Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/SL-2015/as20153L197.html
Timestamp: 2019-03-21 00:10:09+00:00

Document:
as20153L197
Auto Supremo Nº 197/2015-L.
Expediente: CBBA. 285/2010.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 169 a 170, interpuesto por la Empresa PROSEIMPE S.R.L., representada legalmente por Luis Alfredo Veltze Michel, contra Auto de Vista Nº 109/2010 de 24 de septiembre de 2010 (fs. 165 a 166), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso Contencioso Tributario que sigue el recurrente, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el memorial de respuesta de fs. 174, el auto de fs. 175 que concedió el recurso, los memoriales de fs. 179, 184 a 186,191, 199, 203 y 228, los antecedentes del proceso y,
CONSIDERANDO I: Que, presentada la demanda contencioso tributaria y tramitado el proceso correspondiente, el Juez Primero de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario del Distrito Judicial de Cochabamba, emitió sentencia el 23 de mayo de 2008 (fs. 93 a 94), declarando improbada la demanda, y en consecuencia mantiene vigente e inalterable la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IA/130/2005 de 25 de noviembre de 2005, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales.
En grado de apelación, interpuesto de fs. 100 a 102 por la empresa PROSEIMPE S.R.L., la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba por Auto de Vista Nº 109/2010 de 24 de septiembre de 2010 (fs. 165 a 166), confirmó la Sentencia apelada de 23 de mayo de 2008.
Contra el referido auto de vista, la empresa PROSEIMPE S.R.L., a través de su representante legal Luis Alfredo Veltze Michel, interpuso el recurso de casación en el fondo de fs. 169 a 170, en el que expresa:
Que el tribunal de apelación no ha efectuado una correcta interpretación de las normas tributarias en vigencia que se relacionan exclusivamente a las exportaciones, que es la actividad a que se dedica la empresa que representa, no obstante que durante el proceso tanto en la vía administrativa como judicial, se ha llegado a demostrar que se cumplió fielmente la normativa tributaria en vigencia, tanto para los impuestos IVA e IT.
Expresa que de lo establecido por el art. 11 de la Ley Nº 843, parte el hecho que las exportaciones están amparadas por una factura sin derecho a crédito fiscal, por consiguiente ni la Ley Nº 843, ni ninguna otra ley dice que el total monetario de las facturas de exportación sin derecho a crédito fiscal serán gravadas por el IVA e IT y que el exportador podrá computar contra el impuesto que en definitiva adeudaren por sus operaciones gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal correspondiente a las compras o insumos efectuados en el mercado interno con destino a operaciones de exportación, que a este único efecto se consideran como sujetas al gravamen, por lo que de una correcta interpretación de la ley, el exportador tendría derecho a recuperar los impuestos gravados por el Servicio de Impuestos Nacionales sobre el total facturado más el crédito fiscal correspondiente a las compras o insumos efectuados en el mercado interno con destino a operaciones de exportación.
Indica que como contribuyente, en desacuerdo con la carta AN-GRCGR Nº 378-2004 de 10 de diciembre de 2004 remitida por la Gerencia Regional de Cochabamba, procedió a efectuar consulta a la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional de Bolivia, la que luego de efectuar una revisión de la normativa vigente dio respuesta por carta AN-GNNGC-DNPNC-C-0113/07 de 26 de abril de 2007 que señala en forma clara que el formulario Nº 211-Declaración simplificada de exportación, que fue instituido por la Resolución de Directorio RD-01-011-00 de 15/06/2000, quedó sin efecto en aplicación a lo establecido por el artículo tercero de la Resolución de Directorio Nº RD 01-014-01 de 11/05/2001 que aprueba el procedimiento para el despacho aduanero de exportación definitiva, de lo que se tiene que la carta remitida por la Gerencia Regional de la Aduana Nacional que es la base para que la Administración Tributaria sustente la determinación del supuesto adeudo tributario de la empresa, no se ajusta a la realidad.
Señala que la interpretación del envió de mercaderías al extranjero que no acredite DUE y certificado de salida no constituyen exportaciones definitivas, es una apreciación que carece de sustento legal, pues la obligación de proceder al llenado del formulario 211 para las exportaciones conforme señala el inc. m) del numeral del procedimiento para el despacho aduanero de exportaciones definitivo GNNGC-02-01-02 es la empresa de Courier, sobre todo tratándose de exportaciones definitivas de mínima cuantía efectuada mediante el servicio postal conforme se evidenció en la audiencia de inspección ocular efectuada, la que no fue considerada por los tribunales de instancia.
Añade que el ad quem mediante Auto de Vista Nº 007/2009 de 12 de agosto de 2009, al resolver el caso de Luis Alfredo Veltze Michel como persona natural, revocó parcialmente la sentencia y declaró probada en parte la demanda con respecto al IVA e IT, en consecuencia ya emitió criterio sobre la misma materia y en base a los mismos fundamentos que sustentan la demanda, el recurso de apelación, por lo que se considera que no se efectuó una correcta interpretación de las normas legales que sustentan el Auto de Vista que se impugna.
Concluye solicitando se case el Auto de Vista Nº 110/2010 y se declare probada la demanda de 4 de diciembre de 2006, en consecuencia sin valor legal la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/IE-IA/109/2006 de 9 de noviembre de 2006.
De la lectura del recurso de casación interpuesto en el fondo, se verifica que en el mismo se aduce que el tribunal de apelación “no ha efectuado una correcta interpretación de las normas tributarias en vigencia que se relacionan exclusivamente a las exportaciones…” advirtiéndose que no cita en ningún momento la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, ni especifica en qué consiste la violación, falsedad o error, verificándose absoluta falta de fundamentación legal, traduciéndose el mismo en superficial, carente de fundamentación y no cumple en absoluto con los requisitos descritos por el inciso 2) del art. 258 del Código de Procedimiento Civil, por el cual la parte recurrente tiene la carga procesal de establecer la existencia de violación expresa de la ley por parte de los tribunales de instancia en la decisión del pleito, así como fundar la interpretación errónea o aplicación indebida de la ley para perseguir la correcta aplicación de la norma legal; a cuyo fin requiere precisar las normas que, a su juicio, hubiesen sido objeto de tal transgresión, mala aplicación o incorrecta interpretación.
Por las razones anotadas, el indicado art. 258 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil, de manera imperativa exige a todo recurrente el cumplimiento de la obligación procesal de “…citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurriere, su folio dentro del expediente, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.” (las negrillas son añadidas), siendo por tanto de observancia inexcusable el requisito descrito por el inciso 2) de la disposición señalada, pues la amplia jurisprudencia desarrollada por la Corte Suprema de Justicia, aprehendida y expresada por este Supremo Tribunal a través de numerosas resoluciones, enseña que el recurso de casación se equipara a una nueva demanda de puro derecho en la que deben fundamentarse de manera precisa y concreta las causas que motivan la casación, ya sea en la forma, en el fondo o en ambos casos, demostrando en qué consiste la infracción que se acusa y proponer la solución jurídica al caso planteado, aspectos legales que no han sido cumplidos por el recurrente.
También la jurisprudencia enseña que en casación se plantean cuestiones de derecho y que a ese efecto, el recurrente se encuentra obligado a examinar e impugnar todos y cada uno de los fundamentos de la decisión recurrida, demostrando en forma concreta y precisa, cómo, por qué y en qué forma hubieran sido violadas. Además, tratándose de cuestiones de derecho, el memorial a través del cual se plantea el recurso de casación en el fondo o en la forma, debe efectuar una CRÍTICA LEGAL de la resolución impugnada, no siendo suficiente señalar que el tribunal de apelación no ha efectuado una correcta interpretación de las normas tributarias en vigencia que se relacionan exclusivamente a las exportaciones. Es importante dejar claramente establecido que el recurso de casación no constituye y no es un medio para la resolución de una controversia entre las partes, sino una cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores.
Al respecto, Gonzalo Castellanos Trigo en su obra “Análisis doctrinal y jurisprudencial del Código de Procedimiento Civil boliviano” (páginas 35 y 95) dice: “El recurso de casación es un recurso extraordinario, porque no cabe, sino contra determinadas resoluciones y por motivos preestablecidos por la ley; y no constituye una tercera instancia ni una segunda apelación y se la considera como una demanda nueva de puro derecho y sujeta al cumplimiento de requisitos específicos que determina la ley.” Continúa: “El recurso de casación en el fondo no constituye instancia, porque el tribunal debe limitarse a examinar las cuestiones de derecho, para determinar si a los hechos, tal cual están establecidos en la sentencia recurrida, se les ha aplicado correctamente o no el derecho.” (las negrillas son añadidas). Con relación a los requisitos que debe contener este recurso conforme al inciso 2) del art. 258 del Código de Procedimiento Civil, explica: “Se debe indicar la ley o norma de derecho infringida o erróneamente aplicada, y la causal de casación; es decir, se requiere, en primer lugar, que haya un error de derecho, y que sea señalado expresamente por el recurrente; y en segundo lugar, que dicho error esté incluido dentro de las causales de casación” .…”para cumplir con este requisito se debe indicar el artículo de la ley que se viola, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error incurrido y la crítica generalizada del fallo. Lo que significa que debe indicarse el error y la correcta solución de la situación jurídica, objeto de la resolución que se recurre. La invocación debe ser clara, concreta y precisa, y no mera referencia o crítica general, debido a que no pueden suplirse sus omisiones o fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente, por lo cual la única posibilidad del recurrente es presentar oportunamente el memorial de interposición del recurso.” (las negrillas son agregadas).
En autos, se establece que el recurrente se limitó a señalar que el tribunal de alzada “no ha efectuado una correcta interpretación de las normas tributarias en vigencia que se relacionan exclusivamente a las exportaciones…”, y que “no se efectuó una correcta interpretación de las normas legales que sustentan el Auto de Vista que impugna”, pero, no realiza fundamentación alguna, ni cómo o de qué manera se hubiera producido la vulneración alegada, limitándose a desarrollar una relación de hechos sobre la base de criterios subjetivos, sin desarrollar la necesaria fundamentación ni especificar qué normas fueron interpretadas incorrectamente; consecuentemente, dados los defectos señalados en la interposición del recurso, no es posible abrir la competencia de este Supremo Tribunal de Justicia a objeto de ingresar al fondo y resolver la causa.
En virtud de lo precedentemente referido, el Sistema Judicial y la Administración de Justicia deben ceñir sus actos a las disposiciones legales que no constituyen letra muerta, sino mecanismo vivo de respuesta a cada caso concreto que llega a su conocimiento y que debe ser resuelto en observancia de principios y normas que en ocasiones pueden ser estrictas, pero que constituyen asimismo garantía de imparcialidad del juzgador. Por lo anterior, si bien deben eliminarse criterios de excesivo formalismo, la interposición de un recurso de casación no puede quedar exenta de la formalidad que establece la ley, pues como el juzgador se encuentra obligado a fundamentar las razones de su resolución, las partes se encuentran obligadas a fundamentar las causas que le llevaron a formular el recurso, de manera tal que el control de legalidad que corresponde a este Supremo Tribunal de Justicia, sea resuelto en el ámbito del derecho y no del capricho.
Consiguientemente, se concluye que al no haberse precisado ni especificado por el recurrente, qué normas fueron las que se interpretaron erróneamente en su concepto y menos establecido el nexo causal entre el hecho y el derecho supuestamente vulnerado, no le es posible a este Supremo Tribunal emitir criterio respecto de un supuesto error del Tribunal inferior sobre la aplicación de la ley al caso concreto.
Por último cabe señalar que el tribunal, para casar el auto de vista, conforme lo solicita la empresa recurrente, de conformidad al art. 274 del Código de Procedimiento Civil, debe con carácter previo verificar si en el recurso se acusa la infracción de ley alguna y, si en el auto de vista se incurrió efectivamente en esa infracción legal. Concurridos ambos presupuestos, podrá fallar en el fondo "aplicando" esas "leyes conculcadas".
En ese entendido, y debiendo el tribunal aplicar ésta norma legal, mal podría casar un auto de vista sin que el recurrente haya acusado infracción legal alguna, por cuanto no tendría la posibilidad de aplicar ninguna norma, lo que resulta ajeno a sus competencias.
En el marco legal señalado el recurso de fs. 169 a 170, es insuficiente e injustificable toda vez que no cumple con la técnica recursiva exigida por nuestro legislador prevista en el art. 258 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil, haciendo inviable su consideración, pues impide a éste tribunal abrir su competencia, correspondiendo en consecuencia resolver en la forma prevista por el inciso 2) del art. 272 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva de los arts. 214 y 297 de la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992, Procedimiento Contencioso Tributario, vigente en virtud de la Sentencia Constitucional Nº 76/2004 de 16 de julio de 2004.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, declara declara IMPROCEDENTE el recurso deducido de fs. 169 a 170, sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178.

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