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Timestamp: 2015-04-26 13:00:14+00:00

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Nuestra intención es constituir un aporte al conocimiento del Derecho de Familia y sus nuevas tendencias, en un mundo cada vez más cambiante, abriendo un espacio de información legal, jurisprudencial y doctrinaria, que lo acerque al lector de manera sencilla y oportuna.
PODER EJECUTIVO DE CHILE PROMULGÓ ACUERDO DE UNIÓN CIVIL Y QUEDÓ LISTO PARA SU PUBLICACIÓN
Acaba de dictarse por el Tribunal Constitucional la resolución relativa al control obligatorio de constitucionalidad del proyecto de ley acerca del llamado “Acuerdo de Unión Civil”, en la que, con prevenciones de algunos ministros, declaró que el art. 22 y los numerales i), ii), iii), v) y vi) del art. 35 del proyecto de ley son normas orgánicas y constitucionales; que en lo demás del art. 35 no emite pronunciamiento por no versar sobre materias propias de ley orgánica constitucional; y que no se emitirá pronunciamiento respecto de la reserva de constitucionalidad planteada en el Senado, por las razones que allí señala.
Asimismo, el Ejecutivo acaba de promulgar dicho proyecto, con lo que éste se encuentra en condiciones de ser publicado en el Diario Oficial.
Acerca de los aspectos sustantivos del Acuerdo de Unión Civil recientemente aprobado, reproducimos íntegramente un interesante artículo acerca de este tema de Ximena Gauché Marchetti, profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y Directora del Programa Interdisciplinario sobre Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia.
Debemos, por último, puntualizar que a continuación del indicado artículo, se incluyen enlaces que contienen el Informe de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados pasado a Sala, que refleja parte del iter del proyecto en su génesis en el Congreso; el Proyecto del Acuerdo de Unión Civil, tal como fue aprobado en el Congreso cuando fue enviado al Tribunal Constitucional; y finalmente, el texto completo de la resolución del Tribunal Constitucional que se pronunció sobre el referido proyecto.
"El 28 de enero de este año será un día histórico para el país. Hemos dado un gran paso legislativo al aprobar el proyecto de ley que crea el ahora llamado “Acuerdo de Unión Civil” (antes “Acuerdo de Vida en Pareja” y efímeramente “Pacto de Unión Civil”), lo que nos acerca a aquellos países que desde hace décadas han ido dejando atrás legislaciones que en sí mismas, sea de manera directa o por resultado, establecían discriminaciones entre los seres humanos.
No obstante la buena nueva que significa para Chile –aunque aun faltan algunas etapas para que vea la luz como ley de la República- no hay que perder de vista que tiene algunas deficiencias y ausencias.
Una de estas ausencias –y tal vez la más notoria– es la falta de regulación expresa de la situación filiativa de los niños, niñas y adolescentes que viven con dos padres o dos madres actualmente respecto de ambos; la de aquellas parejas formadas por personas del mismo sexo que cuidan ya al hijo o hija de una de ellas y que sólo es reconocido legalmente como hijo o hija de uno, y la de parejas del mismo sexo que aspiran a adoptar de forma conjunta.
Su futuro de adultos en un Chile más justo e igualitario depende de nosotros."
AUC APROBADO EN CONGRESO
RESOLUCIÓN TC SOBRE CONTROL CONSTITUCIONALIDAD
INFORME COMISIÓN HACIENDA CÁMARA PROYECTO PASADO A SALA
Fuentes: Cámara de Diputados de Chile, Congreso Nacional de Chile, Tribunal Constitucional de Chile y Revista "Panorama" de la Universidad de Concepción.
CÁMARA DE DIPUTADOS DE CHILE APROBÓ CON MODIFICACIONES PROYECTO DE PACTO DE UNIÓN CIVIL Y LO ENVÍA AL SENADO DE LA REPÚBLICA
La iniciativa, que será analizada por el Senado
en tercer trámite, regulará los efectos jurídicos de la vida afectiva en común
entre convivientes, incluidas personas del mismo sexo, quienes adquirirán el
estado de pareja civil.
El texto legal, aprobado con cambios respecto de
lo que se había establecido en el Senado en su primer trámite constitucional,
establece que el Pacto de Unión Civil se celebrará en el Registro Civil, y lo
podrán suscribir personas mayores de edad que no posean vínculo matrimonial no
disuelto u otro pacto aún vigente. Los contrayentes de este acuerdo adquirirán el
estado civil de conviviente civil y podrán conformar una comunidad de bienes.
Además tendrán la categoría de herederos y podrán concurrir a los derechos de
sucesión en condiciones similares a las establecidas para el cónyuge
En materia de derechos previsionales, el
conviviente civil será beneficiario de pensión de sobrevivencia si el Pacto de
Unión Civil tiene una antigüedad mayor a un año del momento del fallecimiento y
se encuentra vigente.
Debido a que este acuerdo establece un
parentesco por afinidad, se les hacen aplicables normas sobre prohibiciones e
inhabilidades que estén vigentes en diversos cuerpos legales, como por ejemplo las
implicancias contenidas en el Código Orgánico de Tribunales.
El texto aprobado también entrega reconocimiento
legal en Chile a los matrimonios igualitarios celebrados en el extranjero, a
los cuales les serán aplicables los efectos del Pacto de Unión Civil.
En la votación se rechazó tanto la propuesta de
la Cámara como la del Senado respecto a la disolución del Pacto de Unión Civil,
por lo que esta norma será enviada a Comisión Mixta para una redacción
concordada entre ambas Cámaras.
Respecto a los hijos, el texto permite al juez,
en el caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, confiar el cuidado
personal de los hijos a otra persona o personas competentes, como cónyuge,
conviviente civil, o pariente por consanguinidad, velando primordialmente por
el interés superior del niño o niña.
INFORME COMISIÓN DE HACIENDA CÁMARA SOBRE PROYECTO DE LEY, PASADO A SALA EL 20 ENERO 2015
CORTE SUPREMA DE CHILE INFORMÓ FAVORABLEMENTE PROYECTO DE LEY QUE CREA ACUERDO DE VIDA EN PAREJA, AHORA DENOMINADO PACTO DE UNIÓN CIVIL
El viernes 16 de enero recién pasado, la Corte Suprema acordó remitir al
presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara
de Diputados oficio informando favorablemente el proyecto de ley que crea el
Acuerdo de Vida en Pareja.
El pleno del máximo tribunal, tras tomar conocimiento de los contenidos
del proyecto, que introduce modificaciones a la iniciativa legal que crea el
denominado AVP, recuerda que en tres oportunidades ha informado sobre la
materia y en otras tres, sobre proyectos similares.
Sobre la nueva redacción del artículo 21 del proyecto, que otorga el
conocimiento de "los asuntos que se susciten entre los convivientes civiles
derivados del pacto de unión civil y su terminación, al juez con competencia en
Materia civil", la Corte Suprema sostiene: "Que llama la atención que
el nuevo artículo 21 vuelva a los términos originales en que estaba redactada
la norma en cuestión tras una indicación. En efecto, en una oportunidad
anterior, que en su oportunidad fue objeto de observaciones de parte de esta
Corte, se establecía que ‘deberá conocer de los asuntos a que dé lugar el
acuerdo de vida en pareja el juez de familia competente".
Fórmula que mutó en una versión posterior, entregando la
competencia "para conocer esta clases de asuntos al juez con competencia
en materia de familia y al juez de letras en lo civil". Cambio que fue
considerado como positivo, en su oportunidad, por la Corte Suprema. El máximo
tribunal consideró que dicha redacción "(…) permitía comprender aquellos
asuntos que, aunque enmarcados en la dinámica de la vida en pareja, fueren de
conocimiento propio de los juzgados civiles", en casos que corresponda a
materias relacionadas con la vocación sucesoria de los convivientes, la
comunidad de bienes y la acción de perjuicios, entre otras.
En este sentido, la Corte advierte "que la norma en comento, en los
términos actuales, pone un manto de confusión en la distribución de las
competencias de los tribunales para conocer de estos asuntos, pues hay
cuestiones de índole patrimonial que, aunque se deriven del pacto de unión
civil, debieran ser entregadas al conocimiento de los juzgados civiles".
Asimismo, sobre el artículo 26 de la iniciativa legal, que hace
aplicable a las partes de un pacto de unión civil la compensación económica,
que actualmente corresponde a los cónyuges en los casos de divorcio o nulidad
del matrimonio, el pleno del máximo tribunal señala que "no se vislumbran
problemas jurídicos con esta norma, porque hace extensible un derecho a
una situación equivalente materialmente a la de los cónyuges, en la que, en pos
de la vida en común, uno de los convivientes se sacrifica en su vida laboral,
sufriendo un menoscabo, el que resultaría compensado con la iniciativa".
TEXTO DE OFICIO DE CORTE SUPREMA RELATIVO AL PROYECTO DE LEY N°2-2015, SOBRE UNIÓN DE VIDA EN PAREJA
CORTE SUPREMA ENVÍA AL SENADO INFORME REQUERIDO SOBRE PROYECTO DE LEY EN TRAMITACIÓN QUE INCORPORA MONITOREO TELEMÁTICO COMO MEDIDA CAUTELAR EN CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
La Corte Suprema remitió al Senado su opinión respecto del proyecto de
ley que modifica las leyes Nº 19.968 y Nº 20.066 y que
pretende establecer un sistema de monitoreo telemático, en las medidas
cautelares que se pueden adoptar en la causas de violencia intrafamiliar.
El informe –que fue aprobado por el pleno del máximo tribunal, el
viernes 5 de diciembre pasado, y enviado al Senado el jueves 11– contiene una
serie de consideraciones respecto de la iniciativa que se encuentra,
actualmente, en discusión en la Cámara Alta.
El máximo tribunal considera que la modificación propuesta resulta
innecesaria, debido a que las medidas vigentes son suficientes para cautelar la
seguridad de las víctimas de violencia intrafamiliar.
"La modificación propuesta resulta innecesaria, ya que el actual
marco legal de protección hacia las víctimas de violencia intrafamiliar parece
ser adecuado y suficiente, no advirtiéndose dificultades en cuanto a la mayor o
menor amplitud de las actuales facultades de jueces de familia, sino más bien
en cuestiones que dicen relación con la coordinación y seguimiento de las
medidas adoptadas, así como también –según se señala en los mismos fundamentos
de la iniciativa legal– en la adecuación de las medidas cautelares al caso
concreto, la falta de asistencia letrada y lo fragmentario de los partes
policiales y las denuncias interpuestas ante los tribunales, como asimismo
respecto a la falta de mecanismos de control eficiente de las mismas. Sin
perjuicio de lo anterior, por aplicación de principio de especialidad, y siendo
las normas del procedimiento sobre violencia intrafamiliar las que tienen
preeminencia respecto de aquellas que regulan el procedimiento ordinario, se
estima que de aprobarse dicha modificación ésta debiera incorporarse al párrafo
referido al procedimiento especial sobre violencia intrafamiliar y
particularmente en el artículo 92, que regula específicamente la materia",
sostiene el informe.
Además, el máximo tribunal considera que se requiere un mayor análisis
para incorporar el sistema de monitoreo telemático, debido a que el proyecto
sólo lo contempla para casos de violencia intrafamiliar que se tramitan en
juzgados de Familia, y no para procedimientos que se sigan ante los juzgados de
"Se advierte que el proyecto solo considera el uso de este
mecanismo para el control de medidas cautelares y no de las medidas accesorias
que se imponen en la sentencia –lo que resulta bastante inexplicable– y, por
otra parte, solo respecto de las medidas cautelares en materia de familia y no
en el ámbito penal, sede que también tiene competencia en materia de violencia
intrafamiliar –sea porque conoce del delito de maltrato habitual tipificado en
la Ley Nº 20.066, o por otros delitos comunes como lesiones o amenazas,
en contexto de violencia intrafamiliar– por lo que se requiere un mayor
análisis, a fin de hacerlo armónico con el resto del ordenamiento. Por su
parte y en cuanto a la factibilidad, se estima prudente considerar, tras
un razonable periodo de funcionamiento, la eficiencia y los problemas que
evidencie el actual sistema de monitoreo telemático aplicable sólo en sede de
ejecución penal, tanto en cuanto a los aspectos orgánicos de su diseño como por
la operatividad del mismo. Sólo a partir de ello, se aprecia posible
proyectar el nivel de éxito de una reforma como la propuesta.
Además, resulta imprescindible también reflexionar sobre el órgano que tendría
a su cargo la administración del sistema de monitoreo, en tanto se pretende
aplicarlo a fases anteriores a la dictación de la sentencia. Ello, pues en la
actualidad, conforme al sistema establecido por la Ley Nº 20.603, resulta
lógica su radicación en Gendarmería, como ente a cargo de la ejecución de las
penas, cuestión que amerita ser evaluada en los casos en que ella pretender ser
aplicada en el procedimiento judicial respectivo como medida cautelar",
Se ofrece a continuación el texto completo del Informe de la Corte
Suprema, junto al tenor original del Proyecto de ley en que incide.
INFORME CORTE SUPREMA SOBRE PROYECTO DE LEY
PROYECTO DE LEY MONITOREO TELEMÁTICO
Fuente: Senado de la República de Chile y Portal del Poder Judicial de Chile.
CUARTA SALA DE LA CORTE SUPREMA DE CHILE: INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO COMO CRITERIO PARA DEFINIR EL CUIDADO PERSONAL DE NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE
A propósito de la impugnación efectuada por el
demandante de la sentencia confirmatoria de segunda instancia de la Corte de
Apelaciones de Arica, vía recurso de casación en el fondo, el Máximo Tribunal
conoció de causa en que se ventiló el cuidado personal de la niña de autos.
En primer término, la Corte advirtió que el
recurrente “... no desarrolló argumento alguno que permita conocer la manera en que se produce la infracción de las normas que sustentan su recurso de casación... sin
precisar a qué principios que informan la sana crítica alude y cómo se habría
cometido dicha vulneración.”
Agrega la sentencia que “… lo realmente controvertido por el recurrente es la valoración que los
jueces de la instancia efectuaron de la prueba… labor que como reiteradamente
ha sostenido esta Corte corresponde a una facultad exclusiva de los jueces del
grado y, que sólo puede ser modificada en el evento que se constate una
verdadera vulneración a los principios que informan la sana crítica, lo que en
la especie no ocurrió…”
Se agrega por la Corte que “el fallo impugnado concluye que si bien ambos padres son aptos para
ejercer el cuidado personal de su hija, atendido a que han actuado en forma complementaria
a su bienestar, la disputa de autos deberá ser resuelta sobre la base del
interés superior del niño, el que conforme lo concretaron los jueces de la
instancia, se tradujo en resguardar la estabilidad emocional y el entorno
social donde se ha desarrollado hasta ahora la vida de … (la menor) … esto es, junto a su madre con quien siempre ha vivido, por lo que
estimaron que el cuidado de aquella debía permanecer en la demandada de autos.”
SENTENCIA CUARTA SALA CORTE SUPREMA CUIDADO PERSONAL
Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile y Diario Judicial de Chile.
PODER JUDICIAL DE CHILE Y SERVICIO NACIONAL DE MENORES FIRMAN ACUERDO PARA CREAR BASE DE DATOS UNIFICADA DE MENORES BAJO MEDIDAS DE PROTECCIÓN
El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz; el ministro de
Justicia, José Antonio Gómez; la ministra del Máximo Tribunal a cargo de los
temas de familia, Rosa María Maggi, y la directora del Servicio Nacional de
Menores, Marcela Labraña, firmaron un acuerdo de cooperación que tiene por
objeto regular formalmente la información y seguimiento de niños, niñas y
adolescentes que se encuentran bajo alguna medida de protección dictada por
El convenio permitirá unificar la
información contenida en los sistemas informáticos del Sename y de los Juzgados
de Familia de menores ingresados en residencias dependientes del Servicio
Nacional de Menores, a cargo de familias de acogida y aquellos que están
sujetos a programas de intervención ambulatoria por resolución judicial.
En la práctica, el convenio generará una información en línea sobre:
1.- Formulario individual: información actualizada de los niños,
niñas y adolescentes, que se encuentren ingresados en una residencia del Sename
o de sus colaboradores, o en una residencia privada, tales como la relativa a
su escolaridad, situación procesal ante la judicatura, su salud, el plan de intervención
individual y su situación familiar, entre otras.
2.- Formulario de residencia: recopila información integral
respecto de condiciones de infraestructura, personal, situación procesal de la
población, antecedentes generales, gestión y calidad de vida de los niños,
niñas y adolescentes ingresados a la residencia respectiva.
3.- Formulario de familia de acogida especializada: información
actualizada de los niños, niñas y adolescentes, que se encuentren a cargo de
una familia de acogida, reflejando las condiciones de vida del niño y de sus
guardadores, ya sea en línea de familia extensa o no vincular.
4.- Formulario de proyecto ambulatorio: antecedentes de niños,
niñas o adolescentes, derivados a diferentes programas de intervención
ambulatoria, respecto del estado del proceso de ingreso o lista de espera en la
atención, y los resultados de la intervención una vez realizada.
Entre los compromisos adquiridos con la firma del acuerdo, el Sename
pondrá a disposición del Poder Judicial, a través de transferencia electrónica
de datos y con un plazo de un día hábil, la información que se requiera para
llenar los formularios, antecedentes que deberán estar en línea en los sistemas
informáticos de ambas instituciones. Asimismo, el servicio deberá responder -en
un plazo de treinta días- las observaciones que realicen los magistrados tras
visitar las residencias, e informará al magistrado que lo solicite el lugar
donde será ingresado el niño, niña o adolescente, sea un centro de
administración directa o residencia de instituciones colaboradoras.
Asimismo, el Sename pondrá a disposición de los tribunales de Familia un
"call center," y una casilla de correo electrónico única, las que
entregarán información en tiempo real sobre, entre otros, los centros de
residencias apropiados para responder a situaciones particulares y disposición
LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA DECLARÓ CONSTITUCIONALES DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL, EN CUANTO LA PUNIBILIDAD REDUCIDA QUE ALLÍ SE ESTABLECE PARA LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y ABANDONO DE MENORES EN PARTICULARES CIRCUNSTANCIAS NO VULNERA EL DERECHO A LA IGUALDAD NI IMPLICA DESPROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA O DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR
En interesante fallo, la Corte Constitucional de Colombia declaró la
exequibilidad de normas penales que, atendidas sus particulares circunstancias,
disponen una pena menor en ciertos y determinados casos.
A continuación, el texto del Comunicado de la referida Corte refiriéndose
a este caso, y luego, el tenor completo de dicha decisión.
Comunicado No. 44. Corte Constitucional. Noviembre 5 de 2014
VI. EXPEDIENTE D-10.171 - SENTENCIA C-829/14
ARTICULO 108. MUERTE DE HIJO FRUTO DE ACCESO CARNAL VIOLENTO, ABUSIVO, O
DE INSEMINACION ARTIFICIAL O TRANSFERENCIA DE OVULO FECUNDADO NO CONSENTIDAS. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a
partir del 1° de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el
siguiente:> La madre que durante el nacimiento o dentro de los ocho (8) días
siguientes matare a su hijo, fruto de acceso carnal o acto sexual sin
consentimiento, o abusivo, o de inseminación artificial o transferencia de
óvulo fecundado no consentidas, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a
ciento ocho (108) meses.
ARTICULO 128. ABANDONO DE HIJO FRUTO DE ACCESO CARNAL VIOLENTO, ABUSIVO,
O DE INSEMINACION ARTIFICIAL O TRANSFERENCIA DE OVULO FECUNDADO NO CONSENTIDAS. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir
del 1° de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:>
La madre que dentro de los ocho (8) días siguientes al nacimiento abandone a su
hijo fruto de acceso o acto sexual sin consentimiento, abusivo, o de
inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas,
incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses.
en los términos de esta sentencia y por los cargos analizados, los artículos
108 y 128 de la Ley 599 de 2000, modificados por el artículo 14 de la Ley 890
3. Fundamentos de esta decisión En este caso la Corte resolvió sobre una demanda en la
que se afirmaba que la penalización comparativamente menor de la muerte o
abandono de un recién nacido en las circunstancias previstas en estos tipos
penales resulta contraria a la Constitución, en cuanto vulnera el principio de
igualdad, desprotege el derecho a la vida de los niños que fueron concebidos
como consecuencia de tales situaciones, y desconoce el principio del interés
superior del menor, al anteponer las circunstancias personales de la madre que
le agrede, dejando en segundo plano la protección de la vida del niño.
En primer lugar, la Corte determinó que no existía un
efecto de cosa juzgada material derivado de la sentencia C-013 de 1997, que
impidiera tomar una decisión de fondo en el presente caso. La Sala llegó a esta
conclusión al considerar que, pese a la similitud y cercanía, tanto de los
tipos penales analizados en cada caso, como de los cargos que contra ellos se
adujeron, no existe verdadera identidad en ninguna de tales situaciones. En
adición a ello, señaló la Corte que las consideraciones de ese fallo anterior
estuvieron fuertemente marcadas por el hecho de haberse demandado también los
tipos penales relacionados con el aborto, lo que no ocurre en el presente caso.
Seguidamente, para decidir sobre lo planteado, la
Corte consideró: i) la autonomía del legislador en el ejercicio de la potestad
punitiva del Estado y sus límites constitucionales; ii) la incidencia del
principio de igualdad en el ejercicio de la potestad legislativa en materia
penal; iii) la incidencia del principio de culpabilidad del autor como
parámetro o criterio para la tipificación de los delitos y el señalamiento de
las penas; iv) el principio de proporcionalidad como criterio orientador de la
potestad punitiva estatal; v) los alcances del principio sobre interés superior
del menor y su trascendencia en el caso planteado.
A partir de estos criterios, la Corte abordó el análisis
de los cargos de la demanda encontrando que: i) la menor punibilidad de los
tipos penales demandados no implica violación del principio y el derecho a la
igualdad, pues la situación regulada atiende a las circunstancias de particular
vulnerabilidad emocional de la madre que lleva a cabo la conducta, quien
previamente ha sido también víctima de una grave agresión catalogada como
delito, a partir de lo cual su situación no resulta comparable con la de una
madre que ha dado a luz un hijo después de un embarazo pacífico y deseado, o al
menos consentido; ii) por las mismas razones, no puede hablarse de atentado ni
desprotección del derecho a la vida de la criatura concebida en tan extremas
circunstancias, pues el legislador ciertamente reprocha la conducta de la
madre, en cuanto lesiona altos intereses y valores jurídicos, aunque por las ya
anotadas razones de desigualdad fáctica, lo hace mediante el anuncio e
imposición de una pena más benigna que la que de no concurrir tales
circunstancias sería aplicable; iii) tampoco se desvanece ni invalida el
principio sobre interés superior del menor, por cuanto, se insiste, el
legislador sí desaprueba y reprocha la conducta que atenta contra los derechos
de aquél, y la menor punibilidad no obedece a ninguna situación atribuible al
niño, sino a las graves circunstancias que afectan a la madre, pues además el
referido principio implica prioridad o preferencia sobre los derechos de las
demás personas, pero no su negación o anulación, que es a lo que llevaría el
desatender la particular situación de la madre.
A partir de estas reflexiones, la Corte decidió
declarar exequibles los preceptos acusados.
Los Magistrados Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub y Luis Guillermo Guerrero Pérez salvaron su voto
respecto de esta decisión, al considerar que las dos normas demandadas han
debido ser declaradas inexequibles.
El Magistrado Pretelt
Chaljub consideró que los artículos 108 y 128 del Código Penal vulneran de
manera muy grave la dignidad humana, el principio de proporcionalidad y el derecho
a la igualdad de los menores por las siguientes razones:
En primer lugar, estas normas desconocen gravemente la dignidad humana, al no proteger la vida y tratarla como un mero objeto, permitiendo que
se aplique una pena muy baja por el asesinato o abandono cometidos contra una
víctima absolutamente indefensa, situación que estimula que se lleven a cabo
todos los meses actos abominables como dejar a menores en las calles o incluso
en basureros como si se tratara de cosas. Lo anterior, se agrava si se tiene en
cuenta que progresivamente se viene limitando la protección de la vida humana y
ampliando la protección de los animales: (i) en las sentencias C-475 de 2003 y
C-981 de 2010 se exigió la erradicación de los vehículos de tracción animal,
(ii) la sentencia C-889 de 2012 estableció numerosos deberes de protección de
los animales, (iii) la sentencia C-666 de 2010 señaló el estatuto de la protección
animal. Por lo anterior, resulta paradójico que cada vez más la Corte pretenda ampliar
la protección de otros seres vivos y restrinja la tutela de la vida humana.
En segundo lugar, estos delitos prevén una pena claramente
desproporcionada, pues la pena aplicable bajo las reglas
generales sería la del homicidio agravado que es más de 6 veces más alta que la
del infanticidio. En Colombia, en virtud de las reglas generales contempladas
en el Código Penal, el asesinato del hijo mejor de edad es un homicidio
agravado por dos circunstancias, el parentesco y la indefensión, por lo cual le
correspondería una pena de 25 a 40 años de prisión. Por su parte, las normas demandadas
plantean solamente una pena de 4 a 6 años pese a que en este caso, el asesinado
es un niño absolutamente indefenso y además es atacado por su propia madre. De
esta manera, existe una diferencia de más de 6 veces entre las penas aplicables
respecto del delito aplicable (homicidio agravado) y las contempladas para el
infanticidio, sin que exista una justificación para esta situación.
En tercer lugar, el delito de infanticidio vulnera el derecho a la
igualdad del menor que nació como fruto de un acceso carnal violento o de una inseminación
artificial no consentida, pues lo protege menos que a otros
menores por el solo hecho de que su madre haya sido objeto de estas
circunstancias. En este sentido, la atenuación de la pena se funda
exclusivamente en que el sujeto pasivo es fruto de acceso carnal violento,
abusivo o inseminación artificial no consentida y no en una demostrada
afectación de la culpabilidad de la madre.
En cuarto lugar, como desarrollo de estas serias críticas que se han
formulado en todo el mundo frente al infanticidio, en la actualidad el derecho
penal reconoce que es un tipo penal arcaico e irracional que se ha eliminado en
casi todos los países del mundo por vulnerar los principios básicos del Estado
Social de Derecho. La primera codificación europea moderna
que contempló el infanticidio fue el Código Penal Español de 1822, cuyo
desafortunado objetivo era ocultar la deshonra de la mujer. Semejante
motivación fue posteriormente calificada como absurda y por ello este tipo
penal fue derogado en el Código Penal español de 1995. En Alemania el Código
Penal de 1871 también reguló el infanticidio en su artículo 217, pero esta
norma fue derogada a través de la Gran Reforma Penal del año 1969 (StRG). En
Argentina este tipo penal estaba contemplado en el artículo 81 del Código
Penal, el cual fue derogado a través de la Ley 24.410, pues fue considerado
como un rezago de codificaciones antiguas que atenta gravemente contra la
Todos los anteriores argumentos son aplicables también a la atenuación
del delito de abandono de menores por motivos de acceso carnal violento, inseminación
artificial no consentida o acceso carnal abusivo, pues nada justifica que se disminuya automáticamente la protección de
estos menores por este tipo penal a través de una pena aún menor que la del
infanticidio, pues la ley penal sanciona con una pena de solo 1 a 3 años actos
tan abominables y deleznables de la dignidad humana como dejar a un niño
abandonado en la calle. Finalmente expresó que la Corte Constitucional se ha preocupado de
manera frecuente en los últimos 10 años por la mujer que desea interrumpir su embarazo,
pero increíblemente ha descuidado a aquella que valientemente decide dar a luz,
por lo cual era el momento para que la Corte reconociera los derechos de las
miles de mujeres que a pesar de estar en estas circunstancias deciden tener a sus hijos. Por lo anterior consideró que una mujer que se encuentre en estas situaciones debe recibir
atención y asesoría psicológica inmediata desde su embarazo, además el Estado
debería correr con todos los gastos del parto y garantizar desde un comienzo
que si la madre desea dejar al menor en adopción lo pueda hacer de manera ágil
Por su parte, el magistrado Guerrero Pérez salvo el voto por estimar que aunque la circunstancia
de que la mujer que provoca la muerte o abandona a su hijo haya sido objeto de
un acto violento justifica una disminución punitiva, los términos en que se concretó
esta medida no se ajusta a los estándares constitucionales. En este sentido, el
magistrado consideró, en primer lugar, que la aproximación de la Sala Plena al
debate planteado en el proceso es claramente inadecuada, y en segundo lugar,
que decisión adoptada por esta Corporación no es consistente con los
imperativos constitucionales.
En cuanto al primero de estos asuntos, Guerrero Pérez sostuvo que los planteamientos
en que se sustentó la declaratoria de exequibilidad son inapropiados, al menos
en dos sentidos: (i) Por una parte, lo que este tribunal debía establecer no
era si en general se justifica una disminución punitiva por los delitos
cometidos en condiciones de grave afectación emocional, ni si en abstracto, la
muerte o el abandono de los hijos recién nacidos que son el resultado de actos
lesivos de la dignidad humana, amerita una reducción punitiva. Estos
interrogantes teóricos, por lo demás ya resueltos en la propia legislación
penal, no eran el objeto del debate constitucional; la controversia jurídica,
por el contrario, se refería a si la disminución punitiva, en los términos del
artículos 108 y 128 del Código Penal, es compatible con la preceptiva
constitucional, y este problema no fue abordado por esta Corporación; (ii) Y
por otra parte, la decisión de exequibilidad se sustentó en un supuesto que no
tiene referente normativo; en efecto, la Sala Plena consideró que la existencia
de los tipos especiales objeto de la demanda se justificaban en razón de la
grave afectación de la situación emocional de la mujer que da muerte o abandona a su hijo; no obstante, los tipos
penales establecen la disminución punitiva, no en razón de este elemento
subjetivo; así pues, dado que la afectación anímica no es un elemento
constitutivo del tipo, mal puede asentarse la justificación de los referidos
hechos punibles en tal elemento.
Con respecto al contenido de la decisión de
exequibilidad, el magistrado Guerrero
Pérez consideró que los términos en que fue prevista la disminución
punitiva son incompatibles con la preceptiva constitucional, por las siguientes
razones: (i) la reducción en la sanción atiende única y exclusivamente a las
circunstancias adversas de la mujer cuyo hijo es el resultado de un acto
violento, más no a otros factores constitucionalmente relevantes y cuya
consideración resultaba imperativa a la luz del ordenamiento superior, como la
vida de un ser que se encuentra en circunstancias de manifiesta debilidad; (ii)
como consecuencia de lo anterior, la sanción imponible a estos delitos resulta
claramente desproporcionada, porque termina por no guardar ninguna correspondencia
con la gravedad de la infracción, ni con los bienes jurídicos que son
amenazados y vulnerados con la realización de la conducta típica, cuando por
otro lado, el ordenamiento superior tiene como uno de sus principios fundantes
el reconocimiento del valor de la vida especialmente de la vida humana, y de
los seres humanos que se encuentran en situación de total indefensión como los
recién nacidos; (iii) pese a que la legislación penal nominalmente contempla
como delitos las conductas previstas en los artículos 108 y 128 del Código
Penal, la disminución punitiva es tan drástica que termina por convertir estas penas
en una sanción simbólica; (iv) finalmente, dado que las penas son tan bajas,
las conductas respectivas son objeto de una amplia gama de beneficios penales,
que refuerzan el valor meramente simbólico de la prohibición penal; esto,
teniendo en cuenta que tales beneficios se condicionan a la reparación integral
de la víctima, y en este caso no habría lugar a tal reparación porque la vida
de la única víctima ha sido suprimida mediante la comisión del ilícito, o a la
cuantía de la pena, que como se ya afirmó, es sustancialmente baja.
En los términos anotados, el Magistrado Guerrero Pérez se apartó tanto del contenido
de la decisión, como de sus fundamentos.
TEXTO ÍNTEGRO SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIA
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References: resolución 
 resolución 

RESOLUCIÓN 
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 26
 artículo 92
 resolución 
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 217
 artículo 81