Source: http://www.fiscaldemesa.com.ar/constituciones/constitucion-del-chaco/
Timestamp: 2017-04-29 15:31:42+00:00

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Constitución del Chaco (1994)(2009) | Fiscal de Mesa
Nota: Incluye la reforma del art. 75 del año 2009.
Artículo 2.- Todo el poder emana del pueblo y pertenece al pueblo, que lo ejerce por medio de sus representantes con arreglo a esta Constitución y a través de los derechos de Iniciativa popular, Consulta popular y Revocatoria.
1°. La Iniciativa popular, para presentar proyectos de ley u ordenanzas, requerirá la petición de no más del tres por ciento de los ciudadanos del padrón electoral correspondiente. El Poder Legislativo o los Concejos municipales deberán darle expreso tratamiento en el plazo de doce meses.
2°. La Consulta popular vinculante será convocada por los dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados o de los Concejos municipales , y para que la misma se considere válida, se requerirá que los votos emitidos hayan superado el cincuenta por ciento de los electores inscriptos en los registros cívicos.
Artículo 7.- Esta Constitución no pierde vigencia aun cuando por acto violento de cualquier naturaleza se llegue a interrumpir su observancia.
Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia a la opresión, y el deber de contribuir al restablecimiento del orden constitucional.
Artículo 8.- Los habitantes de la Provincia tienen idéntica dignidad social y son iguales ante la ley, la que deberá ser una misma para todos, tener acción y fuerza uniformes, y asegurarles igualdad de oportunidades.
Artículo 9.- Toda ley, decreto, ordenanza o disposición contrarios a la Ley Suprema de la Nación o a esta Constitución son de ningún valor, y los jueces deberán declararlos inconstitucionales a requerimiento de parte.
Artículo 11.- Es condición esencial para el desempeño de los cargos públicos la observancia de la ética. Atenta contra el sistema democrático quien haya cometido delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento patrimonial, y queda inhabilitado a perpetuidad para ocupar cargos o empleos públicos, sin perjuicio de las penas que la ley establezca.
Artículo 13.- Corresponde al Gobierno Provincial:
1°. Ejercer plenamente el poder no delegado al Estado Federal.
2°. Concertar el ejercicio de las facultades delegadas en concurrencia con el Gobierno Federal para asegurar la efectiva participación provincial en los entes respectivos.
3°. Promover políticas de concertación con el Estado Nacional y las restantes provincias y participar en los organismos de consulta y decisión.
4°. Propender a la desconcentración y descentralización de la administración federal.
5°. Celebrar acuerdos interprovinciales, regionales, nacionales e internacionales.
6°. Promover la ejecución de obras públicas de interés provincial, regional y nacional.
7°. Ejercer el dominio público sobre el espectro de frecuencias, vedar el uso de técnicas subliminales en los medios de comunicación y reservarse el derecho de legislar en materia de radiodifusión. Promover la instalación de emisoras en zonas de frontera, en coordinación con la Nación e integrarse a una política federal de radiodifusión y teledifusión.
8°. Ejercer, en los lugares transferidos por cualquier título al Gobierno Federal, las potestades provinciales que no obstaculicen el cumplimiento de los objetivos de las transferencias.
Artículo 14.- Los derechos, deberes, declaraciones y garantías, los acuerdos y tratados mencionados en el artículo 75, inciso 22 enumerados en la Constitución Nacional que esta Constitución incorpora a su texto dándolos por reproducidos, y los que ella misma establece, no serán entendidos como negación de otros no enumerados que atañen a la esencia de la democracia, al sistema republicano de gobierno, y a la libertad, la dignidad y la seguridad de la persona humana.
Artículo 15.- La seguridad individual es inviolable. El hogar es el asilo inviolable de la persona. No podrá ser allanado el domicilio particular, profesional o comercial sin orden escrita de juez competente que exprese el motivo del procedimiento, fundada en vehemente sospecha de la existencia de hecho punible, la que no podrá ser suplida por ningún otro medio, y sin que se labre acta ante testigo propuesto por el allanado con la presencia de juez, salvo imposibilidad justificada, en cuyo caso éste delegará la diligencia en otro funcionario judicial.
En ningún caso, la conformidad del afectado suplirá la orden judicial, y toda prueba obtenida en violación a lo aquí dispuesto queda invalidada como tal en procesos judiciales o administrativos.
1°. A la vida y a la libertad, desde la concepción; a la integridad psicofísica y moral.
3°. A trabajar y ejercer la profesión, industria, oficio o empleo libremente elegido, sin obligación de asociarse compulsivamente a entidad alguna.
4º. A asociarse con fines útiles y pacíficos.
5º. A peticionar a las autoridades y a obtener respuesta de ellas; a acceder a la jurisdicción y a la defensa de sus derechos.
6º. A entrar, permanecer, transitar y salir de la Provincia .
7º. A los demás derechos que, implícita o explícitamente, establece esta Constitución.
Artículo 18.- Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio, y el Estado en ningún caso, podrá dictar medidas preventivas o restrictivas.
Los talleres tipográficos y demás medios idóneos de difusión, no podrán ser clausurados, confiscados, ni decomisados, ni suspendidas, trabadas, ni interrumpidas sus labores por motivo alguno vinculado con la libre expresión y propagación del pensamiento.
Toda persona detenida sin orden emanada, en legal forma, de autoridad competente, por Juez incompetente o por cualquier autoridad o individuo, o a quien arbitrariamente se le negare, privare, restringiere o amenazare su libertad, podrá, por sí, o por terceros en su nombre, sin necesidad de representación y sin ninguna formalidad procesal, valiéndose de cualquier medio de comunicación y a cualquier hora, promover acción de Hábeas Corpus ante cualquier juez letrado sin distinción de fuero ni instancia, y aunque formare parte el juez de tribunal colegiado, a fin de obtener que ordene su libertad, o que lo someta a juez competente, o que haga cesar inmediatamente la supresión, privación, restricción o amenaza de su libertad.
Esta acción procederá igualmente en caso de modificación o reagravamiento ilegítimos de las formas y condiciones en que se cumpla la privación de libertad, en cuyo supuesto no podrá resolverse en detrimento de las facultades del juez del proceso; y en caso de desaparición forzada de personas.
La acción de amparo procederá contra todo acto u omisión de autoridad o particulares, que en Corma actual o inminente restrinja, altere, amenace o lesione con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías constitucionales, y siempre que no exista otra vía judicial pronta y eficaz. Podrá promoverse ante cualquier juez letrado, sin distinción de fuero o instancia, y sin formalidad alguna.
Toda persona tiene derecho a informarse de los datos que sobre sí mismo, o sobre sus bienes, obren en forma de registro o sistemas oficiales o privados de carácter público; la finalidad a que se destine esa información, y a exigir su actualización, corrección, supresión o confidencialidad.
Artículo 20.- Es inviolable la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento judicial o administrativo. Esta garantía no admite excepciones.
Ningún habitante podrá ser investigado o juzgado por comisiones especiales, o sacado de la jurisdicción de los jueces cuyos cargos tengan existencia legal antes del hecho de la causa.
Toda persona detenida deberá ser informada por escrito, en el acto de su detención, de la causa de la misma y la autoridad que la dispuso, dejándosele copia de la orden.
En caso de denuncia la orden de detención de una o más personas o de pesquisa, deberá especificar los individuos o lugares objetos de esa orden, y no se expedirá mandamiento de esta clase sino por hecho punible afirmado bajo juramento del denunciante, sin cuyo requisito la orden no será exequible.
Artículo 22.- El imputado no será considerado culpable hasta su definitiva condena. Queda abolido el sobreseimiento provisional.
Artículo 23.- Ninguna persona podrá ser condenada en jurisdicción penal o penal administrativa sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho de la causa. En caso de duda deberá estarse a lo más favorable al imputado.
No podrán reabrirse causas definitivamente concluidas en materia criminal, salvo cuando aparecieren pruebas concluyentes de la inocencia del condenado.
Artículo 25.- Siempre que una ley u ordenanza imponga a un funcionario o entidad pública un deber expresamente determinado, toda persona que sufriere perjuicio material, moral o de cualquier naturaleza por incumplimiento de ese deber, puede demandar, ante juez competente la ejecución inmediata del o de los actos que el funcionario o entidad pública se rehusare o fuere moroso en cumplir.
Artículo 26.- Toda persona o el Estado afectado por una resolución definitiva de los poderes públicos, municipalidades o reparticiones autárquicas de la Provincia, en la cual se vulnere un interés legítimo, un derecho de carácter administrativo establecido en su favor por ley, decreto, ordenanza, reglamento o resolución anterior, podrá promover acción contencioso-administrativa y las demás acciones que prevea el código en la materia.
Artículo 27.- Las cárceles y establecimientos de detención son para seguridad y no para mortif1cación de los reclusos; constituyen centros de readaptación social, enseñanza y trabajo. Se facilitará la asistencia espiritual y se autorizarán las visitas privadas para proteger y estimular el vínculo afectivo y familiar de los mismos.
Artículo 28.- El Estado tutela el trabajo en todas sus formas. La ley asegurará al trabajador las condiciones económicas, morales y culturales para una existencia digna y libre. Sus disposiciones revestirán carácter de orden público.
Artículo 29.- Todo trabajador goza de los siguientes derechos:
1°. Al trabajo y a la libre elección de su ocupación. La Provincia estimulará la creación de fuentes de trabajo.
2°. A una retribución vital mínima y móvil, suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia; a una remuneración anual garantizada y a una retribución anual complementaria .
Queda prohibido el trabajo de menores de dieciséis años en actividades fabriles o de talleres incompatibles con su edad.
3°. A la limitación de las jornadas de trabajo en razón de su edad y sexo y de la naturaleza de la actividad.
4°. Al descanso semanal y a vacaciones anuales remunerados.
5°. A una adecuada capacitación profesional en consonancia con los adelantos de la técnica.
6°. A la seguridad en el trabajo, en forma de que su salud y moral estén debidamente preservadas.
7°. A la estabilidad en el empleo y a indemnizaciones por despido arbitrario y falta de preaviso.
8°. A la participación en las ganancias de las empresas y al control en la producción y dirección.
9°. A indemnizaciones adecuadas y seguros a cargo del empleador sobre los riesgos profesionales y a la rehabilitación integral por incapacidad.
10°. A jubilaciones y pensiones móviles.
11°. Al seguro integral y obligatorio.
12°. A la organización sindical libre y democrática.
Artículo 30.- La ley asegurará a los gremios los siguientes derechos:
1°. De organizarse libremente.
2°. De ser reconocidos sin otro requisito que la inscripción en un registro especial.
3°. De concertar contratos colectivos de trabajo.
4°. De huelga.
Artículo 31.- Los sindicatos reconocidos tendrán personería jurídica de la que no podrán ser privados; no serán intervenidos, ni sus locales clausurados sino por resolución judicial fundada en ley.
Podrán organizar consejos o delegaciones de fábricas distritos u oficinas con fines de fiscalizar el cumplimiento de la legislación del trabajo.
Artículo 35.- La familia, basada en la unión de hombre y mujer, como célula primaria y fundamental de la sociedad, es agente natural dé la educación y le asiste tal derecho respecto de sus hijos, de acuerdo con sus tradiciones, valores religiosos y culturales. Posee el derecho al resguardo de su intimidad.
2°. DE LA INFANCIA. El niño tiene derecho a la nutrición suficiente, al desarrollo armónico, a la salud, a la educación integral, a la recreación y al respeto de su identidad. Sin perjuicio del deber de los padres, el Estado, mediante su responsabilidad preventiva y subsidiaria, garantiza estos derechos y asegura con carácter indelegable la asistencia a la minoridad desprotegida, carenciada o respecto de cualquier otra forma de discriminación, o de ejercicio abusivo de la autoridad familiar o de terceros.
Artículo 36.- La Provincia tiene a su cargo la promoción, protección y reparación de la salud de sus habitantes, con el fin de asegurarles un estado de completo bienestar físico, mental y social.
Artículo 37.- La Provincia reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, su identidad étnica y cultural; la personería jurídica de sus comunidades y organizaciones; y promueve su protagonismo a través de sus propias instituciones; la propiedad comunitaria inmediata de la tierra que tradicionalmente ocupan y las otorgadas en reserva. Dispondrá la entrega de otras aptas y suficientes para su desarrollo humano, que serán adjudicadas como reparación histórica, en forma gratuita, exentas de todo gravamen. Serán inembargables, imprescriptibles, indivisibles e intransferibles a terceros.
Artículo 38.- Todos los habitantes de la Provincia tienen el derecho inalienable a vivir en un ambiente sano, equilibrado, sustentable y adecuado para el desarrollo humano, y a participar en las decisiones y gestiones públicas para preservarlo, así como el deber de conservarlo y defenderlo.
1°. La preservación, protección, conservación y recuperación de los recursos naturales y su manejo a perpetuidad.
2°. La armonía entre el desarrollo sostenido de las actividades productivas, la preservación del ambiente y de la calidad de vida.
3°. El resguardo de la biodiversidad ambiental, la protección y el control de bancos y reservas genéticas de especies vegetales y animales.
4°. La creación y el desarrollo de un sistema provincial de áreas protegidas.
5°. El control del tránsito de elementos tóxicos; la prohibición de introducir o almacenar en la Provincia residuos radiactivos, no reciclables o peligrosos, y la realización de pruebas nucleares.
6°. La regulación del ingreso, egreso, tránsito y permanencia de especies de la flora y de la fauna y las sanciones que correspondan a su tráfico ilegal.
7°. La fijación de políticas de reordenamiento territorial, desarrollo urbano y salud ambiental, con la participación del municipio y entidades intermedias.
8°. La exigencia de estudios previos sobre impacto ambiental para autorizar emprendimientos públicos o privados.
9°. El establecimiento de programas de educación ambiental, orientados a la concienciación social, en el ámbito educativo formal y no formal, y el desarrollo de la investigación.
10°. El resguardo de los cuerpos celestes existentes en el territorio de la Provincia, los que son bienes del patrimonio provincial.
11°. La sanción a autoridades y personas que infrinjan la presente norma, y la condena accesoria a resarcir y/o reparar los daños ambientales.
12°. Los recursos suficientes para el cumplimiento de lo establecido en este artículo.
Artículo 39.- La actividad económica de la Provincia está al servicio del hombre. El Estado promoverá la iniciativa privada y la armonizará con los derechos de la comunidad, sobre la base de la distribución equitativa de la riqueza y de la solidaridad social.
Artículo 40.- La propiedad privada es inviolable y el ejercicio de ese derecho está subordinado al interés social.
Artículo 41.- La Provincia tiene la plenitud del dominio, imprescriptible e inalienable, sobre las fuentes naturales de energía existentes en su territorio. Podrá realizar por si, o convenir, previa ley aprobada por los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Legislatura, actividades de prospección, cateo, exploración, identificación, extracción, explotación, industrialización, distribución y comercialización, fijando el monto de las regalías o contribuciones a percibir.
Artículo 42.- El régimen de división o adjudicación de la tierra pública será establecido por ley, con sujeción a planes de colonización, con fines de fomento, desarrollo y producción que prevean:
1°. La distribución por unidades económicas de tipo familiar, de acuerdo con su calidad y destino.
2°. La explotación directa y racional por el adjudicatario.
3°. La entrega y adjudicación preferencial a los aborígenes, ocupantes, pequeños productores y su descendencia; grupos de organización cooperativa y entidades intermedias sin fines de lucro.
4°. La seguridad del crédito oficial con destino a la vivienda y a la producción, el asesoramiento y la asistencia técnica.
5°. El trámite preferencial y sumario para el otorgamiento de los títulos, o el resguardo de derecho, una vez cumplidas las exigencias legales por parte de los adjudicatarios.
6°. La reversión a favor de la Provincia, por vía de expropiación, en caso de incumplimiento de los fines de la propiedad, a cuyo efecto la ley declarará de interés social la tierra adjudicada, o la disolución del contrato en su caso.
Artículo 43.- No podrán ser adjudicatarias directas o indirectas las sociedades mercantiles, cualquiera sea su forma o naturaleza, y las instituciones de carácter religioso o militar.
Esta norma podrá ser exceptuada mediante régimen legal, aprobado por dos tercios de la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados, que prevea adjudicaciones en caso de emprendimientos de interés general, basados en la inversión, incorporación de tecnología, generación de empleo, promoción de actividades rurales alternativas, radicación de agroindustrias y la preservación ambiental; o cuando el destino de la tierra en pequeñas parcelas fuere para establecimientos fabriles.
Artículo 45.- La Provincia creará los institutos y arbitrará los medios necesarios, con intervención de representantes del Estado, entidades cooperativas, asociaciones de productores, de profesionales, de trabajadores agropecuarios, forestales y de actividades vinculadas, de organizaciones empresarias y de crédito, para la defensa efectiva de la producción; la distribución de la tierra pública, el aprovechamiento racional de la riqueza forestal; la eliminación de la explotación monopolizada de los productores e intermediarios; la radicación regional del proceso industrial y la comercialización de la producción en beneficio de los productores y de los consumidores.
Artículo 47.- El Estado Provincial garantiza los derechos del consumidor y del usuario. La ley promoverá la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; una información adecuada y veraz; la libertad de elección y condiciones de trato equitativo y digno.
La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de los conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia provincial y preverá la necesidad de participación de las asociaciones de consumidores y usuarios, y de los municipios interesados en los órganos de control.
Artículo 48.- La ley establecerá las condiciones en que se hará la reserva o adjudicación de las tierras ubicadas en la zona de influencia de las obras de canalización de las corrientes y de los reservorios de agua, o de toda obra de infraestructura que valorice significativamente la propiedad.
Artículo 49.- La Provincia promoverá la transformación de los latifundios y minifundios en unidades económicas de producción, a cuyo efecto expropiará las grandes y pequeñas extensiones de tierra que en razón de su ubicación y características fueren antisociales o antieconómicas.
Artículo 51.- La Provincia fomentará la inmigración, la colonización, la radicación de industrias o empresas de interés general, la construcción de ferrocarriles, canales y otros medios de comunicación y transporte.
Artículo 54.- Los servicios públicos pertenecen al Estado Provincial o a las municipalidades y no podrán ser enajenados ni concedidos para su explotación, salvo los otorgados a cooperativas y los relativos al transporte automotor y aéreo, que se acordarán con reserva del derecho de reversión. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos a la Provincia o municipalidades mediante expropiación. En la valuación de los bienes de las empresas concesionarias que se expropien , la indemnización se establecerá teniendo en cuenta conjuntamente su costo original efectivo y el valor real de los bienes, deducidas las amortizaciones realizadas. En ningún caso, se aplicará el criterio de valuación según el costo de reposición.
Artículo 56.- Todos los gastos e inversiones del Estado Provincial deben ajustarse a las previsiones aprobadas por la Ley de Presupuesto, que reflejará los planes y programas de gobierno, determinará la totalidad de los créditos autorizados para tales erogaciones, los recursos y financiamiento con las que serán atendidos, asimismo los cargos de personal y los servicios del Estado.
Artículo 59.- El sistema tributario y las cargas públicas se fundamentan en los principios de legalidad, equidad, igualdad, capacidad contributiva, uniformidad, proporcionalidad, simplicidad, certeza y no confiscatoriedad.
Artículo 61.- En una misma fuente no podrán superponerse gravámenes de igual naturaleza o categoría, aunque la superposición se opere entre impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Artículo 63.- Toda operación de crédito público deberá ser previamente autorizada por ley, sancionada con el voto de los dos tercios de los miembros que componen la Legislatura, con determinación concreta del objetivo de la operación y de los recursos afectados a su servicio.
Artículo 66.- El Gobierno no podrá disponer de suma alguna del capital de las entidades financieras o de crédito de propiedad del Estado Provincial o de aquellas en las que tenga participación.
Artículo 67.- Toda adquisición o enajenación de bienes provinciales o municipales; contratación de obras o servicios, y cualquier otra celebrada por la Provincia o los municipios con personas privadas, y que sean susceptibles de subasta o licitación pública, deberán hacerse en esas formas, bajo sanción de nulidad, y sin perjuicio de las responsabilidades emergentes.
Los empleados y funcionarios del Estado y sus parientes consanguíneos y armes hasta el segundo grado no podrán intervenir como oferentes, apoderados de los mismos o intermediarios, en las contrataciones a que se refiere este artículo, sin perjuicio de las nulidades y responsabilidades penales. La infracción a esta norma determinará sanciones expulsivas.
Artículo 68.- La valuación de los bienes particulares, con fines impositivos, se hará en toda la Provincia por lo menos cada diez años, sin perjuicio de las modificaciones que en casos especiales la ley autorice.
Artículo 69.- La administración pública debe estar dirigida a satisfacer las necesidades de la comunidad con eficiencia, eficacia, economicidad y oportunidad.
Artículo 70.- Ningún empleado de la Provincia, con más de un año consecutivo de servicio, podrá ser separado de su cargo mientras dure su buena conducta, sus aptitudes físicas y mentales, y su contracción eficiente para la función encomendada, a excepción de aquellos para cuyo nombramiento o cesantía se hubieren previsto normas especiales por esta Constitución o por las leyes respectivas.
Artículo 71.- No podrán acumularse en una misma persona dos o más empleos, así sean nacional, provincial o municipal con excepción de los del magisterio y los de carácter profesional-técnico en los casos y con las limitaciones que la ley establezca. El nuevo empleo producirá la caducidad del anterior.
Artículo 75[1].- El sistema previsional de la Provincia es intransferible al Estado Nacional o a entes públicos, privados o mixtos de cualquier naturaleza. Su administración o recaudación no podrá otorgarse a terceros, quedando a cargo de un organismo con autarquía económica y financiera integrado por representantes del Estado Provincial, trabajadores activos, pasivos y síndicos, aplicándose el sistema de reparto con asistencia estatal.
1) El haber mensual de la jubilación ordinaria móvil, de cómo mínimo, el ochenta y dos por ciento (82%) de las remuneraciones actualizadas, siendo su movilidad automática.
El funcionamiento del sistema previsional se reglamentará por ley sancionada por mayoría absoluta de los miembros de la Cámara de Diputados, garantizando el funcionamiento y la sustentabilidad del mismo.
Artículo 76.- La Provincia y sus agentes son responsables del daño que éstos causaren a terceros por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, a menos que los actos que lo motiven hubieren sido ejecutados fuera de sus atribuciones, en cuyo caso, la responsabilidad será exclusiva del o los agentes que hubieren originado el daño.
La ley no podrá disponer quitas, esperas, remisión, o pagos que no fueren con moneda de curso legal, de deudas por daños a la vida, la salud o la moral de las personas, indemnizaciones por expropiación y remuneraciones de sus agentes y funcionarios.
El Estado Provincial, demandado por hechos de sus agentes, deberá recabar la citación a juicio de éstos para integrar la relación procesal, a efectos de determinar las responsabilidades que les competan. El funcionario o representante que omitiere tal citación responderá personalmente por los perjuicios causados, sin menoscabo de las sanciones que les pudieren corresponder.
Artículo 77.- Los actos oficiales de la administración deberán publicarse periódicamente en la forma que la ley establezca.
Artículo 79.- Todos los habitantes de la Provincia tienen derecho a la educación. La que ella imparta será gratuita, laica, integral, regional y orientada a formar ciudadanos para la vida democrática y la convivencia humana.
Artículo 80.- La educación secundaria estará encaminada:
1º. A proporcionar al educando una cultura general que le permita orientarse por sí mismo en el mundo de su tiempo y comprender los problemas que le plantea el medio social.
2º. A suscitar las actitudes y los ideales que lo lleven a cumplir eficientemente sus deberes cívicos y
3º. A orientar sus aptitudes hacia algún campo de actividades vocacionales o profesionales. La educación normal propenderá a la formación de docentes capacitados para actuar de acuerdo con las características y necesidades de las distintas zonas de la Provincia.
El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología elabora y ejecuta la política educativa, asistido por un Consejo de Educación, cuyas funciones serán las de participar en la fijación de las políticas técnico-educativas; del curriculum; en la planificación, evaluación y control de gestión del sistema educativo; en la elaboración de estadísticas; del proyecto de presupuesto y en la creación, recategorización, traslado y cierre de establecimientos educativos.
El Consejo de Educación, según lo determine la ley, estará integrado por:
– docentes designados por el Poder Ejecutivo, hasta la mitad más uno de sus miembros;
– docentes en actividad, por elección directa de sus pares, respetando las minorías;
– otros representantes vinculados con la educación.
Artículo 83.- El fondo de la educación estará formado por:
1º. El treinta y tres por ciento, como mínimo, de los recursos que ingresen al Tesoro Provincial por el régimen de coparticipación federal y tributarios propios.
2º. Los impuestos y demás contribuciones especiales que establezcan la Legislatura y los municipios.
3º. Los aportes del Estado Nacional y los provenientes de acuerdos que celebre la Provincia.
4º. Las herencias vacantes, legados y donaciones.
5º. Los demás recursos fijados por ley que aseguren el desenvolvimiento adecuado del área educativa.
Artículo 84.- La Provincia de Chaco, a través de los organismos competentes, tiene la responsabilidad de:
1º. Asegurar a todos los habitantes el derecho de acceder a la cultura, en igualdad de oportunidades y posibilidades.
2º. Conservar y enriquecer el patrimonio cultural, histórico, arqueológico, artístico y paisajístico.
3º. Fomentar el reconocimiento y respeto a los aportes culturales de las comunidades aborígenes y de las corrientes inmigratorias.
4º. Promover y proteger las manifestaciones culturales, y en especial, las que afirmen la identidad del pueblo chaqueño.
5º. Impulsar leyes especiales que reglamenten la defensa, preservación e incremento del patrimonio cultural, la protección de actividades artísticas y, concurrentemente con la Nación, el resguardo de los derechos de autor, inventor y de la propiedad intelectual.
6º. Promover las actividades científicas y el uso, transferencia e incorporación de tecnología, mediante la concertación con organismos nacionales e internacionales de investigación, y la creación de una estructura institucional estable, con esquemas financieros que permitan dotar al sector de los recursos necesarios para una sostenida evolución.
7º. Propugnar, en acción concurrente con los cuerpos colegiados, organismos descentralizados y municipios, la creación y sostenimiento de bibliotecas, museos, centros de capacitación y orientación vocacional, de formación y difusión artística y de otros espacios culturales.
Artículo 87.- El Estado garantizará por ley el Estatuto del Docente, los derechos y obligaciones del personal afectado al sistema educativo provincial, sin perjuicio de los establecidos por esta Constitución y otras leyes.
Se asegurarán los siguientes derechos básicos: el libre ejercicio de la profesión; carrera profesional: ingreso, ascenso v traslado por concurso; estabilidad; capacitación, actualización y nueva formación en el servicio; retribución mínima, vital, móvil e intangible; condiciones laborales dignas, régimen de licencias y vacaciones; asistencia y seguridad social; estado docente; jubilación; participación gremial y en el gobierno escolar; participación concurrente en la determinación de las condiciones de trabajo y política salarial.
Artículo 89.- Los ciudadanos y extranjeros en condiciones de votar en los comicios municipales, tienen el derecho de asociarse libremente en partidos políticos y de participar en su organización y funcionamiento.
Artículo 90.- El derecho electoral con carácter uniforme para toda la Provincia se ejercerá de conformidad con las siguientes bases:
1º. El voto es universal, libre, igual, secreto, obligatorio e intransferible.
2°. Son electores los ciudadanos mayores de dieciocho años, inscriptos en el registro cívico de la Nación y domiciliados en la Provincia.
3º. La Provincia constituye un distrito único para todos los actos electorales que no tengan un régimen especial creado por esta Constitución.
4º. El sistema electoral que regirá para la elección de Diputados y Concejales, será establecido por ley sancionada por la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara de Diputados, sobre la base del sistema de representación proporcional directa. La elección de los Intendentes se hará de forma directa y a simple pluralidad de sufragio. La elección de Gobernador y Vicegobernador se hará conforme con lo prescripto en el Artículo 133. El sistema adoptado no podrá ser modificado sino con intervalo de cinco años, por lo menos.
5º. La ley podrá adherir a disposiciones generales de índole nacional referente a autoridades de comicios, forma de emisión del voto, fiscalización por los partidos políticos ante las mesas y el Tribunal Electoral, el tiempo mínimo de funcionamiento de las mesas, su horario, disponibilidad de las fuerzas de seguridad por las autoridades de mesa, controles y demás recaudos. Establecerá en todos los casos que, para que el comicio sea válido deberán haber funcionado legalmente los dos tercios de las mesas receptoras de votos, de cada elección.
6º. La elección se hará por lista de candidatos oficializada por el Tribunal Electoral.
El orden de colocación de los candidatos en la lista oficializada determinará la proclamación de los que resulten electos titulares. Los siguientes a éstos serán proclamados suplentes.
7º. Las elecciones provinciales y municipales se harán en forma separada de las presidenciales.
Artículo 92.- Habrá un Tribunal Electoral permanente, integrado por un miembro del Superior Tribunal de Justicia, un juez letrado, un representante del Ministerio Público, designado por sorteo público a realizarse en la sala de audiencias del Superior Tribunal de Justicia, cada dos años.
Artículo 93.- Sin perjuicio de las demás atribuciones que determine la ley, corresponderá al Tribunal Electoral:
1º. Designar las autoridades de las mesas receptoras de votos y adoptar todas las medidas conducentes a asegurar la organización y funcionamiento de los comicios y el fiel cumplimiento de la legislación electoral.
2º. Realizar el escrutinio definitivo, juzgar la validez de las elecciones, proclamar y diplomar a los electos, sin perjuicio de la facultad del cuerpo al que pertenezcan de pronunciarse sobre la validez de los títulos.
3°. Entender y resolver sobre faltas, delitos y cuestiones electorales que la ley atribuya a su jurisdicción y competencia.
Artículo 96.- El Poder Legislativo de la Provincia será ejercido por una Cámara de Diputados integrada por treinta miembros, número que podrá elevarse hasta cincuenta como máximo, por ley sancionada por los dos tercios de votos del total de sus componentes.
Artículo 97.- Los Diputados durarán cuatro años en sus cargos, a partir de la fecha fijada para la inauguración del período ordinario de sesiones, y podrán ser reelegidos.
El Diputado que se incorporase en reemplazo de un titular completará el término del mandato de éste.
Artículo 98.- Para ser Diputado se requiere:
2º. Tener veinticinco años de edad como mínimo, a la fecha que deba incorporarse al Cuerpo.
3º. Ser nativo de la Provincia o tener tres años de residencia inmediata en ella.
Artículo 99.- No podrán ser diputados los eclesiásticos regulares ni los militares en servicio activo.
Artículo 100.- Es incompatible el cargo de Diputado:
1º. Con el de funcionario o empleado a sueldo de la Nación, de la Provincia u otras provincias, o de las municipalidades, excepto el de profesor de enseñanza media y superior y las comisiones eventuales para cuyo desempeño se requiere autorización previa de la Cámara.
2º. Con cualquier otra representación electiva de carácter nacional, provincial o municipal.
3º. Con el de empleado, funcionario, asesor o representante de empresas extranjeras o de las que en virtud de concesiones otorgada por la Provincia tengan relaciones permanentes con los poderes públicos. El Diputado que llegare a estar comprendido por alguna de las incompatibilidades precedentes quedará inhabilitado para el desempeño del cargo y será reemplazado por el suplente que corresponda según el orden de la lista respectiva.
Artículo 102.- Los Diputados son inviolables por razón de las opiniones vertidas y de los votos emitidos en el desempeño de sus cargos. Ninguna autoridad podrá interrogarlos, reconvenirlos, acusarlos o molestarlos por tales causas.
Artículo 103.- Cuando se promueva acción penal contra un Diputado, la Cámara, por resolución fundada y con el voto nominal de dos tercios de sus miembros, podrá suspenderlo en sus funciones y dejarlo a disposición del juez competente para su juzgamiento.
Los legisladores desaforados podrán ser reemplazados por todo el término de suspensión. La ley reglamentará el trámite del desafuero y la incorporación de los suplentes.
Artículo 105.- La Cámara podrá con los dos tercios de votos de la totalidad de sus componentes, corregir y hasta excluir de su seno a cualquier Diputado por indignidad o desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones y removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación. Por ausentismo notorio e injustificado, podrá igualmente declararlo cesante con la misma formalidad.
Artículo 107.- La Cámara, con la aprobación de un tercio, o las comisiones, con las tres cuartas partes, en ambos casos de sus miembros presentes, puede llamar a su seno a los ministros o secretarios del Poder Ejecutivo o a funcionarios que dirijan organismos descentralizados o autárquicos, para recibir las explicaciones e informes que estimen conveniente, a cuyo efecto deberán citarlos, por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación, y hacerles saber los puntos sobre los cuales han de informar.
Artículo 109.- La Cámara preparará su presupuesto, estableciendo el número de empleados que necesite, y su dotación.
El aumento de la retribución de los Diputados no podrá beneficiar a quienes lo votaran, durante el período de su mandato.
Artículo 114.- Las sesiones se celebrarán en el local de la Legislatura, con la presencia de por lo menos la mitad más uno de sus componentes y serán públicas salvo que en razón de la naturaleza del asunto se resolviere lo contrario.
Artículo 115.- La Cámara es juez de la validez de la elección y los títulos de sus miembros.
Artículo 116.- Cada vez que se produzca la renovación parcial de la Cámara, ésta elegirá, a pluralidad de votos, a un Presidente, un Vicepresidente 1º y un Vicepresidente 2º, con mandato hasta la próxima renovación parcial.
Artículo 117.- Las leyes tendrán su origen en la Cámara de Diputados por iniciativa de uno o más de sus miembros, del Poder Ejecutivo, en su caso del Poder Judicial, y por Iniciativa popular.
Ningún proyecto desechado totalmente por la Cámara podrá repetirse durante el año de su rechazo
La calificación de urgente tratamiento para un proyecto podrá ser hecha después de la remisión y en cualquier etapa de su trámite. En estos casos, el plazo empieza a correr desde la fecha de recepción de la solicitud por el Cuerpo. El procedimiento no será aplicable a los proyectos que se refieran a materia tributaria electoral o del presupuesto general, a la reglamentación de derechos y garantías constitucionales y a reformas de la Constitución. No podrán tramitarse en la Legislatura más de tres proyectos con dicha calificación, simultáneamente.
Artículo 118.- Aprobado por la Cámara de Diputados un proyecto de ley será pasado al Poder Ejecutivo a los efectos de su examen y promulgación.
Desechado en todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, volverá con sus objeciones a la Legislatura, ésta lo discutirá nuevamente, y si lo confirma con la mayoría de dos tercios de los miembros presentes, quedará convertido en ley y pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Artículo 119.- Corresponde a la Cámara de Diputados:
1º. Dictar las leyes necesarias para hacer efectivos los derechos, deberes y garantías consagrados por esta Constitución, sin alterar su espíritu.
2º. Dictar la legislación impositiva.
3º. Fijar anualmente el presupuesto de gastos, el cálculo de recursos, y aprobar la cuenta general del ejercicio vencido.
Si el Poder Ejecutivo no remitiera el proyecto de ley de presupuesto general de la administración antes del 30 de septiembre, la Cámara podrá sancionarlo directamente tomando como base el presupuesto vigente.
Si la Cámara no lo sancionara al 31 de diciembre, automáticamente se considerará prorrogada la ley que estuviere en vigor.
4º. Autorizar al Poder Ejecutivo a contraer empréstitos, emitir títulos públicos y celebrar cualquier otra operación de crédito con arreglo a lo dispuesto por esta Constitución.
5º. Acordar subsidios, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, a las municipalidades cuyas rentas no alcancen según sus presupuestos a cubrir los gastos ordinarios.
6º. Legislar sobre creación, modificación o supresión de los bancos oficiales y sobre políticas bancaria y crediticia.
7º. Aprobar o desechar los tratados, protocolos y convenciones celebrados con la Nación, las demás provincias, las municipalidades y los Estados u organizaciones internacionales.
8º. Fijar las divisiones departamentales, los ejidos municipales y las eventuales reservas territoriales para el crecimiento urbano de los municipios, y el régimen de administración provincial de los servicios e intereses de las zonas rurales.
9º. Establecer el régimen de los municipios sin perjuicio de la facultad de los de primera categoría de dictar sus cartas orgánicas; decidir sobre sus categorizaciones y disponer sobre su intervención, con arreglo a lo previsto en esta Constitución.
10º. Dictar las leyes de descentralización y coordinación estatal que preverán facultades al Poder Ejecutivo de convenir con los municipios la delegación de servicios, funciones y atribuciones ejercidos en las comunas y de la administración de los mismos en interés de las zonas urbanas, suburbanas y rurales.
11º. Dictar las leyes de organización de la Justicia y los códigos de procedimientos administrativos y judiciales.
12º. Dictar la ley orgánica de la educación, el estatuto del docente público y privado; legislar sobre la cultura, la ciencia y la tecnología.
13º. Dictar la ley de ministerios.
14º. Crear y organizar las reparticiones autárquicas.
15º. Legislar sobre uso y disposición de bienes del Estado provincial.
16º. Ejercer la facultad de reglamentar el instituto del Defensor del Pueblo, que tendrá como función peticionar ante el Estado en interés de los habitantes de la Provincia, cuyas facultades y competencia determinará la ley. Será designado por los dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados y estará sujeto a juicio político.
17º. Dictar el régimen jurídico básico y el escalafón único para el personal de la administración pública; organizar el régimen de ingresos y ascensos sobre la base del concurso público de antecedentes y oposición, bajo sanción de insanable nulidad; establecer el perfeccionamiento y la capacitación de los agentes y funcionarios.
18º. Dictar la ley electoral y la de organización de los partidos políticos.
l9º. Legislar sobre tierras públicas, bosques, colonización, fomento de la inmigración y radicación de la población, el uso adecuado de los recursos naturales, su recuperación y su empleo no consuntivo; la administración y control centralizados de los recursos naturales productivos para lograr su eficiencia y evitar su deterioro; la formulación de otras políticas compatibles con la producción primaria, industrial y comercial, a partir de la creciente competitividad, y en general formular planes de desarrollo sustentables.
20º. Legislar sobre ecología, impacto y emergencia ambientales.
21º. Dictar la ley de expropiación.
22º. Dictar las leyes que aseguren y garanticen el ejercicio de los derechos sociales.
23º. Legislar sobre juegos de azar.
24º. Determinar las formalidades con las que se ha de llevar uniformemente el registro del estado civil de las personas, su reconocimiento, como así también la información centralizada de las personas jurídicas.
25º. Reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales en cuanto no sea de competencia del Gobierno de la Nación, de conformidad con lo que establece el artículo 15 inc. 3).
26º. Legislar sobre el régimen de los servicios públicos.
27º. Legislar sobre la participación de los consumidores y usuarios en el control de los bienes y servicios públicos y privados, y sobre represión de monopolios, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 46.
28°. Dictar leyes de amnistía por delitos políticos.
29°. Dictar leyes generales de jubilaciones y pensiones.
30º. Convocar a elecciones si el Poder Ejecutivo no lo hiciere con la anticipación determinada por la ley.
31º. Recibir el juramento de ley del Gobernador y Vicegobernador de la Provincia, y considerar las renuncias que hicieren de sus cargos.
32º. Conceder o denegar licencia al Gobernador y Vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo para salir del territorio de la Provincia o de la Capital por más de quince días.
33º. Prestar o denegar acuerdos para los nombramientos que requieran esta formalidad.
34º. Dictar una ley que determine el funcionario que deberá ejercer el Poder Ejecutivo para los casos en que el Gobernador, Vicegobernador, Presidente, Vicepresidente 19, Vicepresidente 29 de la Cámara de Diputados no pudieren desempeñarlo.
35º. Proveer lo conducente a la prosperidad de la Provincia, la justicia y la seguridad social, la higiene, la moralidad y salud pública, la cultura, la ciencia y la tecnología y a todo lo que tienda a lograr el bienestar social.
36º. Dictar las leyes y reglamentos que sean necesarios para poner en ejercicio los poderes y autoridades que establece esta Constitución aquellas encaminadas al mejor desempeño de las atribuciones conferidas precedentemente y las que se relacionan con todo asunto de interés público y general de la Provincia que, por su naturaleza y objeto, no corresponda privativamente al Congreso de la Nación.
Artículo 124.- La Comisión ejecutará sus diligencias dentro del término perentorio de noventa días, y formulará dictamen ante la sala, la que lo aceptará o rechazará dentro de los treinta días. Necesitará dos tercios de los votos de sus miembros para dar curso a la acusación.
Artículo 128.- Ningún acusado podrá ser declarado culpable sino por el voto de los dos tercios de los miembros del tribunal de sentencia. La votación será nominal, registrándose el voto respecto de cada uno de los cargos contenidos en la acusación. Cualquiera sea la sentencia, será inmediatamente publicada.
Artículo 132.- Para ser elegido Gobernador o Vicegobernador, se requiere ser argentino nativo, naturalizado o por opción, haber cumplido treinta años y tener cinco de domicilio inmediato anterior y no interrumpido en la Provincia, si no hubiere nacido en ella, salvo casos de ausencia motivada por servicios prestados a la Nación, la Provincia, los Municipios, o a organismos internacionales en los que la Nación sea parte.
Artículo 133.- El Gobernador y el Vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones, y cesarán en la fecha en que por ley expire su mandato, que en ningún caso será prorrogado.
Podrán ser reelectos o sucederse recíprocamente por un nuevo período y por una sola vez. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no podrán ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con intervalo de un período.
La segunda vuelta electoral se hará entre las dos fórmulas de candidatos más votados y en la convocatoria respectiva se preverá la fecha de esta segunda vuelta que deberá efectuarse dentro de los treinta días de la primera.
Artículo 134.- El Gobernador y el Vicegobernador residirán en la capital de la Provincia, de la que no podrán ausentarse por más de quince días sin autorización de la Cámara de Diputados. Durante el receso de ésta sólo podrán ausentarse de la Provincia por motivos urgentes
y por el tiempo estrictamente indispensable, previa autorización de la Comisión Legislativa Permanente.
Artículo 138.- En caso de acefalía simultánea y definitiva del cargo de Gobernador y Vicegobernador, las funciones serán ejercidas interinamente por el Presidente de la Cámara de Diputados, quien dentro del término de cinco días convocará a elecciones, a realizarse dentro de los sesenta días para reemplazarlos, siempre que faltare más de un año para completar el período constitucional. Si faltare menos de un año, la Cámara de Diputados convocada, especialmente o en sesión extraordinaria si estuviese en receso, dentro del mismo plazo, procederá a elegirlos por la mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros.
En ambos supuestos la elección se hará para completar el período constitucional y no podrá recaer en la persona del Presidente, Vicepresidente 1º, Vicepresidente 2º de la Cámara de Diputados que ejerza el Poder Legislativo.
Artículo 139.- Si antes de recibirse el ciudadano electo Gobernador muriese, renunciase o no pudiese ocupar el cargo, se procederá de inmediato a nueva elección.
Artículo 141.- El Gobernador es el mandatario legal de la Provincia y jefe de la administración con los siguientes deberes y atribuciones:
1º. Representa al Estado Provincial en todas sus relaciones oficiales; programa y dirige sus políticas.
2º. Participa en la formación de las leyes con arreglo a esta Constitución, y en la discusión de los proyectos en trámite o en los debates de proyectos vetados, por medio del Vicegobernador y de los Ministros, los que deberán concurrir cuando sean requeridos por el Cuerpo, y en el caso de los Ministros también por las comisiones permanentes o especiales de la Cámara.
3º. Promulga y hace ejecutar las leyes de la Provincia, facilita y dispone su cumplimiento por medio de normas reglamentarias y por disposiciones especiales que no alteren su espíritu.
4º. Veta total o parcialmente los proyectos de ley sancionados por la Cámara de Diputados en el tiempo y forma establecido por esta Constitución, dando los fundamentos en cada caso.
5º. Informa a la Cámara de Diputados, al iniciarse cada período de sesiones ordinarias, sobre el estado general de la administración, del movimiento de fondos que se hubiere producido dentro y fuera del Presupuesto General de Gastos y de Recursos durante el ejercicio económico anterior, de las necesidades públicas y sus soluciones inmediatas y de los planes y programas de gobierno.
6º. Convoca a elecciones en los casos y épocas determinados en esta Constitución y leyes respectivas, sin que por ningún motivo puedan ser diferidas y en los casos y con los procedimientos previstos en el Artículo 2 de esta Constitución.
7º. Convoca a la Cámara de Diputados a sesiones extraordinarias; fija fundadamente el temario y el término de la convocatoria.
8º. Presenta a la Cámara de Diputados, antes del 30 de setiembre, el proyecto de Ley de Presupuesto General y el Plan de Recursos, acompañado de la Cuenta General del ejercicio vencido, del estado de ejecución del vigente y una proyección de gastos e inversiones por el resto de su gestión.
9º. Hace recaudar las rentas de la Provincia, decreta su inversión con arreglo a la ley y da a publicidad, por lo menos mensualmente, el estado de la Tesorería.
10º. Negocia y concluye los tratados, protocolos y convenciones previstos en el Inciso 5) del Artículo 13 y en el Inciso 7) del Artículo 119, de esta Constitución.
11º. Designa y remueve a los Ministros, funcionarios y empleados, con las exigencias y formalidades legales. Durante el receso de la Cámara de Diputados, los nombramientos que requieran acuerdos se harán en comisión, con la obligación de dar cuenta en los primeros quince días del período de sesiones ordinarias, bajo sanción de que si así no lo hiciere los funcionarios cesarán en su empleo.
12º. Ejerce el poder de policía.
13º. Ejerce la máxima autoridad de seguridad y prevención policial del Estado Provincial, su organización y operaciones; provee a las designaciones.
14º. Declara la emergencia y previene el impacto ambiental.
15º. Presta inexcusablemente el auxilio de la fuerza pública a los jueces y tribunales de justicia, autoridades y funcionarios que por la Constitución o por la ley puedan hacer uso de ella.
16º. Ejerce la jurisdicción administrativa en el modo y forma que la ley determine.
17º. Indulta y conmuta penas impuestas dentro de la jurisdicción provincial, previo y favorable informe del Superior Tribunal de Justicia.
18º. En casos de extrema necesidad y en receso de la Legislatura, en acuerdo general de Ministros, podrá efectuar gastos impostergables o no previstos en la Ley General de Presupuesto y deberá en esos casos dar cuenta en forma inmediata a la Cámara.
19º. Promueve y realiza la reforma y la transformación del Estado, sobre la base de la promoción de las actividades productivas, eficacia en la administración pública y el estímulo a la participación de la ciudadanía.
20º. Promueve, conviene y ejecuta la descentralización del Estado Provincial. Elabora los protocolos de intereses y servicios a tales fines, los que serán remitidos a la Legislatura para su incorporación a la ley respectiva.
21º. Programa y dirige las políticas encaminadas al desarrollo armónico de la economía, la paz, el equilibrio social y el crecimiento de la riqueza, con equidad en su distribución y oportunidades laborales.
Artículo 142.- El Gobernador no podrá dictar decretos sin la firma, por lo menos, de un Ministro. Podrá, no obstante, en caso de ausencia o impedimento de los Ministros, autorizar mediante decreto a un funcionario de jerarquía para refrendar sus actos, quedando éste sujeto a las responsabilidades de aquéllos.
No podrá dictar decretos por los que se atribuya facultad legislativa alguna, con excepción del caso previsto en el inciso 18 del Artículo precedente.
Artículo 143.-­ El despacho de los negocios administrativos de la Provincia estará a cargo de Ministros Secretarios, cuyo número, departamentos y competencias serán determinados por ley.
Artículo 149.-­ Los Ministros percibirán la retribución fijada por ley de presupuesto, que no sufrirá durante el desempeño de su cargo, otras alteraciones que las que se establecieren con carácter general.
Artículo 154.- Los Magistrados y los representantes del Ministerio Público, conservarán sus cargos mientras dure su buena conducta, cumplan sus obligaciones legales, no incurran en falta grave, mal desempeño o abandono de sus funciones, desconocimiento inexcusable del derecho, comisión de delito doloso o inhabilidad física o psíquica. Deberán resolver las causas dentro de los plazos que las leyes procesales establezcan , y será causal de remoción, la morosidad o la omisión.
Artículo 156.- El Ministerio Público será órgano del Poder Judicial, con autonomía funcional. Su titular será el Procurador General, quien lo ejercerá ante el Superior Tribunal de Justicia.
La Ley Orgánica del Ministerio Público creará la Procuración General Adjunta, y preverá las condiciones que deberán reunir los integrantes de dicho Ministerio, su jerarquía, sus funciones y el modo de actuar ante los Tribunales, para el Procurador General, el adjunto, los fiscales y defensores.
Condiciones para el ejercicio de la
Magistratura y de la Procuración General
Artículo 157.- Para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia y Procurador General se requiere: ser argentino nativo, o naturalizado con diez años de ejercicio de la ciudadanía, poseer título de abogado expedido por universidad nacional o revalidado en el país, y tener treinta años de edad y seis, por lo menos, en el ejercicio de la profesión o de la magistratura.
Artículo 159.- La ley organizará la Justicia de Paz y de Faltas en la Provincia, con el carácter de lega o letrada, teniendo en cuenta las divisiones administrativas y la extensión y población de las mismas, y fijará su jurisdicción, competencia y procedimiento.
Artículo 162.- El Superior Tribunal de Justicia tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
1º. Representar al Poder Judicial de la Provincia.
2º. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados del Poder Judicial y remover a los jueces legos.
3º. Preparar antes del 31 de agosto de cada año el presupuesto anual de gastos e inversiones del Poder Judicial para el ejercicio siguiente, la cuenta general del ejercicio vencido y el estado de ejecución del correspondiente al mismo año.
4º. Remitir anualmente a la Legislatura y al Poder Ejecutivo, antes del 19 de marzo, una memoria sobre el estado y necesidades de la administración de justicia.
5º. Evacuar los informes relativos a la administración judicial que le fueren requeridos por el Poder Legislativo o por el Poder Ejecutivo.
6º. Dictar el reglamento interno del Poder Judicial.
7º. Ejercer por sí o delegar las facultades de superintendencia, sobre personal, administración y otras extrajurisdiccionales. La ley preverá las funciones de control superior de gestión reservadas al Superior Tribunal de Justicia, la competencia, y las relaciones con los magistrados, funcionarios y personal del Poder Judicial y con otros organismos del Estado Provincial.
8º. Proyectar ante la Cámara de Diputados leyes sobre organización de tribunales, organización y funcionamiento de la Policía Judicial, creación de servicios conexos y complementarios y de asistencia judicial, como asimismo los códigos de procedimientos y de Justicia de Paz y de Faltas.
Artículo 163.- El Superior Tribunal de Justicia tiene, en lo judicial, las siguientes atribuciones, con arreglo a las normas legales respectivas:
1º. Ejerce jurisdicción ordinaria y exclusiva en los siguientes casos:
2º. Actúa como tribunal de casación, de acuerdo con leyes de procedimientos que sancione la Legislatura.
3º. Conoce y resuelve en grado de apelación:
os Consejeros serán designados por dos años en sus cargos y podrán ser reelegidos por un período. El cargo de Consejero es honorífico e irrenunciable con las excepciones que la ley preverá.
Artículo 167.- Son funciones del Consejo:
1º. Proponer el nombramiento y traslado de los jueces y representantes del Ministerio Público de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 158. Los nombramientos deberán estar precedidos de concursos públicos de antecedentes y oposición como método de selección .
2º. Actuar como jurado de enjuiciamiento de los magistrados y funcionarios judiciales.
Artículo 168.- La ley reglamentará el procedimiento a que deberá ajustarse la substanciación de las causas que se promuevan ante el jurado, sobre las siguientes bases:
1º. Patrocinio letrado de la acusación y demás exigencias para su admisibilidad.
2º. Garantías para la defensa en juicio.
3º. Oralidad y publicidad de la causa.
Artículo 170.- El veredicto deberá ser pronunciado dentro de sesenta días contados a partir de la fecha en que la causa quedará en estado de sentencia. Vencido este término sin que el jurado hubiere dictado pronunciamiento, se considerará desestimada la acusación.
El pronunciamiento que haga lugar a la acusación y decidida la separación definitiva del acusado del ejercicio del cargo deberá adoptarse por el voto de los dos tercios de los miembros que componen el Cuerpo. Caso contrario, la acusación se considerará desechada y el acusado será reintegrado a sus funciones.
El fallo condenatorio no tendrá más efecto que destituir al acusado y aun inhabilitarlo para el ejercicio de cargos públicos por tiempo determinado sin perjuicio de la responsabilidad que le incumbiere con arreglo a la s leyes, ante los tribunales ordinarios.
en todos los juicios donde se controviertan intereses o bienes del Estado Provincial.
Artículo 173.- Las condiciones de elegibilidad, inmunidades e incompatibilidades del Fiscal del Estado serán las del juez del Superior Tribunal de Justicia.
Será nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de los dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados, y removido mediante juicio político.
Artículo 175.- Para ser Contador General y Subcontador General se requiere ser ciudadano argentino, haber cumplido treinta años, tener cinco años de residencia inmediata e ininterrumpida en la Provincia y poseer título de Contador Público con diez años de ejercicio activo en la profesión o en el desempeño de un cargo público que requiera tal condición. Serán nombrados por el Poder Ejecutivo con el acuerdo de los dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados y removidos por juicio político.
El Contador General ejercerá el control interno y el registro de la gestión económica, financiera y patrimonial del sector público provincial. Efectuará el control preventivo de los libramientos de órdenes de pago con autorización originada en la Ley General de Presupuesto o las leyes que sancionen gastos; preparará e informará a la Cámara de Diputados sobre la cuenta general del ejercicio.
Artículo 177.- El Tribunal de Cuentas estará integrado por cinco miembros; dos de ellos abogados y tres contadores públicos. La presidencia será ejercida en forma rotativa por períodos anuales. Gozarán de las mismas inmunidades que los miembros del Superior Tribunal de Justicia.
Los integrantes del Tribunal de Cuentas serán designados por los dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados, respetando la proporcionalidad de la representación legislativa de los partidos políticos en la composición del Tribunal y la participación de las minorías .
Deberán ser argentinos, acreditar diez años en el ejercicio activo de la profesión o en el desempeño de un cargo público que requiera tal condición. Estarán sujetos a juicio político.
1º. De control, asesoramiento e información:
b) Inspeccionar las dependencias de los entes, controlar las administraciones, los patrimonios, las operatorias y las gestiones, en sus diferentes aspectos.
f) Controlar el cumplimiento de la participación impositiva de los municipios prevista en el Artículo 62 de esta Constitución.
2º. Jurisdiccionales:
Artículo 179.- Todos los organismos y agentes que administren bienes y rentas de la Provincia y de los municipios, están obligados a remitir anualmente al Tribunal de Cuentas las rendiciones de cuentas documentadas de los dineros percibidos e invertidos para su aprobación o desaprobación.
El Tribunal de Cuentas deberá pronunciarse dentro del término de los ciento ochenta días corridos de su recepción, y si no lo hiciere quedarán automáticamente aprobadas, sin perjuicio de la responsabilidad que incumba a sus miembros.
Artículo 180.- Los fallos del Tribunal de Cuentas quedarán ejecutoriados treinta días corridos después de su notificación y serán recurribles ante el fuero contencioso-administrativo.
Artículo 183.- Habrá tres categorías de municipios:
– Primera Categoría: Centros de población de más de veinte mil habitantes.
– Segunda Categoría: Centros de población de más de cinco mil hasta veinte mil habitantes.
– Tercera Categoría: Centros de población de hasta cinco mil habitantes.
Artículo 184.- El gobierno de los municipios será ejercido por un intendente con funciones ejecutivas, y por un Concejo con funciones deliberativas.
Los Concejos Municipales estarán compuestos por hasta nueve concejales en los municipios de primera categoría, los que podrán ser elevados hasta once en las ciudades de más de cien mil habitantes; hasta siete en los municipios de segunda categoría; y por tres en los municipios de tercera categoría.
Artículo 185.- Los municipios de primera categoría podrán dictarse sus Cartas Orgánicas municipales, sin más limitaciones que las contenidas en esta Constitución, y serán sancionadas por convenciones convocadas por la autoridad ejecutiva local, en virtud de ordenanza aprobada por los dos tercios del Concejo.
Artículo 186.- Los municipios serán creados y delimitados territorialmente por ley, debiendo prever áreas suburbanas para su crecimiento y expansión.
Artículo 188.- El Concejo Municipal designará un presidente que será el ciudadano que figure primero en la lista del partido que obtuviere mayor cantidad de votos; un vicepresidente 1° y un vicepresidente 2°, que corresponderá, respectivamente, al primero de cada lista que le suceda en la integración del Concejo. Cuando los concejales provinieran sólo de dos listas, la vicepresidencia segunda corresponderá al ciudadano electo en segundo término de la lista ganadora.
El presidente representará al Concejo, dirigirá las sesiones, reemplazará al Intendente en caso de ausencia, y ejecutará los demás actos determinados por ley o carta orgánica.
El presidente y los vicepresidentes, podrán ser removidos de sus cargos por el voto de los dos tercios de los miembros del Cuerpo.
Artículo 190.- En caso de acefalía del cargo de Intendente, sus funciones serán ejercidas interinamente por el presidente del Concejo Municipal, quien dentro del término de cinco días convocará a elecciones a realizarse dentro de los sesenta días para reemplazarlo, siempre que faltare más de un año para completar el periodo constitucional. Si faltare menos de un año, el Presidente completará el mandato excedente.
La eventual elección se hará para completar el período constitucional .
Artículo 191.-­ Para ser concejal o Intendente se requiere: ser elector del municipio, haber adquirido la mayoría de edad, y saber leer y escribir el idioma nacional.
Artículo 192.-­ El cuerpo electoral de los municipios estará formado por los electores inscriptos en los registros cívicos y por los extranjeros de ambos sexos, mayores de dieciocho años, con dos de residencia inmediata en el municipio que sepan leer y escribir el idioma nacional.
Artículo 193.-­ El Intendente será elegido por el pueblo y a simple pluralidad de sufragios.
Artículo 194.-­ Los concejales serán elegidos en forma directa por el pueblo.
La distribución de los cargos se hará en forma proporcional de conformidad con las normas electorales específicas que esta Constitución establezca para los cuerpos colegiados.
Artículo 195.-­ Los intendentes y los concejales municipales no podrán ser detenidos ni reconvenidos por autoridad alguna, por motivos provenientes del ejercicio de sus funciones, o en razón de las opiniones que sustenten.
Artículo 197.-­ Son recursos municipales:
1º. El impuesto inmobiliario sobre bienes raíces ubicados en el municipio y al mayor valor de la tierra libre de mejoras.
2º. Las tasas y tarifas por retribución de servicios que preste efectivamente el Gobierno Municipal o el canon correspondiente de los prestados por terceros.
3º. Los impuestos de abasto; extracción de arena, resaca v cascajo: el derecho de piso, de uso y de explotación del espacio aéreo y del subsuelo municipal; de mercados y ferias francas; la ecotasa para la preservación y mejora del ambiente; el impuesto de alumbrado, barrido y limpieza; las patentes de vehículos; los derechos de sellos, de oficina, de inspecciones y contrastes de pesos y medidas; el impuesto de delineación en los casos de nuevos edificios o renovación o de refacción de los ya construidos; las licencias para las ventas de bienes y servicios; la parte de los impuestos que se recauden en su jurisdicción en la proporción y formas fijadas por la ley; las multas impuestas a los infractores y el producido de la locación de bienes municipales.
4º. Los ingresos provenientes de la participación y coparticipación impositiva federal, en los porcentajes que determinen las leyes; los empréstitos, créditos, donaciones, legados, subsidios y todos los demás recursos que la ley o la Carta Orgánica atribuyan a los municipios.
Artículo 198.- La tierra fiscal situada dentro de los límites de cada municipio, salvo la que estuviere reservada por la Nación o por la Provincia a fines determinados y la que ya hubiere sido adjudicada a terceros, pertenece al patrimonio municipal, al que deberá ser transferida previa determinación de la respectiva jurisdicción territorial hecha por ley.
Artículo 201.- ­ Los municipios podrán convenir entre sí la realización de obras destinadas a satisfacer necesidades de interés común. La ley establecerá el régimen y demás normas de la acción intercomunal.
Artículo 202.- Los municipios podrán convenir con el Estado Provincial su participación en la administración, gestión y ejecución de obras y servicios que se ejecuten o presten en su ejido y áreas de influencia, con la asignación de recursos en su caso, para lograr mayor eficiencia y descentralización operativa.
Artículo 203.- Los municipios sólo podrán ser intervenidos en virtud de ley y por tiempo determinado, en caso de subversión del régimen municipal o de acefalía total y definitiva y al único fin de restablecer su funcionamiento o convocar a elecciones dentro de un plazo no mayor de sesenta días.
Si la Cámara de Diputados se encontrara en receso, el Poder Ejecutivo podrá decretar la intervención ad referéndum de lo que aquélla resuelva, a cuyo efecto, y por el mismo decreto, deberá convocarla a sesiones extraordinarias.
Artículo 205.- Son atribuciones y deberes del concejo municipal:
1º. Facultar al Intendente a convocar a elecciones.
2º. Dictar su propio reglamento.
3º. Sancionar anualmente y antes de la iniciación de cada ejercicio, el presupuesto de gastos, el cálculo de recursos y la ordenanza general impositiva y tributaria. En caso de imposibilidad se considerarán prorrogados los últimos vigentes.
4º. Autorizar al Intendente a contraer empréstitos y realizar otras operaciones de crédito para la atención de obras y servicios públicos, con el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros del Cuerpo y siempre que los servicios de amortización o intereses no afecten más del veinte por ciento de los recursos ordinarios.
5º. Dictar ordenanzas y reglamentaciones sobre:
a) urbanismo, que aseguren planes de urbanización, desarrollo y ordenamiento;
b) servicios públicos;
c) catastro;
g) obras públicas, vialidad vecinal, parques, plazas, jardines y paseos públicos;
6º. Autorizar al Intendente a enajenar los bienes privados del municipio con la aprobación de los dos tercios de la totalidad de los miembros del Cuerpo.
7º. Resolver con los dos tercios del Cuerpo sobre la remoción del Intendente o de los concejales con arreglo a la ley orgánica o la carta orgánica municipal.
8º. Designar a funcionarios y empleados del Concejo municipal.
9º. Requerir autorización legislativa para proceder a expropiar bienes con fines de interés social o utilidad pública.
10º. Aprobar o desechar los convenios que firme el Intendente.
11º. Municipalizar los servicios públicos. En los casos de concesión autorizados por esta Constitución se requerirá para su otorgamiento el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros del Cuerpo.
12º. Dictar cualquier otra norma de interés general no prohibida por la ley o Carta Orgánica y compatible con las disposiciones de esta Constitución.
Artículo 206.- Son atribuciones y deberes del Intendente:
1º. Convocar a elecciones.
2º. Nombrar y remover los funcionarios del órgano ejecutivo y empleados municipales respetando la carrera administrativa, con sujeción a las normas sobre estabilidad.
3º. Remitir al Concejo antes del 31 de octubre de cada año el proyecto de presupuesto de gastos, cálculo de recursos y ordenanza general tributaria para el año siguiente.
4º. Recaudar e invertir libremente sus recursos, sin más limitaciones que las establecidas por esta Constitución, ley, carta orgánica u ordenanza.
5º. Organizar y prestar los servicios públicos municipales.
6º. Publicitar el movimiento de ingresos y egresos y anualmente el balance y memoria del ejercicio que expondrá ante el Concejo Municipal en oportunidad de iniciarse las sesiones ordinarias.
7º. Promover y participar de políticas de desarrollo económico, social y cultural.
8º. Aplicar multas y sanciones propias del poder de policía y decretar inhabilitaciones, clausuras y desalojos de locales, demolición o suspensión de construcciones, decomiso y destrucción de mercaderías o artículos de consumo en malas condiciones y recabará para ello las órdenes de allanamientos pertinentes y el uso de la fuerza pública.
9º. Contraer empréstitos y efectuar otras operaciones de créditos de acuerdo con el inciso 4 del Artículo precedente.
10º. Vetar total o parcialmente las declaraciones, resoluciones y ordenanzas que dicte el Concejo Municipal dentro de los diez días hábiles en que éstas fueran sancionadas. Si el Concejo Municipal insistiera en su sanción con el voto de los dos tercios del Cuerpo, ésta quedará promulgada.
11º. Asistir voluntariamente a las reuniones del Concejo Municipal con voz y obligatoriamente, cuando fuera citado por el mismo.
12º. Organizar el control de gestión y evaluación de resultados de la administración municipal en todos los niveles.
13º. Aplicar las normas que garanticen la participación ciudadana a través de las comisiones vecinales y de las organizaciones intermedias.
14º. Realizar cualquier otra gestión de interés general no prohibida por la ley y/o Carta Orgánica, compatible con las disposiciones de esta Constitución.
Artículo 208.- La Convención Constituyente estará integrada por igual número de miembros que la Cámara de Diputados.
Los Convencionales deberán reunir las condiciones requeridas para ser diputados y gozarán de las mismas inmunidades que éstos mientras ejerzan sus funciones.
Serán elegidos directamente por el pueblo de conformidad al sistema de representación proporcional.
Artículo 210.- Declarada por la Legislatura la necesidad de la reforma total o parcial, el Poder Ejecutivo convocará a elecciones de convencionales.
Artículo 211.- Cuando la declaración sobre necesidad de la reforma no contara con la cantidad de votos exigida por el Artículo 209, pero alcanzara a obtener los dos tercios, será sometida al pueblo de la Provincia para que se pronuncie en pro o en contra de la misma en la primera elección general que se realice.
Artículo 212.- La enmienda o reforma de un artículo y sus concordantes, podrá ser sancionada por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados y será aprobada por la Consulta Popular prevista en el Inciso 2 del Artículo 2 de esta Constitución, convocada al efecto en oportunidad de la primera elección que se realice, en cuyo caso la enmienda o reforma quedará incorporada al texto constitucional.
Cumplido el juramento del nuevo texto por el Gobernador y Vicegobernador, el Presidente de la Cámara de Diputados y el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, los poderes del Estado Provincial, organismos descentralizados y autárquicos y los Concejos Municipales, dispondrán que en el plazo de cuarenta y cinco días desde la vigencia de la CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DEL CHACO 1957-1994, todos los funcionarios y empleados de la administración pública provincial y municipal presten juramento de cumplirla y hacerla cumplir.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS RECINTO DE LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.
[1]Reformado por la ley 6436 del año 2009↩

References: Artículo 2

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 11

Artículo 13

Artículo 14
 artículo 75

Artículo 15

Artículo 18

Artículo 20

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 25

Artículo 26
 resolución 
 resolución 

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31
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Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42
in fine

Artículo 43

Artículo 45

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 51

Artículo 54

Artículo 56

Artículo 59

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Artículo 63

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Artículo 71

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Artículo 79

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Artículo 83

Artículo 84

Artículo 87

Artículo 89

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Artículo 92

Artículo 93

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Artículo 97

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Artículo 99

Artículo 100

Artículo 102

Artículo 103
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Artículo 105

Artículo 107

Artículo 109

Artículo 114

Artículo 115

Artículo 116

Artículo 117

Artículo 118

Artículo 119
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Artículo 132

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Artículo 134

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Artículo 139

Artículo 141
 Artículo 2
 Artículo 13
 Artículo 119

Artículo 142

Artículo 143

Artículo 149

Artículo 154

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Artículo 159

Artículo 162

Artículo 163

Artículo 167
 Artículo 158

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 Artículo 62

Artículo 179

Artículo 180

Artículo 183

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