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Timestamp: 2019-09-23 07:58:33+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 805/2004 Corte Suprema de Justicia
Acuerdo y Sentencia N° 805/04
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 805/04
EXPEDIENTE: “RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN INTERPUESTO EN LOS AUTOS: “MINISTERIO PÚBLICO C/ ANSELMO JARA CARBALLO POR S/ RESISTENCIA EN GRADO DE OMISIÓN EN PEDRO JUAN CABALLERO”.
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil cuatro, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Señores Ministros de la Sala Penal, Doctores SINDULFO BLANCO, WILDO RIENZI GALEANO y ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: “RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN INTERPUESTO EN LOS AUTOS: “MINISTERIO PÚBLICO C/ ANSELMO JARA CARBALLO POR S/ RESISTENCIA EN GRADO DE OMISIÓN EN PEDRO JUAN CABALLERO”, a fin de resolver el Recurso Extraordinario de Casación contra el Acuerdo y Sentencia N° 51 de fecha 16 de octubre de 2003, dictado por el Tribunal de Apelación de la Circunscripción Judicial. De Amambay.
Para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: RIENZI GALEANO, PUCHETA DE CORREA y BLANCO
A la primera cuestión planteada, el Doctor RIENZI GALEANO, dijo: El Art. 480 del Código Procesal Penal, en concordancia con el Art. 468 del mismo cuerpo legal, dispone que el Recurso Extraordinario de Casación debe interponerse “en el término de diez días de notificada” de la resolución que se cuestiona y ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Por su lado, el Art. 477 del Código citado determina el “OBJETO” del recurso al señalar, que “Solo podrá deducirse el Recuso Extraordinario de Casación contra las sentencias definitivas del tribunal de apelaciones o contra aquéllas decisiones de ese tribunal que pongan fin al procedimiento, extingan la acción o la pena, o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena”; individualizando de esta manera, con absoluta claridad, las resoluciones o decisiones de los Tribunales de Apelaciones que pueden ser objetos de la Casación.
En consecuencia, los requisitos exigidos por nuestra ley para la admisibilidad del Recurso Extraordinario de Casación son a) que se interponga dentro de los diez días de notificada de la resolución impugnada; b) que se deduzca ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; c) que la resolución en recurso sea una sentencia definitiva de un tribunal de Apelaciones o una decisión de este tribunal que ponga “fin al procedimiento”, extinga “la acción o la pena”, o deniegue “la extinción, conmutación o suspensión de la pena” y, lógicamente, que por lo menos se menciona, como sustento del recurso, uno o más de los tres exclusivos motivos que hacen a la procedencia de la casación, según el Art. 478 del Código Procesal Penal.
Todo esto nos lleva a la conclusión de que, si el recurso de casación no se encuadra dentro de este marco, fijado por el de otro país, la única alternativa viable es la declaración de inadmisibilidad del estudio del fondo de la cuestión planteada.
Además, no debe olvidarse que el Recurso de Casación es de carácter extraordinario, lo que implica que las normas que lo regulan son de interpretación restrictiva, limitada, sin posibilidad de hacerles mas extensas, mas vastas o de ampliar los que ellas expresa n, ni entenderlas analógicamente, y más cuando esas normas son tan claras, transparentes y terminantes, como muy especialmente lo son los Arts. 477 y 478 del Código Procesal Penal.
Precisada de este modo la demarcatoria, los límites, para la admisibilidad del Recurso Extraordinario de Casación; veremos seguidamente si el planteo del recurrente se halla o no circunscripto dentro de ese marco fijado, por nuestra Ley de Forma, para el efecto.
Pues bien, lo primero que se desprende de la lectura de la presentación del casacionista, que corre de la fs. 115 a las 122 del expediente caratulado: “MINISTERIO PÚBLICO C/ ANSELMO JARA CARBALLO POR S/ RESISTENCIA EN GRADO DE OMISIÓN EN PEDRO JUAN CABALLERO”, es que el Recurso Extraordinario de Casación fue deducido contra el Acuerdo y Sentencia N° 51 del 16 de octubre de 2003, dictado por el Tribunal de Apelaciones de la V Circunscripción Judicial de Amambay.
Pasando seguidamente al examen de la factibilidad o nó de la admisión del recurso en cuestión se puede comprobar, fácilmente por cierto, que el impugnante se halla habilitado para recurrir de la resolución en cuestión (taxatividad subjetiva); porque, en principio, así lo dispone la Constitución al consagrar “la igualdad para el acceso a la Justicia (Art. 47, numeral 1)”, disposición que el Código Procesal Penal garantiza y la vuelve operativa al otorgar “a las partes la igualdad de oportunidades procesales (Art. 9). Por otro lado, si “bien es cierto que únicamente el Ministerio Público goza de la potestad de acusar, el mismo Código Procesal Penal resalta expresamente el derecho de la víctima de impugnar”, una resolución definitiva que lo afecte (Art. 68 y otro del Código Procesal Penal). “aún cuando no haya intervenido en el procedimiento como querellante. Con mayor razón le asiste al impugnante el derecho de promover el recurso al haber asumido el rol de querellante adhesivo”.
Así lo ha establecido esta Sala Penal, con el agregado de que “La doctrina sobre la tutela judicial efectiva consagra el derecho de impugnar actuaciones y resoluciones mediante los recursos legalmente previstos (Art. 16 y 17 de la Constitución) y que “Por la misma razón el Art. 499 del Código de Formas, infine, establece que cuando la ley no distingue entre las diversas partes, los recursos podrán ser interpuestos por cualquiera de ellas, siempre que tenga un legítimo interés y la resolución recurrida le causa agravio” (Ver Recurso de Casación interpuestos en los autos “Oana Baresi S/ Violación De Domicilio Y Robo”, “Eladio Barrios Lopez Y Otra S/ Estafa Y Lesión De Confianza” y otros). Aclarada así cualquier posible duda sobre la capacidad del querellante adhesivo para plantear la casación; vemos que también el recurso extraordinario fue interpuesto dentro del término de ley; que fue presentada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (fs. 122); que la decisión cuestionada es una sentencia definitiva de un Tribunal de Apelación y que el recurso se apoya en lo que dispone el Art. 478 del Código Procesal Penal (taxatividad objetiva); con lo que el recurrente ha cumplido enteramente, cabalmente, con las exigencias previstas en la ley para la admisibilidad del estudio del fondo de la casación planteada, o sea, el estudio de su procedencia o nó.
Por consiguiente; en mi opinión, el Recurso Extraordinario de Casación interpuesto en los autos mencionados, es admisible de acuerdo a lo expuesto precedentemente. Es mi voto.
A la segunda cuestión planteada, el Doctor RIENZI GALEANO prosigue diciendo: El Art. 478 del Código Procesal Penal dispone, que “El Recurso Extraordinario de Casación procederá, exclusivamente: a) cuando en la sentencia de condena se imponga una pena privativa de libertad mayor a diez años y se alegue la inobservancia o errónea aplicación de un precepto constitucional; 2) cuando la sentencia o el auto impugnado sea contradictorio con un fallo anterior de un Tribunal de Apelaciones o de la Corte Suprema de Justicia; o 3) cuando la sentencia o el auto sean manifiestamente infundados.
Como se infiere de la palabra “Exclusivamente” del artículo mencionado, solamente la existencia de uno o mas de los tres motivos señalados en la ley, son las únicas y exclusivas causales que hacen a la procedencia del recurso extraordinario de casación, de acuerdo con nuestra Ley de Forma, el Código Procesal Penal Paraguayo. Fuera de la existencia de esos tres motivos no corresponde, no puede ni debe hacerse lugar a la casación, porque así lo impone la ley y en consideración a que siendo el recurso de carácter extraordinario, sólo puede ser sustanciado y resuelto de conformidad con las normas que lo regulan que, aparte de ser claras y terminantes, su propia restrictividad no permite que pueda ser extendida o ampliada a situaciones ajenas a las que ellas, concretamente, enumeran, ni ser interpretadas analógicamente. Además, los argumentos que se esgriman en apoyo del recurso deben ser precisos, claros, concretos y coherentes, bastándose a sí mismo.
Y ello necesariamente debe ser así, porque “La casación está sujeta a reglas y limitaciones, su fundamentación nunca debe constituirse en una expresión de agravios, propia de los recursos ordinarios; tampoco debe configurar un escrito de libre elaboración, porque siempre resulta imperioso entrar a individualizar la valoración denunciada, así como el vicio o error que padece el fallo cuestionado, a mas de su gravitación final para que –sin temor a dudas – pueda ser declarada nula la resolución impugnada, tal como lo ha resuelto la Sala Penal en innumerables oportunidades.
Tampoco debe olvidarse que el recurso extraordinario de casación no es otro que un juicio técnico-jurídico sobre la legalidad de la sentencia (errores in indicando) o sobre los vicios del proceso (errores in procedendo), siempre que éstos se circunscriban o se relacionen con los tres exclusivos motivos que hacen a la procedencia de la casación, enumerados nítidamente en el referido Art. 478 del Código Procesal Penal. En modo alguno, entonces puede entenderse el recurso extraordinario de casación como una nueva instancia, una instancia adicional o una tercera instancia, y menos como una potestad ilimitada para revisar un proceso criminal en su totalidad; en consideración, igualmente, a que el sistema acusatorio, adoptado por nuestro procedimiento penal, no admite ni permite un nuevo examen de los hechos ni la revaloración de las pruebas, que son definitivamente fijados en Primera Instancia, en virtud y por respeto a los principios de inmediación, publicidad y otros. En resumen, por el recurso extraordinario de casación sólo puede realizarse una revaloración jurídica del fallo, estando absolutamente prohibido una revisión ex novo de todo el proceso.
Aclarando así cuanto antecede y entrando en materia para decidir la procedencia o no del recurso interpuesto en los autos mencionados se encuentra, desprendida de la atenta y detallada lectura de la presentación del recurrente, que su pretensión se basamenta en lo que disponen los incs. 2) y 3) del Art. 478 del Código Procesal Penal; concreta y puntualmente en que, supuestamente, la resolución en cuestión “resulta contradictoria a un fallo anterior dictado por la Corte Suprema de Justicia, cual es el Acuerdo y Sentencia N° 845, dictado en fecha 12 de agosto de 2002,...” (fs. 117) que, es un caso que nada tiene que ver con el de autos y, además, como el recurso es extraordinario y tiene que bastarse a sí mismo, el recurrente debe acompañar, obligatoriamente, a su presentación, copias de las decisiones, para él, contradictorias; por lo menos de la sentencia del Tribunal de Apelación, Segunda Sala, de Caaguazú y San Pedro, que menciona a fs. 118 No habiéndolo hecho así, no corresponde el estudio de este “motivo” invocado como fundamento de la Casación.
En cuanto al otro basamento del recurso, de que la resolución impugnada es una decisión “manifiestamente infundada” (fas. 120), que es el otro sustento invocado para la procedencia de la casación y que la Sala Penal tiene la obligación de analizar; es evidente y resalta de la lectura del Acuerdo y Sentencia en recurso, cuya fotocopia obra a fs. 111/114, que el mismo se halla lo suficientemente fundado como para no incluirlo entre las resoluciones ”manifiestamente infundadas”, que significa no motivada, no fundada y no simplemente insuficiente, deficiente, parca o pobremente fundada. Desde el momento que el Tribunal de Apelación refiera en su decisión, que su función es sólo el de determinar la legalidad o no de la sentencia (fs. 113 vlto.) y no una nueva fijación de los hechos y la revaloración de las pruebas; que considere y estime que en Primera Instancia no se han desatendido, violado o interpretado erróneamente preceptos legales y manifiestamente infundadas”, que significa no motivada, no fundada y no simplemente insuficiente, deficiente, parca o pobremente fundada. Desde el momento que el Tribunal de Apelación refiera en su decisión, que su función es sólo el de determinar la legalidad o no de la sentencia (fs. 1132 vlto.) y no una nueva fijación de los hechos y la revaloración de las pruebas; que considere y estime que en Primera Instancia no se han desatendido, violado o interpretado erróneamente preceptos legales y manifieste que no se observan vicios en la misma que hagan a su nulidad, resulta obvio que la decisión del Tribunal de Apelación se encuentra fundada, por lo que no corresponde la casación solicitada en función de la aplicación del inc. 3) del Art. 478 del Código Procesal Penal.
Por otro lado, con el escrito presentado, que es más bien una expresión de agravios”, propia de los recursos ordinarios, antes que la fundamentación de un recurso extraordinario; el recurrente pretendió, sin ninguna duda, que la Sala Penal fijara de nuevo los hecho sy revalorara loas pruebas que, por ser atribución exclusiva de Primera Instancia ya es causal suficiente, por sí sola, para el rechazo del recurso planteado, y que, además, sumado a la inexistencia de los motivos individualizados en los incs. 2) y 3) del Art. 478 del Código Procesal Penal, hace absolutamente improcedente el recurso extraordinario de casación deducido.
Por consiguiente, fundado en cuanto antecede y en las disposiciones constitucionales y legales citadas; en mi opinión, el recurso extraordinario de casación, deducido en los autos mencionados debe ser rechazado, con costas, por ser improcedente sin ninguna duda.
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Sindulfo Blanco
SENTENCIA NÚMERO: 805
Asunción, 21 de abril de 2004.
DECLARAR ADMISIBLE para su estudio el recurso extraordinario de casación interpuesto en los autos mencionados y, en función del resultado de dicho estudio.
RECHAZAR, con costas, el recurso extraordinario de casación, por su notoria improcedencia.

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