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Los casos del consejero Pedro Antonio Sánchez - Página 2
Los casos del consejero Pedro Antonio Sánchez
Re: Los casos del consejero Pedro Antonio Sánchez
Diego Serrano el Vie Feb 13, 2015 9:34 pm
Cinco testigos declaran por el dúplex de Pedro Antonio Sánchez
El magistrado instructor del caso por la venta de la casa del consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, tomará declaración hoy a cinco testigos en una diligencia que trata de aclarar si Sánchez gozó de un trato especial en esa compraventa.
Los convocados son Gregorio González Martínez, el empresario constructor de la vivienda; su hijo, Gregorio González Muñoz, y otro familiar, Gregorio González Torrente, junto con dos integrantes de una empresa de la construcción de Vélez Rubio (Almería): Manuel Díez y Serafín Rubio.
La toma de declaraciones tendrá lugar hoy a las diez de la mañana en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJRM).
Diego Serrano el Vie Feb 13, 2015 10:34 pm
Es un verdadero clamor en la ciudad de Murcia que, en los próximos días, el magistrado-instructor del TSJ, Julián Pérez Templado, levantará la imputación que pesa sobre el consejero de Educación y ex alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, según diversas fuentes interesadas por el caso dentro del PPRM.
El procedimiento por el que se investiga al político del PP tiene que ver con una denuncia de la oposición municipal socialista en el sentido de que pudo ser favorecido con una vivienda unifamiliar por el promotor de un plan parcial acelerado desde el Ayuntamiento aprovechando su mayoría en el consistorio.
Ahora, según parece a tenor de intensos rumores en esos círculos políticos y también jurídicos, el testimonio de varios testigos puede resultar suficiente al instructor para levantar la imputación que pesa sobre Sánchez, que se enfrenta además a una querella de la Fiscalía por firmar certificaciones de obra de un Auditorio Municipal, recepcionado pero sin terminar, y con una sensible desviación sobre el presupuesto por el que fué adjudicado.
Nora el Sáb Feb 14, 2015 11:46 pm
El PSOE solicita la apertura de juicio por prevaricación y cohecho contra Sánchez
El magistrado del TSJ Julián Pérez-Templado tomó ayer declaración a cinco testigos en una nueva diligencia solicitada por la Fiscalía en la causa que se sigue en la Sala de lo Civil y Penal por la compraventa del dúplex que el consejero de Educación, Cultura y Universidades, Pedro Antonio Sánchez, tiene en el municipio de Puerto Lumbreras, localidad en la que fue alcalde entre 2003 y 2013.
En concreto, el instructor había citado a tres miembros de una misma familia –y llamados los tres Gregorio González, abuelo, padre y nieto–, dedicada a la intermediación inmobiliaria y que fue la que vendió al consejero la vivienda en la calle Gitanos que había construido previamente el promotor Juan Gázquez, también imputado. La instrucción trata de dilucidar si Sánchez pudo haberse beneficiado de una rebaja en el precio del dúplex a cambio de favores urbanísticos al constructor. El fiscal cree que Sánchez no ha podido justificar 47.000 euros del pago total de su vivienda.
Gregorio González Muñoz es el encargado actualmente de los negocios de su padre Gregorio González Martínez, de 82 años, quien presenta lagunas de memoria debido a su edad y así lo comprobó el tribunal. Según su hijo, Gregorio González Martínez se quedó con tres dúplex de la promoción de 13 que había realizado Juan Gázquez para cobrarse una deuda que el promotor había contraído con él. Vendió una de las viviendas a Sánchez, otra a su nieto, Gregorio González Torrente, también citado, y la tercera a su empleado Manuel Díez. Estos dos últimos declararon también como testigos, así como el arquitecto Serafín Rubio.
A la salida del juzgado, Gregorio González Muñoz reiteró que en las tres operaciones de compraventa se realizaron de la misma forma. «Pedro Antonio Sánchez, antes de ser alcalde de Puerto Lumbreras, le compra a mi padre por contrato una vivienda que escritura tiempo después, siendo ya alcalde. Le paga dinero a Gregorio González y al hacer la escritura, suscribe un préstamo que está pagando todavía. Esto está muy claro y no entiendo nada», indicó Gregorio González Muñoz, quien añadió que Pedro Antonio Sánchez nunca benefició a su familia desde el Ayuntamiento «porque nunca hemos hecho promociones en Puerto Lumbreras». «Aquí se trata de dirimir si Juan Gázquez le ha regalado algo a Pedro Antonio Sánchez. Yo les digo y juro que es mentira», indicó el testigo.
Al concluir las declaraciones, que se prolongaron durante poco más de una hora, el instructor Pérez-Templado instó a las partes a elaborar sus conclusiones, según señaló el abogado que ejerce la acusación particular (representando al PSOE lumbrerense), Marcos Sánchez Adsuar. La Fiscalía, sin embargo, se negó, tomándose más tiempo para elaborar su dictamen final. El PSOE ha solicitado la apertura de juicio oral contra Sánchez por prevaricación, cohecho e infidelidad en la custodia de documento público. La defensa reclama el sobreseimiento.
Una vez que tenga todas las conclusiones, el instructor decidirá si abre juicio o da, por segunda vez, carpetazo al asunto. Gran parte del futuro político de Sánchez depende de esta decisión.
Tres miembros de la familia González, dedicados a la intermediación inmobiliaria, declararon ayer en el TSJ de Murcia.
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2015/02/14/psoe-solicita-apertura-juicio-prevaricacion/625424.html
Nora el Vie Feb 20, 2015 9:09 am
El PSOE de Puerto Lumbreras considera que el PP "ha traspasado todas las líneas rojas", le pide respeto y que "deje de mentir"
La Agrupación Socialista local considera que el PP "ha traspasado todas las líneas rojas que podía cruzar, dejando clara su forma de hacer política, en base a mentiras y manipulaciones", y le pide el "debido respeto en su labor de oposición", esperando que "deje de mentir a los ciudadanos", y "se preocupe más por sus errores en la gestión municipal".
Así lo ha afirmado su secretario general, José Manuel García Miravete, quien ha añadido que "los socialistas lumbrerenses están siendo machacados, ninguneados en su actividad y gestión, pues llevan mucho tiempo sufriendo los insultos, las vejaciones, las injerencias en su legítima labor de oposición".
Tras lo que ha aclarado que "nunca se ha interpuesto ningún procedimiento judicial contra el actual consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, de forma directa". Las denuncias presentadas por el Partido Socialista "fueron interpuestas contra la forma de actuar del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, en la época en la que era alcalde de la localidad", ha matizado en rueda de prensa.
Por lo que, en su opinión, "desde el PP deben de comenzar a hablar con propiedad y saber diferenciar entre denuncias y procesos administrativos". Desde el PSOE lumbrerense solo se han interpuesto tres denuncias, "encontrándose vivas a día de hoy dos de ellas y una tercera que presumiblemente se abrirá en los próximos días tras la querella presentada por la Fiscalía de la Región de Murcia".
El resto de procedimientos, ha aclarado acompañado por miembros de la Agrupación y el secretario general de Justicia del PSRM, José Miguel Muñoz Andreo, "son temas contenciosos administrativos y ante la Junta Electoral de Zona, temas en los cuales ha sido condenado en varias ocasiones el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras".
Por tanto, ha apostillado, "son totalmente falsas las afirmaciones vertidas desde el Partido Popular cuando dice que todas la denuncias han sido archivadas", así como que "sea un tema político cuando llegan las elecciones", aclarando que la denuncia del PSOE ante la Fiscalía es del 15 de octubre de 2013, "a mitad de legislatura, no es tema que se ponga ahora para las elecciones".
Los socialistas lumbrerenses manifiestan, así, su más absoluto respeto por la justicia, "sin injerencias de ningún tipo, esperando que desde los tribunales se aclare entre otras cuestiones la situación de Teatro-Auditorio de la localidad".
Una obra que tras el pago completo del importe por el cual fue contratada, ha declarado García, "ha quedado sin terminar, y que en reiteradas ocasiones el Grupo Municipal Socialista ha intentado aclarar por cauces políticos, recibiendo la negativa continuada el Equipo de Gobierno local".
Por lo que llegado a este punto "nos vemos obligados a poner en manos de la justicia la situación de un Auditorio, plagado de irregularidades, donde se han invertido seis millones de euros del bolsillo de los contribuyentes, sin obtener el resultado prometido".
Tras las negativas del Partido Popular, "es la justicia la que debe aclarar cómo es posible justificar una subvención si no se cumple la finalidad para la cual fue concedida, o como es recepcionada una obra sin terminar".
"Los socialistas lumbrerenses vamos a seguir trabajando en defensa de nuestros vecinos, evitando al máximo entrar en guerras para las cuales no nos han votado los ciudadanos, utilizando todos los mecanismos a nuestro alcance", ha finalizado. Por su parte, Miguel Muñoz Andreo, que ha mostrado el apoyo de la Ejecutiva del PSRM a la labor de la Agrupación, ha subrayado "que más allá de lo que pretenden desde las filas del PP, no van a callar a este partido cuando se trate de hablar de corrupción".
Así que "ya está bien de hablar de mala praxis pues allí donde halla corrupción, estará el PSOE denunciándolo". El PSOE, ha recalcado, "no ha judicializado la política y exigimos que desde el PP se manejen bien los términos y no tergiverse".
Juan Antonio el Sáb Feb 21, 2015 9:46 am
El TSJ archiva la causa contra Pedro Antonio Sánchez por la compra de su vivienda
El Tribunal declara el sobreseimiento de las actuaciones por las que se investigaba al consejero de Educación en relación a los presuntos delitos de prevaricación, cohecho e infidelidad de documentos
El magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Julián Pérez-Templado, ha ordenado el archivo del procedimiento contra el exalcalde de Puerto Lumbreras y actual consejero de Educación, Cultura y Universidades, Pedro Antonio Sánchez, por presuntas irregularidades en la adquisición de un dúplex en Puerto Lumbreras, así como el sobreseimiento de las actuaciones contra el constructor Juan Gázquez. La Fiscalía también había solicitado el sobreseimiento de la causa.
La resolución señala que, tras el análisis de todas las pruebas practicadas, no hay ningún indicio de criminalidad contra Sánchez para continuar con la instrucción del caso, en el que se investigaba la presunta comisión de los delitos de prevaricación, cohecho e infidelidad de documentos. «Es un hecho probado que el Sr. Sánchez López pagó íntegramente su vivienda y no dictó resolución alguna para favorecer al Sr. Gázquez», señala el magistrado ponente en el auto.
El presidente de la Región, Alberto Garre, se mostró satisfecho con la noticia, «pues supone que ya no está imputado uno de mis consejeros», afirmó.
Cabe recordar que Sánchez es el favorito del ex jefe del Gobierno murciano y actual presidente del PP regional, Ramón Luis Valcárcel, para ser candidato a la Presidencia de la Comunidad en las próximas elecciones autonómicas del mes de mayo.
En concreto, Valcárcel, que también es vicepresidente del Parlamento Europeo, reiteró la semana pasada, acompañado del presidente del Gobierno, Alberto Garre, que el candidato del PP "se decide desde Madrid", podré manifestar algo, continuó, "que todos conocen muy bien" y lo sabe Alberto Garre "y es que siempre dije que el candidato que creo adecuado para el PP hacia la proyección de gobierno de la Región es quien es", en clara referencia al consejero de Educación Pedro Antonio Sánchez, pero "ésta es una decisión que compete a Madrid".
No obstante, hay que apuntar que el periplo judicial de Sánchez no acaba aquí, ya que el Tribunal Superior de Justicia debe decidir si admite a trámite la querella de la Fiscalía contra Sánchez por presuntas irregularidades en la convocatoria del concurso y recepción de la obra del auditorio de Puerto Lumbreras.
La declaración de los testigos, clave
Para adoptar el acuerdo, el magistrado ha tenido en cuenta, entre otras diligencias, la practicada recientemente con la declaración de cinco testigos, entre ellos, las tres personas que intermediaron en la venta de la vivienda, que coincidieron en señalar que todo se había hecho con arreglo a la ley.
De hecho, la causa se remonta al pasado mes de mayor de 2007, cuando varios componentes del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras presentaron una querella contra el entonces alcalde y otros. La causa fue elevada al TSJ, dado el aforamiento de Sánchez, también diputado regional.
El auto de exposición razonada elevado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Lorca al TSJ imputaba al alcalde un delito de prevaricación (artículo 404 del Código Penal) por haber utilizado sistemas de contratación directa y contratos menores a determinadas personas, así como a funcionarios municipales que colaboraron para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de esa ciudad.
El instructor recuerda que no quedó claro ni en la exposición razonada ni el mencionado Auto si debería extenderse la investigación a las actuaciones de Sánchez para adquirir una vivienda a menor precio a cambio de favores urbanísticos al constructor, lo que podría constituir un delito de cohecho. Por ello, decidió investigar estos hechos.
El pasado mes de diciembre, una vez practicadas las diligencias de instrucción estimadas necesarias por el instructor, se dictó un auto por el que se acordaba el sobreseimiento libre de Sánchez por cualquier delito por los hechos investigados en la presente causa, así como el sobreseimiento libre del resto de imputados.
Dicho Auto fue recurrido en apelación por el Ministerio Fiscal y por la acusación particular, y la Sala de lo Civil y Pena del TSJ estimó el recurso de apelación respecto a la investigación de cuentas corrientes de Sánchez por un supuesto delito de cohecho.
Fundamentos del auto
En el nuevo auto, el instructor recuerda que, una vez practicadas todas las pruebas solicitadas por el Ministerio Público y la acusación particular y admitidas por la Sala "hasta la extenuación", es el caso de recapitular sobre cada una de ellas, fijándonos en su resultado para volver a llegar a la misma conclusión exoneratoria que este Instructor acordó en su Auto de fecha 3 de Diciembre de 2013.
En primer lugar, Pérez-Templado explica que debe estudiarse la posibilidad de que Sánchez consiguiese una rebaja en el precio de la vivienda, lo que "conduciría como medio para aprovecharse de este enriquecimiento ilícito a cometer una serie de tropelías urbanísticas e incluso a esconder documentos comprometedores.
En lo atinente al precio de la vivienda, el instructor recuerda que ha tenido en cuenta la posibilidad de que existan "partes coadyuvantes", si bien admite que "ninguna de las acusaciones ha hecho reproche alguno en esta cuestión económica, lo que no deja de causar extrañeza". Con todo, el instructor asevera que quiere esclarecer "en medida suficiente" para evitar "futuras imputaciones o confusiones", y así alejar la "sombra del cohecho" en la relación de Sánchez.
El instructor recuerda que se ha llegado a poner en duda la entrega de los 30.000 euros en que consistía el precio "pase" que Sánchez debía pagar. Pues bien, el magistrado cree existen pruebas en la causa que acreditan, a salvo de empeños en hacer presunciones de culpa, que los 30.000 euros fueron abonados, además de la aseveración bajo juramento de los testigos, padre e hijo.
En concreto, explica que el pago se puede descomponer en varias partidas, como pretende la defensa, cuales serían los 14.500 euros del recibo fechado el 2 de febrero de 2005. Este documento, ante la incredulidad de las acusaciones, fue sometido a análisis por la Policía Científica, dando como resultado que no se podría determinar la fecha.
"El más elemental principio de buena fe y presunción de inocencia nos lleva a dar por buena la versión del imputado y del propio acreedor", según sostiene el instructor.
Sobre los 15.500 euros restantes, y a modo de ejemplo, el instructor recuerda que la defensa trae a colación una serie de extracciones de las cuentas de Sánchez que pudieran haber servido para saldar la deuda, todas anteriores al otorgamiento de la escritura pública. Pero el magistrado explica que no debe ser Sánchez el que prueba que ha pagado, sino que deberían ser las acusaciones las que demuestren el impago por la existencia de una colusión.
"Por cierto", indica Pérez-Templado, "una vez que se recibió el informe de la Policía Científica sobre el documento, que dejaba bastante en duda la posibilidad del cohecho, nos olvidamos de él y buscamos el 'extraneus' en otra persona, cuyas actividades vamos a estudiar".
Continúa el magistrado instructor, en los fundamentos jurídicos, que "para nada" afecta el estudio de detalle a la propiedad de Sánchez, no existiendo, por tanto, el delito de cohecho del que se le acusa consistente en que el alcalde aprobó el estudio de detalle a cambio de una rebaja en el precio del dúplex.
Por ello, considera que "como esta circunstancia no ha existido todo lo más que se pudiera imputar sería una infracción administrativa formal, pero nunca un delito". Es más, sostiene que en los trámites de este convenio urbanístico entre Pedro Antonio Sánchez, como alcalde lumbrerense, y el promotor, el Consistorio "pretendía evitar el trámite más penoso de la modificación de las normas subsidiarias".
Advierte, por tanto, que es una "exageración y un dislate" deducir de todas estas circunstancias que la decisión de Sánchez como alcalde era "arbitraria, injusta, ilegal, incompatible con cualquier interpretación del derecho y otros epítetos igualmente rotundos".
http://www.laverdad.es/murcia/201502/20/archiva-causa-contra-pedro-20150220132933.html
Juan Antonio el Sáb Feb 21, 2015 9:57 am
Sánchez: «Ahora todo depende del partido»
El consejero muestra su satisfacción por el archivo de la causa contra él por la compra de su vivienda: «Estoy especialmente contento por mi familia y por las personas que me quieren»
El consejero Pedro Antonio Sánchez expresó este viernes su satisfacción tras conocer que el TSJ ha archivado la causa contra él por la compra de su vivienda en Puerto Lumbreras, destacando que el fiscal Anticorrupción, Pedro Pablo Lozano, también ha solicitado el sobreseimiento de las actuaciones. "Estoy especialmente contento por mi familia y por las personas que me quieren y que han estado a mi lado. Nunca he realizado valoraciones de los casos judiciales. La Justicia siempre ha tenido mi respeto desde siempre y creo que la mejor forma de demostrarlo ha sido colaborar con ella en todo momento, que es lo que he hecho desde el principio y así lo seguiré haciendo. Nací en el año 1976 con la democracia, y creo que ésta es una de las formas de defenderla, como es trabajar con transparencia para que la justicia pueda funcionar de forma independiente y con la colaboración de todos; y cuando se emite un fallo, hay que respetarlo", señaló el consejero en declaraciones a 'La Verdad'.
El magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Julián Pérez-Templado, ordenó hoy el archivo del procedimiento contra el exalcalde de Puerto Lumbreras y actual consejero de Educación, Cultura y Universidades, Pedro Antonio Sánchez, por presuntas irregularidades en la adquisición de un dúplex en Puerto Lumbreras, así como el sobreseimiento de las actuaciones contra el constructor Juan Gázquez. La Fiscalía también había solicitado el sobreseimiento de la causa.
Sánchez, que esta tarde acudió al Foro de Buen Gobierno de Educación, un acto en el que estuvo acompañado del presidente de la Comunidad, Alberto Garre, y el secretario general del PP murciano Miguel Ángel Cámara, manifestó que no es amigo de hacer valoraciones sobre las actuaciones judiciales, indicó que a la Justicia "hay que dejarla trabajar y colaborar con ella, para que ese trabajo sea ágil".
El también vicesecretario de Organización del PP ha manifestado su alegría "sobre todo por mi familia y por la gente que ha sufrido". "No hay que hacer culebrones de estas cosas, pero todos tenemos familia", apostilló.
A partir de ahora, señaló, "hay que seguir trabajando con honestidad y grandes equipos, como he hecho siempre, porque a mi nadie me ha regalado nada". Sobre la posibilidad de ser candidato del PP a la presidencia de la Comunidad, Sánchez subrayó que "todo depende del partido, como hemos dicho siempre".
«Ahora tengo un consejero que no está imputado»
El presidente de la Comunidad, Alberto Garre, también hizo una valoración muy positiva del archivo de la causa "porque ahora tengo un consejero que no está imputado", a lo que añadió que "no sé si estarán igual de encantados aquellos que desde la tribuna de la Asamblea Regional me han pedido que cesara a Sánchez, ahora ya no está imputado y espero que también sepan pedir perdón".
Por otro lado, señaló que no hay contrincantes en el partido de cara a la designación de candidatos para la presidencia de la Comunidad. "Pedro Antonio podría serlo, porque experiencia tiene, pero eso lo decidirá el Comité Electoral Nacional", aseveró.
"Estoy a disposición del partido como he dicho siempre. Mi objetivo, de momento, es gobernar para 1,5 millones de murcianos hasta el 24 de mayo, y si el partido decide que sea el candidato lo seré, y si así lo decide la ciudadanía seré el presidente de todos los murcianos". En cualquier caso, apostilló, "el mejor candidato será el que decida el partido, también para mí".
"Lo que espero es que se resuelvan todas las causas que penden sobre nosotros, porque esa será la manera más adecuada de presentar unas candidaturas absolutamente limpias a todas las circunscripciones a la Asamblea y a todos los ayuntamientos de la Región", añadió.
La resolución del magistrado Pérez Templado señala que, tras el análisis de todas las pruebas practicadas, no hay ningún indicio de criminalidad contra Sánchez para continuar con la instrucción del caso, en el que se investigaba la presunta comisión de los delitos de prevaricación, cohecho e infidelidad de documentos. «Es un hecho probado que el Sr. Sánchez López pagó íntegramente su vivienda y no dictó resolución alguna para favorecer al Sr. Gázquez», señala el magistrado ponente en el auto.
El auto señala que la investigación, abierta a raíz de la denuncia presentada por el PSOE, se ha limitado a determinar, exclusivamente, si Sánchez, que compró la vivienda cuando era alcalde de Puerto Lumbreras, gozó de un trato de favor por supuestas compensaciones urbanísticas.
http://www.laverdad.es/murcia/201502/20/sanchez-estoy-contento-familia-20150220171441.html
Baladre el Mar Feb 24, 2015 10:12 am
La querella de la Fiscalía por el auditorio de Puerto Lumbreras podría pasar a los juzgados de Lorca
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia baraja el traslado en el caso de que sea admitida a trámite
La querella de la Fiscalía contra el exalcalde de Puerto Lumbreras y consejero de Educación, Cultura y Universidades, Pedro Antonio Sánchez, y otras veinte personas por las obras del auditorio de aquella localidad podría ser trasladada a los Juzgados de Instrucción de Lorca para que sea allí, en el caso de ser admitida a trámite, donde se investiguen los hechos.
Esta es una de las opciones que baraja la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ), donde fue presentada la querella el pasado día dos, según indicaron fuentes próximas a la investigación.
Las fuentes añadieron que, según la ley, se debe respetar la competencia del juez natural, lo que determinaría que el asunto pasara a un Juzgado de Instrucción de Lorca, por pertenecer Puerto Lumbreras a esta partido judicial.
En el caso de su admisión a trámite por el Juzgado al que fuese repartida, el magistrado llevaría a cabo las diligencias que considerara oportunas para la investigación de los hechos denunciados, en los que se apunta la comisión del delito de prevaricación, entre otros, por la tramitación del concurso de obras y por la recepción del auditorio antes de estar acabado.
Si del curso de la instrucción se derivaran indicios de criminalidad contra Sánchez, sería entonces cuando el juez se vería obligado a enviar una exposición motivada al TSJ, para que este decidiera si lo imputaba, por tener aquel la condición de aforado.
En la querella presentada por el ministerio público aparecen como querellados, además del exalcalde, otras personas, entre las que figuran, funcionarios municipales y autonómicos y arquitectos.
Pedro Antonio Sánchez es actualmente el político del PP regional que más suena para ser el candidato a la presidencia de la Comunidad, decisión que en cualquier caso adoptará el Comité Electoral Nacional de la formación que lidera Rajoy. El reciente archivo de la causa que el TSJ seguía contra él por el pago de su vivienda ha allanado el camino del actual consejero en su carrera hacia San Esteban.
http://www.laverdad.es/murcia/201502/23/querella-fiscalia-auditorio-puerto-20150223114429.html
Nora el Mar Mar 10, 2015 8:36 pm
López Bernal.
El fiscal cree que el TSJ solo «quería huir» de la querella a Sánchez por el Auditorio
López Bernal plantea un durísimo recurso contra la decisión de enviar el caso a Lorca, que tacha de «obstinadamente arbitraria e injustificada»
«Querer huir». Tal es la aparente voluntad que el Fiscal Superior de la Región, Manuel López Bernal, atribuye a los dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Juan Martínez Moya y Enrique Quiñonero, que la semana pasada decidieron remitir a Lorca la querella presentada por el Ministerio Público contra Pedro Antonio Sánchez, exalcalde de Puerto Lumbreras y actual consejero de Educación. Con esa resolución, que el máximo responsable de la Fiscalía murciana califica de «estrambótica, incongruente y manifiesta y obstinadamente arbitraria e injustificada», solo habrían buscado esos magistrados «huir» de su responsabilidad, que no sería otra que admitir su competencia en este asunto e instruir diligencias para depurar los delitos que se hubieran podido cometer.
En un recurso redactado en términos muy duros, el Fiscal Superior sostiene que esa supuesta voluntad de quitarse de encima el asunto queda de manifiesto desde un primer momento, cuando los magistrados reconocen en su auto que son «competentes en principio» para conocer de ese caso. Es esa coletilla, «en principio», la que subleva a López Bernal, que les recuerda que «la competencia se tiene o no se tiene y viene establecida por imperativo legal».
Lo mismo que ocurre, insiste, cuando la Sala se declara «competente a los exclusivos efectos de la presentación» de la querella, tras lo cual decide remitirla a Lorca para que se «individualicen» los hechos cometidos por Pedro Antonio Sánchez y el resto de querellados. Algo que el fiscal no duda en calificar de de «estrambótico».
El representante del Ministerio Público no alberga duda alguna de que la competencia para instruir esa querella es de la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ, como así lo establece el artículo 272 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. «Pero lo que realmente hizo la Sala fue no admitir su competencia, ocultando ese hecho bajo enigmáticas frases y desoyendo gravemente el mandado imperativo de los artículos arriba referenciados».
De esa resolución declarando su competencia «en principio» y a la vez decidiendo remitir la querella a los juzgados de Lorca para que la investiguen, lo que habría salido es una resolución «incongruente». Pues admiten los dos magistrados que los hechos denunciados tienen relevancia penal, pero «no se deciden a archivar la querella respecto del señor Sánchez, ni a incoar diligencias previas contra él».
En esa misma línea, el fiscal insiste en que «admitida por el tribunal la relevancia penal de los hechos contenidos en la querella, la única decisión congruente habría sido admitir a trámite la misma y asumir su competencia respecto de todos los querellados». Sin embargo, «y con gran sorpresa por esta parte», lo que hace es desestimar la querella «con un único argumento: por el momento es inviable la individualización inequívoca y relevante de los hechos (cometidos) por el aforado».
Una consideración que López Bernal considera «manifiesta y obstinadamente arbitraria e injustificada», ya que sostiene que «la realidad incontestable (de la querella) es la rigurosa individualización de los hechos que, con incuestionable relevancia penal, se atribuyen al aforado».
Recuerda en ese punto que el tercer magistrado de la Sala, Manuel Abadía, emitió un Voto Particular para oponerse a la decisión adoptada por sus dos compañeros, y que en el mismo, con la misma «perplejidad» que el fiscal, afirmaba: «Llevamos 49 folios de la querella del Ministerio Público y todos ellos van dirigidos contra el aforado Pedro Antonio Sánchez, con apoyo incontestable de pruebas documentales, pericial, inspección del lugar, reportaje fotográfico...».
«No solo se concretan todos los hechos presuntamente delictivos llevados a cabo por el aforado -asegura el Fiscal Superior-, sino que se tipifican todos y cada uno de ellos». Lo que da como resultado que le atribuya presuntos delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude y falsedad en documento oficial.
«Cerrar los ojos»
Entre esas conductas supuestamente delictivas que la querella «individualiza» sobre Sánchez se encuentran la contratación personal y sin concurso del arquitecto; la devolución indebida de dos millones de euros en avales a la constructora, pese a que el Auditorio estaba en apariencia inacabado, y la justificación documental de que la obra estaba terminada y su «recepción fraudulenta», ya que faltarían por invertir más de dos millones de euros, según los informes periciales.
«La individualización de las conductas resulta tan patente -insiste el fiscal en su recurso- que negarla supondría cerrar deliberadamente los ojos a lo que resulta evidente». Una afirmación de importante calado legal, que López Bernal completa cuando advierte de que si el tribunal insistiera en su decisión de enviar la querella a Lorca, ello significaría «la ratificación consciente y voluntaria de una resolución situada extramuros de cualquier razonamiento admisible jurídicamente».
Cambia un magistrado
El recurso deberá ser resuelto en los próximos días por la misma Sala, con la particularidad de que Juan Martínez Moya ha sido reemplazado en la presidencia del TSJ por Miguel Pasqual del Riquelme. Será este magistrado, así, quien ahora complete la Sala junto a Quiñonero y Abadía, de tal manera que su decisión resultará trascendental.
http://www.laverdad.es/murcia/201503/10/fiscal-cree-solo-queria-20150310015015-v.html
Juan Antonio el Mar Mar 24, 2015 11:39 pm
Todo se conjuga, todo se urde, todo se combina para que el delfín valcarciano tenga expedito su camino para suceder a su mentor, que contempla desde Bruselas cómo se cumplen sus designios y su hijo putativo cubre las etapas previstas. La desimputación del actual consejero de Educación en el caso de la compra de su dúplex lumbrerense fue el escalón anterior, superado con el concurso de togados bien colocados en el lugar preciso y en el momento adecuado.
Otros dos magistrados cumplieron ayer el trámite esperado de enviar el otro caso que incomoda al querido candidato en su camino hacia la más alta magistratura regional. Esa pareja de superiores juristas, en la que está el más alto de la Región recién designado con polémica incluida, comunicó ayer su decisión de ignorar la condición de aforado del herededo-consejero y mandar el caso al sur lorquino. Allí, se supone, será mejor tratado.
Mas, como señala el juez disidente en voto particular, el exceso de casos que inunda los juzgados lorquinos viene a garantizar, aunque esto no lo precisa, que el sospechoso caso del auditorio lumbrerense dormirá muchos meses entre otros legajos. El candidato podrá serlo con la tranquilidad de que nada judicial alterará su singladura a San Esteban, si los votos hinchan sus velas.
La operación de salvar como sea la candidatura del heredero sigue, pues, con determinación renovada para conseguir que el PP renueve su dominio regional. Pero el juez disidente –el mismo que quiere llevar al banquillo al fundador de la dinastía por un quíteme de allá esos terrenos protegidos que vamos a construir– señala en su voto particular seis pormenores, seis, que van más allá de los fomalismos legales, que han caído en el olvido entre tanto fárrago judicial y fueron señalados en su día por la Fiscalía: “El Ministerio Público en una relación circunstanciada de los hechos dice y presenta elementos de prueba de que el aforado lo urdió todo”, reza el texto del magistrado disconforme.
Primero: el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras “contrató verbalmente al arquitecto Martín Lejarraga si concurrir concurso alguno”. Segundo: “en junio de 2006 redactó dicho arquitecto el anteproyecto de Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras”. Tercero: un año después, “sin convocar concurso alguno el aforado Sr. Sánchez por escrito pidió ampliación del plazo de ejecución del Proyecto (…) acompañando informe de Lejarraga de que necesitaba el plazo añadido de 18 meses.”
Cuarto: “fue el aforado Sr. Sánchez el que firmó el Pliego de Bases Generales” en tanto que alcalde seis meses después, “dando solo 15 día para la presentación de ofertas (...), otorgando el aforado el contrato al proyecto del Sr. Martín Lejarraga”. Quinto: “la adjudicación se hace en 5.998.514 euros, pero posteriormente se autoriza una modificación para excluir la terminación interior del Teatro-Auditorio, que es el objeto primordial de la subvención concedida, pero se mantiene el pago integro de la cantidad antes citada”.
Sexto: “el aforado Sr. Sánchez el 15 de julio de 2010 da orden de cancelación de garantías y entrega avales” a la empresa adjudicataria “por importe de 2.254.068’68 euros, cifra que el Ministerio Público manifiesta que es la que falta para terminar la obra”.
Ninguno de esos seis puntos, seis, recogidos por el togado disidente Manuel Abadía es rebatido por los otros dos magistrados ––el presidente del TSJM Miguel Pasqual del Riquelme y Enrique Quiñonero– que deciden por mayoría enviar el caso a los juzgados de Lorca. Allí descansará en paz. Y el candidato será sano y salvo.
http://www.lacronicadelpajarito.es/blog/joseluisvidalcoy/2015/03/salvemos-como-sea-al-candidato-sanchez
Nora el Jue Jul 30, 2015 11:10 pm
Abogados murcianos preparan acciones en los tribunales contra Pedro Antonio Sánchez por prevaricación en el PGOM de Puerto Lumbreras
Abogados murcianos preparan ya acciones en los tribunales contra Pedro Antonio Sánchez, actual presidente de la Comunidad Autónoma, por presunta prevaricación en la aprobación en 2007 del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de Puerto Lumbreras, siendo él alcalde, y tumbado definitivamente ahora por el Tribunal Supremo tras confirmar la sentencia del TSJ de 2013 contra Ayuntamiento y Comunidad Autónoma como recurrentes.
Las acciones serán por varios presuntos delitos, entre ellos y como más claro el de prevaricación, y acompañarán a otras en marcha contra los consejeros de Fomento, Francisco Bernabé, y de Agricultura y Agua, Adela Martínez-Cachá, por decisiones tomadas, supuestamente contra la ley, en el desempeño de sus respectivos cargos políticos.
En el caso de Sánchez, según fuentes de esos mismos bufetes, éste claramente prevaricó al no atender un informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) donde se advertía de la falta de garantía en el suministro de agua potable y aprobar parcialmente el PGMO lumbrerense pese a que el informe de la CHS era concluyente.
La Comunidad Autónoma, no obstante, también le dió su visto bueno con la firma del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transporte, a la sazón el imputado Joaquín Bascuñana, que igualmente podría ser objeto ahora de nuevas acciones penales al respecto.
Fueron los concejales socialistas de Puerto Lumbreras en aquellas fechas quienes presentaron un procedimiento contencioso-administrativo ante el TSJ, a resultas del cual ahora se ha pronunciado el Tribunal Supremo de forma determinante y condenando a costas a las administraciones públicas intervinientes.
Según estos abogados, Pedro Antonio Sánchez no utilizó el artículo 137 de la Ley Regional del Suelo para denegar la aprobación del PGMO y Bascuñana tampoco lo hizo.
La resolución del Tribunal Supremo, contra la que ya no cabe recurso alguno, dice claramente que en el expediente administrativo del PGMO de Puerto Lumbreras no se acredita la disponibilidad de recursos hídricos ni se informan favorablemente las nuevas demandas generadas por los desarrollos urbanísticos.
En su resolución, el Alto Tribunal insiste en que se dan motivos más que suficientes para justificar el fallo del TSJ en base a que entiende que el informe de la CHS es claro y terminante a la hora de advertir sobre la falta de garantía de agua para suministro a la población lumbrerense.
Baladre el Miér Nov 23, 2016 10:12 pm
El fiscal sostiene que el Auditorio se pagó sin estar hecho un 38% de obra
La querella contra Pedro Antonio Sánchez califica de «pantomima, gran farsa y vergonzoso fraude» el proceso de adjudicación y de construcción del Teatro de Puerto Lumbreras
RICARDO FERNÁNDEZ | MURCIA 5 marzo 2015 12:28
El Acta de Recepción de las obras del Auditorio del Teatro Auditorio Municipal de Puerto Lumbreras, suscrito el 20 de septiembre de 2011, «fue firmado con un desahogo legal que quedará para la historia de los disparates en la contratación administrativa». Ésta es la conclusión a la que llega el Fiscal Superior de la Región, Manuel López Bernal, como «colofón de todos los despropósitos» que supuestamente se cometieron a lo largo y ancho del proyecto de redacción, en la licitación, en la adjudicación, en la ejecución, en la modificación del proyecto y en la recepción de las obras de esas instalaciones. Toda un aparente «dislate jurídico», con el que se habría «sustituido de forma grosera la voluntad del legislador», que López Bernal relata en la querella presentada días atrás ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y que se dirige contra el exalcalde lumbrerense y actual consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, contra los miembros de la Junta de Gobierno municipal en 2008 y contra otros catorce altos cargos, funcionarios, abogados y arquitectos.
Una querella -bautizada en ámbitos de la Fiscalía como 'caso Verdi'- acerca de cuya presentación el pasado 2 de febrero informó en exclusiva 'La Verdad' y que desde ese día está pendiente de que el TSJ se pronuncie sobre su admisión o no a trámite.
El documento, al que este periódico ha tenido acceso, se divide en cinco apartados diferentes, vinculados a diversas fases de la tramitación, en todas las cuales se habrían cometido, a juicio del fiscal, múltiples irregularidades: redacción del concurso de proyectos, licitación del concurso de obras, adjudicación y ejecución, redacción del proyecto de obras complementarias y recepción.
Así, respecto del concurso de proyectos, el Fiscal Superior considera que estaba amañado, que se trataba de «una gran farsa», «una pantomima», «un vergonzoso fraude legal», toda vez que el anteproyecto lo redactó el arquitecto Martín Lejarraga en junio de 2006, cuando el pliego de bases para el concurso de proyectos del Auditorio no se publicó hasta diciembre de 2007.
La convocatoria se sacó además en plena Navidad -26 de diciembre, no se habría publicado además en el Diario Oficial de la Comunidad Europea, como obligaba la ley por superar los 137.000 euros, y solo se dio un plazo para la presentación de ofertas de 15 días, vulnerando presuntamente el precepto que fija que «no podrá ser inferior a 52 días».
Para justificar «esa flagrante ilegalidad», el Ayuntamiento habría echado mano de una «argumentación torticera», consistente en declarar «de urgencia» el procedimiento.
«Podemos concluir -señala el fiscal-, sin riesgo alguno de equivocación, que el alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez; el arquitecto Martín Lejarraga; el letrado asesor del Ayuntamiento y los miembros del jurado del concurso se pusieron de acuerdo para inventarse un concurso de proyectos que ocultara, de forma grosera, la realidad de la ilegal contratación del señor Lejarraga, sin convocar concurso alguno y riéndose de los otros dos concursantes que, creyendo en la rectitud que se espera de los responsables políticos y funcionarios, hicieron el esfuerzo de presentar unos proyectos que desde el principio estaban descartados».
«No se respetó ni un precepto»
Por lo que se refiere a la convocatoria del concurso y a la adjudicación de las obras, el fiscal comienza su relato advirtiendo de que «tampoco se respetaron ni uno solo de los preceptos legales», demostrando «el absoluto desprecio que los miembros del Ayuntamiento querellados sentían por las disposiciones que rigen la contratación pública». De esta forma, tampoco se habría cumplido la norma que obliga a publicar la convocatoria con al menos 52 días en el Diario de la Comunidad Europea (se hizo con 13 días y solo en el BORM).
La adjudicación se otorgó a ECISA SA, por 5.659.597 euros, quien se impuso a Construcciones Villegas solo por el apartado económico, ya que ambas ofertas fueron puntuadas de manera idéntica. La Mesa de Contratación el Ayuntamiento solo dedicó 15 minutos a analizar la oferta, lo que lleva a López Bernal a ironizar con la «ardua deliberación» que supuso adjudicar una obra de casi 6 millones.
«Pero las irregularidades cometidas palidecerán con las que se cometerían en la fase de ejecución de las obras», avanza el fiscal. Así, sostiene que desde julio de 2008 a septiembre de 2009, se emitieron 17 certificaciones de obra infladas en un 38,04%, lo que llevó al Ayuntamiento a pagar dos millones más de los que se habían ejecutado. De tal forma que el 30 de abril de 2010 se había certificado el 100% del presupuesto y solo estaba construido el 61,96% del Auditorio.
Con el aparente fin de justificar esa situación, en abril de 2009 el arquitecto redactó un modificado del proyecto, aduciendo que había tenido que retranquear la obra. Y aunque ese retranqueo solo había supuesto construir 64 metros cuadrados menos, ese modificado -aprobado por la Junta de Gobierno en septiembre de 2010- habría servido para explicar que no se hubieran acometido obras comprometidas por valor de 2.278.421 euros. «El proyecto modificado de obra no era tal, sino un 'proyecto de 'no obra'», ironiza de nuevo el fiscal.
«Pero aún podían superarse los responsables municipales en su desmedido afán de beneficiar a la empresa constructora, en perjuicio del Consistorio y en definitiva de los ciudadanos de Puerto Lumbreras», afirma, pues además de estar las obras sin acabar en un 38% y pese a ello totalmente pagadas, todavía, «y sin ningún sonrojo», le devolvieron los avales que había presentado, por importe de 2,2 millones.
Más todavía, también se le abonaron a ECISA otros 338.916 euros por el desvío de una línea eléctrica de la que, reseña López Bernal, nadie hasta ese instante había tenido conocimiento.
El «colofón de los despropósitos», como se califica en la querella, habría llegado el 20 de septiembre de 2011, cuando se firmó el Acta de Recepción de la obra, «con un desahogo legal que quedará para la historia de los disparates administrativos».
Entre los querellados se encuentra, además de Pedro Antonio Sánchez, el exdirector general de Promoción Cultural de la Consejería de Cultura, Antonio Martínez López, por no haber controlado supuestamente el destino otorgado a la subvención de seis millones que concedió su departamento.
http://www.laverdad.es/murcia/201502/26/fiscal-sostiene-auditorio-pago-20150226012137-v.html
Nora el Jue Nov 24, 2016 8:41 pm
El presidente regional reitera su confianza en los tribunales ya que siempre «me han dado la razón»
JULIÁN MOLLEJO | MURCIA. 24 noviembre 2016 08:20
El informe del fiscal de Delitos Urbanísticos en favor de la imputación del presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, en el 'caso Auditorio' desató ayer la crítica unánime de los partidos de la oposición, mientras el afectado reiteraba su confianza en que todo se aclare cuanto antes y pedía cautela para evitar juicios en paralelo. «Nadie tiene que juzgar antes que la Justicia», declaró el jefe del Ejecutivo autónomo, a quien sus cuentas ante los tribunales pueden pasarle factura en las importantes negociaciones sobre los presupuestos de 2017 que debe de afrontar con la oposición.
Sánchez fue parco en palabras y reiteró su confianza en los tribunales, cuando fue abordado por los periodistas en Molina de Segura, donde asistió a un homenaje al recientemente fallecido presidente del Sindicato Central de Regantes, José Manuel Claver. «Si creemos en la democracia, en el estado de derecho y en la separación de poderes, el gran homenaje que tenemos que hacerle a la Justicia es dejarla trabajar, facilitarle las cosas y confiar en que todo se aclare cuanto antes».
El jefe del Ejecutivo señala que, «en quince ocasiones, los tribunales me han dado la razón»
Sobre si pensaba ir a declarar una vez conocida la decisión del fiscal, respondió que él ya lo había hecho, «antes incluso de que se lo pidieran los juzgados y luego dijeran que era nula mi declaración porque no procedía en ese momento. Por lo tanto, yo siempre, siempre, siempre he ido a declarar para aclarar las cosas, y siempre, en quince ocasiones, la Justicia me ha dado la razón, y en esas quince ocasiones siempre ha sido a raíz de denuncias del PSOE, al igual que en este caso», concluyó.
http://www.laverdad.es/murcia/201611/24/pedro-antonio-sanchez-nadie-20161124022628-v.html
Baladre el Sáb Dic 03, 2016 9:12 pm
La juez investiga el 'uso paralelo' que se le dio a los seis millones de la subvención
En octubre de 2008, cuando apenas se habían iniciado las obras, el Ayuntamiento había destinado 2,7 millones de la ayuda pública a fines desconocidos
RICARDO FERNÁNDEZ | MURCIA 3 diciembre 2016 00:46
Una vecina de Puerto Lumbreras pasa frente al edificio del Auditorio, en febrero de 2015. / Paco Alonso / AGM
El 27 de febrero de 2007, la Consejería de Cultura ingresó tres millones de euros de la subvención para construir el Auditorio en una cuenta a nombre del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. Y apenas diez meses después, cuando todavía no se habían iniciado las obras, ese dinero de las ayudas públicas ya había 'desaparecido' y el entonces alcalde, Pedro Antonio Sánchez, se veía obligado a solicitar de la Consejería que le adelantara los otros tres millones restantes de la subvención.
Entre agosto y octubre de 2008, el Consistorio hizo los primeros pagos relacionados con la construcción de ese proyecto, por un importe global de unos tres millones de euros, pero para esa fecha en la cuenta donde se ingresó la subvención el saldo era de solo 337.141 euros.
Así lo relata la magistrada Consuelo Andreo en un auto por el que ordena abrir una Pieza Separada del 'caso Auditorio', en la que investigará precisamente cuál fue el destino que se le dieron a esos casi tres millones de euros, durante los 18 meses en que el Consistorio lumbrerense tuvo el dinero a su disposición sin haberse iniciado las obras.
La magistrada afirma en su resolución que existen «fuertes indicios de que los fondos provenientes de la subvención cambiaron de destino o aplicación, desconociéndose cuáles fueron esos usos», y advierte de que el dinero de una ayuda pública tiene un destino finalista, son «fondos afectados» que no pueden tener un uso distinto a aquél para el que se otorgaron.
De tal forma que afirma que «es necesario acreditar si los fondos dispuestos y destinados a esos pagos ajenos a la ejecución de las obras del Auditorio lo fueron a aplicaciones públicas o privadas, y quién autorizó esas disposiciones en su caso». Estos hechos presentan, de manera indiciaria, la apariencia de delitos de malversación de caudales públicos y/o fraude a la Administración Pública, refiere la juez Andreo, quien ahora se centrará en llevar adelante esa investigación.
Una prueba bastante evidente de que esos fondos de la subvención pudieron ser destinados a otros fines entre diciembre de 2006 y agosto de 2008 -un periodo en el que se celebraron las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2007- estriba en que solo las tres primeras certificaciones de obra se pagaron con cargo a la cuenta en la que se ingresó la ayuda de la Consejería de Cultura. El resto de las certificaciones de obra del Auditorio se cargaron a otras tres cuentas bancarias diferentes del Ayuntamiento.
Además, relata la juez que cuando llegó el momento de intentar justificar el destino que se le había dado a la subvención, «el alcalde interesó que se incluyeran gastos que no estaban previstos en el proyecto ejecutado, como los honorarios del arquitecto Martín Lejarraga y los de seguridad y salud contratados con la empresa M2. Estando el Teatro Auditorio sin concluir, lo lógico es que se hubiera destinado hasta la última cantidad de la subvención al mismo», advierte la magistrada.
Y concluye que «el hecho de que se intentara la justificación de la subvención con cantidades que en un principio estaba previsto que se satisficieran con otros fondos, unido al retraso evidente en el pago de las certificaciones, demuestra que las cantidades destinadas al Auditorio se habían dedicado a otras finalidades».
El curso de esta nueva investigación no debe tener, en principio, efecto alguno sobre la tramitación del resto de la causa, que la juez Andreo remitió ayer al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con el propósito de que los magistrados de esa sala actúen penalmente contra Pedro Antonio Sánchez.
http://www.laverdad.es/murcia/201612/03/juez-investiga-paralelo-seis-20161203004652-v.html
Nora el Vie Dic 09, 2016 8:31 pm
JOAQUÍN GARCÍA CRUZ | MURCIA @chimolv 9 diciembre 2016 08:37
http://www.laverdad.es/murcia/201612/09/bala-20161209003242-v.html#comments
Baladre el Vie Dic 23, 2016 3:18 am
La juez tumba un recurso de Sánchez e insiste en abrir otra pieza del 'Auditorio'
La defensa del presidente busca que las diligencias no se remitan al TSJ antes de que la investigación se cierre por completo en el juzgado de Lorca
RICARDO FERNÁNDEZ | MURCIA 22 diciembre 2016 12:13
Pedro Antonio Sánchez, presidente del Gobierno regional y exalcalde de Puerto Lumbreras, presentó el pasado día 2 un recurso de reforma en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, con el objetivo de intentar evitar que se abra una nueva pieza separada del 'caso Auditorio', en la que se debe investigar el supuesto 'uso paralelo' que se dio a una subvención pública de seis millones de euros para levantar el Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras.
La juez instructora, Consuelo Andreo, rechazó ayer los argumentos legales esgrimidos por Francisco Martínez-Escribano, letrado del presidente regional, y ha desestimado el recurso. Esta resolución sitúa las diligencias mucho más cerca del TSJ, ya que la juez insiste en su convicción de que no es necesario agotar la investigación antes de elevar el asunto al alto tribunal murciano y que la parte que queda por esclarecer, relativa al desconocido uso que durante meses se dio a ese dinero, bien puede hacerse al margen de la pieza principal.
Este recurso de la defensa, cuya presentación no había trascendido, se dirigía contra el auto del pasado 29 de noviembre, por el que la instructora decidió abrir la mencionada pieza separada para conocer las razones por las que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras se gastó tres millones de la subvención en 2007, antes de llegar incluso a iniciarse las obras. Algo que obligó a Sánchez a pedir a la Consejería de Cultura un adelanto del segundo pago de la ayuda pública, por importe de otros tres millones.
En octubre de 2008, cuando el Consistorio ya había realizado los primeros pagos vinculados a la construcción del Teatro-Auditorio, de los seis millones solo quedaban 337.141 euros en la cuenta del banco.
La magistrada Consuelo Andreo, que en el auto de 29 de noviembre pasado relataba con todo detalle tales circunstancias, tomó la determinación de investigar al margen de la pieza principal cuál fue el destino que se le dieron a esos casi tres millones de euros, durante los 18 meses en que el Consistorio lumbrerense tuvo el dinero a su disposición sin haberse iniciado las obras.
Y una vez adoptada la decisión de abrir esa pieza separada, envió una exposición razonada a la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con el propósito de que procediera a investigar al aforado Sánchez por presuntos delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude y falsedad documental.
Con su reciente recurso, el abogado de Sánchez pretendía evitar que se abriera esa pieza separada y, consecuentemente, forzar a que la investigación se agote en el juzgado de Lorca, lo cual aparentemente cerraría el camino de las diligencias del 'caso Auditorio' hacia el TSJ. Con ello se impediría, al menos durante unos meses, que el presidente murciano se sitúe a las puertas de una posible imputación. Para tratar de lograrlo, la defensa realizó toda una serie de consideraciones, que parecen tener escasa relación con el fondo del asunto que se va a investigar en esa pieza separada: el presunto 'uso paralelo' que se dio a esos tres millones de euros durante un año y medio.
Así, sostenía el abogado que el edificio del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras fue recepcionado, pero que ello no implicaba que se hubiera efectuado la liquidación final. De esta forma, la obra estaría pendiente tal liquidación, por lo que no sería posible mantener que el Ayuntamiento lumbrerense la asumió en septiembre de 2011 pese a que estaba sin acabar y necesitaba todavía de una inversión de 2,2 millones.
Igualmente se ha venido afirmando por parte de la representación procesal de Sánchez que si el edificio no se concluyó totalmente, pese a haberse agotado la subvención de seis millones, se debió a que tuvo que realizarse un proyecto modificado, como consecuencia de la necesidad de retranquear la obra unos metros por la existencia de un vial.
Pues bien, la magistrada sostiene en su auto, que tiene fecha de ayer mismo, que la técnico administrativo general del Consistorio lumbrerense, Caridad García Vidal, certificó en su día que «dicha modificación, de carácter meramente técnico, no supuso variación del precio de adjudicación». Y por lo que se refiere al distingo que efectúa la defensa de Sánchez entre recepción y liquidación de la obra, la juez le otorga la razón a priori, aunque solo para confirmar que efectivamente no es lo mismo una cosa que la otra.
De manera que, a continuación, deja constancia de que «en las actuaciones existe por un lado un acta de recepción de obra, de 20 de septiembre de 2011, y por otro la certificación final liquidatoria, sin que se hayan confundido ambas actuaciones». Con lo cual viene a afirmar que no puede la defensa del presidente aducir que tal liquidación sigue pendiente.
En base a todos esos argumentos rechaza el recurso y despeja el camino de esa causa hacia el TSJ.
Sin embargo, fuentes próximas al caso no descartan que desde la defensa del presidente murciano se pueda volver a alegar, ante la Sala de lo Civil y de lo Penal, que la investigación sobre el 'caso Auditorio' debe ser concluida en su totalidad antes de ser remitida al TSJ. Y todo ello con el propósito de conseguir que las diligencias emprendan el camino de retorno hacia Lorca, a la espera de que se cierren todos los flecos pendientes.
http://www.laverdad.es/murcia/201612/22/juez-tumba-recurso-sanchez-20161222015447-v.html

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 272
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 137
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