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REFLEXION Y NOTAS SOBRE LA LEY 10/2012: LEY DE TASAS | Lealtadis Abogados
REFLEXION Y NOTAS SOBRE LA LEY 10/2012: LEY DE TASAS 26 noviembre, 2012 | 2
REFLEXION Y NOTAS SOBRE LA LEY 10/2012: LEY DE TASAS
El BOE de 21/11/2012 publica la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, (Ley de Tasas), con indicación de su entrada en vigor al día siguiente, aunque su aplicación se encuentra en suspenso por decisión del Gobierno, hasta que se aprueben y publiquen los modelos de autoliquidación (Instrucción 5/2012, de 21 de noviembre de la Secretaría General de la Administración de Justicia).
La irrupción de la Ley de Tasas en nuestro ordenamiento ha provocado gran ruido y contestación social, hasta el punto de que distintos operadores jurídicos están instando de los partidos políticos de la oposición que promuevan el análisis de su constitucionalidad.
El precedente normativo lo encontramos en el artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que ya estableció la tasa, si bien ni con las cuantías ni con el ámbito subjetivo que lo hace la vigente.
Esta misma Ley se refiere a la exigencia de tasa por el alta y modificación de fichas toxicológicas en el registro de productos químicos, que no es objeto de estas notas, que están centradas exclusivamente en el ámbito material del ejercicio de la potestad jurisdiccional.
En el preámbulo de la Ley se parte de la distinción de que “El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata de dos realidades jurídicas distintas.”
Es cierto que se trata de realidades jurídicas distintas, pero íntimamente conexas, pues se estará vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva si el tributo a satisfacer tiene un importe para el sujeto pasivo que sea difícil de alcanzar, lo que provocará irremediablemente un efecto disuasorio en el justiciable.
La Ley huye de este efecto disuasorio, puesto que en el propio preámbulo ya dice que pone todo el cuidado en que la regulación de la tasa no afecte al derecho a acceder a la justicia como componente básico del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Sin embargo, lejos de conseguir que la Ley no afecte a este derecho Constitucional, la regulación de la tasa puede llevarnos a situaciones en las que tengamos que satisfacer el tributo por haber recibido un servicio defectuoso, de forma que el sujeto pasivo tenga que abonarla para conseguir su rectificación, lo que a todas luces se traduce en una inadmisible situación, tal y como más adelante explicaré.
La Ley regula el hecho imponible en el artículo 2, hecho imponible que está constituido prácticamente por cualquier actuación ante los tribunales, excluida la jurisdicción penal. En concreto, la interposición de demanda declarativa, ejecutiva de títulos extrajudiciales o reconvencional, solicitud monitoria o cambiaria, de concurso necesario, de recurso contencioso administrativo, recursos de apelación, extraordinarios, suplicación y casación, y la oposición a la ejecución.
No refiere el precepto que dentro del hecho imponible de la tasa se encuentre la demanda de ejecución de título judicial ni la de oposición a la ejecución de fundada en títulos no judiciales (art. 557 LEC), por lo que ha de entenderse que no están sujetas al tributo. Posiblemente el legislador ha entendido que se trata, en ambos casos, de la continuación de un procedimiento que ya está gravado por la tasa devengada al inicio, si bien entiendo que, en ese caso, se produce una injustificada discriminación respecto de la oposición a la ejecución de títulos judiciales e incluso respecto de la demanda reconvencional en determinados supuestos.
En el artículo 3 de la Ley se regula el sujeto pasivo, que será quien promueva el ejercicio de la potestad jurisdiccional, es decir la parte actora, la solicitante, la recurrente o la opositora a la ejecución de título judicial.
En el artículo 4 se regulan las exenciones, tanto objetivas como subjetivas. Objetivamente no están sujetos a la tasa: a) los procesos de capacidad, filiación y de menores, así como los matrimoniales relativos a la guarda y custodia o a los alimentos; b) los relativos a derechos fundamentales y libertades; c) la solicitud de concurso voluntario; d) el recurso contencioso administrativo interpuesto por funcionarios en defensa de sus derechos estatutarios; e) la solicitud de procedimiento monitorio o juicio verbal de cuantía inferior a 2.000 €, salvo que estén fundadas en documento con eficacia ejecutiva; y f) los recursos contenciosos administrativos en caso de silencio o inactividad de la Administración.
La exención subjetiva alcanza a quienes tenga reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita y, por supuesto, el Ministerio Fiscal y la Administración pública.
Se establece igualmente una exención cuantitativa del 60 % de la tasa en la interposición de los recursos de orden social de suplicación y casación.
El devengo de la tasa se regula en el artículo 5, y en orden a lo que constituye el hecho imposible, se devenga cuando se insta la prestación del servicio de Derecho público, es decir cuando se interpone la demanda, se formula reconvención, se insta el monitorio o se interpone el recurso correspondiente.
La base imponible coincidirá con la cuantía del procedimiento, valorándose en 18.000 € los procedimientos de cuantía indeterminada. En el supuesto de acumulación de acciones, se sumarán las cuantías de las mismas.
La cuantía de la tasa se fija con arreglo a dos factores. Una cantidad fija, que viene establecida en el artículo 7 de la Ley en función del de la clase de proceso que se ponga en marcha. Y, además, una cantidad variable que dependerá de la cuantía del proceso judicial.
La cuantía fija va desde los 100 € para la solicitud inicial del procedimiento monitorio o demanda incidental en los concursos, hasta los 1.200 € para los recursos de casación e infracción procesal, pasando por los 150 € en los juicios verbales y cambiarios, 200 € en las ejecuciones de títulos extrajudiciales y oposición en los judiciales o solicitud de concurso necesario, 300 € para los procedimientos ordinarios y 800 € para los recursos de apelación.
Parece que el legislador ha querido fijar una cuantía ascendente acorde con la categoría del tribunal que entiende del asunto. Sin embargo, de ser esa la menslegis, entra en contradicción con la pretensión de racionalización del coste que se menciona en el preámbulo de la Ley.
Así lo entiendo al comparar el importe de la tasa fijada para el procedimiento ordinario y el importe del posible recurso de apelación a interponer en el mismo procedimiento. Un procedimiento ordinario necesita de muchos más recursos humanos y materiales para su tramitación que un recurso de apelación. Pensemos en la intervención del Secretario Judicial para la admisión de la demanda, el funcionario tramitador, el Juez que celebra la vista y resuelve, la puesta a disposición del justiciable de la oficina judicial, de la sala de vistas y sus medios materiales, etc. Si se interpone recurso, de nuevo el Secretario Judicial, el funcionario tramitador, etc. Sin embargo, el tribunal ad quem no tendrá, salvo excepciones, más tramitación que la resolución del recurso, que incluso ha sido tramitado ante el tribunal de instancia.
Si tenemos en cuenta que la tasa es un tributo que tiene por hecho imponible la utilización de la Administración de Justicia, no parece que se cumpla fielmente con los principios del sistema tributario (art. 3 LGT), al menos el de proporcionalidad.
El sistema recaudatorio es el de autoliquidación por el propio sujeto pasivo y pago de la cuota tributaria previamente a la presentación del escrito que constituya el hecho imponible.
El control del pago recae sobre el Secretario Judicial, que no dará curso al escrito de que se trate sin que previamente se subsane la omisión de la presentación del justificante de dicho pago.
Es tajante la norma respecto del deber de presentación junto con el escrito que constituya el hecho imponible, pues sanciona con la preclusión del acto procesal de que se trate en caso de incumplimiento de la obligación de presentación del justificante del pago de la tasa, toda vez que los plazos procesales no quedan interrumpidos por la falta de presentación del justificante del pago, ni tan siquiera por el requerimiento de presentación que ha de practicar el Secretario Judicial.
Entiendo que este requerimiento ha de efectuarse a la luz de lo establecido en el artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero pueden provocarse situaciones anómalas por la propia redacción de la norma.
Imaginemos la interposición de una demanda ejercitando una acción que tenga plazo de caducidad, incluso de prescripción, o bien la interposición de un recurso de apelación, cuyos escritos procesales no vayan acompañados del correspondiente justificante del pago de la tasa.
El plazo, que será procesal desde el mismo momento en que se presenta el escrito, estará transcurriendo y pendiente de que el requerimiento del Secretario Judicial sea atendido. De no atenderse el requerimiento, la norma establece la preclusión del acto procesal, pero al no establecerse plazo para atender el requerimiento, puede que el mismo quede atendido una vez transcurrido el plazo. ¿Ha de entenderse precluido el trámite?
Si ha de entenderse que la respuesta es afirmativa, es muy probable que la preclusión la provoque la propia oficina judicial, puesto que es hartamente conocido que los escritos no se despachan sobre la marcha, dándose la situación de que cumplido el requerimiento del Secretario Judicial pueda alegarse de contrario que el trámite había precluido por el transcurso del plazo que, conforme establece la norma, no quedó paralizado.
Si, por el contrario, la respuesta es negativa, o sea que ha de entenderse que el trámite no precluye en tanto que sea atendido el requerimiento del Secretario Judicial ¿qué sentido tiene que la Ley expresamente mencione que no queda impedida la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal?
Estas dudas, salvo que reglamentariamente queden resueltas, van a necesitar respuesta por parte de las Audiencias, respuestas que esperemos sean unívocas.
Por último, en cuanto al importe de la tasa, el legislador incluye un incentivo a las transacciones, puesto que establece el derecho a la devolución del 60 % cuando se alcance una solución extrajudicial, derecho que nacerá tras la certificación del Secretario Judicial en la que conste el archivo del procedimiento.
Me surge la duda respecto del importe al que ha de aplicarse el porcentaje de devolución si la solución extrajudicial se produce en la segunda instancia.
La norma dice que se efectuará la devolución cuando se alcance una solución extrajudicial del litigio, por lo que, a simple vista, ha de entenderse que la devolución procede respecto del importe total que se haya satisfecho hasta ese momento, y que será el correspondiente, si pensamos por ejemplo en un juicio ordinario, a la suma de lo abonado al interponer la demanda y el correspondiente al interponer el posible recurso de apelación.
Sin embargo, si tenemos en cuenta que la pretensión de la norma es la de incentivar los acuerdos para evitar la puesta en funcionamiento de la Administración de Justicia, y se ha pasado del primer hecho imponible – la interposición de la demanda – al segundo hecho imponible – la interposición del recurso de apelación- ¿qué sentido tiene devolver la tasa correspondiente a la tramitación del procedimiento en primera instancia si el servicio ha sido recibido íntegramente?. También se hace precisa una aclaración al respecto.
Traslado del pago al vencido en el proceso.
No cabe duda de que la tasa tiene la consideración de costa judicial. La Ley, en su disposición final tercera, modifica el artículo 241.1.7º de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil en ese sentido, lo que permitirá que el pago sea trasladado al litigante vencido al que se le impongan las costas. Queda redactado así: “1. Salvo lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, cada parte pagará los gastos y costas del proceso causados a su instancia a medida que se vayan produciendo. Se considerarán gastos del proceso aquellos desembolsos que tengan su origen directo e inmediato en la existencia de dicho proceso, y costas la parte de aquéllos que se refieran al pago de los siguientes conceptos: 7º. La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, cuando sea preceptiva.”
Sin embargo, es paradójico, pero la tasa por la utilización del servicio de la Administración de Justicia, en aquellos casos en los que se trate de un servicio defectuoso,recae sobre el propio justiciable como sujeto pasivo.
Me refiero al caso en el que se dicte una resolución errónea frente a la que haya que recurrir en apelación. La interposición del recurso supone hecho imponible de la tasa, correspondiendo el pago del importe de 800 €. La resolución de dicho recurso, en sentido estimatorio del mismo, es evidente que corrige un servicio público mal prestado. La resolución del tribunal ad quem revocará la resolución recurrida por no ser correcta, por no estar ajustada a derecho, pero no impondrá las costas a ninguno de los litigantes (Artículo 398.2 de la LEC).
Hasta ahí resulta evidente que un tribunal superior ha corregido a otro inferior, lo que ha de interpretarse como que el servicio recibido por el justiciable, en forma de resolución judicial, es defectuoso.
Y si se ha recibido un servicio defectuoso ¿no debería de tenerse derecho a la devolución de la tasa?.
De no ser así, se está haciendo recaer sobre el administrado, a través del pago de la tasa por recurrir, el peso de la Administración inoperante e incluso ignorante.
En definitiva, el ruido que ha provocado la incorporación de esta Ley a nuestro ordenamiento parece que, al menos en parte, está justificado.
Posted by Mar Rubio Mañas | 2 Comments | in Procesal 2 Comments
MariaDelMar 26 noviembre, 2012 11:42 pm / Reply Muchas gracias, Rafael, por tu aportación. Para seguir reflexionando, os dejo otro enlace: http://hayderecho.com/2012/11/26/otra-vez-sobre-la-ahora-ya-aprobada-ley-102012-que-regula-determinadas-tasas-en-el-ambito-de-la-administracion-de-justicia/
Palestinoregistro 28 noviembre, 2012 4:18 pm / Reply Pues no le va a la zaga el asalto al Registro Civil que pretende hacer el, no olvidemos, registrador de la propiedad Mariano Rajoy con hermano registrador, en unión del Ministro de Justicia, cuya nuera es registradora de la propiedad. Todo parte por un anteproyecto de Ley de apropiación registral del Registro Civil que ha elaborado el… si, si… el también Registrador Mercantil y actual Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín Rodríguez. El resumen lo podéis ver en el siguiente link: http://politica.elpais.com/politica/2012/11/26/actualidad/1353956554_852437.html
El personal trabajador del Registro Civil tendremos que apuntarnos ya al paro? Y encima a partir de ahora el Registro Civil de gratis nada… pero lo curioso es que según parece lo que se pagará por un certificado no será una tasa, sino que irá a parar a la cuenta corriente del Registrador de turno… es que no les llega con los millones que ganan ya? ¿Alguien va a parar este disparate?

References: artículo 35
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 7
 resolución 
 artículo 231
e contrario
 artículo 241
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución