Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/1996/Selsalvador13-96.htm
Timestamp: 2018-10-16 15:28:29+00:00

Document:
Comadres v. El Salvador, Caso 10.948 Informe No. 13/96, Inter-Am.C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.91 Doc. 7 at 106 (1996).
INFORME N 13/96
1. Los peticionarios alegan la violación de los derechos humanos por parte del Estado de El Salvador, de varias personas vinculadas a COMADRES [1], con base en diversos hechos sucedidos desde 1980 hasta 1989.
4. El 9 de julio de 1985, María Ester Grande fue capturada por miembros de la Policía Nacional vestidos de civil, en Colonia Morán - Santo Tomás, que se movilizaban en un jeep Cherokee de placas 4031, y fue obligada a ver cómo su hijo, Héctor Javier Grande Arbel, soldado en el ejército salvadoreño (cuartel San Carlos), era pateado y maltratado.
7. El 28 de mayo de 1986, María Teresa Tula fue detenida por la Policía de Hacienda al ser señalada por Luz Janet Alfaro como miembro del grupo guerrillero Resistencia Nacional. Durante su detención, ella fue golpeada, privada de sueño y, a condición de que "cooperara", le fue ofrecido dinero y protección por la Policía de Hacienda, en cuyas instalaciones estuvo detenida durante 12 días antes de ser remitida a un centro carcelario.
II. LOS PETICIONARIOS ALEGAN LA VIOLACIÓN DE:
IV. PUNTOS ARGUMENTADOS RESPECTO A LA ADMISIBILIDAD
10. La Comisión observa que no constan en el expediente elementos que desvirtúen el alegato de los peticionarios y que, por el contrario, existen motivos suficientes para coincidir con lo expresado por ellos. La Comisión se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre los serios problemas existentes en la administración de justicia de El Salvador durante el período en mención. [2]
11. Asimismo, la Comisión recoge información contenida en el Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador donde se establece que "el Gobierno de El Salvador no ha cumplido con su deber de garantizar los derechos humanos que los miembros...[de COMADRES]...gozan como personas individuales y como miembros" de dicha entidad.[3] Por lo tanto la Comisión concluye que es procedente aplicar el artículo 46(2)(a) y (b), siendo inútil intentar agotar los recursos internos.
CONSIDERACIONES SOBRE EL FONDO DEL CASO
Según el principio de Derecho Internacional de la identidad o continuidad del Estado, la responsabilidad subsiste con independencia de los cambios de gobierno en el transcurso del tiempo y, concretamente, entre el momento en que se comete el hecho ilícito que genera la responsabilidad y aquel en que ella es declarada. Lo anterior es válido también en el campo de los derechos humanos aunque, desde un punto de vista ético o político, la actitud del nuevo gobierno sea mucho más respetuosa de esos derechos que la que tenía el gobierno en la época en que las violaciones se produjeron. [4]
14. Es importante recordar, asimismo, que el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prescribe que "Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social".
El artículo 1.1 es fundamental para determinar si una violación de los derechos humanos reconocidos por la Convención puede ser atribuida a un Estado Parte. En efecto, dicho artículo pone a cargo de los Estados Partes los deberes fundamentales de respeto y de garantía, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho Internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención. [5]
16. Para la Comisión, además de la obligación de garantizar los derechos esenciales establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado tiene, entre otras que emanan del artículo 1.1 de la Convención, la particular obligación de establecer la verdad en aquellos casos en los que una persona alegue que sus derechos fundamentales han sido vulnerados. Esta obligación ha sido resaltada en reiteradas oportunidades por la Comisión [6] y en el presente caso adquiere especial importancia.
18. En el análisis de la petición presentada, la Comisión considera de especial importancia la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante la cual dice que "el silencio del demandado o su contestación elusiva o ambigua pueden interpretarse como aceptación de los hechos de la demanda, por lo menos mientras lo contrario no aparezca de los autos o no resulte de la convicción judicial," [7]. lo cual reafirma lo dispuesto por el artículo 42 del Reglamento de la Comisión.
20. La Corte Interamericana ha establecido implícitamente los criterios que deben ser utilizados para la apreciación de la versión presentada por el peticionario con el propósito de verificar si "existen otros elementos de convicción" que pueden llevar a "una conclusión diversa." Son especialmente pertinentes para dicho ejercicio por parte de la Comisión los criterios de consistencia [8] y credibilidad.[9]Un tercer requisito absolutamente necesario y previo al análisis de consistencia y credibilidad, es el de especificidad, el cual se deduce, como corolario, de los dos inicialmente mencionados.
21. Al determinar si los hechos conducen a una "conclusión diversa," la no comparecencia del Estado no puede obligar a los peticionarios a satisfacer un estándar probatorio equivalente o similar al que inicialmente tendrían que someterse si el Gobierno hubiese concurrido. Si el Estado de El Salvador hubiese comparecido o contestado la denuncia, los peticionarios habrían tenido otras oportunidades para aportar pruebas adicionales y/o controvertir la respuesta del Gobierno, [10] y la Comisión habría tenido la oportunidad de presenciar el debate contencioso y de enriquecer la apreciación de los hechos. Por lo tanto, no puede la Comisión, para tomar una decisión sobre el asunto, exigir un acervo probatorio igual o similar al que se exigiría a los peticionarios si el Gobierno hubiese comparecido, aportando pruebas y habiendo controvertido las del peticionario. Necesariamente la Comisión debe limitarse a aquellos elementos de juicio aportados por el peticionario, así como a otros elementos a su alcance para poder dilucidar la cuestión. [11]
22. Estima entonces la Comisión que los hechos no se presumen ciertos por el mero hecho de la no comparecencia del Estado, sino que debe realizarse un análisis de los hechos alegados a la luz de los criterios aquí establecidos. [12] Los peticionarios deben satisfacer, entonces, los requisitos de admisibilidad y los elementos mínimos de consistencia, especificidad y credibilidad en la versión de los hechos que se presentan, para que puedan presumirse como ciertos.
23. Los hechos específicos alegados por los peticionarios adquieren especial importancia, pues son, como se ha señalado, el referente principal para poder determinar, en el presente caso, si existen "otros elementos de convicción". Para este efecto, los criterios de consistencia, especificidad y credibilidad contemplados por la Comisión, y sustentados y desarrollados por otras normas de derecho internacional, son aplicados al análisis de los hechos como sigue:
24.1. Sobre la muerte de Ana Delmi González sucedida en 1980 (hecho # 1) no existe suficiente especificidad en la versión aportada por los peticionarios. No se menciona el día y mes en que ocurrieron los hechos. Para poder presumir la veracidad de los hechos y por lo tanto la responsabilidad internacional del Estado, es requisito indispensable contar con una versión detallada que permita a la Comisión realizar un análisis de "otros elementos," en este caso cronológicos.
24.2. En lo relacionado con la bomba de julio de 1980 (hecho # 2), existen versiones conflictivas en los documentos que el peticionario aportó a esta Comisión. Mientras que la versión de América Sosa se refiere a una bomba en el mes de julio de 1980, otra versión, la de María Teresa Tula, se refiere a dos atentados durante 1980: en marzo 13 y en septiembre. Con base en esta divergencia de fechas, es imposible para la Comisión presumir como hechos ciertos aquellos en los cuales hay inconsistencias sustanciales, como lo son las fechas en que ocurrieron.
24.3. En lo que se refiere al ingreso y saqueo de las oficinas de COMADRES el día 12 de junio de 1985 (hecho # 3), la Comisión los presume como ciertos y considera que se ha violado el derecho a la propiedad privada (artículo 21) y la libertad de injerencias arbitrarias y abusivas (artículo 11). La versión de los hechos es lo suficientemente detallada para permitir un análisis sobre la consistencia y la credibilidad de la versión. No existe ningún elemento al alcance de la Comisión que pueda llevar a una conclusión diversa.
24.4. Sobre la captura de María Ester Grande y la tortura a que fueron sometidos ella y su hijo (hecho # 4), la Comisión presume como ciertos los hechos alegados y estima que se violó el derecho a la integridad personal, física y moral (artículo 5) de las dos víctimas mencionadas. Existe prueba documental suficientemente detallada y consistente, y así mismo goza de credibilidad. No existe ningún elemento que permita llegar a una conclusión diversa.
24.5. En relación a la alegada detención y tortura de Gloria Alicia Galán (hecho # 5), la Comisión no puede presumirlos como ciertos, ya que considera que la versión presentada carece de la especificidad suficiente que permita el análisis mínimo arriba señalado. No se aporta, entre otros, el día o mes en que se verificaron los hechos alegados.
24.6. En lo relativo al secuestro y tortura de fecha 6 de mayo de 1986 relatado en la petición (hecho # 6), la Comisión presume como verdaderos dichos hechos y considera que se violó el derecho a la integridad personal (artículo 5) y el derecho a la libertad personal (artículo 7). En el escrito principal y en sendos avisos publicados por COMADRES y por la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) no gubernamental, se establece el nombre de María Teresa Tula como víctima de los hechos alegados; todo ello es confirmado en un tercer documento detallado denominado "affidavit" que suscribe la víctima, en el que relata detalladamente los hechos.
24.7. En cuanto a los sucesos del 28 de mayo de 1986 denunciados (hecho # 7), la Comisión presume como ciertos los hechos presentados y considera que se violó el derecho a la integridad personal (artículo 5). La versión de los peticionarios se confirma con un recorte del periódico "Los Angeles Times" del 24 de septiembre de 1986 en el cual citan al entonces Presidente de El Salvador, José Napoleón Duarte, quien dijo que investigaría los sucesos, lo cual constituye un hecho notorio y público que corrobora la credibilidad de dichos hechos. No consta a la Comisión que se haya realizado investigación alguna.
24.8. En lo referente al atentado con explosivos de fecha 28 de mayo de 1987, la Comisión presume como ciertos los hechos relatados y estima que se violó el derecho a la propiedad privada (artículo 21) y el derecho a la integridad personal (artículo 5). Encuentra la Comisión que si bien es cierto que los peticionarios no sindican a agentes del Estado como responsables, por acción, del hecho, no consta en el expediente el que se haya realizado una investigación sobre el particular por parte del Estado salvadoreño.
24.9. Sobre los hechos presentados por los peticionarios como acaecidos el día 3 de septiembre de 1987 (hecho # 9), la Comisión considera que la versión aportada en el caso de Gloria Alicia Galán carece de los elementos mínimos de especificidad que permitan a la Comisión evaluar la consistencia y credibilidad de la versión. Se menciona el hecho de que el cráneo de una de las presuntas víctimas fue fracturado durante su cautiverio, mas no se aporta información adicional mínima sobre si fue liberada, o el tipo de tortura al que fue sometida, o documentos básicos tales como certificados médicos, por ejemplo, que normalmente existirían en estos casos.
24.10.En relación a los hechos sucedidos el día 7 de diciembre de 1988 (hecho # 10) la Comisión estima que la información aportada no es detallada, lo que impide realizar un análisis sobre la consistencia y credibilidad de la versión, así como para poder establecer la existencia y el tipo de violación que se alega. La Comisión se abstiene de presumir como ciertos estos hechos.
24.11.Sobre los hechos del 19 de abril de 1989 (hechos # 11) la Comisión considera que la información no es lo suficientemente detallada para poder realizar el análisis sobre la coherencia y credibilidad de la versión, así como tampoco para determinar la existencia y el tipo de violación a los derechos humanos. No puede la Comisión presumir como ciertos estos hechos.
24.12.En relación al atentado con explosivos contra la sede de COMADRES, de fecha 31 de octubre de 1989, la Comisión presume como ciertos los hechos alegados (hecho # 12) y considera que se violaron los derechos a la integridad personal (artículo 5) y a la propiedad privada (artículo 21). Los hechos alegados se sustentan en un relato detallado de América Sosa; éstos se confirman con recortes de periódico sobre el atentado. Además, la Comisión coincide con las conclusiones de la Comisión de la Verdad para El Salvador, que en su Informe, [13]determinó la existencia de "prueba plena de que el Gobierno de El Salvador no ha cumplido con su deber de garantizar los derechos humanos" de los miembros de COMADRES, y que hay "prueba substancial de que las autoridades competentes de El Salvador no llevaron a cabo una investigación completa e imparcial" del atentado contra la sede de COMADRES.
24.13.En relación a los hechos acaecidos el día 15 de noviembre de 1989 (hechos # 13), la Comisión los presume como ciertos y considera que se violó el derecho a ser tratado en forma digna (artículo 5.2) y no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 5.1). La versión aportada por los peticionarios es lo suficientemente detallada para establecer que es consistente y coherente.
25. La Comisión recuerda además la conclusión de la Comisión de la Verdad para El Salvador en el sentido de que existe "prueba suficiente" sobre "una práctica sistemática y reiterada de atentados contra la vida, la integridad física y la libertad" de los miembros de COMADRES. [14] Estas conclusiones han sido tenidas en cuenta por la Comisión al realizar el análisis inmediatamente anterior; dichas conclusiones sirven como referente para evaluar la credibilidad de la versión de los peticionarios, y para establecer, además, que la libertad de asociación (artículo 16) ha sido efectivamente violada por el Estado salvadoreño.
26. Puede concluirse, entonces, del contenido de los elementos de juicio presentados en los hechos # 3, 4, 6, 7, 8, 12 y 13 por los peticionarios, que no existen "otros elementos de convicción" que lleven a la Comisión a una "conclusión diversa," y se reitera lo prescrito por la Corte en el sentido de que:
Es, pues, claro que, en principio, es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención cumplida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial. No obstante, no se agotan allí las situaciones en las cuales un Estado está obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida por efecto de una lesión a esos derechos. En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención. Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 172.
27. Sobre esta base la Comisión considera que la garantía de protección judicial (artículo 25) ha sido violada por el Estado salvadoreño en el presente caso.
28. Por lo tanto, dado que el Gobierno no ha suministrado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos información que desvirtúe los hechos denunciados y tomando en cuenta la denuncia presentada ante la Comisión, así como la ausencia de nuevos elementos de juicio, la Comisión ha decidido considerar como ciertos los hechos y, en consecuencia, declarar la responsabilidad del Estado salvadoreño por las violaciones antes referidas.
29. Por lo tanto, la Comisión formula las recomendaciones pertinentes, confiada en que éstas serán implementadas adecuadamente por el Gobierno de El Salvador, con base en el artículo 50.3 de la Convención y el artículo 47 del Reglamento de la Comisión:
1. Realice una rápida, imparcial y exhaustiva investigación sobre los hechos denunciados, a fin de que se aclaren plenamente las circunstancias en que ocurrieron los mismos, se identifique a los culpables y se les someta a la justicia, para que reciban las sanciones que tan graves conductas exigen.
2. Realice las reparaciones necesarias por la vulneración de los derechos antes enunciados y pague una justa indemnización compensatoria a las personas afectadas y a sus familiares, según sea el caso.
3. Adopte las medidas necesarias para evitar la comisión de hechos similares en lo sucesivo, teniendo en cuenta, en particular, las recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador en cuanto a la administración de justicia se refiere y por la Comisión en su Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en El Salvador.
4. Solicita al Gobierno de El Salvador que, en el plazo de 90 días, informe a la Comisión sobre las medidas adoptadas, de conformidad con las recomendaciones contenidas en los párrafos 1, 2 y 3.
VIII. TRANSMISIÓN AL GOBIERNO Y DECISIÓN DE PUBLICAR
30. El informe anterior fue debidamente transmitido al Gobierno de El Salvador con fecha 21 de abril de 1995, indicando un plazo de 90 días para el cumplimiento de las recomendaciones. Transcurrido ese plazo sin haber recibido respuesta del Gobierno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reunida en su 91 Período Ordinario de Sesiones, considera que el Gobierno de El Salvador no ha tomado las medidas adecuadas según las recomendaciones anteriores, decide adoptar este informe y publicarlo en su Informe Anual, dentro de lo preceptuado en el artículo 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
(1)El Comité de Madres "Monseñor Oscar Arnulfo Romero" (COMADRES) es una organización no gubernamental creada en 1977 para apoyar a madres y parientes de víctimas de desaparición o muerte por razones políticas.
(2)Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en El Salvador, OEA/Ser.L/V/II.85, Doc. 28 rev., 11 de febrero de 1994, págs. 2, 3, 4, 5 y 6.
(3)Naciones Unidas, Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, San Salvador - Nueva York, 1993, pg. 99.
(4)Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 184.
(5)Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 164
(6)Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en El Salvador, OEA/Ser.L/V/II.85, Doc. 28 rev., 11 de febrero de 1994, pág. 80 y 81.
(7)Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 138
(8)Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, párrafo 143. El examen de consistencia es el ejercicio lógico-racional de comparación de la información fundamental aportada por el peticionario con el fin de establecer la no-contradicción entre los hechos y/o la evidencia presentada.
(9) Caso Velásquez Rodríguez (Sentencia de 29 de julio de 1988) en el cual, en el párrafo 146, la credibilidad de los hechos se determina con base en la apreciación de la versión presentada, incluyendo su consistencia y especificidad, en la evaluación de las pruebas aportadas y tomando en cuenta hechos públicos o notorios y otra información que la Comisión estime pertinente.
(10)Ver artículo 37, numeral 7 del Reglamento de la Comisión.
(11)Es importante mencionar que la Comisión ha reiterado en diferentes ocasiones la existencia de una grave situación de derechos humanos en El Salvador entre 1980 y 1989 (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en El Salvador, OEA/Ser.L/V/II.85, Doc. 28 rev., 11 de febrero de 1994, págs. 1 - 6). Asimismo, el Informe de la Comisión de la (Continúa) Continuación: Verdad para El Salvador de 1993 contiene información pertinente para el presente caso, aunque sólo en relación a uno de los hechos (ver supra hecho # 12, bomba en sede de COMADRES el 31 de octubre de 1989).
(12)Ver supra nota 9.
(13)Naciones Unidas, Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, San Salvador - Nueva York, 1993, pág. 96 y s.s.
(14)Idem., pág. 99.

References: artículo 46
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 42
 artículo 50
 artículo 47
 artículo 51
 artículo 37