Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24171
Timestamp: 2020-02-25 03:48:54+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 179/2014
SENTENCIA 179/2014, de 3 de noviembre
ECLI:ES:TC:2014:179
En el recurso de amparo núm. 1877-2013, promovido por don Hossain El Morabit, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Paloma Izquierdo Labrada y asistido por el Letrado don José Antonio Jiménez Jiménez, contra el auto de 4 de marzo de 2013 dictado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en rollo de apelación 1-12, seguido contra la Sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de las Palmas recaída en proceso de Tribunal de Jurado 1-2011, por el que se desestima el recurso de revisión interpuesto contra el Decreto del Secretario judicial de fecha 22 de enero de 2013. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan José González Rivas, quien expresa el parecer del Tribunal.
En el fundamento jurídico segundo se basa la decisión en lo dispuesto en el art. 846 bis d) párrafo 3 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim), en cuanto estipula que si el apelante principal no se personare o manifestara su renuncia al recurso, se devolverán por el Secretario Judicial los autos a la Audiencia Provincial que declarará firme la Sentencia y procederá a su ejecución, indicando que “[e]n el presente caso, el apelante no ha presentado su escrito de personación dentro del plazo de diez días fijado por ley, por lo que procede declarar desierto el recurso interpuesto y devolver los autos a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, para que previa declaración de firmeza de la sentencia recaída, se proceda a su ejecución, adjuntándose testimonio de la presente resolución.”
Aduce que la interpretación realizada es contraria al principio pro actione, puesto que el defecto en la personación es exclusivamente imputable a la postulación designada por tumo de oficio, y que la misma se produjo antes de dictarse el decreto declarando desierto el recurso. Asimismo, resulta desproporcionada la denegación al acceso al recurso interpuesto por el defecto o error de cálculo en la personación de su Procurador, máxime si se tiene en cuenta que ello supone denegar al demandante su derecho a recurrir una Sentencia que le condena por los delitos de asesinato, violación, robo con violencia, hurto de uso de vehículo a motor y falta continuada de estafa en grado de tentativa, entre otras penas a la suma de cuarenta y un años de prisión, por el retraso en un solo día en la personación de la postulación.
El Fiscal alega que existe un serio obstáculo a atribuir la vulneración al órgano judicial como derivada inmediata y directamente de la decisión judicial por cuanto resulta de alta intensidad la contribución al resultado producido de la negligencia cometida por parte de la representación y asistencia técnica del recurrente. Por tanto, en el caso subyacente, la “carga de actuar tempestivamente” no ha sido satisfecha ni cumplimentada por una conducta exclusivamente atribuible a la representación y/o defensa técnica de la parte, y que la misma sea de oficio —aspecto en el que insiste la demanda— o de elección nada puede añadir o restar a tal hecho. En consecuencia, el Juez actuó sobre la base de una causa legal que le amparaba y lo hizo de modo razonable y con la flexibilidad que le permite el ordenamiento, por lo que ninguna vulneración le es reprochable.
Por tanto, el recurso de amparo plantea la cuestión relativa al alcance del deber del órgano jurisdiccional de velar porque la asistencia de oficio en procesos penales sea efectiva, entendiendo el concepto de “asistencia” como comprensivo de la representación y defensa del acusado.
En orden al encuadramiento de la queja, tratándose de la inadmisión de un recurso de apelación, el derecho vulnerado sería el de acceso a los recursos, y no el de acceso a la jurisdicción que se desarrolla argumentalmente en la demanda. Ello no es óbice a que el Tribunal resuelva el debate constitucional en sus propios términos, al quedar delimitado el contenido de la lesión, pues hemos reiterado que “no se exige tanto que la invocación del derecho supuestamente vulnerado haya de llevarse a cabo mediante la concreta identificación del precepto constitucional donde se proclama, ni tampoco mencionando su nomen iuris, cuanto que se acote suficientemente el contenido del derecho constitucional violado, permitiendo así un pronunciamiento del Tribunal sobre la infracción aducida” (SSTC 92/2006, de 27 de marzo, FJ 2, y 57/2010, de 4 de octubre, FJ 9). En este caso, la cuestión queda perfectamente delimitada, situando la vulneración denunciada en el ámbito del derecho de acceso a los recursos, estando asimismo en juego la garantía de defensa y la de doble instancia penal puesto que, aunque no hayan sido invocadas formalmente en la demanda, resultan materialmente alegadas en el contenido del escrito.
3. Delimitado así el objeto de amparo, resulta oportuno recordar que, según doctrina constante de este Tribunal, el “derecho a la asistencia” en sentido amplio, incluyendo representación y defensa jurídicas, “tiene por finalidad asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción, que imponen a los órganos judiciales el deber positivo de evitar desequilibrios entre la respectiva posición procesal de las partes y precaver limitaciones en la defensa que puedan generar la indefensión prohibida por el art. 24.1 CE” (STC 160/2009, de 29 de junio, FJ 4). En la misma Sentencia hemos definido el contenido de la indefensión con relevancia constitucional afirmando que, para que alcance tal relevancia, “es necesario que la indefensión alegada sea imputable a actos u omisiones de los órganos judiciales y que tenga su origen inmediato y directo en tales actos u omisiones; esto es, que sea causada por la incorrecta actuación del órgano jurisdiccional, estando excluida del ámbito protector del art. 24 CE la indefensión debida a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de la parte o de los profesionales que la representen o defiendan (entre otras muchas, SSTC 101/1989, de 5 de junio, FJ 5; 237/2001, de 18 de diciembre, FJ 5; 109/2002, de 6 de mayo, FJ 2; 87/2003, de 19 de mayo, FJ 5; y STC 5/2004, de 16 de enero, FJ 6)” (FJ 4).
El deber de los órganos judiciales de velar por evitar la indefensión del justiciable se proyecta especialmente en el proceso penal, en los casos en que la dirección y representación se realiza mediante la designación de oficio, no bastando para tutelar el derecho de defensa la designación de los correspondientes profesionales, sino que la realización efectiva de este derecho requiere, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus Sentencias de 9 de octubre de 1979 (caso Airey), 13 de mayo de 1990 (caso Ártico) y 25 de abril de 1983 (caso Pakelli), proporcionar asistencia letrada real y operativa, expresando que debe garantizarse al demandante una verdadera “asistencia” y no el simple “nombramiento” de un abogado, garantía que comprende la del derecho de acceso al recurso [SSTEDH 17 julio 2007 (caso Bobek) y 5 julio 2012 (caso Szubert), entre otras].
2º Restablecerlo en su derecho, acordando la nulidad del decreto de la Sra. Secretaria judicial de fecha 22 de enero de 2013 y del Auto de 4 de marzo de 2013 dictado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en rollo de apelación 1-2012.
3º Retrotraer las actuaciones al momento anterior a haberse dictado el referido Decreto, para que se dicte una nueva resolución procesal respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 1877-2013
Fecha de resolución 03/11/2014
Promovido por don Hossain El Morabit respecto de las resoluciones de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que declararon desierto su recurso de apelación frente a la Sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de las Palmas, recaída en proceso de Tribunal de Jurado.
El recurrente en amparo fue condenado por la Audiencia Provincial de las Palmas en proceso de Tribunal de Jurado. El recurso de apelación fue declarado desierto por haberse personado extemporáneamente la representación del condenado, un día después de finalizar el plazo.
Se otorga el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, en su vertiente de acceso al recurso. La Sentencia declara que la decisión de inadmisión adoptada por el órgano judicial es contraria a su deber positivo de velar por la efectividad de la defensa del acusado y resulta excesivamente formalista atendidas las circunstancias del caso. En concreto valora que, aunque hubo una falta de diligencia por parte de la representación procesal de oficio que se personó extemporáneamente, la inadmisión se decretó sin considerar el quantum de la condena en relación con la garantía de doble instancia; la voluntad exteriorizada de interponer el recurso por parte del condenado y de su defensa; la inexistencia de indicio alguno de falta de diligencia del interesado y de su abogada defensora; y la efectiva personación anterior al dictado de la resolución de inadmisión.
La inadmisión de la apelación ha vulnerado el derecho a la tutela judicial sin indefensión del recurrente, en su vertiente de acceso al recurso, pues el órgano jurisdiccional no veló por la efectividad de la asistencia del acusado, puesto que si bien la personación de la representación procesal fue extemporánea, no tomó en consideración el quantum de la condena en relación con la garantía de doble instancia, la voluntad exteriorizada de interponer el recurso, la inexistencia de indicio de falta de diligencia del interesado y de su abogada defensora, y la efectiva personación anterior al dictado de la invocada resolución [FJ 4].
El derecho a la asistencia en sentido amplio, incluyendo representación y defensa jurídicas, tiene por finalidad asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción, que imponen a los órganos judiciales el deber positivo de evitar desequilibrios entre la respectiva posición procesal de las partes y precaver limitaciones en la defensa que puedan generar la indefensión prohibida por el art. 24.1 CE (STC 160/2009) [FJ 3].
El deber de los órganos judiciales de velar por evitar la indefensión del justiciable se proyecta especialmente en el proceso penal, en los casos en que la dirección y representación se realiza mediante la designación de oficio, no bastando para tutelar el derecho de defensa la designación de los correspondientes profesionales, sino que la realización efectiva de este derecho requiere proporcionar asistencia letrada real y operativa (SSTEDH casos Airey, de 9 de octubre de 1979, Szubert, 5 julio 2012) [FJ 3].
No se exige tanto que la invocación del derecho supuestamente vulnerado haya de llevarse a cabo mediante la concreta identificación del precepto constitucional donde se proclama, ni tampoco mencionando su nomen iuris, cuanto que se acote suficientemente el contenido del derecho constitucional violado, permitiendo así un pronunciamiento del Tribunal sobre la infracción aducida (SSTC 92/2006, 57/2010) [FJ 2].
Artículo 846 bis d), f. 4
Artículo 846 bis d) párrafo 2, f. 2
Artículo 846 bis d) párrafo 3, f. 2
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 17 de julio de 2007 (Bobek c. Polonia)
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 5 de julio de 2012 (Szubert c. Polonia)
Deber judicial de evitar la indefensiónDeber judicial de evitar la indefensión, ff. 3, 4
Derecho al recurso penalDerecho al recurso penal, Vulnerado, ff. 3, 4
Doble instancia penalDoble instancia penal, ff. 3, 4
Falta de diligencia procesalFalta de diligencia procesal, ff. 3, 4
Inadmisión de recurso de apelación penalInadmisión de recurso de apelación penal, ff. 3, 4
Inadmisión improcedenteInadmisión improcedente, ff. 3, 4
Personación extemporáneaPersonación extemporánea, ff. 3, 4

References: resolución 
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Artículo 846

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