Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2018/as201810318.html
Timestamp: 2019-11-20 02:07:53+00:00

Document:
as201810318
AUTO SUPREMO N° 318/2018-RRC
Expediente : La Paz 61/2017
Parte Imputada : Ciro de Ferrari Etienne
Por memorial presentado el 10 de abril de 2017, cursante de fs. 1099 a 1103 vta., Lucy María Eugenia Chalco Flores, interpuso recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 1/2017 de 1 de febrero de fs. 1094 a 1098, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la recurrente contra Ciro Ferrari Etienne, por la presunta comisión del delito de estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP).
Mediante Sentencia 3/2016 de 25 de enero (fs. 1003 a 1011), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Ciro de Ferrari Etienne, autor de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiendo la pena de cinco años de reclusión, más el pago de daños civiles y costas a favor del Estado a calificarse en ejecución de Sentencia.
Contra la mencionada Sentencia, el encausado interpuso recurso de apelación restringida (fs. 1020 a 1022 vta.), resuelto mediante la Resolución ahora impugnada, que declaró admisible la apelación y procedentes las cuestiones planteadas en el mismo, anulando la Sentencia apelada y ordenando la remisión de obrados al Tribunal de Sentencia siguiente en número para la sustanciación de nuevo juicio, motivando la interposición del presente recurso de casación.
Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 787/2017-RA de 17 de octubre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
La recurrente tildando de inmotivado el Auto de Vista impugnado, señaló que sólo se hizo referencia a criterios legales y no se hizo un análisis de fondo del litigio; denunció la falta de aplicación de la norma sustantiva así como la adjetiva, causándole agravios y vulneración al debido proceso, derecho a la defensa y la seguridad jurídica, haciendo hincapié en su derecho a impugnar, citando en este último caso el art. 16 de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg) y la Sentencia Constitucional 1401/2003-R.
En ese sentido, advierte la existencia de contradicción entre el Auto impugnado y el Auto Supremo 374/2013 de 20 de agosto, denunciando el incumplimiento del principio de verdad material, previsto en el art. 180.I de la CPE, pues según la recurrente se habría analizado solamente aspectos formales, como la afirmación de que el Juez a quo hizo un mero enunciado de las pruebas de cargo MP-1 a la MP-10, sin existir un razonamiento ni filosofía jurídica, afectando el debido proceso e incurriendo en vicios in procedendo de acuerdo a los arts. 115.I, 117.I y 119.II de la CPE, que tutela a las partes en litigio.
Afirma que, el Tribunal de Alzada omitió pronunciarse, respecto de si al acusado se le vulneró en juicio su derecho a la defensa material y técnica, si sus pruebas de descargo no fueron tomadas en cuenta, o si las pruebas de cargo fueron judicializadas o fueron solo enunciativas, limitándose a emitir criterios enunciativos para anular la Sentencia. Refiriere también aplicación errónea de la ley sustantiva, respecto del tipo penal de estafa -art. 335 del CP- pues en su criterio, la afirmación del Tribunal de Alzada de una valoración defectuosa de la prueba conforme prevé el art. 370 inc. 6) del CPP del Tribunal a quo sería ilegal, porque no se habrían revisado los antecedentes del juicio; ya que, el acusado no habría presentado prueba de descargo alguna, afirmando por ello que el Tribunal de Alzada atenta contra la seguridad jurídica y se parcializa con el acusado; en consecuencia, el Auto impugnado sería una resolución contraria a la Constitución Política del Estado.
Añade que, respecto a la sana crítica el Tribunal de Alzada reiteradamente aseveró que no se habrían valorado pruebas de descargo como de cargo, sin ingresar en el fondo de dichas apreciaciones, asemejándose más a un comentario y no así a lo que la norma prevé, refiriendo como curioso que, tanto el sentenciado como el Tribunal de Alzada aduzcan como inaplicada la sana crítica establecida en el art. 173 del CPP; puesto que, de ser cierto dicho extremo la perjudicada sería la recurrente al verse vulnerado su derecho a demostrar la conducta del acusado, quien además en su recurso no habría mencionado si se le lesionó su derecho a defenderse.
Con relación al debido proceso y la supuesta vulneración al principio de continuidad, por la suspensión de la audiencia de juicio de 8 de marzo de 2012 para el 27 del mismo mes y año –con un intervalo de más de 10 días-, la recurrente considera que, el Tribunal de Alzada no tiene una información actualizada del Tribunal de Sentencia, que al haber conocido de forma paralela a la presente causa el caso “Terrorismo contra el Estado”, sustanciado en la ciudad de Santa Cruz, aplicó el art. 63 del CPP, teniendo que concurrir a dicha ciudad; por consiguiente, no sería evidente la vulneración denunciada, por el contrario, el Tribunal de Apelación no habría revisado el fondo de los actos procesales y si éstos fueron o no cumplidos, resultando una mera enunciación el señalar que las audiencias se instalaron después de diez días contrariamente a lo establecido en la norma, aspectos que no conducirían a errores in procedendo.
En cuanto, a la subsunción de la conducta del acusado, señala que el Auto de Vista hizo una simple referencia al respecto, omitiendo ingresar al fondo de la temática, causándole agravios y lesionando su derecho a defender su patrimonio, sin tomar en cuenta la conducta del sentenciado durante el juicio, mencionando la certificación del encargado del Penal de San Pedro de que cuando se convocaba al acusado para ser conducido a las audiencias éste se escondía, o las oportunidades en que el encausado concurría a las audiencias con un abogado recién designado pidiendo la suspensión del juicio por diez días conforme prevé el art. 336 del CPP, reiterándose dicha conducta en las audiencias conclusivas, provocando retardación de justicia, siendo declarado rebelde en varias oportunidades; asimismo, señala que el acusado tampoco se presentó en la audiencia de judicialización de pruebas de cargo, no presentó argumentos que desvirtúen las mismas, arguyendo únicamente una inexistente relación sentimental con la ahora recurrente y otros argumentos que no habrían sido demostrados en juicio, por la imposibilidad de desvirtuar las pruebas de cargo, siendo inaplicable en ese caso la línea jurisprudencial de los Autos Supremos 225/2014-RCC de 9 de junio y 214 de 28 de marzo de 2007 invocada –se entiende por el procesado-, afirma que por el contrario, el Tribunal de Sentencia valoró la prueba de cargo conforme el art. 173 del CP, haciendo hincapié en la prueba testifical, considerando demostrada la conducta del acusado como el autor del delito endilgado.
Respecto a la falta de fundamentación; en cuanto, al delito de Estafa aducida por el acusado, la recurrente señala que concurren los elementos del delito subsumiéndose su conducta a las previsiones del art. art. 335 del CP, de acuerdo al Auto Supremo 241 de 1 de agosto de 2005, sentenciándolo por ello el juzgador con la pena máxima.
La recurrente solicita, una vez admitido su recurso se case el Auto de Vista 1/2017 de 1 de febrero; y en consecuencia, se confirme la Sentencia 3/2016 de 25 de enero, debiendo devolverse obrados al Juzgado de origen para que el sentenciado cumpla condena.
Mediante Auto Supremo 787/2017-RA de 17 de octubre, cursante de fs. 1127 a 1129, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Lucy María Eugenia Chalco Flores para su análisis de fondo.
ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL
RECURSO PLANTEADO
Por Sentencia 3/2016 de 25 de enero, el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Ciro de Ferrari Etienne, autor del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiendo la pena de cinco años de reclusión, al haber concluido que el crédito bancario de $us. 10.000.- (diez mil dólares 00/100 estadounidenses) contraído por la víctima e inducido por el encausado con la finalidad de importar computadoras portátiles, no fue cancelado por este último no obstante de haber cancelado dos cuotas, abandonando la responsabilidad asumida luego de apropiarse del dinero, siendo el antecedente del préstamo desembolsado en dos partidas, el montaje fraudulento de un taller textil, engañando a la víctima, quien al no obtener beneficio alguno, a la fecha se encuentra cancelando la deuda contraída; por su parte, la afirmación del acusado de que, al no poder ser sujeto de crédito convenció a la víctima –con quien afirma haber tenido una relación sentimental- para la gestión del préstamo con el fin de implementar un taller en el domicilio de unos amigos, quienes habrían facilitado las máquinas para la obtención del crédito, una vez aprobado el mismo, el encausado pretendió comerciar con carne del Beni para ganar más dinero, reconociendo así que lograda la importación de las computadoras, las tuvo en su poder al afirmar que las mismas no tenían el valor que inicialmente tenían.
Mediante memorial, cursante de fs. 1020 a 1022 vta., Ciro de Ferrari Etienne, acusando insuficiente fundamentación y defectuosa valoración de la prueba, citando el art. 370 incs. 5) y 6) del CPP y los Autos Supremos 214 de 28 de marzo de 2007, 537/2006 de 17 de noviembre, 650/2013 de 20 de noviembre, 616/2001 de 15 de noviembre, 215/2013 de 12 de junio, 225/2014-RCC de 9 de junio y 479 de 8 de diciembre, además de la Sentencia Constitucional 0207/2004-R, señaló que la Sentencia recurrida hizo un simple listado de las pruebas MP1 a la MP10 y un análisis superficial de las atestaciones, sin ingresar en su consideración menos su valoración; asimismo refirió que, el fallo recurrido no es claro respecto de la adecuación de su conducta al tipo penal de estafa, limitándose a una relación de hechos sin ingresar al análisis de los elementos constitutivos del tipo penal.
Afirmó que, la Sentencia sin mayor análisis concluyó que se demostró la comisión del ilícito penal, sin ser desvirtuado por las atestaciones y las probanzas de la defensa, cuando en nuestro sistema penal acusatorio, el encausado no está obligado a desvirtuar nada, por lo mismo, el fallo sería incongruente respecto de lo acusado, obrado y sentenciado.
Señaló también, la vulneración del debido proceso, en cuanto al principio de continuidad, citando los arts. 335 y 336 del CPP, al constar en el expediente la suspensión de audiencias de juicio oral por un lapso de tiempo mayor al permitido por la ley, siendo el argumento del Tribunal de juicio la carga procesal existente, lo cual no tendrían respaldo alguno.
Finalmente, refirió que su derecho a la defensa fue conculcado en juicio pues los miembros del Tribunal a quo a momento de dictar la Sentencia recurrida, no cumplieron con su obligación de advertir a las partes los recursos que les franquea la ley y el plazo para ser interpuestos, viciando de nulidad su resolución y lesionando su derecho.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dictó el Auto de Vista 1/2017 de 1 de febrero, declarando procedente el recurso de apelación restringida y anulando la Sentencia 3/2016 emitida por el Tribunal Primero de Sentencia, concluyendo en lo sustancial:
Que, el Tribunal inferior no hizo una mención a las pruebas documentales como testificales para la emisión de la Sentencia cuestionada, cuando tenía la obligación de contrastar aquellas pertinentes y conducentes para subsumir la conducta del imputado a la sanción prevista por el art. 335 del CP y explicar de qué manera se demostró el hecho acusado, indicando individualmente las pruebas y cual el valor probatorio de las mismas, basándose en la sana crítica y el correcto entendimiento humano, también debió explicar por qué las pruebas de descargo no desvirtuaron la acusación, concluyéndose en la afectación del art. 370 incs. 5) y 6) del CPP, al existir una insuficiente fundamentación y una valoración defectuosa de la prueba, por lo mismo se habría quebrantado el debido proceso en sus elementos “fundamentación y motivación de la resolución”.
Que, la Sentencia impugnada no cumplió con las previsiones descritas en el art. 365 del CPP –presupuestos de la sentencia condenatoria-, mencionándose de manera genérica haber efectuado una “valoración integral” de la prueba, cuando debió establecerse cual o cuales fueron los elementos probatorios que generaron la convicción respecto de la responsabilidad penal del encartado o más propiamente, los elementos de prueba que sustentaron el juicio oral y los elementos de prueba con que se acreditó la acción típica y antijurídica.
Que, se vulneró el principio de continuidad debido a la suspensión de audiencias de juicio sin que estas sean reanudadas dentro de un plazo no mayor a diez días, conforme establece el art. 336 del CPP.
Que, con relación a la falta de fundamentación de la pena impuesta se obvió tomar en cuenta la personalidad del autor y otros aspectos señalados en los arts. 37 y 38 del CP contrariamente a lo establecido en los Autos Supremos 241/2013 de 30 de septiembre y 049/2014-RRC de 20 de febrero; asimismo, no se señaló la fecha de cumplimiento de la condena, incumpliendo lo prescrito en el art. 365 del CPP.
Que, en la sentencia impugnada no se advirtió a las partes el derecho que tienen de recurrir de la misma, concluyendo por todo lo expuesto que la apelación tiene sustento y asidero legal, advirtiéndose vicios y/o defectos en la Sentencia dando lugar a su nulidad y/o modificación, en aplicación de los arts. 169, 370 y 413 del CPP.
III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO IMPUGNADO RESPECTO DE LOS PRECEDENTES INVOCADOS
En el presente caso, la acusación particular, invocando los arts. 16 de la CPEabrg, 115.I, 117.I, 119.II y 180.I de la CPE, interpone su recurso de casación denunciando que el Auto de Vista impugnado carece de motivación al emitir solo criterios enunciativos y no observar el principio de verdad material y sana crítica con relación a la prueba, afirmando que la Sentencia dictada no incurrió en los defectos establecidos por el art. 370 inc. 5) del CPP –inexistencia, insuficiencia o contradicción en la fundamentación-, por el contrario el Tribunal de Alzada no habría valorado la prueba conforme establece el art. 173 del CPP; asimismo, denunció la vulneración del debido proceso aduciendo que el Tribunal de Alzada no verificó que el Tribunal de Sentencia estaba conociendo otra causa de forma paralela al caso de autos, omitiendo así la revisión del cumplimiento de los actos procesales; refirió también que se omitió pronunciamiento de fondo respecto de la subsunción de la conducta del acusado al tipo penal juzgado, así como de su conducta renuente durante la sustanciación del juicio, afirmando en el primer caso la concurrencia de los elementos del tipo penal de estafa –art. 335 del CP-; correspondiendo en consecuencia resolver la problemática planteada a partir del siguiente análisis.
Conforme lo dispuesto por los arts. 42.I.3 de la LOJ y 419 del CPP, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia tiene la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia estableciendo la doctrina legal aplicable, cuando un Auto de Vista dictado por una Sala Penal de un Tribunal Departamental de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por otros Tribunales Departamentales de Justicia o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
Al respecto, el art. 416 del CPP establece: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”; en ese caso, la labor de este Tribunal Cimero de sentar y unificar jurisprudencia, contiene íntima relación con la garantía constitucional establecida en el art. 119.I de la CPE referida al ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante los Jueces y Tribunales dentro del Estado Plurinacional, así como garantizar la seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de aquellos con relación a un igualitario tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen, el establecimiento de la doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Uniformidad en la aplicación del derecho por parte de Jueces y Tribunales.
En tal virtud, la decisión de este Alto Tribunal en el supuesto de verificarse la existencia de contradicción entre la Resolución impugnada y el o los precedentes invocados como contradictorios, será de aplicación obligatoria para los Jueces y Tribunales inferiores por constituirse doctrina legal aplicable por mandato de la ley y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada, con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el art. 420 del CPP.
Ahora bien, la invocación del precedente contradictorio en casación, resulta ser de gravísima importancia no solamente por un mero formalismo, sino por una cuestión de hermenéutica inherente al presente recurso, así también lo ha entendido la jurisdicción constitucional al declarar la constitucionalidad de los arts. 416 y 417 del CPP, mediante la Sentencia Constitucional 0895/2012 de 22 de agosto, que resolvió una acción de inconstitucionalidad concreta estableciendo:
“A objeto de materializar y efectivizar los fines y objeto del recurso de casación, el legislador boliviano incluyó en el actual Código Procesal Penal la figura jurídica del precedente, mismo que conceptualmente es un evento pasado que sirve para juzgar una situación presente, para ello un elemento sustancial es la analogía, es decir que entre la situación presente y la pasada existan supuestos de hecho que permitan aplicar los razonamientos pasados al presente. Al respecto, la tradición jurídica boliviana fuertemente arraigada en la aplicación de la Ley como fuente principal de aplicación del Derecho fue matizada con la inclusión del precedente jurisprudencial como fuente de aplicación del Derecho. Transitando del precedente persuasivo al precedente vinculante.
El referido tránsito se sustenta en cuatro elementos importantes: 1) En la necesidad de uniformar la interpretación de la ley. Que es la tarea fundamental de la instancia de casación y, en general, de todas las cortes supremas sobre la base del principio de igualdad, tal como se expresa en el sentido de la isonomía aristotélica, ‘trata las situaciones iguales en modo igual’. Ya que si se producen resoluciones sucesivas incoherentes contravienen el principio de igualdad de tratamiento de los sujetos que recurren a la tutela jurisdiccional. ‘igualdad (y respeto) del precedente representan, respectivamente, el perfil espacial y el perfil temporal del más amplio principio normativo de coherencia’; 2) El segundo aspecto de suma trascendencia para la inclusión del precedente en casación en materia penal es la predecibilidad de las decisiones. Una praxis de precedentes uniformes reduce la conflictualidad y permite seguridad y programabilidad del tráfico jurídico. Las partes de una relación pueden valorar mejor las futuras consecuencias de sus acciones, precisamente en base a las directrices impartidas por consolidadas orientaciones jurisprudenciales; 3) En tercer lugar, la autoridad misma del Tribunal Supremo de Justicia. La coherencia interna determinada por decisiones estandarizadas en un sistema de precedentes produce un reforzamiento de la institución judicial en el cuadro de los poderes del Estado, que resulta al contrario debilitada por la disminución de credibilidad conexa a una jurisprudencia signada por contrastes, deserciones y oscilaciones; y, 4) Finalmente, la eficiencia, se resalta que una praxis jurisprudencial uniforme requiere de los jueces que se adecúen a una cantidad de trabajo intelectual incomparablemente menor de la requerida a quien se dedica a resolver cada caso en particular.
Establecido el núcleo esencial del precedente contradictorio y su importancia en la procedencia del recurso de casación, se evidencia el por qué el legislador ha determinado que en el recurso de casación es el recurrente quien debe adjuntar el precedente que resulta contradictorio y expresar los términos precisos de la contradicción, sumándose a ello la necesidad de generar un filtro procesal destinado a restringir la presentación del recurso a quienes puedan argumentar en el recurso la existencia de un precedente contradictorio, sólo con la finalidad de dilatar el proceso impidiendo en muchos casos el ejercicio del ius puniendi del Estado”.
Bajo este mismo entendimiento, el Tribunal Supremo de Justicia mediante el AS 322/2012-RRC de 4 de diciembre, estableció: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar” (AASS 322/2012 de 4 de diciembre, 219/2014 de 4 de junio y 219/2014 de 4 de junio entre otros).
La recurrente invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 374/2013 de 20 de agosto, dictado por la Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de un proceso seguido por el delito de asesinato en grado de complicidad, previsto y sancionado por el art. 252 con relación al art. 23 del CP, en el que se dictó sentencia condenatoria que luego de ser apelada por la parte acusada, el Tribunal de Alzada emitió Auto de Vista declarando improcedentes los motivos de la apelación, manteniendo firme y subsistente la sentencia condenatoria recurrida, Auto de Vista que recurrido en casación ante esta Máxima Instancia también por la parte acusada, se resolvió se deje sin efecto la Sentencia, ordenándose que la Sala Penal del Distrito correspondiente emita nueva Resolución por considerar que el Auto de Vista impugnado no se pronunció sobre la totalidad de los motivos expresados en la apelación, siendo la doctrina legal aplicable la siguiente:
“De acuerdo al entendimiento de este máximo Tribunal de Justicia, es una premisa consolidada que todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad.
Por tanto; toda autoridad que conozca de un proceso o una pretensión o que dicte una Resolución determinando una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, debe precisar los hechos sobre los cuales se pronuncia, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una Resolución tanto en el fondo como en la forma, tiene por finalidad de generar el convencimiento en las partes de que se ha actuado no solo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores, el saber humano en conexión con la realidad, de tal manera que el postulante convencido de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió y al contrario cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que arribó el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron considerados conforme a los dispuesto por la Ley.
Al no haberse pronunciado el Tribunal a quo sobre todos los motivos en los que se fundaron el recurso de apelación restringida deducido por la procesado, sin que del conjunto del Auto de Vista pueda inferirse una respuesta táctica a los mismos, hace evidente un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), y en consecuencia la infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación.
Las impugnaciones determinan la competencia de la Autoridad Jurisdiccional y los fundamentos jurídicos de la resolución brindan seguridad jurídica a las partes procesales, la falta de fundamento de uno de los puntos cuestionados, implica la inobservancia de la tutela judicial efectiva, defecto absoluto que es necesario subsanar, el recurso concretiza la omisión del acto jurisdiccional, correspondiendo que este Tribunal deba dejar sin efecto la resolución recurrida.
Por último, en mérito a lo previsto por los arts. 396 inc. 3) y 398 del Código de Procedimiento Penal; el Tribunal de Alzada está en la obligación de adecuar las resoluciones que dicte a los puntos apelados por las partes, y a los aspectos cuestionados de la Resolución apelada, debiendo resolver sobre los aspectos cuestionados dando prevalencia a la verdad material antes que a los formalismos de los procedimientos verificando si la Sentencia es sobre todo una resolución materialmente justa”.
Del análisis del precedente invocado, se advierte que el mismo hace referencia a la incongruencia omisiva del Tribunal de Alzada al no haberse pronunciado respecto a todos los motivos que fundaron el recurso de apelación restringida interpuesto por la parte acusada, habiéndose pronunciado solamente respecto de algunos, vulnerándose así el principio tantum devolutum quantum apellatum, cuando era su deber fundamentar debidamente su decisión dando respuesta a todos los puntos apelados por las partes haciendo prevalecer la verdad material antes que los formalismos establecidos en la ley. Ahora bien, de una revisión de los antecedentes de la presente causa se tiene que, la recurrente en su condición de víctima y acusadora particular no apeló de la Sentencia 03/2016 emitida por el Tribunal de Sentencia Primero, por el contrario, mediante memorial de fs. 1028 a 1029 vta., propugnando el mencionado fallo y refiriendo que el mismo se encontraba debidamente motivado, solicitó al Tribunal de Alzada se confirme la misma en todas sus partes, emitido el Auto de Vista que anuló la Sentencia condenatoria, la ahora recurrente interpuso recurso de casación con el argumento de la existencia de omisiones en consideraciones del fondo de la causa, así como interpretación errónea de la ley sustantiva y adjetiva. No obstante, de la inexistencia de una situación de hecho similar entre el precedente invocado y el Auto de Vista impugnado, tratándose el caso concreto de una cuestión procesal, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente Auto Supremo, es exigible solamente la existencia de una problemática procesal similar, consiguientemente se pasa a realizar la contrastación entre el precedente y el Auto impugnado.
En el caso de autos, la recurrente cuestiona la debida fundamentación del Auto de Vista 01/2017, tildándolo de emitir criterios enunciativos y haber analizado aspectos formales vinculados a la prueba y la culpabilidad del encausado sin ingresar en el fondo de la problemática; a su turno, el precedente jurisprudencial invocado si bien, también hace referencia a una falta de fundamentación de la Resolución del Ad quem, esta es descrita como incongruencia omisiva al no haberse pronunciado, respecto a todos los motivos que fundaron el recurso de apelación restringida; ahora bien, de una revisión del Auto de Vista impugnado se advierte que, el mismo no incurre en incongruencia omisiva, porque la recurrente no interpuso recurso de apelación restringida contra la Sentencia 3/2016 emitida por el Tribunal de Sentencia Primero de La Paz, por lo mismo no existen motivos de apelación o aspectos que no hayan sido resueltos por el Tribunal de Alzada en el Auto de Vista impugnado, que vulneren los derechos de la ahora recurrente.
Respecto a la falta de motivación alegada, con relación al incumplimiento del principio de verdad material, al haberse analizado solamente aspectos formales como la afirmación del Ad quem de que el A quo hubiera hecho un mero enunciado de las pruebas de cargo MP1 a la MP10, sin existir un razonamiento ni filosofía jurídica, el Auto de Vista cuestionado refirió: “…con respecto a este punto es necesario señalar lo siguiente que la prueba es una actividad procesal determinada a producir convencimiento en la autoridad llamada por ley esto sobre la verdad de hechos alegados en juicio público (…) su valor puede ser positivo o negativo esto de acuerdo a la sana crítica la cual debe fundarse en la lógica y la experiencia misma que es adquirida con la praxis (…). Función que debe ser cumplida por la autoridad inferior en la etapa o actividad probatoria que realizan las partes en el juicio oral esto con donde ambas partes tienen el derecho de practicar o producir esto para crear convicción en el tribunal inferior (…) el Tribunal realiza tal determinación valorando la prueba de cargo y descargo lo que se observa en el cuaderno jurisdiccional, de fs. 1005 a 1011 cuestión que denota que el tribunal inferior no hizo una mención cuales son las pruebas tanto documentales como testificales, que hayan sido tomados en cuenta al momento de emitir la sentencia, por cuanto el Tribunal estaba en la obligación de contrastar las pruebas pertinentes y conducentes para subsumir la conducta del impugnado con la sanción prevista en el art. 335 del CP”.
Con relación a la omisión de pronunciamiento respecto de si al acusado se le vulneró en juicio su derecho a la defensa material y técnica y si sus pruebas de descargo no fueron consideradas por el A quo, corresponde dejar establecido que la recurrente no se encuentra legitimada para hacer este reclamo, pues no puede exigir la observancia o respeto de un derecho que no es el propio, que en este caso le incumbe privativamente al encausado o procesado, circunstancia distinta sería el reclamo de un interés difuso que afecte a una colectividad; en cuyo caso, es posible demandar a nombre propio un derecho ajeno.
Respecto a que el Tribunal de Alzada no se hubiera pronunciado sobre la subsunción de la conducta del encausado al tipo penal acusado, la fundamentación del delito de estafa, así como su comportamiento durante el desarrollo del juicio, el Ad quem anuló la Sentencia 03/2016, precisamente porque advirtió en esta la carencia de motivación al respecto, señalando: “En la FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA de la sentencia, en términos generales menciona: ‘Que, en el presente juicio oral, el Ministerio Público con las pruebas testificales producidas en audiencia, cumpliendo con las previsiones del artículo 6-II del CPP ha demostrado la comisión del ilícito penal, sin que se haya desvirtuado por las atestaciones y probanzas de la defensa, por lo que en mérito a ello es pertinente aplicar el Art. 365 del CPP’, cuando precisamente la labor del Tribunal de sentencia era subsumir al conducta del acusado en el tipo penal…”.
Fundamentos que este Alto Tribunal considera suficientes para cumplir con el exigencia de la debida fundamentación de las resoluciones como elemento del debido proceso, pues este Alto Tribunal en sus reiterados fallos ha establecido que este deber no implica la exposición de consideraciones grandilocuentes y abundantes, al contrario con tal que sea concisa, clara e íntegra respecto de todos los puntos demandados por las partes, este deber se tendrá por cumplido, debiendo expresarse las razones que justifican la decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal necesaria atinente al caso concreto y citando las normas sustantivas y adjetivas que sustentan la parte dispositiva, lo que hará contundente y sólido el fallo, asumiendo coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de una resolución.
Con relación a la aplicación errónea de la ley sustantiva y adjetiva, mencionando los arts. 335 del CP, y 336 y 370 inc. 6) del CPP, este Alto Tribunal no puede ingresar en el análisis de la misma, puesto que, el precedente jurisprudencial invocado no contempla estos aspectos, encontrándose por lo mismo vedados para su tratamiento.
Por lo precedentemente expuesto, al ser el carácter del recurso de casación extraordinario y de naturaleza preminentemente formal, cuidando de que no se convierta en una segunda instancia o en una apelación revisionista, por ser un mecanismo de análisis de cuestiones de derecho, sin que pueda abordarse cuestiones de hecho, al no haberse advertido contradicciones entre el precedente invocado y el Auto de Vista recurrido corresponde desestimar el recurso planteado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Lucy María Eugenia Chalco Flores.

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