Source: http://www.slideshare.net/cleyosber/sentencia-su158
Timestamp: 2016-05-25 16:31:51+00:00

Document:
COMPETENCIA DE LAS SALAS DISCIPLINARIAS DEL
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA Y DEL CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA PARA CONOCER DE
ACCION DE TUTELA CONTRA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA-Consejo Seccional de la Judicatura es competente para
conocer y tramitar acción de tutela contra la Corte Suprema de Justicia,
según auto 004 de 2004 y 100 de 2008
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESEn la sentencia C-590/05 la Corte Constitucional sistematizó y unificó
los requisitos de procedencia y motivos de procedibilidad
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ Y VULNERACION DEL
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL POR NO
RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTESVulneración persiste en el tiempo/ACCION DE TUTELA Y
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Excepciones para aceptar que se
presente en un extenso espacio de tiempo entre vulneración y
En este caso la Sala considera que la tutela es procedente. En efecto, a pesar
del tiempo trascurrido desde la sentencia de casación, la violación de los
derechos a la seguridad social y al mínimo vital permanece; es decir,
continúa y es actual. Esto se puede inferir de varios hechos, acreditados en el
proceso. Primero, de la circunstancia de que la señora (y su padre) han
estado sin pensión durante todo este tiempo, parcialmente a causa de la
sentencia que cuestionan. El desconocimiento a su derecho a la seguridad
social es entonces actual pues no se ha superado. Segundo, la permanencia de
la vulneración se puede colegir del hecho de que la tutelante y su padre
continúan en una situación crítica de pobreza, en la cual estaban sumidos
desde cuando se expidió el fallo de casación. La vulneración de su derecho al
mínimo vital, por lo tanto, no ha desaparecido sino que permanece. Tercero,
es razonable extraer esa condición de un dato, y es que en la familia nadie
más recibe un salario, un ingreso periódico estable, rentas o pensiones, y la
actora nunca laboró, ya que su compañero permanente no se lo permitía. La
afectación de su derecho al mínimo vital no es entonces sólo actual sino que
tiende agravarse. La accionante y su padre con setenta y siete años de edad
viven sin recursos. El paso del tiempo hace más difíciles las condiciones
vitales de una familia pobre, mientras todo permanezca igual. En vista de
estas circunstancias es pues lógico concluir que la violación continúa y es
actual. Por ende, la Corte considera que la tutela es procedente.
PENSION DE SOBREVIVIENTES Y DERECHO AL MINIMO
VITAL-Caso en que se aplicó una norma manifiestamente contraria a la
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESCorte Suprema incurrió en defecto por desconocimiento de la
Constitución por cuanto aplicó norma inconstitucional del requisito de
fidelidad para pensión de sobrevivientes
Ninguna autoridad judicial puede, sin violar el derecho a la seguridad social
(art. 48, C.P.), aplicar o exigir que se apliquen las normas que establecían el
requisito de fidelidad para adquirir el derecho a una pensión de
sobrevivientes. Dado que esa exigencia de fidelidad desde siempre ha sido
incompatible con la Carta, debe inaplicarse en todos los casos (art. 4, C.P.).
Si en un fallo un juez la inaplica obra correctamente. Si luego otra decisión
revoca o casa ese fallo por no haber aplicado las normas inconstitucionales,
será esta última la que contradiga el Ordenamiento Superior, y en
consecuencia deberá ser dejada sin efectos.
Acción de tutela presentada por Patricia
Elena Nanclares Taborda contra la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
1. El catorce (14) de junio de dos mil once (2011), la señora Patricia Elena
Nanclares Taborda instauró acción de tutela contra la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia por considerar que con un fallo del
veintisiete (27) de abril de dos mil diez (2010) le violó sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social, en
tanto casó una sentencia que ordenaba reconocerle una pensión de
sobrevivientes bajo el argumento de que había resuelto la demanda sin aplicar
la norma legal aplicable al caso (Ley 797 de 2003 “Por la cual se reforman
algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales
exceptuados y especiales”), que exigía cumplir el requisito de fidelidad y con
arreglo al cual la demandante no tenía derecho al reconocimiento pensional.
La accionante sustenta su petición en los siguientes
2.La señora Patricia Elena Nanclares Taborda solicitó ante el Instituto de
Seguros Sociales -ISS- el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en
calidad de compañera permanente supérstite del señor Mario de Jesús
Castrillón Vásquez, quien falleció el diecisiete (17) de junio de dos mil cuatro
(2004).[2] Pero el ISS se la negó con el argumento de que el afiliado no
cumplió con el requisito de fidelidad;[3] es decir, porque no cotizó el veinte por
ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte
años de edad y la fecha del fallecimiento, como lo exigían los literales a) y b)
del artículo 12 de la Ley 797 de 2003“Por la cual se reforman algunas
disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993
y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales”.[4] En especifico indicó que el difunto compañero de la tutelante
sólo acreditó un total de doscientas veinticinco (225) semanas de fidelidad al
sistema entre la fecha en que cumplió veinte años de edad y la de su muerte,
cuando en ese periodo la Ley exigía cotizar al menos doscientas treinta (230)
semanas.[5]
Como la peticionaria consideraba tener derecho a la pensión de
sobrevivientes, instauró demanda ordinaria laboral contra el ISS con el fin de
que le ordenara reconocérsela.
3. De la demanda ordinaria conoció en primera instancia el Juzgado Catorce
Laboral del Circuito de Medellín y mediante fallo de abril veinte (20) de dos
mil siete (2007) accedió a las pretensiones, y en consecuencia le ordenó al ISS
reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a la hoy tutelante.[6] La
decisión fue apelada por el ISS y en segunda instancia la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Medellín la confirmó en sentencia de marzo once (11) de
dos mil ocho (2008), con base en similares argumentos. Concretamente, el
Tribunal sostuvo que por virtud del principio de la condición más beneficiosa,
por una parte, y del principio de progresividad, por otra, en materia de
seguridad social la norma aplicable al caso de la demandante no debía ser la
consagrada en la Ley 797 de 2003 “Por la cual se reforman algunas
especiales”, sino la versión original de la Ley 100 de 1993 “Por la cual se
crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”,
porque una ley posterior no puede desmontar las mejorías institucionales en
las condiciones de existencia de una persona que ha cotizado bajo normas
anteriores que le eran menos gravosas, pues a la luz de Constitución las
modificaciones de la legislación deben ser para mejorar las condiciones de los
administrados.[7] Entre las motivaciones pueden leerse las siguientes:
“[…] Es procedente el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a la demandante, atendiendo al principio
constitucional de la condición más beneficiosa, el cual manda dar
aplicación a normas anteriores que resulten más favorables a la
peticionaria, de vigencia tanto para el régimen de prima media con
prestación definida, como para el régimen de ahorro individual con
solidaridad. Este postulado se desprende del inciso final del artículo
53 de la Constitución Nacional, que dispone: „La ley, los contratos
y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la
dignidad humana, ni los derechos de los trabajadores‟.
Así mismo, debe invocarse el principio de la progresividad que
viene sosteniendo la H. Corte Constitucional, en fallos tanto
constitucionales, como de tutela, el cual consiste en que en materia
de seguridad social, la ley posterior no puede desfavorecer las
condiciones de la persona que ha venido cotizando bajo normas
anteriores; es decir, que una ley posterior no puede hacer más
gravosa la situación del pensionado o beneficiarios frente a la ley
anterior, porque a la luz de nuestra Constitución, la tendencia debe
ser a mejorar las condiciones del asegurado, y no a desmejorarlas.
En estas condiciones, por ser contraria a la Carta Fundamental, se
debe inaplicar la norma que restringe el derecho, para dar
aplicación a aquellas que permiten gozar de la prestación, y estas
normas no son otras que los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de
1993, normas anteriores a la Ley 797 de 2003, bajo cuyo amparo es
posible la prestación para la demandante”.[8]
4. El ISS interpuso recurso extraordinario de casación contra ese fallo, porque
a su juicio para el momento en el cual se causó el derecho; es decir, para el
(17) de junio de dos mil cuatro (2004), fecha en que falleció el causante, la
legislación vigente era la Ley 797 de 2003 “Por la cual se reforman algunas
especiales”, y por tanto debía aplicarse. La Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia resolvió casar la sentencia proferida por el Tribunal
Superior de Medellín, mediante fallo del el veintisiete (27) de abril de dos mil
diez (2010). Para tomar esa decisión, la Sala de Casación sostuvo que el
Tribunal incurrió en un error al no haber aplicado directamente al caso la Ley
797 de 2003, que era la norma vigente cuando el causante falleció. En ese
sentido señaló que a la pensión de la demandante debía aplicársele lo
dispuesto por el artículo 12 de la Ley, el cual exigía acreditar el veinte
porciento (20%) de fidelidad al Sistema entre el momento en que el causante
hubiera cumplido veinte (20) años y la fecha de su fallecimiento. Como en el
proceso la satisfacción de ese requisito no se demostró, la Corte Suprema
absolvió al Instituto de Seguros Sociales de todas las pretensiones.
“[…] El Tribunal señaló como supuestos fácticos en el sub lite y
que no se discuten dada la orientación jurídica de los cargos, que el
causante falleció el 17 de julio de 2004; que de acuerdo a los folios
8 a 19 se desprende que „… el asegurado Castrillón Vásquez cotizó
al Instituto 105 semanas en los tres (3) años anteriores al momento
del fallecimiento y que acreditó un total de 225 semanas de
fidelidad de cotización al Sistema de Pensiones entre la fecha en
que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la muerte,
cuando para ese mismo período debió acreditar un total de 230
semanas cotizadas, NO cumpliendo así los requisitos exigidos para
la pensión de sobrevivientes‟.|| Sin embargo, en la aplicación del
principio de la condición más beneficiosa, otorgó la pensión de
sobrevivientes reclamada, con fundamento en lo previsto en el
artículo 46 original de la Ley 100 de 1993, al encontrar que en vida
Castrillón Vásquez, había cotizado 26 semanas en el último año
anterior a su fallecimiento.
En el anterior orden de ideas, surge evidente el yerro jurídico del
Tribunal, pues, en este caso, en atención a que el causante falleció
el 17 de julio de 2004, el derecho de los beneficiarios a la
prestación de supervivencia está gobernado por los artículos 12 y 13
de la Ley 797 de 2003, que modificaron los artículos 46 y 47 de la
ley 100 de 1993, por lo que le asiste razón a la censura. || Ello es
así, porque como lo asentó esta Sala de la Corte en el fallo del 3 de
diciembre de 2007, radicado N° 28876, cuando la muerte del
afiliado acontece en vigencia del artículo 12 de la Ley 797 de 2003,
es esta la normatividad aplicable para efectos de dirimir el derecho
a la pensión de sobrevivientes; esa postura fue reiterada entre otras
en sentencia de 20 de febrero de 2008, rad. N° 32649. En esta
última puntualizó:
„… es acertada la imputación que el recurrente le hizo a
la sentencia de segundo grado, respecto al marco
normativo que se debió acoger en la presente contienda
para dirimirla y la no cabida de condición más
beneficiosa; pues resulta equivocada la postura del
Tribunal consistente en que por virtud a este principio,
era aplicable la disposición anterior a la ley 797 de
2003, concretamente el artículo 46 de la Ley 100 de 1993
en su versión original; por razón de que realmente la
norma que rige el asunto es la vigente para el momento
de la ocurrencia de la muerte de la afiliada y a sus
requisitos es que debe ceñirse los beneficiarios de la
causante‟.
Al no aplicarse por vía de excepción, el principio de la condición de
condición más beneficiosa, impera el principio general según el
cual el derecho a la pensión de sobrevivientes lo gobiernan las
normas vigentes al momento de la muerte del afiliado a la seguridad
social. Así la Ley 797 de 2003 al entrar en vigor desde su
publicación, que lo fue el 29 de enero de ese año, es
inmediatamente aplicable, como lo precisó esta Sala en la sentencia
32649, ya citada”.[9]
5. Inconforme con este último fallo, la señora Nanclares Taborda promovió
acción de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia. En su concepto, al casar la sentencia del Tribunal Superior de
Medellín, la autoridad demandada “incurrió en una violación directa de la
Constitución nacional” en tanto decidió aplicar los literales a) y b) del artículo
12 de la Ley 797 de 2003“Por la cual se reforman algunas disposiciones del
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”, en
vez de la Constitución Política tal y como fue interpretada por la Corte
Constitucional en la sentencia C-556 de 2009,[10] mediante la cual declaró
inexequible la disposición legal citada. Y la actora sostiene que como
consecuencia de ese defecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
le vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social
y a la igualdad, toda vez que vive con su padre de setenta y siete (77) años y
no tiene recursos adicionales o una fuente de ingresos distinta que le permita
obtener lo necesario para ambos, pues nunca laboró ya que su compañero
permanente no se lo permitía. Esto lo dice del siguiente modo su apoderado:
“[…] indica la patente que, en la actualidad cuenta con 44 años de
edad, vive en la comuna trece (13) de Medellín, barrio Belencito,
con padre Camilo Arturo Nanclares Londoño, quien tiene setenta y
seis años de edad, quien no percibe ninguna prestación económica
de parte de ninguna Entidad, no tiene vínculo laboral con nadie, y
que es ella quien trata de velar por él y obviamente por ella misma,
que ella es desempleada, que nunca laboró por cuanto su
compañero permanente no se lo permitió, y que desde que falleció
su compañero permanente Mario de Jesús Castrillón Vásquez,
quedó a la intemperie, desprotegida, pasando serias necesidades
económicas, a la merced de personas caritativas; en pocas palabras
se encuentra en „una situación crítica de pobreza‟, toda vez que era
la causante quien la asistía en todas sus necesidades
económicas”.[11]
6. En cuanto al tiempo transcurrido entre la expedición de la providencia
cuestionada y la acción de tutela, la señor Patricia Elena Nanclares manifiesta
que en su caso no se debió a un descuido, sino a falta de asesoría legal
apropiada ya que “el apoderado judicial que larepresentó en el proceso
ordinario no le explicó de esta oportunidad, de éste instrumento judicial, pues
de haberlo sabido antes no habría dudado en hacerlo de manera inmediata”.
Por lo demás, dice que en este asunto es aplicable uno de los criterios fijados
por la Corte Constitucional en la sentencia T-1028 de 2010,[12] a propósito de
un tema que juzga similar al suyo, de acuerdo con el cual el paso de un
periodo amplio de tiempo sin la instauración del amparo puede estar
justificado y no dar lugar a la improcedencia de la tutela por falta de
inmediatez, “[c]uando a pesar del paso del tiempo es evidente que la
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante
permanece, es decir, su situación desfavorable como consecuencia de la
afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se
recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer un
término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sin asegurarse de
que se trata de una amenaza o violación de derechos fundamentales que
requiera, en realidad, una protección inmediata”. Así las cosas, el actual
apoderado de la demandante argumenta:
“[…] Frente al requisito de la inmediatez, en el caso de la señora
Patricia Elena salta a la vista que a pesar del paso del tiempo, la
vulneración de sus derechos fundamentales permanece, es decir,
continúa y es actual pues sigue sin disfrutar de la pensión de
sobrevivientes a la que argumenta tener derecho, lo que la ha
llevado a „una situación crítica de pobreza‟ al no tener „una fuente
de ingresos‟. Recuérdese que la finalidad de la exigencia de la
inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a
la acción de tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza o
violación de derechos fundamentales que requiera, en realidad, una
protección inmediata, como se logra ver en el presente caso”.[13]
7. La tutela le correspondió por reparto inicialmente al Consejo Seccional de
la Judicatura de Antioquia, pero decidió remitir el expediente a la Corte
Suprema de Justicia porque consideró que era la autoridad competente para
conocer del asunto.[14] El treinta de junio de dos mil once (2011) la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo mediante fallo
de primera instancia. Esta decisión fue apelada por la peticionaria y la Sala de
Casación Civil de la misma Corporación, en segunda instancia, declaró la
nulidad de todo lo actuado y dispuso inadmitir la acción de amparo. La
accionante interpuso, nuevamente acción de tutela ante el Consejo Seccional
de la Judicatura de Antioquia, y en esta otra ocasión invocó los autos 004 de
2004[15] y 100 de 2008, proferidos por la Corte Constitucional.[16] Finalmente,
el trece (13) de septiembre de dos mil once (2011) dicho despacho avocó
conocimiento de la acción y vinculó tanto a la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, como al Juzgado Catorce Laboral del Circuito de
Medellín.[17]
8. Dentro del término, la Sala de Casación Laboral contestó la tutela y dijo
que el Consejo Seccional de la judicatura de Antioquia no era competente
para conocer de las acciones promovidas contra la Corte Suprema de Justicia,
conforme el inciso segundo del numeral 2 del artículo 1 del Decreto 1382 de
2000.[18] En ese orden de ideas, argumentó la Sala accionada que no ha debido
esa Corporación dar curso al amparo de la referencia. Igualmente agregó que
la función encomendada a la Corte Suprema de Justicia es la de poner fin a los
procesos judiciales en materia de civil, laboral y penal, y que eso implica
desde su punto de vista que las decisiones por ella proferidas como órgano de
cierre no pueden en manera alguna ser revocadas, anuladas o desconocidas por
autoridad alguna por vía de tutela.
9. (i) La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia negó la tutela porque a su juicio la decisión adoptada
por la Sala de Casación Laboral no fue arbitraria, negligente o caprichosa, y
en cambio en su opinión se fundamentó en un estudio admisible de las normas
vigentes para la fecha en que se causó el derecho. (ii) En segunda instancia, la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria - Sala Dual Número Cuatro-, del Consejo
Superior de la Judicatura, modificó el fallo de primera instancia y en su lugar
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la
inmediatez, teniendo en cuenta que transcurrió un período de trece (13) meses
entre la fecha en que la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso de
casación y el momento en el cual se interpuso la acción de tutela, sin que la
accionante hubiera iniciado actuación judicial alguna, omisión que en su
concepto no fue justificada por la peticionaria.
La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos
de tutela proferidos dentro del trámite de referencia, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9o., de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y 54A del
Reglamento interno de la Corporación.
Cuestión previa. Competencia de los Consejos Seccionales de la
Judicatura y del Consejo de Superior de la Judicatura para conocer la
acciones de tutela contra providencias de las Salas de Casación de la
1. La Sala de Casación Laboral afirma en este proceso que ni los Consejos
Seccionales ni el Consejo Superior de la Judicatura son competentes para
conocer de las tutelas interpuestas contra la Corte Suprema de Justicia, según
su interpretación del artículo 1, num. 2, del Decreto 1382 de 2000 "Por el cual
establecen reglas para el reparto de la acción de tutela". El conocimiento de
las mismas le corresponde, a su juicio, a la Corte Suprema y específicamente,
de acuerdo con el Reglamento General de esa Corporación, a una de sus Salas.
A pesar de ello, dice, la tutela promovida en contra suya la conoció y resolvió
el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia en primera instancia, y en
segunda instancia el Consejo Superior de la Judicatura. La Corte
Constitucional considera que este punto de vista no es aceptable.
2. En efecto, en los autos 004 de 2004[19] y 100 de 2008[20] esta Corporación
sostuvo que cuando la Corte Suprema de Justicia no dé trámite a una tutela
contra las providencias de una de sus Salas de Casación, el demandante está
facultado para promoverla de otro modo. Así, puede (i) instaurar el amparo
ante cualquier juez –unipersonal o colegiado-, o (ii) presentarlo ante la
Secretaría General de la Corte Constitucional, con el fin de que se radiquen las
diligencias como un proceso de tutela adicional y surtan el trámite de revisión
eventual que lleva a cabo esta Corte (arts. 241, num. 9, C.P.). En este caso,
entonces, ante la denegación del acceso a la administración de justicia en sede
de tutela la actora tenía la posibilidad de escoger entre las dos vías
anteriormente mencionadas para perseguir la protección de sus derechos
fundamentales.[21] Escogió la primera, presentó la tutela ante el Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia, y la segunda instancia se surtió ante
el Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Plena considera que ambas
autoridades eran competentes para conocerla y tramitarla en vista de que la
Corte Suprema anuló todo lo actuado, inadmitió el trámite de tutela, y negó el
envío del expediente a la Corte Constitucional.
3. Desde el inicio de su jurisprudencia, en 1992, la Corte Constitucional
sostuvo que “salvo en aquellos casos en que se haya incurrido en una vía de
hecho, la acción de tutela no procede contra providencias judiciales”.[22]
Posteriormente, a propósito de una acción pública de constitucionalidad
resuelta en el año 2005, la Sala Plena de la Corte reiteró esta posición.[23]
Entonces sostuvo que “[…] los casos en que procede la acción de tutela
contra decisiones judiciales han sido desarrollados por la doctrina de esta
Corporación tanto en fallos de constitucionalidad, como en fallos de tutela
[…] la Corporación ha entendido que la tutela sólo puede proceder si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad”.[24]
4. En ese sentido, la importancia de la sentencia C-590 de 2005 es que
permitió a la Sala Plena de la Corte Constitucional responder con efectos erga
omnes a una de las cuestiones más álgidas del debate en cuestión. A saber: ¿la
posibilidad de interponer acciones de tutela contra providencias judiciales que
hayan desconocido en forma grave el derecho al debido proceso
constitucional, incluye las providencias judiciales de altas cortes como la
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado? En efecto, el demandante
cuestionó en aquella ocasión que el legislador hubiese dispuesto no admitir la
procedencia de recurso alguno contra las sentencias que resuelven un recurso
de Casación en materia Penal. Concretamente, demandó las expresiones “ni
acción”, en virtud de las cuales se debía entender excluida la posibilidad de
interponer acciones de tutela contra dichos fallos. La Sala Plena de la Corte
Constitucional, por unanimidad, decidió que el aparte legal acusado violaba la
Constitución y lo declaró inexequible. Dijo en ese contexto: “[…] una norma
legal que dispone que contra la sentencia que resuelve el recurso
extraordinario de casación en materia penal no procede recurso ni acción,
salvo la de revisión; vulnera el principio de supremacía de la Constitución
consagrado en el artículo 4º y la acción de tutela consagrada en el artículo
86”.[25]
5. Ahora bien, indicó que la tutela debía cumplir con unas causales de
procedibilidad, clasificables en dos grupos.[26] Por una parte, las denominadas
causales „generales‟ o „requisitos de procedibilidad‟, mediante las cuales se
establece si la providencia judicial acusada puede ser objeto de estudio por el
juez de tutela. Y las causales consideradas „especiales‟, „específicas‟, o
„causales de procedibilidad propiamente dichas‟, mediante las cuales se
establece si una providencia judicial, susceptible de control constitucional,
violó o no los derechos fundamentales de una persona.
5.1. Las causales de procedibilidadgenerales o requisitos de procedibilidad
han sido presentadas en los siguientes términos: (a) Que el tema sujeto a
discusión sea de evidente relevancia constitucional. (b) Que se hayan agotado
todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamentalirremediable,[27] o de un sujeto de especial protección
constitucional que no fue bien representado.[28] (c) Que se cumpla el requisito
de la inmediatez.[29] (d) En el evento de hacer referencia a una irregularidad
procesal, debe haber claridad que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.[30] (e) Que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y qué hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible.[31] (f) Que no se trate de
sentencias de tutela.[32]”[33]
5.2. Por su parte las causales de procedibilidadespeciales, específicas o
propiamente dichas se refieren a los defectos específicos en los cuales puede
incurrir una providencia judicial y que pueden conllevar la violación de los
derechos fundamentales de una persona. De acuerdo con la Sala Plena de la
Corporación (C-590 de 2005), los defectos en los que el funcionario judicial
puede incurrir son los siguientes: (i) defecto orgánico;[34] (ii) defecto
procedimental;[35] (iii) defecto fáctico;[36] (iv) defecto material y sustantivo;[37]
(v) error inducido;[38] (vi) decisión sin motivación;[39] (vii) desconocimiento
del precedente;[40] (viii) violación directa de la Constitución. Son varios los
casos en los que se ha desarrollado esta jurisprudencia,[41] así como los casos
en los que se ha reiterado recientemente.[42]
6. Así las cosas, a continuación la Sala determinará si en este caso se cumplen
los requisitos generales de procedibilidad, y en caso afirmativo estudiará si la
autoridad demandada incurrió en una causal especial de procedibilidad y violó
uno o más derechos fundamentales de la señora Patricia Elena Nanclares.
Sobre el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en
este caso concreto
7. En este caso se cumplen todos los requisitos de procedibilidad general, por
las siguientes razones. Primero, el asunto debatido es de evidente relevancia
constitucional porque de su resolución depende el reconocimiento de una
solicitud de pensión de sobrevivientes, prestación que tiene como finalidad
garantizarles a los beneficiarios recursos suficientes para subsistir con
dignidad tras la muerte de la persona de quien dependían para satisfacer sus
necesidades básicas. De igual manera, y en vista de que la Corte declaró
inexequible la norma que la Corte Suprema de Justicia consideró aplicable al
caso por violar el derecho a la progresividad en materia de seguridad social en
pensiones, de la solución de esta controversia dependen también la protección
efectiva del derecho a la seguridad social (art. 48, C.P.),[43] y la supremacía de
la Constitución (art. 4, C.P.).
8. Segundo, la actora agotó todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial de sus derechos a la seguridad social y al mínimo vital.
Precisamente los hechos que motivaron la tutela tienen origen en un proceso
ordinario laboral que llegó hasta casación. Por lo demás, el recurso
extraordinario de revisión no era procedente,[44] en tanto la sentencia de
casación no se cuestiona por haberse fundamentado en un medio de prueba
falso, o sospechoso de invalidez por ser producto de supuestas maniobras
ilegales – causales 1,2 y 3 del artículo 31 de la Ley 712 de 2001– y, tampoco
alega falta de los deberes profesionales del apoderado judicial en su perjuicio
– causal 4 del artículo 31 de la Ley 712 de 2001–.
9. Tercero, en este asunto no se alega una irregularidad procesal sino un vicio
sustancial supuestamente predicable de la sentencia. Cuarto, la Sala observa
que la accionante identificó con suficiente claridad el acto que a su juicio viola
sus derechos fundamentales (la sentencia de casación), y las razones por las
cuales lo hace (desconocimiento de la Constitución, y de la jurisprudencia de
esta Corte). Quinto, la providencia que se demanda no es de tutela. Por lo
tanto, sólo resta decidir si la acción que provocó los fallos objeto de revisión
cumple con el requisito de inmediatez. A este punto se referirá la Corte en el
En casos en los cuales la vulneración de los derechos es permanente, la
tutela procede mientras dure la violación
10. En este proceso la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura sostuvo que la tutela promovida por la señora Patricia Elena
Nanclares debía declararse improcedente por no cumplir el requisito de
inmediatez. A esta conclusión llegó luego de constatar que la sentencia
demandada fue expedida el veintisiete (27) de abril de dos mil diez (2010), y
que el amparo se presentó el catorce (14) de junio de dos mil once (2011). En
criterio del Consejo Superior no estaba justificada la tardanza en la
interposición de la tutela, y por eso a su juicio no era aceptable el argumento
de la tutelante, de acuerdo con el cual la inmediatez no es aplicable cuando la
vulneración del derecho fundamental es permanente y continua, porque “de
avalarse esa tesis, la seguridad jurídica y la cosa juzgada estarían siempre en
estado de indefinición, lo que conllevaría inseguridad e inestabilidad de todo
orden”. La Corte Constitucional es la encargada de interpretar el artículo 86
de la Constitución, y piensa que el Consejo Superior de la Judicatura no tiene
la razón en su planteamiento.
11. Para mostrar este punto es importante no perder de vista que en la
sentencia C-543 de 1992[45] la Corte sostuvo que la Constitución prohíbe
establecer términos de caducidad para la presentación de las acciones de
tutela, toda vez que el artículo 86 de la Carta dispone que el de amparo es un
medio de defensa judicial que las personas pueden ejercer “en todo
momento”, para proteger sus derechos fundamentales (art. 86, C.P.).[46]
Posteriormente, sin embargo, la jurisprudencia advirtió que con ello no se
lograba privar a la tutela de otro atributo cardinal como es el de ser un
instrumento de protección “inmediata” de derechos fundamentales (art. 86,
C.P.).[47] Así las cosas, el resultado de estos dos pronunciamientos es que en
todo caso en el cual se cuestione la procedencia de la tutela por falta de
inmediatez, existe una tensión inocultable entre el derecho constitucional a
invocar el amparo “en todo momento”, y el deber de respetar la configuración
de la tutela como un medio de protección “inmediata” de derechos
fundamentales. ¿Cómo debe resolverse esa tensión en los casos concretos?
12. La Corte Constitucional ha establecido que en todos los procesos el juez
debe constatar el tiempo trascurrido entre la supuesta violación o amenaza de
los derechos fundamentales y la interposición de la tutela. Pero también ha
señalado que esa constatación no es suficiente para tomar una decisión sobre
la inmediatez del amparo, ya que no cualquier tardanza en la presentación de
las acciones de tutela acarrea su improcedencia, sino sólo aquella que pueda
juzgarse como injustificada o irrazonable. Ahora bien, en los casos concretos
la jurisprudencia constitucional ha empleado diversos criterios para evaluar la
razonabilidad del tiempo transcurrido entre ambos puntos. Así, por ejemplo,
ha resuelto que es preciso establecer siel ejercicio inoportuno de la acción
implica “una eventual violación de los derechos de terceros”;[48] cuánto
tiempo trascurrió entre la expedición de una sentencia de unificación
novedosa de esta Corte sobre una materia discutida y la presentación del
amparo;[49] cuánto tiempo pasó entre el momento en el cual surgió el
fundamento de la acción de tutela y la interposición de esta última; [50] o cuál
ha sido el lapso que la jurisprudencia de esta Corte ha juzgado irrazonable en
casos similares al que está por resolverse.[51]
13. Pues bien, para un caso como este es pertinente exponer un criterio que no
fue mencionado en el párrafo anterior pero ha empleado la Corte con el mismo
propósito. El criterio ha sido aplicado en varias ocasiones, aunque en esta
oportunidad la Sala se referirá al modo como fue usado en la sentencia T-1028
de 2010 pues este último fallo presenta similitudes relevantes con el que está
por decidirse.[52] En efecto, en la sentencia T-1028 de 2010 una Sala de
Revisión de esta Corte debía dirimir una controversia semejante a esta, sobre
la inmediatez de la tutela promovida por una persona contra una providencia
de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que había
resuelto negarle la pensión de sobrevivientes reclamada. En esa ocasión
habían transcurrido dos años y ochos meses entre la expedición del fallo de
casación demandado y la presentación de la tutela. La Sala Octava de
Revisión estimó que la tutela debía considerarse procedente porque en el caso
concreto, “a pesar del paso del tiempo, la supuesta vulneración de sus
derechos fundamentales permanece, es decir, continúa y es actual”.[53] ¿Por
qué era permanente, continua y actual la supuesta violación? Porque se le
había negado una pensión de sobrevivientes sobre la base de un criterio
manifiestamente inconstitucional, y desde entonces la persona se encontraba
en una situación crítica de pobreza que al momento de presentar el amparo no
había podido superar.
14. Así, en este caso la Sala considera que la tutela es procedente. En efecto, a
pesar del tiempo trascurrido desde la sentencia de casación, la violación de los
derechos a la seguridad social y al mínimo vital permanece; es decir, continúa
y es actual. Esto se puede inferir de varios hechos, acreditados en el proceso.
Primero, de la circunstancia de que la señora Patricia Elena Nanclares (y su
padre) han estado sin pensión durante todo este tiempo, parcialmente a causa
de la sentencia que cuestionan. El desconocimiento a su derecho a la
seguridad social es entonces actual pues no se ha superado. Segundo, la
permanencia de la vulneración se puede colegir del hecho de que la tutelante y
su padre continúan en una situación crítica de pobreza, en la cual estaban
sumidos desde cuando se expidió el fallo de casación. La vulneración de su
derecho al mínimo vital, por lo tanto, no ha desaparecido sino que permanece.
Tercero, es razonable extraer esa condición de un dato, y es que en la familia
nadie más recibe un salario, un ingreso periódico estable, rentas o pensiones, y
la actora nunca laboró, ya que su compañero permanente no se lo permitía. La
vitales de una familia pobre, mientras todo permanezca igual. En vista de estas
circunstancias es pues lógico concluir que la violación continúa y es actual.
Por ende, la Corte considera que la tutela es procedente.
15. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia casó una
sentencia del Tribunal Superior de Medellín mediante la cual se había
confirmado otra de primera instancia que le había reconocido a la hoy
tutelante el derecho a la pensión de sobrevivientes pese a no cumplir con el
requisito de fidelidad. La providencia de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema sostuvo que el fallo del Tribunal debía casarse por cuanto dejó
de aplicar la norma vigente al momento del fallecimiento del causante de la
pensión, que ocurrió el 17 de junio de 2004; es decir, la Ley 797 de 2003“Por
la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones
Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”, en virtud de la cual una
persona sólo podía acceder a la pensión de sobrevivientes si el causante tenía
una fidelidad de cotización con el sistema de al menos el 20% del tiempo
transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha del
fallecimiento. Se dijo en la sentencia que en lugar de aplicar esa norma, el
Tribunal había resuelto aplicar la versión primigenia de la Ley 100 de 1993
que no hacía tal exigencia. Ahora bien, como el resultado de aplicar la Ley
797 de 2003 era que la hoy tutelante no tenía derecho a la pensión, la Corte
Suprema decidió además revocar la decisión. En consecuencia, la demandante
se quedó sin pensión.
16. La señora Patricia Elena Nanclares Taborda alega, sin embargo, que aun
cuando la norma vigente al momento de fallecer su compañero era la Ley 797
de 2003, que exigía cumplir con un requisito de fidelidad, lo cierto es que a
juicio de la Corte Constitucional esa norma resultaba contraria a la
Constitución y no podía aplicarse a su caso, entre otras razones porque en la
sentencia C-556 de 2009 con ponencia del magistrado Nilson Pinilla Pinilla, la
Corte declaró inexequibles los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de
2003, que pretendieron imponer como exigencia para acceder a la pensión de
sobrevivientes el cumplimiento de un requisito de fidelidad al sistema, por
considerarlas contrarias a la Constitución toda vez que violaron la prohibición
constitucional de regresividad en materia de seguridad social en pensiones.
17. En vista de las alegaciones presentadas, y del contexto normativo en el
cual se insertan, la Sala estima que la acción de tutela le plantea el siguiente
problema jurídico: ¿viola la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia el derecho a la seguridad social de una persona, cuando decide
casar una sentencia que ordena reconocerle una pensión de sobrevivientes,
sobre la base de que no aplicó la norma vigente para la época en que falleció
el causante de la misma, a pesar de que la Corte Constitucional ha sostenido
de manera consistente que esa norma desde siempre fue inconstitucional y en
todo caso debe inaplicarse? La Corte Constitucional considera que sí, y pasa
a exponer las razones en las cuales fundamenta su respuesta.
Ninguna autoridad judicial puede, sin violar la Constitución (art. 48,
C.P.), aplicar o exigir que se apliquen las normas que establecían el
requisito de fidelidad para adquirir el derecho a la pensión de
sobrevivientes. Esas normas siempre deben inaplicarse (art. 4, C.P.)
18. Esta Corte ha sostenido de manera consistente que ninguna autoridad
puede, sin violar la Constitución de 1991, aplicar o exigir que se apliquen los
literales a) y b) del artículo 12, Ley 797 de 2003, mediante los cuales se buscó
instaurar un requisito de fidelidad para adquirir la pensión de sobrevivientes.
La razón para que eso sea así tiene mucho que ver con lo decidido por la Sala
Plena de la Corporación en la sentencia C-556 de 2009,[54] en la cual resolvió
por unanimidad declarar inexequibles ambos literales de la Ley. En esencia, el
motivo por el cual es inconstitucional aplicar esas normas es porque en
términos prácticos hacen más difícil de lo que era en la versión original de Ley
100 de 1993 la adquisición del derecho a la pensión de sobrevivientes, sin que
esa superior dificultad esté suficientemente justificada. Con lo cual violan la
prohibición constitucional de retroceder sin justificación suficiente en el nivel
de protección alcanzado previamente en materia de derechos sociales, que ha
aplicado esta Corte en casos que por ejemplo involucran regulaciones sobre
seguridad social en salud,[55] educación[56] o vivienda digna.[57]
19. Ahora bien, el vicio de inconstitucionalidad con fundamento en el cual la
Corte declaró inexequibles las normas que establecían el requisito de fidelidad
para pensiones de sobrevivientes no surgió sólo con la sentencia C-556 de
2009. Por el contrario, ese vicio afectó la constitucionalidad de las
disposiciones que consagraban el requerimiento desde el momento mismo de
su promulgación. Ello es así porque incluso desde antes de la sentencia C-556
de 2009 la Corporación ya había sostenido que ambos enunciados legales
introducían un requerimiento regresivo inconstitucional y que por lo mismo
debían ser inaplicados.[58] En otras palabras, como lo ha ratificado esta Corte
de manera uniforme, la exigencia de fidelidad para acceder a la pensión de
sobrevivientes “desde siempre fue contraria al derecho fundamental a la
seguridad social en pensiones”.[59]Por ende, en todo momento ha sido
inconstitucional exigir el cumplimiento del requisito de fidelidad en casos de
pensiones de sobrevivientes, sea que estas se hubieran causado antes o
después de la sentencia C-556 de 2009. Así lo ha sostenido esta Corte entre
otras en las sentencias T-730 de 2009,[60] T-846 de 2009,[61]T- 950 de 2009,[62]
T-166 de 2010,[63] T-755 de 2010,[64] T-950 de 2010,[65] T-995 de 2010,[66] T772 de 2011[67] y T-718 de 2010.[68]
20. En ese sentido, la sentencia cuestionada de la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia casó una sentencia partiendo de una premisa
válida en términos generales y es que las normas aplicables a las pensiones de
sobrevivientes son las que estén en vigor en la fecha de defunción del
causante de las mismas. Si esto siempre fuera siempre así, no habría duda de
que la sentencia del Tribunal debía ser casada puesto que la norma vigente al
fallecer el compañero de la tutelante era la Ley 797 de 2003, y el Tribunal no
la aplicó. No obstante, el problema de este razonamiento es que deja de tener
en cuenta por completo que esa regla general tiene excepciones y que una de
ellas se presenta cuando la norma vigente al momento de la muerte del
causante resulta inconstitucional, toda vez que ninguna disposición puede
juzgarse aplicable mientras sea manifiestamente contraria a la Constitución.
En un caso así hay una incompatibilidad entre dos normas: la ley en vigor y la
Constitución política. Y la Constitución dice expresamente que “[…] En todo
caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley […] se aplicarán las
disposiciones constitucionales” (art. 4, C.P.).
21. En definitiva, aunque la norma vigente al momento de fallecer el causante
de la pensión reclamada era la Ley 797 de 2003, artículo 12 literales a) y b),
lo cierto es que dichas disposiciones no resultaban aplicables por ser
inconstitucionales. Así las cosas, la sentencia del Tribunal Superior de
Medellín pudo no ajustarse a la ley vigente, como lo señaló la Sala de
Casación Laboral, pero lo cierto es que en este caso eso no era censurable por
cuenta de que la ley vigente resultaba manifiestamente inconstitucional. En
contraste, la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, incurrió en un defecto por desconocimiento directo de la
Constitución ya que la Ley que exigía aplicar resultaba inconstitucional. El
defecto consistió, puntualmente, en no haber inaplicado la Ley pese a ser
contraria a la Constitución, tal y como esta última había sido interpretada en
numerosos pronunciamientos por la Corte Constitucional, que es la
Corporación que tiene asignada la función primigenia de guardar la integridad
y supremacía de la Constitución Política (art. 241, C.P.).[69]
22. Ninguna autoridad judicial puede, sin violar el derecho a la seguridad
social (art. 48, C.P.), aplicar o exigir que se apliquen las normas que
establecían el requisito de fidelidad para adquirir el derecho a una pensión de
incompatible con la Carta, debe inaplicarse en todos los casos (art. 4, C.P.). Si
en un fallo un juez la inaplica obra correctamente. Si luego otra decisión
consecuencia deberá ser dejada sin efectos. Eso fue lo que ocurrió en este
caso, y la Corte Constitucional obrará en consecuencia.
23. En este asunto la Sala Plena de la Corte Constitucional revocará los fallos
expedidos en el proceso de tutela por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia el veintiocho (28) de
septiembre de dos mil once (2011), en primera instancia, y por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura el diez (10)
de noviembre de dos mil once (2011) en segunda instancia. Asimismo, como
quiera que la acción de tutela tiene el fin primordial de obtener la protección
“inmediata” de los derechos fundamentales, y en vista de las circunstancias
particulares de la tutelante, la Sala Plena dejará sin efectos el fallo expedido
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el veintisiete
(27) de abril de dos mil diez (2010), y dispondrá restablecer los efectos de la
sentencia expedida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín el
once (11) de marzo de dos mil ocho (2008), la cual a su vez confirmó la
proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín el veinte
(20) de abril dos mil siete (2007). Por lo tanto, le advertirá al Gerente del
Instituto de Seguros Sociales –Seccional Antioquia- o a quien haga sus veces
que está vinculado por las órdenes que dictó el Juzgado[70] y que debe
cumplirlas en el término máximo de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la notificación de la presente sentencia.
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida en el trámite de la referencia por
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el
diez (10) de noviembre de dos mil once (2011), en segunda instancia, por
medio de la cual se modificó el fallo de primera instancia y se declaró la
improcedencia de la acción, y la decisión adoptada en primera instancia por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de
Antioquia, el veintiocho (28) de septiembre de dos mil once (2011), mediante
la cual se decidió negar la solicitud de amparo presentada por la señora
Patricia Elena Nanclares Taborda y, en su lugar, CONCEDER LA TUTELA
a sus derechos fundamentales al debido proceso y la seguridad social en
Segundo.-DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el veintisiete (27) de abril
de dos mil diez (2010) dentro del proceso ordinario laboral promovido por la
señora Patricia Elena Nanclares Taborda contra el Instituto de Seguros
Sociales, Seccional Antioquia, en la que se decidió (i) casar el fallo dictado el
once (11) de marzo de dos mil ocho (2008) por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Medellín en el proceso laboral iniciado por Patricia Elena
Nanclares Taborda contra el Instituto de Seguros Sociales y, en sede de
instancia, (ii) revocar la decisión adoptada el Juzgado Catorce (14) Laboral del
Circuito Medellín, el veinte (20) de abril de dos mil siete (2007) dentro del
En consecuencia, las sentencias adoptadas dentro del trámite ordinario laboral
iniciado por Patricia Elena Nanclares Taborda e identificadas plenamente en el
párrafo precedente producirán plenos efectos legales.
Tercero.- ORDENAR al Instituto de Seguros Sociales que, en el término de
cuarenta y ocho horas contadas desde la notificación de esta providencia,
cumpla las ordenes contenidas en la sentencia dictada en primera instancia por
el Juzgado Catorce (14) Laboral del Circuito de Medellín, el veinte (20) de
abril de dos mil siete (2007), dentro del proceso ordinario laboral iniciado por
la señora Patricia Elena Nanclares Taborda contra el Instituto de Seguros
Social, las cuales fueron confirmadas por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Medellín, mediante fallo de segunda instancia de once (11) de
marzo de dos mil ocho(2008).
Cuarto.- ORDENAR al Gerente del Instituto de Seguros Sociales que remita
copia a la Corte Constitucional del acto administrativo mediante el cual se dé
cumplimiento a las órdenes impartidas en el ordinal precedente, dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia, con
constancia de su notificación a los interesados.
Quinto.- Por Secretaría General, líbrense las comunicaciones previstas en el
Elena Nanclares Taborda contra la Sala
de Casación Laboral de la Corte
por la Magistrada sustanciadora, estimo necesario consignar por escrito una
muy sucinta aclaración sobre el sentido de mi voto en el presente asunto.
Si bien participo de la resolución adoptada, por cuanto comparto la percepción
de que existían razones constitucionales que justificaron la invalidación de la
sentencia que dentro de un asunto de su competencia efectuó la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, debo aclarar mi voto pues
siempre he disentido frente al enfoque amplificado de la noción de “vía de
hecho” y en relación con algunas de las argumentaciones que se exponen para
arribar a la decisión adoptada.
Particularmente, tal como lo he explicado con más amplitud frente a otras
decisiones[71], no comparto el alcance, en mi opinión desbordado, que con
frecuencia se reconoce por parte de la Corte Constitucional a la acción de
vengo refiriendo se pone de presente en las argumentaciones relacionadas con
la sentencia C-590 de junio 8 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, de cuyos
planteamientos discrepo parcialmente desde su expedición.
Mi desacuerdo con dicha sentencia radica en el hecho de que, en la práctica,
especialmente las llamadas “causales especiales de procedibilidad” a que
dicha providencia se refiere en su punto 25, y que aquí son traídas a colación
en las consideraciones (páginas 9 a 13), abarcan todas las posibles situaciones
que podrían justificar la impugnación común contra una decisión judicial,
dejando así la imagen de que esta Corte estima que la acción de tutela
constituye un recurso complementario, añadible a los establecidos en el
Con ello, la solicitud y trámite de la acción de tutela al amparo de tales
enunciados, deviene simplemente en una (o más) nueva(s) oportunidad(es)
que se confiere(n) a quien se ha visto desfavorecido por la decisión adoptada
por el juez competente, o lo que es lo mismo, en una (o varias) instancia(s)
adicional(es), no prevista(s) en absoluto en el respectivo proceso debido,
situación que difiere, de lejos, del propósito de protección subsidiaria a los
derechos fundamentales que animó al constituyente de 1991, que vino a
quedar reflejado en el artículo 86 superior.
Además, no sobra acotar que si bien esta corporación con fundamento en la
sentencia C-590 de 2005 aduce sistematizar una línea jurisprudencial
realidad ese pronunciamiento[72], de suyo sólo argüible frente a la casación
penal por ser ésta la institución regulada en el precepto parcialmente
postulara lo contrario de lo que quedó decidido en la C-543 de 1992.
En efecto, mientras que en esa providencia de 1992 se consideró, con firmeza
de cosa juzgada constitucional (art. 243 Const.), que no puede ser
seguridad jurídica y contra otros importantes valores constitucionales, como el
“principio democrático de la autonomía funcional del juez”, “la
independencia y desconcentración que caracterizan a la administración de
justicia” y “la función garantizadora del Derecho” que cumple el proceso, y
en consecuencia se declaró inexequible la preceptiva que reglamentaba tal
posibilidad, en la C-590 de 2005 se presenta un amplio listado de situaciones,
creyéndose que de inferirse la materialización de alguna de ellas, en opinión
de quien realiza el control tutelar, de por sí le está permitido remover o dejar
sin efecto la decisión judicial, cual si aplicara un recurso ordinario más, con lo
cual se ha desquiciado gravemente su carácter excepcionalísimo y, en la
práctica, se ha abatido la seguridad jurídica, que es también un derecho
Por lo anterior, dado que la decisión adoptada con mi acuerdo y participación
incluye algunas consideraciones con alcances de tal índole, que no comparto,
aclaro el voto en el caso de la referencia.
En el proceso de revisión de los fallos proferidos, en primera instancia, por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia el veintiocho (28) de septiembre de dos mil
once (2011) y, en segunda instancia, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura el diez (10) de noviembre de dos mil once (2011). El proceso de la referencia fue seleccionado para
revisión por la Sala de Selección Número Uno, mediante auto proferido el treinta y uno (31) de enero de dos
mil doce (2012). El siete (7) de marzo de dos mil doce (2012), a partir de reporte presentado por la
Magistrada Ponente, la Sala Plena decidió asumir la revisión del presente asunto.
Registro Civil de defunción. Folio 82 del cuaderno principal (en adelante cada vez que se haga mención a
un folio deberá entenderse que forma parte del cuaderno principal a menos que se diga expresamente lo
Resolución No. 18417 de octubre cinco (5) de dos mil cinco (2005).
El artículo 12 de la Ley 797 de 2003 “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general
de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales
exceptuados y especiales” establecía inicialmente: “El artículo 46 de la Ley 100 de 1993 quedará así: ||
Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de
sobrevivientes: || 1 Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común
que fallezca y, || 2.Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando
éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al
fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones: || a) Muerte causada por enfermedad: si es mayor de
20 años de edad, haya cotizado el veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el momento en
que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento. || b) Muerte causada por accidente: si es mayor
de 20 años de edad, haya cotizado el veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en
que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento”.El aparte subrayado fue declarado inexequible
por la Corte Constitucional. Sentencia C-556 de 2009 (MP. Nilson Pinilla Pinilla).
Resolución No.18417 de 2005. Folio75
Sentencia proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín el 20 de abril de 2007. Para
resolver consideró que el afiliado había cotizado durante tres legislaciones diferentes [Acuerdo 049 de 1990,
Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003] y, por ende, para lo atinente a la pensión debía aplicarse el principio de
la condición más beneficiosa, en virtud del cual la legislación aplicable debía ser la versión inicial del artículo
46 de la Ley 100 de 1993. Folios 45-50. Las órdenes del Juzgado fueron: “Primero: Declarar que la señora
Patricia Elena Nanclares Taborda […] reúne los requisitos consagrados en los artículos 46 y 47 de la ley 100
de 1993, antes de ser modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003; para acceder a la pensión
de sobrevivientes de manera vitalicia, en aplicación del principio denominado „condición más beneficiosa‟
[…]. Segundo: Condenar al Instituto de Seguros Sociales Seccional Antioquia […] a reconocer pensión
vitalicia de sobreviviente a la señora Patricia Elena Nanclares Taborda […] en cuantía mensual equivalente al
salario mínimo legal vigente, teniendo en cuenta las mesadas adicionales y los incrementos legales anuales; y
pagar, el retroactivo de la pensión, liquidado hasta el mes de marzo de 2007, en cuantía de catorce millones
seiscientos cincuenta y siete mil ciento treinta y tres pesos ($14‟657.133.oo), más intereses moratorios
consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde la fecha en que cada mesada se hizo exigible,
hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de la obligación. || Tercero: Reconocer la excepción de
compensación y en consecuencia autorizar al ISS para descontar los dineros entregados a la demandante por
concepto de indemnización sustitutiva de la pensión, en la Resolución N° 18417 de 2005, por valor de un
millón ochocientos sesenta y ocho mil ochocientos ochenta y cinco pesos ($1‟868.885.oo), con sus
correspondientes intereses moratorios comerciales”. Folio 50 (anverso y reverso).
Sentencia de segundo grado del proceso ordinario laboral proferido por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Medellín. Folios 51-60.
Folios 54 y s. Después el Tribunal agregó: “[l]a densidad de semanas cotizadas hace posible el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, objeto de la demanda, tal como lo dispuso el Juez de primera
instancia, en aplicación de principios como la condición más beneficiosa, consagrado en el artículo 53 de la
Constitución Nacional, el cual tiene como presupuesto, la confrontación de dos diferentes regímenes de
pensiones (el antiguo y el nuevo), y comporta que el nuevo no puede tener eficacia jurídica si no resultare más
favorable a quien pretende su aplicación”. Folio 56.
Folios 71 y s. En ese fallo, la parte dispositiva dice: “[…] Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA
la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 11 de marzo de 2008,
dentro del proceso promovido por PATRICIA NANCLARES TABORDA contra el INSTITUTO DE
SEGUROS SOCIALES. || En sede de instancia se revoca la sentencia del Juzgador A quo y absuelve al
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de todos los cargos”.
MP. Nilson Pinilla Pinilla.
MP. Humberto Sierra Porto.
Auto de agosto 24 de dos mil once proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia. Folios
136 y 137.
Auto de Sala Plena.
Auto admisorio de la acción de tutela objeto de revisión. Folio 153 y 154.
La norma invocada por la Corte Suprema dice en lo pertinente: “lo accionado contra la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, será repartido a la misma
Corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad
con el Reglamento al que se refiere el artículo 4 del presente Decreto”.
Sentencia T-1028 de 2010 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto). En esa ocasión la Corte estudió una
tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, autoridad que en una sentencia le
había negado la sustitución pensional. En esa oportunidad también la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema había inadmitido la tutela y resuelto no enviar la providencia a revisión eventual de esta Corte. La
peticionaria instauró la tutela entonces ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, y la Sala
Octava de Revisión de la Corte Constitucional sostuvo que de acuerdo con el auto 004 de 2004, esa autoridad
era competente para conocer y fallar de fondo las acciones de tutela contra las Salas de Casación de la Corte
En la sentencia de unificación de jurisprudencia de la Sala Plena SU-1159 de 2003, la Corte Constitucional
citó en tales términos la sentencia C-543 de 1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo; SV Ciro Angarita
Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero). En la sentencia de 1992 la Corporación
declaró inexequibles los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se establecía un término de
caducidad para presentar la acción de tutela contra sentencias, pues consideró que salvo aquellos casos en los
que el funcionario hubiese actuado por vías de hecho, la acción de tutela no procedía contra providencias
judiciales. Por otra parte, en la sentencia SU-1159 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa; SV Alfredo
Beltrán Sierra, Jaime Araujo Rentería, Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro Tafur Galvis), se decidió que la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado no incurrió en una vía de hecho al
resolver, en sentencia de septiembre 25 de 2001, que no prosperaba el recurso extraordinario especial de
revisión presentado por el accionante, Ricaurte Losada Valderrama, en contra de la sentencia de septiembre 7
de 1994, en la que la misma Corporación decretó la pérdida de su investidura como Senador. Los salvamentos
de voto a esta sentencia versaron sobre cuestiones específicas del caso, y no sobre la interpretación de la
sentencia C-543 de 1992. Esta última fue por lo tanto unánime.
En la sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño), dijo la Corte al respecto: “(…) no es cierto
que la Corte, en el fallo citado, haya descartado, de manera absoluta, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales. Lo que hizo en esa oportunidad fue excluir del ordenamiento jurídico unos
preceptos normativos que afirmaban la procedencia de ese mecanismo contra las sentencias como regla
general y no como excepción. De allí que la Corte, en la motivación de ese pronunciamiento, haya delineado
genéricamente los supuestos en los que de manera excepcional procedía la acción de tutela contra tales
decisiones. || 29. Por otra parte, la postura que se comenta desconoce la doctrina constitucional pues esta
Corporación no sólo ha realizado una interpretación autorizada de la Sentencia C-593-92, sino que, como se
indicó en precedencia, ha construido una uniforme línea jurisprudencial que desarrolla los supuestos
excepcionales de procedencia de la tutela contra decisiones judiciales.” Corte Constitucional, sentencia C-590
de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño), en este caso se resolvió declarar inexequible la expresión “ni acción”
del artículo 185 de la Ley 906 de 2004. [Artículo 185. Decisión. Cuando la Corte [Suprema] aceptara como
demostrada alguna de las causales propuestas, dictará el fallo dentro de los sesenta (60) días siguientes a la
audiencia de sustentación, contra el cual no procede ningún recurso ni acción, salvo la de revisión. (…)]
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño). Esta sentencia ha sido
reiterada en muchas ocasiones, entre ellas, por ejemplo, las sentencias T-102 de 2006 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto), T-163 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-333 de 2006 (MP Álvaro Tafur Galvis),
T-350 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-060 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo), T-842
de 2009 (MP María Victoria Calle Correa), T-108 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio, AV Nilson Pinilla
Pinilla), T-146 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa), T-217 de 2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), T-245 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-386 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-505
de 2010 (MP Jorge Ignacio PreteltChaljub), T-697 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
Corte Constitucional, sentencia T-504 de 2000 (MP. Antonio Barrera Carbonell; AV Alfredo Beltrán
Al respecto ver por ejemplo, se han tutelado en tal sentido los derechos de un menor en un proceso de
filiación [T-329 de 1996 (MP)]; de personas privadas de la libertad, defendidas de oficio [T-573 de 1997
(MP); T-068 de 2005]; de un pensionado, en torno al reclamo de su pensión [T-289 de 2003 (MP)]; o de
trabajadores sindicalizados en procesos disciplinarios [T-851 de 2006].
Ver entre otras la sentencia T-315 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
Sentencias T-008 de 1998 (Eduardo Cifuentes Muñoz) y SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa. SV. Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Rodrigo Escobar Gil).
Sentencia T-658 de 1998 (MP. Carlos Gaviria Díaz).
Sentencias T-088 de 1999 (MP. José Gregorio Hernández Galindo) y SU-1219 de 2001 (MP Manuel José
Sentencia T-1276 de 2005 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto). en este caso se resolvió confirmar una
sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, que fue objeto de análisis
dentro del proceso de tutela.
Defecto orgánico: “Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada
carece, absolutamente, de competencia para ello”
Defecto procedimental: “Se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
Defecto fáctico: “Surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.”
Defecto material y sustantivo: “Son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales [T-522 de 2001] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.”
Error inducido: “Se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese
engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.”
Decisión sin motivación: “Implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa
la legitimidad de su órbita funcional.”
Desconocimiento del precedente: “Esta hipótesis se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente
dicho alcance. En estos casos, la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. [Cfr. Sentencias T-462 de
2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001.]”
Para recopilaciones recientes de la jurisprudencia constitucional al respecto, pueden verse entre otras la
sentencia T-1276 de 2005 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto) [citada previamente]; la sentencia T-910 de
2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa) [en este caso se resolvió, entre otras cosas, dejar sin efecto las
sentencias disciplinarias dictadas porla Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,
acusadas dentro del proceso, en las cuales se decidió sancionar a la accionante con la pena de suspensión por
el término de un mes]; la sentencia T-1029 de 2008 (MP. Mauricio González Cuervo) [previamente citada]; la
sentencia T-1065 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) [en este caso se resolvió, entre otras cosas,
dejar sin efectos la sentencia emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Laboral, el
día trece (13) de septiembre de dos mil cinco (2005), dentro del proceso estudiado]; la sentencia T-1094 de
2008 (MP. Clara Inés Vargas Hernández) [en este caso se resolvió negar el amparo constitucional solicitado
por el accionante, propuesto contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia].
La Corte Constitucional ha aplicado la jurisprudencia constitucional sobre procedencia de acciones de
tutela contra providencias judiciales, tal como fue recogida en la sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime
Córdoba Triviño) en diferentes ocasiones. Además de las citadas previamente en nota al pie en esta sentencia,
pueden también consultarse las sentencias T-156 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) [en este caso se
resolvió dejar sin efectos una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar]; la T-425 de
2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) [en este caso se resolvió dejar sin efectos un numeral de la
parte resolutiva de una sentencia del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional]; la T-594 de 2009
(MP Jorge Iván Palacio Palacio) [en este caso se resolvió negar una tutela contra un fallo proferido por la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia]; la T-675 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa) [en
este caso se resolvió dejar sin efectos un fallo proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Medellín]; y la T-736 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez) [en este caso se resolvió dejar sin efectos un
fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca].
La norma que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, consideró aplicable al caso de la
peticionaria fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-556 de 2009 (MP
Nilson Pinilla Pinilla. Unánime). En dicha providencia la Corte estimó que el requisito de fidelidad violaba el
principio de no regresividad pues exigía el cumplimiento de una condición mas gravosa que contemplada en
la norma anterior (art. 46 de la Ley 100 de 1993) para acceder a la pensión de sobrevivientes, sin que se
hubiera ofrecido una justificación suficiente para ello.
El artículo 30 de la Ley 712 del 2001“Por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo”, consagró
la procedencia del recurso de revisión en los siguientes términos: “[e]l recurso extraordinario de revisión
procede contra las sentencias ejecutoriadas de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, las salas
laborales de los tribunales superiores y los jueces laborales del circuito dictadas en procesos ordinarios”.
Igualmente, el artículo 31 de la mencionada Ley dispuso las causales para interponer el recurso, así:
“CAUSALES DE REVISIÓN: || 1. Haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueron
decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida. || 2. Haberse cimentado la sentencia en
declaraciones de personas que fueron condenadas por falsos testimonios en razón de ellas. || 3.Cuando
después de ejecutoriada la sentencia se demuestre que la decisión fue determinada por un hecho delictivo del
juez, decidido por la justicia penal. || 4. Haber incurrido el apoderado judicial o mandatario en el delito de
infidelidad de los deberes profesionales, en perjuicio de la parte que representó en el proceso laboral,
siempre que ello haya sido determinante en este. || PARÁGRAFO. Este recurso también procede respecto de
conciliaciones laborales en los casos previstos en los numerales 1, 3 y 4 de este artículo. En este caso
conocerán los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.”. Las causales anteriores fueron adicionadas por lo
dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el cual se refiere a la revisión de aquellas actuaciones que
impongan la obligación de reconocer sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza a cargo del tesoro
público o a fondos públicos, en razón de una violación al debido proceso. Se debe anotar que el Gobierno
tiene la titularidad del recurso de revisión con fundamento en esta causal.
(MP. José Gregorio Hernández Galindo. SV. Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro
Martínez Caballero).
En la Sentencia C-543 de 1992 (MP. José Gregorio Hernández Galindo, SV. Ciro Angarita Barón, Eduardo
Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero), dice la Corte que “resulta palpable la oposición entre el
establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo estatuido en el artículo 86 de la
Constitución cuando señala que ella puede intentarse "en todo momento", razón suficiente para declarar, como
lo hará esta Corte, que por el aspecto enunciado es inexequible el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991”.
Sentencia SU-961 de 1999 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa. Unánime). En ese fallo la Corte Constitucional
resolvió no conceder una tutela que había sido instaurada después de dos años y medio de haber tenido lugar
la actuación que supuestamente violaba sus derechos fundamentales. Para llegar a esa conclusión, la
Corporación tuvo en cuenta “[…] la inexistencia de un término de caducidad”. No obstante, indicó que este
“[…] no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. […] Si
bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera
afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable,
impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales
de terceros, o que desnaturalice la acción”.
Sentencia SU-961 de 1999 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa. Unánime). En ese caso, antes referido, la Corte
Constitucional formuló algunos criterios para definir si el ejercicio inoportuno de la acción implicaba la
violación de derechos de terceros. Dijo, en concreto: “[…] La razonabilidad en la interposición de la acción
de tutela está determinada, tanto en su aspecto positivo, como en el negativo, por la proporcionalidad entre
medios y fines. […] Dentro de los aspectos que debe considerarse, está el que el ejercicio inoportuno de la
acción implique una eventual violación de los derechos de terceros. Para hacerlo, el juez debe constatar: 1) si
existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; 2) si esta inactividad injustificada vulnera el
núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión y 3) si existe un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados”. Estos criterios los
aplicó a los casos estudiados, y concluyó que la tutela no cumplía con la inmediatez.
Sentencia T-815 de 2004 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes). En ese fallo la Corte Constitucional estudió de
fondo una acción de tutela, en un caso en el cual estaba en duda si cumplía con la inmediatez. La Corporación
dijo que sí cumplía porque el término de inmediatez debía contarse desde cuando surgió el fundamento
normativo para demandar, que era una sentencia de unificación de esta Corte. Expresó, entonces, que para
verificar si se cumplía con la inmediatez era preciso verificar “si transcurrió un lapso breve entre la sentencia
de unificación de la corte constitucional y el recurso de amparo”.
Sentencia T-243 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). En esa ocasión, la Corte Constitucional
resolvió de fondo una tutela instaurada contra providencia judicial, pese a cuestionamientos acerca de si
cumplía con el requisito de la inmediatez, luego de constatar que el amparo se había interpuesto poco tiempo
después de haberse expedido una providencia que le servía como fundamento a la tutelante para solicitar la
protección de sus derechos fundamentales.
Sentencia T-681 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). En esa oportunidad la Corporación declaró
improcedente una tutela por falta de inmediatez, y para ello valoró la razonabilidad de la tardanza en la
interposición del amparo con fundamento en cómo se había valorado la razonabilidad de los términos en
decisiones precedentes (fallos que resolvían casos iguales).
Sentencia T-1028 de 2010 (MP. Humberto Sierra Porto). En un sentido similar puede verse la sentencia T1110 de 2005 (MP. Humberto Sierra Porto), en la cual la Corporación aplicó ese mismo criterio para resolver
una tutela contra providencias penales que había sido interpuesta nueve meses después de la expedición de
estas últimas. La Sala de Revisión que la expidió dijo al respecto: “la Sala reitera su posición en cuanto al
principio de inmediatez, cuando al momento de la interposición de la acción, la vulneración de los derechos
fundamentales continúa. Ha dicho la Corte, que en aquellos casos en los que la vulneración de los derechos es
permanente, la solicitud de amparo es procedente mientras dure la vulneración. || En el caso concreto, en
donde la vulneración del derecho al debido proceso trajo como consecuencia una condena penal sin la
posibilidad de defensa, es claro que en tanto la condena esté vigente, la vulneración será susceptible de
protección. La condena de ARDILA MORALES a pena de prisión tiene vigencia hasta julio de 2007. Hasta
ese entonces, es posible reclamar la reparación del derecho fundamental vulnerado, por lo cual no es de recibo
el argumento del Tribunal Superior de Bogotá”.
Según la sentencia T-1028 de 2010 (MP. Humberto Sierra Porto), en esa ocasión “transcurrieron dos años
y ocho meses aproximadamente entre la expedición de la sentencia de casación atacada -26 de febrero de
2007- y la interposición de la primera tutela ante la Corte Suprema de Justicia –octubre de 2009”.
Sentencia C-671 de 2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett). En ella, la Corporación examinaba la
constitucionalidad de un precepto que excluía a un grupo de beneficiarios de los servicios ofrecidos por el
sistema de salud de las fuerzas militares y de policía, aun cuando antes lo incluía. La Corte consideró que ese
retroceso, en la protección del derecho a la seguridad social en salud del grupo excluido, resultaba
injustificado. Para decidir, tuvo en cuenta la distinción entre obligaciones de cumplimiento inmediato, y
obligaciones de cumplimiento progresivo. Dijo que el Estado había incumplido la prohibición –la cual es de
obligatorio cumplimiento en todo tiempo- de no retroceder injustificadamente en el nivel de protección
alcanzado. Esta última prohibición la caracterizó así: “el mandato de progresividad implica que una vez
alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del legislador en materia
de derechos sociales se ve menguada, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección
alcanzado debe presumirse en principio inconstitucional, y por ello está sometido a un control judicial
estricto. Para que pueda ser constitucional, las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas
razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho social prestacional”.
Sentencia C-507 de 2008 (MP. Jaime Córdoba Triviño. SPV Jaime Araújo Rentería; Clara Inés Vargas
Hernández). En esa ocasión, la Corte Constitucional declaró inexequible una norma por violar el principio de
progresividad, en su versión de prohibición de regresividad injustificada. El precepto examinado, en la
práctica, tenía la potencialidad de obligar a las universidades estatales del orden nacional a realizar unas
destinaciones de recursos que antes de esa norma no estaban obligadas a hacer. Dado que eso suponía una
afectación en la prestación del servicio misional, la Corporación juzgó que existía un retroceso. Como el
retroceso no fue justificado, declaró inexequible la norma. Dijo, al respecto: “la medida reduce de manera
sustantiva los recursos destinados a la educación superior. En estos casos, las autoridades competentes
pueden demostrar que la medida no “retrocede” los avances logrados en materia de educación superior.
[…] Sin embargo, nada de esto fue demostrado en el presente proceso”.
Sentencia C-444 de 2009 (MP. Jorge Ignacio PreteltChaljub). En este caso la Corte sostuvo que una norma
resultaba inconstitucional, porque era injustificadamente regresiva, en relación con el nivel de protección del
derecho a la vivienda digna alcanzado previamente. Dijo sobre el particular, que el precepto cuestionado
contenía “una medida regresiva en materia de protección del derecho a la vivienda digna de interés social”.
Sentencia T-1036 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinos. Unánime). En esa oportunidad, la Corte
tuteló el derecho a la seguridad social de una mujer y sus hijos, luego de advertir que les habían negado la
pensión de sobrevivientes sobre la base de que su difunto cónyuge no había cumplido con el requisito de
fidelidad. A juicio de la Corporación, negarle a la entonces demandante la pensión únicamente por no cumplir
el requisito de fidelidad implicaba violarle sus derechos por cuanto dicha disposición era regresiva. En
específico, la Corte señaló: “[…] De esta forma, si se hubiera aplicado el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en
su versión original al momento del fallecimiento del señor López Ospina, la accionante h[abrí]a tenido
derecho al reconocimiento de la pensión y, por lo tanto, respecto de ella y sus menores hijas, se presenta una
regresión en el ámbito de protección de sus derechos. Dicha regresión tiene sobre la tutelante y sus hijas un
impacto desproporcionado porque sus actuales ingresos no superan lo equivalente a un salario mínimo, y con
ellos debe subsistir en compañía de sus hijas menores, una de las cuales tiene bronquitis aguda y rinitis
alérgica, lo cual aumenta los gastos familiares. || Así, tal como ha procedido esta Corporación en los
precedentes reseñados, esta Sala procederá a aplicar la excepción de inconstitucionalidad del artículo 12 de la
Ley 797 de 2003 con el objetivo de proteger los derechos de la accionante y de sus menores hijas”.
Sentencia T-730 de 2009 (MP. Humberto Sierra Porto). En esa oportunidad, la Sala Octava de Revisión de
la Corte Constitucional tuteló el derecho a la seguridad social de una persona a la cual le negaban la pensión
de sobrevivientes sobre la base de que el causante falleció cuando estaba vigente la Ley 797 de 2003 y antes
de proferir la sentencia C-556 de 2009, por eso le era exigible el requisito de fidelidad, el cual no cumplía. En
ese contexto, la Corte dijo que tal exigencia “desde siempre fue contraria al derecho fundamental a la
seguridad social en pensiones”.
MP. Humberto Sierra Porto. Antes referenciada.
MP. Jorge Ignacio PreteltChaljub. En ese fallo, la Corte tuteló el derecho fundamental a la seguridad social
de una mujer a la cual se le negó la pensión de sobrevivientes sólo porque no cumplía con el requisito de
fidelidad al sistema, que el ISS juzgaba aplicable porque se encontraba vigente para el momento de su
fallecimiento. La Corte sostuvo que ese requerimiento era inaplicable por ser inconstitucional.
MP. Mauricio González Cuervo. En ese fallo, la Corte revisó el caso de una mujer con síndrome de down
que reclamó la pensión de sobrevivientes pero se la negaron por no cumplir el requisito de fidelidad, el cual
estaba vigente para la fecha en que la causante de la misma falleció. La Sala de Revisión sostuvo que la
resolución por medio de la cual se negaba la pensión de sobrevivientes de la accionante no podía hacerse cumplir,
pues dicho acto había perdido su fuerza ejecutoria al haber sido declarado inexequible por la Corte Constitucional
el literal a) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, en la sentencia C-556 de 2009.
MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En esa ocasión, la Corte tuteló el derecho a la seguridad social de
una mujer a la cual se le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por no cumplir el requisito de
fidelidad, el cual era aplicable –a juicio de la administradora de pensiones- porque estaba vigente al momento
de elevarse la solicitud. La Corte dijo que no era aplicable, pues la aplicación del requisito inconstitucional le
causaba un impacto desproporcionado en la accionante y sus hijos.
MP. Jorge Iván Palacio Palacio. La Corporación resolvió que al negarle a una mujer la pensión de
sobrevivientes con fundamento en los literales a y b del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, relativos al
requisito de fidelidad, que si bien se encontraban vigentes al momento del fallecimiento del afiliado, venían
siendo inaplicadas mediante la excepción de inconstitucionalidad y posteriormente habían sido declaradas
inexequibles por esta Corporación, implicaba vulneración de los derechos fundamentales de la persona. Por
eso los tuteló.
MP. Nilson Pinilla Pinilla. En ese fallo, la Corporación concedió la tutela contra una providencia que había
juzgado aplicable a un caso los literales que contemplaban el requisito de fidelidad en materia de pensión de
sobrevivientes. La Corte reiteró que esa exigencia “desde siempre fue contraria al derecho fundamental a la
seguridad social en pensiones”, y por tanto concluyó que la providencia cuestionada era inconstitucional.
MP. Luis Ernesto Vargas Silva. En esa sentencia, la Corte Constitucional concedió la tutela a una persona
a la que el fondo administrador de pensiones le había negado el derecho a la pensión de sobrevivientes, sólo
con fundamento en que su ex cónyuge no cumplía con el requisito de fidelidad, que estaba vigente al
momento en que el afiliado falleció. Señalo la Corporación en esa oportunidad que los literales a) y b) del
artículo 12 de la Ley 797 de 2003 no se encontraban dentro del ordenamiento jurídico desde cuando fueron
declarados inexequibles, y por tanto exigir el requisito de fidelidad como argumento para negar la pensión de
sobrevivientes implicaba desconocer el precedente establecido por la Corte Constitucional, según el cual
éste tipo de normas, en tanto resultan regresivas, son inconstitucionales.
MP. Juan Carlos Henao Pérez. En esa decisión la Corte concluyó que a una persona se le violaron los
derechos fundamentales cuando se le negó la pensión de sobrevivientes con el argumento de que el afiliado no
cumplió con la exigencia de fidelidad, la cual era aplicable –a juicio del fondo administrador de pensiones- en
tanto el fallecimiento del causante estaba vigente la Ley 797 de 2003 y no había sido expedida la sentencia C556 de 2009. La Corporación sostuvo que en ese caso debió haberse inaplicado el requisito de fidelidad, por
tratarse de una exigencia inconstitucional.
MP. María Victoria Calle Correa. En esa ocasión, la Sala Primera de Revisión concedió la tutela a una
persona a la cual se le negó la pensión de sobrevivientes porque no cumplía el requisito de fidelidad, el cual se
consideraba exigible porque el fallecimiento del causante ocurrió antes de que la Corte hubiera declarado
inexequible dicho requisito. La Corte señaló que aún en un caso como ese el requisito de fidelidad era
inaplicable. Esta posición fue reiterada por la misma Sala en la sentencia T-673 de 2011.
Sentencia T-522 de 2001 MP. Manuel José Cepeda Espinosa. En esa sentencia, la Corte concluyó que una
Comisión de Fiscales había incurrido en una vía de hecho “al fundar su decisión en una disposición
evidentemente contraria a la Constitución”, en lugar de haberla inaplicado.
En la sentencia del 20 de abril de 2007 el Juzgado impartió las siguientes órdenes: “Primero: Declarar que
la señora Patricia Elena Nanclares Taborda […] reúne los requisitos consagrados en los artículos 46 y 47 de
la ley 100 de 1993, antes de ser modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003; para acceder a la
pensión de sobrevivientes de manera vitalicia, en aplicación del principio denominado „condición más
beneficiosa‟ […]. Segundo: Condenar al Instituto de Seguros Sociales Seccional Antioquia […] a reconocer
pensión vitalicia de sobreviviente a la señora Patricia Elena Nanclares Taborda […] en cuantía mensual
equivalente al salario mínimo legal vigente, teniendo en cuenta las mesadas adicionales y los incrementos
legales anuales; y pagar, el retroactivo de la pensión, liquidado hasta el mes de marzo de 2007, en cuantía de
catorce millones seiscientos cincuenta y siete mil ciento treinta y tres pesos ($14‟657.133.oo), más intereses
moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde la fecha en que cada mesada se hizo
exigible, hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de la obligación. || Tercero: Reconocer la excepción de
Ver, entre otros, los salvamentos de voto del suscrito Magistrado sobre las sentencias T-590, T-591, T-643
y T-840 de 2006; T-247, T-680 y T-794 de 2007; T-402, T-417, T-436 y T-891 de 2008, así como frente a los
autos A-222 y A-256 de 2006 y A-045 de 2007. Igualmente, entre otras, aclaraciones de voto ante las
sentencias T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-831, T-871, T-925, T-945, T-1029, T-1263 y T1265 de 2008; T-093, T-095, T-199, T-249, T-364, T-517, SU-811, T-904 y T-906 de 2009; T-103 y T-119 de
2010; T-464, T-703 y T-786 y T-867 de 2011; y recientemente T-010 y SU-026 de 2012

References: artículo 12
 artículo
53
 artículo 12

artículo 46
 artículo 12
 artículo 46
 artículo
12
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 4
 artículo
86
 resolución 
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 86
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 artículo 12
 artículo 12
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 resolución 
 artículo 86

Resolución 
 artículo 12
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Artículo 46

Resolución 
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46
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 Resolución 
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