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Timestamp: 2018-08-20 20:29:55+00:00

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CAPÍTULO VII Cuentas anuales
Artículo. 84. Disposición general.
Artículo. 85. Distribución de dividendos.
Artículo. 86. Derecho de examen de la contabilidad.
LAS CUENTAS ANUALES EN LA NUEVA LEY DE SOCIEDADES
Artículos 84 a 86
I. Introducción El artículo 84 recoge la remisión general, ya tradicional en nuestras Leyes de Sociedades Limitadas, a las disposiciones previstas para las cuentas anuales en las sociedades anónimas.
El artículo 85 establece la disposición propia de las sociedades capitalistas:
el derecho del socio a los dividendos es proporcional a su participación en el capital social. Es una cuestión elemental que la participación en beneficios sea proporcional a lo que cada uno tiene.
Pero esta regla general tiene su excepción en el encabezamiento del artí-culo, que permite la disposición contraria de los estatutos; esta disposición no puede ser arbitraria, es decir, debe tener una justificación en el interés social.
La fórmula sería una especie de retribución para las prestaciones accesorias, que estaría representado por un porcentaje de los dividendos que se excluiría del reparto, para retribuir las prestaciones accesorias, y luego con el resto se haría el reparto en proporción a la participación de cada socio en el capital social. Pero esta retribución de la prestación accesoria tiene su límite en el artículo 23, que no podrá ser superior al valor de la prestación.
El artículo 86 sanciona el derecho de los socios a obtener y examinar la contabilidad social. Durante el tiempo que media entre la convocatoria de la Junta General, a la que ha de someterse la aprobación de las cuentas y la celebración de ésta, cualquier socio puede obtener los documentos que se han de someter a aprobación de la Junta, inmediata y gratuitamente.
En el mismo plazo los socios que representen el 5 por 100 del capital social pueden examinar en el domicilio de la sociedad los documentos y antecedentes que sirvan de soporte a las cuentas por sí o en unión de experto contable y con gastos a cargo del socio, pero se permite que los estatutos dispongan otra cosa. Esto puede dar lugar a dos posibilidades, que en la práctica por vía estatutaria se limite o excluya este derecho, que quizá sea lo más probable, o incluso que se amplíe y se pida un porcentaje inferior, lo que no parece probable.
Finalmente, al igual que en las sociedades anónimas, los socios que representen el 5 por 100 del capital social podrán pedir una auditoría (art. 205.2 LSA), con gastos a costa de la sociedad. Respecto de estos gastos debería plantearse la cuestión de si los estatutos podrían establecer que cuando la petición de la minoría fuese debida a la intención de perjudicar los intereses sociales y no resultasen vicios en la contabilidad social, se pudieran cargar estos gastos a los socios peticionarios, lo que podría ser aconsejable.
La normativa contable de las Sociedades Limitadas se integra con la de las Sociedades Anónimas, por ello el legislador ha incorporado a la LSRL unas disposiciones adicionales que modifican algunos artículos de la LSA que son aplicables a las Sociedades Limitadas, por la remisión general del artículo 84, LSRL, de entre ellas, destacaremos los siguientes aspectos:
- Obligación de formular las cuentas anuales de todas las sociedades en pesetas, aunque su publicación se puede hacer también en ecus. DA 1.ª 2 y DA. 2.ª 21.
- Innecesariedad de que el informe de gestión que deben formular los administradores sea aprobado por la Junta General, en todas las sociedades.
DA 1.ª 4 y DA 2.ª 17 y 19.
- Ampliación del número de sociedades que pueden formular su estado contable abreviadamente, mediante la elevación de las cantidades límite, que la sociedad no deba superar para formular abreviadamente el balance, cuentas de pérdidas y ganancias y la memoria, bien entendido que la formulación de cuentas anuales abreviadas es una facultad de la sociedad, no una obligación.
Pero no se excluye la obligación de que figure la retribución, por cualquier concepto, de los administradores. (DA 2.ª 13, 14 y 16).
- Se suprime la necesidad de que los Auditores de cuentas tengan que estar un periodo de tres años sin auditar a la misma empresa, permitiéndose que puedan ser reelegidos indefinidamente de año en año una vez que expire el plazo para el que fueron nombrados, que no podrá exceder de nueve años. (DA 2.ª 18 y DA 6.ª).
- Como última novedad, destacar que en el Régimen Sancionador se eleva la cuentía máxima de la multa a imponer a las sociedades que no depositen sus cuentas en el Registro Mercantil, de dos millones a diez millones de pesetas, atendiendo para graduar la sanción a una serie de elementos que se enumeran.
Pero lo más novedoso es la inadmisión (cierre del Registro Mercantil) de documentos en el Registro Mercantil para las sociedades que no presenten sus cuentas en dicho Registro, excepción hecha de los documentos que se enumeran (vide comentarios a la Disposición Transitoria 3.ª).
II. Examen de los artículos 84, 85 y 86
Artículo. 84. Disposición general
De su tenor literal resulta una remisión general a las disposiciones previstas para las cuentas anuales en la LSA. Previsión idéntica a la establecida en el artículo 26-1 de la Ley de 1953, después de la reforma de 1989 también.
La Exposición de Motivos sobre este extremo nos dice «... pareciendo innecesaria una reiteración de los preceptos relativos a las cuentas anuales establecidos para las sociedades anónimas, se ha optado por una remisión general a dichos preceptos». Si bien, y como es propio en estas remisiones, añade que «matizada por las concretas excepciones que se consideran acordes con las características propias de la sociedad de responsabilidad limitada».
Por esta vía de remisión, las directivas del Consejo 90/604 CEE y 90/605 CEE de 8 de noviembre de 1990, que modifican algunos aspectos de las directivas 78/660 y 83/349, relativas a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad, y a las cuentas consolidadas, por aplicacion de las disposiciones adicionales incorporadas a la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, que las extiende a determinadas sociedades colectivas y comanditarias simples, son también aplicables a las Sociedades de Responsabilidad Limitada. Siendo tarea del intérprete adaptar terminológicamente las referencias normativas y eliminar las que sean incompatibles con las S.R.L.
Habida cuenta de la remisión general que el artículo 84 hace a la LS., vamos a estudiar brevemente las disposiciones de esta Ley sobre las cuentas anuales, que son aplicables a las SRL, por no estar afectadas por las especialidades propias de esta forma social y que se establecen en la LSRL.
La adaptación de nuestra legislación mercantil a la comunitaria en el aspecto contable, trajo una modificación profunda en cuanto a la formulación y aprobación de las cuentas, auditoría de cuentas, depósito y publicidad de las cuentas; y especialmente el derecho al examen de la contabilidad en sus dos vertientes: Derecho a la obtención de las cuentas anuales y derecho al examen de la contabilidad propiamente dicha.
La formulación de las cuentas anuales en la normativa actual está dirigida a obtener la adecuación de la información contable a la realidad económicofinanciera de la empresa.
Las cuentas anuales comprenden el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, documentos conectados entre sí, que como es lógico deben guardar una coherencia externa en cuanto que refleja la situación real económica de la empresa. El esquema legal de las cuentas anuales está recogido en la Ley 19/1989 y en el Plan General de Contabilidad.
Con las cuentas anuales, aunque sin formar parte de ellas, los administradores deberán formular el informe de gestión, que debe contener una exposición fiel sobre la evolución de los negocios, la situación de la sociedad, los acontecimientos importantes para la sociedad ocurridos después del cierre del ejercicio, la evolución previsible de la sociedad, las actividades de I + D y las adquisiciones de acciones propias.
Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones contables por las sociedades de menor entidad económica, la LSA y por remisión la LSRL permiten que se puedan formular las cuentas abreviadamente.
Las cuentas deben ser formuladas por los administradores en el plazo de tres meses a partir del cierre del ejercicio social y, con ellas, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado, y en su caso las cuentas y el informe de gestión consolidado. Las cuentas anuales deben ser firmadas por todos los administradores con expresión de la fecha de la formulación, y si falta la firma de alguno de los administradores deberá expresarse la causa de la falta.
La aprobación de las cuentas anuales debe ser realizada por la Junta General Ordinaria, a la que deberán someterlas los administradores, con el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado; artículos 95 y 212-1 LSA.
La auditoría de cuentas anuales, según el artículo 1.2 de la Ley de Auditoría de cuentas, consiste en verificar y dictaminar si dichas cuentas expresan la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera de la empresa, y el resultado de sus operaciones y recursos obtenidos y aplicados en el período examinado; también se extiende a la verificación de la concordancia del informe de gestión con dichas cuentas.
La obligación de verificar las cuentas anuales puede venir determinada por imposición legal, debido a la actividad de la empresa, por el volumen de negocio, por petición de la minoría con arreglo al artículo 205, 2, LSA, o por disposición judicial a petición de tercero con interés legítimo (art. 232 LSA).
Los auditores deberán presentar su informe en el plazo de un mes a contar desde que le son entregadas las cuentas por los administradores debidamente firmadas.
Depósito y publicidad de las cuentas anuales. Los administradores deberán presentar las cuentas anuales y documentos complementarios, informe de gestión y auditoría de cuentas en el plazo de un mes, a contar de su aprobación por la Junta General, en el Registro Mercantil correspondiente al domicilio social de la Sociedad; la publicidad se obtiene a través de las formas previstas en el artículo 333 RRM. En este punto es de destacar que una de las novedades que proponía el APL SRL era que las SRL debían depositar las cuentas anuales dentro del mes siguiente a su aprobación, mientras que las SA deberían depositarlas dentro de los dos meses siguientes a la aprobación, pero esta propuesta fue desechada ya en el PLSRL aprobado por el Gobierno, y no ha sido incorporada nuevamente esta norma, que pretendía evitar la acumulación en el tiempo de los expedientes de depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.
Artículo. 85. Distribución de dividendos
En un principio, el APLSRL recogía dos importantes diferenciaciones de la SRL frente a la SA, que eran un derecho concreto al dividendo y la prohibición de distribuir cantidad a cuenta de dividendos.
Antes de entrar a examinar el artículo 85, vamos a referirnos siquiera muy brevemente a estas dos novedades que introducía el APLSRL y que han sido eliminadas, la primera ya en la propia redacción del PLSRL, que era el artículo 87 propuesto, en el que se recogía un concreto derecho al dividendo.
Decía: «A partir del tercer ejercicio cerrado desde la constitución o desde la transformación en Sociedad de responsabilidad limitada la sociedad estará obligada a distribuir como dividendos un tercio, al menos, de los beneficios legalmente repartibles obtenidos durante el ejercicio social, siempre que antes de la aprobación de las cuentas lo soliciten socios que representen el cinco por ciento del capital social».
Norma que pretendia, según los autores que llegaron a estudiarla, mantener la rentabilidad de la inversión. Para este mantenimiento ya regula la .SRL, el derecho de separación del socio.
No cabe duda de que por las particularidades de esta forma social, la SRL tiene vedado el acceso al mercado de valores. De ello se deducen dos cuestiones básicas:
- La SRL debe buscar la financiación de sus proyectos empresariales en el mercado del crédito y en la autofinanciación, máxime si tenemos en cuenta que en la nueva LSRL se prohíbe a esta forma social acudir al crédito colectivo mediante la emisión de obligaciones, lo que se estudia en otra parte, a la que nos remitimos.
- La inexistencia de un mercado organizado en el que los socios puedan transmitir sus participaciones grava a éstos con unas cargas que pueden ser perjudiciales, lo que afecta a la valoración de las participaciones, cuando el socio pretende enajenarlas, a la información suficiente para determinar la oportunidad de la venta, en suma, como hemos dicho, a la rentabilidad de la inversión.
La norma, como decimos, ha sido suprimida por el PLSRL y no ha sido reincorporado en el texto definitivo de la LSRL, pero su finalidad nos parece que puede ser incorporada en la constitución de la sociedad como norma estatutaria, pudiendo quedar obligada la sociedad a distribuir todos los beneficios repartibles, o bien una parte mínima o media de éstos, quedando la sociedad libre en cuanto al resto para determinar la cuantía y forma de autofinanciación conveniente.
A falta de previsión estatutaria, la sociedad quedaría libre para distribuir sólo una parte de los dividendos, o en su caso, para no distribuir ningún dividendo, si bien, en este último punto, la licitud de este acuerdo dependerá de lo que con él se pretenda, siempre y cuando esté justificado por el interés social, en otro caso sería dudosa su licitud y podría ser impugnado el acuerdo.
Por lo expuesto, quizá podría ser conveniente que en los estatutos se tuviera en cuenta que a petición de una minoría más o menos amplia, según los casos, se pudiera exigir la distribución de un beneficio repartible mayor o menor, también según las circunstancias de la empresa.
Otra de las novedades que introducía el APLSRL y que se mantenía en el PLSRL, pero que también ha sido suprimida en el trámite parlamentario de la LSRL, era el propuesto artículo 88: «En ningún caso podrá acordarse la distribución de cantidades a cuenta de dividendos».
Al quedar suprimida esta norma, -que según los autores de la exposición de motivos del APLSRL y del PLSRL era una medida dispuesta para «la necesaria tutela de los socios y de los terceros a través de un régimen más riguroso de defensa del capital social»-, será de aplicación en esta materia el régimen previsto en la LSA, por aplicacion de la remisión general que a su texto hace la disposición general del artículo 84 LSRL. El artículo 216 LSA autorizó y reguló, por primera vez en nuestro ordenamiento, la práctica de distribuir cantidades a cuenta de dividendos en la SA, y esta disposición ha sido aplicable a la SRL, en virtud de la remisión general al capitulo VII de la LSA, que establecía el antiguo artículo 26 de la LSRL de 1953 y que la nueva ley mantiene en el artículo 84.
Esta distribución, de acuerdo con el artículo 216 LSA, podrá existir siempre y cuando se hayan obtenido unos resultados parciales bastantes, exista liquidez suficiente para practicarla, y se haya acreditado todo esto en un estado contable que deben formular los administradores y que se incluirá en la memoria. Esta es la específica garantía puesta por el legislador para afrontar el riesgo de dañar la integridad del capital mediante ese género de distribuciones.
Por tanto, la SRL adoptando estas mismas cautelas, podrá adoptar la distribución de dividendos a cuenta.
Posibilidad, por otro lado, admitida en el Derecho comparado comunitario, así Francia, Alemania y Reino Unido.
Entendemos por dividendos a cuenta los anticipos que se entregan por la Sociedad a los socios con cargo al beneficio partible esperado antes de que se haya aprobado el balance, declarada la existencia de aquél y acordada su distribución en forma de dividendo. La justificación de estos anticipos es económica y reside en la necesidad de competir con valores mobiliarios existentes en los mercados financieros a disposición de los ahorradores.
Es un reparto interanual de ganancias sociales que debemos distinguir de otra forma de reparto interanual, que es la distribución extraordinaria de reservas o beneficios de ejercicios anteriores, recogida en el artículo 213.2.1 LSA, también aplicable a las SRL por la remisión general.
Esta cuestión, prevista e incluida en la remisión general que se hace al texto del capítulo VII de la LSA, no aparece contradicha en la nueva Ley en el actual artículo 85: «Salvo disposición contraria de los estatutos, la distribución de dividendos a los socios se realizará en proporción a su participación en el capital social».
Pasamos al estudio del artículo 85 LSRL.
La regla general es clara y propia de las sociedades de capital, cada socio recibirá los dividendos repartibles en proporción a su parte de capital. Lo que también es aplicable por el artículo 215.1 LSA por aplicación de la remisión genérica del artículo 84.
Ya en la Ley de 1953 se establecía esta regla general, en su artículo 27, declarando nulo todo pacto en contrario, salvo lo dispuesto en el artículo 10, que regulaba las prestaciones accesorias.
La cuestión en la nueva LSRL es al contrario, se establece la regla general, pero deja abierta la disposición contraria de los estatutos, lo que en principio permite que se mantenga la posible excepción por la vía de las prestaciones accesorias, ahora reguladas en la seccion 2.ª del Capítulo III, artículos 22 a 25, a los que nos remitimos.
Estas prestaciones accesorias podrán ser retribuidas con una participación en beneficios (lógicamente superior a la que correspondería al socio por su participación en el capital); el ejemplo típico podría ser un tercio de los beneficios de ejercicio y será objeto de reparto entre los socios que realicen determinadas prestaciones accesorias, con independencia del dividendo que se acuerde distribuir. Si bien hemos de tener en cuenta la limitación del artículo 23 de la LSRL, que establece que la cuantía de la retribución (de la prestación accesoria) no podrá exceder en ningún caso del valor que corresponda a la prestación. Es un privilegio del socio no de la participación, es una compensación a la prestación accesoria, pero con el límite antes dicho.
En cuanto a otras posibles disposiciones en contrario de los estatutos, podrían plantearse las posibles ventajas de los fundadores si están recogidas en los estatutos.
No creemos que la disposición contraria de los estatutos deba extenderse más allá de lo dicho.
Artículo. 86. Derecho de examen de la contabilidad
2. Durante el mismo plazo y salvo disposición contraria de los estatutos, el socio o socios que representen al menos el cinco por ciento del capital podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anua-les.
La LSRL recoge en este articulo, de un lado y de manera literal el derecho del socio a obtener la documentación relativa a las cuentas anuales, reconocido en el artículo 212.2 de la LSA aplicable, como toda esta materia, por aplicación de la remisión general, a la disciplina contable de la SA para las cuentas anuales de la SRL, y de otro un derecho de examen que no coincide en amplitud y condiciones de ejercicio con el actualmente en vigor.
Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y el informe de gestión y en su caso el informe de los auditores de cuentas.
Derecho que se reconoce, como es lógico, a todos los socios, «cualquier socio»; si bien parece congruente exceptuar a los morosos, que al quedar suspendidos en el derecho de voto perdería justificación el facilitarles información tendente a ejercitar ese derecho con mejor conocimiento de causa.
El plazo comienza desde la convocatoria de la Junta General; por su brevedad, la sociedad no debe incurrir en retraso alguno que pueda frustrar la finalidad de asimilar la información que debe ser objeto de aprobación. Está claro que no podrá cobrar nada a los socios por su entrega. Tampoco debería la compañía poner inconvenientes que dificulten el ejercicio de este derecho por parte del socio; en resumen, que no parece que deba exigir al socio que se desplace a la sociedad a retirar la documentación, porque ya esta información no sería gratuita; además la obtención implica que los documentos entregados no tienen por qué ser devueltos.
El plazo se inicia con la convocatoria de la Junta General a la que se someta su aprobación, y el socio dispone de quince días naturales excluido el de la reunión y el del anuncio. En el caso de que se admita la convocatoria individual para cada socio, el plazo empezará a correr desde que se notificó al último.
Parece aceptable que el derecho continuaría vigente después de la celebración de la Junta, con independencia del pronunciamiento sobre las cuentas, aunque si el voto se emitió, no contó con la información contable y ya no continuaría vigente este derecho. En el supuesto de que las cuentas fueran sometidas a la aprobación de la Junta General Universal, sin necesidad de convocatoria previa, la aceptación por todos los socios de su celebración supondría una renuncia tácita a la obtención y examen de la documentación fuera de esa reunión asamblearia.
Este derecho consiste en la segunda vertiente del derecho de información del socio, la primera viene recogida en el artículo 51 LSRL, que se estudia en otro lugar y al que nos remitimos.
En cuanto al derecho al examen de la contabilidad. La reforma del derecho de sociedades de 1989, teniendo en cuenta el carácter personalista de la SRL, dispuso que el contenido del derecho de información de una SRL respecto de las cuentas anuales era el mismo que el del socio de una SA, pero ampliado a examinar por sí, o en unión de persona perita, las cuentas anuales de la sociedad con todos sus antecedentes, artículo 26-II de LSRL de 1953.
Era un derecho no sólo compatible con el derecho al examen de las cuentas anuales con anterioridad a la Junta General, sino también independiente de la obligación de la sociedad de someter las cuentas anuales a revisión por auditores, e incluso si la sociedad no tenía esa obligación, pero la minoría, al amparo del artículo 205-2 LSA ejercitaba el derecho a que fuese nombrado un auditor para la revisión de las cuentas anuales, subsistía también el derecho al examen de la contabilidad.
Este derecho autónomo del socio podía limitarse en la escritura social en cuanto al momento y plazo de su ejercicio, si bien, en cuanto al plazo, no podía ser inferior a quince días y la época, a falta de fijación «el socio podía ejercitar ese derecho en cualquier momento», y el lugar será, como dice, el precepto el domicilio social.
Este derecho quedó así configurado como la suma del derecho de información sobre las cuentas anuales del socio en las sociedades capitalistas y el derecho al examen de la contabilidad de los socios en las sociedades personalistas, al ser una sociedad a medio camino entre las capitalistas y las personalistas. La LSRL, a diferencia de lo establecido en la reforma de 1989, establece un derecho de la minoría, a ejercer durante el mismo plazo de que disponen los socios para examinar las cuentas anuales, el examen de la contabilidad.
Este derecho de la minoría, y ahí está lo novedoso, se ostenta «salvo disposición contraria de los estatutos».
Se trata de una forma peculiar de establecer el control de los admininstradores por los socios.
La posibilidad de recabar el examen de las cuentas anuales y sus antecedentes y documentos que le sirven de soporte puede resultar provechosa cuando ha caducado el plazo para la exigencia de la auditoría y la posibilidad de su ejercicio debe extenderse hasta la misma fecha de celebración de la Junta general ordinaria.
Como ya hemos dicho, una de las novedades de la nueva ley es delegitimar a cualquier socio e imponer que la petición provenga de al menos el 5 por 100 del capital, si bien los estatutos podrían establecer un porcentaje inferior.
Esta restricción pretende evitar (más que la acumulación de solicitudes individuales, con los posibles perjuicios para la sociedad derivados de la inevitable atención necesaria por parte de la organización empresarial, y el coste producido) los perjuicios, consecuencia de una negligente o perjudicial utilización de la información obtenida.
Finalmente es de resaltar que el derecho al examen de los antecedentes y documentos soporte de la contabilidad se simultanea, como hemos dicho, con el control típico en caso de separación entre socios y administración de la sociedad; el sistema de verificación de cuentas por auditores independientes.
Sin embargo, el hecho de que pueda ser suprimido mediante la oportuna previsión estatutaria podría llevar a que se convierta en letra muerta y aleja las disfuncionalidades que pudiera entrañar.
Finalmente, el último párrafo del artículo 86 LSRL, establece el derecho de la minoría que represente al menos el 5 por 100 del capital social, en concordancia con el artículo 205.2 LSA, por la remisión de la LSRL de solicitar una auditoría, lógicamente de acuerdo con la LSA, cuando no hubiesen transcurrido tres meses desde la fecha de cierre del ejercicio, objeto de verificación.
El coste de las auditorías debe ser soportado por la sociedad, lo que no deja de plantear dificultades financieras sobre todo en SRL de pequeña dimensión; podría plantearse, y no sería descabellado, la estimación de la acción de la sociedad exigiendo el reintegro de al menos una parte cuando no resultasen vicios o irregularidades esenciales en las cuentas revisadas, previsión que podría figurar en los estatutos para todos aquellos casos en que la actuación de la minoría, pidiendo una auditoría, lo único que persigue es obstaculizar el funcionamiento de la sociedad e incrementar sus gastos corrientes.
No debemos olvidar que para el caso de auditoría impuesta judicialmente ya recoge el artículo 40.2 de CCo. esta posibilidad. Tampoco deja de ser paradójico que se habilite al socio o socios que representen el 5 por 100 del capital social a examinar los antecedentes y documentos soporte de la contabilidad en unión de experto contable y con gastos a su cargo, y que esos mismos propietarios puedan pedir la auditoría, con el filtro del Registrador Mercantil, repercutiendo los gastos a la Sociedad.
No entraré en este comentario en los balances que se han de formular y acompañar a la transformación de la sociedad, pues son comentados en los artículos correspondientes a la transformación.
III. Disposiciones relativas a las cuentas anuales contenidas en las Disposiciones Adicionales.
El legislador, como pone de manifiesto en la Exposición de Motivos, ha redactado las disposiciones adicionales necesarias para la incorporación de las Directivas, aprovechando esta reforma parcial de la disciplina contable de las sociedades mercantiles, para clarificar algunos preceptos dudosos. Estas normas son aplicables a las SRL, ya que afectan al CCo. en su regulación del libro III, De la contabilidad de los empresarios, y a la LSA y su disciplina contable, a la que se remite la LSRL.
Vamos a examinarlas agrupando aquellas que estén en conexión para evitar repeticiones.
DA Primera 2, que incorpora al artículo 34 del C. de comercio un apartado 5 y DA segunda, 21, que añade un segundo párrafo al artículo 222 LSA.
El comentario a estas disposiciones y su justificación se establece en la propia exposición de motivos al decir que pretende evitar las dudas que podría plantear la introducción en el artículo 222 LSA de una autorización de las cuentas en ecus, al amparo de lo previsto en los artículos 6 y 9 de la Directiva 90/604, dejando claro que, con independencia de esta publicación, la formulación de las cuentas será siempre en pesetas. Cubre, además, una laguna en el C Co., relativa a las cuentas anuales, introduciendo una norma del mismo tenor literal a la del artículo 44.7 para las cuentas consolidadas.
Se repara aquí un olvido en la legislación anterior, cuando no se imponía la formulación en pesetas para las cuentas anuales y sí en cambio para las cuentas consolidadas. De manera que las cuentas deben formularse en pesetas, sin perjuicio de que su publicación pueda hacerse también en ecus. Artículo 222-2 LSA; en este último punto se establece que las cuentas anuales, incluidas las consolidadas, además de publicarse en pesetas podrán también ser publicadas en ecus. En la memoria se expresará el tipo de conversión que será el día de cierre del balance, responde así a la autorización de las cuentas en ecus de los artículos 8 y 9 de la Directiva 90/604.
El añadido al artículo 34 evita las dudas que pudiera haber acarreado la adición al artículo 222 de un apartado segundo, cubre un vacío y además se corresponde con el artículo 29-2 del C. de comercio relativo a la obligación de formular las anotaciones contables en pesetas.
DA Primera 3. Se adiciona un apartado dos al artúculo 41 C. de comercio La introducción de esta norma también aparece justificada en la Exposición de Motivos, haciendo constar que viene exigida por el artículo 1.1 de la Directiva 90/605; la LSRL amplía los supuestos de la propia directiva, para evitar las dificultades que puede entrañar la determinación de las Sociedades a las que se aplica la normativa contable de las SA, si bien, como reconoce la Exposición de Motivos, esta ampliación a algunos supuestos no comprendidos en la Directiva no tiene especial relevancia por tratarse de casos que carecen de trascendencia en la práctica española.
Conforme a lo dispuesto en este articulo quedarán sometidas al régimen de cuentas anuales de la LSA:
- Las Sociedades de Responsabilidad Limitada.
- Las sociedades Comanditarias por acciones.
Según lo dispuesto en el artículo 152 del C. de comercio - Sociedades colectivas y Comanditarias simples siempre que a la fecha de cierre del ejercicio todos los socios colectivos sean sociedades españolas o extranjeras.
La finalidad de esta norma es evitar que estas clases de sociedades, más frecuentes en otros países comunitarios, puedan eludir la normativa contable ya adaptada y aplicable para las demás. Esta Directiva cierra la posible proliferación de sociedades personalistas para eludir las exigencias contables de las sociedades capitalistas, uno de los escasos estímulos que pueden buscar los que deseen formar sociedades personalistas más cerradas y menos transparentes.
DA Primera 4. El apartado 6 del artículo 42 queda redactado como se cita; aquí analizaremos también la DA 2.ª19, que redacta de nuevo el apartado 2 del artículo 212 LSA y la DA 2.ª17, que introduce un apartado 3 en el artí-culo 202 LSA.
La Exposición de Motivos nos vuelve a decir el por qué de esta norma.
«La armonización del régimen de las cuentas consolidadas con el artículo 212 de la LSA, que no impone el sometimiento del informe de gestión a la aprobación de la Junta General.» Se elimina de la aprobación de la Junta General el informe de gestión, tanto del grupo consolidado como de la sociedad dominante.
El contenido general del informe de gestión y la naturaleza subjetiva y de previsión de parte de la información que debe recoger permite que no se deriven perjuicios para la sociedad, pese a que no sea aprobado por los socios, incluso, en los grupos de sociedades.
El informe de gestión debe ser elaborado y firmado por los administradores de la sociedad en el plazo de tres meses contados desde la fecha de cierre del ejercicio social, artículo 171 LSA y 330.2 RRM, junto a las cuentas anuales.
Ahora bien, es un documento que no forma parte de las cuentas anuales y por tanto no debe ser aprobado por la Junta General, poniéndose fin, de manera expresa, a la situación anterior, fijando los plazos en que los socios pueden obtenerlo de los administradores, pero debe ser revisado por los auditores de cuentas, artículo 203.1 LSA.
Respecto al mismo, los auditores de cuentas deberán señalar las infracciones de normas legales o estatutarias que aprecien, artículo 209.1 LSA y pronunciarse sobre la concordancia entre el informe de gestión y las cuentas anuales del ejercicio, artículo 208 LSA, y artículo 1.2 de la LAC; a todos estos aspectos se extiende la actividad denominada técnicamente Auditoría de cuentas.
El contenido del informe de gestión se circunscribe fundamentalmente a:
- Evolución de los negosios y situación de la sociedad.
- Los acontecimientos importantes para la sociedad ocurridos después del cierre del ejercicio.
- La evolución previsible de la sociedad.
- Las actividades en materia de I + D.
- Las menciones relativas a los negocios sobre las propias acciones, artí-culo.
202 LSA.
Por todo ello, si el informe de gestión, las cuentas anuales y la relación entre ellos debe ser revisado por los auditores de cuentas, quizá sería conveniente que se hubiese explicado la razón de la exclusión de su aprobación, por la Junta General, bien entendido que, si bien la aprobación del informe de gestión no entraña la aprobación de la gestión social de los administradores en el sentido del artículo 95 LSA, también lo es,que sustraerlo de ese pronunciamiento puede hacer más complejo el conflicto que eventualmente surja a raíz de un enjuiciamiento negativo de la gestión social, con independencia de lo dispuesto en el artículo 133.3. LSA y no olvidemos que las sociedades que puedan formular abreviadamente el balance no tendrán que elaborar el informe de gestión ni someter sus cuentas a revisión, lo que podría acarrear problemas de comprensión para el socio. Finalmente señalar que se exime de formular el informe de gestión a las sociedades que formulen el balance abreviado, no que puedan formularlo, pues aun pudiendo hacerlo la sociedad no está obligada a ello, por lo que la expresión «en su caso» empleada en el artí-culo 212.2 se refiere tanto al informe de gestión como al informe de los auditores de cuentas, a diferencia del 86.1 LSRL, que pone el término «en su caso» entre el informe de gestión y el de los auditores de cuentas, cuando es más acertado que se refiera a ambos informes «en su caso», si los hubiere.
DA Segunda 13 y 14. La Exposición de Motivos justifica la nueva redacción de los artículos 181 y 190 LSA, en la ampliación, creemos que conveniente, de la posibilidad de formular los estados contables abreviados.
El artículo 181 se refiere al balance abreviado y el artículo 190 a la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, podemos destacar en su nueva redacción que la DA 2.ª13 y 14 aprovecha la ocasión para mejorar la técnica de algunos aspectos de la expresión de los antiguos artículos 181 y 190.
Así, las circunstancias que permiten a la sociedad formular abreviadamente las cuentas anuales deben concurrir en su relación a períodos temporales, medidos por ejercicios sociales, a diferencia de la redacción anterior, que hablaba de años, ahora habla de ejercicios, lo que consideramos más correcto por la existencia de ejercicios sociales que no coinciden con los años naturales.
Es de destacar la importancia de la delimitación de los ejercicios sociales, en que comienza o termina la facultad de formular abreviadamente las cuentas.
Los criterios de los actuales artículos 181.2 y 190.2 son más claros que en la antigua redacción.
Surge la duda de qué ocurre si el primer ejercicio social no coincide con la duración del ejercicio social, hubiera sido conveniente que se hubiese aclarado, si en este caso el importe neto de la cifra anual de negocios debe ajustarse proporcionalmente a la duración del ejercicio, creemos que sí.
Las dudas que en el pasado surgieron sobre la aplicación de los artículos 181 y 190 a las sociedades de nueva creación fue resulta por el ICAC en el sentido que hoy recogen los artículos 181.2 y 190.2. No deja de ser curioso que estos preceptos unan en este punto a la constitución, con la transformación y la fusión, esta última por creación de una nueva sociedad, por lo que se podría entender incluida en la constitución, y la transformación porque no supone la creación de una sociedad, sino un cambio de forma, lo esencial es que las sociedades podrán formular balance abreviado y por ende cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y memoria abreviada, si reúnen al cierre de dicho ejercicio social al menos dos de las tres circunstancias que en dichos artículos se recogen. En la práctica esta facultad se extenderá a los dos primeros ejercicios sociales, pues a pesar de que en el segundo ejercicio social no se reúnan dos de dichas condiciones, la sociedad no perderá la facultad de formular cuentas anuales abreviadas, para ello habrá de esperar al tercer ejercicio social, pues han de dejar de reunir dos de las tres circunstancias durante dos ejercicios consecutivos.
Esta es la regla general tanto para las sociedades que se constituyan, transformen o fusionen, en el primer ejercicio, como para todas las que ya constituidas formulen las cuentas abreviadamente.
Por el contrario, cuando una sociedad que formule las cuentas por el sistema normal pase a cumplir dos de las tres circunstancias exigidas en los artículos 181 y 190 LSA, únicamente podrá formular cuentas abreviadas en el segundo ejercicio en que se cumplan dichas circunstancias.
Para dejar de tener la facultad de formular cuentas anuales abreviadas habrá de dejar de reunir dos de las tres circunstancias durante dos ejercicios consecutivos. Bastará con cumplir dichas condiciones en el ejercicio siguiente, para que la sociedad no pierda la facultad también respecto del ejercicio en que no se cumplieron; podría llegarse a una situación de alternancia entre ejercicios que reúnen las circunstancias exigidas y ejercicios que no las reú-nen, sin que la sociedad dejara de formular balance y cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas.
Estos artículos han aclarado algunas de las dudas que planteaba la anterior redacción.
La posibilidad de formular balance abreviado lleva consigo la posibilidad de formular abreviadamente la memoria; la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada; no estarán obligadas a someter sus cuentas anuales a revisión por auditores y por esta razón, artículo 202.3 y no tendrán que redactar el informe de gestión, como vimos anteriormente.
Al formularse abreviadamente las cuentas anuales se consigue ahorro en el coste de la contabilidad de las compañías de pequeñas dimensiones y limitar la información que trasciende al exterior en lo que pudiera ser perjudicial para la empresa. La reducción de la información se basa en la agrupación de partidas de los formatos normales en balances y cuentas de pérdidas y ganancias.
En la memoria, como veremos, se permite la omisión de determinados apartados.
La novedad, para que puedan acogerse a este sistema un mayor número de sociedades, consiste en la ampliación de los límites cuantitativos, que en el balance son el total del activo, el importe neto de su cifra anual de negocios y el número medio de trabajadores.
El total del activo es la suma que resulta de todas las partidas del modelo del balance que impone el PGC y que se modifica al alza, no debiendo superar los 300 millones de pesetas.
El importe neto de la cifra anual de negocios resulta de restar al importe de las ventas de los productos y de las prestaciones de servicios correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, el importe de las bonificaciones y demás reducciones sobre ventas, y el IVA y otros impuestos directamente relacionados con las mismas.
Es de destacar la resolución del ICAC de 16 de mayo de 1991, en la que se fijaron los términos empleados en la definición, excluyendo de los componentes positivos las subvenciones, el autoconsumo, o los trabajos realizados por la propia empresa y los ingresos financieros derivados de ventas a plazos de bienes y servicios, y como partidas a minorar de la cifra de negocios se deben tomar las devoluciones de ventas, los rappels sobre ventas y los descuentos comerciales que se efectúen en los ingresos objeto de cómputo en la cifra anual de negocios.
Esta cifra anual de negocios es también modificada al alza hasta los 600 millones de pesetas.
En cuanto al número medio de trabajadores empleados, es de destacar que debe existir relación laboral en cualquiera de sus modalidades y que hay que promediar el tiempo efectivo de dicha relación a lo largo del ejercicio considerado.
El número medio de trabajadores es de cincuenta.
En cuanto a la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, se reduce la información exigida mediante la agrupación de las partidas básicas que conforman el beneficio o pérdida de la explotación y que se denominan consumos e ingresos de explotación.
Consumos de explotacion debe contener la variacion neta de existencias y productos terminados o en fase de fabricacion, así como los aprovisionamientos en mercaderías, materias primas y demás gastos de esta naturaleza.
Ingresos de explotación sólo especifica la cifra neta de negocios y otros ingresos que son: los trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado, los ingresos accesorios, las subvenciones y el exceso de provisiones.
Las circunstancias para formular cuentas de perdidas y ganancias abreviadas son:
- Que el total de las partidas del activo no supere los 1.200 millones de pesetas.
- Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 2.400 millones de pesetas.
- Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no supere los 250.
A estas circunstancias les es aplicable lo dicho anteriormente, conjuntamente para la cuenta de pérdidas y ganancias y balance abreviados.
Podemos afirmar que las cuentas anuales abreviadas serán las que presenten la mayoría de las SRL.
DA Segunda 15. Da una nueva redacción al párrafo 1.º de la indicación segunda del artículo 200 LSA.
Esta norma se dirige a informar de manera más concisa del capital social, en resumen, de las inversiones financieras de la sociedad, en sociedades normalmente del grupo.
Se considera necesario recoger e informar a los destinatarios de las cuentas anuales de aspectos fundamentales de la autocartera.
La novedad consiste en incluir una indicación expresa a la forma juridica y sociedades en las que la sociedad sea socio colectivo; otra novedad es el cambio de la referencia a la Bolsa por «valores admitidos a cotizacion en mercado secundario oficial», expresión más amplia, como resulta del artículo 31 LMV.
DA Segunda 16. Da una nueva redacción al artículo 201 LSA.
La Exposición de Motivos en este punto se limita a afirmar que se amplía la posibilidad de formular los estados contables abreviados, que se suprime en la memoria abreviada la obligación de expresar las indicaciones de la regla decimocuarta del artículo 200 LSA e indica que el legislador no ha considerado oportuno hacer uso de la autorizacion del artículo 4 de la directiva 90/604, que autoriza a los Estados a permitir que no se faciliten los datos relativos a la retribución de los administradores, en sus distintos conceptos, cuando los mismos permitan identificar la situación de un miembro determinado del órgano de administración, según la E. de M., porque las dudas que suscita la oportunidad y justicia del precepto dejaría vacía de contenido la norma interna del artículo 200.12 de la LSA.
Su regulación actual responde al esquema de simplificación y exclusión de apartados, que posibilita la cuarta directiva.
Afirma la Exposición de Motivos que se elimina de la memoria abreviada el punto decimocuarto del artículo 200 LSA, que se refiere a toda la información referente al inmovilizado. Afirmacion que no entendemos muy bien, pues el tenor literal del artículo 201 cita expresamente las menciones que se permite omitir en la memoria abreviada, que son las indicaciones cuarta a undé-cima, sin nombrar expresamente la decimocuarta. ¿Quizás sea una errata? Lo que no deja de ser curioso es que en la E. de M. diga que se elimina y en el artículo 201 no diga que se permite la omisión de la regla decimocuarta del artículo 200 LSA.
En el supuesto de que la sociedad opte por formular las cuentas anuales abreviadamente (siempre que reúna las condiciones para poder hacerlo) podrá no formular el informe de gestión; entonces, al prescindir de los datos del informe de gestión, se exige que se incluya en la memoria los datos explicativos de la adquisición por la sociedad de acciones propias o de su sociedad dominante.
En concreto, deben figurar al menos las menciones exigidas en la norma 4 del artículo 79 LSA.
Es interesante comentar que en la regulación de la memoria abreviada la nueva ley es fiel a las directivas 604/90 y 605/90 y no ha querido ir más allá de lo estrictamente exigido por esas disposiciones, y haciendo escaso uso de las autorizaciones contenidas en las directivas citadas. Así lo reconoce la Exposición de Motivos, lo que no podemos es entrar a valorar por qué se ha elegido esta opción, cuando con una actitud más decidida se podría lograr un mayor ajuste entre las obligaciones contables y el tamaño de la empresa.
DA Segunda 17. Introduce un apartado 3 en el artículo 202 y ha sido estudiado al tratar la DA 1.ª4, a la que nos remitimos.
DA Segunda 18. Da una nueva redacción al apartado 1 del artículo 204 LSA y DA sexta, que da una nueva redacción al apartado 4 del artículo 8 de la Ley de Auditoría de Cuentas de 12 de julio de 1988. Las comentamos conjuntamente por ser una consecuencia de la otra.
La nueva redacción de esta norma será bien venida entre las sociedades en general, pues normalmente los auditores nombrados por la Junta General son profesionales que las llevan asesorando largo tiempo, las conocen perfectamente y las pueden auditar con cierta facilidad, lo mismo se puede decir de los Auditores de Cuentas, que así no verán interrumpida su actuación respecto de una empresa cada nueve años, por un período de tres años. Así se evitará el problema de la duración del cargo y cuándo se puede o no reelegir, que ha dado lugar a alguna resolucion de la DGRN sobre el particular.
Esta norma novedosa ha sido introducida en el trámite parlamentario del Senado, en virtud de una enmienda transaccional del GPCIU, que la justifica, en consonancia con el proyecto de la V Directiva, la cual contempla un período de contratación del Auditor entre tres y seis años, pero renovable indefinidamente, eliminando la rotación obligatoria.
En cuanto a la Disposición Adicional sexta, también ha sido introducida en el trámite parlamentario del Senado en virtud de una enmienda transaccional del mismo grupo que la justifica por coherencia con la anterior.
En este punto debemos tener en cuenta qué se establece en el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 8 de la Ley de Auditoría de Cuentas, que cuando las Auditorías de Cuentas no fueran obligatorias, no serán de aplicación las limitaciones establecidas en el párrafo anterior, norma que nos parece lógica, pues si la auditoría es decidida por la sociedad, no debe tener ningún obstáculo de tiempo o de otra índole para designar el auditor que le parezca oportuno de su confianza para realizarla y por el tiempo que desee.
DA Segunda 19. Da una nueva redacción al apartado 2 del artículo 212 LSA; está en íntima relación con la DA1.ª4, y allí la hemos estudiado y nos remitimos.
D A Segunda 20. Da una nueva redacción al artículo 221 LSA.
Antes de comentar el régimen sancionador vamos a precisar algunas cuestiones previas:
El plazo para el depósito en el Registro Mercantil es de un mes desde la aprobación de las cuentas anuales, según el artículo 218 LSA. No empieza a correr el plazo hasta que sean aprobadas las cuentas por la Junta General Ordinaria. Aun en el caso de que la Junta se celebre después de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio social, no altera el plazo del mes para su presentación. En el supuesto de que se presente fuera de plazo, el Registrador Mercantil admitirá los documentos, los calificará y hará constar que se han presentado fuera de plazo y sin perjuicio de la posible sanción.
Los documentos a depositar son:
- Certificación con firma legitimada, que contendrá:
- Acuerdo de la Junta General aprobando las cuentas y aplicando el resultado.
- Justificación de la presentacion si son abreviadas.
- Correspondencia entre las cuentas auditadas y las depositadas.
- Declaración relativa a los perjuicios que puedan derivarse de la inclusión de determinados datos en la memoria, salvo que permita la omisión de los mismos si es abreviada.
- Cuentas anuales de la Sociedad: Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria, deben ir firmadas por todos los administradores y si falta la de alguno se expresará su causa. El formato de las cuentas ha sido aprobado por la OM de 14 enero de 1994.
- Informe de Gestión firmado también por los Administradores.
- Informe de auditoría firmado por los auditores.
Estos documentos deben ir acompañados de una solicitud de acuerdo con el artículo 330.1 RRM.
El lugar es el Registro Mercantil de la provincia donde la Sociedad tenga su domicilio.
La norma sancionadora es totalmente novedosa en varios aspectos. El primero que podemos destacar por su novedad es la introducción en el trámite parlamentario del Senado, de la sanción de que se produzca el cierre del Registro Mercantil a los actos de las Sociedades que no presenten las cuentas.
Se trata de una norma de cierre registral similar a la que impuso en su día a las sociedades que no adaptasen sus estatutos a la LSA de 22 de diciembre de 1989 la Disposición Transitoria 3.ª de la LSA antes citada, que establecía un régimen sancionador mixto de cierre registral y sanción econó-mica similar al previsto en este nuevo artículo 221.1 LSA, a diferencia de la Disposición Transitoria 3.ª de la nueva LSRL que establece sólo el cierre registral sin acompañarlo de una sanción económica, lo que se estudia en otro punto, al que nos remitimos.
Así pues, el cierre del Registro Mercantil, por el incumplimiento de determinados deberes, no es nuevo en nuestra legislación mercantil, y su justificación posiblemente esté en el descenso que se viene observando en el número de sociedades que depositan sus cuentas en el Registro Mercantil.
Posiblemente este estado de cosas se deba a la falta de aplicación de la sanción administrativa económica a las Sociedades incumplidoras. No entendemos por qué esta sanción económica, prevista en el antiguo artículo 221 y recogida y ampliada en el nuevo, no se aplica ello va en detrimento de la propia credibilidad y seriedad de este tipo de normas.
El propio grupo socialista del Senado propuso en una enmienda que la sanción se impusiera a cada uno de los administradores y no a la sociedad, para que se cumpla una obligacion ante la falta de sanción administrativa; no entendemos la enmienda, cuando la sanción existe y está prevista y el supuesto de hecho es claramente detectable. En el sentido de la enmienda es de destacar que algún autor opina que quien incumple no es la sociedad, sino los administradores, y por ello, son éstos los que deben ser sancionados.
Este estado de cosas es lo que quizá ha dado lugar a esta norma, que nos parece excesiva, pues va a implicar la paralización, durante un tiempo de cuestiones de trascendencia societaria, por ignorancia, negligencia o deseo de no cumplir de sus admininistradores, y sin embargo va a permitir que la sociedad continúe funcionando en su vida ordinaria, hasta que caduquen los cargos, con lo que quizá puedan entender los infractores que, pese a las amenazas de cierre del Registro Mercantil y sanción económica fuerte, en realidad no pasa nada.
Creemos que la medida posiblemente no dé el resultado apetecido, deje en un segundo plano la sanción económica, caiga en desuso y no resuelva nada, pues los incumplidores van a seguir sin presentar las cuentas, por falta de sanción administrativa (por falta de aplicación, no por inexistencia), como decía la enmienda del grupo socialista del Senado. Creemos que el procedimiento sancionador correcto y acertado es el previsto en el Proyecto LSRL con todas las reducciones y bonificaciones posibles, pero que los infractores comprendan que es necesario y obligatorio cumplir con el depósito de cuentas anuales. O en todo caso trasladar la responsabilidad a quien incumple el deber de la sociedad, es decir, los administradores, aunque pueda parecer excesivo.
La cuantía de la sanción se ha incrementado considerablemente al aumentar la cuantía máxima de dos millones a diez millones de pesetas. Otra novedad son los criterios cuantitativos, el activo total, la cifra de ventas o incluso el capital social, para graduar el importe de la sanción. También se permite la reducción de la multa a la mitad si se depositan las cuentas anuales antes del inicio del procedimiento sancionador, lo que no deja de ser en cierto modo paradójico.
Se ha eliminado la ambigüedad de atribuir la instrucción del expediente al Ministerio de Economía y Hacienda, atribuyéndolo al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Organismo autónomo dependiente del mismo Ministerio, creado en 1988.
DA Segunda 21, añade al artículo 222 un segundo párrafo, que lo estudiamos junto con la DA 1.ª4, a la que nos remitimos.
DA Sexta. Modifica la Ley de Auditoría de cuentas, por su íntima conexión lo estudiamos con la DA Segunda 18, a la que nos remitimos.
Disposición final segunda. Régimen de vigencia aplicable a las cuentas anuales La DA, apartado 2 y los apartados 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 se aplicarán a las cuentas anuales a partir de los ejercicios sociales que den comienzo el día 1 de enero de 1995 o en el transcurso de dicho año. Debemos recordar en este punto que, en ningún caso, la duración del ejercicio social podrá ser superior al año, artículo 125.1 RRM. La norma atiende a la fecha de comienzo del ejercicio y no a la de cierre, sin perjuicio, de que esta última sea después la decisiva para determinar si se han cumplido o no las circunstancias que permiten formular las cuentas en forma abreviada.
El resto, junto con la LSRL, comenzará su vigencia a partir del 1 de junio de 1995.
Colegio Notarial de Cáceres

References: artículo 84
 artículo 85
 artículo 23
 artículo 86
 artículo 84
 artículo 26
 artículo 84
 artículo 1
 artículo 205
 artículo 333
 artículo 85
 artículo 87
 artículo 88
 artículo 84
 artículo 216
 artículo 26
 artículo 84
 artículo 216
 artículo 213
 artículo 85
 artículo 85
 artículo 215
 artículo 84
 artículo 27
 artículo 10
 artículo 23
 artículo 212
 artículo 51
 artículo 26
 artículo 205
 artículo 86
 artículo 205
 artículo 40
 artículo 34
 artículo 222
 artículo 222
 artículo 44
 Artículo 222
 artículo 34
 artículo 222
 artículo 29
 artículo 1
 artículo 152
 artículo 42
 artículo 212
 artículo 212
 artículo 171
 artículo 203
 artículo 209
 artículo 208
 artículo 1
 artículo 95
 artículo 133
 artículo 181
 artículo 190
 artículo 202
 resolución 
 artículo 200
 artículo 31
 artículo 201
 artículo 200
 artículo 4
 artículo 200
 artículo 200
 artículo 201
 artículo 201
 artículo 200
 artículo 79
 artículo 202
 artículo 204
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 212
 artículo 221
 artículo 218
 artículo 330
 artículo 221
 artículo 221
 artículo 222
 artículo 125