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Timestamp: 2020-05-30 22:58:10+00:00

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Actualizacion Normativa al 06 de Agosto de 2018 | Bolivia | Presupuesto | Бесплатная 30-дневная пробная версия | Scribd
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Conferencia de Prensa Conjunta en El Encuentro de Presidentes de Bolivia y Ecuador Presidente de Ecuador Rafael Correa, Cochabamba 03.10.13
Investigaci n de Mercado de Los Jugos
DECLARA EL 15 DE MARZO DE CADA AÑO, COMO “DÍA NACIONAL DEL TRABAJADOR EN ASEO URBANO Y RELLENO SANITARIO.
DECLARA PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE DE BOLIVIA A LA “BASÍLICA MENOR DE SAN FRANCISCO”, COMO TEMPLO MAYOR DE LOS ANDES, EL CENTRO CULTURAL “MUSEO SAN FRANCISCO" Y EL "CONVENTO DE SAN FRANCISCO"
DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL DE BOLIVIA, AL “RITUAL DE LOS YARITUSES”, DEL MUNICIPIO DE SAN JAVIER.
AUTORIZA AL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL - INSO, EL INCREMENTO DE LAS SUBPARTIDAS DE CONSULTORÍAS.
ESTABLECE EL APORTE LOCAL Y AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DIRECTA A LA ENTIDAD PUBLICA DESCONCENTRADA UNIDAD EJECUTORA DE POZOS – UE-POZOS.
ARTICULO 1. Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado plurinacional de Bolivia, al “Ritual de los Yarituses”, del Municipio de San Javier, Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de santa cruz; expresada atreves de su indumentaria, música danza, coreografía y vestuario.
ARTICULO 2. El Organo Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas y Turismo, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de Santa cruz y el Gobierno Autónomo Municipal de San Javier, en el marco de sus competencias establecidas en la normativa vigente, podrán formular política de promoción y conservación del “ritual de Los Yarituses”.
I. La ciudadanía digital consiste en el ejercicio de derechos y deberes a través del uso de tecnologías de información y comunicación en la interacción de las personas con las entidades públicas y privadas que presten servicios públicos delegados por el
II. El uso de los mecanismos de la ciudadanía digital implica que las instituciones
mencionadas en el Parágrafo anterior, puedan prescindir de la presencia de la persona
interesada y de la presentación de documentación física para la sustanciación del trámite o solicitud.
I. Las bolivianas y los bolivianos, extranjeros residentes en Bolivia, mayores de
dieciocho (18) años de edad, y aquellos menores de edad conforme a la capacidad que les reconozca el ordenamiento jurídico, mediante el registro ante las entidades responsables, deberán obtener sus credenciales de ciudadanía digital, las cuales solo podrán ser administradas por el interesado.
II. La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación
— AGETIC, desarrollará los lineamientos técnicos del registro para el acceso a la ciudadanía digital.
ARTICULO 6. (GESTIONES DIGITALES). La ciudadanía digital permite realizar por medios digitales ante entidades públicas y privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado, de manera Segura, confiable e ininterrumpida, las siguientes acciones:
ARTICULO 7. (PAGO DE TRAMITES O SERVICIOS). En el caso de los trámites o servicios que tengan un costo, los pagos podrán realizarse a través de medios
III. Las solicitudes realizadas a través de la ciudadanía digital no requieren el uso de
firma digital, con excepción de los actos de disposición de derechos.
privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado, podrán realizar notificaciones digitales previa conformidad de la o el administrado; el documento se tendrá por notificado el momento en que sea recibido en un buzón de notificaciones de la o el administrado.
El señor M inistro de Estado en el Despacho de Justicia y Transparencia Institucional, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Que el Artículo 12 del Decreto Supremo N O 3437, de 20 de diciembre de 2017, que reglamenta la Ley N O 977, de 26 de septiembre de 2017, de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, tuvo diversas interpretaciones que dificultaron el cobro del bono mensual a personas mayores de edad con
“ARTICULO 12.- (REQUISITOS COMUNES PARA EL COBRO DEL BONO MENSUAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAVE Y MUY GRAVE). Para el cobro del bono mensual para las personas con discapacidad grave y muy grave, los gobiernos autónomos municipales verificarán que la beneficiaria o beneficiario se encuentre habilitada en la plataforma “EUSTAOUIO – MENDEZ” hasta el día 20 del mes anterior. La beneficiaria o beneficiario presentará los siguientes documentos:
a) Carnet de discapacidad vigente hasta el último dia hábil del mes precedente a
cumplir los sesenta (60) años;
a) Certificado de nacimiento original que acredite ser padre o madre de la niña, niño
y adolescente; u,
a) Su cónyuge, madre, padre, hermano, hermana, abuela, abuelo, hijas, hijos,
nietas, nietos, yerno, nuera, suegra o suegro;
b) Personal autorizado de instituciones públicas de protección a las personas con
c) Personal autorizado de albergues, centros de acogida o centros de salud mental,
acreditados conforme a normativa vigente, al que asisten o en el que residen, según
III. En caso de personas mayores de edad con discapacidad intelectual, mental o
psíquica grave y muy grave, que no puedan efectuar el cobro del bono mensual por
sí mismas. lo hará la madre o el padre a cargo, solicitando adicionalmente a los
requisitos mencionados en el Artículo 12 del presente Decreto Supremo, el certificado de nacimiento original del beneficiario.
IV. En caso que la persona mayor de edad con discapacidad intelectual, mental
o psíquica grave y muy grave cuente con tutor o tutora, este último presentará
adicionalmente a los requisitos mencionados en el Artículo 12 del presente Decreto Supremo, la resolución judicial de nombramiento en original o fotocopia legalizada.”
III. Se incorpora el Artículo 15 en el Decreto Supremo Nº 3437, de 20 de diciembre
de 2017, con el siguiente texto:
“ARTICULO 15.- (REGISTRO DE INFORMACION). Realizada la presentación y
verificación de los documentos descritos en los Artículos 13 y 14, los gobiernos autónomos municipales registrarán la información de la madre, el padre, guardadora, guardador, tutora o tutor en la plataforma "EUSTAQUIO MOTO –
MENDEZ”.
IV. Se incorpora el Artículo 16 en el Decreto Supremo Nº 3437, de 20 de diciembre
Que el Decreto Supremo Nº 1734, de 18 de septiembre de 2013, autoriza la asignación de recursos, estableciendo las condiciones del préstamo de recursos financiados por el FINPRO, a favor del Servicio de Desarrollo de las Empresas
Públicas Productivas SEDEM, para la Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia — ECEBOL, para la implementación, operación y puesta en marcha de la "Planta de Cemento en el Departamento de Oruro”.
Que es necesario modificar las condiciones de préstamo de recursos financiados por el FINPRO, a favor del SEDEM, para la ECEBOL, para la implementación, operación y puesta en marcha de la "Planta de Cemento en el Departamento de Oruro”.
Que el numeral 1 del Parágrafo I del Artículo 46 de la Constitucional Política del Estado, establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para si y su familia una existencia digna.
Que el Parágrafo II del Artículo 5 de Ley Nº 856, de 28 de noviembre de 2016, del Presupuesto General del Estado Gestión 2017, vigente por el inciso r) de la Disposición Final Carta de la Ley Nº 1006, de 20 de diciembre de 2017, del Presupuesto General del Estado Gestión 2018, dispone que las entidades públicas podrán contratar de forma excepcional y con carácter temporal Consultores Individuales de Línea, previa justificación, para el desarrollo de funciones sustantivas o programas específicos.
Que los Parágrafos I y II del Artículo 19 de la Constitución Política del Estado, disponen que toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria; y el Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de interés social, mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad.
Que el Decreto Supremo Nº 0986, de 21 de septiembre de 2011, crea la Agencia Estatal de Vivienda — AEVIVIENDA, como entidad encargada de la dotación de soluciones habitacionales y hábitat a la población del Estado Plurinacional de Bolivia.
“I. Los recursos provenientes de la recaudación del dos por ciento (2%) del aporte patronal público y privado para vivienda, serán depositados en el Fideicomiso a constituirse en el Banco Unión S.A. y estarán destinados a financiar los programas y/o proyectos de vivienda de la AEVIVIENDA y sus costos de operación y administración. Las soluciones habitacionales producto de estos programas y/o proyectos podrán ser otorgadas, dotadas y/o transferidas bajo las modalidades de subsidio, crédito o mixto, prevenía y venta al contado. Las modalidades de preventa y venta al contado podrán aplicarse únicamente en programas y/o proyectos de soluciones habitacionales en áreas urbanas.”
I. Para la otorgación de soluciones habitacionales cuyo beneficiario directo sea la
población joven, comprendida entre los dieciocho (18) y veintiocho (28) años de edad, que no cuenta con vivienda propia y que perciba y/o genere ingresos, la AEVIVIENDA, en su calidad de Fideicomitente, instruirá al Fiduciario otorgar créditos, en los cuales el padre, la madre o ambos, podrán concurrir como co-deudores o garantes del prestatario, a efectos de mejorar la condición de sujeto de crédito del mismo, de acuerdo a reglamentación de la AEVIVIENDA.
II. Para el cumplimiento de lo señalado en el Parágrafo precedente, los co-deudores o
garantes del prestatario, podrán contar con vivienda propia.
Que el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 2348, de I de mayo de 2015, establece que el incremento salarial para las trabajadoras y los trabajadores de las Empresas Públicas del nivel central del Estado, será autorizado mediante Decreto Supremo expreso; asimismo, el Artículo 3 del citado Decreto Supremo, señala que el porcentaje de incremento salarial no podrá ser superior al incremento salarial aprobado anualmente para el sector público, de acuerdo a la utilidad neta y disponibilidad financiera de cada empresa.
Que los Parágrafos I y II del Artículo 46 del Decreto Supremo Nº 3448, de 3 de enero de 2018, establecen que las empresas constituidas legalmente como Sociedad de Economía Mixta — S.A.M., Sociedad Anónima — S.A. o Sociedad de Responsabilidad Limitada — S.R.L., en las que el Estado posea participación accionaria, para
beneficiarse del incremento salarial deberán presentar a su Ministerio Responsable del Sector, la solicitud de incremento salarial acompañada de la autorización de su Máxima Instancia Resolutiva, Balance General, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo de dos gestiones anteriores, dictamen de auditoría externa y otra información que considere pertinente; asimismo, deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Demostrar sostenibilidad financiera en su flujo de caja proyectado para tres (3) años;
financiado con ingresos generados en la operación del giro del negocio, por lo que no debe implicar ajuste en los precios se los productos o servicios prestados, uso de transferencias por subvenciones, fideicomisos, aportes de capital u otros recursos no recurrentes.
e) Tres por ciento (3%) para las trabajadoras y los trabajadores de la Empresa
II. Se excluye del incremento señalado en el inciso e) del Parágrafo I del presente
Artículo a los salarios del Personal Especializado, Jerárquico y de Altas Funciones Gerenciales de la Empresa Metalúrgica Vinto.
II. Se excluye del incremento establecido en el inciso a) del Parágrafo I del presente
Artículo a los salarios del personal especializado de ENDE Matriz.
II. Se aprueba el incremento salarial de hasta el tres por ciento (3%) aplicado de forma
inversamente proporcional para las trabajadoras y los trabajadores de la Empresa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación — BOA, precautelando que no se genere superposición de niveles, ni sobrepase el dos coma dos por ciento (2,2%) de
incremento total a la escala salarial vigente.
Nacional Estratégica Boliviana de Aviación — BOA, correspondiente a la gerencia general y al personal con certificación de piloto de línea aérea, de acuerdo a lo
a) Cuatro por ciento (4%) al haber básico en la escala vigente del personal Administrativo Operativo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB Casa Matriz, precautelando que no se genere superposición de niveles salariales;
igual o menor a Bs. 20.050 (VEINTE MIL CINCUENTA 00/100 BOLIVIANOS) en la escala vigente del personal de YPFB Andina S.A., YPFB CHACO S.A., YPFB
REFINACION S.A., YPFB TRANSPORTE S.A., YPFB TRANSIERRA S.A., GAS TRANSBOLIVIANO S.A., YPFB Logística S.A., AIR BP BOLIVIA S.A. y COMPAÑIA ELECTRICA CENTRAL BULO BULO S.A., precautelando que no se genere superposición de niveles salariales.
II. La aplicación de los incrementos salariales establecidos en el presente Decreto
Supremo, es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva MAE de cada
Para el cumplimiento del presente Decreto Supremo las Empresas Públicas deberán remitir al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, sus escalas salariales modificadas en un plazo máximo de quince (15) días hábiles posteriores a la publicación del presente Decreto Supremo, para su correspondiente aprobación.
II. Se exceptúa de la aplicación del Parágrafo precedente a las Empresas Filiales y
Subsidiarias de ENDE y de YPFB.
I. Se exceptúa de la aplicación del Artículo 46 del Decreto Supremo N O 3448, de 3 de
enero de 2018, a las empresas públicas con participación accionaria mayoritaria de las
II. El incremento salarial de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento
EPSAS S.A., en tanto adopte su tipología definitiva, será aprobado por su directorio.
El incremento salarial, deberá tomar en cuenta su disponibilidad y sostenibilidad financiera y el límite máximo establecido en el Decreto Supremo del incremento salarial anual, emitido por el nivel central del Estado.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social deberá establecer el plazo para
presentación de la planilla retroactiva del incremento salarial, a cuyo vencimiento
aplicará las multas que pudieren corresponder de acuerdo a normativa vigente.
Que el numeral I del Artículo 30 de la Ley Nº 018, de 16 de junio de 2010, del Organo Electoral Plurinacional, dispone que el Tribunal Supremo Electoral, con sujeción a las normas vigentes, tiene la atribución de administrar sus recursos humanos, materiales y económicos.
Que el Parágrafo I del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 3448, de 3 de enero de 2018, que reglamenta la aplicación de la Ley Nº 1006, de 20 de diciembre de 2017, del Presupuesto General del Estado Gestión 2018, determina que en el marco de sus competencias, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo dependiente del
a) 25210 “Consultorías por Producto” en Bs. 135.890 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00/100 BOLIVIANOS);
El incremento de las subpartidas señaladas precedentemente, será financiado con Fuente 20 "Recursos Específicos" y Organismo 230 "Otros Recursos Específicos", a través de un traspaso presupuestario intrainstitucional afectando la subpartida 57100 "Incremento de Caja y Bancos", para dar continuidad a las actividades programadas por las Unidades Organizacionales del Organo Electoral Plurinacional y coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Que mediante Decisión Nº 805 de 24 de abril de 2015, de la Comisión de la Comunidad Andina, se deja sin efecto la adopción del Arancel Externo Común hasta que se asegure la flexibilidad de cada País Miembro en la aplicación de niveles arancelarios comunes.
“b) Cuatro por ciento (4%) para las trabajadoras y trabajadores cuyo haber básico sea igual 0 menor Bs. 24.251 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100 BOLIVIANOS) en la escala salarial vigente del personal de YPFB Andina S.A. YPFB CHACO S.A., YPFB REFINACION S.A., YPFB TRANSPORTE S.A., YPFB TRANS/ERRA S.A., GAS TRANSBOLIVIAIVO SA., YPFB Logística S.A., AIR BP BOLIVIA S.A. y COMPAÑIA ELECTRICA CENTRAL BULO BULO S.A., precautelando que no se genere superposición de niveles salariales.”
Que el numeral I del Parágrafo I del Artículo 6 de la Ley Nº 2492, de 2 de 2003, Código Tributario Boliviano, señala que sólo la Ley puede crear, suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria; fijar imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y designar al sujeto.
Que el Decreto Supremo Nº 3227, de 28 de junio de 2017, reglamenta los aspectos relativos al funcionamiento de la Empresa Pública Nacional Estratégica de
Yacimientos de Litio Bolivianos — YLB, en su etapa de implementación, en la forma y alcances establecidos por Ley Nº 928, de 27 de abril de 2017 y demás normativa
Que YLB se encuentra implementando el Proyecto de Industrialización del Litio, que comprende la consolidación de Bolivia como un país exportador de productos con valor agregado, por lo que requiere adoptar un carácter corporativo para cumplir con el mandato que se le ha otorgado, y a cuyo efecto pueda constituir empresas filiales y
I. YLB es una Empresa Pública Nacional Estratégica de carácter Corporativo, con
personería jurídica propia, de duración indefinida, autonomía de gestión de administrativa, financiera, comercial, legal y técnica, con patrimonio propio que pertenece en un cien por ciento (100%) al nivel central del Estado, bajo tuición del Ministerio de Energías.
II. Se modifica el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 3227, de 28 de junio de 2017, con
III. Se modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 3227, de 28 de junio de 2017,
I. La Presidenta o el Presidente Ejecutivo es la Máxima Autoridad Ejecutiva de YLB,
quien desempeña, sus funciones en exclusiva y a tiempo completo, y tiene como atribuciones establecer y conducir la ejecución de las ter políticas, planes programas, provectos y normativa interna para el logro de la misión, visión y objetivos estratégicos de la empresa.
II. La Presidenta o el Presidente Ejecutivo será designado mediante Resolución
“II. Se autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, a la el Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos — EBIH; al Servicio Nacional Textil SENATEX; a la Empresa Azucarera San Buenaventura — EASBA: a la Empresa Estatal “YACANA” a la Empresa Estatal “Boliviana de Turismo a la Corporación Minera de Bolivia COMIBOL v a sus empresas filiales y subsidiarias: a la Administración de Servicios Portuarios — Bolivia — ASP-B: al Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas SEDENI: a la Empresa Nacional de Electricidad Matriz — ENDE; a la Empresa estatal de Televisión denominada “BOLIVIA al Ministerio de Culturas y Turismo: al Ministerio de Comunicación y a la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos YLB, realizar contrataciones directas o por comparación de ofertas en territorio extranjero de bienes, obras V servicios especializados cuando éstos no estén disponibles en el mercado nacional o no se puedan recibir ofertas en el país o la contratación de éstos sea de mayor beneficio económico para la entidad.
III. En la contratación de los bienes y servicios especializados y la contratación directa
señalada en el Parágrafo precedente, las entidades públicas, YPFB, EBIH; SENATEX; EASBA: YACAIVA; Boliviana de Turismo: COMIBOL y sus empresas filiales subsidiarias; ASP-B: SEDENI: ENDE: BOLIVIA TV; Ministerio de Culturas y Turismo: el Ministerio de Comunicación y YLB podrán adherirse a los contratos elaborados por los proveedores y contratistas.
I. Se autoriza a Y LB incrementar la sub-partida 46110 “Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado” en un monto de hasta Bs 0
FDO. EVO MORALES AYMA, Fernando Huanacuni Mamani, Alfredo Rada Vélez, Carlos Gustavo Romero Bonifaz Javier Eduardo Zavaleta López, Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén Suárez, Luis Alberto Sánchez Fernández, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISION
Edmundo Rocabado Benavides, Carlos Rene Ortuño Yáñez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.
a) Declarar de interés del nivel central del Estado el como componente de la infraestructura hospitalaria de trece (13) Establecimientos de Salud Hospitalarios de Segundo y Tercer Nivel, que forman parte del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 en el M arco del Desarrollo Integral para Vivir Bien;
Autorizar a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico AISEM
i) Un (1) Establecimiento de Salud Hospitalario de Segundo Nivel en el Municipio de Colcha “K” del Departamento de Potosí;
Un (l) Establecimiento de Salud Hospitalario de Tercer Nivel (Hospital Oncológico)
el Municipio de Tarija del Departamento de Tarija;
Un (l) Establecimiento de Salud Hospitalario de Tercer Nivel (Hospital Gran Chaco)
en el Municipio de Yacuiba del Departamento de Tarija;
m) Un (1) Establecimiento de Salud Hospitalario de Tercer Nivel (Hospital Cobija) en el Municipio de Cobija del Departamento de Pando.
reglamentado por la AISEM mediante Resolución expresa.
Las contrataciones directas efectuadas en el marco del presente Decreto Supremo,
son de exclusiva responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad
R UPE, para la formalización de la contratación, según lo establecido en la
Presentar la información de la contratación a la Contraloría General del
acuerdo con la normativa emitida por la Contraloría General del Estado;
de septiembre de 2015, emergente del Convenio de Financiación principal y con
destino a la implementación del mismo al interior del Estado Boliviano, se define que el Ejecutor del Programa CONALTID DCI-ALA/2014/025-027 es el Ministerio de Gobierno a través de la Secretaria de Coordinación del CONALTID.
en el control, seguimiento, vigilancia y narcotráfico;
Que el Parágrafo II del Artículo ll de la Ley Nº 396, establece que el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, es responsable del uso y destino de los
Que el Parágrafo I del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 3448, de 3 de enero de 2018, que reglamenta la aplicación de la Ley Nº 1006, de 20 de diciembre de 2017, del Presupuesto General del Estado Gestión 2018, determina que en el marco de sus competencias, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, la inscripción y/o incremento de las partidas de gasto 25200 “Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones”, 25800 “Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizables” y 46000 "Estudios y Proyectos para Inversión”, con recursos de financiamiento externo de crédito, donación, y su contraparte nacional establecidos en los convenios específicos, no amerita Decreto Supremo. Para las demás fuentes de financiamiento el incremento de estas partidas deberá aprobarse mediante Decreto Supremo.
ARTIOCULO 2.- (AUDITORIAS EXTERNAS). se autoriza al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, incrementar en la gestión 201 8, la subpartida 25230 “Auditorías Externas" en Bs. 918.505 (NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCO 00/100 BOLIVIANOS), financiado con fuente y organismo 10 - 111 “Tesoro General de la Nación”, a través de un traspaso presupuestario intrainstitucional afectando la subpartida 42230 “Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado", para efectuar el cierre del proyecto "Construcción del Proyecto Ciudad UNASUR,
FDO. EVO MORALES AYMA, Femando Huanacuni Mamani, Alfredo Rada Vélez, Javier Eduardo Zavaleta López MINISTRO DE DEFENSA E INTERINO DE GOBIERNO, Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén Suárez, Luis Alberto Sánchez Fernández, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa
Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.
La Administradora de Terminal Terrestre Santa Cruz está a cargo de un (a) Director (a) General Ejecutivo (a), designada (o) mediante Resolución Ministerial por el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
a) Prestar el servicio público de terminal terrestre de pasajeros y carga a nivel interdepartamental e internacional;
II. Los convenios interinstitucionales suscritos por la ENFE - Terminal Bimodal Santa
Cruz, se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2018.
la matricula computarizada Nº 7.01.1.99.0001484, a favor del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda para la Administradora de Terminal Terrestre Santa
Cruz por un plazo de cuarenta (40) años, mismo que podrá ser ampliado por un periodo similar, cuyas condiciones y entrega del bien, serán establecidas en el contrato de comodato
Públicas, Servicios y Vivienda a través de la Administradora de Terminal Terrestre Santa
IV. Todos los procesos judiciales, administrativos y de cualquier otra naturaleza que
estuvieran iniciados y por iniciarse por y/o en contra de la ENFE - Terminal Bimodal
Santa Cruz, serán asumidos por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a través de la Administradora de Terminal Terrestre Santa Cruz, excepto en el ámbito
a) Al periodo de intervención efectuado por la ex Superintendencia de Transportes y
por la ATT a la Administración de la Terminal Bimodal de Santa Cruz;
b) Al periodo de administración efectuado por la ENFE a la Administración de la
Terminal Bimodal de Santa Cruz.
ARTICULO 1.- (OBJETO). Tiene por objeto levantar de manera excepcional la prohibición del Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 23022, de 23 de diciembre de 1991, en los polígonos l, 2 y 3 del municipio de San entura y parte de Ixiamas de la Provincia Abel Iturralde del Departamento de La Paz.
Que el Artículo 9 de la Ley Nº 144, de 26 de junio de 2011, de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, reconoce la capacidad de gestión territorial de las comunidades indígena originaria campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas y sus estructuras orgánicas territoriales con responsabilidad, compromiso y respeto mutuo para implementar las fases de producción,
Que el Decreto Supremo Nº 2852, de 2 de agosto de 2016, crea el Programa Nacional de Perforación de Pozos de Aguas Subterráneas “Nuestro Pozo”, con la finalidad de garantizar la disponibilidad de agua para la seguridad alimentaria; y crea la entidad pública desconcentrada Unidad Ejecutora de Pozos — UE-Pozos.
Aplicable únicamente cuando los beneficiarios registren asignación de recursos menores a Bs. 30.000.- (TREINTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) O no se encuentren
considerados en el Plan Operativo Anual de parte de las entidades territoriales
II. Para la ejecución de lo dispuesto en los incisos a), b) y c) del Parágrafo
precedente del presente Artículo, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras suscribirá Convenios Intergubernativos de cofinanciamiento, estableciendo obligatoriamente el débito automático para la ejecución de los recursos comprometidos.
III. Para la ejecución de lo dispuesto en el inciso d) del Parágrafo I del presente
Artículo, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras suscribirá Convenios Interinstitucionales de cofinanciamiento, estableciendo los mecanismos que aseguren los recursos comprometidos.
II. El procedimiento para la contratación directa de obras será aprobado por la
Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, mediante
III. Para contrataciones mayores a Bs. 20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS)
el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, solicitará al proveedor el Certificado del Registro Unico de Proveedores del Estado — RUPE, para la formalización de la
contratación, según lo establecido en la Reglamentación del RUPE.
IV. Una vez formalizadas las contrataciones directas, el Ministerio de Desarrollo Rural
y Tierras, a través de la Entidad Pública Desconcentrada UE-Pozos deberá:
V. Las contrataciones realizadas en el marco del presente Decreto Supremo desde
su inicio hasta su conclusión, son responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad contratante.
“I. Se autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, realizar mediante Convenios la transferencia a título gratuito de las infraestructuras de captación de
aguas subterráneas con sus equipamientos incorporados, del Programa Nacional de Perforación de Pozos de Aguas Subterráneas “Nuestro Pozo”, de la siguiente manera:
a) Los proyectos cofinanciados por efecto de Convenios Intergubernativos a favor de
las entidades territoriales autónomas suscribientes;
b) Los proyectos cofinanciados por efecto de Convenios Interinstitucionales con las
OECOM's a favor de los gobiernos autónomos municipales en los que sean parte de
Que el Parágrafo I del Artículo 99 de la Ley Nº 393, determina que las garantías aceptables para financiar actividades productivas rurales y no rurales, deberán incluir alternativas de aseguramiento no convencionales propias de estas actividades. Entre otros, los tipos de garantía no convencionales aceptables son: fondos de garantía, seguro agrario, documentos en custodia de bienes inmuebles y predios rurales, maquinaria sujeta o no a registro con o sin desplazamiento, contratos o documentos
compromiso de venta a futuro en el mercado interno o para la exportación, avales
certificaciones de los organismos comunitarios u organizaciones territoriales,
productos almacenados en recintos propios o alquilados, garantías de semovientes,
la propiedad intelectual registrada y otras alternativas no convencionales que tienen
carácter de garantía.
Que dada la finalidad con la que fueron constituidos los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo, es necesario permitir el acceso del BDP — S.A.M.
a los Fondos de Garantía de Crédito para el Sector Productivo, a efectos de
respaldar las operaciones de crédito de Organizaciones Económicas Comunitarias — OECOM, de productores agropecuarios y forestales que pertenezcan a OECOM, de
— BDP — S.A.M. a los Fondos de Garantía de Crédito para el Sector Productivo, administrados por los Bancos Múltiples y Pymes, a efectos de respaldar las operaciones de crédito de Organizaciones Económicas Comunitarias — OECOM, de productores agropecuarios y forestales que pertenezcan a OECOM, de productores de una propiedad comunitaria o colectiva y micro, pequeños y medianos productores, mediante la modificación de los Decretos Supremos Nº 2136, de 9 de octubre de 2014 y Nº 2614, de 2 de diciembre de 2015;
propiedades comunitarias destinadas a inversión deberán contemplar dentro de su
estructura de plazo periodos de gracia para el reembolso del capital.
I. Se modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 2614, de 2 de diciembre de 2015
y el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 2136, de 9 de octubre de 2014 modificado por la Disposición Adicional Primera del Decreto Supremo Nº 2614, con el siguiente
I. Los Fondos de Garantía tendrán por objeto garantizar operaciones de crédito de Organizaciones Económicas Comunitarias — OECOM de productores agropecuarios
y forestales que pertenezcan a las mismas, conforme el Decreto Supremo N O 2849,
de 2 de agosto de 2016 y de productores de una propiedad comunitaria o colectiva.
II. Los Fondos de Garantía tendrán por objeto garantizar operaciones de microcrédito
y crédito Pyme destinados al sector productivo para capital de operaciones y/o capital
de inversión, incluidas operaciones de crédito para financiamiento del sector turismo
y producción intelectual según definiciones y normativa emitida por ASFI, otorgadas
por la misma entidad bancaria administradora de un Fondo de Garantía o de otros Bancos Múltiples o Bancos Pyme, así como para operaciones de crédito del Banco de Desarrollo Productivo - Sociedad Anónima Mixta — BDP - S.A.M o de cualquier otro actor autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante Resolución Ministerial. También podrán garantizar operaciones de crédito para fines productivos otorgadas a cooperativas de producción.
III. Los recursos de los Fondos de Garantía constituyen un patrimonio autónomo, independiente del patrimonio de los Bancos Múltiples y Bancos Pyme, debiendo por ello ser administrados y contabilizados en forma separada.
IV. La administración de los Fondos de Garantía estará a cargo de la entidad bancaria aportante de los recursos, pudiendo delegar la administración a otra entidad regulada por la Ley Nº 393, o por la Ley Nº 1834, de 31 de marzo de 1998, del Mercado de Valores, previa no objeción del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.”
ARTICULO 3.- (GARANTIA NO CONVENCIONAL). Se establece que las operaciones de crédito de productores de OECOM o de propiedades comunitarias o colectivas podrán ser garantizadas con la producción de los productores, conforme al Artículo 99 de la Ley Nº 393, de 21 de agosto de 201 3, de Servicios Financieros.
Que el Artículo 8 de
144, de 26 de junio de 2011, de la Revolución
Productiva Comunitaria Agropecuaria, reconoce a las comunidades indígena originario campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas, como Organizaciones Económicas Comunitarias — OECOM, constituidas en el núcleo orgánico, productivo, social y cultural para el vivir bien.
Que el Parágrafo III del Artículo 38 de la Ley Nº 144, señala que las entidades públicas en los diferentes niveles de gobierno que tengan entre sus atribuciones la atención al sector agropecuario; podrán considerar como entes ejecutores a las OECOM's con personería jurídica, a efectos de la ejecución directa de proyectos de inversión en el sector agropecuario financiados con recursos externos de donación o crédito, contemplando esquemas de control social que garanticen el destino de los recursos a
la ejecución del proyecto, sin perjuicio de los sistemas de control gubernamental.
Que el numeral I del Artículo IO de la Ley Nº 300, de 15 de octubre de 2012, de la
Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, determina que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene la obligación de crear las condiciones para garanti7ar el sostenimiento del propio Estado en todos sus ámbitos territoriales para alcanzar el Vivir Bien, a través del desarrollo integral del pueblo boliviano de acuerdo a la Ley Nº 03 1, de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", la Ley Nº 071, de 21 de diciembre de 2010, de Derechos de la Madre Tierra y
Que el numeral 4 del Artículo 13 de la Ley Nº 300, señala el reconocimiento y fomento
a la diversificación de la producción, la diversidad de los productos en los mercados,
las prácticas de intercambio comunitarios y en la dieta alimentaria, la protección a las variedades locales y nativas, así como el fomento a las culturas y tradiciones
ARTICULO 8.- (INFORMACION DE PRECIOS). El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, establecerán un sistema de información de precios de comercialización de los productos de las OECOM's, para su correspondiente difusión a través de medios de comunicación e
I. El nivel central del Estado, en el marco de sus atribuciones, deberá incorporar a las OECOM's, en sus políticas, planes y acciones de fortalecimiento, protección y promoción productiva.

References: Artículo 12
 Artículo 12
 Artículo 12
 resolución 
 Artículo 15
 Artículo 16
 Artículo 46
 Artículo 5
 Artículo 19
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 46
 Artículo 46
 Artículo 30
 Artículo 4
 Decisión Nº 
 Artículo 6
 Artículo 3
 Artículo 5
 Resolución

 Resolución 
 Artículo 4
 Resolución 
 Artículo 5
 Artículo 9
 Artículo 99
 Artículo 5
 Artículo 5
 Resolución 
 Artículo 99
 Artículo 8
 Artículo 38
 Artículo 13