Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-205-03.htm
Timestamp: 2018-12-12 06:59:01+00:00

Document:
C-205-03
ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULAR-Expresión “no justificado” ajustada a la Constitución/ENRIQUECIMIENTO ILICITO-Derecho a la no autoincriminación
Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 1º, de la Ley 738 de 2002, “Por la cual se adiciona un artículo al Código Penal”.
Así mismo expresa, que hay que destacar la exposición de motivos de la Ley realizada por el senador Vargas Lleras, en el sentido de que si se sanciona severamente a quienes se dedican a la venta de partes de automotores de segunda mano, se está atacando el hurto de vehículos, porque si se miran las cifras estadísticas de la delincuencia en el país, allí encontramos que el delito de hurto de carros, del primero de enero al 31 de mayo de 1999, alcanzó en el país la cifra de 7.298 vehículos y 6.242 motocicletas, para un total de 13.550. En sólo mes de junio de 1999 se hurtaron 2.386 automotores. Una gran cantidad de esos vehículos, nunca más vuelven a ser recuperados, y la forma más usual de deshacerse de éstos, es convirtiéndolo en partes, para de esta forma negociarlos “al menudeo”.
Frente a la presunta vulneración de la presunción de inocencia, afirma que este principio no puede ser absoluto porque si se aceptara de esta manera, se generaría una situación de impunidad la que a todas luces sí resulta contraria a los lineamientos Constitucionales y así lo ha considerado la jurisprudencia sobre el tema cuando se ha pronunciado respecto del principio de la buena fe. En tal sentido se estableció en la Sentencia C-023 de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía, que “nada más contrario a la realidad en cualquier sistema jurídico, que sin excepción reconocen el principio de buena fe, han existido las pruebas como una norma de conseguir la seguridad en la vida de los negocios y, en general, en todas las relaciones jurídicas”. Argumenta entonces que el legislador puede en ocasiones establecer excepciones al principio constitucional de buena fe, por lo que indica que la buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria, en todo caso la mala fe deberá probarse.
Sostiene que la expresión “y no demuestre su procedencia lícita”, contenida en el artículo acusado, infringe las garantías procesales de presunción de inocencia y de asunción de la carga de la prueba en contrario por parte del Estado; en consecuencia, señala que esta expresión debe ser retirada del ordenamiento normativo por infracción directa.
A su juicio, sólo la expresión “y no demuestren su procedencia lícita”, contenida en el nuevo artículo 447 A del Código Penal vulnera los principios de presunción de inocencia y de asunción de la carga de la prueba en contrario por parte del Estado, señaladas en el artículo 29 constitucional; el resto del precepto acusado debe ser declarado exequible, bajo el entendido que la carga de demostrar la procedencia ilícita de las autopartes usadas de vehículos automotores que se comercian, ha de ser asumida por el Estado a través de la Fiscalía General de la Nación, y así lo debe declarar la Corte.
Indica que en el caso de los remates realizados tanto por entidades estatales como las privadas, los documentos en ellos entregados están utilizándose de manera ilegal para respaldar, en los desguazaderos, la tenencia de repuestos de vehículos hurtados, porque con base en el acta de entrega de éstos, amparan la venta ilegal de autopartes fruto de su fraccionamiento, es decir, estas personas se están valiendo de un procedimiento formal para “legalizar” una actividad ilegal.
De igual modo indica que el Código de Procedimiento Penal en su artículo 7°, consagra como principio rector del proceso penal colombiano que “toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no se produzca una sentencia condenatoria definitiva sobre su responsabilidad penal”, se entiende este principio como columna vertebral del proceso, el cual no puede de plano presumir que la persona sea culpable de antemano, mientras no existan las pruebas y la responsabilidad plenamente probada por el funcionario judicial para proferir una decisión de tal magnitud.
Sostiene que es necesario hacer distinción, en relación con los términos “inocencia” y “responsabilidad”, pues en el proceso penal, la inocencia no se demuestra, lo que se investiga es la responsabilidad en la comisión del punible, cuya consecuencia da como resultado que cualquier decisión tomada por el funcionario judicial debe ser fundamentada y motivada en las pruebas y hechos que presenten si efectivamente el sindicado es sujeto de ser absuelto o condenado; por lo tanto la presunción de inocencia se mantiene viva durante el desarrollo del proceso, y sólo es desvirtuada en el momento en que se tenga certeza de la comisión del delito y la responsabilidad en su realización.
En sentencia C-626 del 21 de noviembre de 1996, la Corte declaró inexequible en su totalidad el artículo 9 de la Ley 228 del 21 de diciembre de 1995 “Por la cual se determina el régimen aplicable a las contravenciones especiales y se dictan otras disposiciones”, cuyo texto era el siguiente:
“ARTICULO 9. Ofrecimiento o enajenación de bienes de procedencia no justificada. El que en lugar público o abierto al público ofrezca para su enajenación bien mueble usado, cuya procedencia no esté justificada, incurrirá en arresto de seis (6) a dieciocho (18) meses, siempre que la conducta no constituya hecho punible sancionado con pena mayor.
Se declarará la inexequibilidad del precepto acusado, en su totalidad”.
Si bien subsiste el texto constitucional que sirvió de referencia para la declaratoria de inexequibilidad, en este caso el artículo 29 de la Carta Política, la norma que fue expulsada del ordenamiento jurídico tipificaba una contravención especial denominada “Ofrecimiento o enajenación de bienes de procedencia no justificada”, en tanto que la disposición demandada incorporó un tipo penal al nuevo Código Penal, esto es, se trata de dos preceptos jurídicos ubicados en contextos normativos completamente distintos.
Además, el comportamiento que aparecía descrito en el artículo 9 de la Ley 228 de 1995 tenía unas particularidades en cuanto al lugar donde podía ser cometido, es decir “en lugar público o abierto al público”, amén de algunas referencias a las pruebas procedentes en estos casos, como los contratos respectivos, las cuales se encuentran ausentes en la norma legal sub examine.
Otro tanto puede predicarse del objeto sobre el cual recae la conducta: en el caso de la contravención se aludía a un “bien mueble usado”, de manera general; en el nuevo tipo penal, el legislador se refiere a “autopartes usadas de vehículos automotores”.
Además, en el caso de la contravención el legislador incluyó como ingrediente normativo de la misma “cuya procedencia no esté justificada”, y en el presente caso se alude a una acción consistente en comerciar con autopartes usadas de vehículos automotores y a una omisión cual es no demostrar la procedencia lícita de un bien.
Desde el derecho romano, este delito no era más que una modalidad de la participación en el ilícito encubierto, pues se consideraba que quien ayudaba al delincuente a obtener su impunidad o el fin propuesto con el delito, aunque no hubiera intervenido en su ejecución, prolongaba de esta forma el iter criminis más allá de los límites de la consumación. El Digesto trató de establecer una distinción entre los autores del hecho punible y los favorecedores “Los que acogen a los malhechores son una especie pésima de gentes, sin las cuales ninguno pudiera estar oculto mucho tiempo, y se manda ser castigados como ladrones”[1]. Así se mantuvo, durante siglos, la confusión entre el culpable de atacar la propiedad privada y el que le facilitaba colaboración posterior a aquél, a pesar de las críticas que sobre el particular formuló Carrara[2].
“Son encubridores: 1 ) los que espontáneamente, sin concierto anterior a la perpetración del delito, receptan o encubren después la persona de alguno o algunos de los autores, cómplices o auxiliadores; o los que protegen los defienden o les dan auxilio o noticias para se precavan o se fuguen; u ocultan alguna de sus armas, o alguno de los instrumentos o utensilios con que se cometió el delito, o alguno de los efectos en que éste consista; o compran, expenden o distribuyen algunos de dichos efectos, sabiendo que aquellas armas, instrumentos o utensilios han servido para el delito, o que de él han provenido aquellos efectos” ( negrilla y subrayado fuera de texto ).
“El que fuera de los casos de concurso en el delito, ocultare o ayudare a ocultar o asegurar el producto o fruto del mismo, o lo comprare o expendiere a sabiendas de su procedencia, incurrirá en prisión de seis meses a cinco años y multa de veinte a dos mil pesos”. ( negrilla y subrayado fuera de texto ).
“Artículo 177. Receptación. El que fuera de los casos de concurso en el delito, oculte o ayude a ocultar o a asegurar el objeto material o el producto del mismo, o lo adquiera o enajene, incurrirá en prisión de seis meses a cinco años y multa de un mil a cien mil pesos”.
Años más tarde, la Ley 190 de 1995 “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción administrativa” modificó el artículo 177 del C.P. en los siguientes términos:
“ARTICULO 31. El artículo 177 del Código Penal quedará así:
3. Si la persona que realiza la conducta es importador o exportador de bienes o servicios, o es director, administrador, representante legal, revisor fiscal u otro funcionario de una entidad sujeta a la inspección, vigilancia o control de las Superintendencias Bancaria o de Valores, o es accionista o asociado de dicha entidad en una proporción igual o superior al diez por ciento (10%) de su capital pagado o del valor de los aportes cooperativos.”
Al año siguiente fue expedida la Ley 228 del de 1995 “Por la cual se determina el régimen aplicable a las contravenciones especiales y se dictan otras disposiciones”, cuyo artículo 9 rezaba:
Al año siguiente, una vez más, se modificó la regulación penal de la receptación. En efecto, la Ley 365 de 1997 “Por la cual se establecen normas tendientes a combatir la delincuencia organizada y se dictan otras disposiciones”, dispuso lo siguiente:
“Artículo 7º. El artículo 177 del Código Penal quedará así:
“ARTICULO 177: Receptación. El que sin haber. tomado parte en la ejecución de un delito adquiera, posea, convierta o transmita bienes muebles o inmuebles, que tengan su origen mediato o inmediato en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá en pena de prisión de uno (1) a cinco (5) años y multa de cinco (5) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales, siempre que el hecho no constituya otro delito de mayor gravedad.
“Si la conducta se realiza sobre un bien cuyo valor sea superior a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales, la pena privativa de la libertad se aumentará de una tercera parte a la mitad.
“Sobre el supuesto de la imposibilidad de interpretar extensivamente el artículo 177 del Código Penal, debe destacarse igualmente que de acuerdo con la redacción actual de dicha disposición se llega a soluciones francamente injustas en materia de delitos contra el patrimonio económico, debido a la dureza de las sanciones allí previstas. En efecto, con la actual legislación resultan favorecidos los autores de los delitos contra la propiedad frente a los receptadores, pues mientras el autor de un hurto recibe pena de uno (1) a seis (6) años, la persona que adquiere el bien producto de ese hurto queda sometida a una sanción de tres (3) a ocho (8) años de prisión[5].
“Estimamos que la Ley 190 de 1995 en su art. 31 tipifica de manera antitécnica las diversas formas de receptación y que sería conveniente como lo propone el proyecto, describir más adecuadamente las conductas y ajustarlas al derecho internacional para entre otras cosas, acercarnos a la Convención de Viena en cuanto a los verbos rectores y a la inclusión del elemento a sabiendas que evitara la generalización y la ambigüedad que surge de expresiones como “origen mediato o inmediato en un delito” o “realice cualquier otro acto...”. ( negrilla fuera de texto ).[6]
“ART. 447. Receptación. El que sin haber tomado parte en la ejecución de la conducta punible adquiera, posea, convierta o transfiera bienes muebles o inmuebles, que tengan su origen mediato o inmediato en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá en prisión de dos ( 2 ) a ocho ( 8 ) años y multa de cinco ( 5 ) a quinientos ( 500 ) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
“Si la conducta se realiza sobre un bien cuyo valor sea superior a mil ( 1000 ) salarios mínimos legales mensuales vigentes la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad”
“Proyecto de Ley número 25 de 2000 Senado, “Por el cual se adiciona el contenido del artículo 177 del Código Penal”
“Artículo 1. Adiciónase al artículo 177 del Código Penal un inciso segundo, del siguiente tenor:
“Artículo 177. Receptación.
“Se encuentra en la situación consagrada en el inciso anterior, quien se dedique a la compraventa de partes de vehículos automotores que sean de segunda mano. ( negrilla y subrayado fuera de texto ).
“Artículo 2. Esta ley rige a partir de la fecha de su promulgación”
Posteriormente, el 7 de mayo de 2001 se presentó el “Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley número 25 de 2000 senado. Por el cual se adiciona el artículo 177 del Código Penal”, documento en el cual se justificaba sancionar un nueva variedad de receptación introduciendo, eso sí, algunas modificaciones importantes al proyecto inicial, con base en los siguientes argumentos:
“Por el cual se adiciona el contenido del artículo 447 de la ley 599 de 2000 Código Penal”; ( subrayado dentro del texto )
“b ) Se modifica el artículo primero del proyecto en los siguientes aspectos:
· Se modifica el verbo rector del tipo penal contenido en el proyecto original ( compraventa ) por el término “comercialización” el cual comprende todo tipo de negocios comerciales con este tipo de bienes.
· Se elimina, por considerarlo innecesario, la expresión “que sean de segunda mano”.
· Finalmente, se adiciona “Exceptúase las partes usadas para maquinaria agrícola”.
“PLIEGO DE MODIFICACIONES AL PROYECTO DE LEY 25 DE 2000 SENADO. Por medio de la cual se adiciona el artículo 447 del Código Penal.
“Artículo 447. Receptación.
“Se encuentra en la situación consagrada en el inciso anterior, quien se dedique a la comercialización de partes usadas de vehículos automotores. Exceptúase las partes usadas que correspondan a maquinaria agrícola ( negrilla dentro del texto ).
Gustavo A. Guerra Lemoine”[8]
Correspondió a los Senadores Gustavo A. Guerra Lemoine y Cecilia Rodríguez González- Rubio presentar el texto de la “Ponencia para segundo debate al proyecto de ley número 25 de 2000 senado. Por el cual se adiciona el contenido del artículo 177 del Código Penal.”, documento en el cual se justificó la tipificación de esta nueva clase de receptación, y se introdujo el actual elemento normativo del tipo consistente en “y no demuestre su procedencia lícita”:
“... lo que se propone con la iniciativa, tal y como fue aprobado por la Comisión Primera del Senado de la República, es adicionar un nuevo artículo al ordenamiento jurídico penal en donde se sanciona con la misma pena del delito de receptación a quien comercie con autopartes usadas de vehículos automotores y no demuestre su procedencia lícita ( subrayado fuera de texto ).
“Como ninguna otra negociación de bienes usados, reconstruidos o reacondicionados, la que corresponde a partes de vehículos automotores, quienes se dedican a ella de manera informal, saben de su propiedad non santa, porque ellos mismos no han generado ni validado el origen lícito. De otra parte, no tiene sentido que el dueño legítimo de un automotor, por mayor necesidad que tenga, venda el espejo retrovisor o una de las llantas, o la tapa del combustible, o los limpiabrisas. Por lo mismo, no es ningún despropósito considerar legalmente que está en la situación de receptación, cuando el agente se dedique a la compraventa de partes de vehículos automotores, pero que además esas partes sean usadas, reconstruidas o reacondicionadas.” ( subrayado fuera de texto ).
“TEXTO AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 25 DE 2000
“Artículo 1. El Código Penal tendrá un artículo nuevo numerado como 447A
La voluntad del legislador de crear un tipo penal que consistiese en una forma especial de receptación, quedó asimismo plasmada en el texto del “Informe de ponencia para segundo debate al proyecto de ley número 180 de 2001 cámara, 025 de 2000 senado”:
“La presente iniciativa pretende adicionar la regulación que el Estatuto Penal contempla sobre la receptación, introduciendo una modalidad Específica referida a la comercialización de autopartes usadas de vehículos automotores sin la acreditación de la procedencia lícita de las mismas, en la medida en que se considera que el incremento desmedido que ha tenido el hurto de vehículos automotores tiene una parte de explicación en el mercado negro de autopartes robadas, por lo cual, imponiendo una sanción penal a aquellos comportamientos, se desestimulará el hurto de vehículos”[10]. ( negrilla y subrayado fuera de texto ).
Además, recurriendo a una interpretación a rubrica, en tanto que variedad de la sistemática consistente en atribuir un significado en función del título o rúbrica que encabeza al grupo de artículos en el que aquél se encuentra[11], se tiene que la conducta contenida en la norma demandada corresponde a una forma de encubrimiento pues se ubica en el Capítulo VI, “Del encubrimiento”.
Además, es menester que el ejercicio de un control constitucional efectivo en estos casos vaya más allá de dejar sin efecto normas penales manifiestamente irrazonables o arbitrarias, abarcando también un examen detenido sobre la proporcionalidad que ofrece cada una de estas medidas, ya que, siguiendo a Ferrajoli “la intervención punitiva es la técnica de control social más gravosamente lesiva de la libertad y de la dignidad de los ciudadanos”, y en consecuencia, “el principio de necesidad exige que se recurra a ella sólo como remedio extremo”, es decir, nullum crimen sine necessitate[13].
Pues bien, siendo la norma penal, al mismo tiempo, un instrumento de intervención en el ejercicio de los derechos fundamentales y un mecanismo de protección de los mismos, así como de determinados bienes constitucionales, dado que un concepto de bien jurídico vinculante para el legislador sólo puede derivar de los cometidos plasmados en la Carta Política de un Estado Social de Derecho fundado en la libertad del individuo, en tanto que límites a la potestad punitiva del Estado. Por lo tanto, esta Corporación ha entendido que el ejercicio del ius puniendi está sometido a los principios de estricta legalidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, razonabilidad, igualdad y responsabilidad por el acto en tanto que límites materiales a la ejecución de esta competencia estatal[15].
“La finalidad de esta representación popular en la elaboración de las leyes penales deriva no sólo del respeto de la separación de poderes, y de los con­troles que ésta supone para la protección de la libertad individual, sino que también debe permitir un proceso público de debate y aprendizaje en la concepción y ejecución de las políticas criminales, es decir una elaboración más demo­crática de la ley penal. Esta discusión pública debe permitir que la respuesta penal no sea un recurso contingente que el poder político utiliza a discreción, sin debate, para hacer frente a las dificul­tades del momento. La respuesta penal debe ser propor­cional a la conducta objeto de la sanción, debe ser idónea, operar únicamente cuando no hay otras alternativas, y no debe ser criminógena, es decir, causar más problemas de los que resuelve. Esto sólo es posible si la definición de las políticas criminales se hace a través de una amplia discusión democrática, y no mediante una inflación de normas penales promulgadas apresuradamente.”
Al respecto cabe señalar que por bien jurídico la doctrina contemporánea ha entendido aquellas “circunstancias dadas o finalidades que son útiles para el individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema social estructurado sobre la base de esa concepción o para asegurar el funcionamiento del mismo”[20]. En tal sentido, el bien jurídico está llamado a cumplir una función social; y desde una perspectiva dogmática, constituye una importante guía para la interpretación de la norma penal y se erige en un criterio de medición de la pena a imponer, dado que la mayor o menor gravedad de la lesión al bien jurídico, o la mayor o menor peligrosidad de su ataque, influyen decisivamente en la gravedad del hecho. De allí que no se consideren como bienes jurídicos, objeto de tutela penal, las conminaciones arbitrarias, las finalidades puramente ideológicas, las meras inmoralidades, y por supuesto, el ejercicio de una actividad constitucionalmente válida.
Además, cabe señalar que la Constitución de 1991, en su artículo 29, parte de un derecho penal de acto, es decir, se penaliza a las personas por sus actos y no por lo que son, al establecer que “nadie podrá ser juzgado sino por leyes preexistentes al acto que se le imputa”, de donde se deriva que el juzgamiento precisa la existencia de un acto humano, lo cual supone el compromiso de sus esferas volitiva e intelectiva y no la simple causación material del acto y el examen del mismo, con independencia de determinadas calidades personales del individuo.
En tal sentido, la Corte considera que un derecho penal de acto se opone a uno de autor, basado únicamente en la posibilidad de castigar el carácter o el modo de ser de una persona. Enlaza este principio con el de legalidad y su exigencia de tipicidad de los delitos; el mandato de determinación de la ley penal reclama una descripción diferenciada de cada conducta delictiva, lo cual fue negado por el “derecho penal de autor” y la teoría de los “tipos de autor” que propusieron los penalistas nacionalsocialistas: en lugar de castigar el homicidio, el hurto, las falsedades, etcétera ( tipos de conductas ), el derecho penal debía castigar al “homicida”, al “ladrón”, al “falsificador”, etcétera ( tipos de autor ).
La Corte también ha sido constante en afirmar que el legislador debe respetar el principio de proporcionalidad, el cual emana del principio del Estado Social de Derecho y del respeto por la dignidad humana y por lo tanto es de rango constitucional y concreta el principio de ponderación de bienes en el sentido de una prohibición de exceso. En palabras de Roxin “los daños y peligros que parten del autor deben soportarse, a pesar del interés preventivo en evitarlos, cuando son menores que la pérdida de libertad que conllevaría la medida para el implicado”[21].
“Sin necesidad de elevar el principio de antijuridicidad (Código Penal, art. 4) al rango de principio supralegal, bien puede afirmarse que éste tiene su corolario constitucional en el principio de proporcionalidad o 'prohibición de exceso', deducido jurisprudencialmente de los artículos 1º (Estado social de derecho, principio de dignidad humana), 2º (principio de efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución), 5º (reconocimiento de los derechos inalienables de la persona), 6º (responsabilidad por extralimitación de las funciones públicas), 11 (prohibición de la pena de muerte), 12 (prohibición de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), 13 (principio de igualdad) y 214 de la Constitución (proporcionalidad de las medidas excepcionales)”.
“La Corte también ha sido constante en afirmar que mientras en el cumplimiento de la función legislativa no resulten contrariados los preceptos fundamentales “bien puede el legislador crear o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo a criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados, todo de acuerdo con la apreciación, análisis y ponderación que efectúe acerca de los fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar a causar en el conglomerado”[22]. Por lo anterior, solamente “en los casos de manifiesta e innegable desproporción o de palmaria irrazonabilidad,” [23] correspondería al juez Constitucional declarar la inexequibilidad de la disposición normativa que sea objeto de análisis.
El principio de razonabilidad, en tanto que límite a la actividad del legislador, implica la exclusión de toda decisión adoptada de manera manifiestamente absurda, injustificada o insensata, vale decir, apartándose de los designios de la recta razón[25]. Para autores como Tixier, la noción de razonabilidad puede “permitir al juez ejercer un cierto control sobre la finalidad de los actos particulares o de las autoridades públicas frente a una regla general que éstas han establecido”[26].
El ejercicio del ius puniendi por parte del Estado, como lo ha reconocido la Corte, tiene como limitante constitucional, en consonancia con diversos textos internacionales sobre derechos humanos, el principio de presunción de inocencia[27]. Al respecto, alega la actora que el artículo 447A del nuevo Código Penal, al ordenarle al procesado o imputado demostrar la procedencia lícita de las autopartes usadas de vehículos automotores es contraria a la presunción de inocencia, consagrada en los artículos 29 constitucional, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“La presunción de inocencia sólo puede quedar desvirtuada definitivamente en una sentencia que tenga ese carácter y ello no puede ocurrir cuando están pendientes de resolver serios cuestionamientos acerca de su validez jurídica. Es decir, que si a un fallo se le imputan errores de derecho (in judicando o in procedendo), esta cuestión debe ser resuelta antes de que el mismo haga tránsito a la cosa juzgada.
“La presunción de inocencia en nuestro ordenamiento jurídico adquiere el rango de derecho fundamental, por virtud del cual, el acusado no está obligado a presentar prueba alguna que demuestre su inocencia y por el contrario ordena a las autoridades judiciales competentes la demostración de la culpabilidad del agente. Este derecho acompaña al acusado desde el inicio de la acción penal (por denuncia, querella o de oficio) hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la convicción o certeza, mas allá de una duda razonable, basada en el material probatorio que establezca los elementos del delito y la conexión del mismo con el acusado. Esto es así, porque ante la duda en la realización del hecho y en la culpabilidad del agente, se debe aplicar el principio del in dubio pro reo, según el cual toda duda debe resolverse en favor del acusado. ( subrayado fuera de texto )
“Ahora bien, entiende la Corte que diferentes circunstancias relacionadas con el paso del tiempo afectan la actividad judicial dando lugar a la prescripción de la acción penal: la pérdida de interés social para imponer una sanción al delincuente, la dificultad en conseguir pruebas de la culpabilidad y la injusticia de mantener a una persona indefinidamente sujeta a las consecuencias de la acción penal, más aún cuando la propia Constitución consagra el principio de presunción de inocencia (C.P. art. 29), y la prohibición de las penas y medidas de seguridad imprescriptibles (C.P. art. 28).
Cuando el artículo 29 inciso 4º de la Constitución Política, dispone que “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”, se establece un postulado que no admite excepción alguna e impone como obligación la práctica de un debido proceso, de acuerdo con los procedimientos que la Constitución y la ley consagran para desvirtuar su alcance[30].
“La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11º, reafirma el carácter fundante de la presunción, por virtud del cual: "Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa".[31]
“El Decreto 2700 de 1991 señala en su artículo 2º: "En desarrollo de las actuaciones penales prevalece el principio de la presunción de inocencia según el cual toda persona se presume inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se produzca una declaración definitiva sobre su responsabilidad" Igualmente la ley 600 de 2000, en su artículo 7º expresa: " Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no se produzca una sentencia condenatoria definitiva sobre su responsabilidad penal. En las actuaciones penales toda duda debe resolverse a favor del procesado...".[32]
” Esta Corte estima que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. Este concepto está expresado en múltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos y, entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general (art. 9.3). En caso contrario se estaría cometiendo una injusticia al privar de libertad, por un plazo desproporcionado respecto de la pena que correspondería al delito imputado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. Sería lo mismo que anticipar una pena a la sentencia, lo cual está en contra de principios generales del derecho universalmente reconocidos.
Más, recientemente, la misma instancia internacional, en sentencia del 18 de agosto de 2000, asunto Cantoral Benavides c. Perú, señaló:
Tan grave violación de la Constitución, contrario a lo que solicitó el representante del Ministerio del Interior y de Justicia al señalar que la expresión “y no demuestre su procedencia lícita” debe ser retirada del ordenamiento normativo por infracción directa por cuanto “conculca las garantías procesales de presunción de inocencia y asunción de la carga de la prueba en contrario por parte del Estado.”, no permite suprimir solamente la mencionada expresión pues, la Corte considera que de procederse a lo solicitado se haría más evidente la vulneración al Texto Fundamental por parte del legislador ya que se estaría persiguiendo penalmente, sin más, a la persona por el sólo hecho de dedicarse a comerciar con autopartes usadas de vehículos automotores. Un tipo penal de esta naturaleza, a no dudarlo, violaría de manera flagrante la libertad de empresa.
Cabe de igual manera señalar que la exigencia que trae la norma sub examine de demostrar la procedencia lícita de los bienes con los que se comercia no guarda relación alguna con el deber constitucional que el artículo 95.7 constitucional le impone a toda persona de “colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia”. En efecto, este deber ciudadano, abstracto y genérico, no puede convertirse en una fuente de criminalización de conductas, en desmedro de las garantías judiciales.
Se está en presencia de un delito de origen constitucional que, para el caso de los particulares, busca castigar la propiedad obtenida ilícitamente y cualquier otro interés económico que de ella se pueda derivar. Se trataba de un tipo penal con sujeto activo indeterminado, en segundo lugar, y como consecuencia de la calidad del sujeto, el tipo penal condiciona la punibilidad del enriquecimiento no solo a que éste sea injustificado, sino que además provenga de “actividades delictivas”; en tercer lugar, se trata de un delito especial y autónomo, como quiera que describe un modelo de comportamiento al que puede adecuarse en forma directa o inmediata la conducta del actor, sin necesidad de recurrir a otro tipo penal, ni a otro ordenamiento jurídico[33], de allí la independencia normativa de las expresiones “injustificado” y “actividades delictivas”, así como de la entidad constitucional de la conducta, se deriva la especialidad y autonomía del delito de enriquecimiento ilícito de particulares[34]
En cuanto a la expresión “no justificado”, la Corte en sentencia C-319 de 1996 la encontró ajustada a la Constitución por cuanto “debe recordarse lo dicho en el punto anterior en cuanto a que su operancia no conduce en manera alguna a una inversión de la carga de la prueba, pues es al Estado a quien corresponde en última instancia probar el hecho típico, antijurídico y culpable, de conformidad con los medios de prueba existentes y los elementos de juicio aportados al proceso. Se reitera que la explicación que brinde el imputado en relación con el presunto incremento patrimonial injustificado corresponde a un acto propio del ejercicio del derecho de defensa, como quiera que en las instancias procesales debe permitírsele al sindicado explicar su conducta.”
Pasa la Corte a analizar si le asiste o no razón a la demandante cuando sostiene que, en el caso concreto del artículo 1 de la Ley 738 de 2002, correspondiente al artículo 447A del Código Penal, el legislador vulneró el principio constitucional de la buena fe “puesto que si corresponde al ciudadano demostrar la licitud de elementos que tiene en su poder, entonces, se invierte el principio y se desconoce tal presunción”.
De conformidad con el artículo 83 constitucional, las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, “la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas”. Se trata de un principio general del derecho y por ende irradia innumerables aspectos del ordenamiento jurídico con una pluralidad de matices y de consecuencias prácticas.
“De acuerdo con la doctrina el principio de la buena fe constituye pieza fundamental de todo ordenamiento jurídico, habida consideración del valor ético que entraña en la conciencia social, y por lo mismo, de la importancia que representa en el tráfico jurídico de la sociedad. Contenido ético que a su vez incorpora el valor de la confianza dentro de la base de las relaciones sociales, no como creación del derecho, que sí como presupuesto, con existencia propia e independiente de su reconocimiento normativo. La buena fe se refiere exclusivamente a las relaciones de la vida social con trascendencia jurídica, sirviendo al efecto para valorar el comportamiento de los sujetos de derecho, al propio tiempo que funge como criterio de reciprocidad en tanto se toma como una regla de conducta que deben observar los sujetos en sus relaciones jurídicas, esto es, tanto en el ámbito de los derechos como en la esfera de los deberes y obligaciones.”
“Y en cuanto hace a la violación del principio de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Carta, para la Corte es evidente que el cargo es improcedente, pues la norma Superior no puede ser quebrantada por los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001, ya que como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional la presunción de buena fe está orientada a proteger al particular de los obstáculos y trabas que las autoridades públicas, y los particulares que ejercen funciones públicas, ponen frente a él en todas sus gestiones, como si se presumiera su mala fe, y no su buena fe.[40] Al efecto, valga recordar que según del artículo 83 Superior“Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”
Es incuestionable que el ejercicio de la acción de repetición no constituye propiamente una gestión de los particulares ante el Estado, sino ante todo un mecanismo procesal previsto en el inciso segundo del artículo 90 de la Carta Política con el fin de proteger la integridad del patrimonio público y la moralidad y eficiencia en el desempeño de funciones públicas, en los eventos en que existe una condena de reparación patrimonial por un daño antijurídico generado por la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente estatal.”[41]
En el caso concreto de la variedad de receptación de que trata el artículo 447A, resulta asimismo improcedente referirse a una vulneración al principio de la buena fe, por cuanto el legislador no está regulando propiamente una “gestión” de los particulares ante el Estado sino un comportamiento lesivo para la sociedad cual es el tráfico de autopartes usadas de vehículos automotores. En otros términos, en materia de tipificación de comportamientos delictivos, el principio de la buena fe no se constituye en un límite al ejercicio de la libertad de configuración del legislador, lo cual de modo alguno significa que aquél no resulte aplicable al momento de valorar la conducta del sindicado.
Debe aclarar la Corte, que la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 738 de 2002 no conduce a despenalizar en Colombia el delito de receptación sobre comercialización de autopartes usadas de vehículos automotores de procedencia ilícita. En efecto, siendo el tipo penal sub examine una modalidad de la receptación general, el Estado está ante el deber constitucional de continuar persiguiendo esta clase de criminalidad, problema de trascendencia social que reconoce la Corte, con fundamento en el artículo 447 del C.P., aún con las dificultades probatorias que ello pueda conllevar las cuales el Estado puede sortear empleando las herramientas jurídicas existentes.
Declarar INEXEQUIBLE la Ley 738 de 2002 “Por la cual se adiciona un artículo al Código Penal”.
- Como puede observarse, en las dos formas de enriquecimiento ilícito la ley penalizaba “la propiedad obtenida ilícitamente y cualquier otro interés económico que de ella se pueda derivar”[43].
- Con dicha penalización se perseguía proteger la moral como bien jurídico de relevancia constitucional, con fundamento en lo reglado por el artículo 34 de la Carta que no otorga reconocimiento a ninguna forma de enriquecimiento que se produzca ilícitamente “en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social”.
- El comportamiento se configuraba por el incremento patrimonial “no justificado”, es decir, aquel respecto del cual su detentador no estaba en capacidad de demostrar una procedencia lícita.
En aquella ocasión –de la Sentencia C-319 de 1996- bajo la consideración según la cual, por motivos que tienen que ver con la preservación de la moral social, la única propiedad que debe ser jurídicamente avalada es la que procede de un justo título y ha sido adquirida “ con arreglo a las leyes civiles”[45], la Corte encontró que el incremento patrimonial de procedencia ilícita debía ser penalizado. A la conclusión anterior se arribó con un claro soporten de las normas superiores, pues el delito de enriquecimiento ilícito es de raigambre constitucional. Sobre este particular en el mencionado fallo expresó:
“En primer término debe señalar la Corte que el enriquecimiento ilícito es una conducta delictiva a la cual se refiere expresamente la Constitución Política y que, por tanto, demanda como exigencia imperativa ineludible su adecuada tipificación legal. En efecto, este tipo delictivo se encuentra plasmado en el segundo inciso del artículo 34, así:
“Artículo 34. ...
“No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social”. (Subrayas de la Corte).
“El bien jurídico protegido por esta norma es, ante todo, la moral social, bien jurídico objeto de expresa tutela constitucional. Se trata, en efecto, de un delito que lesiona gravemente este valor, que el Constituyente de 1991 buscó preservar y defender, no sólo a través del precepto constitucional citado, sino de otros varios que se encuentran igualmente consagrados en la Constitución Política.
“Desde el punto de vista del derecho comparado, pareciere exótico el que una Constitución se ocupe específicamente de un determinado delito, como lo hace en este caso la de Colombia con el enriquecimiento ilícito. Pero no debe olvidarse que las constituciones -y en general cualquier norma-, deben amoldarse a las exigencias que plantean las realidades sociales, políticas, económicas o culturales de una determinada sociedad, atendiendo a las circunstancias cambiantes de los tiempos.
“En el caso colombiano, lo que llevó al Constituyente de 1991 a darle fundamento constitucional al delito de enriquecimiento ilícito fue el proceso de grave deterioro de la moral pública y de los valores éticos que ha venido padeciendo nuestra sociedad en las últimas décadas, y que ha adquirido dimensiones verdaderamente alarmantes, fenómeno que se ha traducido en una desenfrenada corrupción, no sólo a nivel de la administración pública en general sino también de los particulares. En ambos casos, ha sido evidente la incidencia funesta del narcotráfico y su enorme poder corruptor, que ha penetrado de manera ostensible en casi todas las esferas de la sociedad colombiana.
“El enriquecimiento ilícito no es ni puede ser protegido por la Constitución que, por el contrario, sanciona directamente a las personas que detenten patrimonios signados por ése origen con la extinción del dominio, la que se debe declarar a través de sentencia judicial (C.P., art. 34). La propiedad y, en general, los derechos, adquiridos al margen de las leyes civiles, vale decir, por medio o al abrigo de actividades ilícitas, tampoco están cubiertos con la tutela del Estado (C.P. art. 58). La actividad económica que de cualquier manera se lucre de esta misma suerte de actividades, carece del patrocinio del Estado, pues únicamente la empresa que actúa dentro de los límites del bien común, tiene una función social y se hace merecedora de la protección de las leyes y de las autoridades (C.P. art. 333).
“Como se ha señalado, la Constitución prefigura el delito de enriquecimiento ilícito y mal pueden, entonces, considerarse inconstitucionales las leyes que, en perfecta consonancia con ella y con su filosofía, sancionan penalmente las conductas que lo evidencian.”[46] (Negrillas fuera del original)
“La previsibilidad de las decisiones judiciales da certeza sobre el contenido material de los derechos y obligaciones de las personas, y la única forma en que se tiene dicha certeza es cuando se sabe que, en principio, los jueces han interpretado y van a seguir interpretando el ordenamiento de manera estable y consistente”[47]
No sobra recordar que los comerciantes están obligados a llevar contabilidad y a soportar con los documentos pertinentes, según las normas contables comúnmente aceptadas en Colombia, las operaciones que deben registrar en los libros correspondientes (C.Co. arts. 48 y sig.). Sobre este particular, sostuvo el Consejo de Estado que “El llevar la contabilidad es uno de los principales deberes que la ley le impone a algunas personas, en especial a los comerciantes. [Y que esta contabilidad, por determinación de la ley] ha de llevarse en libros.”[48]
“No es entonces la explicación que rinde el sindicado frente a una acusación de incremento patrimonial no justificado un acto de violación al principio constitucional de la presunción de inocencia, pues como ya se anotó, se trata de una justificación de sus actos frente a las imputaciones debidamente formuladas por el Estado en su contra, para que en desarrollo del artículo 29 de la Constitución Política, tenga la oportunidad de explicar su conducta. El artículo bajo examen consagra entonces un deber específico y concreto de transparencia en el manejo de los bienes públicos por parte de los servidores públicos, que en nada contraviene el debido proceso ni ningún otro derecho consagrado en la Constitución Política.”
“En el segundo caso, y en relación con la expresión “no justificado”, debe recordarse lo dicho en el punto anterior en cuanto a que su operancia no conduce en manera alguna a una inversión de la carga de la prueba, pues es al Estado a quien corresponde en última instancia probar el hecho típico, antijurídico y culpable, de conformidad con los medios de prueba existentes y los elementos de juicio aportados al proceso. Se reitera que la explicación que brinde el imputado en relación con el presunto incremento patrimonial injustificado corresponde a un acto propio del ejercicio del derecho de defensa, como quiera que en las instancias procesales debe permitírsele al sindicado explicar su conducta.”
De esta forma, se insiste, la carga de diligencia impuesta por la norma al sindicado no tiene como objetivo desvirtuar la filosofía que inspira el régimen penal y procesal imperante, ni desconocer las garantías que gobiernan el derecho al debido proceso penal. Al respecto, el artículo 250 de la Carta es claro en señalar que corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores, indagando tanto lo favorable como lo desfavorable al sindicado y respetando en todo momento sus derechos fundamentales y las garantías procesales. Entonces, en este caso, a las autoridades competentes les asistía la obligación de establecer la responsabilidad del infractor, allegando el soporte probatorio que permitiera inferir: La tipicidad de la conducta, como era la de negociar con repuestos usados no adquiridos en el mercado formal; la antijuridicidad, es decir, la trasgresión de una prohibición establecida por el propio ordenamiento para la protección de determinados bienes jurídicos; y la culpabilidad, consistente en que el comerciante, a ciencia y paciencia, se sustrajo del deber de adquirir los repuestos lícitamente.
[1] Rodríguez Devesa, J, “Encubrimiento”, en Nueva Enciclopedia Jurídica, t. VIII, Barcelona, edit. Francisco Seix, 1956, p. 448.
[4] El artículo 176 del C.P. de 1980 disponía lo siguiente “Favorecimiento. El que tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible y sin concierto previo, ayudare a eludir la acción de la autoridad, o a entorpecer la investigación correspondiente, incurrirá en arresto de seis ( 6 ) meses a cuatro ( 4 ) años. Si se tratare de contravención se impondrá multa de un mil a diez mil pesos”.
[5] Gaceta del Congreso Núm. 284 del 23 de julio de 1996, “Exposición de motivos del proyecto de ley núm. 18 de 1996, Senado, por medio de la cual se establecen normas tendientes a combatir la delincuencia organizada y se dictan otras disposiciones”, pp. 4-12.
[6] Gaceta del Congreso del 2 de octubre de 1996, núm. 416 DE 1996, “Ponencia para primer debate del proyecto de ley No. 18 de 1996 en el Senado”. Pgs. 1-8
[12] Corte Constitucional, sentencia del 2 de mayo de 2002, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 165 ( parcial ) de la Ley 599 de 2000 “por la cual se expide el Código Penal”, demandante: Marcela Patricia Jiménez Arango. M.P. Clara Inés Vargas H.
[19] Ibídem, p. 468.
[25] Sobre el contenido del principio de razonabilidad, ver Perelman “Le raisonnable et le déraisonnable en droit”, APD, 1978, p. 36.
[26] Tixier, A., “La regle de reasonableness dans la jurisprudence anglo-americaine”, RDP, 1956, p. 279.
[29] Entre otras, las siguientes sentencias: T-460/92, T-463/92, T-471/92, T-500/92, T-520/92, T-525/92, T-581-92, C-599/92, C-053/93, C-114/93, T-145/93, T-162/93, C-171/93, T-272/93, T-375/93, C-390/93, C-411/93, T-420/93, T-450/93, T-538/93, T-561/93, T-097/94, C-176/94, C-176/94, C-213/94, C-004/96, C-245/96, C-048/97, C-, C-098/99, C-1444/00 y C- 774/01.
[35] Así pues, el Código Penal español de 1995 dispone al respecto: CAPÍTULO XIV. De la receptación y otras conductas afines 298. 1. El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. 2. Esta pena se impondrá en su mitad superior a quien reciba, adquiera u oculte los efectos del delito para traficar con ellos. Si el tráfico se realizase utilizando un establecimiento o local comercial o industrial, se impondrá, además, la pena de multa de doce a veinticuatro meses. En estos casos los Jueces o Tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias particulares del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria, por tiempo de dos a cinco años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años”. ( subrayado fuera de texto ).
[36] Así por ejemplo, para el Tribunal Supremo Español, la mediación de un precio vil o mezquino en la operación de compraventa de la autopartes usadas delata el ánimo de aprovechamiento del receptador. ( Tribunal Supremo, sentencias 2179/94; 2165/94 y 1765/94 ), en Código Penal, Madrid, Edit. Colex, 1996. Para autores como Jaén Vallejo, en los casos de receptación es preciso entrar a desvirtuar la presunción de inocencia mediante pruebas indiciarias, las cuales se distinguen de las simples sospechas por lo siguiente: “ a ) La prueba indiciaria ha de partir de hechos plenamente probados, pues se entiende que no es posible basar una presunción, como lo es la prueba indiciaria, en otra presunción; y “b ) Lo hechos constitutivos de delito deben deducirse de esos indicios ( hechos completamente probados), a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria”, en Jaén Vallejo, M, Los principios de la prueba en el proceso penal. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, Centro de Investigaciones de Derecho Penal y Filosofía del Derecho, 2000, p. 37
[37] Benda, E., “Dignidad humana y derechos de la personalidad”, en Manual de Derecho Constitucional, Madrid, Edit. Marcial Pons, 2001, p. 125.
[41] Corte Constitucional, sentencia del 14 de mayo de 2002, C-374/02, Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001 "Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición". Actores: Jorge Pabón Apicella y Luz Beatriz Pedraza Bernal. M.P. Clara Inés Vargas H.

References: Artículo 1
 artículo 447
 artículo 29
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 29
 artículo 9
 artículo 177
 artículo 177
 artículo 9
 artículo 177
 artículo 177
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 artículo 447
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 artículo 177
 artículo 29
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in dubio
 artículo 29
 artículo 11
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 95
 artículo 1
 artículo 447
 artículo 83
 artículo 83
 artículo 83
 artículo 90
 artículo 447
 artículo 447
 artículo 34
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 artículo 29
 artículo 250
 artículo 176
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