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Timestamp: 2018-07-19 09:43:50+00:00

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CNM: Estos son los exámenes escritos de todas las convocatorias del año 2017. ¿Puedes resolverlos? | Legis.pe
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Como se sabe, en lo que respecta al examen escrito en el marco de los procedimientos de selección y nombramiento de jueces y fiscales, el organismo autónomo ha extremado las medidas de seguridad durante esta etapa y ha elaborado pruebas por especialidad.
En un valioso acto de transparencia, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha puesto a disposición de la comunidad jurídica todos los exámenes escritos tomados en las diferentes convocatorias que se ha lanzado durante este año 2017, a fin de nombrar a jueces y fiscales.
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En cada convocatoria se han elaborado diversos exámenes. Así, estamos colocando los links respectivos para que puedan descargarlos en PDF, pero antes les dejamos como muestra el examen A de la Convocatoria 1-2016, para que lo resuelvan y vean el nivel de la evaluación.
El Presidente de la República ha declarado que solicitará en los próximos días que el Congreso de la República le otorgue facultades para legislar vía decreto legislativo en temas de lucha contra la inseguridad y también para la reforma del Poder Judicial.
1. Con relación a los Decretos Legislativos, es correcto afirmar:
a) No pueden estar referidos a la Reforma del Poder Judicial, pues éste solo se reforma mediante Leyes Orgánicas.
b) No son delegables las cuestiones relativas a la reforma de la Constitución.
c) Si el gobierno desea modificar la Ley de Presupuesto, podría usar la fórmula de la delegación.
d) No procede control constitucional de los decretos legislativos.
2. Si el Congreso de la República no otorgara estas facultades al Ejecutivo, la Constitución prevé:
a) Se produce la crisis total del gabinete, obligando al Presidente a nombrar nuevo Consejo de Ministros.
b) El Presidente puede disolver el Parlamento, si es que no leotorgan las facultades a dos solicitudes presentadas.
c) El Ejecutivo puede volver a solicitarla tantas veces lo considere necesario.
d) La Constitución no prevé nada al respecto.
3. ¿Frente a este caso, cuál es la vía judicial que correspondería?
a) Un proceso de habeas corpus emplazando al presidente a firmar el indulto
b) No existe medio judicial, la gracia es una prerrogativa no un derecho.
c) Un proceso de amparo contra la comisión de gracias presidenciales
d) Un proceso de amparo por omisión, para que las autoridades correspondientes den respuesta oportuna al pedido planteado.
4. Con relación a la prerrogativa de la gracia presidencial, la Constitución establece:
a) No existe regulación constitucional al respecto. La prerrogativa de la gracia presidencial está contenida en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
b) Solo procede respecto de procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria.
c) No procede si no hay una condena firme.
d) Es una competencia del Congreso de la República.
Marta y David se casan y tienen 2 hijos, Daniela y Rómulo, ambos menores de edad. En un paseo familiar sufren un accidente al ser impactado su automóvil por un camión conducido por Esteban.
Marta, David, Daniela y Rómulo desean iniciar un proceso para que se les indemnice por los daños y perjuicios sufridos. Todos contratan a un mismo abogado y señalan un mismo domicilio procesal.
5. Cada uno de los cuatro miembros de la familia ha sufrido daños que buscan que sean resarcidos. En atención a ello Marta y David plantean sendas pretensiones para que se les resarza los daños que cada uno de ellos ha sufrido, en los siguientes términos: “Que se le ordene a Esteban que pague la suma de S/. 100 000,00 por el daño a la integridad física que he sufrido”. Asimismo, Marta y David formulan una pretensión en representación de cada uno de sus hijos para que les indemnice a cada uno de ellos por el mismo monto por el daño a la integridad física que ellos han sufrido. En atención a lo expuesto, es correcto afirmar que:
a) Marta y David tienen legitimidad para obrar, pero no Daniela y Rómulo.
b) Marta y David tienen legitimidad para obrar y Daniela y Rómulo solo tienen interés para obrar.
c) Marta, David, Daniela y Rómulo tienen legitimidad para obrar.
d) Daniela y Rómulo no tienen legitimidad para obrar porque no tienen capacidad procesal.
6. Se dicta la sentencia declarando fundadas las pretensiones de David y Marta, pero improcedente la demanda respecto de las pretensiones planteadas por ellos en representación de sus hijos. Sin embargo solo se notifica al domicilio procesal común la cédula dirigida a David y Marta, mas no la cédula dirigida a ellos en representación de sus hijos, lo que sí ha ocurrido con todas las demás notificaciones del proceso. En atención a ello:
a) David y Marta no pueden impugnar la sentencia hasta que les llegue la cédula dirigida a ellos en representación de sus hijos.
b) La notificación a David y Marta es nula porque les debió llegar a todos la sentencia.
c) David y Marta pueden darse por notificados e impugnar la sentencia en representación de sus hijos.
d) Si David y Marta apelasen la sentencia, el superior que conoce del recurso de apelación debe declarar la nulidad del concesorio de ¡a apelación por el defecto insubsanable de la notificación de la sentencia.
La demanda contiene dos pretensiones principales y una accesoria. A su turno, la reconvención contiene una sola pretensión principal. El juez dicta sentencia pronunciándose en la parte decisoria sobre las pretensiones de la demanda más no sobre la pretensión de la reconvención. No obstante, en la parte considerativa aparece el análisis y la evaluación de hecho y de derecho sobre la pretensión de la reconvención. La sentencia ha sido apelada por la parte reconviniente, quien pide la nulidad de la misma por la omisión antes señalada.
7. La omisión aludida genera:
a) La nulidad de la sentencia por no haber pronunciamiento en la parte decisoria sobre la pretensión de la reconvención.
b) La conservación de la sentencia en base al principio de subsanación de la nulidad procesal que debe hacer la segunda instancia.
c) La conservación de la sentencia en base al principio de integración que debe hacer la segunda instancia.
d) La nulidad de la sentencia por haberse afectado el principio de congruencia y el debido proceso legal.
8. Los principios de la nulidad procesal constituyen:
a) Medios idóneos para conservar la validez de los actos procesales subsanables.
b) Medios idóneos para conservar la validez de los actos procesales insubsanables.
c) Medios idóneos para conservar la validez de los actos procesales subsanables e insubsanables.
d) Medios idóneos para interpretar la norma jurídica y hacer respetar la formalidad de los actos procesales.
En un proceso la parte demandada propone la excepción de cosa juzgada, la misma que es declarada fundada. Esta decisión ha sido confirmada en segunda instancia, motivando que el demandante presente recurso de casación por infracción normativa de una norma procesal solicitando que se revoque la resolución impugnada.
9. En este caso:
a) El demandante debió haber invocado la infracción de una norma de derecho material, pues al declararse fundada la excepción de cosa juzgada el proceso ha concluido.
b) El demandante debió presentar su recurso de casación para que se anule la resolución impugnada.
c) Ha hecho bien el demandante en presentar su recurso con una finalidad revocatoria.
d) El demandante debió pedir como pretensión impugnatoria principal la anulación de la resolución, y como pretensión alternativa la revocatoria.
10. Tratándose del recurso de casación es válido sostener:
a) Corresponde a la sala superior calificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad.
b) La casación discrecional procede cuando no se cumple con algún requisito de procedencia, siempre que con ello se pueda cumplir con alguna de las finalidades de la casación.
c) Las partes pueden ofrecer medios de prueba sobre hechos nuevos y relevantes para resolver la controversia.
d) El recurrente puede cuestionar el juicio de hecho y de derecho de la resolución impugnada.
César es un trabajador asegurado en Essalud que actualmente se encuentra enfermo. En virtud de la Ley 1 tiene derecho a percibir una prestación económica mensual adicional a su remuneración, por encontrarse temporalmente incapacitado para el trabajo, aún si se extinguiera su relación laboral. La ley 2, publicada el día de ayer en el Diario Oficial El Peruano, deroga a la Ley 1 y elimina el derecho a la prestación adicional en caso de incapacidad para el caso de quienes hayan perdido su trabajo.
11. Un mes luego de publicarse la Ley 2, César pierde su empleo, ¿tiene derecho a mantener su pensión por discapacidad?
a) Si, puesto que las leyes se aplican en sentido favorable al trabajador.
b) No, puesto que las normas se aplican a las condiciones existentes al momento de su puesta en vigencia.
c) Si, por efecto de la jurisprudencia vigente del Tribunal Constitucional.
d) Si, pues la relación laboral de César se inició con la Ley 1.
12. Si César mantuviera su vínculo laboral, y recién se hubiera enfermado luego de la vigencia de la Ley 2 ¿mantendría su derecho por incapacidad temporal?
a) No, puesto que la ley se aplica a las situaciones vigentes al momento en que ocurren los hechos, en este caso, el hecho es la enfermedad.
b) Si, puesto que César tiene un derecho adquirido.
c) No, por mandato constitucional.
d) Si, por el criterio de interpretación en caso de duda a favor del trabajador.
Juana es miembro de la Junta Directiva del Mercado “San Judas Tadeo” que se dedica al comercio de ropa y zapatillas en un mercadillo de la ciudad de Chimbóte. Debido a su exposición mediática en las últimas elecciones al Congreso y por su apoyo a uno de los postulantes al Congreso de la República, el pleno de los demás integrantes de la Junta Directiva y por unanimidad, ha decidido cancelar su participación en la junta Directiva, hecho del que Juana ha tomado conocimiento en forma fortuita, a través una compañera que también forma parte de la Junta Directiva del referido Mercado.
Juana era la tesorera en la Junta Directiva antes de su destitución y al momento de enterarse de su destitución, todos sus poderes habían sido cancelados en los registros públicos sobre la base de una asamblea extraordinaria que así lo habría aprobado por unanimidad, aun cuando María nunca tomó conocimiento de dicha asamblea.
13. ¿Tiene María posibilidades de acudir al proceso constitucional de amparo?
a) No debido a que los acuerdos de las asociaciones se toman en el marco de la autonomía de estas organizaciones que tienen protección constitucional.
b) No porque para impugnar acuerdos existe una vía igualmente satisfactoria en el proceso ordinario según lo ha ratificado el Tribunal Constitucional.
c) Existe afectación al debido proceso corporativo y el proceso de amparo protege estos supuestos.
d) No procede el amparo entre particulares
14. En el supuesto que la demanda de amparo hubiera sido rechazada liminarmente en las dos instancias del Poder Judicial aplicando el principio de residualidad del proceso de amparo, qué posibilidades existe a través de un recurso de agravio:
a) El Tribunal Constitucional siempre suele declarar la nulidad de todo lo actuado.
b) El Tribunal Constitucional, atendiendo a que existe una afectación al debido proceso, podría declarar fundada la demanda, siempre que se haya emplazado al demandado en algún momento con la demanda y éste haya ejercido su derecho de defensa.
c) No procede el recurso de agravio en estos supuestos.
d) El Tribunal declarará infundada la demanda inevitablemente.
Carlos se ha enterado que en una notaría de su ciudad se ha celebrado, sin su conocimiento, la compraventa de su casa a un tercero. Ante esto, ha ¡do a la notaría a exigirle copia de los documentos de la transacción (minuta, escritura pública, etc.) para averiguar la identidad del falso vendedor y del comprador. Envió una carta notarial a la notaría, la cual no ha sido respondida pese al tiempo transcurrido. Ante ello, interpone una demanda de hábeas data.
15. ¿Cómo debe resolver el juez?
a) Declarar improcedente la demanda porque la información solicitada no es información pública y una notaría no es una entidad pública.
b) Declarar improcedente la demanda porque el derecho afectado es el derecho a la propiedad y no el acceso a la información, debiendo interponerse un amparo.
c) Declarar improcedente la demanda porque solo se puede recurrir al hábeas data ante la negativa de entregar la información, no ante la falta de respuesta.
d) Declarar fundada la demanda porque los notarios ejercen función pública y la información que genera constituye información pública.
16. Asumiendo que las dos instancias del Poder Judicial hubieran rechazado la demanda declarándola improcedente, ¿se aplica a los supuestos de habeas data las exigencias de la especial trascendencia constitucional del recurso de agravio (Precedente en el caso Francisca Vásquez STC 00987-2014-PA/TC)?
a) No, pues tal precedente se estableció solo para los casos de amparo.
b) Si, en la medida que el referido precedente regula el Recurso de Agravio y no un proceso en particular.
c) No se aplica pues el Hábeas Data es un proceso exclusivo del Poder Judicial.
d) No existe especial trascendencia constitucional en un Proceso de Hábeas Data.
La ONG “Instituto de Defensa del Medio Ambiente” ha interpuesto una demanda de acción popular contra el Decreto Supremo N.° 001-2016-MINAM, Reglamento de la Ley General de Estudio de Impacto Ambiental. Previo a la Audiencia Pública, el Juez lee en la página web del Tribunal Constitucional que se ha admitido a trámite una demanda de inconstitucionalidad contra la citada Ley General de Estudio de Impacto Ambiental.
17. ¿Cómo debe proceder el juez en este caso?
a) Suspender el proceso hasta que el Tribunal Constitucional expida resolución definitiva.
b) Proseguir con el proceso de acción popular porque, aunque la ley y el reglamento son normas conexas, son completamente diferentes.
c) Ordenarle al Tribunal Constitucional que suspenda el proceso de inconstitucionalidad hasta que se pronuncie el Poder Judicial.
d) Remitirle los actuados del proceso de acción popular al Tribunal Constitucional para que se acumulen ambos y se resuelvan en un solo proceso.
18. Si el juez hubiera optado por esperar la sentencia del TC y éste hubiera confirmado la Constitucionalidad de la Ley General de Estudio de Impacto Ambiental:
a) El Juez declarará, sin más trámite, el rechazo de la demanda de acción popular.
b) El Juez podría no obstante declarar la ilegalidad del Reglamento si es que éste contraviniera alguna disposición legal.
c) El Juez puede declarar la inconstitucionalidad del Reglamento, además de inaplicar la ley en lo que se hubiera impugnado.
d) El Juez archiva la demanda de acción popular
María vive en el Callao que se encuentra declarada en emergencia desde el gobierno anterior. María acude a usted que conoce el sistema constitucional, para que le absuelva la siguiente consulta: en la víspera ella ha sido visitada por un Ejecutor coactivo de la Municipalidad, que ha ingresado a realizar el cobro de una deuda tributaria pendiente, incautando todos sus enseres, sin previa notificación y sin que medie mandato judicial alguno. Cuando ha solicitado explicaciones al ejecutor coactivo, éste le ha manifestado que en el Callao rige el estado de Excepción, por lo que no es necesario una orden de descerraje, que es lo que en la práctica ha ocurrido.
19. ¿Cuáles son los derechos que se suspenden con una declaración de emergencia según la Constitución?
a) Todos los derechos que la Constitución reconoce.
b) Solo los derechos relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.
c) Ningún derecho se puede suspender, un Estado de Emergencia solo restringe temporalmente los derechos de libertad de tránsito y nada más.
d) Solo se suspende la inviolabilidad del domicilio y la libertad de circulación.
20. ¿Es correcta la afirmación del Ejecutor Coactivo?
a) No, porque el descerraje requiere siempre orden judicial.
b) Si, pues está suspendida el derecho a la inviolabilidad del domicilio.
c) No, porque un Estado de emergencia no tiene relación con el cobro de una deuda tributaria.
d) Tiene razón, en un Estado de Emergencia no existe el Estado de Derecho.
El vehículo de María colisiona con tres vehículos estacionados en la vía pública, de propiedad de Jorge, Rosa y Manuel, respectivamente. Los tres afectados se ponen de acuerdo para presentar una sola demanda y exigir que María los indemnice por los daños causados. Admitida la demanda, se notifica a María, quien no contesta, motivo por el cual es declarada rebelde. No obstante, María llega a un acuerdo con Manuel para pagarle los daños y éste decide desistirse de su pretensión.
21. En este caso:
a) Los tres demandantes son litisconsortes necesarios.
b) Los tres demandantes son litisconsortes facultativos.
c) Los tres demandantes son litisconsortes cuasi necesarios.
d) Los tres demandantes son litigantes necesarios.
22. En este caso:
a) No cabe el desistimiento de Manuel porque los tres demandantes son litisconsortes necesarios.
b) Cabe el desistimiento de Manuel por tratarse de un litisconsorcio cuasi necesario.
c) Cabe el desistimiento de Manuel por tratarse de un litisconsorcio facultativo.
d) No cabe el desistimiento de Manuel porque los tres demandantes son litisconsortes facultativos.
Se ha celebrado un contrato de compraventa de inmueble entre la empresa Sauces S.A.C. en calidad de vendedora y Programas S.A.C. en calidad de compradora. Luego de haberse firmado el contrato, la vendedora entrega el inmueble a la compradora, quien lo recibe a satisfacción. Transcurre el tiempo y la compradora deja pagar el precio en la forma pactada, dando lugar a que la vendedora le inicie una demanda con las siguientes pretensiones: la resolución del contrato por falta de pago del precio, la devolución del inmueble e indemnización. A su turno, la demandada Sauces S.A.C. reconviene para que se le devuelva el precio pagado y se le indemnice.
23. La forma correcta de acumular las pretensiones de la demanda es la siguiente:
a) La resolución del contrato es principal, la devolución del inmueble es accesoria y la indemnización es alternativa.
b) La resolución del contrato es principal, la devolución del inmueble es accesoria y la indemnización es accesoria.
c) La resolución del contrato es principal, la devolución del inmueble es accesoria y la indemnización es subordinada.
d) La resolución del contrato es principal, la devolución del inmueble es accesoria y la indemnización es principal condicional.
24. La acumulación de pretensiones que ofrece este caso es:
a) Objetiva y subjetiva.
b) Objetiva originaria y sucesiva.
c) Objetiva originaria y subjetiva sucesiva.
d) Subjetiva originaria y sucesiva.
María ha suscrito un acta de conciliación extrajudicial con la empresa el Camiones S.A.C en la que se obliga a pagar a esta última una suma de S/. 10,000.00 nuevos soles en diez cuotas de S/. 1,000.00 nuevos soles mensuales todos los días 1 de cada mes. Se ha estipulado en el acta de conciliación extrajudicial que el incumplimiento en el pago de una cuota da derecho a la empresa Camiones S.A.C a dar por vencidas todas las demás cuotas y solicitar el pago del íntegro del remanente.
María cumplió con el pago de cinco cuotas, sin embargo no cumplió con el pago de la sexta cuota. Ante ello, la empresa Camiones S.A.C. ha interpuesto una demanda de ejecución solicitando el pago de SI. 5,000.00 (cinco mil nuevos soles).
25. Con base al caso, marque la respuesta correcta:
a) La demanda es improcedente porque debió iniciarse en la vía del proceso de conocimiento.
b) A pesar que el acta de conciliación extrajudicial es un título ejecutivo de acuerdo a ley, el proceso de ejecución que se ha iniciado deberá necesariamente tener una estación probatoria para garantizar el derecho de María.
c) El juzgado debe emitir un mandato ejecutivo exigiendo el pago y bajo apercibimiento de iniciar ejecución forzada en contra de María.
d) Al intentar la obtención de un mandato ejecutivo la empresa Camiones S.A.C necesariamente debe actuar por medio de su gerente general; en los demás casos bastaría un representante con facultades generales.
26. Marque la respuesta correcta:
a) El juzgado competente ante el que se debe tramitar el proceso de ejecución que se ha iniciado es un Juzgado Especializado en lo Civil o Mixto.
b) El juzgado competente ante el que se debe tramitar el proceso de ejecución que se ha iniciado es un Juzgado de Paz Letrado.
c) Una vez admitida la demanda por el Juzgado competente el demandado puede contestar la demanda sustentando su defensa con cualquier argumento y cualquier medio probatorio que considere relevante a efectos de garantizar su derecho a la defensa de forma ilimitada.
d) Si el demandado/ejecutado no formula ninguna defensa el juzgado competente debe sanear el proceso, fijar puntos controvertidos y proceder a emitir sentencia.
27. Identifique el título o grado de intervención delictiva atribuible a Hugo, Paco y Luis:
28. De lo señalado en el caso, es correcto afirmar:a
29. Identifique el título o grado de intervención delictiva atribuible a Gabriela:
30. Del caso en cita, se puede desprender que:
31. Identifique el título o grado de intervención de Eduardo en la violación sexual:
32. Identifique el título o grado de intervención de Paco en la violación sexual:
33. Para la causal de adulterio, ¿Cuál es el plazo de caducidad?
34. Luis, contesta la demanda y reconviene solicitando la Tenencia de Hugo, ¿Puede el juez amparar lo solicitud?
35. En ese caso:
36. Marque la alternativa correcta.
37. En el ámbito de sus funciones, el Fiscal Provincial:
38. En ese caso:
Pedro Tapia, en su condición de trabajador de la Empresa de Ferrocarriles de Lima aportó a la Caja Nacional de pensiones desde el año 1958 a 1961. Posteriormente se mantuvo como trabajador independiente sin efectuar aportes. En 1980, vuelve a trabajar como servidor dependiente aportando desde dicho año hasta 1996, con lo cual habría acumulado veinte años de aportes a la seguridad social. Sin embargo, la Oficina Nacional de Pensiones únicamente le otorga validez a los aportes efectuados desde octubre de 1962, con lo cual Pedro no alcanza los veinte años de aportes y por ende, no le otorga el derecho pensionario.
39. ¿Ante qué Juez y en qué proceso puede reclamar judicialmente Pedro su derecho a la pensión?
a) Ante el Juez de Paz Letrado Laboral en proceso abreviado laboral.
b) Ante el Juez Civil en proceso contencioso administrativo.
c) Ante el Juez Especializado Laboral en proceso contencioso-administrativo.
d) Ante el Juez Especializado Laboral en proceso ordinario Laboral.
40. Respecto de la resolución de la Oficina Nacional de Pensiones (ONP):
a) La resolución es correcta pues se ha expedido de acuerdo a Ley.
b) La resolución contraviene los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema que estima que las aportaciones anteriores a octubre de 1962 son válidas salvo que se haya declarado su caducidad.
c) La resolución de la ONP es nula por contravención al derecho fundamental a la pensión.
d) Pedro no cumple el requisito de veinte años de aportaciones válidas al régimen pensionario del Decreto Ley N° 19990, por ello no tiene derecho a una pensión de jubilación.
CONVOCATORIAS Nº 002, 003, 004, 005 y 006-2016-SN/CNM
CONVOCATORIAS Nº 003, 004, 005 y 006-2016-SN/CNM
CONVOCATORIAS Nº 001, 002, 003 y 006-2017-SN/CNM
CONVOCATORIAS Nº 004-2017-SN/CNM
CONVOCATORIAS Nº 006-2017-SN/CNM
20 Oct de 2017 @ 12:38

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