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Timestamp: 2020-08-08 15:25:32+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 031/19 de Corte Constitucional, 30 de Enero de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 766742233
Ponente: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO AVALBERTO ROJAS RÍOS AVALEJANDRO LINARES CANTILLO
PROCESO MONITORIO. NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE PAGO. Demanda de inconstitucionalidad en contra del inciso segundo del artículo 421 (parcial) de la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Los demandantes aducen que la disposición acusada desconoce los derechos de acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva. Lo anterior, por cuanto solo basta que el deudor se rehúse a ser notificado personalmente para que el proceso monitorio no pueda continuarse. Concluye la Corte que la obligatoriedad de la notificación personal al deudor de la demanda dentro del proceso monitorio cumple un fin constitucionalmente legítimo, como es la protección de los derechos de contradicción y defensa del demandado, además de ser una medida conducente para lograr su comparecencia al proceso. EXEQUIBLE. Recibo Relatoria:
Demandante: C.D.M. y L.Y.C.A.
La S. Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados A.L.C., quien la preside, C.B.P., D.F.R., L.G.G.P., A.J.L.O., G.S.O.D., C.P.S., J.F.R.C. y A.R.R., en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, los ciudadanos C.D.M. y L.J.C.A., presentaron ante esta Corporación demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 421 (parcial) de la Ley 1564 de 2012, “[p]or medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.”
3.1.	Los demandantes consideran que la disposición acusada desconoce los derechos de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva.
3.2.	En primer lugar, los accionantes analizan si existe cosa juzgada constitucional frente a la norma acusada, por cuanto la misma ha sido objeto de pronunciamientos previos por parte de esta Corporación. Mencionan que respecto del proceso monitorio, la Corte se ha pronunciado en tres oportunidades con las sentencias C-726 de 2014, C-159 de 2016 y C-095 de 2017, declarando la exequibilidad de la norma en las dos primeras sentencias e inhibiéndose frente a los cargos de la última sentencia citada.
3.3.	En tercer lugar, los accionantes plantean por qué es problemático que la notificación por aviso haya sido prohibida, si se tiene en cuenta que la notificación personal es la primera que hay que agotar en el marco de la mayoría de los procesos civiles. Pues bien, a juicio de los demandantes, la principal dificultad se presenta en los casos en los que el demandado no comparece al juzgado, tras haber sido enviada la comunicación para que se notifique personalmente ante la justicia. En ese sentido, afirman que la interpretación de la norma demandada, según la cual se prohíbe el aviso en el proceso monitorio, perjudica el avance del proceso y tendrá la potencialidad de paralizarlo de manera indefinida, pues según ellos no existe otra forma de notificar el requerimiento de pago, y hasta que dicho trámite no se surta, será imposible continuar adelantando el proceso.
3.4.	En cuarto lugar, los accionantes se refirieron directamente a las razones por las que consideran vulnerado el derecho de acceso a la administración de justicia. Según ellos, esta garantía propende por la existencia de canales y vías jurisdiccionales efectivas que le permitan a las personas resolver sus controversias, considerando que este derecho no se agota con la mera existencia de tales medios judiciales, sino que exige que los mismos sean diseñados de manera tal que puedan adelantarse y terminarse efectivamente y en términos cortos.
3.5.	En cuarto lugar, los demandantes argumentaron que la prohibición de este medio de comunicación de la providencia judicial en el proceso monitorio trae consigo un sacrificio de los fines del proceso. Por lo anterior, realizaron un análisis de la línea jurisprudencial de esta Corporación, respecto de la importancia que revisten los diversos medios de notificación supletivos y subsidiarios en distintos tipos de procesos judiciales y sobre todo el civil, por lo que consideraron que la Corte, a través de la interpretación que limita la notificación por aviso en el proceso monitorio, contrarió su jurisprudencia y se obstaculizó de manera indefinida e injustificada el proceso hasta que no se logre la notificación personal del demandado.
3.6.	Finalmente, se realizó un análisis comparativo de la notificación en el proceso monitorio, particularmente con los ordenamientos jurídicos de Alemania, Francia, Italia, España, Costa Rica, Honduras, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil y Argentina, en las que, según los actores, no se restringe la comunicación del requerimiento o mandamiento de pago a un solo tipo de notificación y menos aún a uno que implique obligatoriamente la comparecencia física del demandado en las instalaciones del juzgado, ya que en muchos de los casos esa diligencia se lleva a cabo en el domicilio de este, e incluso, en algunos eventos procede la notificación mediante edictos.
4.1.	Universidad Externado de Colombia
El Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia solicita a la Corte que declare la EXEQUIBILIDAD del artículo 421 (parcial) del CGP, por considerar que el mismo se ajusta a la Carta Política. No obstante, precisó el interviniente que es necesario especificar la interpretación de la Corte Constitucional en el sentido de determinar que la notificación por aviso no está excluida en el proceso monitorio.
Por lo tanto, la Universidad consideró que el artículo 421 del CGP, que obliga a que en el proceso monitorio se notifique personalmente al demandado del mandamiento de pago, debe declararse exequible por parte de la Corte Constitucional, precisando en la sentencia que dicha notificación se sujetará a lo dispuesto en el artículo 291 del Código General del Proceso, que regula el mecanismo de la notificación personal, el cual establece que “cuando el citado no comparezca dentro de la oportunidad señalada, el interesado procederá a practicar la notificación por aviso” .
Según el interviniente, varias razones demuestran que la notificación por aviso es procedente en todos los procesos declarativos o ejecutivos para comunicar al demandado del auto admisorio o del mandamiento de pago. En la interpretación de la Universidad Externado de Colombia, esta misma posibilidad se extiende al proceso monitorio, que es un proceso declarativo especial, en el que la notificación por aviso “como forma de notificación personal, es viable para comunicar el requerimiento de pago” .
4.2.	Instituto Colombiano de Derecho Procesal
La doctora M.I.Q.P., miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, designada para elaborar la intervención solicitada por esta Corporación en nombre de la entidad interviniente , solicita se declare la CONSTITUCIONALIDAD de la disposición acusada, en el entendido que se interprete que procederá igualmente la notificación por aviso en el proceso monitorio, conforme al trámite previsto en el artículo 291 del CGP:
4.3.	Consejo Superior de la Judicatura
A través de escrito suscrito por una funcionaria de esa Corporación , el Consejo Superior de la Judicatura rindió concepto en relación con la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, en el cual si bien no hace una solicitud concreta a la Corte, formula los siguientes argumentos.
4.4.	Universidad de Antioquia
La Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, a través del Semillero de Derecho Procesal , interviene en este proceso con el fin de que se declare la EXEQUIBILIDAD simple de la norma demandada.
En quinto lugar, el interviniente analizó en su argumentación si la prohibición de la notificación por aviso implica o no la ineficacia del proceso monitorio. Ante esto, señaló que si bien, como lo exponen los demandados, pueden tener cifras que argumenten lo contrario, considera que “la estructura del proceso monitorio se vería seriamente transformada si existiera la notificación por aviso en el sentido que sería una forma de ralentizar este procedimiento” . A su vez, consideró que para mejorar las posibilidades de lograr la notificación personal, es necesario tener en cuenta que el parágrafo 1º del artículo 291 del CGP dispone la posibilidad de notificar personalmente a través de un empleado del juzgado, lo cual le puede dar un nuevo impulso al proceso monitorio.
4.5.	Ministerio de Justicia y del Derecho
A través de escrito suscrito por el Director de la Dirección de Desarrollo de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico de la entidad , el Ministerio de Justicia y del Derecho solicita a la Corte que declare la EXEQUIBILIDAD de la norma acusada.
4.6.	Universidad Libre de Colombia
La Universidad Libre de Colombia , a través del Director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho y un docente del Área de Derecho Procesal de la misma Facultad, presentó escrito de intervención para solicitar la declaración de EXEQUIBILIDAD de la norma demandada.
4.7.	Intervenciones ciudadanas
4.7.1.	Intervención del ciudadano C.A.C.U.
El ciudadano C.A.C.U. presentó escrito de intervención para que la Corte declare la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la norma demandada, en el entendido de que cuando no pueda llevarse a cabo la notificación personal en el proceso monitorio, se permita que se acuda a la notificación por aviso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 292 del CGP. Esta interpretación permitiría que el proceso no sea obstaculizado y protege los derechos constitucionales del demandante de acceso a la administración de justicia, a la tutela jurisdiccional efectiva y a la igualdad, por las siguientes razones:
4.7.2.	Intervención del ciudadano N.E.R.R.
El ciudadano N.E.R.R. radicó escrito de intervención para solicitar que la Corte se declare INHIBIDA frente a la pretensión y, en subsidio, realice la declaratoria de exequibilidad plena del mismo.
5.1.	En primer lugar, el Ministerio Público procedió a analizar si en el presente caso existe cosa juzgada constitucional sobre el asunto de la referencia. Con respecto a la identidad de norma demandada, relacionada con el proceso monitorio regulado en el estatuto procesal, identificó las siguientes sentencias: C-726 de 2014, C-159 de 2016, C-067 de 2016 y C-095 de 2017. A su vez, evidenció que en la sentencia C-726 de 2014 se demanda la misma disposición y se examina el contenido de los artículos 419 y 421 del CGP, siendo este último la norma demandada en el presente proceso.
5.2.	En segundo lugar, como fue mencionado anteriormente, la Procuraduría General procedió a analizar si el pronunciamiento de esta Corporación frente a la exclusión de la notificación por aviso hacía parte de la ratio decidendi de la sentencia C-726 de 2014, por lo que identificó en el escrito los argumentos que hacían parte de la misma y se refirió expresamente a la notificación personal al demandado en el proceso monitorio.
5.3.	En tercer lugar, la Procuraduría General se refirió a la aplicación del juicio de igualdad en el presente caso. No obstante, dicha argumentación no será resumida por cuanto este cargo fue rechazado en auto del 26 de octubre de 2017 de la Magistrada ponente y no se interpuso recurso de súplica.
5.4.	Finalmente, la intervención del Ministerio Público señaló que no se evidencia la violación de los derechos de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, por cuanto el demandante que pretenda el reconocimiento de un crédito, cuenta con un proceso ordinario para que en la misma jurisdicción, se declare la existencia de la obligación en su favor y a cargo del deudor y se constituya el título ejecutivo, dentro del cual tiene todas las garantías y puede dar aplicación de las formas de notificación subsidiaria, con las mismas consecuencias jurídicas del proceso monitorio.
Uno de los ciudadanos intervinientes considera que la Corte debe adoptar un fallo inhibitorio, debido a que la interpretación que plantean los demandantes de la norma acusada no se deriva de esa disposición, incluso con base en la comprensión que de la misma hizo la sentencia C-726 de 2014 . Esto debido a que del hecho de que la norma prevea que la notificación al demandado deba hacerse de manera personal, no se sigue que esté proscrita la notificación por aviso.
Con todo, la S. también advierte que la demanda cumple con los requisitos identificados por la jurisprudencia constitucional para la aptitud del cargo. La acusación es cierta, puesto que efectivamente el artículo 421 del CGP sostiene que la notificación al demandado del auto que contiene el requerimiento de pago dentro del proceso monitorio será personal, restricción que es el objeto de la presente demanda de inconstitucionalidad. A este respecto, se encuentra que la norma acusada, desde su literalidad, cualifica el modo de la notificación, de manera que existe soporte normativo a la conclusión que fundamenta el libelo, esto es, que la disposición demanda circunscribe la integración del contradictorio a un tipo particular y específico de notificación.
Como lo ponen de presente los demandantes, los intervinientes y el Procurador General, en la mencionada sentencia C-726 de 2014 la Corte declaró exequibles los artículos 419 y 421 del CGP, por los cargos analizados en esa providencia. Dichos cuestionamientos estuvieron relacionados con la presunta contradicción entre la norma que imposibilita al demandado para formular recursos contra el auto de requerimiento de pago y el derecho a la igualdad, en razón de la desventaja procesal que estaría el demandado en proceso monitorio respecto del deudor en otra clase de procesos.
Este problema jurídico es diferente al ahora analizado, razón por la cual no existe pronunciamiento judicial que configure cosa juzgada en el presente caso. Si bien en la sentencia en comento se hace referencia a la necesidad que la notificación al deudor se haga personal, se trata de un argumento de soporte para la constitucionalidad de la exclusión de recursos contra el auto de requerimiento de pago, lo cual es una controversia constitucional diferente al cuestionamiento sobre la restricción de ese modo de notificación y la correlativa exclusión de la notificación mediante aviso. Por lo tanto, habida cuenta la disparidad de los asuntos mencionados, la Corte está habilitada para pronunciarse sobre la demanda de la referencia.
Aunque ambos asuntos gravitan alrededor del mismo procedimiento, para la S. es claro que las controversias analizadas difieren tanto en los derechos constitucionales invocados como en la materia objeto de examen: mientras el primer caso hace referencia a la vulneración del derecho al debido proceso por la limitación de oportunidades de defensa para el deudor dentro del proceso monitorio, afectación descartada por la Corte, en el presente escenario el asunto versa sobre la presunta imposición de barreras para el acceso a la justicia del acreedor, derivada de condiciones del trámite monitorio que resultan más garantistas para el deudor. En estas circunstancias, no es válido afirmar la presencia de cosa juzgada constitucional.
Los demandantes consideran, en buena medida sustentados en la comprensión de la disposición acusada hizo la sentencia C-726 de 2014 y el uso que de la misma han realizado diversos jueces, que cuando el artículo 421 del CGP determina que la notificación del auto de requerimiento de pago debe hacerse personalmente, ello configura una regla especial para el proceso monitorio que excluye la notificación por aviso, a pesar que este mecanismo opera de manera supletoria a la notificación personal en otras modalidades de procedimiento, conforme lo estipula el artículo 292 del CGP. Dicha regla especial, en criterio de la demanda, vulnera los derechos de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, pues basta que el deudor se rehúse a ser notificado personalmente para que el proceso monitorio no pueda continuarse.
Con base en lo expuesto, la Corte debe resolver dos problemas jurídicos. En primer lugar, deberá determinarse si ¿de la disposición demandada se sigue la norma restrictiva sobre la cual se sustenta el cargo propuesto? En segundo término y en caso que la respuesta al anterior asunto sea afirmativa, la S. deberá determinar si ¿la proscripción de la notificación supletoria por aviso del auto de requerimiento de pago al deudor impone una barrera injustificada para el acceso a la justicia y viola la garantía constitucional a la tutela judicial efectiva?
Para solucionar estas controversias, la S. adoptará la siguiente metodología. En primera instancia, hará una presentación general sobre el precedente acerca del amplio margen de configuración normativa en materia de procedimientos judiciales. Luego, explicará cuál es el tratamiento que la jurisprudencia constitucional ofrece al proceso monitorio, aparte en que destacará sus elementos esenciales y la manera como son comprendidos por la Corte. En tercer lugar, se hará una breve referencia al contenido constitucional de los derechos de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva. Por último, con base en las reglas jurisprudenciales que se deriven de los anteriores análisis, se resolverán los problemas jurídicos descritos.
De conformidad con lo previsto en la cláusula general de competencia consagrada en los numerales 1 y 2 del artículo 150 de la Constitución , corresponde al Congreso de la República, en ejercicio de la libertad de configuración legislativa, regular los procedimientos judiciales y administrativos que servirán para materializar los derechos al debido proceso y de acceso a la justicia.
En virtud de esa facultad, el Legislador puede definir las reglas mediante las cuales se deberá adelantar cada proceso, que incluyen, entre otras cosas, la posibilidad de (i) fijar nuevos procedimientos, (ii) determinar la naturaleza de actuaciones judiciales, (iii) eliminar etapas procesales , (iv) establecer las formalidades que se deben cumplir, (v) disponer el régimen de competencias que le asiste a cada autoridad, (vi) consagrar el sistema de publicidad de las actuaciones, (vii) establecer la forma de vinculación al proceso, (viii) fijar los medios de convicción de la actividad judicial, (ix) definir los recursos para controvertir lo decidido y, en general, (x) instituir los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes . Como se observa, esta función le otorga al legislativo la posibilidad de privilegiar determinados modelos de procedimiento o incluso de prescindir de etapas o recursos en algunos de ellos.
Bajo esta perspectiva, el Legislador goza de un amplio margen de libertad de configuración legislativa para establecer procedimientos . Así, la jurisprudencia constitucional también ha señalado que el ejercicio de esta facultad está sometida a límites precisos, atinentes a que las normas procesales sean compatibles con la Constitución. Estos límites pueden agruparse en cuatro categorías, a saber: (i) la fijación directa, por parte de la Constitución, de determinado recurso o trámite judicial; (ii) el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y particularmente de la administración de justicia; (iii) la satisfacción de principios de razonabilidad y proporcionalidad; y (iv) la eficacia de las diferentes garantías que conforman el debido proceso y el acceso a la administración de justicia .
El primer límite se refiere a que, cuando el Constituyente ha definido de manera directa un determinado procedimiento judicial, no le es posible al legislador modificarlo . Esto ocurre en ciertas referencias explícitas que han sido definidas en la Carta Política, como la posibilidad de impugnar los fallos de tutela de primera instancia y las sentencias penales condenatorias, de conformidad con los artículos 86 y 29 de la Constitución, respectivamente.
El segundo límite parte de la premisa de que los procedimientos judiciales no constituyen un fin en sí mismo, sino un instrumento para alcanzar la materialización del derecho sustancial. En ese sentido, las formas procesales deben propender por otorgar eficacia a los principios de independencia y autonomía de la función judicial, la publicidad de la actuación y la garantía de acceso a la administración de justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 de la Constitución . Así lo ha reconocido esta Corporación, al sostener que “no resultan admisibles formas de procedimiento judicial que nieguen la función pública del poder judicial, en especial la imparcialidad y autonomía del juez, impidan la vigencia del principio de publicidad, privilegien otros parámetros normativos distintos al derecho sustancial, impongan procedimientos que impiden el logro de una justicia oportuna, o hagan nugatorio el funcionamiento desconcentrado y autónomo de la función jurisdiccional (Art. 228 C.P.).”
Con respecto al tercer límite, refiere a la necesidad de que las normas procesales respondan a un criterio de razón suficiente, relativo al cumplimiento de un fin constitucionalmente admisible, a través de un mecanismo que se muestre adecuado para el cumplimiento de dicho objetivo y que, a su vez, no afecte desproporcionadamente un derecho, fin o valor constitucional . Sobre este punto, en la sentencia C-428 de 2002 se expresó:
Finalmente, con respecto al cuarto límite a la libertad de configuración del legislador en materia procesal, éste exige que en cada procedimiento se reflejen los principios de legalidad, defensa, contradicción, publicidad y primacía del derecho sustancial , en desarrollo de los artículos 29, 209 y 228 de la Constitución Política. A su vez, los trámites judiciales que sean creados por el legislador también deben propender por la realización de otros mandatos específicos previstos en la Carta Superior, como el deber de consagrar procesos sin dilaciones injustificadas, salvaguardar la igualdad de trato ante las mismas circunstancias y garantizar el respeto de la dignidad humana, entre otros .
Ahora bien, es evidente que, en algunas circunstancias concretas, pueden entrar en tensión diferentes garantías que hacen parte del debido proceso en tanto cláusula compleja. A modo de ejemplo, podría presentarse un caso que enfrente el derecho a la defensa y contradicción con respecto al principio de celeridad y de lograr el establecimiento de un proceso sin dilaciones injustificadas, restringiéndose alguna de aquellas frente a la otra. En palabras de esta Corporación, “(…) la Corte ha concluido que dichas opciones legislativas son válidas y responden al amplio margen de la potestad de configuración normativa del legislador, siempre que no se incurra en un desconocimiento de los otros límites impuestos, en especial, en lo que tiene que ver con la satisfacción de los principios de razonabilidad y proporcionalidad.”
En conclusión, a partir de la jurisprudencia expuesta anteriormente, se concluye que el Legislador goza de un amplio margen de configuración en materia procesal, lo cual incluye la forma en la que se notifican a las partes del proceso. Sin embargo, es necesario acudir a los criterios establecidos en la Constitución y en la jurisprudencia, que establecen límites al ejercicio de la potestad legislativa de establecer los procedimientos, especialmente en lo que respecta a la defensa de las garantías procesales constitucionales y los principios que buscan proteger el derecho el debido proceso y el derecho de acceso a la administración de justicia. Con todo, esta facultad del Legislador se encuentra limitada (i) a la imposibilidad de modificar una instancia procesal prevista específicamente en la Constitución; (ii) al respeto de los principios y fines esenciales del Estado; (iii) a la satisfacción de los principios de razonabilidad y proporcionalidad; y (iv) al deber de velar por la eficacia de las diferentes garantías que integran el debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
El título III del Código General del Proceso regula los trámites declarativos especiales, dentro de los cuales se encuentra el proceso monitorio, dispuesto en el capítulo IV de dicho título. En los términos del artículo 419 del CGP, el proceso monitorio procede cuando se pretenda el pago de una obligación en dinero, de naturaleza contractual, determinada y exigible que sea de mínima cuantía.
Como se observa, el aspecto central que define al proceso es su carácter mixto, puesto que si bien inicia como un proceso declarativo, esto es, dirigido al reconocimiento judicial de la obligación dineraria, una vez se cumplen las condiciones antes anotadas se convierte en un trámite de ejecución que tiene como título la sentencia judicial ejecutoriada. Esta característica definitoria del proceso monitorio es tenida en cuenta por la jurisprudencia constitucional que ha analizado las disposiciones que regulan la materia, como pasa a explicarse.
En la sentencia C-746 de 2014 se estudió la constitucionalidad de los artículos 419 y 421 del CGP, sobre procedencia y trámite del proceso monitorio. En esta discusión, la Corte determinó que era compatible con la Constitución y en particular con los derechos de contradicción y defensa, que el auto de requerimiento para pago y la sentencia no tuviesen recursos. Para ello, en primer término, la S. expuso los aspectos centrales sobre la naturaleza jurídica del proceso monitorio, en tanto trámite judicial simplificado y expedito para el reconocimiento y ejecución judicial de obligaciones dinero de mínima cuantía, que precisamente por su monto deben contar con un mecanismo ágil para su cobro. Dentro de ese estudio y a partir de los antecedentes legislativos correspondientes, la Corte enfatizó en dos aspectos: la finalidad social del proceso monitorio, que busca dar respuesta judicial al cobro de obligaciones suscritas informalmente entre los ciudadanos, no documentadas en títulos ejecutivos. La simplificación propia del proceso monitorio, “cuestión esta que lo hace completamente distinto al tradicional proceso ordinario y al ejecutivo, ya que tiene como base la celeridad de las actuaciones y por eso, en su estructura la notificación personal desempeña una función fundamental de garantía del debido proceso.” (Subrayas no originales).
Para resolver el cargo propuesto, la S. consideró que la medida acusada es proporcionada y razonable. Esto debido a que (i) cumple con un fin constitucionalmente importante, vinculado a la agilidad y eficiencia en los procesos judiciales; (ii) es adecuada para cumplir el fin propuesto, pues efectivamente la limitación de recursos contra el auto de requerimiento concurre en la simplificación del procedimiento.
Sobre el segundo aspecto la Corte advirtió, además, que la limitación impuesta era compatible con el debido proceso, precisamente en razón de la rigurosidad que impone el proceso monitorio en cuanto a la integración del contradictorio, en donde el único mecanismo aceptado por el Legislador es la notificación personal, con exclusión de otros modos de notificación o representación del deudor dentro del proceso. Para sustentar esta conclusión, la decisión en comento expresó los argumentos siguientes que, en razón de su importancia para la presente sentencia, la S. transcribe in extenso:
En este procedimiento, la Corte resalta que a diferencia del proceso ordinario en el que primero se discute, luego se prueba y por último se juzga, eventualmente se invierte el procedimiento, puesto que desde el inicio se podría proferir la sentencia, si el deudor notificado no presenta oposición. Sin embargo, la oposición del demandado hace ineficaz la orden de pago y, por consiguiente, muta la naturaleza del proceso a un proceso verbal sumario. Esta eventualidad en la que el deudor se opone, ofrece una garantía que la Corte estima preserva el derecho a la igualdad y al debido proceso y, por tanto, no le asiste razón al demandante cuando descontextualiza la disposición afirmando que: “En las tres diferentes etapas donde se concluye el tramite monitorio es netamente unilateral es decir carece de la bilateralidad de un proceso en tanto atienda el requerimiento o no lo atienda, la autoridad competente se pronuncia constituyéndose en cosa juzgada sin ni siquiera oír a la otra… ”
En suma, la Corte constata que el procedimiento monitorio garantiza los contenidos inmanentes del debido proceso, como lo son la defensa, el derecho de contradicción, la celeridad en los términos procesales y, aun constituyendo una excepción a la doble instancia, como quiera que esta garantía no es una condicio sine qua non, cuando la regulación se ajusta a las condiciones establecidas en la jurisprudencia constitucional , como en efecto ocurre en este caso. De esta manera, al amparo del test leve de razonabilidad, la medida persigue un fin legítimo, y es adecuada, porque en su curso no se rompe el equilibrio de las partes en las diversas fases del procedimiento.” (Énfasis originales).
La sentencia C-159 de 2016 analizó un problema jurídico diferente, esta vez vinculado al presunto tratamiento discriminatorio injustificado, derivado del hecho que del proceso monitorio proceda respecto de obligaciones dinerarias, más no de respecto de obligaciones de hacer. Esta circunstancia, a juicio de los demandantes en aquella ocasión, vulneraba tanto el principio de igualdad como el derecho de acceso a la administración de justicia, en tanto los acreedores de las mencionadas obligaciones se verían privados del mecanismo ágil y simplificado de reconocimiento y ejecución judicial que ofrece el proceso monitorio.
Con base en estas consideraciones, la Corte sostuvo que la limitación de la procedencia del proceso monitorio a las obligaciones dinerarias hacía parte del margen de configuración legislativa. Ello debido a que no existe un mandato constitucional que dispusiese un procedimiento específico al respecto y, además, el CGP establece diferentes trámites para la exigibilidad judicial de las obligaciones diferentes a las dinerarias. Asimismo, tampoco resultaba suficiente el argumento de la presunta falta de celeridad de dichas alternativas procesales, puesto que ese objetivo debía necesariamente sopesarse con el carácter simplificado del proceso monitorio, el cual resulta adecuado para la exigibilidad de obligaciones dinerarias, más no sucedería lo mismo frente a aquellas de diferente naturaleza, que de suyo exigen un mayor debate probatorio. La S. consideró que si se llevase al extremo el argumento planteado por los demandantes, toda la actividad judicial para el reconocimiento y ejecución de obligaciones que no consten en título ejecutivo, debería concentrarse exclusivamente en el proceso monitorio, lo cual es irrazonable y desvirtuaría el amplio margen de configuración normativa que la Constitución reconoce al Congreso respecto de la definición de los procedimientos judiciales.
Por último, en la sentencia C-095 de 2017 la Corte estudió la constitucionalidad de la exigencia contenida en el numeral 6° del artículo 420 del CGP, en cuanto establece que en aquellos casos en que el demandante no tenga en su poder los documentos que dan cuenta de la obligación contractual adeudada, deberá señalar en el demanda dónde están o manifestar bajo juramento, que se entiende presentado con la presentación de la demanda, que no existen soportes documentales.
Con base en las decisiones precedentes y en particular las sentencias C-726 de 2014 y C-159 de 2016, la S. concluye que el Legislador prevé el proceso monitorio como un trámite declarativo especial, que tiene por objeto llenar el vacío existente en el reconocimiento y ejecución de obligaciones dinerarias de mínima cuantía que, en virtud de su informalidad, no están respaldadas en un título ejecutivo. Esto a través de un procedimiento simplificado, ágil y de carácter mixto, que si bien tiene carácter declarativo, luego puede tornarse en trámite de ejecución cuando el demandado acepta la existencia de la obligación luego de proferido el auto de requerimiento de pago. Con todo, en aras de proteger el derecho al debido proceso del deudor, en especial en su contenido de contradicción y defensa, la Corte identifica como contrapartida a dicha naturaleza simplificada la exigencia de la notificación personal, excluyéndose tanto otras formas de notificación, al igual que la representación mediante curador ad litem.
El artículo 229 de la Constitución consagra el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, el cual deberá ser garantizado a todos los asociados por parte del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 270 de 1996 – Estatuaria de la Administración del Justicia. Así las cosas, es responsabilidad del Estado, mediante su aparato jurisdiccional, garantizar el funcionamiento adecuado de las vías institucionales para la resolución de los conflictos que surgen de la vida en sociedad, con el propósito de que los ciudadanos puedan gozar de la efectividad de sus derechos fundamentales y se garantice la convivencia pacífica entre los asociados.
En relación con lo anterior, este derecho es definido por esta Corporación como “la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes.”
En virtud de ello, la administración de justicia, como función pública que fue encomendada al Estado por parte de la Constitución , es un medio para hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en la ley y en la Carta Política en cabeza de los ciudadanos. Por lo tanto, así como el artículo 229 de la Constitución establece el derecho de todos los asociados de acceder a la administración de justicia; dicho derecho conlleva la obligación correlativa por parte del Estado de garantizar que dicho acceso sea real y efectivo, y no meramente nominal.
Es por ello que el derecho de acceso a la administración de justicia también se ha denominado como el derecho a la tutela judicial efectiva, pues el Estado no solamente está en la obligación de garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder al aparato judicial a través de su participación en los procesos establecidos para ese propósito, sino que también implica que “a través de las actuaciones judiciales se restablezca el orden jurídico y se protejan las garantías personales que se estiman violadas”.
En este sentido, de acuerdo con la interpretación de esta Corte, el acceso a la justicia debe entenderse no solo como la posibilidad de acudir a los jueces competentes para dirimir una determinada controversia o conflicto, sino que además se debe entender como la posibilidad de que dicho planteamiento se haga efectivo, a través de la culminación del proceso con la determinación final del juez sobre el caso y el cumplimiento de la sentencia. En otras palabras, de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia C-037 de 1996, “(…) la función en comento [de garantizar el acceso a la administración de justicia] no se entiende concluida con la simple solicitud o el planteamiento de las pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; por el contrario, el acceso a la administración de justicia debe ser efectivo, lo cual se logra cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si es el caso, proclama la vigencia y la realización de los derechos amenazados o vulnerado” . (Subrayas fuera del texto original)
Del mismo modo, la Corte reconoce que el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva guarda estrecha relación con el derecho al debido proceso, así como con otros valores constitucionales, como la dignidad, la igualdad y la libertad . Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que el mencionado derecho es de configuración legal, en cuanto el legislador está facultado para determinar la regulación y ejecución material del mismo, lo cual incluye la posibilidad de establecer las formas procesales para lograr la materialización del derecho sustancial, siempre y cuando éstas respeten el núcleo esencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y no resulten desproporcionadas frente al mismo.
Esto supone que el desarrollo legislativo de dicho derecho esté orientado a garantizar: (i) el acceso a un juez o tribunal imparcial, como materialización del acceso a la justicia (ii) a obtener la sentencia que resuelta las pretensiones planteadas de conformidad con las normas vigentes y (iii) a que el fallo adoptado se cumpla efectivamente; siendo estos dos últimos elementos los que permiten la materialización de la tutela judicial efectiva.
Sumadas a estas condiciones, también se encuentra que la competencia del Legislador para definir los procedimientos judiciales está igualmente circunscrita a la eficacia de los derechos fundamentales de quienes comparecen al proceso, en particular las garantías derivadas de los derechos de contradicción y defensa.
Así, es evidente que una de las principales garantías constitucionales del derecho al debido proceso es el derecho a la defensa, el cual, según esta Corporación, implica “la plena oportunidad de ser oído, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga” .
Como tal, el propósito de dicha garantía es evitar la posible arbitrariedad de las autoridades estatales o que se condene injustamente a la parte pasiva de la controversia, pues se asegura la participación activa o la representación de quien se pueda ver afectado por las decisiones adoptadas en el marco de un determinado proceso.
En concordancia con lo anterior, el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, norma integrante del bloque de constitucionalidad, establece que “[toda] persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” (Subrayas y negrillas fuera del texto original)
En esa medida, es evidente que el derecho de defensa es una garantía del debido proceso de aplicación general y universal , la cual constituye “un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico”.
Ahora bien, es importante tener en cuenta que el proceso monitorio es un tipo de proceso declarativo especial, en el que el requerimiento de pago realizado por el juez reviste una doble naturaleza: por un lado, se trata de la notificación a la parte pasiva del proceso y, por el otro, se constituye como el requerimiento de pago al deudor. Por lo anterior, y con el propósito de no limitar desproporcionadamente el derecho de defensa y de contradicción del deudor en el proceso monitorio, el Legislador estableció claramente que la notificación de aquel debe ser personal y no se admite el emplazamiento del demandado, lo cual garantiza la adecuada integración del contradictorio.
Es precisamente por este motivo -la obligación de notificar personalmente al deudor, que esta Corporación estableció la constitucionalidad del proceso monitorio en la sentencia C-726 de 2014; al percatar que esto “comporta la garantía de la que dispone el deudor para actuar en el proceso y no permitir que se constituya un título de ejecución sin su conocimiento.”
Del mismo modo, la Corte también ha admitido que las garantías procesales no son absolutas y pueden ser limitadas por el legislador, “siempre que no se vea afectado su núcleo esencial, la limitación responda a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y no se desconozcan otros derechos fundamentales, como puede ser el derecho a la igualdad. En todo caso, ha señalado que la función, tanto del legislador como del juez constitucional, es tratar de lograr que todos los principios y derechos que eventualmente puedan entrar en tensión a la hora de regular los términos judiciales sean garantizados en la mayor medida posible.” (Subrayas fuera del texto original)
De acuerdo con lo planteado en el fundamento jurídico 6 de esta sentencia, el primer problema jurídico que debe resolverse consiste en definir si, como lo sostienen los accionantes, del artículo 421 del CGP se deriva la obligación de que el auto de requerimiento para pago deba notificarse personalmente al demandado, con exclusión de otras formas de notificación previstas en el estatuto procesal civil.
Respecto del argumento gramatical, el inciso segundo de la norma acusada es específico en disponer que “el auto que contiene el requerimiento de pago no admite recursos y se notificará personalmente al deudor”. En ese sentido, el precepto cualifica de manera expresa el tipo de notificación que debe surtirse, sin que permita otra modalidad para el efecto.
Esta comprobación resulta reforzada si se hace una interpretación sistemática del precepto con otras normas del Código General del Proceso. En efecto, revisadas las normas del CGP que regulan la integración del contradictorio en otros trámites de índole declarativo, no se evidencia la cualificación existente para el caso del proceso monitorio. En primer término, se encuentra que la regla general para la notificación del auto admisorio de la demanda y del mandamiento ejecutivo es la de carácter personal, según lo dispone el artículo 290 del CGP. En ese mismo sentido, con base en las reglas generales, la notificación por aviso solo procede cuando no se pueda hacer la notificación personal del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo al demandado o la del auto que ordena citar a un tercero, o la de cualquiera otra providencia que se deba realizar personalmente, según lo estipula el artículo 292 del CGP.
Con base en esta recopilación normativa, la Corte encuentra que la notificación personal dentro del proceso monitorio es una regla especial, de manera que el Legislador distingue para el efecto entre dicho trámite y los demás procesos declarativos, respecto de los cuales la integración del contradictorio queda supeditada a las reglas generales, que contemplan la notificación personal y, cuando esta no sea posible, la notificación por aviso.
Por lo tanto, la S. se opone a la comprensión planteada por varios de los intervinientes, en el sentido que incluso para el caso del proceso monitorio opera la regla general del artículo 292 del CGP, la cual dispone que la notificación por aviso procede respecto de “cualquier otra providencia que se debe realizar personalmente” y cuando la notificación personal no sea haya podido efectuar. Esto debido a que una conclusión de esa naturaleza restaría todo efecto útil al mandato del Legislador, de acuerdo con el cual existe una regla particular en el caso del proceso monitorio, donde la notificación tiene carácter cualificado lo que, como es apenas natural, impide de suyo la aplicación de las normas generales sobre notificación por aviso y menos aún la procedencia de la notificación por emplazamiento.
Finalmente, lo que resulta más importante, la interpretación finalística del precepto acusado otorga fundamento suficiente a la notificación personal como mecanismo exclusivo para la integración del contradictorio en el proceso monitorio. Como fue explicado por la Corte en el precedente aplicable y particularmente en la sentencia C-746 de 2014, la estructura del proceso monitorio es especial en la medida en que una vez comprobada la aceptación parcial o el silencio del demandado respecto del auto de requerimiento para pago, el trámite modifica su naturaleza, pues ya no será de naturaleza declarativa sino de ejecución, tornándose dicho auto de requerimiento en título ejecutivo susceptible de exigirse judicialmente en el mismo proceso.
Dilucidado este primer asunto, asume por la S. el segundo problema jurídico, relativo a si la exigencia de la notificación personal es compatible con los derechos de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Como punto de partida para el efecto debe tenerse en cuenta que el Legislador cuenta con un amplio margen de configuración legislativa para definir los procedimientos judiciales, según se ha explicado en precedencia. De esta manera, en el presente caso prima facie la constitucionalidad de la medida acusada debe analizarse desde un juicio débil de proporcionalidad entre dicha previsión y los fines que busca cumplir.
Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha señalado que para el caso de los procedimientos judiciales, existe un amplio margen de configuración legislativa, por lo que la inconstitucionalidad solo se predica cuándo se está ante vulneraciones manifiestas a la Carta Política, que por esta razón no superan un juicio débil, en los términos expuestos. Así, se ha señalado por este Tribunal que “que con fundamento en lo dispuesto por los numerales 1° y 2° del artículo 150 de la Constitución, que consagran la llamada cláusula general de competencia, corresponde al legislador regular los procedimientos judiciales y administrativos. Con base en tal facultad general, puede el Congreso Nacional definir las ritualidades propias de cada juicio, la competencia de los funcionarios que deben conocer de los asuntos, los recursos que proceden contra las decisiones, los términos procesales, el régimen de pruebas, los mecanismos de publicidad de las actuaciones, etc. || Ahora bien, al ejercer esta competencia en materia procesal el legislador goza de un amplio margen de libertad de configuración, que se encuentra limitado tan sólo por aquellas disposiciones constitucionales relativas a la garantía de los derechos fundamentales, en especial las referentes al derecho al debido proceso. Razones de política legislativa, cambiantes circunstancias sociales, o diferentes objetivos superiores perseguidos en cada caso por el legislador, pueden dar lugar a regulaciones diversas, de manera que por ello no todas las normas de procedimiento deben ser idénticas.”
La jurisprudencia constitucional señala sobre el particular que si bien los procedimientos pertenecen amplio margen de configuración legislativa, el grado de escrutinio judicial de los mismos se hace más estricto cuando se alega que a partir de los efectos del trámite se estaría ante una posible afectación de derechos constitucionales. En otras palabras, cuando la Corte evidencia que la regulación procesal puede tener un grado de afectación e impacto a los derechos, eleva el grado de intensidad del juicio de proporcionalidad, pasándose del leve al intermedio. Ello en el entendido que prima facie una norma procedimental de esas características excedería el amplio margen de configuración antes mencionado. Sobre esta tendencia a aumentar la rigurosidad del juicio de proporcionalidad, la Corte señaló en la sentencia C-583 de 2016 :
Para estudiar la constitucionalidad de las medidas legislativas que regulan los procedimientos, la Corte ha establecido que la intensidad del juicio de razonabilidad y proporcionalidad (ordinaria, intermedia y estricta), depende del grado de afectación y de impacto que el derecho a acceder a la justicia y al debido proceso que implique la norma en cuestión. Así, por ejemplo, en la sentencia C-1195 de 2001 la Corte utilizó un test intermedio al concluir que la restricción que determinan las normas demandadas (los artículos 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de la Ley 640 de 2001) imponían una restricción significativa, al imponer un plazo de tres meses dentro del cual las partes debían acudir a una audiencia de conciliación, antes de llevar la controversia ante la jurisdicción. En el mismo sentido, la sentencia C-372 de 2011, que revisó la constitucionalidad del artículo 48 de la Ley 1395 de 2010, “por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”, definió la intensidad del juicio de constitucionalidad a utilizar, teniendo en cuenta el amplio margen de configuración del legislador para reglamentar procedimientos judiciales y, a la vez, la posible restricción de derechos fundamentales alegados en el caso concreto, ante lo cual se escogió un juicio intermedio. La sentencia concluyó con la declaratoria de inexequiblidad de los artículos 45 y 47 de la Ley 1395 de 2010. De forma similar, la sentencia C-034 de 2014 decidió evaluar la norma con un juicio ordinario (leve, deferente con el legislador) al considerar que “el ámbito de regulación al que se refiere es el diseño de procedimientos administrativos, uno de aquellos en los que la Constitución prevé mayor amplitud para las opciones legislativas; y, de otra parte, que las garantías del debido proceso, aunque inexcusables en todos los asuntos en que se definan situaciones jurídicas concretas de los ciudadanos, adquieren cierto grado de flexibilidad en tales procedimientos”. Recientemente, la sentencia C-086 de 2016, al resolver una demanda sobre el artículo 167 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012- concluyó, luego de aplicar un juicio de razonabilidad leve, que “el principio del onus probandi como exigencia general de conducta prevista por el Legislador en el Código General del Proceso no se refleja como irrazonable ni desproporcionada. En efecto, responde a fines constitucionalmente legítimos: ejercer los derechos con responsabilidad y colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia, contribuir al esclarecimiento de la verdad en el marco de un proceso judicial, asegurar la prevalencia del derecho sustancial y velar por la vigencia de un orden justo.” También recientemente, en la sentencia C-493 de 2016, respecto de una disposición (Art. 10) de la Ley actualmente examinada, la Corte decidió aplicar un juicio de intensidad leve, para evaluar la norma que dispone la obligación de sustentar el recurso de apelación de la sentencia de primera instancia laboral, en el momento mismo de su presentación en la audiencia. La Corporación consideró que el legislador cuenta con una amplia facultad discrecional en la configuración de los procedimientos judiciales en materia laboral, en particular en lo que se dirige a perseguir el principio de oralidad, que ha sido definido como un eje rector de la jurisdicción laboral.
En el asunto objeto de examen, los demandantes asumen que la restricción impuesta por la norma para la integración del contradictorio configura una potencial barrera de acceso a la justicia. Además, esta acusación se muestra razonable, puesto que efectivamente la notificación personal es una condición que hace más exigente la carga procesal impuesta al acreedor dentro del proceso monitorio. Por ende, la S. considera oportuno analizar la constitucionalidad del precepto con base en el juicio intermedio de proporcionalidad , habida consideración del compromiso de derechos fundamentales sobre el cual los demandantes sustentan su censura.
Bajo esta metodología, la Corte advierte que la medida acusada cumple un fin constitucionalmente importante, como es garantizar el debido proceso del demandado a partir de una exigencia particular para la integración del contradictorio mediante la notificación personal del auto de requerimiento de pago. Como se señaló en el fundamento jurídico 25, uno de los aspectos centrales para la eficacia del derecho al debido proceso, en su componente de derecho de defensa, es el aseguramiento de dicha integración en cada uno de los procesos, pues no de otra manera es posible que el demandado logre tanto acceder al sistema de justicia como hacer efectivo su derecho a la tutela judicial efectiva.
La medida también es efectiva y conducente para cumplir el fin antes expuesto. En efecto, la notificación personal es el mecanismo procedimental que asegura en mejor y mayor medida tanto el conocimiento del demandado sobre la existencia del proceso, como su comparecencia formal al mismo. Así, aunque la Corte ha reconocido la constitucionalidad de otras formas de notificación, particularmente en aras de evitar barreras injustificadas en el proceso judicial, también advierte que “el legislador otorga un tratamiento de favor a la notificación personal, por ser la que otorga la mayor garantía de que el demandado conozca en forma cierta la existencia del proceso y ejerza su derecho de defensa, pero no la acoge como única, con exclusión de modalidades de carácter subsidiario, ya que, si lo hiciera, entrabaría la administración de justicia y desfavorecería el logro de la convivencia pacífica consagrada en el preámbulo de la Constitución.”
El precepto acusado, de la misma manera, no incorpora una afectación desproporcionada de los derechos al debido proceso, de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva del demandante. Esto debido a que, en primer término, existen razones constitucionalmente relevantes, fundadas en la garantía del debido proceso del deudor, que llevan a que advertida la estructura y efectos del proceso monitorio, obliguen a un mecanismo reforzado de integración del contradictorio, como insistentemente se ha señalado en esta sentencia. En segundo lugar, porque en caso que dicha modalidad de notificación no pueda llevarse a cabo, no concurre la barrera de acceso a la justicia alegada por los demandantes y replicada por varios de los intervinientes, puesto que en ese escenario es plenamente posible hacer uso del proceso abreviado, también de naturaleza declarativa y en dónde las opciones de notificación incluyen a aquella supletiva mediante aviso, así como el emplazamiento, una vez cumplidos los requisitos legales previstos para el efecto.
Quiere ello decir que el único momento procesal en que el demandado puede oponerse al auto de requerimiento de pago es en el término de 10 días antes señalado, puesto que si no comparece al trámite judicial luego de ese término, se adopta sentencia la cual no admite recurso alguno y da lugar la ejecución de las decisiones judiciales, reglada en el artículo 306 del CGP, norma que no dispone de nuevas instancias de oposición respecto de la obligación declarada en sede jurisdiccional .
Ahora bien, revisado el artículo 292 del CGP, que regula la notificación por aviso, se observa que la misma se perfecciona con el envío, mediante el servicio postal, de copia informal del auto admisorio o mandamiento ejecutivo, a la dirección que fuese informada por el demandante al juez del conocimiento, remisión que será certificada mediante constancia expedida por dicho servicio postal, la cual se incorporará al expediente.
Bajo este esquema, en caso que se admitiese la notificación por aviso en el proceso monitorio, bastaría el envío de la comunicación respectiva a la dirección que informe el demandante y el vencimiento del término de 10 días sin respuesta por parte del demandado, para que se desencadenen todas las consecuencias jurídicas de que trata el artículo 421 del CGP, respecto de las cuales, como ya se indicó, no se prevén recursos para su controversia. Esta circunstancia, a juicio de la S., afecta grave y desproporcionadamente el derecho a la defensa y contradicción del demandado.
No niega la S. que en otros ordenamientos, como lo exponen los demandantes, es aceptada la notificación postal u otras alternativas análogas como formas de integración del contradictorio en el proceso monitorio. Sin embargo, esa sola razón no es suficiente para fundamentar la pretendida exequibilidad condicionada, puesto que el derecho comparado no hace parte del parámetro de control de constitucionalidad. Antes bien, tratándose de procedimientos judiciales, el Legislador ejerce su amplio margen de configuración legislativa a partir del análisis de las circunstancias económicas, sociales e incluso técnicas de los medios de comunicación, estudio que le llevó en el caso colombiano a inferir que la notificación personal es el instrumento idóneo para asegurar los derechos del demandado en el proceso monitorio. Por supuesto, ello no obsta para que en el futuro y ante la modificación de esas circunstancias fácticas, el Congreso opte por una fórmula diferente de notificación, la cual resultará compatible con la Constitución, en la medida en que otorgue plena eficacia a los derechos de las partes y al principio de publicidad que guía la actuación judicial. Sin embargo, no se deriva del ordenamiento constitucional un mandato que exija la procedencia la notificación por aviso como parte del proceso monitorio, lo que implica la validez de la decisión legislativa objeto de demanda.
El proceso monitorio es un trámite declarativo especial, cuya finalidad es permitir la exigibilidad judicial de obligaciones dinerarias de mínima cuantía que no están expresadas en un título ejecutivo. Por ende, dicho proceso busca resolver la problemática social propia de aquellos acreedores de transacciones informales, las cuales no han sido documentadas para su cobro posterior.
La Corte considera que la decisión del caso depende de la acreditación de un juicio intermedio de proporcionalidad, nivel de intensidad que responde a que, de acuerdo con los demandantes, la eliminación de la posibilidad de notificar por aviso al deudor incorpora una barrera injustificada para el acceso a la administración de justicia, así como una vulneración a la tutela judicial efectiva. En ese sentido, a pesar que de manera general el Legislador tiene un amplio margen de configuración respecto del diseño legal del proceso judicial, en el presente caso es pertinente utilizar un test más estricto, debido a los derechos fundamentales que la demanda considera afectados.
A partir de esta metodología de análisis, la S. concluye que la restricción en comento es compatible con los derechos antes mencionados. Esto debido a que (i) cumple un fin constitucionalmente importante, como es la protección de los derechos de contradicción y defensa del demandado; y (ii) es una medida conducente para lograr dicho objetivo, puesto que la notificación personal es el instrumento que asegura, desde una perspectiva material, la comparecencia del demandado al proceso. Adicionalmente, también debe tenerse en cuenta que en razón de las consecuencias que tiene para el deudor la falta de oposición al requerimiento de pago, la exigencia de notificación personal es una medida razonable en términos de garantía de sus derechos de contradicción y defensa.

References: artículo 421
 artículo 241
 artículo 421
 artículo 421
 artículo 421
 artículo 291
 artículo 291
 artículo 291
 artículo 292
 artículo 421
 artículo 421
 artículo 292
 artículo 150
 artículo 228
 artículo 419
 artículo 420
 artículo 229
 artículo 2
 resolución 
 artículo 229
 artículo 8
 artículo 421
 artículo 290
 artículo 292
 artículo 292
 artículo 150
 artículo 48
 artículo 167
 artículo 306
 artículo 292
 artículo 421