Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/19487
Timestamp: 2020-08-06 13:27:07+00:00

Document:
HJ System - Decision: AUTO 349/2003
AUTO 349/2003, de 29 de octubre
ECLI:ES:TC:2003:349A
Pleno. Auto 349/2003, de 29 de octubre de 2003. Recurso de inconstitucionalidad 2099-2003. Levanta la suspensión en el recurso de inconstitucionalidad 2099-2003 promovido por el Presidente del Gobierno.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 10 de abril de 2003, el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento de Cataluña 29/2002, de 30 de diciembre, primera ley del Código civil de Cataluña. En la demanda se hizo invocación expresa del art. 161.2 CE a los efectos de que se acordase la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos legales impugnados.
2. La Sección Cuarta, por providencia de 20 de mayo de 2003, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Abogado del Estado en nombre del Presidente del Gobierno así como, conforme al art. 34 LOTC, dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, así como al Parlamento y al Gobierno de la Generalidad de Cataluña, con el fin de que pudieran personarse en el presente proceso y formular alegaciones, tener por invocado el art. 161.2 CE, y publicar la incoación del recurso en el "Boletín Oficial del Estado" y en el "Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña".
3. El día 27 de mayo de 2003 la Presidenta del Congreso de los Diputados comunicó al Tribunal el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara en el sentido de no personarse en el procedimiento ni formular alegaciones. A su vez, el 5 de junio siguiente se registró escrito del Presidente del Senado dando por personada a dicha Cámara y ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
4. Mediante providencia de 17 de junio de 2003 se tuvo por personados a los Letrados del Parlamento y del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, en sus respectivas representaciones, otorgándoles una prórroga de ocho días en el plazo para formular alegaciones y remitiendo la resolución de las recusaciones a lo que en su momento se acuerde.
5. Por nuevo proveído de 2 de septiembre de 2003, la Sección Cuarta acordó que, antes de finalizar el plazo de los cinco meses que señala el art. 161.2 CE desde el que se produjo la suspensión de la Ley impugnada en este recurso de inconstitucionalidad, se oyera a las partes personadas en el presente proceso constitucional para que, en el plazo de cinco días, expusieran lo que considerasen conveniente acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión.
6. Evacuando el trámite conferido, el Abogado del Estado presentó escrito de alegaciones el 5 de septiembre de 2003. En dicho escrito expone las razones en las que se fundamenta su parecer favorable al mantenimiento de la suspensión y que ahora se sintetizan.
Para comenzar, señala el Abogado del Estado que, al proceder a la valoración de los perjuicios que el levantamiento de la suspensión puede ocasionar, es preciso tener en cuenta la extensión y alcance del texto legal impugnado, que afecta a la estructura misma del ordenamiento jurídico en su conjunto, especialmente a la determinación del sistema de fuentes jurídicas y a los mecanismos de preferencia y supletoriedad. Por consiguiente, el conjunto de relaciones jurídicas -y no sólo las civiles- va a quedar afectado por una nueva ordenación dotada de reglas y principios básicos absolutamente sustraídos al Derecho común. A este respecto, apunta que el texto recurrido no representa una regulación sectorial y aislada que permita con cierta facilidad el restablecimiento de las situaciones jurídicas en la hipótesis de que llegue a dictarse una Sentencia anulatoria. El carácter de las normas crea una divergencia de sistemas jurídicos que forzosamente conduce a soluciones aplicativas diferentes.
a) En primer lugar, el apartado primero del art. 111.1, rubricado "Derecho civil de Cataluña", en conexión con el inciso segundo del art. 111.5, "supletoriedad", impide la aplicación de las disposiciones estatales de Derecho civil en el territorio de Cataluña, tanto de forma directa, ya que las mismas no forman parte del Derecho civil de Cataluña (art. 111.2), como supletoria, dado que la aplicación preferente de los principios generales propios permite cubrir cualquier tipo de laguna normativa sin necesidad de acudir a las normas estatales. Estos preceptos chocan frontalmente con la voluntad constitucional, plasmada en el art. 149.1.8 CE, de que los Derechos forales o especialeDerecho general, considerado común, que ha de ser aplicable en todo el territorio nacional en ausencia de especialidad foral o autonómica.
Dicha "unidad interna del Derecho civil español" es puesta en cuestión por el legislador autonómico catalán, que se ha decantado por una concepción cerrada del Derecho civil propio. Ello da lugar a que en las relaciones jurídicas privadas se apliquen los textos impugnados, con elusión del Código civil. Dicho de otro modo, se sujetan a una serie de normas de signo general que sustituyen a las que la Constitución quiso configurar como mínimo normativo común a todo el ordenamiento jurídico.
De donde resulta que si se levantara la suspensión se cerraría totalmente el paso a la aplicación en Cataluña de las disposiciones estatales de Derecho civil, tanto de forma directa como supletoria, creándose una situación de incertidumbre jurídica, con la consiguiente incidencia sobre las relaciones jurídicas cuyas lagunas se hayan cubierto con arreglo a normas que luego sean declaradas inconstitucionales. A juicio del Abogado del Estado, como quiera que dicha declaración "indudablemente, provocaría la nulidad radical de las relaciones jurídicas cuya integración se haya realizado con arreglo a lo dispuesto en los preceptos examinados", es claro que el levantamiento de la suspensión ocasionaría "serios perjuicios a los derechos de los ciudadanos".
b) Los arts. 111.4 "Carácter de Derecho común", en relación con el primer inciso del art. 111.5 "Preferencia" han sido impugnados porque excluyen la aplicación supletoria del Código civil en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña, permitiendo alterar de manera inconstitucional el ámbito territorial de vigencia del Derecho común. La atribución de la condición de Derecho común a las disposiciones contenidas en el Código civil de Cataluña no puede ampararse en la función de modificación y desarrollo del Derecho civil foral o especial porque viene a producir consecuencias en todo el ordenamiento jurídico y sólo sería admisible si se partiera de una concepción del ordenamiento jurídico catalán como una totalidad autosuficiente, dotado de principios propios que no tengan conexión alguna con el ordenamiento jurídico estatal.
Sostiene el Abogado del Estado que la consecuencia que deriva de la íntima conexión entre ambos preceptos es que la declaración del Derecho civil de Cataluña como Derecho común permite su aplicación supletoria en el territorio de la Comunidad Autónoma en defecto de norma especial aplicable, impidiendo con ello la aplicación del Código civil. Sin embargo, "el Código civil contiene normas que pertenecen no ya al sistema global jurídico- civil, sino al ordenamiento jurídico español como un todo", por lo que su contenido "incumbe no ya al sistema global jurídico civil, sino al sistema jurídico global a secas, comprensivo de todos los sectores del ordenamiento, incluso el derecho constitucional".
c) Los arts. 111.6 "Libertad civil", 111.7 "Buena fe" y 111.9 "Equidad" se recurren porque alteran el criterio de delimitación negativa de las competencias autonómicas sobre legislación civil resultante del art. 149.1.8 CE. Estos principios se regulan en los arts. 3, 6 y 7 del Código civil, que forman parte del título preliminar, siendo reglas relativas a la eficacia de las normas jurídicas, cuya aprobación corresponde en todo caso al legislador estatal.
Por otra parte, el art. 13.1 CC establece la "aplicación general y directa en toda España" de las disposiciones del título preliminar "en cuanto determinan los efectos de las leyes y las reglas generales para su aplicación". Pues bien, los preceptos mencionados transgreden ese límite al regular instituciones y principios que deben merecer la consideración de "reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas", inscribiéndose por tanto en el ámbito material reservado a la legislación estatal.
Si se alzara la suspensión de estos preceptos podría producirse una situación de confusión normativa respecto del ordenamiento jurídico aplicable, máxime cuando el legislador catalán no se limita a reproducir normas estatales sino que realmente introduce novedades de significativo alcance. Así, con respecto a la posibilidad de renuncia o exclusión de la Ley aplicable, el art. 6.2 CC establece dos límites expresos -el perjuicio a terceros y el interés u orden público-, en tanto que el art. 111.6 "Libertad civil" sólo menciona el primero de ellos. De tal suerte que el Derecho civil catalán hace de la autonomía de la voluntad un principio general del Derecho de proyección ilimitada, a diferencia de lo que sucede en el Código civil, que lo ciñe al ámbito de los negocios jurídicos (art. 1255 CC). En el caso de que esta regulación autonómica se aplicase y posteriormente fuese declarada inconstitucional, las renuncias devendrían nulas de pleno Derecho, nulidad que afectaría a todos los negocios jurídicos con renuncias realizadas al amparo de la disposición que nos ocupa pero que hubieran de reputarse contrarias al interés o al orden público protegidos por el art. 1255 CC.
Por su parte, el art. 111.7 regula el principio de buena fe que ha de presidir las relaciones jurídicas privadas apartándose del art. 7 CC en dos aspectos esenciales. En primer lugar, introduce el principio de honradez en los tratos como concepto diferenciado de la buena fe, que -según indica la Exposición de Motivos- pretende destacar su aspecto objetivo, independiente del conocimiento o ignorancia de los sujetos participantes en la relación jurídica. En segundo lugar, elude cualquier referencia a la institución del abuso de derecho, íntimamente ligada al concepto civil de buena fe. Consiguientemente, la validez de las relaciones jurídicas se hace depender de la aplicación de un criterio -la denominada honradez en los tratos- sin parangón en el Derecho positivo español y de la inaplicación de otro -el abuso de derecho- que aparece expresamente contemplado en el Código civil. Dado el carácter de la buena fe como límite intrínseco al ejercicio de los derechos, si se alzara la suspensión y este precepto resultara inconstitucional podrían existir relaciones jurídicas cuya validez y eficacia se verían afectadas, en la medida en que los criterios aplicados para enjuiciarlas serían distintos de los vigentes en el momento de su constitución pues la pauta de comportamiento en el ejercicio de derechos y deberes de cualquier tipo se verá modificada por la regulación de la norma autonómica, así como incluso los propios criterios jurisdiccionales para su apreciación.
d) Un último grupo de preceptos (capítulo I del título II, dedicado a la prescripción, con excepción de los arts. 121.20, 21, 22, 23.1 y 24, y el capítulo II, relativo a la caducidad) se recurren porque en el Derecho civil catalán no existen los necesarios antecedentes que justifiquen tanto el ilimitado desarrollo normativo de la regulación de la prescripción como la novedosa normativa dictada para la caducidad.
También aquí podría verse afectada la seguridad jurídica en el caso de que se levantara la suspensión, pues podría afectar a relaciones jurídico- privadas establecidas conforme a una normativa que luego pudiera ser declarada inconstitucional. Además, existe un cierto margen de retroactividad de la Ley en virtud de lo establecido en la disposición transitoria única, con lo que se proyectaría sobre situaciones y relaciones constituidas con anterioridad a su entrada en vigor.
La extensión y "esencialidad" de los preceptos impugnados determina que no nos hallemos ante regulaciones específicas o sectoriales donde sea relativamente fácil la recomposición de situaciones jurídicas constituidas al amparo de las normas. Cualquier derecho conformado por la nueva Ley autonómica de manera distinta a como resulta de la ordenación actual revelará con toda probabilidad controversias jurídicas de difícil solución. El ciudadano se encontrará ante la duda de cómo actuar frente a dos regulaciones alternativas, una de las cuales depende, en su eficacia, de un eventual pronunciamiento de nulidad. A mayor abundamiento, por mor de lo establecido en el art. 111.4, la regulación que nos ocupa no contrae sus efectos al campo del Derecho privado, sino que alcanza a todo el ordenamiento jurídico. Según el Abogado del Estado, "patentemente, la norma impugnada se excede de los límites de su ámbito competencial, aunque en el presente momento haya que limitar esta perspectiva a una mirada 'de soslayo'".
El Abogado del Estado concluye afirmando que "es la protección del interés de los ciudadanos la que justifica también que no se vean alterados unos preceptos ya más que seculares y sustituidos por unas normas generales nuevas, previsiblemente contrarias al sistema de competencias y cuya aplicación podría llevar a situaciones irreversibles en caso de pronunciamiento anulatorio". Por lo expuesto, solicita el mantenimiento de la suspensión de los preceptos legales impugnados.
7. El Abogado de la Generalidad de Cataluña presentó su escrito de alegaciones el 11 de septiembre de 2003. Solicita el levantamiento de la suspensión en virtud de los argumentos que seguidamente se exponen:
a) En primer lugar, recuerda que este Tribunal ha establecido que el levantamiento o mantenimiento de la suspensión de las leyes se ha de dirimir en función de la presunción de constitucionalidad y de la ponderación de los intereses en presencia con los efectos de la aplicación o suspensión de la Ley, partiendo de la excepcionalidad del mantenimiento de esta medida. Al respecto, menciona numerosas resoluciones de este Tribunal donde se indican los criterios que deben ser tomados en consideración: presunción de legitimidad de las normas, en especial las que tienen fuerza de ley en cuanto expresión de la voluntad popular y ponderación de los intereses general y público, así como particular o de terceros afectados, atendiendo a los posibles perjuicios que la aplicación de la norma pueda ocasionar y a la producción de situaciones de hecho irreversibles que vaciasen de contenido dispositivo la resolución final del proceso pendiente.
A juicio del Abogado de la Generalidad de Cataluña, argumentar que el levantamiento de la suspensión supone innovar la situación anterior, por lo que tal levantamiento es lo que debe justificarse y no su mantenimiento, supondría pasar del privilegio de suspensión automática pero por tiempo limitado, al privilegio de la inversión de la carga procesal de justificar la necesidad de la medida cautelar cuyo mantenimiento se interesa, sin que exista base constitucional ni legal para entenderlo así. Al respecto, cree oportuno dejar mención de los orígenes del art. 161.2 CE para, a partir de ellos, indicar que "no tendría sentido que el precepto finalmente aprobado, que aparentemente establecía una regulación más favorable a las Comunidades Autónomas, permitiera conseguir no ya únicamente, y de forma automática, una suspensión temporalmente acotada (no más de cinco meses), sino prolongar esta suspensión hasta que el Tribunal Constitucional resuelva la cuestión de fondo (cuando es sabido que puede tardar años en hacerlo) con una carga procesal menor que la que debería soportar cualquier parte que plantease una pretensión semejante en un juicio cautelar".
Tras señalar que el Gobierno del Estado puede argumentar en torno al mantenimiento de la suspensión ponderando los intereses en juego y los perjuicios susceptibles de producirse en otro caso, posibilidad de la que no disfrutan las Comunidades Autónomas, a las que se les impone el automatismo de la suspensión por mandato directo de la Constitución española, el Abogado de la Generalidad de Cataluña concluye que la doctrina constante de este Tribunal en la materia no otorga ninguna posición de ventaja a las Comunidades Autónomas sino que simplemente aplica una norma general, en virtud de la cual la acreditación de la necesidad de adoptar -aquí, mantener- una medida cautelar corresponde a quien la solicita. A mayor abundamiento, la práctica procesal seguida respecto de este incidente impide que la representación de la Comunidad Autónoma conozca los argumentos en los que se basa la solicitud de mantenimiento de la suspensión toda vez que este Tribunal concede audiencia simultánea a las partes antes de acordar lo que estima pertinente.
b) Sentadas estas premisas generales, se exponen las razones por las cuales, en opinión del Abogado de la Generalidad de Cataluña, la suspensión de las normas impugnadas no puede fundarse en una presunta inseguridad jurídica dimanante de la pendencia de un recurso de inconstitucionalidad o de la coexistencia del ordenamiento estatal con los autonómicos.
Pues bien, en el propio Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de abril de 2003, en el que el Presidente del Gobierno sometió a su consideración la procedencia y oportunidad de interponer el presente recurso de inconstitucionalidad, se motiva la invocación expresa del art. 161.2 CE por el "surgimiento de situaciones objetivamente confusas respecto al Derecho aplicable, que atentan gravemente al principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 9.3 de la Constitución". Al respecto, recuerda el Abogado de la Generalidad de Cataluña que ya en anteriores ocasiones el Gobierno del Estado ha efectuado alegaciones equivalentes, como ocurrió en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley catalana de filiaciones y que este Tribunal rechazó con rotundidad en el ATC 12/1992, de 23 de enero, FJ 2. Por tanto, no cabe prestar oídos a la invocación de argumentos que vienen a confundir la complejidad jurídica inherente a un ordenamiento compuesto con la vulneración del principio de seguridad jurídica proclamado en el art. 9.3 CE ni calificar la pendencia de un proceso constitucional como una circunstancia generadora de inseguridad jurídica que justifique el mantenimiento de la suspensión de la Ley pues, si así fuese, el art. 161.2 CE no habría impuesto al Tribunal Constitucional el deber de pronunciarse expresamente en cada caso, antes del transcurso de cinco meses, para ratificarla o alzarla.
c) Finalmente, se desarrolla la idea de que la aplicación de los preceptos de la Ley impugnada no generará perjuicios que justifiquen el mantenimiento de la suspensión. A este respecto, sintetizando la doctrina constitucional anteriormente expuesta, el Abogado de la Generalidad de Cataluña recuerda que el objeto de este proceso constitucional es una Ley formal emanada del órgano directamente conectado con la voluntad popular, de tal suerte que el mantenimiento de la suspensión ha de reputarse excepcional, siempre que el Presidente del Gobierno demuestre que la aplicación de la norma produciría unos perjuicios muy graves e irreparables al interés general o a terceros afectados o, en otro caso, por coherencia con el principio de presunción de legitimidad de las normas y de la actuación constitucional de los poderes públicos, que se acuerde el levantamiento de la suspensión de todos aquellos preceptos respecto de los cuales no se llegue a demostrar la producción de tales perjuicios.
La Ley impugnada responde a un doble objetivo. De un lado, los arts. 1 a 6 establecen la estructura, el contenido básico y el procedimiento de tramitación del Código civil de Cataluña. De otro, el art. 7 aprueba el libro primero del Código, rubricado "Disposiciones generales" y dotado de un contenido material.
8. El escrito de alegaciones del Letrado del Parlamento de Cataluña se recibió en este Tribunal Constitucional el 11 de septiembre de 2003. Tras recordar el específico objeto de este proceso constitucional, recuerda algunos pronunciamientos de la doctrina de este Tribunal que estima relevantes para la resolución del incidente que nos ocupa, con especial atención al ATC 12/1992, de 23 de enero por el que se acordó el levantamiento de la suspensión de la Ley de Cataluña 7/1991, de 27 de abril, de filiaciones, y en cuyo FJ 2 se dijo:
"si se aceptara el razonamiento que, a juicio del Abogado del Estado, justificaría el mantenimiento de la suspensión de todos los preceptos impugnados, rara vez procedería que este Tribunal acordara el levantamiento de la inicial suspensión automática, pues los hipotéticos daños a la seguridad jurídica (entendida como certeza normativa) son una consecuencia inherente a toda situación de pendencia de un recurso de inconstitucionalidad y consustanciales, por tanto, al funcionamiento del Estado de las Autonomías y a la coexistencia del ordenamiento estatal con los ordenamientos autonómicos, de manera que, desde este simple ángulo de enfoque, la suspensión de las normas impugnadas por motivos competenciales, como es el presente caso, sería siempre necesaria en la medida en que en los conflictos de dicha naturaleza concurra una duplicidad de normas. Pero de lo que se trata en este trámite no es de defender la seguridad jurídica con argumentos que pueden valer para cualesquiera impugnaciones, sino de alegar y acreditar los perjuicios irreparables o de difícil reparación que se producirían, en concreto, por la vigencia de los preceptos impugnados durante el tiempo que dure el proceso constitucional".
En opinión de la representación del Parlamento de Cataluña, los argumentos esgrimidos en el Acuerdo del Consejo de Ministros para explicar la invocación expresa del art. 161.2 CE también pueden ser empleados a contrario sensu puesto que si finalmente la Ley fuese declarada constitucional, igualmente se producirían "perjuicios directos a los intereses de los ciudadanos afectados, respecto de las relaciones jurídicas perfeccionadas al amparo de unas normas" cuya aplicación no correspondería con arreglo a la Constitución "y dando lugar al surgimiento de situaciones objetivamente confusas respecto al derecho aplicable, que atentan gravemente al principio de seguridad jurídica establecido en el art. 9.3 de la Constitución", con el agravante -en este caso- de que durante la pendencia del proceso se habría suspendido la vigencia de la expresión de la voluntad popular.
El actual recurso de inconstitucionalidad tiene como núcleo principal una controversia competencial en el sentido de que "el resultado pretendido en el ejercicio de su competencia autonómica de modificación y desarrollo del Derecho civil, foral o especial, es lograr la sustitución total del Derecho civil general por el particular". De este argumento, que se utiliza una y otra vez en el escrito del Abogado del Estado, no se desprende que el levantamiento de la suspensión de los preceptos legales impugnados pueda generar perjuicios de difícil o imposible reparación ya que lo que se discute es el alcance de la competencia de la Generalidad de Cataluña en materia de Derecho civil. Es más, en ocasiones el recurrente reconoce que los preceptos impugnados reproducen normas del Código civil estatal, lo que conlleva que su aplicación no puede generar perjuicios de ningún tipo.
En un segundo bloque se incluyen los arts. 111.6, 7 y 9, que tratan de la libertad civil, la buena fe y la equidad, principio que también se recogen en el Código civil estatal. Así, el art. 111.6 tiene su correlato en el art. 6.2 CC, el art. 111.7 en el art. 7 CC y el art. 111.9 en el art. 3.2 CC. Tal y como se resalta en el escrito de interposición del recurso, el art. 111.7 se diferencia del art. 6.2 CC en la medida en que no sólo exige que en las relaciones jurídicas se dé buena fe sino también "honradez en los tratos", de donde no parece que puedan derivarse perjuicios.
Tampoco generaría perjuicio de ningún tipo el levantamiento de la suspensión de la regulación contenida en el capítulo I del título II -con excepción de los arts. 121.20, 21, 22, 23.1 y 24- y la totalidad del capítulo II. El principal argumento aducido por el Presidente del Gobierno se fundamenta en el carácter exhaustivo de la regulación del capítulo I y en la falta de antecedentes de la regulación de la caducidad -objeto del capítulo II- en la Compilación de 1960. Ello no obsta para señalar que la regulación de la prescripción se contiene en la antigua Compilación de Derecho civil de Cataluña y que la caducidad se venía regulando para acciones concretas, aunque sin un tratamiento conjunto y sistemático ni en el Código civil ni en la Compilación por tratarse esencialmente de una construcción doctrinal luego acogida por la jurisprudencia, cuyos elementos son los que figuran en los preceptos impugnados, lo que implica que el levantamiento de la suspensión no produciría perjuicios de ningún género.
1. El objeto de esta resolución consiste en determinar si procede mantener o levantar la suspensión de la vigencia que afecta a los distintos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 29/2002, de 30 de diciembre, primera ley del Código civil de Cataluña; suspensión que fue acordada por este Tribunal en virtud de la invocación expresa que del art. 161.2 CE hizo el Abogado del Estado al formalizar el recurso de inconstitucionalidad.
2. Parece pertinente comenzar haciendo una sucinta referencia a la estructura y contenido de la Ley objeto del presente proceso constitucional pues se trata de aspectos que no carecen de relevancia para la adopción de la decisión que nos ocupa, como seguidamente se expondrá.
Así, la Ley del Parlamento de Cataluña 29/2002 está compuesta por siete artículos, una disposición transitoria y dos disposiciones finales. Por lo que respecta a los artículos, los seis primeros avanzan los criterios de técnica legislativa que el legislador autonómico se propone seguir en el proceso de codificación del Derecho civil propio de Cataluña. A su vez, por el art. 7 se aprueba el libro primero del Código civil de Cataluña. Puede así avanzarse que únicamente éste encierra un contenido dispositivo sustantivo con vocación general. Concretamente, ese libro primero está compuesto por dos títulos, rubricados "Disposiciones preliminares" y "La prescripción y la caducidad", respectivamente, y a cuyo contenido se hará luego específica mención.
3. En la exposición de las razones que determinan el mantenimiento o levantamiento de la suspensión de los preceptos legales impugnados debemos comenzar señalando que el Abogado del Estado, en su escrito de alegaciones, se refiere a los preceptos integrantes del libro primero del Código civil de Cataluña, aprobado por el art. 7 de la Ley 29/2002, dejando al margen los seis primeros artículos de la misma.
4. De los preceptos incluidos en las "Disposiciones preliminares" del título I, el Abogado del Estado solicita en primer lugar el mantenimiento de la suspensión de los arts. 111.1.1, en relación con el segundo inciso del art. 111.5 -referido a la supletoriedad- y 111.4, en relación con la regla de preferencia enunciada en el ya citado art. 111.5.
Con carácter previo hay que señalar que la petición de mantenimiento de la suspensión no se refiere específica y autónomamente a la enumeración de las fuentes del Derecho civil propio de Cataluña que figura en el art. 111.1.1, sino exclusivamente porque a partir de su vocación agotadora impediría la aplicación supletoria del Código civil en virtud de lo dispuesto en el art. 111.5, donde se establece que "el derecho supletorio sólo rige en la medida en que no se opone a las disposiciones del derecho civil de Cataluña o a los principios generales que lo informan".
Conforme al art. 111.4, "las disposiciones del presente Código constituyen el derecho común en Cataluña y se aplican supletoriamente a las demás leyes". Lo dispuesto en este precepto tiene como antecedente inmediato el art. 4.3 CC, donde se afirma que las disposiciones del Código "se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes", expresión casi idéntica a la utilizada por el legislador autonómico catalán.
5. El Abogado del Estado interesa asimismo el mantenimiento de la suspensión de un segundo grupo de preceptos incluidos igualmente en las "Disposiciones preliminares" del título I. Concretamente, se trata de los arts. 111.6, 111.7 y 111.9. Sin embargo, toda vez que, según nuestra doctrina corresponde al Gobierno a quien se debe la iniciativa determinante de la medida excepcional de suspensión, aportar argumentos que justifiquen su mantenimiento (ATC 264/2003, de 15 de julio, FJ 3) y en esta ocasión el Abogado del Estado no ha alzado esa carga procesal, debemos rechazar que proceda mantener la suspensión del art. 111.9, referido a la equidad.
Por lo que hace al art. 111.6, rubricado "Libertad civil", admite la posibilidad de exclusión voluntaria, renuncia o pacto en contrario a las disposiciones de las Leyes civiles catalanas "a menos que establezcan expresamente su imperatividad o que ésta se deduzca necesariamente de su contenido" y fija como límite infranqueable el perjuicio a terceros. El Abogado del Estado contrasta este precepto con el art. 6.2 CC y denuncia que la norma autonómica impugnada, al guardar silencio sobre este particular, permite la disponibilidad de los derechos incluso contra el interés u orden público. Sin embargo, no es posible compartir dicho parecer si paramos mientes en que la consideración del orden público como límite infranqueable de la libertad de pactos pertenece a la esencia misma de nuestro ordenamiento jurídico, de tal suerte que su eficacia estructurante y racionalizadora de la vida social sería pura entelequia si la ausencia de una previsión expresa en tal sentido permitiera alcanzar pactos atentatorios de ese mismo orden público en el que se contiene el núcleo de la imperatividad de las normas jurídicas. Por estas razones procede levantar ahora la suspensión del precepto.
Bajo el título "Buena fe", el art. 111.7 establece que "en las relaciones jurídicas privadas deben observarse siempre las exigencias de la buena fe y de la honradez en los tratos". Sostiene el Abogado del Estado que este precepto contiene una regulación innovadora del principio que hace depender la validez de las relaciones jurídicas de la aplicación de un criterio -la denominada "honradez en los tratos"- sin parangón en el Derecho positivo español y de la inaplicación de otro -el abuso de Derecho- que aparece contemplado expresamente en el Código civil. En puridad, la crítica expresada a la introducción del requisito de la "honradez en los tratos" remite más bien al juicio sobre su validez constitucional, sin que de su aparente originalidad pueda deducirse, por definición, que haya de ocasionar daños irreparables al interés general o al particular y privado de terceros. Por otro lado, en el momento presente no podemos avanzar la inaplicabilidad de la prohibición del abuso de Derecho. En efecto, el art. 111.7 del Código civil de Cataluña determina que no rija en esa Comunidad Autónoma el art. 7.1 CC, pero ello no afecta a la aplicabilidad del art. 7.2 CC, que es el lugar donde se recoge esta figura y que está vigente en cuanto Derecho supletorio, pues se trata de una institución que no es en principio ajena al propio Derecho civil catalán [v.gr. art. 114.1 c) del Código de familia, aprobado por la Ley catalana 9/1998, de 15 de julio]. Todo ello determina el levantamiento de la suspensión del art. 111.7.
6. Finalmente, del título II del Código civil de Cataluña, aprobado igualmente por el art. 7 de la Ley 29/2002, el Abogado del Estado solicita que se mantenga la suspensión de la totalidad del capítulo II, dedicado a la regulación de la caducidad, así como de los preceptos que integran el capítulo I, relativo a la prescripción, y de la disposición transitoria, que establece los criterios temporales de aplicabilidad de los preceptos contenidos en dichos capítulos. El Abogado del Estado denuncia la agotadora regulación de la prescripción y advierte que, si se levantase la suspensión de las normas que la regulan así como de las normas relativas a la caducidad, podría verse afectada la seguridad jurídica dado que incidiría sobre unas relaciones jurídico-privadas trabadas conforme a una normativa que luego pudiera ser declarada inconstitucional. Además, hace hincapié en la expansividad de esta regulación resultante de lo dispuesto en el art. 111.4, que determina su aplicación a ámbitos distintos del Derecho civil propio de Cataluña.
Las alegaciones del Abogado del Estado inciden esencialmente sobre el instituto de la prescripción y asimismo contienen referencias sucintas a la caducidad. En todo caso, no existe un análisis de los perjuicios que la aplicación de las normas reguladoras de ambos institutos pudiera ocasionar, sino tan sólo la referencia a la expansividad resultante de lo dispuesto en el art. 111.4 -cuestión a la que ya hemos dado respuesta con anterioridad-, a la extralimitación competencial que su aprobación representa -lo que constituye un análisis del fondo, como el propio Abogado del Estado llega a reconocer- y a la inseguridad jurídica que afectaría a cualquier relación jurídica que pudiera establecerse hasta tanto se resolviera este proceso constitucional. Sin embargo, no podemos entender que este riesgo aconseje el mantenimiento de la suspensión pues la aplicación de los preceptos que nos ocupan alcanza, en los términos expuestos en el fundamento jurídico 4, al ámbito del Derecho civil de Cataluña, ámbito en el que la existencia de una regulación material propia no puede considerarse de por sí atentatoria contra el principio de seguridad jurídica. Tanto menos cuanto que la ya afirmada vigencia del interés general o público como límite a la libertad dispositiva impide que se pueda conculcar dicho interés.
7. Dada la relevancia general de las normas a las que se refiere el presente recurso y su incidencia sobre el conjunto del Derecho civil catalán, este Tribunal estima pertinente adelantar el señalamiento para la resolución del mismo.
Levantar la suspensión del artículo 111.4 del Código civil de Cataluña, aprobado por el art. 7 de la Ley 29/2002, de 30 de diciembre, primera ley del Código civil de Cataluña, en los términos expuestos en el FJ 4, y asimismo levantar la suspensión en
1. Voto particular que formula el Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez al Auto dictado por el Pleno del Tribunal Constitucional el 29 de octubre de 2003, en el recurso de inconstitucionalidad número 2099-2003, promovido por el Presidente del Gobierno contra la Ley del Parlamento de Cataluña 29/2002, de 30 de diciembre, de primera ley del Código civil de Cataluña, al que se adhiere el Magistrado don Roberto García-Calvo y Montiel.
1.- Con el respeto que siempre me merecen los criterios del Pleno, me veo obligado a formular Voto particular (art. 90.2 LOTC) tanto frente la decisión como frente a la fundamentación misma del Auto reseñado en el encabezamiento.
2.- Si bien el Auto mayoritario se fundamenta en lo que denomina "una consolidada doctrina constitucional" (FJ 1) la misma ha sido objeto de Votos particulares constantes desde el que formulamos varios Magistrados al Auto del Pleno 30/2003, de 28 de enero (Votos particulares a los Autos 30/2003, de 28 de enero, RI 783-2003; de 3 de febrero de 2003, RI 4842-2002; 99/2003, de 6 de marzo, RI 5762-2002; ó 264/2003, de 15 de julio, RI 783-2003).
La aplicación a los procesos constitucionales de criterios jurisprudenciales creados y experimentados en el orden contencioso- administrativo sólo es posible cuando se tenga presente la diferente naturaleza de cada uno de dichos procesos y siempre que la aplicación de las categorías del segundo no desnaturalice la esencia de proceso objetivo en que consiste el primero. Por ello, aunque se acepte que la intervención del Tribunal en el momento final de levantar o mantener la suspensión tiene naturaleza de medida procesal cautelar, los criterios a emplear para resolverla deben concordar con el primer momento de control constitucional que presenta la figura sin que puedan configurarse miméticamente conforme a los criterios que usan los jueces ordinarios de lo contencioso-administrativo. Es necesario reflexionar, por ello, sobre cuál es la naturaleza de las suspensiones que se formulan al amparo del artículo 161.2 CE.
3.- La inmediatez y automatismo de la medida de suspensión que se acuerda en los casos en que se desarrolla el artículo 161.2 CE (arts. 30, 62, 64.2 y 77 LOTC) se aprecia en el hecho de que este Tribunal no adopte propiamente una decisión, sino una simple admisión de carácter meramente formal (providencia de admisión); tal dato revela, de forma destacada para la doctrina, que la misma constituye un control constitucional al que en modo alguno se puede atribuir la naturaleza de medida procesal cautelar.
"Ahora bien, este último supuesto [el del artículo 161.2 de la Constitución y art. 64.2 LOTC] presenta características que le diferencian de los anteriormente citados [los de artículos 56 y 64.3 LOTC] y que conviene tener en cuenta. La LOTC confiere en sus artículos 56 y 64.3 un carácter cautelar a la suspensión ... Sin embargo, en el supuesto del artículo 64.2 la mera invocación del artículo 161.2 de la CE, trae como consecuencia automática la suspensión, que se desvincula así de todo carácter cautelar a apreciar por este Tribunal en el inicio del procedimiento. No obstante, y antes de transcurrir cinco meses desde la iniciación del conflicto sin haber concluido éste, el Tribunal deberá resolver, por Auto motivado, sobre el levantamiento o mantenimiento de la suspensión ... En consecuencia, la suspensión acordada en el comienzo del procedimiento conflictual, con motivo de la invocación del artículo 161.2 por el Gobierno, y para un periodo inicial de duración no superior a cinco meses, reviste un carácter excepcional con respecto a los demás casos de suspensión e incluso con respecto a los criterios para levantarla o mantener su permanencia dentro de dicho plazo".
4.. Creo que lo expuesto es suficiente para cuestionar que los criterios propios de las medidas cautelares en lo contencioso-administrativo puedan extenderse sic et simpliciter al momento del levantamiento de la suspensión en estos recursos de inconstitucionalidad. Estos recursos son, según configuración aceptada en forma unánime en la jurisprudencia del Derecho comparado, procesos objetivos en los que las partes oponentes no defienden intereses propios de carácter subjetivo sino, todo lo más, intereses reflejos o indirectos que representan, en realidad, intereses objetivos de protección del ordenamiento constitucional y de eliminación de disposiciones contrarias a él.
Esa prueba exorbitante que se exige al representante del Gobierno carece de apoyo dogmático y resulta ajena a un recurso abstracto destinado a enjuiciar una Ley autonómica que aún no ha desplegado su eficacia. La posición del Abogado del Estado no debe ser diferente, en cuanto a la prueba, de la que ostenta el representante de la Comunidad Autónoma, máxime cuando el representante del Gobierno está actuando en ejercicio de una función de tutela de los intereses globales del ordenamiento, a la que la Constitución misma otorga una posición de preferencia frente a la de la Comunidad Autónoma. Si lo que hay que discutir en realidad es la conformidad o disconformidad de dicha Ley con el ordenamiento, no puede hacerse recaer sobre el representante del Gobierno en tal situación, la obligación de probar los perjuicios que produciría la Ley en caso de levantarse la suspensión. El trámite de audiencia, no previsto en la Ley y arbitrado en la práctica como simultáneo para el representante del Gobierno y para la Comunidad Autónoma, corrobora esta afirmación. Se trata de modificar una situación ya producida -la suspensión de la eficacia de la Ley que dimana de la propia Constitución- por lo que la carga procesal de probar los efectos que puede producir la medida de levantamiento o mantenimiento de la suspensión debe recaer por igual sobre ambas partes.
5.- Paso ya al examen del caso concreto que aquí se plantea. A mi entender la decisión de la mayoría ha aplicado en forma mecánica la "doctrina consolidada" de que me he venido ocupando.
Algunos ejemplos simples servirán para demostrarlo: Así, se trae a colación "el interés particular o privado de las personas afectadas" (sic en FJ 1) cuando estamos en procesos constitucionales objetivos en los que se enjuicia siempre en abstracto la conformidad de una Ley con la Constitución. Si proseguimos la lectura del FJ 1 del Auto mayoritario nos encontraremos de inmediato con otro criterio repetido en nuestra doctrina tradicional: el de la supuesta producción de perjuicios de reparación de imposible o difícil. Este concepto evoca, de forma inevitable, la copiosa jurisprudencia surgida en torno al antiguo artículo 122.2 de la vieja Ley de lo contencioso.administrativo de 27 de diciembre de 1956 mientras que la ponderación circunstanciada de todos los intereses afectados refleja sin duda la orientación más moderna del artículo 130 de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso.administrativa.
Si seguimos leyendo el FJ 1 del Auto de la mayoría podría parecer que matiza la doctrina tradicional que en la carga de prueba se exige al Abogado del Estado en cuanto se supedita el mantenimiento de la suspensión solo a la necesidad de que el Gobierno de la Nación "aporte y razone con detalle los argumentos que la justifiquen" (sic) cuando lo tradicional en la doctrina consolidada hasta ahora ha sido mucho más exigente al afirmar: "preciso [es] demostrar o, al menos, razonar consistentemente su procedencia [la del mantenimiento de la suspensión] y la imposible o difícil reparación [de los perjuicios de que se trata]" (por todos, ATC 100/2002, de 5 de junio, FJ 2).
Sin embargo esta primera apariencia es engañosa. El FJ 3 se basa en un supuesto silencio del Abogado del Estado para levantar la suspensión de los artículos 1 a 6 de la Ley catalana 29/2002. El Auto mayoritario toma dicho silencio como punto de partida y cree cumplidas las exigencias de exhaustividad y congruencia, que pesan sobre el Tribunal Constitucional como sobre cualquier órgano que actúa en forma jurisdiccional, examinando únicamente aquello que el Abogado del Estado no silencia. El FJ 4 de la mayoría no se detiene, de esta forma, en la enumeración de las fuentes del Derecho civil propio de Cataluña (porque la petición de suspensión no se habría referido "específica y autónomamente" a ella), levanta la suspensión del art. 111.9 porque el Abogado del Estado no ha alzado la carga procesal de argumentar la medida excepcional de suspensión (FJ 5), reprocha al Abogado del Estado que hace una referencia sucinta a la caducidad (FJ 6) o, en fin, que no haga referencia alguna a las disposiciones finales de la Ley autonómica impugnada, lo que determina que se alce su suspensión (FJ 6 in fine).
6.- Volvamos, no obstante al supuesto silencio del representante del Gobierno, que sirve a la estructura argumental esencial del Auto del que discrepo. El FJ 3 de dicha resolución afirma que: "debemos comenzar señalando que el Abogado del Estado, en su escrito de alegaciones, se refiere a los preceptos integrantes del libro primero del Código civil de Cataluña ... dejando al margen los seis primeros artículos de la misma". Como ya he dicho, una de las razones por las que se decide el levantamiento de la suspensión de estos seis artículos es precisamente este "silencio del recurrente sobre el particular" (sic en FJ 3).
Creo que una detenida lectura del escrito de alegaciones sobre el mantenimiento de la suspensión conduce a una apreciación distinta de la que se afirma en el Auto de la mayoría. El Abogado del Estado ha formulado una primera pretensión principal (consideración I de su escrito de alegaciones) en la que pide claramente que se mantenga la suspensión de la Ley impugnada en su totalidad. Alega, en efecto, que "la extensión y alcance del texto impugnado afecta a la estructura misma del ordenamiento jurídico en su conjunto" y que, a su juicio, "el conjunto de relaciones jurídicas -y no solamente las civiles- va a resultar afectada por una nueva ordenación dotada de reglas y principios básicos absolutamente sustraídos al derecho común" Prosigue diciendo que "la impugnación afecta al conjunto de la Ley (sic) por su objetivo de eliminar prácticamente la aplicación del Derecho civil común". En coherencia con tales afirmaciones - que se corresponden en forma precisa con su escrito de recurso al que, si alguna duda hubiera, remite el Abogado del Estado correcta y expresamente- culmina su argumentación razonando: "El texto impugnado no constituye una regulación sectorial y aislada que permita recomponer fácilmente las situaciones jurídicas que se conformen al mismo si llega a dictarse una sentencia anulatoria. El carácter esencial de estas normas crea una divergencia de sistemas jurídicos que forzosamente han de conducir a diferentes soluciones aplicativas". Concluye, por ello, que "lo que queda dicho afecta a la totalidad de la norma" (sic). El suplico de su escrito nos pide, en forma coherente, que "sea mantenida la suspensión de los preceptos impugnados". Esta pretensión se corresponde exactamente con la formulada en el escrito del recurso de inconstitucionalidad, en los que se pide la declaración de inconstitucionalidad de toda la Ley y, sólo subsidiariamente, la de determinados preceptos del libro I del Código civil de Cataluña, que aprueba el artículo 7 de la Ley catalana 29/2002.
7.- No creo procedente pronunciarse en este momento procesal sobre el fondo de la cuestión que plantea el recurso de inconstitucionalidad 2099-2003, que no es otra que la de interpretar, conforme al artículo 149.1.8 CE, la relación que existe entre la legislación civil del Estado y el Derecho civil foral o especial de las Comunidades Autónomas.
Creo que la litigiosidad en materia de Derecho civil podría afectar en forma intensa, directa y tal vez irremediable al principio constitucional de seguridad jurídica en las relaciones jurídico- privadas catalanas (art. 9.3 CE), que ha invocado certeramente en este caso el Abogado del Estado. El mantenimiento de la suspensión es menos perjudicial para los intereses del ordenamiento civil catalán que el riesgo de una hipotética declaración de inconstitucionalidad y la incertidumbre de los efectos ex tunc que caracterizan a todo fallo de inconstitucionalidad que pudiera afectar a todo o parte de los preceptos recurridos. Los perjuicios de la suspensión se atenúan además, en forma decisiva, dada la ponderación que ha efectuado el propio Auto mayoritario en su FJ 7 -con el que estoy totalmente de acuerdo- al apreciar la necesidad de adelantar el señalamiento para deliberación y fallo de este recurso por el relieve general para Cataluña de las normas a que el mismo se refiere. El propio legislador catalán, consciente de la trascendencia de las normas que nos ocupan, ha retrasado su vigencia, en fin, hasta el 1 de enero de 2004 (disposición final segunda último inciso).
El Auto mayoritario es consciente de la litigiosidad potencial del levantamiento de la suspensión respecto de algunos preceptos. Así, con relación a la aplicación del Derecho civil catalán como derecho civil común en Cataluña, según el artículo 111.4 del libro primero, la mayoría (FJ 4 in fine), rechaza el mantenimiento de la suspensión de la norma en la medida en que se limite el sentido del texto únicamente a las "leyes civiles de la Comunidad Autónoma de Cataluña". No creo que esta novedosa forma de interpretación conforme a la Constitución (verfassungskonforme Auslegung) válida supuestamente hasta la sentencia definitiva sea una solución aplicable a los casos que nos ocupan. La interpretación conforme a la Constitución de los textos no es una panacea universal de la moderna alquimia constitucional, ni es posible expulsar temporalmente del ordenamiento catalán alguna interpretación de éstos para que luego, en caso de que desestimemos el recurso, vuelvan a penetrar en él las normas expulsadas cautelarmente.
2. Voto particular que formula el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas respecto del Auto de fecha 29 de octubre de 2003 dictado en el recurso de inconstitucionalidad núm. 2099-2003.
1. El Auto del que disiento pretende situarse de partida en el marco de una doctrina consolidada, que aplica al caso resuelto por él.
2. Decíamos en el Voto referenciado los Magistrados que lo formulamos, y que reitero aquí, lo siguiente:
"Creemos que en la forma en que se viene aplicando el art. 161.2 CE en lo relativo a la ratificación o levantamiento de la suspensión en los procesos cuyo objeto es la impugnación de una Ley, una vez que la LOTC dejó claro en su art. 30 que la alusión de aquel precepto constitucional a disposiciones incluye entre ellas las leyes, se viene prácticamente a desvirtuar el sentido de la suspensión inicial, y, en suma, la función constitucional del precepto que la establece, equiparando de hecho su funcionalidad, dados los criterios que se utilizan, y aunque así no se diga, con la de la suspensión cautelar del acto administrativo en el recurso contencioso-administrativo, cuando, a nuestro juicio, los elementos constitucionales en juego son absolutamente distintos.
Cuando la Constitución inviste directa e incondicionalmente al Gobierno de la Nación de la facultad de provocar una suspensión como la que nos ocupa, y ello en el ámbito de lo que en definitiva consiste en un conflicto entre poderes públicos (el del Estado y el de la Comunidad Autónoma concernida en el proceso en los casos más corrientes), está partiendo de una supremacía lógica del todo (el Estado, la Nación española - art. 2 CE- políticamente dirigida por el Gobierno -art. 97 CE) sobre las partes integrantes de ese todo (art. 2 CE), en el marco de la sumisión de todos los poderes públicos a la Constitución (art. 9.1 CE).
En el ámbito procesal concreto de los conflictos constitucionales, cuando el que plantea el conflicto es el Gobierno, el primero de los apartados referidos establece la suspensión inmediata de la vigencia 'de la disposición, resolución o acto que hubiesen dado origen al conflicto', por la sola invocación por el Gobierno del art. 161.2 CE, sin exigencia de ninguna carga complementaria de ningún tipo. En tal caso el Tribunal Constitucional se ve ante un imperativo de suspensión sin posible alternativa jurisdiccional. En cambio, cuando el que plantea el conflicto es otro órgano legitimado para ello, el segundo de los preceptos establece la posibilidad de suspensión; pero para conseguirlo es precisa la solicitud al respecto (adviértase la diferencia conceptual entre la solicitud y la invocación del art. 161.2 CE del supuesto anterior) del órgano en cuestión, y la justificación de esa solicitud 'invocando perjuicios de imposible o difícil reparación', sobre cuya base 'el Tribunal acordará o denegará libremente la suspensión solicitada'. En un caso el Tribunal se limita a responder a un automatismo constitucional por su sola invocación por el Gobierno de la Nación, y en el segundo en cambio dicta una resolución típicamente jurisdiccional de tutela cautelar sobre la base de una solicitud, que a su vez, debe estar fundamentada en unos posibles perjuicios.
3. Precisamente por ello no resulta adecuado a esa regulación constitucional, una forma de interpretar y aplicar la norma constitucional alusiva a la ratificación o levantamiento de la suspensión por el Tribunal Constitucional, conducente a un automatismo en el levantamiento de signo contrario al de la inicial suspensión automática; o una inversión de la posición del Gobierno en ese trance, a la que se llega a base de atribuir una posición de ventaja a las Comunidades Autónomas, eximiéndolas de carga alguna en la procura del levantamiento de la suspensión, mientras que se arrojan sobre el Gobierno en exclusiva unas cargas procesales que tendrían sentido, si se tratase de la aplicación de una excepción favorable a él, pero que no lo tienen en caso contrario, cuando de lo que se trata es de la ratificación de una medida previamente acordada, que no hay por qué calificarla de excepcional, dado que se produce en aplicación de un mandato constitucional.
4. Inoperante, o minimizado en grado sumo como criterio el de la presunción de constitucionalidad de la Ley autonómica, por lo expuesto, el otro criterio utilizado por nuestra consolidada jurisprudencia es el de la ponderación de 'los intereses que se encuentran implicados, tanto el interés general y público, como el particular o privado de las personas afectadas, y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que se irrogan del mantenimiento o levantamiento de la suspensión', ponderación a llevar a cabo 'mediante el estricto examen de las situaciones de hecho creadas' (FJ 2 del Auto), y todo ello sobre la base del rechazo de la alegación de 'perjuicios meramente hipotéticos', puesto que la suspensión 'solo procede en presencia de perjuicios ciertos y efectivos en ausencia de los cuales debe atenderse a la presunción de validez propia de las leyes (ATC 73/1999, de 23 de marzo, FJ 3, con cita de los AATC 79/1990, 87/1991 y 168/1998)' (FJ 4 del Auto).
5. Y para cerrar definitivamente la doctrina se marca en ella reiteradamente énfasis especial en el rechazo de la consideración de la 'viabilidad de las pretensiones que se formulan en la demanda', cuando ese elemento es precisamente, aun con toda la prudencia recomendable y con las obligadas reservas de un juicio cautelar, uno de los que podrían permitir asentar en bases racionales más adecuadas dicho juicio, al menos en un plano de mera verosimilitud, que no de certeza.
El juego de la apariencia de buen derecho en los casos en los que está en juego el respeto del orden constitucional creemos que puede tener mucho mayor espacio de operación que en los procesos antes la jurisdicción ordinaria en los que se debaten intereses particulares, sobre todo en casos de notoria apariencia de falta de fundamentación de una de las posiciones en litigio. En cualquier caso no participamos de la opinión de nuestra doctrina, cuando rechaza ese posible criterio con la rotundidad con que lo hace. Téngase en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre en la tutela cautelar en la jurisdicción ordinaria, en los procesos constitucionales en que está llamado a operar el art. 161.2 CE en primer lugar no nos movemos propiamente en un ámbito conceptual de tutela jurisdiccional del derecho de tutela judicial al que van ligadas unas exigencias en el proceso que no tienen que entrar en juego, o no en la misma medida y sentido, en el recurso de inconstitucionalidad, en el que la configuración procesal es más formal que sustantiva; y en segundo lugar, dado el plazo establecido en el art. 161.2 CE, cuando se debe adoptar la decisión sobre ratificación de la suspensión o levantamiento de la misma, el debate procesal ya está normalmente terminado, y no existen las mismas razones que en los procesos ante la jurisdicción ordinaria para no poder tomar en consideración los términos del debate".
3. La aplicación de los criterios precedentes al caso actual conduce, a mi juicio, a la conclusión de que la solución correcta era la de mantener la suspensión.
Mas, aun sin salirnos de ese planteamiento, y moviéndonos, a los meros efectos dialécticos, en el marco de la doctrina consolidada respecto de la que he expresado mi discrepancia, creo que, en todo caso, al menos en cuanto al artículo 111.4 (que nada menos atribuye a las disposiciones del "Código civil de Cataluña" la condición de derecho común en Cataluña, y de aplicación supletoria a las demás leyes, ni siquiera civiles, por lo que se trata de la supletoriedad de todo el Ordenamiento jurídico en Cataluña, sin precedente en el texto refundido de la Compilación del Derecho civil de Cataluña, lo que implica un muy marcado paso adelante en el distanciamiento del Derecho civil común) y en cuanto al título II, relativo a la prescripción y la caducidad (mecanismos estos de seguridad jurídico de proyección sobre ilimitadas situaciones posibles), así como la disposición transitoria única, inmediatamente conectada con ese título, existían bases suficientes para mantener la suspensión, habida cuenta de los intereses afectados por la aplicación de dichos preceptos y la muy problemática reversibilidad de las situaciones concernidas por tal aplicación en la hipótesis de una declaración final de inconstitucionalidad.
Type and record number Recurso de inconstitucionalidad 2099-2003
Date of the decision 29/10/2003
Levanta la suspensión en el recurso de inconstitucionalidad 2099-2003 promovido por el Presidente del Gobierno.
Cataluña: competencias en materia de Derecho civil catalán. Suspensión de disposiciones de las Comunidades Autónomas: levanta la suspensión. Votos particulares: formulados dos.
Artículo 114.1 c)
Ley del Parlamento de Cataluña 29/2002, de 30 de diciembre. Primera ley del Código civil de Cataluña, por la que se aprueba el libro primero relativo a las disposiciones generales

References: resolución 
 resolución 
 artículo 9
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 111
 artículo 161
 artículo 161
 artículo 161
 artículo 64
 artículo 161
 artículo 161
 artículo 122
 artículo 130
in fine
 resolución 
 artículo 7
 artículo 149
 artículo 111
in fine
 resolución 
 resolución 
 artículo 111

Artículo 114