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Timestamp: 2020-01-23 11:06:32+00:00

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﻿ DECRETO 338 DE FEBRERO 19 DE 2018
DECRETO 338 DE 19 DE FEBRERO DE 2018
CONTENIDO:SERVIDORES PÚBLICOS DE LA RAMA JUDICIAL Y DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR. SE DICTAN DISPOSICIONES EN MATERIA SALARIAL Y PRESTACIONAL. DEROGA EL DECRETO 1003 DE 2017.
VIGENCIA:DEROGADO POR EL DECRETO 997 DE 2019 ARTÍCULO 21 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DECRETO 338 DE 2018
(Nota: Derogado por el Decreto 997 de 2019 artículo 21 del Departamento Administrativo de la Función Pública)
ART. 1º—Campo de aplicación. Las normas contenidas en el presente decreto se aplicarán a los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar que no optaron por el régimen especial establecido en los decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995, dictados en desarrollo del parágrafo del artículo 14 de la Ley 4a de 1992 y que en el año 2013 se venían regulando por lo dispuesto en el Decreto 1034 de 2013.
ART. 2º—Remuneraciones especiales. A partir del 1º de enero de 2018, los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado tendrán derecho a una remuneración mensual de seis millones seiscientos un mil ochocientos ochenta y un pesos ($6.601.881) moneda corriente, distribuidos así: por concepto de asignación básica mensual dos millones trescientos setenta y seis mil seiscientos setenta y nueve pesos ($2.376.679) moneda corriente, y por concepto de gastos de representación mensual cuatro millones doscientos veinticinco mil doscientos dos pesos ($4.225.202) moneda corriente.
Igualmente tendrán derecho a una prima técnica de tres millones novecientos sesenta y un mil ciento treinta y un pesos ($3.961.131) moneda corriente.
Adicionalmente, tendrán derecho a percibir la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 15 de la Ley 4a de 1992, que es aquella que sumada a los demás ingresos laborales iguale a los percibidos en su totalidad por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere. La prima especial de servicios también se reconocerá cuando el empleado se encuentra disfrutando de su período de vacaciones. Esta prima solo constituye factor salarial para efectos del ingreso base de cotización del sistema general de pensiones y de conformidad con la Ley 797 de 2003 para la cotización al sistema general de seguridad social en salud.
ART. 3º—Asignación básica mensual. A partir del 1º de enero de 2018, la asignación básica mensual de los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar será la señalada para su grado, de acuerdo con la siguiente escala:
1 781.242 12 1.689.877
2 782.911 13 1.727.742
3 902.837 14 1.805.729
4 977.238 15 2.072.426
5 1.108.673 16 2.273.040
6 1.209.009 17 2.644.373
7 1.278.885 18 2.742.386
8 1.396.241 19 2.931.668
9 1.455.316 20 2.990.457
10 1.539.393 21 3.411.433
11 1.637.115 22 3.724.918
ART. 4º—Prima especial. Los funcionarios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4a de 1992, con excepción de los señalados en el parágrafo de dicho artículo, tendrán derecho a percibir a partir del 1º de enero de 2018, una prima especial, sin carácter salarial, equivalente al treinta por ciento (30%) del salario básico.
ART. 5º—Remuneraciones mínimas mensuales especiales. La remuneración mínima mensual del secretario general de la Corte Constitucional, del secretario general de la Corte Suprema de Justicia, del secretario general del Consejo de Estado y del secretario judicial del Consejo Superior de la Judicatura, será de cinco millones setecientos cincuenta y cinco mil seiscientos setenta y un pesos ($5.755.671) moneda corriente. El cincuenta por ciento (50%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales.
ART. 6º—Excepciones. La escala de remuneración de que trata el artículo 3º no se aplicará a los funcionarios a que se refieren el artículo 206 numeral 7º del Decreto Extraordinario 624 de 1989, y el artículo 13 del Decreto 535 de 1987.
a) Para los magistrados de tribunal y sus fiscales grado 21, dos millones novecientos setenta y seis mil quinientos cincuenta y ocho pesos ($2.976.558) moneda corriente, de asignación básica mensual. El cincuenta por ciento (50%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales.
b) Para jueces penales del circuito especializado, dos millones setecientos seis mil seiscientos veintinueve pesos ($2.706.629) moneda corriente, de asignación básica mensual. El veinticinco por ciento (25%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales.
c) Para jueces de orden público cuya remuneración corresponde a la señalada para el grado 21 de la escala salarial de la rama judicial será de tres millones treinta y dos mil ochocientos diecinueve pesos ($3.032.819) moneda corriente, de asignación básica mensual. El cincuenta por ciento (50%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales.
d) Para jueces y fiscales grado 17, dos millones cuatrocientos veintinueve mil ciento sesenta y tres pesos ($2.429.163) moneda corriente, de asignación básica mensual. El veinticinco por ciento (25%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales.
e) Para jueces grado 15, un millón novecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos catorce pesos ($1.974.414) moneda corriente, de asignación básica mensual. El veinticinco por ciento (25%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales.
PAR. 1º—Los magistrados auxiliares y abogados asistentes del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado tendrán una remuneración mínima mensual de cinco millones cuatrocientos treinta y cinco mil ochocientos setenta y tres pesos ($5.435.873) moneda corriente. Esta remuneración se aplicará cuando la suma de la asignación básica y las primas mensuales sean inferiores a dicho valor.
PAR. 2º—Los magistrados del tribunal y sus fiscales grado 21 tendrán una remuneración mínima mensual de cinco millones cuatrocientos treinta y cinco mil ochocientos setenta y tres pesos ($5.435.873) moneda corriente. Esta remuneración se aplicará cuando la suma de la asignación básica y las primas mensuales sean inferiores a dicho valor.
PAR. 3º—Los jueces de orden público cuya remuneración corresponda a la señalada para el grado 21, tendrán una remuneración mínima mensual de cinco millones quinientos treinta y ocho mil seiscientos veintiún pesos ($5.538.621) moneda corriente. Esta remuneración se aplicará cuando la suma de la asignación básica y las primas mensuales sean inferiores a dicho valor.
ART. 7º—Remuneración adicional. Los funcionarios y empleados a quienes se les aplica el presente decreto, y que laboren ordinariamente en los departamentos creados en el artículo 309 de la Constitución Política continuarán devengando una remuneración adicional correspondiente al ocho por ciento (8%) de la asignación básica mensual que les corresponda. Dicha remuneración se percibirá por cada mes completo de servicio.
ART. 8º—Auxilio especial de transporte. A partir del 1º de enero de 2018, los citadores que presten sus servicios en las corporaciones judiciales, incluidos los tribunales superiores y administrativos, juzgados penales, civiles, laborales, de familia, promiscuos de familia y juzgados de menores y los asistentes sociales de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, de menores, de familia y promiscuos de familia, tendrán derecho a un auxilio especial de transporte, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 717 de 1978, así:
a) Para ciudades de más de un millón de habitantes: ochenta y un mil ciento cincuenta y un pesos ($81.151) moneda corriente, mensuales.
b) Para ciudades entre seiscientos mil y un millón de habitantes: cincuenta y un mil ciento cincuenta y cuatro pesos ($51.154) moneda corriente, mensuales.
c) Para ciudades entre trescientos mil y menos de seiscientos mil habitantes: treinta y dos mil cuatrocientos noventa y siete pesos ($32.497) moneda corriente, mensuales.
ART. 9º—Auxilio de transporte. Los servidores públicos de que trata este decreto que perciban una remuneración mensual hasta de un millón quinientos treinta mil sesenta y cinco pesos ($1.530.065) moneda corriente, tendrán derecho a un auxilio de transporte en la cuantía que establezca el Gobierno para los trabajadores particulares, empleados y trabajadores del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior de este decreto.
ART. 10.—Subsidio de alimentación. A partir del 1º de enero de 2018, el subsidio de alimentación para empleados que perciban una asignación básica mensual no superior a la señalada para el grado 13 en la escala de que trata el artículo 3º de este decreto, será de sesenta mil setecientos treinta y nueve pesos ($60.739) moneda corriente, pagaderos mensualmente por la entidad correspondiente.
ART. 11.—Prima de antigüedad. La prima de antigüedad se continuará reconociendo y pagando de conformidad con las disposiciones que regulan la materia. A partir de la fecha de vigencia del presente decreto, el retiro del servicio por cualquier causa, salvo por destitución, no implica la pérdida de antigüedad que se hubiera alcanzado, ni del tiempo transcurrido para la causación del próximo porcentaje, cuando la persona reingrese al servicio de la rama judicial o ministerio público, dentro de un plazo que no exceda de veintisiete (27) meses, evento en el cual estarán sujetos para todo efecto al régimen establecido en el presente decreto, por consiguiente, no le es aplicable el régimen que de manera general rige obligatoriamente a las personas que ingresen a la rama judicial.
ART. 12.—Primas ascensional y de capacitación. Las primas ascensional y de capacitación para jueces municipales y jueces promiscuos municipales se regulan por lo dispuesto en los decretos 903 de 1969 y 760 de 1970.
ART. 13.—Prima de capacitación para los jueces territoriales y del distrito penal aduanero. La prima de capacitación para los jueces territoriales y del distrito penal aduanero, se regula por lo dispuesto en los decretos 903 de 1969 y 760 de 1970.
ART. 14.—Limitaciones. Los funcionarios y empleados a que se refiere este decreto no podrán devengar por concepto de asignación básica, más las primas, suma superior a la remuneración mensual que le corresponda a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por concepto de asignación básica y gastos de representación, dentro del régimen optativo previsto en los decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995, dictados en desarrollo del parágrafo del artículo 14 de la Ley 4a de 1992.
ART. 15.—Horas extras. Los conductores y choferes que laboran en los organismos a los cuales se les aplica el presente decreto tendrán derecho al reconocimiento y pago de horas extras, en los mismos términos del artículo 4º del Decreto 244 de 1981 y del Decreto 1692 de 1996. En todo caso la autorización para laborar en horas extras solo podrá otorgarse cuando exista disponibilidad presupuestal.
ART. 16.—Limitaciones. Los nombramientos, ascensos y promociones están condicionados en su cuantía al monto de la apropiación presupuestal de la vigencia fiscal respectiva.
ART. 17.—Monto de las cotizaciones para el sistema general de pensiones. El monto de las cotizaciones para el sistema general de pensiones de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, que se encuentren en régimen de transición de la Ley 100 de 1993, será el establecido para los senadores y representantes en el literal a) del artículo 6º del Decreto 1293 de 1994, calculado sobre el ingreso mensual promedio constituido por la asignación básica, los gastos de representación, la prima especial de servicios y la prima de servicios.
ART. 18.—Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4a de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.
ART. 20.—Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el Decreto 1003 de 2017 y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2018.

References: ARTÍCULO 21
 artículo 21
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 14
 artículo 3
 artículo 206
 artículo 13
 artículo 309
 artículo 32
 artículo 3
 artículo 14
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 10