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Timestamp: 2019-03-19 20:48:28+00:00

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STC 52/2002, 25 de Febrero de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 144512
STC 52/2002, 25 de Febrero de 2002
Número de Recurso: 5056/1999
Recurso de amparo 5056/99. Promovido por Editorial Prensa Canaria, S.A., y otros frente a la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que les condenó por la intromisión ilegítima en el honor de don Gaudencio Inocencio L. P., en un artículo publicado en el "Diario de Las Palmas" sobre sospechas acerca del asesinato en un ferry. Supuesta vulneración del derecho a la libre información: noticia sobre unas pesquisas policiales que menciona los antecedentes penales de un interesado, confundiéndolos con unos antecedentes policiales, y que eran irrelevantes.
Sentencia citada en: 363 sentencias, 24 artículos doctrinales, una noticia
En el recurso de amparo núm. 5056/99, promovido por Editorial Prensa Canaria, S.A., don Santiago B. B. y doña Ángela M. A., representados por el Procurador de los Tribunales don Isacio Calleja García y asistidos por la Letrada doña Gloria Delgado Sanz, contra la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 1999, recaída en el recurso de casación núm. 457/95, interpuesto contra la dictada en apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria de 20 de septiembre de 1994, en autos incidentales de protección de derechos fundamentales núm. 191/93 procedentes del Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de las Palmas de Gran Canaria. Han comparecido el Ministerio Fiscal y don Gaudencio Inocencio L. P., representado por la Procuradora de los Tribunales doña María Dolores Hernández Vergara y asistido por el Letrado don Gregorio Fraile Fabra. Ha actuado como Ponente el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 30 de noviembre de 1999 don Isacio Calleja García, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Editorial Prensa Canaria, S.A., don Santiago B. B. y doña Ángela M. A., interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial a la que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia.
En el periódico "Diario de Las Palmas" del miércoles 18 de marzo de 1992, en la sección de sucesos, se publicó una información, obra periodística de doña Ángela M. A., que llevaba por título "Descartados dos de los tres sospechosos de haber asesinado a los tripulantes del ferry". Bajo este titular, a la izquierda, había otro titular a dos columnas, con letra más pequeña, del siguiente tenor: "Gaudencio L., de 57 años, popularmente conocido como ‘El profeta’, que estuvo acogido en un asilo de Cáritas en Las Palmas de Gran Canaria, creían que era el indigente del [ferry] Ciudad de Palma".
"Gaudencio L. P., de 57 años y natural de Segovia, popularmente conocido por ‘El profeta’, el cual ha estado acogido en el asilo de Cáritas en Las Palmas de Gran Canaria, es el hombre sobre el que creyó la Policía de esta capital que era el indigente que viajó en el ferry, aunque, tras haber mostrado ya su fotografía, tomada hace diez años, a tripulantes del buque, parece haber sido descartado por los investigadores del caso.
Personas de la casa de acogida de la mencionada institución benéfica explicaron a la Policía que ‘El profeta’ —que tiene antecedentes penales por una violación acaecida hace 12 años, habiendo sido objeto en otra ocasión de un arresto menor— había sido visto en el centro cuando el "Ciudad de Palma" navegaba hacía Cádiz, si bien estos días aún no ha podido ser localizado."
La representación procesal de don Gaudencio Inocencio L. P. promovió autos incidentales núm. 191/93 de protección de derechos fundamentales (Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, y Sección Tercera Ley 62/1978, de 26 de diciembre) contra los ahora recurrentes en amparo, solicitando que se les condenara a indemnizarle en la cantidad de quince millones de pesetas, a la publicación del fallo y de la fundamentación jurídica de la Sentencia en el "Diario Las Palmas" y en la edición dominical del diario de mayor difusión de la provincia.
La representación procesal de don Gaudencio Inocencio L. P. interpuso recurso de casación contra la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, aduciendo que se habían vulnerado sus derechos al honor y a la intimidad.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en Sentencia de fecha 25 de octubre de 1999, declaró haber lugar al recurso de casación, estimó en parte la demanda y condenó a los demandados a que abonasen al actor, en concepto de perjuicios y daños morales, la cantidad de un millón de pesetas, con la obligación de publicar íntegramente el fallo y el fundamento jurídico 4 de la Sentencia en el periódico "Diario Las Palmas", sin expresa condena en costas en ninguna de las instancias ni en el recurso de casación, debiendo cada parte satisfacer las por ellas causadas y las comunes por mitad.
En cuanto a la fundamentación jurídica de la demanda de amparo, se invoca en ésta, frente a la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, la vulneración del derecho a comunicar libremente información veraz [art. 20.1 d) CE].
En el presente supuesto está claramente concernida la libertad de información, pues en los dos párrafos antes referidos del trabajo periodístico publicado no se contiene juicio de valor alguno, sino que se comunican hechos, y la relevancia pública o noticiabilidad de éstos no ofrece duda alguna como viene a admitirlo la propia Sentencia recurrida, ya que se relata la marcha de la investigación policial sobre un suceso delictivo y sangriento, el asesinato de dos marineros del ferry "Ciudad de Palma", que había causado gran impresión en la capital canaria. Como tiene declarado este Tribunal en la STC 178/1993, de 31 de mayo, "por regla general no cabe negar interés noticioso a hechos o sucesos de relevancia penal ... La relevancia pública viene explicada en el caso, además de por el hecho en sí, por la naturaleza de la fuente o de parte de los protagonistas de la noticia. Si las autoridades y fuerzas responsables de la seguridad ciudadana realizan una actuación inicialmente calificable de esclarecedora de unos hechos delictivos, no es dudoso que también pueda considerarse de interés noticioso esa actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad" (FJ 4).
Por otra parte, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo estima en su Sentencia que "ha existido la intromisión a su derecho al honor", que se ha afectado "la probidad, reputación e incluso, la dignidad personal del interesado", y que "ese reportaje periodístico es subsumible en la intromisión al honor en los términos planteados en la demanda" (FJ 4).
Cuando la supuesta lesión de los derechos fundamentales del art. 18.1 CE se imputa a un texto periodístico, éste ha de ser considerado en su conjunto y totalidad (SSTC 178/1993, de 31 de mayo, FJ 6; 192/1999, de 25 de octubre, FJ 6). En el presente caso el trabajo periodístico sobre el que gira el litigio resulta ser una extensa información, de la que conciernen al recurrente únicamente los dos primeros párrafos y un titular a dos columnas, y la finalidad del artículo es informar sobre la investigación policial de dos delitos gravísimos. Las fuentes utilizadas fueron la información publicada en el "Diario de Cádiz" y la información obtenida por la Sra. M. A. en la Jefatura Superior de Policía de Canarias, según confesó ésta ante el Juzgado, al responder a la posición primera en la prueba testifical. Examinado en su conjunto, el trabajo periodístico consta de tres partes: en la primera, destacada en titulares, se informa de las tres personas sobre las que han recaído las pesquisas policiales; en la segunda se recogen diversas circunstancias de la investigación (lista de pasajeros borrosa, confusiones de identidad); y en la tercera se da cuenta de los indicios e hipótesis que maneja la policía. Así pues, el trabajo periodístico no está polarizado en el Sr. L. P., a quien se le dedican dos párrafos en el contexto de la información, destacándose ante todo que "parece haber sido descartado (como sospechoso) por los investigadores del caso". Precisamente a esta circunstancia dan relieve los titulares de la información.
En suma, la intencionalidad fundamental de la información es resaltar que el Sr. L. P., poseedor de cierta popularidad en Las Palmas de Gran Canaria (se le conoce por "El profeta"), ha dejado de ser sospechoso, al parecer, del doble crimen cometido en el ferry, pese a que en un principio "creyó la policía de esta capital que era el indigente que viajó en el ferry". Lejos de ser lesiva para su honor, el núcleo de la información periodística sirvió para eliminar la sombra que gravitaba sobre su reputación, en cuanto sospechoso para la policía de haber cometido un doble crimen atroz.
La condena que a los demandantes de amparo impone la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se basa en un aspecto absolutamente colateral de la información, cual es "el que la periodista haya añadido a la noticia que el Sr. L. P. tenía ‘antecedentes penales por una violación acaecida hace 12 años’ y que había ‘sido objeto en otra ocasión de un arresto menor’". Para el órgano judicial no importa si estos datos añadidos son o no veraces —pese a que en el escrito de impugnación del recurso de casación, con cita de doctrina constitucional (SSTC 40/1992; 178/1993; 240/1992) y de la jurisprudencia norteamericana sobre la gist rule (Ocala StarBanner Co versus Damron, 401 U.S. 295, 1971), se reconocía y razonaba que no podía considerarse causa bastante para perder la protección constitucional de la libertad de información la inexactitud de haber calificado como antecedentes penales por violación lo que simplemente eran antecedentes policiales—, pues se trata en todo caso de datos superfluos e innecesarios, que "se podía y debía perfectamente haberse publicado esta noticia en tales estrictos términos (descarte de sospechosos, entre ellos el demandante en el proceso a quo), sin necesidad de añadir la improcedente relación de circunstancias tan personales".
En opinión de los demandantes de amparo, cuando la libertad de información versa sobre hechos que pueden causar descrédito a una persona o hacerla desmerecer en el concepto ajeno, no puede quedar restringida a la publicación de lo estrictamente necesario. En este sentido afirman que la regla restrictiva que se plasma en la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo choca con la práctica inveterada del periodismo español y extranjero, que consiste, como es notorio, en comunicar los fundamentos por los cuales la policía considera sospechosa a una persona investigada, entre los que pueden estar los antecedentes penales o policiales. Aquella doctrina, además, les parece peligrosísima para el libre flujo de información en una sociedad democrática, pues, de acuerdo con ella, el periodista, además de observar el deber de diligencia que le impone la regla de la veracidad (SSTC 6/1988, de 21 de enero, 240/1992, de 21 de diciembre, y 154/1999, de 14 de septiembre), debe anticipar el posterior juicio judicial de necesidad para decidir qué informaciones puede y no puede dar, por ser o no necesarias atendido el objeto principal de la noticia, lo cual no es fácil ni siquiera para un perito en Derecho.
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha trasladado indebidamente a la libertad de información un criterio constitucional que tiene su razón de ser en el campo de la libertad de expresión de opiniones (SSTC 107/1988, de 8 de junio; 105/1990, de 6 de junio; 336/1993, de 15 de noviembre; 76/1995, de 22 de mayo; 204/1997, de 25 de noviembre). En el presente caso no hay vejación, injuria o insulto contra el Sr. L. P., sino, solamente, la revelación de sus antecedentes penales y policiales tomados de una fuente de máxima fiabilidad, como es la Jefatura Superior de Policía. Dato que en el contexto general de la información aclara al lector por qué razón la policía había investigado a un ciudadano, respecto al cual la noticia fundamental que se da es que parece haber quedado descartado como sospechoso.
En la aplicación del test de la necesidad al caso concreto ahora examinado la representación de los demandantes de amparo comienza por señalar que la confusión que cometió la periodista entre antecedentes penales y policiales fue absolutamente involuntaria, no pudiendo imputarse a la autora de la información menosprecio por la verdad o falsedad de lo informado. De ser consciente del error, se hubiera escrito "policiales" en vez de "penales", haciendo constar luego que se habían archivado las diligencias. Es absurdo suponer que esa confusión hubiera sido creada a propósito para aumentar las ventas del diario, que tiene por norma publicar cuantas rectificaciones mínimamente fundadas se le envían, aunque en este supuesto no fue interesada. Además este Tribunal tiene declarado que la exactitud técnica de las calificaciones jurídicas no es exigible a quien informa a terceros, salvo que resulte acreditada la malicia con la que conscientemente se incurrió en el error (STC 192/1999, de 25 de octubre, FJ 6).
En realidad la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo no se centra en este aspecto, sino en lo necesario o innecesario de incluir los antecedentes penales y policiales del Sr. L. P. en la noticia y, en este extremo, ni siquiera admitiendo la regla del test de la necesidad puede tacharse de innecesario este punto de la información. La referencia a aquellos antecedentes no tiene un propósito difamatorio, ni con ella se proclaman rumores, invenciones o insidias (STC 180/1999, de 11 de octubre, FJ 4), sino únicamente se pretendía ayudar a que el lector entendiera por qué la policía se había fijado en el Sr. L. P. como posible sospechoso, esto es, cómo se había desarrollado la actividad policial en un doble asesinato, y desde este punto de vista no puede negarse la pertinencia o necesidad del dato de los antecedentes de uno de los investigados. La propia policía debió considerar como un dato informativamente relevante los antecedentes del Sr. L. P., puesto que los señaló a la periodista, se deba a la fuente policial o a los exiguos conocimientos de la informadora la confusión entre antecedentes penales y policiales.
Finalmente, aquella referencia a dichos antecedentes es absolutamente accesoria (es un inciso entre guiones) y deja indemne el contenido esencial de la información, cuya sustancial veracidad favorece a la reputación del Sr. L. P., que queda inalterada por el error, totalmente accidental en el doble sentido de lo esencial y de casual e involuntario.
La Sección Tercera del Tribunal Constitucional por providencia de 29 de mayo de 2000 acordó, de conformidad con lo previsto en el art. 50.3 LOTC, conceder a la parte demandante de amparo y al Ministerio Fiscal un plazo común de diez días, para que formulasen, con las aportaciones documentales que procediesen, las alegaciones que estimaren pertinentes en relación con la posible carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda de amparo [art. 50.1 c) LOTC].
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional por providencia de 22 de septiembre de 2000 acordó formar la oportuna pieza para la tramitación del incidente de suspensión y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 56.1 LOTC, conceder un plazo común de tres días a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal, para que alegasen lo que estimaren pertinente sobre dicha suspensión.
Evacuado el trámite de alegaciones conferido, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional por Auto de 26 de febrero de 2001 acordó denegar la suspensión solicitada respecto al pago de un millón de pesetas en concepto de indemnización a don Gaudencio Inocencio L. P., si bien sometiendo la ejecución a la condición de que el ejecutante garantice la restitución, en la forma que estime procedente el órgano judicial, para el caso de que el amparo fuera otorgado.
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 2 de noviembre de 2000 don Gaudencio Inocencio L. P. se personó en el recurso de amparo, y solicitó la designación de Abogado y Procurador del turno de oficio.
Tras la oportuna tramitación de la solicitud, por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional de 7 de junio de 2001 se tuvo por designados por el turno de oficio para la presentación y defensa de don Gaudencio Inocencio L. P., como Procuradora, a doña María Dolores Hernández Vergara y, como Letrado, a don Gregorio Fraile Fabra, haciéndoles saber tal designación a los mismos y a don Gaudencio Inocencio L. P., así como se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, al objeto de que, de conformidad con lo previsto en el art. 52.1 LOTC, pudieran formular cuantas alegaciones tuvieran por oportunas.
La representación procesal de los demandantes de amparo evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 29 de junio de 2001, en el que reiteró, sucintamente, la argumentación expuesta en la demanda de amparo.
El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 2 de julio de 2001, en el que interesó la desestimación de la demanda de amparo.
Tras referirse a la doctrina de este Tribunal, transcribiendo parte de la fundamentación jurídica de las SSTC 29/1996, de 26 de febrero, 138/1996, de 16 de septiembre, y 200/1998, de 14 de octubre, sobre los derechos fundamentales en conflicto en el presente caso, el derecho al honor, por una parte, y la libertad de información, por otra, el Ministerio Fiscal entiende que la aplicación de dicha doctrina ha de conducir a la desestimación de la demanda de amparo, ya que, aun aceptándose, como se acepta en la resolución impugnada, que el hecho del que se da cuenta en el trabajo periodístico tiene relevancia pública, aunque afecte a una persona privada, por referirse a investigaciones policiales sobre la muerte violenta de dos miembros de la tripulación de un buque cuando éste se encontraba haciendo su ruta entre la Península y las Islas Canarias, no se puede olvidar que la persona concernida por la noticia ya había sido descartada policialmente como sospechosa.
En todo caso, el trabajo periodístico en cuestión, no sólo divulga la identidad de una persona cuya participación en la comisión de un delito había sido descartada, sino que además proporciona datos sobre la misma, como tener antecedentes penales y "haber estado sujeto al cumplimiento de una pena de arresto mayor" (sic), que, con independencia de su veracidad, se pueden considerar denigrantes socialmente hablando, porque, al publicarlos, lo que se está divulgando es que la persona a la que se refiere ha infringido con su comportamiento valores tan esenciales para la convivencia social que ha merecido el máximo reproche previsto para tales casos en el Ordenamiento. Como tiene declarado este Tribunal, "a nadie se le puede exigir que soporte pasivamente la revelación de datos, reales o supuestos, de su vida privada o familiar" (STC 134/1999, de 15 de julio).
Por lo que se refiere a la veracidad de tales datos, es innegable, sostiene el Ministerio Fiscal, que en el curso del proceso se acreditó que la redactora de la noticia cumplió con el deber de diligencia exigible, recabando su información a organismos oficiales, como la Jefatura Superior de Policía. Ahora bien, no es menos cierto que dicho organismo lo que certificó fue, no que el concernido por la noticia tenía antecedentes penales, sino que había estado a disposición judicial, lo que implica una alteración de la noticia proporcionada por la fuente que determina la inveracidad de la publicada. Tal inveracidad, con independencia de que fuese o no realizada con el propósito de vilipendiar a la persona a la que se refería, es indudable que se realizó conscientemente, porque la propia autora del reportaje, con independencia de la formación que pueda tener, manifiesta cuando confiesa que lo que le proporcionó la Jefatura Superior de Policía fue una certificación en la que se expresaba que el Sr. L. P. tenía antecedentes policiales. Y esta alteración, además de determinar la inveracidad de la noticia trasmitida, resulta innecesaria para comunicar a la opinión pública el mensaje pretendido, que no era otro que el de descartar en el curso del relato de la actuación policial sobre el delito cometido la participación del mismo Sr. L. P..
La representación procesal de don Gaudencio Inocencio L. P. evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 5 de julio de 2001, en el que interesó la desestimación de la demanda de amparo.
Argumenta al respecto que la publicación de la imputación de un delito de violación no puede ser calificada sino como una transgresión del derecho al honor en su más amplia consideración, al lesionarse la reputación del ofendido e invadir el ámbito de la intimidad personal, por publicarse aspectos privados, que, aun siendo ciertos, no tienen por qué difundirse en el ejercicio de la libertad de expresión, ni en el de la libertad de información, sobre todo teniendo en cuenta la gravedad de los hechos atribuidos al Sr. L. P. y la innecesariedad de ese comentario para la noticia principal. Es evidente que la publicación de antecedentes penales ocasiona en cualquier caso un descrédito para la persona afectada, especialmente cuando éstos son positivos, pero si además resultan no ser ciertos se producen dos efectos, por un lado, la publicación de circunstancias que corresponden a la intimidad personal, y por otro, la atribución de la comisión de un delito, que, al no ser cierta, invade los derechos de la persona que están especialmente protegidos en el ámbito penal y civil, sin que puedan ser objeto de ponderación por posible colisión con otros derechos fundamentales, como pueden ser los de la libertad de expresión e información.
Respecto al alegato de la parte demandante relativo a que la referencia a los antecedentes penales era necesaria dentro del texto de la información, y de que la imputación del delito de violación se realiza sin malicia y por error, sostiene la representación procesal del Sr. L. P., tras reproducir el fundamento jurídico 8 de la STC 112/2000, de 5 de mayo, que, al tratarse la persona afectada por aquella divulgación de un particular, los hechos narrados requieren, además de la veracidad, una relevancia pública, y, en caso de coincidir estas dos circunstancias, deberían ser también suficientemente relevantes para la información principal, lo que no acontece en el supuesto que nos ocupa, ya que, no sólo resulta innecesaria su divulgación, sino que no tiene virtualidad en el contexto de la información principal, que coloca al Sr. L. P., en primer lugar, fuera de toda sospecha, para convertirlo inmediatamente en culpable al atribuirle un delito de violación, con lo que se le perjudica innecesariamente en la forma en que está estructurada la noticia.
Por último, el periodista autor de la información no ha puesto el celo necesario para conocer la verdad de la información dada, ya que el Sr. L. P. carece de antecedentes penales, como se acredita con la certificación del Registro Central de Penados y Rebeldes que se acompaña a estas alegaciones, y si se hubiera remitido al Juzgado de procedencia hubiera podido comprobar el sobreseimiento definitivo de su inculpación por un presunto delito de violación, como se desprende igualmente del testimonio emitido por dicho Juzgado que se incorpora como documentación a este escrito.
Por providencia de 21 de febrero de 2002, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 25 de febrero siguiente.
La presente demanda de amparo tiene por objeto la impugnación de la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 25 de octubre de 1999, que casó la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria de 20 de septiembre de 1994, que había confirmado en apelación la dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de la misma localidad, y estimó parcialmente la demanda interpuesta por don Gaudencio Inocencio L. P. contra los ahora recurrentes en amparo sobre protección de derechos fundamentales, con ocasión de una noticia publicada en el "Diario de Las Palmas" el día 18 de marzo de 1992.
En esta noticia, a la que después nos referiremos más detenidamente, se informa sobre las investigaciones llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para determinar la identidad de la persona que había dado muerte a dos tripulantes del ferry "Ciudad de Palma", relatándose, lo que se destaca ya en su titular, que dos de las tres personas que habían sido objeto principalmente de las pesquisas iniciales, realizadas a tal efecto por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, habían sido descartadas como sospechosas. En el texto de la noticia se dedican los dos primeros párrafos a don Gaudencio Inocencio L. P. –demandante en el proceso a quo— descartándose su participación en los mencionados acontecimientos, en el segundo de los cuales se afirma "que tiene antecedentes penales por una violación acaecida hace 12 años, habiendo sido objeto en otra ocasión de un arresto menor". La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo consideró en su Sentencia, frente al criterio mantenido por la Audiencia Provincial y el Juzgado de Primera Instancia, que la divulgación de tales datos, al margen de su no veracidad, suponía una intromisión ilegítima en el honor de don Gaudencio Inocencio L. P. y, en consecuencia, estimó parcialmente la demanda por éste promovida.
Los demandantes de amparo —la autora de la información controvertida, el director del medio de comunicación y la empresa editora— invocan frente a la resolución judicial impugnada la vulneración del derecho a comunicar libremente información veraz [art. 20.1 d) CE], al entender que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo no ha llevado a cabo una ponderación constitucionalmente adecuada de los derechos fundamentales en conflicto. Argumentan al respecto que un texto periodístico ha de ser considerado en su conjunto y totalidad, tratándose en este caso de una extensa información sobre la investigación policial de dos gravísimos delitos, que no está polarizada en torno al demandante en el proceso a quo, a quien se dedican dos párrafos destacándose que ha sido descartada su participación por los investigadores del caso, de modo que, lejos de ser lesiva para su honor, el núcleo de la información sirvió para eliminar la sombra que gravitaba sobre su reputación en cuanto sospechoso para la policía de haber cometido el doble crimen.
Aducen, además, en este sentido que la condena de la Sala Civil del Tribunal Supremo se basa en un aspecto absolutamente colateral de la información, cual es la divulgación de que el demandante en el proceso a quo tenía antecedentes penales por una violación acaecida hace doce años, y que había sido objeto en otra ocasión de un arresto menor, con lo que el órgano judicial traslada indebidamente a la libertad de información el criterio constitucional del test de la necesidad, que tiene su razón de ser en el campo de la libertad de expresión, pues, en opinión de los demandantes de amparo, la libertad de información, cuando versa sobre hechos que pueden causar descrédito a una persona o hacerla desmerecer en el concepto ajeno, no puede quedar restringida a la publicación de lo estrictamente necesario. En el presente caso no hay vejación, injuria o insulto contra don Gaudencio Inocencio L. P. sino, solamente, revelación de sus antecedentes penales y policiales, tomados de una fuente de máxima fiabilidad, como es la Jefatura Superior de Policía, con la que en el contexto general de la información se perseguía aclarar al lector por qué razón la policía había investigado a un ciudadano, respecto del cual la noticia fundamental que se da es la de haber quedado descartado como sospechoso. Aun aplicando a la información el test de la necesidad, como se hace en la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, no puede imputarse a la autora de la información menosprecio por la verdad o falsedad de lo comunicado, como consecuencia de la confusión en la que incurrió, al referirse a antecedentes penales, en vez de a policiales, ni tacharse de innecesaria o impertinente la divulgación de aquellos antecedentes, que no tiene un propósito difamatorio, y constituye además una referencia accesoria, que deja indemne el contenido esencial de la información. A lo que agregan que el test de necesidad no resulta aplicable en el ámbito de la libertad de información.
La representación procesal de don Gaudencio Inocencio L. P. se opone a la estimación de la demanda de amparo, al considerar que la atribución de antecedentes penales representa por sí misma la condena mediante Sentencia firme por la comisión de hechos delictivos, circunstancia a la que no debe de dársele publicidad, por los perjuicios que socialmente representa, máxime si, como acontece en el presente caso, no son ciertos dichos antecedentes y su publicación carece de relevancia pública, ya que, no sólo resulta innecesaria, sino que no tiene virtualidad en el contexto de la información principal, que lo coloca, en primer lugar, fuera de toda sospecha, para convertirlo inmediatamente en culpable de un delito de violación, con lo que se le perjudica innecesariamente. Además, añade, la periodista autora de la noticia no ha puesto el celo necesario en conocer la verdad de la información publicada, dado que, como se acredita con la documentación que se aporta, su representado carece de antecedentes penales, y su inculpación como presunto autor de un delito de violación por el Juzgado de procedencia fue sobreseída definitivamente.
Por su parte el Ministerio Fiscal se opone también a la pretensión de los demandantes de amparo. Tras rechazar que presente relevancia pública la divulgación de las identidades de las personas que en el curso de una investigación policial resulten descartadas como sospechosas, cuando anteriormente no hayan sido relacionadas con aquella investigación, sostiene que en el presente caso el trabajo periodístico, no sólo divulga la identidad de una persona, cuya participación en la comisión del delito ha sido descartada, sino que además proporciona datos sobre la misma, como el de tener antecedentes penales y haber estado sujeto al cumplimiento de una pena de arresto mayor, que, con independencia de su veracidad, se pueden considerar socialmente denigrantes. Si bien la periodista cumplió con el deber de diligencia exigible, al recabar su información de organismos oficiales, como la Jefatura Superior de Policía, lo cierto es que lo que este organismo certificó no fue que don Gaudencio Inocencio L. P. tuviera antecedentes penales, sino que había estado a disposición judicial, lo que implica una alteración de la noticia proporcionada por la fuente que determina la inveracidad de la publicada, que resulta además innecesaria para comunicar a la opinión pública el mensaje pretendido, que no era otro que el de descartar su participación en los hechos objeto de investigación policial.
Para resolver las cuestiones que se nos plantean es necesario precisar el contenido de la información publicada y cuestionada y el de la resolución judicial impugnada.
Consta en las actuaciones judiciales, y así ha quedado reflejado en los antecedentes de esta Sentencia, que la información que motivó la condena civil de los ahora demandantes de amparo fue un artículo periodístico publicado en la sección de sucesos del "Diario de Las Palmas" el día 18 de marzo de 1992, firmado por doña Ángela M., bajo el título "Descartados dos de los tres sospechosos de haber asesinado a los tripulantes del ferry", en el que se informa sobre los resultados, vicisitudes y dificultades de la investigación llevada a cabo por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil para determinar la identidad del autor de la muerte de dos tripulantes del ferry "Ciudad de Palma" durante una de sus travesías. En la entradilla del artículo, citando fuentes del "Diario de Cádiz" y fuentes solventes, se afirma que tres personas, de dos de las cuales se conocían su nombre y apellidos completos, habían sido principalmente objeto de las pesquisas realizadas por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de Las Palmas de Gran Canaria, Cádiz y Baleares y de la Guardia Civil de Cádiz.
En el artículo se hace referencia dos veces al demandante en el proceso a quo —don Gaudencio Inocencio L. P.. La primera, bajo el titular principal de la noticia, en otro titular a dos columnas, que figura a la derecha con una letra de tamaño más pequeño, en el que se le identifica con su primer nombre y apellido y con el mote por el que es popularmente conocido, se divulga que había estado acogido en una institución benéfica y se afirma que "creían que era el indigente del Ciudad de Palma". La segunda, en los dos primeros párrafos del texto de la información, en el primero de los cuales, tras reiterar su identificación y reproducir el referido dato de su acogida en una institución benéfica, se dice que "es el hombre sobre el que creyó la Policía de esta capital que era el indigente que viajó en el ferry, aunque, tras haber mostrado ya su fotografía, tomada hace diez años, a tripulantes del buque, parece haber sido descartado por los investigadores del caso". En el segundo de dichos párrafos se relata que "Personas de la casa de acogida de la mencionada institución benéfica explicaron ayer a la Policía que ‘el profeta’ —que tiene antecedentes penales por una violación, acaecida hace 12 años, habiendo sido objeto en otra ocasión de un arresto menor—, había sido visto en el centro cuando el Ciudad de Palma navegaba hacia Cádiz, si bien estos días aún no ha podido ser localizado".
A continuación en el artículo se dedican sendos párrafos a cada una de las otras dos personas sobre las que recayeron inicialmente las sospechas, descartándose la participación en los hechos de una de ellas; se informa, con remisión a fuentes policiales gaditanas, sobre las dificultades que desde su inicio presentó el trabajo de identificación del autor de ambas muertes; se narran, citando fuentes de diverso origen —una de las personas que inspeccionó el barco, investigadores del caso y testigos de su llegada al muelle—, una posible versión de cómo sucedieron los acontecimientos en el ferry y sendas hipótesis de cómo el autor de dichas muertes pudo abandonarlo, eludiendo el dispositivo policial que se había montado en el muelle gaditano. Concluye el artículo, indicando que funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y agentes de la Guardia Civil de Cádiz "han realizado batidas por tierra en territorio gaditano, a la par que se ha dado a conocer la descripción del presunto autor del doble crimen tanto en Cádiz como en localidades y ciudades de los alrededores de dicha capital".
El Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Las Palmas de Gran Canaria, cuya Sentencia fue confirmada en apelación por la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, consideró que la información publicada era de relevancia pública e interés general, y que cumplía también el requisito de veracidad, ya que, si bien no era cierto que el demandante en el proceso a quo tuviera antecedentes penales por un delito de violación, pues únicamente se le instruyeron diligencias por la Inspección de Guardia de Las Palmas como presunto autor de un delito de violación, habiendo sido puesto a disposición judicial, aquel dato había sido facilitado a la autora de la noticia por la policía que investigaba los hechos. En atención al carácter de la fuente informativa el órgano judicial entendió que la periodista, al difundir los datos relativos a los antecedentes penales de don Gaudencio Inocencio L. P., no había actuado negligentemente en la transmisión de la información, limitándose a comunicar unos hechos, sin valorar los mismos, y emitir juicios de valor y sin ánimo de ofender a la persona afectada, debiendo tenerse en cuenta además "que los lectores carecen también de formación jurídica precisa que les permita distinguir entre tener antecedentes penales o haber estado a disposición judicial por un delito de violación".
El demandante de amparo recurrió en casación aduciendo que se habían vulnerado sus derechos al honor y a la intimidad y, respondiendo a su recurso, frente al criterio del órgano judicial de instancia y de apelación, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo estimó que las referencias en la información controvertida a los antecedentes penales de don Gaudencio Inocencio L. P. por una violación acaecida hace doce años y por haber sufrido en otra ocasión un arresto menor, al margen de la inveracidad de las mismas, eran superfluas e innecesarias, dado que la noticia fundamental se había centrado en que había que descartar su participación en el doble crimen, por lo que podía haberse publicado sin necesidad de añadir aquellas referencias, que afectan a su probidad, reputación y dignidad personal, menoscabando su indemnidad personal. En definitiva, entendió que la información publicada en los extremos aludidos constituyó una intromisión ilegítima en del honor el demandante en el proceso a quo.
Delimitadas en los términos expuestos las posiciones de las partes personadas en el presente proceso de amparo, es necesario, a los efectos de precisar adecuadamente el objeto de nuestro pronunciamiento, realizar con carácter previo alguna consideración en relación con los derechos y libertades que entran en conflicto en el presente caso, pues, como es sabido, la importancia de los criterios que han de ser tenidos en cuenta al afrontar la ponderación entre los derechos y libertades en colisión varía notablemente según se trate de la libertad de expresión o de información, por un lado, y de la protección del derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen, por otro (por todas, SSTC 107/1988, de 8 de junio, FJ 2; 197/1991, de 15 de noviembre, FJ 2; 20/1992, de 17 de marzo, FJ 3; 223/1992, de 14 de diciembre, FJ 2).
Por lo que se refiere a cuál es el derecho ejercido por los demandantes de amparo, si la libertad de expresión o de información, no cabe duda de que el artículo periodístico controvertido, y en ello se muestran conformes todas las partes personadas en el proceso, al limitarse a relatar y narrar, a partir de fuentes de diversa procedencia, la investigación policial llevada a cabo para determinar la identidad del autor de las dos muertes acaecidas en el ferry "Ciudad de Palma", sus resultados, descartando en este sentido la participación de dos de las tres personas que habían sido objeto de las pesquisas iniciales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sus vicisitudes y dificultades, y ofrecer una posible versión, según algunas de dichas fuentes, de cómo pudieron acontecer los hechos objeto de investigación, sin añadir su autora opiniones, enunciados o juicios de valor personales y subjetivos, ha de incardinarse en el ejercicio del derecho a comunicar libremente información veraz [art. 20.1 d) CE], que tiene por objeto la comunicación de noticias, hechos o datos (SSTC 6/1988, de 21 de enero, FJ 5; 223/1992, de 14 de diciembre, FJ 1; 76/1995, de 22 de mayo, FJ 6: 176/1995, de 11 de diciembre, FJ 2).
De otra parte, la representación procesal de don Gaudencio Inocencio L. P., en el escrito presentado en el trámite de alegaciones del art. 52.1 LOTC, alude conjunta e indistintamente, al igual que hiciera en el proceso a quo, a su derecho al honor y a la intimidad.
Pues bien, por lo que se refiere al derecho a comunicar libremente información, que es el que ahora nos ocupa, este Tribunal ha declarado de manera reiterada que el requisito básico que permite afirmar que nos hallamos ante un ejercicio legítimo es la veracidad, a la que se refiere expresamente el art. 20.1 d) CE cuando delimita el derecho a la difusión de información "veraz"; requisito básico al que se ha añadido el de la relevancia pública de la información. Como dijimos en la STC 110/2000, de 5 de mayo, "dada la conexión existente entre los derechos a la intimidad y el honor, pues en muchas ocasiones se afecta a este último mediante referencias a la vida privada de las personas, el interés público de la opinión expresada o de la información comunicada constituye un importante criterio de delimitación acerca de cuál sea la comunicación constitucionalmente protegida" [FJ 8 c)].
El derecho al honor, que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo estima lesionado por la información publicada, es un concepto jurídico que, aunque constituye una manifestación directa de la dignidad constitucional de las personas, depende en su concreción de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento. De ahí que se halle necesitado de determinación judicial.
Comenzando por el requisito básico de la veracidad de la información, sobre el que gira esencialmente la controversia en torno a si hubo o no lesión del honor, es reiterada doctrina de este Tribunal desde la STC 6/1988, de 21 de enero (FJ 5), según la cual el requisito no supone la exigencia de una rigurosa y total exactitud en el contenido de la información, de modo que puedan quedar exentas de toda protección o garantía constitucional las informaciones erróneas o no probadas, sino que se debe privar de esa protección o garantía a quienes, defraudando el derecho de todos a recibir información veraz, actúen con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado, comportándose de manera negligente e irresponsable, al transmitir como hechos verdaderos simples rumores carentes de toda contrastación o meras invenciones o insinuaciones (SSTC 105/1990, de 6 de junio, FJ 5; 171/1990, de 12 de noviembre, FJ 8; 172/1990, de 12 de noviembre, FJ 3; 143/1991, de 1 de julio, FJ 6; 197/1991, de 17 de octubre, FJ 2; 40/1992, de 30 de marzo, FJ 2; 85/1992, de 8 de junio, FJ 4; 240/1992, de 21 de diciembre, FJ 5). Por tanto lo que el citado requisito viene a suponer es que el informador, si quiere situarse bajo la protección del art. 20.1 d) CE, tiene un especial deber de comprobar la veracidad de los hechos que expone mediante las oportunas averiguaciones y empleando la diligencia exigible a un profesional. Cabe que, pese a ello, la información resulte inexacta o errónea, lo que no puede excluirse totalmente, pero la "información rectamente obtenida y difundida es digna de protección (STC 6/1988, FJ 5) aunque su total exactitud sea controvertible o se incurra en errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado" (SSTC 171/1990, de 12 de noviembre, FJ 8; 172/1990, de 12 de noviembre, FJ 3; en el mismo sentido, SSTC 240/1992, de 21 de diciembre, FJ 5; 178/1993, de 31 de mayo, FJ 5; 110/2000, de 5 de mayo, FJ 8; 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 9).
Por su parte la representación procesal de don Gaudencio Inocencia L. P. estima que la autora de la información no actuó con la diligencia que le era exigible, al no haber contrastado en el extremo cuestionado la información, en tanto que el Ministerio Fiscal entiende que aquélla alteró, como ha quedado probado en los autos, la noticia proporcionada por la fuente informativa, lo que determina la inveracidad de la noticia transmitida con independencia de que dicha alteración se produjese con el propósito o no de vilipendiar a la persona afectada.
En cuanto a la diligencia del periodista y de su medio de comunicación en la indagación de la veracidad de lo comunicado ha de recordarse que información veraz en el sentido del art. 20.1 d) CE significa información comprobada según los cánones de la profesionalidad informativa, excluyendo invenciones, rumores o insidias (STC 105/1990, de 6 de junio, FJ 5). Aunque en todo caso le es exigible al profesional de la información una actuación razonable en la comprobación de la veracidad de los hechos que expone, para no defraudar el derecho de todos a recibir una información veraz, tal obligación, sin embargo, debe ser proporcionada a la transcendencia o características concretas de la información que se comunica, dependiendo necesariamente de las circunstancias que concurran en el caso de que se trate. La contrastación de la noticia no es, pues, un término unívoco, sino que, más allá de su genérica formulación como deber, exige matizaciones casuísticas (por todas, SSTC 240/1992, de 21 de diciembre, FJ 7; 28/1996, de 26 de febrero, FJ 3; 192/1999, de 25 de octubre, FJ 4; 21/2000, de 31 de enero, FJ 6).
En el presente caso, como resulta de las actuaciones judiciales y se ha estimado acreditado en el proceso civil a quo, el dato relativo a los antecedentes penales de don Gaudencio Inocencio L. P. por una violación acaecida hace 12 años, que se divulgó en la información publicada, se obtuvo, según reconoció en la prueba de confesión testifical la autora del artículo, de fuentes policiales, en concreto de la Jefatura Superior de Policía. Figura asimismo en las actuaciones, como resultado de la prueba documental practicada, una certificación del Registro Central de Penados y Rebeldes, en la que se hace constar que no aparece ninguna nota de antecedentes penales que haga referencia a don Gaudencio Inocencio L. P., así como otra emitida por el Comisario Jefe de la Brigada Provincial de Documentación de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, en la que se certifica que el día 9 de septiembre de 1976 se instruyeron diligencias por la Inspección de guardia de Las Palmas, remitidas al Juzgado de Instrucción núm. 2, en las que pasó a disposición de la indicada autoridad judicial don Gaudencio Inocencio L. P. como presunto autor de un delito de violación.
Así pues, la fuente que, según lo manifestado por la autora de la información, proporciona aquel dato, resulta, en principio y sin necesidad de detenernos en este supuesto en otro tipo de consideraciones, seria, fiable y solvente, no siendo necesario en tales casos, según tiene declarado este Tribunal, mayor comprobación por parte del autor de la información que la exactitud o la identidad de la fuente (SSTC 178/1993, de 31 de mayo, FJ 5; 154/1999, de 13 de junio, FJ 5). Mas lo que acontece en el presente supuesto es que el dato suministrado por la fuente informativa en la que se ampara la autora de la información no era que el demandante en el proceso a quo tuviera antecedentes penales por una violación, sino, como ella misma reconoce en la prueba de confesión judicial, que tenía antecedentes policiales. La conclusión que se impone, por tanto, no es otra que la de la indudable inveracidad de la información relativa a los antecedentes penales de don Gaudencio Inocencio L. P. por una violación acaecida hace doce años y por la pena de arresto menor que le habría sido impuesta en otra ocasión.
Cierto es que no cabe exigir al informador una precisión absoluta en el lenguaje técnico-jurídico; sin embargo no lo es menos que "no puede admitirse que los concretos términos o expresiones empleados en una noticia carezcan de relevancia en relación con el derecho al honor, por lo que debe de sopesarse cuidadosamente el significado que poseen en el lenguaje actual" (STC 219/1992, de 3 de diciembre, FJ 5). En este caso es evidente que, si se afirma que una persona tiene antecedentes penales por violación, como así ha ocurrido, tal afirmación supone en el lenguaje usual que dicha persona ha sido condenada por un delito de este tipo, y es indudable que el dato divulgado, que le involucra en la comisión de un delito de esa naturaleza, es objetivamente contrario al buen nombre y buena fama de la persona afectada. Frente a ello no cabe oponer que la periodista autora de la información desconozca la diferencia entre poner a una persona a disposición judicial como presunto autor de un delito, o tener antecedentes penales por el mismo, pues tal distinción es empleada en el quehacer diario y común de los medios de comunicación al elaborar las informaciones sobre Tribunales o sucesos, de modo que ningún profesional del periodismo puede excusar su ignorancia.
Apreciada, pues, la falta de uno de los requisitos esenciales para que el ejercicio del derecho de información pueda encontrar cobertura en el art. 20.1 d) CE, que la Sentencia que se impugna da por sentada, nuestra labor podría detenerse aquí. Sin embargo, en el presente caso, es conveniente también contrastar si ha concurrido el requisito relativo a la relevancia pública de la información comunicada, sobre el que, además de alegar los demandantes de amparo, ha versado con carácter casi exclusivo el pronunciamiento de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, máxime cuando según hemos visto se halla en juego el derecho a la intimidad.
Así pues, nuestro enjuiciamiento, al igual que ha acontecido con el requisito referido a la veracidad de la información, ha de contraerse al extremo cuestionado de la información publicada en lo que a la relevancia pública y social de la noticia se refiere; esto es, a la divulgación de los antecedentes penales de don Gaudencio Inocencio L. P.. En este sentido es necesario precisar que no resulta necesario para la resolución del presente recurso de amparo, al no haber sido una cuestión suscitada ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo con ocasión del recurso de casación, que nos pronunciemos, como parecer sugerir el Ministerio Fiscal, sobre si presenta o no relevancia pública la divulgación de las identidades de las personas que en el curso de una investigación policial resulten descartadas como sospechosas, cuando anteriormente no hubieran sido relacionadas con la investigación.
La información publicada en el artículo controvertido sobre don Gaudencio Inocencio L. P. tenía por objeto y finalidad, como revela su lectura, comunicar a la opinión pública, en el marco de las investigaciones policiales llevadas a cabo para determinar la identidad del individuo que había matado a los dos tripulantes del ferry, que había sido una de las tres personas en las que se habían centrado inicialmente las pesquisas de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como que los investigadores habían descartado su participación en los hechos. Circunstancia esta última que se resalta ciertamente en la información, relatándose incluso en el texto de la misma los motivos de tal descarte.
Es evidente que en este particular contexto informativo dedicado al demandante en el proceso a quo, en el que se descarta su participación en los hechos delictivos investigados, la divulgación referida a sus antecedentes penales por una violación acaecida hace doce años y por la imposición temporalmente indeterminada de una pena de arresto menor resulta, en el momento de elaborarse la noticia, enteramente ajena y absolutamente irrelevante al contenido del mensaje que se quiso trasmitir a la opinión pública. Lo narrado sobre dichos antecedentes penales nada tiene que ver con los sucesos en los que pudo verse implicado o afectado don Gaudencio Inocencio L. P. en una fase inicial de las investigaciones policiales, y su conexión con los mismos deviene puramente irrelevante, máxime si se tiene en cuenta la honda afectación que la divulgación de tales datos habría de suponer para el honor y la consideración social de la persona afectada.
Los demandantes de amparo alegan en defensa de la relevancia pública y social de la divulgación de los supuestos antecedentes penales de don Gaudencio Inocencio L. P. que con ella se perseguía la finalidad de explicar al lector el por qué la policía lo había inicialmente investigado. Mas también desde la perspectiva que ofrecen ahora los recurrentes en amparo se desprende palmariamente de la información publicada la irrelevancia de la difusión de aquellos antecedentes, ya que en ningún momento se conectan con el hecho de que, entre otras personas, se centrasen en aquél en un principio las pesquisas policiales en razón precisamente de esos supuestos antecedentes penales, ni en la noticia se aportan datos sobre tal conexión, siendo, por el contrario, su condición de indigente y sus características personales, supuestamente comunes a las del autor de las muertes a bordo del ferry, el motivo por el que fue inicialmente una de las personas investigadas, como se desprende tanto del titular de la información dedicado al demandado en el proceso a quo como del texto de la noticia.
Así pues, la divulgación de los supuestos antecedentes penales de don Gaudencio Inocencio L. P. no participa, como ha apreciado la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de la relevancia pública y social que sería predicable del resto de la información publicada, por lo que, en el extremo cuestionado, carece ésta también del segundo de los requisitos para que en este caso el ejercicio del derecho a la información, en relación con aquella divulgación, pueda encontrar cobertura en el art. 20.1 d) CE.
En definitiva, la noticia publicada por el "Diario Las Palmas", en los extremos cuestionados en este proceso de amparo, no se encuentra amparada en el ejercicio del derecho a la libertad de información al no poder calificarse de veraz y carecer de relevancia e interés público.
STC 68/2008, 23 de Junio de 2008
STS 927/2011, 22 de Diciembre de 2011 (Derecho al honor, Libertad de información, Ausencia de veracidad)
SAN, 18 de Julio de 2011
STS, 20 de Diciembre de 1988
SAP Baleares 91/2015, 1 de Septiembre de 2015
AAP Santa Cruz de Tenerife 333/2009, 10 de Noviembre de 2009
Resolución nº S/0411/12, de June 4, 2013, de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
e contrario
 resolución 

Resolución