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Timestamp: 2020-04-09 08:37:22+00:00

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Real Decreto 1392/1993, de 4 de agosto, por el que se regula el procedimiento sancionador de las infracciones administrativas en materia de control de cambios..
Publicado en BOE de 11 de Agosto de 1993
Vigencia desde 12 de Agosto de 1993.
Actuaciones previas y fases de iniciaci�n e instrucci�n
Fase de resoluci�n
Las infracciones administrativas en materia de control de cambios se encuentran reguladas, junto con sus correspondientes sanciones, en la Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre r�gimen jur�dico de control de cambios. En esta Ley, as� como en el Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones econ�micas con el exterior, que la desarrolla, se establecen adem�s distintas disposiciones conexas: Organos competentes para imponer la sanci�n, relaciones con la jurisdicci�n penal, plazos de prescripci�n de infracciones y sanciones, posibilidad de adopci�n de medidas cautelares para asegurar la eficacia de una futura resoluci�n sancionadora, normas para la ejecuci�n de las resoluciones, as� como los �rganos competentes para la vigilancia y prevenci�n de este tipo de infracciones. T�ngase en cuenta que la disposici�n derogatoria �nica de Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre r�gimen jur�dico de los movimientos de capitales y de las transacciones econ�micas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevenci�n del blanqueo de capitales (�B.O.E.� 5 julio), ha derogado la Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre R�gimen Jur�dico de Control de Cambios, excepto su cap�tulo II �delitos monetarios� el cual tras entrada en vigor de la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del C�digo Penal, ha quedado vac�o de contenido.
Sin embargo, para la tramitaci�n de los procedimientos, ambas normas contienen una remisi�n al cap�tulo II del t�tulo VI de la Ley de Procedimiento Administrativo, que qued� derogado a la entrada en vigor de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n. Posteriormente se ha promulgado el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. Y esto determina la necesidad de adecuar el procedimiento sancionador de las infracciones de control de cambios a los principios recogidos en la nueva Ley y al citado Real Decreto, adecuaci�n que se justifica en las peculiaridades de la materia sobre la que versa este procedimiento, expresadas particularmente en las disposiciones de la Ley 40/1979 y del Real Decreto 1816/1991, antes citadas.
Son estas peculiaridades las que precisamente quedan reflejadas en distintos aspectos de la presente norma: As�, la ampliaci�n de plazos por la complejidad de la instrucci�n, por las circunstancias de la presunta infracci�n o por intervenir interesados no residentes, seg�n lo previsto en el art�culo 49.2 de la Ley 30/1992; la forma abreviada de tramitaci�n que, como posibilidad abierta a los interesados, se recoge en el art�culo 14 de la Ley 40/1979 en relaci�n con infracciones de baja cuant�a; o la determinaci�n de que la resoluci�n de este procedimiento ponga fin a la v�a administrativa.
Fuera de estas singularidades, el procedimiento sancionador de las infracciones de control de cambios es, en esencia, el que se contiene en el Reglamento General para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, y a �l se hace remisi�n expresa en el presente Real Decreto. Con ello se pretende cumplir los objetivos de simplificaci�n de tr�mites y de tratamiento procedimental com�n a los ciudadanos como aspectos fundamentales que inciden en la necesaria garant�a de los derechos y libertades reconocidos constitucionalmente a los administrados.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Econom�a y Hacienda, previa aprobaci�n del Ministro para las Administraciones P�blicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 4 de agosto de 1993,
El procedimiento administrativo sancionador en materia de control de cambios ser� el regulado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, con las singularidades establecidas en los art�culos siguientes.
El �rgano competente para resolver dictar� resoluci�n de no declaraci�n de responsabilidad en los supuestos en que, de acuerdo con el art�culo 9�.4,b), de la Ley 40/1979, modificada por la Ley Org�nica 10/1983, de 16 de agosto, el procedimiento sancionador hubiera sido suspendido por hallarse conociendo de los hechos objeto del mismo la autoridad judicial y no pudiera ser continuado una vez reca�da resoluci�n judicial al no concurrir los requisitos para ello indicados en el art�culo citado.
La competencia para iniciar el procedimiento sancionador corresponder� al Director general del Tesoro y Pol�tica Financiera, previo informe del Departamento ministerial competente por raz�n de la materia.
Art�culo 3 redactado por R.D. 664/1999, 23 abril (�B.O.E.� 4 mayo), sobre inversiones exteriores.
1. El acuerdo de iniciaci�n se dictar� de oficio bien por propia iniciativa del Director General de Transacciones Exteriores, bien como consecuencia de orden superior, a petici�n razonada de otros �rganos o por denuncia.
2. Las peticiones razonadas de iniciaci�n formuladas por cualquier �rgano administrativo que haya tenido conocimiento de los hechos que pudieran constituir infracci�n de control de cambios especificar�n la persona o personas presuntamente responsables, los hechos que pudieran constituir infracci�n administrativa, as� como, de ser posible, la fecha, fechas o per�odos de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.
3. Las peticiones procedentes de �rganos competentes para la investigaci�n y prevenci�n de los delitos monetarios e infracciones administrativas de control de cambios de acuerdo con el art�culo 17 de la Ley 40/1979 se realizar�n mediante la remisi�n de la documentaci�n, del acta de investigaci�n a que se refiere el art�culo 16 del Real Decreto 1816/1991, as� como del correspondiente informe.
4. La denuncia deber� expresar el nombre, apellidos y n�mero de documento nacional de identidad o pasaporte de la persona o personas que la presentan, el relato de los hechos que pudieran constituir infracci�n y cuando sea posible, la identificaci�n de los presuntos responsables.
5. La presentaci�n de una petici�n razonada o denuncia no vincula al �rgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, si bien deber� comunicar a los autores de aqu�llas los motivos por los que, en su caso, no proceda la iniciaci�n del procedimiento.
La simple condici�n de denunciante no confiere la de interesado en el procedimiento, si bien ser� informado de la resoluci�n que finalmente se adopte.
1. El �rgano competente para disponer la iniciaci�n del procedimiento sancionador podr�, como fase previa, realizar una informaci�n para conocer los hechos presuntamente cometidos, sus circunstancias y cuantos datos se estimen necesarios o convenientes a los efectos del ejercicio de la potestad sancionadora.
2. La informaci�n se realizar� por el �rgano o unidad administrativa que designe el competente para iniciar el procedimiento sancionador.
En el acto que disponga la informaci�n previa se establecer� el plazo para su realizaci�n, atendiendo a la complejidad del caso, lugar de obtenci�n de los datos y cuantas circunstancias concurran. El plazo podr� ser prorrogado a propuesta razonada del �rgano o unidad administrativa que conociera de la informaci�n previa.
El acuerdo de iniciaci�n del procedimiento sancionador contendr�, al menos, las especificaciones establecidas por el Real Decreto 1398/1993 y, en todo caso, las siguientes:
a) Hechos, en principio, imputados, con expresi�n del tipo o tipos de infracci�n, conforme a lo dispuesto en los art�culos 10 y 11 de la Ley 40/1979, de 10 de diciembre.
b) Sanciones que podr�n imponerse por la comisi�n de las indicadas infracciones.
c) Obligaci�n de constituci�n de garant�a suficiente, conforme a lo dispuesto en el art�culo 15 de la Ley 40/1979 y 136 de la Ley 30/1992, si ello fuere preciso para garantizar la efectividad de la resoluci�n final que pudiera recaer.
Esta medida cautelar podr� acordarse en cualquier momento del procedimiento.
Los �rganos y dependencias de la Administraci�n del Estado y del Banco de Espa�a facilitar�n al instructor la informaci�n que requiera para la realizaci�n de la funci�n instructora. Tambi�n le facilitar�n los medios personales y materiales que sean necesarios para la realizaci�n de la instrucci�n.
Los plazos establecidos para el procedimiento sancionador com�n podr�n ser ampliados, sin exceder de la mitad del previsto, cuando la complejidad de la instrucci�n o las circunstancias de la presunta infracci�n as� lo requieran, o el domicilio de los interesados fuera de Espa�a as� lo aconseje.
Ser�n �rganos competentes para resolver el procedimiento sancionador:
a) El Consejo de Ministros, si la sanci�n es superior a diez millones de pesetas.
b) El Ministro de Econom�a y Hacienda o el Secretario de Estado de Econom�a, en su caso, si la sanci�n es superior a cinco millones de pesetas y no excede de diez.
c) El Director general de Transacciones Exteriores, cuando la sanci�n no exceda de cinco millones de pesetas.
Las resoluciones de los procedimientos regulados en el presente Real Decreto pondr�n fin a la v�a administrativa y ser�n inmediatamente ejecutivas, seg�n lo dispuesto en el art�culo 138.3 de la Ley 30/1992. La ejecuci�n se ajustar� a lo previsto en dicha Ley y en el art�culo 13 del Real Decreto 1816/1991.
1. En los procedimientos por infracciones de control de cambios cuya cuant�a no supere los veinte millones de pesetas, el presunto responsable de la infracci�n podr� solicitar la interrupci�n del procedimiento ordinario en la forma y con los requisitos establecidos en el art�culo 14 de la Ley 40/1979.
2. Constatada la concurrencia de las circunstancias a que se refiere el art�culo citado, el instructor acordar� la interrupci�n del procedimiento y la elevaci�n de la propuesta de resoluci�n al �rgano competente, seg�n lo dispuesto en el apartado 2 de dicho art�culo, lo que suspender� el plazo de seis meses para dictar resoluci�n. Dentro del plazo de treinta d�as desde la elevaci�n de la propuesta de resoluci�n, el �rgano competente resolver� la imposici�n de la sanci�n correspondiente u ordenar� la prosecuci�n del procedimiento ordinario, lo que se comunicar� al instructor, quien lo notificar� inmediatamente a los interesados. El c�mputo del plazo para dictar resoluci�n se reanudar�, bien en la fecha de dicha notificaci�n, bien una vez transcurrido el plazo de treinta d�as sin que haya reca�do resoluci�n o acordado la continuaci�n del procedimiento ordinario.
Los procedimientos sancionadores de las infracciones de control de cambios iniciados antes de la entrada en vigor del presente Real Decreto se regir�n por lo dispuesto en el cap�tulo II del T�tulo VI de la Ley de Procedimiento Administrativo.
El presente Real Decreto se aplicar� a los procedimientos que se inicien despu�s de su entrada en vigor.

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