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Timestamp: 2018-07-21 11:55:16+00:00

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Principios del juicio de amparo - González Cancino
Principios del juicio de amparoGC2018-07-16T23:00:24+00:00
Principio de iniciativa de parte
Principio del agravio personal y directo
Al hablar de los estándares del juicio de amparo se ha seguido un orden. Se partió de lo general a lo particular.
El primer paso fue estudiar las obligaciones y los principios en materia de derechos humanos aplicables a todas las autoridades, ya sean federales, estatales o municipales, así como a todos los Poderes (ejecutivo, legislativo y judicial).
Posteriormente, se abordaron las disposiciones del debido proceso aplicables a todo procedimiento seguido en forma de juicio, con lo cual se estudiaron disposiciones más específicas en comparación con las obligaciones y los principios generales en materia de derechos humanos.
Luego se vieron los estándares internacionales del juicio de amparo que son aplicables a todos los medios judiciales de protección de derechos humanos. Aquí el carácter específico radica en que no se regulan todos los procedimientos seguidos en forma de juicio, como lo hacen las disposiciones del debido proceso, sino que únicamente se contemplan los juicios cuyo objeto de protección son los derechos humanos.
Si bien es cierto que los estándares internacionales del juicio de amparo son más reducidos en cuanto a su ámbito material de validez, la realidad es que son amplios en cuanto al ámbito personal de validez, pues resultan exigibles en todos los Estados Parte de los tratados internacionales que fueron empleados como fundamento jurídico convencional.
En ese sentido, los lectores de otros países distintos a México encontrarán de gran utilidad los estándares internacionales del juicio de amparo, pues les servirán para analizar la convencionalidad de las disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales de sus propios ordenamientos jurídicos.
Ahora toca avanzar un paso más en la especificidad de las normas que rigen el juicio de amparo y, por ello, se estudiarán los principios que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para este procedimiento jurisdiccional.
Se comenzará por los principios que rigen la procedencia del juicio de amparo: el de iniciativa de parte, el agravio personal y directo, así como el principio de definitividad. Posteriormente se tratarán los principios de estricto derecho y de relatividad de las sentencias de amparo.
Principio de iniciativa o instancia de parte
Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa
Hay que tener presente que el juicio de amparo tiene la capacidad de anular actos y normas generales. Esto implica un gran poder, del cual se puede abusar fácilmente. De ahí que exista la necesidad de condicionar el inicio del juicio a la existencia de una demanda presentada por quien se ve afectado con el acto de autoridad.
El principio de instancia de parte señala que el juicio de amparo únicamente inicia ante la existencia de una demanda promovida por la persona afectada con el acto de autoridad.
El principio de instancia de parte hace énfasis en el hecho de que el amparo es un procedimiento jurisdiccional y, como tal, le resulta aplicable el presupuesto procesal de la existencia de una demanda. En otras palabras, los procedimientos jurisdiccionales nunca pueden empezar válidamente sin que exista una demanda.
Es muy importante aclarar que los efectos del principio de iniciativa o instancia de parte se circunscriben a iniciar el juicio de amparo, pero no van más allá de eso. Es decir, el principio de iniciativa de parte no implica que el juicio de amparo se rija por el principio dispositivo, pues debemos recordar que, dada la naturaleza de los objetos de protección (todos ellos de orden público), el amparo es un procedimiento publicístico.
El principio de iniciativa de parte no modifica el carácter publicístico del juicio de amparo.
Lo anterior es así, ya que una vez que el tribunal de amparo tiene conocimiento de la demanda de amparo, las obligaciones en materia de derechos humanos (proteger, garantizar derechos humanos, investigar, sancionar y reparar violaciones a esos derechos) se actualizan y conminan al tribunal a realizar conductas positivas y a asumir un rol más activo durante todo el procedimiento.
Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa […]
El Diccionario de la lengua española define agravio de la siguiente forma (Real Academia Española, 2014):
(De agraviar).
1. m. Ofensa que se hace a alguien en su honra o fama con algún dicho o hecho.
2. m. Hecho o dicho con que se hace esta ofensa.
3. m. Ofensa o perjuicio que se hace a alguien en sus derechos e intereses.
4. m. Humillación, menosprecio o aprecio insuficiente.
En materia de amparo, la reforma constitucional incorporó el interés legítimo en su dimensión individual y colectiva y, tratándose de actos provenientes de órganos jurisdiccionales, conservó la noción de la afectación personal y directa.
En el apartado correspondiente a la legitimación activa del juicio de amparo, se desarrollarán con más detalle los alcances de estas figuras procesales.
Antes de la reforma constitucional en materia de amparo de 2011, la doctrina señalaba el agravio personal y directo como principio rector del juicio de amparo, por ejemplo:
Ignacio Burgoa (1971) quien señalaba que “Además de la personal determinación del agravio, éste debe ser directo […]”.
Genaro Góngora Pimentel (2004) que, al respecto, dice:
[…] el promovente de la acción constitucional, debe ser precisamente la persona a quien directamente se causa la molestia… Es decir, no puede ser parte agraviada aquel a quien el acto reclamado no perjudica directamente, en sus propiedades, posesiones o derechos. Si el perjuicio pudiera ser indirecto, el juicio de amparo se volvería una verdadera acción popular.
El problema con estos doctrinarios y aquellos que comparten su opinión es que la exigencia de que el agravio sea directo no tenía fundamento constitucional, ya que la Constitución solamente se refería a la “parte agraviada” sin exigir que la afectación fuese personal y directa.
Así versaba la Constitución antes de la reforma de 2011:
La Ley de Amparo anterior (aquella que era vigente antes de la Ley publicada el día 2 de abril de 2013) tampoco exigía que el agravio fuese directo. Se limitaba a señalar lo siguiente:
En otras palabras, si la Constitución anterior y la Ley de Amparo previa no distinguían entre agravio directo y agravio indirecto, es evidente que se incurría en una arbitrariedad al exigir que todos los quejosos resintieran directamente en sus derechos humanos el acto de autoridad, pues se excluían sin fundamento alguno a todas aquellas violaciones ocasionadas indirectamente por la conducta de la autoridad.
Por otra parte, es importante destacar que Góngora Pimentel incurre en un error cuando señala que reconocer legitimación a aquellas personas cuyos derechos humanos se ven afectados de forma indirecta con el acto de autoridad, implica convertir el juicio de amparo en una acción popular.
Las acciones populares no requieren de una afectación, como lo refiere Arturo Zaldívar (2004, p. 63): “Lo contrario es la acción popular, en la cual no se requiere afectación alguna a la esfera jurídica” y en el agravio indirecto aún hay una afectación a los derechos humanos.
Si la Constitución y la Ley de Amparo no requerían que el agravio fuese directo, ¿de dónde surgió dicha exigencia?
El requisito del agravio directo fue una invención del Poder Judicial Federal, que empezó a trasladar los conceptos civiles (en los que rige el principio dispositivo) al juicio de amparo que es de orden público y, por ende, incompatible con el principio dispositivo.
Aquí un criterio judicial citado por Burgoa (1971):
El criterio sustentado por la Suprema Corte sobre esta cuestión de la naturaleza del agravio, coincide con las consideraciones que hemos formulado, existiendo jurisprudencia [Semanario Judicial de la Federación.- Apéndice al Tomo CXVIII.- Tesis 59. Correspondiente a la tesis 26 de la Compilación 1917-1965, Materia General.]en la que se asienta que “el agravio indirecto no da ningún derecho al que lo sufre para recurrir al juicio de amparo”. Por otra parte, dicho alto tribunal en otras tesis ha tratado en forma más explícita los caracteres del agravio como base de la procedencia del juicio constitucional, afirmando que “Tan sólo tiene derecho de invocar el amparo la persona directamente agraviada por el acto violatorio de garantía, porque ese derecho es personalísimo, toda vez que el acto violatorio solamente afecta al agraviado”, y que “Parte agraviada lo es, para los efectos del amparo, la directamente afectada por la violación de garantías; no el tercero a quien indirectamente afecte la misma violación”.[ Semanario Judicial de la Federación.- Tomo IV, pág. 127; Tomo LXX, pág. 2276.- Quinta Época.] (p. 281)
A continuación un criterio judicial que versa sobre daños y perjuicios en materia civil:
DAÑOS Y PERJUICIOS, IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE
El solo hecho de haberse condenado en la sentencia de segundo grado a una de las partes al cumplimiento de una obligación, no implica que resulte procedente el pago de los daños y perjuicios, en virtud de que para que prospere la acción relativa debe acreditarse fehacientemente que el perjuicio sufrido es “consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación”, en términos del artículo 2110 del Código Civil para el Distrito Federal.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sala Auxiliar. Tesis Aislada. Amparo directo 2977/80. Guillermo Rodríguez Páez. 1 de marzo de 1984. Semanario Judicial de la Federación. Séptima Época. Volumen 181-186, Séptima Parte, página 191. No. de registro: 245450.
Como se puede observar, el Poder Judicial trasladó la noción civil de daños y perjuicios al juicio de amparo y, con ello, excluyó a los agravios indirectos de su ámbito protector.
Toda persona que en verdad quiera conocer los legítimos alcances del juicio de amparo debe iniciar su estudio con aquellas normas jurídicas que gozan de mayor jerarquía, ya que, muchas veces, el Poder Judicial y el Congreso de la Unión restringen indebidamente las disposiciones que rigen al juicio de amparo, tal y como sucedió con el requisito del agravio directo.
Si el Poder Judicial no hubiese restringido el concepto de agravio, es decir, si hubiera aceptado la procedencia del juicio de amparo ante las afectaciones indirectas a los derechos humanos, probablemente habría sido innecesario incorporar la figura del interés legítimo en la reforma constitucional de 2011.
a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo[…]
El principio de definitividad obliga al quejoso a tramitar los recursos ordinarios antes de acceder al juicio de amparo, siempre y cuando los recursos previstos en ley sean rápidos, accesibles, ordinarios y eficaces.
Se hace especial énfasis en las características de los recursos pues, de lo contrario, el quejoso tiene habilitado el acceso inmediato al juicio de amparo. Se presenta el siguiente criterio como ejemplo:
RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN CONJUNTA CON LA DEFINITIVA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1341 DEL CÓDIGO DE COMERCIO (ANTERIOR A LAS REFORMAS DE ENERO DE DOS MIL DOCE), AUN Y CUANDO ES JURÍDICAMENTE PROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO QUE DESAPRUEBA UNA DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO, EMBARGO Y EMPLAZAMIENTO, DENTRO DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, MISMO QUE CONSTITUYE UN ACTO CUYOS EFECTOS SON DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AL NO PODER SER MATERIA DE ANÁLISIS EN LA SENTENCIA QUE SE PUDIERA LLEGAR A EMITIR, NO ES UN RECURSO ACCESIBLE Y EFECTIVO PARA RESTITUIR AL INTERESADO EN EL GOCE DE SUS DERECHOS QUE ESTIMA FUERON VIOLADOS, LO QUE HACE QUE NO SEA IDÓNEO PARA UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL, COMO LO PREVÉ TANTO EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL, COMO EL 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.
El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para ello, en los plazos y términos que fijen las leyes, quienes deberán emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Asimismo, ha sido criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en todo procedimiento debe existir un recurso judicial sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo contra actos que se estimen violatorios de derechos fundamentales; entonces, el recurso de apelación preventiva previsto en el precepto 1341 del Código de Comercio, que procede contra un acuerdo que desaprueba una diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, dentro de un juicio ejecutivo mercantil, al ser de tramitación conjunta con el que, en su caso, pudiera promoverse contra la sentencia definitiva correspondiente, no es útil ni idóneo para restituir al interesado en el goce de sus derechos fundamentales que estima violados, por no ser de aquellos que se resuelven en un plazo prudente, lo que es contrario a la garantía de acceso a la justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el citado artículo 17, porque tendría que esperarse hasta la conclusión del juicio para que sea resuelta; por tanto, al tratarse de un acto emitido dentro de un juicio mercantil, cuya ejecución es de imposible reparación, resulta procedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse una excepción al principio de definitividad, por no ser la apelación preventiva un medio de impugnación efectivo para modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, en un tiempo que se estime prudente.
Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Décimo Sexto Circuito. Tesis Aislada. Amparo en revisión 44/2012. 27 de septiembre de 2012. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, página 1498. No. de registro: 2002886.
Para comprender mejor cómo opera el principio de definitividad, se puede apelar a las siguientes reglas:
Regla 1. El principio de definitividad sólo rige respecto de algunos actos de órganos jurisdiccionales y en materia administrativa.
Esta regla se funda en los incisos a) y b) de la fracción III y de la fracción IV del artículo 107 constitucional.
Regla 2. El principio de definitividad no opera respecto de normas generales.
Confirma esta regla la fracción VII del artículo 107 constitucional, en la cual se establece la procedencia del amparo contra normas generales sin obligar al quejoso a interponer los recursos ordinarios:
VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia […]
Regla 3. Al tratarse de órganos jurisdiccionales, el principio de definitividad sólo opera respecto de sentencias definitivas y actos de imposible reparación.
Fundamentan esta regla los incisos a) y b) de la fracción III del artículo 107 constitucional.
Regla 4. Si se trata de actos de órganos jurisdiccionales que afecten a personas extrañas a juicio, el principio de definitividad no opera.
El inciso c) de la fracción III del artículo 107 constitucional sirve como fundamento a esta regla.
Regla 5. En materia administrativa, cuando la medida precautoria no tiene los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo, no opera el principio de definitividad.
Esta regla tiene sus cimientos en la fracción IV del artículo 107 constitucional.
Al respecto, es importante destacar que la medida precautoria prevista en la Ley de Amparo tiene alcances restitutorios, de acuerdo con lo establecido por el segundo párrafo del artículo 147.
Artículo 147 […]
Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.
Regla 6. En materia administrativa, cuando la medida precautoria tiene más requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, no opera el principio de definitividad.
Regla 7. En materia administrativa, cuando el plazo para otorgar la suspensión provisional es mayor que el previsto en la Ley de Amparo, no opera el principio de definitividad.
Regla 8. En materia administrativa, si el acto reclamado carece de fundamentación, no opera el principio de definitividad.
Regla 9. En materia administrativa, si se alegan violaciones directas a la Constitución, no opera el principio de definitividad.
Las reglas 6 a 9 están fundamentadas en la fracción IV del artículo 107 constitucional.
Cabe destacar que, con fundamento en el derecho de igualdad ante las cortes, en el principio de universalidad, de interdependencia y de intangibilidad del debido proceso, es posible ampliar las Reglas 5 a 9 a cualquier materia.
Por último, es fundamental poner de manifiesto que la Ley de Amparo adiciona excepciones al principio de definitividad en las fracciones XVIII y XX del artículo 61:
b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;
Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior […]
Al igual que otros doctrinarios y miembros del Poder Judicial Federal, Burgoa (1971) afirma que el principio de estricto derecho impone una obligación al tribunal de amparo:
consistente en que, en los fallos que aborden la cuestión constitucional planteada en un juicio de garantías, sólo debe analizar los conceptos de violación expuestos en la demanda respectiva, sin formular consideraciones de inconstitucionalidad de los actos reclamados que no se relacionen con dichos conceptos. (p. 302)
Ausencia de fundamento constitucional
El principio de estricto derecho es uno de los conceptos doctrinales o jurisprudenciales que más daño le ha ocasionado a la impartición de justicia en México y, lo peor de todo, es que dicho principio carece de fundamento constitucional.
Quienes afirman la existencia del principio de estricto derecho recurren a la fracción II del artículo 107 constitucional en lo relativo a la suplencia de la queja: “II […] En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria.”
Como se puede observar, el artículo 107 de la Constitución no establece la obligación del tribunal de amparo para ceñirse únicamente a los conceptos de violación expresados por el quejoso, al momento de analizar la constitucionalidad del acto reclamado.
Lo anterior es así, porque para crear el principio de estricto derecho se requiere del argumento a contrario.
En relación con el argumento a contrario, Riccardo Guastini (1999) escribe lo siguiente:
Adaptando las palabras de Guastini a la suplencia de la queja, se obtiene lo siguiente:
Asimismo, quienes afirman la existencia del principio de estricto derecho, niegan implícitamente el carácter publicístico y los estándares del juicio de amparo que obligan al órgano jurisdiccional a revisar de oficio la constitucionalidad y convencionalidad del acto reclamado, a saber:
a) obligación de respetar los derechos humanos,
b) obligación de proteger los derechos humanos,
c) obligación de garantizar los derechos humanos,
d) obligación de prevenir violaciones de derechos humanos,
e) obligación de sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos,
f) obligación de ejercer de oficio el control de convencionalidad,
g) obligación de combatir la impunidad,
h) obligación de privilegiar a la justicia sobre los formalismos,
i) obligación de desarrollar el recurso efectivo,
j) el principio iura novit curia, y
k) el principio de progresividad.
Adicionalmente, pasan por alto que los miembros del Poder Judicial Federal, al igual que todo funcionario público, tiene la obligación de proteger la Constitución en términos de los artículos:
Artículo 97 […]
Cada Ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, protestará ante el Senado, en la siguiente forma:
Ministro: “Sí protesto”
Hay que tener en cuenta que las disposiciones contenidas en la Constitución (como el caso de los protestos) no son formulas vacías carentes de efectos jurídicos, sino que se trata de enunciados normativos que producen consecuencias en el plano jurídico.
En ese contexto, los artículos 97 y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sirven de fundamento para señalar que los tribunales de amparo están obligados a revisar de oficio la constitucionalidad del acto reclamado, pues es una de las formas en que cumplen con la obligación de proteger la Constitución.
El principio de estricto derecho niega el carácter publicístico del juicio de amparo y desconoce todas las obligaciones constitucionales y convencionales que conminan al órgano jurisdiccional a revisar de oficio tanto la constitucionalidad como la convencionalidad del acto reclamado.
A continuación se verá cómo el desconocimiento del carácter publicístico del juicio de amparo provocó que nuestras autoridades incorporaran la suplencia de la queja en el juicio de amparo, a pesar de que dicha incorporación era innecesaria (pues se reitera que, en todos los casos, el tribunal de amparo debe revisar de oficio la constitucionalidad y convencionalidad del acto reclamado).
III. Por las leyes ó actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la autoridad federal.
ART. 102. Todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán á petición de la parte agraviada por medio de procedimientos y formas del orden jurídico, que determinará una ley. La sentencia será siempre tal, que solo se ocupe de individuos particulares limitándose á protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley ó acto que la motivare.
En la Constitución de 1857 aún no se contemplaba la suplencia de la queja.
En el texto original de la Constitución de 1917 ya se incorpora la suplencia de la queja y, como se puede observar originalmente, estaba dirigida a ayudar al quejoso en materia penal, principalmente respecto de violaciones procesales que no fueron combatidas en el juicio natural.
La incorporación únicamente demuestra que los legisladores no tenían idea del carácter publicístico del juicio de amparo y lo empezaron a tratar como un juicio civil en el que rige el principio dispositivo. Incluso el texto denota que, respecto de la Constitución de 1857, la modificación está sustentada en un presupuesto falso, a saber, que las violaciones a los derechos humanos pueden consentirse. Por esa razón consideraron necesario que el juez de amparo debía suplir la deficiencia del quejoso.
Reforma constitucional publicada el 19 de febrero de 1951
Artículo 107 […]
Podrá suplirse la deficiencia de la queja, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.
Podrá también suplirse la deficiencia de la queja en materia penal, y la de la parte obrera en materia de trabajo, cuando se encuentre que ha habido en contra del agraviado, una violación manifiesta a la ley, que lo ha dejado sin defensa, y en materia penal, además, cuando se le haya juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso;
Con esta reforma se establece la suplencia de la queja a todas las materias cuando exista una ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.
Asimismo, al no existir una ley declarada inconstitucional, se contempla expresamente que la suplencia de la queja opere en materia laboral y materia penal.
Adición constitucional publicada el 2 de noviembre de 1962
En los juicios de amparo en que se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos y a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios y comuneros, deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria; y no procederán, el desistimiento, el sobreseimiento por inactividad, ni la caducidad de la instancia, cuando se afecten derechos de los ejidos o núcleos de población comunal.
Aquí se remite a la ley de amparo para regular la suplencia de la queja.
Reforma constitucional publicada el 25 de octubre de 1967
Podrá también suplirse la deficiencia de la queja en materia penal, y la de la parte obrera en materia de trabajo, cuando se encuentre que ha habido en contra del agraviado, una violación manifiesta a la ley, que lo ha dejado sin defensa, y en materia penal, además, cuando se le haya juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso.
En los juicios de amparo en que se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos y a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios y comuneros, deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución, y no procederán, en ningún caso, la caducidad de la instancia ni el sobreseimiento por inactividad procesal. Tampoco será procedente el desistimiento cuando se afecten derechos de los ejidos o núcleos de población comunal;
Aquí se precisa que la ley que regulará la suplencia de la queja será la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución.
Adición constitucional publicada el 20 de marzo de 1974
Podrá suplirse la deficiencia de la queja en los juicios de amparo contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, de acuerdo con lo que disponga la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución.
Con esta adición se contempla expresamente a los menores e incapaces.
Reforma constitucional publicada el 7 de abril de 1986
Con esta reforma se eliminan del texto constitucional todos los supuestos de la suplencia de la queja y se envían a la Ley de Amparo.
Reforma constitucional publicada el 6 de junio de 2011
Actualmente, la Constitución menciona que la suplencia de la queja opera en términos de la Ley de Amparo.
Los efectos del principio de estricto derecho
Enrique Antonio Pedraza refiere la forma en que fue evolucionando el principio de estricto derecho en la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, así como las drásticas consecuencias que tuvo para el juicio de amparo. A continuación se transcribe una tesis analizada por Pedraza y, posteriormente, se citan sus comentarios:
Respecto de esta tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pedraza (2006) comenta lo siguiente:
Con esta tesis nace el principio de estricto derecho, tal y como lo conocemos, pues ya no se trata de inexacta aplicación de la ley, ni de analizar actos reclamados diversos a los contenidos en la demanda, ni de dispensar recursos, protestas o agravios durante el procedimiento judicial en materia penal, ni de analizar la sentencia recurrida sin que existan agravios, sino de analizar, exclusivamente, las violaciones que alega el particular.
En este momento el juicio de amparo cambia su objeto, pues conforme al artículo 103 de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos las controversias que deben resolver los tribunales de la federación son respecto de las leyes o actos que violen garantías individuales [hoy derechos humanos y sus garantías]; y con este criterio las controversias que deben resolver son las violaciones de garantías individuales [léase derechos humanos y sus garantías] que le planteen los particulares respecto de actos de autoridad. El objeto de estudio en el juicio de amparo ya no es el acto de autoridad, sino las violaciones que hace valer el quejoso. (p. 40)
Tal como lo refiere Pedraza, el principio de estricto derecho tiene graves consecuencias para el juicio de amparo, ya que:
El principio de estricto derecho tiene por efecto modificar el objeto del juicio de amparo, pues ya no se analiza la constitucionalidad del acto reclamado sino exclusivamente las violaciones que hace valer el quejoso.
Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación introdujo criterios que establecían inoperancias de los conceptos de violación y los agravios, pero ello nuevamente tuvo consecuencias negativas. Pedraza (2006) lo sintetiza de la siguiente forma: “convirtió los conceptos de violación o los agravios en la materia del juicio de amparo o del recurso de revisión y, a semejanza de los hechos, tenían que hacerse valer ante la autoridad.” (p. 43)
Más adelante, refiere que:
Como la materia del juicio de amparo ya no fue los actos de autoridad, sino las violaciones que alegaban los ciudadanos, se calificaron los conceptos de violación de deficientes, inoperantes e improcedentes. En otras palabras, las violaciones a las garantías individuales [hoy derechos humanos y sus garantías] que alegaban los quejosos realizadas en sus conceptos de violación recibieron calificativos.
También, los agravios que hicieron valer los quejosos en los recursos de revisión fueron calificados de inoperantes, inatendibles, ineficaces, insuficientes, e inoperantes. (Pedraza, 2006, pág. 46)
Como se puede observar, el principio de estricto derecho le resta efectividad al juicio de amparo. Nuevamente, en palabras de Pedraza (2006):
A través de los conceptos de “estricto derecho” y de “suplencia de la queja”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación convirtió el juicio de amparo en un duelo de intelectualidades donde el quejoso debía demostrar, sin lugar a dudas, que la autoridad violó sus garantías. Con lo que dejó a las autoridades con plena libertad para dictar actos que violaran derechos humanos, pues estos subsistirían siempre que el quejoso no supiera impugnarlos. (p. 91)
Lo anterior demuestra que, por culpa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo dejó de ser un medio de defensa sencillo y efectivo, como lo exigen los estándares del juicio de amparo; por el contrario, se tornó en un laberinto que incluso propicia la impunidad.
En relación con los juicios civiles y el principio de estricto derecho, Pedraza (2006) destaca que:
Los juicios civiles son de litis cerrada, pues sólo serán materia de sentencia los hechos que las partes narren. Esta situación se repite en segunda instancia, con algunas salvedades. A esta circunstancia la Suprema Corte de la Nación la llamó “estricto derecho” en lugar de darle su nombre correcto que es “Litis cerrada”. Sin embargo, en el juicio de amparo no existe controversia sobre los hechos, pues el debate es sobre el derecho. Explico lo anterior, la litis en el juicio de amparo no es una controversia del mundo fáctico, como acontece en los juicios civiles, en éstos las partes controvierten hechos y ofrecen pruebas para demostrarlos. En el juicio de amparo la controversia se da en el mundo jurídico. En este juicio lo que se discute es si la autoridad actuó conforme a derecho o violó garantías individuales. Lo anterior porque el acto que reclamó el quejoso ya fue confesado por la autoridad, por lo que entre las partes no hay duda de la existencia de los hechos, la controversia se da porque el particular sostiene que el acto es violatorio de sus derechos humanos, en tanto que la autoridad sostiene la constitucionalidad del mismo. La controversia no es de los hechos, sino del derecho.
Al trasladar un principio aplicable respecto de los hechos, a una controversia donde se discute el derecho, se ocasionó que los conceptos de violación tuvieran las calificaciones que hemos visto y que se determinara los alcances de la suplencia de la queja. (p. 98)
El principio de estricto derecho viola el principio de sencillez y efectividad del juicio de amparo al convertirlo en un medio defensa extremadamente técnico.
La suplencia de la queja prevista en la Ley de Amparo
No obstante que las obligaciones generales en materia de derechos humanos obligan a revisar de oficio la constitucionalidad y la convencionalidad del acto reclamado, a continuación se plantean algunos argumentos adicionales para ampliar la suplencia de la queja prevista en la Ley de Amparo a todos los casos y a todas las materias.
Igualdad respecto de otros juicios constitucionales
En términos del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todas las personas son iguales ante los tribunales: “Artículo 14.1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia.”
Ahora bien, en su artículo 40, para regular las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales (Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional), el Congreso de la Unión estableció la suplencia de la queja en todos los casos, es decir, en todas las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales: “En todos los casos la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá suplir la deficiencia de la demanda, contestación, alegatos o agravios.”
En esas circunstancias, tomando en cuenta que el juicio de amparo también es un juicio constitucional y que los intereses en juego también son de orden público, los jueces de amparo deben realizar la suplencia en los mismos términos que se realizan en los otros procesos jurisdiccionales de naturaleza constitucional.
Igualdad respecto de las partes de amparos penales
Anteriormente, en materia penal, la suplencia de la queja solamente operaba a favor del inculpado o sentenciado, pues se consideraba que estaba en una posición desventajosa; en otras palabras, se consideraba que los inculpados constituían un grupo vulnerable cuya libertad estaba en riesgo y que, por lo tanto, se requerían de acciones positivas para protegerlos y colocarlos en una igualdad sustancial.
Luego las víctimas exigieron sus derechos reclamando que también a ellas se les diera el beneficio de la suplencia de la queja, y la nueva Ley de Amparo estableció que la suplencia de la queja opera tanto a favor del inculpado o sentenciado, como a favor del ofendido o víctima.
En ese contexto es posible invocar el derecho de igualdad del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además del principio de universalidad e interdependencia para ampliar la suplencia de la queja a todas las materias.
Es de suma importancia destacar que el principio de relatividad de las sentencias de amparo no es un principio que rija la procedencia del juicio de amparo, sino que rige los efectos de la sentencia.
El principio de relatividad indica que las sentencias de amparo solamente tendrán efectos jurídicos respecto de los sujetos que fueron parte en el juicio de amparo y de los actos reclamados materia del juicio.
El principio de relatividad tiene dos dimensiones: una subjetiva y otra objetiva. La primera alude a que la sentencia de amparo sólo obliga a las partes del juicio, mientras que la segunda se refiere a que la sentencia únicamente produce efectos respecto de los actos reclamados materia del juicio.
El principio de relatividad enfatiza que el amparo es un proceso jurisdiccional y no un proceso legislativo de ahí que la resolución nada más afecte jurídica y directamente a quienes tuvieron la calidad de partes de dicho procedimiento.
Conviene precisar que “La generalidad de la ley debe estimarse como la esencia de la función legislativa.” (Fraga, 2005, pág. 42)
Entonces cabe preguntarse en qué consiste la generalidad de una norma jurídica. Al respecto, Carbonell (2005) señala lo siguiente:
[…] la generalidad de la ley se refiere a que sus destinatarios sean indeterminados; dicho concepto se opone al de singularidad, entendida como la predeterminación de los destinatarios de la ley. Por su parte, la abstracción se referiría no a los sujetos, sino a las acciones, de forma que sería abstracta una ley que no predeterminara los casos a los que se va a aplicar. (p. 242)
Como se puede observar, la generalidad de una norma jurídica implica que los destinatarios de una norma son indeterminados. Es por ello que las normas generales designan a los sujetos obligados por ellas, empleando categorías o términos genéricos, y nunca nombrando individuos.
Aunque parezca trivial o algo sumamente sencillo es necesario precisar cuándo una sentencia tiene efectos generales.
Una sentencia tendrá efectos generales siempre que resulte directamente obligatoria a sujetos que no tuvieron la calidad de partes en el juicio de amparo.
Supóngase que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal emite una ley que establece la confiscación de todos los bienes de los habitantes del Distrito Federal, prohibida por el artículo 22 constitucional, y todos ellos promueven una demanda amparo de forma conjunta, es decir, en un solo escrito en contra dicha ley.
Llegado el momento de dictarse la sentencia, el Juez de Distrito decide amparar a los quejosos y anular el precepto legal impugnado. En ese supuesto no se puede decir que la sentencia tenga efectos generales, pues está acotada a los sujetos que tienen la calidad de partes.
Cosa distinta si solamente la mitad de los habitantes del Distrito Federal promueven la demanda de amparo y, no obstante ello, el Juez de Distrito ampara a todos los habitantes del Distrito Federal. En este caso, sí habría una transgresión al principio de relatividad, pues la sentencia de amparo establece derechos y obligaciones a sujetos que no tienen la calidad de partes en el juicio.
No hay que perder de vista que el artículo 107 constitucional fracción II impide que la sentencia de amparo tenga efectos generales, pero esos efectos son jurídicos y no de hecho, pues debe recordarse que la sociedad siempre se ve beneficiada cuando se respetan y protegen los derechos humanos. Por ejemplo, piénsese en los criterios empleados por los inversionistas para destinar recursos a un determinado país. Los países que no respeten los contratos y la propiedad, entre otros criterios, quedan descartados como lugares en los que convenga invertir.
El artículo 107 constitucional fracción II impide que la sentencia de amparo tenga efectos generales, pero estos son jurídicos y no de hecho.
Sería absurdo pensar que la restricción constitucional comprenda efectos de hecho, pues de ser así, prácticamente no se podría proteger a ningún quejoso, ya que el respeto y la protección de los derechos humanos siempre tiene repercusiones —de hecho— sociales, de ahí que sea una cuestión de orden público.
El respeto y protección de los derechos humanos siempre tiene repercusiones —de hecho— sociales, de ahí que sea una cuestión de orden público.
A manera de ejemplo, se presenta un caso.
Una autoridad le quita la propiedad de un inmueble a un padre de familia. El inmueble en cuestión era empleado como casa habitación por el propietario, su esposa y su hijo. Ante esa situación, el propietario promueve una demanda de amparo porque se viola el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Llegado el momento de que se dicte la sentencia, el Juez de Distrito decide amparar al quejoso, es decir, el propietario, toda vez que el concepto de violación alegado resultó fundado. En este caso no se puede decir que la sentencia beneficia o protege a la esposa y a su hijo aun cuando, por una cuestión de hecho, también se proteja el derecho humano previsto en el artículo 4 constitucional, del cual son titulares: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.”
Lo anterior es así porque el principio de relatividad de las sentencias solamente establece que los efectos jurídicos directos de la sentencia deben acotarse a quienes tuvieron la calidad de partes en el juicio de amparo, al igual que en todo procedimiento jurisdiccional.
Como se verá más adelante, esto tiene importantes consecuencias para la protección de derechos ambientales.
Por otra parte, es preciso señalar que, actualmente, el principio de relatividad no es absoluto, pues tiene excepciones previstas en la propia Constitución.
La reforma constitucional de junio de 2011 otorgó la facultad de expedir con una mayoría calificada la declaratoria general de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aquellos casos en que la autoridad responsable no corrija el problema de inconstitucionalidad generado por la norma general que dicha autoridad haya emitido.
Conviene subrayar que la Constitución excluye expresamente a la materia fiscal de la declaratoria general de inconstitucionalidad, lo cual fue una mala decisión, pues esa exclusión viola los principios de universalidad, indivisibilidad, progresividad y las obligaciones de adecuar el derecho, prevenir violaciones de derechos humanos, etcétera.
Otra excepción se da con la incorporación de los intereses colectivos: La fracción I del artículo 107 de la Constitución amplió el efecto protector del juicio de amparo al introducir los intereses colectivos.
Los intereses colectivos pueden estar representados por dos tipos de colectividades:
a) bien definidas, en las que se conoce desde un inicio quiénes son los miembros de dicha colectividad;
b) indefinidas, en las que inicialmente no se conoce la identidad de 100% de los integrantes, pero se cuenta con elementos que posteriormente permiten dicha identificación (en el derecho comparado, algunos doctrinarios la vinculan con el interés difuso).
Es en el segundo supuesto donde se observa una excepción al principio de relatividad, pues la sentencia de amparo tiene la capacidad de afectar a personas que no se apersonaron durante la tramitación del juicio, pero que con posterioridad al dictado de la sentencia se les reconoció como miembros de la colectividad promovente.
Al respecto se podría alegar que la reforma constitucional incorporó el interés colectivo y no el interés difuso, pero dicha afirmación parte de conceptos del derecho comparado, que son ajenos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que no pueden ser empleados, pues de lo contrario se vulnera la supremacía constitucional.
Es importante destacar que existe otra interpretación respecto de las colectividades indefinidas, la cual implica negar la existencia de otra excepción al principio de relatividad y consiste en reconocer representación a los miembros de la colectividad indefinida, quienes iniciaron el juicio respecto de los miembros por identificar. De esa forma, la sentencia de amparo solamente produce efectos entre las partes del juicio, pues aun los miembros que se desconocían en un inicio siempre fueron parte en el amparo.
Las omisiones legislativas
En el amparo en revisión 588/2012, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el juicio de amparo es improcedente respecto de omisiones legislativas. A continuación se cita el criterio en comento:
OMISIÓN LEGISLATIVA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El precepto constitucional citado, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, dispone que las sentencias pronunciadas en el juicio de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, de donde deriva que respecto de dichas sentencias aún prevalece el principio de relatividad, dado que no pueden tener efectos generales. En congruencia con lo anterior, en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, es improcedente el juicio de amparo contra una omisión legislativa, pues de concederse la protección constitucional al quejoso, el efecto sería obligar a la autoridad legislativa a reparar la omisión, dando efectos generales a la ejecutoria, lo cual implicaría la creación de una ley, que constituye una prescripción general, abstracta y permanente, que vincularía no sólo al promovente del amparo y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada. No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el artículo 107, fracción II, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma con efectos generales, toda vez que esa declaración debe emitirse en un procedimiento específico por parte de este Alto Tribunal, sin que sea posible adoptar una decisión de tal naturaleza en un caso concreto; máxime que el procedimiento para la declaratoria general de una norma se refiere a normas existentes y no a omisiones legislativas. Por otra parte, tampoco es obstáculo que el artículo 103, fracción I, constitucional, establezca que los Tribunales de la Federación conocerán de toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, ya que dicho precepto no contempla la posibilidad de que puedan reclamarse omisiones legislativas, dado que opera la limitante prevista en el referido artículo 107, fracción II, párrafo primero, en el sentido de que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales.
La crítica que habría que formular al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que usar el principio de relatividad de las sentencias de amparo para restringir la procedencia del juicio de amparo representa un error, ya que los únicos principios constitucionales que regulan la procedencia del juicio son el principio de iniciativa de parte, “agravio personal y directo” y el principio de definitividad.
Asimismo, el principal argumento de la Segunda Sala de la Suprema Corte para negar la procedencia de la demanda de amparo consiste en que “la sentencia” de amparo tendría efectos generales cuando se impugna una omisión legislativa, lo cual es falso.
De acuerdo con la Segunda Sala de la Corte, los efectos generales derivarían directamente de la sentencia y, toda vez el principio de relatividad rige en materia de amparo, es imposible tramitar un juicio de dicha naturaleza.
Para ilustrar los argumentos de la Segunda Sala, conviene observar el siguiente esquema:
Si fuese cierto que la sentencia de amparo produce efectos generales en los casos de omisión legislativa, tan pronto se dictara la sentencia se producirían los efectos generales; sin embargo, en la realidad, eso no acontece, pues se requiere de todo un proceso legislativo para crear la ley omitida.
La prueba de que la sentencia de amparo no tiene efectos generales se da cuando la Autoridad Legislativa señalada como Responsable en el juicio de amparo se niega a legislar. En esos casos existe una ejecutoria de amparo y, pese a ello, no hay efectos generales.
Otra forma de demostrar que la sentencia de amparo no tiene efectos generales en los casos de omisiones legislativas es considerando que el contenido normativo detallado —es decir, la redacción específica de la ley a producir— no se encuentra prevista en la sentencia, sino que es producto de las facultades discrecionales de la Autoridad Responsable, en este caso, un Congreso Federal o Local, según se requiera.
Por lo tanto, es falso que, en los amparos contra omisiones legislativas, la sentencia tenga efectos generales, porque estos derivan de la competencia legislativa de la autoridad responsable así como de un eventual proceso legislativo y no de la sentencia. La siguiente imagen ilustra lo anterior:
De lo anterior se desprende que la premisa a partir de la cual la Segunda Sala sostiene la improcedencia del juicio de amparo es errónea.
Conviene resaltar que pueden existir casos en los que el tribunal de amparo pretenda señalar indebidamente el sentido de la ley a expedir y lo incluya en la sentencia, pero eso es una situación de hecho en la que el juez de amparo está invadiendo las facultades legislativas de la autoridad responsable.
En tercer lugar, conviene destacar que el criterio de la Segunda Sala es regresivo, pues con anterioridad la propia autoridad reconoció una excepción al principio de relatividad cuando estableció la posibilidad de que la sentencia de amparo fuera ejecutada por autoridades que incluso no formaron parte del juicio, pero que por razón de sus funciones deben intervenir en su ejecución:
EJECUTORIAS DE AMPARO, INCUMPLIMIENTO DE LAS.
Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, puesto que atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los 103 y 107 constitucionales, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías, está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de ese fallo.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tercera Sala. Tesis Aislada. Queja en amparo administrativo 785/44. Laboratorios “Ayax”, S. A. 9 de mayo de 1945. Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXXIV, página 1661. No. de registro 348933.
Como se puede observar, el principio de relatividad de las sentencias no ha sido un obstáculo para admitir las demandas de amparo, ya que incluso se ha obligado a autoridades que no figuraron como responsables a ejecutar las sentencias.
Es más, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación incluso ha ampliado los efectos de la sentencia respecto de particulares que no promovieron la demanda de amparo. El siguiente criterio lo demuestra:
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Jurisprudencia. Contradicción de tesis 28/93. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 23 de enero de 1996. Unanimidad de once votos. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Febrero de 1996, página 78. No. de registro 200201.
Como se puede observar, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiere, el principio de relatividad es absoluto y, cuando no quiere o no le conviene, toma la decisión contraria.
En cuarto lugar, la Segunda Sala pasa por alto que declarar improcedente el juicio de amparo en contra de omisiones del Poder Legislativo, implica:
a) violar la obligación de promover los derechos humanos,
b) violar la obligación de respetar los derechos humanos,
c) violar la obligación de garantizar los derechos humanos,
d) violar la obligación de adecuar el derecho interno,
e) incumplir la obligación de sancionar a las autoridades responsables de violaciones de derechos humanos,
f) incumplir la obligación de reparar las violaciones de derechos humanos,
g) violar el principio de progresividad,
h) violar el principio pro personae,
i) incumplir con la obligación de ejercer el control de convencionalidad,
j) incumplir con la obligación de privilegiar a la justicia sobre los formalismos,
k) incumplir con la obligación de combatir la impunidad,
l) restar efectividad al juicio de amparo,
m) incumplir con la obligación de resolver el fondo del amparo, e
n) incumplir con la obligación de desarrollar las posibilidades del amparo.
Adicionalmente, el hecho de declarar la improcedencia del juicio de amparo en este tipo de actos reclamados tiene por efecto establecer una excluyente de responsabilidad a favor de los legisladores que incumplen con sus labores en materia de derechos humanos.
Respecto de las excluyentes de responsabilidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado lo siguiente:
Cabe mencionar que la omisión legislativa es una violación grave de derechos humanos, pues el efecto de la violación es general y sistemático.
Caso de la Masacre de las Dos Erres vs Guatemala. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C, 211:
El Estado debe garantizar que los procesos internos tendientes a investigar y [eventualmente] sancionar a los responsables de los hechos de este caso surtan sus debidos efectos y, en particular, de abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad. En ese sentido, el Tribunal ya ha señalado que […]son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
[…] ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos[…] 134. En particular, al tratarse de graves violaciones de derechos humanos el Estado no podrá argumentar prescripción o cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de su deber.
Aunado a lo anterior, los artículos 1 y 103 de la Constitución claramente establecen que todas las personas gozarán de las garantías internacionales en materia de derechos humanos; mientras que los artículos 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen la garantía que consiste precisamente en la expedición de medidas legislativas que hagan efectivos los derechos humanos previstos en los referidos instrumentos internacionales:
Como se puede observar, la Segunda Sala le otorga más valor a una institución procesal que a los derechos humanos y a su pleno ejercicio. En ese sentido, la Segunda Sala olvida que la Constitución es un texto normativo expedido a favor de los particulares y que su interpretación debe realizarse privilegiando los derechos y las libertades, no a los aspectos técnicos procesales, los cuales que no son un fin en sí mismo, sino un medio para hacer efectivo el derecho sustantivo.
Asimismo, la Segunda Sala olvidó que la restitución no es la única finalidad de la acción de amparo, pues existen otras finalidades que pueden realizarse con independencia de que la sentencia tenga o no efectos generales, tal como cumplir con el derecho de las partes a conocer la verdad, que constituye una forma de reparación.
Por último y considerando que la Segunda Sala creyera que, en los casos de amparos contra omisiones legislativas, la sentencia de amparo puede ocasionar un resultado desproporcionalmente gravoso, o bien afectar a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que el quejoso pudiera recibir, la Segunda Sala debió establecer que el amparo tendrá efectos indemnizatorios y no restitutorios con fundamento en la fracción XVI del artículo 107 constitucional.
XVI. El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso al órgano jurisdiccional, o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o cuando, por las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional.

References: artículo 2110
 ARTÍCULO 1341
 ARTÍCULO 17
 artículo 17
 artículo 25
 artículo 17
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 147

Artículo 147
 artículo 107
 artículo 61
 resolución 
 resolución 
 artículo 107
 artículo 107

Artículo 97

Artículo 107
 artículo 103
 artículo 14
 artículo 40
 artículo 105
 artículo 14
 resolución 
 artículo 22
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 21
 artículo 4
 artículo 107
 ARTÍCULO 73
 ARTÍCULO 107
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 artículo 107
 artículo 103
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107