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Timestamp: 2020-05-26 09:28:04+00:00

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Marginal : 2461503
C211-B.-Demanda de responsabilidad civil contra un juez o varios magistrados
(Borrador dado que no hemos encontrado ninguna sentencia estimatoria reciente)
REGULACIÓN. Se regulaba en los arts. 903 a 906 de la antigua LEC. Actualmente en los artículos 411 a 413 de esa Ley Orgánica y, por otro, los artículos 266.1 y 403.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
VÍAS . Dice MONTERO AROCA en la sentencia 15623/2006, de 18 de julio que la responsabilidad civil de jueces y magistrados tiene tres vías posibles:
La responsabilidad civil derivada de acto que es al mismo tiempo delito y que se acumula a la penal en el proceso de esta naturaleza.
La responsabilidad que puede instarse por el Estado en vía de repetición, con base en el artículo 296 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Artículo 296 (El estado responderá también de los daños que se produzcan por dolo o culpa grave de los jueces y magistrados, sin perjuicio del derecho que le asiste de repetir contra los mismos por los cauces del proceso declarativo que corresponda …
La responsabilidad civil que puede impetrarse de modo directo tomando como base, por un lado, los artículos 411 a 413 de esa Ley Orgánica y, por otro, los artículos 266.1 y 403.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
LOPJ ARTÍCULO 411. Los jueces y magistrados responderán civilmente por los daños y perjuicios que causaren cuando, en el desempeño de sus funciones, incurrieren en dolo o culpa.
ARTÍCULO 412.La responsabilidad civil podrá exigirse a instancia de la parte perjudicada o de sus causahabientes, en el juicio que corresponda.
ARTÍCULO 413. 1. La demanda de responsabilidad civil no podrá interponerse hasta que sea firme la resolución que ponga fin al proceso en que se suponga producido el agravio, ni por quien no haya reclamado oportunamente en el mismo, pudiendo hacerlo. 2. En ningún caso la sentencia pronunciada en el juicio de responsabilidad civil alterará la resolución firme recaída en el proceso.
-266.1. Se habrán de acompañar a la demanda: 1. Las certificaciones y testimonios que acrediten haber terminado el proceso y haberse en él reclamado o recurrido cuando se interponga demanda de responsabilidad civil contra Jueces y Magistrados por daños y perjuicios causados en el ejercicio de sus funciones, con dolo, culpa o ignorancia inexcusable
403.2 No se admitirán las demandas de responsabilidad contra Jueces y Magistrados por los daños y perjuicios que, por dolo, culpa o ignorancia inexcusable, irrogaren en el desempeño de sus funciones mientras no sea firme la resolución que ponga fin al proceso en que se suponga causado el agravio.
Tampoco se admitirán si no se hubiere reclamado o recurrido oportunamente en el proceso contra el acto u omisión que se considere causante de los daños o perjuicios.
AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA (Si es contra un Juez)
A LA SALA DE LO CIVIL PENAL (Si es contra varios magistrados)
Don ___Procurador de los Tribunales, en representación de Don ___ mayor de edad, de estado civil ..., de profesión ___, vecino de ___, con domicilio en la calle ___ núm ___, , según acredito mediante copia fehaciente de la escritura de apoderamiento que debidamente bastanteado y aceptado acompaño para su unión a los autos por copia testimoniada con devolución de aquélla (o por apoderamiento que se conferirá por comparecencia o según designa de oficio _documento núm. 1_), ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en derecho, DIGO:
Que en la representación que ostento y con la asistencia letrada del Abogado Don ____, nº de colegiado ___ formulo DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO sobre … contra …. en ejercicio de la acción de responsabilidad civil contra magistrado de los arts. 411 a 413 de la LOPJ y concordantes para que se declare que el demandado incurrió en responsabilidad en el desempeño de aquella función, por negligencia o ignorancia inexcusable, al dictar sentencia de 16 05 1.995 en los autos del juicio de cognición nº xxx seguido ante ese mismo Juzgado a fin de que, previos los trámites correspondientes, se dicte sentencia estimatoria de los pedimentos del suplico, en base a los siguientes:
1º La acción está vigente por haber agotado a su tiempo todos los recursos legales contra la resolución causante del presunto agravio, no hay caducidad ni prescripción
2º Ha existido dolo, culpa e ignorancia inexcusable en el demandado,
3º Ha existido violación de una norma que no ofrece dudas.
4º Ha existido un perjuicio económico que no pueda ser reparado de otra forma
PRIMERO. La no hay caducidad de la acción
PLAZO PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD.
Según el artículo 905 de la Ley de enjuiciamiento civil anterior la demanda de responsabilidad
civil contra Jueces y Magistrados “deberá entablarse dentro de los seis meses
siguientes al en que se hubiere dictado la sentencia o auto firme que haya puesto término
al pleito o causa”; y añadía el apartado segundo del precepto que “transcurrido este plazo
quedará prescrita la acción”. La derogación de este precepto por la Ley de enjuiciamiento
civil actual plantea el problema de suplir la laguna que se ha creado, pues la Ley Orgánica
del Poder Judicial no contiene previsión alguna sobre plazo para el ejercicio de esta acción.
A la vista de ello, y de acuerdo con lo apuntado antes sobre configuración de la responsabilidad
civil de los Jueces y Magistrados como una responsabilidad que guarda mayores
similitudes con la extracontractual, debe entenderse que se aplicará aquí lo prevenido
en el artículo 1968,2º del Código civil, según el cual prescriben por el transcurso de un año
las acciones para exigir responsabilidad civil por las obligaciones que nacen de culpa o
negligencia al margen de una relación contractual. El plazo es de prescripción y no de caducidad,
con todas las consecuencias que de ello se derivan y que no parece necesario reproducir
aquí. En cambio sí parece oportuno señalar que según la proposición última de dicho
artículo 1968,2º del Código civil el plazo del año comienza a contar “desde que lo supo el
agraviado”, que en el caso de responsabilidad civil de los Jueces y Magistrados, y en relación
con quienes hayan sido parte en el litigio, supondrá que el plazo empieza a correr
desde la fecha de la notificación de la resolución judicial, como ya había sancionado el
Tribunal Supremo en sus sentencias de 13 de julio de 1989, 3 de octubre de 1990 y 18 de
SEGUNDO.- Se presenta dentro de plazo, sin que pueda alegarse prescripción ni caducidad de la acción sin haber dejado transcurrir el demandante más de los seis meses que prevé el artículo ¿905 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para entablar la demanda desde que se dictó la sentencia o Auto firme que puso término al pleito.
La infracción de la Ley por negligencia o ignorancia inexcusables de que habla el artículo 403.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige, según la jurisprudencia, que no se trate de un mero error judicial sino de una manifiesta vulneración de normas de las llamadas rígidas derivada de una falta de ciencia o de una falta de ideas.
En la reciente sentencia del TS 1ª de 6 2 1998 (núm. 73/1998, rec. 31/1994. Pte: González Poveda, Pedro) reiterando muchas anteriores se dice: " Interpretando los arts. 903, actual 403.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 411 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dice la sentencia de 5 de octubre de 1990 que "es reiterada la de que los recursos como el presente exigen que la responsabilidad se limite al caso en que se haya procedido con infracción manifiesta de la Ley o faltado a algún trámite o solemnidad mandado observar bajo pena de nulidad, y caso de haber producido perjuicios estimables en metálico, cuya realización encuentra su causa directa o inmediata en un actuación dolosa o culposa del Juez o Magistrado lo que nos conduce a la asimilación, mutatis mutandi, con lo prevenido en el art. 1902. Es decir que la exigencia de esa responsabilidad ha de descansar forzosamente en esa actuación dolosa o culposa del Juez o Magistrado que se capta cuando ha infringido una ley sustantiva o procesal, siempre que en este caso esté sancionada su infracción con la nulidad de la actuación o trámite correspondiente, pero ha de ser calificable como manifiesta para que sea cohonestable con la "voluntad negligente o ignorancia inexcusable" a que se refiere el art. 903 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues de otra suerte solamente podría conceptuarse como simple "error judicial" o "deficiente o anormal funcionamiento de la Administración de Justicia", como lo designan los arts. 121 de la Constitución Española, 410 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y el art. 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el caso no se alcanza a comprender en que puede consistir la culpa o negligencia de los Magistrados demandados al resolver la cuestión litigiosa con estricta sujeción a los términos en que quedó planteado el debate judicial en los escritos de demanda y contestación y no entrando a examinar una cuestión que no fue alegada en la primera instancia ni era acogible de oficio y que la parte hoy recurrente intentaba, al parecer, hacer valer en la vista del recurso de apelación contradiciendo, incluso, los términos del suplico de su escrito de contestación
3º. Están agotadoas todas las vías ordinarias. No cabe reprochar al demandante que hubiera empleado un recurso inadmisible atendida la naturaleza de la resolución que quería impugnar pues como refleja la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 6 1.997 (nº 542/1.997) era una cuestión discutible en aquella época (téngase en cuenta que el Supremo resolvió el recurso contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 3 de julio de 1.995) la si en el proceso de cognición era exigible el requisito procesal del 1.565 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de acreditar el pago de las rentas o consignar las mismas, polémica que fue resuelta en aquella sentencia del Alto Tribunal en el sentido de que tal requisito no era aplicable a los recursos interpuestos en el juicio de cognición.
El Auto de la Sección 2ª de esta Audiencia Provincial desestimatorio de la queja vino a otorgar firmeza a la sentencia en la que se suponía causado el agravio. Entre el instante en que el Auto firme le fue notificado al demandante y la fecha de interposición de la presente acción no han pasado seis meses.
4º. No es admisible el argumento de que tampoco formuló el entonces demandado ningún recurso ni vía de oposición interesó en ejecución de la sentencia pueslo cierto es que no quedaban mecanismos al ejecutado para dejar sin efecto un pronunciamiento declarativo firme que cerraba la vía jurisdiccional.
JURISPRUDENCIA.-- La Jurisprudencia acerca de los requisitos imprescindibles para que prospere una pretensión de la naturaleza de la que hoy nos ocupa viene a exigir la concurrencia de tres supuestos ineludibles:
a) la actuación manifiestamente dolosa o culposa del Juez o Magistrado;
b) la violación de una norma rígida, no flexible y
c) un perjuicio económico evaluable que no pueda ser reparado de otra forma.
Veamos que se dan en este caso
a) la actuación manifiestamente dolosa o culposa del Juez o Magistrado.
La infracción de la Ley por negligencia o ignorancia inexcusables de que habla el artículo 903 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige, según la jurisprudencia, que no se trate de un mero error judicial sino de una manifiesta vulneración de normas de las llamadas rígidas derivada de una falta de ciencia o de una falta de ideas.
El art. 903 de la antigua LEC decía La responsabilidad civil en que puedan incurrir los Jueces y Magistrados cuando en el desempeño de sus funciones infrinjan las leyes por negligencia o ignorancia inexcusables …
En la posterior sentencia del TS 1ª de 6 2 1998 (núm. 73/1998, rec. 31/1994. Pte: González Poveda) reiterando muchas anteriores se dice: " Interpretando los arts. 903 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 411 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dice la sentencia de 5 de octubre de 1990 que "es reiterada la de que los recursos como el presente exigen que la responsabilidad se limite al caso en que se haya procedido con infracción manifiesta de la Ley o faltado a algún trámite o solemnidad mandado observar bajo pena de nulidad, y caso de haber producido perjuicios estimables en metálico, cuya realización encuentra su causa directa o inmediata en un actuación dolosa o culposa del Juez o Magistrado lo que nos conduce a la asimilación, mutatis mutandi, con lo prevenido en el art. 1902. Es decir que la exigencia de esa responsabilidad ha de descansar forzosamente en esa actuación dolosa o culposa del Juez o Magistrado que se capta cuando ha infringido una ley sustantiva o procesal, siempre que en este caso esté sancionada su infracción con la nulidad de la actuación o trámite correspondiente, pero ha de ser calificable como manifiesta para que sea cohonestable con la "voluntad negligente o ignorancia inexcusable" a que se refiere el art. 903 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues de otra suerte solamente podría conceptuarse como simple "error judicial" o "deficiente o anormal funcionamiento de la Administración de Justicia", como lo designan los arts. 121 de la Constitución Española, 410 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y el art. 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por su lado la sentencia del TS 1ª de 23 9 1994 (núm. 818/1994 rec. 3635/92. Pte: González Poveda) entre otras consideraciones ha formulado las de que " ... la reiterada doctrina según la cual no pueden tacharse de incongruentes las sentencias desestimatorias de la demanda y absolutorias de la parte demandada porque resuelven todas las cuestiones propuestas y debatidas (entre otras, SS 1 febrero, 4 abril y 10 diciembre 1990 y 22 noviembre 1993) , salvo el caso de que la litis se haya modificado al transformar el problema litigioso en otro distinto con alteración de la causa de pedir; ... sin que pueda olvidarse que, fundada la responsabilidad que se atribuye al Magistrado demandado en la infracción manifiesta de Ley o en la inobservancia de algún trámite o solemnidad mandado observar bajo pena de nulidad, es necesario, para determinar la existencia o no de tal responsabilidad, entrar a examinar la actuación del demandado en el caso concreto en que se dicen haberse producido esas infracciones para lo cual habrán de tenerse en cuenta las pretensiones formuladas por las partes, las pruebas aportadas a los autos y la aplícación de las normas legales llevadas a cabo por el demandado, pero sin que ello suponga que el órgano jurisdiccional que conoce de la demanda de responsabilidad esté entrando a conocer de la cuestión litigiosa objeto del proceso en que se dice haber producido la actuación culposa del Magistrado."
Se alega que el hoy actor no interpuso debidamente el recurso contra la sentencia cuyos vicios denuncia y la consintió pues el recurso de queja era abiertamente improcedente amen de que no impugnó acto alguno de los de ejecución de la sentencia.
( pues en este procedimiento se exige al demandante que agote previamente todas las posibilidades de resarcimiento, lo cual efectuó al iniciar querella criminal mencionada, por lo que desde la inadmisión a trámite del recurso de casación contra la sentencia absolutoria, no ha transcurrido el plazo de prescripción, y para ello no es óbice que la acción penal no se dirigiese contra el ahora demandado, pues como hemos declarado la jurisprudencia que también cita la parte demandada exige la previa exclusión de otra vía indemnizatoria (art. 905 LEC) y sentencia del TS de 23 de diciembre de 1988.
a) D. M.S.T.C.M. el 2 02 1. 994, como dueño del local nº 4, planta 4ª en el Centro Comercial XXX y en calidad de arrendatario de los bajos de la escalera de dicho local formuló denuncia en la Comisaría de Policía de Maspalomas contra "Antonio" (Restaurante Teide) por ocupar de los bajos de la escalera de dicho local por cambio de cerradura y acopio de objetos en el mismo. Este, que resultó ser D. A.C.T., contestó que hacía un año alquiló el cuarto trastero al denunciante quien no le entregaba recibo de las 15.000 pesetas que venía pagando al mes. Asimismo denunció el forzamiento de los candados imputando tal acción al Sr. C.M.
b) En la Comisaría de * el mismo día dos de febrero de 1.994 compareció Dª E.O. manifestando que "la dicente y su marido tiene un cuarto trastero alquilado(sic)en el Centro Comercial Yumbo al Sr. M.C.M. desde hace un año aproximadamente".
c) Las anteriores actuaciones policiales desembocaron en las diligencias previas nº 127 94 del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de los de * las cuales fueron archivadas con reserva de acciones civiles el 2-03-1.994. Durante su tramitación se celebró una comparecencia del Sr. M.C.M.y el Sr. C.T. en la que aquel le entregaba un juego de llaves del local y este se comprometía a desalojar en una semana el local por lo que transcurrido ese tiempo D. M.C.M., en escrito de 09-02-94, hizo constar en las citadas diligencias previas que el denunciado no desalojó el local sino que cambió la cerradura y le avisó que iba a interponer un interdicto de retener.
d) El 7-02-1.994 el A.C.T. interpuso ante los Juzgados de * demanda de interdicto de recobrar la posesión contra D. M.C.M.respecto del almacén o parte del mismo sito bajo las escaleras de acceso a los locales de la planta 4ª nº 4 del centro Comercial * contra su arrendador D. M.C.M. aduciendo que era arrendatario del citado almacén desde hacía aproximadamente un año en virtud de contrato verbal por una renta mensual de 15.000 pesetas al mes y que dedicaba el almacén para depósito de mercadería propia del restaurante y conservación en dos cámaras frigoríficas de mercancía perecedera. El procedimiento se tramitó ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de los de * en el cual recayó sentencia de 4 05 1.994 por la que estimaba la demanda mandando mantener en la pacífica posesión a A.C.T. y ordenándose requerir a D. M.C.M.para que no perturbase la pacífica posesión del actor. En confesión judicial D. M.C.M.absolvió la primera posición asegurando ser incierto que hubiera subarrendado el almacén del local 4.4 al A.C.T. por prohibírselo la Comunidad de Propietarios del local. La sentencia devino firme.
e) M.C.M.formuló el 3-06-1.994 demanda de juicio de cognición contra D. A.C.T. sobre resolución de contrato de subarriendo de almacén por expiración del plazo. Dicho procedimiento se tramitó por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de los de * con el nº 89/94 en el que se dictó sentencia de fecha * por la que se desestimaba la demanda al no considerar acreditada la celebración de un contrato de subarriendo ni siquiera el abono de una renta condenando en costas a la parte actora. La sentencia no fue impugnada por el actor D. M.C.M.por lo que se hizo firme.
f) D. M.C.M.interpuso, el día 22 de febrero de 1.995, demanda de juicio de cognición en idénticos términos fácticos (salvo la introducción en el expositivo CUARTO de la siguiente mención: " ... en tanto que su esposa, la otra demandada, la Sra. O., al ser citada a declarar en el Juzgado de Instrucción 8 en mérito de las diligencias previas también mencionadas, manifestó que ella ostentaba igualmente la condición de arrendataria en unión de su cónyuge.") y jurídicos que los de la precedente demandada, demandando en esta ocasión, además, a la esposa de A.C.T. Dª E.O. tramitándose el mismo con el nº 51/95 ante el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de los de * del que era titular el ILTMO. Sr. D. J.A.T.P. quien dictó la providencia de admisión a trámite el 13 de marzo de 1.995. El matrimonio demandado compareció contestando la demanda alegando la excepción de cosa juzgada respecto a la sentencia dictada en el procedimiento anterior aportando en periodo probatorio testimonio de la sentencia indicada y acta del juicio de interdicto en la que D. M.C.M.negaba la condición de subarrendatario al demandado A.C.T.. En confesión el actor manifestó no existir contrato y no haber recibido cantidad alguna de los demandados por su utilización. D. A.C.T. también en confesión reconoció que no pagaba cantidad alguna desde que se formuló el interdicto de recobrar la posesión y que con anterioridad le dio en mano al actor 36.000 pesetas.
g) El Ilmo. Sr. Juez ahora demandado DICTÓ SENTENCIA EL 16 05 1.995 EN LA QUE DESESTIMÓ, EN EL FUNDAMENTO DE DERECHO PRIMERO LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA EN ATENCIÓN A QUE " ... MIENTRAS QUE EN ESTE PROCESO INTRODUCE UN NUEVO DEMANDADO, COMO ES Dª E.O., POR LO QUE PROCEDE DENEGAR LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA PLANTEADA.". Dedica el segundo fundamento a dilucidar la situación o el tipo de contrato ante el que se encuentra. En el fundamento TERCERO cita la jurisprudencia que considera nulo de pleno derecho el contrato de subarriendo celebrado sin la anuencia del dueño. En el fundamento de derecho CUARTO declara probada la sustitución ilegal de la persona del arrendatario en el contrato de arrendamiento celebrado entre la Comunidad de propietarios del centro Comercial Yumbo Centrum y el actor D. M.C.M., que no abonan cantidad alguna los demandados por el uso del almacén; que ostentan los demandados sin título alguno el uso del almacén; y concluye que, por todo ello, al ser nulo el contrato de subarriendo debe declarase resuelto el mismo, y en su consecuencia haber lugar al desahucio. En el último párrafo de este fundamento aborda la cuestión relativa a la incongruencia con respecto a la denegación de la causa de resolución alegada por la actora decantándose por declarar de oficio de la ineficacia e inexistencia de los actos radicalmente nulos. El pronunciamiento en cuanto a costas tuvo en cuenta que la causa de resolución del contrato no era la solicitada por la actora y la colaboración de los demandados en la confesión judicial para no imponerlas. En el Fallo se vino a declarar resuelto "el contrato de subarriendo que liga a las partes" condenando a los demandados a que desalojen el almacén.
h) Contra esta sentencia formuló D. A.C.T. recurso de apelación que fue admitido a trámite por proveído de 16 06 1.995 dándose traslado a la parte contraria para su eventual impugnación. Contra esta resolución interpuso el apelado recurso de reposición el 21 06 95 para que la apelante acreditara estar al corriente en el pago de las rentas y caso contrario se inadmitiese el recurso de apelación. EL demandado impugnó la reposición alegando que la falta de pago de la renta no había sido la causa de resolución pedida ni debatida ni establecida la obligación de pago de la misma.
i) Por Auto de 10 07 1. 995 se estimó el recurso de reposición dejándose sin efecto el proveído de 16 06 95 y requiriendo a la parte demandada apelante para que acredite encontrarse al corriente del pago de las rentas so pena de inadmitir el recurso de apelación. Contra esta resolución formuló el demandado recurso de apelación solicitando la nulidad de actuaciones por no ser exigible aquel requerimiento en las apelaciones de juicios de cognición y sí solamente en los procedimientos de desahucio anticipando la formulación de un recurso de queja caso de que se desestimare la apelación.
j) Por providencia de 31 07 1.995 se decretó la improcedencia del recurso de apelación contra el Auto de 10 7 95 al ser necesario para su interposición acreditar estar al corriente de pago de las rentas. Por resolución de 19 de septiembre de 1.995 se acordó la entrega al actor del testimonio solicitado para la interposición del recurso de queja.
k) Ante esta Audiencia Provincial comparece D. A.C.T. deduciendo recurso de queja contra el Auto de 10 07 95 y el proveído de 31 07 95 que fue seguido por sus trámites y recabado informe del Juzgado de origen lo evacuó el 4 12 95 su nuevo titular haciendo una relación de las resoluciones y escritos de las partes desde la fecha en que recayó sentencia definitiva al haber cesado en su cargo el hoy demandando el 11 10 1.995.
l) Por Auto de la Sección Segunda de esta Audiencia Provincial de fecha 17 01 1.996se desestimó el recurso de queja que fue notificado al Procurador A.C.S. el 2 02 1.996.
m) Retornados los autos al Juzgado de origen el 9 02 96, el 14 02 96 el demandante D. M.C.M.instó la ejecución de la sentencia teniendo lugar el lanzamiento por la Comisión Judicial el 12 03 96 quedando en almacén once estanterías de madera.
n) El 24 de julio de 1.996 se presentó ante la Audiencia Provincial de Las Palmas la demanda de responsabilidad civil contra el Ilmo. Sr. D. J.A.T.P..
COMPETENCIA. Debe aplicarse el artículo 73. 2 b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá, en única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, contra todos o la mayor parte de los Magistrados de una Audiencia Provincial o de cualesquiera de sus Secciones.
Sin embargo el artículo 85.1 de misma la Ley Orgánica del Poder Judicial, dispone que los Juzgados de Primera Instancia conocerán en el orden civil: en primera instancia, de los juicios que no vengan atribuidos por ésta Ley a otros Juzgados o Tribunales.
3º. Puede apreciarse negligencia o ignorancia inexcusable en la providencia admitiendo el aval temporal, la cual fue recurrida por la parte actora,
4º. »Por tanto, constan los elementos necesarios para declarar la responsabilidad civil del Magistrado, conforme establece el art. 903 de la LEC y por ello se consideran satisfechos por el actor los presupuestos del art. 906 de la LEC.
»TS 1ª, S 15-4-1992 (92/3760)
PRIMERO.- El demandado ha incurrido en el desempeño de sus funciones en dolo o culpa (Los jueces y magistrados responderán civilmente por los daños y perjuicios que causaren cuando, en el desempeño de sus funciones, incurrieren en dolo o culpa LOPJ Artículo 411.
(Explicar como ha ocurrido el dolo o culpa)
Además Concurre negligencia o ignorancia inexcusable del demandado. prohibido de acuerdo con el art. 1903 Del Cc y 411 de la LOPJ
(Debe demostrar la negligencia o ignorancia inexcusable.)
LOPJ 1. Los daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del Estado, salvo en los casos de fuerza mayor, con arreglo a lo dispuesto en este título.
SEGUNDO. La responsabilidad civil la pide la parte perjudicada (o sus causahabientes), puesto que … (perjuicio producido al demandante) cumpliendo también el art. 413 de la LOPJ.
TERCERO.- Es firme la resolución que pone fin al proceso en que se supone producido el agravio, cumpliendo el artículo 413 LOPJ.
CUARTO. El demandante ha reclamado oportunamente en vía administrativa como señala el art. de la LJ
CUANTÍA. Por lo expuesto, la cuantía de esta demanda es de ... €, de acuerdo con la regla nº ... del art. (251 a 253).
(Art. 399.3. Se expresarán los documentos, medios e instrumentos que se aporten en relación con los hechos que fundamenten las pretensiones y, finalmente, se formularán, valoraciones o razonamientos sobre éstos, si parecen convenientes para el derecho del litigante.
(Art. 399. 4. Además de los que se refieran al asunto de fondo planteado, se incluirán con la adecuada separación, las alegaciones que procedan sobre capacidad de las partes, representación de ellas o del procurador, jurisdicción, competencia y clase de juicio en que se deba sustanciar la demanda así como sobre cualesquiera otros hechos de los que pueda depender la validez del juicio y la procedencia de una sentencia sobre el fondo.)
I. Artículo 73. 2 b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá, en única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, contra todos o la mayor parte de los Magistrados de una Audiencia Provincial o de cualesquiera de sus Secciones.
Sin embargo el artículo 85.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dispone que los Juzgados de Primera Instancia conocerán en el orden civil: en primera instancia, de los juicios que no vengan atribuidos por ésta Ley a otros Juzgados o Tribunales. En efecto, el conocimiento dispuesto para las demandas de responsabilidad civil de Jueces de Primera Instancia ha de ventilarse en el Juzgado de Primera Instancia correspondiente por no existir atribución distinta alguna en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
I. CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES. Ambas partes tienen capacidad, conforme al número 11 de los artículos 6 y 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Mi mandante está debidamente representado por el que suscribe, en base al artículo 23.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y defendido por Abogado, conforme al artículo 31.1 del mismo texto legal.
II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA OBJETIVA Y TERRITORIAL. Corresponde a los Juzgados de 10 Instancia de esta ciudad en base al art.
a)50.1, por tener aquí su domicilio el demandado -ó su residencia, caso de tener su domicilio fuera de España-
a´)50.2, conforme al cual quienes no tuvieren domicilio ni residencia en España podrán ser demandados en el lugar en que se encuentren dentro del territorio nacional o en el de su última residencia en éste y si tampoco pudiera determinarse así la competencia, en el lugar del domicilio del actor.
a´´)50.3, los empresarios y profesionales, en los litigios derivados de su actividad empresarial o profesional, también podrán ser demandados en el lugar donde se desarrolle dicha actividad y, si tuvieren establecimientos a su cargo en diferentes lugares, en cualquiera de ellos a elección del actor, no existiendo sumisión expresa o tácita a otro Juzgado.
La jurisdicción corresponde a este orden jurisdiccional civil conforme al número 1 y 2 del artículo 9 en relación con el número 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
III. CLASE DE JUICIO O PROCEDIMIENTO._Corresponde el ordinario en base al artículo (249. 1) ó 249.2 por ser demanda cuya cuantía exceda de tres mil euros y aquéllas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo.
IV.LEGITIMACIÓN._Ambas partes están legitimadas activa y pasivamente, el demandante por ser ... (el comprador del piso cuyos vicios son objeto de esta litis; quien sufrió los daños, etc. ...) y el demandado por ser (el vendedor del piso; el que causó los daños; etc.).
Artículo 411. Los jueces y magistrados responderán civilmente por los daños y perjuicios que causaren cuando, en el desempeño de sus funciones, incurrieren en dolo o culpa.
Artículo 412. La responsabilidad civil podrá exigirse a instancia de la parte perjudicada o de sus causahabientes, en el juicio que corresponda.
VI.JURISPRUDENCIA._Según las sentencias del Tribunal Supremo de fecha ...
VII. PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO:
VIII. COSTAS._Serán impuestas a aquella parte cuyas pretensiones sean totalmente rechazadas (artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), por lo que deberán imponerse al demandado, si se opusiere.
Que tenga por presentado este escrito y documentos acompañantes y sus copias, los admita, y a mí por parte en la representación indicada, mandando se entiendan conmigo las ulteriores diligencias, tenga por deducida DEMANDA DE JUICIO DECLARATIVO ORDINARIO contra el Juez Don ... (o los magistrados …), dándole traslado de las copias para que conteste en el plazo de 20 días ((opcional: y si no se alcanza acuerdo en la audiencia previa al juicio, se reciba el pleito a prueba, practicándose las pruebas que propondremos en el momento de la celebración de dicha audiencia)),
1º. se declare que el demandado incurrió en responsabilidad en el desempeño de aquella función, por negligencia o ignorancia inexcusable, al dictar sentencia de fecha * en los autos del juicio de cognición nº 515 seguidos ante ese mismo Juzgado por D. M.C.M.contra D. A.C.T. y
2º se le condene a que indemnice al actor por los daños materiales ocasionados por el lanzamiento del local almacén que ocupaba en el Centro Comercial Yumbo Centrum de Playa del Inglés a acreditar en ejecución de sentencia y en un millón de pesetas por los daños morales derivados y costas del procedimiento;
(Otras posibles peticiones)
1º. Se declare que el demandado xxx ha violado el derecho que al demandante xxx corresponde como propietario/fabricante de su propiedad / programa informático xxx ....
2º. Se declare que el demandado xxx ha llevado a cabo una actuación que constituye discriminación / competencia desleal contra el demandante xxx.
3º. Se condene al demandado xxx al cese inmediato de la actividad ilícita, debiendo comprender ese cese:
a)El cese de la (actividad ilegal que se ha detallado en los “hechos”), así como la devolución de las llaves a su propietario el demandante don ....
b)La prohibición de reanudar dicha ... (actividad ilícita).
c)La recuperación o destrucción de los CD-ROM que contienen el programa informático xxx de (demandante), en las versiones 1/2000 y 2/2000,así como cualquier otra versión posterior, en cualquier soporte, que incorpore total o parcialmente el contenido de las versiones 1/2000 y 2/2000 distribuidas a los suscriptores de (demandado).
4º._Se condene a (demandado) xxx a indemnizar a (demandante), por los daños y perjuicios que le ha ocasionado con su actuación ilegal, calculando a tal efecto las cantidades a indemnizar según las bases y criterios expuestos en el Fundamento de Derecho XI de esta demanda.
5º.- Se imponga al demandado, declarando su temeridad y mala fe, el pago de todas las costas del procedimiento.
OTROSÍ DIGO acompaño documental consistente en testimonio de los particulares del juicio de cognición nº 89/94 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de los de * , así como del juicio sobre interdicto de recobrar la posesión 22/94 del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de los de * y del juicio de cognición nº 51/95 del Juzgado de Primera Instancia nº 6 también de los de * y del recurso de apelación tramitado ante la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de *.
(SUPLICO BREVE) dicte sentencia por la que estimando la demanda, se declare el derecho ... o/y se condene al demandado a ..., o/y en reclamación de ... euros importe de ... y los intereses que correspondan desde la iniciación del presente juicio)
-Pido recibimiento a prueba consistiendo la de la parte demandante en dar por reproducidos los documentos aportados por ambas partes, la confesión judicial del demandado y la testifical de D. M.C.M.;
SUPLICO AL JUZGADO: Acuerde su desglose y devolución previa constancia en Autos
Es Justicia que pido en lugar y fecha “ut supra”.
Abogado, col. Nº ... Procurador

References: artículo 296
 Artículo 296
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ARTÍCULO 413
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 artículo 1968

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 artículo 31
 artículo 9
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