Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-432358194
Timestamp: 2020-07-02 16:34:54+00:00

Document:
Sentencia de Tutela nº 117/13 de Corte Constitucional, 7 de Marzo de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 432358194
Debido proceso, derechos de los niños. Tutela contra providencia judicial. En este asunto el fiscal sexto seccional caivas de pereira, coadyuvado por la defensora de familia centro zonal pereira caivas y la representante legal de una menor de edad que presuntamente fue víctima del delito de acto sexual por parte de un tío, presentan la acción de tutela en contra de la sala penal del tribunal superior de pereira, alegando que, al confirmar la decisión del juzgado penal del circuito de dosquebradas (risaralda), mediante la cual se negó la entrevista rendida por la precitada menor, bajo el argumento de haberse llevado a cabo sin hacerle la salvedad del artículo 33 de la constitución política, esto es, que “nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”, vulneró derechos fundamentales de la menor. Aduce el fiscal accionante que, con la decisión de excluir la entrevista de la menor se deja sin piso probatorio el proceso penal, impidiendo con ello que se garantice el derecho a la verdad, justicia y reparación de la niña. El tribunal accionado adujo estar frente a una tensión entre dos derechos, de un lado, los derechos de la menor víctima a que el estado investigue los presuntos hechos cometidos en contra de su integridad y, de otro, el interés individual del procesado a que el juicio adelantado en su contra se celebre con las garantías del debido proceso. Se analiza jurisprudencia relacionada con: 1º. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. El defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio allegado al proceso. 3º. El contenido del interés superior del menor en la legislación nacional e internacional. 4º. El alcance y la interpretación del artículo 33 de la constitución política en la jurisprudencia de la corte suprema de justicia sala penal y 5º. La entrevista forense del menor víctima de delitos sexuales. Se concluye que, la autoridad accionada le dio prevalencia absoluta a los derechos del procesado, sin ponderar los intereses de la menor afectada por el supuesto ilícito. Se precisa además que, los conflictos que se presenten en los casos en los cuales se vea comprometido un menor deben resolverse según la regla por infans, principio del cual se apartó la autoridad cuestionada. Se acoge lo establecido por la corte suprema de justicia en cuanto a que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no se pueden entender como derechos exclusivamente formales producto de la pluma del legislador, aislados o clausurados en la conciencia social, pues tales garantías encierran un conjunto de deberes ciudadanos para su observancia y cumplimiento; además, requieren de las autoridades como de los administradores de justicia, un especial e individual cuidado y protección de cara a su cometido fundamental. Se concede la tutela, se dejan sin efectos la decisión judicial acusada y se ordena al juez de primera instancia dentro de la causa penal proferir una nueva providencia en la que se haga una valoración probatoria de la entrevista realizada a la menor, acorde con los estándares constitucionales exigibles de imparcialidad, racionalidad y sana crítica. Se ordena a la defensora de familia del precitado caso realizar las diligencias para amparar a la menor mientras dure el proceso, con las medidas que crea conveniente para la eficaz protección contra toda forma de abuso sexual por parte de su tío si estas continuaron y, garantizar que la niña no conviva en el mismo lugar de dicho familiar.
Sentencia citada en: 121 sentencias, 4 artículos doctrinales
T-117-13 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-117/13
Referencia: expediente T-3484833.
Acción de tutela instaurada por A.G.T.F.S.S.C. de P. contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de P. Sala de Decisión Penal.
Bogotá D.C. siete (7) de marzo de dos mil trece (2013). La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados L.E.V.S., M.V.C.C. y A.J.E., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Nacional y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
Dentro del proceso de revisión del fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal en la acción de tutela interpuesta por A.G.T.F.S.S.C.[1] de P. contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de P. Sala de Decisión Penal.
El pasado mes de abril de 2012, el ciudadano A.G.T., actuando como F.S.S.C. de P., coadyuvado por L.A.M.-Representante de la menor víctima Y.A.G.G. y M.A.D. de Familia Centro Zonal P. Caivas, solicitaron el amparo de los derechos fundamentales de la menor, los cuales fueron presuntamente vulnerados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de P. Sala de Decisión Penal al haber confirmado la decisión del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas Risaralda, que negó la entrevista rendida por la menor Y.A.G.G. dentro del proceso penal por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años con circunstancias de agravación punitiva, por haberse llevado a cabo sin hacerle a la menor la salvedad del artículo 33 de la Constitución Política.
1.1.2. Por consiguiente, dentro de las labores investigativas informó el F.-actor que se entrevistó con la mamá de la menor víctima, AA quien comunicó que desde principios del mes de junio, la menor Y.A.G.G. indicó que le dolía y ardía al orinar y que su tío BB le había metido el pene en la vagina y en la boca.
1.1.3. Posteriormente, se traslado a la menor a la valoración médico legal, en la que se concluyó: la valoración médico legal de la menor no fue fácil, la niña estuvo muy ansiosa muy deprimida con llanto casi incontrolable, al examen genial (sic) se observan genitales extremos femeninos infantiles con himen integro no elástico lo que indica que no ha sido desflorado.[2]
1.1.4. Agregó el accionante que el 24 de junio de 2011, la Defensora de Familia, M.A.Z. en presencia de AA madre de la menor y un investigador de la Sijin, entrevistó[3] a Y.A.G.G. con el fin de que la entrevistada relatará lo sucedió con su tío y además analizar el posible impacto en su salud mental.
1.1.5. En consecuencia, el 7 de julio de 2011 se captura a BB y se le imputan de cargos por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años y por consiguiente se expide medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión.
1.1.6. El 5 de marzo de 2012 agregó el F. que se dio inicio a la audiencia de juicio oral[4] ante el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas Risaralda, en la que la F.ía solicitó que se admitiera como prueba de referencia la entrevista rendida por la menor Y.A.G.G. ante la Defensora de Familia, toda vez que la menor y su mamá por las circunstancias del caso abandonaron el país. Sin embargo, la petición fue negada por la J. de conocimiento, por considerar que al momento de rendirse la entrevista la Defensora de Familia, no advirtió a la menor que no estaba obligada a declarar contra su tío de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Constitución Política.
1.1.7. Afirmó el F. que contra la decisión de la J. de conocimiento se interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de P. Sala Penal, quien confirmó la decisión de primera instancia en el mismo sentido.
1.1.8. Asegura el F. que con la decisión de excluir la entrevista de la menor se deja sin piso probatorio el proceso penal, impidiendo que con ello se garantice el derecho a la verdad, justicia y reparación de la niña.
Con fundamento en los hechos narrados anteriormente el ciudadano A.G.T., actuando como F.S.S.C. de P., L.A.M.-Representante de la menor y M. Agudelo-Defensora de Familia Centro Zonal P. Caivas requirieron el amparo de tutela para proteger los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación de la menor Y.A.G.G, los cuales consideraron fueron vulnerados por el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de P. Sala de Decisión Penal y solicitaron:
A.D. medida provisional consistente en suspender la continuación de la audiencia de juicio oral, hasta tanto se resuelva la presente acción de tutela.
Revocar el fallo de la J. Única Penal del Circuito de Dosquebradas P., confirmado por el Tribunal Superior de Risaralda el 26 de marzo de 2012, por medio de la cual se excluyó la entrevista tomada a la menor Y.A.G.G. dentro del juicio en el proceso radicado al número 66001600003520112391, por el delito de ACTO SEXUAL ABUSIVO CON MENOR DE 14 AÑOS CON CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA, en contra del señor BB y en consecuencia, ordenar la admisión de la entrevista realizada a la menor Y.A.G.G.
Asumido el conocimiento de la acción de tutela por parte de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, se ordenó mediante oficio del 13 de abril de 2012, la notificación de la parte accionada, Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas Risaralda y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de P. Sala de Decisión Penal, así como a M.A.Z.D. de Familia Centro Zonal P. Caivas y a L.A.M. representante legal de la víctima.
El Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas Risaralda indicó que en el caso seguido contra BB por la conducta penal de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado, en razón al recurso de apelación interpuesto por el F. Sexto de Caivas se suspendió la audiencia de juicio oral, pero al haberse decidido el recurso se reprogramo nuevamente para el 14 de mayo de 2012.
En particular, el Tribunal accionado concluyó que en esta hipótesis deberían tener más relevancia el derecho del procesado a ser jugado (sic) según las garantías consagradas en el debido proceso, por lo que efectivamente debía excluirse como medio probatorio la entrevista rendida por la ofendida, toda vez que se omitió darle a conocer que no estaba obligada a declarar en contra de su tío.
La Defensora de Familia M.A.Z., sostuvo que en las distintas actuaciones que se lleven a cabo con niños, niñas y adolescentes siempre se debe responder a la premisa fundamental El niño en primer lugar y precisamente dicha premisa fue la que respeto al momento de entrevistar a la menor Y.A.G.G., toda vez que la entrevista se desarrollo en un ambiente de confianza y cordialidad a fin de que la menor relatara con toda tranquilidad la situación de la que fue víctima.
Afirmó que la edad en la que se encontraba la menor al momento de la entrevista (6 años) no le permitía comprender conceptos de alta complejidad como lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución Política y, apoyo su teoría con explicaciones científicas que describen como debe ser la participación de un menor al momento de rendir testimonio en procesos penales. Al respecto mencionó: los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a su edad especifica evidencian características comportamentales, emocionales e intelectuales diferenciales y que no se podría de forma rígida, poco científica y sin sentido humano pretender que los niños y niñas comprendan o interioricen aspectos para los que aún no están preparados. [5]
Por último, señalo que lo trascendental en este proceso es que a la niña le fueron vulnerados sus derechos, afectando su integridad física y psicológica y que los procedimientos adelantados han buscado reparar el daño sufrido y garantizar sus derechos.
· Fotocopia del fallo proferido el 27 de marzo de 2012 por el Tribunal Superior del Distrito de P. Sala de Decisión Penal. (fl. 44-61 del cuaderno principal).
· Fotocopia de la historia clínica decepcionada en urgencias en la que describe la enfermedad actual así: paciente que le manifiesta a la madre que el tío materno la estaba tocando que además le introducía el pene en la vagina en dedo pequeñito, la cogía de las manos y también se los introdujo (sic) en la boca. (fl. 1-2 cuaderno proceso penal).
· Fotocopia de la certificación expedida por la Psicóloga Social, L.A.L.L.. (fl. 21-22 cuaderno de tutela)
1.5.1. Sentencia de única instancia.
Concluyó entonces el alto Tribunal que el actor se vale de la acción de tutela como un mecanismo alternativo o coetáneo a los medios de defensa judicial ordinarios, desconociendo el carácter subsidiario de la primera. Por consiguiente, se negó el amparo.
SEGUNDO.-ORDENAR que por Secretaría General se solicite a A.G.T. en su calidad de F.S.S. de Caivas P.[6] que en el término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente comunicación, informe de manera puntual:
En cumplimiento de lo anterior, el nueve (09) de octubre de de dos mil doce (2012), el F.S.S.C., J.F.S. dio respuesta a los interrogantes planteados por la Sala de Revisión, en los siguientes términos:
En atención a su solicitud contenida en el oficio OPTB-708 de 2012, me permito comunicarle que contra el ciudadano BB se llevó a cabo ante el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, audiciencia de juicio oral durante el día 5 de marzo, fecha en que se apela la decisión del Juzgado al excluir el testimonio de la menor víctima, el 23 de marzo la Sala Penal del Tribunal Superior confirma la decisión del A quo, y el 14 de mayo de 2012 se continua el juicio y se profiere el sentido del fallo absolutorio.
Situación procesal actual. Pendiente de lectura de sentencia, la que estaba programada para el día 10 de octubre próximo, siendo cancelado por el Juzgado.
El ciudadano A.G.T., actuando como F.S.S.C. de P., coadyuvado por L.A.M.-Representante de la menor Y.A.G.G. y M. Agudelo-Defensora de Familia Centro Zonal P. Caivas, interpuso acción de tutela en contra del fallo proferido el veintisiete (27) de marzo dos mil doce (2012) por el Tribunal Superior de P., que confirmó la providencia dictada el cinco (5) de marzo de la misma anualidad por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas Risaralda, al negar la entrevista forense realizada la Defensora de Familia por no haberse realizado la salvedad del artículo 33 de la Constitución Política.
A su vez, indicó que interpuso recurso de apelación en contra de la decisión proferida por el Juzgado, empero lo anterior, fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de P. Sala de Decisión Penal mediante sentencia dictada el 27 de marzo de 2012.
En cumplimiento de lo ordenado por auto del 01 de octubre de 2012 expedido por esta Corporación, el F.S.S.C. de P., J.F.S. dio respuesta a los interrogantes planteados por la Sala de Revisión e informó que contra BB se llevó a cabo el 14 de mayo de 2012 ante el Juzgado Penal del Circuito de Desquebradas Risaralda, audiencia de juicio oral en la que se profirió fallo absolutorio.
En atención a lo expuesto, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si la providencia proferida el veintisiete (27) de marzo de dos mil doce (2012) dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de P. Sala de Decisión Penal incurrió en defectos que vulneraron los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación de la menor Y.A.G.G., al confirmar la decisión dictada por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas Risaralda que negó la incorporación en el proceso penal adelantado en el marco del sistema penal acusatorio (Ley 906 de 2004) la prueba de referencia consistente en la entrevista realizada por la Defensora de Familia a la menor Y.A.G.G.
Ahora bien, la expresión vía de hecho, si bien resultaba ilustrativa de algunos de los eventos que pretende describir, tales como errores burdos o arbitrariedades en las decisiones judiciales, no abarca todos los supuestos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por una parte, y adicionalmente puede entenderse que tiene una connotación de deslegitimación o sindicación peyorativa del juez que profiere la sentencia objeto de una tutela, razón por la cual la jurisprudencia constitucional desde hace algunos años ha sugerido el abandono de la anterior terminología y su sustitución por la expresión causales genéricas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales[8].
2. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el J. actuó al margen del procedimiento establecido.
Este surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Se estructura, entonces, siempre que existan fallas sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias del proceso. Según esta Corporación, el fundamento de la intervención del juez de tutela por deficiencias probatorias en el proceso, radica en que, no obstante las amplias facultades discrecionales con que cuenta el juez del proceso para el análisis del material probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos y racionales.[9]
Ahora bien, la tutela sólo resulta procedente en la medida que el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto[10].
Defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio allegado al proceso (dimensión negativa).
En sentir de la Corte en este caso se produjo una vía de hecho por parte de la juez de menores al momento de evaluar precisamente la prueba pericial, pues claramente la conclusión judicial adoptada con base en ella es contraevidente, es decir, el juez dedujo de ella hechos que, aplicando las reglas de la lógica, la sana crítica y las normas legales pertinentes, no podrían darse por acreditados, como es que la menor sí tenía capacidad para discernir y consentir la relación sexual llevada a cabo en las circunstancias reseñadas por Medicina Legal. Es una valoración defectuosa de una prueba que terminó separando el fallo de lo que realmente aparecía como probado.[17]
La Sala precisa que si bien el respeto a la autonomía judicial hace que se permita que los jueces valoren libremente el acervo probatorio dentro de las normas de la sana crítica, el valor normativo de la Constitución conlleva de manera ineludible a que la valoración probatoria que se aparta de las reglas de la sana crítica, cuando la prueba tiene la capacidad inequívoca de modificar el sentido del fallo[18], haga procedente la acción de tutela contra la providencia judicial respectiva.
Es evidente en el caso objeto de revisión, que la existencia de capacidad para discernir acerca de la aceptación o rechazo de la implicación sexual llevada a cabo, no es un derivado del examen de medicina legal y por consiguiente mal podía concluirlo la juez del proceso. Escindir el dictamen forense, para afirmar que estaban afectadas las funciones de memoria y fijación de la niña, más no las de discernimiento y las motoras, es un arbitrio de la juez que tiene incidencias en la valoración congruente de la prueba pericial, y que en este caso, generó una violación a los intereses superiores de la menor, protegidos constitucionalmente.
El artículo 44 de la Constitución Política dispone que los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los de los demás, aspecto ampliamente desarrollado por esta corporación en numerosa jurisprudencia[22] y consagrado en los artículos 6, 8, 9, 18 y 20 del Código de la Infancia y la Adolescencia Ley 1098 de 2006, manifestaciones nacionales de la extensa doctrina del interés superior del niño[23], fortalecida en el derecho internacional[24].
Al respecto en fallo T-408 de 1995, se precisó que el interés del menor de edad debe ser independiente del criterio arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y protección no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios públicos encargados de protegerlo. Allí mismo se explicó que ello no implica que al momento de determinar cuál es la opción más favorable para un menor en particular, no se puedan tener en cuenta los derechos e intereses de las personas vinculadas con tal menor, en especial los de sus padres. Por el contrario: el interés superior del menor prevalece sobre los intereses de los demás, pero no es de ninguna manera excluyente ni absoluto frente a ellos. El sentido mismo del verbo prevalecer[25] implica, necesariamente, el establecimiento de una relación entre dos o más intereses contrapuestos en casos concretos, entre los cuales uno (el del menor) tiene prioridad en caso de no encontrarse una forma de armonización; por lo mismo, los derechos e intereses conexos de los padres y demás personas relevantes se deben tomar en cuenta en función del interés superior del menor.
De tal manera, el principio de prevalencia del interés superior del menor de edad exige de las autoridades y a los particulares el deber de abstenerse de adoptar decisiones y actuaciones que afecten los derechos del menor, al tener su interés superior un contenido de naturaleza real y relacional[26]. Es obligación entonces del Estado asumir un compromiso que garantice el bienestar físico y espiritual del menor y en consecuencia disponer todas las acciones y medidas a fin de mitigar su situación de debilidad.
¿Qué significa que los niños sean titulares de derechos prevalecientes e intereses superiores? La respuesta únicamente se puede dar desde las circunstancias de cada caso y de cada niño en particular. Esta Corte ha sido enfática al aclarar que el interés superior del menor no constituye un ente abstracto, desprovisto de vínculos con la realidad concreta, sobre el cual se puedan formular reglas generales de aplicación mecánica. Al contrario: el contenido de dicho interés, que es de naturaleza real y relacional,  sólo se puede establecer prestando la debida consideración a las circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de cada menor de edad, que en tanto sujeto digno, debe ser atendido por la familia, la sociedad y el Estado con todo el cuidado que requiere su situación personal.
El artículo 33º de la Constitución Política dispone: nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. De igual manera, el artículo 8° literales a, b y c de la Ley 906 de 2004[28] consagra dicha garantía en la modalidad de principios rectores y garantías procesales.
El artículo 33 de la Constitución Política dispone:
Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil (destaca la Sala).
Por mandato del artículo 228 de la Constitución Política, el derecho sustancial prevalece sobre las formas.
Desde los anteriores puntos de vista, lo realmente importante no es que se cumpla con el requisito de enterar al declarante sobre la facultad que tiene de abstenerse de incriminar al pariente. Lo verdaderamente trascendente es que el testigo no sea obligado a declarar en contra de aquél, tal como lo dispone el artículo 33 de la Carta y lo reiteran los artículos 28 y 267 del Código de Procedimiento Penal (Subrayado y negrilla por fuera del texto).
Al margen de lo anotado, conviene precisar que la omisión de la prevención sobre la excepción al deber de declarar constituye una simple inobservancia que no afecta la validez de la diligencia, pues lo fundamental es que a ninguna persona se le puede obligar a rendir testimonio contra sí mismo o contra sus parientes dentro del grado especificado en el artículo 283 del Código de Procedimiento Penal derogado (hoy artículo 267 de la Ley 600 de 2000), de donde sólo si la persona que se sabe exceptuada de la obligación de testificar es constreñida de algún modo a hacerlo, se viola la garantía y por ende la ilegalidad de la prueba se impondría.
Práctica de testimonios. Los niños, las niñas y los adolescentes podrán ser citados como testigos en los procesos penales que se adelanten contra los adultos. Sus declaraciones solo las podrá tomar el Defensor de Familia con cuestionario enviado previamente por el fiscal o el juez. El defensor sólo formulará las preguntas que no sean contrarias a su interés superior.
A discreción del juez, los testimonios podrán practicarse a través de comunicación de audio video, caso en el cual no será necesaria la presencia física del niño, la niña o el adolescente.
En igual sentido, los artículos 192 y 193[35] del Código de la Infancia y Adolescencia establece los criterios a tener en cuenta cuando los menores de edad sean víctimas de delitos: Procedimientos especiales cuando los niños, las niñas o los adolescentes son victimas de delitos: Pondrá especial atención para que en todas las diligencias en que intervengan niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos se les tenga en cuenta su opinión, su calidad de niños, se les respete su dignidad, intimidad y demás derechos consagrados en esta Ley. Igualmente velará porque no se les estigmatice, ni se les generen nuevos daños con el desarrollo de proceso judicial de los responsables.
3. La Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal ha determinado en relación con el alcance del artículo 33 Superior, que lo realmente importante no es que se cumpla con el requisito de enterar al declarante sobre la facultad que tiene de abstenerse de incriminar al pariente. Lo verdaderamente trascendente es que el testigo no sea obligado a declarar.
A.G.T., actuando como F.S.S.C. de P., coadyuvado por L.A.M.-Representante de la menor víctima Y.A.G.G. y M. Agudelo-Defensora de Familia Centro Zonal P. - Caivas, interpuso acción de tutela en contra del fallo proferido el 27 de marzo de 2012 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de P. Sala de Decisión Penal que confirmó la sentencia del cinco (5) de marzo del mismo año dictada por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas Risaralda, al considerar que la decisión proferida vulneró los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación de la menor Y.A.G.G.
Indicó que interpuso recurso de apelación en contra de la decisión proferida por el Juzgado, empero lo anterior, fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de P. Sala de Decisión Penal mediante sentencia dictada el 27 de marzo de 2012.
En cumplimiento de lo ordenado por auto del 01 de octubre de 2012 expedido por esta Corporación, el F.S.S.C., dio respuesta a los interrogantes planteados por la Sala de Revisión e informó que contra BB se llevó a cabo el 14 de mayo de 2012 ante el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, audiencia de juicio oral en la que se profirió fallo absolutorio.
En este contexto, para resolver el problema jurídico se aplicará la siguiente metodología, en primer lugar se analizará el cumplimiento en el caso concreto de los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, para luego estudiar de fondo la acción de tutela interpuesta por el F.S.S.C. de P. y determinar el defecto en que incurrió la providencia atacada y su incidencia sobre los derechos fundamentales demandados.
En el caso objeto de estudio, la cuestión debatida hace referencia a los supuestos defectos en que incurrió el Tribunal Superior del Distrito de P. Sala Penal al confirmar la decisión del Juzgado Penal del Circuito de Doquebradas Risaralda de excluir la entrevista de la menor del material probatorio aportado al proceso penal, afectando con ello los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación de una menor de seis años que fue presuntamente fue objeto de conductas sexuales en contra de su libertad y pudor sexual.
Una vez el Juzgado Penal del Circuito de Doquebradas Risaralda negó la admisión de la entrevista realizada a la menor Y.A.G.G., el F.S.S. de Caivas interpuso recurso de apelación en contra la decisión. Sin embargo, éste fue negado por el Tribunal Superior del Distrito de P. Sala Penal, bajo el argumento de haberse violado garantías constitucionales a favor del imputado por parte de la Defensora de Familia al momento de recepcionar el testimonio de la niña.
En consecuencia, el accionante no dispone de otros mecanismos judiciales de defensa de los derechos fundamentales demandados, más idóneos y eficaces que la acción de tutela para controvertir la decisión adoptada por el Tribunal Superior del Distrito de P. Sala Penal, pues agotó todos aquellos de los cuales disponía.
La Sala observa que la acción de tutela fue interpuesta dentro de un término razonable, pues la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de P. fue proferida el veintisiete (27) de marzo del dos mil doce (2012) y la acción de tutela fue presentada el nueve (09) de abril de la misma anualidad, esto es, diez días después. Por lo tanto, se cumple el requisito de inmediatez.
En este caso, es claro que la decisión del Tribunal de P. de negar la entrevista de la menor, tuvo un gran impacto en la decisión del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, puesto que como se mencionó anteriormente, aquel despacho judicial no valoró las pruebas aportadas (testimonio) en el expediente que determinaba la posible comisión de un abuso sexual en contra de Y.A.G.G. y por ello el 14 de mayo de 2012 fecha en la que continúo la diligencia de juicio oral el Juzgado dictó el sentido del fallo: el artículo 381 del cpp, indica que para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, y ello se logra a través de la prueba debatida en juicio, que la fiscalía a pesar de su esfuerzo no logró demostrar la responsabilidad del aquí procesado, ya que las pruebas son dichos de oídas y no pueden tener la fuerza, veracidad y credibilidad, para que una persona sea declarado penalmente responsable de una conducta,
La responsabilidad del señor BB, es entonces así como el sentido del fallo es de carácter absolutorio.
El accionante alegó la violación a los derechos fundamentales proveniente de la negativa del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas Risaralda y el Tribunal Superior del Distrito de P. Sala Penal de aceptar el testimonio de la menor. Por lo que, en el proceso penal en contra de BB por el delito de actos sexuales abusivo con menor de 14 años, argumentó mediante los diferentes recursos procesales los errores que desconocieron los derechos vulnerados, mediante la interposición de (i) recurso de apelación contra de la providencia que ordenó excluir el testimonio de la niña y, (ii) finalmente, acción de tutela contra la decisión proferida por el Tribunal Superior de P.. De esta manera, se evidenciaron mediante los diferentes recursos procesales los hechos generadores de la vulneración.
La presente acción de tutela se dirige contra una sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito de P. Sala Penal, y no contra un fallo de tutela.
ENTREVISTA DE LA NIÑA Y.A.G.G. REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO NUIP 1032070079 de la Registraduría del Estado Civil.
Centro zonal P. -Defensoría de Familla- Caivas- P. veinticuatro (24) de junio de dos mil once, siendo las ocho y veinticuatro de la mañana, de conformidad con el artículo 150 de la Ley de infancia y adolescencia y con fundamento en la solicitud realizada por el patrullero G.P.P., de la unidad investigativa delitos sexuales y trata de personas de la policía judicial S.M., dentro de las diligencias radicadas al n°660016000035201102391, en la F.ía 37 Caivas, que por acceso carnal abusivo con menor de 14 años, adelanta dicha F.ía, para que se proceda a realizar entrevista con la niña Y.A.G.G., por lo tanto la defensora de familia entra a conversar con la niña a fin de lograr empatía con ella y que se sienta en un medio adecuado por lo que se le facilita una hoja y colores para que ella dibuje lo que quiera, la niña se observa tranquila y consciente y se encuentra acompañada por su mama señora AA, titular de la cedula XX de P., por lo que se procede preguntarle a la niña como se llama, con quien vive, como se llaman sus padres y cuántos años tiene por lo que nos responde, me llamo Y.A.G.G., 6 años, como se cuenta con el registro civil de nacimiento se observa que la niña nació en Alejandría, el día 23 de octubre de 2004, mi papa se llama A.E. y AA, tengo una hermanita que se llaman CC, en mi casa vivimos con mi mama, mi tío, mi hermanita, mi papa no vive conmigo, no sé cómo se llama mi colegio, en primero de primaria, allí dibujamos cantamos, mi profe se llama D., a la niña se le pregunta si conoce las partes del cuerpo y ella nos responde a los señalamientos que le hacemos sobre su cuerpo, nos dice donde está la cabeza, los brazos, los pies, las manos, los dedos, se le muestran los dibujos anatómicos y señala correctamente todas las partes del cuerpo tanto de un niño y una niña, se le pregunta que personas le ayudan en su aseo corporal y nos responde que su mamita le ayuda a bañarse y me dice que me lave bien la vagina y el cuerpo, me dice que me cepille bien los dientes porque si no se dañan los dientecitos, se le pregunta si a ella le hacen caricias o le dan besos, y ella dice que el tío pero que la mami no, dice que el tío BB, me da besitos en la boca, en los senos, en la vaginita, mi tío BB dice que le eche la policía a N. porque después riega el cuento que él me había hecho eso, ( eso es una grosería) ella dice que en la vaginita, muestra sus partes intimas, la menor manifiesta esto con pena, también manifiesta que el tío le metió el dedo en la vagina y el pene, se queda pensando y refiere que le tapo la boca, y no me dejaba hablar, manifiesta que lo metan a la cárcel y dice que esto esta malo, sigue refiriendo que él le metió el pene en la boca (se queda pensando) y refiere que cuando le tapo la boca golpeo la cama y le quito la mano de la boca porque venía alguien y él se salió de la carpa, yo me salí también para el baño hacer chichi y le conté a mi mamá lo que paso y que me ardía para orinar, sigue refiriendo que después de eso mi mamá le contó a E., y E. le contó a mi mamita D.D. ella fue y conto en el pueblo y ya, se le pregunta el lugar donde sucedieron los hechos y manifiesta la menor que eso paso cuando estaba acostada y que el tío se le acostó, que ella estaba en la carpa y el tío estaba en la carpa de él y él llego y se metió en mi carpa, (dice que en su residencia ya que duermen es carpas dentro de las habitaciones), manifiesta la menor que el tío al acostarse en la cama de ella, le dijo que las iba a matar a todas tres (dice que las tres son la mamá, la hermanita y a ella). Se da por terminada la diligencia de entrevista, siendo las nueve y once minutos del medio día.
Esta valoración fue ratificada con posterioridad en el proceso[37], en el momento que la Dra. M.A.Z. compareció como testigo y explicó cuál fue el procedimiento utilizado para lograr que la menor Y.A.G.G. relatara la situación sucedida con su tío así como las conclusiones técnicas luego de la valoración.
El F. relacionó una serie de pruebas dentro del proceso, dentro de las cuales solicitó a la J. del caso se admitiera la entrevista realizada por M.A.Z.D. de Familia como prueba de referencia. Sin embargo, la J. preguntó a la testigo si se había realizado la advertencia del artículo 33 de la Constitución Política; en la diligencia se reseña: el despacho realiza preguntas de aclaración, en la que indica la testigo que por la edad de la menor de 6 años la advertencia sobre que no está obligada a declarar se le hizo a la mamá. Refiere que esa premisa la extrae del contexto de madurez que puede tener un menor de esa edad y que la advertencia se le hace a partir de los 12 años. Indica la testigo que la advertencia no se le hizo a la niña, sino a su señora madre.
En consecuencia, el Juzgado decidió: No se admite como prueba de referencia a entrevista vertida por la menor YAGG y decepcionada por la Dra. M.A.Z. por cuanto se desconoce una norma constitucional y legal de dar a conocer a la víctima que se encuentra exonerada del deber de declarar.
En la misma audiencia el F. del caso interpuso recurso de apelación contra la decisión y, se reseña en la audiencia de juicio oral de la siguiente manera: Manifiesta la F.ía que no se encuentra de acuerdo con la decisión del despacho de no decretar la prueba de referencia atendiendo a que la defensora de familia no hizo la advertencia a la menor sobre que no se encontraba obligada a declarar por su vínculo con el procesado. Refiere que como bien lo dijo la defensora de familia la advertencia se le hizo a la representante legal de la menor quien la acompañó a la diligencia y cada caso es diferente refiriéndose a que en el presente caso se trata de una menor que no se encuentra disponible por lo que no puede rendir testimonio en audiencia; así mismo indica que no se ha vulnerado ningún derecho pues se trata de una menor que por la edad no comprendía de que se le estaba hablando y que no tiene la capacidad para responder frente a una previsión legal. Manifiesta que se evidencia una flagrante violación al derecho fundamental de un niño al no permitirse que la declaración que rindió frente a la defensora de familia en presencia de su señora madre se tenga en cuenta en el juicio.
Posteriormente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de P. Sala de Decisión Penal, mediante sentencia del 27 de marzo de 2012 resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la providencia dictada por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, consideró que debería de tener más relevancia el derecho del procesado a ser juzgado según las garantías consagradas en el debido proceso, por lo que, efectivamente debía excluirse como medio probatorio la entrevista rendida por la ofendida, toda vez que se omitió darle a conocer que no estaba obligada a declarar en contra de su tío.
El 14 de mayo de 2012 continúo la diligencia de juicio oral en la que el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas dictó el sentido del fallo: el artículo 381 del cpp, indica que para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, y ello se logra a través de la prueba debatida en juicio, que la fiscalía a pesar de su esfuerzo no logró demostrar la responsabilidad del aquí procesado, ya que las pruebas son dichos de oídas y no pueden tener la fuerza, veracidad y credibilidad, para que una persona sea declarado penalmente responsable de una conducta,
En este sentido, erró el Tribunal al considerar que debía excluirse el relató de la menor simplemente porque no se llevo a cabo con la salvedad de la norma constitucional, lo que evidencia la ocurrencia de un defecto fáctico por omisión en la valoración de la prueba, pues tanto J. como el Tribunal negaron la prueba sin ponderar los intereses en juego, por ello resulta para esta Sala un defecto fáctico que se descarte el valor de la prueba testimonial tan determinante, bajo el equivocado que su recepción infringió garantías constitucionales que como se explicó anteriormente no se predican de la entrevista forense en el marco de delitos sexuales contra menores, como se explicará a continuación.
12. En los casos en que un niño niña o adolescente deba rendir testimonio deberá estar acompañado de autoridad especializada o por un psicólogo, de acuerdo con las exigencias contempladas en la presente Ley.
13. En las diligencias en que deba intervenir un niño, niña o adolescente, la autoridad judicial se asegurará de que esté libre de presiones o intimidaciones.
ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA ENTREVISTA MÉDICO-FORENSE A MENORES DE EDAD.[38]
Entrevista sobre el relato de los hechos.
Las narraciones de abuso sexual de los niños(as) contienen referencias a lo percibido con sus sentidos durante el evento. Por lo tanto el niño(a) podrá describir lo percibido en ese suceso. Esto es personal y solo puede experimentarlo quien lo haya vivido. Por ejemplo, pueden describir el semen como pegajoso, blanquito, cremita; sabor y hacer un gesto desagradable con cara o decir fochi. Sobre el tacto: hablar de dolor, cosquillas, sobre lo visual: era grande, de tal color, era de día, de noche, etc. Esta no es información conocida en términos generales por menores que no han alcanzado la adolescencia.
Explorar molestias generales, anales o genitales.
Alteraciones emocionales y de la conducta relacionadas con la agresión sexual.
Durante la entrevista en muchas ocasiones hay claras manifestaciones de cambios emocionales. Por ejemplo esta declaración: cuando me trajeron aquí yo no quería contar, pero ya no me aguanté más y le conté a mi mamá la semana pasada... ya me siento mejor porque me quité una carga. Se puede observar que el niño(a) narra los eventos con diferentes emociones; se queda callado(a), baja la mirada, dice que no quiere hablar de eso, se ríe, muestra vergüenza, se torna ansioso(a), triste, llora, se observa temeroso, etc., indicando que eso de lo que habla o de lo que se le pregunta tiene carga emocional.
No hay signos o síntomas emocionales específicos de abuso sexual, pero la sumatoria de múltiples hallazgos, independientemente de que se acompañen de lesiones y/o evidencia física, en algunos casos permite presumir que el relato podría ser consistente con el contexto del caso y con una experiencia vivida por el niño(a). Sin embargo, cuando se encuentran alteraciones psíquicas como las descritas, se debe explorar la existencia de otros factores etiológicos.
Al respecto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional[40] de esta Corporación en un caso similar estudió una acción de tutela interpuesta contra la F.ía veintiuna de Cartagena y la F.ía Cuarta ante el Tribunal de Cartagena dentro de una investigación penal por el presunto delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. En este caso las dos instancias del ente investigador descartaron el testimonio de la menor víctima rendido a través de la entrevista realizada por la sicóloga. En aquella oportunidad, en la sentencia se pronunció sobre la importancia del testimonio de los menores en el proceso penal:
Es igualmente equivocado calificar de falso un testimonio tan solo por provenir de un menor de edad. Es cierto, que la psicología del testimonio recomienda analizar con cuidado el relato de los niños, que pueden ser fácilmente sugestionables y quienes no disfrutan de pleno discernimiento para apreciar nítidamente y en su exacto sentido todos los aspectos del mundo que los rodea; pero, de allí no pude colegirse que todo testimonio del menor sea falso y deba desecharse. Aquí, como en el caso anterior, corresponde al juez dentro de la sana crítica, apreciarlo con el conjunto de la prueba que aporten los autos para determinar si existen medios de convicción que lo corroboren o apoyen para apreciar con suficientes elementos de juicio su valor probatorio.[43]
Las autoridades de todo orden, incluidas las judiciales, tienen el deber legal de proteger a los menores para evitar una revictimización en prevalencia integral de sus derechos superiores fundamentales constitucionales o como lo expuso la Defensor de Familia: velar porque no se les estigmatice, ni se les genere nuevos daños con el desarrollo del proceso judicial de los responsables, criterios claros en el caso nos ocupa, ya que la niña participó en la (sic) etapas y procedimientos requeridos propios del tramite penal, se le reconoció su condición y calidad de infante, donde es preciso resaltar que tener en cuenta su opinión estuvo asociado a reconocer que la niña narro, dio a conocer las vivencias adversas experimentadas tanto a su progenitora como a los profesionales que han intervenido en su situación, generando así una voz de auxilio, de búsqueda de ayuda y protección frente a los hechos y además con el apoyo de su progenitora busco que se aplicara justicia, por lo cual no podría silenciarse su voz, con un ritual de forma más que de fondo.[44]
Violación a los derechos fundamentales de la menor.
Consideró el Tribunal que en el caso concreto se presentaba una tensión entre derechos y sostuvo: En criterio de la Corporación, en el presente asunto se presenta una tensión entre derechos fundamentales, de una parte el que posee la menor víctima a que el Estado investigue el hecho presuntamente cometido en contra de su integridad sexual y que el responsable responda penalmente por su conducta interés que debe tildarse de colectivo ; y de otro, el interés individual del procesado a que el juicio que se adelante en su contra sea tramitado con estricto acatamiento al debido proceso, garantía que comprende el no ser acusado por un pariente cercano si a éste no se le ha puesto de presente el deber de no declarar.[45] Por lo que, luego de hacer una análisis sobre la teoría de la ponderación concluyó que en esta hipótesis deberían tener más relevancia el derecho del procesado a ser jugado (sic) según las garantías consagradas en el debido proceso.
De lo anterior, se observa que de los derechos constitucionales en juego, el Tribunal Superior de P. Sala Penal le dio prevalencia absoluta a los derechos del procesado y sin ponderar los intereses de la menor afectada por el supuesto ilícito.
En este orden de ideas, resultaba contrario a las garantías constitucionales que rigen los procesos judiciales que el Tribunal Superior de P. Sala Penal hiciera caso omiso de la entrevista practicada a la menor Y.A.G.G. y no reconociera su testimonio.
En merito de lo anteriormente expuesto esta Sala concluye que el Tribunal Superior de P. al confirmar la decisión del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas Risaralda, vulneró los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación de la menor Y.A.G.G. Por lo que se dejará sin efectos la sentencia del 27 de marzo del 2012 del Tribunal Superior y en consecuencia se ordenará que se tenga como prueba la entrevista realizada por M.A.Z.D. de Familia Centro Zonal P. Caivas en la que se haga una valoración probatoria acorde con los argumentos expuestos en esta providencia y con los estándares constitucionales exigibles de imparcialidad, racionalidad y sana crítica, de modo que se den efectos a las pruebas que reposan en el expediente de la posible existencia de un delito de actos sexuales abusivos con menor de catorce años de edad.
Finalmente, en tanto M.A.Z.D. de Familia Centro Zonal P. Caivas ha estado enterada de los pormenores de este caso, se le ordena que de manera inmediata, realice las diligencias para amparar a la menor, mientras dure el proceso, con las medidas que crea conveniente para la eficaz protección contra toda forma de abuso sexual por parte de su tío, si estas continuaron. Además se ordenará, que en caso de continuar el proceso penal la menor no podrá convivir en el mismo lugar con su tío.
SEGUNDO. REVOCAR por las razones expuestas en esta providencia la sentencia proferida el diecinueve (19) de abril de dos mil doce (2012) por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, en cuanto negó el amparo deprecado por el accionante.
TERCERO. DEJAR SIN EFECTO la providencia proferida el veintisiete (27) de marzo de dos mil doce (2012) por el Tribunal Superior de P. Sala Penal y la decisión dictada el cinco (05) de marzo de dos mil doce (2012). Así como las actuaciones judiciales surtidas con posterioridad a la mencionada providencia, en particular, el fallo proferido el catorce (14) de mayo de dos mil doce (2012).
CUARTO. Como consecuencia de lo anterior, ordenar al Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas Risaralda que profiera una nueva providencia en la que se haga una valoración probatoria acorde con los argumentos expuestos en este fallo de la entrevista realizada por M.A.Z.D. de Familia Centro Zonal P. Caivas a la menor Y.A.G.G. acorde los estándares constitucionales exigibles de imparcialidad, racionalidad y sana crítica
QUINTO. En tanto M.A.Z.D. de Familia Centro Zonal P. Caivas ha estado enterada de los pormenores de este caso, se le ordena que de manera inmediata, realice las diligencias para amparar a la menor, mientras dure el proceso, con las medidas que crea conveniente para la eficaz protección contra toda forma de abuso sexual por parte de su tío, si estas continuaron. Además, que en caso de continuar el proceso penal la menor no podrá convivir en el mismo lugar con su tío.
SEXTO. En el presente caso, por estar involucrado un asunto que pertenece a la órbita personal protegida por el derecho fundamental a la intimidad de la víctima y de sus familiares, la Sala ORDENA no mencionar en la sentencia ningún dato que conduzca a su identificación y ordenar a los jueces de instancia y a la Secretaría de esta Corte que guarden estricta reserva respecto de la identidad del mismo.
SÉPTIMO. Por Secretaría General líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
[2] F. 6 cuaderno proceso penal.
[3] F. 11 cuaderno proceso penal.
[4] F. 25 cuaderno proceso penal
[5] F. 28 y 29 cuaderno principal.
[6] Dirección: Calle 38 Nº 6-52 segundo piso oficina 205 P.. Teléfono 3267686.
[20] Este defecto entonces, puede concretarse cuando: a) hay falta de práctica y/o decreto de pruebas conducentes para el caso debatido, valga decir, insuficiencia probatoria; b) la errada o defectuosa interpretación de las pruebas allegadas al proceso o interpretación errónea; c) la valoración de pruebas que son nulas de pleno derecho, o sea la ineptitud e ilegalidad de la prueba. Sentencia T-840 de 2006.
[24] La Convención sobre Derechos del Niño establece en el artículo 3-2 que los estados se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la Ley.
[25] De conformidad con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, prevalecer significa, en su primera acepción, sobresalir una persona o cosa; tener alguna superioridad o ventaja entre otras.
[28] En la actuación penal, una vez adquirido la condición de imputado este, tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal, en lo que aplica a: (i) no ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad. (ii) no autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad. El testimonio penal y sus errores. O.A.R., Temis, página 41.
[29] R.icado 17.261.
[30] R.icado 32.730.
[31] Sentencia 29 de febrero de 2008 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. R.. 25259.
[32]La Entrevista Forense a la víctima de delitos sexuales. F.M.C. www.icev.cl/wp.../entrevista forense a la victima.pdf. Y Violencia familiar y abuso sexual, capítulo abuso sexual infantil. Compilación de Viar y L.. Ed. Universidad del Museo Social de Argentina, 1998.
[34] Sentencia 18 de mayo de 2011, Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. R.icado 33651.
[37] F. 25-31 cuaderno proceso penal.
[38] Para el desarrollo de este tema se tuvo en cuenta el documento inédito titulado Propuesta para los Médicos Forenses de Evaluación del Delito Sexual, elaborado y aportado por el Dr. L.J.P.M., médico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como algunos aportes de los Drs. I.P.F., N. de la Hoz Matamoros y J.R.B., psiquiatras forenses del mismo Instituto.
[44] F. 28 y 29.
[45] F. 44-60 cuaderno principal.
[47] Sentencia 18 de mayo de 2011, Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. R.icado 33651.

References: artículo 33
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 44
 artículo 33
 artículo 8
 artículo 33
 artículo 228
 artículo 33
 artículo 283
 artículo 267
 artículo 33
 artículo 381
 artículo 150
 artículo 33
 artículo 381
 artículo 36
 artículo 3