Source: https://www.wcl.american.edu/humright/digest/sp1979/caso2127.cfm
Timestamp: 2016-07-25 06:20:06+00:00

Document:
RESOLUCION No 14/80
CASO 2127 (ARGENTINA)
4. La Comisión, decidió transmitir oficialmente al Gopbierno de Argentina las partes pertinentes de esta denuncia y, con fecha 30 de junio de 1977 se dirigió al Gobierno, solicitándole que suministrase la información correspondiente.
A) Personas integrantes de bandas terroristas subversivas ERP y Montoneros a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por comisión de delitos de terrorismo, tenencia ilícita de armas y municiones de guerra, asociación ilícita u otros delitos subversivos terroristas contemplados en el articulado de la Ley 20.840 sobre seguridad del Estado.	. . . 17) WESTERKAMP, Gustavo: PEN Dto. 3076 del 23.10.1975. Alojado en Sierra Chica.
Gustavo fue arrestado el 21 de octubre de 1975 en circunstancias en que concurrió a los cuarteles militares ubicados en Palermo, Buenos Aires, a fin de satisfacer los exámenes médicos y físicos destinados a determinar su incorporación al servicio militar obligatorio. Lo hizo temprano, en horas de la mañana. Una vez concluídos los exámenes, en el momento en que se retiraba de dicha guarnición, alrededor del mediodía, fue prendido con violencia por cuatro hombres armados, vestidos de civil. Luego de ser golpeado rudamente, y sus ojos cubiertos, fue introducido con violencia y por la fuerza dentro de un automóvil y conducido a la Superintendencia de Seguridad
Federal, ubicada en la calle Moreno 1417 de la Capital Federal. En ese lugar Gustavo fue bárbaramente torturado durante 48 horas sin que se le propocionara durante ese tiempo agua ni ningún alimento. Permaneció igualmente con la vista cubierta. Tirado en el piso, cada uno que pasaba lo pateaba, escupía u orinaba sobre él. Las vendas colocadas sobre sus ojos fueron humedecidas varias veces con líquido irritante que le produjo quemaduras alrededor de los ojos. Para lograr información fue sometido a la tortura de la picana eléctrica y sus órganos genitales fueron golpeados con cadenas. Finalmente fue obligado a firmar una declaración con los ojos vendados.
Finalmente el 21 de setiembre de 1977 Gustavo fue trasladado desde Sierra Chica a la Unidad 9 de la ciudad de La Plata. Durante las primeras dos semanas fue nuevamente golpeado mientras era sometido a interrogatorios. Actualmente Gustavo comparte su celda con otro prisionero político. No se les permite leer periódicos ni libros de estudio, como tampoco escuchar radio, ver televisión o participar en cualquier otro entretenimiento. La alimentación es mala. Los recreos están limitados a dos horas por la mañana y dos horas por la tarde. La disciplina es rígida y
tendiente, como todo, a humillarlo, debilitar su voluntad y minar su inteligencia.
Desde el punto de vista legal Gustavo se encuentra arrestado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por Decreto No. 3076/75, sin cargo ni acusación alguna. Es por lo tanto, típicamente un preso político. Su detención se funda en las atribuciones conferidas al Presidente de la República por el Artículo 23 de la Constitución Nacional en caso de vigencia del estado de sitio. Pero es cosa sabida, esta norma constitucional ha sido cercenada por dos actas institucionales emanadas de la Junta Militar que detente el poder. Por la primera, de fecha 24 de marzo de 1976, fue
suspendido el derecho de opción para abandonar el país, consagrado por el referido artículo de nuestra Carta Magna. La segunda, suscrita el 10 de setiembre de 1977, restablece ese derecho, pero en forma condicionada --es decir, sujeto a la voluntad del Presidente de la Nación-- y exige diversos recaudos reglamentados por la Ley 31.650.
Esta facultad del Poder Ejecutivo, sin embargo, no es, en nuestro sistema constitucional, totalmente discrecional. Tanto la doctrine (conf. Germán S. Bidart Campos: Derecho Constitucional, Edlar, Buenos Aires 1964, tomo I, pág. 610 y siguientes) como la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación han considerado casi unánimemente, que "si bien la declaración del estado de sitio es un acto político que escapa al juzgamiento del Poder Judicial, le compete a éste el control de la razonabilidad con que dicho estado de sitio es aplicable por el Poder Ejecutivo en los casos que son llevados a la decisión de los magistrados (fallo recaído en el caso "Zamorano, Carlos Mariano", "La Opinión", 13.8.77 y Fallo en "Pérez de Smith, Ana María y otros" s/efectiva privación de justicia", P. 327-XVII-ORIGINARIO del 10 de abril de 1977).
Es verdad que Gustavo había sido detenido previamente, el 14 de marzo de 1974, acusado de asociación ilícita. Pero de este cargo fue sobreseído por el Juez Federal el 17 de junio del mismo año, razón por la cual su actual arresto carece de todo fundamento legal y de la más elemental razonabilidad. 8. La Comisión, en nota de 10 de agosto de 1978, transmitió al Gobierno de Argentina la anterior información adicional, solicitándole que suministrase los informes correspondientes. Hasta la fecha el Gobierno no ha dado respuesta. 9. En comunicación de 1 de diciembre de 1978, el reclamante informa a la Comisión, que el señor Westerkamp ha sido trasladado nuevamente de la Unidad Carcelaria de La Plata a la Unidad de Sierra Chica; ha cumplido tres años y dos meses bajo disposición del PEN, sin el debido proceso legal y que le ha sido denegado un segundo pedido de opción para abandonar el país.
Que a la luz de los antecedentes arriba mencionados, se deduce que en el caso del Sr. Gustavo Westerkamp se llevó a cabo una detención arbitraria; se le privó de su libertad a partir del 21 de octubre de 1975, cuando voluntariamente se presentó a los cuarteles militares ubicados en Palermo, Buenos Aires, a fin de determinar su incorporación al servicio mi litar obligatorio , como consta en los documentos que obran en poder de la Comisión, entre ellos, la información proporcionada por el Gobierno de Argentina el 4 de febrero de 1977 y su nota posterior del 29 de setiembre de 1977, en las cuales se afirma que el Sr. Westerkamp se encuentra a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por Decreto 3076 del 23.10.75.
3. Que la CIDH adoptó en su 46o período de sesiones la Resolución No. 25 sobre el presente caso, aprobada el día 5 de marzo de 1979. 4. Que el Gobierno argentino en nota de 30 de marzo de 1979, solicitó la reconsideración de la Resolución adoptada, conociendo del fondo de la misma en el presente período de sesiones.
3.Comunicar esta Resolución al Gobierno de Argentina y al denunciante. 4. Incluir esta Resolución en el Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, de conformidad con el Artículo 9 (bis) inciso c) iii del Estatuto de la Comisión, sin perjuicio de que la Comisión, en su próximo período de sesiones, pueda reconsiderar el caso a la luz de las medidas que el Gobierno haya adoptado.

References: Artículo 23
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 9