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Timestamp: 2019-06-21 00:37:19+00:00

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El Gobierno recurre al TC 'por sentido de Estado' la resolución del Parlamento de Cataluña contra la monarquía
El Ejecutivo considera que el texto supone el intento del Parlamento catalán de iniciar un proceso unilateral que desemboque en una "hipotética república", así como una extralimitación en las funciones de esa Cámara autonómica. Además, el Consejo de Ministros ha acordado destinar 40 millones de euros a la atención de los menores extranjeros no acompañados.
LCV. Madrid / 26 de octubre de 2018
El Consejo de Ministros, reunido por primera vez en Sevilla, ha decidido interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Resolución del 11 de octubre del Parlamento de Cataluña por la que rechazaba la intervención del Rey Felipe VI en el "conflicto catalán" y defendía la abolición de la monarquía.
La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha recordado que el pasado viernes el Ejecutivo solicitó al Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo, un informe sobre esa impugnación, informe que es "preceptivo pero no vinculante". En su dictamen, el Consejo de Estado concluye que esa resolución del Parlamento catalán no constituye "objeto idóneo para su impugnación" ante el Constitucional. El Gobierno, ha afirmado Celaá, respeta la opinión del Consejo de Estado, pero no comparte su argumentación jurídica, por lo que recurrirá la resolución "por sentido de Estado".
La portavoz ha explicado que el Consejo de Estado señala que la Resolución del 11 de octubre es "un grave atentado al principio de lealtad institucional y una declaración política que manifiestamente degrada la forma política del Estado español y los principios democráticos que la Constitución consagra", pero entiende que esas mociones parlamentarias "tienen una naturaleza netamente política y no jurídica".
Sin embargo, ha indicado Celaá, el Ejecutivo considera que la Resolución sí es inconstitucional, pues supone un intento del Parlamento catalán de "iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética república, lo que vulnera claramente la Constitución y contraviene la última doctrina emanada del Tribunal Constitucional".
Además, el Gobierno cree que el intento de abolir la monarquía y el ataque a la figura del Rey suponen, "y así lo manifiesta también el Consejo de Estado, una extralimitación en las funciones de la Cámara autonómica catalana", lo que vulnera tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
El Consejo de Ministros ha aprobado también un Real Decreto que financia con 40 millones de euros a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para que sufraguen la atención a los menores extranjeros no acompañados acogidos en el año 2018, así como, si es preciso, su traslado entre comunidades.
La portavoz del Ejecutivo ha señalado que se ha incrementado el número de llegadas de menores en los últimos meses, por lo que el Gobierno, respondiendo a razones de interés público, social y humanitario, ha articulado estas ayudas para las comunidades y ciudades autónomas que lo soliciten. Su ámbito de aplicación va desde el 31 de diciembre de 2017 al 30 de septiembre de 2018.
Isabel Celaá ha concretado que de los 40 millones de euros, 38 se repartirán proporcionalmente en función del número de menores no acompañados que cada administración autonómica haya asumido. Los otros dos millones de euros se reservan para cubrir los gastos derivados de la atención a los menores en las comunidades que sufran un incremento estacional a partir de septiembre.
Prohibición de lanchas rápidas
El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se prohíben en todo el territorio nacional las embarcaciones de alta velocidad conocidas como 'narcolanchas'. Este tipo de embarcaciones son utilizadas por las mafias para el contrabando de mercancías y en los últimos meses para el tráfico de seres humanos.
Isabel Celaá ha argumentado que, dada la urgencia y gravedad del problema, el Ejecutivo ha decidido sustituir el anteproyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica de Represión del Contrabando presentado el pasado mes de julio por este Real Decreto.
La ministra ha aclarado que se mantiene la creación del Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad y que quedan exceptuadas de la prohibición, previa autorización e inscripción en el registro, entre otras, las embarcaciones adscritas a la defensa nacional y a salvamento marítimo.
El Gobierno ha estudiado un informe sobre las consecuencias de las últimas lluvias torrenciales que se han focalizado en las regiones de Levante, Cataluña, Aragón y Andalucía.
La portavoz ha explicado que el Ejecutivo, tras analizar toda la información remitida por las autoridades autonómicas y locales, ha dado los primeros pasos para asegurar que los afectados reciban la ayuda necesaria para atender sus necesidades inmediatas. Además, está estudiando contemplar la zona afectada como zona catastrófica. Con esa declaración se facilitarían ayudas extraordinarias a los afectados.
Por otra parte, el Gobierno ha agradecido a todas las personas que han ayudado a enmendar el daño causado, particularmente a los voluntarios y las voluntarias que con su labor han desbordado todas las expectativas.
Autorizadas nuevas plantaciones de viñedo
La portavoz ha informado de que el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva regulación para mejorar el procedimiento de concesión de autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedos y para dar prioridad a los jóvenes viticultores y a los investigadores.
Isabel Celaá ha recordado que España tiene casi un millón de hectáreas de viñedo, en la misma línea que Italia y Francia, por lo que el Ejecutivo quiere estar preparado para incorporar las directivas comunitarias
Emprendedores e investigación
El Gobierno ha acordado destinar casi 100 millones de euros para financiar cerca de 500 proyectos empresariales innovadores impulsados por pymes, empresas tecnológicas y jóvenes emprendedores.
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha autorizado a la Agencia Estatal de Investigación a convocar 265 ayuda por un importe de 19 millones de euros para la contratación de doctores y para la formación de investigadores en empresas.

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