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BOE.es - Documento BOE-A-2010-7860
Documento BOE-A-2010-7860
Ley 4/2010, de 28 de abril, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de Calidad Agroalimentaria de Extremadura.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 120, de 17 de mayo de 2010, páginas 42899 a 42929 (31 págs.)
BOE-A-2010-7860
https://www.boe.es/eli/es-ex/l/2010/04/28/4
Título I. Régimen jurídico de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas y obligaciones generales.
Título II. Protección de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas.
Artículo 5. Protección.
Artículo 6. Protección de las denominaciones geográficas frente a otros derechos de propiedad incorporal concurrentes.
Artículo 7. Obligaciones de protección de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas frente a otros derechos incompatibles.
Artículo 8. Solicitudes de registro o de protección.
Artículo 9. Protección nacional transitoria y protección por la Unión Europea.
Título III. Normativa específica de cada denominación de origen o indicación geográfica.
Artículo 10. Pliego de condiciones.
Artículo 11. Reglamento de la denominación de origen o indicación geográfica.
Artículo 12. Estatutos de la denominación de origen o indicación geográfica.
Título IV. Órganos de gestión de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas.
Artículo 13. Naturaleza jurídica de los órganos de gestión.
Artículo 14. Personalidad jurídica y capacidad de obrar de los órganos de gestión.
Artículo 15. Composición, estructura y funcionamiento de los órganos de gestión.
Artículo 16. Fines y funciones del órgano de gestión.
Artículo 17. Recursos de los órganos de gestión.
Artículo 18. Régimen presupuestario.
Artículo 20. Asunción del ejercicio de funciones por delegación o encomienda de gestión.
Título V. Régimen jurídico de los actos, resoluciones y negocios jurídicos del órgano de gestión.
Capítulo I. Actos y resoluciones de naturaleza administrativa.
Artículo 21. Actos y resoluciones sujetos a derecho administrativo.
Artículo 23. Causas de nulidad y anulabilidad.
Artículo 24. Actos y resoluciones recurribles en alzada ante el titular de la Consejería competente.
Artículo 25. Otros procedimientos de revisión.
Artículo 26. Aplicación supletoria de normas administrativas a órganos colegiados del órgano de gestión.
Capítulo II. Actos, resoluciones y negocios jurídicos sujetos a derecho privado.
Artículo 27. Actos, resoluciones y negocios jurídicos relativos al personal.
Artículo 28. Actos, resoluciones y negocios jurídicos sobre el patrimonio.
Artículo 30. Actuaciones del órgano de gestión como organismo de certificación.
Artículo 31. Actos o resoluciones que impliquen obligaciones generales para los operadores.
Título VI. Sistema de garantía del cumplimiento del pliego de condiciones.
Artículo 33. Cumplimiento del pliego de condiciones por los operadores.
Artículo 34. Verificación externa del cumplimiento del pliego de condiciones.
Artículo 35. Verificación del pliego de condiciones por el órgano de gestión.
Artículo 36. Verificación excepcional del pliego de condiciones por administraciones o empresas públicas de la Comunidad Autónoma.
Artículo 37. Obligación de los operadores de sufragar los costes de la verificación del cumplimiento del pliego de condiciones.
Artículo 38. Controles oficiales y otros controles administrativos.
Título VII. Potestades de supervisión de los órganos de gestión, de inspección y de adopción de medidas de restauración de la legalidad.
Artículo 39. Supervisión de los órganos de gestión por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 41. Medidas de restauración de la legalidad de carácter no sancionador.
Artículo 42. Titularidad y ejercicio de la potestad sancionadora.
Artículo 43. Infracciones en materia de denominaciones de origen o indicaciones geográficas.
Artículo 44. Responsabilidad por las infracciones.
Título IX. Colaboración y cooperación entre la administración de la comunidad autónoma y los órganos de gestión.
Artículo 48. Asistencia de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Artículo 49. Comités de seguimiento de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas.
Título X. Fomento de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas.
Artículo 50. Fomento de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas.
Disposición adicional primera. Indicaciones geográficas de bebidas espirituosas.
Disposición adicional segunda. Denominaciones de origen o indicaciones geográficas sujetas a un distinto régimen jurídico.
Disposición adicional tercera. Obligaciones aplicables a los organismos de inspección y a los laboratorios de ensayo.
Disposición adicional cuarta. Naturaleza de los reglamentos de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas.
Disposición adicional quinta. Certificación relativa a denominaciones de origen o indicaciones geográficas registradas o protegidas con modificaciones de pliegos de condiciones publicadas pendientes de tramitación.
Disposición adicional sexta. Aplicación de la legislación de defensa de los consumidores y usuarios.
Disposición adicional séptima. Protección de otras denominaciones de origen o indicaciones geográficas.
Disposición adicional octava. Protección de las especialidades tradicionales garantizadas.
Disposición transitoria primera. Obligación de los órganos de gestión existentes de presentar propuesta de reglamento y de estatutos de la denominación de origen o indicación geográfica adaptados a lo establecido en esta Ley.
Disposición transitoria segunda. Obligaciones de los consejos reguladores existentes que opten por ser organismos de certificación.
Disposición transitoria tercera. Recursos económicos de los Consejos Reguladores existentes.
Disposición transitoria cuarta. Solicitudes de registro o de protección de denominaciones de origen o indicaciones geográficas o de modificación de pliegos de condiciones en tramitación.
Disposición transitoria quinta. Procedimientos sancionadores en tramitación.
Disposición transitoria sexta. Configuración de los nuevos órganos de gestión como corporaciones de derecho público.
Disposición transitoria séptima. Prórroga de los mandatos de los miembros de los órganos de gobierno de los consejos reguladores existentes.
Disposición transitoria octava. Aplicación del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio.
Disposición final primera. Aplicación de preceptos sobre medidas cautelares o previas y de restauración de legalidad a los fraudes agroalimentarios e infracciones sobre comercialización de productos pesqueros.
Disposición final segunda. Habilitación genérica a favor del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.
La necesidad de potenciar la calidad de los productos agroalimentarios está presente de forma significativa a lo largo de toda la Ley 5/1992, de 26 de noviembre, sobre Ordenación de la Producciones Agrarias de Extremadura (artículos 11, 15, 47, 48, 50, 59, 60 y 65), imperativo que ha guiado la política agrícola de la Junta de Extremadura a lo largo de estos años.
Se pretende igualmente con la presente norma, coadyuvar al mantenimiento de la diversidad de los productos agrícolas, alimenticios y derivados de la vid, proporcionar a los productores condiciones de competencia leal con las que adquieran mayor credibilidad ante los consumidores, así como garantizar la protección de los intereses tanto de estos como de aquellos.
Resultan esenciales en la materia objeto de regulación de esta Ley, el Reglamento (CE) n.º 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, el Reglamento (CE) n.º 1898/2006 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2006, que establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 510/2006 del Consejo sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, modificado por el Reglamento (CE) 628/2008 de la Comisión, de 2 de julio de 2008, el Reglamento (CE) n.º 1234/2007 por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM), modificado por el Reglamento (CE) n.º 491/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, el cual incorpora en el régimen común para todas las OCM, la regulación establecida en el Reglamento (CE) n.º 479/2008 del Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1493/1999, (CE) n.º 1782/2003, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 2392/86 y (CE) n.º 1493/1999 y el Reglamento (CE) n.º 607/2009 de la Comisión de 14 de julio de 2009 por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 479/2008 del Consejo en lo que atañe a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación de determinados productos («DOUE L» 193 de 24 de julio de 2009).
Al formar parte del ordenamiento jurídico interno del Estado español y ser de aplicación prevalente y directa a partir de su publicación en el «Diario Oficial de la Unión Europea», no se ha estimado adecuado reproducir el contenido de estos reglamentos en norma autonómica, lo que, aún con efectos meramente clarificadores, podría distorsionar su verdadero significado dentro del sistema de fuentes. Las únicas excepciones que se permite el texto de la ley lo constituyen las definiciones de denominaciones de origen e indicaciones geográficas y el artículo 6, por configurar el régimen esencial de protección de las figuras de calidad diferenciada reguladas, cuya transgresión podría determinar la comisión de infracciones muy graves tipificadas.
La Constitución Española, en su artículo 51 dispone que los Poderes Públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces los legítimos intereses económicos de los mismos y promoverán su información; en su artículo 52, exige que las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios vengan reguladas por la ley y funcionen democráticamente, y, en su artículo 130.1, encomienda a los poderes públicos la atención a la modernización y desarrollo del sector agroganadero.
A) Denominaciones de origen o indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios: las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas susceptibles de registro comunitario al amparo del Reglamento (CE) n.º 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo del 2006, sobre protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios.
– Cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada;
– Cuya producción, transformación o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada.
B) Denominaciones de origen o indicaciones geográficas de productos derivados de la vid: las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas susceptibles de protección comunitaria al amparo del Reglamento (CE) n.º 1234/2007 por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM), modificado por el Reglamento (CE) n.º 491/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, el cual incorpora en el régimen común para todas las OCM, la regulación establecida en el Reglamento (CE) n.º 479/2008 del Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1493/1999, (CE) n.º 1782/2003, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 2392/86 y (CE) n.º 1493/1999.
J) Certificación: La actividad de tal naturaleza sujeta a lo establecido en la Norma UNE-EN 45011: 1998 o aquella que la sustituya.
K) Manual de calidad: documento configurado de conformidad con lo establecido en la Noma UNE-EN 45011: 1998 o aquella que la sustituya.
L) Organismos de inspección: organismos independientes autorizados con base al cumplimiento de los criterios generales internacionalmente admitidos para el funcionamiento de los organismos que realizan inspección, norma UNE-EN ISO/IEC -17020:2004 o aquella que la sustituya.
1. Las empresas que quieran utilizar una denominación de origen o una indicación geográfica deberán seguir procedimientos internos de calidad que garanticen la conformidad de sus productos a los requisitos de la figura de la calidad diferenciada, someterse al control de un organismo de certificación, contar con la certificación del mismo, inscribir sus explotaciones, medios de producción e instalaciones en los registros gestionados por el órgano de gestión y colaborar con este para defender y promocionar los productos amparados por la denominación de origen o indicación geográfica.
Protección de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas
Las denominaciones de origen o indicaciones geográficas resultarán protegidas de conformidad con lo establecido en las normas comunitarias. De acuerdo con dichas normas, en especial:
a) Las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios se protegerán contra toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para productos no amparados por el registro, en la medida en que sean comparables a los productos registrados bajo dicha denominación o en la medida en que al usar la denominación se aprovechen de la reputación de aquéllas.
b) Las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de los productos derivados de la vid, así como los vinos que utilicen esos nombres protegidos, se protegerán de todo uso comercial directo o indirecto de un nombre protegido por parte de productos comparables que no se ajusten al pliego de condiciones del nombre protegido, o en la medida en que ese uso aproveche la reputación de aquéllas.
c) Las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios y de los productos derivados de la vid, así como los vinos que utilicen estos nombres protegidos, quedarán amparados frente a:
1.º Toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o el servicio y aunque la denominación protegida o el uso protegido esté traducido o vaya acompañado de una expresión o términos como «género», «tipo», «método», «estilo», «imitación» «producido como» «sabor» «parecido» o una expresión o términos similares o análogos;
2.º Cualquier otro tipo de indicación falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos agrícolas, alimenticios o vitícolas de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen;
3º Cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto.
1. Habrán de introducirse en el etiquetado, presentación y publicidad de los productos protegidos por una denominación de origen o indicación geográfica los elementos suficientes que permitan diferenciarlos, de manera clara y sencilla de otros productos comparables o de similar especie, para evitar en todo caso la confusión de los consumidores.
2. Los reglamentos de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas podrán determinar la forma en que deben quedar destacados los signos y símbolos de la denominación de origen o indicación geográfica en el etiquetado de los productos protegidos.
3. Los reglamentos de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas podrán exigir que las marcas comerciales que se utilicen en los productos por ella amparados no sean utilizadas en otros comparables o de similar especie que no estén acogidos a su protección, así como que los operadores comercialicen los productos amparados por la figura de calidad diferenciada con marcas de las que sean titulares registrales o que utilicen en virtud de cesión del titular registral, sin perjuicio de lo contemplado en la normativa comunitaria en esta materia.
Artículo 7. Obligaciones de protección de las denominaciones frente a otros derechos incompatibles.
Los órganos de gestión velarán especialmente por la protección de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas frente a nombres de dominio, denominaciones sociales y derechos de propiedad industrial; informarán a la Consejería competente, de cualquier novedad que pueda resultar en detrimento de la protección de la denominación de origen o indicación geográfica, relacionada con estos derechos, e iniciarán las acciones legales correspondientes, sin perjuicio de las que pueda ejercer la propia Comunidad Autónoma.
1. La Consejería competente tramitará y resolverá, en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma, las solicitudes de registro o protección comunitarios de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas, sin perjuicio de las competencias del Estado y las de la Unión Europea.
2. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento administrativo que habrá de seguirse para resolver las solicitudes a que se refiere el apartado anterior.
3. En caso de estimarse, se dictará Orden por el titular de la Consejería competente que será notificada a los interesados y publicada, junto con el pliego de condiciones, en el «Diario Oficial de Extremadura», debiendo quedar acreditados en el procedimiento, los fundamentos de la resolución que se adopte, así como los motivos por los que, en su caso, se hubiera rechazado la oposición.
En el supuesto de no estimarse la solicitud, se dictará por igual órgano resolución desestimatoria motivada que será notificada a los interesados.
4. El plazo máximo para dictar y notificar las resoluciones a que se refiere el párrafo anterior será de seis meses. Vencido éste, sin haberse notificado resolución expresa, los interesados podrán entender desestimada la solicitud por silencio administrativo.
1. Competerá a Administración General del Estado comunicar a la Unión Europea la resolución estimatoria de la Comunidad Autónoma a la solicitud de registro o de protección de la nueva denominación de origen o indicación geográfica así como su publicación, junto con el pliego de condiciones, en el Boletín Oficial del Estado, con lo que quedará protegida transitoriamente a nivel nacional.
2. La Comisión Europea decidirá en último término sobre la admisibilidad, estimación o rechazo de la solicitud de registro o de protección de la nueva denominación de origen o indicación geográfica. En caso de estimación, quedará inscrita en el correspondiente registro de la Unión Europea.
d) Los registros de la denominación
2. El órgano de gestión podrá asumir la certificación. En este caso sólo podrá desempeñar aquellas funciones propias, delegadas o encomendadas que no interfieran los requisitos de responsabilidad, autonomía, imparcialidad, objetividad y confidencialidad exigidos para su acreditación, sin perjuicio de las obligaciones normativamente establecidas para asegurar el ejercicio legítimo de las competencias y potestades de las Administraciones Públicas. En este mismo supuesto, las funciones atribuidas al órgano de gestión que puedan incidir en la certificación, deberán ser desempeñadas, supervisadas o contar con la intervención de la estructura de control, en su caso mediante informes vinculantes, en los términos especificados en el manual de calidad, en cumplimiento de los requisitos exigidos por la Norma UNE-EN 45011 o norma que la sustituya.
3. El órgano de gestión adquirirá su personalidad jurídica una vez que se publiquen en el «Diario Oficial de Extremadura» la resolución estimatoria del registro o protección de la denominación de origen o indicación geográfica, el pliego de condiciones, y el reglamento y los estatutos provisionales.
Artículo 16. Fines y funciones de los órganos de gestión.
p) Tratándose de denominaciones de origen o indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios, en su caso, establecer acuerdos de campaña sobre aspectos de coyuntura anual, con base en criterios de defensa y mejora de la calidad, y dentro de los límites fijados por el pliego de condiciones, por el reglamento de cada denominación y por el correspondiente manual de calidad; en el caso de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas de productos derivados de la vid se estará a lo establecido en el artículo 26.2 d) de la Ley estatal 24/2003, de la Viña y del Vino.
Los actos y resoluciones adoptados por delegación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura estarán sujetos al recurso administrativo que corresponda ante el titular de la Consejería competente, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 1/2002, de 28 de febrero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a través de la Consejería competente, tramitará y resolverá los procedimientos de revisión de oficio, de declaración de lesividad para el interés público y de recurso extraordinario de revisión de actos y resoluciones del órgano de gestión sujetos al derecho administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 1/2002, de 28 de febrero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuando el órgano de gestión deba indemnizar por daños producidos como consecuencia de funciones de derecho público, regirá el sistema de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas; cuando la responsabilidad derivare del ejercicio de funciones de derecho privado, se estará a lo establecido en las normas aplicables de este.
Artículo 34. Verificación del cumplimiento del pliego de condiciones.
a) Una entidad independiente acreditada en el cumplimiento de la norma sobre «Requisitos generales para entidades que realizan la certificación de producto» (Norma UNE-EN 45011 o norma que la sustituya) para la verificación del pliego de condiciones correspondiente debidamente autorizada. La selección de la entidad independiente de control será efectuada por el órgano de gestión de acuerdo con los principios que rigen la contratación de las Administraciones Públicas.
b) El órgano de gestión, siempre que se haya acreditado en el cumplimiento de la norma sobre «Requisitos generales para entidades que realizan la certificación de producto» (Norma UNE-EN 45011 o norma que la sustituya) para la verificación del pliego de condiciones correspondiente y haya sido autorizado por la Consejería competente.
Con ese mismo carácter excepcional podrá ser realizada por una empresa pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura que cumpla la Norma UNE-EN-45011 o norma que la sustituya.
1. La supervisión sobre el órgano de gestión será ejercida por la Consejería competente en los términos de este capítulo, restantes preceptos de la presente ley y del reglamento que la desarrolle.
2. La información de los registros de la denominación de origen o indicación geográfica estará permanentemente a disposición de la Consejería competente, con los efectos previstos en el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
4. La Dirección General competente designará dos representantes con derecho asistir con voz y sin voto a las reuniones del Pleno o de cualesquiera órganos colegiados de gestión con funciones decisorias delegadas por aquél, para lo cual deberán recibirse en la sede de dicho órgano directivo las convocatorias, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, así como de la fecha, la identidad y el contenido de lo notificado.
1. Los operadores estarán sujetos a las siguientes obligaciones frente a inspecciones o controles administrativos:
6 Los inspectores están obligados de modo estricto a cumplir el deber de secreto profesional. El incumplimiento de este deber será sancionado conforme a los preceptos del reglamento de régimen disciplinario correspondiente.
1. En caso de comprobación por el inspector u órgano administrativo competente de un incumplimiento de la normativa reguladora de la denominación de origen o indicación geográfica, podrán ordenarse, motivadamente y previa audiencia, las medidas proporcionadas que deban ser adoptadas, entre ellas las establecidas en el artículo 54 del Reglamento (CE) 882/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales. En el caso de desatender dichas órdenes en los plazos que hubieran sido concedidos, la Dirección General competente podrá imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, de hasta tres mil euros cada una.
1. El ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura por las infracciones tipificadas en esta ley corresponde a la Consejería competente.
2. La iniciación del procedimiento sancionador podrá ser ordenada por el titular de la Consejería competente o por el Director General con competencias en materia de calidad agroalimentaria. Dichos órganos serán asimismo competentes para ordenar la instrucción de informaciones previas, designar la persona que ha de instruir y, en su caso, la que deba desempeñar las funciones del secretario del procedimiento sancionador, así como adoptar medidas provisionales con el fin de evitar que se mantenga el incumplimiento de la legalidad o de asegurar la resolución que pudiera recaer.
3. Será competente para dictar resolución sancionadora el titular del Servicio con competencias en materia de calidad agroalimentaria, cuando se trate de infracciones leves, y la Dirección General competente en materia de calidad agroalimentaria, en el caso de infracciones graves o muy graves.
4. A petición del órgano de gestión, previa justificación de los medios que permitirán asegurar el ejercicio de la potestad sancionadora con cumplimiento de lo establecido en el ordenamiento jurídico, la persona titular de la Consejería competente podrá delegar el ejercicio de la potestad para sancionar las infracciones leves y graves de los operadores en el órgano de gestión. En este caso, las resoluciones sancionadoras competerán a la persona que ostente la presidencia.
1. Constituirán infracciones leves específicas en materia de denominaciones de origen o indicaciones geográficas:
a) Las inexactitudes u omisiones en los datos y comprobantes que en cada caso sean precisos en los registros de la denominación de origen o indicación geográfica, cuando la diferencia entre la cantidad consignada y la real no supere un cinco por ciento de esta última.
c) Cualquier otra infracción de la norma reguladora de la denominación de origen o indicación geográfica que establezca obligaciones adicionales a las generales de cualquier operador en materia de declaraciones, libros-registro, documentos de acompañamiento y otros documentos de control.
2. Constituirán infracciones graves específicas en materia de denominaciones de origen o indicaciones geográficas:
a) La expedición, comercialización o circulación de productos amparados por la denominación de origen o indicación geográfica sin estar provistos de las contraetiquetas, precintas o marchamos numerados o cualquier otro medio de control establecido por la norma reguladora de la denominación de origen o indicación geográfica.
b) Efectuar operaciones de elaboración, envasado o etiquetado de productos amparados por la denominación de origen o indicación geográfica en instalaciones no inscritas en los registros de la denominación de origen o indicación geográfica.
c) El impago de las cuotas obligatorias establecidas para la financiación del órgano de gestión.
d) Infringir lo establecido en el reglamento de la denominación de origen o indicación geográfica en desarrollo de lo establecido en los apartados segundo y tercero del artículo 6, cuando no constituyan infracción muy grave.
3. Además de las establecidas en la normativa básica estatal, se considerarán infracciones muy graves específicas en materia de denominaciones de origen o indicaciones geográficas:
a) Toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación de origen o indicación geográfica para productos no amparados por el registro o la protección, en la medida en que sean comparables a los productos registrados o protegidos bajo dicha denominación o en la medida en que al usar la denominación se aprovechen de la reputación de la denominación de origen o indicación geográfica.
b) Toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o el servicio y aunque la denominación protegida o el uso protegido esté traducido o vaya acompañado de una expresión o términos como «género», «tipo», «método», «estilo», «imitación», «producido como» «sabor», «parecido» o una expresión o términos similares o análogos.
c) Cualquier otro tipo de indicación falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen.
e) El uso de los nombres protegidos en productos a los que expresamente se les haya negado.
f) La indebida tenencia, negociación o utilización de los documentos, etiquetas, contraetiquetas, marchamos, precintas y otros elementos de identificación propios de la denominación de origen o indicación geográfica, así como la falsificación de los mismos, siempre que esto no sea constitutivo de delito o falta.
3. De las infracciones relativas a plantaciones, replantaciones, reposiciones de marras, riego u otras actividades propias de la producción agropecuaria será responsable el titular de la explotación y, subsidiariamente, el propietario de la misma.
4. De las infracciones cometidas por las personas jurídicas, incluidos los órganos de gestión y los organismos u órganos de inspección o control, serán responsables subsidiariamente los administradores o titulares de los mismos que no realizaren los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas, consintieren el incumplimiento por quienes de ellos dependan o adoptaren acuerdos que hicieran posibles tales infracciones.
En el caso de infracciones graves en materia específica de viticultura, el importe de la sanción será del tanto al quíntuplo del valor de la producción afectada. Ésta se calculará multiplicando la producción anual media por hectárea en el quinquenio precedente en la zona o provincia donde esté enclavada la superficie afectada por el precio medio ponderado en el mismo período y en la misma zona y provincia.
4. Cuando las infracciones graves sean cometidas por operadores y afecten a la denominación de origen o indicación geográfica, podrá imponerse como sanción accesoria la pérdida temporal del uso del nombre protegido por un plazo máximo de tres años. Si se tratase de infracciones muy graves, podrá imponerse como sanción accesoria la pérdida temporal por un plazo máximo de cinco años o la pérdida definitiva de tal uso.
c) La naturaleza de los perjuicios causados; en particular, el efecto perjudicial que la infracción haya podido producir sobre la salud o intereses económicos de los consumidores, los precios, el consumo o, en su caso, el prestigio del producto amparado por la denominación de origen o indicación geográfica.
e) El volumen de ventas o producción y la posición de la empresa infractora en el sector del producto agroalimentario de que se trate.
g) La extensión de la superficie de cultivo, el número de animales de la explotación o el volumen y valor de las mercancías o productos afectados por la infracción.
2. La sanción podrá minorarse motivadamente cuando los hechos constitutivos de la infracción sancionada ocasionen, al mismo tiempo, la pérdida o retirada de beneficios comunitarios en proporción a la efectiva pérdida o retirada de dichos beneficios o la suspensión o retirada de la certificación en proporción a los efectivos detrimentos patrimoniales de dichas medidas. Asimismo, podrá minorarse motivadamente la sanción, en atención a las circunstancias específicas del caso, cuando la sanción resulte excesivamente onerosa.
Colaboración y cooperación entre la Administración de la Comunidad Autónoma y los órganos de gestión
1. A petición de su presidente o por acuerdo del pleno del órgano de gestión, la Consejería competente podrá facilitar las colaboraciones, asesoramientos técnicos o supervisiones que se estimen precisos para el adecuado desempeño de sus funciones.
A fin de asegurar la colaboración y cooperación entre la Administración autonómica, los órganos de gestión y otras entidades y representantes relacionados con las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, se podrán constituir comités de seguimiento de estas figuras de calidad diferenciada, cuya creación, composición, competencia, régimen de funcionamiento y adscripción administrativa se determinará reglamentariamente.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura fomentará las denominaciones de origen e indicaciones geográficas extremeñas, en el marco establecido por el ordenamiento jurídico vigente, con las finalidades de potenciar la incorporación de las empresas como operadores, el conocimiento del régimen jurídico de dichas figuras de calidad diferenciada, la mejora de sus sistemas de gestión, la promoción de los productos amparados en las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, la incentivación para la creación de nuevas denominaciones de origen e indicaciones geográficas y en general para cuantos fines redunden en la protección, reconocimiento, reputación y desarrollo de las mismas.
En tanto no se dicte normativa específica para las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas susceptibles de registro de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 110/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, se aplicarán en lo que no resulte incompatible con su naturaleza y con las normas básicas estatales, lo establecido en la presente Ley.
Por Decreto del Consejo de Gobierno se establecerá el régimen jurídico de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas solicitadas por una sola persona física o jurídica, al amparo del supuesto excepcional previsto en las normas comunitarias.
De igual forma, se regulará por Decreto del Consejo de Gobierno el régimen jurídico de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas, cuando por el número de productores, elaboradores o comercializadores y el volumen de comercialización del producto amparable no resultara viable técnica, económica o jurídicamente exigir la constitución de la entidad de gestión como corporación de derecho público en los términos regulados en la presente Ley.
A los organismos de inspección y a los laboratorios de ensayo que intervengan en el sistema de verificación del pliego de condiciones se les aplicarán las obligaciones, responsabilidades e infracciones establecidas o tipificadas para los organismos de certificación, en todo aquello que no sea incompatible con la naturaleza de sus funciones.
Los reglamentos de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas no se considerarán dictados en ejecución o desarrollo de ésta o de otras leyes.
No obstará a la certificación la adecuación de los operadores a las modificaciones de los pliegos de condiciones sobre las que hubiera recaído y se hubiera publicado resolución estimatoria, en tanto se continúe la tramitación del procedimiento establecido.
Se aplicará lo establecido en esta ley a las denominaciones de origen o indicaciones geográficas de ámbito territorial no limitado a Extremadura en aquellos aspectos compatibles con su regulación y en la medida que ello resultara exigido por el ordenamiento jurídico para su adecuada protección en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Con las adaptaciones que resultaren precisas, se aplicará lo establecido en los artículos 38, 40 y 41 en la medida que ello resultara exigido por el ordenamiento jurídico para la adecuada protección en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura de las especialidades tradicionales garantizadas reguladas por el Reglamento (CE) n.º 509/2006 del Consejo de 20 de marzo de 2006.
Los Consejos Reguladores existentes deberán presentar a la Dirección General competente, antes del transcurso de un mes desde la entrada en vigor de la presente ley, propuesta de reglamento y de estatutos de la denominación de origen o indicación geográfica adaptada a lo establecido en la misma.
Los consejos reguladores existentes que vayan a optar por ser organismos de certificación deberán justificar la solicitud de acreditación ante la entidad de acreditación y presentar a requerimiento de la Dirección General competente cuantos documentos e informes justifiquen que se encuentran en condiciones de ser efectivamente acreditados, pudiendo provisionalmente actuar como organismos de certificación hasta tanto la citada solicitud presentada ante ENAC no haya sido inadmitida o desestimada.
Desde la fecha de entrada en vigor de esta Ley, y en tanto no entren en vigor los nuevos reglamentos y estatutos de cada denominación de origen o indicación geográfica, los consejos reguladores existentes podrán percibir, en concepto de cuotas obligatorias y de contraprestaciones por servicios, los recursos que están autorizados a percibir, pudiendo dictar para ello los acuerdos necesarios, de los que se dará traslado a la Dirección General competente.
Disposición transitoria cuarta. Solicitudes de registro o de protección de denominaciones de origen o indicaciones geográficas o de modificación de pliegos en tramitación.
Las solicitudes de registro o de protección de denominaciones de origen o indicaciones geográficas o de modificación de pliegos que se encontraren en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley, sólo se regirán por la misma en el caso de que no hubiera recaído resolución estimatoria.
Los procedimientos sancionadores por infracciones específicas en materias de denominaciones de origen o indicaciones geográficas tipificadas en esta ley se regirán por las normas de procedimiento que estuvieren vigentes en el momento de su incoación.
Los consejos reguladores de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas existentes antes de la aprobación de esta ley tendrán la consideración de corporaciones de derecho público a partir de la entrada en vigor del respectivo reglamento por el que se adapten a las previsiones de la misma.
Quedarán prorrogados los mandatos de los consejos reguladores existentes hasta la toma de posesión de los nuevos miembros elegidos mediante la convocatoria electoral correspondiente.
En tanto no se promulguen las normas reglamentarias sobre toma y análisis de muestras, será de aplicación lo establecido en los artículos 15 y 16 del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la protección agroalimentaria.
1. Quedan derogadas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a la presente Ley, en especial:
a) Las tasas afectas al funcionamiento de los consejos reguladores reguladas en la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, sobre Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura y modificadas por Ley 8/2002, de 14 de noviembre, de Reforma Fiscal de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
b) Las infracciones reguladas en los reglamentos de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas cuya demarcación territorial se localice íntegramente en Extremadura.
c) El Decreto 171/2004, de 23 de noviembre, por el que se establece el reconocimiento del nivel de protección de los vinos de calidad con indicación geográfica en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. Sin perjuicio de lo establecido en las letras b) y c) del apartado anterior, mantendrán su vigencia para las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de Extremadura, hasta que entren en vigor los reglamentos y estatutos por el que se adapten a la presente Ley:
a) La Disposición Adicional Tercera de la Ley 12/2002, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2003.
b) Los Decretos y Órdenes que aprueban los reglamentos de las citadas denominaciones de origen o indicaciones geográficas.
Lo establecido en el apartado 8 del artículo 40 y en el apartado 1 del artículo 41 será aplicable respecto de los hechos constitutivos de incumplimientos determinantes de infracciones en materia de la calidad de la producción agroalimentaria y sobre comercialización de productos pesqueros.
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura para que dicte cuantas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.
Mérida, 28 de abril de 2010.–El Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
(Publicada en el «Diario Oficial de Extremadura» número 81, de 30 de abril de 2010)
Fecha de entrada en vigor: 20/05/2010
Publicada en el DOE núm. 81, de 30 de abril de 2010.
Desde el 22 de marzo de 2016, por Ley 2/2016, de 17 de marzo, la Ley pasa a denominarse Ley 4/2010, de 28 de abril, de Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de Calidad Agroalimentaria de Extremadura.
SE DEROGA lo indicado y SE MODIFICAN los arts. 1, 2.1, 16.2.p), 39.4, las referencias a la expresión indicada y el título de la Ley, por Ley 2/2016, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2016-3542).
Decreto 171/2004, de 23 de noviembre (DOE núm. 139, del 30).
Disposición adicional 3 de la Ley 12/2002, de 19 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-1814).
lo indicado de la Ley 18/2001, de 14 de diciembre (Ref. BOE-A-2002-2416).
DE CONFORMIDAD con los arts. 8.6 y 49.1 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero (Ref. BOE-A-1983-6190).
Reglamento (CE) 1234/2007, de 22 de octubre (Ref. DOUE-L-2007-82055).
Reglamento (CE) 510/2006, de 20 de marzo (Ref. DOUE-L-2006-80561).
Ley 5/1992, de 26 de noviembre (Ref. BOE-A-1993-4954).

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Artículo 43

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Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50
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 artículo 51
 artículo 52
 artículo 130

Artículo 7
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Artículo 16
 artículo 26

Artículo 34
 artículo 11
 artículo 54
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 artículo 41