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Minassian motor s. A. C/Municipalidad de moron s/demanda contenciosa administrativa
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MINASSIAN MOTOR S.A. C/MUNICIPALIDAD DE MORON S/DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.
Morón, 29 de Octubre de 2009.-
AUTOS Y VISTOS: Lo actuado en estos autos MINASSIAN MOTOR S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE MORON S/DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, en trámite en este Juzgado Contencioso Administrativo Nro. 1 de Morón, de los que
1. Que a fs. 19/29 se presenta el Sr. Edgardo Minassian en representación de MINASSIAN MOTOR S.A., conforme el poder obrante a fs. 4/9 y promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Morón a fin de obtener la revocación íntegra del Decreto Nº 1353/2005 dictado con fecha 04/08/05 por el Intendente de Morón.-
Refiere la actora que a través del acto administrativo cuestionado se rechazó el recurso jerárquico interpuesto por su representada contra una Resolución determinativa en materia de Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene por los períodos fiscales 1998/01 a 2001/06; que la resolución determinativa intimó al pago de la suma de $ 84.115,20 con más los recargos establecidos en el art. 55 de la Ordenanza Fiscal vigente liquidados en la suma de $ 67.943,05.-
2. Relata los hechos vinculados a la pretensión formulada, exponiendo que la Municipalidad de Morón inició una fiscalización que culminó con el labrado de las actas de ajuste nros. F04 782/783 del 19/12/03 y F-13 nro. 280 del 18/12/03 en materia de tasa por inspección, seguridad e higiene, con sustento en los ingresos provenientes de la compra-venta de automotores importados. Expresa que la inspección impugnó el criterio tributario originariamente asumido por la actora al liquidar la tasa en cuestión sobre el margen de venta (diferencia entre precios de compra y de venta, art. 133, pto. 4), inc. 4.1.3 de la Ordenanza Fiscal), en tanto que la demandada pretende la aplicación del régimen general previsto por el art. 133, pto. 3, párrafo 2, de dicha Ordenanza Fiscal, reclamando el incremento resultante entre uno y otro temperamento. Que habiendo la actora presentado en tiempo y forma el descargo pertinente, la Secretaría de Economía y Hacienda de la Dirección de Ingresos Públicos de la demandada dictó la Resolución SEyH Nº 128/2004 por la cual se desestimó la defensa oportunamente planteada y se intimó por los conceptos determinados.-
Manifiesta que su representada interpuso recurso jerárquico y de nulidad contra la Resolución SEyH nº 128/2004, el cual fue rechazado mediante el Decreto nº 1353/2005 del 04/08/05. La actora sintetiza los argumentos de hecho y de derecho expuestos en el Decreto en crisis: a) la Municipalidad de Morón sostiene que la actora determinó en forma inexacta la base imponible del tributo y que el procedimiento seguido para ajustar las obligaciones tributarias de la accionante encuentran su fundamento en el Título I, Capítulo 4, arts. 21 y 24 y ccs. de la Ordenanza Fiscal; b) que si la empresa intepretó que la parte dispositiva de la Resolución recurrida no era clara debió articular el recurso de aclaratoria del art. 71 de la Ordenanza Fiscal y también sostiene que dicho acto administrativo contiene una adecuada relación entre los hechos documentados en las actuaciones y las consecuencias legales que de ellos se derivan; c) expone que la tasa representa la contraprestación frente a la prestación efectiva o potencial de una actividad de interés público, convalida las facultades del municipio para imponer cargas tributarias y justifica la posibilidad de que ellas computen como base imponible o de medición los ingresos brutos, asimismo invoca el art. 8 de la Ordenanza Fiscal respecto al principio de realidad económica o de significación económica para decidir sobre la verdadera naturaleza de los hechos imponibles; d) concluye -respecto al punto central en discusión- que es correcto el cómputo efectuado en la inspección del total de los ingresos a los efectos de determinar el tributo, tomando como fundamento lo dispuesto en el art. 133 pto. 1 y pto. 2 segundo párrafo de la Ordenanza Fiscal vigente; e) también convalida la caducidad de los beneficios de la Ordenanza 353/97 respecto a la aquí actora, en cuanto las diferencias establecidas en autos suscitan automáticamente la caducidad retroactiva del beneficio de acuerdo con el Decreto 1676/01 y el art. 39 bis de la Ordenanza Fiscal.-
3. Desarrollando los argumentos por los cuales la actuación de la Municipalidad de Morón deviene contraria a derecho, plantea la actora en primer lugar, excepción de nulidad, señalando que dada la oscuridad del art. 3º de la Resolución S EyH nº 128/2004 del 24/11/04, la actora no alcanza a apreciar a ciencia cierta cuál es la magnitud de la pretensión municipal; en efecto, dicho artículo determina la suma de pesos 113.873,38 "...en concepto de valor nominal de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, por los períodos bimestrales 01/98 a 06/01 y cuotas mensuales 01/02 a 12/02 en concepto de valor nominal más los recargos y multas por omisión de pago que pudieren corresponder conforme lo establecido en los arts. 55 y 58 de la Ordenanza Fiscal vigente"; el artículo 4º intima la suma de $ 84.115,20 también "...en concepto de importes impagos por la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene por los períodos fiscles bimestrales 01/98 a 06/01 y cuotas mensuales 01/02 a 12/02, con más los recargos establecidos en el art. 55 de la Ordenanza Fiscal vigente los cuales a la fecha ascienden a la suma de (...) $ 67.943,05...y las multas por omisión de pago que pudieran corresponder según lo normado en el art. 58 de la Ordenanza Fiscal vigente...". Hace notar que a diferencia del artículo 3º, aquí sí se mensuran los rubros accesorios, pero sin explicar ni cómo se liquidaron los recargos, ni los criterios empleados para graduar la multa.-
4. En segundo término, la actora invoca la jurisprudencia inveterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que subordina la condición jurídica de aplicación del tributo "tasa" a la efectivización de un servicio concreto e individualizado, como contraprestación justificativa de su cobro, y no la mera posibilidad potencial de su cumplimiento. Asimismo agrega que la demostración de la efectiva y también particularizada prestación del servicio le cabe al municipio. Resalta la accionante que si el Municipio no presta efectivamente los servicios correspondientes, la tasa pasa a convertirse en un verdadero "impuesto" (otra especie del género tributos), en pugna con el art. 9 inc. b) de la Ley 23.548 de Coparticipación Federal, en tanto sin servicio la tasa se convierte en un gravamen análogo al provincial sobre los ingresos brutos.-
5. Expone a continuación su posición en la cuestión tributaria planteada en cuanto al tratamiento impositivo conferido por la inspección.-
Manifiesta al respecto que el Municipio se obstina en gravar la venta de automóviles desarrollada por la actora aplicando el régimen general de imposición previsto en el art. 133 pto. 3 párrafo 2 de la Ordenanza Fiscal, en lugar del previsto en el art. 133 pto. 4) inc. 4.1.3) de dicha normativa, en cuanto establece gravar el margen comisional en el caso de "Comercialización de automóviles y/o camiones efectuadas por concesionarios oficiales...", tratamiento que también "se aplicará cuando se tome como parte de pago una unidad usada. Los ingresos provenientes de la venta de repuestos y servicios se liquidarán de acuerdo a las normas generales como así también los producidos por financiaciones. Afirma la parte actora que el Fisco Municipal aplica el art. 133 pto. 3 segundo párrafo que establece que se exceptúan del régimen precitado a las operaciones de automotores importados por concesionarios, liquidándose el tributo de acuerdo a las normas generales, es decir, no sobre el margen comisional sino sobre el total de la venta.-
Destaca que la Municipalidad efectuó una interpretación desafortunada de las normas mencionadas; que es claro que el régimen general es aplicable solamente cuando se trate de operaciones de automotores importados por concesionarios, en tanto la norma alude a vehículos traídos al país directamente por los concesionarios, lo cual no se verifica respecto de Minassian Motor S.A., ya que los vehículos comercializados fueron importados por las empresas representantes en la República Argentina, oficialmente designadas por las automotrices europeas de que se trata (en el caso sub examine BMW y Land Rover: Automóviles Exclusivos SA (desde enero de 2000 BMW Group Argentina) y Camley SA (hoy Land Rover Argentina división Ford Argentina SCA) respectivamente.-
Resalta la actora que, en términos tributarios, en tanto intermediarias entre los importadores y los clientes adquirentes las agencias (ya sea de marcas nacionales y/o importadas) operan con un exiguo margen comisional por toda rentabilidad. Explica que la razón de ser de la base imponible especial (liquidación por diferencia entre precios de compra y de venta) está dada por el escaso margen diferencial con que operan los concesionarios en comparación con los volúmenes dinerarios involucrados en las operaciones de venta, lo cual tornaría desmedidamente gravoso el tributo resultante si se aplicase sobre el total de los ingresos.-
Expone que la Municipalidad de Morón ha incurrido en un grave error al pretender desasimilar a la actora de la comercialización de autos nacionales y aplicarle el régimen tributario general del art. 133 pto. 3 2d0. párrafo de la Ordenanza Fiscal; que esta postura fiscal resulta irrazonable por confiscatoria, en la medida en que el tributo pretendido absorbe preponderantemente la rentabilidad de la actividad comercial sub-examine.-
Razona que si se pretendiese una interpretación diferente a favor de la venta de autos nacionales, permitiéndoseles a unos liquidar sobre el margen comisional y perjudicando a los otros obligándoselos a determinar la tasa por inspección de seguridad e higiene sobre el total de la venta, vendría a consumarse una discriminación irrazonable contraria al principio de igualdad y a la garantía de propiedad.-
Refiere que arbitrariamente la Municipalidad de Morón confiere desigual tratamiento tributario a igualdad de situaciones de hecho, lo cual implica un trato discriminatorio respecto de la venta de autos importados que ni la Ordenanza Fiscal rectamente interpretada ni la Constitución autorizan.-
También destaca que la reglamentación de los derechos -que no son absolutos- debe ser razonable, -art. 28 de la Constitución Nacional-. Que no puede razonablemente inferirse que el legislador comunal haya decidido aplicar un régimen diferente sobre la venta de autos importados con el propósito extrafiscal de desalentar o restringir la adquisición de tales vehículos por parte de la ciudadanía. También sostiene que la tasa reclamada es confiscatoria por absorber un porcentaje preponderante del volumen o giro patrimonial de la empresa, conforme la certificación contable que acompaña, y del mismo modo en tanto no guarda proporción alguna con el servicio.-
En último lugar, la actora ofrece la prueba que sustenta sus vertidos y efectúa la reserva de caso federal.-
6. A fs. 44 se hace lugar a la excepción prevista en el art. 19 del CCA -respecto al pago previo- y se solicitan a la Municipalidad de Morón las actuaciones administrativas correspondientes en los términos del art. 30 del CCA. Recepcionadas las actuaciones administrativas a fs. 49/297, previo traslado del art. 32 -fs. 300/302-, a fs. 304 se declara la admisibilidad de la acción y se corre traslado de la demanda.-
7. A fs. 314/317 se presenta la Dra. Gladis Elba Méndez en carácter de apoderada de la Municipalidad de Morón, conforme el poder obrante a fs. 310/312, opone excepción de inadmisibilidad de la demanda por incumplimiento con el pago previo previsto en el art. 19 del CCA, y formula reserva del caso federal. A fs. 318 se concede traslado de la excepción a la parte actora, suspendiéndose el plazo para contestar demanda. A fs. 322/323 la accionante contesta el traslado conferido, resolviéndose a fs. 326/327 rechazar la excepción de inadmisibilidad de la pretensión y reanudar el plazo para contestar la demanda.-
8. A fs. 337/344 la apoderada de la demandada contesta demanda, ofrece prueba y mantiene la reserva del caso federal.-
En primer término la accionada responde al planteo de nulidad efectuado por la actora. Señala que con una simple lectura del art. 3 de la Resolución Nro. 128/2004 SEyH puede verse que lo que se ha hecho fue proceder a determinar la obligación tributaria del contribuyente -aquí actor- en concepto por valor nominal de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, expresando a continuación que en su caso se adicionarían los recargos o multas por omisión de pago que "pudieran corresponder", conforme a lo establecido en los arts. 55 y 58 de la Ordenanza Fiscal vigente. Sostiene que surge claramente que no estamos en presencia de ninguna "imprecisión u oscuridad", y que ni siquiera se necesita de un razonable esfuerzo de interpretación; que Minassian Motor S.A. no tuvo ningún problema interpretativo para hacer los descargos pertinentes.-
En segundo lugar el Municipio argumenta sobre la cuestión traída por la actora respecto a la efectiva prestación del servicio y a la carga en cabeza de la Municipalidad de la prueba de ese extremo. Por un lado la apoderada municipal destaca que ha habido un reconocimiento expreso por parte de la accionante de la obligación de tributar la mencionada tasa que se desprende de la conducta de la actora, quien ha pagado la tasa en cuestión durante prolongados lapsos de tiempo -aunque sobre una base imponible incorrecta- y quien en el procedimiento determinativo en sede municipal, no ha cuestionado la procedencia del tributo en sí. Concluye que dicho proceder por parte de la aquí actora encuadra en la teoría de los actos propios, por lo que no puede prosperar un planteo de estas características. Por otra parte, el Municipio cita jurisprudencia y doctrina, que avala la facultad constitucional de las Municipalidades de imponer la obligatoriedad del pago de tributos a modo de retribución de los servicios brindados a favor del particular y en general de la comunidad; refiere específicamente a un dictamen de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires con apoyatura en el art. 192 inc. 5º de la Constitución Provincial y en la Ley Orgánica de las Municipalidades (art. 226 y ccs.).-
En tercer término la mandataria municipal se expide sobre el tratamiento impositivo dado por la inspección. Aduce que las operaciones de automotores importados se encuentran excluídas de la base imponible especial prevista en el art.133 pto. 4º, por expresa directiva del art. 133 pto. 3º párrafo 2do, que exceptúa a estas operaciones de la tasa fija e impone la liquidación de la tasa de acuerdo a las normas generales. Que por ello las concesionarias de automotores importados deben tributar conforme a las normas generales del art. 133 pto. 1 de la Ordenanza Fiscal. Asimismo pone de resalto que la posición de la SCJBA en cuanto que la garantía de igualdad no priva al legislador de la facultad de crear categorías especiales de contribuyentes, siempre que éstas no sean arbitrarias o forzadas.-
9. A fs. 354/355 obra el acta de la audiencia prevista en el art. 41 del CCA y fijada a fs. 349, constando en la misma la apertura de la causa a prueba por el término de 40 días y la orden de producción de la prueba ofrecida.-
10. A fs. 359/365 se encuentra agregada la pericia contable, a fs. 379/381 el pedido de explicaciones al perito contador formulado por la parte demandada y a fs. 398/401 la presentación del perito contable contestando el pedido de explicaciones. A fs. 377 obra contestación del oficio librado a fs. 356 a BMW GROUP ARGENTINA. A fs. 407 se tiene por desistida a la actora de la informativa ofrecida a FORD ARGENTINA SCA -el respectivo oficio había sido librado a fs. 357-. Luce a fs. 391/393 la contestación del oficio librado a fs. 383 a la ASOCIACION DE CONCESIONARIAS DE AUTOMOTORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA. A fs. 372 obra el acta de audiencia de absolución de posiciones del día 14/07/08, donde surge la incomparecencia del Sr. Edgardo Carlos Minassian -representante legal de la actora- y el pedido de la parte demandada de tenerlo al mismo por confeso -lo que se tuvo presente para el momento procesal oportuno en los términos del art. 415 del CPCC-.-
11. A fs. 408 se certifica la producción de las pruebas ofrecidas por las partes y a fs. 411 se ponen los autos para alegar, obrando a fs. 424/426 el alegato de la parte actora y a fs. 430/436 el alegato de la parte demandada.-
12. A fs. 437 la Actuaria certifica la presentación de alegatos, llamándose autos para sentencia a fs. 438. A fs. 443 -y en los términos del art. 46 de la ley 12008- se suspende el llamamiento de autos para sentencia ordenándose el libramiento de oficios por Secretaría a la MUNICIPALIDAD DE MORON, a BMW GROUP ARGENTINA y a AUTOMOVILES EXCLUSIVOS S.A.; dichos oficios fueron librados a fs. 453, 454 y 452, y contestados a fs. 464/661, 462 y 461 respectivamente.-
13. Que se encuentran notificadas las partes de lo resuelto a fs. 438 -la actora a fs. 442/442vta. y la demandada a fs. 441/441vta., y de la suspensión y de la posterior reanudación de términos -fs. 666- a fs. 669 y 670, respectivamente. Que con dichos antecedentes se encuentran las presentes en estado de resolver sobre la pretensión esgrimida a fs. 19/29.-
1.- Que en primer lugar es dable efectuar una síntesis de los acontecimientos más destacables de la situación que la actora ha traído a conocimiento de la suscripta, conforme surge de las actuaciones administrativas agregadas en autos (expediente nro. 4079-28596/01).-
A fs. 67 obra un pedido de verificación y orden de inspección sobre el contribuyente MINASSIAN MOTOR S.A. respecto a la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y Tasa por Servicios Generales, constando a fs. 68/69 un requerimiento de fecha 22/06/01 por el cual se solicita al actor diversa documentación contable e impositiva, entre ella pagos de TISH, pago de Impuesto sobre los Ingresos Brutos o Convenio Multilateral y Libro de IVA Ventas del período comprendido entre 1996 a la fecha. Que a fs. 70 obra Acta de Verificación Nro. 510 en la cual se toma vista de cierta documentación requerida y se fija una nueva vista para el día 18/07/01. Conforme fs. 140 se efectúa otra verificación al contribuyente -ver Acta de Verificación Nº 2113-, requiriéndosele la presentación de otra documentación, entre otras: contrato de concesión con la marca BMW en el que se especifique los términos del mismo, formularios CM03 de Ingresos Brutos jurisdicción Buenos Aires por períodos enero 1996 a agosto 2002, formularios CM05 de Ingresos Brutos de los años 1995 a 2001, libro IVA ventas período enero 1996 a agosto 2002, dejándose constancia a fs. 141, 142, 143, 144 y 45 del retiro de documentación y de un nuevo requerimiento, concediéndose a fs. 146 una ampliación del plazo para la presentación de la documentación restante. A fs. 148 y 149 se deja constancia de la recepción de documentación aportada por el contribuyente, luciendo a fs. 150/151 una certificación contable sobre los Ingresos por Ventas según Libro IVA-VENTAS desde enero 1998 a diciembre 2002, y a fs.152 una nota presentada por la contribuyente manifestando que, a partir de la crisis del país, la empresa se dedica a la reparación de automóviles y venta de repuestos, que desde noviembre del 2001 no se vendió un automóvil Okm -siendo el monto de ventas por el año 2002 de $ 12890,63- y solicitando a la Municipalidad efectuar la liquidación de deuda de la empresa por el año 2002 tomando en cuenta la actividad de service y repuesto de automóviles.-
Que a fs. 169/171 luce el Informe de Auditoría Fiscal de fecha 19/12/03 del cual surge: a) la auditoría practicada abarca los períodos enero de 1998 a diciembre de 2002 por TISH Legajo Nro. 1-23542, local sito en H. Yrigoyen Nº 42 de Morón, contribuyente MINASSIAN MOTOR S.A., siendo el rubro habilitado concesionario y venta de motos 0 km; b) el contribuyente goza del beneficio del 20% de descuento mediante formulario Nº 1329 a partir del 4º bimestre del año 1997; c) el contribuyente se encuentra inscripto en el Régimen de Convenio Multilateral correspondiente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos; d) para el cálculo de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene se tomaron como base imponible los ingresos por ventas de autos, intereses, repuestos y taller que surgen de la Certificación de Ingresos netos multiplicados por el coeficiente de Convenio Multilateral correspondiente a la Provincia de Buenos Aires, y se efectuó de acuerdo a las normas generales conforme lo establecido en el Título II Capítulo 4 art. 133 pto. 3 de la Ordenanza Fiscal vigente, que dispone que: "Para aquellas actividades que por su naturaleza resulte conveniente que tributen mediante la fijación de montos determinados, la Ordenanza Impositiva establecerá las mismas y sus valores medidos en módulos. Se exceptúan de la norma indicada, cuando se trate de operaciones de automotores importados por concesionarios, liquidándose de acuerdo a las normas generales"; e) el contribuyente ha abonado en defecto las cuotas bimestrales 01/1998 a 01/2001 y no ha abonado las cuotas bimestrales 02/2001 a 06/2001 y las cuotas mensuales 01/2002 a 12/2002; f) por haberse determinado diferencias en el bimestre 01/1998 se produce la caída del beneficio del descuento del 20% a partir del bimestre 01/1998, salvo presentación de DDJJ rectificativa de TISH antes de la Resolución que determine las obligaciones fiscales; g) la presentación por parte del contribuyente de la DDJJ rectificativa de TISH le permitiría conservar el beneficio del descuento en los bimestres que la diferencia entre lo que abonó y lo que tendría que haber abonado no supere el 5% (art. 39 de la Ordenanza Fiscal vigente); h) se aclara que conforme lo expuesto por la Dirección de Habilitaciones a fs. 220 del expte. nro. 4079-25499/94 se deberá efectuar un cambio de rubro en el sistema de pagos y pendientes en el Legajo 1-23542 correspondiendo el rubro nro. 418 "Concesionario Automotores", considerando el anexo de rubro "Concesionaria y venta de motos. Concesionario y venta de automotores importados y nacionales 0km. y usados. Permutas y consignaciones" y efectuar una ampliación de superficie en el sistema, anexando a la superficie que figura en la actualidad la superficie del legajo 1-100341.-
A fs. 173 luce la cédula de notificación dirigida a la actora de las Actas de Ajuste Tributario F04 Nº 0782 y 0783 (fs. 174 y 175) y F13 Nº 280 (fs. 176). A fs. 179 la actora contesta la vista conferida rechazando el ajuste efectuado, sosteniendo: 1) la liquidación de la TISH se debería liquidar sobre la diferencia entre compras y ventas -respecto a las ventas de automóviles como concesionario oficial BMW y Rover-, conforme lo dispuesto por el art. 133 inc. 3.1.3 de la Ordenanza Fiscal, y 2) en la liquidación sólo se tomaron los pagos efectuados en la cuenta del Legajo 1023542/0 y no se tomaron los pagos en la cuenta del Legajo 1100341/0, cuyos montos duplicaban a los del primero. A fs. 180 el Departamento de Inteligencia Fiscal de la Municipalidad de Morón intima a la actora a acompañar la documentación que acredite si la misma ha efectuado ventas de automotores de distinta naturaleza; requerimiento que es contestado por la actora a fs. 184, adjuntando una nueva certificación contable sobre ingresos por Ventas, discriminando las ventas de automotores en nuevos, usados e ingresos varios (fs. 185/186). Atento el descargo presentado por la empresa, se deja sin efecto las actas de ajuste tributario F-4 Nº 0782, 0783 y F-13 Nº 280 y se da vista al contribuyente del nuevo ajuste practicado plasmado en las actas de ajuste tributario F-04 Nº 981 y 982 (fs. 193/194) y F-13 Nº 599 (fs. 195). A fs. 196/198 obra el descargo de la actora respecto al ajuste tributario efectuado, en términos similares al de fs. 179.-
A fs. 226/232 obra la Resolución Nro. 128/2004 de fecha 24/11/04 emanada de la Secretaría de Economía y Hacienda, por la cual: 1º) se rechaza el descargo interpuesto por la actora; 2º) se deja sin efecto a partir del bimestre 1º del año 1998 el beneficio del 20% de descuento establecido en la Ordenanza 353/97 a MINASSIAN MOTOR S.A. legajo 1-23542; 3º) se determinan las obligaciones tributarias del actor en la suma de $ 113.873,38 en concepto de valor nominal de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene por los períodos fiscales bimestrales 01/98 al 06/01 y cuotas mensuales 01/02 a 12/02 con más los recargos y las multas por omisión de pago que pudieran corresponder, conforme arts. 55 y 58 de la Ordenanza Fiscal vigente. En el art. 4º de la Resolución precitada se lo intima al contribuyente a abonar la suma de $ 84.115,20 a valor nominal, en concepto de importes impagos por la TISH por los períodos fiscales individualizados supra, con más recargos (art. 55 de la Ordenanza Fiscal), que ascienden a la suma de $ 67.943,05 y las multas por omisión de pago que pudieran corresponder (art. 58 de la Ordenanza Fiscal). En el art. 5º, por otra parte, se intima al actor a abonar en concepto de importes mínimos por los períodos no auditados establecidos en el art. 20 de la Ordenanza Impositiva vigente por las cuotas mensuales 01/03 a 07/04 la suma de $ 9.572,58 en concepto de valor nominal con más los recargos establecidos en el art. 55 de la Ordenanza Fiscal vigente que a la fecha ascienden a la suma de $ 1.723,06 y las multas por omisión de pago que pudieran corresponder (art. 58 de la Ordenanza Fiscal), todo ello sujeto a verificación y ajuste posterior. A fs. 238/245 obra el recurso jerárquico y de nulidad incoado contra la Resolución referida, en el cual la actora propone y desarrolla la esencia de los argumentos luego planteados en el escrito de demanda de estas actuaciones. Se encuentra glosado a fs. 270/277 el dictamen emitido por la la Dirección de Asuntos Legales de la Municipalidad y a fs. 283/290 el Decreto del Intendente Municipal de Morón Nro. 1353/2005 del 4 de agosto de 2005, notificado a la parte actora con fecha 16 de agosto de 2005 (ver fs. 293). El acto administrativo citado rechaza parcialmente (art. 1º), el Recurso Jerárquico interpuesto por la aquí actora , en cuanto a la determinación de las obligaciones surgidas de la verificación practicada, y hace lugar al mismo en cuanto a la aplicación de las multas dispuestas, suspendiéndose las mismas hasta tanto se resuelva la actuación que debe instarse a los efectos de determinar si la firma ha incurrido en actos de omisión, fraude o de incumplimientos formales que determinen la aplicación de las sanciones previstas en la Ordenanza Fiscal.-
2.- En segundo lugar se hace necesario reproducir la normativa tanto provincial como municipal aplicable al caso. La Constitución Provincial atribuye al régimen Municipal “La administración de los intereses y servicios locales “ y luego enumera en forma no taxativa: “ornato y salubridad, beneficencia, asilos de inmigrantes, cárceles locales, vialidad pública etc” (arts. 190 y 192 de la Const. Prov.), atribución que implica la de “votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo “ (arts. 192 inc. 5to.). Consecuentemente, la Ley Orgánica de las Municipalidades, (dec.Ley 6769/58 y sus sucesivas modificaciones) estatuye que la sanción de las ordenanzas , deberán responder a los conceptos de ornato, sanidad, asistencia social, seguridad , moralidad , cultura, etc y demás estimaciones encuadradas en su competencia constitucional que coordinen con las atribuciones provinciales y nacionales (art. 25 L.O.M.) . A esto se suma las atribuciones deliberativas del Municipio de donde se desprende la de reglamentar “La radicación, habilitación y funcionamiento de los establecimientos comerciales e industriales en la medida que no se opongan a las normas que al respecto dicte la provincia y que atribuyan competencia a organismos provinciales (art. 27 inc. 1 de la LOM), así como “las condiciones de higiene y salubridad que deben reunir los sitios públicos, lugares de acceso público y baldíos (art. 27 inc. 8 de la del citado decreto ley). A mayor abundamiento el Capítulo de recursos municipales de la llamada “Ley orgánica de las Municipalidades de la Pcia. De Bs.As.” (dec.Ley 6769/58) prevé la percepción de toda contribución, tasa, derecho o gravamen que imponga la Municipalidad con arreglo a las disposiciones de la Constitución (arts. 226 inc.31, conc. 227 y 228 del referido decreto ley ) .-
Asimismo este esquema normativo se complementa con las Ordenanzas Fiscal e impositiva Municipales agregadas a estas actuaciones a fs. 464/660. La Ordenanza Fiscal vigente para los años 2002 a 2004 en su artículo 132 define el hecho imponible que configura la procedencia de la Tasa por Inspección Seguridad e Higiene: "Por los servicios de inspección, practicados de conformidad con las disposiciones vigentes respecto al ejercicio del Poder de Policía Municipal, previsto en el artículo 75 inciso 30 de la Constitución Nacional, destinados a preservar las condiciones ambientales, de salud, seguridad e higiene, laborales, productivas y sociales, controles de metrología; en establecimiento, locales , depósitos, unidades habitacionales, oficina, dependencias administrativas afectadas total o parcialmente a actividades vinculadas con la explotación económica del sujeto pasivo (primaria y/o secundaria). Son sujetos pasivos y están obligados a abonar la Tasa cuyas características y condiciones se establecen en la presente Ordenanza y por las distintas disposiciones tarifarias y/o tributarias que se dicten al respecto; las personas físicas y jurídicas que desarrollan con carácter habitual, esporádica o susceptible de habitualidad, actividades vinculadas con la transacción de bienes y/o servicios con carácter oneroso o no, dentro del Partido de Morón, su territorio federal y/o provincial, sean ellas comerciales, industriales, financieras, de servicios públicos o privados, concesiones de obras públicas.” .-
Por su lado el art. 133 de la Ordenanza Fiscal precitada refiere, en lo que aquí interesa :”Se considerará base imponible a los fines de este tributo: 1) Comercios y/o prestaciones de servicios: Para los comercios y/o prestación de servicios personales o de intermediación y aquellos rubros que figuren en el Anexo I de la presente Ordenanza : a) El o los rubros habilitados . b) Los metros cuadrados afectados a la explotación comercial , c) La zonificación de acuerdo con el anexo I de la Ordenanza Impositiva al respecto, d) O una alícuota sobre los ingresos brutos, según la modalidad expuesta en el párrafo subsiguiente, y en oportunidad de lo que establece la Ordenanza Impositiva al respecto”...3) Tasa Fija: Para aquellas actividades que por su naturaleza resulta conveniente que tributen mediante la fijación de montos determinados, la Ordenanza Impositiva establecerá las mismas y sus valores medidos en módulos. Se exceptúan de la norma indicada, cuando se trate de operaciones de automotores importados por concesionarios, liquidándose de acuerdo a las normas generales. 4) Base Imponible Especial : La base imponible de las actividades que se detallan estará constituída: 4.1. Por la diferencia entre los precios de compra y venta...4.1.3. Comercialización de automóviles y/o camiones efectuadas por concesionarios oficiales, en cuyo caso se tomará como base imponible la comisión que liquide la fábrica automotriz. Igual tratamiento se aplicará cuando se tome como parte de pago una unidad usada. Los ingresos provenientes de la venta de repuestos y servicios se liquidarán de acuerdo a las normas generales, como así también los producidos por financiaciones...".-
3.- Que sentado ello, corresponde iniciar el tratamiento de los argumentos que ha esbozado la accionante y ha puesto a consideración jurisdiccional para fundamentar su impugnación del Decreto Municipal Nº 1353-2005, pero sin seguir estrictamente el orden en el cual los ha planteado, entendiendo por una cuestión lógica, que esa secuencia debe ser alterada, evaluándose en primer término la cuestión introducida por la accionante en cuanto a la necesidad de una efectiva prestación del servicio que retribuye la tasa por servicios de seguridad e higiene y a la carga de su acreditación, que le compete a la Municipalidad de Morón. A este respecto debe destacarse que la actora ha abonado la tasa en cuestión durante los períodos sobre los cuales se efectuó el ajuste tributario cuestionado -conforme los propios vertidos del escrito de demanda y lo que surge de la documental de fs. 70,71/74-, solicitó asimismo la liquidación de la tasa municipal por el año 2002 sobre la actividad de service y repuesto de automóviles, y a mayor abundamiento, impugnó la base imponible de dicho ajuste (fs. 179 y 184), en oportunidad de contestar las vistas conferidas de los ajustes practicados en sede administrativa. Por ello, no puedo dar acogimiento favorable a la pretensión de la actora en este punto, en tanto con sus propios actos ha reconocido y consentido la procedencia de la imposición de la Tasa de Seguridad e Higiene por parte de la Municipalidad de Morón respecto al local instalado en su éjido, acotándose su disconformidad a la base imponible tomada para la determinación del tributo. "Es indamisible la pretensión que importe ponerse en contradicción con los actos propios anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces " (SCBA Ac. 33658 S 20-11-1984, "Banco Crédito Provincial SA c/Diz , Carlos Alberto s/Cobro Ejecutivo").-
4. La segunda cuestión, y en puridad la más medulosa, atento que en ella radica la llave de este conflicto, resulta ser el tratamiento impositivo evidenciado en la determinación tributaria municipal, en cuanto a la base imponible considerada por el Municipio para el cálculo de la tasa en cuestión.-
Si bien redundante, no por ello debo dejar de resaltar que el debate se centra en la interpretación disímil de la letra del art. 133 de la Ordenanza Fiscal, lo que necesariamente conlleva a un resultado monetario notoriamente incongruente en concepto de obligación tributaria exigible, según se siga la interpretación de la actora o la de la demandada, deviniendo insoslayable determinar cuál es la interpretación correcta y ajustada a derecho del artículo precitado, cuál es su verdadero alcance y sentido.-
En esa línea, se ha dicho que sea cual fuere la naturaleza de la norma, no hay método de interpretación mejor que el que tiene en cuenta la finalidad de aquella (Fallos 308:186). En efecto, tiene dicho nuestro Tribunal cimero que la substancia de la norma es el espíritu y el fin de la ley (Fallos 312:1614, 313:1293 entre otros) y que la primer fuente para determinar esa voluntad, es su letra (Fallos : 308:1745, 312:1098, 313:254). Por último, cabe recordar que “por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio de la interpretación indagar lo que ellas dicen jurídicamente, o sea en conexión con las demás normas que integran el ordenamiento general del país, de modo de obtener su armonización y concordancia entre sí y, especialmente, con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos 308:1118).-
Desde otra perspectiva, tengo en consideración que en la interpretación de la ley no debe prescindirse de las consecuencias que se derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma (causa B.389 XXXXV”Bustos, Vicente Amadeo c/Banco Central de la república Argentina s/cobro de Pesos”, del 9 de Agosto de 2001, Fallos : 324:2107). La hermeneútica de las normas constitucionales y legales no puede ser realizada por el intérprete en un estado de indiferencia respecto del resultado, y sin tener en cuenta el contexto social en que tal resultado fue previsto originariamente y habrá de ser aplicado al tiempo de la emisión del fallo judicial (causa S. 351 XXXV “Sosa, Marcelo Claudio S/Recurso Extraordinario”, del 9 de Agosto de 2001, Fallos 324:2153) . CSJN “Obra Social para la actividad docente (SOPLAD) c/ Catamarca, provincia de s/acción declarativa de inconstitucionalidad”, del 20 de mayo de 2008”
Sentados los principios orientativos que echan luz sobre la tarea encomendada a la suscripta, corresponde precisar hacia donde se dirige la solución, acogiendo la pretensión de la accionante que intenta destruir la presunción de legitimidad de los actos administrativos en crisis, por cuanto la causa de los mismos -antecedentes de hecho y de derecho en que se fundan- es falsa, o por el contrario, confirmando la legitimidad del obrar administrativo, rechazando la demanda.-
Encarando una concienzuda lectura de la norma cuya interpretación despierta encontrados caminos, advierto, en un primer paso, la claridad de los términos del art. 133 inc. 3) segundo párrafo: "Se exceptúan de la norma indicada, cuando se trate de operaciones de automotores importados por concesionarios, liquidándose de acuerdo a las normas generales" (la negrita y el subrayado me pertenecen); ¿De qué se exceptúa a dichas operaciones?: la respuesta se halla en el primer párrafo del inciso 3) del art. 133: "Tasa Fija: Para aquellas actividades que por su naturaleza resulta conveniente que tributen mediante la fijación de montos determinados, la Ordenanza Impositiva establecerá las mismas y sus valores medidos en módulos...". En pocas palabras, el inciso 3) del artículo 133 de la Ordenanza Fiscal prevé para ciertas actividades la determinación de montos fijos en concepto de tasa por inspección de seguridad e higiene -los que serán determinados en la Ordenanza Impositiva-, y sustrae de este sistema excepcional -de tasas fijas- a las operaciones de automotores importados por concesionarios, en las cuales la tasa se liquidará de acuerdo a las normas generales. Nuestra Corte Nacional ha sostenido reiteradamente que no hay peor técnica interpretativa que la que implica una patente alteración de la inequívoca acepción de las palabras, ya que mientras el texto no lo consienta, han de ser tomadas en el sentido más obvio al entendimiento común (Fallos 184:5).-
Sentado ello, se impone hacer dos reflexiones. Primero, la normativa dice prístinamente: "automotores importados por concesionarios", no dice automotores importados "vendidos o comercializados" por concesionarios. Avanzando en esa línea de razonamiento, conforme ha quedado acreditado con la prueba informativa que obra a fs. 377, 461 y 462 -prueba que no ha sido desvirtuada por la demandada-, durante los períodos sobre los cuales versó la determinación tributaria en crisis en estos actuados, la actora MINASSIAN MOTOR S.A. ha comercializado en el mercado interno automóviles de origen foráneo que han sido importados por otras empresas -AUTOMOVILES EXCLUSIVOS S.A. y BMW GROUP ARGENTINA-; situación que, por otra parte, no ha sido controvertida por la demandada. Concluyendo: el hecho imponible previsto en la segunda parte del inciso 3) del artículo 133 de la Ordenanza Fiscal de Morón vigente durante los años 2002/2004 no se encuentra configurado respecto a la aquí actora, no siendo ajustado a derecho aplicar a la actividad desarrollada por MINASSIAN MOTOR S.A. las previsiones de esa norma. Recordemos que el hecho imponible es el hecho concreto que el destinatario legal tributario realiza o la situación en que el destinatario legal tributario se halla o a cuyo respecto se produce, resultando el aspecto material de ese hecho imponible, la descripción objetiva del hecho, y el aspecto personal, la descripción de aquel que realiza el hecho o se encuadra en la situación que fueron objeto del aspecto material precitado.-
Este desenlace intelectual se impone tomando en consideración, especialmente, las directivas previstas en los arts. 7 y 8 de la Ordenanza Fiscal de Morón, que refieren a la interpretación de la norma tributaria según la realidad económica. Esta metodología se basa en que el criterio para distribuir la carga tributaria surge de una valoración política de la capacidad contributiva que el legislador efectuó teniendo en cuenta precisamente la "realidad económica" . En las palabaras de Enno Becker -inspirador de este sistema-: "En la interpretación de las leyes tributarias debe tenerse en cuenta su finalidad, su significado económico y el desarrollo de las circunstancias". El criterio de interpretación surge, entonces, como la combinación de los tres factores citados: el fin u objeto de la ley, la significación económica de ella y los hechos tal como han sucedido realmente.-
A mayor abundamiento el principio de la realidad económica no puede conducir "per se", y sin la acreditación suficiente de los extremos de hecho relevantes, a la prescindencia de las formas adoptadas por las partes ni a desvirtuar lo establecido en las normas que regulan una determinada relación tributaria, pues tal proceder sería susceptible de afectar el principio de reserva o legalidad con serio menoscabo de la seguridad jurídica (v. CSJN Fallos 243:465,253:332,254:621,315:820 entre otros y Gómez Erardo E.v. Admnistración Federal de Ingresos Públicos-Dirección general Impositiva -Fallo de Cámara Nacional de Aperlaciones en lo Contencioso Admnistrativo Federal Sala 2° del 3-9-2009). Por tanto ha de ternerse presente que el principio de realidad económica en tanto elemento jurídico de captación de la verdadera entidad sustantiva de esa realidad, de manera alguna importa consagrar institutos unilateralmente a favor exclusivo de uno de los sujetos de la relación tributaria, ya que de lo que se trata es de la necesaria prevalencia de la razón del derecho, sobre el ritualismo jurídico formal (V. fallo CSJN 307:118).-
5.- La segunda reflexión que emana pacíficamente de lo hasta aquí expuesto se vincula con la congruencia del sistema diseñado en el art. 133 de la Ordenanza Fiscal, que como se verá no es una cuestión baladí, sino que requiere avanzar un poco más en esta tarea.
Como expuse supra, la excepción del 2do. párrafo del inc. 3) del art. 133, tiene por objeto impedir la aplicación de montos fijos en concepto de TiSH a una determinada actividad -operaciones de automotores importados por concesionarios-, remitiendo a la liquidación de la TISH, en esos casos, a las normas generales. Lo que entiendo que no ha percibido el Municipio, es el verdadero alcance de la excepción, en otras palabras, qué disposición o sistema es el que no se le aplica a los casos de "operaciones de automotores importados por concesionarios" y, consecuentemente, a qué normas generales remite. Quiero significar con esto que la excepción no surge del inciso primero ni del cuarto, en los cuales se explicita la base imponible sobre la cual se calculará la TISH. La excepción está incluída -no por casualidad- en el inciso tercero, artículo que sustituye el sistema "general" de cálculo de la TISH -como resultado de aplicar un determinado porcentaje o coeficiente sobre una determinada base imponible general o especial- e implementa un sistema diferente, en el cual en la Ordenanza Impositiva se determinan montos fijos períodicos, que se independizan de la base imponible -general o especial. En síntesis, no se le aplica a las harto referidas operaciones de automotores importados por concesionarios, el sistema de tributación por monto fijo de la TISH; esto no toca siquiera tangencialmente la discusión sobre cual es la base imponible -si la general del inciso 1º o la especial del inciso 4º- que se considerará para efectuar el cálculo de la TISH, en todos los casos en que no corresponde aplicar montos fijos del tributo en cuestión.-
En este punto no es un dato menor el informe Pericial agregado a fs. 365 (cnc. fs. 364) en donde se agrega la parte pertinente de la ordenanza fiscal vigente al momento de la pericia (7/07/08) que modifica el artículo 133 ap. 4 pto.1.3 por el siguiente : "Comercialización de automóviles y/o camiones y/o motos, mootocicletas o ciclomotores, sean nacionales o importados, efectuadas por concecionarios oficiales, en cuyo caso se tomará como base imponible la comisión que liquide la fábrica pertinente. Igual tratamiento se aplicará cuando se tome como parte de pago una unidad usada." Sin desconocer la falta de retroactividad de la norma, la modificación a la ordenanza vigente al momento de plantearse la cuestión litigiosa indica el temperamento de la autoridad tributaria en cuanto al clarificar la determinación de la base imponible, que es consecuente con la posición de la actora y, que no puede tomarse más allá que como sumatoria de las distintas pautas interpretativas que se desarrollan en este decisorio (conc. art. 77 inc.a) del decreto ley 6.769/58 y sus modificatorias) .-
A mayor abundamiento los informes agregados a fs. 391 a 393 determinan las alícuotas informadas por la Asociación de concesionarios respectivas y la carga fiscal nacional provincial y municipal, a las ventas de vehículos.-
Estos hitos documentales del proceso no pueden ser obviados en aras a una interpretación en consonancia con el principio de la realidad que se expone supra.-
6. He dejado sentado, en primer término, que el hecho imponible descripto en el segundo párrafo del inciso tercero del artículo 133 de la Ordenanza Fiscal de Morón -vigente al momento de efectuarse la determinación tributaria en crisis-, no se ha configurado respecto a la actora; en segundo lugar, que la remisión efectuada en la determinación tributaria municipal al inciso 1º del art. 133 ha sido desacertada. Lo expuesto, conlleva sin más a la conclusión de que los actos administrativos cuestionados y concatenados con dicha determinación -parcialmente la Resolución SE y H Nro. 128/04 en los artículos cuestionados y el Decreto Nro.1353/2005.- se encuentran viciados gravemente en su causa, lo cual sella la suerte de la pretensión anulatoria esgrimida, en tanto se ha destruído sin hesitación la presunción de legitimidad de la que dichos actos gozaban.-
Sin menoscabo de todo lo expresado, y conteste con ello, cabe denotar otro aspecto significativo, respecto al tratamiento tributario que ha aplicado la demandada a la accionante, y esto es, efectuar el test de razonabilidad de la aplicación de las normas tributarias plasmada en los actos administrativos impugnados, ello en consonancia con los principios constitucionales tanto nacionales como provinciales.-
Como sostiene Linares, podemos entender el principio de razonabilidad de las leyes -en sentido formal y material- como una exigencia referida a la ley que debe contener una equivalencia entre el hecho antecedente de la norma jurídica creada y el hecho consecuente de la prestación o sanción, teniendo en cuenta las circunstancias sociales que motivaron el acto, los fines perseguidos con él y el medio que, como prestación o sanción, establece dicho acto.-
Pienso en este punto que estos actos administrativos evidencian una aplicación irrazonable de las normas tributarias, amén de todo lo ya desarrollado, en el punto en que la razonabilidad se identifica y se integra con el principio de igualdad como base de los impuestos y de las cargas públicas (art. 16 de la Constitución Nacional y 24 de la Constitución Provincial) y el principio de no confiscatoriedad de los tributos, como valladar infranqueable en defensa del derecho de propiedad (art. 17 de la Constitución Nacional y 21 de la Constitución Provincial). Y aquí es dable traer a colación la prueba pericial producida a fs. 359/365 y fs. 398/401. Surge de dicha pericia -específicamente del anexo de fs. 359- la relación inequitativa entre el monto del tributo en cuestión -TISH- calculado según la base imponible del inciso 1º del art. 133 de la Ordenanza Fiscal y las comisiones que la actora percibe por la venta de los automóviles que comercializa. Para muestra, podemos observar el total de comisiones devengadas durante el año 1998 que ascienden al monto de $ 57.672,47 y confrontar ese guarismo con el importe determinado por el Municipio de Morón en concepto de TISH para el mismo período -año 1998- que resulta ser de $ 39.837,18, conforme el informe pericial citado, que no ha sido objeto -en esta parte, de cuestionamiento por la parte demandada (ver fs.379/381 y 430/436); el monto determinado para la TISH para el año 1998 representa nada menos que el 69% de las comisiones devengadas por la actora durante el mismo período. Ha dicho nuestro más alto Tribunal que un tributo es confiscatorio y, por ende, incompatible con el derecho de propiedad, cuando de la prueba rendida surja la absorción por el Estado de una parte sustancial de la renta o del capital gravado. Colijo que, atento lo que surge del dictamen pericial producido en autos, así prescindiésemos de los razonamientos llevados a cabo en el considerando 4, la irrazonabilidad de la determinación tributaria exteriorizada en los actos administrativos cuestionados fluye con holgura, en tanto el tributo está afectando seriamente la renta del contribuyente aquí actor -conforme la falta de proporcionalidad evidente entre las comisiones que percibe la actora y el tributo-, y se torna -de prosperar la interpretación dada por la demandada a las normas tributarias en crisis- confiscatorio.-
Debo resaltar que más allá de la aparente discordancia -en lo que respecta a los márgenes comisionales- de lo informado por el perito con lo informado por BMW ARGENTINA, (ver fs. 377), donde se refiere un margen comisional del orden del 18.5% para Land Rover y 17.5% para BMW, la conclusión arribada no se vé enervada, puesto que la desproporción entre las comisiones percibidas y el monto de la TISH determinado por el Municipio se mantiene patente.-
Como ha sostenido Giuliani Fonrouge, la única finalidad del intérprete debe ser la de obtener el "sentido de la justicia" para que la norma pueda cumplir la función que le corresponde en las diversas situaciones de la vida ("Derecho Financiero", T 1, ps. 94 y 95).-
6. Respecto al planteo de nulidad formulado por la actora de la Resolución SEyH Nro. SE y H Nro. 128/04 en los artículos cuestionados, alegando la imprecisión y oscuridad de su parte resolutoria, atento la solución dada a esta litis, dicho planteamiento deviene abstracto.-
Respecto a la petición efectuada por la demandada de hacer operar la confesión ficta prevista en el art. 415 del CPCC, es menester señalar que de las constancias de autos no surge prueba alguna que meritúe su activación; por el contrario, con las constancias documentales surgen corroboradas las posiciones nros. 1, 2, 3 y 5 del pliego de fs. 371, (documental obrante a fs. 169/171, 152, 184 y 336 respectivamente). No obstante lo expuesto, y atento la naturaleza de la cuestión litigiosa, esto no aporta ninguna arista diferente a la interpretación de las normas tributarias en cuestión (conc. art. 409 del CPCC 1er párrafo ).-
A mayor abundamiento -y sobre este último tópico- es dable destacar que la confesión ficta constituye una presunción iuris tantum que resulta eficaz en tanto y en cuanto los elementos obrantes en el proceso no la desvirtúen categoricamente, pues de lo contrario importaría hacer prevalecer la ficción sobre la realidad y la decisión en tal sentido podría alejarse de la verdad objetiva ( CC 0203 LP RSD 13.03 11/2/03 ).-
7. Por todo lo expuesto, arribo a la conclusión de que las Resoluciones tributarias Comunales en crisis (tanto el Decreto impugnado, como la Resolución de la Secretaría de Economía -en la parte en que ha sido objeto de impugnación, arts. 1º, 2º, 3º, y 4º-- y las actas de ajustes cuestionados) contienen una causa sólo aparente y la consecuencia jurídica de esa falencia, al igual que la aparejada por la distorsión, o inexistencia del motivo determinante aducido en el acto resolutorio, debe ser necesariamente su nulidad (arts. 103, 107, 108 y concs., dec. ley 7647/1970).-
Así se ha sostenido que : “Cuando el acto es infundado, malinterpreta, desvirtúa u omite los motivos determinantes comprobados o aducidos, procede, entonces, el control anulatorio de la actuación administrativa enjuiciada (cfr. doct. causas B. 49.271, "Fernández", sent. de 29-IX-1987; B. 50.218, "Pereyra", sent. de 28-II-1995; B. 53.483, "Gómez", sent. de 6-VIII-1996; B. 55.191, "Espilman", sent. de 16-XII-1997, entre otras; cfr. mi voto en la causa B. 57.130, "D.M.", sent. de 23-II-2005, B. 56.550, "Gamboa", sent. de 15-III-2006 y más recientemente B. 57.995, "S.M.", sent. de 30-VIII-2006, causa B.57.268 B,JC contra Banco de la Provincia de Bs.As. S.Demanda Contencioso Admnistrativa “).-
No puede ser otra la sanción a tal obrar ilegítimo puesto que la obligación de motivar el acto administrativo, como modo de reconstrucción del iter lógico seguido por la autoridad para justificar una decisión de alcance particular que afecta situaciones subjetivas, a más de comportar una exigencia inherente a la racionalidad de su decisión, así como a la legalidad de su actuar ( conc. 108, dec. ley 7647/1970), es también derivación del principio republicano de gobierno (arts. 1°, Const. nac.; 1°, Const. prov.) y conforma una postulación con alcance prácticamente universal del moderno derecho público (cfr. doct. causa B. 59.122, "Huertas Díaz", sent. de 22-X-2003 y sus citas).-
8.- En cuanto a la caducidad de beneficio del 20% que dispone el acto impugnado, no huelga recordar que nuestro máximo Tribunal ha dicho que toda vez que bajo la vigencia de un sistema de excepción el particular cumplió con todos los actos y obligaciones sustanciales y requisitos formales en él previstos para ser titular de un derecho, debe tenérselo por adquirido, y es inadmisible su supresión por una norma posterior sin agraviar el derecho constitucional de propiedad (CSJN 27/12/84, "Compañía Continental S.A.").-
Integrando el agravio de la actora el alcance a la sanción aplicada por caducidad del beneficio del 20 %, en la medida en que las mismas son accesorias de los ajustes sobre el cual ha prosperado el agravio, me remito a los fundamentos expuestos supra sobre su improcedencia, lo cual también se decide .-
Por todo ello se hace lugar a la demanda decretando la nulidad: a) del Decreto Municipal Nro. 1353/2005 del 04/08/05; b) de la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda Nro. 128/04 del 24/1104 en lo referente a la determinación tributaria practicada a la aquí actora (Legajo 1-23542) por la Tasa por Seguridad e Higiene de los períodos fiscales bimestrales 01/98 a 06/01 y cuotas mensuales 01/02 a 12/02, y a la pérdida del beneficio del 20% de descuento (Ordenanza 353/97) a partir del 1º bimestre de 1998 (artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Resolución SEyH 128/04); c) de las Actas de Ajuste Tributario F-04 Nº 981 y 982, ambas del 26/07/04, en la medida en que debe aplicarse el inciso 4) pto. 4.1.3 del art. 133 de la Ordenanza Fiscal vigente para los años 2002 a 2004, a los efectos de la consideración de la base imponible para el cálculo de la TISH; por lo cual la MUNICIPALIDAD DE MORON deberá practicar un nuevo pronunciamiento en base a lo resuelto en esta sentencia, lo que así se decide (Concdte. arts. 103,108 ,110 y 111 de la Ordenanza General de Procedimiento267 –Odza 11654 de la Municipalidad de Morón- , Ordenanza Fiscal de la Municipalidad de Morón arts. 132 y 133 y art. 50 inc.2 y concdtes. Del CCA y jurisprudencia antes citada ) .-
9. - Las costas se imponen en el orden causado, por no configurarse en el proceso las causales de excepción que autorizan su imposición a la vencida (art. 51 ,C.C.A., ley 12008, texto según ley 13101; S.C.B.A., “Orazi” sent. Del 12-IV-2006 entre otros “).-
En relación a los honorarios de los letrados de la demandada y, en virtud de lo resuelto en tal sentido por la Excma Cámara Departamental en autos "Nicotra Marcelo Fabian C/Municipalidad de Morón S/Pret.Declarativa de certeza "expte 1645/2009 -entre otros-, en sentencia del 21 de mayo de 2009” -y dejando a salvo mi opinión en contrario -, no procede regular honorarios de los letrados apoderados de la Municipalidad de Morón . (conc. art. 203 del decreto Ley 6769/58 ), lo que también así se decide .-
Por ello RESUELVO:
1) En base a los presentes considerandos se hace lugar a la demanda interpuesta por MINASSIAN MOTOR S.A. contra la MUNICIPALIDAD DE MORON - declarando la nulidad: a) del Decreto Municipal Nro. 1353/2005 del 04/08/05; b) de la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda Nro. 128/04 del 24/1104 en lo referente a la determinación tributaria practicada a la aquí actora (Legajo 1-23542) por la Tasa por Seguridad e Higiene de los períodos fiscales bimestrales 01/98 a 06/01 y cuotas mensuales 01/02 a 12/02, y a la pérdida del beneficio del 20% de descuento (Ordenanza 353/97) a partir del 1º bimestre de 1998 (artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Resolución SEyH 128/04); c) de las Actas de Ajuste Tributario F-04 Nº 981 y 982, ambas del 26/07/04, en la medida en que debe aplicarse el inciso 4) pto. 4.1.3 del art. 133 de la Ordenanza Fiscal vigente para los años 2002 a 2004, a los efectos de la consideración de la base imponible para el cálculo de la TISH; y ordenando a la MUNICIPALIDAD DE MORON que en el plazo de treinta (30) días dicte nuevo pronunciamiento en base a los considerandos de este decisorio .- (Condtes. arts. 103,108 ,110 y 111 de la Ordenanza General de Procedimiento 267 –Odza 11654 de la Municipalidad de Morón- , Ordenanza Fiscal de la Municipalidad de Morón arts. 132 y 133 y art. 50 y condtes. Del CCA) .-REGISTRESE y NOTIFIQUESE por Secretaría .-
2) Se imponen las costas por el orden causado (conforme art. 51 del CCA).-
3) Por su actuación en autos, regúlense los honorarios del letrado apoderado de la parte actora : Dr. José María Sferco Tº XXX F° 71 CASI, CUIT N° 20-14289043-8, Legajo Previsional N° 062693-4-07 IVA Responsable Inscripto la suma de pesos ( $ .-) a las referidas sumas deberá adicionársele el 10% en concepto de aporte de ley (art.2 inc.a) y 16 de la ley 6716 y sus modificatorias , arts. 9,10,14,15,16,22,49,51 y 54 del decreto –ley 8904/77 y sus modif).-REGISTRESE y NOTIFIQUESE
por Secretaría. Fdo. Dra. Mónica Luján López Juez en lo Contencioso Administrativo
del Departamento Judicial de Morón

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 3
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 132
 artículo 75
 artículo 133
 artículo 133
 artículo 133
 artículo 133
 Resolución 
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 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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