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Timestamp: 2018-12-17 08:07:26+00:00

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﻿ SENTENCIA T-948 DE OCTUBRE 2 DE 2008
SENTENCIA T-948 DE 02 DE OCTUBRE DE 2008
CONTENIDO:PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL ESPECIAL DE PERSONAS PORTADORAS DE VIH/SIDA Y LA PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN POR ESTA CONDICIÓN. ÁMBITOS DE PROTECCIÓN. LA CONDICIÓN DE SER PORTADOR DE UNA ENFERMEDAD COMO EL VIH/SIDA, NO ES ARGUMENTO VÁLIDO PARA DISCRIMINAR A UNA PERSONA EN NINGÚN CONTEXTO, Y EN ESTE CASO EN LA PROFESIÓN O LA CARRERA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROTECCIÓN ESPECIAL A PERSONA CON VIH, DERECHO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL
REVISTA TUTELA N°:109 DE ENERO DE 2009, PG.105
Sentencia T-948 de octubre 2 de 2008
Sentencia T-948 de 2008
Ref.: Expediente T-1846048
Dentro del proceso de revisión del fallo proferido por el Juzgado Segundo (2º) Laboral del Circuito de (...), en el trámite de la acción de tutela iniciada por X-503 contra un hospital regional.
Dada la enfermedad que padece el actor (VIH/Sida), la Sala ha adoptado como medida de protección de su derecho a la intimidad y confidencialidad, suprimir de esta providencia y de toda futura publicación de la misma, su nombre. Como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta corporación, la información sobre las afecciones de la propia salud hacen parte de la esfera privada del individuo y por ello no pueden constituirse en datos de dominio público (1) .
El señor X-503 interpuso acción de tutela contra la entidad referenciada, por considerar que vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad, a la educación, al trabajo, a escoger profesión u oficio y al libre desarrollo de la personalidad; ante la negativa del hospital (...) de impedir el desarrollo de dos prácticas profesionales para graduarse como auxiliar de enfermería.
1. Manifiesta que su poderdante es estudiante para auxiliar de enfermería en el instituto (...), el cual le exige para graduarse cuatro prácticas en diferentes áreas de la medicina, de las cuales ha realizado dos, correspondientes a la de cirugía y medicina interna, terminadas a satisfacción.
2. Afirma que para el ciclo del 3 de septiembre al 27 de septiembre de 2007, se iniciaba la tercera práctica de gineco-obstetricia, pero el gerente del hospital, ordenó: “que no permitiera el ingreso a las instalaciones del citado hospital debido a que mi poderdante es portador no sintomático del VIH, igualmente el citado gerente envío comunicación copia que anexo al instituto (...), en respuesta de prácticas estudiantiles, manifestando que no era posible que (X-503) desarrollara las prácticas restantes argumentando que se pondría a permanente exposición médica al estudiante, entre otras y que mi poderdante tiene el deber de no infectar, como si con la sola presencia de este hubiese algún contagio”.
Considera que la condición de portador sano, no imposibilita el desarrollo de ninguna actividad en el entorno social, máxime cuando de acuerdo con los conceptos de la ciencia médica en su estado actual, el virus del VIH solo se contagia por relación directa de tipo sexual o por inoculación sanguínea, situaciones que en este caso son de trámite y cumplimiento de la guía de atención del VIH/Sida.
4. Igualmente, sostiene que busca evitar la discriminación de personas infectadas por el virus en la realización de sus aspiraciones personales y profesionales, que para el actor se concretan en la posibilidad de acceder a los cursos de formación médica y en enfermería “pues es su decisión, que esta íntimamente ligada a lo que él considera su plan de vida, en desarrollo de su derecho al libre desarrollo de la personalidad, y por supuesto el libre acceso al trabajo como manera de ganarse la vida en el área de la salud que libremente escogió”.
A los argumentos expuestos, acompañó jurisprudencia de esta corporación relacionada con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a escoger profesión u oficio y a la protección constitucional en el ámbito laboral de los portadores de VIH/Sida. De la misma manera señaló como vulnerados sus derechos fundamentales: “a la igualdad, a la educación, al trabajo, a escoger profesión u oficio, al desarrollo libre de la personalidad”. De otra parte manifestó que se desconoció y olvidó, lo regulado por el Decreto 1543 de 1997 por medio del cual se reglamenta el manejo de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (Sida) y las otras enfermedades de trasmisión sexual y la guía de atención al Sida, publicado por Ministerio de Salud, “al no permitir la continuación de las prácticas médicas, ni el ingreso al hospital, causando un grave perjuicio en el desarrollo en las áreas laboral, psicológica, médica y moral de X-503”.
Motivos por los cuales solicitó: “el reintegro a las prácticas de gineco-obstetricia y pediatría correspondientes por parte del hospital (...), con el fin de acceder al título de auxiliar de enfermería, de manera inmediata”.
Afirma que lo anterior quedó consignado en el “modelo de gestión programática en VIH/Sida - guía para el manejo de VIH/Sida basada en la evidencia, que el Ministerio de la Protección Social ha publicado para la atención del Sida, en el cual menciona que: “las personas que viven con el VIH debieran evitar ocupaciones y actividades que pudieran aumentar el riesgo de exposición a la tuberculosis, como instituciones de salud, correccionales y otros sitios considerados como de alto riesgo (IIIB)”.
Agrega que de acuerdo con lo establecido en el convenio suscrito entre el hospital y el instituto (...), las prácticas no son de simple observación como lo afirma el tutelante, sino que los estudiantes deben realizar prácticas supervisadas y guiadas de todos los procedimientos de enfermería necesarios para su formación, con los cuales los estudiantes se ven avocados a un riesgo constante toda vez que deben contactar secreciones, excreciones y fluidos del ser humano, siendo frecuente los accidentes de riesgo biológico.
Manifiesta que “mediante informe emitido por la coordinadora de salud ocupacional quien reporta que durante ese año, el 66% de accidentes de riesgo biológico fueron sufridos por estudiantes de práctica. Lo anterior obedece a que estas personas no han adquirido la destreza y experiencia requerida para efectuar los procedimientos, por lo que se evidencia un alto riesgo de doble vía tanto para los pacientes, como para el estudiante, cuya condición ostenta el tutelante del hospital”.
Anota que en el hipotético caso que el tutelante sostuviera una relación laboral con el hospital, la entidad estaría en la obligación de reubicarlo en un lugar en el que no generara riesgo para la comunidad ni para los pacientes, toda vez que no se podría anteponer el bienestar personal contra los intereses y derechos colectivos. No obstante, para el caso en comento esta figura no la considera viable toda vez que el hospital no tiene vínculo laboral con el accionante, ya que la relación que existe se hace a través de un convenio docente asistencial con el instituto (...), en calidad de practicante de enfermería. “En virtud de lo anterior no es viable la reubicación de los practicantes en razón a que se perdería el objetivo de su práctica, que no es de mera observancia sino de contacto directo con los pacientes”.
Igualmente manifestó que al estudiante en mención le asiste la obligación de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 41 del Decreto 1543 de 1997, que reza “Deber de no infectar. La persona informada de su condición de portadora del virus de inmunodeficiencia humana deberá abstenerse de donar sangre, semen, órganos, o en general cualquier componente anatómico, así como de realizar actividades que conlleven riesgo de infectar otras personas”.
Así mismo, trascribió lo expresado por la Asociación Médica Mundial en asamblea general en Pilanesberg - Sud-África, en octubre del 2006, las políticas sobre VIH-Sida y la profesión médica, plasmándose en el numeral 17 literal C, que “los médicos que estén infectados con el VIH, no deben tomar parte en ninguna actividad que cree riesgo de trasmisión de la enfermedad a otros”.
Por último, manifestó que el ordenamiento jurídico colombiano contiene disposiciones legales que hacen responsable a los profesionales de la salud por los daños ocasionados en la vida, integridad y salud de los pacientes, los cuales pueden provenir de la trasmisión de enfermedades. Cualquier profesional de la salud ya sea médico, odontólogo, bacteriólogo o enfermera, puede ser demandado civilmente y condenado al pago de una indemnización por perjuicios, si se demuestra que culposamente transmitió una enfermedad o causó dicha trasmisión, al igual que la institución prestadora de los servicios de salud.
Agregó que también puede presentarse proceso penal por homicidio o lesiones personales, en contra de los profesionales de la salud como personas naturales, debiéndose demostrar los requisitos del hecho punible. Por ello considera que el hospital debe tomar las medidas preventivas necesarias para evitar o disminuir la posibilidad de trasmisión o contagio de estas enfermedades a los pacientes que alberga, toda vez que de no hacerlo se verá abocado a responder civil o penalmente por daños y perjuicios causados a terceros en desarrollo de la prestación del servicio de salud. Lo anterior so pena de ser condenados a pagar cuantiosas condenas indemnizatorias, a ser investigados por delitos penales, etc., máxime cuando se conoce con antelación la seropositividad para VIH-Sida del tutelante.
El 30 de octubre de 2007, el Juzgado Segundo 2º Laboral del Circuito de (...), denegó el amparo solicitado. El juez acogiendo los argumentos de la entidad accionada, en especial por el criterio manifestado por la Asociación Médica Mundial en asamblea general en Pilanesberg- Sud-África, en octubre de 2006, sobre el VIH-Sida y la profesión médica, en la cual se concluyó que los médicos infectados con el VIH, no deben tener parte en ninguna actividad que cree riesgo de la trasmisión de la enfermedad a otros.
Posteriormente, manifestó: “El bien que se intenta proteger, necesariamente merece equipararse con los demás derechos que la tutela, por manera que, no resulte que la protección de un derecho individual se torne en un mal colectivo, o mejor, que la pretensión de proteger un derecho individual, resulte en detrimento de derechos colectivos que merecen igual tratamiento o protección. Esa es la razón fundamental para que el juzgado niegue como ha de negar la tutela del derecho reclamado que es básicamente el derecho a la educación, por las razones especiales que se han dejado consignadas en las motivaciones de esta providencia. Huelga decir, que el accionante si es conciente como debe serlo de su situación personal, debe encausar su interés personal de superación, que por la educación se intenta, en un campo diferente donde haya un menor riesgo de contagio inminente, porque existen muchos, donde no haya riesgos de contagio inminente, porque es precisamente por el medio que escogió que su situación personal se torna precaria, sin que esto quiera decir, que no tenga derecho a buscar su propia superación. Pero obviamente en un medio diferente”.
1. Fotocopia del oficio suscrito el 4 de septiembre de 2007 por el gerente del hospital (...), dirigido a la gerente del instituto (...), en el que comunica que la práctica del estudiante X-503 no es posible que se desarrolle en el hospital (...) debido a que voluntariamente el alumno ha manifestado su condición de portador del VIH (fls. 9 y 10).
2. Fotocopia del escrito dirigido por el coordinador del área de salud ocupacional del hospital al gerente del mismo, en el que consta: “teniendo en cuenta la estadística de accidentalidad con riesgo biológico en la institución, para el año 2007, el 66% se relaciona con accidentes, sufridos en estudiantes de práctica, lo cual nos indica que la accidentalidad se incrementa en el personal en formación” (fl. 24).
1. ORDENAR que por secretaría general de esta corporación, se solicite a la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, a la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería y a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Sida, para que en el término de (8) días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto, por el medio más expedito, se sirvieran rendir un concepto sobre las siguientes inquietudes:
PRIMERO. ¿Qué riesgos pueden existir para un estudiante de enfermería portador de VIH, al realizar la práctica de gineco-obstetricia como requisito para acceder al título profesional de auxiliar de enfermería?
SEGUNDO. ORDENAR que por secretaría general de esta corporación, para mejor proveer, se envié fotocopia del presente expediente a la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, a la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería y a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Sida, para que se pronuncien sobre las preguntas atrás formuladas y si lo consideran pertinente, sobre las particularidades del caso.
TERCERO. ORDENAR a las entidades requeridas que los nombres y los datos que permitan identificar al actor sean suprimidos en la elaboración de sus respectivos conceptos, al igual que la publicación de la información que se les suministre.
Ricardo H., Rozo Uribe en calidad de director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofaen), en escrito del 3 de junio de 2008 (2) , solicitó el consentimiento del despacho, para darle curso a algunas de las facultades de la ciudad de Bogotá para que realizara dicho concepto el despacho mediante auto de 17 de junio de 2008, ponderando la necesidad del criterio médico en este asunto, permitió dicha solicitud para que el trámite se surtiera.
En cumplimiento del auto del 23 de mayo de 2008, dentro del término concedido, la señora Claudia Ayala Leal en calidad de directora general de la Liga Colombiana de Lucha Contra el Sida (LigaSida) y Francisco Jaramillo TM. D., de director científico de la misma entidad, allegaron escrito de (5) folios en el cual plasmaron sus respuestas y consideraciones a los interrogantes planteados (3) .
Igualmente, María Iraidis Soto en calidad de directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería (Acofaen), allegó escrito de (8) folios respondiendo lo solicitado (4) .
En cumplimiento del auto de 17 de junio de 2008, por medio del cual se permitió darle curso a algunas de las facultades de la ciudad de Bogotá a la Asociación Colombiana de Medicina (Ascofaen), se allegó a esta corporación el 22 julio del presente año, concepto suscrito por el médico Carlos Arturo Álvarez Moreno jefe de infectología del Hospital Universitario San Ignacio de la Pontificia Universidad Javeriana (5) .
Corresponde establecer a esta Sala de Revisión si en el presente caso se vulnera el derecho a la igualdad de X-503, por la decisión del hospital (...) de impedir en sus instalaciones las prácticas profesionales que debe cumplir como requisito para optar por el título de auxiliar de enfermería, con el argumento de ser portador del (VIH/Sida), dado que ello representa un riesgo tanto para los pacientes como para él, debido a la naturaleza de las actividades que se desarrollan en este tipo de prácticas médicas. Del mismo modo se resolverá si el estudiante X-503, debe buscar una profesión u oficio acorde con su condición de portador del VIH.
Para resolver el anterior problema jurídico, la Sala abordará la jurisprudencia de esta corporación relacionada con: (i) El derecho fundamental a la igualdad y el juicio de igualdad; (ii) la protección constitucional especial de personas portadoras de VIH/Sida y la prohibición de discriminación por esta condición; y por último (iii) la solución del caso concreto.
3.1. El artículo 13 de la Constitución, establece:
Relacionado con el contenido normativo del artículo 13 de la Constitución, la jurisprudencia de la Corte ha precisado que este no consiste en “(...) la exactitud matemática de las disposiciones que se apliquen a unas y otras personas, sino en la adecuada correspondencia entre las situaciones jurídicas objeto de regulación o gobierno y los ordenamientos que se hacen exigibles a ellas” (6) .
De igual manera, se ha precisado que la noción de igualdad tiene varios significados dentro de los parámetros constitucionales vigentes: “[ya que] la evolución del concepto ha permitido las diferentes acepciones que de la expresión “igualdad” realiza el texto constitucional, y la que obliga a interrelacionar todas ellas, así: la igualdad como valor (preámbulo) implica la imposición de un componente fundamental del ordenamiento; la igualdad en la ley y ante la ley (art. 13, inc. 1º, desarrollado en varias normas específicas) fija un límite para la actuación promocional de los poderes públicos; y la igualdad promocional (art. 13, incs. 2º y 3º) señala un horizonte para la actuación de los poderes públicos.
“De esta forma, la expresión “igualdad” pierde el sentido unívoco, exclusivamente formal, que tenía en los ordenamientos liberales, y se enriquece con una multiplicidad de acepciones que habrá que aplicar a cada caso concreto para determinar su conformidad con la Constitución” (7) .
Incluso, se ha establecido que su vulneración en la mayoría de los casos implica la vulneración “(...) de otro u otros derechos, y por lo tanto es un derecho que se proyecta sobre todas las relaciones jurídicas, condicionando la actuación de las autoridades públicas como límite al ejercicio de su poder” (8) .
“Una simple aproximación a la idea de igualdad, como concepto, como principio, o como derecho reconocido al interior de un ordenamiento jurídico, revela inmediatamente que se trata de una noción que no responde a un sentido unívoco (9) sino que admite múltiples acepciones aplicables de acuerdo con las particularidades de cada caso. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la igualdad se manifiesta como un derecho relacional (10) que involucra usualmente, cargas, bienes o derechos constitucionales o legales, y cuya efectiva garantía, no se traduce en la constatación de una paridad mecánica y matemática (11) , sino en el otorgamiento de un trato igual compatible con las diversas condiciones del sujeto.
“La aplicación efectiva de la igualdad corresponde, entonces, al juicio que se hace sobre una determinada circunstancia, de tal forma que resulta indispensable tomar en consideración las condiciones que afectan o caracterizan a cada uno de los miembros de una comunidad jurídica y el entorno en el que se desenvuelven. Así, puede decirse que la vigencia del derecho a la igualdad no excluye necesariamente la posibilidad de dar un tratamiento diferente a personas y hechos que, de acuerdo con sus condiciones, hacen razonable (12) la distinción” (resaltado fuera del texto original).
Por otro lado, se han identificado como motivos discriminantes la religión, el sexo, la raza, la opinión política o filosófica, el origen social, familiar o nacional, la lengua y la condición física entre otros; o dicho de otra manera cualquier razón o motivo que se funde en prejuicios o estereotipos sociales cuya finalidad sea la exclusión (13) .
3.2. En los eventos anteriormente enlistados en los que se configure algún tipo de discriminación o trato diferenciado (14) , es procedente solicitar el amparo por medio de la acción de tutela. En virtud de ello, la Corte ha diseñado diversas herramientas analíticas para establecer si en un caso concreto, se configura la vulneración del derecho a la igualdad. Por ello, en múltiples sentencias se han establecido los parámetros que permiten activar un juicio de proporcionalidad o test de igualdad (15) .
“Un análisis elemental muestra que estos dos enfoques, lejos de ser contradictorios, son complementarios. Así, ambos pretenden determinar si el trato diferente tiene o no un fundamento objetivo y razonable, para lo cual examinan si dicho trato es o no un instrumento idóneo para alcanzar ciertos propósitos admitidos por la Constitución. Esta complementariedad explica que esta Corte, cuando ha tenido que estudiar problemas de igualdad, ha privilegiado en ocasiones el juicio de proporcionalidad (16) mientras que en otras sentencias ha preferido recurrir a la metodología de los escrutinios de distinta intensidad (17) .
“La complementariedad entre el juicio de proporcionalidad y los tests de igualdad, así como sus fortalezas y debilidades relativas, han llevado a la doctrina, con criterios que esta Corte prohija, a señalar la conveniencia de adoptar un “juicio integrado” de igualdad, que aproveche lo mejor de las dos metodologías. Así, este juicio o test integrado intentaría utilizar las ventajas analíticas de la prueba de proporcionalidad, por lo cual llevaría a cabo los distintos pasos propuestos por ese tipo de examen: adecuación, indispensabilidad y proporcionalidad stricto sensu.
“Así por ejemplo, si el juez concluye que, por la naturaleza del caso, el juicio de igualdad debe ser estricto, entonces el estudio de la “adecuación” deberá ser más riguroso, y no bastará que la medida tenga la virtud de materializar, así sea en forma parcial, el objetivo propuesto. Será necesario que esta realmente sea útil para alcanzar propósitos constitucionales de cierta envergadura. Igualmente, el estudio de la “indispensabilidad” del trato diferente también puede ser graduado. Así, en los casos de escrutinio flexible, basta que la medida no sea manifiesta y groseramente innecesaria, mientras que en los juicios estrictos, la diferencia de trato debe ser necesaria e indispensable y, ante la presencia de restricciones menos gravosas, la limitación quedaría sin respaldo constitucional (resaltado fuera del texto original).
De esta manera, se emplean las etapas metodológicas compuestas de las siguientes fases de análisis (18) :
(i) Se examina si la medida es o no adecuada, es decir, si constituye un medio idóneo para alcanzar un fin constitucionalmente imperioso (adecuación).
(ii) Se estudia si el trato diferente es o no necesario o si existe otra forma de obtener el mismo resultado con un sacrifico menor de principios constitucionales y que tenga la virtud de alcanzar el fin propuesto (necesidad).
(iii) Se realiza un análisis de proporcionalidad en sentido estricto, para determinar si el trato desigual no sacrifica valores y principios constitucionales que tengan mayor relevancia que los resguardados con la medida atacada (proporcionalidad).
4.1. Como se ilustró, el inciso 3º del artículo 13 superior, instituye como deber del Estado el proteger especialmente a aquellas personas “que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta”. Dicha disposición guarda armonía con el artículo 47, al disponer que el Estado debe adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se les prestará la atención especializada que requieran.
Particular énfasis debe hacerse en relación con las personas disminuidas que padecen de (VIH (19) /Sida (20) ), ya que dichos sujetos requieren de una mayor atención por parte del Estado debido a las particulares condiciones en que se encuentran y las consecuencias nefastas que acarrea dicha enfermedad.
Como manifestación del deber de protección que tiene el Estado colombiano de proteger a este sector de la población, el Decreto 1543 de 1997 reglamenta el manejo de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (Sida) y las otras enfermedades de transmisión sexual (ETS). El mencionado decreto para el tratamiento de las enfermedades referenciadas contempla: las definiciones de este tipo de enfermedades, la forma del diagnostico y atención integral, la promoción, prevención, vigilancia epidemiológica, medidas de bioseguridad, los derechos y deberes de los afectados, al igual que los mecanismos de organización, coordinación y sanción (21) .
4.2. En cuanto al tema de la protección y a la prohibición de discriminación, el Decreto 1543 de 1997, expresamente contempla:
“ART. 39.—La no discriminación. A las personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), a sus hijos y demás familiares, no podrá negárseles por tal causa su ingreso o permanencia a los centros educativos, públicos o privados, asistenciales o de rehabilitación, ni el acceso a cualquier actividad laboral o su permanencia en la misma, ni serán discriminados por ningún motivo”.
“ART. 41.—Deber de no infectar. La persona informada de su condición de portadora del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) deberá abstenerse de donar sangre, semen, órganos o en general cualquier componente anatómico, así como de realizar actividades que conlleven riesgo de infectar a otras personas” (22) .
4.3. Igualmente y obrando en consecuencia con los postulados establecidos por la Constitución de 1991, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido eminentemente garantista de este grupo poblacional que por distintas causas se halla discriminado en nuestro país. De esta manera, la Sentencia T-769 de 2007, se refirió a las consecuencias de dicha enfermedad y a las medidas que deben adoptarse por el Estado para la protección efectiva y real de los derechos fundamentales de dichas personas, dijo entonces:
“La grave afección producida por las distintas formas de segregación se opone a la realización plena del Estado social de derecho y exige actuaciones positivas de parte del Estado encaminadas a garantizar las condiciones objetivas necesarias para el efectivo goce de sus libertades. Así, como corolario de las anteriores consideraciones, esta corporación ha concluido que los portadores del VIH son sujetos de especial protección”.
De igual modo, en Sentencia T-1218 de 2005, esta corporación señaló lo siguiente: “Su enfermedad los hace particularmente vulnerables a todo tipo de segregación social, sexual, económica y laboral, convirtiéndolos en una población propensa a ver vulnerada su dignidad y sus derechos a la igualdad, intimidad, salud, seguridad social y trabajo” (23) .
4.3.1. Así mismo, en la Sentencia T-843 de 2004 (24) , sobre la protección del derecho a la salud de los portadores de VIH o de personas que padecen Sida, manifestó:
“(...) con el fin de hacer efectiva la igualdad y la dignidad humana (25) de esas personas la protección que debe brindar el Estado en materia de salud debe ser integral dados los altos costos que esa enfermedad demanda y con el fin de que no se generen tratos discriminatorios (26) . También ha sostenido que “este deber constitucional [de protección] asegura que el enfermo de Sida reciba atención integral y gratuita a cargo del Estado, a fin de evitar que la ausencia de medios económicos le impida tratar la enfermedad y aminorar el sufrimiento, y lo exponga a la discriminación” (27) .
4.3.2. De otra parte, en materia de reconocimiento de pensiones de invalidez, de manera excepcional ha ordenado el reconocimiento de las mismas, sobre la base de la protección especial que la Constitución consagra para las personas con VIH o Sida, tal es el caso de las sentencias T-417 de 1997, T-1282 de 2005, T-1064 de 2006, T-628 de 2007 y T-077 de 2008, entre otras.
4.3.3. Igualmente, en el campo laboral la jurisprudencia de la Corte ha prestado una especial atención, ya que precisamente en este contexto se pueden presentar distintas formas de discriminación y afectación de derechos fundamentales. Al respecto, en la Sentencia T-469 de 2004 la Corte puntualizó:
“Una actitud discriminatoria en el lugar de trabajo, además de vulnerar los derechos fundamentales de las personas infectadas, anula o reduce los esfuerzos por promover la prevención de la propagación de la epidemia y deteriora gravemente la situación del infectado. Al dolor físico derivado de la enfermedad, se le agrega el sufrimiento moral por la estigmatización social que apareja una discriminación en el ámbito laboral, y en algunas ocasiones inclusive, también una preocupación por las condiciones económicas derivadas de mayores gastos médicos y menos oportunidades para ser laboralmente productivo (resaltado por fuera del texto original”.
Relacionado con la protección de los portadores de VIH/Sida en el ámbito laboral, se puede consultar la reciente Sentencia T-295 de 2008 o las sentencias SU-256 de 1996, T-826 de 1999, T-066 de 2000, T-040 de 2001, T-519 de 2003 T-469 de 2004, T-689 de 2004, T-530 de 2005, T-1218 de 2005, T-385 de 2006, T-1003 de 2006, entre otras.
4.3.4. De otra parte y relacionado con la protección del derecho a la igualdad de los portadores del VIH/Sida, en la Sentencia T-1162 de 2001, se identificó como conducta discriminatoria la negativa de una aseguradora de expedir una póliza de vida a favor de dos personas, bajo la excusa de ser portadores del VIH. En dicho caso la Corte manifestó:
Igualmente, en la Sentencia T-465 de 2003, se consideró injusta la desvinculación de las fuerzas armadas de un portador del VIH. En este caso la decisión de desvincular al portador se debió a que en una donación de sangre se le detectó el virus, teniendo como consecuencia el retiro de la institución castrense. En este asunto la Corte, sostuvo lo siguiente: “como la decisión de desvincularlo fue discriminatoria contra un portador de VIH, se ordenará que el accionante sea reintegrado a la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”.
En similares circunstancias se estudió el caso contenido en la Sentencia T-816 de 2005, en el que una persona pretendía ingresar al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, habiendo aprobado los distintos exámenes requeridos para el ingreso a la institución. En este caso la policía consideró no apto al accionante en la medida que se trataba de una persona “infectada” con el VIH. Consencuente con el precedente de la materia y protegiendo el derecho a la igualdad, la Corte manifestó:
“Dichos mandatos —cabe reiterar— deben orientar y dirigir sus actuaciones en el ámbito social y público. Así bien, el examen del desarrollo del proceso de selección, orientado por el protocolo de admisiones de la Escuela Nacional de Policía “General Santander”, permite colegir una clara discriminación en contra del actor, cuando le considera “no apto”, tan solo por su condición de portador sano del virus.
“La aplicación autónoma del reglamento de la escuela no es justificada y, debe señalar esta Sala, constituye, tal y como lo dijo el Juez de primera instancia en el trámite de la presente acción, una manifiesta violación del derecho a la igualdad del actor. Resulta imperante señalar que, en contra de lo que adujo el representante de la escuela “General Santander” en su escrito de impugnación, alegando que no aplicar el reglamento al peticionario habría sido una discriminación injustificada de los demás postulantes para ingresar al curso, el derecho a la igualdad contenido en la Constitución de 1991 se concreta en un ejercicio material de este derecho y no en la mera expectativa de los ciudadanos frente a la aplicación de las normas” (...).
“Esta Sala encuentra que más allá de toda duda, como lo señalan las pruebas obrantes en el expediente, el actor ha sido víctima directa de una discriminación que, consecuencialmente, ha vulnerado sus derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y con ello, a escoger libremente profesión u oficio. Lo que amenaza inevitablemente su plan de vida” (28) .
En particular, la Corte, en Sentencia T-301 de 2004, y a propósito del juicio de igualdad aplicando el test de proporcionalidad a un caso de un trabajador sexual gay que demandó al comandante de policía del Magdalena por considerar que los agentes bajo su mando vulneraron sus derechos fundamentales con ocasión de la prohibición expresa de ubicarse en cierto sector de la ciudad Santa Marta.
En la citada providencia la Sala Séptima de Revisión aplicando un test estricto por cuanto el fundamento del trato discriminatorio se basó en criterios sospechosos —condición sexual y salvaguarda de la moral pública—, manifestó:
“(...) no se ve cómo se resguarda el fin constitucionalmente protegido —la guarda de la moral social— con la restricción casi absoluta de circulación a un grupo de ciudadanos y con las detenciones administrativas de las cuales son objeto. Es necesario reiterar que el hecho de tener cierta preferencia sexual (que no dañe derechos de terceros) hace parte del derecho a definir los propios planes de vida y a desplegar en consecuencia la vida de relación, sin que ello pueda ser limitado por los prejuicios personales de los funcionarios con facultades de policía”.
“(...) es evidente que las disposiciones tomadas por la policía del Magdalena son desproporcionadas y sacrifican valores constitucionales, sin que medie razón suficiente para ello. La pretensión de conformar bases de datos de las personas portadoras del VIH planteada por el comandante de policía como uno de los motivos para detener administrativamente al actor, vulnera sus derechos a la libre circulación, a la dignidad humana y a la intimidad —entre otros—. La policía departamental no está incluida entre los entes que pueden recopilar esta información mucho menos teniendo en cuenta que pretenden utilizarla para señalar al portador...”.
El director del centro carcelario, informó que dichas medidas restrictivas de la circulación de los internos portadores del VIH por los otros pabellones en donde laboraban los demás internos, obedecía a razones de salubridad y seguridad de estos últimos, así como del personal administrativo y funcionarios de la cárcel. Igualmente señaló que los internos del patio Nuevo Milenio representaban un peligro para los demás, por cuanto la mayoría de ellos eran “homosexuales” y se trataba de “una población que poco se protege en sus relaciones sexuales”, lo cual implicaría “la propagación del virus”. Por dichas circunstancias, se dificultaba el desarrollo y la implementación de programas laborales y educativos de redención de pena para los internos portadores del VIH.
La Corte utilizando un test estricto de razonabilidad por cuanto el fundamento del trato discriminatorio se trató de un criterio sospechoso —estado de salud—, por ser portador del VIH/Sida y porque el fin perseguido con la actuación administrativa era la salvaguarda de la salubridad (concepto extremadamente vago) concedió el amparo solicitado y ordenó la implementación y puesta en marcha de todas las medidas necesarias para que el interno pudiese desempeñar actividades laborales y educativas de redención de la pena, en igualdad de condiciones que los reclusos de los demás patios, bajo los siguientes argumentos:
“El confinamiento casi absoluto de las personas portadoras del VIH implementado por las directivas del centro carcelario demandado para prevenir la propagación de esta enfermedad, vulnera los derechos del demandante a la igualdad y a la dignidad humana —entre otros—.
“Además, desdibuja el fin resocializador de la pena privativa de la libertad y lo pone en condición de desigualdad frente a los demás internos del penal, por cuanto, aquellos, a quienes se les permite trasladarse y desempeñar las diferentes actividades para redimir su pena, podrán obtener su libertad antes que este último, de haber sido condenados a una pena privativa de la libertad de igual duración que la impuesta al actor.
“Esta Sala estima que el confinamiento al que son sometidos estos internos configura una de las llamadas medidas paternalistas, pues es una imposición del Estado que obedece a la visión mayoritaria de bien común y bienestar general. Empero, en nuestro Estado social y democrático de derecho no son constitucionalmente válidas dichas manifestaciones paternalistas, pues sus consecuencias son, generalmente, la restricción desproporcionada de derechos fundamentales”.
5.1. Ponderando los antecedentes y consideraciones de esta sentencia, el asunto que en esta oportunidad ocupa la atención de la Sala corresponde a la solicitud realizada por el señor X-503, el cual considera vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, a la educación, al trabajo, a escoger profesión u oficio y al libre desarrollo de la personalidad; por la decisión del hospital (...) de impedir en sus instalaciones las prácticas profesionales que debe cumplir como requisito para optar por el título de auxiliar de enfermería, dado que es portador del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
El señor X-503 considera que la decisión adoptada por el hospital es discriminatoria ya que es una persona que puede desarrollar labores normalmente, lo cual sustenta en que tuvo un desempeño satisfactorio en las demás prácticas profesionales. Del mismo modo, afirma que su condición de portador asintomático no constituye ninguna amenaza para su vida, para la de sus compañeros y mucho menos para la de los pacientes que pudiesen tener contacto con él. Por tales motivos solicita el reintegro inmediato a las prácticas, con el fin de acceder al título de auxiliar de enfermería.
Sumado a ello, sostiene que entre el hospital y el señor X-503 no existe una relación laboral, por tal motivo no está en la obligación de reubicarlo en un lugar en el que no genere riesgo para la comunidad ni para los pacientes. Igualmente, manifestó que al estudiante le asiste la obligación de dar cumplimiento al deber de no infectar establecido en el artículo 41 del Decreto 1543 de 1997 (29) . Por ello, solicita que se rechace por improcedente la acción de tutela interpuesta por X-503.
Resalta la Sala que la acción interpuesta por el señor X-503, en detrimento de los argumentos esbozados por la parte accionada, es que ella no se interpone con el objetivo de que se declare la existencia de un vínculo laboral o la reubicación en un área del hospital (...), en la cual no represente un peligro para la comunidad o los pacientes. No. De entrada se evidencia que la tutela de los derechos fundamentales se dirige estrictamente a solicitar la continuidad de las prácticas profesionales, con el fin de acceder al título de auxiliar de enfermería.
5.3. En virtud de lo anterior y recordando lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia cuando se tratan asuntos en los que está en juego el derecho a la igualdad, siguiendo el precedente aplicado en las sentencias T- 301 de 2004 y T-577 de 2005, para esta Sala de Revisión en este caso es necesario aplicar un juicio estricto de igualdad, por cuanto el trato diferencial se fundamentó (i) en un criterio sospechoso de discriminación (estado de salud del accionante por ser portador del VIH); y (ii) porque con la medida se podrían estar restringiendo ilegítimamente derechos fundamentales como la educación o el derecho a la libertad de elección de profesión u oficio, entre otros de una persona que por su condición de salud se encuentra en una situación de debilidad manifiesta.
Pues bien, aplicando los parámetros referenciados en esta providencia para activar un juicio de razonabilidad, se advierte que la decisión del hospital accionando de impedir el desarrollo de la práctica de gineco-obstetricia del señor X-503 en sus instalaciones, constituye una medida adecuada porque tiene un fin legítimo y resulta idóneo para alcanzarlo ya que (i) busca la protección del derecho a la salud de los pacientes que pudiesen tener contacto con el practicante en el evento de ser contagiados; y (ii) pretende el bienestar del estudiante, ya que por desempeñarse en un contexto clínico puede adquirir otro tipo de enfermedades, a pesar de que con la medida se limite el ejercicio de otros derechos como la educación, el trabajo, la dignidad humana y la libertad de elección de profesión u oficio, en igualdad de condiciones con los demás estudiantes o practicantes.
No obstante, no es suficiente que el trato diferenciado constituya una medida adecuada sino que esta deba ser necesaria en estricto sentido, ya que en el presente caso impedir de forma definitiva el acceso a la profesión de enfermería, per se, por la condición de portador del virus de inmunodeficiencia humana del señor X-503 y la protección de los pacientes que pudiesen tener contacto con él, no se refleja como una medida necesaria, ya que existe otra forma de obtener el mismo resultado con un sacrifico menor de principios constitucionales y que tiene la virtud de alcanzar el fin propuesto con la misma eficacia. Por ello y de la mano de los conceptos emitidos por las entidades consultadas en esta providencia, encuentra la Corte que la medida restrictiva del derecho a la igualdad y conexos del señor X-503, en este caso concreto, no resulta indispensable para garantizar el fin constitucional que se pretende hacer prevalecer.
La Corte Constitucional teniendo en cuenta la especialidad del tema, consultó a la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería (30) (Acofaen), a la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame) (31) y a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Sida (LigaSida) (32) , las cuales en términos generales consideran que la condición de portador de VIH por si misma de una persona, no constituye razón suficiente para que pueda ser excluida de realizar la disciplina profesional elegida o que por su mera condición ponga en riesgo su salud o la de los pacientes que pudiesen tener contacto con él.
La profesión de enfermería se regula por la Ley 266 de 1996, “por la cual se reglamenta la profesión de Enfermería en Colombia y se dictan otras disposiciones”. Los perfiles ocupacionales y las normas de competencia laboral para las auxiliares de enfermería, están contemplados en el documento “Perfiles ocupacionales y normas de competencia laboral para auxiliares en las áreas de la salud (33) ”, expedido en (2005) por el SENA a través del proyecto Cendex y adoptado por el Ministerio de la Protección Social.
En cuanto a la primera pregunta relacionada con los riesgos que se derivan para un auxiliar de enfermería, el realizar la práctica de gineco-obstetricia, siendo portador del VIH, la Acofaen conceptualizó:
“1. Un estudiante de auxiliar de enfermería, como cualquier otro estudiante del área de la salud, está expuesto a los mismos riesgos que genera un entorno hospitalario en el cual se realizan las experiencias clínicas que hacen parte del proceso de formación; este riesgo no es mayor, como tampoco se aumenta por tratarse de un servicio de gineco-obstetricia.
“5. La institución formadora debe responder por la enseñanza completa, oportuna y pertinente de las medidas de bioseguridad generales y específicas, y asegurar el dominio práctico en su aplicación; igualmente, garantizar la disponibilidad de todos los medios de protección y de las medidas de bioseguridad que se enseñan como parte de los procesos de formación”.
“En el caso en particular, aunque la información en el expediente no es completa (recuento de CD4, para determinar el compromiso inmunológico) se puede suponer que es bueno, dado que en varios apartes se describe que está en un estado asintomático. Sin embargo, si el individuo cumple todas las normas de bioseguridad (uso de guantes, tapabocas en caso de ser necesario, gafas, etc.) el riesgo es mínimo. Al mismo tiempo este riesgo disminuye a medida que su recuento inmunológico sea más alto.
“En principio la infección por VIH, en la actualidad es una enfermedad crónica y con la terapia antirretroviral, no solo es posible evitar la replicación del virus sino que además se logra una restauración inmunológica.
“En este punto concreto si conociera la valoración médica sobre el estado de la infección por VIH del señor (X-503), podría dar un concepto más objetivo, pero en principio reitero que si se cumplen las normas de bioseguridad adecuadas el riesgo es mínimo”.
“(...) hay procedimientos médicos y paramédicos que son más invasivos que otros, en los cuales el riesgo, tanto para el paciente como para el e trabajador podría llegar a ser mayor. Son de mayor riesgo aquellos procedimientos en los que se debe trabajar en cavidades o tejidos abiertos porque hay posibilidad de intercambio de la sangre tanto del paciente como del trabajador, al ocurrir un inesperado accidente, como por ejemplo una cortadura.
“En estos procedimientos muchas veces no se tiene visión de los dedos y estos pueden llegar a entrar en contacto con superficies cortantes o punzantes que pueden producir un daño o ruptura en los guantes, con la consiguiente lesión en los tejidos del trabajador y permitiendo entonces un intercambio de sangre entre los tejidos del trabajador con los del paciente. Entre estos elementos cortantes o punzantes se podrían mencionar las agujas, bisturís, astillas de hueso, etcétera.
“La vigilancia e implementación de estos procedimientos debe estar regulada por el comité de bioseguridad del hospital, de acuerdo con las normas y protocolos que existen para tal fin”.
“Si se tienen en cuenta los medios de transmisión del VIH, es evidente que un estudiante de enfermería portador de VIH, no representa ningún riesgo especial y/o adicional para los pacientes de cualquier servicio en general y del servicio de gineco-obstetricia en particular. La evidencia, comprobada a través de estadísticas históricas mundiales, ha demostrado que el riesgo de transmisión del VIH, por parte del personal de salud hacia el paciente es improbable. Con lo anterior se ratifica una vez más que para los pacientes de gineco-obstetricia el estudiante que nos ocupa, no representa ningún riesgo”.
“En resumen, en la vida real aunque podría existir un riesgo en las venopunciones, este riesgo es bastante bajo. En el caso en particular sería posible ser más objetivo si se conociera el estado inmunológico y las características de la infección del individuo”.
“Vale la pena hacer notar que en lo pacientes portadores del VIH, mientras la carga viral sea más baja habrá menos posibilidades de contagio; esto se traduce en que el departamento médico del hospital debe adoptar las medidas médicas pertinentes para que sus trabajadores de la salud portadores del VIH reciban los tratamientos adecuados, de acuerdo con los protocolos de infectología establecidos.
“Queda pues claro que para los pacientes de gineco-obstetricia, el riesgo se disminuye hasta prácticamente desaparecer desde que exista un buen manejo multidisciplinario supervisado por el comité de bioseguridad del hospital”.
“Finalmente, los expertos recalcan que la práctica cuidadosa de los procedimientos de control de infecciones, protegen a los pacientes y a los proveedores de atención en salud, contra las enfermedades infecto-contagiosas en hospitales, consultorios médicos y odontológicos”.
“En principio sí, pero esto depende de las labores que desempeña. En las actividades hospitalarias, hay áreas que pueden tener un riesgo alto como aquellas que atienden pacientes potencialmente infectados como los servicios de urgencias, pediatría o medicina interna. Aunque nuevamente estos riesgos se minimizan con el uso adecuado de los elementos de bioseguridad. Adicionalmente como lo respondo en la siguiente pregunta también hay áreas en las cuales se pueden desempeñar los auxiliares de enfermería en las que el riesgo es mínimo”.
“Es importante recordar que hay enfermedades más contagiosas que el VIH. El VIH se trasmite únicamente de tres formas: por relaciones sexuales no protegidas, trasfusión o contacto de sangre y diferentes fluidos corporales, y de madre a feto/trasmisión vertical). Ahora, la hepatitis B y la hepatitis C se trasmiten de una manera mucho más fácil y tienen una enorme incidencia en la morbilidad de la población”.
“Esta es una medida que no solo es válida para el caso que nos ocupa sino para cualquier otra situación, en la cual se deba reubicar un trabajador por una situación específica de salud”.
“En las áreas hospitalarias existen diferentes lugares, en los que se pueden desempeñar los trabajadores de la salud que conviven con el VIH con un riesgo similar al de otras actividades no relacionadas con salud. Muchas de sus funciones pueden ser administrativas o en contacto con pacientes no infectados o en actividades de educación (promoción y prevención), entre otras”.
Por último, la Liga Colombiana de Lucha Contra el Sida (LigaSida), conceptuó:
“4. Consideramos que este punto se encuentra implícito en las respuestas anteriores, sin embargo, es preciso señalar que la condición de seropositivo para la infección del virus de inmunodeficiencia humana, no debe concluir en la determinación de buscar alternativas profesionales por el hecho de vivir con él, por el contrario, se debe concienciar no solo al trabajador sino a la institución de salud en que está prestando sus servicios, que por el hecho de ser portador no puede relegarse su profesión, sino que deben adoptarse las medidas de bioseguridad y atención del paciente.
“En la literatura médica son tan pocos los casos de trasmisión del VIH por parte del trabajador de la salud en general (incluyendo personal médico y paramédico) hacia sus pacientes, que el riesgo de trasmisión en procedimientos invasivos es muy bajo”.
En síntesis, la medida no es necesaria porque existe una alternativa a la decisión de impedir absolutamente el desarrollo de las prácticas, es decir, la entidad como institución prestadora de servicios de salud está en la obligación de proveer medidas generales de bioseguridad y garantizar la disponibilidad de los medios de protección para todo el personal a través del programa de salud ocupacional (34) . De la misma forma existen protocolos de prevención del riesgo biológico que al ser conocidos y aplicados, reducen de manera ostensible los riesgos de contagio de parte y parte (35) .
En consecuencia y con el fin de proteger el derecho a la salud de los pacientes que puedan ser sometidos al contacto del señor X-503 y para la protección exclusiva del mismo, la Sala ordenará al director del hospital (...), que implemente y ponga en marcha todas las medidas necesarias con el fin de que al estudiante (si persiste en su pretensión), le sea permitido desarrollar las prácticas profesionales restantes para acceder al título de auxiliar de enfermería, en igualdad de condiciones que los demás estudiantes de su profesión.
Para ello el gerente del hospital (...), por medio del área de salud ocupacional, del comité de bioseguridad o el área que haga las veces, según el estado inmunológico del señor X-503, establecerán que tipo de medidas preventivas se desarrollaran en ejercicio de las prácticas restantes a las cuales el accionante estará obligado a cumplir debiendo abstenerse de tomar parte en actividades y/o procedimientos que conlleven riesgo de trasmisión de la enfermedad a otros o que representen riesgo de doble vía.
5.5. De otra parte, conforme al artículo 21 del Decreto 1543 de 1997, está prohibida la exigencia de pruebas de laboratorio para determinar la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o como requisito obligatorio para la admisión o permanencia en centros educativos. A pesar de ello, el señor X-503 manifestó voluntariamente en el registro que debe diligenciar en la oficina de talento humano del hospital (...), su condición como portador del VIH, pudiendo guardar silencio y continuar con sus prácticas e ingresar al mundo laboral.
Finalizando, la Sala no puede legitimar ni dejar pasar por alto la alternativa planteada por el juez de único de instancia, el cual en su sentencia, manifestó: “(...) que el accionante si es conciente como debe serlo de su situación personal, debe encausar su interés personal de superación, que por la educación se intenta, en un campo diferente donde haya un menor riesgo de contagio inminente, porque existen muchos, donde no haya riesgos de contagio inminente, porque es precisamente por el medio que escogió que su situación personal se torna precaria, sin que esto quiera decir, que no tenga derecho a buscar su propia superación. Pero obviamente en un medio diferente”.
Conforme a lo expuesto, en el presente caso, se cumplen plenamente los requisitos exigidos por la jurisprudencia de esta corporación para proteger los derechos fundamentales de un sujeto de especial protección como el señor X-503, motivo por el cual, se revocará el fallo único de instancia proferido por el Juzgado Segundo (2º) Laboral del Circuito de (...), que denegó el mismo.
2. REVOCAR el fallo proferido el treinta (30) de octubre de 2007, por el juzgado Segundo (2º) Laboral del Circuito de (...) que denegó el amparo solicitado. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana, a la educación y a la libertad de elección de profesión u oficio del señor X-503, por las razones y en los términos de esta sentencia.
3. ORDENAR al gerente del hospital (...), que implemente y ponga en marcha todas las medidas necesarias con el fin de que al estudiante X-503 (si persiste en su pretensión), le sea permitido desarrollar las prácticas profesionales restantes para acceder al título de auxiliar de enfermería, en igualdad de condiciones que los demás estudiantes de su profesión.
Para ello el gerente del hospital (...), por medio del área de salud ocupacional, del comité de bioseguridad o el área que haga las veces, según el estado inmunológico del señor X-503, establecerán que tipo de medidas preventivas se desarrollaran en ejercicio de las prácticas a las cuales el accionante estará obligado a cumplir debiendo abstenerse de tomar parte en actividades y/o procedimientos que conlleven riesgo de trasmisión de la enfermedad a otros o que representen riesgo de doble vía.
4. EXALTAR la conducta del señor X-503 por manifestar voluntariamente su condición de portador del VIH, lo cual permite que se tomen las medidas preventivas tanto para su protección como la de los pacientes que tengan contacto con él, a fin de no promover la propagación del virus.
5. ORDENAR al gerente del hospital (...), que informe a la Sala Novena de Revisión de esta corporación sobre todas las medidas implementadas a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el numeral tercero de la parte resolutiva de la presente providencia, para lo cual contará con un término máximo de un (1) mes, a partir de la notificación de esta sentencia. Lo anterior, sin perjuicio de los informes que debe dar al juez de instancia sobre el cumplimiento del fallo.
6. ORDENAR a la secretaría general de esta corporación que los nombres y los datos que permitan identificar al accionante sean suprimidos de toda publicación del presente fallo. Igualmente, ORDENAR por intermedio de la secretaría general de la Corte al Juzgado Segundo (2º) Laboral del Circuito de (...), que se encargue de salvaguardar la intimidad del señor X-503, manteniendo la reserva sobre el expediente.
(1) La protección de la intimidad se ha presentado por petición expresa del accionante o por que la Corte advierte la necesidad de proteger el derecho, por ejemplo en temas relacionados con hermafroditismo, señalamientos públicos de conducta, enfermos de (VIH/Sida), sexualidad etc. La Corte ha considerado proteger el derecho a la intimidad de los accionantes impidiendo referenciar todo tipo de información que pueda identificarlos. Al respecto pueden verse las sentencias SU-256 de 1996, SU-480 de 1997, SU-337 de 1999, T-810 de 2004, T-618 de 2000, T-436 de 2004, T-220 de 2004, T-143 de 2005, T-349 de 2006, T-628 de 2007, T-295 de 2008, T-816 de 2008 entre otras.
(2) Folio 17 del cuaderno de revisión.
(3) Folios 18 a 22 del cuaderno de revisión.
(4) Folios 29 a 36 del cuaderno de revisión.
(5) Folios 40, 41 y 42 del cuaderno de revisión.
(6) Sentencia C-384 de 1997.
(7) Sentencia C-530 de 1993
(8) Sentencia T-360 de 2002.
(9) Cfr. Sentencia C-410 de 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(10) Cfr. entre otras, la Sentencia T-352 de 1997. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(11) Cfr. Sentencia C-040 de 1993. M.P. Ciro Angarita Barón.
(12) Sobre la razonabilidad, como criterio de valoración y aplicación del derecho a la igualdad, es un asunto sobre el que la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha pronunciado de manera reiterada desde los inicios de su labor. Cfr., entre otras, la Sentencia C-221 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(13) Ver sentencias T-098 de 1994, T-301 de 2004 y T-577 de 2005.
(14) En la Sentencia C-530 de 1993, se señalaron las diferencias que existen entre discriminación y trato diferenciado, al respecto se manifestó: “La distinción entre discriminación y diferenciación, que es el elemento fundamental para calibrar el alcance del principio de igualdad. Dicho principio, en efecto, veta la discriminación, pero no excluye que el poder público otorgue tratamiento diverso a situaciones distintas —la diferenciación—. El artículo 13 de la Constitución no prohíbe, pues, tratamientos diferentes a situaciones de hecho diferentes. La distinción entre discriminación y diferenciación viene, a su vez, determinada porque la primera es injustificada y no razonable. Discriminación es, por tanto, una diferencia de tratamiento no justificada ni razonable, o sea arbitraria, y solo esa conducta esta constitucionalmente vetada. A contrario sensu, es dable realizar diferenciaciones cuando tengan una base objetiva y razonable”.
(15) Al respecto pueden consultarse las sentencias: T-530 de 1993, T-230 de 1994, C-445 de 1995, C-022 de 1996, C-309 de 1997, T-325 de 1997, C-563 de 1997, C-183 de 1998, C-318 de 1998, C-481 de 1998, SU-642 de 1998, C-359 de 1999, T-861 de 1999, C-112 de 2000, C-514 de 2000, C-093 de 2001, C-673 de 2001, C-806 de 2002, C-291 de 2002, C-1036 de 2003, C-227 de 2004, T-301 de 2004, T-577 de 2005, C-182 de 2007, C-521 de 2007, entre otras.
(16) Ver, entre otras, las sentencias T-230 de 1994 y C-022 de 1996.
(17) Ver, entre otras, las sentencias C-445 de 1995, C-563 de 1997, y C-183 de 1998.
(18) Cfr. las sentencias T-352 de 1997, T-301 de 2004 y T-577 de 2005.
(19) (Virus de la inmunodeficiencia humana): retrovirus que es el agente causal del Sida.
(20) (Síndrome de inmunodeficiencia adquirida): Conjunto de síntomas y signos generados por el compromiso del sistema inmunitario de una persona como consecuencia de la infección por el VIH.
Según la enciclopedia virtual wikipedia: (...) una persona padece de Sida cuando su organismo, debido a la inmunodepresión provocada por el VIH, no es capaz de ofrecer una respuesta inmune adecuada contra las infecciones que aquejan a los seres humanos. Se dice que esta infección es incontrovertible.
Para mayor información véase www.wikipedia.com.
(21) Igualmente, puede consultarse el modelo de gestión programática en VIH/Sida, expedido en el 2006 por el Ministerio de la Protección Social, en el cual se contemplan los programas para la atención de las personas con VIH/Sida, la guía para el manejo de la enfermedad basada en la evidencia - Colombia y la guía de práctica clínica.
(22) Fuente: Diario Oficial 43.062, del 17 de junio de 1997. Resaltados por fuera del texto original.
(23) En el mismo sentido, sentencias T-469 de 2004 y T-434 de 2006.
(24) También pueden consultarse las sentencias: T-070 de 2002, T-843 de 2004, T-1071 de 2004, T-262 de 2005, T-577 de 2005, T-434 de 2006, T-490 de 2006, T-1041 de 2006, T-422 de 2007, entre otras.
(25) Cfr. Sentencia T-505 de 1992.
(26) Cfr. Sentencia SU-256 del 30 de mayo de 1996.
(27) Cfr. T-1283 del 3 de diciembre de 2001
(28) Sentencia T-816 de 2005.
(29) Lo anteriormente expuesto lo reforzó con lo dispuesto por el tercer Consejo internacional de enfermeras, en el que se dejó consignado la responsabilidad ética que tiene el personal de enfermería seropositivos. Así mismo, trascribió lo expresado por la Asociación Médica Mundial en asamblea general en Pilanesberg- Sud-África, en octubre del 2006, acerca de las políticas sobre VIH/Sida y la profesión médica, plasmándose en el numeral 17 literal C, que los médicos que estén infectados con el VIH, no deben tomar parte en ninguna actividad que cree riesgo de trasmisión de la enfermedad a otros.
(30) La Sala destaca que la Acofaen para responder a los interrogantes planteados, convocó un grupo de profesionales de enfermería y medicina, dedicados a la academia y con estudios de posgrado en sus respectivas áreas. Hicieron parte de este grupo los siguientes profesionales:
• Martha Lucía Alzate: Enfermera, magíster en administración de salud. Área de énfasis epidemiología. Doctorado en salud pública. Área de énfasis prácticas de salud pública. Universidad de São Paulo, Brasil. Facultad de salud pública. Profesora doctorado de salud pública de la Universidad Nacional de Colombia.
• Martha Patricia Bejarano: Enfermera, docente experta en salud sexual y reproductiva. Profesora facultad de enfermería de la Universidad Nacional de Colombia.
• Daniel Gonzalo Eslava A.: Enfermero, con doctorado en salud pública de la Universidad de São Paulo, Brasil. Maestría en administración en salud. Pontificia Universidad Javeriana. Maestría en desarrollo rural. Pontificia Universidad Javeriana - actual presidente de Acofaen.
• María Iraidis Soto S. Enfermera, magíster en investigación y tecnología educativa - Pontificia Universidad Javeriana. Diplomado “Mejoramiento de la calidad y auditoría en salud ocupacional y riesgos profesionales”. Especialización en alta gerencia. actualmente directora ejecutiva de Acofaen.
• Myriam Parra V.: Enfermera, especialista en cuidado crítico, docente experta en la atención de enfermería en el área clínica. Profesora de la facultad de enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. Actual vicepresidenta de Acofaen.
• Edy Salazar: Docente experta en gineco-obstetricia y en las áreas de ética y bioética. profesora de la Pontificia Universidad Javeriana.
• Bertha Gómez: médica bioeticista, especialista en salud ocupacional - Programa VIH/OPS consultora regional en VIH para la OPS, Washington.
• Rafael Pardo: médico. Programa VIH/OPS. Representación Colombia.
• Martha Inés Valdivieso C.: Enfermera, con maestría en investigación y docencia universitaria. Asistente de la presidencia de Acofaen.
Del mismo modo y con el tema del VIH/Sida la Acofaen ha estado vinculada en proyectos tales como: Proyecto de integración de los servicios de asesoría y oferta de la prueba voluntaria de VIH - Integra y los servicios de salud sexual y reproductiva en el SGSSS de Colombia (2006), proyecto AIVIH / OPS (Atención integrada a la prevención, cuidado y tratamiento del VIH), capacitación en asesoría pre y pos prueba para VIH Y Sida - contrato de prestación de servicios entre Acofaen y el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, y la conformación y coordinación de la Red Internacional de Enfermería en VIH de las Américas (Redevihda).
(31) A nombre de la Ascofame por elección del director ejecutivo de la entidad, conceptualizó el jefe de infectología del Hospital Universitario San Ignacio de la Pontificia Universidad Javeriana.
(32) Por parte de esta entidad contestó la señora Claudia Ayala Leal en calidad de directora general de la entidad y Francisco Jaramillo TM. D como director científico de la misma.
(33) Dicho documento puntualmente en relación con la profesión de auxiliar de enfermería contempla:
— Atender y orientar a la persona en relación con sus necesidades y expectativas de acuerdo con políticas institucionales y normas de salud.
— Admitir al usuario en la red de servicios de salud según niveles de atención y normativa vigente.
— Controlar las infecciones en los usuarios y su entorno de acuerdo con las buenas prácticas sanitarias.
— Apoyar la definición del diagnóstico individual de acuerdo con guías de manejo y tecnología requerida.
— Asistir a las personas en las actividades de la vida diaria según las condiciones del usuario asignación y/o delegación del profesional, guías y protocolos vigentes.
— Participar en el cuidado a las personas para el mantenimiento y recuperación de las funciones de los diferentes sistemas por grupo etáreo en relación con los principios técnicos, científicos y éticos vigentes.
— Administrar medicamentos según delegación y de acuerdo con técnicas establecidas en relación con los principios éticos y legales vigentes.
— Brindar atención integral a la familia en relación al ciclo vital de acuerdo con el contexto social, político, cultural y ético.
— Generar actitudes y prácticas saludables en los ambientes de trabajo.
— Trasladar a la persona en situación de riesgo de salud a la institución según nivel de atención requerida.
— Esterilizar productos y artículos de acuerdo con estándares de aseguramiento de la calidad.
— Cuidar integralmente al usuario en condiciones críticas de salud según su estado y de acuerdo con criterios técnico-científicos vigentes.
— Atender integralmente al usuario en la unidad quirúrgica de acuerdo con guías de manejo y protocolos vigentes.
— Cuidar al usuario en terapia renal concertada según valoración del equipo interdisciplinario.
— Apoyar a las actividades de salud ocupacional de acuerdo con el programa diseñado en salud ocupacional y norma vigente.
(34) Al respecto puede consultarse el Decreto 1295 de 1994 por el cual se determina la organización y administración del sistema general de riesgos profesionales y la Resolución 1016 de 1989 que define el programa de salud ocupacional en los siguientes términos: El programa de salud ocupacional consiste en la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial, tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria.
(35) Como bien lo señala LigaSida, “(...) existen enfermedades infecciosas a través del contacto de la sangre del trabajador de la salud y el paciente, mucho más contagiosas que un VIH, como por ejemplo: la hepatitis B y la hepatitis C”. En este tipo de casos las entidades correspondientes deben tomar las medidas necesarias”.

References: artículo 41
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 47
 artículo 41
 artículo 21
 artículo 13
 Resolución