Source: http://psicolog.org/pr-cod-1amcom.html?page=78
Timestamp: 2020-04-06 01:37:33+00:00

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Enmienda 8 - Pr cod 1amCom
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, la violación de obligaciones jurídicas, los abusos de poder
De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal, el concepto de «trabajador» debe interpretarse de manera ampliar e incluir, por ejemplo, a los funcionarios públicos.
(14) La protección de la intimidad y de los datos personales es otro ámbito en el que los denunciantes se encuentran en una posición privilegiada para comunicar infracciones del Derecho de la Unión que puedan dañar el interés público. Consideraciones similares se aplican en caso de infracción de la Directiva sobre la seguridad de las redes y los sistemas de información45 , que introduce la notificación de incidentes (incluidos los que no pongan en peligro los datos personales) y requisitos de seguridad para las entidades que prestan servicios esenciales en numerosos sectores (energía, salud, transporte, banca, etc.) y los proveedores de servicios digitales clave (por ejemplo, la computación en la nube). La información facilitada por los denunciantes en este ámbito es especialmente útil para prevenir incidentes de seguridad que afecten a actividades económicas y sociales fundamentales y a servicios digitales de uso generalizado. Así contribuye a garantizar la continuidad de servicios esenciales para el funcionamiento del mercado interior y el bienestar de la sociedad.
(16) La protección de los intereses financieros de la Unión relacionados con la lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los gastos, la recaudación de ingresos y los fondos o activos de la Unión, es un ámbito clave en el que la ejecución del Derecho de la Unión debe impulsarse. El refuerzo de la protección de los intereses financieros de la Unión también abarca la ejecución del presupuesto de la Unión relativo a los gastos efectuados sobre la base del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. La falta de aplicación efectiva en el ámbito de los intereses financieros de la Unión, incluido el fraude y la corrupción a escala nacional, provoca un descenso de los ingresos de la Unión y un uso indebido de sus fondos, que puede falsear las inversiones públicas y el crecimiento y socavar la confianza de los ciudadanos en la acción de la UE. La protección de los denunciantes es necesaria para facilitar la detección, prevención y evitación de fraudes y otras actividades ilegales.
(16) La protección de los intereses financieros de la Unión relacionados con la lucha contra el fraude, la corrupción, la violación de obligaciones jurídicas, los abusos de poder y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los gastos, la recaudación de ingresos y los fondos o activos de la Unión, es un ámbito clave en el que la ejecución del Derecho de la Unión debe impulsarse. El refuerzo de la protección de los intereses financieros de la Unión también abarca la ejecución del presupuesto de la Unión relativo a los gastos efectuados sobre la base del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. La falta de aplicación efectiva en el ámbito de los intereses financieros de la Unión, incluido el fraude y la corrupción a escala nacional, provoca un descenso de los ingresos de la Unión y un uso indebido de sus fondos, que puede falsear las inversiones públicas y el crecimiento y socavar la confianza de los ciudadanos en la acción de la UE. La protección de los denunciantes es necesaria para facilitar la detección, prevención y evitación de fraudes y otras actividades ilegales.
(18) Determinados actos de la Unión, en particular en el ámbito de los servicios financieros, como el Reglamento (UE) n.º 596/2014 sobre el abuso de mercado49 y la Directiva de Ejecución (UE) 2015/2392 de la Comisión, adoptada sobre la base de dicho Reglamento50, ya contienen normas detalladas sobre protección de los denunciantes. Esta legislación vigente de la Unión, incluida la lista de la parte II del anexo, debe completarse con la presente Directiva, de modo que estos instrumentos estén plenamente en consonancia con sus normas mínimas, manteniendo al mismo tiempo las especificidades que introducen, adaptadas a los sectores pertinentes. Este aspecto es especialmente importante para determinar qué entidades con personalidad jurídica en el ámbito de los servicios financieros, la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo están obligadas a establecer cauces internos de denuncia.
(18) Determinados actos de la Unión, en particular en el ámbito de los servicios financieros, como el Reglamento (UE) n.º 596/2014 sobre el abuso de mercado49 y la Directiva de Ejecución (UE) 2015/2392 de la Comisión, adoptada sobre la base de dicho Reglamento50, ya contienen normas detalladas sobre protección de los denunciantes. Esta legislación vigente de la Unión, incluida la lista de la parte II del anexo, debe completarse con la presente Directiva, de modo que estos instrumentos estén plenamente en consonancia con sus normas mínimas, manteniendo al mismo tiempo las especificidades que introducen, adaptadas a los sectores pertinentes. Este aspecto es especialmente importante para determinar qué entidades con personalidad jurídica en el ámbito de los servicios financieros, la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo están obligadas a establecer cauces internos de denuncia.
49 DO L 173, p. 1.
50 Directiva de Ejecución (UE) 2015/2392 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2015, relativa al Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la comunicación de posibles infracciones o infracciones reales de dicho Reglamento a las autoridades competentes, DO L 332 de 18.12.2015, p. 126.
(18 bis) Con objeto de utilizar plenamente las disposiciones de la presente Directiva, las actividades que no se consideren ilícitas, pero que podrían perjudicar el interés público, deberían poder ser objeto de una denuncia. Por lo tanto, debe incluirse una disposición con objeto de asegurar que, si se informa acerca de tales actividades, los informantes tengan derecho a disfrutar de la protección prevista por la presente Directiva.
(18 ter) El ámbito de aplicación material de la presente Directiva no sería completo si no incluyera la protección de las personas que informan sobre infracciones de los valores comunes de la Unión previstos en el artículo 2 del TUE o de los derechos, libertades y principios establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta»).
(Véanse las enmiendas al considerando 22 y al artículo 1, apartado 1, letra d bis (nueva))
(18 quater) Con el fin de alcanzar los objetivos de la presente Directiva, las actividades ilícitas sobre las que se pueda informar deben ser definidas de la forma más amplia posible. En particular, los actos de carácter político adoptados por una entidad jurídica en el sector público, y que se consideren una amenaza o perjuicio para el interés público, pueden constituir infracciones del Derecho de la Unión. Por lo tanto, debe incluirse una disposición con vistas a que, si se informa acerca de tales infracciones, los informantes tengan derecho a disfrutar de protección en virtud de la presente Directiva.
(Véase la enmienda al artículo 1, apartado 1 bis (nuevo))
(22) Las personas que informan sobre amenazas o perjuicios para el interés público obtenida en el marco de sus actividades laborales hacen uso de su derecho a la libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión, consagrado en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), incluye la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación.
(22) Las personas que informan sobre amenazas o perjuicios para el interés público obtenida en el marco de sus actividades laborales hacen uso de su derecho a la libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión, consagrado en el artículo 11 de la Carta y en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), incluye la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación.
(Véase la enmienda al considerando 18 bis (nuevo))
La Carta ya se menciona por completo en el considerando 18 bis (nuevo).
(24) Las personas necesitan protección jurídica específica cuando obtienen la información que transmiten con motivo de sus actividades laborales y, por tanto, corren el riesgo de represalias laborales (por ejemplo, por no respeto de la obligación de confidencialidad o de lealtad). La razón subyacente para prestarles protección es su posición de vulnerabilidad económica frente a la persona de la que dependen de hecho a efectos laborales. Cuando no existe tal desequilibrio de poder relacionado con el trabajo (por ejemplo, en el caso de denunciantes ordinarios o simples ciudadanos), no es necesaria la protección contra represalias.
(24) Las personas necesitan protección jurídica específica cuando obtienen la información que transmiten con motivo de sus actividades laborales y, por tanto, corren el riesgo de represalias laborales (por ejemplo, por no respeto de la obligación de confidencialidad o de lealtad). La razón subyacente para prestarles protección es su posición de vulnerabilidad económica frente a la entidad de la que dependen a efectos laborales. Cuando no existe tal desequilibrio de poder relacionado con el trabajo (por ejemplo, en el caso de denunciantes ordinarios o simples ciudadanos), no es necesaria la protección contra represalias.
Se propone una redacción más adecuada.
(26) En primer lugar, la protección deberá aplicarse a la persona que tenga la condición de «trabajador» en el sentido del artículo 45 del TFUE, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea52, es decir, a la persona que realiza, durante un cierto tiempo, en favor de otra y bajo la dirección de ésta, ciertas prestaciones, por las cuales percibe una remuneración. Por lo tanto, la protección deberá concederse también a los trabajadores que se encuentran en relaciones laborales atípicas, incluidos los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores con contratos de duración determinada, así como a las personas con un contrato de trabajo o una relación laboral con una empresa de trabajo temporal, que son formas de relaciones laborales en las que las normas habituales de protección contra el trato injusto resultan a menudo difíciles de aplicar.
(26) En primer lugar, la protección deberá aplicarse a la persona que tenga la condición de «trabajador» en el sentido del artículo 45 del TFUE, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea52, es decir, a la persona que realiza, durante un cierto tiempo, en favor de otra y bajo la dirección de ésta, ciertas prestaciones, por las cuales percibe una remuneración. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal, el concepto de «trabajador» debe interpretarse de manera ampliar e incluir, por ejemplo, a los funcionarios públicos. Por lo tanto, la protección deberá concederse también a los trabajadores que se encuentran en otro tipo de relaciones laborales, incluidos los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores con contratos de duración determinada, así como a las personas con un contrato de trabajo o una relación laboral con una empresa de trabajo temporal, que son formas de relaciones laborales en las que las normas habituales de protección contra el trato injusto resultan a menudo difíciles de aplicar.
52 Sentencias de 3 de julio de 1986, Lawrie-Blum, asunto 66/85; 14 de octubre de 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, asunto C-428/09; 9 de julio de 2015, Balkaya, asunto C-229/14; 4 de diciembre de 2014, FNV Kunsten, asunto C-413/13; y 17 de noviembre de 2016, Ruhrlandklinik, asunto C-216/15.

References: artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 11
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 10
 artículo 45
 artículo 45