Source: http://poderciudadano.ec/poder-ciudadano-activo/editoriales.html?start=5
Timestamp: 2018-04-26 22:51:07+00:00

Document:
Publicado el Jueves, 05 Febrero 2015 07:23
Quito, martes 9 de diciembre de 2014
Asunto: Petición de dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de preguntas propuestas para una consulta popular dirigida a garantizar la permanencia de normas constitucionales vigentes, aprobadas por la Asamblea Constituyente y expedidas en las urnas por la soberanía popular.
Yo, Iván Marcelo Larrea Cabrera, titular de la cédula de ciudadanía No.1706683479, periodista de profesión, domiciliado en el Cantón Rumiñahui de la provincia de Pichincha, en ejercicio de los derechos garantizados en la Constitución de la República del Ecuador expedida el 2008, comparezco ante su autoridad con la siguiente exposición y petición de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional:
Bajo el amparo del inciso cuarto del Art. 104 de la Constitución que establece que: "La ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto", en concordancia con el Art. 95 que señala: "Las ciudadanas y ciudadanos en forma individual y colectiva participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. ... La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria", solicito a la Corte Constitucional emitir el dictamen previo de constitucionalidad, previsto en el último inciso del Art. 104, sobre las preguntas que en esta exposición formulo (Anexo No. 1. Considerandos y preguntas), para que se convoque a una Consulta Popular en defensa de la plena vigencia de las normas constitucionales que se encuentran amenazadas y en grave peligro por un proyecto de enmiendas actualmente en trámite en la Asamblea Nacional.
El propósito es que el pueblo en las urnas mediante una Consulta Popular, ratifique los siguientes artículos vigentes de la Constitución de la República; artículo 114, artículo 144, artículo 229, artículo 326, artículo 384, artículo 104, artículo 158, artículo 211, artículo 212, artículo 261, artículo 264, que se pretende sean reformados, retrotrayendo la evolución jurídica del país al pasado, a normas del siglo XX, del siglo XIX e incluso del siglo XVIII y anteriores.
Lo hago porque el pueblo ecuatoriano demandó una Asamblea Constituyente el año 2006, en una Consulta Popular se pronunció mayoritariamente por la instalación de una Asamblea Constituyente el 2007, luego de que ésta fue electa y su texto discutido y aprobado, sancionó la Constitución actual el 2008 en referéndum, con su voto, en ejercicio de su soberanía.
Lo hago porque en todas las ocasiones en las que quienes han ejercido el poder han pretendido perpetuarse en el mismo a través de la reelección, el pueblo ecuatoriano ha escrito páginas gloriosas de la historia, ratificando los principios republicanos y democráticos establecidos en la épica independencia de la monarquía española. Así lo hizo cuando puso fin a la hegemonía política del General Juan José Flores en la revolución de 1845 y de Gabriel García Moreno, en acontecimientos que abrieron las puertas a la revolución de 1895.
Lo hago en consecuencia con la historia revolucionaria de nuestra nación, con el carácter garantista de la Constitución vigente, con el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos establecido en el Art. 61, numeral 1, en concordancia con el Art. 3 numeral 1, que establece como deber primordial del Estado, el "Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución...". Considerando que es fundamental garantizar igualdad de condiciones sin favoritismo ni discriminación alguna en todos los procesos electorales, y que la reelección indefinida crea claras condiciones de favoritismo a quienes en ejercicio del poder pretendan ser reelectos, discriminando a todos los otros y otras ciudadanas que aspiren ser electos, estimo esencial proteger y ratificar el texto de los Artículos 114 y 144, que establecen la reelección por una sola vez.
Lo hago porque las Fuerzas Armadas creadas por Eloy Alfaro, fueron establecidas para proteger la soberanía y la integridad territorial, y no puedo aceptar que su misión fundamental se cambie por el concepto de "integridad nacional", divirtiéndoles de su responsabilidad territorial y además, se pretenda someterlas a la condición de un órgano accesorio de las funciones específicas de la Policía Nacional, aspecto que advierte el peligro de institucionalizar un régimen policíaco militar que pondría en grave riesgo a los derechos humanos, sociales y democráticos de toda la ciudadanía, por lo tanto considero indispensable proteger y ratificar el texto íntegro del Art. 158.
Lo hago porque la comunicación es un derecho humano consustancial, como lo definió el mismo Eloy Alfaro, no un servicio público a ser tutelado por el Estado como pretende la enmienda del Art. 384, introduciendo un concepto que actualiza en el Ecuador del siglo XXI, la perspectiva fascista de la Ley de Prensa emitida por el Generalísimo Francisco Franco en 1938 en España. La enmienda propuesta viola la sección tercera del Capítulo Segundo de la Constitución que establece los derechos a la comunicación e información, entre ellos el derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información, así como los derechos de los periodistas al secreto profesional y la reserva de la fuente, construidos en el siglo XIX, para garantizar el derecho de la sociedad a la información. Viola el Art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Atenta, entre otros aspectos inclusive contra el derecho de las personas individual o colectivamente a crear medios de comunicación social, derecho garantizado en el numeral 3 del Art. 16, pues la misma Constitución en su Art. 225, establece que el sector público comprende a las funciones del Estado, a las entidades creadas por la Constitución, la Ley o acto normativo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para la prestación de servicios públicos, lo cual usurpa el derecho ciudadano a crear medios de comunicación. Por lo expuesto el Art. 384 debe ser protegido y ratificado.
Lo hago porque defendemos la herencia heroica de los mártires del 15 de noviembre de 1922, quienes en Guayaquil entregaron su vida en la lucha contra el manejo corrupto de los recursos públicos, gesta que inspiró la Revolución Juliana de 1925 y la creación de la Contraloría General del Estado, como órgano independiente y ciudadano de control del uso y gestión de los recursos públicos. No puedo reconciliarme con la mutilación de sus competencias, que implica el retorno al pasado de hace un siglo atrás, a un tiempo en el que la administración descontrolada de los recursos públicos que pertenecen a todos y no son propiedad privada de quienes transitoriamente ejercen el poder permitió la corrupción y la impunidad. Consciente de que mutilar las competencias de la Contraloría, finalmente sólo favorecerá a la corrupción y lesionará gravemente a la sociedad, me pronuncio por proteger y ratificar los Arts. 211 y 212.
Lo hago porque los derechos a la protección por el Código del Trabajo, de los obreros y obreras del sector público, y de las empresas con mayoría accionaria del sector público, son inalienables y fueron defendidos en la lucha contra las dictaduras militares de la década del 70, que restablecieron la actual democracia en 1979. Los artículos 229 y 326 numeral 16 en la Constitución aprobada el 2008, deben ser protegidos y ratificados, frente a una enmienda propuesta que constituye un retorno al pasado en el que las obreras y obreros del sector público excluidos en forma discriminatoria del Código del Trabajo no tenían derechos laborales.
Lo hago porque las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, son el resultado del bregar por siglos de la sociedad ecuatoriana por superar formas coloniales de centralización del poder y discriminación territorial, étnica y social, porque la ciudadanía en su conjunto hoy demanda un país democrático, plurinacional, intercultural, socialmente inclusivo, territorialmente equitativo, capaz de superar toda forma de marginalidad y exclusión. No encuentro motivación honesta para que sean enmendados los artículos 261 numeral 6 y 264 numeral 7, que garantizan las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud, educación y de los espacios públicos para el desarrollo, social, cultural y deportivo, por lo tanto considero que deben ser protegidos y ratificados.
Lo hago porque la soberanía radica en el pueblo, es el pueblo la única fuente auténtica y legítima del poder y es inadmisible aceptar que se cercene su derecho a preguntarse mediante consulta popular lo que considere pertinente, por lo cual es necesario ratificar el Art. 104 de la Constitución, en particular la primera frase de su inciso cuarto.
Lo hago porque la capacidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para consultar a los ciudadanos los temas de interés de su jurisdicción, es un paso adelante en los derechos de los ciudadanos a decidir en forma soberana sobre los temas de interés específico en sus territorios, lo que implica insistir en ratificar el inciso tercero del Art. 104 de la Constitución.
De conformidad con el inciso cuarto del Art. 104 y con el último inciso del mismo artículo, solicito el dictamen previo de la Corte Constitucional que usted preside, sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas, expresamente formuladas para proteger y ratificar la permanencia y plena vigencia de las normas constitucionales citadas. Al hacerlo solicito observar rigurosamente el numeral 4 del Art. 76 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que expresamente establece su obligación de garantizar el control abstracto de la constitucionalidad regido por el siguiente principio que cito textualmente:
Art. 76 numeral 4: "Permanencia de las disposiciones del ordenamiento jurídico.- El examen de constitucionalidad debe estar orientado a permitir la permanencia de las disposiciones del ordenamiento jurídico".
Subrayo: La Corte Constitucional conoce que la principal norma del ordenamiento jurídico de la República es la Constitución de la República, por lo tanto solicito emitir el dictamen de constitucionalidad de las preguntas que a continuación formulo (Anexo No.1), protegiendo la permanencia de las disposiciones constitucionales. Pido expresamente la observancia de las normas constitucionales y legales vigentes.
Una vez que la Corte Constitucional emita el dictamen previo sobre la constitucionalidad de las preguntas dirigidas a garantizar mediante la convocatoria a una consulta popular, la permanencia de los siguientes artículos de la Constitución: 114, 144, 229, 326, 384, 104, 158, 211, 212, 261, 264, dentro del término de 20 días fijado en el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de conformidad a la Constitución y la Ley, procederé al trámite correspondiente ante el Consejo Nacional Electoral, a fin de cumplir todos los requisitos legales para la convocatoria a Consulta Popular para que el pueblo en ejercicio de su soberanía se pronuncie en las urnas.
C.C. 1706683479
Artículos de la Constitución sujetos a Consulta Popular propuesta por Democracia SI para su protección y ratificación
Publicado el Jueves, 05 Febrero 2015 07:20
Artículo 114. Las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan.
Artículo 144. El período de gobierno de la Presidenta o Presidente de la República se iniciará dentro de los diez días posteriores a la instalación de la Asamblea Nacional, ante la cual prestará juramento. En caso de que la Asamblea Nacional se encuentre instalada, el período de gobierno se iniciará dentro de los cuarenta y cinco días posteriores a la proclamación de los resultados electorales. La Presidenta o Presidente de la República permanecerá cuatro años en sus funciones y podrá ser reelecto por una sola vez
Artículo 158. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial.
La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Las servidoras y servidores de las Fuerzas armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico.
Artículo 384. El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana. El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado fundamentará la política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación ciudadana.
Artículo 211. La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos.
Artículo 212. Serán funciones de la Contraloría General del Estado, además de las que determine la ley:
Artículos 229. Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier titulo trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público.
Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código del Trabajo.
Las remuneraciones de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia.
Artículo 326. El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:
Numeral 16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulen la administración pública. Aquellos que no se incluyan en esta categorización estarán amparados por el Código del Trabajo.
Artículo 261. El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre:
Numeral 6. Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda.
Artículo 264. Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley.
Numeral 7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo de acuerdo a la ley.
Artículo 104. El organismo electoral correspondiente convocará a consulta popular por disposición de la Presidenta o Presidente de la República, de la máxima autoridad de los gobiernos autónomos descentralizados o la iniciativa ciudadana.
Los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión de las tres cuartas parte de sus integrantes, podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción.
La ciudadanía podrá convocar a consulta popular sobre cualquier asunto. Cuando la consulta sea de carácter nacional, el petitorio contará con el respaldo de un número no inferior al cinco por ciento de personas inscritas en el registro electoral; cuando sea de carácter local el respaldo será de un número no inferior al diez por ciento del correspondiente registro electoral.
Cuando la consulta sea solicitada por ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, por asuntos de su interés y relacionados con el Estado ecuatoriano, requerirán el respaldo de un número no inferior al cinco por ciento de las personas inscritas en el registro electoral de la circunscripción especial.

References: artículo 114
 artículo 144
 artículo 229
 artículo 326
 artículo 384
 artículo 104
 artículo 158
 artículo 211
 artículo 212
 artículo 261
 artículo 264
 artículo 105

Artículo 114

Artículo 144

Artículo 158

Artículo 384

Artículo 211

Artículo 212

Artículo 326

Artículo 261

Artículo 264

Artículo 104