Source: http://fte-energia.org/E104/08.html
Timestamp: 2017-11-19 03:14:22+00:00

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prensa@fte-energia.org Volumen 8, Número 104, mayo 30 de 2008 www.wftucentral.org
RESUMEN: Se describe la propuesta de reforma energética del gobierno federal, consistente en un conjunto de seis iniciativas para modificar y adicionar la legislación secundaria en materia de hidrocarburos. La característica principal de estas iniciativas es su explícita inconstitucionalidad, así como la definición burocrática del proceso de trabajo petrolero y un conjunto de medidas para favorecer la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de todas las fuentes energéticas alternas a los hidrocarburos. Desde el interior del movimiento de los trabajadores se propone el rechazo popular a esta reforma neoliberal, así como varias alternativas, incluyendo una propuesta de ley petrolera del FTE, enmarcadas en el contexto de una política energética independiente.
1.1 Pacto político de la nación.
Como una consecuencia de la Revolución Mexicana de 1908-19 se estableció en 1917 un Pacto Político de la nación expresado en la Constitución Política del país. En ésta influyeron las ideas sobre el dominio de la tierra y sus recursos expresadas por el programa e ideario, primero, del Partido Liberal Mexicano y, luego, del Ejército Libertador del Sur, dirigidos por Ricardo Flores Magón y Emiliano Zapata, respectivamente.
De acuerdo a ese Pacto, en el artículo 27 constitucional se estableció que “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación ....”. Es decir, se definió que el derecho de propiedad corresponde a la nación. Esta la integramos todos los mexicanos. No obstante que la sociedad está dividida en clases, la mayoría viviente de la nación la formamos los hombres y mujeres trabajadores y los sectores pobres.
Se estableció, también, que “El dominio de la nación sobre los minerales del subsuelo - petróleo, carbón, metales, etc. - es inalienable e imprescriptible”. Es decir, tal dominio de la nación no puede ser alterado a discreción por ningún gobierno en turno y tampoco existe prescripción para ejercer este derecho.
1.2 Constitución política vigente.
Con la Expropiación Petrolera de 1938, potenciada por los trabajadores y el pueblo movilizados y decretada por Lázaro Cárdenas, quedó afirmado el derecho constitucional al indicarse en el artículo 27 constitucional, párrafo cuarto, que “Corresponde a la nación el dominio directo de .... el petróleo y todos los hidrocarburos de hidrógeno, sólidos, líquidos y gaseosos” (Constitución 2008).
En esta ocasión, se precisó el dominio directo de la nación sobre el petróleo y todos los hidrocarburos, cualesquiera sea su estado físico. Luego, en el párrafo sexto del mismo artículo se reafirmó que “En todos los casos, ... el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible”.
En el mismo párrafo se estableció que “Tratándose del petróleo y los carburos de hidrógeno .... No se otorgarán concesiones ni contratos a los particulares ....”. Esto implica que todas las actividades del proceso de trabajo petrolero deberán realizarse por administración directa.
Más tarde, en el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional se estableció que “Son áreas estratégicas, ... el petróleo y los demás hidrocarburos ...” y, según el artículo 25 constitucional, párrafo cuarto, “Las actividades estratégicas, serán realizadas por el Estado de manera exclusiva”.
De manera que, la Constitución es suficientemente clara en materia de hidrocarburos y sus disposiciones son actualmente vigentes. Varios cientos de modificaciones, muchas de ellas regresivas, ha tenido el proyecto inicial del Pacto político pero, en materia eléctrica y de hidrocarburos, las disposiciones señaladas son correctas.
El derecho constitucional indica que, tratándose de los hidrocarburos y de la energía eléctrica, la propiedad es de la nación y, esto, se vulnera flagrantemente por el actual gobierno federal. Nación, Estado y gobierno no son lo mismo y, en términos de la Constitución, el derecho sobre los hidrocarburos es de la nación, no es del Estado ni menos del gobierno en turno.
1.3 Proceso de trabajo petrolero.
Históricamente, los procesos de trabajo se organizaron para satisfacer las necesidades humanas. El capitalismo ha pervertido a los procesos de trabajo para privilegiar solamente los procesos de valor. En la actual fase la tendencia continúa. El neoliberalismo se apropia de los recursos naturales y, al mismo tiempo, de la infraestructura física por la vía de fragmentar los procesos de trabajo y desnaturalizarlos.
Los procesos de trabajo están determinados por las materias primas, en el presente caso, por los hidrocarburos (petróleo crudo y gas natural asociado) y constituyen un conjunto de estados, basados en las transformaciones de materia en energía, desde las materias primas hasta los productos finales. En el proceso pueden obtenerse nuevas materias primas, básicas o auxiliares, y los productos pueden ser diversos. La transformación de las materias ocurre por la intervención de la fuerza de trabajo y la utilización de los correspondientes medios de producción.
En el presente caso, el proceso de trabajo está determinado por los hidrocarburos (petróleo crudo y gas natural), los que constituyen las materias primas mismas que se transforman en productos petrolíferos y petroquímicos.
Los procesos de trabajo constituyen una unidad e implican al trabajo manual e intelectual, operativo y administrativo. En el caso del proceso de trabajo con los hidrocarburos, las fases principales son: 1- planeación, para determinar lo que conviene hacer; 2- investigación y desarrollo, para saber cómo hacer lo que se ha decidido; 3- ingeniería de proyectos, para concretar las ideas en infraestructura productiva, es decir, desarrollo tecnológico; 4- exploración, consistente en la búsqueda de los recursos y reservas, 5- perforación, para verificar la existencia de los recursos productivos; 6- exploración, es decir, producción de petróleo crudo y gas natural asociado; 7- procesamiento, a través de la refinación del petróleo crudo, el tratamiento del gas natural o el procesamiento petroquímico; 8- el almacenamiento de las materias primas y productos, 9- el transporte marítimo y terrestre de las materias primas y/o productos, 10- la distribución de las materias primas y/o productos, 11- la comercialización de las materias primas y/o productos.
A la fecha, la planeación es inexistente, todo se orienta a extraer petróleo crudo en volúmenes crecientes, no existe ningún Programa Nacional de Energía, ni se prevé el futuro. La investigación y desarrollo ha sido reducida al mínimo, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) se ha orientado a los servicios y la facturación con los clientes, el programa de investigación ha sido sustituido por el portafolio de negocios. La ingeniería de proyectos ha dejado de realizarse, tanto por Pemex como por el IMP, a favor de las transnacionales; los grupos de ingeniería han sido desbaratados. El plan oficial consiste en comprar o contratar la tecnología jamás en desarrollarla.
La industria petroquímica está casi totalmente privatizada, la distribución, transporte y almacenamiento de gas también, lo mismo que la correspondiente comercialización.
No nada más, la exploración y producción de gas seco en la Cuenca de Burgos está en manos privadas a través de inconstitucionales Contratos de Servicios Múltiples (CSM). Mediante Contratos de Servicios Integrales (CSI), multitud de funciones de Pemex, incluyendo estudios geofísicos, comunicación satelital de voz y datos, la perforación de pozos, en tierra y en el mar, se han otorgado a las transnacionales y sus filiales.
En suma, existe un severo proceso de desintegración industrial y privatización de la industria petrolera de México.
Plataforma marina de PetroMena, transnacional noruega que participa ilegalmente
de contratos con Pemex para la perforación en el Golfo de México
2- PRIVATIZACION ENERGETICA FURTIVA.
La nacionalización de la industria petrolera de México nunca concluyó. La nacionalización implica 3 banderas: 1- el derecho de propiedad, 2- una política petrolera independiente y 3- la integración del proceso de trabajo. Lo primero se logró pero, lo demás, no. Desde la pos-expropiación, la política petrolera oficial se orientó a la exportación creciente de cuantiosos recursos de hidrocarburos. Los sucesivos gobiernos carecieron de política propia en la materia subordinándose a la dictada por el imperialismo norteamericano.
En la década de los 1970s se propuso por el gobierno en turno ampliar las plataformas de producción y exportación procediendo a perforar indiscriminadamente hasta “quebrar” a multitud de pozos, se destruyó el medio ambiente regional y se orientó a la nación hacia el presente desastre.
2.1 Reformas inconstitucionales de 1992.
a) Perversión del concepto de servicio público
Con el auge del neoliberalismo, una vez sometido el campo socialista europeo, en todas partes se iniciaron procesos para revertir las acciones nacionalizadoras y las estatizadoras de las economías nacionales. Los Estados neoliberales adoptaron la política de las privatizaciones.
En México, el sector estatal de la economía prácticamente desapareció siendo privatizado. En Pemex, la privatización se preparó mediante la fragmentación administrativa del proceso de trabajo. En 1992, con base en la asesoría de empresas extranjeras, Pemex fue reorganizada en cuatro subsidiarias, a saber, Pemex Exploración y Explotación (PEP), Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), Pemex Refinación (PR) y Pemex Petroquímica (PPQ), así como Pemex International (PI), lo que ha llevado a la existencia de más de 40 subsidiarias y filiales.
Luego, seguirían reformas inconstitucionales a la legislación secundaria en la materia para privatizar la petroquímica y el gas natural, iniciándose serios procesos de privatización energética furtiva.
b) Privatización eléctrica furtiva.
En el marco de lo dispuesto por el Tratado de Libre Comercio (TLC), el gobierno federal en turno, con el apoyo de otros sectores políticos y sindicales, promovió y logró la modificación regresiva a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE 1975). Esta Ley la conquistamos los trabajadores en lucha de la Tendencia Democrática (TD) de los electricistas del SUTERM. En esa Ley se afirmaron la nacionalización eléctrica y el concepto de servicio público en la materia.
Con las reformas posteriores (LSPEE 1992) este concepto fue pervertido al reducirse solamente al consumo doméstico y el alumbrado público. Se crearon en la nueva LSPEE, diversas figuras tales como: autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente de energía, exportación, importación y pequeña producción. Todas estas figuras están destinadas a la privatización de la industria eléctrica y son explícitamente contrarias a lo dispuesto por el párrafo 6º. del artículo 27 constitucional y demás artículos relacionados.
Luego, siguiendo el esquema mundial, se procedió a “desregular” las funciones del Estado y a “regular” el supuesto mercado eléctrico. En 1993, se creó a la Comisión Reguladora de Energía, integrada por cinco burócratas y, en 1995, se le otorgó “autonomía” (CRE 1995). Con esa falsa “autonomía”, a febrero de 2008, la CRE (2008a) había otorgado 744 permisos privados ilegales en todas las modalidades privatizadoras para la utilización de todas las fuentes de energía. Eso significa que, el 46.55% de la generación eléctrica total a nivel nacional es privada (FTE 2008b). La industria eléctrica de México ha sido desnacionalizada. Los gobiernos en turno han violado al Pacto político de la nación.
A Pemex, para generar energía eléctrica como “autoabastecimiento”, o bien, mediante cogeneración, la CRE le debe otorgar los permisos respectivos y, tratándose de la cogeneración, Pemex lo hace a través de contratistas. En la Tabla 1 se indica la participación de los sectores público y privado en la generación de energía eléctrica.
Tabla 1- Capacidad de generación eléctrica en México, febrero de 2008.
157,510.00
168,621.51
Autoasbastecimiento
91,633,00
146,838.53
315,460.04
Fuente: Elaboración FTE (2008b) con datos de la CRE (2008a) y de la CFE (2008).
2.2 Reformas inconstitucionales de 1995.
a) Petroquímica y gas natural.
En 1995, todos los partidos políticos aprobaron reformas regresivas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (LRRP 1995). Con esas reformas, se afirmó la artificial división entre las llamadas petroquímica “básica” y la “secundaria”. La fórmula utilizada por los legisladores fue “redefinir” a la industria petrolera. Así, acordaron que la petroquímica “básica”, integrada por solamente nueve materias, es parte de la industria y, la “secundaria”, integrada por más de mil productos, no es parte de la industria petrolera. Consecuentemente, la primera seguiría siendo una actividad estratégica a cargo exclusivo del Estado, mientras que, la otra pasó a ser una actividad “prioritaria” en la cual puede participar el sector privado.
Actualmente, la industria petroquímica nacionalizada está destruida. La otra parte, está en manos privadas; ExxonMobil es una de las transnacionales más activas.
Esto es consecuencia de la política petrolera oficial basada en la producción para la exportación de petróleo crudo. Durante décadas, Pemex se ha dedicado solamente a la extracción y exportación, abandonando secularmente a la petroquímica. Con ello, las reservas probadas han disminuido crecientemente. Exportar y “quemar” petróleo son los aspectos fundamentales de la política petrolera oficial. Por ello, Fox dilapidó en seis años el 52% de las reservas probadas existentes al inicio de su gestión, exportando a Estados Unidos el 54% de la producción total de Pemex.
b) Privatización furtiva del gas natural.
De acuerdo a las reformas inconstitucionales a la LRRP de 1995, los legisladores acordaron que las actividades de almacenamiento, transporte y distribución del gas natural, no son parte de la industria petrolera. Consecuentemente, tales funciones no debería realizarlas Pemex sino el sector privado (FTE 2007a).
A febrero de 2008, la CRE (2008b) había otorgado 200 permisos privados para la distribución de gas natural en 15 zonas geográficas del país, almacenamiento en grandes terminales portuarias, transporte para usos propios y acceso público, así como la distribución de gas LP y transporte por medio de ductos.
Las decisiones parlamentarias rayaron en lo absurdo pues, al privatizar las fases de trabajo relacionadas con el gas natural, implican que éste no es un hidrocarburo, siendo que en un 95% el gas natural está formado por metano, mismo que constituye la molécula más simple de un hidrocarburo.
Peor aún, para operar su propio Sistema Nacional de Ductos (SND), Pemex necesita de un permiso privado de la CRE. Esta le da a Pemex el trato de empresa privada y, además, la obliga a prestar el servicio del SND a los demás permisionarios privados. A la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también se le otorgan permisos privados para transportar el gas que abastece a las centrales privadas de generación e, incluso, a sus propias plantas.
Plataforma marina de Swecomex, del grupo Carso, que participa ilegalmente en la extracción
de petróleo crudo y gas natural en Ku-Maloop-Zaap, Golfo de México
3- INICIATIVAS DE REFORMA ENERGETICA.
A partir de un Diagnóstico a modo y de una intensa campaña mediática, el 8 de abril de 2008, el gobierno federal presentó ante el Senado de la República, un paquete de cinco iniciativas con proyecto de decreto para modificar y/o adicionar a la legislación petrolera secundaria. Esas cinco iniciativas son: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Iniciativa1 2008), Ley Orgánica de Pemex (Iniciativa2 2008), Ley de la Comisión Reguladora de Energía (Iniciativa3 2008), Ley de la Comisión del Petróleo (Iniciativa4 2008), Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (Iniciativa5 2008). Posteriormente, fue presentada ante la Cámara de Diputados una iniciativa para modificar la Ley Federal de Derechos (Iniciativa6 2008), en los aspectos fiscales relacionados con Pemex.
El paquete de iniciativas se caracteriza por: 1- proponer explícitamente la privatización de Pemex, 2- contravenir abiertamente lo dispuesto por los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, 3- otorgar todo tipo de concesiones, contratos y permisos privados, 4- desintegrar más a la industria petrolera volviéndola a “redefinir” y, 5- fortalecer a los organismos reguladores de la privatización.
En contraparte, ninguna de las iniciativas se refiere a: 1- realizar investigación científica y tecnológica, 2- realizar la ingeniería de proyectos, 3- desarrollar las fuentes alternas de energía, 4- modificar el régimen fiscal aplicado a Pemex, ni 5- la corrupción administrativa y sindical.
3.1 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Esta ley ya fue aprobada por el Senado, el 17 de abril de 2007, por 94 votos a 0 (cero). En esa ocasión, la iniciativa promovida por Francisco Labastida Ochoa (PRI), fue revisada por parte de Pemex, la Secretaría de Energía (Sener) y la Consultoría Jurídica del Senado, quienes no solo otorgaron su beneplácito sino que incorporaron nuevas propuestas. Con éstas, se extendió la privatización propuesta para Pemex a “todas” las fuentes de energía (FTE 2007b).
En la iniciativa en cuestión, tiene importancia el artículo 33 de la misma ya que, modifica las funciones y atribuciones de la Sener.
De acuerdo a la fracción V de ese artículo se otorga a la Sener la facultad para “Promover la participación de los particulares en las actividades del sector”. Esto vulnera a la Constitución porque, en materia energética, las funciones del Estado deben basarse en las disposiciones constitucionales no en lo contrario. La Sener no tiene porqué promover la participación privada en el sector misma que está prohibida, tanto en materia eléctrica como de hidrocarburos.
En la fracción VII del mismo artículo se indica que es facultad de la Sener, “Otorgar y revocar concesiones, permisos y autorizaciones en materia energética”. La Constitución indica que no se otorgarán concesiones ni contratos en materia energética. La propuesta del gobierno es, evidentemente, inconstitucional.
Luego, en la fracción XII del artículo en cuestión, se indica que otra atribución de la Sener sería: “Regular ... el uso de las fuentes energéticas alternas a los hidrocarburos”. Es decir, la Sener llevaría a cabo acciones para regular (privatizar), a través de la CRE, todas las fuentes energéticas, esto es, el petróleo crudo, el gas natural y las fuentes alternas a éstos: el carbón, el uranio, la geotermia, el agua, las olas del mar, el hidrógeno, el viento y la radiación del Sol.
Según la fracción XIII, la Sener sería la encargada de “Determinar la plataforma de producción petrolera y el ritmo de reposición de las reservas”. Esa función se le suprime a Pemex para entregarla a una comisión de burócratas que determinarán la plataforma de producción y “el ritmo” de reposición de reservas desde el escritorio.
En la fracción XVII del mencionado artículo se indica que otra de las funciones de la Sener será “Determinar las reservas de hidrocarburos”, función que también se le quita a Pemex.
A partir de esas propuestas, aprobadas en 2007, se planteó reformar a la Ley Orgánica de Pemex para hacerla “congruente”.
3.2 Ley Orgánica de PEMEX.
Esta iniciativa propone alterar la estructura operativa y administrativa de Pemex. Con base en el Proyecto SUMA, diseñado en Houston durante el sexenio de Fox, revisado y adoptado por Calderón y Jesús Reyes Heroles, se propone dotar a la paraestatal de “autonomía de gestión”. Se trata de un concepto pervertido de “autonomía”. Para organizarse internamente, técnica, operativa y administrativamente, Pemex tiene autonomía desde hace décadas. El concepto del cual habla el gobierno consiste en la “libertad” de las cúpulas, sin procedimientos ni controles, para comprar, contratar créditos y asociarse con las transnacionales.
En esta iniciativa de ley se propone un gobierno corporativo para Pemex, como lo indicaba el proyecto SUMA. Al Consejo de Administración de la paraestatal, se sumarían 4 consejeros con absoluta autonomía en la toma de decisiones. Estos consejeros “independientes” tendrían acceso a toda la información relevante y, para cualquier decisión, se necesitaría el voto al menos de dos de esos consejeros.
En el Consejo de Administración habría un comité de estrategia e inversiones, orientado a decidir las inversiones privadas habida cuenta que Pemex no realiza, ni realizaría, inversiones propias.
Para apoyar su campaña mediática, el gobierno propone la emisión de bonos ciudadanos, de manera similar a los Petrobonos emitidos hace 30 años que terminaron por desaparecer. Pero, contrariamente a la propaganda televisiva, se propone que tales bonos sean adquiridos por las fraudulentas Afores, mediante sociedades de inversión o intermediarios financieros.
De acuerdo a la nueva Ley que se propone para Pemex, ésta “realizará las actividades que abarca la industria petrolera estatal en los términos de la Ley Reglamentaria” misma que también se modificaría para redefinir a la industria petrolera. De manera que, las actividades que deberá realizar Pemex corresponderían a una industria fragmentada y reducida.
En la reforma a la legislación secundaria se propone que Pemex lleve a cabo “toda clase de .... contratos ....”, lo que incluiría a los contratos de servicios, de riesgo y de cualquier tipo, hecho contrario a lo dispuesto constitucionalmente.
Tratándose de la cogeneración eléctrica, la iniciativa autoriza a Pemex a realizar estas funciones, así como “ ... vender sus excedentes a la CFE ...”. Estas actividades se llevarían a cabo como ahora indebidamente ocurre, con el sector privado no con la CFE, a la que solamente se le venderían los excedentes.
Asimismo, se le otorga a Pemex la facultad de la “contratación de deuda pública”, así como, “acudir al mercado externo de dinero y capitales” para favorecer la expropiación petrolera extranjera en marcha.
Esta expropiación es real. En el caso de la exploración y explotación, fases principales del proceso de trabajo, se propone por el gobierno federal la entrega explícita de los recursos naturales energéticos a las corporaciones imperialistas. En el caso de los contratos, prohibidos constitucionalmente, se indica que “el contenido y precio del contrato serán determinados en el transcurso de su ejecución”. Esto se aplicaría en evidentes contratos de riesgo y llevaría a entregar los recursos naturales energéticos y a compartir la renta petrolera, lo cual significa una acción de traición a la Patria.
Se indica en el artículo 46 de la propuesta de Ley Orgánica de la paraestatal que “Pemex podrá celebrar contratos en los que se pacte una remuneración fija o variable, determinada o determinable, con base en las obras o servicios especificados en el momento o que el desarrollo del proyecto exija con posterioridad”. Esto es inconstitucional.
Así, la nueva Ley propone una industria fragmentada, reducida a la exploración y producción pero con facultades para contratar éstas últimas actividades. Con ello, PeMEX dejaría de serlo para convertirse en exPeMex o en PeUSA.
3.3. Ley de la Comisión Reguladora de Energía.
Sí con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se le otorgaría a la Sener la facultad para “regular” (privatizar) todas las fuentes energéticas alternas a los hidrocarburos, el instrumento para realizarlo sería la CRE.
Esta Comisión, desde 1995, contraviniendo las disposiciones constitucionales ha venido otorgando permisos privados a discreción a cuánta transnacional o sus filiales le solicitan. La “regulación” es un término que significa llanamente “privatización”. Eso es lo que han hecho los gobiernos en turno a través de la CRE.
Al momento, casi la mitad de la industria eléctrica nacional es privada. Casi todo el proceso de trabajo con el gas natural es privado. Se trata de un acelerado proceso de privatización furtiva que ha desnacionalizado al sector eléctrico y gran parte del sector de hidrocarburos. Todo se ha hecho por cinco burócratas de paso dedicados a ceder las funciones constitucionales al capital extranjero para luego seguir siendo empleados de esas mismas corporaciones, o bien, del gobierno federal.
No obstante tan depredadora experiencia del patrimonio nacional constitucional, ahora el gobierno de facto propone reforzar a esa Comisión.
Según el nuevo artículo 2, fracción V, de la iniciativa de Ley de la CRE, se otorgaría a ésta las facultades para “Las ventas de primera mano de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo, del gas y de los productos petroquímicos”. Esto significa que, tales funciones, dejarían de ser de PEMEX y pasarían a realizarlos los permisionarios privados. Esto es contrario a la Constitución.
En términos de la fracción VI del mismo artículo, la CRE tendría facultades para concesionar “El transporte y distribución del gas, de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo y de los petroquímicos básicos, que se realicen por medio de ductos, así como el almacenamiento de dichos productos”. Estas son actualmente funciones de Pemex, concesionarlas es un hecho inconstitucional.
De acuerdo a la fracción VII del mencionado artículo, la CRE se encargaría de otorgar permisos privados para “el transporte y distribución de biocombustibles que se realice por medio de ductos, así como el almacenamiento de los mismos”. Al respecto, el gobierno federal tiene en marcha proyectos para la producción de etanol, con base en la correspondiente legislación recientemente aprobada, a partir de caña de azúcar. Sería el principio porque el insaciable parque automovilístico pronto podría requerir etanol a partir del maíz, remolacha, palma de aceite e, incluso, frutas. Para garantizar esos servicios, desde ahora se propone privatizar las actividades de transporte, distribución y almacenamiento de agrocombustibles.
Para realizar las actividades privadas, los concesionarios serían dueños de la infraestructura necesaria. Actualmente, la red eléctrica nacional y la red nacional de ductos, son operadas por la CFE y Pemex, se trata de una infraestructura estatal. No obstante, esa infraestructura está puesta al servicio de los permisionarios privados. Ahora, al cederles funciones adicionales, en prácticamente todas las fases del proceso de trabajo petrolero, el SND quedaría a cargo de las transnacionales las que deberán encargarse de su vigilancia.
Eso representaría el regreso de las tristemente célebres “Guardias Blancas” que, antes de la expropiación de 1938, se dedicaron a saquear pueblos enteros, apoderándose de los terrenos y expulsando a sus poseedores; esos mercenarios se dedicaron también al asesinato de multitud de trabajadores petroleros para impedir que se organizaran sindicalmente y lucharan por sus objetivos más elementales.
Ahora, las transnacionales acudirían a ejércitos de mercenarios reclutados entre exmarines, excombatientes o sicarios para crear organizaciones paramilitares paralelas a las del Estado produciendo una invasión armada contra la nación.
3.4 Ley de la Comisión del Petróleo.
Para culminar la privatización total de Pemex, además de otorgarle facultades inconstitucionales a la CRE, se propone una nueva Comisión para encargarse específicamente de la privatización petrolera.
En la propuesta de Ley de la Comisión del Petróleo (CP) se indica en el artículo 3, que esta Comisión tendría facultades para “I- Determinar la plataforma de producción de crudo y el ritmo de reposición de las reservas”. La propuesta es hasta ridícula porque, la plataforma de producción y “el ritmo” de reposición de reservas, no se puede hacer detrás de un escritorio.
Según la siguiente fracción la CP tendrá a su cargo “II- Cuantificar las reservas”, todo burocráticamente impidiendo que Pemex cumpla sus funciones constitucionales.
En la siguiente fracción se propone que la CP se encargue de “IV- Proponer los parámetros técnicos de los proyectos de inversión en exploración y explotación”, es decir, los términos con que se cederían a las transnacionales las funciones constitucionales de Pemex y los recursos naturales de hidrocarburos que son propiedad de la nación.
De acuerdo a la siguiente fracción, esa Comisión tendría la facultad de “V- Otorgar permisos para exploración y explotación de hidrocarburos”. Este aspecto es crucial porque contraviene flagrantemente a la Constitución y porque, al otorgarse permisos, necesariamente privados, para la exploración y explotación (producción) de hidrocarburos, Pemex quedaría reducida a su mínima expresión convertida en una oficina para el otorgamiento de contratos, conjuntamente con la CRE y la CP. La situación es tan grave que, lo indicado en ésta fracción, podría aplicarse al caso de los yacimientos transfronterizos, mismos que no se mencionan expresamente pero que tampoco se excluyen. Al contrario, esos yacimientos que se comparten con Estados Unidos y Cuba en el Golfo de México podrían ser sujetos de permisos privados lo cual sería una gravísima violación constitucional.
Se confirma así que, la tal regulación es sinónimo de privatización.
3.5 Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.
La LRRP es el punto culminante de las pretensiones privatizadoras del gobierno ilegítimo. En el artículo 2 de la iniciativa se indica que “La nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos que constituyen las áreas estratégicas de la industria petrolera “en los términos del artículo siguiente”.
Esta ley, como las otras, están deliberadamente escritas con mala fe. Se indica que la nación “podrá”, cuando actualmente dice “llevará” a cabo las actividades relacionadas con los hidrocarburos. La expresión “podrá” es opcional y fragmentaria en actividades que obligatoriamente se deben realizar por el Estado de manera exclusiva.
El siguiente artículo redefine a la industria petrolera, no con base en el proceso de trabajo, sino en términos burocráticos. Así, se indica en el artículo 3 que “La industria petrolera comprende:
“La exploración, la explotación, la refinación, el transporte, la distribución del petróleo, así como las ventas de primera mano del petróleo y de los productos que se obtengan de su refinación;
“La exploración, la explotación, la elaboración y las ventas de primera mano del gas;
“La elaboración y ventas de primera mano de derivados del gas susceptibles de servir como materias primas básicas (petroquímicos básicos)”.
¡Eso sería todo!, lo demás sería privado y, lo que quedaría a cargo de Pemex, se sujetaría al contratismo. Estos hechos son violatorios de la Constitución, lo cual se corrobora por lo indicado en el artículo 4 de la iniciativa, el cual señala que “Pemex .. y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar el transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo y de petroquímicos básicos”.
Esto significa que, la parte que se suprime a Pemex pasaría a ser privada. A las funciones sobre la petroquímica y el gas natural, se adicionarían las de la refinación del petróleo crudo, mismas que serían cedidas al capital extranjero.
En la argumentación se indica que “Pemex podrá contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo (maquila)” y que “Los permisionarios podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos”.
Luego, en el artículo 6 se corrobora que Pemex podrá celebrar todo tipo de contratos en todas sus actividades estratégicas al señalar que “Pemex podrá celebrar contratos de obras y prestación de servicios .... manteniendo el control sobre las actividades de exploración y desarrollo de los recursos petroleros”. La simple declaración para mantener el control (no propiedad) es del todo insuficiente. Otra vez, se incluiría a los yacimientos transfronterizos. Todo es violatorio de la Constitución.
Las facilidades a las transnacionales se indican en el artículo 7, que señala “El reconocimiento y la exploración superficial de las áreas para investigar sus posibilidades petrolíferas, requerirán únicamente permiso de la Secretaría de Energía” pudiendo afectar terrenos particulares, ejidos y comunidades.
Según el artículo 10, “En las actividades de construcción de ductos y plantas de almacenamiento, Pemex .... estará obligado a prestar a terceros el servicio de transporte y distribución por medio de ductos”, lo cual implica poner al servicio privado la actual infraestructura física de la paraestatal.
El siguiente artículo 11 deja constancia de los propósitos privatizadores del gobierno federal al indicar que “El ejecutivo, por conducto de la Sener establecerá la regulación en materia de exploración y explotación de hidrocarburos”. Esto, otra vez, incluiría a los yacimientos transfronterizos pero, aunque no fuera así, la “regulación en materia de exploración y explotación de hidrocarburos” significaría la consumación de la Expropiación Petrolera Extranjera actualmente en marcha.
Se trata de una confesa y explícita traición a la nación. En la propaganda televisiva, el gobierno afirma una cosa pero, en sus propias iniciativas, afirma lo contrario. Se trata de la privatización de PEMEX, la violación constitucional explícita, la entrega de los recursos naturales a las corporaciones imperialistas, la desnacionalización de México y la ruptura del Pacto político de la nación.
3.6 Ley Federal de Derechos.
Por si no fuera suficiente, el 6 de mayo de 2008, el gobierno federal envío a la Cámara de Diputados una iniciativa para modificar la Ley Federal de Derechos (Iniciativa6 2008) en la parte correspondiente al régimen fiscal de Pemex. Este aspecto es muy importante ya que, actualmente, la petrolera mexicana está sujeta a un régimen depredatorio en materia fiscal, al grado que Pemex, siendo una de las empresas petroleras más rentables del mundo y principal fuente de ingreso del Estado mexicano, éste la hace operar deliberadamente con pérdidas.
En 2007, la paraestatal reportó ventas totales por 1 billón 235 mil millones de pesos. El rendimiento de Pemex antes de impuestos, derechos y aprovechamientos fue de 660 mil 152 millones de pesos. Por impuestos, derechos y aprovechamientos, Pemex pagó a la secretaría de Hacienda la cantidad de 676 mil 278 millones de pesos, es decir, más del rendimiento obtenido. Consecuentemente, se obtuvo un déficit que ascendió a 16 mil 127 millones de pesos (Pemex 2008).
Pero lejos de corregir esta situación, que sería contradictoria con las anteriores cinco iniciativas, el gobierno federal tiende a agravar las cosas. Actualmente existe la obligación de Pemex de hacer efectivo al fisco un Derecho Ordinario Sobre Hidrocarburos (DOSH) que, en 2007, era del 78.8%, en 2008 será del 74% y, descenderá gradualmente al 71.5% en 2012. Se trata de una extracción cuantiosa de recursos a Pemex. En principio, es correcto que Pemex aporte al desarrollo económico y social de la nación, para eso está. Lo incorrecto es llevar la situación al extremo de impedirle la realización de sus obras de expansión mediante inversiones propias teniendo que acudir al endeudamiento excesivo.
Ahora, en la nueva propuesta, se reafirma la obligación de Pemex para pagar el DOSH, independientemente de la producción y rendimientos alcanzados. Al mismo tiempo, se crea una nueva obligación, el Derecho Especial Sobre Hidrocarburos (DESH) aplicable a los campos petroleros en las aguas profundas del Golfo de México. Este DESH consiste en la aplicación de una tasa variable de acuerdo al precio del barril de petróleo de exportación. Si éste valiera entre 0.1 y 60 dólares por barril, la tasa del DESH sería del 60%; de 90.01 en adelante, la tasa del DESH sería del 71.5%.
Al momento el barril de petróleo de la mezcla de exportación se cotiza en más de 120 dólares lo que significa que la tasa aplicable sería del 71.5%. Lo anterior sería desfavorable para Pemex si se encargara de la producción en las aguas profundas. La medida tiende, evidentemente, a desalentar los planes. Por el contrario, para las transnacionales habría un incentivo mayor porque, además de ejecutar funciones constitucionales otorgadas en los correspondientes e ilegales contratos, estarían eximidos del 100% de los impuestos causados por sus inversiones, según lo indica la iniciativa propuesta.
De acuerdo a esta iniciativa, se califica como campos en aguas profundas a los pozos con un tirante de agua superior a 500 metros. Esto implica que la iniciativa estaría destinada a la producción en el mar a relativamente bajas profundidades. Estas son las que interesan a las transnacionales, por allí se empezaría la expropiación extranjera en el Golfo.
3.7 Propuestas legislativas inaceptables para la nación.
Evidentemente, el paquete de seis leyes iniciales de reforma energética es inaceptable para la nación. La tal reforma se orienta, principalmente, a la privatización de Pemex pero, contrariamente a lo que sostienen algunos expertos, las iniciativas no se reducen al petróleo sino que incluyen a TODAS las fuentes de energía, incluyendo las renovables y no renovables, las que están en desarrollo y las de experimentación.
En todos los casos, se contraviene lo dispuesto por la Constitución política vigente (FTE 2008a). Lo que el gobierno federal propone es la ruptura de la legalidad constitucional al vulnerar unilateralmente el Pacto político de la nación. Esto configura una situación política límite.
4- ALTERNATIVAS.
Ante tan serio panorama expropiador de la nación mexicana, ¿qué propone el Frente de Trabajadores de la Energía (FTE) de México, que desafiando al charrismo sindical está en las calles y plazas públicas discutiendo con la población?
4.1 Integración de la industria petrolera.
La primera propuesta que presentamos al pueblo de México es la que enarbolamos con la Tendencia Democrática y que hemos desarrollado en el transcurso del tiempo: la integración de la industria energética nacionalizada.
Esta integración supone la reorganización del proceso de trabajo para integrar todas las fases del mismo y desarrollarlas a través de un solo Organismo, en este caso, Pemex. Se trata de una integración industrial, vertical y horizontalmente, con la intervención de los trabajadores en todos los centros de trabajo del país.
La integración que proponemos no la puede, ni debe, realizar el sindicato porque, sencillamente, no le es posible. Eso, si el sindicato petrolero fuera democrático. Estando como está, charrificado, corrupto, criminalizado, ni siquiera sería conveniente invitarlo. Pero, además, no podría. Los sindicatos no están hechos para que los trabajadores ejerzan su papel de productores sino, apenas, de simples asalariados, subordinados y corporativizados al capital y al Estado.
Para reorganizar debidamente, en fase activa y constructiva, al proceso de trabajo energético se requiere de la intervención de los trabajadores del sector, organizados en consejos obreros, que les permitan ejercer acciones de control obrero de la producción y la investigación.
Tampoco se trata de la cogestión ni de la coadministración, propuestas que no son proletarias. Se trata del control obrero, en su expresión concreta y específica, teniendo como base el conocimiento teórico acumulado, así como el conocimiento técnico y las experiencias previas en México y en el mundo, algunas de las cuales han sido exitosas.
El control obrero de la producción supone altos niveles de conciencia entre los propios trabajadores, lo cual no se logra espontáneamente pero existen elementos para llevar a la práctica las medidas basadas en una determinada política.
4.2 Política petrolera independiente.
El FTE de México propone una Política Energética Independiente que incluye a los hidrocarburos, la energía eléctrica y el agua. Esta política está basada en los siguientes criterios:
Dominio de la nación en todas las fases del proceso de trabajoenergético que constituyen actividades estratégicas.
Planeación del proceso de trabajo expresado en un ProgramaNacional de Energía, un Plan Nacional de Hidrocarburos y un PlanEléctrico Nacional.
Uso racional de los recursos naturales no renovables, orientandoéstos a su transformación productiva y, desarrollando fuentesalternas renovables.
Realización de investigación científica, desarrollotecnológico e ingeniería.
Explotar la tierra, el mar y sus recursos naturales con la debidaprotección del medio ambiente, ecosistemas y salud de lostrabajadores.
Realización del proceso de trabajo a través de un soloOrganismo, por administración directa, bajo control obrero y vigilanciapopular organizada.
Contratación colectiva de trabajo a través de un nuevoSindicato de Trabajadores de laEnergía.
4.3 Proyecto INTEGRA.
Este proyecto integra a diferencia del proyecto SUMA que desintegra. El proyecto INTEGRA, que propone el FTE, se basa en el proceso de trabajo de los hidrocarburos, el proyecto SUMA en las decisiones burocrática y unilaterales de los legisladores y gobiernos en turno.
De acuerdo al proyecto INTEGRA, las actividades del sector de los hidrocarburos comprende las siguientes áreas: petróleo, gas, refinación y petroquímica. Estas áreas no son fragmentables sino que forman parte de un mismo proceso de trabajo.
Las actividades integradas son: planeación, investigación y desarrollo, ingeniería, exploración, perforación, explotación, procesamiento, transformación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización. La realización de las actividades implican: la operación, mantenimiento, administración, finanzas, suministro de materiales, protección del medio ambiente y servicios técnicos.
La ejecución de las actividades corresponde a los trabajadores quienes, también, tendrían el derecho a proponer, desarrollar, concretar y evaluar los proyectos, programas y planes de trabajo. En todos los casos, habría participación popular organizada.
4.4 Desarrollo de tecnología propia.
Al respecto, la propuesta del FTE es radicalmente opuesta al gobierno y partidos políticos privatizadores. Proponemos realizar investigación (básica, aplicada y tecnológica) y desarrollar tecnología propia basada en líneas de desarrollo. Entre otras proponemos: la exploración de hidrocarburos, la explotación de campos en aguas profundas, el desarrollo de la ingeniería de proyectos, y el desarrollo de todas las fuentes de energía, renovables y no renovables.
Estas actividades se llevarían a cabo a través de un solo instituto, el Instituto Mexicano de Energía, con la actual infraestructura disponible, e integrado a la industria energética nacionalizada.
La nación mexicana no necesita de tantos institutos e institutitos, de los cuales, en el sector energético todos han sido desnaturalizados, desviados de sus objetivos originales, marginados de los grandes problemas nacionales, reducidos a su mínima expresión y corrompidos por las administraciones en turno y por el charrismo sindical en medio de la indolencia y apatía de los trabajadores e investigadores.
Realizar tecnología propia es viable, algo al alcance que en otras ocasiones ha sido demostrado, no solamente durante la expropiación petrolera sino en épocas recientes. Hace falta, incorporar nuevos investigadores, profesionales y técnicos, asumir el liderazgo de los proyectos, formular a éstos con una orientación que coadyuve a resolver problemas de interés nacional, crear equipos de trabajo multidisciplinarios y organizar la colaboración interinstitucional.
Para lograrlo no bastan la voluntad política ni las declaraciones, se necesitan conocimientos y, ante todo, la intervención organizada de los trabajadores.
4.5 Refinerías energéticas.
Exportar petróleo crudo e importar gasolinas y productos petrolíferos y petroquímicos implica una política contraria al interés nacional. En México, debemos producir petróleo crudo para el consumo interno. Eso significa suspender la exportación de petróleo crudo. Este, debe procesarse y transformarse en productos con mayor valor agregado.
En el caso de las gasolinas, la política oficial ha llevado a la nación a importar cuantiosos volúmenes diarios a altos precios que, en gran medida, contrarrestan los ingresos obtenidos de la exportación de crudo.
No obstante el crecimiento en la demanda, desde 1979 no se ha construido ninguna refinería adicional a las actuales. El modelo automovilístico de la sociedad es cuestionable pero satisfacer las necesidades de gasolinas y petrolíferos está presente en lo inmediato.
El FTE de México propone construir cinco refinerías energéticas, concepto que implica producir gasolinas y, al mismo tiempo, generar energía eléctrica. Este concepto tiene su base en el aprovechamiento del calor producido en los diversos procesos de la industria petrolera. También, se aprovecharían los residuos producidos en los procesos petroleros como combustible para la generación eléctrica. La cogeneración sería entre Pemex y la CFE.
4.6 Acciones inmediatas.
El FTE propone en lo inmediato las siguientes medidas:
Derogar las reformas legislativas de 1992, 1995, 1996 y 2006 en materiaenergética.
Anular todos los contratos, concesiones y permisos privados.
Modificar la Ley Federal de Derechos para otorgarle a la industriaenergética nacionalizada los recursos necesarios para su desarrollo yrealización de obras de expansión por administracióndirecta.
Desaparecer a la Comisión Reguladora de Energía, entidadprivatizadora del patrimonio colectivo de la nación.
Impedir con todaslas acciones al alcance las propuestas gubernamentales de reformaenergética para privatizar a Pemex y a todas las fuentes deenergía. Esto quiere decir que las propuestas privatizadoras del PAN y elPRI deben ser desechadas.
Producción de petróleo crudo por parte de Pemex en el Golfo de México
4.7 Ley petrolera del FTE.
Esta Re-nacionalización se expresa en un proyecto de ley que implica la visión de los trabajadores. El FTE ha propuesto un programa obrero (FTE 2005), un proyecto de ley eléctrica (FTE 2002) y otro de ley petrolera (FTE 2008c). Esta ley no es para ponerla en manos de los actuales legisladores y partidos políticos, es para la Re-nacionalización energética.
En esta materia NO se otorgarán, concesiones contratos ni permisos a los particulares.
Los recursos energéticos primarios son propiedad de la nación.
Propiedad inalienable e imprescriptible de la nación,
Exclusividad del Estado,
Utilización racional de los recursos naturales,
Autodeterminación científica y tecnológica,
Protección del medio ambiente, ecosistemas y población,
Desarrollo social democrático,
Seguridad, independencia y soberanía.
Planeación energética,
Exploración y explotación de petróleo crudo y gas natural,
Procesamiento de crudo y gas,
Producción de petrolíferos y petroquímicos,
Almacenamiento, transporte y distribución de crudo y derivados,
Construcción de obras e instalaciones,
Diseño y fabricación de equipos y componentes,
Los planes, programas y proyectos serán propuestos, formulados, desarrollados, concretados y evaluados por los trabajadores del sector.
La industria petrolera mexicana pertenece a la nación viviente.
Corresponde al pueblo organizado vigilar el correcto funcionamiento de la industria, el uso adecuado de los recursos naturales y el patrimonio colectivo de la nación.
La población estará organizada en consejos populares, los cuales tendrán pleno reconocimiento.
El gobierno emanado de la “rebelión neoliberal privatizadora”, y quienes hubiesen cooperado a ésta, serán juzgados, en términos del artículo 136 constitucional vigente.
El pueblo mexicano ejercerá plenamente su derecho a la soberanía, en términos del artículo 39- constitucional vigente.
5.1 Movilización nacional e internacional.
Llevar adelante la lucha contra la reforma energética neoliberal y por las propuestas formuladas por los trabajadores y el pueblo necesita de la movilización en todas partes del territorio nacional y allende las fronteras. La ruptura de la legalidad constitucional que el gobierno en turno trata de llevar a un límite no es un asunto de razones, ni de números ni argumentos. La propuesta neoliberal es, ante todo, política.
Fuerza política es lo que necesitamos y debemos forjarla a grandes pasos promoviendo, al mismo tiempo, la solidaridad internacional.
5.2 Debate y decisiones populares.
Contrariamente al Estado, propusimos y junto con otras fuerzas llevamos a cabo un Debate Popular contra la Reforma Energética Neoliberal. Este debate es importante para informar directamente a la población, analizar colectivamente la situación y tomar las decisiones procedentes.
El Debate propuesto no es para realizarse entre cuatro paredes, como lo ha hecho el Senado ni para realizarse en mini-debates realizados durante las vacaciones, es para llevarse a cabo en las escuelas, plazas públicas, mercados, parques, jardines, centros de trabajo y en las calles mismas.
En esta lucha, el involucramiento voluntario y conciente del pueblo mexicano viviente es definitivo. La participación del pueblo tampoco se debe limitar a escuchar sino a decidir.
5.3 Organización social.
La movilización que proponemos tiene como objetivo central impulsar la construcción de organización social, a todos los niveles y en todos los lugares. Eso no significa que las organizaciones existentes desaparezcan sino que se fortalezcan, y quienes no estén organizados se integren a una organización actual o formen nuevas.
Pero es importante coordinarse y luchar unificadamente, en acciones concretas no declarativas, en serio compromiso con las bases no con las cúpulas.
En esta lucha es preciso tener presente que se hace necesario ajustar cuentas con el charrismo sindical de todo tipo, empezando por desafiarlo y hacer valer los derechos obreros en la perspectiva de rescatar a los sindicatos desnaturalizados y/o refundarlos.
5.4 México país invadido por transnacionales.
Más de 300 transnacionales de la energía, del agua y del petróleo se han venido posesionando del territorio nacional. En todas partes del país, las corporaciones españolas, norteamericanas, francesas, canadienses, belgas y japonesas, con sus respectivas filiales y prestanombres, se han establecido impunemente.
La expropiación energética extranjera tiende a extenderse por las cuencas petroleras de la costa del Golfo de México y aún en las aguas profundas de éste.
5.5 Consejos obreros y populares.
Es necesario oponerle a las transnacionales la fuerza del pueblo mexicano organizado en consejos populares, en todo el territorio nacional, en defensa de la patria, su soberanía e independencia. Los consejos obreros y populares serían la base del Frente Mexicano en Defensa de los Recursos Naturales (FMDRN), estructurado en todo el país, a nivel local, estatal, regional y nacional.
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* David Bahen, doctor en física teórica, astronomía y astrofísica, exdirigente de la Tendencia Democrática del SUTERM y de la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Energía, de la Federación Sindical Mundial.
Las aguas profundas en el Golfo de México. Imagen satelital

References: artículo 27
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 artículo 28
 artículo 25
 artículo 27
 Artículo 27
 Artículo 27
 artículo 33
 artículo 46
 artículo 2
 artículo 3
 Artículo 27
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 136
 artículo 39
 Artículo 27