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Timestamp: 2018-01-21 02:57:06+00:00

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Dret penitenciari [13614] | Dret penitenciari (UPF) | Unybook
Dret penitenciari (2015)
Cristina Alcázar, UPF
TEMA 1: DERECHO PENITENCIARIO El derecho penitenciario es la regulación de los derechos y deberes de los penados. Límites. Funcionarios.
Condiciones de vida en la prisión. Resumiendo, es un conjunto de normas que tienen por objeto el de regular la ejecución de las penas privativas de libertad y de las medidas de seguridad privativas de seguridad.
Esta fue la primera definición que se dio, la cual planteaba el problema relativo a que olvida el hecho de que, en prisión, hay presos preventivos. Además, se daba un concepto de derecho procesal (de ejecución de sentencias).
Con esto se llegó a una última definición: el derecho penitenciario es el 1) conjunto de normas que regulan la actividad penitenciaria (entendida como educación y reinserción, retención y custodia – preventivos- y prestaciones asistenciales) y 2) la relación que nace entre el interno que ingresa en prisión con la administración penitenciaria (de sujeción especial). Este segundo concepto nace porque se criticó muchísimo que haya un sujeto activo (administración penitenciaria) que desarrolla estas funciones, y que en realidad los internos son el objeto sobre el cual hay que desarrollarlas. Y es este derecho que nace sobre la administración el que genera derechos y deberes recíprocos.
A partir del año 2011, pero, el legislador español establece que la administración penitenciaria deberá encargarse también de la 3) ejecución de los trabajos en beneficio de la comunidad y de la libertad vigilada.
El contenido del derecho penitenciario es: - El interno, derechos y deberes La administración penitenciaria y toda su organización (a distintos niveles) La retención y custodia (o régimen), como una de las funciones que ejerce.
El tratamiento, que se corresponde con la reeducación y la reinserción.
Las prestaciones asistenciales de la administración hacia los presos (trabajo, atención médica, etc.).
Tiene que garantizarlo y ofrecerlo.
En cuanto a la autonomía del derecho penitenciario, la doctrina no se pone de acuerdo al respecto. Mucha parte de esta, pero, afirma que esta es una parte independiente porque: 1) Entra muchas veces en acción cuando ya ha terminado el derecho penal. El objeto es diferente 2) Hay un órgano jurisdiccional específico que lo aplica, el JVP 3) Existe una ley y un reglamento que agrupan y sistematizan todas sus normas Aún y así, está muy vinculado al derecho penal y al derecho administrativo, al ser la prisión una sociedad. El derecho penitenciario refleja más o menos lo que tenemos fuera. Hay todo tipo de derecho dentro de la prisión, toda una sociedad y toda una vida organizada.
Evolución histórica La pena de prisión nace en el s. XVIII. En España, en cambio, el año 1822. En dicho año se aprueba el primer código penal que postulaba la pena de prisión. Antes de dicho año ya había gente que cumplía esta retención y custodia, pero no existió como tal hasta 1822.
Empiezan a existir ciertas normas que regulan tal pena. En 1834 se dicta una “ordenanza general de presidios del reino”. Esa regula una distribución del castigo para los penados; un modelo de distribución territorial del castigo. Después regula un modelo de organización de los centros penitenciarios, con brigadas de 100 hombres, cada una de ellas con escuadras y cabos. También postula que las personas que hagan trabajos extraordinarios, arrepentimiento sincero, etc. podrán reducir la codena; redención de penas por trabajo. Este es el primer precedente del concepto de redención que aún arrastramos hoy. Las personas que cumplen condena son humanas, no animales. Y con esta se regulan las condiciones de vida del preso.
También un régimen disciplinario mediante pan y agua para comer, azotes, grilletes y celdas completamente oscuras.
Concepción Arenal, además de una gran feminista, se hizo pasar por hombre para asistir a la facultad de Madrid, publicó muchos libros a nombre de su hijo, publicó en la revista de estudios penitenciarios… además, fue nombrada visitadora de las prisiones de mujeres por parte de la administración (la primera), y este es el antecedente al JVP.
Esta ordenanza estuvo vigente hasta 1901. Se sucedieron diversos gobiernos, se modificaron normas… hasta que en 1913 la administración empezó a preocuparse mucho por formar a los funcionarios (que en la mayoría eran monjas). Se promulgaron normas acerca de dicha formación y se aprueba el primer código verdaderamente penitenciario porque: - Asienta las bases del futuro derecho penitenciario (p.ej., el concepto de progresividad) Regula derechos y realidades de los presos (p.ej., el derecho al trabajo) Prohíbe los castigos corporales y los malos tratos En 1914 se aprueba la ley por la que se introduce la libertad condicional en España. Existía ya un movimiento obrero organizado, un movimiento anti-clerical terrible, veníamos de perder las colonias españolas, perdemos la guerra en África… Primo de Rivera aprueba así un código penal muy endurecida, con lema: nación, iglesia y rey. A 1930 y a nivel penitenciario, además, un reglamento penitenciario con dos novedades: - Medidas de seguridad para delincuentes incorregibles Fichas de ingreso (con número, características antropológicas, etc.) Esto nos indica que el positivismo había llegado a España.
En 1931 llega la República y ya no puede imponerse por más tiempo la monarquía.
Victoria Kent fue la primera directora general de prisiones y quiso realizar una profunda reforma penitenciaria des de dentro; visitó muchísimas clases, y tomó diversas medidas: - - Logísticas: incrementó el presupuesto para alimentos, ordenó la instauración de calefacción en enfermería y escuela y también la sustitución de tablados por camas Regimentales: ordenó buzones de correspondencia para los presos, autorizó la entrada de correspondencia, se presenta por primera vez la educación religiosa como voluntaria y se eliminan las celdas de castigos sin luz.
En cuanto al tratamiento, por primera vez se habla de permisos de salida, creando así una alarma social enorme. Para eso pide que tengan buena conducta y circunstancias familiares que lo justifiquen. Además, introduce el vis a vis y dice que las personas mayores de 70 años deben estar fuera de la prisión.
De cara al personal: personal civil formado a substituir las monjas en prisiones, a la calle funcionarios con conductas irregulares y corruptas, etc.
La única medida que no asumió el gobierno republicano fue la de echar a la calle a los familiares corruptos o con conductas irregulares. Por esto, Victoria Kent, después de un año, dimitió. Ella mismo dijo que era imposible reformar el sistema penitenciario si no podía cambiar su estructura. Sin esto, ninguna medida podría funcionar.
El gobierno republicano sin ella no hace nada más a nivel penitenciario, aparte de aprobar la creación de un hospital psiquiátrico para los gays, alcohólicos y epilépticos.
El 1936 estalla la guerra civil y el panorama penitenciario es el relativo a que aumenta mucho el número de presos (sin espacio habilitado al respecto), el tipo de preso cambia (comunes o sociales, y políticos)… Además, aparece una militarización del sistema penitenciario (el sistema de justicia civil y el sistema penitenciario va a ser todo disciplina militar) debido a que todos los funcionarios de prisiones eran enemigos (de la República), con lo que se pusieron al mando a capitanes generales del ejército. Esto hace que el bando militar que ganó permitió las redenciones debido a la incapacidad de gestión de dicho aumento desproporcionado del número de presos. Aún y así, las condiciones eran tan precarias, que la gente accdía a tal explotación laboral con tal de obtener dichas redenciones.
De este modo nos plantamos en la Dictadura. No es posible analizar la evolución del derecho penitenciario en la dictadura de un solo golpe, debido a que la política penitenciaria de cada momento obedece a la política y prioridades del gobierno, a lo que marca la sociedad en cada momento. Esto puede verse en que durante la segunda etapa del franquista se hicieron reformas progresistas, a la vez que normas mínimas de derechos para reclusos fueron aceptadas porque quería que España fuese aceptada internacionalmente.
Podríamos hablar de dos bloques: - - El presupuesto por preso para alimentación era de 3 ptas., pero se autorizó a que los presos pudieran aumentar su alimentación, ya fuese mediante familiares o comprando en el economato. Aún y el retribucionismo puro de la dictadura, pero, se mantuvo el concepto de progresividad del sistema penitenciario (que no se aplicaba). Se vuelve a la educación cristiana obligatoria y el índice de mortalidad se dispara porque no había ni médicos ni medicinas, siendo los propios presos los que ejercían tal función.
Se acogen las reglas de Ginebra y el principio de flexibilidad. El sistema penitenciario no solo va a ser progresivo, sino que se asignará el preso al grado que se merezca, y a partir de aquí irá evolucionando en función de su actitud. Quería transmitirse humanidad y democratización al mundo.
Además, en las prisiones va a haber por primera vez un equipo técnico de organización (psicólogo, pedagogo, jurista, moralista –sacerdote-, endocrino y psiquiatra). Se quiere dotar a la normativa penitenciaria de un carácter científico, con equipos multi-disciplinares dentro de prisiones. Los funcionarios se rebelaron contra esa medida. Se vuelve a aprobar, además, la asistencia religiosa voluntaria.
Muere Franco y se produce la transición política. En 1977 se aprueba la Ley de amnistía y salen de las cárceles los presos políticos. Es así como se produce un espiral de violencia dentro de las prisiones, entre los delincuentes comunes, debido a un sentimiento de discriminación. Delante de eso se crea una “comisión de investigación de las prisiones” para evaluar el estado de las susodichas. Se dice que hay que promoverse un indulto para los presos comunes, porque se sentimiento es justificado, pero la ley no acabó aprobándose.
Hubo incendios, por eso, en muchas más prisiones aún. Para acabarlo de rematar, en 1978 muere Rueda, un preso que militaba por la CNT y que fue asesinado por unos funcionarios al intentar escaparse, lo cual enardece más los ánimos.
También se asesina al director general de prisiones de ese momento. Y ante ese panorama el gobierno designa uno nuevo, García Valdés. Este se encuentra con dicho panorama y hace de Victoria Kent, negociando con los presos y haciendo concesiones con tal de apaciguar esta violencia. Abre la puerta otra vez a permisos de salida y comunicaciones, rebaja la censura de periódicos y revistas, y se le encarga la redacción de la Ley General Penitenciaria, muy progresista. En 1979, ésta se aprueba. Debía desarrollarse, pero, con un Reglamento, el cual se aprobó en 1996. La sociedad, en este año, demanda más precaución, debido a que el revuelo no es ya tan reciente.
El gobierno de Aznar de 2003, pero, nos habla del cumplimiento íntegro de penas, con lo cual se destruyen los principios de progresividad y de flexibilidad. Introdujo el periodo de seguridad para terroristas, pero acabó aplicándose a los presos comunes (aquellos con penas de más de 5 años de condena no podían acceder al tercer grado hasta haber cumplido la mitad superior de la condena). Esto ni es individualizado, ni progresivo ni flexible.
De esta forma vemos que el derecho penitenciario es mucho más populista que el derecho penal.
Marco legal - - - Constitución española. Los presos tendrán todos los derechos fundamentales que tiene cualquier ciudadano, excepto la libertad que viene por sentencia y aquellos que puedan limitarse por la seguridad del centro.
Ley: LOGP, CP, Ley de extranjería… y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) Reglamento penitenciario de 1996 (que derogó el de 1981, excepto en lo referido al régimen disciplinario) y de 1981.
Derecho internacional Jurisprudencia vinculante del TC, hasta el punto que si un juez no la sigue puede ser imputado por prevaricación. No es una norma como tal, pero forma parte del ordenamiento jurídico. El TS se pronuncia en materia penitenciaria para aclarar algún tema, pero no es vinculante.
Circulares e instrucciones del centro directivo de instituciones penitenciarias. Hay dos centros directivos, la “Direcció General de Catalunya” (solo con competencias referidas a los presos alojados en dicha comunidad autónoma, dependiente del Ministerio de Justicia) y la “Dirección General de Madrid” (dependiente del Ministerio de Interior). Y los dos pueden aprobar dichas circulares e instrucciones.
El JVP se introdujo por primera vez con la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP). Control judicial de la administración penitenciaria. Si se le vulneran los derechos al preso puede acudir al juez. Fue la primera ley de la democracia, muy consensuada, hubo bastante debate… Hay varios temas conflictivos que cabe recalcar: - - - - - - Permisos de salida; los extraordinarios se conciben como de obligada concesión, mientras que los ordinarios son facultativos .El PSOE presentó una enmienda para que los permisos ordinarios pasasen a ser obligatorios, invocando que eran suficientemente importantes como para que la administración penitenciaria no estuviese encorsetada.
Comunicaciones i visitas. Las fomenta y amplía el catálogo. Derecho de la persona a estar en contacto con el exterior. Aún y así, LOGP prevé que sea posible intervenirlas en casos de terrorismo.
A todo eso el PSOE presentó enmienda alegando estar en un estado democrático, pero ésta se rechazó porque en nuestro país no es algo transitorio ni puntual, sino una realidad, y siempre va a haber una referencia expresa al terrorismo en política penitenciaria. También se rechazaron otros tipos de control.
Estatuto jurídico del penado. Inicialmente, en éste se recogía que el tratamiento penitenciario era obligatorio. Aquí, el PSOE presentó enmienda diciendo que debería de ser voluntario. Se aceptó. No puede obligarse al preso a llevar a cabo actividades de carácter reinsertador.
1) El inicial proyecto preveía 16 días de “aislamiento en celda”. El partido comunista y el PSOE decidieron que acabasen siendo 14. Se racionalizaron las sanciones y se previeron mecanismos de defensa para el interno.
2) Se prevé también el “régimen cerrado”. El PSOE lo define como una amarga necesidad. Por desgracia, hay un grupo de internos que son tan pocos y violentos que carecen de las garantías poseídas por los presos en régimen ordinario. En aquél momento histórico tenía una necesidad muy latente. Se discutió si la competencia era del director o del JVP, a lo que se concluyó que sería director (por una cuestión de celeridad), aunque habiéndoselo de comunicar al JVP.
Delitos dolosos y delitos imprudentes. Los presos, a parte de la clasificación en grados, se clasifican según delitos dolosos y delitos imprudentes. También se dijo que había que separar los presos políticos e ideológicos de los presos comunes, lo cual se rechazó porque en una democracia no existen los presos políticos y/o ideológicos.
Asistencia sanitaria. Se presentaron dos enmiendas, una reclamando un psiquiatría y la otra reclamando un odontólogo. Se rechazó la primera alegando que los presos podían acudir a los hospitales o ambulatorios de fuera de la prisión. Aún y así, se equipararon los derechos de asistencia sanitaria de los presos con los de la gente de fuera.
- Derecho de asociación. Se propuso que se regulara el derecho de asociación de los presos, lo cual se vio como incompatible con los derechos de los presos.
Se propuso que se previera una misma conducta sancionada como delito y como sanción disciplinaria, pero se rechazó este non bis in ídem.
TEMA 2: MECANISMOS JURÍDICOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN El derecho fundamental a la legalidad consiste en que no se puede castigar si la ley no lo dice, ni castigar a más pena de la prevista por la ley. La gente, a la hora de cometer al delito, tiene derecho a saber de qué forma será castigado. No se puede ejecutar una pena de una manera distinta a la prevista por la ley. Su vulneración, pero, no resulta un problema en caso de beneficiar al reo.
La acumulación jurídica y el límite máximo de cumplimiento Simultaneidad. Si puedo, cumplo las penas simultáneamente. Multa, pena de prisión.
Dos penas de prisión, pero, no pueden cumplirse simultáneamente, sino que habrán de cumplirse por gravedad, empezando por la más grave. En cuanto a la acumulación, como excepción a la regla general de sucesión, el límite de tiempo en prisión no podrá superar nunca el triple de la pena más grave.
Excepcionalmente, este límite máximo será de: - 25 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión de hasta 20 años 30 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, dos de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a 20 años 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos de terrorismo y alguno de ellos esté castigado por la ley con una pena de prisión superior a 20 años.
Lo que nos sorprende es que por primera vez se introduce la tipología delictiva para decidir el límite de años en prisión.
Aún y así, NO se aplica siempre la acumulación jurídica. Por ejemplo, en caso de concursos. Para proceder a la acumulación jurídica el art. 76 CP nos pide: - Que todos los hechos hayan podido enjuiciarse en un mismo proceso en base al criterio de comisión o en base al criterio de Conexidad Y una vez cumplidos los requisitos tenemos que ver si la acumulación jurídica nos sale a cuenta. A veces, la suma aritmética de las penas favorece más al penado. Nos dimos cuenta de que este criterio generaba criminalidad e impunidad. Cuando este precepto nace se dice que la acumulación jurídica tiene por objeto evitar una excesiva prolongación de la vida en prisión, la cual lleva a una desocialización, la cual es contraria al art. 25 CE, por lo que hay que establecer mecanismos en la legislación penitenciaria pera reducir la estancia en prisión. Es una cuestión de humanidad el que un preso pueda ver el fin de la pena a cumplir y que éste no sea tan lejano que lo desaliente. El máximo de 40 años en prisión, pero, solo será así en caso de que las penas de le puedan acumular.
Condiciones. Presupuestos - Criterio temporal. Se toma en consideración la primera sentencia y todo lo que haya sucedido y que en ella no haya sido sentenciado, podrá acumularse. Es decir, que solo pueden acumularse los hechos anteriores a la primera sentencia. Se toma como criterio la fecha de comisión de los hechos.
- Criterio de conexidad. Si los hechos tienen similar naturaleza, personas parecidas, etc. El TS, pero, ha dicho que el único criterio a la hora de determinar si cabe o no acumulación es la fecha de comisión de los hechos. Por esto, dicho criterio se ha suprimido al suponer una posible impunidad de conductas superiores.
Cuestiones controvertidas Cabe la acumulación parcial. No puede acumularse todo, pero sí una parte. Por ejemplo, un delito posterior a la sentencia no podría acumularse.
La responsabilidad penal subsidiaria (RPS) se caracteriza por ser una pena privativa de libertad. Se da siempre que lo dice la sentencia y una vez constatado que no se ha pagado la multa o que hay declaración de insolvencia. Puede acumularse.
En caso de licenciamiento definitivo, es decir, cuando se ha cumplido ya la pena de prisión y la persona sale de la cárcel, también cabe la acumulación. El TS dice que la acumulación no puede depender de un mejor o peor funcionamiento de la administración de justicia.
Una cuestión es la acumulación jurídica y la otra cómo se computan los beneficios penitenciarios. Es decir, que una cosa es el tiempo que se pasa en prisión y la otra la manera de computación de este tiempo. En la acumulación jurídica se habla de límites, no de penas. Lo que marca los beneficios penitenciarios será la pena marcada inicialmente por la sentencia. Aún y así, el tribunal, en sentencia, podrá acordar que los beneficios se apliquen sobre la totalidad en caso de ser potestativo; cuando la pena a cumplir sea inferior a la mitad de la suma total de las impuestas.
El tribunal competente para acordar la acumulación será el juez sentenciador. El JVP puede autorizar para que se deje sin efecto el art. 78 CP y se aplique la regla general; que los beneficios penitenciarios de apliquen sobre la pena impuesta, y no sobre el límite máximo de cumplimiento de condena. Con esto se quieren salvar las críticas de falta de flexibilidad, falta de proporcionalidad, etc.
La refundición material de penas Mientras que la acumulación era la suma de las distintas penas que tenía que cumplir una persona, la refundición se basará en sumar las penas aritméticamente. Da igual si se han licenciado, siempre y cuando no hayan pasado años.
La dicta el JVP.
El abono de la prisión provisional Puede hacerlo de oficio el JVP o pedirlo las partes. Tenemos que diferenciar dos supuestos: - Cuando abonan la prisión provisional en el mismo procedimiento donde ha sido decretada. En estos casos, el órgano judicial será el tribunal sentenciador. Los requisitos necesarios serán que no haya estado abonado en otro procedimiento o imputado en otra causa. El tribunal sentenciador dicta sentencia condenatoria, mira si ha sido abonado, y si no lo ha estado abona la causa. La prisión provisional solo se puede abonar una vez, no dos. El Tribunal Sentenciador es el órgano obligado y suele hacerlo en sentencia.
- Cuando abonan la prisión provisional en una causa diferente de en la que ha sido decretada.
Ha de abonarlo el JVP, no el tribunal sentenciador. Para abonarla, igualmente, no ha de haber sido abonada antes. Podrá abonarse cuando la medida cautelar de prisión provisional sea posterior a los hechos a los que quiere abonarse.
Esto pretende evitar que, cuando sé que me han absuelto, vaya a delinquir. Y esto es el fundamento del hecho relativo a que la medida cautelar sea posterior a los hechos a los que se pretende abonar. Dicho de otro modo, que los hechos sean anteriores a la notificación de sentencia absolutoria a su favor (porque lo posterior no se abonará nunca) y de un periodo de preventiva abonable; antes de que sepa que dispongo de un saldo.
El CP no dice dónde (primera causa, etc.) puede abonarse la preventiva.
El TC ha dicho que también pueden abonarse a la pena de prisión las medidas cautelares hechas apud acta.
La liquidación de condena Acto por el que se determina el periodo de cumplimiento. A parte de la prisión provisional, también se detraen de dicho tiempo de cumplimiento las comparecencias apud acta.
Suspensión en supuestos de incapacidad sobrevenida Aproximadamente un 40% de la gente que está en prisión padece algún trastorno mental. Están cumpliendo la pena en las mismas condiciones que la población normal, y no son normales.
Mecanismo que prevé el CP para dar salida de la prisión a la gente que padece alguna enfermedad mental que le impida comprender el sentido de la pena. Esto requiere como presupuestos: - Sentencia firme y persona cumpliendo pena en prisión Trastorno mental duradero y grave. Éste puede diagnosticársele dentro de prisión, a la vez que agravársele.
La jurisprudencia no dice que pueda ser “cualquier trastorno mental duradero y grave”, sino que éste tiene que impedirle comprender el sentido de la pena. Estamos delante de una visión utilitarista de la pena (suspensión y a la calle), no retribucionista.
Cabe mencionar que la incapacitación civil no vincula a nivel penal ni a nivel penitenciario.
Es una suspensión de la pena, lo cual implica que si la persona en cuestión se recupera del trastorno, volverá a entrar en prisión. El JVP podría perdonarle la pena que le quedase por cumplir si esto no fuese equitativo, o derivándole a un centro médico, aplicándole alguna medida de seguridad, etc.
El procedimiento para decretar tal suspensión implica que quien detecta e insta que la persona no debería estar en prisión es la familia, los educadores, el JVP… cualquier persona que lo detecte. La LOGP no establece que deba haber un psiquiatra en prisión, pero se requiere en este caso un informe psiquiátrico.
Mecanismos de excarcelación de extranjeros Hay dos mecanismos a nivel penitenciario para expulsar extranjeros: Sustitución de la pena por expulsión (art. 89 RP) Puede determinarse en sentencia o en ejecución de sentencia; antes del cumplimiento de la pena o durante el cumplimiento de la pena, lo cual da una inseguridad jurídica tanto al juez como al entro. Ahora bien, cuando las penas son de más de 6 años ésta también puede producirse con el cumplimiento de las 3/4 partes de la condena o el acceso al tercer grado. En este sentido, son dos institutos que obligan al cumplimiento de parte de la pena y que en determinada data se vayan los dos al país de origen. Éste supuesto es más gravoso que el otro por la privación de retorno.
Nos habla de las penas privativas de libertad inferiores a 6 años. Éstas deben ser individualizadas; cada pena en concreto, no acumuladas.
El extranjero no debe residir legalmente en España (muy estricto). No puede expulsarse a los que tienen doble nacionalidad ni a los comunitarios. Tiene que valorarse según la tesis más favorable al reo; legal en el momento de comisión de los hechos, en el momento de valorar la suspensión, etc.
Las razones que puede apreciar el juez para decir que la condena deba cumplirse en España pueden ser el arraigo, la integridad física, etc. También la proporcionalidad.
Las penas de hasta 6 años se sustituyen antes y no se entra a prisión.
Se acuerda la sustitución por expulsión una vez accede al tercer grado o cumple las 3/4 partes de la condena.
Solo se requiere esto, lo cual conlleva que pueda pedirse un tercer grado en cualquier momento de la condena con tal de enviar a la persona en cuestión a su país. Hay mucho margen por parte de los centros penitenciarios, mientras que lo normal es a la mitad o a las 2/3 partes de la condena.
Muchas veces no se les conceden permisos a los extranjeros que serán expulsados en un tiempo por riesgo de fuga, pero no debería ser así porque no todos quieren irse. También se ha rechazado alguna vez la concesión del tercer grado a personas indocumentadas o que no quieran proporcionar su documentación.
No es una pena, sino una medida de seguridad en la que el derecho administrativo se impone por encima del ius puniendi del Estado. A nivel de prevención especial, que un extranjero sepa que pueden expulsarlo de 5 a 10 años puede tener un efecto mayor que una pena de prisión (como posible justificación que podría darse des del punto de vista del ius puniendi).
Libertad condicional al país de origen (art. 197 RP) No comporta prohibición de retorno. Cuando la condena se acabe no hay ninguna condición que pueda alargarse. Una vez terminada la condicional puede volver, aunque administrativamente conste el delito y quizá no le permitan la entrada.
A diferencia del art 89, éste requiere el consentimiento del extranjero.
TEMA 3: RELACIÓN JURÍDICO-PENITENCIARIA Una relación jurídica consiste en un vínculo que nace entre dos partes del que se derivan derechos y deberes recíprocos respecto dichas dos partes. Esto, trasladado al ámbito penitenciario, es la relación jurídico-penitenciaria: Vínculo que nace en el omento de ingreso en prisión del interno con la administración penitenciaria y del que se derivan derechos y deberes para ambos, y que finaliza cuando se da el licenciamiento definitivo.
Cuando una persona entra en prisión convergen dos tipos de relaciones: - Procesal, entre el interno y el órgano jurisdiccional que ha acordado su ingreso en prisión, con independencia de la condición del interno Administrativa, entre el interno y la administración penitenciaria a la que se encomienda la retención y custodia Hablamos de este concepto porque en base a este se estructura todo el derecho penitenciario moderno. Antes de este concepto el derecho penitenciario se concebía como la rama del ordenamiento jurídico que tenía por objeto regular la actividad penitenciaria, definida actualmente como reeducación y reinserción, retención y custodia y prestaciones asistenciales de los presos y penados (art. 1 LOGP). Esta estaba protagonizada por una de las partes, la administración penitenciaria, siendo el sujeto tan solo aquella persona sobre la cual se desarrollaba dicha actividad. Por tanto, era un concepto menos garantizador que el actual. Con la llegada del mencionado concepto, pero, por primera vez el interno deja de ser un objeto, pasando a ser un sujeto o persona a la que hay que considerar como tal, siendo titular de derechos y deberes. En tanto vínculo que es tiene diversas consecuencias legales: - Se refuerza el principio de legalidad, que debe imperar toda actuación de los poderes públicos (lo que incluye la administración penitenciaria) También el carácter humanizador del derecho penitenciario Es una relación de naturaleza administrativa, entre administración y ciudadano. Además, es especial, ya que mientras que todo Estado/administración del estado tiene una relación general con todos sus ciudadanos, esta también mantiene relaciones con determinados colectivos y sujetos que tienen un vínculo más fuerte con la administración que el resto (por ejemplo, funcionarios, policías, etc.), con poderes coactivos (potestad disciplinaria) mucho más intensos sobre los susodichos. Y los presos también son un colectivo sobre el que hay una relación de sujeción especial; la administración tiene mucho más poder sobre ellos que sobre cualquier ciudadano corriente.
En realidad, pero, lo que ocurre es que se rebajan las garantías, porque a cualquier ciudadano, para poder sancionarle, la falta/sanción debe estar prevista por ley (principio de legalidad), mientras que en el caso de los internos privados de libertad la exigencia de legalidad se ve alcanzada o suplida simplemente por un reglamento (no hace falta una ley).
Esto se discute en 1985, cuando un preso de ETA fue sancionado a 6 días de aislamiento en celda, alegando que esto no estaba previsto por ley, sino tan solo por un reglamento. A esto el TC respondió que ya era suficiente con un reglamento al existir una relación de sujeción especial, además de que ya podía saber lo que había en base a la seguridad jurídica.
Aún más, en base a dicha relación se argumenta por el TC que los casos en que se condena penalmente y al mismo tiempo se impone una sanción disciplinaria no se quebranta el principio non bis in ídem, porque este requiere identidad de hechos, identidad de fundamento y doble sanción/castigo. Justamente por la relación de sujeción especial que no tiene un ciudadano normal y corriente el fundamento de la sanción es distinto.
Es distinto el fundamento de una sanción disciplinaria que el fundamento de una sanción penal.
La relación de sujeción especial está regulada en el art. 5.1 RP.
El fundamento viene de la doctrina alemana y se asocia a dos conceptos: - Estado democrático y de derecho. Nace después de la caída de los estados totalitarios y una de las manifestaciones del estado democrático y de derecho es el principio de legalidad; el Estado solo puede actuar conforme a la constitución y a las leyes, y la administración penitenciaria, como forma parte/es el Estado, también está vinculada a la constitución, las leyes y los reglamentos (no pueden haber zonas grises).
- Defensa de los derechos humanos. En cuanto a la noción de defensa de los derechos humanos, el preso no deja de ser persona al ingresar en prisión; los DDFF existen y son inherentes a la condición de toda persona. Si no pierdo la condición de persona no pierdo los DDFF.
Los DDFF no son renunciables. El Estado no permite que dispongas de tu vida o de tu integridad física.
Entonces, en realidad no estamos hablando de derechos. ¿Para qué nacen? Nacen de abajo a arriba para limitar al Estado. Muchas veces, cuando hablamos de DDFF y DD no fundamentales hablamos de conflicto y ponderación de derechos e intereses, lo que en prisión aún se ve más.
La persona, pero, no deja de ser persona y goza de unos derechos inherentes a la misma que no va a perder EXCEPTO en 3 casos expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria (art. 25 CE). Con este artículo, en realidad lo que se recoge es el principio de conservación de derechos, salvo que concurra alguno de estos supuestos. Y la presunción de inocencia es uno de los pocos derechos que tienen los preventivos y no los privados de libertad, que solamente queda desvirtuada por una sentencia condenatoria firme.
En cuanto a los derechos y deberes de los internos, existe un principio de conservación de derechos. ¿Pero qué derechos se conservan? Los DDFF, los derechos que tenga cualquier ciudadano y que no sean fundamentales (como el derecho a la propiedad, el derecho a la comunicación o el derecho al matrimonio) y los derechos sociales (como la formación, la cultura, el derecho de paro, etc.). Cuando hablamos de derechos significa que existen obligaciones en una parte. Por ejemplo, si tengo un derecho a la vida y a la integridad física significa que la administración debe velar por eso (asistencia sanitaria, etc.). Los derechos de los presos, en cambio, son los que se generan con su ingreso en prisión y que solo se dan en la susodicha (por ejemplo, el tratamiento penitenciario).
El art. 3 de la LOGP y el art. 4 del RP los contemplan, pero hay multitud de derechos repartidos por toda la normativa (como la asistencia sanitaria).
- El art. 3 LOGP tendría que plasmar o recoger los derechos que constan en la constitución. En primer lugar dice que “la actividad penitenciaria se ejercerá respetando la personalidad humana de los reclusos y los derechos e intereses jurídicos que no se vean afectados por la condena y sin establecerse diferencia alguna por razón de raza, creencias religiosas, etc.”. En realidad, lo que se reconoce es el derecho a la igualdad. Además, “en consecuencia los internos podrán ejercitar derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales sin exclusión del derecho a sufragio, siempre que no fuese incompatible con la condena”. “Se adoptarán medidas para que conserven sus prestaciones de Seguridad Social”. También se reconoce el “derecho de un interno a continuar con los procesos que tiene pendientes”. Se destaca a la vez que “la administración habrá de velar por la vida, salud e integridad física de los internos”, lo cual significa que está obligada a alimentar en condiciones, a respetar el horario de nocturnidad, a prestar asistencia sanitaria (en cada centro penitenciaria ha de haber una enfermería y un equipo médico de atención primaria; todo lo más grave se externaliza. También un médico con conocimientos psiquiátricos y visitas periódicas.), etc.
- El art. 4 RP. DEBERES Los internos están obligados a trabajar y a realizar actividades formativas (como tratamiento). Por otro lado nos dicen que el tratamiento penitenciario es voluntario. Este conflicto de normas entre el RP y la LOGP debería primar, por el criterio de jerarquía, la LOGP, aunque también es verdad que el RP es de 1996 y la LOGP de 1979, con lo cual la última norma aprobada es la que transmitiría mejor, en teoría, la voluntad del legislador. En este caso, pero, prima el criterio de jerarquía. Voluntariedad se refiere a una decisión libre; están obligados a acatar las normas de régimen anterior, a respetar las instalaciones, etc.
En cuanto a la limitación de derechos, cabe mencionar que los DDFF se pueden limitar. Ningún derecho, excepto uno (la prohibición de tortura y tratos inhumanos y degradantes), es absoluto; los derechos son relativos. En realidad, lo que ocurre es que muchas veces las limitaciones de derechos no se producen por una de estas tres causas, sino por temas logísticos.
La limitación que causa más problemas es la prevista en la LOGP, porque tenemos: Retención y custodia. Ligado al régimen, que regula la seguridad y convivencia ordenada. Eso significa a que en aras a garantizarlas en el centro se pueden limitar los DDFF de los presos. Siempre es un conflicto de ponderación de intereses, y cuánto más limitación de derechos más tengo que justificar las razones.
Más allá de que por razones de convivencia ordenada se puedan limitar los derechos, la LOGP prevé en su disposición adicional un régimen de suspensión de derechos cuando 1) hay graves alteraciones en el centro penitenciario 2) que hacen que tengan que intervenir los cuerpos de seguridad del estado. Todo esto hasta que se solucione el conflicto. Y tienen que darse las dos condiciones.
El sistema de protección de los derechos de los internos, por otro lado, implica que puede exigirse el respeto de tales derechos. El Estado democrático y de derecho no consiste en reconocer formalmente unos derechos, sino que tiene que garantizarlos.
- Garantía normativa. En la medida en que los derechos solo pueden limitarse por la administración penitenciaria en los casos previstos por ley, hay una garantía normativa en el art. 9.3 CE i en el art.
1.1 CE (los poderes públicos están vinculados a la Constitución y a la ley). Asimismo, el art. 2 de la LOGP dice que la actividad penitenciaria solo puede ejecutarse de acuerdo con lo previsto por la ley.
- Garantía institucional. Hay instituciones/instancias por parte del Estado que pueden y deben velar por los derechos de los internos y de cualquier ciudadano. Son el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
- Garantía jurisdiccional. El JVP, que debe atender las quejas de los internos por cuanto se han vulnerado sus derechos. El art. 4 RP recoge el derecho del interno a presentar quejas, recursos y demás.
- Garantía constitucional. En la medida en que se vulnera un DF (solo un DF) a un interno, puede acudirse en amparo al TC.
- Garantía internacional. El TEDH.
Los FIES son “ficheros de internos de especial seguimiento” y consisten en un régimen que se aplica a internos muy peligrosos, con circunstancias especiales. Si te clasifican como tal se te aplica un régimen determinado por razones de convivencia ordenada y seguridad (por ejemplo, te leen las cartas). En Catalunya, por ejemplo, no tenemos, porque estos nacieron con una circular o instrucción de la Dirección general de prisiones de Madrid, con lo cual solo puede aplicarse a los presos de fuera de Catalunya. Pero para limitar un DF debe de estar previsto por ley, con lo cual se vulnera el derecho de legalidad. Y esta circular está anulada por el TS, pero sigue vigente y se sigue aplicando en el resto de España.
El derecho a la autodeterminación informativa es un DF que aparece en el art. 18.4 CE. Este dice que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor e integridad de los presos para el goce de sus derechos. Y esto es así por un tema de protección de datos y confidencialidad; para que se garantice que los datos respecto mi persona (sobre todo en temas de sexualidad, menores, etc.) no se extiendan. Por regla general, se requiere el consentimiento del penado o preventivo para Eder los datos, y solo en casos excepcionales este requisito podrá omitirse. También se ha dado en caso de fotos.
Dicho artículo también contempla el derecho al domicilio. La celda no es un domicilio porque la prisión no da margen. El TC no lo ha considerado así en base a la relación de sujeción especial, que implica que no haga falta autorización judicial.
TEMA 4: LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA El INGRESO en prisión se puede producir como: - Penado. Cuando entra pasa un día en el Departamento de ingresos y se le pasa a un módulo donde pasa una serie de entrevistas (psicólogo, educador y jurista). Después, los profesionales de prisiones realizan un pronóstico o evaluación de factores criminógenos, duración de la pena, etc. y en función de las características del penado le hacen un PIT (programa individualizado de tratamiento), con el que se le clasifica inicialmente en 1) 1r grado, 2) 2º grado y 3) 3r grado (al 4º grado no se puede acceder directamente). La Junta de tratamiento hace una propuesta que va a la Dirección general de prisiones, que es la que corrobora o no dicha propuesta de grado. Con esta clasificación inicial se puede ir a Fiscalía, que pone el recurso que va al JVP, el juez del cual es el que tendrá la última palabra en su resolución. Aún y así, puede pasar a la inversa; que la Junta proponga un grado y el interno recurra. Es entonces cuando el interno cumple la pena de prisión y durante dicho cumplimiento puede pasar 1) que progrese de grado, o 2) que no progrese de grado. Y depende del grado el interno ingresará en un centro u otro.
La administración penitenciaria es el conjunto de servicios administrativos de prisiones que solo tienen competencias ejecutivas; no para legislar ni jurisdiccionales. Y en tanto administración y servicios públicos, forma parte del poder ejecutivo.
Principios - - Principio de legalidad Principio de jerarquía Principio de objetividad, entendida como que la administración penitenciaria, por mucho que forme parte del poder ejecutivo, se presume una neutralidad en su decisión. Es decir, que cambie el gobierno no debería influir en su decisión.
Principio de descentralización Principio de coordinación. No puede haber disfunciones por una mala coordinación Principios en relación a la actividad procesal. Toda la actividad de la AP se rige por las normas de procedimiento común; derecho de acceso a los registros y archivos, y derecho de audiencia Principio de reserva de ley. Todo lo que es creación, regulación, modificación de órganos, debe ser por ley. También todo lo que afecta al estatuto de funcionarios y plazas públicas.
Control judicial. Toda la actividad penitenciaria está sometida a él, tanto su actividad como las potestades reglamentarias que puede tener.
Principio de responsabilidad patrimonial En tanto competencia ejecutiva tiene la posibilidad de dictar reglamentos para llevar a cabo esa ejecución de las leyes penitenciarias. Los reglamentos que dicte la AP solo pueden serlo en relación a organización, gestión organizativa y económica y estructuración. No puede legislar respecto el contenido penitenciario (legislador).
Ámbitos de actividad penitenciaria Ejecución penitenciaria equivale a que la AP tiene competencias de dirección, organización e inspección.
- - - Dirección: los órganos directivos de la AP podrán dirigir y encauzar la actuación de los órganos dependientes jerárquicamente. Dirección general mediante circulares e instrucciones dirige los centros penitenciarios. El RP cita tres medios; circulares, instrucciones y órdenes ministeriales. La creación de centros penitenciarios no hace falta que se acuerde por ley, sino que dicha decisión es autónoma de la administración penitenciaria.
Organización: entendemos no solo la capacidad organizativa, sino la selección y formación de personal, todo lo que es creación, renovación o modificación de centros penitenciarios y la gestión económico-administrativa.
Inspección: auditoría por parte de la AP, controles de calidad de vida en prisiones e investigación de la conducta de los funcionarios y posibles responsabilidades disciplinarias.
Organización territorial El estado español tiene un modelo de organización territorial plural y descentralizado. Eso necesariamente tiene que reflejarse en la AP. La CE dice que el estado español se organiza en autonomías, provincias y municipios; entonces, ese modelo solo se proyecta parcialmente en la AP, porque la susodicha tiene tres niveles de organización a nivel territorial: - Estatal Autonómico Aunque la única CA que ha hecho uso de esa competencia ha sido Catalunya. El País Vasco continúa sin poder ejercer las competencias de ejecución penitenciaria, aunque lo tenga previsto en su Estatuto. Luego, Navarra y Andalucía.
Si asumes la competencia lo haces con todos los pro’s y contra’s (tienes que pagarlo tú).
- Depósitos municipales Las CCAA ¿Pero cómo se coordinan? Catalunya tiene que rendirle cuentas a España de lo que hace en prisiones. El TC dice que es verdad que Catalunya es autónoma para decidir, pero el modelo descentralizado conlleva implícitamente un deber de colaboración y auxilio por parte de todas las administraciones. También dice que estamos ejecutando una ley que proviene del Estado, por lo tanto el Estado no se puede desentender completamente de lo que ocurre en prisiones a nivel autonómico-catalán. Es verdad que hay estos tres niveles, pero a nivel de coordinación estatal-autonómica se aprobó una ley que era provisional y que continúa vigente (pareciendo definitiva) que recoge una serie de conductas o reglas que deben seguir la administración autonómica y la administración estatal: - Las administraciones, ya sea autonómica, ya sea estatal, tienen el deber de acoger a todos los internos que ingresen, ya sea por orden judicial, ya sea para el cumplimiento de una pena, en su ámbito territorial - La administración autonómica tiene el deber de informar a la dirección general de instituciones penitenciarias (estatal) de todos los incidentes relacionados con la actividad penitenciaria y los internos; traslados ingresos, defunciones, permisos, etc.
- La administración autonómica tiene el deber de redactar, en castellano, los expedientes e informes, sin perjuicio de que los quiera redactar en la lengua oficial de la CA.
- En materia de propuestas de clasificación y destino, y su resolución, serán competentes los órganos del nivel territorial correspondiente. Aún y así, si el traslado se produce a otro lugar fuera de los niveles territoriales será competente la administración penitenciaria de donde se encuentre el interno, pero siempre condicionado a que la otra administración me admita el traslado en cuestión Los depósitos municipales Los depósitos municipales son los calabozos de toda la vida. Son las dependencias donde están los detenidos que esperan la celebración de juicio o diligencias judiciales, o bien los presos y penados que van des del centro penitenciario al jugado para la práctica de diligencias judiciales. También se prevé que los calabozos puedan ser dependencias donde se cumplan cortas condenas.
El régimen jurídico que se les aplica consiste en la LO y el RP, porque es el tercer nivel de la administración penitenciaria, de manera que se aplican los mismos criterios y condiciones de traslados, visitas del juez de vigilancia penitenciaria, permisos de salida, etc.
LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS La ley habla de establecimientos penitenciarios. En las prisiones antiguas, la infraestructura, arquitectura de una cárcel era irrelevante porque la prisión solo tenía por objeto la retención y custodia (daba igual el lugar).
A nivel de infraestructura no necesitaban nada más que un espacio con tal de cumplir el fin. Con la aparición de la pena de prisión, pero, la arquitectura y la infraestructura se vuele una necesidad y exigencia de los establecimientos penitenciarios, porque tengo que cubrir otro fin; el de reeducación y reinserción. O me sirve solo un cubículo. A parte, tengo que cubrir el fin de asistencia prestacional, ya sea para preventivos o para penados. Lo que ocurre es que vamos pasando por los distintos sistemas penitenciarios, con lo cual también evoluciona la arquitectura e infraestructura de los diferentes centros.
En España, no es hasta el modelo irlandés y con el principio de individualización científica, que la arquitectura de los centros penitenciarios empieza a cambiar, porque dicho sistema se basa en la separación de penados y preventivos; a los penados se les puede dar tratamiento, mientras que a los preventivos solo se les puede observar (no se puede tratar a una persona que no ha estado condenada).
De este modo, se dice que un establecimiento penitenciario es una entidad arquitectónica, administrativa, funcional y con organización propia.
Régimen jurídico Se regulan en la LOGP y en el RP, en el Título I de cada uno.
Localización La competencia para ubicarlos la tiene la dirección general de prisiones y la LOGP (art. 12). Este dice que deberán de haber los establecimientos o centros penitenciarios en el ámbito territorial suficientes para cubrir las necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo de los penados. Más adelante se dijo que de aquí se deriva un derecho a cumplir donde yo tengo mi arraigo; mi vida social, familiar, laboral… pero se acabó diciendo que este artículo tan solo era un mandato a la AP, no un derecho subjetivo.
Capacidad Los centros penitenciarios tienen una capacidad máxima de 350 internos por unidad. Pero la ley no te da un máximo total por centro penitenciario.
Los centros penitenciarios se distribuyen en unidades; dentro de cada unidad hay módulos; y dentro de cada módulo hay departamentos.
Tipos de centros penitenciarios - - - De preventivos. En cada provincia podrá haber más de uno. En ellos solo podrá haber presos preventivos y cumplimiento de cortas condenas. Las mujeres y jóvenes (hasta los 21 años) deberán estar separados.
De cumplimiento. Hay 3 subtipos: 1) Abierto 2) Ordinario 3) Cerrado. Un preso está en un centro cerrado cuando hay peligrosidad extrema o inadaptación manifiesta a los regímenes ordinarios y abiertos. Para trasladar o ubicar un interno al régimen cerrado se necesita resolución motivada y causas objetivas de esa inadaptación y peligrosidad.
Además, el interno solo puede estar el tiempo necesario e imprescindible para que desaparezca esa inadaptación o peligrosidad extrema. En relación a los jóvenes, estos tienen que cumplir separadamente en centros penitenciarios de jóvenes, y en su defecto en departamentos, hasta la edad de 21 y, excepcionalmente, hasta los 25, cuando por características del interno así se requiera. Las mujeres, por otro lado, tienen que estar en departamentos completamente separados en caso de que no haya un centro penitenciario de mujeres.
Especiales 1) Hospitalarios. Tenían sentido cuando la asistencia primaria se daba en prisión, pero ahora se externaliza y han casi desaparecido.
2) Psiquiátricos 3) Reinserción social. No existen. Estaban pensados para medidas de seguridad relacionadas con las toxicomanías, el alcohol y patologías psiquiátricas (que ahora suelen solucionarse en el psiquiátrico o se busca un recurso externo).
Dependencias A partir del momento que el centro penitenciario tiene que garantizar una convivencia ordenada y organizada, tiene que asegurar un mínimo de dependencias; cocina, bibliotecas, escuela, peluquería, dormitorios, mobiliario, etc. porque allí se hace vida.
En cuanto a las celdas, el art. 19 de la LOGP dice que todos los reclusos tendrán que estar en una celda individualmente. Es un imperativo; no dice “podrán”. A partir de ahí, el TC dijo que esto en realidad no era un derecho, sino un mandato que tiene excepciones. Sería lo deseable, pero es inviable logísticamente. No pasa nada si un interno no tiene una celda individual si es por: - Falta de plazas Cuando existiendo celdas, la Junta de Tratamiento o los equipos médicos han recomendado lo contrario (por ejemplo, el protocolo de suicidios o autolisis) Cuando el interno pida no estar solo La celda es el único espacio de privacidad e intimidad del que dispone una persona privada de libertad; el único sitio donde puede ser él mismo sin que nadie le observe. Se contrapone al concepto de espacio colectivo de la prisión. Una persona individualmente necesita, según el TEDH, 6m2.
Condiciones de habitabilidad Tienen que garantizarse, no solo de la celda, sino de todo el centro penitenciario. Más allá del espacio, se exige luz (entendida como luz natural o artificial suficiente para leer) y higiene y limpieza (el mantenimiento del cual es una obligación tanto de la administración como de los internos).
Órganos Coinciden mayoritariamente, pero no son los mismos los de los centros penitenciarios de Catalunya, que los de fuera de la susodicha: - Colegiados Las normas para tomar acuerdos, constituirse (que acudan la mitad de los miembros, que esté presente el presidente o director y el secretario), etc. son las mismas para cada uno de ellos. Solo se pueden tratar los temas incluidos en el orden del día, salvo alguna inclusión por votos a favor.
1) Consejo de dirección. Es el órgano rector porque marca el día a día de todo el centro. Impulsa la actividad a todos los niveles y coordina y supervisa la actividad de los demás órganos. Elabora normas de régimen interior (por ejemplo, qué objetos se pueden entrar y cuales no). Elaboran la norma, la elevan a dirección general y esta tiene que aprobarla. También elabora medidas para alteraciones del orden, fija el número de equipos técnicos, la estructura, los módulos, los horarios, la participación de los internos en actividades, autoriza y determina en qué áreas y actividades pueden participar los internos, etc. Tiene asumidas todas aquellas competencias no atribuidas a ningún otro órgano (como cláusula residual). Se reúne 1 vez al mes.
2) Comisión disciplinaria. Tiene la potestad disciplinaria y concesión de recompensas. En caso de faltas leves, pero, la competencia es del director. Solo actúa en caso de faltas muy graves. A la composición (director, subdirector, jurista, jefe de servicio, funcionario designado por el director y funcionario elegido por los empleados anualmente), pero, le falta alguien de tratamiento. Es una composición estrictamente de seguridad y régimen.
3) Junta económico-administrativa 4) Junta de Tratamiento. A su vez, tiene un sub-órgano que es “el equipo” (“técnico” en España y “multidisciplinar” en Catalunya). Tiene que establecer y diseñar un programa individualizado de tratamiento, a la vez que distribuir y supervisar las funciones del equipo técnico. Resuelve las quejas y peticiones de los internos. Elabora propuestas de permisos favorables y no favorables, a la vez que entorno permisos penitenciarios. Organiza prestaciones de carácter asistencial (como el protocolo de prevención de suicidios). Y sugiere aplazamientos o suspensiones de las sanciones.
Aún y así, hay una diferencia entre los centros penitenciarios de España y los de Catalunya. Está el director, los técnicos que hayan intervenido en las diferentes propuestas, el educador, el jurista y el jefe de servicios. En Catalunya, más allá de que haya un secretario jurídico, quien acude a la Junta de Tratamiento es el coordinador de trabajadores sociales, equipos multidisciplinares o psicólogos. Como en el modelo español acuden los técnicos y en Catalunya el coordinador, quien va a resolver en Catalunya no será ese técnico que conoce y ha realizado el informe o la propuesta. En principio no pasa nada porque el coordinador está debidamente informado, pero no habría nadie mejor para defender una propuesta que el técnico que conoce mejor que nadie al interno. Un coordinador, pero, podría tener también un punto de vista más objetivo y menos involucrado en el asunto en cuestión que el que podría tener el técnico encargado.
- Unipersonales TEMA 5 y 6. La clasificación penitenciaria ¿QuÉ es clasificación? ¿A quiÉn se clasifica? Los penados son los únicos que reciben tratamiento, por eso solo se clasifica a los penados. La clasificación es un instrumento al servicio del tratamiento, sirve para el correcto tratamiento del preso. Primero se diseña un tratamiento penitenciario y luego se clasifica y se le asigna el grado que mejor puede ayudar a ese tratamiento penitenciario (art. 63 LOGP). Este artículo dice que para individualizar el tratamiento, tras la observación de los penados se clasificará, y además la evolución en el tratamiento cambiará el grado de clasificación.
El ámbito subjetivo de clasificación son los penados, porque se les programa o designa un tratamiento en aras a la reinserción social. Pero qué hacemos con los preventivos? A los preventivos se les aplica el régimen ordinario o bien, cuando concurren los casos previstos por ley, el régimen cerrado. Pero se les aplica un régimen, no se les clasifica, pero se les separa del resto de presos.
Grados de clasificación (art. 72 LOGP): - Primer grado. El de mayor constreñimiento. Es un grado excepcional porque es el que tiene mayor incidencia o presión en la esfera íntima del interno. En tanto que es un grado excepcional, solo se debe de aplicar en los casos del artículo 102 del RP: - peligrosidad extrema e inadaptación manifiesta y grave a las normas de normal convivencia del centro penitenciario.
Como sabemos si estamos ante uno de estos casos? Se deben de ponderar los siguientes factores: - naturaleza de los delitos a lo largo del historial delictivo - actos de comisión contra la vida, integridad física, patrimonio... que se hayan cometido con medios o modos especialmente violentos. Lo que el legislador intenta es objetivizar estos factores para que no se recorran a los subjetivos.
- Organización delictiva, la pertenencia a una de estas o a una banda armada es un factor a tener en cuenta.
- Quien haya participado activamente en motines, agresiones, coacciones, amenazas... Tiene una conducta peligrosa dentro del centro penitenciario que demuestra que no puede seguir las normas del CP. Estas conductas ya son constitutivas de sanciones disciplinarias graves o muy graves - infracciones disciplinarias graves o muy graves reiteradas y sostenidas en el tiempo. No valen dos o tres faltas disciplinarias graves, sino que tienen que ser reiteradas y sostenidas en el tiempo.
Los anteriores factores no son un listado cerrado. Hay que evitar automatismos, los funcionarios de prisiones tienen que hacer un pronóstico y hay que valorar el conjunto de circunstancias. El legislador vincula la clasificación con el tratamiento, si cogemos el primer grado obedece a una cuestión más de seguridad y régimen que no con el tratamiento. Esto pasa porque las exigencias del régimen de seguridad y el tratamiento penitenciario chocan. El régimen es un medio al servicio del tratamiento, esa es la regla general.
Pero con el primer grado parece que esta regla se rompe porque las exigencias de ambos aspectos se contraponen.
El primer grado está para el tiempo imprescindible hasta que desaparecen las causas que motivaron el ingreso a primer grado. ¿El primer grado debe revisarse cada tres meses, pero que significa revisar? El centro penitenciario valora a los tres meses a ese interno pero, si lo mantiene nadie se entera, el centro penitenciario no tiene la obligación de comunicar las revisiones al JV, tan solo cuando lo regresa a segundo grado. No hay un control efectivo sobre el primer grado.
Se clasifica a primer grado a penados, pero se les puede aplicar a los preventivos. En este caso se comunica al tribunal sentenciador y se habla siempre de régimen cerrado y no clasificación en primer grado.
Debe de cumplirse el principio de correlación entre grados y regímenes. Cuando a un interno se le asigna un grado, se le asigna a su vez un régimen de vida. Si se le asigna un primer grado, se le asigna el régimen cerrado, y hay dos subtipos de régimen: - Departamento especial de régimen cerrado. Aquí vienen los de peligrosidad extrema.
- Módulos o centros de régimen cerrado. Los de inadaptación manifiesta y grave.
Las modalidades de vida difieren bastante. Es mucho más duro el DERT que no el régimen que se aplica en los módulos cerrados. Pero hay cuatro características comunes: - los internos que están en régimen cerrado tienen que estar completamente separados del resto de los internos.
- hay una limitación de las actividades comunes con otros presos - los medios de control y medidas de vigilancia son mucho más intensas que un régimen ordinario (se prevé el desnudo integral, hay cacheos diarios, hay registros de celdas diarios...).
- Hay una expresa prohibición de que el primer grado suponga más limitaciones o iguales limitaciones que el aislamiento en celda Hay una excepción del principio de correlación de grados: régimen flexible del 100.2 RP, es un régimen que permite combinar elementos de distintos grados de clasificación siempre que ello tenga fundamento en un programa de tratamiento. El régimen flexible del 100.2 es también un régimen de vida susceptible de aplicar en el primer grado. Este régimen, en cualquier grado, necesita autorización judicial y es ejecutivo mientras el juez dicta resolución.
El régimen cerrado no admite que los presos compartan celda. Están solos. Es una excepción clarísima al principio celular.
El régimen de vida se define como un conjunto de normas o medidas que tienen por objeto garantizar la organización de vida de la prisión. En un espacio limitado y cerrado se alberga a una gran cantidad de personas y colectivos de distintos orígenes que están allí forzosamente y además tienen problemas en su capacidad de vivir conforme a derecho. Con todas estas circunstancias, el centro penitenciario tiene que organizarse, y se hace a través del régimen penitenciario. El régimen disciplinario también forma parte del régimen penitenciario, así como los regímenes de vida.
- Segundo grado: Es un grado que se define por exclusión: los que no cumplan con los requisitos del tercer y primer grado, van al segundo grado. Va la mayoría de presos.
Al segundo grado de clasificación le corresponde el régimen ordinario o bien el régimen flexible del 100.2.
El régimen ordinario tiene unas medidas de control sistemáticas, que son más atenuadas que las medidas de control del primer grado (los registros y cacheos tienen que tener un fundamento). Los penados no pueden salir del centro penitenciario (sin perjuicio de los permisos de salida) - Tercer grado El tercer grado se da a las personas que están capacitadas para vivir en semi-libertad, mientras que el segundo grado no se les da a personas que no están preparadas para vivir en libertad. Esto se entiende como vivir conforme a derecho y las pautas sociales. A los directores de prisiones, en el momento de clasificar a un penado, se les pide un pronóstico o diagnóstico sobre el historial de criminalidad del sujeto. Hay que valorar una serie de circunstancias. El tercer grado es una confianza de la administración hacía esas personas.
También influye el tipo de delito y el modo de comisión. No solo las circunstancias penales, sino que también se tienen en cuenta las circunstancias personales del momento de comisión del delito y en el momento de clasificar.
El sistema de clasificación se basa en el principio de individualización científica; no tengo por qué pasar por todos los grados, sino que se me puede clasificar en un grado superior al resto si es el que me corresponde.
Excepto la libertad condicional.
este principio se rompe con el periodo de seguridad, con el que se dice que hay que superar una parte de la pena para poder tener tercer grado (hay que llegar a la mitad de la condena en caso de penas superiores de 5 años  penas individualizadas que superen los 5 años). Nace con la vocación de reducir la aplicación del tercer grado. La exposición de motivos dice que el tercer grado es un vaciado de la pena y hace que en realidad la pena impuesta por la pena cumplida no sea lo mismo. Pero en realidad no se deja de cumplir pena, el tercer grado es un modo de cumplimiento de la condena.
En el 2003 se modificó el periodo de seguridad: aquellas penas que superen los 5 años podrá aplicarse el periodo de seguridad si lo dice la sentencia. Hay unos casos en los que es obligatorio que haya periodo de seguridad: terrorismo, delitos cometidos en relación al art. 183 (delitos sexuales en menores de 13 años), y delitos de carácter sexual donde los menores lo sean menores de 13 años, y que el delito cometido sea haya perpetrado en una organización criminal o grupo criminal. Tienen que darse los dos requisitos: pena mayor de 5 años y tipología penal.
Hay una excepción al periodo de seguridad: el régimen general de cumplimiento. El centro penitenciario le puede decir al JV que por sus circunstancias se le aplique el régimen general de cumplimiento, y que por lo tanto, puede tener un tercer grado. Tan solo respecto de los casos que son potestativos, nunca en los obligatorios.
Principio de progresividad. Una vez me han asignado un grado, si mi evolución lo permite se puede ir progresando de grados, no hay saltos.
Hay que tener en cuenta, en primer lugar el periodo de seguridad, además cuando hay que ver cuando se cometieron los hechos por temas de aplicación de la ley. Puede pasar que el delito se cometiera antes el 2003 y no haya periodo de seguridad.
Hay otra figura que rompe con el ppio de individualización científica: art. 78.
Para acceder al tercer grado, además de estar capacitado para vivir en semi-libertad, haber cumplido con el periodo de seguridad y haber abonado la responsabilidad civil (tendremos en cuenta la conducta del penado hacia ese esfuerzo reparador y así como los medios de los que dispone). En la práctica ocurre que para dar el tercer grado basta con un compromiso de pago y se va cumpliendo se entiende que hay una conducta reparadora suficiente. La responsabilidad civil también se exige para acceder a la libertad condicional.
Requisito de semi-libertad: Se dice que es un grado excepcional porque el art. 104.3 del RP dice que los penaos que no hayan alcanzado la 4a parte de la condena, para ser clasificados inicialmente en 3r grado, deberán tener las circunstancias sean especialmente favorable,s y en particular el historial delictivo (más de un delito no tiene por qué ser un historial delictivo nefasto, sino que hay que tener en cuenta el tipo de delitos) y el entorno social al que retorne el interno.
hay una tendencia de decir que si hay que hacer un programa específico se puede hacer con un tercer grado.
3r grado -> regimen abierto: - régimen pleno art. 83: de viernes a lunes no vuelven al centro penitenciario. Sol tienen la obligación de pernoctar 8 horas diarias y de viernes a lunes no van, además de los permisos que puedan obtener.
- restringido art. 82. Personas con personalidad anómala, peculiar trayectoria delictiva, personas sin trabajo... Lo normal es que solo salgan los fines de semana.
- régimen excepcional 86.4: el interno no tiene ni que ir a dormir 8 horas diarias. solo exige que la persona lleve un control telemático (pulsera, tobillera).
- Libertad condicional. Es el 4º grado pero tiene notas diferenciales: es una excarcelación y no se puede tener este grado de manera inicial. El interno pasa a depender de los servicios sociales cuando se le excarcela.
Organización general del régimen penitenciario El ingreso en prisión es un instituto que afecta el régimen penitenciario porque cumple la finalidad de retención y custodia. Puede darse por orden de la autoridad competente; judicial, policial o Ministerio Fiscal.
Y puede ser en calidad de detenido, preso o penado.
Este ingreso es lo que se llama ingreso forzoso, frente el ingreso voluntario (que no está regulado en la LECrim). El RP dice que cuando una persona ingresa en prisión se abre un expediente personal y se incoa un protocolo de personalidad, con independencia de su condición, y si ha ingresado voluntariamente tendrá derecho a que se le certifique esa comparecencia voluntaria (que se recogerá expresamente en su expediente personal). Una persona que ingresa voluntariamente es señal de que reconoce su delito/sentencia y sabe que tiene una deuda con la justicia que quiere cumplir. Frente al que ha ido acompañado por la fuerza pública, del que se desprende que quería eludir la acción de la justicia. Como no está regulado en la LECrim, hay jueces que dictan busca y captura y no le dan la posibilidad de comparecer voluntariamente. Por eso, el penado, de cara a la Junta de Tratamiento, parece que ha querido eludir la acción de la justicia. Dicho ingreso voluntario es importante a efectos de los beneficios penitenciarios, además que si no se da te impide escoger centro penitenciario. No puede incurrirse en automatismos, sino que debe acudirse a los motivos de dicha falta de ingreso; hay quien ingresa forzosamente solo porque no ha podido ingresar voluntariamente.
Una vez ingresado se le realizan entrevistas por parte de los profesionales. Su cometido es recabar información sobre el penado y todas sus circunstancias, con tal de poder diseñar un programa de tratamiento acorde a su reinserción. En cuanto a competencias, cada uno debería de valorar aquello que es objeto de su disciplina.
Después de ellas se le ubica en el módulo donde creen que estará en mejores o por otras razones y una vez recibido el testimonio de la sentencia se produce el proceso de clasificación.
En caso de madres, se las ingresará con sus niños si acuden con ellos y o se encuentra nada en contra.
También, pero, puede pasar que la madre esté ingresada preventiva o condenada y que des de dentro solicite estar con el menor de 3 años; debe acreditarse la filiación y el no perjuicio para el menor.
Clasificación en grados Régimen del art. 86.4 RP Hace 4 años se le llamaba el régimen excepcional porque la excepción es que no vaya a dormir 8 horas diarias en el caso en que acepte un control fuera del centro mediante dispositivos telemáticos adecuados y proporcionados. Es decir, que solo requiere dicha aceptación por parte del penado. Como es un régimen excepcional, pero, se dice que deben de concurrir circunstancias excepcionales para que se dé.
Por eso, hace poco la jurisprudencia dijo que debíamos de ser legalistas y favorecer al reo, pero la fiscalía escandalizada empezó a interponer recursos, con lo cual la AP de Barcelona matizó que es verdad que lo único requerido es la aceptación del penado, pero todo lo que se aplique en materia penitenciaria no puede perder de vista la finalidad relativa a llevar a buen puerto el precepto penitenciario (aunque el precepto no lo mencione). Por tanto, siempre tendrá que motivarse en aras a dicho correcto tratamiento penitenciario.
Hay un caso muy claro donde debería aplicarse directamente; los policías, porque dentro del centro penitenciario están en riesgo al estar con el resto de presos. Los susodichos solo pueden ingresar en el centro penitenciario con departamentos especiales para dichos colectivos, que son pocos, lo que justificaría dicha excepcionalidad.
Una vez clasificado alguien, lo que se dicta es una resolución administrativa por el centro directivo de clasificación, junto la cual siempre hay un centro de destino. Esto es así porque la clasificación de la LOGP ha quedado un poco obsoleta por razones logísticas, con lo cual nos quedan hoy los establecimientos polivalentes que cumplen más de una función.
No tiene sentido que el Tribunal Sentenciador que ha condenado sea también el que decida la clasificación en segundo o tercer grado.
Progresión en grado Cada 6 meses máximo la clasificación se revisa; cuando hay una modificación positiva de los factores relacionados con la actividad delictiva se progresa en grado. Hay una tendencia de las Juntas de Tratamiento hacia los permisos. El procedimiento es que dicha Junta elabora una propuesta de progresión que se eleva al centro directivo, que dicta una resolución que si es el tercer grado se notifica a fiscalía y si es en segundo grado se notifica al interno.
Mantenimiento en grado La Junta de Tratamiento hace un acuerdo (NO una propuesta) que se notifica al interno, el cual puede impugnarlo ante el centro directivo. Y a partir de ahí el centro directivo dicta una resolución confirmando o no el acuerdo de la Junta de Tratamiento, y el interno puede volver a recurrir ante el JVP. Quien resuelve el recurso de apelación, además, es la AP, no el Tribunal Sentenciador.
Una excepción es el primer grado, cuando en dos ocasiones seguidas la Junta de Tratamiento le mantiene en primer grado. Por eso, podrá pedirse que sea el centro directivo el que dicte un acuerdo (como control al primer grado). Cuando son más de dos veces de mantenimiento y se lleva más de la mitad de la condena también puede solicitarse lo mismo.
Por otro lado, si el interno no quiere tratamiento (que es voluntario) no podrá castigársele por ello (lo cual está prohibido), sino que tendrá que recabarse información a través de la observación de su conducta y sobre su integración social mediante medios legítimos.
Regresión ordinaria en grado Puede darse a la revisión del grado al cabo de 6 meses o mucho antes. Exige una evolución negativa en el pronóstico de integración social y en la personalidad o conducta del interno. Se da cuando un centro penitenciario dice que una persona en tercer grado ha sido detenida, lo cual no requerirá de dicha revisión para retroceder directamente de grado. También la comisión de una falta disciplinaria en tercer grado. La “evolución”, pero, debería de implicar un periodo de tiempo, no un acto concreto; conlleva ponderar la trayectoria del interno durante el tercer grado, el buen o mal uso de ese tercer grado es lo que justifica una regresión. Es muy difícil conseguir el tercer grado (y el control que representa) y muy fácil perderlo.
Regresión provisional en grado Cuando se comete un delito o cuando alguien sea evadido. La Junta de Tratamiento hace una propuesta de regresión provisional que se eleva al centro directivo, el cual lo confirma imperativamente mediante resolución, y cuando el interno regresa voluntariamente o se le encuentra ya se le volverá a clasificar. Por comisión delictiva, en cambio, es más complicado y hay que ir al caso concreto y valorar los indicios (con lo cual se archivará o procesará por informe del psicólogo entre otros…). Deben evitarse los automatismos para valorar si hay o no una evolución negativa.
TEMA 7: EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO El tratamiento penitenciario, según el art. 59 de la LOGP, es un conjunto de actividades que tiene por fin la reinserción del penado. Matizando más, entendemos la capacidad del penado de vivir en libertad respetando la ley penal. Y para conseguir esto se trata de que el penado desarrolle una actitud de respeto y de autoresponsabilidad, tanto respecto de sí mismo, como del prójimo, como de la sociedad en general. De esta definición se desprenden tres fines: 1) Que el penado desarrolle una actitud y personalidad de querer vivir conforme a derecho 2) Dotar al penado de instrumentos y recursos para que no solucione sus necesidades acudiendo al delito 3) Promover una actitud de responsabilidad y respeto hacia la familia, sociedad y hacia sí mismo El tratamiento ya existía en España, pero hasta 1956 no se positivizó en la UE. Hay unas reglas mínimas en materia penitenciaria en Europa, pero no son vinculantes ni fuente de derecho, sino tan solo recomendaciones.
Acotada y definido el concepto, representa la piedra angular de todo el sistema penitenciario, y manifestación de ello es el art. 71.1, que dice que “el régimen tendrá por objeto el de asegurar y garantizar un ambiente adecuado para el buen éxito del tratamiento”. Es decir, que el régimen penitenciario es un medio para el tratamiento, que es un fin en sí mismo.
Principios Tiene dos clases de principios. MISTRAL dice que, en la medida en que es una actividad penitenciaria más que emana de la administración pública, está sometido a los principios que rigen toda actividad administrativa (legalidad, coordinación, etc.). Por otro lado, también rigen unos principios propios del concepto y contenido del tratamiento penitenciario: 1) Principio de individualización científica. Pretende abordar la personalidad del interno, carencias y déficits criminológicos propios del interno. Es individualizado y se abordará con los medios que individualizadamente incidan más eficazmente en la persona.
2) Principio de voluntariedad. En la medida en la que es un derecho, y no una obligación.
3) Científico. Se basa en ciencias de la conducta.
4) Programado. Sigue una pauta. El tratamiento penitenciario es complejo, porque la programación incluye distintas áreas procedentes de distintas disciplinas.
Más allá de esto, el concepto de tratamiento penitenciario se concreta, en última instancia, en un programa, el cual contiene una serie de objetivos a trabajar mediante una serie de áreas que se concretan todavía más en actividades y por un tiempo determinado. Pero claro, ese programa que es la concreción última y el método a través del cual se interviene sobre la persona, es la culminación de todo un proceso previo; no puede haber programa de tratamiento sin antes una observación, juicio y pronóstico.
Hay una primera fase de observación consistente en que el jurista, el trabajador social y el psicólogo recopilan una información y emiten unos informes. El psicólogo, en base a la información, emite un juicio sobre la personalidad criminal del interno (teniendo en cuenta la actitud, el carácter, etc.). A continuación, el trabajador social, en la medida en la que la LOGP dice que a efectos de emitir el pronóstico se tendrán en cuenta los datos ambientales que puedan influir en la capacidad de vivir en libertad. Por último, el jurista-criminólogo tiene que emitir un juicio sobre el historial delictivo del penado. Y estos tres pilares no significa que sean exclusivos o excluyentes, pero sí imperativos.
PRIMERA FASE. Estos se elaboran en base a la observación del penado, entrevistas con él y con su familia, y análisis de la información. A parte, en informaciones que les lleguen de otros funcionarios o personal colaborador. Una vez tengo esta información, hago un juicio/pronóstico de criminalidad del interno (si la persona podría delinquir y factores criminógenos que podrían incidir en la comisión delictiva).
Estamos ante personas, con lo cual el riesgo 0 no existe; siempre se habla de riesgo probable.
SEGUNDA FASE. El diseño de un programa de tratamiento para abordar esos factores criminógenos.
Dicho programa será aprobado por la Junta de Tratamiento, porque es la que propondrá luego un grado de clasificación. Los profesionales del equipo técnico, en cambio, son los que recaban esta información y diseñan el programa (es decir, los que ejecutan el programa en cuestión). Es muy difícil hacer programas de tratamiento para condenas cortas.
Métodos y actividades Como métodos que se pueden realizar dentro de un programa de tratamiento, la LOGP alude a ciencias psicológicas, psiquiátricas, medicina, comunidad terapéutica, trabajo asesorado de acompañamiento psicológico, etc. Por contra, el RP dice que la administración penitenciaria tendrá que diseñar y promover actividades formativas, programas y relaciones con el exterior.
En relación a los programas, estos son de carácter psico-social, orientados a mejorar las capacidades del interno y abordar aquello específico que pueda haber hecho que el tratamiento anterior no funcione. Pueden ser: 1) Específicos. El DEVI (delitos violentos), el SAC (delitos sexuales), el VIGE (violencia de género) y uno referido a problemas de drogodependencia y alcoholismo.
2) No específicos. Por ejemplo, en materia de permisos.
Lo ideal sería que a un interno, cuando entra en un centro penitenciario, se le hiciese un PIT para ver si requería un tratamiento, ya que en los susodichos no hay plazas. Para acceder a ellos, de este modo, habrá de estar, por lo menos, a 3 años de haber cumplido las ¾ partes de la condena, lo cual resulta muy problemático en condenas largas.
Formación y enseñanza El art. 110 del RP regula expresamente (no como los programas) la formación y la enseñanza, los cuales suscitan más interés en el legislador. El art. 25.e CE dice que los internos tendrán derecho a un trabajo remunerado, a acceder a la Seguridad Social, a la cultura y a desarrollar integral y libremente la personalidad, consagrando así como DDFF uno que para el resto de ciudadanos que no estamos privado de libertado no lo es; el derecho a la cultura. Sin formación no hay libre desarrollo de la personalidad.
Entonces, en aras a garantizar ese DF puede configurar la enseñanza y la formación como un deber/obligación, y no como un derecho.
Esta se organiza de manera que un penado, cuando ingresa en prisión, el maestro le realiza un examen con el que se establece si tienen enseñanza básica o qué nivel, y si no tiene la enseñanza básica obligatoria está obligado a ir a la escuela. También se prevé como obligatoria la formación profesional que no alcance unos mínimos.
El RP y la LOGP distinguen 2 tipos de medidas a la hora de regular la formación, instrucción o enseñanza: 1) Medidas logísticas. Se prevé que en cada centro penitenciario haya una escuela; unidades educativas especializadas; convenios que aseguran la educación universitaria; es posible el traslado de presos por motivos de educación; una biblioteca por centro; los internos tienen derecho a acceder a libros y revistas (que solo pueden ser proscritos por razones de seguridad o tratamiento) Para utilizar un ordenador personal tiene que hacer una instancia del interno con una memoria justificativa (razones educativas); queda totalmente prohibida la conexión a internet; el ordenador puede ser retirado bajo sospecha de uso fraudulento; queda totalmente prohibido el intercambio de USBs; y se presumirá un mal uso y se retirará si el interno se niega a devolverlo.
2) Otras medidas. No se trata solo de que los internos vayan a la escuela y se saquen un título, sino que tiene que haber un tutor que asesore y oriente a cada grupo de alumnos (qué estudiar, qué salida tomar, etc.). Se incentivará, además, el que se realice actividades formativas, se sigan las mismas y se realicen con éxito. El interno tiene derecho a recibir certificados del curso realizado, sin que conste en ellos que se han realizado en prisión. Asimismo, existe una cartilla a nivel administrativa donde constan todos los cursos realizados y por realizar. En cuanto a la actuación prioritaria, esta se dirige a colectivos de jóvenes, extranjeros (que deberán ponerse los medios suficientes para que los extranjeros que quieran formarse puedan comprender, entender y no ser discriminados por razón de su origen), analfabetos y personas con problemáticas específicas.
El RP cita todas estas actividades que pueden formar parte de un programa de tratamiento, pero no es un numerus clausus, sino que se utilizarán todos los métodos posibles, siempre respetando los derechos no afectados por la condena.
Además, el programa es dinámico y se revisa cada 6 meses, no solo la clasificación. Entonces, en esa revisión del programa de tratamiento hay el problema relativo al periodo de seguridad, que rompe con la individualización científica del tratamiento.
El art. 67 dice que cuando se acabe deberá de efectuarse un pronóstico final que consistirá en el pronóstico que yo haga de la conducta que tendrá probablemente el interno en libertad. Y ese deberá incluirse en el protocolo de la libertad condicional, en caso de que se le otorgue.
Preventivos Los preventivos no tienen tratamiento a efectos de reinserción. Cuando ingresan se entrevistan con ellos el educador y el trabajador social, y en función de dicho perfil se les ubica en el módulo oportuno y pueden realizar las actividades educativas y culturales que soliciten. Una vez condenados, allí sí que van el psicólogo y el jurista a realizar el informe para sustentar el diagnóstico y pronóstico inicial. Un interno, siendo preventivo, puede solicitar realizar un programa de toxicomanías, pero sería más dudoso en relación con el caso de pedir un DEVI. Además, si hay falta de plazas, tienen preferencia los penados. No se les deja, pero, “tirados”, sino que se promueve que hagan algo útil con su vida.
Relación laboral especial El trabajo ya existía antes del sistema de penas, pero como castigo. Hoy, en cambio, la CE: 1) 2) 3) 4) Nos habla de los TBC Están prohibidos los trabajos forzados El trabajo remunerado es un DF de los internos El trabajo es un deber/obligación y derecho de todo ciudadano Si nos vamos al art. 27 de la LOGP se confunde el concepto de trabajo con cualquier actividad ocupacional del interno, porque en el susodicho se considera trabajo a las actividades formativas, artísticas, etc. Me parte de un concepto muy amplio de trabajo.
En cambio, te vas al RP y este parte de un concepto estricto, diciendo que será trabajo una actividad productiva y remunerada por cuenta ajena.
Todo lo que es relación laboral especial está regulado en el Real Decreto del año 2001.
De este modo, el trabajo es, según el art. 25 CE, un DF, pero si nos vamos al art. 26 de la LOGP dice que este es un deber/derecho. Aquí la doctrina mayoritaria dice que, en la medida en la que el trabajo forma parte del tratamiento penitenciario, es un derecho: Nunca derivarán consecuencias disciplinarias a un interno que se niegue a trabajar a excepción de cuando el trabajo consiste en realizar actividades de carácter prestacional o asistencial en materia de higiene, limpieza y organización del centro, porque dicha actividad es de buena convivencia y orden del centro, con lo cual será de régimen (no de tratamiento) y, por tanto, un deber ineludible que puede derivar en sanciones y expedientes disciplinarios.
Es verdad que la LOGP lo configura como un deber, pero es un deber moral; prevalece la voluntariedad del tratamiento.
Si el penado tiene en su PIT como objetivo el de desarrollar un trabajo tendrá prioridad frente a otro que no tenga el trabajo en su PIT. Aún y así, también se utilizan criterios como que los penados tienen preferencia sobre los preventivos, sobre el tiempo en prisión, etc. En la praxis, los extranjeros con expulsión decretada no llegan nunca a los puestos de trabajo; a priori, siempre acceden primero los nacionales. Las personas con cargas familiares, además, tienen prioridad respecto aquellos que no tienen ni arraigo.
El Real Decreto de 2001 dice que la relación laboral especial consiste en la relación que tienen los internos que están trabajando en talleres productivos y los que realizan TBC. La relación laboral especial empieza cuando se da de alta al penado o preventivo, hasta que es dado de baja (no cuando se formaliza e inscribe el contrato).
Muchos de estos talleres están organizados por el CIRE, y se ha llegado al TC diciendo que la AP está incumpliendo con el mandato de ofrecer plazas (cosa que está externalizando), a lo cual el susodicho ha respondido que es perfectamente lícito y legítimo, mientras haya convenio con dicha empresa u organismo público, en ofrecer estas plazas.
En cuanto al deber de trabajar, hay excepciones. Podrán no trabajar los enfermos, por enfermedad o accidente y hasta que se les dé el alta; embarazadas de 6 semanas hacia arriba; personas con incapacidad permanente; mayores de 65 años; los que ya tengan prestaciones por jubilación; y aquellos que no puedan trabajar por causa de fuerza mayor.
El trabajo nunca puede ser una forma encubierta de castigo ni puede atentar contra la dignidad de la persona.
El TC ha dicho que no hay un derecho del penado de escoger un puesto de trabajo según su formación, aunque se procurará asignarle a dicho penado o preventivo un trabajo de acuerdo con la susodicha. Se prohíbe tajantemente utilizar el trabajo de los internos como un modo de obtener dinero por parte de la administración penitenciaria. Y el trabajo sirve para la preparación de un trabajo en libertad, como fin último.
TEMA 8: RELACIONES CON EL EXTERIOR.
PREPARACIÓN PARA LA VIDA EN LIBERTAD Y EXCARCELACIÓN La normativa penitenciaria enumera relaciones de contacto con el exterior: 1) Contacto directo: aquellos instrumentos que permiten al interno participar en la vida en sociedad fuera del centro penitenciario (permisos y salidas programadas).
2) Contactos indirecto: aquellos que permiten dicha participación, pero des de dentro del centro penitenciario (comunicaciones).
El fundamento es que el interno continúe formando parte de la sociedad a la que deberá volver al cumplir la pena, aunque ingrese en prisión. Se quiere que no se rompan los lazos y que no se aísle.
INSTRUMENTOS Comunicaciones y visitas Estipuladas en los arts. 51 y ss. de la LOGP y los arts. 41 y ss. del RP. Podemos clasificarlas en función de los comunicantes (amigos, familia, etc.) y del modo de comunicación (en escritas, orales y telefónicas).
También ordinarias (en las orales se estipulan 2 por semana) y extraordinarias (aquellas que se obtienen como recompensa a una conducta, superación de estudios, trabajo, etc. y que implicarán más de 2). Además, las comunicaciones por motivos urgentes e importantes. Más allá de la tipología, es que tienen unas características y un régimen común: 1) Son un derecho del interno porque lo dice la Ley (art. 41), con independencia de su clasificación penitenciaria y de si está como preventivo.
2) Ese derecho a comunicar y visitar debe ejercerse con el mayor respeto a la intimidad del recluso y de los comunicantes. Pero ese respeto puede limitarse por i) interés del tratamiento del penado, y ii) por motivos de buen orden y seguridad del centro.
3) El interno tiene derecho a comunicarse en su propia lengua.
4) Si quiero limitar el derecho a comunicar y a la intimidad de determinadas personas tengo que hacerlo mediante resolución motivada del director.
5) Todas las comunicaciones están sujetas a un control y registro. Hay un libro de registros en todo centro penitenciario donde, si hay una comunicación oral, se toman los datos del comunicante, se pone la hora y día que comunica, la relación que tiene con el interno y la filiación del susodicho. Y lo mismo ocurre con las cartas.
6) El interno tiene derecho a comunicar su ingreso en prisión y su traslado a sus familiares y abogado, mediante una llamada gratuita e inmediata.
7) Si el interno se encuentra hospitalizado se aplica el régimen de comunicaciones del hospital.
La diferencia entre las comunicaciones y visitas es que estas últimas implican un contacto directo y físico, y las otras no.
Las comunicaciones orales implican el Consejo de Dirección tenga que determinar y acordar en qué días se producirán las susodichas, y tienen que garantizar un número mínimo de 2 por semana, de mínimo 20 minutos. Además, se tendrán en cuenta las dificultades de los centros penitenciarios para trasladarse hasta el centro penitenciario (pero esto es una quimera) y se asignarán las comunicaciones por módulos. Debido a esto, la normativa dice que cuando se pueda se procurará que dos comunicaciones se unifiquen a una de 40 minutos. Permiten un máximo de 4 comunicantes simultáneamente. En cuanto al perfil, todos tienen derecho a ellas independientemente del grado. Los comunicantes son familia (teniendo que llevar el libro de familia o fotocopia compulsada), o bien amigos, conocidos y allegados (el interno tiene que hacer una instancia, solicitar autorización para que puedan comunicarse con el –nombre, apellidos y DNI- y el director lo autorizará o no) En cuanto al vis a vis, este pretende garantizar el ejercicio de mantener relaciones sexuales y mantener la estabilidad de la pareja. Forma parte de la libertad de toda persona, pero no es un DDFF. El RP dice que deberán tenerse locutorios adecuados para desarrollar las comunicaciones íntimas, salvo que por motivos de seguridad, buen orden y logísticos no puedan facilitarse dicho tipo de dependencias. Cuando el interno ingresa al centro penitenciario informa de quien es su pareja, y esta que constará en su expediente penitenciario será la que podrá acceder a tener una visita íntima con el interno. Son una al mes de 1 a 3 horas y en caso de internos sin permisos.
Visitas familiares (y amigos). 1 al mes de 1 a 3 horas. No hay cristal de por medio, sino que se da contacto físico y directo en una sala.
Visitas convivencia. Esto sí que son visitas. Solo puede acudir el cónyuge con los hijos hasta 10 años de edad, al ser familiares.
Dicho esto, las limitaciones que pueden sufrir estas comunicaciones orales son: 1) 2) 3) 4) Denegación a comunicar con determinados comunicantes.
Restricción del número de comunicaciones.
Intervención/grabación/escucha de todo lo que se dice Suspensión (cuando el interno se está comunicando ya a todos los niveles). Esta tiene un régimen distinto al resto de limitaciones.
Cualquier limitación, pero, requiere una decisión motivada por parte del director. Si es por motivos de tratamiento, el director necesitará un informe de la Junta de Tratamiento.
Es así como el TC ha complementado el RP (que simplemente apunta que podrá intervenirse mediante resolución motivada) diciendo que la limitación de derechos es temporal.
a) b) c) d) Es una medida excepcional, al ser restrictiva de derechos fundamentales.
Tiene que ser proporcionada y necesaria al fin que se pretende conseguir.
Es una medida individualizada.
Tiene que notificarse inmediatamente al JVP (sacándole la competencia al juzgado instructor y al Tribunal sentenciador).
El interno tiene que saber inmediatamente de dichas limitaciones para poder ejercer el derecho al recurso, poder impugnar y poder ejercer la tutela judicial efectiva. El TC ha llegado a decir que si no se le notifica inmediatamente, aquellas escuchas, grabaciones e intervenciones devienen nulas. En el caso de que un interno comunique en su propia lengua, pero, tendrá que avisar con antelación suficiente para que el centro penitenciario pueda buscar los medios necesarios para poder intervenir (es decir, un traductor).
En cuanto a la suspensión, esta tiene un régimen distinto: 1) Puede iniciarse por parte de un funcionario que supervise las comunicaciones orales, o bien por parte del jefe de servicios (que es el que acuerda la suspensión). A continuación, deberá informarse al director, que deberá ratificar dicha decisión de suspensión (en caso contrario, esta caerá). Después, se informa al interno y a la administración penitenciaria.
2) Los motivos por los cuales se puede suspender son que hayan i) sospechas fundadas de que en esa comunicación se está preparando un delito o gestionando cualquier acción que implique un riesgo para la seguridad y buen orden del establecimiento, o bien haya ii) sospechas de que los comunicantes están propagando noticias falsas y graves que pueden perturbar el buen orden del establecimiento.
3) Motivar es dar la razón en base a la cual se limita un DF, pero además en base a esto se concluye que existe esta razón (porque si no me encontraría ante una motivación circular); en base a qué indicios yo tengo sospechas fundadas, sin que puedan darse motivaciones genéricas.
Los abogados de la causa penal necesitan siempre intervención judicial para intervenir las comunicaciones.
Además, las comunicaciones orales se mantienen en todo caso, pero el resto se aplazan hasta que haya acabado el aislamiento en celda.
Las comunicaciones escritas, a diferencia de las demás, no tienen limitación. No hay un número de cartas ni de comunicantes. Puede tenerlas cualquier tipo de preso o presa.
El procedimiento se basa en que, en caso de que un interno envíe una carta hay igualmente un libro de registro, pero en caso de que se tenga dudas de que el sobre pueda contener algo más que una carta (por ejemplo, por el peso), y se sospecha de que es un objeto prohibido, se llama al interno y delante suyo se le hace abrir el sobre, vaciar el contenido y se coloca en otro sobre delante suyo para mandar la carta; aún y así, si se encuentra algo ilegal se abrirá expediente penitenciario. También si se tienen dudas del remitente (por ejemplo, poniéndolo a nombre del compañero que no se quiere que se atribuya a su autoría. El procedimiento será el mismo.
Por otro lado, cuando el interno recibe una carta, se abre el sobre para comprobarla, no se puede leer (Porque esto sería intervenir sin autorización administrativa), y se entrega al interno. Las cartas entre presos pueden intervenirse en caso de i) sospechas fundadas de que hay un riesgo de consignas. Tiene que notificarse al JVP y al interno.
Las comunicaciones telefónicas pueden ser 5 por semana de 5 minutos cada una. El interno hace una instancia, solicita autorización de varios números de teléfono, el director lo autoriza en unas dos semanas, y ya puedan comunicarse en la lengua que quieran.
En cuanto a comunicaciones con abogados y procuradores. Se necesita una autorización del colegio de abogados, o bien del órgano judicial, según el caso.
1) Los de la causa penal y penitenciarios 2) Los que expresamente llama al interno Tienen que ser locutorios especiales (aunque no se da). No hay límite.
Otros serían el Defensor del pueblo, el Ministerio Fiscal, las autoridades judiciales y los funcionarios de justicia. Tampoco tienen límite. Las comunicaciones no pueden ser intervenidas administrativamente También los consulados y diplomáticos, que responden por la persona extranjera, y que necesitan autorización del director para comunicarse.
Los sacerdotes o ministros de religión también pueden comunicar y solicitar un locutorio adecuada para entrevistarse con el interno.
Los paquetes y encargos también son una forma de comunicarse con el exterior. Son dos paquetes al mes de máximo 5 quilos, descontando ropa. Ada centro penitenciario debe tener una instancia destinada a paquetería a la que va la persona con el paquete, rellena un funcionario especificando la persona que entrega con el paquete (DNI), la persona rellena el informe describiendo los objetos que lleva y el número, y los prohibidos se le devuelven a la persona (drogas, alcohol, alimentos y todos aquellos que atenten contra el orden del establecimiento). Cada centro penitenciario tiene sus normas interiores, y son dueños de lo que entra y lo que no. Si tú entregas en paquete, tú respondes por él, con lo cual algunas familias han tenido ciertos problemas.
PERMISOS DE SALIDA Hay de dos tipos: 1) Ordinarios.
i) Se regulan en el art. 47.2 LOGP y en los arts. 154 y 156 RP. Que haya alusiones a lo largo de toda la normativa penitenciaria es manifestación de la importancia y transversalidad de esa figura, porque se conecta con el concepto de tratamiento (porque a un interno no se le progresa a tercer grado si antes no goza de permisos) y con el concepto de régimen (si un interno es sancionado a lo mejor no puede disfrutar de permisos por no tener buena conducta).
ii) Su finalidad/fundamento es la preparación para la vida en libertad. El primer antecedente legislativo fue en 1977, el cual los regulaba en un RD diciendo que los actos que pongan de relieve la buena conducta y espíritu de trabajo podrán recompensarse a través de dichos permisos, entre otros. La finalidad del permiso, pero, se ha transformado; hemos pasado de una recompensa, al permiso como elemento de tratamiento o instrumento que permite al interno prepararse para la libertad, para estar capacitado. El TC dice que la posibilidad de obtener permisos está conectada directamente con el art. 25 CE de reinserción social; la “posibilidad”, no que disfrutes de permisos (cosa que implica que no se vulneraría a menos que no hubiesen mecanismos previstos al respecto). Hemos pasado, por tanto, de un modelo premial a un modelo tratamental. En cuanto a la vida en libertad, dicha finalidad se ha pervertido, ya que el legislador ha ido recortando esta legislación tan progresista en el caso de condenas largas (está demasiado lejos de la libertad como para empezarlo a preparar), a la vez que se traiciona el requisito de la ¼ parte. En contra de esta postura mayoritaria, pero, se levantaron determinados tribunales diciendo que en realidad el permiso de salida tiene otra función/finalidad, la de evitar el desarraigo social y el sentimiento de prisonización (por eso, justamente a una persona con una condena larga deberá concedérsele aún más el permiso). La doctrina, al respecto, ha postulado dos finalidades; 1) primaria, la preparación para la vida en libertad, y 2) secundaria, evitar el desarraigo social y atenuar los sentimientos de prisonización. Esto es desesperante porque, los internos, hasta que tienen la ¼ parte (requisito temporal para pedir el permiso de salida) tienen asumido que no puedan pedirlos, pero no hay nada peor que la ley les brinde la oportunidad y acabe por no dársela.
iii) Presupuestos/requisitos: a) Objetivos. Penados en segundo o tercer grado; ¼ parte de la condena (con la finalidad de educar, observar la evolución e intimidar al interno con tal de ver si es merecedor de los susodichos); y refundición o acumulación (en caso de que cumpla más de una condena).
También no haber observado mala conducta (carecer de expedientes disciplinarios), lo cual no es lo mismo que tener buena conducta (plus de implicación y actitud proactiva); puede evaluarse a través del SAM.
b) Subjetivos. El art. 156 dice que el equipo técnico formulará un informe desfavorable al permiso de salida ordinario cuando de la peculiar trayectoria delictiva, de la personalidad anómala del penado y otras circunstancias desfavorables se infiera un riesgo PROBABLE (fundado, serio, cierto) de quebrantamiento de condena, de reiteración delictiva o de mal uso del permiso. Y esto es lo problemático. Lo que no es asumible, es el riesgo 0; que algunos internos quebranten es un coste del sistema que no podemos evitar, pero no podemos acogernos a ese porcentaje tan bajo para extrapolar y no dar permisos a nadie.
Aún y así, ese riesgo probable tiene que ir ligado a otro tipo de causas; personalidad anómala, por trastorno de personalidad, enfermedad patológica mental, etc. como variable estática que el interno no puede controlar, por lo cual la negativa al susodicho debe tomarse con cautelas, viendo si la circunstancia de esa anomalía está compensada/controlada o no en cuanto a dicho riesgo de mal uso; trayectoria delictiva peculiar (esto es, reincidencia) que nos permita inferir un riesgo probable de mal uso por traicionar la confianza del centro penitenciario durante un permiso, tercer grado o libertad condicional; y por circunstancias cualitativas desfavorables (y aquí cabe todo).
iv) No es imperativo. La ley dice que “se podrán conceder”.
v) Máximo de 7 días.
vi) Tramitación. El interno hace una proposición que pasa por la Junta de Tratamiento, la cual realiza una propuesta favorable o lo deniega mediante acuerdo. La propuesta se elevará al JVP en los casos en que el interno esté en segundo grado y el permiso sea superior a 48 horas, y se elevará al Centro Directivo cuando el interno esté el tercer grado o en segundo grado pero el permiso sea de hasta 48 horas. El JVP y el Centro Directivo son las autoridades que conceden y autorizan el permiso de salida, y no están vinculados por la propuesta. Una vez el JVP autoriza el permiso de salida se notifica a fiscalía y al interno, y los dos puede recurrir en reforma y/o apelación. El competente para resolver el recurso será siempre la Audiencia Provincial. En caso de que la Junta de Tratamiento haya dictado un acuerdo denegatorio de permiso, el interno puede interponer recurso ante el JVP. Cuando se manda por fax la propuesta, se manda también con todos los informes elaborados por el equipo técnico, los cuales observará el juez para decidir sobre dicho recurso. El problema, de este modo, es que los únicos informes de los que dispondrá el juez serán les elaborados por dicho equipo técnica, sin trámite de prueba alguno.
Cabe mencionar aquí que “circunstancias cualitativas desfavorables” es un término indeterminado. Es decir, que es un concepto valorativo de cada centro, lo cual lleva a la absoluta discrecionalidad por parte de las Juntas de Tratamiento, que rompe con el principio de seguridad jurídica. Aún y así, se puede llevar a cabo una instrucción para unificar criterios y elaborar una tabla de factores que contemple los puntos de riesgo.
En Catalunya no hay materia unificada en tema de permisos, sino que se deja al libre albedrio de las Juntas de Tratamiento. Por tanto, tenemos un sistema que no cumple con el principio de seguridad jurídica (los internos no conocen las causas de denegación), pero no hay automatismos (es más individualizado que el español). Y no sabemos qué es preferible, si un sistema que individualice, o la garantía de unas mismas condiciones en todos los centros.
i) Se concederán siempre que no se le puedan dar los ordinarios por no cumplir los requisitos establecidos. Son subsidiarios.
ii) Por alumbramiento de la esposa o pareja con análoga relación de afectividad, fallecimiento, enfermedad de algún familiar/pareja vinculados íntimamente con el interno, y por causas análogas de similar naturaleza (por ejemplo, la boda/comunión del hijo, lo cual puede dar lugar a posibles interpretaciones fundamentándonos en los vínculos existentes con los familiares, evitando automatismos).
Existe una modalidad específica: concesión para ir al médico. Duración de 12 horas, acompañados por la fuerza pública. Si se necesita hospitalización, 2 días.
iii) El problema, pero, es que vas con la fuerza pública, y por eso renuncian muchos a dichos permisos. La excepción es que estén en tercer grado.
iv) Son causas pasadas que se contemplan en el art. 41.7 LOGP y en el art. 155 del RP.
v) Son un mecanismo de relación con el exterior, pero esta no es su finalidad, sino que se hacen con una vocación puramente humanitaria; que salgan y participen del exterior es una finalidad adicional.
vi) En tanto que es un instituto que obedece a una finalidad humanitaria, son de obligada concesión; son imperativos.
vii) Se conceden por el tiempo que dure la necesidad; no hay un tiempo tasado, pero nunca podrán exceder del máximo de 7 días que duran los ordinarios.
viii) No hay un número máximo de permisos extraordinarios.
ix) Pueden disfrutarlos los preventivos y penados en cualquier grado de tratamiento.
Las faltas disciplinarias se cancelan a los 6 meses (con lo cual cabe atender a la comisión de la falta), y tener una no implica que no te puedan dar el permiso, por ejemplo, porque el tipo de falta no implica un riesgo de quebrantamiento (por ejemplo, por fuga) penado. A todo esto la doctrina apunta que el hecho de no observar mala conducta obliga a valorar todo el tiempo que el preso ha permanecido en el centro penitenciario; ponderación global que indique que se trata de un hecho aislado no representativo de su conducta, o bien aunque faltas leves y canceladas todo apunta a que la conducta implicará que fuera no se comporte conforme a derecho. Esto, pero, no es unánime en las audiencias. En los JVP, en cambio, se hace una reunión anual y apostan por dicha ponderación global. Por último, cada Junta de Tratamiento de cada centro penitenciario tiene su criterio para establecer: - Acuerdo denegatorio Propuesta de permiso ¿Qué sentido tiene que un interno esté en tercer grado y por no tener ¼ parte de la condena cumplida no pueda disfrutar de permisos? Este requisito no se tiende a cumplir por un tema logístico. En Catalunya es menos estricto.
SALIDAS PROGRAMADAS Son un instrumento más de relaciones con el exterior, pero tendrán un contenido educativo para que realicen una actividad específica de tratamiento aquellos internos que den garantías de dar un buen uso a dichas salidas programadas. Van acompañados de voluntarios o personal del centro penitenciario y se exigen los mismos requisitos que en los permisos de salida (segundo o tercer grado, ¼ parte, etc.).
El problema, pero, es que haber realizado una de las susodichas a veces actúa como requisito para que el preso goce de un permiso, pero esto no lo establece la ley, y la negación de la concesión de dicho permiso solo lo justificaría un riesgo probable de quebrantamiento de la ley. Además, no hay personal.
En cuanto a la tramitación, la propone la Junta de Tratamiento y es autorizada por el JVP o el Centro Directivo.
LIBERTAD CONDICIONAL Es el cuarto grado, único al que no puede accederse directamente. También es el único que está regulado en el Código Penal (los demás directamente en la legislación penitenciaria). Los requisitos son: 1) Buena conducta. Los arts. 90 y ss. CP dicen que no habrá buena conducta si no se ha pagado la responsabilidad civil. Con un compromiso de pago, como voluntad reparadora, se accede al tercer grado, pero si se incumple dicho pago, el requisito en cuestión se vuelve aún más exigente en lo referido a la buena conducta y a la cumplimentación de la responsabilidad civil.
Cuando termina el programa de tratamiento los profesionales deben de elaborar un informe sobre el pronóstico en libertad de la persona (favorable de integración), que debe de acompañar a la propuesta de libertad profesional.
2) 3/4 partes de la condena para la concesión de la libertad condicional ordinaria.
3) Tercer grado Hay dos tipos de libertades condicionales avanzadas: i) ii) 2/3 partes de la condena, que lo único que exige es el desarrollo continuado de actividades.
Una vez cumplida la mitad de la condena, podré avanzar la libertad condicional a 90 días por año cumplido. Esta requiere el desarrollo continuado de actividades (buena implicación) y la participación en programas de desintoxicación o reparación. El problema es que un tráfico de drogas (sin ser consumidor) o delito contra la hacienda pública no tendrá nada que ver con dichos programas de deshabituación.
También hay la libertad condicional de extranjeros que no residan legalmente (art. 197), que es la única que no está en el CP. Sirve para que puedan cumplirla en su país de origen. Y esto no se cumple.
La tramitación es lenta, porque se trata de una excarcelación. El interno ya no dependerá del centro penitenciario, sino de los trabajadores sociales y otros. Entonces, tiene que estar justificada exhaustivamente (la persona que tutelará tiene que firmar, etc.). Por el contrario, suele efectuarse en unidad de acto. Se eleva la propuesta al JVP, que la autoriza o no.
La libertad condicional por enfermedad es un tema humanitario, no de tratamiento. Como el tercer grado por enfermedad, se produce también en unidad de acto y previo informe de los servicios médicos para la progresión en grado y concesión de la libertad condicional. La enfermedad, además, deberá de ser “grave e incurable” (por ejemplo, el SIDA) y la aflicción y el padecimiento deberá ser brutal, aparte de haber un pronóstico de fatalidad a corto o medio plazo. No se exige la responsabilidad civil ni otros. Es muy difícil acceder a ella.
Junto a ella se regula la libertad condicional a los 70 años, o que los cumplan a lo largo de la condena.
Por último, mencionar que la libertad condicional o cuatro grado es el único grado concedido por el JVP, y no por el Centro Directivo.
REVOCACIÓN/SUSPENSIÓN PERMISOS DE SALIDA Cuando me dan un permiso ordinario de salida me lo pueden condicionar a que cuando yo vuelva me hagan controles de alcoholemia, a que comparezca diariamente ante la policía o centro penitenciaria durante los días de permiso porque se considera que existe un mínimo riesgo de quebrantamiento que se quiere neutralizar, etc.
El art. 157 prevé dos causas por las que el permiso puede caer; no podrá caer por otras causas que no estén tasadas en el susodicho: 1) Revocación, si el interno se fuga o comete un hecho delictivo durante el permiso, que requiere sentencia firme (no resulta suficiente la comunicación policial). El interno pierde el permiso y no lo va a disfrutar nunca (es decir, queda sin efecto), además de las consecuencias que se le puedan derivar a nivel penitenciario y penal.
2) Suspensión, cuando antes de disfrutarse el permiso de salida se produzcan hechos que modifiquen las circunstancias (como el requisito de buena conducta, que me caiga otra pena y ya no tenga la ¼ parte, que me cojan drogado, etc.) que propiciaron su concesión. El permiso no se pierde y tarde o temprano va a disfrutarse; solo se suspende. Esa suspensión es un acuerdo de ña Junta de Tratamiento y debe comunicarse, a parte del interno (para interponer el oportuno recurso), al JVP para que resuelva lo que proceda. El JVP puede suspenderlo provisionalmente, pero no se ha fijado un límite al respecto.
Revocación de la libertad condicional La libertad condicional puede revocarse por haber delinquido durante el tiempo por el que esta hubiese estado concedida y/o por haber incumplido las reglas de conducta impuestas en el protocolo de libertad condicional (no estandarizadas para todo penado). La Junta de Tratamiento y los Servicios Sociales hacen una propuesta de revocación y el JVP es quien la revoca. Cuando ingresa en el centro penitenciario se le vuelve a clasificar, ya sea en el mismo grado o en otro grado anterior. Además, si te la revocan, el tiempo pasado en libertad condicional no se computa a efectos de pena; con lo cual tenemos un problema de legalidad, porque se regula como si de una suspensión se tratase.
El RP, por su parte, establece que el periodo de libertad condicional durará siempre que no se observe un comportamiento que dé lugar a la revocación, lo cual es muy vago e indeterminado. Entonces, si no delinque ni infringe las normas de conducta, siempre quedará decir que ha mantenido un comportamiento inapropiado, que será el que le permitirá revocar la libertad condicional.
Los permisos no son un beneficio penitenciario, sino que estos son: - Libertad condicional avanzada Indulto particular del centro penitenciario Entonces, según el TC estos son intereses legítimos que poseen todos los penados; no son derechos ni mucho menos DDFF.
Indulto particular (art. 206 RP) La Junta de Tratamiento hace una propuesta de petición de indulto por tantos años (a su discrecionalidad) después de reunirse, en caso de que concurran una serie de condiciones. La eleva al JVP y este dicta un auto o resolución judicial que lo único que dice es si se aprueba la propuesta de petición y tramitación del indulto; no la aprueba. Y la envía al Consejo de Ministros para que este la apruebe o la deniegue.
En la medida en que es un perdón, tiene que haber una sentencia firme en reconocimiento de derechos. Se prevé para corregir las imperfecciones o excesos de un sistema judicial; pueden haber respuestas desproporcionadas.
Una vez se aprueba la propuesta de tramitación de indulto del centro penitenciario, se tramito conforme la ley de indulto de 1870. Para concederlo se requiere informe del Tribunal Sentenciador y, normalmente, se piden informes al centro penitenciario sobre la conducta del interno en cuestión. El informe del Tribunal Sentenciador será vinculante para el Consejo de Ministros en caso de que el indulto que se solicite sea total; en caso de que el indulto solicitado sea parcial, en cambio, el informe no será vinculante para tal decisión. Además, se solicita informe de las partes.
Cuando la Junta de Tratamiento puede proponerlo es cuando durante mínimo dos años y en grado extraordinario (concepto subjetivo) concurran 3 requisitos a la vez: 1) Buena conducta, que exige una actitud proactiva 2) Desempeño de una actividad normal, entendiendo actividad productiva, ya sea dentro del centro penitenciario o en el exterior (porque muchas veces el centro penitenciario no tiene suficientes plazas, cosa que no es culpa del interno) 3) Participación en actividades de reinserción social y reeducación (como cajón de sastre) La excarcelación o libertad definitiva El Director del centro penitenciario, dos meses antes, tiene que mandar una propuesta al Tribunal Sentenciador que, si no contesta ni la concede, 15 días antes de la susodicha, otra vez, vuelve a mandar una propuesta de libertad definitiva avisando al juez de que si no contesta va a dejar a la persona en cuestión en libertad llegado tal día.
En materia de delitos de violencia de género debe comunicarse la libertad definitiva a la víctima. También en materia de permisos, aunque la diferencia es que con la libertad definitiva, encuentren o no a la víctima para avisarla, el condenado saldrá, mientras que si en caso de permiso no se encuentra a la víctima, el condenado no podrá disfrutar del permiso hasta el tercer intento. También en temas de violencia sexual.
Redención de penas Es un beneficio conforme el CP de 1973 y el Reglamento de prisiones de 1996; no respecto del actual. Es un mecanismo que permite la reducción del tiempo de estancia en prisión, es decir, de los años de pena impuesto. Por esto, en 2003 se criticó la Ley de cumplimiento íntegro de las penas.
Hay dos tipos: 1) Ordinarias (art. 100 CP). Solo pueden aplicarse a personas condenadas por el CP de 1973 y se exige que haya desarrollado un trabajo útil. Se tiende a aplicar que se aplican automáticamente, y es verdad. Cada dos días de trabajo, uno de redención. Además, como no hay trabajo útil para todos en prisión, no puede perjudicarse a quien no pueda ejercerlo por cuestiones ajenas a su voluntad. Sin embargo, la jurisprudencia dijo que esto supone tratar desigualmente a los internos, lo cual propició dicha aplicación automática. Admiten la redención de preventivos con tal de evitar un trato desigualitario.
Por otro lado, quienes quebranten la condena o lo intenten frustradamente, y los que reiteradamente observen mala conducta, pierden el derecho a la redención por todo el tiempo de condena que queda aún por cumplir; ni redenciones ordinarias ni redenciones extraordinarias). Cuando habla de “quienes quebrantaren la condena” significa se darán de baja de la condena que haya quebrantado o intentado quebrantar, no de las demás que tenga impuestas o que se le puedan imponer. Observar mala conducta significa cometer una infracción grave o muy grave cuando se tienen causas disciplinarias aún por cancelar; en ese caso, no podrán abonarse las redenciones durante el tiempo que las distintas faltas no hayan cancelado.
2) Extraordinarias (reguladas en el Reglamento del Servicio de Prisiones). Exigen un trabajo útil y una especial laboriosidad, disciplina y rendimiento en el trabajo. Estas consisten en un día de trabajo, un día de redención, con el máximo de 175 días por año. La Junta de Tratamiento formula una propuesta, la eleva al JVP y este la aprueba. Y estas pueden disfrutarse también con independencia del grado.
TEMA 9: MEDIDAS DE SEGURIDAD La seguridad exterior tiene por fin evitar la fuga de un interno y garantizar la seguridad física del establecimiento. Mediante el primer fin, en realidad, la seguridad exterior tiene dos objetivos: 1) Proteger a la comunidad evitando que se incorporen a ella personas que puedan reincidir 2) Impartir justicia evitando el incumplimiento de las resoluciones judiciales La competencia es exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En cuanto a la seguridad interior, esta también pretende evitar la fuga de los internos, y preservar sus derechos. La Administración Penitenciaria asume un compromiso de seguridad frente a todas aquellas personas que tiene privadas de libertad independientemente de si cumplen una pena o una medida de libertad. Ese compromiso se concreta en un deber de cuidado y vigilancia que perdura y subsiste hasta que estas personas dejan de estar bajo su tutela y control.
La competencia la tienen los funcionarios de los cuerpos de instituciones penitenciarias. Ahora bien, en el año 2011 se dictó un Real Decreto que contempló diversas medidas de seguridad interior.
Instituciones penitenciarias, a la vista de la peligrosidad de determinados internos (peligrosidad extrema, terroristas y delincuencia organizada), podrán crear cuerpos específicos de funcionarios para la seguridad y vigilancia. Así pues, nos encontramos con los funcionarios que con carácter general, dentro de sus cometidos y funciones asignadas por el director, tienen que ejercer también funciones de vigilancia, y también los funcionarios que con carácter específico forman parte de un grupo con cometidos de seguridad específico también: i) ii) Alteración grave del orden, que requiere la intervención y entrada en el centro de las FCSE Caso en que el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Interior considere que un módulo debe de estar controlado por los FCSE por motivos de salud pública. Deberán dar cuenta inmediata al Congreso de los Diputados para que decida lo oportuno El deber de cuidado y de vigilancia de la administración penitenciaria se concreta en diversas medidas: - Registros Recuentos Cacheos Intervención de efectos Cambio de celdas Asignación adecuada de destinos Precauciones en las entradas y salidas de los internos La observancia de los internos (art. 65 i 268 RP) lo es todo. Los profesionales del centro penitenciario tienen que conocer a quien está centro de él. Es una medida de prevención que permite, mediante el control visual de los internos, evitar futuras conductas que atenten contra el buen orden y seguridad. Es una medida dirigida al conocimiento del interno, entendido como su comportamiento habitual, sus actividades y movimientos diarios, con quien de relaciona y quien no, y las relaciones negativas o positivas del interno con otras personas y a la inversa. El subdirector de tratamiento tiene la función de comunicar a los jefes de servicio las particularidades de los protocolos de seguridad de un interno que pueden afectar la seguridad y a cómo debe de tratársele. Igualmente, al jefe de servicios se le asigna la función de conocer personalmente a los internos. Dicha medida se traduce en que por parte de los funcionarios se eleve un informe en el que consten los hechos y circunstancia de los que hayan tenido constancia mediante esa observación y que puedan afectar la seguridad.
Los recuentos consisten en medidas de seguridad a través de las cuales se verifica el número exacto de internos que hay en una dependencia concreta y en una hora determinada. Tiene por objeto evitar el riesgo de fuga. La competencia es del jefe de servicios, que controlará que los funcionarios realicen dichos recuentos cuando toca. Estos se realizan cuando se produce el cambio de personal de vigilancia penitenciaria, cambio de turno o relevo; en principio 3, mañana, tarde y noche. Las horas en los que se efectúan los cambios de turno vienen marcadas por el Consejo de Dirección a través de normas de interior.
El recuento lo hacen todos los funcionarios, entrantes y salientes. Y se da traslado del resultado del recuento al jefe de servicios. Hay de dos clases: 1) Ordinarios. No necesitan ninguna causa ni justificación (Explicados hasta ahora).
2) Extraordinarios. Se producen cuando hay mucho movimiento de internos entre las distintas dependencias. Los marca el jefe de servicios y a la hora de determinar cuántos se efectuarán.
La LOGP dice que los recuentos deben hacerse respetando la dignidad de la persona y según lo que diga el RP. El RP al respecto solo dice que deberán hacerse lo más rápidamente posible y de manera fiable. En la práctica se hace que todos tienen que estar en tal sitio a tal hora, de pie y de modo visible. Una vez el funcionario constata que allí hay determinada persona y que es la que tiene que estar, se finaliza el recuento.
Ha sido muy criticado, pero, por ser un sistema arcaico. Los Juzgados de Vigilancia penitenciaria han dicho que no es necesario tener a un interno 40 minutos de pie, aunque no supone un rato degradante ni atenta contra la libertad de la persona tener a alguien de pie. En cuanto a los controles nocturnos, no son recuentos, sino rondas de vigilancia que se harán de la manera que menos afecte el descanso de los internos.
El registro es una medida de seguridad que no tiene por qué afectar solo a la celda y que consiste en un examen de las pertenencias y enseres del interno. Tiene por objeto averiguar si entre las pertinencias del interno se encuentran objetos prohibidos o peligrosos. La celda no es un domicilio, ya que la inviolabilidad del domicilio es un derecho que forma parte de la libertad, y los presos están privados de ella. Aún y así, la celda es un ámbito privado íntimo, lo cual supone que no se necesita autorización judicial para registrar una celda, peor en la medida en que es un ámbito que forma parte de la intimidad el interno deberá estar presente durante el registro (en caso contrario, será nulo), a excepción de que el interno sea manifiestamente peligroso, esté en primer grado o los funcionarios consideren por motivos de seguridad que el registro no puede hacerse en su presencia (motivándolo). Cuánto más intensa sea la medida en cuanto a restricción de DFF, más garantías tendrán que pedirse.
Los cacheos se entienden como una medida consistente en registrar o examinar a un determinado interno para ver si oculta objetos y substancias prohibidas y peligrosas, ya sea en su persona o sus ropas. Los centros penitenciarios deben tener un libro de registros. Los hay de 3 tipos, de menor a mayor afectación al DF: 1) Ordinarios. El RP no dice ni cuántos ni la forma. Será el jefe de dirección el que determinará en qué frecuencia deberán efectuarse, teniendo en cuenta para ello las peculiaridades del establecimiento penitenciario, la peligrosidad y distintas características de la población reclusa del centro penitenciario y la proporcionalidad. No necesitan una causa o necesidad concreta, sino que pueden ser aleatorios.
2) Con desnudo integral. El art. 65 dice que solo procederán cuando concurran motivos específicos y concretos de seguridad, hayan razones individuales y contrastadas que hagan sospechar a los funcionarios que esa persona en concreto lleva oculto objeto o sustancia que ponga en peligro la salud o integridad de otras personas, y la seguridad y buen orden del centro penitenciario. El derecho a la intimidad tiene muchas manifestaciones, y una es la relativa a la intimidad corporal. En tanto manifestación del derecho a la intimidad, significa que está prohibido o proscrito cualquier examen corporal sin el consentimiento de la persona en cuestión; se protege el pudor de la persona. Debe hacerse una ponderación entre el sacrificio y la injerencia de algo tan grande como la intimidad corporal, frente aquello que persigo o la situación que pretendo resolver; no puede ser ni arbitrario ni aleatorio.
El TC, además, ha dicho que deberán seguirse distintos criterios; i) para autorizarlo proceder a ello se requiere resolución motivada, ii) que dicha resolución esté fundada individualmente, ii) que la medida sea necesaria, es decir, imprescindible e idónea, sin la cual no pueda obtener ese fin o resolver determinada situación, iii) subsidiaria, que no se pueda substituir por otra de menos lesiva, iv) excepcional, sin poder ser periódica, y v) no puede ejercerse como elemento disuasorio.
Procedimiento: Tendrá que hacerse por una persona del mismo sexo, en una habitación o recinto cerrado, sin tener espectadores y con la mayor intimidad posible. Los JVP vienen exigiendo que se les dé una bata como mínimo, pero el TC ha dicho que la realización de flexiones con desnudo integral no constituye un trato degradante, aunque sí que afecta la intimidad. Lo que ocurre, pero, es que, cuando el registro es negativo, puedo solicitar autorización judicial para someter al interno a control de rayos X (muy fundada).
Lo autoriza el jefe de servicios (por razones de eficacia), debe de notificarse al interno para que pueda recurrir y también al JVP, que debe controlar que verdaderamente en la autorización se contienen las razones individuales y contrastadas, a la vez que haya proporcionalidad.
3) Con controles de mayor intensidad (rayos X) Las requisas son una medida de seguridad dirigida a examinar las instalaciones físicas del establecimiento (techo, suelo, etc.). Tiene por fin proteger los DDFF del interno, no solo evitar intentos de fuga.
Los cambios de celda son una medida de control de personas potencialmente peligrosas y tienen mucho impacto en el interno.
La asignación adecuada de puestos consiste en no situar, por ejemplo, un interno en la enfermería en caso de haber estado condenado por un caso de tráfico de drogas, además de ser consumidor habitual.
Las precauciones en las entradas y salidas abarcan no solo a los internos, sino también a los comunicantes, a las personas que acuden al centro por motivos de trabajo (excepto los jefes y fiscales), y depende de en qué centro penitenciario no pueden entrar sus pertenencias. Los comunicantes, además de pasar por el arco de metales, son cacheados y pueden ser sometidos a desnudo integral (aunque pueden oponerse, con lo cual la comunicación queda suspendida o denegada y se le pueden derivar responsabilidades penales). También se dan controles de los vehículos y paquetes entrantes y salientes.
La intervención de los efectos consiste en que el centro penitenciario interviene directamente cinco tipos de efectos: 1) Dinero y joyas de valor, porque puede generar conductas que dificulten una normal convivencia en el centro penitenciario 2) Objetos peligrosos (como un cuchillo) 3) Efectos u objetos que no son peligrosos, pero que están prohibidos (como el alcohol) 4) Substancias u objetos ilícitos (como la droga) 5) Todos aquellos objetos que pongan en riesgo la seguridad y el buen orden del centro Los objetos de valor se retienen y se custodian, y cuando el interno es liberado se le entregan. Los peligrosos y prohibidos, en cambio, no. Un objeto ilícito se envía al juzgado de guardia, aunque si son drogas de envía al instituto de tóxicos.
Medios coercitivos La seguridad interior y la seguridad exterior son seguridades ordinarias que se dan en el orden normal del centro penitenciario.
Los medios coercitivos, en cambio, son medidas de seguridad que se dan en situaciones excepcionales, cuyo uso es autorizado por el ordenamiento penitenciario y que se utilizan para reprimir o prevenir conductas que no pueden solucionarse de modo menos gravoso. En todo centro penitenciario hay una prohibición general de utilizar la fuerza física, y los medios coercitivos son la excepción a ello.
Puedo utilizar los medios coercitivos en varios casos: 1) 2) 3) 4) Intentos de evasión Casos de violencia de los internos Casos en los que un interno cause daños a él mismo (autolisis), a un tercero o a cosas Caso en que sea necesario utilizar medios coercitivos para vencer la desobediencia y resistencia de un interno a ejecutar una orden Consisten en uso de la fuerza física, esposas, aislamiento provisional y/o uso de porras de goma.
Hay determinadas personas, pero, a las que NO pueden aplicárseles: - Mujeres embarazadas Madres lactantes Madres que tienen a sus hijos de hasta 3 años con ellas Personas gravemente enfermas, excepto que haya un inminente peligro para él o terceros Por regla general, el uso tiene que estar autorizado por el director. Normalmente, pero, no hay tiempo y, en este caso, después de utilizar el medio coercitivo o simultáneamente se le comunica al director su uso, que deberá de comunicarlo al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Si este último considera que el uso no está justificado puede: - Si no ha cesado, ordenar el cese Instar al director para que no vuelva a suceder Informar a Dirección General para que abra una inspección y tome las medidas oportunas Enviar informe al juzgado de guardia para depurar eventuales responsabilidades penales Aún y así, dichos jueces son muy estrictos y el uso de los medios coercitivos tiene que estar muy bien justificado. Debe formularse un juicio de ponderación (proporcionalidad, idoneidad, etc.).
LAS LIMITACIONES DE RÉGIMEN El art. 75 RP dice que los detenidos, presos y penados no tendrán otras medidas o limitaciones regimentales distintas a las necesarias para: - Su seguridad El buen orden y seguridad del establecimiento penitenciario, Aquellas aconsejables para su tratamiento, y Aquellas derivadas de su régimen de clasificación Partimos de la idea de que el régimen de vida deriva de su clasificación y situación procesal. El art. 75 RP, pero, rompe del todo con este principio de correlación de grado y régimen de vida, porque lo que nos dice es que podrá limitarse por varios motivos el régimen que correspondería al preso en cuestión según su situación procesal y clasificación en grado.
En la medida en que se está limitando un régimen de vida, pero, tiene que ser una medida proporcional y subsidiaria. Se dice por la jurisprudencia que tiene que acudirse a otras medidas menos gravosas (como un traslado).
El art. 75 RP es un régimen transitorio, que solo podrá mantenerse durante el tiempo que dure la problemática que pretendo resolver. Lo acuerda el director mediante resolución motivada y lo comunica al Centro Directivo. Se notifica al interno para que pueda ser objeto de recurso, y también el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y al Instructor. Cuando el centro penitenciario cesa esa medida se lo comunica también al interno. Bien a iniciativa del interno, o bien a iniciativa del centro penitenciario, se aplicará el art.
75.2 RP y se limitará el régimen en el que esté el interno para garantizar su seguridad y demás.
El problema de dicho artículo es el relativo a la inseguridad jurídica, ya que es uy ambiguo. Te dice que puedes limitar el régimen, pero no cuáles serán las limitaciones en cuestión. Además, en muchas ocasiones se va prolongando en el tiempo y acaba siendo una sanción encubierta. Entonces, si la problemática no desaparece se plantea el traslado del interno (perjudicial también en muchos casos).
LAS RECOMPENSAS Son premios que otorga la administración penitenciaria como reconocimiento de la buena conducta del interno, y se encuentran reguladas en el art. 46 de la LOGP.
Junto con las sanciones son dos caras de una misma moneda. Con las sanciones se habilita un estímulo negativo hacia el interno para que desarrolle por él mismo una conducta positiva dentro del centro penitenciario, mientras que las recompensas son un estímulo positivo para que dichas conductas se mantengan. Se regulan juntas.
El órgano competente es el mismo que regula el régimen disciplinario.
En la cuantía que estime oportuna, valorando elementos subjetivos y objetivos que determinan que el interno ha mantenido una conducta ejemplar Se dice que no solo afectan el régimen penitenciario, sino también el tratamiento, porque un interno puede obtenerlas no solo por buena conducta, sino por haber aprobado los estudios, etc. Entonces, se incentiva también la responsabilidad y el desarrollo de conductas dirigidas a la preparación para la vida en libertad.
Pueden ser: 1) 2) 3) 4) 5) Comunicaciones especiales y habituales Becas para los estudios, donación de libros… Premios en metálico Prioridad en el acceso a las salidas programadas de contenido de ocio, educativo, etc.
Aquellas que puedan facilitarles instrumentos para participar en actividades de ocio y educativas dentro del centro penitenciario 6) Notas meritorias 7) Otras análogas a todas las anteriores. No hay un listado cerrado.
Cada vez que se otorga una debe de anotarse en el expediente personal del interno y darle una justificación si la pide.
(FALTA UNA CLASSE) ...
Sistemas Penitenciarios - Tema 7 Personal Centros Penitenciarios (2016) Apunte
Delincuencia y medios de comunicación - Delincuencia y medios de comunicación (2014) Apunte
Tècniques qualitatives - Tècniques qualitatives (2014) Apunte
Dret Constitucional - Dret Constitucional tema 1 (2016) Apunte

References: resolución 
 artículo 102
 resolución 
 resolución 
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 Real Decreto 
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