Source: http://www.sabetodo.com/contenidos/EEVyEAFAElmlswRyaO.php
Timestamp: 2017-03-23 02:18:37+00:00

Document:
Yean y Bosico vs. República Dominicana ante la corte Interamericana de derecho humanos | monografias | sabetodo.com
RSS / / Yean y Bosico vs. República Dominicana ante la corte Interamericana de derecho humanos
El presente análisis pretende responder las preguntas formuladas por el Profesor Eduardo Jorge Prats, en el temario que antecede este preámbulo, como Examen Final de la Asignatura correspondiente al Análisis de los Derechos Fundamentales, de la Especialidad de Derecho Público, que imparte la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la República Dominicana. El día 5 de marzo de 1995, el señor Genero Rincón Miesse, se presentó a la Oficina del Estado Civil de Sabana Grande de Boyá, para registrar a veinte niños, incluyendo a las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico, presentando como documentos según declaraciones del él la cédula de identidad y electoral de la madre de Yean y la constancia de nacimiento del hospital de Sabana Grande de Boyá, y en caso de Violeta Bosico, la cédula de la madre y la constancia de nacimiento expedida por el Alcalde Pédaneo de Sabana Grande de Boyá.
La negativa de la Oficina del Estado Civil de Sabana Grande Boyá, de inscribir a las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico, culminó con una demanda por ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una breve cronología del caso ante de apoderar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos permitirá ubicarnos en el tiempo y el espacio respecto al siguiente análisis: Octubre 28, 1998 : Se presenta denuncia ante la Comisión Interamericana,
Fundada en la negación a las niñas Yean y Bosico de Sus actas de nacimiento que le permitiera tener una
Nacionalidad y una identidad. Abril 27, 1999 : La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Recibe una denuncia enmendada en ingles y una Solicitud de medidas cautelares.
ANÁLISIS Según los denunciantes a las niñas Yean y Bosico se les violaron los siguientes derechos fundamentales: - Reconocimiento de su personalidad jurídica. (Artículo 3, Convención Americana sobre Derechos Humanos
–CADDHH-).
- Derecho al nombre: “Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. (Artículo 18,
CADDHH).
- Derechos del niño: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. (Artículo 19,
- Derecho a la nacionalidad: “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad”. “Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra.” (Artículo 20,
- Igualdad ante la ley: “Todas las personas son iguales ante la Ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación a igual protección de la Ley. (Artículo 24,
Las presuntas víctimas no agotaron el recurso de reconsideración ante el oficial del Estado Civil, ni llevaron el asunto directamente al juzgado de primera instancia que tiene competencia para intervenir en todo lo relacionado con el derecho de las personas. Tampoco interpusieron una acción de Amparo, la cual existe en la República Dominicana desde 1978, en razón de la ratificación por el Estado Dominicano de la Convención Americana de Derechos Humanos. En 1999 la “Suprema Corte de Justicia –SCJ- mediante sentencia estableció que el procedimiento para los recursos de Amparo será el mismo que de los referimientos en materia civil, habiendo además decisiones judiciales de amparo, producidas por varios tribunales dominicano, ante de esta decisión de la SCJ.
En la sentencia de la Corte, el derecho a la nacionalidad se concibe bajo la protección convencional, expresada en el párrafo 111 de la sentencia acápite a) y b): a) “en la Constitución se estableció el uso de ius solis como principio para adquirir la nacionalidad dominicana, por lo que el derecho a la nacionalidad por haber nacido en el territorio dominicano adquiere protección convencional, sin importar la nacionalidad o estatus legal de los padres. Cualquier restricción del derecho a la nacionalidad que no se base en el lugar de nacimiento de las niñas contradice directamente dicho principio.” b) es inaceptable calificar a las presuntas víctimas del presente caso “extranjeros en tránsito”, ya que las personas que viven por diez quince o más años en un país no pueden tener calidad de transeúntes.
La corte ha establecido además respeto a la nacionalidad: “la nacionalidad conforme se acepta mayoritariamente, debe ser considerada como un estado natural del ser humano. Tal estado es no sólo el fundamento mismo de su capacidad política sino también de parte de su capacidad civil. De allí que no obstante que tradicionalmente se ha aceptado que la determinación y regulación de la nacionalidad son competencia de cada Estado, la evolución cumplida en esta materia nos demuestra que el derecho internacional impone ciertos limites a la discrecionalidad de los Estados y que en su estado actual en la reglamentación de la nacionalidad no sólo concurren competencias de los Estados sino también las exigencias de la protección integral de los derechos humanos. (…)
¿Puede ser limitada la nacionalidad IUS Solís por medio de una ley, como se pretende en la nueva Ley de Inmigración al definirse el concepto de persona en tránsito? El legislador es soberano al momento de producir leyes, pero esta soberanía esta limitada por principios intangibles, principios constitucionales y principios generales del derecho, en ese sentido el legislador no puede producir leyes con carácter de inconstitucionalidad, o leyes que vulneren principios intangibles o principios fundamentales del derecho, o contradigan principios establecidos en tratados internacionales firmados y ratificados por los poderes públicos del país, porque de acuerdo al 3 de la Constitución los mismos a pertenecer a nuestro ordenamiento jurídico interno con rango constitucional. Es evidente que el Párrafo I del artículo 36 de la Ley 285-04 que establece: “Los No Residentes con considerados persona en transito, para los fines de aplicación del Artículo 11 de la Constitución de la República (Dominicana)” ; lo que busca es dar una interpretación precisa al artículo 11 de la Constitución Dominicana, que establece que: “Son dominicanos: 1) “Todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que están de tránsito en él”. Como se observa el párrafo I del artículo 36 de la Ley 285-04, pretende dar sustancia a la expresión “de tránsito”, y no contraviene en este sentido a la Constitución; pero si colige con disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando establece: “Los Estados tienen la obligación de no adoptar prácticas o legislación, respecto al otorgamiento de la nacionalidad, cuya aplicación favorezca el incremento del número de personas apátridas, condición que es derivada de la falta de nacionalidad, cuando un individuo no califica bajo las leyes de un Estado para recibirla, como consecuencia de su privación arbitraria, o bien por el otorgamiento de una nacionalidad que no es efectiva en la práctica. La apatridia tiene como consecuencia imposibilitar el goce de los derechos civiles y políticos de una persona, y ocasionándole una condición de extrema vulnerabilidad”. La doctrina dominicana más reciente sobre el tema, esta contenida en la sentencia No. 453 de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, dictada el 16 de octubre de 2003, referente a la inscripción en el registro civil de los menores, cuyos padres son haitiano y viven en la República Dominicana, establece que: (…) no puede asimilarse la condición de ilegalidad del extranjero al concepto de tránsito, por tratarse de figuras distintas, y además, ni el reglamento para la aplicación de la ley sobre migración ni en el informe rendido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la República Dominicana en el año 1999, se establece la condición de legalidad como requisito para tener derecho a la nacionalidad del lugar de nacimiento; (…) que en la especie no hay posibilidad de que pueda considerarse en tránsito a los padres de los menores que reclaman la inscripción de su nacimiento, en razón de que (de) los documentos depositados el expediente se desprende que hace varios años viven en el país (… , y) que, por otra parte, si bien es cierto que los padres del menor viven en el país en un Estado de ilegalidad, no menos cierto es que dicho estado de ilegalidad no puede, en modo alguno afectar a los menores, quienes pueden beneficiarse de la nacionalidad dominicana con solo demostrar que han nacido en el territorio dominicano, y que sus padres no están cumpliendo función diplomática en el país, ni están de tránsito en el él.”
Es evidente que esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana (sentencia del 8-09-2005), apunta hacia la consolidación de lo que ya autores como Ferrajoli llaman Constitucionalismo Mundial. Estamos ante la transformación de paradigmas jurídicos existentes, como el de la Nacionalidad y el de la protección judicial, que han estado sufriendo una desnacionalización y asumido como paradigma del Derecho Internacional, caracterizando un período transicional, donde se involucran cambios políticos, sociales y de mercado, que han empujado a la hipótesis de una Constitucionalismo de carácter universal, apunta Ferrajoli, que: “aunque nacido y pensado para el Estado nacional, el paradigma del Estado Constitucional de derecho es en efecto aplicable a cualquier ordenamiento incluso internacional. De allí pueden deducirse dos vías de acción, en primer lugar, la superación de la soberanía a través de la refundación del sistema de fuentes y de la dislocación (también) al plano internacional de las instancias tradicionalmente estatales de garantías constitucionales. En segundo término, la superación de las actuales fronteras estatales de la ciudadanía a través de la instauración de una ciudadanía universal.” La doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, esta contenida en la Resolución 1920 del año 2003, donde se establece un Bloque de Constitucionalidad y se reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; estableciendo además una igualdad jerárquica de las normas constitucionales internas con aquellas emanadas de instancias supranacionales reconocidas por el país, en la misma se establece: “ATENDIDO, que la Constitución dominicana ha previsto un mecanismo de recepción del Derecho Internacional que se comprueba si se toma en cuenta el contenido del artículo 3 que dispone: “La República Dominicana reconoce y aplica las normas de derecho internacional general y americano en la medida de que sus poderes públicos la hayan adoptado…” Esta mima resolución de la SCJ establece que : ATENDIDO, a que la República tiene sistema constitucional integrado por disposiciones de igual jerarquía que emanan de dos fuentes normativas esenciales: a) la nacional, formada por la Constitución y la jurisprudencia constitucional local tanto la dictada, mediante el control difuso como por el concentrado y b) la internacional, compuesta por los pactos y convenciones internacionales, las opiniones consultivas y las decisiones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fuentes normativas que en su conjunto, conforme a la mejor doctrina integran lo que se ha denominado el bloque de constitucionalidad, al cual esta sujeta la validez formal y material de toda legislación adjetiva secundaria.
En el área no existen precedente sobre sentencia de la naturaleza de que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a recoger esta afirmación de la voz del Juez Cancado Tindrade: “por cuanto es esta la primera vez en su historia que la Corte Interamericana se pronuncia en la resolución de un caso contencioso, sobre el derecho de la nacionalidad bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos.” La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de septiembre del 2005, en el caso Yean y Bosico vs. República Dominicana, plantea la necesaria pregunta de si el país cumplirá la sentencia, declaraciones de la representante de la OEA en país, Bertha Santoski recogida en Diario Libre del 13 de octubre del 2005, dicen: “las decisiones de la CIDH son obligatorias”, en ese mismo sentido declaraciones de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, aparecida en Diario Libre del 16 de octubre del 2005, señalan: “el país no podrá apelar la decisión de la Corte porque los dictámenes de ese organismo son inapelables… y su cumplimiento es obligatorio en virtud de la adhesión de República Dominicana a la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo en otra parte de es misma declaración se califica de categóricamente inaceptable la sentencia.”
Nos inscribimos en lista de lo que creen que el Estado Dominicano no cumplirá la sentencia de la Corte, y buscara en el Derecho Internacional una razón jurídica que justifique su decisión, por de pronto los legisladores han señalado una brecha, la misma se encuentra en declaraciones aparecida en el periódico Hoy del viernes 14 de octubre del 2005: “…eventualmente el gobierno el gobierno debe ponderar la posibilidad de denunciar el tratado que establece la jurisdicionalidad de la Corte. Pero independientemente de eso, el gobierno dominicano no está en la obligación de acatar la referida sentencia, toda vez que el Congreso no ha ratificado el convenio que reconoce dicha corte, y aún en el caso de que el Congreso lo hubiese ratificado, el asunto es una naturaleza tan delicada, difícil y compleja en lo que concierne a la convivencia pacifica de las dos naciones que coexisten en una misma isla, que por una razón de alta seguridad interna debe desacatar la referida sentencia.” Ante un desacato del país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no cuenta con mecanismos coercitivos para imponer sanciones al país, por lo que las sanciones a la que tendría que enfrentarse el Estado serían sanciones de tipo moral de los organismos y la Comunidad Internacional.
La universalización del constitucionalismo y del derecho en sentido general, han permitido o facilitado el acceso y disfrute de los derechos fundamentales para todos, esta universalización ha producido una transformación de los derechos, de derecho del ciudadano a derecho de la persona, donde prerrogativa de las legislaciones nacionales han ido pasando al Derecho Internacional, tal es el caso por ejemplo de la desnacionalización de la protección judicial y su consecuente internacionalización. Esto indica que para tener disfrute de derechos fundamentales, no es necesario ser ciudadano de un país determinado, ahora bien hay derechos fundamentales, principalmente los de participación política, cuyo disfrute esta reservado a los ciudadanos, en el caso de la República Dominicana, estos derechos exclusivos de la ciudadanía están consignado en el artículo 13 de la Constitución. 13.1: “El de votar con arreglo a la ley para elegir los funcionarios a que se refiere el artículo 90 de la Constitución.” (…) 13.2: “El de ser elegibles para ejercer los mismos a que se refiere el párrafo anterior.”
Schmitt, citado por Jorge Prats plantea: “los derechos fundamentales son “esencialmente, derecho del hombre individual libre, y, por cierto, derechos que el tiene frente al Estado” (…) “Todo los derechos fundamentales auténticos son derechos fundamentales absolutos, esto es, no se garantizan con arreglo a las leyes; su contenido no resulta de la Ley, sino que la injerencia legal aparece como excepción y, por cierto, como excepción limitada en principio mensurable, regulada en término generales. (…) Lo contrario ocurre con los derechos políticos: estos “no presuponen al hombre individual libre en el Estado extraestatal de libertad sino al ciudadano que vive en el Estado. De ahí que los derechos de los ciudadanos no pueden ser libertades y por ello no son derechos fundamentales y, en consecuencia, no son ilimitados ni ilimitables”. Esta universalización de los derechos ha ido convirtiendo tanto los derechos del ciudadano como los derechos fundamentales, en derechos del hombre, valido en todas las latitudes y en todos los tiempos, adquiriendo un carácter de inviolabilidad y universalidad en el tiempo y en el espacio.
Las condiciones necesarias para la actas de nacimientos tardías son: 1) papel del Alcalde (si nació en zona rural) o certificado de la clinica u
hospital donde nació, 2) certificación constancia de la Iglesia o Parroquia si fue o no bautizado; 3) certificación escolar si esta estudiando; 4) certificación de todas las oficialías correspondientes al lugar donde nació;
5) copias de las cédulas de Identidad
y Electoral de los padres (en caso de los padre haber fallecido copia de las
actas de defunción; 6) si los padres son casados, copia del acta de matrimonio; 7) declaración jurada (Form, OC-25 firmada por tres testigos, mayores de 50 años
con cédulas de identidad y electoral (cédula nueva) y que sepan firmar; 8) copias de las cédulas de Identidad y Electoral de los testigos; 9) Comunicación dirigida al Presidente de la Junta Central Electoral
solicitando la declaración Tardía de Nacimiento; 10) carta dirigida al presidente de la Junta Central Electoral solicitando
certificación de si o no cedulado; si es mayor de 20 años también certificación
en el Edificio el Huacalito: Distrito Nacional de si es o no cedulado; 11) Dos
. Ley No. 285-04. NUEVA LEY DE MIGRACIÓN DE LA REPUBLICA DOMINICANA. 15 de
. Ferrajoli, Luigi. 2004. Madrid. RAZONES JURÍDICAS DEL PACIFISMO. Trota. Pág.
. A. A. Cancado Trindade. VOTO RAZONADO. Pág. 1.
. Jorge Prats, Eduardo. 2005. Santo Domingo. DERECHO
CONSTITUCIONAL VOLUMEN II. Gaceta Judicial. Pág. 23.
. Peces-Barba, Gregorio. 1997. Madrid. DERECHOS HUMANOS DEL INCAPAZ, DEL
EXTRANJERO, DEL DELINCUENTE Y COMPLEJIDAD DEL SUJETO. J.
M. Bosch, Editor. Pág. 115 y ss.

References: artículo 36
 Artículo 11
 artículo 11
 artículo 36
 Resolución 
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 artículo 90