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Timestamp: 2017-11-20 15:23:50+00:00

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Identidad de Origen - Un Derecho de Todos: Texto del Recurso Extraordinario Federal (BNDG)
Texto del Recurso Extraordinario Federal (BNDG)
INTERPONEN RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
María Isabel Chorobik de Mariani, Elsa Beatriz Pavón, Mirta Acuña de Baravalle, Rosaria Isabella Valenzi, Elsa Oshiro, Marcela Alejandra Gudiño, María Teresa Fernández, Margarita Pinto, Victoria Prigione Greco, María Isabel Prigione Greco, Gustavo Giménez todos por nuestros propios derechos, Carlos Lordkipanidse, en representación de la Asociación Ex Detenidos- Desaparecidos y, con el patrocinio letrado de los Dres. Liliana Alaniz, abogada T° 79 F° 492 CPACF y Diego Aysine, abogado T° 113 F°521 CPACF, todos manteniendo el domicilio legal en la calle Lavalle N° 2016, 1 “3” (Zona 87) de esta Ciudad y domicilio electrónico en CUIT 20-29151971-8, en los autos caratulados “CHOROBIK DE MARIANI, MARIA ISABEL y OT. C/ EN – PEN – MS CIENCIA TECNOLOGIA INNOVACION S/ CONOCIMIENTO”, Expte N° 34598/2013, a V.E. respetuosamente dicen:
Que en legal tiempo y forma, en orden a lo establecido por los arts. 14 de la ley 48, arts. 256 y 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sus concordantes y modificatorias, venimos a interponer recurso extraordinario federal contra la resolución de fecha 5 de junio de 2014 de la Excma. Cámara Contencioso Administrativo Federal- Sala V por rechazar la medida cautelar requerida en virtud de la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 5 de la ley 26.548 y de las cuestiones de hecho y derecho que se esgrimen a continuación.
II.- ANTECEDENTES DEL CASO
1) Somos ex detenidos- desaparecidos y/o familiares de personas detenidas- desaparecidas que buscamos los restos de nuestros desaparecidos y/o a nuestros familiares nacidos en centros clandestinos de detención, tortura y exterminio y apropiados durante la última dictadura militar argentina. Además, somos titulares de muestras genéticas otorgadas en custodia del Banco Nacional de Datos Genéticos y/o el Equipo Argentino de Antropología Forense.
2) En agosto 2013 hemos promovido una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos 2 y 5 de la ley 26.548 y su decreto reglamentario N° 38/2013 por lesionar nuestros derechos a la identidad, verdad, justicia, garantía de no repetición, reparación y principio de no regresividad de los derechos humanos consagrados en el artículo 75 inc. 22 y 23 de la Constitución Nacional y Tratados internacionales.
Asimismo, hemos solicitado una medida cautelar de no innovar contra el Poder Ejecutivo Nacional- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva con el fin de impedir el traspaso y reubicación del Banco Nacional de Datos Genéticos que funciona en la actualidad y desde su creación en el Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand”, dependiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3) Que, aun habiendo planteado la inconstitucionalidad de los artículos 2° inciso 2; 4°, 5°, 9°, 10°, 13° incisos 1, 2, 3; 14° y 15° de la ley 26.854, se procedió a requerir a la demandada el informe previo al otorgamiento de la medida cautelar establecido en dicha normativa. Previo a la remisión de dicho informe por parte del PEN- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el Juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo ponderó que estaban dadas la circunstancias graves y objetivamente impostergables para el dictado de la medida interina a la que refiere el artículo 4 de la ley 26.854 por lo que decretó la prohibición de innovar hasta resolver la procedencia de la cautelar requerida.
4) Que la demandada presentó el informe del artículo 4 de la ley 26.854 y acompañó documental. Asimismo, en septiembre de 2013 solicitó intervención como tercero la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
5) Que en fecha 15 de octubre de 2013 se procedió a contestar e impugnar el informe presentado por la demandada y la presentación realizada por la tercera coadyuvante.
Que ante el pedido de la demandada de desglosar el escrito anteriormente mencionado, en resolución de fecha 25 de octubre de 2013 se dispuso no ha lugar por improcedente.
6) Que en noviembre de 2013 se dictó resolución en primera instancia y se rechazó la medida cautelar de no innovar requerida por esta parte. No obstante, el juez de grado dispuso la continuidad de la cautela en relación a las muestras genéticas obrantes en el Banco Nacional de Datos Genéticos que no corresponden a causas de lesa humanidad y que deben seguir el destino de la institución. Consecuentemente, la totalidad de las muestras deberán ser trasladadas, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
7) Que en diciembre de 2013, la resolución fue apelada ante la Excma. Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala V y se acompañó memorial de agravios a fs. 296/304 lo cual fue replicado por la contraria a fs. 306/309.
8) Que en marzo de 2014 tuvo lugar una presentación en calidad de Amicus Curiae de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz; Luis Manuel Verdina, presidente de la organización ¿Quiénes Somos?; Elba Elia Espen y María Esther Biscayart de Tello, Madres de Plaza de Mayo y más de 50 representantes y personalidades de trascendencia y trayectoria en la lucha por los derechos humanos, todos ellos solicitando se declare la inconstitucionalidad de la ley 26.548 y se conceda la medida cautelar contra el traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos. La misma fue rechazada por la Excma. Cámara Contencioso Administrativo Federal.
9) Que en fecha 5 de junio de 2014, la Cámara Contencioso Administrativo Federal resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por esta parte y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento de fs. 280/289 con costas de la alzada a cargo de esta parte. Para así decidir sostuvo que a) de acuerdo a lo apreciado por el juez de grado, la documentación aportada por la demandada que consistió en el proyecto de Convenio de Colaboración y Confidencialidad elaborado entre el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a fs. 135/141, resulta un elemento de juicio suficiente como para asegurar que con el traspaso del BNDG a la órbita del Estado Nacional en nada se malograrían, en principio, el estado de las muestras, documentos y registros asentados en dicha institución; b) ponderó lo detallado en la resolución recurrida, respecto al informe preliminar que dispone el proyecto de convenio acerca de las especificaciones de las causas judiciales donde haya intervenido el BNDG; c) valoró lo estipulado en la cláusula quinta del proyecto de convenio respecto al Protocolo de transferencia de Muestras- Documentación – Registros, donde se establece que para asegurar la integridad de las muestras el Ministerio puede invitar a participar del procedimiento de traslado a representantes de organismos de derechos humanos, entre otros, en calidad de veedores para verificar la regularidad e idoneidad de las medidas correctamente adoptadas; d) resaltó el deber de confidencialidad que tendrán las partes intervinientes en el traslado según las cláusulas séptima y octava del proyecto de convenio; e) teniendo en cuenta los preceptos de la ley 26.548 y las condiciones del proyecto de convenio, cuya firma está pendiente, consideró que esta parte no cuenta con la suficiente verosimilitud del derecho; f) recordó que la resolución recurrida ordenó el traslado de todas las muestras obrantes en el BNDG, aún cuando no se trate de aquellas ordenadas en causas ajenas al esclarecimiento de delitos de lesa humanidad iniciados en el ámbito del Estado Nacional hasta el 10 de diciembre de 1983.
III. ADMISIBILIDAD DEL RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL.-
El Recurso Extraordinario que se plantea es admisible, ya que si bien en principio no se trata de una sentencia definitiva, es equiparable a un fallo de dicha naturaleza, ya que produce un agravio de tardía o insuficiente reparación posterior, razón por lo cual resulta asimilable al definitivo a los efectos del art. 14 de la ley 48. Además, se encuentra involucrada la constitucionalidad de una Ley Federal, 26.548.
III.a- LA DECISIÓN APELADA PROVIENE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE LA CAUSA Y RESULTA EQUIPARABLE A UNA SENTENCIA DEFINITIVA.-
(Acordada N° 4/07, artículo 3, inciso b)
Que es competencia originaria de esta Corte el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos sobre la Constitución, leyes de la Nación y por los Tratados internacionales (Artículo 116 y 117 de la Constitución Nacional). Asimismo, conforme lo establece el artículo 4 de la ley 48, deberá entender en aquellas causas en instancia de apelación de una sentencia definitiva de los jueces nacionales. Por otro lado, corresponde a la jurisdicción federal ratione personae. Ello es así, dado que VE tiene dicho que si la demanda se instaura por o contra la Nación o una entidad nacional, el fuero federal surte por razón de la persona, en virtud de lo dispuesto por el art. 116, CN, y por los arts. 2, inc. 6 y 12, ley 48 (doctrina de Fallos 308:2033; 310:2340; 312:592, entre otros).
Que ante la existencia de cuestión federal, arbitrariedad y gravedad institucional resulta formalmente procedente el recurso extraordinario debido a que el agravio del recurrente pone en cuestión la inteligencia que cabe atribuir a la ley 26.548 y los derechos a la identidad, verdad, justicia, garantía de no repetición, reparación y principio de no regresividad de los derechos humanos consagrados en el artículo 75 inc. 22 y 23 de la Constitución Nacional y Pactos internacionales siendo la decisión recurrida contraria a la validez de los derechos que se fundaron en ella y es materia de litigio (art. 14, inc. 3°, de la ley 48).
Que cabe mencionar conforme al fallo Halabi (332:111) “que el tema planteado tiene repercusión institucional, en la medida en que excede el mero interés de las partes y repercute en un importante sector de la comunidad por haberse sometido a debate la legitimidad de medidas de alcance general que interesan a actividades cuyo ejercicio no es ajeno al bienestar común (confr. doctrina de Fallos: 247:601 y, entre otras, causa F.1074.XLI "Fecred S.A. c/ Mazzei, Osvaldo Daniel y otro s/ ejecución hipotecaria", sentencia del 6 de mayo de 2008). Es pertinente recordar que, según lo ha sostenido invariablemente en sus pronunciamientos esta Corte, en la tarea de establecer la inteligencia de preceptos constitucionales y de normas federales no se encuentra limitada por las posiciones del tribunal apelado ni por los argumentos de las partes sino que le incumbe efectuar una declaración sobre el punto disputado, según la interpretación que rectamente les otorgue” (Fallos: 326:2880; 328:2694; 329:2876 y 3666, entre muchos otros).
En autos, la medida cautelar denegada por la Justicia viene a lesionar nuestros derechos pero además afecta de manera necesaria a toda persona y/o grupo familiar que ha dejado en custodia del Banco Nacional de Datos Genéticos su muestra genética y que no ha sido debidamente informado y/o solicitado su consentimiento informado para efectuar el traspaso. Asimismo, a todas aquellas personas que en virtud de la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 5 de la ley 26.548 a partir del año 2009 no pueden tener acceso al Banco genético para determinar su identidad biológica y/o para identificar los restos de sus familiares víctimas de desaparición forzada en democracia.
1.- Tribunal Superior
En el caso de autos, la Sala V de la Excma. Cámara Contencioso Administrativo Federal es el tribunal superior de la causa (art. 6°, Ley Nº 4055).
2.- Resolución equiparable a sentencia definitiva
Si bien el decisorio impugnado no reviste estrictamente las características propias de una sentencia definitiva, a los efectos de su consideración por intermedio de un recurso extraordinario, la misma resulta equiparable en virtud de la naturaleza de los derechos controvertidos y en razón de que una eventual decisión contraria resultaría susceptible de generar agravios cuyas dimensiones resulten de reparación tardía, insuficiente e incluso, imposible. Así lo ha entendido la jurisprudencia: “Las resoluciones sobre medidas cautelares, sea que las ordenen, modifiquen o levanten, no revisten en principio carácter de sentencias definitivas en los términos que exige el art. 14 de la ley 48 para la procedencia del recurso extraordinario. Sin embargo, tal doctrina cede en los supuestos en que aquéllas causen un agravio que, por su magnitud y circunstancias de hecho, pueda ser de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior” (CSJN, abril 5-1991, TySS, T. XVIII-305). En igual sentido: “Si bien en principio, las resoluciones sobre medidas cautelares no constituyen sentencia definitiva o equiparable a ésta, a fines del recurso extraordinario, cabe obviar esta regla general cuando con la disposición precautoria se ocasiona un agravio de insuficiente, tardía o dificultosa reparación ulterior y se advierte cuestión federal suficiente para admitir la vía del art. 14 de la ley 48, toda vez que lo resuelto no constituye derivación razonada del derecho vigente con particular aplicación a las circunstancias de la causa” (CSJN, diciembre 26-1991, TySS, T. XIX-303).
A través del fallo “Grupo Clarín S.A. y otros s/medidas cautelares”, del 22-05-2012, la CSJN ha dejado establecido que:
* El recurso extraordinario planteado por el Estado Nacional resulta procedente, pues el principio que indica que las resoluciones que ordenan medidas cautelares no revisten el carácter de sentencias definitivas en los términos del art. 14 de la Ley 48 no constituye un postulado absoluto.
* Cuando las medidas cautelares causen un agravio de tal magnitud que pueda ser de imposible reparación posterior, podrán ser revisadas por la Corte en la instancia extraordinaria. En similares términos se ha resuelto: “Si bien las resoluciones que decretan medidas cautelares no constituyen, en principio, sentencia definitiva en e! sentido de! artículo 14 de la ley 48, esa regla cede cuando la medida ordenada pueda originar un agravio de insuficiente, tardía o dificultosa reparación ulterior” (S.c., M.641, L. XLVII “Márquez Alfredo Jorge el ANSeS si incidente"). OTRO: “La excepción se circunscribe a los supuestos en que aquéllas causen agravio que, por su magnitud y circunstancias de hecho, puedan ser de tardía, insuficiente o de imposible reparación ulterior. Tales son aquellos casos en que la entidad del daño reviste carácter de excepción que determina la necesidad de habilitar la instancia.” (Fallos 321:1187; "Defensor del Pueblo de la Nación c/ Poder Ejecutivo", mayo 7 de 1998).
Es requisito legal para la admisibilidad del Recurso Extraordinario Federal que la sentencia que se recurre sea definitiva (artículos 4to. de la Ley 48 y 257 del CPCyCN). Así las cosas, se considera que “a efectos de habilitar la instancia extraordinaria, el recurso debe dirigirse contra una sentencia definitiva o equiparable” (CSJN, F. 75. XLIV; REX, Autos: “F.A.C.A c/EN - PJN – Consejo Magist. – Jurado Enjuicia. – resolución 317/06 S/Amparo”, 10/04/2012). El recaudo mencionado, en el párrafo anterior, se encuentra cumplido, porque que de producirse el traspaso del BNDG nuestros derechos serán afectados de manera irremediable, ya que se realizará un acto administrativo de disposición de nuestras muestras genéticas sin nuestro consentimiento informado teniendo como sustento normativo una ley que reputamos inconstitucional y regresiva de los derechos humanos. Es decir, esta resolución es equiparable a definitiva porque: a) priva al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos; b) causa gravamen de imposible, insuficiente o tardía reparación ulterior; c) impide de modo palmario el replanteo de la cuestión en otro juicio. Así las cosas, se advierte que no habrá otra ocasión para discutir la materia controvertida ya que producido el traslado físico y concretada la desnaturalización del objeto del BNDG denunciada en autos nuestros derechos se habrán transformado en meras ilusiones.
-III .b– CIRCUNSTANCIAS DE LA CAUSA RELACIONADAS CON LA
CUESTION FEDERAL ALEGADA POR EL DEMANDADO
(Acordada N° 4/07, artículo 3°, inciso b)
1. La cuestión federal involucrada en el caso:
La Ley involucrada en el caso es de carácter federal. Cuando en el marco de una controversia esté involucrada una Ley Federal resulta admisible la interposición del Recurso Extraordinario Federal. Lo señalado ha sido pacíficamente receptado por la Excma. Corte Suprema de la Nación, la que, en numerosos pronunciamientos, sostuvo que es formalmente procedente el recurso extraordinario si se encuentra controvertida la interpretación de una ley federal (Fallos: 331:132; 330:29). La ley 26.548 regula una materia de naturaleza federal, como lo es la búsqueda e identificación genética de hijos y/o hijas de personas desaparecidas y auxiliar a la justicia y/o a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales especializadas en la identificación genética de los restos de personas víctimas de desaparición forzada, pues se aplica en todo el territorio nacional, con el límite temporal inconstitucional del 10 de diciembre de 1983, limitación repugnante a los derechos humanos y regresiva según puede constatarse en el articulado y espíritu de la ley 23.511, que creó el BNDG.
Es importante resaltar que, en los presentes actuados, existe cuestión federal suficiente, en los términos del artículo 14 de la Ley Nº 48. Ello es así, pues se rechazó una medida cautelar de no innovar tendiente a preservar la indemnidad de la institución del BNDG y de las muestras que custodia, patrimonio y equipo de trabajo especializado teniendo como fundamento una ley inconstitucional, lo cual es de carácter federal y de orden público.
A los fines de adoptar su decisión, la Excma. Cámara, ha ponderado de manera exclusiva las afirmaciones de la demandada y el tercero coadyuvante sin contar con ningún elemento que permita refutar las denuncias que esta parte llevó a cabo en la demanda y sostuvo a lo largo de las apelaciones realizadas en esta causa. Es decir, la interpretación ha sido parcial e inconexa respecto a los pedidos de inconstitucionalidad del articulado de la ley 26.548, norma regresiva en materia de derechos humanos, cuya aplicación en el caso de marras ha desequilibrado de manera esencial la igualdad de las partes dejando al Estado Nacional en mejor condición para vulnerar nuestros derechos.
Asimismo, las particularidades de la presente cuestión exceden el interés individual y conllevan un supuesto de gravedad institucional, ya que se desconoce el derecho de quienes hemos dejado muestras en el BNDG de conocer y prestar consentimiento acerca de las acciones del Estado respecto del organismo que las custodia, se ha cercenado el acceso al BNDG a una fecha arbitraria que impide la eficaz investigación e identificación de la identidad biológica de personas nacidas en democracia o víctimas de desaparición forzada posterior al 10 de diciembre de 1983. Tal circunstancia habilita, por sí sola, la instancia extraordinaria, conforme lo ha sostenido la Excma. CSJN en forma reiterada (Fallos: 248:119, 189 y 503, entre muchos otros).
2. Arbitrariedad:
La resolución de la alzada es arbitraria. Por ello existe, también, cuestión federal que habilita la interposición del presente recurso, esto en orden a la extendida jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 334: 852, 332:1210, 332:466).
En tal sentido, ha indicado la doctrina que: “…la noción de “sentencia arbitraria” o, mejor dicho la procedencia del recurso en los casos en que se trata de rever pronunciamientos susceptibles de ser así rotulados, se funda directamente en la Constitución Nacional y, en especial en la garantía de la defensa en juicio establecida por el artículo 18. Una sentencia arbitraria no es una sentencia judicial a los fines de este precepto. El “cuarto inciso” del art. 14, ley 48, está en cierto modo escrito en la Constitución” (CARRIÓ, Genaro R. y CARRIÓ Alejandro D.; “El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria en la Jurisprudencia de la Corte Suprema”, página 40, Ed. Abeledo Perrot, tercera edición actualizada, Bs. As., 1987).
La resolución de la Excma. Cámara resulta arbitraria: a) Por carecer de fundamentación, ya que toma como verdad objetiva los dichos de la demandada y como irrefutable un proyecto de convenio que no tiene validez legal al no estar firmado por ambas partes (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Gobierno Nacional) y cuyo contenido ha sido objetado por esta parte por resultar lesivo a los derechos de los administrados. Por lo tanto las argumentaciones de la resolución resultan sesgadas y parciales e insuficientes para sustentar la postura adoptada (Fallos: 332: 885; 331: 636; 331:373); b) Por asentarse en meras afirmaciones de naturaleza dogmática, que no se basan en consideraciones jurídicas de carácter objetivo (Fallos: 315:1026).
Además la resolución en crisis ha incurrido en lo que la doctrina especializada denomina sentencias arbitrarias por estar deficientemente fundadas, categoría que integra la causal de arbitrariedad normativa (cfr. SAGÜÉS, Néstor Pedro; “DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL – Recurso Extraordinario”, Tº 2, página 248 y siguientes, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha descalificado por arbitrarios
pronunciamientos como el de autos, en los cuales se efectuaban afirmaciones dogmáticas, carentes de sustentación objetiva, que constituían fundamento sólo aparente de la decisión (Fallos: 250:152; 252:40; 314:1764). Al respecto sostuvo, en concreto, que: “Por medio de la doctrina de la arbitrariedad se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa” (Fallos: 326:3180). Sin perjuicio de ello, se resalta que la resolución en cuestionamiento incurrió en causales de arbitrariedad, en atención a los fundamentos que se detallan a continuación.
a) La Cámara omitió el tratamiento de cuestiones oportunamente introducidas en los agravios formulados por esta parte contra el decisorio de primera instancia, conducentes para la solución del litigio (Fallos 239:126): La sentencia ha incurrido en lo que la doctrina especializada denomina sentencias arbitrarias por incongruencia, por omisión de cuestiones articuladas. La referida causal es englobada por Sagües dentro de la llamada arbitrariedad normativa (conf. Sagües, Nestor Pedro; “Derecho Procesal Constitucional – Recurso Extraordinario”, Tº 2, pág. 231 y ss., Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992).
Destacamos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que: “Debe descalificarse como acto judicial la sentencia que carece de un análisis razonado de problemas conducentes para la decisión del pleito con menoscabo de garantías constitucionales” (Fallos 311:955).
En el presente caso, la resolución recurrida no analiza, de modo completo, las causas que deben fundar la procedencia de la medida cautelar. Por el contrario, el resolutorio sólo se limita a receptar parcialmente algunos argumentos de la actora y dar legitimidad probatoria a lo alegado por la demandada.
En este contexto destacamos que el rechazo de la medida cautelar no es una decisión ajustada a derecho, pues de la lectura de lo resuelto surge de manera evidente que la resolución da por probadas las circunstancias alegadas por la demandada y la tercera interesada sin haberse previsto una apertura a prueba que valore de igual manera la documental acompañada por esta parte tanto en ocasión de presentar la demanda, como al contestar el traslado del Informe y la presentación de la tercera interesada.
La decisión de la Cámara que desestima la medida cautelar que hemos requerido no tiene sustento firme, toda vez que toma el principio de legitimidad de los actos del Estado al extremo de considerar verdadero todo lo alegado por la demandada sin apertura a prueba. Cabe recordar, como menciona el doctrinario Eduardo Mertehikian que “una anacrónica visión del proceso administrativo ofrenda al administrado que promueve una acción procesal administrativa la enorme carga formal y sustancial de echar por tierra la presunción de legitimidad de la actuación administrativa, presunción que siempre admite prueba en contrario y que, por ello, no desliga a la Administración pública, cuando está en juicio, de la carga jurídica de probar la legalidad de su actuación. La más calificada doctrina ha señalado que la presunción de validez de la que se beneficia la actuación administrativa, y que sólo cesa con la sentencia que le ponga fin al proceso, constituye el más formidable privilegio posicional del que goza la Administración pública frente a los administrados, y de allí que, así presentada la cuestión, no consideremos exagerada la calificación de falaz que le asignamos a la creencia de que existe paridad entre las partes en el proceso administrativo”. (Mertehikian, Eduardo; “La prueba en el proceso administrativo a la luz de la garantía constitucional a la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad”; Revista de Estudios Jurídicos Nº 8/2008 -Segunda Época)
La igualdad o paridad de las partes en el proceso contencioso administrativo que afrontamos se encuentra quebrada, desde que es el Estado Nacional quien se encuentra en mejor posición de probar que lo alegado por la actora no resulta verdadero, es por eso que cuestionamos que la Excma. Cámara no ha considerado esta resolución a la luz del principio de la carga dinámica de la prueba sino en virtud de la presunción de legitimidad del acto administrativo. Más aún, la igualdad en el proceso se ha visto quebrada ante la admisión de la tercera interesada cuando es de público conocimiento que el cuerpo jurídico de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo se encuentra inserto en el Estado Nacional, ya sea en la Unidad fiscal de investigación de causas de apropiaciones de niños, en la Comisión Nacional por Derecho a la Identidad (Conadi) o como candidatos a ser parte de la magistratura. En este sentido, cabe mencionar que “no se trata de olvidar que el interés público que orienta la función administrativa justifica –en ciertos casos– la adaptación de las reglas del proceso judicial con el propósito de hacer prevalecer ese interés por sobre el interés particular (verbigracia, la exigencia de requisitos más rigurosos tratándose de la procedencia de medidas cautelares dirigidas a la suspensión de los efectos del acto administrativo; embargos), sino de aprehender en su exacta dimensión que la exageración de esos principios pulveriza la garantía del debido proceso y el equilibrio de las partes frente al juez. Así las cosas, a la luz del derecho constitucional de la tutela judicial efectiva, el desarrollo del proceso judicial, en lo que a la prueba se refiere, se encuentra fuertemente influido por la necesidad de hacer efectivo ese derecho, lo cual no sólo impone a la Administración pública el deber de colaborar en la búsqueda de la verdad material u objetiva, sino que incardina la labor del juez hacia ese propósito”. (Mertehikian, Eduardo, Obra citada)
La tutela judicial efectiva de nuestra pretensión se ha visto menoscabada por la ausencia de valoración de nuestra prueba y de la presentación realizada en fecha 15 de octubre de 2013, donde cada una de las argumentaciones de la demandada, que tanto la resolución de primera instancia como la de Cámara consideran legítimas, han sido refutadas acompañando elementos probatorios.
La resolución que nos agravia sostiene que con la documentación agregada a la causa y también reservada en Secretaría se halla suficientemente acreditado, considerando la etapa preliminar en la que transita el proceso, que la demandada se encuentra abocada a dotar el traslado del BNDG de adecuadas medidas de seguridad y transparencia; sobre todo en cuanto respecta a las muestras, documentos y registros. De ello se desprende, no sólo que se ha soslayado ponderar la prueba aportada por esta parte, sino que se ha atribuido a la documentación acompañada por la demandada una entidad asimétrica, aun cuando el proyecto del convenio de transferencia no se encuentra suscripto por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Conforme a lo expresado, nos agravia de manera especial que la Justicia considere que no hemos logrado acreditar suficientemente la existencia de pretendidas maniobras ocultas al conocimiento público y dirigidas a la desviación del objeto y funciones que legalmente incumben al BNDG, ni una situación de peligro respecto de la integridad del material y las muestras, documentación y registros que deben ser trasladados, toda vez que en autos se han acompañado una cantidad importante de notas e informes periodísticos, así como datos y testimonios que conducen a presumir un interés del Estado sobre el BNDG por fuera del objeto por el que ha sido instituido con la finalidad específica de involucrar al Banco en la creación de un Instituto de Genómica Humana (producción de medicamentos personalizados) en su órbita y haciendo uso de su patrimonio, maquinaria y equipo de trabajo especializado.
A partir de las constancias de autos, el Estado Nacional es el que debe probar fehacientemente que el interés en realizar la mudanza no guarda ningún tipo de relación con el desarrollo comercial de medicina genómica, u otra actividad mercantil que exceda el funcionamiento específico del banco; esta parte ha introducido documentación suficiente, así como ha puesto en conocimiento de la Justicia circunstancias que permiten colegir que el traslado del banco carece de transparencia. A partir de allí, es el Estado el que debe contribuir, conforme el principio de la carga dinámica de la prueba, suficientes elementos para dirimir las presunciones suscitadas y probadas por esta parte.
Nos agravia que la Justicia afirme que el traslado conlleva, en sí mismo, un cierto margen de riesgo, en razón de los imprevisibles y/o imponderables que puedan tener lugar en la ocasión, pero en base a cuya consideración no es posible impedirlo, puesto que entonces se debería concluir que en ningún caso aquel podría ser realizado, lo cual es manifiestamente inaceptable. Nuestro derecho a la identidad, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición de las violaciones a los derechos humanos que hemos sufrido por parte del terrorismo de estado hacen que el riesgo en este traslado nos perjudique de manera permanente e irreparable. Las muestras genéticas e información confidencial que custodia el BNDG bajo nuestro consentimiento son elementos cruciales e irremplazables para identificar a nuestros desaparecidos con vida, apropiados y víctimas de sustitución y supresión de identidad.
Han pasado 37 años desde el último golpe de estado. La dictadura que no solo se llevó a nuestros seres queridos a campos de concentración y los desapareció sino que se apropió de nuestros niños, toda vez que parte de la pretensa eliminación de la vanguardia trabajadora y estudiantil que luchaba por un sistema social distintos, se exacerbó al extremo de apropiarse de sus hijos, como parte de un plan sistemático de exterminio que la dictadura genocida pretendió llevar adelante. Esa misma dictadura, a pesar del tiempo transcurrido desde su supresión, puede continuar perpetuando sus crímenes si tan solo una de las muestras se pierde y no logramos recuperarla para poder compararla con el universo de personas que dudan de su identidad. Es de destacar que muchos de los titulares de las muestras han fallecido y que tras los años transcurridos, habiéndose identificado a 109 personas como nacidas en cautiverio y/o apropiadas por el gobierno genocida, creemos que muchos de nosotros partiremos de este mundo sin verlos restituidos. En este estado de las cosas tenemos un derecho legítimo a requerir que el Estado argentino garantice que ningún “imponderable o imprevisible” dañe la posibilidad y esperanza de nuestros familiares de encontrar su identidad. Tiene el Estado argentino, sin importar las personas físicas que ejerzan su gobierno, un deber de la memoria que se traduce en hacer efectivas nuestras garantías constitucionales y las consagradas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Nuestro derecho a que no se repitan estas violaciones a los derechos humanos implica que no puede ponerse en riesgo el material que el BNDG custodia. Su manipulación en cualquier sentido (físico y respecto a su objeto) que desvirtúe la finalidad de encontrar a nuestros desaparecidos es una revictimización de quienes sufrimos estos perjuicios y abre el camino para perpetuar el desconocimiento de la identidad de más de 400 personas apropiadas en dictadura y de millones sin identidad biológica con motivo de la trata y tráfico de niños y niñas. De esta manera, como se ha expuesto, depositar la carga absoluta de la prueba sobre los demandantes, se incurre en una arbitrariedad manifiesta. En este sentido “conviene recordar, como ya lo hemos expresado al referirnos a la carga de la prueba, que la presunción de legitimidad del acto administrativo importa en todo caso una relevatio ad onere agendi, pero nunca una relevatio ad onere probandi, de allí se sigue que de por sí la presunción de legitimidad no es suficiente para formar la convicción del juez en caso de falta de elementos instructorios y que no puede en modo alguno sentarse un principio de en la duda a favor del Estado, sino a todo evento y parejamente al proceso penal, cuya similitud en cuanto proceso inquisitivo es evidente, in dubio pro libertate”. (Gordillo, Agustín, “Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Ed. Macchi, 1974, Reimpresiones varias). De igual manera “se considera regla de distribución de la carga de la prueba, el colocar la carga respectiva en cabeza de la parte que se encuentre en mejores condiciones de producirla”. (Peyrano J, Comprendio de Reglas Procesales. Ed. Zeus)
Ratificamos lo solicitado en la demanda; insistimos en que debe suspenderse la mudanza del BNDG hasta tanto se haya dirimido la cuestión de fondo respecto a la constitucionalidad de la ley que modificó el status jurídico del BNDG y que el Estado Nacional aporte de manera indubitable elementos probatorios conducentes a manifestar la verdad acerca de la desnaturalización del Banco en las circunstancias vertidas en la demanda y que no ha sabido dirimir con su presentación en autos.
En virtud que la Excma. Cámara omitió la realización de un estudio profundo de los serios y conducentes elementos que se aprecian en la causa, lo que importa de por sí una ligera actividad analítica que dista de ser la que exige el deber jurisdiccional, corresponde declarar arbitraria a la resolución (Fallos: 328: 3864).
b) La Cámara inaplicó en forma infundada la normativa constitucional y federal que rige el caso:
La Cámara no ponderó ni la letra ni el espíritu del artículo 75 incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional, norma que guarda directa vinculación con las normas federales involucradas (Leyes 23.511, 26.548, 26.854, decreto reglamentario 38/2013) y la flagrante regresividad de los derechos humanos que se consagra en la normativa 26.548 lo que motivó la solicitud de la medida cautelar de no innovar.
Según lo manifestado en el considerando XIII del fallo, la Excma. Cámara toma en cuenta los preceptos de la ley 26.548 y las condiciones que da por válidas del proyecto de convenio para manifestar que esta parte carece de suficiente verosimilitud del derecho. Sin embargo, extiende la cautela a la muestras que obran en el BNDG aún cuando sean ajenas a causas de lesa humanidad y dispone que debe procederse a su traslado. Esta parte no advierte cómo la Excma. Cámara puede valorar que la verosimilitud de nuestro de derecho no es suficiente cuando existe un proyecto de convenio que no involucra nuestro consentimiento y es nuestra sangre y la de nuestros compañeros y compañeras desaparecidos la que está en juego; cuando no existe una respuesta concreta que refute las pruebas brindadas al interponer la demanda respecto a las maniobras de desnaturalización del BNDG; cuando el Estado nacional no ha probado de manera suficiente por qué debe mudarse el BNDG del Hospital donde funciona desde su creación; cuando hemos objetado el proyecto de convenio por avasallar el derecho a la identidad y a la intimidad de los titulares de las muestras; cuando, en fin, se valoran los dichos de la contraria como veraces, por ejemplo, al mencionar que el nuevo edificio emplazado para el BNDG triplica el espacio del actual cuando no se aportaron pruebas al respecto.
3. Introducción del planteo federal
La cuestión federal fue oportunamente planteada por esta parte al iniciar la demanda. Reiteramos que el pronunciamiento de la Excma. Cámara -del 05/06/2014- desconoció principios y garantías constitucionales como las previstas en el Preámbulo y artículos 75 incisos 22 y 23, entre otros, de la Carta Magna Federal.
- IV. EL GRAVAMEN QUE PRODUCE A LA PARTE ACTORA LA DECISION APELADA (Acordada N° 4/07, artículo 3°, inciso c)
En el caso resulta evidente que el decisorio recurrido ocasiona a esta parte un gravamen concreto y actual, al rechazar –con sustento en una interpretación arbitraria- la medida cautelar de no innovar requerida.
Tal proceder -además de afectar el derecho defensa en juicio y del debido
proceso de nuestra parte- lesiona en forma directa y manifiesta diversos derechos y garantías constitucionales a la identidad, verdad, justicia, garantía de no repetición y reparación, así como el principio de no regresividad en materia de derechos humanos como también los intereses de quienes buscan su identidad biológica y/o buscan identificar los restos de personas víctimas de desaparición forzada en fecha posterior a la fijada por la ley 26.548, el 10 de diciembre de 1983, la cual es irracional e inconstitucional.
Tal como se ha citado en la demanda, la responsabilidad del Estado Nacional se encuentra comprometida en el objeto de estas actuaciones: “El Estado está en el deber jurídico de prevenir razonablemente las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación” (CIDH Caso Velásquez Rodríguez., 1988; párr. 174).
Existen dos derechos fundamentales involucrados en estas actuaciones, cuyas violaciones dan lugar a una interpelación del Estado Nacional, en tanto se erige como transgresor y garante de impunidad ante el avasallamiento de aquellos. En primer lugar, (a) el derecho a la identidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos entiende que el derecho a la identidad “puede ser conceptualizado, en general, como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y, en tal sentido, comprende varios otros derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso. Respecto de los niños y niñas, el derecho a la identidad comprende, entre otros, el derecho a la nacionalidad, al nombre y a las relaciones de familia”. También se refiere allí la Corte a la existencia del “derecho a conocer la verdad sobre su propia identidad”. Asimismo, entiende que “es un derecho humano que comprende derechos correlacionados: el derecho a un nombre propio, a conocer la propia historia filial, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la nacionalidad. Como todos los derechos humanos, el derecho a la identidad se deriva de la dignidad inherente al ser humano, razón por la cual le pertenece a todas las personas sin discriminación, estando obligado el Estado a garantizarlo, mediante la ejecución de todos los medios de los que disponga para hacerlo efectivo”. Que “Se desdobla en derecho a la propia herencia genética y derecho al hábitat natural que como ser humano le es propio. Todo individuo tiene derecho a su identidad personal, que es el núcleo o esencia específica de lo humano. La identidad de un individuo la constituye el genoma en diálogo con el ambiente, porque son los estímulos y respuestas del hábitat quienes descifran el mensaje genético. La biología, proporciona las estructuras que interactúan recíprocamente con el mundo cultural. Éste transmite por instrucciones y aprendizaje, no sólo formas de vida, sino también los elementos que descodifican el mensaje genético”.
El Comité Jurídico Interamericano, a instancias de una consulta formulada Presidencia del Consejo Permanente de la OEA en el año 2007, dictaminó que el derecho a la identidad es un derecho humano fundamental oponible erga omnes como expresión de un interés colectivo de la Comunidad Internacional en su Conjunto.
A su vez, la Convención de los Derechos del Niño, que cuenta con rango constitucional a partir de la sanción de la ley 23.849, establece, en relación al derecho a la identidad que: “1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.”(artículo 7 de la Convención). A su vez, en relación a la responsabilidad de los Estados suscriptores, estable que: “1. Los Estados Partes se comprometen a respetar, el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.” Otro de los derechos fundamentales involucrados en este litigio es el derecho a la intimidad. En este caso, relacionado con la cuestión genética.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos estatuye en su artículo 12 el derecho a la intimidad, en tanto "nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación".
El derecho a la intimidad genética es el derecho o facultad con la que cuenta toda persona a fin de mantener su bioautonomía libre de intromisiones, restringiendo el acceso a este tipo de información. Es un derecho que protege la intangibilidad de su patrimonio genético.
Recordemos que genéticamente no hay dos sujetos iguales, por lo que el carácter personal del genoma lo hace inviolable. El genoma individual otorga al individuo una identificación e individualización como sujeto biológico y unidad genésica dentro del orden jurídico. El derecho a la intimidad genética implica que este derecho debe ser ejercido y resguardado sin injerencias ni intromisiones que pueden provenir de la autoridad o de terceros. Puede ser definido como el derecho a determinar las condiciones de acceso a la información genética.
Este carácter especial de la información genética fue reconocido por la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, del 16 de octubre de 2003. Esta Declaración reconoce que “los datos genéticos humanos son singulares por su condición de datos sensibles, toda vez que pueden indicar predisposiciones genéricas de los individuos, y que esa capacidad predictiva que presenta cualquier tipo de datos puede ser mayor en el caso de los datos genéticos, que no debemos de olvidar que es un determinado tipo de datos sanitarios, y esta especial importancia que presentan los datos genéticos, pasa porque su conocimiento puede tener consecuencias importantes para la familia, ya que pueden contener información cuya relevancia no se conozca necesariamente en el momento de extraer las muestras biológicas, y que pueden ser de vital importancia desde el punto de vista cultural para personas o grupos”
Nuestro sistema constitucional garantiza desde sus orígenes una esfera individual de autonomía privada en la que ni el Gobierno ni el resto de los individuos puede entrar o interferir sin una debida justificación. Ahí anida el derecho a la privacidad o intimidad de la información genética. En consecuencia, toda iniciativa legislativa, sea provincial o federal, que se refiera a cuestiones relacionadas con el genoma humano debe reflejar siempre un adecuado tratamiento y protección de esa información. Siendo el genoma humano, un conjunto de información vinculada a la esencia propia del individuo, merece un resguardo especial por parte del derecho, pues no existe nada más confidencial, privado, reservado, secreto o interno que los datos genéticos de una persona, por esta razón actualmente se habla de un nuevo ámbito del derecho a la intimidad: el genético. Ahora bien, teniendo en cuenta lo expuesto, no podemos dejar de considerar que con la documentación acompañada en la demanda por esta parte se ha dado cuenta de:
I) la participación del primer coordinador, Dr. Hernán Javier Dopazo, junto con el actual Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, en reuniones con autoridades del Centro de Investigación Príncipe de España con el objetivo de establecer las bases de un acuerdo entre el CIPF y el BNDG de Argentina para la puesta en marcha de un Instituto ARG-ESP de Medicina Genómica para ser gestionado por ambas instituciones y permitiría, entre otras cosas, el desarrollo de soluciones bioinformáticas en el ámbito de la Genómica Médica y la medicina personalizada.
II) pusimos de relieve que la Comisión Asesora para la implementación de la reglamentación de la ley 26.548, que dio lugar al decreto 38/2013, reunió a profesionales de marcada trayectoria, propietarios de laboratorios genéticos privados.
III) que la Dra. Mariana Herrera Piñero, del Laboratorio Genda, fue denunciada por graves irregularidades en el análisis de las muestras de ADN en un juicio por petición de herencia, según consta en la noticia publicada en la web www.mercadoytransparecia.org de fecha 23 de mayo 2013 y ha participado de la discusión parlamentaria de la referida ley.
IV) que el 27 de junio de 2013 se anunció a la prensa nacional el traspaso físico del BNDG a un edificio ubicado en calle Córdoba N° 831 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que Según lo expresado por la Agencia de Noticias Télam: “una vez que se efectúe el traslado del Banco, cuya directora actual es María Belén Rodríguez, se procederá a elegir a sus directivos por concurso público entre las capacidades de investigación en genómica”, en este sentido, la prensa del ministerio anunció “una vez que se efectúe el traslado del BNDG, liderado por los doctores Víctor Penchaszadeh y Héctor Manuel Targovnik, coordinadores Técnicos Científicos responsables de este proceso, el Banco comenzará una etapa signada por la modernización de sus instalaciones, la elección de sus directivos por concurso público y la suma de capacidades de investigación en genómica. Comunicado de prensa que fue publicado por la Secretaría de Comunicación Pública de Presidencia de La Nación en fecha 12 de julio de 2013. Ante esta serie de circunstancias, detalladas en profundidad en la demanda, es que queremos hacer prevalecer nuestro derecho a la intimidad genética, que no se encuentra garantizada a las luces de las sospechas que surgen de dichos elementos aportados. El Estado, al contestar demanda, no ha dado ningún tipo de respuestas en torno a dichas sospechas y sobre los acontecimientos acreditados con la documentación acompañada en la demanda. Existe un riesgo claro, ante la ausencia de respuestas, de avasallamiento de nuestro derecho a la intimidad genética y, por supuesto, al derecho a la identidad.
Todavía más: no sólo no se encuentra garantizada la preservación de las muestras y el objeto del Banco Nacional de Datos Genéticos, sino que el proyecto de colaboración para el traslado (que no se encuentra firmado), establece en su cláusula séptima que todo informe que se entregue será confidencial y no se divulgará, con excepción de la Oficina Nacional de Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, así como de cualquier otro órgano del Poder Ejecutivo Nacional y de la Ciudad que deba necesariamente participar del traspaso. Ahora bien, insistimos, el traslado de nuestras muestras y el acceso a la información por parte de los órganos precedentemente mencionados, fue dispuesto en forma inconsulta respecto de los titulares de las muestras. En ese sentido, teniendo en cuenta lo sensible de dicha información, existe un atropello a nuestro derecho a la intimidad, que resulta evidente, manifiesto. A eso, debe sumarse que el traslado se realiza en un contexto de sustentables sospechas de desnaturalización del objeto del Banco. Por eso recurrimos a los estrados, a fin que se impida el traspaso del BNDG hasta tanto no estén dadas las garantías suficientes de preservación de nuestra intimidad genética.
Concluyendo sobre este punto, resulta patente que las maniobras ocultas detrás del BNDG que aún no han sido disipadas, comprometen la responsabilidad internacional del Estado, en tanto se encuentran en juego derechos fundamentales contemplados y protegidos por el derecho internacional de derechos humanos.
- V. REFUTACION DE LOS FUNDAMENTOS DE LA DECISION APELADA
(Acordada N° 4/07, artículos 3° -inciso d- y 10)
Agravios que genera en mi mandante la decisión del Tribunal:
1. No se ha refutado la denuncia de maniobras realizadas por funcionarios del Estado respecto a la manipulación y vaciamiento del BNDG:
En primer término, esta parte considera pertinente destacar que lo que ha motorizado la búsqueda de la verdad y el pronunciamiento de la Justicia es la falta de garantías que el Estado Nacional ha soslayado presentar para la realización del traslado de las muestras que se encuentran en el BNDG. Fundamentalmente, a partir de las circunstancias en torno a las cuales se ha tomado la decisión de realizar la mudanza y que han configurado el contexto de sospechas sobre la manipulación de los recursos destinados al funcionamiento del banco.
Insistimos y ratificamos lo expresado en la demanda: con la documental acompañada en autos y los extremos invocados, ha quedado revelada una manifiesta intención y acciones concretas del Gobierno Nacional de destinar los recursos materiales y el personal de BNDG al desarrollo de medicina genómica en asociación con laboratorios privados.
2. Ausencia de consentimiento informado
No obstante ello, en relación al traslado del banco, no se ha solicitado el consentimiento de los titulares de las muestras ni se ha sometido, siquiera, a consulta. En efecto, los actores oportunamente presentamos elementos probatorios tendientes a acreditar las gestiones que hemos realizado, previas a esta presentación judicial para que se nos explique la situación del BNDG. Como surge de la documentación acompañada el 15 de octubre de 2013 y respecto al informe presentado por la demandada, el Estado Nacional pretende justificar que los perjuicios que devienen de la falta de garantía de indemnidad de la cadena de custodia de las muestras que resguarda el BNDG ante su inminente traslado son producto de algún prejuicio. ¿Cómo puede el Estado preguntarse cuál es el reproche cuando todo lo que se alega en esta demanda le fue expresado personalmente al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva? El informe es totalmente negador del ejercicio que hicimos de pedido de información en ocasión de la audiencia que mantuvimos con el ministro Lino Barañao el 10 de enero del año en curso. El 17 de diciembre de 2012, después de haber tomado conocimiento por medio de noticias periodísticas acerca del inicio de acciones respecto al traspaso físico del BNDG, se presentó por expediente N° 2332/2012 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva una solicitud de audiencia. Fuimos nosotros quienes en dicha oportunidad requerimos del ministro y sus asesores legales, Alan Temiño y Rodolfo Blasco, se nos explique cómo sería el proceso de traslado y cuáles eran las garantías respecto a la seguridad e inalterabilidad de la cadena de custodia de las muestras. Fuimos nosotros, asimismo, quienes requerimos del Estado nacional, representado en el ministro Barañao, una respuesta respecto al destino y custodia de las muestras que posee el BNDG y que no tienen origen en causas de lesa humanidad en defensa del derecho universal a la identidad. Nuestra petición quedó plasmada en una presentación que tuvo ingreso oficial en este ministerio por medio del expediente N° 44/2013. En esta oportunidad, fuimos nosotros quienes instamos y exigimos que la reglamentación de la ley 26.548 fuera promulgada y publicada, ante la pasividad de una Comisión asesora, creada a estos efectos por Resolución 224/10 de este organismo, que después de casi cuatro años no había concluido sus labores. Oportunidad en la que reclamamos como esencial que esta reglamentación supliera parte de la insuficiencia de la ley 26.548 y estableciera la ampliación del BNDG con las muestras que custodia el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Nuestra petición, plasmada por escrito, jamás fue contestada. Mayor fue la sorpresa cuando semanas después descubrimos que durante la audiencia nos fueron presentadas dos personas como parte del equipo de trabajo del ministro y que resultaron ser el Dr. Hernán Javier Dopazo y la Dra. Carolina Álvarez, ambos ya involucrados en la “coordinación de traspaso”, lo que no nos fue informado.
No siendo esto suficiente para la demandada, cabe resaltar que no solo mantuvimos una audiencia con el ministro Barañao. Movidos por la sincera preocupación de custodiar el BNDG y por obtener del Estado nacional una respuesta clara a nuestro reclamo, solicitamos en reiteradas oportunidades audiencias con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, que nunca nos fue concedida. El 2 de enero del presente año fuimos atendidos por su asesora legal, Ana Oberlin, quien nos manifestó su desconocimiento y una franca falta de interés en la situación integral del BNDG y de nuestro reclamo.
Miente el Estado Nacional cuando afirma que nadie, ni organismos de derechos humanos, ni legisladores, ni las propias autoridades del Banco, ni ningún otro particular han solicitado información o presentado alguna queja. No obstante lo relatado, cabe destacar que el 25 de marzo de 2010 por medio del Proyecto de Comunicación (pedido de informe) S-578/10 le fue preguntado al Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, acerca de las implicancias del proyecto de ley que modificó la naturaleza del BNDG, lo que fue plasmado en el Informe de Jefe de Gabinete de Ministros N° 76 del mes de noviembre de 2010. La senadora Norma Morandini reiteró su preocupación respecto de la falta de garantía del derecho universal a la identidad a partir de la sanción de la ley 26.548 durante la presentación del informe del Jefe de Gabinete de Ministros el 2 de junio de 2010. Asimismo, el 11 de septiembre del corriente año, realizó un Pedido de Acceso a la Información Pública al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en el marco del Decreto 1172/03, respecto de las acciones llevadas a cabo por las autoridades de este organismo con motivo (o excusa) del traspaso. De igual manera, el 20 de octubre de 2009 por medio de Carta Documento N° 05070773 2, la preocupación en torno a la modificación del marco legal de BNDG le fue expresada al entonces Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Eduardo Fellner. De manera simultánea, organizaciones de Derechos Humanos realizaron una campaña al respecto e hicieron entrega de notas a los miembros del Poder Legislativo. Lo expresado fue acompañado de manera oportuna y, sin embargo, no fue valorado por el a quo quien además dio por sentado los dichos de la tercera interesada, que falta a la verdad cuando afirma que el contenido de la norma 26.548 fue objeto de un pronunciamiento y aval específico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este supuesto puede corroborarse de la lectura de la solución amistosa invocada por la tercera interesada. Asimismo, nos agravia que los dichos de la tercera interesada acerca de que “impulsa y celebra el nuevo marco regulatorio del BNDG y su mudanza” y “niega que el traslado pueda poner en riesgo la cadena de custodia y la integridad de las muestras genéticas allí almacenadas” sean tomados como parte de la valoración del juez para negar la medida cautelar, toda vez que la Asociación no es una persona jurídica experta en la materia para emitir válida opinión acerca de la indemnidad de las muestras en un traslado de este tipo de Banco genético. Asimismo, no solo nos agravia sino que nos genera una profunda desazón que la Asociación exprese, y que el juez valore en su decisión, que han sido informados de que “se están adoptando todas las medidas de rigor para que no exista el más mínimo riesgo en la mudanza”. Esta parte, según se viene expresando, ha realizado diversas acciones tendientes a ejercer su derecho a la información respecto a lo que sucede con el BNDG. ¿Por qué el Estado nacional considera que el derecho de la Asociación a ser informada es mejor que el nuestro? ¿Por qué, si también somos titulares de las muestras que resguarda el BNDG y bregamos por encontrar a nuestros desaparecidos no se nos ha consultado acerca de la disposición de nuestras muestras? Máxime, teniendo en cuenta que ha sido de público conocimiento la participación de “asesores” de laboratorios privados durante la discusión parlamentaria de la ley 26.548, circunstancia que jamás ha sido refutada por el Estado, ni en la demanda, ni en los hechos.
3. De la ineficacia probatoria del proyecto de convenio
Vale destacar que la resolución misma refiere a un “proyecto” de convenio de transferencia que aún no ha reunido las firmas de ambos gobiernos, de lo que se deduce que a la fecha el Estado Nacional cuenta con un simple “proyecto” elaborado unilateralmente. A su vez, dicho proyecto ha sido elaborado sin la concurrencia de los interesados, es decir, los titulares de las muestras depositadas en el BNDG. Es de destacar que hasta la interposición de esta demanda judicial, ninguno de nosotros conocíamos la existencia de este proyecto de convenio ni su contenido. Sin embargo, a partir del texto del mismo, se revela la intención de proceder a manipular el BNDG que resguarda nuestras muestras genéticas, sin ningún tipo de explicación o mecanismos de información que permitieran un consentimiento informado. Cabe señalar, como lo hicimos en la presentación del 15 de octubre de 2013, que objetamos muchos de los artículos del proyecto de convenio que tienden a menoscabar la confidencialidad del material obrante en el BNDG y del procedimiento allí dispuesto. Este proyecto de convenio no es una prueba indubitable o eficaz para presumir la legitimidad de las acciones del Estado para con el BNDG ni mucho menos evidencia que el riesgo en el traspaso sea inexistente. Las fotografías acompañadas y los dichos de la demandada acerca de que “la sede de Av. Córdoba 831 triplica la superficie cubierta que ocupa hoy el Banco” no son prueba suficiente de que esto sea efectivamente cierto. Dentro de las garantías que exigimos sean acreditadas para que se realice el traslado del banco y nuestras muestras, deberían encontrarse, al menos, la presentación de los planos y la explicación clara y precisa de cómo se utilizarían los espacios, sus condiciones (que desde ya deben ser óptimas respecto de las existentes actualmente en el Hospital Durand), así como la cantidad de personal destinado a operar en las nuevas instalaciones.
Lo que solicitamos a V.E. es que considere que esta demanda y la medida cautelar requerida excede la solicitud misma de una negativa a un traslado físico. El BNDG ha funcionado históricamente, sin ningún reparo a la excelencia de su trabajo en la sede del Hospital Durand. Solicitamos que sea el Estado quien pruebe por qué debe mudarse y poner en riesgo la indemnidad de nuestras muestras y las de nuestros compañeros, muchos de ellos fallecidos, además de las de otras personas que dirimieron allí su filiación.
En autos se cuestiona la ausencia de garantías sobre la preservación del objeto del BNDG y de la integridad de las muestras, en tanto de las pruebas acompañadas por la actora surgen evidentes acciones e interés de parte del Estado Nacional de desvirtuar el fin por el que se ha creado dicha institución. Esas pruebas acompañadas, no han sido valoradas en absoluto.
Insistimos, el Banco Nacional de Datos Genéticos no puede ser trasladado hasta tanto no estén dadas las garantías debidas por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
-VI – EFECTO SUSPENSIVO QUE DEBE OTORGARSELE AL PRESENTE RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
En principio traigo a colación lo señalado por la CNACyCF, Sala I, que
sostuvo que: “El Tribunal estima que se desprende del principio general en materia de efectos de la concesión del recurso extraordinario, decisión que, conforme al art. 258 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, tiene efectos suspensivos sobre la ejecución del pronunciamiento impugnado hasta tanto la Corte se pronuncie al respecto…”, Expediente Nro. 10.836/00, autos “Alcoba, Rubén Antonio y otros C/Estado Nacional -ME S/ Proceso de Conocimiento”, fallo del 20/03/2007.
Consideramos que en virtud del orden público comprometido en autos, y de la situación de gravedad institucional que emerge, ya que se encuentran comprometidas la operatividad de garantías constitucionales y ante la posibilidad de que mientras se dirima el presente se produzcan acciones por parte de la contraria que conviertan en ilusorio nuestro derechos a la defensa concretándose un daño irreparable a nuestros derechos, se solicita que se conceda el presente Recurso Extraordinario Federal, otorgándosele a la resolución de fecha 05 de junio de 2014 efectos suspensivos.
- VII - PETICIÓN
Por todo lo expuesto, a V.E. solicito que:
1. Tenga por presentado, en legal tiempo y forma, el presente Recurso
Extraordinario Federal, deducido contra la resolución de la Sala V de la Excelentísima Cámara Contencioso Administrativo Federal del 05 de junio de 2014 que confirma el rechazo de la medida cautelar de autos.
2. Conceda el presente recurso extraordinario con efecto suspensivo, de
conformidad a lo expuesto en estos actuados y se eleven los autos al más Alto Tribunal.
3. Oportunamente, solicito a la CSJN revoque el decisorio apelado, y considere la procedencia de la medida cautelar de no innovar solicitada con expresa imposición de costas a la actora.
Publicadas por Graciela Palma Arizaga a la/s 10:49 p.m.
Identidad: el error de haber nacido en un año polí...
Apropiación del Banco Nacional de Datos Genéticos
Banco Nacional de Datos Genéticos: lo que pasa no ...

References: resolución 
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 artículo 4
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in dubio
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 artículo 3
 artículo 12
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