Source: https://www.scribd.com/document/380603586/Resolucion-C-A
Timestamp: 2019-02-21 09:39:16+00:00

Document:
Uploaded by katherine rubilar
CC T-126-18
Tránsito Mera Tolerancia
T-597-08
CA Eolico Fallo
La Necesidad de La Enseñanza Del Derecho de Familia Desde Un Enfoque de Género.
Indigena- Categorías de Derecho
Litigación Caso Laboral Interrogatorio
Repaso en Penal
1 - Nuevo Apunte Conceptos Fundamentales d i .PDF
Trabaja de Mediacion LIZOL
LEY-19968-Tribunales.de.familia.ABRIL-2010.pdf
Set Nº 7 Preguntas de Derecho Procesal IV
trabaja de mediacion LIZOL.docx
Programa Educacion Civica 2014
Japan Executive Branch
Director of Forestry vs Munoz
Succession Case Spouses Roberto and Thelma Ajero vs. CA and Clemente Sand
Temuco, veintiséis de mayo de dos mil dieciséis.
A fojas 25, comparece don OSVALDO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ,
abogado, en representación de la COMUNIDAD INDÍGENA EUGENIO
ARAYA HUILIÑIR, del sector rural de Tolpan, Comuna de Renaico,
legalmente constituida y personería jurídica vigente e inscrita con el número
1945 en el Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas de la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, quien deduce recurso de
protección en contra del SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL,
Dirección Ejecutiva, representada para estos efectos, por su Director
Ejecutivo, don JORGE GILBERTO TRONCOSO CONTRERAS, con
domicilio en Miraflores N° 222. Pisos 7, 19 y 20, Santiago, y su Resolución
Exenta número 0095/2016 de fecha 28 de Enero de 2016, ya que en esta
resolución fue calificada favorable, en forma ilegal y arbitraria y decide
someter solo a declaración de impacto ambiental el Proyecto Parque Eólico
La Cabaña, que más adelante se detalla, y en contra de PARQUE EÓLICO
LA CABAÑA SPA, representada legalmente por don RUBENS ROMANO
JÚNIOR, ingeniero, casado, con domicilio en Cerro El Plomo N° 5680
Oficina 1202, Las Condes, Santiago; solicitando se acoja el mismo en todas
sus partes, con expresa condenación en costas, debido a que el actuar de los
recurridos para con este proyecto afecta las garantías constitucionales en los
números 2 y 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental, y porque no se
consideró en ella íntegramente lo dispuesto en la Ley de Bases Generales del
Medio Ambiente y Convenio 169 de la Organización Internacional del
Funda su recurso en que la Comunidad Indígena legalmente
constituida, se encuentra asentada desde tiempos inmemoriales en el sector de
Renaico, y Lof Tolpan y el proyecto de autos, considera tanto la instalación de
un parque eólico de gran envergadura como la construcción de sendas líneas
para lo que se construirá toda la infraestructura necesaria para el Parque Eólico La Cabaña. y es ahí donde se habrían cometidos actos arbitrarios e ilegales. "señala el titular" (sic) en su presentación que no se acerca a territorios mapuches. pues no se realizó dicha consulta. donde se emplaza el Lof Tolpan. consisten en la no realización de la consulta indígena correspondiente que es de iniciativa del titular del proyecto. por un período no menor a cincuenta años. en la comuna de Renaico. Provincia de Malleco. afirma. pero ello no es efectivo. por cuanto afecta en forma significativa el sistema de vida y costumbres de grupos humanos y afecta de igual forma áreas protegidas. histórico y en general a los pertenecientes al patrimonio cultural de la comunidad mapuche que en la zona se emplaza. razón por la cual debió el proyecto someterse a lo previsto en el convenio 169 de la OIT. que la comunidad que representa posee sus "menocos" y realiza ceremonias propias de su folclore y que el titular del proyecto no consideró o derechamente ocultó su existencia. altera significativamente el valor paisajístico y turístico de la zona. así mismo sitios de valor antropológico. ya singularizado. quien no consideró la presencia de la . sitios prioritarios para la conservación. ubicado.de transmisión eléctricas de alto voltaje. humedales y el valor ambiental del territorio en que pretende emplazar. región de la Araucanía.38 hectáreas. que este proyecto incluye una línea de transmisión (LAT) de 34. ya que dentro del área de influencia del mismo se encontraría la comunidad que representa el recurrente. el trazado diseñado se basa en el hecho de minimizar distancias y hacer más económico el proyecto para el titular. Agrega. en la comuna de Renaico. por lo que no debió haberse aprobado por DÍA sino por EIA. Sostiene que los actos arbitrarios e ilegales que producen perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 N° 2 y 21. en una superficie aproximada de 56. cuya área de influencia del proyecto afecta gravemente a la comunidad indígena recurrente. y realizarse una consulta indígena.5 kilómetros que atraviesan por la comuna de Renaico. de la Constitución Política de la República de Chile. arqueológico. y especialmente por los territorios ancestrales de esta comunidad.
señala que además de lo anterior. ya que estas comunidades viven desde antaño en la zona de influencia del proyecto y realizan en la zona actividades con carácter de patrimonio cultural. de manera que al omitir la correcta aplicación del Convenio 169 de la OIT al no consultar como es obligatorio de acción del estado y del dueño del proyecto y no reacción de las comunidades.Comunidad Indígena Eugenio Araya Huiliñir. siendo la . identificación o interpretación de su real impacto ambiental y describir la o las acciones que el titular ejecutará o debiera ejecutar para impedir o minimizar sus efectos significativamente adversos. a través de una Declaración de Impacto Ambiental y no como un Estudio de Impacto Ambiental. A continuación. en esta evaluación ambiental no ha sido considerado el efecto sinérgico que se produce al considerar en conjunto la gran cantidad de otros proyectos ya aprobados o en ejecución para la misma zona geográfica lo cual ha impedido a esta autoridad y en particular a los miembros de la Comunidad poder contar con todos los antecedentes fundados para la predicción. debe conformarse por el solo hecho de haberse ingresado el proyecto en comento al SElA. ha sostenido que tales efectos no se producirán ante lo cual la autoridad administrativa del SEIA Dirección Ejecutiva. en consecuencia que existen sitios arqueológicos con cerámicas y herramientas de piedra y cementerios ancestrales. ello en razón a que simplemente a través de su declaración jurada. y en la declaración de impacto ambiental aprobada no consta un estudio de patrimonio cultural. citando al efecto los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT. al no señalarlas en la documentación presentada. se comete la ilegalidad y arbitrariedad al número 2 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado. cultural y espiritual ocasionado una alteración significativa sobre las costumbres del grupo humano indígena aledaño al proyecto. que era lo que correspondía. como son ceremonias ancestrales a las que dará una afectación directa. Postula que advirtió que el proyecto señalado se emplazará en medio de la zona de actividades ancestrales de estas comunidades y afectará en magnitud las dimensiones del sistema de vida y sitios de valor arqueológico.
y receptor de oportunidades.presencia de la Comunidad Indígena en el área de influencia del proyecto innegable. generador de condicionantes. es el ambiente con el cual el proyecto interactúa. quien advirtió que en primer lugar no queda claro. o de acción directa. etc. dejando sin efecto la resolución recurrida. y un entorno general o de acción indirecta. el cual está formado por todos los elementos del ambiente que el proyecto afecta. por lo que. A fojas 47 rola informe de la recurrida SOCIEDAD LA CABAÑA SpA. abstenerse de realizar faena alguna de carácter de construcción o de cualquier otro carácter del proyecto por el detrimento irreparable que le causa. haciendo obligatoria la consulta indígena. provisor de oportunidades. instalaciones. soporte de la infraestructura del proyecto como edificios. receptor de efluentes (salidas). es fuente de recursos y materia prima (entradas). resolviendo que se han afectado las garantías constitucionales dispuestas en los números 2 y 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental y ordenar al ejecutor del proyecto. desde que éste no es fruto de un proceso de consulta en que se hayan tenido en consideración las aspiraciones y formas de vida de las comunidades indígenas que habitan el lugar y no considera una correcta aplicación de lo que es un área de influencia en un proyecto. es si el acto u omisión arbitrario o ilegal es el proyecto que fuera aprobado ambientalmente . Concluye la recurrente sosteniendo que la resolución reclamada incumple la obligación de fundamentación del acto administrativo. en definitiva. que incluye aquellos factores relacionados permanentemente con la actividad. la cual debe regirse por los estándares establecidos en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales. próximo. debiendo la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación de Medio Ambiente rechazar la declaración presentada hasta la realización de la consulta indígena obligatoria del Convenio 169 OIT y la empresa titular del proyecto realizarla. solicita que se acoja la acción cautelar. Se puede considerar un entorno inmediato. Se hace referencia al "entorno" del proyecto.. restableciendo el imperio del derecho y asegurar la debida protección de mí representada la Comunidad indígena Eugenio Araya Huiliñir del sector rural de Renaico.
Aún peor.o la resolución de calificación ambiental.. y porque no se consideró en ella íntegramente lo dispuesto en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).. ii) no existe atropello alguno para las garantías constitucionales que supone vulneradas el escrito de protección. referida a un proyecto turístico en la Quinta Región.. con expresa condenación en costas.. dentro de su intensa confusión. debido a que el actuar de los recurridos para con este proyecto afecta las garantías constitucionales de los números 2 y 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental. el escrito de la recurrente señala en el primer párrafo de la página 2 que . además. fijó un criterio en relación a la competencia del recurso de Protección y la jurisdicción especial de los tribunales ambientales."(sic) A su juicio resulta claro que el recurso de protección no puede prosperar pues a su respecto: i) no es procedente una acción de esta naturaleza para invalidar un acto administrativo como el que contiene la citada Resolución Exenta N° 0095/2016.. de fecha 28 de enero del año curso.894-2014.. antecedente de ninguna clase que muestre siquiera de pasada. En efecto. en la causa Rol 2." se admita a tramitación este recurso. que lo calificara favorablemente. afirma categóricamente que la Comunidad Indígena Eugenio Araya Huiliñir se encuentra total y absolutamente desligada dé toda influencia directa del señalado proyecto eólico. Sostiene que no es el recurso de protección la acción que hoy nuestros Tribunales de Justicia consideran la herramienta pertinente ni la ajustada para resolver acerca de la validez o eventual nulidad por ilegalidad de una resolución de calificación ambiental. o sea. por lo que carece de titularidad para impugnar la validez de la resolución de calificación ambiental. menos aun del modo que en él se expresa. iii) no existe. la Resolución Exenta N° 0095/2016. que la comunidad recurrente se la afecte de algún modo o sea alterada de cualquier forma por el Proyecto Eólico La Cabaña. el año 2014 la Excma. y se acoja el mismo en todas sus partes. cuya explicación que proporciona la . en una sentencia cuya parte pertinente reproduce. Corte Suprema. En efecto.
no existe relación alguna entre la dictación de la RCA por parte del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación ambiental y la supuesta garantía constitucional que alega la recurrente:" (considerando Tercero). señaló que esta forma de apreciar la concurrencia de la jurisdicción especial de los tribunales creados mediante la ley N° 20. además.. alguno de los cuales se adjuntaron al informe.600. Es ante esa jurisdicción especial y por esa vía entonces donde debe instarse por la invalidación de una resolución de calificación ambiental. resolución que se pronunció con ocasión de un Recurso de Protección deducido también por don Osvaldo Rodríguez Fernández. se confirma la sentencia . esto es. previo agotamiento de la vía administrativa. 17 N° 8.300. la acción constitucional se dedujo en contra del Servicio de Evaluación ambiental por la emisión de la Resolución Exenta 1168/2014. se acompañó una sentencia dictada por esta Corte en los autos Rol 4366-2014. entre ellos la resolución de calificación ambiental que apruebe un EIA o una DÍA. Además. ha sido sostenidamente reafirmada por diversos fallos de las Corte de Apelaciones del país. la que mediante sentencia de 17 de febrero de 2015. Corte Suprema mediante fallo de fecha 30 de marzo de 2015 señalando que "teniendo únicamente presente que no existe ilegalidad en cuanto a la procedencia de la consulta indígena alegada por los recurrentes y no existiendo cautela urgente que adoptar. en representación de la misma comunidad indígena.." Además y en el mismo sentido. se rechazó. la recurrente no señala en forma específica la forma como se ve afectado algún derecho constitucionalmente protegido y.en la especie. sino que además aprobó una norma -art. es decir.doctrina de la Corte Suprema radica en que la ley que creó los tribunales ambientales "no solo trasladó a estos todos los asuntos contencioso administrativos en materia ambiental que se encontraban en la Ley N° 19. la que fu confirmada por la Excma.que les permite conocer de acciones de impugnación en contra de un acto administrativo ambiental. una situación bastante similar a la de la presente acción constitucional. que ". Destaca que del mismo modo. la que aprobó ambientalmente el proyecto Parque Eóiico La Flor. sosteniendo una circunstancia de hecho plenamente aplicable a la actual situación.
tal como lo ha sostenido la Corte Suprema en sentencia rol N°7451-2013. en tanto ha ejercido acciones que el propio ordenamiento jurídico ha dispuesto para la revisión de los actos de la administración del Estado. Esta vez. interpuesta en sede administrativa con fecha 23 de febrero de 2016. la prevención de la Ministra señora Egnem concurrió a la confirmatoria teniendo presente que "en el marco de la nueva institucionalidad ambiental no es esta la vía para pronunciarse acerca de la eficacia y legalidad de una resolución de calificación ambiental. en especial considerando que el proyecto no se ha iniciado.880 que "Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la Administración del Estado". y por no existir además medida de cautelar urgente que adoptar. el resguardo de los derechos de la actora se encuentran debidamente abordado.apelada.". la necesidad de contar con una Consulta Indígena al amparo del Convenio N9 169 de la OIT. cuando esta misma Comunidad Indígena ha solicitado al Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental la invalidación de la resolución de calificación ambiental. Advierte que la comunidad recurrente no tiene vinculación alguna con el proyecto y por otra. esto es.. lo que supone dos cuestiones igualmente relevantes para los efectos del conocimiento de esta acción cautelar." Por su parte. y no mediante una Declaración de Impacto Ambiental como ocurrió para este proyecto. supone que la judicatura se encuentra impedida de pronunciarse hasta que la administración no haya resuelto la solicitud de invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental. lo que supone la necesidad. esta pretensión se sustentó en lo prescrito en el artículo 53 de la Ley Nº 19. a su juicio. por los supuestos impactos ambientales que el Proyecto genera o presenta sobre la comunidad que representa. y está lejos de emprender la construcción del Proyecto y además. cobra especial relevancia lo anterior. En efecto. la misma comunidad recurrente no goza de derechos . tiene en rigor las mismas pretensiones que las esgrimidas en autos. en forma paralela a la acción cautelar.. Sostuvo además que. por lo que carece de objeto interponer una acción cautelar. que reproduce en su parte pertinente. Esta petición. de evaluar el proyecto mediante un Estudio de Impacto Ambiental.
se encuentre dentro de la zona de influencia del proyecto eólico de su representada. afirma que La Cabaña SpA estaría ejerciendo su actividad económica de un modo contrario a las normas que regulan el ejercicio de su actividad empresarial. como se comprueba con los documentos y planos acompañados en el otrosí.300 y con ello. señalando que no es esta . de la comuna de Renaico. constituye un impedimento absoluto para que la materialización del proyecto eólico afecte sectores donde la recurrente posea "menocos" o realice las ceremonias propias de su folclore. sostiene que el proyecto en sí mismo no podrá afectar la igualdad ante la ley cautelada por el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución pues. además de hacer una simple afirmación acerca de un efecto en relación a menocos o lugares ceremoniales dentro de la zona de influencia del proyecto. Señala que en cuanto a la garantía constitucional del numeral 21. pues la acción. tal efecto se produce o que algo. tampoco la comunidad recurrente. no contiene nada más. al menos. más que señalar como tal derecho fundamental se atropella a la actora. no hay ni hubo antecedente alguno que justificara hacer un Estudio de Impacto Ambiental en la forma prevista por el artículo 11 de la Ley N° 19. la cuestión es aun más infundada. por sí misma. Indica que si se analiza la localización del Proyecto Eólico La Cabaña y su línea de transmisión. de algún modo relacionado con la comunidad recurrente. por ello. ni un antecedente siquiera que muestre que.de donde se ubica el Fundo Tolpan. en 13 kilómetros -en línea recta. Plantea que. por la ubicación de su asentamiento. la distancia entre el proyecto (incluida la línea de conexión) es tal y suficientemente amplia del Fundo Tolpan que es imposible un marco de relación que habilite a uno u otro afectar derechos fundamentales recíprocos. goza de derechos fundamentales en relación con el Proyecto Eólico La Cabaña. de lo que se deprendería que el recurso. Esa distancia. se puede constatar que dista. Es por ello que ni siquiera se cita a la comunidad recurrente como una población protegida en la Resolución exenta 0095/2016. respecto de lo decidido por la autoridad ambiental sobre el mismo.fundamentales en lo que se refiere a los efectos de ese proyecto y por ello. efectivamente. la consulta indígena que reclama faltar la recurrente.
En dichos estudios se puso énfasis en la información primaria. según detalla cada uno de ellos. indicando que tanto la evaluación y las conclusiones antes descritas. no presentándose en este caso las circunstancias previstas por el artículo 11 de la Ley N° 19. indica la recurrida que elaboró una serie de estudios sociales e indígenas para el Proyecto Eólico La Cabaña desde etapas tempranas (previo al desarrollo de la DIA). "esta Dirección Ejecutiva estima que el Proyecto no genera ni presenta los efectos. En particular señaló que en el numeral 5. más otros solicitados durante la tramitación del proceso administrativo ambiental. a los cuales se sumaron los estudios incluidos en la DIA.3). tal y como emana de la Resolución Exenta 0095/2016.acción cautelar de los derechos constitucionales el medio para denunciar esos incumplimientos. es decir. la Consulta Indígena que previene el Convenio 169 de la OIT. fueron revisadas y analizadas en forma detallada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. como se dijo. características o circunstancias indicados en la letra c) del artículo 11 de la Ley N° 19.300. Arguye que la comunidad no es afectada ni se encuentra en el área de influencia del proyecto. al tratar el tema de posibles "Reasentamientos de Comunidades Humanas o Alteración Significativas de los Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos" (5. tampoco procede la consulta indígena referida.300". características o circunstancias indicados en la letra c) del artículo 11 de la Ley N° 19300". no procede la presentación de un EIA y por tanto. Finalizando su informe.4. entidad competente respecto de la protección de las comunidades indígenas . de haber ellos ocurrido. en donde la autoridad concluye que de acuerdo a lo señalado en el mismo numeral. Por ello no es necesario exigir la realización de un EIA y dentro de él. obtenida de dirigentes de organizaciones sociales e indígenas del territorio y de funcionarios Municipales de las comunas donde se emplaza el Proyecto. cuestión que fue afirmada previamente. la RCA cita las comunidades indígenas que existen en las comunas en que se inserta el proyecto de La Cabaña SpA e igualmente concluye que "esta Dirección Ejecutiva estima que el Proyecto no genera ni presenta los efectos.
cuestionar la legalidad de una resolución de calificación ambiental. por el contrarío.en nuestro país. puesto que específicamente el artículo 17 de la Ley Nº 20. establece un conjunto de acciones que. principio que se exige para todas ellas.. la cual finalmente se manifestó conforme con la Declaración de Impacto Ambiental. puesto que el actor presentó también una solicitud de invalidación en contra de la Resolución de Calificación Ambiental. quien de manera lata.600 y. resguardado así la certeza jurídica. señala en primer lugar la imposibilidad de acceder al recuso deducido básicamente teniendo en consideración que el recurso de protección solo procede respecto de derechos indubitados. o reclamar de actos administrativos relativos a ella. En segundo lugar señala que la acción de protección no es la vía idónea para resolver contenciosos administrativos de carácter ambiental. caso que no sucede con los recurrentes. Concluye solicitando tener por evacuado el informe solicitado y rechazar el recurso de protección de autos deducido por don Osvaldo Rodríguez F. además. toda vez que el legislador estableció un mecanismo especial al efecto consagrado en la Ley N° 20. A fojas 61. Por otra parte señala que existen recursos de reclamación pendientes por resolver. se protege y enmarca a través de las vías correctas establecidas al efecto. utilizando .600. en representación de la Comunidad Indígena Eugenio Araya Huiliñir. permite tanto a los titulares como a los proponenente de proyectos. así como a toda clase de personas naturales o jurídicas que han participado en las evaluaciones ambientales y que hayan hecho valer debidamente un interés jurídico individual o colectivo. A continuación señala que no se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva por no ser el derecho de protección la vía idónea. como lo son los Tribunales Ambientales Lo anterior es conteste con la abundante jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema y diversas I. se cuenta con una jurisdicción especializada para conocer de dichas materias. precio agotamiento de la vía administrativa. comparece informando la recurrida Servicio de Evaluación Ambiental. Cortes de Apelaciones que cita y reproduce.
pues la Comunidad recurrente no entiende de manera correcta la forma en que debe configurarse tal conculcación. que no son idóneas. tal como reiteradamente lo ha sostenido la Excma. puesto que para que la falta de consulta se traduzca en una vulneración a la igualdad ante la ley es preciso verificar la procedencia de la consulta lo que no ha sido demostrado por la recurrente. pues la vía que considera idónea para impugnar una RCA es aquella establecida en la ley Nº 20. Al respecto. señala que no hay infracción al deber de consulta de pueblos indígenas pues no se dan las hipótesis que señala el artículo 11 de la Ley Nº 19. Por otro lado. no hay vulneración. el recurso de protección de garantías constitucionales. y en todo caso. constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar. establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Corte Suprema. sino que sostiene que el titular del proyecto desarrolla una actividad económica en contravención a la normativa legal. no tiene la aptitud para agraviar garantías constitucionales. no concurren en la especie. A fojas 97 se trajeron los autos en relación.300 respecto de la recurrente.600.prácticamente los mismos argumentos que los del presente recurso de protección. por lo que persigue una misma pretensión a través de distintas vías. y respecto a la garantía del N° 21 del Artículo 19. supuesto que no se encuentra comprendido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Concluye solicitando el rechazo en todas sus partes el recurso de protección. pues en el recurso no sostiene que se conculca su propio derecho a desarrollar cualquier actividad económica. destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa . señala que los efectos sinérgicos fueron abordados n la evaluación ambiental del proyecto. ni han explicado razonablemente cómo les afectaría el proyecto calificado favorablemente. En cuanto a la garantía del N° 2 del Artículo 19 de la Constitución. ya que el acto que se solicita dejar sin efecto no es ilegal ni arbitrario.. con costas.- CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que. los requisitos de fondo para que prospere el recurso.
por estimarse por los recurrentes que dicha resolución no cumple con la normativa constitucional. QUINTO: Que. vulnerando las garantías constitucionales de los Nº 2 y 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. en el presente caso no se aprecia la urgencia propia requerida para la procedencia de esta acción cautelar. puesto que se solicita a esta Corte declaraciones que propiamente corresponde efectuar en un juicio de lato conocimiento. todo lo cual no se observa en la especie. pretendiendo que se deje sin efecto la misma. máxime cuando el ordenamiento jurídico vigente ha instituido una jurisdicción especializada con plena competencia para conocer de estas materias.p. CUARTO: Que. la que conforme lo .. a saber la Resolución Exenta Nº 95 de fecha 28 de enero de 2016.. (Ley N° 20. TERCERO: Que. SEGUNDO: Que. amague o perturbe ese ejercicio. ha de advertirse que la naturaleza de la medida cautelar constitucional impetrada exige la concurrencia de garantías constitucionales indubitadas o no seriamente controvertibles. que están siendo vulneradas. legal y reglamentaria vigente. de vicios que afectan su legalidad. cuyo titular es la empresa Parque Eólico La Cabaña S. por adolecer.misma disposición se enumeran. lo solicitado en autos es se deje sin efecto un acto administrativo. con todas las garantías de un debido proceso. puedan debatir y acreditar sus afirmaciones. mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida. el presente recurso de protección se ha dirigido en contra la Resolución Exenta Nº 95 de fecha 28 de enero de 2016. a través de la cual se calificó ambientalmente de manera favorable el proyecto “Parque Eólico La Cabaña”. lo que conlleven en forma implícita la necesidad de urgencia en la pretensión deducida. Comisión Evaluadora Ambiental de la Región de la Araucanía. según el recurrente. como son los Tribunales Ambientales. con el objeto de otorgar la debida protección restableciendo el imperio del derecho. emitido por la Comisión Evaluadora Ambiental de la Región de la Araucanía. y viciarían el acto administrativo. a mayor abundamiento. y en un juicio de lato conocimiento.600 de 2012) en las que las partes implicadas.A.
la invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental. más aún cuando en contra de dicho acto. Como se sabe. tal como lo ha sostenido la Excma.880.300.600 de 2012 creara los tribunales ambientales.880. Corte Suprema “Que si bien la jurisprudencia de esta Corte ha validado un intenso control sustantivo de las resoluciones de calificación ambiental. SEXTO: Que. lo que conlleva a concluir que el recurso de protección no sea la vía idónea para evaluar vicios de legalidad que puedan afectarle. goza de presunción de legalidad.no es posible obviar que ello pudo justificarse hasta antes de que nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley N° 20. lo cual conlleva que en caso de duda debe actuarse en favor de la validez y eficacia del acto. no restringiéndose únicamente a aquellos casos en que éstas habían incurrido en una manifiesta ilegalidad -ocasión en que evidentemente es procedente la acción de protección. puesto que el recurrente solicitó administrativamente -de conformidad con lo previsto en el artículo 53 de la Ley Nº 19. previo agotamiento de la vía administrativa. en cuanto es el resultado del concurso de voluntades de varios órganos de la Administración del Estado. Es ante esa . la ley que creó los Tribunales Ambientales no sólo trasladó a éstos todos los asuntos contenciosos administrativos en materia ambiental que se encontraban en la Ley N° 19. pues desde que éstos se instalaron y ejercen su jurisdicción constituyen la sede natural para discutir este asunto dados los términos en que se ha planteado. y cuya validez o nulidad. sino además aprobó una norma –artículo 17 N° 8.dispone el artículo 3 de la ley 19. entre ellos la resolución de calificación ambiental que apruebe un Estudio de Impacto Ambiental o una Declaración de Impacto Ambiental. que además tiene el carácter de complejo. no se encuentra agotada la vía administrativa. basándose esencialmente en los mismos argumentos planteados en la presente acción constitucional. tiene consecuencias estimadas relevantes tanto para el impulsor del proyecto como para la comunidad que se opone a éste. lo que se conoce como “principio Favor Acti” o “Favor Administrationis”. que se unen en una sola voluntad.que les permite conocer de acciones de impugnación en contra de un acto administrativo ambiental.
atendida la distancia existente entre el lugar en el que se encuentra la Comunidad Indígena reclamante y el terreno en el cual se emplazaría el proyecto. particularmente algún grado de afectación directa de la comunidad recurrente y que tampoco procedía el trámite de la consulta. considerando séptimo). . la recurrente le reprocha esencialmente el haber omitido la consulta indígena. SÉPTIMO: Que en cuanto a la procedencia de la consulta que prevé el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. por lo que tampoco a su respecto la acción constitucional impetrada puede prosperar. NOVENO: Que. Rol Nº 2892-2014.p. resulta innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se dicen vulneradas.. letra a) de ese instrumento. ocurriendo en la especie que el recurrente no ha explicado razonablemente ni menos justificado cómo les afectaría el proyecto calificado favorablemente por la autoridad ambiental recurrida.A. el cual el recurrente alega que se ha omitido en el presente caso. DÉCIMO: Que atendido lo reflexionado en los motivos precedentes. en cuento a la recurrida Parque Eólico La Cabaña S. sino que por el contrario. por lo que su decisión al calificar favorablemente el proyecto en cuestión y dictar la Resolución Exenta Nº 95 de fecha 28 de enero de 2016 no puede estimarse ni ilegal ni arbitraria. en consecuencia. la que como se ha dicho precedentemente no era necesaria. resulta pertinente tener presente que el artículo 6. ni tampoco se vislumbra de los antecedentes del caso cuál sería esa afectación y sus alcances. dispone que ésta procede respecto de los pueblos interesados tratándose de la adopción de medidas susceptibles de afectarles directamente. habiéndose concluido en este procedimiento específico de evaluación de impacto ambiental que no era necesario la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental por no reunirse los requisitos para ello. más bien dichos antecedentes apuntan a descartar tal afectación. por lo que la autoridad recurrida sólo podía actuar en la forma que lo hizo. conforme al Convenio Nº 169. y se procederá a rechazar el presente recurso.jurisdicción especial y por esa vía entonces donde debe instarse por la invalidación de una resolución de calificación ambiental” (SCS.. OCTAVO: Que. de 29 de Abril de 2014. Nº 1.
además. lo dispuesto en los artículos 19° y 20° de la Constitución Política de la República. 1°. Redacción del Abogado Integrante don José Martínez Ríos. En Temuco. en representación de la COMUNIDAD INDÍGENA EUGENIO ARAYA HUILIÑIR. Pronunciada por la Segunda Sala Integrada por su Presidente Ministra Sr. se notificó por el estado diario la resolución que antecede. Julio César Grandón Castro. María Georgina Gutiérrez Aravena y Abogado Integrante Sr. representado por su Director Ejecutivo don JORGE GILBERTO TRONCOSO CONTRERAS. 3° y 5° del Auto Acordado de la Excma. Ministra (S) Sra. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales. . Martínez. Gutiérrez Sr. Por estas consideraciones y visto. Protección-682-2016. y en contra de PARQUE EÓLICO LA CABAÑA SPA. sin costas. Grandón Sra. se declara: Que SE RECHAZA. representada legalmente por don RUBENS ROMANO JÚNIOR. en contra del SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. (sac) Sr. José Martínez Ríos. veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. el recurso de protección deducido a fojas 25 por don OSVALDO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ. Regístrese y archívese en su oportunidad.
Documents Similar To Resolucion C.A
Miguel Angel Cuello Freyle
More From katherine rubilar

References: Resolución

resolución 
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 resolución 
 artículo 19
 resolución 
 resolución 
 artículo 19
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 53
 artículo 19
 artículo 11
 Resolución 
 artículo 11
 Resolución 
 artículo 11
 artículo 11
 resolución 
 artículo 17
 Resolución 
 artículo 11
 artículo 20
 Artículo 19
 artículo 20
 Artículo 19
 resolución 
 artículo 19
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 53
 artículo 3
 resolución 
 Resolución 
 artículo 6
 resolución 
 resolución