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Timestamp: 2018-10-18 19:27:44+00:00

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LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS COMO MANIFESTACIÓN CULTURAL. A PROPÓSITO DEL ANÁLISIS DE LA STC EN EL EXP. 042-2004-AI/TC (Parte II)
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VII	Sentencia del Tribunal Constitucional
Más de 5,000 ciudadanos 30 interpusieron proceso de inconstitucionalidad contra el artículo 54 del Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación Municipal (hoy Texto Único Ordenado aprobado por D.S. 156-2004-EF 31).
Es preciso subrayar que el proceso de inconstitucionalidad es contra el artículo 54 modificado por el Decreto Legislativo 952 (03.02.2004), y no contra el actual artículo 54, que ha sido modificado luego de la STC que nos ocupa, por la Ley 29168 (publicada el 20.12.2007 y vigente a partir del 01.01.2008), y que comentaremos más adelante. Hecha esta importante aclaración, seguimos con el desarrollo del trabajo:
En este sentido, resulta necesario citar el texto del artículo 54 de la LTM antes de su modificación por el Decreto Legislativo 952 arriba referido. El artículo establecía lo siguiente: ”Créase un Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos, que grava el monto que se abona por concepto de ingreso a espectáculos públicos no deportivos en locales o parques cerrados, con excepción de los espectáculos culturales debidamente autorizados por el Instituto Nacional de Cultura”.
Ahora bien, el texto del artículo 54 de la LTM modificado por el Decreto Legislativo 952 y sobre el cual se demanda la declaración de inconstitucionalidad es el siguiente: “El Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos grava el monto que se abona por concepto de ingreso a espectáculos públicos no deportivos en locales y parques cerrados con excepción de los espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, conciertos de música clásica, ópera, opereta, ballet, circo y folclore nacional, calificados como espectáculos públicos culturales por el Instituto Nacional de Cultura” 32.
7.2. Comentarios a los Fundamentos del Tribunal Constitucional
En relación al Estado social y democrático de Derecho, la Constitución cultural y los derechos culturales, el Tribunal Constitucional 33 en el fundamento 1 de la sentencia señala que:
Estas disposiciones constitucionales (haciendo referencia al artículo 1 -la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado-, artículo 2 inciso 19 –Toda persona tiene derecho: a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación-, y al artículo 21 de la Constitución de 1993), junto con la dignidad humana –como premisa antropológica-, constituye la dimensión principal del contenido cultural de nuestra Constitución, es decir, el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social; el cual abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias.
En el primer caso, la Constitución (artículo 2, inciso 19) alude al patrimonio cultural inmaterial; en el supuesto del artículo 21, hace referencia, como es evidente, al patrimonio cultural material. Para el caso concreto, es pertinente señalar que el patrimonio cultural inmaterial son aquellos usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural.
Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad, y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.
Ello se explica por cuanto la Constitución de 1993 ha adoptado un modelo de Estado social y democrático de Derecho y no por un Estado liberal de Derecho.
El enfoque social de la persona humana se condice con el hecho que, en el Estado peruano, los ciudadanos pertenecen a una sociedad que es heterogénea tanto en sus costumbres como en sus manifestaciones culturales. Por ello, la Constitución de 1993 ha reconocido a la persona humana como miembro de un Estado multicultural y poliétnico.
Por su parte, en el fundamento 2 agrega que:
El hecho que la Constitución de 1993 reconozca el derecho fundamental de las personas a su identidad étnica y cultural, así como la pluralidad de las mismas, supone que el Estado social y democrático de Derecho está en la obligación de respetar, reafirmar y promover aquellas costumbres y manifestaciones culturales que forman parte de esa diversidad y pluralismo cultural, pero siempre que ellas se realicen dentro del marco de respeto a los derechos fundamentales, los principios constitucionales y los valores superiores que la Constitución incorpora, tales como la dignidad de la persona humana (artículo 1), la forma democrática de Gobierno (artículo 43) y la economía social de mercado (artículo 58).
Este reconocimiento del elemento cultural que está en su contenido, permite señalar que la Constitución “no se limita sólo a ser un conjunto de textos jurídicos o un mero compendio de reglas normativas, sino la expresión de un cierto grado de desarrollo cultural, un medio de autorrepresentación propia de todo un pueblo, espejo de su legado cultural y fundamento de sus esperanzas y deseos”.
Sobre lo señalado por el TC, coincidimos en que en el Perú existe una sociedad heterogénea en relación a sus costumbres, con identidades culturales diversas. En tal sentido, todas estas diferentes manifestaciones culturales deben ser respetadas por el Estado, pero el reconocer estas diferentes culturas también nos lleva a afirmar que la existencia de diferencias culturales, contiene un elemento común, que identifica a todas las culturas, que es la necesidad de reconocer y proteger la dignidad de la persona humana 34.
El TC agrega que:
Ahora bien, esta perspectiva social que la Constitución otorga a la persona humana, permite, por otro lado, afirmar que la Constitución no sólo es ratio, sino también emotio. Esto quiere decir que, si bien las Constituciones democráticas han presupuesto personas racionales y dispuestas a hacer armonizar sus legítimos intereses con los de los demás, no podemos negar esa dimensión emocional o “irracional” que es también inherente a su naturaleza. Es precisamente en atención a esta dimensión emocional que la Constitución reconoce las diversas manifestaciones culturales que realizan las personas ya sea individualmente o como miembros de una comunidad más amplia y diversa culturalmente.
En efecto, la Constitución (artículo 1), al reconocer que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, capta al ser humano no sólo como ser “racional”, sino también aprehende la conditio humana desde el lado emocional o “irracional”.
En el fundamento 3, el Tribunal Constitucional precisa que:
Por otro lado, este Colegiado entiende que es en la emotio donde se debe poner en relieve la tolerancia como valor superior y principio rector de un sistema democrático, en la medida que “el poder ejercido por la mayoría debe distinguirse de todo otro en que no sólo presupone lógicamente una oposición, sino que la reconoce como legítima desde el punto de vista político, e incluso la protege, creando instituciones que garantizan un mínimo de posibilidades de existencia y acción a distintos grupos religiosos, nacionales o económicos, aun cuando solo estén constituidos por una minoría de personas; o, en realidad, precisamente por constituir grupos minoritarios”.
Más aún, en una sociedad tan heterogénea y plural como la nuestra –integrada por una cultura autóctona y originaria, y por una cultura mestiza o criolla–, es necesario que se reconozcan determinados valores democráticos y culturales que deben ser compartidos por todos, sin que ello implique un desconocimiento de la idiosincrasia de cada comunidad. Se requiere, pues, establecer la unidad dentro de la diversidad y el pluralismo.
De ahí que sea posible señalar que la multiculturalidad del Estado peruano, no debe significar un lastre para lograr la identidad nacional, sino un desafío constitucional en la medida que se debe tener en consideración el valor de la diversidad cultural. En efecto, se puede señalar que “la diversidad cultural es valiosa, tanto en el sentido cuasiestético de que crea un mundo más interesante, como porque otras culturas poseen modelos alternativos de organización social que puede resultar útil adaptar a nuevas circunstancias”.
Es importante destacar que el TC ha señalado que cuando la Constitución de 1993 reconoce el derecho fundamental de las personas a su identidad étnica y cultural, así como la pluralidad de las mismas, supone que el Estado está en la obligación de respetar, reafirmar y promover aquellas costumbres y manifestaciones culturales que forman parte de esa diversidad y pluralismo cultural, pero en la medida en que estas manifestaciones culturales se realicen dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales, los principios constitucionales y los valores superiores que la Constitución incorpora. Esto significa a nuestro entender que si estas manifestaciones no se realizan dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales, el Estado no se encuentra en la obligación de respetarlas, ni reafirmarlas ni promoverlas, el cual parece ser el temperamento del TC en relación a los espectáculos taurinos.
De otro lado, en relación a los Deberes del Estado social y democrático de Derecho con la Constitución cultural, el TC señala en el fundamento 4 que:
“A criterio de este Tribunal, la promoción de la cultura también constituye un deber primordial del Estado social y democrático de Derecho, establecidos en el artículo 44 de la Constitución. De ahí que el deber que asume el Estado, en relación con la Constitución cultural, se manifiesta en tres aspectos: en primer lugar, el Estado debe respetar, por mandato constitucional, todas aquellas manifestaciones culturales de los individuos o de grupos de ellos que constituyan la expresión de su derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica (artículo 2, inciso 8 de la Constitución).
En segundo lugar, el Estado tiene la obligación de promover todos aquellos actos que atiendan al interés general, a desarrollar un conjunto de conocimientos que permitan el desarrollo del juicio crítico y de las artes, así como a la integración y fortalecimiento de las manifestaciones que contribuyen a la identidad cultural de la Nación.
En tercer lugar, el Estado asume también el deber de no promover aquellos actos o actividades que pudiendo ser manifestaciones culturales o encubiertos por lo “cultural” –como las actividades o fiestas que inciten al consumo de drogas, fomenten la violencia, realicen actos antinaturales o crueles contra los animales, causen un grave daño al medio ambiente, lleven a cabo la caza furtiva de especies en peligro de extinción– pongan en cuestión, por un lado, derechos fundamentales como el derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida (artículo 2, inciso 22 de la Constitución)”.
En el párrafo anterior, el TC está tomando posición en relación a los espectáculos taurinos (aunque no se refiera solamente a este tipo de espectáculo). Como sabemos hay grupos de personas que consideran a los espectáculos taurinos un arte, y por lo general asisten a ellos, de otro lado, tenemos a las personas que condenan la llamada tauromaquia, entre muchas otras razones porque señalan que no se justifica la violencia ni la crueldad contra los animales, por más tradición o costumbre, y nosotros diremos aún se trate de una manifestación cultural, producto de nuestra tradición.
No debemos olvidar que pese a las diferencias culturales, tal como hemos indicado anteriormente, hay un elemento común que identifica a todas las culturas: la necesidad de reconocer y proteger la dignidad de la persona humana 35. En este orden de ideas, consideramos que las tradiciones constituyen costumbres que deben mantenerse en la medida en que enriquezcan ética y moralmente a los seres humanos, en la medida en que no afecten su dignidad. En el caso de los festejos taurinos parecería que estamos ante una manifestación cultural, y como bien señala el TC 36:
“no existe ningún argumento racional que justifique el que el ser humano someta a torturas, tratos crueles, o dé muerte innecesariamente, a los animales; más aún, si dichos actos se realizan por diversión en espectáculos públicos. Tal actitud es contraria con la ética y contra la dignidad y la naturaleza racional y emotiva del propio ser humano, pues el respeto a los animales por parte de toda persona halla su fundamento también en el respeto mutuo que se deben los hombres entre sí”.
Prosigue el TC, señalando en el fundamento 4 que:
Ello porque la Constitución obliga al Estado, por un lado, a promover el uso sostenible de los recursos naturales (artículo 67); y, de otro, la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas (artículo 68). Lo cual no obsta para señalar que también es deber del Estado velar para que el aprovechamiento de dichos recursos se realice mediante el trato adecuado de las especies animales y vegetales de acuerdo con estándares acordes con las formas de vida pacífica y armónica con la naturaleza.
De ahí que el Estado social y democrático de Derecho, no sólo debe promover y respetar los valores culturales de la Nación, sino que también debe proscribir, desalentar o sancionar aquellos actos que supongan una violación de los derechos fundamentales o cuestionen valores superiores como la igualdad, la tolerancia, el pluralismo y la democracia, o los que pretendan subvertir el orden constitucional. De hecho, así procedió, tempranamente, el Estado peruano al abolir, mediante Ley, el juego de gallos a inicios de la República, estableciendo que
“La moral del Gobierno, y la prosperidad pública se interesan en que infatigablemente se ataque, y persiga la pasión más destructora de las costumbres, y del reposo doméstico. Nada importaría hacer la guerra á los españoles, si no la hiciésemos también á los vicios de su reinado: salgan de nuestro suelo los tiranos, y salgan con ellos sus crímenes, quedándonos sólo la virtud de la constancia que han acreditado siempre, para emplearla contra ellos, así como ellos la han empleado contra nosotros; (…)”.
En ese sentido, el Estado se reserva el derecho a no promover prácticas que no contribuyan al desarrollo de una calidad de vida digna, lo cual se sostiene en una relación armónica con la naturaleza que alberga tanto al ser humano como a las especies animales y vegetales con los cuales convive.
Sobre el párrafo anterior, en el cual el TC nos relata como el Estado peruano a inicios de la República (Ley de 16.02.1822) abolió el juego de gallos, nos preguntamos, a qué se debe que el Estado peruano en esa misma época o luego de ella no haya abolido las ferias taurinas.
Como podemos apreciar de la norma que refiere el TC (hemos ido a la fuente) se señala exactamente lo que indica el TC, pero consideremos que ese mismo día (16.02.1822) el Estado prohibió el juego de carnavales e indicó lo siguiente: “1.- Queda prohibida como contraria a la dignidad y al decoro del pueblo ilustrado de Lima, la bárbara costumbre de arrojar agua en los días de carnaval, junto con los demás juegos impropios, que se usaban en ellos; 2.- Los infractores serán arrestados en el acto y conducidos a la cárcel por un mes…”.
Así, estos espectáculos (pelea de gallos y juego con agua o carnavales) fueron en su momento criticados por la sociedad; luego de lo cual, el Estado decidió prohibirlos (aunque como todos sabemos, el juego con agua y la pelea de gallos prosiguen y son legales). Sin embargo, el caso de las corridas de toros resultó distinto, no sólo por el espectáculo mismo sino por ser un espacio de discusiones públicas y políticas desde el siglo XIX, cuando los espectadores pertenecian a sectores acomodados, luego se fue afianzando en el pueblo (sectores no acomodados), hasta que fueron internalizados como propios de su cultura.
Esto no significa que estemos defendiendo los juegos con agua o las peleas de gallos, sino que sería conveniente se interprete el decir del Estado en ese momento, tanto los carnavales como los juegos de gallos se prohibieron, esto representaba de alguna manera el temperamento del Estado de esa época en relación a determinadas costumbres.
De otro lado, recordemos que el 02 de enero de 1822 se aprobó la ley que consideraba al juego un delito y estableció penas para los propietarios de las casas donde se permitían estos juegos, por considerarlo un delito que ataca la moral pública y arruina las familias. Cabe mencionar que las penas privativas de la libertad se dieron tanto para los propietarios de las casas donde se jugaba, como para aquellas personas que fueran sorprendidas jugando o se demostrase que jugaban.
Sobre esto mismo, sería interesante saber si el TC considera que con la ley que abolió el juego de carnavales se ha obrado de la misma forma que cuando se abolió el juego de gallos (leyes publicadas el mismo día), porque si estaría de acuerdo con esto, a decir del Tribunal los juegos de carnavales también deberían ser proscritos o sancionados (tal como lo decretó el legislador) porque son actos que suponen una violación de los derechos fundamentales.
En nuestro país, no se han dado normas que limiten o restringan los espectáculos taurinos. De la búsqueda que hemos realizado, entre 1822 a 1904, hemos encontrado tres leyes, la primera, Ley de 23.10.1849, mediante la cual se asigna para el fomento de las escuelas (instrucción pública) de Chiquian, el producto recaudado por las lidias de toros que se realizaban en Chiquian; la segunda, la Ley de 04.12.1849, por la cual se autoriza la venta de carne de los toros que murieran en la fiesta taurina, y la tercera, la Ley aprobada el 16.03.1857, disponiendo que la lidia de toros en la Plaza de Acho se rija por lo estipulado en el contrato de arrendamiento de la plaza, aquí se señaló lo siguiente: “En vista de una consulta hecha por el Arzobispo para que no se permita lidiar toros en la plaza de Acho los domingos y días festivos, ha resuelto, S.E. El Libertador lo que sigue: Atendiendo a que la lidia de toros se hace en la plaza de Acho, por una empresa particular que ha tomado esa localidad, mediante un contrato de arrendamiento, celebrado en pública subasta, con las formalidades de ley y bajo la correspondiente escritura, a que no se ha señalado días festivos para esos espectáculos…. Declarase: Que en el particular, sobre que versa la presente consulta del Arzobispo con respecto a los juegos de toros en la plaza de Acho, se esté al contrato celebrado por escritura pública el 23.10.1855”.
Finalmente, es importe recordar que no se ha emitido Ley alguna en la cual se prohíba las ferias de toros, por el contrario se les ha exonerado del Impuesto General a las Ventas 37. Sigue leyendo →
Esta entrada se publicó en Derecho Tributario y está etiquetada con Derecho Constitucional, Espectáculos Taurinos, IEPND, Tribunal Constitucional, Tributación Municipal en 18 marzo, 2008 por ROBLES MORENO, CARMEN DEL PILAR.
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References: artículo 54
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