Source: https://psicolog.org/informe-anual-2013-captulo-ii-d-estado-de-cumplimiento-de-las-v2.html?page=24
Timestamp: 2019-08-24 07:02:54+00:00

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En el Informe No. 48/03 de fecha 8 de octubre de 2003, la CIDH concluyó que la República de Guatemala era responsable de: 1) la violación al artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de Martín Pelicó Coxic, en relación con el artículo 1(1) de dicho instrumento; 2) las violaciones a los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1(1) de dicho instrumento, en perjuicio de Martín Pelicó Coxic y sus familiares. La Comisión determinó que la responsabilidad del Estado guatemalteco emanaba de la ejecución extrajudicial realizada el 27 de junio de 1995 por agentes del Estado del señor Martín Pelicó Coxic, indígena maya miembro de una organización de defensa de derechos humanos del pueblo maya, como así también de los agravios consumados en perjuicio de la víctima y sus familiares en virtud de los hechos mencionados y la ulterior impunidad del crimen.
La Comisión formuló al Estado de Guatemala las siguientes recomendaciones:
Con posterioridad a dicho informe, las partes del presente caso celebraron el 19 de julio de 2005, un “Acuerdo de cumplimiento de recomendaciones del Informe No. 48/03”. La CIDH ha podido apreciar con beneplácito el importante avance logrado en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas, motivo por el cual el día 26 de octubre de 2006, durante su 126° período ordinario de sesiones, la Comisión decidió no presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino darle seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones a través del mecanismo consagrado en el artículo 51 de la Convención Americana.
Con este fin, el 8 de marzo de 2007 se aprobó el Informe No. 12/07 (Informe Artículo 51), en el cual la CIDH reiteró sus recomendaciones al Estado de Guatemala y recomendó además que se cumpliera con las obligaciones pendientes en materia de reparaciones a los familiares de la víctima.
Finalmente, el día 15 de octubre de 2007, la CIDH aprobó el Informe No. 80/07, a través del cual se dispone la publicación de los informes mencionados anteriormente. En esta oportunidad, nuevamente la Comisión expresó su beneplácito por el cumplimiento de la mayoría de los compromisos adquiridos en el “Acuerdo de cumplimiento de recomendaciones del Informe No. 48/03”, pero asimismo reiteró al Estado de Guatemala las recomendaciones dos y tres establecidas en el Informe No. 12/07 y le recomendó que complete la investigación de manera imparcial y efectiva de los hechos denunciados, a fin de juzgar y sancionar a los responsables, materiales e intelectuales, de las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de Martín Pelicó Coxic y sus familiares.
El 8 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a las partes información actualizada acerca del estado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas para el presente caso.
Respecto a la recomendación de realizar una investigación de los hechos denunciados, juzgar y sancionar a los responsables, el Estado de Guatemala, como en fechas anteriores, remitió un informe cronológico, sobre la investigación y sanción de los responsables de los hechos denunciados y reiteró que el Tribunal de Sentencia Penal dictó sentencia absolutoria para Pedro Acabal Chaperón, quien fuere imputado del delito de homicidio en perjuicio del señor Martín Pelicó Coxic. Asimismo, indicó que la querellante adhesiva y actora civil en el proceso penal reiteró no tener conocimiento de quién o quiénes eran los responsables de la muerte de su esposo y que no tiene interés de continuar con la investigación del caso.
Sobre este punto, los peticionarios manifestaron que el caso sigue en impunidad pues al día de hoy no existe nadie condenado por la muerte del señor Martin Pelicó Coxic, además de que los expedientes remitidos por el Estado no evidencian que en los últimos años haya habido un avance sustancial en el esclarecimiento de los hechos. Así mismo, los peticionarios solicitaron un informe cronológico de las acciones realizadas en materia de investigación, informe que fue entregado por el Estado a través de la CIDH y solicitaron un análisis pormenorizado sobre la viabilidad de la persecución penal en contra de posibles responsables.
En relación la recomendación de reparar, las partes coinciden en que los compromisos fueron cumplidos por el Estado.
La Comisión reitera su beneplácito por el cumplimiento de la mayoría de los compromisos adquiridos en el “Acuerdo de cumplimiento de recomendaciones del Informe No. 48/03”.
Por lo expuesto, la Comisión concluye que el Estado ha dado cumplimiento a las recomendaciones reseñadas, salvo respecto del tema de la investigación. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando dicho punto pendiente.
El 26 de enero de 2012, mediante informe No. 01/12 la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el Caso de Mario Alioto López Sánchez. De acuerdo a los antecedentes del mismo, el 11 de noviembre de 1994, Mario Alioto López Sánchez, estudiante de derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, estaba junto a un grupo de estudiantes protestando por el aumento al pasaje urbano, bloqueando el paso por la Avenida Petapa. Los peticionarios señalaron que aproximadamente 100 agentes de la Policía Nacional, intentaron dispersar a los estudiantes lanzando bombas lacrimógenas, disparando armas de fuego y golpeándolos, por lo que varios intentaron huir, siendo detenidos aproximadamente 23 de ellos. Entre éstos se encontraba Mario Alioto López Sánchez, quien fue golpeado por los funcionarios de seguridad al momento de ser capturado, y que a pesar que presentaba una hemorragia por el impacto del arma de fuego en su muslo izquierdo, no recibió atención médica inmediata, y fue trasladado aproximadamente dos horas después de su captura a un Hospital Nacional, donde falleció al día siguiente de su ingreso. En cuanto al proceso judicial seguido en el fuero interno, el 30 de julio de 1997, el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos dictó sentencia. Danilo Parinello Blanco, Mario Alfredo Mérida Escobar, Salvador Estuardo Figueroa y Carlos Enrique Sánchez Gómez fueron condenados a 10 años, como autores del delito de homicidio preterintencional en contra de Mario Alioto López Sánchez y por el delito de lesiones leves en contra de los estudiantes Julio Alberto Vásquez Méndez y Hugo Leonel Cabrera. Carlos Venancio Escobar Fernández, fue condenado a 30 años de prisión como autor material del delito de asesinato en contra de Mario Alioto López Sánchez y del delito de lesiones leves en contra de los otros dos estudiantes. En segunda instancia, la sentencia fue anulada parcialmente, absolviendo a los primeros cuatro, y reduciendo la sentencia de Escobar Fernández a 10 años de prisión.
El 19 de octubre de 2011, las partes firmaron un “Acuerdo de Solución Amistosa”. Por medio de éste, el Estado reconoció su responsabilidad por los hechos del caso y señaló que el cumplimiento de los compromisos que derivan del Acuerdo, tiene como fundamento principal coadyuvar para alcanzar la reconciliación nacional a través de la búsqueda de la verdad y la administración de justicia, la dignificación de la víctima y familiares, la asistencia o reparación resultante de la violación alegada, y el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Asimismo, de conformidad con el numeral cuarto de dicho acuerdo, entre los principales compromisos asumidos mediante el acuerdo de solución amistosa No. 01/12 se encuentran:
1. Reconocimiento de la Responsabilidad Internacional del Estado y aceptación de los hechos
El Estado de Guatemala reconoce su responsabilidad internacional, derivada de la participación directa de agentes del Estado, en la comisión de los hechos y por las violaciones a los derechos humanos cometidos contra Mario Alioto López Sánchez de conformidad con lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente los que establecen los siguientes artículos: Derecho a la vida (artículo 4), Derecho a la integridad personal (artículo 5), Libertad de asociación (artículo 16), y Protección judicial (artículo 25), y Obligación de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 1.1).
El cumplimiento de los compromisos que deriven del presente Acuerdo, tiene como fundamento principal coadyuvar para alcanzar la reconciliación nacional a través de la búsqueda de la verdad y la administración de justicia, en aquellos casos cuya naturaleza lo permita; la dignificación de la víctima y familiares; la asistencia o reparación resultante de la violación alegada; y el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos.
2. Disculpa Privada
a) El Estado de Guatemala se compromete a llevar a cabo un acto privado con altas autoridades del Ministerio de Gobernación y la Presidenta de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos -COPREDEH-, a través del cual reconocerá su Responsabilidad Internacional por las violaciones de Derechos Humanos cometidas en contra de Mario Alioto López Sánchez y se hará entrega de una Carta suscrita por el Presidente de la República de Guatemala, en la que pide perdón por los daños ocasionados a la familia de la víctima.
Las partes acuerdan que el acto se realizará dentro de los tres meses siguientes a partir de la fecha de la suscripción del presente acuerdo.
b) Las partes se comprometen a que el acto privado se celebre en las instalaciones que ocupa actualmente el Ministerio de Gobernación, debiendo establecer en su momento la fecha, programa y hora del mismo.
c) El Estado se compromete a no hacer pública la información contenida en el presente Acuerdo, a petición específica de los familiares de la víctima, para lo cual las partes también solicitarán a la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, en su momento, se reconozca el cumplimiento del Estado en relación con los compromisos del presente caso, sin que se divulguen los detalles del mismo.
3. Medidas para honrar la memoria de la víctima
d) El Estado se compromete a la colocación y develación de una placa conmemorativa en memoria de la víctima en la casa de habitación […], cuyo material y contenido deberá ser acordado con sus familiares].
e) El Estado se compromete a gestionar ante la Universidad de San Carlos de Guatemala, libros y videos que contengan información histórica sobre la lucha de Mario Alioto López Sánchez, la cual será entregada a los familiares de la victima para su preservación.
4. Reparación Económica
a) El Estado reconoce que aceptar la responsabilidad internacional derivada de la violación de los derechos humanos de la víctima establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la responsabilidad de pagar una justa indemnización a los Peticionarios bajo los criterios que, de común acuerdo, dispongan las partes y los parámetros establecidos por el derecho nacional e internacional.
El Estado a través de COPREDEH y de conformidad con el estudio actuarial elaborado por un experto el 27 de abril de 2011, se compromete a otorgar una indemnización económica […] desglosada de la siguiente manera:
Indemnización por daño inmaterial (moral):
5. Investigación, juicio y sanción de los responsables
El Estado de Guatemala se compromete a través de las instituciones correspondientes a impulsar la investigación para identificar, juzgar y sancionar a las personas que tengan procedimiento penal abierto como presuntos responsables de la muerte de Mario Alioto López Sánchez, así como abordar el presente caso en el Comité de Impulso.
El Estado de Guatemala se compromete a convocar al Comité de Impulso cada 4 meses, a fin de que rinda un informe sobre los avances de la investigación para ser trasladado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes legales del caso y los familiares de la víctima.
En el Informe de Solución Amistosa, la Comisión expresó que el 17 de enero de 2012, el Estado le informó que el 18 de noviembre de 2011, en un acto conmemorativo, reconoció su responsabilidad y solicitó perdón a la familia de Mario Alioto López Sánchez. Además, informó que el pago del total del monto acordado como reparación económica para cada uno de los beneficiarios, se efectivizó el 28 de diciembre de 2011; y que el 20 de diciembre de 2011, se realizó el acto de develación de la placa conmemorativa de Mario Alioto López Sánchez.
En consecuencia, quedaría pendiente de cumplimiento lo siguiente: a) la entrega a los familiares de libros y videos de la Universidad de San Carlos sobre la lucha de Mario Alioto López Sánchez, para la preservación de la memoria, y b) la investigación y sanción a los responsables.
En relación con la entrega de la información histórica a los familiares, el Estado señaló que a pesar de que se han realizado múltiples gestiones ante la Universidad de San Carlos –e incluso con los familiares de Mario Alioto Sánchez López– para obtener libros y videos que contengan información histórica sobre su lucha, ni la Universidad ni sus familiares cuentan con el material respectivo. En consecuencia, el Estado refirió estar imposibilitado para dar cumplimiento con este compromiso. Sobre la investigación y sanción de los responsables de los hechos, el Estado señaló que ha cumplido con este compromiso debido a que ya mediante sentencia firme de 30 de julio de 1997 del Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, fue condenado a prisión Carlos Venencio Escobar Fernández, responsable de la muerte de Mario Alioto López Sánchez.
Por su parte, los peticionarios señalaron que durante 2012 y 2013, el Estado no ha llevado a cabo las acciones necesarias para avanzar en el cumplimiento de los dos compromisos pendientes.
Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento pacial al cuerdo de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los dos puntos pendientes: la entrega de la memoria histórica a los familiares, y la investigación y sanción a los responsables.
El 20 de marzo de 2012, mediante informe No. 30/12, la CIDH aprobó un acuerdo de solución amistosa en el caso de Juan Jacobo Arbenz Guzmán. De acuerdo con los antecedentes, Jacobo Arbenz Guzmán fue elegido Presidente constitucional de Guatemala en el año 1951 y ejerció su mandato hasta el día 27 de junio de 1954, fecha en la que fue derrocado por medio de un golpe militar encabezado por el coronel Carlos Castillo Armas y dirigido desde Honduras por la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos de Norteamérica, CIA. Juan Jacobo Arbenz y su familia compuesta a ese entonces por su esposa María Cristina Vilanova de Arbenz y sus hijos Juan Jacobo, María Leonora y Arabella fueron expulsados del país y vivieron en el exilio. Juan Jacobo Arbenz Guzmán falleció en el exilio el 27 de enero de 1971. El gobierno de facto confiscó los bienes del señor Arbenz Guzmán y su familia. La Junta de Gobierno emitió el decreto N° 2, el 2 de junio de 1954 y luego el dictador Castillo Armas promulgó un segundo decreto N° 68. En el artículo primero del decreto 2, se ordenó intervenir los bienes, congelar e inmovilizar los depósitos, acreedurías, valores y cuentas corrientes de las personas que figuraban en las listas formuladas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde figuraba el Presidente Arbenz. El artículo primero del decreto 68 estableció que se adjudicaba al patrimonio del Estado a título compensatorio y en vía de indemnización, todos los valores, acciones, derechos, activos y bienes de toda clase, sin excepción alguna, que por cualquier concepto estuvieran bajo el dominio, posesión, tenencia y usufructo de los ex funcionarios y empleados que figuran en la lista mencionada en el decreto 2. Entre los bienes confiscados se encontraba la “Finca el Cajón”, propiedad de la familia Arbenz. Tanto el señor Arbenz Guzmán en vida, como sus familiares luego de su muerte, reclamaron la devolución de sus bienes.
El 28 de mayo de 1995 la señora María Cristina Vilanova Castro viuda de Arbenz, promovió una acción de inconstitucionalidad de los decretos 2 y 68, ambos de 1954 ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. El 26 de septiembre de 1996, la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 del decreto 2 y del artículo 1 del decreto 68. En 1996 la Procuraduría General emitió el dictamen 8-96 en el que reconoció que se debía estudiar la indemnización de los familiares del expresidente y que debía ser el órgano legislativo el sitio donde se debía debatir esta cuestión. El 31 de enero de 2003 la Procuraduría General de la Nación emite un nuevo dictamen en el que afirma que la sentencia de la Corte de Constitucionalidad vino a crear una obligación al Estado de Guatemala, en devolver los bienes o en su defecto hacer efectiva una indemnización, para los herederos del mismo.
El 14 de marzo de 2006, la CIDH declaró admisible el caso por la presunta violación a los artículos 8 (garantías judiciales), 21 (propiedad privada), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial). El 19 de mayo de 2011, las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa, cuyas partes pertinentes respecto de la reparación se detallan a continuación:
2) REPARACIÓN ECÓNOMICA
El Estado de Guatemala, luego de una valuación realizada el 21 de febrero de 2007 por la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas en la finca número 3443 folio 76 del libro 40 de Escuintla del Registro General de la Propiedad, denominada “Finca el Cajón”, ubicada en el Municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa del departamento de Escuintla, se compromete a pagar la cantidad […] en concepto de reparación económica, a favor del expresidente Juan Jacobo Árbenz Guzmán, su esposa María Cristina Vilanova y sus hijos Juan Jacobo, María Leonora y Arabella, todos de apellidos Árbenz Vilanova, cantidad que comprende daños materiales e inmateriales. El Estado de Guatemala se compromete a hacer efectivo el pago mediante transferencia bancaria, inmediatamente que se haya suscrito el Acuerdo de Solución Amistosa y que los peticionarios entreguen el acta notarial de identificación de beneficiarios y el mandato especial con representación a favor del Doctor Erick Jacobo Arbenz Canales, que lo faculta para la suscripción del presente acuerdo amistoso y para recibir el pago de la reparación económica; estos documentos deben contar con todos los pases de ley para que puedan tener plena validez legal de conformidad con la legislación guatemalteca. Al momento de realizarse la transferencia el peticionario se compromete a firmar un acta administrativa de finiquito a favor del Estado de Guatemala.
3) OTRAS FORMAS DE REPARACIÓN
Mediante este Acuerdo de Solución Amistosa se establece el compromiso del Estado de Guatemala de cumplir con los siguientes compromisos:
a) Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional: El Estado de Guatemala se compromete a dignificar la memoria del expresidente Juan Jacobo Árbenz Guzmán con un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado, el cual se realizará en el Palacio Nacional de la Cultura y será presidido por el Presidente de la República. […]
b) Carta de Perdón: El Estado de Guatemala se compromete a redactar una carta de perdón que el Presidente de la República entregará a los familiares del expresidente Árbenz Guzmán en el acto público de reconocimiento de responsabilidad que se realice. Esta carta será firmada por el Presidente y se publicará en el Diario de Centro América y en el Periódico.
c) Designación de una sala del Museo Nacional de Historia: El Estado de Guatemala se compromete a nombrar de forma permanente una sala del Museo Nacional de Historia que lleve el nombre de “Jacobo Arbenz Guzmán”.
El 5 de noviembre de 2010, el Estado de Guatemala realizó el nombramiento de la “Sala de Lectura Jacobo Arbenz Guzmán” en el Museo Nacional de Historia, por lo que el peticionario aceptó este acto como parte de la reparación moral en el presente caso, en virtud que dicho acto ya fue realizado.
d) Revisión del Currículo Nacional Base: El Estado de Guatemala se compromete a realizar las gestiones necesarias ante el Ministerio de Educación para revisar el Currículo Nacional Base, específicamente en lo referente al gobierno del entonces Presidente Constitucional de la República de Guatemala, Coronel Juan Jacobo Árbenz Guzmán y a los hechos acaecidos en la época del golpe militar de 1954 en su contra; luego de realizar la revisión por parte del Estado y los familiares del expresidente Árbenz Guzmán, el Estado realizará las gestiones para que se implementen los cambios que sean propuestos.
e) Diplomado en Derechos Humanos, Pluriculturalidad y Reconciliación de los Pueblos Indígenas: El Estado de Guatemala se compromete a crear un “Diplomado en Derechos Humanos, Pluriculturalidad y Reconciliación de los Pueblos Indígenas”, con el aval académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el que se realizarán dos promociones: una en la región occidente, que estará integrada por los departamentos de Quetzaltenango como sede central del diplomado, San Marcos, Retalhuleu, Suchitepéquez, Quiché y Sololá; y la otra en la región oriente que estará integrada por los departamentos de Zacapa como sede central, Chiquimula, Jalapa, El Progreso y Jutiapa.
Este diplomado va dirigido a funcionarias y funcionarios públicos de los Organismos Ejecutivo y Judicial, funcionarias y funcionarios de otras instancias del nivel intermedio y líderes indígenas; tendrá una duración de 10 sesiones presenciales las que se realizarán de forma quincenal. En el diplomado se desarrollarán temas que permitan analizar las desigualdades que existen entre los pueblos Maya, Garífuna, Xinka y Mestizo, con la finalidad de aportar a la disminución de prácticas discriminatorias.
f) Nombramiento de la Carretera al Atlántico: El Estado de Guatemala se compromete a realizar las gestiones ante las instituciones correspondientes, para que la carretera al Atlántico sea nombrada “Juan Jacobo Arbenz Guzmán” durante el transcurso de 2011. Al ser autorizada dicha solicitud, se realizará un acto público de nombramiento de la referida carretera.
g) Restitución área de la Finca el Cajón: como ya se ha mencionado anteriormente, la finca número 3443, folio 76, del libro 40 de Escuintla del Registro General de la Propiedad, denominada “Finca el Cajón” ubicada en el Municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa del departamento de Escuintla, propiedad de la familia Árbenz Vilanova, fue confiscada por el Estado de Guatemala mediante el decreto 2 del 5 de julio de 1954 de la Junta de Gobierno e inscrita a favor del Estado de Guatemala, según lo regulado en el decreto 68 de 6 de agosto de 1954 emitido por el Presidente de Facto. Posteriormente, dicha finca fue parcelada por el Instituto Nacional de Transformación Agraria –INTA-. En 1996 y 2006 la Corte de Constitucionalidad dictó sentencias según expedientes 305-95 y 1143-2005, declarando inconstitucionales los decretos 2 y 68 relacionados.
En dictamen jurídico 29-2003 de la Sección de Consultoría de la Procuraduría General de la Nación, dicha institución opinó “La sentencia de la Corte de Constitucionalidad que corresponde al expediente 305-95 de fecha 26 de septiembre de 1996, que declaró inconstitucionales y sin ningún efecto las disposiciones que sirvieron de base para la expropiación, prácticamente viene a crear una obligación para el Estado de Guatemala, consistente en devolver los bienes o en su defecto hacer efectiva una indemnización, para los herederos del mismo; así es que dicha sentencia es una decisión de trascendental importancia, para la definición de la situación dudosa que dió lugar al expediente, que hoy se analiza” .
En virtud de lo anterior, el Estado de Guatemala se compromete a realizar las gestiones y estudios correspondientes, para verificar si existe aún algún área que sea parte de la Finca el Cajón que esté en dominio del Estado; en este caso, el Estado de Guatemala realizará las gestiones legales y/o administrativas necesarias para que la propiedad de esta parte de la finca pueda ser reivindicada a los familiares del expresidente Árbenz Guzmán.
Si del estudio y las gestiones que el Estado realice en relación con la Finca el Cajón, se desprendiere que no existe ninguna área que se encuentre en dominio del Estado o que no sea posible reivindicarla a los familiares del expresidente Arbenz Guzmán, el Estado se compromete a pagar la cantidad adicional […] en el transcurso de 2011.
Los familiares del expresidente Arbenz Guzmán se reservan el derecho de elegir entre la restitución de la parte de la Finca El Cajón, que como resultado del estudio que se realice pudiere reivindicárseles o el pago […] antes de finalizar el 2011.
i) Exposición Fotográfica en el Museo Nacional de Historia: El Estado de Guatemala se compromete a gestionar una exposición fotográfica temporal sobre el expresidente Arbenz Guzmán y su familia en una de las salas del Museo Nacional de Historia. […]
j) Recuperación del acervo fotográfico de la familia Arbenz Guzmán: El Estado de Guatemala se compromete a registrar digitalmente en San José de Costa Rica, el archivo fotográfico del expresidente Arbenz Guzmán, que se encuentra en posesión de sus familiares, entregándose a los familiares 3 copias digitales completas y 3 impresas de una selección hecha de mutuo acuerdo. Este compromiso se realizará durante 2011.
k) Libro de Fotos: El Estado se compromete a editar durante 2011, un libro con una selección de fotografías del expresidente Arbenz Guzmán. […]
l) Reedición del Libro “Mi Esposo el Presidente Árbenz”: El Estado de Guatemala se compromete a reimprimir el libro “Mi Esposo el Presidente Arbenz”, cuya autora es María Cristina Vilanova de Árbenz, esposa del expresidente Árbenz Guzmán. […]
m) Elaboración y publicación de Biografía del expresidente Juan Jacobo Árbenz Guzmán: El Estado de Guatemala se compromete a elaborar y publicar la Biografía del expresidente Juan Jacobo Árbenz Guzmán. Para el efecto, sus familiares se comprometen a proporcionar los datos que les sean requeridos y a dar acompañamiento al autor del libro en la elaboración de la biografía, asimismo autorizan su elaboración y publicación. […]
n) Emisión de una serie de sellos postales: El Estado de Guatemala se compromete a gestionar la emisión de una serie de sellos postales que tenga como tema y/o motivo conmemorar al expresidente Arbenz Guzmán y su gestión gubernamental. La autorización, diseño, dentado, márgenes, número, valor fiscal, y tiraje queda a discreción de las autoridades de la materia correspondientes, con quienes COPREDEH y los familiares del expresidente Arbenz Guzmán, coordinarán las propuestas.
o) Traslados […]
En el informe de solución amistosa, la CIDH determinó que el Estado cumplió, además con los siguientes compromisos que constan en el acuerdo del 19 de mayo de 2011:
Reparar a la familia Árbenz Vilanova, por los daños y perjuicios causados y las violaciones a derechos humanos ocasionadas. Este compromiso fue cumplido por el Estado en junio de 2011.
Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional e instalación de una exposición fotográfica en el Palacio Nacional de la Cultura. El 20 de octubre de 2011 se realizó en el Patio de la Paz, del Palacio Nacional de la Cultura el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado. En el acto, el Presidente de la República de Guatemala reconoció la responsabilidad del Estado por las violaciones a los derechos humanos ocasionadas a la familia Arbenz y les pidió perdón: “Como jefe de Estado, como presidente constitucional de la República, como comandante en jefe del ejército le quiero pedir perdón a la familia Árbenz Vilanova, por ese crimen cometido el 27 de junio de 1954”.
Asimismo, el 17 de octubre de 2011 el Estado inauguró una exposición fotográfica en el Palacio Nacional de la Cultura denominada “Arbenz, combatiente de la Libertad y el Progreso” y “Arbenz, fin del exilio/apoteosis del retorno”.
Carta de Perdón. La carta de perdón fue entregada por el Presidente de la República el 20 de octubre de 2011, durante el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado, al señor Jacobo Arbenz Vilanova, hijo del expresidente Arbenz Guzmán, y publicada en medios de comunicación escritos.
Designación de una sala del Museo Nacional de Historia en forma permanente con el nombre de “Jacobo Arbenz Guzmán”. El 5 de noviembre de 2010, el Estado de Guatemala nombró la “Sala de Lectura Jacobo Arbenz Guzmán”, en el Museo Nacional de Historia. En el acuerdo suscrito el 19 de mayo de 2011, el peticionario aceptó este acto como parte de la reparación moral en el presente caso.
Crear un “Diplomado en Derechos Humanos, Pluriculturalidad y Reconciliación de los Pueblos Indígenas”, con el aval académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El Estado para dar cumplimiento a este compromiso elaboró una malla curricular de siete módulos que fueron desarrollados en 10 sesiones presenciales, en los departamentos de Quetzaltenango y Zacapa. En los diplomados participaron funcionarios públicos de diferentes departamentos y en los actos de clausura de los diplomados participó el señor Jacobo Arbenz Vilanova, hijo del expresidente Arbenz Guzmán. Este compromiso fue cumplido entre los meses de julio, agosto y septiembre de 2011.
Seguridad. Según lo acordado, el Estado proporcionó medidas de seguridad a los familiares del expresidente Árbenz Guzmán para asistir al acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional el 20 de octubre de 2011.
Recuperación del acervo fotográfico de la familia Arbenz Guzmán. Este compromiso fue cumplido por el Estado entre julio y agosto de 2011.
Reedición del Libro “Mi Esposo el Presidente Árbenz”. Este compromiso fue cumplido por el Estado y copias de los libros se repartieron durante el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional el 20 de octubre de 2011.
Traslado de familiares de Juan Jacobo Arbenz Guzmán para asistir a la CIDH a la suscripción del acuerdo de solución amistosa y al acto público de reconocimiento de responsabilidad que sería realizado en el Palacio Nacional de la Cultura. Este compromiso fue cumplido por el Estado en mayo de 2011 y octubre de 2011.
En relación con los compromisos pendientes de cumplimiento, según la información aportada por las partes durante el 2013, consta lo siguiente:
Revisión del Currículo Nacional Base: CUMPLIDO. El Estado informó que con el aval del Ministerio de Educación se elaboraron dos orientaciones curriculares denominadas a) orientaciones curriculares, acontecimientos históricos y avances políticos del gobierno de Jacobo Arbenz, Nivel Primario 4º, 5º y 6º, y b) orientaciones curriculares, acontecimientos históricos y avances políticos del gobierno de Jacobo Arbenz, Nivel Medio, Ciclo Básico 2º y 3º. Ambas orientaciones fueron entregadas el 12 de enero de 2012.
Nombramiento de la Carretera al Atlántico. CUMPLIDO. El Estado informó que el acto fue realizado el 12 de enero de 2012.
Restitución área de la Finca el Cajón. CUMPLIDO. Debido a que no fue posible restituir la Finca, y el acuerdo establecía que en ese caso se procedería a pagar una indemnización, el Estado realizó un pago el 27 de febrero de 2012.
Exposición Fotográfica en el Museo Nacional de Historia. CUMPLIDO. El Estado informó que la exposición fotográfica “Arbenz, combatiente de la Libertad y el Progreso” fue inaugurada el 22 de diciembre de 2011.
Libro de Fotos. PENDIENTE. El Estado señaló que contrató a un profesional para retocar 120 imágenes fotográficas de la familia Arbenz que se utilizarán para editar el libro de fotos. Para la elaboración del libro se estarían realizando las gestiones administrativas correspondientes.
Elaboración y publicación de biografía de Jacobo Arbenz Guzmán. CUMPLIDO. El Estado indicó que fue publicada el 12 de enero de 2012.
Emisión de una serie de sellos postales. PENDIENTE. El Estado indició que se habrían sostenido diversas reuniones con el Consejo Nacional Filatélico, quien propone, para poder cumplir con el compromiso, la emisión de un matasellos, que es el que se utiliza para la cancelación u obliteración a efectos de inutilizar un sello. Sin embargo, debido a que con ello se cambiaría el objeto del compromiso, el Estado solicita que la familia Arbenz se pronuncie si está de acuerdo con esta modalidad de cumplimiento.
La CIDH valora los avances en el cumplimiento de la solución amistosa. La CIDH seguirá dando seguimiento a los compromisos pendientes: Edición del libro de fotos y la emisión de una serie de sellos postales. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa.
Petición 714-06, Informe No. 123/12, Angélica Jerónimo Juárez (Guatemala)
El 13 de noviembre de 2012, mediante informe No. 123/12 la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el Caso de Angélica Jerónimo Juárez. De acuerdo a los antecedentes del mismo, el 27 de abril de 2002, el señor Nicolás Alvarado Tolón ingresó a su esposa Angélica Jerónimo Juárez al Hospital Nacional de Salamá, Departamento de Baja Verapaz, con síntomas de parto. Luego de haber sido examinada por los médicos, consideraron necesario intervenirla quirúrgicamente para practicar cesárea. Al no haber revertido los efectos de la anestesia y no tener movilidad en las piernas, ese mismo día, fue trasladada al Hospital San Juan de Dios, donde permaneció internada un mes. Al no ser posible lograr revertir los efectos de la anestesia, fue trasladada al Hospital Nacional de Salamá, para que recibiera sesiones de fisioterapia, sin embargo, luego de haber iniciado el proceso penal en contra del personal del Hospital Nacional de Salamá, decidió cuidarla en su hogar. El 9 de mayo de 2002 , el señor Nicolás Alvarado Tolón presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de la señora Gilda Antonia Teos Herrera, quien administró la anestesia. El 12 de diciembre de 2005, el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Baja Verapaz, emitió sentencia en la que declaró: la absolución de la acusada Gilda Antonia Teos Herrera, pero declaró con lugar la acción civil ejercida en su contra y la condenٕó al pago de Q. 35,000.00 como indemnización resarcitoria a favor de la agraviada y condenó al Estado de Guatemala, al pago de Q. 700,000.00 como indemnización a favor de la agraviada. El Estado de Guatemala a través de la Procuraduría General de la Nación (PGN), interpuso recurso de apelación, el cual fue conocido por la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Coban, Alta Verapaz, y que mediante sentencia de 27 de marzo de 2006, dejó sin efecto la sentencia apelada. La familia no pudo interponer el recurso de casación, debido a sus condiciones económicas.
El 21 de noviembre de 2007, en la ciudad de Guatemala, las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa, que en su numeral cuarto, se establecen los siguientes términos:
Reparación Económica:
El Gobierno de Guatemala reconoce el derecho que le asiste a la señora Angélica Jerónimo Juárez y a su familia de ser reparadas por las violaciones sufridas, por lo que en concepto de reparación económica, el Estado de Guatemala, de conformidad al cálculo actuarial realizado en el presente caso, y de común acuerdo con los familiares de Angélica Jerónimo Juárez, se compromete a resarcir económicamente por la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUETZALES (Q. 1, 261,600.00), cantidad que incluye los rubros de reparación moral, lucro cesante y daño emergente.
El pago de la reparación económica, se realizará durante el mes de diciembre del año 2007.
El plazo convenido en el presente Acuerdo de Solución Amistosa puede ampliarse de común acuerdo entre las partes, por razones presupuestarias.
Reparación Moral:
El Gobierno de Guatemala, se compromete a gestionar ante el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que se continúe brindando las respectivas terapias en el Hospital de Salamá, departamento de Baja Verapaz, a la señora Angélica Jerónimo Juárez, de conformidad con las posibilidades del Hospital Nacional de Salamá, Baja Verapaz.
El Gobierno de Guatemala, gestionará ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, proporcionar bolsas mensuales de alimentos para la familia de Angélica Jerónimo Juárez, por un plazo de dos años, o de conformidad a las posibilidades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
El Gobierno de Guatemala se compromete a gestionar ante el Ministerio de Educación, becas escolares a los hijos menores de edad de la señora Angélica Jerónimo Juárez, que cumplan con los requisitos establecidos por ese Ministerio.
En el Informe de Solución Amistosa, la CIDH expresó que según información aportada por las partes en la reunión de trabajo celebrada en Guatemala el 27 de mayo de 2009, consta que el Estado ha cumplido parcialmente los siguientes puntos del acuerdo de solución amistosa:
El 8 de enero de 2008, el Estado pagó el cincuenta por ciento (50%) del monto indemnizatorio, que correspondería a la suma de SEICIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUETZALES (Q. 630,800.00).
Durante el 2008 se entregaron parte de las bolsas de alimentos que se comprometió a entregar el Gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
En relación a las terapias que el Gobierno de Guatemala se comprometió a gestionar ante el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, los peticionarios expresaron su dificultad para viajar a la ciudad de Coban dos veces por semana. Al respecto, el Estado se comprometió a gestionar el traslado gratuito para que la señora Angélica Jerónimo Juárez reciba la terapia en otra ciudad.
En la referida reunión de trabajo, el Estado se comprometió a entregar el 17 de junio de 2009, a través de una fundación las becas escolares a los hijos menores de la señora Angélica Jerónimo Juárez.
De acuerdo a la información aportada por las partes, durante el seguimiento del Informe de Solución Amistosa, el Estado dio cumplimiento parcial a los compromisos adoptados en el referido acuerdo.
En relación con la reparación económica, El Estado señaló que ésta fue entregada mediante dos pagos del 50% cada uno; el primero realizado el 8 de enero de 2008, y el segundo, el 28 de diciembre de 2010. Respecto a la facilitación del servicio de fisioterapias a la señora Angélica Jerónimo Juárez en el Hospital General de Salamá, el Estado manifestó que ha realizado todas las gestiones necesarias para ello, sin embargo, el señor Alvarado Tolón ha renunciado a las mismas, porque le convienen otras opciones. Sobre la entrega de bolsas de alimento, el Estado refirió que hizo las respectivas entregas en los años 2008, 2009, 2010 y 2011. En cuanto a las becas escolares, el Estado refirió que las tres hijas de la señora Angélica Jerónimo Juárez recibieron sus becas respectivas, y que su hijo Fidelfo Alvarado Jerónimo fue exonerado del pago de colegiatura por el Instituto de Educación Básica por Cooperativa. Los peticionarios no respondieron a la solicitud de información.
Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento total al acuerdo de solución amistosa.
En el Informe No. 1/06, de fecha 28 de febrero de 2006, la Comisión concluyó que los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado secuestraron y/o detuvieron a Franz Britton y en los siguientes seis años no se determinó su paradero y que, como resultado, Guyana violó los derechos de Franz Britton a la vida, la libertad, la protección judicial, al arresto arbitrario y al debido proceso de la ley, todos reconocidos, respectivamente, en los artículos I, XVIII, XXV, XXV y XXVI de la Declaración Americana.
El Estado presentó su respuesta el 8 de noviembre de 2013. En su comunicación, el Estado indicó que no dispone de información adicional para compartir con la Comisión que complemente sus comunicaciones anteriores del 17 de octubre de 2011 y el 2 de noviembre de 2011.
Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el cumplimiento de las recomendaciones sigue estando pendiente. Como resultado, la Comisión seguirá supervisando su cumplimiento.
En el Informe No. 81/07 del 15 de octubre de 2007, la CIDH concluyó que el Estado de Guyana es responsable por la aplicación de violencia por parte de policías a los hermanos Daniel y Kornel Vaux mientras se encontraban bajo su custodia; y por no suministrar un juicio justo a los hermanos Vaux, especialmente en el tratamiento por los tribunales de dicho país del respaldo probatorio relacionado con las confesiones, lo cual les impidió objetar plenamente la voluntariedad del respaldo probatorio relativo a las confesiones que presentó la parte acusadora. Por lo tanto, la CIDH concluyó que el Estado de Guyana violó los derechos consagrados en los artículos XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en perjuicio de los hermanos Vaux; y que la ejecución de los hermanos Vaux con base en el proceso penal por el cual actualmente se encuentran convictos y condenados sería contrario al artículo I de la Declaración Americana.
Con base en sus recomendaciones, la CIDH recomendó al Estado:
Adopte las medidas legislativas u otras medidas necesarias para asegurar que los acusados obtengan acceso a las pruebas bajo control del Estado que puedan razonablemente necesitar para impugnar el carácter voluntario de las confesiones usadas como pruebas.
Realice una investigación para identificar a los autores materiales de las golpizas infligidas a Daniel Vaux y Kornel Vaux cuando estaban bajo custodia, para extraerles confesiones, y aplicarles el debido de castigo que fije la ley;
En el Informe No. 78/02, del 27 de diciembre de 2002, la Comisión concluyó que el Estado haitiano había violado: a) el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana en perjuicio del señor Guy Malary; b) los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial consagrados en los artículos 8(1) y 25 de la Convención Americana en perjuicio de los familiares del señor Guy Malary; y c) que dichas violaciones involucraban el incumplimiento de la obligación general de respetar y garantizar los derechos prevista en el artículo 1(1) del mismo instrumento internacional, en perjuicio del señor Guy Malary y de sus familiares.
Petición 11.805, Informe No. 124/12, Carlos Enrique Jaco (Honduras)
El 13 de noviembre de 2012, mediante informe No. 124/12, la CIDH aprobó un acuerdo de solución amistosa en el caso de Carlos Enrique Jaco. De acuerdo con los antecedentes Carlos Enrique Jaco, de 16 años de edad, fue detenido el 9 de noviembre de 1994 e ilegalmente remitido al centro penal de adultos San Pedro Sula por orden de la entonces Jueza del Segundo Juzgado de Paz de lo Criminal de esa ciudad, Lic. Vianey Cruz Recarte. Indicaron que al momento de su aprehensión, Carlos Enrique Jaco manifestó ser menor de edad, a pesar de lo cual, la jueza lo habría enviado a un centro penal de adultos sin ordenar el examen médico para verificar su edad. Indicaron los peticionarios que el resultado de la negligencia y falta de diligencia de la Jueza Vianey Cruz Recarte, tuvo como consecuencia la muerte del adolescente Carlos Enrique Jaco de manos de un reo del penal de adultos en el que se encontraba recluido. Los peticionarios alegaron asimismo la falta de investigación y sanción de los culpables.
El 19 de junio de 2001 las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa en los siguientes términos:
ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA ENTRE EL GOBIERNO DE HONDURAS Y LA ASOCIACION CASA ALIANZA/ CENTRO POR LA JUSTICIA Y EL DERECHO INTERNACIONAL SOBRE EL CASO No. 11.805 (CARLOS ENRIQUE JACO) ANTE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
El Gobierno de Honduras (en adelante “el Gobierno”) por una parte, y por la otra, la Asociación Casa Alianza América Latina y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “los peticionarios”), celebran el presente Acuerdo de Solución Amistosa ante la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”) sobre caso 11.805 (Carlos Enrique Jaco), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, 49 y 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “la Convención), en virtud de la denuncia presentada por los peticionarios por violación de los artículos 4 (derecho a la vida), 7 (libertad personal), 8 (garantías judiciales), 19 (derechos del niño), 25 (protección judicial) y 1.1 (obligación de garantizar y respetar los derechos consagrados en la Convención), acordado lo siguiente:
PRIMERO: Que el Gobierno se compromete a instruir a los Juzgados de la Niñez que una vez que llegue a su conocimiento que se ha ordenado la detención de una persona mayor de 18 años de edad en una cárcel o centro penal para adultos, procedan a adoptar las acciones legales correspondientes.
SEGUNDO: El Estado se Honduras se compromete a la reparación del daño. La reparación contemplará los siguientes aspectos:
La realización de las acciones administrativas y judiciales correspondientes que permitan el juzgamiento y sancionamiento de los responsables por los hechos denunciados.
TERCERO: Que, como reparación por los daños producidos por la violación de los artículos de la Convención referidos en la Suma, el Gobierno se compromete al pago de una indemnización compensatoria a los familiares de la víctima, por medio de la madre de Carlos Enrique Jaco, señora JUANA MELGAR, en virtud de haber confirmado los peticionarios que carece el fallecido de otros familiares que pudiesen gozar de prelación en este derecho. La indemnización se acuerdo en L.298,320.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS) correspondientes a los siguientes daños: a) Por daño emergente y lucro cesante: L 25,000.00 (VEINTICINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS); b) Por privación de la vida: L. 150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS); C) Por detención en cárcel de adultos: L 96,200.00 (NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS); y, d) Por daño moral: L. 27,120.00 (VEINTE Y SIETE MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS).
CUARTO: El Gobierno se compromete a hacer efectivo el pago correspondiente a la indemnización referida en la cláusula anterior en dos (2) pagos trimestrales. El plazo para pagos correrá a partir de la firma del presente Acuerdo, siendo el primer pago al momento de la firma del mismo y el segundo pago corresponderá al cumplimiento de los tres (3) meses a partir de la fecha en que el mismo se haya firmado. Los plazos referidos solo podrán ampliarse por mutuo acuerdo de las partes.
QUINTO: El pago se realizará a los familiares de la víctima por medio de la señora JUANA MELGAR, madre de Carlos Enrique Jaco, en forma directa y personal, por medio del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), mediante cheque de gobierno en las instalaciones del IHNFA.
SEXTO: Cumplidas por el Gobierno las obligaciones generadas por el presente Acuerdo de Solución Amistosa, éste solicitará a la Comisión que proceda de conformidad a lo establecido en la Convención y en el numeral 6 del artículo 45 del Reglamento de la Comisión. Si después de la firma del presente Acuerdo no se ejecutan las acciones y pagos correspondientes, el presente Convenio quedará sin efecto y la Comisión procederá a elaborar el informe final en los términos establecidos en la Convención. […]
En relación con el cumplimiento de los puntos del acuerdo, en el acuerdo de solución amistosa aprobado por la CIDH, se estableció lo siguiente:
Tanto los peticionarios como el Estado confirmaron que de conformidad al Acuerdo de Solución Amistosa, el Estado de Honduras le entregó a la señora Juana Melgar la suma de 298,320.00 lempiras, en virtud de la reparación del daño.
Mediante comunicación recibida el 12 de febrero de 1999, el Estado informó a la CIDH que el 15 de abril de 1998, el Juzgado de Letras Primero de lo Criminal de San Pedro Sula dictó sentencia condenatoria de diez años y seis meses de reclusión contra José A. Medina, responsable de la muerte de Carlos Enrique Jaco.
Los peticionarios informaron, mediante una comunicación recibida el 15 de abril de 2011, que en el año 1997 se despidió a la jueza Vianey Cruz de su cargo por su responsabilidad en la detención de Carlos Enrique Jaco, no obstante el 1 de febrero de 2001 habría sido contratada nuevamente como Jueza de Letras de La Ceiba en Atlántida. Al respecto, el Estado informó que la Ley de Carrera Judicial permite la rehabilitación del funcionario judicial o administrativo que hubiese sido destituido con causa justificada, una vez transcurrido el término de tres años y que, en este sentido, la jueza Vianey Cruz ya habría recibido su sanción. Mediante comunicación recibida el 18 de octubre de 2011, los peticionarios informaron que tomaban nota de lo señalado por el Estado y que no tenían más observaciones al respecto. En este sentido, solicitaron a la Comisión “que se valore la información referida a los efectos de determinar el cumplimiento efectivo o no de la solución amistosa”. Por su parte, el Estado afirmó haber dado cumplimiento al acuerdo de solución amistosa y solicitó a la Comisión proceder con los trámites correspondientes para el archivo del expediente.
Por lo anteriormente expuesto, la CIDH valoró los esfuerzos desplegados por ambas partes para lograr esta solución, y determinó que los compromisos del acuerdo se encontraban cumplidos. La Comisión concluye que se ha dado cumplimiento total al acuerdo de solución amistosa.

References: artículo 4
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 51
 Artículo 51
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 45