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Capítulo XIX LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS FUNCIONARIOS - PDF
Capítulo XIX LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS FUNCIONARIOS
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Samuel Serrano Chávez
1 Capítulo XIX LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS FUNCIONARIOS Sumario 1. Importancia práctica, jurídica y política del problema...xix-1 / El fracaso previo... XIX-3 / La responsabilidad civil... XIX-3 / La responsabilidad constitucional... XIX-4 / Ahora, la responsabilidad internacional... XIX-5 / O la negación total? Un pase de magia para olvidar el art XIX-6 / La nueva ley de responsabilidad del Estado...XIX-6 / Los caracteres de la responsabilidad civil de los agentes públicos. La norma civil y la nueva ley de responsabilidad del Estado... XIX-8 / Quiénes tienen derecho a exigir el regular cumplimiento de las obligaciones legales por parte del funcionario... XIX-9 / Los particulares... XIX-9 / Los demás funcionarios públicos... XIX-10 / El Estado... XIX-11 / Quiénes son responsables...xix-14 / Problemas que presenta el art XIX-14 / La omisión como causal de responsabilidad... XIX-16 / El daño como elemento de la responsabilidad... XIX-19 / El problema de las relaciones entre particulares... XIX-19 / La concatenación o la alternativa de daño material y daño moral. Modos alternativos de reparación... XIX-19 / El daño económicamente apreciable... XIX-22 / La culpa como elemento de la responsabilidad... XIX-23 / La necesidad de que haya culpa... XIX-23 / 6972 9.2. El caso del error... XIX-24 / El irregular cumplimiento de las obligaciones legales... XIX-24 / Responsabilidad por incumplimiento de obligaciones legales no debidas directamente al interesado... XIX-25 / Qué son las obligaciones legales... XIX-25 / Algunas obligaciones en particular... XIX-26 / Obligaciones legales no debidas directamente al particular, sino al Estado... XIX-27 / Coordinación de la responsabilidad del agente público con la responsabilidad del Estado... XIX-29 / No debe abandonarse la responsabilidad personal de los funcionarios públicos, sino que debe coordinársela con la del Estado... XIX-29 / Es una obligación conjunta in solidum... XIX-31 / 7053 Capítulo XIX LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS FUNCIONARIOS 1 1. Importancia práctica, jurídica y política del problema Es decisivo que el funcionario público que perjudica a los usuarios, administrados y consumidores (y por ende genera no solamente responsabilidad económica, sino también social) sufra las consecuencias de su hecho dañoso. 2 No hay nada peor para una democracia que la impunidad de los agentes públicos. Esto constituye un elemento fundamental para poner freno a la negligencia y arbitrariedad de las autoridades públicas, o que ejercen funciones administrativas públicas. Como dice con acierto Hauriou: No hay apenas materias de derecho público más importantes que éstas de la responsabilidad pecuniaria de las administraciones públicas y de los funcionarios. Ellas no tienen solamente un interés de orden constitucional. Ni se trata solamente de saber si la víctima de un daño será indemnizada más o menos seguramente; hay también, y sobre todo una cuestión de garantía 1 Vimos en el t. 1, cap. XIII, Agentes Públicos, que no hay diferencias jurídicas entre funcionario o empleado. Cabe recordar lo explicado para la Fiscalía y el Defensor, aplicable aquí, en nuestro libro Problemas del control de la administración pública en América Latina, Madrid, Civitas, 1982, cap. V: su preocupación principal no debiera ser buscar el rastro del enriquecimiento personal sino la causa de las decisiones que no cuidan del erario público. En otras palabras, si bien es importante perseguir civil y penalmente a los ex agentes públicos que se han enriquecido merced al erario público, o que han causado daños a los particulares o a la colectividad toda, mucho más importante es que se instituyan los mecanismos por los cuales tales hechos no se repitan. Allí debe estar puesto todo el énfasis y todo el cuidado de los órganos de control: en el presente inmediato. A su vez, el control social de la ciudadanía sobre los órganos de control debe vigilar que se cumpla, con esta obligación de control presente, actual. No es que sea fácil sancionar ni siquiera civilmente los hechos del pasado, como veremos en este cap., pero tampoco debemos olvidarnos de los más graves hechos del presente, que al menos estamos a tiempo de frenarlos si logramos concitar la suficiente fuerza social. Conf. Andrada, Alejandro Dalmacio, Responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos, Buenos Aires, La Ley, 2008, pp Lo tiene claro la ley nº 231 (antes ley 4.816) de Chubut, cuyo art. 32 dispone: Cuando por el hecho, acto u omisión del funcionario se ha visto lesionado el patrimonio del erario público, el Estado por medio de la autoridad competente, está obligado a promover las acciones de responsabilidad contra el presunto responsable; en igual sentido Brasil, ley 4.619/65, art. 1.4 XIX-2 la defensa del usuario y del administrado constitucional de la libertad; si, desde un punto de vista administrativo, puede parecer ventajoso que la víctima del daño sea incitada a perseguir a la administración más bien que al funcionario, desde un punto de vista constitucional, se debe desear que la costumbre de perseguir personalmente a los funcionarios ante los tribunales judiciales no sea completamente abandonada, porque la eventualidad de la responsabilidad pecuniaria es todavía el mejor medio que se ha encontrado para impedir las prevaricaciones de los funcionarios. 3 En el pasado este problema se circunscribía a cómo responsabilizar conjuntamente al Estado y al funcionario. Ante el fracaso sistemático de lograrlo, 4 aún a pesar de invertirse la carga de la prueba en materia penal por enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, 5 la Constitución de 1994 en su art. 36 incluye una responsabilidad penal constitucional extendida también a los particulares que se enriquecen en forma ilegítima a expensas del erario público o de la sociedad de usuarios y consumidores y por supuesto pagamos todos, en impuestos directos y sobre todo indirectos, inflación, etc. Dado que tampoco con esto pasó nada, 6 ahora es la Convención Interamericana contra la Corrupción que agrega algunos elementos de jurisdicción extranjera que pueden servir en la lucha que debiera ser constante contra la corrupción: Pues ahora se reconoce que la corrupción tiene como primer cara visible la dilapidación de fondos públicos, la generación de responsabilidades estatales que serán sociales y el enriquecimiento injustificado, entre otras lacras más. 7 Si como dice Linares la responsabilidad del funcionario no es un proyecto-programa de la sociedad argentina, 8 al menos ayudará en algo que lo sea de la comunidad internacional o de algún país extranjero. En 3 Hauriou, Maurice, La jurisprudence administrative de 1892 à 1929, t. I, París, Sirey, 1929, p En contra Linares, Juan Francisco, En torno a la llamada responsabilidad civil del funcionario público, LL, 153: Como dice Linares, op. cit., en el derecho viviente en la Argentina, por la razón que se quiera, no se da como práctica en el sentido de hacer responsable directa y conjuntamente a la Nación y sus agentes, o sólo a éstos, por falta personal. La tesis de la responsabilidad conjunta [...] no es, hasta ahora, un proyecto-programa de la comunidad argentina a través de la opinión pública. Hemos fracasado en El desafío de la disciplina del ilícito: generar el proceso económico-psicológico idóneo para la evitación de los daños, como lo expresó Stiglitz, Gabriel A., La responsabilidad civil, Buenos Aires, La Ley, 1984, pp No obstante la gravedad de la pena legal nada había pasado en la práctica. Como dice José Severo Caballero, por eso La reforma mencionada [de 1994] y las circunstancias sociales actuales llevan la atención pública hacia los llamados «delitos de corrupción» contra el Estado: El enriquecimiento ilícito de los funcionarios y empleados públicos. (Después de la Reforma Constitucional de 1994), LL, 1997-A, 793, 794; Morello, Augusto Mario, El derecho a probar; su perfil constitucional, ED, 159: Más aun, el segundo párrafo del art. 268 fue derogado por la ley Ver De Luca, Javier Augusto y López Casariego, Julio E., Enriquecimiento ilícito y Constitución Nacional, LL, A, 249, quien recuerda a Sancinetti, El delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos art. 268,2, Cód. Penal, Buenos Aires, Ad Hoc, Tratamos el tema en nuestro art. Un corte transversal al derecho administrativo: la Convención Interamericana Contra la Corrupción, LL, 1997-E, Linares, op. loc. cit., quien además postula la irresponsabilidad del funcionario público, salvo casos de excepción. 6765 xix. la responsabilidad civil de los funcionarios XIX-3 consecuencia, en este cap. hablaremos de las responsabilidades personales e individuales de todos los que generan la responsabilidad del Estado y no solamente de las responsabilidades de los agentes públicos. Porque ocurre que los agentes de los concesionarios o licenciatarios utilizan frecuentemente a los funcionarios públicos como instrumento de sus políticas comerciales, y observan desde la platea cómo se desarrolla la batalla usuario-administración-empresa, sabiendo que la cuestión difícilmente les alcance a ellos personalmente: Son la versión contemporánea de la irresponsabilidad de los funcionarios públicos del pasado y del presente. No ha de llegarse al extremo de que el funcionario autor (o gestor) del acto ilegal, de hecho, no está jamás inquieto personalmente. Cuando llegue la sanción, él habrá probablemente dejado su puesto por uno más elevado. La decisión del Consejo de Estado no le alcanzará tampoco a su sucesor, extraño a lo que ha ocurrido antes que él La responsabilidad civil 2. El fracaso previo La responsabilidad de los agentes del Estado está establecida en el art del Código Civil. Pero en ninguna colección de jurisprudencia se encuentran sino pocos casos de efectiva responsabilidad de un servidor público. 10 No se crea que esto es un problema de ineficiencia administrativa en promover los juicios; la propia doctrina jurídica argentina, como veremos, con frecuencia trata de desalentar que este tipo de responsabilidad se efectivice a pesar de haberse podido instituir un sistema que contemplara tanto la responsabilidad del Estado como la del funcionario, de modo que el damnificado sea indemnizado, pero que el culpable autor del daño no resulte irresponsable como se hace en todos los países civilizados en la Argentina se previó pero no existe de hecho, responsabilidad del agente estatal. 11 La doctrina ha contribuido a esa criticable situación cuyos efectos en materia de corrupción administrativa, empobrecimiento y desaliento social están a la vista en los últimos decenios de vida nacional por no haber insistido lo suficiente y a 9 Calon, Jean Paul, Le Conseil d État et la protection des libertés publiques, París, mimeo, 1980, p Linares, op. loc. cit. Hay excepciones, desde las dramáticas como Tarnopolsky, CNFed. CA, Sala III, LL, 1996-C, 439 y Juliano, CCA de Mar del Plata del 08/05/12, hasta las mundanas como Amiano, CNFed. CA, Sala IV, DJ, , 644; LL, 1999-F, 497. Sin embargo, cabe notar que la CSJN revocó la decisión de la Sala IV en la causa Amiano. Ver infra nota 17. Otras veces el tribunal señala ex ante las responsabilidades personales de quienes incumplan su sentencia: Sala IV, Viceconte, LL, 1998-F, 305. Por fin, hay casos en que se concluye estableciendo de hecho la responsabilidad exclusiva del funcionario: Frabia S.A., CNCom, Sala D, LL, 1999-F, Al igual que en Brasil, donde la prohibición de que los particulares persigan directamente al agente público deriva, en la práctica, en su irresponsabilidad por inacción del Estado para reclamarle mediante acción de regreso: García, Mônica Nicida, Responsabilidade do Agente Público, Belo Horizonte, Fórum, 2004, pp6 XIX-4 la defensa del usuario y del administrado veces ni siquiera mínimamente en la necesidad social y republicana, además de jurídica, de por lo menos, sincronizar la responsabilidad del funcionario público con la responsabilidad del Estado. 12 Pero hay más, como se verá en el 2.4: 13 [...] Un pase de magia para olvidar el artículo La responsabilidad constitucional La Constitución de 1994 en su cap. de nuevos derechos y garantías incluye primero el art. 36, que establece un fundamental punto de partida democrático, aunque desgraciadamente conspira contra él la fortísima concentración de poder económico y político que el país experimenta sin cesar, en forma creciente, a manos de un presidencialismo que en los hechos niega ese punto de partida constitucional. Nos encontramos así, una vez más en nuestra historia, con la más fuerte dicotomía entre lo que el sistema normativo proclama y lo que la realidad nos muestra. Esa es la materia que constituye el nervio central de un país subdesarrollado. a) Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. b) Sus autores [los del primer párrafo] serán pasibles de la sanción prevista en el art. 29 [ Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. ] inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas [la inhabilitación y demás penas les son aplicables aun si no era funcionario público antes.] c) Tendrán las mismas sanciones [los incursos en el primer y segundo párrafo] quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente por sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles [modifica el C.P. y el C.C. en forma expresa. No requiere legislación, es operativa e inmediatamente aplicable.] d) Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este art. [los de los párrafos primero, segundo y tercero.] 12 Puede parecer una discusión secundaria, casi una mera orfebrería académica, pero en verdad nos parece riesgoso en grado sumo encuadrar la responsabilidad del agente público por daños y perjuicios como propia del derecho público, pues éste es siempre más proclive a proteger la irresponsabilidad. Comp., en el sentido indicado, Ivanega, Miriam Mabel, Mecanismos de control público y argumentaciones de responsabilidad, Buenos Aires, Ábaco, 2003, pp También son los autores que señala Rusconi en la obra que recordamos infra, nota 16, primera parte. 6787 xix. la responsabilidad civil de los funcionarios XIX-5 e) Atentará asimismo [igual que los del primero, segundo, tercer y cuarto párrafo] contra el sistema democrático quien [funcionario público o no] incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento [el enriquecimiento ilícito del funcionario público ya está penado en el C.P., e invierte la carga de la prueba en su contra], quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. [Y además, conforme la remisión a los primeros párrafos y de éstos al 29, Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. Si tomamos en serio esta remisión al primer párrafo, quedan en realidad inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas.] f) El Congreso sancionará una ley sobre ética pública [se ha dictado en 1999, con el número ] para el ejercicio de la función [Esto no dice que lo anterior de los primeros cuatro párrafos no sea operativo. Puede requerir tipificación el enriquecimiento del particular a expensas del Estado, pero no su complicidad en el enriquecimiento del funcionario público, y si hubo cohecho, etc., también está prevista la figura penal.] 2.3. Ahora, la responsabilidad internacional 14 Debe advertirse que el lavado de dinero es a veces la exteriorización del enriquecimiento ilícito y la corrupción. 15 A su vez, el lavado de dinero también suscita la jurisdicción extranjera. Todo ello puede importar probables responsabilidades del Estado y juzgamientos en el exterior de sus funcionarios y ex funcionarios. La investigación de estos fenómenos por jurisdicciones extranjeras puede arrojar mucha luz sobre hechos más cercanos. Ella está autorizada por los arts. IV y V de la CICC, de rango constitucional y supraconstitucional, como así también por otros cuerpos normativos de los que hacemos mención en el capítulo La justicia administrativa internacional del t. Hacia el derecho administrativo global y algunos más que se siguen gestando a nivel internacional, a los cuales difícilmente nuestro país pueda sustraerse de firmar y ratificar en plena forma. Nos encontramos así por una primera parte, más arriba expuesta, con un régimen formal constitucional que se halla desmentido por la estructura real del poder político, económico y social del país real, y al mismo tiempo, contradictoriamente, que ese poder concentrado de apariencia hegemónica en verdad 14 Mosset Iturraspe, Jorge, Vision privatista de la responsabilidad del Estado, en Stiglitz, Gabriel (dir.), Responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos, Buenos Aires, Rubinzal Culzoni, 2003, pp , recuerda en la p. 26, nota 30, esta triple responsabilidad del agente que señalamos. 15 Lo que explica y fundamenta la categoría de personas expuestas políticamente (PEPs) en la ley y res. (UIF) 11/8 XIX-6 la defensa del usuario y del administrado encuentra claros límites en el ordenamiento y en la realidad internacional. Los juegos normativos y fácticos, tanto internos como internacionales, son pues polifacéticos, cambiantes, y pueden inducir fácilmente a espejismos. Los cambios y adaptaciones a su vez, no se producirán sino lentamente, como el impacto climático, pero son tan inexorables como éste. Muchos de nuestros ex gobernantes latinoamericanos no imaginaron en su momento que estarían hoy sometidos a proceso; muchos gobernantes de hoy harían bien en echar una mirada al pasado cercano para intentar avizorar cómo puede ser el futuro, quizás no tan lejano. La sociedad, en todo caso, debe hacerlo O la negación total? Un pase de magia para olvidar el art En el camino, la fuerte tendencia a negar la responsabilidad civil del funcionario público nos ha llevado como sociedad a dejar de ver lo que está evidente en el art y leer en cambio lo que allí no se expresa. Es así como aparece por doquier en la doctrina y jurisprudencia argentina que se recurre, sin necesidad alguna, a fundar la responsabilidad del Estado, no la del funcionario, en el art. 1112, 16 con lo cual se logra por un pase de magia hacer desaparecer de la vista el molesto art en cuanto quería recordarnos que debíamos responsabilizar también al agente, y dedicar en cambio todas las fuerzas colectivas a responsabilizar solamente al Estado, o sea a nadie, olvidando mientras tanto, muy convenientemente, a esos gigantes de irresponsabilidad que nos gobiernan y administran día a día. Que el Estado responda, está bien; que nos hagamos los distraídos de quiénes son los verdaderos causantes del daño es un acto de suicidio colectivo, sobre todo cuando la responsabilidad del Estado también termina siendo muy complicada y larga de materializar, como explicamos en el cap. XXXII del t La nueva ley de responsabilidad del Estado 17 El Congreso sancionó en el 2014 la ley de responsabilidad del Estado, que fue promulgada de hecho por el Poder Ejecutivo el 7-VIII-14 y publicada en el B.O. 16 Ver Rusconi, Dante D., Responsabilidad del Estado y del Banco Central de la República Argentina, en Stiglitz (dir.), op. cit., pp , quien remonta el origen de esta idea a los dos autores que más bregaron en contra de la responsabilidad de los agentes públicos, p. 126, nota 29, Linares y Cassagne. El panorama general del desarrollo de esta evolución de la doctrina y jurisprudencia argentina es expuesto por Mertehikian, Eduardo, La responsabilidad pública. Análisis de la doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema, Buenos Aires, Ábaco, 2001, pp y sus referencias. 17 Entre las publicaciones existentes al respecto al momento de entrar este libro a imprenta, podemos señalar: Cassagne, Juan Carlos, El fundamento constitucional de la responsabilidad del estado y su regulación por el Código Civil o por leyes administrativas, Supl. Const., mayo 2014; Biglieri, Alberto, Tensión entre la reforma del Código y la ley de responsabilidad del Estado proyectada, LL, 9-V-14; Fidelibus, José María, Responsabilidad del Estado según proyecto de ley especial del PEN. Consideraciones críticas, RCyS, 2014-IV, 17; Ibarlucía, Emilio A., Responsabi- 6809 xix. la responsabilidad civil de los funcionarios XIX-7 el [día siguiente] 8-VIII-14 bajo el número , de más que dudosa constitucionalidad y sobre todo con graves fallas de justicia, equidad, razonabilidad, etc., al prohibir inconstitucionalmente la aplicación de multas a los funcionarios que incumplen las sentencias judiciales. A su vez, limitar la responsabilidad del Estado sin hacerla efectiva en su nuevo pretendido ámbito, es doblemente disvalioso. Para superar un test de constitucionalidad debiera al menos permitir la ejecución judicial forzosa de la sentencia contra el Estado. El art. 1º in fine dispone que la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios. Ello es contrario a la garantía de acceso a una justicia efectiva: Es incitar a los funcionarios a incumplir las sentencias judiciales. El art. 9º, por su parte, establece: La actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de lidad del Estado y de los funcionarios públicos. Código Civil o ley provincial?, LL, julio 7 de 2014, LL2014-D; Punte, Roberto A., Objeciones constitucionales a la nueva Ley sobre Responsabilidad del Estado, eldial.com, DC1D20, 15-VII-14; Espinoza Molla, Martín R., Comentarios a la nueva ley de responsabilidad del Estado y de los agentes públicos, en prensa. Por el contrario, Barra, al comentar las disposiciones del proyecto de Código Civil y Comercial en cuanto a la responsabilidad del Estado, considera que es un acierto reconocer la autonomía, la sustantividad propia del régimen de derecho público en materia de responsabilidad extracontractual. (La contractual ya la tiene, conforme con el decreto de legislación delegada 1023/01 y las regulaciones de cada tipo contractual en particular.) Al así hacerlo, su consecuencia lógica será el reconocimiento de la jurisdicción local en materia de legislación sobre la materia, Barra, Rodolfo C., La responsabilidad del Estado en el Proyecto de nuevo Código Civil, eldial.com, DC1946, 19-IX-12. Perrino también considera correcta la posición iuspublicista de la responsabilidad estatal. Perrino, Pablo Esteban, Responsabilidad por actividad estatal legítima. Proyecto de ley de responsabilidad del Estado y de los agentes públicos, LL, 2014-C, Ese cambio de dirección mantiene la coherencia del sistema con la igualdad de las cargas públicas y en el sacrificio especial que postulan los principios de derecho público en los Artículos 16 y 17 de la [CN] consolidados en los lineamientos de la jurisprudencia de la [CSJN], Salgan Ruiz, Leandro G., Perspectivas jurisprudenciales de la responsabilidad del Estado en el Proyecto del Código Civil y Comercial unificado, Rap (423), 88. En cambio, para Mairal, en su ponencia presentada ante la comisión bicameral para la reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, la reforma abriría una verdadera Caja de Pandora y habrá que esperar por el establecimiento de las normas y las decisiones judiciales que las aclaren para conocer cuáles son los derechos frente a la conducta ilícita del Estado. Mairal, Héctor A., Ponencia 5: Responsabilidad del Estado, Funcionarios y empleados públicos, disponible en cpacf.org.ar/expedientes/ponencia%205.pdf. Por último, en una posición intermedia, se ha dicho que se acepte que la responsabilidad del Estado es de derecho común o de derecho público, [...] es necesario buscar [...] convergencias que permitan asegurar, a través de una normativa aplicable en todo el país o en cada provincia, un régimen de responsabilidad del Estado que garantice en toda su plenitud el derecho a la reparación de los damnificados por el obrar de aquél y de sus agentes, conforme las pautas de seguridad jurídica que hoy la sociedad exige, con normas que formen parte del sustentáculo común del sistema, con amarre en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional y en los principios generales del derecho. Sarmiento García, Jorge H., Los fundamentos de la responsabilidad del Estado y el Proyecto de Ley con media sanción de diputados, Revista Iberoamericana de Derecho Administrativo y Regulación Económica, IJ-LXXI-61. Espinoza Molla, Martin R., Comentarios a la nueva ley de responsabilidad del estado y de los agentes públicos, Supl. Adm., agosto 2014, nº 5, p. 3 y ss. Perrino, Lineamientos principales de la ley de responsabilidad del Estado y de los funcionarios y agentes públicos, Revista Digital DPI, año 2, nº 25, 8-VII10 XIX-8 la defensa del usuario y del administrado una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas, los hace responsables de los daños que causen. La pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los tres (3) años. La prescripción era de diez años por la ley y a su vez la vigente ley en su art. 131 se remite a los plazos del Código Civil. 18 Es claro que no pueden ser modificados por una ley local. La acción de repetición del Estado contra los funcionarios o agentes causantes del daño prescribe a los tres (3) años de la sentencia firme que estableció la indemnización. Nada hace la ley para obligar al Estado a buscar ese resarcimiento tardío. Por último, el art. 11 invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos de esta ley para la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos respectivos. 19 El primer y fundamental error es jurisdiccional. Se piensa modificar el Código Civil por ley nacional, pero no se lo ha hecho. Esta ley local es contraria al Código Civil vigente, lo cual la torna insanablemente inconstitucional sin perjuicio de múltiples otros reparos constitucionales. 20 Por ello mantenemos el desarrollo que antes hiciéramos de las normas del Código Civil, todavía vigentes. 3. Los caracteres de la responsabilidad civil de los agentes públicos. La norma civil y la nueva ley de responsabilidad del Estado Si bien la responsabilidad del agente público emerge de la Constitución conforme al art. 36, también es de importancia el art del Código Civil: Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, son comprendidas en las disposiciones de este Título. 21 La ley mantiene una fórmula más restrictiva, violatoria del sistema constitucional y de convencionalidad. 18 Ampliar en Atchabaian, Adolfo, Régimen jurídico de la gestión y del control de la hacienda pública, Buenos Aires, La Ley, 2014, pp Este artículo está en sintonía con el proyecto de Código Civil y Comercial, texto conforme modificación del Poder Ejecutivo Nacional a los artículos 1765 ( Responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda ) y ( Responsabilidad del funcionario y del empleado público. Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda. ) Es cuestionable fundar una ley en normas previas que aun no han sido dictadas. 20 Ver, entre otros, Ibarlucía, Emilio A., Responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos. Código Civil o ley provincial?, LL, julio 7 de 2014, LL2014-D, y los demás autores citados en la nota El proyecto de 1998 se refiere al ejercicio irregular de sus cargos, art. 1677; la jurisprudencia, a desempeñar de manera irregular sus funciones, in re Amiano, LL, 1999-F, 497 y primer voto de Galli, p. 499, cons. 8, cuarto párr. 68211 xix. la responsabilidad civil de los funcionarios XIX-9 Esta disposición del art (vigente a la fecha de esta edición) protege a todos los sujetos que puedan resultar dañados por la comisión del hecho u omisión antijurídica; el contenido de la protección reside en reprimir la comisión de daños jurídicos realizada mediante el irregular cumplimiento de las obligaciones legales que rigen la función pública. Los sujetos de derecho que resultan obligados por este art. a realizar la conducta debida, son todos los agentes estatales, sin distinción alguna en cuanto a empleados o funcionarios, rentados u honorarios; de la rama ejecutiva, legislativa, juridiccional 22 o judicial. 23 Veremos ahora estos distintos aspectos. 4. Quiénes tienen derecho a exigir el regular cumplimiento de las obligaciones legales por parte del funcionario 4.1. Los particulares El primer aspecto a quiénes protege el art debiera ser indiscutido, dado que la ley civil no ofrece indicio alguno que permita fundamentar la exclusión de esta responsabilidad frente a determinado damnificado; pero existen dos posiciones restrictivas, a pesar de ello. La primera, que no ha sido expuesta expresamente, plantea el interrogante de que aquélla existiera con referencia al Estado, pero no en relación a los particulares; 24 mas nada indica, ni en la 22 P. ej., un síndico concursal: CNFed. Ca, Sala IV, Amiano, LL, 1999-F, 497, DJ, , 644. Allí la Cámara entendió que la actuación del síndico quedaba encuadrada en la previsión del art del Código Civil y responsabilizó al Estado por la actuación de su órgano judicial. Sin embargo, la CSJN revocó la sentencia de Cámara, entendiendo que el síndico no está comprendido en la categoría de funcionario público, siendo sólo un sujeto auxiliar de la justicia, in re Amiano, LL, 2004-B, 825, con nota de Mertehikian, Eduardo, Responsabilidad del Estado por la irregular actuación del síndico en el concurso es un fallo de la Corte Suprema (El caso Amiano), LL, 2004-E, 667. La posición limitativa de la responsabilidad del agente, que lo haría responsable no frente al particular sino sólo frente al Estado por perjuicio fiscal parece inferirse de Ivanega, op.cit., p. 263, aunque también es posible interpretar su texto en el sentido que limitó su análisis solamente a los supuestos de control público, pero aún así, estaría dejando de lado los casos de responsabilidad conjunta. La CNCP, Sala III, Rodríguez Gamallo, Osvaldo Horacio, causa 9.667, 30 de diciembre de 2008, reconoció por mayoría la calidad de funcionario público del síndico concursal a los fines de la responsabilidad estatal, separando la interpretación del concepto de funcionario público entre el derecho administrativo y el penal. 23 No es fácil efectivizar la responsabilidad personal de los jueces. Eso llevó a las reflexiones que formula Mosset Iturraspe, Jorge, Responsables privilegiados Los jueces, ED, 186: El art. 150 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece para el caso de demora en el pronunciamiento de una sentencia y a falta de comunicación al Consejo de la Magistratura de las razones que determinen la imposibilidad, la aplicación de una multa al magistrado; el art. 151 dispone que dicha multa es sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil, o de la sujeción del/la juez/a a otros procedimientos, si correspondiere. 24 Como es el caso de Brasil, donde (con sustento legislativo en la ley 8.112/90 art. 122) se interpreta el art de la Constitución en el sentido de que la reparación de los daños causados a terceros por agentes públicos sólo puede ser reclamada al Estado, correspondiendo exclusivamente a éste perseguir al funcionario mediante acción de regreso: García, op. cit, pp Es la misma lógica de nuestro sistema: allá normativa, aquí empírica pero que por imperio de la doctrina y la jurisprudencia, en pase mágico ha devenido también seudo normativa. 68312 XIX-10 la defensa del usuario y del administrado redacción del art. 1112, ni en su ubicación, que él tienda a proteger única y exclusivamente al Estado. Por el contrario, la amplitud de los términos del art. y su ubicación dentro de un título que protege a todos los individuos de la sociedad contra los daños que les hagan sus semejantes, señala, con el sustento de la sana lógica, que si a alguien protege el art., es en primer lugar al particular. Mientras que el Estado tiene muchos medios para protegerse contra los perjuicios de sus dependientes, no los tienen en cambio los particulares, quienes en virtud de que los agentes estatales tienen el uso del poder público, o realizan una función o prestan un servicio indispensable a tales particulares, se encuentran siempre en una posición de inferioridad fáctica frente a aquéllos. A nadie le parecerá extraño afirmar que el administrado necesita protección frente a los administradores; no puede parecer por lo tanto raro que el Código Civil trate de proporcionar esa protección. Que el art. que lo hace proteja también al Estado, es perfectamente aceptable, pero no lo es en cambio cualquier solución que pretenda invertir los términos e interpretar el art de forma que éste no cumpla su fin primordial de proteger a los individuos contra el Estado y sus agentes Los demás funcionarios públicos La segunda posición sostiene que el art no se aplica a las relaciones de los funcionarios o empleados entre sí, y ha sido expuesta por Díaz de Guijarro, 26 quien se basa en que el Anteproyecto de Reformas de Bibiloni, el Proyecto de la Comisión Reformadora, la ley alemana y doctrina correspondiente, emplean el vocablo tercero; de donde surgiría la tesis de que el art no sea aplicable a los funcionarios y empleados entre sí. Un problema que esta teoría no puede superar es que el art no emplea el vocablo tercero, lo que resulta excluyente y definitivo. De cualquier manera, aunque la ley dijera expresamente tercero, como lo hace la ley alemana, no se obtendría tampoco aquel resultado. El art. 839 del Código Civil Alemán dice: 27 Si un agente público viola dolosa o 25 Otra curiosa controversia ha sido generada por quienes leen en el art lo que la norma no dice y fundan en ella la responsabilidad del Estado. Han logrado olvidar el castigo al menos pecuniario a todos los que nos sumen en los abismos que transitamos. Ver un completo panorama de opiniones en Perrino, Pablo Esteban, La responsabilidad de la administración por su actividad ilícita. Responsabilidad por falta de servicio, ED, 185: 781, puntos II y III, notas 45, 46 y 26 a 34. Hemos sostenido desde 1959, en nuestra tesis doctoral (inédita), que la responsabilidad estatal por los hechos de sus agentes es directa, idea que siguieron Linares, Cassagne, Perrino y otros; esa idea puede invocar el art por oposición al Pero no se pretenda extraer de allí el olvido de la responsabilidad civil de los agentes públicos que nos gobiernan que es el resultado, querido o no, pero ciertamente inevitable, de plantear la responsabilidad del Estado a partir de la norma en cuestión y no hacer salvedad alguna respecto a la responsabilidad civil de los autores reales del daño. 26 Díaz de Guijarro, Enrique, Inaplicabilidad del art C. C. a las relaciones, entre sí, de los funcionarios públicos, en JA, 61: García Maynez, Eduardo, lo traduce así: El funcionario que intencionalmente o por negligencia viole el deber profesional que le corresponde respecto de un tercero, deberá reparar el daño causado 68413 xix. la responsabilidad civil de los funcionarios XIX-11 culposamente la obligación del cargo debida a un tercero, debe reparar a éste el daño ocasionado. Esa aclaración que hace la ley alemana obligación legal del cargo debida a un tercero podría tal vez fundar el que se excluyera al Estado de esa responsabilidad directa, 28 pero no a los funcionarios restantes, ya que ellos también son terceros para el caso. 29 La jurisprudencia alemana ha extendido no sólo el concepto de tercero, 30 sino aun el de obligación legal debida a un tercero en forma amplísima, 31 por lo que no es del caso establecer restricciones en el derecho argentino sin tener siquiera el término de marras en la ley. Si los administrados necesitan protección contra los administradores, también los funcionarios y empleados públicos necesitan protección contra una administración que, la experiencia lo enseña, tiene frecuentes despuntes de espíritu faccioso o vocaciones dictatoriales. Agregar a eso una especie de capitis deminutio para cada agente del Estado, es cerrar una posible vía de prevención El Estado La restricción que nadie ha establecido es frente al Estado; pero precisamente, es ese aspecto el que pudiera ser proclive a discusiones. 33 No cabe duda de que el funcionario es responsable frente al Estado, 34 por el art. 1112, pero su funcionamiento no es muy claro. Si esta responsabilidad es cuasi delictual, como lo indicaría el título en que se halla ubicada, dónde queda la naturaleza contractual de la relación de empleo público? Inversamente, si la relación del funcionario a éste; Milón Infante, de la siguiente manera: Si un funcionario infringe dolosa o culposamente el deber profesional que le incumbe frente a un tercero, ha de indemnizar a dicho tercero el daño causado por esto. El texto alemán es: Verletz ein Beamter vorzätzlich oder fahrlässig die ihm einen Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so hat er dem Drittem den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. 28 Nunca, a todo evento, de la de in rem verso. Conf. Giese, Friedrich, Allgemeines Verwaltungsrecht, Tübingen, 1952, p Conf. Giese, op. cit., p. 124, ap. c). 30 Ver Bender, Bernd, Allgemeines Verwaltungsrecht, Freiburg im Bresgau, 1956, p. 160; Giese, op. loc. cit. 31 Forsthoff, Ernst, Lehrbuch des Verwaltungsrecht, Múnich-Berlin, 1958, 7ª ed., p. 283; Bender, op. cit., p Recordamos que mientras que la ley alemana establece responsabilidad por la violación de una obligación del cargo debida a un tercero, la ley argentina establece responsabilidad por la violación de las obligaciones del cargo, sean o no debidas al tercero que es perjudicado. La jurisprudencia alemana ha extendido su disposición hacia un concepto casi tan amplio como el de nuestra ley; pero esa dificultad no existe en el art de nuestro Código Civil y todo lo que hace falta es aplicarlo. 33 Que la materia es delicada ya lo indica el Proyecto de 1987, que contemplaba acciones subrogatorias o de regreso, luego eliminadas. 34 En Brasil, la responsabilidad de los agentes públicos frente al Estado incluye un tipo especial de responsabilidad, además de las clásicas civil, penal, administrativa y política: la responsabilidad por actos de improbidad adminstrativa, de base constitucional, art de la Constitución de 1988, reglamentado por la Lei de Improbidade Administrativa 8.429/92. Ver García, op. cit., p. 310, para quien este instituto reviste una gran originalidad en el ámbito latinoamericano y merece ser divulgado, como norma destinada a implementar la convención interamericana contra la corrupción. 68514 XIX-12 la defensa del usuario y del administrado frente a la administración es contractual, como sus elementos intrínsecos parecen indicarlo, cómo juegan en ella este art y el 1107? 35 Pues si existe un contrato según el cual el funcionario está obligado a cumplir sus funciones, va de suyo que está obligado contractualmente a cumplirlas regularmente, y que el ejercicio irregular de la función será una violación del contrato. La importancia del punto se traduce en la prescripción, respecto a la cual caben dos posibilidades en el caso del daño cometido por el funcionario en forma directa a la administración: a) Si se tratara de una responsabilidad cuasidelictual, la prescripción es de dos años (art del Código Civil); b) si se tratara de una responsabilidad contractual, la prescripción es de diez años, según el art del Código Civil. c) La ley establece 3 años. Resta ver cuál interpretación prevalecerá en la jurisprudencia. En el caso de daño cometido al Estado, cuando el ejercicio irregular daña a un particular a quien el Estado se ve obligado a indemnizar, sea espontáneamente (por ejemplo, los mecanismos de subsidio a la pobreza e indigencia creada por el mismo gobierno) o por aplicación de la jurisprudencia sobre responsabilidad del Estado, la acción del Estado contra el funcionario es la de in rem verso del art. 1123, o es la directa del art. 1112? Y si fuera la del 1123, la acción prescribe a los dos años, o a los diez años? La ley de administración financiera del Estado aborda el tema en varios arts. pero no aporta demasiadas soluciones. El art. 131 establece que la acción del Estado contra sus agentes estará sujeta a los plazos de prescripción del Código Civil desde el momento de la comisión del hecho generador del daño o de producido éste si es posterior. 36 Ahora bien, existen daños que son de efectos continuos, como haber producido un endeudamiento masivo e irresponsable del Estado, haber fuertemente limitado de modo irrazonable las exportaciones e importaciones, haber dilapidado los dineros públicos en beneficio de unos sectores y en perjuicio de otros creando masiva exclusión social, etc.: El cómputo de la prescripción no se inicia, nos parece, mientras los efectos continúan produciéndose. Dado que el funcionario se halla ligado al Estado mediante una relación contractual, 37 cualquiera sea su 35 Dicha norma expresa: Los hechos o las omisiones en el cumplimiento de las obligaciones convencionales, no están comprendidos en los artículos de este título, si no degeneran en delitos de derecho criminal. 36 Un análisis de la responsabilidad patrimonial del funcionario en la jurisprudencia del ex Tribunal de Cuentas de la Nación y en la actual Ley de Administración Financiera, en Otheguy, Osvaldo, Responsabilidad del Estado y del Agente público: Falta de servicio y falta personal, en Responsabilidad del Estado, Jornada Homenaje a la Profesora Titular Consulta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Dra. María Graciela Reiriz, A.A.V.V., Buenos Aires, Editorial Rubinzal Culzoni, 2008, pp Ver también Atchabaian, op. cit., p Lo que surgiría del hecho de haber una declaración de voluntad común destinada a reglar sus derechos, de acuerdo al art del Código Civil. Es el criterio que postulamos en 1959, y que fuera receptado por la Procuración del Tesoro de la Nación. Ivanega op. cit., pp , coincide en 68615 xix. la responsabilidad civil de los funcionarios XIX-13 nivel incluyendo a todos los funcionarios de nivel político, toda irregular prestación es incumplimiento del contrato. Esa responsabilidad contractual asume las características fijadas en el art Este artículo funcionaría en este caso como elemento legal del contrato. El regular cumplimiento de las obligaciones legales es una de las obligaciones impuestas al funcionario por su aceptación de la relación contractual que lo liga al Estado: su violación, en consecuencia, origina responsabilidad contractual, y por ello la prescripción aplicable es la del art. 4023: 10 años. Pero ya señalamos que si los efectos son continuados, el comienzo de la prescripción sólo puede comenzar a operarse cuando cesen tales efectos. La solución no varía aunque se considere, con la jurisprudencia, que la relación entre el Estado y sus funcionarios es la relación entre principal y dependiente de que habla el art del Código Civil; 38 pues como lo hace notar Mazeaud, cuando la relación entre principal y dependiente es contractual (como en el caso del Estado y el funcionario), la responsabilidad del dependiente (el funcionario) hacia su principal (el Estado) por las indemnizaciones que éste hubiera debido pagar por responsabilidad indirecta debidas a la culpa del dependiente, es responsabilidad contractual, 39 razón por la cual la prescripción de la acción resarcitoria del art es también diez años conforme al art Tal principio fue recogido en la vieja ley de contabilidad, 40 cuyo art. 142, segunda parte, establecía: La acción del Estado tendiente a hacer efectiva la reparación civil de los daños e intereses ocasionados por actos u omisiones imputables a los agentes de la administración nacional, incluidos los de entidades descentralizadas, empresas del Estado y haciendas para estatales, prescribirá a los diez años de cometido el hecho que imponga tal responsabilidad. En definitiva, es la misma solución que se impone por el vínculo contractual que une al agente con el Estado. Ya recordamos en el 2.5 que la ley dispone en su art. 9º que la pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los tres (3) años. Aplica el mismo plazo para la prescripción de la acción de repetición del Estado contra los funcionarios o agentes causantes del daño, contados desde la sentencia firme que estableció la indemnización. Modifica el actual plazo de prescripción existente para los particulares y en cambio la extiende hasta el final que se trata de un vínculo contractual cuya prescripción es la decenal del Código Civil, recordando igualmente la jurisprudencia citada. 38 Solución ésta errada, pues la responsabilidad indirecta se aplica cuando hay dos sujetos de derecho diferenciados y un hecho atribuible a uno solo de ellos, el dependiente. En el caso del funcionario éste actúa como órgano del Estado y por lo tanto, cuando actúa dentro del ejercicio de sus funciones, sus actos y hechos le son atribuibles directamente al Estado. La responsabilidad del Estado habrá de ser en tal caso, necesariamente, directa. 39 Mazeaud, H. y L., Traité Théorique et Pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, t. I, París, 1947, 4ª ed., p Decreto-ley /56, según el decreto-ley 3453/16 XIX-14 la defensa del usuario y del administrado del juicio contra el Estado para recién allí comenzar a contar la prescripción de la acción de repetición del Estado contra sus funcionarios. De todos modos, no prevé mecanismo alguno para asegurar que esa repetición se efectivice ni determina que la responsabilidad de funcionarios y agentes públicos sea solidaria o concurrente con la del Estado. Profundiza la práctica de que no se demande al Estado y al funcionario conjuntamente, ni menos solo al funcionario, sino que fortalece la tendencia a demandar solo al Estado y no al funcionario. Es una solución disvaliosa pues ayuda a consolidar la irresponsabilidad civil del funcionario Quiénes son responsables Está sujeto a la responsabilidad del art todo el que permanente o accidentalmente, en forma gratuita o remunerada, ejerce una función o empleo estatal, lo que incluye a los magistrados judiciales 41 y a todos los funcionarios políticos, como presidente, ministro, secretario de Estado, etc. Esta responsabilidad es para el funcionario en cuanto actúa como órgano del Estado, en el ejercicio de sus funciones; no basta una mera relación de tiempo y lugar. 42 Hay dos criterios: a) Uno subjetivo, de acuerdo con el cual habría que analizar la voluntad o la intención del agente, a fin de averiguar si éste actuó con motivo de la función, o con la finalidad de cumplir la función y b) uno objetivo, según el cual hay que analizar la reconocibilidad externa del acto o hecho. Se sigue generalmente el criterio objetivo, pero si en alguna situación el acto o hecho no es externamente reconocible como propio de la función, pero se acredita que el agente actuó subjetivamente en carácter de tal, se ha resuelto que ha sido realizado en ejercicio de la función pública Problemas que presenta el art El primer problema de interpretación que presenta el art es si él tiene razón de ser, 44 dada la existencia del art Machado parece sostener que 41 Ver Tawil, Guido Santiago, La responsabilidad del Estado y de los magistrados y funcionarios judiciales por el mal funcionamiento de la administración de justicia, Buenos Aires, Depalma, 1993, 2ª ed., p. 186; Andrada, Alejandro Dalmacio, Responsabilidad civil de los magistrados judiciales. Derecho argentino. Doctrina y jurisprudencia norteamericana, LL, 1998-D, 1157; Mosset Iturraspe, op. loc. cit. 42 Forsthoff, op. cit., p CSJN, Fallos, 232: 582, Zanini Pechieu de Ybarra, La cuestión es similar en el Proyecto de 1998, en que el art propone que los agentes públicos tienen responsabilidad directa por los daños producidos mediante acciones u omisiones que implican el ejercicio irregular de sus cargos. Para requerírsela no son necesarios ni la determinación previa de su responsabilidad ni, en su caso, su desafuero. Se ha dicho, con acierto, que Es el actual artículo 1112, mejorado en cuanto explicita la innecesariedad del sumario administrativo y del levantamiento de las inmunidades: Mosset Iturraspe, op. loc. cit. 45 Art. 1109: Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil.17 xix. la responsabilidad civil de los funcionarios XIX-15 la existencia del art se justifica por el hecho de que en él se contempla a individuos no comprendidos en el art. 1109, 46 pero tal afirmación es errónea en virtud de que este último artículo, por su naturaleza genérica y omnicomprensiva, abarca absolutamente a todo ser humano que cometa un daño por su culpa. Si no existiera el art. 1112, la responsabilidad de los funcionarios públicos se regiría por el art Aubry et Rau mismos, fuente directa del art. 1112, explicaban que la responsabilidad del funcionario está comprendida en la responsabilidad cuasidelictual y por ello el art no excluye a los funcionarios y empleados públicos. A qué puede deberse en consecuencia que Vélez Sarsfield haya tomado ese concepto meramente explicativo y si se quiere innecesario en nuestro país? Por qué se mantiene en los proyectos actuales? En Francia dicha explicación era conveniente, pues anteriormente, por el art. 75 de la Constitución del año VIII, los funcionarios eran expresamente declarados irresponsables; pero como ese antecedente no existía aquí, no había por qué pensar que pudieran existir dificultades en la aplicación de la norma del art Se trata simplemente de afirmar categóricamente esa responsabilidad, 47 o advirtió Vélez Sarsfield en ese concepto de Aubry et Rau, 48 un significado especial, y que por ello creyó necesario convertirlo en nuevo art. dotado de contenido y efectos propios? No ha sido acaso el mismo pensamiento el que lleva a los proyectos actuales, al menos objetivamente? Puesto que los funcionarios y empleados públicos ya están comprendidos en el art. 1109, como lo explica la fuente, no puede en consecuencia justificarse al art como una supuesta traslación de lo que ya dispone el art a los funcionarios, como una ampliación del número de los sujetos alcanzados por la responsabilidad cuasidelictual. Debe entonces haberse referido al contenido de la responsabilidad misma, al hecho ilícito que la origina. Cuál es la diferencia entre el hecho ilícito contemplado en el art y el contemplado en el 1112? Esa diferencia sólo puede consistir en que el hecho que origina la responsabilidad del servidor público es distinto a un cuasidelito. Por 46 Machado, José Olegario, Exposición y comentario del Código Civil Argentino, t. II, Buenos Aires, 1899, p. 404, nota al art. 1112, in fine. 47 Lo dice Villegas Basavilbaso, Benjamín, Derecho administrativo, t. III, Buenos Aires, TEA, 1951, p Que estos tomaron del derecho alemán, pues el art. 839 del Código Civil alemán es reproducción de ese derecho alemán anterior a 1900: Mayer, Otto, Derecho administrativo alemán, t. I, Buenos Aires, Depalma, 1949, p. 304 y como lo hacen notar acertadamente Bielsa, Rafael, Derecho administrativo, t. III, Buenos Aires, La Ley, 1956, 5ª ed., p. 273 y Díaz de Guijarro, op. cit., p. 530, la similitud entre nuestro art y el 839 alemán es notable. Existe entre nosotros de todos modos una controversia que resulta francamente inexplicable, pues hay autores que dicen que Aubry et Rau nada dice y el resto lo que se ha afirmado en el texto. El lector hará bien en consultar por sí mismo la fuente. Un recuento de opiniones en Perrino, La responsabilidad de la administración por su actividad ilícita. Responsabilidad por falta de servicio, ED, 185: 781, notas 32, 33 y18 XIX-16 la defensa del usuario y del administrado no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales 49 es más o menos que un cuasidelito?: a) es un hecho igual o distinto? b) es un daño mayor o menor? Es un daño jurídico en el sentido común? c) es un hecho producido con más o con menos culpa? Y además hay en ese artículo relaciones con otras disposiciones, además de las ulteriores de la Convención Interamericana contra la Corrupción? La omisión como causal de responsabilidad El primer contenido especial del artículo, que difiere con el del art. 1109, se refiere al hecho que causa el perjuicio. Mientras que en el art se habla de todo el que ejecuta un hecho que ocasiona un daño a otro, y con ello se remite a las disposiciones generales del título de los actos ilícitos, el art se refiere en cambio a los hechos y las omisiones, 50 con lo que surge la primera diferencia entre la responsabilidad que sancionan uno y otro art. El art prevé la realización de un cuasidelito, y una simple omisión no puede constituirlo sino cuando está expresamente prohibida por la ley (lato sensu.) 51 Para los funcionarios rige el principio opuesto de que tienen la obligación de actuar, aunque el reglamento o la ley no lo determine específicamente, si ello entra dentro del ejercicio regular de sus funciones, y del cumplimiento, como resultado, de las obligaciones a ellos impuestas. Es lo que también resuelve la ley , actividad o inactividad de los funcionarios o agentes públicos. Ante cualquier duda respecto a si un reglamento o una ley ordena o no específicamente la realización de un hecho omitido, la regla del art lo soluciona afirmativamente; aunque las normas no dispongan la comisión del hecho, si la omisión supone un irregular ejercicio, hay responsabilidad tanto en el Código Civil como en la ley Así la omisión que genera responsabilidad del funcionario no existe con referencia a una obligación de cumplir el hecho omitido (art. 1074), sino a una regular ejecución de las obligaciones legales o el ejercicio irregular de sus cargos (art. 1677, Proyecto de 1998), lo que puede darse aunque no haya habido omisión de un hecho expresamente ordenado, o sea, aunque el hecho omitido, que así configure irregular ejercicio de la función, no estuviera expresamente ordenado por una norma jurídica. Igual solución encontramos en la ley que en su art. 9º menta por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en dolo o culpa, las obligaciones legales que les están impuestas. 49 O, en el proyecto de 1998, por producir daños mediante acciones u omisiones que implican el ejercicio irregular de sus cargos, art Respecto de la responsabilidad por omisión véase, con particular referencia a la jurisprudencia mendocina, Correa, José Luis, Responsabilidad por omisión en la jurisprudencia de la Suprema Corte Mendocina, LL, 2004-C, Ver Kemelmajer de Carlucci, Aída, en Belluscio, A. C. (dir.), Zannoni, E. A. (coord.), Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, t. 5, Buenos Aires, Astrea, 1984, comentario al art. 1108, p. 317.19 xix. la responsabilidad civil de los funcionarios XIX-17 Así p. ej., si un reglamento o ley no prevén la obligación de un funcionario de recibir las denuncias que le sean presentadas en forma documentada y personal, y ese funcionario omite recibir una denuncia relativa a las funciones de que se trate, en esas condiciones, hay un irregular ejercicio de las obligaciones legales impuestas al funcionario, aunque la omisión no lo sea de un hecho expresamente ordenado. El regular ejercicio de las obligaciones legales no resulta de la casuística de algún reglamento, sino de una responsabilidad de tipo profesional como la de un médico o un abogado. Por ello la omisión origina responsabilidad, no por haber sido el hecho expresamente ordenado (art. 1074), sino por constituir un irregular ejercicio de las obligaciones legales. (Art ) En un centenario caso 52 el tribunal de primera instancia, cuyo fallo fue confirmado por la Corte, analizó primero si el funcionario había violado con su conducta ley o reglamento alguno, concluyendo en que no (cons. 1º.) Pero a pesar de que ese elemento es suficiente, según el art. 1074, para desechar la responsabilidad cuasidelictual por omisión, consideró que era necesario analizar además si había habido con esa omisión irregularidad en su conducta (cons. 2º.) Recién una vez que estuvo aclarado que no había habido irregularidad en su conducta, y que la aprobación del superior había significado el cumplimiento adecuado de la obligación que le imponía su empleo (cons. 3º), se concluyó que no había responsabilidad. A estos argumentos agregó el Procurador General que no encontraba nada de irregular en la conducta del funcionario, y que la segunda omisión de que se reclamaba, consistente en no presentar dentro de cierto término el despacho (las ordenanzas no fijaban término, razón por la cual la omisión no lo era de un acto ordenado por la ley), no era irregular, pues el tiempo empleado en la revisación [...] no es excesivo. Todo ello señala que el criterio para juzgar la omisión de un funcionario no es, desde los antecedentes más lejanos, el del art obligación legal de hacerlo, sino el del art. 1112: cumplir regularmente la función. Es la solución explícita del art del Proyecto de 1998 y del art. 9º de la ley En ambos casos se trata de obligaciones legales, pero en el primer caso la obligación debe serlo del hecho concreto que se ha omitido, mientras que en el segundo se trata de la omisión de un hecho no especificado ni previsto expresamente por la ley, pero que resulta necesario para llenar correctamente la función asignada. 53 La responsabilidad 52 CSJN, Fallos, 20: 436, Ebbinghaus, año La CSJN in re Mosca, Hugo Arnaldo c/ Pcia. de Buenos Aires y otros s/ daños y perjuicios, del 6-III-07, ha fijado las pautas de caracterización de la falta de servicio por omisión, estableciendo dos clases de omisiones: las que refieren a mandatos expresos y determinados en una regla de derecho; y las que refieren a objetivos fijados por la ley de modo general e indeterminado; imponiendo en este último supuesto, para la determinación de la Responsabilidad estatal, un juicio estricto sustentado en la ponderación de los bienes jurídicos protegidos y las consecuencias generalizables de la decisión a tomar. Ver t. 7, cap. XXXIII, Una mirada crítica de la responsabilidad del estado por omisión 69120 XIX-18 la defensa del usuario y del administrado del agente público es como mínimo una responsabilidad profesional, como la del médico, del abogado, con estándares más altos de exigencia normativa. Por esta primera razón no es posible pretender que el presupuesto sancionado en el art sea igual al del En el art tanto el hecho como la omisión son causa suficiente para originar dicha responsabilidad, cosa que no sucede en el 1074, donde la omisión no basta sino cuando una disposición legal le impone la obligación de cumplir el hecho omitido. Tanto el positivo hacer como los negativos no dar, no hacer y permitir 54 están comprendidos en el La ley establece que la falta de servicio comprende la actuación y la omisión irregular de parte del Estado, aunque la omisión solo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y determinado. (Art. 3º, inc. d.) Evidentemente, tal disposición resulta contraria a lo dispuesto por el art 1112, en punto al deber del funcionario de cumplir regularmente la función asignada. Incluso, tampoco siguió los lineamientos fijados por la Corte Suprema en el caso Mosca al señalar dos clases de omisiones generadoras de responsabilidad: a) Las omisiones a mandatos expresos y determinados en una regla de derecho, en los que puede identificarse una clara falta de servicio, y b) las omisiones referidas a aquellos casos en los que el Estado está obligado a cumplir una serie de objetivos fijados por la ley solo de un modo general e indeterminado, como propósitos a lograr en la mejor medida posible, sin establecer las acciones concretas a llevar a cabo. En este último caso, valga aclararlo, la Corte sostuvo que la determinación de la responsabilidad del Estado por omisión debe ser motivo de un análisis más exigente en donde se debe merituar los bienes jurídicos en juego y las consecuencias de la decisión a tomar en el conjunto de la comunidad. 55 en espectáculos deportivos. Un camino a recorrer después del caso Mosca y Vega, Susana Elena y Rotaeche, María Josfefina, La falta de servicio: un paso adelante en el análisis de su determinación. Reflexiones en torno al caso Mosca, en Responsabilidad del Estado, Jornada Homenaje a la Profesora Titular Consulta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Dra. María Graciela Reiriz, A.A.V.V., Buenos Aires, Editorial Rubinzal Culzoni, 2008, pp Categoría ésta en boga en Alemania: Bender, op. cit., p. 160; Giese, op. cit., p La doctrina argentina también ha analizado, tanto a la responsabilidad del funcionario como del Estado por omisión, llegando a las mismas conclusiones. Ver en tal sentido Comadira, Julio Rodolfo y Canda, Fabián Omar, Responsabilidad del Estado por omisión (Actos interorgánicos y conceptos jurídicos indeterminados en un fallo de la Cámara Contenciosoadministrativa, LL, 1996-A, 600; Gambier, Beltrán, Algunas reflexiones en torno a la responsabilidad del Estado, por omisión, a la luz de la jurisprudencia, LL, 1990-E, 617; Tawil, Omisión, guerra y responsabilidad del Estado, LL, 1991-D, 362; Berçaitz de Boggiano, Ana L., La discrecionalidad administrativa y la arbitrariedad por omisión, ED, 187: 860; Canda, Fabián Omar, La responsabilidad de los funcionarios públicos, en Comadira, Julio Pablo (coord..), Derecho Administrativo Libro en homenaje al Profesor Doctor Julio Rodolfo Comadira, Buenos Aires, Ah-Hoc, 2009, pp Bruno dos Santos, Marcelo A., Una mirada crítica de la responsabilidad del Estado por omisión en espectáculos deportivos. Un camino a recorrer después del caso «Mosca», LL, Suplemento Extraordinario Administrativo 75 Aniversario, 2010, pp , reproducido en el t. 7, cap. XXXIII. 692 Mostrar más
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 artículo 1112
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 artículo 22
 artículo 206
 artículo 60
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 Artículo 1
 Artículo 2
 Real Decreto 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
De lege lata

REAL DECRETO 
 artículo 108
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