Source: https://beta.e-justice.europa.eu/45/ES/divorce_and_legal_separation?CZECH_REPUBLIC&action=print&init=true
Timestamp: 2020-01-17 18:47:28+00:00

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El tribunal se pronuncia sobre la demanda de divorcio presentada por uno de los cónyuges. Durante el proceso judicial, el tribunal determina si existe causa de divorcio, es decir, si el matrimonio ha fracasado, y las causas de la ruptura.
Un matrimonio se considera fracasado de forma automática si ha durado como mínimo un año, si los cónyuges han estado separados durante al menos seis meses y si el otro cónyuge apoya la demanda de divorcio. El tribunal no comprueba las razones de la ruptura pero otorgará el divorcio si concluye que las declaraciones idénticas de los cónyuges relativas a la ruptura y su intención de obtener el divorcio son reales, y los cónyuges presentan:
una resolución judicial definitiva que apruebe el acuerdo sobre la custodia y el régimen de visitas de hijos menores de edad que no hayan alcanzado plena capacidad jurídica para el periodo de tiempo posterior al divorcio;
un acuerdo por escrito con firmas compulsadas oficialmente que resuelva asuntos económicos y derechos y deberes de la residencia compartida, así como la obligación de alimentos para el periodo posterior al divorcio.
Si los cónyuges tienen un hijo menor, el divorcio no se otorgará si motivos especiales dictan que va en contra de los intereses del hijo, por ejemplo por discapacidad física o mental. El divorcio no se otorgará hasta que exista una sentencia judicial definitiva sobre custodia y régimen de visitas del menor para el periodo posterior al divorcio.
El tribunal desestimará la demanda de divorcio si el cónyuge que no es el principal responsable de la ruptura del matrimonio por incumplimiento de sus obligaciones maritales y que sufra una pérdida importante como consecuencia del divorcio esté en desacuerdo con este, siempre que concurran circunstancias excepcionales que aconsejen conservar el matrimonio. No obstante, el tribunal concederá el divorcio si los cónyuges no han llegado a convivir durante al menos tres años, siempre que se haya producido la ruptura del matrimonio.
La causa para el divorcio es la ruptura rotunda, permanente e irreparable del matrimonio donde no se puede esperar que los cónyuges puedan convivir de nuevo.
El cónyuge que haya adoptado el apellido del otro cónyuge deberá notificar al registro dentro de un periodo de seis meses tras la sentencia definitiva de divorcio que desea restablecer su antiguo apellido y que no usará el apellido del otro cónyuge junto a su apellido original.
Los bienes conyugales dejan de ser propiedad conjunta al conceder el divorcio.
Si se liquida, destruye o reduce la propiedad conyugal, las obligaciones y derechos comunes previos se disuelven mediante un acuerdo. Dicho acuerdo debe hacerse por escrito si se celebra durante el matrimonio o si el objeto de este también requiere acuerdo por escrito según el contrato de transferencia de propiedad. Si los cónyuges no llegan a un acuerdo, el tribunal decidirá sobre los bienes comunes a instancia de uno de los cónyuges. Al pronunciarse sobre los bienes comunes, el tribunal parte del supuesto de que los cónyuges poseen partes iguales de los bienes que constituyen la propiedad conjunta. Cada cónyuge tiene derecho a requerir el reembolso de su contribución a los bienes comunes y tiene la obligación de reembolsar cualquier cantidad transferida de los bienes comunes a sus bienes exclusivos. Durante el acuerdo, el objetivo principal son las necesidades de los hijos dependientes, la manera en que cada uno de los cónyuges se ha hecho cargo de la familia, en particular cómo se hicieron cargo de los hijos y de la residencia familiar, y su contribución a la adquisición y manutención de los bienes que constituyen el patrimonio conyugal.
Si tras los tres años posteriores al divorcio no se llega a un acuerdo o no se solicita una resolución judicial, se considera que los bienes muebles tangibles pertenecen a la persona que los usa como propietario exclusivo para sus propias necesidades, las necesidades de su familia o las necesidades de su hogar. Otros bienes muebles e inmuebles tangibles se consideran copropiedad en partes iguales. Lo mismo se aplica a otros derechos de propiedad, efectos a cobrar y deudas.
Antes de otorgar el divorcio a los progenitores de un menor que no ha alcanzado capacidad jurídica total, el tribunal determinará los derechos y las obligaciones de los cónyuges relativos al hijo para el periodo posterior al divorcio. En concreto, el tribunal designará al cónyuge que tendrá la custodia del hijo y de qué forma contribuirá cada progenitor a la pensión alimenticia de los hijos.
El cónyuge divorciado tiene el deber de mantener al ex cónyuge si este no es capaz de hacerlo por sí mismo, cuando la incapacidad se origine en el matrimonio o esté relacionada con el mismo. Al determinar la pensión alimenticia se tienen en cuenta la edad, el estado de salud en el momento del divorcio y la terminación de la obligación de alimentos de los hijos del matrimonio. Si los cónyuges no llegan a un acuerdo sobre la cuantía de la pensión alimenticia, el tribunal decidirá según la propuesta de uno de los cónyuges. La pensión alimenticia puede pagarse a tanto alzado o a plazos.
Si los ex cónyuges no llegan a un acuerdo sobre la pensión alimenticia, el tribunal puede conceder la pensión según la propuesta del cónyuge que no sea el causante principal de la ruptura del matrimonio y que sufra una pérdida significativa como consecuencia del divorcio, pero solo por un periodo de tres años tras el divorcio.
El derecho a percibir una pensión cesa cuando el cónyuge vuelve a contraer matrimonio o celebra una unión de hecho.
El concepto de separación legal no existe en la República Checa.
El tribunal anulará el matrimonio incluso sin demanda, si se contrajo con alguien que ya estaba casado que ya había celebrado una unión de hecho anteriormente o una unión similar en el extranjero, si el matrimonio, unión de hecho u otra unión similar todavía existe, o con un progenitor, un descendiente o un hermano o hermana, o entre personas emparentadas por adopción.
El tribunal anulará el matrimonio por demanda interpuesta por uno de los cónyuges cuyo consentimiento para celebrar matrimonio fuera obtenido mediante coacción por violencia o amenazas de violencia, o cuyo consentimiento para celebrar el matrimonio fuera resultado de un error relativo a la identidad del supuesto cónyuge o la naturaleza del acuerdo prematrimonial. La solicitud de anulación deberá presentarse en el plazo de un año a partir del día en que el cónyuge fuera capaz de contraer matrimonio conociendo las circunstancias, o cuando descubriera la situación real. El tribunal anulará el matrimonio por interposición de demanda por parte de alguien que tenga un interés legítimo si el matrimonio se celebró a pesar de algún obstáculo legal, por ejemplo, ser menor de edad o tener incapacidad jurídica; esto no se aplica en el caso de capacidad jurídica limitada.
El matrimonio es nulo si no se respetaron las condiciones que deben cumplirse sin reservas en el caso de al menos uno de los contrayentes a la hora de dar su consentimiento para el matrimonio o en la celebración del matrimonio o en casos relacionados con el mismo.
Véase la pregunta 7.
El matrimonio anulado por un tribunal se considera como si nunca se hubiera celebrado desde el mismo inicio (ex tunc). No obstante, el matrimonio se considera válido hasta el momento en que el tribunal lo declara nulo. En cuanto a los derechos y deberes de los cónyuges con respecto a los hijos y los bienes después de la anulación del matrimonio, se aplican las mismas disposiciones del divorcio. La resolución de anulación matrimonial también implica la anulación de la declaración de cambio de apellido de los supuestos cónyuges. Por tanto, ambos cónyuges vuelven a adoptar sus apellidos anteriores y no tienen derecho a elegir apellidos. Los apellidos de los hijos no cambian después de la anulación matrimonial. La presunción de paternidad del cónyuge de la primogenitora se mantiene a pesar de la declaración de nulidad matrimonial.
Hay varios servicios de asesoramiento familiar, matrimonial y de relaciones interpersonales. Otra opción es la mediación. Hay más información disponible en el sitio web de la Asociación de mediadores de la República Checa y de la Asociación de asesores matrimoniales y familiares de la República Checa. Véanse los enlaces más abajo. No obstante, la disolución del matrimonio por divorcio solo puede darse conforme a una sentencia judicial provisional.
Para iniciar los procedimientos de divorcio y de anulación se debe presentar una solicitud en el tribunal de distrito del último lugar de residencia de los cónyuges en la República Checa, siempre y cuando al menos uno de ellos sea residente en el distrito donde el tribunal tiene competencia. Si no existe tal tribunal, será competente el tribunal general del cónyuge que no interpuso la demanda para incoar el procedimiento, y, si no existiera dicho tribunal, será competente el tribunal general que interpuso la demanda para incoar el procedimiento. El tribunal general de una persona física es el tribunal de distrito donde tal persona resida, y si no tiene residencia, el distrito donde se aloje. La residencia se define como el lugar donde reside una persona con la intención de quedarse de forma permanente. Puede haber varios lugares con esta descripción, así que los tribunales correspondientes pueden funcionar como tribunal general. Para más información, véase la documentación sobre competencia judicial.
La demanda se debe interponer por escrito, y debe mostrar claramente a qué tribunal se dirige y quién es el autor de la demanda, además de nombrar a las partes (nombre completo, apellidos, edad o fecha de nacimiento, dirección de residencia permanente o dirección postal) y el matrimonio al que hace referencia (cuándo se celebró y en qué circunstancias, cómo se desarrolló y los motivos de su ruptura). La demanda debe estar firmada y fechada. En el caso de demanda de divorcio de mutuo acuerdo, deberá incluir la firma de ambos cónyuges. Los hechos alegados en la demanda deben ir acompañados de pruebas documentales.
En general, las partes no tienen derecho a compensación por gastos de procedimiento de divorcio, anulación matrimonial o declaración de validez del matrimonio. El tribunal puede conceder una compensación por la totalidad o parte de los gastos si las circunstancias del caso o la situación de las partes lo justifican. Durante la demanda, el presidente del tribunal podrá conceder a las partes la exención total o parcial de las costas judiciales si la situación de las partes lo exige y siempre que ello no suponga la alegación arbitraria de un derecho o la obstrucción del ejercicio de un derecho. Si fuera necesario para la protección de sus intereses en el procedimiento, una parte puede pedir al tribunal que designe a un abogado. El tribunal también puede asignar un abogado antes del inicio del procedimiento, pero la parte interesada deberá cumplir con los requisitos para la exención de pago de las costas judiciales. Esta parte deberá aportar pruebas de sus recursos y situación social ante el tribunal.
Siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley sobre abogados, también se puede solicitar al Colegio checo de abogados que ofrezca asesoramiento jurídico gratuito o por una tarifa reducida.
Las resoluciones de concesión del divorcio o de anulación matrimonial pueden recurrirse en el plazo de quince días desde la recepción de la copia escrita de la decisión judicial. El recurso debe enviarse por escrito al tribunal ante el cual se presenta el mismo. Si se dicta una resolución que corrige la resolución original, el plazo de recurso se cuenta desde el momento en que la resolución correctiva entra en vigor. El recurso será admitido aunque se presente fuera del plazo de quince días si ello se debe a que se han seguido instrucciones erróneas impartidas por el tribunal. No se admitirá un recurso si se ha otorgado una demanda conjunta de divorcio.
Siempre que la decisión emitida en otro Estado miembro de la UE (salvo Dinamarca) esté comprendida dentro del ámbito temporal del Reglamento (CE) nº°2201/2003 (Bruselas II bis), la decisión será reconocida sin procedimiento especial alguno. La oficina del Registro simplemente tendrá en cuenta la decisión y hará una anotación en la inscripción adecuada de forma automática tras la presentación de los documentos requeridos, es decir, la resolución judicial definitiva del tribunal de otro Estado miembro o la copia compulsada relativa al divorcio, separación legal o anulación del matrimonio junto con una traducción oficial al checo y el certificado mencionado en el artículo 39 del Reglamento Bruselas II bis (o el artículo 33 de Bruselas II bis). El tribunal que dictó la resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio emitirá un certificado a instancia de una de las partes del proceso. No será obligatorio presentar dicho certificado si todos los hechos que de otra manera hubieran sido incluidos en el certificado pueden encontrarse en la resolución misma, o en otros documentos presentados, por ejemplo, si la resolución se aprueba como definitiva.
No obstante, la parte interesada podrá solicitar al tribunal de distrito competente que resuelva si una sentencia queda reconocida o no, por ejemplo, si es necesario aclarar la existencia del matrimonio (artículo 21, apartado 3, del Reglamento Bruselas II bis). En ese caso, no obstante, solo concierne al derecho de la parte interesada y no es una obligación; este tipo de resolución judicial no es obligatoria para una inscripción normal en el registro.
Si la decisión fue emitida en otro Estado miembro de la UE antes del 1 de mayo de 2004, y al menos una de las partes del procedimiento es ciudadano de la República Checa, las decisiones sobre asuntos matrimoniales son reconocidas con arreglo a una decisión especial del Tribunal Supremo de la República Checa. Las resoluciones definitivas extranjeras u otros documentos requeridos (por ejemplo, el acta matrimonial) son presentados ante el Tribunal Supremo de la República Checa acompañadas de una traducción oficial al checo y con la autenticación adecuada (legalización o apostilla), a menos que se estipule lo contrario en un tratado internacional. Se puede consultar información adicional acerca de este proceso en el sitio web del Tribunal Superior de la República Checa. Véase el enlace más abajo.
Algunos acuerdos bilaterales sobre asistencia jurídica vinculantes en la República Checa (con Eslovaquia, Hungría y Polonia) incluyen disposiciones que reconocen resoluciones en asuntos distintos a los de la propiedad emitidas por las autoridades de la otra parte (que también incluye resoluciones de divorcio/separación legal/anulación) y que son reconocidas por la República Checa sin procedimiento especial y que solo se tienen en cuenta en la oficina del Registro. En dichos casos, la oficina del Registro hace una anotación tras la presentación de la resolución extranjera definitiva, acompañada de una traducción oficial al checo y con la autenticación adecuada (legalización o apostilla), a menos que se especifique lo contrario en un tratado internacional. El proceso descrito anteriormente obviamente solo se aplica en casos en que la resolución fue emitida antes del 1 de mayo de 2004. En caso contrario, se aplica el proceso descrito en el Reglamento Bruselas II bis. Véase la información proporcionada anteriormente.
La República Checa es signataria del Convenio sobre el reconocimiento de divorcios y de separaciones legales (La Haya, 1 de junio de 1970). Si la resolución cumple con las condiciones descritas en dicho Convenio, en la República Checa no existe la necesidad de elevar procedimientos especiales al Tribunal Supremo de la República Checa para el reconocimiento, siempre y cuando la resolución entrase en vigor después del 11 de julio de 1976, es decir, el día en que la Convención de la Haya entró en vigor en la República Checa. Se debe presentar la resolución extranjera definitiva en la oficina del Registro acompañada de una traducción oficial al checo y con la autenticación adecuada (legalización o apostilla), a menos que se estipule lo contrario en un tratado internacional.
Se puede recurrir una resolución con arreglo a lo establecido en el artículo 22 del Reglamento Bruselas II bis. En ese caso, se puede interponer una demanda en el tribunal de distrito competente, que es el tribunal general de la persona física contra la que se interpone la demanda.
El reconocimiento automático de la resolución por parte de la oficina del Registro en virtud del acuerdo bilateral de la Convención sobre el reconocimiento de divorcios y de separaciones legales (La Haya, 1 de junio 1970) puede impedirse en procesos administrativos con la presentación de un recurso posterior al tribunal regional competente en virtud del sistema jurídico-administrativo.
No hay posibilidad de recurso contra el reconocimiento de la resolución por parte del Tribunal Supremo de la República Checa.
En la República Checa, la disolución del matrimonio por divorcio está regulada por la legislación del país del que eran nacionales los cónyuges en el momento en que se incoa el procedimiento de divorcio. Si los cónyuges son nacionales de países diferentes, la disolución del matrimonio por divorcio se rige en virtud de la legislación del país en que ambos tengan su residencia habitual o, en su defecto, según el ordenamiento jurídico de la República Checa.
En los casos en que el ordenamiento jurídico extranjero no permita poner fin al matrimonio por divorcio o solo lo admita en circunstancias especialmente difíciles, y si al menos un cónyuge es ciudadano checo o tiene su residencia habitual en la República Checa, se aplicará la legislación checa.
Asociación de Mediadores de la República Checa
Asociación de Asesores Matrimoniales y Familiares de la República Checa
Tribunal Supremo de la Republica Checa – Reconocimiento de resoluciones extranjeras

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 39
 artículo 33
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 22
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