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Timestamp: 2017-11-25 09:09:37+00:00

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Código Procesal Penal de Misiones DR Ramirez Hernán 376 154379421 San Luis 2070,Posadas,Misiones estudio jurídico posadas misiones penal civil accidentes de tránsito seguros lab ABOGADORAMIREZ :
Código Procesal Penal de Misiones
Código Procesal Penal de la Provincia de Misiones
Garantías Fundamentales,
Interpretación y Aplicación de la Ley
ARTÍCULO 1.- Garantías Constitucionales. Nadie puede ser penado sino en virtud de
un proceso previamente tramitado con arreglo al presente Código; ni juzgado por otros jueces que los instituidos por la Ley antes del hecho y designados de acuerdo con la Constitución Provincial; ni considerado culpable mientras una sentencia firme no lo declara tal; ni perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación legal o se afirmen nuevas circunstancias.
Esta última prohibición no comprende los casos en que no se haya iniciado el proceso jurisdiccional anterior o se haya suspendido en razón de un obstáculo formal al ejercicio de la acción.
ARTÍCULO 2.- Validez Temporal. Las leyes procesales penales se aplican desde su
puesta en vigencia, aún en causas por delitos anteriores cuyas sentencias no están ejecutoriadas, salvo disposición en contra.
ARTÍCULO 3.- Interpretación de la Ley Procesal. Toda disposición legal que coarta la
libertad personal, limita el ejercicio de un poder conferido a los sujetos del proceso, o que establece sanciones procesales, debe ser interpretada restrictivamente.
La interpretación extensiva y analógica queda prohibida, mientras no favorezca la libertad del imputado o el ejercicio de sus facultades.
ARTÍCULO 4.- In Dubio Pro Reo. En caso de duda debe estarse a lo que es más
favorable al imputado.
Dra. CECILIA CATHERINE BRITTO
SECRETARIA LEGISLATIVA
A/C Área Parlamentaria
Ing. CARLOS EDUARDO ROVIRA
ARTÍCULO 5.- Normas Prácticas. El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia
dicta las normas prácticas que son necesarias para aplicar el presente Código, sin alterar sus alcances y espíritu.
Acciones que nacen del delito
ARTÍCULO 6.- Acción Pública. La acción penal pública se ejerce por
el Ministerio Fiscal, el que debe iniciarla de oficio siempre que no dependa de instancia privada. Su ejercicio no puede suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos por la Ley.
ARTÍCULO 7.- Acción Dependiente de Instancia Privada. La acción penal dependiente
de instancia privada no se puede ejercitar si las personas autorizadas por el Código Penal no formulan denuncia ante autoridad competente.
ARTÍCULO 8.- Acción Privada. La acción privada se ejerce por medio de querella, en
la forma especial que establece el presente Código.
ARTÍCULO 9.- Obstáculos al Ejercicio de la Acción Penal. Si el ejercicio de la acción
penal depende de juicio político, desafueros o enjuiciamientos previos, se observan los límites establecidos por el presente Código en los Artículos 198 y siguientes del presente Código.
ARTÍCULO 10.- Regla de no Prejudicialidad. Los Tribunales deben resolver todas las
cuestiones que se suscitan en el proceso, salvo las prejudiciales.
ARTÍCULO 11.- Cuestiones Prejudiciales. Cuando la existencia del delito depende de
una cuestión prejudicial establecida por la Ley, el ejercicio de la acción penal se suspende aún de oficio, hasta que en la otra jurisdicción recaiga sobre ella sentencia firme.
ARTÍCULO 12.- Apreciación. No obstante lo dispuesto en el Artículo 11 del presente Código, los Tribunales pueden apreciar si la cuestión prejudicial invocada es seria, fundada y verosímil, y en caso de que aparezca opuesta con el exclusivo propósito de dilatar el proceso, ordenarán que éste continúe.
ARTÍCULO 13.- Juicio Previo. El juicio previo de la otra jurisdicción puede ser
promovido y proseguido por el Ministerio Fiscal, con citación de las partes interesadas.
ARTÍCULO 14.- Libertad del Imputado. Diligencias Urgentes. Resuelta la suspensión
del proceso, se debe ordenar la libertad del imputado, sin perjuicio de realizarse los actos urgentes de la instrucción.
Acción Civil
ARTÍCULO 15.- Ejercicio. La acción civil para la restitución de la cosa obtenida por
medio del delito y la pretensión resarcitoria, sólo puede ser ejercida por quien, según la Ley civil, está legitimado para reclamar por el daño emergente del hecho punible; igualmente pueden hacerlo los herederos de aquél, en los límites de su cuota hereditaria o los representantes legales o mandatarios de ellos, contra los partícipes del delito y, en su caso, contra el civilmente responsable.
ARTÍCULO 16.- Ejercicio por el Defensor Oficial. La acción civil es ejercida por el
Defensor Oficial, con las mismas atribuciones que un representante legal o convencional:
a) cuando el titular de aquélla es incapaz de hacer valer sus derechos y no tiene quien lo represente, sin perjuicio de la intervención del Ministerio de Menores;
b) cuando, ante el Juez, el titular expresamente delega su ejercicio.
ARTÍCULO 17.- Oportunidad. La acción civil sólo puede ser ejercida en el proceso
mientras está pendiente la acción penal, en cuyo caso la competencia del
Tribunal Penal para conocer de la primera, depende de la subsistencia de la segunda.
La absolución del acusado no impide que el Tribunal de Juicio se pronuncie sobre la acción civil en la sentencia. La ulterior extinción de la acción penal, impide que, en grado de apelación, el Superior Tribunal se pronuncie sobre la civil.
ARTÍCULO 18.- Ejercicio Posterior. Si la acción penal no puede proseguir en virtud
de causa legal, la acción civil puede ser ejercida en sede civil.
ARTÍCULO 19.- Naturaleza y Extensión. La competencia penal se ejerce por los
Magistrados que la Constitución y la Ley instituyen; es improrrogable y se extiende al conocimiento de los delitos y contravenciones, en grado de apelación, cometidos en el territorio de la Provincia, excepto los de jurisdicción federal y militar.
ARTÍCULO 20.- Jurisdicciones Especiales. Prioridad de Juzgamiento. Si a una persona
se le imputa un delito de jurisdicción provincial y otro de jurisdicción federal o militar, el orden de juzgamiento se rige por la Ley Nacional. Del mismo modo se procede en el caso de delitos conexos.
Sin perjuicio de ello, el proceso de jurisdicción provincial puede sustanciarse simultáneamente con el otro, siempre que no se obstaculice el ejercicio de las respectivas jurisdicciones o la defensa del imputado.
ARTÍCULO 21.- Jurisdicciones Comunes. Prioridad de Juzgamiento. Si a una persona
se le imputa un delito de jurisdicción provincial y otro de orden federal o de otra provincia, debe ser juzgado primero en la Provincia de Misiones, si el delito imputado es de mayor gravedad, o siendo este igual, a aquél que se cometió anteriormente. Del mismo modo se procede en el caso de delitos conexos. Pero el Tribunal, si lo estima conveniente, puede suspender el trámite del proceso o diferir su decisión hasta después que se pronuncie la otra jurisdicción.
ARTÍCULO 22.- Unificación de Penas. Cuando una persona es condenada en
diversas jurisdicciones y corresponde unificar las penas, conforme a lo dispuesto por la Ley sustantiva, el Tribunal solicita o remite copia de la sentencia, según haya dictado la pena mayor o la menor. El penado debe cumplir la pena en la Provincia cuando en ésta se dispone la unificación.
Sección l.a
Competencia en Razón de la Materia
ARTÍCULO 23.- Competencia del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones. El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones juzga:
a) acerca de los recursos de casación, en casos de violación de formas o errónea aplicación de la Ley sustantiva y en los de revisión;
b) sobre las cuestiones de competencia entre los Tribunales de la Provincia.
ARTÍCULO 24.- Competencia de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores. La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores juzga:
a) en única instancia acerca de los recursos contra las resoluciones de los Jueces de Instrucción y de Menores;
b) las recusaciones de sus propios miembros y en grado de apelación las recusaciones de los Jueces de Instrucción y de Menores;
c) los recursos de queja por retardo o denegación de justicia por los Jueces de Instrucción o de Menores;
d) los conflictos de competencia suscitados entre los Jueces de Instrucción, los Jueces de Menores y los que se puedan plantear entre ambos.
ARTÍCULO 25.- Competencia de los Tribunales en lo Penal. Los Tribunales en lo
Penal juzgan:
en única instancia, de los delitos cuya competencia no se atribuye a
otro Tribunal;
en única instancia, de las solicitudes de libertad condicional.
ARTÍCULO 26.- Competencia de los Jueces de Instrucción y en lo Correccional y de Menores. El Juez de Instrucción investiga los delitos de acción pública. El Juez Correccional y de Menores tiene las siguientes atribuciones:
a) juzgar en única instancia los delitos que la Ley reprime con pena que no exceda los seis (6) años de prisión, multa o inhabilitación y en los delitos culposos cualquiera fuera el monto de la pena;
b) juzgar en grado de apelación en los procesos sobre contravenciones policiales y municipales, en los casos y formas establecidas por la Ley respectiva;
c) investigar o juzgar en los hechos cometidos por menores que no cumplieron dieciocho (18) años al tiempo de la comisión de ellos, cualquiera fuera la pena, de acuerdo con las disposiciones del Libro III, Título II, Capítulo II y concordantes del presente Código no puede intervenir en la etapa del juicio aquel que actuó en la instrucción.
Sección 2.a
Determinación de la Competencia
ARTÍCULO 27.- Determinación. Para determinar la competencia se tiene en cuenta la
pena establecida por la Ley para el delito consumado y las circunstancias agravantes de calificación, no así la acumulación de penas por concurso de delitos de la misma competencia.
Cuando la Ley reprime el delito con varias clases de penas, se tiene en cuenta la cualitativamente más grave.
ARTÍCULO 28.- Declaración de Incompetencia. La incompetencia por razón de la
materia debe ser declarada aún de oficio en cualquier estado del proceso. El Tribunal que la declara remite las actuaciones al que considera competente, poniendo a
su disposición los detenidos que haya.
Sin embargo, fijada la audiencia para el debate sin que se haya planteado la excepción, el Tribunal juzga también los delitos de competencia inferior si los hay.
ARTÍCULO 29.- Nulidad por Incompetencia. La inobservancia de las reglas para
determinar la competencia por razón de la materia, produce la nulidad de los actos, excepto los que no pueden ser repetidos, y salvo el caso de que un Tribunal de competencia superior actúe en una causa atribuida a otro de competencia inferior.
Sección 3.a
ARTÍCULO 30.- Reglas Generales. Es competente el Tribunal de la circunscripción
judicial donde se cometió el delito. En caso de tentativa; lo es el de la circunscripción judicial donde se cumplió el acto de ejecución; en caso de delito continuado o permanente, el de aquella donde cesó la continuación o permanencia.
ARTÍCULO 31.- Regla Subsidiaria. Si se ignora o duda en qué circunscripción se
cometió el delito, es competente el Tribunal que previene en la causa.
ARTÍCULO 32.- Declaración de Incompetencia. En cualquier estado del proceso, el Tribunal que reconoce su incompetencia territorial, debe remitir la causa al competente, poniendo a su disposición los detenidos que hubiere, sin perjuicio de realizar los actos urgentes de instrucción.
ARTÍCULO 33.- Efectos de la Declaración de Incompetencia. La declaración de incompetencia territorial no produce la nulidad de los actos de instrucción ya cumplidos.
Sección 4.a
Competencia por Conexión
ARTÍCULO 34.- Casos de Conexión. Las causas son conexas en los siguientes casos:
a) si los delitos imputados fueron cometidos simultáneamente por varias personas reunidas; o, aunque lo son en distintos tiempos o lugares, cuando media acuerdo entre ellas;
b) si un delito fue cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro, o para procurar al autor o a otra persona su provecho o la impunidad;
c) si a una persona se le imputan varios delitos.
ARTÍCULO 35.- Reglas de Conexión. Cuando se sustancian causas conexas por delitos
de acción pública y jurisdicción provincial, éstas se acumulan y es competente:
a) el Tribunal competente para juzgar el delito más grave;
b) si los delitos están reprimidos con la misma pena, el Tribunal competente para juzgar el que se cometió primero;
c) si los delitos son simultáneos o no consta debidamente cual se cometió primero, el que procedió a la detención del imputado o, en su defecto, el que previno;
d) si no pueden aplicarse estas normas, la Cámara de Apelaciones o el Superior Tribunal, según corresponde, resuelve la cuestión teniendo en cuenta la mejor y más pronta administración de justicia.
A pesar de la acumulación, las actuaciones sumariales se compilan por separado, salvo que sea inconveniente por tratarse de hechos atribuidos sólo a un imputado.
ARTÍCULO 36.- Excepción a las Reglas de Conexión. No procede la acumulación de
causas cuando se determina un grave retardo para alguna de ellas, aunque en todos los procesos debe intervenir el mismo Tribunal, de acuerdo con las normas del Artículo 35 del presente Código.
Si corresponde unificar las penas el Tribunal lo debe hacer al dictar la última sentencia.
Relaciones Jurisdiccionales
Sección 1.a
Cuestiones de Jurisdicción y Competencia
ARTÍCULO 37.- Tribunal Competente. Si dos (2) Tribunales de la Provincia de
Misiones se declaran simultánea y contradictoriamente competentes o incompetentes para investigar o juzgar un delito, el conflicto es resuelto por el Superior Tribunal de Justicia.
ARTÍCULO 38.- Promoción. El Ministerio Fiscal y las otras partes pueden promover
la cuestión de competencia, por inhibitoria ante el Tribunal que consideran competente o por declinatoria ante el Tribunal que consideran incompetente.
El que opta por uno de estos medios no puede abandonarlo y recurrir al otro, ni emplearlo simultánea o sucesivamente.
ARTÍCULO 39.- Oportunidad. La cuestión de competencia puede ser promovida en cualquier estado de la instrucción y hasta antes de fijada la audiencia para el debate, sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 29, 32 y 391 del presente Código.
ARTÍCULO 40.- Procedimiento de la Inhibitoria. Cuando se promueve la inhibitoria
se deben observar las siguientes reglas:
a) el Tribunal ante quien se propone la resuelve previa vista al Ministerio Fiscal;
b) cuando se deniega el requerimiento de inhibición, la resolución es apelable ante el Superior Tribunal de Justicia, para resolver el conflicto conforme a lo previsto en el Artículo 37 del presente Código;
c) cuando se resuelve librar oficio inhibitorio, con él se deben acompañar las piezas necesarias para fundar la competencia;
d) el Tribunal requerido, cuando recibe el oficio inhibitorio, debe resolver previa vista por tres (3) días al Ministerio Fiscal y a las otras partes; cuando hace lugar a la inhibitoria, su resolución es apelable. Si la resolución declara su incompetencia, los autos deben ser
remitidos oportunamente al Tribunal que la propuso, poniendo a su disposición al imputado y los elementos de convicción que hay;
e) si se niega la inhibición, el auto es comunicado al Tribunal que la propuso, en la forma prevista por el Inciso d) y se le pide que conteste si reconoce la competencia, o, en caso contrario, que remita los antecedentes al Tribunal que corresponde;
f) recibido el oficio expresado anteriormente, el Tribunal que propuso la inhibitoria resuelve sin más trámite si sostiene o no su competencia. En el primer caso, remite los antecedentes al Superior Tribunal y se lo comunica al Tribunal requerido para que haga lo mismo con el expediente; en el segundo, se lo comunica al competente, remitiéndole todo lo actuado;
g) el conflicto es resuelto previa vista al Ministerio Fiscal, y se remite inmediatamente la causa al Tribunal competente.
ARTÍCULO 41.- Procedimiento de la Declinatoria. La declinatoria se sustancia en la
forma establecida para las excepciones de previo y especial pronunciamiento.
ARTÍCULO 42.- Efectos. Las cuestiones de competencia no suspenden la instrucción
que es continuada:
a) por el Tribunal que primero conoció la causa;
b) si dos (2) Tribunales toman conocimiento de la causa en la misma fecha, por el requerido de inhibición.
Las cuestiones propuestas antes de la fijación de la audiencia para el debate, suspenden el proceso hasta la decisión del incidente, sin perjuicio de que el Tribunal ordene la instrucción suplementaria prevista por el Artículo 373 del presente Código.
ARTÍCULO 43.- Validez de los Actos Practicados. Los actos de instrucción
practicados hasta la decisión de la competencia son válidos, pero el Tribunal a quien corresponde el proceso puede ordenar su ratificación o ampliación.
ARTÍCULO 44.- Cuestiones de Jurisdicción. Las cuestiones de jurisdicción con
Tribunales Federales, Militares o de otras provincias, son resueltas conforme a lo dispuesto anteriormente para las de competencia y con arreglo a la Ley Nacional y tratados interprovinciales que se estipulan.
ARTÍCULO 45.- Extradición Solicitada a Jueces del País. Los Tribunales solicitan la
extradición de imputados o condenados que se encuentran en distinta
jurisdicción acompañando al exhorto copia de la orden de detención y prisión preventiva o de la sentencia, y, en todo caso, los documentos necesarios para comprobar la identidad del requerido.
ARTÍCULO 46.- Extradición Solicitada a Jueces Extranjeros. Si el imputado o
condenado se encuentran en territorio extranjero, la extradición se tramita por vía diplomática y con arreglo a los tratados existentes, al principio de reciprocidad o a las costumbres internacionales.
ARTÍCULO 47.- Extradición Solicitada por Otros Jueces. Las solicitudes de extradición
efectuadas por otros tribunales, son diligenciadas inmediatamente, previa vista por veinticuatro (24) horas al Ministerio Fiscal, siempre que reúna los requisitos del Artículo 45 del presente Código.
Si el imputado o condenado es detenido, verificada su identidad, se le permite que personalmente o por intermedio del defensor aclare los hechos o indique las pruebas que a su juicio pueden ser útiles, después de lo cual, si la solicitud de extradición es procedente, debe ser puesto sin demora a disposición del Tribunal requirente. La resolución es apelable.
Inhibición y Recusación
ARTÍCULO 48.- Motivos de Inhibición. El Juez debe inhibirse de conocer en la causa:
a) cuando en el mismo proceso haya pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia o haya intervenido como funcionario del Ministerio Fiscal, defensor, mandatario, denunciante o querellante, o haya actuado como perito o conozca el hecho investigado como testigo;
b) si es pariente, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de algún interesado;
c) cuando él o alguno de sus parientes en los grados preindicados, tienen interés en el proceso;
d) si es o fue tutor o curador, o estuvo bajo la tutela o curatela de alguno de los interesados;
e) cuando él o sus parientes dentro de los grados referidos, tienen juicio pendiente iniciado con anterioridad, o sociedad, o comunidad con alguno de los interesados, salvo la Sociedad Anónima;
f) si él, su cónyuge, conviviente, padres e hijos, u otras personas que viven a su cargo, son acreedores, deudores o fiadores de algunos de los interesados, salvo que se trate de Bancos Oficiales o constituidos por Sociedades Anónimas;
g) cuando antes de comenzar el proceso fue denunciante o acusador de alguno de los interesados, o denunciado o acusado por ellos, salvo que circunstancias posteriores demuestren armonía entre ambos;
h) si ha dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso;
i) cuando tiene amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados;
j) si él, su cónyuge, conviviente, padres e hijos u otras personas que viven a su cargo recibieron o reciben beneficios de importancia de alguno de los interesados, o si después de iniciado el proceso, él recibió presentes o dádivas aunque sean de poco valor;
k) cuando en la causa intervino o interviene como Juez algún pariente suyo dentro del segundo grado de consanguinidad.
ARTÍCULO 49.- Inhibición de Oficio. El Juez puede inhibirse de oficio del conocimiento del proceso, cuando se encuentra en situación de violencia moral o cuestiones de decoro y que procedan de un motivo objetivamente grave y atendible.
ARTÍCULO 50.- Interesados. A los fines del Artículo 47 del presente Código, se consideran interesados el imputado, el ofendido, el damnificado y el
civilmente demandado, aunque estos últimos no se constituyan en parte, lo mismo que sus representantes, defensores y mandatarios.
Estos tres últimos no se consideran interesados en el caso del Inciso i) del Artículo 47 del presente Código.
ARTÍCULO 51.- Trámite de la Inhibitoria. El Juez que se inhibe debe remitir la causa
por decreto fundado al que deba reemplazarlo; éste debe proseguir su curso inmediatamente, sin perjuicio de elevar los antecedentes pertinentes al Tribunal correspondiente si estima que la inhibición no tiene fundamento. El Tribunal debe resolver la incidencia sin trámite.
Cuando el Juez que forma parte de un Tribunal colegiado reconoce un motivo de inhibición, debe pedir que se disponga su apartamiento.
ARTÍCULO 52.- Recusación. Las partes, sus defensores o mandatarios, pueden
recusar con causa en el proceso, al Juez de Instrucción, al Juez Correccional y de Menores y/o miembros del Tribunal, cuando existe uno de los motivos enumerados en el Artículo 48 del presente Código.
ARTÍCULO 53.- Forma. La recusación con causa debe ser interpuesta, bajo pena de
inadmisibilidad, por un escrito que indique los motivos en que se basa y los elementos de prueba, si los hay.
ARTÍCULO 54.- Oportunidad. La recusación con causa sólo puede ser interpuesta,
bajo pena de inadmisibilidad, durante la instrucción, antes de la clausura y; en el juicio, durante el término de la citación y; en todos los casos, dentro del quinto día de haberse tenido conocimiento de la causa. Cuando se trata de recursos, en el primer escrito que se presenta o al deducir la revisión.
Sin embargo, en caso de causal sobreviniente o ulterior integración del Tribunal, la recusación puede interponerse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida o de ser aquélla notificada, respectivamente.
ARTÍCULO 55.- Trámite y Competencia. Si el Juez admite la causal de recusación,
se procede con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 51 del presente Código. En caso contrario, se remite el escrito de recusación con su informe al Tribunal competente que, previa audiencia en que se recibe la prueba e informan las partes, debe resolver el incidente dentro de las cuarenta y ocho (48) horas sin recurso alguno.
ARTÍCULO 56.- Recusación de Jueces. Si el Juez es recusado con causa y no
admite la causal, siendo manifiestamente inciertos los hechos que se alegan, continúa la investigación aún durante el trámite del incidente; pero si se hace lugar a la recusación, los actos son declarados nulos siempre que lo pida el recusante en la primera oportunidad que tome conocimiento de ellos.
ARTÍCULO 57.- Recusación de Secretarios y Auxiliares. Los Secretarios y Auxiliares
deben inhibirse y pueden ser recusados por los motivos expresados en el Artículo 48 del presente Código, y el Tribunal ante el cual actúan debe averiguar verbalmente el hecho y resolver lo que corresponde, sin recurso alguno.
ARTÍCULO 58.- Efectos. Producida la inhibición o aceptada la recusación, el Juez
inhibido o recusado no puede realizar en el proceso ningún acto, bajo pena de nulidad. Aunque posteriormente desaparezcan los motivos que determinaron aquellas, la intervención de los nuevos magistrados es definitiva.
Partes, Defensores y Víctimas
ARTÍCULO 59.- Función. El Ministerio Fiscal promueve y ejerce la acción penal en
la forma establecida por la Ley, y dirige la Policía Judicial.
ARTÍCULO 60.- Criterios de Oportunidad. Las partes pueden solicitar, durante la sustanciación de la causa, y hasta la resolución que fija la fecha de audiencia de debate, que se suspenda total o parcialmente la persecución penal, que se limite a alguna o varias infracciones o a alguna de las personas que participaron en el hecho cuando:
a) el Código Penal o las Leyes Penales Especiales lo establecen o permiten al Tribunal a prescindir de la pena;
b) se trata de hechos que por su insignificancia no afectan gravemente el interés público, salvo que sean cometidos por un funcionario público en el ejercicio o en razón de su cargo;
c) las consecuencias del hecho sufridas por el imputado tornan innecesaria o desproporcionada la aplicación de una pena, salvo que medien razones de seguridad o interés público;
d) la pena en expectativa carece de importancia con relación a la pena ya impuesta por otros hechos;
e) existe conciliación entre los interesados, y el imputado reparó los daños y perjuicios causados en los hechos delictivos con contenido patrimonial cometidos sin violencia física o intimidación sobre las personas, o en los delitos culposos, salvo que existan razones de seguridad, de interés público o se encuentre comprometido el interés de un menor de edad;
f) existe conciliación entre los interesados y el imputado en los delitos culposos, lesiones leves y/o amenazas, salvo que existan razones de seguridad, de interés público o se encuentre comprometido el interés de un menor de edad;
g) el imputado se encuentra afectado por una enfermedad incurable en estado terminal, según dictamen pericial o tiene más de setenta (70) años de edad, y no existe mayor compromiso para el interés público.
ARTÍCULO 61.- Criterios de Oportunidad. Otros Casos. En los casos de delitos
con violencia, originados en conflictos intrafamiliares o de convivencia, no puede disponerse la aplicación de criterios de oportunidad.
En los casos de delitos con violencia fuera del ámbito familiar o de convivencia, o se trate de delitos basados en una relación desigual, de poder o por abuso de poder debe previamente cesar la situación del mismo. No puede disponerse la suspensión de la persecución penal en los casos de reiteración de iguales delitos.
En los supuestos de los Incisos b), c) y f) del Artículo 60 del presente Código es necesario que el imputado haya reparado los daños y perjuicios ocasionados, en la medida de lo posible, o firmado un acuerdo con la víctima en ese sentido, o afianzado suficientemente esa reparación.
Si el Tribunal admite la solicitud para aplicar un criterio de oportunidad, debe dictar un auto en que así lo estime, produciéndose la suspensión de la persecución penal con respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso.
Si la decisión se funda en la insignificancia, sus efectos se extienden a todos los que reúnen las mismas condiciones.
El imputado puede oponerse a la suspensión y solicitar que continúe el trámite de la causa.
Si se produce la reiteración de un ilícito, el Agente Fiscal puede solicitar al Tribunal, que se deje sin efecto la suspensión dispuesta, caso contrario cumplido los tiempos de prescripción se procede al dictado del auto o sentencia que corresponda.
ARTÍCULO 62.- Negativa del Agente Fiscal. La negativa del Agente Fiscal a la aplicación de criterios de oportunidad, puede dar lugar al trámite previsto por el Artículo 367 del presente Código, si es negada su aplicación por el Fiscal del Tribunal, su opinión debe ser vinculante.
ARTÍCULO 63.- Atribuciones del Fiscal del Tribunal. Además de las funciones
generales acordadas por la Ley, el Fiscal actúa durante el juicio ante el
Tribunal respectivo, y puede llamar al Agente Fiscal que intervino en la instrucción, en los siguientes casos:
a) cuando se trata de un asunto complejo, para que le suministre informaciones o coadyuve con él, incluso durante el debate;
b) cuando está en desacuerdo fundamental con el requerimiento fiscal, o le es imposible actuar, para que mantenga oralmente la acusación.
ARTÍCULO 64.- Atribuciones del Agente Fiscal. El Agente Fiscal actúa ante los Jueces de Instrucción, Correccional y de Menores en la forma que el presente Código determina y cumple la función atribuida por el Artículo 63 del presente Código.
ARTÍCULO 65.- Otras Atribuciones del Agente Fiscal. Corresponde además, al Agente
a) promover la averiguación y represión de los delitos cometidos en su circunscripción y que lleguen a su conocimiento por cualquier medio, requiriendo para ello las medidas que considera necesarias, sea ante los Jueces o ante cualquier otra autoridad;
b) requerir a los Jueces el activo despacho de los procesos, deduciendo en caso necesario los reclamos que corresponden;
c) vigilar el fiel cumplimiento de las leyes penales y reglas de procedimiento;
d) velar para que el orden legal en materia de competencia, sea estrictamente observado;
e) requerir el cumplimiento de las sanciones impuestas y de las leyes relativas a la restricción de la libertad personal;
f) solicitar las medidas que estima necesarias, pudiendo encomendar diligencias ampliatorias a la Policía, las que son practicadas con autorización del Juez y remitidas al mismo, para que proceda a su agregación a la causa.
ARTÍCULO 66.- Forma de Actuación. Los representantes del Ministerio Fiscal
formulan motivada y específicamente sus requerimientos y
conclusiones; nunca pueden remitirse a las decisiones del Juez; proceden oralmente en los debates y por escrito en los demás casos.
ARTÍCULO 67.- Poder Coercitivo. En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público dispone de los poderes acordados al Tribunal por el Artículo 125 del presente Código.
ARTÍCULO 68.- Inhibición y Recusación. Los miembros del Ministerio Público deben
inhibirse y pueden ser recusados por los mismos motivos establecidos respecto de los Jueces, con excepción de los previstos en la primera parte de los Incisos g) y h) del Artículo 48 del presente Código.
La recusación, al igual que las cuestiones de inhibición, son resueltas en juicio oral y sumario por el Juez o Tribunal ante el cual actúa el funcionario.
El Imputado
ARTÍCULO 69.- Calidad de Imputado. Los derechos que la Ley acuerda al imputado
puede hacerlos valer la persona a quien se indica o atribuye participación en un hecho punible, desde el primer acto del procedimiento dirigido en su contra hasta su finalización.
Se entiende por primer acto del procedimiento cualquier indicación que señala a una persona como posible autor de un hecho punible o partícipe en él, ante alguna de las autoridades de la persecución penal que el presente Código establece.
Cuando se encuentra detenido, el imputado o sus familiares pueden formular sus instancias ante el funcionario encargado de la custodia quien las debe comunicar inmediatamente al órgano judicial competente.
ARTÍCULO 70.- Derecho del Imputado. La persona a quien se le imputa la comisión
de un delito por el que se está instruyendo causa, tiene derecho, aún cuando todavía no fue indagada, a presentarse al Tribunal, personalmente o por intermedio de un defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio,
pueden ser útiles. El Tribunal, por su parte, puede asimismo citarla a dar explicaciones no juradas.
ARTÍCULO 71.- Identificación. La identificación se debe practicar por las generales
del imputado, sus impresiones digitales y señas particulares, por medio de la oficina técnica respectiva, y cuando no es posible porque el imputado se niega a dar sus generales o las da falsamente, se procede a su identificación por testigos, en la forma prescripta para los reconocimientos por los Artículos 274 y siguientes del presente Código, y por los otros medios de prueba que se juzguen oportunos.
ARTÍCULO 72.- Identidad Física. Cuando es cierta la identidad física de la persona
imputada, las dudas sobre los datos suministrados u obtenidos no alteran el curso del proceso, sin perjuicio de que se rectifiquen en cualquier estado del mismo o durante su ejecución.
ARTÍCULO 73.- Incapacidad. Si se presume que el imputado, en el momento de
cometer el hecho, padecía de alguna enfermedad mental que lo hace inimputable, previo dictamen de dos (2) peritos, puede disponerse provisionalmente su internación en un establecimiento especial, si su estado lo torna peligroso para sí o para terceros.
En tal caso, sus derechos de parte son ejercidos por el curador, o si no lo hay, por el defensor oficial, sin perjuicio de la intervención correspondiente a los defensores ya nombrados.
Si el imputado es menor de dieciocho (18) años, sus derechos de parte pueden ser ejercidos también por sus padres o tutores.
ARTÍCULO 74.- Incapacidad Sobreviniente. Si durante el proceso sobreviene la
incapacidad mental del imputado, el Tribunal debe suspender la tramitación de la causa, y si su estado lo torna peligroso, para sí o para los terceros, debe ordenar la internación de aquél en un establecimiento adecuado, cuyo director debe informar trimestralmente sobre el estado del enfermo.
La suspensión del trámite del proceso impide la declaración indagatoria o el juicio, según el momento que se ordena, sin perjuicio de que se averigüe el hecho o se persiga aquél contra los demás imputados.
Si curase el imputado, prosigue la causa a su respecto.
ARTÍCULO 75.- Examen Mental Obligatorio. El imputado debe ser sometido a examen mental, siempre que el delito que se le atribuya es de carácter sexual, está reprimido con pena no menor de diez (10) años de prisión; cuando es sordomudo, o menor de dieciocho (18) años o mayor de setenta (70) años, o si es probable la aplicación de una medida de seguridad.
El Querellante Particular
ARTÍCULO 76.- Constitución del Querellante Particular. Toda persona física, sus herederos forzosos, representantes legales o mandatarios; o persona jurídica de derecho público o privado, directamente afectada por un delito de acción pública tiene derecho a constituirse en querellante particular y como tal impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos y recurrir con los alcances que en el presente Código se establecen.
ARTÍCULO 77.- Oportunidad. La instancia para constituirse en querellante particular
puede formularse hasta la clausura de la Instrucción.
ARTÍCULO 78.- Formalidades para su Presentación. La pretensión para constituirse en querellante particular se formula por escrito, en forma personal o por mandatario especial quien agrega el poder, con asistencia letrada. Debe consignarse bajo pena de inadmisibilidad:
nombre, apellido, domicilio real y legal del querellante particular;
relación sucinta del hecho en que se funda.;
nombre, apellido y domicilio del o de los imputados, si lo sabe;
la acreditación de la personería que invoca, en su caso;
la petición de ser tenido por querellante y la firma;
si el querellante particular se constituye, a la vez en actor civil, puede formular ambas instancias en un solo escrito, con observancia de los requisitos previstos para cada acto.
ARTÍCULO 79.- Oposición. El Ministerio Público Fiscal, el imputado o cuando existe defensor su defensa, pueden oponerse a la constitución del querellante. El Ministerio Publico Fiscal y el defensor, deben hacerlo dentro del tercer día de notificados de la instancia de constitución. Si el imputado aún no tiene defensor, el plazo es de cinco (5) días. La oposición sólo puede basarse, en que el interesado no tiene legitimación. El escrito de oposición dá inmediata intervención al Juez, quien debe resolver por decreto fundado en el término de cinco (5) días.
En el supuesto de autores ignorados, luego de identificados, en la primera oportunidad, deben ser notificados de la constitución, no pudiendo en ningún caso ser recurrida la disposición que los tuvo como parte.
Solo es apelable la denegatoria o el rechazo de la constitución como querellante particular, dentro del tercer día y debiendo hacerlo de manera fundada bajo pena de inadmisibilidad.
ARTÍCULO 80.- Unidad de Representación. Cuando los querellantes particulares son varios, y hay identidad de intereses en ellos, deben actuar bajo una sola representación, la que se ordena de oficio si ellos no se ponen de acuerdo.
ARTÍCULO 81.- Admisión. Admitido el querellante particular, puede actuar en el proceso para acreditar el hecho delictuoso y la responsabilidad penal del imputado en la forma que dispone el presente Código. Su actuación tiene los mismos alcances y limitaciones que el Ministerio Público Fiscal. En ningún caso la actividad del querellante particular está subordinada a las directivas o conclusiones del Ministerio Público Fiscal.
Queda exceptuada del presente Artículo la declaración del imputado, a la cual no puede asistir el querellante particular, conforme al Artículo 299 del presente Código.
Las disposiciones referentes a la libertad provisional del imputado, son tramitadas sin previa vista al querellante particular, puede éste apelar la decisión que
acuerda la libertad en forma fundada bajo pena de inadmisibilidad, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificado. El recurso es concedido sin efecto suspensivo.
ARTÍCULO 82.- Deberes. La intervención de una persona como querellante particular,
no la exime del deber de declarar como testigo. En caso de sobreseimiento o absolución puede ser condenado por las costas que su intervención causó, salvo que la sentencia sea dictada como consecuencia de la aplicación de criterios de oportunidad o disposición de acción en que el querellante particular prestó su conformidad.
ARTÍCULO 83.- Abandono de la Acción. El querellante particular puede desistir de su intervención en cualquier momento. La querella se considera abandonada cuando sin justa causa no concurre a:
prestar declaración testimonial o realizar cualquier medio de prueba para cuya práctica es necesaria su presencia;
formular requerimiento de elevación a juicio conforme al Artículo 361 del presente Código;
ofrecer pruebas de las que pretende valerse en el término de la citación a juicio;
la audiencia de debate, o se aleja de ésta o no formula conclusiones.
En los casos de incomparecencia, la existencia de justa causa debe acreditarse antes de iniciar la audiencia o diligencia, salvo imposibilidad absoluta, en cuyo caso debe justificarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.
Si se constituye conjuntamente el querellante particular como actor civil, y no concreta detalladamente los daños emergentes del delito cuya reparación pretende en la oportunidad prevista en el Artículo 362 del presente Código, se lo tiene por desistido de la demanda.
El desistimiento es declarado por el Juez, a pedido de parte, cuando el querellante particular pretenda ejercer su rol en algún acto procesal posterior.
El abandono de la acción penal por parte del querellante particular, importa el de la acción civil, cuando esta hubiere sido promovida en sede penal.
La imposición o exención de costas se resuelve conforme los principios que rigen la cuestión según el presente Código.
ARTÍCULO 84.- Reparación del Perjuicio. Mediando sentencia penal condenatoria, quien actuó como querellante particular y conjuntamente se constituyó como actor civil, puede reclamar la indemnización del daño causado o la restitución de la cosa obtenida por el delito, en la forma y condiciones establecidas en el presente Código.
El Actor Civil
ARTÍCULO 85.- Constitución de Parte. Para ejercer la acción civil resarcitoria, su
titular debe constituirse en actor civil. Las personas que no tienen capacidad para estar en juicio, no pueden actuar si no son representadas, autorizadas o asistidas del modo prescripto por las Leyes Civiles.
ARTÍCULO 86.- Instancia. La instancia de constitución en actor civil debe formularse,
personalmente o por mandatario, en un escrito que contenga, bajo pena de inadmisibilidad:
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ARTÍCULO 36
 Artículo 35

ARTÍCULO 37

ARTÍCULO 38

ARTÍCULO 39

ARTÍCULO 40
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 Artículo 37
 resolución 
 resolución 

ARTÍCULO 41

ARTÍCULO 42
 Artículo 373

ARTÍCULO 43

ARTÍCULO 44

ARTÍCULO 45

ARTÍCULO 46

ARTÍCULO 47
 Artículo 45
 resolución 

ARTÍCULO 48

ARTÍCULO 49

ARTÍCULO 50
 Artículo 47
 Artículo 47

ARTÍCULO 51

ARTÍCULO 52
 Artículo 48

ARTÍCULO 53

ARTÍCULO 54

ARTÍCULO 55
 Artículo 51

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ARTÍCULO 57
 Artículo 48

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ARTÍCULO 59

ARTÍCULO 60
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ARTÍCULO 61
 Artículo 60

ARTÍCULO 62
 Artículo 367

ARTÍCULO 63

ARTÍCULO 64
 Artículo 63

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ARTÍCULO 67
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 Artículo 299

ARTÍCULO 82

ARTÍCULO 83
 Artículo 361
 Artículo 362

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