Source: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-1250
Timestamp: 2019-06-17 00:38:51+00:00

Document:
BOE.es - Documento BOE-A-2012-1250
Documento BOE-A-2012-1250
Ley 14/2011, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de Cooperativas de Galicia.
«BOE» núm. 23, de 27 de enero de 2012, páginas 6997 a 7042 (46 págs.)
BOE-A-2012-1250
https://www.boe.es/eli/es-ga/l/2011/12/16/14
La Comunidad Autónoma de Galicia asumió la competencia exclusiva en materia de cooperativas en virtud de la transferencia efectuada por la Ley orgánica 16/1995, de 27 de diciembre, ampliando la recogida en el artículo 28.7 del Estatuto de Autonomía de Galicia.
La Constitución Española, en el artículo 129.2, encomienda a los poderes públicos la promoción de las diferentes formas de participación en la empresa y el fomento, mediante una legislación adecuada, de las sociedades cooperativas, y el Estatuto de autonomía de Galicia reconoce en el artículo 55.3 la potestad de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer uso de las facultades previstas en el apartado 1 del artículo 130 de la Constitución, en atención a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos, los cuales pueden dinamizarse mediante el fomento de las sociedades cooperativas, a través de su propia legislación.
Partiendo, pues, de la competencia exclusiva en materia de sociedades cooperativas, nació la primera Ley de Cooperativas de Galicia, Ley 5/1998, de 18 de diciembre, que facilitó el marco legal adecuado para el desarrollo económico y empresarial de las cooperativas y ha contribuido, de manera notable, a la implantación y dinamización de estas sociedades en nuestra Comunidad Autónoma.
La Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de Cooperativas de Galicia, demostró su solidez, subrayándose la aplicabilidad y adaptación de las sociedades cooperativas a la misma, de una forma notable. Durante este periodo el texto legal ha sido objeto de dos modificaciones puntuales: la primera, a través de la Ley 14/2004, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Régimen Administrativo; y la segunda, mediante la Ley 18/2008, de 29 de diciembre, de Vivienda de Galicia.
Las sociedades cooperativas gallegas, aun padeciendo las difíciles situaciones en que nos encontramos –evidentemente no exclusivas de esta figura societaria–, han acreditado su potencialidad, a través de una cada vez mayor profesionalidad en la gestión de las mismas y los procesos de concentración, que las han dotado de una mayor dimensión y posibilidades de consolidación y desarrollo, así como del compromiso e implantación, con carácter de permanencia, con el territorio en que están ubicadas, es decir, con Galicia.
La Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de Cooperativas de Galicia, pretendió facilitar todos estos procesos dotando a estas sociedades de aquellos instrumentos legales que pudieran acompañarlas en la consecución de sus objetivos, pero también es cierto que han transcurrido trece años desde su aprobación y entrada en vigor y que en el transcurso de este tiempo ha variado la situación socioeconómica que fue tenida en cuenta en el momento de su elaboración.
En estos años, las cooperativas han ido adaptándose –y precisarán adaptación– a las nuevas realidades sociales, económicas y legales, de manera que se exige, igualmente, la evolución de los textos normativos que las regulan, haciendo así necesaria la presente modificación, siempre procurando atender a las singularidades que son propias del cooperativismo gallego y sin perder de vista los principios cooperativistas establecidos por la Alianza Cooperativa Internacional.
La modificación de la Ley profundiza en la autonomía de estas sociedades para llevar a cabo la autorregulación por sus propios estatutos sociales, configurando con libertad el modelo organizativo y socioeconómico que estimen más favorable para la consecución y desarrollo de sus objetivos, dentro de un marco legal estable y flexible, clarificando, además, la regulación en determinados aspectos que lo requerían.
Al mismo tiempo, se da respuesta, si bien de aplicación voluntaria, a la problemática y exigencias derivadas de la inevitable aplicación a las sociedades cooperativas de los nuevos criterios contables vigentes en nuestro ordenamiento jurídico por obra de las disposiciones al respecto de la Unión Europea y de las Normas internacionales de contabilidad, y muy especialmente, en relación con las cooperativas, de la número 32 (NIC 32), que considera al capital social cooperativo como un recurso ajeno si el mismo fuera incondicionalmente reembolsable a la persona socia con motivo de su baja.
También se ha tenido en cuenta la disposición adicional tercera de la Ley 2/2007, de 28 de marzo, de trabajo en igualdad de las mujeres de Galicia, revisando el lenguaje utilizado en la redacción de aquellos artículos que se modifican, en aplicación de lo dispuesto en la presente Ley, posibilitándose mediante disposición adicional la refundición de textos en el futuro, al objeto de armonizar la norma en su conjunto a los mismos parámetros.
Es preciso destacar la confluencia de voluntades que motivan la presente modificación normativa y que se han manifestado expresamente por los integrantes del Consejo Gallego de Cooperativas, particularmente por las asociaciones representativas del cooperativismo y por la Xunta de Galicia, y que se ha concretado en la participación activa y decidida de este órgano en el proceso de elaboración de la norma.
Las principales modificaciones introducidas a lo largo del articulado son las siguientes:
Tras la aprobación de la Ley estatal, se hacía necesario modificar el ámbito de aplicación de la Ley de cooperativas de Galicia, indicándose que lo será para todas aquellas cooperativas que realicen su actividad cooperativizada principal dentro del ámbito territorial de Galicia.
Se reduce con carácter general a tres las personas socias necesarias para constituir e integrar una cooperativa de primer grado, con la finalidad de estimular y fomentar la creación de sociedades de esta naturaleza.
Conviene destacar la regulación de la baja de la persona socia en la cooperativa, con el objetivo de dar una mayor claridad a la misma, estableciendo como bajas injustificadas los supuestos de incumplimiento de los plazos de preaviso o el plazo de permanencia mínimo fijado en los estatutos sociales de la sociedad, con los efectos inherentes a dicha calificación, que se destacan en el propio artículo modificado, todo ello sin detrimento del principio de puertas abiertas, pero ofreciendo mayor seguridad y estabilidad al proyecto socioeconómico cooperativo.
Igualmente, se dispone para las cooperativas de trabajo asociado y para las personas socias de trabajo que, en el supuesto de pérdida definitiva de las condiciones para ser socia en la cooperativa, la baja operará automáticamente e igualmente automático será su cese si ostentase algún cargo en los órganos sociales de la sociedad.
Como no podía ser menos, la reforma introduce las necesarias previsiones en materia de protección de datos de carácter personal, de manera que, en el ejercicio del derecho de información de toda persona socia, quienes solicitasen el libre acceso a determinados libros sociales tendrán que suscribir un compromiso, y bajo su responsabilidad, de no utilizar la información obtenida en vulneración de la normativa vigente al respecto.
En cuanto a las asambleas, y dada la importancia capital de estas en la vida de las cooperativas, se pretendió con la modificación facilitar la convocatoria y la válida constitución de las mismas, proscribiendo la incorporación de asuntos del orden del día una vez convocada, y la constitución de la asamblea en segunda convocatoria con independencia de las personas socias presentes en dicho momento, si así lo estableciesen los estatutos sociales de la cooperativa.
Dada la experiencia de la aplicación del voto plural desde la entrada en vigor de la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de Cooperativas de Galicia, se mantiene el voto plural ponderado para aquellas cooperativas que así lo establezcan y regulen en sus estatutos sociales, si bien se reduce la mayoría necesaria para la adopción de esta modificación estatutaria, salvando el derecho de separación de la persona socia disconforme con dicho acuerdo, y se facilita el tránsito de la persona socia inactiva a la figura de persona socia excedente, estableciendo la mecánica del proceso, al objeto de ponderar adecuadamente el voto de estas personas ante una decisión de esta naturaleza, que incide fundamentalmente en aquellas personas socias más comprometidas y vinculadas con el proyecto cooperativo.
En orden a facilitar la gestión ordinaria con mayor profesionalidad, competitividad y agilidad de la cooperativa, se regula con mayor claridad y rigor la posibilidad de conferir apoderamientos generales o singulares a cualquier persona física con las facultades de representación, gestión y/o dirección referidas al giro y tráfico ordinario de la sociedad, que serán las otorgadas en la correspondiente escritura de poder.
En previsión de lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley 2/2007, de 28 de marzo, de trabajo en igualdad de las mujeres de Galicia, se establece que las sociedades cooperativas procurarán que en sus órganos sociales exista una representación equilibrada de mujeres y hombres en su composición. A tal objeto posibilitarán entre las personas socias la compatibilidad y conciliación de su ejercicio profesional pleno con las situaciones de maternidad y paternidad y los cuidados de menores y personas dependientes.
En relación con las incapacidades e incompatibilidades para ser miembro del órgano de administración, además de adaptarse a la modificación de la nueva Ley concursal, se mejora la regulación de las mismas para las cooperativas de segundo grado, disponiendo en la modificación que en este tipo de cooperativas sí podrán ser compatibles entre sí los cargos de miembros del consejo rector. Igualmente, se posibilita que pueda desempeñarse el cargo de miembro del consejo rector hasta en tres sociedades cooperativas como máximo.
Dada la experiencia de que se dispone en la actualidad, y las propias sugerencias del sector cooperativo gallego, y como novedad destacada de la modificación de la Ley de cooperativas de Galicia, la existencia del órgano de intervención tendrá naturaleza voluntaria para las cooperativas sujetas al ámbito de la misma.
En cuanto al régimen económico, y por obra de la aplicación en nuestro ordenamiento jurídico de las Normas internacionales de contabilidad, en particular la número 32 (NIC 32), y tal y como se explicó con anterioridad, se establece con carácter voluntario la posibilidad de diferenciar las aportaciones al capital social entre aquellas con derecho al reembolso a la persona socia en caso de que causase baja en la cooperativa, y aquellas otras cuyo reembolso, en el mismo supuesto de baja, pueda ser rechazado incondicionalmente por el órgano de administración, todo ello al objeto de reforzar patrimonialmente la sociedad en concordancia con lo dispuesto por las nuevas normas contables.
En cualquier caso, el acuerdo de adopción de estas posibilidades habrá de ser adoptado por la asamblea general por mayoría cualificada, pudiendo la persona socia disconforme con el acuerdo darse de baja con la calificación de justificada.
La aplicación de la nueva normativa contable a la Ley de Cooperativas implica la modificación de otros extremos que vienen detallados a lo largo del articulado al objeto de mantener la coherencia con las nuevas disposiciones y el espíritu que la informan, intentando equilibrar, también y en la medida de lo posible, los derechos e intereses legítimos de la persona socia que causase baja.
Siguiendo con el régimen económico, y en el artículo correspondiente al reembolso de aportaciones, se pretendió clarificar todo lo relacionado con el mismo con la intención de facilitar un mejor entendimiento de su aplicación, y tras contrastar de forma enriquecedora con el sector cooperativo su experiencia al respecto, se procedió a establecer que la liquidación de las aportaciones se hará según el valor nominal de las mismas según el balance de cierre del ejercicio en que se causase baja, con aclaración sobre a qué conceptos pueden aplicarse, en su caso, las deducciones que pudieran corresponder.
Se modifican los plazos para el reembolso de las aportaciones sociales a la persona socia en caso de baja, así como los intereses adeudados por el aplazamiento y plazo desde que empiezan a devengarse los mismos, una vez más con la intención clarificadora y simplificadora de la presente modificación.
Se regula la determinación del resultado del ejercicio, así como la distribución de excedentes, reduciendo, en línea con la mayor parte del derecho comparado autonómico y estatal, la dotación a los fondos obligatorios de un 30 a un 25% de los excedentes contabilizados para la determinación del resultado del ejercicio, una vez deducidas las pérdidas de ejercicios anteriores y antes de la consideración del impuesto de sociedades.
Se crea un Fondo de Reserva Voluntario de libre disposición, cuya naturaleza, aplicación y destino serán acordados por la asamblea general, pero que, en todo caso, responderá en primer término en el supuesto de imputación de pérdidas.
Para finalizar con el régimen económico, se amplían las posibilidades de aplicación y destino del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa, destacando, entre ellas, para actuaciones dirigidas a la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, fomento de la igualdad y fomento de la responsabilidad social, para proyectos e iniciativas de emprendimiento cooperativo generadores de empleo, singularmente en el ámbito de los servicios sociales, y para aportaciones destinadas a la financiación de proyectos cooperativos.
En consonancia con la práctica unanimidad del derecho comparado estatal y autonómico respecto a la materia relacionada con la transformación de cooperativas en otras sociedades, se modifica la regulación de la misma al objeto de facilitar la continuidad del proyecto empresarial. Con la finalidad señalada, solo los fondos legales y cualquier otro de naturaleza no repartible recibirán el destino establecido para el caso de disolución y liquidación de la cooperativa.
La regulación sobre disolución y liquidación de las cooperativas se modifica a fin de hacerla más ágil, simple y rápida. Es por ello que se posibilita que la liquidación pueda llevarse a cabo por el órgano de administración de la sociedad, salvo disposición en contra de los estatutos sociales o acuerdo en contrario de la asamblea general, reduciéndose a dos meses el plazo para entender aprobado definitivamente el balance final de liquidación, si no mediase impugnación, a contar desde las publicaciones preceptivas de dicho balance.
En las cooperativas de trabajo asociado, se pretende remarcar que la relación entre la persona socia y la cooperativa es esencialmente societaria, calificando el anticipo laboral como societario. Igualmente, se regula la figura de sucesión de empresa, cuando una cooperativa se subrogue en los derechos y obligaciones del anterior titular o, por el contrario, cuando una cooperativa de trabajo asociado cese en una contrata de servicios o concesión administrativa y un nuevo empresario o empresaria se hiciese cargo de ellas.
Se incide en esta clase de cooperativas en relación con el régimen de prestación de trabajo, al posibilitar la compatibilidad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral, adoptando igualmente medidas que favorezcan a las socias de las cooperativas víctimas de violencia de género, en cumplimento de las previsiones establecidas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.
En relación con el personal asalariado en el trabajo asociado, con la finalidad de flexibilizar la adaptación a las situaciones de mercado que coyunturalmente pudieran producirse, se incrementan los supuestos excluidos del cómputo a los efectos del límite legal impuesto para la contratación del personal trabajador por cuenta ajena, estableciendo, también, los casos y mecanismos en que puede incrementarse temporalmente el límite mencionado.
En la clase de cooperativas agrarias, al resultar un fenómeno centrado en esta figura, se establece la posibilidad de que aquellas personas socias que no desarrollasen la actividad cooperativizada fijada en los estatutos sociales pasen a la condición de personas socias excedentes, estableciendo los mecanismos y garantías del proceso.
Al mismo tiempo, con la finalidad de consolidar su proyecto empresarial para esta clase de cooperativas, se establece que podrán realizar operaciones cooperativizadas con personas no socias hasta el límite máximo del 50% de la facturación global del total de las realizadas por las personas socias.
En cooperativas de consumidores o consumidoras y usuarios o usuarias y en las de servicios, se incrementan los porcentajes para poder operar con terceras personas no socias con el objetivo de hacer viable el desarrollo de sus proyectos empresariales cooperativos.
En cuanto a las cooperativas de viviendas, en atención a las situaciones de mercado existentes, se permite que, una vez cubiertas las necesidades de la cooperativa y adjudicadas las viviendas a las personas socias, si quedaran viviendas restantes, pueden enajenarse a terceras personas, siempre que cumplan las condiciones exigidas para el tipo de promoción de que se trate, sin superar un cuarto del conjunto de esta.
Se exime en esta clase de cooperativas de la obligatoriedad de auditoría externa, en aquellos supuestos en que la actividad económica de la sociedad en el ejercicio de que se trate no sobrepasase ciertos límites, para evitar costes añadidos que pudieran resultar no suficientemente necesarios.
En las cooperativas de segundo grado, se regula la posibilidad de su transformación en cooperativas de primer grado, con el objetivo de propiciar la integración de las sociedades que la componen, una vez conocidas, por obra de su pertenencia a aquellas y el conocimiento y relación entre estas, las sinergias existentes, así como las potencialidades y ventajas del proceso.
Se mejora la regulación y el procedimiento relativo a la descalificación de las cooperativas, ajustándolo a la normativa específica en materia de infracciones y sanciones en el orden social y a las normas reguladoras del procedimiento administrativo común, con las salvedades inherentes contempladas en su regulación sustantiva. Por otra parte, se elimina el artículo referido a la intervención temporal de las cooperativas, dada la complejidad y escasa operatividad de la medida.
Se contempla y regula, como disposición adicional, la cooperativa sin ánimo de lucro, pudiendo ser calificadas como tales por parte de la Xunta de Galicia aquellas cooperativas que por su objeto, actividad y criterios económicos acrediten su función social, entendiéndose como tales las que tuvieran por objeto la mejora de la calidad y condiciones de vida de la persona, de forma individual y colectiva.
También se incluye, como disposición adicional, la cooperativa mixta de trabajo asociado, como cooperativa singular y excepcional en la que existen cooperativistas cuyo derecho de voto en la asamblea general puede determinarse, de manera exclusiva o preferente, en función del capital aportado en las condiciones establecidas estatutariamente, que estará representado por medio de títulos o anotaciones en cuenta y que se denominarán partes sociales con voto. Su objeto es coadyuvar a la captación de capital de terceros en los proyectos cooperativos, orientado a procurar un acceso efectivo del personal asalariado a la propiedad de los medios de producción.
Por último, se incorpora una nueva disposición adicional en relación con la disposición adicional tercera de la Ley 2/2007, de 28 de marzo, de trabajo en igualdad de las mujeres de Galicia, con el objetivo de fomentar la observancia del principio de igualdad entre hombres y mujeres.
El anteproyecto de ley fue sometido al preceptivo dictamen del Consejo Económico y Social.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el artículo 13.2 del Estatuto de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidencia, promulgo, en nombre del Rey, la Ley por la que se modifica la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de Cooperativas de Galicia.
Artículo único. Modificación de la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de Cooperativas de Galicia.
Igualmente, la presente Ley se aplicará a todas las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas que, con domicilio social en la Comunidad Autónoma de Galicia, desarrollen su objeto social principalmente en este ámbito territorial.»
«Artículo 7. Número mínimo de personas socias.
2. Las cooperativas de segundo grado estarán formadas como mínimo por dos sociedades cooperativas».
«Artículo 9. Secciones.
6. Las cooperativas con secciones vendrán obligadas a realizar en cada ejercicio económico auditoría externa de sus cuentas.»
Cuatro. El artículo 20 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 20. Baja de la persona socia.
Los acuerdos del órgano de administración sobre la calificación y efectos de la baja de la persona socia podrán ser impugnados ante la jurisdicción competente, pudiendo ser recurridos previamente ante el comité de recursos o, en su defecto, ante la asamblea general, en el plazo máximo de dos meses desde la notificación del acuerdo.»
Cinco. El artículo 21 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 21. Personas socias de trabajo.
5. Si los estatutos contemplasen un periodo de prueba para las personas socias de trabajo, este no procederá si la nueva persona socia llevase en la cooperativa, como trabajadora por cuenta ajena, como mínimo, el tiempo que corresponda a dicho periodo. Si procediese el periodo de prueba y se resolviese la relación por decisión unilateral de cualquiera de las partes, se entenderá renovada la relación jurídico-laboral en las condiciones existentes al inicio de aquél.
7. En caso de pérdida definitiva de los requisitos para ser persona socia en la cooperativa por parte de la persona socia, se estará a lo dispuesto en el artículo 20.4 de la presente Ley en cuanto a su baja obligatoria automática y al cese de los cargos que pudiera ostentar en la sociedad».
Seis. El artículo 23 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 23. Derecho de información.
En todo caso, la negativa del órgano de administración a facilitar la información solicitada por las personas socias podrá ser impugnada por las mismas de conformidad con la vía procedimental establecida en el artículo 40 de la presente Ley, las cuales, además, respecto a los supuestos establecidos en los apartados a), b) y c) de este artículo, podrán acudir al procedimiento previsto en el artículo 2166 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.»
Siete. El artículo 33 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 33. Convocatoria.
3. La asamblea general extraordinaria se reunirá en cualquier momento a iniciativa propia del órgano de administración, a petición del órgano de intervención o a petición de personas socias que representen al menos el 20% del total de votos sociales o 100 personas socias, efectuada por medio de un requerimiento fehaciente al órgano de administración que incluya el orden del día con los asuntos y propuestas a debate. Si la asamblea general no fuese convocada en el plazo de treinta días, a contar desde el recibo de la solicitud, cualquier persona socia podrá solicitar convocatoria judicial con arreglo a lo previsto en el número anterior.»
«Artículo 35. Constitución y funcionamiento de la asamblea.
En todo caso, cualquier persona socia podrá exigir la presencia de notario o notaria en la asamblea para dar fe de lo allí ocurrido, que no tendrá otra eficacia que la derivada del propio instrumento público, siendo satisfechos sus honorarios por quien hubiese requerido su presencia.»
«Artículo 36. Derecho de voto.
10. La representación conferida se entenderá revocada si la persona socia representada asistiese a la asamblea general para la que concedió la representación.»
Diez. El artículo 37 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 37. Adopción de acuerdos.
3. Los acuerdos adoptados por la asamblea general surtirán los efectos que les son propios desde el momento de su adopción.»
Once. El artículo 42 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 42. Ejercicio de la representación.
3. A excepción de las facultades que, por disposición legal o estatutaria, sean indelegables de los órganos sociales, el órgano de administración podrá conferir apoderamientos generales o singulares, así como proceder a su revocación, a cualquier persona física, cuyas facultades representativas, de gestión y/o dirección, referidas al giro y tráfico ordinario de la cooperativa, serán las otorgadas en la escritura pública de poder, que habrá de ser inscrita en el correspondiente registro de cooperativas. También habrá de inscribirse en dicho registro la escritura pública de revocación de los poderes otorgados.»
Doce. El artículo 43 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 43. Composición del consejo rector.
A tal objeto, se posibilitará entre los miembros de este órgano la compatibilidad y conciliación de su ejercicio profesional pleno con las situaciones de maternidad y paternidad y los cuidados de menores y personas dependientes.»
Trece. El artículo 44 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 44. Elección.
4. El nombramiento de los consejeros o consejeras surtirá efecto desde el momento de su aceptación, que se formalizará en los quince días siguientes a su designación, debiendo presentarse para su inscripción en el correspondiente registro de cooperativas dentro de los treinta días siguientes a la aceptación.»
Catorce. El artículo 48 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 48. Incapacidades e incompatibilidades.
4. El cargo de miembro del consejo rector no podrá desempeñarse simultáneamente en más de tres sociedades cooperativas de primer grado.»
Quince. El artículo 53 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 53. Del órgano de intervención: nombramiento y composición.
4. Será de aplicación a los interventores o interventoras, en cuanto fuese compatible, la regulación establecida para el consejo rector en la presente Ley, si bien la responsabilidad de los interventores o interventoras no tendrá el carácter de solidaria.»
Dieciséis. El artículo 54 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 54. Funciones del órgano de intervención.
3. Los miembros del órgano de intervención habrán de guardar secreto sobre los datos confidenciales a que tuvieran acceso en el ejercicio de su función interventora, salvo aquellos que faciliten a través de las vías establecidas legal y estatutariamente.»
Diecisiete. El artículo 56 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 56. Del comité de recursos: funciones y composición.
Los acuerdos del comité de recursos serán ejecutivos, y definitivos como expresión de la voluntad social, pudiendo ser recurridos por la vía procesal prevista en el artículo 40 de la presente Ley.»
Dieciocho. El artículo 58 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 58. Capital social.
7. El importe total de las aportaciones de cada cooperativista en las cooperativas de primer grado habrá de ser inferior al 50% del capital social.»
Diecinueve. El artículo 60 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 60. Intereses de las aportaciones obligatorias.
3. Si la asamblea general acordase devengar intereses para las aportaciones obligatorias al capital social o repartir retornos, las aportaciones contempladas en el artículo 58.1.b) de la presente Ley de las personas socias que hayan causado baja en la cooperativa y cuyo reembolso haya sido rechazado por el consejo rector tendrán preferencia para percibir dicha remuneración.»
Veinte. El artículo 61 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 61. Aportaciones voluntarias al capital social.
4. Si la asamblea general acordase devengar intereses para las aportaciones voluntarias al capital social o repartir retornos, las aportaciones contempladas en el artículo 58.1.b) de la presente Ley de las personas socias que hayan causado baja en la cooperativa y cuyo reembolso haya sido rechazado por el consejo rector tendrán preferencia para percibir dicha remuneración.»
Veintiuno. El artículo 64 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 64. Reembolso de las aportaciones.
7. En caso de ingresos de nuevas personas socias, las aportaciones al capital social de las mismas habrán de efectuarse mediante la adquisición de las aportaciones contempladas en el artículo 58.1.b) cuyo reembolso hubiese sido solicitado por baja de sus titulares. Esta adquisición se producirá por orden de antigüedad de las solicitudes de reembolso de este tipo de aportaciones y, en caso de solicitudes de igual fecha, la adquisición se distribuirá en proporción al importe de las aportaciones.»
Veintidós. El artículo 66 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 66. Determinación del resultado del ejercicio.
b) Los intereses adeudados y las remuneraciones por las aportaciones al capital social y por las prestaciones y financiación no integradas en el capital social, sea cual fuese la modalidad de aquéllas.
4. No obstante lo anterior, la cooperativa podrá optar en sus estatutos por la no contabilización separada de los resultados extracooperativos, con las consecuencias establecidas en la Ley estatal de cooperativas en este supuesto, no siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 8.4 de la presente Ley. En todo caso, se mantiene la obligación de dotar los fondos legales en los términos fijados en el artículo 67.1.a) de la presente Ley.»
Veintitrés. El artículo 67 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 67. Distribución de los excedentes. El retorno cooperativo.
En todo caso, los fondos de reserva voluntarios responderán en primer lugar en el supuesto de compensación de pérdidas, sin más limitación que la establecida por la asamblea general que acordase la imputación.»
Veinticuatro. El artículo 68 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 68. Fondos sociales obligatorios.
En todo caso, el importe del referido fondo que no se haya aplicado sin que transcurriese el plazo previsto en la letra b) precedente habrá de materializarse dentro del ejercicio económico siguiente a aquel en que se hubiese efectuado la dotación, en cuentas de ahorro o en títulos de deuda pública en los cuales los rendimientos financieros, en ambos supuestos, se aplicarán al mismo fin. Dichos títulos no podrán ser pignorados ni afectados a préstamos o cuentas de crédito.»
Veinticinco. El artículo 69 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 69. Imputación de pérdidas.
b) Con cargo a los retornos que pudieran corresponderle dentro de los siete años siguientes como máximo. Si quedasen pérdidas sin compensar, transcurrido dicho plazo, habrán de ser satisfechas por la persona socia en el plazo máximo de un mes a contar a partir del requerimiento expreso formulado por el órgano de administración.»
Veintiséis. El artículo 72 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 72. Documentación social.
4. No obstante lo anterior, será válida la realización de asientos y anotaciones por cualquier procedimiento idóneo, sobre hojas que después serán encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios, que serán presentados al registro para su legalización antes de que transcurriesen los cuatro meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio.»
Veintisiete. El artículo 73 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 73. Contabilidad.
3. El consejo rector presentará para su depósito en el registro de cooperativas competente, dentro del plazo de dos meses, a contar desde su aprobación por la asamblea general, las cuentas anuales, el informe de gestión y, si procediese, el informe del órgano de intervención o, en su caso, el informe de auditoría externa, así como la certificación acreditativa del número de cooperativistas.»
Veintiocho. El artículo 74 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 74. Modificación de estatutos.
2. El acuerdo sobre cambio de denominación, cambio de domicilio y modificación del objeto social o del capital social mínimo se anunciará en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia del domicilio social de la cooperativa y en el ‘‘Diario Oficial de Galicia’’ con carácter previo a su inscripción.
5. El cambio de domicilio social dentro del mismo término municipal no exigirá acuerdo de la asamblea general, pudiendo acordarse por el consejo rector, salvo disposición estatutaria en contra. La inscripción registral podrá practicarse en virtud de certificación del acuerdo con las firmas del secretario o secretaria y presidente o presidenta del consejo rector legitimadas notarialmente o autenticadas por el registro de cooperativas. Dicho acuerdo habrá de comunicarse formalmente a las personas socias y publicarse con arreglo a lo dispuesto en el número 2 de este artículo.»
Veintinueve. El artículo 84 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 84. Transformación de cooperativas en otras sociedades.
c) El acuerdo habrá de publicarse en el ‘‘Diario Oficial de Galicia’’ y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia donde radique el domicilio social de la cooperativa.
Las personas socias que, como consecuencia de la transformación, pasasen a responder personalmente de las deudas sociales responderán de igual forma de las deudas anteriores de la sociedad cooperativa.»
Treinta. El artículo 87 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 87. Eficacia de las causas de disolución.
3. El acuerdo de disolución o, en su caso, la resolución judicial se inscribirá en el registro de cooperativas competente, publicándose en el ‘‘Diario Oficial de Galicia’’ y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia del domicilio social de la cooperativa.
4. Cumplimentadas las formalidades legales sobre disolución de la sociedad, se abrirá el periodo de liquidación, salvo en los supuestos de fusión y escisión. Desde la adopción del acuerdo de disolución, la sociedad disuelta conservará su personalidad jurídica en tanto no se realizase la liquidación, debiendo añadir a su denominación los términos ‘‘en liquidación’’.»
Treinta y uno. El artículo 89 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 89. Proceso de liquidación.
Podrán percibir retribuciones por sus funciones, siempre que se acordase por la asamblea general, compensándoseles, en todo caso, los gastos que se les originasen.
5. Durante el periodo de liquidación se observarán las normas legales y estatutarias aplicables sobre régimen de las asambleas generales. Estas serán convocadas por los liquidadores o liquidadoras, que las presidirán y les darán cuenta de la marcha de la liquidación para que acuerden lo que conviniese al interés común.»
Treinta y dos. El artículo 90 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 90. Transmisión de funciones.
Además, si el órgano de administración fuese requerido, habrá de proporcionar la información y colaborar con el personal liquidador para la práctica de las operaciones de liquidación.»
Treinta y tres. El artículo 91 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 91. Funciones del órgano de liquidación.
Incumbe, además, al órgano de liquidación:
3. Los liquidadores o liquidadoras finalizan sus funciones una vez realizada la liquidación, por revocación acordada en asamblea general o por decisión judicial. Los liquidadores o liquidadoras responderán en los mismos términos establecidos para el órgano de administración.»
Treinta y cuatro. El artículo 93 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 93. Adjudicación del haber social.
4. En tanto no se reembolsasen las aportaciones contempladas en el artículo 58.1.b), los o las titulares que hayan causado baja y solicitado el reembolso participarán en la adjudicación del haber social una vez satisfecho el importe del Fondo de Educación y Promoción y antes del reintegro de las restantes aportaciones a las personas socias.»
Treinta y cinco. El artículo 94 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 94. Balance final de la liquidación.
4. Si fuese imposible la celebración de la asamblea general, los liquidadores o liquidadoras publicarán el balance final y el proyecto de distribución del activo, una vez censurados, en el ‘‘Diario Oficial de Galicia’’ y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia del domicilio social de la cooperativa.
Las cantidades no reclamadas o transferidas en el plazo de los tres meses siguientes a la fecha en que se iniciase el pago se consignarán en depósito en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma, a disposición de sus legítimos dueños.»
Treinta y seis. El artículo 96 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 96. Situaciones concursales.
A las sociedades cooperativas les resultará de aplicación la normativa mercantil sobre derecho concursal, debiendo inscribirse en el registro de cooperativas competente las resoluciones judiciales que constituyan, modifiquen o extingan las situaciones concursales que afecten a la cooperativa.»
Treinta y siete. El artículo 104 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 104. Sujetos, objeto y ámbito.
3. Los centros de trabajo en que se desarrolle habitualmente la actividad cooperativizada habrán de estar ubicados dentro del ámbito territorial de la cooperativa estatutariamente fijado, sin perjuicio de la existencia de personas socias minoritarias en otros centros de trabajo de carácter subordinado, auxiliar o instrumental ubicados fuera de dicho ámbito.»
Treinta y ocho. El artículo 105 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 105. Régimen económico.
2. El retorno cooperativo se percibirá en función del anticipo societario, salvo que los estatutos contemplasen otro criterio en razón a la actividad cooperativizada.»
Treinta y nueve. El artículo 107 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 107. Régimen de prestación de trabajo y sucesión de empresa.
2. Estatutariamente podrá establecerse para las nuevas personas socias un periodo de prueba no superior a seis meses.
9. Cuando una cooperativa de trabajo asociado cesase, por causas no imputables a ella, en una contrata de servicios o concesión administrativa y un nuevo empresario o empresaria se hiciese cargo de la misma, las personas socias trabajadoras tendrán los mismos derechos y deberes que les corresponderían, de acuerdo con la normativa vigente, como si hubieran prestado su trabajo en la cooperativa en la condición de trabajadores por cuenta ajena, con arreglo a la normativa estatal de aplicación.»
Cuarenta. El artículo 110 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 110. Personal trabajador asalariado.
4. El personal asalariado participará en los resultados de la cooperativa, cuando estos fuesen positivos, en la proporción que habrán de fijar los estatutos, que en ningún caso será inferior al 25% del retorno cooperativo reconocido a las personas socias de igual o equivalente categoría profesional.»
Cuarenta y uno. El artículo 111 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 111. Sujetos, objeto y ámbito.
9. En cualquier caso, la persona socia que perdiese los requisitos para serlo sin haber hecho uso de la posibilidad establecida en el artículo 28 de la presente Ley, y requerida de forma fehaciente por el órgano de administración poniéndola en conocimiento de su situación, sin que en el plazo de un mes desde que hubiera sido requerida se haya pronunciado al respecto, pasará de forma automática a la condición de cooperativista excedente, todo ello salvando su derecho a causar baja en cualquier momento.»
Cuarenta y dos. El artículo 112 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 112. Sujetos, objeto, ámbito y régimen de las personas socias.
9. En caso de pérdida definitiva de los requisitos para ser persona socia en la cooperativa, se estará al amparo del artículo 20.4 de la presente Ley en cuanto a su baja obligatoria automática y al cese de los cargos que pudiera ostentar en la sociedad.»
Cuarenta y tres. El artículo 114 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 114. Sujetos y objeto.
3. Podrán realizar actividades cooperativizadas con terceras personas no socias, dentro del ámbito territorial de la cooperativa, hasta el límite previsto en los estatutos sociales. Si los estatutos sociales no se pronunciasen al respecto, el límite se establece en un 50% de sus operaciones con las personas socias.»
Cuarenta y cuatro. El artículo 115 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 115. Sujetos, objeto y ámbito.
4. Las explotaciones de las personas socias habrán de estar ubicadas dentro del ámbito territorial de la cooperativa. En caso de profesionales o artistas, habrán de desarrollar su actividad habitual dentro del referido ámbito.»
Cuarenta y cinco. El artículo 120 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 120. Sujetos, objeto y ámbito.
5. Las cooperativas de viviendas tendrán derecho a la adquisición preferente de terrenos de gestión pública para el cumplimiento de sus fines específicos, sin perjuicio de cumplir lo establecido en la normativa sectorial de aplicación.»
Cuarenta y seis. El artículo 123 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 123. Auditoría externa.
Esta obligación legal subsistirá en tanto no se produjese la adjudicación, cesión o venta de las viviendas o locales.»
Cuarenta y siete. El artículo 130 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 130. Sujetos, objeto y ámbito.
10. Las cooperativas de segundo grado que estén conformadas exclusivamente por cooperativas de la misma clase podrán calificarse como cooperativa de segundo grado de la clase que corresponda a aquellas, con todos los efectos inherentes a ello, y, entre otros, que las operaciones de servicios y entregas con sus socios se valorarán al precio real de la liquidación.»
Cuarenta y ocho. El artículo 136 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 136. Composición.
1. El Consejo Gallego de Cooperativas estará integrado mayoritariamente por las entidades representativas de las cooperativas y, además, por representantes de la Xunta de Galicia, los ayuntamientos y las universidades de la Comunidad Autónoma, formando un órgano de carácter colegiado.
El número respectivo de representantes se determinará reglamentariamente. El número de representantes del cooperativismo no será inferior al resto de miembros que integran el consejo.
El presidente o presidenta del Consejo Gallego de Cooperativas será el consejero o consejera competente en materia de trabajo.
2. La representación de las cooperativas se realizará a través de las uniones, federaciones o confederaciones en que aquellas se integren, en función de la representación que tuvieran según los datos obrantes en el Registro Central de Cooperativas.
No obstante, las cooperativas de crédito que no alcanzasen el número suficiente para la constitución de una unión de las reguladas en la presente Ley, dado su especial objeto y finalidad así como su sujeción a la normativa específica, podrán contar con un o una representante en el consejo.
Uno o una de estos representantes ejercerá el cargo de vicepresidente o vicepresidenta.
3. La estructura, composición y funciones de los órganos del consejo, el sistema de elecciones y las atribuciones se determinarán reglamentariamente.
4. La composición y organización del Consejo Gallego de Cooperativas, así como las de sus órganos, se hará procurando alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en su composición total.»
Cuarenta y nueve. El artículo 139 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 139. Infracciones y sanciones.
1. Las sociedades cooperativas son sujetos responsables de las acciones y omisiones contrarias a la Ley y a los estatutos, con independencia de la responsabilidad de los miembros de sus órganos sociales en cuanto les sean imputables con carácter solidario o personal, bien de forma directa o porque pudiera venir exigida a través de derivación de responsabilidad.
2.1 Son infracciones muy graves:
a) Utilizar la sociedad cooperativa para encubrir finalidades ajenas a estas entidades, a la clase en que se encuadren o a su objeto social.
b) No someter las cuentas anuales a auditoría externa en los supuestos contemplados en las normas legales y en los estatutos.
d) Acreditar retornos cooperativos a quien no tenga la condición de persona socia, o por causas distintas a las actividades cooperativizadas realizadas por la persona socia.
g) Exceder los límites legales en la contratación de personal asalariado y en general superar los porcentajes máximos en las operaciones con terceras personas.
2.2 Son infracciones graves:
a) Transgredir los derechos de las personas socias y en particular en materia de información, como electoras y elegibles para los cargos de los órganos sociales, a participar con voz y voto en la asamblea general y en la actividad empresarial que desarrolla la cooperativa sin ninguna discriminación.
b) No convocar en tiempo y forma la asamblea general ordinaria y la asamblea general extraordinaria, cuando procediese.
c) No renovar o cubrir los cargos de los órganos sociales cuando correspondiese por imperativo legal o estatutario.
d) No depositar en el registro de cooperativas los documentos exigidos por la presente Ley y sus normas de desarrollo.
g) Transgredir los derechos del personal asalariado contemplados en la normativa cooperativa y en los estatutos sociales, así como incumplir las normas establecidas sobre participación de este personal en el consejo rector o en los excedentes disponibles.
2.3 Son infracciones leves:
a) Omitir el dictamen del letrado o letrada asesora, cuando fuese preceptivo, en aquellos documentos exigidos por la presente Ley cuando hayan de elevarse al registro de cooperativas.
c) No acreditar a las personas socias sus aportaciones al capital social en la forma prevista en la presente Ley.
d) No formular el órgano de intervención, cuando procediese, su informe sobre las cuentas anuales, en los plazos establecidos.
e) Incumplir las obligaciones impuestas por el artículo 24.1 del Código de comercio para los empresarios o empresarias individuales, sociedades y entidades sujetas a inscripción obligatoria en el Registro Mercantil.
3. Las infracciones se graduarán a los efectos de su correspondiente sanción en grado mínimo, medio y máximo, en función de la negligencia e intencionalidad, falsedad, incumplimiento de las advertencias previas y requerimientos de la inspección, número de socios afectados, perjuicio causado, repercusión social y dimensión de la cooperativa.
Cuando no se estimase relevante a estos efectos ninguna de las circunstancias anteriormente señaladas, la sanción se impondrá en el grado mínimo en su cuantía inferior.
3.1 Las infracciones leves se sancionarán con multa de 150 a 600 euros; las graves, con multa de 601 a 6.000 euros; y las muy graves, con multa de 6.001 a 30.000 euros o con la descalificación de la cooperativa.
3.2 Las sanciones podrán imponerse en los grados de mínimo, medio y máximo.
Las faltas leves se sancionarán con multa, en su grado mínimo, de 150 a 300 euros; en su grado medio, de 301 a 450 euros; y en su grado máximo, de 451 a 600 euros.
Las faltas graves se sancionarán con multa, en su grado mínimo, de 601 a 1.500 euros; en su grado medio, de 1.501 a 3.000 euros; y en su grado máximo, de 3.001 a 6.000 euros.
Las faltas muy graves se sancionarán con multa, en su grado mínimo, de 6.001 a 12.000 euros; en su grado medio, de 12.001 a 18.000 euros; y en su grado máximo, de 18.001 a 30.000 euros.
3.3 Si se apreciase reincidencia, se aplicará el doble de la sanción económica correspondiente. Existe reincidencia cuando se comete una infracción del mismo tipo y calificación que la que motivó una sanción anterior en el término de un año desde la comisión de esta; en este supuesto se requerirá que la resolución sancionadora haya adquirido firmeza.
4. Las infracciones reguladas en este artículo prescribirán a los doce meses desde que la administración pública hubiese tenido conocimiento de su comisión y, en todo caso, al año las que tengan carácter de leves, a los dos años las graves y a los tres años las muy graves, a contar a partir de la fecha en la que se hayan producido.
5. El conocimiento de las infracciones y la imposición de sanciones corresponde a la consejería competente en materia de trabajo, en virtud de acta levantada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y mediante la tramitación del correspondiente expediente, de conformidad con las siguientes normas de competencia para su imposición:
a) Jefes o jefas territoriales de la consejería competente en materia de trabajo, hasta 6.000 euros, cuando la cooperativa figurase inscrita en los correspondientes registros provinciales.
b) Director o directora general competente en materia de trabajo, hasta 18.000 euros.
c) Consejero o consejera competente en materia de trabajo, hasta 30.000 euros.
6. En la tramitación de los expedientes sancionadores resultará de aplicación la normativa específica en materia de infracciones y sanciones en el orden social.»
Cincuenta. El artículo 141 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 141. Descalificación de la cooperativa.
1. El consejero o consejera competente en materia de trabajo podrá acordar la descalificación de la cooperativa cuando concurriese alguna de las siguientes causas:
a) Las señaladas en el artículo 86 de la presente Ley, a excepción de las contempladas en sus letras a), b) y f).
b) La comisión de cualquier infracción calificada como muy grave cuando pudiera provocar importantes perjuicios económicos o sociales.
2. El procedimiento se ajustará a la normativa específica en materia de infracciones y sanciones en el orden social y a las normas reguladoras del procedimiento administrativo común, con las siguientes salvedades:
a) Habrá de emitir informe preceptivo el Consejo Gallego de Cooperativas, en el plazo de un mes, transcurrido el cual se dará por emitido en sentido favorable. En los supuestos de que la medida afectase a cooperativas de crédito o seguros, será preceptivo el informe de la consejería competente en materia de política financiera.
b) En el trámite de audiencia, comparecerá el órgano de administración o, en su defecto, las personas socias, en número no inferior a tres. Cuando no se produjese dicha comparecencia, el trámite se cumplimentará mediante la correspondiente publicación en el ‘‘Diario Oficial de Galicia’’.
c) La resolución administrativa será revisable ante la jurisdicción competente, no siendo ejecutiva en tanto no recayese sentencia firme y definitiva.
3. Una vez que la descalificación haya adquirido carácter de firmeza, surtirá efectos registrales de oficio, implicando la disolución de la cooperativa.
4. Transcurridos dos meses desde la disolución sin que se hubiese efectuado el nombramiento de liquidadores o liquidadoras o no se hubiese aceptado el cargo, los administradores o administradoras y los interventores o interventoras deberán, y cualquier persona socia podrá, solicitar del Consejo Gallego de Cooperativas el nombramiento de liquidadores o liquidadoras, que podrá recaer en personas no socias de la cooperativa. Transcurrido dicho plazo, la consejería competente en materia de trabajo podrá instar, así mismo, dicho nombramiento.»
Cincuenta y uno. Se añade una nueva disposición adicional cuarta, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional cuarta. Cooperativas sin ánimo de lucro.
1. La Xunta de Galicia podrá calificar como sociedades cooperativas sin ánimo de lucro las que por su objeto, actividad y criterios económicos de funcionamiento acrediten su función social. Se entenderá que acreditan dicha función las cooperativas que tuvieran por objeto la mejora de la calidad y condición de la vida de la persona, considerada de forma individual y colectiva.
2. En todo caso, se consideran como tales las que se dediquen principalmente a la prestación y gestión de servicios sociales, educativos, culturales, artísticos, deportivos o de tiempo libre y otros de interés colectivo o de titularidad pública, la integración laboral de las personas que sufran cualquier clase de exclusión social u otras actividades que tuvieran por finalidad conseguir la superación de la situación de marginación social de cualquier tipo.
3. Para que una cooperativa sea calificada como sin ánimo de lucro habrá de contemplar en sus estatutos expresamente lo siguiente:
a) Que los resultados positivos que se produjesen en un ejercicio económico no podrán ser distribuidos entre las personas socias, destinándose los excedentes disponibles al Fondo de Reserva Obligatorio.
b) Las aportaciones de las personas socias al capital social, tanto obligatorias como voluntarias, no podrán devengar un interés superior al interés legal del dinero, sin perjuicio de la posible actualización de las mismas.
c) El carácter gratuito del desempeño de los cargos del consejo rector, sin perjuicio de las compensaciones económicas procedentes por los gastos en que pudieran incurrir los miembros del consejo en el desempeño de sus funciones.
d) Las retribuciones de las personas socias trabajadoras o, en su caso, de las personas socias de trabajo y del personal trabajador por cuenta ajena no podrán superar el 150% de las retribuciones que, en función de la actividad y categoría profesional, estableciese el convenio colectivo de aplicación al personal asalariado del sector.
4. La transgresión de las determinaciones estatutarias establecidas en el número anterior conllevará la pérdida de la calificación como cooperativa sin ánimo de lucro.
5. Las cooperativas que sean calificadas como sin ánimo de lucro y cumpliesen con lo dispuesto en este artículo serán consideradas por las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Galicia como entidades sin ánimo de lucro a todos los efectos.
6. La solicitud para el reconocimiento de su condición como cooperativa sin ánimo de lucro habrá de resolverse por la autoridad de que depende el registro de cooperativas competente para la inscripción de la cooperativa, tramitándose a través del procedimiento de calificación e inscripción de la escritura de modificación estatutaria, en su caso.
Cuando la solicitud de reconocimiento no estuviera asociada a la constitución de la cooperativa o a una modificación estatutaria, se tramitará con arreglo a las normas del procedimiento administrativo común, resolviéndose en el plazo máximo de tres meses, transcurrido el cual se entenderá desestimada si no hubiera recaído resolución expresa.»
Cincuenta y dos. Se añade una nueva disposición adicional quinta, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional quinta. Cooperativas mixtas de trabajo asociado.
Objeto y normas de aplicación.
1. Son cooperativas mixtas de trabajo asociado aquellas en las que existen cooperativistas cuyo derecho de voto en la asamblea general podrá determinarse, de modo exclusivo o preferente, en función del capital aportado en las condiciones establecidas estatutariamente, que estará representado por medio de títulos o anotaciones en cuenta y que se denominarán partes sociales con voto.
El objeto de estas cooperativas es coadyuvar a la captación de capital de terceros en los proyectos cooperativos, salvando al máximo posible las características que son propias de las sociedades cooperativas. Es una figura excepcional, dándole un tratamiento singular y específico, orientado a procurar un acceso efectivo del personal asalariado a la propiedad de los medios de producción.
2. En estas cooperativas se permite el voto plural ponderado, debiéndose contemplar y regular en los estatutos de la cooperativa para los diferentes colectivos sociales, no siendo de aplicación los límites al derecho de voto plural establecidos en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 36 de la presente Ley, si bien el derecho de voto en la asamblea general respetará la siguiente distribución:
a) Las personas socias de capital no podrán superar un tercio de los votos sociales.
b) Las cooperativas, las sociedades controladas por estas o las entidades públicas no podrán superar un tercio de los votos sociales.
c) Las personas socias trabajadoras no podrán tener un porcentaje inferior a un tercio de los votos sociales.
d) Las personas socias contempladas en los apartados b) y c) no tendrán en ningún caso menos del 51% de los votos sociales de la cooperativa, siendo las personas socias trabajadoras la mayoría de este colectivo.
e) La participación en los órganos sociales habrá de respetar los límites porcentuales indicados en los apartados anteriores.
3. En caso de las partes sociales con voto, tanto los derechos y obligaciones de sus titulares como el régimen de las aportaciones se regularán por los estatutos y, supletoriamente, por lo dispuesto en la legislación de sociedades de capital para las acciones en las anónimas. Las personas socias a que se refiere la letra c) del número anterior de este artículo tendrán un derecho de preferencia estatutariamente sobre dichas partes sociales con voto.
4. La participación de cada uno de los grupos de cooperativistas en los resultados anuales a distribuir, sean positivos o negativos, se determinará en proporción al porcentaje de votos que cada uno de los dos colectivos ostentase, según lo previsto en el número 2.
Los excedentes imputables a los poseedores o poseedoras de partes sociales con voto se distribuirán entre ellos en proporción al capital desembolsado. Los excedentes imputables a las personas socias trabajadoras se distribuirán entre estas según los criterios generales definidos en la presente Ley, y para las personas socias contempladas en la letra b) del número 2 de este artículo, según lo dispuesto en los estatutos sociales.
5. La validez de cualquier modificación autorreguladora que afecte a los derechos y obligaciones de alguno de los colectivos de cooperativistas requerirá el consentimiento mayoritario del grupo correspondiente, que podrá obtenerse mediante votación separada en la asamblea general.
6. En cuanto a la dotación de fondos obligatorios y su disponibilidad, se estará a lo dispuesto, con carácter general, en la presente Ley.
7. Las personas socias relacionadas en la letra b) del número 2 de este artículo tendrán la consideración de personas socias colaboradoras, no resultando de aplicación a las cooperativas mixtas lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia, pudiendo, en consecuencia, desarrollar las personas socias colaboradoras actividades cooperativizadas en competencia con las que desarrollase la sociedad cooperativa mixta de la que sean colaboradoras, si bien habrán de ser regulados en los estatutos sociales tanto sus derechos como sus obligaciones».
Cincuenta y tres. Se añade una nueva disposición adicional sexta, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional sexta. En relación con la disposición adicional tercera de la Ley 2/2007, de 28 de marzo, de trabajo en igualdad de las mujeres de Galicia.
Con el objetivo de la observancia y procura del principio de igualdad entre hombres y mujeres:
1.º La Xunta de Galicia y las cooperativas fomentarán la erradicación en el ámbito de las sociedades cooperativas gallegas de la discriminación vertical y horizontal entre hombres y mujeres.
2.º La Xunta de Galicia favorecerá el desarrollo de medidas que supongan ventajas concretas y/o medidas de compensación de las desventajas sufridas por las mujeres en el ámbito laboral.
3.º Las cooperativas procurarán contemplar en sus estatutos sociales medidas que se referirán al acceso a la condición de socia de trabajo, de socia trabajadora o incluso de asalariada, así como a su promoción profesional y demás aspectos de la situación y condiciones laborales de la persona afectada.
4.º Las cooperativas fomentarán la representación equilibrada de mujeres y hombres en la composición de sus órganos sociales, sean obligatorios o voluntarios.
5.º La Xunta de Galicia y las cooperativas adoptarán medidas dirigidas a la plena integración laboral y social de las mujeres víctimas de violencia de género.»
Cincuenta y cuatro. Se añade una nueva disposición adicional séptima, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional séptima. Medidas de fomento y difusión del cooperativismo.
En relación con el artículo 142 de la Ley 8/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia, y con el objetivo de establecer medidas de fomento y difusión del cooperativismo, la Xunta de Galicia:
1. Pondrá en marcha acciones de promoción, difusión, desarrollo, formación y fomento del cooperativismo en el marco de su acción política y como fórmula empresarial de creación y mantenimiento de empleo, cohesión territorial y vertebración económica y social de Galicia.
2. Adoptará las medidas necesarias para el fomento de las relaciones entre cooperativas y, en particular, la creación de cooperativas de segundo grado, la fusión de cooperativas, el establecimiento de grupos cooperativos y de conciertos o consorcios, encaminados a su consolidación y al mejor cumplimiento de los principios cooperativos.
3. Con estos objetivos, establecerá líneas de ayuda, siempre que la actuación propuesta fuese favorable al movimiento cooperativo y así lo reconociera el Consejo Gallego de Cooperativas, previamente informado.
4. Remitirá anualmente al Parlamento de Galicia una memoria sobre las actividades realizadas en el campo del cooperativismo en Galicia.»
Cincuenta y cinco. Se añade una nueva disposición adicional octava, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional octava. Aplicación de la Ley.
La presente Ley se aplicará a todas las sociedades cooperativas reguladas por esta, quedando sin efecto el contenido de sus escrituras o estatutos en todo lo que se oponga a la misma.»
Disposición transitoria única. Procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley.
Los procedimientos en materia de cooperativas iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley se tramitarán y resolverán de conformidad con las disposiciones hasta ahora en vigor.
Disposición derogatoria única. Derogación general y expresa.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan lo establecido en la presente Ley.
2. Quedan expresamente derogados los siguientes artículos y disposiciones de la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de Cooperativas de Galicia:
– Artículo 140. Intervención temporal de las cooperativas y otras medidas.
– Número 5 del artículo 142.
– Disposición transitoria primera.
– Disposición transitoria segunda.
Disposición final primera. Autorización para refundir textos.
1. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, la Xunta de Galicia, a propuesta del consejero o consejera en materia de trabajo, aprobará el correspondiente decreto legislativo que refunda la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de Cooperativas de Galicia, con los correspondientes preceptos contenidos en la presente Ley.
2. La autorización a que se refiere esta disposición incluye la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que tengan que refundirse, incluyendo la revisión del lenguaje en la redacción de la norma, en aplicación del principio de igualdad y no discriminación reflejado en la disposición adicional tercera de la Ley 2/2007, de 28 de marzo, de trabajo en igualdad de las mujeres de Galicia.
La Xunta de Galicia, a propuesta de la consejería competente en materia de trabajo, queda facultada para dictar las disposiciones reglamentarias exigidas o necesarias para el desarrollo de la presente Ley.
Santiago de Compostela, 16 de diciembre de 2011.–El Presidente, Alberto Núñez Feijóo.
(Publicada en el «Diario Oficial de Galicia» número 2, de 3 de enero de 2012.)
Publicada en el DOG núm. 2, de 3 de enero de 2012.
DEROGA los arts. 140, 142.5 y disposiciones transitorias 1 y 2, MODIFICA determinados preceptos y AÑADE las disposiciones adicionales 6 a 8 a la Ley 5/1998, de 18 de diciembre (Ref. BOE-A-1999-6940).
DE CONFORMIDAD con el art. 55.3 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril (Ref. BOE-A-1981-9564).

References: artículo 28
 artículo 129
 artículo 55
 artículo 130
 artículo 13
 artículo 24
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 20
 artículo 23
 artículo 40
 artículo 2166
 artículo 33
 artículo 37
 artículo 42
 artículo 43
 artículo 44
 artículo 48
 artículo 53
 artículo 54
 artículo 56
 artículo 40
 artículo 58
 artículo 60
 artículo 58
 artículo 61
 artículo 58
 artículo 64
 artículo 58
 artículo 66
 artículo 8
 artículo 67
 artículo 67
 artículo 68
 artículo 69
 artículo 72
 artículo 73
 artículo 74
 artículo 84
 artículo 87
 resolución 
 artículo 89
 artículo 90
 artículo 91
 artículo 93
 artículo 58
 artículo 94
 artículo 96
 artículo 104
 artículo 105
 artículo 107
 artículo 110
 artículo 111
 artículo 28
 artículo 112
 artículo 20
 artículo 114
 artículo 115
 artículo 120
 artículo 123
 artículo 130
 artículo 136
 artículo 139
 artículo 24
 resolución 
 artículo 141
 artículo 86
 resolución 
 resolución 
 artículo 36
 artículo 29
 artículo 142
 Artículo 140
 artículo 142