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Timestamp: 2018-10-20 19:46:09+00:00

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﻿ SENTENCIA 2012-02077/11996-24 DE JUNIO 22 DE 2016
SENTENCIA 2012-02077 DE 22 DE JUNIO DE 2016
CONTENIDO:ABOGADA FUE EXCLUIDA DE LA PROFESIÓN POR ASEGURAR RESULTADO FAVORABLE Y LLEVAR PROCESO ESTANDO SUSPENDIDA. TRAS HALLAR RESPONSABLE A UNA PROFESIONAL DEL DERECHO DE LAS FALTAS PREVISTAS EN EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 34, EN EL NUMERAL 3º DEL ARTÍCULO 35 Y EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY 1123 DEL 2007, EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CONFIRMÓ UNA SENTENCIA QUE LA EXCLUYÓ DE LA PROFESIÓN DE ABOGADA. LA PRIMERA DISPOSICIÓN INDICA QUE CONSTITUYE UNA FALTA DE LEALTAD CON EL CLIENTE GARANTIZAR QUE HABRÁ UN RESULTADO FAVORABLE SI SE LE ENCARGA LA GESTIÓNLA SEGUNDA ESTABLECE UNA FALTA A LA HONRADEZ DEL ABOGADO EXIGIR U OBTENER DINERO O CUALQUIER OTRO BIEN PARA GASTOS O EXPENSAS IRREALES O ILÍCITAS Y TAMBIÉN COMPONE FALTA DISCIPLINARIA EL EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESIÓN. SEGÚN LA PROVIDENCIA, LA CONDUCTA DE LA ABOGADA FUE TOTALMENTE REPROCHABLE, TODA VEZ QUE DE MANERA DOLOSA ENGAÑÓ AL CLIENTE GENERÁNDOLE FALSAS EXPECTATIVAS EN EL TRÁMITE CONFIADO, AL GARANTIZARLE EL TRABAJO. POR ELLO SE CUMPLE CON EL ELEMENTO DE TIPICIDAD DE LA FALTA DISCIPLINARIA. ACORDE CON ELLO, Y AL REVISAR LOS ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROFESIONAL, LA SALA DISCIPLINARIA CONSTATÓ QUE ESTA SE ENCONTRABA DOBLEMENTE SUSPENDIDA DEL EJERCICIO PROFESIONAL, Y PESE A ELLO HIZO CASO OMISO DE LA RESTRICCIÓN ORDENADA. POR EL CONTRARIO, SE EVIDENCIÓ QUE LA ABOGADA DISPUSO MANTENER LA ACTUACIÓN CONFIADA E INCUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN DE RENUNCIAR O SUSTITUIR EL MANDATO CONFERIDO POR SU CLIENTE, UNA VEZ CONOCIÓ DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA IMPUESTA EN SU CONTRA.
Sentencia 2012-02077/11996-24 de junio 22 de 2016
Rad.: 110011102000201202077 01 (11996-24)
Bogotá D.C., veintidós de junio del dos mil dieciséis
Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 02 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente, esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.
La calidad de abogado está demostrada con la certificación del Registro Nacional de Abogados, en la cual se enuncia que Ligia Isabel Maldonado Vidales, identificada con la cédula de ciudadanía 60.304.074 y portadora de la tarjeta profesional 64.142, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, (fl. 24 c.o.).
Las faltas por las cuales la primera instancia sancionó a la abogada Ligia Isabel Maldonado Vidales se encuentran descritas en el artículo 34 literal d), 35 numeral 3º y artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, cuya literalidad es la siguiente:
“ART. 34—Constituyen faltas de lealtad con el cliente:
ART. 35.—Constituyen faltas contra la honradez del abogado
ART. 39.—También constituye falta disciplinaria, el ejercicio ilegal de la profesión, y la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión o al deber de independencia profesional”.
De conformidad con la doctrina y la jurisprudencia constitucional, el concepto de precisión mencionado, ligado analíticamente al principio de tipicidad, implica que son varios los aspectos normativos que debe regular de manera clara y expresa la norma sancionatoria: (i) el grado de culpabilidad del agente (si actuó con dolo o culpa); (ii) la gravedad o levedad de su conducta (si por su naturaleza debe ser calificada como leve, grave o gravísima); y (iii) la graduación de la respectiva sanción (mínima, media o máxima según la intensidad del comportamiento) (…)”(5).
(…) En consecuencia, la jurisprudencia constitucional ha encontrado que las principales diferencias existentes entre la tipicidad en el derecho penal y en el derecho disciplinario se refieren a (i) la precisión con la cual deben estar definidas las conductas en las normas disciplinarias, y (ii) la amplitud de que goza el fallador disciplinario para adelantar el proceso de adecuación típica de las conductas disciplinarias en los procedimientos sancionatorios(7)“.
Respecto a la Falta contra la lealtad con el cliente
Esta falta se encuentra totalmente demostrada, pues la investigada no solamente, suscribió contrato de prestación de servicios el 19 de julio de 2011 (fls 137 a 138 c.o) sino que además en los correos electrónicos que le enviaba al quejoso garantizaba su trabajo, por ejemplo, la copia del correo obrante a folio 120 del cuaderno principal indicó: “La real situación que tenemos en este momento, es decir, de los procesos para lograr lo que hablamos anteriormente se necesita realizar una parte (...) es decir una inversión que equivale a $ 15.000.000 millones de pesos es decir eso cubre la BISAN y los dos procesos del IPC y bonificación los cuales por cada uno en su grado y rango se recibe una indemnización por valor de $ IPC 37 a 42 millones pagos con retroactividad y de prima de actualización de 18 a 22 millones (...) pero para poder irnos a eso necesitamos 10 para la BISAN y 5 para los otros dos, yo garantizo los trabajos (…)” (sfdt).
En el correo de fecha 9 de agosto de 2011 le comunicó a su cliente lo siguiente: “Respecto al proceso de IPC la semana entrante el jueves para ser más exactos ya el trámite tiene todos los aspectos cuadrados internamente en la caja usted me entiende y comenzará a pasar por cada una de las dependencias que se requieran para lograr el resultado del reconocimiento. Le agradezco una vez le llegue la constancia del tiempo de servicio me avise para aportarla al trámite ya que es de vital importancia, pero sé que la expedición toma sus días” (sfdt).
Todo lo anterior fue expuesto en el escrito de queja, ratificado bajo juramento por el señor José Alirio Parra Vanegas, quien señaló que la abogada lo llamaba insistentemente para que suscribieran un contrato garantizándole así el resultado, lo que en efecto ocurrió el 19 de julio de 2016, afirmaciones estas que no fueron desvirtuadas en ningún momento por la disciplinada quien pese haber sido notificada decidió no asistir a ninguna de las audiencias.
Dicha conducta es totalmente reprochable en un profesional del derecho quien en forma dolosa engañó a su cliente generándole esperanzas en un proceso que además nunca inició.
Razón por la cual para esta Colegiatura la conducta desplegada por la abogada Ligia Isabel Maldonado Vidales, enmarca perfectamente en la falta endilgada en sede de primera instancia, pues claramente generó falsas expectativas en el trámite confiado, razón por la cual se cumple con el elemento de tipicidad de la falta disciplinaria.
Esta falta se encuentra probada en el contrato de prestación de servicios celebrado entre la profesional del derecho y el señor Parra Vanegas y obrante a folios 137 a 138 del cuaderno original, donde solicitó una suma de $ 6.500.000 como “Gastos de sustanciación) (sic) pagadera en dos contados, el primero, el 19 de julio de 2011 y, el segundo, el 22 de julio siguiente.
Tales dineros, según se plasmó en el contrato de prestación de servicios de 19 de julio de 2011 estaban destinados a “gastos de sustanciación de los procesos IPC (nivelación salarial), bonificación por compensación, prima doceavas partes de navidad” (fl. 140 c.o).
Además obra en el plenario un recibo de 19 de julio de 2011 por $ 2.800.000 por concepto de “abono a proceso IPC bonificación compensación doceavas partes de navidad” y el recibo de 22 de julio de 2011 por $ 700.000 “para saldo de gastos de sustanciación sobre proceso de IPC doceavas partes prima de navidad bonificación por compensación” (fl. 141 c.o).
Respecto a la falta contemplada en el artículo 39
Frente a esta conducta, oportuno resulta para esta Sala recordar que ejercen ilegalmente la profesión del abogado:
— Quienes sin poseer el título respectivo se anuncien como abogados, se atribuyan ese carácter, ostenten placas, insignias, emblemas o membretes de tal, o quienes realicen los actos o gestiones reservados a los abogados.
— Quienes habiendo obtenido el título de abogado, realicen actos y gestiones profesionales sin haber cumplido los requisitos para ejercer legítimamente la profesión o se encuentren impedidos de ejercerla.
— Quienes habiendo sido sancionados con la suspensión del ejercicio profesional ejerzan durante el tiempo de vigencia de la suspensión.
Ahora bien, respecto de las actividades desarrolladas por los abogados inmersas en el ejercicio profesional, tal como lo reseño el recurrente en su escrito de alzada, la Corte Constitucional en Sentencia C-819 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio expresó:
“5.1. La abogacía está amparada por la libertad de escoger profesión u oficio a que se ha hecho referencia. Pero al mismo tiempo su ejercicio involucra una función social con enormes responsabilidades. Es así como en varias ocasiones la Corte ha explicado cuál es el rol que cumple el abogado en un Estado social y democrático de derecho, cuyos principales ejes fueron recogidos en la Sentencia C-290 de 2008, que sobre el particular señaló:
‘La Corte ha considerado que el abogado ejerce su profesión principalmente en dos escenarios: (i) por fuera del proceso, a través de la consulta y asesoría a particulares, y (ii) al interior delproceso, en la representación legal de las personas naturaleso jurídicas que acuden a la administración de justicia pararesolver sus controversias’.
En el desarrollo de estas actividades, la profesión adquiere una especial relevancia social, pues se encuentra íntimamente ligada a la búsqueda de un orden justo y al logro de la convivencia pacífica, en razón a que el abogado es, en gran medida, un vínculo necesario para que el ciudadano acceda a la administración de justicia. En el marco del nuevo código disciplinario, al abogado se le asigna un nuevo deber, de relevancia constitucional, consistente en la defensa y promoción de los derechos humanos” (negrilla y subrayado de la Sala).
Bajo las anteriores premisas, es dable indicar que mientras un abogado represente judicialmente los intereses de una de las partes al interior de un proceso, está ejerciendo su actividad profesional, pues en todo caso ostenta el derecho de postulación plasmado en el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia, de allí que no sea necesario como lo interpreta el censor, se deba desplegar alguna actividad durante el tiempo de suspensión para que se tipifique tal comportamiento.
En el asunto sub examine, se tiene que la abogada Maldonado Vidales suscribió contrato de prestación de servicios profesionales con el quejoso José Alirio Parra Vanegas el 19 de julio de 2011 y su objeto fue lograr el reconocimiento y pago de unas prestaciones sociales al segundo por parte de Cremil.
Observando el certificado de antecedentes disciplinarios obrante a folios 90 a 91 del cuaderno original se tiene que la abogada investigada se encontraba doblemente suspendida del ejercicio profesional pues el mencionado contrato se remonta al 19 de julio de 2011 y el poder al 22 de julio del mismo año y las suspensiones, y las sanciones eran la primera, de diez meses de suspensión en el ejercicio de la profesión a cual inició el 18 de mayo de 2011 y era hasta el 17 de marzo de 2012 y la segunda consistía en la suspensión de seis meses en el ejercicio de la profesión, la cual inició el 18 de agosto de 2011 hasta el 17 de febrero de 2012, con lo cual se tipifica la falta endilgada.
Por tanto es evidente para esta colegiatura que la abogada Ligia Isabel Maldonado Vidales, hizo caso omiso de la restricción en su ejercicio profesional mencionada y prefirió mantener la actuación confiada, sustrayéndose de su obligación de renunciar o sustituir el mandato conferido por su cliente, una vez conoció de la sanción disciplinaria impuesta en su contra.
En ese orden de ideas, concluye esta Corporación que el castigo disciplinario impuesto a la abogado Ligia Isabel Maldonado Vidales por la Sala A quo no deviene como arbitrario o caprichoso, sino que constituye la consecuencia lógica, previsible y preestablecida del desempeño ilícito de la profesión y del claro desconocimiento del régimen de incompatibilidades previsto en el artículo 29 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007.
4.2. Antijuridicidad
“La Corte ha precisado igualmente que en materia disciplinaria, la ley debe orientarse a asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al servidor público o al particular que cumple funciones públicas pues las faltas le interesan al derecho disciplinario en cuanto interfieran tales funciones(8). De allí que el derecho disciplinario valore la inobservancia de normas positivas en cuanto ella implique el quebrantamiento del deber funcional, esto es, el desconocimiento de la función social que le incumbe al servidor público o al particular que cumple funciones públicas(9)“.
Preceptúa la Ley 1123 de 2007 en su el artículo 4, que los profesionales del derecho incurren en falta antijurídica cuando con su conducta afecten, sin justificación, alguno de los deberes allí consagrados.
Analizado este elemento, se colige en este caso que la profesional del derecho acusado incurrió en las faltas disciplinarias endilgadas por la Sala a quo, pues garantizó el resultado de su trabajo, solicitó expensas irreales y además suscribió poder y contrato de prestación de servicios estando suspendida de la profesión, sin existir justificación alguna de su actuar, pues no se puede pasar por alto que la letrada pese haber sido notificada de todo el proceso disciplinario se abstuvo de asistir a las diferentes audiencias para explicar su conducta, dejando la suerte de su caso a la defensora de oficio quien estuvo atenta a todo el trascurso del proceso, solicitando pruebas y presentando elementos defensivos pero que no logran desvirtuar la conducta reprochable de la abogada.
En este caso, debe decirse que las faltas al deber a la lealtad con el cliente, honradez y ejerció ilegalmente la profesión son comportamiento por naturaleza dolosas, por cuanto generó falsas expectativas garantizando un resultado, cobró expensas irreales y actuó estando suspendida de la profesión y sabiendo de tal evento, pues una vez le fue registrada la sanción le fue comunicada la misma a todas las direcciones que le aparecen registradas en el Registro Nacional de abogado.
Sobre este último, la Corte Constitucional señaló en la Sentencia C591 de 1993 que alude al propósito de coherencia entre la conducta realizada y la intensidad del castigo atribuido, tomando en consideración el grado de culpabilidad del autor y los daños ocasionados con su obrar. Al respecto, manifestó lo siguiente el Alto Tribunal:
“La relación que debe existir entre la falta cometida y la sanción a imponer es una cuestión que debe resolver en cada caso el juzgador. En esa tarea resulta obligado aplicar la pena consagrada en la ley de acuerdo con el grado de culpabilidad del sujeto. El juicio de proporcionalidad —que debe ceñirse estrictamente a lo establecido en la ley (CP art. 230)— es necesariamente individual. A la luz de sus criterios podrá estimarse si el castigo impuesto guarda simetría con el comportamiento y la culpabilidad del sujeto al cual se imputa”.
Ahora, teniendo en cuenta la modalidad y gravedad de la conducta disciplinariamente reprochable cometida por la abogada Ligia Isabel Maldonado Vidales, la sanción exclusión impuesta en la sentencia materia de consulta, cumple con los criterios legales y constitucionales exigidos para tal efecto, pues actuó faltando a la lealtad con el cliente, a la honradez y además ejerció ilegalmente la profesión, tiene un antecedente disciplinario para la fecha de los hechos, y dichas conductas son de naturaleza eminentemente dolosa.
Asimismo, se cumple también con el principio de razonabilidad entendido como la idoneidad o adecuación al fin de la pena, justifica la sanción disciplinaria impuesta a la abogada Ligia Isabel Maldonado Vidales, pues acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993:
Por lo anterior, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia consultada proferida el 18 de diciembre de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó con EXCLUSIÓN de la profesión a la abogada Ligia Isabel Maldonado Vidales como autora responsable de las faltas previstas en el artículo 34 literal b), 35 numeral 3º y artículo 39 de la Ley 1123 de 2007.
1. CONFIRMAR la sentencia consultada proferida el 18 de diciembre de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó con EXCLUSIÓN de la profesión a la abogada Ligia Isabel Maldonado Vidales como autora responsable de las faltas previstas en el artículo 34 literal b), 35 numeral 3º y artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.
8 En reiterados pronunciamientos esta Corporación ha resaltado que la órbita de injerencia del derecho disciplinario se circunscribe al comportamiento de los servidores públicos en ejercicio de sus cargos. Por ello se ha expuesto que “El derecho disciplinario comprende el conjunto de normas, sustanciales y procesales, en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes serviciosa su cargo”. Corte Constitucional. Sentencia C-341-96. M. P. Antonio Barrera Carbonell. En el mismo sentido, se ha indicado que “El Código Disciplinario Único comprende el conjunto de normas sustanciales y procesales, con las que el legislador pretende asegurar la obediencia, la disciplina, la eficiencia y el adecuado comportamiento de los servidores públicos en el ejercicio de sus cargos”. Corte Constitucional. Sentencia C-712.01. M. P. Jaime Córdoba Triviño.
9 Ver Sentencia C-373/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño. S.P.V. de los magistrados Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynett.

References: ARTÍCULO 34
 ARTÍCULO 35
 ARTÍCULO 39
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 artículo 39
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 artículo 229
 artículo 29
 artículo 4
 artículo 34
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