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Timestamp: 2017-03-29 05:23:45+00:00

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Los Cazadores de Arcos Largos: La Reforma Laboral Española
Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo I La crisis financiera y económica de origen internacional que se ha desarrollado desde principios de 2008ha quebrado la larga senda de crecimiento económico y del empleo que vivió la economía españoladesde mediados de los noventa y ha tenido como consecuencia más grave una intensa destrucción deempleo y el consecuente aumento del desempleo.
Las cifras a este respecto son esclarecedoras. En los últimos dos años se han perdido en nuestro paísmás de dos millones de puestos de trabajo y el desempleo ha crecido en casi dos millones y medio depersonas, lo que ha duplicado la tasa de paro hasta acercarse al 20%. Un desempleo de esa magnitudconstituye el primer problema para los ciudadanos y sus familias y supone un lastre inasumible a medioplazo para el desarrollo económico y para la vertebración social de nuestro país.
Por ello, recuperar la senda de la creación de empleo y reducir el desempleo constituye en estosmomentos una exigencia unánime del conjunto de la sociedad y, en consecuencia, debe constituir elobjetivo último fundamental de todas las políticas públicas.
Es indudable que la principal y directa causa de la pérdida de empleo durante los últimos dos años ha sidola caída de la actividad productiva, derivada, en un primer momento, del colapso de los cauces habitualesde crédito y endeudamiento que sustentaron de forma decisiva el consumo y la inversión en la pasadaetapa expansiva. Un fenómeno común a los países de nuestro entorno socioeconómico, y en particular alos integrantes de la eurozona.
Pero es cierto que en España la incidencia de esta contracción productiva sobre el empleo ha sidosuperior a la sufrida en otros países. Y existe una amplia coincidencia en señalar como responsables deeste negativo comportamiento tanto a las diferencias en la estructura productiva del crecimientoeconómico, como a algunas particularidades estructurales de nuestro mercado laboral, que las reformasabordadas en las últimas décadas no han logrado eliminar o reducir de forma sustancial.Unas debilidades de nuestro modelo de relaciones laborales que en último término vienen a explicar laelevada sensibilidad del empleo al ciclo económico que se ha venido poniendo de manifiesto en nuestropaís, lo que hace que crezca mucho en las fases expansivas pero que se destruya con igual o mayorintensidad en las etapas de crisis, y entre las que se encuentran las siguientes: un significativo peso de lostrabajadores con contrato temporal (en torno a un tercio del total de asalariados por cuenta ajena), queconstituye una anomalía en el contexto europeo, y que ha derivado en una fuerte segmentación entretrabajadores fijos y temporales; un escaso desarrollo de las posibilidades de flexibilidad interna en lasempresas que ofrece la legislación actual; una insuficiente capacidad de colocación de los serviciospúblicos de empleo; la persistencia de elementos de discriminación en el mercado de trabajo en múltiplesámbitos, pero de forma muy señalada en el empleo de mujeres, personas con discapacidad ydesempleados de más edad.La crisis económica ha puesto en evidencia la insostenibilidad económica y social de este modelo, que hagenerado la rápida destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo. A su corrección se dirigenesencialmente las medidas contenidas en este real decreto-ley, que suponen una continuación coherente2de las actuaciones que el Gobierno ha puesto en práctica en materia laboral desde el inicio de lamencionada crisis financiera que precipitó la entrada en recesión de nuestra economía, junto a la mayoríade los países del área euro.La velocidad a la que ésta ha evolucionado ha obligado a responder con idéntico ritmo para paliar orevertir sus efectos más dañinos, priorizando en cada momento la puesta en práctica de actuacioneslaborales con el objetivo de reforzar la protección social, incentivar la contratación y mejorar laempleabilidad de los colectivos más perjudicados, o favorecer el mantenimiento del empleo en lasempresas. Todo ello ha derivado en una larga lista de medidas que, aunque adoptadas en diferentesmomentos temporales, han ido respondiendo a la misma lógica y de la que también participan las queahora se aprueban.Las modificaciones legales que aquí se abordan se inscriben en un marco de reformas más amplioimpulsado por el Gobierno, integradas en la denominada Estrategia de Economía Sostenible, presentadael pasado 2 de diciembre por el Presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados para acelerar larenovación de nuestro modelo productivo. Un escenario de reformas estructurales de amplio espectrodestinadas a hacer más resistente nuestra economía frente a las perturbaciones externas, a mejorar sucompetitividad a medio y largo plazo, a fortalecer los pilares de nuestro estado de bienestar y, en últimotérmino, a generar más empleo. La Estrategia de Economía Sostenible incluía el compromiso de realizaruna reforma del mercado de trabajo, que se materializa a través de este real decreto-ley.Por tanto es desde una perspectiva integral, que contemple tanto la totalidad de las actuacionesadoptadas en los últimos dos años como las iniciativas de futuro en marcha, que las medidas incluidas eneste real decreto-ley adquieren su completa dimensión.IIEsta reforma tiene como objetivo esencial contribuir a la reducción del desempleo e incrementar laproductividad de la economía española. A estos efectos, se dirige a corregir la dualidad de nuestromercado de trabajo promoviendo la estabilidad en el empleo y a incrementar la flexibilidad interna de lasempresas, como aspectos más destacables.De manera más concreta, las medidas incluidas en esta norma se dirigen a lograr tres objetivosfundamentales.Primero, reducir la dualidad de nuestro mercado laboral, impulsando la creación de empleo estable y decalidad, en línea con los requerimientos de un crecimiento más equilibrado y sostenible.Segundo, reforzar los instrumentos de flexibilidad interna en el desarrollo de las relaciones laborales y, enparticular, las medidas de reducción temporal de jornada, como mecanismo que permita el mantenimientodel empleo durante las situaciones de crisis económica, reduciendo el recurso a las extinciones decontratos y ofreciendo mecanismos alternativos más sanos que la contratación temporal para favorecer laadaptabilidad de las empresas.Tercero, elevar las oportunidades de las personas desempleadas, con particular atención a los jóvenes,reordenando para ello la política de bonificaciones a la contratación indefinida para hacerla más eficiente,haciendo más atractivos para empresas y trabajadores los contratos formativos y mejorando losmecanismos de intermediación laboral.Las reformas legislativas dirigidas a reducir la dualidad de nuestro mercado laboral constituyen el primerobjetivo del presente real decreto-ley y son objeto de tratamiento en su capítulo I. Se incorpora en esteámbito un conjunto coherente y equilibrado de medidas que persiguen, por un lado, restringir el uso3injustificado de la contratación temporal y, por otro, favorecer una utilización más extensa de lacontratación indefinida.Entre las medidas dirigidas a restringir el uso injustificado de las modalidades temporales de contratacióncabe destacar las dirigidas a establecer un límite temporal máximo en los contratos para obra o serviciodeterminado, límite a partir del cual ha de considerarse que las tareas contratadas tienen naturalezapermanente y han de ser objeto de una contratación indefinida; asimismo, se introducen algunos ajustesen la regla instaurada en 2006 para evitar el encadenamiento sucesivo de contratos temporales, a fin dehacerla más eficiente. Por último, se incrementa hasta doce días la indemnización por finalización decontratos temporales. No obstante, razones de prudencia aconsejan implantar este incremento de unamanera gradual y progresiva por la incidencia que su aplicación inmediata pudiera suponer sobre lacreación de empleo.Entre las medidas que persiguen una utilización más extensa de la contratación indefinida debedestacarse, ante todo, que queda incólume la regulación sustantiva del contrato indefinido de carácterordinario. Todas las reformas se centran en la regulación del contrato de fomento de la contrataciónindefinida que, como se recordaba en los documentos hechos públicos por el Gobierno en este procesode diálogo social, no ha venido cumpliendo en los últimos años la finalidad que reza en su enunciado, asaber, promover el acceso a contratos de carácter indefinido de los colectivos que más dificultadesencuentran en la actualidad para obtenerlos.Con esta finalidad, se amplían, en primer lugar, los colectivos con los que se puede suscribir estamodalidad de contrato, reduciendo a tres meses la exigencia del período de permanencia en el desempleoy posibilitando el acceso al mismo de los trabajadores “atrapados en la temporalidad”, es decir, aquéllosque en los últimos años solo hayan suscrito contratos de duración determinada o a quienes se les hayaextinguido un contrato de carácter indefinido.Por otra parte, respetando las cuantías establecidas para los diversos supuestos de extinción, se reducenlas cantidades a abonar por las empresas en caso de extinción de los mismos mediante la asuncióntransitoria por el Fondo de Garantía Salarial de una parte de las indemnizaciones, medida que se aplicaráexclusivamente a los despidos económicos, sean individuales o colectivos, excluyendo a los despidos decarácter disciplinario. Se preserva, en consecuencia, el compromiso del Gobierno de mantener losderechos de los trabajadores y aliviar a las empresas de una parte de los costes extintivos. Esta medidano supone una asunción por el Estado de una parte de los mismos ya que se instrumenta a través de unorganismo público que se nutre exclusivamente de cotizaciones empresariales.La medida anterior quiere tener, no obstante, un carácter coyuntural y servir como transición hacia unmodelo de capitalización individual mantenido a todo lo largo de la vida laboral, por un número de días poraño a determinar, para cuya regulación el Gobierno aprobará un proyecto de Ley. Este fondo individual decapitalización podrá hacerse efectivo por el trabajador para los casos de despido, así como para completarsu formación, en supuestos de movilidad geográfica o, en último término, en el momento de su jubilación.Este modelo se dirigirá a dotar a nuestro mercado de trabajo de una mayor estabilidad en el empleo y unamás sana movilidad laboral.Por último, se da una nueva redacción a las causas del despido por razones económicas, técnicas,organizativas o de producción que establece el Estatuto de los Trabajadores. La experiencia obtenida enlos últimos años ha puesto de manifiesto, particularmente en los dos últimos años, algunas deficiencias enel funcionamiento de las vías de extinción previstas en los artículos 51 y 52 c) del texto refundido de la Leydel Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, aldesplazar muchas extinciones de contratos indefinidos realmente basadas en motivaciones económicas oproductivas hacia la vía del despido disciplinario improcedente.4Se ha estimado necesaria, en consecuencia, una nueva redacción de estas causas de extinción queproporcione una mayor certeza tanto a trabajadores y a empresarios como a los órganos jurisdiccionalesen su tarea de control judicial. En este sentido, no sólo se mantiene intacto el derecho de los trabajadoresa la tutela judicial efectiva en esta materia, sino que la modificación integra en la ley la interpretación quelos órganos jurisdiccionales han hecho de las causas del despido objetivo en el desarrollo de su tarea derevisión jurisdiccional de las decisiones empresariales sobre esta materia. En definitiva, se persigue conello reforzar la causalidad de la extinción de los contratos de trabajo, canalizando su finalización hacia lavía que proceda en función de la causa real que motiva su terminación. Se incluyen también determinadasdisposiciones en relación con el preaviso y el incumplimiento de los requisitos formales en la extinción delcontrato por causas objetivas.El Capítulo II agrupa diversas medidas que pretenden potenciar los instrumentos de flexibilidad interna enel transcurso de las relaciones laborales, favoreciendo la adaptabilidad de las condiciones de trabajo a lascircunstancias de la producción, bajo la consideración general de que dichos instrumentos constituyen unaalternativa positiva frente a medidas de flexibilidad externa que implican un ajuste en el volumen deempleo.Por tanto, configurar instrumentos que permitan a las empresas mejorar su competitividad,salvaguardando los derechos de los trabajadores y facilitando de modo especial el mantenimiento de suspuestos de trabajo, constituye el objetivo general de este Capítulo. Entre esas medidas de flexibilidadinterna se modifican las relativas a los traslados colectivos, las modificaciones sustanciales de lascondiciones de trabajo, las cláusulas de inaplicación salarial y, muy señaladamente, la suspensión decontratos y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.Respecto de las modificaciones introducidas en los artículos 40 y 41 del Estatuto de los Trabajadores, sepersigue dotar al procedimiento de mayor agilidad y eficacia. Para ello se establece el carácterimprorrogable del plazo previsto para los períodos de consultas, se prevé una solución legal para lossupuestos en que no existan representantes de los trabajadores en la empresa con quienes negociar y sepotencia la utilización de medios extrajudiciales de solución de discrepancias establecidos a través de lanegociación colectiva. Tales medios han demostrado su valor y eficacia como sistemas que evitan lajudicialización de los conflictos laborales, permitiendo que los procesos de adaptación de las condicionesde trabajo se lleven a cabo con agilidad para el empresario y con garantías para los trabajadores,disminuyendo la conflictividad laboral, en especial en aquellos casos en que estos mecanismos seincardinan en instituciones creadas mediante acuerdo de las organizaciones empresariales y sindicales enel ámbito correspondiente.Por otra parte, las reformas introducidas en el artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores, se dirigen afavorecer la efectividad de los procedimientos de inaplicación salarial cuando la situación y perspectivasde la empresa pudieran verse dañadas como consecuencia de régimen salarial establecido afectando alas posibilidades de mantenimiento del empleo. Para ello, se regule de manera más completa esteprocedimiento y se apela también aquí a la utilización de medios extrajudiciales de solución dediscrepancias.El Gobierno considera que no es posible mantener una regulación legal que conduce a situaciones debloqueo no deseadas por el ordenamiento jurídico para estos casos de desacuerdo y que es esencial, portanto, habilitar un procedimiento para resolver estas discrepancias, teniendo en cuenta el interés generalevidente que conlleva propiciar la aplicación de medidas de flexibilidad interna de carácter no traumáticocomo mecanismo de utilización preferente frente al recurso a la destrucción de puestos de trabajo.Este conjunto de medidas no contradicen la voluntad manifestada por el Gobierno a lo largo de todo esteproceso de diálogo social de respetar el período que se han dado los interlocutores sociales en el Acuerdopara el Empleo y la Negociación Colectiva suscrito el pasado mes de febrero para acordar lasmodificaciones que crean convenientes en la negociación colectiva. Pretenden tan solo, respetando la5articulación legal de los convenios colectivos y manteniendo la eficacia normativa de los mismos,establecer los supuestos y condiciones en los que pueda ser necesaria una inaplicación excepcional de loestablecido en un convenio colectivo como medio para evitar la destrucción de puestos de trabajo. Todoello teniendo bien presente que la negociación colectiva constituye el mejor instrumento para favorecer laadaptabilidad de las empresas a las necesidades cambiantes de la situación económica y para encontrarpuntos de equilibrio entre la flexibilidad requerida por las empresas y la seguridad demandada por lostrabajadores.Junto a lo anterior, este capítulo incluye modificaciones en el ámbito laboral y de protección social quepersiguen fomentar la adopción por el empresario de medidas de reducción del tiempo de trabajo (sea através de la suspensión del contrato de trabajo, sea mediante la reducción de la jornada en sentidoestricto). Se trata de un instrumento que favorece la flexibilidad interna de la relación laboral y que permitealcanzar un equilibrio beneficioso para empresarios y trabajadores, pues facilita el ajuste de la empresa alas necesidades cambiantes del mercado y, al mismo tiempo, proporciona al trabajador un alto grado deseguridad, tanto en la conservación de su puesto de trabajo, como en el mantenimiento de su nivel deingresos económicos por la protección dispensada por el sistema de protección por desempleo. En estesentido, se introduce la medida de reducción temporal de jornada dentro del artículo 47 del Estatuto de losTrabajadores, se flexibiliza el tratamiento de esta figura tanto en el ámbito laboral como en el de laprotección social y se amplían los incentivos para trabajadores y empresarios vinculados a la utilización deesta medida y consistentes, respectivamente, en la reposición de las prestaciones de desempleo y en lasbonificaciones de las cotizaciones empresariales.El Capítulo III agrupa distintas medidas que se dirigen a favorecer el empleo de los jóvenes y de laspersonas desempleadas. Para ello, en primer lugar, se mejora la política de bonificaciones a lacontratación indefinida, partiendo del consenso general (que ha tenido reflejo en las recientesconclusiones de la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados sobre esta materia)de que su práctica generalización ha limitado gravemente su eficiencia. Sobre la base de este diagnóstico,se realiza una regulación más rigurosa y se definen de manera más selectiva los colectivos detrabajadores para cuya contratación indefinida se establecen bonificaciones: jóvenes hasta 30 años conespeciales problemas de empleabilidad y mayores de 45 años con una permanencia prolongada en eldesempleo; junto a ello, se mantienen determinadas bonificaciones para la conversión de contratosformativos y de relevo en contratos indefinidos. Se mejoran, por otra parte, las cuantías de estas nuevasbonificaciones cuando la contratación se haga para mujeres. Se establece, por último, un horizontetemporal para su aplicación, a cuyo término se realizará una rigurosa evaluación de sus resultados, lo quepermitirá su modificación si fuera necesario.Por lo demás, se mantienen en su regulación actual las bonificaciones dirigidas a personas condiscapacidad, constitución inicial de trabajadores autónomos, empresas de inserción, víctimas de violenciade género y, en particular, las que tienen como finalidad mantener la situación de actividad de lostrabajadores mayores de 59 años. Respecto de estas últimas, deberá reflexionarse si estas bonificacionesdeben seguir incardinadas en las políticas de empleo, como ocurre en la actualidad, o deben formar partede las políticas de Seguridad Social.En segundo lugar, respecto del objetivo específico de elevar las oportunidades de empleo de los jóvenes,se introducen mejoras sustanciales en la regulación de los contratos para la formación que, al mismotiempo, incentivan su utilización por los empresarios a través de una bonificación total de las cotizacionessociales y los hacen más atractivos para los jóvenes, a través de la mejora del salario y del reconocimientode la prestación de desempleo al término de los mismos. Se introducen también determinadasmodificaciones respecto del contrato en prácticas, referidas a los títulos que habilitan para realizar estoscontratos y al plazo dentro del cual es posible realizarlos.El Capítulo IV, finalmente, incluye medidas dirigidas a la mejora de los mecanismos de intermediaciónlaboral para fomentar las oportunidades de acceder a un empleo por parte de las personas desempleadas.6Se estima necesario iniciar una apertura a la colaboración público-privada en esta materia, preservando,en cualquier caso, la centralidad y el fortalecimiento de los servicios públicos de empleo de carácterestatal y autonómico, para que no se produzca la sustitución de la iniciativa pública por la iniciativa privadaen el ámbito de la intermediación y la colocación. Los servicios públicos de empleo son siemprenecesarios para acompañar y promover los cambios en el acceso y la mejora del empleo y para gestionarlas prestaciones por desempleo. El Gobierno tiene voluntad de seguir mejorando y potenciando losservicios públicos de empleo. En este contexto, la regulación de las agencias privadas de colocación conánimo de lucro permitirá complementar la actividad de los servicios públicos de empleo.En este sentido, se regula legalmente la actividad de las agencias de colocación con ánimo de lucro en lalínea de las más recientes normas y criterios de la Organización Internacional del Trabajo en esta materia.La centralidad de los servicios públicos de empleo respecto de estas agencias queda asegurada por laexigencia de una autorización administrativa para el desarrollo de su actividad, por la configuración de lasmismas como entidades colaboradoras de dichos servicios públicos cuando suscriban convenios decolaboración con los mismos y, en todo caso, por su sometimiento al control e inspección por parte deéstos.Por otro lado, el real decreto-ley introduce varias modificaciones en la legislación relativa a las empresasde trabajo temporal que se dirigen a la incorporación a nuestro Derecho de la Directiva 2008/104/CE delParlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través de empresasde trabajo temporal. Además de determinadas modificaciones referidas al principio de igualdad de tratoentre los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal y los trabajadores de las empresasusuarias, la adaptación a la legislación comunitaria obliga a revisar las restricciones que se aplican a lasempresas de trabajo temporal. Para aplicar esta medida, se reserva un período para que la negociacióncolectiva, dentro de los sectores hoy excluidos de la actividad de las empresas de trabajo temporal porrazones de seguridad y salud en el trabajo, pueda, de manera razonada y justificada, definir los empleos uocupaciones de especial riesgo que no puedan ser objeto de contratos de puesta a disposición.Una vez concluido este período y respetando las excepciones para empleos u ocupaciones determinadasque hayan podido acordarse, se derogan -con algunas excepciones- las restricciones actualmentevigentes y se establecen requisitos complementarios para que las empresas de trabajo temporal puedanrealizar contratos de puesta a disposición de trabajadores en estos sectores mediante el refuerzo de lasexigencias en materia de prevención de riesgos laborales y de formación preventiva de los trabajadores.IIIEn el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan concurren, por la naturaleza y finalidad delas mismas, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de laConstitución Española como presupuesto habilitante para la aprobación de un real decreto-ley.En primer lugar, los indicadores de coyuntura que se van conociendo apuntan de forma cada vez másnítida a una incipiente salida de la situación recesiva, y, en consecuencia, al inicio de una fase económicacualitativamente diferente de la atravesada en los últimos dos años. Una nueva etapa que, aunque sujetaaún a importantes riesgos e incertidumbres, requiere de medidas diferentes de las adoptadas hasta estemomento, que pongan el acento en sentar las bases de un nuevo modelo de crecimiento más equilibradoy generador de empleo de calidad, algo sobre lo que existe una amplia coincidencia en señalar que sóloresulta posible implementando con urgencia reformas de calado en el ámbito de las relaciones laborales.En segundo lugar, ha de considerarse que todas aquellas medidas que se refieren a grupos específicosde trabajadores o que contienen incentivos para la contratación o para el mantenimiento de los puestos detrabajo han de tener efectividad inmediata, pues la tramitación parlamentaria de una norma con rango deley provocaría graves distorsiones del mercado de trabajo durante el tiempo en que se produjera esatramitación.7En tercer lugar, la situación del empleo, ya expuesta, tampoco permite aplazar la adopción de aquellasmedidas que persiguen animar a los empresarios a contratar nuevos trabajadores, dinamizar el mercadode trabajo fomentando una intermediación laboral más intensa y fortalecer o incentivar mecanismos deflexibilidad interna alternativos a la destrucción de puestos de trabajo.Por otra parte, el modo de incorporación de la Directiva sobre empresas de trabajo temporal, otorgando unplazo a los convenios colectivos para definir ocupaciones con restricciones o limitaciones basadas enrazones de seguridad y salud, obliga a conceder a la negociación colectiva un plazo suficiente para llevara cabo esta tarea con antelación suficiente.Finalmente, debe resaltarse que el real decreto-ley responde en su procedimiento de elaboración almétodo que ha sido habitual en las reformas laborales llevadas a cabo en nuestro país en las últimasdécadas. Así, las medidas incluidas en esta norma han sido objeto de amplio e intenso debate durante losúltimos meses en el marco del diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales másrepresentativas a nivel estatal. En el convencimiento de que el consenso de los interlocutores socialesconstituye la vía más eficaz para introducir cambios sustanciales en el sistema de relaciones laborales, elGobierno ha prorrogado el debate hasta apurar las posibilidades de alcanzar un acuerdo. Sin embargo,agotados los esfuerzos por alcanzarlo, la adopción de las medidas que se consideran necesarias paradinamizar el mercado de trabajo y mantener el empleo existente no puede dilatarse por más tiempo. Entodo caso, el proceso de diálogo social ha servido para conocer las posiciones de las organizacionesempresariales y sindicales respecto de los objetivos de la reforma y de su orientación.En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución española, a propuestadel Ministro de Trabajo e Inmigración, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día16 de junio de 2010,DISPONGO:CAPÍTULO IMedidas para reducir la dualidad y la temporalidad del mercado de trabajoArtículo 1. Contratos temporales.El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo1/1995, de 24 de marzo, queda modificado de la siguiente manera:Uno. La letra a) del apartado 1 del artículo 15 queda redactada del siguiente modo:“a) Cuando se contrate al trabajador para la realización de una obra o servicio determinados, conautonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunquelimitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta. Estos contratos no podrán tener unaduración superior a tres años ampliable hasta doce meses más por convenio colectivo de ámbitosectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior. Transcurridosestos plazos, los trabajadores adquirirán la condición de trabajadores fijos de la empresa.Los convenios colectivos sectoriales estatales y de ámbito inferior, incluidos los convenios deempresa, podrán identificar aquellos trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de la actividadnormal de la empresa que puedan cubrirse con contratos de esta naturaleza.”8Dos. El apartado 5 del artículo 15 queda redactado de la siguiente manera:“5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a), 2 y 3 de este artículo, los trabajadores queen un periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior aveinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajocon la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, seadirectamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con lasmismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condiciónde trabajadores fijos.Lo establecido en el párrafo anterior también será de aplicación cuando se produzcan supuestosde sucesión o subrogación empresarial conforme a lo dispuesto legal o convencionalmente.Atendiendo a las peculiaridades de cada actividad y a las características del puesto de trabajo, lanegociación colectiva establecerá requisitos dirigidos a prevenir la utilización abusiva de contratosde duración determinada con distintos trabajadores para desempeñar el mismo puesto de trabajocubierto anteriormente con contratos de ese carácter, con o sin solución de continuidad, incluidoslos contratos de puesta a disposición realizados con empresas de trabajo temporal.Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la utilización de los contratos formativos, derelevo e interinidad.”Tres. El apartado 9 del artículo 15 queda redactado como sigue:“9. En los supuestos previstos en los apartados 1 a) y 5, el empresario deberá facilitar por escrito altrabajador, en los diez días siguientes al cumplimiento de los plazos indicados, un documentojustificativo sobre su nueva condición de trabajador fijo de la empresa.”Cuatro. El actual apartado 9 del artículo 15 pasa a ser el número 10.Cinco. La letra c) del artículo 49.1 queda redactada de la siguiente manera:“c) Por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato. A lafinalización del contrato, excepto en los casos del contrato de interinidad y de los contratosformativos, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de cuantía equivalente a laparte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar doce días de salario por cada año deservicio, o la establecida, en su caso, en la normativa específica que sea de aplicación.Los contratos de duración determinada que tengan establecido plazo máximo de duración,incluidos los contratos en prácticas y para la formación, concertados por una duración inferior a lamáxima legalmente establecida, se entenderán prorrogados automáticamente hasta dicho plazocuando no medie denuncia o prórroga expresa y el trabajador continúe prestando servicios.Expirada dicha duración máxima o realizada la obra o servicio objeto del contrato, si no hubieradenuncia y se continuara en la prestación laboral, el contrato se considerará prorrogadotácitamente por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal dela prestación.Si el contrato de trabajo de duración determinada es superior a un año, la parte del contrato queformule la denuncia está obligada a notificar a la otra la terminación del mismo con una antelaciónmínima de quince días.”Seis. La disposición adicional decimoquinta queda redactada de la siguiente manera:9"Disposición adicional decimoquinta. Aplicación de los límites de duración del contrato por obra oservicio determinados y al encadenamiento de contratos en las Administraciones públicas.Lo dispuesto en el artículo 15.1.a) en materia de duración máxima del contrato por obra o serviciodeterminados y en el artículo 15.5 sobre límites al encadenamiento de contratos de esta Ley surtiráefectos en el ámbito de las Administraciones públicas y sus organismos autónomos, sin perjuiciode la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso alempleo público, por lo que no será obstáculo para la obligación de proceder a la cobertura de lospuestos de trabajo de que se trate a través de los procedimientos ordinarios, de acuerdo con loestablecido en la normativa aplicable.”Siete. Se añade una disposición transitoria decimotercera, con la siguiente redacción:“Disposición transitoria decimotercera. Indemnización por finalización de contrato temporal.La indemnización prevista a la finalización del contrato temporal establecida en el artículo 49.1 c)de esta Ley se aplicará de modo gradual conforme al siguiente calendario:- Ocho días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se celebrenhasta el 31 de diciembre de 2011.- Nueve días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se celebren apartir del 1 de enero de 2012.- Diez días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se celebren apartir del 1 de enero de 2013.- Once días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se celebren apartir del 1 de enero de 2014.- Doce días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se celebren apartir del 1 de enero de 2015.”Artículo 2. Extinción del contrato de trabajo.Uno. El apartado 1 del artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobadopor Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado en los siguientes términos:“1. A efectos de lo dispuesto en la presente Ley se entenderá por despido colectivo laextinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas ode producción cuando, en un período de noventa días, la extinción afecte al menos a:a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.b) El 10% del número de trabajadores de la empresa en aquéllas que ocupen entre cien ytrescientos trabajadores.c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen trescientos o más trabajadores.10Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa sedesprenda una situación económica negativa. A estos efectos, la empresa tendrá queacreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce mínimamente larazonabilidad de la decisión extintiva.Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, enel ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando seproduzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo delpersonal y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demandade los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. A estosefectos, la empresa deberá acreditar la concurrencia de alguna de las causas señaladas yjustificar que de las mismas se deduce mínimamente la razonabilidad de la decisiónextintiva para contribuir a mejorar la situación de la empresa o a prevenir una evoluciónnegativa de la misma a través de una más adecuada organización de los recursos, quefavorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigenciasde la demanda.Se entenderá igualmente como despido colectivo la extinción de los contratos de trabajoque afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número detrabajadores afectados sea superior a cinco, cuando aquél se produzca comoconsecuencia de la cesación total de su actividad empresarial fundada en las mismascausas anteriormente señaladas.Para el cómputo del número de extinciones de contratos a que se refiere el párrafo primerode este artículo, se tendrán en cuenta asimismo cualesquiera otras producidas en elperíodo de referencia por iniciativa del empresario en virtud de otros motivos no inherentesa la persona del trabajador distintos de los previstos en el párrafo c) del apartado 1 delartículo 49 de esta Ley, siempre que su número sea, al menos, de cinco.Cuando en períodos sucesivos de noventa días y con el objeto de eludir las previsiones contenidasen el presente artículo, la empresa realice extinciones de contratos al amparo de lo dispuesto en elartículo 52.c) de esta Ley en un número inferior a los umbrales señalados, y sin que concurrancausas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas extinciones se considerarán efectuadasen fraude de ley, y serán declaradas nulas y sin efecto.”Dos. El apartado 6 del artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobadopor Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda modificado de la siguiente manera:“6. Cuando el período de consultas concluya sin acuerdo, la autoridad laboral dictará resoluciónestimando o desestimando, en todo o en parte, la solicitud empresarial. La resolución se dictará enel plazo de quince días naturales a partir de la comunicación a la autoridad laboral de la conclusióndel período de consultas; si transcurrido dicho plazo no hubiera recaído pronunciamiento expreso,se entenderá autorizada la medida extintiva en los términos de la solicitud.La resolución de la autoridad laboral será motivada y congruente con la solicitud empresarial. Laautorización procederá cuando de la documentación obrante en el expediente se desprenda queconcurre la causa alegada por el empresario y la razonabilidad de la medida en los términosseñalados en el apartado 1 de este artículo.”11Tres. La letra c) del artículo 52 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobadopor Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactada en estos términos:“c) Cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 de esta Ley y la extinciónafecte a un número inferior al establecido en el mismo.Los representantes de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa en elsupuesto al que se refiere este apartado.”Cuatro. La letra c) del apartado 1 del artículo 53 del texto refundido de la Ley del Estatuto de losTrabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactada en lossiguientes términos:“c) Concesión de un plazo de preaviso de quince días, computado desde la entrega de lacomunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo. En el supuestocontemplado en el artículo 52.c), del escrito de preaviso se dará copia a la representación legal delos trabajadores para su conocimiento.”Cinco. El apartado 4 del artículo 53 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado en los siguientestérminos:“4. Cuando la decisión extintiva del empresario tuviera como móvil algunas de las causas dediscriminación prohibidas en la Constitución o en la Ley o bien se hubiera producido con violaciónde derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, la decisión extintiva será nula,debiendo la autoridad judicial hacer tal declaración de oficio.Será también nula la decisión extintiva en los siguientes supuestos:a) La de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de trabajo por maternidad,riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, enfermedades causadas porembarazo, parto o lactancia natural, adopción o acogimiento o paternidad al que se refiere la letra ddel apartado 1 del artículo 45, o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedidofinalice dentro de dicho periodo.b) La de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzodel periodo de suspensión a que se refiere la letra a), y la de los trabajadores que hayan solicitadouno de los permisos a los que se refieren los apartados 4, 4.bis y 5 del artículo 37, o esténdisfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en el apartado 3del artículo 46; y la de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de losderechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambiode centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral en los términos y condicionesreconocidos en esta Ley.c) La de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los periodos desuspensión del contrato por maternidad, adopción o acogimiento o paternidad, siempre que nohubieran transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o acogimientodel hijo.Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos casos, se declare laprocedencia de la decisión extintiva por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejerciciodel derecho a los permisos y excedencia señalados.12La decisión extintiva se considerará improcedente cuando no se acredite la concurrencia de lacausa en que se fundamentó la decisión extintiva o cuando no se hubieren cumplido los requisitosestablecidos en el apartado 1 de este artículo.No obstante, la no concesión del preaviso o el error excusable en el cálculo de la indemnización nodeterminará la improcedencia del despido, sin perjuicio de la obligación del empresario de abonarlos salarios correspondientes a dicho período o al pago de la indemnización en la cuantía correcta,con independencia de los demás efectos que procedan.”Seis. El apartado 2 del artículo 122 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado porReal Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, queda redactado en los siguientes términos:“2. La decisión extintiva será nula cuando:a) Resulte discriminatoria o contraria a los derechos fundamentales y libertades públicas deltrabajador.b) Se haya efectuado en fraude de Ley eludiendo las normas establecidas por los despidoscolectivos, en los casos a que se refiere el último párrafo del artículo 51.1 del texto refundido de laLey del Estatuto de los Trabajadores.c) La de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de trabajo por maternidad,riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, enfermedades causadas porembarazo, parto o lactancia natural, adopción o acogimiento o paternidad al que se refiere la letrad) del apartado 1 del artículo 45 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, oel notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dicho período.d) La de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzodel período de suspensión a que se refiere la letra c), y la de los trabajadores que hayan solicitadouno de los permisos a los que se refieren los apartados 4, 4.bis y 5 del artículo 37 del Estatuto delos Trabajadores, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la excedenciaprevista en el apartado 3 del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores; y la de las trabajadorasvíctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de sutiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de larelación laboral, en los términos y condiciones reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores.e) La de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los períodos desuspensión del contrato por maternidad, adopción o acogimiento o paternidad, siempre que nohubieran transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o acogimientodel hijo.Lo establecido en las letras c), d) y e) será de aplicación, salvo que, en esos casos, se declare laprocedencia de la decisión extintiva por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejerciciodel derecho a los permisos y excedencias señalados.”Siete. El apartado 3 del artículo 122 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado porReal Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, queda redactado en los siguientes términos:“3. La decisión extintiva se calificará de improcedente cuando no se hubieren cumplido losrequisitos establecidos en el artículo 53.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de losTrabajadores.No obstante, la no concesión del preaviso o el error excusable en el cálculo de la indemnización no13determinará la improcedencia del despido, sin perjuicio de la obligación del empresario de abonarlos salarios correspondientes a dicho período o al pago de la indemnización en la cuantía correcta,con independencia de los demás efectos que procedan.”Artículo 3. Contrato de fomento de la contratación indefinida.La disposición adicional primera de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma delmercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, queda modificada comosigue:“Disposición adicional primera. Contrato para el fomento de la contratación indefinida.1. Con objeto de facilitar la colocación estable de trabajadores desempleados y de empleadossujetos a contratos temporales, podrá concertarse el contrato de trabajo para el fomento de lacontratación indefinida que se regula en esta disposición, en las condiciones previstas en la misma.2. El contrato podrá concertarse con trabajadores incluidos en uno de los grupos siguientes:a) Trabajadores desempleados inscritos en la oficina de empleo en quienes concurra alguna de lassiguientes condiciones:Jóvenes desde dieciséis hasta treinta años de edad, ambos inclusive.Mujeres desempleadas cuando se contraten para prestar servicios en profesiones uocupaciones con menor índice de empleo femenino.Mayores de cuarenta y cinco años de edad.Personas con discapacidad.Parados que lleven, al menos, tres meses inscritos ininterrumpidamente comodemandantes de empleo.Desempleados que, durante los dos años anteriores a la celebración del contrato, hubieranestado contratados exclusivamente mediante contratos de carácter temporal, incluidos loscontratos formativos.Desempleados a quienes, durante los dos años anteriores a la celebración del contrato, seles hubiera extinguido un contrato de carácter indefinido en una empresa diferente.b) Trabajadores que estuvieran empleados en la misma empresa mediante un contrato de duracióndeterminada o temporal, incluidos los contratos formativos, celebrados con anterioridad al 18 dejunio de 2010, a quienes se les transforme dicho contrato en un contrato de fomento de lacontratación indefinida con anterioridad al 31 de diciembre de 2010.c) Trabajadores que estuvieran empleados en la misma empresa mediante un contrato de duracióndeterminada o temporal, incluidos los contratos formativos, celebrados a partir del 18 de junio de2010. Estos contratos podrán ser transformados en un contrato de fomento de la contrataciónindefinida con anterioridad al 31 de diciembre de 2011 siempre que la duración de los mismos nohaya excedido de seis meses. Esta duración máxima no será de aplicación a los contratosformativos.143. El contrato se concertará por tiempo indefinido y se formalizará por escrito, en el modelo que seestablezca.El régimen jurídico del contrato y los derechos y obligaciones que de él se deriven se regirán, concarácter general, por lo dispuesto en la Ley y en los convenios colectivos para los contratos portiempo indefinido, con la única excepción de lo dispuesto en los apartados siguientes.4. Cuando el contrato se extinga por causas objetivas y la extinción sea declarada judicialmenteimprocedente o reconocida como tal por el empresario, la cuantía de la indemnización a la que serefiere el artículo 53.5 del Estatuto de los Trabajadores, en su remisión a los efectos del despidodisciplinario previstos en el artículo 56 del mismo texto legal, será de treinta y tres días de salariopor año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y hastaun máximo de veinticuatro mensualidades.Si se procediera según lo dispuesto en el artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores, elempresario deberá depositar en el Juzgado de lo Social la diferencia entre la indemnización yapercibida por el trabajador según el artículo 53.1.b) de la misma Ley y la señalada en el párrafoanterior.5. No podrá concertar el contrato para el fomento de la contratación indefinida al que se refiere lapresente disposición la empresa que en los seis meses anteriores a la celebración del contrato,hubiera extinguido contratos de trabajo por despido reconocido o declarado como improcedente opor despido colectivo. En ambos supuestos, la limitación afectará únicamente a la cobertura deaquellos puestos de trabajo de la misma categoría o grupo profesional que los afectados por laextinción o despido y para el mismo centro o centros de trabajo.Esta limitación no será de aplicación cuando las extinciones de contratos se hayan producido conanterioridad al 18 de junio de 2010 ni cuando, en el supuesto de despido colectivo, la realizaciónde los contratos a los que se refiere la presente disposición haya sido acordada con losrepresentantes de los trabajadores en el período de consultas previsto en el artículo 51.4 delEstatuto de los Trabajadores.6. El Gobierno, previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales másrepresentativas, procederá a la evaluación de la eficacia de esta disposición y sus efectos en laevolución de la contratación indefinida. Esta evaluación se realizará con anterioridad al 31 dediciembre de 2012.”CAPÍTULO IIMedidas para favorecer la flexibilidad interna negociada en las empresas y para fomentar el uso de lareducción de jornada como instrumento de ajuste temporal de empleoArtículo 4. Movilidad geográfica.El apartado 2 del artículo 40 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado porReal Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado en los siguientes términos:“2. El traslado a que se refiere el apartado anterior deberá ir precedido de un período de consultascon los representantes legales de los trabajadores de una duración no superior a quince díasimprorrogables, cuando afecte a la totalidad del centro de trabajo, siempre que éste ocupe a másde cinco trabajadores, o cuando, sin afectar a la totalidad del centro de trabajo, en un período denoventa días comprenda a un número de trabajadores de, al menos:15a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.b) El 10 por 100 del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien ytrescientos trabajadores.c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen trescientos o más trabajadores.Dicho período de consultas deberá versar sobre las causas motivadoras de la decisión empresarialy la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias paraatenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados.La apertura del período de consultas y las posiciones de las partes tras su conclusión deberán sernotificadas a la autoridad laboral para su conocimiento.Durante el período de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a laconsecución de un acuerdo.Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los miembros del comité o comités deempresa, de los delegados de personal, en su caso, o de representaciones sindicales, si lashubiere, que, en su conjunto, representen a la mayoría de aquéllos.En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, lostrabajadores podrán atribuir su representación para la negociación del acuerdo con la empresa auna comisión de un máximo de tres miembros integrada, según su representatividad, por lossindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresadesignados por la Comisión paritaria del convenio colectivo aplicable a ésta; sus acuerdosrequerirán el voto favorable de la mayoría de sus miembros. La designación deberá realizarse enun plazo de cinco días a contar desde el inicio del periodo de consultas, sin que la falta dedesignación pueda suponer la paralización del mismo. En ese caso, el empresario podrá atribuir surepresentación a las organizaciones empresariales del sector.Tras la finalización del período de consultas el empresario notificará a los trabajadores su decisiónsobre el traslado, que se regirá a todos los efectos por lo dispuesto en el apartado 1 de esteartículo.No obstante lo señalado en el párrafo anterior, la autoridad laboral, a la vista de las posiciones delas partes y siempre que las consecuencias económicas o sociales de la medida así lo justifiquen,podrá ordenar la ampliación del plazo de incorporación a que se refiere el apartado 1 de esteartículo y la consiguiente paralización de la efectividad del traslado por un período de tiempo que,en ningún caso, podrá ser superior a seis meses.Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado se podrá reclamar en conflictocolectivo, sin perjuicio de la acción individual prevista en el apartado 1 de este artículo. Lainterposición del conflicto paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas, hasta suresolución.El acuerdo con los representantes legales de los trabajadores en el período de consultas seentenderá sin perjuicio del derecho de los trabajadores afectados al ejercicio de la opción previstaen el párrafo cuarto del apartado 1 de este artículo.El empresario y la representación legal de los trabajadores podrán acordar en cualquier momentola sustitución del periodo de consultas a que se refiere este apartado por la aplicación del16procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, quedeberá desarrollarse dentro del plazo máximo improrrogable señalado para dicho periodo.”Artículo 5. Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.El artículo 41 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real DecretoLegislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado como sigue:“Artículo 41. Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo.1. La dirección de la empresa, cuando existan probadas razones económicas, técnicas,organizativas o de producción, podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones detrabajo. Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo,entre otras, las que afecten a las siguientes materias:a) Jornada de trabajo.b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.c) Régimen de trabajo a turnos.d) Sistema de remuneración.e) Sistema de trabajo y rendimiento.f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39de esta Ley.Se entenderá que concurren las causas a que se refiere este artículo cuando la adopción de lasmedidas propuestas contribuya a mejorar la situación de la empresa a través de una másadecuada organización de sus recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado ouna mejor respuesta a las exigencias de la demanda.2. Se considera de carácter individual la modificación de aquellas condiciones de trabajo de quedisfrutan los trabajadores a título individual.Se considera de carácter colectivo la modificación de aquellas condiciones reconocidas a lostrabajadores en virtud de acuerdo o pacto colectivo o disfrutadas por éstos en virtud de unadecisión unilateral del empresario de efectos colectivos.No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no se considerarán en ningún caso de caráctercolectivo a los efectos de lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo las modificacionesfuncionales y de horario de trabajo que afecten, en un período de noventa días, a un número detrabajadores inferior a:a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.b) El 10 por 100 del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien ytrescientos trabajadores.c) Treinta trabajadores, en las empresas que ocupen trescientos o más trabajadores.3. La decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual deberá17ser notificada por el empresario al trabajador afectado y a sus representantes legales con unaantelación mínima de treinta días a la fecha de su efectividad.En los supuestos previstos en los párrafos a), b) y c) del apartado 1 de este artículo, y sinperjuicio de lo dispuesto en el artículo 50 1. a), si el trabajador resultase perjudicado por lamodificación sustancial tendrá derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización deveinte días de salario por año de servicio prorrateándose por meses los períodos inferiores a unaño y con un máximo de nueve meses.Sin perjuicio de la ejecutividad de la modificación en el plazo de efectividad anteriormente citado,el trabajador que no habiendo optado por la rescisión de su contrato se muestre disconforme conla decisión empresarial podrá impugnarla ante la jurisdicción competente. La sentencia declararála modificación justificada o injustificada y, en este último caso, reconocerá el derecho deltrabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones.Cuando con objeto de eludir las previsiones contenidas en el apartado siguiente de este artículo,la empresa realice modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo en períodossucesivos de noventa días en número inferior a los umbrales a que se refiere el último párrafo delapartado 2, sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevasmodificaciones se considerarán efectuadas en fraude de ley y serán declaradas nulas y sinefecto.4. La decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo deberáir precedida en todos los casos de un período de consultas con los representantes legales de lostrabajadores de duración no superior a quince días improrrogables, que versará sobre las causasmotivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así comosobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados.Durante el período de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a laconsecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de losmiembros del comité o comités de empresa, de los delegados de personal, en su caso, o derepresentaciones sindicales, si las hubiere, que, en su conjunto, representen a la mayoría deaquéllos.En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, lostrabajadores podrán atribuir su representación para la negociación del acuerdo con la empresa auna comisión de un máximo de tres miembros integrada, según su representatividad, por lossindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresadesignados por la Comisión paritaria del convenio colectivo aplicable a ésta; sus acuerdosrequerirán el voto favorable de la mayoría de sus miembros. La designación deberá realizarse enun plazo de cinco días a contar desde el inicio del periodo de consultas, sin que la falta dedesignación pueda suponer la paralización del mismo. En ese caso, el empresario podrá atribuirsu representación a las organizaciones empresariales del sector.El empresario y la representación legal de los trabajadores podrán acordar en cualquier momentola sustitución del periodo de consultas por la aplicación del procedimiento de mediación oarbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que deberán desarrollarse dentro delplazo máximo improrrogable señalado para dicho periodo.5. Cuando la modificación colectiva se refiera a condiciones de trabajo reconocidas a lostrabajadores en virtud de acuerdo o pacto colectivo o disfrutadas por éstos en virtud de unadecisión unilateral del empresario de efectos colectivos, una vez finalizado el período deconsultas sin acuerdo, el empresario notificará a los trabajadores su decisión sobre la18modificación, que surtirá efectos transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 3 de esteartículo.Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado se podrá reclamar en conflictocolectivo, sin perjuicio de la acción individual prevista en el apartado 3 de este artículo. Lainterposición del conflicto paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas hasta suresolución.El acuerdo con los representantes legales de los trabajadores en el período de consultas seentenderá sin perjuicio del derecho de los trabajadores afectados a ejercitar la opción prevista enel párrafo segundo del apartado 3 de este artículo.6. La modificación de las condiciones establecidas en los convenios colectivos regulados en elTítulo III de la presente Ley, sean éstos de sector o empresariales, se podrá efectuar en todomomento por acuerdo entre la empresa y los representantes legales o sindicales de lostrabajadores, en cuyo caso se entenderá que concurren las causas justificativas a que alude elapartado 1. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los miembros del comité ocomités de empresa, de los delegados de personal en su caso o de las representacionessindicales que, en su conjunto, representen a la mayoría de aquéllos.En caso de desacuerdo entre las partes, será necesario acudir a los procedimientos demediación establecidos al efecto por medio de convenio colectivo o acuerdo interprofesional. Losconvenios y acuerdos interprofesionales podrán establecer el compromiso previo de someterse aun arbitraje vinculante para los casos de ausencia de avenencia en la mediación, en cuyo caso ellaudo arbitral tendrá la misma eficacia que los acuerdos en periodo de consultas y sólo serárecurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91 deesta Ley.En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, lostrabajadores podrán atribuir su representación para la negociación del acuerdo con la empresasegún lo previsto en el apartado 4.La modificación solo podrá referirse a las materias señaladas en los párrafos b), c), d) y e) delapartado 1 y deberá tener un plazo máximo de vigencia que no podrá exceder de la vigenciatemporal del convenio colectivo cuya modificación se pretenda.7. En materia de traslados se estará a lo dispuesto en las normas específicas establecidas en elartículo 40 de esta Ley.”19Artículo 6. Contenido de los convenios colectivos.Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 82 del texto refundido de la Ley del Estatuto de losTrabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, quedando redactado en lossiguientes términos:“3. Los convenios colectivos regulados por esta Ley obligan a todos los empresarios y trabajadoresincluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia.Sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadoreslegitimados para negociar un convenio colectivo conforme a lo previsto en esta Ley, se podráproceder, previo desarrollo de un periodo de consultas en los términos del artículo 41.4, a inaplicarel régimen salarial previsto en los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa, cuando lasituación y perspectivas económicas de ésta pudieran verse dañadas como consecuencia de talaplicación, afectando a las posibilidades de mantenimiento del empleo en la misma.El acuerdo de inaplicación deberá determinar con exactitud la retribución a percibir por lostrabajadores de dicha empresa, estableciendo, en su caso y en atención a la desaparición de lascausas que lo determinaron, una programación de la progresiva convergencia hacia larecuperación de las condiciones salariales establecidas en el convenio colectivo de ámbito superiora la empresa que le sea de aplicación, sin que en ningún caso dicha inaplicación pueda superar elperíodo de vigencia del convenio o, en su caso, los tres años de duración.En caso de desacuerdo entre las partes, será necesario acudir a los procedimientos de mediaciónestablecidos al efecto por medio de convenios o acuerdos interprofesionales. Los convenios oacuerdos interprofesionales podrán establecer el compromiso previo de someterse a un arbitrajevinculante para los casos de ausencia de avenencia en la mediación, en cuyo caso el laudo arbitraltendrá la misma eficacia que los acuerdos en periodo de consultas y sólo será recurrible conformeal procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91 de esta Ley.En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, lostrabajadores podrá atribuir su representación para la celebración de este acuerdo de empresa auna comisión integrada por un máximo de tres miembros integrada, según su representatividad,por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa;sus acuerdos requerirán el voto favorable de la mayoría de sus miembros. La designación deberárealizarse en un plazo de cinco días a contar desde el inicio del periodo de consultas, sin que lafalta de designación pueda suponer la paralización del mismo. En ese caso, el empresario podráatribuir su representación a las organizaciones empresariales del sector.Dos. La letra c) del apartado 3 del artículo 85 del texto refundido de la Ley del Estatuto de losTrabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactada de lasiguiente manera:“c) Procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir en lanegociación para la no aplicación del régimen salarial a que se refiere el artículo 82.3.”20Artículo 7. Suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativaso de producción.El artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real DecretoLegislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda modificado como sigue:“Artículo 47. Suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas,organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor.1. El contrato de trabajo podrá ser suspendido a iniciativa del empresario por causas económicas,técnicas, organizativas o de producción, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 51de esta Ley y en sus normas de desarrollo, con las siguientes especialidades:a) El procedimiento será aplicable cualquiera que sea el número de trabajadores de la empresa ydel número de afectados por la suspensión.b) El plazo a que se refiere el artículo 51.4, relativo a la duración del período de consultas, sereducirá a la mitad y la documentación será la estrictamente necesaria en los términos quereglamentariamente se determinen.c) La autorización de esta medida procederá cuando de la documentación obrante en el expedientese desprenda razonablemente que tal medida temporal es necesaria para la superación de unasituación de carácter coyuntural de la actividad de la empresa.d) La autorización de la medida no generará derecho a indemnización alguna.2. La jornada de trabajo podrá reducirse por causas económicas, técnicas, organizativas o deproducción con arreglo al procedimiento previsto en el apartado anterior. A estos efectos, seentenderá por reducción de jornada la disminución temporal de entre un 10 y un 70 por ciento de lajornada de trabajo computada sobre la base de una jornada diaria, semanal, mensual o anual.3. Igualmente, el contrato de trabajo podrá ser suspendido por causa derivada de fuerza mayor conarreglo al procedimiento establecido en el artículo 51.12 de esta Ley y normas reglamentarias dedesarrollo.”Artículo 8. Protección por desempleo y reducción de jornada.El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo1/1994, de 20 de junio, queda modificado de la siguiente manera:Uno. El apartado 2 del artículo 203 queda modificado en los siguientes términos:“2. El desempleo será total cuando el trabajador cese, con carácter temporal o definitivo, en laactividad que venía desarrollando y sea privado, consiguientemente, de su salario.A estos efectos, se entenderá por desempleo total el cese total del trabajador en la actividad pordías completos, continuados o alternos, durante, al menos, una jornada ordinaria de trabajo, envirtud de suspensión de contrato o reducción de jornada autorizada por la autoridad competente.”Dos. El apartado 3 del artículo 203 queda redactado del modo siguiente:“3. El desempleo será parcial cuando el trabajador vea reducida temporalmente su jornada diaria21ordinaria de trabajo, entre un mínimo de un 10 y un máximo de un 70 por ciento, siempre que elsalario sea objeto de análoga reducción.A estos efectos, se entenderá por reducción temporal de la jornada diaria ordinaria aquella que seautorice por un período de regulación de empleo, sin que estén comprendidas las reducciones dejornadas definitivas o que se extiendan a todo el período que resta de la vigencia del contrato detrabajo”.Tres. El apartado 1.3 del artículo 208 queda modificado en los siguientes términos:“3) Cuando se reduzca temporalmente la jornada ordinaria diaria de trabajo, en virtud deexpediente de regulación de empleo en los términos del artículo 203.3.”Artículo 9. Medidas de apoyo a la reducción de jornada.La Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleoy la protección de las personas desempleadas, queda modificada como sigue:Uno. Se adiciona un nuevo apartado 2.bis al artículo 1, del tenor siguiente:“2.bis. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, el derecho a la bonificación del 50por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes,considerado en el apartado 1 anterior, será ampliado hasta el 80 por ciento, cuando la empresa, enlos procedimientos de regulación de empleo que hayan concluido con acuerdo, incluya medidaspara reducir los efectos de la regulación temporal de empleo entre los trabajadores afectados, talescomo acciones formativas durante el período de suspensión de contratos o de reducción dejornada cuyo objetivo sea aumentar la polivalencia del trabajador o incrementar su empleabilidad, ocualquier otra medida alternativa o complementaria dirigida a favorecer el mantenimiento delempleo en la empresa. Todo ello con los límites y las condiciones establecidos en los apartadosanteriores”.Dos. El apartado 1 del artículo 3 queda redactado en los siguientes términos:“1. Cuando se autorice a una empresa, en virtud de uno o varios expedientes de regulación deempleo o procedimientos concursales, a suspender los contratos de trabajo, de forma continuada ono, o a reducir el número de días u horas de trabajo, y posteriormente se autorice por resoluciónadministrativa en expediente de regulación de empleo o por resolución judicial en procedimientoconcursal la extinción de los contratos, o se extinga el contrato al amparo del artículo 52.c delEstatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24de marzo, los trabajadores afectados tendrán derecho a la reposición de la duración de laprestación por desempleo de nivel contributivo por el mismo número de días que hubieranpercibido el desempleo total o parcial en virtud de aquellas autorizaciones con un límite máximo de180 días, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:a) Que las resoluciones administrativas o judiciales que autoricen las suspensiones o reduccionesde jornada se hayan producido entre el 1 de octubre de 2008 y el 31 de diciembre de 2011, ambosinclusive;b) Que el despido o la resolución administrativa o judicial que autorice la extinción se produzcaentre el 18 de junio de 2010 y el 31 de diciembre de 2012.”22CAPÍTULO IIIMedidas para favorecer el empleo de los jóvenes y de las personas desempleadasArtículo 10. Bonificaciones de cuotas por la contratación indefinida.1. Las empresas que contraten, hasta el 31 de diciembre de 2011, de forma indefinida a trabajadoresdesempleados entre 16 y 30 años, ambos inclusive, con especiales problemas de empleabilidad, inscritosen la Oficina de Empleo, tendrán derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la SeguridadSocial, de 800 euros durante tres años o, en su caso, por su equivalente diario.A estos efectos, se considerará que tienen especiales problemas de empleabilidad a aquellos jóvenes quelleven inscritos como desempleados al menos doce meses y que no hayan completado la escolaridadobligatoria o carezcan de titulación profesional.Cuando estos contratos se realicen con mujeres, las bonificaciones indicadas serán de 1.000 euros o suequivalente diario.2. Las empresas que contraten, hasta el 31 de diciembre de 2011, de forma indefinida a trabajadoresdesempleados mayores de 45 años, inscritos en la Oficina de Empleo durante al menos doce meses,tendrán derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social, de 1.200 euros durantetres años o, en su caso, por su equivalente diario.Si estos contratos se conciertan con mujeres, las bonificaciones indicadas serán de 1.400 euros o suequivalente diario.3. Las empresas que, hasta el 31 de diciembre de 2011, transformen en indefinidos contratos formativos,de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación, cualquiera que sea la fecha de sucelebración, tendrán derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 500euros durante tres años o, en su caso, por su equivalente diario.En el caso de mujeres, dichas bonificaciones serán de 700 euros o, en su caso, por su equivalente diario.4. Será requisito imprescindible para que puedan aplicarse las bonificaciones establecidas en este artículoque las nuevas contrataciones o transformaciones, salvo las referidas a contratos de relevo, supongan unincremento del nivel de empleo fijo de la empresa.Para calcular dicho incremento, se tomará como referencia el promedio diario de trabajadores concontratos indefinidos en el periodo de los noventa días anteriores a la nueva contratación otransformación, calculado como el cociente que resulte de dividir entre noventa el sumatorio de loscontratos indefinidos que estuvieran en alta en la empresa en cada uno de los noventa díasinmediatamente anteriores a la nueva contratación o transformación. Se excluirán del cómputo loscontratos indefinidos que se hubieran extinguido en dicho periodo por despido disciplinario declaradocomo procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidezdel trabajador, o durante el periodo de prueba.5. Las empresas que se acojan a estas bonificaciones estarán obligadas a mantener, durante el periodode duración de la bonificación, el nivel de empleo fijo alcanzado con la contratación indefinida otransformación bonificada.23No se considerará incumplida dicha obligación si se producen extinciones de contratos indefinidos endicho periodo por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación oincapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador, o durante el periodo de prueba.En el supuesto de producirse extinciones de contratos indefinidos por otras causas y cuando ello supongadisminución del empleo fijo, las empresas estarán obligadas a cubrir dichas vacantes en el mes siguientea que se produzcan mediante la contratación de nuevos trabajadores con contrato indefinido o latransformación de contratos temporales o formativos en indefinidos, con la misma jornada de trabajo, almenos, que tuviera el trabajador cuyo contrato indefinido se hubiera extinguido, en los términos que seestablezcan reglamentariamente.El incumplimiento por parte de las empresas de las obligaciones establecidas en este apartado dará lugaral reintegro de las bonificaciones, de acuerdo con lo dispuesto reglamentariamente.6. En lo no previsto en esta disposición, será de aplicación lo establecido en la Sección 1ª del Capítulo I yen la disposición adicional tercera de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, salvo lo dispuesto en materia deexclusiones en su artículo 6.2.7. Los trabajadores contratados al amparo de este artículo serán objetivo prioritario en los planes deformación para personas ocupadas dentro de los programas de formación profesional para el empleo, asícomo de cualquier otra medida de política activa de empleo, al objeto de incrementar su cualificaciónprofesional.Artículo 11. Bonificaciones de cuotas en los contratos para la formación.1. Las empresas que, a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el 31 de diciembre de2011, celebren contratos para la formación con trabajadores desempleados e inscritos en la oficina deempleo tendrán derecho, durante toda la vigencia del contrato, incluidas las prórrogas, a una bonificacióndel cien por cien de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así comolas correspondientes a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, desempleo, fondo de garantíasalarial y formación profesional, correspondientes a dichos contratos.Asimismo, en los contratos para la formación celebrados o prorrogados según lo dispuesto en el párrafoanterior, se bonificará el cien por cien de las cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social durante todala vigencia del contrato, incluidas sus prórrogas.Las bonificaciones en este artículo serán aplicables asimismo a los contratos para la formaciónconcertados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley que sean prorrogados entredicha fecha y el 31 de diciembre de 2011, durante la vigencia de dichas prórrogas.2. Para tener derecho a los incentivos establecidos en el párrafo primero del apartado anterior, el contratopara la formación deberá suponer incremento de la plantilla de la empresa. Para el cómputo de dichoincremento, se aplicará lo establecido en el párrafo segundo del artículo 10.4 de este real decreto-ley.3. En lo no previsto en esta disposición, será de aplicación lo establecido en la Sección 1ª del Capítulo I yen la disposición adicional tercera de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, salvo lo dispuesto en materia deexclusiones en su artículo 6.2.4. Los trabajadores contratados al amparo de este artículo serán objetivo prioritario en los planes deformación para personas ocupadas dentro de los programas de formación profesional para el empleo, asícomo de cualquier otra medida de política activa de empleo, al objeto de incrementar su cualificaciónprofesional.24Artículo 12. Contratos formativos.Uno. El apartado 1 del artículo 11 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobadopor Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, se modifica en los siguientes términos:“1. El contrato de trabajo en prácticas podrá concertarse con quienes estuvieren en posesión detítulo universitario o de formación profesional de grado medio o superior o títulos oficialmentereconocidos como equivalentes, de acuerdo con las leyes reguladoras del sistema educativovigente, o de certificado de profesionalidad de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002,de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que habiliten para el ejercicioprofesional, dentro de los cinco años, o de seis años cuando el contrato se concierte con untrabajador con discapacidad, siguientes a la terminación de los correspondientes estudios, deacuerdo con las siguientes reglas:a) El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel deestudios o de formación cursados. Mediante convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en sudefecto, en los convenios colectivos sectoriales de ámbito inferior, se podrán determinar lospuestos de trabajo, grupos, niveles o categorías profesionales objeto de este contrato.b) La duración del contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años, dentro decuyos límites los convenios colectivos de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, los convenioscolectivos sectoriales de ámbito inferior podrán determinar la duración del contrato, atendiendo alas características del sector y de las prácticas a realizar.c) Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta empresa por tiemposuperior a dos años en virtud de la misma titulación o certificado de profesionalidad.Tampoco se podrá estar contratado en prácticas en la misma empresa para el mismo puesto detrabajo por tiempo superior a dos años, aunque se trate de distinta titulación o distinto certificado deprofesionalidad.A los efectos de este artículo, los títulos de grado y de máster correspondientes a los estudiosuniversitarios no se considerarán la misma titulación.No se podrá concertar un contrato en prácticas en base a un certificado de profesionalidadobtenido como consecuencia de un contrato para la formación celebrado anteriormente con lamisma empresa.d) Salvo lo dispuesto en convenio colectivo, el período de prueba no podrá ser superior a un mespara los contratos en prácticas celebrados con trabajadores que estén en posesión de título degrado medio o de certificado de profesionalidad de nivel 1 o 2, ni a dos meses para los contratos enprácticas celebrados con trabajadores que están en posesión de título de grado superior o decertificado de profesionalidad de nivel 3.e) La retribución del trabajador será la fijada en convenio colectivo para los trabajadores enprácticas, sin que, en su defecto, pueda ser inferior al 60 o al 75 por 100 durante el primero o elsegundo año de vigencia del contrato, respectivamente, del salario fijado en convenio para untrabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo.f) Si al término del contrato el trabajador continuase en la empresa no podrá concertarse un nuevoperíodo de prueba, computándose la duración de las prácticas a efecto de antigüedad en laempresa.”25Dos. El apartado 2 del artículo 11 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobadopor Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado como sigue:“2. El contrato para la formación tendrá por objeto la adquisición de la formación teórica y prácticanecesaria para el desempeño adecuado de un oficio o de un puesto de trabajo que requiera undeterminado nivel de cualificación, y se regirá por las siguientes reglas:a) Se podrá celebrar con trabajadores mayores de dieciséis años y menores de veintiún años quecarezcan de la titulación o del certificado de profesionalidad requerido para realizar un contrato enprácticas.El límite máximo de edad será de veinticuatro años cuando el contrato se concierte condesempleados que se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas de escuelas taller ycasas de oficios.El límite máximo de edad no será de aplicación cuando el contrato se concierte con desempleadosque se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas de talleres de empleo o se trate depersonas con discapacidad.b) Mediante convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, en los convenioscolectivos sectoriales de ámbito inferior, se podrá establecer, en función del tamaño de la plantilla,el número máximo de contratos a realizar, así como los puestos de trabajo objeto de este contrato.Asimismo, los convenios colectivos de empresa podrán establecer el número máximo de contratosa realizar en función del tamaño de la plantilla, en el supuesto de que exista un plan formativo deempresa.Si los convenios colectivos a que se refieren los párrafos anteriores no determinasen el númeromáximo de contratos que cada empresa puede realizar en función de su plantilla, dicho númeroserá el determinado reglamentariamente.c) La duración mínima del contrato será de seis meses y la máxima de dos años. Medianteconvenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, en los convenios colectivossectoriales de ámbito inferior, se podrá establecer otras duraciones atendiendo a las característicasdel oficio o puesto de trabajo a desempeñar y a los requerimientos formativos del mismo, sin que,en ningún caso, la duración mínima pueda ser inferior a seis meses ni la máxima superior a tresaños, o a cuatro años cuando el contrato se concierte con una persona con discapacidad, teniendoen cuenta el tipo o grado de discapacidad y las características del proceso formativo a realizar.d) Expirada la duración máxima del contrato para la formación, el trabajador no podrá sercontratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa.No se podrán celebrar contratos para la formación que tengan por objeto la cualificación para unpuesto de trabajo que haya sido desempeñado con anterioridad por el trabajador en la mismaempresa por tiempo superior a doce meses.e) El tiempo dedicado a la formación teórica dependerá de las características del oficio o puesto detrabajo a desempeñar y del número de horas establecido para el módulo formativo adecuado adicho puesto u oficio, sin que, en ningún caso, pueda ser inferior al 15 por 100 de la jornadamáxima prevista en el convenio colectivo o, en su defecto, de la jornada máxima legal.Respetando el límite anterior, los convenios colectivos podrán establecer el tiempo dedicado a laformación teórica y su distribución, estableciendo, en su caso, el régimen de alternancia o26concentración del mismo respecto del tiempo de trabajo efectivo.Cuando el trabajador contratado para la formación no haya finalizado los ciclos educativoscomprendidos en la escolaridad obligatoria, la formación teórica tendrá por objeto inmediatocompletar dicha educación.Se entenderá cumplido el requisito de formación teórica cuando el trabajador acredite, mediantecertificación de la Administración pública competente, que ha realizado un curso de formaciónprofesional para el empleo adecuado al oficio o puesto de trabajo objeto del contrato. En este caso,la retribución del trabajador se incrementará proporcionalmente al tiempo no dedicado a laformación teórica.Cuando el trabajador contratado para la formación sea una persona con discapacidad psíquica, laformación teórica podrá sustituirse, total o parcialmente, previo informe de los equiposmultiprofesionales de valoración correspondientes, por la realización de procedimientos derehabilitación o de ajuste personal y social en un centro psicosocial o de rehabilitación sociolaboral.Tanto la financiación como la organización e impartición de la formación teórica se regulará en lostérminos que se establezcan reglamentariamente.f) El trabajo efectivo que preste el trabajador en la empresa deberá estar relacionado con las tareaspropias del nivel ocupacional, oficio o puesto de trabajo objeto del contrato.g) La cualificación o competencia profesional adquirida a través del contrato para la formación seráobjeto de acreditación en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de lasCualificaciones y de la Formación Profesional y en su normativa de desarrollo. Conforme a loestablecido en dicha regulación, el trabajador podrá solicitar de la Administración públicacompetente la expedición del correspondiente certificado de profesionalidad. Sin perjuicio de loanterior, a la finalización del contrato, el empresario deberá entregar al trabajador un certificado enel que conste la duración de la formación teórica y el nivel de la formación práctica adquirida.h) La retribución del trabajador contratado para la formación será durante el primer año del contratola fijada en convenio colectivo, sin que pueda ser inferior al salario mínimo interprofesional enproporción al tiempo de trabajo efectivo. Durante el segundo año del contrato para la formación, laretribución será la fijada en convenio colectivo, sin que en ningún caso pueda ser inferior al salariomínimo interprofesional, con independencia del tiempo dedicado a la formación teórica.i) La acción protectora de la Seguridad Social del trabajador contratado para la formacióncomprenderá todas las contingencias, situaciones protegibles y prestaciones, incluido eldesempleo. Asimismo, se tendrá derecho a la cobertura del Fondo de Garantía Salarial.j) En el supuesto de que el trabajador continuase en la empresa al término del contrato se estará alo establecido en el apartado 1, párrafo f), de este artículo.k) El contrato para la formación se presumirá de carácter común u ordinario cuando el empresarioincumpla en su totalidad las obligaciones que le correspondan en materia de formación teórica.”Tres. Se modifica el apartado 3, que queda redactado como sigue:“3. En la negociación colectiva se podrán fijar criterios y procedimientos tendentes a conseguir laparidad por razón de género en el número de trabajadores vinculados a la empresa mediantecontratos formativos. Asimismo, podrán establecerse compromisos de conversión de los contratosformativos en contratos por tiempo indefinido.”27Cuatro. Se modifica la disposición adicional sexta del texto refundido de la Ley General de la SeguridadSocial, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, del siguiente modo:“La acción protectora de la Seguridad Social del trabajador contratado para la formacióncomprenderá todas las contingencias, situaciones protegibles y prestaciones de aquella, incluido eldesempleo.”Cinco. Se introduce una nueva disposición adicional cuadragésima novena en el texto refundido de la LeyGeneral de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con lasiguiente redacción:“Disposición adicional cuadragésima novena. Cotización por desempleo en el contrato para laformación y cuantía de la prestación.La cotización por la contingencia de desempleo en el contrato para la formación se efectuará por lacuota fija resultante de aplicar a la base mínima correspondiente a las contingencias de accidentesde trabajo y enfermedades profesionales el mismo tipo de cotización y distribución entreempresario y trabajador establecidos para el contrato en prácticas.Para determinar la base reguladora y la cuantía de la prestación por desempleo se aplicará loestablecido en el artículo 211 de esta Ley.”CAPÍTULO IVMedidas para la mejora de la intermediación laboral y sobre la actuación de las empresas de trabajotemporalArtículo 13. Servicios Públicos de Empleo.Se autoriza al Gobierno para que apruebe, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, una nuevaprórroga, hasta el 31 de diciembre de 2012, del Plan Extraordinario de medidas de orientación, formaciónprofesional e inserción laboral, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de abril de 2008,referida exclusivamente a la medida consistente en la contratación de 1.500 orientadores para elreforzamiento de la red de oficinas de empleo y que fue prorrogado por dos años, respecto a esta medida,mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de abril de 2009, según la habilitación conferida por ladisposición final primera del real decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo, de medidas urgentes para elmantenimiento y el fomento del empleo y protección de las personas desempleadas. Esta medida será deaplicación en todo el territorio del Estado y su gestión se realizará por las Comunidades Autónomas concompetencias estatutariamente asumidas en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación y por elServicio Público de Empleo Estatal.Respecto de la gestión por las Comunidades Autónomas de esta medida, los créditos correspondientes sedistribuirán territorialmente entre dichas administraciones, de conformidad con lo establecido en losartículos 14 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, y 86 de la Ley 47/2003, de 26 denoviembre, General Presupuestaria.Artículo 14. Agencias de colocación.La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, queda modificada como sigue:Uno. El artículo 20 queda redactado en los siguientes términos:28“Artículo 20. Concepto.1. La intermediación laboral es el conjunto de acciones que tienen por objeto poner en contacto lasofertas de trabajo con los trabajadores que buscan un empleo, para su colocación. Laintermediación laboral tiene como finalidad proporcionar a los trabajadores un empleo adecuado asus características y facilitar a los empleadores los trabajadores más apropiados a susrequerimientos y necesidades.2. También se considerará intermediación laboral la actividad destinada a la recolocación de lostrabajadores que resultaran excedentes en procesos de reestructuración empresarial, cuandoaquélla hubiera sido establecida o acordada con los trabajadores o sus representantes en loscorrespondientes planes sociales o programas de recolocación.”Dos. Se incorpora un artículo 21 bis, que queda redactado de la siguiente manera:“Artículo 21 bis. Agencias de colocación.1. A efectos de lo previsto en esta Ley se entenderá por agencias de colocación aquellas entidadespúblicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que realicen actividades de intermediación laboral deacuerdo con lo establecido en el artículo 20, bien como colaboradores de los Servicios Públicos deEmpleo, bien de forma autónoma pero coordinada con los mismos. Asimismo, podrán desarrollaractuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo, tales como orientación e informaciónprofesional, y con la selección de personal.2. Las personas físicas o jurídicas que deseen actuar como agencias de colocación deberánobtener autorización del servicio público de empleo competente por razón del domicilio social de laagencia, que será única y con validez en todo el territorio español, de acuerdo con lo que seestablezca reglamentariamente. El vencimiento del plazo máximo del procedimiento deautorización sin haberse notificado resolución expresa al interesado supondrá la desestimación dela solicitud por silencio administrativo, con el objeto de garantizar una adecuada protección de lostrabajadores.3. Reglamentariamente se regulará un sistema que permita integrar el conjunto de la informaciónproporcionada por las Comunidades Autónomas respecto a las agencias de colocaciónautorizadas.4. En todo caso, sin perjuicio de las obligaciones previstas en este capítulo y de las específicas quese determinen reglamentariamente, las agencias de colocación deberán:a) Suministrar a los servicios públicos de empleo la información que se determine por víareglamentaria, con la periodicidad y la forma que allí se establezca sobre los trabajadoresatendidos y las actividades que desarrollan, así como sobre las ofertas de empleo y los perfilesprofesionales que correspondan con esas ofertas.b) Elaborar y ejecutar planes específicos para la colocación de trabajadores desempleadosintegrantes de los colectivos mencionados en el artículo 26, que concluyan con la colocación deaquéllos, en los términos que se determinen reglamentariamente en función de la situación delmercado de trabajo.c) Disponer de sistemas electrónicos compatibles y complementarios con los de los serviciospúblicos de empleo.29d) Garantizar la aplicación y el cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y deSeguridad Social.e) Cumplir con las normas sobre accesibilidad universal de las personas con discapacidad.5. Las agencias de colocación autorizadas podrán ser consideradas entidades colaboradoras delos servicios públicos de empleo mediante la suscripción de un convenio de colaboración con losmismos, con el alcance previsto en las normas de desarrollo de esta Ley y en los propiosconvenios que se suscriban.”Tres. Se modifica el artículo 22, que queda redactado de la siguiente manera:“Artículo 22. Principios básicos de la intermediación laboral.1. La intermediación laboral realizada por los servicios públicos de empleo y las agencias decolocación, así como las acciones de intermediación que puedan realizar otras entidadescolaboradoras de aquéllos, se prestarán de acuerdo a los principios constitucionales de igualdadde oportunidades en el acceso al empleo y no discriminación, garantizándose la plenatransparencia en el funcionamiento de los mismos.Los servicios públicos de empleo, agencias y entidades señalados en el apartado 1 del artículoanterior deberán respetar en sus actuaciones la intimidad y dignidad de los trabajadores en eltratamiento de sus datos, de acuerdo con la normativa reguladora al respecto.2. Con el fin de asegurar el cumplimiento de los citados principios, los servicios públicos de empleogarantizarán que el proceso específico de selección y casación entre oferta de trabajo y demandade empleo corresponda, con carácter general, al servicio público de empleo y a las agencias decolocación debidamente autorizadas.En el supuesto de colectivos con especiales dificultades de inserción laboral, los servicios públicosde empleo podrán contar con entidades colaboradoras especializadas para realizar el proceso aque se refiere el párrafo anterior.3. Los servicios públicos de empleo asumen la dimensión pública de la intermediación laboral, sibien podrán establecer con otras entidades y con agencias de colocación, convenios, acuerdos uotros instrumentos de coordinación que tengan por objeto favorecer la colocación de demandantesde empleo.4. La intermediación laboral realizada por los servicios públicos de empleo, por sí mismos o através de las entidades o agencias de colocación cuando realicen actividades incluidas en elámbito de la colaboración con aquéllos, conforme a lo establecido en este capítulo, se realizará deforma gratuita para los trabajadores y para los empleadores.La intermediación realizada por las agencias de colocación con independencia de los serviciospúblicos de empleo deberá garantizar a los trabajadores la gratuidad por la prestación de servicios,no pudiéndose exigir a éstos ninguna contraprestación por los mismos.5. A efectos de la intermediación que realicen los servicios públicos de empleo y, en su caso, lasentidades colaboradoras de los mismos y de la ejecución de los programas y medidas de políticasactivas de empleo, tendrán exclusivamente la consideración de demandantes de empleo aquéllosque se inscriban como tales en dichos servicios públicos de empleo.”30Cuatro. El artículo 22.bis queda redactado en los siguientes términos:“Artículo 22.bis. Discriminación en el acceso al empleo.1. Los servicios públicos de empleo, sus entidades colaboradoras y las agencias de colocación enla gestión de la intermediación laboral deberán velar específicamente para evitar la discriminaciónen el acceso al empleo.Los gestores de la intermediación laboral cuando, en las ofertas de colocación, apreciasen carácterdiscriminatorio, lo comunicarán a quienes hubiesen formulado la oferta.2. En particular, se considerarán discriminatorias las ofertas referidas a uno de los sexos, salvo quese trate de un requisito profesional esencial y determinante de la actividad a desarrollar.En todo caso se considerará discriminatoria la oferta referida a uno solo de los sexos basada enexigencias del puesto de trabajo relacionadas con el esfuerzo físico.”Artículo 15. Adaptación de la legislación laboral a la regulación de las agencias de colocación.El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo1/1995, de 24 de marzo, queda modificado de la siguiente manera:Uno. El apartado 2 del artículo 16 queda modificado como sigue:“2. Los Servicios Públicos de Empleo podrán autorizar, en las condiciones que se determinan en laLey 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, la existencia de agencias de colocación públicas oprivadas. Dichas agencias deberán garantizar, en su ámbito de actuación, el principio de igualdaden el acceso al empleo, no pudiendo establecer discriminación alguna basada en motivos deorigen, incluido el racial o étnico, sexo, edad, estado civil, religión o convicciones, opinión política,orientación sexual, afiliación sindical, condición social, lengua dentro del Estado y discapacidad,siempre que los trabajadores se hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo oempleo de que se trate.Las agencias de colocación en sus actuaciones deberán respetar la intimidad y dignidad de lostrabajadores en el tratamiento de sus datos y deberán garantizar a los trabajadores la gratuidad porla prestación de servicios.”Dos. Se añade un apartado 3 al artículo 16, con la siguiente redacción:“3. La actividad consistente en la contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otrasempresas se realizará exclusivamente por empresas de trabajo temporal de acuerdo con sulegislación específica.”Artículo 16. Adaptación de la legislación de Seguridad Social a la regulación de las agencias decolocación.El apartado 1 del artículo 231 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado porReal Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, queda modificado de la siguiente manera:“1. Son obligaciones de los trabajadores y de los solicitantes y beneficiarios de prestaciones pordesempleo:a) Cotizar por la aportación correspondiente a la contingencia de desempleo.31b) Proporcionar la documentación e información que reglamentariamente se determinen a efectosdel reconocimiento, suspensión, extinción o reanudación del derecho a las prestaciones.c) Participar en los trabajos de colaboración social, programas de empleo, o en acciones depromoción, formación o reconversión profesionales, que determinen los servicios públicos deempleo, o las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de colaboracióncon aquéllos y aceptar la colocación adecuada que le sea ofrecida por los servicios públicos deempleo o por dichas agencias.d) Renovar la demanda de empleo en la forma y fechas en que se determine en el documento derenovación de la demanda y comparecer, cuando haya sido previamente requerido, ante la EntidadGestora, los servicios públicos de empleo o las agencias de colocación cuando desarrollenactividades en el ámbito de colaboración con aquéllos.e) Solicitar la baja en las prestaciones por desempleo cuando se produzcan situaciones desuspensión o extinción del derecho o se dejen de reunir los requisitos exigidos para su percepción,en el momento de la producción de dichas situaciones.f) Reintegrar las prestaciones indebidamente percibidas.g) Devolver a los servicios públicos de empleo, o, en su caso, a las agencias de colocación cuandodesarrollen actividades en el ámbito de colaboración con aquéllos, en el plazo de cinco días, elcorrespondiente justificante de haber comparecido en el lugar y fecha indicados para cubrir lasofertas de empleo facilitadas por los mismos.h) Suscribir y cumplir las exigencias del compromiso de actividad.i) Buscar activamente empleo, participar en acciones de mejora de la ocupabilidad, que sedeterminen por los servicios públicos de empleo competentes, en su caso, dentro de un itinerariode inserción.Sin perjuicio de la obligación de acreditar la búsqueda activa de empleo, la participación en lasacciones de mejora de la ocupabilidad será voluntaria para los beneficiarios de prestacionescontributivas durante los cien primeros días de percepción, y la no participación en las mismas noconllevará efectos sancionadores.”Artículo 17. Empresas de trabajo temporal.La Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal, quedamodificada en los siguientes términos:Uno. El párrafo b) del artículo 8 queda redactado de la siguiente manera:“b) Para la realización de trabajos u ocupaciones especialmente peligrosos para la seguridad y lasalud en el trabajo, en los términos previstos en la disposición adicional segunda de esta Ley y, deconformidad con ésta, en los convenios o acuerdos colectivos.”Dos. El apartado 1 del artículo 11 queda redactado como sigue:“1. Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán derecho durantelos períodos de prestación de servicios en las mismas a la aplicación de las condiciones esencialesde trabajo y empleo que les corresponderían de haber sido contratados directamente por la32empresa usuaria para ocupar el mismo puesto.A estos efectos, se considerarán condiciones esenciales de trabajo y empleo las referidas a laremuneración, la duración de la jornada, las horas extraordinarias, los períodos de descanso, eltrabajo nocturno, las vacaciones y los días festivos.La remuneración comprenderá todas las retribuciones económicas, fijas o variables, establecidaspara el puesto de trabajo a desarrollar en el convenio colectivo aplicable a la empresa usuaria queestén vinculadas a dicho puesto de trabajo. Deberá incluir, en todo caso, la parte proporcionalcorrespondiente al descanso semanal, las pagas extraordinarias, los festivos y las vacaciones.Será responsabilidad de la empresa usuaria la cuantificación de las percepciones finales deltrabajador y, a tal efecto, dicha empresa usuaria deberá consignar las retribuciones a que se refiereeste párrafo en el contrato de puesta a disposición del trabajador.Asimismo, los trabajadores contratados para ser cedidos tendrán derecho a que se les apliquen lasmismas disposiciones que a los trabajadores de la empresa usuaria en materia de protección delas mujeres embarazadas y en período de lactancia, y de los menores, así como a la igualdad detrato entre hombres y mujeres y a la aplicación de las mismas disposiciones adoptadas con vistas acombatir las discriminaciones basada en el sexo, la raza o el origen étnico, la religión o lascreencias, la discapacidad, la edad o la orientación sexual.Tres. Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 16 en los términos siguientes:“3. La empresa usuaria responderá subsidiariamente de las obligaciones salariales y de SeguridadSocial contraídas con el trabajador durante la vigencia del contrato de puesta a disposición, asícomo de la indemnización económica derivada de la extinción del contrato de trabajo. Dicharesponsabilidad será solidaria en el caso de que el referido contrato se haya realizadoincumpliendo lo dispuesto en los artículos 6 y 8 de la presente Ley.Reglamentariamente se determinará la información que la empresa de trabajo temporal debesuministrar a la empresa usuaria.”Cuatro. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 17:“2. Igualmente, tendrán derecho a la utilización de los servicios de transporte, de comedor, deguardería y otros servicios comunes e instalaciones colectivas de la empresa usuaria durante elplazo de duración del contrato de puesta a disposición en las mismas condiciones que lostrabajadores contratados directamente por la empresa usuaria.”Cinco. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 17 en los siguientes términos:“3. La empresa usuaria deberá informar a los trabajadores cedidos por empresas de trabajotemporal, sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes, a fin de garantizarles las mismasoportunidades de acceder a puestos permanentes que a los trabajadores contratados directamentepor aquélla. Esta información podrá facilitarse mediante un anuncio público en un lugar adecuadode la empresa o centro de trabajo, o mediante otros medios previstos en la negociación colectiva,que aseguren la transmisión de la información.”Seis. Se introduce una disposición adicional segunda, con la siguiente redacción:“Disposición adicional segunda. Trabajos u ocupaciones de especial peligrosidad para la seguridady la salud en el trabajo.331. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 b) de esta Ley, no podrán celebrarse contratosde puesta a disposición para la realización de los siguientes trabajos en actividades de especialpeligrosidad:a) Trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas según elReal Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protecciónsanitaria contra radiaciones ionizantes.b) Trabajos que impliquen la exposición a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para lareproducción, de primera y segunda categoría, según el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo,por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación,envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, porel que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparadospeligrosos, así como sus respectivas normas de desarrollo y de adaptación al progreso técnico.c) Trabajos que impliquen la exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según el RealDecreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgosrelacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, así como sus normas demodificación, desarrollo y adaptación al progreso técnico.2. Con anterioridad al 31 de diciembre de 2010, mediante los acuerdos interprofesionales oconvenios colectivos a que se refiere el artículo 83 del texto refundido de la Ley del Estatuto de losTrabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, o la negociacióncolectiva sectorial de ámbito estatal en las actividades de la construcción, la minería a cielo abiertoy de interior, las industrias extractivas por sondeos en superficie terrestre, los trabajos enplataformas marinas, la fabricación, manipulación y utilización de explosivos, incluidos los artículospirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos y los trabajos con riesgoseléctricos en alta tensión podrán determinarse, por razones de seguridad y salud en el trabajo,limitaciones para la celebración de contratos de puesta a disposición, siempre que cumplan lossiguientes requisitos:a) Deberán referirse a ocupaciones o puestos de trabajo concretos o a tareas determinadas.b) Habrán de justificarse por razón de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo asociadosa los puestos o trabajos afectados.c) Deberán fundamentarse en un informe razonado que se acompañará a la documentaciónexigible para el registro, depósito y publicación del convenio o acuerdo colectivo por la autoridadlaboral.3. Desde el 1 de enero de 2011, respetando las limitaciones que, en su caso, hubieran podidoestablecerse mediante la negociación colectiva conforme a lo señalado en el apartado anterior,podrán celebrarse contratos de puesta a disposición en el ámbito de las actividades antesseñaladas. Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos legal yreglamentariamente, la celebración de contratos de puesta a disposición estará sujeta a lossiguientes requisitos:a) La empresa de trabajo temporal deberá organizar de forma total o parcial sus actividadespreventivas con recursos propios debidamente auditados conforme a la normativa de prevenciónde riesgos laborales y tener constituido un comité de seguridad y salud en el trabajo del que formenparte un número no inferior a cuatro delegados de prevención.b) El trabajador deberá poseer las aptitudes, competencias, cualificaciones y formación específica34requeridas para el desempeño del puesto de trabajo, debiendo acreditarse las mismasdocumentalmente por la empresa de trabajo temporal.4. Lo establecido en los convenios o acuerdos colectivos conforme a lo señalado en el apartado 2se entiende sin perjuicio de las reglas sobre vigencia, prórroga, denuncia y renegociación de losconvenios colectivos en el título III del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores.”Siete. Se incorpora una nueva disposición adicional cuarta con la siguiente redacción:“Disposición adicional cuarta. Validez de limitaciones o prohibiciones de recurrir a empresas detrabajo temporal.A partir del 1 de enero de 2011, se suprimen todas las limitaciones o prohibiciones actualmentevigentes para la celebración de contratos de puesta a disposición por las empresas de trabajotemporal, con la única excepción de lo establecido en la disposición adicional segunda de esta ley.A partir de esa fecha, las limitaciones o prohibiciones que puedan ser establecidas sólo seránválidas cuando se justifiquen por razones de interés general relativas a la protección de lostrabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, a la necesidad de garantizar el buenfuncionamiento del mercado de trabajo y de evitar posibles abusos.”Artículo 18. Adaptación de la legislación sobre infracciones y sanciones en el orden social a la regulaciónde las agencias de colocación y de las empresas de trabajo temporal.El texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el orden social, aprobado por Real DecretoLegislativo 5/2000, de 4 de agosto, queda modificado como sigue:Uno. Se modifica el encabezamiento de la subsección 1ª de la Sección 3ª del Capítulo II, que quedaredactado como sigue:“Subsección 1ª. Infracciones de los empresarios, de las agencias de colocación y de losbeneficiarios de ayudas y subvenciones en materia de empleo, ayudas de fomento del empleo engeneral y formación profesional para el empleo."Dos. El apartado 1 del artículo 16, infracciones muy graves, queda redactado como sigue:“1. Ejercer actividades de intermediación, de cualquier clase y ámbito funcional, que tengan porobjeto la colocación de trabajadores sin haber obtenido la correspondiente autorizaciónadministrativa o exigir a los trabajadores precio o contraprestación por los servicios prestados.”Tres. El apartado 2 del artículo 16, infracciones muy graves, queda redactado como sigue:“2. Solicitar datos de carácter personal en los procesos de selección o establecer condiciones,mediante la publicidad, difusión o por cualquier otro medio, que constituyan discriminacionesfavorables o adversas para el acceso al empleo por motivos de sexo, origen, incluido el racial oétnico, edad, estado civil, discapacidad, religión o convicciones, opinión política, orientación sexual,afiliación sindical, condición social y lengua dentro del Estado.”Cuatro. El apartado 1 del artículo 17 queda redactado como sigue:“1. Leves.a) No comparecer, previo requerimiento, ante los servicios públicos de empleo o las agencias decolocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración con aquéllos y así se35recoja en el convenio de colaboración, o no renovar la demanda de empleo en la forma y fechasque se determinen en el documento de renovación de la demanda, salvo causa justificada.b) No devolver en plazo, salvo causa justificada, a los servicios públicos de empleo o, en su caso, alas agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración conaquéllos y así se recoja en el convenio de colaboración, el correspondiente justificante de habercomparecido en el lugar y fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo facilitadas poraquéllos.”Cinco. El apartado 2 del artículo 17, queda modificado en los siguientes términos:“2. Graves: rechazar una oferta de empleo adecuada, ya sea ofrecida por los servicios públicos deempleo o por las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de lacolaboración con aquéllos, o negarse a participar en programas de empleo, incluidos los deinserción profesional, o en acciones de promoción, formación o reconversión profesional, salvocausa justificada, ofrecidos por los servicios públicos de empleo.A los efectos previstos en esta Ley, se entenderá por colocación adecuada la que reúna losrequisitos establecidos en el artículo 231.3 del texto refundido de la Ley General de la SeguridadSocial, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en aquellos aspectos en losque sea de aplicación a los demandantes de empleo no solicitantes ni beneficiarios deprestaciones por desempleo.”Seis. El párrafo b) del artículo 18.3 queda redactado de la siguiente manera:“b) Formalizar contratos de puesta a disposición para la realización de trabajos u ocupaciones deespecial peligrosidad para la seguridad o la salud en el trabajo determinados legal oconvencionalmente.”Siete. El párrafo b) del artículo 19.3 queda redactado de la siguiente manera:“c) La formalización de contratos de puesta a disposición para la realización de trabajos uocupaciones de especial peligrosidad para la seguridad o la salud en el trabajo determinados legalo convencionalmente, entendiéndose cometida una infracción por cada contrato en talescircunstancias.”Ocho. El párrafo a) del artículo 24.3 queda redactado de la forma siguiente:“a) No comparecer, previo requerimiento, ante los servicios públicos de empleo o las agencias decolocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración con aquéllos, o norenovar la demanda de empleo en la forma y fechas que se determinen en el documento derenovación de la demanda, salvo causa justificada.”Nueve. El apartado 4 del artículo 25 queda redactado de la siguiente manera:“4. En el caso de solicitantes o beneficiarios de prestaciones por desempleo de nivel contributivo oasistencial:“a) Rechazar una oferta de empleo adecuada, ya sea ofrecida por los servicios públicos de empleoo por las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de la colaboracióncon aquéllos, salvo causa justificada.b) Negarse a participar en los trabajos de colaboración social, programas de empleo, incluidos los36de inserción profesional, o en acciones de promoción, formación o reconversión profesional, salvocausa justificada, ofrecidos por los servicios públicos de empleo o en las acciones de orientación einformación profesional ofrecidas por las agencias de colocación cuando desarrollen actividades enel ámbito de la colaboración con aquéllos.A los efectos previstos en esta Ley, se entenderá por colocación adecuada y por trabajos decolaboración social, los que reúnan los requisitos establecidos, respectivamente, en el artículo231.3 y en el artículo 213.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.”Disposición adicional primera. Negociación colectiva y modalidades contractuales.1. Lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1 a), del Estatuto de los Trabajadores, según la redacción dadaal mismo por este real decreto-ley, se entiende sin perjuicio de lo establecido actualmente en lanegociación colectiva de ámbito estatal para adaptar la modalidad contractual del contrato de obra oservicio determinado mediante fórmulas que garanticen mayor estabilidad en el empleo de lostrabajadores.2. Igualmente se entiende sin perjuicio de lo que se establezca en la negociación colectiva de conformidadcon la disposición adicional tercera de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontrataciónen el sector de la construcción.Disposición adicional segunda. Formación teórica en los contratos para la formación.1. Sin perjuicio del desarrollo reglamentario al que se alude en el párrafo sexto del artículo 11.2 e) delEstatuto de los Trabajadores, en el marco de la normativa que se dicte en aplicación y desarrollo del RealDecreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de la formación profesional para elempleo, y en particular de su artículo 27, referido a la formación teórica de los contratos para la formación,el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo e Inmigración, establecerá procedimientos que flexibilicen yfaciliten a los empresarios la impartición de la correspondiente formación teórica a los trabajadorescontratados para la formación, especialmente en el supuesto de empresas de hasta 50 trabajadores.2. En todo caso, las empresas podrán financiarse el coste que les suponga la formación teórica en lostérminos previstos en el artículo 27.5 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo o norma que lomodifique o sustituya. Las bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social para lafinanciación de dicho coste serán compatibles con las que estén contempladas para los contratos para laformación en programas de fomento de empleo.Disposición adicional tercera. Contratos para la formación en los programas de Escuelas Taller, Casas deOficio y Talleres de Empleo.1. La acción protectora de la Seguridad Social en los contratos para la formación suscritos con alumnostrabajadores en los programas de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo, comprenderá lasmismas contingencias, situaciones protegibles y prestaciones que para el resto de trabajadorescontratados bajo esta modalidad, tal y como establecen el artículo 11.2 i) del Estatuto de los Trabajadoresy la disposición adicional sexta de la Ley General de la Seguridad Social, a excepción del desempleo.2. Las bonificaciones previstas en el artículo 11 de este real decreto-ley no serán de aplicación a loscontratos para la formación suscritos con los alumnos trabajadores participantes en los programas deescuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo.37Disposición transitoria primera. Régimen aplicable a los contratos de obra o servicio.Los contratos de obra o servicio concertados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decretoleyse regirán por la normativa legal o convencional vigente en la fecha en que se celebraron.Lo previsto en la redacción dada por este real decreto-ley al artículo 15.1 a) del Estatuto de losTrabajadores será de aplicación a los contratos de obra o servicio suscritos a partir de la fecha de entradaen vigor de aquél.Disposición transitoria segunda. Régimen de entrada en vigor de la limitación del encadenamiento decontratos temporales.Lo previsto en la redacción dada por este real decreto-ley al artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadoresserá de aplicación a los contratos de trabajo suscritos a partir de la fecha de entrada en vigor de aquél.Respecto a los contratos suscritos por el trabajador con anterioridad, seguirá siendo de aplicación, a losefectos del cómputo del número de contratos, lo establecido en el artículo 15.5 según la redacción dada almismo por la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.Disposición transitoria tercera. Abono de parte de la indemnización por el Fondo de Garantía Salarial enlos nuevos contratos de carácter indefinido.1. En los contratos de carácter indefinido, sean ordinarios o de fomento de la contratación indefinida,celebrados con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, cuando el contrato se extingapor las causas previstas en los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores o en el artículo 64 de laLey 22/2003, de 9 de julio, Concursal, una parte de la indemnización que corresponda al trabajador seráabonada directamente por el Fondo de Garantía Salarial en una cantidad equivalente a ocho días desalario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores al año.2. La indemnización se calculará según las cuantías por año de servicio y los límites legalmenteestablecidos en función de la extinción de que se trate y de su calificación judicial o empresarial. No seráde aplicación en este supuesto el límite señalado para la base del cálculo de la indemnización previsto enel artículo 33.2 del Estatuto de los Trabajadores.3. El abono procederá siempre que el contrato haya tenido una duración superior a un año y cualquieraque sea el número de trabajadores de la empresa. En los contratos de duración inferior la indemnizaciónestablecida legalmente será abonada totalmente y a su cargo por el empresario.4. A los efectos previstos en esta disposición, el empresario deberá hacer constar en la comunicaciónescrita al trabajador el salario diario que haya servido para el cálculo de la indemnización a su cargo, enlos términos que se determinen reglamentariamente.5. El abono del 40 por ciento de la indemnización legal en las empresas de menos de 25 trabajadores,para los contratos de carácter indefinido, sean ordinarios o de fomento de la contratación indefinida,anteriores a la entrada en vigor de este real decreto-ley, se seguirán rigiendo por lo dispuesto en elartículo 33.8 del Estatuto de los Trabajadores.6. El abono de parte de la indemnización a que se refiere esta disposición se financiará con cargo alFondo de Garantía Salarial.7. Lo establecido en esta disposición será de aplicación hasta la entrada en funcionamiento del Fondo decapitalización a que se refiere la disposición final segunda.38Disposición transitoria cuarta. Régimen aplicable a procedimientos y expedientes en tramitación a laentrada en vigor de este real decreto-ley.1. Los procedimientos de movilidad geográfica, modificación sustancial de condiciones de trabajo, losdirigidos a la inaplicación del régimen salarial establecido en convenio colectivo y los expedientes deregulación de empleo para la extinción de contratos de trabajo que estuvieran en tramitación a la entradaen vigor de esta real decreto-ley se regirán por la normativa vigente en el momento de su inicio.2. Los expedientes de regulación de empleo, de carácter temporal, resueltos por la Autoridad laboral y convigencia en su aplicación en la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley se regirán por lanormativa en vigor cuando se dictó la resolución del expediente.A los expedientes de regulación de empleo, de carácter temporal, en tramitación a la entrada en vigor deeste real decreto-ley, les podrá ser de aplicación el régimen jurídico previsto en el mismo, siempre que sesolicite conjuntamente por el empresario y los representantes de los trabajadores y se haga constar estacircunstancia en la resolución de la autoridad laboral.Disposición transitoria quinta. Normas relativas a la ampliación de la bonificación por mantenimiento delempleo y de la reposición de las prestaciones por desempleo.1. Las empresas que hayan instado expedientes de regulación de empleo, de carácter temporal, resueltospor la Autoridad laboral y con vigencia en su aplicación en la fecha de entrada en vigor de este realdecreto-ley, podrán beneficiarse de la ampliación del derecho a la bonificación de las cuotasempresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes a que se refiere el artículo 1.2.bis de laLey 27/2009, de 30 de diciembre, siempre que se reúnan las condiciones establecidas en el presente realdecreto-ley. En todo caso, el incremento de porcentaje de bonificación únicamente podrá aplicarserespecto de las cotizaciones devengadas con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de este realdecreto-ley.2. A los trabajadores a quienes se hubiera extinguido su contrato de trabajo con anterioridad a la fecha deentrada en vigor del presente real decreto-ley en los supuestos establecidos en el artículo 3.1 de la Ley27/2009, de 30 de diciembre, y que previamente hubieran sido afectados por expedientes de regulacióntemporal de suspensión de contratos o de reducción de jornada en los casos referidos en esa disposición,tendrán derecho, en su caso, a la reposición de las prestaciones por desempleo, en los términos y con loslímites establecidos en la normativa vigente en el momento en que se produjo el despido o la resoluciónadministrativa o judicial que autorizó la extinción del contrato.Disposición transitoria sexta. Bonificaciones y reducciones de cuotas en los contratos vigentes.Las bonificaciones o reducciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social que se vinierandisfrutando por los contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley seregirán por la normativa vigente en el momento de su celebración o, en su caso, en el momento deiniciarse el disfrute de la bonificación, salvo lo establecido, en su caso, en el párrafo tercero del artículo11.1.Disposición transitoria séptima. Límite de edad de los trabajadores contratados para la formación.Hasta el 31 de diciembre de 2011 podrán realizarse contratos para la formación con trabajadores menoresde veinticinco años sin que sea de aplicación el límite máximo de edad establecido en el párrafo primerodel artículo 11.2.a) del Estatuto de los Trabajadores para la celebración de contratos para la formación.39Disposición transitoria octava. Contratos para la formación anteriores a la entrada en vigor de este realdecreto-ley.Los contratos para la formación vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, así comosus prórrogas, se regirán por la normativa a cuyo amparo se concertaron.No obstante lo anterior, a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley será aplicable a dichoscontratos, cuando sean prorrogados, la cobertura de la contingencia de desempleo, de acuerdo con loestablecido en el artículo 11.2 i) del Estatuto de los Trabajadores y en las disposiciones adicionales sextay cuadragésima novena de la Ley General de la Seguridad Social, así como lo dispuesto, en materia debonificaciones, en el artículo 11 de este real decreto-ley.Disposición transitoria novena. Contratos para la formación con trabajadores con discapacidad.Mientras resulte de aplicación lo establecido en el artículo 11 de este real decreto-ley, las empresas quecelebren contratos para la formación con trabajadores con discapacidad podrán aplicar lo establecido en elmismo o bien la reducción del 50 por 100 en las cuotas empresariales a la Seguridad Social previstas paralos contratos para la formación que celebren, de acuerdo con la disposición adicional segunda del Estatutode los Trabajadores.Disposición transitoria décima. Agencias de colocación sin ánimo de lucro autorizadas.Las actuales agencias de colocación autorizadas de acuerdo con el Real Decreto 735/1995, de 5 demayo, por el que se regulan las agencias de colocación sin fines lucrativos y los servicios integrados parael empleo, dispondrán de un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de las disposiciones dedesarrollo de este real decreto-ley, para adecuarse a la nueva regulación de las agencias de colocación ysolicitar la correspondiente autorización, conforme al artículo 21.bis de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre,de Empleo. Una vez superado el citado plazo, las empresas o entidades que no cuenten con la citadaautorización no podrán continuar desarrollando estas actividades.Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación normativa.1. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:a) De la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, los apartados 1 y 6del artículo 2, el artículo 3 y el párrafo tercero del artículo 7.1.b) De la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento delempleo y la protección de las personas desempleadas, el artículo 5.2. Se derogan cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo dispuesto en elpresente real decreto-ley.Disposición final primera. Fundamento constitucional.Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.7ª y en el artículo 149.1.17ªde la Constitución, que atribuyen, respectivamente, al Estado la competencia exclusiva sobre las materiasde legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas, y delegislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de susservicios por las Comunidades Autónomas, respectivamente.40Disposición final segunda. Fondo de capitalización.El Gobierno, en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, previaconsulta con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, aprobará un proyecto deley por el que, sin incremento de las cotizaciones empresariales, se regule la constitución de un Fondo decapitalización para los trabajadores mantenido a lo largo de su vida laboral, por una cantidad equivalente aun número de días de salario por año de servicio a determinar.La regulación reconocerá el derecho del trabajador a hacer efectivo el abono de las cantidadesacumuladas a su favor en el Fondo de capitalización en los supuestos de despido, de movilidadgeográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación. Lasindemnizaciones a abonar por el empresario por el empresario en caso de despido se reducirán en unnúmero de días por año de servicio equivalente al que se determine para la constitución del Fondo.El Fondo deberá estar operativo a partir de 1 de enero de 2012.Disposición final tercera. Igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo.El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo1/1995, de 24 de marzo, queda modificado de la siguiente manera:Uno. El apartado 2 del artículo 23 queda redactado de la siguiente manera:“2. En la negociación colectiva se pactarán los términos del ejercicio de estos derechos, que seacomodarán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación directa o indirectaentre trabajadores de uno y otro sexo.”Dos. La letra d) del artículo 52 queda redactada en los siguientes términos:“d) Por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 % delas jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro deun periodo de doce meses, siempre que el índice de absentismo total de la plantilla del centro detrabajo supere el 5 % en los mismos períodos de tiempo.No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo anterior, las ausenciasdebidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades derepresentación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante elembarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad,licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral, cuando la baja haya sido acordada porlos servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos, ni lasmotivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por losservicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda.”Disposición final cuarta. Evaluación de las medidas para favorecer el empleo de los jóvenes y de laspersonas desempleadas.El Gobierno evaluará con anterioridad al 31 de diciembre de 2011 el funcionamiento de las medidas parafavorecer el empleo de los jóvenes y de las personas desempleadas establecidas en los artículos 10 y 11de este real decreto-ley.A la vista de dicha evaluación, y en función de la evolución del empleo durante 2010 y 2011, el Gobierno,previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, adoptará lasmedidas que correspondan sobre su prórroga o modificación.41Disposición final quinta. Incorporación de Derecho de la Unión Europea.Mediante este real decreto-ley se incorpora al derecho español la Directiva 2008/104/CE del ParlamentoEuropeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través de empresas de trabajotemporal.Disposición final sexta. Evaluación de la siniestralidad de los trabajadores cedidos por empresas detrabajo temporal.El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo deberá incorporar en sus informes periódicossobre evolución de la siniestralidad datos específicos que permitan conocer la evolución de lasiniestralidad laboral en los trabajos u ocupaciones de especial peligrosidad para la seguridad y la saluden el trabajo realizados por trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal conforme a loestablecido en el artículo 8 b) y en la disposición adicional segunda de la Ley 14/1994, de 1 de junio, porla que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal.Disposición final séptima. Facultades de desarrollo.1. El Gobierno y el Ministro de Trabajo e Inmigración, en el ámbito de sus competencias, dictarán lasdisposiciones necesarias para la ejecución de lo establecido en este real decreto-ley, previa consulta conlas organizaciones empresariales y sindicales más representativas.2. Se autoriza al Ministro de Trabajo e Inmigración a adaptar los métodos de cómputo del incremento ymantenimiento del empleo a que se refieren los artículos 10 y 11 de este real decreto-ley en función de losrequerimientos técnicos de los sistemas informáticos de la Tesorería General de la Seguridad Social y delos servicios públicos de empleo.3. En un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley el Gobierno elaborará,previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y con lasComunidades Autónomas, las disposiciones necesarias para desarrollar lo establecido en aquél enmateria de agencias de colocación.Disposición final octava. Entrada en vigor.1. El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficialdel Estado”.2. Las disposiciones sobre agencias de colocación establecidas en el Capítulo IV de este real decreto-leyno serán de aplicación hasta tanto no entre en vigor la normativa de desarrollo a que se refiere ladisposición final séptima, apartado 3.

References: Real Decreto 
 artículo 82
 artículo 47
 artículo 86
 artículo 86
 Real Decreto 
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 49
 artículo 15
 artículo 15
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 artículo 51
 Real Decreto 
 artículo 51
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 52
 Real Decreto 
 artículo 51
 artículo 53
 Real Decreto 
 artículo 52
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 Real Decreto 
 artículo 45
 artículo 37
 artículo 46
 artículo 122
 artículo 51
 artículo 45
 artículo 37
 artículo 46
 artículo 122
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 53
 artículo 51
 artículo 40
 artículo 41
 artículo 39
 artículo 50
 artículo 91
 artículo 82
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 artículo 41
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 artículo 85
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 artículo 82
 artículo 47
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 51
 Real Decreto 
 artículo 203
 artículo 203
 artículo 208
 artículo 203
 artículo 1
 artículo 3
 resolución 
 artículo 52
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 6
 artículo 10
 artículo 6
 artículo 11
 Real Decreto 
 artículo 11
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 211
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 20
 resolución 
 artículo 26
 artículo 22
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 artículo 16
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 artículo 231
 artículo 8
 artículo 11
 artículo 16
 artículo 17
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 artículo 83
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 artículo 16
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 artículo 231
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 artículo 18
 artículo 19
 artículo 24
 artículo 25
 artículo231
 artículo 213
 artículo 15
 artículo 11
 artículo 27
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 Real Decreto 
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 64
 artículo 33
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 3
 artículo11
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 11
 Real Decreto 
in fine
 artículo 21
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 149
 artículo 149
 Real Decreto 
 artículo 23
 artículo 52
 artículo 8