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Timestamp: 2017-11-23 15:09:53+00:00

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NUEVO PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA NACIONALIDAD POR RESIDENCIA
Miércoles, 06 Abril 2016 21:56
El 15 de octubre de 2015 entró en vigor la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil.
La disposición final séptima de dicha ley, modifica el procedimiento para la obtención de la nacionalidad española por residencia, estableciendo:
“1.- El procedimiento para la concesión de la nacionalidad por residencia se regirá por lo dispuesto en el Código Civil, por lo previsto en esta disposición y en el reglamento que la desarrolle. En este reglamento se incluirán las especialidades propias del procedimiento para el personal al servicio de las Fuerzas Armadas.
2.-La tramitación del procedimiento tendrá carácter electrónicoy su instrucción corresponderá a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Todas las comunicaciones relativas a este procedimiento se efectuarán electrónicamente.(Dado que los Nies no tienen chip que permitiera hacer esta gestión por el usuario, este procedimiento telemático es realizado por abogados o gestores administrativos)
Dichas pruebas serán diseñadas y administradas por elInstituto Cervantesen las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
4.- El procedimiento al que se refiere este artículo estará sujeto alpago de una tasa de 100 euros. Constituye el hecho imponible de la tasa la solicitud de iniciación del procedimiento para obtener la nacionalidad española por residencia y estará sujeto a ella el interesado, sin perjuicio de que pueda actuar por representación y con independencia del resultado del procedimiento. La gestión de la tasa corresponderá al Ministerio de Justicia, que regulará cómo ha de efectuarse el pago de la misma.”
La citada Ley, fue reglamentada medianteelRD 1004/2015, de 6 de noviembre, que entróen vigor el 7 de noviembre de 2.015.
La nueva normativa contempla cambios sustanciales en el procedimiento que debemos seguir para obtener la nacionalidad española por residencia.
La solicitud de la nacionalidad española por residencia se hará de forma electrónica, siendo el responsable de la instrucción del trámite la Dirección General de Registros y del Notariado.
De acuerdo con la nueva legislación, la resolución que resuelve el trámite debe ser notificada al interesado en un plazo máximo de un año desde la presentación de la solicitud. Entendemos que esto implicará una reducción sustancial en la duración del procedimiento y esperamos que se cumpla el plazo de un año. Eso está por verse, pero confiamos que el hecho de no tener que iniciar el procedimiento ante las dependencias del registro civil del lugar de residencia, muchas de ellas lentas y además con exámenes absurdos y sin ningún controlhaga no sólo que el proceso sea más expedito, sino además, que todos los extranjeros que opten a la nacionalidad por residencia lo hagan en igualdad de condiciones.
Importante es, sin embargo, señalar, que hasta el 30 de junio de 2017 habrá un régimen transitorio que permitirá presentar las solicitudes de nacionalidad por residencia en cualquier registro civilo de forma telemática, esto es, en papel o en formato electrónico.
La iniciación del procedimiento para obtener la nacionalidad española por residencia, conlleva el pago de una tasa de 100€, que se cancelarán mediante la cumplimentación del correspondiente formulario de pago. El modelo normalizado de pago de la tasa se encontrará disponible en la página web del Ministerio de Justicia.
Una de las principales novedades en el procedimiento consiste en la necesidad de acreditar por un lado el conocimiento básico de la lengua española y, por otro, conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España.
Para demostrar estos conocimientos, se ha encargado al Instituto Cervantes de la práctica de las correspondientes pruebas. Así, quienes deseen optar a la nacionalidad española por residencia deben presentar 2 exámenes, el de Lengua Española (DELE), el cual tiene varios niveles, por lo que el que se exige es superar mínimo elnivel A2. Por otro lado se debe superar la prueba de conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE) que permitirá, una vez se conceda la condición de “apto” obtener un certificado emitido por dicho Instituto.
De la prueba de lengua están exentas las personas procedentes de países de habla hispana, como son la mayoría de los países latinoamericanos y Guinea Ecuatorial.
El examen de Lengua Castellana (DELE) tiene un costo de 124 euros y el de conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE) de 85 euros. Las tasas deben pagarse al momento de inscripción a la prueba.
Importante señalar que tanto los menores de 18 años como los incapacitados judicialmente no están obligados a presentar las pruebas.
Una vez finalizado el procedimiento, el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Registros y del Notariado, dictará la correspondiente Resolución mediante la cual concederá o denegará la nacionalidad española por residencia.La notificación de dicha resolución se haráde manera electrónica, y queda suspendida su eficacia a que en el plazo de los 180 días siguientes su notificación, el interesado efectúe ante el Encargado del Registro Civil el juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y demás leyes.
Consideramos que la modificación legal en el trámite de la nacionalidad española por residencia, si bien implica el pago de una tasa y la presentación de las pruebas de lengua y conocimientos, puede ser beneficiosa en el sentido de que todos los extranjeros estarán en igualdad de condiciones, en el sentido de que todos se someterán a las mismas pruebas y no estarán sometidos al arbitrio del Juez del Registro Civil de la localidad donde residen, quien con la antigua legislación, podía hacer el examen que considerara conveniente, sometiendo muchas veces a los extranjeros a preguntas absurdas que ni siquiera los mismos españoles podrían contestar.
Por otro lado,el que la presentación sea telemática y directamente ante el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Registros y del Notariado, debe tener como consecuencia que el procedimiento sea muchísimo más rápidoy la administración pueda cumplir con los plazos legales, lo que implicaría que la Resolución que resuelve el procedimiento, deba ser dictada en un plazo inferior a un año desde la solicitud y notificada al interesado dentro del citado año.
MUY PERJUDICADOS LOS EXTRANJEROS Y BENEFICIADOS LOS GRANDES DELINCUENTES DE GUANTE BLANCO CON LA NUEVA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL.
Miércoles, 06 Abril 2016 21:53
En marzo de 2.011, escribí un artículo titulado "DE LA CONTROVERTIDA SUSTITUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD POR EXPULSIÓN"( que está a vuestra disposición para lectura y análisis en mi blog deSUÁREZ ABOGADAS, en el siguiente enlace http://suarezabogadas.net/es/blog.html) en el que criticaba la reforma que mediante la Ley Orgánica 5 de 2010 se hacía al artículo 89 del C.P. y que contemplaba la expulsión de los extranjeros irregulares, ya fuera porque se les había condenado a una pena privativa de libertad inferior a seis años o porque, independientemente de la duración de la pena de prisión, hubiesen accedido al tercer grado penitenciario o cumplido las tres cuartas partes de la condena, por considerar que se podía estar expulsando a personas con un importante arraigo en España, con lo que no sólo se perjudicaba al extranjero expulsado sino a sus familias, que muchas veces dependían de ellos para su sustento, desconociendo también los derechos de niños que, aunque no españoles, eran residentes legales y quedaban desamparados al ver que su padre o madre eran expulsados quedando ellos privados del derecho a tenerlos.
Ahora me siento moral y profesionalmente obligada a ejercer una crítica constructiva, pero firme, a la nueva reforma del Código Penal, al considerar que las cosas son aún más injustas, y yo diría que rayan en la crueldad, y demuestran la xenofobia del Partido Popular, siempre caracterizado por su doble rasero y su hipocresía cuando de los extranjeros se trata.
El artículo 89 del Código Penal ha sido nuevamente reformado por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, dando vía libre a la expulsión de extranjeros sean ellos residentes legales o no.
Establece el citado artículo:
"1.Las penas de prisión de más de un añoimpuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español.Excepcionalmente, cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito, el juez o tribunal podrá acordar la ejecución de una parte de la pena que no podrá ser superior a dos tercios de su extensión, y la sustitución del resto por la expulsión del penado del territorio español.En todo caso, se sustituirá el resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español cuando aquél acceda al tercer grado o le sea concedida la libertad condicional.
2.Cuando hubiera sido impuesta unapena de más de cinco años de prisión, o varias penas que excedieran de esa duración, el juez o tribunal acordará la ejecución de todo o parte de la pena, en la medida en que resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito. En estos casos,se sustituirá la ejecución del resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español, cuando el penado cumpla la parte de la pena que se hubiera determinado, acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional.
Es decir, un extranjero, por el sólo hecho de serlo, si es condenado a una pena de prisión de más de un año será expulsado.El juez está obligado a decretar su expulsión, y además, tendrá la facultad de acordar la ejecución de parte de la condena previa a la expulsión.
Lo más grave de todo, es que penas de prisión de más de un año se pueden imponer por delitos no especialmente graves como amenazas o calumnias o como el top manta que en el Código penal anterior era considerado una falta y que actualmente puede ser castigado con pena de hasta 2 años de prisión.
Es decir, el nuevo código penal elimina las lesiones leves como delito, pero pasa a la categoría de delito el top manta, medio de vida de muchos extranjeros que, ante la imposibilidad de encontrar un trabajo, se ven abocados a la venta ambulante.
Me pregunto ¿qué argumento puede tener el gobierno que aprovechándose de su mayoría absoluta aprueba una reforma penal tan regresiva y violatoria de los derechos de las personas y en particular de los inmigrantes?
Se señala en el punto IV del preámbulo de Ley que"…se modifica la regulación de la sustitución de la ejecución de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional. De nuevo, la reforma combina la búsqueda de la eficacia con un escrupuloso respeto de los derechos individuales: se ajusta el límite de pena a partir del cual podrá acordarse la expulsión a la regulación contenida en la legislación de extranjería; los jueces y tribunales deberán establecer, en todo caso, qué parte de la pena impuesta debe ser cumplida efectivamente en prisión, cuando se hayan impuesto penas de más de tres años; y la sustitución se condiciona, en todos los casos, a la proporcionalidad de la medida…"
¿Cómo puede hablarse de escrupuloso respeto de los derechos individuales, cuando se puede expulsar a alguien que comete un delito de amenazas porque un nacional le insulta y Dios sólo sabe que le dice?.....
En mi largo ejercicio profesional como abogada, he visto de todo y he defendido a extranjeras que se han enzarzado en peleas porque les dicen "vosotras todas sois unas pu…? ¿Es justo expulsar a esa mujer? O cuando un extranjero tiene que aguantar que lo insulte un nacional porque según él el extranjero le roba el trabajo al cobrar menos…?
Y peor ¿por qué no se pregunta el gobierno por qué los africanos son manteros? ¿Tienen oportunidades laborales fuera del mercado sumergido? La respuesta es no, los africanos tienen muy difícil encontrar un trabajo o ¿es que creen que andan corriendo con sus mercancías por las calles por placer? ¿No piensa el gobierno que si tuviesen la oportunidad de un trabajo digno no lo agradecerían?
Los extranjeros son ante todo personas, no son ángeles, como tampoco lo son los españoles y si bien es cierto a las mafias o los sicarios y demás gentuza sean nacionales o extranjeros hay que combatirlos y, porque no decirlo sin ambages y con todo claridad, expulsarles, pero no para que se vayan de rositas a sus países, sino para que cumplan las penas en cárceles de sus países de origen, ahí sí que se pensarían a la hora de venir a delinquir en España. Pero esos delincuentes son una minoría, los inmigrantes vienen a España en busca de un trabajo y una vida mejor y han contribuido con su esfuerzo al crecimiento del país. ¿Por qué no reconocerlo y valorarlos? ¿Por qué querer echarlos como si fuesen una plaga?
El actual artículo 89 del Código Penal lo que deja ver es lo que realmente piensa el PP de los inmigrantes, que son todos unos delincuentes, personas de poca monta sin valor que lo único que merecen es echarlos. Eso es lo que el ciudadano Español de a pie ve, que el Gobierno lanza el mensaje de tenemos que echarlos porque nos estamos llenando de delincuentes, lo cual es absolutamente falso e injusto.
Pero es tal la desfachatez de los Populares y su reforma al Código Penal, que a pensar de los casos de corrupción que asolan a su partido y de los cuales dice "avergonzarse", la Reforma olvida los delitos de guante blanco, esos delitos que cometen políticos y empresarios, robando dinero que debería destinarse al bienestar ciudadano: a la salud y a la educación.
El fraude fiscal sigue igual, es decir, sólo es delito si supera los 120.000€y si alguien tiene los medios para defraudar una cantidad superior sólo se enfrenta a una pena de prisión de entre uno y cinco años, asícomo a una multa que puede alcanzar seis veces la cifra. Qué significa eso en cristiano, que si un sinvergüenza defrauda millones de euros, puede llegar a una conformidad con el fiscal en la que reconoce los hechos y se le puede imponer una pena inferior a 2 años, evadiendo así su ingreso en prisión, es decir, yéndose de rositas. Además, el delito fiscal prescribe a los cinco años.
Pero no podemos olvidar la otra desfachatez de los Populares, no sólo se olvidan de los delitos de guante blanco, sino que hace tres años, aprobaronlaLey Orgánica 7/2012, norma según la cual quien comete un delito fiscal tiene dos meses para pagar su deuda tributaria y quede extinguida su responsabilidad penal y eso no es lo más grave, esos dos meses no empiezan a contar desde que es descubierto el fraude sino cuando es imputado por el delito, es decir cuando se le denuncia penalmente por la posible comisión del delito y va más si pago dentro de los famosos 2 meses la pena de prisión quedará entonces por debajo del año y la multa se reduce a mitad o la cuarta parte. Es decir, los verdaderos delincuentes, los ladrones de millones, esos obviamente no se expulsan claro, no se puede, son españoles, pero ni siquiera van a la cárcel, sus delitos quedan impunes, mientras que un mantero puede ser expulsado al país de donde ha huido no sabemos si por una guerra o simplemente porque huye del hambre.
Esa es la justa reforma al Código Penal, la que como dice su preámbulo es "de la eficacia con un escrupuloso respeto de los derechos individuales...".
Abogada Col. Icam 86570

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 89
 artículo 89
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