Source: http://centrodebioetica.org/2011/09/e-b-del-c-cadministracion-provincial-de-seguro-de-salud-samparo/
Timestamp: 2018-09-21 16:09:27+00:00

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"E.B. del C c/Administración Provincial de Seguro de Salud s/Amparo" | Centro de Bioética, Persona y Familia
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Fecundación Artificial. Cobertura por el sistema de salud. Inconstitucionalidad.
I. Contra la sentencia relacionada, cuya parte resolutiva ha sido supra transcripta,la Sra. B del C. E y el Sr. D.D.V –compareciendo el último de los nombrados por primera vez - interpusieron recurso de apelación; fundando el mismo a fs 274/280. Los argumentos que informan dicha presentación, admiten el siguiente compendio:
b. En segundo lugar, se quejan porque la juez ha entendido que no existió arbitrariedad en la conducta de la demandada. A contrario de lo sostenido esgrimen que el rechazo ha sido antojadizo y subjetivo por las siguientes razones: 1ª Por la existencia de normativa constitucional y científico médica, así como abundante doctrina y jurisprudencia; 2ª En virtud de la obligación de garantizar la salud de los afiliados, con independencia de una norma específica para cada enfermedad y 3ª Por el propio accionar contradictorio de la obra social. Reseñan en cuanto a éste punto, que en la primera contestación ala CD que enviaran los actores se les rogó esperar hasta el dictado de una norma específica y cuatro meses después con el dictado de la resolución atacada de inconstitucional se excluye la cobertura prometida.
c. Como tercer agravio, critican que se requiera de una ley específica para dar respuesta a su pedido. En apoyo a éste argumento destacan que el sustento normativo pretendido tiene raigambre constitucional (Art. 41,42, 75 inc. 19 y 23) y en los Tratados Internacionales: Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Protocolo Adicional ala Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”; Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. En cuanto al plexo legislativo destacan la existencia de las siguientes leyes: 1ª Ley 25.673 el cual crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; 2°La Ley provincial 8535 que reglamenta el Programa de Salud Reproductiva y Sexualidad en el marco institucional del Ministerio de Salud y Seguridad Social dela Provincia de Córdoba y finalmentela Ley 9277 de creación del APROSS. Entienden que exigir la existencia de una ley específica de fertilización asistida con ovodonación para declarar un derecho es presuponer que la puja se da en el binomio: ley / no ley; desconociendo el bloque de constitucionalidad vigente. Se preguntan finalmente, si el poder legislativo nunca sanciona la ley de fertilización asistida. ¿Qué ocurrirá con los derechos de personas que se encuentran en su misma situación?
d. En cuarto lugar fustigan el decisorio en crisis por cuanto entienden que en el mismo se han interpretado incorrectamente el objeto de la acción de amparo. Recuerdan que solicitaron la cobertura económica de la práctica y no autorización para efectuarla, dado que la misma no es necesaria. Luego de poner de resalto el total desconocimiento de la juez a-quo sobre el funcionamiento de las prácticas, destacan que los únicos centros enla Provincia de Córdoba que efectúan la técnica de fertilización asistida requerida pertenecen a la cartilla del APROSS. Por ésta razón, sostienen que en el supuesto de delito de violación de identidad de la persona (sindicado por la sentenciante) estarían incursas la totalidad de los centros especializados en Córdoba y el país. Recuerdan finalmente que en dichos lugares existen formularios de consentimiento informado, en donde se les hace saber a los donantes y receptores, que el concepto de anonimato es para ellos recíprocamente; pero que se poseen registros de identidades, que pueden ser requeridos por autoridades judiciales.
Los precedentes[1] susceptibles de ser comprendidos en esta categoría, se asientan, especialmente, en el fundamento de que la prestación no está prevista como obligatoria en la ley y que la inclusión de situaciones no legisladas que no ponen en riesgo la vida de las personas, puede impactar negativamente en la disponibilidad de medios para afrontar la cobertura de emergencias vitales.
Así, por lo general la condena a las obras sociales o empresas de medicina prepaga oscila entre cubrir una determinada cantidad de tratamientos o una porción del costo de éstos o, también, fijar una edad límite para llevar adelante las prácticas[2].
Al respecto, se afirmó que “… no se advierte razón jurídica alguna para que la cobertura del tratamiento sea íntegramente soportada por [la obra social]. Es que, al haber sido declarada la causa como de puro derecho, no se tiene el menor dato del costo total del tratamiento ni de la situación económica de la actora. Y aunque se diera por acreditado que esta última atraviesa por un quebranto patrimonial, no existe norma que haga pesar sobre la accionada semejante responsabilidad….”[3]
Entre otros criterios de valoración dentro de la misma posición, se tuvo en cuenta que la solución debía descansar “… en parámetros de factibilidad…” y tener en cuenta “.... las probabilidades de éxito de la práctica en cuestión [es decir] la edad de la reclamante y los parámetros racionales que la jurisprudencia comparada ha establecido para la obtención de un embarazo viable y la concepción de un bebé sano…” . De tal modo, se limitó el alcance de la condena a la cobertura de “… cuatro ciclos –intentos- de Fecundación Asistida bajo la técnica ICSI, estableciendo en cuarenta y dos años la edad límite dentro de la cual podrán llevarse a cabo las citadas prestaciones…”[4]
A su vez, igualmente se sentenció que “… el tratamiento debería realizarse sin congelamiento o criopreservación de embriones, en tanto aquella posibilidad no constituye más que una contingencia accesoria cuya ausencia –al no tratarse de un paso reglado o ineludible dentro del método-, no impide ni obstaculiza la realización efectiva de la práctica. La modalidad propuesta permite lograr la justa composición del caso planteado, sin necesidad de ingresar en el debate bioético y filosófico [que implica la técnica] discusión que, para más, excedería claramente el marco de conocimiento propio del juicio de amparo…”[5]
Quienes se enrolan en la postura del epígrafe[6] hacen alusión a que la falta de una norma específica para cubrir la demanda en materia de fertilización asistida, se explica porque los avances de la ciencia médica, a menudo, desbordan la tarea del legislador.
A dicho fundamento se agregó que “… La vitalidad de la urgencia legitima al tribunal a dar una solución al caso que tenga primordial consideración por la persona, en tanto fin en sí mismo y valor fundamental de un Estado de Derecho…”[7]
Al respecto, se ha manifestado que el Plan Médico Obligatorio no constituye un bloque pétreo, inmodificable y estanco sino que, por el contrario, contiene tan sólo pautas directrices que deben ser interpretadas en beneficio de los afiliados, pues una interpretación estática importaría desconocer el momento histórico que se esta viviendo, con una evolución continua, una dinámica cambiante e incesante que la ciencia médica produce diariamente en la noción de calidad de vida la cual, también, es esencialmente mutable.[8]
Como acertadamente lo explica la doctrina[9] el precepto mencionado constituye la aplicación del aforismo romano “mater semper certa est”, pues el parto sigue al vientre.
Ello, sin descuidar que también se “…. desestabiliza el cuadro actual de personas legitimadas para interponer acciones filiatorias: ¿podrá reclamar algún tipo de vínculo [de tal carácter] la madre gestante y el niño/a que nació gracias a la ovodonación podrá accionar contra la mujer que donó el material para que él/ella pudiera ser concebido/a?...”[10]
En este sentido, se ha sostenido que “… Dado que quien dona material genético carece de voluntad procreativa, entonces no es posible generar un vínculo filiatorio de ese acto de donación. Por la teoría de los actos propios, no se puede pretender que quien ha donado sus gametas asuma luego una paternidad/maternidad que no fue buscada y que quien ha manifestado expresa o tácitamente su voluntad procreacional se desligue de las obligaciones que emergen con el nacimiento del/a niño/a gestado/a a través del uso de las tecnologías reproductivas….”[11]
A su vez, en sentido contrario, se expidieron autores de la talla de Andorno[12], con agudeza han señalado que si bien en nuestro derecho no existe una disposición que considere ilícita la fecundación heteróloga, también es cierto que el estado civil de las personas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 845 y concordantes del Código Civil, es indisponible. Consecuentemente, las situaciones que revistan características como las expuestas (fertilización con donación de gametas) suponen disponer por un acto particular del estado civil del niño por venir, quien ser vería privado desde un comienzo y en forma deliberada de sus ascendientes en atención a la descomposición que se presenta entre los aspectos biológicos y gestacionales de sus padres.
En efecto, la concepción de hijos con este tipo de procedimientos, supone que, desde un principio el fecundado tiene un padre o una madre distinta a la genética, extremo que también fue criticado desde el punto de vista psicológico, religioso y ético[13].
En suma, el desmembramiento de la esencia biológica y los aspectos institucionales que provoca o genera este tipo de fecundación, trae aparejada la legitimación de un medio que socava los fundamentos de la institución familiar[14] y contraría la unidad del matrimonio, y el consecuente derecho del hijo a ser concebido y traído al mundo dentro y desde aquél.
Desde el ámbito nacional, nuestra jurisprudencia[15] sostuvo que las prerrogativas constitucionales a la salud e integridad física y a la vida, encuentran expreso reconocimiento en los arts. 14 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, pues a partir de 1994, los Tratados sobre materia de Derechos Humanos gozan de jerarquía constitucional.
Por otra parte, no puede predicarse una vulneración del derecho a la salud, sin relacionarlo con el derecho a la vida pues, en rigor, se trata de una prolongación de ese derecho. En palabras del Dr. Armando Andruet[16] “... Huelga decir que es tal: derecho natural; por ser sin más el mismo, una clara extensión –prolongación, derivación o corolario- del mismo derecho a la vida. El derecho a la salud en definitiva no puede ser pensado disociadamente del derecho a la vida; la ausencia de salud es primero enfermedad y finalmente no-vida; obviamente que también entre nacer y morir, el mencionado derecho a la salud se interrelaciona con una totalidad de otros derechos, que hacen seriamente pensar que sin salud –aunque ontológicamente es antes siempre la vida- resulta inaccesible de gozar de otros derechos...”.
Al respecto, sostiene la doctrina que “…. En esto se suele mirar más hacia la satisfacción de los deseos e intereses de los adultos, que hacia el nuevo ser, como si aquéllos tuvieran un derecho subjetivo al hijo –olvidando que la persona no puede ser objeto de un derecho-, que debe satisfacerse no importando a costa de qué o de quién, habiéndose afirmado al respecto que en el caso no sólo falta el sujeto activo, sino también el sujeto pasivo de ese pretendido derecho…”[17]
En igual sentido se ha puesto de relieve que no puede olvidarse que la procreación no es un derecho del ser humano sino un don de la naturaleza, por lo que negarle al hombre el papel de colaborador en la transmisión de la vida significa lo mismo que desconocer que él cumple un rol que lo trasciende, que está regido por leyes que no ha creado.[18]
Con base en la opinión sentada jurisprudencialmente, por nuestro Alto Tribunal Provincial en diversos precedentes[19], podemos afirmar que en nuestro ordenamiento jurídico, el principio de igualdad ante la ley (art. 16 C.N.) veda la discriminación injustificada o irrazonable de trato. Empero, no podemos dejar de destacar que la norma debe ser interpretada como lo expusiera destacada doctrina comparada, ya que "...no implica que en todos los casos se otorgue un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica. Toda desigualdad no constituye necesariamente una discriminación, siempre que la diferencia de tratamiento esté justificada legal y constitucionalmente y no sea desproporcionada con el fin que se persiga”[20]
En definitiva, la protección del derecho de igualdad, del derecho constitucional a la no discriminación, se apoya en dos elementos que han de ser objeto de análisis: si la diferencia de trato está dotada de una justificación objetiva y razonable, es decir si posee una justificación legal y constitucional suficiente; y si existe la debida proporcionalidad entre la distinción de trato que se efectúa y los objetivos que con ella se persiguen[21].
Obsérvese que para las mujeres que en las cuales los ovarios no liberan óvulos, se preven médicamente formas de estimulación de manera que aquéllos maduren en éstos[22], mas se han descubierto aún las fórmulas o recursos necesarios para dar solución a la carencia de ovarios por extirpación y, consecuentemente no puede reclamarse la cobertura a la obra social.
IV. Dictado el decreto de autos, a fs 319 el mismo quedó firme, encontrándose la causa en estado de ser resuelta.
A los fines de mantener un orden en la exposición, recuerdo que la pretensión de la Sra. Espinoza“solicitud de cobertura económica al 100% de la prestación de fertilización in vitro (FIV) por técnica ICSI con donación de ovocitos…” (cfr. Fs 1) fue rechazada en base a los siguientes argumentos: 1° Para que se atienda a la afectación del derecho constitucional por vía de amparo es necesario que el acto que se ataca sea arbitrario y manifiestamente ilegal debiendo verificarse estos vicios de manera palmaria e incontestable y estos calificativos no se predican de la conducta de la accionada; 2° La inconstitucionalidad de la resolución N° 178/09 es rechazada porque en nuestro derecho positivo no se contempla la fertilización heteróloga dado que la misma implica una disociación entre la verdad biológica y la voluntad procreacional; 3° La práctica peticionada, que involucra la donación de óvulos, abarca una trama compleja con cuestionamientos jurídicos, éticos y morales, que provoca una fractura en la unidad natural del proceso de maternidad; 4° En casos como el presente el interés público se encuentra en juego, por cuanto se producirá una disgregación entre la identidad genética y la filiación maternal; enfrentándose estas prácticas con el derecho del nasciturus a conocer su propia identidad; 5° No hace bien al sistema republicano que los jueces desborden las estructuras impuestas por otros poderes so pretexto de la complejidad del tema abordado y se conviertan en legisladores de instituciones jurídicas cuyas proyecciones aún no han sido pensadas; 6° El derecho no es neutro y jamás podría renunciar a discriminar lo legítimo, ético y permitido de lo que no lo es; 7° La tutela que brinda el juez en el amparo parte de un balance de intereses y en el caso concreto debe prevalecer el interés público comprometido, máxime cuando el derecho individual de la actora vulnera el derecho a la identidad de otro ser.
V. Consideración del recurso.
La cuestión traída a decisión en ésta oportunidad, me enfrenta por primera vez con la necesidad de emitir un pronunciamiento relativo a una de las cuestiones más caras al ser humano, cual es el deseo de procrear para conformar una familia; superando las limitaciones impuestas por sus deficiencias físicas. A ésta altura –y con solo haber reseñado los términos de la traba de la litis–decir que el presente es un “caso difícil”, parece una verdad de perogrullo. Y ello es así por cuanto el caso de autos trasunta una problemática compleja, en donde no solo existe una laguna en el derecho positivo vigente sino que el mismo recurso a las normas constitucionales y supra constitucionales enfrenta al intérprete con la necesidad de compatibilizar los derechos humanos, no solo de la peticionante sino de todos los actores implicados en el proceso. A ello se suma la escasez de respuestas jurisprudenciales con criterios definitivos a los cuales adherir o rechazar a los efectos de fundar la respuesta al presente.
Efectuadas estas consideraciones e ingresando al tratamiento del recurso, debo señalar que en término analizaré conjuntamente las quejas reseñadas al punto b y c del presente, por cuanto las mismas se direccionan a establecer la arbitrariedad e ilegalidad, no solo de la conducta de la demandada sino de la resolución cuya constitucionalidad se discute. De la conclusión arribada surgirá la respuesta al agravio primero, ya quela Sra. Juezhabrá dictado una sentencia arbitraria y denegatoria de justicia si ha encuadrado de modo incorrecto el proceder dela Obra Social.La suerte del recurso en rigor de verdad se sella con las conclusiones de estos puntos, sin perjuicio de que se dará tratamiento a todas las quejas que ha planteado la amparista.
VI. Agravios segundo y tercero. Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad manifiesta en la conducta de la obra social.
La acción de amparo, reconocida en el Art. 43 dela Constitución Nacional, puede definirse como aquella vía expedita y rápida consagrada al ciudadano –salvo que exista otro medio judicial más idóneo- para repeler todo acto u omisión de autoridades públicas o particulares, que de un modo manifiestamente arbitrario e ilegal lesione, restrinja, altere o amenace, los derechos reconocidos al ciudadano enla Constitución, un tratado o una ley. Con la reforma operada en 1994, el amparo ha dejado de ser una vía subsidiaria, a tal punto que algunos autores sostienen que enla República Argentinaexisten dos fueros, el constitucional y el ordinario. (Cfr. QUIROGA LAVIÉ Actualidad en la jurisprudencia sobre amparo. LL 1996-E-1057). No obstante esta conclusión, para la viabilidad de la acción sigue siendo necesario que el acto o la conducta tachada de inconstitucional reúna determinados requisitos, de los cuales no es ajena la acción de amparo por razones de salud.
Los mismos han sido delineados por la Corte Supremade Justicia, la cual en un pronunciamiento que data de 2005 sostuvo “(…).-El amparo es un proceso excepcional, utilizable en delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías más aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, y para su apertura exige circunstancias muy particulares, caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas que ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios originan un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expedita… Más adelante, en el voto de Lorezetti se afirmó “(…) La acción de amparo es particularmente pertinente en materias relacionadas con la preservación de la salud y la integridad física, supuestos en los que no cabe extremar la aplicación del principio según el cual el amparo no procede cuando el afectado tiene a su alcance una vía administrativa a la cual acudir, pues los propios valores en juego y la normalmente presente urgencia del caso, se contraponen al ejercicio de soluciones de esa índole (Cfr. CSJN in re “Sánchez Norma Rosa c/ Estado Nacional y otro | acción de amparo”. 20.12.2005. MJ-JU-M-41944-AR | MJJ41944). Si bien la apelante reproduce en la pieza procesal de fs. 275 (párrafo tercero) los términos de éste voto en apoyo a su tesitura, entiendo que lo hace incorrectamente. La doctrina que emana de éste y otros precedentes del estilo, no puede generalizarse a todos los supuestos, ya que en la mayoría de los casos traídos a colación –en donde se flexibilizan estos requisitos- peligra la vida del amparista o se encuentra en serio riesgo la continuidad de un tratamiento médico, y éste no es el caso de autos.
VII. En relación a los conceptos de arbitrariedad e ilegalidad se ha sostenido “(…) En el amparo la arbitrariedad e ilegalidad tiene que resultar de manera visible, manifiesta; es decir, en forma clara, patente, indudable, inequívoca, notoria, ostensible, para no hacer del amparo el vademecum que solucione todos los problemas, subsumiendo las vías procesales en solo una, cuando la Constitución y las leyes marcan distintos derroteros. El amparo es una herramienta útil, pero no para cualquier situación. En tal sentido, mientras la ilegalidad puede describirse a través de preceptos legislativos que se omiten aplicar o se interpretan mal, la arbitrariedad exhibe un juicio especialmente negativo frente a las normas. La ilegalidad desconoce o aplica erróneamente la regla jurídica que corresponde, mientras que la arbitrariedad es la manifestación abierta y caprichosa sin principios jurídicos (Cfr. SCJBsAS in re “Fentanes José R. y otro c/ Caja Compensadora dela Asociación Médica Pergamino | amparo” 11.09.2002. MJ-JU-M-56005-AR | MJJ56005). Me permito señalar, completando el concepto de ilegalidad que surge del fallo reseñado, que la misma radica en la oposición de cualquier acto a cualquier norma y prioritariamente a la ley suprema, aunque aquel pretenda apoyarse en una ley inferior.
VIII. Afirma la quejosa que la misma (arbitrariedad) se verificó al contestar la demandada el reclamo administrativo cuatro meses después de efectuado y cuando ya se habían iniciado las presentes actuaciones; para con posterioridad resolver que no se cubría el tratamiento mencionado.
Este argumento es improcedente. Si bien es cierto que el reclamo administrativo lleva fecha 08.07.2009, la intimación mediante CD, se efectuó el 01.09.2009 y se contestó siete días después, cuando aún no se había iniciado el presente juicio (24.09.2009). En la referida contestación se informó a la peticionante que los tratamientos de fertilización asistida tendrían vigencia a partir de Enero de 2010, no contando hasta ese momento la obra social con cobertura del estilo. No existe reproche alguno en que no se le dijera ala Sra. E.quela fertilización mediante ovodonación no sería cubierta, pues válidamente podía –a la fecha de contestación- desconocerse los cambios que se operarían en la legislación. Por éstas razones considero que el requisito en examen no se haya configurado, ya que la amparista recibió una respuesta a su petición con la información institucional y legislativa quela Obra Social, poseía al tiempo de la notificación. De la formulación de la queja pareciera sugerirse que con su conducta, la obra social generó un derecho en expectativa que luego se conculcó con la sanción de la ley y posterior resolución que excluía el supuesto pretendido; pero como ya lo dije y mal que le pese a la apelante, de los términos de la contestación no puede concluirse en el sentido indicado.
IX. El requisito de la ilegalidad manifiesta tampoco se haya configurado. Como señale al principio existe un vacío legislativo en relación a las técnicas de reproducción asistida. Adelanto además, que no he encontrado en la leyes nacionales, ni provinciales sobre salud reproductiva (Ley Nacional 25673 y Leyes Provinciales N° 8535 y 9073) ninguna imposición referida a la obligatoriedad de brindar la asistencia médica requerida. Además, la prestación no integra el Programa Médico Obligatorio y si bien no se desconoce su naturaleza esencialmente flexible, con la consecuente posibilidad de incorporar enfermedades que la ciencia moderna vaya calificando como tal; entiendo que la falta de inclusión del tratamiento es razón suficiente para descartar que la denegatoria de cobertura sea manifiestamente ilegal.
Si se recurre al plano supralegal, la conclusión no difiere de la anterior.
Del Artículo 14 bis dela Constitución Nacional, surge el deber del Estado de brindar protección a la familia, y de ésta norma puede colegirse que todos los seres humanos tienen el derecho de formar una familia. Revisando los tratados internacionales se concluye que el derecho a constituir una familia posee recepción al más alto nivel. Así lo sugierela Declaración Americanade los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo V;La Declaración Universalde los Derechos Humanos en su art. 16 inciso 1º; El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su artículo 10º y 11º y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 23º . Sin embargo, de estos estas normas no puede concluirse que el estado tenga la obligación de garantizarle al ciudadano el “derecho al hijo/hija”; en las condiciones propuestas por la amparista; esto llevando adelante un embarazo, a pesar de su esterilidad.
X. Lo expresado en el párrafo anterior se relaciona con la pretendida inconstitucionalidad dela Resolución 178/09, que excluye de cobertura el tratamiento solicitado, sobre la cual me expido a continuación a los efectos de responder al agravio quinto.
Como bien se señala en el Dictamen de Fiscalía que se encuentra trascripto al punto III del presente la infertilidad y esterilidad son patologías que en grado disímil gravitan negativamente en las posibilidades de concebir un hijo. Pero son conceptos diferentes. Por infertilidad debe entenderse “…la incapacidad para llevar adelante un embarazo a término (infertilidad femenina) y el hombre, disminución de la fertilidad ocasionada por un proceso reversible (infertilidad masculina)”. Por el contrario la ciencia médica ha definido a la esterilidad como “…la incapacidad de la mujer de quedar embarazada, causada por una alteración de la estructura y función de sus órganos genitales. Mientras que la esterilidad masculina es la incapacidad del hombre de fecundar un óvulo por insuficiencia o anomalía de la espermatogénesis o por oclusión de las vías epididimarias o deferentes” (Cfr. Diccionario Médico. 4ª Edición. Barcelona. MASSON SA. 1998 p 227 y 342). Debo señalar que no obstante el letrado de la actora refiere a que la misma padece de infertilidad y por ello la resolución atacada es inconstitucional por excluir uno de los posibles tratamiento para esta patología, es necesario aclarar quela Sra. E.–conforme surge de los estudios que obran en la causa y en particular el informe de fs 233 (respuesta c) - no es infértil, sino estéril. Y mientras que la primera es un proceso que puede revertirse con técnicas de mediana y baja complejidad, para la esterilidad la ciencia médica aún no ha encontrado cura, sino que debe recurrirse a terceras personas aportantes del material genético.
En éste contexto, y desde un punto de vista estrictamente legal surge el siguiente interrogante ¿es inconstitucional que el Estado –en cumplimiento de la manda supralegal de protección a la familia y garantía del derecho a la salud, cubra de manera progresiva determinadas enfermedades, y excluya otras? En relación a éste tema viene al caso recordar un reciente fallo de la Corte Supremade Mendoza en donde se dijo: “…La ley 23.313 aprobó el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Conforme el art. 12, los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Complementariamente, el apartado 2 del art. 12 enumera en cuatro incisos medidas que el Estado debe tomar para reducir la mortalidad infantil y fomentar el sano desarrollo de los niños, el mejoramiento de la higiene de trabajo y medio ambiente, la prevención y tratamiento de enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad Esta obligación está enmarcada en el ámbito del Art. 2 según el cual "Cada uno de los Estados Partes se compromete a adoptar medias, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectivamente de los derechos aquí reconocidos…. Bien se ha dicho que "la economía es la ciencia de la elección en condiciones de escasez; ella nos ayuda a tomar decisiones respecto a la asignación de recursos que son susceptibles de usos alternativos; decisiones mal tomadas respecto a la asignación de recursos en el sector salud pueden implicar dejar sin cobertura a otra parte de la población". "El aumento de la esperanza de vida, la disminución de la natalidad y de la mortalidad, etc., inducen cambios en la estructura de las poblaciones que exigen redefinir qué servicios de salud son más necesarios que otros" (Asorey, Graciela, "El mercado de salud y su relación con el consumidor", en Uzal, M.E. -coordinadora, Relaciones de consumo, derecho y economía, Bs. As., ed. La LeyAcademia Judicial Internacional, 2006, pág. 333). En definitiva, "hay un problema de eficiencia en la asignación de los recursos y una necesidad de optimizarlos" (Guestrin, Sergio, "Fundamentos para un nuevo análisis económico del derecho", Bs. As., ed. Ábaco, 1998, pág. 43 y ss). Dice el prestigioso juez Pedro Hooft: "La justa asignación y distribución de los recursos en salud (equidad en salud) constituye una de las áreas más complejas de la bioética contemporánea. Las dificultades que allí se suscitan requieren de una exhaustiva y profunda ponderación de todas y cada una de las circunstancias de cada caso, a la luz de los principios y normas tanto jurídicoconstitucionales como bioéticos. En los servicios de salud deben articularse cuidadosamente valores tales como igualdad y solidaridad" (Ver su decisión del 19/6/2003, JA 2004IV566, con notas aprobatorias de Carlos Ghersi, "La bioética y el bioderecho. Herramientas del siglo XXI y la época postmoderna", y de José Mainetti, "El trilema de la salud"). En esta línea, el art.5° de la ley provincial 6433/96 de salud reproductiva dispone:"El Ministerio de Desarrollo Social y Salud de la provincia implementará la presente Ley en vista a su efectivo cumplimiento, teniendo en cuenta los servicios, programas y acciones hoy existentes afectos de no sobreponer los mismos ni malgastar recursos humanos, tecnológicos, de infraestructura o financieros. Asimismo deberá prever los recursos necesarios en la Ley de Presupuestos inmediata siguiente a la sanción de la presente Ley". Como se relata en los considerandos de la resolución 1163, la Osep ha venido extendiendo los servicios en materia de fecundación asistida de modo progresivo. Por resolución 497/95 reconoció el 50 % del valor de los tratamientos hasta un máximo de $ 2.000; muy prontamente esa resolución fue dejada sin efecto por la n° 132/96, por tratarse de tratamientos con una fuerte demanda que la Obra social no tenía implementados en sus efectores propios, ni contratados, y por los altos costos alejados de las posibilidades económicas financieras en ese momento. Posteriormente, ante la demanda existente, se procedió a realizar una nueva evaluación de los tratamientos para garantizar el programa de fertilización asistida, se hicieron nuevos cálculos y se dictó la resolución 1163, que aprobó los módulos para la implementación del programa, con efectores propios, autorizó la financiación opcional y estableció que no se subsidiarán ni reintegrarán los tratamiento realizados fuera del ámbito del efector propio; la misma resolución creó el comité de bioética, dispuso que previo a todo se debía contar con el consentimiento informado según procedimiento fijado en el anexo, etc. En estas condiciones, atendiendo por sus propios efectores la infertilidad mediante terapias de baja y mediana complejidad, no parece que el Estado provincial incumpla el Convenio internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Tengo especialmente en cuenta que en países del primer mundo, como EEUU, según relata el juez francés Byk, sólo seis Estados (Arkansas, Delaware, Hawai, Maryland, Massachussets y Texas) obligan a las compañías aseguradoras a rembolsar a sus clientes infértiles los gastos de la fecundación asistida; que en España, sólo la muy próspera comunidad catalana financia con recursos propios la fecundación asistida (Ver datos en Webb, María S., "Cobertura de las obras sociales y empresas de medicina prepagas de las diferentes terapias de reproducción", Doc. Jud. 20053840). ¿Cómo exigir tanto a una obra social que debe lidiar contra la pobreza, los niños desnutridos, la vacunación obligatoria, etc? Voto dela Dra. Kemelmajer de Carlucci. (Cfr. CSJ Mendoza Sala I in re “Rodríguez Marcos Mirta y otro en Jº 180.399/30.242 Rodríguez Marcos Mirta y ots c. OSEP p/ acción de amparo. s/inc. Cas”. 28.08.2007. MJ-JU-M-14347-AR | MJJ14347 | MJJ14347).
Entiendo que la doctrina de éste precedente se aplica al caso de autos. Sin perjuicio de las valoraciones de tipo, ético/legales que pueden efectuarse respecto de las técnicas que requieren donación de gametos de terceros, la crioconservación de los embriones resultantes del procedimiento o los supuestos de maternidad subrogada, lo cierto es quela Resolución Nª 178/09, al incorporar progresivamente diferentes técnicas paliativas de la infertilidad, satisface plenamente los principios dela Seguridad Socialy ello excluye la pretendida tacha de inconstitucionalidad. Por lo demás, tampoco se contradice esta resolución conla Leyde Creación del APROSS, ya que en su artículo 12 inciso d) la misma establece quela Obra Socialcubrirá prestaciones relacionadas con la infertilidad.
XI. Agravio Cuarto. Incorrecta interpretación del objeto procesal de la acción de amparo.
Es del caso señalar que los fundamentos introducidos en éste punto tampoco conmueven en lo absoluto el fallo apelado. Se sostiene que la juez a-quo ha incurrido en el error de confundir el objeto de la presente acción con una autorización judicial para el procedimiento cuando en verdad se requiere una cobertura de la totalidad de un tratamiento. Esta afirmación es liviana.
La intervención cuya cobertura le reclama ala Obra Social, plantea interrogantes de diversa índole, los que aún no han sido resueltos. Conforme lo establece el Art. 240 del CC, la maternidad se determina por el parto, sin embargo, el hijo nacido mediante la técnica pretendida será tenido como hijo biológico de la madre gestante pero no tendrá vinculación genética con la misma; poseyendo lazos sanguíneos con un sinnúmero de personas que desconocerá, si sus padres no le informan las circunstancias de su nacimiento (deber que existe en los supuestos de adopción) o la madre genética no inicia la acción de impugnación de maternidad (Cfr. LLLitoral 2011 (marzo). 161). Desde éste punto de vista surge claro que la peticionante está solicitando más que la cobertura económica de un tratamiento, una autorización judicial para establecer una filiación no autorizada por la ley.
En consonancia con este criterio se ha dicho “(…)Cabe revocar la sentencia de primera instancia que hizo lugar al amparo y condenó a la obra social demandada a cubrir la totalidad del tratamiento de fertilización asistida (FIV) por técnica ICSI, pues, en el caso, se indica un tratamiento de fertilización asistida con ovodonación lo cual presenta una delicada situación de derecho, porque el fruto del semen del esposo y la donante no será hijo natural de la actora, pero ésta pretende en contra de lo dispuesto por el art. 240 del CCiv. que el hijo sea suyo, siendo que no existe ninguna norma legal que autorice tal relación de derecho de familia, es más, el art. 139 inc. 2° del CPen. describe como punible la conducta de quien por cualquier acto hiciere incierto, alterare o suprimiere el estado civil de un menor de 10 años , y en autos, se pretende suprimir la maternidad de la donante y sustituirla por la de la actora, lo que prima facie se aproxima a la acción material descripta en la norma. Resulta improcedente la condena dispuesta en primera instancia a la obra social demandada para que cubra la totalidad del tratamiento de fertilización asistida requerido por los amparistas, ya que la ovodonación, que para el caso de la actora aparece como la única posibilidad o al menos la más probable, se halla en pugna con el derecho civil vigente -art. 240, CCiv.-, y si la donación de óvulo es para establecer una relación de filiación reñida con la ley, le alcanza las previsiones del art. 953 CCiv., conforme al cual el objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, de consiguiente es nula, y así puede considerarse ex-officio de acuerdo a la doctrina que emerge del art. 1047 del citado Código, toda vez que aparece manifiesta en el acto (Cfr. CNApel C y C Corrientes in re: “L. A. del C. (UPCN) c/ Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación s/ amparo” 29.04.2011. MJ-JU-M-64810-AR | MJJ64810 | MJJ64810).
XII. En otro orden de ideas, la exclusión de tratamientos que impliquen la crioconservación de embriones es una cuestión que tampoco merece mis reparos, al menos desde la estricta óptica de nuestro sistema constitucional; pues el principio "alterum non ladere", establecido implícitamente en el Art. 19 dela C.N impide dañar los derechos de terceros. El embrión humano se conforma con la unión de gametos masculinos y femeninos y es persona por nacer en los términos del Art. 54 inciso 1º del Código Civil. Con respecto al comienzo de la existencia del hombre, según la naturaleza afirma la jurista cordobesa Matilde Zavala de González que "...el sistema jurídico expuesto es congruente con la naturaleza. Hoy la biología no discute que la vida de un nuevo ser se inicia desde el momento mismo en que un óvulo femenino es fecundado por un espermatozoide masculino, y que aquel posee ya, en miniatura todo el patrimonio genético de un adulto. Esa vida es distinta de la de sus progenitores y forma sus propias células, recibiendo de la madre solo aquello que impulsa su crecimiento y desarrollo (aut cit "Aborto, persona por nacer y derecho a la vida". LL 1983-D p 1126 y siguientes).
Siendo el nasciturus persona por nacer como tal goza de la protección del orden jurídico. Y si el niño no nacido es un ser humano con personalidad jurídica según el Art. 4 del Pacto de San José de Costa Rica, todo niño no nacido y no alguno de ellos tienen derecho a al vida. Sentado este principio y aceptado que determinados tratamientos de fertilización asistida como el pretendido en autos implican la crioconservación de embriones excedentes. (según estadísticas europeas para un nacido vivo es necesario concebir al menos 9,6 embriones. Cfr. www.aica.org) los mismos corren desproporcionados e innecesarios riesgos en su vida y salud; razón por la cual también merecen la protección del ordenamiento.
XIII. Frente a éste cuadro de situación, considero que establecer todas las posibles consecuencias que se derivan de la pretensión de la actora excede ampliamente los márgenes de un pronunciamiento judicial y más aún de una acción de amparo. Los restantes argumentos mencionados en el agravio del acápite tampoco modifican la posición que sustento. No desconozco que éstas prácticas se llevan a cabo en el ámbito privado, sin embargo la regularidad de un accionar -realizado en la penumbra del derecho- no hace renunciable la facultad que como magistrado me compete de efectuar frente al caso concreto, las valoraciones ético / jurídicas que estime pertinentes.
En conclusión, dada la complejidad de la cuestión traída a examen y frente al régimen legal vigente cuya irrazonabilidad no ha sido en modo alguno acreditada y tampoco se exhibe como tal a los ojos del Tribunal, la vía de amparo- tal como fuera correctamente resuelto- no resulta procedente para discutir cuestiones como la presente.
XIV. Agravio sexto. Afectación al proyecto de vida.
Afirma la recurrente que su proyecto de vida se encuentra dañado por la denegatoria de cobertura, afectándose con la decisión adoptada su derecho a la igualdad. No obstante, como se sostiene en el Dictamen de Fiscalía el derecho a la igualdad se vería afectado si la obra social diera a iguales situaciones un disímil tratamiento jurídico y ello no acontece en autos; pues como se dijo no resulta inconstitucional que la obra social cubra de manera progresiva determinadas prácticas y excluya otras, ya que la incorporación de determinadas técnicas de reproducción asistida de alta complejidad a las políticas de salud requiere previsiones de financiación y un consenso comunitario sobre todas las opciones bioéticas implicadas.
Desde ésta óptica,la República Argentinaprevé frente a la imposibilidad de procrear , la conformación de una familia mediante el instituto de la adopción y en tal sentido no corresponde entender que se violente la manda constitucional del Art. 14 bis. Cuestión diferente es el regular o mal funcionamiento del sistema.
La actora desea ser madre y su anhelo merece la más respetuosa admiración, sin embargo es en estos casos que a los jueces nos compete alzar la vista y ver hace un horizonte más amplio: el derechos humanos de todos y con humildad reconocer que ésta función tiene sus límites.
Los agravios reseñados al punto uno y siete no serán objeto de tratamiento, atento que como se desprende de mi argumentación, considero que la totalidad del prueba rendida ha sido correctamente analizada y la improcedencia de la acción de amparo (agravio uno) debe ser confirmada atento que no se ha verificado el requisito de la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta.
En virtud de lo dicho hasta aquí corresponde rechazar el recurso de apelación articulado por la actora, confirmándose el decisorio recurrido en todo cuanto decide.
De ésta manera dejo expresado mi voto sobre todos los puntos propuestos en ésta primera cuestión.
Adhiero en un todo a los fundamentos expuestos por el Sr. Vocal preopinante, votando en consecuencia en idéntico sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. GUILLERMO P. B. TINTI dijo:
Estimo que corresponde: a. Rechazar el recurso de apelación articulado por la parte actora, confirmándose el decisorio recurrido en todo cuanto decide.; b. Imponer las costas por el orden causado atento la complejidad de la temática discutida y la diversidad de criterios jurisprudenciales vigentes, no regulándose honorarios.
Por considerar correctas las conclusiones a las que arriba el Sr. Vocal preopinante, adhiero en un todo a las mismas.-
1.- Rechazar el recurso de apelación articulado por la parte actora, confirmándose el decisorio recurrido en todo cuanto decide.;
2.- Imponer las costas por el orden causado atento la complejidad de la temática discutida y la diversidad de criterios jurisprudenciales vigentes, no regulándose honorarios.
3.- Protocolícese y bajen.
Julio C. Sánchez Torres Guillermo P. B. Tinti
CERTIFICO: Que el Sr. Vocal Mario Sársfield Novillo ha accedido a los beneficios de la jubilación ordinaria, dictándose la presente resolución conforme lo establece el art. 382 del C.P.C.- Oficina
[1] Entre los que pueden citarse a modo de ejemplo: T.S.J. Ciudad Autónoma de Bs. As., 26/08/2009, Rev de Derecho de Familia y de las Personas, año 1, Nº 2, Octubre de 2009; C.N.Fed.Civ y Com., Sala I, 19/11/09 en L.L. 2010-B-535; S.C.Mza., 28/07/07; Cam. Civ y Com. 4ª Nominación de Córdoba, 15/04/2010, en L.L. Córdoba 2010-667; Cam. Apel. Rosario, Sala IV, 14/08/2008, Rev. Anuario de Rosario Digital 2008-172; L.L. Litoral 2008-1144 y El Dial del 15/09/2008.
[2] Véase C.Contenciosoadministrativo de Mar del Plata, 03/11/09, in re “R.N.B. c/ I.O.M.A.” en Revista de Derecho de Familia y de las Personas, Año II, Nº 6, Julio 2010, pág. 274 y sgtes.; Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2, in re “G.E. y otro c/ Swiss Medical Group s/ amparo”, 23/04/2010, citada por Santi, Mariana en “Reflexiones sobre los reclamos Judiciales por tratamientos de fertilización asistida”, Revista de Derecho de Familia y de las Personas, Año II, Nº 6, Julio 2010, pág. 274, Cam. Nac. Fed. Civil y Comercial, Sala III, in re “R.V.C. y otros c/ Galeno S.A.”, en Revista de Derecho de Familia y de las Personas, Año II, Nº 6, Julio 2010, pág. 278.
[3] Confr. Sala III Cámara Nacional Civil y Comercial Federal, Voto de Ricardo Recondo y Guillermo Antelo, en la causa 5.381/01, “V.M.C. y otro c/ OSDE s/ Amparo”, del 18/03/2010, citado por Medina, Graciela en “Tratamiento de Fertilización asistida. Visión Jurisprudencial”, en Revista de Familia y de las Personas, Año 2, Número 4, Mayo de 2010, pág. 185.
[4] Confr. Doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala en lo Contencioso Administrativo, Sección 6ª., Sentencia 493/2007, en www.westlaw.es Documento JUR 2007/230537, citado por Medina, Graciela en: “Tratamiento de Fertilización asistida. Visión Jurisprudencial”, en Revista de Familia y de las Personas, Año 2, Número 4, Mayo de 2010, pág. 186.
[5] Confr. el trabajo y fallo citado en la nota precedente.
[6] Ver, especialmente Cam. Fed. Mar del Plata, 2009/12/17 in re “B.C. y otras c/ U.P.” Asimismo, dela Cam. Nac. Fed. Civil y Comercial, Sala III: L.L. 2010-B-153, El Dial 19/02/2010, Doctrina Judicial Nº 29, pág.2019, L.L. 2009-C-587, E.D. 233-147, sentencia del 08/09/09 en Revista de Derecho de Familia y de las Personas, Año 2, Nº 6, Julio 2010, pág. 263; dela Sala I: J.A. 2009-I-398; Camara Contenciosoadministrativo de Mar del Plata, L.L. Bs. As., 2009-1242 y El Dial AA5912.
[7] Voto en disidencia de Graciela Medina en la causa 5381/09 “V.M.C. y otro c/ Osde s/ Amparo”, del 18/03/2010, citado en su trabajo “Tratamiento de Fertilización asistida. Visión Jurisprudencial”, en Revista de Familia y de las Personas, Año 2, Número 4, Mayo de 2010, pág. 181.
[8] Barraza, Javier Indalecio: “Las obras sociales y el derecho a procrear”, Revista de Derecho de Familia y de las personas, Año 1, Número 2, Octubre de 2010.
[9] Confr. Spaventa, Verónica: “¿Acceso universal a las técnicas de procreación asistida?”, Revista de Derecho de Familia, Abeledo Perrot, 2010-III, pág. 99 y sgtes.
[10] Spaventa, Verónica: ob. cit., pág. 100.
[11] Gil Dominguez, Andrés – Famá, María Verónica – Herrera Marisa: “Derecho constitucional de familia”, T. II, Ed. Ediar, Buenos Aires, 2006, citado por: Spaventa, Verónica: ob. cit., pág. 100
[12] Andorno, Roberto: “Procreación Asistida: posiciones contrapuestas en el derecho europeo y en los proyectos de ley argentinos”, J.A. 1994-III-926.
[13] Óptica desde la que se predicó la intangibilidad de la unión genética-antropológica y social que entroncan la maternidad y la paternidad. En igual sentido, Spaena Josefina, afirma que la fecundación heteóloga no es éticamente aceptable por instrumentalizar a la persona humana, creando situaciones que perjudican a los hijos nacidos por este medio.
[14] Confr. Sambrizzi, Eduardo A.: “Improcedente medida cautelar que posibilita la maternidad de una homosexual con células germinales de terceros”, E.D. 10/03/2010.
[15] Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro, Sala I, 18/5/2004, “Gonzalez Feliciana c/ Microomnibus Gral. San Martín s/ incte. Verificación tardía.
[16] Andruet, Armando S, “Bioética, Derecho y Sociedad. Conflicto, ciencia y convivencia”. Córdoba, 2004, Ed. Conjunta de EDUCC y Alveroni, p. 107
[17] Sambrizzi, Eduardo: “Cuestionable interpretación de los derechos a procrear, a la vida y a la salud”, El Dial.com, 18/02/2010.
[18] Conf. Bustamante Alsina, Jorge: “Aspectos ético-jurídicos de la procreación humana artificial”, L.L. 1997-D-1212, Cafferata José Ignacio: “Las nuevas técnicas de reproducción humana y el derecho positivo argentino”, E.D. 1989, 130-729.
[19] "Prosdócimo", Sentencia Número 27, 24/4/98; "Martínez Minetti", Sentencia Número 51, 23/6/00; "Acción de amparo interpuesta por Danguise, Oscar Alfredo c/ A.D.A.C. y otros"; Sentencia Número 82, 20/9/00; "Lavra", Sentencia Número 101, 3/12/02.
[20] López González, José Ignacio, "El principio general de proporcionalidad en Derecho Administrativo", Ediciones del Instituto García Oviedo, Universidad de Sevilla, Nro. 52, año 1988, pág. 67.
[21] Confr. T.S.J., Sala Contencioso-administrativo, "Ludueña de Miniki, Esther Elba c/ Provincia de Córdoba", S. nº 68, 23/10/1997; Sala Penal, "Martínez Minetti", S. 51, 21/6/2000; "Danguisse c/ADAC", S. 82, 20/9/2000. Cfr. López González, José Ignacio, ob. cit., pág. 67.
[22] Por ejemplo, a través de la inyección de FSH en el corriente sanguíneo de la mujer.
Deciden tener un hijo y luego demandan ...

References: resolución 
 artículo 845
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 14
 artículo 10
 artículo 23
 Resolución 
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 resolución 
 resolución 
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 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 12
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