Source: https://www.camara.cl/camara/camara_tc2.aspx?prmART=19
Timestamp: 2019-06-24 10:50:13+00:00

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Fallos del Tribunal Constitucional
Fallos del Artículo 19°:
Duración indefinida de la concesión de explotación.
Naturaleza jurídica de la ley llamada a determinar qué sustancias pueden ser objeto de concesiones, la que debe tener el carácter de ley orgánica constitucional. El estudio de la redacción gramatical del texto, hecha mediante una lectura simplificada que omita las frases intercaladas, así lo confirma.
Materias que son propias de la ley orgánica constitucional sobre concesiones mineras, con indicación de las que no son propias de ella.
Ley interpretativa. Improcedencia de deducir en la ley interpretativa las consecuencias que deriven o fluyan de la ley interpretada.
Garantía constitucional del derecho de propiedad.
Derecho de propiedad. Naturaleza jurídica de la pensión de jubilación. Derechos adquiridos y meras expectativas.
Derecho de propiedad. Derechos adquiridos y meras expectativas.
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional sobre concesiones mineras. Caducidad para el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión minera.
Excepción a la garantía de libertad de acceso a las funciones y empleos públicos. Inhabilidades para desempeñar el cargo de Ministro de Estado.
Ley penal en blanco. Sentido y alcance del párrafo final del N° 3° del artículo 19.
Materia que no es propia de la ley orgánica constitucional de enseñanza. Autorización del Ministerio del Interior para el funcionamiento de nuevas universidades e institutos profesionales.
Igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Facultad al Director del Servicio Electoral para cancelar una inscripción, sin considerar un justo y racional procedimiento al afectado.
Partidos políticos en formación.
Consejos distritales de los partidos políticos por unidades territoriales que la Constitución Política no establece. Inconstitucionalidad.
Debido proceso. Infracción.
Afectación de los derechos en su esencia.
Democracia interna de los partidos políticos.
De la organización interna de los partidos políticos.
Donaciones a partidos políticos.
Personalidad jurídica de las Asociaciones.
Materias que no son propias de la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos.
Enajenación separada de los derechos de aprovechamiento de aguas y del predio. Prohibición de su enajenación separada. Eventual vulneración del derecho de propiedad.
Normas de la LOC de Municipalidades reservadas al dominio de la ley común. Expropiaciones de bienes.
Atribuciones de las municipalidades para establecer tributos que graven actividades o bienes con una clara identificación local para ser destinados a obras de desarrollo comunal. Inconstitucionalidad.
Violación del principio de igualdad ante la ley en relación con penas por vía de sustitución y apremio ante multas impuestas en la Ley sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Trato igual para situaciones disímiles no resulta razonable.
Atribución a las municipalidades para establecer tributos.
Ley orgánica constitucional sobre Partidos Políticos. Pactos electorales.
1)Improcedencia del ejercicio de potestades públicas por parte de las empresas públicas creadas por ley. 2) Iniciativa para su creación.
Materias que son propias de la ley orgánica constitucional de los Partidos Políticos.
Acusación constitucional. Defensa jurídica.
Ley orgánica constitucional de Enseñanza. Otorgar una facultad amplia y genérica para convalidar estudios, títulos y grados optenidos fuera de Chile, sin precisión de ninguna clase de requisitos, condiciones o referencias resulta contrario a la Constitución.
Ley orgánica constitucional de enseñanza. Materias que no forman parte de ella.
Ley orgánica constitucional de Enseñanza. Remisiones a otras disposiciones sobre las cuales el Tribunal no se pronuncia.
Ley orgánica constitucional de Enseñanza. Establecimientos educacionales de las instituciones de la Defensa Nacional.
Ley orgánica constitucional de enseñanza. Contenido.
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de los Partidos Políticos. No pueden participar en los pblebiscitos comunales.
Tribunal competente para conocer del recurso de amparo económico, la Corte de Apelaciones respectiva.
Solicitud de José Clodomiro Almeyda Medina, para modificar la sentencia de fecha 21 de diciembre de 1987, en virtud de la cual se le condenó como responsable de haber infringido el inciso primero del artículo 8° de la Constitución Política de la República, por haberse derogado dicho artículo por Ley de Reforma Constitucional N° 18.825 publicada en el Diario Oficial de 17 de agosto de 1989.
Derecho a la adquisición de bienes cuya propiedad no se tiene. Sentido y alcance de este precepto.
Derecho de propiedad que ya existe. Sentido y alcance del precepto constitucional.
Igualdad ante la ley. Diferencias arbitrarias. Rechazo de requerimiento.
Materias que comprende la ley orgánica constitucional de Enseñanza.
Normas que no son propias de la ley orgánica constitucional de Enseñanza. La norma que deroga la ley N° 18.862 -que establecía un sistema especial de examinación para nuevas universidades que indica- "...no es propia de la ley orgánica constitucional a que alude el artículo 19, N° 11, inciso quinto de la Constitución Política de la República.
Esencia del derecho de libertad para asociarse.
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional sobre libertad de enseñanza. Creación e integración de Comisión Especial para reconocimiento de grados académicos y títulos profesionales y técnicos.
Autorización al Estado para desarrollar actividades empresariales y para enajenar acciones. Quórum calificado, en el primer caso, y quórum simple en el segundo.
Sistema electoral municipal. Libertad de asociación. Candidatos independientes.
Admisión a funciones y empleos públicos. Cargos de confianza de autoridad municipal.
Sistema electoral municipal. Igualdad ante la ley. Candidatos independientes.
Partidos políticos. Prohibición de privilegios o monopolio de la participación ciudadana.
Sistema electoral municipal. Igualdad ante la ley.
Municipalidades. Alcalde que postula a elección como concejal queda suspendido de sus funciones. Inconstitucionalidad de derecho a percibir remuneración durante suspensión.
Municipalidades. Alcalde que postula a elección como concejal queda suspendido de sus funciones. Derecho a percibir remuneración durante la suspensión es inconstitucional.
Derecho de Propiedad. Limitaciones. Rango legal.
Derecho de propiedad. Requerimiento de constitucionalidad de un proyecto de ley. Es improcedente si no se ha producido, al menos, una discrepancia sobre la preceptiva constitucional y el texto legal impugnado.
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de Enseñanza.
Principio de legalidad de la pena.
Prórroga de pago de patente minera.
Regulación de la publicidad en los caminos. Las prohibiciones para desarrollar una actividad económica tienen que fundarse en no ser contrarias a la moral, al orden público o a la seguridad nacional y que el ejercicio del derecho debe llevarse a cabo respetando las normas legales que lo regulen.
Regulación de la publicidad en los caminos mediante decreto supremo. Alcance de la expresión preceptos legales.
Libertad de opinión e información. Telecomunicaciones.
Libertad de opinión e información. Suspensión o restricción. Inconstitucionalidad de precepto.
Materias de la ley orgánica constitucional sobre concesiones mineras. Patentes.
Principio de legalidad en materia tributaria. Eventual infracción.
Afectación en su esencia del derecho de propiedad. Vulneración en el caso de designación de un administrador de una Administradora por decisión de la autoridad administrativa.
Seguridad de los derechos. Afectación de un derecho en su esencia.
Debido proceso. Derecho al juez natural.
Derecho de asociación y libertad de asociación. Vulneración en el caso de designación de un administrador de una Administradora por decisión de la autoridad administrativa.
Derecho de propiedad. Vulneración en el caso de designación de un administrador de una Administradora por decisión de la autoridad administrativa.
Seguridad de los derechos. Al establecer restricciones totales o parciales, y prohibiciones totales o parciales, al ejercicio de derechos fundamentales de las personas, se afecta el contenido esencial de ellos, lo que se encuentra expresamente prohibido por el artículo 19, Nº 26, de la Constitución.
Debido proceso legal. No se respeta cuando se está en presencia de un servicio público al que se otorgan facultades discrecionales.
Derecho a la intimidad. Se infringe cuando la norma no contempla en forma íntegra, completa y exacta el procedimiento ni los casos precisos como debe aplicarse.
El hecho de que un proyecto de ley establezca requisitos para el ejercicio de un derecho consagrado en la Constitución Política, no constituye necesariamente y por si mismo una causal de inconstitucionalidad de la norma que así lo haga, a menos que se configure un requisito que impida el libre ejercicio del derecho, en este caso, el de asociación.
Derecho de asociación. Establecimiento de un requisito que impide su libre ejercicio es inconstitucional.
Prórroga para el pago de patentes mineras.
No discriminación arbitraria en materia económica.
Igualdad ante la ley. No discriminación arbitraria. Significado de este principio.
Prohibición de establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos.
Afectación de un derecho en su esencia por un tributo.
Derecho de propiedad. Lesión patrimonial en virtud de un tributo.
Debido proceso. Uno de los principios fundamentales que contempla el sistema procesal constitucional.
Recurso de casación en el fondo. Mediante dicho recurso, el sistema procesal da eficacia al principio de legalidad y al de igualdad ante la ley. Precedentes jurisdiccionales.
Recursos procesales. Uno de los principios fundamentales que contempla el sistema procesal constitucional.
Recursos de casación, en especial recurso de casación en el fondo.
Afectación del derecho de propiedad. Privación de derechos adquiridos.
Regulación de la actividad económica en relación con los derechos adquiridos.
Afectación del derecho de propiedad. Privación de derechos adquiridos por causa no establecida en la Carta Fundamental.
Afectación del derecho de propiedad. Privación de derechos adquiridos por causa no establecida en la Constitución.
Afectación de tributos a un destino determinado. Inconstitucionalidad.
Sentido del concepto "derecho en su esencia", en relación con la percepción de la asignación de complemento de zona por parte del estamento docente.
Alcance del derecho de propiedad de los docentes sobre la asignación de complemento de zona.
Incidencia del aumento del impuesto al tabaco en el derecho a la libre iniciativa en materia económica.
Derecho de propiedad de las mutualidades sobre los excedentes que generan por la administración de sus recursos.
Incidencia del incremento de impuestos a cigarrillos y combustibles en el principio de justicia tributaria y en el libre ejercicio de una actividad económica o en la adquisición del dominio de los bienes sobre que recae el gravamen.
Distinción entre el antiguo y el nuevo sistema previsional para efectos del otorgamiento de un reajuste extraordinario de pensiones.
Vinculación del pago de reajuste de pensiones con el aumento de impuestos a cigarrillos y eventual vulneración del principio de no afectación de tributos a un destino determinado.
Principio de igualdad ante la ley en relación con el trasplante de órganos.
Implicancia de la muerte "encefálica" en el derecho a la vida y en el trasplante de órganos.
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de Enseñanza. Planes y programas de estudio enseñanza general básica y media.
Norma que implica desigualdad ante las cargas públicas.
Esencia del derecho de propiedad.
Facultades de administración de un medio de comunicación social.
Prohibiciones que no constituyen "limitaciones" sino prohibiciones al derecho de propiedad, son inconstitucionales.
Contenido de la garantía constitucional: la libertad de información comprende el derecho a estar informado.
Esencia del contenido de la libertad de opinar y de informar. Ejercicio sin censura previa.
Desarrollo de actividad económica lícita. Contenido esencial del derecho. La norma que impone exigencias que afectan el contenido esencial de este derecho es inconstitucional.
Derecho de aclaración o rectificación.
Igualdad ante la ley. Discriminación arbitraria en perjuicio de candidatos independientes.
Delegación de facultades para dictar decretos con fuerza de ley. Improcedencia.
Igualdad entre independientes y miembros de partidos políticos en cuanto a la presentación de candidaturas y participación en el proceso electoral en elecciones municipales.
Rango de la regulación de los sistemas de salud.
Acceso igualitario a las acciones de prevención en materia de salud.
Reserva legal en el ejercicio de los derechos fundamentales. Principio fundamental.
Cambio de sede del Congreso Nacional. Tributos; fuentes de recursos; nuevo gasto.
Orden penal. Principio de legalidad y tipicidad.
Adquisición del derecho de propiedad. Sobre los bienes nacionales de uso público no es posible constituir propiedad.
Derecho de propiedad. Vías de acceso que los propietarios colindantes de playas deben aceptar. Necesidad de determinar si esa limitación causa daño y afecta alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio.
Derecho de propiedad. Distinción entre la privación y las limitaciones del dominio. Función social de la propiedad.
Libertad de adquisición de toda clase de bienes; bienes nacionales de uso público; propiedad privada; concesiones marítimas.
Derecho de propiedad; limitación y privación del dominio; función social de la propiedad; indemnización; interpretación constitucional; daño.
Adquisición del dominio. Sobre los bienes nacionales de uso público no es posible constituir propiedad. Playas de mar
Principio de igualdad frente a las cargas públicas. Legalidad de los tributos. Requerimiento de inconstitucionalidad.
Capitalización de una empresa que tiene un déficit operacional no constituye una discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica.
Actividad empresarial del Estado y sus organismos.
Derecho de propiedad. Cesión de terrenos que se propone urbanizar.
Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Organismos técnicos de capacitación.
La libertad para adquirir el dominio sobre toda clase de bienes.
Limitaciones a la adquisición del dominio.
El derecho de aprovechamiento sobre las aguas.
Ley Orgánica Constitucional que regula a los partidos políticos.
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional sobre partidos políticos. Suspensión de su artículo 3° transitorio.
Materias del Código de Minería que no son propias de la ley orgánica constitucional sobre concesiones mineras, por no contemplar modificación alguna a ella.
Materias del Código de Minería que constituyen reiteración de lo dispuesto en la ley orgánica constitucional sobre Concesiones Mineras y que, por lo mismo, tiene el mismo carácter.
Convalidación de títulos profesionales y técnicos otorgados por establecimientos de educación superior de las Fuerzas dependientes del Ministerio de Defensa Nacional. Es inconstitucional, pues los referidos establecimientos no tenían facultades para otorgarlos.
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de enseñanza. Reconocimiento de los títulos y grados que otorgan los establecimientos de educación superior de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública.
Tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Sentido y alcance de esa expresión.
No discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado.
La seguridad de que los preceptos legales que regulen o complementen garantías constitucionales no pueden afectar los derechos en su esencia.
Impuestos indirectos que gravan el consumo.
Impuesto al tabaco y a la bencina. Regulación.
Principio de legalidad de la pena. Establecimiento de penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en la ley. Inconstitucionalidad.
Acceso a la justicia. Exigencia de efectuar una determinada consignación para interponer una reclamación contra una resolución administrativa no impide el acceso a la justicia, pues más bien busca restablecer el orden previamente quebrantado en aras del bien común.
Inconstitucionalidad de facultades otorgadas al Ministerio Público. Es al legislador al que le corresponde establecer las garantías para que el procedimiento que debe observar este órgano sea racional y justo.
Desigualdad en entrada en vigencia del nuevo procedimiento penal. El legislador se encuentra habilitado por una norma expresa de la Constitución para regular la gradualidad a que ella se refiere.
Entregar al reglamento la exigencia de requisito para optar a cargo público es inconstitucional.
Patentes mineras. Suspensión de su cobro por única vez.
Diferencias arbitrarias. Es inconstitucional la norma que encasilla en fecha anterior a un funcionario en uno de los cargos que crea una ley y posteriormente a los demás, pues establece diferencias arbitrarias.
Derecho de dominio del concesionario sobre la concesión de un bien nacional. Características específicas.
Principio de tipicidad. Núcleo esencial de la conducta que se sanciona.
Ley orgánica constitucional sobre libertad de Enseñanza. Derechos de acceso de estudiantas embarazadas o madres lactantes a los establecimientos educacionales.
Normas programáticas en relación al derecho de propiedad. Convenio 169 de la OIT.
Inaplicabilidad de normas contenidas en tratados internacionales por ser incompatibles con el ordenamiento constitucional. Resolución de conflictos debe someterse a la jurisdicción de los tribunales.
Modificación de una ley común por un tratado internacional. Teniendo el tratado fuerza de ley, nada impide que pueda modificar a una norma de igual jerarquía, sin lesionar con ello el ordenamiento jurídico vigente.
Materias que comprende la ley orgánica constitucional de concesiones mineras. Servidumbres mineras.
Discriminación arbitraria en materia económica.
Inhabilitación de conductores de vehículos, sin las garantías del debido proceso. Inconstitucionalidad (voto disidente).
Materias que son propias de la ley orgánica constitucional de Enseñanza. La norma que obliga a considerar los objetivos y contenidos destinados a la formación deportiva en los planes y programas de estudio de la educación básica y media, y la que establece el deber del Estado de fomentar la práctica del deporte.
La prestación del servicio de defensa penal pública por parte de entidades públicas debe ser autorizada por una ley de quórum calificado. Inconstitucionalidad (voto disidente).
Derecho de propiedad. Protección.
Derecho de propiedad. Fondos previsionales. Privación del dominio sobre ellos. Inconstitucionalidad.
Materias que son propias de la ley orgánica constitucional de Enseñanza. Inclusión en ella de la educación parvularia. La educación parvularia no es requisito necesario u obligatorio para acceder a la enseñanza básica.
Jurisdicción. Concepto.
Examen de cuentas corrientes por el Director del Servicio de Impuestos Internos autorizado por el juez respectivo con el solo mérito de los antecedentes que acompañe el Servicio. Inconstitucionalidad de la norma que lo establece.
Afiliación a un partido político. Prohibiciones.
El principio de subsidiaridad en el plano educacional. Este principio no tiene aplicación respecto del Estado y en las relaciones entre éste y los órganos que lo constituyen.
Sistema de calificación para la exhibición de la producción cinematográfica. Vigencia del precepto constitucional citado.
Ley orgánica constitucional de Enseñanza. Educación parvularia.
Principio de la reserva legal y los límites al ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución en lo que respecta a la regulación del derecho de propiedad.
Materias que son propias de la ley orgánica constitucional de los Partidos Políticos. Control de constitucionalidad sobre normas no consultadas.
Materias que son propias de la ley orgánica constitucional relativa a los partidos políticos. La incompatibilidad que establecen las normas en estudio entre las funciones de consejero del Consejo de Alta Dirección Pública y de Alto Directivo Público y el ejercicio de cargos unipersonales en los órganos de dirección de los partidos políticos es una materia propia de esta ley.
Fuentes de financiamiento de los partidos políticos.
Igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.
Igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Derecho a defensa jurídica.
Ley orgánica constitucional sobre partidos políticos.
Derecho a defensa jurídica. Ausencia de normas que permitan el ejercicio de este derecho. Inconstitucionalidad.
Igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Falta de un procedimiento que permita al afectado una adecuada defensa de sus derechos, en sede administrativa, en forma previa a la imposición de las sanciones que en cada caso se establecen. Inconstitucionalidad.
Aportes a campañas electorales
Ley orgánica constitucional que regula los partidos políticos.
Igualdad ante la ley. La limitación respecto de los gastos imputables al financiamiento público resulta aplicable tanto a los partidos políticos como, igualmente, a los candidatos independientes.
Respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. Dignidad de las personas. Relación sustancial.
Dignidad de la persona y sus derechos a la vida privada y a la reserva de las comunicaciones.
Igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. El derecho a defensa jurídica debe ejercerse, en plenitud, en todos y cada uno de los estadios en que se desarrolla el procedimiento.
Inviolabilidad de las comunicaciones privadas y dignidad de la persona. Ligamen entre ambas.
Derecho a defensa jurídica.
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de Enseñanza. Promoción de los derechos humanos.
Libertad de enseñanza. Atribuciones de los directores de establecimientos educacionales.
Libertad de enseñanza. Alumnos en régimen de jornada escolar completa. Derecho a mantener ese régimen.
Libertad de enseñanza. Derecho a organizar y mantener establecimientos educacionales. Efectos del no pago de compromisos económicos en la renovación de matrículas.
Libertad de enseñanza. Límites al derecho o arancel que se cobre.
Libertad de enseñanza. Constitución de Consejos Escolares.
Libertad de enseñanza. Modificación de la ley orgánica constitucional sobre libertad de enseñanza, en lo relativo a los procesos de selección de alumnos.
Libertad de enseñanza. Ámbito de competencia reservado a la respectiva ley orgánica constitucional.
Libertad de enseñanza. Fundamentos constitucionales.
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional relativa a los partidos políticos. Modifica la ley Nº 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, estableciendo sanciones y el procedimiento para su aplicación.
Debido proceso. Bilateridad de la audiencia. Resolución judicial con plazo para su dictación y someramente fundada. Inconstitucionalidades.
Materias que son propias de la ley orgánica constitucional de Enseñanza. Normas que incorporan, reforman, sustituyen y derogan preceptos que forman parte de esa ley. Control de oficio.
Libertad de enseñanza. Delegación de facultades legislativas. Improcedencia.
Libertad de enseñanza. Núcleo esencial.
Derecho de propiedad. Limitaciones y requisitos para la adquisición de determinados bienes. Enajenación de bienes del Estado es materia de ley simple.
Desarrollo de actividades empresariales por órganos del Estado. Las limitaciones o restricciones al Estado están referidas a las actividades que de suyo efectúan los particulares no a las actividades estatales.
Derecho de propiedad. Enajenación de activo de Enami a Codelco (Fundición Ventanas)
Igualdad ante la ley. No se la vulnera por autorizar, por ley, enajenación de activo de Enami a Codelco (Fundición Ventanas)
Principio de la tipicidad. Materia de ley común.
Garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. Infracción.
Igualdad ante la ley. Vulnera esta garantía la norma que permite al alcalde que es subrogado conservar el derecho a percibir su remuneración. El derecho a percibir una remuneración o sueldo está siempre ligado al ejercicio de un cargo.
La garantía constitucional de la igual protección en el ejercicio de los derechos de las personas. Sentido y alcance.
Desarrollo de una actividad económica. Requerimiento por considerar que se estarían imponiendo restricciones a esta garantía por una norma no legal.
Materias de rango orgánico constitucional que comprende la normativa sobre gasto electoral.
Significado y alcance que la Carta Fundamental atribuye a la expresión "educación parvularia".
Naturaleza y alcance de la libertad de enseñanza.
Inaplicabilidad del artículo 299, nº 3º, del Código de Justicia Militar. Leyes penales en blanco.
En virtud del principio de la legalidad del tribunal y de la seguridad jurídica, la única que puede crear tribunales con carácter permanente es la ley.
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de enseñanza. Inclusión en los planes y programas de estudio de objetivos y contenidos destinados a educar e instruir a los escolares sobre los daños que provoca en el organismo el consumo de tabaco y la exposición al humo del mismo. Extensión de oficio del control de constitucionalidad a norma transitoria, por constituir un todo armónico e indisoluble con el precepto sometido a control.
El legislador debe precisar las garantías del procedimiento racional y justo.
La extensión del ejercicio de la jurisdicción.
La prueba es esencial en el procedimiento de desafuero por delitos de acción privada.
La distinción entre proceso y procedimiento.
La igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.
La Administración Pública queda sujeta al Derecho y particularmente al principio de legalidad.
El principio de legalidad y la regulación por ley del ejercicio de actividades económicas lícitas.
La colaboración reglamentaria en materias reservadas por la Constitución al dominio legal.
No es contrario a la Constitución que en un precepto legal se habilite a sancionar, sin describir en el mismo, las conductas susceptibles de ser sancionadas.
El principio de la tipicidad. Exigencias.
La Constitución no exige que los preceptos que establecen los deberes, los que facultan sancionar en caso de incumplimiento y los que prescriben sanciones estén todos contenidos en una misma norma.
Sanción ante incumplimiento de deberes descritos en normas de rango legal.
La Constitución reserva a la ley la regulación de la actividad económica lícita.
Sanciones y el principio de legalidad.
No es contrario a la Constitución que en un precepto legal se habilite a sancionar.
Comisiones especiales. La integración de la Corte Suprema por abogados integrantes no la transforma en una comisión especial, pues se trata de un tribunal establecido por la propia Constitución.
Debido proceso legal. Mandato al legislador.
Debido proceso legal. Procedencia de la prueba, en tanto sea pertinente. El juicio sobre la pertinencia de las pruebas corresponde al juzgador ordinario.
Naturaleza jurídica del exequátur. No es unas nueva instancia del juicio llevado a cabo en el país de donde procede la sentencia que se quiere hacer cumplir en territorio nacional, sino simplemente un procedimiento de reconocimiento de dicho fallo por parte de la jurisdicción nacional.
Garantías de un proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo.
El derecho a la defensa jurídica en la forma que la ley señale.
Derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas. Requisitos para su constitución.
Derecho de aprovechamiento de aguas. Innovación legislativa en el sistema de asignación de derechos de agua.
Libertad de emprendimiento económico. No se vulnera esta garantía en los casos en que su ejercicio supone la obtención previa de una concesión por parte de la autoridad y ésta no la otorga por motivos legales.
Libertad de emprendimiento económico. Limitaciones y regulación.
Limitaciones de derechos constitucionales. Estándares.
La no discriminación arbitaria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica
Debido proceso. Esta garantía ha sido contemplada por el constituyente respecto de los órganos que ejercen jurisdicción, la que supone resolver una controversia jurídica entre partes.
La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así.
El respeto y protección a la vida privada.
Inviolabilidad de las comunicaciones. Inconstitucionalidad de norma.
La prueba es esencial en el procedimiento de desafuero por delitos de acción privada, por ser una garantía esencial de un procedimiento racional y justo.
Materias que son propias de la ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Regulación de materias propias de esa ley y modificación expresa de la misma.
Legalidad del Tribunal. La seguridad jurídica, como principio general del derecho público, implica en lo esencial, dos grandes aspectos: “una estabilidad razonable de las situaciones jurídicas y un acceso correcto al derecho.
La jurisdicción como una función pública emanada de la soberanía, la que entrega su ejercicio en forma privativa y excluyente a los tribunales establecidos por ella o la ley. Como tal, es indelegable.
Estatutos constitucionales aplicables a la propiedad minera anterior y posterior a la Constitución de 1980 y sus leyes complementarias.
nadie puede ser juzgado por comisiones especiales
Las sentencias de los tribunales deben fundarse en un proceso previo, legalmente tramitado
La delegación prevista en el artículo 116 del Código Tributario resulta contraria al principio del juez natural.
Fijación de la tasa del impuesto territorial por decreto supremo.
Formación del rol de avalúos.
Concepto de rentas en materia tributaria. La Constitución Política de la República autoriza tributos sobre bienes específicos, como los bienes raíces. Proporcionalidad y justicia del impuesto.
Modificaciones de avalúos por el Servicio de Impuestos Internos en la medida que concurra alguna de las causales que taxativamente ha señalado al efecto la propia ley. No vulneran la reserva legal.
Principio de legalidad en materia tributaria. A la luz del principio de legalidad tributaria, los elementos esenciales de la obligación tributaria deben encontrarse suficientemente señalados y precisados en la ley. Ello dice relación con el hecho imponible, los sujetos obligados al pago, el procedimiento para determinar la base imponible, la tasa, las situaciones de exención y las infracciones.
Concepto de rentas. No vulnera la Constitución Política de la República el establecimiento del impuesto territorial, el que –como se ha expresado- encuentra sus fundamentos no sólo en las propias disposiciones constitucionales permanentes sino que también en las transitorias. El impuesto territorial y su eventual afectación al patrimonio de los requirentes.
Reserva legal tributaria y artículo 2° de la ley N° 20.033, modificatoria de la ley de impuesto territorial. Todas las exenciones y, en general, los beneficios tributarios, como igualmente su modificación o eliminación –al tenor de lo prescrito en los artículos 19 Nºs 20 y 22 de la Constitución Política de la República-, deben quedar suficientemente establecidos por el legislador. Al no establecer el legislador parámetros objetivos y precisos a los que deba sujetarse la autoridad administrativa para la concurrencia de la situación de exención del impuesto territorial, se contraviene el principio de legalidad tributaria.
Instrucciones técnicas y administrativas impartidas por el Servicio de Impuestos Internos para los efectos de la tasación de las propiedades.
Eventual infracción de disposiciones de la ley de impuesto territorial al principio de legalidad.
Seguridad de los derechos. No afectación de los derechos en su esencia, ni imposición de condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.
La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.
El derecho a la vida como derecho fundante de todos los demás, pues sin vida, difícilmente tiene sentido referirse a otros derechos fundamentales.
El derecho a la educación y el derecho preferente y el deber de los padres de educar a sus hijos. Las normas sobre consejerías en condiciones de confidencialidad sin conocimiento de los padres, no vulneran su derecho a educar a sus hijos.
La protección constitucional de la persona se inicia desde el momento mismo de la concepción.
La ley protege la vida del que está por nacer. La intención del Constituyente fue confiar al legislador las modalidades concretas de protección de la vida del que está por nacer en el entendido que se trata de un ser existente e inserto en la concepción de persona, en cuanto sujeto de derecho.
Las normas nacionales sobre regulación de la fertilidad y la duda razonable de afectación del derecho a la vida.
Infracción a la igualdad ante la ley y al derecho a la educación. El precepto impugnado regula de modo suficiente las materias que le corresponde normar acorde con su carácter de ley de bases y porque es razonable que la determinación de los instrumentos técnicos necesarios para la aplicación de la ley quede entregada a un reglamento de ejecución.
Legislación sobre subvenciones educacionales. Delimitación legal suficiente para el debido ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución en una materia que por su carácter técnico y especializado resulta adecuado que sean reguladas por ella.
Subvención escolar.
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración de Estado. La norma que establece requisitos adicionales a los contemplados en esa ley para la provisión de cargos públicos se ajusta a la Carta Fundamental en cuanto cumple con el principio de legalidad aplicable a la admisión a toda función y empleo público.
Prohibición de presumir de derecho la responsabilidad penal y presunción de inocencia en materia penal. El reclamo de vulneración del principio de legalidad en materia penal expresado como principio de tipicidad. Leyes penales en blanco impropias o de reenvío.
La igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Criterios de política criminal. Primacía del legislador para establecer la política criminal. El tratamiento doctrinario y jurisprudencial del asunto bajo resolución.
La igualdad ante la ley. Ni la ley ni la autoridad pueden establecer diferencias arbitrarias. Al legislador se le encarga privativamente asignar penas a los delitos con el fin de proteger a la propia sociedad de su comisión.
Naturaleza del derecho a la honra y daño moral.
Los preceptos legales deben respetar la esencia de los derechos constitucionales.
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de Enseñanza. Establecimiento de una causal para la revocación del reconocimiento oficial del establecimiento educacional que no logre los estándares nacionales para su categoría.
Materia que no es propia de la ley orgánica constitucional de Enseñanza. Obligación del sostenedor de señalar el monto de las subvenciones o recursos que reciba.
Naturaleza jurídica de los derechos o tasas y su diferencia con los tributos. Los derechos municipales no son una especie del género tributos, sino una categoría diferenciada de ingresos públicos.
Las restricciones o limitaciones al ejercicio de un derecho se encuentran determinadas por el legislador, pero no deben vulnerar el principio de igualdad ante la ley ni afectarlos en su esencia
El derecho de acceso a la justicia o la igualdad ante la justicia.
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de los Partidos Políticos. Incompatibilidad entre los cargos de consejeros del Consejo para la Transparencia y de miembros de los órganos de dirección de los Partidos Políticos.
Las restricciones o limitaciones al ejercicio de un derecho se encuentran determinadas por el legislador, pero no deben vulnerar el principio de igualdad ante la ley ni afectarlos en su esencia.
Ley orgánica constitucional de Partidos Políticos. Situación de los legalmente constituidos en las regiones de Tarapacá y de Los Lagos al crearse las nuevas regiones de Arica y Parinacota y de Los Ríos.
Los preceptos legales deben respetar la esencia de los derechos constitucionales, no pudiendo el legislador regular su ejercicio hasta extremos que, en la práctica, imposibiliten la plenitud de su vigencia.
Las normas que regulan el contrato de salud tienen supremacía sobre las convenciones de particulares.
Sentido y alcance del derecho a la seguridad social. Principios rectores: universalidad, integridad o suficiencia, solidaridad y unidad. Su vínculo con el derecho a la protección de la salud. Entre los objetivos propios de la seguridad social se halla el cuidado de la salud, mediante acciones médicas, sean ellas preventivas, curativas o de rehabilitación.
Significado del derecho a la protección de la salud. La Carta Fundamental es un sistema orgánico y coherente de valores, principios y normas, todos los cuales guardan entre sí la adecuada correspondencia y armonía, excluyendo cualquier interpretación que anule o prive de eficacia a algún precepto de ella. No sólo los órganos del Estado deben respetar y promover los derechos consustanciales a la dignidad de la persona humana, sino que esa obligación recae también en los particulares, puesto que el Código Supremo asegura la intangibilidad de tales atributos en toda circunstancia.
El derecho a la protección de la salud es la base constitucional y de orden público de todo contrato de salud. Estos no pueden contener cláusulas que desconozcan o aminoren tales derechos. Base constitucional del contrato de salud.
Principio de subsidiaridad. Deber de los particulares y de las instituciones privadas de respetar y promover el ejercicio de los derechos consustanciales a la dignidad de la persona humana. Las normas que regulan el contrato de salud deben ser interpretadas y aplicadas en términos de maximizar el disfrute real y pleno de los derechos que son consustanciales a la dignidad humana.
Subrogación en favor de los Agentes de Aduanas. Procedimiento al cual debe ceñirse el proceso, debe cumplir con los requisitos de racionalidad y justicia exigidos por el artículo 19, N° 3, inciso quinto.
Procedimiento e investigación racionales y justos. Todo juzgamiento debe emanar de un órgano objetivamente independiente y subjetivamente imparcial, elementos esenciales del debido proceso.
La gratuidad del turno de los abogados infringe objetivamente la igualdad ante la ley y en particular la prohibición de discriminar arbitrariamente.
La gratuidad del turno y su infracción constitucional a la igualdad ante las cargas públicas y a la legalidad de las mismas.
La gratuidad del turno de los abogados y la infracción constitucional a la libertad de trabajo.
El derecho de propiedad. Las prestaciones que la requirente espera recibir, en su calidad de afiliada y cotizante, de parte de la Isapre Banmédica S.A., como consecuencia del contrato en el que consta su plan de salud, no pertenecen a los bienes corporales e incorporales sobre los que recae el dominio.
El derecho a la protección de la salud como derecho social. Su vinculación con la dignidad de las personas.
Base constitucional del contrato de salud.
Naturaleza jurídica del contrato de salud.
El derecho a la protección de la salud y, en particular, el derecho a elegir el sistema de salud al que la persona desee acogerse.
El derecho a la seguridad social como derecho social. Sentido y alcance y principios que lo informan. Su vinculación con el derecho a la protección de la salud.
Igualdad ante la ley. Desigualdad de trato entre personas que se encuentran en la misma situación. Si ella carece de un fundamento razonable que pueda justificarla, tiene el carácter de arbitraria importando una trasgresión a la Carta Fundamental.
El derecho de acceso a la justicia forma parte de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos consagrada por la Constitución, pues sin tal acceso la protección asegurada simplemente no es posible. La consignación de la totalidad de la multa para poder reclamar en sede judicial es una severa restricción de este derecho.
Niveles de la educación formal. Gradualidad de la entrada en vigencia de la estructura curricular.
Reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel.
El derecho a la educación. Contenido. Impugnación de precepto que regula la duración de los niveles y modalidades de la enseñanza regular, así como la duración de los niveles educativos. La norma impugnada no infringe el derecho a la educación, no vulnera la esencia de ese derecho ni el de igualdad ante la ley.
Derechos adquiridos. Sobre el régimen jurídico que crea el legislador en ejercicio de sus potestades constitucionales, los beneficiarios no tienen derechos adquiridos.
Derechos constitucionales. La Constitución reserva a la ley su regulación, desarrollo y limitación. Entre diversas opciones se ha de escoger la que restringe en menor escala el derecho protegido.
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de Enseñanza. Es materia de ley contemplar excepciones a la generalidad del sistema de evaluación periódica que contempla la Ley General de Educación. Inconstitucionalidad de norma que entrega esta materia al reglamento.
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de Enseñanza. Derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa. Alcance del artículo 10.
Exigencia de personalidad jurídica del sostenedor para obtener reconocimiento oficial. Declara el Tribunal que tal exigencia es materia de ley orgánica constitucional y se ajusta plenamente a la Constitución.
Materias que son propias de la ley orgánica constitucional de Enseñanza, según corresponda.
Igualdad ante la ley. Infracción. La condición tributaria de un práctico de puerto autorizado es la de un profesional independiente. Su asimilación para efectos tributarios con los trabajadores dependientes configura una especie de discriminación arbitraria.
Debido proceso. Derecho al recurso. La Constitución no consagra el derecho a la doble instancia.
Debido proceso. Recursos de apelación y de nulidad. El recurso de apelación se caracteriza por su mayor alcance que el de nulidad.
Presunción de inocencia. La Constitución Política no consagra explícitamente el principio de inocencia, pero parte de la doctrina lo deduce indirectamente de la prohibición de presumir de derecho la responsabilidad penal, en armonía con el derecho a la libertad individual y la seguridad de que los preceptos que regulen o limiten las garantías constitucionales no pueden afectar la esencia de las mismas.
Delito de asociación u organización para delinquir. (artículo 16 de la ley Nº 20.000) Debe existir una pluralidad de sujetos, se requiere de una organización; la asociación debe tener por finalidad cometer alguno de los delitos señalados en esta ley, sancionándose la asociación criminal sin necesidad de que los delitos que tenga por objeto se hayan cometido efectivamente.
La conspiración para delinquir para cometer los delitos contemplados en la ley N° 20000, de drogas (artículo 17 de la ley 20.000)
Tipicidad penal. Interpretación sobre el alcance del inciso final del número 3° del artículo 19 de la Carta Fundamental.
Principio de la tipicidad de la ley penal. Límites para el ejercicio de la potestad punitiva estatal. La permisividad de las leyes penales en blanco.
La ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas, tiene por objeto sancionar ciertas conductas que el legislador ha considerado que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos de relevancia constitucional. El Estado persigue una finalidad legítima cuando sanciona las conductas que atentan contra la salubridad y la libertad.
La tipificación en materia penal.
Pluralidad de autores en la comisión de los delitos previstos en la ley N° 20.000, de drogas.
La pluralidad de autores en la comisión de los delitos previstos en la ley N° 20.000, de drogas. La agravante del artículo 19, letra a).
Contratos leyes. Institución de los “contratos leyes” ha sido diseñada para atraer inversiones privadas que contribuyan al desarrollo de determinadas actividades que se estima insuficientemente abordadas. El contrato de inversión extranjera que el Estado celebra con inversionistas extranjeros al amparo del Decreto Ley N° 600, de 1974,
El legislador es soberano para modificar o suprimir beneficios tributarios.
El ejercicio de la potestad tributaria del Estado en lo referente a la concesión y eventual derogación de beneficios tributarios, impacta en la capacidad impositiva de los contribuyentes en cuanto manifestación de la igualdad que impera en materia tributaria.
Los beneficios tributarios. Su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 65, inciso cuarto, N° 1 de la Constitución. Su concesión forma parte de la potestad tributaria del Estado y se basa en consideraciones de política fiscal que el legislador efectúa.
Beneficios tributarios. Concepto.
La derogación de un beneficio tributario y la eventual afectación del derecho de propiedad. No puede sostenerse la existencia de un derecho de propiedad sobre beneficios tributarios.
Legalidad del tribunal. Alcance.
El tipo de reserva de la regulación del derecho a la salud
Se infringe la seguridad social si hay imposibilidad de costear el plan de salud. Contenido esencial de esta garantía y los principios que la informan. La acción de Estado, incluida la del legislador, debe estar dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes a las prestaciones de seguridad social.
Salud. Los contratos de salud, sus modificaciones y reajustabilidad.
Derecho a la protección de la salud. Deslegalización de su regulación, infringiendo con ello el deber preferente del Estado en la materia. Regulación de la tabla de factores de riesgo y su evolución para limitar la libertad contractual.
Al legislador le corresponde determinar la forma y condiciones para que el Estado cumpla su deber de garantizar la ejecución de acciones de salud. Resulta inconstitucional una regulación que permite al solo consentimiento de las partes establecer las condiciones de reajustabilidad del contrato de salud, dado su carácter de contrato de orden público. El reproche de constitucionalidad.
Los contratos de salud. Los vacíos e insuficiencias del precepto relativo a la tabla de factores de riesgo, oportunamente detectados.
Contratos de salud. La tabla de factores. Estándares fijados por el Tribunal Constitucional en la sentencia rol 1710.
La naturaleza de los contratos de salud, que contiene elementos regulados en la Constitución, lo que obliga al Tribunal Constitucional a involucrarse en su ponderación. Características más relevantes.
Materias propias de la ley orgánica constitucional de Enseñanza. Establece un requisito que deberán cumplir los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, dentro del ciclo de Enseñanza Media.
Noción de los derechos fundamentales.
El derecho a la seguridad social moderna se sustenta en determinados principios que le otorgan su esencia y que la reciente doctrina nacional ha enumerado como los siguientes: i) respecto de los sujetos amparados: universalidad subjetiva, ii) respecto de las contingencias cubiertas: universalidad objetiva, iii) respecto de las prestaciones: igualdad, integridad o suficiencia, iv) respecto del financiamiento: solidaridad, y v) respecto de la administración: unidad o descentralización, subsidiariedad.
La vinculación estrecha entre el derecho a la protección de la salud y el derecho a la seguridad social.
El rol constitucional del legislador y del administrador en la regulación de los derechos sociales y, particularmente, el derecho a la protección de la salud. Los principales derechos sociales que la Constitución asegura a todas las personas son configurados a partir de la posibilidad de acceder a una determinada prestación.
El derecho de igualdad ante la ley.
Vulneración de la libertad de expresión por el decreto supremo impugnado. Rechazo de la impugnación.
Vulneración del derecho de propiedad por el decreto supremo impugnado. Requerimiento rechazado.
Vulneración de la igualdad de trato económico por el decreto supremo impugnado. Rechazo de la impugnación.
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de Enseñanza. Reforma de un precepto que ya ha sido calificado por el Tribunal Constitucional como propio de dicha ley orgánica constitucional.
Respeto y protección de la vida privada. Relación sustancial existente entre el respeto a la dignidad de la persona y su proyección inmediata en la protección a la vida privada de ella.
Igualdad ante la ley. Tratamiento de igualdad en el ejercicio de actividades comerciales análogas. Al no existir, se infringe esta garantía.
Admisión a todas las funciones y empleos públicos. Igualdad de oportunidades de ingreso a la Administración.
Igualdad ante la ley. Las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes. La diferenciación legislativa debe obedecer a fines objetivos y constitucionalmente válidos.
El derecho a la propiedad.
Materia que no es propia de la ley orgánica constitucional de enseñanza.
Tutela judicial efectiva, debido proceso y derecho a defensa jurídica de un integrante de las Fuerzas Armadas.
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional sobre concesiones mineras. Modificación tácita de ella.
Procedimiento racional y justo. Recursos administrativos como exigencia para poder reclamar ante el tribunal competente. La ley puede exigir agotar la vía administrativa para reclamar ante los tribunales.
Normas sobre las cuales el Tribunal Constitucional no se pronuncia por no contener materias propias de ley orgánica constitucional. Diferencia conceptual entre una concesión minera y la industria de extracción minera. El cierre de las faenas no es parte de las obligaciones impuestas por las concesiones y, por lo tanto, se trata de una obligación propia del derecho a desarrollar una actividad económica, regulado por el artículo 19 N° 21° de la Constitución Política de la República, “respetando las normas legales que la regulen”.
Materias que son propias de la ley orgánica constitucional de Enseñanza. Modifica requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales.
Materia que es propia de la ley Nº 18.603, orgánica constitucional de Partidos Políticos.
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de los Partidos Políticos.
Los actos administrativos producidos por medios electrónicos y el derecho de acceso a la información.
Los correos electrónicos no son necesariamente actos administrativos, sino más bien una forma de comunicación con características especiales.
Los documentos electrónicos y la firma electrónica.
No existe subordinación del artículo 19, N° 5, al artículo 8° de la Constitución.
El modelo diseñado por el legislador para interceptar, abrir o registrar las comunicaciones privadas y los documentos asociados a ellas.
El inciso segundo del artículo 5° de la ley N° 20.285 vulnera el artículo 19, N° 5 de la Constitución. Razones.
Análisis del artículo 19 N° 5 de la Constitución. La Constitución habla de toda forma de comunicación privada. Nada tiene que ver en este concepto el que las comunicaciones las realicen o no funcionarios públicos. Las comunicaciones de éstos, incluidos los correos electrónicos, también están protegidas por la garantía que se analiza.
Precepto legal que establece una prohibición que constituye una inhabilidad absoluta y perpetua para ejercer una función o cargo público que carece de justificación, conculca las garantías constitucionales, por lo que es inconstitucional y debe eliminarse del texto.
Materia que no es propia de la ley orgánica constitucional de Enseñanza. No se alteran los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales ni se introducen contenidos mínimos a los niveles básico y medio de enseñanza, ni tampoco normas objetivas de general aplicación que atribuyan al Estado potestades para velar por el cumplimiento de los mismos. Diferencia entre instrucción y educación. Enseñanza no formal.
Análisis del artículo 19, N° 5,
Los correos electrónicos son una forma de comunicación. digitalizada.
El precepto impugnado vulnera el artículo 19, N° 5 de la Constitución. Razones.
El legislador, al fijar las condiciones de procedencia de la indemnización por daño moral en caso de afectación a la honra, debe respetar la esencia de los derechos involucrados.
Procedencia de la indemnización por daño moral en casos de afectación a la honra.
La Constitución asegura a todas las personas. Alcance de la norma del epígrafe del artículo 19.
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional sobre libertad de enseñanza. Inconstitucionalidad de precepto por no aparecer los fundamentos que justificarían sustraer de la normativa general a determinadas personas o situaciones, lo que podría importar la comisión de diferencias arbitrarias.
El derecho a una adecuada defensa implica la aptitud procesal de presentar pruebas e impugnar las que vulneren las pretensiones y derechos que se hagan valer.
Proceso justo y racional. Las pruebas en el proceso y la jurisdicción penal.
Igualdad ante la ley. Limitaciones inconciliables o arbitrarias.
La atribución del cuidado personal del menor a uno de los cónyuges cuando éstos se encuentran separados, parece razonable e inspirada en el interés superior del niño. La regla de atribución preferente a la madre del cuidado personal de los hijos no representa, por sí misma, una vulneración a la garantía de igualdad ante la ley, pues aunque introduzca una diferencia de trato entre la madre y el padre, la misma tiene justificación en la realidad social de nuestro país.
La excepción que el inciso tercero del artículo 225 del Código Civil contempla para variar la regla de atribución que haya operado en virtud del inciso primero o segundo del mismo artículo, resulta excesivamente onerosa y desproporcionada para aquel de los padres que, no teniendo el cuidado personal de los hijos, aspira a tenerlo, pues exige la ocurrencia de circunstancias tan altas y calificadas que constituyen una diferencia de trato que cabe calificar de arbitraria y que no tiene amparo en la Constitución.
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional sobre Sistema de Elecciones Primarias para la nominación de candidatos a Presidente de la República, Senadores, Diputados y Alcaldes. Alcance del término "territorio Electoral" para los efectos de la elección de Alcaldes. Potestad normativa al Servicio Electoral para regular materias que deben serlo por esta ley es inconstitucional. Es la ley orgánica la que debe establecer el régimen jurídico de las primarias, no dejando en manos del Servicio Electoral definir ese marco jurídico en aspectos esenciales. Exclusión del precepto relativo a la identificación de electores al proceso de primarias es inconstitucional.
Remisión legal para sancionar infracciones al proceso eleccionario de las elecciones primarias. No es lícito constitucionalmente que no se precise con claridad cuáles son las conductas lícitas y las prohibidas de esa remisión. La tipicidad exige el conocimiento anticipado por las personas del comportamiento que la ley sanciona. La legalidad de la sanción y la tipicidad son garantías que no pueden obviarse. Todo tipo penal debe establecer, a lo menos, el núcleo esencial de la conducta punible.
Derecho a la protección de la salud presupone la cobertura de ciertos estados de necesidad a través de determinadas prestaciones o servicios, solventadas con equivalentes cotizaciones o aportes.
derecho a la seguridad social presupone la cobertura de ciertos estados de necesidad a través de determinadas prestaciones o servicios, solventadas con equivalentes cotizaciones o aportes.
El derecho a la seguridad social. Permiso postnatal por maternidad y parental. Diferencias.
Derecho a desarrollar cualquiera actividad económica. La prohibición del "people meter on line" amaga la actividad económica de las empresas proveedoras de ese servicio de medición.
Discriminación arbitraria. Prohibición del "people meter on line" sólo en un medio de comunicación social, carece de justificación racional..
Libertad para establecer, operar y mantener estaciones de televisión. El legislador en esta materia tiene sólo una potestad regulatoria, pero no puede limitarla, suprimirla o afectarla en su núcleo esencial.
Libertad de emitir opinión y derecho de información.
Fines de la medida dispuesta en la norma legal impugnada, que prohíbe el uso de sistemas de medición de audiencia en línea en los servicios televisivos.
Regulación legal básica de las telecomunicaciones y la televisión. El Consejo Nacional de Televisión.
Servicios de televisión regulados, a los que se les aplicaría la prohibición de uso de sistemas de medición de audiencia en línea.
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional sobre libertad de Enseñanza. Transferencia de la calidad de sostenedor de un establecimiento educacional, sin solución de continuidad. Ver inconstitucionalidad de un proyecto que ampliaba el plazo concedido a los sostenedores para ajustarse a las exigencias legales, por no aparecer los fundamentos que lo justificarían. Artículos transitorios de una ley en cuanto sustraen de la normativa general a determinadas personas o situaciones, pueden importar la comisión de diferencias arbitrarias.
El derecho a la honra y la procedencia de la indemnización del daño moral.
El derecho a la honra no es un derecho absoluto, pues su protección admite límites. Debe ser ponderado con la libertad de expresión.
La libertad de expresión y el derecho a la honra. Ponderación entre ambos derechos.
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional sobre Sistema de Elecciones Primarias para la nominación de candidatos a Presidente de la República, Senadores, Diputados y Alcaldes.
Igual repartición de las cargas públicas. Inconstitucionalidad de la norma que establece una sanción para los vocales de mesa que no tomen los resguardos suficientes y necesarios para que el elector sufrague en forma secreta y sin presión alguna, por no aparecer ajustada al principio de proporcionalidad de los delitos y sus penas.
Inconstitucionalidad de la norma que establece como tipo penal una conducta de carácter genérico y negativa, consistente en no tomar los resguardos apropiados para que el elector sufrague en forma secreta y sin presión alguna, lo que infringe el principio de tipicidad de la conducta delictiva.
Igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Inconstitucionalidad de norma que autoriza borrar de los padrones electorales a los electores de cierta edad que no hayan renovado su cédula de identidad o pasaporte por cierto lapso, sin establecer un procedimiento que permita el conocimiento de la exclusión.
Vulneración del derecho a un procedimiento racional y justo, al establecer un plazo para comparecer en segunda instancia que no se estima "razonable" al ser tan exiguo (dos días). Inconstitucionalidad.
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional sobre Partidos Políticos.
Estaciones de televisión. En nuestro ordenamiento jurídico la televisión tiene un tratamiento particular. Los canales de televisión no pueden transmitir propaganda electoral que no sea por medio de la franja. Validación de la franja electoral.
Las elecciones primarias tienen rango constitucional y son una votación popular. Criterios interpretativos.
Pluralismo político. La franja televisiva promueve el pluralismo político y es un medio para ejercer el derecho al voto informado.
Elecciones primarias y franja electoral. Antecedentes de la historia de esta legislación.
Obligación de los canales de televisión de libre recepción de transmitir propaganda electoral para las elecciones primarias presidenciales, las que tienen rango constitucional.
Emisión de una franja electoral gratuita aplicable a las elecciones primarias presidenciales. Se trata de una carga real y no personal de los canales de televisión de libre recepción. Cargas reales y cargas personales según la naturaleza de la obligación.
Emisión de una franja electoral gratuita aplicable a las elecciones primarias presidenciales. Se trata de una carga real proporcional según variados estándares de análisis.
Obligación de los canales de televisión de libre recepción de transmitir propaganda electoral para las elecciones primarias presidenciales. Naturaleza de las normas sometidas a control.
La obligación de los canales de televisión de libre recepción de transmitir propaganda electoral para las elecciones primarias presidenciales no afecta el derecho de propiedad.
El interés penal tributario no es propiamente ni una pena ni una sanción administrativa. El inciso tercero del artículo 53 del Código Tributario regula un interés penal de demora por deuda tributaria y no una sanción tributaria.
Igualdad ante la ley. No es una igualdad absoluta, pues supone la distinción razonable entre quienes no se encuentren en la misma condición.
Deberes ciudadanos y obligaciones del contribuyente.
La igual repartición de los tributos y la prohibición de establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos.
El monto que resulta de la aplicación del interés penal establecido en el inciso tercero del artículo 53 del Código Tributario debe ser considerado tributo.
Razonabilidad económica de la cláusula penal y de los intereses tributarios de demora.
Límites al legislador en la determinación del interés penal tributario. Está impedido de establecer una cláusula penal enorme, predeterminar alguna forma de usura en el precepto aprobado, fijar un interés desproporcionado o injusto o una regla legal inflexible que produzca un atentado discriminatorio a la igualdad.
Ámbito competencial dentro del cual opera la justicia militar es decisión del legislador. Fundamentación: artículos 19, N° 3; 63, numeral 3°, y 76 de la Constitución.
Derecho a un juez competente en parte del derecho a un juez natural, garantía integrante del debido proceso.
Derecho a desarrollar cualquiera actividad económica. La prohibición del "people meter on line" y su reemplazo por el sistema "people meter overnight", amaga la actividad económica de las empresas proveedoras de ese servicio de medición.
Inclusión en un mismo proyecto de ley de una norma similar a otra declarada inconstitucional que prohíbe el sistema conocido como "people meter on line". Carácter vinculante de la sentencia anterior.(ROL 2358-12) Inconstitucionalidad de la norma.
El precepto impugnado vulnera el derecho a la igualdad ante la ley. Al impedir siempre la indemnización del daño moral por afectación al derecho a la honra ocasionada por imputaciones injuriosas, establece una distinción arbitraria.
El precepto legal cuya aplicación se cuestiona, impide de modo absoluto y a priori la indemnización del daño moral cuando se estima lesionado el crédito o la honra de una persona por imputaciones injuriosas, afectando en su esencia un derecho amparado por la Constitución. El legislador no es libre para regular el alcance de los derechos fundamentales que la Constitución reconoce y asegura a todas las personas.
Ley orgánica constitucional sobre concesiones mineras.
La libertad de expresión. Campañas de interés público. Justificación.
Deber de los permisionarios de servicios limitados de televisión (cable y satélite) de difundir en la región o localidad en que operen canales regionales, locales o locales comunitarios, acorde con los incisos segundo y tercero del artículo 15 quáter nuevo de la ley N° 18838, contenidos en el número 15 del artículo 1° del proyecto (must carry)
Justificación de la segunda concesión para Televisión Nacional de Chile. Sentido y fundamento de la expresión "que tenga por objeto la transmisión de señales de la propia concesionaria de carácter regional o de otros concesionarios que no cuenten con medios propios". Constitucionalidad del precepto impugnado. Se trata de una concesión otorgada para dar voces a la región, a las comunas y a sus comunidades.
Estatuto jurídico de Televisión Nacional de Chile.
Reglas constitucionales del Estado empresario.
La difusión de campañas de interés público por la televisión no afecta la igualdad ante las cargas públicas.
Difusión de campañas de interés público por la televisión es una medida razonable y mesurada.
Libertad de emitir opinión y de informar. El deber asignado a los concesionarios y permisionarios de servicios de televisión en orden a excluir de los contenidos entregados aquellos que atenten contra ciertos principios que define el legislador, importa una evidente mutilación al pleno ejercicio de la libertad de emitir opinión y de informar, representando una forma de censura previa.
La televisión. Criterios interpretativos del Tribunal Constitucional a su respecto.
La dilucidación del examen de constitucionalidad. Los numerales 1, 2, 3 y 4 del inciso tercero del artículo 38 ter de la Ley N° 18.933 resultan contrarios a la Constitución, en cuanto impiden garantizar el libre e igualitario acceso de las personas a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y el derecho que les asiste a elegir el sistema de salud al que deseen acogerse, sea éste estatal o privado.
El derecho a la seguridad social. Su vinculación estrecha con el derecho a la protección de la salud.
Control de constitucionalidad del proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre. Las disposiciones sometidas a control no inciden en materias propias de ley orgánica constitucional, motivo por el cual no emite pronunciamiento, en examen preventivo de constitucionalidad, respecto de ellas.
La garantía constitucional de un proceso racional y justo obliga al juez a velar por la vigencia tanto del derecho a la libre producción de la prueba como del derecho al examen y objeción de la prueba rendida.
La medida de reserva de identidad del testigo incide en dos garantías esenciales de un procedimiento racional y justo. Estas son la que permite a las partes la producción libre de pruebas y la que protege el examen y objeción de la evidencia rendida, que forma parte del derecho a defensa.
La facultad de proteger a testigos mediante la reserva de su identidad y el justo y racional procedimiento e investigación.
Garantía del justo y racional procedimiento. Listado mínimo de garantías según el criterio del Tribunal Constitucional.
Órgano competente para velar por la justicia y racionalidad en el ejercicio de la facultad de proteger a testigos mediante la reserva de su identidad.
Mientras el legislador no desarrolle en el Código Procesal Penal una regulación propia para la medida de reserva de identidad de testigos que deponen en juicio, será el juez el encargado de velar por la vigencia de todas las garantías protegidas por el artículo 19, Nº 3°. El Tribunal Constitucional reconoce la facultad del Ministerio Público de adoptar la reserva de identidad de testigos de acuerdo con las normas del Código Procesal Penal, pero afirma que dicha medida es susceptible de revisión jurisdiccional como parte de la función del juez en la tutela de un racional y justo procedimiento e investigación. En el ejercicio de dicha función el juez debiese cautelar el derecho a un proceso justo tanto para la víctima como para el imputado.
La libertad de enseñanza y la autonomía universitaria. No todas las universidades tienen por origen un agrupación intermedia, pero sí todas ejercen el principio de autonomía propiamente tal. Desarrollo de los proyectos educativos. El contenido esencial de la autonomía universitaria dice relación con su ámbito académico. La autonomía económica como administrativa que la ley le confiere al establecimiento de educación superior (artículo 104, Ley General de Educación) está subordinada al cumplimiento de los estatutos y de la ley.
La libertad de enseñanza no es un fin en sí misma. Ella está concebida para dar cauce al derecho a la educación. Tampoco la libertad de enseñanza está al margen de las regulaciones que puede imponer el legislador, que la hagan posible y conciliable con dicho derecho a la educación. Esa libertad no es inmune a las normas que pueda establecer la ley.
El administrador provisional en nuestro ordenamiento jurídico.
Reconocimiento oficial del Estado de la enseñanza impartida en las instituciones de educación superior. Requisitos y revocación. Jurídicamente, el reconocimiento oficial es una autorización.
El derecho a la educación. Se trata de un derecho social que asegura a todas las personas su pleno desarrollo en todas las etapas de la vida, a través del acceso a la enseñanza formal y no formal y a procesos de educación informal.
El derecho a la educación y la libertad de enseñanza constituyen ámbitos distintos pero intrínsecamente vinculados o contrapartes. En su globalidad contienen derechos de libertad, deberes sociales, deberes estatales, derechos de prestación, derechos de organización y procedimiento, garantías institucionales y, en general, un entramado normativo que configura un denso cuerpo constitucional, legal y estatutario de principios y reglas;
La libertad de enseñanza. El derecho a todas las personas a otorgar educación. Maneras de desarrollar y perfeccionar la educación de los ciudadanos. El derecho a recibir educación y el derecho a otorgar educación es el ejercicio de la libertad de enseñanza.
Las normas de organización y procedimiento en la regulación educacional están reservadas a una ley orgánica constitucional.
El administrador provisional en nuestro ordenamiento jurídico. Cambio de doctrina.
Libertad de enseñanza. Administrador provisional y de cierre. Cambio de precedente. Jurisprudencia rol 184. Validación de medidas de regulación de la gestión sustantivas. La libertad de enseñanza no puede separarse del derecho a la educación, siendo su contraparte. La calidad de la educación está comprendida en el derecho a la educación.
Impugnación formal respecto del carácter de orgánico constitucional del artículo 29 del proyecto de ley, que incorpora una nueva causal para designar un administrador provisional en los establecimientos de enseñanza básica y media. Las otras causales fueron consideradas en su oportunidad como propias de ley simple o común, mismo carácter que tiene esta nueva causal. Por lo tanto, no es una materia propia de ley orgánica constitucional. Rechazada la impugnación.
Investigación preliminar del Ministerio de Educación en las instituciones de educación superior no vulnera la Constitución. Las instituciones de educación superior no están desprovistas de control y corresponde al Ministerio de Educación velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que las regulan.
Alternativas posteriores a la investigación preliminar del Ministerio de Educación. Impugnación respecto del nombramiento de administrador provisional, por afectar la autonomía de los grupos intermedios, la libertad de enseñanza y por tratarse de un acto jurisdiccional propio de los tribunales de justicia, no de la autoridad administrativa. Rechazada. Cuando el Ministerio de Educación nombra un administrador provisional, está dictando un acto administrativo, no está resolviendo conflictos de relevancia jurídica. Este conflicto puede surgir después y a consecuencia de la actuación administrativa. Es frente a ella que puede surgir el ejercicio de la jurisdicción.
Plan de recuperación del funcionamiento de la universidad y designación de un delegado ministerial que vele por su cumplimiento. Impugnación respecto de la supervigilancia del plan. Rechazada.
Impugnación respecto de las causales para designar un administrador provisional. Rechazada.
Impugnación respecto de las facultades del administrador provisional una vez designado. Rechazada.
Impugnación sobre la eventual reestructuración de la institución que puede proponer el administrador provisional dentro del plan de administración provisional. Rechazada.
Impugnación sobre las facultades del administrador provisional. Rechazada.
Impugnación sobre sobre la suspensión, inhabilidad, responsabilidad y derechos del administrador institucional. Rechazada.
Inconstitucionalidad del administrador de cierre de una institución de educación superior, para el caso de que se decrete la revocación del reconocimiento oficial. Rechazada la impugnación.
Derecho a la educación y libertad de enseñanza. Criterios interpretativos.
Materia que no es propia de la ley orgánica constitucional de enseñanza, por no establecer presupuestos referidos al reconocimiento oficial.
La imputabilidad como elemento del delito.
Inaplicabilidad del artículo 102 E de la ley N° 19.980. El empleo de la expresión "imputado" denota para el adolescente que tenga obligación de comparecer ante el tribunal de familia, un término impropio que emplea nuestra legislación procesal penal para referirse al interviniente que es sindicado por el Ministerio Público o por el querellante particular como eventual responsable de un delito. La voz “imputado” contraría la naturaleza y esencia de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.
Arresto o detención. Diferencias.
El debido proceso y la negación del derecho al recurso.
El debido proceso. Producción de la prueba y derecho +al recurso.
El debido proceso y la “la prisa de gestión”, que se entiende como aquel procedimiento que tramitado rápidamente pugna con derechos y garantías esenciales de las partes en el juicio.
Los derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad.
Sanciones contravencionales sin gradualidad, lo que contraviene el principio de proporcionalidad.
Principio de legalidad. Tipo penal y tipicidad.
El principio de culpabilidad.
Prohibición de la prisión por deudas. Principios de la legalidad y de la taxatividad.
Preceptos legales deben respetar la esencia de los derechos constitucionales.
Naturaleza del derecho a la honra. Es un derecho personalísimo que emana directamente de la dignidad con que nace la persona humana, que se vincula también con la integridad psíquica de la persona.
Principios y valores básicos de fuerza obligatoria que impregnan toda la Constitución, como mandatos expresos para gobernantes y gobernados.
El derecho a la honra y la indemnización del daño moral. El pronunciamiento de este Tribunal es independiente de la efectiva procedencia de una indemnización por concepto de daño moral.
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional sobre Elecciones Primarias.
Sistema electoral. El juicio de igualdad formal no arroja una desproporción no justificada en algún objetivo constitucional. Las normas constitucionales que regulan el sistema electoral no contienen un mandato específico sobre la igualdad o proporcionalidad del mismo.
Partidos Políticos. Regulación.
Las cuotas de género. Las normas sobre cuotas de candidatas femeninas a las elecciones primarias no vulneran la Constitución.
Reconocimiento oficial de establecimientos educacionales. Concepto.
Ley orgánica constitucional sobre libertad de enseñanza. Reconocimiento oficial y subvención educacional. Esta última es propia de ley simple o común.
Materias que son propias de la ley orgánica constitucional de enseñanza por incidir en el reconocimiento oficial.
Educación inclusiva e inclusión social.
Derecho a la educación. La gratuidad como principio del sistema educativo chileno.
Transferencia de la calidad de sostenedor a la persona jurídica sin fines de lucro que se cree.
Promoción de la formación laica en los establecimientos educacionales de propiedad o administración del Estado.
El reglamento interno del establecimiento educacional y su autonomía. La potestad legislativa tiene rango constitucional y los grupos intermedios no están al margen de los mandatos del legislador.
Nuevos requisitos de los representantes legales y administrador de entidades sostenedoras de establecimientos educacionales.
El principio de diversidad de los procesos y proyectos educativos.
Restricción o suspensión de una garantía constitucional y, particularmente, la libertad de enseñanza.
Constitucionalidad del requisito de ser propietario o comodatario del inmueble para ser beneficiario de la subvención, y prohibición de arrendar el inmueble que sirve de infraestructura al establecimiento educacional respecto del sostenedor que ingrese al sistema subvencionado.
Libertad de enseñanza. Constitucionalidad de los preceptos legales impugnados.
La libertad de enseñanza. El contexto de la reforma escolar. Selección y segregación.
El derecho a la educación. Derecho preferente y el deber de los padres a educar a sus hijos.
Libertad de enseñanza. Legislar sobre el proceso de admisión prohibiendo la selección, en línea de principio, no vulnera la libertad de los padres de escoger un establecimiento de educación, sino que la realiza. No es propia del ámbito de la organización de un establecimiento educacional la capacidad de disponer reglas generales que rijan los procesos de admisión en cualquiera de los niveles, por tratarse de un evidente asunto de interés público.
El proyecto de inclusión escolar sobre la base de la no selección y el derecho preferente de los padres, madres o apoderados de elegir el establecimiento educacional para sus hijos. Principios generales de la no selección; la postulación en el Registro del Ministerio de Educación; la admisión por los colegios bajo criterios tasados; la no admisión de estudiantes en las preferencias paternas; postulaciones directas y subsidiarias; establecimientos educacionales con criterios selectivos a partir de 7° básico; reforma gradual en el tiempo, por ciclos y por regiones y liceos emblemáticos.
Subvención educacional. Elementos configurativos de la misma. La determinación regulatoria de ella no es parte del reconocimiento oficial.
La libertad de enseñanza y el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La obligación de constituirse como personas jurídicas sin fines de lucro o del establecimiento que se cree en el futuro, de constituirse como tal. El fin de la normativa contenida en el proyecto es evitar el lucro en la actividad educacional, y generar un marco o arquitectura normativa sustentable que permita el asegurar el derecho a una educación de calidad.
La igualdad ante la ley. En línea de principio, legislar prohibiendo la selección no vulnera la igualdad ante la ley. El legislador ha adoptado criterios razonables para no diferenciar. El proyecto de ley se inserta en objetivos constitucionalmente legítimos: igualdad en dignidad y derechos desde el nacimiento, promoción del bien común, igualdad de oportunidades, inclusión social, promoción de los grupos desaventajados y desarrollo democrático.
La subvención educacional y su afectación al cumplimiento de los fines educativos. Restricciones al uso de los recursos públicos que comprende la subvención. Los establecimientos educacionales no están al margen de las regulaciones del legislador.
Derecho a la educación. No es el Estado quien debe educar a los ciudadanos, sino que – con criterios de justicia distributiva – debe ayudar a financiar la enseñanza de todos ellos, bajo condiciones de gratuidad.
La evaluación previa a la entrega de la subvención no vulnera la Constitución. La subvención está prevista para asegurar la provisión de una educación de calidad, no para garantizar la libertad de enseñanza, es decir, el emprendimiento individual o colectivo. La subvención se inserta dentro del derecho a la educación.
Actividad de fomento del Estado. La subvención como beneficio directo. No es un regalo sino una donación modal.
Libertad de enseñanza. Derecho de los padres de escoger el establecimiento de enseñanza parra sus hijos.
Sanciones contravencionales sin gradualidad, lo que infringe el principio de proporcionalidad.
Debido proceso y la negación del derecho al recurso.
Debido proceso. Juzgamiento de inmediato y la prisa de gestión.
Debido proceso. Producción libre de pruebas e interposición de recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores.
Derecho a la honra e indemnización del daño moral. El pronunciamiento de este Tribunal es independiente de la efectiva procedencia de una indemnización por concepto de daño moral demandada por el requirente.
Naturaleza del derecho a la honra. Es un derecho de carácter personalísimo que es expresión de la dignidad humana consagrada en el artículo 1º de la Constitución, que se vincula, también, con el derecho a la integridad psíquica de la persona, asegurado por el Nº 1° de su artículo 19.
Principios y valores básicos de fuerza obligatoria que impregnan toda la Constitución, que constituyen mandatos expresos para gobernantes y gobernados.
El reconocimiento oficial y la subvención educacional. El precedente del fallo rol 2779/2015
La libre competencia en los mercados.
La gratuidad de la educación superior.
La igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria.
La educación superior y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La igualdad ante la ley. Antecedentes jurisprudenciales.
La igualdad ante la ley y la exigencia de la racionalidad para establecer diferencias de trato. De no existir, se produce una discriminación arbitraria, la que está prohibida por la Constitución.
La garantía de la seguridad jurídica y su vulneración al establecerse discriminaciones arbitrarias.
Materias que no son propias de ley orgánica constitucional, por no guardar relación con el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales que el proyecto crea, así como con sus requisitos.
Cuestiones de constitucionalidad suscitadass durante la tramitación de un proyecto de ley, sobre la cual el Tribunal no emite pronunciamiento, en examen preventivo de constitucional, por no explicitarse, de manera precisa y concreta, la forma en que se produciría la infracción constitucional.
Materias que son propias de la ley orgánica constitucional de enseñanza. Plan de Formación Ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado.
Materias que no son propias de la ley orgánica constitucional de enseñanza, por referirse a los cometidos ordinarios del Ministerio de Educación.
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de Partidos Políticos. Afiliación de extranjeros. Entendido e igualdad con los nacionales.
Regla de silencio positivo para la afiliación a un partido político, para el caso de que éste no se pronuncie sobre la solicitud.
Establecimiento de cuotas de género, de carácter neutral, pues ninguno de los sexos puede superar el 60%, sean hombres o mujeres, para la integración de los órganos colegiados de los partidos políticos previstos en su ley orgánica.
Partidos Políticos. Transparencia activa. Procedimiento de reclamación y sanciones.
Partidos Políticos. Procedimiento de saneamiento de inmuebles que los partidos políticos hubieran poseído materialmente.
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de Partidos Políticos. Referencias genéricas a la ley deben entenderse hechas a esta ley orgánica.
Partidos Políticos. Actualización de los registros de afiliados. Situación de los inhabilitados para ejercer el derecho de sufragio.
Fomento a la participación política de las mujeres.
La carga pública a las radios (Ley N° 18.700) que les impone el deber de emisión de cápsulas de información electoral.
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional sobre elecciones primarias y de otras leyes orgánicas de igual naturaleza.
Materia que es propia de las leyes orgánicas constitucionales de Partidos Políticos y sobre Sistema de Elecciones Primarias y de otras leyes orgánicas de igual naturaleza.
El respeto y protección a la vida privada. No se afecta por el derecho a la información de los sindicatos en la negociación colectiva respecto de remuneraciones asignadas a diversos cargos o funciones en la empresa. Capítulo tercero de la inpugnación.
Negociación en sindicatos interempresa. Voto por rechazar el capítulo cuarto del requerimiento, declarando la constitucionalidad del artículo 1°, numeral 37 del proyecto de ley, que modifica el artículo 365 del Código del Trabajo, en empate de votos, resuelto con el voto dirimente del Ministro Presidente del Tribunal.
Derecho de los sindicatos a obtener información de los asociados que lo hayan autorizado expresamente en sus estatutos. No se vulnera la vida privada Voto por rechazar el tercer capítulo de la impugnación, declarando, en consecuencia, la constitucionalidad del artículo 1°, numeral 37 del proyecto de ley, respecto de la modificación al artículo 317, inciso cuarto, frase que indican.
Libertad de trabajo y protección del trabajo mismo. (VI.II Criterios jurisprudenciales)
El derecho de las personas de sindicarse y, de manera siempre voluntaria, decidir afiliarse o desafiliarse. En la base del “derecho de sindicarse”, se encuentra la noción de libertad y voluntariedad para su ejercicio. El proyecto atenta contra este derecho.(Primer capítulo de la impugnación)
Disposiciones impugnadas referidas a la titularidad para ejercer el derecho a negociar colectivamente y controversia constitucional. (Primer capítulo de la impugnación)
Titularidad para ejercer el derecho a negociar colectivamente y la prohibición de establecer diferencias arbitrarias. El proyecto vulnera esta prohibición constitucional, al establecer diferencias entre las organizaciones sindicales y las agrupaciones de trabajadores no sindicalizadas, consideradas ambas en relación con la negociación colectiva. (Primer capítulo de la impugnación)
Titularidad para ejercer el derecho a negociar colectivamente. Legislación laboral y eventual incumplimiento de los convenios de la OIT suscritos por Chile.
Titularidad para ejercer el derecho a negociar colectivamente y el derecho de asociación. El proyecto infringe la esencia del derecho de asociarse sin permiso previo. (Primer capítulo de la impugnación)
La titularidad del derecho para negociar colectivamente es de todos y cada uno de los trabajadores individualmente considerados. El Proyecto implica una intervención legislativa extrema que afecta la esencia del derecho de los trabajadores a negociar colectivamente, a través de grupos negociadores no sindicalizados. (Primer capítulo de la impugnación)
Extensión de pleno derecho de los beneficios derivados de la negociación colectiva. (Capítulo segundo de la impugnación) Se acoge parcialmente el requerimiento respecto de la artículo 1°, numeral 37 del proyecto de ley, en la parte referida al artículo 323, inciso primero, del Código del Trabajo, por contravenir el artículo 19, Nºs 19º, 16º y 21º de la Carta Fundamental. No resulta obvio y natural que un contrato pueda ser modificado unilateralmente por una circunstancia ajena a la voluntad del empleador. Vulneración de la libertad de contratación y del derecho a desarrollar cualquiera actividad económica.
Negociación colectiva. Constitucionalidad de la extensión pactada de beneficios. (VI.IV)
Breve evolución de la negociación colectiva más allá de la empresa.
Negociación colectiva. Extensión pactada de beneficios. Explicación.(VI.III)
Extensión de pleno derecho de los beneficios derivados de la negociación colectiva. (Capítulo Segundo de la impugnación) Se rechaza en lo que respecta al artículo 1°, numeral 37° del proyecto, introduciendo los nuevos artículos 322, 323 incisos tercero y cuarto del Código del Trabajo, así como el artículo 1°, numeral 29°, literal j) que sustituye el actual literal g) que pasa a ser h), del artículo 289 del Código del Trabajo, en empate de votos dirimido por el Ministro Presidente del Tribunal.
Materia que es propia de las leyes orgánicas constitucionales sobre Partidos Políticos y sobre Sistema de Elecciones Primarias, así como de otras leyes de igual naturaleza.
Penas sustitutivas a la penas privativas o restrictivas de libertad. Su establecimiento es propio de ley común. Es una normativa que no altera cuál es el tribunal competente ni sus atribuciones para aplicar la pena. Lo que se cambia son las reglas que rigen dicha aplicación. Y eso, por mandato del artículo 19 N° 3, es materia de ley simple.
Ejercicio de funciones fiscalizadoras de los funcionarios municipales. El establecimiento de una falta penal para quienes impidan su ejercicio, es materia de ley simple.
Determinación de penas en el nuevo artículo 449 del Código Penal es materia de ley simple y no de ley orgánica constitucional.
Régimen recursivo. La especificación de los recursos y la forma en que deben ejercerse son materias de competencia del legislador y propias de ley simple.
Delitos. El establecimiento de delitos no es materia de ley orgánica constitucional.
Régimen de penas.
Materia que es propia de la ley orgánica constitucional de Partidos Políticos.

References: Artículo 19
 artículo 19
 artículo 8
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 3
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 299
 artículo 116
 artículo 2
 artículo 19
 artículo 10
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 65
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 8
 artículo 5
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 225
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 15
 artículo 1
 artículo 38
 artículo 19
 artículo 29
 artículo 102
in fine
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 artículo 1
 artículo 19
 artículo 1
 artículo 365
 artículo 1
 artículo 317
 artículo 1
 artículo 323
 artículo 19
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 289
 artículo 19
 artículo 449