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Timestamp: 2020-08-14 19:36:31+00:00

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﻿ SENTENCIA 2011-00074/1163-2015 DE FEBRERO 15 DE 2018
SENTENCIA 2011-00074 DE 15 DE FEBRERO DE 2018
CONTENIDO:CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIACIÓN DE CONTRATOS LABORALES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATO DE TRABAJO. SE EXPLICA QUE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SE REFIERE A QUE SE CELEBRA POR EL ESTADO EN AQUELLOS EVENTOS EN QUE LA FUNCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN NO PUEDE SER SUMINISTRADA POR PERSONAS VINCULADAS CON LA ENTIDAD OFICIAL CONTRATANTE O CUANDO REQUIERE DE CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN EL QUE SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: I. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS VERSA SOBRE UNA OBLIGACIÓN DE HACER PARA LA EJECUCIÓN DE LABORES EN RAZÓN DE LA EXPERIENCIA, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE UNA PERSONA EN DETERMINADA MATERIA, CON LA CUAL SE ACUERDAN LAS RESPECTIVAS LABORES PROFESIONALES. DE IGUAL FORMA, EL OBJETO CONTRACTUAL LO CONFORMA LA REALIZACIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES INHERENTES AL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD RESPECTIVA, ES DECIR, RELACIONADAS CON EL OBJETO Y FINALIDAD PARA LA CUAL FUE CREADA Y ORGANIZADA. ASÍ LAS COSAS, EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TENER POR OBJETOS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS EN LOS TÉRMINOS QUE SE ESTABLEZCAN POR LA LEY, DE ACUERDO CON EL MANDATO CONSTITUCIONAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 210 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL EN EL CUAL LOS PARTICULARES PUEDEN CUMPLIR FUNCIONES ADMINISTRATIVAS EN LAS CONDICIONES QUE SEÑALA LA NORMATIVIDAD. ADICIONALMENTE, LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO Y CIENTÍFICO, CONSTITUYE EL ELEMENTO ESENCIAL DE ESTE CONTRATO. ESTO SIGNIFICA, QUE EL CONTRATISTA DISPONE DE UN AMPLIO MARGEN DE DISCRECIONALIDAD EN CUANTO CONCIERNE A LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL DENTRO DEL PLAZO FIJADO Y A LA REALIZACIÓN DE LA LABOR, SEGÚN LAS ESTIPULACIONES ACORDADAS. FINALMENTE, LA VIGENCIA DEL CONTRATO ES TEMPORAL, SU DURACIÓN DEBE SER POR TIEMPO LIMITADO Y EL INDISPENSABLE PARA EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL CONVENIDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO ESCRITO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ENTIDAD PÚBLICA, CONTRATO, DERECHO LABORAL, CONTRATO DE TRABAJO INDIVIDUAL
Sentencia 2011-00074/1163-2015 de febrero 15 de 2018
Radicación: 66001-23-31-000-2011-00074-01(1163-15).
Actor: Eduardo Oviedo Londoño
Demandado: Departamento Administrativo de Seguridad DAS en supresión
Asunto: Fallo segunda instancia
2.1. Cuestión previa - sucesor procesal del DAS.
En efecto, mediante Decreto-Ley 4057 del 31 de octubre de 2011 se dispuso la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS, y en el artículo 3º se estableció que “…Las funciones [...] que corresponden al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), contempladas en el capítulo I, numerales 10, 11, 12 y 14 del artículo 2º, del Decreto 643 de 2004, y las demás que se desprendan de las mismas se trasladan a las siguientes entidades y organismos, así: [...] 3.4. La función comprendida en el numeral 14 del artículo 2º del Decreto 643 de 2004, en el Decreto 1700 de 2010 y las demás que se desprendan de la misma, se traslada a la unidad administrativa denominada Unidad Nacional de Protección que se creará en decreto separado [...]”.
A su turno, el artículo 9º del Decreto 1303 de 2014, señaló que los procesos judiciales, reclamaciones de carácter administrativo, laboral y contractual, en los que sea parte el DAS y/o su Fondo Rotatorio al cierre de la supresión del DAS, serán notificados a las entidades que hayan asumido las funciones, de acuerdo con la naturaleza, objeto o sujeto procesal y que si la función no fue asumida por una entidad de la rama ejecutiva, serán notificados y asumidos por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
De lo anterior se colige que suprimido el DAS, la función de coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección le fue asignada a la Unidad Nacional de Protección, razón por la cual se tendrá como sucesor procesal en los términos del artículo 68 del Código General del Proceso.
De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el presente asunto se trata de establecer si entre el señor Eduardo Oviedo Londoño y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) existió una verdadera relación laboral que tenga como consecuencia el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que no devengó durante el tiempo en que permaneció vinculado contractualmente con la entidad.
i) Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y “recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”; y, ii) se garantiza el derecho al trabajo(1) en condiciones dignas y justas, el cual surge como uno de los valores y propósitos del Estado al ser consagrado en el preámbulo de la Constitución con particular importancia.
“ART. 53.—El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.
Desde tiempo atrás, la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)(2), expresamente consagró en su preámbulo el “reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo de igual valor” premisa que se desarrolló en el artículo 2º del Convenio 111 de la OIT(3) al señalar que: “todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto”.
En armonía con lo anterior, se tiene que el artículo 122 ibídem consagra que “no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente”, disposición que presenta una regla de prohibición de vincular mediante contratos de prestación de servicios a personas para desempeñar funciones propias o permanentes de las entidades de la administración pública.
Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones (negrita no es del texto).
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable(4).
2.2.1.2. Sentencia de unificación SU2 005/16.
Esta corporación en la sentencia del 25 de agosto de 2016, expediente 0088-16-SUJ2 005/16 con ponencia del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter señaló que el denominado contrato realidad “aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales”.
Ahora bien, en lo que atañe al ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir por el docente vinculado por contrato de prestación de servicios, cabe anotar que este corresponderá a los honorarios pactados, ya que no es dable tener en cuenta, en este caso, el empleo de planta, pues los docentes oficiales se encuentran inscritos en el escalafón nacional docente que implica remuneraciones diferenciadas según el grado en el que estén(5).
De igual manera, estableció las reglas jurisprudenciales a tener en cuenta en materia del restablecimiento del derecho cuando deba aplicarse la figura de la prescripción. Al respecto, señaló lo siguiente(6):
ix) El ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir por el contratista corresponderá a los honorarios pactados.
2.3.1. Prestación personal del servicio y funciones desempeñadas: Dentro del expediente se encuentra probado que el demandante celebró con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre el 2 de mayo de 2005 y el 30 de junio de 2009, ocho contratos de prestación de servicios, en los siguientes términos:
Nº de contrato Fecha inicial Fecha final
015 2 de mayo de 2005 30 de junio de 2005
021 1º de julio de 2005 30 de agosto de 2005
037 31 de agosto de 2005 28 de febrero de 2006
013 1º de marzo de 2006 30 de noviembre de 2006
033 1º de diciembre de 2006 30 de junio de 2007
015 1º de julio de 2007 30 de diciembre de 2007
034 1º de enero de 2008 31 de diciembre de 2008
024 1º de enero de 2009 30 de junio de 2009
(Este contrato fue terminado anticipadamente el 10 de enero de 2009)
En los contratos de prestación de servicios que suscribió el actor con el DAS se encontraban presentes los siguientes objetivos y obligaciones(7):
El contratista en virtud de sus condiciones personales se compromete para con el DAS a prestar los servicios de protección; con sede principal en la ciudad de Bogotá y en eventualmente en la ciudad donde se asigne el esquema protectivo, dentro del componente seguridad a personas, del programa de protección a dirigentes sindicales, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, conforme a las medidas de seguridad aprobadas por el comité de reglamentación y evaluación de riesgos del Ministerio del Interior y de Justicia. PARÁGRAFO: Resultados esperados. El objeto de este contrato está orientado a brindar protección a las personas que se encuentran amenazadas por la situación de violencia que vive el país, buscando así disminuir los índices de criminalidad en los sectores más vulnerados [...]. OCTAVA: Obligaciones del contratista. Además de las obligaciones de orden legal el contratista cumplirá con aquellas que se deriven del objeto contratado y en especial las siguientes: 1. Cumplir con las actividades de protección en el lugar que le sea asignado por el DAS o por su protegido. 2. Realizar las actividades de índole protectivo previa misión de trabajo, o destinación del jefe de área competente del Departamento Administrativo de Seguridad. 3. Presentar para su revisión en la dependencia de control de armamento, radios y vehículos del DAS, o en la que haga sus veces, los elementos logísticos de dotación, dentro de los primeros 5 días de cada mes. 4. Cuando por alguna circunstancia, el contratista no se encuentre prestando el servicio para el cual fue contratado deberá hacer entrega de los elementos en la misma dependencia. 5. Observar excelente conducta social, laboral y buenas relaciones interpersonales con los funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, con sus compañeros y con la persona protegida. 6. No ingerir bebidas embriagantes, sustancias alucinógenas o sicotrópicas. 7. Respetar las normas de tránsito y de convivencia ciudadana y colaborar con las autoridades civiles y militares. 8. Informar oportunamente a la oficina de protección especial del DAS, los desplazamientos que por naturaleza del contrato deba hacer a otras ciudades y las novedades que se presenten en el servicio. 9. Mantener en buen estado los elementos logísticos de dotación y velar por su buen uso y cuidado, los cuales deberán destinarse en forma exclusiva para el servicio objeto del presente contrato. 10. Observar en forma permanente las instrucciones impartidas en lo relacionado con el uso de armas, técnicas protectivas y las demás que se relacionen con las actividades propias del objeto del presente contrato. 11. Informar al supervisor del contrato las novedades de servicio relacionadas con premisos, incapacidades u otras circunstancias que suspendan o interrumpan la ejecución del contrato, caso en el cual se efectuarán los descuentos correspondientes al valor diario por el tiempo en que no se preste el servicio [...].
De lo anterior, se encuentra claramente acreditado que i) el demandante prestó sus servicios al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en la unidad de protección a dirigentes sindicales, organizaciones sociales y defensores del derechos, de forma permanente entre el 2 de mayo de 2005 y el 10 de enero de 2009; ii) que en dicho periodo sus labores se prestaron en forma personal de acuerdo a las necesidades del servicio requeridas por los sujetos a quienes les brindo el servicio de escolta; y iii) las labores asignadas no eran distintas a las desempeñadas al personal de planta de la entidad, como quiera que les correspondía el manejo de armamento y elementos de dotación de uso privativo del DAS, cumplía su labor a través de misiones destinadas a brindar protección a los sujetos cuya situación de seguridad se estimaba vulnerable.
2.3.2. Subordinación o dependencia: De la declaración del señor Carlos Eduardo Toro Ávila(8), funcionario que hizo parte del programa de protección a dirigentes, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos; y, de las órdenes de trabajo suscritas por el coordinador del área operativa y por el subdirector seccional DAS - Risaralda(9), se infiere lo siguiente:
El demandante en su condición de contratista de Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en supresión, i) cumplía un horario de trabajo superior a 8 horas, pues en múltiples ocasiones la labor se extendía “de manera extenuante” hasta altas horas de la noche; ii) siempre se encontraba bajo la supervisión del jefe de la división del programa de protección; y, iii) debía dejar constancia de todo lo acontecido diariamente ante el inspector encargado, al responsable de área de protección y al coordinador operativo de la seccional la entidad.
En efecto, durante el término que prestó el esquema de seguridad al señor Carlos Eduardo Toro Ávila en calidad de alcalde de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), tenía como función diaria la de hacer la respectiva presentación personal ante la seccional o puesto operativo del DAS, lugar donde debía informar cualquier novedad que se presente durante el servicio, y realizaba un reporte diario de la orden de trabajo en aras de dar cumplimiento a la circular OPLA de 6 de diciembre de 2002, en la que se señala que las órdenes de trabajo deben ser legalizadas el mismo día en que se finaliza labor o a más tardar al día hábil siguiente a la terminación de la misión.
De conformidad con el material probatorio previamente señalado, se colige sin lugar a dudas que el demandante recibía órdenes por parte del DAS de forma constante para el desarrollo de sus servicios; debía cumplir un horario de trabajo asignado por dicha entidad, que en muchos casos era superior a la jornada ordinaria laboral; no podía ejercer sus servicios de escolta de forma autónoma e independiente porque se debía circunscribir a las instrucciones del DAS y no se le permitía ejecutar actividades de escolta para otras entidades.
2.3.3. De la contraprestación: Del contenido de las órdenes de pago y certificado de ingresos aportados al plenario(10), se encuentra debidamente acreditado el pago a favor del demandante de los honorarios pactados en los distintos contratos de prestación de servicios suscritos con el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en supresión, lo que demuestra aún más que se trató de una verdadera relación laboral.
“PAR.—A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las entidades no podrán celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales, con la finalidad de reemplazar cargos que se supriman dentro del programa de renovación de la administración pública (subrayado del tribunal).
Sobre el particular, se tiene que el tribunal condenó a la entidad demandada al pago de las prestaciones sociales “que devenga un escolta de planta en el DAS, tomando como base el valor de lo devengado por un empleado de esta misma categoría”(11) decisión que debe ser modificada, con base en lo dispuesto en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, expediente 0088-15, CESUJ2, consejero ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, según la cual quedó claramente establecido que el ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir por el empleado contratista deben ser liquidadas con base en los honorarios pactados contractualmente.
De igual manera, es preciso señalar que la citada sentencia ordenó analizar en todas las demandas en las que proceda el reconocimiento de la relación laboral o contrato realidad, así no se haya solicitado expresamente, el tema relacionado a las cotizaciones adeudadas por la administración al sistema de seguridad social en pensiones(12). Sobre ese punto, precisó que la imprescribilidad frente a los aportes a seguridad social no opera frente a la devolución de los dineros pagados por concepto de aportes efectuados al sistema de seguridad social que podrían tener incidencia al momento de liquidarse el monto pensional.
En ese orden, señaló que la entidad “deberá tomar el ingreso base de cotización pensional del demandante (los honorarios pactados), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para efectos de lo anterior, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora”(13).
De conformidad con lo expuesto, el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda será modificado parcialmente en los siguientes términos:
Numeral cuarto: Condenar al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) condenar, hoy Unidad Nacional de Protección (UNP), a pagar al señor Eduardo Oviedo Londoño, a título de restablecimiento del derecho, el valor equivalente a las prestaciones sociales comunes que devengan los escoltas de dicha entidad, liquidadas conforme a los honorarios pactados en los contratos, por el tiempo comprendido entre el 2 de mayo de 2005 y el 10 de enero de 2009, sumas que serán ajustadas conforme a lo dispuesto en el CCA.
De igual manera, la UNP deberá a título de restablecimiento del derecho, tomar el ingreso base de cotización pensional del demandante, dentro de la totalidad de periodos laborados, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.
En ese sentido, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema de seguridad social en pensiones durante el tiempo que perduró el vínculo contractual, y en el evento de que no las hubiese hecho o existiere diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.
Finalmente, en lo que refiere a la declaración de que el tiempo laborado por el actor sea contabilizado para efectos pensionales, esta condena está ajustada a derecho, pues conforme a la sentencia de unificación estos tiempos una vez probada la relación subordinada y dependiente deben ser tenidos en cuenta para esos efectos prestacionales y que, además, son imprescriptibles.
En conclusión se confirmará la sentencia recurrida que accedió a las pretensiones de la demanda, excepto el numeral cuarto que se modificará con base en las consideraciones previamente expuestas.
CONFÍRMASE la sentencia proferida el catorce (14) de agosto de dos mil catorce (2014) proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, dentro del proceso promovido por Eduardo Oviedo Londoño contra el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS en supresión, EXCEPTO, el numeral cuarto que se modifica y quedará así:
4. CONDENAR al Departamento Administrativo de Seguridad - DAS, hoy Unidad Nacional de Protección (UNP), a pagar al señor Eduardo Oviedo Londoño, a título de restablecimiento del derecho, el valor equivalente a las prestaciones sociales comunes que devengan los escoltas de dicha entidad, liquidadas conforme a los honorarios pactados en los contratos, por el tiempo comprendido entre el 2 de mayo de 2005 y el 10 de enero de 2009, sumas que serán ajustadas conforme a lo dispuesto en el CCA.
1 “ART. 13.—Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
2 Aprobada en 1919.
3 Aprobado por Colombia mediante la Ley 22 de 1967.
4 Los apartes subrayados fueron declarados condicionalmente exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-154 de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara.
5 Decreto 2277 de 1979, “por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”, artículo 36: “Derechos de los educadores. Los educadores al servicio oficial gozarán de los siguientes derechos:
6 Folios 34-35.
7 Folios 201-221 cuaderno de pruebas 2-1.
8 Exalcalde de Santa Rosa. La declaración obra a folios 509 -512, cuaderno de pruebas 2-2.
9 Folios 222-27, cuaderno de pruebas 2-1.
10 Folios 272-286 cuaderno de pruebas 2-1.
11 Folio 344.
12 La sentencia de unificación discernió de la siguiente manera: “en atención a que el derecho a una pensión redunda en la calidad de vida de aquella persona que entregó al Estado su fuerza de trabajo en aras de su propia subsistencia, e incluso de la de su familia, tanto para recibir una contraprestación por su servicio como para llegar a obtener beneficios que cubran contingencias derivadas de la vejez o invalidez, el juez contencioso deberá estudiar en todas las demandas en las que proceda el reconocimiento de una relación laboral (contrato realidad), así no se haya solicitado expresamente, el tema concerniente a las cotizaciones debidas por la administración al sistema de seguridad social en pensiones, pues si bien es cierto que la justicia contencioso administrativa es rogada, es decir, que el demandante tiene la carga procesal de individualizar las pretensiones condenatorias o declaratorias (diferentes a la anulación del acto) con claridad y precisión en el texto de la demanda respecto de las cuales el juez deberá pronunciarse en la sentencia (principio de congruencia), también lo es que este mandato legal debe ceder a los postulados superiores, cuanto más respecto de los derechos constitucionales a la vida en condiciones dignas e irrenunciabilidad a la seguridad social, puesto que “La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores” (art. 48 de la C.P.), como extremo débil de la relación laboral, que imponen a las autoridades estatales la obligación de adoptar medidas tendientes a su protección efectiva, ya que sería mayor el menoscabo para la persona cuando llegare a acceder a un derecho pensional (sea por vejez o invalidez) con un monto que no reconoce la fuerza laboral que entregó a su empleador, frente a los demás que sí obtuvieron todos los beneficios a los que se tiene derecho en un contrato de trabajo (principio de proporcionalidad)”.
13 Folio 34 Sentencia SUJ2-005-16.

References: ARTÍCULO 210
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 68
 artículo 2
 artículo 122
 artículo 36