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Timestamp: 2017-02-19 12:29:41+00:00

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Ley 9/2012, de 19 de julio, de modificación de la ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (Vigente hasta el 13 de Abril de 2016).
Publicado en BOIB núm. 106 de 21 de Julio de 2012 y BOE núm. 192 de 11 de Agosto de 2012
Vigencia desde 22 de Julio de 2012. Esta revisión vigente desde 22 de Julio de 2012 hasta 13 de Abril de 2016
L 4/2016, de 6 Abr. CA Illes Balears (medidas de capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el ámbito de la función pública) Norma afectada por
TC, Pleno, S 165/2013, 26 Sep. 2013 (Rec. 5868/2012)
Ocultar / Mostrar comentarios Véase la Sentencia TC, de 26 septiembre 2013, por la que se declara la pérdida de objeto del recurso 5868/2012 en relación con el artículo 32.3 de la Ley balear 6/2005, de 3 de junio, de coordinación de las policías locales de las Illes Balears, redactado por la disposición final tercera de la Ley balear 9/2012 y desestima el recurso en todo lo demás.
Ley [BALEARES] 9/2012, 19 julio, derogada por la disposición derogatoria única de la Ley [BALEARES] 4/2016, 6 abril, de medidas de capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el ámbito de la función pública («B.O.I.B.» 12 abril), el 13 de abril de 2016
El artículo 149.1.18 de la Constitución Española establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre ‘las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de su personal funcionario que, en cualquier caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante éstas’.
El artículo 31.3 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, con la redacción de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, señala que corresponde a la comunidad autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución del Estatuto de los funcionarios de la Administración de la comunidad autónoma y de la administración local. En desarrollo de esta competencia se aprobó la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que se publicó en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el día 3 de abril de 2007, con una vacatio legis de tres meses.
Por su parte, el artículo 4 del Estatuto de Autonomía establece que la lengua catalana, propia de las Illes Balears, tendrá, junto con la castellana, el carácter de idioma oficial, sin que nadie pueda ser discriminado por causa del idioma, a la vez que determina, en el apartado 3, que ‘las instituciones de las Illes Balears garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas, tomarán las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y crearán las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena de las dos lenguas en cuanto a los derechos de los ciudadanos de las Illes Balears’.
Cuando el mismo Estatuto se refiere a las relaciones de los ciudadanos con las administraciones públicas, el artículo 14 prevé el derecho de éstos a ‘acceder a la función pública en condiciones de igualdad y según los principios constitucionales de mérito y capacidad’ y a ‘dirigirse a la Administración de la comunidad autónoma en cualquiera de sus dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la misma lengua utilizada’.
Por otro lado, el mismo criterio es el que persigue la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público, cuando indica en el apartado 2 del artículo 56 que ‘las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán prever la selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las comunidades autónomas que gocen de dos lenguas oficiales’, de forma que se garantice el derecho del ciudadano a ser atendido en la lengua que solicite siempre que sea oficial en el territorio, tal como prevé el apartado 11 del artículo 54.
En la actualidad, por una parte, la inmensa mayoría del personal al servicio de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears tiene certificados de conocimientos de catalán que le permiten atender los derechos lingüísticos de la ciudadanía. Y, por otra, a consecuencia de la implantación del Decreto 92/1997, de 4 de julio, que regula la enseñanza de y en lengua catalana, propia de las Illes Balears, en los centros docentes no universitarios, el alumnado que termina la educación secundaria obligatoria y el que termina el bachillerato con un determinado número de horas de catalán tienen unos conocimientos de catalán equiparables, según los casos, a los certificados B1, B2 o C1, desde el Decreto 86/2005, de 29 de julio, que regulaba la homologación de los estudios de lengua catalana de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato con los certificados de la Dirección General de Política Lingüística - derogado por el Decreto 16/2011, de 25 de febrero, de evaluación y certificación de conocimientos de lengua catalana, que adapta los certificados de acuerdo con el marco de referencia para la evaluación de lenguas modernas del Consejo de Europa- y de acuerdo con la Orden del consejero de Educación y Cultura de 26 de abril de 2011.
Por otra parte, en los últimos años, varias sentencias del Tribunal Constitucional, y especialmente la Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010, han establecido el régimen jurídico de las lenguas oficiales. En este sentido, dicha sentencia establece en el fundamento jurídico 14, y reitera en el 21, recordando la STC 82/1986, de 26 de junio, FJ 2, que ‘de acuerdo con la Constitución, es oficial una lengua, independientemente de su realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos [...], lo que implica que el castellano es medio de comunicación normal de los poderes públicos y ante ellos en el conjunto del Estado español’. Y, en virtud del contenido del apartado 2 del artículo 3 de la CE, ‘se sigue asimismo, que la consecuente cooficialidad lo es con respecto a todos los poderes públicos radicados en el territorio autonómico, sin exclusión de los órganos dependientes de la Administración central y de otras instituciones estatales en sentido estricto’. También en esta sentencia 31/2010 se establece: ‘La definición del catalán como la lengua propia de Cataluña no puede suponer un desequilibrio del régimen constitucional de la cooficialidad de ambas lenguas en perjuicio del castellano. [...] Si con la expresión ‘lengua propia’ quiere significarse [...] que el catalán es lengua peculiar o privativa de Cataluña, por contraste con el castellano, lengua compartida con todas las Comunidades Autónomas, la dicción del art. 6.1 EAC es inobjetable. Si de ello, por el contrario, pretende deducirse que únicamente el catalán es lengua de uso normal y preferente del poder público, siquiera sea sólo del poder público autonómico, se estaría contradiciendo una de las características constitucionalmente definidoras de la oficialidad lingüística, cual es, según acabamos de recordar con la cita de la STC 82/1986, que las lenguas oficiales constituyen ‘medio normal de comunicación en y entre [los poderes públicos] y en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos’. Toda lengua oficial es, por tanto -también allí donde comparte esa cualidad con otra lengua española-, lengua de uso normal por y ante el poder público. También, en consecuencia, lo es el castellano por y ante las Administraciones Públicas catalanas, que, como el poder público estatal en Cataluña, no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales.’ Más adelante continúa: ‘A diferencia de la noción de normalidad, el concepto de preferencia, por su propio tenor, trasciende la mera descripción de una realidad lingüística e implica la primacía de una lengua sobre otra en el territorio de la comunidad autónoma, imponiendo, en definitiva, la prescripción de un uso prioritario de una de ellas, en este caso, del catalán sobre el castellano, en perjuicio del equilibrio inexcusable entre dos lenguas igualmente oficiales y que en ningún caso pueden tener un trato privilegiado.’
2. ‘El sistema de oposición consiste en llevar a cabo una o más pruebas de capacidad para determinar la aptitud de los aspirantes. Sin embargo, y al único efecto de determinar el orden de prelación final de los aspirantes aprobados para la adjudicación de los puestos de trabajo, las convocatorias podrán establecer que éste sea determinado, además de por la puntuación obtenida en los ejercicios de la oposición libre, por la valoración de determinados méritos. En cualquier caso, sólo podrán tener acceso a la valoración de los méritos los aspirantes que hayan superado la oposición libre.’
6. ‘Las administraciones públicas del ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears promoverán la realización de cursos destinados a favorecer el conocimiento de la lengua catalana, propia de las Illes Balears, entre su personal y el del sector público instrumental que depende de ellas, con el fin de garantizar la capacitación para atender a la ciudadanía en cualquiera de las dos lenguas cooficiales y para poder utilizarlas adecuadamente en la actuación administrativa.’
‘b) Los requisitos exigidos para ocuparlo.’
2. ‘El reingreso puede efectuarse por adjudicación de un puesto de trabajo con carácter provisional, condicionada a las necesidades del servicio y en los términos que se establezcan reglamentariamente, siempre que la persona interesada cumpla los requisitos de ocupación del puesto, salvo, en su caso, del nivel de conocimientos de lengua catalana del puesto de trabajo.’
‘g) Facilitar a los ciudadanos y a las ciudadanas el ejercicio del derecho a utilizar las lenguas cooficiales en las relaciones con la Administración autonómica.’
‘Disposición adicional duodécima El conocimiento de la lengua catalana en las administraciones públicas del ámbito territorial de la comunidad autónoma y en las entidades del sector público instrumental
4. Igualmente, la acreditación de los diferentes niveles de conocimiento de lengua catalana será mérito de necesaria consideración, de acuerdo con el baremo que se establezca en las bases de la convocatoria, en todos los procedimientos de provisión y de ocupación de personal empleado público de los puestos en que no sea requisito. También será considerada mérito la acreditación de niveles superiores al exigido como requisito del puesto.’
‘Disposición adicional decimotercera Atención a la ciudadanía en las dos lenguas cooficiales de las Illes Balears Las administraciones públicas del ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears y las entidades del sector público instrumental de ellas dependientes tendrán que poner los medios necesarios para poder garantizar la atención a la ciudadanía en la lengua cooficial de las Illes Balears que solicite.’
En las entidades locales e insulares, y en los entes del sector público instrumental local, insular y autonómico que aún no dispongan de relación de puestos de trabajo, la exigencia -de acuerdo con la disposición adicional duodécima- del conocimiento de un determinado nivel de catalán para ocupar los puestos de trabajo en los que, dadas las características especiales de sus funciones, sea imprescindible que lo tengan, y mientras no dispongan de este instrumento, se podrá hacer efectiva mediante un acuerdo del órgano competente.
‘a) Hacer efectivo el uso normal y oficial de la lengua catalana y de la castellana en el ámbito oficial y administrativo, tomando las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y creando las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena de las dos lenguas en cuanto a los derechos de los ciudadanos de las Illes Balears.’
‘1. La lengua catalana, propia de las Illes Balears, tiene, junto con la castellana, el carácter de idioma oficial y, por tanto, ambas son las lenguas del Gobierno de las Illes Balears, del Parlamento, de los consejos insulares y de las corporaciones locales, y en general de las administraciones públicas del ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears y de las entidades del sector público de ellas dependientes.
‘1. Los topónimos de las Illes Balears pueden tener como forma oficial la catalana o la castellana y la catalana conjuntamente.
2. Previo acuerdo del pleno del ayuntamiento correspondiente, el consejo insular respectivo, con el asesoramiento de la Universidad de las Illes Balears, determinará los nombres oficiales de los municipios, territorios, núcleos de población, vías de comunicación interurbanas en general y topónimos de la comunidad autónoma.Los nombres de las vías urbanas, los determinarán los ayuntamientos correspondientes, también con dicho asesoramiento, y darán preferencia a la toponimia popular tradicional y a los elementos culturales autóctonos.
3. Estas denominaciones son legales a todos los efectos y la rotulación debe concordar con cualquiera de las formas oficiales. El Gobierno de la comunidad autónoma reglamentará la normalización de la rotulación pública, respetando, en cualquier caso, las normas internacionales que el Estado haya suscrito.’
1. ‘A fin de hacer efectivos los derechos reconocidos en el articulado de esta ley, los poderes públicos han de promover las medidas correspondientes y fomentar e incentivar la capacitación del personal de las administraciones públicas del ámbito territorial de las Illes Balears y de las entidades del sector público de ellas dependientes, en el uso de la lengua catalana.’
‘Las bases de las convocatorias para proveer plazas de la Administración de la comunidad autónoma, de los consejos insulares y de las corporaciones locales de las Illes Balears incluirán una referencia expresa a la valoración del conocimiento de la lengua catalana como mérito, excepto para los puestos en que sea requisito, en cuyo caso será considerada mérito la acreditación de niveles superiores al exigido como requisito del puesto.’
‘Artículo 43. Uso de las lenguas cooficiales en la actuación administrativa La Administración de la comunidad autónoma y las entidades que integran la administración instrumental podrán utilizar el catalán y el castellano, indistintamente, en sus actuaciones internas y en la relación entre ellas. También podrán utilizarlos indistintamente en las comunicaciones y las notificaciones dirigidas a personas físicas o jurídicas, sin perjuicio del derecho de las personas interesadas a recibir respuesta en la lengua cooficial utilizada o en la que soliciten.’
‘Artículo 44. Uso de las lenguas cooficiales en los procedimientos administrativos 1. En los procedimientos administrativos tramitados por la Administración de la comunidad autónoma y por las entidades que integran la administración instrumental se pueden emplear indistintamente el catalán y el castellano, sin perjuicio del derecho de las personas interesadas a presentar escritos y documentos, a hacer manifestaciones y, si lo solicitan, a recibir notificaciones en la lengua cooficial que deseen. Si no manifiestan en qué lengua cooficial quieren recibir la respuesta, se entenderá que optan por recibirla en la que hayan utilizado al dirigirse a la Administración.’
3. ‘El conocimiento de la lengua catalana no será, de manera general, un requisito para acceder a los cuerpos de policía local y de policía auxiliar en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears, ni para ocupar puestos de trabajo en los mismos, salvo que, dadas las características especiales de las funciones de cada puesto, se motive que es imprescindible exigir el conocimiento de un determinado nivel de catalán, lo cual se hará constar en la relación de puestos de trabajo.’
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 13 de noviembre de 2012, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 5868-2012, contra los apartados 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 del artículo único; la disposición derogatoria y las disposiciones finales primera, apartados 1, 2, 4, 5 y 7; segunda y tercera de la presente Ley («B.O.E.» 23 noviembre).
Véase la Sentencia TC, de 26 septiembre 2013, por la que se declara la pérdida de objeto del recurso 5868/2012 en relación con el artículo 32.3 de la Ley balear 6/2005, de 3 de junio, de coordinación de las policías locales de las Illes Balears, redactado por la disposición final tercera de la Ley balear 9/2012 y desestima el recurso en todo lo demás.

References: artículo 32
 artículo 149
 artículo 31
 artículo 4
 artículo 14
 artículo 56
 artículo 54
 artículo 3
 artículo 32