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Timestamp: 2018-09-19 19:34:46+00:00

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﻿ Sentencia C-371 de mayo 11 de 2011
SENTENCIA C-371 DE 11 DE MAYO DE 2011
CONTENIDO:EXEQUIBILIDAD DEL TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS PENALES EN LA AUDIENCIA DE LECTURA DEL FALLO Y LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 1395 DE 2010 A PARTIR DE SU PROMULGACIÓN. SE DECLARA EXEQUIBLE EL INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 91 Y EL ARTÍCULO 122 DE LA LEY 1395 DE 2010.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE CELERIDAD, PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, DERECHO DE CONTRADICCIÓN, RECURSO DE APELACIÓN, APELACIÓN DE LA SENTENCIA, DESCONGESTIÓN DE LA JUSTICIA, PROCEDIMIENTO PENAL
Sentencia C-371 de mayo 11 de 2011
Ref.: Exps. D-8301 y D-8322
Demandas de inconstitucionalidad contra los artículos 90, 91, 98, 101 (parciales) y 122 de la Ley 1395 de 2010, “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”
“ART. 90.—El artículo 178 de la Ley 906 de 2004 quedará así:
ART. 101.—El artículo 210 de la 600 de 2000 quedará así:
ART. 122.—Esta ley rige a partir de su promulgación”.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre las demandas de inconstitucionalidad de la referencia, pues las disposiciones acusadas son normas con fuerza de ley, que forman parte de la Ley 1395 de 2010.
2. Las demandas de inconstitucionalidad presentadas dentro del presente proceso, se dirigen contra los artículos 90, 91, 98, 101 y 122 de la Ley 1395 de 2010. Consideran los demandantes que los preceptos mencionados son violatorios de los derechos al debido proceso, a la favorabilidad (C.P., art. 29), a la doble instancia (C.P., art. 31), al acceso a la administración de justicia (art. 229), al principio acusatorio previsto en el artículo 250 de la Carta, y a las normas bloque de constitucionalidad en estricto sentido, relativas al debido proceso y al derecho de defensa.
ii) Los artículos 90 y 91 de la ley acusada infringen el debido proceso (art. 29), los principio de concentración e inmediación (C.P., art. 250), y el derecho de acceso a la justicia (art. 229), comoquiera que el recurso de apelación, se sustentará en la misma audiencia en que se profiere la decisión impugnada, ante el funcionario que la dictó y no frente al juez que definirá la segunda instancia, procedimiento que además limita el tiempo y los medios para el ejercicio de la defensa.
¿Vulnera el artículo 122 de la Ley 1395 de 2010 el derecho al debido proceso, en particular los principios de legalidad y favorabilidad, referidos a los términos y condiciones para el ejercicio de los medios de impugnación en el proceso penal, al establecer la vigencia general de la ley a partir de su promulgación?
¿Desconocen los artículos 90 y 91 de la Ley 1395 de 2010, el derecho a la doble instancia, así como los principios de concentración e inmediación, al disponer que los recursos de apelación de autos interlocutorios y de sentencias sean sustentados en la misma audiencia, ante el funcionario que profirió la decisión, y no ante aquél que tiene la competencia para pronunciarse de fondo sobre el asunto objeto de la discusión?
¿Vulneran los artículos 98 y 101 de la Ley 1395 de 2010 las garantías de defensa y de acceso a la justicia en los procesos penales, al reducir los términos para la sustentación del recurso extraordinario de casación, y establecer que este sea común para todos los recurrentes ?
Cuestión preliminar. Análisis de cosa juzgada constitucional en relación con el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010.
“Al disponer el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010 que el recurso de apelación se sustenta —además de interponerse y correrse traslado a los no impugnantes— ante el juez de primera instancia quien estudia la sustentación del mismo y no ante el de segunda instancia que es el que habrá de conocerlo y decidirlo, se vulnera el principio de la inmediación procesal establecido en el artículo 250 de la Carta Política. La inmediación exige que el juez debe tener una relación directa y sin intermediarios con el proceso, esto es con los sujetos del mismo —partes e intervinientes— y con su contenido o materia. Como consecuencia de la violación (…) del principio de la inmediación procesal, se da la violación del principio del debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, que garantiza que a toda persona imputada o acusada, a ser procesada o juzgada de acuerdo a procedimientos y formas propias de cada juicio, en cuyo caso la inmediación es parte de esa garantía”.
9. En el proceso que se sustancia en esta oportunidad, el cargo contra el artículo 90 —que se amplía al 91— se hace consistir en que desconoce los principios de inmediación y concentración establecidos en el artículo 250 de la Carta Política, porque se obliga al recurrente a que realice la sustentación del recurso ante el funcionario que profirió la decisión, y no ante el juez que habrá de resolverlo. Este último, sólo podrá acceder a la sustentación del recurso de apelación a través de grabaciones de audio o video, con lo cual se vulneran los principios señalados, comoquiera que estos exigen que las actuaciones y audiencias del sistema acusatorio se realicen presencialmente.
10. De acuerdo a lo establecido en el artículo 243 de la Constitución Política, los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccional gozan de fuerza de cosa juzgada. Ello implica que las decisiones judiciales tomadas por la corporación en cumplimiento de su misión de garantizar la integridad y la supremacía de la Constitución, adquieren valor jurídico y fuerza vinculante(6).
11. Al cotejar la censura examinada en la Sentencia C- 250 de 2011 contra el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010 por vulneración de los principios de inmediación y contradicción enunciados en el artículo 250 de la Constitución, con la que aquí se formula contra el mismo precepto y por idénticas razones, encuentra la Corte estructurado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional,(7) por lo que respecto de la demanda contra la citada disposición la Sala declarará ESTARSE A LO RESUELTO en la mencionada sentencia.
12. En reiterada jurisprudencia esta corporación ha sostenido que en virtud de la cláusula general de competencia prevista en los numerales 1º y 2º del artículo 150 de la Constitución, corresponde al legislador regular los procedimientos judiciales. En ejercicio de tal facultad, puede definir las ritualidades propias de cada juicio, la competencia de los funcionarios para conocer de determinados asuntos, los recursos, los términos, el régimen probatorio, los mecanismos de publicidad de las actuaciones, etc.(8) Esta potestad legislativa en materia de procedimientos ha sido juzgada como amplia(9), de manera que el Congreso de la República cuenta con un significativo ámbito de discrecionalidad y ciertas prerrogativas de valoración(10).
13. No obstante, también ha destacado la jurisprudencia que la mencionada facultad de configuración no es absoluta, pues hay limitaciones que surgen de la propia Constitución. Ciertamente, al respecto la Corte ha dicho que la libertad del legislador en materia de regulación de los procedimientos judiciales no significa que el Congreso pueda configurar a su arbitrio o de manera caprichosa los procesos,(11) “pues no puede desconocer las garantías fundamentales, y debe proceder de acuerdo con criterios de proporcionalidad y razonabilidad, a fin de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la administración de una justicia recta. Por ello las leyes que establecen procedimientos deben propender por hacer efectivos los derechos de defensa, de contradicción, de imparcialidad del juez, de primacía de lo substancial sobre lo adjetivo o procedimental, de juez natural, de publicidad de las actuaciones y los otros que conforman la noción de debido proceso”(12).
Dentro de las limitaciones que admite la potestad de configuración legislativa en materia de procedimientos, y en particular la regulación del derecho de defensa en materia penal, cabe mencionar el estándar internacional establecido en los pactos internacionales sobre derechos humanos incorporados en el orden jurídico interno colombiano, conforme al cual dentro de las garantías que se reconoce a toda persona acusada de un delito se contempla la de “disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa”(13).
En primer lugar, la jurisprudencia constitucional ha definido que los términos procesales constituyen el momento o la oportunidad que la ley establece para la ejecución de las etapas o actividades que deben cumplirse dentro del proceso por el juez, las partes, los terceros intervinientes y los auxiliares de la justicia(14). Ha indicado así mismo que la fijación de términos perentorios no contradice la Carta Política, sino que, por el contrario, “busca hacer efectivos los derechos de acceso a la administración de justicia y el debido proceso, así como los principios de celeridad, eficacia, seguridad jurídica y prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades propias de cada proceso, en la medida en que asegura que éste se adelante sin dilaciones injustificadas, como lo ordena el artículo 29 de la Carta Política, en armonía con el 228 ibídem”.
De otro lado, examinando el alcance de las potestades del legislador en el diseño de los términos procesales, la Corte ha dicho que el Congreso es autónomo para fijar los plazos que tienen las personas para ejercer sus derechos ante las autoridades judiciales(15), no obstante lo cual, la extensión de los mismos “está dada por su fin, cual es permitir la realización del derecho sustancial”(16). También ha indicado que la autonomía del legislador en esta materia, a pesar de ser amplia, pues no existe en la generalidad de los casos un parámetro estricto al cual pueda referirse el juez constitucional para juzgar si su longitud es adecuada(17), en todo caso debe atender a que la extensión de los términos procesales sea razonable y permita garantizar el derecho sustancial(18).
Ahora bien, concretamente en relación con el asunto de la mayor o menor amplitud de los términos procesales, y de la labor de control del juez constitucional en la materia, la jurisprudencia ha dicho que “a no ser que de manera evidente el término, relacionado con derechos materiales de las personas, se halle irrisorio, o que se hagan nugatorias las posibilidades de defensa o acción, no puede deducirse a priori que el término reducido contraríe de suyo mandatos constitucionales”(19). Por lo anterior, el juez constitucional no está “llamado a determinar cuáles deben ser los términos que se deben cumplir dentro de los procesos. La misión de la Corte en estos casos es, en realidad, la de controlar los excesos que se puedan presentar en la legislación”(20).
15. En conclusión, de la jurisprudencia vertida en torno a la libertad de configuración del legislador en materia de términos procesales, se pueden extraer las siguientes conclusiones, que resultan relevantes para la resolución del problema jurídico que plantea este proceso(21):
El establecimiento de términos perentorios no contradice la Carta Política;
Los términos procesales persiguen hacer efectivos varios principios superiores, en especial los de celeridad, eficacia, seguridad jurídica y prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades propias de cada proceso;
Los términos procesales cumplen la finalidad de garantizar los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso;
No existen parámetros en la Constitución a los cuales pueda referirse el legislador o el juez constitucional para valorar si la extensión de los términos procesales es adecuada;
Por lo anterior, el legislador tiene una amplia potestad en la materia, limitada únicamente por los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y por el fin que en general persiguen las formas procesales, cual es permitir la realización del derecho sustancial;
La función del juez constitucional a la hora de examinar las leyes que consagran términos procesales se limita a controlar los excesos, es decir a rechazar aquellas normas que desbordando notoriamente los principios de razonabilidad y proporcionalidad, fijen términos exageradamente largos, que redunden en un desconocimiento del los principios de celeridad, eficacia, y seguridad jurídica, o que, por manifiestamente cortos, impidan hacer efectivos los derechos de defensa y contradicción probatoria.
“En efecto, una posición según la cual no fuera legítimo limitar el derecho de defensa, llevaría a extremos en los cuales se haría imposible adelantar el proceso para llegar al fin último (…) de esclarecer la verdad real, y haría nugatorio el derecho también superior a un debido proceso “sin dilaciones injustificadas” (C.P., art. 29). Así por ejemplo, si al incriminado hubiera de oírsele cuantas veces quisiera, o si fuera necesario practicar todo tipo de pruebas sin consideración a su conducencia o pertinencia, el trámite se haría excesivamente dilatado y no se realizaría tampoco el principio de celeridad al que se refiere el artículo 228 superior cuando indica que los términos procesales deben ser observados con diligencia”(22).
“… si los derechos del procesado —como el derecho de defensa— tuvieren primacía absoluta, no podría establecerse un término definitivo para acometer la defensa, ni restringirse la oportunidad para practicar o controvertir las pruebas, ni negarse la práctica de pruebas inconducentes cuando hubieren sido solicitadas por el procesado, etc. Predicar la supremacía irresistible del derecho de defensa equivaldría, en suma, a someter al proceso a las decisiones del procesado.
“En síntesis, como la concepción “absolutista” de los derechos en conflicto puede conducir a resultados lógica y conceptualmente inaceptables, la Carta opta por preferir que los derechos sean garantizados en la mayor medida posible, para lo cual deben sujetarse a restricciones adecuadas, necesarias y proporcionales que aseguren su coexistencia armónica”(23) (Negrillas y subrayas fuera del original)
18. De este modo, la Corte ha admitido que algunas garantías procesales, —y entre ellas el derecho de defensa y contradicción— no son absolutas y pueden ser limitadas por el legislador, siempre que no se vea afectado su núcleo esencial, la limitación responda a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y no se desconozcan otros derechos fundamentales, como puede ser el derecho a la igualdad. En todo caso, ha señalado que la función, tanto del legislador como del juez constitucional, es tratar de lograr que todos los principios y derechos que eventualmente puedan entrar en tensión a la hora de regular los términos judiciales sean garantizados en la mayor medida posible.
19. Comoquiera que uno de los cargos que proponen los demandantes referido a la manera como están configurados los medios de impugnación, se fundamenta en la presunta vulneración a los principios de inmediación y contradicción, como elementos constitutivos del derecho de defensa en materia penal, es preciso recordar la jurisprudencia desarrollada por esta corporación en torno al alcance de estos postulados en el contexto del sistema penal acusatorio diseñado por el Acto Legislativo 3 de 2002.
El artículo 29 de la Constitución contempla a favor de quien tenga la condición de sindicado la garantía “a un debido proceso público, sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra”. En tanto que el artículo 250 numeral 4º de la Carta, tal como fue modificado por el Acto Legislativo 3 de 2002, establece como una de las funciones nucleares de la Fiscalía General de la Nación la de: “Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de la prueba, contradictorio, concentrado y con todas las garantías” (resalta la Sala).
Estos mandatos fueron desarrollados por los artículos 15 y 16 de la Ley 906 de 2004, según los cuales, el principio de contradicción concede a las partes en el proceso penal el “derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en el incidente de reparación integral, como las que se practiquen en forma anticipada”. En tanto que el de inmediación incorpora el imperativo según el cual “en el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada, y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas”.
20. La jurisprudencia de esta corporación, se ha pronunciado sobre el alcance de estos principios, reiterando y respaldando la naturaleza y fines que les asigna la teoría de la prueba como criterios rectores de la producción y valoración de los medios de convicción. De este modo, los desarrollos jurisprudenciales de esta Corte se inscriben en el contexto que establece el Acto Legislativo 3 de 2002 respecto de los principios de contradicción e inmediación, ubicándolos en el ámbito del régimen probatorio. Así, en la Sentencia C-873 de 2003(24), refiriéndose a los cambios trascendentales que el Acto Legislativo 3 de 2002 introdujo en el sistema de de investigación, acusación y juzgamiento en materia penal, específicamente en materia probatoria, sostuvo:
“El poder de prueba se mantiene en cabeza tanto de la Fiscalía como del acusado y del Juez; sin embargo, el numeral 4º y el último inciso del artículo 250 de la Carta, tal y como fueron modificados por el acto legislativo, establecen cambios trascendentales en materia probatoria. Cabe resaltar, por ejemplo, el nuevo alcance de los principios de inmediación y de contradicción, ya que las pruebas se han de practicar dentro de la etapa de juzgamiento ante el juez y los jurados y, además, ofreciendo tanto a la Fiscalía como a la defensa el derecho de contradicción” (se resalta).
En efecto, durante la etapa preprocesal de indagación, al igual que en el curso de la investigación, no se practican realmente “pruebas”, salvo las anticipadas de manera excepcional, sino que se recaudan, tanto por la Fiscalía como por el indiciado o imputado, elementos materiales probatorios, evidencia física e información, tales como las huellas, los rastros, las armas, los efectos provenientes del delito, y los mensajes de datos, entre otros (…). Finalmente, en virtud del principio de inmediación de la prueba en el juicio oral, se practicarán las pruebas que servirán para fundamentar una sentencia (resaltado fuera del texto original) (…)”.
En similar sentido la Sentencia C-536 de 2008, afirmó:
“En relación con las facultades del imputado dentro del actual paradigma constitucional de tendencia acusatoria se ha pronunciado esta corporación en numerosa jurisprudencia(25), en la cual se sostiene que el poder de prueba dentro del actual esquema acusatorio se radica tanto en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, como en cabeza del acusado y del juez. Se afirma que en el nuevo sistema acusatorio —numeral 4º y el último inciso del artículo 250 de la Carta— se introdujeron modificaciones importantes en materia probatoria, dentro de las cuales se encuentra el alcance de los principios de inmediación y de contradicción, ya que las pruebas se han de practicar dentro de la etapa de juzgamiento ante el juez y los jurados y, además, ofreciendo tanto a la Fiscalía como a la defensa el derecho de contradicción” (resaltado fuera del texto original).
21. En síntesis, del texto constitucional (art. 250, num. 4º) que establece las características del juicio en el sistema de tendencia penal acusatoria, así como de la jurisprudencia de esta corporación que lo desarrolla, se puede establecer que los principios de inmediación y contradicción, que con ahínco invocan los demandantes como vulnerados en la fase de ejercicio de los medios de impugnación de providencias judiciales, técnicamente despliegan su fuerza y eficacia garantista en el momento del debate probatorio.
La garantía del derecho de defensa, el derecho de impugnación y la posibilidad de disponer del tiempo y los medios adecuados para su efectividad
22. El derecho a la defensa es una garantía universal, general y permanente que constituye un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico. Así lo estableció la Corte en la Sentencia C-799 de 2005(26) en la que señaló que este derecho “surge desde que se tiene conocimiento que cursa un proceso en contra de una persona y solo culmina cuando finalice dicho proceso,” pero sin desconocer que el mismo se debe ejercer de manera oportuna y por los cauces señalados en la ley.
23. En relación con el plexo de garantías que involucra el ejercicio del derecho de defensa, en el contexto de un sistema acusatorio, la corporación ha sentado las siguientes reglas(27): (i) ni en la Constitución ni en los tratados internacionales de derechos humanos se ha establecido un límite temporal para el ejercicio del derecho de defensa(28); (ii) el derecho de defensa es general y universal, y en ese contexto no es restringible al menos desde el punto de vista temporal(29); (iii) el ejercicio del derecho de defensa surge desde que se tiene conocimiento que cursa un proceso en contra de una persona y solo culmina cuando finalice dicho proceso(30); (iv) el derecho de defensa, como derecho fundamental constitucional, es un derecho que prima facie puede ser ejercido directamente por un procesado al interior de un proceso penal(31); (v) el procesado puede hacer valer por sí mismo sus argumentos y razones dentro de un proceso judicial(32); (vi) el derecho de defensa se empieza a ejercer desde el momento mismo que se inicia la investigación(33); (vii) constituye una de las principales garantías del debido proceso, y representa la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga;(34) y (viii) la importancia del derecho de defensa, en el contexto de las garantías procesales, radica en que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado(35); (ix) en el contexto de los procesos penales, el derecho a impugnar la sentencia condenatoria adquiere carácter fundamental, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar su efectividad de tal derecho(36).
El artículo 29 de la Constitución establece el derecho de las personas procesadas penalmente a “impugnar la sentencia condenatoria”. Al respecto la Corte ha señalado que la existencia de doble instancia en los procesos penales, integra el núcleo esencial del derecho al debido proceso penal y constituye un elemento central en la configuración constitucional del derecho fundamental a la defensa, en tanto que “busca la protección de los derechos de quienes acuden al aparato estatal en busca de justicia”(37), estableciéndose en una oportunidad adicional para controvertir el caso.
Ha destacado que la compatibilidad del diseño del proceso con el derecho fundamental al debido proceso, está determinada por el reconocimiento de la necesidad de asegurar un amplio espectro de controversia dentro del proceso. No resulta, en consecuencia, admisible que existan nulas o limitadísimas oportunidades para controvertir, tanto el material probatorio como las consideraciones jurídicas. Tales oportunidades “deben ser generosas; claro está, dentro de un diseño que armonice el derecho de defensa con otros derechos e intereses de igual valor constitucional”(38).
De modo que en materia penal, el derecho a apelar la sentencia condenatoria adquiere carácter fundamental, lo que implica que el Estado tiene la obligación de garantizar su efectividad, asegurándose que la oportunidad para impugnar sea real, tanto normativa como empíricamente. No basta, en consecuencia, la consagración formal de una oportunidad para impugnar, sino que el juez y quienes intervienen en el proceso, han de asegurar que el procesado efectivamente pueda hacerlo. Ello supone, por un lado que la interpretación de los preceptos legales que diseñan el procedimiento penal debe responder a tal fin, y por otro, que quienes participen en el proceso han de respetar el ejercicio de tal derecho(39).
25. Sobre las finalidades que orientan este medio ordinario de impugnación ha sentenciado la Corte, que su propósito es el de remediar los errores judiciales(40) y permitir una nueva evaluación del caso, que suministre el convencimiento de que la determinación adoptada se fundamentó en suficientes bases fácticas y legales o que, por el contrario, desconoció pruebas, hechos o consideraciones jurídicas que ameritaban un razonamiento y un juicio diferente.
En la Ley 906 de 2004, por medio de la cual se expide el nuevo Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación fue constituido como un control constitucional y legal que procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos, cuando afectan derechos o garantías fundamentales (art. 181)”(41).
De acuerdo con el nuevo régimen de procedimiento penal, el recurso extraordinario de casación pretende la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a estos y la unificación de la jurisprudencia (L. 906/2004, art. 180). De este modo, los vicios de procedimiento o de juicio que se formulan contra una sentencia penal de segunda instancia se dirigen a que, con la mediación del Tribunal de Casación, en un supuesto específico, se realicen los fines del proceso penal y se unifique la jurisprudencia”.
28. Esta garantía se encuentra consagrada en el artículo 14 3.b. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en el artículo 8.2.c de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos(42). Está así mismo implícita en el enunciado del artículo 29 de la Carta que contempla de manera universal el derecho de defensa a favor de quien sea sindicado, y se incluyó explícitamente en el artículo 8.i) de la Ley 906 de 2004, según el cual la persona sometida a investigación o juzgamiento tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal a “disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de la defensa. De manera excepcional podrá solicitar las prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la celebración a las audiencias a las que deba comparecer”.
29. De acuerdo con la doctrina internacional desarrollada en relación con este derecho, se ha establecido que su objetivo esencial es facilitar la preparación de la defensa, y que se trata de una prerrogativa que se encuentra en estrecha relación con otros principios del debido proceso(43).
“El derecho de una persona acusada a disponer del tiempo y de los medios suficientes para la preparación de su defensa es un aspecto importante del principio de igualdad de armas. Cuando cabe la posibilidad de condena a la pena capital, hay que dar al acusado y a su defensor tiempo suficiente para preparar la defensa. Para determinar lo que constituye “tiempo suficiente” hay que evaluar las circunstancias particulares de cada caso”(44) (se resalta).
En la doctrina y la jurisprudencia internacional, la protección reconocida a este derecho ha sido limitada. Aunque no existe un parámetro definido para establecer la suficiencia del tiempo para la preparación de la defensa, las siguientes referencias a casos(45) pueden dar una idea del criterio que ha orientado su protección. En el caso Reid, el Comité de Derechos Humanos concluyó que el plazo de diez minutos era manifiestamente insuficiente para preparar la defensa de un evento de homicidio y que el juez debió advertirlo(46). En el caso Little(47), el comité llegó a la misma conclusión, al constatar que el defensor se reunió con el acusado por primera vez media hora antes del juicio, en tanto que en el caso Smith(48), el defensor dispuso de cuatro horas para prepararse a fin de defender al acusado. En el caso Phillip(49), el defensor fue nombrado un viernes para representar al acusado en un juicio oral el lunes, la defensora carecía de experiencia y la conducta acusada era sancionada con pena de muerte.
30. Según el comité la solicitud de una prórroga ha sido determinante en orden a establecer la vulneración de esta garantía. En algunos casos el comité ha concluido que los plazos muy exiguos de preparación no fueron incompatibles con la garantía de un tiempo suficiente para la preparación de la defensa, toda vez que los defensores no solicitaron al tribunal una prórroga. Sobre el particular observó el comité: “Lo expuesto ante el comité no demuestra que ni el letrado ni el acusado se hayan quejado a la juez de que el tiempo para preparar la defensa no era suficiente. Si el letrado o el acusado no se sentían bien preparados, les incumbía pedir un aplazamiento”(50).
En cuanto el derecho a los medios adecuados para la preparación de la defensa la Observación General Nº 13 del Comité de Derechos Humanos ha señalado que la preservación de esta garantía incluye el derecho de “acceso a los documentos y demás testimonios que el acusado necesite para preparar su defensa”(51).
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que la realización de procesos colectivos puede ser incompatible con el derecho de preparar y presentar una defensa adecuada(52).
“Frente a la sucesión de leyes en el tiempo, el principio favor libertatis, que en materia penal está llamado a tener más incidencia, obliga a optar por la alternativa normativa más favorable a la libertad del imputado o inculpado. La importancia de este derecho se pone de presente a la luz del artículo 4o de la Ley 137 de 1994, que lo comprendió entre los derechos intangibles, esto es, inafectables durante los estados de excepción”(53).
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(54), se refiere a esta prerrogativa en los siguientes términos:
En el artículo 9º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José(55), se consagra de manera casi idéntica a la contenida en el anterior instrumento internacional.
En concordancia con la norma constitucional citada, los artículos 6º del actual Código Penal (L. 599/2000) y 6º del Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004) lo consagran como norma rectora de uno y otro ordenamiento.
34. Sobre el alcance de esta garantía la jurisprudencia de esta Corte ha reiterado que para su aplicación en materia penal no cabe hacer distinción entre normas sustantivas y normas procesales, pues el texto constitucional no establece diferencia alguna que permita un trato diferente para las normas procesales(56).
“El juez al asumir la función de intérprete genuino de dos disposiciones penales, igualmente especiales, está positivamente vinculado, como todo hermeneuta en materia penal, por la norma que obliga a optar de manera preferente por la ley permisiva o favorable, máxime cuando ésta es posterior en el tiempo y comprende en su contenido la materia tratada por la anterior (C.P., art. 29)”(57).
36. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la compatibilidad de normas que establecen la vigencia de un nuevo estatuto o de una nueva regulación penal con el principio de favorabilidad, la jurisprudencia constitucional ha establecido que en desarrollo de la potestad asignada por el constituyente al legislador de “hacer las leyes”, y en virtud de la denominada cláusula general de competencia a él reconocida, la determinación de la fecha en que debe entrar en vigencia una ley, es un asunto que compete al órgano legislativo(59). A respecto precisó:
“Ahora bien: si el legislador es el llamado a decidir el contenido de la ley, resulta obvio que dentro de la valoración política que debe hacer sobre la conveniencia del específico control que ella propone, se incluya la relativa al señalamiento del momento a partir del cual dicha normatividad empieza a surtir efectos, pues sólo a él compete valorar la realidad social, política, económica, etc., para poder determinar la fecha en que han de entrar a regir las disposiciones que expide”(60).
Y subrayó que el legislador al señalar la vigencia hacia el futuro de una normatividad de contenido penal —procesal o sustantivo— no obstaculiza ni restringe la aplicación inmediata del principio de favorabilidad, que como se indicó debe ser objeto de examen y aplicación por parte del juez a quien le ha sido asignada la competencia para resolver el proceso penal respectivo. Ello por cuanto el precepto que prevé la vigencia de las normas hacia el futuro, o que precisa aspectos temporales en la aplicación de una reforma, se limita a hacer expreso el principio de irretroactividad de la ley penal, como expresión del de legalidad.
Este criterio se ha reiterado por el pleno de esta corporación en sentencias que se han pronunciado sobre la constitucionalidad de normas penales que establecen reglas de vigencia, frente a cargos por vulneración del principio de favorabilidad. Es el caso de las sentencias C-581 de 2001(61), C-1092 de 2003(62), C-592 de 2005(63) y C-801 de 2005(64). En la última de las providencias mencionadas, la Corte señaló:
“En este acápite, el constituyente derivado reiteró, para el ámbito de aplicación de la reforma del proceso penal, la regla de acuerdo con la cual las normas jurídicas rigen hacia futuro. En razón de ese principio no es posible que a una conducta punible determinada se le aplique un procedimiento que sólo entró a regir después de su comisión. De allí que esa formulación normativa del constituyente no sea más que la manifestación del principio de legalidad del proceso, principio de acuerdo con el cual los procedimientos se rigen por la ley vigente al momento de la conducta punible que se imputa. Mucho más si frente a una reforma estructural como la emprendida a través del citado acto legislativo, no solo se variaron las formas procesales, sino que también se modificó el régimen de múltiples disposiciones procesales susceptibles de producir efectos sustanciales al interior del proceso penal”(65).
“En la Sentencia C-581 de 2001, al pronunciarse sobre las normas de vigencia establecidas por el legislador en las leyes 599 y 600 de 2000, la Corte indicó que “En el presente caso el legislador al señalar la vigencia de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal no obstaculizó ni restringió la aplicación inmediata del principio de favorabilidad, el cual debe ser objeto de examen y aplicación por parte del juez a quien se le ha asignado competencia para resolver el proceso penal respectivo, a partir del momento en que aquellos comiencen a regir””.
37. De conformidad con estas consideraciones la Corte ha recordado a los operadores del sistema penal que las normas que contemplan la vigencia de una ley de esta índole, hacia el futuro —“ a partir de su promulgación” o bajo una fórmula de gradualidad— no hacen otra cosa que reafirmar el principio de irretroactividad de la ley penal, adscrito al principio de legalidad, y por ende ellas deben ser interpretadas y aplicadas en forma tal que guarden armonía con los principios generales y los derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional, y en consecuencia con los mandatos del artículo 29 superior(66).
No obstante, la Corte ha precisado, apoyada en la jurisprudencia especializada emanada de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia(67), que la aplicación del principio de favorabilidad además de significar el respeto del mandato imperativo del artículo 29 superior, está sometido a unos presupuestos lógicos. Uno de ellos radica en que dicho principio será aplicable frente a supuestos de hecho similares pero que reciben en los estatutos sucesivos en el tiempo, soluciones de derecho diferentes.
40. El artículo 122 acusado establece que “Esta ley rige a partir de su promulgación”. Es decir a partir de su publicación, en este caso, mediante la inserción en el diario oficial, requisito al que se dio cumplimiento con la mediante su inclusión en el Diario Oficial Nº 47.768 de 12 de julio de 2010.
En armonía con el marco teórico establecido para resolver este cargo, observa la Sala que mediante la estipulación de vigencia de la ley —a partir de su promulgación— prevista en el precepto acusado, el legislador no hizo nada distinto a cumplir con una competencia que la propia Constitución le asigna, en cuanto se trata de un actuación que se enmarca dentro de la cláusula general de competencia legislativa prevista en el artículo 150 de la Carta.
De otra parte, la manera como el legislador plasmó la regla de vigencia —a partir de su promulgación—, sin que hiciera excepciones o modulara tal decisión legislativa, no entraña vulneración al principio de favorabilidad en materia penal. Por el contrario, se trata de una fórmula que afirma los principios de publicidad de la ley y de irretroactividad en materia penal, expresión, este último, del principio de legalidad.
Sostienen así mismo que el artículo 91 de la ley acusada, infringe el debido proceso (art. 29), los principio de concentración e inmediación (C.P., art. 250), y el derecho de acceso a la justicia (art. 229), comoquiera que el recurso de apelación, se sustentará en la misma audiencia en que se profiere la decisión impugnada, ante el funcionario que la dictó y no frente al juez que definirá la segunda instancia, procedimiento que además limita el tiempo y los medios para el ejercicio de la defensa.
44. Comoquiera que la demanda se dirige contra expresiones que en sí mismas y aisladamente consideradas, no tienen un sentido claro, completo y unívoco, para su estudio es preciso acudir a la técnica de la integración normativa(68). De esta forma el análisis se extenderá al correspondiente inciso del cual forma parte la expresión acusada:
De acuerdo con esta disposición, existen dos alternativas para la sustentación del recurso de apelación: de un lado, oralmente en la misma audiencia de lectura de fallo,(69) en la cual a su vez, se correrá traslado a los no recurrentes, y de otro, por escrito, dentro de los cinco días siguientes a dicha diligencia. En este caso, con traslado común a los no recurrentes por el mismo lapso. El recurso será definido por el superior, dentro de los 15 días posteriores al reparto, y la decisión se comunicará en audiencia convocada para efectuarse dentro de los 10 días subsiguientes(70).
45. Lo primero que hay que advertir es que esta norma se inscribe dentro del sistema penal acusatorio introducido por el Acto Legislativo 3 de 2002 y desarrollado por la Ley 906 de 2004. Como se indicó, prevé dos alternativas para la interposición y sustentación del recurso de apelación contra la sentencias. La primera, según la cual se interpone, concede y sustenta en la misma audiencia de lectura de fallo, y la segunda, que concede al recurrente la opción de sustentarlo por escrito, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del fallo, acto este que se surte por estrados.
Como lo ha destacado la jurisprudencia de esta Corte, no corresponde al juez constitucional en el momento de valorar la razonabilidad de la extensión de un término procesal, definir cuál sería la duración más apropiada o idónea para salvaguardar las garantías vinculadas al debido proceso, y la efectividad del derecho sustancial. Su labor se limita a determinar si el legislador incurrió en excesos o restricciones indebidas que hacen nugatorias las posibilidades de defensa y contradicción.
En cuanto a la primera alternativa que la norma prevé —la interposición, concesión y sustentación del recurso en la misma audiencia de lectura de fallo— observa la Corte que se trata de una opción que responde a la naturaleza misma del proceso público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado (…), delineado en el artículo 250.4 de la Constitución.
46. De otra parte, no se advierte que esta configuración de la oportunidad para interponer y sustentar el recurso de apelación restrinja de manera desproporcionada las posibilidades de defensa de los intervinientes, al punto que la haga nugatoria. Al respecto, conviene subrayar que de conformidad con el artículo 446 del mismo estatuto (L. 906/2004), el sentido del fallo se dará a conocer de manera oral y pública una vez terminado el receso facultativo de dos horas (luego del debate oral) a que alude el artículo 445, o una vez que el juez ha declarado terminado el debate oral, si no ha hecho uso de tal herramienta. En esta oportunidad se deberá precisar el delito por el cual la persona ha sido hallada culpable o inocente. Adicionalmente, si la decisión es de condena, las partes cuentan con otra oportunidad para argumentar sobre las condiciones personales y antecedentes del procesado con miras a la individualización de la pena. Terminadas estas intervenciones el juez señalará el lugar y la fecha para proferir la sentencia, la cual se llevará a cabo dentro de los quince (15) días siguientes a la terminación del juicio oral. Es en esta oportunidad que se ejerce la facultad de impugnación.
Lo anterior, sin perjuicio de las otras prerrogativas que se derivan de las normas anteriormente referidas como marco para la interpretación del enunciado acusado (arts. 7º i) y 158) que permiten bajo circunstancias excepcionales y mediando debida justificación, la prórroga de los términos judiciales.
Al respecto, recuerda la Sala que los principios de inmediación y contradicción cumplen su papel estelar y protagónico en el proceso producción de la prueba, tarea que en el contexto del sistema acusatorio se desarrolla en la fase del juicio oral. Tal como se deriva del texto constitucional (art. 250.4) que establece las características del juicio en el sistema penal acusatorio, los principios de inmediación y contradicción técnicamente despliegan su eficacia en el momento del debate probatorio, con miras a facilitar y optimizar la actividad cognitiva propia proceso de conocimiento que acompaña la producción de la prueba. La actitud crítica, consciente y controlada que debe asumir el juez que dirige el debate en el juicio oral, exige el contacto directo con los actores que intervienen en esa fase.
“El recurso de apelación no constituye un proceso autónomo o un nuevo juicio en el cual deban debatirse todos los temas del mismo y como tal, requerirse la inmediación de las pruebas frente al juez de segunda instancia. Es la oportunidad en la cual el juez controla una decisión adoptada en la primera instancia, sin tener que reconstruirse íntegramente la acusación y defensa, siendo la continuación del proceso en una instancia de control que se ha previsto como garantía interna orientada a obtener una decisión justa. Es evidente que al no haber una repetición del juicio, por tratarse no de un análisis general y abstracto tendiente a revisar la totalidad de lo actuado, es suficiente que cuente con los registros que sobre el mismo y la interposición y sustentación del recurso se hayan realizado en audio y/o video, y que hayan sido allegados al juez de la segunda instancia, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 146 del Código de Procedimiento Penal. Con base en ellos, podrá adquirir elementos de juicio para la decisión que corresponda”(71).
Inhibición frente al cargo contra los artículos 98 y 101 de la Ley 1395 de 2010. Término de sustentación del recurso extraordinario de casación.
Luego de hacer un recuento de las reformas que se han efectuado al trámite de la casación, se afirma en la demanda radicada bajo el Nº 8301:
“(…) Hoy, con los problemas de la delincuencia organizada y profesionalizada y con los casos de corrupción, en los que fácilmente encontramos procesos con diez, quince y más sindicados, el hecho de reducirse el término para la sustentación de la casación y hacerlo común a los sujetos procesales recurrentes, lo convierte en un instrumento procesal prácticamente imposible de ser interpuesto y sustentado, por que nos preguntamos, cómo y cuándo podrían tener los sujetos procesales acceso al expediente para estudiarlo y poder elaborar la demanda de casación?
Si a lo anterior se agrega que a su finalización el proceso ha adquirido unos volúmenes materiales bastante considerables, que la casación es un problema eminentemente técnico —de allí la complejidad en la elaboración de las demandas—, y que de manera regular cuando el abogado que ha llevado el proceso en las instancias, sino es especialista cede el poder para que uno especializado en técnicas de casación elabore la demanda; nos encontramos en presencia de unos términos que al ser reducidos y al convertirse en comunes para los sujetos procesales harán prácticamente imposible la elaboración de las demandas e inoperante el derecho a la defensa y el derecho al acceso a la justicia”.
Esta manera de concebir el término para sustentación, “significará que todos los sujetos procesales deban estudiar el proceso en la secretaría de los tribunales, puesto que no podría operarse como tradicionalmente se está haciendo, que a cada sujeto procesal se le prestaba el expediente durante el transcurso de sus términos para que elaborara la demanda”.
Y pone de presente el actor: “Imagínense ustedes señores magistrados el ejercicio del recurso extraordinario de casación en un proceso penal como el de Dragacol, en el cual actuamos como defensores principal y suplente de uno de los procesados, que cuenta con más de 700 cuadernos (…) ¿Creen ustedes que es posible elaborar la demanda en el precario término de 30 días? (…)
51. La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, al interpretar el artículo 2º del Decreto 2067 de 1992, ha precisado(72) que no obstante el principio pro actione que guía el ejercicio de la acción pública de inexequibilidad, a fin de que la Corte pueda pronunciarse de fondo sobre los cargos contenidos en una demanda, esta debe contener: (i) el texto de la norma demandada, (ii) las disposiciones constitucionales violadas, y (iii) las razones por las cuales la norma acusada vulnera tales disposiciones. Dichas razones deben cumplir con unos presupuestos mínimos de comunicación y argumentación. Ellas deben ser claras(73), ciertas(74), específicas(75), pertinentes(76) y suficientes(77) para que se configure un cargo apto.
1. Declarar ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-250 de 2011 que declaró exequible, por los mismos cargos aquí formulados, el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010.
2. Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado, el artículo 122 de la Ley 1395 de 2010.
3. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el inciso primero del artículo 91 de la Ley 1395 de 2010.
4. Declararse INHIBIDA para pronunciarse respecto de los cargos formulados contra el inciso primero del artículo 98 y el inciso primero del artículo 101, ambos de la Ley 1395 de 2010.
(6) Cfr., entre otras, las siguientes providencias: Sentencias C-310 de 2001, C-397 de 1995 y C-774 de 2001; los autos A-174 y A-289A de 2001 y SU-047 de 1999.
(7) La Sentencia C-250 de 2010, estableció una cosa juzgada relativa respecto del artículo 90 al disponer en su numeral 3º que “Declara exequible el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010 “en relación con los cargos estudiados”, limitando así su pronunciamiento a la vulneración del artículo 250 y 29 de la Constitución como consecuencia del desconocimiento de los principios de inmediación y concentración.
(8) Sentencia C-555 de 2001. En el mismo sentido, pueden verse las sentencias C-832 de 2001, C-012 de 2002 y C-814 de 2009.
(9) Sobre este asunto, véanse, entre otras, las sentencias C-038 de 1995; C-032 y C-081 de 1996; C-327, C-429 y C-470 de 1997; C-198 de 1998 y C-814 de 2009.
(10) Sentencia C-135 de 1999.
(11) Ver, entre otras, las sentencias C-537 de 1993 y C-373 de 1995.
(12) Sentencia C-555 de 2001.
(13) Artículo 14.3.b del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La misma garantía se encuentra contemplada en el artículo 8.2.c, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece el derecho de toda persona inculpada de un delito a la “concesión (…) del tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa”.
(14) Sentencia T-546 de 1994.
(15) Sentencias C-1264 de 2005 y C- 814 de 2009.
(16) Sentencia C-1264 de 2005
(17) Sentencia C-012 de 2002.
(18) Sentencia C-832 de 2001.
(19) Sentencia C-800 de 2000.
(21) Cfr. Sentencia C-814 de 2009.
(22) Sentencia C-648 de 2001.
(23) Sentencia C- 475 de 1997.
(24) En esta sentencia la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad de algunas disposiciones del Decreto 261 de 2000 “Por el cual se modifica la estructura de la Fiscalía General de la Nación”, y sobre algunos preceptos de la Ley 906 de 2004.
(25) Ver sentencias C-783-03, C-591 del 2005, C-1260 del 2005, y C-396 de 2007, entre otras.
(26) En la Sentencia C-799 de 2005 (M.P. Jaime Araújo Rentería) se revisó la constitucionalidad del artículo 8º de la Ley 906 de 2005 que consagra el principio del derecho a la defensa. El demandante consideraba que la norma era inconstitucional pues ésta consagraba el derecho a la defensa como norma rectora y establecía que ese derecho solo se adquiere una vez se obtenga la calidad de imputado lo que va en contra del artículo 29 de la Constitución. Uno de los problemas jurídicos que resolvió la Corte en dicha oportunidad fue “si existe violación al derecho de defensa cuando la norma acusada determina que este derecho se podrá ejercer desde el momento en el cual se adquiera la condición de imputado(...).” La Corte después de hacer un análisis del derecho a la defensa y de señalar las posibles interpretaciones del artículo demandado consideró que “En este orden de ideas, la correcta interpretación del derecho de defensa implica que se puede ejercer desde antes de la imputación. Así lo establece el propio código por ejemplo desde la captura o inclusive antes, cuando el investigado tiene conocimiento de que es un presunto implicado en los hechos. Por ello, la limitación establecida en el artículo 8º de la Ley 906 de 2004, si se interpreta en el entendido de que el derecho de defensa sólo se puede ejercer desde el momento en que se adquiere la condición de imputado, sería violatorio del derecho de defensa”. De acuerdo a lo anterior, la Corte condicionó la exequibilidad de la expresión acusada “sin perjuicio del ejercicio oportuno, dentro de los cauces legales, del derecho de defensa por el presunto implicado o indiciado en la fase de indagación e investigación anterior a la formulación de la imputación”. La Parte resolutiva de la sentencia dice: “3. Declarar EXEQUIBLE la expresión “una vez adquirida la condición de imputado” contenida en el inciso 1º del artículo 8º de la Ley 906 de 2004, por los cargos examinados, sin perjuicio del ejercicio oportuno, dentro de los cauces legales, del derecho de defensa por el presunto implicado o indiciado en la fase de indagación e investigación anterior a la formulación de la imputación.”
(27) En la Sentencia C-648 de 2010, se efectúa una relación de las principales líneas jurisprudenciales establecidas por la Corte respecto del derecho de defensa.
(28) Sentencia C-799 de 2005.
(31) Sentencia C-994 de 2006.
(33) Sentencia T-920 de 2008.
(34) Sentencia C- 025 de 2009.
(36) Sentencia C-040 de 2002, entre otras.
(39) Sentencia T-1192 de 2003.
(40) Sentencia C-083 de 1998.
(42) La misma garantía se encuentra contemplada en términos más generales en los artículos 9º y 7º respectivamente, de dichos instrumentos.
(43) Al respecto el Comité de Derechos Humanos, señaló: “El comité recuerda que el concepto ¨juicio imparcial¨, en el sentido del párrafo 1 del artículo 14, exige que se cumplan una serie de requisitos a saber, la igualdad de posibilidades y el respeto del principio del procedimiento contradictorio. Estos requisitos no se cumplen cuando (…) al acusado se le niega la oportunidad de hallarse presente en las actuaciones judiciales o cuando no puede instruir de forma adecuada a su representante. En particular, el principio de igualdad de posibilidades no se respeta cuando al procesado no se le notifica una acusación debidamente motivada.” (Comité de Derechos Humanos, caso Wolf c. Panamá, párr. 6.6. (1992).
(44) Comité de Derechos Humanos, citado por la Corte Interamericana, caso Henry (N) c. Jamaica, párr. 7.5 (1998).
(45) O´Donnell, Daniel, Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2007, pág. 418.
(46) Comité de Derechos Humanos, caso Reid (G.W) c. Jamaica, párr. 13.1 (1994).
(47) Comité de Derechos Humanos, caso Little c. Jamaica, párrs. 8.3-8.4 (1991).
(48) Comité de Derechos Humanos, caso Smith c. Jamaica, párrs. 10.4 (1993).
(49) Comité de Derechos Humanos, caso Philipp c. Trinidad y Tobago, párr. 7.2 (1998).
(50) Comité de Derechos Humanos, caso Henry (N) c. Jamaica, párr. 7.5 (1998).
(51) Comité de Derechos Humanos, caso Yaseen y Thomas, c. Guyana, párr. 7.10 (1998).
(52) Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, pág. 181 (1981). Hace referencia a procesos que implicaban 66 y 202 acusados.
(53) Sentencia C-304 de 1994. Sobre la vigencia de esta garantía en cualquier tiempo, ver la Sentencia C-200 de 2002.
(54) Aprobado por la Ley 74 de 1968.
(55) Aprobado por la Ley 16 de 1972.
(56) Ver entre otras las Sentencias C-252 de 2001, C-200 de 2002, C-922 de 2001 y T-272 de 2005.
(57) Sentencia C-301 de 1993.
(58) Sentencia C-475 de 1997.
(59) Sentencias C-084 de 1996 y C-581 de 2001.
(60) Sentencia C-084 de 1996.
(61) En esta sentencia la Corte declaró exequibles los artículos 476 de la Ley 599 de 2000 y 536 de la Ley 600 de 2000, que preveían que los códigos, penal y de procedimiento penal en ellas contenidos, entrarían a regir un (1) año después de su promulgación.
(62) En esta sentencia la Corte declaró la constitucionalidad del artículo 5º del Acto Legislativo 2002 que establece: “ART. 5º— Vigencia. El presente acto legislativo rige a partir de su aprobación, pero se aplicará de acuerdo con la gradualidad que determine la ley y únicamente a los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia que en ella se establezca. La aplicación del nuevo sistema se iniciará en los distritos judiciales a partir del 1º de enero de 2005 de manera gradual y sucesiva. El nuevo sistema deberá entrar en plena vigencia a más tardar el 31 de diciembre del 2008”.
(63) En esta sentencia la Corte declaró la exequibilidad del artículo 6º de la Ley 906 de 2004 que prevé que “Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia”.
(64) En esta sentencia la Corte declaró conforme a la Constitución el artículo 530 de la Ley 906 de 2004, que establece un sistema de gradualidad para la entrada en operatividad del sistema penal acusatorio, frente a cargos por quebrantamiento del principio de favorabilidad penal.
(65) Sentencia C-801 de 2005.
(66) Sentencia C-873 de 2003.
(67) Sentencia C-801 de 2005.
(68) En reiterada jurisprudencia esta Corte ha señalado las hipótesis en que le es autorizado a la Corte extender su análisis y aún su pronunciamiento, a enunciados no demandados. Así ha indicado que “En primer lugar, procede la integración de la unidad normativa cuando un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico, claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada. En estos casos es necesario completar la proposición jurídica demandada para evitar proferir un fallo inhibitorio. En segundo término, se justifica la configuración de la unidad normativa en aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas. Esta hipótesis pretende evitar que un fallo de inexequibilidad resulte inocuo. Por último, la integración normativa procede cuando pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad” (Sent. C-055/2010).
(69) De acuerdo el artículo 446 de la Ley 906 de 2004, “El sentido del fallo se dará a conocer de manera oral y pública inmediatamente después del receso previsto en el artículo anterior y deberá contener el delito por el cual se halla a la persona culpable o inocente”. De acuerdo con el artículo 445 ib. luego de terminado el debate el juez podrá decretar un receso hasta de dos (2) horas, para anunciar el sentido del fallo.
(70) Esta norma modificó sustancialmente el contenido original del artículo 179 de la Ley 906 de 2004, según el cual el recurso de apelación se interponía y concedía en la misma diligencia de comunicación de fallo, pero la sustentación se difería a la audiencia que el funcionario de segundo grado debía convocar para el efecto, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo del expediente en esa instancia, y a la acreditación de la entrega de registro de las audiencias de interés para apelante y no apelantes. Una vez sustentado y oídos los no recurrentes se convocaba para otra audiencia de lectura de fallo.
(71) Sentencia C-250 de 2011.
(72) Desde la Sentencia C-1052 de 2001, la Corte ha establecido unos presupuestos mínimos de comunicación y argumentación que deben reunir los cargos de una demanda de inconstitucionalidad para que pueda provocar un pronunciamiento de fondo.
(73) La claridad está determinada por el deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa.
(74) La certeza, significa que la demanda debe recaer sobre una proposición jurídica real y existente y no simplemente sobre una deducida por el actor, o implícita e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda. El ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto;
(75) Las razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través “de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada. El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales” que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad.
(76) En virtud de la pertinencia el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado.
(77) La suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche, así como con el alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.

References: ARTÍCULO 91
 ARTÍCULO 122
 artículo 178
 artículo 210
 artículo 241
 artículo 250
 artículo 122
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 250
 artículo 29
 artículo 90
 artículo 250
 artículo 243
 artículo 90
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 resolución 
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 artículo 29
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 250
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 Artículo 14
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 artículo 8
 artículo 29
 artículo 8
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 artículo 446
 artículo 445
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