Source: http://boliviateamo.blogspot.com/2005/07/bolivia-seria-la-nica-alternativa.html
Timestamp: 2018-07-20 16:10:23+00:00

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BOLIVIA... LO MEJOR QUE TENEMOS: BOLIVIA SERIA LA ÚNICA ALTERNATIVA CONCRETA AL PROBLEMA ENERGÉTICO ARGENTINO
BOLIVIA SERIA LA ÚNICA ALTERNATIVA CONCRETA AL PROBLEMA ENERGÉTICO ARGENTINO
REPORTAJE A EVO MORALES
“EXISTE UNA MAFIA POLÍTICA QUE NO QUIERE DEJAR LA MAMADERA DEL ESTADO”
El líder del MAS boliviano dice que al proyecto de que la mayoría indígena se autogobierne hay que sumar alianzas con otros sectores. Y sostiene que en Santa Cruz no hay unanimidad fascista sino un mosaico diverso.
Son las 6.45 de la mañana. Hace una hora y 15 minutos que Evo está despierto planificando su jornada. “Tengo diez minutos, ¿cuánto va a durar nuestra charla?”, le dice de entrada a Página/12, y al calor de la conversación en su casa-comando, en una sala al lado de la cocina, los diez minutos se extienden a algo más de una hora. El líder cocalero habla de su estrategia para llegar al Palacio Quemado, la coyuntura boliviana y su relación con Hugo Chávez y Fidel Castro. “Por primera vez podemos ganar”, se entusiasma en el primer tramo de la campaña electoral que lo enfrenta con dos fuertes candidatos de la derecha: el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga y el “baróndel cemento”, Samuel Doria Mediba. Estos son sus juicios.
–Ayer estuvo recorriendo el Altiplano, en el cantón de Huacullani, un antiguo enclave de Felipe Quispe, apadrinando la promoción de una escuela, ¿ya se puso el traje de candidato?
–Oficialmente hasta ahora no soy candidato, el 30 y 31 de este mes se decidirá si soy candidato en un ampliado nacional, pero es verdad que recibo mucho apoyo de fuerzas sociales del campo y la ciudad.–Pese a que aún no fue oficializado, no parece haber dudas de que usted encabezará la fórmula del MAS, no se crean candidatos de un día para el otro.
–Eso es una verdad. Maestros, padres de familia, alumnos, me decían: “No cambie de actitud”, y me recomendaban seguir la lucha por la recuperación de los recursos naturales y de los territorios. Estaban los mallkus –no Felipe Quispe, por si acaso– y las mamathallas (autoridades originarias)... impresionante. Yo veo que ya se sienten ganadores.
–¿A quién aspira a reagrupar el MAS en estas elecciones?
–Dentro del movimiento campesino hay una conciencia muy avanzada para que los indios ya nos gobernemos a nosotros mismos; sin embargo, como se vio en 2002, es importante tener alianzas con otras fuerzas sociales del campo y la ciudad. Se ha avanzado en acuerdos con diferentes movimientos sociales: federaciones de fabriles, magisterio rural y urbano, campesinos regantes, cooperativas mineras, jubilados... No hemos tocado nada de candidaturas sino solamente programas, que permitan resolver los problemas de sus sectores y sus regiones, y fortalecer estas fuerzas sociales. Si el MAS llega a ser gobierno, ¿quién puede defenderlo? Quién sabe no va a ser la policía ni el ejército, pero sí esas fuerzas sociales si se implementa lo que está pidiendo el pueblo boliviano. No descarto a las FF.AA. y la policía, especialmente la tropa, que mayoritariamente está compuesta por quechuas y aymaras, pero tenemos mayor confianza en las fuerzas sociales. –¿Y los empresarios?
–Estamos discutiendo con las micro y pequeñas empresas, que son las que generan el 80 por ciento del empleo en Bolivia y manejan menos del 15 por ciento de los recursos que vienen del Estado para fortalecer el sistema productivo. Estos sectores que generan empleo son nuestros aliados, las cooperativas, las asociaciones de productores campesinos, los artesanos, por ejemplo los pantaloneros aymaras de Oruro, de La Paz, que tienen su propio sello y exportan; tienen plata.
–¿Es optimista respecto de un acuerdo con el Movimiento Sin Miedo (del alcalde paceño Juan del Granado) para avanzar en un Frente Amplio?
–Soy optimista. Respeto muchísimo a sus dirigentes, (el alcalde paceño) Juan del Granado, por ejemplo, fortalecería tremendamente al MAS por su capacidad administrativa. Las conversaciones están muy avanzadas, aunque el frente no está totalmente confirmado (en realidad, esta alternativaparece diluirse a partir del flamante “frente de los alcaldes” que postula al burgomaestre de Potosí, René Joaquino). Esto no es, como algunos aseguran, un bloque contra los cambas; en Santa Cruz va a haber muchas sorpresas. A mí me llaman empresarios que me dicen: “Somos empresarios demócratas, no empresarios fascistas”. Antes, cuando subía a un avión alguna gente comentaba: “Hay indios de primera que viajan en avión”, algunos me silbaban, otros decían: “Lo están silbando los corruptos”, y el avión se dividía. Ahora el avión parece mi oficina, con reuniones, gente que se acerca, me da recomendaciones. Hay empresarios nacionalistas, patriotas, que quieren apostar por su país, ganan, invierten y hacen trabajo social.
–¿Y de allí podría salir un candidato a vicepresidente del MAS? Algunos hablan de un empresario cruceño. –Hay un comentario generalizado dentro del MAS de que la fórmula debe ser una combinación entre el oriente y el occidente. No hemos hablado si debe ser un empresario, un agropecuario, un intelectual, una dama. Eso lo vamos a discutir en el ampliado de fin de mes. Yo creo que segurísimo en Santa Cruz no hay solamente gente que golpea (a los campesinos y a los militantes del MAS). Santa Cruz es un departamento de reencuentro de culturas, de pueblos. Ahí están quechuas, aymaras, guaraníes, chiquitanos; también hay migrantes como Dabdoub, Matkovic, eso es Santa Cruz.
–¿Santa Cruz está “rodeada” por el MAS?
–El MAS está avanzando, es impresionante. Las agresiones contra el MAS, contra Evo Morales, crean mayores sentimientos de solidaridad. Hay una especie de poder petro-terrateniente, una alianza de las transnacionales con los terratenientes para frenar el avance en la construcción de un instrumento político que busca la igualdad, que busca justicia en Santa Cruz y está creciendo. Por eso digo que va a haber sorpresas en Santa Cruz.
–Hay sectoresempresariales y cívicoscruceños que temen que la Constituyente se transforme en una asamblea popular donde los indígenas tomen revancha.
–Evidentemente percibo ese miedo. Una diputada me decía: “Evo, aprobemos la autonomía, porque en la asamblea constituyente van a ser ocho contra uno, nos van a someter, se van a vengar ustedes”. Acá no se trata de vengarse ni de someter a nadie, sino que fundamentalmente deberíamos reconocer la unidad en la diversidad. Si en Santa Cruz hay migrantes croatas que han nacido en Bolivia son bolivianos, con los mismos deberes y los mismos derechos que cualquier quechua, aymara, guaraní o chiquitano. El gran problema es que existe, especialmente en Santa Cruz, una mafia política que no quiere dejar la mamadera, ni dejar de vivir del Estado. Pero, por suerte, son pocos.
–Tal como está redactado el anteproyecto de ley de convocatoria existe la posibilidad de una mayoría indígena...–Nosotros vamos a proponer otro proyecto de ley que garantice realmente una presencia de 60 o 70 por ciento de quechuas, aymaras y guaraníes.
–Con las nuevas presiones de la embajada de EE.UU. sobre el tema de la coca, ¿buscan radicalizar al MAS para aislarlo?
–Ese es el plan de la embajada, cómo cocalizar al MAS y a Evo Morales, debe quedar claro que tiene que haber lucha contra el narcotráfico, pero eso no se puede confundir con la erradicación. Hay que implementar la industrialización de la hoja de coca –no como cocaína por si acaso– no sólo del gas y el petróleo, y yo estoy convencido de que hay mercados.
–En la campaña de 2002 fue el embajador estadounidense Manuel Rocha su “jefe de campaña”. ¿Quién va a ser ahora?
–(Risas.) Bueno, está la (secretaria de Estado de EE.UU.) Condoleezza (Rice), que dice “no vamos a permitir ningún Chávez más en Latinoamérica” y hace una campaña en mi contra.
–¿Qué hay de la participación de Chávez en Bolivia, denunciada por los ex presidentes Jorge Quiroga y Gonzalo Sánchez de Lozada?
–Los gobiernos pueden opinar, respetando la democracia, la conciencia del pueblo y la Constitución política del Estado. Fidel nos decía en enero de 2003: “No hagan lo que yo he hecho”, es decir, “no hagan levantamientos armados, hagan lo que está haciendo Chávez”.
–¿Cómo es su relación personal con Hugo Chávez?
–Excelente, con Chávez, con Fidel.
–¿Y cómo ve Hugo Chávez a Bolivia?
–Tiene mucha esperanza y, como dijo públicamente, él sueña con que un día los indios puedan gobernar este país, porque somos la mayoría nacional. Y las acusaciones que vienen son parte de la campaña, como que Hugo Chávez me dio un millón de dólares para expulsar a Gonzalo Sánchez de Lozada, yo jamás había escuchado sobre un tal (George) Soros, un húngaro, y un diputado dijo que está financiando a Evo. Quiero conocer quién es ese húngaro. Yo soy inútil para negociar apoyo económico, más bien nosotros devolvimos la plata al Estado.
–¿Usted lo ve a Fidel como un maestro?
–Realmente, Fidel es un maestro; una vez empezamos a cenar y hasta las cuatro de la mañana seguía hablando.–¿Lo invitó a pijchar (mascar coca)?
–No, pero tiene mucho conocimiento. El plantea industrializar la hoja de coca.
–Usted estuvo el 1º de mayo en La Habana.
–Nunca, aunque soñé estar ahí. Es un aliento que compromete más en las luchas por la igualdad, por la justicia y contra el imperialismo, aunque le “reclamé” a Fidel: “Fidel, me debes, no me has dado la palabra”. “Todavía eres chico”, me respondió. Allí estaban Daniel Ortega y Shafik Handal.
Una de las cabezas de playa más importante a Latinoamérica
EE UU INSTALA ESTRATÉGICA BASE MILITAR EN PARAGUAY
La base está ubicada cerca de las mayores reservas de gas y petróleo en Bolivia y la mayor reserva de agua dulce del mundo, el Acuífero Guaraní, en el Chaco paraguayo.
EE UU ordenó la construcción de una base que albergará a unos 16 mil efectivos militares en Paraguay y que ha causado temores en los países vecinos como Bolivia, Argentina y Brasil.
Según informó ayer la prensa paraguaya, las tropas norteamericanas podrán entrar y salir, trasladar armamentos y medicamentos y actuar en cualquier lugar del territorio del país sudamericano sin nuevas autorizaciones. Y todo gracias a un acuerdo entre Asunción y Washington que también prevé la inmunidad para los militares estadounidenses frente a la Corte Penal Internacional (CPI).
A cambio, Paraguay recibirá asistencia financiera de la Casa Blanca para fortalecer la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y el terrorismo. Nadie ha querido especificar el monto de la “ayuda” que puede suponer varios cientos de millones de dólares.
La base, que permitirá que aterricen aviones Galaxy y desembarcar material de guerra pesado, se ubica en pleno Chaco paraguayo, una zona de gran importancia estratégica. Allí se encuentra el epicentro de la mayor reserva de agua dulce del mundo, el Acuífero Guaraní, que garantiza a la actual población del mundo, por 180 años, un promedio de 100 litros de agua por persona.
La instalación se asienta, además, en Mariscal Estigarribia, un pueblo de 3 mil habitantes, a 250 kilómetros de la frontera con Bolivia, que tiene las mayores reservas gasíferas y petroleras de Sudamérica después de Venezuela. Por último, la base está en plena zona conocida como la Triple Frontera (que comparte Paraguay, Brasil y Argentina) y que es muy conocida por los servicios de Inteligencia norteamericanos como refugio de organizaciones extremistas musulmanas.
La instalación de la base estadounidense provocó la reacción de varios expertos en temas de seguridad. Stella Calloni señaló que “la región está dentro de los planteos geoestratégicos de Washington de extender las bases en las cuales los sitios fronterizos son “ideales” para mantener tropas de Despliegue Rápido”.Por su parte, Luis Bilbao consideró que con la medida “Washington clava en Paraguay una cuña estratégica para contrarrestar los movimientos de convergencia sudamericana”.
El diario paraguayo ABC Color, citando “cálculos de servicios de Inteligencia”, denunció ayer que al menos US$ 20 millones al año son recaudados y enviados desde la zona de la Triple Frontera para financiar a las organizaciones fundamentalistas islámicas Hizbullah y Hamas. Las remesas, según la fuente, se realizan mediante “operaciones debidamente planificadas” en bancos de América del Sur, Estados Unidos, Francia, Alemania, Hong Kong, Egipto, Siria y Líbano.
FERROCARRIL AMENAZA CON DESAPARECER
Una situación difícil es la que vive la Administradora del Ferrocarril Arica-La Paz. Luego de estar paralizados casi todo el mes de junio por lo bloqueos en Bolivia, más los daños en la vía férrea por el fuerte sismo que afectó a Tarapacá, se suman otros inconvenientes.
Lo anterior, según su gerente, Patricio Negrón, se relaciona a un problema con la concesión del Terminal Puerto Arica (TPA). El directivo explicó que hay un par de trabas de carácter ‘conversacional’, para las cuales ya se han efectuado las presentaciones o reclamaciones a las instancias públicas correspondientes, encontrándose ahora en compás de espera respecto a las resoluciones que la autoridad pueda adoptar en el tema que los afecta.
Negrón dijo que el problema medular es que TPA actualmente no descarga en las bodegas del ferrocarril, lo que los ha afectado profundamente. “Un ferrocarril que no puede usar su parque de vagones no tiene sentido, es como tener una flota de camiones, y si no se usan qué sentido tiene”
Negrón cree que esta acción es discriminatoria y atentatoria contra el ferrocarril y contra algunos de los protocolos del Tratado de 1904. “No puede primar un interés comercial y mayor al del Estado chileno”.
Esa situación, dijo, lo que hace es encarecer la actividad ferroviaria, afectando su gestión comercial en beneficio de otros modos o corredores de transporte. “Eso de alguna manera pone en jaque al ferrocarril o coloca en tela de juicio su continuidad”, dijo.
Se siente confiado en que prime el sentido común, el respeto por los protocolos jurídicos internacionales existentes y que se mantenga el necesario vínculo entre puerto y ferrocarril para incrementar los volúmenes de carga por el corredor Arica.
Negrón cree que eso se produce por los intereses económicos de las empresas privadas en desmedro del interés público-social, representado por el ferrocarril u otra empresa que se ve afectada por determinaciones del puerto. Anteriormente con el sistema multioperador, dijo, estos inconvenientes no existieron, porque se brindaba el tratamiento de la carga en distintas condiciones. “Nunca discriminaron los costos. Dependiendo del tipo de vagones, siempre existió un costo único que no presentaba este tipo de problemas”, dijo.
¿UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN CHILENO-BOLIVIANA?
De prosperar la megainiciativa sudamericana, Chile y Bolivia podrían darse la mano en el campo energético, sin embargo, las voces en el país vecino que apoyan la política “gas por mar” volvieron a sentirse con fuerza en La Paz. Mientras tanto, los expertos piden privilegiar lo técnico por sobre lo político.
La creación de un anillo energético que surta de gas natural peruano y boliviano a los demás países del Cono Sur ya se instaló en el debate. Todas las naciones -proveedoras o consumidoras- ven con interés la iniciativa dada la creciente necesidad del vecindario. Sin embargo, hay un tema que podría entrampar el proyecto: La vieja historia entre chilenos y bolivianos.
Si bien el mundo empresarial del país altiplánico no quiere quedar fuera, personeros de la talla del ex canciller, Juan Ignacio Siles, han reiterado que la entrada de Bolivia al anillo no debe olvidar la política de “gas por mar”, defendida por el Palacio Quemado en sus demandas marítimas contra Chile.
Un tercer espectador relacionado es Perú. El economista de ese país, Luis Geng -uno de los responsable del Plan Nacional de Eficiencia Energética 2000-2008 de esa nación-, quien participa desde hoy en el seminario “Eficiencia energética: Obstáculos, experiencias exitosas y aportes regulatorios”, organizado por Chile Sustentable y el Ministerio de Economía, valoró la participación boliviana en el proyecto, aunque aseguró que con las reservas peruanas, la iniciativa está asegurada.
-¿Es fundamental la participación de Bolivia?
-Sí, no podemos dejar a un hermano fuera por más que se niegue a participar. Sé que al final se va a convencer que la única solución para el desarrollo es luchar conjuntamente con los países vecinos. Nosotros hemos cooperado-desde el punto de vista técnico- con Chile y Ecuador y nos ha ido bien. Además, por el lado de las reservas, nos asegura una disponibilidad no sólo de gas, sino de recursos naturales que pueden ser explotados conjuntamente de una manera eficiente y equilibrada por los países.
-De no ser así. ¿Está en condiciones Perú para abastecer al anillo energético?
-Perú está en condiciones de entregar gas a todo el anillo. Además el Presidente Alejandro Toledo se ha comprometido. Algunos hablan que el gas no alcanzará para cubrir la demanda, pero se olvidan del hidrocarburo que se encuentra en el norte peruano y que no se ha explotado porque antes no era una perspectiva económica para las empresas. No solamente se debe hablar de Camisea.
-¿Cuál es su visión de esta iniciativa?
Yo trabajé para la comunidad andina. En 1997-1998, teníamos el programa de integración energética, donde la idea era unir los países miembros. Se hablaba de una interconexión eléctrica que ayudara a los países con altos costos marginales o con menor disponibilidad que otros, en tiempos de sequía. Ahora, Perú le ha vendido energía eléctrica a Bolivia y a Ecuador, Venezuela le vende a Colombia, sólo falta unir esa interconexión eléctrica y lo que permitiría el anillo energético es mejorar esas oferta energética ya no de electricidad si no también de combustible térmico. Esto permitiría levantar fronteras que existen entre los países, en un escenario con necesidades de desarrollo sustentable de toda la comunidad andina.
-¿Y que pasa con Chile?
-Yo integro a Chile a la comunidad andina por razones geográficas. Tenemos los mismos antecedentes y proyecciones históricas y el anillo energético es la única manera de salir del subdesarrollo.
-¿Pero no todos piensan así?
-La diferencia entre Chile y Bolivia es puramente política y en este caso se debe trabajar en la parte técnica independientemente. Tenemos la experiencia de Perú y Ecuador y la de Venezuela y Colombia, que poco a poco las medidas técnicas fueron superando a las políticas. Esto mismo llevó a un atraso al Perú a comienzos de los ’80 que se ha ido superando.
-Así cómo Perú superó el tema político y se enfocó más en lo técnico y su bien común. ¿No cree usted que Bolivia debería apostar por ello?
-Por supuesto, la única solución que tienen los países es aprovechar los recursos naturales que tienen y explotarlos con eficiencia. El problema de Bolivia es su pequeño mercado para su potencial de consumo de gas. Perú tuvo esos mismos antecedentes con Ecuador hace unos años y que se ha ido superando en la medida que lo político entra en una racionalidad técnica económica.
FRANCESCO ZARATTI, EX ASESOR DE CARLOS MESA
“LO QUE ARGENTINA HIZO CON CHILE, BOLIVIA NO LO HA HECHO CON BRASIL”
El físico investigador de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Francesco Zaratti, celebró que los países de América Latina acuerden una política común en este campo, ya que permitirá valorar los recursos energéticos sudamericanos y crear un mercado único de compradores frente a vendedores foráneos.
El experto, en su calidad de ex delegado presidencial para la capitalización del Gobierno de Carlos Mesa, sostuvo a La Nación que Bolivia, siendo el único exportador neto de gas en la zona, debe participar en esta política de integración y seguridad energética.
No obstante, señaló, respecto a las condiciones bolivianas, tomando en cuenta la participación chilena, que “no se puede borrar una idiosincrasia de más de un siglo”.
No obstante, recordó que la idea del Referéndum Vinculante sobre el gas, fue un poco distorsionada y no se avanzó en ese tema como se esperaba. “Yo fui partidario de un enclave, porque era un caso intermedio. Sin renunciar a objetivos históricos, era una manera de acercarse, y a través del intercambio o integración, se puede obtener mucho más que a través del duelo verbal o resentimiento eterno”, sostuvo.
En lo técnico, el experto precisó que en los contratos y programas de ventas, el tema precios debe ser discutido bilateralmente. “Esto es: multilateral en las políticas y bilateral en los contratos. La verdad, es que sería lo más conveniente para todos, dependiendo de las condiciones de cercanía, de necesidad de hidrocarburo, no puede ser un precio uniforme en toda la región, porque depende mucho de otros factores”.
Zaratti añadió que Bolivia siempre ha respetado los contratos de ventas de gas a países limítrofes, lo que da una garantía a respecto a posibles compromisos. “Lo que Argentina hizo con Chile, Bolivia no lo ha hecho con Brasil, por ejemplo. Hay un sentido de respeto por los compromisos, independiente de la ley de hidrocarburos del último año, que está a tiempo para corregir algunas distorsiones que quedan”.
Al igual que otros especialistas, Gabriel Markous, gerente de Tecgas, una empresa que forma parte del grupo Techint, considera que la solución más rápida y real a las dificultades de abastecimiento energético del país dependen de la importación de gas desde la nación vecina. De lo contrario, la Argentina debería cambiar de paradigma energético.
Revista Petroquímica de Argentina (www.e-petroquimica.com.ar)
Durante mucho tiempo la Argentina disfrutó de las bondades del gas natural: precio competitivo a nivel internacional, reservas suficientes bajo el suelo nacional y, por si fuera poco, una relación poco conflictiva con el medio ambiente.
Esa suma de factores determinó que durante muchos años el país aumentara el consumo del hidrocarburo, tanto para uso residencial, comercial e industrial como, durante los últimos 20 años, también vehicular. Pero en esa tendencia encerraba una debilidad: actualmente, la matriz energética está compuesta nada menos que en casi un 50% por el fluido, que a todas luces no alcanza para cubrir la demanda.
De acuerdo con algunos especialistas -entre ellos Gabriel Markous, director general de Tecgas-, la actual coyuntura por la que atraviesa la Argentina la obligará a tomar una elección complicada: o comienza a importar ingentes volúmenes de gas natural desde Bolivia, o deberá cambiar al paradigma energético al cual en mayor o en menor medida adhirió desde los años ’50.
Existen algunos imperativos acuciantes para el mediano plazo. De acuerdo con los cálculos que se manejan en el sector, la Argentina necesitará 30 millones de m3 adicionales. No hay ninguna posibilidad a nivel local de abastecer esa cifra, incluso si se concretaran las ampliaciones que están planificadas. El volumen que el país necesita para mantener sin sobresaltos su consumo gasífero sólo podrían llegar desde el país del Altiplano, donde la complicada situación política dificulta la toma de una decisión definitiva para exportar a la Argentina. Según el directivo de Tecgas, si esas dudas persisten, los dos países resultarán perdedores: la Argentina, porque pagará más caro su gas y tendrá problemas para abastecerse, y Bolivia, debido a que cerrará un mercado.
Si el hidrocarburo no llega, la matriz energética local deberá dar una mayor cabida a otro tipo de alternativas, como el fuel oil y el carbón, cuya posibilidad de crecimiento también es limitada.
En parte, la crisis energética argentina se explica por el importante aumento en el consumo que se registró con posterioridad a la devaluación, que a su vez tiene, desde la visión empresaria, dos motivos: el atraso en el reacomodamiento de los precios del gas y de la electricidad, y la recuperación económica.
Durante los últimos años, el incremento en los requerimientos residenciales llegó a un 4%, en el GNC a un 22%, en industrias a un 6% y en centrales térmicas a un 15%, que hubiese sido mayor si el país no contara con centrales hidráulicas y ciclos combinados de alta eficiencia.
Algunos números muestran a las claras el nivel de riesgo del sistema argentino. En 1999 se produjo un valle en la generación hidráulica, y consecuentemente la térmica necesitó 35 millones de m3 por día de gas natural. Esa cifra se ubicó a partir de 2004 entre los 20 y los 35 millones de m3 diarios, pero el 24 de febrero de este año se requirieron 46 millones de m3. Según los cálculos de Markous, en promedio la generación térmica necesitará unos 30 millones de m3 diarios, si se tiene en cuenta una hidraulicidad media.
El panorama se complica aún más si se tiene en cuenta que en lo inmediato todo el crecimiento de la demanda eléctrica deberá ser afrontado con recursos provenientes del gas natural, dado que no hay proyectos de otro tipo que puedan entrar en funcionamiento en el corto plazo (falta terminar Atucha II, elevar la cota de Yacyretá y no habrá nuevos emprendimientos hidráulicos antes de 2009).
Si se proyecta un crecimiento en la demanda de un 5%, la Argentina deberá pasar de los 30 a 45 millones de m3 promedio de gas por día. De manera que hay que agregar 15 millones de m3 sólo para abastecer los requerimientos eléctricos.
Los problemas energéticos de la Argentina no sólo tienen que ver con la escasa producción de gas natural en relación con la demanda. Entre otros factores que complican la situación aparece la limitada capacidad de transporte del sistema doméstico, que actualmente es de 105 millones de m3 por día. Eso determina que este año el fluido no podrá abastecer a toda la demanda, que deberá recurrir al fuel oil o, en el caso de algunas industrias, sufrirá cortes. Se estima que los usuarios de consumo interrumpible en determinadas zonas puedan llegar a afrontar interrupciones de entre 90 y 120 días.
Para superar esas barreras se iniciaron las ampliaciones de los gasoductos de TGN y de TGS. La primera incrementará en 1,8 millones su capacidad, a un costo promedio de 80 dólares de inversión por m3, que pagarán los usuarios industriales y de GNC. Eso se traduce en un aumento de un 70% en la tarifa de transporte para esos sectores.
Una situación similar ocurre en el caso de TGS, que también con un sobrecargo importante para los mismos sectores aumentará su capacidad en 2,9 millones de m3 diarios.
Según la hipótesis de Markous, quien parte de que para el año entrante se deberían implementar ampliaciones para 10 millones de m3 a través del mecanismo del fideicomiso -que demandarían 1.000 km más de gasoducto, algo que no parece factible a esta altura- entre 2005 y parte de 2006 habría que implementar un sobrecargo que duplicaría la tarifa de transporte, que se sumaría al adicional que ya está vigente. Con esos números en la mano, el ejecutivo asegura que “no se puede seguir manteniendo ese sistema de segmentación, porque no es posible que el cargo de la ampliación recaiga sólo sobre la industria y en las estaciones. Esto tiene que sincerarse y pasarse a usuario residencial”. Por si fuera poco, aunque se lleven a cabo las ampliaciones necesarias, el país no contaría con la capacidad de producción para hacer frente a la demanda, por lo que se debería recurrir al gas boliviano. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que el funcionamiento mismo del sistema -tanto en producción como en transporte- impide mantener al máximo de capacidad la entrega de gas durante todo el año, porque hay que hacer mantenimiento de yacimientos y de infraestructura en general. Eso hace pensar en la posibilidad de un pronóstico negativo: si persiste la situación actual, también habría cortes de gas en el verano.
EL GAS NATURAL COMPLICA LA INTEGRACIÓN ENERGÉTICA EN EL CONO SUR
En todos los países de la región, el gas natural figura como el combustible en expansión tanto para el sector eléctrico como para el uso industrial y doméstico. Sin embargo, las crecientes incertidumbres que giran en torno del suministro del fluido complican el vínculo energético entre países vecinos.
A principios de los ‘80, cambió la historia energética de la Argentina y de la región con la puesta en marcha del yacimiento de Loma La Lata, que permitió al país consolidarse, junto a Bolivia, como el núcleo productor y proveedor de gas natural de los potenciales consumidores de la zona, entre ellos, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay. Una década después, las privatizaciones intervinieron en la dinámica de la integración. “El Estado abandonó sus roles indelegables y el sistema quedó en piloto automático. Quiero decir, las empresas se limitaron a utilizar las reservas con las que contaba el país sin invertir para incorporar nuevas”, sentenció Jorge Lapeña, presidente del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, durante la segunda jornada del Energy Forum, que se realizó a fines de abril en Buenos Aires.
La Argentina incrementó su producción de gas y no aumentó el número de reservas disponibles. Pasó de contar con los insumos suficientes para cubrir sus necesidades por 35 años a fines de los ‘80 a tener sólo una perspectiva de 12 años en la actualidad. Esa situación no permite sostener el protagonismo del país como abastecedor del mercado interno y de los compradores extranjeros.
“Un Estado que no planifica acerca de los temas vinculados con la energía, que no tiene políticas exploratorias en materia de gas y que no proyecta una Ley de Hidrocarburos acorde con la situación real, no puede afrontar el rol de productor y proveedor en la región”, aseguró el ex secretario de Energía.Por su parte, Ester Fandiño, secretaria ejecutiva de la Comisión de Integración Energética Regional (CACIER), estimó que la debilidad del modelo argentino radica en la inestabilidad macroeconómica y en su consecuente falta de inversiones. “El hecho de que el país haya dejado de tener asegurado el suministro del hidrocarburo afecta a toda la región”, comentó la especialista. “Cabe destacar que se sumó más incertidumbre para los estados consumidores con la crisis política que afronta Bolivia, que se había posicionado como el mayor proveedor”.
Según Lapeña, el primer paso para encontrar la salida tiene que ver con resolver las demoras que en materia legal padece el sector. “No estamos sin Ley de Hidrocarburos, pero la que tenemos, además de no sembrar acciones a favor del desarrollo de una política energética nacional, tampoco recrea un ambiente próspero para las inversiones a largo plazo que sirvan para incorporar nuevas reservas”, sostuvo. La Argentina hoy cumple sólo con un 60% de los compromisos de exportaciones firmes de gas natural. A decir de Lapeña, cortar el suministro del insumo al exterior porque se decide privilegiar el consumo interno no es una buena medida. “El país tiene un compromiso de largo plazo con Chile, que no solamente fue aprobado por las empresas privadas, como dice el Gobierno nacional -explicó-. Lleva la firma de todos los que ejercieron la función de secretario de Energía desde 1996 hasta la actualidad. Asimismo, el acuerdo con el país vecino fue diseñado en función de lo establecido en la Ley de Hidrocarburos vigente y la Ley 24.065, y la responsabilidad fue aceptada porque el mercado energético argentino contaba con la disponibilidad suficiente para cumplirla”.
BOLIVIA SIGUE COMO OBSERVADOR
En la tercera cita para analizar el proyecto del anillo energético o gasoducto sudamericano, Bolivia participa pero en calidad de observador.
En la reunión que se lleva a cabo en Argentina y que culmina hoy, asisten ministros del sector, viceministros y técnicos de los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur), Chile y Perú.
“Está yendo gente como observadores, para ver cómo se está constituyendo en la parte técnica y legal el anillo y quién al final va a liderar este proyecto”, refirió el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Jaime Dunn.
Lamentó que su país no haya sido invitado oficialmente cuando comenzó a analizarse el tema ya que es un productor importante de gas natural y con reservas suficientes para cumplir con el abastecimiento y las demandas de los países vecinos. Bolivia aún no define su participación en el proyecto, debido a trabas como la elección de nuevos gobernantes y la conclusión de los reglamentos de la Ley de Hidrocarburos. Paralelamente, busca vender gas a Argentina.
LA OSCURIDAD ESTÁ A LA VISTA
En materia eléctrica, el marco regulatorio está establecido por la ley 24.065, sancionada por el Congreso antes del proceso de privatización. Esa ley permitió implantar un sistema eléctrico altamente novedoso en la Argentina, que se transformó en modelo para muchísimos países. Prácticamente no había experiencias de ese tipo en el mundo, salvo en una pequeña región de Chile -no en todo el país- y en Gran Bretaña, pero con la diferencia de que en este último país operan dos grandes centrales eléctricas de carácter estatal y una más chica, privada.
Sin embargo, en la Argentina hay más de cincuenta empresas que generan electricidad, algunas estatales, otras privadas y algunas binacionales. Además, están divididas en usinas nucleares, hídricas y térmicas, y compiten en un mercado libre, que es el que fija los precios.
Como consecuencia de ello, los precios de la generación en la Argentina llegaron a ser los más baratos del mundo; se calculó -de 1998 a 2001- en 2,2 centavos de pesos o dólares el kilovatio-hora. Cuando se produjo la devaluación, se rompieron numerosas ecuaciones y surgieron los problemas que ahora angustian. Hoy, los precios en generación no se forman libremente, ya que son regulados por el Estado. Los nuevos valores son algo superiores en pesos, pero menores que los de antes en dólares. En estos momentos, después de producidos algunos aumentos en pesos, el promedio del valor de venta de generación en la Argentina está en 13 dólares el megavatio-hora.
Esa misma unidad de medida en Perú está en 42 dólares; en Brasil, en 37; en Bolivia, en 36; en Chile, en 35, y en el Reino Unido y en España, en 31 dólares. Repito que en la Argentina está en 13 dólares. Es decir que en generación eléctrica estamos entre los precios más bajos del mundo.
Hay otros factores, porque una cosa es la generación y otra, la distribución. Como todos sabemos, hay distribuidoras privadas y estatales. Los habitantes del Gran Buenos Aires y de la Capital Federal tienen suerte porque pagan tarifas realmente excepcionales, comparadas con las que pagamos en la provincia de Santa Fe. Santa Fe, prácticamente, es la más cara de todas. En Buenos Aires (Capital y conurbano), un consumo familiar bajo cuesta la mitad que en Santa Fe y, si es alto, la tercera parte. En consumos comerciales y pequeñas industrias, la empresa estatal santafecina cobra casi el doble que las privadas de Buenos Aires.
El problema es agudo. La devaluación determinó un aumento muy fuerte en todos los insumos de la producción eléctrica. Dejó de ser negocio producir electricidad y frente a ello nadie tuvo incentivos para invertir. Aquí viene lo preocupante del asunto: las perspectivas que tenemos. Hay inquietud en sectores de la producción y de la industria sobre la carencia de gas. Ello es así porque se está pagando a las productoras locales entre setenta y ochenta centavos de dólar la unidad, el millón de BTU, mientras que el que compramos a Bolivia lo pagamos a dos dólares el millón de BTU, de manera que prácticamente pagamos a los bolivianos tres veces más de lo que les pagamos a los productores que operan en la Argentina. Entonces, ¿quién va a tener interés para hacer inversiones en exploración? Todos sabemos que es el rubro más caro del negocio petrolero. No la explotación, sino la exploración. ¿Quién va a hacer nuevas exploraciones, si no hay resarcimiento en los precios que se fijan?
A un altísimo costo fiscal importamos 700 millones de dólares de fuel oil de Venezuela, importamos gas de Bolivia, dejamos de exportar gas a Chile y de exportar electricidad a Brasil. Por el contrario, importamos electricidad de Brasil cuando ese país tuvo algún remanente, para paliar la crisis del año último. Antes nos autoabastecíamos y exportábamos gas y electricidad. Ahora debemos importarlos.
Lo grave es que no hay creación de nuevas usinas generadoras de electricidad. Este es el cuello de botella que va a explotar tal vez en 2006 y con certeza absoluta en 2007. ¿Por qué digo esto con tanta convicción? Porque en 2006 dependerá de ciertos factores, del frío, del agua de los ríos, del crecimiento de la demanda eléctrica, pero en 2007 es inexorable que esto suceda.
Es muy serio el informe de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, Cammesa, que está compuesta por representantes de los generadores, distribuidores, transportistas, grandes usuarios y el Estado. El informe señala que para 2006 y 2007 habrá necesidad de crear nuevas fuentes de generación con una capacidad instalada que oscila entre 1200 y 1600 megavatios. Dicho con otras palabras, a meses vista se necesitaría más de un Chocón. Construir una usina termoeléctrica, trabajando 24 horas y con viento a favor, insume no menos de 24 a 30 meses. No hablemos de las usinas hidroeléctricas, que llevan mucho tiempo, o de las atómicas, que están fuera de las previsiones.
Tenemos un problema gravísimo por delante, que vengo advirtiendo desde hace un par de años. La respuesta siempre fue que no había problemas y que se trataba de expresiones de la oposición. Ahora el propio presidente de la República dice que tendremos que acostumbrarnos a vivir con escasez de gas y electricidad durante muchos años. Sin embargo, el Gobierno no hace nada para estimular la inversión privada y tampoco la suple con inversión pública. El informe de Cammesa es alarmante. No es de parte interesada, sino de un organismo oficial que el Estado integra.
Por supuesto, la Secretaría de Energía está callada porque no la dejan hablar, pero lo hace a través de sus resoluciones. La resolución del 10 de mayo sobre el Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica es explícita. Hay que leer los fundamentos para advertir la gravedad de la crisis. Lo había dicho la propia Secretaría en 2004. En la resolución 712/04, publicada en el Boletín Oficial del 15 de julio de 2004, decía: "Surge del informe «Evaluación de riesgos de mediano y largo plazo, período 2004-2007», elevado por Cammesa, la necesidad de incrementar la infraestructura disponible para asegurar el abastecimiento de gas natural a centrales de generación eléctrica a más tardar en el invierno de 2006, y equipamiento para generación y transporte de energía eléctrica a partir de 2007, existiendo el riesgo potencial de incapacidad de satisfacer la demanda de energía eléctrica creciente si la infraestructura en la que se funda la oferta de energía eléctrica se mantiene estancada".
Ha pasado un año y nada se ha hecho. A lo sumo, querer comprometer seiscientos o setecientos millones de dólares que Cammesa les está debiendo a los generadores, forzando a estos últimos a transformar esos créditos en nuevas inversiones. Pero como es deuda de Cammesa el Estado le tendrá que hacer transferencias a esta última.
Estamos ante un grave problema que necesita urgente atención. Si no se lo atiende ya mismo, volveremos a lo que vivimos en los años 80, cuando los apagones eran una característica de nuestra vida cotidiana. En primer lugar, hace falta que tengamos gas y alternativas al gas -fuel oil o gasoil, a pesar de que son mucho más caros- y de que esté asegurado su abastecimiento. En segundo término, es necesario que haya inversión en generación en los términos que he explicado. Quiero aclarar que esas inversiones de las que hablamos significan más de mil millones de dólares por año, y ya llevamos varios años de atraso. En tercer lugar, se requiere que haya inversión en el transporte de gas y en el de la electricidad.
No es cierto que no se haya invertido. Desde la sanción de la ley 24.065 hasta el colapso de la devaluación, en el sector energético privado se invirtieron varias decenas de miles de millones de dólares, y la Argentina era un país autoabastecido, que tenía asegurado su porvenir y que además tenía posibilidades de exportar gas y electricidad, ésta a los precios más bajos.
Hoy las cosas están al revés. La devaluación, la imprevisión y la ceguera gubernamental nos llevaron a la crisis presente. Paradójicamente, la oscuridad está a la vista.
LA ARGENTINA INAUGURA UNA NUEVA FORMA DE COMERCIALIZAR GAS
El Mercado Electrónico del Gas (MEG) se prepara para iniciar sus actividades en forma inminente. Se trata de uno de los primeros mercados que concentrará transacciones spot de gas natural en América latina, y coexistirá con pocos pares en el resto del mundo.
La función principal del Mercado Electrónico del Gas Natural (MEG) será coordinar en tiempo real y en un mismo ámbito el funcionamiento de los mercados spot (de plazo diario o inmediato) y secundarios de gas y de gas más transporte, con una administración centralizada de la totalidad de la información comercial y de despacho de la industria. La negociación en ese ámbito tendrá como base la concertación electrónica de operaciones a partir del ingreso de ofertas y demandas por medio de los agentes del MEG: productores que deseen colocar su gas en el mercado, consumidores que lo requieran o comercializadores que actuando en nombre propio o de terceros intervengan en las transacciones como ofertantes o demandantes del hidrocarburo.
La creación del MEG surge de las disposiciones del Decreto 180/04, y tiene el propósito de mejorar el acceso a la información por parte de todos los agentes que participan en la compra-venta de gas, aumentar la transparencia en el flujo de la información operativa y comercial e incrementar los niveles de competencia en los mercados primarios y secundarios del gas natural. Se trata de una de las principales apuestas del Gobierno Nacional para enfrentar la crisis energética y la reorganización del sector gasífero.
La Sociedad Operadora Mercado Electrónico de Gas S.A. (MEGSA), controlada por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), es la institución que tendrá directamente a su cargo todo lo relacionado con la constitución, implementación y gestión de este nuevo mercado.
Entre las funciones del MEG, el diseño y la puesta en marcha de un mercado de derivados del gas representa uno de sus mayores desafíos. Una idea ambiciosa cuya materialización podría generar una interesante perspectiva de desarrollo para la Argentina, dado que facilitaría tanto a los empresarios como a la industria la toma de decisiones anticipadas de consumo, a partir de instrumentos financieros de cobertura de riesgos, como los contratos de futuros y opciones.
La entrada del MEG en la escena nacional se prevé en forma progresiva, condición indispensable para el éxito de todo mercado. A partir del 16 de mayo de 2005 todas las operaciones de reventa de capacidad de transporte y de servicios, reguladas por el ENARGAS, pasaron a realizarse en la órbita del MEG. Para principios del mes de junio se anuncia el inicio de sus actividades respecto de la comercialización de gas spot en boca de pozo (PIST), y posteriormente en lo que respecta al mercado City Gate (gas más transporte). La implementación del mercado de derivados será una de las últimas etapas del proceso.
En el proceso final, previo a su implementación, los arquitectos de este proyecto trabajan en las definiciones técnicas que se requieren para la operatividad del mismo. Aún se desconocen importantes aspectos relativos a procedimientos y obligaciones de los agentes participantes. Hasta ahora las normas que se publicaron se limitan a establecer lineamientos generales. Es de esperar que este ulterior período sea central en cuanto al dictado de reglamentaciones.
¿Quiénes podrán operar?
En atención a la singular organización del MEG, la actuación en el mismo se encuentra restringida. De acuerdo al Reglamento General de Negociación del Mercado Electrónico de Gas, podrán operar en el Mercado de Contado, entendido como aquel de productos y servicios físicos, quienes cuenten con licencias y se encuentren inscriptos en el Registro de Agentes del Mercado Electrónico del Gas S.A. Las categorías de licencias que habilitan a sus titulares la participación activa en el Mercado de Contado del MEG son la “Licencia para Agentes de Cartera Propia” (ACP) y la “Licencia para Agentes Libres” (AL).
Las características de las licencias, así como los requisitos y condiciones para acceder a las mismas, surgen de las circulares del Mercado Electrónico del Gas S.A. N° 1/2005 y N° 4/2005 respectivamente, esta última modificatoria de la primera y dictada a instancias de lo establecido en la Resolución 740/2005 de la Secretaría de Energía.
Las licencias ACP permiten a sus titulares operar por propia cuenta. Las mismas podrán ser solicitadas por los productores de gas para la venta de productos de contado comercializados en el MEG y por los consumidores para la compra de productos de contado en el MEG, o para la venta de remanentes de esas adquisiciones, generados por causas fortuitas o por desvíos normales en sus consumos, respecto de sus previsiones. También podrán adquirir y utilizar las ACP las prestatarias de servicios de distribución con la exclusiva finalidad de adquirir gas en el MEG para completar los volúmenes necesarios y suministrar el fluido a la parte de su mercado que la tiene como única proveedora.
En términos generales, cualquier persona jurídica que reúna los requisitos exigidos por el MEG podrá solicitar las ACP, con excepción de las licenciatarias del servicio de transporte de gas natural y las personas jurídicas vinculadas a ellas.
La segunda de las categorías de licencias, las AL, habilita a sus titulares para comprar y vender productos de contado por cuenta propia o de terceros. Con el objeto de asegurar que los Agentes Libres sean personas jurídicas independientes de los sujetos participantes en la industria, y a los fines de promover la competencia evitando distorsiones o prácticas abusivas, la Secretaría de Energía, a través de la Resolución 740/2005, condicionó el otorgamiento de las mismas.
Las personas jurídicas o grupos de ellas calificadas por las normas del sector como Productor, Transportista, Distribuidor, Subdistribuidor o Usuario Directo, no podrán ser titulares de AL.
Tampoco podrán obtener una licencia AL aquellas personas jurídicas controladas o sujetas a control común, directo o indirecto, por quienes sean Productores, Transportistas o Usuarios Directos. Se entiende por control la participación en otra sociedad que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en la misma, o que de alguna manera permita una influencia dominante en la sociedad participada. Esa restricción no se aplica en el caso de sociedades comercializadoras de gas, sujetas a control de un Distribuidor o sus accionistas, siempre que se encuentren en cumplimiento de los requisitos regulatorios pertinentes (artículo 28 del Decreto 180/04) e inscriptas en el Registro de Comercializadores a cargo del ente regulador. Las limitantes para la obtención de las AL serán analizadas con carácter amplio. En tal sentido, la Secretaría de Energía dispone que a los efectos del cómputo de las participaciones que las personas calificadas como Productor, Transportista, Distribuidor, Subdistribuidor o Usuario Directo posean en una persona jurídica solicitante de licencia AL, se tendrá en cuenta la suma de las mismas como si se tratara de una única participación.
En refuerzo de lo anterior, la resolución prohíbe a una misma persona jurídica la titularidad de más de una licencia para AL o para ACP, y se reserva la facultad de determinar (en conjunto con MEGSA) la extensión de esta limitación para aquellas personas jurídicas controladas, controlantes o sujetas a control común, directa o indirectamente, por una sociedad titular de alguna licencia para operar en el MEG.
Quienes aspiren a constituirse como Agentes del MEG deberán observar una serie de requisitos legales, económico-financieros y de organización, usuales en este tipo de mercados e indispensables para su funcionamiento.En principio, sólo podrán solicitar la inscripción como Agentes del mercado las personas jurídicas organizadas bajo la forma de sociedades por acciones (S.A.), sociedades de responsabilidad limitada (S.R.L.) o sociedades asimilables constituidas en el exterior. A los efectos de transparentar su actuación, las referidas sociedades deberán incluir expresamente en su objeto social su actuación como Agentes del MEG. Deberán acreditar un patrimonio neto no inferior a los 250.000 pesos, constituido, como mínimo, en un 50 % por activos líquidos o su contrapartida reemplazable mediante fianza o garantía de similar alcance otorgada por un banco local o del exterior (cuyos términos y condiciones requieren la aprobación previa del directorio de MEGSA). Sin perjuicio de lo expuesto, MEGSA se reserva el derecho de requerir a los Agentes, en cualquier momento, la constitución de garantías adicionales cuando el volumen de transacciones y la necesidad de resguardar el riesgo operativo lo justifiquen.
Los Agentes deberán contar con oficinas adecuadas para el cumplimiento de sus funciones (acreditando ante MEGSA el título y carácter de su ocupación), un equipamiento informático acorde (indispensable para el sistema de comercialización) y un servicio de auditoría contable externo e independiente. Serán obligados a llevar un registro de operaciones con información precisa y detallada respecto del tipo de operación realizada, individualización de las partes, precio, cantidades y aranceles, así como un estricto control y detalle de los movimientos de fondos que se lleven a cabo.
El procedimiento para la adjudicación de licencias a Agentes del MEG contempla dos etapas. La primera de ellas está relacionada con el análisis de la solicitud para obtener una licencia y la segunda se refiere a la acreditación de los requisitos legales y económicos exigidos, así como el pago del arancel correspondiente a la licencia. En la evaluación y análisis de las solicitudes intervendrá la Secretaría de Energía a los efectos de realizar las observaciones que estime pertinentes y la aprobación final estará a cargo del directorio de MEGSA. De acuerdo a lo previsto en la Circular del Mercado Electrónico del Gas N° 1/2005, las licencias de Agentes del MEG son de carácter transferible, previa autorización del directorio de MEGSA, y una vez cumplimentadas las condiciones exigidas para su otorgamiento, según el tipo de licencia.
Durante el primer año de vigencia del MEG el número de licencias para Agentes Libres será limitado (veinte, según la Circular del MEGSA N° 5/2005) e ilimitado para las licencias de Agentes de Cartera Propia (en total MEGSA recibió más de 40 manifestaciones de interés en adquirir licencias).
La puesta en marcha y funcionamiento del MEG en los términos del Decreto 180/04 podría implicar a futuro una nueva dinámica en materia de contratación de gas y llevaría mayor competencia al sector. Es esperar que resulte una iniciativa favorable para el país y fortalezca las condiciones para recibir inversiones internas o externas que impulsen el desarrollo del sector gasífero.
Los líderes de los países reunidos en la cumbre anual de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) acordaron impulsar una alianza energética, un plan antidrogas y avanzar hacia una mayor integración de América del Sur.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien asumió la presidencia de la CAN por un año, llamó a los mandatarios a crear la empresa regional Petroandina y a fortalecer la integración regional.
"Petroandina será una realidad, garantizará la energía de calidad y al más bajo costo posible para el desarrollo integral de sus pueblos", dijo Chávez.
En el encuentro también participaron los presidentes de Colombia, Álvaro Uribe; Ecuador, Alfredo Palacio; el canciller boliviano, Armando Loaiza y el presidente de Perú, Alejandro Toledo como anfitrión. Lucha antidrogas, pobreza e integración La integración energética fue uno de los puntos centrales del "Acta de Lima", acuerdo suscrito por los mandatarios que asistieron a la cumbre, que incluyó la creación de un fondo de cohesión social de US$10 millones.
También fue recibida con interés la propuesta de Brasil, Argentina y Perú para impulsar la construcción de un gasoducto en Sudamérica con una inversión de al menos US$2.500 millones.
Sobre la lucha contra las drogas, los presidentes acordaron promover el desarrollo de zonas golpeadas por la pobreza donde se cultiva hoja de coca.
Al respecto, el presidente Toledo dijo que "no nos sirve de nada que Wall Street nos aplauda si tenemos grandes ruidos en las calles, si no somos capaces de trasladar los beneficios del crecimiento a los pueblos".
Los mandatarios también instaron a fortalecer la integración regional del bloque andino.
Si hubiera una encuesta "apuesto lo que sea a que saldríamos reprobados", señaló Chávez.
La reunión de líderes andinos fue precedida por encuentros entre ministros y cancilleres en las que se acordó la adopción de una política arancelaria común para diciembre, aunque no hubo detalles sobre la posible entrada en vigencia del tan discutido arancel externo común.
CAN ESTUDIARÁ CREACIÓN DE UNA ALIANZA ENERGÉTICA
En el balance, las ideas llevadas por Hugo Chávez a la última reunión de la Comunidad Andina se impusieron sobre otras más conservadoras planteadas por los gobiernos de Perú, Ecuador y Colombia. La cita llevada a cabo en Palacio de Gobierno –a la que asistieron además de Chávez, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, el de Ecuador, Alfredo Palacio, y Alejandro Toledo– concluyó con la firma del Acta de Lima, en la que se recogen varias iniciativas del gobierno venezolano.
Desde el inicio de la reunión, en el desayuno informal que sostuvieron los presidentes, Chávez insistió en la necesidad de formar una alianza energética a la que denominó Petroandina. Idea semejante a Petrosur (que une a Venezuela, Brasil y Argentina) y Petro Caribe.
La propuesta, finalmente, fue incluida en el punto 26 del Acta de Lima y también en las 10 conclusiones de la cita. Para garantizar que se le dé continuidad a este acuerdo, Chávez planteó que se reúnan próximamente los ministros de Energía de la región. Esta propuesta también fue aceptada.
No fue la única idea venezolana recogida por los demás miembros de la Comunidad Andina. También se acordó poner en marcha un Fondo Humanitario Social, que será financiado con aportes que saldrán del PBI de los gobiernos andinos. Como para darle partida de nacimiento a este fondo, Chávez comprometió US$ 50 millones en su implementación, mientras que la CAF anunció que contribuirá con US$ 10 millones.
Como para no quedarse atrás el presidente Alejandro Toledo anunció que destinaría 100 millones de dólares al programa, siempre y cuando el Perú gane US$ 900 millones con la exportación del gas de Camisea. Cabe precisar que el estudio de factilidad del Fondo Social estará a cargo de la secretaría general de la CAN que dirige Allan Wagner.
Otra decisión de carácter social adoptada por la CAN fue el financiamiento de un proyecto que busca acabar con la malaria en las zonas fronterizas de la región. Este proyecto busca reducir en un 50% la incidencia de este mal en las fronteras en un plazo de 5 años y será puesto en marcha por el Organismo Andino de Salud.
Ideas made in Perú
El Perú también tuvo ideas que fueron recogidas por los otros gobiernos de la región. El reconocimiento y homologación de los títulos profesionales en todos los países andinos, además de impulsar la creación de un “pasaporte andino” con el que los ciudadanos de la CAN puedan desplazarse no sólo en la región, sino en otros países. Esta iniciativa, de acuerdo con las conclusiones de la cita, podría ver la luz a fines de este año.
Aunque relegado, el tema del arancel externo común también fue incluido en la discusión de los mandatarios. Con el arancel andino se espera dar flexibilidad al intercambio comercial en los países de la región y negociar en conjunto con otros bloques comerciales como el Mercosur y la Comunidad Europea.
Preocupación por lucha antidrogas
El flagelo de la drogas ocupó parte importante del debate de los presidentes andinos. En una declaración conjunta los jefes de Estado invocaron al principio de “responsabilidad compartida” para pedir el apoyo de otras naciones en la lucha antinarcóticos.
Además expresaron que es necesario encontrar mercados para los productos de desarrollo alternativo, dentro de las negociaciones internacionales que se llevan a cabo con otros países como Estados Unidos.
El presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, llegó a Lima con un discurso favorable a la preservación de la biodiversidad y al cuidado de los recursos hídricos en la región. Así como Hugo Chávez propuso unificar las empresas productoras de petróleo en la región, Palacio pidió que se estudie la posibilidad de utilizar otros recursos energéticos como los vientos y la energía solar. El cuidado del agua también fue parte importante de su discurso
BOLIVIA Y LA INTEGRACIÓN GASÍFERA SUDAMERICANA: ¿UN PROCESO INCLUYENTE? (PARTE IX)
Este informe fue realizado en Marzo de 2005.
6. La política gasífera boliviana frente a la integración sudamericana (Continuación)
1. Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional en Sudamérica (IIRSA)
El tratamiento breve que se le dará a la IIRSA en este trabajo estará centrado en los siguientes puntos:
- Los principales objetivos de la IIRSA, en lo que respecta a la integración de los mercados energéticos, en tanto proceso sectorial dentro del marco de la integración infraestructural de Sudamérica.
- La visión sobre los desarrollos sectoriales en el área energética.
- La forma en que esta iniciativa se articula con el MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones.
1.1. La IIRSA, en tanto proyecto de avance en la integración infraestructural de América del Sur, no constituye un diseño institucional vinculante para los Estados participantes en el sentido de generar un conjunto de derechos y obligaciones recíprocas, sino que más bien es un esquema de trabajo conjunto que apunta a facilitar y hacer más efectiva la toma de decisiones.
El objeto de promover esta iniciativa parte de la convicción de que es necesario generar un desarrollo económico, basado en el aumento de la productividad y de la competitividad y en una más eficiente distribución de los costos y beneficios. Si bien en el plan de acción se afirma que los procesos productivos que generen un crecimiento sostenido tienen que estar apoyados en la tecnología y el conocimiento y cada vez menos en la dependencia de la explotación de recursos naturales, también se considera que el desarrollo de la infraestructura en América del Sur adquiere especial relevancia en el marco de este modelo económico que se busca promover (129). La Iniciativa busca generar un esquema de asociación pública-privada que articule la complementación entre una planificación estratégica a nivel interestatal regional y la participación de empresas privadas y organismos multilaterales de crédito que permitan viabilizar financiera y técnicamente los proyectos considerados. Este esquema podría eventualmente ser útil para la superación de un obstáculo a la integración gasífera regional apuntado por Kozulj referido a que las modalidades de integración gasífera han sido poco pautadas por las autoridades nacionales, siendo por lo general concretadas en función de la conveniencia económica de los operadores privados (130).
En este contexto es importante destacar que el desarrollo de la infraestructura y su mejoramiento son vistos como un proceso integral y multidimensional, que contempla también una articulación logística de las instalaciones disponibles y de los servicios a ellas ligados. De esta forma la integración energética no se plantea aisladamente como un objetivo en sí misma sino como un proceso sectorial en el marco de una integración infraestructural amplia y en tanto dimensión que cruza los doce ejes de vinculación vertical definidos sobre una base geográfica. Por esta razón, cuando se enumeran en el Plan de Acción las acciones básicas a ser emprendidas, se reconoce la importancia de la identificación de los desarrollos regionales, a fin de encuadrarlos en una visión y planificación estratégica a nivel regional (131).
En resumen, la integración energética es definida como un ámbito necesario para el desarrollo sostenido basado en criterios de productividad, competitividad y sostenibilidad.
Considero de particular relevancia a los fines de este trabajo puntualizar tres objetivos generales planteados en el marco de la IIRSA como paso necesario para facilitar la toma de decisiones y coordinar los proyectos de desarrollo y la logística requerida para su más eficiente aprovechamiento:
- La armonización y compatibilización de los marcos regulatorios e institucionales y las políticas estatales, en virtud de las diferencias ya delineadas entre los modelos de desarrollo y las legislaciones nacionales que afectan a las actividades de upstream y downstream. En la Declaración de Brasilia, los Presidentes enfatizaron que 'los proyectos de infraestructura para la integración deben ser complementados mediante la adopción de regímenes normativos y administrativos que faciliten la interconexión y la operación de los sistemas de energía, de transportes y de las comunicaciones' (132).
- La coordinación de proyectos y planes de inversión. Para esto se requiere tener un conocimiento profundo sobre los recursos existentes y los desarrollos regionales a fin de poder generar proyectos que se encuadren en una planificación energética estratégica, maximizando el aprovechamiento de los planes de inversiones.
- El desarrollo de esquemas para la financiación y de planes de inversión de riesgo. Este punto es de fundamental importancia en tanto condicionante del desarrollo de proyectos infraestructurales, en un contexto de fuertes restricciones presupuestarias y altos niveles de endeudamiento. Destaco aquí particularmente la articulación entre el sector público y el privado y las instituciones financieras multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y el Banco Mundial, planteada en la Declaración de Brasilia (133). En segundo lugar, los términos en los que se buscará obtener este crédito, fomentando el acceso a financiamiento de largo plazo y con intereses adecuados (134).
Las restricciones presupuestarias generan también la necesidad de que dentro de la planificación estratégica se busque priorizar los proyectos a ser financiados y aprovechar los recursos existentes desestimando la creación de nuevas instituciones.
1.2. La integración energética promovida desde la IIRSA persigue el desarrollo complementario de los subsectores gasífero y eléctrico, los cuales nunca son abordados aisladamente en los documentos oficiales.
La complementariedad de los dos sectores se plantea desde una lectura de la situación de la oferta energética en Sudamérica, en virtud de la cual la expansión de la demanda eléctrica, hasta ahora suministrada en un 67% por la hidroenergía, será crecientemente suplida por el gas natural. La Agencia Internacional de Energía prevé, de hecho, que se producirá un crecimiento de la participación del gas en la generación eléctrica del 14% en 2002 al 22% en 2010 (135).
El suministro energético para esta creciente demanda (136) determina la complementación entre los dos subsectores, dado que el crecimiento de la capacidad instalada conllevará un aumento del gas natural, si bien en el transporte el gas natural y la electricidad pueden presentar una fuerte competencia en lo que respecta a la ubicación de las plantas.
Dadas las limitaciones de este trabajo, no se abordará el desarrollo conjunto del sector eléctrico y el gasífero para enfocarme nuevamente en el segundo. En relación al mismo, es importante señalar que la asimetría entre el nivel de integración infraestructural nacional y el regional es más marcada que en el primer caso. El desarrollo reciente de las redes de transporte y distribución del gas natural refleja, como afirmaba anteriormente, el modelo de desarrollo que dominó en los años noventa caracterizado por el predominio del sector inversor privado.
Las redes de transporte más desarrolladas se encuentran una vez más en Argentina y Venezuela, que son, como se veía antes, los principales productores de la región y que además alojan a los mercados internos más maduros, a pesar de las deficiencias en las redes de distribución internas. Cabe destacar que en Venezuela, así como en Chile, Colombia y Brasil, se han realizado desde los respectivos gobiernos planes para la promoción del consumo de gas natural durante los años noventa (137).
1.3. Articulación de la IIRSA con el MERCOSUR y la CAN. En la reunión del Grupo Técnico Ejecutivo de Marcos Normativos de Mercados Energéticos Regionales, realizada en diciembre de 2002, se establece claramente que 'es necesario un proceso de construcción de institucionalidad que obligue al arribo de acuerdos en lo que se refiere a contenidos, nuevas instituciones y procedimientos' y que 'en América del Sur, los ámbitos subregionales donde alojar los acuerdos de integración de los Mercados Energéticos son la Comunidad Andina de Naciones y el MERCOSUR' (el subrayado es mío) (138) (139).
2. Comunidad Andina de Naciones
En el marco de la Comunidad Andina de Naciones se han logrado mayores avances en lo que se refiere a la integración eléctrica que a la gasífera. De acuerdo a datos proporcionados en un informe elaborado por BID, CAF, CAN, CEPAL, OLADE y UNCTAD para los presidentes andinos, 'el Mercado Andino de electricidad se encontraría en un primer nivel de integración dado que existen actualmente líneas de interconexión entre Colombia y Venezuela (140), se está construyendo un enlace entre Colombia y Ecuador y se han concluido los estudios técnicos y económicos para interconectar Perú y Ecuador' (141).
La infraestructura para el desarrollo gasífero aún no está muy desarrollada. Bolivia es en la actualidad el único país exportador de la región andina. Los principales gasoductos existentes parten de Bolivia a Brasil y a Argentina, si bien los volúmenes de exportación al primer país son notablemente mayores. Los proyectos de ampliación de esta red están orientados hacia países del MERCOSUR y hacia el Océano Pacífico para su posterior exportación a Estados Unidos y México en forma de gas natural licuado.
El 22 de septiembre de 2001 los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú suscribieron, en el marco de la CAN, el Acuerdo para la Interconexión Regional de los Sistemas Eléctricos y el Intercambio Internacional de Energía Eléctrica, en Cartagena de Indias.
Como antecedente, pueden mencionarse los siguientes puntos del Acuerdo Interministerial: la adaptación de los regímenes jurídicos internos a fin de permitir la libre comercialización, exportación, importación y acceso al uso de las redes de transporte (art. 1); la definición de reglas bajo principios de libre competencia, acceso no discriminatorio a las redes de transporte y reciprocidad en el tratamiento (art. 2); la libre contratación entre los agentes del mercado (art. 3, inc. 2); la no discriminación de precios entre los mercados nacionales e internacionales ni en el tratamiento a los agentes internos y externos; el libre acceso a las líneas de interconexión nacional; la garantía ofrecida por los Estados para la generación de condiciones competitivas de precios y tarifas que reflejen costos económicos (art. 2) y la promoción de la inversión privada en el desarrollo de infraestructura de transporte (art.3, inc.5).
Respecto del MERCOSUR, la normativa más importante en materia de integración energética son dos decisiones del Consejo Mercado Común de los años 1998 y 1999. El primero es un Memorandum de Entendimiento Relativo a los Intercambios Eléctricos e Integración Eléctrica en el MERCOSUR y el segundo, un Memorandum de Entendimiento Relativo a los Intercambios Gasíferos e Integración Gasífera en el MERCOSUR (142).
Los principios y disposiciones consignadas en estos dos documentos son muy similares. Fundamentalmente, se busca avanzar en el proceso de integración eléctrica y gasífera, con miras al desarrollo y complementación de los recursos energéticos, sobre la base de la libre comercialización entre empresas públicas y privadas y la diversificación del suministro para los usuarios finales.
Los Estados se comprometen a no imponer políticas que alteren las condiciones normales de la competencia y a garantizar que no se realizarán prácticas discriminatorias en relación a los agentes de la demanda y la oferta de electricidad o gas. También buscan asegurar que los precios y tarifas de compra y venta de electricidad y gas natural reflejen costos económicos sin mediar ninguna clase de subsidios por parte de los Estados. En el caso del gas, los precios y tarifas deberían incluir además todos los costos, entre ellos los ambientales y sociales. Los Estados que suscriben el Memorandum permitirán que los distribuidores y comercializadores contraten libremente sus fuentes de abastecimiento en cualquiera de los países que componen el MERCOSUR y, a su vez, permitirán y respetarán la realización de contratos de compra y venta libremente pactados entre compradores y vendedores de electricidad y gas natural. Desde un punto de vista logístico se buscará promover el desarrollo de una infraestructura de comunicación y enlaces para coordinar la operación física de los gasoductos. Por último los Estados deberán garantizar el derecho de los usuarios contra prácticas monopólicas, el abuso producto de una posición dominante y la baja calidad del servicio suministrado.
Lo dispuesto en estas dos Decisiones responde a las pautas acordadas en una Resolución del Grupo Mercado Común del año 1993, en la cual se acordaron las directrices de las políticas energéticas en el MERCOSUR. Para la definición de dicho documento los Estados partes se basaron en la experiencia acumulada en materia de emprendimientos energéticos binacionales, con el objeto de extenderlas al campo multilateral. Los elementos básicos a los que se apunta son: la libertad de compra y venta de energía; el libre tránsito de los energéticos; un planeamiento energético integrado regional; la viabilidad económico-financiera de los proyectos en la región y, en relación a esto, la coordinación en la gestión de propuestas de financiamiento a organismos internacionales relacionadas a emprendimientos energéticos comunes; la optimización de la producción y uso de la energía y la promoción de su utilización racional. Cabe mencionar por separado que en lo que se refiere a políticas de precios, éstas se consideran una parte integrante de la política económica de los países.
4. Petroamérica: ¿puede pensarse para la integración gasífera?
Petroamérica es una idea propuesta por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en la cual se retoma la idea de la integración para el sector energético. Como proyecto político, apuntaría a la complementación de las economías de los países sudamericanos, sus posibilidades y necesidades y al fortalecimiento colectivo e individual de las naciones. La búsqueda de este fortalecimiento proviene de la visión de que un proceso regional tiene que atender no solamente a la integración entre los países, en términos de mayores niveles de intercambio, sino también a la interna, ante la gran cantidad de población que no tiene acceso a la energía. Este proyecto se sustentaría en la asociación entre distintas empresas estatales, existentes y en formación, tales como PDVSA, ENARSA, PETROBRAS E YPFB. Sin embargo, no rechaza la participación del capital privado en las actividades de upstream y downstream, sino que pretende articular dos niveles o planos: el gubernamental y el empresarial, de forma tal que los acuerdos a nivel gubernamental puedan orientar los acuerdos empresariales (143).
Un proyecto de tales características se lo piensa, entonces, como generador de reaseguros mínimos en términos de control sobre recursos estratégicos para el desarrollo de las comunidades.
5. Perspectivas y obstáculos de la integración gasífera sudamericana
De la revisión de los proyectos de integración realizada en el apartado anterior, puede notarse que las principales iniciativas y acciones se produjeron entre los años 1998 y 2000-2001, momento que curiosamente coincide también con la liberalización de la industria gasífera y con la gran expansión de la infraestructura del sector en la región. A partir del año 2001, y hasta la reciente propuesta del Presidente Hugo Chávez, ya reseñada, el impulso inicial parece haber perdido todo su vigor.
Esta nueva iniciativa, al margen de su factibilidad política en el mediano plazo, marca también un cambio cualitativo respecto de los alcances esperados de un proceso de integración energética. Retomando mis planteos iniciales referidos al proyecto político que orienta, sostiene y da sentido al proceso integracionista, podríamos decir que los avances realizados hasta el momento en los ámbitos institucionales de la CAN y el MERCOSUR parecerían responder a un proyecto fundamentalmente orientado a incrementar los intercambios entre los países de la región y que, por lo tanto, la integración energética planteada consistiría en una dimensión más de la integración comercial, como plantea Kozulj (144). Esto se produciría sin desmedro de la percepción de que la infraestructura económica regional, que incluye la red de transporte, la energética y la de telecomunicaciones, proveen beneficios a todos los países interconectados por las mismas y que, de esa forma, constituyen bienes públicos regionales cuya regulación y control no puede dejarse librada a los respectivos ámbitos nacionales.
Algunos de los principales planteos en el orden político giran en torno a dos ejes de articulación:
- el primero entre un nivel intergubernamental en la escala sudamericana y otro empresarial, a través del cual se buscaría crear un marco normativo e institucional común que impondría determinadas reglas de juego, pero que a la vez buscaría brindar garantías mínimas al sector inversor privado, tales como la libre circulación de los hidrocarburos, el acceso a las redes de transporte, la no discriminación a compradores y vendedores, la formación de precios y tarifas en base a costos económicos, el respeto a la propiedad, entre otros. La eficiente articulación de este eje es necesaria para que el proceso de crecimiento de la infraestructura de downstream tenga una racionalidad en su conjunto y no responda únicamente a los intereses sectoriales de los operadores privados.
- el segundo, entre el sector público y el privado junto a las instituciones financieras de crédito. Dicha articulación estaría fundamentalmente orientada a garantizar las necesidades de inversión y financiamiento que no pueden absorber los Estados a través de sus respectivas empresas públicas. El objetivo consistiría en la apertura a la participación del capital privado en las actividades productivas, que ya es una realidad en todos los países de la región, así como en el desarrollo de proyectos con participación de capitales mixtos que garanticen una adecuada distribución de los ingresos entre los actores que proveen el financiamiento y aquéllos que poseen la propiedad inalienable e imprescriptible de los recursos en cuestión (145).
En este marco, se plantean varias situaciones adicionales que pueden generar obstáculos para la concreción de un proyecto de integración energética. La primera de ellas consiste en la existencia de importantes disparidades normativas e institucionales entre los países, al presentar diversos grados de integración vertical, variados mecanismos de establecimiento de precios y tarifas; también una desigual configuración de los sectores en términos de los actores intervinientes y en la relación entre el peso de los agentes públicos y los privados. Asimismo, cabe destacar las asimetrías de los mercados que presentan grados de desarrollo e industrialización muy diversos, con disímiles niveles de penetración del gas natural en sus matrices de consumo energético primario y, en consecuencia, un desigual potencial para el incremento del consumo del gas natural.
Las perspectivas respecto a la demanda de gas natural proyectada para la región constituyen, en concordancia con lo anterior, un condicionante estructural de las posibilidades de incremento del comercio gasífero en la región. Si bien se estima que el consumo de gas natural aumentará de un 19% del total de consumo por fuente de energía primaria en 2002 a un 23% en 2010 y a un 27% en 2020, así como un incremento de la participación del gas en la producción eléctrica del 14% en 2002 al 22% en 2010, dicho aumento dependerá del crecimiento económico y demográfico sostenido de la región. Ante la eventualidad de que el ascenso de la demanda regional no fuera suficiente para absorber la producción gasífera, entonces es muy posible que el comercio se oriente a los Estados Unidos, México y el resto de Centroamérica.Otros obstáculos estructurales que se deberán abordar y analizar convenientemente en una agenda de integración gasífera consisten, en primer lugar, en la abundancia de reservas difícilmente accesibles o conectables por gasoductos. Cabe destacar el hecho de que el 91% de las reservas venezolanas, principal reservorio de la región, son yacimientos de gas asociado por lo que el nivel de producción gasífera, depende necesariamente del de producción petrolera. También podemos mencionar los casos de las reservas peruanas, difícilmente conectables con los mercados del MERCOSUR en virtud de obstáculos físicos que harían sumamente oneroso su transporte y distribución; y los recientemente descubiertos yacimientos brasileños de Santo ubicados costas afuera. En segundo término, reitero la observación sobre la existencia de pocos puntos de conectividad real entre los mercados regionales, siendo, eventualmente, el sur del Brasil el más importante núcleo dinámico y dinamizador de la integración gasífera del continente. Por último, destaco el potencial no desarrollado de la región andina, en la que se concentra el mayor volumen de reservas de gas, pero que a la vez registra un bajo nivel de desarrollo infraestructural tanto a nivel interno como regional, existiendo zonas aisladas de los circuitos de transporte y distribución.
Por otra parte, y volviendo a lo dicho con anterioridad, una iniciativa como la planteada por el presidente Hugo Chávez da cuenta de una visión del proceso de integración como un instrumento político constituido colectivamente que puede ser utilizado para generar un margen de maniobra para los países de la región. En este sentido, considero relevante destacar el pensamiento de Hans Morgenthau en lo que se refiere a la importancia de los recursos naturales como factor del poder nacional (146). Su análisis sobre la irrupción del petróleo como poderosa arma política que puede ser utilizada para enfrentar a países que tienen todos los atributos de poder, con excepción de ese, si bien se encuentra condicionado por el contexto histórico en que escribió su trabajo, no pierde vigencia como generador de interrogantes. En el caso de los países sudamericanos la utilización de los recursos naturales puede plantearse, no tanto en el sentido de facilitar una política exterior más agresiva, sino en la medida en que podrían utilizarse para la preservación de niveles mínimos de autonomía en la toma de decisiones y de control soberano sobre el espacio político, económico, geográfico y humano en el cual el Estado tiene autoridad.
Surge aquí la importancia de la autosuficiencia energética, que me gustaría destacar tomando nuevamente las reflexiones de Morgenthau respecto a la importancia política de la autosuficiencia en materia de alimentos. Cuando los países se encuentran razonablemente al margen de la preocupación sobre la carencia de autoabastecimiento, '… están en condiciones de delinear políticas con mayor fuerza de lo que podrían hacerlo otros países que carecen de esa ventaja. El autoabastecimiento (…) es, entonces, una fuente de gran fortaleza' (147).
En virtud de lo dicho anteriormente, surge en este contexto, como problema de fundamental importancia para el proceso de integración gasífera regional, el tema de la propiedad de los subsuelos y los recursos naturales y, en consecuencia, el control efectivo que tiene el Estado sobre su producción y utilización.
Bolivia frente a la integración gasífera sudamericana
A partir de las iniciativas y proyectos sintetizados más arriba puede observarse que los intentos de avanzar hacia la integración energética por la vía multilateral han resultado muy poco exitosos al no plasmarse en resultados políticos y avances concretos en materia de construcción de una institucionalidad o regímenes comunes, de armonización de marcos normativos o de desarrollo de proyectos infraestructurales sobre los cuales pueda articularse el proceso de integración.
En este sentido, destaco la necesidad de que se produzca una manifestación de voluntad política clara por parte de los gobiernos de los países con mayor peso en la región. Esta consideración parte también de una reflexión sobre la forma en que puede incidir el ejercicio de un rol de liderazgo por parte de los gobiernos de Venezuela, Brasil y Argentina en el progreso de la integración energética.
En este contexto, podemos plantear distintas líneas o ejes de reflexión sobre la inserción particular de Bolivia en un proceso de tales características.
En primer lugar, hay que tener en cuenta la complementación de dos políticas desarrolladas por los distintos gobiernos bolivianos que se han sucedido en los últimos diez a quince años. Por una parte, se destaca la importancia de la integración en la política exterior boliviana, en tanto esquema básico de inserción y vinculación internacional y el proyecto de convertir a Bolivia en el centro o núcleo de articulación infraestructural y energética de la región sudamericana. Por otra parte, en el marco de este proyecto se ha buscado impulsar el crecimiento del sector energético, en general, y gasífero, en particular, a través de una política orientada al abastecimiento de los mercado externos y, fundamentalmente, al brasileño, que es el más dinámico de la región. La orientación exportadora de la política gasífera boliviana también se ha manifestado en los proyectos de producción de gas natural licuado (GNL) que sería destinado a los Estados Unidos y México, y se ha visto fortalecido por el crecimiento exponencial de las reservas probadas de gas natural que tuvo lugar en 1999 y 2000.
En segundo lugar, como hemos visto, Bolivia ha participado formalmente de las iniciativas multilaterales para la promoción de un proceso de integración gasífera regional, pero ha registrado avances concretos en el plano de las vinculaciones comerciales bilaterales, principalmente con Argentina y Brasil, y secundariamente con Chile. Si pensamos en la integración en términos de un eje bilateral-multilateral, los progresos registrados hasta la actualidad nos indican que las perspectivas de profundización de las relaciones comerciales de Bolivia en la región y fuera de ella continuarán desarrollándose en el plano bilateral, tanto si se trata de la exportación de gas natural como del desarrollo de proyectos binacionales para la industrialización del recurso. Al margen de lo anterior, es de fundamental importancia tener presente el grado de intermediación de los operadores privados en este tipo de relaciones, que difícilmente podrían denominarse interestatales, en particular en casos como el boliviano o el argentino que han experimentado una transnacionalización extensiva y consiguiente enajenación de sus sectores energéticos.
En tercer lugar, existe otra consideración o eje de análisis referido a los proyectos de exportación de gas natural que se encuentra muy relacionada al punto anterior. Esta consiste en la cada vez mayor importancia que han adquirido los planes de producción y exportación de gas natural licuado a América del Norte, frente a las perspectivas de integración gasífera en Sudamérica ya desarrolladas en el apartado anterior. En el caso boliviano, si bien en la actualidad no es viable políticamente dar continuidad al proyecto de exportación de GNL a los Estados Unidos y a México, el mismo no se ha descartado y existen sectores dentro de Bolivia que ciertamente ejercerán una fuerte influencia para que éste se concrete.
En cuarto término, quisiera realizar una breve referencia a lo que veo como algunos de los condicionantes particulares de Bolivia frente a un proceso de integración regional y que considero importante plantear en un análisis de las características del que se pretende realizar aquí.
En la sección anterior del trabajo, destacaba la necesidad de armonizar el heterogéneo marco jurídico e institucional en materia energética que puede verse en Sudamérica. Dicho proceso de armonización posiblemente incidirá en mayor o menor medida en la relación entre los sectores público y privado, razón por la cual es relevante pensar en la situación de debilidad o vulnerabilidad estructural y relativa de Bolivia a raíz de la completa transnacionalización que ha experimentado su sector energético. En este sentido, es preciso destacar que la reestructuración del sector hidrocarburífero también ha incidido en su organización interna al eliminar y prohibir la integración vertical y descentralizar la gestión o manejo de los distintos tramos de la cadena de producción gasífera.
Cualquier política regional que incida en la relación de los sectores público y privado en esta área de importancia estratégica para el futuro del país, deberá analizarse en el caso boliviano desde las particularidades de esta relación al interior del país, las cuales incluyen las funciones residuales de YPFB y las competencias más que nada regulatorias que ha conservado el Estado en las actividades de downstream, por considerarse éstas servicios públicos.
También se han indicado las diferencias existentes en materia de mecanismos de establecimiento de precios y tarifas, tema que es actualmente objeto de seria consideración en Bolivia. Sin embargo, es importante recordar nuevamente las apreciaciones de Andrés Soliz Rada quien se refiere a la ausencia de una discusión sobre los mecanismos reales de fijación de precios y los actores que participan en los mismos, como tema que debería completar el debate sobre los aspectos tributarios del proyecto de ley de hidrocarburos que se está discutiendo en el Congreso Nacional. La falta de criterios políticos claros y firmes deberá ser también materia a resolver frente a un escenario de integración gasífera.
En quinto lugar, quiero retomar las observaciones realizadas en la sección anterior sobre las diferencias entre los países referentes a las características y amplitud de sus mercados externos, la evolución de sus tasas de consumo y el grado de penetración del gas natural en sus respectivas matrices energéticas, entre otros indicadores. En este escenario, Bolivia claramente se presenta como un país con un mercado interno sumamente reducido, que no plantea perspectivas de ampliación por la ausencia de políticas sectoriales que impulsen el crecimiento del consumo local y una mayor integración energética interna. De esta forma, y a menos que se produzcan cambios importantes, el aumento de la producción estará crecientemente destinado a las exportaciones con un posible incremento de la ya notable brecha entre el volumen destinado al mercado interno respecto de aquel dirigido a los socios regionales.
Sin embargo, el consumo interno tanto en Bolivia como en los restantes países de la región andina podría desarrollar un potencial de ampliación si se concretan proyectos de industrialización del gas natural, principalmente de conversión de gas a líquidos (GTL), lo que permitiría reemplazar los combustibles líquidos derivados del petróleo que actualmente deben ser importados.
Por último, quisiera plantear un interrogante que puede llegar a generar fuertes críticas. En efecto, considero necesario preguntarme en este punto si realmente existen los elementos para considerar a Bolivia como una potencia gasífera.
Sin ignorar la importancia de sus reservas, que la ubican luego de Venezuela, o primera en la región si se tiene en cuenta el volumen de reservas gasíferas no asociadas, la persecución de una política de exportaciones extensivas y no planificadas enfrentará a Bolivia a una perspectiva de agotamiento de sus reservas en el mediano plazo y a la consiguiente pérdida definitiva de un recurso de fundamental importancia para el desarrollo económico del país.
Andrés Soliz Rada estima que si se producen los incrementos esperados en las exportaciones a Argentina y Brasil, y si se concreta el proyecto de producción de GNL con destino a Estados Unidos y México, las reservas probadas de gas bolivianas podrían agotarse en un plazo de veinte años (148).
Notas:129) Reunión de Trabajo, Grupo Técnico Ejecutivo, Marcos Normativos de Mercados Energéticos Regionales, 29 de abril de 2003.
130) Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur, Reunión de Ministros de Transporte, Telecomunicaciones y Energía de América del Sur, Montevideo, Uruguay, 4 y 5 de diciembre de 2000. www.iirsa.org
131) Kozulj, Roberto. Op. cit. Pág. 64.
132) Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur, Reunión de Ministros de Transporte, Telecomunicaciones y Energía de América del Sur, Montevideo, Uruguay, 4 y 5 de diciembre de 2000.
133) Declaración de Brasilia, Comunicado I Reunión de Presidentes de América del Sur. Brasilia, 1º septiembre 2000. Pág. 14. www.iirsa.org.
134) La IIRSA apunta claramente a la promoción de la participación del sector privado, para lo cual deberá atenderse a 'preferencias de los mercados de capitales, al financiamiento de proyectos que constituyan oportunidades comerciales, y que provean una adecuada distribución de riesgos y beneficios entre los sectores público y privado participantes'. Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur, Reunión de Ministros de Transporte, Telecomunicaciones y Energía de América del Sur, Montevideo, Uruguay, 4 y 5 de diciembre de 2000. Pág. 5.
135) Declaración de Brasilia, Comunicado I Reunión de Presidentes de América del Sur. Brasilia, 1º septiembre 2000. Pág. 14. www.iirsa.org.
136) Agencia Internacional de Energía (2004). World Energy Outlook 2004. París. Pág. 503.
137) De acuerdo también a la Agencia Internacional de Energía será de un 4% anual en América Latina en el período 2002-2010.
138) Kozulj, Roberto. Op. cit. Págs. 11 a 16
139) Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana. GTE de Marcos Normativos de Mercados Energéticos Regionales. Diciembre, 2002. Pág. 19. www.iirsa.org
140) A su vez, también puede observarse cómo el MERCOSUR toma lo propuesto por la IIRSA al incorporarlo como una de las pautas negociadoras (la nº 5) del Subgrupo de Trabajo Nº 9 de Energía y Minería, aprobada por resolución del Grupo Mercado Común 33/01.
141) El Centro de Noticias de la Presidencia de Colombia, publicó un artículo el 16 de junio pasado en el que se anunciaba los gobiernos colombiano y venezolano designaron sendas comisiones técnicas para definir la construcción del gasoducto Ballenas-Maracaibo con el cual, inicialmente, Colombia abastecería de gas natural al occidente de su vecino país donde no hay infraestructura para el suministro doméstico y que luego se utilizaría en sentido contrario cuando Venezuela desarrolle su potencial gasífero.
142) Informe preliminar del Potencial Energético de la Subregión Andina como factor estratégico para la Seguridad Energética Regional y Hemisférica. Documento presentado a los Presidentes de los Países Andinos en julio de 2002 por el BID, CAF, CAN, CEPAL, OLADE y UNCTAD. www.can.org.
143) Aprobadas por Decisión del Consejo Mercado Común Nº 10/98 y 10/99, respectivamente.
144) Rodríguez, Alí. Op. cit. Págs. 60 a 73.
145) El autor hace esta mención al criticar la apelación a modelos importados considerados exitosos, sin una previa visión y perspectiva general de las realidades locales. En este sentido observa que 'convendría tener presente que la integración energética es sólo un aspecto más de la integración comercial y que si se mira la experiencia europea, no pueden obviarse los avances en otras materias que han facilitado las decisiones comunitarias sobre la energía'. Kozulj, Roberto. Op. cit. Pág. 65.
146) Destaco aquí la relevancia del esquema triangular de análisis propuesto por Strange en el que se plantea la relación entre el suministro de crédito internacional, la demanda proveniente de las empresas privadas y la intervención de los gobiernos actuando como reguladores, y sus observaciones sobre los aspectos políticos de la creación y otorgamiento de créditos. Strange, Susan. Op. cit. Págs. 10 y 11.
147) Morgenthau, Hans (1986) Política entre las Naciones. La lucha por el poder y la paz. Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires. Cf. Susan Strange, op. cit. 'la competencia por los mercados globales ha reemplazado la competencia por el territorio, o por el control de los recursos naturales (…), como el 'nombre del juego' entre los Estados'. Pág. 9.
148) Ibidem. Pág. 147.
* Felicitas Torrecilla es investigadora del Area de Recursos Energéticos y Planificación para el Desarrollo del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO) de la USAL y del MORENO.
MEXICO: CAE LA PRODUCCIÓN PETROLERA
México enfrenta una crisis emergente de producción de petróleo. Es probable que en Cantarell, el campo petrolero del Golfo de México que suministra tres cuartas partes de la producción, la misma comience a decaer a partir de 2006. Debido a la falta de inversión, las reservas petroleras declinaron desde 2000, cuando el total de reservas (probadas y probables) era de 58 mil 200 millones de barriles. La última estimación (enero 2005) colocó el total de reservas en 46 mil 900 millones de barriles.
La producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) se estancó en 2004 y cayó ligeramente en los cuatro primeros meses de 2005, a un promedio de 3 millones 339 mil barriles por día (b/d).
La producción se distribuye de la siguiente manera: el sureste y noreste de Campeche representan 83.2% del total de la producción; la región sur contribuye con 14.4%, y 2.4% se obtuvo de la región norte.
En el primer trimestre, la canasta de exportación de crudo mexicano se comercializó a un promedio de 34.2 dólares por barril. En ese lapso, la balanza comercial del sector de petróleo crudo, petroquímicos y gas natural registró un superávit de 4 mil 300 mdd, que representa 12.9% de incremento respecto del periodo similar del año anterior.
El sobresaliente comportamiento de las exportaciones se debió en forma íntegra al aumento de precios del crudo. El precio del barril mexicano de exportación promedió 39.50 dólares en enero-abril, arriba de los 27.26 dólares registrados en el mismo periodo de 2004.
Durante los meses de enero a marzo, Pemex exportó a sus clientes en América, Europa y Asia un volumen promedio de mil 900 millones b/d, con lo que obtuvo un total de 5 mil 780 mdd, mil 400 millones más que lo obtenido en el mismo periodo de 2004. según cifras oficiales, las importaciones de productos refinados se incrementaron 55%, de 256 mil b/d durante el primer trimestre de 2004 a 369 mil b/d durante el mismo periodo de 2005, debido en parte a la elevada demanda de petróleo durante la Semana Santa, la cual cayó en el primer trimestre. Sin embargo, una diferencia de esa naturaleza indica las limitaciones de la refinación doméstica. La expansión y mejoramiento de las refinerías están en progreso, pero no se ajustan al ritmo de la demanda. La falta de inversión en Pemex y la inveterada resistencia política a la participación del sector privado sugieren que la factura de importaciones continuará creciendo.
Los impuestos pagados por Pemex se incrementaron 14% durante el primer trimestre de 2005 en comparación con el periodo similar del año anterior. Las exigencias fiscales obligaron a Pemex a aumentar su deuda (capital adeudado) en 10%. El avance de la carga fiscal es resultado de una resolución del Congreso que autorizó un nuevo impuesto, el de aprovechamiento sobre rendimientos excedentes (ARE), que se aplica al superávit de los ingresos derivados de precios de petróleo más altos que los presupuestados.
El 29 de junio el Congreso aprobó un nuevo régimen fiscal para Pemex, que reduce los impuestos que la empresa paga al gobierno sobre la producción de petróleo y gas de los nuevos proyectos en casi 2 mil mdd a partir de 2006. Esto libera algunos recursos que incrementarán la inversión en Pemex.
De acuerdo con sus informes financieros, Pemex tendrá que pagar a sus acreedores 10 mil mdd que se vencerán en éste y el próximo año, monto similar a su presupuesto anual de inversión. El servicio proyectado de la deuda de Pemex en moneda local (2.27 mil mdd) y moneda extranjera (7.7. mil mdd) representa 50% de sus ingresos estimados de crudo por 20 mil mdd a un precio promedio de 31 dólares por barril. Durante el gobierno de Fox, Pemex ha incrementado su deuda en 120%. A fines de marzo el capital total de la deuda ascendió a 86 mil 530 mdd.
Durante el segundo trimestre de 2005, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizó que Pemex incrementara su deuda en el mercado de valores mexicano en 110 mil millones de pesos. Los recursos podrían ser usados para financiar los proyectos Pidiregas. Un total de 5 mil mdd se reunió a través de emisiones de bonos en el mercado internacional durante el primer trimestre de 2005. Tomando en cuenta las emisiones proyectadas para lo que resta del año, 56% de las cuales podría venir del extranjero, se estima que para fines de 2005 el total de obligaciones de Pemex será de 91 mil mdd, importe equivalente a la deuda pública interna documentada en Cetes.
LOAIZA PIDE A WALKER SOLUCIONAR DIFERENDO SOBRE UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS DEL SILALA
El canciller de Bolivia, Armando Loaiza, pidió ayer a su homólogo chileno, Ignacio Walker, buscar un acuerdo concreto acerca del uso y aprovechamiento de las aguas del río Silala. Durante un encuentro informal entre ambos ministros -en el marco de la cumbre de la Comunidad Andina realizada ayer en Lima, Perú-, Loaiza solicitó a Walker pasar del plano técnico a "las decisiones políticas".
"Ya llevamos cuatro años de estudios acerca del Silala", señaló Loaiza a La Tercera y agregó que "le dije al canciller que podíamos ver la posibilidad de bajar esos estudios a la realidad y ver si es posible buscar fórmulas de acuerdo específico".
Desde el verano del año pasado, en medio de la fuerte tensión bilateral por la arremetida del gobierno de Carlos Mesa por el tema marítimo, ambas cancillerías dejaron en manos de una comisión técnica el estudio del diferendo de las aguas del Silala, que a juicio de Bolivia se trata de un manantial que nace en ese país, por lo que Chile debería pagar por su uso. Por el contrario, Chile dice que se trata de un río internacional, por lo que ambas naciones tienen acceso a sus aguas libremente, de acuerdo con el derecho internacional. Más allá del origen de las diferencias, la cancillería chilena apuesta -y así lo hizo saber ayer- a incluir el tema específico del Silala en un sistema de aprovechamiento integral de los recursos hídricos, para negociar con una base jurídica internacional.
Con todo, ambos cancilleres anunciaron ayer que el 8 y 9 de agosto se reunirán en La Paz por primera vez los equipos técnicos de ambos países para afinar la agenda bilateral de 9 puntos -en que está incluido el tema marítimo- y que pretende sentar las bases para que los próximos gobiernos, tanto de Chile como de Bolivia, puedan encauzar las conversaciones.
BOLIVIA Y CHILE SIGUEN SIN ACORDAR AGENDA COMÚN POR SALIDA AL MAR
Los cancilleres de Bolivia y Chile anunciaron el lunes en Lima que proseguirán la búsqueda de una agenda común de negociaciones, tras discrepar nuevamente sobre la posible inclusión en las conversaciones de la reivindicación boliviana de una salida al mar.
Los ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia, Armando Loaiza, y de Chile, Ignacio Walker, explicaron a EFE las conclusiones de su reunión mantenida durante el XVI Consejo Presidencial Andino, en la que hablaron de asuntos económicos y energéticos.
Además, anunciaron que los próximos 8 y 9 de agosto los directores para América de las dos Cancillerías se entrevistarán en la ciudad de La Paz para continuar con el diálogo.
Loaiza dijo que Bolivia ha presentado una agenda tentativa de 9 puntos, el último de los cuales es la reintegración de una salida al océano Pacífico, perdida en favor de Chile en una guerra del siglo XIX.
Esta es la razón por la que sus respectivas legaciones no estén representadas por embajadores, sino por diplomáticos de menor rango, desde 1962, con un paréntesis entre 1975 y 1978.
Por su parte, Walker reveló que las autoridades de Santiago han planteado un documento de 42 puntos "muy concretos" y en el cual "el tema del mar "incluye la obligación que tenemos de libre tránsito al amparo del tratado de 1904", que fijó sus límites fronterizos, pero no la discusión efectiva de la polémica territorial.
"La idea es que hagamos un análisis de aquellos temas en que es posible avanzar; pavimentemos la vía para que los futuros gobiernos desarrollen negociaciones de más alcance de más profundidad", detalló Loaiza en relación a la próxima reunión de La Paz.
También "hemos hablado del tema económico y comercial", añadió el canciller boliviano al anunciar que desde el martes una comisión bilateral estudiará la posibilidad de profundizar el Acuerdo de Complementación Económica vigente entre las partes.
Walker indicó que "el tema marítimo es una aspiración de Bolivia que siempre ha estado allí" y que el país andino conoce la posición chilena, lo que, sin embargo, no va a ser obstáculo para concretar una agenda bilateral, opinó. Sobre las conversaciones, especificó que hay "puntos de convergencia, que son, por decir algo, un 85 ó 90 por ciento".
CHILE Y BOLIVIA AFINAN SU PRÓXIMA CITA BILATERAL
Por más de una hora se reunieron ayer el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Ignacio Walker, y el canciller boliviano, Armando Loaiza, en el marco de la XVII Reunión del Consejo Presidencial Andino realizado en Lima, Perú, y del cual Chile es observador. En la cita -donde Loaiza esperaba abordar el tema de la mediterraneidad- se afinaron los detalles del encuentro de trabajo que sostendrán ambas cancillerías entre los días 8 y 9 de agosto próximo en La Paz, Bolivia, y cuyos equipos estarán encabezados por los directores de América del Sur, tanto de Chile como de Bolivia, los embajadores Roberto Ibarra y William Torres, respectivamente. “Uno de los objetivos de seguir trabajando en la agenda sin exclusiones es que, cuando asuman nuevos gobiernos en Bolivia y en Chile el próximo año, podamos estar ya encaminados en la agenda bilateral que tenga un 80% ó un 90% de definición. Esperamos alcanzar avances concretos en temas que beneficien directamente a nuestros pueblos”, sostuvo Walker.
PasaportesEn este contexto, el secretario de Estado chileno subrayó los logros obtenidos, por ejemplo, en materia de pasaportes. “Cuando en agosto se supriman los pasaportes para chilenos y bolivianos (...), pondremos en marcha un plan piloto, que puede transformarse en permanente y dar un paso más para ayudar a la gente común y corriente”, dijo Walker.
EL PRESIDENTE RODRÍGUEZ SACA A BOLIVIA DEL LABERINTO
El Nuevo Herald de Estados Unidos (www.miami.com/mld/elnuevo/)
El presidente interino en Bolivia, Eduardo Rodríguez, restableció el orden con la aceptación de la provincia Santa Cruz de postergar un referendo autonómico al 2006, fecha propuesta por el gobierno, y en cinco semanas de gestión resolvió reclamos regionales contrapuestos.
En el último eslabón del conflicto institucional que comenzó a principios de este año, una organización cívico-empresarial de Santa Cruz aceptó el sábado la fecha del 2 de julio del 2006, propuesta por el Congreso y confirmada por Rodríguez, para un referendo autonómico que pretendía realizar unilateralmente el próximo 12 de agosto.
Rodríguez, que en su calidad de titular de la Corte Suprema Justicia sucedió al renunciante Carlos Mesa, recibió un país atorado por demandas provinciales excluyentes: un bloque de regiones liderado por Santa Cruz exigía una autonomía política y económica, y otro a la cabeza de La Paz reclama una Asamblea Constituyente. Además de eso, la presión social que le costó el cargo a Mesa pedía elecciones generales, lo cual no era fácil de lograr ante las resistencias del Legislativo para acortar su mandato.
Estos factores conformaron un explosivo cóctel que tuvo a mal traer al país, que en menos de dos años tuvo dos procesos insurreccionales que acabaron con los presidentes Mesa y Gonzalo Sánchez de Lozada (octubre del 2003).
La llegada de Rodríguez significó un bálsamo para el país. Apenas posesionado, el pasado 9 de junio, pacificó la convulsa ciudad indígena de El Alto, epicentro de las protestas de mayo y junio que tumbaron a su predecesor Mesa.
Luego, en menos de un mes de gestión, acordó con el Congreso la convocatoria, para el 4 de diciembre, a elecciones presidenciales y legislativas, además de comicios para prefectos (gobernadores) por primera vez en Bolivia. Para ello fue necesario un poder de maniobra muy delicado para obtener que el resistido Congreso recortara su mandato en año y medio.
Esto era muy importante en un país atormentado por tumultos sociales que generaron parálisis económica y con un Congreso, vilipendiado e impopular, incapaz de alcanzar consensos sobre temas fundamentales para en el país.
En el marco de complejos consensos políticos que su antecesor no pudo alcanzar, Rodríguez programó para el 2 de julio el referendo autonomista y la elección de asambleístas constituyentes.
El dilema Constituyente o autonomía regional que Mesa no pudo resolver, parecía un encono regional entre La Paz y Santa Cruz, abonado por la política del ex gobernante al parecer favorable a la Asamblea, exigida entre otros por el líder cocalero Evo Morales.
''Este clima de paz y de certidumbre debiera llevarnos en los próximos meses a meditar serenamente sobre los cambios políticos en curso a fin de elegir a las mejores bolivianas y bolivianos en el Congreso y en la Asamblea Constituyente'', pidió este domingo Rodríguez, quien el 22 de enero del 2006 entregará el poder al ganador de las elecciones de diciembre.
La decisión de Santa Cruz, de aceptar posponer el referendo autonómico ''es un buen mensaje para Bolivia'', afirmó el delegado presidencial para Asuntos Políticos, Jorge Lazarte. ''Esta es una contribución a la salida política que el Congreso y el pueblo boliviano acordaron impulsar'', consideró de su lado el presidente del civil empresarial Comité Pro Santa Cruz, Germán Antelo. El gobierno de Rodríguez interpretó esta decisión de Santa Cruz como el definitivo ``retorno a la normalidad política y normativa''.
Boliviana Zulma Yugar canta en La Estancia
La cantante boliviana Zulma Yugar llegó ayer a Venezuela para ofrecer hoy, a las 6:30 de la tarde, en el Centro Cultural La Estancia de la avenida Francisco Miranda, un único concierto como parte de la agenda cultural que ha preparado la Embajada de Bolivia para el resto del año.
La "Embajadora de la Canción Boliviana", como se conoce a Zulma Yugar, es una de las figuras más importantes que Bolivia ha presentado en los escenarios del mundo desde hace ya varios años. No en valde su delicada y cultivada voz la ha convertido en una de las grandes cantantes latinoamericanas de su género. A manera de breve presentación, vale decir que ha grabado mas de cincuenta discos, ha protagonizado cuatro películas y ha producido un sinnúmero de programas de televisión tanto en su país como en el exterior. Su trayectoria se prolonga desde los años sesenta, cuando siendo una niña debutó en radios de Oruro, su tierra natal boliviana.
DIRECTIVO DE ODESUR DICE QUE SANTIAGO ESTÁ PREPARADO PARA ALBERGAR EL TORNEO “MAÑANA MISMO”
El presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP) y actual tesorero de la Organización Deportiva Sudamericana (Odesur), Ramón Zubizarreta, confirmó que el gobierno del Presidente chileno Ricardo Lagos no está dispuesto a asumir el compromiso de organizar los próximos Juegos Sudamericanos del 2006, si es que “esto va a implicar alguna irritabilidad política en las relaciones (bilaterales) con Bolivia”.
Hay que recordar que el Comité Ejecutivo de la Odesur le quitó hace un mes la sede a La Paz, luego de una crisis política y social, aunque hoy, con la asunción en el Gobierno del nuevo presidente Eduardo Rodríguez, la calma volvió a la capital altiplánica.
En contraste, las nuevas autoridades bolivianas han reiterado la firme intención de desestimar la opción chilena y, además, obligar a Odesur para que les devuelva la organización de los Juegos, ya que las inversiones en estadios y recintos deportivos continúan desarrollándose en Bolivia.
Zubizarreta, también presidente de la Comisión de Sedes de Odesur, indicó que Santiago fue escogida en forma directa por la organización, ya que estaba designada como sede alternativa a la candidatura de La Paz. “Ellos (las autoridades chilenas) no están dispuestos a empeorar las relaciones por el tema de los Juegos”, añadió Zubizarreta, que explicó que ya completaron la inspección de la sede de Santiago y que la capital está preparada para albergar el torneo “mañana mismo”. No obstante, el dirigente confirmó que Odesur se reunirá el próximo viernes 22 en Río de Janeiro o Asunción para ratificarla o estudiar las nuevas candidaturas de Buenos Aires, Quito o Caracas.
Si Santiago confirma el interés (mañana se pronunciaría el Presidente Lagos) y logra la venia de La Paz, los Juegos se realizarán en octubre del 2006, aunque las autoridades chilenas siguen con las conversaciones a nivel de cancillerías.
Posted by Danny at 7:41 AM

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