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Timestamp: 2019-06-25 08:03:48+00:00

Document:
﻿ DECRETO 17 DE 2011
DECRETO 17 DE 06 DE ENERO DE 2011
CONTENIDO:MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. LEYES 715 DE 2001, 1164 Y 1176 DE 2007, 1393 DE 2010, ADOPTA MEDIDAS EN MATERIA DE SALUD CON EL FIN DE HACER FRENTE A LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DECLARADA POR EL DECRETO 4580 DE 2010.
TEMAS ESPECÍFICOS:MERCANCÍA, ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTO DE LA NACIÓN, PLANIFICACIÓN AMBIENTAL, ADUANA, RÉGIMEN ADUANERO, IMPORTACIÓN, INTERVINIENTES EN EL DERECHO AMBIENTAL, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, IDEAM, ÁREA ESPECIAL ECOLÓGICA, SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES, SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES, PREVENCIÓN DE DESASTRES, EMERGENCIA AMBIENTAL, ESTADO DE EMERGENCIA SOCIAL, ESTADO DE EXCEPCIÓN, DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, EXPLOTACIÓN DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO, SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES EN LA SALUD, SISTEMA DE SALUD, IMPUESTO DEL DEPARTAMENTO, RENTA DEL SECTOR SALUD, INGRESO POR JUEGOS DE AZAR, RECURSOS DEL SISTEMA DE SALUD, RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD, FUNCIONES DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, PLAN NACIONAL DE SALUD PÚBLICA, FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, INVIMA, FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD, INGRESO DE MERCANCÍA, FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SISBEN, URGENCIA MANIFIESTA, DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA, RENTAS DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO, MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA SOCIAL, AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD, SALUD PÚBLICA
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1400 DE FEBRERO 15 DE 2011, PG.320
VIGENCIA:DECLARADO INEXEQUIBLE POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SALA PLENA, EN SENTENCIA C-218 DE 2011, M.P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA.
DECRETO 17 DE 2011
(Nota:Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sala Plena Sentencia C-218 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza )
En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 215 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 137 de 1994 y en desarrollo de lo dispuesto por el Decreto 4580 de 2010 y
Que las consecuencias del desastre afectan las condiciones de vida de la población en temas cruciales para su subsistencia como son el saneamiento básico, el suministro de agua potable y de alimentos, y que en virtud de las condiciones que genera la ola invernal, se incrementa el riesgo de enfermedades transmisibles, zoonóticas y por vectores, entre otros.
Que, como consecuencia del fenómeno de La Niña, se ha producido una considerable destrucción de inmuebles, se ha interrumpido la prestación de servicios públicos esenciales, se han afectado vías de comunicación y se ha perjudicado gravemente la actividad económica y social en el territorio nacional, entre lo que cabe resaltar la afectación de hospitales y centros de atención así como la posibilidad de acceso a la salud de una parte de la población damnificada.
Que, además de lo anterior, hay riesgos de fragmentación familiar, estrés post traumático generado por el desastre, con impacto en la salud mental de niños y adultos, lo mismo que la perturbación en la prestación de servicios en hospitales, en los programas de vacunación y en la logística de entrega de insumos y medicamentos.
Que, de conformidad con el artículo 2º de la Constitución Política, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Que, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en debilidad manifiesta.
Que, en consecuencia, es necesario establecer criterios de actuación estatal y principios que respondan a la situación de emergencia, adoptar medidas en materia de prevención y de atención en salud a la población afectada y movilización del personal de salud requerido, dotar de mecanismos de respuesta oportuna, coordinar los esfuerzos estatales para brindar eficacia en la respuesta, garantizar la continuidad en la atención en salud y el recurso humano para ello, así como los recursos necesarios para tal fin.
ART. 2º—Criterio de interpretación. Las normas del presente decreto se interpretarán bajo el principio esencial de solidaridad y teniendo en cuenta que las personas afectadas se encuentran en situación de debilidad manifiesta. En consecuencia, las medidas que se adopten deben estar encaminadas a garantizar el goce de sus derechos fundamentales y su dignidad en armonía con los derechos de terceros. Las medidas de protección son de orden público y de aplicación inmediata.
ART. 4º—De los recursos adicionales para prevención en salud en las zonas afectadas. Modifícase, transitoriamente, el artículo 4º de la Ley 715 de 2001, modificado por el artículo 4º (sic) de la Ley 1176 de 2007, el cual quedará así:
“ART. 4º—Distribución sectorial de los recursos. El monto total del sistema general de participaciones, una vez descontados los recursos a que se refiere el parágrafo 2º del artículo 2º de la Ley 715 y los parágrafos transitorios 2º y 3º del artículo 4º del Acto Legislativo 4 de 2007, se distribuirá entre las participaciones mencionadas en el artículo 3º de la Ley 715, así:
PAR. 1º—El 0,5 que se adiciona a salud se destinará a financiar programas de prevención de eventos en salud de las personas afectadas por la emergencia invernal y será asignado al componente de salud pública.
PAR. 2º—El monto en que se reducen los recursos de propósito general por efectos del presente artículo, afectarán inversión o funcionamiento según criterio del mismo municipio o distrito, sin perjuicio de las obligaciones de saneamiento fiscal derivadas de la Ley 617 de 2000 y de los compromisos pactados con fundamento en la Ley 550 de 1999 en los casos en que así ocurra.
ART. 5º—Criterios de distribución. Los recursos correspondientes al medio punto que se redirecciona a salud, serán distribuidos por el Conpes, durante el meses de enero de 2011, de acuerdo con el per cápita resultante de dividir el monto de recursos a distribuir entre la población afectada de cada municipio, distrito o corregimiento departamental, ajustada por la capacidad de generación de ingresos propios de la respectiva entidad territorial.
ART. 6º—En el evento en que durante el primer trimestre de 2011 la información de población afectada determine la necesidad de redistribuir recursos entre municipios o distritos o corregimientos departamentales, en el mes de abril de 2011 se deberá ajustar la distribución anual de los recursos de que trata este artículo, usando los mismos criterios y actualizando el corte de información de población afectada a 31 de marzo de 2011.
ART. 9º—Emergencia sanitaria. El Ministerio de la Protección Social, por motivos de salubridad pública como consecuencia del fenómeno de La Niña, podrá decretar la emergencia sanitaria en todo o en parte del territorio nacional.
a) En el evento de no contar con registro sanitario en Colombia, adjuntar el correspondiente certificado de venta libre o su equivalente, emitido por la autoridad sanitaria del país de origen. Cuando se trate de medicamentos, como mínimo la información sobre ingrediente activo en denominación común internacional, forma farmacéutica y concentración.
b) Certificado de cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura aceptadas por la Organización Mundial de la Salud, cuando se trate de medicamentos e insumos.
c) Rotulado con información mínima en idioma castellano que indique, nombre del fabricante; número de lote; fecha de vencimiento; condiciones de almacenamiento, cuando sea del caso; una leyenda que indique la condición de ingreso de estos productos al país.
ART. 13.—De la portabilidad del aseguramiento y/o el servicio. Todas las entidades promotoras de salud y/o las entidades territoriales, en lo de su competencia, deberán garantizar el acceso a los servicios de salud en el territorio nacional a la población afectada por la emergencia invernal, acudiendo, de ser necesario, a convenios entre ellas o con prestadores, preservando los criterios de resolutividad, proximidad e integralidad y garantizando la referencia a IPS de mayor complejidad en caso necesario
La atención de salud será a través de la cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o registro civil de nacimiento, u otro documento de identidad que contenga dicho número; en defecto de todo lo anterior, será válido el número de uno de dichos documentos que el demandante del servicio o su acudiente exprese.
Para los casos de los servicios con cargo a los recursos de oferta de las entidades territoriales, las IPS o empresas sociales del Estado involucradas, deben realizar convenios de cruce de pago de dichos servicios, independiente del mecanismo de pago.
ART. 15.—Movilización de personal del sector salud. Adiciónese el artículo 3º de la Ley 1164 de 2007 con los siguientes incisos:
ART. 16.—Priorización para el acceso de recursos destinados al rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud. Con el fin de garantizar el acceso a los servicios de salud de la población afectada por la emergencia invernal, las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud ubicadas en los departamentos afectados se considerarán prioritarias por un año a partir de la expedición del presente decreto para la asignación de recursos de la Nación destinados al rediseño, reorganización y modernización de las redes de prestación de servicios de salud.
ART. 17.—Condiciones para la prestación de servicios de salud en albergues y otros. Las instituciones prestadoras de servicios de salud que se encontraban habilitadas antes del 6 de diciembre de 2010 y que deban prestar servicios de salud a la población afectada en virtud de la emergencia declarada mediante el Decreto 4580 de 2010 en sitios alternos como albergues, escuelas u otros lugares similares, no serán sujetos de verificación de condiciones de habilitación por parte de las autoridades competentes. No obstante, deben cumplir los requisitos mínimos para la prestación de servicios que señale el Ministerio de la Protección Social. Así mismo, las actividades o procedimientos que se presten en dichos lugares no podrán ser glosados por los pagadores, por la causal de no estar habilitado el servicio.
b) Ser residente en los municipios críticamente afectados. Para el efecto, el Ministerio de la Protección Social determinará los criterios de afectación.
Para tal afiliación no se requerirá la aplicación del instrumento Sisbén. En todo caso se debe garantizar el derecho de libre elección.
PAR. 2º—La afiliación al régimen subsidiado se perderá en el momento en que la persona celebre un contrato de trabajo, tome posesión de un cargo público o tenga capacidad de pago. En todo caso, la afiliación al régimen subsidiado no afectará la continuidad ni antigüedad del afiliado en el régimen contributivo.

References: artículo 215
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 3
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