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Timestamp: 2020-02-22 23:31:11+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 462, de 21/05/2014
cve: BOCG-10-D-462
Núm. 462
130/000053 Real Decreto-ley 6/2014, de 11 de abril, por el que se regula el otorgamiento de la explotación de los recursos mineros de la zona denominada "Aznalcóllar". Convalidación ... (Página4)
162/000819 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de una estrategia de mejora de la empleabilidad de los estudiantes universitarios.
Enmienda ... (Página6)
Aprobación ... (Página7)
162/000860 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre recuperación del derecho a la reposición de la prestación por desempleo. Rechazo por el Pleno de la Cámara así como enmienda formulada ... (Página8)
172/000214 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre las prospecciones de hidrocarburos frente a las costas canarias de las islas de Lanzarote y Fuerteventura ... (Página9)
172/000222 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre propósitos del Gobierno para corregir la erosión de derechos fundamentales ... (Página9)
172/000224 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Ministra de Fomento, sobre las políticas del Gobierno para garantizar el derecho a la vivienda a las familias con dificultades económicas ... (Página10)
172/000225 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el cambio de modelo de Formación Profesional introducido por la LOMCE, que la devalúa, y las consecuencias de su aplicación ... (Página11)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
173/000149 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el desempeño de sus funciones por parte del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Texto de la moción, enmienda formulada y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página12)
173/000150 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para conocer si está adoptando medidas, desde el Ministerio del Interior, destinadas a investigar y condicionar a los jueces que firmaron un manifiesto en el que sostienen su opinión en defensa de la legalidad de la consulta que se pretende efectuar en Cataluña, en el actual marco constitucional. Texto de la moción, enmiendas formuladas y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página14)
173/000151 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al Ministro de Economía y Competitividad, sobre la credibilidad y los contenidos reales de la recuperación económica. Texto de la moción, enmiendas formuladas y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página16)
181/001794 Pregunta formulada por los Diputados don Herick Manuel Campos Arteseros, don Gabriel Echávarri Fernández y don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS), sobre ayudas al transporte público urbano en municipios de la Comunitat Valenciana durante los ejercicios 2004 a 2013 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita núm. expte. 184/041318). Corrección de error ... (Página21)
181/001823 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Lavilla Martínez (GS), sobre medidas adoptadas en la provincia de Soria en relación con la consecución de administraciones más austeras, eficaces y transparentes (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita núm. expte. 184/042020). Retirada ... (Página21)
181/001844 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Lavilla Martínez (GS), sobre forma en la que se piensa "crecer" y "mejorar los ingresos" en la provincia de Soria (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita núm. expte. 184/042926). Retirada ... (Página21)
181/001846 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Lavilla Martínez (GS), sobre repercusión y alcance de la OPA lanzada por el grupo mexicano Sigma sobre Campofrío en el empleo y la viabilidad de los centros de trabajo de la empresa en España (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita núm. expte. 184/040951) ... (Página21)
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página22)
043/000057 Comunicación Anual 2014, referente a la ejecución del Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016. Dictamen de la Comisión así como propuestas de resolución presentadas ... (Página23)
130/000053
Se publica a continuación el Real Decreto-ley 6/2014, de 11 de abril, por el que se regula el otorgamiento de la explotación de los recursos mineros de la zona denominada "Aznalcóllar".
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Los yacimientos minerales de origen natural y demás recursos geológicos existentes en el territorio nacional son bienes de dominio público. Su régimen jurídico se establece en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, de acuerdo con la cual todos los yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos existentes en el territorio nacional, mar territorial y plataforma continental, son bienes de dominio público estatal, recogiendo asimismo la posibilidad de que el Estado se reserve zonas de cualquier extensión en el territorio nacional, mar territorial y plataforma continental en las que el aprovechamiento de uno o varios yacimientos minerales y demás recursos geológicos pueda tener especial interés para el desarrollo económico y social o para la defensa nacional.
La Junta de Andalucía considera que la actividad minera es una fuente de innovación, de empleo y de riqueza muy necesaria en el momento actual. El antiguo complejo minero de Aznalcóllar, con casi 950 hectáreas de superficie, posee unas reservas constatadas de sulfuros polimetálicos (cobre, plomo y zinc, además de oro y plata) de 35 millones de toneladas y otros 45 millones de toneladas de recursos probables. La mayor parte de la infraestructura necesaria para la explotación de la mina, la corta minera, ya está construida, por lo que podrían reanudarse las actividades extractivas sin grandes transformaciones en el suelo.
El Estado comparte el interés de la Junta de Andalucía en impulsar las actividades extractivas de explotación del complejo minero de Aznalcóllar de manera racional, eficiente, sostenible y segura dada su repercusión en el agua, el suelo, la atmósfera, la fauna, la flora, el paisaje y los ecosistemas en general.
En la actualidad no hay actividad minera en el complejo de Aznalcóllar a pesar de la existencia, bien documentada, de un importante yacimiento en lo que es conocido como "la Corta de los Frailes".
Las excepcionales circunstancias que concurren en la actualidad por la situación económica han sido determinantes para considerar la reanudación de las actividades extractivas, que tanto empleo y riqueza pueden generar. Sin olvidar la necesidad de la adopción de todo tipo de medidas preventivas que minimicen y controlen los riesgos que la minería supone en este entorno, tan próximo al Parque Nacional de Doñana.
En el título I de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, se reafirma la naturaleza jurídica de los yacimientos minerales de origen natural como bienes de dominio público estatal y se mantiene la concesión administrativa como institución tradicional y principio básico de nuestro ordenamiento jurídico.
En la propia ley, con el fin de soslayar los inconvenientes de una clasificación rígida, se faculta al Gobierno para trasladar, en determinadas circunstancias, los recursos de una a otra sección, mediante un sistema respetuoso con las garantías jurisdiccionales, sin olvidar el carácter demanial de los recursos naturales.
Sin perjuicio del principio de prioridad que se establece en la ley, de cierta raigambre en el Derecho Minero y que ha sido estímulo determinante en el hallazgo de gran número de yacimientos, es necesario tener en cuenta la necesidad imperante de la solvencia científica, técnica y económico-financiera de los solicitantes, lo que permite contar con mayores garantías en cuanto al cumplimiento de las tareas programadas.
En lo que respecta a la explotación de las sustancias minerales de la sección C), la ley distingue entre concesiones directas y concesiones derivadas de una previa investigación. Todo ello bajo la exigencia
rigurosa de haber sido plenamente comprobada la existencia de un recurso susceptible de aprovechamiento racional.
El yacimiento minero de Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla, a partir del incidente acaecido el 25 de abril de 1998, ha implicado a las Administraciones estatal y de la Junta de Andalucía en una actuación conjunta para corregir el daño medioambiental producido por la rotura de la balsa de estériles. A partir de la producción del daño medioambiental por la entonces concesionaria, ambas Administraciones desplegaron una actuación conjunta que merece ahora ser continuada para asegurar que la reapertura del yacimiento, de indudable interés para el desarrollo económico y social, se produzca con las máximas garantías medioambientales. Dichas garantías medioambientales se pueden verificar de manera más exigente si la selección del nuevo operador minero se lleva a cabo mediante la forma de concurso.
En el caso concreto de los yacimientos minerales de la Faja Pirítica Ibérica, desde hace siglos se ha procedido a su explotación racional. En la actualidad la minería de la zona se encuentra en alza con la subida del precio de los metales. Su viabilidad económica depende de la extracción de cobre, zinc, plomo y, en algunos casos, de metales preciosos como oro y plata. Los antecedentes de investigación de la faja pirítica se remontan al siglo XIX, considerándose una de las zonas con mayor actividad minera del país y, por tanto, con mayor fiabilidad y conocimiento de los recursos existentes.
Por todo lo anterior, se considera que la tramitación de cualquier investigación sobre una zona tan estudiada como la de Aznalcóllar únicamente retrasa la posibilidad de la explotación racional de los recursos, pues se considera suficientemente conocida su existencia y se estima viable su aprovechamiento racional puesto que existen suficientes datos y pruebas que permiten definir su explotación como consecuencia de las mejoras tecnológicas actuales y las nuevas perspectivas de mercado.
Dada la situación del empleo tanto a nivel nacional como local y las posibilidades de ocupación efectiva de trabajadores en la explotación de la mina, se considera de extraordinaria y urgente necesidad posibilitar que se realice la adjudicación de la explotación de la mina por la Comunidad Autónoma de Andalucía conforme a un procedimiento de concurrencia competitiva. De este modo y conforme a este real decreto-ley se prevé la inmediata adjudicación de la explotación y su puesta en funcionamiento con la consiguiente contratación de trabajadores en el menor plazo posible. En este mismo sentido, en el presente real decreto-ley se adoptan medidas de extraordinaria y urgente necesidad dirigidas a garantizar la inmediata puesta en explotación del complejo minero de Aznalcóllar en condiciones idóneas de seguridad y protección del medio ambiente, y con pleno respeto al marco competencial.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de abril de 2014,
Artículo 1. Definición de la zona.
Se define la zona que se denominará "Aznalcóllar", comprendida en la provincia de Sevilla y cuyo perímetro se designa a continuación:
Área formada por arcos de meridianos, referidos al de Greenwich. Y de paralelos determinados por la unión de los siguientes vértices expresados en grados sexagesimales:
Vértice;Longitud;Latitud
1;6º 15' 40'' oeste;37º 32' 00'' norte
2;6º 13' 00'' oeste;37º 32' 00'' norte
3;6º 13' 00'' oeste;37º 29' 00'' norte
4;6º 15' 40'' oeste;37º 29' 00'' norte
Artículo 2. Otorgamiento de la explotación.
La Junta de Andalucía, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan sobre derechos preexistentes que hubiera concedido, podrá otorgar la explotación de los yacimientos cuyos recursos se consideren plenamente probados en la zona denominada "Aznalcóllar", que se define en el artículo anterior, a quien resulte adjudicataria en un procedimiento de concurrencia competitiva, previa la comprobación de la solvencia científica, técnica y económico-financiera de los solicitantes.
El presente real decreto-ley se dicta al amparo lo dispuesto en las reglas 13.ª y 25.ª del artículo 149.1 de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva para establecer las "bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica" y las "bases del régimen minero".
162/000819
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la enmienda formulada a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de una estrategia de mejora de la empleabilidad de los estudiantes universitarios, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 381, de 23 de diciembre de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de modificación a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a una estrategia de mejora de la empleabilidad de los estudiantes universitarios.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la elaboración en colaboración con las Comunidades Autónomas de una estrategia de mejora de la empleabilidad de los estudiantes. Para ello deberá:
1. Crear una plataforma única conjunta por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con el resto de administraciones e instituciones públicas y privadas, que aglutine toda la información relevante sobre orientación, formación, prácticas, empleo y emprendimiento dirigido a los estudiantes y egresados universitarios.
2. Generar las condiciones idóneas, mediante programas con las administraciones competentes, que permitan a las universidades la creación de servicios de empleabilidad, orientados a resultados, que ofrezcan información y asesoramiento a lo largo de toda la carrera, facilitando así una óptima toma de decisiones académicas por el estudiante en base a sus perspectivas profesionales y personales y una adecuada gestión de las prácticas en empresas en base a su perfil académico.
3. Elaborar un mapa de empleabilidad de los egresados por universidad, área de conocimiento y titulación, tal y como se hace en muchos otros países del mundo.
4. Incrementar los incentivos a la contratación de los contratos en prácticas cuya finalidad es la obtención de una primera práctica profesional adecuada al nivel de estudios universitarios alcanzado.
5. Incrementar los recursos destinados a financiar las becas universitarias de transición al mundo laboral a fin de promover la inversión y captación en talento.
6. Acelerar los trabajos para la puesta en marcha del Plan de Implantación de la Garantía Juvenil con el fin de garantizar que cualquier joven al acabar sus estudios y antes de seis meses, pueda tener una oferta laboral o de prácticas.
7. Impulsar en las instituciones europeas una modificación del sistema de financiación establecido por el Fondo Social Europeo para el 2014 y 2015, para posibilitar que los fondos para la materialización y desarrollo de la Garantía Juvenil se reciban de forma previa y no resulte necesario esperar a que los programas actuaciones finalicen y se verifiquen para obtenerlos.
8. Territorializar los fondos para la materialización y desarrollo de la Garantía Juvenil procedentes de Europa entre les CC.AA. para llevar a cabo actuaciones más adecuadas a las necesidades y características de los distintos territorios.
9. Reforzar las políticas financieras de apoyo a proyectos empresariales de jóvenes emprendedores al acabar sus estudios."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de una estrategia de mejora de la empleabilidad de los estudiantes universitarios, sin modificaciones con respecto al texto publicado en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 381, de 23 de diciembre de 2013, por tanto, en los siguientes términos:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la elaboración de una estrategia de mejora de la empleabilidad de los estudiantes. Para ello deberá:
1. Crear una plataforma única por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con el resto de administraciones e instituciones públicas y privadas, que aglutine toda la información relevante sobre orientación, formación, prácticas, empleo y emprendimiento dirigido a los estudiantes y egresados universitarios.
2. Generar las condiciones idóneas, mediante programas con las administraciones competentes, que permitan a las universidades la creación de servicios de empleabilidad, orientados a resultados, que ofrezcan información y asesoramiento a lo largo de toda la carrera, facilitando así una óptima toma de decisiones académicas por el estudiante con base en sus perspectivas profesionales y personales y una adecuada gestión de las prácticas en empresas con base en su perfil académico.
3. Elaborar un mapa de empleabilidad de los egresados por universidad, área de conocimiento y titulación, tal y como se hace en muchos otros países del mundo."
162/000860
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre recuperación del derecho a la reposición de la prestación por desempleo, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 398, de 7 de febrero de 2014.
Asimismo, se publica la enmienda presentada a dicha Proposición no de Ley.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista de recuperación del derecho a la reposición de la prestación por desempleo.
El texto de la Proposición no de Ley queda redactado en los siguientes términos:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar inmediatamente las disposiciones necesarias para reforzar las redes de protección social, ampliando y mejorando la protección por desempleo y para recuperar, en particular y con efectos desde el 1 de enero de 2014, el derecho a la reposición de la prestación por desempleo de los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo o por procedimientos concursales de suspensión o reducción de jornada."
Además de la necesidad de recuperar el derecho a la reposición de la prestación reconocido en la Ley 27/2009, es urgente aumentar la protección por desempleo con carácter general, ya que existen cada vez más menos personas con protección y ésta es de peor calidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
172/000214
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las prospecciones de hidrocarburos frente a las costas canarias de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias Ana Oramas González-Moro, al amparo de lo establecido en los artículos 180 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente interpelación urgente, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Interpelación urgente sobre las prospecciones de hidrocarburos frente a las costas canarias de las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2014.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
172/000222
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre propósitos del Gobierno para corregir la erosión de derechos fundamentales, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Don Rafael Larreina Valderrama, Diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo previsto en los artículos 180 y 183 del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente interpelación urgente al Gobierno sobre sus propósitos para corregir la erosión de derechos fundamentales.
En el reciente Comité de Ministros celebrado en Viena esta semana ha estado sobre la mesa el Informe del Secretario General del Consejo de Europa sobre la "Situación de la Democracia, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho en Europa".
En su presentación, el Secretario General del Consejo de Europa -Thorbjorn Jagland- señalaba que "los Derechos Humanos, la Democracia y el Estado de Derecho se enfrentan en la actualidad a una crisis sin precedentes, desde el fin de la guerra fría. Se observa un incremento de graves vulneraciones de los Derechos Humanos (corrupción, inmunidad, impunidad, trata de seres humanos, racismo, discurso
del odio, y discriminación) en el conjunto del Continente. Los Derechos Humanos están también amenazados por las repercusiones de la crisis económica y por el crecimiento de las desigualdades. Ante esta perspectiva tanto el Consejo de Europa, como sus Estados miembros deben actuar con rapidez para poner fin a esta erosión de derechos fundamentales".
En dicho informe se califican como especialmente inquietantes vulneraciones referidas a:
- Discriminación hacia minorías étnicas y nacionales.
- Condiciones de detención y situación de las cárceles.
- Malos tratos infligidos por agentes de las fuerzas de orden público.
- Organización y funcionamiento del sistema judicial.
- "Lagunas" en los derechos reconocidos a los emigrantes y demandantes de asilo.
- Duración excesiva de los procedimientos judiciales.
- Trata de seres humanos.
- Ataques a la libertad de expresión y a la libertad de información.
Por otro lado, son también numerosas las denuncias que en el ámbito del Estado se han realizado en la misma dirección por parte de agentes sociales y sindicales, partidos políticos, organismos oficiales de la judicatura, organizaciones no gubernamentales y diversas instituciones.
Desde nuestro punto de vista tanto estas denuncias de erosión de derechos fundamentales, así como la necesidad de actuar con urgencia para poner término a dicha situación, tienen una especial vigencia en el caso del Estado español.
Por estas razones se presenta la siguiente interpelación al Gobierno sobre cuáles son los propósitos del Gobierno para corregir la erosión de derechos fundamentales denunciada por agentes sociales y sindicales, partidos políticos, organismos oficiales de la judicatura y diversas instituciones internacionales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2014.-Rafael Larreina Valderrama, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
172/000224
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista a la Ministra de Fomento, sobre las políticas del Gobierno para garantizar el derecho a la vivienda a las familias con dificultades económicas, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, se presenta la siguiente interpelación urgente a la Ministra de Fomento sobre las políticas del Gobierno para garantizar el derecho a la vivienda a las familias con dificultades económicas.
Las decisiones y reformas emprendidas por el Gobierno en materia de política de vivienda han supuesto, hasta la fecha, la pérdida de ayudas e incentivos para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna. La ausencia de medidas efectivas que permitan garantizar el acceso a la vivienda a aquellas familias que, fruto de una insolvencia sobrevenida y no dolosa, han perdido su vivienda como consecuencia de un desahucio, hoy resulta ya difícilmente soportable; más aun cuando se contraponen las ingentes cantidades de dinero público destinadas a reflotar importantes sectores de nuestra economía
con los importantes recortes presupuestarios a los programas destinados a favorecer el acceso a la vivienda a los ciudadanos con menos recursos y con dificultades económicas.
A los recortes en las ayudas, subsidios y programas en las políticas de vivienda competencia del Ministerio de Fomento hay que añadir el fracaso de medidas coyunturales acordadas por el Gobierno. Así, a pesar del ingente esfuerzo propagandístico del Gobierno, hoy sabemos que el convenio para la creación del Fondo Social de Viviendas en alquiler, puesto en marcha en cumplimiento de la encomienda al Gobierno incluida en el Real Decreto-ley 27/2012, sobre medidas urgentes para reforzar la protección de deudores hipotecarios, no está cumpliendo los resultados anunciados. Hoy ya conocemos que, en el primero de sus dos años de vida, el Fondo ha concedido la décima parte de las 5.891 viviendas que aportan las 33 entidades firmantes del convenio, otorgando el acceso al alquiler social a 640 familias, aunque de momento solo se ha firmado contrato de arrendamiento en 169 casos, y denegando su solicitud a 1.098 familias.
Fracaso perpetuado en la Ley 1/2013 en el que se modifica el citado Fondo Social de Viviendas, habiendo obtenido como principal logro que menos de la mitad de las entidades financieras que se adhirieron al primero lo hicieran en su segunda versión. Mismo éxito que han cosechado el resto de medidas contemplas en esa Ley, de recorrido claramente insuficiente, que ni está sirviendo para paralizar los procedimientos de ejecución hipotecaria para familias víctimas de una insolvencia sobrevenida, ni posibilita que mediante un procedimiento garantista se evite la pérdida de la vivienda. Si analizamos la planificación a medio y largo plazo del Gobierno, observamos también con preocupación que la coyuntura económica no es excusa para sostener ni los recortes presupuestarios ni la supresión de derechos que, en algunos de los casos como el de la subsidiación de préstamos, contaban con una larga trayectoria histórica. En el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento se renuncia a la política de vivienda; no hay políticas para ayudar a la adquisición y, aunque se dice que se va apoyar el alquiler, en la práctica se ha acabado con las ayudas; se renuncia a incorporar medidas para evitar la exclusión social de aquellas familias que, fruto de una insolvencia sobrevenida, pueden perder su vivienda y, pese a que se definen los objetivos la rehabilitación, regeneración y renovación urbana como una prioridad para la recuperación del sector, no se va más allá de las insuficientes medidas contempladas en la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana que, en algunos casos, hasta favorecen la pérdida de la propia vivienda.
En definitiva, el Gobierno no solo parece haber renunciado a impulsar una política de vivienda que favorezca el acceso de los ciudadanos a la misma en condiciones dignas, sino que además con sus decisiones ejecutivas y legislativas les desprotegen.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta, para su debate en la próxima sesión del Pleno de la Cámara, interpelación urgente a la Ministra de Fomento sobre las medidas para garantizar el derecho a la vivienda a las familias con dificultades económicas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2014.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
172/000225
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el cambio de modelo de formación profesional introducido por la LOMCE, que la devalúa, y las consecuencias de su aplicación, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 173 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presenta una interpelación urgente sobre el cambio de modelo de formación profesional introducido por la LOMCE, que la devalúa, y las consecuencias de su aplicación.
La recientemente aprobada Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), introduce un nuevo modelo de formación profesional. Se trata en realidad de la parte más compleja de la reforma y curiosamente es la que se desea implantar en primer lugar. Así pues, los primeros ciclos de la Formación Profesional Básica deberán implantarse en el curso 2014-2015, aun cuando las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, en los objetivos, los requisitos para la obtención de certificados y títulos, los programas y la promoción y las evaluaciones de Educación Secundaria Obligatoria, se implantarán para los cursos primero y tercero en el curso escolar 2015-2016.
Nos encontramos ya con una primera incongruencia en el calendario de aplicación, pero no es el único escollo con el que tropezarán las administraciones, los centros educativos, los profesores y los alumnos, si el Gobierno pretende que se le dé cumplimiento a la disposición final quinta de la LOMCE, en la que se fija el calendario de implantación de los nuevos currículos educativos.
No solo se trata de una imposibilidad temporal, sino de otros errores de cálculo que hacen que el Gobierno pretenda implantar la Formación profesional Básica sin que funcionen los instrumentos necesarios para tal fin. De hecho, por ejemplo, no se da una opción a los alumnos que han terminado la ESO, pero que no pueden acceder ni a los ciclos de formación básica ni a los programas de cualificación de formación inicial.
La mayor gravedad sin embargo radica en el contenido de la modificación de la formación profesional. Tras muchos años de esfuerzos por parte de los agentes educativos por dignificar la formación profesional y adecuarla a las necesidades de las empresas, que son su objetivo natural, la LOMCE echa por tierra todo ese esfuerzo y nos retrotrae a la época anterior a la LOGSE, reproduciendo el modelo de formación profesional preconstitucional de la Ley General de Educación de 1970.
La aplicación del nuevo modelo introducido por la LOMCE supone, pues, el descrédito de la formación profesional y aleja de nuevo a los estudiantes del mundo empresarial que debiera ser el destino natural de cualquier estudiante que elija este itinerario.
Por ese motivo, ante los efectos negativos que la implantación de los ciclos de formación profesional conllevará tanto para las distintas administraciones educativas, como para los centros, los alumnos y las familias y debido a la capital importancia que para Convergència i Unió tiene la formación profesional, el Grupo Parlamentario Catalán (CiU) presenta la siguiente interpelación urgente sobre el cambio de modelo de formación profesional introducido por la LOMCE, que la devalúa, y las consecuencias de su aplicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
173/000149
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el desempeño de sus funciones por parte del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo, se inserta la enmienda formulada a la misma.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de acuerdo con lo establecido en el artículo 184.2 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente, sobre el desempeño de sus funciones por parte del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
La figura del delegado del Gobierno está regulada en el artículo 154 de la CE y en la ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Entre sus competencias, y señalada como primera y relevante, tras la de dirección de los servicios de la Administración General del Estado, figura la de "mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación con la Administración de la correspondiente Comunidad Autónoma y las entidades locales".
No hay duda, por otra parte, desde una lectura de la legislación, de que el delegado es un cargo subordinado a las instrucciones del Gobierno español. El grado de subordinación de su figura viene evidenciado sin duda en el hecho de que a pesar de asumir la dirección de la Administración del Estado en la Comunidad Autónoma, no es el máximo representante del Estado en ella, sino que la representación ordinaria del Estado corresponde el Presidente de esa misma Comunidad Autónoma.
En el caso del País Vasco la tensión provocada por los continuos requerimientos a ayuntamientos y otras instituciones e interposiciones de recursos, muchos de ellos obviando la legislación plenamente constitucional aprobada por el Parlamento Vasco en materias como la cooficialidad lingüística o en ocasiones incluso la propia del Estado en cuanto al régimen retributivo de los funcionarios, está llegando a cotas insostenibles.
La actuación del Delegado del Gobierno está convirtiendo lo que debería ser un clima de cooperación en una sensación de acoso permanente. Actitud que puede ser interpretada como acorde a las instrucciones dadas por el Gobierno español, pues es a él a quien corresponde fijar la línea de trabajo de su delegado.
En consecuencia, se presenta la siguiente
1. Señala que el delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo previsto en la legislación, debe tener como prioridad el mantenimiento de una relación de cooperación y entendimiento con las instituciones presentes en la Comunidad Autónoma. Ello implica utilizar el diálogo y la generación de confianza como instrumento primordial de su acción diaria.
2. Considera que una cosa es, como dice la ley, "velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas constitucionalmente al Estado y la correcta aplicación de su normativa", y otra muy distinta que la figura del delegado se conciba desde el Gobierno como un censor de las acciones que realizan otras administraciones en la Comunidad Autónoma.
3. Subraya que el delegado del Gobierno debe respetar y cumplir en y desde la Administración que dirige el ordenamiento jurídico en su totalidad, lo que implica no solo la normativa del Estado sino también la normativa autonómica correspondiente.
4. Advierte que, teniendo en cuenta lo expresado en el punto primero, el Delegado del Gobierno, por su condición de mero representante de las autoridades políticas gubernativas y siendo su función la búsqueda de la cooperación, no debería realizar declaraciones públicas partidistas.
5. Constata que el Delegado del Gobierno en el País Vasco, don Carlos Urquijo, ha transgredido en su trayectoria como tal los principios antes señalados y por lo tanto no es la persona adecuada para realizar esas funciones, por lo que se expresa la voluntad de que sea relevado en el citado cargo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2014.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Don Jon Iñarritu García, Diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) sobre el desempeño de sus funciones por parte del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Al punto 6 (nuevo)
"6) Eliminar la figura del Delegado del Gobierno en aquellas comunidades que así lo soliciten."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2014.-Jon Iñarritu García, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
173/000150
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para conocer si está adoptando medidas, desde el Ministerio del Interior, destinadas a investigar y condicionar a los jueces que firmaron un manifiesto en el que sostienen su opinión en defensa de la legalidad de la consulta que se pretende efectuar en Cataluña, en el actual marco constitucional, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo, se insertan las enmiendas formuladas a la misma.
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una Moción consecuencia de la interpelación urgente para conocer si está adoptando medidas, desde el Ministerio del Interior, destinadas a investigar y condicionar a los jueces que firmaron un manifiesto en el que sostienen su opinión en defensa de la legalidad de la consulta que se pretende efectuar en Catalunya en el actual marco constitucional.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a determinar quién dio la orden de buscar y filtrar a la prensa las fotografías de los carnés de identidad de los jueces que firmaron el manifiesto a favor del derecho a decidir y por qué motivo, depurando responsabilidades, si cabe, para evitar que se repita un episodio como este, que altera -si no ataca- los derechos y libertades civiles de los ciudadanos, por el hecho de invadir su intimidad por la cesión de información personal, ya sean imágenes o datos de cualquier otra índole."
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para conocer si está adoptando medidas, desde el Ministerio del Interior, destinadas a investigar y condicionar a los jueces que firmaron un manifiesto en el que sostienen su opinión en defensa de la legalidad de la consulta que se presenta efectuar en Cataluña en el actual marco constitucional.
- Informar a la Cámara de forma inmediata de las investigaciones y actuaciones disciplinarias que en el ámbito de competencia del Ministerio del Interior se han llevado a cabo desde que el día 3 de marzo tuvo lugar la publicación en prensa de 33 fotografías de magistrados y jueces que se habían adherido a un manifiesto público, correspondientes a las bases de datos oficiales y legalmente protegidas del registro del documento nacional de identidad, y/o de otros archivos policiales; sobre los funcionarios y/o personas que accedieron a dichos registros y la finalidad de la consulta, utilización y destino de dichas fotografías.
- Esclarecer quién impartió las órdenes y/o autorizaciones para ese acceso y si a la Comisaría General de Información o a la Brigada Provincial de Información de Barcelona se les encomendó, y por quién, que elaboraran informes en cuanto a las actividades personales, profesionales y políticas que pudieran realizar las personas cuyas fotografías fueron publicadas.
- Tramitar los expedientes disciplinarios que permitan determinar la responsabilidad disciplinaria de cada uno de los funcionarios que intervinieron en dichas actuaciones.
- Garantizar la colaboración total del Ministerio del Interior con la justicia para que se depuren las responsabilidades penales que comporta la filtración intencionada, desde ese ministerio, de una información protegida como la que corresponde a los datos contenidos en las bases del documento nacional de identidad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2014.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Mixto, a instancia del Diputado Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente para conocer si está adoptando medidas, desde el Ministerio del interior, destinadas a investigar y condicionar a los jueces que firmaron un manifiesto en el que sostienen su opinión en defensa de la legalidad de la consulta que se pretende efectuar en Catalunya en el actual marco constitucional.
Se modifica, quedando redactado con el siguiente tenor:
"El Congreso de los Diputados insta el Gobierno a determinar quién dio la orden de buscar y filtrar a la prensa las fotografías de carnés de identidad de los jueces que firmaron el manifiesto a favor del derecho a decidir y por qué motivo, así como quién la ejecutó, depurando responsabilidades, si cabe, para evitar que se repita un episodio como este, que altera -si no ataca- los derechos y libertades civiles de los ciudadanos, por el hecho de invadir su intimidad por la cesión de información personal, ya sean imágenes o datos de cualquier otra índole."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2014.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
173/000151
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, al Ministro de Economía y Competitividad, sobre la credibilidad y los contenidos reales de la recuperación económica, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo, se insertan las enmiendas formuladas a la misma.
El Grupo Parlamentario Socialista se dirige a esa Mesa para, al amparo del artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Moción consecuencia de Interpelación urgente sobre la credibilidad y los contenidos reales de la recuperación económica.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para asegurar que la salida de la recesión se transforme en una mejora real de la capacidad económica de los ciudadanos, con el fin de alcanzar un crecimiento sostenible generador de empleo de calidad que reduzca la desigualdad de renta y riqueza. Para ello, el Gobierno debe:
1. Reorientar la estrategia de consolidación fiscal del Programa de Estabilidad 2014/2017, adoptando una profunda reforma fiscal orientada a ampliar las bases imponibles, luchar contra el fraude y la elusión fiscal, mejorar la equidad, eliminar ineficiencias y distorsiones e incrementar progresivamente la recaudación para garantizar la sostenibilidad del Estado del bienestar y la inversión en educación e I+D+i. Flexibilizar la senda de reducción del déficit público para que los gastos en educación e I+D+i no computen a estos efectos.
2. Recuperar el diálogo social para que todas las medidas que se adopten en relación con el empleo, el modelo de relaciones laborales, la negociación colectiva, la autonomía colectiva y cualquier otra con incidencia en nuestro mercado de trabajo o en los derechos de los trabajadores cuenten con el consenso y acuerdo social.
3. Establecer en el Plan Nacional de Reformas una auténtica estrategia económica por el empleo que, entre otras, contemple políticas dirigidas a la reindustrialización e inversión en I+D+i, con un aumento significativo de los recursos económicos destinados a estas políticas, con el objetivo de favorecer el cumplimiento de la Estrategia 20/20, la generación de empleo de calidad que permita retener el talento, y que contribuya al cambio de modelo productivo. Asimismo, deberá incluir medidas específicas destinadas al fortalecimiento de la formación profesional y un incremento sustancial de las dotaciones económicas dirigidas a las políticas activas de empleo, que deberán alcanzar, al menos, la dotación existente en el año 2011.
4. Aumentar los recursos económicos destinados a la garantía de empleo juvenil, al menos, hasta triplicar la dotación durante su periodo de aplicación. A estos efectos, la cofinanciación a aportar por los Estados miembros o regiones no debe computar a efectos de déficit.
5. Reforzar los mecanismos de protección frente al desempleo, especialmente los dirigidos a los parados de larga duración y a familias sin recursos, con el fin de evitar el riesgo de fractura social y de reducir la tasa de desigualdad. A tal efecto, y entre otras medidas, se aumentará la tasa de cobertura de
protección por desempleo, al menos, en 10 puntos, y mantenerla durante el periodo de vigencia del programa de estabilidad, sin que los nuevos recursos económicos destinados a este objetivo computen a efectos de déficit.
6. Instar al conjunto de instituciones europeas, incluido el Banco Central Europeo (BCE), a adoptar medidas para poner fin a la fragmentación existente en los mercados financieros que se traduce en unas muy diferentes condiciones de financiación para las empresas en los distintos países de la zona euro, lo que resulta completamente inaceptable en el seno del mercado interior.
7. Defender que el Banco Central Europeo ponga en marcha medidas no convencionales que favorezcan una recuperación más robusta de la zona euro y, en particular, de los países del sur con elevadas tasas de paro. A tal efecto, y entre otras medidas, se implementará un programa de apoyo a la financiación de las Pymes similar al adoptado por el Banco de Inglaterra ("Funding for Lending Scheme") con el fin de estimular el crecimiento del crédito bancario a través de la reducción de los costes de financiación, condicionando el acceso de los bancos a financiación a que faciliten crédito en condiciones asumibles a este tipo de empresas.
8. Crear una banca pública de inversión que proporcione financiación prioritaria a Pymes y autónomos. Este nuevo instrumento financiero público integrará al resto de entidades de financiación públicas existentes: el ICO, COFIDES para la financiación de proyectos internacionales, CESCE que proporcionaría seguro a la exportación y expansión exterior, que ofrecería servicios de asesoría financiera para la internacionalización de las empresas. Esta banca se regirá por un modelo de gobierno corporativo basado en una gestión profesional y se someterá a los principios de transparencia, buen gobierno y rendición de cuentas."
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta las siguientes enmiendas a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre la credibilidad y los contenidos reales de la recuperación económica.
Al apartado 2
El apartado 2 de la Moción queda redactado en los siguientes términos:
"2. Derogar la reforma laboral y recuperar el diálogo social para que todas las medidas que se adopten en relación con el empleo, el modelo de relaciones laborales, la negociación colectiva, la autonomía colectiva y cualquier otra con incidencia en nuestro mercado de trabajo o en los derechos de los trabajadores cuenten con el consenso y acuerdo social."
La reforma laboral no sirve para generar empleo de calidad y reducir la desigualdad de renta y riqueza. Muy al contrario, alimenta la devaluación salarial y aumenta la precariedad en las relaciones laborales, con un peso inaceptable de la contratación temporal y un incremento progresivo del empleo a tiempo parcial no deseado.
Al apartado 8
El primer inciso del apartado 8 de la Moción queda redactado en los siguientes términos:
"8. Mantener una participación mayoritaria del Estado en las entidades financieras nacionalizadas y crear una banca pública de inversión que proporcione financiación prioritaria a Pymes y autónomos."
No podemos compartir la privatización, sin ningún tipo de transparencia, de las entidades nacionalizadas en las que se han enterrado miles de millones de euros de dinero público para su saneamiento y que no se tiene intención de recuperar.
Constituir una verdadera banca pública es la mejor y más eficaz manera para ayudar a que crezca el tan necesario crédito a la pequeña empresa y a las familias. Esa sí que sería una buena política para la reactivación de la economía y la creación de empleo.
Se añade un nuevo apartado 9, con la siguiente redacción:
"9 (nuevo). Derogar la reforma del artículo 135 de la Constitución y establecer la prioridad del gasto en servicios públicos fundamentales frente a cualquier otro gasto."
La reforma del artículo 135 de la Constitución es perjudicial para el mantenimiento y mejora de las condiciones de vida de las y los ciudadanos de nuestro país. Es perjudicial para los intereses generales, porque atenta contra la prioridad que ha de darse a la cobertura de las necesidades sociales y del Estado del Bienestar.
Responde a los intereses generales preservar una financiación suficiente para sanidad, educación y servicios sociales básicos al ser servicios públicos fundamentales. Son, además, gastos esenciales para el desarrollo económico, y por tanto, para fortalecer también los ingresos de las administraciones públicas y procurar su sostenibilidad financiera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2014.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA, La Izquierda Plural.
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a iniciativa de su Portavoz, doña Rosa María Díez González, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguiente enmienda a la moción sobre la credibilidad y los contenidos reales de la recuperación económica.
Se añade al punto 1 el siguiente párrafo:
"Eliminar el gasto superfluo que subsiste por las duplicidades e ineficiencias de las administraciones públicas, eliminando las Diputaciones Provinciales y los organismos autonómicos que duplican los del Estado, además de fusionar ayuntamientos."
Al punto 3
Se añade al punto 3 el siguiente párrafo:
"De forma urgente, se reformará la formación profesional para el empleo, mejorando la calidad de los cursos de formación a trabajadores empleados y parados. La reforma también incluirá el control por parte del SEPE del buen uso de los fondos estatales y europeos transferidos a las CC.AA. para estos fines."
Se añade al punto 5 el siguiente párrafo:
"Asimismo, se procederá a armonizar los requisitos de acceso, duración y cuantía de las rentas mínimas de inserción autonómicas en todas las CC.AA."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la credibilidad y los contenidos reales de la recuperación económica.
1. Avanzar en la capacidad de crecimiento y confianza sobre la economía española mediante la adopción de las medidas recogidas en el Programa de Estabilidad 2014-2017 y la agenda reformista planteada en el Plan Nacional de Reformas 2014 como medios para la creación de empleo y garantizar la sostenibilidad del Estado del Bienestar, cumpliendo los compromisos de saneamiento de las cuentas públicas y la consecución de la estabilidad presupuestaria.
2. Impulsar el diálogo social para reactivar el crecimiento económico y la creación de empleo.
3. Continuar con la agenda reformista mediante:
- Fomento del crecimiento y la competitividad actual y futura. En este sentido, en línea con la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 y el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, fomentar la inversión privada con instrumentos de financiación específicos e incentivos fiscales y garantizar la máxima eficiencia y efectividad de los recursos públicos destinados a la I+D+i apoyando la calidad de los recursos humanos.
- La adopción de la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016 que culmine la transición hacia un sistema de evaluación y orientación a resultados de las políticas activas de empleo.
- Seguir avanzado en la implementación de la Garantía Juvenil Europea, que cuenta con la financiación de fondos comunitarios por un importe de 1.887 millones de euros en 2014 y 2015, y trabajar porque se considere como un objetivo prioritario de la Unión.
- El desarrollo de actuaciones específicas de inserción laboral dirigidas a colectivos con especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo como medio más efectivo para luchar contra la pobreza y la exclusión social.
4. Además de avanzar en la capacidad de crecimiento y confianza sobre la economía española, impulsar la construcción de la Unión Bancaria en sus vertientes política, legal y técnica como mejores medios para acabar con la fragmentación de los mercados financieros de la zona euro.
Instar al conjunto de instituciones europeas y apoyar aquellas iniciativas del BCE destinadas a adoptar medidas para poner fin a la fragmentación existente en los mercados financieros que se traduce en unas muy diferentes condiciones de financiación para las empresas en los distintos países de la zona euro, lo que resulta completamente inaceptable en el seno del mercado interior.
5. Restablecimiento de las condiciones normales de préstamo a la economía para consolidar la recuperación económica y, en particular:
- Continuar con la labor desarrollada por ICO, COFIDES, CESCE y Expansión Exterior que han visto reforzado su papel en la financiación de las empresas españolas, pymes y autónomos.
- Avanzar en la implantación de medidas regulatorias.
- Aprobar la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial.
- Mejorar la regulación de las entidades de capital riesgo.
- Garantizar la supervivencia de empresas viables con una carga financiera acumulada excesiva mediante la flexibilización del régimen legal de los convenios concursales, en especial en lo que a mayorías y sus efectos se refiere. También se revisará el régimen jurídico de la administración concursal."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
181/001794
Advertido error en el acuerdo relativo a la conversión en pregunta con respuesta oral en Comisión de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita de don Herick Manuel Campos Arteseros, de don Gabriel Echávarri Fernández y de don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS) sobre ayudas al transporte público urbano en municipios de la Comunitat Valenciana durante los ejercicios 2004 a 2013 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita núm. expte. 184/041318) y, que con fecha 21 de marzo de 2014 fue enviada a la Comisión de Fomento ("BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 430, de 28 de marzo de 2014), se procede a su subsanación, acordando en consecuencia su traslado a la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, comunicándolo a dichas Comisiones, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y procediendo a su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
181/001823 y 181/001844
Por escrito de fecha 9 de mayo de 2014, se han retirado las preguntas formuladas por el Diputado don Félix Lavilla Martínez, sobre:
- Medidas adoptadas en la provincia de Soria en relación con la consecución de administraciones más austeras, eficaces y transparentes (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita núm. expte. 184/042020) (núm. expte. 181/001823), publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 438, de 9 de abril de 2014.
- Forma en la que se piensa "crecer" y "mejorar los ingresos" en la provincia de Soria (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita núm. expte. 184/042926) (núm. expte. 181/001844), publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 438, de 9 de abril de 2014.
181/001846
Por escrito de fecha 12 de mayo de 2014, se ha retirado la pregunta formulada por el Diputado don Félix Lavilla Martínez, sobre repercusión y alcance de la OPA lanzada por el grupo mexicano Sigma sobre Campofrío en el empleo y la viabilidad de los centros de trabajo de la empresa en España (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita núm. expte. 184/040951), publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 438, de 9 de abril de 2014.
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autora, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a las Comisiones que se indican, las preguntas al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y a la Sra. Diputada preguntante y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2014.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
Núm. expte.: 184/048403.
Núm. registro: 121971.
Autor iniciativa: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Objeto iniciativa: Número de altercados de orden público en los que se han visto involucrados jóvenes de entre 15 y 25 años debido al excesivo consumo de alcohol durante los ejercicios 2011 a 2013 en la provincia de Zaragoza.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 432, de 1 de abril de 2014, pág. 226.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001882.
Núm. expte.: 184/048395.
Núm. registro: 121963.
Objeto iniciativa: Medidas para fomentar la actividad de los jóvenes emprendedores aumentando las facilidades para crear su propia empresa en la provincia de Zaragoza.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 432, de 1 de abril de 2014, pág. 224.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001881.
Núm. expte.: 184/048445.
Núm. registro: 122179.
Objeto iniciativa: Finalización de las obras del Parador de Veruela (Zaragoza).
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 433, de 2 de abril de 2014, pág. 48.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001883.
Núm. expte.: 184/047990.
Núm. registro: 121326.
Objeto iniciativa: Cantidad destinada a proyectos de drogodependencias que incluyan la perspectiva de género, resultante de la distribución del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados para el ario 2013, en la provincia de Zaragoza.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 432, de 1 de abril de 2014, pág. 83.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001876.
Núm. expte.: 184/047991.
Núm. registro: 121327.
Objeto iniciativa: Cantidad destinada a proyectos de investigación en drogodependencias que incluyan la perspectiva de género, resultante de la distribución del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados para el año 2013, en la provincia de Zaragoza.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001877.
Núm. expte.: 184/047992.
Núm. registro: 121328.
Objeto iniciativa: Cantidad destinada a programas de sensibilización y prevención resultante de la distribución del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados para el año 2013, en la provincia de Zaragoza.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001878.
Núm. expte.: 184/047993.
Núm. registro: 121329.
Objeto iniciativa: Distribución y cantidades integradas en el Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, cometidos en la provincia de Zaragoza para el año 2013.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001879.
Núm. expte.: 184/047994.
Núm. registro: 121330.
Objeto iniciativa: Número de jóvenes de entre 15 y 25 años asistidos por los servicios de urgencias por consumo excesivo de alcohol, durante los ejercicios 2011 a 2013 en la provincia de Zaragoza.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 432, de 1 de abril de 2014, pág. 84.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001880.
043/000057
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Dictamen emitido por la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo en relación con la Comunicación Anual 2014, referente a la ejecución del Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, así como de las propuestas de resolución presentadas a dicha Comunicación.
La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su sesión del día 6 de mayo de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, apartado 2, de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en relación con la Comunicación Anual 2014, referente a la ejecución del Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, emite el siguiente Dictamen:
1. Proceso inclusivo en la elaboración de la Comunicación.
Valoramos positivamente el amplio proceso consultivo, liderado por la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo y participado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que se ha llevado a cabo dentro de la cooperación española para la elaboración de esta Comunicación, que hace posible la integración de toda la información necesaria y la valoración de una información integral útil para la labor parlamentaria y clara para los ciudadanos.
2. Compromiso con formulación de Agenda post-2015.
Esta Comisión comparte con el Gobierno el compromiso con el proceso de construcción de la Agenda post-2015. Por ello, proponemos una participación en este proceso orientada a la consecución de una agenda ambiciosa y equilibrada, que incorpore los elementos de la pasada agenda de los Objetivos del Milenio y afronte los nuevos retos, desde una perspectiva integral e inclusiva, con roles específicos y responsabilidades para todos los actores, compatibilizando el desarrollo humano dentro de un desarrollo sostenible integral, con el fin último de la erradicación de la pobreza y el compromiso con la sostenibilidad ambiental.
La posición española se deberá desarrollar desde una perspectiva inclusiva, que incorpore las visiones de los distintos elementos como los diferentes ministerios a través de la red de puntos focales y la sociedad civil (a través de jornadas como la que se celebrará en septiembre 2014, o la participación a través de los foros creados en el nuevo portal a tal efecto) para conseguir una agenda inclusiva que sea reconocida y compartida por todos los actores implicados en la agenda de desarrollo.
Además, debe proponer y defender en el seno del debate internacional los contenidos temáticos más relevantes/prioritarios de la cooperación española, desde la experiencia y el valor añadido que esta pueda aportar. La posición española deberá seguir trabajando para reforzar en la nueva agenda los aspectos de derechos humanos, igualdad de género, seguridad alimentaria y agua y saneamiento.
En correspondencia con la importancia del rol de los órganos consultivos en las políticas de cooperación internacional, el Congreso de los Diputados propone al Gobierno, en el marco de su liderazgo en el establecimiento de una posición española sobre la Agenda post-2015, buscar mecanismos de participación del Parlamento que permitan a los miembros de esta Cámara aportar sus consideraciones en base al documento que la Administración consensúe durante los próximos meses y tras su puesta en común con la sociedad civil el próximo septiembre.
3. Países de renta media.
Impulsar dentro de la agenda de desarrollo internacional el enfoque de cooperación diferenciada para los países de renta media (PRM), subrayando la importancia de un desarrollo con equidad y enfatizando la relación entre los países de renta media y la desigualdad. La lucha contra la desigualdad debe consolidarse en la nueva agenda como en factor clave en el desarrollo de sociedades dignas y equitativas y la experiencia española será muy valiosa. Para ello, se debe trabajar en la creación de un diálogo constructivo que favorezca el intercambio de conocimiento en las políticas seguidas por los países de renta media en la reducción de la pobreza, incluyendo mejores prácticas y casos de éxito para demostrar el impacto de los principios de Busan, así como impulsar un papel diferenciado de los países de renta media en la agenda internacional, señalando sus nuevas responsabilidades en el actual marco internacional de la cooperación.
La evaluación y la gestión del conocimiento deben perseguir una visión más estratégica, que incluye una mejora continua de la calidad de las evaluaciones, un fortalecimiento de las capacidades a través de una mayor coordinación y complementariedad entre actores del sistema y el fomento de una cultura de evaluación que permita una utilización de éstas que revierta en una mejor gestión del conocimiento con impacto en la toma de decisiones.
Valoramos positivamente el esfuerzo llevado a cabo durante el 2014 en el desarrollo y ejecución de las previsiones plasmadas en los documentos de planificación elaborados en 2013, en la revisión y actualización de la política de evaluación y el plan bienal de evaluaciones, que sentaron las bases de una función de evaluación orientada a resultados hacia el aprendizaje y la rendición de cuentas. Compartimos las líneas de trabajo priorizadas para estas evaluaciones y la importancia de una participación activa en las redes internacionales de evaluación como son las del CAD (Evalnet), las reuniones periódicas de la Unión Europea y la red de evaluación del desempeño de organismos internacionales (MOPAN).
En este sentido, instamos al Gobierno a presentar los resultados del Plan de Evaluación y de Gestión del Conocimiento antes de que termine el año.
5. Transparencia info AOD.
Presentar, antes de que finalice el presente periodo de sesiones, el módulo info@OD como módulo divulgativo de información de la cooperación española que permita acceder a la información a través de internet de forma simple, clara, libre y abierta, presentando los datos más relevantes a través de un formato sencillo y visible que facilite la comprensión de los ciudadanos de la misma.
6. Cooperación en la Unión Europea.
Impulsar, en el seno de los grupos de debate de la Unión Europea, la posición española en las agendas internacionales, especialmente en la Agenda post-2015 y la relativa a la financiación del desarrollo, contribuyendo y consolidando la posición europea en estas materias, y avanzar en la aplicación y en la programación conjunta del Programa para el Cambio, que facilitará la armonización entre donantes, reduciendo la fragmentación de la ayuda y favoreciendo un mayor impacto.
7. Coherencia de políticas.
El Plan Director reconoce que las políticas de cooperación tienen un fuerte impacto sobre los países en desarrollo, el principio de coherencia de políticas para el desarrollo pretende generar sinergias entre estas políticas y los objetivos de desarrollo.
En este sentido se insta al Gobierno a seguir trabajando de forma decidida por la coherencia de políticas para avanzar en una cooperación más eficaz, relanzando la red de puntos focales en cada uno de los ministerios de la Administración General del Estado, remitiendo lo antes posible al Parlamento el informe sobre coherencia de políticas para el desarrollo 2013, que asegure el respeto por los derechos humanos, la promoción del desarrollo económico local, la creación de empleo y la prevención de impactos ambientales.
8. Oficina de Acción Humanitaria.
Se insta al Gobierno a seguir trabajando en el fortalecimiento de las capacidades de la Oficina de Acción Humanitaria, tanto en sus actuaciones de emergencia humanitaria y de socorro a las víctimas de desastres naturales o conflictos armados como en las que se llevan a cabo en materia de prevención y evaluación.
9. Pueblo saharaui.
Se insta al Gobierno a que la cooperación con el pueblo saharaui siga siendo una prioridad dentro de la política de cooperación internacional.
10. Educación para el desarrollo.
Se insta al Gobierno a seguir trabajando para que en la ejecución de las políticas de cooperación se tenga en cuenta la educación para el desarrollo como un eje fundamental, como un elemento clave de compromiso, participación e implicación social con las políticas de cooperación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2014.-El Presidente de la Comisión, Carlos Aragonés Mendiguchía.-La Secretaria Primera de la Comisión, Sara Cobos Trallero.
A la Mesa de la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo
Al amparo de lo establecido en la Cámara, se presentan las siguientes propuestas de resolución a la comunicación Anual 2014, del Plan Director 2013-2016 de la Cooperación Española.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2014.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, La Izquierda Plural.
Propuesta de resolución núm. 1
El Congreso de los Diputados manifiesta que el documento de Comunicación 2014 plantea limitaciones importantes como instrumento de evaluación y planificación por tratarse de un documento meramente informativo de la programación y las prioridades y que no permite realizar un seguimiento de cumplimiento de objetivos e indicadores.
Propuesta de resolución núm. 2
Agenda Internacional al Desarrollo y post-2015.
En la definición de la posición española ante la Agenda post-2015 y los documentos que se están elaborando, el Gobierno debe multiplicar los espacios de debate y participación de la sociedad civil, priorizando las ONG que trabajan sectorialmente los distintos temas.
a) Las Cortes Generales tendrán un papel determinante facilitando la participación de expertos y organizaciones sociales para aprobar la posición final de España en la agenda post-2015.
b) Durante el 2014 el Gobierno trabajará para que en la transición hacia los nuevos ODM la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad sean una prioridad y se redoblarán los esfuerzos y las exigencias teniendo en cuenta las conclusiones del 5.° informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y el enorme impacto en el desarrollo, el incremento de desigualdades entre países y comunidades dentro de los países.
c) El Gobierno trabajará activamente para que en la cobertura universal en salud sea incorporada en el marco post-ODM y para ello es fundamental la presencia y el liderazgo del Gobierno en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD)+20 para identificar los derechos sociales y reproductivos como un tema clave para la agenda post-2015.
d) Ante el proceso de revisión del concepto de la AOD que se está realizando en el marco del CAD-OCDE es fundamental impulsar espacios de participación y debate de los principales actores de la cooperación así como de Las Cortes y las distintas administraciones para adoptar una posición coherente y consensuada.
Propuesta de resolución núm. 3
Cooperación Multilateral.
I. Para cumplir con los objetivos de concentración, eficacia, responsabilidad mutua y participación que marca el Plan Director es imprescindible que el Gobierno:
a) Mejore la orientación estratégica de la contribución española a la cooperación multilateral mediante el uso de criterios de asignación de fondos acorde con:
- El desempeño en base a resultados de desarrollo.
- La consecución de los ODM y la contribución específica a Servicios Sociales Básicos (educación, salud, agua y saneamiento) y a prioridades horizontales (igualdad de género, derechos humanos, sostenibilidad medioambiental o gobernabilidad democrática) en los porcentajes acordados.
b) Mejore la complementariedad entre la ayuda bilateral y la multilateral a través de un diálogo permanente en el terreno, que se refleje en los Marcos de Asociación País (MAPS).
c) Asegure la rendición de cuentas de la cooperación multilateral vía evaluaciones independientes o un sistema integral de seguimiento y evaluación.
II. El Congreso reprueba el retraso en la firma de los acuerdos suscritos con organismos multilaterales que están pendientes desde el 2013 e insta al Gobierno a su firma inmediata así como a incrementar los fondos más allá de las cuotas obligatorias para otros marcos de cooperación multilateral.
Propuesta de resolución núm. 4
Prioridades sectoriales.
En el marco de impulsar la cohesión social y los servicios básicos como instrumento fundamental tal y como establece el Plan Director se deben incrementar las acciones y recursos de la cooperación española con el sector de la salud y salud sexual y reproductiva.
b) Seguridad alimentaria y acceso a la tierra de la agricultura familiar.
El IV Plan Director reconoce la vital importancia del acceso a los recursos naturales y productivos (tierra, agua, recursos forestales, biodiversidad, etc.) en la lucha contra el hambre, la seguridad alimentaria y nutricional así como la necesidad de fortalecer en los países en desarrollo las políticas públicas y los marcos legislativos que aseguren estos derechos de acceso. También es positivo el reconocimiento de la importancia del acceso de las mujeres a la tierra.
Frente a la creciente presión sobre las tierras, el agua y los recursos naturales y la evidencia del aumento de casos de acaparamientos, las Directrices Voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional han sido adoptadas en el Comité de Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas (reconocido por el Plan Director como espacio de gobernabilidad prioritario), con una amplia participación de actores.
En el marco de la política de cooperación y la agenda internacional el Gobierno debe priorizar específicamente la agricultura familiar (en situación de desprotección frente a otros inversores en muchos países) en su compromiso con el derecho y uso de la tierra y hacer referencia expresa a las mencionadas Directrices Voluntarias como instrumento del que disponemos a nivel global. Las Directrices deben ser integradas en el diálogo con países socios en los que existen riesgos y alta concentración de la tierra (MAP), en los distintos instrumentos de financiación y ser consideradas en el marco de la coherencia de políticas en relación con inversiones extranjeras directas.
Se insta además al Gobierno asumir el principio de Responsabilidad Extraterritorial de los Estados desarrollando herramientas objetivas, transparentes y públicas de control para evitar la vulneración del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria que las personas y empresas españolas puedan generar fuera del territorio español.
c) Lucha contra la pobreza y gobernabilidad.
El crecimiento y el desarrollo económico por sí mismos no tienen por qué favorecer la erradicación de la pobreza ni de las desigualdades. Incluso el crecimiento potencia a menudo la desigualdad social y económica. Por ello, se redoblarán los esfuerzos para que en las prioridades del 2014 se incorpore de forma transversal en cada uno de las políticas sectoriales el objetivo y los instrumentos para la reducción de las desigualdades promoviendo también una política fiscal y tributaria justa y redistributiva y la lucha contra los paraísos fiscales.
Propuesta de resolución núm. 5
Cooperación empresarial y alianzas con el sector privado.
El Plan Director y la agenda prevista para el 2014 ponen especial atención a la promoción del sector privado y la cooperación empresarial.
- Es imprescindible que los debates y acciones previstos tengan en cuenta la distinción entre la actuación de las grandes corporaciones transnacionales de otros actores empresariales como la mediana y la micro empresa, las cooperativas y las empresas sociales en el papel de desarrollo poniendo especial empeño en el robustecimiento del tejido social y económico local.
- Es fundamental la desvinculación de la AOD y de la política de cooperación de los intereses de las empresas transnacionales y habilitar mecanismos de separación efectiva para evitar la influencia en las decisiones sobre el destino de los escasos recursos de la AOD.
- También deberá garantizarse el establecimiento de criterios o parámetros que permitan valorar la coherencia de las actuaciones del sector privado con los objetivos de desarrollo, asegurándose el respeto a los derechos humanos, la promoción del desarrollo económico local, la creación de empleo decente, la prevención de impactos ambientales, y el cumplimiento de la legislación local y de las obligaciones fiscales.
En este sentido, el Gobierno incluirá durante el 2014 acciones concretas para la promoción a través de la SECI y de la Oficina de Derechos Humanos cambios normativos para la aplicación de los Principios de Naciones Unidas para multinacionales en materia de Derechos Humanos (Ruggie) y asegurará:
- El desarrollo de mecanismos que aseguren que el sector empresarial pone en práctica las normas laborales y convenios internacionales, y las directrices sobre la conducta y gobierno corporativo.
- Garantías que aseguren que la participación del sector empresarial como actor del desarrollo no menoscaba la obligación de los Estados de proveer servicios básicos a su ciudadanía, ni favorecen procesos de privatización en su gestión.
- Que el sector empresarial asuma un conjunto de medidas destinadas a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de sus actuaciones.
- La exigencia de aplicar y generalizar los máximos estándares medioambientales y la tecnología más efectiva disponible a fin de minimizar y mitigar los riesgos medioambientales y el cambio climático.
Propuesta de resolución núm. 6
Coherencia de Políticas para el Desarrollo.
El IV Plan Director reconoce que las políticas de cooperación, tienen un fuerte impacto sobre los países en desarrollo. El principio de coherencia de políticas para el desarrollo pretende generar sinergias entre estas políticas y los objetivos de desarrollo.
La acción del Gobierno en materia de cooperación y la comunicación debe concretar de forma efectiva, geográfica y sectorialmente las prioridades de la política, incluyendo un análisis y seguimiento de la aplicación de coherencia de políticas para el desarrollo, a través de mecanismos o instrumentos específicos para su promoción, asegurando en todo caso el respeto a los derechos humanos, la promoción del desarrollo económico local, la creación de empleo digno y la prevención de impactos ambientales.
Propuesta de resolución núm. 7
Seguimiento y evaluación del Plan Director.
El Plan Director prevé un sistema integral de seguimiento como una herramienta para avanzar en la orientación a resultados. Este sistema de seguimiento no ha sido aplicado y está pendiente de finalización y adaptación.
Se insta al Gobierno a poner en funcionamiento esta herramienta de forma inmediata para mejorar la transparencia, el seguimiento y la evaluación de los compromisos y objetivos del Plan Director.
Propuesta de resolución núm. 8
Alianzas con la Sociedad Civil.
Se insta al Gobierno a priorizar la estrategia de trabajo con las ONGD y a establecer un marco de colaboración estable y previsible donde se reconozca el papel diferenciado y los distintos roles a las ONGS para garantizar la pluralidad, la no discriminación y la diversidad de estos actores fundamentales en la política de cooperación.
Además se insta al Gobierno a revertir las reformas legales en la ley de subvenciones y otros instrumentos de financiación que imposibilitan el acceso de muchas organizaciones en condiciones de igualdad y el mantenimiento de una red diversa de ONGS.
Propuesta de resolución núm. 9
Comunicación, transparencia de la acción gubernamental y participación en la política de cooperación española.
En aras a mejorar la comunicación, transparencia y participación en la política de cooperación española, se insta al Gobierno a:
- Establecer indicadores que permitan verificar el cumplimiento de los compromisos concretos adoptados.
- Con el fin de fortalecer la calidad y transparencia en los procesos de evaluación y de decisión de las políticas, debe garantizarse la participación efectiva y potenciar el protagonismo de actores relevantes especializados e interesados por la política de cooperación (ONGD, organizaciones de la sociedad civil, universidades, sindicatos, ...).
- Garantizar la publicidad efectiva y completa del conjunto de iniciativas, políticas y estrategias llevadas a cabo en el ámbito la cooperación internacional.
Propuesta de resolución núm. 10
Compromiso con la AOD.
Según la Comunicación 2014 el porcentaje de AOD sobre la RNB en 2014 se sitúa en el 0,17%, situándose en los mismos niveles que los establecidos en 1990, un marco presupuestario claramente insuficiente para lograr el objetivo de ser un actor global relevante en el desarrollo de políticas de cooperación.
Durante el 2014 se habilitará una partida presupuestaria extraordinaria para incrementar los recursos destinados a la AOD de acuerdo con el escenario de recuperación económica que anuncia el Gobierno y se sentarán las bases para un incremento progresivo del conjunto de la AOD en los dos últimos años de vigencia del Plan Director.
Propuesta de resolución núm. 11
Fondo para la promoción del desarrollo.
La Ley 8/2014, de 22 de abril, sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española, reforma la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la promoción del desarrollo, suprimiendo el porcentaje máximo de Ayuda Oficial al Desarrollo reembolsable (ayuda en forma de créditos en mejores condiciones que las del mercado). Anteriormente ese porcentaje se situaba en un máximo del 5%. Esto es extremadamente preocupante puesto que la ayuda reembolsable incrementa la deuda de los países y no contribuye de manera eficaz a su desarrollo.
Las modificaciones de esta reforma ponen en gravísimo peligro a la política de Cooperación al Desarrollo y debilitan profundamente la coherencia de políticas con los principios y criterios de desarrollo. En este sentido, se insta al Gobierno a:
1. Revertir la reforma del FONPRODE introducida por la Ley 8/2014, de 22 de abril, sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española.
2. Garantizar su finalidad principal: la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades e inequidades sociales entre personas y comunidades, la defensa de los derechos humanos y la promoción del desarrollo sostenible en los países empobrecidos.
3. Desvincular este instrumento de la internacionalización de la economía -detrayendo cualquier finalidad de tipo comercial- y de las instituciones financieras multilaterales.
4. Avanzar en el logro de nuestros compromisos internacionales en materia de desarrollo como país donante.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y al amparo de lo establecido en el artículo 198 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes propuestas de resolución en relación con la tramitación de la Comunicación Anual 2014, del Plan Director 2013-2016 de la Cooperación Española.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2014.-Antoni Picó i Azanza, Isabel Sánchez Robles y Josep Antoni Duran i Lleida, Diputados.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Los Grupos Parlamentarios que suscriben, una vez analizada la Comunicación Anual 2014, del Plan Director 2013-2016 de la Cooperación Española presentada por el Gobierno, consideran que son diversos los aspectos que sobre esta cuestión podrían y deberían mejorarse. En consecuencia formulan las siguientes propuestas resoluciones respecto a la Comunicación Anual 2014.
Propuesta de resolución núm. 12
Instan al Gobierno a modificar el marco temporal de elaboración, presentación y comunicación de las Comunicaciones, facilitando la información de prioridades y planificación anual referida a cada ejercicio, antes de finalizar el año anterior y asegurando así, que las aportaciones realizadas por los distintos actores, puedan resultar de utilidad antes de su publicación definitiva. A este efecto, el Gobierno comparecerá ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo para informar al respecto a lo largo del mes de octubre del ejercicio anterior.
Propuesta de resolución núm. 13
España, al igual que la sociedad mundial en su conjunto, vive una situación económica compleja. Sin embargo, el Gobierno de España debe renovar su apuesta por la política de cooperación para el desarrollo y por su compromiso ético y político en la lucha contra la pobreza estructural y la desigualdad. En este sentido, instan al Gobierno a determinar las previsiones económicas para el período de cobertura del Plan Director de la Cooperación 2013-2016 y seguimiento en las Comunicaciones Anuales.
Propuesta de resolución núm. 14
Para hacer efectivo el anterior compromiso, instan al Gobierno a concretar en la Comunicación Anual la cuantificación en términos económico-presupuestados y definir la previsión de dotación económica para el ejercicio correspondiente, estableciendo metas y compromisos concretos en términos de indicadores de resultado de desarrollo, que permitan un mejor seguimiento y una correcta evaluación, la verificación del cumplimiento de los compromisos y la rendición de cuentas.
Propuesta de resolución núm. 15
Instan al Gobierno a comparecer en el mes de junio de cada año ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados para dar cuenta de los proyectos puestos en marcha desde principios del ejercicio y del avance de las intenciones de actuación para el siguiente período objeto de Comunicación.
Propuesta de resolución núm. 16
Instan al Gobierno a concretar su compromiso de informar con la antelación suficiente a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo y al Consejo de Cooperación, del contenido de los debates que se están produciendo en el ámbito internacional, así como prever los mecanismos de participación de ambos, en la definición de la posición a mantener.
Propuesta de resolución núm. 17
Instan al Gobierno a apostar de forma más decidida y concreta, por la Coherencia de Políticas para el Desarrollo, estableciendo también en este sentido, compromisos o metas específicos y previendo los procedimientos de toma en consideración de las valoraciones que tanto desde el Cortes Generales como desde el Consejo de Cooperación puedan hacerse, del Informe de Coherencia de Políticas 2013, para ir estableciendo los pasos a dar en este objetivo en 2014, dentro del marco de vigencia del actual Plan Director.
Propuesta de resolución núm. 18
Instan al Gobierno a incorporar en el próximo contrato de gestión de la AECID el refuerzo de la gestión de las capacidades humanas de la Agencia y las dotaciones económicas necesarias y suficientes, como herramienta estratégica para la implementación de las políticas públicas de cooperación para el desarrollo. Asimismo, el Gobierno deberá dar cuenta a la mayor brevedad posible a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del documento propuesto por el Gobierno.
Propuesta de resolución núm. 19
Instan al Gobierno a que las referencias a la cooperación descentralizada contenidas en la Comunicación 2014 sean entendidas desde parámetros de colaboración voluntaria y no de coordinación impuesta de manera jerárquica.
Propuesta de resolución núm. 20
Instan al Gobierno a incluir una evaluación individualizada de los fondos multilaterales en los que ha participado o participa España, explicitando separadamente aquellos con los que se seguirá colaborando y cuáles no, así como los criterios empleados en la decisión.
Propuesta de resolución núm. 21
Instan al Gobierno a que contemplar el refuerzo de la Oficina de Acción Humanitaria tanto en sus actuaciones de emergencia humanitaria y socorro a las víctimas de desastres naturales o conflictos armados, como en las que lleva a cabo en materia de prevención y evaluación.
Propuesta de resolución núm. 22
Instan al Gobierno a que las políticas de transparencia y códigos de buen gobierno se implementen en todas las actuaciones relativas a la loo cooperación al desarrollo.
Propuesta de resolución núm. 23
Instan al Gobierno a que se redoblen los esfuerzos para mejorar la colaboración y las relaciones con las ONGDs y a que fortalezca los puntos de encuentro y la colaboración con estos actores esenciales de la cooperación al desarrollo.
Propuesta de resolución núm. 24
Instan al Gobierno a que la cooperación con el pueblo saharaui, tanto en los campamentos de refugiados como en los territorios ocupados, siga constituyendo una prioridad en la acción gubernamental en los próximos años.
Propuesta de resolución núm. 25
Instan al Gobierno a que a lo largo de 2014 remita a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo un informe-mapa con la descripción del movimiento cooperativo y de solidaridad, describiendo el conjunto de asociaciones, ONGD y movimientos solidarios que trabajan y han trabajo entorno al Plan Director, así como el estado y necesidades que se observan en el mismo.
Propuesta de resolución núm. 26
Instan al Gobierno a que la contribución de la Unión Europea a los Objetivos del Milenio siga formando parte de las claves en las que hay que avanzar en los programas de cooperación al desarrollo desde el ámbito de la cooperación española. La Unión Europea es el principal donante mundial y su contribución a los ODM y a los sectores esenciales para el desarrollo sostenible (infraestructuras, clima, energía, etc.) son fuentes de referencia también para las políticas españolas de cooperación.
Propuesta de resolución núm. 27
Instan al Gobierno a que los derechos humanos estén en el frontispicio de las políticas de cooperación al desarrollo. Una de las prioridades en el planteamiento de las políticas de cooperación al desarrollo es el trabajo por el respeto a los Derechos Humanos en aquellos países a los que se dirige como dimensión transformadora de la sociedad. Violencia contra las mujeres, criminalización y persecución de la población gay, maltrato y marginación de minorías, etc., están anclados en determinadas sociedades beneficiarias de nuestra cooperación. Por ello, el factor político democrático de la cooperación al desarrollo debe de ir paralelo a los factores humanitarios y de desarrollo.
Propuesta de resolución núm. 28
Instan al Gobierno a que en la ejecución de las políticas de cooperación se tenga en cuenta como un eje fundamental la Educación para el Desarrollo como elemento clave de compromiso, participación e implicación social con las políticas de cooperación.
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes propuestas de resolución a la Comunicación Anual 2014, del Plan Director 2013-2016 de la Cooperación Española.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Propuesta de resolución núm. 29
Tomar medidas para eliminar conflictos de intereses de miembros de los órganos consultivos de la AECID que previamente hayan sido objeto de contratos o subvenciones por parte de esta agencia. En particular, establecer que aquellos expertos y/o instituciones que obtengan contratos o subvenciones de la AECID no puedan formar parte de órganos consultivos de la AECID, hasta que no hayan transcurrido un mínimo de dos años desde que recibieron tales contratos o subvenciones.
Como es sabido, no es extraño el caso de expertos e instituciones que, habiendo sido contratados subvencionados por la AECID, forman parte de organismos consultivos permanentes (caso del Consejo de Cooperación) o temporales (caso de elaboración de planes estratégicos, estudios o participación en redes de expertos), organismos en los que emiten opiniones que podrían ser favorables a sus intereses.
Propuesta de resolución núm. 30
Tomar medidas que favorezcan la transparencia en la gestión de la AECID, identificando a los directivos responsables de las distintas decisiones que tomen en el ejercicio de sus funciones.
En ocasiones los órganos de inspección del Estado, el Tribunal de Cuentas o la Inspección General de la Administración del Estado, han identificado en sus procesos de auditoría actuaciones manifiestamente mejorables en la gestión de los fondos administrados por la AECID. No obstante, los efectos correctores de la labor inspectora de estos órganos se ven muy disminuidos toda vez que muy raramente se llega a identificar al directivo responsable de las decisiones cuestionadas por tales órganos. Para evitar que tales situaciones se repitan, se propone que todas las decisiones ejecutivas de la AECID, cada una a su nivel, vayan firmadas por el responsable.
Propuesta de resolución núm. 31
Acompañar la siguiente Comunicación Anual del Plan Director 2013-2016 de la Cooperación Española de un documento de análisis sobre la evolución reciente de la realidad internacional sobre la que se aplica la Cooperación Española, que justifique y permita comprobar que ese documento de ejecución anual que se presenta es realista y se adecúa a los objetivos que se pretenden conseguir.
Propuesta de resolución núm. 32
Prestar mayor atención a los problemas institucionales y de gobernanza más importantes de los Países de Renta Media (gran aportación de la cooperación española), tales como la debilidad del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas, su falta de independencia o la inexistencia de normativas laborales conformes a los estándares internacionales, entre otros.
El trabajo en los Países de Renta Media es la gran aportación de la Cooperación española y de los nueve documentos temáticos sólo uno y con carácter general se refiere al tema de la gobernabilidad.
Propuesta de resolución núm. 33
Detallar con mayor precisión la "programación conjunta", ya que se trata de uno de los procesos actualmente más importantes de la cooperación internacional.
No se explica en qué momento se encuentra ni se informa de los resultados de esos talleres que han tenido lugar en varios países de Latinoamérica.
Propuesta de resolución núm. 34
Desarrollar una sección específica en la página web de la AECID sobre empleo que informe de todos los procesos de selección abiertos a todos los niveles.
Propuesta de resolución núm. 35
Publicar en la página web de la AECID todos los informes de evaluación, que habrán de ser elaborados por expertos independientes.
Según el documento, la AECID aún está intentando definir una política eficaz para el seguimiento y evaluación de sus acciones.
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley 23/1998, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, presenta las siguientes propuestas de resolución a la Comunicación Anual 2014 del Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuesta de resolución núm. 36
Proceso inclusivo en la elaboración de la comunicación.
Valoramos positivamente el amplio proceso consultivo, liderado por la SGCID y participado por AECID, que se ha llevado a cabo dentro de la cooperación española para la elaboración de esta comunicación, que hace posible la integración de toda la información necesaria y la valoración de una información integral útil para la labor parlamentaria y clara para los ciudadanos.
Propuesta de resolución núm. 37
Compromiso con formulación de agenda Post-2015.
La posición española se deberá desarrollar desde una perspectiva inclusiva, que incorpore las visiones de los distintos elementos como los diferentes ministerios a través de la red de puntos focales y la sociedad civil (a través de jornadas como la que se celebrará en septiembre 2014 o la participación a través de los foros creados en el nuevo portal a tal efecto) para conseguir una agenda inclusiva que sea reconocida y compartida por todos los actores implicados en la agenda de desarrollo.
Además, debe proponer y defender en el seno del debate internacional los contenidos temáticos más relevantes/prioritarios de la cooperación española, desde la experiencia y el valor añadido que ésta pueda aportar. La posición española deberá seguir trabajando para reforzar en la nueva agenda los aspectos de Derechos Humanos, igualdad de género, seguridad alimentaria y agua y saneamiento.
En correspondencia con la importancia del rol de los órganos consultivos en las políticas de cooperación internacional, el Congreso de los Diputados propone al Gobierno, en el marco de su liderazgo en el establecimiento de una posición española sobre la Agenda Post-2015, a buscar mecanismos de participación del Parlamento que permitan a los miembros de esta cámara aportar sus consideraciones en base al documento que la administración consensúe durante los próximos meses y tras su puesta en común con la sociedad civil el próximo septiembre.
Propuesta de resolución núm. 38
Países de renta media.
Impulsar dentro de la agenda de desarrollo internacional el enfoque de cooperación diferenciada para los países de renta media (PRM), subrayando la importancia de un desarrollo con equidad y enfatizando la relación entre los países de renta media y la desigualdad. La lucha contra la desigualdad debe consolidarse en la nueva agenda como en factor clave en el desarrollo de sociedades dignas y equitativas y la experiencia española será muy valiosa. Para ello, se debe trabajar en la creación de un diálogo constructivo que favorezca el intercambio de conocimiento en las políticas seguidas por los PRM
en la reducción de la pobreza, incluyendo mejores prácticas y casos de éxito para demostrar el impacto de los principios de Busan, así como impulsar un papel diferenciado de los PRM en la agenda internacional, señalando sus nuevas responsabilidades en el actual marco internacional de la cooperación.
Propuesta de resolución núm. 39
Propuesta de resolución núm. 40
Transparencia INFO AOD.
Propuesta de resolución núm. 41
Cooperación en la Unión Europea.
Impulsar, en el seno de los grupos de debate de la Unión Europea, la posición española en las agendas internacionales, especialmente en la agenda post-2015 y la relativa a la financiación del desarrollo, contribuyendo y consolidando la posición europea en estas materias, y avanzar en la aplicación y en la programación conjunta del Programa para el Cambio, que facilitará la armonización entre donantes reduciendo la fragmentación de la ayuda y favoreciendo un mayor impacto.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para al amparo de lo establecido en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes propuestas de resolución a la Comunicación Anual 2014, del Plan Director 2013-2016 de la Cooperación Española.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2014.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Propuesta de resolución núm. 42
Agenda de Desarrollo Post-2015.
El peso de la agenda internacional en materia de cooperación durante el año 2014 y 2015, tiene que ver con la evaluación de los ODM y la elaboración de la Agenda de Desarrollo Post-2015. Estas circunstancias obligan al Gobierno de España a estar presente en diferentes foros internacionales con propuestas-país. Es importante que el Gobierno asista con el consenso del sector de la Cooperación española, incluido el Parlamento.
Con este objeto, la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo celebrará diversas comparecencias, tanto por parte del Gobierno, como del resto de actores de la cooperación, previas a las cumbres más importantes, para informar de la posición del Gobierno, y posteriormente, para dar cuenta de los acuerdos alcanzados.
Propuesta de resolución núm. 43
AOD.
Con el fin de cumplir los objetivos contenidos en el Plan Director 2013-2016 y dotarlo de financiación adecuada y suficiente, el Gobierno debe impulsar en el seno de la UE, la aprobación y aplicación de la Tasa de Transacciones Financieras Internacionales en los niveles máximos de recaudación, para destinarla a financiar políticas de lucha contra la pobreza dentro del país, de aumento de la AOD y de sostenibilidad medioambiental.
Esta posibilidad permitirá incrementar la AOD hasta los estándares del resto de los países del CAD, superando la actual cifra, que sitúa a España en los últimos lugares de la cooperación con la insuficiente cifra del 0,16% del PIB, muy alejada del objetivo del 0,7%.
Propuesta de resolución núm. 44
Derechos Humanos y papel del sector privado.
El IV Plan Director da un impulso fuerte al rol del sector privado como actor clave de desarrollo y la Comunicación 2014 concreta los pasos a dar en este sentido durante este año, mediante la elaboración de numerosos documentos, herramientas y acciones.
El Gobierno de España debe comprometerse a:
- Establecer medidas legislativas y normativas que garanticen que todas sus operaciones en el exterior, se desarrollen de acuerdo con el respeto a los derechos humanos, la promoción del desarrollo económico local, la creación de empleo decente, la incorporación de las mujeres, la prevención de impactos ambientales, y el cumplimiento de la legislación local y de las obligaciones fiscales.
- No abordar al sector empresarial como sector homogéneo, diferenciando entre grandes multinacionales, pequeñas y medianas empresas, o entre cooperativas de crédito locales y bancos de desarrollo.
- Priorizar explícitamente el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas o aquellas de la economía social de los países socios, con capacidad demostrable de promover trabajo decente.
- Acompañar esta apuesta de actuaciones concretas destinadas al fortalecimiento del Estado democrático, incluyendo su tejido social, para que pueda ejercer con garantías su rol de fiscalización de la actuación de las empresas.
- Asegurar que su participación no supone una privatización de los SSB ni menoscaba la obligación legal de los Estados de proveerlos.
- Centrar las acciones en crear un entorno que favorezca su impacto positivo en el desarrollo humano.
- Asumir el Código de Financiación Responsable del FONPRODE como referencia guía para la participación de este sector en la política de cooperación.
Por ello, la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que el sector empresarial y su participación en
la política de cooperación responda a los mismos principios y a las mismas condiciones de transparencia y rendición de cuentas que otros actores.
En este sentido, se presentará en el actual período de sesiones el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, con el que cumplir los objetivos marcados.
Propuesta de resolución núm. 45
El IV Plan Director subraya en el punto 6 de su introducción que la orientación hacia resultados de la Cooperación española implica cambios institucionales profundos, junto al refuerzo de las capacidades de dialogo y análisis del conjunto del sistema de la cooperación española y determinados avances en las tareas de seguimiento y evaluación que sirvan para sustentar mejor la toma de decisiones.
Con el fin de hacer un seguimiento sobre el 75% de la AOD bilateral bruta especificada geográficamente, es necesario dar cuenta de los indicadores sobre la proporción de ayuda a programar en cada país y los criterios para delimitar en cuantos países y en base a qué razones de prioridad y con qué ratios se concentrará la ayuda bilateral española.
Para medir el grado de avance y el cumplimiento de objetivos en la concentración geográfica de la CE, los citados indicadores y criterios deberán integrarse en el Marco de Resultados asociado a la ejecución del PD, así como en el próximo Informe Anual de ejecución que deberá remitirse al parlamento, especificando la asignación de fondos por niveles de pobreza, países y ámbitos geográficos correspondientes y contemplando el compromiso internacional de alcanzar como mínimo el 20% de la AOD a Países Menos Avanzados (PMA).
El Gobierno remitirá un informe por escrito a las Cámaras sobre los procesos de cooperación delegada que se vayan acordando, así como acerca de las previsiones sobre el despliegue, mantenimiento y salida de la CE en cada uno de los países a través de las OTC correspondientes, incluyendo los procesos de delegación de autoridad que vayan asumiendo las distintas OTC en el terreno para abordar el proceso de planificación en cada país y asegurar un mejor uso del enfoque programático.
Asimismo deberá incluir específicamente el análisis y seguimiento de la aplicación de coherencia de políticas, a través de los distintos instrumentos financieros y acciones desarrolladas por los distintos actores en cada país, remitiendo la información sistematizada al respecto, y respecto del funcionamiento de los "Grupos Estables de Coordinación en terreno" que existan o vayan a ponerse en marcha en cada país, con el fin de hacer el seguimiento y evaluar anualmente los mecanismos de coherencia de políticas y de participación y coordinación de los distintos actores de la CE en el terreno, incluida la de la sociedad civil local.
Por último, deberá incluir el seguimiento y la aplicación de la "Estrategia de género en Desarrollo" de la CE, que debe seguir reforzándose como seña de identidad o valor añadido de la CE, con indicadores claros para el seguimiento de las acciones y el impacto que éstas tienen, tanto en la relaciones con el tejido asociativo de los países socios, como en el empoderamiento de las mujeres y el impacto de estas acciones en las políticas públicas.

References: resolución 
 artículo 97
 artículo 86

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 149
 artículo 97
 artículo 194
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 180
 artículo 97
 artículo 173
 artículo 97
 artículo 184
 artículo 154
 artículo 97
 artículo 184
 artículo 184
 artículo 97
 artículo 184
 artículo 135
 artículo 135
 artículo 110
 artículo 184
 artículo 190
 artículo 97
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 artículo 15
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 artículo 198
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 artículo 197
 artículo 15
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 artículo 197
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