Source: http://confederacionabogadosturnodeoficio.blogspot.com/2012/12/otrosi-cuestion-de-incionstitucionalida.html
Timestamp: 2018-12-17 10:36:41+00:00

Document:
Confederación de Abogados del Turno de Oficio: Otrosí cuestión de incionstitucionalidad sobre las tasas
Otrosí cuestión de incionstitucionalidad sobre las tasas
Desde la Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita, no obstante ser una asociación cuyo fin primordial es la defensa de los intereses de los abogados inscritos en el Turno de Oficio de España, nos sumamos dada la trascendencia de la entrada en vigor de la Ley de tasas, cuya aplicación afecta negativamente a todo nuestro colectivo, a cualquier inicitativa que contribuya en la medida de nuestras posibilidades a paralizar una norma que afecta negativamente a la abogacía, y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la Justicia.
Por ello proponemos un OTROSÍ fundamentado jurídicamente, de ahí la extensión del mismo, a fin de que considereis el mismo en su integridad o en aquellos aspectos que os resulten de interés, al presentar una demanda.
MODELO DE OTROSÍ SOLICITANDO LA SUSPENSIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DEL PAGO DE LA TASA Y PROMOVIENDO CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.
Lo mismo cabe predicar en relación con la exigencia constitucional contenida en el art. 163 CE de que la norma de cuya constitucionalidad se duda sea “aplicable al caso” y “de cuya validez dependa el fallo”. Estimamos, sin forzar en absoluto la hermenéutica, que la solución del caso depende de la validez de la Ley toda vez que exige inexcusablemente para el previo conocimiento del caso el pago de la tasa y, por tanto, el resultado del pleito depende de la constitucionalidad de la Ley 10/12 porque si ésta no existiera no se exigiría la tasa. Por tanto, la exigencia de la tasa es presupuesto indispensable para la propia existencia del proceso.
* Art. 24.1: “todas las personas tienen derecho a obtener tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.
* Art. 14: “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento…, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”
* Art. 119: “La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.”
c) Asímismo, creemos que la tantas veces aludida Ley contraviene el criterio del Tribunal Constitucional referido en sus SSTC 103/12, de 9-Mayo, y 20/12, de 16-Febrero, en las que se sostiene que es constitucional subordinar la prestación de la actividad jurisdiccional al abono de unas tasas judiciales siempre que, en la línea de la doctrina del TEDH, la cuantía de la tasa “no sea excesiva a la luz de las circunstancias propias de cada caso, de modo que no se impida en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculice en un caso concreto en términos irrazonables”. Juicio, al que, como hemos dicho, no atiende la Ley por establecer una cuantía fija de tasas desorbitadas, más una variable muy cuestionable, y en cualquier caso, desatendiendo la capacidad económica del ciudadano.
d) La tasa regulada tiene la naturaleza de precio por la prestación de un servicio en régimen de Derecho Público. El sujeto pasivo es cualquiera que promueva el ejercicio de la potestad jurisdiccional y realice el acto sujeto. La Ley General Tributaria prescribe ex art. 9.1.b que las tasas se regirán por dicho cuerpo normativo. Pues bien: consideramos vulnerado flagrantemente el art. 2 LGT por cuanto la Ley 10/12, de 20-Noviembre, contraviene absolutamente dicho precepto e ignora la naturaleza jurídica de la tasa en el ordenamiento jurídico español. Reza el art. 2.2.a LGT: “tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado”; redacción coincidente con el art. 6 de la Ley 8/89, de 13-Abril, de Tasas y Precios Públicos. La tasa judicial históricamente consistía en el devengo de ciertas cantidades de dinero por las actuaciones judiciales con cargo a quien las promovía; la Ley 25/86, de 24-Diciembre, las suprimió, dándose la circunstancia que uno de los principales valladares de la misma en el Congreso de los Diputados fue el padre del actual Ministro de Justicia, el Letrado D. José-María Ruíz-Gallardón. En consecuencia, visto lo anterior, mal puede encajar legalmente una tasa conforme a lo establecido en la discutida Ley si resulta que el objeto y naturaleza jurídica de la tasa tienen como presupuesto fáctico la prestación de un servicio, sí, pero que “se refiera, afecte o beneficie de modo particular al obligado tributario”, cuando resulta que según la propia Ley (art. 11) “la tasa judicial se considerará vinculada, en el marco de las disposiciones de la Ley 1/96, de 10 de Enero, de Asistencia Jurídica Gratuíta, al sistema de Justicia Gratuíta en los términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio” y a tenor del art. 4.2 de la Ley (exenciones subjetivas de la tasa) “están, en todo caso, exentos de esta tasa, a) las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuíta…”. Dice la LGT, art. 16.1, que “serán sujetos pasivos de las tasas, las personas físicas o jurídicas beneficiarias de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público o a quienes afecten o beneficien, personalmente o en sus bienes, los servicios o actividades públicos que constituyen su hecho imponible”. Resulta evidente que los obligados a pagar las tasas no entran dentro del concepto de sujeto pasivo que ofrece la LGT, y que lo recaudado mediante la implantación del nuevo sistema de tasas no podrá destinarse a financiar la Justicia Gratuíta, como erróneamente se afirma en la Exposición de Motivos de la Ley, ya que la Justicia Gratuíta es un servicio público que, como tal, sólo puede ser financiada mediante impuestos generales, nunca mediante una tasa que se impone a un ciudadano concreto que además no se está beneficiando de ese servicio porque él no entra dentro de los supuestos de exclusión subjetiva contemplados en la Ley, de conformidad con que se dispone en el art. 2 LGT como acabamos de ver, siendo a todas luces injusto y contrario a Derecho que un ciudadano que acude a la Justicia ordinaria con sus propios medios tenga que financiar, además, un servicio de Justicia Gratuíta del que no se sirve. Por si fuera poco este varapalo argumental contra el legislador, el TEDH tiene repetidamente establecido que es exclusívamente al Estado, a través de sus Presupuestos Generales, a quien corresponde abonar al Abogado y al Procurador sus servicios de asesoramiento, defensa y representación cuando actúan prestando el servicio público de la Justicia Gratuíta.
e) Estimamos igualmente la vulneración, asímismo, de los arts. 7 y 8 de la Ley 8/89, de 13-Abril, de Tasas y Precios Públicos. Dice el primero de esos preceptos: ”Las tasas tenderán a cubrir el coste del servicio o de la actividad que constituya su hecho imponible”. Por lo que hace referencia al segundo de aquellos preceptos, dice la Ley 8/89 que ”en la fijación de las tasas se tendrá en cuenta, cuando lo permitan las características del tributo, la capacidad económica de las personas que deben satisfacerlas”. Es evidente que el legislador, cuando redactó la Ley cuya constitucionalidad se discute y hasta se niega, obvió el cumplimiento de dichos preceptos y ni cubren el coste del servicio porque se le hace recaer a quien no disfruta del servicio sino que lo paga para que lo disfrute un tercero (el beneficiario de la Justicia Gratuíta) o, lo que resulta más sarcástico, el resto de excluídos subjetivos por la Ley –Ministerio Fiscal, Administración General del Estado, CC.AA., entidades locales, Cortes Generales, Asambleas legislativas de las CC.AA., etc-.
“(…) sólo son gravados por la tasa dos de los cinco órdenes jurisdiccionales en que se articula hoy el Poder Judicial en España: el civil y el contencioso-administrativo. Los órdenes penal, social y militar siguen ejerciendo la potestad jurisdiccional gratuítamente, sin que el precepto legal cuestionado guarde ninguna relación con ellos. Este dato es relevante, teniendo en cuenta las especiales características que protegen el acceso a la Justicia en materia penal (SSTC 148/87, de 28-Septiembre, FJ 2; 31/96, de 27-Febrero, FJ 10; y 94/10, de 15-Noviembre, FJ 3), militar (STC 115/01, de 10-Mayo, FJ 5) y social (SSTC 3/83, de 25-Enero, FJ 3; 118/87, de 8-Julio, FJ 3; y 48/95, de 14-Febrero, FJ 3)”.
“En este proceso constitucional –el que resuelve la STC que estamos estudiando- tampoco procede analizar las tasas que gravan el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa, cuyo acceso también ofrece peculiaridades desde el punto de vista constitucional, consecuencia del mandato contenido en el art. 106.1 CE que ordena y garantiza el control jurisdiccional de la Administración por parte de los Tribunales (SSTC 294/94, de 7-Noviembre, FJ 3, y 177/11, de 8-Noviembre, FJ 3; en el mismo sentido, STEDH Gran Sala Perdigâo c. Portugal, de 16-Noviembre-10, as. 24768/06, § 72)".
“(…) diferente relieve constitucional que posee el derecho de acceso a la jurisdicción y el de acceso a los recursos legalmente establecidos. Aunque ambos derechos se encuentran ínsitos en el art. 24.1 CE, el derecho a acceder a la justicia es un componente medular del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado por el precepto constitucional y que no viene otorgado por la ley, sino que nace de la Constitución misma. Por el contrario, el derecho a acceder a los recursos legales se incorpora al derecho fundamental en la concreta configuración que reciba de cada una de las leyes de enjuiciamiento que regulan los diferentes órdenes jurisdiccionales, salvo en lo relativo al derecho del condenado a la revisión de su condena y la pena impuesta (SSTC 42/82, de 5-Julio; 33/89, de 13-Febrero; y 48/08, de 11-Marzo); el derecho al recurso legal no nace directamente de la Constitución, sino de lo que hayan dispuesto las leyes procesales que los crean, y se incorpora al derecho fundamental en su configuración legal (en el mismo sentido, entre otras muchas, SSTC 46/04, de 23-Marzo, FJ 4; 15/06, de 16-Enero, FJ 3; 181/07, de 10-Septiembre, FJ 2; y 35/11, de 28-Marzo, FJ 3).
(…) el principio hermenéutico pro actione protege el derecho de acceso a la justicia dada la diferente trascendencia que cabe otorgar —desde la perspectiva constitucional— a los requisitos legales de acceso al proceso, en tanto pueden obstaculizar o eliminar el derecho de los ciudadanos a someter el caso al conocimiento y pronunciamiento de un Juez y, por tanto, causar indefensión. Por el contrario, el control constitucional de los requisitos de admisión de los recursos legalmente establecidos es más laxo, puesto que lo que se pide en ese momento no es más que la revisión de la respuesta judicial contenida en la Sentencia de instancia previamente dictada la cual, si resuelve el fondo del asunto, ya habría satisfecho el núcleo del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva sin indefensión de todas las partes procesales, y el acceso al recurso debe ser contrapesado con el derecho de las otras partes a un proceso sin dilaciones indebidas y a la ejecución de lo resuelto (SSTC 55/95, de 6-Marzo, FJ 2; 309/05, de 12-Diciembre, FJ 2; 51/07, de 12-Marzo, FJ 4; y 27/09, de 26-Enero, FJ 3)”.
“(…) En principio, pues, EL DERECHO RECONOCIDO EN EL ART. 24.1 CE PUEDE VERSE CONCULCADO POR AQUELLAS DISPOSICIONES LEGALES QUE IMPONGAN REQUISITOS IMPEDITIVOS U OBSTACULIZADORES DEL ACCESO A LA JURISDICCIÓN, SI TALES TRABAS RESULTAN INNECESARIAS, EXCESIVAS Y CARECEN DE RAZONABILIDAD O PROPORCIONALIDAD RESPECTO DE LOS FINES QUE LÍCITAMENTE PUEDE PERSEGUIR EL LEGISLADOR (SSTC 60/89, de 16-Marzo, FJ 4; 114/92, de 14-Septiembre, FJ 3; y 273/05, de 27-Octubre, FJ 5)”.
Concretamente en el campo de la jurisdicción social (extrapolable a los otros órdenes jurisdiccionales), estimamos, con el Magistrado D. Carlos-Antonio Vegas Ronda, Juez de lo Social nº 1 de Benidorm, que resulta contrario al derecho de la Unión Europea, al menos por lo que respecta al ámbito social de la jurisdicción, el establecimiento de las tasas porque “una tasa vinculada a la prestación de un servicio público, que en cuantía puede llegar hasta 10.500 euros en el ámbito del recurso de suplicación y cuyo incumplimiento lleva a la preclusión del acto jurisdiccional, es un OBSTÁCULO contrario al derecho a la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y a un Juez imparcial en los términos del art. 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la interpretación a dicho precepto establecido, entre otras, en la Sentencia del TJUE de 06/11/2012 del Asunto C-199/11. En cualquier caso, el diseño de la tasa, establecida según la norma interna como derivada de la prestación de un servicio en régimen de Derecho Público, entraría de pleno en la aplicación de la Directiva 93/13/CEE de 5-Abril-93, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Así, la mencionada Directiva es de aplicación a prestadores de servicios sean públicos o privados, y se puede identificar el servicio público con la prestación de los derivados de la tramitación de la actividad jurisdiccional (trámites, medios, notificaciones, etc). En este sentido, el establecimiento de estas tasas, sin explicitar qué sufragan, cómo se han valorado esos gastos para determinar su cuantía y los efectos que conlleva, le confiere el carácter de cláusula abusiva de acuerdo a la aplicación de la normativa de la Unión”.
Y sentencia el Magistrado Sr. Vegas Ronda: “en cuanto a los efectos de una normativa contraria al Derecho de la Unión, de acuerdo a lo previsto a los Principios Generales del Derecho de la Unión y la aplicación de la doctrina establecida, entre otras, en las Sentencias de 15/07/64 (Asunto Costa vs ENEL) y 07/09/06 (Asunto Cordero Alonso), declarando la primacía del Derecho de la Unión sobre el Derecho interno; y ante una lesión de derechos fundamentales de la Unión, la obligación del Juez nacional de inaplicar la normativa interna y reestablecer el derecho fundamental con la aplicación del Derecho de la Unión”.
Corolario de lo cual estima el Sr. Magistrado que “EN EL ÁMBITO SOCIAL DE LA JURISDICCIÓN LA LEY 10/2012, DE 20 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE REGULAN DETERMINADAS TASAS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, NO ES DE APLICACIÓN AL SER CONTRARIA AL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA, Y NO SERÁ EXIGIBLE SU PAGO EN LOS TRÁMITES DEL RECURSO DE SUPLICACIÓN”.
A idéntica conclusión llega el Juez Decano de Madrid, D. José-Luís González Armengol, quien sostiene que “EXCLUSIVAMENTE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, ESTAS TASAS SON INCONSTITUCIONALES” por constituír un “GRAVÍSIMO OBSTÁCULO” para acceder a la Justicia tal y como ya afirmó el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Afirma el párrafo 2º de dicho FºJº 9º (y ésta es la cuestión nuclear): “Como subrayan tanto el Fiscal General del Estado como el Abogado del Estado, la tasa judicial vigente desde el 1 de Abril del 2.003 tiene un ámbito limitado, que viene claramente definido por las numerosas exenciones objetivas y subjetivas que enumera el apartado 3 de dicho art. 35. En el orden civil, único relevante en este proceso constitucional, están exentas de tasa las demandas que inician procesos en materia de estado civil de las personas, de familia y de sucesiones; es decir, quedan gravados por la tasa los procesos en los que se litigan obligaciones y contratos, derechos reales y daños y perjuicios, litigios todos ellos donde se controvierten derechos de contenido económico. Tampoco quedan sujetas al pago de la tasa judicial las personas físicas: ninguna persona física que litigue debe abonar tasas judiciales, sean cuales sean sus circunstancias económicas y el objeto del litigio que promuevan. De entre las personas jurídicas, se encuentran exentas las entidades sin fines lucrativos, las que no están sujetas al Impuesto de Sociedades y los sujetos pasivos que, según la legislación de dicho impuesto, son considerados de reducida dimensión. Como precisa el Abogado del Estado, estas exenciones legales conducen a que sólamente queden sujetas al pago de las tasas judiciales las personas jurídicas con ánimo de lucro cuya cifra de negocios hubiere alcanzado, en el período impositivo anterior, un importe neto superior a seis millones de euros. El Fiscal concluye, igualmente, que quienes vienen obligadas al pago de las tasas judiciales son las grandes empresas que acuden a la Justicia a reclamar sus derechos económicos, como son las Compañías de Seguros de grandes dimensiones”.
“Esta conclusión general sólo podría verse modificada si se mostrase que la cuantía de las tasas establecidas por la Ley 53/02, de 30 de Diciembre, son tan elevadas que IMPIDEN en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo OBSTACULIZAN en un caso concreto en términos irrazonables, atendiendo a los criterios de la jurisprudencia expuestos en el Fº Jº 7º”. En esta misma línea se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, a partir de la Sentencia Kreuz contra Polonia, de 19-Junio-01 (asunto núm. 28249/95), mantiene que el requisito de abonar tasas judiciales en procesos civiles no infringe por sí solo el derecho de acceso a un Tribunal protegido por el art. 6.1 del Convenio de Roma. Sin embargo, la cuantía de las tasas no debe ser excesiva, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, de tal modo que impida satisfacer el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la Justicia (§§ 60 y 66; en el mismo sentido, SSTEDH de 26-Julio-05, Kniat c. Polonia, as. 71731/01; 28-Noviembre-06, Apostol c. Georgia, as. 40765/02; y 9-Diciembre-10, Urbanek c. Austria, as. 35123/05).
Con la particularidad de que esta resolución no cuestiona en modo alguno la financiación de la actividad judicial a costa de las empresas que instan litigios civiles; lo que impone el principio de tutela judicial efectiva es que una persona jurídica, que invoca en el proceso derechos otorgados por el Derecho comunitario, pueda obtener la dispensa del pago anticipado de las costas procesales si dicho abono, anterior a la Sentencia, constituyera un obstáculo insuperable para su acceso a la justicia. Regla que se encuentra en sintonía con las exigencias que dimanan del derecho enunciado en el art. 24.1 CE (STC 84/1992, de 28-Mayo, F. 4)”.
Un recientísimo pronunciamiento del Tribunal Constitucional, por medio de la STC 190/12, de 29-Octubre (Sala 2ª), concede al amparo a una empresa y un particular a quienes, por la recién derogada normativa anterior sobre tasas (aplicable a empresas de más de 8 M €/año de facturación, se les pretendió exigir el pago de la tasa para apelar, y se les impidió por tanto el recurso. Dicha STC matiza en un doble sentido:
* De un lado, que si se mostrase que la cuantía de la tasa resulta tan elevada que impide «en la práctica el ejercicio del derecho fundamental o lo obstaculiza en un caso concreto en términos irrazonables», sí cabría considerarla como incompatible con el art. 24.1 CE (SSTC 20/12, de 16-Febrero, FJ 10; y 79/12, de 17-Abril, FJ 5), lo que hasta ahora sin embargo no se ha acreditado en ninguno de los asuntos sometidos a nuestro enjuiciamiento.
* De otro lado y en concreto tratándose de la inadmisión o desestimación de recursos, que tal consecuencia jurídica no puede aplicarse de modo directo, sino que debe garantizarse previamente a la parte el otorgamiento de un plazo de subsanación, incluso de la falta de pago de la tasa —no sólo de la falta de acreditación documental de su cumplimiento— por diez días, según se desprende del tenor art. 35.7 2 de la Ley de la 53/02. Y sin que sea impeditivo de ese derecho de subsanación el que se haya podido superar la fase de interposición del recurso, «pues nada hay en el precepto legal que impida entender que el justiciable puede presentar dentro del plazo el justificante de haber abonado la tasa, antes de presentar el escrito del recurso o en cualquier momento posterior, siempre que sea antes de que hayan transcurrido los diez días del plazo que otorga expresamente el precepto» (STC 79/12, de 17-bril, FJ 6; y 85/12, de 18- Abril, FJ 3, de remisión de la anterior).
“Por consiguiente, la doctrina de la Sentencia 141/88 nos lleva a concluir que es constitucionalmente válida la limitación impuesta por la norma legal enjuiciada, que consiste en condicionar la sustanciación del proceso instado en la demanda civil que presentan las personas jurídicas con ánimo de lucro, sujetas al Impuesto de Sociedades y con una facturación anual elevada, a que acrediten que han satisfecho el deber de contribuír al sostenimiento del gasto público que conlleva el ejercicio de la potestad jurisdiccional, que les beneficia de modo particular en la medida en que juzga las pretensiones deducidas en defensa de sus derechos e interés legítimos en el orden civil”.
Las personas físicas deberían haber continuado exentas del pago de la tasa. Resulta absolutamente insuficiente la exención prevista en el art. 4.2.a) para “las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la Asistencia Jurídica Gratuíta, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora”. El criterio de capacidad económica no se encuentra suficientemente garantizado con la simple remisión a la Ley 1/96, de 10 de Enero, de Asistencia Jurídica Gratuíta.
Bien es verdad que en el apartado II de la Exposición de Motivos de la Ley se afirma sin empacho que “la determinación de la carga tributaria no se hace a partir de la capacidad económica del contribuyente, sino del coste del servicio”. Sin embargo, estamos ante una mera manifestación sin carácter normativo, que contraría las previsiones del art. 8 de la Ley 8/89, de 13 de Abril, de Tasas y Precios Públicos, cuando prevé que “en la fijación de las tasas se tendrá en cuenta, cuando lo permitan las características del tributo, la capacidad económica de las personas que deben satisfacerlas”. El hecho de que en la tasa está muy presente el principio de beneficio o equivalencia, no significa que no se tenga en cuenta el principio de capacidad económica, sobre todo porque la tasa es un tributo y este principio se predica de todos los tipos de tributos. No se trata ésta probablemente de una cuestión determinante, pero ayuda a entender el problema, principalmente porque la exención subjetiva para los beneficiarios de la justicia gratuita determina que, en la práctica, sí se haya valorado el principio de capacidad económica, pero de una forma claramente insuficiente.
“(…) Como dijimos en la Sentencia 117/98, de 2-Junio, el contenido indisponible del derecho a la justicia gratuita sólo es reconducible a la persona física, única de la que puede predicarse el «nivel mínimo de subsistencia personal o familiar» al que se refiere el art. 119 CE, y que no es una creación del legislador, a diferencia de las personas jurídicas (FF. 4 y 5). De ahí que concluyésemos entonces que era constitucional que la Ley 1/96, de 10 de Enero, de Asistencia Jurídica Gratuíta, excluyera de sus beneficios a las sociedades mercantiles. Y aunque el derecho a la tutela judicial efectiva protege tanto a las personas físicas como a las jurídicas (SSTC 53/85, de 20-Junio, F. 1, y 137/85, de 17-Octubre, F. 3), no debe ser olvidado que la situación de unas y otras es distinta respecto a la gratuidad de la Justicia. La Sentencia 117/98 afirmó que esa diferencia es especialmente predicable de las sociedades mercantiles de capital, que son un tipo de entidades en que el substratum que justifica su personificación jurídica se halla en la existencia de un pacto asociativo dirigido a racionalizar los riesgos de la actividad empresarial, limitando al valor de la aportación social la responsabilidad patrimonial de sus socios, y que deben ser ellos quienes sopesen si les interesa aportar fondos a la sociedad para alcanzar el acceso a la justicia a través de la persona jurídica (STC 117/98, de 2-Junio).
Estos criterios han sido confirmados plenamente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En su Auto O'Limo contra España, de 24-Noviembre-09 (asunto núm. 33732/05) concluyó que el sistema establecido por el legislador español para facilitar asistencia jurídica gratuita ofrece «unas garantías sustanciales» para el derecho de acceso a los Tribunales, aunque queden excluídos de él las sociedades mercantiles o las asociaciones que, como la recurrente en aquel caso, no son de utilidad pública (§ 25). Para apreciar que excluír a las personas jurídicas de la gratuidad de la Justicia no contradice, por sí mismo, el derecho de acceso a la tutela judicial que protege el art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo subrayó que los fondos de los que disponen las asociaciones y las sociedades privadas para la defensa jurídica de sus derechos proceden de los recursos que sus miembros o socios acuerdan y aportan libremente, en función de sus intereses: no debe exigirse al Estado que gaste recursos económicos públicos en beneficio de entidades cuyos socios han decidido libremente no aportar los recursos económicos precisos para desarrollar sus actividades normales, especialmente cuando se trata de actividades procesales en relación con litigios sobre derechos de propiedad que no afectan más que a los particulares interesados en los hechos (§ 26)”.
Por lo visto hasta este instante, el Tribunal Constitucional, en la meritada Sentencia 20/12, de 16-Febrero, muestra un criterio claro sobre lo que es constitucional, utilizando para ello como criterio justificador de la constitucionalidad de la Ley precedente precisamente el de su aplicación tan sólo a “entidades mercantiles, con un elevado volumen de facturación”, destacando así que no se aplicaba a las personas físicas; extremo obviado vergonzantemente ahora por el legislador para falsear la correcta interpretación de la doctrina constitucional.
Basta comprobar la cuantía fijada para estas tasas para darse cuenta de que el acceso a la jurisdicción es ya una quimera para un muy significativo número de españoles y extranjeros en nuestro país. En estos casos se produce con toda claridad la causa impeditiva del acceso que tan gráficamente definía el Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico 7º antes transcrito, al indicar que “la cuantía de las tasas (…) son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables”. Extremo sobre el que también posteriormente trataremos al examinar el significado literal del término “disuasorio” empleado por el legislador. Lo que no ocurría, ni se planteaba tan siquiera, con la Ley derogada porque no afectaba a las personas físicas, se manifiesta ahora con toda su crudeza e implica una infracción nítida del art. 24 de la Constitución, al impedir de hecho el acceso a la jurisdicción, manifestación esencial del derecho a obtener una tutela judicial efectiva.
En realidad, cualquier sujeto pasivo que estuviera exento de la tasa con anterioridad debería mantener tal condición, para garantizar que el acceso a la jurisdicción es real y efectivo. El Tribunal Constitucional siempre partió en su análisis de la norma legal derogada precisamente de que afectaba a sujetos pasivos que eran “personas jurídicas con ánimo de lucro, sujetas al Impuesto de Sociedades y con una facturación anual elevada”. A sensu contrario, parece razonable pensar que la extensión a personas físicas y a personas jurídicas que no tengan ánimo de lucro, estén total o parcialmente exentas del Impuesto de Sociedades y presenten una reducida dimensión, hace incurrir a la norma en vicio de inconstitucionalidad.
Esto afectaría también, por conculcación del art. 14 CE, a la no exención de las entidades de Derecho público no incluídas bajo el concepto limitativo que se recoge en el apartado 2.c) del art. 4 de la Ley 10/12, ésto es, “la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas”. Aparece así nítida la no exención de las Administraciones corporativas, es decir, de los Colegios Profesionales, sus Consejos Generales y las Cámaras de Comercio.
También deben citarse las Fundaciones y las Asociaciones de utilidad pública, toda vez que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita sólo les reconoce el derecho a la asistencia gratuíta cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Sin embargo, se trata de entidades cuyos fines de interés general requieren una protección superior por parte del ordenamiento. La mención de la norma ahora derogada, al referirse a “las entidades sin fines lucrativos que hayan optado por el régimen fiscal especial de la Ley 49/02, de 23-Diciembre, de régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo” resultaba mucho más ajustada a nuestro sistema jurídico y se acomodaba mejor a la libre decisión de estas entidades de acogerse o no al régimen fiscal especial normatívamente previsto para ellas. Esa vinculación permanente de esas entidades a la consecución de fines de interés general, la ausencia de ánimo de lucro por definición legal y, en consecuencia, su inapreciable capacidad económica debe determinar también que les afecte lo señalado hasta ahora en este punto.
“Tampoco se analizan las tasas que gravan el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa, cuyo acceso ofrece peculiaridades desde el punto de vista constitucional, consecuencia del mandato contenido en el artículo 106.1 CE que ordena y garantiza el control jurisdiccional de la Administración por parte de los Tribunales (SSTC 294/94, de 7-Noviembre, FJ 3, y 177/11, de 8-Noviembre, FJ 3; en el mismo sentido, STEDH Gran Sala Perdigâo c. Portugal, de 16-Noviembre-10, as. 24768/06, § 72). En definitiva, de acuerdo con la doctrina establecida desde la Sentencia 17/81, de 1-Junio (FJ 1), se advierte que la cuestión de inconstitucionalidad no es un instrumento procesal que quepa utilizar para buscar a través de él una depuración abstracta del ordenamiento”.
“3. (…) De acuerdo con la doctrina constitucional de este Tribunal, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión tiene como elemento esencial de su contenido el acceso a la justicia, «consistente en provocar la actividad jurisdiccional que desemboque en la decisión de un Juez (STC 19/81). En este acceso, o entrada, funciona con toda su intensidad el principio pro actione que, sin embargo, ha de ser matizado cuando se trata de los siguientes grados procesales que, eventualmente puedan configurarse» (STC 37/95, de 7-Febrero, F. 5). Tal como dijimos en la STC 202/02, de 28-Octubre, F. 5, que otorgó el amparo y acordó elevar al Pleno del Tribunal la cuestión de inconstitucionalidad de los arts. 453.2, en el inciso «por falta grave», y 468 b) de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, procesal militar, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE «prohíbe al legislador que, en términos absolutos e incondicionales, impida acceder al proceso los indicados derechos e intereses legítimos; prohibición que se refuerza por lo dispuesto en el art. 106.1 de la Constitución cuando se trata del control judicial frente a la actuación administrativa (así, STC 149/2000, de 1-Junio, que cita las SSTC 197/1988, de 24-Octubre, 18/1994, de 20-Enero, 31/2000, de 3-Febrero)”.
Obviamente en nuestro caso no nos encontramos ante una prohibición absoluta o incondicional, pero sus efectos son equivalentes. Comoquiera que en las normas tributarias es prácticamente imposible el análisis aislado de los preceptos, si ponemos en relación los arts. 4.2 y 7 (determinación de la cuota tributaria) de la Ley 10/12, podemos comprobar que el acceso a la jurisdicción estará vedado en la práctica y el control judicial del poder público o de la actividad administrativa no existirá cuando se trata de asuntos de escasa cuantía. Conviene recordar que el art. 106.1 de la Constitución dispone que “los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican”. Pero este mandato sólo podrá hacerse efectivo para asuntos de cuantía relevante. Ningún particular, ninguna PYME, ninguna Asociación, Fundación o Corporación profesional va a decidir acceder a los Tribunales por cuestiones estríctamente económicas para impugnar actuaciones administrativas de cuantía inferior, al menos a 600 euros (que es casi el Salario Mínimo Interprofesional), máxime si se tiene en cuenta que existen reglas de postulación procesal obligatoria. Sobre ésto volveremos al tratar de las cuantías de estas nuevas tasas.
“Si bien se sigue el modelo ya existente, basado en la agregación de una cuantía fija -en función del tipo de procedimiento o recurso- y otra variable, cabe constatar el incremento generalizado que experimentan en el Anteproyecto tanto las cantidades fijas en todos los casos, así como la elevación del límite máximo de la cantidad variable, que sube de 6.000 a 10.000 euros.
El principio de legalidad en la actuación administrativa deviene esencial en cualquier Estado moderno. Este principio, consagrado en los arts. 9.3 y 103 CE, tiene como garante el control por parte de nuestros Tribunales de Justicia. Así lo dispone, por otro lado, el art. 106.1 de la Carta Magna cuando dispone: "1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de esta a los fines que la justifican".
El Defensor del Pueblo en su informe de 2011 señalaba:
"Es por ello que resulta preocupante la percepción de una inmensa mayoría de ciudadanos que se dirigen a esta Institución para manifestar que en el procedimiento administrativo se conculcan sistemáticamente sus derechos, y que sólo en la vía contencioso-administrativa tienen las garantías suficientes para obtener una justa resolución. Muchos de ellos lamentan que, dada la cuantía económica de las sanciones, no les compensa plantear un recurso contencioso-administrativo y muestran su resignación a abonar la sanción, a pesar de su pleno convencimiento de que la Administración ha abusado de su superioridad. No obstante lo anterior, se comprueba que, con frecuencia, la Administración sancionadora deniega las pruebas propuestas por los presuntos infractores sin el mínimo argumento que justifique tal decisión".
Concretamente, en el ámbito sancionador automovilístico parece claro que la imposición de las multas y del resto de sanciones de Tráfico tiene y debe ser objeto de control por parte de nuestros Tribunales. Así, el Real Decreto Legislativo 339/90, de 2-Marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre el Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, modificado por la Ley 18/09, de 23-Noviembre, dispone: "5. El recurso de reposición regulado en este artículo se entenderá desestimado si no recae resolución expresa en el plazo de un mes, quedando expedita la vía contencioso-administrativa". También lo dispone el art. 17.1 del Real Decreto 320/94, de 25-Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Igualmente, el Tribunal Constitucional en su Sentencia 128/08, de 27-Octubre, pone de relieve irregularidades en las notificaciones y reiteró su jurisprudencia sobre la vulneración del derecho de defensa cuando la Administración notifica la comisión de una infracción en el domicilio que consta en el Registro de conductores o de vehículos y conoce, o tiene la posibilidad de conocer, el domicilio real del infractor.
Pues bien, si ya era difícil o desaconsejable acudir a los Tribunales para restaurar la legalidad y efectuar el necesario control de la actividad administrativa, porque la mayoría de las veces no compensaba, ahora, con la nueva Ley 10/12, acudir a los Tribunales va a resultar absolutamente imposible, donde en muchos de los casos el importe de la tasa supera el de la infracción.
Es muy difícil que en el ámbito circulatorio quepa apelación, ya que la cuantía ha de superar los 30.000 euros. Pero, si cupiese -algunos casos de pérdidas de puntos de profesionales por ejemplo-, los 800 euros a abonar más el variable jamás se recuperarían, porque en aplicación del art. 139 LJCA, no existiría condena en costas y, pese a que el TSJ indicara que la actuación administrativa era irregular, el ciudadano no recuperaría jamás la tasa abonada, lo que no es tolerable. La consecuencia es muy grave porque va a quedar fuera del control de los Tribunales la actuación administrativa sancionadora cuando hablamos de multas de escasa cuantía y no se podrán corregir los posibles abusos de autoridad, errores calificatorios en la infracción, vulneraciones del principio de proporcionalidad, ni ilegalidades procedimentales.
Habla la Ley cuya constitucionalidad discutimos de un fijo y un monto variable que hay que abonar en la tasa. Y nos preguntamos: ¿Cómo se justifica el coste del variable? Cuando el Juzgado va a tramitar del mismo modo un recurso frente a una multa de 90 euros, que de 200 euros o de 1.500 euros. ¿Por qué en otros ámbitos -véanse monitorio y verbal civiles de cuantía inferior a 2.000 euros- se excluye la tasa y no en el ámbito administrativo cuando hablamos de asuntos de escasa cuantía?
Por otro lado, es lamentable la argumentación utilizada por el legislador para implantar este nuevo modelo de tasa judicial, y que nuevamente emplea en el Preámbulo de la Ley: “que parte del coste de la Administración de Justicia sea soportado por quienes más se benefician de ella”. Como sabemos, ésto es radicalmente falso precisamente tras una somera lectura de la propia Ley, que enumera como unos de las exenciones subjetivas a los beneficiarios de la Justicia Gratuíta, junto al Ministerio Fiscal y las Administraciones del Estado, todos los cuales son, estadísticamente, quienes más usan (y a veces, abusan) del acceso a la Administración de Justicia y cuyos “desajustes”, en palabras del legislador, no van a ser subsanados con la entrada en vigor de esta norma por cuanto son, como decimos, unos de los beneficiados por la exención subjetiva. Luego trataremos la contradicción normativa de imponer, precisamente, una tasa a quien no es el directo beneficiario de la potestad jurisdiccional que está pagando.
También existe un argumento teleológico que nos empuja a instar de Su Señoría que promueva la Cuestión de Inconstitucionalidad contra la referida Ley 10/12, ya ciertamente aludido de pasada hace un momento: si consultamos el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vemos que el término “disuasorio” empleado por el legislador proviene del verbo “disuadir”, y “disuadir” tiene una sola acepción como verbo transitivo y significa precisamente ”inducir, mover a alguien con razones a mudar de dictamen o a desistir de un propósito”. Aquí se ve con nitidez el auténtico fin que persigue el nuevo orden normativo: hacer que el ciudadano DESISTA DEL PROPÓSITO DE ACCEDER A LA JUSTICIA. No se pueden permitir eufemismos como que existen “desajustes” o que se pretende “vincular” la tasa a la dotación presupuestaria que soporta el coste de la Justicia Gratuíta. No. Lo que se busca, lisa y llanamente, es MUDAR DE DICTAMEN al ciudadano para que pese a su inicial voluntad de litigar, acabe no haciéndolo; y aún más: para lograr que ese ciudadano DESISTA DE SU PROPÓSITO de litigar. Ni más ni menos. Y ésto no puede sino ser una conclusión que abone a la clara y tajante inconstitucionalidad de la Ley por vulneración del art. 24 de la Ley Fundamental.
Lo censurable es que mientras el legislador se refiere a la Administración de Justicia y al “acceso a la jurisdicción”, ese servicio prestado por la Administración de Justicia a los ciudadanos, antes que un simple “servicio” como se le denomina en el proyecto de ley de tasas, es un derecho constitucional, y si bien es cierta la necesidad de considerar el enorme coste que esa litigación supone no sólo para el bolsillo de los ciudadanos que la padecen, sino también para las arcas públicas, no menos lo es que la inseguridad jurídica derivada de un mal funcionamiento de la Justicia y la restricción del acceso a ésta acaba suponiendo una verdadera quiebra del Estado de Derecho.
Desde el momento en que el Ministerio reconoce que las tasas buscan un efecto “disuasorio” de acceso a la Administración de Justicia, ya está reconociendo implícitamente que se está OBSTACULIZANDO y hasta IMPIDIENDO el libre acceso a la Justicia de los ciudadanos y, por lo tanto, está vulnerando la tutela judicial efectiva del art. 24.1 C. Y el acceso a la tutela judicial efectiva NO puede ser objeto de “disuasión” alguna, ningún obstáculo se le puede interponer al ciudadano para impedirle o dificultarle su acceso a la Justicia. Y si lo hace, será claramente inconstitucional. Entendemos que el derecho reconocido en el art. 24.1 CE puede verse conculcado por aquellas disposiciones legales –como la tantas veces nombrada Ley 10/12- que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, siempre que tales trabas resulten innecesarias, excesivas y carezcan de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador (SSTC 60/89, de 16-Marzo, FJ 4; 114/92, de 14-Septiembre, FJ 3; y 273/05, de 27-Octubre, FJ 5).
En palabras del Juez Decano de los Juzgados de Madrid, D. José-Luís González Armengol, “los Jueces no queremos que se nos reduzcan los litigios a costa de los ciudadanos”.
El propio Excmo. Sr. D. Gonzalo Moliner, Presidente del Tribunal Supremo, dijo el 22 de Noviembre pasado a los medios de comunicación que la Ley de Tasas era una ley “difícilmente explicable”.
También considera esta representación que la Ley 10/12 vulnera igualmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, quebranta preceptos constitucionales como la igualdad, la tutela judicial efectiva y el acceso a la Justicia de los ciudadanos.
Si hay algún ámbito en el que la legalidad y su control devienen esenciales, ese es sin duda el Administrativo. La Administración en su actuación debe ser escrupulosa y ejemplificadora. ¿Cómo exigir a los ciudadanos el respeto de la Ley si las irregularidades administrativas quedan, a partir de ahora, impunes, estableciendo trabas que hagan imposible su control?
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Otrosí cuestión de incionstitucionalidad sobre las...

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 resolución 
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 artículo 106
 Real Decreto 
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