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Timestamp: 2019-09-15 17:13:21+00:00

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LEY ASA-1856. Transplante de organos y tejidos (Antes Ley 24193) - Administrativo Salud - Digesto Jurídico - Legislación - VLEX 534017962
Fecha de Publicación: 26 de Abril de 1993
Fecha de Sanción: 24 de Marzo de 1993
Fecha de Promulgación: 19 de Abril de 1993
Artículo 19. Toda persona podrá en forma expresa:
Artículo 34. Será reprimido con multa de quinientos a cinco mil pesos ($ 500 a $
Artículo 49. Corresponde al directorio:
Artículo 50. Corresponde al presidente:
Anexo A. - arts. 50 a 64
La ablación de órganos y tejidos para su implantación de cadáveres humanos a seres humanos y entre seres humanos, se rige por las disposiciones de esta Ley en todo el territorio de la República.
Entiéndense alcanzadas por la presente norma a las nuevas prácticas o técnicas que la autoridad de aplicación reconozca que se encuentran vinculadas con la implantación de órganos o tejidos en seres humanos. Considérase comprendido al xenotransplante en las previsiones del párrafo precedente cuando cumpliera las condiciones que oportunamente determinare la autoridad de aplicación
La ablación e implantación de órganos y tejidos podrán ser realizadas cuando los otros medios y recursos disponibles se hayan agotado, o sean.
insuficientes o inconvenientes como alternativa terapéutica de la salud del paciente. Estas prácticas se considerarán de técnica corriente y no experimental.
Los actos médicos referidos a trasplantes contemplados en esta Ley sólo podrán ser realizados por médicos o equipos médicos registrados y habilitados al efecto por ante la respectiva autoridad de contralor jurisdiccional. Esta exigirá, en todos los casos, como requisito para la referida inscripción, la acreditación suficiente, por parte del médico, de capacitación y experiencia en la especialidad. La autoridad de contralor jurisdiccional será responsable por los perjuicios que se deriven de la inscripción de personas que no hubieren cumplido con tales recaudos.
Los equipos de profesionales médicos estarán a cargo de un jefe, a quien eventualmente reemplazará un subjefe, siendo sus integrantes solidariamente responsables del cumplimiento de esta Ley.
Las instituciones en las que desarrollen su actividad trasplantológica los médicos o equipos médicos, serán responsables en cuanto a los alcances de este cuerpo legal.
La autorización a jefes y subjefes de equipos y profesionales será otorgada por la autoridad sanitaria jurisdiccional correspondiente, la cual deberá informar de la gestión a la autoridad sanitaria nacional a fin de mantener la integridad del sistema.
Los médicos de instituciones públicas o privadas que realicen tratamientos de diálisis deberán informar semestralmente al Ministerio de Salud y Acción Social a través del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación.
e Implante (INCUCAI) , la nómina de pacientes hemodializados, sus condiciones y características.
Todo médico que diagnosticare a un paciente una enfermedad susceptible de ser tratada mediante un implante, deberá denunciar el hecho a la autoridad de contralor dentro del plazo que determine la reglamentación.
Los actos médicos contemplados en esta Ley sólo podrán ser realizados en el ámbito de establecimientos médicos registrados por ante la respectiva autoridad de contralor jurisdiccional. Esta exigirá, en todos los casos, como requisito para la referida inscripción, la acreditación suficiente por parte del establecimiento de que cuenta con la adecuada infraestructura física e instrumental, así como con el personal calificado necesario en la especialidad, y el número mínimo de médicos inscriptos en el registro que prescribe el artículo 3°, conforme lo determine la reglamentación. La autoridad de contralor jurisdiccional será solidariamente responsable por los perjuicios que se deriven de la inscripción de establecimientos que no hubieren cumplido con los expresados recaudos.
La inscripción a que se refiere el artículo 9° tendrá validez por períodos no mayores de dos (2) años. Su renovación sólo podrá efectuarse previa inspección del establecimiento por parte de la autoridad de contralor jurisdiccional, y acreditación por parte del mismo de seguir contando con los recaudos mencionados en el artículo anterior. Las sucesivas renovaciones tendrán validez por iguales períodos.
Los establecimientos inscriptos conforme a las disposiciones de los artículos 9° y 10 llevarán un registro de todos los actos médicos contemplados en la.
presente Ley que se realicen en su ámbito. La reglamentación determinará los requisitos de ese registro.
Los servicios o establecimientos habilitados a los efectos de esta Ley, no podrán efectuar modificaciones que disminuyan las condiciones de habilitación.
IV - DE LA PREVIA INFORMACION MÉDICA A DADORES Y RECEPTORES
Los jefes y subjefes de los equipos, como asimismo los profesionales a que se refiere el artículo 3º deberán informar a los donantes vivos y a los receptores y en caso de ser estos últimos incapaces, a su representante legal o persona que detente su guarda, de manera suficiente, clara y adaptada a su nivel cultural, sobre los riesgos de la operación de ablación e implante — según sea el caso— , sus secuelas físicas y psíquicas ciertas o posibles, la evolución previsible y las limitaciones resultantes, así como las posibilidades de mejoría que, verosímilmente, puedan resultar para el receptor.
En caso de que los donantes y receptores no se opongan, la información será suministrada también a su grupo familiar en el orden y condiciones previstos por el artículo 23 de la ley 24193 .
Tratándose del supuesto contemplado en el artículo 23, respecto de donantes cadavéricos, la información será suministrada a las personas que allí se enumeran, en las formas y condiciones que se describen en el presente artículo, al solo efecto informativo.
La extracción de órganos o tejidos en vida con fines de trasplante entre personas relacionadas conforme a las previsiones de los artículos 15 y concordantes de la presente Ley, estará permitida sólo cuando se estime que razonablemente no causará un grave perjuicio a la salud del dador y existan perspectivas de éxito para conservar la vida o mejorar la salud del receptor. Esta extracción siempre deberá practicarse previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.
Sólo estará permitida la ablación de órganos o tejidos en vida con fines de trasplante sobre una persona capaz mayor de dieciocho (18) años, quien podrá autorizarla únicamente en caso de que el receptor sea su pariente consanguíneo o por adopción hasta el cuarto grado, o su cónyuge, o una persona que, sin ser su cónyuge, conviva con el donante en relación de tipo conyugal no menos antigua de tres (3) años, en forma inmediata, continua e ininterrumpida. Este lapso se reducirá a dos (2) años si de dicha relación hubieren nacido hijos.
En los supuestos de implantación de médula ósea, cualquier persona capaz mayor de dieciocho (18) años podrá disponer ser dador sin las limitaciones de parentesco establecidas en el primer párrafo del presente artículo. Los menores de dieciocho
(18) años — previa autorización de su representante legal— podrán ser dadores sólo cuando los vincule al receptor un parentesco de los mencionados en el citado precepto.
En ningún caso los gastos vinculados con la ablación y/o el implante estarán a cargo del dador o de sus derechohabientes. Dichos gastos estarán a cargo de las entidades encargadas de la cobertura social o sanitaria del receptor, o de éste cuando no la tuviera.
Las inasistencias en las que incurra el dador, con motivo de la ablación, a su trabajo y/o estudios, así como la situación sobreviniente a la misma, se regirán por las disposiciones que sobre protección de enfermedades y accidentes inculpables establezcan los ordenamientos legales, convenios colectivos o estatutos.
que rijan la actividad del dador, tomándose siempre en caso de duda aquella disposición que le sea más favorable.
Cuando por razones terapéuticas fuere imprescindible ablacionar a personas vivas órganos o tejidos anatómicos que pudieren ser implantados en otra persona, se aplicarán las disposiciones que rigen para los órganos provenientes de cadáveres. La reglamentación determinará taxativamente los supuestos concretos a los que se refiere el presente párrafo.
Artículo 19 Toda persona podrá en forma expresa:
Manifestar su voluntad negativa o afirmativa a la ablación de los órganos o tejidos de su propio cuerpo;
Restringir de un modo específico su voluntad afirmativa de ablación a determinados órganos y tejidos;
Condicionar la finalidad de la voluntad afirmativa de ablación a alguno o algunos de los fines previstos en esta Ley — implante en seres humanos vivos o con fines de estudio o investigación— ;
La ablación podrá efectuarse respecto de toda persona capaz mayor de dieciocho (18) años que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos, la que será respetada cualquiera sea la forma en la que se hubiere manifestado.
En caso de fallecimiento de menores de DIECIOCHO (18) años, no emancipados, sus padres o su representante legal, exclusivamente, podrán autorizar la ablación de sus órganos o tejidos especificando los alcances de la misma.
En ausencia de las personas mencionadas precedentemente, se dará intervención al Ministerio Pupilar , quien podrá autorizar la ablación.
De todo lo actuado se labrará acta y se archivarán en el establecimiento las respectivas constancias, incluyendo una copia certificada del documento nacional de identidad del fallecido. De todo ello, se remitirán copias certificadas a la autoridad de contralor. Las certificaciones serán efectuadas por el Director del establecimiento o quien lo reemplace. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente párrafo hará pasible a los profesionales intervinientes de la sanción establecida en el artículo 32.
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai);
Registro Nacional de las Personas (Renaper);
Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas;
Autoridades sanitarias jurisdiccionales, a través de los organismos jurisdiccionales y de los establecimientos asistenciales públicos y privados habilitados a tal fin;
Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima.
Las instituciones consignadas en los incisos b), c), d) y e) deberán comunicar en forma inmediata al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) las manifestaciones de voluntad recibidas a efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47 inciso n).
El Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima, a solicitud de cualquier ciudadano capaz mayor de dieciocho (18) años, expedirá en forma gratuita telegrama al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) , en el que conste la negativa del remitente a donar sus órganos y tejidos para después de su muerte.
En caso de muerte natural, y no existiendo manifestación expresa del difunto, deberá requerirse de las siguientes personas, en el orden en que se las enumera siempre que estuviesen en pleno uso de sus facultades mentales,
testimonio sobre la última voluntad del causante, respecto a la ablación de sus órganos y/o a la finalidad de la misma.
El cónyuge no divorciado que convivía con el fallecido, o la persona que sin ser su cónyuge convivía con el fallecido en relación de tipo conyugal no menos antigua de tres (3) años, en forma continua e ininterrumpida;
Cualquiera de los hijos mayores de dieciocho (18) años;
Cualquiera de los hermanos mayores de dieciocho (18) años;
Cualquiera de los nietos mayores de dieciocho (18) años;
Cualquier pariente consanguíneo hasta el cuarto grado inclusive;
El representante legal, tutor o curador;
Conforme la enumeración establecida precedentemente y respetando el orden que allí se establece, las personas que testimonien o den cuenta de la última voluntad del causante que se encuentren en orden más próximo excluyen el testimonio de las que se encuentren en un orden inferior. En caso de resultar contradicciones en los testimonios de las personas que se encuentren en el mismo orden, se estará a lo establecido en el artículo 20.
En caso de muerte violenta la autoridad competente adoptará los recaudos tendientes a ubicar a las personas enumeradas en el artículo anterior a efectos que los mismos den cuenta o testimonien la última voluntad del causante,
debiendo dejar debidamente acreditada la constancia de los medios y mecanismos utilizados para la notificación en tiempo y forma a los familiares a efectos de testimoniar o dar cuenta de la última voluntad del presunto donante.
Aun existiendo autorización expresa del causante o el testimonio referido en el artículo 23 dentro de las seis (6) horas de producido el deceso, el juez informará al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) o al organismo jurisdiccional correspondiente la autorización para llevar a cabo la realización de la ablación, a través de resolución judicial fundada, con especificación de los órganos o tejidos autorizados a ablacionar de conformidad con lo dictaminado por el mismo forense.
El equipo de profesionales médicos a que se refiere el artículo 4º en ningún caso actuará juntamente con los médicos forenses, debiendo quedar a lo que resulte de la decisión judicial.
El jefe, subjefe o el miembro que aquellas designen del equipo que realice la ablación deberá informar de inmediato y pormenorizadamente al juez interviniente:
Los órganos ablacionados en relación con los autorizados a ablacionar;
El estado de los mismos, como así también el eventual impedimento de ablacionar alguno de los órganos autorizados;
Las demás circunstancias del caso que establezca la reglamentación.
El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante -INCUCAI- o el organismo jurisdiccional correspondiente deberá informarle el destino dado a cada órgano o tejido ablacionado, la identificación regional, el establecimiento asistencial al que va dirigido, el equipo responsable del transporte y los datos identificatorios del o de los pacientes receptores.
Ausencia irreversible de respuesta cerebral, con pérdida absoluta de conciencia;
Ausencia de reflejos cefálicos y constatación de pupilas fijas no reactivas;
Inactividad encefálica corroborada por medios técnicos y/o instrumentales adecuados a las diversas situaciones clínicas, cuya nómina será periódicamente actualizada por el Ministerio de Salud y Acción Social con el asesoramiento del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).
A los efectos del artículo anterior, la certificación del fallecimiento deberá ser suscripta por dos (2) médicos, entre los que figurará por lo menos un.
neurólogo o neurocirujano. Ninguno de ellos será el médico o integrará el equipo que realice ablaciones o implantes de órganos del fallecido.
La hora del fallecimiento será aquella en que por primera vez se constataron los signos previstos en el artículo 26.
El establecimiento en cuyo ámbito se realice la ablación estará obligado a:
Realizar todas las operaciones autorizadas dentro del menor plazo posible, de haber solicitado los sucesores del fallecido la devolución del cadáver;
Todo médico que mediante comprobaciones idóneas tomare conocimiento de la verificación en un paciente de los signos descriptos en el artículo 26, está obligado a denunciar el hecho al director o persona a cargo del establecimiento, y ambos deberán notificarlo en forma inmediata a la autoridad de contralor jurisdiccional o nacional, siendo solidariamente responsables por la omisión de dicha notificación.
Queda prohibida la realización de todo tipo de ablación cuando la misma pretenda practicarse:
Sobre el cadáver de quien expresamente se hubiere manifestado en contrario para la ablación o en su caso, del órgano u órganos respecto de los cuales se hubiese negado la ablación, como asimismo cuando se pretendieren utilizar los
órganos o tejidos con fines distintos a los autorizados por el causante. A tales fines se considerará que existe manifestación expresa en contrario cuando mediare el supuesto del artículo 23 de la presente Ley.
Sobre cadáveres de pacientes que hubieren estado internados en institutos neuropsiquiátricos;
Sobre el cadáver de una mujer en edad gestacional, sin que se hubiere verificado previamente la inexistencia de embarazo en curso;
Por el profesional que haya atendido y tratado al fallecido durante su última enfermedad, y por los profesionales médicos que diagnosticaron su muerte.
Toda contraprestación u otro beneficio por la dación de órganos o tejidos, en vida o para después de la muerte, y la intermediación con fines de lucro;
La inducción o coacción al dador para dar una respuesta afirmativa respecto a la dación de órganos.
Los anuncios o publicidad en relación con las actividades mencionadas en esta Ley, sin previa autorización de la autoridad competente, conforme a lo que establezca la reglamentación.
Será reprimido con prisión de seis (6) meses a cinco (5) años e inhabilitación especial de dos (2) a diez (10) años si el autor fuere un profesional del arte de curar o una persona que ejerza actividades de colaboración del arte de curar:
El que directa o indirectamente diere u ofreciere beneficios de contenido patrimonial o no, a un posible dador o a un tercero, para lograr la obtención de órganos o tejidos;
El que por sí o por interpósita persona recibiera o exigiera para sí o para terceros cualquier beneficio de contenido patrimonial o no, o aceptare una promesa directa o indirecta para sí o para terceros, para lograr la obtención de órganos o tejidos, sean o no propios;
El que con propósito de lucro intermediara en la obtención de órganos o tejidos provenientes de personas o de cadáveres.
Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años e inhabilitación especial de dos (2) a diez (10) años si el autor fuere un profesional del arte de curar o una persona que ejerza actividades de colaboración del arte de curar quien extrajera indebidamente órganos o tejidos de cadáveres.
Será reprimido con prisión o reclusión de cuatro (4) años a perpetua el que extrajere órganos o tejidos de humanos vivos, sin dar cumplimiento a los requisitos y formalidades exigidos en el artículo 15, con excepción de la obligación prevista en el tercer párrafo de dicho artículo que será sancionada con la pena establecida en el artículo siguiente.
Artículo 34 Será reprimido con multa de quinientos a cinco mil pesos ($ 500 a $
5.000) y/o inhabilitación especial de seis (6) meses a dos (2) años:
El oficial público que no diere cumplimiento a la obligación que impone el artículo 22;
El médico que no diere cumplimiento a la obligación que impone el artículo 7;
Quien no diere cumplimiento a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 15.
Será reprimido con multa de cinco mil a cien mil pesos ($ 5.000 a $ 100.000) e inhabilitación especial de uno (1) a tres (3) años el médico que no diere cumplimiento a las obligaciones previstas en el artículo 29, o a las del artículo 8°.
Cuando se acreditase que los autores de las conductas penadas en el presente Título han percibido sumas de dinero o bienes en retribución por tales acciones, serán condenados además a abonar en concepto de multa el equivalente al doble del valor de lo percibido.
Cuando los autores de las conductas penadas en el presente Título sean funcionarios públicos vinculados al área de sanidad, las penas respectivas se incrementarán de un tercio a la mitad.
Las infracciones de carácter administrativo a cualquiera de las actividades o normas que en este ordenamiento se regulan, en las que incurran establecimientos o servicios privados, serán pasibles de las siguientes sanciones graduables o acumulables, según la gravedad de cada caso:
Multas de diez mil a un millón de pesos ($ 10.000 a $ 1.000.000);
Suspensión de la habilitación que se le hubiere acordado al servicio o establecimiento, por un término de hasta cinco (5) años;
Suspensión o inhabilitación de los profesionales o equipos de profesionales en el ejercicio de la actividad referida en el artículo 3° por un lapso de hasta cinco (5) años;
Inhabilitación de hasta cinco (5) años para el ejercicio de la profesión a los médicos y otros profesionales del arte de curar que practicaren cualquiera de los actos previstos en la presente Ley, sin la habilitación de la autoridad sanitaria.
Las sanciones previstas en el artículo anterior serán publicadas, en su texto íntegro y durante dos (2) días seguidos, en dos (2) diarios de circulación en el lugar donde se halle el establecimiento sancionado, a cuyo cargo estará la publicación, consignándose en la misma un detalle de su naturaleza y causas, y los nombres y domicilios de los infractores.
Las direcciones y administraciones de guías, diarios, canales de televisión, radioemisoras y demás medios que sirvan de publicidad de las actividades mencionadas en esta Ley que les den curso sin la autorización correspondiente, serán pasibles de la pena de multa establecida en el artículo 38, inciso b).
Las sanciones establecidas en el artículo 38 prescribirán a los dos (2) años y la prescripción quedará interrumpida por los actos administrativos o judiciales, o por la comisión de cualquier otra infracción.
Las infracciones de carácter administrativo a esta Ley y sus reglamentos serán sancionadas por la autoridad sanitaria jurisdiccional, previo sumario, con audiencia de prueba y defensa de los presuntos infractores. Las constancias del acta labrada en forma, al tiempo de verificarse la infracción y en cuanto no sean enervadas por otras pruebas, podrán ser consideradas como plena prueba de la responsabilidad del imputado.
Contra las decisiones administrativas que la autoridad sanitaria dicte en virtud de esta Ley y de sus disposiciones reglamentarias, podrán interponerse los recursos que en las normas procesales se contemplen o establezcan.
La falta de pago de las multas aplicadas hará exigible su cobro por mediación fiscal, constituyendo suficiente título ejecutivo el testimonio autenticado de la resolución condenatoria firme.
El producto de las multas que por esta Ley aplique la autoridad sanitaria jurisdiccional, ingresará al Fondo Solidario de Trasplantes.
X - DEL INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE
ABLACION E IMPLANTE (INCUCAI)
El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) , creado por Ley 23885 , que funciona en el ámbito de la Secretaría de Salud dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social , como entidad estatal de derecho público, con personería jurídica y autarquía institucional, financiera y administrativa, está facultado para ejecutar el ciento por ciento (100 %) de los ingresos genuinos que perciba. Su fiscalización financiera y patrimonial estará a cargo de la Auditoría General de la Nación , y se realizará exclusivamente a través de las rendiciones de cuentas y estados contables que le serán elevados trimestralmente.
Serán funciones del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI):
Estudiar y proponer a la autoridad sanitaria las normas técnicas a que deberá responder la ablación de los órganos y tejidos anatómicos para la implantación de los mismos en seres humanos — provenientes de cadáveres humanos y entre seres humanos— y toda otra actividad incluida en la presente Ley, así como todo método de tratamiento y selección previa de pacientes que requieran trasplantes de órganos, y las técnicas aplicables a su contralor;
Dictar, con el asesoramiento del Consejo Federal de Salud (COFESA) , las normas para la habilitación de establecimientos en que se practiquen actos médicos comprendidos en la temática, autorización de profesionales que practiquen dichos actos, habilitación de bancos de órganos y de tejidos;
Fiscalizar el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley y su reglamentación y demás normas complementarias, y colaborar en la ejecución de leyes afines a la temática, recomendando a los gobiernos provinciales adecuar su legislación y acción al cumplimiento de estos fines;
Intervenir los organismos jurisdiccionales que incurran en actos u omisiones que signifiquen el incumplimiento de lo establecido por la presente Ley;
Dictar, con el asesoramiento del Consejo Federal de Salud (COFESA) , normas para la suspensión y/o revocación de una habilitación, cuando se verifique el incumplimiento de las condiciones y garantías de seguridad, eficacia y calidad de funcionamiento, el uso indebido u otras irregularidades que determine la reglamentación;
Coordinar con las respectivas jurisdicciones la realización de inspecciones destinadas a verificar que los establecimientos donde se realizan las actividades comprendidas en la presente Ley, se ajusten a ésta y su reglamentación;
Proponer, con el asesoramiento del Consejo Federal de Salud (COFESA) , las normas para la intervención por parte de los organismos jurisdiccionales, hasta la resolución definitiva de la autoridad de aplicación o del juez competente, de los servicios o establecimientos en los que se presuma el ejercicio de actos u omisiones relacionados con el objeto de la presente Ley con peligro para la salud o la vida de las personas;
Realizar actividades de docencia, capacitación y perfeccionamiento de los recursos humanos vinculados con la temática, como labor propia o a solicitud de
organismos oficiales o privados, percibiendo los aranceles que a tal efecto fije la reglamentación de la presente Ley;
Promover la investigación científica, mantener intercambio de información, y realizar publicaciones periódicas vinculadas con la temática del Instituto;
Evaluar publicaciones y documentaciones e intervenir en la autorización de investigaciones que se realicen con recursos propios dirigidas a la tipificación de donantes de órganos, desarrollo de nuevas técnicas y procedimientos en cirugía experimental, perfusión y conservación de órganos, e investigaciones farmacológicas tendientes a la experimentación y obtención de drogas inmunosupresoras;
Determinar si son apropiados los procedimientos inherentes al mantenimiento de potenciales dadores cadavéricos, diagnóstico de muerte, ablación, acondicionamiento y transporte de órganos, de acuerdo a las normas que reglan la materia;
Asistir a los organismos provinciales y municipales responsables del poder de policía sanitaria en lo que hace a la materia propia de las misiones y funciones del Instituto, a requerimiento de aquéllos, pudiendo realizar convenios con los mismos y con entidades públicas o privadas con el fin de complementar su acción;
Proveer la información relativa a su temática al Ministerio de Salud y Acción Social , para su elaboración y publicación, con destino a los profesionales del arte de curar y las entidades de seguridad social;
Coordinar la distribución de órganos a nivel nacional, así como también la recepción y envío de los mismos a nivel internacional y las acciones que se llevan a cabo para el mantenimiento de los siguientes registros:
1) Registro de personas que hubieren manifestado su oposición a la ablación de sus órganos y/o tejidos;
2) Registro de personas que aceptaron la ablación o condicionaren la misma a alguno de sus órganos o a algunos de los fines previstos en la presente Ley;
3) Registro de manifestaciones de última voluntad, en las condiciones del artículo 23 en el que conste la identidad de la persona que testimonia y su relación con el causante.
Entender en las actividades dirigidas al mantenimiento de potenciales dadores cadavéricos y supervisar la correcta determinación del diagnóstico de muerte, ablación y acondicionamiento de órganos, coordinando su acción con organismos regionales y provinciales;
Dirigir las acciones que permitan mantener actualizados los registros creados por la presente Ley en el orden nacional.
Proponer normas y prestar asistencia técnica a los organismos pertinentes en la materia de esta Ley;
Adquirir, construir, arrendar, administrar y enajenar bienes, aceptar herencias, legados y donaciones, estar en juicio como actor o demandado, contratar servicios, obras y suministros y en general realizar todos los actos que resulten necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, con ajuste a las disposiciones vigentes;
Proponer a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), las modificaciones o inclusiones que considere convenientes en su temática, proveyendo la información que le sea solicitada por dicho ente;
Asistir técnica y financieramente, mediante subsidios, préstamos o subvenciones, a los tratamientos trasplantológicos que se realicen en establecimientos públicos nacionales, provinciales o municipales. Asimismo, promover y asistir directamente la creación y desarrollo de centros regionales y/o provinciales de ablación y/o implantes de órganos;
Celebrar convenios con entidades privadas para su participación en el sistema;
Asesorar al Poder Ejecutivo en todo lo concerniente a las campañas de difusión masiva y concientización de la población respecto de la problemática de los trasplantes;
Realizar toda acción necesaria para el cumplimiento de sus fines de conformidad con la presente Ley y su reglamentación.
El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) estará a cargo de un (1) directorio integrado por un (1) presidente, un (1) vicepresidente y un (1) director, designados por el Poder Ejecutivo nacional de conformidad con las siguientes disposiciones:
El presidente será designado a propuesta de la Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias, del Ministerio de Salud y Ambiente ;
El vicepresidente será designado a propuesta del Consejo Federal de Salud (COFESA);
El director será designado previo concurso abierto de títulos y antecedentes con destacada trayectoria en la temática, cuya evaluación estará a cargo de la Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias, del Ministerio de Salud y Ambiente;
Los miembros del directorio durarán cuatro (4) años en sus funciones y podrán ser reelegidos por un período más.
Artículo 49 Corresponde al directorio:
Aprobar la estructura orgánico-funcional del Instituto, el presupuesto anual de gastos, cálculo de recursos y cuentas de inversiones, y elaborar la memoria y balance al finalizar cada ejercicio.
En el presupuesto de gastos no se podrá destinar más de un diez por ciento (10 %) para gastos de administración;
Asignar los recursos del Fondo Solidario de Trasplantes, dictando las normas para el otorgamiento de subsidios, préstamos y subvenciones;
Fijar las retribuciones de los miembros del Directorio; designar, promover, sancionar y remover al personal del Instituto, y fijar sus salarios, estimulando la dedicación exclusiva;
Efectuar contrataciones de personal para la realización de labores extraordinarias o especiales que no puedan ser realizadas con sus recursos de planta permanente, fijando las condiciones de trabajo y su retribución;
Delegar funciones en el presidente, por tiempo determinado.
Artículo 50 Corresponde al presidente:
Representar al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) en todos sus actos;
Convocar y presidir las reuniones del directorio, en las que tendrá voz y voto, el que prevalecerá en caso de empate;
Convocar y presidir las reuniones del Consejo Asesor;
Adoptar todas las medidas que, siendo de competencia del directorio, no admitan dilación, sometiéndolas a consideración del mismo en la primera sesión;
Delegar funciones en otros miembros del directorio, con el acuerdo de éste;
En el ámbito del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) funcionarán dos (2) Consejos Asesores, de carácter honorario, que se conformarán según lo determine la reglamentación de la presente Ley:
Un (1) consejo asesor de pacientes integrado por pacientes pertenecientes a las organizaciones que representan a personas trasplantadas y en espera de ser trasplantadas;
Un (1) consejo asesor integrado por representantes de sociedades y asociaciones científicas, las universidades, otros centros de estudios e investigación y otros organismos regionales o provinciales de naturaleza similar a este instituto, y un (1) representante de cada región sanitaria de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Salud y Acción Social al respecto, incluyendo a la provincia de La Pampa dentro de la Región Patagónica, y un (1) representante de la Ciudad de Buenos Aires.
Créase el Fondo Solidario de Trasplantes, el que se integrará con los siguientes recursos:
La contribución del Estado Nacional, mediante los créditos que le asigne el presupuesto de la Nación;
El producto de las multas provenientes de la aplicación de las sanciones administrativas y penales previstas en la presente Ley;
El fondo acumulativo que surja de acreditar:
1) El producido de la venta de bienes en desuso, los de su propia producción, las publicaciones que realice, intereses, rentas u otros frutos de los bienes que administra.
2) Los legados, herencias, donaciones, aportes del Estado Nacional o de las provincias, de entidades oficiales, particulares o de terceros, según las modalidades que establezca la reglamentación, con destino a solventar su funcionamiento.
3) Las transferencias de los saldos del fondo acumulativo y de los de su presupuesto anual asignado, no utilizados en el ejercicio.
Los recursos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) serán depositados en una cuenta especial a su orden creada a estos efectos y destinados prioritariamente para asistir al desarrollo de los servicios que se realicen para tratamiento trasplantológico en establecimientos públicos nacionales, provinciales o municipales, con el objeto de asistir a pacientes carenciados sin cobertura social, como así también a fomentar la procuración de órganos y tejidos necesarios a los fines de esta Ley.
Los cargos técnicos del personal del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) serán cubiertos previo concurso abierto de títulos y antecedentes.
La autoridad sanitaria jurisdiccional está autorizada para verificar el cumplimiento de esta Ley y sus disposiciones reglamentarias, mediante inspecciones y pedidos de informes. A tales fines, sus funcionarios autorizados tendrán acceso a los establecimientos o servicios, habilitados o no, en que se ejerzan o se presuma el ejercicio de las actividades previstas por esta Ley, podrán proceder al secuestro de elementos probatorios y disponer la intervención provisoria de los servicios o establecimientos.
Sin perjuicio de la sanción que en definitiva corresponde de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38, la autoridad sanitaria jurisdiccional podrá adoptar las siguientes medidas preventivas:
Si se incurriera en actos u omisiones que constituyeran un daño o peligro para la salud de las personas se procederá a la clausura total o parcial de los establecimientos o servicios en que los mismos ocurrieran, o a ordenar suspender los actos médicos a que refiere esta Ley. Dichas medidas no podrán tener una duración mayor de ciento ochenta (180) días;
Clausurar los servicios o establecimientos que funcionen sin la correspondiente autorización;
Suspensión de la publicidad en infracción;
A los efectos de lo dispuesto en los artículos 55 y 56 de la presente Ley, la autoridad sanitaria jurisdiccional podrá requerir en caso necesario auxilio de la fuerza pública, y solicitar órdenes de allanamiento de los tribunales federales o provinciales competentes.
Toda acción civil tendiente a obtener una resolución judicial respecto de cuestiones extrapatrimoniales relativas a la ablación e implante de órganos o.
tejidos será de competencia de los tribunales federales o provinciales en lo civil del domicilio del actor. En el orden federal se sustanciará por el siguiente procedimiento especial:
La demanda deberá estar firmada por el actor y se acompañarán todos los elementos probatorios tendientes a acreditar la legitimidad del pedido. No será admitido ningún tipo de representación por terceros y la comparencia del actor será siempre personal, sin perjuicio del patrocinio letrado;
Recibida la demanda, el Juez convocará a una audiencia personal la que se celebrará en un plazo no mayor de tres (3) días a contar de la presentación de aquélla;
La audiencia será tomada personalmente por el juez y en ella deberán estar presentes el actor, el agente fiscal, el asesor de menores en su caso, un (1) perito médico, un (1) perito psiquiatra y un (1) asistente social, los que serán designados previamente por el juez. Se podrá disponer además la presencia de otros peritos, asesores o especialistas que el juez estime conveniente. La inobservancia de estos requisitos esenciales producirá la nulidad de la audiencia;
Del desarrollo de la audiencia se labrará un acta circunstanciada, y en su transcurso el juez, los peritos, el agente fiscal, y el asesor de menores en su caso, podrán formular todo tipo de preguntas y requerir las aclaraciones del actor que consideren oportunas y necesarias;
Los peritos elevarán su informe al juez en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la audiencia, y éste podrá además, en el mismo plazo, recabar todo tipo de información complementaria que estime conveniente;
De todo lo actuado se correrá vista, en forma consecutiva, al agente fiscal y al asesor de menores, en su caso, quienes deberán elevar su dictamen en el plazo de veinticuatro (24) horas;
El juez dictará sentencia dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores al trámite procesal del inciso anterior;
En caso de extrema urgencia, debidamente acreditada, el juez podrá establecer por resolución fundada plazos menores a los contemplados en el presente artículo, habilitando días y horas inhábiles;
La inobservancia de las formalidades y requisitos establecidos en el presente artículo producirá la nulidad de todo lo actuado;
La resolución que recaiga será apelable en relación, con efecto suspensivo. La apelación deberá interponerse de manera fundada en el plazo de cuarenta y ocho
(48) horas, y el juez elevará la causa al superior en el término de veinticuatro (24) horas de recibida la misma. El tribunal resolverá el recurso en el plazo de tres (3) días;
El agente fiscal sólo podrá apelar cuando hubiere dictaminado en sentido contrario a la resolución del juez;
Este trámite estará exento del pago de sellados, tasas, impuestos o derechos de cualquier naturaleza.
El incumplimiento del juez, del agente fiscal o del asesor de menores, en su caso, a las obligaciones establecidas en el artículo anterior, se considerará falta grave y mal desempeño de sus funciones.
Invítase a los gobiernos provinciales a sancionar en sus respectivas jurisdicciones normas similares a las de este capítulo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictará la reglamentación que establezca los recaudos para la realización de ablaciones de córneas de los.
cadáveres depositados en la Morgue Judicial de acuerdo a los lineamientos y principios de la presente Ley.
El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) ejercerá las funciones y facultades que por esta Ley se asignan a las autoridades de contralor jurisdiccionales en aquellas jurisdicciones en las que no se encuentren en funcionamiento organismos de similar naturaleza hasta tanto los mismos sean creados y alcancen condiciones efectivas de operatividad, o hasta que las respectivas autoridades sanitarias jurisdiccionales indiquen el organismo que ha de hacerse cargo de dichas funciones.
El Poder Ejecutivo nacional deberá llevar a cabo en forma permanente, a través del Ministerio de Salud y Ambiente y si así este último lo dispusiere por medio del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), una intensa campaña señalando el carácter voluntario, altruista, desinteresado y solidario de la donación de órganos y tejidos a efectos de informar a la población el alcance del régimen que por la presente Ley se instaura.
— El Ministerio de Salud y Ambiente deberá asegurar la provisión de los medicamentos y procedimientos terapéuticos necesarios que surjan como consecuencia de los transplantes realizados en personas sin cobertura y carentes de recursos, conforme lo establezca la reglamentación de la Ley.
Anexo A Artículos 50 a 64
Trasplantes de Órganos y Tejidos - Productos Médicos
Ley ASA-1856
(Antes Ley 24193)
Tabla de Antecedentes Artículo Fuente 1 Art. 1º texto original sustituido por Ley
26066, (Art. 2º) 2 a 12 Arts. 2º a 12 texto original
13 Art. 13 texto original sustituido por Ley 26066, (Art. 3º). 14 a 18 Arts. 14 a 18 texto original
19 Art. 19 texto original, sustituido por Ley 26066, (Art. 4º).
20 Art. 19 Bis incorporado por Ley 26066 (Art. 5º), al que se le suprime el segundo párrafo por plazo cumplido.
21 Art. 19 Ter incorporado por Ley 26066 (Art. 6º).
22 Art. 20 texto original, sustituido por Ley 26326 (Art. 1º)
23 Art. 21 texto original, sustituido por Ley 26066 (Art. 8º)
24 Art. 22 texto original, sustituido por Ley 26066 (Art. 9º)
25 Art. 22 Bis incorporado por Ley 25281 (Art. 2º)
26 a 29 Arts. 23 a 26, texto original
30 Art. 27 texto original, con excepción del inc. b) sustituido por Ley 26066
31 a 46 Arts. 28 a 43, texto original
47 Art. 44 texto original, con excepción de los inc. n) y q) sustituidos por ley 26066 (Art. 11). En el inciso t), Se reemplaza la referencia a la “ANSSAL” por “Superintendencia de Seguros de
Salud (SSS)”, que fusionó a la
ANSSAL con otros entes (Decreto 1615/96).-48 Art. 45 texto original, sustituido por Ley 26066 (Art. 12) 49 a 51 Arts. 46 a 48, texto original
52 Art. 49 texto original, con excepción de los apartados 1), 2) y 3) del inc. c) que fueron vetados por Decreto 773/93 (Art. 1º) y en consecuencia los apartados 4), 5) y 6) originales fueron reenumerados. Se suprime el último párrafo, observado también por el mencionado Decreto (Art. 2º)
53 Art. 51 texto original. Último párrafo observado por Decreto 773/93 (Art. 4º) 54 a 60 Arts. 52 a 58 texto original
61 Art. 60 texto original
62 Art. 61 texto original
63 Art. 62 texto original, sustituido por Ley 26066 (Art. 13)
64 Se incorpora Art. 14 de la Ley 26066 Anexo A Anexo I, texto original.
Se ha sustituido en todo el texto de la presente Ley, la expresión "material anatómico" por el término "tejidos", conforme Art. 1º de la Ley 26066.
texto original, observado por Decreto 773/1993 (Art. 3º).

References: Artículo 19

Artículo 34

Artículo 49

Artículo 50
 artículo 3
 artículo 9
 artículo 3
 artículo 23
 artículo 23

Artículo 19
 artículo 32
 artículo 47
 artículo 20
 artículo 23
 resolución 
 artículo 4
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 23
 artículo 15

Artículo 34
 artículo 22
 artículo 7
 artículo 15
 artículo 29
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 38
 artículo 38
 resolución 
 resolución 
 artículo 23

Artículo 49

Artículo 50
 artículo 38
 resolución 
 resolución 
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 resolución