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Timestamp: 2019-07-18 01:14:44+00:00

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C-955 de 2001
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020045150CC-SENTENCIAC955200106/09/2001CC-SENTENCIA_C_955__2001_06/09/2001200451502001Sentencia C-955/01 SUFRAGIO-Concepto SUFRAGIO-Sujeción a reglas CENSO ELECTORAL-Composición/TERRITORIOS NACIONALES-División en circunscripciones CUOCIENTE ELECTORAL-Determinación/CUOCIENTE ELECTORAL-Finalidad El cuociente electoral resulta de dividir los votos válidos emitidos en cada circunscripción entre el número de curules por ser ocupadas. Seguidamente, con el fin de determinar el número de curules que corresponde ocupar a cada partido, se calcula el número de veces que el cuociente cabe en el número los votos obtenidos por cada lista. A los mayores residuos, corresponden sucesivamente los puestos que no fueron adjudicados directamente por el sistema del cuociente. El propósito central de la figura es que la voluntad del pueblo se vea reflejada cuantitativa y proporcionalmente en la composición de las corporaciones públicas de extracción democrática. NORMA ACUSADA-Interpretación conforme a Constitución vigente PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL DERECHO DE PARTICIPACION DEMOCRATICA-Organizaciones diferentes a los partidos que constituyen manifestación FORMAS DE ORGANIZACION POLITICA CIUDADANA SISTEMA DEMOCRATICO PARTICIPATIVO-Formas diversas PRINCIPIO DEMOCRATICO-Universal y expansivo MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA-Nuevas vías de expresión Es precisamente la tendencia expansiva de los mecanismos de participación ciudadana la que ha propiciado la construcción de nuevas vías de expresión a través de las cuales los asociados pueden manifestar su opinión política, que trascienden los modelos tradicionales, como son los movimientos políticos, las organizaciones sociales, los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos. PARTICIPACION DEMOCRATICA -Tipologías diversas PARTICIPACION DEMOCRATICA -Partidos, movimientos y grupos LEGISLADOR -Imprecisión semántica PARTIDOS POLITICOS -Características MOVIMIENTOS POLITICOS -Concepto /PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLITICOS -Distinción y asimilación Los movimientos políticos, por su parte, son asociaciones de ciudadanos constituidas libremente que se proponen influir en la formación de la voluntad política y/o participar en las elecciones. Los movimientos políticos comparten con los partidos políticos una cualidad que los diferencia de las demás organizaciones avaladas por la normatividad: la posibilidad de ostentar personería jurídica. La característica esencial que identifica y asimila a los partidos políticos y a los movimientos políticos, de acuerdo con los acercamiento conceptuales hechos por la ley y por la sentencia de la Corte, es el rasgo de organización que ambos comparten. DERECHO A LA PARTICIPACION POLITICA -Inclusión de grupos sociales significativos PARTICIPACION DEMOCRATICA -Criterio expansivo /PARTICIPACION DEMOCRATICA -Vías de expresión distintas a tradicionales La Corte Constitucional, en desarrollo del criterio expansivo de la participación democrática, reconoce como ajustado a la Carta el hecho que la opinión política de los ciudadanos pueda manifestarse a través de vías de expresión distintas a las ofrecidas tradicionalmente por los partidos; y que en tanto el debate político es un fenómeno esencialmente dinámico, también se reconoce la efectividad de la opinión ciudadana que se congrega para intervenir directamente en la conformación del poder público. Este reconocimiento es constitucional. DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO -Ejercicio por ciudadano o indirectamente por agrupación ACTIVIDAD POLITICA -Legitimación para intervención PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL -Extensión /DERECHO DE PARTICIPACION DEMOCRATICA -Organismos sociales, movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos Los organismos o las organizaciones sociales, los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos pueden manifestarse y actuar políticamente, lo cual incluye la posibilidad de designar, postular e inscribir candidatos o listas de candidatos a los cargos de elección popular. En estos términos, la Corte considera que el principio de representatividad proporcional debe ser aplicado de forma extensiva y debe favorecer las propuestas políticas contenidas en las listas de candidatos presentadas, con sujeción a la ley, por los movimientos políticos, las organizaciones sociales, los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos. NORMA PRECONSTITUCIONAL -Determinación de exequibilidad TRANSITO CONSTITUCIONAL -Transformaciones TRANSITO CONSTITUCIONAL -No abolición total del régimen jurídico preexistente El proceso de tránsito constitucional no implica una abolición total del régimen jurídico preexistente, sino una exigencia de subordinación del mismo a los cánones del nuevo esquema superior. PREVALENCIA DE LA CONSTITUCION POLITICA -Incompatibilidad material /TRANSITO CONSTITUCIONAL -Terminología del régimen naciente NORMA ACUSADA EN TRANSITO CONSTITUCIONAL -Determinación de exequibilidad /NORMA ACUSADA EN TRANSITO CONSTITUCIONAL -Falta de coincidencia terminológica o formal Lo que determina la inexequibilidad de la norma que hace tránsito de un régimen constitucional a otro es la incompatibilidad material o sustancial que aquella tenga con el nuevo sistema y no la simple falta de coincidencia terminológica o formal que pueda existir entre ambos. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA PRECONSTITUCIONAL -Múltiples interpretaciones /PRINCIPIO DE CONSERVACION DEL DERECHO -Aplicación Si la norma preconstitucional sometida a juicio admite, dentro de sus múltiples interpretaciones, una que resulta compatible materialmente con los lineamientos del régimen constitucional al cual se incorpora, es deber del juez constitucional mantenerla en el ordenamiento jurídico, al punto que, si resulta necesario, se condicione su entendimiento en el sentido que le dé armonía con el régimen superior. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DEMOCRATICA -Extensión La Corte ha entendido que el principio de proporcionalidad democrática, que se manifiesta a través del concepto instrumental del cuociente electoral, se predica tanto de los partidos políticos como de las demás organizaciones, sociales o políticas -más o menos estructuradas-, que persiguen un fin político -mas o menos permanente-, e intervengan en una contienda electoral con sujeción a la Ley mediante la presentación de listas. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DEMOCRATICA -Comprende los grupos políticos PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL -Comprende los grupos políticos PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL -Adjudicación de puestos para corporaciones públicas con base en listas de candidatos DERECHO VIVIENTE -Alcance DERECHO VIVIENTE -Interpretación dada a la norma por el Consejo de Estado NORMA ACUSADA -Cargo por indebida aplicación de normas por Consejo de Estado Referencia: expediente D-3438
César Augusto Curvelo BeleñoCONSTITUCIONALIDADMarco Gerardo Monroy CabraDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º numeral 5º (parcial) del Decreto 2241 de 1986. "Por el cual se adopta el Código Electoral". Artículo 172 de la Constitución Nacional. Participación de grupos políticos.D3438Identificadores20020045151true66733Versión original20045151Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º numeral 5º (parcial) del Decreto 2241 de 1986. "Por el cual se adopta el Código Electoral". Artículo 172 de la Constitución Nacional. Participación de grupos políticos.
Actor: César Augusto Curvelo Beleño
La Sala Plena de la Corte constitucional, conformada por los magistrados Doctores Alfredo Beltrán Sierra -quien la preside-, Jaime Araujo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Eduardo Montealegre Lynett, Alvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, ha proferido la presente sentencia de acuerdo con los siguientes
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241-1 de la Constitución Política, el ciudadano César Augusto Curvelo Beleño demandó la expresión "y grupos políticos", contenida en el artículo 1º, numeral 5º del Decreto 2241 de 1986, por considerarla contraria a los artículos 172, 263, 264 y 265 de la Constitución Política.
"5. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. Dentro del marco del sistema del cuociente electoral, las corporaciones escrutadoras asegurarán la representación proporcional de los partidosy grupos políticos expresadas en las urnas conforme al artículo 172 de la Constitución Nacional."
Nancy L. González Camacho, en representación del ministerio de la referencia, intervino en el proceso para solicitar a la Corte que declare ajustada a la Constitución la norma demandada.
2. Registraduría Nacional del Estado Civil
Gilma Galván Coley, actuando en representación del organismo de la referencia, solicitó a la Corte en su intervención, declarar exequible el aparte acusado de la norma. Considera la entidad que a pesar de ser anterior a la Carta Política del 91, el principio de proporcionalidad consagrado en el artículo demandado está acorde con los cánones constitucionales que ilustran el sistema electoral colombiano.
"El término grupos políticos no puede entenderse aplicado solamente a aquellas divisiones que operan al seno de los partidos políticos, sino que también hace relación a los grupos significativos de ciudadanos 'asociaciones, cooperativas, en fin, grupos de persona que deseen participar en la actividad política del Estado", agrega.
Para el señor procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, la norma objeto de demanda se encuentra en concordancia con las normas constitucionales invocadas, pues son los propios preceptos superiores -particularmente los artículos 107 y 108 de la Carta- los que establecen que, en aras de universalizar y expandir la participación democrática de los ciudadanos en las decisiones que los afectan, pueden éstos agruparse en asociaciones políticas sin personería jurídica, con el fin de aspirar a los cargos de elección popular en las corporaciones públicas.
3. Determinación del cuociente electoral
Ahora bien, cuando los comicios tienen lugar, los ciudadanos que conforman el censo electoral acuden a las urnas de su respectiva circunscripción para elegir a los candidatos inscritos que se presentan para ocupar ocupar uno de los cargos por proveer dentro de la misma. Trátese de escaños unipersonales, como el de presidente de la República, gobernador o alcalde; o de cargos en cuerpos colegiados, como los del congreso, las asambleas departamentales o los concejos municipales, la composición final de cada una de las curules se encuentra determinada por los porcentajes de votación obtenidos por los candidatos o por las listas de candidatos presentadas al electorado.
Realizados los escrutinios, el sistema escogido por la Constitución colombiana[1] para repartir los escaños es el del cuociente electoral. El cuociente electoral resulta de dividir los votos válidos emitidos en cada circunscripción entre el número de curules por ser ocupadas. Seguidamente, con el fin de determinar el número de curules que corresponde ocupar a cada partido, se calcula el número de veces que el cuociente cabe en el número los votos obtenidos por cada lista. A los mayores residuos, corresponden sucesivamente los puestos que no fueron adjudicados directamente por el sistema del cuociente.
4. El principio de representación proporcional en la Constitución de 1991
"C. P. 1991. -ARTICULO 263. Para asegurar la representación proporcional de los partidos, cuando se vote por dos o más individuos en elección popular o en una corporación pública, se empleará el sistema de cuociente electoral. El cuociente será el número que resulte de dividir el total de los votos válidos por el de puestos por proveer. La adjudicación de puestos a cada lista se hará en el número de veces que el cuociente quepa en el respectivo número de votos válidos. Si quedaren puestos por proveer, se adjudicarán a los mayores residuos, en orden descendente."
5. Extensión del principio de representación proporcional
El Título IV de la Carta Política agrupa las principales normas constitucionales referidas a los mecanismos de participación democrática y a los partidos políticos. No obstante el enunciado del artículo, las normas que lo desarrollan dan cuenta de la existencia de otras organizaciones, diferentes a los partidos, que también son manifestación del derecho a la participación democrática[2].
"[E]lprincipio democrático que la Carta prohíja es a la vez universal y expansivo. Se dice que es universal en la medida en que compromete variados escenarios, procesos y lugares tanto públicos como privados y también porque la noción de política que lo sustenta se nutre de todo lo que vitalmente pueda interesar a la persona, a la comunidad y al Estado y sea por tanto susceptible de afectar la distribución, control y asignación del poder social. El principio democráticoes expansivo pues su dinámica lejos de ignorar el conflicto social, lo encauza a partir del respeto y constante reivindicación de un mínimo de democracia política y social que, de conformidad con su ideario, ha de ampliarse progresivamente conquistando nuevos ámbitos y profundizando permanentemente su vigencia, lo que demanda por parte de los principales actores públicos y privados un denodado esfuerzo para su efectiva construcción." (Sentencia C-089 de 1994)
Sobre este particular, la Corte recalcó que "la Constitución (…) no ha entregado a los partidos el monopolio de lo político. Estos deberán emular o integrarse en su actividadcon otras fuerzas surgidas del seno mismo de la sociedad y para las cuales el Estado, sus procesos decisorios, en fin, el mundo de la política, no resulta ajeno, máxime en la época presente en que la esfera de lo público se ha extendido e influido intensamente sobre lo que antes se consideraba 'asuntos propios del dominio privado' ". En el mismo fallo la Corte resalta que:
"Los candidatos no inscritos por partidos o por movimientos políticos deberán otorgar al momento de la inscripción una póliza de seriedad de la candidatura por la cuantía que fije el Consejo Nacional Electoral, la cual no podrá exceder el equivalente al uno por ciento del fondo que se constituya para financiar a los partidos y movimientos en el año correspondiente. Esta garantía se hará efectiva si el candidato o la lista de candidatos no obtiene al menos la votación requerida para tener derecho a la reposición de los gastos de la campaña de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Estos candidatos deberán presentar para su inscripción el número de firmas al que se refiere el inciso anterior."
"De conformidad con la Constitución el derecho a elegir y ser elegido y tomar parte en elecciones,no se limita de ninguna manera a los partidos y movimientos. Tanto en forma individual (CP art. 40), como a través de movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos (CP art. 108), se podrá lograr la inscripción de una candidatura para un cuerpo de elección popular. Dado que en estos casos no media el aval de un partido o movimiento político con personería jurídica, evento en el cual no se exige requisito adicional alguno - "la ley podrá establecer requisitos para garantizar la seriedad de las inscripciones de candidatos" -, la misma Constitución ha consagrado, en esta materia, un régimen diferencial, de modo que no se puede aducir quebranto alguno del principio de igualdad, salvo que las condiciones que se impongan sean irrazonables y obstaculicen de manera inconveniente el libre ejercicio de los derechos políticos.
"Los requisitos que ha establecido el proyecto, a juicio de la Corte, no exceden el margen de lo razonable que, ciertamente, tratándose del ejercicio de derechos políticos debe situarse siempre en los mínimos históricamente sostenibles en un momento dado. La garantía de seriedad de los objetivos y de presencia política que pretende satisfacerse - indispensable si se repara en los costos exagerados en que debería incurrir la organización electoral para soportar un ejercicio abusivo del derecho de postulación, aparte de que una desmedida profusión de nombres puede distorsionar gravemente el mismo sistema democrático -, no puede, como mera exigencia organizativa extremarse hasta un grado tal que impida el ejercicio de los derechos políticos. Por este aspecto, el proyecto se mantiene, como se ha dicho, dentro de lo que la experiencia electoral colombiana, puede considerar un mínimo razonable."
"Artículo 13. Financiación de las campañas. El Estado contribuirá a la financiación de las campañas electoralesde los partidos y movimientos políticos, lo mismo que las de los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos de conformidad con las siguientes reglas:
"a) En las campañas para Presidente, se repondrán los gastos a razón de cuatrocientos pesos ($400), por la primera vuelta y doscientos pesos ($200) por la segunda vuelta,por cada voto válido depositado por el candidato o candidatos inscritos. No tendrán derecho a la reposición de los gastos cuando su candidato hubiere obtenido menos del cinco por ciento (5%) de los votos válidos en la elección;
"b) En las campañas para Congreso de la República, se repondrán los gastos a razón de cuatrocientos pesos ($400), por cada voto válido depositado por lalista o listas de los candidatos inscritos;
"c) En el caso de las elecciones de Alcaldes y Concejales se repondrán a razón de ciento cincuenta pesos ($150) por voto válido depositado por lalista o lista de los candidatos inscritos. En el caso de las elecciones de Gobernadores y Diputados, se reconocerán los gastos a razón de doscientos cincuenta pesos ($250) por voto válido depositado por los candidatos o listas debidamente inscritos.
"La reposición de gastos de campañas sólo podrá hacersea través de los partidos, movimientos u organizaciones adscritas, y a los grupos o movimientos sociales, según el caso, excepto cuando se trate de candidatos independientes o respaldados por movimientos sin personería jurídica, en cuyo evento la partida correspondiente le será entregada al candidato o a la persona, natural o jurídica que él designe.
"Artículo 14. Aportes de particulares.Los partidos, movimientos políticos y candidatos, al igual que las organizaciones adscritas a grupos sociales que postulen candidatos, podrán recibir ayuda o contribuciones económicas de personas naturales o jurídicas.
" Artículo 47. Responsabilidad de los partidos y movimientos políticos.Los partidos y movimientos políticos, los movimientos y organizaciones sociales, son garantes de las calidades morales de sus candidatos elegidos a cargos de elección popular desde la inscripción hasta que termine su período."(Se subraya lo pertinente)
6. Determinación de la exequibilidad de una norma preconstitucional
La interpretación conjunta de las normas transcritas conduce a la conclusión de que el proceso de tránsito constitucional no implica una abolición total del régimen jurídico preexistente, sino una exigencia de subordinación del mismo a los cánones del nuevo esquema superior.[3]
Esta interpretación de las normas constitucionales citadas tiene además sustento hermenéutico en un principio que la Corte aplica frecuentemente; se trata del principio constitucional de la Conservación del Derecho[4]. Por virtud de esta máxima, cuando una disposición legal ofrece, a un tiempo, una interpretación exequible y otra contraria a la Constitución, es deber del juez constitucional acoger la que está acorde con los lineamientos constitucionales y, por tanto, permite conservar la norma en el ordenamiento jurídico. La Corte entiende que la necesidad de aplicar dicho principio se deriva del hecho de que los tribunales constitucionales no sólo deben "maximizar la fuerza de los contenidos normativos de la Carta sino también evitar el desmantelamiento del orden jurídico. Por ello es siempre preferible aquella decisión constitucional que, dentro de los marcos de la Carta, permite preservar la labor del Congreso, que aquella que supone su anulación."
7. Constitucionalidad de la norma acusada
8. Cargo por indebida aplicación de las normas, dada por el Consejo de Estado. Doctrina del derecho viviente.
Es así como el tribunal "límite" de la jurisdicción confiere a la normatividad legal el desarrollo práctico que le otorga una vida real en el mundo concreto de los conflictos jurídicos. La doctrina constitucional ha denominado esta dinamización de la norma, el derecho viviente[5] -por oposición al estatismo que reposa en la descripción abstracta del canon-, y ha considerado que cuando la interpretación que la jurisprudencia y la doctrina hacen de la ley representa una orientación predominante y definida de la norma, es deber del juez constitucional -en principio- el de acogerla, a menos que resulte palpable su oposición con los preceptos superiores.
DeclararEXEQUIBLE la expresión "y grupos políticos" contenida en el artículo 1º, numeral 5º del Decreto 2241 de 1986.
Exequible (la expresión "y grupos políticos" numeral 5º ) Artículo 1 DECRETO_2241_1986_15/07/1986
[1]Otros regímenes jurídicos utilizan fórmulas diversas para garantizar la representación proporcional de las votaciones en la composición de los cargos de elección popular. Los sistemas del número uniforme o el del cuociente nacional son dos de ellos. En el sistema del número uniforme, la Ley determina previamente el número de votos necesarios para que una lista pueda tener derecho a un diputado. En el cuociente nacional, se procede de manera similar que en el número uniforme, pero no es la Ley la que determina el número de votos necesarios para ocupar una curul, sino la división del número total de votos aportado en las urnas entre todas las circunscripciones del país. Cfr. Sánchez Torres, Carlos Ariel. "Derecho Electoral Colombiano", Ed. Legis, 1997. Pág 34.
[2]Según el artículo 2º de la Constitución Política, es uno de los fines esenciales del Estado facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan.
[3] Tal como lo afirma la Corte en la Sentencia C-281 de 1994, "La expedición de la Constitución Política de 1991 no implicó la derogatoria en bloque o por vía general de todas las normas integrantes del orden jurídico colombiano. Los cambios se produjeron en el nivel constitucional pero no necesariamente en el de las leyes ni en el campo de otras disposiciones del orden nacional, departamental, distrital o municipal. En este orden de ideas, conservan su vigencia todas las leyes y decretos con fuerza de ley que se habían expedido antes de la Carta y que no sean incompatibles con ella, pues, de ocurrir lo contrario, en virtud del artículo 4º eiusdem deberán inaplicarse las normas opuestas, en guarda de la supremacía de la Constitución."
[4]También llamado, Principio de Interpretación Conforme. Cfr. Sentencia C-273 de 1999.
[5]Sentencia C-557 de 2001

References: artículo 1
 Artículo 172
 artículo 1
 Artículo 172
 artículo 241
 artículo 1
 artículo 172
 artículo 13
 Artículo 47
 artículo 1
 Artículo 1
 artículo 2
 artículo 4