Source: https://www.scribd.com/doc/75181191/DISENO-PERUANO-DEL-CNM
Timestamp: 2017-04-24 11:52:34+00:00

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ScribdBrowseInterestsPolitics & Current AffairsCareer & MoneyPersonal GrowthFictionHealth & FitnessLifestyleEntertainmentBiographies & HistoryScience & TechBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinDISEÑO PERUANO DEL CNMUploaded by Maricarmen C Cedròn0.0 (0)DownloadEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content5.EL DISEÑO PERUANO Se puede decir que el CNM peruano actual tiene como antecedente el diseño estructurado a la luz de la Carta de 1979. Antes de ella, la elección de los jueces corría a cargo del poder político de forma directa. Con la carta de 1979 señala Zolezzi: No se quiso volver a conceder una participación directa a los otros poderes del Estado; por el contrario, se crearon organismos autónomos, integrados por representantes de diversas entidades, pero no se logró evitar la participación política, que se dio en la necesaria ratificación de los vocales de la Corte Suprema por el Senado y en el nombramiento específico de cada magistrado por parte del presidente de la República, quien podía elegir a uno de las ternas que le remitían los consejos de la magistratura. Ahora bien, la Constitución de 1993 es la que consolida el CNM como un verdadero órgano constitucional autónomo dando la potestad de elegir jueces (y fiscales) de todos los niveles: Otro cambio fundamental en la nueva Constitución es la autonomía del Poder Judicial para liberarlo en lo posible de toda tendencia político partidaria. Un poder judicial donde no intervenga ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo. ¿Cómo se hace? Creando en realidad un nuevo poder. Este poder se llama Consejo de la Magistratura. Pero el constituyente de 1993 dio un avance radical incorporando el pluralismo a su composición. El distinguido jurista Marcial Rubio ha expresado, en este rumbo, que la composición del CNM peruano: Los órganos e instituciones representados son muy distintos entre sí, todos de importancia en el país y de relevancia suficiente como para elegir a quienes nombrarán a los jueces, y se ha utilizado los mecanismos más democráticos posibles para la nominación en cada caso. En estos aspectos, la Constitución está elaborada con especial espíritu de independencia y democracia. Precisamente esa voluntad del constituyente ha permitido hoy en día institucionalizar la función de selección y evaluación de los jueces y fiscales. Evidentemente, la instauración de un órgano con tan alta misión en el Perú no puede menos que requerir del respaldo social para su fortalecimiento y lucha por mantenerse inquebrantable. A cerca de una década, desde la asunción al poder del ex Presidente Valentín Paniagua, el CNM ha venido consolidándose como institución, logrando superar expectativas en cuanto a la cobertura de la provisionalidad y las ratificaciones; tal vez en deuda en la parte sancionatoria, pero esencialmente por razones que superan hoy en día sus atribuciones y, al contrario, franquean limitaciones constitucionales y legales que el actual sistema legal mantiene. Pero más allá de ello, el pluralismo de su composición, que no solamente le da legitimidad democrática y le permite una visión multidisciplinaria, avanza en el fortalecimiento autárquico de este organismo, ergo, en la consolidación de un cuerpo de jueces y fiscales democráticos e independientes: El nombramiento de jueces y fiscales por un órgano con las características del actual CNM es una innovación introducida por la Constitución de 1993 y que se considera un avance fundamental en relación con el pasado, por los siguientes motivos:
las universidades públicas y privadas. Este es el rumbo adoptado por el modelo peruano. sobre todo en cuanto a la administración del sistema judicial y a su participación en el nombramiento de magistrados. pues el proceso ya no depende – como en el pasado. es decir. Está conformado por siete integrantes a quienes se denomina Consejeros. En el caso de Perú. no lo controlan. representa el pluralismo y la desconexión de los intereses políticos. Sin
. Colegios Profesionales y Universidades Públicas y Privadas. el diseño actual del CNM y su composición pluralista comportan un modelo constitucional más allá de su incorporación formal una institución material. de un órgano político. En definitiva. a veces no pacífico.(Los subrayados son nuestros) . entre los órganos políticos y judiciales. por la Corte Suprema. respectivamente. los Colegios de Abogados y los restantes Colegios Profesionales. es decir. está representada la institucionalidad del País: Poder Judicial. dado que son designados. ha sido normalmente el resultado de la negociación o de la imposición de un (nuevo) reparto de cuotas de poder. pues. en principio.Se reducen enormemente las posibilidades de injerencia política en el nombramiento de magistrados. en la conformación de su Consejo Nacional de la Magistratura.El Poder Judicial y el Ministerio Público participan. los fiscales supremos. en Colombia. de un mecanismo de nombramiento democrático y que. asegura las condiciones mínimas para que prime la independencia y el buen criterio. no son ajenos a este proceso. Ministerio Público. ha sido frecuente que los Consejos de la Judicatura aparezcan fuertemente acusados ante la opinión pública de politización o de actuación partida rizada. Ello fue decisivo en el desprestigio del hoy desaparecido Consejo de la Judicatura de Venezuela. Eguiguren expone el tema de la siguiente manera: En una orilla tenemos al Consejo de la Judicatura de Bolivia. sin ninguna intervención de los órganos políticos. donde alguien ha ganado o perdido grados de poder.. La diferencia positiva con las demás modelos de la región es precisamente que. En la orilla opuesta se encuentra el CNM del Perú. Y que como hemos dicho posibilita una mejor relación en el traspaso de poder a los jueces y fiscales. su composición.de los poderes Judicial y Legislativo.El hecho de que el CNM sea una institución colectiva (compuesta por siete miembros) y esté constituida por representantes de diversas entidades. e alguna menor medida. consideramos que la forma en que se integran algunos Consejos de la región andina no aparecería como la más idónea para alcanzar los objetivos propuestos con su establecimiento. En todo caso. previamente elegidos por ellas. así como. La determinación de la composición de los diferentes Consejos de la Judicatura. pero al contar sólo con dos de siete representantes. . todos cuyos integrantes provienen de la designación del Congreso. siendo actualmente un serio cuestionamiento formulado en contra de los Consejos de Ecuador y Bolivia. cuyos siete integrantes reflejan una composición de representación bastante plural. reduce aún más todo tipo de injerencia en el nombramiento de jueces y fiscales. Si establecemos una relación entre las competencias asignadas a los Consejos de la Judicatura o Magistratura y su composición orgánica. Se trata.
y de otro que. Uno por los miembros titulares de Junta de Fiscales Supremos. se observa con claridad su desvinculación de los organismos de control político. Uno por los Rectores de las universidades particulares. que alcanza a la estructura del estado y. Dada la composición del CNM. en que la falta de magistrados titulares permitió la concurrencia de la corrupción generalizada. con falta de independencia y la consiguiente inseguridad jurídica derivada de las resoluciones dictadas en el marco de un Poder Judicial y Ministerio Público. Con relación al primer aspecto. de manera que se da a la sociedad civil a través de sus instituciones más representativas. En ese mismo contexto y de manera simultánea. cual es la transformación de la justicia. Desde que se restablecieron sus facultades constitucionales en noviembre del 2000 con la entrada en vigencia de la Ley N° 27368. el Consejo Nacional de la Magistratura. de un lado nos revela que existe una realidad concreta en nuestro país. Pese que en la práctica se haya pasado por alto su trascendencia.perjuicio que más adelante volvamos sobre esta cuestión (en el epígrafe correspondiente a la forma de elección de los miembros de los diferentes Consejos). muchas veces sin que se entienda a cabalidad la labor desplegada. que empieza la labor o el rol del Consejo Nacional de la Magistratura. la oportunidad de participar en el quehacer de la justicia en el Perú. prácticamente maniatadas por el poder político. los mismos son elegidos: Uno. en la medida que ha sido necesario ir delineando paso a paso los nuevos contornos del Estado Democrático de Derecho. Lo manifestado. se ha constituido en uno de los mecanismos que la Constitución Política ha dispuesto para que la ciudadanía pueda realizar una auditoría social de la función de administrar justicia a cargo de jueces y fiscales. la necesidad de la reforma del sistema de justicia ha venido consolidándose como parte del conjunto de actividades prioritarias para garantizar tanto la vigencia del Estado de Derecho como la independencia del Poder Judicial. Como se puede apreciar. Uno por los Rectores las universidades nacionales. En este sentido. Dos son elegidos por los agremiados en los demás colegios profesionales del país descontados los colegios de abogados. Es justamente en este último aspecto. del control político sobre los organismos encargados de administrar justicia. dentro de ella. no solo en el sector justicia sino en la vida social y jurídica de nuestro país. a la “Administración de Justicia”. básicamente los poderes Legislativo y Ejecutivo. Uno por los agremiados en los distintos Colegios de Abogados del País. en dicha transformación el Consejo Nacional de la Magistratura tiene una participación de singular importancia. al CNM se le ha extendido una función medular. La situación de la justicia en el Perú ha constituido un reto para el Consejo Nacional de la Magistratura. esta ley ha permitido que el Consejo de inició a una serie de acciones que se encuentran orientadas directamente a fomentar cambios dentro de la denominada “reforma de segunda generación”. para nadie es un secreto el estado en que se encontraba la administración de justicia en nuestro país en la década pasada. toda vez que la reforma del Estado aparece en la mayoría de los países de la región como un prerrequisito para el desarrollo sostenible y la gobernabilidad. dentro del esquema organizacional. jamás se ha podido desconocer la impartición de justicia como la más básica de las responsabilidades del Estado. pilar fundamental de un estado democrático de
. por los miembros titulares de la Corte Suprema de la República.
Se hace necesario que las etapas del proceso cubran aquellas expectativas racionalmente esperadas por la sociedad civil y la población en general. de modo que se asegure un cuerpo de magistrados idóneo. esto no significa que la urgencia se constituya en un objetivo en sí mismo. que es el verdadero sentido que le corresponde al ejercicio de la magistratura. busca constantemente mediante una impartición de justicia eficiente y oportuna. desarrollados a la fecha. no se trata de nombrar por nombrar. bien por recomendaciones. por decirlo de alguna manera. el régimen de facto destituyó a la mayor parte de magistrados titulares del país. demostrarán que fueron merecedores de la distinción de ser nombrados como Jueces o Fiscales. dado que esta circunstancia se generalizó en la década pasada. los cuales son en si mismos revolucionarios. a través de decretos leyes. con su accionar y su comportamiento en el cargo efectivo. adquiere una significativa importancia. como el nuestro. El tema de la selección y nombramiento de magistrados es un tema fundamental. La Provisionalidad: Un hijo predilecto de la Administración de Justicia en la Década del 90’: El problema de la provisionalidad se generó con el autogolpe del 5 de abril de 1992 cuando. simplemente nombrar a ciegas. responder a las exigencias de igualdad de oportunidades ante los órganos de justicia que demanda la ciudadanía. a partir de la creación del Estado de Derecho. y no de la colectividad. a través de una función delegada a la sociedad civil en sus componentes más representativos y vinculados al tema de la justicia. Es importante precisar que. En este contexto de nombramientos y reducción de provisionalidad. teniendo en cuenta que la provisionalidad se convirtió en característica primordial del Poder Judicial y del Ministerio Público en la década pasada. órgano constitucional. con la consecuencia de contar con jueces y fiscales inseguros. se ha colocado a nivel constitucional como primer atributo de la Jurisdicción. es decir. Serán finalmente éstos quienes. en forma irresponsable. Los Métodos de Selección: La independencia judicial. bien por prevendas. ya que el sistema de evaluación empleado en los procesos de selección y nombramiento de magistrados. si bien el proceso de selección y nombramiento responde a la necesidad de contar con jueces líderes e independientes a la brevedad. Si la Jurisdicción no es independiente y los Jueces y Magistrados no son imparciales no puede decirse que se administre verdadera Justicia. obviamente carentes de independencia. que sintetice la representación del pueblo. removibles a voluntad de los órganos de gobierno y directamente vinculados con el poder político y altamente susceptibles de vincularse con elementos de corrupción.derecho que. ha tenido
. pero en cualquier caso en la búsqueda del beneficio personal como meta de la justicia. Sin lugar a dudas el tema de la provisionalidad. sea directa como indirectamente. de carácter eminentemente técnico. He aquí la trascendente función del CNM. caso contrario se verán sometidos a los procesos disciplinarios correspondientes y a la sanción que amerite un accionar que contraríe un comportamiento adecuado en el aspecto funcional y en la idoneidad para el cargo en que se encuentren. otro tema de vital importancia resulta ser sin lugar a dudas los métodos de selección. Frente a esta situación no podemos.
no se trata de nombrar por nombrar. Los resultados de estos procesos que se han dado a la fecha. Esta metodología ha permitido que el principio de independencia del Poder Judicial. para la reestructuración del Poder Judicial y del Ministerio Público.como premisas básicas: la igualdad de oportunidades para todos aquellos que. aspiran a un puesto en la magistratura como juez o fiscal y la primacía de la capacidad técnico . el CNM ha venido elaborando buenos Reglamentos de Concurso para la Selección y Nombramientos de Magistrados. Tal vez sea esta función de selección y nombramiento. el inciso 2 del artículo 154º de la Constitución de 1993 establece lo siguiente: "Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura: (. en consecuencia. un baluarte para la defensa de sus intereses y el reconocimiento de sus derechos invocados en juicio. se verán recién dentro de un futuro prudencial. así como otros aspectos formales necesarios. el Aprobado mediante Resolución Nº 138-2008-CNM de fecha 29. siendo el del presente año 2008. la ciudadanía debe comprender que el trabajo que desarrolla el Consejo. Los no ratificados no
. que se esté privilegiando el elemento cuantitativo sobre el cualitativo. máxime si hoy se viene aplicando paulatinamente el Nuevo Código Procesal Penal.. es uno de mediano a largo plazo. se constituya en el arma principal. que fue el elemento preeminente hasta el año 2000. En este extremo consideramos acertado merituar estudios académicos en otras disciplinas. que es esencial y connatural a la función del Juez. esto es así. el magistrado seleccionado y nombrado cuenta con la certeza que no le debe favores a nadie. tanto profesionales como éticos y morales. dado que como resultado del origen de su nombramiento. entre los aspirantes a los cargos en la magistratura. esto no significa que la urgencia se constituya en un objetivo en sí mismo. La búsqueda estándares de calidad. Es importante precisar que. junto con el nombramiento y la sanción disciplinaria de estos magistrados.2008. De la Ratificación de Magistrados: La ratificación de jueces y fiscales es una atribución constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura. el Consejo se ha preocupado por implementar y mejorar los sistemas de evaluación aplicados a los métodos de selección de manera que la población tenga la seguridad de que encontrará en los que resulten nombrados. En el acotado Reglamento se destaca la exigencia de técnica – jurídica. En relación a lo descrito anteriormente. cumpliendo con los requisitos de ley. sin conocimiento de causa a mi entender. si bien el proceso de selección y nombramiento responde a la necesidad de contar con jueces líderes e independientes a la brevedad.) 2. debidamente evidenciada en la vida académica del aspirante a magistrado. Ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. y esto lo ha dicho el Consejo desde siempre. es consciente de esto. desde hace un aproximado de 5 años. o una de los más importantes. por encima del juego de intereses partidarios y alianzas políticas.. es decir.05. es constante. se convierta en una realidad objetiva. a pesar que desde diversos sectores se critique. todo ello teniendo en cuenta la exigencia que debe haber por parte del estado para profesionales multidisciplinarios y especializados.jurídica y las condiciones morales de los postulantes. Así. siendo esto así. para consolidar un cuerpo de magistrados probo y con calidad.
a través de la Resolución Defensorial Nº 0382002/DP. publicada en el diario oficial "El Peruano" el 30 de noviembre del 2002. en el cual se impugna el acuerdo de no ratificación del demandante en su cargo de Vocal Superior Titular de la Corte Superior del Callao. así como las garantías de permanencia de los jueces y fiscales en sus funciones y de independencia judicial. no implica la imposición de una sanción con motivo de la comisión de una falta disciplinaria (vale decir. constituyen actos lesivos que vulneran los principios constitucionales de dignidad de la persona. de acuerdo al artículo 142º de la Constitución. básicamente alrededor de dos cuestiones: a) los principios constitucionales y los derechos fundamentales vulnerados. Por su parte. no es un proceso sancionador) y sus consecuencias en caso de no ratificación afectan de por vida al magistrado (no volver a laborar en el Poder Judicial o el Ministerio Público). Tanto la resolución defensorial como la sentencia del Tribunal Constitucional motivan algunas reflexiones. la ratificación tiene las siguientes características: es periódica. En comentario el Doctor Daniel Soria Luján. No obstante. organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. y b) la posibilidad de impugnar las decisiones de no ratificación mediante un proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales. el Tribunal Constitucional declara fundada la pretensión por considerar que la decisión de la entidad demanda fue "absolutamente irrazonable y evidentemente inconstitucional". A estas características añadimos que las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en esta materia no pueden ser revisadas en sede judicial. las decisiones sobre la ratificación o no de los magistrados son "votos de confianza" sin expresión de causa. profesores de derecho. al no ser el proceso de ratificación uno de carácter disciplinario o sancionador. Precisamente estas dos últimas entidades han emitido juicios sobre el tema a propósito de casos concretos que han conocido en ejercicio de sus atribuciones constitucionales. actos discrecionales. esto es. En efecto." Como podemos apreciar. a los estándares del debido proceso. en relación a este asunto esboza: “A juicio del Consejo Nacional de la Magistratura. es decir. en la sentencia recaída en el proceso de amparo seguido por Diodoro Antonio Gonzáles Ríos contra el Consejo Nacional de la Magistratura (Expediente Nº 2409-2002-AA). la Defensoría del Pueblo ha señalado que las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en las cuales se decidió no ratificar a determinados jueces o fiscales. Las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura relativas a la ratificación de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público han sido objeto de severos cuestionamientos por parte de diversas personas e instituciones relacionadas con el quehacer jurídico: abogados. así como entidades vinculadas con la tutela de los derechos fundamentales de las personas como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. de interdicción de la arbitrariedad y de publicidad y el derecho fundamental de los magistrados no ratificados al debido proceso y al acceso a la información pública. de las propias afirmaciones del Consejo podríamos apreciar que sí existirían criterios a tener en cuenta para otorgar la confianza a un magistrado y estarían relacionados con la necesidad de separar
. El proceso de ratificación es independiente de las medidas disciplinarias. no se sujeta a la exigencia de motivar la resolución final o de otorgar audiencia previa al magistrado. Para los consejeros.pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. según refiere la Defensoría del Pueblo.
la facultad de ratificar y sus características. en la cual se afirma lo siguiente: "(. Estas afirmaciones ponen en evidencia que los consejeros utilizan criterios que estarían referidos a procesos distintos a la ratificación. En tal medida. que se evalúan a conciencia y que concluyen en la renovación o no.. en palabras del Doctor La Hoz. Es decir. Más aún.) las ratificaciones funcionan como un mecanismo depurativo y de renovación periódica del órgano judicial en pro de una correcta administración de justicia. es decir. el actual está desligado de las esferas del poder político. fue constitucionalizada por sendas sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional. lógicamente basado en pilares morales excelentes. hoy. es menester preguntarse si este tipo de actos jurídicos son compatibles con los principios constitucionales y los derechos fundamentales de la persona” Si bien es cierto determinadas situaciones. los actos de corrupción están necesariamente relacionados con la comisión de actos ilícitos que pueden dar lugar a sanciones administrativas o penales. la Defensoría del Pueblo ha denunciado que para los procesos de ratificación los consejeros "han recogido información de dudosa vinculación con la suficiencia profesional así como con la conducta e idoneidad de la función". no hay participación del Poder Ejecutivo. que permita mantener a la magistratura ajena a actos de corrupción y con jueces y fiscales capacitados e idóneos para el cargo”. debe primar. etc. Se debe precisar que. las resoluciones de ratificación podrían haberse convertido en sanciones morales contra magistrados homosexuales. sobre este aspecto. sea cual fuere la motivación de los consejeros para otorgar o denegar la confianza a un magistrado a través de un proceso de ratificación. En tal sentido. a pesar de que el aspecto académico en mi criterio. etc. lo cierto es que para los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura la ratificación es un proceso en el cual se evalúa con discrecionalidad absoluta la permanencia en el cargo de un juez o fiscal. desde su concepción ideológica.. el tema de la capacidad e idoneidad para el desempeño del cargo es un aspecto que tiene que ver más con el proceso de selección que con el de ratificación. sus compañías ocasionales. no responde a la injerencia de tipo alguno de los poderes del estado. sin que esto implique una descalificación de la capacidad profesional de los mismos”. en cuya sede se resolvió de manera clara la no necesidad de motivación de las mismas. lo cual conllevaría a auténticas situaciones de discriminación. caso en el cual queda descontado que el magistrado acusado de tales hechos tiene a su disposición todas las garantías del debido proceso. pueden o no traer consigo críticas a la función de ratificación de magistrados por parte del CNM. los motivos de su soltería. ni del Poder Legislativo o del Poder Judicial.. Si estos fueron los criterios.del Poder Judicial y del Ministerio Público a los jueces o fiscales que puedan estar asociados a la comisión de actos ilícitos o que no tengan la capacidad e idoneidad suficiente para el desempeño del cargo. divorciados. como por ejemplo formular preguntas a los magistrados sobre sus relaciones afectivas. En todo caso. Esta es una garantía de que los criterios empleados responden a hechos objetivos apreciados durante el proceso de ratificación. Ello se deduce de una respuesta del Consejo a la Defensoría del Pueblo. De otro lado. el Consejo en ningún momento se ha mostrado contrario a la motivación de las resoluciones de ratificación y no
. de la confianza depositada en jueces y fiscales para continuar en el ejercicio de la magistratura. “Si algo debe tener por cierto la ciudadanía. En efecto. es que a diferencia de otros procesos de ratificación en el pasado.
cuyos miembros son sometidos al juego político del Poder Legislativo deben ser nombrados mediante un proceso de selección técnico a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura. sentir la tranquilidad y seguridad de que en última instancia encontrarán una solución justa y adecuada a derecho sin interferencia de ningún orden para resolver cualquier conflicto de intereses. asimismo el Defensor del Pueblo”. que permita a los actores sociales: nacionales y extranjeros. ante lo cual el Consejo está cumpliendo con la disposición legal vigente. que en una democracia que busca consolidarse como la nuestra requieren un alto nivel de independencia. sino que ha respondido al pronunciamiento del máximo intérprete de la Constitución. y si no hay trabajo no hay empleo y si no hay empleo. A diferencia de la Constitución de 1979. es inimputable". este tema es tan debatible. motivada y con previa audiencia del interesado. a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos. en la medida que tiene por finalidad proveer de neutralidad la propuesta y selección de magistrados. Esta labor de evaluación tiene como premisa básica su total despolitización y desconexión de cualquier ingerencia de las diversas instancias judiciales. la sanción de destitución a los Vocales y Fiscales Supremos puede ser impuesta como consecuencia de un procedimiento disciplinario iniciado con motivo de una denuncia o a mérito de una investigación abierta de oficio por el propio Consejo. la Constitución faculta al Consejo a imponer la sanción de destitución a magistrados de inferior jerarquía a Supremos. la ratificación como en los procesos disciplinarios de magistrados. en el caso de otros
. incluso el Tribunal Constitucional. La resolución final. el rol del Consejo Nacional de la Magistratura en la transformación de la justicia en el Perú. establece: "Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura: aplicar la sanción de destitución a los vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos y. y si no se produce ésta. y. inciso 3º. En ese sentido. que incluso ha sido necesario que entre en vigencia el Código Procesal Constitucional. respectivamente a los jueces y fiscales de todas las instancias. en el sentido que “Se puede inferir con toda certeza que el papel del Consejo Nacional de la Magistratura incide directamente sobre la definitiva despolitización de las diversas instancias judiciales y de resolución de conflictos. en la medida en que sus funciones se llevan a cabo con un estricto criterio técnico. No obstante. es fundamentalmente la de constituirse en el organismo cuyas funciones están entrelazadas por una labor de evaluación constante. pero sólo a pedido de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos.ratificación. En estas circunstancias. asimismo. no hay trabajo. debemos agregar tomando nuevamente las palabras del Doctor La Hoz. pues si no hay seguridad y estabilidad jurídica en el país no habrá inversión. En síntesis. no hay paz social. que con un nuevo criterio ha determinado que se requiera motivación en las resoluciones antes indicadas. la Constitución de 1993 le concede al Consejo Nacional de la Magistratura la función de aplicar la sanción de destitución a los Vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos. De la sanción a magistrados: El artículo 154 de la Constitución. Para finalizar. tanto para el nombramiento.
precepto que no permite que por vía legal se puedan ampliar las competencias otorgadas por la Constitución. se modifica la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura ampliando sus competencias para la aplicación de sanciones disciplinarias diferentes a la destitución de jueces y fiscales. logrando con ello tipificar las conductas. es indispensable recordar que la democracia no es un fin. ya que permite que los magistrados tengan mayor seguridad en cuanto a determinar qué conducta da lugar a una sanción disciplinaria. La nueva Ley de Carrera Judicial en un afán de paliar dicha situación ha incorporado como una de las novedades el hecho de clasificar a las faltas en tres categorías: leves. Es preciso que todos recordemos que el poder político. tal como se señaló en el párrafo precedente. pues en puridad el valor de la democracia se mantiene o no se mantiene según los valores que encarne y promueva.2). las faltas graves son sancionadas con suspensión y las muy graves con destitución. y otros signos de lo que está ocurriendo en el país. reforma que permitirá que más adelante no se cuestione la validez de la aplicación de las sanciones por el Consejo. actúan. Por ello. Que el carácter moral de la democracia no es automático. Asimismo.jueces y fiscales. uno de los principales problemas que afronta el Consejo Nacional de la Magistratura en materia de procedimientos disciplinarios es la existencia de imprecisión en la determinación de las conductas que constituyen infracción: "Hecho grave que sin ser delito compromete la dignidad del cargo y lo desmerezca en el concepto público". graves y muy graves. para legitimarse. Las partículas nocivas de la Ley 26933 no han sido derogadas. Rotundo y terminante. está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona humana y los derechos esenciales propios de las instituciones constitucionales que son el soporte de la democracia en un país. en su segunda comisión con multa. con amonestación. lo que ha dado lugar a que el Tribunal Constitucional mediante sentencia N° 4596-2006-PA/TC lo exhortó a que precise y desarrolle en su Reglamento dicho concepto jurídico indeterminado . sino que está supeditado a los fines que ésta persiga y depende de los medios de que se sirva. Al respecto mediante Ley Nº 26397. mucho más si se está en juego la autonomía de instituciones medulares como es nuestro Consejo Nacional de la Magistratura. esta recomendación será puesta en conocimiento del Consejo Nacional de la Magistratura" (artículo 2. Las faltas leves son sancionadas en su primera comisión. y. Todo ello. sólo a pedido del Poder Judicial y del Ministerio Público. y para morir requieren de derogación expresa. Están vivas. y específicamente al tema de la democracia en el Perú. En ese sentido se esta confiriendo al Consejo una potestad no establecida por el artículo 154 de la Constitución Política del Perú. La ley promulgada dice textualmente: "Si la sanción a imponerse a juicio del Órgano de Gobierno y gestión del Poder Judicial o del Ministerio Público es la destitución.
. lo cual es un avance. nos regresan necesariamente al asunto de la institucionalidad democrática.2. por lo que para que el Consejo tenga dichas competencias es necesario que previamente se realice una reforma de la Constitución.
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References: artículo 154
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 142
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 resolución 
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 artículo 154
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