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Timestamp: 2017-07-21 16:46:12+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 565/2017 Corte Suprema de Justicia
Fuente: Página web del la Corte Suprema de Justicia: http://www.csj.gov.py/jurisprudencia/cache/fbe9fb568ff1e6ddcbefaed783a95ef5.pdf
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 565/17
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: “PIRAY S.A. C/ LA ESMERALDA S.A. S/ DESLINDE Y OTROS”. AÑO: 2015 - N° 1002.
En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los siete días del mes de junio del año dos diecisiete estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores ANTONIO FRETES, GLADYS BAREIRO DE MÓDICA y MIRYAM PEÑA CANDIA, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: “PIRAY S.A. C/ LA ESMERALDA S.A. DESLINDE Y OTROS”, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el Abogado Enrique Javier Avalos Chávez, en representación de la firma Piray Sociedad Anónima. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: CUESTION: ¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?. A la cuestión planteada el Doctor FRETES dijo: El abogado Enrique Javier Avalos Chávez, en representación de la firma Piray Sociedad Anónima, promueve acción de inconstitucionalidad contra el A.I. N° 223 de fecha 27 de julio de 2015, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Concepción. Por el A.I. N° 223 de fecha 27 de julio de 2015 el Tribunal resolvió tener por desistido el recurso de nulidad, revocar, con costas, el interlocutorio apelado. El recurrente señala que el cuestionamiento se encuentra relacionado con la transgresión del derecho de la defensa enjuicio plasmada en el art. 16 de la Constitución Nacional. Afirma que privar a su parte de poder producir la prueba vulnera el debido proceso. En este sentido, evidencia que el voto expuesto por el Dr. Cabañas en el fallo impugnado que al estar por la amplitud de la prueba, se cumple la Constitución Nacional, se garantiza el debido proceso y el libre ejercicio de la defensa. Alega que el criterio restrictivo expuesto en el voto mayoritario del fallo priva a su parte de probar su derecho, demostrando su interés en primar la forma mermando la razón y la equidad, configurándose así el exceso ritual manifiesto. Explica que su parte no busca la revisión del fallo impugnado sino que pretende que prime la Constitución que se encuentra vulnerada por un fallo que trasluce un ritualismo inadmisible que impide demostrar que su adversa se apropió de las tierras de su cliente. Aduce que su parte ofreció en tiempo la prueba, pidió y reclamo la producción de la prueba. Afirma que los plazos se extendieron por causas ajenas a su participación procesal. Agrega que gracias al fenómeno del Niño que trae como consecuencia inundaciones en el país, las tierras bajas en la zona de Alto Paraguay se encuentren bajo agua, como las en disputa. Por ello, continúa diciendo que el juzgado no pudo practicar la prueba de inspección por las inundaciones de la región. Por ello, concluye que la diligencia no se realizó por una imposibilidad real no atribuible a su gestión sino a hechos naturales. Por estas consideraciones, peticiona hacer lugar la acción interpuesta. Por su parte, el Agente Fiscal adjunto contesta la vista corrídale refiriendo, la parte accionante solo ha atacado el fallo del tribunal de alzada y no el de la instancia originaria, incumpliendo lo previsto en el art. 557 de Cód. Proc. Civ. En atención a la irregularidad apuntada, considera que la acción debe ser rechazada.
El accionante pretende la nulidad del fallo de segunda instancia sustentada en la arbitrariedad normativa e incongruencia en la motivación de la sentencia impugnada. En primer término, debemos recordar que la acción de inconstitucionalidad tiene por meta principal asegurar la supremacía de la Constitución Nacional. Por tanto; constituye la última ratio para operativizar derechos inalienables o bien, para remediar situaciones que pudieran implicar algún menoscabo a aquellos derechos constitucionalmente consagrados. De modo alguno significa la apertura de una vía de revisión. Constituye así, una instancia extraordinaria, de excepción; y no un medio habitual de solución de conflictos. Del análisis de las constancias de autos, es advertible que la resolución impugnada fue dictada en el marco de las funciones constitucionalmente consagradas a la magistratura competente, sin que impliquen un menoscabo ni un sesgo a las garantías consagradas al justiciable. En efecto, las conclusiones arribadas por los juzgadores resultan de un examen razonado de los extremos fácticos que fueran subsumidos en el marco de las normativas legales aplicables al caso en cuestión. Por tanto, ellas no constituyen ninguna transgresión a principios o a derechos de rango constitucional. Sabido es que reemplazar la interpretación que los juzgadores competentes realizaran en el presente juicio, tendría por efecto el de proceder a un nuevo estudio del fondo de la cuestión suscitada, lo que equivaldría a constituirnos en una indebida tercera instancia. En consecuencia, no cabe sino desestimar la acción incoada. El perdidoso debe cargar con las costas devengadas en esta instancia, de conformidad con lo dispuesto en el art. 192 del Cód. Proc. Civ. A su turno la Doctora PEÑA CANDIA dijo: Se presenta ante esta Corte, Sala Constitucional, el Abg. Enrique Javier Avalos Chávez, en nombre y representación de la firma Piray Sociedad Anónima, a promover acción de inconstitucionalidad contra el Auto Interlocutorio N.° 223 de fecha 27 de julio de 2015, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Concepción. Sostiene el accionante que se ha violado el derecho de la defensa en juicio al prescindirse de la prueba decisiva. Al respecto refiere: “(...) el fallo impugnado, que amputa el derecho de mi parte a demostrar la verdad de la situación; sólo pido que mantengan vigente la Constitución, que no hagan de la Carta Magna letra muerta, permitiendo que por un ritualismo inadmisible mi parte se quede sin poder demostrar que la adversa se apropió de tierras de mi clientes o pretende desconocer la posesión dominial que reclama, según el caso(...)”. El Fiscal Adjunto, abogado Roberto Zacarías Recalde, conforme al Dictamen Fiscal N.° 315, de fecha 13 de marzo de 2017, recomienda rechazar la presente acción de inconstitucionalidad. Para el efecto, señaló que: “(...) al analizar las actuaciones rendidas en la causa, se observa que si bien la actora formuló urgimiento de realización de las pruebas pendientes, el mismo lo hizo ya luego de vencido el periodo de pruebas previsto por nuestro ordenamiento de forma, no demostrando con ello la debida diligencia exigida por las normativas vigentes en la materia. En tales condiciones, no cabe sostener la existencia de arbitrariedad en el fallo cuestionado, ello es así en razón de que los juzgadores intervinientes han adoptado su decisión basándose en las constancias obrantes en los autos principales, habiendo fallado conforme a su leal saber y entender, dentro del contexto normativo vigente y esbozando fundamentos jurídicos coherentes y razonables para avalar su decisión". Antes de examinar y dar respuesta a las razones aducidas por el accionante en defensa de su tesis, bueno será recordar los antecedentes del caso: 1. En fecha 12 de diciembre de 2013, el Abg. Enrique Avalos Chávez, en nombre y representación de la firma Piray S.A. promueve juicio de deslinde con la acumulación de las acciones de reivindicación y usucapión. Pro providencia de fecha 20 de diciembre de 2013, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Penal, de la Niñez y de la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Alto Paraguay, dispone la apertura del procedo de conocimiento ordinario para tramitar dicho juicio. 2. Por Auto Interl0cutorio N.° 84/2015, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Primer Turno de la Circunscripción Judicial de Concepción resolvió hacer lugar a la suspensión del término para alegrar solicitado por el Abg. Enrique J. Avalos Chávez, entendiendo al respecto que: “(...) el Juzgado por diligencias pendientes hasta la fecha no pudo designar al perito tercero, llamando “Autos para Resolver’’ en fecha 03 de noviembre de 2014.... si bien la conducta procesal desplegada por la parte accionante en esta instancia fue distendida, sin embargo no se le puede imputar negligencia pues el Juzgado en forma involuntaria ha dejado transcurrir el plazo de pruebas sin librar el oficio requerido para la Corte Suprema de Justicia(...)”. 3. Por Auto Interlocutorio N.° 223/2015, el Tribunal de Apelación de la Circunscripción Judicial de Concepción revocar el auto interlocutorio impugnado, sosteniendo en mayoría que no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 266 y el artículo 267 del Código Procesal Civil, pues no ha demostrado diligencia el representante legal de la firma Piray S.A. en la producción de la prueba en el plazo ordinario concedido.
Me adelanto en sostener que la presente acción de inconstitucionalidad debe prosperar, pues de la atenta lectura de la resolución impugnada se observa en ella violaciones a principios y derechos de jerarquía constitucional. De previo conviene recordar que los juicios de deslinde consisten en establecer en los inmuebles objeto de la litis hasta donde va el derecho de cada uno de los colindantes. Ese objeto se realiza mediante la aplicación de conocimientos técnicos alcanzados únicamente mediante la prueba pericial. En este sentido debe destacarse que el rol que desempeña el perito constituye una pieza fundamental en la decisión del magistrado. Si bien la ley le otorga la juez la facultad de apreciar el dictamen pericial y apartarse de sus conclusiones, esta no es una facultad absolutamente discrecional. No es posible, en consecuencia, desechar sin más la prueba pericial, y su consiguiente conclusión que se funda en procedimientos rigurosamente técnicos salvo que exista la declaración de nulidad de las actuaciones por él realizadas, dentro del estadio procesal correspondiente. De previo, debemos aclarar que en el presente juicio no se ha producido el trabajo técnico de mensura, ni por parte de los peritos designados por las partes ni por parte del perito tercero designado por el Juzgado. Entrando a la cuestión planteada por el accionante, tenemos como eje de discusión la imposibilidad de producción de la prueba pericial por parte del Perito tercero designado por el Juzgado, al ser revocada la resolución de dicho Juzgado que admitía el incidente de suspensión de término para alegar solicitado por el aquí accionante. Al respecto, del extracto de la resolución impugnada podemos notar que el Magistrado Ruíz Aguilar, en un contrasentido ha sostenido que la prueba técnica pericial resulta importante para la decisión pero que, al haber el A-quo dejado transcurrir el plazo de prueba sin producción, lo haga posteriormente conforme a sus facultades ordenatorias e instructorias dispuestas por el artículo 18 del Código Procesal Civil. Por su parte, el Magistrado Jara Sanchéz sostiene que el urgimiento presentado por el representante legal de la firma Piray Sociedad Anónima se dio una vez concluido el plazo de prueba ordinario, no resultando conveniente y por lógica consecuencia ineficaz. Ahora bien, como vimos el objeto del juicio de deslinde consiste en la delimitación de linderos de una finca o heredad con determinación y señalización de los mismos. Para lograr dicho objetivo se requiere indefectiblemente de conocimientos técnicos alcanzados únicamente mediante la prueba pericial. Con este simple razonamiento podemos notar que los juzgadores ordinarios han arribado a un fallo arbitrario al soslayar prueba pertinente, dejando de lado prueba trascendental a más da la falta de fundamentación del fallo aquí impugnado, fuente de justificación de las sentencias; lo que permite arribar al fallo caprichoso, por mera voluntad del juzgador. Pues, han restringido el conocimiento al limitar la producción de la prueba pericial del Perito tercero designado por el Juzgado, sin brindar fundamentos que justifique su prescindencia, ignorando sus efectos, no obstante habiendo sido reiterada por la parte actora. Versada jurisprudencia entiende, al respecto, que: "La sentencia impugnada que omite el análisis razonado de pruebas conducentes para la correcta solución de la litis con grave lesión del derecho de defensa de los apelantes, debe descalificarse como acto judicial, en la medida en que ello pone de manifiesto que media relación directa e inmediata entre lo decidido y las garantías constitucionales que se dicen vulneradas”*1. Por otra parte, de la transcripción del fallo podemos notar los obstáculos excesivos o irrazonables para la producción de la prueba crucial, imponiendo los miembros obstáculos excesivos y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente persiguen los artículos 266 y 267 del Código Procesal Civil. En este punto no podemos dejar de lado el principio antiformalista, en cuanto refiere a los obstáculos que impidan injustificadamente un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, como lo es la prohibición de producción de prueba trascendental por la sola forma. De igual modo, como ya hemos apuntado en otros fallos, debemos recordar que los requisitos formales no son valores autónomos con sustantividad propia, sino que sólo sirve en cuanto son instrumentos dirigidos a lograr la finalidad legítima de establecer las garantías necesarias para los litigantes. Así lo ha entendido también el Doctrinario Bertolonio, al sostener - entre los fundamentos de la figura del exceso ritual manifiesto como causa de la sentencia arbitraria - que una renuncia consciente a la verdad es incompatible con el adecuado servicio de la justicia. En consecuencia, los juzgadores debieron procurar, antes que rechazar la suspensión del término para alegar, la subsanación o reparación del defecto si así lo consideraron, preservando la integridad objetiva del procedimiento de forma que, si no se apreciare que el supuesto defecto fuese susceptible de reparación sin daño para el proceso, procederá la subsanación del mismo. Contrariamente han optado por el ritualismo procesal, que en este caso, se configura como una causal de sentencia arbitraria. Todo lo dicho arriba a la arbitrariedad por omisión en la averiguación de los hechos, pues los magistrados - con lo resuelto - no han hecho otra cosa que prescindir de la producción de una prueba útil, conducente y necesaria, propuesta por una de las partes para el esclarecimiento de los hechos y la consecuente solución del pleito, produciéndose un verdadero estado de indefensión para ambas partes, esto último dado por la especialidad técnica de la prueba y el tipo de juicio de que trata. Por todo lo precedentemente expuesto, en atención a las disposiciones legales y constitucionales citadas, considero que corresponde hacer lugar la acción planteada contra el Auto Interlocutorio N.° 223 de fecha 27 de julio de 2015, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Concepción, procediendo al reenvío previsto en el artículo 560 del Código Procesal Civil. Es mi voto. A su turno la Doctora BAREIRO DE MÓDICA dijo: La firma PIRAY S.A., por medio de su representante el abogado Enrique Javier Avalos Chávez, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Acuerdo y Sentencia N° 223 de fecha 27 de julio de 2015, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral, y Penal de la Circunscripción Judicial de Concepción, que revoco con costas el A.I. N° 84 de fecha 18 de marzo de 2015, dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Primer Turno de Concepción, por el cual se hizo lugar a la suspensión del termino para alegar y se otorgó el plazo extraordinario de pruebas por el termino de *1CS - 2/7/1991 - "Lanati, Marta N. y otros c/ Dirección Nac. de Vialidad - L.L. 1992-A, 201, con nota de Jorge Bustamante Alsina.
días a lo efectos de producir la probanza requerida por la parte actora, designándose al Lic. Carlos D. Mieres como perito tercero. Alega la parte accionante la violación del derecho a la Defensa en juicio, y el debido proceso establecidos en la Constitución Nacional. Sostiene como fundamento de su pretensión que (...) el criterio restrictivo con que los miembros Ruiz y Jara Sánchez resolvieron la cuestión, privando a su parte probar su Derecho, demostrando su interés para no buscar la razón y perderse en la forma. Agrega y solicita además que se mantenga vigente la Constitución, que no hagan de la Carta Magna letra muerta, permitiendo que por un ritualismo inadmisible su parte se quede sin poder demostrar que la adversa se apropió de las tierras de su cliente o se pretende desconocer la posesión dominial que reclama. Corrido traslado, el Cesar Núñez Alarcón, en representación de la Empresa “Esmeralda S.A.”, solicitó el rechazo de la acción, con costas en razón de que a su parecer, en ningún párrafo, línea o región del escrito de promoción de la acción, el recurrente individualiza o, al menos, cita en forma clara o precisa , cual es la norma constitucional violentada o la garantía de rango constitucional incumplida, soslayada o menoscabada; circunstancia ineludible para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad ( sic).- El Fiscal Adjunto, Abog. Roberto Zacarías Recalde, se expidió en los términos del Dictamen N° 315 del 13 de marzo de 2.017, señalando que corresponde que el rechazo a la Acción de Inconstitucionalidad planteada ya que no se advierten violación de principios, derechos ni garantías constitucionales. Que, visto los autos principales agregados a esta acción, se puede constatar que existen irregularidades de tipo procesal que efectivamente afectan el derecho de la firma recurrente. Que, obrante a Fs. 224/225 y vlto, por Auto Interlocutorio N° 84/2015, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Primer Turno resolvió: Hacer lugar a la suspensión del termino para alegar solicitado por el abogado Enrique Javier Avalos Sánchez, otorgar el plazo extraordinario de pruebas por el termino de 20 días a efecto de producir la probanza requerida por la parte actora; designar al Licenciado Carlos Demetrio Mieres Domínguez como Perito Tercero, acorde a lo resuelto en la parte analítica. Por A.I. N° 223/2015, el Tribunal de Apelación de la Circunscripción Judicial de Concepción resuelve revocar con costas el auto interlocutorio recurrido en base a la conducta negligente de la A-quo, ya que nada impedía a la misma en el uso de sus facultades según el art 18 del C.P.C. resuelva la producción de las pruebas, objeto de la presente discusión. Que, se puede señalar que en este juicio no se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 266 y 267 del C.P.C., es decir no se ha practicado correspondientemente la producción de la prueba por ninguna de las partes, que es en este caso el trabajo técnico de mensura y que consecuentemente resulta una diligencia procesal ineludible tratándose de un juicio de deslinde, que busca distinguir y obtener con certeza los límites de la propiedad en discusión. Se desata así esta controversia, ante la imposibilidad de la prueba pericial por parte del Lic. Carlos Demetrio Mieres, al ser revocada la resolución, que admitía el incidente de suspensión de termino para alegar solicitado por el accionante. Esta, es una clara violación a normas procesales, que incide evidentemente en contra del debido proceso, y que afecta; señalando un poco más, al derecho de propiedad, y a la defensa en juicio; garantizados por la propia Constitución Nacional.
Que, corresponde hacer lugar la Inconstitucionalidad del Auto Interlocutorio N° 223 de fecha 27 de julio de 2015, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Concepción, procediendo al reenvió según lo dispuesto en el art. 560 del C.P.C. En cuanto a las costas, dadas las características peculiares de la presente acción, considero que deben ser impuestas en el orden causado. Es mi voto. Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:
Asunción, 07 de Junio de 2.017.
VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
HACER LUGAR a la acción de inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la nulidad del A.I. N° 223 de fecha 27 de julio de 2015, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Concepción. REMITIR estos autos al Tribunal que sigue en orden de turno para su nuevo juzgamiento, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 560 del C.P.C. ANOTAR, registrar y notificar. Miryam Peña Candia. Ministra
Gladys Bareiro de Módica. Ministra
Abog. Julio C. Pavón Martinez. Secretario (mc)

References: resolución 
 artículo 266
 artículo 267
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 18
 artículo 560