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Timestamp: 2017-07-25 20:32:54+00:00

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El blog de Rubens de Blas: julio 2014
Hoy se ha publicado en el BOE la nueva Ley de Navegación Marítima en la que se ha realizado un esfuerzo
codificador y actualizador de primer nivel así como una integración muy
importante con el Derecho marítimo internacional y su adecuación a la práctica
actual del transporte marítimo. El objeto de la Ley es la
regulación de las situaciones y relaciones jurídicas nacidas con ocasión de la
navegación marítima y está estructurada de la siguiente manera:
Título Preliminar. Disposiciones
Título I. De la ordenación
administrativa de la navegación.
Título II. De los vehículos de la
Título III. De los sujetos de la
Título IV. De los contratos de
utilización del buque.
Título V. De los contratos
auxiliares de la navegación.
Título VI. De los accidentes de
Título VII. De la limitación de
Título IX. Especialidades
Título X. Certificación pública
de determinados expedientes de derecho marítimo.
Además, el texto se cierra con 10
Disposiciones adicionales, 2 transitorias, una derogatoria y 12 finales.
De un tiempo a esta parte y debido, entre otras causas, a la
utilización en la constitución de SA, y sobre todo, en la constitución de SL de
modelos de estatutos sociales genéricos, se está observando en la práctica un
goteo de notas de calificación desfavorables de los Registradores Mercantiles
con ocasión del registro de nuevas sociedades. Como ejemplo podemos citar, entre muchas, las Resoluciones de 23 de septiembre de 2013 y de 23 de mayo de 2014, de la Dirección General del Registro y del Notariado.
Ante esta situación es conveniente recoger las siguientes
notas sobre la función que cumplen los estatutos sociales en las sociedades de
capital: contenido y normatividad. Estimamos que de esta manera los inconvenientes en su registro serían mucho menores y las calificaciones desfavorables serían muchas menos. Espero que les sean útiles.
El objeto social, determinando las actividades que lo
El capital social, las participaciones o las acciones en que
se divida, su valor nominal y su numeración correlativa. Si la sociedad fuera
de responsabilidad limitada expresará el número de participaciones en que se
divida el capital social, el valor nominal de las mismas, su numeración
correlativa y, si fueran desiguales, los derechos que cada una atribuya a los
socios y la cuantía o la extensión de éstos. Si la sociedad fuera anónima
expresará las clases de acciones y las series, en caso de que existieran; la
parte del valor nominal pendiente de desembolso, así como la forma y el plazo
máximo en que satisfacerlo; y si las acciones están representadas por medio de
títulos o por medio de anotaciones en cuenta. En caso de que se representen por
medio de títulos, deberá indicarse si son las acciones nominativas o al
portador y si se prevé la emisión de títulos múltiples.
El modo o modos de organizar la administración de la
sociedad, el número de administradores o, al menos, el número máximo y el
mínimo, así como el plazo de duración del cargo y el sistema de retribución, si
la tuvieren. En las sociedades comanditarias por acciones se expresará, además,
la identidad de los socios colectivos.
El modo de deliberar y adoptar sus acuerdos los órganos
colegiados de la sociedad.
Las dudas que se pueden generar en la práctica diaria surgen
al estimar qué fuerza tienen los estatutos.
Los estatutos son la carta magna o régimen constitucional y
de funcionamiento de la sociedad.
Todo acto social debe acomodarse a las exigencias derivadas
Tiene un doble carácter contractual y normativo. Vinculan a
la propia sociedad, a los socios, a los órganos de la sociedad e incluso a
La interpretación debe ajustarse a la literalidad y a la
intención manifestada por los otorgantes de la escritura de constitución.
Son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida
corporativa de la sociedad durante toda su existencia.
Su finalidad fundamental es la de establecer las reglas
necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad de capital.
Si existe un cambio normativo que afecte en todo o en parte
al contenido de los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma
se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley.
La experiencia nos dicta que cualquier mejora en este ámbito será correcta ya que los abusos que se han cometido en estos años no han sido pocos. Ya veremos qué nos depara el futuro y cómo se configura finalmente el régimen jurídico de designación de los administradores concursales.
Dentro de la sistemática del
todavía vigente Código de Comercio, el contrato de cuenta en participación, en
el futuro se llamará contrato de participación, aparece regulado a continuación de las
sociedades y antes de los contratos (239 a 243 CCom), como tránsito entre la
compañía mercantil, que crea una personalidad jurídica, y una relación
puramente contractual sin ella.
Es una de las modalidades
asociativas o de cooperación mercantil más antiguas que conoce el derecho de
los negocios y que en la actualidad está en vía de convertirse en otra “momia del
derecho”, a pesar de que podría utilizarse con unos resultados más que
satisfactorios en lo que se ha venido llamando de un tiempo a esta parte los Angel Investor
o Business Angel. Es evidente que difiere de la sociedad mercantil en que, por
un lado, el contrato de participación no se establece una autonomía patrimonial
(STS 6/oct/1986), debido a que no se constituye un patrimonio social y las
aportaciones las recibe en propiedad y en exclusiva el gestor, y por otro lado, no se crea un ente con personalidad jurídica propia (SSTS 8/abril/1987,
19/dic/1946, 3/may/1960 y 30/sep/1960). En ningún momento el partícipe tiene derecho a intervenir en la gestión de la actividad desarrollada por el operador del mercado en la que se realiza la inversión.
En el nuevo Anteproyecto de
Código Mercantil que deriva de la Propuesta formulada por la Sección de Derecho
mercantil de la Comisión General de Codificación regula en el nuevo artículo 545 (547 de la propuesta) el llamado Contrato de
El esquema que sigue en Anteproyecto es el
Se establece una noción legal equivalente
a la actual vigente de lo que se debe entender por contrato de participación:
es el contrato por el cual una persona, llamada partícipe, se obliga a entregar dinero, bienes o derechos patrimoniales
a un operador del mercado, llamado gestor,
para destinarlos a una determinada actividad económica en las condiciones
convenidas. Es en esencia un contrato bilateral.
En ningún momento se crea un
patrimonio común como en las comunidades de bienes ni se les confiera una personalidad jurídica distinta de las partes (SSTS
20/jul/1992 y 4/dic/1992). Es característico de este
contrato el carácter oculto o tácito para los terceros (STS 5/feb/1998 y más
recientemente la SAN 27/06/2014) y no se inscribe en el Registro Mercantil.
Se otorga a las partes del
contrato un amplio margen de autonomía para que se establezcan las cláusulas que estimen
convenientes (1255 Cc, 1089 Cc y 1091 Cc). Se establece como límite al carácter dispositivo de las normas del contrato solo lo relativo a su noción y su mercantilidad según el art. 411-1 del Anteproyecto. Es resto es disponible entre las partes.
Nunca al partícipe se le exige la
condición de empresario o de operador del mercado. Se le da siempre al
contrato de participación naturaleza mercantil.
Al partícipe se le imponen
una serie de derechos y obligaciones. Por lo menos al cierre del ejercicio el partícipe tiene derecho a ser informado del desarrollo de la
actividad realizada por el gestor y a recibir de este el porcentaje pactado
sobre los beneficios. También el partícipe deberá soportar las pérdidas según
lo pactado y a falta de pacto hasta el límite del valor de lo entregado. No existe nunca responsabilidad patrimonial universal (art. 1911 Cc).
El gestor debe destinar lo
recibido a lo pactado entre las partes y rendir cuentas en tres momentos:
el momento fijado en el contrato dentro del autonomía de la voluntad: mensual, cuatrimestral…
al término del ejercicio.
el momento de extinción del contrato.
Respecto a los efectos frente
a terceros no se podrá adoptar un nombre comercial, razón o denominación
social distinta de la del gestor ni usar más crédito directo que el suyo. El
gestor siempre será el único responsable y el partícipe nunca tendrá acción
contra los terceros que contraten con el gestor.
de participación se producirá por las causas comunes admitidas en derecho:
mutuo acuerdo, denuncia unilateral, transcurso del tiempo convenido, conclusión
de empresa, imposibilidad sobrevenida del objeto o de la prestación (SSTS
15/oct/2002 y 5/abr/2006), muerte o incapacidad del gestor y concurso de
acreedores. Se recoge expresamente el cese de la actividad participada.
Como efecto de la extinción
el partícipe tiene derecho a la devolución de lo entregado o su equivalente
económico para el supuesto de no devolución posible incrementado, en su caso,
con la participación en los beneficios pendientes de pago o disminuidos en el
importe de su participación en las pérdidas. Es decir, nos encontramos ante una
liquidación de la cuenta realizada por el gestor, un arreglo de cuentas o una
rendición de cuentas siempre guiada por la buena fe. El participe nunca dispone
de un derecho de crédito de restitución de capital aportado como ocurre en el contrato de
préstamo, sino que se le atribuye el derecho a las ganancias en la proporción
establecida entre las partes (SSTS 6/oct/1989, 20/jul/1992) y esta situación es
la peculiar característica del contrato de participación.
pasado viernes 18 de julio un plan integral de medidas de reforma de las
Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y de la gestión de la Incapacidad
El Consejo ordenó la remisión a
las Cortes Generales de un Proyecto de Ley por el que se modifica el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen
jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
Esta nueva regulación afecta, por
un lado, a las mutuas en su integridad, es decir, naturaleza, gobernanza,
régimen económico, responsabilidades y funciones con la finalidad de conseguir
unidad de criterio y facilitando la coordinación entre la Administración de la
Seguridad Social, las entidades colaboradoras que a partir de ahora pasan a
denominarse Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, y los Servicios
Transparencia en los órganos de
El Proyecto de Ley modifica el
régimen jurídico de las Mutuas y establece la nueva denominación como Mutuas
Colaboradoras de la Seguridad Social, al tiempo que aclara la naturaleza
jurídica pública de los recursos económicos que financian a las Mutuas y de las
prestaciones que dispensan.
Con la nueva regulación, cargos,
sueldos, contratos y cualquier otro mecanismo de funcionamiento estarán
regulados por una norma que delimita claramente cuáles deben ser las funciones
de presidente y gerente; cuantifica los sueldos de los miembros directivos de
la mutua y articula la participación de los agentes sociales, incluidos los
autónomos, en las comisiones de control y seguimiento de las mutuas. Esta
comisión será informada permanentemente de la gestión que realiza cada entidad
y propondrá medidas para mejorarla si se diera el caso.
de la gestión, se prohíbe a los miembros de las Juntas Directivas, de las
Comisiones de Control y Seguimiento, de las Comisiones Especiales y a los
directivos celebrar con la Mutua contratos de obras, servicios o suministros,
salvo las excepciones establecidas. La prohibición se extiende a los parientes
de aquellos y a las empresas participadas desde el 10 por 100 -frente al 25 por
100 actual- o en las que cualquiera de ellos sea directivo.
Asimismo, la norma establece que
las Mutuas dispondrán de plazo hasta el 31 de marzo de 2015 para vender el 100
por 100 de su participación en las sociedades mercantiles de prevención
constituidas por las Mutuas.
Por otra parte, el nuevo Proyecto
de Ley reforzará el control sobre los fondos que gestionan las mutuas y
extremará también los controles sobre estas entidades, ya que son entidades
privadas que gestionan recursos y prestaciones públicas.
En cuanto a las reservas y los
excedentes, el texto normativo define el destino del excedente resultante de
las cotizaciones destinadas a cada una de las contingencias -comunes y
profesionales-, una vez descontadas las reservas correspondientes.
Cese en la actividad más
Las Mutuas Colaboradoras de la
Seguridad Social gestionan también la prestación por cese en la actividad de
los trabajadores autónomos. Hasta ahora, el procedimiento se había mostrado muy
complicado lo que hacía que el número de beneficiarios fuera muy reducido.
El Proyecto de Ley simplifica los
trámites para el acceso a esta prestación por la que cotizan los trabajadores
autónomos. Entre otras modificaciones, se elimina el requisito de proteger
obligatoriamente las contingencias profesionales; reduce al 10 por 100 en un
año el nivel de pérdidas por motivos económicos, técnicos, organizativos o de
producción (antes, el 30 por 100 en un año o el 20 por 100, en dos); se mejoran
los medios de prueba que se pueden utilizar, y el tipo de cotización se
adaptará en las leyes de Presupuestos anuales y oscilará entre el 2,2 y el 4
El Consejo de Ministro del pasado viernes 18 de julio aprobó el Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos de la
gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros
trescientos sesenta y cinco días de su duración.
Temporal es el subsidio que recibe el trabajador cuando por razón de enfermedad
o accidente común o profesional se ve imposibilitado temporalmente para
desempeñar su trabajo habitual. En este sentido, las normas aprobadas tratan
de mejorar los niveles de eficacia y transparencia en el procedimiento desde su
Seguridad Social podrán actuar desde el primer día de la baja laboral. Cuando
consideren -con la información clínica de que dispongan- que el beneficiario
podría no estar impedido para el trabajo, tendrán la posibilidad de formular
propuestas motivadas de alta médica dirigidas a la Inspección Médica de los
Servicios Públicos de Salud. Las Mutuas comunicarán simultáneamente al trabajador
afectado y al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), para su
conocimiento, que se ha enviado la mencionada propuesta de alta.
La Inspección Médica de los
Servicios Públicos de Salud deberá comunicar a la Mutua y al INSS, en un plazo
máximo de cinco días hábiles, la emisión del alta o su denegación. En el caso
de que el Servicio Público de Salud desestime la propuesta de alta de la Mutua
o no conteste en forma y plazo, la Mutua podrá solicitar el alta al INSS, que
deberá contestar en un plazo de cuatro días.
En este sentido hay que matizar
que el Real Decreto que se incluye en este paquete normativo, relativo a la
regulación de determinados aspectos de la Incapacidad Temporal en los primeros
365 días, se establece un régimen transitorio en cuanto a los plazos de
contestación durante los seis meses siguientes a la entrada en vigor, a la
espera de que la futura Ley de Mutuas culmine su tramitación parlamentaria y
entre en vigor. En el caso de los Servicios Públicos de Salud, será de once
días, mientras que para el INSS serán ocho.
Por tanto, serán siempre los
facultativos de los Servicios Públicos de Salud o del Instituto Nacional de la
Seguridad Social quienes tengan la última palabra para que los trabajadores se
reintegren a su puesto de trabajo, una vez restablecidos.
De acuerdo con lo aprobado en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, se regula expresamente la
posibilidad de suspender la prestación cautelarmente cuando el trabajador no se
presente a un reconocimiento médico. Si en el plazo de cuatro días no ha
justificado debidamente la ausencia, se extinguirá la situación de Incapacidad
Temporal. De esta forma, si la ausencia ha sido por causa justificada, no se
extingue automáticamente la prestación como ocurría previamente a la
Además, los informes y resultados
de las pruebas efectuadas se incorporarán a la base de datos de los Servicios
Públicos de Salud y pasarán a formar parte del historial clínico del paciente.
De esta forma, se coordinarán mejor con el médico del sistema público de salud.
La reducción de plazos y la
colaboración entre las mutuas, sistemas públicos de salud y Administración de
la Seguridad Social tendrá como resultado una protección más completa de la
salud de los trabajadores, un beneficio para las empresas y ahorro de costes
Por otra parte, con el objetivo
de potenciar el aprovechamiento de los centros asistenciales adscritos a las
Mutuas, la norma facilita su utilización por los Servicios Públicos de Salud,
por las Entidades Gestoras y por otras Mutuas Colaboradoras de la Seguridad
Social. Los ingresos que obtengan por esta actividad generarán crédito en el
presupuesto de gastos de la Mutua que preste el servicio, en los conceptos
correspondientes a los gastos de la misma naturaleza.
Incapacidad Temporal en los
El paquete normativo contempla,
asimismo, ajustes y modificaciones que afectan a la prestación de la baja
laboral en los primeros 365 días, a través del Real Decreto que regula
determinados aspectos de la gestión y control de los procesos de Incapacidad
Temporal en el primer año de duración.
destacados es la reducción de cargas burocráticas al modificarse la
periodicidad de los partes de confirmación de baja. Además, favorecerá a los
trabajadores y sus familiares, que no deberán desplazarse al centro de salud
cada siete días para recoger dichos partes, sino que estará ajustado a la
previsión del seguimiento clínico. También favorece a la empresa, ya que reduce
las cargas de tramitación de la confirmación de la baja del trabajador.
A partir de ahora el parte de
confirmación se extenderá de acuerdo a la duración estimada por el médico:
Hasta cinco días de baja, se
podrá expedir el parte de baja y de alta en la misma visita médica.
Entre cinco y treinta días de
baja, cada catorce días.
Entre treinta y uno y sesenta
días de baja, cada veintiocho días.
En procesos de larga duración,
más de 61 días, la confirmación se expedirá cada 35 días.
Por otra parte, será obligatorio
que en los partes de confirmación conste la duración probable de la Incapacidad
Temporal y la fecha del nuevo reconocimiento médico. Ello permitirá al
empresario y trabajador tener una previsión del proceso.
Los médicos dispondrán de tablas
de duración estándar por patologías que tienen en cuenta la enfermedad que
padece el trabajador, su edad y la actividad laboral que realiza.
El Real Decreto incluye también
la regulación de la transmisión diaria por vía telemática de los partes de baja
y alta desde los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas al
INSS y de este organismo a las Mutuas, cuando sean responsables de la
protección del trabajador. De esta forma, el control se efectuará desde el
primer día de la baja por Incapacidad Temporal.
La nueva regulación hará posible
el control desde el primer momento de las deducciones que de esta prestación
hacen las empresas al ingresar las cuotas de la Seguridad Social. De esta
forma, se da cumplimiento a la recomendación del Tribunal
de Cuentas en su último informe sobre gestión y control de la Incapacidad
Finalmente, se potenciará la
colaboración en sus distintos aspectos con los Servicios Públicos de Salud de
las Comunidades Autónomas para el control de la prestación por Incapacidad
Por fin ya tenemos aprobado el
nuevo Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM). Las Canteras
Pero ¿Qué es el AIEM? Es un impuesto estatal indirecto monofásico, con un ámbito de
aplicación exclusivo en las Islas Canarias, y que grava las entregas de bienes
producidos en las Islas Canarias efectuadas por los productores de tales bienes,
así como las importaciones de bienes de similar naturaleza. La configuración del
impuesto se cierra con una serie de exenciones y reducciones. Podemos decir, sin lugar a
equivocarnos, que el AIEM es una ayuda de Estado en todos sus términos con la
finalidad, más teórica que real, de dotar a las Islas Canarias de herramientas
que permitan luchar contra los problemas estructurales de la economía canaria:
aislamiento, costes de producción elevados, obligaciones de constitución de
existencias, reducida dimensión del mercado y escaso desarrollo de la actividad
exportadora, fragmentación geográfica, economías de escala poco intensas… Como antecedente del AIEM hay que
indicar que sustituyó en 2001 al antiguo Arbitrio sobre la Producción e
Importación en las Islas Canarias (APIC) siendo un exponente de la diferente
tributación que las Islas Canarias han venido gozando desde la conquista
castellana desde el S.XV. La regulación básica vigente la
podemos encontrar en el artículo
11 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, que deriva de lo recogido en la Disposición
Adicional 3ª de la Constitución de 1978 y que tiene su reflejo en el artículo
349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Hay que destacar que
el AIEM, junto con el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), constituyen
los pilares básicos de la imposición indirecta del Régimen Económico Fiscal de
Canarias (REF).
En nuestra opinión, el AIEM como
cualquier otra “ayuda” o arancel, supone, entre otros efectos, un incremento de
la recaudación de las Administraciones titulares del beneficio del tributo (52%
para los cabildos y ayuntamientos y el resto para el Gobierno de Canarias) con
todas las consecuencias perniciosas cuando el arancel recae sobre todo en
productos cuyas demandas con inelásticas y además produce un efecto perverso y
negativo para el consumidor final ya que, amparándose bajo justificaciones hipotéticamente
loables desde el punto de vista objetivo: protección de la producción
industrial del archipiélago, fomento del empleo local…, en la práctica produce
mayores tasas de desempleo, ineficiencia en la utilización de los factores así
como una evidente encarecimiento en el nivel de precios
general en las islas, ya que el AIEM supone de manera anual un recaudación
de casi 120
millones de euros (año 2013) que los canarios no pueden tener como renta
disponible con los efectos multiplicadores que esto puede suponer en consumo
directo. Bien es cierto que con el nuevo
AIEM las partidas de productos sujetas al arancel van a pasar de 151 a 135, pero
la libre competencia se trastoca con el perjuicio para el consumidor.
De todas formas, la polémica está
servida y en Canarias tenemos dos grupos de presión con intereses contrapuestos.
El grupo de los industriales, que defensores de mayor AIEM – arancel buscan que
el mismo no solo se mantenga sino que se aumenten los tipos impositivos con un
fin claramente proteccionista y por otro lado el grupo de los importadores/comisionistas
que buscan que el mismo disminuya para hacer así más competitivos los productos
que distribuyen. Finalmente, el régimen jurídico
del AIEM ha sido bendecido por la Unión Europea mediante la Decisión 377/2014/UE, del Consejo, de 12 de junio, sobre el impuesto AIEM aplicable a
las Islas Canarias así como por la Ley 4/2014, de 26 de junio, del Parlamento
de Canarias y se extenderá desde el 1 de julio pasado hasta el 31 de
diciembre de 2020 con la presentación de un informe de seguimiento por las
autoridades españolas a más tardar el día 30 de septiembre de 2017.
Esperemos que para mis queridas
Islas Canarias este nuevo AIEM suponga una contribución decidida para el
fomento de la actividad económica local con el consiguiente aumento de los
niveles de empleo pero se nos antoja bastante difícil. El tiempo pasado desde
2001 prueba que ha sido lo contrario.
Por fin, después de un tortuoso camino, ya tenemos publicada y en vigor casi en su totalidad la nueva Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y
solvencia de entidades de crédito.
Sólo será suficiente recordar lo recogido en la vigente Constitución en su artículo 31 apartado 1º: "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos
tendrá alcance confiscatorio"
"...la parte contratante de la primera parte será considerada
como la parte contratante de la primera parte..."
Los últimos días hemos asistido a la ceremonia de la
confusión en lo que se refiere a las SICAV. Pero ¿Qué son las SICAV?¿Cuál es su funcionamiento?¿Qué ventajas fiscales tiene?
Antes nada debemos indicar que la primigenia regulación se
remonta a la antigua Ley de 15 de julio de 1952 sobre el régimen jurídico-fiscal de las Sociedades de Inversión Mobiliaria cuya Exposición de Motivos es totalmente clarificadora: "Persuadido el Gobierno de la conveniencia de estimular y
movilizar el ahorro nacional, canalizándolo hacia aquellas inversiones
mobiliarias que la industrialización del país demanda (…) La experiencia de otros países, que debe ser aprovechada,
demuestra que tales Sociedades no cumplirían plenamente su cometido si no se
las sustrae a los efectos de la pluriimposición, y de ahí la necesidad de
concederles, como requisito vital, las exenciones fiscales (…) siempre que
cumplan las condiciones que en la misma se señalan"
La normativa se modificó posteriormente mediante la Ley de 26 de diciembre de 1958 y muchas otras veces más hasta el importante Decreto-Ley 7/1964, 30 de abril, sobre Sociedades y Fondos de Inversión y Bolsas
de Comercio. Su importancia residió en que se introdujeron los fondos de
inversión, las sociedades de inversión inmobiliaria con régimen de capital
variable así como la posibilidad de su cotización en bolsa. Se estableció
también la inscripción de las sociedades de inversión en el Ministerio de
Hacienda y de nuevo se hace hincapié en una serie de exenciones en la legislación
de desarrollo: exención de tributación por el IS, exención de los dividendos,
exención en el añejo Impuesto sobre Emisión y Negociación de Valores Mobiliarios… Posteriormente se aprobó la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades modificando poco o nada del sistema anterior.
La revolución se produjo con la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las IIC, con la introducción para las SICAVs de una
tributación del 1% siempre que se cumplieran unos requisitos tasados.
Esta legislación se sustituyó posteriormente con la
vigente la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de ICC, trasunto de la hoy derogada Directiva 85/611/CEE (Directiva UCITS) y sus modificaciones.
Podemos definir a las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAVs) como una
modalidad de Institución de Inversión Colectiva de carácter societario, cuyo
objeto exclusivo es la captación de fondos, bienes o derechos del público para
gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos,
Los objetivos de una SICAV podemos decir que son la
obtención de una eficiencia máxima en la rentabilidad del ahorro, gestión
controlada del riesgo, con liquidez inmediata a los accionistas y sobre todo unas
ventajas fiscales muy atractivas. Las SICAV se caracterizan por:
jurídica en comparación con los fondos de inversión. No siguen el sistema anglosajón de trust sin personalidad jurídica y contractual sino que al otorgarles el ordenamiento jurídico esta personalidad jurídica
tienen estructura societaria y por lo tanto se les aplica la normativa general
recogida en la Ley de Sociedades de Capital, aunque con especialidades. Tienen su capital variable, de ahí que los estatutos no contemplen una cifra fija de capital sino que solo se recoge una cifra inicial así como un capital estatutario máximo. Constan de Junta General y de Consejo de Administración y deben tener un depositario para la custodia de los valores y activos de la SICAV.
Desde 2005 la autorización, registro y control es
desempeñado, en detrimento de la AEAT, por la CNMV.
Lo más importante en el funcionamiento fiscal de la SICAV es
el diferimiento del pago del impuesto. Mientras la inversión se mantiene en la
SICAV lo invertido y los eventuales beneficios siempre tributan al 1% y no al
tipo impositivo general del Impuesto de Sociedades que a fecha de hoy está al
30%. No se permite la aplicación de ninguna bonificación o deducción en la cuota y además no tiene pago fraccionado a cuenta.
Por los dividendos obtenidos la tributación establecida por ser rendimientos del capital mobiliario oscila entre el 21% en su
tramo mínimo hasta el 27% en el máximo en el IRPF. La retención es la ordinaria al 21%.
También se puede destacar que para el caso de que se
produzca una reducción de capital funciona el criterio FIFO y sale de la SICAV
primero el capital pudiendo mantener la rentabilidad sin penalización fiscal
en la SICAV y produciendo rentabilidad de nuevo.
Granada Económica: ¿Puedo reclamar los gastos notariales, registrales y tributos que me ha repercutido el banco en mi escritura de préstamo hipotecario?
“ODIO LAS “CONEXAS´´, PERO EL DESTINO ME EMPUJA A ELLAS”
Elena F Pérez Carrillo ha escrito una nueva entrada, Financial Choice Act 2017 (III). Responsabilidad Social ambiental, (o todo lo contrario), en el sitio Derecho Mercantil. (DerMerUle).

References: artículo 545
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo
11
 artículo
349
 artículo 31