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Timestamp: 2020-08-13 10:47:20+00:00

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El desmantelamiento de la reforma del agua
Los propósitos institucionales y políticos de la reforma constitucional aprobada en el plebiscito de 2004 han sido gradualmente desvirtuados por los poderes Ejecutivo y Legislativo
"Una de las mayores expectativas de los promotores de la Reforma Constitucional - además de lograr una gestión pública y recuperar las zonas privatizadas- estaban centradas en introducir la perspectiva de la sustentabilidad en la gestión de los recursos hídricos, incorporando la participación y el control social", se decía en un artículo de REDES-Amigos de la Tierra Uruguay en 2006 sobre la lucha por el derecho al agua en Uruguay.
Al Artículo 47, que establecía que "La protección del medio ambiente es de interés general" y que "Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente", la enmienda puesta a votación en el plebiscito le agregó el texto siguiente:
"El agua es un recurso natural esencial para la vida.
4) La ley, por los tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá autorizar el suministro de agua, a otro país, cuando éste se encuentre desabastecido y por motivos de solidaridad."
"A partir de Estambul, Uruguay es referente en el tema", expresó el entonces titular del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), Carlos Colacce, a la vuelta del 5° Foro Mundial del Agua, celebrado en marzo de 2009 en Turquía. El Foro Mundial del Agua, realizado cada tres años desde 1997, es la reunión de mayor importancia y visibilidad a nivel global en el tema del agua.
Reunión de la Comisión de Cuenca del río Santa Lucía.
Al crear unos Consejos Regionales de Recursos Hídricos y asignarles la promoción y coordinación de las Comisiones de Cuenca y Acuíferos, el Artículo 29 estableció que "Dichas comisiones funcionarán como asesoras de los Consejos Regionales", los que a su vez funcionan como "un órgano consultivo, deliberativo, asesor y de apoyo a la gestión de la Autoridad de Aguas", es decir, el Poder Ejecutivo.
La reforma del Artículo 47 no anula la autoridad del Poder Ejecutivo establecida en el Código de Aguas de 1978 y reiterada en la ley 18.610, pero implica un cambio de la institucionalidad y de sus relaciones internas. Participación en "todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos" no es ser consultados sobre algo a decidirse en otra instancia, sino ser parte de las decisiones.
El ex director de la Dinagua Daniel González ha reconocido públicamente que asignar a las comisiones de cuenca y acuífero la función de asesoras no era coherente con el sentido de la participación social en la enmienda constitucional.
González lo justificó durante la mesa redonda "Agua, Ambiente y Territorio", con Manuel Chabalgoity, ex director de Ordenamiento Territorial, y Marcelo Cousillas, profesor de derecho ambiental, en las XIV Jornadas de la Red Temática de Medio Ambiente (16 de noviembre de 2016) diciendo que, de no haber sido así, determinados ministerios del gobierno del Frente Amplio habrían boicoteado directamente la aplicación de la ley.
Consultado respecto a si ese giro dado al texto de la ley fue acordado en el partido gobernante, ya que el Frente Amplio había acompañado la recolección de firmas para habilitar el plebiscito y apoyado la reforma, González explicó que el tema no fue discutido en la fuerza política y se dirimió de hecho por el peso en el gobierno de ciertos ministerios, especialmente el de Ganadería y Agricultura y el de Economía.
En el Artículo 11, la ley define como sustentable "la condición del sistema ambiental (...) que minimiza la generación de procesos de degradación presentes y futuros". Es una definición equivocada. Si el mínimo daño posible no asegura la reproducción del ecosistema, el proyecto no es sustentable. Ese criterio viene siendo utilizado para justificar cualquier acción, porque siempre hay un mínimo aplicable.
Titular de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, Carlos Colacce. Foto: Presidencia.
El Artículo 23 de la ley, "Atendiendo a lo expresado en el artículo 47 de la Constitución de la República respecto al agua, ambiente y territorio y a su gestión sustentable por cuencas e integrada en el ciclo hidrológico", creaba dentro del MVOTMA el Consejo Nacional de Agua, Ambiente y Territorio, integrado por representantes del gobierno, usuarios y sociedad civil, teniendo cada uno igual representación.
Ese Consejo debía formular también "un plan nacional de gestión de recursos hídricos en consonancia con las demás políticas nacionales y sectoriales vinculadas", pero el Consejo nunca se convocó y en 2016 fue sustituido por decreto.
Desde 2013, las comisiones de los ríos Cebollatí, Cuareim, Tacuarembó, San Antonio y Yi tuvieron esporádicamente una reunión anual, las de Laguna del Cisne, Río Santa Lucía y Acuífero Guaraní tuvieron, a veces, dos reuniones anuales y solo la de Laguna del Sauce se reúne mensualmente. Para las organizaciones sociales este régimen de funcionamiento de las comisiones de cuenca es absolutamente insuficiente para el conocimiento de los temas y la participación de la sociedad civil.
En este contexto, la definición del Plan Nacional de Aguas, que debería elaborar aquel Consejo Nacional de Agua, Ambiente y Territorio, tuvo un trámite muy particular. Para mantener las apariencias, la Dinagua organizó un remedo de consulta pública donde, en una veintena de reuniones de pocas horas, unas centenas de ciudadanos y algunas organizaciones sociales opinaron sobre el plan.
El decreto del Poder Ejecutivo que dio por aprobado el Plan, el 31 de julio último, tras afirmar que daba cumplimiento al "mandato legal" y a la divulgación y discusión para "la puesta en consideración del plan por parte de la ciudadanía", estableció que ese plan "se formulará y ejecutará a través de la nueva institucionalidad" (sic) compuesta por el Sistema Nacional Ambiental, su Gabinete y la SAACC.
La 'nueva institucionalidad' reconocida por el Poder Ejecutivo no tiene nada que ver con el contenido de la reforma del agua plebiscitada en 2004, ni con la ley de Política Nacional de Aguas que pretendió reglamentar el Artículo 47 de la Constitución. Los cambios institucionales no son inocentes ni neutrales, ya se reflejan en el propio Plan de Aguas aprobado y los cambios en curso de la Ley de Riego.
Etiquetas: Agua , Medio Ambiente , MVOTMA , Politica , Sociedad , Ventanas
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References: Artículo 47
 Artículo 29
 Artículo 47
 Artículo 11
 Artículo 23
 artículo 47
 Artículo 47