Source: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/1997/00057-1996-AA.html
Timestamp: 2017-12-12 08:03:10+00:00

Document:
00057-1996-AA
...que se aprecia inequívocamente que la presente Acción (de Amparo) está dirigida a enervar los efectos de una resolución judicial dictada por un órgano jurisdiccional competente y emanadas de un procedimiento regular,...
Exp. Nº 057-96-AA/TC
Caso: María Arsenia Chiang Cabrera de Robles
Recurso Extraordinario interpuesto por doña María Arsenia Chiang Cabrera de Robles, contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, su fecha quince de noviembre de mil novecientos noventicinco, que revocando la de vista, declaró improcedente la Acción de Amparo interpuesta contra el Juez del Primer Juzgado Civil de Ica y otros.
Doña María Arsenia Chiang Cabrera de Robles, interpone Acción de Amparo contra el Juez del Primer Juzgado Civil de Ica, contra los Vocales Superiores de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Ica y contra los Vocales de la Primera Sala Civil de la Corte Suprema de la República, por haber dictado el primero de ellos, la resolución que adjudica un bien de su propiedad al Banco Central Hipotecario, y por haber dictado los demás demandados, las resoluciones de fecha veintisiete de julio y primero de octubre de mil novecientos noventitrés, respectivamente, las mismas que conculcarían los derechos de la demandante a la igualdad ante la ley, al derecho de propiedad y al derecho de defensa, todos ellos sustentados en la Constitución de 1979.
Fundamenta su pretensión, en los siguientes hechos: 1) con fecha veintiocho de enero de mil novecientos ochenta adquirió, dentro de la sociedad conyugal formada por la recurrente y don Antonio Robles Ruíz, un lote de terreno con un área de 6,121.30 m2, ubicado en el Cercado de la ciudad de Ica e inscrito a fojas cuatrocientos sesentiocho y siguientes del Registro de la Propiedad Inmueble de Ica, sobre el que levantaron edificios correspondiente a una Clínica, con un área total construida de 12,074.91 m2; 2) para equipar la referida Clínica, denominada «Clínica María del Pilar», la sociedad conyugal asumió préstamos ante el Banco Central Hipotecario del Perú, el mismo que al no cancelarse más de tres cuotas consecutivas dio por vencidos todos los plazos e interpuso la correspondiente acción de ejecución de garantía hipotecaria ante el Primer Juzgado Civil de Ica, al amparo de lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 204, Ley Orgánica del Banco Central Hipotecario, solicitando en su demanda el pago de I/. 8’248,989.86 (ocho millones doscientos cuarentiocho mil novecientos ochentinueve intis con 86/100) en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento de sacarse a remate el inmueble hipotecado, solicitando en un otrosí de la demanda, que el secretario del juzgado, al amparo del artículo 149º del Código de Procedimientos Civiles, la notifique en el lugar, día y hora en que la encontrase, por ser incierto su paradero, lo que no se realiza, ignorando por tanto la demandante, la existencia del referido proceso de ejecución de garantía hipotecaria, y es desde este momento en que se inicia la violación de sus derechos constitucionales; 3) que su cónyuge y co-demandado, con el que estaba separada de hecho, se apersonó a título personal y señaló domicilio legal en el proceso, por lo que a partir de este momento, el juzgado sólo se entiende con él, sin tomar en consideración lo dispuesto por el artículo 292º del Código Civil vigente; 4) durante el proceso se ha violado su derecho de propiedad, al despojársele de la misma sin existir un debido proceso para ello; y, 5) en remate público de fecha veinticuatro de marzo de mil novecientos ochentisiete, el Banco Central Hipotecario se adjudica el bien de propiedad de la demandante, por lo que ésta al tomar conocimiento de la misma, se apersona al proceso el diecinueve de enero de mil novecientos noventitrés, deduciendo la nulidad de todo lo actuado e inclusive del remate, por lo que el juzgado por resolución del veinticinco de enero del mismo mes y año la tuvo por apersonada, declarando posteriormente la nulidad solicitada; esta declaración de nulidad de apelada, elevándose los actuados a la Primera Sala Civil de Ica, la que revocó la de primera instancia y declaró improcedente la nulidad solicitada, mediante resolución del veintisiete de julio de mil novecientos noventitrés, por lo que la accionante interpuso el correspondiente recurso de nulidad, el que al ser denegado, motivó la interposición de un recurso de queja ante la Primera Sala Civil de la Corte Suprema, la misma que por resolución del primero de octubre de mil novecientos noventitrés declaró infundada la referida queja, dándose por agotada la vía regular tal como lo dispone el artículo 27º de la Ley Nº 23506, por lo que la presente Acción de Amparo es procedente.
Al contestar la demanda, los vocales de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia solicitan que se declare improcedente la demanda por extemporánea, toda vez que el recurso de queja no corresponde al proceso regular, por lo que la conclusión del proceso principal se debe contabilizar desde el veintisiete de julio y no desde el primero de octubre de mil novecientos noventitrés, habiendo transcurrido más de sesenta días hábiles desde la última resolución del proceso ordinario y la fecha de interposición de la demanda; señalan además, que conforme al inciso 11) del artículo 233º de la Constitución de 1979, existía prohibición expresa de revivir procesos fenecidos como pretende la actora. Posteriormente, el Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial, solicita que la demanda sea declarada caducada o infundada, por las razones antes señaladas, o en todo caso, improcedente, toda vez que como se aprecia de la demanda, ésta tiene por objeto enervar la validez y efectos de una resolución judicial emanada de un procedimiento regular.
La Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, declaró «Procedente» en parte la Acción interpuesta, porque si bien no proceden las acciones de garantía contra resoluciones emanadas de un procedimiento regular, «en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces deben preferir la primera, tanto cuanto más es principio y derecho de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional», siendo además necesario delimitar cuáles son las decisiones judiciales que transgreden el principio del debido proceso, ya que las reclamaciones de la demandante son de naturaleza subjetiva que no pueden sustentar la procedencia de la Acción de Amparo, resultando en cambio «imposible permitir que prevalezca una resolución como la de fojas seiscientos cuarentinueve de los pedidos, pronunciada el veintisiete de julio del año próximo pasado, con intervención y según la ponencia del Vocal de la Sala Civil de la Corte Superior de Ica, doctor Carlos Guillermo Mejía Bonifaz, cuanto por haber nacido el veintinueve de julio de mil novecientos veintiuno, con arreglo a su partida de bautismo y a su inscripción en el Registro Electoral (fojas doscientos treintidós y doscientos treintitrés), a la fecha de su expedición, ya no podía ejercer ese cargo, por sobrepasar el límite señalado en el punto dos del artículo doscientos cuarentidós de la Carta Política de mil novecientos setentinueve, y que emerge de los numerales treintinueve y cuarenta de la nueva Constitución y del artículo treinticinco del Decreto Legislativo número doscientos setentiséis, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, en concordancia con los incisos primero y segundo del artículo mil ochenticinco del Código de Procedimientos Civiles», siendo tal invalidez imposible de ser convalidada, habiendo agotado la actora todos los recursos para agotar la vía previa sin que el plazo de caducidad haya operado, toda vez que la última resolución en el proceso jurisdiccional es de fecha primero de octubre de mil novecientos noventitrés, correspondiente a la resolución que declara infundada la queja de derecho interpuesta por la demandante en el proceso jurisdiccional ordinario.
En su oportunidad, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, revocó la sentencia de primera instancia y reformándola, la declaró improcedente, por considerar que «la resolución del veintisiete de julio de mil novecientos noventitrés, recaída en el proceso de ejecución de garantías que se tiene a la vista, y que se pretende invalidar, mediante la acción de garantía, quedó ejecutoriada, al haberse declarado infundada la queja de derecho interpuesta contra el denegatorio del recurso de nulidad»;
Que, conforme lo ha señalado la Sala Constitucional y Social, la resolución del veintisiete de julio de mil novecientos noventitrés, recaída en el proceso de ejecución de garantías quedó ejecutoriada, al haberse declarado infundada la queja de derecho, por lo que el plazo de caducidad debe contabilizarse desde dicha fecha, habiéndose vencido con exceso el plazo establecido por el artículo 37º de la Ley Nº 23506, Ley de Hábeas Corpus y Amparo;
Que, además debemos precisar, que se aprecia inequívocamente que la presente Acción está dirigida a enervar los efectos de una resolución judicial dictada por un órgano jurisdiccional competente y emanadas de un procedimiento regular, donde la accionante ejercitó los recursos legales que las normas procesales establecen; además, la resolución cuestionada tiene autoridad de cosa juzgada y por lo tanto no puede ser contradicha ante órgano jurisdiccional alguno;
Que, respecto a la edad del Vocal de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Ica, doctor Carlos Mejía Bonifaz, así como de la validez de los actos jurisdiccionales por él efectuados, este Tribunal Constitucional, considera que la vía del Amparo no es la pertinente para obtener un pronunciamiento respecto de tales hechos;
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las ambiciones que la Constitución y su Ley Orgánica le otorgan
Confirmando la resolución de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, su fecha quince de noviembre de mil novecientos noventicinco, que revocando la recurrida, de fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventicuatro, la declaró improcedente, y los devolvieron.
Dispusieron su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 149
 artículo 292
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 27
 resolución 
 artículo 233
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 37
 resolución 
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