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Timestamp: 2020-05-27 11:25:57+00:00

Document:
Plan de Acción 2013-2015​
Construcción del Plan de Acción 2013 - 2015
Metodología para la construcción del Plan de Acción 2013 – 2015 (PA15)
Desde abril de 2013 se han iniciado los trabajos para la elaboración del Plan de Acción 2013-2015, para ello se ha diseñado un plan de trabajo y metodología para la construcción de compromisos estratégicos y de alto impacto.
El STT acordó que el PA15 estará conformado por un número limitado de compromisos estratégicos, con una orientación a generar resultados e impactos de alto valor público y que tengan el potencial de transformar las condiciones y calidad de vida de las personas.
Los compromisos que contenga el PA15 provendrán de dos fuentes. La mitad de ellos, será generada en nueve mesas de trabajo temáticas, en las cuales se convocará a funcionarios públicos, expertos y actores clave para determinar compromisos en áreas temáticas prioritarias. La otra mitad estará conformada por iniciativas de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y gobierno electrónico de alto impacto ciudadano propuestas por la Administración Pública Federal, que se presentarán a las organizaciones de la sociedad civil con el fin de que alguna organización se sume a la misma para generar un compromiso final.
A finales de agosto, y durante septiembre y principios de octubre se llevarán a cabo 9 mesas de trabajo, dirigidas por una organización responsable y 2 organizaciones corresponsables. El objetivo de las sesiones será la construcción de hasta 2 compromisos con viabilidad económica, técnica y financiera para su incorporación al Plan de Acción 2013-2015.
Nueve mesas de trabajo temáticas
Las mesas de trabajo serán moderadas por expertos en facilitación de diálogos. La dinámica de las mesas estará guiada por técnicas que permitirán enfocar la discusión, fomentar la generación de ideas y participación equitativa de los asistentes y lograr la definición de compromisos.
Para el desarrollo exitoso de las mesas se prevé:
1. Elaboración de un diagnóstico de cada una de las temáticas vinculado con el tema de gobierno abierto elaborado por un especialista reconocido en la materia. Este será el documento base de trabajo para asistentes y funcionarios públicos, se enviará a los participantes 2 semanas previas a la realización de la mesa de trabajo.
2. Se solicitará a los invitados, organizaciones civiles, expertos y participantes en general entregar por escrito a través de una encuesta en línea sus comentarios al diagnóstico hasta 72 horas previas a la realización de la mesa. Estos insumos serán fundamentales para el buen desarrollo de las mesas de trabajo.​
3. ​Reunión informativa entre organizaciones responsables y corresponsables y funcionarios públicos que asistirán a las mesas de trabajo.
4. Sistematización de los insumos enviados a través de la encuesta electrónica por los participantes para presentarlos como puntos base para la discusión.
5. Elaboración de una metodología para facilitar las mesas de trabajo.
Las fechas de las mesas de trabajo temáticas y las organizaciones responsables y corresponsables se incluyen a continuación:
OSC responsable
OSC corresponsable
Política Social (MMP Coneval)
Gestión Social y Cooperación A.C.
Mesa de Trabajo: Compras Públicas y Gobierno Abierto
Las compras públicas se refieren a las adquisiciones, ventas, concesiones, arrendamientos y servicios que realiza el gobierno. Las compras y contrataciones públicas constituyen un factor clave para que las dependencias o entidades estatales puedan cumplir con sus objetivos.
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula las compras públicas y establece los lineamientos básicos que deben ser atendidos en todos los órdenes de gobierno. A nivel federal, la ley reglamentaria del artículo 134 es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La normatividad de los entes que no están sujetos a esta ley también cumplen con los lineamientos básicos que establecen la Constitución.
Dado el alto nivel de inversiones que se hacen a través de las compras públicas es necesario actuar con reglas y procedimientos claros que permitan que el recurso utilizado se ejerza de manera eficaz y eficiente. Asimismo, es necesario que se promueva la máxima transparencia en todos los procedimientos a fin de que se prevengan posibles actos de corrupción, y que se investigue y sancione en caso de haberlos.
Las compras públicas hechas con transparencia permiten que las decisiones del sector público tengan un respaldo legítimo y legal; que el sector privado pueda participar de dichos procedimientos en un marco de competencia real; y, que la sociedad en su conjunto tenga la seguridad de que las compras públicas con las que el gobierno atiende sus necesidades se hicieron en las mejores condiciones de mercado posibles.
Fomentar y promover la colaboración entre gobierno y las organizaciones de la sociedad civil en el marco de las compras públicas para la creación, desarrollo y mejora de mecanismos preventivos que contribuyan a reducir el riesgo de que actos de corrupción o cohecho se presenten y de que los procedimientos sean llevados a cabo con la máxima transparencia y accesibilidad a la información.
Diagnóstico (Documentos base para la discusión)
Rendición de Cuentas y Compras de Gobierno
Distorsiones Compras Públicas en los Estados y Brechas
Participantes de la Mesa de Trabajo Temática
En esta reunión de trabajo, celebrada en las instalaciones del IFAI, participaron: Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana; Ana Lilia Moreno, Investigadora Senior del Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C.; José Roldan Xopa, profesor/investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C; Max Kaiser, Director de EGAP Gobierno y Política Pública del Tecnológico de Monterrey; Jana Palacios Prieto, Directora de Proyectos de Competencia y Buen Gobierno del Instituto Mexicano para la Competitividad.
Por la SFP, Javier Dávila Pérez, Titular de la Unidad de Políticas de Contrataciones Públicas; Alejandro Luna Ramos, Titular de Normatividad de Contrataciones Públicas; Ricardo Cancino, Director de Innovación y Posicionamiento de las Políticas de Mejora de la Gestión Pública; Juan Edmundo Granados Nieto, Subdelegado y Comisario Público Suplente.
1) Incluir en la actual plataforma de CompraNet información adicional, como el resultado de la investigación de mercado, los datos relevantes del contrato (definidos conjuntamente con la academia y sociedad civil) y todas sus modificaciones, el documento de aceptación del bien, servicio u obra a satisfacción, el registro de pago y, en su caso, penas convencionales o deductivas por incumplimiento de contrato.
2) Aplicar un mecanismo de consulta a los diferentes actores del proceso de contratación y pago, a través de una encuesta anual, que permita calificar y “rankear” a las dependencias y entidades compradoras, y que los resultados sean públicos.
Compras Públicas y Gobierno Abierto.doc
Mesa de Trabajo: Agenda Digital y Gobierno Abierto
Agenda Digital se refiere a las acciones que el gobierno debe realizar para establecer las políticas públicas, mecanismos y programas de estímulo cívico en el uso de información y datos abiertos así como la promoción de las garantías de los derechos individuales en el ámbito digital.
A medida que la Ciudadanía está conectada a Internet, aumentan las oportunidades de participación cívica, co-gobierno y ejercicio de los derechos en la red. Considerando este momento de adopción tecnológica como un nuevo fenómeno nuevo, consideramos fundamental que se establezcan políticas públicas, mecanismos de participación cívica y mecanismos del ejercicio de las libertades y derechos de la ciudadanía en relación al acceso a la información pública, la apertura de datos, la propiedad intelectual, la libertad de expresión y la privacidad.
La mesa de trabajo temática busca fomentar la apertura de la información pública en formatos abiertos a través de la consolidación de regulación de interoperabilidad de datos, mecanismos de fomento al uso cívico, comercial y tecnológico de los mismos así como procesos de verificación y exigibilidad de cumplimiento de entrega de información a la ciudadanía bajo criterios basados en formatos abiertos.
Diagnóstico Diagnóstico Agenda Digital y Gobierno Abierto.docx
A este mesa asistieron por parte de expertos y representantes de sociedad civil: Juan Manuel Casanueva, Director de Social-TIC; Antonio Martínez, Oficial de Comunicación de Artículo 19; Federico Ramírez, Coordinador de Innovación Tecnológica para la Incidencia de Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Miguel Ángel León, Investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Alejandro Pisanty, miembro del Board de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers-ICANN; León Felipe Sánchez, Director de Creative Commons México; Marcus Dantus, Director de Wayra; Mauricio Ángulo, Director Regional de Tecnología Flock y Pedro Galván, Director de Software Gurú.
De la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de Presidencia participaron: Ania Calderón Mariscal, Directora General de Innovación Gubernamental; Guillermo Ruíz de Teresa, Director General de Participación Ciudadana; Silvia Alanís Gutiérrez, Directora General Adjunta de Asuntos Jurídicos, Jorge Soto, Director General Adjunto de Innovación Cívica y Rodolfo Wilhelmy Preciado, Director de Participación Ciudadana.
Participaron también Yolanda Martínez Mancilla, Titular de la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública; Alfonso Oñate, Secretario de Datos Personales del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; Arminda Rocío González, Asesora del Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) de la Secretaría de Economía; Luis Ríos Corona, Director General Adjunto Información en Salud y Almendra Castro, Directora de Coordinación, Normatividad y Difusión de la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud.
Uno de los principales acuerdos consistirá en crear e implementar una política nacional para la publicación y uso de datos abiertos que sea clara, proporcione certeza jurídica, que utilice estándares abiertos e interoperables, orientada por el principio de máxima publicidad para octubre 2015, que considere:
Comunicado de Prensa Agenda Digital.doc
Mesa de Trabajo: Competencia, Fomento Económico y Gobierno Abierto
Mucho se ha dicho sobre la necesidad de tener un México con más competencia, sin embargo, pocas veces los ciudadanos ven acciones concretas en esta materia. Un país con competencia económica debe ofrecer a todo ciudadano, consumidor, inversionista, autoridad, etc. un marco regulatorio con reglas claras y que propicie la certeza jurídica en materia económica y teniendo siempre como fin último maximizar el bienestar social.
La competencia y fomento económico son las bases indispensables para un crecimiento económico con estabilidad. Hay que recordar que tanto la federación como en las entidades federativas y los municipios tienen distintos tipos de facultades para regular diversos aspectos que inciden en la competencia económica y el fomento económico. Y con independencia de la materia particular que se necesite modificar, preservar, impulsaro reformar, lo cierto es que tanto la competencia económica como el fomento económico no pueden ser exitosos sino se realizan en un marco de transparencia gubernamental y de participación activa de todos los actores involucrados.
Un Gobierno Abierto debe garantizar que las potestades que le han sido otorgadas en materia de competencia y fomento económico puedan ser supervisadas por la comunidad, sujetas a mejora permanente y escrutinio público. Es por ello que los compromisos puntuales que se generen con la administración pública para promover al máximo la rivalidad entre empresas, debe buscar que los agentes económicos se esfuercen por mejorar el aprovechamiento de recursos para producir bienes y servicios, y perfeccionar e innovar la calidad y variedad de éstos, con la finalidad de que reditúe en mejoras de competitividad y así, obtener mayores beneficios para los consumidores a través de garantías mínimas como acceso a la información pública, disposición de datos abundantes de calidad y veraces que garanticen tomas de decisiones informadas, su análisis, así como aprovechamiento de tecnologías de información.
Mejorar las condiciones de competencia y libre concurrencia
Desarrollae estrategias eficaces y eficientes que promuevan el desarrollo de los diferentes sectores involucrados
Impulsar el desarrollo de tima de decisiones que beneficien en su conjunto a empresas y consumidores
Mejorar la calidas del marco normativo que regula las condiciones de competencia
Aprovechar el desarrollo tecnológico para vincular a todos los actores involucrados y la rendición de cuentas
Diagnóstico Competencia y Fomento Económico.docx
A este mesa asistieron por parte de expertos, académicos y representantes de la sociedad civil, el Director General de Inteligencia Pública, Marco Cancino; el Director de Investigación en México Evalúa, Marco Fernández; la Coordinadora de Proyectos en Transparencia Mexicana, Alejandra Rascón; del Centro de Investigación y Docencia Económicas, José Roldán Xopa; del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C, Ana Lilia Moreno y del Instituto Mexicano para la Competitividad, María José Montiel.
En tanto, de la Secretaría de Economía, el Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad, David López Victoriano; el Director General de Planeación y Evaluación, Fernando López Portillo Tostado; y la Directora de Evaluación, Miryam Noemí Ochoa Sánchez. Asimismo participaron el Director General Adjunto de Estudios Jurídicos de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia, Fernando García Sais; y el Director de Gestión de Proyectos de Productividad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Arellano Camacho.
Entre los principales acuerdos destaca la creación de un sistema de información de las resoluciones administrativas de órganos reguladores, como la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Secretaría de Economía (SE), la Comisión Federal de Competencia (COFECO), la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Comisión Federal de Protección sobre Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
Además, se integrará en una plataforma virtual la información sobre las Normas Oficiales Mexicanas vigentes, el proceso (creación, modificación y cancelación) para crear nuevas normas (incluyendo a los integrantes de los comités consultivos nacionales y otros participantes); los procedimientos para cumplirlas y los responsables de su aplicación y vigilancia. El diseño de esta plataforma deberá ser participativo e incluyente.
Comunicado de Prensa Competencia y Fomento Económico.doc
Mesa de Trabajo: Política Social y Gobierno Abierto
Por mucho tiempo, en México no contábamos siquiera con la información básica que nos permitiera conocer y valorar aunque fuera sólo de manera aproximada la magnitud del problema de la pobreza, así como de las variables que la generan. La primera estimación de la pobreza a nivel nacional se realizó entre 2001 y 2002 en un esfuerzo desarrollado por la Secretaría de Desarrollo Social,[1] y se basó exclusivamente en criterios de ingreso para definir líneas de pobreza.
En 2004 la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Desarrollo Social (LGDS). En este documento, se trazan ya las primeras líneas para realizar una nueva medición de la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal, utilizando siete dimensiones adicionales al ingreso y vinculadas a los derechos sociales básicos consagrados en la CPEM: rezago educativo, acceso a la salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social.[2]
La primera medición de la pobreza con base en esta nueva metodología multidimensional se realizó en 2008 y se ha actualizado cada dos años tras la aplicación de la ENIGH. Es así que CONEVAL dará a conocer las estimaciones de pobreza 2012 para el país y todas las entidades de la República el 29 de julio de 2013.[3] En consecuencia, hace ya un lustro que contamos con evidencia precisa que identifica y cuantifica la incidencia de carencias o vulnerabilidades sociales que causan la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal.
Sin embargo, la política social no ha sufrido cambios sustantivos que reorienten y focalicen sus esfuerzos programáticos y presupuestales a erradicar de forma coherente, articulada y sistemática las carencias/vulnerabilidades que explican los altos índices de pobreza en México (seguridad social, salud y alimentación en orden de mayor incidencia). Por el contrario, programas, servicios y presupuestos han mostrado una tendencia inercial con limitaciones de diseño, focalización, dispersión programática y presupuestal, como lo demuestran los resultados de las últimas cuatro ediciones del INDEP de GESOC. Asimismo, los resultados más recientes de la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO) de Transparencia Mexicana y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han mostrado que existe una gran dispersión de programas sociales en el país y que muchos de ellos no cuentan con atributos básicos de institucionalidad, es decir, marcos normativos claros y accesibles, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, mecanismos de control y fiscalización y mecanismos de participación ciudadana.
La centralidad de la política social ha sido el “programa presupuestario” o el “servicio” y no las carencias/vulnerabilidades de la población. Su diseño no parte de identificar quiénes, cuáles y cuántas carencias/vulnerabilidades padece y, en función de ello, cuáles son los esfuerzos programáticos y presupuestarios que se requieren para cada hogar/familia/persona. Por el contrario, se decide primero el programa (objetivos, población objetivo, reglas de operación, etc.) y después se identifica quiénes estarían bajo ese supuesto. El resultado: inercias en la estructura programática, en la asignación presupuestaria a los programas y servicios sociales, y una clara fragmentación y dispersión de la política social del gobierno federal que limita su capacidad para resolver los problemas públicos de mayor impacto para la ciudadanía.
[1] CONEVAL, Medición de pobreza en México, disponible en: http://www.coneval.gob.mx/medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza-2010.aspx.
[2] Cámara de Diputados, Ley General de Desarrollo Social, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgds.htm.
[3] CONEVAL, ¿Cómo se mide la pobreza en México?, disponible en: www.coneval.gob.mx.
Contribuir al diseño de una política social integral, institucionalizada, coherente, articulada, basada en evidencia y focalizada a resolver las principales carencias/vulnerabilidades sociales que generan la pobreza, y que coloque al ciudadano en el centro de los programas y servicios sociales como sujeto de derechos a partir del desarrollo de herramientas diagnósticas, de seguimiento y evaluación de la política social basadas en los principios de gobierno abierto (open data, transparencia, visualizaciones gráficas, rankings, evaluaciones ciudadanas de calidad en los servicios, etc.).
Diagnóstico Política Social.pdf
Por parte de Sociedad Civil, Academía y expertos participaron
Alejandro González, Director General de Gestión Social y Cooperación
Briseida Lavielle, Investigadora del Área de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Claudia Maldonado, Directora General de Centros Regionales para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados (CLEAR)
Rodolfo de la Torre, Director de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo, México,
Carlos Alberto Galindo, Director General de TSOOL Desarrollo Interamericano
Gabriela Pérez Yarahuán, Profesora-Investigadora de la Universidad Iberoamericana
Ricardo Luévano, Oficial Adjunto del Programa de Acceso a la Información de Artículo 19
Paola Palacios, Coordinadora de Proyectos de Transparencia Mexicana.
Ernesto Velasco, Director General de Civicus, Consultores en Gestión Pública y Social.
Por parte del Gobierno Federal participaron:
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
Roberto Moreno Herrera, Director General Adjunto de Seguimiento e Información del Desempeño Presupuestario
Lorena Rivero del Paso, Directora de Análisis de Información del Desempeño.
Asimismo participaron de la Secretaría de Desarrollo Social:
Sergio López Menéndez, asesor de la Coordinación de Asesores
Oscar Ernie Orozco, Director General Adjunto de Legalidad y Transparencia de la Abogada General y Comisionada para la Transparencia
Iván Rodolfo Cortés Reveles, Subdirector de Vinculación y Seguimiento de la Unidad de la Abogada General y Comisionada para la Transparencia
Alejandro Fierro Huerta, Director de Normatividad y Tecnología de la Dirección General de Geo estadística y Padrones de Beneficiarios.
Enrique González Tiburcio, Coordinador de Asesores de la Secretaria
Del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Gonzalo Hernández Licona, el Secretario Ejecutivo del Consejo; Thania de la Garza, Directora General Adjunta.
De la Secretaría de la Salud asistió José Antonio Torres Vargas Coordinador de Asesores y Verónica Pinal, Directora de Gestión de Peticiones Ciudadanas y Promoción Social en la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social
Por parte de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de Presidencia, Alberto Herrasti, Director de Consultoria de Proyectos de Gobierno Digital.
En los últimos años una de las demandas más sentidas por parte de la sociedad civil ha sido la falta de transparencia y de políticas que garanticen efectivamente el derecho de acceso a la información pública en materia de seguridad, tanto pública como nacional, como en lo tocante al tema de justicia: acceso, procedimientos, resultados y datos estadísticos que permitan evaluar el sistema de procuración de justicia nacional y un ejercicio efectivo de los derechos de acceso a la información pública; consagrado en el artículo 6 de la Constitución, y el derecho de acceso a la justicia (de la mano del debido proceso), establecido también en los artículos 14 y 16 constitucionales.
En este sentido, la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA) ha decidido consolidar como una de sus líneas de acción el tema de seguridad y justicia, que tendrá como objetivo generar propuestas acerca de líneas de acción específicas que, tomando en consideración los estándares internacionales, el apoyo de nuevas tecnologías y la retroalimentación de todos los actores involucrados, generen políticas públicas en la materia tendientes a una expansión en la garantía del derecho de acceso a la información y un mejor ejercicio del derecho de acceso a la justicia.
• Proponer compromisos puntuales respecto de los procedimientos, regulaciones y políticas públicas aplicadas por la Procuraduría General de la República y otros órganos dependientes del ejecutivo involucrado en los procedimientos judiciales.
• Generar agendas compartidas entre los órganos del ejecutivo, la sociedad civil, las defensorías de derechos humanos y los órganos judiciales en materia de transparencia y acceso a la información en seguridad y justicia.
• Aprovechar mecanismos tecnológicos y relación sociedad civil-gobierno para generar nuevas canales de información relativos a seguridad y justicia.
• Elaborar propuestas de evaluación para los órganos del ejecutivo responsables en materia de seguridad y justicia.
Diagnóstico Diagnóstico Justicia y Seguridad.pdf
A la mesa de Justicia y Seguridad asistieron por parte de expertos y representantes de sociedad civil: Ricardo Luévano, Oficial Adjunto del Programa de Acceso a la Información y Leopoldo Maldonado Gutiérrez, Oficial Adjunto del Programa Legal de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica; Luis Ernesto Cervera y Julia E. Monárrez, investigadores del Colegio de la Frontera Norte; Silvano Cantú, consultor independiente en Derechos Humanos; Raúl Ramírez Baena, Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos de Baja California (CCDHBC); Alejandro Hope, Director de Seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); Consuelo Morales Elizondo, Directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC); Jaqueline Sáenz Andujo, Coordinadora del Área de Derechos Humanos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.; y Paulina Sánchez, Junior Researcher del Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. (CIDAC).
De la Procuraduría General de la República (PGR) asistieron: Sofía López López, Directora de Estadística; y Juan Félix Morales Dorantes, Director de Área.
Asimismo, asistieron Carlos Vera, Director de Trámite y Seguimiento; Mario Miguel Ortega, Director General de Asuntos Jurídicos, Manuel Palacios Monroy, Director de Recursos Humanos.
De la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, Isabel González Chávez, Directora y Laura Borbolla Moreno, Fiscal Especial.
De la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), asistieron Raúl Ayala Cabrera, Coordinador de Asesores y Paola Ariadna Piña, Asesora; Noemí Olaya Festinher Arias, Coordinadora de Asesores de la Subsecretaría de Derechos Humanos; Ricardo Márquez Blas, Titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y Gonzalo Suárez Prado, Director General Adjunto de Prevención y Participación Ciudadana.
Crear y homologar el sistema de registro de búsqueda y localización (por medios electrónicos, telefónicos o presenciales) de personas detenidas y aseguradas, es uno de los compromisos establecidos por organizaciones de la sociedad civil, autoridades y especialistas en temas de justicia y seguridad, mismos que integrarán el Plan de Acción 2013-2015, de México, en materia de gobierno abierto.
Luego de concluir la mesa de trabajo sobre Justicia y Seguridad, se acordó también que la población tendrá acceso a todos los datos estadísticos de detenciones y/o aseguramientos en el país, así como las circunstancias y causas de la detención, en tiempo real.
Al respecto, trabajarán en coordinación las policías y las procuradurías estatales, las secretarías de Marina-Armada de México (Semar), Gobernación (Segob) y de la Defensa Nacional (Sedena), así como la Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM), conforme a la normatividad para octubre de 2015.
Por otro lado, se acordó reorganizar y hacer funcional la base de datos de personas desaparecidas, con base en el reglamento de la Ley de Registro de Personas Desaparecidas, cuya elaboración contará con la participación activa de la sociedad civil. La base incluirá datos estadísticos sobre: número de casos, lugar de la desaparición, información sociodemográfica, lugar de origen, estado del caso actualizado, etcétera; y sólo previo consentimiento, las fotografías de las víctimas.
La base deberá señalar también las diferentes fuentes y autoridades que registran dicha información, de conformidad con la normatividad, para octubre de 2015.
Comunicado de Prensa Comunicado de Prensa Justicia y Seguridad.docx
Industrias Extractivas y Gobierno Abierto
Aproximadamente el 33% de los ingresos del sector público provienen de la explotación de los hidrocarburos que realiza Petróleos Mexicanos. Para ello, esta paraestatal recibe el 13% de los recursos del presupuesto federal, de los cuales el 50% se destina a contrataciones de servicios con empresas privadas. Por otro lado, la actividad minera tiene cada vez una presencia mayor en México: en la última década el PIB minero creció en un 575%. Sin embargo, su contribución a las finanzas públicas es de apenas el 0.15% de los ingresos totales, debido a que las empresas mineras sólo pagan un derecho en función de las hectáreas concesionadas y no en función del valor de su producción. Ello cuando los recursos minerales, al igual que los hidrocarburos, pertenecen en dominio a la Nación. Por otro lado, tanto la industria petrolera como la industria minera suponen fuertes afectaciones sociales, económicas y ambientales en las zonas donde se lleva a cabo.
Un vacío recurrente tanto en el sector hidrocarburos como en el sector minero es la falta de transparencia y las dificultades para acceder a la información sobre determinados aspectos de los mismos. Esta opacidad es mayor en el sector minero, debido a los obstáculos legales derivados del hecho de que la explotación de los minerales la realizan empresas privadas -mientras que la de los hidrocarburos la realiza una entidad pública-. Sin embargo, el sector hidrocarburos también cuenta con importantes espacios de opacidad que es necesario atajar. Dado que los recursos petroleros y minerales pertenecen al dominio público y que su explotación lleva aparejada importantes afectaciones socioambientales, es necesario que el Estado mexicano ponga todos los mecanismos a su alcance para impulsar la rendición de cuentas y participación ciudadana en su gestión. Para ello, un paso fundamental es el acceso a la información clave de estos sectores.
• General: Mejorar la transparencia y el acceso a la información sobre la política pública nacional en materia petrolera y minera.
o Mejorar la publicación de información sobre la contribución de la actividad minera y petrolera al sector público presupuestario.
o Incluir mayores mecanismos de transparencia en las contrataciones de servicios que realiza Pemex, así como en las concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía a empresas mineras.
Mejorar el acceso a información clave, de manera clara, útil y oportuna, sobre la política pública dirigida a la protección social y ambiental ante proyectos extractivos, así como de aquella cuyo objetivo es compensar a la población afectada por dichos proyectos.
Diagnóstico Diagnóstico Gobierno Abierto e Industrias Extractivas.pdf
Por parte de las organizaciones de la sociedad civil, expertos, academia:
De Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C Aroa de la Fuente, Investigadora y Francisco Cravioto, Investigador
Beatriz Olvera, Coordinadora de Campañas, Energía y Cambio Climático de Greenpeace
Claudia Campero de Food & Water Watch
Dolores Rojas, Coordinadora de Programa de Heinrich Böll
Ben Cokelet, Director de PODER
Úrsula Garzón, Investigadora del Centro Mexicano de Derecho Ambiental
José Manuel Arias Rodríguez, Coordinador General de la Asociación Ecológica Santo Tomás A.C.
Manuel Llano Vázquez Prada colaborador de Conservación Humana, A.C.
Miriam Grunstein, Investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas A. C.
Sandra Patargo, Investigadora de Transparencia Mexicana.
Por el Gobierno Federal:
De la Secretaría de Energía:
Alejandro Amerena Carswell, Director General de Asuntos Internacionales
Pedro Meneses Larios, Director de Administración e Información de Exploración y Producción
Javier Flores Director de América del Norte, Europa y Asia-Pacífico.
De la Secretaría de Economía:
Luis Rey Jiménez, Director de General de Regulación Minera y Angélica Valdez del Fideicomiso de Fomento Minero.
De la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT):
Alma Escamilla Cano Directora de Suelos y Residuos y Marines Hurtado Cárdenas, Directora de Minería.
Del Servicio Geológico Mexicano, Bernardino Delgado, Gerente de Documentación y Análisis; y Patricia Mora, Subgerente de Análisis de Información Espacial, Gonzalo Mendoza
De la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Carla Gabriela González, Secretaria Ejecutiva y Joshua Gamboa, Director de Apoyo Jurídico Institucional.
Asimismo participaron de la Secretaría de la Función Pública, Alejandro Bonilla, Director General Adjunto de Contrataciones Electrónicas.
· Avanzar en la incorporación de los principios de Gobierno Abierto en el tema de hidrocarburos, por lo que para octubre de 2015:
1. Generar un listado sobre todos los estudios e investigaciones contratadas por PEMEX a terceros y publicarlo en su página web.
4. Establecer un grupo de trabajo (SHCP, alta dirección de PEMEX, SENER, CNH, CRE y sociedad civil), para la elaboración de un diagnóstico sobre las necesidades de información socialmente útil y la construcción de un catálogo que se publicará con apego a la normatividad vigente.
· Avanzar en la incorporación de los principios de Gobierno Abierto en el tema de minería, por lo que para octubre de 2015:
1. Elaborar de manera conjunta con la sociedad civil un diagnóstico de la existencia, calidad, accesibilidad y vacíos de información (geográfica, estadística, socio-ambiental, fiscal, financiera, administrativa, entre otras*) relacionada con el sector de la industria minera, para enero de 2014.
2. Con base en el diagnóstico, garantizar el acceso a la información de manera oportuna, adecuada, apegada al concepto de datos abiertos y dentro del marco normativo vigente, de noviembre 2013 a octubre 2015.
3. Construir de manera conjunta entre gobierno y la sociedad civil propuestas para eliminar obstáculos para la transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información para el sector minero, identificados en el diagnóstico, de noviembre 2013 a octubre 2015.
Después de las mesas, ¿Qué sigue?
Posterior al desarrollo de las mesas de trabajo, se realizará una reunión entre la(s) dependencia(s) responsables del cumplimiento de los compromisos derivados de las mesas de trabajo temáticas y las organizaciones responsables (los participantes que estén interesados en asistir a esta reunión podrán hacerlo). Durante estas reuniones se establecerá la ruta crítica para lograr cumplir con los compromisos en tiempo y forma (metas, responsables, indicadores, mecanismo de seguimiento, y tiempos en los que se dará cumplimiento a los compromisos).
Plan de Acción Preliminar 2013-2015
PA15_OGP_México_251013_ESP.pdf
Presentación del PA15
El Plan de Acción 2013-2015 será presentado a finales de octubre en México y posteriormente en Londres en el marco de la Cumbre Anual de la Alianza para el Gobierno Abierto.
Descargue el Plan de Trabajo para la Construcción del Plan de Acción 2013-2015​
One pager Español ONEesp.pdf
One pager Inglés ONEeng.pdf
- México presentará el Plan de Acción 2013-2015 de la Alianza para el Gobierno Abierto en octubre próximo​
- México avanza en la Agenda de Gobierno Abierto: Secretaría de la Función Pública​
- Proponen IFAI, organizaciones y autoridades que Gobierno dé continuidad a acciones de la AGA ​
- SFP presidirá, en conjunto con el IFAI, la coordinación de estrategia digital de Presidencia y ONG´s, los trabajos de la Alianza para el Gobierno Abierto ​

References: artículo 134
 artículo 134
 Artículo 19
 Artículo 19
 artículo 6
 Artículo 19