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GUÍA PARA LOS ABOGADOS Y REPRESENTANTES DE LAS PARTES - PDF
GUÍA PARA LOS ABOGADOS Y REPRESENTANTES DE LAS PARTES
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Victoria Godoy Torregrosa
1 GUÍA PARA LOS ABOGADOS Y REPRESENTANTES DE LAS PARTES Guía destinada a los agentes y abogados en relación con las fases escrita y oral del procedimiento ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas Febrero de 2009
2 2 Dirección postal: Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas L-2925 Luxemburgo Teléfono (centralita): Telefax: Secretaría Interpretación Servicio de prensa Centralita Correo electrónico: Sitio Internet:
3 3 Introducción El procedimiento ante el Tribunal de Justicia se caracteriza, a diferencia de los procedimientos ante algunos Tribunales Supremos nacionales, por dos elementos. Por una parte, el procedimiento ante el Tribunal de Justicia se rige por normas jurídicas imperativas que figuran tanto en los Tratados como en el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia y en su Reglamento de Procedimiento. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia no puede apartarse de tales normas. Por otra parte, el procedimiento ante el Tribunal de Justicia está sometido a un régimen lingüístico apropiado para una Comunidad multilingüe, régimen que condiciona la naturaleza y el objetivo de las fases escrita y oral (vid. infra, apartados A.3 y C.4). A la luz de estas particularidades del procedimiento, la presente guía tiene por objeto explicar a los representantes de las partes la finalidad del procedimiento ante el Tribunal de Justicia, para promover la calidad de la protección jurisdiccional en el ordenamiento jurídico comunitario y el desarrollo rápido y eficaz de los procedimientos. Por estas razones, esta guía se concibe como un instrumento de trabajo elaborado con el fin de que los representantes de las partes puedan presentar sus informes u observaciones escritas y orales en la forma que el Tribunal de Justicia considera más adecuada. Al mismo tiempo, se pondrá de manifiesto la práctica procesal seguida por el Tribunal de Justicia. Por el contrario, la guía no tiene por objeto proporcionar una formación jurídica propiamente dicha ni sustituir a la normativa vigente. En estas notas, las referencias «artículo * CE», «artículo * del Estatuto» y «artículo * del RP» se entenderán hechas a los artículos del Tratado CE, del Estatuto del Tribunal de Justicia y del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, respectivamente. La versión del Reglamento de Procedimiento actualmente vigente data de 19 de junio de 1991 (DO L 176, p. 7, y 1992, corrección de errores en L 383, p. 117) y ha sido modificada el 21 de febrero de 1995 (DO L 44, p. 61), el 11 de marzo de 1997 (DO L 103, p. 1), el 16 de mayo de 2000 (DO L 122, p. 43) y el 28 de noviembre de 2000 (DO L 322, p. 1). En el DO C 34 de 1 de febrero de 2001, se ha publicado un texto refundido del Reglamento de Procedimiento. Desde esa fecha se han producido doce modificaciones del Reglamento de Procedimiento, a saber, el 3 de abril de 2001 (DO L 119, de , p. 1), el 17 de septiembre de 2002 (DO L 272, de , p. 24, con corrección de errores en DO L 281, de , p. 24), el 8 de abril de 2003 (DO L 147, de , p. 17), el 19 de abril de 2004 (DO L 132, de , p. 2), el 20 de abril de 2004 (DO L 127, de , p. 107), el 12 de julio de 2005 (DO L 203, de , p. 19), el 18 de octubre de 2005 (DO L 288, de , p. 51) el 18 de diciembre de 2006 (DO L 386, de , p. 44), el 15 de enero de 2008 (DO L 24, de , p. 39), el 23 de junio de 2008 (DO L 200, de , p. 20), el 8 de julio de 2008 (DO L 200, de , p. 18) y el 13 de enero de 2009 (DO L 24, de , p. 8).
4 4 Sumario A. Generalidades Las diferentes etapas del procedimiento ante el Tribunal de Justicia La representación de las partes... 6 a. El principio... 6 b. La representación en los asuntos prejudiciales El régimen lingüístico El sistema de costas y el beneficio de justicia gratuita... 8 a. Las costas... 8 b. El beneficio de justicia gratuita... 8 B. La fase escrita La finalidad de la fase escrita El desarrollo de la fase escrita a. Los recursos directos b. Los recursos de casación c. Los procedimientos prejudiciales La presentación de los escritos procesales La notificación a. Destinatario b. Designación de domicilio y conformidad para las notificaciones por telefax o por correo electrónico Los plazos procesales a. Cómputo de los plazos b. Plazos por razón de la distancia c. Interrupción de los plazos d. Prórroga de los plazos Los escritos iniciales a. El escrito de interposición en los recursos directos b. El escrito de interposición del recurso de casación c. El objetivo común de los escritos iniciales d. Resumen de los motivos y alegaciones La petición de decisión prejudicial Los demás escritos procesales en los recursos directos y en los recursos de casación a. El escrito de contestación... 15
5 5 b. Los escritos de réplica y de dúplica c. Los escritos de contestación, réplica y dúplica en los recursos de casación d. Resúmenes de los motivos y alegaciones Las observaciones escritas en el procedimiento prejudicial La suspensión del procedimiento Las medidas provisionales a. Demanda presentada directamente ante el Tribunal de Justicia b. Recurso de casación contra un auto sobre medidas provisionales del Tribunal de Primera Instancia El procedimiento acelerado y el procedimiento prejudicial de urgencia La intervención a. La admisión de la intervención b. La intervención propiamente dicha Consejos prácticos a. La redacción y estructura de los escritos procesales b. Los documentos anexos a los escritos procesales c. Los hechos y medios de prueba d. Citas jurisprudenciales C. La fase oral La preparación de la vista a. Las medidas preparatorias b. El informe para la vista La finalidad de la fase oral El desarrollo de la fase oral Las particularidades impuestas por la interpretación simultánea La duración de los informes orales La necesidad de un informe oral La omisión de la fase oral La audiencia en el procedimiento sobre medidas provisionales Consejos prácticos a. Aplazamiento de la vista b. Acceso al edificio c. Indumentaria... 27
6 6 A. Generalidades 1. Las diferentes etapas del procedimiento ante el Tribunal de Justicia El procedimiento ante el Tribunal de Justicia consta de una fase escrita seguida de una fase oral (véase el artículo 20, párrafo primero, del Estatuto). Forman parte de la fase oral los informes orales presentados en la vista y las conclusiones del Abogado General, que se presentan en audiencia pública. Conforme al Reglamento de Procedimiento, el Tribunal puede acordar no celebrar vista oral (vid. infra, apartado C.7.), y de acuerdo con el Estatuto puede decidir, oído el Abogado General, que el asunto sea juzgado sin conclusiones si considera que no plantea ninguna cuestión de derecho nueva (artículo 20, párrafo quinto, del Estatuto). La participación activa de los representantes de las partes en el procedimiento termina con la vista. Sin perjuicio de la posibilidad de una reapertura del procedimiento por causas excepcionales, no pueden aportarse a los autos eventuales observaciones de las partes después de dichas conclusiones. 2. La representación de las partes a. El principio El principio de la intervención preceptiva de abogado se establece en el artículo 19 del Estatuto. A excepción de los Estados miembros y de otros Estados parte del Acuerdo EEE, así como de las instituciones comunitarias, que están representados por sus agentes, las demás partes deben estar representadas por un abogado habilitado para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte del Acuerdo EEE. La representación obligatoria por un abogado no se aplica al procedimiento para la obtención del beneficio de justicia gratuita (vid. infra, apartado A.4.b) ni, cuando concurran ciertos requisitos, a los asuntos prejudiciales (vid. infra, apartado b). Se asimilan a los abogados, con arreglo al artículo 19, párrafo séptimo, del Estatuto, los profesores nacionales de un Estado miembro cuya legislación les reconozca el derecho de postular. Conforme al artículo 38, apartado 3, del RP, el abogado deberá proporcionar, en el momento de presentar la demanda, un documento que acredite que está facultado para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte del Acuerdo EEE. A tal efecto, se acepta una copia de la tarjeta de identidad profesional de abogado (expedida por el CCBE). b. La representación en los asuntos prejudiciales La regla de la intervención preceptiva de abogado resulta matizada en los asuntos prejudiciales
7 7 (artículo 104, apartado 2, del RP). Cualquier persona autorizada para representar y/o asistir a una parte en el asunto principal ante el órgano jurisdiccional nacional puede hacerlo asimismo ante el Tribunal de Justicia. Por consiguiente, si las normas de procedimiento aplicables ante el órgano jurisdiccional nacional no exigen ninguna representación, las partes del litigio principal tienen derecho a presentar por sí mismas sus observaciones escritas y orales. 3. El régimen lingüístico Debe distinguirse claramente entre, por una parte, la lengua de procedimiento, que se rige por lo dispuesto en los artículos 29 y siguientes del RP, y, por otra parte, la lengua de trabajo interna del Tribunal de Justicia. Las lenguas de procedimiento son todas las lenguas oficiales de la Comunidad Europea. Sin embargo, cada asunto tiene «su» propia lengua. Debe elegirse, pues, una sola lengua como lengua de procedimiento. Los asuntos acumulados son una excepción a esta regla si cada uno de ellos tiene una lengua de procedimiento diferente. En tal caso, son lenguas de procedimiento todas estas lenguas. El artículo 29 del RP regula detalladamente la elección de la lengua de procedimiento. De manera resumida: En los recursos directos, el demandante tiene derecho a elegir la lengua de procedimiento, salvo si la parte demandada es un Estado miembro o una persona física o jurídica nacional de un Estado miembro; en este caso, la lengua de procedimiento es la lengua oficial (o, en su caso, una de las lenguas oficiales) de dicho Estado. En un asunto prejudicial, la lengua de procedimiento es siempre la del órgano jurisdiccional nacional que ha planteado la cuestión al Tribunal de Justicia. Los Estados miembros pueden utilizar su propia lengua cuando intervienen en un recurso directo o en un recurso de casación o cuando participan en un asunto prejudicial. Los Jueces y Abogados Generales no están sometidos a esta regla relativa a la lengua de procedimiento. Por consiguiente, durante la vista pueden formular preguntas en una de las lenguas oficiales de la Unión que no sea la lengua de procedimiento. La lengua de trabajo interna del Tribunal de Justicia es la que utilizan tanto los Miembros del Tribunal de Justicia como su personal para las necesidades prácticas de las comunicaciones internas y del trabajo en común. Esta lengua de trabajo es actualmente el francés. La consecuencia es que los escritos procesales presentados en una lengua distinta del francés son traducidos a esta lengua por los servicios del Tribunal de Justicia a efectos del trabajo interno de éste.
8 4. El sistema de costas y el beneficio de justicia gratuita a. Las costas 8 El procedimiento ante el Tribunal de Justicia es gratuito en el sentido de que no debe pagarse a éste ninguna tasa u otros derechos. Las costas a que se refieren los artículos 69 y siguientes del RP comprenden exclusivamente los gastos denominados «recuperables», es decir, los honorarios de los abogados, las cantidades que deben abonarse a los testigos, los gastos de correo y de teléfono, etc. en que hayan incurrido las propias partes. Por lo que se refiere a la imposición de costas en los recursos directos, el principio es simple: la parte que pierde el proceso es condenada en costas y carga entonces con sus propias costas y con las de las demás partes, salvo los Estados miembros y las instituciones, que soportan sus propias costas cuando intervienen en el litigio. Esta forma de reparto exige que los escritos presentados contengan las correspondientes pretensiones sobre costas; a falta de tales pretensiones, cada parte carga las suyas propias. Ahora bien, según las circunstancias del asunto, el Tribunal de Justicia tiene la posibilidad de repartir el pago de las costas en su totalidad o en parte o incluso de condenar a la parte cuyas pretensiones hayan sido estimadas. Los recursos de funcionarios están sometidos a su propio régimen en materia de costas (vid. artículo 70 del RP). El Tribunal de Justicia decide sobre las costas en la sentencia o en el auto que pone fin al proceso. Por lo que se refiere a los gastos ocasionados en el marco de un asunto prejudicial, la decisión del Tribunal de Justicia se remite, mediante una fórmula acuñada, a la resolución final que debe adoptar el órgano jurisdiccional nacional que ha planteado la cuestión al Tribunal de Justicia. Las instituciones y los Estados miembros, los otros Estados parte del Acuerdo EEE, así como eventualmente los terceros Estados, que hayan presentado observaciones soportan sus propias costas. b. El beneficio de justicia gratuita El Reglamento de Procedimiento prevé, en su artículo 76, el beneficio de justicia gratuita. A estos fines, el Tribunal de Justicia dispone de un presupuesto limitado. Toda parte puede solicitar en cualquier momento el beneficio de justicia gratuita si «careciere de medios suficientes para hacer frente en todo o en parte a los gastos del proceso». Esta solicitud no depende de la naturaleza del recurso o del procedimiento. Así, el beneficio de justicia gratuita puede solicitarse también en un asunto prejudicial. Ahora bien, en este caso, es preferible que se solicite el beneficio de justicia gratuita ante la autoridad competente del propio país. La parte que lo solicite debe aportar al Tribunal de Justicia todas las informaciones necesarias para demostrar su insuficiencia de medios y, en especial, un certificado de la autoridad competente. En el caso de que la solicitud del beneficio de justicia gratuita sea anterior a la interposición del
9 9 recurso, la parte deberá exponer concisamente el objeto de dicho recurso con el fin de permitir que el Tribunal de Justicia examine el fundamento de la acción. Para presentar la solicitud, no se requiere que la parte esté representada por un abogado. La resolución por la que se concede o se deniega la solicitud no es susceptible de recurso. En caso de denegación total o parcial de la concesión del beneficio de justicia gratuita, la resolución motivará la denegación. Debe señalarse que la concesión del beneficio de justicia gratuita no excluye una posible condena en costas del beneficiario. Además, el Tribunal de Justicia puede ordenar la recuperación de las cantidades abonadas en concepto del beneficio de justicia gratuita.
10 10 B. La fase escrita 1. La finalidad de la fase escrita Independientemente de la naturaleza de cada recurso (recurso directo, procedimiento prejudicial, recurso de casación), la fase escrita conserva siempre su objetivo, que consiste en exponer al Tribunal de Justicia, a los Jueces y al Abogado General, de manera exhaustiva, los hechos, los motivos y alegaciones y las pretensiones de las partes. En este contexto ha de hacerse una observación importante: todo el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, y en particular su fase escrita, se rige por el principio según el cual no está permitido invocar motivos nuevos en el curso del procedimiento, a excepción de los que se funden en elementos de Derecho y de hecho que hayan aparecido durante el procedimiento. El procedimiento ante el Tribunal de Justicia carece, pues, de la flexibilidad de algunos sistemas procesales nacionales. 2. El desarrollo de la fase escrita El desarrollo de la fase escrita difiere según la naturaleza del recurso. a. Los recursos directos En los recursos directos, cada una de las partes principales puede presentar dos escritos: la parte demandante, el de interposición del recurso y la réplica, y la parte demandada, el de contestación y la dúplica. b. Los recursos de casación En el caso de un recurso de casación interpuesto contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, las partes sólo pueden, en principio, presentar un escrito procesal (escrito de interposición o de contestación), según la posición en que actúen. La posibilidad de presentar un escrito de réplica está sometida a la autorización expresa del Presidente del Tribunal de Justicia (vid. infra, apartado B.8.c). c. Los procedimientos prejudiciales En los procedimientos prejudiciales, los interesados a que se refiere el artículo 20 del Estatuto pueden presentar, en un plazo imperativo de dos meses a partir de la notificación de la resolución de remisión, un escrito que contenga sus observaciones escritas (vid. infra, apartado B.9.). 3. La presentación de los escritos procesales Todo escrito procesal debe ser presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia para su
11 11 inscripción en un registro, conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del RP. El original deberá estar firmado por el representante de la parte. Las copias deberán ser suscritas, respondiendo de su exactitud, por la parte que las presente. Al escrito procesal se adjuntarán como anexo todos los documentos justificativos invocados y una relación de éstos. En los recursos directos, el original y todos los anexos que en él se mencionen se presentarán en cinco ejemplares para el Tribunal de Justicia y, a efectos de la notificación (vid. infra, apartado B.4), en tantos ejemplares como partes litigantes. Los escritos procesales podrán presentarse materialmente en la Secretaría del Tribunal de Justicia o, en su caso, fuera del horario de trabajo de la Secretaría, ante el conserje de servicio en la entrada de la sede del Tribunal de Justicia (rue du Fort Niedergrünewald, Plateau du Kirchberg). La sede del Tribunal de Justicia está abierta las veinticuatro horas del día. Si se envía por correo, el sobre debe precisar exclusivamente las indicaciones siguientes: Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas - Secretaría - L Luxemburgo 4. La notificación a. Destinatario En los recursos directos se notifican a las partes interesadas, entre otros documentos, los siguientes: el escrito de interposición del recurso inicial, el del recurso de casación, los escritos de contestación, contestación en casación, réplica y dúplica, la demanda de medidas provisionales y la de intervención. Las peticiones de decisión prejudicial procedentes de un órgano jurisdiccional nacional y las observaciones presentadas por los interesados en virtud del artículo 23 del Estatuto se notifican a las partes, a los Estados miembros, a la Comisión y, en su caso, al Consejo, o al Consejo, al Parlamento Europeo y al Banco Central Europeo, así como a los otros Estados partes del Acuerdo EEE y a la Autoridad de Vigilancia AELC, y, eventualmente, a los terceros Estados que sean parte en un acuerdo que prevea la participación de los mismos en los procedimientos prejudiciales cuando se trate de materias incluidas en el acuerdo en cuestión. En todos los asuntos, a quienes participan en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia se les notifican el informe para la vista (si se celebra vista oral), las conclusiones del Abogado General, si se presentan conclusiones, y la sentencia.
12 12 b. Designación de domicilio y conformidad para las notificaciones por telefax o por correo electrónico Para los recursos directos, el Reglamento de Procedimiento prevé en el artículo 38, apartado 2, que las partes designen domicilio en Luxemburgo, pudiendo hacerlo en el domicilio de cualquier persona física que resida en Luxemburgo, con excepción de los funcionarios del Tribunal de Justicia. En este caso, la notificación se considera practicada en debida forma cuando la persona cuyo domicilio se ha designado recibe el documento notificado. Además de la designación de domicilio o en su lugar, el abogado o agente de una parte puede dar su conformidad para que las notificaciones le sean dirigidas por telefax o por cualquier otro medio técnico de comunicación. En tal caso, los escritos procesales, con excepción de las sentencias y los autos, le serán notificados por telefax o por correo electrónico y la notificación se considerará practicada en debida forma con la transmisión por estos medios de comunicación. No obstante, si por razones técnicas o debido a la naturaleza o el volumen del escrito no pudiera realizarse la transmisión por telefax o por correo electrónico, la notificación se enviará a la persona designada al efecto en Luxemburgo o, si no se hubiera designado domicilio en Luxemburgo, mediante envío postal certificado con acuse de recibo a la dirección del abogado o el agente de la parte. El abogado o agente recibirá aviso de esta notificación por telefax o por correo electrónico y se considerará que el destinatario ha recibido el envío postal el décimo día siguiente al de su depósito en la oficina de correos de Luxemburgo, salvo que el acuse de recibo pruebe que se ha recibido en otra fecha o el destinatario comunique al Secretario, en un plazo de tres semanas contadas a partir del aviso, que no ha recibido la notificación (artículo 79, apartado 2, del RP). El abogado o agente que da su conformidad para que las notificaciones le sean enviadas por telefax o por cualquier otro medio técnico de comunicación debe indicar su número de telefax o su dirección de correo electrónico. Cuando no se haya designado domicilio en Luxemburgo ni el abogado o agente haya dado su conformidad para que las notificaciones le sean enviadas por telefax o por cualquier otro medio técnico de comunicación, los escritos procesales se notifican por envío postal certificado dirigido a la dirección del abogado o agente de que se trate y, en este caso, la notificación se considera practicada en debida forma mediante la entrega del envío en la oficina de correos de Luxemburgo. En los procedimientos prejudiciales no es obligatorio designar domicilio, puesto que la notificación se efectúa mediante envío postal certificado con acuse de recibo. No obstante, una parte puede dar su conformidad expresa para que las notificaciones le sean dirigidas por telefax o por cualquier otro medio técnico de comunicación. En tal caso, las notificaciones se efectuarán en las formas anteriormente descritas. 5. Los plazos procesales Los plazos procesales se calculan según lo dispuesto en los artículos 80 y siguientes del RP. Debe señalarse que algunos de estos plazos en particular, los plazos para recurrir [artículos 230 (antiguo artículo 173) y 232 (antiguo artículo 175) CE], los plazos para intervenir (artículos 93 y
13 del RP), el plazo para presentar el escrito de contestación (artículo 115 del RP) y el plazo para presentar observaciones escritas en los asuntos prejudiciales (artículo 20 del Estatuto) no podrán ser prolongados ni prorrogados. a. Cómputo de los plazos Los plazos que comienzan con la notificación de un escrito procesal empiezan a correr a partir de la recepción del documento por la persona designada al efecto en Luxemburgo; cuando la notificación se efectúa por envío postal certificado dirigido al destinatario, a partir de la recepción del documento por este último, o, cuando el abogado o agente ha dado su conformidad para que las notificaciones le sean dirigidas por telefax o por correo electrónico, a partir de la transmisión del escrito procesal mediante estos medios de comunicación. No se incluye en el cómputo del plazo el día en el que se produce la recepción o la transmisión del escrito [artículo 80, apartado 1, letra a) del RP]. b. Plazos por razón de la distancia Los plazos procesales se amplían, por razón de la distancia, en un plazo único de diez días, independientemente del lugar del domicilio o de la residencia habitual de la parte de que se trate. c. Interrupción de los plazos El plazo para la presentación de un escrito procesal se interrumpe mediante la presentación del original de éste. No obstante, la fecha en la que la copia del original firmado de un escrito procesal, incluida, en su caso, la relación de escritos y documentos que se adjuntan como anexo al escrito, se reciba en la Secretaría por telefax o por cualquier otro medio técnico de comunicación de que disponga el Tribunal de Justicia (correo electrónico) se toma en consideración a efectos del cumplimiento de los plazos procesales, incluso de los que no pueden prorrogarse, siempre y cuando el original firmado del escrito, acompañado de los anexos y copias necesarios, sea presentado en la Secretaría dentro de los diez días siguientes. Para las transmisiones por correo electrónico, se trata de la transmisión de una versión escaneada del original firmado del acto. Estas transmisiones deben dirigirse obligatoriamente al telefax de la Secretaría: (352) o a la dirección de correo electrónico de la Secretaría: d. Prórroga de los plazos El artículo 82 del RP permite prorrogar algunos plazos procesales fijados en virtud del propio Reglamento, como por ejemplo el plazo para presentar el escrito de contestación. Para ello se requiere siempre que la parte interesada presente una solicitud de prórroga, solicitud ésta que debe presentarse con antelación suficiente antes de que expire el plazo y que debe estar justificada. A tal efecto es conveniente presentar junto con la solicitud de prórroga la conformidad de la parte contraria. La solicitud de prórroga se puede presentar por telefax.
14 14 6. Los escritos iniciales a. El escrito de interposición en los recursos directos El escrito de interposición del recurso debe presentarse conforme a lo dispuesto en los artículos 37 y 38 del RP. Debe señalarse que las disposiciones del artículo 38, apartado 1, del RP son normas jurídicas imperativas (véase el artículo 38, apartado 7, del RP). La no concurrencia de los requisitos imperativos entraña, en su caso, la inadmisibilidad de la demanda por defecto de forma. En principio, la lengua de procedimiento es elegida por el demandante (artículo 29 del RP; vid. infra, apartado A.3). b. El escrito de interposición del recurso de casación Los requisitos que debe cumplir el escrito de interposición del recurso de casación se rigen por el artículo 112 del RP. Las disposiciones del artículo 112, apartado 1, del RP son normas jurídicas imperativas (artículo 112, apartado 3, del RP). La lengua de procedimiento es aquélla en la que esté redactada la resolución del Tribunal de Primera Instancia que sea objeto del recurso de casación (artículo 110 del RP). c. El objetivo común de los escritos iniciales Los escritos procesales iniciales deben dar a conocer al Tribunal de Justicia todos los elementos de hecho y de Derecho que puedan justificar el recurso. Al mismo tiempo, el escrito de interposición fija el marco del procedimiento, ya que, en principio, no pueden alegarse motivos nuevos ni nuevas pretensiones durante el procedimiento (vid. infra, apartado B.13.a). d. Resumen de los motivos y alegaciones Es conveniente que todo escrito vaya acompañado de un resumen de los motivos y alegaciones de, como máximo, dos páginas. Tal resumen permite que los motivos y alegaciones invocados sean claramente identificados, especialmente a efectos de la preparación del informe para la vista por parte del Juez Ponente. 7. La petición de decisión prejudicial En el procedimiento prejudicial, el Tribunal de Justicia recibe una resolución de un órgano jurisdiccional nacional que suspende su propio procedimiento y plantea cuestiones sobre el Derecho comunitario. Las partes del procedimiento ante este órgano jurisdiccional nacional no están autorizadas a dirigirse directamente al Tribunal de Justicia ni están obligadas a actuar antes de que la resolución de remisión les sea notificada por la Secretaría del Tribunal de Justicia (vid. supra, apartados B.2.c y B.4). La resolución de remisión, cuya forma se rige por las normas del Derecho nacional, es transmitida al Tribunal de Justicia por la correspondiente Secretaría o por el Juez nacional. El
15 15 Tribunal de Justicia ha redactado una nota informativa sobre la presentación de los asuntos prejudiciales dirigida a los órganos jurisdiccionales nacionales. Puesto que, en ocasiones, son los representantes de las partes quienes proponen el texto de la resolución de remisión, es conveniente recordar que tal resolución debe indicar claramente los antecedentes de hecho y la normativa aplicable, para definir correctamente el alcance de las cuestiones planteadas. 8. Los demás escritos procesales en los recursos directos y en los recursos de casación a. El escrito de contestación Los requisitos esenciales del escrito de contestación se enumeran en el artículo 40 del RP. Teniendo en cuenta la prohibición de invocar motivos nuevos, que se aplica a todas las fases del procedimiento, la parte demandada debe exponer todos los elementos de hecho y de Derecho de que disponga en el momento de redactar el escrito de contestación. b. Los escritos de réplica y de dúplica La réplica está destinada únicamente a responder a los motivos y alegaciones aducidas en el escrito de contestación. Debe evitarse cualquier repetición innecesaria. Asimismo, la única finalidad de la dúplica es responder a los motivos y alegaciones formulados en la réplica. La réplica y la dúplica se rigen por lo dispuesto en el artículo 42 del RP y no pueden, en principio, contener motivos nuevos. La presentación de la réplica o de la dúplica es puramente facultativa. Para mayor celeridad de la fase escrita, es recomendable que las partes consideren seriamente la posibilidad de renunciar a presentar dichos escritos. Sólo excepcionalmente se concede una prórroga de los plazos de presentación de estos escritos. c. Los escritos de contestación, réplica y dúplica en los recursos de casación El escrito de contestación al recurso de casación debe atenerse al artículo 115 del RP. La presentación de un escrito de réplica está sujeta a autorización previa del Presidente concedida a petición de la parte interesada. Esta petición debe presentarse imperativamente en un plazo de siete días a partir de la notificación del escrito de contestación. Con el fin de que el procedimiento pueda desarrollarse con rapidez, es recomendable que las partes interesadas omitan tal petición, en la medida de lo posible. Tras la réplica puede presentarse un escrito de dúplica.
16 d. Resúmenes de los motivos y alegaciones 16 Es conveniente que los escritos de contestación, etc., al igual que los escritos que inician el procedimiento, vayan acompañados de un resumen de los motivos y alegaciones que no exceda de dos páginas. 9. Las observaciones escritas en el procedimiento prejudicial Una vez que la Secretaría del Tribunal ha notificado la resolución de remisión, los «interesados» es decir, las partes en el procedimiento nacional, los Estados miembros, la Comisión y, en su caso, el Consejo, el Parlamento y el Banco Central Europeo, así como eventualmente los otros Estados parte del Acuerdo EEE y la Autoridad de Vigilancia AELC o un Estado tercero que sea parte en un acuerdo que prevea la participación del mismo cuando se trate de materias incluidas en el acuerdo pueden presentar un escrito, denominado «observaciones escritas», en el plazo de dos meses (más el plazo único de diez días por razón de la distancia). Este plazo es perentorio y, por tanto, no puede ser prorrogado. La finalidad de las observaciones escritas es sugerir las respuestas que el Tribunal de Justicia debería dar a las cuestiones planteadas, así como exponer sucintamente, pero de forma exhaustiva, el fundamento de tales respuestas. Es importante informar al Tribunal de Justicia de las circunstancias de hecho del asunto principal y de las disposiciones aplicables de la normativa nacional de que se trate. Debe señalarse que ninguno de los interesados tiene la posibilidad de responder por escrito a las observaciones escritas presentadas por los demás interesados. Las respuestas a las observaciones escritas de los demás interesados deben darse verbalmente durante la vista. Para ello, se da traslado de las observaciones escritas a todos los interesados una vez finalizada la fase escrita y después de realizar las traducciones necesarias. Se recomienda encarecidamente la presentación de observaciones escritas, puesto que el tiempo de intervención en la vista está estrictamente limitado. No obstante, el interesado que no haya presentado observaciones escritas conserva el derecho a presentar durante la vista, cuando ésta se celebre, observaciones orales, especialmente en respuesta a las alegaciones escritas. 10. La suspensión del procedimiento Conforme al artículo 82 bis del RP, podrá suspenderse el procedimiento: En los casos del artículo 54 del Estatuto, cuando la materia objeto de litigio se somete al mismo tiempo al Tribunal de Justicia y al Tribunal de Primera Instancia. En estos casos, corresponde al Tribunal de Justicia adoptar la decisión de suspensión, sin que sea necesario dar audiencia a las partes. En todos los demás casos, mediante decisión del Presidente. Esta se adopta oídos previamente el Abogado General y, salvo en las cuestiones prejudiciales, las partes.
17 17 Durante el período de suspensión del procedimiento no expirará ningún plazo procesal con respecto a las partes. 11. Las medidas provisionales a. Demanda presentada directamente ante el Tribunal de Justicia La demanda de medidas provisionales sólo será admisible si la formula una de las partes de un asunto pendiente ante el Tribunal de Justicia y guarda relación con dicho asunto. A pesar de esta conexión, la demanda de medidas provisionales debe presentarse siempre mediante escrito separado y ha de reunir los requisitos enunciados en el artículo 83 del RP., Puede presentarse al mismo tiempo que el recurso del procedimiento principal. Habida cuenta de que se trata de un procedimiento de urgencia y de que se requiere una rápida traducción, es recomendable que la parte que solicita las medidas provisionales resuma en su demanda, de forma sucinta, los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho que justifican su solicitud. La demanda de medidas provisionales debe, por sí sola, permitir que el Presidente o, en su caso, el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre el fundamento de las medidas solicitadas. Después de notificarse la demanda de medidas provisionales a la otra parte, tradicionalmente se autoriza a ésta a presentar observaciones escritas en un plazo breve de, aproximadamente, un mes. Una vez presentadas estas observaciones, el Presidente, eventualmente en presencia del Juez Ponente y del Abogado General y previa audiencia (pública) de las partes afectadas, resuelve mediante auto. En casos de extrema urgencia, el Presidente puede resolver inmediatamente, es decir, en el plazo de tres a cuatro días desde la presentación de la demanda de medidas provisionales y sin esperar a las observaciones escritas de la otra parte. En este supuesto, el auto tiene carácter provisional, puesto que no pone fin al procedimiento de medidas provisionales. Éste continúa entonces con el ofrecimiento efectuado a la otra parte de presentar, a su vez, observaciones escritas. El procedimiento termina, después de la audiencia, con un (segundo) auto que pone fin a este procedimiento y que confirma o modifica el primer auto (provisional). b. Recurso de casación contra un auto sobre medidas provisionales del Tribunal de Primera Instancia Conforme al artículo 50 del Estatuto, puede interponerse recurso de casación, limitado a las cuestiones de Derecho, contra los autos sobre medidas provisionales dictados, en particular, por el Presidente del Tribunal de Primera Instancia. Tal recurso se sustancia siguiendo el mismo procedimiento que una demanda de medidas provisionales presentada directamente ante el Tribunal de Justicia. 12. El procedimiento acelerado y el procedimiento prejudicial de urgencia En los recursos directos, cuando la adopción de medidas provisionales a través del
18 18 procedimiento previsto al efecto sea inadecuada y la urgencia particular de un asunto exija que el Tribunal de Justicia se pronuncie definitivamente sin dilación, el Reglamento de Procedimiento prevé, en su artículo 62 bis, la posibilidad de seguir, excepcionalmente y por decisión del Presidente, un procedimiento acelerado. La solicitud de que el asunto se tramite mediante un procedimiento acelerado debe formularse, mediante escrito separado, en el momento de la presentación de la demanda o del escrito de contestación. En el procedimiento acelerado, la fase oral adquiere mayor importancia. La fase escrita se limita normalmente a la demanda y al escrito de contestación. Es conveniente redactar estos escritos en la forma más concisa y breve posible. La fecha de la vista, obligatoria en un procedimiento acelerado, se fija en cuanto se presenta el escrito de contestación o, si la decisión de tramitar el asunto por el procedimiento acelerado se adopta después de la presentación de este escrito, en cuanto se adopte tal decisión. También está previsto un procedimiento acelerado para los asuntos prejudiciales (artículo 104 bis del RP). La aplicación de este procedimiento sólo puede ser solicitada por el órgano jurisdiccional nacional que plantea la cuestión. Por último, cabe señalar la posibilidad de que un órgano jurisdiccional nacional solicite la aplicación de un procedimiento específico el procedimiento prejudicial de urgencia en aquellas peticiones prejudiciales en las que se planteen una o varias cuestiones relativas a las materias contempladas en el título VI del Tratado de la Unión o en el título IV de la tercera parte del Tratado CE. En el artículo 104 ter del RP se enuncian los requisitos y modo de aplicación de dicho procedimiento, incluida, en su caso, la omisión de la fase escrita del procedimiento. 13. La intervención La posibilidad de intervenir se limita a los recursos directos y a los recursos de casación. La demanda de intervención sólo puede tener por objeto apoyar las pretensiones de una de las partes. Debe recordarse que el coadyuvante acepta el litigio en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención. El procedimiento de intervención comprende dos fases: la admisión de la intervención y la intervención propiamente dicha. a. La admisión de la intervención Para poder intervenir en un recurso directo, el coadyuvante debe presentar una demanda de intervención. Esta demanda ha de presentarse dentro de un plazo de seis semanas contado a partir de la publicación del anuncio en el Diario Oficial. No obstante, podrá tomarse en consideración una demanda presentada fuera de plazo (vid. infra, letra b.). El escrito debe contener todos los elementos necesarios para que el Presidente o, en su caso, el Tribunal de Justicia puedan pronunciarse sobre la admisión de la intervención. Antes de que el Tribunal de Justicia o el Presidente se pronuncien, se ofrece a las partes del litigio la oportunidad de presentar, por su parte, observaciones escritas, e incluso, excepcionalmente, observaciones orales, sobre la admisibilidad y la oportunidad de la intervención. Al mismo tiempo, se les pide
19 19 que comuniquen al Tribunal de Justicia si desean invocar su derecho a la confidencialidad. Si se admite la intervención, la parte de que se trate deberá presentar versiones no confidenciales de sus escritos. No es necesario que la demanda de intervención esté redactada en la lengua de procedimiento. b. La intervención propiamente dicha Una vez admitida la intervención, la parte coadyuvante presenta un escrito de formalización de la intervención. En esta fase, la lengua de procedimiento es obligatoria salvo para los Estados miembros coadyuvantes. El escrito de formalización de la intervención puede ir seguido de un escrito de observaciones de las partes. No obstante, si la demanda de intervención se ha presentado después de expirar el plazo de intervención ordinario, pero antes de adoptarse la decisión de iniciar la fase oral, el coadyuvante sólo podrá presentar sus observaciones oralmente durante la vista, si ésta se celebra. En caso de tramitación por el procedimiento acelerado, el coadyuvante sólo puede formular sus alegaciones oralmente durante la vista. 14. Consejos prácticos a. La redacción y estructura de los escritos procesales Los escritos procesales no están sometidos a ninguna formalidad (sin perjuicio del respeto de las normas formuladas en otros apartados), pero deben estar redactados de una manera a la vez completa y concisa, clara y precisa. Habida cuenta, especialmente, de la carga de la traducción y de los plazos que de ella resultan, deben evitarse las repeticiones. Una simple lectura debe permitir al Tribunal de Justicia comprender los elementos esenciales de hecho y de Derecho. Dado que la mayoría de los escritos serán leídos por los Jueces y el Abogado General en una lengua distinta de aquélla en la que están redactados, los representantes de las partes deben tener presente que si el sentido de un texto es oscuro en la lengua original, es posible que la traducción resulte aún más oscura. Este riesgo aumenta en la medida en que no siempre es posible, al pasar de una lengua a otra, encontrar una traducción satisfactoria, o incluso exacta, de la «jerga jurídica» que se utiliza ante los tribunales nacionales. Además, los representantes de las partes deben recordar la norma jurídica imperativa referida a la invocación de motivos nuevos (vid. supra apartados B.1, B.6.c y B.8.a). No les está permitido «reservarse», ni siquiera de forma condicional, motivos o alegaciones para escritos posteriores o para la fase oral. Es conveniente que los escritos procesales estén estructurados de forma clara y lógica, divididos en partes separadas con títulos y números de apartados. Además de un resumen de los motivos y alegaciones, en los asuntos complejos puede ser útil un índice.
20 La estructura de los escritos iniciales puede describirse del siguiente modo: 20 Indicación de la clase de procedimiento, de la que resulta el tipo de pronunciamiento deseado: recurso de anulación, demanda de medidas provisionales, etc. Exposición de los hechos pertinentes. Invocación de la totalidad de los motivos en que se basa la acción. Exposición de las alegaciones en apoyo de cada motivo. Estas alegaciones deben contener las referencias a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que sean pertinentes. Invocación de las pretensiones como resultado de los motivos y alegaciones. En el caso del recurso de casación, las pretensiones están limitadas por lo dispuesto en el artículo 113 del RP. Es conveniente que la estructura de los escritos de contestación, etc. esté estrechamente ligada a la de las alegaciones expuestas en los escritos procesales a los que responden. Las observaciones escritas en el procedimiento prejudicial deben exponer: Los hechos pertinentes y las disposiciones de Derecho nacional aplicables. Las alegaciones, incluidas las referencias a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Las respuestas a las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente que se sugieren al Tribunal de Justicia. No obstante, si el interesado acepta la presentación de las circunstancias del asunto realizada en la resolución de remisión, basta con que lo indique. b. Los documentos anexos a los escritos procesales Debe recordarse que, conforme al artículo 37 del RP, los documentos invocados por las partes deben adjuntarse como anexo al escrito procesal. Salvo en circunstancias excepcionales y con el acuerdo de las partes, el Tribunal de Justicia no toma en consideración los documentos presentados fuera de plazo o durante la vista. Sólo deben adjuntarse como anexo al escrito procesal propiamente dicho los documentos pertinentes en los que las partes apoyen sus alegaciones. En el caso de documentos de cierta extensión, no sólo está permitido sino que es conveniente adjuntar únicamente los extractos pertinentes, debiendo, en tal caso, presentarse en la Secretaría una copia completa. Puesto que el Tribunal de Justicia sólo se encarga de la traducción de los anexos cuando uno de sus Miembros así lo solicita, la pertinencia de cualquier documento que se adjunte como anexo debe resultar claramente del propio escrito.
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References: artículo 20
 artículo 19
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 artículo 38
 artículo 29
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 artículo 82
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 Decisión nº