Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd296-1996.html
Timestamp: 2016-10-23 22:58:45+00:00

Document:
Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Org�nico del Cuerpo de M�dicos Forenses.
Vigencia desde 02 de Marzo de 1996. Esta revisi�n vigente desde 24 de Julio de 2005.
Vigente desde 31/Octubre/1997 hasta 24/Julio/2005
ANEXO REGLAMENTO ORGANICO DEL CUERPO NACIONAL DE MEDICOS FORENSES
�Naturaleza y dependencia org�nica
�R�gimen estatutario
Adquisici�n y p�rdida de la condici�n de m�dico forense
�Forma de ingreso
�Sistemas selectivos
�Requisitos para tomar parte en las pruebas selectivas
�Tribunal calificador
�Discapacidades
�Aspirantes aprobados
�Juramento o promesa y toma de posesi�n
�P�rdida de la condici�n de m�dico forense
�Renuncia
Registro Central de Personal al Servicio de la Administraci�n de Justicia, relaciones de puestos de trabajo y escalaf�n
�Registro Central del Personal al Servicio de la Administraci�n de Justicia
�Relaciones de puestos de trabajo
�Escalaf�n
Provisi�n de puestos de trabajo y sustituciones
�Formas de provisi�n de puestos de trabajo
�Provisi�n de puestos por concurso
�M�ritos
�Concursos espec�ficos
�Lenguas oficiales de las Comunidades Aut�nomas
�Limitaciones para concursar
�Provisi�n de puestos mediante libre designaci�n
�Comisiones de servicio
�Plazos de toma de posesi�n y de cese
�Nombramiento de m�dicos forenses interinos
�Remoci�n y cese
Derechos de los m�dicos forenses
�Condici�n de autoridad y distintivos
�Puesto de trabajo y promoci�n profesional
�Derechos de sindicaci�n y huelga
�R�gimen retributivo y R�gimen especial de Seguridad Social
�Actividades de formaci�n
�Permiso por asuntos particulares
�Permisos por causas justificadas
�Licencias por raz�n de matrimonio
�Licencias por asuntos propios
�Permisos por maternidad y adopci�n
�Baja por enfermedad
�Licencia por enfermedad
�Licencia por estudios
Deberes de los m�dicos forenses
�Deberes profesionales
�Abstenciones y recusaciones
�Jornada y horarios
�Realizaci�n de actividades compatibles
�Situaciones
�Servicio activo
�Servicios especiales
�Declaraci�n de la situaci�n de servicios especiales
�Efectos de la situaci�n de servicios especiales
�Reincorporaci�n a partir de la situaci�n de servicios especiales
�Excedencia para el cuidado de hijos
�Excedencia voluntaria por prestaci�n de servicios en el sector p�blico
�Excedencia voluntaria por inter�s particular
�Excedencia voluntaria por agrupaci�n familiar
�Efectos de la excedencia voluntaria
�Suspensi�n
�Suspensi�n definitiva
�Suspensi�n provisional
�Derechos del suspenso provisional
�Reglas generales del reingreso al servicio activo
�Reingreso de los excedentes forzosos
�Reingreso de los suspensos definitivos
�Reingreso de los excedentes para el cuidado de hijos
�Reingreso de los excedentes voluntarios
�Cambio de situaciones administrativas
�Clases de faltas y prescripci�n
�Anotaci�n de las sanciones disciplinarias
�Ejecuci�n, inejecuci�n y suspensi�n temporal
�Acreditaci�n del conocimiento de las lenguas oficiales de las Comunidades Aut�nomas
�Competencias del Director del Instituto de Toxicolog�a
�R�gimen transitorio de integraci�n de los m�dicos forenses en los Institutos de Medicina Legal
�R�gimen transitorio de provisi�n de puestos de trabajo
�M�dicos forenses en r�gimen de dedicaci�n normal
�R�gimen transitorio de la compatibilidad para el ejercicio de una actividad privada
�Puestos adscritos exclusivamente a funciones de Registro Civil
T�ngase en cuenta que el presente Real Decreto, queda derogado, conforme establece la disposici�n derogatoria �nica del R.D. 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisi�n de Puestos de Trabajo y Promoci�n Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administraci�n de Justicia (�B.O.E.� 27 diciembre), en cuanto se oponga a lo establecido en el citado Reglamento.
Pre�mbulo El art�culo 456 de la Ley Org�nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, prev� la existencia de Reglamentos Org�nicos para el personal al servicio de la Administraci�n de Justicia, bajo cuya denominaci�n se comprenden, entre otros, los m�dicos forenses. Con arreglo a las disposiciones adicionales de la propia Ley, corresponde al Gobierno la aprobaci�n de los Reglamentos que exija el desarrollo de la citada Ley Org�nica.
La regulaci�n hasta ahora vigente relativa al Cuerpo de M�dicos Forenses se encuentra en el Decreto 2555/1968, de 10 de octubre, por el que se aprob� el Reglamento Org�nico del Cuerpo Nacional de M�dicos Forenses. La necesidad de reforma de esta norma se hizo patente con la promulgaci�n de la Ley Org�nica del Poder Judicial, cuyos art�culos 497 a 508 configuraban a los m�dicos forenses como un Cuerpo titulado superior al servicio de la Administraci�n de Justicia, definiendo sus funciones y enmarcando sus actividades en los denominados Institutos de Medicina Legal.
De igual forma, la reciente aprobaci�n de la Ley Org�nica 16/1994, de 8 de noviembre, por la que se reforma la Ley Org�nica del Poder Judicial, y que modifica diversos art�culos de la regulaci�n de los m�dicos forenses, acentuando su dependencia de los Institutos de Medicina Legal y posibilitando la asunci�n de competencias por parte de las Comunidades Aut�nomas, hace de todo punto imprescindible proceder a la reforma del Reglamento hasta ahora vigente.
El presente Reglamento del Cuerpo de M�dicos Forenses responde as� a una exigencia legal, pretendiendo conseguir un servicio p�blico eficaz que sirva a las nuevas necesidades que hoy en d�a se presentan en el �mbito pericial, docente e investigador relacionado con las ciencias forenses.
Atendiendo a esta finalidad, los aspectos fundamentales de la reforma emprendida son, de una parte, conseguir una optimizaci�n de los recursos humanos disponibles mediante una mejor organizaci�n de los mismos, estableciendo la dependencia de los m�dicos forenses de los Directores de los Institutos de Medicina Legal, as� como unificando los destinos de los m�dicos forenses en los referidos Institutos.
Por otro lado, la articulaci�n en la pr�ctica de la posible asunci�n de competencias por parte de las Comunidades Aut�nomas que recoge el art�culo 455 de la Ley Org�nica del Poder Judicial, en la redacci�n dada al mismo por la Ley Org�nica 16/1994, de 8 de noviembre, requiere contar con una base jur�dica suficiente que defina con precisi�n el Estatuto jur�dico del personal afectado por el posible traspaso de funciones, procediendo a deslindar las funciones entre la Administraci�n del Estado y las Comunidades Aut�nomas, todo ello en desarrollo de la propia Ley Org�nica del Poder Judicial a la que el art�culo 122.1 de la Constituci�n encomienda la regulaci�n del Estatuto jur�dico de todo el personal al servicio de la Administraci�n de Justicia.
Finalmente, y en cuanto al r�gimen estatutario de los m�dicos forenses propiamente dicho, se pretende aplicar las l�neas directrices del r�gimen general de la funci�n p�blica en materias como los sistemas de ingreso, la provisi�n de puestos, el r�gimen de derechos y deberes, as� como las situaciones administrativas, respetando en todo caso su condici�n de funcionarios al servicio de la Administraci�n de Justicia y, en suma, las disposiciones de la Ley Org�nica del Poder Judicial.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 23 de febrero de 1996,
Aprobaci�n del Reglamento Se aprueba el Reglamento Org�nico del Cuerpo de M�dicos Forenses, cuyo texto se inserta a continuaci�n.
Derogaci�n normativa Queda derogado el Decreto 2555/1968, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Org�nico del Cuerpo Nacional de M�dicos Forenses, y todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto y en el Reglamento que aprueba.
Desarrollo y aplicaci�n 1. El Ministro de Justicia e Interior o el �rgano competente de las Comunidades Aut�nomas podr�n dictar, en el �mbito de sus respectivas competencias, las disposiciones pertinentes para el desarrollo y aplicaci�n del presente Real Decreto.
2. El presente Real Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�.
ANEXO REGLAMENTO ORGANICO DEL CUERPO NACIONAL DE MEDICOS FORENSES CAPITULO PRIMERODisposiciones generales
Naturaleza y dependencia org�nica 1. Los m�dicos forenses constituyen un Cuerpo Nacional de titulados superiores al servicio de la Administraci�n de Justicia adscrito org�nicamente al Ministerio de Justicia e Interior. Depender�n de este Ministerio o de las Comunidades Aut�nomas, en los t�rminos establecidos en este Reglamento.
2. Los m�dicos forenses son funcionarios de carrera que desempe�an funciones de asistencia t�cnica a los Juzgados, Tribunales, Fiscal�as y Oficinas del Registro Civil en las materias de su disciplina profesional, independientemente de su dependencia org�nica de los Institutos de Medicina Legal.
3. Los m�dicos forenses depender�n de los Directores de los Institutos de Medicina Legal o de Toxicolog�a en los que est�n destinados.
No obstante, en el curso de las actuaciones procesales o de investigaci�n de cualquier naturaleza incoadas por el Ministerio Fiscal, en las que tomen parte como consecuencia de las funciones de asistencia t�cnica que les sean encomendadas a trav�s del Director del Instituto de Medicina Legal, estar�n a las �rdenes de los Jueces, Magistrados, Fiscales y Encargados del Registro Civil, ejerciendo sus funciones con plena independencia y bajo criterios estrictamente cient�ficos.
R�gimen estatutario El r�gimen estatutario de los m�dicos forenses ser� el establecido en la Ley Org�nica del Poder Judicial, en el presente Reglamento y en las disposiciones complementarias. En todo lo no previsto en dichas normas se aplicar�, con car�cter supletorio, lo dispuesto en la legislaci�n general sobre la funci�n p�blica.
Funciones Los m�dicos forenses tendr�n a su cargo las siguientes funciones:
a) La emisi�n de informes y dict�menes m�dico-legales que les sean solicitados a trav�s de los Institutos de Medicina Legal por los Juzgados, Tribunales, Fiscal�as, Oficinas del Registro Civil y otros �rganos de la Administraci�n de Justicia.
b) La realizaci�n de las investigaciones en el campo de la Patolog�a Forense y de las pr�cticas tanatol�gicas que les sean requeridas a trav�s de los Institutos de Medicina Legal, por los Juzgados, Tribunales y Fiscal�as, y que se deriven necesariamente de su propia funci�n en el marco del proceso judicial.
c) El control peri�dico de los lesionados y la valoraci�n de los da�os corporales que sean objeto de actuaciones procesales, as� como la asistencia o vigilancia facultativa a los detenidos que se encuentren a disposici�n judicial, y cuantas otras funciones establezca la legislaci�n aplicable.
d) La asistencia t�cnica que les sea requerida a trav�s de los Institutos de Medicina Legal por Juzgados Tribunales, Fiscal�as y Oficinas del Registro Civil y dem�s �rganos de la Administraci�n de Justicia del �mbito territorial en el que est�n destinados, en las materias de su disciplina profesional y con sujeci�n a lo establecido en las leyes procesales.
e) La emisi�n de informes que les sean encomendados por el Director del Departamento del Instituto de Toxicolog�a en el que est�n destinados, as� como la atenci�n a la demanda de informaci�n toxicol�gica.
f) La emisi�n de dictamen sobre la causa de la muerte, en los supuestos establecidos en el art�culo 85 de la Ley de Registro Civil de 8 de junio de 1957, redactado conforme a la Ley Org�nica 7/1992, de 20 de noviembre.
g) Cualesquiera otras funciones de colaboraci�n e investigaci�n, propias de su funci�n, con el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, con las Comunidades Aut�nomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia, as� como con otros �rganos de las Administraciones p�blicas, derivadas de convenios o acuerdos adoptados al efecto.
CAPITULO IIAdquisici�n y p�rdida de la condici�n de m�dico forense
Forma de ingreso 1. La selecci�n de m�dicos forenses se efectuar� mediante convocatoria p�blica que habr� de respetar los principios de publicidad, igualdad, m�rito y capacidad.
2. Las Comunidades Aut�nomas podr�n instar del Ministerio de Justicia e Interior la convocatoria de las correspondientes pruebas selectivas, cuando existieran vacantes en su territorio.
3. Dicha convocatoria determinar�, en todo caso el sistema de ingreso, el n�mero de plazas convocadas, los ejercicios de las pruebas selectivas, as� como cualquier otra circunstancia relativa a la convocatoria.
4. Las normas de convocatoria de oposiciones se aprobar�n por el Ministerio de Justicia e Interior, previo informe de las Comunidades Aut�nomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia y previa negociaci�n con las centrales sindicales m�s representativas.
5. La convocatoria se publicar�, simult�neamente si fuera posible, en el �Bolet�n Oficial del Estado� y en los Boletines Oficiales de las Comunidades Aut�nomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia.
En el supuesto de que la publicaci�n no se produzca de forma simult�nea, los t�rminos y plazos establecidos en la convocatoria se contar�n a partir de la publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�.
6. Las convocatorias para el ingreso en el Cuerpo de M�dicos Forenses, podr�n ser territorializadas, de forma que se agrupen las vacantes de uno o varios territorios, coincidentes con el �mbito de cada Tribunal Superior de Justicia. En este caso, el aspirante deber� optar por uno de los �mbitos territoriales que exprese la convocatoria y, de resultar aprobado, ser� destinado obligatoriamente a alguna de las vacantes radicadas en el mismo.
7. En relaci�n al conocimiento de las lenguas oficiales de las Comunidades Aut�nomas, se podr� establecer la realizaci�n de una prueba optativa de conocimiento, que en ning�n caso tendr� car�cter eliminatorio. Quedar�n eximidos de la realizaci�n de dicha prueba aquellos aspirantes que acrediten el conocimiento de la lengua de acuerdo con los niveles establecidos en la disposici�n adicional segunda del presente Reglamento. En ambos casos, las bases de la convocatoria establecer�n la correspondiente puntuaci�n, que s�lo se tendr� en cuenta para la adjudicaci�n de destino dentro de la Comunidad Aut�noma correspondiente.
Sistemas selectivos 1. El ingreso en el Cuerpo de M�dicos Forenses se efectuar� mediante los sistemas de oposici�n o concurso-oposici�n y, en su caso, se podr� prever la realizaci�n de un curso selectivo de car�cter te�rico-pr�ctico. La oposici�n ser� el sistema ordinario de ingreso. Cuando la naturaleza de las funciones a desempe�ar as� lo aconseje, podr� utilizarse el sistema de concurso-oposici�n.
2. Los programas de las pruebas de ingreso ser�n elaborados por el Centro de Estudios Jur�dicos de la Administraci�n de Justicia y aprobados por el Ministerio de Justicia e Interior, previo informe de las Comunidades Aut�nomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia, o�das las centrales sindicales m�s representativas as� como, en su caso, las comisiones de docencia e investigaci�n de los Institutos de Medicina Legal en los que se hubiesen constituido.
Requisitos para tomar parte en las pruebas selectivas Son requisitos para tomar parte en las pruebas selectivas de ingreso al Cuerpo de M�dicos Forenses los siguientes:
a) Ser espa�ol y mayor de edad.
b) Reunir los requisitos de titulaci�n que determine la Ley Org�nica del Poder Judicial.
c) No haber sido condenado, ni estar procesado ni inculpado por delito doloso, a menos que hubiesen obtenido la rehabilitaci�n o hubiere reca�do en la causa auto de sobreseimiento.
d) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones p�blicas.
e) No haber sido separado mediante procedimiento disciplinario de un Cuerpo del cualquiera de las Administraciones p�blicas, ni suspendido para el ejercicio de funciones p�blicas en v�a disciplinaria o judicial, salvo que hubiera sido debidamente rehabilitado.
f) No padecer enfermedad o defecto f�sico o ps�quico que le impida el desempe�o de las funciones de m�dico forense.
g) Hallarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
Tribunal calificador 1. El tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de M�dicos Forenses ser� nombrado por el Ministerio de Justicia e Interior y estar� constituido por un Director de un Instituto de Medicina Legal, o un Subdirector en su caso, que actuar� como Presidente; un Catedr�tico o Profesor titular propuesto por el Consejo de Universidades; un Magistrado propuesto por el Consejo General del Poder Judicial o un Fiscal propuesto por el Fiscal General del Estado; dos m�dicos forenses en servicio activo; un Facultativo del Instituto de Toxicolog�a y un funcionario de la Administraci�n General del Estado, destinado en el Ministerio de Justicia e Interior y perteneciente al grupo A, que actuar� como Secretario. Formar� asimismo parte del tribunal un funcionario del grupo A de las Comunidades Aut�nomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia, siempre que dentro de su territorio existan plazas convocadas en el proceso de selecci�n.
2. En el proceso selectivo realizado de forma descentralizada, las convocatorias respectivas podr�n prever la colaboraci�n temporal con el tribunal de otros funcionarios p�blicos de la Administraci�n de Justicia, de la Administraci�n General del Estado o de las Administraciones Auton�micas correspondientes al territorio donde se realicen, para colaborar en el desarrollo de dicho proceso bajo la direcci�n del tribunal, con las competencias de ejecuci�n material y ordenaci�n administrativa de los distintos ejercicios que en cada prueba selectiva se les atribuya.
3. El tribunal podr� disponer la incorporaci�n a sus trabajos de vocales asesores especialistas que actuar�n con voz, pero sin voto, en todas o algunas de las pruebas, de acuerdo con lo previsto en la correspondiente convocatoria.
4. Los tribunales no podr�n actuar sin la presencia de un m�dico forense, del Presidente y del Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la mitad al menos de sus miembros.
Discapacidades 1. En los procesos selectivos para ingreso en el Cuerpo de M�dicos Forenses ser�n admitidas las personas con minusval�a en igualdad de condiciones con los dem�s aspirantes.
Las convocatorias no establecer�n exclusiones por limitaciones ps�quicas o f�sicas, sin perjuicio de las incompatibilidades con el desempe�o de las tareas o funciones correspondientes.
2. En las pruebas selectivas incluyendo, en su caso, el curso te�rico-pr�ctico, se establecer�n para las personas con minusval�a que lo soliciten las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realizaci�n. En las convocatorias se indicar� expresamente esta posibilidad, as� como que los interesados deber�n formular la correspondiente petici�n concreta en la solicitud de participaci�n.
A tal efecto, los tribunales podr�n requerir informe y, en su caso, colaboraci�n de los �rganos t�cnicos de la Administraci�n laboral, sanitaria o de los �rganos competentes del Ministerio de Asuntos Sociales.
3. Las pruebas selectivas se realizar�n en condiciones de igualdad con los aspirantes de acceso libre, sin perjuicio de las adaptaciones previstas en el apartado anterior.
Si en el desarrollo de los procesos selectivos se suscitaran dudas al tribunal respecto de la capacidad del aspirante por el cupo de plazas reservadas a personas con discapacidad para el desempe�o de las actividades habitualmente desarrolladas por los funcionarios del Cuerpo a que se opta, podr� recabar el correspondiente dictamen del �rgano competente del Ministerio de Asuntos Sociales o, en su caso, de la Comunidad Aut�noma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia correspondiente.
En este caso, hasta tanto se emita el dictamen, el aspirante podr� participar condicionalmente en el proceso selectivo, quedando en suspenso la resoluci�n definitiva sobre la admisi�n o exclusi�n del proceso, hasta la recepci�n del dictamen.
Aspirantes aprobados Los tribunales no podr�n, en ning�n caso, aprobar ni declarar que han superado el proceso selectivo un n�mero superior de aspirantes al de plazas convocadas.
Nombramiento 1. El orden de ingreso de los aspirantes declarados aptos se determinar� por la suma de las puntuaciones obtenidas en fase de oposici�n o concurso-oposici�n y en el curso te�rico-pr�ctico, incluidas, en su caso, las correspondientes a las pruebas optativas.
2. El nombramiento como m�dico forense se efectuar� por el Ministerio de Justicia e Interior mediante resoluci�n que se publicar� simult�neamente en el �Bolet�n Oficial del Estado� y, en su caso, en los Boletines Oficiales de las Comunidades Aut�nomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia.
Juramento o promesa y toma de posesi�n 1. La condici�n de m�dico forense se adquiere desde la toma de posesi�n del primer destino, previo juramento o promesa prestados con la f�rmula siguiente: �Juro (o prometo) guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constituci�n y el resto del ordenamiento jur�dico, lealtad a la Corona y cumplir los deberes de mi cargo frente a todos�.
2. El juramento o promesa se prestar� ante el Director del Instituto donde sea destinado el funcionario. La toma de posesi�n se efectuar� ante la misma autoridad, quien lo pondr� en conocimiento del Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, de la Comunidad Aut�noma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia, para constancia en el expediente personal del interesado.
3. El que se negare a prestar juramento o promesa o sin justa causa dejare de tomar posesi�n se entender� que renuncia al cargo y a formar parte del Cuerpo, debi�ndose dar cuenta de ello por el Director del Instituto correspondiente al Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, al �rgano competente de la Comunidad Aut�noma.
4. El plazo para tomar posesi�n es el de veinte d�as naturales contados desde el siguiente al de la fecha de la publicaci�n del respectivo nombramiento en el �Bolet�n Oficial del Estado�.
Los nombramientos ser�n publicados, simult�neamente, adem�s, en los Boletines Oficiales de las Comunidades Aut�nomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia. En el supuesto de que la publicaci�n simult�nea no fuera posible, el plazo posesorio comenzar� a contar a partir del d�a siguiente al de la publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�.
Cuando concurriera causa justificada, el Ministerio de Justicia e Interior, de oficio, a propuesta del �rgano competente de la Comunidad Aut�noma, o del interesado, podr� reducir o prorrogar en la medida necesaria el expresado plazo. En el supuesto de que la petici�n de reducci�n o pr�rroga del plazo posesorio afecte a un funcionario cuya procedencia o destino sea el territorio de cualquiera de las Comunidades Aut�nomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia, el Ministerio de Justicia e Interior lo comunicar� al �rgano competente de la Comunidad.
P�rdida de la condici�n de m�dico forense 1. La condici�n de m�dico forense se pierde en virtud de alguna de las causas siguientes:
b) Renuncia. Se entender� incurso en este supuesto el previsto en el art�culo 11.3.
c) P�rdida de la nacionalidad espa�ola.
d) Condena por delito que lleve aparejada, como pena principal o accesoria, la de inhabilitaci�n absoluta o especial para el desempe�o de cargos p�blicos. Los tribunales que dictaren estas sentencias remitir�n testimonio de ellas al Ministerio de Justicia e Interior, una vez que sean firmes.
e) Condena a pena privativa de libertad por raz�n de delito doloso, relacionado con el servicio o que cause da�o a la Administraci�n de Justicia. En los casos en que la pena no fuera superior a seis meses, el Ministerio de Justicia e Interior, previo informe favorable del Consejo General del Poder Judicial, de forma motivada y atendiendo a la entidad del delito cometido, podr� sustituir la p�rdida de la condici�n de m�dico forense por la sanci�n prevista en el art�culo 80.1.c) de este Reglamento.
f) Sanci�n disciplinaria de separaci�n del servicio.
g) Falta de petici�n de reingreso al servicio activo una vez transcurrido el per�odo m�ximo de duraci�n de la situaci�n de excedencia voluntaria por inter�s particular.
Renuncia La renuncia a la condici�n de m�dico forense ha de ser formulada por el interesado mediante escrito y no surtir� efecto hasta que sea aceptada por el Ministerio de Justicia e Interior. En aquellas Comunidades Aut�nomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia, la comunicaci�n de la renuncia se efectuar� a trav�s del �rgano competente de la Comunidad Aut�noma.
Jubilaci�n 1. Los m�dicos forenses ser�n jubilados con car�cter forzoso:
a) Al cumplir la edad establecida en el art�culo 467 de la Ley Org�nica del Poder Judicial.
b) Por incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones.
2. Las jubilaciones contempladas en el apartado anterior se regular�n por lo establecido en la legislaci�n de Clases Pasivas.
3. Tambi�n podr�n ser jubilados con car�cter voluntario cuando lo soliciten y se den las condiciones exigidas con car�cter general en la legislaci�n aplicable a los funcionarios de la Administraci�n General del Estado.
4. Cuando la jubilaci�n afecte a un m�dico forense dependiente de una Comunidad Aut�noma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia, la comunicaci�n se realizar� directamente por el Ministerio de Justicia e Interior al �rgano competente de la Comunidad Aut�noma, quien lo trasladar� al interesado y al �rgano en el que preste servicios el funcionario.
CAPITULO IIIRegistro Central de Personal al Servicio de la Administraci�n de Justicia, relaciones de puestos de trabajo y escalaf�n
Registro Central del Personal al Servicio de la Administraci�n de Justicia En el Ministerio de Justicia e Interior existir� un Registro Central del Personal al Servicio de la Administraci�n de Justicia en el que se inscribir� a todos los miembros del Cuerpo de M�dicos Forenses, y en el que se anotar�n preceptivamente todos los actos que afecten a la vida administrativa de los mismos.
A tal efecto, las diferentes Administraciones competentes deber�n grabar en dicho Registro los actos que realicen en el ejercicio de las competencias que ejerzan en relaci�n al Cuerpo de M�dicos Forenses, como requisito de su eficacia en n�mina, y asimismo deber�n remitir al Registro los correspondientes documentos de gesti�n de personal homologados para su constancia en el expediente personal del m�dico forense. En todo caso, se asegurar� la necesaria intercomunicaci�n de los sistemas de gesti�n. Las distintas Administraciones podr�n expedir las certificaciones que correspondan con arreglo a los datos que figuran en el Registro.
El Ministerio de Justicia e Interior, previo informe de las Comunidades Aut�nomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia, y con cumplimiento de los requisitos legales, aprobar� las normas reguladoras del Registro Central del Personal al Servicio de la Administraci�n de Justicia y el programa para su implantaci�n progresiva.
Relaciones de puestos de trabajo 1. Los puestos de trabajo correspondientes a los funcionarios del Cuerpo de M�dicos Forenses figurar�n debidamente relacionados en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo de los Institutos de Medicina Legal y del Instituto de Toxicolog�a. Las relaciones de puestos de trabajo ser�n aprobadas por el Ministerio de Justicia e Interior, con informe previo del Consejo General del Poder Judicial, previa negociaci�n con las organizaciones sindicales m�s representativas y con la conformidad del Ministerio de Econom�a y Hacienda cuando supongan incremento del gasto.
2. En el �mbito de las Comunidades Aut�nomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia, los �rganos competentes de las mismas determinar�n, de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado anterior, las relaciones de puestos de trabajo correspondientes a los �rganos radicados en su territorio y las someter�n a la aprobaci�n del Ministerio de Justicia e Interior.
El Ministerio de Justicia e Interior aprobar� las relaciones de puestos de trabajo siempre que �stas cumplan los siguientes par�metros:
a) Deber� mantenerse la homogeneidad de las relaciones de puestos de trabajo aprobadas a nivel estatal con las propuestas en el territorio de la Comunidad Aut�noma.
b) En todo caso, las relaciones de puestos de trabajo propuestas deber�n adecuarse a las necesidades del servicio y a las funciones establecidas reglamentariamente para el Cuerpo de M�dicos Forenses.
c) El porcentaje m�ximo de desviaci�n por dotaciones totales no podr� superar el 5 por 100 de las proporciones existentes en el momento de realizarse el traspaso de funciones con relaci�n a la plantilla aprobada a nivel nacional.
d) Para determinar dicha desviaci�n no se tendr�n en cuenta las modificaciones de relaciones de puestos de trabajo que sean resultado directo de la creaci�n, transformaci�n o supresi�n de �rganos judiciales, cuando como consecuencia de las mismas sea preciso crear plazas de m�dicos forenses.
3. Las relaciones de puestos de trabajo determinar�n los distintos centros de trabajo, denominaci�n y caracter�sticas de cada puesto, los complementos retributivos, su forma de provisi�n, as� como los requisitos exigidos para su desempe�o.
4. El Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, las Comunidades Aut�nomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia, determinar�n en la correspondiente relaci�n de puestos de trabajo los puestos de Director y, en su caso, de Subdirector de los Institutos de Medicina Legal que, por sus caracter�sticas, implicar�n para su titular la liberaci�n del trabajo que le corresponder�a realizar en su condici�n de m�dico forense.
Escalaf�n 1. Por el Ministerio de Justicia e Interior se aprobar� y publicar� anualmente el escalaf�n del Cuerpo de M�dicos Forenses.
2. Una vez conocido el escalaf�n por los interesados, mediante su publicaci�n en el tabl�n de anuncios de las Gerencias Territoriales y �rganos de las Comunidades Aut�nomas, �stos tendr�n un plazo de treinta d�as para instar las rectificaciones que consideren pertinentes, que ser�n resueltas por el Ministerio de Justicia e Interior.
Posteriormente, se publicar� el escalaf�n en el Bolet�n de Informaci�n del Departamento, adquiriendo el mismo car�cter oficial mediante la inserci�n de la oportuna resoluci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�.
3. El escalaf�n se confeccionar� conforme a las siguientes reglas:
a) Se relacionar�n por separado los m�dicos forenses en activo y los que estuvieren en cualquier otra situaci�n administrativa.
b) El puesto escalafonal vendr� determinado por la fecha de nombramiento.Los que hayan sido nombrados en una misma fecha se escalafonar�n conforme al orden de nombramiento, con independencia de la fecha de su toma de posesi�n del primer destino.
c) En el escalaf�n deber� figurar necesariamente el tiempo de servicios efectivos en el Cuerpo. Adem�s se anotar�n los datos personales y profesionales de cada funcionario.
4. No obstante lo anterior, en aquellas Comunidades Aut�nomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia, podr�n elaborarse por �stas subescalafones que tendr�n como funci�n exclusiva la de efectuar la relaci�n de los m�dicos forenses destinados en el territorio correspondiente, con arreglo a los m�ritos y baremaciones que hayan de surtir efecto exclusivo dentro de la Comunidad Aut�noma.
Destinos 1. Los m�dicos forenses estar�n destinados en un Instituto de Medicina Legal o en el Instituto de Toxicolog�a, desempe�ando los puestos de trabajo que figuren relacionados en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.
2. Las relaciones de puestos de trabajo podr�n recoger, con car�cter excepcional y cuando las necesidades del servicio as� lo requieran, adscripciones de uno o varios puestos de trabajo del Instituto de Medicina Legal a �rganos jurisdiccionales, fiscales u oficinas del Registro Civil, as� como a un �mbito territorial determinado.
CAPITULO IVProvisi�n de puestos de trabajo y sustituciones
Formas de provisi�n de puestos de trabajo 1. Los puestos de trabajo adscritos a m�dicos forenses se proveer�n de acuerdo con los procedimientos de concurso, que ser� el sistema normal de provisi�n, o de libre designaci�n. Este �ltimo se aplicar� exclusivamente para la cobertura de aquellos puestos de trabajo de car�cter directivo o de especial responsabilidad para los que as� se determine en las relaciones de puestos de trabajo, en los t�rminos establecidos en este Reglamento.
2. Cuando las necesidades del servicio lo aconsejen, los puestos de trabajo podr�n cubrirse excepcionalmente mediante adscripci�n provisional o comisi�n de servicios.
3. Los puestos de trabajo podr�n proveerse por medio de adscripci�n provisional �nicamente en los siguientes supuestos:
a) Remoci�n de un puesto de trabajo obtenido por concurso con arreglo a lo dispuesto en el art�culo 31.6 de este Reglamento.
b) Cese en un puesto de trabajo obtenido por libre designaci�n con arreglo a lo dispuesto en el art�culo 26, cuando no exista reserva de puesto de trabajo.
c) Reingreso al servicio activo de los m�dicos forenses sin reserva de puesto de trabajo, con arreglo a lo dispuesto en el art�culo 68.2 de este Reglamento.
Provisi�n de puestos por concurso 1. La provisi�n de los puestos de trabajo vacantes en el Cuerpo de M�dicos Forenses se efectuar� mediante concursos de traslado, que ser�n convocados en sus �mbitos respectivos por el Ministerio de Justicia e Interior y por los �rganos correspondientes de las Comunidades Aut�nomas. Los concursos se publicar�n un m�nimo de tres veces al a�o, siempre que existan vacantes, en el �Bolet�n Oficial del Estado� y en el �Bolet�n Oficial� de las Comunidades Aut�nomas correspondientes. En las convocatorias se especificar�, en su caso, la adscripci�n a efectos funcionales a �rganos jurisdiccionales, fiscales u Oficinas del Registro Civil, as� como a un �mbito territorial determinado.
El Ministerio de Justicia e Interior aprobar�, previo informe de las Comunidades Aut�nomas, las bases-marco a las que se ajustar�n las distintas convocatorias. A su vez, las Comunidades Aut�nomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia determinar�n, previo acuerdo con el Ministerio de Justicia e Interior, los puestos de trabajo vacantes existentes en su territorio que se incluir�n en las convocatorias.
2. La publicaci�n en los �Boletines Oficiales� de las Comunidades Aut�nomas se realizar� de forma simult�nea con la publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�.
En el supuesto de que dicha simultaneidad no fuera posible, los plazos se computar�n a partir del d�a siguiente al de la publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�.
3. Los distintos concursos convocados se tramitar�n de manera coordinada, de forma que los funcionarios que deseen participar podr�n solicitar cualquier plaza vacante del Estado, mediante una �nica instancia o solicitud, expresando los destinos a que aspiren numerados correlativamente por orden de preferencia.
4. Las solicitudes deber�n tener entrada en el Registro General del Ministerio de Justicia e Interior, en el de la Comunidad Aut�noma correspondiente, o en los �rganos que se determinan en el art�culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, dentro del plazo de diez d�as naturales, contados desde el siguiente al de la publicaci�n del concurso en el �Bolet�n Oficial del Estado�.
5. La adjudicaci�n de los destinos se realizar� coordinadamente por el Ministerio de Justicia e Interior y los �rganos competentes de las Comunidades Aut�nomas, de forma que se garantice un criterio uniforme de valoraci�n as� como que no pueda obtenerse m�s de un �nico destino. Para ello, el Ministerio de Justicia e Interior, previo informe de las Comunidades Aut�nomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia, aprobar� el programa inform�tico necesario para su gesti�n, de forma an�loga a lo establecido en el art�culo 15 para el Registro Central de Personal.
6. El plazo para la resoluci�n de los concursos ser� de dos meses contados desde el d�a siguiente al de la finalizaci�n del de presentaci�n de solicitudes, salvo que la propia convocatoria establezca otro distinto.
Las resoluciones de los distintos concursos convocados se publicar�n de forma simult�nea en el �Bolet�n Oficial del Estado� y, en su caso, en el �Bolet�n Oficial� de la Comunidad Aut�noma. En el supuesto de que dicha simultaneidad no fuera posible, los plazos se computar�n a partir del d�a siguiente al de la publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�.
7. En los concursos para la provisi�n de plazas en el territorio de aquellas Comunidades Aut�nomas que tengan una lengua oficial propia, el conocimiento oral y escrito de �sta debidamente acreditado por medio de certificaci�n oficial, supondr� el reconocimiento, a estos solos efectos, de hasta seis puntos dependiendo del nivel de conocimiento de la lengua, en los t�rminos establecidos en la disposici�n adicional segunda de este Reglamento.
M�ritos 1. En los concursos deben valorarse los m�ritos adecuados a las caracter�sticas de los puestos ofrecidos conforme figuren en la correspondiente relaci�n de puestos de trabajo, as� como la valoraci�n del trabajo desarrollado, los cursos de formaci�n y perfeccionamiento superados y la antig�edad, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) M�ritos espec�ficos. S�lo podr�n valorarse los m�ritos espec�ficos adecuados a las caracter�sticas de cada puesto que se determinen en cada convocatoria.
b) Valoraci�n del trabajo desarrollado. Deber� cuantificarse seg�n la naturaleza de los puestos convocados conforme se determine en la convocatoria, bien teniendo en cuenta el tiempo de permanencia en puestos de trabajo, o bien en atenci�n a la experiencia en el desempe�o de puestos pertenecientes al �rea a la que corresponde el convocado y la similitud entre el contenido t�cnico y especializaci�n de los puestos ocupados por los candidatos con los ofrecidos.
c) Cursos de Formaci�n y Perfeccionamiento. Unicamente se valorar�n los cursos de formaci�n y perfeccionamiento (incluyendo en este apartado tambi�n las actividades docentes, asistencia a congresos y publicaciones y comunicaciones realizadas) expresamente incluidos en las convocatorias, que deber�n versar sobre materias directamente relacionadas con las funciones propias y, en su caso, con los requisitos de los puestos de trabajo.
d) La antig�edad. Se valorar� por a�os de servicio, comput�ndose a estos efectos los reconocidos que se hubieren prestado con anterioridad a la adquisici�n de la condici�n de funcionario. No se computar�n los servicios prestados simult�neamente con otros igualmente alegados.
2. La puntuaci�n de cada uno de los conceptos enunciados en los apartados anteriores no podr� exceder en ning�n caso del 40 por 100 de la puntuaci�n m�xima total, ni ser inferior al 10 por 100 de la misma.
3. Las bases de la convocatoria incluir�n un baremo con arreglo al cual se valorar�n los m�ritos, fij�ndose una puntuaci�n m�nima para la adjudicaci�n de destino.
4. En el supuesto de estar interesados en las vacantes que se anuncien en un determinado concurso para un mismo municipio dos funcionarios que re�nan los requisitos exigidos, podr�n condicionar sus peticiones al hecho de que ambos obtengan destino en ese concurso en el mismo municipio, entendi�ndose, en caso contrario, anulada la petici�n efectuada por ambos. Los funcionarios que se acojan a esta petici�n condicionada deber�n concretarlo en su instancia y acompa�ar fotocopia de la petici�n del otro funcionario.
5. En caso de empate en la puntuaci�n se acudir� para dirimirlo a la antig�edad, salvo que las bases de la convocatoria dispongan otra cosa.
N�mero 5 del art�culo 21 anulado por Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.�) de 25 octubre 1999.
6. Los m�ritos se valorar�n con referencia a la fecha del cierre del plazo de presentaci�n de instancias, y se acreditar�n documentalmente con la solicitud de participaci�n en los t�rminos establecidos en este Reglamento. En los procesos de valoraci�n podr�n recabarse de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentaci�n adicional que se estimen necesarias para la comprobaci�n de los m�ritos alegados.
Concursos espec�ficos 1. Cuando, en atenci�n a la naturaleza de los puestos a cubrir, as� se determine en las convocatorias, los concursos podr�n constar de dos fases. En la primera, se valorar�n los m�ritos enunciados en los p�rrafos b), c) y d) del apartado 1 del art�culo anterior, conforme a los criterios establecidos en el mismo. La segunda fase consistir� en la comprobaci�n y valoraci�n de los m�ritos espec�ficos adecuados a las caracter�sticas de cada puesto. A tal fin podr� establecerse la elaboraci�n de memorias o la celebraci�n de entrevistas, que deber�n especificarse necesariamente en la convocatoria.
2. En estos supuestos, en la convocatoria figurar� la descripci�n del puesto de trabajo, que deber� incluir las especificaciones derivadas de la naturaleza de la funci�n encomendada al mismo y la relaci�n de las principales tareas y responsabilidades que lo caracterizan. Asimismo deber� fijar los m�ritos espec�ficos adecuados a las caracter�sticas de los puestos mediante la delimitaci�n de los conocimientos profesionales, estudios, experiencia necesaria, titulaci�n, en su caso, y dem�s condiciones que garanticen la adecuaci�n para el desempe�o del puesto.
3. Las convocatorias fijar�n las puntuaciones m�ximas y m�nimas de las dos fases.
4. La memoria consistir�, en su caso, en un an�lisis de las tareas del puesto y de los requisitos, condiciones y medios necesarios para su desempe�o, a juicio del candidato, con base en la descripci�n contenida en la convocatoria.
Las entrevistas versar�n sobre los m�ritos espec�ficos adecuados a las caracter�sticas del puesto de acuerdo con lo previsto en la convocatoria y, en su caso, sobre la memoria.
5. La propuesta de resoluci�n deber� recaer sobre el candidato que haya obtenido mayor puntuaci�n, sumados los resultados finales de las dos fases.
Lenguas oficiales de las Comunidades Aut�nomas En todos los concursos para la provisi�n de puestos de trabajo vacantes radicados en Comunidades Aut�nomas que tengan lengua oficial propia, el conocimiento oral y escrito de la misma ser� valorado de acuerdo con lo establecido en la disposici�n adicional segunda de este Reglamento.
Comisiones de Valoraci�n 1. La evaluaci�n de los m�ritos corresponder� a una Comisi�n de Valoraci�n que ser� nombrada por el Ministerio de Justicia e Interior y estar� integrada por:
a) Dos funcionarios de la Administraci�n General del Estado destinados en el Ministerio de Justicia e Interior y pertenecientes al grupo A, de los cuales uno ejercer� las funciones de Presidente y otro las de Secretario de la Comisi�n. Formar� asimismo parte de la Comisi�n un funcionario del grupo A propuesto conjuntamente por las Comunidades Aut�nomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia, siempre y cuando la plaza o plazas a cubrir afecten al �mbito de las mismas.
b) Cuatro m�dicos forenses, o cuatro facultativos del Instituto de Toxicolog�a para puestos de trabajo que figuren en la relaci�n de puestos de trabajo del citado Instituto. De los mismos, dos ser�n designados por el Ministerio de Justicia e Interior, y dos por las organizaciones sindicales m�s representativas.
2. La Comisi�n de Valoraci�n podr� solicitar del Ministerio de Justicia e Interior, o del �rgano competente de la Comunidad Aut�noma, la designaci�n de expertos que, en calidad de asesores, actuar�n con voz pero sin voto.
3. La Comisi�n propondr� para cada puesto al candidato que haya obtenido la mayor puntuaci�n.
Limitaciones para concursar No podr�n tomar parte en los concursos:
a) Los m�dicos forenses de nuevo ingreso y los que no hayan permanecido en su puesto de trabajo obtenido mediante concurso, el tiempo que se determine mediante Orden del Ministerio de Justicia e Interior, teniendo en cuenta las necesidades de los Institutos de Medicina Legal, sin que en ning�n caso pueda ser superior a uno o dos a�os respectivamente. Se except�an de lo dispuesto anteriormente los m�dicos forenses que concursen a plazas dentro del Instituto de Medicina Legal en el que est�n destinados.
b) Los sancionados con traslado forzoso, en el plazo de uno a tres a�os, seg�n se determine en la resoluci�n que ponga fin al procedimiento.
c) Los suspensos en firme mientras dure la suspensi�n.
Provisi�n de puestos mediante libre designaci�n 1. Se proveer�n por el Ministerio de Justicia e Interior, o en su caso, por el �rgano competente de la Comunidad Aut�noma, mediante convocatoria p�blica de libre designaci�n, los puestos de Director y Subdirector de Institutos de Medicina Legal. La convocatoria ser� publicada en el �Bolet�n Oficial del Estado� y en el �Bolet�n Oficial� de la Comunidad Aut�noma. En la misma, adem�s de la descripci�n del puesto y requisitos para su desempe�o contenidos en la relaci�n de puestos de trabajo, podr�n recogerse las especificaciones derivadas de la naturaleza de las funciones encomendadas al mismo.
2. Las solicitudes se presentar�n en la forma y plazos establecidos en el art�culo 20 de este Reglamento, y los nombramientos deber�n efectuarse en el plazo m�ximo de un mes contado desde la finalizaci�n del de presentaci�n de solicitudes. El plazo para efectuar el nombramiento podr� prorrogarse hasta un mes m�s.
3. El desempe�o de un puesto de trabajo de los previstos en el apartado 4 del art�culo 16 del presente Reglamento implicar� la reserva del puesto de trabajo de procedencia, siempre que �ste haya sido obtenido mediante el sistema de concurso.
Comisiones de servicio 1. Las comisiones de servicio podr�n conferirse por el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, por el �rgano competente de la Comunidad Aut�noma, para el desempe�o de funciones:
a) En Institutos de Medicina Legal y dem�s �rganos previstos en el art�culo 18.1 del presente Reglamento.
b) En organismos internacionales, Gobiernos o entidades p�blicas extranjeras o en programas de cooperaci�n internacional, por tiempo que, salvo casos excepcionales, no tendr� duraci�n superior a seis meses.
2. La comisi�n de servicio tendr� una duraci�n m�xima de seis meses, prorrogables por otros seis, siendo requisito para su otorgamiento el prevalente inter�s del servicio y los informes de los superiores jer�rquicos de las plazas afectadas por la comisi�n. Solamente podr� otorgarse comisi�n de servicios cuando no sea posible atender las funciones por otros medios ordinarios o extraordinarios de provisi�n de puestos de trabajo previstos en este Reglamento, y en caso de urgente e inaplazable necesidad.
3. Cuando la comisi�n de servicio suponga traslado forzoso, por no existir funcionarios dispuestos a aceptarla voluntariamente, su concesi�n recaer� preferentemente en el funcionario que se encuentre destinado en la misma localidad o en localidad m�s pr�xima, o con mejores facilidades de desplazamiento, y tengan menores cargas familiares y, en igualdad de condiciones, en el de menor antig�edad.
Cuando se trate de comisiones de servicio dentro de la misma localidad, se atender�, adem�s, al mejor inter�s del servicio y a la capacitaci�n del funcionario para el puesto de trabajo a cubrir.
Podr�n concederse comisiones de servicio a los funcionarios en todo el territorio nacional independientemente del lugar de destino de cualquiera de ellos. No obstante, cuando se concedan comisiones de servicio que impliquen el traslado temporal del funcionario a un territorio dependiente de una Administraci�n distinta a aquella de la que dependa, se requerir� la aprobaci�n de ambas Administraciones.
Plazos de toma de posesi�n y de cese 1. El plazo para tomar posesi�n del nuevo destino obtenido ser� de tres d�as h�biles, si no implica cambio de residencia del funcionario, o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo.
2. El plazo de toma de posesi�n empezar� a contarse a partir del d�a siguiente al del cese, que deber� efectuarse dentro de los tres d�as h�biles siguientes a la publicaci�n de las resoluciones del concurso o de la convocatoria de libre designaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�, y, en su caso, en los �Boletines Oficiales� de las Comunidades Aut�nomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia. Si la resoluci�n comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesi�n deber� computarse desde dicha publicaci�n.
3. El Ministerio de Justicia e Interior, de oficio, a propuesta del �rgano competente de la Comunidad Aut�noma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia, o a petici�n del interesado, podr� excepcionalmente modificar estos plazos cuando las necesidades del servicio as� lo aconsejen.
En el supuesto de que esta modificaci�n afecte a un m�dico forense cuyo destino sea el territorio de cualquiera de las Comunidades Aut�nomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia, el Ministerio de Justicia e Interior lo comunicar� al �rgano competente de la Comunidad Aut�noma.
4. Efectuada la toma de posesi�n, el plazo posesorio se considerar� a todos los efectos como servicio activo, con excepci�n de aquellos m�dicos forenses que reingresen a dicha situaci�n.
Nombramiento de m�dicos forenses interinos El Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, los �rganos competentes de las Comunidades Aut�nomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia, podr�n nombrar m�dicos forenses interinos por necesidades del servicio cuando no sea posible, con la urgencia exigida por las circunstancias, la prestaci�n del servicio por funcionario de carrera, de acuerdo con los criterios objetivos que se fijen en la Orden ministerial o, en su caso, la disposici�n de la Comunidad Aut�noma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia. Los nombrados deber�n reunir los requisitos y titulaci�n necesarios para el ingreso en el Cuerpo y demostrar su aptitud; tomar�n posesi�n en el plazo se�alado en el art�culo 11 de este Reglamento, tendr�n los mismos derechos y deberes que los m�dicos forenses titulares, salvo la fijeza en el puesto de trabajo, y las mismas retribuciones b�sicas y complementarias, excepto trienios. Ser�n cesados seg�n los t�rminos que establezca la Orden ministerial o, en su caso, la disposici�n de la Comunidad Aut�noma y, en todo caso, cuando se provea la vacante, se incorpore su titular, o desaparezcan las razones de urgencia.
Sustituciones 1. Los m�dicos forenses destinados en los Institutos se sustituir�n entre s� en los casos de vacaciones, licencia o permiso u otro motivo legal, en la forma que disponga el Director del Instituto, con los efectos econ�micos que pudieran establecerse. En los supuestos de vacante y comisi�n de servicios, los m�dicos forenses podr�n sustituirse entre s�, teniendo en cuenta las necesidades del servicio, por un plazo m�ximo de seis meses.
2. Los m�dicos titulares de los servicios oficiales de sanidad sustituir�n o auxiliar�n a los m�dicos forenses en las intervenciones que, en caso de urgencia, les sean encomendadas por la Autoridad Judicial o Fiscal.
Remoci�n y cese 1. Los m�dicos forenses que accedan a un puesto de trabajo por el procedimiento de concurso, podr�n ser removidos por causas sobrevenidas derivadas de una alteraci�n en el contenido del puesto, realizada a trav�s de las relaciones de puestos de trabajo, que modifique los supuestos que sirvieron de base a la convocatoria.
2. Los m�dicos forenses que desempe�en el puesto de Jefe de Servicio de los Institutos de Medicina Legal podr�n ser removidos por falta de capacidad organizativa que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto.
3. Las propuestas motivadas de remoci�n ser�n formuladas por el Director correspondiente o�do el Consejo de Direcci�n, y se notificar� al interesado para que, en el plazo de diez d�as h�biles, formule las alegaciones y aporte los documentos que estime pertinentes.
4. La propuesta definitiva se pondr� de manifiesto a las organizaciones sindicales m�s representativas, que emitir�n el oportuno informe en el plazo de diez d�as h�biles.
5. Recibido el mencionado informe, o transcurrido el plazo sin evacuarlo, si se produjera modificaci�n de la propuesta se dar� nueva audiencia al interesado por el mismo plazo. Finalmente, la autoridad que efectu� el nombramiento resolver�. La resoluci�n, que pondr� fin a la v�a administrativa, ser� motivada y notificada al interesado en el plazo de diez d�as h�biles y comportar�, en su caso, el cese del funcionario en el puesto de trabajo.
6. A los m�dicos forenses removidos se les atribuir� el desempe�o provisional de un puesto en el mismo municipio, en tanto no obtengan otro con car�cter definitivo incluido en la relaci�n de puestos de trabajo del Instituto de Medicina Legal correspondiente, con efectos del d�a siguiente al de la fecha de cese.
7. Los m�dicos forenses que se encuentren en la situaci�n contemplada en el apartado anterior de este art�culo, tendr�n la obligaci�n de participar en todos los concursos que se convoquen hasta obtener destino definitivo.
8. Los m�dicos forenses nombrados por libre designaci�n en los Institutos de Medicina Legal podr�n ser cesados con car�cter discrecional por la misma autoridad que los nombr�, reincorpor�ndose a su puesto de trabajo de procedencia siempre que �ste haya sido obtenido mediante el sistema de concurso.
CAPITULO VDerechos de los m�dicos forenses
Condici�n de autoridad y distintivos 1. Los m�dicos forenses tendr�n la consideraci�n de autoridad cuando act�en en el ejercicio de su cargo y usar�n como distintivo una medalla de plata con sujeci�n al dise�o aprobado por el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, por el �rgano competente de la Comunidad Aut�noma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia. Asimismo, le ser� expedido por el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, por el �rgano competente de la Comunidad Aut�noma el documento de identificaci�n correspondiente, que ser� devuelto cuando cese el funcionario.
2. Cuando los m�dicos forenses comparezcan a informar ante las Autoridades Judiciales, lo har�n en estrados, con las consideraciones debidas al cargo y d�ndoseles las facilidades precisas para el ejercicio de sus funciones y la utilizaci�n de sus notas y piezas de convicci�n.
Puesto de trabajo y promoci�n profesional 1. Los m�dicos forenses tendr�n derecho a un puesto de trabajo de los que figuran en las relaciones de puestos de trabajo de los Institutos de Medicina Legal y del Instituto de Toxicolog�a, y gozar�n de los dem�s derechos que les reconozca el ordenamiento jur�dico.
2. Los m�dicos forenses tendr�n derecho a la promoci�n profesional a trav�s del desempe�o de los distintos puestos contemplados en las relaciones de puestos de trabajo de los Institutos de Medicina Legal.
Derechos de sindicaci�n y huelga 1. Los m�dicos forenses ejercer�n libremente el derecho de sindicaci�n de acuerdo con lo previsto en la legislaci�n general del Estado para funcionarios p�blicos.
2. El ejercicio del derecho de huelga por parte de los m�dicos forenses se ajustar� a lo establecido en la legislaci�n general del Estado para funcionarios p�blicos, aunque estar� en todo caso sujeto a las garant�as precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la Administraci�n de Justicia.
R�gimen retributivo y R�gimen especial de Seguridad Social 1. El r�gimen retributivo de los m�dicos forenses ser� el establecido en la Ley 17/1980, de 24 de abril, y en las disposiciones que la desarrollan.
2. La diferencia en c�mputo mensual entre la jornada de trabajo y la efectivamente realizada por el funcionario dar� lugar, salvo justificaci�n, a la correspondiente deducci�n proporcional de retribuciones.
Para el c�lculo del valor hora aplicable a dicha deducci�n, se tomar� como base la totalidad de las retribuciones �ntegras mensuales que percibe el funcionario dividido por treinta y, a su vez, este resultado por el n�mero de horas que el funcionario tenga obligaci�n de cumplir, de media, cada d�a.
3. Estar�n acogidos al R�gimen especial de Seguridad Social establecido en el Real Decreto 16/1978, de 7 de junio, para los funcionarios de la Administraci�n de Justicia.
Vacaciones 1. Los m�dicos forenses tendr�n derecho a disfrutar, durante cada a�o completo de servicio activo, de un permiso retribuido de vacaciones de un mes o de los d�as que en proporci�n les correspondan si el tiempo de servicio fuera menor, con excepci�n de los destinados en las islas Canarias, que podr�n acumular en un solo per�odo las vacaciones correspondientes a dos a�os.
2. El tiempo de vacaci�n se determinar�, a petici�n del interesado, preferentemente durante los meses de julio, agosto o septiembre, por el Director del Instituto en que est� destinado, en funci�n de las necesidades del servicio.
3. El disfrute de la vacaci�n anual en los meses de julio, agosto y septiembre podr� denegarse por circunstancias excepcionales, debidamente motivadas en el acuerdo denegatorio, que requerir� expediente administrativo por un procedimiento urgente a propuesta del Director del Instituto de Medicina Legal, previa audiencia del interesado, y resoluci�n del Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, del �rgano competente de la Comunidad Aut�noma.
Actividades de formaci�n 1. Los m�dicos forenses podr�n asistir a cursos de formaci�n continuada o directamente relacionados con su puesto de trabajo, organizados por el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, por el �rgano competente de la Comunidad Aut�noma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia, el Centro de Estudios Jur�dicos de la Administraci�n de Justicia, los centros hom�logos de las Comunidades Aut�nomas, las centrales sindicales m�s representativas u otras entidades p�blicas o privadas.
2. La asistencia a estos cursos podr� ser solicitada por el interesado, a trav�s del Director del Instituto de Medicina Legal, y en todo caso requerir� la aprobaci�n del Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, del �rgano competente de la Comunidad Aut�noma. Su duraci�n estar� determinada por los estudios a realizar y no supondr� limitaci�n alguna de haberes.
Permiso por asuntos particulares 1. Los m�dicos forenses tendr�n derecho a disfrutar de nueve d�as de permiso al a�o por asuntos particulares. Tales d�as no podr�n acumularse a las vacaciones anuales retribuidas, pudiendo distribuirlos a su conveniencia con la conformidad del Director del Instituto en que est�n destinados.
2. Cuando por raz�n del servicio no se disfrute del mencionado permiso antes de finalizar el mes de diciembre, se conceder� durante el mes de enero del a�o siguiente.
Permisos por causas justificadas 1. Se conceder�n permisos por las siguientes causas justificadas:
a) Por el nacimiento de un hijo y la muerte o enfermedad grave de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o an�loga situaci�n de convivencia, dos d�as cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cuatro d�as cuando sea en distinta localidad.
b) Por traslado de domicilio sin cambio de lugar de residencia un d�a, y si implica cambio de lugar de residencia diez d�as.
c) Para realizar funciones sindicales, de formaci�n sindical o de representaci�n del personal, en los t�rminos previstos para el desempe�o de tales funciones.
d) Para concurrir a ex�menes finales y dem�s pruebas definitivas de aptitud y evaluaci�n en centros oficiales, durante los d�as de su celebraci�n.
e) El funcionario con un hijo menor de nueve meses tendr� derecho a una hora diaria de ausencia del trabajo siempre que su c�nyuge no disfrute a su vez de este permiso. Este per�odo de tiempo podr� dividirse en dos fracciones o sustituirse por una reducci�n de jornada: en media hora a la entrada o salida.
f) Quien, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo alg�n menor de seis a�os, o a un disminuido ps�quico o f�sico que no desempe�e actividad retribuida, tendr� derecho a una disminuci�n de la jornada de trabajo en un tercio o un medio, con la reducci�n proporcional de sus retribuciones.
g) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de car�cter p�blico o personal.
2. Los permisos ser�n concedidos por los Directores de los Institutos, con excepci�n de los previstos en los p�rrafos c) y f) que corresponder�n al Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, al �rgano competente de las Comunidades Aut�nomas.
Licencias por raz�n de matrimonio Los m�dicos forenses tendr�n derecho a una licencia de quince d�as de duraci�n por raz�n de matrimonio, cuya concesi�n corresponder� al Director del Instituto.
Licencias por asuntos propios 1. Los m�dicos forenses tendr�n derecho a licencias por asuntos propios, sin retribuci�n alguna, y cuya duraci�n acumulada no podr� exceder en ning�n caso de tres meses cada dos a�os.
2. La concesi�n de la licencia corresponder� al Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, al �rgano competente de la Comunidad Aut�noma, previo informe del Director del Instituto en que estuvieren destinados, que tendr�n en cuenta las necesidades del servicio.
Permisos por maternidad y adopci�n 1. Toda funcionaria, en caso de embarazo, tendr� derecho a un permiso de diecis�is semanas o de dieciocho en los supuestos de parto m�ltiple.
2. El permiso se distribuir� a opci�n de la interesada, siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto, pudiendo hacer uso de �stas el padre para el cuidado del hijo en caso de fallecimiento de la madre. No obstante lo anterior, en el caso de que la madre y el padre trabajen, aqu�lla, al iniciarse el per�odo de permiso por maternidad, podr� optar por que el padre disfrute de hasta cuatro de las �ltimas semanas del permiso, siempre que sean ininterrumpidas y al final del citado per�odo, salvo que en momento de su efectividad la incorporaci�n al trabajo por parte de la madre suponga riesgo para su salud.
3. La solicitud del permiso se dirigir� al Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, al �rgano competente de la Comunidad Aut�noma, acompa��ndose de los documentos justificativos que acrediten que se encuentra en el per�odo de diez semanas antes del parto.
Posteriormente deber� acreditarse, tambi�n mediante certificado m�dico oficial o presentaci�n del Libro de Familia, la fecha en que tuvo lugar el nacimiento.
4. En el supuesto de adopci�n de un menor de nueve meses, el funcionario tendr� derecho a un permiso de ocho semanas contadas, a su elecci�n, bien a partir del momento de la decisi�n administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir de la resoluci�n judicial por la que se constituya la adopci�n. Si el hijo adoptado es mayor de nueve meses y menor de cinco a�os, el permiso tendr� una duraci�n m�xima de seis semanas. En el caso de que el padre y la madre trabajen, s�lo uno de ellos podr� ejercitar este derecho.
Baja por enfermedad 1. Los m�dicos forenses que por enfermedad no puedan asistir a su puesto de trabajo, se dar�n de baja en el servicio, particip�ndolo al Director del Instituto en que estuvieran destinados, salvo causa de fuerza mayor, dentro del primer d�a.
2. La mencionada baja no podr� durar m�s de cinco d�as. Si persistiesen las causas deber� solicitar la oportuna licencia por enfermedad.
Licencia por enfermedad 1. Las licencias por raz�n de enfermedad las conceder� el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, el �rgano competente de la Comunidad Aut�noma, y podr�n ser de hasta seis meses por cada a�o natural, y prorrogables por per�odos mensuales. Las solicitudes ser�n tramitadas por conducto del Director del Instituto de Medicina Legal correspondiente.
2. A toda solicitud de licencia por raz�n de enfermedad, y de las pr�rrogas en su caso, se acompa�ar� necesariamente parte de baja o certificaci�n facultativa, que acredite la certeza de la misma, la imposibilidad que produzca para el desempe�o del cargo, el tiempo aproximado por el que precise la licencia y la no procedencia de la jubilaci�n por incapacidad f�sica, as� como si forzosamente obliga al funcionario a ausentarse de su residencia oficial para atender al restablecimiento de su salud.
3. Las licencias por enfermedad, hasta el sexto mes inclusive, no afectaran al r�gimen retributivo de quienes las hayan obtenido. Transcurrido el sexto mes, s�lo dar�n derecho a percibir de las retribuciones b�sicas y en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo, sin perjuicio de las prestaciones complementarias que procedan, con arreglo al r�gimen de Seguridad Social aplicable.
Licencia por estudios 1. Los m�dicos forenses podr�n disfrutar de licencias para la asistencia a cursos, congresos o jornadas relacionados con su formaci�n que no est�n incluidos en el art�culo 37 de este Reglamento.
2. La concesi�n de estas licencias corresponde al Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, al �rgano competente de la Comunidad Aut�noma, previo informe del Director del Instituto en que est�n destinados, que habr� de tener en cuenta las necesidades del servicio.
3. Las licencias especificar�n las condiciones generales de su concesi�n y su duraci�n, que estar� determinada por los estudios a realizar. En todo caso deber� justificarse la realizaci�n de los estudios.
4. Estas licencias s�lo dar�n derecho a percibir las retribuciones b�sicas y las prestaciones familiares por hijo a cargo.
Revocaci�n Las licencias reguladas en los art�culos 41 y 45 del presente Reglamento podr�n ser revocadas por el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, por el �rgano competente de la Comunidad Aut�noma, cuando las necesidades del servicio as� lo aconsejen, mediante resoluci�n motivada.
CAPITULO VIDeberes de los m�dicos forenses
Deberes profesionales 1. Los m�dicos forenses desempe�ar�n las funciones inherentes a su cargo, bajo la dependencia del Director del Instituto correspondiente.
2. Igualmente estar�n obligados a guardar secreto de las actuaciones procesales o de investigaci�n del Ministerio Fiscal en las que intervengan.
Abstenciones y recusaciones 1. Los m�dicos forenses estar�n obligados a poner en conocimiento de los respectivos Presidentes de los Tribunales, Jueces o Fiscales, las circunstancias que en ellos concurran y que pudieren justificar su abstenci�n en una causa o procedimiento determinado o en diligencias de investigaci�n del Ministerio Fiscal.
2. Se aplicar�n a los m�dicos forenses las prescripciones que, respecto de la recusaci�n de los peritos, establecen las leyes procesales.
Jornada y horarios 1. El horario de trabajo se determinar� mediante Resoluci�n aprobada por el Ministerio de Justicia e Interior, o�do el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Aut�nomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia, y previa negociaci�n con las organizaciones sindicales m�s representativas. El mismo contemplar� el establecimiento de una jornada en parte de obligada presencia, y, en parte, de cumplimiento flexible.
El horario de trabajo respetar� el de audiencia p�blica de Juzgados y Tribunales fijado por el Consejo General del Poder Judicial, y no podr� ser inferior al establecido para la Administraci�n p�blica.
El Ministerio de Justicia e Interior, a propuesta, en su caso, de las Comunidades Aut�nomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia, con informe del Consejo General del Poder Judicial, y previa negociaci�n con las organizaciones sindicales m�s representativas, determinar� reglamentariamente los sistemas de control del horario y de justificaci�n de incidencias en los Institutos, as� como los horarios especiales y las modificaciones del establecido con car�cter general cuando as� pueda exigirlo el servicio p�blico.
2. La dedicaci�n de los m�dicos forenses ser� general y exclusiva. La dedicaci�n general comporta la jornada establecida con car�cter habitual en la Administraci�n p�blica, y la dedicaci�n exclusiva se fijar� en la Resoluci�n a que hace referencia el apartado anterior.
Incompatibilidades 1. Los m�dicos forenses est�n sujetos al r�gimen de incompatibilidades previsto en la legislaci�n general para los funcionarios al servicio de las Administraciones p�blicas. En todo caso, la funci�n de m�dico forense ser� incompatible con:
a) La funci�n de m�dico de empresa o de entidades aseguradoras.
b) El desempe�o de cargos p�blicos electivos.
c) La realizaci�n de actividades privadas relacionadas con las pr�cticas tanatol�gicas.
Letra c) del n�mero 1 del art�culo 50 anulada por sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.�, Secci�n 7.�) de 10 abril 1998, en cuanto dispone que la funci�n de M�dico Forense ser� incompatible con "la realizaci�n de actividades privadas relacionadas con las pr�cticas tanatol�gicas. En el mismo sentido Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.�, Secci�n 7.�) de 9 de febrero de 1999.
d) La intervenci�n como particulares en los casos que pudieran tener relaci�n con sus funciones.
e) Cualquier actividad pericial privada.
f) La emisi�n de certificados m�dicos de defunci�n relacionados con la normativa sobre polic�a sanitaria mortuoria.
g) Toda actividad que menoscabe el ejercicio de sus funciones.
2. No se podr� autorizar la compatibilidad para el ejercicio de una actividad privada a los m�dicos forenses que desempe�en los puestos de Director y Subdirector de los Institutos, a aquellos otros que ocupen puestos con dedicaci�n exclusiva, y a los que en la relaci�n de puestos de trabajo tengan asignado un complemento espec�fico o concepto equiparable, cuya cuant�a supere el 30 por 100 de su retribuci�n b�sica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antig�edad.
Realizaci�n de actividades compatibles El ejercicio por los m�dicos forenses de cualquier actividad, profesi�n o cargo que requiera declaraci�n de compatibilidad, exigir� la previa autorizaci�n del Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, del �rgano competente de la Comunidad Aut�noma, con informe del Director del Instituto en que estuvieren destinados, sin perjuicio de las restantes autorizaciones que prevea el r�gimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones p�blicas.
CAPITULO VIISituaciones administrativas
Situaciones 1. Los m�dicos forenses pueden hallarse en alguna de las situaciones siguientes:
e) Excedencia voluntaria por servicios en el sector p�blico.
f) Excedencia voluntaria por inter�s particular.
g) Excedencia voluntaria por agrupaci�n familiar.
h) Suspensi�n de funciones.
2. La declaraci�n de las situaciones administrativas comprendidas en los p�rrafos b) a h) del apartado anterior, se efectuar� por el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, por los �rganos competentes de las Comunidades Aut�nomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia.
Servicio activo 1. Los m�dicos forenses se encontrar�n en servicio activo:
a) Cuando desempe�en un puesto de trabajo correspondiente a la relaci�n de puestos de trabajo del �rgano en el que est�n destinados.
b) Cuando les haya sido conferida por el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, por el �rgano competente de la Comunidad Aut�noma, comisi�n de servicio de car�cter temporal, en los t�rminos establecidos en el art�culo 27 de este Reglamento.
2. Los cambios de destino y el disfrute de licencias o permisos reglamentarios, no alterar�n la situaci�n de servicio activo.
3. Los m�dicos forenses en situaci�n de servicio activo tienen todos los derechos, prerrogativas, deberes y responsabilidades inherentes a su condici�n.
Servicios especiales Los m�dicos forenses ser�n declarados en la situaci�n de servicios especiales:
a) Cuando sean autorizados para realizar una misi�n por per�odo determinado, superior a seis meses, en organismos internacionales, Gobiernos o entidades p�blicas extranjeras o en programas de cooperaci�n internacional.
b) Cuando adquieran la condici�n de funcionarios al servicio de Organizaciones Internacionales o de car�cter supranacional.
c) Cuando sean nombrados miembros del Gobierno o de los �rganos de gobierno de las Comunidades Aut�nomas o altos cargos de las respectivas Administraciones p�blicas que no deban ser provistos necesariamente por funcionarios p�blicos.
d) Cuando sean elegidos por las Cortes Generales para formar parte de los Organos Constitucionales u otros cuya elecci�n corresponda a las C�maras.
e) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional, o del Defensor del Pueblo, o destinados al Tribunal de Cuentas en los t�rminos previstos en el art�culo 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, o presten servicios en los �rganos t�cnicos del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo previsto en el art�culo 146.3 de la Ley Org�nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, modificada por la Ley Org�nica 16/1994, de 8 de noviembre.
f) Cuando accedan a la condici�n de Diputado o Senador de las Cortes Generales.
g) Cuando accedan a la condici�n de miembro de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut�nomas, si perciben retribuciones peri�dicas por el desempe�o de la funci�n. Cuando no perciban dichas retribuciones podr�n optar entre permanecer en la situaci�n de servicio activo o pasar a la de servicios especiales, sin perjuicio de la normativa que dicten las Comunidades Aut�nomas sobre incompatibilidades de los miembros de las Asambleas Legislativas.
h) Cuando desempe�en cargos electivos retribuidos y de dedicaci�n exclusiva en las Corporaciones locales.
i) Cuando presten servicio en el Gabinete de la Presidencia de Gobierno, de los Ministros y de los Secretarios de Estado, o de los �rganos correspondientes de las Comunidades Aut�nomas, y opten por pasar a esta situaci�n, conforme al art�culo 29.2.i) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.
j) Cuando sean nombrados para cualquier cargo de car�cter pol�tico del que se derive incompatibilidad para ejercer la funci�n p�blica.
k) Cuando cumplan el servicio militar o prestaci�n social sustitutoria equivalente.
m) Cuando ostenten la condici�n de Comisionados Parlamentarios de Comunidad Aut�noma o adjuntos de �stos, seg�n lo dispuesto en la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, de prerrogativas y garant�as de las figuras similares al Defensor del Pueblo y r�gimen de colaboraci�n y coordinaci�n de las mismas.
n) Cuando as� se determine en una norma con rango de Ley.
Declaraci�n de la situaci�n de servicios especiales El pase a la situaci�n de servicios especiales se declarar� de oficio o a instancia del interesado, una vez verificado el supuesto que la ocasione, con efectos desde el momento en que se produjo.
Efectos de la situaci�n de servicios especiales 1. A los m�dicos forenses en situaci�n de servicios especiales se les computar� el tiempo que permanezcan en tal situaci�n a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos, as� como a efectos del c�mputo del per�odo m�nimo de servicios efectivos para solicitar el pase a la situaci�n de excedencia voluntaria por inter�s particular; y tendr�n derecho a la reserva del puesto obtenido con anterioridad, bien por nuevo ingreso o por el sistema de concurso.
2. Los funcionarios en la situaci�n de servicios especiales recibir�n la retribuci�n del puesto o cargo efectivo que desempe�en y no la que les corresponde como funcionarios. Excepcionalmente, y cuando las retribuciones por los trienios que tuviesen reconocidos no pudieran, por causa legal, ser percibidos con cargo a los correspondientes presupuestos, deber�n ser retribuidos en tal concepto por el Departamento en el que desempe�aban su �ltimo puesto de trabajo en situaci�n de servicio activo.
3. En ning�n caso podr�n asesorar pericialmente a �rganos jurisdiccionales mientras permanezcan en esta situaci�n.
Reincorporaci�n a partir de la situaci�n de servicios especiales 1. Los que se hallaren en la situaci�n de servicios especiales deber�n incorporarse a su puesto de trabajo dentro del plazo de un mes, a contar desde el siguiente al del cese en el cargo o desde la fecha de su licenciamiento. De no hacerlo as�, pasar�n autom�ticamente a la situaci�n de excedencia voluntaria por inter�s particular.
2. Los Diputados, Senadores y los miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut�nomas o del Parlamento Europeo que pierdan dicha condici�n por disoluci�n de las correspondientes C�maras o terminaci�n del mandato de las mismas, podr�n permanecer en la situaci�n de servicios especiales hasta su nueva constituci�n.
Excedencia forzosa 1. La excedencia forzosa se produce por las siguientes causas:
a) Por supresi�n del puesto de trabajo que se tenga asignado cuando signifique el cese obligado en el servicio activo.
b) Cuando el m�dico forense que hubiera sido declarado en situaci�n de suspensi�n definitiva, una vez finalizado el per�odo de suspensi�n y solicitado el reingreso, no sea adscrito provisionalmente ni obtenga puesto de trabajo mediante sistema de concurso en el plazo de seis meses contados a partir de la solicitud de reingreso.
2. Los m�dicos forenses en situaci�n de excedencia forzosa tendr�n derecho a percibir sus retribuciones b�sicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo, as� como al c�mputo del tiempo en dicha situaci�n a efectos de derechos pasivos y de trienios.
Excedencia para el cuidado de hijos 1. Los m�dicos forenses tendr�n derecho a un per�odo de excedencia, no superior a tres a�os, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando sea por naturaleza como por adopci�n, a contar desde la fecha de nacimiento de �ste. Los sucesivos hijos dar�n derecho a un nuevo per�odo de excedencia que, en su caso, pondr� fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre o la madre trabajen, s�lo uno de ellos podr� ejercitar este derecho. El per�odo de permanencia en dicha situaci�n ser� computable �nicamente a efectos de trienios, derechos pasivos y solicitud de excedencia voluntaria por inter�s particular. Durante el primer a�o, a contar desde su concesi�n, tendr�n derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempe�aban. Transcurrido este per�odo, dicha reserva lo ser� a puesto en la misma localidad, y de igual retribuci�n.
2. La concesi�n de la excedencia estar� condicionada a la previa declaraci�n de no desempe�ar otra actividad que impida o menoscabe el cuidado del hijo.
3. Durante el primer a�o de excedencia podr�n reincorporarse a su puesto de trabajo sin necesidad de solicitar el reingreso, as� como participar en los concursos que se convoquen.
4. A efectos de lo dispuesto en este art�culo, el acogimiento de menores producir� los mismos efectos que la adopci�n durante el tiempo de duraci�n del mismo.
Excedencia voluntaria por prestaci�n de servicios en el sector p�blico Proceder� declarar, de oficio o a instancia de parte, en situaci�n de excedencia voluntaria a los miembros del Cuerpo de M�dicos Forenses, cuando se encuentren en situaci�n de servicio activo en otro Cuerpo o Escala de cualquiera de las Administraciones p�blicas, salvo que hubieran obtenido la oportuna compatibilidad, y a los que pasen a prestar servicios en organismos o entidades del sector p�blico, y no les corresponda quedar en las situaciones de servicio activo o servicios especiales.
Excedencia voluntaria por inter�s particular 1. La situaci�n de excedencia voluntaria por inter�s particular se declarar� a petici�n del funcionario, o de oficio, en los supuestos establecidos reglamentariamente.
2. Para solicitar la declaraci�n de la situaci�n de excedencia voluntaria por inter�s particular ser� preciso haber prestado tres a�os de servicios efectivos desde que accedi� al Cuerpo o desde su reingreso, y en tal situaci�n no podr� permanecer m�s de diez a�os continuados ni menos de dos a�os.
N�mero 2 del art�culo 61 anulado por Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.�) de 25 octubre 1999.
3. En las resoluciones por las que se declare esta situaci�n se expresar� el plazo m�ximo de duraci�n de la misma. La falta de petici�n de reingreso al servicio activo dentro del per�odo de duraci�n de la excedencia voluntaria por inter�s particular, comportar� la p�rdida de la condici�n de funcionario. Si solicitado el reingreso no se concede por falta de puesto de trabajo vacante con dotaci�n presupuestaria, continuar�n en la situaci�n de excedencia voluntaria por inter�s particular hasta que se produzca el mismo.
4. La concesi�n de la citada excedencia quedar� en todo caso subordinada al inter�s del servicio. No podr� otorgarse al m�dico forense que no haya cumplido la sanci�n que con anterioridad le hubiere sido impuesta o que est� sometido a expediente disciplinario por falta muy grave. En el supuesto de falta grave, mediante resoluci�n motivada del Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, de la Comunidad Aut�noma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia, podr� denegarse la declaraci�n de excedencia voluntaria por inter�s particular.
Excedencia voluntaria por agrupaci�n familiar Podr� concederse la excedencia voluntaria por agrupaci�n familiar, con una duraci�n m�nima de dos a�os y m�xima de quince, a los m�dicos forenses cuyo c�nyuge resida en otro municipio por haber obtenido y estar desempe�ando un puesto de trabajo de car�cter definitivo, como funcionario de carrera o laboral en cualquier Administraci�n p�blica, Organismo aut�nomo, entidad gestora de la Seguridad Social, as� como en �rganos constitucionales o del Poder Judicial.
Efectos de la excedencia voluntaria Las distintas modalidades de excedencia voluntaria no producen, en ning�n caso, reserva de puesto de trabajo y los funcionarios que se encuentren en la misma no devengar�n retribuciones. No ser� computable el tiempo permanecido en esta situaci�n a efectos de promoci�n, trienios y derechos pasivos.
Suspensi�n 1. La suspensi�n puede ser de car�cter definitivo o provisional.
2. La suspensi�n tendr� car�cter definitivo, tanto cuando fuere impuesta como correcci�n disciplinaria, como cuando sea consecuencia de la imposici�n firme por los Tribunales de la pena de suspensi�n.
3. La suspensi�n ser� provisional:
b) Cuando por cualquier otro delito doloso se hubiere dictado contra ellos auto de prisi�n, de libertad bajo fianza, de procesamiento o de apertura de juicio oral. No obstante, mediante resoluci�n motivada del Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, de la Comunidad Aut�noma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia, y en atenci�n a las circunstancias del caso, podr� excepcionarse la declaraci�n de suspensi�n provisional.
c) Cuando en la tramitaci�n de un procedimiento disciplinario apareciesen indicios racionales de la comisi�n de una falta muy grave.
En este supuesto podr� el m�dico forense expedientado ser inmediatamente suspendido en sus funciones.
4. El suspenso quedar� privado temporalmente en sus funciones.
Suspensi�n definitiva 1. La suspensi�n impuesta con car�cter definitivo en expediente disciplinario no podr� exceder de un a�o.
2. La suspensi�n definitiva, cualquiera que sea su causa determinante y siempre que fuere superior a seis meses, implicar� la p�rdida del destino, que se proveer� en forma reglamentaria, y la privaci�n de todos los derechos inherentes a su condici�n de m�dico forense mientras permanezca en esta situaci�n, hasta que fuera reintegrado el suspenso al servicio activo.
3. Al suspenso definitivo le ser� de abono el tiempo en que hubiera permanecido en suspensi�n provisional.
Suspensi�n provisional La suspensi�n provisional establecida en el art�culo 64, apartado 3, p�rrafos a) y b), se acordar� por el Ministerio de Justicia e Interior o por el �rgano competente de la Comunidad Aut�noma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia, y en el supuesto del p�rrafo c), se proceder� en la forma prevista en el art�culo 86 de este Reglamento.
Derechos del suspenso provisional 1. El suspenso provisional tendr� derecho a percibir en esta situaci�n el 75 por 100 de sus retribuciones b�sicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo; no se le acreditar� haber alguno en caso de incomparecencia o declaraci�n de rebeld�a.
2. El tiempo de suspensi�n provisional prevista en el art�culo 64, apartado 3, p�rrafo c), como consecuencia de expediente disciplinario, no podr� exceder de seis meses, salvo en el caso de que la paralizaci�n del mismo sea imputable al interesado. La concurrencia de esta circunstancia determinar� la p�rdida de toda retribuci�n hasta que el expediente sea resuelto.
3. Cuando la suspensi�n provisional no se eleve a definitiva, ni se acuerde la separaci�n del servicio, el tiempo de duraci�n se computar� como de servicio activo, debiendo acordarse por el Ministerio de Justicia e Interior o por el �rgano competente de la Comunidad Aut�noma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia, la inmediata reincorporaci�n del suspenso a su cargo, con reconocimiento de todos los derechos econ�micos y dem�s que procedan, desde la fecha de la suspensi�n, a cuyos efectos las autoridades correspondientes remitir�n al Ministerio de Justicia e Interior o Departamento correspondiente de la Comunidad Aut�noma testimonio de la resoluci�n adoptada.
Reglas generales del reingreso al servicio activo 1. El reingreso al servicio activo de los m�dicos forenses que no tengan reserva de plaza y destino se efectuar� mediante su participaci�n en las convocatorias de concursos para la provisi�n de puestos de trabajo.
2. Asimismo, los reingresos podr�n efectuarse por adscripci�n a un puesto con car�cter provisional, cuando las necesidades del servicio as� lo aconsejen, con ocasi�n de vacante dotada y siempre que se re�nan los requisitos para el desempe�o del puesto.
A tal efecto, el m�dico forense excedente deber� solicitar dicha adscripci�n al Ministerio de Justicia e Interior, con expresi�n del Instituto o Institutos solicitados y su orden de prioridad.
En el caso de que alguno de los Institutos solicitados radicase en el territorio de las Comunidades Aut�nomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia, el Ministerio de Justicia e Interior lo comunicar� al �rgano competente de la Comunidad Aut�noma, que resolver� en los t�rminos establecidos anteriormente, dando traslado de esta resoluci�n al Ministerio de Justicia e Interior.
Se respetar� para ello el siguiente orden de preferencia:
La preferencia dentro de cada uno de los grupos de suspensos, excedentes voluntarios y rehabilitados, se determinar� por la antig�edad de la fecha de presentaci�n de la solicitud de reingreso provisional.
El puesto asignado con car�cter provisional se convocar� para su provisi�n definitiva en el plazo m�ximo de un a�o y el m�dico forense reingresado con destino provisional tendr� obligaci�n de participar en la convocatoria.
3. Los excedentes forzosos, los suspensos y los excedentes voluntarios del art�culo 60 de este Reglamento gozar�n, por este orden, la primera vez que se anuncie a concurso vacante del Cuerpo en la misma localidad donde serv�an cuando se produjo su cese en el servicio activo, de derecho preferente para ocuparla.
Reingreso de los excedentes forzosos 1. El Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, el �rgano competente de las Comunidades Aut�nomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia, podr�n disponer, cuando las necesidades del servicio lo exijan, el reingreso obligatorio de los excedentes forzosos mediante su adscripci�n provisional, garantizando que el destino sea dentro del municipio o de la provincia o, en su defecto, de la Comunidad Aut�noma de la vecindad del funcionario. En caso de no aceptar la adscripci�n provisional, ser�n declarados en situaci�n de excedencia voluntaria por inter�s particular.
2. Los m�dicos forenses en esta situaci�n, est�n o no adscritos provisionalmente, deber�n participar en el primer concurso que se convoque, con objeto de obtener un puesto de trabajo definitivo, cuyos requisitos de desempe�o re�nan. De no participar en este concurso o no obtener puesto de trabajo, se les destinar� a cualquiera de los no adjudicados a los otros concursantes.
Reingreso de los suspensos definitivos 1. Los suspensos definitivos que hubieran perdido su puesto de trabajo, deber�n solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de diez d�as desde la finalizaci�n del per�odo de suspensi�n y, en tal caso, el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, el �rgano competente de la Comunidad Aut�noma, podr� incorporarlos al servicio activo adscribi�ndoles con car�cter provisional a un puesto de trabajo cuando las necesidades del servicio as� lo aconsejen.
2. La solicitud de reingreso ir� acompa�ada de la resoluci�n judicial o administrativa que declare el cumplimiento de la sanci�n impuesta o su extinci�n por otras causas.
3. Si, en el plazo previsto en el apartado 1, el interesado no formulare solicitud de reingreso, ser� declarado en situaci�n de excedencia voluntaria por inter�s particular, con efectos desde la fecha en que haya finalizado el per�odo de suspensi�n.
4. Formulada la solicitud, los funcionarios suspensos deber�n participar en el primer concurso de traslado que se convoque, cuyos requisitos de desempe�o re�nan, con objeto de obtener un puesto de trabajo. De no participar en este concurso o no obtener el puesto de trabajo solicitado, se les destinar�, en su caso, a cualquiera de los no adjudicados a los otros concursantes. En el caso previsto en el art�culo 58.1.b) de este Reglamento, ser� declarado en situaci�n de excedencia forzosa.
Rehabilitaci�n 1. Los que hubieran sido separados del servicio por alguna de las causas previstas, podr�n solicitar la vuelta al servicio activo mediante el oportuno expediente de rehabilitaci�n.
El expediente se iniciar� a instancia del interesado dirigida al Ministro de Justicia e Interior, en la que har� constar el cargo que serv�a, causa y fecha de la separaci�n, lugar de residencia durante el tiempo de �sta y cualquiera otra circunstancia que considere procedente.
2. Los que hubiesen sido separados por raz�n de delito deber�n justificar, adem�s, que tienen extinguida la responsabilidad penal y civil, y que les han sido cancelados los antecedentes en el Registro Central de Penados y Rebeldes.
3. En ning�n caso podr� solicitarse la apertura del expediente antes de haber transcurrido dos a�os a partir de la firmeza del acuerdo de separaci�n, a menos que �ste hubiere sido acordado por las causas previstas en el art�culo 11.3 de este Reglamento.
4. La instancia, en uni�n de los antecedentes que obren en el Ministerio, se remitir� al Consejo General del Poder Judicial, para que emita el oportuno informe sobre las circunstancias que pudieran concurrir en el peticionario y que tuvieren relaci�n con el servicio y funcionamiento de la Administraci�n de Justicia. El informe lo remitir� al Ministerio de Justicia e Interior para la resoluci�n que proceda. Si el funcionario que pretenda la rehabilitaci�n hubiera tenido como �ltimo destino cualquiera de los radicados en el territorio de una Comunidad Aut�noma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia, se solicitar�, con car�cter previo al informe del Consejo General del Poder Judicial, informe del �rgano competente de la Comunidad Aut�noma.
5. Para acordar la rehabilitaci�n se tendr� en cuenta la naturaleza del hecho determinante de la separaci�n y las circunstancias, de todo orden que en el mismo concurrieran en relaci�n con el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia.
6. La resoluci�n del expediente se comunicar� al interesado, y si fuera desfavorable no podr� iniciarse nuevo expediente hasta transcurridos otros dos a�os.
Reingreso de los excedentes para el cuidado de hijos Si antes de la finalizaci�n del per�odo de excedencia para el cuidado de hijos el funcionario no solicita el reingreso al servicio activo o el pase a la situaci�n de excedencia voluntaria por inter�s particular, ser� declarado de oficio en esta situaci�n.
Reingreso de los excedentes voluntarios 1. Los excedentes voluntarios a los que hace referencia el art�culo 60 de este Reglamento, al cesar en la situaci�n de actividad en el Cuerpo o Escala en que hubieren estado prestando sus servicios, podr�n solicitar su reingreso en el Cuerpo de M�dicos Forenses en el plazo de un mes, contado desde el d�a siguiente a dicho cese, debiendo participar en los concursos que se convoquen. Acompa�ar�n a la instancia certificaci�n de la Jefatura de Personal del Cuerpo de procedencia acreditativa de los servicios prestados.
Transcurrido el plazo se�alado sin que el interesado solicite el reingreso, y en caso de no concursar, ser� declarado en situaci�n de excedencia voluntaria por inter�s particular.
2. Antes de finalizar el per�odo de quince a�os de duraci�n de la situaci�n de excedencia voluntaria por agrupaci�n familiar regulado en el art�culo 62, deber� solicitarse el reingreso al servicio activo, declar�ndose, de no hacerlo, de oficio la situaci�n de excedencia voluntaria por inter�s particular.
3. El reingreso de los excedentes voluntarios por inter�s particular, as� como por agrupaci�n familiar, se efectuar� mediante su participaci�n en los concursos de traslado que se convoquen.
4. Una vez solicitado el reingreso, los excedentes voluntarios podr�n ser adscritos por el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, por el �rgano competente de la Comunidad Aut�noma, con car�cter provisional cuando las necesidades del servicio as� lo aconsejen.
Cambio de situaciones administrativas 1. El cambio de las situaciones administrativas en que se hallen los m�dicos forenses podr� tener lugar siempre que re�nan los requisitos exigidos en cada caso, sin necesidad del reingreso previo al servicio activo.
2. En el supuesto de que la nueva situaci�n conlleve el derecho a la reserva de un puesto de trabajo, los m�dicos forenses podr�n participar en convocatorias de concurso para la provisi�n de puestos de trabajo, permaneciendo en la situaci�n que corresponda y reserv�ndoseles un puesto de iguales retribuciones a las del puesto obtenido en el mismo municipio.
Clases de faltas y prescripci�n
Prescripci�n de las sanciones
Suspensi�n provisional
Anotaci�n de las sanciones disciplinarias
Ejecuci�n, inejecuci�n y suspensi�n temporal
Cap�tulo VIII derogado por la disposici�n derogatoria �nica del R.D. 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de r�gimen disciplinario del personal al servicio de la Administraci�n de Justicia (�B.O.E.� 23 julio).Vigencia: 24 julio 2005 DISPOSICIONES ADICIONALES Primera
Retribuciones La estructura y cuant�a de las retribuciones b�sicas y complementarias fijas de los integrantes del Cuerpo de M�dicos Forenses ser�n �nicas para todo el territorio nacional.
Acreditaci�n del conocimiento de las lenguas oficiales de las Comunidades Aut�nomas La acreditaci�n del conocimiento oral y escrito de las lenguas oficiales de las Comunidades Aut�nomas, a efectos del ingreso en el Cuerpo de M�dicos Forenses, as� como de los concursos de traslado para la provisi�n de puestos, se efectuar� teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 224/1989, de 17 de octubre, por el que se regula la planificaci�n de la normalizaci�n del uso del euskera en las Administraciones p�blicas de la Comunidad Aut�noma del Pa�s Vasco (�Bolet�n Oficial del Pa�s Vasco� de 27 de octubre) y dem�s disposiciones de desarrollo derivadas de los planes de normalizaci�n del euskera que puedan dictarse en el �mbito de la citada Comunidad Aut�noma, se tendr�n en cuenta los siguientes criterios:
a) Perfil ling��stico 2: dos puntos.
b) Perfil ling��stico 3: cuatro puntos.
c) Perfil ling��stico 4: seis puntos.
2. En el �mbito de la Comunidad Aut�noma de Catalu�a:La acreditaci�n de conocimientos de lengua catalana se efectuar� en base a los certificados expedidos por la Junta Permanente de Catal�n, a los certificados o diplomas equiparados a los mismos, o en base a los certificados o diplomas que se reconocen como eximentes de las pruebas de lengua catalana para el acceso a la funci�n p�blica, de conformidad con el Acuerdo de la Comisi�n para la normalizaci�n ling��stica de 19 de junio de 1991, y seg�n los criterios siguientes:
a) Certificado de nivel B: dos puntos.
b) Certificado de nivel C: cuatro puntos.
c) Certificado de nivel D: seis puntos.
3. En el �mbito de la Comunidad Aut�noma de Galicia:
a) Curso de Iniciaci�n y perfeccionamiento o curso B�sico de lenguaje jur�dico gallego: dos puntos.
b) Curso Medio de lenguaje jur�dico gallego: cuatro puntos.
c) Curso Superior de lenguaje jur�dico gallego: seis puntos.
4. En el �mbito de la Comunidad Aut�noma Valenciana:
a) Certificado de grado elemental oral y escrito del valenciano: dos puntos.
b) Certificado de grado medio oral y escrito del valenciano: cuatro puntos.
c) Certificado de grado superior oral y escrito del valenciano: seis puntos.
5. En la zona vasc�fona y mixta que determina el art�culo 5 de la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, de la Comunidad Foral de Navarra se aplicar�n los mismos criterios que los establecidos en el apartado 1.
6. En el �mbito de la Comunidad Aut�noma de las Islas Baleares:
7. En las Comunidades Aut�nomas como las del Pa�s Vasco y la Comunidad Foral de Navarra en las que no hay establecido certificado oficial correspondiente al perfil 2, se deber� superar un examen de acreditaci�n que a estos efectos convoquen los �rganos competentes en dicha materia, lo que les otorgar�a el certificado correspondiente.
8. En las convocatorias de procesos selectivos o de provisi�n de puestos en las que se valoren las lenguas oficiales de las Comunidades Aut�nomas conforme a lo dispuesto en la presente disposici�n adicional, se recoger� la necesidad de certificaci�n por parte de las Comunidades Aut�nomas de la homologaci�n y del nivel al que correspondan los t�tulos aportados.
Competencias del Director del Instituto de Toxicolog�a Corresponde al Director del Instituto de Toxicolog�a, respecto a los m�dicos forenses que desempe�en puestos incluidos en sus relaciones de puestos de trabajo, las funciones que este Reglamento otorga a los Directores de los Institutos de Medicina Legal.
R�gimen transitorio de integraci�n de los m�dicos forenses en los Institutos de Medicina Legal Los m�dicos forenses quedar�n integrados en el Instituto de Medicina Legal correspondiente en el momento de su entrada en funcionamiento, conforme se disponga en la norma de creaci�n.
Mientras no se dicte dicha norma, seguir�n prestando servicios en sus actuales destinos y percibiendo el complemento de destino que les corresponde seg�n lo previsto en el Real Decreto 1616/1989, de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1561/1992, de 18 de diciembre.
Las funciones de los Directores de los Institutos de Medicina Legal, previstas en este Reglamento, sobre informes previos o tramitaci�n de actuaciones administrativas en relaci�n con los m�dicos forenses con destino en los Institutos de Medicina Legal que les correspondan, quedar�n en suspenso hasta la creaci�n de los Institutos, correspondiendo dicha tramitaci�n al Ministerio de Justicia, por medio de las Gerencias Territoriales o, en su caso, a la Comunidad Aut�noma que haya recibido traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administraci�n de Justicia.
P�rrafo 3.� de la disposici�n transitoria 1.� introducido por R.D. 1619/1997, 24 octubre (�B.O.E.� 30 octubre), por el que se modifica el Reglamento Org�nico del Cuerpo de M�dicos Forenses.
R�gimen transitorio de provisi�n de puestos de trabajo Conforme se produzca la entrada en funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal, los puestos de trabajo de m�dicos forenses incluidos en sus relaciones de puestos de trabajo se cubrir�n por los destinados en el �mbito territorial respectivo a trav�s de los sistemas de provisi�n de puestos establecidos en este Reglamento.
Hasta que se produzca la entrada en funcionamiento de los mencionados Institutos quedar�n en suspenso los art�culos 21 y 22 del presente Reglamento Org�nico. Los puestos de trabajo vacantes se proveer�n mediante concurso que se resolver� por riguroso orden de escalaf�n y atendiendo, cuando proceda, a lo dispuesto en el art�culo 23 y en la disposici�n adicional segunda de este Real Decreto, sobre acreditaci�n del conocimiento de las lenguas oficiales de las Comunidades Aut�nomas.
P�rrafo 2.� de la disposici�n transitoria 2.� introducido por R.D. 1619/1997, 24 octubre (�B.O.E.� 30 octubre), por el que se modifica el Reglamento Org�nico del Cuerpo de M�dicos Forenses.
M�dicos forenses en r�gimen de dedicaci�n normal 1. Desde la entrada en funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal regulados en el art�culo 18 del presente Reglamento, quedar�n sin efecto las autorizaciones concedidas a los m�dicos forenses en r�gimen de dedicaci�n normal para el desempe�o de otro puesto en el sector p�blico, al amparo de lo establecido en la disposici�n adicional primera del Real Decreto 1616/1989, de 29 de diciembre, por el que se establece la cuant�a del complemento de destino de los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administraci�n de Justicia.
2. Los funcionarios que, en virtud de la derogaci�n de la citada disposici�n adicional, incurran en incompatibilidad por desempe�o de m�s de un puesto de trabajo en el sector p�blico, habr�n de optar por uno de ellos en el momento de la toma de posesi�n del puesto obtenido en el concurso regulado en la disposici�n transitoria segunda de este Reglamento. A falta de opci�n, se estar� a las previsiones contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones p�blicas.
R�gimen transitorio de la compatibilidad para el ejercicio de una actividad privada Hasta que se asignen los complementos espec�ficos a los puestos de trabajo, lo previsto en el art�culo 50.2 se entender� referido a todos aquellos puestos cuyo complemento de destino en c�mputo anual supere la cuant�a de la retribuci�n b�sica, excluida la antig�edad.
Puestos adscritos exclusivamente a funciones de Registro Civil Las relaciones de puestos de trabajo de los Institutos de Medicina Legal reservar�n los puestos adscritos exclusivamente a funciones de Registro Civil, en tanto se encuentren en situaci�n de servicio activo los funcionarios procedentes del Cuerpo de M�dicos del Registro Civil que no hayan realizado el curso de formaci�n para su integraci�n efectiva en el Cuerpo de M�dicos Forenses, de conformidad con lo previsto en la Ley Org�nica 7/1992, de 20 de noviembre, y el Real Decreto 181/1993, de 9 de febrero, sobre integraci�n de los m�dicos del Registro Civil en el Cuerpo de M�dicos Forenses.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto