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11 de enero de 2017 Estadísticas Judiciales, Notas de Prensa, TRIBUNALES No comments
Historia de los casos ambientales más importantes llevados por INSAPROMA 2001-2013
07 de diciembre de 2016 Notas de Prensa, TRIBUNALES No comments
DENUNCIAN QUE EL GOBIERNO PAGO 37 MILLONES DE DOLARES A AFECTADOS POR LAS CENIZAS DE CARBON DEPOSITADAS EN ARROYO BARRIL
Miércoles, 7 de diciembre 2016,
En la video conferencia internacional y panel de expertos sobre la conversión a gas natural de Punta Catalina que se celebró en la tarde de hoy en la Biblioteca Pedro Mir, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), se denunció que el gobierno dominicano pagó, a mediados de este año, 37 millones de dólares a 41 personas que fueron afectadas por las cenizas de carbón depositadas en Arroyo Barril, entre los años 2003 y 2004.
El presidente del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), Euren Cuevas, uno de los integrantes del panel de expertos del evento, explicó que el gobierno dominicano pagó esa suma de dinero como resultado del acuerdo que llegó la empresa AES con las personas que la demandaron por los daños que sufrieron como consecuencia de las cenizas de carbón o rockash vertidas en Arroyo Barril.
Manifestó que aunque la responsable de los daños es AES, sin embargo por el acuerdo que suscribió esta empresa y el gobierno dominicano cuando el Estado dominicano fue compensado con 6 millones de dólares por la traída de manera ilegal de estos desechos al país en el año 2007, se estableció que en caso de otras demandas el país las asumiría.
Dijo que el año pasado, un juez de Delaware, EUA, anunció que la empresa AES y los abogados que representan a los residentes de Arroyo Barril, Samaná, habían arribado a un acuerdo para que el proceso judicial no prosiguiera.
Detalló que en abril se suscribió el acuerdo que se anunciara en Delaware y el pago contemplado en este acuerdo se materializó en agosto pasado en absoluto secreto.
El presidente de INSAPROMA, Euren Cuevas puso de relieve que estos hechos demuestran el carácter altamente contaminante de las cenizas de las plantas de carbón. “Por ser contaminantes y tóxicas, el Estado dominicano recibió en el 2007 una indemnización de 6 millones de dólares y ahora, en el 2016, por la misma causa, el propio Estado dominicano pagó 37 millones de dólares a las personas que fueron afectadas en su salud por estas cenizas”.
Planteó que las cenizas de carbón que producirán las plantas de Punta Catalina son idénticas a las depositadas en Arroyo Barril y en Manzanillo en los años 2003 y 2004, con la gran diferencia de que Punta Catalina producirá en un solo año cuatro veces la cantidad de cenizas vertidas en estas dos comunidades.
Entre Arroyo Barril y Manzanillo, se depositaron 54 mil toneladas de cenizas de carbón o rockash mientras que Punta Catalina producirá cada año 174 mil toneladas de cenizas y 14 mil toneladas de escorias.
“Si estas cenizas de carbón dañaron gravemente la salud de personas en Arroyo Barril y estos daños fueron probados ante un tribunal en EUA, igual ocurrirá en la provincia Peravia, pero multiplicado por muchísimo más ”, señaló.
Aseguró que el estudio de impacto ambiental de Punta Catalina que reposa en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no contempla un plan de manejo de estas cenizas que será colocadas a poca distancia de las comunidades de Catalina, de Nizao y de Paya, impactando de forma directa a más de 25 mil personas.
“La historia de estas demandas por las cenizas de Arroyo Barril y de Manzanillo debería ser suficiente para persuadir a las autoridades para que conviertan las plantas de carbón de Punta Catalina a gas natural que no produce cenizas ni otras contaminaciones exclusivas e inherentes a la combustión de carbón mineral”, puntualizó.
En el evento expuso desde Oregón, EUA, vía video conferencia, el científico estadounidense Mark Chernaik resumiendo el estudio de factibilidad técnica y económica de la conversión a gas natural de Punta Catalina, realizado bajo su dirección, por la Alianza Mundial de Derecho Ambiental, ELAW.
También intervinieron como comentaristas el ingeniero electromecánico Raúl Cabrera, el experto en salud pública, Carlos Sánchez y el abogado especialista en derecho ambiental, Euren Cuevas.
En su intervención, el ingeniero Raúl Cabrera confirmó que no existe ningún inconveniente para convertir plantas de carbón a gas natural. Basó su afirmación en su experiencia en la adaptación de las plantas de carbón de ITABO para que trabajaran con petróleo.
Aseguró que el mantenimiento de las plantas de gas natural es mucho más económico que las plantas de carbón mineral.
El doctor Carlos Sánchez, confirmó con detalles médicos los impactos a la salud de la contaminación del carbón mineral especialmente en los sistemas respiratorio inferior, cardiovascular y nervioso.
Indicó que este daño se traducirá en una gran cantidad de muertes prematuras, principalmente en infantes y en personas envejecientes en la provincia Peravia.
El público abarrotó la Sala B de Video Transferencia de la Biblioteca Pedro Mir. Asistieron dirigentes políticos, diputados, académicos, empresarios del sector eléctrico, y dirigentes de organizaciones ambientalistas.
La actividad fue organizada por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC.
Público asistente a la video conferencia internacional y panel de expertos sobre la factibilidad técnica y económica de la conversión a gas natural de Punta Catalina.
El ingeniero Raúl Cabrera interviene en el evento. A su lado, el doctor Carlos Sánchez y el abogado Euren Cuevas.
El doctor Carlos Sánchez expone los daños que causará a la salud de la población la contaminación que emitirán las plantas de carbón de Punta Catalina.
El diputado Fidelio Despradel explica su propuesta de convertir a Punta Catalina a gas natural. Minou Tavárez Mirabal mientras interviene en el evento
Artículos de la prensa relacionados:
DIARIO LIBRE – ECONOMÍA – 08 DIC 2016, 10:21 AM
Gobierno habría pagado US$37 millones a afectados por cenizas de carbón en Arroyo Barril…… Leer Articulo
15 de junio de 2016 Áreas Protegidas y Biodiversidad, Notas de Prensa, TRIBUNALES No comments
SEGUNDA CÁMARA PENAL FIJA AUDIENCIA CONTRA FALCONDO Y SU PRESIDENTE
Conocerán juicio de fondo a la empresa Minera Falconbridge Dominicana S.A., su Presidente David Soares, conjuntamente con los imputados Geraldo Trinidad y Giovanny Bloise. La audiencia se celebrará el miércoles 15 de junio del presente año. La disposición está contenida en el Auto No. 301-2016 TFIJ-058 de la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristobal, presidido por la magistrada REGINA CARVAJAL VIZCAINO.
El Jurista Ambiental el Lic. Euren Cuevas Medina manifestó estar seguro de que la empresa minera Falconbridge Dominicana S.A., su Presidente David Soares, los imputados Geraldo Trinidad y Giovanny Bloise recibirán una condena ejemplar por haber provocado daño a la salud y muerte a personas por la emisión de gases tóxicos, durante más de 15 años. Continúa diciendo el jurista Cuevas Medina que con la acción delictual la Falconbridge Dominicana (Falcondo), David Soares, y Geraldo Trinidad, violaron la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Ley 42-01 sobre Salud Pública en perjuicio de los moradores de Quita Sueño, Haina, Provincia San Cristobal en especial la familias Castro Delgado y del Estado dominicano.
20 de abril de 2016 Áreas Protegidas y Biodiversidad, Notas de Prensa, TRIBUNALES No comments
El pasado miércoles 20 del mes de abril, se inició el proceso de restauración del daño ambiental causado al Parque Nacional Los Humedales del Ozana, producto de la deforestación. En tal virtud después de más de 3 años de una batalla legal incoada por Diego Torres Reyes, con su abogado Euren Cuevas Medina, Director Ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente y la acusación presentada por el magistrado José Espinal Beato, Procurador para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, lograron que la Primera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo dictara la sentencia penal No. 546-2016-SSEN-00029, NCI núm. 00546-2015-00235, de fecha veintiséis (26) de enero, que entre otras cosas decidió: “Declara culpable al señor Julio Felipe Benítez Rojas, de violar las disposiciones de los artículos 138, 169, 172, 174 y 175 numerales 1 y 2 de la ley 64-00, sobre medio ambiente y recursos naturales, por el hecho de este en el mes de octubre destruir especies de la flora sin contar con la debida autorización del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, causar daño al medio ambiente con la tala de varios árboles ubicado dentro del sistema nacional de áreas protegidas de conformidad con el decreto 206-02 en consecuencia le condena a la pena de 6 meses de prisión y una multa de trescientos (300) salarios mínimos del sector público, así como al pago de las costas penales del proceso.
De los fallos que tiene dicha sentencia es el hecho de que no contempla una de las cosas más importante que es la restauración del daño, en tal sentido los actores civiles, querellantes y los imputados llegaron a un acuerdo que contempla la restauración del daño ambiental, para que los actores civiles y el Ministerio Público no continúen con el proceso en la fase de apelación y casación, es por ello que para el beneficio de todos los involucrados y de la sociedad en sentido general, se le dio mayor prioridad a la restauración del daño que es lo más importante.
Esta sentencia y este hecho deben servir de referente para que otros ciudadanos se abstengan de cometer delito ambiental, toda vez que hay una sociedad que vigila y una justicia que castiga, los hechos tan terribles como la destrucción del medio ambiente y los recursos naturales afectando los intereses colectivos y difusos de toda la humanidad.
06 de julio de 2015 Artículos, TRIBUNALES No comments
En un hecho sin precedentes e inexplicable desde el punto de vista jurídico, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), anuló la Sentencia No. 118-TS-2009 de fecha 24 de Julio del 2009, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que condenó al pago de 45 millones de pesos a la Compañía Agregados Consolidados S.A. y a su propietario el señor Miguel Nadal González, por encontrarlo culpable de violar la Ley No. 123-71 sobre extracción de agregados de la corteza terrestre y la Ley No. 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, por extraer arena del río Nizao, en San Cristóbal y provocar daños considerables y permanentes al recurso agua y la biodiversidad. Esta sentencia ya tenía un año en el Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, por haber adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pero de forma increíble, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia admitió un recurso de casación por tercera vez, cosa esta que está prohibida, solo dos veces puede ir un mismo caso al alto tribunal. Pero para entender mejor este adefesio jurídico que es la Sentencia No.2 de la “Honorable Suprema Corte de Justicia” de fecha doce (12) del mes de Enero del año dos mil once (2011), a continuación presentamos un cronológico de los acontecimientos.
El 3 de Febrero del 2004, la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, acusó a Agregados Consolidados S.A. y a Miguel Nadal González en calidad de propietario, de dañar el río Nizao en violación a la legislación ambiental, por dicha acusación la compañía y su propietario resultaron condenados a pagar 1000 salarios mínimos y 5 millones de pesos en daños y perjuicios y el propietario a cumplir 3 meses de prisión, mediante la sentencia No. 2288/2006 de fecha 27 de septiembre del 2006. Los condenados recurrieron en apelación, producto de este recurso la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, evacuo la Sentencia No.1678-07 de fecha 22 de mayo del 2007, cuyo fallo ordenó la celebración total de un nuevo juicio, en esta ocasión la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA) Fundación Unido por la Vida y la Fundación Pro-Desarrollo Forestal, Plan Mucho agua, recurrieron en casación la decisión de la Corte de Apelación y la SCJ mediante la Resolución No. 2833 declaró inadmisible el recurso porque la sentencia dictada por la Corte de Apelación no ponía fin al proceso, y en consecuencia lo envió a la Cámara Penal del Tribunal de Primera Instancia de Peravia. El Tribunal Colegiado conoció el caso como un juicio nuevo y mediante la sentencia No. 368-2008 de fecha 23 de mayo del 2008, condenó a los imputados a pagar una multa de 10,000 salarios mínimos equivalente a 35 millones de pesos y al pago de 15 millones de pesos para los actores civiles por los daños y perjuicios causados a las comunidades de donde se extraían los agregados del río.
Los imputados recurrieron en apelación la sentencia del Tribunal Colegiado y fueron favorecidos por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, mediante la Sentencia No. 3512-08 de fecha 27 del mes de Noviembre del 2008, con la rebaja de la multa a 1600 salarios mínimos y 10 millones de pesos para los actores civiles, o sea a menos de 16 millones de pesos. En esta ocasión los actores civiles no recurrieron en casación, pero sí recurrieron tanto el Ministerio Público Ambiental en la parte penal y los imputados. En cuanto al recurso del Ministerio Público Ambiental fue acogido en la parte penal y rechazado el de los imputados, en consecuencia la SCJ mediante la Sentencia No. 120-2009 de fecha 6 de mayo del 2009, casó la sentencia y la envió a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, con esta decisión de la SCJ el aspecto civil adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
En fecha 24 de julio del año 2009, mediante la sentencia No. 118-TS-2009, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional condenó a los imputados al pago de una multa de 10,000 salarios mínimos en la parte penal, en cuanto al aspecto civil no se pronuncio porque sólo estaban apoderada del aspecto penal, el aspecto civil había adquirido la autoridad de la cosa juzgada juzgada con el rechazo del recurso de los imputados por parte de la Suprema Corte de Justicia, según certificación de fecha 30 de marzo del 2009 emitida por la Secretaria General de la SCJ, Grimilda A. de Subero.
Como el expediente ya había ido 2 veces a la Suprema Corte de Justicia que es el máximo que puede ir un mismo caso al alto tribunal, la Cámara Penal de la Corte de Apelación ordenó en el numeral 4 del dispositivo de la sentencia que le sea comunicada al Juez de la Ejecución de la Pena para los fines de lugar y además que la lectura en audiencia valía notificación para las partes y se ordenaba entregar las copias correspondientes a las partes.
Resulta que la Magistrada del Ministerio Publico Ambiental encargada de caso, Francia Calderón, se hizo expedir una Certificación en la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, de fecha 18 de marzo del 2010, donde se hacía constar que ninguna de las partes había recurrido el recurso. El tribunal apoderó al Juez de la Ejecución de la Pena para que procediera a la ejecución de la sentencia No. 118-TS-2009, pero para sorpresa de todos los involucrados en este caso, excepto los imputados, un año después del caso estar en el Juez de la Ejecución de la Pena, la “Honorable Suprema Corte de Justicia” fija una audiencia para conocer de un RECURSO de casación que habían interpuesto los imputados, que a la sazón no había sido notificado por la Suprema, ni al Ministerio Público, ni a los actores civiles, sin embargo, los imputados notificaron a los actores civiles para que asistieran a la famosa audiencia con el pleno de la Suprema Corte de Justicia, de un recurso que no le habían notificado y son los actores civiles que ponen en conocimiento al Ministerio Público de semejante hecho y al que todos calificaron como un disparate para ganar tiempo, pero no obstante a este parecer tanto el Ministerio Público, como los actores civiles acudieron a la audiencia y explicaron detalladamente la situación del expediente narrando el historial del caso y haciendo hincapié en que había adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pero la Honorable Suprema Corte de Justicia no le dio importancia a estas declaraciones y en consecuencia en fecha 12 del mes de enero del 2011, desmontó todo el sistema jurídico dominicano pronunciando la Sentencia No.2 que anula la sentencia firme No. 118-TS-2009.
Pero para los colmos de males y para que quede constancia de la firmeza de la sentencia No. 118-TS-2009, el Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, mediante el Auto No. 1440-2010, del mes de Diciembre, rechazó una solicitud del imputado Miguel Nadal González, de levantamiento de impedimento de salida, argumentando que el imputado estaba condenado a pena privativa de libertad mediante una sentencia firme, y en adición a esto existía una certificación de fecha 26 de mayo del 2010, expedida por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que establece que dicha decisión no fue apelada, en consecuencia se aplica el artículo 438 del Código Procesal Penal y la Resolución No. 296-05 de la Suprema Corte de Justicia.
Queda más que demostrado con este nefasto fallo de la SCJ que en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana no existen sentencias definitivas y que la seguridad jurídica se encuentra gravemente amenazada con este fallo, por lo que se hace imperante que el Tribunal Constitucional pueda revisar las sentencias evacuada por la “SUPREMA CORTE DE JUSTICIA” para garantizar un verdadero sistema de derecho.
Es nuestro interés que la HONORABLE SUPREMA CORTE DE JUSTICIA este al corriente de que este documento se difundirá a nivel nacional e internacional y llevará el respaldo de miles de firmas de protesta por esta barbaridad jurídica. Además un grupo de instituciones apoderará al Tribunal Constitucional para que conozca de esta sentencia, que a todas luces es ilegal y abusiva.
Dejamos a la imaginación de todos los ciudadanos del mundo que evalúen que puede haber ocurrido para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia revocara una sentencia firme o definitiva; hecho sin precedentes en la historia jurídica de dominicana.
Abogados Consultores Jurídicos Moreno C & Asociados.
Bloque de Organizaciones No Gubernamentales, Inc. (BONGs)
Asociación Mundial de ONGs-WANGO.RD
Fundación Jóvenes Defensores. (FJD), Inc.
Fundación Alternativa Comunitaria, Inc.
Fundación Salud, Educación y Equidad Social, Inc.
Agencia de Coop. Intern. Para el Fomento de la Solidaridad Humana
Fundación de Apoyo al Bien Común. Inc
Agencia de Apoyo Al Marginado Social
Núcleo Humanista
Fundación Federalista.
Fundación Dominicana para la Alfabetización.
Fundación Nacional para la Democracia.
Fundación Horizonte de Luz
Fundación Hombre y Universo
Fundación por el Enriquecimiento de los Valores Humanos y la Ecología
Fundación para el Desarrollo y la Justicia Social.
Instituto Nacional de Desarrollo e Investigación de Servicios Sociales.
Instituto Experimental de Contabilidad Rosado.
Coalición Dominicana de Apoyo a la Corte Penal Internacional.
Red Dominicana por la Democracia.
Red de Solidaridad de la Provincia de San Cristobal, Dr. Manuel Antonio Nina, Coordinador General.
Consejo Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA)
Plan Mucha Agua Inc.
Equipo Ecológico y Ambiental Vida
Junta de Vecinos del Parquecito, San Cristobal
Programa de Acción Comunitario por el Medio Ambiental (PACMA)rupo Mundo Ecológico.
06 de julio de 2015 Áreas Protegidas y Biodiversidad, Notas de Prensa, TRIBUNALES No comments
01 de julio de 2015 Áreas Protegidas y Biodiversidad, Notas de Prensa, TRIBUNALES No comments
Audiencia sobre delfines
La Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD), la Fundación Dominicana de Estudios Marinos (FUNDEMAR), el Grupo Jaragua, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), solicitan al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, detener la construcción y operación del delfinario propiedad del Grupo Dolphin Discovery en Punta Cana, motivados a que esta instalación esta siendo edificada amparada en una Licencia Ambiental Modificada No.0245-13 de fecha 28 de enero del 2014 emitida de manera irregular por dicho ministerio.
La operación de este delfinario también viola la Resolución No.1-2008 que reglamenta el Manejo, Tenencia y Exhibición de Mamíferos Marinos en Cautiverio, la Ley 64-2000 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, el protocolo SPAW de la Convención de Cartagena que prohíbe la caza, cautiverio y maltrato a los delfines, la resolución que pone en vigencia la Lista de Especies en Peligro de Extinción, Amenazadas o Protegidas de la República Dominicana (Lista Roja), así con los requisitos establecidos en el Decreto 1288-04, que establece el Reglamento para el Comercio de Fauna y Flora Silvestres en República Dominicana (Reglamento CITES).
El 15 de julio pasado la Academia de Ciencias y FUNDEMAR, preocupadas por esta situación, remitieron al Ministro de Medio Ambiente un documento notificándole el caso de la violación y se le solicitaba detener la instalación de dicho delfinario, además de que se revisara la Resolución No. 01-2008, declarar una moratoria de cinco años para la instalación de nuevos delfinarios, a fin de desincentivar el comercio de especies catalogadas en categoría vulnerable, y ordenar todo lo relativo a la protección de los mamíferos marinos en la República Dominicana. Hemos recibido el silencio por respuesta.
Además este caso esta siendo ventilando en el Tribunal Superior Administrativo, en el que se han producido dos audiencias y la tercera esta fijada para el miércoles 17, de la cual esperamos que haya una decisión favorable a nuestra demanda. Consideramos pertinente que las demás instancias administrativas del Estado Dominicano interpongan de su autoridad para detener esta violación de resoluciones leyes y reglamentos.
Hacemos un llamado a otras instituciones de conservación de la República Dominicana a que se pronuncien y reprueben este crimen ecológico que se esta cometiendo con los mamíferos marinos.
Nuestras instituciones dejan claro que no se oponen al desarrollo del turismo y a la observación de nuestros mamíferos marinos, pero siguiendo la modalidad de las Ballenas Jorobadas que son observadas en su ambiente natural y no confinados en ambientes totalmente inapropiados con maltratos que le acortan su ciclo de vida.
Finalmente proponemos lo siguiente:
Prohibir la autorización y construcción de nuevos delfinarios.
Declaratoria de una moratoria indefinida de importación de delfines.
Supervisar estrictamente el cumplimiento de las normas en los delfinarios existentes, por las violaciones a estas normas que constantemente se denuncian.
15 de junio de 2015 Notas de Prensa, TRIBUNALES No comments
INSAPROMA Y ASOPROCASO DEPOSITAN QUERELLA.
El instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) Inc. y la Asociación para la Protección del Medio Ambiente y del Turismo en la Zona de Cabarete y Sosua (ASOPROCASO), INC depositó en el día de hoy una querella con constitución en Actor Civil en contra de la empresa extractora de agregados Constructora Dualma, Enrique Duval y Ricardo Linares, por ante la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente, por la extracción ilegal de arena del Rio Veragua, Yasica y en la playa de Cabarete. Se depositará; además, un informe de la Academia de Ciencias de la Republica Dominicana, que certifica la gravedad de los daños causados al rio Veragua, Yasica, la Playa de Cabarete y en el sector Guao del municipio Veragua.
Los juristas Euren Cuevas Medina y Juan Frías Agramonte abogados de los querellantes y actores civiles manifestaron que la Academia de Ciencias de la República Dominicana realizó una investigación, mediante un recorrido por varios puntos del río Veragua y Yasica donde se pudo observar y fotografiar los siguientes daños ambientales:
a) La extracción de arena y graba de manera industrial desde el mismo cause, en la zona del municipio de Veragua y Yasica, afectando el río de manera dramática;
b) También la extracción se realiza de manera ilegal e indiscriminada en el sector Guao del mismo río;
c) Las empresas constructoras están causando una depredación sistemática, apoyándose en una autorización irregular del Ministerio del Medio Ambiente; tomando como pretexto unos supuestos trabajos de limpieza sobre la zona del curso del río Veragua, cerca de la confluencia del río Yasica;
d) El informe de la Academia da cuenta de que se pudo constatar la extracción de grandes cantidades de arena y graba, en el mismo cause del río, para su venta, sin exista evidencia alguna de la necesidad de excavar el cause de la corriente fluvial para ningún objeto;
e) El volumen del material extraído es enorme y genera un desbalance en la dinámica fluvial y en el aporte de arena al río Yasica y a la costa arenosa de la playa de Cabarete, igualmente crea serios problemas ambientales y afecta de manera extremadamente negativa a la fauna y la flora acuática; además de la afectación de la geo-morfología del río y su cuenta asociada;
f) Continua diciendo, la Academia de Ciencia que teniendo en cuenta el metro cubico de agregado se vende a RD$1,100.00, el negocio asciende a unos RD$64,000,000, solo en los 45 días que contempla la autorización firmada por Jesé Alarcón Vise Ministro de Suelo y Agua;
No se descarta la presentación de una querella adicional contra los funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente que han actuado en colaboración o condición de co-autores de grabe delito ambiental;

References: Resolución 
 artículo 438
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución