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Timestamp: 2019-04-22 14:18:04+00:00

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Cargado por Mary Panzali
I.− El proceso de codificación en España: antecedentes doctrinales y normativos más señalados.
Los principios racionalistas que arraigaron en España en los últimos años del siglo XVIII tuvieron una de sus
consecuencias más trascendentales en la inquietud con que los sectores ilustrados contemplaban la situación
jurídica del país, anclada por un sistema normativo anacrónico, confuso y contradictorio.
Reformar la legislación española en profundidad, de acuerdo con unos criterios modernos cuyo cientifismo
representaba el polo opuesto a la postrera realización del antiguo régimen la novísima recopilación y al mismo
tiempo unificar el Derecho en todo el reino, resultaron aspiraciones impacientes manifestadas desde que los
españoles tuvieron oportunidad de acceder, bien con conciencia de interenidad, a su propio gobierno; por otra
parte, la unificación no se planteaba en estos momentos, al menos pragmáticamente, sobre el presupuesto de
la aceptación del ordenamiento jurídico castellano en los restantes territorios, sino partiendo de una nueva
legislación legitimada sobre sus propios fundamentos, objetivamente racionales.
Es conocida la recepción en España de las ideas motrices de la Revolución francesa, incrementada, durante el
período de la Guerra de Independencia; el ejemplo codificador francés que prolonga su eco en la Constitución
de Bayona, iba a influir decisivamente en los acuerdos sancionados por las Cortes de Cádiz.
Habiendo sido convocadas las Cortes Generales y extraordinarias no sólo para formar una Constitución, sino
también para reforzar nuestra legislación, y conteniendo ésta diversas partes que exigen diferentes comisiones,
pido que se nombre una para reformar la legislación civil, otra para la criminal, otra para el sistema de
Hacienda, otra para el comercio y otra para el plan de educación e instrucción pública.
Quedó patente la dificultad para poner en práctica tal propuesta, siendo necesaria la presencia de todos los
representantes de los territorios de Derecho foral y la consulta de sus textos, de los que en Cádiz no existían
ejemplares, a lo más que se podía llegar era al estudio del derecho castellano, pero no era consecuente iniciar
la redacción de un código sin conocer por falta de una Constitución que principios había que desarrollarlos, la
discusión si se debía dar entrada en las Comisiones a personas ajenas a las Cortes y la atención que estas
dedicaban a la elaboración del texto constitucional impidieron que siguiera adelante. Promulgada la
Constitución el 19 de Marzo en su articulo 258 imprimiría un decisivo impulso a la empresa codificadora: El
Código civil y criminal y el de comercio serán unos mismos para toda la Monarquía, sin perjuicio de las
variaciones que por particulares circunstancias podrán hacer las Cortes. Para cumplir esta declaración en 1813
y 1814 se nombraron comisiones mixtas.
Ocho años más tarde se intentaron los primeros Códigos al iniciarse el trienio liberal, durante el cual
funcionaron diversas Comisiones. Fruto de esta actividad fueron las primeras materializaciones codificadoras
del Derecho español: el Código penal de 1822 y los proyectos de Código civil (incompleto) de 1821, Código
sanitario de 1822 y de Procedimiento criminal de 1823.
La vuelta al absolutismo paralizó el ritmo de la Codificación y sólo al final de 1829 y 1830 aparecen el
Código de comercio y la Ley de enjuiciamiento mercantil. En 1834 se crea una Comisión para elaborar el
Código civil, meses más tarde promulgado el Estatuto Real (10 de Abril), se constituyen otras encargadas de
la reforma del Código de comercio junto a los responsables del Código civil, a fin de unificar materias
comunes, formación de unas Ordenanzas Generales para todas las Audiencias, de la preparación de un
Arancel general para los Tribunales y de la elaboración de un proyecto de Ley sobre la recta administración de
justicia y sobre extensión y límites de la responsabilidad judicial, en Junio de 1834 un mes después se crea
una Comisión encargada de redactar un proyecto de Código de Enjuiciamiento.
En mayo de 1843 forma Gobierno el progresista Joaquín María López quien se hace cargo, junto con la
presidencia de aquél, de la cartera de Gracia y Justicia, y a su empeño por impulsar definitivamente los
trabajos codificadores se debe la aparición de un órgano que va a prolongar hasta nuestros días el
protagonismo en el tema de la reforma y actualización del sistema normativo español; el ministro solicitó y
obtuvo de las Cortes la concesión de un crédito de medio millón de reales para atender a la formación de una
Comisión General de Codificación compuesta por magistrados en activo que asumirían la elaboración de unos
Códigos nuevos y acordes con las circunstancias de la época. Un Decreto de 19 de Agosto de1843 creó la
anunciada Comisión General de Codificación que acordó dividirse en cuatro secciones: la primera dedicada a
la elaboración del Código civil, la segunda del Código penal, la tercera del Código de procedimientos civiles y
la cuarta del Código de procedimientos criminales. Asimismo acordó someter a la consideración del Gobierno
unas bases donde se presentaran sintetizados los principios políticos conforme a los cuales la Comisión
consideraba oportuno desempeñar su cometido, a tal efecto se redactaron seis bases de las que el Gobierno
aprobó las cuatro primeras:
• el objeto político de la Codificación debe ser la realización y desenvolvimiento de los principios
• no se reconocerán en los Códigos fuero alguno, estableciéndose uno solo para todos los españoles en los
juicios civiles y criminales.
• el Código civil comprenderá las disposiciones convenientes para que en su aplicación a las provincias que
tienen legislación especial no se perjudiquen los derechos adquiridos.
• el Código penal debe sancionar los delitos contra la religión católica que profesan los españoles, adecuada a
El Real decreto de 31 de julio de 1846 suprimió la Comisión de 1843 a la que achacaba defectuosa
organización y excesivo número de vocales, inconvenientes que impedían un eficaz funcionamiento, dos
meses después se creaba una nueva presidida por Bravo Murillo, la Comisión quedaba dividida en dos
secciones, la primera para redactar el Código civil y la segunda para los procedimientos civil y criminal. En
1853, al hacerse cargo del ministerio de Gracia y Justicia el Marqués de Gerona, se procedió a reestructurar de
nuevo la Comisión, que vuelve a la inicial división de cuatro secciones, en 1854 se acordó disolverla, al
tiempo que se creaba una Comisión Especial de Jurisconsultos ajenos a la disuelta, con el encargo de redactar
las Leyes de enjuiciamiento y de organización de los tribunales. Un Real Decreto de 1 de Octubre 1856
destacaba la conveniencia de reorganizar la Comisión reduciendo el número de vocales y secciones y para ello
proponía como ideal la creación de una, compuesta por pocos jurisconsultos, entendidos y experimentados,
ajenos a las banderías políticas, que trabajaran metódica y científicamente. La función encomendada a este
organismo se centraba en la reforma del Código penal vigente, la redacción del civil y de las leyes de
procedimiento criminal y de organización de Tribunales. Tras la Revolución y en Junio de 1869, los miembros
de la Comisión dimitieron de sus cargos en bloque, por estar en desacuerdo con el encargo recibido de
redactar una Ley de Matrimonio civil.
El 2 de octubre de 1869 un Decreto procedía a sustituir a los vocales dimitidos el día anterior por una nueva
Comisión Legislativa de veinte miembros, divididos en una sección civil y otra penal.
El 10 de Mayo de 1875 por Real Decreto, la Comisión General de Codificación dividida de nuevo en dos
secciones una de lo civil y otra de lo penal. En 1880 se agiliza el funcionamiento de la Comisión,
considerándose suficientemente fundamentados los proyectos que hubieran sido aprobados por la
correspondiente sección, sin necesidad de ser estudiados por el Pleno, lo que facilitó el proceso de elaboración
La Comisión General de Codificación resultó, una vez más, reorganizada por Real Decreto Comisión especial
del Código de comercio quedó dividida en cuatro secciones:
siete vocales y tres agregados más. Por Real Decreto de 2 de abril de 1943 se creó el Consejo Asesor de Justicia.1 Primeros intentos La conveniencia de recopilar armónicamente la abundante legislación española en materia penal se había dejado sentir incluso con anterioridad al movimiento codificador que impulsaron las Cortes de Cádiz. Por Decreto de 25 de marzo de 1938. desea asegurarse y que se informe de la práctica que se observa en la sala respecto a los hurtos que se cometen con cualidad o sin ella y al mismo tiempo quiere que con algunos ministros que elija a su arbitrio. • De Derecho mercantil. Leyes de enjuiciamiento y organización del poder judicial y reforma del Código penal de 1870. con la mayor justificación. Todas ellas con la misma composición que la primera. esta quedó. a mediados del siglo XVIII reinaba un generalizado estado de opinión doctrinal favorable a la formación de un Código en el que constaran. • De Derecho público (general). y de todas las demás circunstancias que debían aumentar o disminuir el castigo. acorde con las ideas ilustradas. en el seno del Ministerio de Justicia. principio desatendido en más de un supuesto. cinco Presidentes de Sección y un Secretario General. con funciones próximas a las de la Comisión. • De Derecho mercantil. • De Organización y procedimientos judiciales. Los trabajos se distribuyen en cinco secciones: • De Derecho privado (general). como órgano consultivo del Ministerio.• Derecho civil. con las funciones tradicionalmente atribuidas a la primera. además integrada en el Instituto Nacional de Estudios Jurídicos. cada una de las cuales se encargó de un objetivo concreto: redacción de la Constitución. reducir o suprimir la aplicación de la pena de muerte: Que se va ya desterrando en algunos países cultos. sobre la conveniencia de mantener. con un presidente. como el hurto cometido en la Corte o sus alrededores. uno de cada Sección. nació la Comisión Jurídica Asesora. La Real Orden de 21 de Septiembre de 1909 creó una Comisión Permanente o especial. quedó restablecida la Comisión General de codificación. en 1776. trate y conferencie sobre el modo de arreglar. que constituyen la Comisión Permanente. según la diferencia de la gravedad y malicia de ellos. de forma clara y realista todas las leyes penales en vigor. sancionado con la pena de muerte. cuya reforma dio ocasión para la referida consulta: sin embargo de hallarse en este concepto. a través de su Secretario de Estado y del Despacho General de Gracia y Justicia sobre algunos extremos que preocupaban a la ciencia jurídica de la época: así sobre la proporcionalidad entre delitos y penas. II CODIFICACIÓN PENAL II. Tras una nueva reorganización introducida por el decreto de 23 de octubre de 1953 y la Orden de 22 de julio de 1954. que suprimió la Comisión Jurídica asesora. el punto de arranque de la doctrina jurídica encaminada al logro de un derecho penal moderno. de la calidad de las personas de los robados y de los delincuentes. se dirigió al Consejo de Castilla. como órgano estable que se dedicara de forma ininterrumpida a la preparación de los proyectos por el Decreto de 6 de Mayo de 1931 suprimió la Comisión General de Codificación para sustituirla. del daño que causan y violencia con que se ejecutan. estatuto de las relaciones Iglesia−Estado. estudio del Derecho foral de Cataluña. • De Derecho penal y penitenciario • De Organización de Tribunales y Derecho procesal. funcionó a través de cinco subcomisiones. formada por cuatro vocales de la General. se pudiera 3 . con la distinción debida. queda señalado en la consulta que Carlos III. que establece su configuración actual: un Presidente. • De Derecho penal. las penas proporcionadas y correspondientes a semejantes delitos. la comisión General de legislación ha sido reestructurada por Decreto de 26 de febrero de 1976.
contraído a las leyes de España. la formación de un Código penal que acabase con la bárbara legislación punitiva del Antiguo Régimen fue tarea de los liberales del trienio. pero quien más influjo operó sobre su contenido fue Jeremías Bentham. Fruto de este encargo es el Discurso sobre las penas. A partir de ahora. de Filangieri y del francés Bexon. En 1819 es el propio Fernando VII quien manifiesta su propósito de elaborar un Código criminal que permitiera ordenar la legislación penal e introducir en España las normas aconsejadas por la civilización y costumbres del día. en el que obtuvieran clasificación discreta los delitos en el que se suprimiera la pena de confiscación absoluta de bienes y en el que se redujese el arbitrio judicial. derogaban todas las disposiciones aprobadas por las Cortes. II. que contenga a los demás y sirva de corrección y enmienda a los mismos reos y de utilidad y beneficio al público. las penas de azotes y confiscación. para facilitar su reforma que más tarde tenida en cuenta por las Comisiones codificadoras del derecho penal. este fue sometido a discusión en el pleno de las Cortes a partir de Noviembre de 1821 y una vez aprobados todos sus artículos fue decretado por las Cortes el 8 de Junio de 1822 y mandado promulgar el 8 de Julio siguiente. En el primer periodo absolutista. las Cortes nombraron una Comisión para que procediese a la elaboración de un proyecto de Código penal. el Consejo comisionó a don Manuel de Lardizábal y Uribe.conmutar en otro castigo de duración para que fuese más permanente el ejemplo. Martínez Marina y Flórez Estrada. El 20 de Agosto. la reacción absolutista interrumpió sus trabajos. Hay en él notoria influencia de Beccaria. habían caracterizado el derecho penal del antiguo Régimen: fueron abolidos por el Tribunal del santo Oficio. el derecho penal estrechamente relacionado con la Administración. de una parte primera sobre los delitos contra la sociedad y una segunda parte dedicada a los delitos contra particulares. o sobre la racionalidad del empleo de la tortura como medio de prueba: el uso de la cuestión del tormento.2 El Código Penal de 1822. alegando a favor de su aplicación real cierta célula de Fernando VII por el que el monarca anulaba algunas actuaciones de los juzgados realizadas conforme a él. es la voz muda que siempre indicó la ley que más conviene. Las Cortes de Cádiz. y el garrote sustituyó a la horca como medio de ejecución de pena capital. entre otros miembros de menor renombre. dudarse de su justificación y manifestar la experiencia con frecuentes ejemplares pasarlo sin confesar sus delitos los reos más atroces. formaron dicha Comisión Calatrava. para unos no llegó a entrar en vigor mientras que para otros si. según los trabajos a que se les aplique. con un horror imponente. La vigencia del código queda por definir. diputado de las Cortes y amigo del filosofo y jurista británico. con las numerosas propuestas recibidas la Comisión procedió a modificar algunos artículos del proyecto. por su parte. arrancando a veces de sus labios. de forma más llamativa. que no se ha admitido en muchas naciones bien gobernadas y ha sido modernamente disputado por muchos sabios autores por ser prueba muy falible. la Comisión presentó a las Cortes para que opinasen de él. El propósito de reforma general expresado en el artículo 258 de la Constitución de 1812 no pudo llevarse a efecto a causa de las circunstancias políticas: nombradas sendas Comisiones en 1813 y 1814. formulando una legislación destinada a liquidar los aspectos que. los dos primeros diputados citados fueron quienes más intervinieron en la redacción del texto legal. Fernando VII encargó al consejo Real que elaborase un Código criminal. consejero del rey y jurista para que elaborase un extracto de la legislación penal como paso previo a un detenido estudio de la materia y posterior elaboración de un Código criminal. El Código de 1822 constaba de un titulo preliminar. se adelantaron a la labor codificadora en esta materia. el tormento. 4 . lo que no puede tranquilizar al juez para su fallo. Las directrices dadas al consejo eran escasas y no tenemos pruebas de que su voluntad innovadora y codificadora fuese sincera. Este emitió juicios bastantes severos contra el Código en carta privada dirigida al conde de Toreno. entre los lunares de legislación que debe borrar mi paternal desvelo señala: la facilidad con que admitieron pruebas equivocas y falibles con peligro de hacer sufrir al inocente la pena capital. la propia dificultad para espigar las pruebas de su vigencia da a entender hasta qué punto fue precaria.
los autores parecen estar bastante deacuerdo en que supuso un considerable avance en política penal y calidad técnica. tras cuya anulación por la República volvió a entrar en vigor para desaparecer finalmente en 1932. significó un retorno al desbarajuste penal. y sobre todo para tutelar por vez primera los derechos individuales reconocidos en la constitución del 69. Amenazado por múltiples proyectos de reforma en las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras del XX. nuevas figuras penales para prevenir atentados contra las Cortes y el Consejo de Ministros. posponiéndose la discusión definitiva hasta después del verano. El Código de 1848 se inspira principalmente en el brasileño de 1830 y a la postre en la fuente común del Código penal francés de 1810. El Código recibió en principio elogios. cuya vigencia habría de prolongarse durante más de medio siglo hasta la reforma penal de Noviembre de 1932. pero también. El Código se publicó sin embargo el 30 de agosto y fue corregido unilateralmente por el ministro mediante decreto de 1 de Enero del año siguiente. la severidad del texto fue acentuada por varios decretos dictados el año 1850 y en especial por uno del 30 de Junio que agravo las penas por delitos políticos. La Comisión de codificación dio paso en 1869 a una Comisión Legislativa. Montero Ríos. muy riguroso en el castigo de los delitos religiosos y en otras cuestiones. redactó un anteproyecto que fue discutido y modificado en el seno de la Comisión. con la supresión del primer código. el Código aparece dividido en tres libros sobre disposiciones generales. Entre las más importantes modificaciones. En Mayo de 1870 el ministro de Gracia y Justicia. mitigar el rigor del texto anterior. el texto de 1848. como las del prodigó el catedrático madrileño Luis Silvela. Fue una profunda reforma del de 1848. Derribado Espartero el gobierno moderado−progresista estableció en Agosto de 1843 una Comisión de Codificación que preparaba los textos relativos a derecho penal. fijando en su lugar una sección sobre los relativos al libre ejercicio de cultos dentro del titulo de los propios delitos contra la Constitución. cuyas líneas fundamentales llegan hasta hoy. se intentó salir en los años siguientes con diversos proyectos ninguno de los cuales llegó a ser promulgado. 5 .4 El Código penal de 1870. el Código de 1870 permaneció incólume hasta que la dictadura de Primo de Rivera colocó en su lugar el Código de 1928. no tardaron en llegar críticas. regulados antes por leyes especiales. La inclusión de los delitos de imprenta. Logró así fijeza este cuerpo legal llamado por el diputado de la oposición Francisco Silvela. fue aliviada al limitar por ejemplo punible los casos de conspiración y proposición. Sus ocupaciones políticas facilitaron la preponderancia de uno de los miembros más eruditos de ella. presentó un proyecto a las Cortes que fue aprobado con carácter provisional. II. La derogación en 1823 de la legislación del trienio. entró en vigor el 1 de Julio de 1849. civil y de enjuiciamiento.3 El Código penal de 1848. motivada por los insatisfactorios resultados de la corrección de 1850 y por la necesidad de adecuar el texto a los principios de la Constitución de 1869. destaca la desaparición del titulo de delitos contra la religión. estableció un riguroso sistema de garantías penales. cuya sección penal fue encomendada a Nicolás María Rivero. mereció la opinión favorable de expertos. al regular de forma más suave la acumulación de penas por concurso de delitos. en consonancia con la recién instaurada libertad de cultos. etc.II. Esta Comisión quedo divida en secciones cada una a un sector jurídico. y son unánimes en valorar el esmero y precisión de su lenguaje jurídico. fue enviado al Gobierno. Código de verano. El Código de 1870 se propuso fundamentalmente tres cosas: llevar a cabo una reforma consecuente con los nuevos principios políticos de la Constitución. elegante de un lado. armonizó con depurada técnica los principios de retribución e intimidación. el magistrado Groizard. y corregir sus defectos técnicos. quien puso de relieve sus incongruencias prácticas y escaso sentido común. la codificación penal quedó en manos de un abogado erudito quien tenia publicado trabajos sobre estas cuestiones. endurecido por la reforma de 1850. delitos y faltas. castizo y sonoro. Debatido en el Senado y Congreso se aprobó en marzo de 1848. atenuar otras. cuyos puntos de vista orientaron probablemente el rumbo de los trabajos.
Las reformas del Código de 1932 venían determinadas fundamentalmente por la necesidad de ajustar la normativa penal de las directrices constitucionales. pese a todo lo cual se suprimieron algunos errores del Proyecto y se suavizaron los preceptos de mayor rigorismo. En 1926. se ordenó al Presidente de la Comisión General de Codificación. adulterio y amancebamiento). etc) y al amparo de la familia y de las buenas costumbres (penalización del aborto y de la propaganda de anticonceptivos. la tipificación de la sordomudez como eximente. o sobre delitos cometidos con explosivos. a quien sustituyo Eugenio Cuello Calón. de desacato. 6 . anunció. desaparecidos en 1932. en 1941. II. que se promulgó en Noviembre del mismo año para comenzar a regir el 1 de Diciembre. en 4 de Agosto de 1933. texto refundido. parricidio y robo con homicidio. se suprimieron algunos delitos (el de duelo. las penas asignadas a los delitos de traición y separatismo. quedó reducido a una Ley de Bases. declarativo del estado de guerra. la Subcomisión penal de la Comisión Jurídica Asesora se encargó de elaborar un anteproyecto de reforma del Código penal que. etc). en el verano de 1927. insulto o injuria a la autoridad de 1942. para cuya represión quedó restaurada la pena de muerte. Por Ley de 5 de Julio de 1938 quedó restablecida la pena de muerte para los delitos de asesinato. a publicar el texto articulado. la mayor amplitud del estado de necesidad. que empezó a regir el 3 de Febrero de 1945. o por el deseo de consagrar una serie de principios humanitarios. el nuevo Código penal de 858 artículos. resultó promulgado. y se crearon otros nuevos (el de usura.6 El Código penal de 1932. sin urgencias para que pueda abordarse con la adecuada madurez y tras el nombramiento de una Comisión extraordinaria de técnicos en donde estuvieran representadas todas las tendencias doctrinales. la católica. disparo de arma de fuego. el de daño en cosa propia de utilidad social. Fue completado con la promulgación. adulterio y amancebamiento. por Real Orden de 8 de Septiembre de 1928. pues después de la renuncia de Jiménez Asúa. sustrajo a la legislación común un elevado número de delitos que pasaron a regirse por Leyes especiales. El texto de una considerable densidad normativa.II. sobre tenencia ilícita de armas (que agrava la penalidad).7 El texto refundido del Código penal de 1944 y posteriores reformas. manteniendo su estructura. abandono de familia. por Real Orden de 12 de Marzo. Ley sobre delitos contra la honestidad. la tarea de presentar antes de seis meses una nueva edición del Código penal. para agravarlas. La Comisión se extralimito en sus funciones. Las Cortes autorizaron por Ley de 27 de Octubre de 1932. y por Decreto de 23 de Diciembre de 1944 se aprobó y promulgó el Código penal. declarando nulo y sin valor el hasta entonces vigente. en 1942). Un Decreto del Gobierno Provisional de la II Republica Española fechado el 15 de Abril de 1931 restableció la vigencia del Código penal de 1870. consideraba en realidad y ante todo la defensa del régimen político y resultó unánimemente criticado. la terminación de un Proyecto cuyo contenido ella misma reconocía severo. o la suspensión de la pena de muerte. II. que modifica. de la Ley de Vagos y Maleantes y por una cada vez más extensa legislación de orden público. tendencia que se mantuvo en los años posteriores a la Guerra civil. El Código mantiene la tradicional estructura de tres libros que venía conservándose desde 1848.5 El Código penal de 1928. El Bando de 18 de Julio de 1936. refundiendo las disposiciones que aún no habían sido incorporadas a su texto e introduciendo algunas reformas primer paso hacia la posterior elaboración de un nuevo Código penal. presentado a las Cortes. A través de la Ley de 19 de Julio de 1944 las Cortes autorizaron al Gobierno para que llevara a cabo las reformas que las propias Cortes concretaban en materia penal. que comenzó a regir el 1 de Enero de 1929 y que reimplantaba los delitos cometidos contra la religión del Estado. apostólica y romana. Las líneas inspiradoras de la nueva legislación tendrían a un mayor fortalecimiento de la protección al Estado (Ley de seguridad de 1941.
que se había introducido en 1932. y sin duda la manía nacional de cambiar enseguida cualquier cosa. la promulgación de leyes especiales sobre importantes materias. según vimos. para plasmar ese nuevo ordenamiento jurídico de los actos de comercio. clasificándolos en dos clases según el volumen económico de sus operaciones. con otros proyectos. Heredero ideológico de su homólogo francés. Respecto a los distintos proyectos de Códigos de Comercio. Fernando VII elige este último. y promulgó el 30 de Mayo de 1829 el Primer Código de Comercio. en designar juntas inoperantes o escuchar peticiones al respecto. es decir. Quedaron incluidos en el Código los delitos de tendencia ilícita y depósito de armas y municiones y el delito de terrorismo.Consta de 604 artículos repartidos en los tres libros del Código penal de 1870. por la Constitución de Cádiz. y nuevas faltas. contratos. hay 7 . explican el hecho sorprendente de que a los cinco años de ser promulgado este primer Código. técnicamente laudable. En la jurisdicción mantuvo el régimen de consulados como tribunales en primera instancia. pero también en buena medida de los preceptos y doctrina de la tradición nacional. pese apoyos esporádicos como el de la Comisión de Comercio de la Diputación de Cataluña. y actualmente se encuentra en curso de reforma. La realización de un único Código de comercio para España e Indias había sido ya ordenada por el Estatuto de Bayona (art. En los tres lustros siguientes. Concluido su trabajo. quiebras y administración de justicia. el cambio político consiguiente a la salida de la década absolutista que había producido el texto de 1829. se ofrece a Fernando VII en 1827 para realizar esa tarea. El conjunto de la jurisdicción especial mercantil desapareció con el Decreto de unificación de fueros. no atendido en el texto. Aceptada la propuesta. nos encontramos con la existencia de una Comisión para redactar otro nuevo. Constaba de cinco libros sobre cuestiones generales. todo habría que quedar. El Régimen procesal. como la ofensa a la autoridad o a lugar sagrado. reguladora del juicio mercantil ordinario y de los especiales. 1971 y 1974.1 El Código de comercio de 1829.113) y lo fue luego. hasta que un doctor en leyes Pedro Sainz de Andino. comercio marítimo. Se abre así una etapa revisionista. con él como secretario. y atribuyó la segunda y tercera instancia a los tribunales ordinarios. el Código de 1829. en Junio de 1834.2 El Código de comercio de 1885. que lógicamente coadyuvan a la marginación de la obra de Sainz de Andino. que va a durar medio siglo. y se incorpora a la penalidad de privación de libertad el régimen de redención de penas por el trabajo. y se incorpora la atenuante de obrar el autor por motivos morales. la advertencia de algunos defectos. que a partir de 1975 volvería a contemplarse en una Ley especial. desaparece la eximente de embriaguez plena y fortuita. fue constituida una comisión. A tal efecto el 24 de Julio de 1830 fue publicada la Ley de Enjuiciamiento sobre negocios y causas del Comercio. de 6 de Diciembre de 1868. como la blasfemia verbal. Entre ambos. se sanciona con la pérdida de la nacionalidad a los extranjeros naturalizados convictos de delitos contra la seguridad exterior del Estado. III. Al tiempo tiene lugar la producción de aquel derecho descodificado a que antes nos referimos. hay nuevas circunstancias agravantes. la comisión remite al remite al monarca el texto resultante. El texto ha sido revisado posteriormente en 1963. fruto del trabajo de sucesivas comisiones. que le pareció mejor y que sin duda lo era. encomendada a la Sección cuarta de la Comisión General de Codificación. pero el jurista andaluz envía al tiempo otro anteproyecto redactado por él solo. arrinconó definitivamente la concepción del derecho mercantil como sistema propio de un sector profesional comerciante. El ritmo de la vida mercantil parejo al despegue económico. cuya principal preocupación fue aligerar el embrollo y pesadez de pruebas y trámites. quedó pendiente de una ley específica. sin embargo. siendo desde entonces sustituida por la jurisdicción ordinaria. patrióticos o alturistas. Se restablece la pena de muerte. III CODIFICACIÓN MERCANTIL III. que en un período de quince meses celebra nada menos que ciento sesenta y cuatro sesiones.
1 Organización judicial: 1) Referencias a la Administración de Justicia del Antiguo Régimen. acomodándolos a la vida moderna y magnifico espíritu industrial y de asociación. etc) y objetivos otras ( Consulados de comercio. no llegó tampoco a ser sancionado. han puesto de relieve diversos defectos de sistemática y contenido. y los de 1838 y 1858. La Revolución de 1868 fue el preámbulo político al Código de 1885. a efectos de proporcionar al aparato judicial rapidez y armonía. Además. Su pecado de fondo fue anacronismo: repetir más o menos a tres lustros del siglo XX. promulgándose el Código en Agosto de 1885 y entrando en vigor en Enero del año siguiente. militar. Consejos de Hacienda. recibió el siglo XX del Antiguo Régimen fue la de la multiplicidad jurisdiccional. la única gran diferencia formal es la desaparición del V libro. dotar de autonomía al derecho mercantil como derecho especial de obligaciones frente al derecho civil. el cual. Los mercantilistas. seguros y quiebras. fue presentado un anteproyecto en 1875. el titular de éste. referente a la jurisdicción mercantil. que se publicó cinco años después y fue revisado por otra Comisión. y el historiador del derecho Enrique Gacto con ellos. Alonso Martínez hizo entrega del texto a las Cortes. pese a sus modestas pretensiones de reformar unos cuantos artículos. debiendo cargar en cambio con el lastre de las inevitables insuficiencias técnicas. El Código de 1885 repite la estructura y líneas fundamentales del de 1829. apartamiento de monopolios y privilegios y rechazo a colegios o agremiaciones forzosas. La herencia más aparente que en materia judicial. nobiliario. un proyecto de ley de 1840. a las que en su lugar nos referimos. tras apelar a los principios del liberalismo económico. 8 . mínimas exigencias en cuanto a formalidades de contratación o métodos de trabajo mercantil. fue nombrada una Comisión cuya tarea habría de consistir en elaborar un texto informado por los principios de libertad de comercio y carencia de requisitos especiales para ejercerlo. Inquisición. en lugar de aprobación por el tribunal de comercio de las escrituras y reglamentos de la compañía. etc) que convertían los preliminares de la administración de justicia en una maraña de competencias cuya conflictividad originaba problemas en ocasiones más complicados y de solución más premiosa que el pleito que los había suscitado. por lo que el nuevo Código consta de cuatro libros. se añadían diversas recomendaciones técnicas sobre tipos de sociedades. El Código de 1885 no ha suscitado grandes entusiasmos. por: • Alcaldes ordinarios. éste estaba compuesto. lo que había hecho Sainz de Andino en los ya lejanos y desfasados tiempos de Fernando VII. IV CODIFICACIÓN PROCESAL IV. este importante texto dos años posteriores a la fundamental ley francesa de 24 de Julio de 1867 rompió con el régimen intervensionista acogido en el Código de 1829 y en una primera Ley de Sociedades Anónimas de 1848. jueces iletrados nombrados por los Regidores municipales. así como la Ley de Sociedades Anónimas de 19 de Octubre de 1869. las Audiencias y. Entre las leyes especiales destacan las creadoras de la Bolsa y establecimientos bancarios. elaborado por la citada Comisión de 1834. la filosofía jurídica de la Gloriosa quedó plasmada en un decreto de 20 de Noviembre de 1869 donde. a grandes rasgos. fundamentada unas veces sobre criterios personales (fuero eclesiástico. en territorios de señorío. en orden jerárquico ascendente. se anunciaba un nuevo Código a fin de interpretar fielmente los nuevos usos y las nuevas costumbres del comercio. ya que su espíritu conservador le impidió apuntarse el éxito de cualquier audaz reforma. Acentúa el carácter objetivo señalado por su precesor y pretende.que reseñar el de 1837. la ley de 1869 autoriza la libre creación de aquellos bancos y sociedades cuyo objeto sea promover empresas industriales o de comercio.
cinco consejeros resolvían los recursos de segunda suplicación y los de fuerza en conocer. • Jueces de Partido. de los conflictos de competencia entre éstos y de los recursos de fuerza surgidos en su distrito. Galicia. Extremadura. de tal suerte que fuera posible acercar la administración de justicia al ciudadano. en acto de conciliación previo a la interposición de la demanda que iniciaba el juicio. Su competencia en materia penal era genérica. Sevilla y Valencia. administrativos y judiciales. • De Justicia. al ser anuladas sus actuaciones y restablecido el régimen absolutista en 1814. una escala jerarquizada de jueces distribuidos por el territorio nacional. pero la tarea innovadora y reformista de las Cortes quedó sin efecto. para unificar la demarcación judicial con la administrativa y hacer una distribución proporcionada de territorio en las Audiencias y Chancillerías. Canarias. de nombramiento real y atribuciones económicas y gubernativas. • Audiencias para conocer en segunda y tercera instancia (con distintos magistrados en cada una de ellas) de las sentencias de los juzgados inferiores. reduciendo su coste y resolviendo las controversias salvo excepción dentro de la provincia donde tuvieron lugar: • Alcaldes de todos los pueblos. además de las judiciales. Sendos decretos desarrollaron la nueva planta de las Audiencias y Juzgados (9 Octubre 1812) y el Reglamento del Supremo Tribunal de Justicia (13 Marzo 1814). secuela de su autonomía. Asturias. con cuatro consejeros para resolver apelaciones de los Alcaldes de la corte en asuntos de cuantía inferior a mil ducados. Por otra parte. con cuatro consejeros preferentemente de asuntos eclesiásticos. para resolver cualquier diferencia. 26 de Enero establece la demarcación de las Audiencias. consecuentemente también con un criterio racionalista. • De Mil y Quinientas. conocían las apelaciones de los Alcaldes y Corregidores. • Tribunal Supremo instaurado para conocer de los recursos de nulidad interpuestos contra sentencias dadas por las Audiencias. quedó sancionado el principio de unidad de fueros. en segunda instancia. en el siglo XIX existían las de Aragón. Mallorca. • Consejo de Castilla quien. nombramiento real. • Audiencias. El título V de la Constitución de Cádiz pretendió traducir el principio doctrinal de separación de poderes dotando al judicial de independencia frente a los órganos de gobierno y proclamando la responsabilidad de los jueces. 2) Las reformas de las Cortes de Cádiz. como es bien sabido. que tardaría más de cincuenta años en llevarse a la práctica. • De Provincias. Dividido en cuatro salas: • De Gobierno. con 9 . la Constitución trazó las líneas maestras de lo que había de ser la organización judicial del nuevo régimen. • Chancillerías de Valladolid y de Granada. • Corregidores. En un plano ya más concreto. junto a facultades normativas y de administración asumía las atribuciones judiciales correspondientes al más alto Tribunal de Justicia. 3) Decretos sobre Audiencias.• Alcaldes de Corte. cuatro de ellos conocían los delitos cometidos y de las apelaciones de los Alcaldes ordinarios. órganos judiciales colegiados de amplia competencia: civil en primera instancia. sin que sus resoluciones pudieran ser recurridas más que por injusticia notoria o por súplica ante el Rey. pleitos de hidalguía y vinculaciones. otros dos entendían de asuntos civiles y apelaciones de poca monta. de los conflictos jurisdiccionales y de los delitos cometidos por altos cargos políticos. con ocho consejeros. cuya competencia se determinaría por ley. con jurisdicción territorial general. Cataluña. con funciones semejantes a las Chancillerías. en el Consejo de Castilla. En 1834 el Gobierno progresista de Martínez de la Rosa aprobó algunos decretos que perfilan ya la dirección que iba a tomar la forma orgánica de los tribunales. Partidos judiciales y restablecimiento del Tribunal.
como también de reprimir a los criminales con la mayor prontitud de los castigos. Cáceres. se produjo una clarísima contradicción entre los principios constitucionales. que debían ser intentadas en todo litigio antes de comenzar el proceso propiamente dicho. los alcaldes ejercían una doble función judicial: • Eran jueces de paz. Este amplio texto legal contenía disposiciones de carácter estrictamente procedimental. al establecer las disposiciones básicas por las que había de regirse el proceso penal en primera instancia y numerosas normas de carácter orgánico. un texto híbrido y ambiguo. La coherencia entre el Estatuto y el reglamento es completa. integrado por un Presidente. en el que nada hay que se parezca al reconocimiento de la división de poderes. Canarias. el Decreto de 24 de Marzo suprimió ya definitivamente los Reales Consejos de Castilla y de Indias. antes los cuales se sustanciaban las causas penales de menor entidad y las demandas civiles por asuntos de muy escaso valor. ni mucho menos al poder judicial. entender de los asuntos en que fuerza parte la Corona y resolver los recursos de fuerza de la Nunciatura Apostólica. la más importante ley sobre las materias que nos ocupan la primera mitad del siglo fue el Reglamento de 1835. para que ante ellos se celebrasen las conciliaciones o avenencias. La condición personal de ser jurista. Valladolid. quince Ministros y tres Fiscales. La jurisdicción o potestad de juzgar quedaba vinculada en los dos escalones inferiores a los alcaldes. en modo alguno receptivo a los principios liberales. Por encima estaban los jueces letrados de primera instancia.doble objetivo de facilitar a los pueblos el acceso a los Tribunales superiores para alcanzar con más brevedad y menos dispendio la justicia. Por último. por los grandes beneficios que han de resultar a los pueblos de la más pronta administración de justicia. junto a las políticas y administrativas. esto es. Aunque las normas de la Constitución de 1812 relativas a organización judicial recibieron un cierto desarrollo en algunos aspectos durante los breves períodos en que dicha Constitución estuvo vigente. aunque en contra del principio de independencia judicial esta división adquirió también significado político. Bajo la vigencia de la Constitución de 1837. Se establecen las siguientes Audiencias: Madrid. miembros del poder ejecutivo. Barcelona. de ser letrado se exigía a los miembros de órganos superiores. regulando los llamados juicios de paz ante los jueces conciliadores del mismo nombre. Granada. restableciendo el Tribunal Supremo de España e Indias. Oviedo. escalones sucesivos de la jerárquica pirámide judicial. al constituir la base para la elección de Procuradores del reino. en cambio. las Audiencias y el Tribunal Supremo. 4) La Legislación de 1835. Mallorca y Consejo Real de Navarra. Valencia. distribuidos en tres Salas con atribuciones para conocer de los últimos recursos y para juzgar a los Magistrados y altos funcionarios de la nación. El reglamento de 1835 compuso un orden jurídico vinculado al ejecutivo y parcialmente carente de capacidad técnica. los Alcaldes ordinarios cesaban en sus funciones judiciales reteniéndolas. Sevilla. Con arreglo al Reglamento de 26 de Septiembre de 1835 la administración de justicia no estaba conferida en todos los casos. y poner a los Magistrados en disposición de vigilar de cerca el desempeño de los Jueces inferiores. el Reglamento citado era como un pequeño código de procedimientos al mismo tiempo que ley orgánica de los tribunales ordinarios. En 1835 estaba vigente el Estatuto Real de 1834. Años más tarde. • Eran jueces ordinarios. los Corregidores y Alcaldes Mayores. Zaragoza. contenía también normas procésales más amplias. Albacete. ya mencionados antes y el contenido del Reglamento a pesar de su anticonstitucionalidad no fue derogado ni reformado. 10 . Otro de 21 de Abril subdivide las Provincias en Partidos judiciales. La Coruña. Burgos.
con su ambiguo moderantismo se aproximó al tipo de orden judicial vinculado en parte el ejecutivo. de artículos relativos al proceso civil junto al criminal y la yuxtaposición de artículos muy precisos al lado de otros que contienen recomendaciones vagas de muy dudoso valor normativo son algunos vicios de la legislación procesal vigente en materia de juicios penales. como más importantes: • La jurisdicción militar. una ley que nació con el apelativo de provisional estuvo vigente hasta 1870.la Constitución de 1845. Alabarderos. En sus aspectos orgánicos el Reglamento de Septiembre de 1835 fue completado por el Régimen del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 1835. • La jurisdicción eclesiástica. franceses y portugueses encausados en España. creada en el siglo XVI y mantenida desde entonces a cargo de los Tribunales y Juzgados de Guerra y Marina. entre las cuales destacaban. Marina. durante la vigencia de la citada Constitución. El Reglamento no era técnicamente una buena ley. acordó recortarla sensiblemente. persistían aún diversas jurisdicciones especiales. el reglamento de 1835 tenia la vida asegurada. lo cual es lógico puesto que el Reglamento no era un verdadero Código regulador sistemático de toda la materia procesal. 5) El Decreto de Unificación de Fueros de 1868. reducida desde 1852 a conocer en los delitos de contrabando y defraudación. en los términos establecidos por el Código de Comercio de 1829 y su Ley de Procedimiento. Se extendía a todos aquellos que percibieran sueldos de diferentes ramas del ejercito e incluso viudas y huérfanas hasta que tomaran estado. vigente a favor de los ingleses. de 19 de Diciembre de 1835 y años después por el Reglamento para los Juzgados de Primera Instancia de 1 de Mayo de 1844. como a recomendaciones formuladas ante ellos. reservada a los Consejos Provinciales y al Consejo de Estado. reconocida por los Concordatos de 1753 y 1851. El Reglamento de 1835 se remite con frecuencia a las leyes procésales del Antiguo Régimen contenidas en la Novísima Recopilación de 1805. a su vez se distinguían algunos fueros especiales de distintos cuerpos. la confusa organización judicial y el caos de la legislación procesal produjeron un desastroso estado de la administración de justicia durante gran parte del siglo XIX. en consideración de una serie de concesiones que la Santa Sede otorgó al Patronato de los Reyes de España en materia de nombramiento de cargos eclesiásticos. por personajes poderosos a favor de una de las partes de los procesos. en términos parecidos a los que la dejó reducida el Decreto de Unificación de Fueros. Desde el siglo XVIII esta jurisdicción abarcó también al llamado Fuero de Extranjería. Los jueces incumplían con frecuencia la legislación recopilada y lo que es más grave. A mediados del siglo XIX y a pesar de las declaraciones programáticas que inició la Constitución de 1812. por las Ordenanzas para las Audiencias. • La jurisdicción contencioso−administrativa. En 1863 una Comisión mixta de los Ministerios de Guerra y de Gracia y Justicia. Pero los principales remedios debían consistir en la simplificación de jurisdicciones y una buena y liberal Ley Orgánica. dentro de ella. Artillería o Ingenieros. se extendía a cuestiones objetivamente civiles. La mezcla de preceptos orgánicos con otros procésales. • La jurisdicción mercantil. con participación de la Comisión General de Codificación. 11 . Para superar tan caótico estado algunos juristas reclamaban Códigos procésales nuevos. La más que dudosa independencia de quienes administraban justicia. • La jurisdicción especial de Hacienda. la jurisdicción sobre los cuales pasó a los Capitanes Generales. eran permeables tanto a órdenes recibidas desde el Gobierno. Así. conforme a un procedimiento especial seguido ante tribunales propios.
Sevilla. organizada la judicatura sobre las siguientes líneas fundamentales: • Sistema de oposición para cubrir las vacantes y régimen de ascensos en el que se combina la antigüedad con los méritos. de los negocios comunes civiles y criminales de los aforados de Guerra y Marina de todas clases retirados del servicio. Cada distrito. con un Tribunal de Partido. Los títulos IV y V suprimieron. La Coruña. adulterio y estupro. de las faltas. con excepción de los jueces de instrucción y de los municipales.El decreto de Unificación de Fueros de 1868 iba a extender la jurisdicción ordinaria a la mayor parte de los asuntos procésales. Barcelona. fuera de ellos. • Colegialidad de los Tribunales. a bastardas influencias o al espíritu de partido. Dividida en veinticuatro títulos subdivididos en capítulos y secciones. Las Palmas. de los de defraudación de los derechos de Aduanas y contrabando de géneros estancados o de ilícito comercio cometido en tierra. en principio provisional que había tenido vigencia hasta fechas bien recientes. En desarrollo de los preceptos constitucionales de 1869. y los que tengan lugar durante la navegación. fue dividido en partidos. de los de injuria y calumnia a personas que no sean militares. a no ser que constituyan también infracciones a las Ordenanzas o Reglamentos militares y tengan señalada en éstos mayor pena. estando dados de baja en ella. hijos y criados. monedas y documentos públicos. ley. de los negocios civiles y causas criminales de los extranjeros y de los negocios mercantiles. sino los más dignos y para que los nombramientos no fueran debidos al favor. de responsabilidad de los jueces. que reserva sólo a ella el conocimiento de los negocios civiles y causas criminales por delitos comunes eclesiásticos. conforme expresa en el título I. conforme a la planta fijada en 1834: Albacete. que si no es la más perfecta que la inteligencia puede concebir. con uno o varios jueces municipales en cada uno de ellos. de los de falsificación de sellos. • División del territorio nacional en quince distritos. respectivamente. El título III extendía restrictivamente la jurisdicción militar a los delitos puramente militares. de los de atentado y desacato contra la autoridad. a los comunes y faltas cometidas por los militares en servicio activo. en establecimientos de marina y buques de guerra. es siquiera la menos defectuosa. Palma. en 15 de Septiembre de 1870 fue aprobada la Ley Orgánica del Poder Judicial. de los delitos contra seguridad interior del Estado y del orden público. Valencia. Montero Ríos. y de incompatibilidad del ejercicio de sus funciones con cargos políticos y administrativos y con el ejercicio activo de la política. Valladolid y Zaragoza. Madrid. sino los más aptos. y de los cometidos por militares antes de pertenecer a la milicia. • Consagración del principio de inamovilidad judicial. en materia civil. dados el actual estado y recursos del país. y de los de sus mujeres. radicado en Madrid. tumultos o desórdenes públicos y sociedades secretas. de los delitos comunes cometidos en tierra por la gente de mar y por los operarios de establecimientos militares. Esta selección se considera la mejor garantía para que en lo sucesivo desempeñen los cargos judiciales no los aptos. quedó estructurado en tres salas de Justicia. aunque estén en activo. Granada. • El Tribunal Supremo. cuando la rebelión y sedición no tengan carácter militar. Oviedo. Burgos. la competencia de esta jurisdicción quedaba limitada a los testamentos y abintestatos de los militares y marinos muertos en campaña o durante la navegación. Pamplona. con treinta y tres 12 . de los delitos de robo en cuadrilla. y cada partido en circunscripciones abarcaban varios términos municipales. durante la deserción o cargo público. y con casi mil artículos. Cáceres. al frente de cada uno de los cuales figuraba la Audiencia. no los dignos. de los delitos eclesiásticos y a las faltas cometidas por los clérigos en el ejercicio de su ministerio. marcas. los que se cometen en las plazas de África. de la que dijo el ministro de Gracia y justicia. los Juzgados especiales de Hacienda y los Tribunales de Comercio. 6) La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870. El título II reducía la competencia de la jurisdicción eclesiástica al exclusivo conocimiento de las causas sacramentales y benefíciales.
La competencia se restringía a los delitos políticos. en los ámbitos respectivos de éstas. Los tres magistrados y doce vocales integrantes del Jurado debían conocer de todos los delitos graves. como consecuencia de un compromiso político más que como fruto de una convicción. desaparecen los antiguos juzgados municipales. Para ello creó noventa y cinco tribunales colegiados que. comarcales o de distrito y se crean los Juzgados de lo Penal y los Juzgados Centrales de lo Penal. cuya promulgación ha permitido acomodar la Justicia española a las necesidades derivadas del nuevo modelo judicial consagrado en el título VI de la Constitución de 1978. con el nombre de Audiencia provincial. así como los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas que. Manuel Alonso Martínez presentó en las Cortes un nuevo proyecto más amplio que el anterior. 7) La Ley del Jurado. asumen la jurisdicción contencioso−administrativa. Una Ley Adicional. incluyendo en ellas a los cabezas de familia vecinos de los municipios pertenecientes a aquél. electorales y a los cometidos por medio de la Imprenta. alfabetizados. estableciendo un turno de antigüedad. a salvo la jurisdicción del Tribunal Supremo y la del Constitucional cuando haya lugar a ellas. lo que introdujo una importante quiebra del principio de independencia de la judicatura ante el poder político. ocho de los cuales. 13 . al que favorecía la implantación del nuevo procedimiento criminal regulado por la ley de Octubre de 1882. Entre otras novedades. Fruto de él sería la extensa regulación que la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 22 de Diciembre de 1872. tras una azarosa vida de sucesiones suspensiones y restablecimientos. esta normativa apenas pudo aplicarse ya que el Jurado fue suspendido por real Decreto de 3 de Enero de 1875. previsto ya en la Constitución de 1812. Aprobado el proyecto en el Senado. años después y por dificultades presupuestarias. y cuya primera experiencia desde 1820 fue limitada a los delitos cometidos en el ejercicio de la entonces estrenada libertad de imprenta. entre las que destaca la Ley de Demarcación y Planta Judicial de 28 de Diciembre de 1988). recibe un nuevo impulso de signo progresista en la constitución de 1869. En 1883 un proyecto de ley para la implantación del jurado fue presentado en el Senado por el ministro de Justicia. que introdujo el principio acusatorio y el juicio oral y público. mayores de treinta años que no tuvieran limitado el disfrute de sus derechos civiles y políticos. Se argumentó en que la opinión pública se hallaba ya suficientemente madura para asumir las funciones propias del Jurado. dos de méritos y un cuarto de libre nombramiento ministerial. al producirse el final de la legislatura y la formación de un nuevo Gobierno de signo conservador. Tras una vigencia centenaria poco acorde con su carácter de ley provisional. dispuso en manos de un jurado competente juzgar delitos políticos y los comunes más graves. hasta entonces reservada al consejo de Estado. en un ambiente de tensión social que desaconsejaban o servían de pretexto para desistir del propósito de restablecer el Jurado. destinados a la Sala de Recursos contra la Administración. promulgada por Real Decreto de 14 de Octubre de 1882. uno de los primeros con los que se estrenaba el Régimen de la restauración borbónica. domiciliados en un lugar de los hechos y que fuesen funcionarios públicos o contribuyentes de cierto nivel. sin limitaciones en función de la pena prevista en cada caso. en 1886. culminan la jerarquía judicial. sin que tuviera relevancia la cuota contributiva respectiva. El Tribunal de Jurados.magistrados. Las listas de elegibles habían de formarse en cada partido judicial. Sin embargo. Vicente Romero Girón. de los que habrían de conocer doce vocales mayores de veinticinco años. quedaron reducidos a uno por provincia. ha resultado derogada por la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de Julio de 1985 (completada en su desarrollo por otras disposiciones legales. no llegó a serlo en el Congreso de signo conservador. trató de hacer compatible la organización judicial con la instancia única y el juicio oral y público implantados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal del mismo año. La Ley Adicional modificó también el procedimiento de ingreso y ascensos en la carrera judicial.
Marqués de Gerona. etc. Tras un cambio de Gobierno la Instrucción fue derogada en Mayo de 1854. que ahora se crean. pero que tuvo tiempo para depurar el Senado. y una detallada reglamentación del recurso de casación. Aunque su vigencia fue muy corta. supresión de tramites superfluos y de las terceras instancias. de 1415 artículos. litigantes y abogados. compensada con una regulación adecuada del recurso de nulidad. la supresión de la prisión por deudas en los juicios ejecutivos. la fundamentacion de las sentencias. 1) La instrucción del Marqués de Gerona de 1853. que entró en vigor el 1 de Enero de 1856.2 Las Leyes de Procedimiento Civil.IV. la regulación del acto de conciliación ante los jueces de paz. Sus principios inspiradores apuntaban certeramente opina Prieto Castro a la raíz de los defectos más acusados de la administración de justicia de aquel tiempo: principio de impulso oficial. Pedro Gómez de la Serna y Manuel Alonso Martínez. testamentarias y concurso de acreedores). la Instrucción de 1853 puso en evidencia la perentoria necesidad de una ley de enjuiciamiento que erradica del procedimiento civil la persistencia de los seculares abusos que el Marqués de Gerona había denunciado. la de los juicios universales (abintestato. y el 5 de Octubre de 1855 un Real Decreto aprobada la que había de ser primera Ley de Enjuiciamiento Civil española. la publicidad de pruebas entre partes. en parte desatados por la falta de tacto político del Marqués de Gerona. la crudeza descarnada con que en la exposición de motivos criticaba los abusos y corrupciones del foro influyó decisivamente en la animadversacion con que fue recibida la reforma por jueces y abogados. Las bases fueron desarrolladas por una Comisión en la que intervinieron. Las bases hacían referencia a aspectos tan fundamentales como la abreviación de los plazos legales. ente otros. De esta forma apunta Fiaren la pasión política y el espíritu de clase. se divide en una primera parte dedicada a la jurisdicción contenciosa (1202 artículos) y una segunda sobre jurisdicción voluntaria (208 artículos). que duró sólo un año. la desaparición de las terceras instancias. heridos en lo más vivo por las críticas del ministro. En este clima reformista se inserta una ley de Bases para la elaboración de la Ley de Procedimiento Civil aprobada en Mayo de 1855. éste sólo podía interponerse contra sentencia definitiva de 14 . principio de concentración. su aparición fue seguida de unas durísimas y apasionadas críticas. Aunque de efectos inmediatos muy limitados. Sin duda alguna. incremento de las facultades directivas del juez. Entre las novedades que introduce destacan la obligación de fundar las sentencias. Singular importancia en orden a la codificación del procedimiento civil tuvo la Instrucción del Procedimiento civil con respecto a la Real Jurisdicción ordinaria promulgada el 30 de Septiembre de 1853 por el efímero ministro de Gracia y Justicia Castro y Orozco. sirvió de catalizador a través el cual el estado de la administración de justicia en España y la necesidad de abordar su reforma en profundidad fueron cuestiones que trascendieron del círculo de los profesionales y de los afectados por ella hasta colocarse en primer plano de la opinión pública. El texto. el último de los cuales deroga todo el Derecho anterior. el abaratamiento de la justicia. Elaborada al margen de la Comisión de Codificación e impuesta sin consultar siquiera a las Cortes por un gabinete extraordinario impopular (el del Conde de San Luis. determinantes de su fugaz existencia. 2) La Ley de Enjuiciamiento civil de 1885. etc. amordazar a la prensa y suspender las sesiones de las Cortes). frustraron un intento encomiable de reforma. de publicación en la práctica de la prueba. y las consecuencias de tal error las pagaron y las pagamos jueces.
pues. durante muchos años. recusaciones. difundiéndose sobre todo por Hispanoamérica. por lo que en bastantes aspectos más parece una recopilación a la antigua usanza que un Código. comenzando su vigencia el 1 de Abril siguiente. la Ley de Enjuiciamiento de 1855 abrió un periodo de satisfacción y tranquilidad que determinaría el estancamiento. de reformar el expediente de pobreza (origen de abusos. una Ley de sistemática bastante deficiente. exceso de detallismo y más de una contradicción. aunque ha sido objeto de numerosas y profundas reformas. que se toma como referencia. pero sobre todo. La ley sigue el procedimiento escrito tradicional. de reiteraciones innecesarias. quedaba prohibido llevar a la casación cuestiones de hecho y de apreciación de pruebas y se excluía para los juicios verbales y de menor cuantía. que la convierten en el Código más extenso que haya existido en España. por su alcance. IV. la ley de 6 de Agosto de 1984 que mantiene como tipo básico de regulación el juicio de mayor cuantía. 3) La Ley de Enjuiciamiento civil de 1881. la convirtieron en modelo de otras muchas. En este sentido se le ha achacado una innegable timidez a la hora de introducir innovaciones. por elevación de los limites económicos y porque constituye el procedimiento a seguir a falta de tipo procesal concreto. 15 . junto al Código procesal francés de 1806. etc. acusadamente formalista. ni evita cuanto quisiéramos las dilaciones de los pleitos. de una parte. Sobre este punto procede señalar la existencia de un borrador de Proyecto de nuestra Ley de Enjuiciamiento civil. De ella escribió Antequera: la reforma no es tan completa como nosotros lo deseábamos. Sobre el modelo básico de la Ley anterior. Es. Tras el desasosiego producido en el mundo jurídico por la Instrucción del Marqués de Gerona. o bien quebrantamiento de las formas esenciales del juicio. a la ausencia de criterios ordenadores que sistematizaran su contenido.segunda instancia en la que se apreciara infracción de ley o doctrina legal. de los estudios procésales en España. de integrar en las correspondientes secciones los artículos de la ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 referidos a competencias. aunque de elástica interpretación: el de infracción de ley o de jurisprudencia. las quiebras. Éstos se estructuran en títulos. excluyendo de ellos el error en la apreciación de la prueba. retrasos maliciosos y semillero de pleitos temerarios) y de ajustar definitivamente las materias mercantiles en la medida en que hubieran resultado afectadas por el decreto de Unificación de Fueros de 1868. Y. Se trataba de agilizar y abaratar el proceso suprimiendo diligencias superfluas. hasta un total de 2182. aunque haya dado los primeros pasos en el camino. entre las últimas de las cuales cabe destacar. secciones y artículos. Su desmesurada extensión se debe al hecho de recoger materias que normalmente hubieran debido ser objeto de leyes independientes. otra la Ley de medidas urgentes de reforma procesal de 30 de Abril de 1992. • Primeros Pasos. determina una casi generalización en la práctica del de menor cuantía. Este defecto da lugar a la presencia de regulaciones casuísticas y particulares. fue publicada una nueva Ley de Enjuiciamiento Civil por Real decreto de 3 de Febrero de 1881. en fase de información por los especialistas que. La ley prolonga su vigencia hasta el momento presente.3 Las Leyes de Procedimiento criminal. Dividida en tres libros (disposiciones comunes a la Jurisdicción voluntaria). haciéndose eco del sentir doctrinal mayoritario ha dejado reducida la casación a un motivo único. omisiones. que introduce una nueva reducción de los motivos de casación. Su indudable coherencia y el hecho de ser la única existente en el mundo. por ejemplo. y quizá la jurisdicción voluntaria.
autor. de este modo. La Ley Orgánica del poder Judicial consagraba la separación entre el periodo de instrucción y el juicio propiamente dicho. con un total de 955 artículos. La Comisión elaboró un proyecto de bases para el futuro Código o Ley procesal penal. como la contenida en la Orgánica del Poder Judicial de 1870. entre otras reformas. fue quien ordenó a la Comisión de Codificación en 1856 que se ocupase de redactar un Código procesal penal. 16 . José María Antequera. descansaban sobre el presupuesto de la existencia de una estructura judicial que nunca llegó a implantarse. Pero la normativa de esta Ley. uno de los criterios que establecieron los miembros de la Comisión fue el de dividir. pero dicho texto. para que éstos simplificaran el proceso penal. aunque el proceso penal continúa después de 1835 fiel a orientaciones inquisitivas. y este desajuste truncó la vieja aspiración de separar la función de instruir el proceso y la de conocer y sentenciar las causas. en determinadas causas penales. eliminaran de él los más graves abusos y concedieran más importancia al juicio plenario de la que éste había tenido durante siglos. la publicidad de los juicios y la definitiva organización del sistema de juicios por Jurado. caracterizado por la atribución de la formación del sumario a los jueces de instrucción y por la designación de las Audiencias como Tribunales sentenciadores. Asimismo ordenaba la reforma del proceso criminal conforme a unas bases que establecían. con la intervención. siendo Ministro de Gracia y Justicia. pero en modo alguno regulaban por completo todo el proceso.A pesar del muy escaso liberalismo del momento en que se promulgó. • La Ley de Enjuiciamiento criminal de 1872. Consta de un título preliminar (Disposiciones generales) y tres libros (Del sumario. Un interesante proyecto privado de Código de procedimientos en materia criminal es elaborado con este titulo por Manuel de Seijas y Lozano. La Comisión General de Codificación comenzó en 1856 a trabajar en un proyecto de Código procesal penal. la instrucción (encomendada siempre a los jueces de partido. oral y pública. también contenían algunos preceptos de carácter procesal penal los Códigos penales de 1848 y 1850. ante un tribunal colegiado. Sobre dichas bases fue promulgada la Ley Provisional del Enjuiciamiento Criminal de 22 de Diciembre de 1872. pues el juez instructor era también era el Juez Sentenciador. prevista para el futuro. siendo. jurista muy conservador de la segunda mitad del siglo XIX y buen conocedor de la historia de la Codificación en España. afirma que la futura Ley aprobada en 1872 tomó como punto de partida los trabajos de la Comisión de Codificación emprendidas en 1856. del Código Penal de 1848. la organización de una policía judicial. de la institución del Jurado. al parecer. que entraría en vigor el 15 de Enero de 1873. aprobado ya en el Congreso. el Reglamento provisional para la administración de justicia de 1835 contenía en su artículo 51 unas extensas y bien intencionadas observaciones dirigida a los jueces. limitándose a establecer la obligación de las sentencias estuviesen expresamente fundamentadas y a fijar ciertas garantías respecto a la prisión gubernativa del presunto reo. el reglamento de tal fecha mejoró el proceso penal mucho más que cualquiera otra ley promulgada durante las primeras décadas del Estado liberal. En 1841 el citado jurista dio a la imprenta por propia iniciativa su proyecto. del juicio oral y del procedimiento para el juicio oral sobre faltas). no llegó a serlo en el Senado. retirado por el Gobierno. Al margen de esta importante innovación. el Proyecto de Seijas es prolijo y no muy sistemático. Años después. que se resolvía en una única instancia. más un titulo adicional de siete artículos reguladores del procedimiento de extradición de los procesados o condenados que se hubieran refugiado en país extranjero. el mismo Seijas. equivalentes a los actuales jueces de primera instancia e instrucción) y el fallo (encomendado a las Audiencias). como ya hemos dicho. demostrando con ello una preocupación tan sincera como constante por este tema.
del prusiano y. El plan de la obra. Dos disposiciones ya citadas constituyen la más recientes de las numerosas reformas introducidas en la ley para ajustarla a las exigencias de la situación actual: la Ley de Demarcación y Planta judicial de 28 de diciembre de 1988 que. aún está en vigor. consiguieron elaborar un texto muy superior a los existentes en otros países y bastante más perfecto que la Ley de Enjuiciamiento Civil del año anterior. y la Ley de medidas urgentes de reforma procesal de 30 de Abril de 1992. pretendía abarcar prácticamente todo el Derecho español. juicio oral y público. laboral y procesal civil y mercantil. destacando el mérito de sus redactores. está presente la influencia de la tradición jurídica encarnada en el Fuero juzgo y en las Partidas. que incluía disposiciones derogadas y alteraba otras. En este sentido. a los efectos del procedimiento penal. contradiciendo su sentido originario de clarificar el panorama normativo en el ámbito procesal. administrativo. en un momento en que. la Ley de Bases de 22 de Junio de 1882 ordenaba redactar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Junto a la materia civil. aceleración de los trámites e introducción de las modificaciones aconsejadas por la ciencia y la experiencia.• La Ley de Enjuiciamiento criminal de 1882. se suprime todos los procedimientos de urgencia hasta entonces. labor asumida por la Comisión General de Codificación que cristalizó. 17 . quienes.1 Proyectos de Código civil y leyes civiles especiales. su principal inspirador). debía acoger en sus cinco libros todo el Derecho político y constitucional. La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal fue promulgada el 14 de Septiembre de 1882 y. en medio de una situación de enmarañamiento legislativo y de vacío doctrinal. Ante la nueva situación de desconcierto provocada por la Compilación. extraordinariamente ambicioso. quienes llevaron a cabo lo que Federico de Castro ha calificado como el intento legislativo más curioso y original de nuestros tiempos modernos. La problemática de los derechos forales: 1) El Proyecto de Código civil de 1821. Promulgada la Constitución de 1876 se planteó la necesidad de adecuar las leyes procésales a sus principios. El primer Proyecto de Código civil español surgió durante el trienio constitucional. la del Código de Napoleón y la de sus comentaristas. se trata de una obra técnicamente desafortunada. consta de 998 artículos más una disposición final derogatoria. y fue obra de una Comisión redactora constituida en 1820 e integrada por siete diputados (entre ellos Nicolás María Garally. que introduce modificaciones en el juicio de faltas y en el recurso de revisión. sobre todo. al menos en aquellas ramas que no habían tenido reconocida una autonomía codificadora en el artículo 258 de la Constitución de Cádiz. pero muy por encima de todas ellas. Sobre su calidad técnica se han expresado los especialistas en términos muy elogiosos. a las que los redactores se refieren con respeto y orgullo y en cuyos modelos se inspiran. para la doctrina española. sobre principios como el de instancia única. la obra se instala como heredera de la legislación histórica castellana a medio camino entre la Recopilación y el Código. 8) CODIFICACIÓN CIVIL V. para englobarlos en el denominado procedimiento abreviado. Dividida en siete libros. las diferencias cualitativas entre una y otro no aparecían aun definidas con claridad. siempre que la moral lo permitiera. en la Compilación General sobre el Procedimiento Criminal de 1879. En el proyecto se advierte la influencia del Código austriaco. modificada por numerosas y profundas reformas.
éste mandó publicarlo al tiempo que habría una consulta pública que invitaba a las Audiencias. usos y costumbres anteriores. Otra característica importante del proyecto. El proyecto de 1851. La extensión de la obra impidió que pudiera redactarse en su totalidad y aunque en 1821 se publicaron el Título preliminar y los dos primeros libros. Consecuente con este criterio. manifiesto. La influencia de éste se manifiesta en la sistemática. con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo Código. o con las figuras del protutor y el Consejo de familia. que años después iba a rechazar nuestro Código civil (textos). puesto que sigue su plan general. facultades de Jurisprudencia. Mantener las especialidades de estos territorios hubiera significado. El influjo francés se concretó también la recepción de principios que. secciones. hubieran nacido al amparo de los derechos forales que ahora derogaban. en la formulación del Derecho de propiedad. en una disposición transitoria quedaba reconocido expresamente el respeto de los derechos adquiridos y de las esperanzas legitimas que. que los redactores se proponían derogar. Colegios de 18 . dotada de suficiente solvencia jurídica. aragonesas y navarras. el último de los cuales derogaba todos los fueros. la sección civil de la Comisión General de Codificación. del retracto gentilicio o del censo enfitéutico. toda una serie de sectores adyacentes que habían encontrado tradicionalmente emplazamiento en las Recopilaciones clásicas. inspirado sobre todo en el derecho castellano. aspirase a recoger en un solo Código todas las leyes civiles de España. y en el desarrollo concreto de determinadas instituciones. algunas de las cuales alcanzan ahora por primera vez carta de naturaleza en la legislación española: así ocurre con la regulación de que es objeto la ausencia.Esto explica la concepción tentacular del Proyecto que atrae hacia sí. no llegarían a arraigar en nuestro sistema jurídico: por ejemplo. De ahí las serias limitaciones impuestas a la adquisición de inmuebles por las llamadas manos muertas. leyes. la vuelta al absolutismo interrumpió la continuación de los trabajos. pero habrían de transcurrir aún bastantes años hasta la aparición de una obra que. fue su liberalismo. Hay que señalar con rasgo característico del proyecto de 1851 el criterio uniformador que preside todo su articulado. sobre todo por el Código civil francés. y ensanchar el abismo que el Código civil debe cerrar. Constaba de un título Preliminar y en sus 1992 preceptos. que pasarían al Código civil de 1888. y concretado en la oposición sistemática a cuanto pudiera implicar algún obstáculo al libre trafico de bienes. 2) El Proyecto de Código civil de 1851. Sucesivas comisiones y proyectos siguieron a este primer intento de codificación. entre ellas en la Novísima. por ejemplo. que había sido reorganizada en 1846. Elevado el Proyecto por la Comisión al Ministerio de Gracia y Justicia. divididos a su vez en títulos. acorde con la mentalidad de su tiempo y que habría de transmitir al Código civil vigente. y su manifiesta oposición al mantenimiento de los especialistas forales. Efectivamente. No obstante este radical castellanismo. párrafos y artículos. lo que le lleva a prescindir prácticamente de la totalidad de los principios jurídicos y e instituciones catalanas. capítulos. resultó influido también por la doctrina jurídica extranjera y por los modelos europeos contemporáneos. se distribuían en tres libros. su contenido se manifiesta siempre respetuoso con la tradición normativa y doctrinal castellana que sigue que más evidentes eran las diferencias con los derechos forales. al contrario de los anteriores. el reconocimiento de la transmisión consensual del dominio. que quedarían desprovistos de fuerza normativa desde el momento en que este texto fuera promulgado. en palabras de uno de sus redactores echar nuevamente a los españoles al laberinto de que se les quiere sacar. redactados en un estilo claro y conciso. elaboró un proyecto integro de Código que remitió al Gobierno en 1851. y la prohibición de las substituciones fideicomisarias. junto al Derecho civil.
para dar idea de cómo se articula dentro del conjunto y de la medida en que contribuye a la armonía del sistema. 19 . A esta política Legislativa responden entre otras la Ley de Notariado 1862. así como las innovaciones introducidas en la reorganización del registro civil. ministro más tarde de Isabel II y jurista notable. al pie de cada uno de ellos. Su nombre suele ir asociado con el Proyecto de 1851 que tradicionalmente se ha reputado como obra suya. y a expresar las observaciones que pudieran contribuir a su mejora. ferviente anhelo de la burguesía enriquecida con la adquisición de tierras dasamortizadas. Hay que hacer. El fracaso del proyecto de 1851 tuvo como consecuencia más importante el abandono de la idea de redactar un Código general a corto plazo. y precisa el sentido y alcance de cada uno de éstos y la forma en que se coordina con otros de contenido próximo. la Ley de Registro civil 1870. Expone también las razones que movieron al legislador a optar por la solución seguida en el articulo. promulgada en 1861 y reformada en 1869. como ha escrito Lacruz Berdejo. no solo en el gran motor de la Codificación española. que convertían a los párrocos en funcionarios del Estado. sino también en el primer comentarista de la mayor parte del Código civil. con algunas alusiones. 4) Leyes civiles generales: la Ley de Matrimonio civil de 1870. Las observaciones remitidas por obispos y Tribunales eclesiásticos dejaron constancia de la oposición de la Iglesia católica a la limitación de su capacidad para adquirir bienes por vía testamentaria. Con todo. la Ley de Aguas 1866 y 1879. tanta es la fidelidad con que el Código sigue al Proyecto de 1851 que éste. en palabras de Peña Bernaldo de Quirós. Efectivamente. dada la tan estrecha dependencia de nuestro cuerpo legal con respecto al Proyecto de 1851. El intento codificador quedó paralizado en esta fase. regulador de la publicidad de las transmisiones dominicales y de los gravámenes sobre bienes inmuebles ordenando su inscripción en un registro. se inició una política de promulgación de leyes generales aunque por su contenido tenían carácter especial. inserta un breve resumen de sus paralelos en el Derecho romano y en los Códigos contemporáneos. por último. materias en las que la iglesia perdía su jurisdicción. y en el carácter critico de los informes provenientes de corporaciones y juristas catalanes que reprochaban la uniformidad jurídica que implantada. una referencia a la figura del navarro Florencio García Goyena. motivos y comentarios del Código civil español. éste tendría una proyección de más largo alcance en cuanto la Ley de Bases de 1888 lo elevó a la categoría de fundamento inspirador del inminente Código Civil. La obra fue recibida con poco entusiasmo y prueba de ello es la escasa respuesta que tuvo esta iniciativa. En el Proyecto de 1851 se redactó una Ley Hipotecaria. en más escasa medida. García Goyena publicó unas Concordancias. lo que tal vez no resulte del todo inexacto teniendo en cuenta que su aportación personal al mismo superó en profundidad y dedicación a la de sus restantes compañeros de Comisión. constituía un verdadero Código de la propiedad inmobiliaria. y en el mayor auxilio para su interpretación histórica. a la legislación histórica castellana y. y en la regulación del matrimonio y de las causas de separación.Abogados y juristas en general a manifestar su opinión sobre el mismo. Entre otras obras. obra explicativa del Proyecto que convirtió a su autor. más que un intento frustrado. porque el Ministerio optó finalmente por no presentar ante las Cortes el Proyecto. como el Código español en una etapa muy avanzada de su elaboración. aunque se introdujeron modificaciones sobre el modelo original. puede considerarse. a la regulación de los Derechos forales. García Goyena reproduce los 1992 artículos del Proyecto y. al proclamarse la competencia exclusiva sobre ellas de los tribunales seculares. cuando hay lugar a ello. sobre todo en tema de sucesiones. puesto que el objetivo regulado por ellas estaba constituido solamente por una materia especifica. político liberal exiliado durante la época absolutista.
atribución al poder civil de la facultad de dispensar a los contrayentes de algunos impedimentos. y celebración del matrimonio ante el juez municipal. regulaba en ocho capítulos los más importantes aspectos de la relación conyugal. propuso un criterio de transacción generosa entre el Derecho castellano y los derechos forales que permitiera sin exigir de nadie sacrificios superiores a sus fuerzas armonizar las instituciones fundamentales de uno y de otros. se mantuvo en vigor su capítulo 5. el argumento de que era un proyecto superfluo ya que no introducía novedad sustancial. La disposición tuvo decisiva trascendencia para el futuro de la codificación civil española reconocía por vez primera de forma oficial el criterio de la unidad civil debía intentarse sin que ninguna de las legislaciones históricas vigentes en España prevaleciera sobre las demás. el decreto pretendía que los derechos forales no solo no quedaran marginados sino que incorporaran su creciente potencia a la tarea codificadora. De esta forma. cuya perfección y eficacia conocía a fondo. • Las Leyes de Bases de Código civil. ordenó que cada una de las regiones forales nombrara un representante.que rescató para la Administración estatal el control de los nacimientos. Para estudiar la viabilidad del ensayo. aunque fuera con vigencia exclusiva en el respectivo territorio. la filiación legitima y la ilegitima. Las modificaciones fueron mínimas. en el que regulaba el régimen personal y patrimonial de los cónyuges. sino adoptando con criterio racional lo más aceptable de cada una de ellas. que se incorporaría como vocal a la Comisión General de Codificación. el secretario del juzgado y dos testigos. que esgrimieron en las Cortes. La Ley sancionaba en su primer artículo la perpetuidad e indisolubilidad del matrimonio por lo cual era rechazado el divorcio al que Montero Ríos lo calificaba de plaga y cáncer corrosivo de la familia. Haciendo realidad las sugerencias del Derecho se acordó incluso recoger algunas instituciones forales dentro de la normativa del futuro Código civil. jurista de ciencia y práctica reconocidas. la patria potestad y la obligación de alimentos. La moderación de su contenido fue reconocida incluso por los mismos enemigos de su promulgación. • El fortalecimiento de los derechos forales: Real Decreto de 2 de Febrero de 1880. Cada uno de estos letrados debía redactar en seis meses una Memoria sobre las instituciones del Derecho foral de su región que por su vital importancia fuera indispensable introducir en el Código civil general. tendría profunda trascendencia en el ámbito del Derecho de familia español al pasar buena parte de su contenido al Código civil. En este sentido. La ley de Matrimonio civil de 18 de Junio de 1870. matrimonios y defunciones de los españoles. 20 . El 2 de Febrero de 1880 el ministro de Gracia y Justicia Álvarez Bugallal firmó un decreto que volvía a plantear el tema de la elaboración de un Código civil. obra de Eugenio Montero Ríos (Catedrático de Derecho Canónico). con expresa negación de efectos civiles a las sentencias de los tribunales eclesiásticos. hasta entonces anotados en los registros parroquiales. se produjo una cierta aproximación de puntos de vista y fue posible llegar a algunos acuerdos preparatorios de una unificación sobre todo en materia de sucesiones y de contratos. Como consecuencia de las deliberaciones de la Comisión general de Codificación ahora enriquecida con la presencia de los representantes forales. convirtiéndose por esta vía en materia de general vigencia. Montero Ríos vertió en esta ley los principios básicos de la legislación canónica. aunque polémicas: reconocimiento a la jurisdicción civil ordinaria de la competencia para entender todas las cuestiones derivadas de la aplicación de la ley. Debido a sus connotaciones liberales fue derogada inmediatamente después de la Restauración.
que deberían ser aprobados en las Cortes. que el Proyecto de 1851 había tomado del Código de Napoleón. en su opinión. en la viudedad foral y en el sistema de legitimas. y el proyecto de Ley fue rechazado tras la discusión del primero de sus artículos. En algunos puntos. las bases determinaban que el futuro Código debía apartarse de la normativa contenida en el Proyecto de 1851. fijada por éste en los veinte años y que debía quedar establecida en los veintitrés. la distinción entre la declaración de ausencia y presunción de muerte. conforme a la idea que había propugnado Álvarez de Bugallal. y en el rechazo del sistema de transmisión consensual del dominio. eran susceptibles de ser extendidos a toda España. algunos partidos políticos habían incorporado a su programa la defensa y reivindicación de los derechos forales. En su calidad de ministro de Gracia y Justicia. Quedaba reconocida la plena vigencia de los derechos forales cuyos derechos supletorios tendrían aplicación preferente sobre el articulado del Código civil al que se reconocía. y a los artículos del Código relativos a las formas del matrimonio. Una nueva Ley de Bases presentada en 1885. en lo referente a los efectos de las leyes y a las reglas generales de su aplicación. tuvieron la virtud de poner de manifiesto que las diferencias más irreductibles entre el derecho castellano y los forales se centraban exclusivamente en el régimen económico del matrimonio y dentro del Derecho de sucesiones. Se ordenaba la codificación de las instrucciones forales en unos Apéndices Forales al Código civil. como en la determinación de la mayoría de edad. Conviene destacar la notable fidelidad con que el Código civil se atuvo en su contenido a las orientaciones 21 . Alonso Martínez presentó a las Cortes un Proyecto de ley de Bases en las que contenían los principios inspiradores del futuro Código civil. en el reconocimiento de una mayor libertad de testar. Partiendo de esta realidad. el reconocimiento formal del testamento ológrafo.Aunque las sesiones de la Comisión General de Codificación no llegaron a cristalizar en acuerdos vinculantes. considero ya viable la redacción de un Código civil de vigencia general que sobre el modelo del Proyecto de 1851. pues. Solucionado el problema de fondo había que estudiar la estrategia que hiciera posible la aprobación del proyecto en las Cortes. institución esta última que la Ley considera que debía ser restablecida. Ello le indujo a eludir el debate parlamentario sobre el articulado del texto. algunos de los cuales. se promulgó como ley de Bases del Código civil el 11 de Mayo de 1888. Manuel Alonso Martínez. Este último punto suscitó los recelos y consiguiente oposición de los foristas. garantizarse el respeto a las peculiaridades regionales en los mencionados puntos. atendiendo a las observaciones que sobre sus precedentes históricos había dejado anotadas García Gayena en sus Concordancias. Se presentaba la introducción del matrimonio civil junto al canónico y la proclamación del Derecho general como subsidiario de los ordenamientos forales. Se declaraban de inmediata aplicación en toda España el Título Preliminar. o la introducción de las figuras del protutor y del Consejo de Familia. valor de derecho supletorio de los supletorios de cada uno de los derechos forales. La tendencia a armonizar el Código civil con los derechos forales se manifestó también en la admisión de la sustitución fideocomisa. La Ley de Bases manifestó en otros aspectos el propósito de dar cabida en el Código civil a principios e instituciones de clara progenie francesa que el Proyecto de 1851 había incorporado ya a su texto: asi. se admitía que los derechos forales conservaran sus propios ordenamientos subsidiarios tradicionales con vigencia preferente sobre el Código civil. En el fondo se trataba de buscar autorización para promulgar el proyecto de 1851 con un apéndice adicional comprensivo de las instituciones forales que debían conservarse. consta de 8 artículos en el último de los cuales se incluyen las 27 bases con arreglo a las cuales el Gobierno debía proceder a la redacción del Código civil. con la reducción del importe de la legitima. que además de retrasar el intento podría fácilmente derivar en debate político. el presidente de la Comisión general de Codificación. resultó por fin aprobada después de una larga y apasionada polémica parlamentaria.
establecidas en esta Ley de Bases lo que resulta por otra parte lógico si tenemos en cuenta que estas directrices se formularon teniendo a la vista buena parte del articulado de aquél. como la regulación de la personalidad de las sociedades o la de los bienes parafernales. que había de concluir el 8 de Diciembre del mismo año. De manera que la relación del Código civil con la Ley de Bases es. y aquellos o éstas. aunque otra Ley de 26 de Mayo. cuatro meses después de aprobada la Ley de Bases. ordenaba elaborar una segunda edición corregida del mismo. había parecido introducir. el que suprimió la alusión a los religiosos ligados por voto solemne. La rapidez con que fue desarrollada la citada Ley de Bases se explica por el hecho de que el Código civil estaba ya prácticamente redactado cuando aquella terminó de discutirse y recibió la aprobación de las Cortes. Porque mientras se iba publicando en el periódico oficial. así ocurrió con el artículo 663. A pesar de las protestas desatadas en el Congreso ante una práctica de legalidad tan discutible como ésta. del que desapareció la inicial limitación impuesta a la mujer casada de no poder aceptar herencias más que a título de inventario. o el 1280. algunas de éstas resultaron afectadas por estos retoques de última hora. pero la reforma fue mucho más y sobrepasó los límites señalados por las Cortes. que a veces se dividen en secciones. pero que terminaría por reenviar a ella. en inequívoca referencia a un texto determinado y autentico. con el 995. en un esfuerzo para mejorar la regulación de ciertas instituciones. enmiendas y adiciones que. El Código civil español consta de un título Preliminar y cuatro libros. enumerativo de las persona incapacitadas para testar. la primera parte (el título Preliminar y los dos primeros libros). La Exposición de Motivos de la nueva edición afirmaba que habían sido corregidos poco más de veinte artículos y añadidas las disposiciones transitorias que garantizaban el respeto a los derechos adquiridos. algunos de forma tan profunda que presentan una orientación radicalmente distinta a su primera redacción. la Comisión General de Codificación introducía modificaciones sustanciales en el texto aún no publicado. Es preciso destacar también otra circunstancia. inversa a la que inicial y lógicamente pudiera presumirse: a finales de 1887 la Comisión tenia ya rematado un proyecto de Código civil al que sólo faltaba el capitulo relativo a la hipoteca que habría que desarrollar la normativa de la Ley Hipotecaria de 1869. el retracto de colindantes. Los libros se dividen en títulos. el ministro Manuel Alonso Martínez firmaba por un halago de la fortuna. aunque el Decreto que ordenaba su publicación del Código ordenaba vengo a decretar que se publique en la Gaceta de Madrid el Código civil adjunto. aunque la Ley de 1888 perdió toda fuerza vinculante una vez promulgado el Código. éstos en capítulos. ha seguido proporcionando criterios de fundamental validez a la hora de interpretar la auténtica inteligencia de aquellos de sus artículos cuyo alcance pudiera prestarse a diversidad de sentidos. prevista su publicación automática entrada en vigor. Esta segunda edición del Código civil promulgó el 24 de Julio de 1889. • El Código civil. el decreto de publicación del Código civil en la Gaceta de Madrid. V. el Código civil entró en vigor el 1 de Mayo de 1889. en realidad no acompañaba al Decreto de publicación. tres días más tarde se iniciaba la publicación. que recogería las sugerencias. En realidad fue revisado todo el articulado y retocados cerca de doscientos artículos. cuya administración terminó adjudicándose a la mujer. a lo largo de la discusión parlamentaria. El 6 de Octubre de 1888.2 El Código civil español y la Codificación de los derechos forales. redactado de manera que quedara reforzada la eficacia atribuida a los contratos privados. comenzando su vigencia en esta última fecha. por último. esta no se produce hasta sesenta días posterior y aplazaría su entrada hasta el 1 de mayo de 1889. en artículos. y fue publicada en la Gaceta de Madrid entre los días 25 y 29. se insertaron materias no previstas así. 22 .
Puede afirmarse que un 65% del articulado deriva de la obra de 1851 y entre un 20 y un 25% también de ella pero con adiciones. los redactores del Código civil español tuvieron a la vista y utilizaron. La precipitación con que se procedió a promulgar el Código explica el hecho de que no se incorporaran a su texto. En ocasiones la tradición jurídica española se mantiene al apartarse el Código del Proyecto de 1851. en efecto. critica por parte de la doctrina frente a la Codificación civil se consideraba inoportuna por ser prematura. ante los hechos consumados a la censura del texto en que aquella había cristalizado.1976) que deroga el Derecho común anterior en aquello que el propio Código no lo declare subsistente. Y. prevista cada diez años. aunque muchas de sus soluciones hayan experimentado alteraciones y otras que en él no se contemplaban. algunas leyes civiles generales redactadas en la etapa anterior a su promulgación. Ley de matrimonio civil. La impronta de los derechos forales aparece también en el Código. el Código holandés de 1838 y el italiano de 1865. La Comisión General de Codificación se sirvió de una serie de Códigos iberoamericanos que. dice equivocadamente dotes donde debiera decir lotes. de Propiedad intelectual. a cuya vigencia se remite en los correspondientes artículos. los principios generales inspiradores de las leyes especiales a cuya vivencia (Hipotecaria.1428 del Código donde en tema de liquidación de la sociedad de gananciales. así como el anteproyecto belga de 1879. al que se alude con bastante frecuencia en los trabajos de la Comisión y cuyo influjo opera indirectamente a través del Proyecto de 1851. En el capitulo de influencias que contribuyeron a configurar el plan y consiguiente desarrollo del Código civil. inspiradoras estas últimas del régimen económico del matrimonio. que se establece sobre el régimen de gananciales. de aguas. acusa la penetración de los principios del liberalismo individualista de su tiempo. Civilistas de renombre como Sánchez Román o Comas escribieron sobre las imperfecciones y desaciertos de nuestro primer texto legal.El Código se cierra con una disposición final (art. supresiones o modificaciones. Leyes de Toro. su influjo se deja sentir prácticamente a lo largo de todo el articulado. Fuero Real. que la Ley de Bases recomendaba seguir como reflejo fiel de la tradición española. de Caza y Pesca). hay que destacar las siguientes: Entre las fuentes jurídicas españolas. en tema de sucesiones se advierte una aceptación de principios provenientes de aquellos sistemas. Por último tres disposiciones adicionales versan sobre el procedimiento de revisión periódica del Código. Esta dependencia entre el Código civil y el Proyecto de 1851 convierte a éste de un elemento de extraordinario valor a la hora de interpretar los preceptos de aquél e incluso de superar errores. el argentino de 1869 o el guatemalteco de 1877. el uruguayo de 1868. Valverde destacó que a pesar de ser de los más 23 . reserva troncal y vidual. como se ha indicado tuvo también en cuenta el Código civil aunque no siempre este recogido en el articulado sus principios básicos. posibilidad de conservar indivisa la propiedad familiar siempre que no se perjudique la cuota legitima de los herederos legales. Todo el derecho de la contratación está presidido por los principios fuertemente romanizados del Ordenamiento de Alcalá. el chileno de 1855. en especial el capitulo 5. regulación de las legitimas. ya se ha indicado el protagonismo que corresponde al proyecto de Código civil de 1851. Es importante también la herencia tradicional castellana: Partidas. como hacia el artículo del proyecto que sirvió de modelo. etc. como prescribía la ley de Bases. Entre los Códigos civiles extranjeros hay que mencionar en primer lugar a Napoleón. El Código civil recibió un juicio rotundamente adverso. la segunda edición del Código civil recoge tendencias contenidas en él y que habían sido rechazadas en la primera. Incluye además unas disposiciones transitorias que garantizaban el respeto a los derechos adquiridos al amparo de la legislación anterior al Código. habían asimilado las soluciones del proyecto español de 1851. el portugués de 1867. de Minas. y desarrollan en trece reglas los criterios orientadores que deben seguirse en la aplicación de aquélla o éste. todos ellos inspirados en el francés y en el de Lousiana. a su vez. de registro civil. como por ejemplo el art. aunque el Código civil no presenta una tendencia política determinada.
social y político primero en impedir la codificación y desacreditar un Código en que veían el símbolo de la unidad jurídica de España. derechos y obligaciones de ambos.688 y 732). mientras se resuelve en unos pocos artículos toda la compleja personalidad jurídica. mientras se resuelve en unos pocos artículos toda la compleja problemática o se relega al Estado en la sucesión intestada a la ausencia del cónyuge y de parientes de sexto grado. El sistema previsto no ha funcionado más que en dos ocasiones: en 1904. la ley de 2 de Mayo de 1975 introdujo modificaciones sustanciales en el Derecho de familia. domicilio conyugal. Un año después. La conciencia de provisionalidad del Código civil. relaciones paternofiliales. Sucesivas disposiciones han modificado también todo el título 1 del libro 1 De los españoles y extranjeros (arts. administración de los bienes de los hijos. Consejo de familia. su plan. su afrancesamiento. Hay que citar. para reformar la regulación del testamento ológrafo suprimiendo el requisito del uso de papel sellado (arts. las enmiendas del Código civil a través de leyes particulares.396 del Código. las criticas ponen de relieve la falta de orientación definida que lo convierte en un texto formado por aluvión. reformadoras del art. entre ellas. discutible y científico tomado del Código francés. para reducir la extensión del derecho de sucesión intestada al cuarto grado de parentesco y para regular de nuevo el destino de los bienes heredados al Estado (arts. conservación por la mujer de su nacionalidad propia después del matrimonio. de antinomias irreductibles como la de los artículos 759 y 799. y en 1928. Prescindiendo de las múltiples reformas introducidas en puntos concretos de su articulado.181 y 198). implantara una nueva normativa sobre adquisición y perdida de la nacionalidad española y se facilitaba su adquisición por residencia. La mayoría de edad quedó rebajada de los veintitrés años a los veintiuno por ley de 13 de Diciembre de 1943 y ha sido modificada de nuevo por Real Decreto de 16 de Noviembre de 1978. el procedimiento de reforma y actualización del texto. El Código no fue tampoco objeto de un recibimiento precisamente caluroso por los foralistas.17−26) desde que la ley de 15 de Julio de 1954. supresión de la licencia marital y judicial para disponer de los bienes propios. el desconocimiento de las corrientes sociales que ya se dejaban sentir y resultaban ahogadas por un feroz individualismo. donde se regula la declaración de ausencia y sus efectos. en tres disposiciones adicionales. Estos emplearon todo su ascendiente científico. hecho de haberse ya recopilado en su totalidad los distintos regímenes coexistentes en España. El Código fue atacado desde casi todos los puntos de vista. complicó notablemente la concepción clásica del régimen de comunidad de bienes. con el consiguiente reflejo en otras partes del Código que resultaban afectadas por la nueva regulación: Derecho de alimentos. la declaración de fallecimiento del ausente y el registro Central de Ausentes. dirigidas a consagrar la igualdad jurídica de los cónyuges. El incremento de la población humana en las ciudades. régimen de legitimas 24 .modernos era uno de los más defectuosos. La Ley de Bases de 17 de Marzo de 1973 justificaba en su Exposición de Motivos la nueva redacción del Titulo Preliminar. su impresión técnica. revocación de donaciones. para dejarla establecida en los dieciocho años. patria potestad. sobre todo en los últimos sesenta años. la presencia en fin. El derecho de copropiedad hubo de reestructurarse por una ley de 26 de Octubre de 1939 sobre régimen jurídico de propiedad de casa por pisos. suprimiendo toda distinción entre hijos nacidos dentro y fuera de matrimonio. La Ley de 13 de Mayo de 1981 modificó por completo el titulo V del libro 1. y por otra de 21 de Julio de 1960. que abandona el tema a la regulación de leyes especiales. materias que precisaban reformas adecuadas a las especiales circunstancias de un país recién asolado por la guerra civil. o ley de propiedad horizontal. de la que participaban incluso sus propios redactores. les impulsó a dejar previsto. con el consiguiente abandono de las tradicionales formas de vida rural y con una profunda repercusión en la arquitectura urbana. Mucho más frecuentes han sido. la ley de 8 de Septiembre de 1939 que modificó íntegramente el título VIII del libro I (arts.954 y sigs). el uso de distintas palabras para expresar el mismo concepto y al contrario la utilización de un mismo termino atribuyéndoles diferentes acepciones.
respondía al propósito de limitar al máximo las diferencias del Derecho aragonés con el general. catedráticos de Facultad de Derecho de Zaragoza y notarios de la región) encargada de redactar una Memoria justificativa de las instituciones forales que debían conservarse. sino también otras todavía bien arraigadas. en buena medida. por su casuismo. expresa la Exposición de Motivos. arbitró el procedimiento para que éstos llegaran a concretarse en diferentes Apéndices al Código civil. de 7 de Julio. • El sistema de Apéndices se consideraba un procedimiento defectuoso de recoger los derechos forales. falta de sistemática y técnica jurídica deficiente.6 de la Ley de Bases de 1888. En Octubre de 1946 tuvo lugar en Zaragoza un Congreso Nacional convocado con la finalidad de abordar en profundidad la problemática de los Derechos forales y su articulación en el ordenamiento jurídico general. • Por último. separación y divorcio. El Apéndice. tutela. de Galicia (1963) y la Compilación de Derecho civil foral de Aragón (1967) y de Navarra (1973). en las décadas siguientes se promulgaron la Compilación de Derecho civil foral de Vizcaya y Álava (1959). sobre el criterio del respeto y el mantenimiento de los Derechos forales. que constaba de 78 artículos.y mejora. que atribuyen competencias legislativas a los Parlamentos de las Comunidades Autónomas. Del régimen económico matrimonial de donde desaparecen definitivamente los conceptos históricos de dote y de bienes parafernales. quedaron aprobadas las conclusiones siguientes: • Los derechos forales vigentes resultaban. referente a los requisitos del matrimonio. por lo que en 1935 se creó una Comisión de juristas aragoneses (jueces. Recogía. adopción. tendrían Compilaciones. por lo que sus redactores suprimieron no solo instituciones tradicionales de dudosa vigencia. De acuerdo con estas orientaciones. Quedó también modificado por esta ley el título III del libro IV. sucesión intestada. que entró en vigor el 2 de Enero del año siguiente. que habían sido introducidas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo: testamento ológrafo y otros especiales. aunque discrepantes con los principios informativos del Código civil con el que se trataba de enlazar. como hemos visto. sólo alcanzó rango normativo el Apéndice al Código civil correspondiente al Derecho foral de Aragón. acompañada de un proyecto de Apéndice que debería ser revisado por la Comisión Jurídica Asesora. • debía procederse en primer lugar a la redacción y publicación de las distintas Compilaciones. • La solución ideal para resolver las dificultades planteadas por el pluralismo jurídico español estribaba en redactar un Código general de Derecho civil donde se hallaran acogida las instituciones de Derechos peculiares de algunas regiones. anacrónicos. la Compilación de Derecho civil especial de Cataluña (1960). Pero la iniciativa quedó interrumpida por la guerra civil. derechos y deberes de los cónyuges. además. Consejo de familia. incompatibilidades con el programa unificador a que. debido a la inexistencia de cauces apropiados para su adaptación a los problemas planteados por la sociedad española en el siglo XX. aprobado el 7 de Diciembre de 1925. además. abogados. tercio de libre disposición. etc. etc. formas de celebración. nulidad. Tuvo una acogida francamente desfavorable. • La Codificación del Derecho foral. Entre otras. han dejado abierta una amplia vía a través de la cual las distintas regiones y nacionalidades históricas del estado español vienen 25 . usufructo vidual. La articulación del estado español sobre el modelo autonómico ha dejado planteado el tema sobre presupuestos radicalmente diferentes. El art. de Baleares (1961). Los artículos 148 y 149 de la Constitución española. dio nueva redacción a buena parte del título IV del libro I. se consideraba necesario promocionar la investigación y el estudio de las fuentes históricas de los distintos Derechos españoles y de las instituciones recogidas en las citadas Compilaciones. Otra ley de 1981. instituciones de Derecho general extrañas a la historia jurídica aragonesa.
distribuida en cinco libros. secciones. que entraría en vigor a partir del 19 de Mayo de 1918. El 19 de Marzo de 1904. El panorama arrojaba. títulos y cánones. encargadas de elaborar la obra. Su vigencia alcanzó hasta el 25 de Enero de 1983. el Codees Iuris Canonici. Juan A. con un total de 2414 disposiciones. en comparación con el secular. como resultad una inseguridad e incertidumbre jurídicas generalizadas y una falta de coordinación interpretativa que. etc. eran remitidas a todos los prelados. recogidas sin otro criterio que el elemental orden cronológico. en fin. manifestaba la intención de abordar la Codificación del Derecho canónico. José Mª García Marín: MANUAL BÁSICO DE HISTORIA DEL DERECHO. por lo que las viejas colecciones medievales recogían aún en los primeros años del siglo XX un Derecho de la Iglesia que. a su vez. Muerto Pío X. • Francisco Tomás y Valiente: MANUAL DE HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL • Juan Baró Pazos: LA CODIFICACIÓN DEL DERECHO CIVIL EN ESPAÑA (1808−1889) • Enrique Gacto Fernández: EL DERCHO DELCONSTITUCIONALISMO Y DE LA CODIFICACIÓN II. adolecía de un notorio desfase técnico y sistemático. que pretende armonizar la legislación canónica con los principios fundamentales y con la nueva concepción de la Iglesia surgidos a consecuencia de los trabajos del Concilio Vaticano II. En este Código. divididos. que vino a sustituir el antiguo sistema de Colecciones. Alejandre García. con frecuencia. su sucesor Benedicto XV promulgó. etc. Pío X. La opinión de los canonistas era unánime en orden a la necesidad de una nueva codificación racionalizada de este Derecho. hoy vigente. VI CODIFICACIÓN DEL DERECHO CANÓNICO El Derecho canónico no experimentó variaciones sensibles durante los siglos que siguieron a la formación del Corpus Iuris. en su motu proprio Arduum sane manus. a medida que quedaban terminadas. desembocaba en la aparición de lagunas jurídicas. en partes. nombramiento de diversas comisiones de cardenales y consultores. a través de la Bula Providentísima Mater Ecclesia.desarrollando con amplitud sus respectivas normativas particulares. En años sucesivos se fueron articulando las diversas partes del futuro Código que. • Francisco Tomás y Valiente: CÓDIGOS Y CONSTITUCIONES (1808−1987) 24 26 . y tomaba las primeras medidas encaminadas a encauzarlo: consulta a todos los obispos del mundo para que dieran su opinión sobre los puntos en los que el ordenamiento de la Iglesia debiera corregirse. quedó sistematizada toda la normativa eclesiástica. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE TRABAJO • Enrique Gacto Fernández. en que Juan Pablo II promulgó un nuevo Código. carácter superfluo o anacrónico de muchas disposiciones. en su mayor parte. abundancia de preceptos promulgados con un alcance particular de los que el interprete debía inducir la norma general. con objeto de que formularan las objeciones y sugerencias que les parecieran oportunas. aquejado por defectos de difícil superación: ingente volumen de disposiciones dispersas en diferentes colecciones y. • María José Muñoz García: EL PROCESO HISTÓRICO DE LA CODIFICACÓN PENAL ESPAÑOLA.
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