Source: http://legislacion.derecho.com/real-decreto-ley-5-2005-de-reformas-urgentes-para-el-impulso-a-la-productividad-y-para-la-mejora-de-la-contratacion-publica
Timestamp: 2016-12-07 21:02:56+00:00

Document:
REAL DECRETO LEY 5 /2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública
REAL DECRETO LEY 5 /2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública	REAL DECRETO LEY 5 /2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública Mis Leyes
REAL DECRETO LEY 5 /2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública Estado	:
JEFATURA DEL ESTADO	TÍTULO 1 Reformas en los mercados financierosCAPÍTULO 1 Disposiciones generalesCAPÍTULO IIEmisiones de obligaciones u otros valores que reconozcan o creen deudaTÍTULO IICAPÍTULO II Sector eléctricoTÍTULO III Medio ambienteDisposición adicional primera. Carácter de legislación especial.El capítulo 11 del título 1 será considerado como legislación especial, a los efectos previstos en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2003, de 9 de julio, ConcursalDisposición adicional segunda. Liquidación de los costes de transición a la competencia para el año 2004.Excepcionalmente, para el año 2004, la liquidación por parte de la Comisión Nacional de Energía de los costes de transición a la competencia tecnológicos no se llevará a cabo en la última liquidación provisional sino en la liquidación anual que, en todo caso, no tendrá lugar antes del 1 de enero de 2006.Disposición transitoria única. Régimen transitorio de aprobación de folletos.Hasta que se efectúe el desarrollo del artículo 27.4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de ValoresDisposición final segunda. Facultad de desarrollo.Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de este real decreto ley.Disposición final tercera. Autorización.Se autoriza al Gobierno a efectuar, en su caso, las modificaciones que estime pertinentes a los artículos vigésimo cuarto y trigésimo segundo de este real decreto ley.Disposición final cuarta. Entrada en vigor.El presente real decreto ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo el artículo vigésimo segundo, que entrará en vigor el día 1 de julio de 2005.Dado en Madrid, el 11 de marzo de 2005.
Un elemento esencial de la integración económica en el marco de la Unión Europea es la que, de forma creciente, se está produciendo en los mercados financieros de los Estados que la componen. La libertad de movimientos de capital es una pieza clave del mercado financiero integrado y exige de los legisladores especial diligencia y agilidad en la adecuación de la normativa a las necesidades competitivas de la industria financiera, no sólo por su relevancia en términos de empleo y producto, sino también por su imprescindible labor en la canalización del ahorro hacia la inversión productiva. En este
proceso, es fundamental no sólo trasponer adecuadamente las directivas comunitarias que armonizan las legislaciones nacionales de los Estados miembros, sino también eliminar aquellos requisitos, trabas o costes que puedan perjudicar la competitividad del sector financiero. Esta labor debe ser llevada a cabo preservando la seguridad jurídica necesaria para garantizar la confianza de los inversores en los mercados financieros y de quienes operan en ellos.
La transposición de esta directiva se lleva a cabo en el capítulo 1 del título 1 de este real decreto ley, por el cual se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Las reformas introducidas son necesarias para mantener y mejorar la competitividad de nuestros mercados de valores y evitar que se traslade la actividad a otros mercados extranjeros, lo que supondría una pérdida de puestos de trabajo y de negocio para los mercados españoles.
En segundo lugar, en el capítulo 11 del título 1 se traspone la Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de garantía financiera, al ordenamiento jurídico español. Con la aprobación de esta directiva se persigue conseguir una amplia armonización comunitaria para todas las garantías financieras que formalicen las partes autorizadas, estableciendo ciertas limitaciones al determinarse que, por un lado, una de las partes ha de ser una entidad financiera, sujeta a autorización y supervisión pública, y por otro lado, se determina su aplicación, con carácter general, para las personas jurídicas.
La aplicación del Protocolo de Kioto a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático permite introducir en la gestión empresarial una nueva referencia al coste ambiental asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero. En los países de la Unión Europea, la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003 (modificada por la Directiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004), por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo, establece un marco conjunto de obligaciones y derechos para las instalaciones de los sectores previstos en su anexo 1. La rápida incorporación de este nuevo parámetro en los sectores industriales afectados, así como el correcto funcionamiento del mercado, permitirán incrementar la productividad de nuestro sistema económico. Para ello resulta imprescindible completar el marco jurídico vigente con aquellas novedades que se derivan de dos recientes decisiones comunitarias: la Decisión de la Comisión Europea de 27 de diciembre de 2004, relativa al Plan nacional de asignación de derechos de emisión presentado por España y el Reglamento (CE) n.° 2216/2004 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2004, relativo a un régimen normalizado y garantizado de registros de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento y del Consejo y la Decisión 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
En primer lugar, la Decisión de 27 de diciembre de 2004, relativa al Plan nacional de asignación de derechos de emisión presentado por España, determina que, para considerarlo conforme al derecho comunitario, resulta
imprescindible incorporar al ámbito de aplicación de la ley española todas las instalaciones de combustión de más de 20 MW no incluidas con arreglo a la interpretación inicialmente adoptada por España.
En segundo lugar, el Reglamento (CE) n.° 2216/2004 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2004, relativo a un régimen normalizado y garantizado de registros de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento y del Consejo y la Decisión 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. La aplicación de este reglamento comunitario, especialmente detallado, requiere modificar el régimen legal vigente, para garantizar la seguridad en el tráfico, precisando que las inscripciones en el registro tienen carácter constitutivo y, por tanto, los terceros adquirentes están amparados por la publicidad registral, ya que solamente de esta manera es posible asegurar el funcionamiento de un mercado comunitario, en el que el «controlador» material de todas las operaciones es el Administrador Central dependiente de la Comisión.
La actividad contractual es una faceta importante de la gestión económica de las sociedades mercantiles estatales y de las fundaciones del sector público cuyos presupuestos forman parte de los Presupuestos Generales del Estado. La modificación propuesta tiende, por tanto, a garantizar que la ejecución de dichos presupuestos se realice en unas coordenadas de mayor publicidad y trans-
parencia que contribuyan al cumplimiento del principio constitucional de eficiencia en la asignación del gasto. La urgencia de la reforma legislativa explicitada se deriva de la reciente Sentencia delTribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 13 de enero de 2005, que obliga a España a reformar su normativa referente a la adjudicación de contratos públicos, además de derivarse de la correcta adaptación al derecho español de los principios y criterios jurídicos en materia de contratación pública.
Se completa la justificación de la urgencia con el conjunto de reformas en materia de contratación derivadas de la correcta aplicación del derecho comunitario, atendiendo a los criterios contenidos en la Sentencia delTribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 13 de enero de 2005, que imponen una inmediata y urgente adaptación del derecho español a la norma y a la citada sentencia.
TÍTULO 1 Reformas en los mercados financieros
CAPÍTULO 1 Modificaciones relativas a los regímenes de ofertas públi
cas y de admisión a cotización en mercados secundarios
oficiales de valores en España
2. Cuando se trate de valores no participativos emitidos por el Estado, las comunidades autónomas
y las entidades locales, no será necesario el cumplimiento de los requisitos anteriores. No obstante, estos emisores podrán elaborar el folleto informativo de acuerdo con lo previsto en este capítulo. Este folleto tendrá validez transfronteriza de acuerdo con lo previsto en el artículo 29.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30, el folleto aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como sus suplementos, serán
válidos para la admisión a negociación en cualesquiera Estados miembros de acogida, siempre que la Comisión Nacional del Mercado de Valores lo notifique a la autoridad competente de cada Estado miembro de acogida de conformidad con lo establecido reglamentariamente.
b) Una oferta de valores dirigida amenos de 100 personas físicas o jurídicas por Estado miembro, sin incluir los inversores cualificados.
2. No se podrá realizar una oferta pública de venta o suscripción de valores sin la previa publicación de un folleto informativo aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Reglamentariamente, se establecerán las excepciones a la
obligación de publicar folleto en las ofertas públicas de venta o suscripción, en función de la naturaleza del emisor o de los valores, de la cuantía de la oferta o de la naturaleza o del número de los inversores a los que van destinados, así como las adaptaciones de los requisitos establecidos en la regulación de las admisiones que sean necesarios para las ofertas públicas.
Emisiones de obligaciones u otros valores que
reconozcan o creen deuda
«1. La admisión de valores a negociación en los mercados secundarios oficiales requerirá la verificación previa por la Comisión Nacional del Mercado
de Valores del cumplimiento de los requisitos y procedimiento establecidos en esta ley y en sus normas de desarrollo. En el caso de los valores negociables en las Bolsas de Valores, dicha verificación será única y válida para todas ellas. La admisión a negociación en cada uno de los mercados secundarios oficiales requerirá, además, el acuerdo del organismo rector del correspondiente mercado, a solicitud del emisor, quien podrá solicitarlo, bajo su responsabilidad, una vez emitidos los valores o constituidas las correspondientes anotaciones.»
«n) La realización de ofertas públicas de venta o suscripción o la admisión a negociación sin cumplir los requisitos de los artículos 25.3 y 4, 26.1, 30 bis o 32, la colocación de la emisión sin atenerse a las condiciones básicas establecidas en el folleto, en caso de que deba elaborarse dicho documento, o la omisión
de datos relevantes o la inclusión de inexactitudes, falsedades o datos que induzcan a engaño en dicho documento, cuando, en todos estos supuestos, la cuantía de la oferta o de la admisión, o el número de inversores afectados, sean significativos.»
Ocho. El párrafo II) del artículo 100 queda redactado del siguiente modo:
«II) La realización de ofertas públicas de venta o suscripción o la admisión a negociación sin cumplir los requisitos de los artículos 25.3 y 4, 26.1, 30 bis o 32, la colocación de la emisión sin atenerse a las condiciones básicas establecidas en el folleto, en caso de que deba elaborarse dicho documento, o la omisión de datos relevantes o la inclusión de inexactitudes, falsedades o datos que induzcan a engaño en dicho documento, cuando, en todos estos supuestos, no se considere infracción muy grave de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99.n).»
CAPÍTULO II Sobre acuerdos de compensación contractual y garantías
El objeto de este capítulo es incorporar al ordenamiento jurídico español las disposiciones de la Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de garantía financiera, así como ordenar y sistematizar la normativa vigente aplicable a los acuerdos de compensación contractual y a las garantías de carácter financiero. Se establecen, además, los efectos derivados de la apertura de un procedimiento concursa) o de un procedimiento de liquidación administrativa sobre dichos acuerdos y garantías.
SECCIÓN 2.a RÉGIMEN DE LOS ACUERDOS DE COMPENSACIÓN
CONTRACTUAL Y DE LAS GARANTÍAS
1.° Operaciones dobles, también denominadas simultáneas: aquellas en las que se contratan, al mismo tiempo, dos compraventas de valores de sentido contrario, realizadas ambas con valores de idénticas características y por el mismo importe nominal, pero con distinta fecha de ejecución. Ambas compraventas podrán ser al contado con diferentes fechas de liquidación, a plazo, o la primera al contado y la segunda a plazo.
2.° Operaciones con pacto de recompra: aquellas en las que el titular de los valores los vende hasta la fecha de amortización, conviniendo simultáneamente la recompra de valores de idénticas características y por igual valor nominal, en una fecha determinada e intermedia entre la venta y la de amortización más próxima, aunque esta sea parcial o voluntaria.
b) Obligaciones propias o de terceros. c) Obligaciones periódicas.
b) Sise trata de efectivo, mediante compensación de su importe o utilizándolo para ejecutar las obligaciones financieras principales.
SECCIÓN 3.a EFECTOS DE LAS DISPOSICIONES DE INSOLVENCIA
1. Las medidas de saneamiento y liquidación podrán consistir en la apertura de un procedimiento concursa) o de un procedimiento de liquidación administrativa.
a) Medidas de saneamiento en España, la apertura del concurso en los términos previstos en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursa)L
b) Procedimiento de liquidación en España, la apertura de la fase de liquidación del concurso, de conformidad con lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursa).
1. La apertura de un procedimiento concursa) o de liquidación administrativa no podrá ser causa para declarar nulos o rescindir un acuerdo de garantía financiera o la aportación misma de una garantía, siempre que la resolución de dicha apertura sea posterior a la formalización del acuerdo de garantía o a la aportación de la garantía; o que dicha formalización o aportación se hayan producido en un período de tiempo determinado, anterior a la apertura del procedimiento o a la adopción de una resolución o de cualesquiera otras medidas o la concurrencia de otros acontecimientos en el transcurso de tales procedimientos.
3. La apertura de un procedimiento concursa) o de liquidación administrativa no será causa para anular o rescindir la aportación de una garantía financiera, de una garantía financiera complementaria o de una garantía financiera equivalente en los casos de ejercicio de los derechos de sustitución o disposición, siempre que la aportación de la correspondiente garantía, garantía complementaria o equivalente se haya efectuado antes, aunque fuese el mismo día, de la apertura del procedimiento; o en un período de tiempo determinado, anterior a la apertura del procedimiento, o a la adopción de una resolución o de cualesquiera otras medidas o la concurrencia de otros acontecimientos en el transcurso de tales procedimientos; y/o la obligación financiera principal se haya contraído en fecha anterior a la de aportación de la garantía financiera, de la garantía financiera complementaria o de la garantía financiera de sustitución o intercambio.
4. Los acuerdos de garantía financiera no se verán limitados, restringidos o afectados en cualquier forma por la apertura de un procedimiento concursa) o de liquidación administrativa, y podrán ejecutarse, inmediatamente, de forma separada, de acuerdo con lo pactado entre las partes y lo previsto en esta sección.
5. No obstante lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursa), sólo podrán anularse acuerdos de garantías financieras o la aportación de estas, formalizados o aportadas en un período anterior a la apertura de un procedimiento concursa) o de liquidación administrativa, cuando la autoridad administrativa o judicial competente resolviera que el acuerdo de garantías financieras o la aportación de estas se han realizado en perjuicio de acreedores.
1. La declaración del vencimiento anticipado, resolución, terminación, ejecución o efecto equivalente de las operaciones financieras realizadas en el marco de un acuerdo de compensación contractual o en relación con este no podrá verse limitada, restringida o afectada en cualquier forma por la apertura de un procedimiento concursa) o de liquidación administrativa.
3. Las operaciones financieras o el acuerdo de compensación que las regula no podrán ser objeto de las acciones de reintegración que regula el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursa), salvo mediante acción ejercitada por la administración concursa) en la que se demuestre perjuicio en dicha contratación.
SECCIÓN 4.a NORMAS DE CONFLICTO
1. La ley aplicable a las garantías financieras cuyo objeto consiste en valores representados mediante anotaciones en cuenta será la del Estado en el que esté situada la cuenta principal, entendiendo por cuenta principal aquella en la que se realicen las anotaciones por las cuales se presta al beneficiario dicha garantía pignoraticia de anotaciones en cuenta. La referencia a la legislación de un Estado es una referencia a su legislación material, por lo
que se desestimará toda norma en virtud de la cual, para decidir la cuestión relevante, se tenga que hacer referencia a la legislación de otro Estado.
d) El procedimiento para la realización de la garantía tras un supuesto de ejecución.TÍTULO II
a) Generación y suministro de energía eléctrica en el ámbito del Mercado Ibérico de la Electricidad (MI BEL).
d) Producción y suministro de gas natural. e) Telefonía portátil.
a) Generación y suministro de energía eléctrica en el ámbito del Mercado Ibérico de la Electricidad
(MIBEL).
La Comisión Nacional de Energía hará público por medios telemáticos el listado de operadores
dominantes a los que se refiere esta disposición adicional.»
CAPÍTULO II Sector eléctrico
«Artículo 28. Transparencia de la información en el
21. El incumplimiento por parte de los obligados a ello por la normativa vigente de la instalación
de los equipos de medidas y concentradores necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, así como de la remisión de la información o, en su caso, su puesta a disposición a los destinatarios a los que están obligados a remitírsela.
1) Impartir las instrucciones necesarias para la correcta explotación del sistema de producción y transporte de acuerdo con los criterios de fiabilidad y seguridad que se establezcan, y gestionar los mercados de servicios de ajuste del sistema que sean necesarios para tal fin.
Se añaden los siguientes párrafos al apartado 1.9 del anexo 1 del Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el procedimiento de liquidación de los costes de transporte, distribución y comercialización a tarifa, de los costes permanentes del sistema y de los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento, con la siguiente redacción:
lberdrola, S. A.: 35,01 por ciento.
Unión Eléctrica Fenosa, S. A.: 12,84 por ciento. Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.: 6,08 por ciento. Endesa, S. A.: 44,16 por ciento. Elcogás, S. A.: 1,91 por ciento.
Estos porcentajes son provisionales, por lo que se faculta al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio para establecer los porcentajes de reparto de una manera definitiva.»
4. Las cantidades destinadas a dotar la parte de la provisión para la financiación de los costes correspondientes a la gestión de los residuos radiactivos y del combustible gastado generados en las centrales nucleares, y a su desmantelamiento y clausura, que sean atribuibles a la explotación de estas llevada a cabo con posterioridad al 31 de marzo de 2005, no tendrán la consideración de coste de diversificación y seguridad de abastecimiento y serán financiadas por los titulares de las centrales nucleares durante su explotación. A estos efectos, se considerarán atribuibles a la explotación posterior al 31 de marzo de 2005 los costes asociados a la gestión de los residuos radiactivos que se introduzcan en el almacén de la central a partir de dicha fecha, así como la parte proporcional de los costes del desmantelamiento y clausura que corresponda al período de explotación que le reste a la central en
esa fecha. En lo que se refiere al combustible gastado, se considerarán atribuibles a la explotación posterior al 31 de marzo de 2005 los costes asociados a la gestión del combustible gastado resultante del combustible nuevo que se introduzca en el reactor en las paradas de recarga que concluyan con posterioridad a dicha fecha.
Santa M.' de Garoña: 0,220. Almaraz 1: 0,186. Ascó 1: 0,186.
Almaraz II: 0,186. Cofrentes: 0,205. Ascó 11: 0,186. Vandellós II: 0,186. Trillo: 0,186.
9. El Estado asumirá la titularidad de los residuos radiactivos una vez se haya procedido a su almacenamiento definitivo. Asimismo, asumirá la
vigilancia que, en su caso, pudiera requerirse tras la clausura de una instalación nuclear o radiactiva una vez haya transcurrido el periodo de tiempo que se establezca en la correspondiente declaración de clausura.
CAPÍTULO III Sector hidrocarburos líquidos
1. Cualquier consumidor que cumpla las condiciones que se establecen en el apartado 2 podrá
solicitar a su distribuidor el cambio al mercado regulado.
TÍTULO III Medio ambiente
«d) Transmisión: el cambio de titularidad de uno o varios derechos de emisión producido por la
inscripción en el registro del negocio jurídico del que deriva.».
«3. Las instalaciones existentes incluidas en los apartados 1.b) y c) del anexo 1 que no hubieran recibido asignación de derechos con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley:
Seis. El párrafo b) del apartado 1 del anexo 1 queda redactado del siguiente modo:
Siete. Se añade un párrafo c) al apartado 1 del anexo 1, con la siguiente redacción:
TÍTULO IV Mejora de la contratación pública
Tres. El párrafo c) del apartado 1 del artículo 3 queda redactado del siguiente modo, y se añade un nuevo párrafo 1) con la siguiente redacción:
«c Los convenios de colaboración que celebre la Administración General del Estado con la Seguridad Social, las comunidades autónomas, las entidades locales, sus respectivos organismos autónomos y las restantes entidades públicas o cualquiera de ellos entre sí, siempre que la materia sobre la que verse no sea objeto de un contrato de obras, de suministro, de consultoría y asistencia o de servicios, o que siendo objeto de tales contratos su importe sea inferior, respectivamente, a las cuantías que se especifican en los artículos 135.1, 177.2 y 203.2. »
«1) Las encomiendas de gestión que se realicen a las entidades y a las sociedades cuyo capital pertenezca totalmente a la propia Administración pública.»
El capítulo 11 del título 1 será considerado como legislación especial, a los efectos previstos en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
j) Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública (capítulo II del título 1).»
«d) El efectivo y los valores en que se materialicen las garantías podrán aplicarse a la liquidación de las obligaciones garantizadas, incluso en caso de apertura de un procedimiento concursa) o de liquidación administrativa. Dichas garantías podrán ejecutarse, de forma separada, inmediatamente, de acuerdo con lo pactado entre las partes y con lo previsto en esta disposición adicional.
En particular, la constitución, aceptación o ejecución de las garantías a las que se refiere esta disposición adicional, el saldo de las cuentas o registros en que se materialicen y la formalización de las obligaciones garantizadas no serán impugnables en el caso de acciones de reintegración vinculadas a un procedimiento concursa) o de liquidación administrativa.
«5. En los contratos que concluya en el ejercicio de sus funciones, el Banco de España podrá pactar su resolución o extinción en los casos de situaciones concursales o de liquidación administrativa. Así mismo, en tales supuestos de concurso o de liquidación administrativa, las operaciones garantizadas con arreglo a lo dispuesto en esta disposición adicional tendrán la consideración de créditos de derecho público, a los efectos de la aplicación del artículo 91.4 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursa), en la parte que no pueda ser satisfecha con cargo a las garantías constituidas.»
La Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores aprobará, en el plazo máximo de dos meses siguientes a la entrada en vigor de este real decreto ley, las adaptaciones necesarias de los procedimientos operativos relativos al régimen de acuerdos de compensación contractual y garantías financieras recogido en el capítulo II del titulo 1 de este real decreto ley.
Hasta que se efectúe el desarrollo del artículo 27.4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá aprobar y registrar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.1.c) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, aquellos folletos cuyo contenido se ajuste bien a
lo establecido en el Real Decreto 291/1992, de 27 de marzo, sobre emisiones y ofertas públicas de venta de valores, y en sus disposiciones de desarrollo, o bien a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.° 809/2004 de la Comisión, de 29 de abril de 2004.
El título 1 de este real decreto ley se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.6.a y 13.a de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre la legislación mercantil y sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
El título 11 se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.13.a y 25.a de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y bases de régimen energético.
El título 111 se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.13.a y 23.a de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y legislación básica sobre protección del medio ambiente.
El título IV se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.18.a de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre legislación básica sobre contratos.
RESOLUCION de 26 de febrero de 2007, de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de dos plazas del Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala Ingenieros/as Superiores Industriales, en turno de promoción interna y régimen de funcionario/a de carreraRESOLUCION de 26 de febrero de 2007, de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno libre, de tres plazas del Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala de Ingenieros/as Superiores Industriales, en régimen de funcionario/a de carrera	Cerrar PDF
REAL DECRETO LEY 5 /2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública	Trámites

References: REAL DECRETO 
	REAL DECRETO 

REAL DECRETO 
 artículo 27
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 29
 artículo 30
 artículo 100
 artículo 99
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 71
 Real Decreto 
 artículo 3
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 91
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 27
 artículo 26
 Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149

REAL DECRETO