Source: https://www.burovoz.es/argentina-jurispruedencia-grabaciones-llamadas/
Timestamp: 2019-02-16 16:19:54+00:00

Document:
Argentina jurispruedencia, grabaciones de llamadas - BUROVOZ
Partes: H. P. C. F. s/ recurso de casación
Cita: MJ-JU-M-100914-AR | MJJ100914 | MJJ100914
1.-Es procedente revocar la resolución que desestimó por inexistencia de delito la causa en la cual un juez denunció hechos de corrupción y persecución que se habrían cometido en el proceso en el que fue imputado por delitos de lesa humanidad pues a tal fin consideró inválida la grabación de una conversación habida entre el hijo y letrado de aquel y un Fiscal, pese a que todo parecería indicar, en principio, que dicha grabación fue realizada en el convencimiento de que su padre estaba siendo víctima de una persecución política y judicial ilegítima y, en tal virtud, en el marco de un derecho que subjetivamente pudo considerar que le asistía.
2.-La grabación de la conversación privada mantenida entre el hijo y letrado del denunciante y un Fiscal a quien conocía, es válida y no importa una intromisión indebida en relación al derecho a la privacidad de éste porque fue una de las partes interactuantes -hijo y letrado del denunciante- quien obtuvo el registro, por lo cual no existió el obrar de un tercero ajeno que interceptara una comunicación sin autorización judicial o consentimiento de los involucrados.
3.-Las conversaciones entre particulares no pueden ser consideradas per se inválidas porque rige el principio de libertad probatoria que permite la incorporación al proceso penal a través de medios no reglamentados de elementos de convicción tendientes a descubrir la verdad real de lo sucedido en la medida en que guarden relación con el objeto de las actuaciones; siempre que, claro está, no afecten en el caso concreto otros principios o garantías constitucionales de las personas.
4.-Es procedente revocar la resolución que desestimó la querella por inexistencia de delito si resulta en todo caso prematura y no se adecua a la naturaleza ni a la certeza requerida para este tipo de resoluciones, aspecto sobre los cuales la fundamentación no luce ajustada a derecho, conforme lo dispuesto en el art. 123 del CPPN. ya que las dudas existentes debieron ser despejadas mediante la producción, al menos de las pruebas sugeridas por el acusador particular, de modo de llegar a un cabal pronunciamiento ajustado a las reglas procesales (de la disidencia parcial de la Dra. Catucci)
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes de septiembre de dos mil dieciséis, se reúnen los integrantes de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, doctores Eduardo Rafael Riggi, Liliana Elena Catucci y Juan Carlos Gemignani, bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistidos por el Prosecretario de Cámara, doctor Walter Daniel Magnone, para dictar sentencia en la causa nº FMP 31006155/2013/3/CFC1 caratulada “H., P. C. F. s/ recurso de casación”, con la intervención del doctor Javier Augusto De Luca por el Ministerio Público Fiscal, y los doctores Alejandro Martín Borawsky Chanes y P. F. G. H. por la querella.
Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden: Catucci, Riggi y Gemignani.
2. La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata despreció la validez de la grabación y transcripciones de la conversación mantenida entre P. F. G. H.y el por entonces fiscal federal subrogante Claudio Kishimoto que la querella aportara, así como los datos de ella derivados, por su ilegalidad, y en consecuencia desestimó por inexistencia de delito las mencionadas denuncias.
3. Corresponde previamente determinar la naturaleza de la desestimación llegada a conocimiento de esta alzada.
Según lo prescripto en el artículo 180 del Código Procesal Penal la desestimación recepta dos motivos.El primero de ellos se refiere a la atipicidad de los hechos denunciados y la segunda cuando “no se pueda proceder “.
1.-Analizado el caso sometido a estudio, conceptuamos oportuno recordar que esta Cámara Federal de Casación Penal se encuentra llamada a resolver las cuestiones constitucionales -y por ende de naturaleza federal- que llegan a su conocimiento como tribunal intermedio según lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Di Nunzio, Beatriz s/excarcelación” , causa nro. 10.572, D.199.XXXIX; a la par que es deber de los tribunales de justicia expedirse sobre los agravios y alegaciones conducentes y dirimentes que las partes del proceso platean en tiempo y forma.
En este marco, los denunciantes piden que se investigue una supuesta confabulación llevada a cabo por funcionarios del Ministerio Público Fiscal, por el Juez Federal Dr.Martín Bava, por miembros de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, su par de la Provincia de Buenos Aires, Organizaciones de Derechos Humanos y Organizaciones sociales, por determinados abogados que han patrocinado a querellantes, principalmente el abogado César Raúl Sivo y otros miembros de su estudio (abogadas Natalia Messinea y Fernanda Di Clemente). Éstos últimos letrados, según los denunciantes, son quienes “.en forma alternada o sucesiva y con distintos roles, han intervenido en la causa con relación a la denuncia de los autos titulados ‘Representantes de Organismos de Derechos Humanos’ siendo de público y notorio conocimiento el trato asiduo evidenciado entre alguno de ellos con funcionarios de la Fiscalía Federal y Fiscalía General de Mar del Plata, aún durante las esperas previas a la realización de las audiencias”; a la par que son los mismos que habrían tomado parte en pedidos de juicio político de H.
Según los querellantes, la gravedad de la situación viene dada porque los distintos funcionarios del MPF “.estarían impulsando un proceso a sabiendas de que sus imputaciones son infundadas y mendaces y que sólo provienen del autoritarismo del poder político, ya que han sido el resultado del cumplimiento de lo que imponen ciertos organismos de Derechos Humanos y algunas ONGs patrocinadas por el abogado Sivo en contra de H.”.
Esa conversación fue grabada con el uso de una aplicación de celular por parte de H.-hijo- y a juicio de los denunciantes constituiría la prueba más cabal de la injusta y tendenciosa persecución penal que estaría sufriendo el magistrado por supuestos delitos de lesa humanidad, pues en ella – básicamente- el Fiscal Kishimoto habría reconocido que era presionado por el Fiscal General Adler y otros funcionarios del Ministerio Público Fiscal -entre ellos Jorge Auat- para continuar con la causa a sabiendas de las infundadas acusaciones.
Finalmente, a fs. 680/94 se amplió nuevamente la denuncia, esta vez invocando otro supuesto hecho de prevaricato – de hecho y derecho- contra el Juez Bava en la misma causa nº 12017274/2012. Los aquí querellantes en esta ocasión le achacan que con fecha 10/09/2014 habría excluido expresamente a los defensores de H.de la posibilidad de asistir a una serie de audiencias testimoniales de los familiares directos de las personas que resultaron víctimas durante la dictadura; autorizando a concurrir, por el contrario, a los representantes del Ministerio Público Fiscal.
Básicamente, los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que respecto de la primigenia denuncia, su base probatoria descansaba en la grabación que de manera subrepticia había obtenido P. G. H., la cual por sus propias características no podía “erigirse como sustento jurisdiccional válido de una investigación judicial”; ello así pues, amén de que las manifestaciones allí vertidas respondían a meras opiniones informales sobre el trámite de una causa, también fueron desmentidas por Claudio Kishimoto en el marco de su declaración testimonial en el expediente 13000476/2013. Asimismo dieron las razones por las cuales consideraron que no existía delito alguno en la actuación de los funcionarios denunciados.
Para así decidir, y respecto de la ilegalidad de la conversación, el magistrado, en sustancia, consideró -a más de restarle valor convictivo a las manifestaciones vertidas en ese contexto- que la grabación había sido captada de manera clandestina por H. y que por ende en el caso se había afectado el derecho a la privacidad de Kishimoto, quien desconocía que estaba siendo grabado. Entendió que el modo en que se desarrolló el acto “fue susceptible de haber generado la expresión de palabras y pensamientos que bajo circunstancias de total libertad y voluntad nunca las hubiera referido”, equiparando lo sucedido a una confesión producto de una coacción psicológica, violatoria de la garantía contra la autoincriminación. De allí que, con citas de doctrina y jurisprudencia, concluyó en la ilegalidad de esa prueba y sus derivaciones y las excluyó del proceso.
Finalmente, el magistrado subrogante también tuvo en cuenta para desestimar la denuncia, que en las presentes actuaciones el Ministerio Público Fiscal no había impulsado la acción penal; y concluyó -con citas de doctrina y jurisprudenciaque el querellante carecía de facultades autónomas para promover por sí mismo el inicio del proceso. c. La Cámara Federal de Mar del Plata, en el resolutorio de fs. 984/1010, confirmó la decisión del juez de primera instancia en todos sus términos, “.declarando ilícita la prueba obtenida y aportada por la parte querellante y denunciante en autos, constituida por la grabación y posteriores transcripciones de la conversación mantenida por P. F. G. H.y por el entonces Fiscal Federal subrogante (.) Claudio Kishimoto (.); desestimando las denuncias efectuadas por inexistencia de delito”.
Así, en primer lugar, la Cámara a quo -voto del doctor Ferro al que adhirió el doctor Álvarez-, comenzó analizando la validez de la prueba aportada por el querellante, indicando que “.está fuera de discusión que la grabación de audio ha sido tomada de manera encubierta, furtiva, por una persona, Pedro F G H. (h), quien ejerce, por excepción, el rol de Abogado defensor de su padre en las causas seguidas contra éste y además es funcionario de la Justicia Federal” y que también resultaba indudable que “.dicha grabación fue realizada sin autorización alguna de autoridad judicial y fuera del ejercicio de sus funciones, lo que claramente la torna violatoria del derecho a la intimidad y de carácter ilegal”.
Asimismo, la Cámara consideró que se había violentado el derecho a la no autoincriminación respecto de Kishimoto, pues “ha[bía] mediado un abuso de confianza” de parte de H.(h) “. ya que la conversación no surgió de manera espontánea” sino que, lo que se buscó, “.es que Kishimoto se autoincrimine”.
En esa línea, se sostuvo en el fallo que de un análisis de la prueba aportada era posible concluir que “.Kishimoto se vio lesionado en al menos uno de sus derechos fundamentales como lo es la intimidad, lográndose una suerte de confesión a través de un engaño por abuso de confianza; del mismo modo, podría interpretarse una vulneración a su derecho a la intimidad, [pues] dicho diálogo, si bien con anuencia de Kishimoto, se produjo en el acceso a su domicilio o en un sitio -dentro de su fundo-, lo que denota aún más el aprovechamiento de dicha situación de abuso de confianza la que ha trascendido los límites de su intimidad”.
De esta manera, entendiendo que la prueba en cuestión violentaba las garantías constitucionales apuntadas y con cita de doctrina y jurisprudencia, la Cámara concluyó que correspondía declarar la ilicitud de la prueba dubitada y aplicar las reglas de la exclusión probatoria pues “.si bien no existe injerencia estatal en la obtención de la misma, también resultaría repugnante que el Estado utilizara para sostener una imputación, aún para encaminar una investigación, una prueba habida de manera ilegal por un particular, en este caso por H. (h)”.
Se añadió en tal sentido que “.las mismas consideraciones cabe atribuir tanto al audio como a la desgrabación confeccionada por la Notaria -cuya copia se adjuntó al escrito de denuncia (ver fs. 24)-, toda vez que el punto de partida que tengo en cuenta para así decidir está dado por la manera en que H.(h) abordó a Kishimoto para obtener la grabación cuestionada”.
Y finalmente, sobre este punto, se afirmó en la resolución que “.dicha prueba inválida para Kishimoto debe trasladarse a otras personas diferentes de quien resulta titular de la garantía afectada y que proporciona su exclusión, bloqueando la incriminación de los restantes sujetos denunciados, ya que a esa prueba se ha llegado mediante un procedimiento inválido, conforme se analizó”.
En tal aspecto, la Cámara señaló que “.de lo contrario, no se entiende como el denunciado en aquella causa -más aún teniendo en cuenta que no le resulta desconocido el trámite de un proceso penal- no denunció mucho antes el aludido plan que supuestamente se estaba pergeñando en su contra, siendo allí, es decir en el marco de aquellas actuaciones, dónde debieron efectuarse todos los cuestionamientos al respecto”.
Y se agregó que “[s]in embargo, los aquí denunciantes optaron por ‘armar’ su propia causa, es decir, provocaron las declaraciones de Kishimoto que fueran precedentemente analizadas -que son ilícitas- y a partir de allí esbozaron una denuncia con un sustento legal que (.) resulta muy endeble”.
1.-Pues bien, detallado el objeto procesal de las actuaciones como asimismo las decisiones que se han adoptado en las instancias previas y llegado el momento de analizar la cuestión sometida a estudio, conceptuamos oportuno memorar la reiterada doctrina jurisprudencial de este Tribunal en cuanto a que la legislación procesal ha impuesto a los magistrados del poder judicial la obligación ineludible de motivar sus decisiones. Así, llevamos dicho al respecto que “.los jueces tienen el deber de motivar las sentencias y ello se realiza cuando se expresan las cuestiones de hecho y de derecho que los llevan a concluir en un caso concreto de un determinado modo” (conf. causas N° 25 “Zelikson, Silvia E. s/recurso de casación”, Reg. N° 67 del 15 de diciembre de 1993 y sus citas; y causa N° 65 “Tellos, Eduardo Antonio s/recurso de casación”, Reg.N° 64/94 del 24 de marzo de 1994, ambas de esta Sala).
En ese criterio, vemos que el artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación establece que las sentencias deberán ser motivadas bajo pena de nulidad y más aún, el artículo 404 inciso 2° del mismo texto legal dispone que la sentencia será nula si faltare o fuere contradictoria la fundamentación. Esta exigencia comporta una garantía en beneficio de los eventuales imputados y acusados, como también para el Estado en cuanto asegura la recta administración de justicia. Motivar o fundamentar las resoluciones judiciales implica asentar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ellas contienen. En otras palabras, importa la obligación de consignar las causas que determinan el decisorio o exponer los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la resolución, esto es, las razones que poseen aptitud para legitimar el dispositivo (conf. nuestros votos en las causas N° 80 “Paulillo, Carlos Dante s/ rec. de casación”, Reg. N° 111 del 12/4/94; N° 181 “Sassoon Attie, Raúl Nissim s/recurso de casación” Reg. N° 177/94 del 17/11/94; N° 502 “Arrúa, Froilán s/ rec. de casación”, Reg. N° 185/95 del 18/9/95; N°1357 “Canda, Alejandro s/ rec. de casación”, Reg. N° 70/98 del 10/3/98; N°2124 “Anzo, Rubén Florencio s/ rec. de casación”, Reg. N° 632/99 del 22/11/99; N° 1802 “Grano, Marcelo s/ rec. de casación”, Reg. N° 186/2002 del 22/4/2002; y asimismo las causas N° 18 “Vitale, Rubén D. s/rec. de casación” Reg. N° 41 del 18/10/93; N° 25 “Zelikson, Silvia E. s/rec. de casación” ya citada; N° 65 “Tellos, Eduardo s/rec. de casación” ya citada; N° 135 “Risso de Osnajansky, Nelly s/rec. de casación” Reg. N° 142/94 del 18/10/94; N° 190 “Ruisanchez Laures, Ángel s/rec. de casación” Reg.N° 152/94 del 21/10/94; todas de esta Sala III, entre muchas otras).
Debe tenerse presente que también llevamos dicho que, en esa tarea de motivar o fundamentar una resolución, corresponde efectuar naturalmente un análisis crítico, razonado y circunstanciado de los elementos de convicción rendidos en el expediente, sin omitir, claro está, la evaluación de posibles pruebas que sean conducentes o decisivas para el desenlace de la cuestión, ni parcializar o aislar indebidamente el material probatorio traído a conocimiento del tribunal. Ello así, en la medida en que un análisis parcial de los hechos y elementos de convicción obrantes en el legajo puede traer aparejado el apartamiento de la solución legal prevista para el caso y, por ende, configurar un supuesto de arbitrariedad normativa de la sentencia (Conf. nuestro voto en causa n° 3544/2013/2/1/CFC1 “Kicillof, Axel y otros s/recurso de casación”, del 19/11/2015, reg. nº 1996/15).
Y estos supuestos de arbitrariedad que se pueden verificar por la falta de ponderación de elementos de convicción dirimentes que llevan al apartamiento en la solución legal correspondiente, también pueden verificarse, naturalmente, cuando la falta de consideración de una pieza de convicción o prueba de esa naturaleza es obviada por su indebida exclusión o invalidación en el marco del proceso.
Y esto último, a nuestro juicio, es lo que ha ocurrido en la especie, pues tal como se desprende de las transcripciones de los decisorios adoptados en las instancias anteriores, tanto el juez de primera instancia como la Cámara a quo, han tomado como eje fundamental para desestimar las actuaciones, la pretendida invalidez y consecuente exclusión de la grabación realizada por H.(h) -y de su transcripción- el día 11 de marzo de 2013, entre las 19.45hs y 20:30hs, aproximadamente, en la puerta del domicilio del Fiscal Kishimoto y donde éste le habría manifestado las presiones e irregularidades que existían en la causa que por delitos de lesa humanidad se le seguía a su padre.
Es que más allá que -como vimos- en las resoluciones cuestionadas también se dedicaron acápites a descartar las plurales figuras penales que trajera a colación la parte querellante, lo cierto es que el nudo central de la denuncia inicialmente promovida por H. tenía su fundamento en la supuesta confabulación o complot que existiría entre determinados actores -funcionarios y abogados- para perseguirlo penalmente en el expediente nro. 12017274/2012, aún a sabiendas de que no había elementos para llevar adelante esa acusación. Recordemos que entre otras cuestiones ponía de manifiesto que las presiones que recibía Kishimoto para impulsar la causa en contra del mandato legal y constitucional que le incumbe a los miembros del Ministerio Público Fiscal eran ejercidas o promovidas por algunos de sus superiores, concretamente, el Fiscal General Daniel Adler y el doctor Jorge Auat.
Y precisamente la piedra basal en que se sustentaba esa denuncia, estaba constituida por la grabación efectuada por H. (h) donde Kishimoto habría reconocido dichas circunstancias; de allí que este elemento de prueba resultaba a todas luces uno determinante y dirimente para decidir sobre la suerte de este expediente.
Por lo tanto, conceptuamos que el quid a dilucidar en el caso a fin de establecer si corresponde dar curso a la denuncia impetrada por H. es precisamente analizar si la tan mentada grabación es o no válida.
2.- Sobre este particular, debemos puntualizar, en primer lugar, que la cuestión no es novedosa y que esta Sala III ha sostenido ya desde hace años que “[l]as grabaciones ‘caseras’, al igual que cualquier otra prueba producida por particulares, no pueden considerarse genéricamente ilegítimas o inadmisibles.Su valor probatorio debe ser ponderado junto a los restantes elementos de cargo y su incorporación no puede ser tachada de ilegítima toda vez que se trata de elementos de prueba aportados por particulares a los fines de acreditar el hecho que se investiga” (Conf. causa nº 4779, “Vázquez, Enrique s/recurso de casación”, reg. 115/05, rta. 3/3/05).
La misma doctrina se mantuvo recientemente en un fallo de esta misma Sala, “Abramovici, Bernardo s/recurso de casación”, causa nº 35517/2007/TO1/CFC1, del 4/3/15, reg. nº 217/15), ocasión en que la doctora Ana María Figueroa -a cuyo voto adherimos-, concluyó que las grabaciones efectuadas por los particulares, en situaciones similares a las aquí analizadas pueden quedar incluso abarcadas en el ejercicio de un legítimo derecho de parte de quien las obtiene. Efectivamente, en esa oportunidad, se dijo, con citas de Muñoz Conde (“De las prohibiciones probatorias al Derecho procesal penal del enemigo”, Hammurabi, Buenos Aires, p. 98) que “.este puede ser el caso cuando el que graba pretende con la grabación defender sus legítimos derechos, sobre todo si está siendo víctima de un delito y con la grabación puede ayudar a la identificación del autor y a su castigo (.) Se puede decir que, cuando el que efectúa la grabación de un hecho delictivo grave, o del que está siendo víctima (de injuria, chantaje, amenazas, etcétera), ésta está justificada y que, con las garantías procedimentales pertinentes puede utilizarse como prueba” (sic).
Y en las presentes actuaciones, todo parecería indicar, en principio, que H.(h) precisamente realizó la grabación en el convencimiento de que su padre estaba siendo víctima de una persecución política y judicial ilegítima preñada de ilicitudes y, en tal virtud, en el marco de un derecho que subjetivamente pudo considerar que le asistía.
Debe tenerse presente que en el proceso penal todo se puede probar y por cualquier medio de prueba (principio de libertad probatoria) siempre que, en relación al objeto de la prueba, el dato tenga pertinencia, es decir, vinculación temática con el objeto del proceso y no medie prohibición legal; y en relación a los medios en particular, el aludido principio excluye la exigencia de la utilización de uno determinado para la prueba de un objeto específico y posibilita probar con cualquier medio no reglamentado siempre que sea adecuado para descubrir la verdad (Conf. Cafferatta Nores, José I., “La prueba en el proceso penal”, pgs. 24 y ss, Ed. Depalma, 1984).
En la misma línea, lleva dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “[e]l proceso penal tiene por fin inmediato el descubrimiento de la verdad objetiva e histórica, para lo cual rige en forma amplia el conocido principio de libertad probatoria: todo se puede probar y por cualquier medio, excepto las limitaciones del sistema jurídico general. Cualquiera puede ser el medio para demostrar el objeto de prueba, ajustándose al procedimiento probatorio que más se adecue a su naturaleza y extensión (conf. Dictamen del Procurador General al que remitió el Alto Tribunal in re “Luque, Guillermo Daniel y otro s/ homicidio preterintencional -causa nº117/94-, Recurso de Hecho L. 223 XXXIV, rta.26/11/2002).
Si todo esto es así, entonces, las conversaciones entre particulares no pueden ser consideradas per se inválidas, precisamente porque rige en nuestro ordenamiento el principio de libertad probatoria que permite la incorporación a través de medios no reglamentados de elementos de convicción tendientes a descubrir la verdad real de lo sucedido en la medida en que guarden relación con el objeto de las actuaciones; siempre que, claro está, no afecten en el caso concreto otros principios o garantías constitucionales de las personas.
Y en el caso que nos ocupa, a diferencia de lo sostenido en las instancias previas -donde se alegaron vulneraciones a la privacidad y la autoincriminación-, no se ha verificado a nuestro criterio ninguna lesión constitucional que amerite apartarse del principio general antes referenciado.
Sobre una cuestión similar a la aquí analizada, tuvo oportunidad de pronunciarse la Sala I de esta Cámara al dictar sentencia en la causa n° 838 “Stanislawsky, Jorge O. s/recurso de casación”, reg. nº 1129, rta.el 6/9/96, al decir que “. planteada la cuestión en debate, determina la necesidad de que la Sala se pronuncie sobre si ab initio corresponde restar todo valor probatorio a la grabación de una supuesta conversación telefónica entre la víctima y el victimario del delito de concusión cuando, como en el caso, no existió orden judicial previa, fue aportada por el primero -uno de los interlocutoressin el conocimiento del otro.queda claro que no se trata en propiedad de una interferencia clandestina de una comunicación telefónica realizada por terceros, sino que configura un acto de aporte probatorio por quien se dice compelido ilícitamente a entregar una suma dineraria en los términos del artículo 268 del C.P. supuesto en que corresponde privilegiar la situación de quien se dice víctima de un delito, sin perjuicio de la entidad probatoria que en el transcurso de la investigación pudiere asignársele. Así entonces, la generalización que se formula en el veredicto examinado en lo que atañe la exclusión como prueba de toda grabación fortuita de una conversación, sin atender a las particularidades del caso concreto, tratándose de conductas de particulares con las que pretenden corroborar con los medios que la ciencia y la técnica ponen a sus alcances aquello que denuncian ante la autoridad pública, comporta una demasía en la inteligencia que cabe asignar a normas de rango constitucional a la vez que resulta incompatible con una razonable aplicación de los principios constitucionales y legales que gobiernan la prueba, en tanto que es deber de los magistrados extremar los recaudos en la búsqueda de la verdad conforme a principios de justicia que deben primar en todo procedimiento judicial.”. La misma doctrina aplicó la Sala I en la causa nº 1242, “Macri, Eduardo A. s/recurso de casación” reg. nº 1608, rta.el 13/6/97, ocasión en que también se convalidaron las grabaciones entre particulares.
En la misma línea, la Sala IV de este Cuerpo, muy recientemente, en la causa nº 18.579 “Skanska S.A. s/recurso de casación”, del 13/04/2016, reg. nº 400/16.4, se ha expedido en e l mismo sentido, indicando -con las citas pertinentes y en lo que aquí interesa- que la exclusión como prueba de esas conversaciones, comporta un exceso en la interpretación que se le asigna a las normas constitucionales que regulan la incorporación de la prueba al proceso, puesto que el riesgo de una delación por parte del interlocutor es una posibilidad que asume al hablar, y que uno resigna sus razonables expectativas de intimidad al conversar con otro (se citaron en tal sentido Fallos, 313:1305; C.N.C.C.Fed., Sala I, “Raña”, rta. 20/4/99; Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II, “T.T. y otro”, rta. 8/09/08; C.A.C.A.T. de CABA, Sala I, “Plácido, Rita”, rta.11/06/04).
En este punto coincidimos con lo señalado sobre el particular por el Fiscal General ante esta instancia, doctor Javier De Luca quien, con acertado criterio jurídico, analizó el alcance de la cuestión debatida, y sostuvo que la conversación captada no puede ser considerada lesiva del derecho a la privacidad. Puede leerse a fs. 1064/vta “La grabación es ya de dominio público y los jueces no podrían soslayarla. Lo que ocurre es que la grabación es válida porque fue aportada por uno de los dos interlocutores y se trata tan sólo del registro o constancia de la comunicación que uno de ellos le habría hecho al otro.
Cuando una persona se comunica con otra pierde la expectativa de privacidad y no tiene derecho a controlar lo que el destinatario haga con el contenido de su mensaje, excepto que se configure algún delito, como el de revelación de secretos, art. 156 del CP, o la figura prevista en el art. 113 del CP, u otros.Se trata de una actividad compartida entre los interlocutores que no puede ser asignada con exclusividad a uno, pertenece a ambos y cada uno puede registrar, en cualquier soporte, la comunicación (sea ésta verbal, personal, telefónica, etc; por correspondencia, por mensaje de texto, por mail, etc), y el otro debe contar con que ello puede ocurrir. En rigor, el registro de tal comunicación no constituye una injerencia en un ámbito privado, por lo tanto no está protegido por la garantía del secreto de las comunicaciones ni se requiere orden judicial previa para enervarla. Si uno de los interlocutores, en ejercicio de su libertad realiza manifestaciones a otro, carece de la expectativa de privacidad y no revelación que tienen otros ámbitos, como por ejemplo, las comunicaciones a un sacerdote, psicólogo, abogado, donde la expectativa de privacidad y de no revelación es total, comenzando por la ley penal que reprime la violación de secretos (.) Lo mismo ocurre con otras circunstancias, como en los acuerdos de los tribunales, las sesiones secretas del Congreso, etc, donde previo al inicio de las comunicaciones se ha establecido que lo que allí se diga debe ser mantenido en secreto. Establecido ello, el problema queda circunscripto a una cuestión de credibilidad de quien revela la conversación, para lo cual habrá de ponderarse que lo que expresa está corroborado por una grabación, como un testigo que da fe de sus dichos y esa fe se apoya en un soporte sonoro. Diferente es el caso cuando el que registra la conversación es un tercero, distinto del emisor o del receptor porque respecto de terceros, los interlocutores sí mantienen la expectativa de privacidad o reserva.En virtud de lo anterior, considero que la grabación cuestionada no está prohibida desde un punto de vista jurídico”.
Continuando con el análisis y tal como hemos adelantado, la Cámara a quo, al confirmar la decisión del juez de primera instancia de declarar ilegal a la prueba acompañada, también consideró que se había vulnerado respecto de Kishimoto la garantía contra la “autoincriminación”. Nada más alejado de la realidad, por dos cuestiones básicas.
Es que más allá de que con posterioridad Kishimoto haya manifestado -en una nota periodística otorgada a un conocido diario matutino- que se sintió en cierta medida intimidado cuando fue abordado en la puerta de su domicilio por H. (h) -ver http:/ / http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-22-1431-2013-06 – 03.html-, lo cierto es que del tenor de la conversación grabada y que puede consultarse como apunta el Fiscal General en la página http://www.youtube.com, no se advierte ni se infiere en modo alguno que al momento de entablar el diálogo el mentado Kishimoto haya sufrido algún amedrentamiento, temor o circunstancia apremiante que permita sostener que sus dichos estuviesen viciados o no respondieran a su libre voluntad. De adverso, la escucha del diálogo permite notar a un Kishimoto muy locuaz en sus alocuciones a la par que evidencia una charla en cierta medida amena entre dos personas que ciertamente se conocían, más allá, claro está, de los delicados temas que estaban tocando.
3.-Por otra parte, también advertimos que tanto el juez de primera instancia como la Cámara a quo, propusieron la aplicación de la doctrina de la exclusión probatoria en base a la jurisprudencia que sobre el particular ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la línea de los fallos “Charles Hermanos”, “Fiorentino”, “Montenegro” y “Rayford”, entre otros.
Pero además de las notorias y patentes diferencias apuntadas, en los fallos de las instancias previas tampoco se ponderaron debidamente las palabras de la propia Corte Suprema en “Rayford” en cuanto a que la aplicación de la regla de exclusión probatoria no puede ser automática ni irracional, pues “deben valorar[se] las particularidades de cada caso concreto”.
Se dijo en ese sentido que “.la prueba que proviene directamente de las personas a través de sus dichos, por hallarse ellas dotadas de voluntad autónoma, admite mayores posibilidades de atenuación de la regla.En este aspecto, el grado de libertad de quien declara no es irrelevante para juzgar sobre la utilidad de sus manifestaciones, de modo que la exclusión requiere, en estos supuestos, un vínculo más inmediato entre la ilegalidad y el testimonio que el exigido para des calificar la prueba material”.
De todas maneras, se impone destacar que ya de por sí la situación que se presentó en “Rayford”, donde se trataba de una comitiva policial que interrogó a un extranjero que no conocía el idioma e ingresó ilegalmente a su domicilio sin orden judicial en horas de la madrugada, no guarda ningún tipo de semejanza, relación o parangón con los hechos objeto de este proceso.
En este último sentido, es conveniente recordar lo dicho por nuestro Máximo Tribunal, en torno a que “también [esta] Corte ha fijado pautas para el buen uso de sus precedentes, al explicar cómo deben entenderse las expresiones generales vertidas en sus sentencias, estableciendo que no cabe acordar carácter obligatorio para casos sucesivos a los términos generales contenidos en el fallo. Así, en la resolución tomada en el expediente ‘Municipalidad de la Capital c/Isabel A. Elortondo (Fallos 33:162), sostuvo que:’Cualquiera sea la generalidad de los conceptos empleados por el Tribunal en esos fallos, ellos no pueden entenderse sino con relación a las circunstancias del caso que los motivó, siendo como es, una máxima de derecho, que las expresiones generales empleadas en las decisiones judiciales deben tomarse siempre en conexión con el caso en el cual se usa.’” (Conf. voto de la Dra. Carmen M. Argibay, in re “Arriola, Sebastián y otros s/causa nº 9080, A 891 XLIV, recurso de hecho, considerando 11).
5.- En suma, conceptuamos que a partir de una sesgada e incorrecta ponderación de los términos de la denuncia y de la errónea declaración de ilegalidad de una prueba válida y dirimente, la Cámara a quo se apartó de manera inequívoca de la solución prevista por la ley para el asunto sometido a su conocimiento -y que no era otra que el dar curso a la pertinente investigación-, extremo que configura un supuesto de arbitrariedad en los términos de la doctrina del Alto Tribunal (CSJN Fallos 330:4103 ; 311:904; y 322:2415 , entre otros).
Debe recordarse también la doctrina que emerge del Alto Tribunal en cuanto a que “.es condición devalidez de un fallo judicial que él sea conclusión razonada del derecho vigente, con particular referencia a las circunstancias comprobadas de la causa” (Fallos: 238:550), y que “se le debe acordar primacía a la verdad jurídica objetiva e impedir su ocultamiento ritual, como exigencia del adecuado servicio de justicia, que garantiza el art. 18 de la Constitución Nacional” (Fallos 247:176; 262:459; 238:550; 249:324; 250: 642).
Por lo demás, no está de más puntualizar que inveteradamente hemos sostenido que el querellante particular se encuentra facultado para impulsar el proceso penal en solitario (conf. in re “Perea Amadeo Santiago s/recurso de casación”, causa n° 10998, reg. 1860/09, del 18/12/09, “Varela, Sergio Rubén s/recurso de casación” , causa n° 12402 reg.1282/10, del 30/08/10, entre muchas otras, a cuyos fundamentos nos remitimos por cuestiones de brevedad), por lo que el pedido de desestimación del Ministerio Público Fiscal formulado en la primera instancia, no resulta óbice para la prosecución de la investigación en el sentido propuesto.
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grabaciones destapan corrupción en la Policía de Tránsito de Juliaca

References: resolución 
 resolución 
 artículo 180
 resolución 
 artículo 123
 artículo 404
 artículo 268
 resolución