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Timestamp: 2017-09-21 06:41:58+00:00

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Habiendo transcurrido treinta (30) días hábiles de exposición al público del expediente relativo a la modificación del Estatuto del Consorcio Insular de Servicios de la Isla de La Palma, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 24 de junio de 2010, y no habiendo presentado reclamaciones, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, se hace público que ha quedado definitivamente aprobado, mediante acuerdo adoptado en sesión de la Asamblea General celebrada el 26 de mayo de 2010, el acuerdo y el texto íntegro del Estatuto del Consorcio Insular de Servicios de la Isla de La Palma, que se reproduce a continuación:
Capítulo II.- Régimen orgánico.
Sección primera: Órganos de Gobierno.
Sección segunda: Órganos de Dirección y Gestión.
Sección tercera: Órganos de Consulta.
Capítulo III. Régimen de funcionamiento de los órganos colegiados.
Capítulo IV.- Régimen financiero.
Capítulo V.- Régimen jurídico.
Capítulo VI.- Personal del Consorcio.
Capítulo I.- Disposiciones generales. [Arriba]
Al amparo de lo establecido en la legislación vigente, y, en especial, en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en el artículo 110 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y en las normas emanadas de la Comunidad Autónoma sobre coordinación de las funciones propias de los Cabildos Insulares y los municipios que son de interés general, se constituye el Consorcio objeto de los presentes Estatutos, integrado por el Cabildo Insular de La Palma y los catorce ayuntamientos de la Isla de La Palma.
La Entidad pública que se constituye recibe el nombre de “Consorcio de Servicios de La Palma”.
El Consorcio se establece con carácter voluntario por un período de tiempo indefinido. Tiene naturaleza administrativa, personalidad jurídica independiente de las entidades que la integran y plena ca pacidad jurídica para el cumplimiento de los fines que se expresan en los presentes Estatutos.
Artículo 4.- Ámbito y domicilio.
El ámbito de actuación del Consorcio será la totalidad del territorio de la isla de La Palma.
Mientras el Consorcio no disponga de instalaciones propias, sus órganos de gobierno y administración radicarán en las dependencias que acuerde la Asamblea General, o en su defecto las del Cabildo Insular de La Palma.
Constituye el objeto del Consorcio la prestación de los servicios que, siendo de competencia de las entidades consorciadas, tengan a la Isla como marco de organización o, en cualquier caso, aquellos servicios que sean de interés de la totalidad o parte de los consorciados y se apruebe su gestión por la Asamblea General. Entre ellos, sin carácter exclusivo, se encuentra la gestión de los residuos en general, incluyendo los servicios de tratamiento de residuos y depuración de aguas residuales, el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, el de transporte, los servicios de salvamento urbano y prevención y extinción de incendios urbanos, etc.
Los servicios que presta el Consorcio extienden su actuación a los términos municipales de los Ayuntamientos consorciados. Asimismo, actuará fuera del ámbito que le es propio en los casos de siniestro, calamidad, catástrofe o grave peligro, siempre que lo dispongan los órganos competentes.
El Consorcio estará integrado por el Cabildo Insular de La Palma y por los Ayuntamientos siguientes:
Capítulo II.- Régimen orgánico. [Arriba]
Los órganos de gobierno y administración del Consorcio serán los siguientes:
Órganos de Dirección y Gestión:
- Comisiones Consultivas y Asesoras.
Sección primera: Órganos de Gobierno. [Arriba]
La Presidencia será ejercida por el/la Presidente del Cabildo Insular de La Palma, quien podrá delegar en un Consejero/a de esta Corporación que debe pertenecer al Consejo de Administración. En el supuesto de que el/la Presidente o Consejero/a en quien delegue no asista a las sesiones de la Asamblea General o el Consejo de Administración, la Presidencia de las mismas será ejercida por un/una Vicepresidente.
La Asamblea General designará, de entre sus miembros, un/a Vicepresidente, que habrá de ser necesariamente miembro del Consejo de Administración.
El/la Vicepresidente sustituirá al Presidente nato o por delegación, en los casos de ausencia, vacante o enfermedad y demás que reglamentariamente procedan, y tendrá las mismas facultades que éste/a, durante el tiempo que dure la sustitución.
La Asamblea General estará integrada por los siguientes miembros:
El/la Presidente del Consorcio.
Un/a Vocal por cada uno de los Municipios consorciados, nombrado, entre sus miembros, por sus respectivos Plenos.
Catorce vocales por parte del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. La elección de los/as vocales que representan al Excmo. Cabildo Insular de La Palma se acomodará a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la Corporación.
Los/as miembros de la Asamblea General ostentarán esta condición por el tiempo que dure el mandato en las respectivas Corporaciones, renovándose ca da vez que se celebren elecciones locales. Las nuevas Corporaciones, en el plazo máximo de un mes a contar desde su constitución, deberán designar sus representantes en el Consorcio.
Dichos miembros cesarán como tales cuando pierdan su condición de miembros de la Entidad consorciada respectiva.
Las Entidades consorciadas podrán remover a sus representantes, antes de finalizar su mandato, con iguales formalidades que las exigidas para la designación, debiendo comunicar el nombramiento del sustituto al Consorcio para que el mismo surta efecto. La duración del cargo será por el tiempo que faltase para concluir el mandato del removido.
El Pleno de los Municipios consorciados, al designar a su representante en la Asamblea General, podrá también nombrar a un/a suplente, de forma que podrán asistir a las sesiones de aquélla uno/a u otro/a indistintamente.
Un/a vocal por cada grupo político representado en el Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
Un número igual de vocales que representarán a los municipios consorciados, elegidos por los representantes de la Asamblea General.
La Asamblea General es el órgano supremo del Consorcio al que personifica y representa con el carácter de Corporación de Derecho público.
a) Constitución y la designación del/la Vicepresidente y vocales del Consejo de Administración de representación municipal, votación esta última en la que sólo participarán representantes de los Ayuntamientos de la Isla.
i) Aprobar la enajenación y gravámenes sobre to da clase de bienes y derechos propios del Consorcio.
El Consejo de Administración tendrá las siguientes atribuciones:
f) Proponer el nombramiento del/la Gerente, así como dirigir , impulsar y controlar su actuación.
El/la Presidente del Consorcio tendrá iguales atribuciones que las conferidas al Alcalde o Alcaldesa por la legislación de Régimen Local, circunscritas al ámbito de actuación del Consorcio. Concretamente, ejercerá las siguientes funciones:
b) Publicar y hacer cumplir los acuerdos y dictar las disposiciones particulares que exija el mejor cum plimiento de los mismos.
Asimismo, le corresponde la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la le gislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.
Sección segunda: Órganos de Dirección y Gestión. [Arriba]
El cargo de Gerente será desempeñado por persona con formación y titulación adecuadas de nivel superior que le capaciten para realizar las funciones propias del cargo, siendo nombrado y cesado libremente por la Asamblea General del Consorcio a propuesta del Consejo de Administración.
El puesto de trabajo de Gerente estará reservado a personal directivo profesional, conforme a lo previsto en el art. 130.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y al articulo 13 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Publico.
a) Organizar los servicios del Consorcio e impulsar y coordinar su actuación, de conformidad con los Reglamentos aprobados y las directrices de los ór ganos de gobierno.
h) Asistir , con voz pero sin voto, a las sesiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración, así como de las Comisiones consultivas y asesoras, cuando sea requerido.
i) Informar los asuntos que deban tratarse en las se siones de los órganos de gobierno referidos al Servicio y sin perjuicio de las funciones asesoras que correspondan a la Secretaría e Intervención del Consorcio.
Además del Gerente, el Consejo de Administración podrá proponer incluir en la Plantilla otros puestos de trabajo, sometidos a idéntico régimen jurídico, de “Adjuntos a la Gerencia”, que se encargarán de ejercer funciones de apoyo y colaboración que le encomiende la Presidencia del Consorcio y en su caso, el/la Gerente.
Sección tercera: Órganos de Consulta. [Arriba]
El Consejo de Administración podrá, a propuesta de su Presidente, crear Comisiones consultivas y asesoras de la misma para el estudio de determinados asuntos, que se disolverán cuando finalicen los trabajos para los que fueron creadas.
El acuerdo de constitución establecerá su composición y régimen de funcionamiento.
Capítulo III. Régimen de funcionamiento de los órganos colegiados. [Arriba]
Artículo 19.- Sesiones de los órganos colegiados.
La Asamblea General celebrará sesión ordinaria, como mínimo, dos veces al año. Podrá celebrar sesión extraordinaria cuando sea convocada por el/la Presidente, por iniciativa propia, a propuesta del Con sejo de Administración, o a petición de un tercio de los miembros de la Asamblea General.
El Consejo de Administración celebrará sesión ordinaria al menos una vez cada trimestre, y, además, con carácter extraordinario, cuando sea convocado por el/la Presidente por propia iniciativa, o a petición de la tercera parte de los miembros de dicho órgano.
Las sesiones se celebrarán en la sede del Consorcio, salvo que en la Convocatoria se señale otro lugar.
De cada sesión se levantará acta que será firmada por el/la Secretario/a con el visto bueno del/la Presidente. El acta levantada se aprobará en la posterior sesión que el órgano celebre.
Artículo 20.- Sesiones anuales preceptivas.
Dentro del primer trimestre de cada año, la Presidencia someterá a estudio y aprobación de la Asamblea General, la Memoria de la gestión y el Inventario-Balance.
Dentro del último trimestre de cada año, la Presidencia someterá a estudio y aprobación de la Asamblea General el Presupuesto del año siguiente.
Artículo 21.- Convocatorias de las sesiones de los órganos colegiados.
Las convocatorias, con el orden del día que corresponda, se harán por escrito y se notificarán a cada uno de los miembros del órgano con antelación mínima de cinco días hábiles.
Para las sesiones declaradas urgentes, la notificación de la convocatoria se practicará con veinticuatro horas de antelación.
Las sesiones podrán celebrarse en primera o segunda convocatoria. En primera convocatoria será precisa la asistencia de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen el respectivo ór gano colegiado.
En segunda convocatoria podrá celebrarse sesión 30 minutos después de la señalada para la primera convocatoria, sin que en ningún caso el número de asistentes sea inferior a la tercera parte del número legal de miembros.
En todo caso será necesaria la presencia de la persona que ejerza la Presidencia y de la designada para ejercer funciones de Secretaria.
Los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo de Administración, salvo en los casos en que se requiera un quórum especial, se adoptarán por mayoría simple de votos. Existe mayoría simple cuando la cifra de votos afirmativos represente más que la de los negativos.
Será preciso el voto favorable de las dos terceras partes del número legal de miembros de la Asamblea General para la adopción de acuerdos sobre las siguientes materias:
a) Admisión de miembros al Consorcio.
b) Separación de entes consorciados.
c) Disolución del Consorcio.
d) Propuesta de modificación de los Estatutos.
Será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta legal de sus miembros, así como de votos, para la adopción de acuerdos en que la legislación de Régimen Local exija dicho quórum.
El voto de los miembros de los órganos colegiados del Consorcio podrá ser afirmativo, o negativo. Igualmente podrán abstenerse de votar.
Las votaciones serán ordinarias y nominales en los mismos supuestos y con igual procedimiento que determina la legislación de Régimen Local.
El funcionamiento de las Comisiones Consultivas y Asesoras, se determinará en los acuerdos de su creación.
Capítulo IV.- Régimen financiero. [Arriba]
Para el cumplimiento de sus fines el Consorcio dispondrá de los siguientes recursos:
c) Exacciones de derecho público por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia.
f) Aportaciones al presupuesto por parte de las Entidades consorciadas.
g) Cualquier otro que pudiera corresponderle percibir de acuerdo con la Ley.
En las ordenanzas fiscales aprobadas se fijarán las exacciones a percibir por los servicios prestados por el Consorcio.
Artículo 27.- Gastos de funcionamiento.
Los gastos de administración general del Consorcio se repartirán entre todas las entidades consorciadas en la proporción que establezca la Asamblea General.
Cada entidad consorciada se obliga a consignar en su Presupuesto la cantidad suficiente para atender sus obligaciones económicas respecto del Consorcio, de conformidad con los porcentajes aprobados.
Artículo 28.- Aportaciones.
Las aportaciones y compromisos económicos de los Entes Consorciados tendrán siempre la consideración de gastos obligatorios y preferentes para los mismos.
La ausencia de aportación de las cantidades acordadas, dentro del plazo que al efecto se señale, será causa de separación del Consorcio de la entidad de que se trate. El acuerdo de separación determinará lo procedente en orden al abono y liquidación de la deuda pendiente, así como respecto a aquellos aspectos relacionados con la prestación de los servicios. El Consorcio se reserva el derecho de exigir por la vía legal y/o judicial correspondiente el cumplimiento de las obligaciones económicas asumidas por los entes consorciados.
Artículo 29.- Presupuesto anual.
La Asamblea General aprobará, sin déficit inicial, un Presupuesto anual de ingresos y gastos antes del 31 de diciembre de cada año para su aplica ción al ejercicio económico siguiente.
El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán los derechos liquidados en el mismo, cualquiera que sea el período de que deriven, y las obligaciones reconocidas durante el mismo.
El Presupuesto incluirá las bases de ejecución que contendrán las previsiones necesarias para su acertada gestión.
La elaboración del Presupuesto, el régimen contable, así como el de intervención y control, se adaptarán a las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables a las corporaciones locales.
Artículo 30.- Inventario.
El/la Gerente formará inventario de todos los bienes, derechos y títulos-valores que integren el patrimonio del Consorcio, que se someterá a la aproba ción de la Asamblea General, siempre que se renueve la Corporación.
Capítulo V.- Régimen jurídico. [Arriba]
La actuación y funcionamiento del Consorcio se regirá por el siguiente orden de prelación de normas:
En primer lugar, por lo establecido en los presentes Estatutos y en los Reglamentos aprobados por la Asamblea General que, en todo caso, se supeditarán al ordenamiento jurídico vigente que sea específicamente aplicable.
En lo no previsto en las disposiciones anteriores se estará a lo que la legislación de Régimen Local, sea estatal o autonómica, establezca en materia de Consorcios.
Supletoriamente se aplicará lo que dicha legislación establezca para las Entidades Locales, en aquello que no se oponga, contradiga o resulte incompatible con las normas de los dos apartados anteriores. En la aplicación supletoria de tales normas y por lo que se refiere al régimen de organización y funcionamiento de la Asamblea General y del Consejo de Administración, el mismo se acomodará a lo previsto en la legislación de Régimen Local respecto del Pleno.
En materia de recursos y procedimiento administrativo, todas las actuaciones del Consorcio se regirán por la normativa que sea aplicable a la Administración Local. La representación y defensa del Consorcio en juicio de cualquier orden jurisdiccional será asumida por los Servicios Jurídicos de las entidades consorciadas salvo que por Consejo de Administración se disponga otra cosa.
Para la incorporación de nuevos Municipios al Consorcio será precisa la solicitud por parte de la Corporación interesada y el acuerdo de la Asamblea General que fijará las condiciones y efectos de la misma. Cualquiera que sea el momento en que se adopte el acuerdo de incorporación al Consorcio de una nueva entidad, la integración no surtirá efectos hasta la entrada en vigor del Presupuesto del siguiente ejercicio, salvo modificación presupuestaria.
La separación del Consorcio de alguna de las Entidades que lo integren, se acordará siempre que esté la Entidad que la solicita al corriente de sus compromisos anteriores y garantice la liquidación de sus obligaciones. Deberá solicitarse con tres meses de antelación a que finalice el ejercicio económico correspondiente y surtirá efectos el primer día del año siguiente.
Artículo 35.- Responsabilidades.
La responsabilidad de las entidades y empresas consorciadas queda limitada a las aportaciones que deban efectuar al Consorcio, de conformidad con lo establecido en los presentes Estatutos.
Los miembros del Consorcio no tendrán responsabilidad directa ni subsidiaria por las deudas y obligaciones de éste.
Los/las vocales representantes de cada una de las entidades consorciadas están sujetos a las responsabilidades que se deriven de sus acciones u omisiones, en la forma que establezcan sus respectivas normas de funcionamiento.
Artículo 36.- Disolución del Consorcio.
El Consorcio quedará disuelto:
a) Por mandato de la Ley.
b) Por acuerdo unánime de todas los entes consorciados.
c) Por acuerdo mayoritario adoptado con el quórum establecido en el artículo 23.2.
d) Por imposibilidad legal o material para cumplir sus finalidades.
El acuerdo de disolución determinará la forma en que haya de procederse a la liquidación del patrimonio, de acuerdo con las siguientes directrices:
a) La Asamblea General designará una Comisión Liquidadora constituida por tres peritos/as de reconocida solvencia profesional y no vinculados al Consorcio. Estos formularán propuesta que contendrá el cómputo de activo y pasivo para determinar, si procediere, el patrimonio neto a repartir entre cada una de las entidades consorciadas en función de una cuota proporcional a las aportaciones de cualquier índole efectuadas por cada una de ellas durante la vida del Consorcio.
b) La división y adjudicación del patrimonio deberá preservar, en lo posible, la continuidad de los servicios en funcionamiento por parte de las entida des que así lo deseen.
c) En ningún caso, el proceso de liquidación o disolución del Consorcio podrá suponer la paralización, suspensión, o la no prestación de los servicios por las entidades obligadas a ello.
d) La constitución y funcionamiento de la Comisión Liquidadora no implicará alteración alguna en el funcionamiento de los órganos del Consorcio.
Capítulo VI.- Personal del Consorcio. [Arriba]
El Consejo de Administración del Consorcio anualmente, a través del Presupuesto, aprobará la Plantilla de personal, que comprenderá los puestos de trabajo necesarios para el ejercicio de las diferentes funciones, conforme a la legislación local vigente y al Servicio que constituye su finalidad.
El personal del Consorcio estará integrado por personal de administración y personal de los servicios consorciados.
Las funciones de fe pública y asesoramiento legal preceptivo; de control y fiscalización interna de la gestión económica financiera y presupuestaria serán desempeñadas por funcionarios/as idóneos de las entidades consorciados, designados por la Presidencia del Consorcio y ratificados por el Consejo de Administración. En cuanto a las funciones de Tesorería se podrá habilitar a un/a empleado/a del propio Consorcio.
Su sustitución en los supuestos de ausencia, vacante o enfermedad corresponderá a personal de titulación superior idónea del propio Consorcio, si le hubiera, y en su defecto la Presidencia del Consorcio procederá a la designación de los/as sustitutos/as entre funcionarios/as aptos de las entidades consorciadas, dando cuenta al Consejo de Administración.
En Santa Cruz de La Palma, a 30 de julio de 2010.
María Guadalupe González Taño.

References: artículo 70
 artículo 57
 artículo 110
 Real Decreto 

Artículo 4

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 35

Artículo 36
 artículo 23