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Timestamp: 2013-05-25 18:43:02+00:00

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Tambalea el �ltimo basti�n del imperialismo en Am�rica Latina - América Latina en Movimiento
AmericaLatina,EE.UU Los cambios exigidos a la OEA adelantan un reemplazo estrat�gicoTambalea el �ltimo basti�n del imperialismo en Am�rica Latina
Adri�n Fern�ndez Clasificado en:	Política: DerechosHumanos, Militar, | Internacional: Internacional, Integracion, Organismos, | Disponible en:
Engranaje: Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela lideran un proceso que, inexorablemente, terminará con la transformación del sistema interamericano. La demanda de modificaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la renuncia al Tiar son apenas muestras de un destino que parece irreversible. La reciente Asamblea General de la OEA, en Cochabamba, completó un cuadro que comenzó a construirse en el encuentro de Honduras en 2009, cuando se levantó la suspensión de Cuba. La timorata reacción tras el golpe en Paraguay exhibió un proceso político acabado. Motorizada por el Alba, y al amparo de Unasur y de una incipiente Celac, tambalea el último reducto institucional de Estados Unidos en América Latina.
“Nadie quiere que la OEA muera, pero la falta de actualización y la prepotencia de los Estados Unidos pueden llevar a la muerte de este organismo”. El presidente de Bolivia, Evo Morales, ratificó la demanda de los países del Alba para reformular el sistema interamericano, materializada como nunca antes durante la reciente Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que se realizó en Cochabamba.
Los representantes de Venezuela, Ecuador y Nicaragua se sumaron a este reclamo, en el que exhibieron argumentos para sostener que, en las condiciones actuales, la entidad no sobrevivirá a los nuevos tiempos de América Latina. “Cerrar la puerta a los cambios es condenar a esta organización a un proceso de declinación histórica definitiva”, alertó el canciller venezolano Nicolás Maduro. Su par ecuatoriano, Ricardo Patiño, explicitó: “venimos a Cochabamba a demandar que la escala de valores de la OEA tiene que definirse de otra manera (ya que) además de los derechos individuales, el organismo internacional debe promover los derechos colectivos”.
La posición de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América no tuvo un acompañamiento explícito de naciones como Brasil y Argentina. No obstante –y como signo de estos tiempos– ni estos ni otros gobiernos latinoamericanos muestran intenciones de obstaculizar. El poder tractivo del Alba impone una agenda hasta ahora intocable y justifica con argumentos sólidos las necesidades de acompañar con decisión los cambios políticos históricos.
Ecuador y Venezuela insisten en que el sistema interamericano de derechos humanos es uno de los ejemplos más claros de la intencionalidad manifiesta de Estados Unidos sobre los países de América Latina. Ambos gobiernos, apoyados por Bolivia y Nicaragua, argumentan que Washington somete y persigue a las naciones que no se alinean a sus políticas. La OEA tiene dos instituciones encargadas de monitorear y emitir resoluciones en materia de Derechos Humanos: la Comisión Interamericana (Cidh) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Cidh fue creada durante la reunión de cancilleres de 1959, que se realizó en Santiago de Chile.
El canciller Maduro sostuvo que la propia carta fundacional de la OEA y la Convención de los Derechos Humanos generan herramientas para corregir el rumbo de la organización: “Ambos documentos le dan a nuestros Estados el poder para corregir y tomar una nueva dirección en relación al Sistema Interamericano de los Derechos Humanos”, señaló.
En efecto, el artículo 106 de la Carta fundacional de la OEA, de 1948, sostiene que “una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento (de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos)”. Y el artículo 76 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocida como Pacto de San José por haber sido firmada en la capital de Costa Rica en noviembre de 1969) habilita a que “cualquier Estado parte, directamente, y la Comisión o la Corte por conducto del Secretario General, pueden someter a la Asamblea General, para lo que estime conveniente, una propuesta de enmienda a esta Convención”.
Los propios instrumentos de la OEA permiten revisar y restructurar el cuestionado sistema interamericano de derechos humanos, que tiene sede en Estados Unidos, pese a que esta nación es una de las pocas que nunca suscribió el Pacto de San José, junto a Canadá y pequeñas colonias caribeñas. El canciller venezolano pidió en la reciente Asamblea General “no renunciar al poder que nos da la carta de la OEA para corregir los entuertos de un conjunto de diplomáticos que han tomado este organismo para someter y perseguir gobiernos”, en referencia a la Corte Internacional de Derechos Humanos. También recordó la actuación de la Cidh durante el golpe de Estado de 2002, “cuando su secretario Ejecutivo reconoció al gobierno de facto”.
La Asamblea General de la OEA aceptó en Cochabamba, a instancias de Venezuela y Ecuador, estudiar un informe sobre reformas del sistema interamericano de derechos humanos. El trabajo preliminar exige que todos los países americanos se adhieran a los instrumentos del sistema (en clara referencia a Estados Unidos y Canadá). También propone que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revise los criterios y procedimientos con los cuales elabora sus informes sobre los países que necesitan mejorar en derechos humanos. Y plantea la modificación de los estatutos de la Corte Interamericana para que este organismo consulte a los Estados antes de emitir medidas cautelares.
Durante el encuentro, el canciller venezolano informó que su Gobierno está estudiando denunciar el Pacto de San José de la OEA, porque “hemos sido víctimas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de toda la usurpación de funciones” de este organismo. Sistemáticamente Venezuela, Ecuador y Cuba lideran las listas de los informes de esta comisión. Para la Cidh, estos tres países se ubican entre los que más violan los derechos humanos, a la par de Colombia, nación con la mayor cantidad de líderes sociales asesinados; donde en las últimas décadas han desaparecido decenas de miles de personas; existen más de cuatro millones de desplazados por la violencia y periódicamente se descubren fosas comunes con decenas de cadáveres de víctimas de la extrema derecha, entre otras acciones tipificadas en los convenios internacionales sobre esta materia.
Otro paso de los países del Alba en la Asamblea de la OEA, celebrada entre el 3 y el 5 de junio en Bolivia, fue el anuncio de su salida del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar). Los gobiernos de Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia denunciaron que este instrumento militar es “letra muerta desde que en los años de 1980 Estados Unidos lo contradijo en la práctica”, al respaldar la agresión de Gran Bretaña a un país americano (Argentina) durante la guerra de las Islas Malvinas. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, expresó que “el Tratado cuando más se necesitó, en las agresiones contra Argentina y las Islas Malvinas, nunca se usó”. Describió al Tiar como un “muerto insepulto”, por lo que en este caso “no había nada que reformar”.
El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es un pacto firmado en 1947 que establece la defensa mutua entre países de América ante un caso de ataque externo. Nació impulsado por Estados Unidos tras la segunda Guerra Mundial con el objetivo de alinear a toda América detrás de Washington ante la eventual profundización de la Guerra Fría. El artículo 3.1 establece que “en caso de un ataque armado por cualquier Estado contra un Estado americano, será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos, y en consecuencia, cada una de las Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”.
Durante el conflicto por Malvinas (1982), Argentina trató de hacerlo efectivo, pero Estados Unidos priorizó su alianza con Gran Bretaña y con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan). Washington dio la espalda al resto de América con el argumento de que Argentina había impulsado la guerra al recuperar por la fuerza las Islas Malvinas y que, por tanto, no correspondía su aplicación. Chile (aliado de Gran Bretaña en aquella guerra) y Colombia (socio de Estados Unidos) coincidieron en que el Tiar no era aplicable. Estados Unidos nunca fue sancionado por la OEA por su actitud en 1982. Curiosamente, Argentina nunca denunció el tratado, ni por la dictadura de aquel entonces, ni por los gobiernos constitucionales que siguieron tras la recuperación de la democracia.
La Organización de los Estados Americanos fue creada en mayo de 1948 “para fortalecer la paz y seguridad, consolidar la democracia, promover los derechos humanos, apoyar el desarrollo social y económico y promover el crecimiento sostenible en América”, según la declaración fundacional. Menos de 14 años después de su nacimiento, la OEA protagonizó el hecho más vergonzoso de su historia. Cuba fue excluida de participar en la organización, según la resolución adoptaba en la octava cumbre, realizada en Punta del Este, Uruguay, en enero de 1962. Aquella suspensión de un estado miembro duraría casi 50 años, ya que fue revertida en la Asamblea General de Honduras, en 2009, a instancias de los países del Alba y de otras naciones que acompañaron para lograr el objetivo.
Después de que, en abril de 1961, Fidel Castro declarara el carácter marxista-leninista de la revolución, varios países de la OEA convocaron a una reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores, con el claro objetivo de sancionar al gobierno de La Habana. El 31 de enero de 1962, la reunión de ministros de Relaciones Exteriores determinó “que la adhesión de cualquier miembro de la Organización de los Estados Americanos al marxismo-leninismo es incompatible con el Sistema Interamericano y el alineamiento de tal gobierno con el bloque comunista quebranta la unidad y solidaridad del hemisferio”.
Además, la OEA entendió “que el actual gobierno de Cuba, que oficialmente se ha identificado como un gobierno marxista-leninista es incompatible con los principios y propósitos del Sistema Interamericano”. Concluyó “que esta incompatibilidad excluye al actual Gobierno de Cuba de su participación en el Sistema Interamericano”, con el voto favorable de 14 países; uno en contra (Cuba) y seis abstenciones: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México.
Unos meses antes de la expulsión de Cuba, el Comandante Ernesto Che Guevara, en su carácter de ministro de la Revolución, pronunció un histórico discurso ante la OEA en el que evidenció la injerencia de Washington en la definición de las políticas del sistema interamericano. En una sesión plenaria del Consejo Interamericano Económico y Social, en Punta del Este, en agosto de 1961, el Che señaló que “Cuba interpreta que esta es una Conferencia política y no admite que se separe la economía de la política (…) todas las conferencias económicas son políticas; pero es además política, porque está concebida contra Cuba, y está concebida contra el ejemplo que Cuba significa en todo el Continente americano”.
Para entonces, Estados Unidos ya había declarado su guerra a la revolución: las empresas petroleras privadas que operaban en Cuba se negaron a procesar petróleo comprado a la Unión Soviética y se produjo la agresión económica contra el azúcar cubano. En abril de ese mismo año, la CIA atacó Bahía de Cochinos e intentó invadir Cuba para formar un gobierno provisional y buscar el apoyo de la OEA. El ataque armado fracasó, pero menos de un año después se produjo la expulsión de Cuba.
Una de las mayores curiosidades de aquella decisión es que la Cidh continuó incluyendo a Cuba dentro de sus informes sobre derechos humanos. Decenas de miles de latinoamericanos morían o desaparecían víctimas de los aparatos represivos de las dictaduras instigadas por Washington, en los años de 1970 y 1980, pero la OEA no quitaba el ojo a la Revolución Cubana. El gobierno de La Habana varias veces recordó en notas oficiales que Cuba fue excluida arbitrariamente de la OEA y que, por lo tanto, el sistema interamericano no tiene ninguna jurisdicción ni competencia en el país.
Como bien recordó Fidel Castro en una de sus reflexiones, en 2009, “en un momento u otro, la totalidad de los países de América Latina fueron víctimas de las intervenciones y agresiones políticas y económicas. No hay uno solo que pueda negarlo. Es ingenuo creer que las buenas intenciones de un presidente de Estados Unidos justifiquen la existencia de esa institución que abrió las puertas al caballo de Troya que apoyó las Cumbres de las Américas, el neoliberalismo, el narcotráfico, las bases militares y las crisis económicas. La ignorancia, el subdesarrollo, la dependencia económica, la pobreza, la devolución forzosa de los que emigran en busca de trabajo, el robo de cerebros, y hasta las armas sofisticadas del crimen organizado fueron las consecuencias de las intervenciones y el saqueo procedentes del Norte”.
En junio de 2009 se realizó la Asamblea General de la OEA en San Pedro Sula, Honduras. Aquel encuentro logró revertir la ausencia de Cuba en el sistema interamericano. Si bien el gobierno de La Habana desistió de regresar al organismo, fue un gran triunfo de los países del Alba frente a las políticas de Estados Unidos. Impulsados por Honduras, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, los cancilleres consiguieron derogar el primer artículo de la resolución de 1962 y establecer las vías necesarias para la participación de Cuba.
Horas antes de aquel encuentro, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, alertó que “la OEA perdió su razón de ser, tal vez nunca tuvo razón de ser”. Recordó “los muchos errores cometidos” y sostuvo que “no es posible que los problemas de la región se discutan en Washington”. Al recibir a Correa, el luego derrocado presidente de Honduras, Manuel Zelaya, coincidió en que “la OEA debe ser reformada y debe reincorporar a Cuba, ya que de lo contrario tendrá que desaparecer”. El mandatario centroamericano agregó: “en la Asamblea de la OEA que hoy se inicia en San Pedro Sula, debemos iniciar el proceso de sabias rectificaciones de viejos errores cometidos”. Tres semanas después de aquella cumbre se produjo el golpe de Estado contra Zelaya y, previsiblemente, el régimen de facto que lo destituyó y expulsó del país renunció al Alba. La rápida reacción de varios gobiernos latinoamericanos generó presión para que Washington considerara a regañadientes que Zelaya había sido víctima de un golpe. Pese a la ambigüedad de las primeras horas y las indefiniciones de Estados Unidos, la OEA suspendió a Honduras como miembro del organismo hasta que Zelaya regresó del exilio al que había sido confinado tras su derrocamiento, en junio de 2011.
La asamblea de Honduras permitió consolidar la acción conjunta de los países del Alba, no sólo en la OEA sino, como se plasmaría más tarde, en otros foros regionales como la Cumbre Iberoamericana y la Cumbre de las Américas. Fidel Castro reflexionó, luego de aquel encuentro en Centroamérica: “nunca se vio tanta rebeldía (como en esta asamblea). La batalla es sin duda dura. Muchos países dependen del dedo índice de una mano del gobierno de Estados Unidos apuntando al Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o cualquier otra dirección para castigar rebeldías. Haberla librado es ya de por sí una proeza de los más rebeldes. El 2 de junio de 2009 será recordado por las futuras generaciones”.
Aquella rebeldía de 2009 se consolidó en Cochabamba, en otra asamblea general, tres años después. Los países del Alba abrieron con argumentos sólidos una discusión negada hasta ahora: modificar sustancialmente la agenda, las instituciones y las prioridades de la OEA. La ausencia de la máxima representante de la política exterior de Estados Unidos, Hillary Clinton, “porque tiene muchas tareas pendientes en este año electoral” en su país, fue un indicio de que Washington daba por perdida esta batalla de ideas. Fue el segundo repliegue norteamericano en dos meses, luego de la herida de muerte que recibió en abril la Cumbre de las Américas, aún con la presencia de la canciller. La OEA perdió sus reflejos políticos, como lo demostró la tardía reacción tras el golpe contra el presidente de Paraguay Fernando Lugo.
Frente a esta realidad inexorable, la incipiente Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, Celac, tiene un enorme desafío por delante: construir políticas de acción comunes en medio de una heterogeneidad ya bien conocida. Más madura pese a su corta vida, la Unión de Naciones Sudamericanas, Unasur, da pasos concretos en la toma de decisiones que, aun contradictorias y atenuadas, son la mayor expresión de soberanía política alcanzada en las últimas décadas (los cancilleres tardaron apenas un par de horas en llegar a Asunción cuando se puso en marcha el golpe a Lugo). En ambos procesos políticos, el Alba actúa como el engranaje más pequeño pero de mayor capacidad de tracción.
- Adrián Fernández, desde Buenos Aires
AméricaXXI, Año X , Número 87 – Julio 2012
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References: artículo 106
 artículo 76
 artículo 3
 Artículo 51
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