Source: http://www.pensamientocritico.org/juagon0304.htm
Timestamp: 2020-06-06 14:46:22+00:00

Document:
Encuentro por la laicidad en Motril.
13 y 14 de julio de 2001
El pensamiento ilustrado del siglo XVIII marcó para todos nosotros, que nos movemos en el ámbito del mundo democrático (a veces "occidental", con las connotaciones que el adjetivo conlleva), el paso desde el Antiguo al Nuevo Régimen. Es decir, empezamos paulatinamente a dejar de ser súbditos para convertirnos en individuos sujetos y objetos del derecho, en ciudadanos. El tránsito, sin embargo, no fue homogéneo, sino desigual y azaroso.
Mientras la monarquía inglesa supo adaptarse desde muy pronto -no sin convulsiones- al auge económico de la burguesía y a su reclamación de poder político, en Francia la línea fue de completa ruptura. Ello, a la larga, ha dado lugar a dos modelos de emancipación de los ciudadanos con respecto a su condición de súbditos netamente diferenciados, donde el comunitarismo o la noción de individuo tienen un peso distinto en la balanza del derecho y donde los atavismos del pasado permanecen con más o menos fuerza (pensemos en supervivencias como la Cámara de los Lores en Inglaterra o las referencias a Dios en la Constitución de los Estados Unidos).
Con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la Revolución Francesa abrió las puertas a una esperanza ya entonces secular de emancipación del individuo y de exaltación de la conciencia libre. Se trata de una esperanza, como todos sabemos, mil veces traicionada y frustrada a lo largo de todos sus avatares durante los siglos XIX y XX, y que en España ha seguido caminos particularmente azarosos, el último de los cuales, el levantamiento militar de Franco en 1936, condiciona aún, lo queramos o no, nuestro destino.
En cuanto al artículo 25, este derecho no lo reconoce la jerarquía eclesiástica ni tan siquiera en el año 2000.
En la NOTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES GENERALES, hecha pública el 17 de febrero de 2000, los obispos reclaman, entre otras lindezas, "apoyo claro y decidido a la familia fundada en el verdadero matrimonio, monogámico y estable, respondiendo a sus necesidades con servicios que garanticen sus derechos: vivienda digna, reconocimiento del trabajo del ama de casa, ayuda a las madres que trabajan fuera del hogar, beneficio fiscales a las familias numerosas, etc."
Una ética basada en los Derechos Humanos y en la razón debe ver como profundamente abyecta la petición de discriminar a los hijos de madres solteras, y a estas mismas mujeres, en cuanto a vivienda digna, etc., por no hablar de otras pequeñas unidades de convivencia asimilables a una familia. La Iglesia, en el año 2000, no ha cambiado su desprecio de 1953 hacia los Derechos Humanos más que allí donde las fuerzas sociales (en las que se incluyen católicos progresistas) la han obligado a hacerlo.
INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979 en la Ciudad del Vaticano. (B.O.E. de 15 de diciembre.)
Lo que me interesa señalar aquí, más que la ilegitimidad del proceso por el que llegaron a firmarse los Acuerdos de 1979, visión que no sólo afecta a la Iglesia sino a instituciones como la Monarquía, es la ilegitimidad de los mismos porque chocan frontalmente con los derechos que a los españoles nos reconoce nuestra actual Constitución, que en su artículo 10 hace referencia y promesa de fidelidad a la Declaración Universal de 1948.
Por lo pronto, es el artículo 16 de la Constitución española de 1978 el elemento legitimador invocado para establecer las actuales relaciones Iglesia-Estado, y ésta es, desde el punto de vista jurídico y político, la gran primera absurdidad:
Jamás he logrado explicarme por qué la mayoría de los autores (defensores y detractores del Concordato) dan por supuesto y pasan por alto sin mayor reflexión que el artículo 16.3 legitima los acuerdos de 1979. No hay nada en ese artículo que obligue, incluso teniendo en cuenta la realidad social y el arraigo innegable del catolicismo en amplios sectores de la población, a establecer tratados internacionales. De hecho, el caso es único: ninguna otra confesión religiosa se constituye como un Estado y, precisamente por eso, el trato dado a la Iglesia Católica, sin dejar de tener en cuenta la realidad social, debería respetar el principio de igualdad ante la ley y atenerse al reconocimiento que se da a otras confesiones. Por el contrario, es manifiesto que establecer un pacto de Estado con otro Estado que es, a su vez, una confesión religiosa contradice de manera flagrante la primera frase del artículo 16.3: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal."
1) La manifiesta implicación confesional de la familia real y, por lo tanto, de la Jefatura del Estado; la institucionalización de la ofrenda al Apóstol Santiago "matamoros"; la consagración de fuerzas armadas y de orden público a la Virgen del Pilar; la involucración directa de las autoridades civiles (no a título personal, sino en razón de sus cargos), estatales, autonómicas y municipales, en los actos religiosos; la proliferación de símbolos y signos confesionales en los organismos públicos; la toma de posesión de los ministros con juramento ante el crucifijo y presencia de la autoridad eclasiástica; los privilegios jurídicos del clero... España es todo lo que se quiera, para quienes vivimos a diario la parafernalia y la imposición de una doctrina, cualquier cosa salvo una nación donde "ninguna confesión tendrá carácter estatal", como proclama el artículo 16.3 de la Constitución. Y ello mucho más allá de lo requerido por los acuerdos de 1979 y como simple producto de la falta de coherencia y de respeto a los derechos fundamentales por parte de los sucesivos gobiernos y de nuestros políticos.
El sistema fijado desde 1988 como "una asignación tributaria voluntaria de los contribuyentes de IRPF", con dos opciones hasta 1999 y cuatro opciones en el año 2000, se opone frontalmente al artículo 16.2 de la Constitución: "Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias." Y ello se agrava por el hecho, señalado por Antonio Gómez Movellán, de que "desde 1991 la Iglesia no debería recibir nada más que lo que provenga de la recaudación del IRPF, sin embargo el Estado está incumpliendo este punto ya que todos los años la cantidad recaudada por vía IRPF es complementada por una dotación directa, sin que el asunto, sorprendentemente, suscite polémicas en los debates presupuestarios".
La manifiesta vulneración (como se ha visto, inútil, ya que la opción no se respeta) de este derecho al que acabamos de aludir nos proporciona, sin embargo, de manera no querida por quienes habilitaron el sistema de declaración, el único refrendo popular indicador del arraigo, de la realidad social de la Iglesia Católica: en 1994 optaron por su sostenimiento económico el 38,42% de los contribuyentes, porcentaje que ha ido descendiendo en años sucesivos. La pretendida catolicidad de la sociedad española queda claramente desmentida por los únicos datos serios. Los ciudadanos de este país son, en su inmensa mayoría, a la hora de decidirse por el sostenimiento económico de la Iglesia Católica, completamente ajenos o indiferentes a la misma.
Desde luego, no somos los militantes del laicismo quienes pretenderemos sostener los derechos fundamentales basándonos en el número. Si algo defendemos con rigor es el carácter universal de los mismos. Pero las cifras sí podrían animar a la clase política a no ser timorata, a no temer perder votos por defender de manera decidida la estricta separación de las iglesias y el Estado. A este respecto, el artículo de Fernando Savater publicado por EL PAÍS a poco de conocerse los resultados de las últimas elecciones legislativas (en marzo de 2000), y titulado "La lección", es realmente aleccionador. En ella animaba a los socialistas y en general a la izquierda que se dice progresista a ocupar el espacio político que realmente le corresponde, a defender de manera decidida la noción de ciudadanía y la sociedad laica.
Algunos signos, aunque tímidos todavía, empiezan a mostrarse en este sentido en los partidos que se dicen progresistas y/o de izquierdas, tras la aplastante derrota electoral. En efecto, existe un amplio conjunto de españoles compuesto no sólo por agnósticos, ateos e indiferentes en materia confesional, sino también de creyentes convencidos, en la línea de Miret Magdalena, que apuestan por una política de no discriminación y no compartimentación de los ciudadanos en función de sus convicciones religiosas.
Por último, y como colofón al absoluto desprecio hacia los derechos humanos, hacia el principio de igualdad y de no discriminación por razones de religión, los acuerdos de 1979 sobre educación y cultura se extienden al conjunto de la vida cívica y social en su artículo 14:
"Salvaguardando los principios de libertad religiosa y de expresión, el Estado velará para que sean respetados en sus medios de comunicación social los sentimientos de los católicos y establecerá los correspondientes acuerdos sobre estas materias con la Conferencia Episcopal Española."
La redacción resulta escalofriante no ya sólo por el manifiesto menosprecio hacia los sentimientos de los no católicos que implica, sino porque otorga a los obispos el papel de gestores de la libertad de expresión de todos los ciudadanos, como si aquí nada hubiera cambiado en materia de religión desde los mejores tiempos del nacionalcatolicismo.

References: artículo 25
 artículo 10
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 14