Source: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/alarma82.html
Timestamp: 2017-10-22 22:55:02+00:00

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Equipo Nizkor - Diario de la sesión del Congreso en la que se autoriza la prórroga del estado de alarma.
Diario de la sesión del Congreso sobre "Actos en relación con los estados de alarma, excepción y sitio", en la que se autoriza la prórroga del estado de alarma.
Intervención del señor ministro de la Presidencia Jáuregui Atondo
de la señora Sáenz de Santamaría Antón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Intervención del señor Macias I Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència I Unió)
Intervención del señor Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
Intervención de la señora Oramas González-Moro, del grupo Parlamentario Mixto
Año 2010 - IX Legislatura - Núm. 214
Sesión plenaria núm. 203
- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL ESTADO DE ALARMA DECLARADO MEDIANTE EL REAL DECRETO 1673/2010, DE 4 DE DICIEMBRE. (Número de expediente 091/000001.)
Vamos a examinar la solicitud de autorización de prórroga del estado de alarma declarado mediante Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre.
Para exponer las razones que han motivado la solicitud de prórroga por parte del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de la Presidencia. (Rumores.) Silencio, por favor. Les ruego tomen asiento.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Jáuregui Atondo): Señor presidente, señorías, comparezco ante ustedes para presentar el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el martes pasado, por el que se solicita la autorización de la Cámara para la prórroga del estado de alarma declarado el 4 de diciembre.
Señorías, la tarde del viernes 3 de diciembre se produjo en España un hecho de extrema gravedad. Los controla-dores aéreos abandonaron coordinada y masivamente sus puestos de trabajo, produciendo el cierre del espacio aéreo, el colapso de los aeropuertos, y dejando en tierra a cientos de miles de pasajeros nacionales y extranjeros. El Gobierno agotó todas las posibilidades de acción para devolver el tráfico aéreo a la normalidad, hizo innumerables gestiones y repetidas llamadas al cumplimiento de sus obligaciones dirigidas a los controladores y, haciendo uso de las medidas previstas en el real decreto-ley aprobado en ese mismo día, encomendó al Ministerio de Defensa las facultades de dirección del servicio del control del tránsito aéreo. En la madrugada del día 4 de diciembre todas estas medidas no habían devuelto a la normalidad los aeropuertos. Por ello se decidió hacer uso de la posibilidad que establece el artículo 116 de la Constitución española y, tras celebrar el sábado 4 un consejo de ministros extraordinario, aprobó el Real Decreto de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo, que se publicó inmediatamente en el BOE. De ello se informó inmediatamente al Congreso de los Diputados, tal y como establece la Constitución. Poco después compareció el presidente del Gobierno para informar de las razones que habían justificado la declaración del estado de alarma. En dicha comparecencia, esta Cámara, interpreta el Gobierno, apoyó mayoritaria-mente la actuación del Gobierno, más allá, naturalmente, de las legítimas críticas y de distintos matices de los grupos parlamentarios.
Antes de que venciera el plazo constitucional de quince días y a la vista de la información facilitada por los ministerios de Defensa y de Fomento, el Consejo de Ministros se reunió de forma extraordinaria el pasado martes y acordó solicitar de esta Cámara una prórroga de la declaración del estado de alarma hasta el día 15 de enero. ¿Cuáles son, señorías, las razones que han motivado esta petición? En esencia, las mismas que llevaron al Gobierno a declarar el estado de alarma le llevan ahora a solicitar su prórroga, tal y como prevé la Constitución. Esto es así, señorías, porque las circunstancias que generaron la declaración del estado de alarma aún no han sido superadas, persisten problemas que no han podido ser resueltos todavía y la recuperación de la normalidad de la navegación aérea ni es total ni está plenamente garantizada. El Gobierno ha constatado, además, que subsisten suficientes elementos de continuidad con la situación original que motivó la declaración del estado de alarma como para hacer necesaria la prolongación hasta el próximo 15 de enero de las medidas establecidas en dicha declaración. Tengan ustedes en cuenta que inclusive hay elementos que se han aportado a aquella situación. Por ejemplo, hay abiertas diligencias en diferentes fiscalías para investigar los hechos ocurridos la tarde del día 3 y la noche y mañana del día 4 de diciembre, por ser los mismos, presuntamente, constitutivos de delito de sedición, previsto y penado en la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea. Se están incoando expedientes administrativos sancionadores y se han abierto expedientes disciplinarios laborales por parte de AENA a todos los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo, actuaciones todas ellas esenciales para depurar y para sancionar las conductas ilícitas de los controladores.
Es evidente, además, señoras y señores diputados, que la sociedad no ha recuperado una percepción de normalidad en el tráfico aéreo en nuestro país y que persisten serias incertidumbres sobre el próximo futuro. Es una inquietud que comparten tanto los ciudadanos como los representantes de los sectores vinculados a la navegación aérea. Es obligación del Gobierno garantizar la normalidad del tráfico aéreo mientras subsistan las causas subyacentes que provocaron el chantaje, sobre todo, señorías, en días tan sensibles para los ciudadanos y para la economía como son los días actuales.
Señorías, hoy, desgraciadamente, no se puede afirmar que el funcionamiento del sistema aeroportuario sea idéntico al de situaciones de normalidad anteriores. La complejidad de la organización del espacio aéreo, tanto en España como en el resto de Europa, se ha visto tan radicalmente alterada por los hechos acaecidos el 3 y el 4 de diciembre que está exigiendo y exigirá todavía durante semanas un esfuerzo considerable de normalización y aseguramiento potencial de la navegación aérea en nuestro país. El carácter neurálgico de los aeropuertos en cualquier sociedad avanzada se incrementa en mayor medida si, como es el caso de España, somos un destino turístico preferido por millones de ciudadanos de otros países, especialmente en el mes de diciembre. En nuestro caso, los riesgos se multiplican y una situación semejante a la sufrida a primeros de diciembre sería realmente catastrófica. Tengan en cuenta que tres de cada cuatro turistas, unos 40 millones de personas cada año, llegan a España a través de nuestros aeropuertos. Es más, no podemos olvidarnos de que lugares de España como las islas Baleares y Canarias tienen al transporte aéreo como un elemento principal de comunicación; para Canarias, por ejemplo y en concreto, la seguridad de los vuelos estos días es sencillamente vital. Pero, además, el sector aéreo español es clave para el sector aéreo mundial, el aeropuerto de Madrid-Barajas se ha convertido en un enlace estratégico para las conexiones entre Europa y América Latina y El Prat, de Barcelona, desempeña un papel similar en cuanto al tráfico procedente del Mediterráneo.
Quiero insistir, señorías. Las consecuencias que tendría una situación siquiera similar a la del pasado día 3 de diciembre serían demoledoras para nuestro país. No solo es ya el drama para cientos de miles de personas bloqueadas en nuestros aeropuertos, sometidas a los enormes perjuicios que ello conlleva y privados de su derecho a la libre circulación, es que no podemos dejar de recordar que el periodo de prórroga que hoy solicita el Gobierno al Parlamento es un periodo en el que se van a operar más de 100.000 vuelos, con más de 3,5 millones de viajeros, de los cuales 2,5 millones serán pasajeros de vuelos internacionales. El coste-riesgo que tendría para el sector turístico sería de miles de millones, solo el coste-riesgo, señorías, incidiendo además de manera muy negativa en el de la situación de los más de 400.000 empleados que trabajan en el sector aéreo de nuestro país. Comprenderán con este somero repaso que el Gobierno haya evaluado de manera exigente las condiciones existentes actualmente y que haya concluido en la prórroga del real decreto. La simple incertidumbre, señorías, representa un coste inasumible para el país.
En definitiva, señorías, la declaración del estado de alarma fue necesaria el 4 de diciembre, fue la única medida, conviene recordarlo, que podía resolver el sabotaje, no había otra que asegurara la vuelta al trabajo de los controladores. Y ahora, por las mismas razones, la prórroga del estado de alarma es necesaria para recuperar la plena normalidad en el tráfico aéreo y para garantizar la libre circulación de las personas y su derecho a viajar en unas fechas especialmente sensibles, desde el punto de vista humano y económico, para nuestro país.
Quiero hacer ahora, para ir terminando, señorías, dos precisiones sobre dos aspectos sobre los que me parece necesario aportar la visión del Gobierno. El primero es el que se refiere al significado y al contenido de la prórroga. La solicitud, señorías, que hoy les presentamos se pide, se plantea, con idéntico contenido -repito, con idéntico contenido- al que tuvo la declaración del estado de alarma del día 4, dado que en nuestra opinión es el mínimo indispensable para que la normalidad del servicio de control aéreo se pueda restablecer de forma definitiva. La prórroga que hoy se solicita no es una nueva declaración de alarma, sino el mantenimiento de las mismas medidas adoptadas el 4 de diciembre, exactamente las mismas, ni una más ni una menos, porque son las que necesitamos para garantizar la prestación del servicio aéreo. El Gobierno ha sido cuidadoso y prudente en el establecimiento de las medidas aplicadas. La utilización del instrumento del estado de alarma y la solicitud de su prórroga son, en nuestra opinión, proporcionadas a la gravedad de los hechos y las medidas que hemos dispuesto son limitadas a lo estrictamente imprescindible para que sean eficaces.
En efecto, su ámbito de aplicación queda limitado a las torres de control de los aeropuertos de la red y a los centros de control gestionados por AENA y afecta únicamente a los controladores civiles de tránsito aéreo al servicio de AENA, que sí han pasado a estar movilizados. Por tanto, con las medidas del estado de alarma los derechos fundamentales de los españoles no resultan afectados en absoluto, al contrario, resulta reforzada la garantía de libertad de circulación y los derechos fundamentales de los españoles. Tampoco resultan menoscabados -quiero insistir en esta idea- los derechos del colectivo de los controladores aéreos civiles, porque lo que significa la alarma en este caso, con esta circunscripción objetiva y subjetiva, es que los controladores están ahora sometidos a la obediencia de la autoridad militar, pero ellos siguen siendo personal civil, ellos siguen siendo personal que trabaja para la empresa AENA. Es más, todos sus derechos siguen intactos, incluidos los de libertad sindical, los de negociación colectiva y, por supuesto, el de la libertad de expresión, como podemos comprobar estos días en los medios de comunicación y en la actividad continuada de sus representantes sindicales.
Llamo de nuevo la atención sobre el dato de que la declaración del estado de alarma y su aplicación proporcionada es la que ha garantizado, y continuará haciéndolo, el pleno ejercicio y disfrute de los derechos y libertades de los ciudadanos, especialmente el derecho a la libre circulación. En definitiva, señorías, la prórroga significa que algo más de 2.000 controladores están movilizados para que 47 millones de españoles no vean perturbados gravemente sus derechos, la economía de nuestro país no se vea gravemente afectada y para que España cumpla sus compromisos internacionales en el tráfico aéreo internacional. En cuanto a la cobertura constitucional de esta declaración, señorías, también el Gobierno quiere hacer alguna precisión. El Gobierno ha podido declarar el estado de alarma y solicitar ahora su prórroga porque la Constitución y las leyes le apoderan para tomar esta medida cuando concurran circunstancias extraordinarias. No hay que olvidar que la Constitución ha previsto los estados excepcionales como una forma de defensa del propio orden constitucional y de la legalidad vigentes. El Gobierno, por otra parte, quiero reiterarlo, ha cumplido escrupulosamente con todos los trámites que exige la ley para esta declaración, y también para su prórroga, por supuesto, como es la solicitud que ahora respetuosamente hacemos. Es erróneo, señorías, presentar la vigencia del estado de alarma como una situación de anormalidad constitucional. El Gobierno actúa dentro de la Constitución, más aún, lo hace en defensa de la Constitución, que es la que proporciona los instrumentos para salvaguardar en estas situaciones los derechos constitucionales y la vigencia del Estado de derecho. (Aplausos.)
No es la vigencia del estado de alarma, señorías, lo que es anormal, sino su presupuesto o, dicho de otra manera, lo anormal son las razones que exigen en este caso su intervención, en este caso el sabotaje y la paralización del tráfico aéreo. Eso es lo anómalo y para eso la Constitución apodera al Gobierno para tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos de todos los españoles. La excepcionalidad de la que habla la Ley del año 1981, señorías, hay que situarla, por otra parte, en una interpretación contextualizada al siglo XXI. Lo que ocurrió, señoras y señores diputados, el día 3 de diciembre no había sucedido nunca jamás en España. Si ustedes me apuran, en la forma en que se produjo, con la brusquedad con la que se produjo y los efectos que produjo no había ocurrido nunca en ningún país del mundo. No fue una huelga, no fue una huelga ni legal, ni ilegal, ni salvaje. No, no. Fue un sabotaje al funcionamiento del cielo aéreo del país y eso requirió y requiere mantener las medidas.
El mantenimiento del correcto funcionamiento del espacio aéreo de un país ha adquirido, señoras y señores, en el año 2010, en el siglo XXI, una dimensión estratégica. Su brutal alteración, como fue en nuestro caso, colocó a la nación en una situación realmente excepcional. Hoy, en la España de 2010 existe una actividad económica y humana importantísima alrededor de los aeropuertos. Hasta noviembre, más de 180 millones de pasajeros han utilizado nuestros aeropuertos, se han realizado casi dos millones de operaciones, se han transportado 600.000 toneladas de mercancía; ocio, empresa, comercio, son activos esenciales de nuestra vida para la actividad económica y para nuestro bienestar. Para comprobarlo, señorías, solo es necesario revisar un poco lo que está pasando estos mismos días a propósito de la declaración que el Gobierno hizo de solicitar la prórroga a esta Cámara. Solo es necesario escuchar a las empresas hoteleras, a los turoperadores, a las agencias de viaje, muchas de estas compañías han señalado que el anuncio del Gobierno de proponer la prórroga del estado de alarma proporciona seguridad, la que desgraciadamente no tenían. Ayer mismo la propia asociación internacional del transporte aéreo respaldó la decisión del Gobierno de pedir la prórroga y la consideró una medida acertada para garantizar el buen funcionamiento del transporte aéreo. Todo esto constituye una prueba más de la dimensión que tuvo el sabotaje, de la persistencia de las incer-tidumbres y de la necesidad de prorrogar los efectos del decreto del Gobierno.
En cuanto al plazo -voy terminando, señorías-, ni la ley ni la Constitución determinan cuál debe ser la duración de la vigencia del estado de alarma; establece, so sí, que será la estrictamente indispensable. Y ese es el criterio del Gobierno, ese es el criterio que ha tenido en cuenta el Gobierno en todo momento y así lo va a seguir haciendo. A la vista de las circunstancias que hemos sufrido y para asegurar el restablecimiento de la normalidad plena en la prestación del servicio de la navegación aérea, el Gobierno ha juzgado indispensable el mantenimiento de las medidas adoptadas hasta el próximo día 15 de enero. Por normalidad, señorías, quiero decir no una normalidad precaria, o amenazada, o provisional, ni por supuesto una normalidad que dependa de un supuesto compromiso de no volver a hacerlo por parte de quienes previamente provocaron el problema. No, señorías, no son tiempos de palabras, son tiempos de seguridades. Señoras y señores diputados, la declaración del estado de alarma fue una medida necesaria.
Con la prórroga para la que hoy les pido su apoyo en nombre del Gobierno ejercemos nuestra función de recuperar la plena normalidad y de garantizar la navegación aérea en nuestro país y, con ella, los derechos de los españoles y lo hacemos con total responsabilidad de nuestro deber. Estamos convencidos de que la prórroga que solicitamos es no solo plenamente constitucional, sino la decisión proporcionada, adecuada y eficaz, que este momento requiere. Por todo ello, señorías, les solicito su voto a esta solicitud en nombre del Gobierno.
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN:
Señorías, hace siete días comparecía en esta Cámara el presidente del Gobierno. Nos informó sobre la declaración del estado de alarma ante el caos generado por la actitud salvaje de los controladores, que abandonaron su puesto de trabajo y provocaron el cierre del espacio aéreo español. Hoy, después de 13 días de alarma, comparece, no el presidente, ni el vicepresidente, ni siquiera el ministro de Fomento, sino el ministro de la Presidencia, el último en llegar al Ejecutivo a reclamar (Aplausos.- Rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.), sí señorías, a reclamar, la autorización expresa para prorrogar esta situación durante un mes más. Y viene a hacerlo porque, a punto de vencer el plazo inicial, el Gobierno no ha sido capaz de encontrar otra solución al conflicto. En definitiva, nos solicitan una prórroga por el doble de tiempo sin los motivos que la originaron y tratando de convertir el primer estado de alarma de nuestra democracia en un mero trámite administrativo.
La declaración inicial de alarma -sí, señor Jáuregui- la provocaron los controladores con su actitud, ilegal, ilegítima e intolerable, pero la prórroga que hoy nos piden la genera también el Gobierno, por su incompetencia y por su incapacidad para hacer frente a la situación con los recursos ordinarios del Estado de derecho. En uno y en otro caso, al Partido Popular le mueve la misma voluntad, garantizar los derechos de los españoles a desplazarse libremente y proteger a los ciudadanos de la incapacidad que el Gobierno, con su solicitud, reconoce. Y, habida cuenta de que el mismo Gobierno admite que solo es capaz de garantizar la normalidad a través de la prórroga del Estado de alarma, este grupo parlamentario no se opondrá a esa decisión, pero no puede respaldarla de ningún modo. (Aplausos.)
Señorías, de cómo se llegó a la declaración del 4 de diciembre ya se ha debatido en esta Cámara. Se ha hablado sobre la falta de previsión del Gobierno en estos años y especialmente en los últimos meses. Se ha hablado de la falta de oportunidad del ministro de Fomento que esperó al peor momento para abordar el conflicto... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Sáenz de Santamaría. Les ruego tengan la bondad de guardar silencio.
...y sobre la falta de capacidad del señor Blanco para gestionar un asunto en el que no le ha faltado el apoyo del principal partido de la oposición. Lo que hoy se discute aquí es la situación real que lleva a pedir la prórroga del estado de alarma, qué es lo que el Gobierno ha hecho después de esa declaración y lo que piensa hacer a partir de ahora. Y, señorías, nada de eso explica el Gobierno en su justificación de petición, nada ha declarado el señor ministro en este trámite y nada en la voluminosa documentación, de un folio, que ha hecho llegar a este grupo parlamentario. De su solicitud solo podemos extraer una conclusión, que el Gobierno ha perdido la capacidad, la autoridad y el tiempo, para resolver este conflicto dentro de la normalidad constitucional.
Señorías, la Constitución prevé el estado de alarma como una respuesta extraordinaria ante situaciones reales, actuales, objetivas, de grave normalidad, y no como un instrumento para prevenir, en un por si acaso, que puedan producirse esas situaciones. El Gobierno pretende transformar por la vía del decreto lo posible en inevitable, porque intenta fundamentar esta prórroga no en un hecho concreto que afecta al Estado, sino en un juicio hipotético que interesa al Gobierno. Ciñámonos, pues, a los hechos y no a los juicios de valor. Cuando el señor Rodríguez Zapatero acudió a la Cámara hace una semana, estaba resuelta la parálisis del espacio aéreo español ¿sí o no? No me refiero al conflicto laboral con los controladores, sino al hecho que motivó el estado de alarma, es decir, al cierre del espacio aéreo por el boicot de quienes lo controlan. Zapatero dijo en esta tribuna que sí, se felicitó por ello y se congratuló de que las medidas de excepción del Gobierno habían sido muy eficaces. ¿Qué ha pasado desde su comparecencia? ¿Está abierto el espacio aéreo o no? ¿Funcionan los aeropuertos debidamente o no? En principio, parece que los aeropuertos funcionan, los aviones vuelan y la gente viaja, incluido el presidente del Gobierno dentro de un rato. Entonces, ¿qué queda por solucionar? Está claro que la negociación laboral con los controladores. Pero convendrán conmigo que este asunto ni precisa de un estado de alarma ni reclamaría la intervención de la Cámara de no ser por lo que hay detrás de ella: la absoluta incapacidad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para resolver el problema de otra forma.(Aplausos.)
Se produjo un conflicto. Aplicaron el estado de alarma. Dijo el presidente del Gobierno que quedaba resuelto. ¿Y ahora qué ocurre? ¿Qué han hecho desde el 4 de diciembre? ¿A qué se ha dedicado estos quince días el señor Blanco? (Rumores y protestas.) ¿Qué le hace al Gobierno -y cito textualmente- temer que hechos similares puedan repetirse de inmediato? ¿Qué datos tiene? ¿Qué credibilidad le dan a la actuación de los controladores? Porque el señor Blanco no se la cree y el señor Caamaño dice que es positiva. Falta la opinión del presidente del Gobierno para que dirima esta importante controversia. (Aplausos.)
¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Porque si en quince días no han arreglado el problema, ¿qué les hace pensar que en treinta días más van a ser capaces de solucionarlo? ¿Qué tiene de particular el día 15 de enero para que desde entonces no sea preciso tomar ninguna medida extraordinaria que asegure el normal funcionamiento del espacio aéreo? Yendo más allá, ¿qué les hace suponer que en febrero no lo precisarán de nuevo o en Semana Santa o cada vez que, como ahora, se desaten los temores en el Consejo de Ministros? Reconózcanlo. Han agotado el plazo de emergencia antes de agotar las alternativas a su solución, y vienen a reclamar la prórroga con una justificación endeble en sus motivos y cuestionada en su alcance.
Señor ministro, ¿estaban todos los miembros del Gobierno convencidos de la pertinencia y de la legalidad de esta medida? ¿Cree usted que decretar el estado de alarma es un asunto de especial trascendencia? ¿A su juicio, tiene repercusión? Si cree una cosa y también la otra, debería haber consultado al Consejo de Estado. Porque, ¿cómo se explica que la tarde del viernes 3 de diciembre tuvieran tiempo para convocar al abogado general del Estado, al fiscal general y al general togado, asesor general de la Defensa, y en quince días no hayan tenido tiempo de consultar al máximo órgano asesor del Gobierno? (Aplausos.) Por cierto, señor Jáuregui, ¿dónde están todos los informes jurídicos del personal que acabo de citarle? ¿En quince días no se les ha ocurrido que una solución inédita en democracia necesita un aval jurídico claro? ¿En quince días no han sido capaces de pensar una solución alternativa a la prórroga de la alarma? ¿En quince días no han escuchado a quienes les proponían otras fórmulas, incluidas las arbitrales? Señor Blanco, cuando el 15 de enero deje de estar su señoría alarmado, plantéese si desde el Ministerio de Fomento puede permitirse el lujo de seguir alarmando a los demás españoles. (Aplausos.)
Señorías, están encerrados en un bucle de contradicciones. Por eso son incapaces de explicar por qué necesitan prorrogar el estado de alarma para que el señor Rodríguez Zapatero y sus ministros se queden tranquilos; poderoso argumento que lo mismo vale hoy que en febrero, que en abril o cuando a ustedes les convenga. Señor presidente del Gobierno, nos obligan una y otra vez a escoger entre lo malo y lo peor, y siempre a costa de la normalidad democrática. Pero no les vamos a dar excusas para no gobernar. ¿Acaso no es posible proteger el interés general sin militarizar servicios públicos? Claro que es posible, pero el Gobierno no sabe hacerlo. Para todo hay alternativas, señorías, salvo para una cosa. No existe alternativa para proteger a los españoles del hundimiento de un Gobierno que no se ocupa de los problemas hasta que le desbordan; un Gobierno en el que siempre el remedio es tan malo como la enfermedad y que siempre acaba causando daños irreversibles a los ciudadanos y a la imagen de nuestro país (Aplausos.); un Gobierno cuyo último recurso es mostrarse autoritario para disfrazar su falta de autoridad. (Rumores.) ¿Autoridad o autoritarismo, señorías? (Aplausos.)
En resumen, señorías, han perdido ustedes seis años completos sin enfrentarse al problema, han pretendido resolver la situación por las bravas cuando menos convenía, han recurrido a la excepcionalidad constitucional que representa el estado de alarma y ahora quieren ustedes prorrogarlo durante un mes más, por si acaso. Señor ministro, necesitan ustedes más días para resolver un problema que no han sabido solventar en años. Mi grupo no se los va a negar. Lo que esperamos es que, cumplido el plazo, el señor Rodríguez Zapatero sea capaz de retirar el andamio sin que se le caiga la obra encima, porque ustedes resolver como es debido no sé si no pueden o es que no saben.
En treinta años no se había dado esta situación de anomalía en un país que ha superado situaciones difíciles, en el que se han vivido importantes convulsiones y en el que nunca jamás se había decretado el estado de alarma. Ahora se decreta y, además, se prorroga. Ni Adolfo Suárez, ni Calvo Sotelo, ni Felipe González, ni José María Aznar, ningún presidente del Gobierno se había visto en la necesidad de pedirlo. Ahora, por fin, el presidente del Gobierno, el señor Zapatero, se ha convertido en un presidente excepcional, tan excepcional que ni siquiera se ha subido a esta tribuna el día que pide la prórroga del estado de alarma.(Rumores.--Aplausos.)
Concluyo. Han tenido nuestro apoyo para solucionar una situación de crisis y quince días después nos lo vuelven a pedir sin explicarnos por qué no han encontrado una solución. En estas circunstancias, a la oposición no nos queda más remedio que proteger a los ciudadanos de la incompetencia del Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, puestos en pie.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sáenz de Santamaría. Tiene la palabra don Pere Macias.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo afronta este debate con una prioridad absoluta: la garantía plena, total y absoluta de la movilidad de los ciudadanos. El artículo 19 de la Constitución española dice textualmente: Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Serán plenamente conscientes las señoras y los señores diputados de que el ejercicio de este derecho, por suerte en su normalidad, está plenamente garantizado hoy día en España. Pero serán también conscientes las señoras y los señores diputados de que durante algunas horas los ciudadanos españoles, los ciudadanos que querían venir a España desde otros países, los ciudadanos españoles que querían salir al extranjero vieron absolutamente restringido este derecho. Y estarán también de acuerdo conmigo las señoras y los señores diputados en que asegurar el ejercicio de este derecho, sin ningún atisbo de duda, durante las próximas fechas es algo que debería preocuparnos. Nuestro grupo está comprometido para que el ejercicio de este derecho de la libre circulación de los ciudadanos durante las próximas fechas navideñas pueda ser ejercido con plena libertad. Por tanto, nuestro grupo va a dar su apoyo a la prórroga del decreto del Gobierno y al estado de alarma.
Lo vamos a hacer, señoras y señores diputados, plenamente convencidos puesto que la prioridad es meridianamente clara: no queremos que a día de hoy, de aquí a una hora, los ciudadanos españoles sigan dudando -y pregunten ustedes, por ejemplo, a las agencias de viajes- si tomar o no un vuelo para volver a casa por Navidad. Dígannos si los ciudadanos españoles de aquí a una hora tienen otro instrumento que la prórroga del estado de alarma para estar del todo convencidos de poder ejercer este derecho. (Aplausos.) Vamos a hacerlo, por tanto, con pleno convencimiento. Esto no significa, señoras y señores diputados, que nuestro grupo no sea crítico -y lo será- con cómo el Gobierno ha estado actuando en relación con este conflicto. Le hemos dado todo nuestro apoyo en el momento de la reforma legal, en el momento de la comparecencia del señor ministro, en el momento en que se dio cuenta de la declaración del estado de alarma. Sin embargo, ya en este momento advertimos de que, una vez finalizada esta prórroga el 15 de enero, nuestro grupo no va a dar su apoyo, si es el caso, a ninguna otra prórroga ni a ninguna otra medida de carácter excepcional. Lo hacemos porque creemos que hay que resolver el conflicto de fondo y, una vez superadas estas fechas -repito, tan importantes para los ciudadanos, que es lo que nos debería importar a todos-, vamos a ejercer con toda contundencia algo que hay que hacer, que es una profunda revisión de lo sucedido, especialmente a partir de que se modificara en abril la ley, a partir de que se dieron unos instrumentos excepcionales al Ministerio de Fomento y a AENA para resolver la situación, incluso se llegó a un principio de acuerdo, pero lamentablemente este principio de acuerdo se ha roto en las últimas fechas.
Señoras y señores diputados, se ha hecho hace poco una mención a otros presidentes de Gobierno. Voy a repetir una frase que pronuncié en la Comisión de Fomento. Señoras y señores diputados, yo no sé si los presidentes del Gobierno anteriores tuvieron que declarar o no el estado de alarma, lo que sí sé es que todos -todos- hemos tolerado lo intolerable durante muchos años, todos. Y, por tanto, no me parece de recibo poner como ejemplo cómo hemos actuado durante estos años (Rumores.), porque lo que sucedió el día 3 de este mes es consecuencia de que muchos no hicieron -y, si quieren, no hicimos- los deberes. Por tanto, cuando en un momento determinado se está intentando hacer los deberes, seguramente con errores y con estructuras inadecuadas, no es de recibo justificarlo con que en un momento determinado se habían hecho las cosas bien porque todos sabemos que no las hicimos bien.
Señoras y señores diputados, la prioridad absoluta de Convergencia i Unió en estos momentos y la justificación de nuestro voto es la garantía plena de la movilidad de los ciudadanos estos días. La segunda prioridad que ya anunció nuestro portavoz la semana pasada es la resolución del conflicto. El conflicto no puede enquis-tarse más. Está afectando gravemente a la credibilidad de las instituciones del Estado. Por tanto, debe resolverse y ya anunciamos, además de decir que no tendrán nuestro voto para más prórrogas, que vamos a exigir un cuaderno riguroso de ruta al Ministerio de Fomento y, en definitiva, al Gobierno; un cuaderno de ruta que solucione el conflicto, que utilice todos los mecanismos legales de los que disponemos, por ejemplo -lo hemos presentado ya y creo que otros grupos también-, hay que acudir al arbitraje. Este es un conflicto que se ha enquistado y la solución que tenemos pasa por resolver el conflicto de fondo, que es el arbitraje. Hay que hacer lo que están haciendo otros países europeos que también tuvieron conflictos parecidos: la liberalización, la externalización de ciertos servicios. Algo que no se está haciendo bien desde AENA y que otros países, tan destacados como Alemania, han externalizado es la gestión del personal, de los turnos y de las torres con empresas especializadas externas. Si no se sabe hacer desde AENA, que se exter-nalice el servicio. Señoras y señores diputados, soluciones hay. También comprendemos que las soluciones no pueden acometerse en unas semanas y más ante la hipotética posibilidad -remota, si ustedes quieren- de que se repitiera en estas vacaciones navideñas otro episodio como el que hemos vivido.
Señoras y señores diputados, Convergencia i Unió va a votar plenamente convencida de la necesidad de dar esta prórroga al estado de alarma. Y vamos a votarla para darles confianza a los ciudadanos, para decirles que pueden volar tranquilamente durante estas vacaciones navideñas. Convergencia i Unió quiere lanzar este mensaje: ¿Creen ustedes que esto vale la pena o que no vale la pena? Nosotros creemos que sí, lo que no vale la pena es aprovechar este debate para más rifirrafes, lo que no vale la pena es aprovechar este debate para algo que hoy no tenemos tiempo, que es acometer el fondo del problema. Nosotros vamos a solicitar convocatorias de los órganos de Gobierno, incluso del propio plenario para que en el mes de enero podamos resolver la cuestión cuanto antes y pedirle al Ministerio de Fomento que lo haga. Pero, hoy, señoras y señores diputados, para Convergencia i Unió la prioridad, la única prioridad, son los ciudadanos. Es un derecho constitucionalmente protegido de nuestros ciudadanos. Y el Gobierno y todos nosotros debemos tener clara esta prioridad en estos momentos.
Señor presidente del Gobierno, señor ministro de la Presidencia, señorías, dos son las preguntas básicas que mi grupo se formula y creemos que son las preguntas básicas que también los ciudadanos afectados o simplemente testigos de la gravedad de los hechos que han tenido lugar en fechas recientes en el sistema aeropor-tuario español se formulan. Primera pregunta: ¿Cómo es posible que un conflicto originariamente encuadrado en el ámbito laboral específicamente de un grupo, el de los controladores, en torno a los 2.400, haya derivado en una situación tan grave como la vivida los pasados días 3 y 4 de diciembre en el sistema aeroportuario español donde se tuvo que proceder al cierre de la navegación aérea en el conjunto del Estado y a la que solo se ha sabido responder por parte del Gobierno con la aplicación de una medida legal, pero excepcional, contemplada en la Ley Orgánica 4/1981, la declaración del estado de alarma? ¿Cómo hemos llegado a una situación tan grave como insostenible y que, sin lugar a dudas, debe ser calificada como un fracaso político en toda regla? Esta es una pregunta que, desde luego, mi grupo se formula, a la que creemos que se debe dar una respuesta. Se debe dar una respuesta, en primer lugar, porque es necesario que los ciudadanos tengan una explicación cabal de lo que ha venido ocurriendo estos años; en segundo lugar, porque es necesario escarmentar de una vez y, en tercer lugar, porque para responder a la segunda de las preguntas es necesario dar respuesta también a esta. Porque la segunda pregunta es: ¿Y cómo salimos de esta situación? No cómo hemos llegado, sino ahora cómo salimos.
Sobre lo uno y sobre lo otro venimos hablando y actuando desde hace ya un tiempo en este Congreso. Yo diría que venimos haciéndolo de forma razonablemente seria desde primeros de este año, tras el real decreto de 4 de febrero del Gobierno, que luego se convirtió en la Ley 9/2010, de 14 de abril, donde -recuerdo- tomamos ya medidas excepcionales de las que no se suelen tomar con el propósito de que, tomadas esas medidas, el problema laboral se iba a resolver. Todos hemos sido testigos -legisladores o no- de que aquellos razonamientos nuestros, de que aquellas medidas nuestras y de que las medidas que en desarrollo de las medidas legislativas tomadas por este Parlamento -las que ha ido desarrollando el Gobierno en estos meses- no han producido el resultado que nosotros deseábamos y esperábamos. Nos hemos encontrado ante un muro, ante un atasco inabordable e insuperable y el fracaso ha sido inevitable.
Lo cierto es que, si se mira con detenimiento, tampoco es cuestión de llevarse grandes sorpresas. Basta observar con alguna atención lo que ha ocurrido en los últimos treinta años. La situación se ha generado a raíz de que las autoridades político-administrativas sucesivas han ido cediendo complacientemente, o cuando menos sin el menor atisbo de resistencia, a las exigencias de privilegios laborales desmesurados, fuera de toda racionalidad, planteadas por los controladores una y otra vez. Basta observar los numerosos y graves pasos que se han dado en esa dirección durante todos estos años -treinta- con la especial gravedad, a juicio de mi grupo, de haber elevado esos privilegios al Boletín Oficial del Estado en el año 1999. Basta observar que cuando expira ese primer convenio que se ha elevado al Boletín Oficial del Estado durante seis años se está al parecer intentando negociar un segundo convenio y nada resulta. Observar todo esto hace que uno pueda calificar esto como un fracaso anunciado. Seis años de negociaciones no son seis años de negociaciones, son seis años de mirar más o menos para otro lado si de verdad uno cree que está resolviendo un problema de las características y de la gravedad que ahora hemos visto que tenía ese problema. Y todo esto ha hecho que el camino de la normalidad se haya ido, para empezar, desdibujando, atascándose, inutilizándose hasta que hemos observado que ese camino simplemente no existe. Los hechos de los que hemos sido testigos en la tarde noche del viernes día 3 de diciembre y en las primeras horas del día 4, sábado, no es que hayan borrado definitivamente el camino de una normalidad, sino que nos han situado además ante un auténtico abismo de un desastre humano, social, económico y político al que -guste o no- no hay más remedio que mirar de cara y hacer frente con los mecanismos -pocos, evidentemente- que quedan tras esta historia.
Tras ese fracaso político en toda regla es cuando el Gobierno toma, en la mañana del día 4, la decisión de declarar un estado de alarma en aplicación de la Ley Orgánica 4/1981; un estado de alarma bien acotado a los servicios de control de tráfico aéreo y a los controladores de tránsito aéreo que en ellos prestan su actividad. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) El convencimiento de que se habían destruido los caminos ordinarios, habituales de normalidad en los términos a los que me he referido anteriormente, es el que nos llevó a nosotros, al Grupo Parlamentario Vasco, a mostrarnos en su día sin duda alguna a favor de esta medida del estado de alarma. Éramos conscientes de que se trataba de una medida excepcional, pero no lo éramos menos de que la situación era todavía más excepcional, de mucha mayor gravedad en su excepcionalidad porque la excepcionalidad protagonizada por los contro-ladores nada tiene que ver con la excepcionalidad de una ley que se aplicará de forma excepcional, pero que está contemplada en el ordenamiento legal. De forma que la ruptura grave de todas las reglas de juego por parte de los controladores nos dejó sin camino de normalidad y a las puertas del abismo y hubo que tomar la medida excepcional que -insisto- mi grupo apoyó.
Hoy el Gobierno, de acuerdo con la citada ley orgánica, toma una segunda medida y solicita del Congreso que apoyemos la prórroga del estado de alarma en idénticos términos hasta las veinticuatro horas del próximo 15 de enero. Mi grupo va a apoyar esta prórroga, y lo va a hacer justamente en virtud de esa doble reflexión a la que he hecho referencia durante mi intervención: cómo se ha podido llegar a una situación tan grave y cómo es posible salir de la misma. Hay que reconocer que, si estuviéramos ante un debate teórico, retórico y académico, sería prácticamente imposible concluir de manera definitiva, y por supuesto aceptada por todos, si, después de la aparentemente manifiesta normalidad que tras el estado de alarma ha vuelto a la navegación aérea española con el regreso de los controladores bajo autoridad militar a sus puestos de trabajo, sigue siendo necesario o no continuar con el estado de alarma. Eso vale para un debate teórico y retórico, pero es evidente que no estamos ante un debate académico. Estamos, como corresponde a un Ejecutivo, y hoy también a este Legislativo, ante la necesidad de tomar decisiones y de hacerlo, como siempre, en el claroscuro en el que toca tomar decisiones, especialmente cuando estas son graves, y tras el escarmiento de una triste y lamentable historia de treinta años que ha desembocado en el desastre al que me he referido.
Nosotros -insisto- apoyamos al Gobierno con claridad y decisión, y lo hacemos porque el análisis de los hechos que han ocurrido en los últimos meses, las actitudes mostradas por cada cual -y en este caso me refiero al Gobierno, por un lado, y a los controladores, por el otro-, y los comportamientos y actuaciones de los que hemos sido testigos y sufridores nos llevan a pensar que, por mucho que podamos lamentar que las vías de normalidad han desaparecido, lo cierto es que han desaparecido y que lo que cabe hacer ahora es actuar en el último extremo y quizás agarrándonos al último mecanismo legal del que disponemos. Porque hay que hacerlo también con claridad por lo que respecta a los controladores y decirlo: no ha ocurrido lo que ha ocurrido porque las cosas necesariamente tuvieran que caminar en la dirección en la que han caminado.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Beloki, por favor.
El señor BELOKI GUERRA: Voy terminando, señora presidenta.
La normalidad aparente con la que se nos ha ido diciendo que funcionaban las cosas se ha demostrado de una anormalidad total, y el Gobierno nos dice ahora, tras las explicaciones amplias y detalladas que hemos recibido, que estima que la situación que puede generarse tras el levantamiento del estado de alarma es más grave y es de mayor alarma que el levantamiento de la misma. Nos dice el Gobierno -si quieren ustedes en otra expresión- que la población se puede alarmar más porque levantemos el estado de alarma que porque lo mantengamos en los plazos en que se propone que se alargue. Nosotros, ante los comportamientos, ante los argumentos que hemos conocido de una o de otra parte y ante la confianza que nos ha generado una y la desconfianza radical que nos ha generado otra parte, no vemos otra salida que la de apoyarlo.
Termino. Apoyamos esta prórroga deseando que el Gobierno y los controladores den con una salida lo más rápidamente posible y, en todo caso, en el tiempo en el que estamos dispuestos a apoyar la prórroga del estado de alarma. Buscamos la normalidad, pero buscamos una normalidad distinta de la que ha habido en estos supuestos treinta años de normalidad.
El señor BELOKI GUERRA: Ahora sí termino, señora presidenta.
Buscamos una normalidad que no solo consista en evitar desgracias y actos lamentables, como los protagonizados por los controladores los días 3 y 4; una normalidad que signifique también la recuperación de la navegación aérea en términos de seguridad, eficacia, eficiencia y sostenibi-lidad análogos a los de nuestro entorno, porque eso -y con esto termino definitivamente- es lo que nos debemos unos a otros y es lo que debemos a todas las ciudadanas y los ciudadanos, que esperan que la supuesta normalidad de los treinta años pasados deje de serlo y volvamos a la real normalidad, que a día de hoy no sabemos muy bien por dónde vendrá. En todo caso, nosotros creemos que el estado de alarma puede ayudar a ello.
Señorías, el Gobierno solicitó ayer, a través de una comunicación de tan solo dos folios y medio -y, por cierto, sin los preceptivos informes-, la autorización de la Cámara para prorrogar el actual estado de alarma aduciendo -y cito textualmente- que todavía no puede afirmarse que el funcionamiento del sistema aeropor-tuario sea idéntico al de situaciones de normalidad anteriores. Sigue: la complejidad de la organización del espacio aéreo alterado exigirá durante semanas un esfuerzo considerable. Fin de la cita. Sinceramente, señorías, nos parece una motivación más bien endeble, escasa, diríase que incluso peregrina si lo que se quiere es justificar la prórroga de un instrumento tan excepcional como grave que supone (Rumores.) -sí, señor Jáuregui- la alteración parcial de las garantías, que supone la movilización del Ejército y la militarización de la sociedad civil. No es tiempo de dar más golpes de autoridad, es tiempo de palabras, señor Jáuregui. No es tiempo de dar más golpes de puño sobre la mesa, algo que, por cierto, ya era dudoso cuando el Gobierno decretó en primera instancia el estado de alarma pero al que dimos nuestro apoyo porque, ciertamente, ayudó a resolver un aprieto perentorio, a poner fin a una sedición generalizada. Pero no se trata ya en este momento de dar confort y satisfacción a los miles y miles de usuarios indignados, hartos de soportar las abusivas consecuencias del sabotaje perpetrado por un colectivo, por una casta de intocables como los controladores, sino de resolver el problema y no anestesiarlo, señorías. Por el contrario, quince días después de este sabotaje se trata, pues, de actuar conforme a derecho con la debida proporcionalidad y con el debido sentido de la oportunidad. Todo lo contrario de lo que hace en este momento este Gobierno, que adopta una medida además harto dudosa desde el punto de vista constitucional y, si no, pregúntenselo al ministro de Justicia, porque es una decisión que parte de la consideración del colectivo como personal militar, que somete al personal civil a la jurisdicción castrense, algo que nuestro ordenamiento jurídico no permite. El único argumento real pero no explícito, señorías, que tiene este Gobierno es que no sabe qué hacer para evitar una nueva huelga salvaje. No sabe, con el paso de los días, cómo salir de este conflictivo laberinto. El Gobierno suple, pues, su auténtica impotencia e incapacidad con un estado de alarma por si acaso, preventivo, profiláctico, porque no sabe cómo embridar este conflicto sin llegar a situaciones extremas, manu militari; un Gobierno que no tiene plan B, un Gobierno al que no se le ocurre una fórmula civil más que blindarse con el ordeno y mando ante un eventual apuro. De modo que convierte en normal lo que debería ser excepcional, convierte en permanente lo provisional, decreta un auténtico estado de alarma vegetativo. De paso, señorías, alimenta una peligrosa sensación de cara al futuro, es un mal precedente porque a partir de ahora va a parecer que cualquier Gobierno va a poder solucionar un conflicto civil y laboral, grave, eso sí, pero aunque no haya ninguna catástrofe ni calamidad pública, a través de un recurso tan grave y excepcional como el estado de alarma. Pero aunque el Gobierno es posible que maneje algunas encuestas que indican que la opinión pública es favorable mayoritariamente a la prórroga de esta medida, cabalgando sobre la lógica y legítima indignación popular de estos días e incluso, diría, ante la arrogancia y ventajista chulería del colectivo de controladores, ojo, porque creo que es una medida que puede volvérsele en contra, es una auténtica arma arrojadiza, porque el Gobierno del talante va a acabar como el Gobierno que solo sabe hacer política a base de pulsos y desafíos. Ustedes saben, señorías, que este es un conflicto ahora ya laboral, complejo y enquistado, ciertamente, pero laboral. Complejo porque ustedes no pueden despedir a los trabajadores díscolos porque no tienen con quién sustituirlos, porque tampoco pueden perseguirlos con la ley en la mano penalmente ante la jurisdicción militar, pero laboral -eso sí- porque saben ustedes que les queda agotar el recurso de la negociación colectiva, ir al recurso del arbitraje, forzoso o voluntario, e, incluso, finalmente, a la justicia ordinaria. Estas son las armas del Estado de derecho. Acabo, señorías, diciendo que, en lugar de tanto aspaviento que agita las torres de control e incluso los escaños de esta Cámara, recuerden aquello que decía Lenin -y perdonen por la cita- de que si no eres parte de la solución eres parte del problema. Y aquí no se ve la solución por ninguna parte.
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señora presidenta. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
En lugar de tanto huir hacia delante, en lugar de cogerle tanto gusto a esta medida, en lugar de empeñarse en que no hay más alternativa que su propio fracaso, encajen ya definitivamente este problema con la más absoluta normalidad. La disyuntiva, la alternativa no es entre el estado de alarma y el caos o el diluvio; la alternativa es entre un Gobierno competente o un Gobierno que solo sabe gestionar lo público abusando de la emergencia preventiva.
Tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
Señorías, en democracia el fin no justifica los medios; y si el colapso no justificó en su momento la alarma, el miedo del Gobierno, su incertidumbre con respecto a la movilidad de los españoles no justifica torcer la Constitución y torcer la Ley de Alarma, Excepción y Sitio. Discutimos con el Gobierno en su momento la utilización de la Ley de Alarma y la militarización frente al abandono masivo de los controladores, a todas luces injustificado. Pero en estos momentos el Gobierno no tiene base legal para lo que piensa decidir en el día de hoy. El Gobierno no puede nombrar cónsul a su caballo; no lo puede hacer. Señorías, la ley y la Constitución dicen claramente que la declaración de alarma se produce en cuatro circunstancias, de las cuales se deben cumplir dos. En este caso, podría decirse que en el primer momento se cumplió una, que fue la situación de colapso de un servicio público. Pero no hay epidemia en este país -segunda característica-; tercera, no hay desabastecimiento. Señor presidente, ustedes no pueden agarrarse a ninguno de los criterios para establecer el estado de alarma. No tienen ningún criterio.
Y en derecho, los criterios son hechos, no especulaciones ni tampoco intenciones. Mire que hemos luchado contra aquellos que utilizaban en derecho internacional la mala intención. Ahora, el Gobierno parece que está juzgando intenciones, no hechos. No hay colapso del servicio público, no hay tampoco desabastecimiento, por tanto el Gobierno no puede utilizar el estado de alarma y mucho menos la militarización de un servicio público. Para ello deberán seguir echando mano de una ley que está derogada y que no ha sido desarrollada por la Ley de Defensa Nacional, la de movilización. Seguirán echando mano de una ley de la época franquista, pero no tendrán argumentos legales ni constitucionales para estas medidas.
Señorías, todo esto, en nuestra opinión, ¿como qué? Todo esto, precisamente ahora, como una cortina de humo. Lo importante no es la alarma del Gobierno ante un hipotético colapso del sector aéreo, lo importante es la alarma de los ciudadanos ante la situación económica.
Y eso es lo que no quiere el Gobierno que en estos momentos esté en un primer plano de la vida política. El Gobierno utiliza el estado de alarma en estos momentos como un útil, como una cortina de humo para ocultar la vida política. Pero, señorías, esto tiene consecuencias. Estas medidas, los abusos de constitucionalidad, el escándalo que significa utilizar una figura sin base jurídica, tienen consecuencias. Son un precedente, rompen un tabú. Este no es cualquier país donde se pueda utilizar una medida de excepción; es España, rompe un tabú y prepara el terreno para el futuro. En nuestra opinión, no vale, señor ministro, banalizar. Estas medidas están acotadas en derecho porque significan una suspensión del derecho y Angaben decía que la suspensión del derecho es la entronización de la ley del más fuerte. Señor ministro, no es cualquier cosa lo que ustedes hacen en este momento.
Termino. El fin no justifica los medios. Nosotros no votaremos los medios si no son medios con solidez y con base democrática. Por otra parte, tampoco creemos que el Gobierno pueda sobreactuar de esta manera. Calígula comenzó despreciando al Senado, podemos estar en esa fase. (Rumores.) No quisiera que alguien, después de este Gobierno, alguien, después de este Gobierno, quisiera nombrar cónsul a su caballo. (Rumores.)
Señorías, en el debate del pasado día 9 señalábamos que no son pocos los juristas que expresaron dudas respecto a la constitucionalidad de la declaración del estado de alarma por entender que no concurrían todas las circunstancias previstas en la ley. Y aún eran más las voces que alertaban sobre la inconstitucionalidad del sometimiento de los controladores a la jurisdicción militar, dado que la propia Constitución prescribe que el ejercicio de la jurisdicción militar solo cabe en el ámbito castrense y en supuestos de estado de sitio. Frente a estas consideraciones, señores del Gobierno, parece que ustedes aplican el refrán: si no quieres caldo, dos tazas. La ley orgánica que regula los estados de emergencia establece que su duración será la estrictamente indispensable para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Habiendo terminado lo que el decreto llama calamidad, restablecida la normalidad, no se puede prorrogar el estado de alarma confiriéndole un carácter preventivo que nada tiene que ver con la letra ni con el espíritu de la ley. Señores del Gobierno, les pedimos, por tanto, que no sobreactúen. Todos los grupos parlamentarios de esta Cámara reprobaron de forma tajante la actitud de los controladores que protagonizaron el plante. Todos los grupos parlamentarios de esta Cámara coinciden en que esa actitud irresponsable debe tener consecuencias. Pero, señorías, no se puede restaurar el principio de legalidad si no es actuando desde la más estricta legalidad, y las sanciones previstas en la Ley de Navegación Aérea ya son de por sí lo bastante duras como para prorrogar mecanismos excepcionales. Señorías, esto no lo dice solo el BNG, esto no lo dicen siquiera destacados constitucionalistas, esto lo dicen incluso, si hacemos caso de las informaciones aparecidas en prensa sobre las deliberaciones previas a la celebración del Consejo de Ministros, los propios ministerios de Justicia y de Defensa; ¡a lo mejor resulta que ellos también están del lado de los controladores! Por lo tanto, señorías, señores del Gobierno, les pedimos que no sobreactúen, porque si no, tendríamos que concluir que ustedes están utilizando el estado de alarma -como ya afirmó otro portavoz, y coincidimos con esta afirmación-- simplemente como una cortina de humo para ocultar otros debates. (Rumores.) Por eso, señorías, por las razones expresadas, el BNG votará en contra de la prórroga del estado de alarma.
Tiene la palabra doña Ana Oramas.
Señor presidente, señor ministro, aislados y secuestrados. Dos millones de canarios vivimos esos días de forma terrible, porque los canarios no cogemos el avión para irnos de vacaciones -que también-, sino que tomamos el avión para ir al médico, para ir a trabajar y para enterrar a nuestros muertos, como pasó en esos días. Tengo que discrepar del señor ministro cuando dijo que en España nunca había pasado esto. En Canarias lo vivimos en los anteriores conflictos, porque en Canarias en aquellos momentos el propio presidente canario, don Paulino Rivero, exigió al presidente Zapatero la militarización de los aeropuertos canarios en los anteriores conflictos, porque sí lo vivimos. ¿Ustedes se imaginan este país con un conflicto aéreo como el del día 3 de diciembre y que también se cerraran las autopistas y no funcionaran los trenes? Pues así estábamos en Canarias. Y hablamos después de temas importantes como es nuestra economía. (Rumores.)
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Canarias vive del turismo. Hemos pasado este año el tema del volcán, vivimos el conflicto de los controladores aéreos en agosto, casi como pasó el día 3, y no podemos permitirnos más. Hemos tenido que avanzar poco a poco para recuperar la confianza, y la incertidumbre en la quincena más importante para Canarias es tan grave como el conflicto. Estoy de acuerdo con mi compañero don Pere Macias cuando dijo, respecto a la incertidumbre, que los turoperadores y el sector turístico estaban pendientes del acuerdo de hoy para tener certidumbre.
Termino diciendo dos cosas, porque creo que el compañero don Pere Macias ha expresado parte del sentimiento que tenemos muchas comunidades y, en concreto, los canarios. Dicen que el mejor amigo del hombre es el perro, pero en los políticos es el chivo expiatorio. Quiero decirles al PSOE y al PP, fundamentalmente a este último, que de este tema no se puede sacar lasca política. Se están equivocando, los ciudadanos quieren que se resuelva, y le digo al señor ministro que aquí no hay posibilidad de un acuerdo negociado. Empiecen ya el arbitraje para que el día 15 esté resuelto este conflicto, que es lo que exigen los ciudadanos, y se acabaron las lascas políticas de unos y otros porque esto es muy serio y, como digo, los canarios no vamos a consentir que volvamos a estar secuestrados y aislados.
Muchísimas gracias, señor presidente. Vamos a apoyar con decisión, como dijo nuestro presidente, don Paulino Rivero, esta prórroga del decreto.
Doña Rosa Díez tiene también la palabra.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Fue la incompetencia y la irresponsabilidad del Gobierno, su mala cabeza, las que nos llevaron el 4 de este mes a pasar de estar alarmados a vivir el estado de alarma decretado oficialmente. Hoy nos trae el Gobierno, a través del ministro don Ramón Jáuregui, la solicitud de prórroga de ese estado de alarma que el Gobierno debiera haber justificado, el alcance actual, al menos, de la catástrofe y también la dimensión temporal con la que piensan resolver el problema. Pues bien, el acuerdo que nos han remitido no hace ni una cosa ni otra. En él se dice para justificar la prórroga que la comunidad aún teme por los hechos que puedan reproducirse en el futuro y que el funcionamiento del espacio aéreo es tan complejo que no hay garantías de que funcione bien. Por tanto, no se define el alcance de la calamidad, y la mención que se hace a la comunidad a mi me ha recordado un artículo de José María Ruiz Soroa, cuya lectura le recomiendo a usted, que sé que lo lee habitualmente, un artículo de hoy mismo respecto al alcance de la calamidad, que dice así: La degeneración de nuestra democracia no vendrá por el lado de los golpes de Estado sino por el populismo difuso, por el avance imparable de un estado de opinión en el que el sentir ciudadano tomado en bruto, sin reflexión ni educación, se impondrá a la acción del Gobierno. (Rumores.) Creo que esto vale para lo que estamos viviendo en esta sesión solemne que me parece que no merece ninguna broma ni ninguna risa. En cuanto a la complejidad del espacio aéreo, es como no decir nada, lo que debiera concretar es cómo van a resolver esa cuestión.
Señores del Gobierno, señor presidente, señor ministro, Carl Schmitt, un insigne jurista alemán, decía que es soberano quien decide sobre el estado de excepción -cierro la cita-. Me temo que alguno de ustedes lo ha leído y está jugando a ser soberano a través de la excepcionalidad del estado de alarma ya que han fracasado gobernando en este país. No, aquí obtendrán el voto, señor vicepresidente primero, pero ustedes son los que están gobernando a través del estado de alarma.
Tiene la palabra doña Uxue Barkos. (Rumores.)
Silencio, por favor. Se le oye todo, señor Moraleda. (Rumores.) Y a usted también, señor Arias Cañete. (El señor Arias Cañete hace signos negativos.) Pues si no ha sido ahora, en otra ocasión. (Risas.-Aplausos.)
Adelante, señora Barkos.
Señorías, señor ministro, empezaré por el principio. Nos propone la prórroga del real decreto y nuestro voto será negativo. Quede bien claro y por fijar posición, que no porque no exista en el ánimo de Nafarroa Bai la vocación clara de que se resuelva la situación y con urgencia, sino porque entendemos que la herramienta de la militarización y decreto del estado de alarma recuerda demasiado a la peor política española decimonónica del siglo XIX, francamente.
Dijimos en el Pleno del pasado jueves que esta era la crónica de un caos anunciado y que ustedes no pueden mirar para otro lado; no se trata de buscar un culpable sino de asumir responsabilidades en lo que no se supo o no se quiso prever. Centrados ya en los hechos del 3 y 4 de diciembre, compartimos absolutamente con usted ministro, con el Gobierno en su conjunto, el fondo de su análisis, no estamos ni mucho menos ante una reivindicación laboral al uso, pero disentimos, repito, y además de manera radical en la forma en que el Gobierno se ha enfrentado a estos hechos. Respondió el 4 de diciembre con un real decreto que en el artículo 3 determina la consideración de personal militar de los controladores aéreos en un ejercicio que sinceramente nos parece malabarismo normativo sustentado necesariamente en la Ley de Navegación Aérea de 1960. Permítanme la reflexión, pero necesitan ustedes recurrir a la normativa heredada para poder justificar la militarización de los aeropuertos, porque la Ley 4/1981, la que regula el estado de alarma, no propone ni deriva necesariamente a la militarización de nada, tampoco de una infraestructura tan sensible como son los aeropuertos y el espacio aéreo. ¿Qué es lo que nos quieren decir con este real decreto pero sobre todo con su prolongación? ¿Que el Gobierno se resigna a aceptar que para que el espacio aéreo funcione ha de ser militarizado? Nuestra reflexión es clara: nos negamos a ello, la responsabilidad es de ustedes, del Gobierno y, además, en términos de normalidad. Por el contrario, hoy, dos semanas después, nos dicen que subsisten elementos de continuidad, lo ha dicho literalmente el ministro. Por tanto, ¿cuál ha sido la acción del Gobierno en estas casi dos semanas para derrotar estos elementos? ¿O es que se han limitado a constatar que a día de hoy subsisten las causas subyacentes del chantaje? ¿Dónde está, como digo, la acción del Gobierno en estas dos semanas, ministro? Porque el espacio aéreo lo ha regulado finalmente el ejército, ¿qué hacía mientras el Gobierno?
En definitiva, y termino presidente, sin entrar a valorar la firma de este real decreto del estado de alarma -decía un viejo profesor que los análisis a tiempo pasado son perfectamente irrelevantes, y entendemos que esa es la cuestión con respecto al real decreto--, lo que hoy no ha sido a nuestro entender razonado y sigue siendo absolutamente poco razonable es prorrogarlo. En consecuencia, votaremos que no.
El señor ALONSO SUÁREZ: Señor presidente, señoras y señores diputados, los españoles saben dos cosas: en primer lugar, saben que un grupo salvaje ha ocasionado un daño gravísimo a nuestra sociedad y a nuestra economía con el propósito de chantajear al Estado y conservar unos privilegios de escándalo y, en segundo lugar, saben que este Gobierno socialista les ha parado los pies con firmeza y con la ley en la mano. Señorías, las razones del Gobierno para prorrogar el estado de alarma en los centros de control del tráfico aéreo son muy claras. En primer lugar, el estado de alarma es un instrumento legítimo que el artículo 116 de la Constitución pone en manos de los poderes públicos para proteger los derechos de los españoles frente a los que causan la alarma, porque, señorías, no debemos resignarnos a invertir la ecuación que aquí estamos tratando. Los que causan la alarma son los chantajistas y el que responde legítimamente a la alarma con toda la eficacia y con toda la dureza es el Gobierno, no nos equivoquemos de términos. Y con la misma legitimidad constitucional, el mismo precepto prevé la posibilidad de prórroga. Hoy tengo que lamentar aquí que se haya dejado en el ambiente por parte de algunos portavoces, y lo lamento seriamente, la cuestión de una supuesta anormalidad constitucional; no, señoras y señores diputados, en una democracia, en un sistema democrático, el ordenamiento jurídico democrático es autocontenido y el ordenamiento jurídico democrático prevé toda una escala de soluciones que están a la altura proporcional de los desafíos, y en democracia, por decirlo en román paladino, lo democrático y lo normal es aplicar la Constitución democrática y las leyes democráticas frente a los que las vulneran, que han sido los controladores. (Aplausos.)
Segunda razón, señoras y señores diputados. El Gobierno tiene también el deber constitucional y la responsabilidad de garantizar el derecho de todos los españoles a la movilidad y a la libre circulación, especialmente en unas fechas tan señaladas como las que vienen, como las navideñas.
Tercera razón. El desafío al Estado que puso en jaque el tráfico aéreo español durante los días 3 y 4 de diciembre constituye una amenaza plenamente vigente. En otras palabras, si el estado de alarma se suspende, no tenemos ninguna garantía de que el sabotaje del día 3 no fuera a producirse de nuevo, y luego diré algo al respecto. En consecuencia, el Gobierno hace lo que tiene que hacer y el Grupo Socialista le apoya porque le ampara la Constitución y el ordenamiento jurídico, le apoya porque es su deber y responsabilidad garantizar los derechos básicos de la ciudadanía y le apoya porque hay una amenaza cierta de sabotaje en el transporte aéreo español en unas fechas muy sensibles para nuestra sociedad y para nuestra economía.
Señor presidente, señoras y señores diputados, el Partido Popular ha tratado de dar la apariencia de que esta es una decisión ex novo, una especie de declaración en origen del estado de alarma. Para nada, esta no es una decisión preventiva o por si acaso. Hace tan solo quince días los controladores hicieron lo que hicieron, abandonaron salvajemente su puesto de trabajo y chantajearon al país mediante la vulneración de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Esa es la causa de la declaración del estado de alarma y lo es de su prórroga porque no han cambiado las circunstancias y no tenemos ninguna garantía de que eso no se vaya a volver a producir. El Gobierno solicita, pues, la prórroga del estado de alarma y que nadie le busque tres pies al gato. La prórroga es constitucional, es legal, es positiva y oportuna, y así lo entienden, señorías, la inmensa mayoría de los españoles, y si alguien pretende cuestionarlo que se lo explique a la inmensa mayoría de españoles que va a hacer uso del transporte aéreo o de otros transportes durante estas fechas, y me alegro de la intervención de la diputada canaria, para compartir las fiestas navideñas con su familia, por ejemplo, porque esos ciudadanos muy difícilmente van a entender por qué se le ponen obstáculos al Gobierno en su propósito de evitar que se repitan los problemas que, por desgracia, sufrimos hace dos semanas. Y claro, señorías, que el Gobierno va a seguir trabajando para atajar los problemas del transporte aéreo en nuestro país, para mejorar su eficiencia y su compe-titividad y para solucionar el conflicto laboral de los controladores, pero son dos cosas muy distintas, señorías, y no las mezclemos. Una cuestión es el desafío al Estado, el chantaje y la toma de rehenes a los ciudadanos, la vulneración flagrante de la ley, el abandono masivo, concertado y criminal de los puestos de trabajo en un servicio esencial, y otra cuestión muy distinta es el desarrollo más o menos complejo de un conflicto laboral que afecta a un colectivo determinado de seguidores públicos. Ante un desafío al Estado no hay negociación que valga, solo cabe la firmeza y la determinación para hacer cumplir la ley y el interés general.
Señoras y señores diputados, no tengan ustedes ninguna duda de que el Gobierno y el Grupo Socialista trabajarán y seguirán trabajando intensamente para que los controladores, como el resto de los servidores públicos, cuenten con condiciones laborales adecuadas y satisfactorias, eso sí, sin privilegios y cumpliendo la ley. En ese camino nos van a encontrar. Por el contrario, quienes opten por el camino del paro salvaje y los privilegios millonarios solo se van a encontrar con un Gobierno firme en la defensa del interés general, del interés de todos los españoles. Frente a lo que se ha dicho, señorías, el Gobierno socialista ha trabajado de forma intensa durante estos años para resolver problemas de nuestro tráfico aéreo. De hecho, se ha hecho más por mejorar la eficiencia y la productividad de la navegación aérea durante el último año que en los treinta años anteriores y, por eso, ha ocurrido lo que ha ocurrido, porque el Gobierno ha actuado y porque el Gobierno ha eliminado los privilegios injustos de unos pocos en defensa del interés de todos.
Señoras y señores diputados, partíamos de una situación muy negativa, no lo olviden. Nuestro servicio de navegación aérea era el más caro de Europa, el más improductivo y el menos competitivo. Al tener la obligación de trasladar esos costes a las tasas a sufragar por los usuarios, nuestros aeropuertos aún soportan las tasas de navegación más altas de Europa. Y esta situación, señorías, tiene como causa directa los salarios exorbitantes y las condiciones laborales de escándalo que los controladores disfrutan desde la aprobación del convenio colectivo de 1999 con el Gobierno del Partido Popular.
Señoras y señores diputados, el Gobierno socialista primero negoció, infructuosamente -es cierto- porque los controladores nunca estuvieron dispuestos a perder privilegios. Y en febrero de este año el Gobierno decidió actuar atendiendo a su propia responsabilidad. Se aprobó un decreto que homologaba las condiciones de los con-troladores españoles con las de sus colegas europeos; un decreto que liberalizaba la gestión de la navegación aérea en clave competitiva; un decreto que creaba las condiciones para rebajar las tasas a pagar por nuestros viajeros; un decreto refrendado en esta Cámara con un apoyo muy amplio y ratificado en una sentencia de la Audiencia Nacional que les invito a leer. Desde la aprobación definitiva de esta norma en el mes de abril el Gobierno se ha dedicado a hacerla efectiva, recuperando la organización del trabajo en las torres, iniciando la acreditación de los nuevos proveedores civiles del servicio de navegación aérea, estableciendo en algunos aeropuertos los servicios AFIS, suscribiendo convenios con diferentes universidades para romper con el monopolio en la formación de los controladores, etcétera; y, a la vez, señoras y señores diputados, negociando sin claudicar. Seguiremos negociando y seguiremos sin claudicar. Eso debe quedarles muy claro. Con el Partido Socialista en el Gobierno de España lo que ocurrió en el año 1999 -aquello del sí a todo; aquello del pasen y sírvanse, que paga AENA- no volverá a ocurrir, se pongan como se pongan los controladores y quienes les apoyen. (Aplausos.) Ahora bien, señorías, quiero pedirles a los representantes de los ciudadanos en esta Cámara que no compren argumentos falsos de los controladores; no los compren. Antes me refería a un hecho inapelable e ineluctable: los días 3 y 4 pararon salvajemente y dejaron tirados a cientos de miles de ciudadanos. Desafiaron y trataron de chantajear al país y, por supuesto, no lo consiguieron.
Ahora quiero referirme a otro hecho que quizás es menos conocido. Ustedes se preguntan sobre la justificación. La justificación estuvo ahí. La causa de todo eso estuvo en la actitud de los controladores, quienes no son las pobres víctimas de las leyes y los decretos sucesivos del Gobierno. El agresor no es el Gobierno que les asfixia. No, señorías, para nada. En esta crisis las víctimas son los cientos de miles de ciudadanos que estuvieron tirados en los aeropuertos durante horas y horas, y los que podrían llegar a estarlo si no pusiéramos coto a esta situación y si no prorrogáramos el estado de alarma. Porque todos recordamos que los que decidieron chantajearnos a todos firmaron un acuerdo con el Gobierno el pasado día 13 de agosto en cuyo punto número 12 se comprometían -y cito literalmente- a mantener un clima de normalidad operacional. Ya pudieron comprobar ustedes el día 3 y el día 4 de diciembre en qué consistía para ellos la normalidad operacional. ¡Cómo para fiarse de ellos! (Aplausos.)
Señoras y señores diputados, en definitiva el Gobierno de España ha respondido con contundencia a un desafío contundente, siempre con la ley en la mano. Ha actuado con firmeza, y vuelve a hacerlo, y con legitimidad jurídica impecable al solicitar la prórroga del estado de alarma, a fin de garantizar la normalidad del transporte aéreo y la movilidad de todos los españoles.
Voy acabando, señor presidente. Señoras y señores diputados, cuando se desarrolló en chantaje, hace tan solo quince días, el señor Rajoy se mantuvo en una posición claramente equívoca. No apoyó usted al Gobierno ni al país en las declaraciones que hizo; ni mucho menos. Hoy ustedes han vuelto a hacer lo mismo con argumentos falaces. Señores del Grupo Parlamentario Popular, aquí no caben medias tintas: o se está con el interés general o se está en contra del interés general. (Protestas.- Aplausos.) Ustedes han vuelto a posicionarse en contra del interés del país y de sus ciudadanos, y los ciudadanos les van a hacer pagar su deleznable posición de hoy. No tengan ninguna duda. (Protestas.-Aplausos.)
No es propósito del Gobierno reabrir turno de este debate. Simplemente quería responder a varias de las peticiones de los grupos, en concreto a una que recibimos por escrito del Grupo Popular. Entre otras, que es intención del Gobierno trasladar a la Cámara y a los grupos toda la información que procede respecto al funcionamiento del estado de alarma y a la aplicación de las medidas que el estado de alarma va provocando en la recuperación de la normalización del servicio; que es también propósito del Gobierno no entrar en un debate político sobre muchas de las críticas que con toda legitimidad se han vertido en este debate. Creemos y compartimos plenamente el espíritu que el señor Macias exponía a favor del momento en que vivimos. Es el momento de tomar una decisión que hemos planteado con toda objetividad, con toda responsabilidad. Solamente quiero decir que agradecemos muy sinceramente a los grupos políticos que han apoyado la decisión del Gobierno.
¿Se ha llamado a votación? (Pausa.) Iniciamos las votaciones. Cierren las puertas. En primer lugar, votamos la propuesta del Grupo Parlamentario de Esquerra Repu-blicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en los términos calificados por la Mesa de la Cámara, que ha admitido a trámite el punto 6.B del escrito de propuesta presentado. (Rumores.) Silencio, por favor. (Golpes en las puertas.) Si estuviesen dentro, no habría que abrir las puertas. Se ha dicho que estaban las puertas cerradas y están cerradas. (Rumores.) Silencio, por favor. He llamado a votación y no se pueden abrir las puertas. (Rumores.) Señor Nasarre, tenga la bondad de aquietarse al reglamento y a quien lo interpreta. No se van a abrir las puertas, señor Albendea. Tenga la bondad de guardar silencio y respeto a la Cámara. Es un modo de respetarse también su señoría. No se pueden abrir las puertas. El Congreso de los Diputados... (Varios señores diputados llaman a las puertas del hemiciclo.) Cada uno hace ruido como puede, pero el ruido importante es el de la votación democrática. (Aplausos.)
«Si se estima que las condiciones de prestación del servicio están reunidas y aseguradas en el curso de la prórroga, acordar inmediatamente el cese del estado de alarma antes de la finalización del plazo de quince días naturales.» Esta es la propuesta que ha hecho el grupo mencionado, lo primero que pasamos a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 144; en contra, 181.
Votamos, a continuación, la solicitud de autorización que ha sido remitida por el Gobierno, en los términos. (Rumores.) Señor Hernando, le ruego tenga la bondad de callar. Por si alguien tuviese alguna duda, les voy a mencionar que una de las obligaciones de todos los diputados es cumplir con el artículo 15 del Reglamento.
(Varios señores diputados llaman a las puertas del hemiciclo.)Y los que hacen ruido desde fuera, especialmente a ellos me agradaría podérselo hacer saber con detalle. (Rumores.) «Los diputados tendrán el deber de asistir a las sesiones del Pleno del Congreso y de las comisiones de que formen parte.» (Rumores.) Si asistieran, no tendrían que llamar con golpes a las puertas.
(Aplausos.) Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 180; en contra, nueve; abstenciones, 131.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, autorizada la prórroga del estado de alarma, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

References: REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 artículo 116
 Real Decreto 
 artículo 19
 resolución 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 3
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 116
 artículo 15