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Timestamp: 2017-09-24 07:17:19+00:00

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Decreto 74/2011, de 20 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece el régimen de infracciones y sanciones. (Vigente hasta el 30 de junio de 2012)
Publicado en BORM n�m. 134 de 14 de junio de 2011
Vigencia desde 14 de julio de 2011. Esta revisi�n vigente desde 14 de julio de 2011hasta 30 de junio de 2012.
Artículo 2. Titulares del derecho al reconocimiento de la situación de dependencia.
Artículo 5. Utilización de medios telemáticos, informáticos y electrónicos.
CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y DEL DERECHO A LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL SAAD.
SECCIÓN I. RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
Artículo 10. Instrucción para el reconocimiento de la situación de dependencia.
Artículo 11. Valoración de la dependencia y Dictamen sobre grado y nivel de dependencia.
Artículo 13. Revisión del grado y nivel de dependencia.
SECCIÓN II. RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL SAAD.
Artículo 14. Inicio.
Artículo 15. Programa Individual de Atención.
Artículo 16. Composición y funcionamiento de la Comisión para la elaboración del PIA.
Artículo 17. Efectividad del derecho a los servicios y prestaciones económicas.
Artículo 18. Revisión del PIA.
CAPÍTULO III. EXTINCIÓN, SUSPENSIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES DEL SAAD.
Artículo 19. Extinción y suspensión del derecho a los servicios y prestaciones económicas del SAAD.
Artículo 20. Efectividad de las revisiones y extinciones.
Artículo 21. Obligaciones de los beneficiarios de los servicios y prestaciones económicas.
Artículo 22. Seguimiento de las prestaciones.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Carácter supletorio de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
En coherencia con dicho precepto constitucional, el artículo 10.Uno.18 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, atribuye como exclusiva a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la competencia en materia de asistencia y bienestar social. Desarrollo comunitario. Política infantil y de la tercera edad. Instituciones de protección y tutela de menores, respetando, en todo caso, la legislación civil, penal y penitenciaria. Promoción e integración de los discapacitados, emigrantes y demás grupos sociales necesitados de especial protección, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación .
Además, el apartado 29 del citado precepto atribuye como exclusiva la competencia a esta Comunidad Autónoma en materia de procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia .
De conformidad con el artículo 30 del mismo texto legal, el grado o nivel de dependencia será revisable, a instancia del interesado, de sus representantes o de oficio por las Administraciones Públicas competentes, por mejoría o empeoramiento de la situación de dependencia o por error de diagnóstico o en la aplicación del correspondiente baremo, añadiéndose que las prestaciones podrán ser modificadas o extinguidas en función de la situación personal del beneficiario, cuando se produzca una variación de cualquiera de los requisitos establecidos para su reconocimiento, o por incumplimiento de las obligaciones reguladas en la presente Ley .
En cuanto a los órganos competentes, cabe decir que, en la actualidad, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 305/2006, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Murciano de Acción Social, le corresponde a éste, a través de la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión, el reconocimiento del grado de dependencia a todos los efectos previstos en la legislación vigente.
Por otro lado y tras la reorganización de la Administración Regional llevada a cabo por Decreto del Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 17/2010, de 3 de septiembre y de conformidad con el Decreto 242/2010, de 10 de septiembre, por el que se establecen los órganos directivos de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, corresponde a ésta, a través de la Oficina para la Dependencia, las competencias y funciones en materia de reconocimiento del derecho a los servicios y prestaciones económicas contempladas en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, su seguimiento y control, así como la formación en materia de dependencia.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, de acuerdo con el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, tras la deliberación y acuerdo del Consejo de Gobierno, en sesión de fecha 20 de mayo de 2011. Dispongo:
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y DEL DERECHO A LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL SAAD.
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Tarjeta acreditativa de la condición de residente, en el que conste el Número de Identificación de Extranjero (NIE) en vigor del solicitante.
En el supuesto de actuar por medio de representante, fotocopia del DNI o Tarjeta acreditativa de la condición de residente, en el que conste el Número de Identificación de Extranjero (NIE), del representante. Además deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.
Documento emitido por el Ayuntamiento correspondiente, que acredite la residencia del solicitante en un municipio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al tiempo de presentar la solicitud. De la presentación de este documento están eximidas las personas que estén siendo atendidas en residencias públicas o concertadas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Documento emitido por el Ayuntamiento correspondiente, que acredite la residencia en territorio español durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
Informe sobre condiciones de salud del solicitante emitido por facultativo correspondiente a su régimen de asistencia sanitaria, según modelo normalizado, que será aprobado por Orden del Consejero competente en materia de dependencia.
Copia íntegra de la Declaración de los impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio de las personas Físicas, referidas al último período impositivo con plazo de presentación vencido al inicio de cada año. Quienes no estuvieran obligados a declarar, deberán presentar certificado de retenciones de rendimientos percibidos o, en su defecto, declaración responsable de los ingresos y declaración sobre la titularidad de los bienes inmuebles, así como de los bienes muebles, sobre los que se ostenten un derecho de propiedad, posesión o usufructo.
Documentación acreditativa de las circunstancias personales y familiares alegadas por el interesado, incluidas las de trascendencia económica.
Para los solicitantes de la Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, será necesario aportar la siguiente documentación:
DNI/NIE/ en vigor del cuidador o Tarjeta acreditativa de la condición de residente, en el que conste el Número de Identificación de Extranjero (NIE), del cuidador, en el supuesto de no tener nacionalidad española.
Documentación justificativa del parentesco existente entre el interesado y el cuidador (Libro de Familia).
Certificado de empadronamiento del cuidador familiar acreditativo de residir en la Región de Murcia.
En el caso de que no exista relación de parentesco hasta el tercer grado, deberá aportar certificado de empadronamiento del cuidador de al menos un año de antigüedad en el mismo municipio o en otro vecino.
Compromiso del cuidador de prestar el cuidado y la atención de forma adecuada y continuada durante un periodo mínimo de un año.
Fotocopia del documento bancario en el que figure la persona dependiente como titular y el código cuenta cliente (20 dígitos).
2. De conformidad con la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y el Decreto 286/2010, de 5 de noviembre, sobre medidas de simplificación documental en los procedimientos administrativos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, no podrá exigirse la presentación de originales ni copias compulsadas de aquella documentación que, siendo necesaria para la resolución del procedimiento, se encuentre en poder de la Administración actuante o que ésta, conforme a la plataforma de interoperabilidad, pueda obtener de oficio.
Dictamen sobre grado y nivel de dependencia.
Revisar, a efectos de valoración, el informe de salud así como la restante documentación que, en su caso, se requiera al solicitante.
Aplicar el Protocolo del Baremo de Valoración de Dependencia (BVD) y de la Escala de Valoración Específica para menores de tres años (EVE), aprobados por Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre y, tras su entrada en vigor, por el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero.
Emitir los dictámenes técnicos sobre grado y nivel de dependencia a los que se refiere el artículo anterior.
Determinar la correspondencia entre el resultado de los baremos citados con la información relativa a las condiciones de salud.
Elevar la propuesta sobre el grado y nivel de dependencia de la persona valorada, con especificación de los cuidados que el interesado pueda requerir, al órgano competente para resolver en materia de valoración de dependencia.
Valorar si concurren las circunstancias en que procedería la revisión del grado y nivel de dependencia.
Proponer, en su caso, el plazo máximo en que deba efectuarse la revisión del grado y nivel de dependencia dictaminados.
Solicitar, excepcionalmente, cuantos informes médicos, psicológicos o sociales complementarios o aclaratorios se consideren convenientes, cuando el contenido de los antecedentes obrantes en el expediente o las especiales circunstancias del solicitante, lo aconsejen.
Prestar asistencia técnica y asesoramiento, si le son requeridos, en las reclamaciones, recursos en vía administrativa y contenciosa en que sea parte la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en materia de valoración de la situación de dependencia.
La existencia de condiciones o circunstancias, debidamente acreditadas, que impliquen una mejoría o empeoramiento de la situación de dependencia.
El error de diagnóstico o en la aplicación del correspondiente baremo.
Un representante del Servicio competente en materia de personas mayores.
Un representante del Servicio competente en materia de personas con discapacidad.
Dos representantes del órgano competente en materia de dependencia.
Un representante de la Dirección General competente en materia de pagos de las prestaciones económicas.
De oficio por el órgano competente en materia de dependencia, en los siguientes supuestos:
Revisión del grado o nivel de dependencia reconocido, siempre que ésta implique una modificación de los servicios o prestaciones económicas que se estuvieran percibiendo.
Disponibilidad del servicio o centro en la Red del Sistema, cuando la prestación reconocida fuera la prestación económica vinculada al servicio.
Traslado de residencia de forma permanente a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia desde otra comunidad autónoma, en los términos previstos en el artículo 3.2. del Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
A instancia del interesado o de su representante, siempre que se acredite una variación en las condiciones de salud o en la situación de su entorno que pudieran motivar una modificación del servicio o prestación económica concedida.
EXTINCIÓN, SUSPENSIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES DEL SAAD.
No residir en territorio español.
Pérdida de la condición de residente en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Traslado de residencia de forma permanente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a otra comunidad autónoma.
Incumplimiento de alguna de las condiciones o requisitos específicos exigidos para determinar el derecho a cada uno de los servicios y prestaciones económicas.
Sustitución de la prestación reconocida por otra prestación, como consecuencia de la modificación del grado y nivel de dependencia reconocido o de la revisión del PIA.
Incumplimiento de las obligaciones reguladas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en su normativa de desarrollo y en el artículo 21 del presente Decreto.
Ausencia del territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por un periodo superior a noventa días.
Ingreso en estancia hospitalaria, por un periodo superior a un mes.
3. En el caso de que se produzca el fallecimiento de la persona dependiente, sin que en el plazo máximo de seis meses desde su solicitud haya recaído resolución de reconocimiento de su derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, la comunidad hereditaria del causante podrá solicitar el abono de las prestaciones económicas causadas y no percibidas por su titular hasta la fecha de su fallecimiento.
Facilitar directamente, o a través de su representante, toda la información y datos que le sean requeridos y que resulten necesarios para proceder a la valoración del grado y nivel de dependencia, así como a su revisión y modificación.
Facilitar directamente, o a través de su representante, la información que le sea requerida y que resulte necesaria para reconocer o mantener el derecho al servicio y/o prestación económica, así como a su revisión y modificación.
Destinar las prestaciones económicas a las finalidades para las que fueron reconocidas, así como a justificar su aplicación.
Hacer un uso adecuado y conforme a su naturaleza de los servicios que le hayan sido reconocidos.
Efectuar el pago de su participación en el coste de los servicios que reciba desde la fecha de su efectividad, en la cuantía que corresponda.
Comunicar al órgano concedente cualquier variación de circunstancias que puedan afectar al derecho, al contenido o a la intensidad de los servicios y prestaciones económicas que tuviera reconocidos, en el plazo de diez días a contar desde que dicha variación se produzca.
Comunicar al órgano concedente los desplazamientos temporales y definitivos de su residencia habitual tanto dentro de la misma localidad como a otra ciudad o comunidad autónoma o al extranjero, en el plazo de diez días a contar desde que se produzca el desplazamiento.
Facilitar cuantas comprobaciones o visitas a su residencia habitual sean necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos y circunstancias exigidas para ser beneficiario del servicio y/o prestación económica.
El Consejo de Gobierno, cuando las sanciones sean de cuantía superior a 300.000 euros o en los supuestos de cierre de la empresa o de clausura del servicio o establecimiento.
El titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales, cuando se trate de sanciones por la comisión de infracciones muy graves.
El titular de la Secretaría General de la Consejería competente en materia de servicios sociales, cuando se trate de sanciones por la comisión de infracciones graves.
El titular del órgano competente en materia de dependencia, cuando se trate de sanciones por la comisión de infracciones leves.
El presente Decreto entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia .
Murcia a 20 de mayo de 2011.
El Consejero de Política Social, Mujer e Inmigración,
Joaquín Bascuñana García.
Vigente hasta el 30 de junio de 2012, fecha de entrada en vigor de la Ley 6/2012, de 29 de junio, de medidas tributarias, econ�micas, sociales y administrativas de la Regi�n de Murcia.

References: Artículo 2

Artículo 5

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22
 artículo 10
 artículo 30
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 21
 resolución