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Timestamp: 2018-02-24 14:03:00+00:00

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Sentencia T.S. (Sala 3) de 17 de diciembre de 2010. Puertos. Responsabilidad patrimonial del Estado por acto legislativo. Tarifas portuarias - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Puertos: Responsabilidad Patrimonial. Daños sufridos en el patrimonio, derivados del pago de tarifas portuarias en aplicación del artículo 70 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, declarado inconstitucional. Competencia para conocer del asunto. No puede hablarse de un daño real o efectivo para el obligado que satisfizo la tarifa por la prestación del correspondiente servicio portuario, pues se ha beneficiado de la prestación de dicho servicio portuario. A efectos de la reclamación de responsabilidad patrimonial no basta con acreditar que la devolución del importe no supondría un enriquecimiento injusto, sino que es preciso acreditar un empobrecimiento injusto. Desestimación del recurso.
Visto por esta Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el presente recurso contencioso-administrativo n.º 288/2007 interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Antonio Barreiro-Meiro Barbero, en nombre y representación de SERVICIOS MARÍTIMOS ADUANEROS VALENCIA, S.L. contra la desestimación primero presunta y después expresa de la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado Legislador formulada al Consejo de Ministros, con fecha 19 de mayo de 2006, por los daños sufridos en su patrimonio derivados de la aplicación del artículo 70, apartados 1 y 2 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, declarado inconstitucional. Siendo parte demandada la Administración General del Estado que actúa representada por el Abogado del Estado.
Primero.-Con fecha 19 de mayo de 2006, la entidad SERVICIOS MARÍTIMOS ADUANEROS VALENCIA, S.L., empresa especializada en servicios de consignación de buques, fletamentos marítimos, estiba y desestiba de carga y, en general, asesoramiento de cualquier actividad portuaria, se dirigió al Consejo de Ministros solicitando indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, respecto a las cantidades abonadas a la Autoridad Portuaria de Valencia por dicha entidad, en concepto de tarifas portuarias, durante el año 1996, más los intereses legales correspondientes desde la fecha de ingreso hasta el momento del pago de la indemnización.
Alegaba al efecto, que con fecha 20 de mayo de 2005, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la sentencia del Tribunal Constitucional 102/2005, de 20 de abril, por la que se declaran inconstitucionales y nulos los apartados 1 y 2 del artículo 70 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en su redacción original y que, como consecuencia de la aplicación de estos preceptos y de la norma reglamentaria que los desarrolló, hubo de satisfacer a la Autoridad Portuaria de Valencia, durante el ejercicio 1996, determinadas cantidades en concepto de tarifas portuarias, lo que ha provocado una lesión en su patrimonio de la que es responsable el Estado, en tanto que legislador, como consecuencia de la aplicación de una Ley declarada inconstitucional.
Segundo.-Ante el silencio del Consejo de Ministros y con fecha 16 de mayo de 2007, la entidad SERVICIOS MARÍTIMOS ADUANEROS VALENCIA, S.L., interpone este recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta de su reclamación por el Consejo de Ministros. Una vez admitido a trámite y recabado el expediente administrativo, se dio traslado a la recurrente para formalización de la demanda, en la que mantiene su pretensión de indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, por las cantidades ingresadas en concepto de tarifas portuarias en el ejercicio 1996.
Como fundamentos sustantivos para justificar la petición de desestimación del recurso alega: que transcurrió más de un año desde que se dictó la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el art. 70 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre (art. 142.4 Ley 30/92). Que el art. 139.3 de la Ley 30/92 establece que la indemnización derivada de la aplicación de actos legislativos será exigible "cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos", y en el presente caso no consta que exista nada parecido a tales previsiones legales, por el contrario lo que existe es una disposición específica en sentido contrario, establecida en la Disposición Final Segunda de la Ley 25/2006, de 17 de julio, que establece el procedimiento a seguir para regularizar la situación de los contribuyentes que en su día ingresaron liquidaciones de tarifas por las Autoridades Portuarias, tras la entrada en vigor de la Ley 27/1992 y con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 48/2003, como consecuencia de la nulidad de las disposiciones que les servían de cobertura. Que la demanda de indemnización no encuentra apoyo en precepto alguno y, en contra del principio de seguridad jurídica, supondría hacer efectivas consecuencias jurídicas de la anulación de unas liquidaciones que siguen siendo definitivas y firmes, dado que no fueron impugnadas y no resultaron afectadas por las sentencias del Tribunal Constitucional que declararon la inconstitucionalidad de los apartados 1 y 2 del art. 70 de la Ley 27/92 y la redacción dada por la Ley 62/97; la invalidación de una norma legal por vicio de inconstitucionalidad no conlleva por sí misma la extinción de las situaciones jurídicas creadas a su amparo ni demanda necesariamente la reparación de las desventajas patrimoniales ocasionadas bajo su vigencia, por el contrario, mientras otra cosa no se establezca, los fallos de inconstitucionalidad tienen eficacia prospectiva o ex nunc, con cita de las sentencias del TC 146/99 y 289/200, añadiendo que a la vista de la disposición final segunda de la Ley 25/06, la apelación al criterio de lo que el Tribunal pueda considerar respecto de la posible eficacia retroactiva de la inconstitucionalidad declarada es improcedente. Entiende que no concurren los requisitos necesarios para la pretendida responsabilidad patrimonial, ya que no ha existido daño antijurídico que deba resarcirse, con referencia a la doctrina del enriquecimiento injusto, desde el momento que la recurrente no ha justificado haber realizado el pago de las tarifas que reclama, e independientemente de esta circunstancia, el importe de las tarifas está vinculado al coste del servicio correspondiente, por lo que no puede hablarse en puridad de la existencia de un daño real o efectivo, dado que el obligado al pago se ha beneficiado de la prestación de un determinado servicio portuario y tampoco puede decirse que el daño sea antijurídico en el sentido de que no tenga el deber de soportarlo, pues recibió un servicio portuario por el que satisfizo la correspondiente tarifa y si ahora hubiera de devolverse se produciría un claro enriquecimiento injusto.
Cuarto.-Recibido el pleito a prueba, la parte actora propuso documental a los efectos de acreditar las liquidaciones y pagos efectuados por la mercantil SERVICIOS MARÍTIMOS ADUANEROS VALENCIA, S.L., a la Autoridad Portuaria de Valencia, durante el ejercicio 1996 en concepto de tarifas por servicios portuarios, acordándose con posterioridad el recibimiento de la ampliación del recurso a prueba, que se practicó con el resultado que es de ver en las actuaciones, abriéndose posterior trámite de conclusiones.
Por todo ello, ha de rechazarse la alegación formulada por el Abogado del Estado en su contestación a la demanda, la cual, por otro lado, no se reitera en la contestación a la ampliación de la demanda a la resolución tardía expresa del Consejo de Ministros, lo que cabe interpretar bien como una aceptación tácita de dicho argumento, razonado ya en diversas sentencias de esta Sala dictadas con ocasión de reclamaciones análogas- por todas, STS de 30 de abril de 2009 (rec. n.º 456/06) y de 12 de junio de 2009 (rec. n.º 455/06)-, ó como un abandono en la oposición de dicha causa de inadmisión por parte de la Administración, ante la evidencia de que la resolución expresa tardía del Consejo de Ministros hace ineficaces los argumentos basados en una resolución dictada por quien, no habiendo sido requerido para ello, no puede ni alterar la competencia para conocer de reclamaciones como la deducida, ni suplir la resolución expresa del Consejo de Ministros competente para resolverla.
Procede también rechazar la alegación de extemporaneidad de la reclamación que se formula por el Abogado del Estado pues no cabe sostener que el plazo para su ejercicio deba computarse desde la publicación de la STC 102/2005 de 20 de abril, que declara la inconstitucionalidad de los apartados 1 y 2 del artículo 70 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre de Puertos del Estado y de la Marina Mercante en su redacción original, sino desde la publicación de la STC 121/2005 que declara la nulidad de dichos apartados del artículo 70 de la misma Ley, en la redacción dada por la Ley 62/1997, como última resolución del Tribunal Constitucional que se pronuncia confirmando dicha inconstitucionalidad y que como tal opera de dies a quo en el conjunto del plazo. A mayor abundamiento, se debe significar que, en el presente supuesto, la reclamación de responsabilidad patrimonial se presentó el día 19 de mayo de 2006, por tanto, dentro del plazo de un año a contar desde la publicación de la primera de las sentencias del Tribunal Constitucional, esto es, la 102/2005.
Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo n.º 288/2007 interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Antonio Barreiro-Meiro Barbero, en nombre y representación de SERVICIOS MARÍTIMOS ADUANEROS VALENCIA, S.L, contra la desestimación primero presunta y después expresa de la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado Legislador formulada al Consejo de Ministros, con fecha 19 de mayo de 2006, por los daños sufridos en su patrimonio derivados de la aplicación del artículo 70, apartados 1 y 2 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, declarado inconstitucional, desestimación que se confirma por ajustarse al ordenamiento jurídico.

References: artículo 70
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 resolución 
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