Source: https://franciscomarinopardo.es/mis-temas/22-civil-parte-general/59-tema-25-la-forma-del-negocio-juridico
Timestamp: 2020-02-20 14:44:27+00:00

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Tema 25. La forma del negocio jurídico.
Tema 25. La forma del negocio jurídico. Examen de la forma de los contratos. La forma y los contratos de consumo. Vicios de forma: sus efectos. La forma en el Derecho Internacional Privado.
Cabe por último mencionar dos cuestiones:
- La relación entre la previa forma privada y la posterior documentación pública de dicho contrato. Es doctrina jurisprudencial consolidada que la escritura pública no garantiza la veracidad intrínseca de las manifestaciones hechas por las partes ante el notario y que para que la escritura desvirtúe los pactos contenidos en un previo contrato privado es preciso que así de declare expresamente o que exista incompatibilidad radical entre lo acordado en el documento privado y el posterior contenido de la escritura pública. Este efecto se apoya en ocasiones, en el artículo 1224 Código Civil, según el cual “Las escrituras de reconocimiento de un acto o contrato nada prueban contra el documento en que éstos hubiesen sido consignados, si por exceso u omisión se apartaren de él, a menos que conste expresamente la novación del primero.”
La forma y los contratos de consumo.
Como hemos dicho, la reciente legislación de protección de los consumidores, en aplicación del principio constitucional de protección de consumidores y usuarios (artículo 51 Constitución Española), ha supuesto un retorno a cierto formalismo en materia contractual, con disposiciones que van desde la exigencia de una determinada forma al contrato, hasta la imposición de un contenido contractual predeterminado en mayor o menor grado. Haremos mención de las principales disposiciones normativas sobre la materia.
- El Texto Refundido de la Ley de Protección de Consumidores y Usuarios aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de diciembre, que contiene múltiples referencias a aspectos formales de la contratación de consumidores y usuarios, en la fase precontractual, con imposición de deberes de información previa (artículo 60), a la perfección del contrato con el consumidor, imponiendo que “se entregará recibo justificante, copia o documento acreditativo con las condiciones esenciales de la operación, incluidas las condiciones generales de la contratación, aceptadas y firmadas por el consumidor y usuario, cuando éstas sean utilizadas en la contratación”, a la fase post-contractual, en relación por ejemplo con el derecho a desistimiento, cuando legal o reglamentariamente exista, del que deberá informar por escrito en el documento contractual, de manera clara, precisa y comprensible, entregándole además un documento de desistimiento (artículo 69).
Esto se completa con la regulación de las cláusulas abusivas impuestas al consumidor y usuario sin negociación individual, y entre las que encontramos supuestos como “la imposición de renuncias a la entrega del documento acreditativo de la operación” (artículo 86.6).
(Por cierto, dicho sea esto de paso, que el artículo 63.2 del Texto Refundido de la Ley de Consumidores dispone: “Salvo lo previsto legalmente en relación con los contratos que, por prescripción legal, deban formalizarse en escritura pública, la formalización del contrato será gratuita para el consumidor, cuando legal o reglamentariamente deba documentarse éste por escrito o en cualquier otro soporte de naturaleza duradera”. Esta norma tiene su importancia desde la perspectiva notarial. En primer término, no menciona excepción alguna para los contratos formalizados en póliza y, por otra parte, el alcance de la excepción para los contratos formalizados en escritura pública es de interpretación cuanto menos discutible).
- La Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación. Aunque el ámbito de esta ley no se restringe a la contratación con consumidores, el requisito de ser condiciones predispuestas por una parte y aplicables en masa, es determinante de que su ámbito principal sea precisamente la contratación con consumidores. La Ley impone como requisito de incorporación al contrato de las condiciones generales, que las cláusulas no sean ambiguas, oscuras, ilegibles o incomprensibles. Es de destacar la aplicación rigurosa del principio de transparencia que ha realizado recientemente el Tribunal Supremo en la conocida sentencia sobre cláusulas suelo de 9 de mayo de 2003.
- Ley 16/2011, de 24 de junio, de créditos al consumo. Esta ley, además de imponer deberes de información precontractual y la formulación por escrito de una oferta vinculante, establece en su artículo 16.1 que “Los contratos de crédito sometidos a la presente Ley se harán constar por escrito en papel o en otro soporte duradero y se redactarán con una letra que resulte legible y con un contraste de impresión adecuado. Todas las partes contratantes recibirán un ejemplar del contrato de crédito”. El apartado 2 de este artículo 16 impone un contenido contractual mínimo.
- Ley 28/1998, de 13 de julio, de compraventa de bienes muebles a plazos. Aunque tampoco es una ley restringida exclusivamente a los consumidores, la contratación con éstos uno de sus principales campos de aplicación. Aparte de establecer un contenido mínimo del contrato (artículo 7), destacar como regla general que conforme al artículo 6.1: “Para la validez de los contratos sometidos a la presente Ley será preciso que consten por escrito. Se formalizarán en tantos ejemplares como partes intervengan, entregándose a cada una de ellas su correspondiente ejemplar debidamente firmado”.
- Ley 4/2012, de 6 de julio, de aprovechamiento por turnos de bienes de uso turística. El ámbito de aplicación de está delimitado por la condición de consumidor del adquirente del derecho. Aparte de los requisitos de información precontractual, el artículo 11 de la Ley regula detalladamente la formalización del contrato, estableciendo que “se formalizarán por escrito, en papel o en otro soporte duradero, y se redactarán, en un tamaño tipográfico y con un contraste de impresión adecuado que resulte fácilmente legible, en la lengua o en una de las lenguas del Estado miembro en que resida el consumidor o del que este sea nacional, a su elección, siempre que se trate de una lengua oficial de la Unión Europea. Si el consumidor es residente en España o el empresario ejerce aquí sus actividades, el contrato deberá redactarse además en castellano y, en su caso, a petición de cualquiera de las partes, podrá redactarse también en cualquiera de las otras lenguas españolas oficiales en el lugar de celebración del contrato”. Deberá recibir el adquirente al menos una copia del contrato con sus anexos en el momento de la celebración. El contrato incluirá un formulario de desistimiento. La Ley impone un contenido mínimo al contrato. En cuanto al régimen especial del aprovechamiento por turno, la constitución del régimen se constituirá mediante escritura pública que se inscribirá en el Registro de la Propiedad. Los contratos por virtud de los cuales se constituyan o transmitan derechos de aprovechamiento por turno antes de estar válidamente constituido el régimen serán nulos de pleno derecho. (Se ha discutido en la doctrina si esto implica la necesidad de que esté inscrito el régimen de aprovechamiento por turno antes de la celebración del contrato de transmisión. En principio, la ley se refiere a la constitución mediante escritura, sin que establezca expresamente el carácter constitutivo de la inscripción. Sin embargo, algunos autores argumentan que la expresión “válidamente constituido” determina la necesidad de que la inscripción sea previa a la transmisión).
- La contratación bancaria.
Quizás sea este campo uno de los principales ámbitos en los que se ha producido el fenómeno indicado, con normas que pretenden en buena medida predeterminar el contenido contractual.
De las múltiples normas bancarias, destacaremos dos:
- Ley 1/2013, de 14 de mayo, de protección de los deudores hipotecarios.
Del contenido de esta norma, destacaremos su artículo 6, que dispone lo siguiente (la famosa expresión manuscrita, posiblemente una de las más perniciosas normas para el notariado en toda su larga historia):
- La Orden Ministerial del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de octubre de 2011.
Esta es la norma básica que disciplina la contratación bancaria. En especial su Capítulo II se refiere a los préstamos hipotecarios “celebrados con un cliente, persona física, en los que la hipoteca recaiga sobre una vivienda o cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o edificios construidos o por construir”. En las secciones siguientes regula todo el proceso contractual de estos préstamos hipotecarios. Así, regula la información precontractual, con la previsión de una serie de documentos, como la Ficha de información personalizada (FIPER) y la oferta contractual. Su sección 4ª, artículos 29 y 30, regulan expresamente el documento contractual y el acto de otorgamiento. El artículo 29 exige que en el documento contractual o en la escritura pública figuren con la debida separación de las demás, las cláusulas financieras, que se ajustarán a la FIPER y a la Oferta Vinculante. El artículo 30 se refiere específicamente a la actuación del notario en el otorgamiento de escrituras de préstamo hipotecario, imponiéndole unas específicas advertencias a realizar al prestatario (por cierto, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 5 de marzo de 2013, siguiendo a pies juntillas la doctrina de la infausta Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2008, y en recurso interpuesto, como siempre, por el Colegio de Registradores, anula los apartados del artículo 30 relativos al control notarial de legalidad y a la posibilidad de denegar la autorización de la escritura en caso de incumplimiento de los requisitos normativamente exigidos).
Debe tenerse en cuenta que el Reglamento 650/2012, del Parlamento europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, que a partir de su plena entrada en vigor sustituirá al artículo 9.8 del Código Civil, como norma de conflicto a aplicar en las sucesiones internacionales, en su artículo 75, deja a salvo la vigencia de los convenios internacionales en los que sean parte los Estados miembros, con referencia expresa a la vigencia del Convenio de La Haya antes citado, cuyas disposiciones sobre forma del testamento serán de aplicación preferente a las del propio Reglamento.

References: artículo 1224
 Real Decreto 
 artículo 63
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 6
 artículo 11
 artículo 6
 artículo 29
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 9
 artículo 75