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Timestamp: 2020-03-30 20:36:07+00:00

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04 | agosto | 2011 | Pensamientos de Derecho Constitucional
Sentencias constitucionales. Proceso de amparo contra resolución judicial. Exámenes de razonabilidad, coherencia y suficiencia
EXPEDIENTE NÚMERO : 2298-2010
DEMANDANTE: MAGNOLIA MEJIA AYALA
DEMANDADO: JUECES SUPERIORES SALA PENAL
En Chiclayo, a los 02 días del mes de junio de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:
Recurso de apelación interpuesto por Magdalena Chávez Mella y otros contra la sentencia de fecha 29 de octubre de 2010, que declara fundada la demanda y en consecuencia, nula la resolución No. 11 de fecha 11 de junio de 2010, expedida en el proceso 5114-2009, seguido contra Luis Soto Talledo sobre Omisión de Asistencia Familiar, y dispone se emita nueva resolución.
La pretensión de la parte demandante (p. 64-72) tiene por objeto se declare nula la resolución expedida en el proceso 5114-2009, en cuanto declara fundada la cuestión prejudicial deducida por el imputado Luis Soto Talledo, la cual a su vez dispone la suspensión del proceso penal hasta que se resuelva el proceso civil de nulidad de cosa juzgada fraudulenta tramitado ante el Quinto Juzgado Civil de Chiclayo. Precisa que se ha afectado sus derechos al debido proceso y la tutela procesal efectiva pues se ha producido un agravio en contra de sus hijos.
Las contestaciones de demanda por parte de los emplazados (p. 81-89) y del Procurador Público (p. 94-99), señalan que se han cumplido los supuestos de la cuestión prejudicial y que se ha producido una afectación a los derechos del procesado en cuanto se le notificó en domicilio distinto al suyo, razón por la cual recurrió el mismo a la vía civil. Estiman, de igual forma, que no se ha producido una vulneración al principio de legalidad penal pues el proceso llevado ha sido de carácter regular.
La sentencia impugnada (p. 120-122) declara fundada la demanda en el extremo de la notificación debida la procesado, pues señala que ésta era una competencia del juez civil y no de la Sala, asumiendo así que se ha producido una vulneración al debido proceso. Acota, de la misma manera, que la Sala no se ha pronunciado por el cumplimiento de la pensión alimenticia desde el año 2007.
Las impugnaciones formuladas por los jueces emplazados (p. 127-133) y el Procurador Público (p. 143-145), refieren que la apelada presenta un razonamiento contradictorio, pues no se ha valorado que en el proceso penal al procesado se le sentenció en rebeldía y por ello en forma justificada, al no ser notificado debidamente, recurrió a la vía civil. En consecuencia, señalan, han efectuado una valoración adecuada de los hechos.
§La tutela jurisdiccional efectiva y la efectividad de las sentencias judiciales
2. La efectividad de las sentencias, de otro lado, constituye un principio del Estado Democrático y Social de Derecho, pues la misma constituye que la decisión y mandato del Juzgador, agotadas las instancias respectivas, se plasme en un resultado tangible de consecución del derecho pretendido. En ese sentido, el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada, es una manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional, partiendo de la misma base constitucional que contempla el inciso dos de la Constituciónde mil novecientos noventa y tres, al prever que” ninguna autoridad puede (…) dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada (…) ni retardar su ejecución.”
3. En adición a ello, como lo ha sostenido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el arret “Hornsby c/ Grecia”, sentencia del 13 de marzo de 1997, el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales “forma parte de las garantías judiciales”, pues “sería ilusorio” que “el ordenamiento jurídico interno de un Estado contratante permitiese que una decisión judicial, definitiva, y vinculante quedase inoperante, causando daño a una de las partes (…)”. Resulta pues así difícil que puede hablarse de la existencia de un Estado de Derecho cuando las sentencias y las resoluciones judiciales firmes no se cumplen.
4. En el contexto de una interpretación extensiva del artículo 37 del Código Procesal Constitucional, el proceso de amparo constituye un mecanismo procesal de tutela de urgencia y satisfactiva, proceso de condena cuyos caracteres para su procedencia son dejar sin efecto el hecho, omisión o amenaza, inminente y directa contra el ejercicio de un derecho constitucional; esto es, siempre que se trate de lograr la reposición del derecho constitucional transgredido o amenazado de manera fáctica, evidente y sin duda alguna, pues éste no es declarativo de derechos, sino que, a través de él, se pueden resarcir aquellos derechos que, estando plena e indubitablemente acreditados, son objeto de trasgresión.
5. En relación a lo señalado, debe determinarse que las acciones de garantía no proceden contra resoluciones judiciales emanadas de un procedimiento regular, constituyendo supuesto de excepción que exista una objetiva afectación de la tutela procesal efectiva, supuesto legitimador que sí se configura de presentarse los supuestos establecidos por el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, constituyendo premisa esencial en esta verificación de afectación de derechos constitucionales si se han afectado los derechos invocados por un afectado y si se ha producido una sustancial afectación al debido proceso en su dimensión sustantiva y adjetiva.
6. Resulta relevante en el caso de autos, examinada la apelada y los actuados a lo largo del proceso, que no podemos asumir a priori probada una afectación sustantiva al debido proceso, si partimos de una valoración que hacen los juzgadores de segunda instancia, exponiendo los mismos en la resolución impugnada (p. 3-5), cuando menos una justificación válida para expresar las razones por las cuales declararon fundada la cuestión prejudicial invocada por el procesado Luis Soto Talledo.
7. En efecto, en cuanto compete al examen constitucional en esta instancia, es menester determinar, conforme a la jurisprudencia constitucional sobre procesos de amparo contra resolución judicial[1], si corresponde declarar la violación del derecho constitucional de la parte demandante al debido proceso, por parte de los señores Jueces Superiores emplazados en el proceso sub judice y para ello resulta relevante recurrir a los exámenes de razonabilidad, coherencia y suficiencia que fija el caso Collcca, como referente emblemático de los exámenes que debe ponderar el juez constitucional, a efectos de declarar fundada una acción de amparo contra resolución judicial.
8. En efecto, tales exámenes son de suyo necesarios en el caso sub judice en la medida que solo si ellos concurren concatenadamente, resultaría imperativo para este Tribunal superior estimar la demanda formulada.
9. De esa forma, en cuanto al examen de razonabilidad, referido a que debemos evaluar si la revisión de la resolución impugnada es relevante para determinar si la decisión judicial que se cuestiona vulnera el derecho fundamental al debido proceso, nuestra respuesta es negativa, en tanto la Sala ha expuesto una justificación válida: el procesado no ha sido debidamente notificado y en ese sentido, no existe una extralimitación respecto del examen que corresponde al juez civil, en tanto la Sala determina (p. 05) que aquel deberá pronunciarse sobre la petición de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. No apreciamos, en rigor, una invasión prohibitiva de funciones, sino un acto procesal de inicio- declaración estimativa de una cuestión prejudicial- el que queda a las resultas de aquello que decida el juez civil, lo cual ha de ser por cierto célere, en tanto existe de por medio pensión alimenticia.
10. En cuanto al examen de coherencia, el cual exige precisemos si el acto lesivo del caso concreto se vincula directamente con el proceso o la decisión judicial que se impugna, corresponde señalar que no se cumple el supuesto de lesividad exigido, en tanto no se anula el proceso penal sino solamente se suspende. En consecuencia, no estamos ante una afectación manifiestamente grave sino de carácter medio.
11. Finalmente, en cuanto se refiere al examen de suficiencia, determinamos que la intensidad de control constitucional a efectuar sobre la resolución que se denuncia como vulneratoria del debido proceso, ya no deviene manifiesta pues la concurrencia de una justificación de la Sala en su decisión impugnada, restringe los visos de una afectación de suyo grave, como lo exige un proceso judicial contra el cual se deba estimar un amparo. A juicio nuestro, solo el examen desestimatorio total de la Sala- dígase conclusión del proceso penal- justificaría una decisión estimatoria de esta Sala, supuesto que no concurre en autos pues nos referimos a una suspensión del proceso.
12. En el orden de ideas expuesto, consideramos que no procede estimar la demanda por nos satisfacerse los estándares de razonabilidad, coherencia y suficiencia, en tanto solo de la verificación conducente de estos sub exámenes, procede declarar fundada la demanda, supuestos que no se cumplen en el caso de autos.
Por estos fundamentos, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, REVOCA la sentencia apelada que declara fundada la demanda; REFORMÁNDOLA, DECLARA INFUNDADA la demanda.
[1] STC 03179-2004-AA7TC caso Apolonia Collca
23. (…) Esta segunda perspectiva del proceso de amparo precisa que el Tribunal Constitucional establezca el canon interpretativo bajo el cual realizará el control constitucional de las resoluciones judiciales, sin que ello suponga convertir al Tribunal Constitucional en una cuarta instancia judicial y sí, más bien, a fin de reconocer que al Tribunal le corresponde, en el proceso de amparo, resolver, ponderadamente, sobre el fondo y la forma de los procesos judiciales ordinarios cuando estos hayan violado los derechos fundamentales tutelados por el proceso constitucional de amparo.
a) Examen de razonabilidad. – Por el examen de razonabilidad, el Tribunal Constitucional debe evaluar si la revisión de todo el proceso judicial ordinario es relevante para determinar si la resolución judicial que se cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo demandado.
b) Examen de coherencia. – El examen de coherencia exige que el Tribunal Constitucional precise si el acto lesivo del caso concreto se vincula directamente con el proceso o la decisión judicial que se impugna; de lo contrario no estaría plenamente justificado el hecho de que el Tribunal efectúe una revisión total del proceso ordinario, si tal revisión no guarda relación alguna con el acto vulneratorio.
c) Examen de suficiencia. – Mediante el examen de suficiencia, el Tribunal Constitucional debe determinar la intensidad del control constitucional que sea necesaria para llegar a precisar el límite de la revisión del proceso judicial ordinario, a fin de cautelar el derecho fundamental demandado.
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References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 37
 artículo 4
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