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Timestamp: 2018-03-19 22:32:11+00:00

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Jurisprudencia Destacada Año 2018 – Microjuris - Chile
Jurisprudencia Destacada Año 2018
2 enero 2018 por Ed. Microjuris.com Chile Dejar un comentario
JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 1 DE 2018
RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – DECLARACION DE RELACION LABORAL
Flores c/ Ilustre Municipalidad de Valparaíso
Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – ESTATUTO ADMINISTRATIVO – ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – DOCENTES – HONORARIOS – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – RELACIÓN DE DEPENDENCIA – PRIMACÍA DE LA REALIDAD – DESPIDO – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO – DISIDENCIA
La acertada interpretación del artículo 1° del Código del Trabajo en relación con el artículo 4° de la Ley N° 18.883, está dada por la vigencia de dicho Código para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado, en la especie una Municipalidad, que aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula a la entidad contratante, prestan servicios en las condiciones previstas por el legislador laboral.
1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por las funcionarias municipales en contra de la sentencia que rechazó el recurso de nulidad deducido contra el fallo que rechazó la demanda de despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales. Esto, por cuanto, en la especie, se plantean disímiles interpretaciones sobre la materia objeto de derecho, esto es, la posibilidad de someter a la vigencia del Código del Trabajo, a aquellas personas, que aunque contratadas bajo el régimen de honorarios, en los hechos, sus labores no se ajustan a los presupuestos normativos que autorizan dicho tipo de vínculos, concurriendo indicios de subordinación y dependencia, verificándose, entonces, la hipótesis establecida en el artículo 483 del Código del Trabajo. Al respecto, la acertada interpretación del artículo 1° del Código del Trabajo en relación con el artículo 4° de la Ley N° 18.883, está dada por la vigencia de dicho Código para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado, en la especie una Municipalidad, que aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula a la entidad contratante, prestan servicios en las condiciones previstas por el legislador laboral; en otros términos, corresponde calificar como vinculaciones laborales, sometidas al Código del Trabajo, las relaciones habidas entre aquéllos en la medida que dichas vinculaciones se desarrollen fuera del marco legal que establece -para el caso- el artículo 4° de la Ley N° 18.883, que autoriza la contratación sobre la base de honorarios ajustada a las condiciones que dicha norma describe, y se conformen a las exigencias establecidas por el legislador laboral para los efectos de entenderlas reguladas por la codificación correspondiente.
2.- Se someten al Código del Trabajo y leyes complementarias los funcionarios de la Administración del Estado que no se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial y, aun contando con dicho estatuto, si éste no regula el aspecto o materia de que se trate; en este último caso, en el evento que no se oponga a su marco jurídico. Por consiguiente, si se trata de una persona natural que no se encuentra sometida a estatuto especial, sea porque no ingresó a prestar servicios en la forma que dicha normativa especial prevé, o porque tampoco lo hizo en las condiciones que esa preceptiva establece -planta, contrata, suplente-, es claro que el dilema debe ser resuelto reconduciendo el caso hacia la aplicación del Código del Trabajo, desde que en la especie, el artículo 4° de la Ley N° 18.883, sustrayéndose del marco jurídico estatutario que establece para los funcionarios que regula, permite contratar sobre la base de honorarios en las condiciones que allí se describen, las que, en general, se asimilan al arrendamiento de servicios personales regulado en el Código Civil y que, ausentes, excluyen de su ámbito las vinculaciones pertinentes, correspondiendo subsumirlas en la normativa del Código del Trabajo en el evento que se presenten los rasgos característicos de este tipo de relaciones -prestación de servicios personales, bajo subordinación y dependencia y a cambio de una remuneración, según ya se dijo-, por cuanto la vigencia del Código del Trabajo, constituye la regla general en este tipo de relaciones personales y porque además, tratándose de un órgano de la administración del Estado, debe someter su actuar al principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.
3.- No se desconoce la facultad de la administración para contratar bajo el régimen de honorarios que consulta el artículo 4° de la Ley N° 18.883, esto es, cuando necesite de profesionales o técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias y que deban realizar labores accidentales, no habituales, o se trate de la prestación de servicios para cometidos específicos; razón por la que no se presenta algún problema de colisión entre las normas del citado código y del estatuto funcionario aludido, sino sólo de determinación de los presupuestos de procedencia normativa que subyacen en cada caso, para discernir qué regla es pertinente, y lo será aquella que se erige en el mencionado artículo 4°, siempre que el contrato a honorarios sea manifestación de un mecanismo de prestación de servicios, a través del cual la administración municipal, pueda contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que presentan el carácter de ocasional, específico, puntual y no habituales.
4.- Si una persona se incorpora a la dotación de una municipalidad bajo la modalidad contemplada en el artículo 4° de la Ley N° 18.883, pero en la práctica presta servicios que en los hechos revelan un vínculo al que corresponde aplicar el Código del Trabajo, llevan a la necesaria conclusión de que se trata de una relación de orden laboral. Lo anterior, porque dicho estatuto constituye la regla general en el ámbito de las relaciones laborales, y, además, porque una conclusión en sentido contrario significaría admitir que, no obstante concurrir todos los elementos de un contrato laboral, el trabajador queda al margen de la protección que el Estado otorga a los trabajadores, en una situación de precariedad que no tiene justificación alguna.
5.- En relación a la aseveración que formula la sentencia impugnada, relativa a que el impedimento legal que afecta a las Municipalidades de efectuar contrataciones bajo el régimen del Código del Trabajo, impediría de manera absoluta que un contrato celebrado bajo el estatuto del artículo 4° de la Ley N° 18.883 devenga en uno de naturaleza laboral, aunque haya sido celebrado fuera de los supuestos que establece, e incluso con la concurrencia de los elementos configurativos de relación laboral, cabe señalar, que el principio de primacía de la realidad, en cuanto fundamento del derecho del trabajo, corresponde a una exigencia que, como la doctrina enseña, tiene por objeto, entre otras funciones, servir de guía interpretativa de las decisiones jurisprudenciales, ordenando atender por sobre las formalidades, la manera en que la práctica concreta desarrolla y configura las relaciones de intercambio y prestaciones de servicio.
6.- Atendido en especial el indiscutible carácter protector del derecho laboral, aparece que la calificación de los hechos debe ser efectuada desde la perspectiva del trabajador, a quien le es indiferente la fórmula contractual que sustente su vínculo, o el fundamento jurídico del mismo, pues se trata de un análisis que se realiza en el contexto de un derecho que busca balancear el desequilibrio propio de las relaciones laborales, que afecta a quien vive de su trabajo, donde el empleador se ubica en una posición privilegiada que le permite decidir y dirigir, entre otros factores, las formalidades de la contratación. Pues bien, en tal sentido, no es indiferente que un contrato celebrado entre un particular y un municipio, que formalmente responde a la facultad del artículo 4° antes citado, en la práctica demuestre elementos configurativos de una relación laboral, pues la protección que implica el reconocimiento de dicha categoría jurídica, se extiende de manera amplia conforme lo reflexionado en torno a la aplicación del artículo 1° del Código del Trabajo ya mencionado, incluyendo entonces, a este tipo de trabajadores que no se encuadran en los hechos en los presupuestos legales que autorizan el régimen de contratación a honorarios.
7.- El error o ilegalidad en que incurre un ente público, como una Municipalidad, al utilizar indebidamente la facultad del artículo 4° de la ley N° 18.883 no puede perjudicar al trabajador. La responsabilidad administrativa que comparezca, debe afectar a su autor, pero no a terceros de buena fe, que no son responsables del acto viciado. Incluso, el propio derecho administrativo reconoce un efecto similar a partir del denominado principio de la confianza legítima, que ha sido recogido por la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, a propósito de los funcionarios adscritos al sistema público bajo contrata, al señalar que la reiterada renovación de las mismas, generan en los funcionarios la legítima expectativa de continuidad que impide su cancelación sin una debida fundamentación. En la especie, se puede indicar que, bajo el mismo principio, no es posible extender los efectos nocivos de un acto mal ejecutado por la administración, a quien le asiste tal confianza legítima, de que el órgano público se relaciona con el particular de manera lícita y válida, y que concurriendo los elementos que denotan la existencia de una relación laboral, esta debe ser respetada, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas del órgano, que al trabajador no le empecen.
8.- Corresponde rechazar el recurso de unificación planteado, por cuanto, la correcta interpretación de la cuestión de derecho materia del juicio propuesto en el arbitrio, es la seguida por la sentencia impugnada, que contiene lo que estima como exégesis correcta. (Del voto en contra del abogado integrante señor Quintanilla).
RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – NULIDAD DEL DESPIDO
Escobar Díaz, David c/ Ilustre Municipalidad de La Ligua
Voces: LABORAL – DESPIDO INJUSTIFICADO – NULIDAD DEL DESPIDO – MUNICIPALIDADES – CONVENIO DE HONORARIOS – CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO
Si el empleador durante la relación laboral infringió la normativa previsional y no enteró las cotizaciones previsionales, corresponde imponerle la sanción de nulidad del despido. Lo anterior, incluso cuando se declara la existencia de relación laboral, ya que la naturaleza de la sentencia que se refiere a ello es declarativa y no constitutiva.
1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por el demandante, contra la sentencia que acogiendo la demanda, declaró la existencia de la relación laboral habida entre las partes y, consecuencialmente, que su término fue injustificado, pero rechazando la aplicación de la sanción de la nulidad del despido, sin perjuicio de condenar a la demandada al pago de las cotizaciones de seguridad social por todo el período trabajado. Esto, dado que el empleador no dio cumplimiento a la obligación establecida en el inciso 5° del artículo 162 del Código del Trabajo, de modo que corresponde aplicar la sanción que la misma contempla, esto es, el pago de las remuneraciones y demás prestaciones del trabajador que se devenguen desde la fecha del despido hasta la fecha de su convalidación, mediante el entero de las cotizaciones adeudadas. A lo anterior no obsta que haya sido el fallo recurrido de nulidad el que dio por establecida la existencia de una relación de naturaleza laboral entre las partes, por cuanto se trata de una sentencia declarativa
2.- La razón que motivó al legislador para modificar el artículo 162 del Código del Trabajo, por la vía de incorporar, por el artículo N° 1, letra c) , de la Ley N° 19.631, el actual inciso 5°, fue proteger los derechos previsionales de los trabajadores por la insuficiencia de la normativa legal en materia de fiscalización, y por ser ineficiente la persecución de las responsabilidades pecuniarias de los empleadores a través del procedimiento ejecutivo; cuyas consecuencias negativas en forma indefectible las experimentan los trabajadores, en especial los más modestos, quienes ven burlados sus derechos previsionales, y, por ello, en su vejez no les queda otra posibilidad que recurrir a las pensiones asistenciales, siempre insuficientes, o a la caridad; sin perjuicio de que, además, por el hecho del despido quedan privados de su fuente laboral y, por lo mismo, sin la posibilidad de solventar sus necesidades y las de su grupo familiar.
3.- Según la normativa laboral y previsional la cotización previsional es un gravamen que pesa sobre las remuneraciones de los trabajadores, que es descontado por el empleador con la finalidad de ser enterado ante el órgano previsional al que se encuentren afiliados sus dependientes, junto al aporte para el seguro de cesantía que le corresponde sufragar, dentro del plazo que la ley fija. Así, la naturaleza imponible de los haberes los determina la ley y que se presume por todos conocida de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8° del Código Civil, de modo que las remuneraciones siempre revistieron dicho carácter, lo que lleva a que el empleador debe hacer las deducciones pertinentes y enterarlas en los organismos previsionales respectivos y al no cumplir con esta exigencia se hace acreedor de la sanción establecida en el artículo 162, incisos 5°, 6° y 7°, del Código del Trabajo.
4.- La sentencia definitiva dictada no es de naturaleza constitutiva sino declarativa, sólo constata una situación preexistente, en consecuencia, la obligaciones derivadas del contrato de trabajo se encontraban vigentes desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, desde la misma época. En efecto, sobre la base de la existencia de una situación jurídica dada, en el caso de autos una relación laboral, se dedujo denuncia con el objeto que se declarara, además de lo indebido del despido, que fue nulo e ineficaz porque las cotizaciones de seguridad social no habían sido pagadas, a lo que no se accedió. Se constató o declaró su existencia, pero en ningún caso se constituyó, puesto que no registra su nacimiento desde que quede ejecutoriada la decisión en que el tribunal la reconoció, sino desde la fecha que se indica, que corresponde a la oportunidad en que las partes la constituyeron. Cosa distinta es que una de ellas se resista a dar cumplimiento a las prestaciones que de esa relación jurídica se desprenden.
5.- Que no obstante considerar que la sentencia que reconoce la existencia de la relación laboral tiene carácter declarativo y que, por ende, por regla general procede aplicar la nulidad del despido al no encontrarse enteradas las cotizaciones previsionales a la época del término de la relación, tratándose, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado o por Municipalidades, concurre un elemento que permite diferenciar la aplicación de la referida sanción, cual es que ellos se suscribieron al amparo de un estatuto legal predeterminado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran en la hipótesis de quien elude sus obligaciones laborales y previsionales, debiendo en consecuencia ser excluidos de la sanción. Por otra parte, la aplicación, en estos casos, de la sanción contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo se desnaturaliza, por cuanto el Estado o las Municipalidades no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido, en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren de un pronunciamiento condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido (del voto de disidencia de la Ministra Muñoz)
MARCAS COMERCIALES – DENOMINACION DE ORIGEN
Yanine Nazal, Juan c/ Jefa del Centro de Gestión Turística Municipal de Chillán
Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHO DE PROPIEDAD – PROPIEDAD INDUSTRIAL – DENOMINACIÓN DE ORIGEN – MARCAS COMERCIALES – MUNICIPALIDADES – TURISMO – RECHAZO DEL RECURSO
La Ley 19.039 contempla de forma explícita la coexistencia entre indicaciones geográficas y denominaciones de origen, con marcas comerciales, dado que las primeras protegen un producto originario de una zona, mientras que las marcas buscan diferenciar el origen empresarial de productos iguales o similares.
1.- Corresponde rechazar el recurso de protección interpuesto por el empresario recurrente, contra el eventual proyecto del Centro de Gestión Turística Municipal de etiquetar todos los embutidos de la zona con el sello de indicación geográfica “Chillán”. Lo anterior debido a que la recurrida no ha iniciado un proceso de solicitud de indicación geográfica al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, por lo que no existe una vulneración al derecho de propiedad del recurrente (artículo 19 N° 24 de la Constitución), ni al derecho a la propiedad industrial (artículo 19 N° 25 de la Constitución).
2.- Respecto a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, el artículo 96 bis a) de la Ley 19.039, contempla de forma explícita la coexistencia entre aquellas y las marcas comerciales. Si bien ambos son tipos de signos distintivos y categorías de derecho de propiedad intelectual, debido a su naturaleza presentan diferencias, como que las marcas comerciales buscan distinguir o diferenciar productos o servicios respecto de otros idénticos o similares; esto es, identificar la procedencia empresarial de un determinado producto (artículo 19 bis d) de la Ley 19.039); mientras que las denominaciones de origen protegen un producto originario de un país, región o localidad cuando su reputación, calidad o alguna de las características de ese producto se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos los factores naturales y humanos (artículo 92 letras a) y b) de la Ley 19.039).
3.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no identifican servicios, establecimientos comerciales o establecimientos industriales, a diferencia de las marcas. Por lo anterior, es posible que una marca, una denominación de origen o indicación geográfica se apliquen simultáneamente a un mismo tipo de producto, como lo establece el artículo 96 bis A de dicha ley. Además de lo anterior, las marcas comerciales constituyen un monopolio de uso otorgado con fines individuales, que solo beneficia al titular de la marca o a quien este autorice tal uso. Las indicaciones geográficas o denominaciones de origen, por el contrario, son signos de carácter colectivo, pues benefician a todos los artesanos, productores o elaboradores de productos de la zona delimitada, quienes pueden usar la expresión sin otras restricciones que cumplir las condiciones de uso, producción y elaboración que son parte del reglamento de uso y control.
4.- Existen múltiples marcas que contienen el segmento «Chillán», que coexisten con las marcas de titularidad del recurrente. Esto es posible dado que, conforme al principio de especialidad marcaria, puede que marcas similares coexistan con otras incluso para productos idénticos, siempre que ello no lleve a confusión al público consumidor sobre la real procedencia de los productos distinguidos por la marca. En este sentido, se admite a registro expresiones descriptivas de procedencia, como el nombre de un lugar, ya que se trata de un uso evocativo o arbitrario del mismo.
ORDENANZA MUNICIPAL – MENDICIDAD
Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – IGUALDAD ANTE LA LEY – COMISIONES ESPECIALES – DERECHO DE PROPIEDAD – ORDENANZA MUNICIPAL – BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO – FACULTADES DEL ALCALDE – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECHAZO DEL RECURSO
Tribunal: Corte de Apelaciones de Antofagasta
Las ordenanzas municipales pueden prohibir la realización de determinadas conductas en los espacios públicos de la comuna, en virtud de las facultades que entrega la Constitución y las leyes a los alcaldes.
1.- Corresponde rechazar el recurso de protección interpuesto por el recurrente, contra la ordenanza municipal que prohíbe la solicitud de dinero o especies a transeúntes en espacios públicos, entre otras conductas. Al respecto, la ordenanza municipal no es ilegal, ya que se sustenta en la facultad de administración de los bienes de uso público que tienen los alcaldes, siendo jurídicamente admisible que se dicten ordenanzas para establecer limitaciones a su uso, en virtud de los artículos 6 y 7 de la Constitución; 5 letra c) de la Ley 18.695, y 589 del Código Civil. Tampoco es arbitraria, ya que se dictó con el objetivo de velar por la circulación expedita de vehículos en la vía pública, por asegurar el resguardo de los espacios y bienes nacionales de uso público, y para salvaguardar la seguridad púbica comunal, no existiendo entonces una desviación del fin público.
2.- La ordenanza no vulneró la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución), ya que la ley autoriza al municipio a crear normas particulares con aplicación en el espacio territorial de la respectiva comuna. Respecto a la prohibición constitucional de ser juzgado por comisiones especiales (artículo 19 N° 3 de la Constitución), dicha prohibición no se infringió, ya que la Ley 15.231 contempla dentro de la competencia de los juzgados de policía local conocer del incumplimiento de la normativa municipal, por la que no existe una comisión ad hoc creada para el juzgamiento. Por último, la supuesta amenaza al derecho de propiedad -por la imposición de una multa por el incumplimiento de la ordenanza- si bien puede generar un detrimento patrimonial, éste está legitimado al ser el resultado de un proceso legalmente tramitado ante el juzgado de policía local, por lo que no existe una amenaza o vulneración al artículo 19 N° 24 de la Constitución.
3.- La derogación de un delito -como el de mendicidad- no implica que la conducta sea socialmente aceptable, sino solo que el bien jurídico protegido ha dejado de ser de la trascendencia necesaria para mantener su protección a través del medio compulsivo de última ratio como es el estatuto punitivo. Sin embargo, lo anterior no impide que a través de la normativa comunal se pueda considerar estas conductas como disvalóricas del orden territorial, generando una intervención leve sobre la esfera individual, pero proporcional al fin perseguido y propio de la convivencia e interrelación social.
4.- El recurrente no tiene legitimación activa para interponer el recurso de protección a favor de personas no identificadas, pero sí lo puede hacer por la afectación que le produzca a sí mismo el hecho impugnado. En este sentido, el recurso de protección exige la concurrencia de una persona natural o jurídica determinada, que accione por sí o a través de cualquiera a su nombre, como se extrae del tenor literal del artículo 20 de la Constitución. Así, esta acción no es popular o pública, pues exige la identificación del afectado.
RECURSO DE AMPARO ECONOMICO – PERMISO MUNICIPAL
Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea c/ Inversiones Capitales Limitada
Voces: TRIBUTARIO Y ADUANERO – DERECHO TRIBUTARIO – LEY DE RENTAS MUNICIPALES – PATENTE MUNICIPAL – COBRO EJECUTIVO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS – EXCEPCIÓN DE NULIDAD – SUJETO PASIVO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA – MUNICIPALIDADES – CARENCIA DE CAUSA – RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO
Producto: Municipalidades – Microjuris – Tributario
Solamente puede hacerse cobro de patentes municipales a contribuyentes existentes. En caso de que una sociedad contribuyente se haya disuelto, el cobro del impuesto por periodos posteriores carece de causa, siendo por lo tanto nulo.
1.- Debe acogerse el recurso de casación en el fondo, interpuesto por la parte ejecutada en contra de sentencia de segundo grado en procedimiento ejecutivo de patentes municipales, tanto en cuanto éste yerra al considerar la obligación ejecutada válida, siendo en realidad nula, lo cual lleva a la incorrecta aplicación del artículo 464 N°14 del Código de Procedimiento Civil. A juicio del tribunal censurado, el organismo municipal se encontraría habilitado para realizar el cobro de las mencionadas obligaciones tributarias toda vez que el título en que consta sería válido-a la luz del artículo 47 de la Ley sobre Rentas Municipales- y en cuanto la actividad realizada por la ejecutada se encontraría gravado por dicho impuesto -de acuerdo con los artículos 23 , 24 y 29 de la misma norma-. Sin embargo, el mismo tribunal obvia hechos asentados en el procedimiento, específicamente, la disolución del contribuyente, previa al periodo que se pretende ejecutar. En efecto, y a pesar de que el razonamiento del tribunal resulta válido, éste es asimismo incompleto, tanto en cuanto resulta necesario para el cobro de una obligación la existencia del deudor mismo (el contribuyente), siendo ésta en caso contrario carente de causa, lo que ocurre en la especie.
López Otaiza, Paola c/ Ilustre Municipalidad de Antofagasta
Voces: AMPARO ECONÓMICO – MUNICIPALIDADES – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA – LEY DE RENTAS MUNICIPALES – AUTORIZACIONES MUNICIPALES – RECURSO DE APELACIÓN – RECURSO ACOGIDO – DISIDENCIA
La municipalidad incurre en un acto arbitrario al no atender las solicitudes de autorización efectuadas por la agraviada, tendientes a regularizar un pequeño comercio.
1.- Corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto por la afectada en contra de la sentencia que rechazó el recurso de amparo económico deducido por el particular en contra de la Municipalidad por no atender reiteradas solicitudes efectuadas por la agraviada, tendentes a regularizar un pequeño comercio que mantendría en su propia residencia. Esto, dado que la sola explicación de la recurrida, en orden a que no se registra un comportamiento de la actora conducente a la introducción de un anhelo regularizador de su comercio, no se hace cargo y, por lo tanto, tampoco contradice, la aseveración de aquélla de cara a que se ha empeñado en obtener de la recurrida lo que quien la sanciona echa de menos. De esta forma, al resultar carente de fundamento el comportamiento de la municipalidad, no cabe sino estimarlo arbitrario; y como de ello se sigue, evidentemente, el atentado al derecho de toda persona, por supuesto de los más desvalidos, al libre ejercicio de una actividad comercial, amén del daño patrimonial consiguiente.
2.- Cuando el artículo 26 del Decreto Ley N° 3.063 habla de una «solicitud», no lo está haciendo -ni existe motivo para así entenderlo-, con referencia exclusiva y excluyente a un documento, instrumento o cualquier forma en que la pretensión que se está ingresando a la autoridad sea conducida o transportada a través de la formalidad de un escrito o registro.
3.- No está demás tener en cuenta que el rol social que de múltiples maneras la Ley Orgánica de Municipalidades asigna a esas entidades, autoriza inferir que, en todo caso, habría de existir en ellas dependencias en las que clamores semejantes pudieran ser debidamente enderezados con miras a la obtención de las finalidades ordenadoras atinentes. En este sentido, es ineludible que la recurrida debe subsanar estas situaciones con especial atención, para no coartar los medios de subvenir a las necesidades de los sectores menesterosos.
4.- Corresponde confirmar la sentencia apelada, toda vez que en el entendido que la actividad que la recurrente pretende desarrollar pueda ser calificada como «microempresa», debe necesariamente someterse a las exigencias establecidas en la ley. En esas condiciones, atento a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 26 del Decreto Ley N° 3.063, sobre rentas municipales, el interesado debe presentar para iniciar un giro o actividad gravada con patente municipal, cuyo es el caso, conjuntamente con la solicitud de autorización para funcionar en un local o lugar determinado, una declaración jurada simple acerca del monto del capital del negocio, para los efectos del artículo 24 , y, además, según lo previene el inciso sexto del primer artículo citado, debe inscribirse en la municipalidad respectiva, acompañando una declaración jurada en la que debe afirmar que es legítimo ocupante de la vivienda en que desarrollará la actividad empresarial y que ésta no produce contaminación; sin perjuicio de que si la vivienda es una unidad de un condominio, debe contar con la autorización del comité de administración respectivo; exigencias que no aparecen cumplidas, conforme se advierte de lo manifestado por la recurrente en las diferentes solicitudes manuscritas que presentó en sede judicial y también de lo informado por el ente edilicio. (Del voto en contra de las Ministras señora Sandoval y señora Chevesich)
PLAN REGULADOR COMUNAL – DECLARACION DE SITIO ERIAZO
Nacif Jáuregui, Alberto c/ Ilustre Municipalidad de Peñalolén
Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHO A VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN – DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES – MUNICIPALIDADES – PLAN REGULADOR COMUNAL – RECHAZO DEL RECURSO
La existencia de viviendas o construcciones sin permisos de edificación ni recepción municipal en sitios eriazos no es suficiente para privarlos de la clasificación técnica de tal.
1.- Corresponde rechazar el recurso de protección interpuesto por el recurrente en contra de la Municipalidad por la dictación de un Decreto Alcaldicio que modifica el Plan Regulador Comunal con una supuesta contravención a una decisión plebiscitaria que había adoptado la comuna con anterioridad y además por calificar como eriazo un terreno donde existen familias habitándolo y una formación vegetacional de especies nativas. Esto, dado que la modificación aparece aprobada sin ningún tipo de reservas por todos los organismos técnicos que intervinieron en el proceso, lo que descarta la idea de arbitrariedad o discrecionalidad; y porque el art. 17 de la Ley sobre Impuesto Territorial considera como eriazos aquellos sitios que corresponden a sitios no agrícolas que no se encuentran edificados. En consecuencia la existencia de viviendas o construcciones sin permisos de edificación ni recepción municipal en dichos sitios no es suficiente para privarlos de su clasificación técnica de sitio eriazo, aun cuando otras acepciones de la palabra pudieran tener otro alcance.
2.- La circunstancia de haberse rechazado con anterioridad una modificación total al Plan Regulador de la comuna no puede implicar una causal de inmutabilidad permanente de los instrumentos de planificación territorial lo que iría en contra de los objetos que la ley señala deben cumplir los municipios y que están en permanente evolución. Como ha señalado el dictamen 014141 de 1 de marzo del 2013 de la Contraloría General de la República, la Municipalidad conserva su iniciativa en orden a iniciar nuevas modificaciones al Plan Regulador a condición que estas reformas no incluyan específicamente la propuesta previamente rechazada.
DECLARACION DE INHABILIDAD INMUEBLE – URBANISMO
Sociedad Inmobiliaria Erichy Limitada c/ Ilustre Municipalidad de Recoleta
Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – DERECHO DE PROPIEDAD – MUNICIPALIDADES – DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES – LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – ACTO ADMINISTRATIVO – PRINCIPIO DE LEGALIDAD – RECURSO ACOGIDO
Es ilegal el acto administrativo consistente en la declaración de la inhabilidad de la totalidad del inmueble no obstante existir permisos de recepción definitiva para determinadas superficies del mismo, afectándose con ello la garantía constitucional del artículo 19 N° 24 de la Constitución, por cuanto al existir contratos de arrendamiento vigentes en relación a locales comerciales que no aparecen sujetos a la falta de los permisos que exige la Ley General de Urbanismo y Construcciones y que ha motivado la aplicación de la sanción, se ha restringido ciertos atributos del derecho de propiedad.
1.- Corresponde acoger el recurso de protección interpuesto por la sociedad en contra del Decreto exento 3639 de la Municipalidad que ordenó la inhabilidad de la totalidad del inmueble, no obstante existir permisos de recepción definitiva para determinadas superficies del inmueble. Esto, dado que, el acto administrativo impugnado no sólo carece de la motivación suficiente, sino que además formula una interpretación extensiva de las normas para efectos de aplicar una sanción administrativa, lo que desde el punto de vista de los principios generales, resulta contrario al principio de legalidad. Aún más, acompañándose por la recurrente la recepción definitiva de determinadas superficies del inmueble (los dos primeros pisos), la recurrida en su informe intenta justificar su decisión en la ausencia de un libro de obras y el potencial riesgo que representa las construcciones del inmueble para sus residentes y usuarios de los espacios públicos, sin que se adjuntara fiscalización en este sentido, la que puede ser llevada a efecto en cualquier tiempo atendidas las facultades fiscalizadoras de las que está dotada la Municipalidad. De esta manera, y sin perjuicio de los aspectos técnicos que pudieren ser rebatidos en la instancia administrativa pertinente, la decisión de la autoridad municipal aparece como ilegal al declarar la inhabilidad de la totalidad del inmueble al no existir una norma legal que así lo permita.
2.- Del informe de la recurrida es posible advertir que sus razonamientos en orden a la aplicación de la inhabilidad total del bien raíz obedece a una interpretación del artículo 124 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y de la extensión de los plazos para regularizar la propiedad que a su juicio estarían caducados al no haberse acreditado la conclusión de las obras, lo que sólo se entiende de la lectura del informe y no del Decreto que corresponde al acto recurrido.
3.- Atendida la declaración de inhabilidad del inmueble en su totalidad, se ha afectado la garantía constitucional del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República de la recurrente por cuanto al existir contratos de arrendamiento vigentes en relación a locales comerciales que no aparecen sujetos a la falta de los permisos que exige la Ley General de Urbanismo y Construcciones y que ha motivado la aplicación de la sanción, se ha restringido ciertos atributos del derecho de propiedad.
4.- En el ámbito del Derecho administrativo sancionador nuestro ordenamiento se ha caracterizado por la ausencia de una normativa general, contando sólo con una heterogénea y dispersa legislación sectorial, así en algunos casos sólo se menciona un tipo genérico y se entrega a los órganos de la Administración su aplicación, en otros se regula el procedimiento sancionatorio y los criterios que se deben seguir para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Por ello, el uso a los principios generales aparece como atractivo y necesario para dotar de uniformidad, razonabilidad y de criterios comunes de solución en un ámbito de la actuación administrativa, en particular cuando dicha decisión podría afectar los derechos del administrado.
BONIFICACION PROPORCIONAL – BONO SAE
Fernández c/ Ilustre Municipalidad de Ñiquen
Voces: LABORAL – GRATIFICACIONES Y BONOS – MUNICIPALIDADES – ESTATUTO DOCENTE – DOCENTES – PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA – APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO
En la especie, en lo relativo al aumento de la bonificación proporcional emanada de la ley 19.933, la sentencia apelada ha incurrido en error, al aplicar los plazos de prescripción contemplados en el artículo 510 del Código del Trabajo, y no las reglas del derecho común.
1.- Corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que acogió la excepción de prescripción de la acción opuesta por la Municipalidad demandada, fundándose, en concreto, en el artículo 510 incisos primero y segundo del Código del Trabajo. Esto, dado que, la sentencia apelada ha incurrido en un error, al estimar la jueza a quo aplicar en la especie los plazos de prescripción contemplados en el artículo 510 del Código del Trabajo, y no las reglas del derecho común. En efecto, atendido que los derechos que se solicitan, esto es, el aumento de la bonificación proporcional correspondiente a los años 2011 a 2014, emanan de una ley especial – N°19.933 -y, no del citado texto sustantivo, no resulta aplicable en la especie lo dispuesto en el artículo 510 del Código del Trabajo, desde que dicho precepto alcanza o regula, únicamente, los derechos regidos por este Código. El tenor de dicha disposición es restrictivo, no se refiere a los derechos de carácter laboral en general, sino sólo a aquéllos que dicho cuerpo normativo regula, lo que impide extender el plazo de prescripción por él contemplado, a otros derechos o beneficios, no obstante, su naturaleza o carácter laboral, si éstos tienen su origen en una ley diversa del Código del ramo.
2.- la Ley 19.933 no contempla un plazo de prescripción especial para el beneficio laboral, por lo que conforme a los artículos 1 y 5 del Código del Trabajo, sobre la base del principio de protección que debe primar en cualquier decisión que se adopte en este tipo de materias, para resolver una controversia sobre la concurrencia de un determinado derecho de un trabajador, corresponde dirimir en favor de la aplicación de las reglas del derecho común, es decir, conforme a lo dispuesto en el artículo 2515 del Código Civil, en relación al artículo 2514 del mismo cuerpo legal, que establece un plazo de prescripción para las acciones ordinarias de cinco años, contado desde que la obligación se hubiere hecho exigible.
Morales Faundez, Jaime y otros c/ Ilustre Municipalidad de Chiguayante
Voces: LABORAL – INTERPRETACIÓN DE LA LEY – PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN – ESTATUTO DOCENTE – GRATIFICACIONES Y BONOS – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUBVENCIONADA – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA
Respecto de la determinación de la base de cálculo para el aumento de la bonificación proporcional, las municipalidades pueden deducirle a dicho beneficio los montos mensuales ya percibidos por concepto de aporte de la misma ley que instaura el beneficio, no debiéndose efectuar una sumatoria de los recursos percibidos.
1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la demandante contra la sentencia que acogió la demanda, deduciéndose el recurso sólo respecto de la base de cálculo utilizada para pagar el aumento de la bonificación proporcional dispuesto en el artículo 1° de la Ley Nº 19.933, en cuanto se les deduce de los montos mensuales obtenidos por la Municipalidad por concepto de aporte de la misma ley. Lo anterior, dado que es correcta la determinación de la base de cálculo efectuada por el sentenciador del grado, pues no corresponde, como proponen los actores, efectuar una sumatoria de los recursos percibidos por las municipalidades en virtud de lo dispuesto en las Leyes Nº 19.410 y 19.933, desde que los mayores recursos otorgados por el último cuerpo legal citado, deben aplicarse en la forma como lo dispone expresamente, de manera que lleva la razón el sentenciador de base, al señalar que aceptar la fórmula propuesta, implicaría calcular nuevamente el bono proporcional, el cual, conforme se estableció, fue pagado por la parte demandada.
2.- La Ley N° 19.410 , en lo que interesa, instauró para los profesionales de la educación de los establecimientos del sector municipal la asignación denominada «bonificación proporcional mensual», como una con las características que señalan sus artículos 8 y 11 , y cuya fórmula de cálculo se estableció en el artículo 10 ; y que se mantuvo como tal, debidamente reajustado. Por otra parte, el Estatuto Docente que entró a regir el 4 de abril de 2017, tiene una versión sustituida del artículo 63 del Estatuto Docente que entró a regir el 1 de mayo de 2011, en los términos que la misma norma señala, y no contiene los artículos 65 y 66 del anterior, que aludían al bono de que se trata en los mismos términos de la ley primeramente citada. Lo anterior, porque la Ley N° 20.903, de 1 de abril de 2016, modificó la primera disposición y derogó las otras dos.
3.- La Ley N° 19.933, igualmente las que le antecedieron, no dispuso su aumento en la forma como lo pretenden los demandantes, pues mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios de orden remunerativo y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados rubros que indica. Corrobora lo anterior, lo que en forma expresa señala el inciso 1° del artículo 9 , pues ordena aplicar los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, por concepto de aumento de subvención, de manera exclusiva al pago de las remuneraciones de los docentes. En cambio, el inciso 2°, tratándose de los recursos que reciban los de los establecimientos particulares subvencionados, por el mismo concepto, decreta que se destinen exclusivamente al pago de los beneficios que indica, entre ellos, el nuevo valor de la bonificación proporcional, que se obtuvo con motivo del incremento dado por la Ley N° 19.715, por la vía de la sustitución que introdujo su artículo 1.
4.- El recurso impetrado, exige para su procedencia, la concurrencia de, al menos, dos resoluciones que sustenten distinta línea de razonamiento al decidir litigios de idéntica naturaleza, de manera que, el arbitrio en cuestión será susceptible de ser analizado en el fondo, sólo en la medida que tanto en el recurso, como en el fallo impugnado y también en las sentencias acompañadas para su cotejo, sea identificable un pronunciamiento interpretativo diverso sobre una misma cuestión jurídica. En este sentido, la exigencia normativa de procedencia del arbitrio en estudio, es estricta en cuanto requiere la constatación precisa de concurrencia de identidad en la discusión principal materia del juicio sustentada en el fallo impugnado en relación a los de cotejo, lo que no sucede en la especie, desde que en estos últimos, la cuestión central de la controversia radica en la procedencia de ciertos beneficios que en la especie no vienen discutidos, siendo la cuestión relativa a la determinación de la forma de cálculo, un asunto que no es principal, ni materia del juicio, y que, además, tampoco aparece de manera palmaria en las copias de decisiones jurisprudenciales que se acompaña (de la disidencia de la Ministra señora Egnem)
5.- De la lectura de los preceptos contenidos en los artículos 8 y 10 de la Ley 19.410, aparece que la base de cálculo de la bonificación proporcional mensual fue sustituida adicionando a los fondos contenidos en ésa aquellos destinados en las sucesivas modificaciones legales, conformando la remuneración que deben percibir los docentes conforme a los artículos 35 del estatuto del ramo -en lo relativo a la renta básica mínima nacional- 63 y 65 del mismo -tocante a la bonificación proporcional- por lo que dichos capítulos constituyen un rubro fijo en la renta de los docentes. El aumento de tal bonificación, establecido en la Ley 19.933, corresponde a una mejora que se concreta con el otorgamiento de fondos específicos que deben destinarse, exclusivamente, a las remuneraciones de los docentes.; ahora bien, es de toda obviedad que su pago haya de hacerse de acuerdo con la fórmula legal, como quiera que el bono proporcional establecido en el artículo 8 de la Ley 19.410 -actual 63 del Estatuto Docente- se remite expresamente a la forma, condiciones y procedimiento comprendidos en los artículos 8, 9 , 10 y 11 de tal legislación, prescripciones que crearon la bonificación proporcional y establecieron su forma de cálculo (de la disidencia del ministro señor Cerda).
HONORARIOS – NULIDAD DEL DESPIDO
Vitali c/ Ilustre Municipalidad de Los Andes
Voces: LABORAL – CONVENIO DE HONORARIOS – NULIDAD DEL DESPIDO – MUNICIPALIDADES – INALTERABILIDAD DE HECHOS DE LA INSTANCIA – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – RECURSO DE NULIDAD – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO
Tribunal: Corte de Apelaciones de Valparaíso
La Municipalidad demandada desconoció el hecho que haya existido entre su parte y los demandantes un contrato de trabajo, controversia que aparece dirimida a favor de éstos sólo en la sentencia recurrida, de modo que con anterioridad no hubo retención de cotizaciones en los organismos de seguridad social, y por ende no procede invocar la nulidad del despido.
1.- Corresponde acoger el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandada contra la sentencia que acogió la demanda declarándose la existencia de relaciones laborales, su término injustificado y condenándose al pago de prestaciones, incluida la sanción de nulidad del despido. Esto, dado que al decidirse en la sentencia impugnada acoger la nulidad del despido, se ha infringido el artículo 162 del Código del Trabajo, por errada interpretación, haciéndolo aplicable a una situación para la cual no había sido previsto, con lo que se configuró la causal de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo, infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en la medida que condujo a acoger prestaciones improcedentes. Lo anterior, por cuanto, el reproche del artículo 162 del Código del Trabajo ha sido previsto para el empleador que ha efectuado la retención correspondiente de las remuneraciones del dependiente y no entera los fondos en el organismo respectivo, es decir, no cumple su rol de agente intermediario y ha distraído dineros que no le pertenecen en finalidades distintas a aquéllas para las cuales fueron retenidos. Ahora bien, en el caso, la demandada recurrente desconoció el hecho que haya existido entre su parte y el demandante un contrato de trabajo, controversia que aparece dirimida a favor de éste último sólo en la sentencia atacada, de modo que con anterioridad no hubo retención de cotizaciones en los organismos de seguridad social, y por ende no procede invocar la nulidad del despido prevista por la norma antes citada.
2.- No se aplica en la especie la presunción de derecho establecida en el artículo tercero de la Ley N°17.322, -que en cuanto priva a las partes del derecho a rendir prueba, constitutivo de un procedimiento racional y justo, debe ser interpretada de manera restrictiva-, en atención a que el artículo 162 del Código del Trabajo se ocupa de la cobranza de cotizaciones previsionales adeudadas a las Instituciones de Seguridad Social, no resultando aplicable a una situación de hecho diversa, esto es, cuando un empleador no paga cotizaciones por entender, fundadamente, que la prestación de servicios de que se trata es de naturaleza civil.
3.- La contratación a honorarios de terceros por parte de la Municipalidad está permitida en el artículo 4° de la Ley N°18.883 siempre que se cumplan los presupuestos que ahí se establecen. Ahora bien, no se establece en la sentencia la existencia de alguno de los presupuestos antes referidos, sino que por el contrario la prestación de servicios fue bajo subordinación y dependencia. De esta forma sólo cabe concluir que los contratos de honorarios de marras, no resultaban pertinentes ni acordes con la realidad, debiéndose aplicar respecto de los actores las normas del Código del Trabajo por disposición de su artículo 1° inciso tercero , en cuanto dispone su aplicación subsidiaria al Estatuto del Personal Municipal. Además, por la presencia de subordinación y dependencia, por disposición del artículo 8° del Código del Trabajo, se hace presumir la existencia de un contrato de trabajo.
Oviedo c/ Corporación Municipal de Melipilla para la Educación y Salud
Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – DESPIDO INJUSTIFICADO – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – MUNICIPALIDAD Y CORPORACIÓN MUNICIPAL – ATENCIÓN DE SALUD MUNICIPAL – SALUD INCOMPATIBLE – LICENCIAS LABORALES – RECHAZO DE LA DEMANDA
Tribunal: Primer Juzgado de Letras de Melipilla
La relación de la actora con la demandada da cuenta de una relación laboral de naturaleza estatutaria. De esta forma las causas del despido están reguladas en el respectivo estatuto, al que se dio correcto cumplimiento, ya que la vacancia del cargo fue establecida por salud incompatible, dado que la actora presentó licencia por más de 202 días.
1.- Corresponde rechazar la acción de tutela laboral interpuesta por la funcionaria por infracción de derechos fundamentales. Esto, dado que la parte demandante no fue capaz de sustentar en elemento fáctico alguno sus alegaciones, no dándose por establecido indicios que dieran cuenta de afectaciones arbitrarias e ilegales de su empleador. En efecto, si bien se aborda el tema del cese de funciones, toda la probanza se encamina a la declaración de salud incompatible, lo que resulta ser como lo expresa la propia parte demandada propia del ejercicio de la aplicación de la Ley 19.378 , siendo el alcalde quien así podrá declararlo como ha acontecido en la especie, por lo que no ha existido discriminación ni directa ni indirecta en el trato dado respecto de otros funcionarios de su mismo tipo, entendiéndose inclusive que el fundamento de las pretensiones de esta naturaleza estaban más bien orientadas a las eventuales consecuencias que el cese de funciones en la parte demandante causó mediante la respectiva decisión de incompatibilidad de salud para seguir en sus labores, más que con ella se afectara derechos consagrados a nivel constitucional de forma arbitraria e ilegal.
2.- La Ley 19.378 denominado Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, no establece norma o disposición atingente a la acción de tutela laboral por infracción de derechos fundamentales, por lo que acorde a lo consignado en su artículo 4 en todo lo no regulado, se aplicará, en forma supletoria, las normas de la ley N° 18.883, estatuto que tampoco contempla regulación al efecto, y en específico sobre cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales que afecten derechos fundamentales, por lo que a falta de aquello, lógico resulta aplicar a este respecto las normas del código laboral, ya que en caso alguno aquello se contrapone a normas estatutarias administrativas, es más, viene con ello a abarcar aspectos no regulados por la ley especial que rige la materia.
3.- Los indicios para dar cuenta de una vulneración de derechos fundamentales deben cumplir con los siguientes criterios: número, deben ser más de dos; concordancia, o sea, deben incidir en una misma dirección; plausibilidad, esto es, los hechos de los que se infiere el indicio debe acreditarse fehacientemente y; deben ser coherentes, las inferencias deben ser racionales, lógicas y conforme al sentido común. Por otra parte, la distribución de la carga de la prueba en el caso de cautela de garantías fundamentales, en lo que dice relación a la afectación al principio de igualdad de trato relativo a presumir la existencia de discriminación directa o indirecta, corresponde a la parte demandada demostrar que no ha habido tal vulneración y respecto de las otras afectaciones a derechos fundamentales en las que se apoya, debe hacerlo la actora.
4.- Corresponde rechazar la demanda por despido injustificado o indebido. Esto, ya que la relación de la actora con la demandada da cuenta de una relación laboral de naturaleza estatutaria, regida por le Ley N°19.378, por lo que según el Estatuto de Salud de Atención Primaria que se remite al Estatuto Administrativo Municipal, se dispone en el artículo 147 que «La declaración de vacancia procederá … a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo;» y a continuación el artículo 148 , expresa que el alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. Por lo que el despido no fue indebido, ya que quedo establecido que la actora hizo uso de un total de 202 días de licencias médicas en un periodo de dos años, excediendo largamente el plazo de seis meses establecido en el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, declarándose consecuencialmente la vacancia en el cargo.
5.- Si bien el artículo 148 del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y en base a la cual se adoptó la decisión por parte de la demandada, establece en definitiva que solo pueden computarse para el cálculo del periodo de licencias médicas las que tienen como fundamento una enfermedad o accidente común, contempla también una excepción, relativa a que no se consideraran para el computo de estas licencias médicas, aquellas que tuvieren como fundamento precisamente una enfermedad profesional o accidente del trabajo, o con ocasión de éste. Sin embargo, quedó establecido que todas las licencias médicas estimadas para el computo tienen como antecedente una enfermedad común. Si se hubiera querido establecer lo contrario, debió haberse hecho uso de la atribución que otorga el propio Estatuto de los Funcionarios Municipales, relativo a solicitar a la Comisión Médica Preventiva que se modificase dicha calificación o en su defecto pudo haber tramitado la declaración por parte de ese mismo órgano de su «salud irrecuperable».
6.- El Estatuto de atención Primaria de Salud Municipal, en su artículo 1 fija el ámbito de aplicación, de lo que deviene decir, que los funcionarios que desarrollan estas funciones en la Atención Primaria y que dependen de una Corporación, son funcionarios públicos por así decirlo el artículo 4 de la misma norma legal. De igual forma el régimen jurídico que une a estos funcionarios con la Corporación es de carácter estatutario. Por otra parte, los funcionarios de la atención primaria dependientes de una Corporación, se rigen supletoriamente por la Ley N°18.883, lo que trae una diferencia con el resto de los trabajadores de una Corporación a los que se les aplica el código del trabajo, por lo que en consecuencia por mandato legal no se aplica en este caso de forma supletoria el código aludido.
7.- El Tribunal es competente para conocer de la demanda ya que el derecho laboral es un derecho donde prima la realidad de los hechos más que las disposiciones jurídicas o los instrumentos firmados a consecuencia del mismo. Por otra parte, es perfectamente plausible el conocimiento de los hechos conforme a la Ley 19.378, aplicable en la especie, además de la Ley 18.883 que se aplica de forma supletoria, en cuanto podrían significar negar el carácter laboral de la relación contractual que existe entre la actora y la Corporación Municipal, lo que por lo demás deberá ser dilucidado en el mismo proceso, pues la actora sostiene que en los hechos se trata de una relación laboral regida por las normas del código del trabajo, y es precisamente esa circunstancia última la que debe ser resuelta por el Tribunal, lo que determina en forma palmaria la competencia del Tribunal.
Mendez c/ Ilustre Municipalidad de Colbún
Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – DERECHO A LA INTEGRIDAD PSÍQUICA – PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA, PÚBLICA Y HONRA DE LA PERSONA Y LA FAMILIA – INDICIOS – DESTITUCIÓN DEL FUNCIONARIO – SUMARIO ADMINISTRATIVO – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – DEMANDA ACOGIDA
Tribunal: Segundo Juzgado de Letras de Linares
La demandada incurrió en una serie de actos sin fundamentos y desproporcionados, que no atendieron a la larga trayectoria de la actora, ni de su correcto desempeño, destituyéndola del cargo en definitiva, lo que da por establecido indicios de la vulneración al derecho a la integridad psíquica y al derecho a la honra de la trabajadora, sin que se haya debidamente controvertido.
1.- Corresponde acoger la demanda sobre tutela de derechos fundamentales con ocasión del despido interpuesta por la funcionaria en contra de la Municipalidad. Esto, dado que existen una serie de circunstancias que rodearon la desvinculación de la trabajadora demandante, que constituyen indicios que generan la sospecha fundada de que existió violación al derecho a la integridad psíquica de la actora y al derecho a la honra de la persona. Estas circunstancias son: que al momento de la llegada del nuevo Director de Salud, la demandante fue simplemente desplazada y despojada de su cargo de Jefa Administrativa, en un actuar sin apego a derecho por parte de la demandada, lo que demuestra una conducta arbitraria y caprichosa de su parte sin sustento legal; que se le dispuso un sumario administrativo en contra de la demandante, por dos hechos que no son de su exclusiva responsabilidad; que el mismo día que se inicia el sumario, se designa fiscal, se nombra actuario y sin fundamentación ni probanza previa alguna, se procede tomar la drástica y desproporcionada medida de suspensión provisoria de las labores de la demandante, sin considerar su trayectoria laboral y el desempeño de sus funciones durante más de 30 años y sin esperar que la investigación diera sus frutos.
2.- La demandada no pudo justificar los fundamentos de la medida adoptada y su proporcionalidad. En efecto, la demandada no explica porque la demandante fue desplazada de sus funciones con la llegada del nuevo Director de Salud y tampoco se explica cuáles fueron los antecedentes que se tuvieron en consideración para proceder a indicarle que debía retomar como jefa administrativa a la brevedad. A su vez la demandada obvió toda explicación del porqué no se desarrollaron otros sumarios administrativos en contra de los otros personeros que participaron en la realización de los actos que a ella se le imputan, ni tampoco da ninguna explicación de cuál fue el motivo que la llevó a tomar la drástica decisión de separar provisoriamente a la demandante de sus funciones.
3.- La resolución que dispone la separación preventiva de las funciones de la actora, no contiene ninguna fundamentación y nada se indicó al respecto por la demandada más que se hizo en uso de las facultades que la ley le confiere a la fiscal que llevó a cabo el sumario administrativo, lo que constituye una insuficiente explicación de la medida adoptada. Además, si bien el sumario administrativo se tramitó ajustado a derecho, cumpliéndose los plazos en su tramitación, abriéndose un término probatorio en el que se realizaron algunas diligencias, dictándose las resoluciones y dándose curso a las peticiones formuladas por la sumariada, ello no obsta para determinar que la resolución que dispone la suspensión preventiva y la que aplica la sanción de destitución de la demandante, fueron desproporcionadas a la luz de la carrera funcionaria y el historial de la misma.
4.- En cuanto a la vulneración del derecho de integridad física y derecho de libertad de trabajo acusada en la denuncia, no se dan por establecidos indicios de en el proceso, no teniéndose por afectadas dichas garantías constitucionales.
5.- En un despido lesivo de derechos fundamentales, la consecuencia jurídica del mismo, en lo referente a la reparación económica del daño provocado, es el pago de las indemnizaciones establecidas en el inciso tercero del artículo 489 del Código del Trabajo en la cual se incluye una indemnización sancionatoria fijada discrecionalmente por el Juez de la causa que se fija en un rango que va desde los seis a once meses de la última remuneración mensual y que corresponde a una medida de sanción por la lesión de los derechos fundamentales, y que en la especie, se pondera la gravedad individual que la afectación tuvo para la demandante en cuanto vulneró su derecho a la integridad psíquica y su derecho a la honra.
6.- La demandante ingresó a prestar servicios bajo subordinación y dependencia del municipio demandado, en virtud de la suscripción del correspondiente contrato de trabajo, regido por las normas del Código del ramo. Posteriormente, la demandante fue traspasada a la dotación de atención primaria de salud, a través de Decreto Alcaldicio, sin que ello importe el término de la relación laboral con la demandada, ni la pérdida de las indemnizaciones a las que tiene derecho, ello según dispone el artículo 6 transitorio de la ley N°19.378 sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. Sin embargo, a partir de dicho traspaso, la demandante comenzó a regirse por un estatuto diverso a las normas del Código del Trabajo, siendo aplicable éste último sólo de manera supletoria.
COBRANZA LABORAL – INEMBARGABILIDAD DE BIENES MUNICIPALES
Torres c/ Corporación Municipal de Educación, Salud y Menores de Punta Arenas
Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – MUNICIPALIDAD Y CORPORACIÓN MUNICIPAL – JUZGADOS DEL TRABAJO Y DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL – EJECUCIÓN DE SENTENCIAS – LIQUIDACIÓN JUDICIAL – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – BIENES INEMBARGABLES – RECURSO DE APELACIÓN – RECURSO ACOGIDO
La Corporación Municipal es una persona jurídica de derecho privado diferente de la municipalidad, por ello, no le resulta aplicable artículo 32 de la Ley Orgánica de Municipalidades que declara la inembargabilidad de los bienes municipales destinados al funcionamiento de sus servicios y los dineros depositados a plazo o en cuenta corriente.
1.- Corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto por la ejecutante en contra de la resolución que declara improcedente su solicitud de incremento de indemnizaciones en contra de la empresa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 169 letra A) del Código del Trabajo. Esto, dado que, la Corporación de Educación demandada es una persona jurídica de derecho privado, la que tienen como finalidad prestar servicios en el ámbito de la educación y de la salud y atención al menor que ha tomado a su cargo la Municipalidad. En este sentido la Corporación es un ente totalmente distinto al de la municipalidad, las que por mandato del artículo 13 del D.F.L. 1-3063 los recursos de origen fiscal o municipal que se destinen constituirán ingresos propios de ellas correspondientes a prestación de servicios. Así, en la especie no resulta aplicable a la Corporación demandada, la norma del artículo 32 de la Ley Orgánica de Municipalidades que declara la inembargabilidad de los bienes municipales destinados al funcionamiento de sus servicios y los dineros depositados a plazo o en cuenta corriente. Así, al no estar exento a las reglas de inembargabilidad los recursos de subvención destinados a la Corporación demandada, debe ser revocada la resolución apelada.
2.- El emplazamiento en juicios de cobranza judicial, se rige por norma especial regulada al efecto por el artículo 466 del Código del Trabajo, que sobre esta materia textualmente expresa que la liquidación deberá practicarse dentro de tercero día y será notificada por carta certificada a las partes, junto con el requerimiento al ejecutado para que pague dentro de los cinco días siguientes. Tal exigencia se cumplió con el envío en su oportunidad, de carta certificada despachada al representante legal de la Corporación, por lo la resolución impugnada debe ser confirmada.
Tapia c/ Ilustre Municipalidad de María Pinto
Voces: LABORAL – DESPIDO INJUSTIFICADO – NULIDAD DEL DESPIDO – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – ESTATUTO ADMINISTRATIVO – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – CONVENIO DE HONORARIOS – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE NULIDAD – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO
La sentencia impugnada se dictó con infracción a lo dispuesto en el artículo 4° inciso 2° de la Ley 18.833, pues se declaró el carácter laboral de una relación de honorarios claramente subsumida en la hipótesis de un proyecto determinado de carácter meramente temporal.
1.- Corresponde acoger el recurso de nulidad interpuesto por la Municipalidad en contra de la sentencia que acogió una demanda declarativa de relación laboral y despido injustificado en su contra. Esto, dado que, se configura la causal de nulidad descrita en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, por cuanto los hechos asentados en la sentencia recurrida, deben ser subsumidos en el artículo 4° inciso 2° de la Ley 18.833, pues ciertamente, la función para la que fue contratado el demandante es específica para el desarrollo y cumplimiento del Programa Gubernamental de carácter nacional, denominado PRODESAL el que es determinado, con objetivos concretos y cuya realización se logra a través de planes precisos, con el que como otros, se persigue superar la pobreza en sectores campesinos.
Rodríguez Mendoza, Héctor E. c/ Ilustre Municipalidad de Lo Prado
Voces: LABORAL – REAJUSTE PREVISIONAL – AUMENTO DE LA REMUNERACIÓN – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – IMPOSICIONES PREVISIONALES – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA
Los entes municipales deben calcular el incremento previsional, que establece el Decreto Ley N° 3501, sólo sobre aquella parte de las remuneraciones que al 28 de febrero de 1981 estaban afectas a cotizaciones previsionales
1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que no reconoció el derecho al incremento de remuneraciones con el factor previsional establecido en el artículo 2º del Decreto Ley Nº 3.501, porque los entes municipales deben calcular el incremento previsional sólo sobre aquella parte de las remuneraciones que al 28 de febrero de 1981 estaban afectas a cotizaciones previsionales, no pudiendo en consecuencia aplicar el factor a las remuneraciones posteriores a dicha fecha. Esto, dado que el declarado propósito del decreto ley en examen fue crear un régimen de transición hacia el nuevo régimen previsional. El objeto específico del incremento de remuneración es la mantención del monto líquido de las remuneraciones. Este fin se explica porque a partir de la entrada en vigencia del nuevo sistema previsional las cotizaciones previsionales pasaron a deducirse de las remuneraciones del trabajador. En consecuencia, de no haberse incrementado la remuneración, los trabajadores habrían visto disminuida su remuneración líquida.
2.- El propósito del Decreto Ley N°3501 de evitar una disminución de la remuneración líquida por la entrada en vigencia del nuevo sistema previsional se lograba incrementando aquella parte de la remuneración sujeta a cotización. Eso es precisamente lo que hace el inciso segundo del artículo 2º del citado decreto ley, al establecer el incremento de remuneraciones. Y su inciso cuarto, al hacer extensivo dicho incremento «a los trabajadores que ingresen a entidades cuyas remuneraciones se fijen por ley», lo hace «en la misma forma» que establece el inciso segundo. La finalidad de este inciso cuarto es claro: evitar diferencias de remuneración entre los trabajadores con contrato vigente al 28 de febrero de 1981 y aquellos que se incorporaran después pero cuya remuneración estuviera regulada por las mismas leyes. Para mantener la igualdad de remuneraciones, el inciso cuarto extiende el incremento también a estos últimos trabajadores. Pero no modifica, como pretenden los recurrentes, la circunstancia de que el incremento solo se aplica a «la parte afecta a imposiciones al 28 de febrero de 1981».
3.- El objetivo y principio inspirador del incremento previsional estatuido por el Decreto Ley N°3501, es el de proteger y resguardar las remuneraciones de los trabajadores a que el mismo se refiere, en el sentido que su monto líquido se mantenga y no se vea disminuido, por la carga que el nuevo sistema previsional les impone de pagar sus cotizaciones previsionales.
6.- De la interpretación armónica de los primeros artículos del Decreto Ley N°3.501 de 1980 y en particular del artículo 2, al referirse en su inciso segundo al incremento de las remuneraciones de los trabajadores dependientes que se indican, «en la parte afecta a imposiciones al 28 de febrero de 1981», determinan la improcedencia de restringir la aplicación del incremento previsional únicamente a las remuneraciones y asignaciones que al 28 de febrero de 1981, eran imponibles, dejando fuera a aquéllas como la Asignación Municipal, por haber adquirido dicho carácter sólo a partir del 1° de diciembre de 1987, con la dictación de la Ley N°18.675, en circunstancias que a su respecto también rige la carga impositiva para el empleado o trabajador (del voto de disidencia de voto del Ministro señor Blanco).
7.- El Reglamento de los artículos 3° y 4° transitorios del Decreto Ley N°3.501, de 1980, aprobado por el Decreto N°40 de 23 de marzo de 1981 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, define el alcance de la expresión utilizada por el legislador «por parte de las remuneraciones afectas a imposiciones al 28 de febrero de 1981», como «aquella parte de ellas que no exceda de 50 sueldos vitales mensuales». Lo anterior encuentra fundamento precisamente en el aumento del tope de remuneraciones imponibles que establece el Decreto Ley N° 3.501, en su artículo 5 , a partir de su entrada en vigencia, esto es, el 1° de marzo de 1981, fijándose éste en 60 unidades de fomento, modificando el anterior de 50 sueldos vitales mensuales, que rigió hasta el 28 de febrero de 1981. Así y dado que las cotizaciones previsionales pasaron a ser de cargo del trabajador y no del empleador, como lo fue hasta aquella época y como los empleadores pagaban las cotizaciones previsionales de los trabajadores hasta el tope de imponibilidad vigente al 28 de febrero de 1981, y el nuevo sistema, modificó el referido límite impositivo, el legislador debió indicar expresamente, la fecha del 28 de febrero del año 1981, toda vez que si no lo hubiera hecho, los trabajadores no sólo hubieran mantenido el monto líquido de sus remuneraciones, sino que éstas hubiesen aumentado por el alza del máximo de imponibilidad, desvirtuándose el objetivo del establecimiento del incremento (del voto de disidencia de voto del Ministro señor Blanco).
« Ley SANNA crea Seguro para el acompañamiento de niños y niñas que padezcan enfermedades
Ley Nº21.056 incentiva mejoras de las remuneraciones y empleo de recolectores de servicios sólidos »

References: artículo 1
 artículo 4
 artículo 483
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 162
 artículo 162
 artículo 8
 artículo 162
 artículo 162
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 464
 artículo 47
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 24
 artículo 19
 artículo 124
 artículo 19
 artículo 510
 artículo 510
 artículo 510
 artículo 510
 artículo 2515
 artículo 2514
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 63
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 162
 artículo 477
 artículo 162
 artículo 162
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 4
 artículo 147
 artículo 148
 artículo 148
 artículo 1
 artículo 4
 resolución 
 resolución 
 artículo 489
 artículo 6
 artículo 32
 resolución 
 artículo 169
 artículo 13
 artículo 32
 resolución 
 artículo 466
 resolución 
 artículo 4
 artículo 478
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 5