Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/T-012-16.htm
Timestamp: 2018-01-21 18:05:01+00:00

Document:
T-012-16
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN COLOMBIA-Normatividad
Nuestro ordenamiento jurídico incorpora distintos estándares normativos tendientes a la protección real de los derechos de las mujeres. Es claro que existe una prohibición de discriminación y violencia en contra de esta población. Estos estándares deben ser incorporados en la interpretación que los jueces y autoridades públicas realicen cuando se presenten eventos que involucren presuntas vulneraciones de los derechos de la mujer.
La violencia en contra de la mujer se puede ocasionar por cualquier acción u omisión que cause algún tipo de daño. Este sufrimiento, sin embargo, produce distintos efectos como por ejemplo físicos, sexuales, psicológicos económico o patrimonial, cuando quiera que se generen por el hecho de ser mujer.
En la violencia patrimonial el hombre utiliza su poder económico para controlar las decisiones y proyecto de vida de su pareja. Es una forma de violencia donde el abusador controla todo lo que ingresa al patrimonio común, sin importarle quién lo haya ganado. Manipula el dinero, dirige y normalmente en él radica la titularidad de todos los bienes. Aunque esta violencia también se presenta en espacios públicos, es en el ámbito privado donde se hacen más evidentes sus efectos.
ADMINISTRACION DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GENERO-Discriminación de género en las decisiones judiciales
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por cuanto Tribunal incurrió en defecto fáctico y sustantivo al negar el derecho de alimentos en favor de la accionante en proceso de divorcio
Acción de tutela instaurada por Andrea[1] contra la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá y la Superintendencia de Sociedades.
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada María Victoria Calle Correa y los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:
En el trámite de revisión de los fallos emitidos por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de justicia, el 2 de marzo de 2015 en primera instancia, y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 22 de abril de 2015 en segunda instancia, dentro del proceso de tutela iniciado por Andrea contra la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá y la Superintendencia de Sociedades.
El 16 de febrero de 2015, la señora Andrea interpuso acción de tutela en contra de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá y la Superintendencia de Sociedades. Lo anterior, con base en los siguientes hechos:
1.1. La señora Andrea contrajo matrimonio católico con Carlos Manuel[2], el 5 de diciembre de 1987. De esa unión nació Angélica quien actualmente es mayor de edad.
1.2. La peticionaria relató que poco tiempo después de haberse casado fue víctima de violencia física, psicológica y económica producida por los malos tratos recibidos de su esposo. Afirmó que durante todo su matrimonio soportó golpes, burlas en público y humillaciones. La situación fue de tal magnitud que incluso, indicó, su hija también fue agraviada por Carlos Manuel.
1.3. Teniendo en cuenta su situación interpuso una demanda de divorcio que le correspondió resolver en primera instancia al Juzgado 1º de Familia de Descongestión de Bogotá el cual decretó la cesación de los efectos civiles del matrimonio entre la accionante y Carlos Manuel, por la causal de ultrajes, trato cruel y maltratamientos de obra. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Familia - confirmó la sentencia emitida por el a quo. Sin embargo, negó el derecho de la accionante a recibir alimentos por parte de su ex cónyuge, argumentando que la violencia entre los esposos había sido recíproca de acuerdo con los diferentes testimonios que fueron aportados al proceso.
1.4. Afirma la accionante que “en un acto absolutamente arbitrario el Tribunal de Bogotá Sala de familia el magistrado CARLOS ALEJO BARRERA ARIAS (familiar del demandado), entra a cercenarme mis derechos arrebatándome mis derechos de supervivencia haciéndome aparecer como la victimaria cuando era la víctima como hoy es reconocido por la jurisdicción penal”(SIC).
1.5. La accionante manifestó que la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia, vulnera sus derechos al debido proceso y mínimo vital porque la re victimiza al negarle el derecho a alimentos, teniendo en cuenta que parte del maltrato económico ejercido por su ex esposo consistió en dejar de pagar los servicios públicos domiciliarios en su hogar, así como impedirle, mediante la falta de provisión de recursos económicos, hacer mercado para conseguir los bienes básicos para su subsistencia. También sostuvo que el magistrado ponente es familiar del accionado Carlos Manuel.
1.6. Carlos Manuel fue condenado por el Juzgado 21 Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá a una pena de 72 meses de prisión, como autor del delito de violencia familiar. Por su edad y otras razones le fue autorizada prisión domiciliaria.
1.8. En consecuencia, solicitó que se amparen sus derechos a la vida, a la familia, de defensa y debido proceso, y se deje sin efectos la sentencia del proceso ordinario que le negó su derecho a recibir alimentos, y se ordene a la Superintendencia de Sociedades retrotraer las actuaciones ilegales en las que habría incurrido el señor Carlos Manuel con el fin de evadir dicha obligación.
1.9. En demanda de divorcio, la señora Andrea, por conducto de apoderado judicial, solicitó ante el Juzgado Veintidós de Familia del Circuito la cesación de los efectos civiles de su matrimonio. Dicho expediente fue remitido al Juzgado Primero de Familia de Descongestión en virtud del ACUERDO No. PSAA15-10373 del Consejo Superior de la Judicatura.
1.10. Además de la solicitud de cesación de efectos civiles de su matrimonio, reclamó ante la justicia declarar disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal a la que pertenecían ella y el demandante. De igual forma, solicitó fijar en su favor una cuota de alimentos por un monto de $ 10.000.000, a cargo de Carlos Manuel.
1.12. El acusado Carlos Manuel formuló demanda de reconvención en los siguientes términos: la señora Andrea incumplió “con el deber de cohabitación, debido a que “echó” a su consorte del cuarto y desde hace 10 años, se resiste a tener vida marital. De igual manera en diciembre de 2008 viajó fuera del país sin pedir autorización y sin dar aviso al demandante, lugar en donde permaneció por tres meses”. Adicionalmente, señaló algunos episodios de violencia ocurridos en el año 2007 mientras se encontraban en su finca de descanso. Indicó que “lo golpeó y trató de ahorcar con la corbata, por lo que la señor (sic) Daniela Pérez[4] acudió a socorrerlo”.
1.15. En criterio del juez de primera instancia y de conformidad con las pruebas halladas en el expediente, los dos extremos de la relación matrimonial presentaron eventos de violencia. Por una parte, según el dictamen pericial rendido por el Instituto de Medicina Legal, la señora Andrea presenta sintomatología depresiva ansiosa crónica, ocasionada por las agresiones físicas y psicológicas que le proporcionó Carlos Manuel. Por otra parte, también encontró probada la causal tercera sobre tratos crueles alegada por el demandante secundario, en tanto, de acuerdo con declaración ofrecida por la señora Daniela Pérez, la señora Andrea “lo agredió físicamente, con aruñetazos, patadas y rodillazos, así como en otra ocasión lo atacó, dejándole moretones y en otra oportunidad lo trató de ahorcar con la corbata”.
1.16. En ese orden de ideas y por esas razones, el Juzgado Primero de Familia en Descongestión no accedió a la solicitud de alimentos reclamada por la señora Andrea. En su concepto, las actuaciones de los dos cónyuges se enmarcaron dentro de la causal tercera de divorcio (tratos crueles) y por ese motivo, los dos son considerados culpables. Así, insiste el juzgador en que para reconocer alimentos se requiere (i) necesidad, (ii) capacidad económica y (iii) que uno de los dos sea catalogado como cónyuge culpable. En consecuencia, no existía lugar al señalamiento de alimentos en favor de las partes.
1.17. Esa decisión fue apelada por la señora Andrea. Dicho proceso le correspondió, en segunda instancia, a la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá. Esa Corporación confirmó la sentencia del juez de primera instancia, reiterando los argumentos esgrimidos por ese juzgador.
1.18. El Tribunal reiteró que “de las declaraciones recaudadas puede extraerse que, ciertamente, las agresiones entre los consortes fueron mutuas, pues aunque no existe una prueba fehaciente directa de que don Carlos Manuel haya agredido físicamente a su esposa, ello sí puede inferirse” de las declaraciones obtenidas en el curso del proceso. Por su parte, “es doña Nelva Ramos (sic) quien afirma que pudo presenciar cuando doña Andrea trató de ahorcar con una corbata a su consorte y que lo golpeaba repetidamente en la cara”. En consecuencia, y por esas mismas consideraciones, negó fijar alimentos en cabeza de alguno de los dos demandantes por encontrarlos culpables.
La Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior de Bogotá guardó silencio. Por su parte, la Superintendencia de Sociedades respondió los requerimientos hechos por la parte demandante. Dicha entidad se opuso a las pretensiones de la demandante, principalmente, argumentando que el conflicto que alega la señora Andrea se sustrae de aspectos relacionados con su separación y liquidación de la sociedad conyugal que conformaba con Carlos Manuel. De esa manera, señaló que las actuaciones de la Superintendencia no tienen ninguna relación con ese conflicto y nunca ha recibido quejas o reclamaciones sobre presuntas irregularidades en las transacciones de las sociedades en las que tiene algún tipo de incidencia el señor Carlos Manuel.
3. Sentencias de tutela que se revisan.
La Sala de Casación Civil de Corte Suprema de Justicia negó las pretensiones de la actora. En su criterio, la solicitud de protección no cumplía con el requisito de inmediatez, toda vez que el amparo constitucional fue interpuesto el 13 de febrero de 2015, es decir, más de dos años después de haberse proferido la sentencia acusada de ilegal. Por tanto, al no superar los requisitos formales de procedencia de la acción de tutela, el amparo fue declarado improcedente.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de primera instancia. Al igual que la decisión impugnada, reiteró que la tutela no cumplía con el requisito de inmediatez, pues el amparo fue interpuesto poco más de dos años después de haberse causado el hecho vulnerador. En consecuencia, se tornaba improcedente.
4. Actuaciones surtidas en la Corte Constitucional.
Primero.- Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, solicitar a la señora Andrea, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, informe a este despacho (i) cuáles son sus ingresos actuales, (ii) si se encuentra trabajando o si recibe alguna pensión, (ii) si se hace cargo económicamente de su hija, (iv) cuáles son sus gastos mensuales, (v) si tiene alguna deuda, (vi) indique en qué condiciones se encuentra viviendo. Así mismo, manifieste cualquier otra información que considere relevante para la resolución del caso de la referencia, y envíe los soportes que considere pertinentes.
Segundo.-Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, solicitar a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, informe a este despacho si actualmente el señor Carlos Manuel identificado con la c.c. 17.139.221 de Bogotá y la señora Andrea, identificada con la c.c. 32.508.376 de Medellín, reciben alguna pensión. En caso de que su respuesta sea afirmativa, informe el monto de cada una, si se encuentran activas y envíe los soportes pertinentes.
Tercero.- Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, solicitar al Magistrado de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Alejo Barrera Arias, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, informe si tiene algún grado de parentesco, consanguinidad o afinidad con el señor Carlos Manuel identificado con la c.c. 17.139.221 de Bogotá. En caso de que su respuesta sea afirmativa, informe si manifestó dicha situación ante sus compañeros de Sala respecto del proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico promovido por Andrea contra Carlos Manuel radicado con el número 2009-00704-00, en el cual profirió sentencia de segunda instancia el 17 de octubre de 2012 como Magistrado Ponente.
Cuarto.- Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, solicitar a la Cámara de Comercio de Bogotá, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, informe a este despacho si actualmente el señor Carlos Manuel identificado con la c.c. 17.139.221 es el controlante del grupo empresarial conformado por las empresas BDO Salud Age S.A. (830.040.378), BDO Holdings Colombia S.A. (830.053.527), BDO Avaluos Age S.A. (800.182.985), BDO Risk Managment S.A. (830.040.381), BDO Legal Age S.A. (830.040.379), BDO Audit Age S.A (860.600.063), Exxon S.A. (860.034.327), BDO Consulting Age S.A. (860.065.829) y, Consultoria y Asesorías Gerenciales Especializadas Consultage S.A. (800.024.873). Si su respuesta es negativa, informe quién controla el grupo, e indique si el señor Carlos Manuel es accionista o miembro de las juntas directivas de las mismas.
Quinto.- Por la Secretaría General de esta Corporación, solicitar al Juzgado 22 de Familia de Bogotá, que en el término de las cuarenta y ocho (48) siguientes a la notificación de esta providencia, remita a este despacho en calidad de préstamo, el expediente contentivo del proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico promovido por Andrea contra Carlos Manuel radicado con el número 2009-00704-00. Así mismo, informe los avances respecto de la fijación de alimentos provisionales a favor de la señora Andrea, envíe los soportes correspondientes y manifieste cualquier otro asunto que considere relevante para resolver el caso en concreto.
Sexto.- Por la Secretaría General de esta Corporación, solicitar a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, informe a este despacho si el proceso de violencia intrafamiliar promovido por Andrea contra Carlos Manuel Radicado número 2009-00113 se encuentra surtiendo el trámite de casación. Si su respuesta es afirmativa, establezca el estado actual del mismo, y remita los soportes correspondientes.
Octavo.- Por la Secretaría General de esta Corporación, poner en conocimiento a las facultades de psicología de las Universidades Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, y Universidad de los Andes el contenido de la solicitud de tutela instaurada por la señora Andrea, con el fin de que remitan a esta Corporación concepto sobre el caso de la referencia, específicamente sobre la noción de violencia psicológica y económica contra la mujer en el marco de una relación de pareja, así como las formas para identificar su ocurrencia. Para los efectos pertinentes, envíese a cada una copia de los folios 66 a 88, 127 a 137, y 1 a 65, del cuaderno de primera instancia de la acción de tutela.
Décimo.- Por la Secretaría General de esta Corporación, poner en conocimiento a la Organización Sisma Mujer[6], a la Red Nacional de Mujeres[7], y a la Organización Women’s Link Worldwide[8], de la acción de tutela instaurada por la señora Andrea, con el fin de que, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, remitan a esta Corporación concepto sobre el caso de la referencia. En particular sobre el concepto y las formas de violencia psicológica y económica frente a las mujeres en el marco de una relación de pareja; así como los factores o indicios que sirven para de identificar su ocurrencia. Para los efectos pertinentes, envíese a cada una copia de los folios 66 a 88, 127 a 137, y 1 a 65, del cuaderno de primera instancia de la acción de tutela.
Undécimo.- Por la Secretaría General de esta Corporación, poner en conocimiento a la Corporación Humanas Colombia[9], a ONU Mujeres[10], al Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar de la Universidad Javeriana[11], al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad Dejusticia[12], y al Grupo de Investigación de Derecho y Género de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes[13] de la acción de tutela instaurada por la señora Andrea, con el fin de que, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, remitan a esta Corporación concepto sobre el caso de la referencia. En particular sobre:
La profesora Isabel Cristina Jaramillo de la Universidad de los Andes respondió las preguntas formuladas por esta Sala. Para ello, dividió su exposición en tres puntos. En el primero se refirió a la violencia económica entre personas que cuentan con abundantes recursos económicos. En segundo lugar, la renuencia a condenar por alimentos al cónyuge culpable de violencia por encontrarse que la tutelante desplegó conductas defensivas a lo largo de su relación. Finalmente, a la relación que existe entre la liquidación de la sociedad conyugal y la deuda alimentaria.
Sugiere la profesora Jaramillo que este caso amerita un esfuerzo por identificar razones que demuestren que no se trata un caso excepcional de violencia de poder y control. Para esto “debería probarse que la señora Andrea que interpone la tutela tiene suficientes recursos personales y sociales como para resistir como un igual la violencia que ha desplegado su marido durante estos años. El que ella tenga algunos bienes económicos y un status social importante no debe mirarse en abstracto sino en relación con la situación de su marido (ex marido)”. Continúa diciendo que “no es necesario probar un daño extraordinario ni la fragilidad “abstracta” de la víctima para convencerse de que lo que ha tenido lugar es una victimización encaminada a un ejercicio de poder y control sobre la señora Andrea”.
Finalmente, señala que la doctrina del derecho civil de familia ha establecido que existen dos excepciones a la concurrencia de culpas como causal de exclusión del derecho y deber de alimentos entre los cónyuges. La primera (i) cuando la conducta de uno de los cónyuges se explica por la conducta del otro. Por ejemplo, cuando la mujer abandona su hogar para evitar el maltrato del hombre. La segunda (ii) se trata de identificar cuál de las dos conductas ha sido más grave que la otra. Para la Universidad consultada, la situación de la señora Andrea se enmarca dentro de la primera hipótesis.
Néstor Raúl Correa, Presidente de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, sostuvo que si bien no es competencia de la Comisión pronunciarse sobre los aciertos o yerros judiciales, los hechos de este caso dan cuenta de la importancia de intensificar sus jornadas de capacitación en temas de género y derecho. Para ello, los Autos 008 de 2009 y 009 de 2015 son especialmente pedagógicos.
Belén Sanz Luque, representante de la entidad consultada, respondió los requerimientos de la Sala. En primer lugar, sobre las formas de violencia psicológica y económica frente a las mujeres, citó la definición establecida en el artículo 2 de la ley 1257 de 2008, según la cual, violencia contra la mujer se entiende “cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. Para efectos de la presente ley, y de conformidad con lo estipulado en los Planes de Acción de las Conferencias de Viena, Cairo y Beijin, por violencia económica, se entiende cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Esta forma puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares y en las laborales o económicas”.
La profesora María Elvia Domínguez Blanco, docente del Departamento de Piscología y Magister en Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, atendió las preguntas formuladas por la Sala Novena de Revisión Constitucional. En concepto de la interviniente, el concepto de violencia psicológica y económica contra la mujer comprende dos aspectos. Por una parte, la definición e indicadores de la violencia en sus dimensiones psicológicas y económicas y, por otra, los conceptos psicológicos que pueden servir de recurso probatorio en este tipo de casos.
Las ciudadanas Linda María Cabrera Cifuentes y Carolina Morales Arias, investigadoras de la Corporación, se dirigieron a esta Corte respondiendo los interrogantes formulados por la Sala Novena de Revisión. En su concepto abordaron el tema de la violencia de doméstica como una vulneración al derecho humano a una vida libre de violencia y, además, el concepto de violencia psicológica y económica en contra de la mujer.
Por otra parte, el concepto allegado a la Sala también discutió sobre las formas de discriminación de las autoridades judiciales y el refuerzo de la desconfianza y temor de las víctimas para denunciar y obtener pronta y justa respuesta. Para las investigadoras, las Cortes nacionales e internacionales han hecho un llamado a las autoridades judiciales para no efectuar ningún tipo de discriminación por razones de género, lo cual comprende, como es apenas natural, no utilizar estereotipos sexuales, sociales y culturales de las mujeres para tomar sus decisiones. Por ello, el Estado “debe dar plena validez a las declaraciones de las víctimas por ello no puede invalidarse por ausencia de denuncia inmediata de los hechos de violencia sufrida, de la falta de precisión en el relato de la víctima, o de detalles de acontecimientos y fechas”.
María Isabel González, directora del programa de psicología, acudió al llamado de la Sala remitiendo concepto sobre las preguntas formuladas por este Tribunal. Para la Universidad, la violencia y el maltrato en contra de la mujer es un fenómeno mundial que preocupa por las múltiples repercusiones sociales que genera. En criterio de la profesora, este problema deja de ser un asunto del ámbito privado para convertirse en un verdadero tema de salud pública y que, por la misma razón, afecta la economía de toda la nación.
Susana Rodríguez Caro, Defensora Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género, intervino en este proceso para responder las consultas realizadas por la Corte. En relación con la discriminación de género por parte de autoridades judiciales, la Defensoría del Pueblo sostuvo que aún persisten problemas en la incorporación del enfoque de género en las decisiones judiciales. Manifestó que desafortunadamente “las autoridades judiciales continúan atendiendo los casos de violencia de género como simples conflictos al interior del hogar, que no ameritan mayor análisis de la gravedad de la situación o el verdadero riesgo de la víctima, desconocen que la violencia contra la mujer, ya sea en el ámbito público o privado constituye un delito y una violación de derechos humanos”.
Esta Corte es competente para conocer del fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud del auto del treinta y uno (31) de julio de dos mil quince (2015) expedido por la Sala de Selección Número Siete de esta Corporación, que decidió seleccionar el presente asunto para su revisión.
De acuerdo con los hechos del caso, la señora Andrea contrajo matrimonio católico con Carlos Manuel el 5 de diciembre de 1987. Relató en su escrito de tutela que poco tiempo después de haberse casado, fue víctima de violencia física y psicológica producida por los malos tratos recibidos de su esposo. Durante todo su matrimonio soportó golpes, burlas en público y humillaciones. Incluso, indicó, su hija también fue agraviada por Carlos Manuel.
Teniendo en cuenta su situación interpuso una demanda de divorcio que le correspondió resolver en primera instancia al Juzgado 1º de Familia de Descongestión de Bogotá el cual decretó la cesación de los efectos civiles del matrimonio entre la accionante y Carlos Manuel, por la causal de ultrajes, trato cruel y maltratamientos de obra. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Familia - confirmó la sentencia emitida por el a quo. Sin embargo, negó el derecho de la accionante a recibir alimentos por parte de su ex cónyuge, argumentando que la violencia entre los esposos había sido recíproca, de acuerdo con los diferentes testimonios que fueron aportados al proceso.
En consecuencia, solicitó que se amparen sus derechos a la vida, a la familia, de defensa y debido proceso, y se deje sin efectos la sentencia del proceso ordinario que le negó su derecho a recibir alimentos, y se ordene a la Superintendencia de Sociedades retrotraer las actuaciones ilegales en las que habría incurrido el señor Carlos Manuel con el fin de evadir dicha obligación.
Dentro de sus competencias, esta Sala estima que el propósito principal de la señora Andrea consiste en desvirtuar la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá por, al menos, dos razones. La primera, porque el juez no valoró las pruebas aportadas al proceso (defecto fáctico) ya que a pesar de existir un largo historial de maltrato proveniente de su esposo, decidió omitir esa situación para tomar su decisión. En su defecto, encontró culpables de la causal tercera de divorcio a los dos cónyuges. Esa situación, entonces, como segunda razón, ocasionó la aplicación indebida del artículo 154 y 411 del Código Civil (defecto sustantivo) al no conceder alimentos en su favor. Finalmente, existió un desconocimiento directo de la Constitución por no interpretar las normar procesales del Estatuto Civil de conformidad con los artículos 13 y 42 de la Carta.
De acuerdo con la anterior exposición, corresponde a la Corte determinar si la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá - Sala de Familia– incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento directo de la Constitución, vicios que por su gravedad y entidad jurídica la hacen contraria a los derechos fundamentales, en especial el debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, como quiera que negó las pretensiones de la accionante relacionadas con recibir alimentos por parte de su ex cónyuge, argumentando que la violencia física y sicológica entre los esposos fue recíproca.
Para resolver este interrogante, la Sala adoptará la siguiente metodología: En primer medida se abordará (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de providencias judiciales. En segundo lugar, estudiará (ii) los estándares nacionales e internacionales sobre protección de los derechos de la mujer. En tercer lugar, (iii) se analizarán los distintos tipos de violencia en contra de la mujer, para, finalmente, (iv) resolver el caso concreto.
6.6. Que no se trate de sentencias de tutela.[26] Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la Sala respectiva, se tornan definitivas.
A partir de lo reiterado, la Sala Novena de Revisión Constitucional resolverá, más adelante, sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de decisiones judiciales. Debe advertirse, preliminarmente, que se está en presencia de un caso en el que no solo se está en un escenario de violencia y discriminación de género, sino que, es deber de los jueces nacionales tomar sus decisiones con ese mismo enfoque. Por tanto, ese será un factor determinante a la hora de verificar los requisitos esgrimidos en párrafos anteriores.
De acuerdo con lo anterior, los estándares internacionales constituyen fuentes de obligación del Estado, pero también son normas aplicables a casos concretos. Acorde con ello, existen una serie de instrumentos que tienen especial relevancia para la solución del caso que estudia esta Sala y que servirán como parámetro normativo para ese propósito.
La sentencia T-967 de 2014 (M.P. Gloria Ortiz Delgado) resumió los estándares legales de protección de la mujer en Colombia. Para esta Corporación, el Legislador, en 1996, expidió la Ley 294 de 1996 por medio de la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución y se dictan disposiciones para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. En esa norma, entonces, se emitieron directrices y principios que toda autoridad debe acatar cuando se solucione casos de violencia intrafamiliar. Entre ellos se destacan “a) la primacía de los derechos fundamentales y el reconocimiento de la familia como institución básica de la sociedad; b) que toda forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y por lo tanto, será prevenida, corregida y sancionada por las autoridades públicas; c) la igualdad de derechos y oportunidades del hombre y la mujer”[55], entre otros. De la misma manera, se establecieron medidas de protección en favor de la mujer cuando ocurren este tipo de eventos y la manera sobre cómo proceder para asistir a las víctimas.
En ese orden, decisiones recientes de esta Corporación también han identificado formas de violencia en contra de la mujer que a pesar de no ser evidentes, tienen una relevancia jurídica especial al momento de las autoridades públicas cumplan con sus funciones. Esta Corte reconoce que aún persisten dificultades al judicializar algunas formas de discriminación que por cargas probatorias, en algunos casos excesivas, son difíciles de visibilizar. En este capítulo, la Sala Novena de Revisión Constitucional hará referencia a los tipos de violencia en contra de la mujer, a su vez que, reiterará algunos pronunciamientos que en sede de revisión han permitido incorporar enfoques de género en las relaciones privadas y públicas. De la misma forma, abordará el estudio de los estereotipos de género en las decisiones judiciales, aspecto que representa uno de tantos escenarios de discriminación.
Como se señaló, la ley 1257 de 2008 incorporó en nuestro ordenamiento, acorde con estándares internacionales, diferentes formas de violencia. El propósito de esa norma no es otro distinto al de visibilizar otros, no por ello nuevos, escenarios de agresión. En efecto, criterio que comparte esta Sala, en muchas ocasiones, la opresión contra esta población es difícil de percibir.
De acuerdo con los hechos del caso, la señora Andrea contrajo matrimonio católico con Carlos Manuel, el 5 de diciembre de 1987. La peticionaria relató que poco tiempo después de haberse casado, fue víctima de violencia física y psicológica producida por los malos tratos recibidos de su esposo. Afirmó que durante todo su matrimonio soportó golpes, burlas en público y humillaciones. La situación fue de tal magnitud que incluso, indicó, su hija también fue agraviada por Carlos Manuel.
Debido a su situación, interpuso una demanda de divorcio que le correspondió resolver, en primera instancia, al Juzgado 1º de Familia de Descongestión de Bogotá el cual decretó la cesación de los efectos civiles del matrimonio entre la accionante y Carlos Manuel, por la causal de ultrajes, trato cruel y maltratamientos de obra. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Familia - confirmó la sentencia emitida por el a quo, pero negó el derecho de la accionante a recibir alimentos por parte de su ex cónyuge, argumentando que la violencia entre los esposos había sido recíproca de acuerdo con los diferentes testimonios que fueron aportados al proceso.
Carlos Manuel fue condenado por el Juzgado 21 Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá a una pena de 72 meses de prisión, como autor del delito de violencia familiar. Por su edad, le fue autorizada prisión domiciliaria. En consecuencia y por todo lo anterior, solicitó que se amparen sus derechos a la vida, a la familia, de defensa y debido proceso, y se deje sin efectos la sentencia del proceso ordinario que le negó su derecho a recibir alimentos, y se ordene a la Superintendencia de Sociedades retrotraer las actuaciones ilegales en las que habría incurrido el señor Carlos Manuel con el fin de evadir dicha obligación.
A ese respecto se tiene, en primer lugar, que el problema jurídico puesto a consideración por la señora Andrea tiene relevancia constitucional, pues advierte que los presuntos errores en los que incurrió la Sala Civil–Familia–Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, centrados en la indebida valoración probatoria y el desconocimiento de normas sustantivas aplicables al caso, son de una entidad tal, que afectan el derecho al debido proceso del demandante en el proceso de divorcio y posterior fijación de alimentos en su favor. En efecto, se trata de una sentencia que puede afectar los derechos de la demandante a tal punto de cercenar, desproporcionadamente, su vida digna, mínimo vital y no discriminación.
En segundo lugar, la Sala constata que la sentencia acusada resolvió en segunda instancia el proceso de divorcio adelantado por la señora Andrea, razón por la cual no es posible presentar nuevos recursos ordinarios contra esa decisión. Adicionalmente, aunque la decisión cuestionada es susceptible del recurso extraordinario de revisión, contemplado por el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil, este instrumento no se muestra idóneo para resolver la controversia jurídico–constitucional materia de la presente decisión. Las causales para la revisión de las sentencias ejecutoriadas, previstas en el artículo 380[77] no permiten que esas decisiones sean atacadas por la violación de normas constitucionales, fundada en defectos fácticos o sustantivos como los argumentados en el presente caso. Por tanto, habida consideración del carácter taxativo y estricto de esas causales de revisión, el mecanismo se muestra del todo insuficiente para dar respuesta a los asuntos planteados por la accionante.
En relación con el requisito de inmediatez, esta Sala debe, entonces, retomar las reglas previstas en la sentencia T-967 de 2014 emitida por la Corte Constitucional. En aquella ocasión, la Corte tuvo que enfrentarse a un problema de subsidiariedad en un caso de violencia física de género, pues la peticionaria no había agotado todos los recursos ordinarios de ley, argumentando que su defensa dejó vencer el término previsto para ello. En esa oportunidad y por tratarse de un tema tan trascendental como era violencia de género, la Corte concluyó que los requisitos de procedencia formal de la acción de tutela, no podían dejar sin contenido el derecho fundamental que se pretendía proteger. En ese sentido, concluyó que esos requisitos, además de tratarse de un sujeto especial de protección, se flexibilizaban aún más, cuando en el caso se presentaran elementos que indicaran violencia contra la mujer. Para la Corte, una forma de violencia contra la mujer sería impedirle acceder a medios judiciales para proteger sus derechos, en apariencia de legalidad y formalidad procesal.
La acción de tutela promovida por la señora Andrea contra la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá se estructura en dos presuntos defectos, que en criterio de la accionante hacen al citado fallo incompatible con sus derechos fundamentales. Estas cuestiones, de manera simplificada, versan sobre los siguientes aspectos:
Por otra parte, la sentencia atacada también incurrió en yerro contrario a derechos fundamentales, cuando valoró las pruebas aportadas al proceso. En efecto, el juez de segunda instancia encontró probada la concurrencia de culpas y en consecuencia negó su derecho a recibir alimentos por parte de su cónyuge, argumentando que de conformidad con las pruebas testimoniales practicadas al proceso, la peticionaria habría incurrido en episodios de violencia que la convierten en cónyuge culpable. Lo anterior, sin tener en cuenta la decisión de la justicia penal que declaró culpable al señor Carlos Manuel por maltrato intrafamiliar. En consecuencia, para el caso objeto de estudio (i) resultaba desacertado otorgarle la misma envergadura a las pruebas obrantes en el proceso de divorcio; y, (ii) incluso si se aceptara el análisis efectuado por el Tribunal Superior de Bogotá, existían en el proceso pruebas fehacientes sobre la violencia desproporcionada que el acusado causaba sobre ella.
El primer y segundo aspecto objeto de censura, se refiere al presunto defecto fáctico y sustantivo en que incurre la sentencia al negar el reconocimiento de alimentos en favor de la peticionaria, a partir de análisis fundados en una interpretación indebida del artículo 411 del Código Civil y la valoración inadecuada de las pruebas que reposan en el expediente. Para resolver este aspecto, a juicio de la Sala, resulta esencial enmarcar el problema jurídico propuesto dentro del marco legal que le resulta aplicable, en especial lo que respecta al derecho de alimentos en favor del cónyuge inocente a cargo del culpable. Ello con el fin de determinar si, como lo sostiene el accionante, la actuación adelantada por el Tribunal demandado desconoció o aplicó indebidamente las normas legales del caso y los efectos que estas imponen.
En efecto, una interpretación estricta del artículo 411 del Código Civil llevaría a esta Sala a concluir que la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá sería razonable y ajustada a derecho. Luego de revisado el texto de la sentencia acusada de errante, esta Sala podría, en abstracto, determinar que el Tribunal, en efecto, aplicó adecuadamente el artículo 411 del Código Civil pues encontró que se presentaron episodios de violencia en las dos partes de la relación. De la misma manera, esta Sala no tendría argumentos para sostener que el juez de segunda instancia o bien utilizó indebidamente normas aplicables o las interpretó inadecuadamente.
Pese a lo anterior, frente al caso concreto, esta Sala estima que la interpretación estricta del artículo 411 del Código Civil que realizó el Tribunal Superior de Bogotá es contraria a derechos fundamentales. Para esta Corte, si bien en algunos casos la concurrencia de culpas conlleva a la negación bipartita de alimentos, de ahí no se sigue que, siempre, en todos los casos, esa deba ser la consecuencia jurídica del artículo 411 del Código Civil. Para esta Sala, una interpretación respetuosa de derechos fundamentales, especialmente de las mujeres, debe valorar la situación concreta de la pareja pues, como se demostrará a continuación, la culpa de una de las partes pudo ser causada por otra.
Por otra parte, a lo largo de esta providencia, la Sala Novena de Revisión Constitucional ha dado cuenta de cómo existen normas internacionales y nacionales que obligan a los administradores de justicia a resolver los casos con base en criterios diferenciales de género. Entre otras, la Ley 1257 de 2008 incorporó legalmente diferentes tipos de violencia en contra de la mujer. Esa norma prevé que el maltrato contra la mujer puede ser psicológico, físico, económico y que el daño que se ocasiona a esta población, también se presenta en relaciones familiares. Esa ley, entonces, debió ser tenida en cuenta por el Tribunal Superior de Bogotá pues existen abultadas pruebas de violencia en contra de la señora Andrea. Así, se trataba de un caso que justificaba y exigía un análisis de género en su favor. No obstante, el Tribunal hizo caso omiso a esas circunstancias, obviando análisis diferencial alguno.
Así las cosas, el Tribunal Superior de Bogotá debió aplicar esta, la interpretación más razonable, al igual que criterios de género (Ley 1257 de 2008) para evitar una doble victimización de la señora Andrea. Tal y como se mostrará a continuación, haciendo alusión al defecto fáctico, el juez no solo interpretó indebidamente la sanción prevista en nuestro Estatuto Civil, sino que, sin dar cuenta de las circunstancias particulares del caso, concluyó que los dos cónyuges concurrieron en culpa y por tanto, ninguno era merecedor del derecho de alimentos. Lo anterior, a pesar de que existían pruebas fehacientes del maltrato prolongado e intenso que el demandado en divorcio causaba sobre la accionante de tutela.
En este orden de ideas, en el caso concreto, el juez de segunda instancia, luego de una deficiente argumentación, puntualizó que existieron pruebas suficientes para sostener que tanto la señora Andrea y el demandado en divorcio Carlos Manuel, presentaron episodios de violencia en su relación, razón por la cual, sostuvo, los dos eran cónyuges culpables y, por tanto, no había lugar a conceder alimentos en favor de alguno de ellos.
El Tribunal llega a esa conclusión con base en dos pruebas. Por una parte, sostuvo que existen indicios (no pruebas directas) de que el demandado maltrató psicológicamente a la señora Andrea a lo largo de su relación. Por otra, estimó que la peticionaria también había presentado episodios de violencia contra él. Específicamente, tomó su decisión con base en unos hechos sucedidos en el municipio de Villa de Leyva, donde la peticionaria habría arrojado un secador y atacado físicamente al señor Carlos Manuel. Lo anterior con base en una declaración de la entonces empleada doméstica que respaldaría la versión del demandado en divorcio.
Ahora bien, una vez revisado el expediente del proceso de divorcio al igual que el de tutela, la Sala Novena de Revisión encuentra que el Tribunal Superior de Bogotá cercenó pruebas fehacientes que comprueban el maltrato constante y prolongado que el señor Carlos Manuel ejercía sobre la tutelante. Ese juzgador concluyó que la violencia fue recíproca entre las partes, pero no se detuvo en analizar lo que los elementos probatorios evidenciaron. El juez de segunda instancia llegó a esa conclusión obviando por completo que existía una sentencia emitida por la justicia penal que condenó al señor Carlos Manuel por el delito de violencia intrafamiliar. Si hubiese tomado en consideración dicha providencia, la decisión habría sido diferente.
Si el Tribunal Superior de Bogotá hubiese hecho un estudio riguroso de las pruebas, el sentido del fallo habría sido diferente. En dicho documento se evidencia con claridad que la situación de violencia que ejercía el señor Carlos Manuel, comenzó de tiempo atrás y que el episodio relatado por su empleada doméstica, fue producto de los continuos agravios y episodios violentos en su contra. Esta Sala no comparte el análisis jurídico del Tribunal que otorgó el mismo valor probatorio a los medios aportados por las partes, a la postre de cercenar por completo la decisión de la justicia penal.
Es evidente para la Sala Novena de Revisión que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia del 31 de octubre de 2014, encontró claramente demostrada la violencia económica, física y psicológica que Carlos Manuel ejercía sobre Andrea, al punto de condenarlo por el delito de violencia intrafamiliar.
Por una parte, la violencia física fue comprobada a través de múltiples testimonios, pruebas periciales y documentos técnicos (contrastados con las pruebas aportadas por la defensa) de los cuales se concluyó que en el mes de diciembre de 2008, el condenado Carlos Manuel, en estado de embriaguez, agredió físicamente a su ex esposa por mostrarse en desacuerdo con algunos documentos del divorcio en el que declaraba que él y su empresa estaban a paz y salvo con ella. Luego de mostrar su rechazo, “la cogió de la garganta, llevó al cuarto donde él ya dormía, la puso contra el escritorio y la golpeó”. En concreto, “le dio patadas, le puso el pie encima del estómago (…) la tomó por el cuello y la apretaba”.
Esos hechos fueron confirmados por el galeno Jesús Augusto Cifuentes Toro, quien constató que encontró presencia de “excoriaciones leves en el dorso nasal, mejilla derecha, cara anterior, tercio medio del cuello ocasionadas con mecanismo corto contundente”. Como se aprecia, lejos de ser un altercado, ese episodio se convirtió en un claro y contundente caso de violencia física en contra de la peticionaria. Esa versión sería refutada por Cristina (testimonio aportado por Carlos Manuel) quien sostuvo que la señora Andrea maltrataba tanto verbal como físicamente a Carlos Manuel.
No obstante, Angélica, hija de los recurrentes, negó en audiencia pública los hechos que la testigo declaraba como ciertos. Incluso, aseveró que “su mamá siempre lo quiso mucho (al condenado), fue muy preocupada por él, por tratar de complacerlo… siempre era prioridad mi papá, siempre en función de cómo se podía complacer”. Por el contrario, él, “siempre la ridiculizó delante de todo el mundo, a tal punto que era objeto de risa, de chiste en sus fiestas. El centro del ridículo para todo el mundo”. Sostuvo que el condenado penal se refería a ella con calificativos como “estúpida, ignorante, loca, mitómana”, e incluso “hacía alusión a su ropa interior” para menospreciarla. Estos comportamientos ocurrían en todas partes: “en la casa, en el carro, en la oficina, en las fiestas, en las reuniones”.
Como si fuera poco, cuando Carlos Manuel recibió la citación de la Comisaría de familia por las denuncias elevadas por la señora Andrea, “dejó de pagar la administración del edificio, la dejó sin gas, sin luz, sin agua, sin teléfono y se llevó cinco carros que habían en la casa, al tiempo que rompió las chapas de toda la casa, sacó las cosas del clóset, se llevó los cuadros”, etc. Esos hechos fueron constatados por su hija quien en una visita al país verificó que en la vivienda de sus padres “faltaban muchas cosas y contrario a lo atestiguado por la empleada doméstica, escaseaban los víveres”.
Esa conducta (abstenerse de ayudar con los gastos de su esposa) se produjo con la intención de ocasionar daños patrimoniales y psicológicos en contra de la víctima. En efecto, el perjuicio no solo fue físico sino también psicológico y económico. Concretamente, el agresor desplegó una serie de ataques que desbordaron la capacidad de respuesta de la peticionaria. La violencia fue imperceptible y silenciosa a la luz de las autoridades y de la comunidad. Por su poder económico sobre la víctima, adecuó su comportamiento financiero para hacerla dependiente de sus decisiones. La señora Andrea, materialmente, se encontró sometida a las reglas de su esposo.
Esa circunstancia, lejos de ser irrelevante, tiene una trascendencia especial en el caso concreto. No puede obviarse el hecho de que la señora Andrea dependía económicamente de Carlos Manuel. Esa dependencia sirvió como un mecanismo de dominación sobre su esposa, ya que le impidió desempeñarse laboral y profesionalmente. En la providencia reseñada se resalta cómo antes de su matrimonio, la peticionaria laboraba en distintos oficios pero al casarse, Carlos Manuel le hizo retirar de su trabajo.
Como era de esperarse, las distintas formas de violencia ejecutadas por el esposo de la peticionaria, tuvieron serias consecuencias sobre su salud. Varios dictámenes médicos concluyeron que además de las lesiones físicas ocasionadas por los ataques, la señora Andrea también sufrió afectaciones a su salud mental y, como se sostuvo en la parte motivas de esta providencia, las consecuencias económicas para la víctima también fueron evidentes. Por ejemplo, la agredida somatizó “un problema serio de gastritis (…) vinculadas directamente con el momento en que empieza su vida en pareja”, al igual que un “cuadro emocional de depresión ansiosa profunda”.
De acuerdo con todo lo anterior, la justicia penal encontró que Carlos Manuel es responsable por el delito de violencia intrafamiliar. Ahora bien, extrañamente, esta discusión probatoria no se dio en el marco del proceso de divorcio que cursó en la jurisdicción ordinaria. Correlativamente, en el proceso penal tampoco se discutió la veracidad, idoneidad y pertinencia de la declaración de la señora Daniela Pérez, quien, en el proceso de divorcio, testificó que Andrea agredió físicamente al demandado “con aruñetazos, patadas y rodillazos, así como en otra ocasión lo atacó, dejándole moretones y en otra oportunidad lo trató de ahorcar con la corbata”. Aunque los hechos pudieron alegarse, fue solo en el proceso de divorcio cuando el demandado hizo valer este medio de prueba a la postre de que esa declaración fue la razón principal que utilizó el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil- para demostrar la culpa concurrente de los cónyuges en el proceso de divorcio.
Esta Sala no puede entender la negligencia del Tribunal Superior de Bogotá cuando omitió por completo esa sentencia a la que ha hecho referencia esta Corte. Parece jurídicamente inapropiado esta situación pues allí se encontraban todas las pruebas que daban cuenta de la violencia intensa ejercida por Carlos Manuel en contra de la accionante. No requería un despliegue argumentativo demasiado alto, ni una diligencia experta para notar todos los hechos anteriormente resaltados.
En este orden de ideas, y de conformidad con lo señalado en esta providencia, el Tribunal incurrió en defecto fáctico y sustantivo al negar el derecho de alimentos en favor de la señora Andrea por al menos, dos razones. De una parte, cercenó la sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, según la cual, el señor Carlos Manuel agredió física, psicológica y patrimonialmente a la accionante y como consecuencia de ello se produjeron diferentes daños en su salud física y mental. Así, no es cierto, como lo afirma la Sala Civil, que existen indicios que demostrarían que Carlos Manuel presentó en contra de la víctima episodios de violencia. Por el contrario, es un hecho completamente demostrado a través de una larga y profunda argumentación de la justicia penal.
En caso de haberse tenido en cuenta esa decisión judicial, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá ineludiblemente tuvo que haber llegado a otra conclusión sobre el fundamento fáctico de la sentencia. En ese sentido, la Sala Novena de Revisión Constitucional encuentra que la agresión de la tutelante declarada por la señora Daniela Pérez, encuentra explicación (no justificación) en toda una trayectoria de violencia efectuada por Carlos Manuel. Así, el juez no solo no tuvo en cuenta ese historial, sino que juzgó con las mismas consideraciones dos episodios sin reflexionar sobre la naturaleza subjetiva de las partes, debiendo aplicar enfoque de género en su raciocinio.
De acuerdo con lo señalado anteriormente, la agresión causada por Andrea no puede entenderse al margen de un largo y complejo escenario de violencia en su contra. Como quedó demostrado, esa reacción fue producto de un ahogo emocional ocasionado por las distintas formas de violencia que ejerció su cónyuge. Por ese motivo, la presunta violación del artículo 154 del Código Civil, fue consecuencia directa de la conducta de violencia desplegada de parte de Carlos Manuel de conformidad con las pruebas que no fueron tenidas en cuenta por el juzgador de instancia (defecto fáctico). Por tanto, el Tribunal Superior de Bogotá debió interpretar el artículo 411 del Código Civil de la manera en que fue señalado por esta Sala Constitucional y, en consecuencia, otorgar alimentos (congruos) en favor de la demandante en divorcio (defecto sustantivo).
En consecuencia, la Sala comprueba que el citado fallo viola el derecho fundamental al debido proceso de la señora Andrea. Por lo tanto, revocará el fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá y, en ese sentido, por las razones expresadas en esta decisión, ordenará al acusado fallador, emitir una nueva sentencia que respete los derechos fundamentales de la actora.
SEGUNDO: REVOCAR la Sentencia emitida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de justicia, el 2 de marzo de 2015, en primera instancia, y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 22 de abril de 2015, en segunda instancia, dentro del proceso de tutela iniciado por Andrea contra la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá y la Superintendencia de Sociedades. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia invocados por la accionante.
TERCERO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la decisión adoptada el 17 de octubre del 2012 por parte de la Sala Civil–Familia –Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, dentro del proceso de divorcio impetrado por Andrea en contra de Carlos Manuel.
CUARTO: ORDENAR a la Sala Civil–Familia–Laboral del Tribunal Superior de Bogotá que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, profiera una nueva sentencia, que resuelva la apelación presentada contra la decisión de primera instancia, adoptada dentro del proceso de divorcio citado en el numeral anterior. Esta sentencia deberá proferirse atendiendo las consideraciones realizadas por esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional.
A LA SENTENCIA T-012/16
JUEZ DE INSTANCIA-Libertad de apreciación fáctica y probatoria
(Salvamento parcial de voto)
A partir del análisis que se hace en la sentencia era posible concluir el déficit factico y sustantivo de la sentencia del tribunal, con base en lo cual lo que cabía era disponer la realización de un nuevo juicio, en el que se respetaran las pautas sentadas por la Corte, pero para que el tribunal con libertad de apreciación fáctica y probatoria, profiera decisión a que hubiere lugar.
Referencia: Sentencia T-012 de 2016.
Con el debido respeto por las decisiones de la Corte, expongo a continuación las razones por las cuales me separo parcialmente de la decisión adoptada en este caso.
Si bien comparto la decisión de conceder el amparo y devolver el expediente al juez de segunda instancia para que profiera nueva decisión, salvo parcialmente mi voto en cuanto a la disposición conforme a la cual la sentencia que profiera el tribunal accionado deberá proferirse atendiendo las consideraciones realizadas por la Sala de Revisión, en tanto estimo que, en buena medida, en tales consideraciones se predetermina el sentido de la decisión que corresponde adoptar al juez de instancia.
Considero que si bien el juez de tutela puede llegar hasta establecer el déficit en la actividad y la valoración probatoria del tribunal, no puede anticipar, así sea en la parte considerativa, categóricamente un juicio y menos aún si a ese proceso no se le incorpora una oportunidad para el debate probatorio y conceptual.
Por ello creo que, a partir del análisis que se hace en la sentencia era posible concluir el déficit factico y sustantivo de la sentencia del tribunal, con base en lo cual lo que cabía era disponer la realización de un nuevo juicio, en el que se respetaran las pautas sentadas por la Corte, pero para que el tribunal con libertad de apreciación fáctica y probatoria, profiera decisión a que hubiere lugar.
[1] Con el fin de proteger el derecho fundamental a la intimidad de la actora y de su familia, la Sala ha decidido reemplazar las referencias a su identificación en el presente proceso por el seudónimo de Andrea. De la misma forma, serán remplazados todos los nombres del texto de la providencia.
[4] La señora Daniela Pérez declaró para el proceso en referencia, reiterando estos hechos.
[14] Según hallazgos del proyecto de intervención en violencia doméstica realizado en Duluth Minnesota a principios de los años 80 y que ha transformado la forma en la que se comprenden las causas de la violencia intrafamiliar y sus expresiones, el sistema de respuesta a la violencia doméstica, falla al no adoptar políticas y procedimientos que den cuenta de las diferencias de la violencia entre conocidos y la violencia entre extraños. En la violencia entre extraños, a diferencia de la violencia doméstica, la víctima no tiene lazos económicos ni emocionales con el asaltante. No existe una historia compartida entre las partes y el contacto futuro es poco probable. En la violencia entre extraños, a diferencia de la violencia doméstica, la víctima no conoce al asaltante ni siente la necesidad de comprender el comportamiento violento. En la violencia entre extraños no existe el temor a la pérdida de la relación ni las presiones familiares para mantenerse en ella. Véase Pence Ellen. The Duluth Domestic Abuse Intervention Project. En: Hamline Law Review, Volumen 6, No 247 (1983)
[15]La indefensión aprendida ha sido definida como la deficiencia en la percepción de la mujer maltratada a propósito de sus posibilidades de abandonar la relación abusiva. Corresponde a un ajuste psicológico a la dependencia económica, el amor y las fallas del sistema legal para responder adecuadamente a su problema, entre otras. Véase Martha R Mahoney. Legal images of Battered women: Redefining the issue of separation. En: Michigan Law Review, Volumen 90 (1991-1992)
[16] Las dificultades que confrontan las mujeres a la hora de abandonar relaciones abusivas, han sido explicadas a partir de fenómenos como el síndrome de la mujer maltratada y la indefensión aprendida, entre otras. Según la literatura disponible las mujeres, a partir de las experiencias de abuso, pasan por un cambio en su personalidad que les dificulta la posibilidad de proyectarse y pensar en el futuro. La emoción primaria de la mujer maltratada es el miedo, de manera que sus pensamientos y esfuerzos se concentran en evitar el maltrato, desarrollar habilidades de supervivencia y formas de lidiar con el abuso en detrimento de su percepción sobre las posibilidades de salir de la relación. Véase Martha R Mahoney. Legal images of Battered women: Redefining the issue of separation. En: Michigan Law Review, Volumen 90 (1991-1992)
[18] Sentencia T-310 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[20] Sentencia T-173/93. M.P. José Gregorio Hernández [cita de la sentencia C-590/05. M.P. Jaime Córdoba Triviño].
[21] Sentencia T-504/00. Antonio Barrera Carbonell [cita de la sentencia C-590/05. M.P. Jaime Córdoba Triviño].
[22] Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05. M.P. Jaime Córdoba Triviño. [cita de la sentencia C-590/05. M.P. Jaime Córdoba Triviño].
[23] Sentencias T-008/98. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y SU-159/2000. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. [cita de la sentencia C-590/05. M.P. Jaime Córdoba Triviño].
[24] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-591/05 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
[25] Sentencia T-658-98. [cita de la sentencia C-590/05 M.P. Jaime Córdoba Triviño].
[26] Sentencias T-088-99. M.P. Clara Inés Vargas y SU-1219-01 M.P. Jaime Córdoba Triviño. [cita de la sentencia C-590/05 M.P. Jaime Córdoba Triviño].
[27] Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-324/96. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[28] Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-993/03 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
[29] Ver, entre otras, las sentencias T-231 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-442 de 1994. (M.P. Antonio Barrera Carbonell), T-567 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-025 de 2001, T-109 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-639 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[30] En la sentencia T-055 de 1997. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte determinó que, en tratándose del análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia.
[31] “En el plano de lo que constituye la valoración de una prueba, el juez tiene autonomía, la cual va amparada también por la presunción de buena fe” Sentencia T-336 de 1995 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), reiterada por la T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[32] Sentencia T-310 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[33] En este sentido, sentencias T-765 de 1998 y T-001 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[34] Sobre estas condiciones, Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-705/02 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[35] Sentencia T-310 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[39] Esta Corporación ha reconocido tal valor en las sentencias C-355 y C-667 de 2006 y sentencia T-878 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[44] Sentencia T-878 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[46] Sobre Colombia, por ejemplo, la CIDH ha emitido una serie de medidas cautelares para proteger los derechos de mujeres víctimas de distintos tipos de violencia. Entre otras: MC 319/09 Miembros de Liga de Mujeres Desplazadas y la Liga Joven de la LMD; MC 339.09 Claudia Julieta Duque Orrego y María Alejandra Gómez Duque; MC 1/10 Mujeres en situación de desplazamiento; MC 99/10 Corporación Sisma Mujer
[49] Por ejemplo, la protección de estabilidad laboral reforzada a la mujer en embarazo, a través de vía jurisprudencial, consolidada mediante la sentencia SU-070 de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada. Y la Ley1468 de 2011, por la cual se amplió la licencia de maternidad de 12 a 14 semanas.
[51] Aunque en este aspecto, las medidas son tímidas, se puede nombrar por ejemplo la sentencia C-355 de 2006, M. P. Carlos Gaviria Díaz, por medio de la cual se despenalizó el aborto en tres circunstancias específicas.
[54] Sentencia T-967 de 2014. M.P. Gloria Ortiz Delgado.
[57]Artículo 6°. Sobre los principios para la interpretación y aplicación de la Ley 1257 de 2008. Cita extraída de la sentencia T-967 de 2014. M.P. Gloria Ortiz Delgado.
[59] T-967 de 2014. M.P. Gloria Ortiz Delgado.
[63] Sentencia T-967 de 2014. M.P. Gloria Ortiz Delgado.
[64] Sentencia T-878 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[65] Ver, entre otras, las sentencias C-438 de 2013, M. P. Alberto Rojas Ríos; C-781 de 2012, M. P. María Victoria Calle Correa; T-973 de 2011; T-677 de 2011, M. P. Juan Carlos Henao Pérez; T-1015 de 2010, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; A-092 de 2008 (Sala de seguimiento a la T-025 de 2004), M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[66] Citas extraídas de la sentencia T-878 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[67] En sentencia C-371 de 2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz. la Corte declaró constitucional la ley estatutaria que reglamentó la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, mediante la imposición de una cuota de provisión para las mujeres, de mínimo el 30%, respecto a los cargos a proveer, como medida afirmativa.
[68] En la sentencia T-247 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto. la Corte estudió el caso de un empleador que utilizó el género como un parámetro de exclusión de una mujer para trabajar en una empresa como vigilante. En la providencia T-322 de 2002 indicó que no es posible que los empleadores establezcan parámetros dentro de los cuales, sin justificación alguna, opten por contratar trabajadores solo de determinado sexo. En el fallo T-624 de 1995 amparó los derechos de una mujer que deseaba ser Oficial de Infantería de Marina en la Escuela Naval, carrera que no se ofrece en ningún otro centro docente del país.
[69] En el fallo C-507 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, este Tribunal estudió la norma que disponía la nulidad del matrimonio y pérdida de todo efecto entre menores, partiendo de una diferencia de trato en las edades ya que para las niñas se establecía en 12 años, en tanto que para los niños en 14 años. Decidió que la disposición era constitucional siempre que se entendiera que la edad para la mujer es también de catorce años, como acaece para el hombre.
[71] Sentencia C-082 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz, que se pronunció respecto del numeral 7 del artículo 140 del Código Civil.
[72] En el fallo C-101 de 2005. M.P. Alfredo Beltrán Sierra la Corte sostuvo que la norma fue promulgada en una época en la que “el paradigma de lo humano, se construía alrededor del varón, y la mujer sencillamente era vista como un elemento de adorno cuya función en la vida era servir y hacer feliz al hombre. Superada esa época, la norma lejos de perseguir una finalidad constitucionalmente admisible, lo que hace es perpetuar la histórica discriminación a la que se ha visto sometida la mujer”.
[73] Sentencia T-005 de 2009. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7. Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento contemplados en el artículo 152 del C. de P.C., siempre que no haya saneado la nulidad.

References: resolución 
 artículo 2
 artículo 154
 artículo 42
 artículo 379
 artículo 380
 artículo 411
 artículo 411
 artículo 411
 artículo 411
 artículo 411
 artículo 154
 artículo 411
 artículo 140
 artículo 152