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Timestamp: 2020-08-07 01:14:19+00:00

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Sentencia de Tutela nº 394/18 de Corte Constitucional, 24 de Septiembre de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 741049877
ACCESO A LA ADMNISTRACION DE JUSTICIA DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD. REQUISITOS PARA ENTREGA DE COPIA GRATUITAS DE PROCESO PENAL. El actor se encuentra privado de la libertad y alega que las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos fundamentales al no dar respuesta a una nueva solicitud de copias que formuló, bajo el argumento de haberla resuelto con anterioridad de manera efectiva. Así mismo, por negar la petición de copias gratuitas de la totalidad de la actuación de su proceso penal, arguyendo que el pago constituía una carga procesal desproporcionada y que no existía obligación legal de expedirlas sin costo. Se analiza temática relacionada con: 1º. El principio de gratuidad en el marco del derecho del acceso a la administración de justicia y su relación con el derecho a la igualdad. 2º. El debido proceso en lo que refiere a la definición y alcance del derecho a la defensa material en el proceso penal y, 3º. Las particularidades de la solicitud de prisión domiciliaria. La Sala considera que las accionadas no estaban obligadas a dar nuevo trámite a la reiteración de la petición presentada por el actor, en observancia de los principios de eficacia y economía en la labor judicial. Respecto a la solicitud de copias gratuitas concluye la Corte que tampoco procede el amparo, por no requerirlas con el propósito de llevar a cabo algún trámite específico o ejercer una facultad concreta dentro del proceso penal. Se confirma la decisión de instancia que NEGÓ el amparo invocado. Recibo Relatoria:
Acción de tutela instaurada por J.C.B.R. contra el Juzgado 4 Penal del Circuito Especializado de Villavicencio.
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados L.G.G.P., A.L.C. y la magistrada D.F.R., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
El 14 de septiembre de 2017, J.C.B.R. interpuso acción de tutela para conseguir la protección de sus derechos fundamentales de petición y debido proceso, que considera vulnerados por el Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Villavicencio.
1.1. Julio C.B.R. se encuentra privado de la libertad, en virtud de la sentencia condenatoria emitida el 30 de marzo de 2017 por el Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido de las fuerzas armadas o explosivos. La decisión fue impugnada y el recurso de apelación concedido mediante Auto del 26 de abril de 2017, por lo que en la actualidad surte el trámite de segunda instancia ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio- Sala Penal.
1.2. El 22 de mayo de 2017, el acusado autorizó a S.M.C.R. para solicitar la expedición de copias de la totalidad de la actuación al Juzgado que lo condenó en primera instancia. El Despacho resolvió la solicitud indicando que: (i) como el expediente se encontraba en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio en espera de la decisión sobre la apelación, la petición había sido reenviada a esa Corporación Judicial; y (ii) que para expedir las copias requeridas era necesario asumir su costo por valor de $120.000. El Tribunal, por su parte, dio respuesta al procesado y le indicó que para dar curso a su petición era necesario pagar el costo de las copias, por $101.900. Posteriormente, el 21 de julio de la misma anualidad, el señor B.R. reiteró la solicitud de nuevo al Juzgado 4º, sin obtener respuesta alguna.[1]
Trámite de instancia y respuesta de las entidades accionadas
Mencionó que si bien los trámites en la jurisdicción penal son gratuitos, “en la actualidad no se cuentan (sic) con los recursos suficientes para garantizar las copias del expediente de forma gratuita, dado que los elementos suministrados por la Dirección Ejecutiva de Administración Seccional del Meta, son de uso oficial y con ocasión a los trámites propios de la administración de justicia”[9], por lo que considera que de darles una destinación diferente, se incurriría en el delito de peculado por uso, o según el caso, peculado por aplicación oficial diferente. [10]
El fallo objeto de revisión
Pruebas solicitadas y recibidas en sede de revisión
4.1. Mediante Oficio 1795 del 30 de abril de 2018, el Tribunal Superior de Villavicencio -Sala Penal- informó al Despacho: (i) que no se han expedido las copias solicitadas por J.C.B.R. dentro del proceso penal de la referencia, y (ii) que el accionante tiene defensor de confianza, quien lo asistió durante todo el proceso penal e interpuso el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria[14].
4.2. El 3 de mayo de 2018, mediante escrito, la Defensoría del Pueblo manifestó que una vez revisada la base de datos del Sistema de Información Nacional de la Defensoría Pública no se encontró solicitud del accionante para asistencia de representación judicial con defensor público[15], por lo que supone que el actor debe tener asistencia jurídica con apoderado de confianza en los procesos que se cursan en su contra.[16]
4.3. En comunicación del 3 de mayo de 2018 el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y C. con Alta Seguridad de Cómbita evidenció las siguientes situaciones: (i) el accionante actualmente se encuentra “descontando en ACTIVIDAD EDUCATIVA Ed. Media Mei CIeI V- Educación Formal-1.2 P.A.S.O inicial”[18], la cual no cuenta con ningún tipo de remuneración monetaria; (ii) el Establecimiento no cuenta con equipos tecnológicos que permitan a los internos conocer audios o videos correspondientes a las actuaciones penales seguidas en su contra; y (iii) el demandante solamente ha recibido una visita por parte de su madre adoptiva, la cual fue registrada el 4 de marzo de 2018.
4.4. El 7 de mayo de 2018, el accionante, mediante escrito, indicó que durante el proceso penal fue asistido por un abogado de confianza. Manifestó que no ha tenido contacto con su apoderado después de que éste instaurara el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria de primera instancia, debido a su carencia de recursos para continuar pagando los honorarios[19]. Aclaró que “si bien en la etapa procesal conté con un abogado de confianza, esto se debió o pudo ser gracias a que familiares y amigos colectaron el dinero que se requirió para pagar los honorarios del profesional”.[20]
Finalmente, solicitó a la Corte Constitucional incluir al estudio de la vulneración a sus derechos fundamentales, “la posible vulneración al debido proceso y al acceso a la administración de justicia”[23] en razón a la “tardanza para resolver la impugnación presentada frente al fallo condenatorio de primera instancia”[24], argumentando que dicha tardanza le dificulta acceder a la fase de mediana seguridad y a la obtención de “la prisión domiciliaria por cumplimiento de la mitad de la pena – en caso de que no prospere la otra solicitud- y posteriormente, para obtener la libertad condicional”[25].
Cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela promovida por Julio César B.R.
2.1. Antes de examinar el fondo del asunto objeto de estudio, es preciso analizar la procedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor J.C.B.R. contra el Juzgado 4 del Circuito Especializado de Villavicencio.
J.C.B.R. está legitimado para interponer la acción de tutela objeto de análisis, por cuanto actúa en nombre propio, persigue la protección de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados[26]. De otro lado, desde el punto de vista de la entidad demandada, la acción de tutela resulta procedente, dado que se trata del Juzgado 4º del Circuito Especializado de Villavicencio, autoridad pública que según el accionante infringió sus derechos fundamentales[27], al no haber dado respuesta a su segunda solicitud.
3.3. Excepcionalmente y solo cuando se advierta una distribución caprichosa, esta Corporación asignará la competencia de acuerdo a las disposiciones del mencionado Decreto. Tal supuesto ocurre, por ejemplo, cuando se asigna el conocimiento de una acción de tutela interpuesta contra una de las Altas Cortes, a un funcionario judicial diferente a sus miembros,[33] o “siguiendo esa misma directriz, en los casos en que se reparta caprichosamente una acción de tutela contra una providencia judicial, a un despacho diferente del superior funcional del que dictó el proveído”.[34]
El derecho de petición ante autoridades judiciales – Reiteración jurisprudencial
5.2. Ahora bien, en lo que respecta al derecho de petición ante autoridades judiciales, esta Corporación ha precisado sus alcances al manifestar que si bien es cierto que el derecho de petición puede ejercerse ante los jueces y en consecuencia estos se encuentran en la obligación de tramitar y responder las solicitudes que se les presenten,[37] también lo es que “el juez o magistrado que conduce un proceso judicial está sometido -como también las partes y los intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas no son necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son presentadas peticiones relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio”.[38]
En este sentido, la Corte ha sostenido que el alcance del derecho de petición encuentra limitaciones respecto de las peticiones presentadas frente a autoridades judiciales, toda vez que han de diferenciarse los tipos de solicitudes, las cuales pueden ser de dos clases: (i) las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que se encuentran reguladas en el procedimiento respectivo de cada juicio, debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para tal efecto; y (ii) aquellas peticiones que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial bajo las normas generales del derecho de petición que rigen la administración y,[39] en especial, de la Ley 1755 de 2015[40].
En este orden, la omisión del funcionario judicial en resolver las peticiones relacionadas a su actividad jurisdiccional según las formas propias del proceso respectivo, configura una violación del debido proceso y del derecho al acceso a la administración de justicia[41]. Por otro lado, la omisión de la autoridad jurisdiccional en resolver las peticiones formuladas en relación con los asuntos administrativos constituye una vulneración al derecho de petición[42].
El principio de gratuidad como garantía del acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad
Ahora bien, esta Corporación ha desarrollado el contenido del principio de gratuidad, sosteniendo que es preciso para garantizar la realización plena del derecho a la igualdad en el acceso a la administración de justicia. En este sentido, dicha garantía tiene relevancia constitucional por cuanto busca propiciar la equidad entre las partes que acuden a un proceso judicial, teniendo en cuenta que tales circunstancias de igualdad deben asegurarse no únicamente en relación con la oportunidad para acudir a la administración de justicia, sino también respecto de las condiciones mismas en que se accede[47]. En relación con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha establecido que “[l]a gratuidad es, en esencia, la condición para hacer realidad el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, pues la situación económica de las partes no puede colocar a una de ellas en situación de privilegio frente a la otra ni propiciar, por consiguiente, la discriminación”[48].
6.3. El principio de gratuidad en el servicio de administración de justicia no significa que no se deban asumir ciertas cargas económicas en algunos procesos, con el objetivo de obtener la declaración de un derecho. Esto no constituye una excepción ni una limitación en la gratuidad de la prestación, que en ningún caso debe ser pagada, sino que reconoce la asunción ordinaria de ciertos costos a cargo de los usuarios, para la gestión óptima de sus derechos e intereses ante los tribunales. De esta manera, según el artículo 6 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y lo precisado por esta Corte “el principio de gratuidad no exonera a quienes acuden a la administración de justicia del pago de ciertos emolumentos”[49] o cargas pecuniarias que se causen en el curso del proceso judicial, siempre que éstas sean acordes a los principios de racionalidad, proporcionalidad, equidad y justicia. La Corte ha puntualizado, sin embargo, que las cargas económicas que surjan en el marco de un proceso en ningún supuesto podrán desconocer el derecho de las partes a la igualdad material.[50]
El derecho a la defensa material en el proceso penal
7.1.1. De conformidad con el artículo 29 de la Carta Política, el debido proceso debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas[53]. En materia penal, este se encuentra constituido, entre otros, por los derechos a ser procesado por un juez natural, a presentar y controvertir pruebas, a la segunda instancia, al principio de legalidad, a la defensa material y técnica, y a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales[54].
7.1.2. Uno de los componentes esenciales del debido proceso es el derecho a la defensa[55], como lo han reconocido las normas de derecho internacional[56] y la jurisprudencia constitucional. La Corte ha afirmado que el derecho de defensa supone la “oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como ejercitar los recursos que la ley otorga”.[57] Este derecho adquiere una relevancia especial en materia penal, por estar en juego la libertad de las personas.[58]
La jurisprudencia constitucional establece que el derecho a la defensa comprende dos modalidades, la primera, la defensa técnica, es aquella especializada, idónea y plena, que ejerce un profesional del derecho a nombre del procesado, quien, se presume, tiene los conocimientos y la experticia suficiente para controvertir los cargos del Estado[59]. La materialización de la defensa técnica puede darse, o bien con el nombramiento de un abogado elegido por el imputado, o bien mediante la asignación de un defensor público proporcionado por el Estado a través de la Defensoría del Pueblo, cuándo se prueba la falta de capacidad económica por parte del sindicado. La segunda modalidad de esta garantía constitucional es la defensa material, entendida como la facultad inalienable que tiene el procesado de defenderse a sí mismo.[60]
En concordancia, además de los derechos reconocidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, en la Constitución Política y en la ley, el artículo 130 del Código de Procedimiento Penal[63], establece que “el imputado o procesado, según el caso, dispondrá de las mismas atribuciones asignadas a la defensa que resultan compatibles con su condición”. Ello implica, en principio, que las facultades y atribuciones reconocidas al defensor en los artículos 124[64] y 125[65] del referido Código, son análogas al imputado o procesado, salvo aquellas cuestiones en las que se requiera la experticia y el conocimiento técnico del abogado para legitimar el ejercicio de la oportunidad procesal, como lo es por ejemplo, la interposición del recurso de casación[66].
Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones: a) No cambiar de residencia sin autorización, previa del funcionario judicial; b) Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia; c) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello; d) Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.”[72]
No se acreditan los supuestos requeridos para que el señor J.C.B.R. sea exceptuado de la carga procesal correspondiente al pago de las copias del proceso penal
8.1. En primer lugar, la Sala de Revisión se propuso determinar si el Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Villavicencio vulneró el derecho de petición del señor J.C.B.R., quien se encuentra privado de la libertad, al no dar trámite a la reiteración de su solicitud de copias, en el marco de un proceso penal adelantado en su contra, bajo el argumento de haberla resuelto de manera efectiva con anterioridad.
Por consiguiente, la Sala concluye que la solicitud elevada por el accionante el 22 de mayo de 2017, fue resuelta de fondo por las autoridades judiciales demandadas y no estaban obligadas a dar nuevo trámite a la reiteración de la petición presentada por el actor el 21 de julio del 2017. Como resultado, no considera la Sala que el derecho de petición del señor J.C.B.R. haya sido transgredido por el Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, al no dar nuevo trámite a la reiteración de su solicitud.
8.2.3. Para decidir el caso concreto, la Sala deberá verificar si el señor J.C.B.R.: i) requiere la documentación solicitada con el propósito de ejercer una facultad concreta y determinada dentro del proceso penal, y (ii) no cuenta con los recursos económicos para asumir el costo que se deriva de la expensa ordinaria asociada a acceder a la documentación solicitada.
8.2.4. Respecto del primer aspecto, el señor J.C.B.R. expuso que al conversar con uno de sus compañeros, éste le había preguntado las razones por las cuales no se le otorgó la prisión domiciliaria, respondiendo el actor que la negativa había obedecido a que existió un error en la acreditación del arraigo familiar. En razón de ello, su compañero le comunicó que era factible presentar una nueva solicitud subsanando dicho error, pero que “para ello necesitaba conocer de la fuente más fiable; el proceso, los términos en que el juez se había pronunciado al respecto y los fundamentos jurídicos y de hecho que le habían servido de soporte”[78] de la decisión, a fin de evitar realizar “peticiones incoherentes”. En esta razón radicaría la necesidad del peticionario de obtener la copia del expediente[79].
Así las cosas, a partir de lo manifestado por el actor, la Sala observa que su solicitud de reproducción gratuita de la totalidad del expediente está orientada a conocer los fundamentos jurídicos y fácticos en los que soportó el Juez 4º Penal del Circuito Especializado de Villavicencio la decisión de negar el mecanismo sustitutivo de prisión domiciliaria. Específicamente, se advierte un especial interés en la valoración de la acreditación del arraigo familiar, debido a que, según lo expresa el señor B.R., éste fue el requisito que le impidió acceder al beneficio referido.
De modo que, para conocer las razones “de hecho y de derecho” por la cuales le fue negado el mecanismo sustitutivo de prisión domiciliaria, así como la valoración del Juez de los requisitos objetivos y subjetivos determinados en el artículo 38A del Código Penal, el señor J.C.B.R. debe observar las razones expuestas por el Juez en la Sentencia. Lo anterior le permitirá conocer los fundamentos jurídicos y fácticos del funcionario judicial en relación a la acreditación del arraigo social y familiar del acusado (requisito subjetivo), así como la compatibilidad del tipo penal por el cual fue condenado y la medida de prisión domiciliaria (requisito objetivo). Como resultado, la información requerida por el accionante para ejercer la oportunidad procesal que pretende está contenida en la sentencia condenatoria emitida el 30 de marzo de 2017 por el Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, de la cual, según la intervención del Juzgado accionado, se le hizo remisión gratuita mediante oficio Nº 972 de 2017[82], de forma que no requiere la expedición de la copia de la totalidad del expediente.
8.3. En este orden de ideas, la Sala de Revisión no encontró una vulneración a los derechos fundamentales del señor J.C.B.R. al acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad y al debido proceso. Las autoridades accionadas no desconocieron sus derechos al (i) no dar nuevo trámite a la reiteración de la petición presentada por el actor el 21 de julio del 2017, y (ii) negar la solicitud de copias gratuitas de la totalidad de la actuación adelantada en contra del actor. En consecuencia, procederá a confirmar la sentencia proferida el 3 de octubre de 2017 por la Sala de Decisión Penal del tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en los términos expuestos en esta providencia.
J.C.B.R., persona privada de la libertad, considera que sus derechos fundamentales de petición, acceso a la administración de justicia y debido proceso fueron vulnerados por el Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Villavicencio y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio- Sala Penal, por no dar nuevo trámite a la reiteración de su solicitud de copias y negarse a expedir copias gratuitas del proceso penal seguido en su contra. En particular, los accionados argumentaron que el pago de la reproducción del expediente constituye una carga procesal proporcionada y no existe obligación legal de expedirlas sin costo. Como consecuencia, el procesado interpuso acción de tutela, para que se ordene expedir copia gratuita de la actuación, toda vez que no tiene la capacidad económica para asumir su costo.
[1] F.s 2-3, Cuaderno de Instancia.
[2] F. 3, Cuaderno de Instancia.
[3] F. 6, Cuaderno de Instancia.
[4] F.s 14-15, Cuaderno de Instancia.
[5] F. 14, Cuaderno de Instancia.
[6] F. 15, Cuaderno de Instancia.
[7] F. 15, Cuaderno de Instancia.
[8] F.s 21-22, Cuaderno de Instancia.
[9] F. 21, Cuaderno de Instancia.
[10] F.s 21-22, Cuaderno de Instancia.
[11] F., 26-33, Cuaderno de Instancia.
[12] F. 32, Cuaderno de Instancia.
[13] Se solicitó: PRIMERO. A la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio que informara al Despacho: (i) si con posterioridad a la interposición de la presente acción de tutela había expedido copia a favor del señor B.R. del proceso penal, y (ii) si el señor J.C.B.R. cuenta con defensor particular o si, por el contrario, su apoderado es defensor público. SEGUNDO. A la Defensoría del Pueblo que informara al despacho: (i) si el accionante cuenta con defensor público, y (ii) si la Institución dispone de una alternativa de solución, para los casos en los que el usuario del servicio de defensoría pública no cuenta con los recursos económicos para asumir costas del proceso, como las copias del expediente. TERCERO. A J.C.B.R. que informara al Despacho: (i) ¿Cuáles son las razones que motivan la solicitud de copias de todo el proceso penal con radicación 50001600000020160070100 adelantado en su contra por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos? E indicara si requiere la copia del expediente para intervenir en una actuación o etapa concreta del proceso y si aún tiene interés en su petición, y (ii) ¿Qué circunstancias específicas lo motivaron a solicitar directamente las copias del proceso y por qué no lo hizo por intermedio de su apoderado o intentó acceder al expediente a través de él? CUARTO. Al Establecimiento Penitenciario y C. de Combita que informara al Despacho: (i) si dentro del establecimiento penitenciario, el señor J.C.B.R. ejerce alguna labor, oficio o trabajo por el cual reciba una remuneración o compensación, y en caso de ser afirmativa la respuesta, comunicar el monto, el carácter y las condiciones de dicha remuneración, (ii) si el Establecimiento Penitenciario cuenta, dentro de sus instalaciones, con dispositivos audiovisuales que permitan a los internos conocer los audios y videos correspondientes a las actuaciones penales seguidas en su contra, y (iii) si el señor J.C.B.R. ha recibido visitas de sus familiares durante el tiempo que ha estado recluido en el Establecimiento Penitenciario y, de ser así, con qué frecuencia.
[14]F. 34, Cuaderno de Revisión.
[15] F. 37, Cuaderno de Revisión.
[16] F. 37, Cuaderno de Revisión.
[17] F. 37, Cuaderno de Revisión.
[18] F. 46, Cuaderno de Revisión.
[19] F. 38, Cuaderno de Revisión.
[20] F. 39, Cuaderno de Revisión
[21] F. 39, Cuaderno de Revisión.
[22] F. 39, Cuaderno de Revisión.
[23] F. 39, Cuaderno de Revisión.
[24] F. 39, Cuaderno de Revisión.
[25] F. 39, Cuaderno de Revisión.
[28] Sobre la relación de especial sujeción que surge entre el Estado y las personas privadas de libertad, se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-714 de 1996. M.P.E.C.M.; T-153 de 1998. M.P.E.C.M.; T-881 de 2002. M.P.E.M.L.; T-1030 de 2003. M.P.C.I.V.H.; T-490 de 2004. M.P.E.M.L.; T-180 de 2005. M.P.J.I.P.P.; T-317 de 2006. M.P.C.I.V.H.; T-793 de 2008. M.P.H.A.S.P.; T-077 de 2013. M.P.A.J.E.; T-388 de 2013. M.P.M.V.C.C.. S.P.V. M.G.C.; T-687 de 2013. M.P.L.G.G.P.; T-422 de 2014. M.P.A.M.V.; T-077 de 2015. M.P.J.I.P.P.; T-111 de 2015. M.P.J.I.P.P.; y C-026 de 2016. M.P.L.G.G.P.. S.V. A.R.R.. S.V. J.I.P.C.. A.V.M.V.C.C., G.E.M.M. y J.I.P.P.. S.V. L.E.V.S..
[29] Cfr. Auto 493 de 2017. M.P.L.G.G.P..
[30] El artículo transitorio 8º del título transitorio de la Constitución Política de Colombia de 1991 (introducido por el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017) dispone: “Las peticiones de acción de tutela deberán ser presentadas ante el Tribunal para la Paz, único competente para conocer de ellas” (negrillas fuera del texto original).
[31] De conformidad con lo dispuesto, entre otros, en el Auto 655 de 2017. M.P.D.F.R., debe entenderse que la expresión “superior jerárquico correspondiente” se refiere a “aquel que de acuerdo con la jurisdicción y especialidad de la autoridad judicial ante la cual se surtió la primera instancia, funcionalmente funge como superior jerárquico” (negrillas fuera del texto original). V. también, por ejemplo, los autos 486 de 2017. M.P.D.F.R.; y 496 de 2017. M.P.J.F.R.C..
[32] Ver, entre otros, los autos 105 de 2016. M.P.L.E.V.S.; 157 de 2016. M.P.A.L.C.; 007 de 2017. M.P.J.I.P.P.; 028 de 2017. M.P.G.S.O.D.; 030 de 2017. M.P.G.S.O.D.; 052 de 2017. M.P.G.S.O.D.; 059 de 2017. M.P.G.S.O.D.; 059A de 2017. M.P.J.I.P.P.; 061 de 2017. M.P.A.A.G.; 063 de 2017. M.P.L.E.V.S.; 064 de 2017. M.P.M.V.C.C.; 066 de 2017. M.P.A.L.C.; 067 de 2017. M.P.A.J.L.O.; 072 de 2017. M.P.L.E.V.S.; 086 de 2017. M.P.A.J.L.O.; 087 de 2017 M.P.G.S.O.D.; 106 de 2017. M.P.I.H.E.M.; 152 de 2017. M.P.A.L.C.; 171 de 2017. M.P.G.S.O.D.; 197 de 2017. M.P.G.S.O.D.; 332 de 2017. M.P.G.S.O.D.; y 325 de 2018. M.P.D.F.R..
[33] Corte Constitucional, ver Autos A-111 de 2018. M.P.J.F.R.C. y A-539. M.P.A.A.G..
[34] Auto 198 de 2009. M.P.L.E.V..
[35] Sobre el derecho fundamental de petición pueden observarse, entre otras, las sentencias T-012 de 1992 M.P.J.G.H.G.; T-377 de 2000 M.P.A.M.C.; T-1160A de 2001 M.P.M.J.C.E.; T-191 de 2002 M.P.J.C.T.; T-173 de 2013 M.P.J.I.P.P.; T-211 de 2014 M.P.L.G.G.P.; C-951 de 2014 M.P.M.V.S.M.; y T-332 de 2015 M.P.A.R.R.. Por su parte, en relación con el desarrollo del núcleo esencial del derecho en mención, las sentencias C-818 de 2011. M.P.J.I.P.C. y C-951 de 2014. M.P.M.V.S.M. establecen como elementos propios del derecho de petición: (i) la pronta resolución de la petición por parte de las autoridades, (ii) la emisión de una respuesta de fondo y (iii) la notificación efectiva de la decisión. Específicamente, las sentencias T-610 de 2008. M.P.R.E.G. y C-510 de 2004, M.P.Á.T.G., se refieren a las condiciones características de una debida respuesta de fondo de la siguiente manera: “la respuesta debe observar las siguientes condiciones: a) claridad, esto es que la misma sea inteligible y que contenga argumentos de fácil comprensión; b) precisión, de manera que la respuesta atienda directamente a lo solicitado por el ciudadano y que se excluya toda información impertinente y que conlleve a respuestas evasivas o elusivas; c) congruencia, que hace referencia a que la respuesta esté conforme con lo solicitado; y por último, d) consecuencia en relación con el trámite dentro del cual la solicitud es presentada”. Esto debe ser entendido sin que signifique que la resolución deba ser en favor de las pretensiones del peticionario, tal y como se precisó en la sentencia C-510 de 2004. M.P.Á.T.G..
El derecho de petición consagra de un lado la facultad de presentar solicitudes respetuosas a las entidades públicas y privadas. Y, de otro lado, el derecho a obtener respuesta oportuna, clara, completa y de fondo al asunto solicitado. La jurisprudencia constitucional también ha resaltado que la respuesta de la autoridad debe incluir un análisis profundo y detallado de los supuestos fácticos y normativos que rigen el tema. Así, se requiere “una contestación plena que asegure que el derecho de petición se ha respetado y que el particular ha obtenido la correspondiente respuesta, sin importar que la misma sea favorable o no a sus intereses”, así se explica en la sentencia T-369 de 2013. M.P.A.R.R..
[36] Corte Constitucional, sentencia T-267 de 2017. M.P.A.R.R..
[37] Corte Constitucional, sentencia T-215A de 2011. M.P.M.G.C..
[38] Corte Constitucional, sentencia T-344 de 1995. M.P.J.G.H..
[39] Corte Constitucional, ver entre otras, sentencias T-311 de 2013. M.P.G.E.M.M.; T-267 de 2017. M.P.A.R.R. y T-2015A de 2013. M.P.M.G.C..
[40] “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
[41] Corte Constitucional, sentencia T-215A de 2011. M.P.M.G.C.. En lo relacionado a la omisión del funcionario judicial en resolver peticiones propias de su actividad jurisdiccional y la vulneración al debido proceso, ver entre otras, sentencias T-377 de 2000. M.P.A.M.C.; T-178 de 2000. M.P.J.G.H.G.; T-007 de 1999. M.P.A.B.S. y T-604 de 1995. M.P.C.G.D.. En lo relacionado a la omisión del funcionario judicial en resolver peticiones propias de su actividad jurisdiccional y la vulneración al acceso a la administración de justicia, ver entre otras, sentencias C-951 de 2014. M.P.M.V.S.M.; T-006 de 1992. M.P.E.C.M.; T-173 de 1993: M.P.J.G.H.G. y T-268 de 1996. M.P.A.B.C..
[42] Corte Constitucional, sentencia T-215A de 2011. M.P.M.G.C..
[43] M.P.A.R.R..
[44] Corte Constitucional, sentencia C-426 de 2002. M.P.R.E.G..
[45] Corte Constitucional, sentencia T-283 de 2013. M.P.J.I.P.C.. SV. L.E.V.S.. En esta decisión, la Corte reconoció que para remover los obstáculos económicos en el acceso a la justicia se requiere del Estado la ejecución de medidas como la implementación de tasas judiciales razonables o el uso de figuras como el amparo de pobreza. De otro lado, sobre la necesidad de asegurar la asequibilidad de grupos en condiciones de vulnerabilidad, pone como ejemplo medidas orientadas a acercar los servicios del sistema de justicia a las personas que se encuentran en lugares geográficamente lejanos o con especiales dificultades de comunicación, así como la adecuación de infraestructura de los edificios en donde funcionan las autoridades judiciales, de modo que sea accesible para personas en situación de discapacidad.
[47] Corte Constitucional, sentencia C-037 de 1996. M.P.V.N.M.. En esta oportunidad la Corte trajo a colación el principio de gratuidad en la administración de justicia en los siguientes términos: “A pesar de que la Carta Política no hace referencia expresa al principio de gratuidad en el acceso a la administración de justicia, para la Corte éste se infiere de los objetivos mismos que persigue la labor de impartir justicia y de la realización plena del derecho a la igualdad contenido en el artículo 13 superior”. En otra oportunidad, esta Corte en sentencia T-522 de 1994. M.P.A.B.C., expuso que las condiciones de igualdad entre las partes de un proceso judicial no se predica únicamente de la oportunidad en el acceso, sino también de las condiciones mismas en las que se accede; por lo que la capacidad económica de las partes juega un papel preponderante dentro del acceso a la justicia, toda vez que de poner en desventaja a una de ellas, se traduce en una transgresión injustificada al derecho a la igualdad.
[48] Corte Constitucional, sentencia T-522 de 1994. M.P.A.B.C..
[49] Corte Constitucional, sentencia C-713 de 2008. M.P.C.I.V.H..
[50] Corte Constitucional, sentencia C-713 de 2008. M.P.C.I.V.H.. En esta decisión la Corte precisó que el pago de costas y expensas judiciales cuando se pretenda el reconocimiento de un derecho, no constituyen una transgresión al principio de gratuidad, específicamente adujo “si bien toda persona tiene el derecho de acceder sin costo alguno ante la administración de justicia, no sucede los mismo con los gastos necesarios para obtener la declaración de un derecho”. En el mismo sentido se había pronunciado la Corte en sentencias C-1512 de 2000. M.P.Á.T.G.. S.V. J.C.R. y C-808 de 2002. M.P.J.A.R., en donde se establece que la puesta en marcha del aparato judicial con la finalidad de reclamar un derecho, obliga a las partes a asumir costos económicos, aclarando que las erogaciones pecuniarias que tengan la obligación de sufragar atiendan los principios de racionalidad, proporcionalidad, equidad y justicia, sin que en ningún caso se pueda llegar a desconocer el derecho a la igualdad.
[54] Así lo estableció la Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias T-018 de 2017. M.P.G.E.M.M.; C-594 de 2014. M.P.J.I.P.C.; C-025 de 2009. M.P.R.E.G.. S.V. J.A.R.; C-425 de 2008. M.P.M.G.M.C.. S.P.V. J.A.R.; y C-154 de 2004. M.P.J.A.R.. S.V. R.E.G..
[55]Corte Constitucional, sentencia C-152 de 2004. M.P.J.A.R.. S.V. R.E.G..
[56] El artículo 14, Num. 3, L.. d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Ley 74 de 1968, establece que “[d]urante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (...) d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo”. Igualmente, el Art. 8º, Num. 2, L.. d) y e), de la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada por la Ley 16 de 1972, implanta que “(...)[d]urante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (...) d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley”.
[57] Corte Constitucional, sentencia C-025 de 2009. M.P.R.E.G.. S.V. J.A.R..
[58] Corte Constitucional, sentencia C-152 de 2004. M.P.J.A.R.. S.V. R.E.G..
[59] Corte Constitucional, sentencias, entre muchas otras, C-025 de 2009. M.P.R.E.G.. SV. J.A.R.; C-592 de 1993. M.P.F.M.D.; C-617 de 1996. M.P.J.G.H.G.; T-654 de 1998, M.P.E.C.M.; T-610 de 2001 M.P.J.A.R.; C-507 de 2001. M.P.Á.T.G.; T - 784 de 2000, M.P.V.N.M.; C-131 de 2002. M.P.J.C.T.. S.P.V. R.E.G.; C-228 de 2002. M.P.M.J.C.E. y E.M.L.. A.V. J.A.R.; C-040 de 2003. M.P.C.I.V.H.; C-328 de 2003. M.P. M.J.C.E.; y C-152 de 2004. M.P.J.A.R.. S.V. R.E.G.; C-152 de 2004, M.P.J.A.R.; C-1194 de 2005. M.P.M.G.M.C.; C-782 de 2005, M.P.A.B.S.; T-068 de 2005, M.P.R.E.G.; T-962 de 2007, M.P.C.I.V.H. y C-069 de 2009 M.P.C.I.V.H..
[60] Corte Constitucional, sentencias Corte Constitucional, sentencia C-152 de 2004. M.P.J.A.R.. S.V. R.E.G., y C-025 de 2009. M.P.R.E.G.. S.V. J.A.R..
[61] Corte Constitucional, sentencia C-210 de 2007. M.P.M.G.M.C.. A.V. N.P.P..
[62] M.P.M.G.M.C.. S.P.V. J.A.R..
[64] La ley 906 de 2004 en su artículo 124 precisa: “[l]a defensa podrá ejercer todos los derechos y facultades que los Tratados Internacionales relativos a Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, la Constitución Política y la ley reconocen en favor del imputado”.
[65] La ley 906 de 2004 en su artículo 125 precisa: “En especial la defensa tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 1. Asistir personalmente al imputado desde su captura, a partir de la cual deberá garantizársele la oportunidad de mantener comunicación privada con él. 2. Disponer de tiempo y medios razonables para la preparación de la defensa, incluida la posibilidad excepcional de obtener prórrogas justificadas para la celebración del juicio oral. 3. En el evento de una acusación, conocer en su oportunidad todos los elementos probatorios, evidencia física e informaciones de que tenga noticia la Fiscalía General de la Nación, incluidos los que sean favorables al procesado. 4. Controvertir las pruebas, aunque sean practicadas en forma anticipada al juicio oral. 5. Interrogar y contrainterrogar en audiencia pública a los testigos y peritos. 6. Solicitar al juez la comparecencia, aun por medios coercitivos, de los testigos y peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos materia de debate en el juicio oral. 7. Interponer y sustentar, si lo estimare conveniente, las nulidades, los recursos ordinarios y extraordinarios y la acción de revisión. 8. No ser obligado a presentar prueba de descargo o contraprueba, ni a intervenir activamente durante el juicio oral. 9. A. de revelar información relacionada con el proceso y su cliente, conforme a la ley”.
[66] La ley 906 de 2004 en su artículo 182 precisa sobre la legitimación del recurso de casación: “[e]stán legitimados para recurrir en casación los intervinientes que tengan interés, quienes podrán hacerlo directamente si fueren abogados en ejercicio”.
[67] La Ley 906 de 2004 en su artículo 357 precisa sobre las solicitudes probatorias en el trámite de la audiencia preparatoria “[d]urante la audiencia el juez dará la palabra a la Fiscalía y luego a la defensa para que soliciten las pruebas que requieran para sustentar su pretensión”, en el entendido de que el término defensa comprende tanto a la técnica como a la material.
[68] La Ley 906 de 2004 en su artículo 378 precisa sobre la contradicción de la pruebas practicadas en el trámite de la audiencia de juicio oral “[l]as partes tienen la facultad de controvertir, tanto los medios de prueba como los elementos materiales probatorios y evidencia física presentados en el juicio, o aquellos que se practiquen por fuera de la audiencia pública”.
[69] La Ley 906 de 2004 en su artículo 378, modificado por el artículo 91 de la ley 1395 de 2010, precisa sobre el trámite del recurso de apelación contra sentencias “[e]l recurso se interpondrá en la audiencia de lectura de fallo, se sustentará oralmente y correrá traslado a los no recurrentes dentro de la misma o por escrito en los cinco (5) días siguientes, precluido este término se correrá traslado común a los no recurrentes por el término de cinco (5) días”.
[76] M.P.A.R.R..
[77] Corte Constitucional, sentencia T-267 de 2017. M.P.A.R.R..
[78] F. 39, Cuaderno de Revisión.
[79] F. 38, Cuaderno de Revisión.
[80] F. 39, Cuaderno de Revisión.
[82] F. 15, Cuaderno de Instancia.
Sentencia nº 23001-23-31-000-2004-00760-02 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 28 de Septiembre de 2017

References: artículo 6
 artículo 29
 artículo 130
 artículo 38
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 124
 artículo 125
 artículo 182
 artículo 357
 artículo 378
 artículo 378
 artículo 91