Source: https://it.scribd.com/document/129469753/Haberle-Jurisdiccion-Constitucion
Timestamp: 2020-07-11 09:15:01+00:00

Document:
Doutrina Estrangeira La Jurisdicción Constitucional en la Sociedad Abierta | Constitución | Ley procesal
Doutrina Estrangeira La Jurisdicción Constitucional en la Sociedad Abierta
Teoría de la jurisdicción constitucional en el Estado social de derecho
SalvaSalva Haberle, Jurisdiccion Constitucion per dopo
Doutrina Estrangeira La Jurisdicción Constitucional en la Sociedad Abierta 1-2
Catedrático Emérito de Derecho Público, D. Eclesiástico y Filosofía del Derecho de la Uni- versidad de Bayreuth – Alemania, Doctor Honoris Causa Múltiple por Varias Universidades Europeas y Latinoamericanas, con Parte de su Obra Traducida a Numerosos Idiomas.
SUMARIO: I – Introducción; Primera parte: Sociedad abierta. Garantías de apertura del Estado constitucional hacia “adentro” y hacia “afuera”; II – El concepto; III – Garantías de apertura hacia “adentro”; IV – Garantías de apertura hacia “afuera”; Segunda parte: “Jurisdicción constitucio- nal”; V – Dimensión histórica y comparación mundial; VI – Elecciones al Tribunal Constitucional; VII – Competencias; VIII – Derecho procesal constitucional como derecho del pluralismo y la participación; IX – Efectos vinculantes, “consecuencias” de las decisiones del Tribunal Consti- tucional; Tercera parte: La jurisdicción constitucional como parte de la sociedad abierta, como tribunal social sui generis, como participante en la actualización del contrato social constitucio- nal; X – El Tribunal Constitucional Federal como “Tribunal Constitucional”, como “tribunal social” sui generis; XI – La jurisdicción constitucional “en el” contrato social: el Tribunal Constitucional Federal Alemán como regulador en el proceso continuo de garantía y actualización de la Cons- titución como contrato social; XII – Aplicación variable en el tiempo y espacio; XIII – Panorama y conclusión; XIV – Bibliografia.
En la actual fase de desarrollo del “tipo Estado constitucional”, para el tema aquí a tratar, sólo un planteamiento desde el primer momento compara- tivo es productivo. El mismo se emprendió especialmente para la jurisdicción constitucional en la contribución de autor para el Homenaje al Tribunal Cons- titucional Federal de 2001 (tomo I, p. 311 y ss.): “Das BVerfG als Muster einer selbstständigen Gerichtsbarkeit” 3 . Hasta ahora, y hasta donde conocemos, falta un estudio que discuta de modo parecido la “sociedad abierta” en la perspec- tiva jurídico-constitucional iuscomparada. Ello se intenta hacer, no sin riesgo,
1 Originalmente publicado em: FERRER MAC-GREGOR, Eduardo; ZALDÍVAR LELO DE LARREA, Arturo (Co- ord.). La ciencia del derecho procesal constitucional. Estúdios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho. Teoría general del derecho procesal constitucional. Ciudad de México: UNAM, t. I, 2008. p. 763-784.
2 Traducción de Joaquín Brage Camazano.
La versión en español es HÄBERLE, Peter. El Tribunal Constitucional Federal como modelo de una jurisdic- ción autónoma. HÄBERLE, Meter; HESSE, Honrad. Estúdios sobre la jurisdicción (con especial referencia al Tribunal Constitucional alemán). México: Porrúa-IMDerecho Procesal Constitucional, colección Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional dirigida por Eduardo Ferrer Mac-Gregor, 2005. Traducción y estu- dio introductorio de Joaquín Brage Camazano (nota del traductor).
Nº 25 – Jan-Fev/2009 – DOUTRINA ESTRANGEIRA
en lo que sigue, especialmente en conexión con la jurisdicción constitucional. Ambas, la “sociedad abierta” y la “jurisdicción constitucional”, sólo pueden ser tratadas en una simultaneidad intelectual. Sin embargo, la siguiente “primera parte” se dedica, primariamente, a la “sociedad abierta” y la segunda, en prin- cipio separada, a la “jurisdicción constitucional”. Ambos temas deben reunirse en la tercera parte, a pesar de que ello, a la vista de la brevedad fijada incluso para este “gran tema”, sólo es posible en palabras clave.
PRIMERA PARTE: SOCIEDAD ABIERTA. GARANTÍAS DE APERTURA DEL ESTADO CONSTITUCIONAL HACIA “ADENTRO” Y HACIA “FUERA”
II – EL CONCEPTO
La “sociedad abierta” es el prototipo diseñado en 1945 por Sir Popper como contraprograma a los sistemas filosóficos de un Platón y un Hegel, pero también al fascismo y comunismo totalitarios. Ella tiene tras de sí, como palabra y como con- cepto, una historia de éxito sin igual, en principio en el mundo occidental, y después de 1989, por lo menos según los textos constitucionales, también en la Europa del Este; ya es casi un “lugar común” en el buen sentido de la palabra, se encuentra incluso expresamente en nuevos textos constitucionales (por ejemplo, el Preámbulo de la Constitución de Perú de 1979, así como en la Europa del Este: el Preámbulo de la Constitución de Lituania de 1992: “Sociedad abierta, burguesa armónica”) y es casi indiscutida en la ciencia (véase también la sentencia del KDP de BVerfGE 5,85, especialmente 134 y ss., 197 y ss.). Jurídico-constitucionalmente, apenas ha sido tratada en una perspectiva básicamente iuscomparada. Hubo conatos de ello en la tesis “La Constitución del Pluralismo” (1980), también en la palabra de la “sociedad pluralista” (BVerfGE 52, 223, 252). Desde hace poco pasa la llamada “sociedad bur- guesa” a primer plano, también en los textos constitucionales (cfr. el Preámbulo de la Constitución de Chechenia de 1992: “Principios de la sociedad burguesa”). Su obje- tivo es fortalecer al ciudadano, moverlo hacia el centro del Estado constitucional y su sociedad pluralista, y también frente a las competencias del Estado hiperfortalecidas, así como frente al señorío del “mercado” y de los partidos políticos que se estable- cen en no raras ocasiones con autosuficiencia. El pensamiento desde el ciudadano y su sociedad debe limitar y corregir el tradicional “pensamiento desde el Estado”. La ciudadanía de la Unión (artículos 17 y ss. CE) contribuye a ello. Si se elaboran las garantías de apertura del Estado Constitucional con los métodos y contenidos de la teoría constitucional comparada, se puede esbozar la siguiente imagen:
III – GARANTÍAS DE APERTURA HACIA “ADENTRO”
Con todas las reservas contra la diferenciación de lo “exterior” y lo “in- terior”, hay que mencionar como elementos constitutivos del Estado constitu-
DPU Nº 25 – Jan-Fev/2009 – DOUTRINA ESTRANGEIRA
cional abierto, antes que nada, a los derechos de igualdad y de libertad que se derivan de la dignidad de la persona: garantizan la apertura del ordenamiento y del proceso político desde el ciudadano (La “Libertad y apertura del proceso político” y la “Apertura de ordenamiento constitucional” de K. Hesse, 1966).
Al mismo tiempo, sucede lo mismo por virtud del principio democrático ba- sado en la dignidad de la persona: las elecciones libres, iguales y secretas, justas, periódicas (“dominio a plazo”) condicionan la apertura social. Elaboran el cambio social en el horizonte de “tiempo y Constitución”. A ello corresponde la específica apertura del derecho de partidos (ninguna valla excesiva para los nuevos aspiran- tes: “igualdad de oportunidades de los partidos políticos”). Las regulaciones, por ejemplo en materia de la cláusula de bloqueo del 5%, varían según cada Estado constitucional nacional, pero hay límites por arriba. La cada vez más subrayada conexión de “democracia y opinión pública” (G. Heinemann: “La opinión pública como oxígeno de la democracia”, aclara que la “sociedad abierta” sólo es posible como pública, aun con toda la protección irrenunceable de la privacidad.
Si se comparan las Constituciones individuales, se pueden reconocer ga- rantías específicas del pluralismo:
– En general, el preámbulo de la Constitución de Moldavia de 1994: el pluralismo político como “bien supremo”.
– Véase también el artículo 1,1 de la Constitución de España de 1978.
– Destacable igualmente el artículo 8,1 de la Constitución rumana de 1991: “El
pluralismo en la sociedad rumana es una condición y una garantía de la demo-
cracia constitucional”.
– El artículo 15,1 de la Constitución de Ucrania de 1994 habla de “variedad po- lítica, económica e ideológica”.
– El artículo 1,2 de la Constitución de Guinea Ecuatorial de 1991: “pluralismo político”.
– Igualmente el Preámbulo y la Constitución del Chad de 1996.
– El Preámbulo de la Constitución de Benín (1990) habla de la “democracia plu- ralista”.
– Véase igualmente el Preámbulo de la Constitución de Mali de 1990.
– El Preámbulo de la Constitución de Burundi de 1991 apela al “orden democrá- tico pluralista”.
– El Preámbulo de la Constitución del Congo de 1992 aspira a “Unidad en la diversidad cultural”.
Son ejemplos especiales también de la realidad constitucional en particular la variedad de los medios, el equilibrio entre el poder sindical y el empresarial, las liber- tades públicas como las de manifestación y asamblea, no en último lugar la libertad
de información y la de prensa, así como la libertad económica y de ciencia. A partir de ello gana en evidencia la tesis de la Constitución como processo público (1969).
La sociedad burguesa, en lugar de las (hasta ahora demasiado poco investi- gadas) “sociedades paralelas”, necesita sus condiciones marco jurídico-constitucio- nales; éstas (por ejemplo, en París y Berlín especialmente en el “medio ambiente de inmigrantes”) dividen el viejo concepto europeo del “ciudadano” y privan a la aper- tura literalmente de su próprio “suelo” y raíces. Se necesita un humus, una base, desde la que se pueda pensar y practicar la “apertura”. Es la Constitución la que fija, más estrictamente o con mallas grandes, estas reglas como condiciones-marco. Las garantías para los grupos plurales multiculturales, como sociedades religiosas “extrañas”, por ejemplo el Islam, hay que verlas desde este trasfondo.
Las Organizaciones no Gubernamentales como “sistema de advertencia temprana” tienen el gran mérito de hacer las sociedades constituidas más abiertas, con frecuencia precisamente allí donde las mismas están ideológicamente “anqui- losadas”, “ciegas” o incluso parcialmente “cerradas”. Pero deben adaptarse a las condiciones del concreto Estado constitucional. Una teoría constitucional general de la sociedad abierta es hoy un desideratum de la ciencia (un elemento lo consti- tuye, por ejemplo, el esperado “diálogo social”: Preámbulo de la Constitución de Polonia de 1997). Las clásicas teorías del contrato social deben actualizarse. Los textos hasta ahora citados de las nuevas Constituciones señalan la dirección y son una prueba de que el Estado constitucional tematiza de nuevo y explícitamente la sociedad abierta en el actual desarrollo de los niveles textuales.
Un intento especial de aplicar la “sociedad abierta” de Popper a la cien-
cia del derecho constitucional fue, y es, el paradigma de la “sociedad abierta de los intérpretes constitucionales”. Desarrollado en 1975, recientemente aplicado
a la Constitución europea in nascendo, este paradigma inserta a los ciudadanos,
a cada ciudadano, en el proceso de interpretación constitucional. La palabra
clave reza: “Constitución para todos” y “de todos”. Cada quien que vive una norma constitucional la co-interpreta en un sentido amplio, profundo. Se hace referencia no sólo a los ámbitos cubiertos por los derechos fundamentales, en los que el titular del derecho opera o “interpreta” respecto de su llamada “auto-
concepción” puesta en práctica, por ejemplo:
– La libertad de religión (desde BVerfGE 24, 236, 245 ss.; 99, 100, 125), o
– La libertad de coalición y arte (cfr. también BVerfGE 83, 130, 148; más genera- lizadamente: BVerfGE 54, 148. 155 y ss.).
– También el ciudadano que eleva un ampara constitucional, da su opinión ante
el Tribunal Constitucional, es un intérprete constitucional en este amplio sentido.
La expresión de la “sociedad abierta de los intérpretes constitucionales” (1975) es tan poco pensable sin Popper como científico-culturalmente, sin el “sacerdocio de todos los creyentes” de los protestantes; sigue siendo discutida
en Alemania, pero también se le cita mucho (últimamente, F. Fromme, en el Frankfurt Allgemeine Zeitung, del 13 octubre de 2005, p. 37). Experimenta ac- tualmente, sobre todo en Alemania, y de manera especial en Brasil, hasta en cues- tiones particulares del derecho procesal constitucional (amicus curiae briefs) un reconocimiento alentador. La sociedad abierta es una “constituida”, reconocible, por ejemplo, en la eficacia frente a terceros de los derechos fundamentales. Es ex- presión del status culturalis del individuo; el status naturalis es una (irrenunciable) ficción. No hay ninguna “libertad natural”, sólo hay libertad cultural.
La así concebida “sociedad abierta de los intérpretes constitucionales” ne- cesita la fundamentación cultural, en especial a la vista de la econom ización to- tal que se está propagando. Se trata de lo que mantiene en último término unido, en lo más íntimo, a un Estado constitucional como sociedad burguesa constituida (seguramente, ello no es primariamente el “mercado”). Con otras palabras, la tesis del “concepto abierto, plural de cultura” (1979), es aquí aplicable.
Una “respuesta última” no se ha encontrado todavía. El “patriotismo constitucional” (D. Sternberger), y también la “cultura dominante” pueden ser intentos de vincular la apertura y el consenso básico uno con otro. Pero no pueden ser la “última palabra”. La Ley Fundamental, como “cultura dominante” vinculante, es, con la acentuación de su apertura, una fórmula posible, pero tampoco más que eso. El pasaje en el artículo 1º, frase 2ª de la Constitución es- lovena de 1992 (no “se vincula a ninguna ideología o religión”) es importannte y representativo del tipo “Estado constitucional”.
IV – GARANTÍAS DE APERTURA HACIA “AFUERA”
La apertura de la sociedad en lo interno tiene hoy su correspondencia en la apertura “hacia fuera”. Al respecto, se piensa ciertamente que el concepto clásico de soberanía se ha relativizado hace tiempo y el esquema interno/externo posee solamente un limitado valor cognoscitivo. Las palabras clave son “estatalidad abier- ta” (K. Vögel, 1964), “Estado constitucional cooperativo” (P. Häberle, 1978), que se manifiestan en cláusulas de cooperación como el artículo 28,2 de la Constitución de Grecia de 1975 y el Preámbulo de la Constitución española de 1978. Es útil la ex- presión del “derecho político cosmopolita” (D. Thürer, 2005), pero también la com- prensión de la “constitucionalización” del derecho internacional en su conjunto.
Los motores de esta constitucionalización siguen siendo cada uno de los Estados constitucionales nacionales, que transforman su comunidad supraesta- tal de la mera coexistencia pacífica en una cooperación pacificadora. Algunas garantías de esta apertura son:
– La recepción declarada abierta de los derechos universales de la persona que llevan a cabo expresamente muchas nuevas Constituciones. Por ejemplo: el artí- culo 10,2 de la Constitución española de 1978; el artículo 2,3 de la Constitución
de Brandenburgo de 1992; el artículo 4º de la Constitución de Moldavia de 1994; el Preámbulo de la Constitución de Guinea Ecuatorial de 1991; el artículo 10 de la Constitución de Burundi de 1992.
– La palabra clave es también el “filoiusinternacionalismo”, por ejemplo, de la
Ley Fundamental (BVerfGE 6, 303, 362; 18, 112, 121; 31, 58, 75 y ss.; 58, 1, 41; 60, 343, 379 y ss.; 111, 307 y 324 y ss.), así como la apertura del mercado
(“mercado mundial)”, por tanto, la comunidad mundial abierta en el ámbito eco- nómico e Internet, contra el que los Estados en sí cerrados, como China o Corea del Norte, sólo con esfuerzos pueden defenderse.
– Los derechos humanos se convierten en “derecho interno del Estado consti-
tucional” (véase también el artículo 1,2 de la Ley Fundamental en atención a la
Convención Europea de Derechos Humanos).
– Agréguense las cláusulas de responsabilidad como el artículo 151 de la Consti- tución de Guatemala de 1985.
– Logo la Constitución de las uniones regionales de Estados y Constituciones,
como la Unión Europea, por virtud de artículos expresos sobre Europa (por ejem- plo, el artículo 23 de la Ley Fundamental). Para el ámbito americano, recuérdese el Tratado Norteamericano de Libre Comercio.
– También los artículos sobre posible transferencia de derechos de soberanía (cfr. artículo 24 de la Ley Fundamental; artículo 117 de la Constitución de Mali de 1992; el artículo 123,1 de la Constitución de Albania).
– La disposición a ayuda humanitaria para pueblos con escasez (artículo 54,2 de la Constitución de Berna de 1993), así como
– Objetivos de educación como la “reconciliación de los pueblos” (artículo 148 de la Constitución de la República de Weimar, de 1919).
– Luego las normas para el mejoramento de la posición jurídica de los extranjeros.
Es llamativo el Preámbulo de la Constitución de Rusia de 1993, que ve al país como “una parte de la comunidad mundial” (véase también la renuncia a la soberanía en in- terés de la unidad africana en el artículo 122 de la Constitución de Nigeria de 1996).
– Desde el lado de la ciencia, la teoría de la comparación jurídica como “quinto”
método interpretativo (1989) alcanza una específica apertura de los Estados cons- titucionales en relación de unos con otros. Los dos tribunales constitucionales europeos, Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y Tribunal Europeu de Derechos Humanos, son aquí especialmente exigentes.
SEGUNDA PARTE: “JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL”
V – DIMENSIÓN HISTÓRICA Y COMPARACIÓN MUNDIAL
La jurisdicción constitucional “en el” Estado constitucional tiene hoy una gran historia de éxito, casi mundial. Hay que diferenciar los dos “modelos” de la “juris- dicción constitucinal autónoma” según el tipo de la Corte Suprema de los Estados
Unidos, 1803, que comenzó en el caso Marbury vs Madison (derecho judicial de examen) y la llamada “jurisdicción constitucional autónoma”, establecida por pri- mera vez en Austria en la llamada Constitución de Kelsen de 1920 (el Tribunal del Estado de Weimar de 1919 se vanagloriaba demasiado de su debilidad). Ambos modelos son tipos de igual valor de jurisdicción constitucional material, puesto que los dos cumplen en la práctica el postulado de la “primacía de la Constitución” y aplican el derecho judicial de examen. Ya hic et nunc se pude decir que ambos son una verdadera jurisdicción característica de la “sociedad abierta”, independiente. Al respecto, la apertura es un argumento para aquellos que hoy en los Estados Unidos de Norteamérica quieren abrogar el “life tenure” de los jueces de la Suprema Corte.
VI – ELECCIONES AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Aquí son manifiestos los déficits en atención a la “sociedad abierta”. El postu- lado de la “representación social” no se cumple con frecuencia, porque los partidos políticos monopolizan en muchos Estados constitucionales la elección de cada juez constitucional. Éstos, sin embargo, una vez elegidos, en su mayoría dictan “jurispru- dencia del pluralismo” independiente de los partidos, pero la elección no es abierta.
Por lo menos en Estados Unidos de Norteamérica existen las hearings ante el Senado para los candidatos a juez; la Constitución de Brandenburgo osa igualmente fijar una comparecencia (artículo 112, 4, frase 4ª); pero, en lo demás, las elecciones de los jueces constitucionales siguen siendo “cerradas”.
Una cierta relajación ejemplar creó la Constitución de Italia (1947): el presidente de Estado llama, según el artículo 135,2 de la Constitución, a un ter- cio de los jueces constitucionales (véase también el artículo 140,2 de la Cons- titución de Rumania de 1991; el artículo 88, 2, frase 2ª, de la Constitución de Georgia de 1995; el artículo 107,2 de la Constitución de Madagascar de 1995). Ejemplarmente, el artículo 112, 4, frase 2ª de la Constitución de Brandenburgo exige: “En la elección hay que aspirar a que las fuerzas políticas del país estén representadas proporcionalmente en su propuesta”.
VII – COMPETENCIAS
En lo que sigue se cuestiona si la “sociedad abierta” se hace notar, y cómo, en las competencias de los tribunales constitucionales. Lo que es totalmente segu- ro es que así es cuando, como en la Ley Fundamental, “cualquiera” tiene la posi- bilidad de plantear un amparo constitucional (falta todavía, lamentablemente, por ejemplo, en Italia y en la Unión Europea). Porque con esta apertura del acceso el Tribunal constitucional se transforma en “tribunal civil” par excellence 4 .
Al respecto, véase HÄBERLE, Peter. El tribunal constitucional como tribunal ciudadano. México: Fundap, 2005. Traducción y estudio preliminar de Joaquín Brage Camazano (nota del traductor).
La “sociedad burguesa”, como nueva expresión para la “sociedad abier- ta”, se hace efectiva también en la posibilidad para los grupos plurales (por
ejemplo, asociaciones) de lograr acceso al tribunal constitucional. En Alemania,
añade la legitimación orgánica de los partidos políticos (artículo 93,1, nº 1,
la Ley Fundamental).
En alguna competencias, se confía incluso de forma totalmente espe- cífica a los tribunales constitucionales la apertura de la sociedad: por ejem- plo, cuando un Estado constitucional se ha decidido a favor de la democracia “defensiva”, “axiológicamente vinculada frente al totalitarismo (prohibición de partidos inconstitucionales, artículo 21 de la Ley Fundamental; véanse también
los artículos 18 y 9,2 de la Ley Fundamental).
Toda apertura tiene sus límites. Un tribunal constitucional puede “guar- darla”, si bien él no es el muy conjurado “guardián de la Constitución”.
En conjuto, el optimun, y no el maximun, de las competencias podría ser
una garantía de la apertura de la Constitución y de su sociedad, por tanto, tener un haz típico de competencias: amparo constitucional, materias de revisión electoral, controversias del Estado federal o del Estado regional, control normativo concreto
eventualmente abstracto, legitimación orgánica, legitimación de los presidentes
los jueces, competencias consultivas ocasionales. Detrás de todo ello está la idea
directriz de evitar el abuso de poder, de la protección de los derechos fundamen- tales y las minorías, del trabajo para lograr el consenso básico, del equilibrio de poderes, de la garantía del pluralismo y de la apertura de la sociedad.
VIII – EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL COMO DERECHO DEL PLURALISMO Y LA PARTI- CIPACIÓN
El derecho procesal constitucional, por así decirlo la “Ley Fundamental”
de la jurisdicción constitucional, se demuestra, en una consideración más de
detalle, como fundamental para cada sociedad abierta. La ciencia del derecho procesal constitucional experimenta actualmente en Latinoamérica – especial-
mente en Brasil, Perú y México – un enorme auge.
No es ninguna causalidad que las Constituciones recientes reconozcan
que el derecho procesal constitucional tiene tareas y posibilidades específicas. En
mi opinión, las mismas consisten en crear especiales posibilidades de pluralismo
y participación. La publicidad de las audiencias (en Suiza, ¡incluso de las delibe-
raciones!) corresponde a lo anterior. El “diálogo jurídico” (A. Arndt) debe (poder) hacerse realidad ante el foro del tribunal constitucional. Las “audiencias” de todo tipo, en la praxis del Tribunal Constitucional Federal en parte ejemplarmente lle-
vadas a cabo (por ejemplo, BVerfGE 49, 304, 310 y ss.; 57, 70, 80 y ss.; 62, 117, 137 y ss.; 63, 255, 276 y ss.; 94, 241, 252 y ss.) sirven a este objetivo.
En Brasil, la Suprema Corte ha apelado recientemente de modo expreso, en sentencias particulares, a la “sociedad abierta de los intérpretes constitucionales” para justificar el instituto del amicus curiae briefs. El derecho procesal constitu- cional se transforma así en garantía del pluralismo y la participación, por gravoso que ello pueda ser a la vista de la sobrecarga de la mayoría de los tribunales.
Pero el instrumento más afortunado de apertura de la jurisdicción cons- titucional a la sociedad abierta es el voto particular: desarrollado por los Es- tados Unidos de Norteamérica, puesto en práctica en numerosos países (por ejemplo, Ucrania, Croacia, Alemania, Albania), en España regulado incluso a escala constitucional (artículo 164,1, de la Constitución de 1978), convierte a la Constitución en “proceso público”, lleva la apertura de la sociedad al tribunal constitucional y la devuelve de éste a aquélla (“jurisprudencia del pluralismo”).
participa en el contrato social constitucional.
– EFECTOS VINCULANTES, “CONSECUENCIAS” DE LAS DECISIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
La sociedad abierta es “congenial” a una jurisdicción constitucional en la variada conformación de los diferentes efectos vinculantes o “consecuencias” de sus decisiones (artículo 31 de la Ley del Tribunal Constitucional Federal; cfr., por ejemplo, BVerfGE 104, 191, 196 y ss,). El Tribunal Constitucional Federal ha cre- ado un diferenciado haz: desde la declaración de nulidad de una ley hasta “deci- siones apelatorias”, el mero obiter dictum, pasando por la mera determinación de
la inconstitucionalidad, y los jueces tienen la posibilidad del voto particular.
Los tribunales constitucionales no son, en mi opinión, “intérprete autén- tico de la Constitución”, como lo dicen algunas Constituciones (por ejemplo, la Constitución de Albania de 1988, el artículo 124,1: “interpretación definitiva”; el artículo 149,1 de la Constitución de Burundi de 1992: “el intérprete de la Consti- tución”; el artículo 149,1, nº 1 de la Constitución de Bulgaria: “interpretación vin- culante de la Constitución”), sólo son un intérprete en la sociedad abierta de los intérpretes constitucionales, evidentemente uno cualificado de manera especial.
TERCERA PARTE: LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL COMO PARTE DE LA SOCIEDAD ABIERTA, COMO TRIBUNAL SOCIAL SUI GENERIS, COMO PARTICIPANTE EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CON- TRATO SOCIAL CONSTITUCIONAL
X – EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL COMO “TRIBUNAL CONSTITUCIONAL”, COMO “TRI- BUNAL SOCIAL” SUI GENERIS
El Tribunal Constitucional Federal tiene, considerado formalmente, todas las propiedades de un tribunal estatal, utilizando su propia terminología (véa- se también BVerfGE 18, 241; 22, 42; 26, 186; 48, 300, 315 y ss.), es decir, se
basa en una ley estatal, y el Estado regula, o influye, en el nombramiento de los jueces. Es, sin embargo, bastante más: es el tribunal constitucional, es decir, competente para controversias constitucionales materiales detalladas enume- rativamente. El peso total de esta afirmación se entiende sólo a partir de una aclaración del concepto de Constitución. La “Constitución” es el orden jurídico básico del Estado y la sociedad, no es sólo restricción del poder estatal y es autorización al poder estatal. Compreende al Estado y a la sociedad. La jurisdic- ción constitucional como fuerza política opera desde el principio más allá del dogma de la separación del Estado y la sociedad.
Que el Tribunal Constitucional Federal es “tribunal constitucional” de toda la res publica, tiene repercusiones muy concretas en cuestiones de detalle, por ejemplo, en la recusación de los jueces; tiene además como consecuencia que el Tribunal no se puede atar a una u otra “Escuela”, sino que se debe esfor- zar por una integración pragmática de elementos teóricos.
Esta referencia constitucional material de la jurisdicción constitucional tiene implicaciones materiales y procesales: por ejemplo, en su vinculación al modelo del pluralismo y en la exigencia de la construcción del derecho pro- cesal constitucional a la vista de los instrumentos pluralistas de información y participación, por tanto, la sociedad abierta.
También la elección de los jueces constitucionales, del espectro de todos los partidos (y es de esperar que en el futuro vaya más allá de éstos), inserta de un modo efectivo al pluralismo en el proceso constitucional (y ejerce una influencia sobre él). Ello es presupuesto para un timonaje de la sociedad por parte del Tribunal Constitucional y “su” derecho. Aquí se produce un efecto re- cíproco: cuanto más interviene el Tribunal Constitucional Federal Alemán en el proceso de conducción de la sociedad abierta, tanto más se adhiere la sociedad a él, quiere hacerse escuchar “en Karlsruhe” [sede del Tribunal Constitucional Federal Alemán]. Hasta qué punto es asi se comprobó en el asunto de la coges- tión: casi se percibían (1978) las líneas de fuerza de la opinión pública de la sociedad en la Sala de sesiones (BVerfGE 50, 290).
Este planeamiento conduce a un “nivel” ulterior. Hay que ver al Tribunal Constitucional Federal Alemán en su relación intensa con la totalidad de la sociedad: es un “tribunal social” sui generis y en sentido amplio. A través de su jurisprudencia se abre a la variedad de ideas e intereses – la asume –, y vicever- sa, guía él a la sociedad. Considerando la elección de los jueces, la aplicación de su derecho procesal constitucional y los resultados materiales de la interpre- tación [por ejemplo, en la estructuración de aspectos parciales de la sociedad sobre el “efecto frente a terceros” de los derechos fundamentales, últimamente BVerfGE 95, 28 (37)], es más un Tribunal del conjuto de la sociedad que uno “estatal”. ¡Ello tiene consecuencias de más alto nivel, pero también para el tra- bajo diario del Tribunal!
El Tribunal Constitucional Federal Alemán y su derecho procesal consi- guen una relación única con la sociedad.
Su actividad – transformadora de Estado y sociedad – se deriva en un sen- tido general de que es el Tribunal de la Constitución – y la Ley Fundamental
– quien regula no sólo al Estado, sino también, en su estructura básica, a la so-
ciedad, a la que transforma en “sociedad constituida”. De un modo específico, el Tribunal Constitucional Federal Alemán actúa, además, de manera muy especial y consciente, intensiva y amplia en el ámbito de la res publica, entre el “Estado” y el “particular”, al que se puede llamar de la “sociedad” o el ámbito de lo público
– pluralista –. Así se muestra no sólo en la efectivazación de los derechos funda-
mentales desde la vertiente procesal [sobre ello, BVerfGE 46, 325 (333); 53, 30], sino también, en su práctica procesal, al servirse cada vez más de los instrumen- tos de información y participación del derecho procesal constitucional. Adquiere informaciones a través de una diferenciada praxis de audiencias y de formas nive- ladas de participación con relación a los grupos pluralistas, organizaciones como el DGB 5 , las Confederaciones de empresarios y la Confesiones religiosas, etcétera [por ejemplo, BVerfGE 50, 57 (69 ss.); 51, 115 (119 ss.)]. Con ello, “penetra” el Tribunal en el ámbito de la sociedad, asume ideas e intereses de ese ámbito, los “oye” y los transforma por medio de su interpretación constitucional abierta. Por esta vía tiene que apoyarse en la doctrina científica. El derecho procesal cons- titucional se abre a la “sociedad abierta de los intérpretes constitucionales”; se transforma en su “médium”, sobre todo allí donde el Parlamento ha fallado.
Del mismo modo que el itinerario de la ley parlametaria fue histórica- mente, y es (también en el Estado constitucional), el intento de una transforma- ción de lo social en lo estatal, se constatan ahora fenómenos – limitadamente
– paralelos en los procesos ante el Tribunal Constitucional.
Formulado de otro modo, el Tribunal Constitucional Federal Alemán se aproxima a la sociedad de dos modos: la guía de manera creciente por medio de su copiosa jurisprudencia (por ejemplo, sobre el “efecto frente a terceros” y la objetivi- zación de los derechos fundamentales), la estructura y la transforma, a su manera, en una parte de la “sociedad constituida”. Justamente a causa de esta relación con la sociedad se ve en la necesidad de llevar en su derecho procesal a la sociedad ante su foro: así puede comprobarse en la praxis de información y participación pluralistas, sobre todo, en los “grandes procesos” [como en el proceso del numerus clausus: BVerfGE 33, 303 (318 ss.)], pero también en procesos más pequeños.
Llevado al extremo puede formularse: el Tribunal Constitucional Federal Alemán gana un poco el carácter de un “tribunal de (toda) la sociedad” de un tipo especial. Pierde en la tradicional estatalidad en la medida en que es un fac- tor en el proceso de constitución de la sociedad. Es un “tribunal constitucional”
DGB es el “Deutscher Gewerkschaftsbund” o Confederación de Sindicatos Alemanes (nota del traductor).
más allá de la separación del Estado y la sociedad, de los tribunales estatales y “sociales” (como los llamados tribunales deportivos). El Tribunal Constitucio- nal Federal Alemán se toma en serio a la “sociedad abierta de los intérpretes constitucionales”: no sólo procedimentalmente, es decir, en el derecho procesal constitucional, sino también materialmente, en su interpretación constitucional, en la que se hace eco de manifestaciones del gobierno federal (por ejemplo, declaraciones gubernamentales), de la propria comprensión de las Confesiones religiosas [BVerfGE 42, 312 (331); 46. 73 (95) o 83, 341 (356)] o de argumentos de una asociación como la Confederación “Libertad de ciencia” o de una insti- tución como el Consejo de la Ciencia (cfr. BVerfGE 47, 327 (384 ss.)].
XI – LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL “EN EL” CONTRATO SOCIAL: EL TRIBUNAL CONSTITUCIO- NAL FEDERAL ALEMÁN COMO REGULADOR EN EL PROCESO CONTINUO DE GARANTÍA Y ACTUALI- ZACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN COMO CONTRATO SOCIAL
1 LA TESIS
La tesis reza: el Tribunal Constitucional Federal tiene una específica responsabi- lidad colectiva en la garantía y actualización de la Constitución como contrato social; codirige su proceso continuo; está vinculado en ello por el principio del pluralismo.
El modelo del contrato social – clásico patrimonio común europeo – es, en el sentido aquí utilizado, un modelo de pensamiento, un principio heurís- tico con la finalidad de garantizar la libertad personal y la justicia pública. No es ciertamente ninguna “horma” con arreglo a la cual se pueda tallar toda la realidad de una Constitución como proceso público; pero puede dar respaldo al adecuado dominio de dichas cuestiones políticas o jurídico-constitucionales básicas, libre de “vereinseitigende Setzungsideologien” 6 .
Su extensión al Tribunal Constitucional puede parecer osada a algunos; hasta donde sé, no se ha ensayado hasta ahora. El contrato social es tan vie- jo como relativamente joven es la (independizada) jurisdicción constitucional. Uno y otra no han sido todavía puestos en relación recíproca. Ésta puede ser una oportunidad. Debía ser aprovechada. La teoría clásica del contrato social ha servido a lo largo de la historia como modelo de explicación y justificación de los más diferentes contextos (desde J. Locke hasta J.-J. Rosseau, desde I. Kant hasta la discusión sobre el consenso básico). ¿Por qué no iba a poder desplegar un valor informativo para nuestros problemas, para las cuestiones de la jurisdic- ción constitucional, para la actualización de la Constitución?
La expresión alemana entrecomillada en el texto original alemán es dificilmente traducible, pero se refiere a aquellas ideologías que desconocen que la Constitución no es una simple y desnuda positivización de una decisión en el sentido del “decisionismo” (nota del traductor).
2 MATERIAL DE EJEMPLO
La compensación de cargas nos ofrece ejemplos positivos de la reso- lución materialmente satisfactoria de cuestiones constitucionales mediante el modelo del contrato social y de generaciones: el gran rendimiento de la posguerra, ya histórico. Tanto el legislador federal y el Ejecutivo con sus nu- merosas regulaciones de las consecuencias como también la economía polí- tica y las ciencias empresariales afectadas, cada ciudadano ha contribuido al éxito de esta obra comunitaria ejemplar; el Tribunal Constitucional Federal ha allanado el camino jurídico-constitucional. Se puede aquí hablar de una “acción concertada” de todos los ciudadanos y grupos en el mejor sentido de la palabra: de una prueba afortunada del contrato social y generacional, de una unión de todos con todos.
Pero el contrato social tiene hoy también una actualidad específica para la generación mayor: ¡se concreta en la palabra clave “contrato de ren- tas”! Ni pueden “los jóvenes” ser gravados más de lo debido, ni tampoco “los mayores” pueden verse decepcionados en su confianza en la joven genera- ción como “parte contratante”. La generación joven tiene que pensar, por su parte, lo que han hecho su padre y su madre en la época de la construcción republicana después de 1945. Se trata de la justicia de la prestación y contra- prestación entre generaciones.
El modelo del contrato social no es menos explosivo en atención a la sobrecarga que amenaza a la generación joven a través del endeudamiento público o la energía nuclear. No sólo la “economía” no puede ser “probada” hasta los límites de su capacidad de resistencia; tanto menos puede el futuro humano de las generaciones ser sobrecargado con riesgos incalculables. ¡Son partes del contrato social, por tanto, no sólo los vivos, sino también los todavía no nacidos! A su favor existe una fiducia. Quizás incluso haya hoy que ver- la como global, es decir, como referida a todo el globo terráqueo de nuestro “planeta azul”. La sociedad mundial hay que verla en un “contrato mundial”; incluso si éste no existe fácticamente, se tiene que comportar como se existiera:
en pro de toda la humanidad. Los pactos de derechos humanos de la ONU son perspectivas en relación a esto.
En particular, el Tribunal Constitucional tiene corresponsabilidad, no una responsabilidad él sólo, respecto del contrato social constitucional, en especial el generacional. Tiene aquí, sólo junto a otros, en especial al legislador demo- crático, un lugar específico jurídico-funcionalmente a él otorgado. El Tribunal Constitucional Federal no puede, por ejemplo, aprobar un regulación de las pensiones que grave o exonere a la generación joven o la vieja de manera des- proprocionada; “formalmente”, se puede argumentar con el principio de Estado social, la dignidad humana, la protección de la confianza y el valor del trabajo, pero materialmente debería orientarse al modelo de contrato [social].
El círculo de participantes en el contrato social y constitucional debe compreender, por tanto, a la sociedad abierta, no puede establecer la sociedad cerrada: los grupos marginales, los discapacitados, los grupos que no se pueden organizar o sólo difícilmente pueden hacerlo (por ejemplo, los ancianos), cor- responden a ello al igual que las minorías religiosas. El acceso debería perma- necer tan abierto como fuera posible, así como, al contrario que la expulsión, la libertad de emigración debería protegerse como derecho humano: ¡sólo las sociedades totalitarias deniegan esta “rescisión” individual del contrato social!
En una visión rápida de la participación del Tribunal Constitucional Fe- deral en la conservación y cambio del contrato social (como factor operativo), en conjunto: en su acreditación, y reconociendo una responsabilitad colectiva de todos en este “contrato constitucional” (la reciente historia acredita cuántas Constituciones son un compromiso surgido históricamente y no algo “puesto” o “emanación”), resulta para el Tribunal Constitucional Federal (y mutatis mutan- dis, para la jurisdicción constitucional de los Länder) lo siguiente:
En el juego recíproco de tradición y transformación, de cambio y con- servación, el Tribunal Constitucional Federal tan pronto avanza, así en materia de protección de minorías (casos de los Testigos de Jehová), como retrocede considerablemente, por ejemplo en el ámbito económico, no puede “excluir” totalmente o en su mayoría a las generaciones de los procesos de desarrollo progresivo de la Constitución ni transformarse a sí mismo de Senado [Sala judicial] en “consejos de ancianos” (Seniorat), esto es, ver como parte del contrato social sólo a los ancianos y vivos. Periodos de judicial activism y de judicial restraint se pueden suceder unos a los otros a la luz de una concep- ción del Tribunal Constitucional Federal iluminada por el contrato social: el Tribunal Supremo norteamericano proporcional al respecto un buen material ilustrativo. Sigue existiendo, en especial, el ámbito independiente del legisla- dor democrático como primer poder.
En esta visión desde el contrato constitucional encaja el (nivelado) status activus processualis de grupos pluralistas al igual que la visión social conjun- ta del derecho procesal constitucional. El Tribunal Constitucional Federal en sentido amplio, como “tribunal social” sui generis que hay que ver más allá del dogma de la separación del Estado y la sociedad, ya no aparece más como utópico. El status activus processualis constitutionis está en deuda, en primer lugar, con el ciudadano: el recurso constitucional de amparo que permanece abierto a cualquiera sin obligación de asistencia letrada es su genuino derecho fundamental desde el aspecto procesal, es una pieza nuclear del status activus processualis constitutionis. Pero la concepción específicamente jurídico-cons- titucional del derecho procesal constitucional conduce también a su significa- ción como derecho de información pluralista y como derecho de participación para los grupos pluralistas; yo me refiero a la creciente praxis del Tribunal de
dar la palabra en procesos constitucionales más o menos “grandes” a organi-
zaciones como la DGB 7 , las Confederaciones empresariales, otras federaciones
y grupos. Ello es expresión de una concepción vinculada a la sociedad de la
función del Tribunal Constitucional Federal como tribunal constitucional, esto
es, como un tribunal que comprende al Estado y a la sociedad, lo que por ello también incluye las cualidades sustanciales de este conjunto.
XII – APLICACIÓN VARIABLE EN EL TIEMPO Y EL ESPACIO
Los roles y funciones de los tribunales constitucionales comparados unos con otros y su tarea para la sociedad abierta se desarrolla y varían literalmente “con el correr del tiempo”, según el espacio y el tiempo en cada caso. Hay que entenderlos históricamente. Ni siquiera el “tipo” abstracto “Estado Consti- tucional” permite o exige adoptar una declaración sobre qué papel tiene que
jugar, por así decirlo, en términos absolutos un tribunal constitucional nacional
o “regional” (supranacional) como el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas o e Tribunal Europeu de Derechos Humanos. No puede haber, un quantum de competencias y funciones ya no reductible, por su parte, según el espacio y el tiempo, ni tampoco un maximum ni un optimum, pues ya pocos ejemplos bastan para mostrar lo condicionado que está, cronológica y espa- cialmente, nuestro problema. El Tribunal del Estado de la época de Weimar (1919) fue, pese a sus muy pocas competencias (por ejemplo, ¡no el amparo constitucional!), de todas formas un tribunal constitucional (aunque, más bien, un típico “tribunal del Estado”). El Tribunal Constitucional Federal alemán, con su volumen competencial probablemente el más grande considerado en pers- pectiva comparada a nivel mundial, es ciertamente un verdadero tribunal cons- titucional, quizás incluso más que eso (¿?), así como el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Norteamérica. El asombroso desarrollo del Conseil Constitu- tionnel francés ha de ser mencionado. Si la especialización es muy escasa, por ejemplo como en México la competencia judicial de revisión electoral de los tribunales ordinários, puede haber dudas, pero hay que rechazarlas (“tribunales constitucionales especiales”). El derecho de revisión electoral es una competen- cia constitucional de gran importancia precisamente para la sociedad abierta.
Un caso especial es todo lo relativo a situaciones de cambio histórico radi- cal (“revoluciones”), como en los Estados reformados de la Europa del Este tras su superación de los sistemas electorales después de 1989 o en Latinoamérica des- pués de la caída de los regímenes militares (¡mi respeto hacia la Corte Suprema de Argentina, que ha declarado en 2005 inconstitucional la “Ley de Punto Final”!).
A este respecto, corresponde a los tribunales constitucionales el rol del constituyente parcial para una sociedad abierta; deberían en la práctica “crear”,
y no en todo caso “desarrollar”, el derecho constitucional nacional; los otros ór-
ganos constitucionales, como el Parlamento, los restantes tribunales, tambíen la opinión pública, todavía no conocerían ni dominarían el “asunto” de la inter- pretación constitucional, a pesar de toda la “primacía de la Constitución” en los documentos. Aquí se trató tambíen de “pedagogía constitucional”. En Hungría se habló de una “Constitución invisible” del Tribunal Constitucional. Se cuestionó el “activismo judicial”. En un sistema con democracia semidirecta, como por ejemplo la cultural y políticamente consolidada Suiza, la jurisprudencia constitu- cional material, por el contrario, se puede contener, más bien (al fin y al cabo se han desarrollado poco a poco pretorianamente los “derechos fundamentales no escritos” que luego la nueva Constitución Federal de 1999 ha recepcionado).
Sólo una consideración integral, que también tenga en cuenta a las otras fun-
ciones estatales, puede decir algo sobre el rol de la respectiva jurisdicción constitu- cional en la sociedad abierta. El Tribunal Constitucional en Sudáfrica podría haber estado de 1993 a 1996 en una situación comparable a la de los países europeus: la jurisdicción constitucional creativa fue y es cuestionada precisamente en los proce- sos pluralistas y largos de “Nation building and Constitution making”. Es conocida
la rica interacción de judicial activism y judicial restraint en el Tribunal Supremo de
los Estados Unidos de Norteamérica. Cuándo y cómo un Tribunal ha de intervenir
de un modo más creativo o ha de mantenerse más en un segundo plano es una pre-
gunta delicada pero crucial 8 , ¡que en último término remite al “espíritu del pueblo”
y al “espíritu del mundo”!, pero sobre todo depende de la sociedad abierta.
XIII – PANORAMA Y CONCLUSIÓN
La consideración global se ha comprobado como irrenunciable: “la so- ciedad abierta” y la “jurisdicción constitucional” forman una unidad insepa-
rable hoy. La jurisdicción constitucional contribuye a constituir hoy en casi todos los países la sociedad abierta esencialmente (excepción: Grecia, donde, sin embargo, operan los dos tribunales constitucionales europeos: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas), y la jurisdicción constitucional, por su parte, vive de los impulsos y fuerzas, innovaciones, también los errores, de la sociedad abierta. No vive “de sí” misma, su vínculo con la sociedad es manifesto. Cada Estado constitucional debe mantenerse sensible a las nuevas oportunidades y amenazas, a lo que la jurisdicción constitucional puede ayudar. Puede limitar el exceso en apertura
y reforzar la comunidad política, pero también debe exigir, como lo ha hecho
con tanto éxito en Alemania en materia de radiodifusión y televisión así como en materia de derecho de los partidos, apertura (pluralismo) y hacerla efecti- va ella misma (“jurisprudencia del pluralismo”). La apertura de la jurisdicción
En el original, “Gretchenfrage”, en alusión al Fausto, de Goethe (nota del traductor).
constitucional como parte de la sociedad abierta significa también apertura a nuevos paradigmas de la ciencia. El Tribunal Constitucional Federal Alemán ha
demonstrado esta disposición con mucha frecuencia: piénsese en la doctrina de los derechos fudamentales, garantías procesales (E 53, 30, 65, y ss., sobre todo
, tica” (K. Hesse), por ejemplo, E 59, 360, 381; voto particular de Henschel en: E 78, 38, 54, 56; posteriormente, E 83, 130, 143 y 147 ss., 93, 1, 21.
el voto particular Ibíd
69 y ss.), o la palabra clave de la “concordancia prác-
ARNOLD, R. “Die europäischen Verfassungsgerichte und ihre Integrationskonzepte in vergleichender Sicht”. En SCHÄFFER, H. et al. (Hrsg.), Festschrift anläßlich des 65 Geburtstages von Friedrich Koja, 1998, p. 3 y ss.
BADURA, P.; DREIER, H. (Hrsg.). Festschrift 50 Jahre BVerfG, 2001, 2 ts.
BRÜNNECK, A. Von. Verfassungsgerichtsbarkeit in den westlichen Democratien. Ein systematischer Verfassungsvergleich, 1992.
BÜDENBENDER, M. Das Verhältnis des Europäischen Gerichtshofs zum Bundesverfas- sungsgericht, 2005.
FROWEIN, J. Abr. et al. (eds.). Grundfragen der Verfassungsgerichtsbarkeit in Mittel- und Osteuropa, 1998.
HÄBERLE, P., Die Verfassung des Pluralismus, 1980.
(ed.). Verfassungsgerichtsbarkeit, 1982.
Kommentierte Verfassungsrechtsprechung, 1979.
“Die Verfassungsgerichtsbarkeit auf der heutigen Entwicklungsstufe des Verfas- sungsstaates”, EuGRZ, 2004, p. 117 y ss.
Verfassungslehre als Kulturwissenschaft. 2. ed., 1998.
HESSE, K. Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschanland. 20. ed., 1995 (reimpr. 1999).
KREMP. W. (ed.). 24. Februar 1803. Die Erfindung der Verfassungsgerichtsbarkeit un ihre Folgen, 2003.
LERCHE, P. Verfassungsgerichtsbarkeit in besonderen Situationen, 2001.
LUTHER, J. Die italienische Verfassungsgerichtsbarkeit, 1990.
MASSING, O. Politik als Recht – Recht als Politik. Studien zu einer Theorie der Verfas- sungsgerichtsbarkeit, 2005.
PIAZOLO, M. Verfassungsgerichtsbarkeit in der Demokratie, 2003.
SCHULZE-FIELITZ, H. “Das BVerfG in der Krise des Zeitgeistes”, AöR, 122 (1997), p. 1 y ss.
SCHWARZE, J. (ed.). Verfassungsrecht und Verfassungsgerichtsbarkeit im Zeichen Europas, 1998.
Documenti simili a Haberle, Jurisdiccion Constitucion
avihalli
El Estado de Derecho en Chile 1
AA-SF.docx
El derecho constitucional.pdf
Jonatán I. Iturbide Martínez
3371-Texto del artículo-12759-1-10-20121116
Altro di Jhonnatan Aldana
Deontología Final Zulmy 2
Nueva Viridiana
Inimputabilidad, la culpabilidad y el dolo
Fabián Reyes Daponte
MARCO TEORICO GENERAL..pdf
M1_U2_S4

References: sui generis
sui generis
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 15
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 28
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 10
 artículo 1
 artículo 151
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 117
 artículo 123
 artículo 122
 artículo 135
 artículo 140
 artículo 88
 artículo 107
 artículo 112
 artículo 21
 artículo 124
 artículo 149
 artículo 149
SUI GENERIS
SUI GENERIS
sui generis
sui generis