo, tu indagación es fundamental para la interpretación y posible ilegalidad del Decreto de Alarma. Art. 3 del Código Civil:
1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras (aplicar la letra c) del art. 4 Ley 4/81 con otra causa), en relación con el contexto (conflicto laboral, crisis económica), los antecedentes históricos y legislativos (la aportación del diario de sesiones basta), y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas (hoy), atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas (vuelvo al diario de sesiones).
Por tanto, me reafirmo en mi anterior post en el que defiendo que se debería haber aplicado el estado de excepción, máxime cuando se observa que la redacción del precepto en sede parlamentaria con la introducción de otra causa junto a la paralización de servicios públicos, tuvo por finalidad impedir que el Gobierno mediante Decreto solucionase conflictos laborales acordando el estado de alarma.
El ejemplo del diario de sesiones sobre los maquinistas de tren va como anillo al dedo.
Por tanto, o se debería haber empleado otro medio coercitivo por parte de la Administración para obligar a los controladores a volver a sus puestos o bien debería haber sido el Congreso quien limitase los derechos fundamentales del colectivo de controladores, mediante estado de excepción.
Tal vez con la mera reunión extraordinaria del Congreso y la llamada a capítulo a la Cámara de los representantes sindicales de los controladores se hubiese solucionado el conflicto, sin necesidad de acordar el la adopción de ningún estado excepcional.
Y que conste que los controladores que cometieron una ilegalidad abandonando su puesto deben ser sancionados por ello.
Me parece estupenda la referencia al origen de la enmienda al apartado c) del manido artículo 4.
Dicho esto, con el mero fin de aportar algo más al debate diría:
a) La interpretación auténtica es la que el propio legislador ha declarado como tal en el propio texto de la norma, o a lo sumo en el Preámbulo, como el Tribunal Constitucional ha reconocido al analizar el Estatuto Catalán. Los Diarios de Sesiones y lo allí dicho son «antecedentes legislativos» que como es sabido son un instrumento auxiliar interpretativo, y no precisamente el prevalente.
b) La vieja polémica doctrinal entre la «finalidad subjetiva» de la ley – de sus padres creadores- y la «finalidad objetiva» – el resultado que deriva del producto- se ha saldado siempre con el triunfo de éste sobre aquél. Baste recordar que si acudimos a los Diarios de Sesiones de la sesión Constituyente del artículo 32.1 de la Constitución sobre el «matrimonio» rezuma totalmente en todas las exposiciones el matrimonio entre hombre y mujer, y sin embargo, el Tribunal Constitucional lo ha interpretado con arreglo a su «finalidad» y el «contexto».
c) Por último, mas prevalente sobre el sentido del estado de alarma resultarían los Diarios de Sesiones de la génesis del art.116 de la Constitución que los de su resultado legislativo. Allí se ve claramente qué se quería atajar con el estado de alarma.
d) Y en todo caso, como ya dije en otro comentario, esa enmienda in voce, como sucede frecuentemente, ha provocado con la interpretación pretendida por sus autores- Solé Turá- el absurdo insalvable de que el apartado c) es superfluo ( bastan los otros apartados por si solitos), pues las pinceladas transaccionales a veces no tienen en cuenta el conjunto del cuadro.
Por otro lado, lo que no considero admisible es acudir al estado de excepción en vez de al estado de alarma por su encaje literal mas ajustado, pues el principio general del derecho de interpretación mas restrictiva de las limitaciones de derechos y el principio de favor libertatis postulan que se interprete flexiblemente el estado de alarma antes que literalmente el estado de excepción.
En fin, entiéndase este comentario como ejemplo de la riqueza ( o debilidad) del Derecho y de su interpretación. Agradezco todos y cada uno de los comentarios que con respeto, y desde puntos de vista jurídicos, se han vertido en este post, y solo nos queda a todos esperar a que el Tribunal Supremo zanje en su día (no lejano) el tema.
Creo que la conclusión a la que llegan en el debate parlamentario es que cuando existe una situación de catástrofe, crisis sanitaria o desabastecimiento de bienes de primera necesidad, los servicios esenciales no se pueden poner en huelga; es decir, la situación debe ser previa, y no una consecuencia de la huelga; de ahí la existencia de los 2 requisitos y de que no se de una superposición de los criterios exigidos por el artículo 4.
(Página 9896) nosotros comprendemos lo que el Gobierno y la UCD quieren conservar o quieren mantener de este apartado c) del articulo 4.0 -que compartimos en su intención de fondo-, y es que cuando se dé una situación de emergencia por catástrofe, calamidad, situación de desabastecimiento, crisis sanitarias, es decir, cuando se den los supuestos contemplados en este artículo, entonces sí que podría funcionar el apartado c) del artículo 4.”; o sea, que dentro del contexto de los supuestos que se contemplan para poder declarar el estado de alarma, que son tres concretamente, aparte de este apartado c) que estamos contemplando, que es de catástrofes, calamidades o desgracias públicas, crisis sanitarias o situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad, en ese contexto es evidente que los servicios públicos tienen que funcionar por encima de todo, y evidentemente, tiene que existir esa posibilidad. De ahí que nosotros propongamos una enmienda “in voce” al artículo 4.”, letra c), que diría lo siguiente, añadiendo un inciso final a continuación del párrafo c) de dicho artículo 4.”: Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en &te artículo». Eso nos parece que garantizaría lo que se pretende por parte del legislador, porque lo que no queremos pensar es que lo que se pretende es limitar el derecho de huelga a partir del derecho de huelga, sino de situaciones de excepcionalidad de otro tipo, porque -repita- estas garantías las contempla nuestra Constitución cansinamente en los artículos 28.2 y 37.2 referidos a los conflictos colectivos.
releyendo las intervenciones del debate creo que lo que pretende es que no coexistan una paralización de servicios esenciales y una situación de catástrofe natural, crisis sanitaria o desabastecimiento de bienes de primera necesidad; por lo tanto es posible que una huelga tenga como consecuencia una de esas situaciones y que se pueda decretar el estado de alarma.
Lo que creo que no es posible es decretar el estado de alarma por la mera paralización de los servicios esenciales por la alteración grave de la normalidad ya que eso provocaría lo que precisamente se quiso evitar (que quedase a la discreción del gobierno decretar cuando es grave la paralización de los servicios)
Otras comentarios sobre el “caos aéreo” y la alarma.
1.-El estado de alarma tiene que terminar porque se ha restablecido la normalidad del tráfico aéreo, según AENA. Mantenerlo 15 días o solicitar la autorización del Congreso para prorrogarlo es contrario al art. 1.2 LO 4/1981: la duración de cualquier estado de los contemplados en el art. 116 CE debe ser la indispensable para el restablecimiento de la normalidad. La prolongación hasta agotar la duración inicial por el Gobierno sería ilegal.
2.- Desde el 17.X.2009 rige el RD 1516/2009, de 2.X, por el que se regula la licencia comunitaria de controlador de tránsito aéreo. En 13 meses, ni el Ministerio de Fomento ni AENA han sido capaces de seleccionar a ningún nuevo controlador con licencia.
3.- Este Reglamento establece requisitos sustantivos comunes a las licencias de controlador de tránsito aéreo civil y militar. Antes el régimen era distinto: para los controladores aéreos civiles, el RD 3/1998, de 9-I; y, para los militares, la O. (Mº Defensa) 511/601/1982, de 24.II, y la O. 4/1990, de 9-I.
4.- Por el RD 1516/2009 se da cumplimiento a la STJCE de 16.X.2008. Incorpora las condiciones para reconocer las licencias nacionales expedidas por otros Estados miembros. ¿No existen controladores aéreos en otros países miembros de la UE? ¿Por qué no se ha aplicado la libertad comunitaria de circulación de trabajadores –controladores aéreos-?
5.- Los conflictos laborales y la falta de gestión en la política de personal por la entidad pública AENA y por el Ministerio de Fomento no se puede resolver a golpe de estado de alarma.
6.- La declaración del estado de alarma pertenece al Derecho de excepción. Su aplicación debe ser restrictiva, en los supuestos y en la duración. Si se repite la situación ¿habrá una nueva declaración, sobre todo si el empleador (AENA) no aplica ni la legislación ordinaria (el modesto despido disciplinario de 300 controladores, previo expediente con todas las garantías) o no persiguen los delitos que pudieron cometer los contr4oladores que secundaron la “espantá” vespertina del viernes y matutina del sábado, antes de la movilización del personal por la declaración del estado de alarma (conjetura hecha a la vista de las declaraciones “en retirada” del Ministro Blanco).
Saludos. JMA.
– Artículo «Alarma por el estado de alarma» de Roberto L. Blanco Valdés, Catedrático de Derecho Constitucional, en «La Voz de Galicia» del pasado día 6.
http://www.lavozdegalicia.es/espana/2010/12/06/0003_8893504.htm
– El debate parlamentario sobre la LOEAES:
http://www.congreso.es/public_oficiales/L1/CONG/DS/PL/PL_160.PDF
Por favor, por favor, por favor, por favor que no se les ocurra llamarlos a declarar a todos a la vez que si no tendrían que declarar un nuevo estado de alarma y enviar a los militares para que se le diga al fiscal, policía o juez que haga el favor de dosificar su ansia de justicia y que los llame de uno en uno y sin que ello afecte a la navegación aérea.
Por favor, por favor, por favor, si quieren despedir a los 400 implicados que lo hagan, pero de uno en uno siempre y cuando se les pueda sustituir.
Humor absurdo para una situación absurda que nunca tendría que haberse producido.
PD. Se busca 600.000 empresarios, autónomos, trabajadores que se hayan sentido rehenes del chantaje de los bancos o de la admisnitración unos por no prestarles dinero y los otros por no pagarles lo que se les debe en tiempo y forma para declarar un estado de alarma con efecto retroactivo.
¿La situación actual de drenaje financiero (corte del crédito por parte de las entidades finacieras a empresa y particulares, y el incremento exponencial de jejecuiones hipotecarias), así como la morosidad pertinaz de las administraciones públicas en el abono de su sobligaciones pecuniarias a empresas y particulares, puede considerarse como constitutiva de calamidad pública o catástrofe, a lso efectos de declarar el Estado de Alarma, y por ejemplo militarizar las entidades finaciera, o intervenirlas, que eso si está previsto en la Ley?.
Si ya sé que me vais a decir que estos no son fenomenos naturales de la naturaleza, pero ¿Estais seguros de no son fenómenos naturales del capitalismo? ¿Estais seguros de que el capitalismo no forma parte de la naturaleza?
Con los argumentos que habeis dado para defender la legalidad del Estado de Alarma en este caso de los Controladores Aéreos, que me siguen sin convencer, también podrían defenderse para esto que planteo. Pensadlo un poquito, porque la deriva de la interpretación de las ormas legales en el caso del citado Estado de Alarma, es para preocuparse.
A la vista de la posible calamidad pública con que especula Perplejo que supondría el contexto financiero ( y al margen de que seriamente eso supondría un problema grave, no calamitoso, ni determinante de paralización de servicios esenciales) no me resisto a que consultéis esta ingeniosa especulación sobre un posible Decreto de Alarma para normalizar el orden financiero español: aquí.
Simplemente me queda fecilitar a Sevach y al resto de compañeros del blog por sus razonados y razonables comentarios. He aprendido más sobre el estado de alarma en 10 minutos leyendo este post que en toda la carrera de Derecho. Ciertamente es una cuestión muy interesante que seguramente culminará en el TC
Según este análisis la declaración del Estado de Alarma podría justificarse.
Pero el estudio se salta lo más importante: militarización y/o movilización de personal civil. Esto se basa en un conjunto de leyes derogadas y, al estar incluido en el decreto, éste pasa a ser Nulo de pleno derecho. ¿Qué opináis al respecto?
kafkania
No estoy de acuerdo. ¿Hasta qué punto se puede estirar un razonamiento jurídico como para llegar a tener cobertura lo que no la tiene. Si la tuviera, no habría hecho falta estirar tanto tal razonamiento. ¿Cabe la elasticidad interpretativa sin límites? No lo creo, aunque este pueda ser el análisis más acertado. Sintiendo muchísimo la huelga -que de mantenerse me habría afectado- creo que en el análisis he de desprenderme de sentimientos.
«La alteración grave de la normalidad» entiendo que no tiene tal grado cuando hay otros medios para salir de esa gravedad, como son los medios de transporte con los que se accedió al aeropuerto. La población se movía para disfrutar de las vacaciones del puente, sin catástrofe impulsora o situación de gravedad (pudieron volver a su origen en muchos casos).Creo que la idea de alteración “grave” de la “normalidad”, como para desencadenar el estado de alarma ha sido un exceso. Y esto sin entrar en que hasta ahora no se ha analizado si esa huelga salvaje no ha tenido una represión salvaje como detonante, según algunas críticas. No lo sé. Me lo pregunto. Bajo ningún concepto lo justifico. El ESTADO DE ALARMA ha sido, en mi consideración, un exceso que requiere de estirar en extremo lo establecido para justificarlo. Si la evolución en la que las Nuevas Tecnologías pueden ser utilzadas para actuaciones delictivas, la prospectiva histórica aplicada al caso sería esencial para adelantarse a las nuevas situaciones. Es más «fácil» tomar decisiones evitar el problema de los controladores que, a fin de cuentas, es una crónica anunciada.
estado penoso
Personalmente creo que lo único de acto político que tiene todo esta polvareda de la declaración del estado de alarma es lo que el Congreso de los Diputados entienda por inmediatamente, supongo que cinco días está bien.
En mi opinión, la ilegalidad del Real Decreto es clara. Y lo es porque no procede el estado de alarma si, como dice su exposición de motivos, la causa es que la actitud de los controladores aéreos impide el derecho a la libre circulación. Entonces, resulta de aplicación, a mi modesto entender, el artículo 13 de la Ley Orgánica 4/1981.
Aunque, por otro lado, como se somete a los controladores aéreos civiles a la autoridad militar y al Código Penal militar (artículos 6 y 3 del Real Decreto 1673/2010) a lo mejor procede la declaración del estado de sitio. No debemos olvidar que todo parecía indicar que se trataba de una insurrección, tal y como recoge el artículo 32 de la LO 4/1981.
Es penoso que la improvisación de un gobierno, o eso quiero pensar, haya llevado a una situación que deja tambaleándose el ordenamiento constitucional.
Conclusión evidente de todo esto es que los legisladores deberían releer las leyes y decretos antes de publicarlos, como mi hijo el examen antes de entregarlo, para evitar ambigüedades, imprecisiones y solecismos.
InhiloTempore
Antes que nada, me gustaría alabar las bondades de los aquí presentes, y la riqueza que le dan al debate. Por mi parte, vengo a incluir algo que echo en falta: lo que en el lenguaje común se entiende por «alarma» y «excepción», habida cuenta de las interesantes posturas mantenidas.
Por «alarma», nuestro Diccionario entiende:
1. f. Aviso o señal que se da en un ejército o plaza para que se prepare inmediatamente a la defensa o al combate.
2. f. Aviso o señal de cualquier tipo que advierte de la proximidad de un peligro.
3. f. Mecanismo que, por diversos procedimientos, tiene por función avisar de algo.
4. f. rebato
5. f. Inquietud, susto o sobresalto causado por algún riesgo o mal que repentinamente amenace.
Mientras que por contra, «excepción» vendría a significar:
1. f. Acción y efecto de exceptuar.
2. f. Cosa que se aparta de la regla o condición general de las demás de su especie.
3. f. Der. Título o motivo jurídico que el demandado alega para hacer ineficaz la acción del demandante; como el pago de la deuda, la prescripción del dominio, etc.
Entiendo, que a nivel básico de lenguaje, un estado de «excepción» tendría mucho más sustento que uno de «alarma» en la situación actual, toda vez que etimológicamente vienen a significar cosas distintas, o estados distintos: en el de alarma, defensa ante un ataque o peligro; en el de excepción, una situación puntual y, valga la redundancia, excepcional dentro de un tráfico normalizado. De nada sirve establecer dos institutos jurídicos con distinto nombre y parecidos razonables. Un ejemplo más de que nuestra Transición sólo tuvo de positivo que no hubo derramamiento de sangre, y que muestra los complejos de la Sociedad y el Derecho de la época. Querer decir algo, sin decirlo. Y lo digo desde la total inocencia de un becario acabando la carrera de Derecho.
Pero ¿de qué hablamos?. ¿ Ilegalidad del Decreto que dispone el estado de alarma?. ¿ No es ilegal una huelga salvaje?, ¿ No es inmoral que cien personas tengan en jaque a doscientas mil?,¿no es una calamidad pública que el espacio aéreo quede bloqueado por unos saboteadores?, ¿ no es buena prueba de la calamidad pública los miles de demandas millonarias por daños y perjuicios sin cuento?, ¿ acaso no hay que leer las normas con sencillez y comprender que el estado de alarma no es aplicar un «toque de queda» militar sino sencillamente solucionar de forma expeditiva un gravísimo problema social, económico y político, que no tenía salida?, ¿ Tantos estudios sobre derecho sólo nos sirven para estirar las palabras y convertir a los culpables en víctimas de un Estdo opresor?. Dejémonos de discusiones bizantinas, y si son galgos o podencos. Había un problema y con un Decreto en la mano, sin interpretación descabellada, se solucionó. Punto final.
En un Estado de Derecho, todos los actos los hemos de realizar conforme a la Ley. Pongamos por ejemplo un cirujano que alegue que ha cumplido con su horario de trabajo y abandona el quirófano y ocasiona el resultado de fallecimiento de un paciente por desatención de sus obligaciones médicas.
Pues eso es lo que han hecho los controladores aéreos, abandonar el puesto de trabajo por presuntamente haber cumplido con las horas trabajadas según convenio.
Afortunadamente no ha habido muertos por su conducta, pero un millón de personas aproximadamente han perdido sus vuelos, sus reservas, hoteles, etc.
La conducta de los controladores es, a mi juicio, inadmisible. Nunca debieron abandonar sus puestos de trabajo y provocar un caos. Debieron plantear un conflicto colectivo, una reclamación laboral en forma, pero abandonar el servicio, sea aéreo o médico, es demencial y antijurídico. Son responsables de sus actos.
Ahora pasemos a analizar la conducta del Gobierno. A mi juicio, el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma y la consiguiente militarización de los controladores es ILEGAL Y NULO DE PLENO DERECHO. UNA BURRADA JURIDICA. Lo que no entiendo es que el PP apoye esa barbaridad. EL DECRETO ES UN AVISO A NAVEGANTES, CUANDO LAS BARBAS DEL VECINO VEAS PELAR, PON LAS TUYAS A REMOJAR. Y ASI NOS VA. VIRGENCITA QUE ME QUEDE COMO ESTOY. ES PARA ECHARSE A TEMBLAR.
¿Por qué, Javier? ¿Qué otras alternativas jurídicamente válidas había para solucionar este problema? Considero que las soluciones de futuro pasan por que, de una vez, nuestros legisladores tengan el arrojo necesario para regular el derecho de huelga de los trabajadores asalariados (distinguiendo no sólo por los cargos en la empresa, como los Contratos de Alta Dirección, sino por el nivel de retribución, porque el derecho a la huelga no puede sacarse del contexto en que nació y en el que se viene admitiendo consensuadamente: medio de defensa del indefenso trabajador que se encuentra en inferioridad de condiciones frente al poderoso empresario) y de los funcionarios y personal dependiente de las Administraciones públicas, pero dando sentido también al derecho de TODOS los ciudadaos a recibir de la Administración Pública servicios adecuados en TODO momento…
Crispin, sin ánimo de entrar en polémicas absurdas aquí estamos discutiendo la posible ilegalidad del decreto en cuestión, no su eficacia, de la que nadie duda vistos los resultados.
Tú partes de una premisa errónea y antijurídica que es que «el fin justifica los medios». Partiendo de ahí, tu razonamiento carece de fundamento.
No se me confunda. Mas bien pienso que «el fin justifica la interpretación» , o sea, la finalidad de la regulación del estado de alarma justifica la interpretación abierta del Decreto y da cabida a la calamitosa situación generada por los controladores. Esa es mi premisa: las leyes han de interpretarse conforme a sus fines. Y aquí se ha cumplido el fin de la norma. Saludos matinales
Sigo discrepando, puesto que para mí no es lo mismo el fin (el resultado obtenido) que la finalidad (el objetivo que se pretende conseguir) de la norma. El art. 3 del Código Civil respecto a la interpretación de las normas habla de «finalidad». De ahí que no se deban utilizar las normas interpretándolas para conseguir fines distintos para las que fueron dictadas, ya que podríamos estar ante un fraude de ley o a lo sumo ante una norma injusta o ilegal.
Esto es lo bonito del Derecho. Si no pasase esto no habría tantos abogados, fiscales, y por supuesto gente como nosotros debatiendo sobre estos temas.
Hola AlphaDog. Lo cierto es que no veo una diferencia como la que expones entre «fin» y «finalidad». Para mi, en este caso el fin tiene una anaología con la finalidad, pues lo que dice nuestro querido y manoseado art.3 del CC es que las normas deben interpretarse, entre otros parámetros, atendiendo a su finalidad. O sea, a su utilidad y objeto práctico, lo que es lo mismo que hablar del «fin» pretendido por la norma. Sin duda no estamos ante una cuestión clara. Personalmente, estoy de acuerdo con mucho de los compañeros en que el encaje resulta algo forzado pero honestamente creo que pasará el tamíz judicial. Un saludo e boas noites.
Creo que resulta absolutamente esclarecedor el debate que se produjo durante la tramitación de la ley para averiguar la finalidad del legislador.
La argumentación del Sr. Sartorius no deja lugar a dudas:
«De todas formas, nosotros comprendemos lo que el Gobierno y la UCD quieren conservar o quieren mantener de este apartado c) del articulo 4., y es que cuando se dé una situación de emergencia por catástrofe, calamidad, situación de desabastecimiento, crisis sanitarias, es decir, cuando se den los supuestos contemplados en este artículo, entonces sí que podría funcionar el apartado c) del artículo 4.»; o sea, que dentro del contexto de los supuestos que se contemplan para poder declarar el estado de alarma, que son tres concretamente, aparte de este apartado c) que estamos contemplando, que es de catástrofes, calamidades o desgracias públicas, crisis sanitarias o situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad, en ese contexto es evidente que los servicios públicos tienen que funcionar por encima de todo, y evidentemente, tiene que existir esa posibilidad. De ahí que nosotros propongamos una enmienda «in voce» al artículo 4.», letra c), que diría lo siguiente, añadiendo un inciso final a continuación del párrafo c) de dicho artículo 4.»: Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo». Eso nos parece que garantizaría lo que se pretende por parte del legislador, porque lo que no queremos pensar es que lo que se pretende es limitar el derecho de huelga a partir del derecho de huelga, sino de situaciones de excepcionalidad de otro tipo, porque -repito- estas garantías las contempla nuestra Constitución clarísimamente en los artículos 28.2 y 37.2 referidos a los conflictos colectivos.
Esta es la solución que el Grupo Parlamentario Comunista ve a este apartado c), porque tal y como está no nos parecería aceptable, y la propuesta que hacemos sería esta enmienda «in voce».
Fantástico apunte. En todo caso no podemos quedarnos solo con la interpretación auténtica del legislador sino con la «realidad social» y el hecho de que estamos ante un supuesto que, casi con toda seguridad, no pasó por la cabeza de los legisladores.
Permítame una objeción a su argumentación:
No hay tal absurdo. En efecto, supongamos que se produce uno de los tres supuestos, A, B o D.
El gobierno no considera necesario proclamar el estado de alarma porque cree contar con los medios para hacer frente a la situación. Sin embargo, en ese momento, se declara una huelga que dificulta o impide la actuación del gobierno. Entonces es cuando concurren los dos supuestos.
Bien que me gustaría tenerlo tan claro. Sin embargo, incluso en esa hipótesis que me sugiere, el Gobierno podría seguir declarando el estado de alarma por los otros apartados distintos del C, sin necesidad de recurrir a este.
Imaginemos que hubiera otro apartado E) que dijese que también se podría declarar el estado de alarma si concurriese un terremoto y una paralización de la sanidad: basta con aquél, sin mayores rodeos.
Sigo considerando que el apartado C) Tenía pleno sentido en su redacción en el Proyecto, en la Ponencia y en la Comisión del Congreso, donde solo se decía » Paralización de servicios esenciales», con el añadido del principio del precepto que aludía a «alteración grave de la normalidad». Entonces estaríamos ante una causa nueva y con perfil propio. El añadido de la enmienda in voce de Sartorius en el pleno añade una garantía pero hacer perder de utilidad los otros apartados. Al menos lo veo así.
Muchas gracias por su respuesta, Sr. Sevach.
Abusando una vez más de su paciencia, permítame exponerle mi humilde opinión.
Coincido con el comentario de Colm en el sentido de que no se puede interpretar la ley tal como «debería haber sido redactada» sino tal y como lo está realmente.
El estado de alarma es un estado excepcional; quiere esto decir que no puede convertirse en un recurso habitual ante cualquier catástrofe. Si el gobierno puede hacer frente a la situación por los medios habituales, no debería declarar el estado de alarma.
Ahora bien, el apartado C toma sentido cuando los medios habituales son entorpecidos por una huelga, entonces sí, entonces concurren los dos supuestos previstos por la ley.
De lo contrario deberíamos entender que el gobierno puede declarar el estado de alarma siempre que se produzca una huelga que paralice un servicio público esencial, sin que concurra ningún otro supuesto, lo que supondría, en mi opinión, una interpretación abusiva de la ley.
Bueno, parece que hay una cosa que Sevach no considera. La Ley, a pesar de ser ley no es Ley de Dios: el Legislador no es un ente abstracto, todopoderoso y omniscente que nunca se equivoca. Como cuerpo legislativo integrado por humanos, es perfectamente factible que en la redacción de los artículos de este o cualquier otro texto legal, introduzca apartados que reulten supérfluos, ya sea por volición ya sea por error, ya sea por las presiones propias del desarrollo político-normativo. Me parece excesivo, por inseguro, dejar en las manos de los juzgadores la capacidad de determinar cual es la redacción que «deberia» haberse adoptado en una determinada norma. Una cosa es interpretar, incluso teleológicamente, y otra es «reinventar» la ley. Esto ´último no se debe haceer por los juzgadores (Otra cosa son los juristas de parte).
Por lo demás he de decir que tanto la posición de Sevach como las discordantes son razonbles y razonadas.
¡ole! por los controladores
Para añadir más leña al fuego, y dar una nueva vuelta de tuerca, la opinión del catedratico de Penal José Manuel Paredes en el sentido de que quién delinque es el Gobierno:
http://www.lne.es/asturias/2010/12/12/argumentos-cortan-alas-gobierno/1006464.html
Y es que «Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada …»
Yo sí soy funcionario 😉
El tema colea:
http://www.elconfidencial.com/espana/expertos-constitucionalistas-consideran-chapuza-juridica-interpretacion-20101211-72472.html
Me alegra comprobar por la altura y finura de las perspectivas volcadas al analizar el Decreto sobre el estado de alarma ( desde la perspectiva de sus presupuestos normativos) que estamos ante un ejemplo de la riqueza del Derecho. Sí añadiré que el tono del debate me ha recordado aquella distinción que se efectuaba en la Licenciatura en Derecho sobre la perspectiva de la legalidad (coherencia lógica de la argumentación jurídica según sus principios de cohesión e interpretación), de la legitimidad ( fondo ético de la norma) y de la sociología (eficacia de la norma). En el presente caso, debemos dejar el debate centrado en la pura legalidad, y bajo esta perspectiva técnica, hay dos posiciones sustanciales. De un lado, la perspectiva de la literalidad de la Ley Orgánica de los Estados Anómalos que, unida al carácter tasado, restrictivo y excepcional de tales situaciones, comportaria la ilegalidad del Decreto por forzar la extensión de su ámbito natural. De otro lado, la perspectiva de la finalidad de la Ley Orgánica de los Estados Anómalos que, unida al carácter abierto y analógico de tales situaciones, comportaría la legalidad del Decreto en cuanto habilitaría para aplicarlo a la situación aquí planteada, no contemplada expresamente en la Ley.
Jueces tiene «la Iglesia» y bien el Tribunal Supremo, o bien el Tribunal Constitucional nos alumbrarán el camino.
alejandro miguelez
Es posible qeu esto ya haya perdido actualidad por el tiempo transcurrido.
En todo caso, aquí dejo mi reflexión: El Estado de Alarma es ilegal pues el Consejo de Ministros no obtuvo el dictamen previo del Consejo de Estado (artículo 22.3 L.O. Consejo de Estado).
La nulidad es por ello de pleno derecho, ex. artículo 62 ley 30/1992). En este sentido véase lo dicho por el TS en su Sentencia de 21 de abril de 2009 (recurso de casación 1/162/2007).
A mi juicio, el dictamen del Consejo de Estado no resultaba preceptivo ya que el art.23.2 LOCE solo impone el dictamen de la Comisión permanente respecto de “reglamentos o disposiciones de carácter general” naturaleza muy distinta del acuerdo que declara el estado de alarma. Ni es reglamento ni disposición general. Por ello, la Sentencia del Supremo que citas (21/4/09, rec.1162/07 al referirse a un Reglamento ejecutivo de una ley, aprobado sin dictamen del Consejo de Estado), nada tiene que ver con el carácter declarativo y político del acuerdo del Estado de Alarma.
Por otro lado, el apartado 10 del art.21 LOCE somete preceptivamente a dictamen los “Asuntos de Estado a los que el Gobierno reconozca especial trascendencia o repercusión”. O sea que corresponde al Gobierno la facultad de apreciar la oportunidad de recabar dicho dictamen, unido a a que el art.2.2 de la LOCE se cuida de precisar que solo es preceptivo su dictamen cuando esa ley u otras así lo imponen. O sea expresamente y de forma tasada.
O sea que no parece que fuere preceptiva intervención del Consejo de Estado antes de declarar el estado de alarma, situación que puede ser incompatible con las demoras inherentes a tal dictamen.
Discrepo de tu punto de vista, pues la Ley Orgánica exige en su artículo 22.3 el dictamen previo para los reglamentos y las disposiciones de carácter general.
En mi opinión el R.D. de referencia es una disposición administrativa de carácter general, lo que es inherente a su condición de Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros y publicado en el B.O.E. De no tener esta condición, sería un acto administrativo que no requeriría publicación bastando su comunicación a los interesados (artículos 52.1 y 58 Ley 30/1992).
Además, entiendo que su artículo 3, ela R.D. acota los derechos y obligaciones de los Controladores de Tránsito Aéreo en tanto que los moviliza, cercenando por ello su derecho de huelga y otros de libertad sindical.
En suma, el Real Decreto de referencia «contiene su propio régimen jurídico, estableciendo derechos y obligaciones y adoptando medidas competenciales con una configuración propia» (esto último es cita de la Sentencia del TS mencionada).
Por ello creo exigible el dictamen previo del Consejo de Estado, con independencia de que se tardase más o menos en su elaboración, pues la Ley Orgánica no hace distingos en este sentido.
Gracias por tus comentarios y enhorabuena por este blog.
Alejandro Miguélez
Estimado Alejandro: como bien sabes entre los actos administrativos singulares y los reglamentos están los actos generales o plúrrimos, que teniendo eficacia general no revisten naturaleza reglamentaria. Un R.D.aprobado en Consejo de Ministros que concede una medalla se publica y no es un reglamento, al igual que el nombramiento de los funcionarios. Por otra parte, creo que el R.D. que declara el estado de alarma es el presupuesto o requisito habilitante, ya que los efectos son los que marca la Ley. De todos modos, respeto tu criterio porque está fundado. Es más, creo que el Gobierno podía – y moralmente debía- haber solicitado el dictamen del Consejo de Estado por trámite de urgencia. Un saludo, y gracias por tus amables palabras.
Pingback: El Tribunal Constitucional crea los Decretos cuasilegislativos – delaJusticia.com
9.012.872 visitas

References: Real Decreto 
 artículo 116
 Real Decreto 
 artículo 4
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 117
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 32
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 Real Decreto 
 artículo 13
 Real Decreto 
 artículo 32
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 62
 artículo 22
 Real Decreto 
 artículo 3
 Real Decreto