Source: https://www.slideshare.net/oscarfloresrocha/argumentacin-jurdica-y-aplicacin-de-los-tratados
Timestamp: 2017-10-22 07:10:05+00:00

Document:
Argumentación jurídica y aplicación de los tratados
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1. DIPLOMADO ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Septiembre 2011 – Mayo 2012 Guía de Estudio de la MateriaArgumentación jurídica y aplicación de los tratados internacionales de los derechos humanos Dr. Christian Courtis Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
2. OBJETIVOS DE LA GUÍAArgumentación jurídica desde el derecho internacional de los derechos humanos.La presente guía está destinada a introducir las cuestiones más importantes que plantea larelación entre normas internacionales de derechos humanos y derecho nacional o derechointerno. Aunque estas cuestiones se enmarcan en el contexto más general de las relacionesentre derecho internacional y derecho interno, algunas particularidades del derechointernacional de los derechos humanos conllevan consecuencias específicas, que no sonnecesariamente predicables respecto de toda norma internacional.Para ello, se hace necesario ofrecer al lector un panorama que abarque al menos lassiguientes cuestiones:-la caracterización de las normas internacionales de derechos humanos, tanto en materia decontenido, como en materia de mecanismos de supervisión;-las relaciones entre derecho internacional de los derechos humanos vinculante para unEstado y su derecho interno. Esto implica requiere discutir tres cuestiones generales: la delos sistemas de incorporación del derecho internacional al derecho interno; la de la jerarquíade las normas internacionales, y específicamente las de normas internacionales de derechoshumanos, al derecho interno, y la de la llamada auto-ejecutividad o carácter auto-aplicablede las normas internacionales en el ámbito interno – en especial, las de los tratadosinternacionales de derechos humanos;-suplementariamente, y más allá de estas cuestiones generales, la experiencia comparadaen la materia muestra que la interacción del derecho internacional de los derechos humanosy del derecho interno, en especial a partir del funcionamiento de diversos mecanismosinternacionales de supervisión del cumplimiento de obligaciones que emanan de tratados dederechos humanos, genera un cúmulo de decisiones y recomendaciones de órganosinternacionales de derechos humanos destinados a los órganos del Estado – y ellocomprende al Poder Judicial. Es conveniente, por ende, ofrecer al lector algunos elementosde análisis de este cúmulo de decisiones y recomendaciones de diferente naturalezanormativa y tenor;-por último, la guía identifica algunos de los desafíos más importantes que plantea laelaboración de una dogmática que integre la interpretación de normas constitucionales sobrederechos fundamentales y normas internacionales de derechos humanos vinculantes para unEstado, con particular referencia a México.Aunque estos temas son de alcance general y serían pertinentes para todo Estado vinculadopor normas internacionales de derechos humanos, y para toda norma internacional dederechos humanos, esta guía ha privilegiado ejemplos derivados específicamente delcontexto mexicano y, desde el punto de vista temático pone énfasis en ejemplos vinculadoscon normas y mecanismos internacionales que tienen como objeto los derechos de lasmujeres. 2
3. CRONOGRAMA DE TRABAJOSesión 01Introducción y panorama general de la temática Lectura de la Guía. Comentar dudas en el foro social y en el foro de grupo. Acudir a sesión de chat.Sesión 02La recepción del derecho internacional de los derechos humanos por los juecesconstitucionalesObjetivo: analizar las formas en que distintas cortes constitucionales reciben al DIDH, másallá de su jerarquía constitucional y/o método de reconocimiento en el texto constitucional. Nash Rojas, Claudio (2010). La concepción de derechos fundamentales en Latinoamérica. México: Fontamara, pp. 159-185 y 201-227. Uprinmy, Rodrigo, “El bloque de constitucionalidad en Colombia. Un análisis jurisprudencial y un ensayo de sistematización doctrinal”. Mimeo, 35 p. Extractos de la Sentencia del Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, Corte IDH, 26 de noviembre de 2010, sección “c.3. Garantías de no repetición”, párrafos 224-235. Comentar dudas en el foro social y en el foro de grupo. Acudir a sesión de chat.Sesión 03La reforma constitucional en materia de derechos humanosObjetivo: examinar la reforma constitucional en materia de derechos humanos en el casomexicano. Carmona Tinoco, Jorge Ulises (2011), “La reforma y las normas de derechos humanos previstas en los tratados internacionales” en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro, La Reforma Constitucional de Derechos Humanos: un nuevo paradigma, IIJ- UNAM, México, pp. 39-62. Caballero Ochoa, José Luis, (2011). “La cláusula de interpretación conforme y el principio pro persona (artículo 1º segundo párrafo de la Constitución) en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro, La Reforma Constitucional de Derechos Humanos: un nuevo paradigma, IIJ-UNAM, México, pp. 103-133. Comentar dudas en el foro social y en el foro de grupo. Acudir a sesión de chat. 3
4. Sesión 04La interacción entre el derecho internacional de los derechos humanos y elderecho interno en MéxicoObjetivo: analizar la incorporación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana al ordenjurídico mexicano en el nuevo marco constitucional, de conformidad con las resolucionesrecientes de la SCJN. SCJN, Resolución del Pleno, Expediente Varios 912/2010. (No es necesario leer los votos particulares). SCJN, Acuerdo general 9/2011, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación. Comentar dudas en el foro social y en el foro de grupo. Acudir a sesión de chat.Sesión 05Implicaciones constitucionales de la interacción entre los órdenes internacional ynacional: interpretación conforme y control de convencionalidad. Parte IObjetivo: analizar el control de convencionalidad y la interpretación conforme en susimplicaciones generales, a partir de su surgimiento en la Corte Interamericana de DerechosHumanos y su impacto en el derecho interno. Pedro Sagües, Néstor (2010). “Obligaciones internacionales y control de convencionalidad”, en Estudios constitucionales, año 8, número 1. Chile: Centro de Estudios Constitucionales, Universidad de Talca, pp. 117-136. Gozaíni, Osvaldo (2008). “El impacto de la jurisprudencia del sistema interamericano en el derecho interno” en Albanase Susana (coord.), El control de convencionalidad. Argentina: EDIAR. Secciones, 4, 5, 6 y 7, pp. 94-112. Comentar dudas en el foro social y en el foro de grupo. Acudir a sesión de chat.Sesión 06Implicaciones constitucionales de la interacción entre los órdenes internacional ynacional: interpretación conforme y control de convencionalidad. Parte IIObjetivo: analizar el control de convencionalidad y la interpretación conforme en el casomexicano. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (2011). “Interpretación Conforme y Control Difuso de Convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexicano”, en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro, La Reforma Constitucional de Derechos Humanos: un nuevo paradigma, IIJ-UNAM, México, pp. 339-429. Comentar dudas en el foro social y en el foro de grupo. Acudir a sesión de chat. 4
5. Sesión 07Los principios de los derechos humanos en la Constitución mexicanaObjetivo: examinar la incidencia práctica que tienen los principios de universalidad,interdependencia, indivisibilidad y progresividad en la práctica judicial. Vázquez, Luis Daniel y Serrano, Sandra (2011), “Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Apuntes para su aplicación práctica”, en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro, La Reforma Constitucional de Derechos Humanos: un nuevo paradigma, IIJ-UNAM, México, pp. 135-165. Comentar dudas en el foro social y en el foro de grupo. Acudir a sesión de chat.Sesión 08Argumentación en casos de derechos socialesObjetivo: niveles mínimos esenciales, revisión de la razonabilidad y principio deprogresividad. Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, (2009), Los derechos sociales como derechos exigibles. Madrid: Trotta, pp. 89-116 Liebenberg, Sandra (2006), “Adjudicación de derechos sociales en la Constitución de Transformación Social de Sudáfrica” en Anuario de Derechos Humanos. Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, pp. 53-67. Extractos del caso Grootboom, Corte Constitucional de Sudáfrica. Comité de DESC. (2000). Observación General No. 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. 20 páginas. Extractos del caso: Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, Sentencia de Amparo de la Comunidad Mixteca Mini Numa, 1157/2007-II, 11 de julio de 2008. Comentar dudas en el foro social y en el foro de grupo. Acudir a sesión de chat. 5
6. Argumentación jurídica desde el derecho internacional de los derechos humanos. Dr. Christian Courtis 1) Las normas internacionales de derechos humanos. Un panorama.1.1) CaracterizaciónEl derecho internacional de los derechos humanos forma parte del derecho internacionalgeneral, y se rige en muchos aspectos por las normas generales que regulan ese derecho.Sin embargo, conviene distinguir algunos rasgos específicos del derecho internacional de losderechos humanos, que permiten identificar aquellas características que les son propias.El objeto fundamental del derecho internacional de los derechos humanos no es el deregular el interés mutuo de los Estados –como es el caso, por ejemplo, del derechocomercial internacional, expresado habitualmente en tratados bilaterales o multilaterales decomercio– sino el de regular las relaciones de los Estados con las personas o grupossometidos a su poder, en el ámbito de lo que la comunidad internacional considera queconstituye el conjunto de los derechos inherentes a la persona humana. De esta idea puedendesprenderse algunas reflexiones.En primer lugar, es evidente que el objeto de regulación del derecho internacional de losderechos humanos coincide en parte con el objeto de regulación de un capítulo esencial delderecho constitucional nacional, es decir, el capítulo de los derechos fundamentalesestablecidos por una Constitución. ¿Por qué sería necesario duplicar la protección queproveen las normas constitucionales a nivel local en el plano internacional, creando normasy mecanismos internacionales en materia de derechos humanos? La experiencia histórica delSiglo XX –siglo de establecimiento del derecho internacional de los derechos humanos–parece haber demostrado de modo contundente que los sistemas nacionales de protecciónde los derechos fundamentales son falibles, y que en el nombre de la “soberanía” y delámbito de los “asuntos internos” de los Estados se han cometido atrocidades y violacionesinjustificables. En este sentido, el reconocimiento internacional de derechos humanos y lacreación de mecanismos internacionales de protección responde justamente a la concienciainternacional acerca de la limitación de los mecanismos nacionales de reconocimiento yprotección de derechos fundamentales. En cuanto al reconocimiento de derechos humanos,el establecimiento de normas internacionales de derechos humanos tiene como objetoprincipal constituirse como parámetro para la evaluación de la normativa y las prácticas delos órganos de poder nacionales, que pueden incumplir con esos estándares internacionales,bien por contradecirlos o bien por ignorar sus mandatos. En cuanto al establecimiento demecanismos internacionales de protección, vale señalar que los mecanismos internacionalesde carácter jurisdiccional o cuasi-jurisdiccional son subsidiarios de los mecanismosnacionales de protección, es decir, sólo es posible acudir a ellos cuando se han agotado losrecursos de la jurisdicción interna. Esto significa que el propio derecho internacional de losderechos humanos se preocupa de la articulación de ambos sistemas de protección –nacional e internacional – dando prioridad a los sistemas de protección nacional. De modoque en principio sólo en aquellos casos en los que los sistemas de protección nacional noofrezcan satisfacción a las presuntas víctimas cabe acudir a los mecanismos internacionalesde carácter jurisdiccional o cuasi-jurisdiccional que vinculen al Estado respectivo. Desde yaes necesario apuntar el papel central del Poder Judicial en esta materia, dado que laprotección de los derechos fundamentales en el ámbito nacional corresponde de manera 6
7. privilegiada a este Poder. Por ende, los jueces tienen una responsabilidad central enasegurar la protección de los derechos humanos en el ámbito nacional, evitando así – depaso – que el Estado sea enjuiciado frente a mecanismos internacionales de carácterjurisdiccional o cuasi-jurisdiccional.En segundo lugar, la identificación del elenco de derechos humanos por parte de lacomunidad internacional ha sido un proceso dinámico y evolutivo, abierto a nuevosdesarrollos. Desde la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos – o de suequivalente regional americano, la Declaración Americana de Derechos y Deberes delHombre – en 1948, el derecho internacional de los derechos humanos se ha caracterizadopor dos procesos paralelos y convergentes.Por un lado, un proceso de gradual codificación, que ha dado preeminencia a la fuenteconvencional, es decir, a los tratados de derechos humanos, como fuente privilegiada deesta rama del derecho – sin perjuicio del papel que pueda corresponderle a la costumbreinternacional. Más allá de la Declaración de 1948, en el plano universal, el derechointernacional de los derechos humanos se compone ya de nueve tratados principales,complementados en muchos casos por protocolos facultativos. Los principales tratadosinternacionales de derechos humanos son la Convención Internacional para la Eliminación deTodas las Formas de Discriminación Racial (1965), el Pacto Internacional de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales (1966), el Pacto Internacional de Derechos Civiles yPolíticos (1966), la Convención para la Eliminación de Todas las Forma de Discriminacióncontra la Mujer (1979), la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,Inhumanos o Degradantes (1984), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), laConvención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los TrabajadoresMigratorios y sus Familiares (1990), la Convención sobre los Derechos de las Personas conDiscapacidad (2006) y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personascontra las Desapariciones Forzadas (2006).Este proceso también se ha registrado en el plano regional: en el ámbito de la Organizaciónde los Estados Americanos, la codificación de tratados internacionales de derechos humanosincluye a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de SanJosé de Costa Rica) (1969), la Convención Interamericana para Prevenir y sancionar laTortura (1985), el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanosen materia de Derechos económicos, sociales y culturales (también llamado Protocolo deSan Salvador) (1988), la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada dePersonas (1994), la Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar laViolencia contra la Mujer (también llamada Convención de Belém do Pará) (1994) y laConvención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contralas personas con discapacidad (1999). En los ámbitos continentales europeo y africano sehan producido desarrollos semejantes.El proceso de codificación ha sido acompañado además por otros procesos complementariosque lo han guiado y fortalecido. Además de la adopción de normas convencionalesvinculantes (tratados internacionales), la comunidad internacional también ha adoptado unaserie de normas no vinculantes (usualmente denominadas con el término inglés soft law,que significa literalmente “derecho suave” o “derecho blando”), que sin embargo han servidocomo guía interpretativa y como normativa modelo – y en muchos casos, como antecedentede la posterior adopción de una norma obligatoria. El derecho internacional de los derechoshumanos también se ha visto enriquecido por su interacción y reforzamiento recíproco conotras ramas del derecho internacional con los que existen coincidencias o superposicionesparciales, como el derecho internacional humanitario, el derecho internacional del trabajo oel derecho de la protección diplomática y consular. 7
8. Pero en materia de desarrollo del contenido de los derechos y obligaciones que emanan denormas internacionales de derechos humanos, el aporte decisivo ha sido la labor deinterpretación de los órganos internacionales establecidos por los tratados de derechoshumanos, a través de los distintos mecanismos y facultades con los que cuentan. Ademásdel desarrollo de jurisprudencia en casos concretos, y el desarrollo de criterios de análisis desituaciones generales a la luz de la obligaciones fijadas por los respectivos instrumentos almomento de revisar informes periódicos de los Estados partes, los órganos de tratados delsistema universal de derechos humanos han adoptado la práctica de emitir observaciones ocomentarios generales sobre derechos, obligaciones y otros aspectos específicos derivadosdel tratado sobre el cual tienen competencia para entender. En algunos sistemas regionalesde derechos humanos, como el sistema interamericano, la adopción de opiniones consultivaspor parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos – en este caso, a instancia deactores específicamente habilitados para solicitarlas – ha cumplido un papel equivalente. Lomismo puede decirse de la facultad de preparación de informes temáticos por órganosregionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o por procedimientosespeciales del sistema universal o de sistemas regionales.Por otro lado, y desde el punto de vista del contenido de los derechos reconocidos en lostratados – y normas no vinculantes – de derechos humanos, se ha producido un proceso deespecificación de los derechos, que en general responde a criterios de dos tipos. Primero,algunos instrumentos de derechos humanos han afinado la definición y las obligacionesemanadas de disposiciones ya contenidas previamente, de manera más general, en normasexistentes. Es el caso, por ejemplo, de la Convención contra la Tortura, y de la Convencióncontra la Desaparición Forzada. Segundo, otros instrumentos de derechos humanos hanespecificado el contenido de los derechos ya reconocidos universalmente y el alcance de lasobligaciones que se derivan de ellos, en relación con colectivos específicos, como lasminorías étnicas, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los trabajadoresmigratorios y sus familiares y los pueblos indígenas y sus miembros1.Un tercer elemento necesario para entender la actual evolución del derecho internacional delos derechos humanos es que, además de la codificación de los derechos (lo que podríadenominarse parte dogmática del derecho internacional de los derechos humanos), lasnormas internacionales de derechos humanos crean órganos y mecanismos internacionalesde supervisión del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones sustantivas impuestaspor ellas por parte de los Estados obligados (es decir, la parte orgánica del derechointernacional de los derechos humanos). En el sistema universal, los principales tratadosinternacionales de derechos humanos crean en general órganos de supervisión denominadoscomités, compuestos por expertos independientes. Así, por ejemplo, funcionan actualmenteen el ámbito universal ocho comités: el Comité de Derechos Humanos (órgano desupervisión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), el Comité de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales (que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional deDerechos Económicos, Sociales y Culturales), el Comité para la Eliminación de laDiscriminación Racial (que supervisa el cumplimiento de la Convención para la Eliminaciónde Todas las Formas de Discriminación Racial), el Comité para la Eliminación de laDiscriminación contra la Mujer (órgano de supervisión de la Convención para la Eliminaciónde Todas las Forma de Discriminación contra la Mujer), el Comité contra la Tortura (quesupervisa el cumplimiento de la Convención contra la Tortura), el Comité de los Derechos delNiños (que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño), elComité sobre los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (que supervisa el cumplimiento1 Ver, al respecto, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), que reconoce el antecedente delConvenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en PaísesIndependientes (1989). 8
9. de la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los TrabajadoresMigratorios y sus Familiares), y el Comité sobre los Derechos de las Personas conDiscapacidad (órgano de supervisión del cumplimiento de la Convención sobre los Derechosde las Personas con Discapacidad)2. El Protocolo Facultativo de la Convención contra laTortura ha establecido además un Subcomité contra la Tortura, que tiene facultades desupervisión adicionales a las del Comité establecido por el tratado principal. En cuanto alsistema interamericano de derechos humanos, sus órganos de supervisión sonfundamentalmente dos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede enWashington, EE.UU., y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, radicada en SanJosé, Costa Rica.Existen, además otros órganos internacionales cuya creación se deriva directa oindirectamente de la Carta de Naciones Unidas. El principal órgano político en materiaespecífica de derechos humanos es el denominado Consejo de Derechos Humanos,establecido en el año 2006 por resolución de la Asamblea general de las Naciones Unidas, enreemplazo de la anterior Comisión de Derechos Humanos. El Consejo es un órganocompuesto por 47 Estados. La anterior Comisión de Derechos Humanos y el actual Consejode Derechos Humanos han establecido también un conjunto de mandatos o procedimientosespeciales, algunos temáticos y otros sobre la situación de los derechos humanos en paísesespecíficos. Algunos de estos mandatos son de carácter individual – como los llamadosRelatores Especiales y Expertos Independientes – y otros son colegiados – como losdenominados Grupos de Trabajo.En cuanto a los mecanismos de supervisión, los tratados internacionales de derechoshumanos establecen varios tipos de mecanismos. El más común en el sistema universal es eldenominado mecanismo de informes, que obliga a los Estados partes de un tratado apresentar al respectivo comité informes periódicos sobre las medidas adoptadas y lasdificultades encontradas para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esetratado. Varios tratados del sistema universal – en su texto, o a través de protocolosfacultativos – y algunos tratados regionales de derechos humanos establecen tambiénmecanismos jurisdiccionales o cuasi-jurisdiccionales que permiten a la o las personas que seconsideren víctimas de violaciones a los derechos humanos establecidas en un tratadointernacional, la presentación de una comunicación, petición o queja ante el respectivoórgano de supervisión, una vez cumplidos ciertos requisitos – entre los cuales se encuentrafundamentalmente el denominado agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna.Los tratados internacionales de derechos humanos establecen también otros mecanismos desupervisión. Algunos prevén la posibilidad de comunicaciones o quejas interestatales – enlas que la comunicación es presentada por un Estado parte y no por la o las presuntasvíctimas. Otros tratados establecen la posibilidad de iniciación, por parte del Comitérespectivo, de una investigación, que puede incluir una visita al país concernido, cuando elórgano reciba información fiable acerca de la existencia de violaciones graves o masivas alos derechos o de las obligaciones establecidas en el instrumento sustantivocorrespondiente. El novedoso Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura otorgaal Subcomité creado por ese instrumento la facultad de realizar visitas a establecimientos dedetención de los Estados partes, además de obligar a los Estados a crear un órgano nacionalindependiente dotado de facultades similares. En sistemas regionales de derechos humanos,como el sistema interamericano, órganos tales como la Comisión Interamericana deDerechos Humanos tienen la facultad de elaborar informes sobre la situación de los derechoshumanos en países de la región, que generalmente involucran también visitas a ese país.2 La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas aún noha reunido el número de ratificaciones necesarias para su entrada en vigor, de modo que todavía no se haestablecido el correspondiente comité para su supervisión. 9
10. Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos tiene a su cargo el denominado ExamenPeriódico Universal, mecanismo de supervisión inter pares de la situación de derechoshumanos de todos los Estados que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas.Los procedimientos especiales tienen, a su vez, facultades para realizar, con el previoconsentimiento del Estado concernido, visitas a países, y de recibir llamados urgentes ocartas de alegación sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, siempre enrelación con su respectivo mandato.La coexistencia de sistemas internacionales de derechos humanos suscita la pregunta sobrelas reglas de interpretación necesarias para solucionar casos de conflicto o de superposiciónde normas que versen sobre el mismo objeto. México, por ejemplo, es partesimultáneamente de tratados del sistema universal y del sistema interamericano dederechos humanos cuyas áreas de regulación coinciden en la mayor parte. Así, a guisa deejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos se refiere en su mayor parte aderechos también contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; elProtocolo de San Salvador y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales yCulturales también coinciden en su mayor parte en las materias tratadas; la ConvenciónInternacional y la Convención Interamericana contra la Tortura regulan obligacionessimilares. Si la regulación es idéntica, ello no plantea ningún problema, pero ¿qué sucedecuando existe conflicto entre dos normas internacionales de derechos humanos, o cuandouna contiene una regulación más extensa o más exigente que otra? Para la solución de estoscasos debe acudirse al denominado principio pro homine o pro persona, de acuerdo con elcual en caso de pluralidad de normas de derechos humanos aplicables, debe preferirse lanorma más favorable a los derechos de la persona. Es decir, debe preferirse la norma queestablezca un derecho más extenso a la persona, o bien aquella que establezca menoresrestricciones al derecho. Como veremos, el principio también es importante en materia dearticulación de las normas internacionales de derechos humanos con las normasconstitucionales que establecen derechos fundamentales.Para finalizar esta breve síntesis, cabe recordar que el proceso de codificación internacionaltiene como protagonistas principales a los Estados, que son quienes adoptan normasinternacionales en el marco de organizaciones interestatales – como la Organización de lasNaciones Unidas o la Organización de los Estados Americanos. En el mismo sentido, cabeseñalar que las principales fuentes del derecho internacional – los tratados y la costumbre –implican la aceptación voluntaria de los Estados. De modo que en materia de derechointernacional de los derechos humanos no puede oponerse como excusa la “imposición” denormas extrañas frente a la legislación o tradición nacional o el carácter foráneo delmecanismo de supervisión de las obligaciones establecidas en normas internacionales, yaque fue el propio Estado quien, a partir de su decisión soberana, bien participó o tuvo laoportunidad de participar en la formación de esas normas internacionales – en especial, delos tratados – o decidió ratificarlos o asumir como obligatoria una norma consuetudinaria.Como se señaló antes, en materia de derecho internacional de los derechos humanos, lafuente preeminente es la de los tratados, que vinculan a los Estados desde su ratificación.En el caso particular de México, puede señalarse además que se trata de un Estado que hatenido una muy activa participación en el marco de la adopción internacional de tratadosinternacionales de derechos humanos, tanto en el ámbito interamericano como en el ámbitouniversal – en algunos casos, como el de la Convención sobre los Derechos de las Personascon Discapacidad, fue uno de los principales impulsores de su adopción.1.2) Consideraciones adicionales sobre el contenido de los tratados internacionales dederechos humanos: la distinción entre derechos civiles y políticos y derechos económicos,sociales y culturales y los derechos de la mujer 10
11. Si bien la Declaración Universal de Derechos Humanos incluyó en su texto tanto derechosciviles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales, parte del proceso decodificación (es decir, de desarrollo del contenido de la Declaración Universal eninstrumentos vinculantes) acaecido entre las décadas del 50 y 60 del siglo XX reprodujo unadiferencia de tratamiento entre ambos conjuntos de derechos – diferencia, dicho sea depaso, que no era ajena al constitucionalismo comparado. La discusión, de tenorfundamentalmente político y vinculada a la división de bloques de la llamada Guerra Fría,culminó con la adopción en 1966 de dos tratados diferenciados: por un lado el PactoInternacional de Derechos Civiles y Políticos, y por otro el Pacto Internacional de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales.Si uno compara el texto de ambos instrumentos, pueden encontrarse algunas diferenciasimportantes, entre ellas las siguientes: a) el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales modaliza las obligaciones establecidas en el pacto del siguiente modo: “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.” El Pacto de Derechos Civiles y Políticos no contiene una cláusula semejante. Como puede apreciarse, el artículo 2.1 introduce la noción de progresividad de la realización de los derechos, vincula tal realización al máximo de los recursos disponibles, y hace referencia a la asistencia y cooperación internacionales como medios para la realización de los derechos contenidos en el Pacto. b) Las referencias a la cooperación y asistencia internacionales se repiten en distintas cláusulas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en tanto que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no incluye referencias a esas nociones. c) El Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 2.3 la obligación de los Estados partes de garantizar que “(t)oda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo”. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no incluye una disposición semejante. d) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos crea un órgano de supervisión, denominado “Comité de Derechos Humanos”. El texto del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no crea un órgano específico, y asigna la función de revisión de los informes estatales al Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. e) La adopción del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue acompañada de la adopción del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece la competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir comunicaciones o peticiones individuales en casos de alegada violación a los derechos contenidos en el Pacto. En contraste, la adopción del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no fue acompañada por un Protocolo Facultativo semejante – de modo que el único mecanismo de supervisión previsto para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de ese Pacto era el mecanismo de informes estatales.En síntesis, puede decirse que, en la concepción de los redactores de ambos pactos, ladistinta “naturaleza” de los derechos civiles y políticos, por un lado, y de los derechos 11
12. económicos, sociales y culturales, por otro, imponía una diferencia de tratamiento entreambos – y a la postre la adopción de dos instrumentos distintos. No es difícil percibir elparalelo entre esta concepción y la de algunos planteamientos doctrinarios tradicionales enel marco del constitucionalismo del siglo XX que, pese a aceptar el hecho de laconstitucionalización de los derechos sociales, los relegaban a una categoría inferior porconsiderárselos “meramente programáticos”. Esta sigue la noción prevalente en la doctrina yjurisprudencia constitucional mexicana, pese a que la Constitución incluye derechos socialesdesde 1917.Del distinto tratamiento que hacen ambos Pactos de su respectivo conjunto de derechopueden inducirse al menos dos tipos de presuntas diferencias. Por un lado, el énfasis en quela realización de los derechos económicos, sociales y culturales requiere de tiempo y derecursos (tanto nacionales como internacionales), y por tanto la plena realización no puedeexigirse de manera inmediata sino más bien progresiva. Por otro lado, la sugerencia de que,mientras los derechos civiles y políticos son susceptibles de recurso en caso de violación – o,dicho de otro modo, son justiciables – los derechos económicos, sociales y culturales no loson.Ha tomado largo tiempo a la comunidad internacional la relativización de estas diferenciasque, en la adopción de dos pactos diferenciados, se presentaban como categóricas oabsolutas. Desde el punto de vista práctico, una parte importante de la evolución deldesarrollo doctrinario en materia de caracterización e interpretación de los derechoseconómicos, sociales y culturales sólo comenzó cuando el Consejo Económico y Socialesdelegó sus funciones de supervisión del cumplimiento de las obligaciones emanadas delPacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a través de la creación,por Resolución 17/1985, de un órgano específico, el Comité de Derechos Económicos,Sociales y Culturales. La falta de previsión de un órgano específico para la supervisión de lasobligaciones emanadas del Pacto en el texto original del instrumento no fue consecuencia deuna diferencia de “naturaleza” de los derecho allí establecidos, sino más bien de prejuicios yde falta de atención acerca de la entidad de los derechos económicos, sociales y culturalescomo derechos humanos, y se tradujo en un relativo abandono o retraso del desarrollo de sucontenido. Parte del tiempo perdido se ha recuperado con la intensificación de la tareainterpretativa y doctrinaria del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales apartir de la década del noventa del pasado siglo.Con respecto a la alegada “diferencia de naturaleza” de los derechos civiles y políticos enrelación con los derechos económicos, sociales y culturales, cabe comenzar diciendo que laclasificación de un derecho en una u otra categoría no es absoluta o taxativa, sino más bienconvencional. Instrumentos autodefinidos como tratados de derechos civiles y políticos –como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos – contienen también derechosque podrían calificarse como derechos sociales – como la protección contra el trabajoforzoso, libertad sindical, el derecho a la protección de la familia y de los niños y niñas.Otros derechos y principios incluidos en estos instrumentos son de carácter transversal, ypueden aplicarse tanto a derechos civiles y políticos como a derechos económicos, sociales yculturales – es el caso del derecho de acceso a la justicia y de las garantías del debidoproceso, el derecho a participar en los asuntos públicos y el del principio de igualdad y laprohibición de discriminación. Además de ello, se ha señalado que una de las consecuenciasde la noción de indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos consiste enque existen obligaciones comunes o superpuestas entre derechos civiles y políticos yderechos económicos, sociales y culturales – por ejemplo, existen evidentes vínculos entre elderecho a la vida y el derecho a la salud o el derecho a la alimentación. 12
13. En rigor, es difícil reducir la pertinencia a una u otra categoría de derechos a un único rasgodefinitorio, como la existencia de obligaciones negativas – que caracterizaría a priori a losderechos civiles y políticos – frente a la existencia de obligaciones positivas – quecaracterizaría a priori a los derechos económicos, sociales y culturales. Resulta evidente quelos derechos civiles y políticos también imponen obligaciones positivas, que son sin dudacostosas: el derecho de acceso a la justicia y los derechos electorales son obvios ejemplosde derechos cuyo ejercicio no estaría garantizado si no se crearan los mecanismos y lainfraestructura necesaria para ejercerlos. Por otro lado, también es falso reducir losderechos económicos, sociales y culturales a sus aspectos prestacionales o a obligacionespositivas: los derechos económicos, sociales y culturales también incluyen el reconocimientode libertades y de protección contra la interferencia indebida. Ejemplos tales como lalibertad sindical, el derecho a no ser sometido a desalojos forzosos injustificados y elderecho al respeto del consentimiento informado en caso de intervención médica dantestimonio de estos aspectos.De modo que la supuesta diferencia absoluta de “naturaleza”, de acuerdo a la cual todos losderechos civiles y políticos están exentos de costo e imponen obligaciones de naturalezainmediata, mientras los derechos económicos, sociales y culturales dependen siempre de laexistencia de recursos y por ende están completamente librados a la progresividad de surealización, es una caracterización errónea. Existen obligaciones derivadas de los derechosciviles y políticos que pueden caracterizarse como puramente negativas y que son deaplicación inmediata, sin requerir mayormente de recursos, mientras que otras obligacionesson positivas, dependen del nivel de recursos existentes y por ende son de cumplimientonecesariamente gradual. Difícilmente se exigiría las mismas condiciones carcelarias a un paísdesarrollado que a un país en desarrollo: es evidente que los estándares aplicablesdependen del nivel de recursos disponibles.En sentido similar, como se ha dicho, en materia de derechos económicos, sociales yculturales también pueden identificarse obligaciones negativas y positivas, y obligacionesmás o menos dependientes de recursos. De acuerdo con la doctrina del Comité de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socialesy Culturales impone algunas obligaciones de carácter inmediato, cuyo cumplimiento no estásometido a la progresividad – como la prohibición de discriminación, y la obligación deadoptar medidas dirigidas a la realización de los derechos incluidos en ese instrumento. Másaún, el Comité ha señalado que todo derecho incluido en el Pacto exige de los Estadospartes el cumplimiento inmediato de al menos un nivel mínimo de obligaciones esenciales,que incluye habitualmente el cumplimiento de obligaciones positivas – como elaseguramiento de educación primaria universal, gratuita y obligatoria, o el acceso universala medicación básica – no están sometidas a progresividad ni están libradas a ladisponibilidad de recursos.El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha sugerido que todo derechohumano – independientemente de que se lo clasifique como civil, político, económico, socialy cultural – impone al Estado tres tipos de obligaciones:-obligaciones de respeto: se trata de obligaciones de no interferencia indebida en el ejerciciode un derecho del que el titular ya goza. Por ejemplo, el Estado no debe afectar la libertadde expresión imponiendo censura; en el mismo sentido, el Estado no debe llevar a cabodesalojos forzosos injustificados.-obligaciones de protección: se trata de obligaciones de regulación de la conducta deterceros, y de prevención o sanción de su actividad, cuando su acción u omisión puedainterferir indebidamente o frustrar el ejercicio de un derecho humano. Por ejemplo, el Estado 13
14. debe proteger a las mujeres frente a la violencia intrafamiliar; en el mismo sentido, elEstado debe proteger a los trabajadores frente a despidos injustificados, o frente aincumplimiento de obligaciones en materia de salud o educación cometidas por prestadoresprivados.-obligaciones de garantía o satisfacción: el Estado tiene la obligación de facilitar, promover oproveer acceso a bienes y prestaciones que constituyen el objeto de un derecho humanocuando tal acceso es imposible o dificultoso por razones ajenas a la voluntad del titular –como por ejemplo, la pobreza. Por ejemplo, el Estado debe proveer un abogado de oficio encaso de persecución penal a una persona que carezca de recursos para pagar un abogado.En el mismo sentido, el Estado debe garantizar la educación primaria gratuita y obligatoria atodo niño y niña.Esto significa que todo derecho humano – incluyendo los derechos económicos, sociales yculturales – contiene aspectos inmediatamente exigibles y por ello no sometidos aprogresividad – o, dicho en términos de la doctrina constitucional, aspectos noprogramáticos. Parece evidente que son las obligaciones de garantía o satisfacción las queexigen mayores acciones positivas y disposición de recursos. En todo caso, la doctrina de losniveles mínimos de obligaciones esenciales – denominados en la doctrina constitucionalcomparada “mínimo vital” – ofrece elementos para priorizar las obligaciones positivas quedeben ser cumplidas de inmediato, en relación con las que están libradas a la realizaciónprogresiva – y por ende permiten al Estado un margen de apreciación mayor.Finalmente, la ya extensa experiencia comparada – tanto a nivel nacional como internacional– ha demostrado que la idea de que los derechos económicos, sociales y culturales son pornaturaleza no justiciables es completamente falsa. Tribunales judiciales y administrativosnacionales y órganos cuasi-judiciales y tribunales regionales e internacionales han decidido ydeciden regularmente controversias fundadas en derechos tales como los derechoslaborales, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, el derecho a la educación oel derecho a la vivienda. Ciertamente, algunas obligaciones que se derivan de estosderechos son más proclives a la tutela judicial, mientras que en otras – en general, lasvinculadas al margen de apreciación de los Estados en materia de objetivos de políticapública y de asignación de recursos – la deferencia judicial frente a las decisiones de lospoderes políticos es habitualmente mayor. La experiencia comparada muestra, de todosmodos, que la gama de situaciones que ha sido considerada por mecanismos judiciales ocuasi-judiciales es muy amplia, e incluye también el desarrollo de criterios para evaluarincumplimientos, omisiones, exclusiones o priorizaciones que han sido objeto deimpugnación – como los de “razonabilidad”, “no discriminación”, “no regresividad” o“prioridad de los grupos más vulnerables”.En relación con la justiciabilidad de los derechos incluidos en el Pacto Internacional deDerechos Económicos, Sociales y Culturales, desde temprano el Comité de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales señaló que entre las medidas apropiadas para la plenarealización de los derechos de ese instrumento se encuentra la provisión de recursosjudiciales efectivos, y que no existen razones para excluir a priori la posibilidad de protecciónjudicial de esos derechos. El Comité ha desarrollado posteriormente la idea de quecorresponde a los Estados partes la carga de demostrar que los recursos judiciales u otrosrecursos equivalentes no constituyen medidas apropiadas para justificar la falta de previsiónde tales recursos – subrayando que la carga de la prueba es alta, es decir, que el Estadodebe esgrimir razones de mucho peso para que su justificación sea aceptable.La falta de previsión inicial de un mecanismo internacional de comunicaciones o peticionesfrente a violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales fue subsanada 14
15. recientemente por la comunidad internacional, mediante la adopción de un ProtocoloFacultativo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que incluye esaposibilidad en diciembre de 2008. Al momento de redacción de esta guía el Protocolo nohabía entrado aún en vigor – son necesarias 10 ratificaciones –, aunque ya existe unnúmero considerable de firmas – 32 a junio de 2010. La adopción de un ProtocoloFacultativo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales supone unreconocimiento internacional de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales yculturales.Una última tendencia interesante que también sugiere una mayor convergencia en lainterpretación y en la elaboración de técnicas de seguimiento o monitoreo del cumplimientode obligaciones en materia de todos los derechos humanos – independientemente de suadscripción al conjunto de los derechos civiles y políticos o al de los derechos económicos,sociales y culturales – ha consistido en la elaboración de indicadores de derechos humanos.Si bien la tendencia se originó justamente en el campo de los derechos económicos, socialesy culturales, como instrumento destinado a evaluar la realización progresiva de esosderechos, de acuerdo con el actual desarrollo del marco teórico sobre indicadores enderechos humanos, el mismo esquema conceptual sería aplicable tanto a los derechos civilesy políticos como a los derechos económicos, sociales y culturales. Cabe señalar que, deacuerdo con la doctrina que más ha trabajado estos temas, los indicadores en materia dederechos humanos deben poder captar tanto aspectos cualitativos como cuantitativos. Elesquema conceptual propuesto por algunos Relatores Especiales de Naciones Unidas enmateria de derechos humanos, y asumido por la Oficina de la Alta Comisionada de NacionesUnidas para los Derechos Humanos, sugiere la necesidad de distinguir entre indicadores deestructura (destinados a evaluar los compromisos normativos asumidos por el Estado),indicadores de proceso (destinados a evaluar los pasos concretos adoptados por el Estado enpos de la realización de los derechos humanos) e indicadores de resultado (destinados,como su nombre lo indica, a evaluar los resultados obtenidos). Si bien la utilización deindicadores en materia de derechos humanos está fundamentalmente destinada a ejerciciosde evaluación periódica de la situación de derechos humanos de un país y por ende tienemenor vinculación directa con la tarea habitual de los jueces, cabe destacar que en algunasjurisdicciones, los tribunales han hecho uso de indicadores, especialmente en materia deseguimiento de sentencias que imponen a los poderes públicos obligaciones cuyaimplementación es compleja y requiere de tiempo y recursos.De lo dicho puede desprenderse que, en el plano internacional, las diferencias entrederechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales tienden arelativizarse y ya no se ven como diferencias categóricas o de naturaleza, sino más biencomo diferencias de matiz en un continuum en el que todos los derechos humanos estáninterrelacionados, son interdependientes e indivisibles. Esta tendencia hacia la convergenciase ha reflejado en el hecho de que gran parte de los tratados universales más recientes enmateria de derechos humanos – como la Convención sobre los Derechos del Niño y laConvención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – tienen un enfoqueholístico que integra en un mismo texto tanto derechos civiles y políticos como derechoseconómicos, sociales y culturales, retornando así a la senda marcada originariamente por laDeclaración Universal de Derechos Humanos.A la luz de lo dicho: ¿cómo pueden caracterizarse los derechos de la mujer establecidos enla Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer?La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer esun instrumento de orientación anti-discriminatoria, por lo que su objetivo básico no es el deestablecer nuevos derechos humanos, sino el de asegurar el pleno reconocimiento y disfrute 15
16. de los derechos humanos ya establecidos en otros instrumentos anteriores3 por parte delcolectivo a quien el instrumento pretende proteger, es decir, las mujeres. Estacaracterización merece varias aclaraciones.Por un lado, la Convención no distingue entre los denominados derechos civiles y políticos ylos denominados derechos económicos, sociales y culturales. De modo que la garantía deigual reconocimiento y disfrute para las mujeres se extiende a todos los derechos delcatálogo de derechos humanos, sin exclusiones ni preferencias por un grupo de derechos porsobre otro. Así, la Convención requiere igualdad de derechos y aplica explícitamente elmandato anti-discriminatorio en los siguientes ámbitos: derecho a la participación en la vidapública y política (arts. 7 y 8), derecho a la nacionalidad (art. 9), derecho a la educación(art. 10), derecho al trabajo, a igual remuneración por igual tarea, a condiciones de trabajodignas y a la seguridad social (art. 11), derecho a la atención médica (art. 12), derecho aprestaciones familiares, acceso a crédito y a participar de actividades de recreación y de lavida cultural (art. 13), igualdad ante la ley e igualdad de capacidad jurídica con respecto alhombre y libertad de circulación y de establecimiento de domicilio (art. 15), e igualdad dederechos para contraer matrimonio, en el ámbito del matrimonio y en relación con sus hijos,incluido el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos (art. 16).Por otro lado, la Convención no se limita a repetir que no se podrá discriminar contra lamujer en el reconocimiento y disfrute de derechos. Además de definir el término“discriminación contra la mujer”4, la redacción de la Convención profundiza en el alcance delos objetivos a cumplir y medidas para lograr esos objetivos, al menos de dos modos.Primero, especifica concretamente algunas medidas permisibles para lograr la igualación enel disfrute de derechos – como las llamadas medidas especiales de carácter temporal oacciones afirmativas – y establece algunos objetivos específicos – como el de “modificar lospatrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar laeliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole queestén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o enfunciones estereotipadas de hombres y mujeres” (artículo 5 a)5.En segundo término, la Convención avanza en una técnica de redacción específica que seráutilizada y profundizada en posteriores instrumentos internacionales – como la Convenciónsobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Protección de los TrabajadoresMigrantes y sus Familiares y la Convención sobre los Derechos de las Personas conDiscapacidad. Tal técnica consiste en identificar situaciones o ámbitos en los que las mujeressufren frecuentemente discriminación, tanto de jure como de facto y, en consecuencia, crearpara los Estados partes obligaciones negativas – la de no discriminar – y positivas – la deadoptar medidas para erradicar la discriminación y lograr la igualdad en los hechos – enesas áreas. Si bien no consagra derechos distintos a los ya establecidos en otros tratadosuniversales de derechos humanos adoptados con anterioridad, como el Pacto Internacionalde Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales yCulturales, ciertamente incluye algunas cláusulas novedosas, en las que se incluye lenguaje3 Los instrumentos que forman parte de la llamada Carta Internacional de Derechos Humanos son la DeclaraciónUniversal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional deDerechos Económicos, Sociales y Culturales.4 Ver Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 1: “A losefectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusióno restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce oejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer,de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil oen cualquier otra esfera”.5 Ver, en general, Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, artículos 1al 6, donde se desarrollan las obligaciones generales de los Estados partes. 16
17. nunca antes incorporado en otros instrumentos de derechos humanos. Por ejemplo, elartículo 9, al garantizar la igualdad del hombre y la mujer en materia de derecho a lanacionalidad, identifica un caso de violación típica en este ámbito, y establece unacorrelativa obligación estatal: los Estados “(g)arantizarán, en particular, que ni elmatrimonio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido durante el matrimoniocambien automáticamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan en apátrida o laobliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge”.Otro ejemplo importante gira en torno al embarazo, la planificación familiar y lareproducción. En materia de derecho al trabajo y de protección laboral, la Convenciónpuntualiza obligaciones estatales consistentes en:“a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia dematernidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil;b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones socialescomparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales;c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que lospadres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo yla participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación ydesarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños;d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que sehaya probado puedan resultar perjudiciales para ella” (artículo 11.2 ).En sentido similar, en materia de derecho a la salud, la Convención especifica que “losEstados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, elparto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuerenecesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia”(artículo 12.2).Otros ejemplos incluyen el acceso a préstamos bancarios, hipotecas y otras formas decrédito financiero (artículo 13 b) y un listado de dificultades y formas de discriminación quesufren las mujeres en el ámbito rural (artículo 14).De la combinación de estas técnicas de especificación de las obligaciones que la Convenciónfija a los Estados puede extraerse una observación importante, que es que el modelo oparadigma proyectado por la Convención no se limita a la eliminación de la discriminación enlas relaciones entre Estado e individuos, sino que se extiende a la eliminación de ladiscriminación en la esfera privada y familiar – esto es, en las relaciones entre individuos enel ámbito del mercado y de la familia.Con respecto a la justiciabilidad de los derechos y obligaciones establecidas en laConvención, cabe recordar que su reconocimiento en el plano internacional surge claramentede la existencia de un Protocolo Facultativo a esa Convención, que instaura un mecanismode comunicaciones o quejas ante el respectivo Comité. En el plano nacional y comparado,existe clara evidencia acumulada acerca de las posibilidades de protección judicial a partir dela aplicación del principio de igualdad y de la prohibición de discriminación contra la mujer,tanto en el ámbito de la justicia constitucional como en el de la justicia ordinaria.Esta caracterización también es aplicable a otros instrumentos dedicados a la protección de losderechos de la mujer, como la Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y 17
18. erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). De este instrumentose desprende un abordaje multidimensional a la violencia contra la mujer, que incluye tantoobligaciones referidas a los derechos a la vida e integridad física y a la prohibición de latortura, como a los derechos a la salud y a la protección social – incluyendo, por ejemplo, elacceso a servicios de atención y de rehabilitación. La Convención de Belém do Pará subrayatambién obligaciones transversales, como el principio de igualdad y el derecho a un recursoefectivo. 2) Las relaciones entre derecho internacional de los derechos humanos y derecho interno2.1) IntroducciónLa innovación producida por la introducción, en el panorama jurídico mundial, de tratadosinternacionales de derechos humanos, no se agota en el plano internacional, sino quetambién tiene trascendentes consecuencias sobre el derecho interno.Parte del cambio producido por esta incorporación se debe justamente a la ruptura delparadigma tradicional del derecho internacional de los tratados, que se limitaba a acuerdosentre sujetos soberanos en el ámbito internacional (los Estados), con poca o nula proyecciónsobre el derecho interno. En el plano del derecho constitucional, la consecuencia de estavisión era la de relegar el derecho internacional a una cuestión sólo ligada a los órganospolíticos del Estado, con escasas posibilidades de invocación por parte de los justiciablesante los tribunales. De acuerdo a este modelo clásico, las competencias en materia dederecho internacional se repartían entre el Poder Ejecutivo, responsable de las relacionesexteriores, y el Parlamento, quien, en representación del poder soberano, era responsablede aprobar la asunción de compromisos internacionales por parte del Estado.El panorama varía sustancialmente con la novedad de los tratados de derechos humanos.Esta novedad se expresa – al menos – en las siguientes cuestiones: a) los individuos pasana ser sujetos de derecho internacional, rompiendo el monopolio de los Estados y de losorganismos internacionales; b) los tratados de derechos humanos tienen como principalfinalidad el establecimiento de estándares internacionales a los que el contenido del derechointerno – entendiendo por ello toda la actividad del Estado, emanada tanto de los órganospolíticos como del Poder Judicial – debe ajustarse; c) los tratados establecen mecanismos decontralor del cumplimiento de sus disposiciones sustantivas en sede internacional. Como seha señalado antes, cuando se trata de mecanismos de tipo jurisdiccional o cuasi-jurisdiccional que habilitan un sistema de peticiones individuales – como es el caso de laConvención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y el delProtocolo Facultativo a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas deDiscriminación contra la Mujer –, el requisito previo a acudir a la vía internacional es elagotamiento de los recursos judiciales internos.En términos prácticos, y aun considerando las diferencias existentes entre sistemasnacionales de incorporación de los tratados de derechos humanos al orden jurídico interno,estas novedades se traducen en un doble orden de efectos. Por un lado, en la presiónejercida sobre las autoridades nacionales, incluyendo las judiciales, para que tomen enconsideración el contenido de los tratados de derechos humanos, de modo de evitar laconsecuencia de ser declarado responsable de incumplimiento en sede internacional.Correlativamente, al examinarse el cumplimiento o incumplimiento de las obligacionescontraídas por el Estado en sede internacional – sea a través de sistemas de informes, sea através de sistemas jurisdiccionales o cuasi-jurisdiccionales – el órgano correspondiente 18
19. evaluará la conducta adoptada por los órganos del Estado – tanto los políticos como eljudicial.Esta novedosa situación plantea a los órganos nacionales la necesidad de conocer no sólo losinstrumentos de derecho internacional de los derechos humanos vinculantes para el Estado,sino también el alcance de la interpretación del contenido de esos instrumentosinternacionales de derechos humanos por parte de sus órganos internacionales de aplicación– que son quienes finalmente juzgarán el cumplimiento o incumplimiento del Estado de susobligaciones internacionales. El argumento cobra mayor peso cuando el Estado se somete ala jurisdicción de tribunales y órganos internacionales, y aún más cuando – de acuerdo alsistema de incorporación respectivo – el Estado convierte al tratado en parte de su propioderecho interno, permitiendo a los individuos invocar los derechos en él contenidos ante lostribunales internos. Dicho de otro modo: cuando los Estados adoptan un tratadointernacional de derechos humanos, no sólo quedan obligados por su texto, sino también porlas interpretaciones que de ese texto realizan los órganos de supervisión establecidos por elpropio tratado.Para explicar esto con mayor detalle, conviene comenzar por abordar tres cuestionesimportantes relativas a la relación entre derecho internacional y derecho interno.2.2) IncorporaciónLa primera cuestión importante es la de la incorporación del derecho internacional alderecho interno, que está vinculada fundamentalmente con la posición adoptada en cadasistema jurídico nacional respecto de las relaciones entre derecho internacional y derechointerno. En el mundo existen al respecto básicamente dos soluciones: la denominadasolución monista, y la denominada solución dualista.De acuerdo con la solución dualista, prevalente en los países que pertenecen a la tradicióndel common law, el derecho internacional y el derecho interno son dos sistemas jurídicosindependientes. De acuerdo con esta solución, la asunción de compromisos internacionalesvinculantes – por ejemplo, la ratificación de un tratado internacional – sólo tiene efectosante la comunidad internacional, pero no tiene efecto directo alguno sobre el derechointerno. Para que una norma internacional se incorpore al derecho interno, es necesario queuna norma legislativa distinta del acto de ratificación o adhesión del tratado reproduzca elcontenido de la norma internacional – de modo que en realidad el contenido de la normainternacional sólo tiene validez en el derecho interno al ser incluida en una norma dederecho interno. Es decir que un tratado ratificado pero no incorporado al derecho interno através de una norma legislativa específica no forma parte del derecho interno.De acuerdo con la solución monista, prevalente en la tradición del derecho continental,incluyendo a los países de América Latina, el derecho internacional y el derecho internoforman parte de un único sistema jurídico. Esto significa que al asumir compromisosinternacionales vinculantes – como la ratificación de un tratado internacional – un Estado nosólo se obliga ante la comunidad internacional, sino que también incorpora esa norma alderecho interno. Es decir, de acuerdo a una fórmula común en varias constituciones deAmérica Latina, las normas de derecho internacional válidamente ratificadas forman tambiénparte del derecho nacional. 19
20. La solución adoptada por cada Estado suele estar incluida en la Constitución Política. EnMéxico, la propia Constitución adopta claramente la solución monista, al establecer que, unavez ratificados, los tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico interno6.2.3) JerarquíaUna segunda cuestión que es sólo relevante para los Estados que adoptan la soluciónmonista tiene que ver con la jerarquía normativa del derecho internacional en el derechointerno. Como el derecho interno está compuesto por estratos jerárquicos escalonados –Constitución, leyes, decretos, etcétera – la cuestión relevante a los efectos de nuestradiscusión es cuál es la jerarquía que se asigna a los tratados internacionales ratificados porun Estado en el derecho interno – cuestión que determinará, además, la solución quecorresponde en caso de conflicto entre lo establecido por un tratado y otras normasnacionales y, más generalmente, las directrices interpretativas necesarias para evitarconflictos entre normas y armonizar el derecho nacional.Sobre esta cuestión, cabe señalar que existen distintas soluciones constitucionales y, másaún, que algunas Constituciones tienen un régimen diferenciado según el objeto del tratadoen cuestión. En este sentido, muchas constituciones contemporáneas reconocen la primacíadel derecho internacional sobre el derecho infraconstitucional, refiriéndose expresamente alos tratados de derechos humanos, o bien concediendo un tratamiento especial odiferenciado en el plano interno a los derechos y libertades internacionalmente protegidos.En los últimos veinte años, diversas constituciones iberoamericanas han asignado un lugarimportante a los instrumentos internacionales de derechos humanos en el derecho interno7.En muchos de los países de América latina, a los tratados de derechos humanos se les haconcedido un status legal privilegiado, al menos con respecto a la ley ordinaria8. En algunoscasos se les ha dado jerarquía constitucional9, en otros se los considera parte deldenominado “bloque de constitucionalidad”10, y en otros se les concede un valorinterpretativo privilegiado11.La Constitución mexicana no distingue explícitamente entre tratados de derechos humanos yotros tratados. Aunque la interpretación tradicional del artículo 133 constitucional colocaba alos tratados por debajo de la Constitución y al mismo nivel de la ley federal, la6 Ver Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 133: “(…) los tratados que estén de acuerdocon la misma [con la Constitución], celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobacióndel Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión”. No discutiremos aquí el problema de la costumbreinternacional. De todos modos, como se ha dicho antes, la fuente privilegiada del derecho internacional de losderechos humanos es la fuente convencional, es decir, los tratados.7 Ver, por ejemplo, Constitución portuguesa de 1976, art. 16; Constitución española de 1978, art. 10.2;Constitución Política de Guatemala, art. 46; Constitución de Nicaragua de 1987, art. 46; Constitución chilena segúnreforma de 1989, art. 5 (II); Constitución brasileña de 1988, arts. 4.11 y 5.2; Constitución Política de Colombia de1991, art. 93; Constitución Política del Perú, Disposición Final Cuarta; Constitución argentina reformada en 1994,artículo 75 inc. 22, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, artículo 23; Constitución Políticadel Ecuador de 2008, artículos 424 y 425; Constitución Política de Bolivia de 2009, artículo 13.IV.8 Ver, al respecto, Carlos Ayala Corao, La jerarquía constitucional de los tratados relativos a derechos humanos ysus consecuencias, FUNDAP, Querétaro, 2003.9 Es el caso de Argentina, para una lista de tratados de derechos humanos incluida en el artículo 75 inciso 22 de laConstitución, que puede ser ampliada si, al aprobar un tratado de derechos humanos se reúne una mayoríacalificada. También es el caso de Brasil, que otorga a los tratados de derechos humanos aprobados a través de unprocedimiento y mayoría calificadas el valor de una reforma constitucional (ver Constitución federal brasileña,artículo 5 º§ 3º).10 Ver Rodrigo Uprimny, “El bloque de constitucionalidad en Colombia: un análisis jurisprudencial y un ensayo desistematización doctrinal”, en Compilación de jurisprudencia y doctrina nacional e internacional, Oficina AltoComisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Bogotá, 2001.11 Ver, por ejemplo, Constitución Española, artículo 10.2, que obliga a interpretar los derechos fundamentalesconsagrados en la Constitución en línea con la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los tratadosinternacionales de derechos humanos ratificados por España. 20
21. jurisprudencia que se va abriendo paso en la Suprema Corte otorga a los tratadosinternacionales jerarquía superior a la ley federal, aunque coloca a los tratados por debajode la Constitución12. La solución general es por ende aplicable a los tratados de derechoshumanos.2.4) Auto-aplicabilidad o auto-ejecutividadUna tercera cuestión está relacionada con el grado de generalidad de las disposiciones de lasnormas internacionales, y – en lo que nos interesa a efectos de este trabajo – del lenguajeque consagra derechos humanos en normas internacionales. Independientemente de lajerarquía normativa de los tratados internacionales en el derecho doméstico – jerarquíaconstitucional, inferior a la constitución pero superior a la ley común o idéntica a la leycomún, amén de otras variantes, como la distinción entre jerarquías según el tipo detratados –, desde el punto de vista conceptual, el grado de generalidad de las normas detratados internacionales se aproxima al grado de generalidad de las normas constitucionales.Es decir que el grado de detalle del contenido de los derechos humanos positivizados entratados internacionales es similar al grado de detalle de los derechos fundamentalespositivizados en una constitución13.Más allá de las divergencias puntales, lo cierto es que, regularmente, el contenido de losderechos incluidos tanto en una constitución como en un tratado de derechos humanos tieneun grado de generalidad tal que habitualmente requiere, para su plena aplicación, una tareade especificación normativa que defina claramente sujetos obligados, alcance de lasobligaciones, garantías frente al incumplimiento, etcétera. Esta tarea de especificacióncorresponde primariamente – en sistemas democrático-representativos – al PoderLegislativo14, aunque el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial también pueden jugar un papelimportante en ese emprendimiento. Es decir que, en alguna medida, los derechosestablecidos en la constitución y en los tratados de derechos humanos requieren, para poderser aplicados plenamente, de desarrollo normativo ulterior.La doctrina suele denominar este problema como el del carácter “auto-ejecutivo” o “no auto-ejecutivo” de un tratado15, a pesar de que esa denominación se presta a innecesariasconfusiones con el problema de la incorporación del tratado al orden jurídico interno. Comose ha señalado antes, la cuestión de la incorporación del tratado al orden jurídico interno esun tema generalmente resuelto por el derecho constitucional nacional: trata del modo deincorporación de las reglas internacionales de las que el Estado se ha hecho parte alordenamiento jurídico local. La cuestión de la llamada “auto-ejecutividad” de un tratado es12 Ver, MÉXICO. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis P. LXXVII/1999. Semanario Judicial de la Federación,t. X, nov. 1999, p. 46; Tesis P. VIII/2007, abr. 2007, Semanario Judicial de la Federación, t. XXV, abr. 2007, p. 6.Al respecto, puede leerse M. Becerra Ramírez, J. Carpizo, E. Corzo Sosa y S. López-Ayllón, “Tratadosinternacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes y en un segundo plano respecto de laConstitución federal (Amparo en revisión 1475/98)”, en Cuestiones Constitucionales Nº 3, julio-diciembre 2000, pp.169-208; I. Flores, “Sobre la jerarquía normativa de leyes y tratados. A propósito de la (eventual) revisión de unatesis”; Cuestiones Constitucionales, Nº 13, julio-diciembre 2005, pp. 235-249.13 Esto constituye, por supuesto, una generalización. Existen casos en los que el grado de detalle de laconfiguración de los derechos en una constitución es mayor que el del mismo derecho en un tratado de derechoshumanos, y viceversa. De todos modos, creo que la generalización puede sostenerse a partir de lo que afirmo acontinuación. Para una discusión del problema de la indeterminación de las normas de tratados internacionales dederechos humanos, ver Enrique P. Haba, Tratado básico de Derechos Humanos, Tomo I: Conceptos Fundamentales,Ed. Juricentro, San José, 1986, pp. 280-314 y 375-412.14 Basta con subrayar la garantía de la reserva de ley en la reglamentación de derechos fundamentales, y laimportancia asignada a las medidas legislativas entre las medidas que el Estado debe adoptar para hacer efectivoslos derechos incorporados en pactos de derechos humanos.15 Se trata de una traducción de los términos ingleses “self-executing” y “non self-executing”. Ver, por ejemplo,Thomas Buergenthal, “Self-Executing and Non Self-Executing Treaties in National and International Law”, Recueildes Cours, Vol. 235 (1992-IV), La Haya, pp. 303-400. 21
22. independiente del sistema de incorporación, y se refiere al grado de generalidad de suscláusulas16. Mientras el sistema de incorporación se refiere a la totalidad de un instrumentointernacional, la cuestión de la “auto-ejecutividad” requiere un análisis cláusula por cláusula:existen tratados que incluyen algunas obligaciones que pueden ser directamente operativas,o aspectos de esas obligaciones que pueden ser directamente operativos, y otrasobligaciones que obviamente requieren de desarrollo normativo inferior. Es decir que la“auto-ejecutividad” no puede predicarse en general de un tratado, sino de las cláusulasparticulares de un tratado. La cuestión no es distinta a la del denominado carácter“operativo” o “programático” de disposiciones de una Constitución.Algunos ejemplos pueden ser útiles para aclarar lo dicho. Mientras la obligación establecidaen el artículo 6.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (“No se impondrá lapena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años, ni se la aplicará alas mujeres en estado de gravidez”) es perfectamente aplicable sin mayor necesidad dedesarrollo normativo inferior, la obligación establecida en el art. 2.3 b) de ese mismotratado, consistente en “desarrollar las posibilidades de recurso judicial” depende,obviamente, de la adopción de medidas que hagan efectivo ese desarrollo.En el mismo sentido, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas deDiscriminación contra la Mujer también incluye disposiciones de muy distinto nivel deconcreción de obligaciones y, por ende, de diferente grado de auto-ejecutividad. El artículo15.2, por ejemplo, establece que “(l)os Estados Partes reconocerán a la mujer, en materiasciviles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para elejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos parafirmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas delprocedimiento en las cortes de justicia y los tribunales.” La aplicación directa de la cláusulano parece presentar mayor dificultad conceptual: las normas que establezcan limitaciones ala capacidad de la mujer en materia contractual y de administración de bienes sonincompatibles con esta disposición. Compáresela, sin embargo, con el artículo 14.1 de lamisma Convención, que establece que “(l)os Estados Partes tendrán en cuenta losproblemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeñaen la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores nomonetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar laaplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer en las zonas rurales”.Las obligaciones establecidas por esta cláusula son, en síntesis, las de “tomar en cuenta” losproblemas de las mujeres rurales y “tomar medidas apropiadas”. Resulta evidente que laconcreción de la conducta debida definida por esta cláusula concede a los Estados partes ungrado de latitud bastante mayor que el del anteriormente mencionado artículo 15.2 – y eneste sentido, puede decirse que su grado de “auto-ejecutividad” es menor. Esto no significa,sin embargo, que de ella no se pueda desprender ninguna consecuencia jurídica: porejemplo, la completa omisión en la adopción de medidas para asegurar la aplicación de laConvención en zonas rurales constituiría claramente un incumplimiento de las obligacionesestablecidas en el artículo 14.1Esto significa que el lenguaje a través del cual se positivizan algunos derechos humanos yotras obligaciones en tratados internacionales de derechos humanos es en algunos casos decarácter muy general, de modo su plena aplicabilidad resultará difícil por no existir, porejemplo, una especificación concreta del sujeto obligado y del alcance de la obligación. Para16 Independientemente de su ingreso directo en el orden jurídico interno, o de la necesidad de reproducción por unanorma legislativa local, la “auto-ejecutividad” de las cláusulas de un tratado dependen del grado de concreción delas obligaciones jurídicas que ellas establecen, de modo que no difiere del de la “auto-ejecutividad” de las cláusulasde una constitución. 22
23. ser efectivo, el derecho humano de marras debe ser desarrollado por una o varias normasinferiores.Esta conclusión no es general: como lo muestran los ejemplos ofrecidos antes, existenmuchos casos en los que el contenido de un derecho, o de algunos aspectos de ese derecho,surge de forma más o menos completa de un pacto de derechos humanos, y por ende esposible aplicarlo directamente. Tampoco pueden descartarse algunas derivacionesnormativas del establecimiento de un derecho en un pacto de derechos humanos – almenos, por ejemplo, la posibilidad de considerar la existencia de algún grado deincompatibilidad entre el derecho y su reglamentación por una norma inferior. Pero en otroscasos, la plena aplicabilidad del derecho necesitará de especificación a través de normassecundarias que lo desarrollen. Es decir, aún cuando una norma internacional consagrederechos humanos, algunas de las obligaciones que se desprenden de ese derecho puedenrequerir, para poder ser directamente exigibles, de ulterior especificación normativa.3) La diversidad y el carácter de las interpretaciones de los órganos establecidos portratados internacionales de derechos humanos3.1) IntroducciónLa incorporación del derecho internacional de los derechos humanos al derecho internoplantea además otros desafíos importantes. Como se ha señalado antes, las normasinternacionales de derechos humanos no se limitan a reconocer una lista de derechoshumanos, sino que establecen además mecanismos internacionales de supervisión delcumplimiento de las obligaciones emanadas de esas normas. A consecuencia de ello, y másallá de su incorporación al derecho nacional, las normas internacionales de derechoshumanos generan además un cúmulo de interpretaciones sobre el alcance y contenido deesas normas por parte de los respectivos órganos de aplicación de esos tratados.Si el sistema de protección internacional es subsidiario del nacional, y uno de losmecanismos para garantizar la protección de los derechos humanos es fortalecer losrecursos de la jurisdicción nacional para esa tarea, parece evidente que – dadas lasdificultades que supone acudir ante un órgano internacional – más allá de la labor deinterpretación por parte de los órganos internacionales de tratados, resulta necesariocapacitar a los jueces nacionales para aplicar no sólo los tratados internacionales dederechos humanos, sino también los criterios de aplicación que los órganos internacionaleshan desarrollado. De esta manera se profundizarían los cauces para fortalecer la protecciónjudicial de los derechos consagrados en los respectivos tratados de derechos humanos en elámbito nacional. El derecho internacional y el derecho interno interactúan, cada vez conmayor énfasis, auxiliándose mutuamente en el proceso de tutela de los derechos humanos ysuperando así definitivamente la visión clásica que los distinguía radicalmente17.Como se ha visto, en México la propia Constitución establece que, una vez ratificados, lostratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico interno18. La incorporación alordenamiento jurídico mexicano de una gran serie de tratados de derechos humanos planteaimportantes exigencias al intérprete. El otorgamiento a pactos internacionales de derechos17 S. Albanese, “Interacción entre el sistema internacional de protección de los derechos humanos y el ámbitointerno”, en Rev. El Derecho, 9/2/91, p. 1; A. M. Morello, “El pacto de San José de Costa Rica y su influencia en elderecho interno argentino”, en Rev. El Derecho, T. 135 p. 888; M. Carrillo Bascary, “Los pactos sobre derechoshumanos: reflexión sobre su utilidad para el ejercicio profesional”, Rev. Zeus, T. 53, p. 2; O. Gozaini, “Alcance yvigencia de los derechos humanos en el derecho interno”, en Rev. La Ley 1990-D, p. 567.18 Ver Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 133. 23
24. humanos de una jerarquía superior a la ley y la aceptación de la jurisdicción de órganosinternacionales en materia de derechos humanos, obligan al intérprete local a conocer lainterpretación que se ha hecho de esos pactos en sede internacional19. Y aún cuando seconsidere a los tratados de derechos humanos en un escalón inferior en comparación con laConstitución, de todos modos cabe subrayar, en caso de coincidencia entre los derechosfundamentales reconocidos en la Constitución y los derechos establecidos en pactos dederechos humanos, la conveniencia de interpretar los derechos establecidos en la constituciónde conformidad con los tratados de derechos humanos20.La concesión de mayor jerarquía a los tratados de derechos humanos con respecto a la leyno tiene como único objeto servir de complemento a la parte dogmática de la Constituciónsino que, necesariamente, implica condicionar el ejercicio de todo el poder público, incluidoel que ejerce el Poder Judicial, al pleno respeto y garantía de estos instrumentos. Dada lajerarquía otorgada a los tratados de derechos humanos, su violación constituye no sólo unsupuesto de responsabilidad internacional del Estado sino, también, la violación del ordenjerárquico establecido por la misma Constitución Política mexicana en su artículo 133. En elplano interno, la no aplicación de estos tratados por parte de los tribunales mexicanossupondría la adopción de decisiones arbitrarias y mal fundadas en derecho, por prescindir dela consideración de normas que la propia Constitución obliga a aplicar.Los tribunales internos tienen a su cargo velar por el pleno respeto y garantía de todas lasobligaciones internacionales asumidas por los distintos países en materia de derechoshumanos, incluidas las incorporadas en la Convención sobre la Eliminación de Todas lasFormas de Discriminación contra la Mujer, por parte todos los poderes del Estado. Segúnsostiene la doctrina, “(e)l Estado tiene el derecho de delegar la aplicación e interpretación delos tratados en el Poder Judicial. Sin embargo, si los tribunales cometen errores en esa tareao deciden no hacer efectivo la aplicación del Tratado (...) sus sentencias hacen incurrir alEstado en la violación de aquél”21.Resulta entonces una cuestión de suma trascendencia – y estrechamente vinculada alreconocimiento de la obligatoriedad de la aplicación de los tratados internacionales por partede los tribunales nacionales – el respeto por parte de los jueces locales de la opinión de losórganos de interpretación de la normativa internacional. En este sentido, son esclarecedoraslas palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “La labor interpretativa que debe cumplir la Corte en ejercicio de su competenciaconsultiva busca no sólo desentrañar el sentido, propósito y razón de las normasinternacionales sobre derechos humanos, sino, sobre todo, asesorar y ayudar a los Estadosmiembros y a los órganos de la OEA para que cumplan de manera cabal y efectiva susobligaciones internacionales en la materia”22.19 Cfr. J. B. J. Maier, Derecho Procesal Penal, T. I: Fundamentos, Bs. As. (1996) p. 187.20 Como se ha mencionado antes, en España, por ejemplo, la Constitución establece que los derechosfundamentales y libertades reconocidos por el texto constitucional se interpretarán de conformidad con los tratadosinternacionales de derechos humanos ratificados (cfr. Constitución española, art. 10.2). Ver, al respecto, M. A.Aparicio Pérez, “La cláusula interpretativa del artículo 10.2 de la Constitución española, como cláusula deintegración y apertura constitucional a los derechos fundamentales”, en Rev. Jueces para la Democracia Nº 6(1989), pp. 9-18; F. de Carreras Serra, “Función y alcance del artículo 10.2 de la Constitución”, en Rev. Españolade Derechos Constitucional, Año Nº 20, Nº 60 (2000), pp. 321-342; I. Gómez Fernández, Conflicto y cooperaciónentre la constitución española y el derecho internacional, Tirant Lo Blanch, Valencia (2005), en especial Terceraparte, capítulo 3; A. Sáiz Arnaiz, La apertura constitucional al derecho internacional y europeo de los derechoshumanos: el artículo 10.2 de la Constitución española, Consejo General del Poder Judicial, Madrid (1999).21 Lord McNair, The Law of Treaties, Oxford University Press, Oxford (1961), p. 346.22 Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC-14/94 del 9/12/94, p. 9. 24
25. Entre los órganos estatales frente a los cuales reviste especial interés esta función de guíase encuentran, por supuesto, los tribunales de justicia. En este sentido, muchas de lasCortes Supremas o Cortes Constitucionales de América Latina han reconocido la necesidad deacudir a la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para interpretar lasdisposiciones de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. La Corte Supremaargentina, por ejemplo, ha afirmado que la jurisprudencia de la Corte Interamericana resultapara ello una “guía ineludible”. Este señalamiento no es meramente teórico o especulativo: lapropia Corte Suprema argentina ha establecido también la necesidad de que los tribunalesargentinos eviten que el Estado incurra en responsabilidad internacional por incumplimiento deun tratado23, e implementen las obligaciones internacionales de la Nación a través de lassentencias judiciales24. Para el cumplimiento de este objetivo, es fundamental que los juecescuenten con información relativa al alcance de las obligaciones internacionales de acuerdo a lainterpretación que se les ha dado en sede internacional.La Corte Suprema argentina ha dicho explícitamente que “(l)a interpretación del Pacto debe,además, guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -unode cuyos objetivos es la interpretación del Pacto de San José (Estatuto, art. 1)”25, y que “la yarecordada “jerarquía constitucional” de la Convención Americana sobre Derechos Humanosha sido establecida por voluntad expresa del constituyente “en las condiciones de suvigencia (art. 75, inc. 22, 2° párrafo)”, esto es, tal como la Convención citada efectivamenterige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicaciónjurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación yaplicación. De ahí que la aludida jurisprudencia deba servir de guía para la interpretación delos preceptos convencionales en la medida en que el Estado argentino reconoció lacompetencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a lainterpretación y aplicación de la Convención Americana”26. En palabras de la Corte Supremaargentina, esto significa que “(e)n consecuencia, a esta Corte, como órgano supremo de unode los poderes del Gobierno Federal, le corresponde – en la medida de su jurisdicción –aplicar los tratados internacionales a que el país está vinculado en los términosanteriormente expuestos, ya que lo contrario podría implicar la responsabilidad de la Naciónfrente a la comunidad internacional”27.De lo aquí expuesto, surge claramente que, de conformidad con la jurisprudenciadesarrollada por la Corte Suprema de Justicia argentina a partir del texto de la Constituciónargentina reformada en 1994, los tribunales argentinos, cuando tienen que resolver sobrematerias incluidas en tratados internacionales de derechos humanos, deben tomar enconsideración la normativa internacional y su interpretación jurisprudencial desarrollada por23 Argentina, Corte Suprema de Justicia, caso Fibraca Constructora S.C.A. c. Comisión Técnica Mixta de Salto Grande,del 7 de julio de 1993, considerando 3. En el mismo sentido, caso Cafés La Virginia S.A. s/apelación (por denegaciónde repetición, del 13 de octubre de 1994, considerandos 8 y 9.24 Argentina, Corte Suprema de Justicia, caso Ekmekdjian, Miguel A. c/ Sofovich, Gerardo y otros, del 7 de julio de1992, considerando 22: “Esta Corte considera que entre las medidas necesarias para cumplir con el fin del Pacto (deSan José de Costa Rica) deben considerarse comprendidas las sentencias judiciales”.25 Argentina, Corte Suprema de Justicia, Ekmekdjian, Miguel A. c/Sofovich, Gerardo y otros, del 7 de julio de 1992,considerando .V. Rev. Jurisprudencia Argentina del 29/7/92.26 Argentina, Corte Suprema de Justicia, caso Giroldi, H. D. y otro s/recurso de casación del 7 de abril de 1995,considerando 11. V. Rev. El Derecho, T. 163, p. 161 y sgtes., y comentarios de M. Abregú, “Introducción”, y G.Moncayo, “Criterios para la aplicación de las normas internacionales que resguardan los derechos humanos en elderecho argentino”, en M. Abregú y C. Courtis (comps.), La aplicación de los tratados sobre derechos humanos porlos tribunales locales, Buenos Aires (1997), pp. 19-20 y pp. 98-100 respectivamente. Para un panorama general dela posición de la Corte Suprema argentina sobre el tema, puede verse M. Pinto, “El valor jurídico de las decisionesde los órganos de control en materia de derechos humanos en la jurisprudencia de la Corte Suprema” de Justicia”,en V. Abramovich, A. Bovino y C. Courtis (comps.), La aplicación de los tratados sobre derechos humanos en elámbito local. La experiencia de una década, Editores del Puerto-CELS, Buenos Aires (2007), pp. 119-151.27 Argentina, Corte Suprema de Justicia, caso Giroldi, H. D. y otro s/recurso de casación del 7 de abril de 1995,considerando 12. 25
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References: Resolución 
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 artículo 2
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 Resolución 
 artículo 1
 artículo 133
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 artículo 23
 artículo 13
 artículo 75
 artículo 10
 artículo 6
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 artículo 14
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