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Registro Oficial No 261 - Jueves 05 de Febrero de 2015 Edicion Especial
Última modificación: Miércoles, 04 de marzo de 2015 | 12:17
Jueves 05 Febrero de 2015 - R. O. No. 261
90-2009 Constructora Andrade Gutiérrez S. A. contra el Director General del Servicio de Rentas Internas
145-2009 Industria Licorera y Embotelladora del Norte S. A. ILENSA EMA contra el Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas
189-2009 Vías, Puertos y Aeropuertos VIPA S. A. contra el Gerente Distrital de Manta de la Corporación Aduanera Ecuatoriana
203-2009 Maquilat S. A. contra el Gerente Distrital de la Corporación Aduanera Ecuatoriana
245-2009 Industrias Rocacem S. A. contra el Gerente del Primer Distrito de la Corporación Aduanera Ecuatoriana
247-2009 Editorial Pedagógica Cía. Ltda. contra el Director General y Director Regional del Servicio de Rentas Internas
263-2009 ECUAQUIMICA Ecuatoriana de Productos Químicos S. A. contra el Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana
282-2009 Víctor Hugo Sevichay contra el Gerente Distrital de la Corporación Aduanera Ecuatoriana
289-2009 Patricio Salinas Pozo contra el Director Regional del Austro del Servicio de Rentas Internas
298-2009 Productora Cartonera S. A. PROCARSA contra el Director general del Servicio de Rentas Internas
311-2009 Empresa Pública Municipal de Servicio de Terminales de Transporte Terrestre y estacionamiento Tarifado de Cuenca EMTET contra el Director Regional del Servicio de Rentas Internas
322-2009 Medicamenta Ecuatoriana S. A. contra el Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana
330-2009 Medicamenta Ecuatoriana S. A. contra el Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana
331-2009 Ideal Alambrec S. A. contra el Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana
340-2009 Ideal Alambrec S. A. contra el Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana
349-2009 Ideal Alambrec S. A. contra el Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana
358-2009 Marco Vinicio Dávila León contra el Gerente Distrital de la Corporación Aduanera Ecuatoriana
375-2009 Medicamenta Ecuatoriana S. A. contra el Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana
403-2009 Almacenes DE PRATI S. A. contra el Gerente Distrital de la Corporación Aduanera Ecuatoriana
405-2009 ADAPAUSTRO S. A. contra el Gerente del V Distrito de la Corporación Aduanera Ecuatoriana
412-2009 CASTRALSA S. A. contra el Director General y Regional del Servicio de Rentas Internas
414-2009 Sonia Mireya Martínez Haz contra el Director General del Servicio de Rentas Internas
416-2009 ECUBOMBAS Ecuatoriana de Bombas S. A. contra el Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana
418-2009 Tecnicentro del Austro S. A. TEDASA contra el Director Regional del Austro del Servicio de Rentas Internas
419-2009 Ingeniero Mauricio Villacreses Parrales contra la Recaudadora Especial del Servicio de Rentas Internas
425-2009 Empresa THEKAMAX S. A. contra el Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana
426-2009 Cámara de Comercio del Cantón Catamayo contra el Municipio del Cantón Catamayo
427-2009 Ivonne del Carmen Durango Gallegos contra el Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana
428-2009 Ecuatoriana del Caucho S. A. contra el Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana
430-2009 Embotelladora Industrial Licorera de Manabí C. A. (CEILMACA) contra el Director Regional del Servicio de Rentas Internas
431-2009 ZAZAPEC S. A. contra el Director Regional del Servicio de Rentas Internas del litoral Sur
Recurso No. 90-2009
En el Juicio de Impugnación que sigue Compañía Andrade Gutiérrez contra el Director General del Servicio de Rentas Internas.
Juez Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo.
Quito, a 27 de octubre de 2010, las 09h30.
VISTOS:- La doctora Irina Echeverría, Procuradora Fiscal del Director General del Servicio de Rentas Internas y del Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas, el 13 de marzo de 2009 interpone recurso de casación en contra de la sentencia de 19 de febrero del mismo año, expedida por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, dentro del juicio de impugnación 22076, propuesto por los apoderados de la Compañía CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ S. A., doctor José Renato Araujo Miranda y Leonardo Chaves Paiva. Concedido el recurso, lo ha contestado oportunamente la Empresa el 12 de mayo de 2009 y pedidos los autos, para resolver se considera: PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y resolver el recurso en conformidad con los artículos 184 numeral 1 de la Constitución y 1 de la Codificación de la Ley de Casación. SEGUNDO.- La Administración fundamenta el recurso en las causales 1ª. 2ª. y 4ª. del art. 3 de la Ley de Casación y alega que al expedirse la sentencia impugnada se ha infringido los artículos 1, 5 inciso 1 con la reforma introducida en le Ley 2001-41, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 325 de 14 de mayo 2001 y 7 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas; 24 numeral 1 del Reglamento de aplicación de esta Ley, 35 de la Ley de Modernización; 55, 57 y 59 del Estatuto del Régimen jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; 50, actual 51, 261 actual 246 y 290, actual 275 del Código Tributario; 7, innumerado cuarto siguiente al art. 42 de la Ley de Régimen Tributario Interno introducido por la Ley 2001-41 mencionada. Señala además, que se ha infringido la Disposición Final Segunda de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, así como precedentes jurisprudenciales. Sustenta que a la sazón, vale decir cuando se dio la actuación del Director General del Servicio de Rentas Internas, el Código Tributario y la Ley de Régimen Tributario Interno, eran leyes ordinarias; que en el caso, el Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas actuó en virtud de delegación conferida por el Director General del Ramo; que el hecho de haber efectuado la delegación, no le privó de competencia al Director General del Servicio de Rentas Internas; que luego de sendas contestaciones a las demandas, propuestas por el Director General del Servicio de Rentas Internas(casos 22076 y 22077 acumulados), la Sala de Instancia, calificó tales contestaciones como claras, completas y explicitó que reúnen los requisitos legales; que las providencias contentivas de tales contestaciones llegaron a ejecutoriarse; que, en consecuencia, no procede que tal Sala, al expedir la sentencia impugnada, sustente que no existen contestaciones a las demandas y, que por lo tanto ha operado el efecto de negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda; que en reiteradas jurisprudencias de casación que precisa y, que conciernen a casos análogos, se ha aceptado sin reticencias la intervención del Director General del Servicio de Rentas Internas; que igualmente, existe reiterada jurisprudencia que proclama, que en los casos de pago indebido, ha de demostrarse la existencia del pago y que el mismo ha sido indebido; y que el pago cuya devolución se reclama, sería imputable al ejercicio 2001 y no al 2002 como se pretende y, que, además, no se da el caso de compensación. TERCERO.- La Empresa, en el mencionado escrito de contestación de 12 de mayo de 2009, alega que el demandado en una acción contencioso tributaria, debe ser aquél del cual emanó el acto o resolución que se impugna; que no existe contraposición entre el Código Tributario y le Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas y, qué no existe duda de que el representante de tal Entidad, es el Director General y que la entidad pública de la que ha emanado el acto, es el Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas; que el Código Tributario, prevalece sobre el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva cuyo art. 59 dice, que las resoluciones emitidas por el delegado, se consideran dictadas por la autoridad delegante; que en consecuencia, el único legitimado para contestar la demanda, era el Director Regional Norte del Servicio de Rentas internas; que el juez puede revocar de oficio sus providencias, aún fuera del término de tres días, lo que sería aplicable a la calificación inicial de las demandas; que la Empresa realizó un pago que resulta excesivo y, que tal particular no fue refutado, ni menos probado por la Administración; que en el ejercicio 2001, no se causó Impuesto y que en el ejercicio 2002, el cúmulo de retenciones y anticipos, fueron superiores al Impuesto causado; y, que existe jurisprudencia respecto de devoluciones de lo pagado en exceso. Se refiere y puntualiza las mismas. CUARTO.- El artículo 227 inciso tercero del Código Tributario, en la partepertinentedice: Demandado es la autoridad del órgano administrativo del que emanó el acto o resolución que se impugna. Ello ha dado pie a que se sustente que en el ámbito tributario, la parte demandada no es el Estado, ente seccional o de otra naturaleza que aplique tributos, sino la autoridad que efectúe tal cometido. Así se ha enunciado que en este campo, tiene vigencia el enfoque organicista. Inclusive, el Pleno de la Corte Suprema, en la Resolución publicada en el Registro Oficial 484 de 9 de diciembre de 2008, reconoce dicho particular. Sin embargo, ello no obsta para que exista delegación de funciones. En el caso, el Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas, según aparece en las Resoluciones impugnadas de 26 de marzo de 2004 y de 29 de abril de 2004, fs. 37 a 41 y fs. 349 a 354 de los autos, ha actuado en uso de la delegación conferida por el Director General del Servicio de Rentas Internas. El delegante, según lo ha resuelto esta Sala en forma reiterada, no pierde la facultad de actuar. De allí que es válida la intervención del Director General del Servicio de Rentas Internas al contestar las demandas propuestas por la Empresa, tanto más que la Sala de Instancia en los autos de contestación a la demanda, los mismos que se ejecutoriaron, y que así lo han reconocido a fs. 41 vta. y 366 de los autos, no pueden ser revocados de oficio transcurrido el término de tres días desde que fueron notificados a las partes. En conclusión, es equivocado el pronunciamiento de la Sala Juzgadora en cuanto considera que no existen contestaciones a las demandas. Para resolver las cuestiones de mérito, era necesario considerar las excepciones opuestas por la parte demandada. QUINTO.- En la sentencia recurrida, fs. 716 a 719 de los autos, se deja sin efecto las Resoluciones impugnadas, cuyas fechas quedan consignadas y, se dispone la devolución de lo reclamado. En las contestaciones a las demandas, fs. 43 a 48 y 358 a 365, la Administración manifiesta que no se ha demostrado que el pago indebido se haya producido en el ejercicio 2002 y, que para que opere la compensación, es necesario que se trate de una deuda reconocida por la Administración. Similares son las argumentaciones que consta en el escrito que contiene el recurso de casación. En la Resolución de 29 de abril de 2004, fs. 37 a 40 de los autos, se deja constancia que los gastos para reparaciones mayores de maquinaria aplicados en el ejercicio 2001, aparecen también registrados en el ejercicio 2002. Igualmente se deja constancia de que la Empresa fue notificada con la Orden de Determinación No. 1170104ATIODCOOOO90, el 7 de abril de 2004. Estos particulares son demostrativos de que no se ha establecido la existencia de un pago excesivo. En la Resolución de fs. 378 y siguientes se deja constancia que la Empresa en la declaración del ejercicio 2002, declaró como anticipo los valores satisfechos por el ejercicio 2001 de lo cual se infiere, que no se ha demostrado la existencia del pago excesivo reclamado. Además, para que se acepte compensación, se requiere, que el derecho a la devolución se encuentre reconocido en vía administrativa o contenciosa. En mérito de las consideraciones expuestas, la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional, Administrando justicia, en nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la Constitución y de las leyes de la República, casa la sentencia de 19 de febrero de 2009 expedida por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 y reconoce la legitimidad de las Resoluciones impugnadas. Notifíquese, publíquese, devuélvase.
f.) Dr. José Vicente Troya Jaramillo, Juez Nacional.
En Quito, a veintisiete de octubre del dos mil diez, a partir de las quince horas, notifico la Sentencia que antecede a la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. SUCURSAL ECUADOR, en el casillero judicial No. 159 del Dr. Jorge Uribe; y al DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, en el casillero judicial No. 568; y al PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO en casillero judicial No. 1200.- Certifico.-
RAZÓN: Las cuatro copias que anteceden son iguales a sus originales constantes en el juicio de IMPUGNACIÓN No. 90-2009, seguido por LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ SUCURSAL ECUADOR S.A., contra EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Quito, a 9 de Noviembre del 2010.- Certifico.-
RECURSO No. 145-2009
En el Juicio de Impugnación que sigue Jorge Enrique Villegas Posada, Representante Legal de Industria Licorera y Embotelladora del Norte S.A. ILENSA EMA, en contra del Director Regional del Servicio de Rentas Internas.
Quito, a 21 de enero de 2010, las 17h00.
VISTOS: Jorge Villegas Posada, Gerente General y representante legal de INDUSTRIA LICORERA Y EMBOTELLADORA DEL NORTE S.A., ILENSA EMA y Dr. Bernardo Chávez, ofreciendo poder o ratificación del Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas, interponen sendos recursos de casación en contra de la sentencia de 11 de marzo de 2009, dictada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 con sede en la ciudad de Quito, dentro del juicio de impugnación No. 22- 975-B que sigue la empresa INDUSTRIA LICORERA Y EMBOTELLADORA DEL NORTE S.A., ILENSA EMA, en contra de la Autoridad Tributaria. Calificados los recursos, Empresa y Administración los contestan el seis de julio de 2009. Pedidos los autos para resolver, se considera: PRIMERO: La Sala es competente para conocer y resolver los recursos interpuestos de conformidad con el primer numeral del artículo 184 de la Constitución, artículo 21 del Régimen de Transición; y, artículo 1 de la Codificación de la Ley de Casación. SEGUNDO: El representante de la Empresa actora fundamenta el recurso en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación; estima que se han infringido las siguientes normas de derecho: errónea interpretación del art. 72 (actual 76) de la Ley de Régimen Tributario Interno, del Acuerdo Ministerial 176, publicado en el Registro Oficial No. 957 de 31 de mayo de 1996 y del Decreto Ejecutivo No. 1258, publicado en el Registro Oficial No. 253 de 16 de enero de 2004; aplicación indebida del art. 7, numeral 20 del Código Civil y de los arts. 80 y 82 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; y, falta de aplicación de los arts. 272 y 257 de la Constitución Política de la República y de los arts. 2 y 10 del Código Tributario. Sostiene que la Sala debió considerar que el Decreto Ejecutivo 1258-A que contiene normas reglamentarias de aplicación del inciso primero del art. 72 de la Ley de Régimen Tributario Interno entró en vigencia y comenzó a regir desde el día de su publicación en el Registro Oficial, esto es el 16 de enero de 2004 y no podía ni pudo aplicarse a un ejercicio anterior, al del año 2001, dándole efecto retroactivo en franca contradicción con los arts. 272 y 257 de la Constitución Política y arts. 2 y 10 del Código Tributario Interno y 82 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; que la Sala reconoce que la Administración Tributaria no expidió regulación alguna que fije los precios referenciales de las bebidas alcohólicas en el año 2001, mas determina que la Administración debió calcular el impuesto aplicando lo dispuesto por el Presidente de la República en el citado Decreto Ejecutivo de 16 de enero de 2004; que la Sala dentro del análisis jurídico efectuado en el considerando cuarto de la sentencia no analizó la normativa y disposiciones legales vigentes en esa fecha, esto es la Ley de Régimen Tributario Interno vigente en el ejercicio 2001, y por el contrario pretende aplicar el Decreto Ejecutivo 1258-A, dándole efecto retroactivo; que al ordenar que se modifique el acto impugnado y disponer que la Dirección Regional Norte del SRI reliquide los tributos determinados se está obligando a la Empresa actora a pagar montos que no se recaudaron y que no se pueden trasladar al consumidor, quien en último término paga el tributo, creando con ello un perjuicio económico a la empresa. TERCERO: El representante de la Administración Tributaria por su parte fundamenta el recurso en la causal primera del art. 3 de la Codificación de la Ley de Casación. Sostiene que se han infringido las siguientes normas: art. 72 de la Ley de Régimen Tributario Interno (actual 76); 189 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno vigente en el año 2001; 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas; 2 del Acuerdo Ministerial 176, publicado en el Registro Oficial No. 957 de 31 de mayo de 1996; 1,2 y 3 del Decreto Ejecutivo No. 1258-A publicado en el Registro Oficial No. 253 de 16 de enero de 2004; 11 del Código Tributario y 7, numeral 20 del Código Civil. Sostiene que según el art. 72 de la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento (art. 189), la base imponible del ICE debe determinarse sumando al precio ex fábrica los costos y márgenes de comercialización, suma que no podrá ser inferior al precio de venta al público fijado por el fabricante o por las autoridades competentes, si fuere el caso; que la sentencia incurre en una falta de aplicación del art. 72 de la Ley de Régimen Tributario Interno puesto que resuelve que la base imponible para bebidas alcohólicas se determina únicamente de acuerdo a los precios referenciales que publiquen anualmente las autoridades competentes y como no lo hicieron para el año 2001, la Primera Sala se atribuyó esa competencia y a través de la sentencia procedió a fijarlos; que corresponde al Servicio de Rentas Internas señalar los precios referenciales de los productos gravados con el ICE, por lo que existe una falta de aplicación del art. 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas; que la fijación de precios que hace la sentencia es contraria al criterio expuesto en el fallo de casación 167-2006 que invoca de manera enfática que pretender que sea el contribuyente quien determine los precios referenciales está en franca violación del art. 76 (anterior 72) de la LTRI, que limita la atribución de fijar precios referenciales únicamente a las autoridades competentes; que se incurre en errónea interpretación del art. 2 del Acuerdo Ministerial 176 puesto que no faculta a los contribuyentes ni al Tribunal Fiscal a fijar los precios referenciales de las bebidas alcohólicas; que la sentencia incurre en indebida aplicación del Decreto Ejecutivo 1258-A, puesto que en los períodos de la controversia no se había publicado el Decreto, por lo que existe falta de aplicación del art. 11 del Código Tributario y en indebida la aplicación del art. 7 numeral 20 del Código Civil que se hace en la sentencia. CUARTO: En la contestación al recurso la Empresa actora impugna la intervención del Procurador Judicial en la interposición del recurso a nombre de la Autoridad demandada, señala las ciertas coincidencias con la Administración al cuestionamiento de fundamentos y normas infringidas en la sentencia. En su extenso escrito, en lo principal, sostiene que el recurrente interpreta a su antojo y discreción las normas citadas sin considerar que son éstas de carácter público y de aplicación imperativa que no permite su interpretación antojadiza sino su aplicación estricta; que no es suficiente señalar en forma vaga y genérica los artículos supuestamente infringidos sino que se ha de completar o complementar con otras normas para formular la proposición jurídica completa; que coinciden con el criterio de que la única autoridad competente para fijar los precios referenciales es la Administración Tributaria, deber y obligación que está reconocido por fallos de la Sala Especializada de la Corte Suprema de Justicia, como el 167- 2006 del que cita el considerando Cuarto; reitera además, los criterios formulados en el escrito de interposición del recurso. QUINTO: La Administración Tributaria, por su parte, en la contestación al recurso en lo fundamental expresa que la Compañía aparentemente acepta que no debió aplicarse el Decreto Ejecutivo 1258-A porque las determinaciones se refieren a declaraciones presentadas en el año 2001, sin embargo al expresar que existe una errónea interpretación de derecho no explica sus fundamentos, lo que evidencia una contradicción pues no se puede alegar a la vez errónea interpretación e indebida aplicación de una misma norma; que no cabe la aplicación de los precios referenciales del año 2000, sino hacerlo según el art. 72 de la LTRI que ordena comparar la suma del precio ex fábrica más los costos y márgenes de comercialización con el precio ex fábrica más un 25% mínimo presuntivo, y, el precio de venta al público fijado por el fabricante, pues según dicha norma legal, la base imponible del ICE constituye el valor mayor que resulte de la comparación antes citada; que la obligación de los fabricantes de fijar precios de venta al público no surgen de un simple ?afán? de la Administración como señala el actor sino que nace de la disposición legal del art. 72 de la LRTI; reitera también los argumentos esgrimidos en el escrito de interposición del recurso. SEXTO: En cuanto a la impugnación que realiza la Empresa por la comparecencia del Procurador Judicial a nombre de la Autoridad demandada, la Sala observa que a foja 133 del proceso de instancia consta la ratificación de actuaciones del indicado profesional, realizada por el Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas, por lo que el argumento carece de fundamento. SEPTIMO: Sobre la impugnación a la aplicación del contenido del Decreto Ejecutivo 1258-A, en la que coinciden los recurrentes, es evidente que al haber sido publicado en el Registro Oficial 253 de 16 de enero de 2004, sus disposiciones rigen para lo venidero, según lo previsto en el art. 11 del Código de la materia, por lo que es erróneo pretender su aplicación retroactiva para los temas que se discuten que corresponden al ejercicio del año 2001, como sostiene la Sala de instancia en el número 4.10 del considerando Cuarto del fallo; esto implica falta de aplicación del art. 11 del Código Tributario e indebida aplicación del art. 7, número 20 del Código Civil también alegado por los recurrentes. OCTAVO: Respecto a la impugnación a la sentencia que gira en torno al alcance del contenido del art. 72 de la Ley de Régimen Tributario Interno vigente en el año de la controversia, hoy art. 76, con argumentos y puntos de vista propios de cada recurrente, es preciso señalar que la norma faculta a la Administración la fijación de precios referenciales pero de ninguna manera impone tal cometido. La norma prevé que la base para la aplicación del ICE se determinará sumando al precio ex fábrica, los costos y márgenes de comercialización, suma que no podrá ser inferior al precio de venta al público, menos el IVA y el ICE. El precio de venta al público, la disposición señala, que será fijado por el fabricante o por las autoridades competentes, si fuere el caso. La norma establece dos supuestos en lo relacionado con el precio de venta al público, que lo fije el contribuyente o que lo fije la autoridad, esto último ocurrirá si fuere el caso, expresión que no es imperativa sino condicional. No cabía, como ha ocurrido, que la Empresa utilizara los precios referenciales fijados para un período diferente, los del año 2000, como tampoco cabe aplicar los establecidos mediante Decreto Ejecutivo 1258-A, publicado en el Registro Oficial No. 253 de 16 de enero de 2004 ni ninguno otro posterior, porque no tienen efecto retroactivo y no aplican para el período en discusión. Por lo expuesto, habiéndose infringido las normas aludidas por los recurrentes, en los términos constantes en los considerandos Séptimo y Octavo precedentes, sin que sea necesario realizar otras consideraciones, la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional, Administrando justicia, en nombre del Pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, casa la sentencia y declara la validez del Acta de Determinación Tributaria No. 1720050100045 de 18 de febrero de 2005. Notifíquese, publíquese y devuélvase.
f.) Dra. Meri Alicia Coloma Romero, Jueza Nacional.
En Quito, a veintidós de enero del dos mil diez, a partir de las quince horas, notifico la sentencia que antecede al Ing. JORGE ENRIQUE VILLEGAS POSADA, REPRESENTANTE LEGAL DE ILENSA EMA, en el casillero judicial No. 4527 del Dr. Nelson Olmedo Cisneros; al señor DIRECTOR REGIONAL DEL NORTE DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, en el casillero judicial No. 568 del Dr. Bernardo Cháves Chimbo; y al señor PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, en el casillero judicial No. 1200. Certifico.
145-2009-AMPLIACIÓN/ACLARACIÓN
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
Quito, a 27 de febrero del 2010, las 10h20.
VISTOS: El Gerente General y como tal representante legal de INDUSTRIA LICORERA Y EMBOTELLADORA DEL NORTE S.A. ILENSA EMA el 27 de enero de 2010 solicita la aclaración y ampliación de la sentencia de 21 de los mismos mes y año dictada por esta Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia dentro del recurso de casación 145-2009. Se ha corrido traslado a la Autoridad Tributaria demandada, Director Regional del Norte del Servicio de Rentas Internas, quien ha contestado mediante escrito de 18 de febrero de 2010. En consecuencia, para resolver este pedido se considera: 1. La Empresa actora en su escrito de 21 de enero de 2010 solicita aclarar ?si éste (SIC) sistema de cálculo (el determinado en el Acta de Fiscalización), es el más justo y correcto, ya que la misma Administración en años anteriores y a partir del año 2.004 incluido el 2.010, viene fijando precios referenciales para el cálculo del ICE?; así mismo pide ?ampliarnos y aclararnos el real y verdadero espíritu del Art. 76 de la L.O.R.T.I., vigente en el ejercicio 2.001?; y ?aclararnos, si es de razón y justicia que la Empresa pague valores nunca recaudados?. Finalmente sostiene que existen fallos contradictorios como el expedido en el caso 167- 2006, y solicita que la Sala se pronuncie respecto a si ?corresponde o no, a la Corte Nacional resolver sobre estos fallos contradictorios?. Su solicitud de ampliación y aclaración, según obra a fs. 30, la fundamenta en el art. 289 del Código de Procedimiento Civil. 2. La Administración demandada, por su parte, contesta al traslado indicando que la sentencia es clara al definir que el impuesto a los consumos especiales se determina según la fórmula establecida en el actual art. 72 de la Ley de Régimen Tributario Interno; que la sentencia igualmente ha señalado con claridad que el contribuyente no podía aplicar los precios referenciales del año 2000 a ejercicios posteriores; que la consideración de que si la ley es justa o injusta, es una apreciación subjetiva de la parte actora que no cabe sea aceptada; que el sentido del art. 72 de la Ley antes mencionada se encuentra claramente señalado en la sentencia; que el SRI no solicita que los fabricantes fijen precio de venta por simple ?afán?; y, que en la sentencia se encuentran señalados varios fallos de casación que tienen el mismo sentido del dictado en la presente causa, a los que incluso habría que añadir el 24-2009. 3. El art. 274 del Código Tributario, norma de carácter especial aplicable al ámbito tributario, señala que la aclaración tendrá lugar cuando la sentencia fuera oscura y la ampliación, cuando se hubiere omitido resolver puntos sobre los que se trabó la litis o sobre multas, intereses o costas. Se trata de dos cuestiones distintas: en la aclaración, la Sala debe explicar puntos del fallo que no están suficientemente claros, mientras que en la ampliación, la Sala debe pasar a pronunciarse sobre aspectos que fueron parte de la controversia pero que no han sido resueltos en la sentencia, o sobre multas, intereses o costas. No cabía entonces que la Empresa solicitara, como lo hace en su escrito, que la Sala de forma indistinta proceda a la aclaración y ampliación, sino que debía especificar en qué casos existe oscuridad en el fallo para que proceda la primera, o que aspectos deben ser resueltos, para que quepa la segunda. Aunque ello no ocurre en el petitorio de 27 de enero de 2010, esta Sala estima oportuno hacer las siguientes consideraciones: a. Respecto a si el sistema de cálculo determinado en el Acta de Fiscalización es el más justo y correcto, ya que la misma Administración, en años anteriores y a partir del año 2004, incluido el 2010, viene fijando precios referenciales para el cálculo del ICE, la sentencia a fs. 26 y vta. con toda claridad menciona cuál es el sistema de cálculo que debía utilizarse para el año al que corresponde el litigio, por lo que no existe nada que aclarar ni tampoco nada que ampliar sobre el punto; b. Con relación al pedido de que se indique cuál es el real y verdadero espíritu del art. 76 (antes 72) de la Ley de Régimen Tributario Interno, la Sala no puede pronunciarse ya que ello no fue objeto de la litis, como tampoco puede hacerlo respecto a si ?es de razón y justicia que la Empresa pague valores nunca percibidos? ni a si corresponde o no, a la Corte Nacional resolver sobre los supuestos fallos contradictorios existentes sobre la materia. Ello no ha sido objeto de la demanda, ni de la contestación a la demanda, ni mucho menos han sido extremos abordados en el recurso de casación, por lo que no haya nada que ampliar ni que aclarar. Sin embargo, esta Sala considera pertinente de anotar, a mayor abundamiento, que la sentencia 167-2006 aludida por la Empresa actora en su pedido, no fue dictada por esta Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, sino por la ex Sala de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, con una conformación diferente a la que tiene hoy esta Judicatura, y que aún en el supuesto de que se tratase de un fallo de esta misma Sala, la expedición de un fallo en determinado sentido no condiciona a la propia Corte Nacional de Justicia a mantener el criterio en lo venidero. Sin perjuicio de lo anotado, en el presente caso ocurre todo lo contrario: esta Sala ha mantenido incólume su opinión con respecto a casos similares incoados por las empresas licoreras, situación que es plenamente conocida por el representante legal de la Empresa actora y por su abogado patrocinador, por lo que no caben ulteriores clarificaciones en este sentido. En mérito de las consideraciones expuestas, y por cuanto en la sentencia de 21 de enero de 2010 no ocurren las situaciones previstas en el art. 274 del Código Tributario, se rechaza el pedido de ampliación y aclaración presentado por el representante legal de INDUSTRIA LICORERA Y EMBOTELLADORA DEL NORTE S.A. ILENSA EMA, y se ordena la devolución del proceso al Tribunal de origen para los fines pertinentes. Notifíquese. Devuélvase.
f.) Dra. Meri Coloma Romero, Jueza Nacional.
f.) Dr. José Suing Nagua, Conjuez Permanente. Certifico.
En Quito, a primero de Marzo del dos mil diez, a partir de las quince horas, notifico la ampliación y aclaración que antecede al Ing. JORGE ENRIQUE VILLEGAS POSADA, REPRESENTANTE LEGAL DE ILENSA EMA, en el casillero judicial No. 4527 del Dr. Nelson Olmedo Cisneros; al señor DIRECTOR REGIONAL DEL NORTE DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, en el casillero judicial No. 568 del Dr. Bernardo Cháves Chimbo; y al señor PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, en el casillero judicial No. 1200. Certifico.
RAZÓN: Las siete copias que anteceden son iguales a sus originales constantes en el juicio de IMPUGNACIÓN No. 145- 2009, seguido por JORGE ENRIQUE VILLEGAS POSADA, REPRESENTANTE LEGAL DE INDUSTRIA LICORERA Y EMBOTELLADORA DEL NORTE S.A. ILENSA EMA, en contra del DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Quito, a 04 de enero del 2011.- Certifico.
Recurso No. 189-2009
En el Juicio de Impugnación que sigue el señor Giovanni Mario Pantalone Boada, Rep. Legal de Vías, Puertos y Aeropuertos VIPA S.A., en contra del Gerente Distrital de Manta de la Corporación Aduanera Ecuatoriana.
Quito, a 26 de octubre del 2010, las 09h30.
VISTOS: GIOVANNI MARIO PANTALONE BOADA, Gerente General de VIAS PUERTOS Y AEROPUERTOS VIPA S.A., interpone recurso de casación en contra de la sentencia dictada el 08 de junio de 2009 por la Sala Única del Tribunal Distrital Fiscal No. 4, con sede en la ciudad de Portoviejo, dentro del juicio de impugnación No. 87/2005, seguido en contra del representante de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. Esta Sala califica el recurso y el representante de la Administración Tributaria Aduanera lo contesta en forma extemporánea. Pedidos los autos para resolver, se considera: PRIMERO: La Sala es competente para conocer y resolver el recurso interpuesto de conformidad con el primer numeral del artículo 184 de la Constitución y artículo 1 de la Codificación de la Ley de Casación. SEGUNDO: El representante de la Empresa actora fundamenta el recurso en la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación. Considera que se han infringido los siguientes artículos: 73,74 y 75 del Código Tributario; la Constitución Política del Ecuador (sin señalar artículo específico); 26 de la Ley Orgánica de Aduanas publicada en el Registro Oficial No. 396 de 10 de marzo de 1994; Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica de Aduanas; 72 de la Ley Orgánica de Aduanas publicada en el Registro Oficial No. 359 de 13 de julio de 1998; 60 y 61 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas que rigió desde el 11 de octubre de 1994 hasta el 7 de septiembre de 2000; y, 115 del Código de Procedimiento Civil. Manifiesta que se impugnó la providencia de 14 de junio de 2005, por no estar amparada en derecho y por lesionar seriamente los intereses de su representada, al pretender ratificar e imponer una sanción por contravención sin ningún sustento legal; indica que la Empresa cumplió con todas las obligaciones que impone la normativa legal aplicable para este tipo de importación; que han alegado y solicitado se respeten sus derechos adquiridos, esto es la posibilidad cierta de prorrogar la internación temporal; que se han transgredido sus derechos en el momento en que el Tribunal no ha dado trámite ni ha aceptado la demanda; que no se han considerado los documentos adjuntados con los que ha sustentado su petición, prueba de lo cual los juzgadores no han hecho referencia a lo largo de la parte expositiva de la sentencia; que no se ha considerado que las autorizaciones de la CAE fueron emitidas con fechas anteriores a la vigencia de la anterior Ley Orgánica de Aduanas por lo que deben aplicarse las disposiciones imperativas de la ley de 10 de marzo de 1994; que con fecha 7 de agosto del 2008 entró en vigencia la Ley Orgánica de de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en cuyas disposiciones se ha eliminado el requisito de autorización previa del COMEXI para la importación de equipos camineros y otros que exigía el anterior art. 50 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre; y, que el fallo infringe normas de derecho por falta de aplicación y aplicación indebida de las mismas. TERCERO: La sentencia de instancia declara sin lugar la demanda propuesta por la Empresa actora y reconoce la validez de la Resolución No. 930 de 14 de junio de 2005 y la providencia administrativa No. 0339 de 14 de marzo de 2005. El actor en su demanda impugna la Resolución antedicha y solicita se deje sin efecto la sanción por contravención que la Gerencia General de la CAE ha dispuesto en contra de la Empresa actora. CUARTO: Al analizar el contenido del recurso esta Sala advierte que el recurrente por una parte alega ?falta de aplicación al debido proceso y la valoración de las pruebas?, por otra, ?aplicación indebida del art. 26 de la Ley Orgánica de Aduanas de 10 de marzo de 1994?, y por otra, que el Tribunal ?no ha dado trámite ni aceptado esta demanda? todo lo cual lo subsume en la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación; sin embargo, no determina de qué manera se produce la aplicación indebida, tampoco puntualiza la falta de aplicación de las normas del debido proceso, a qué normas y de qué manera se produce dicha falta de aplicación, lo cual no puede suplirlo la Sala. Además, del relato contenido en la ?fundamentación de las causales del recurso?, tampoco se advierte que el recurrente precise los errores que alega, por el contrario, reitera el hecho de que la Sala juzgadora no ha considerado las pruebas adjuntadas a la demanda o producidas, lo que a más de que no corresponde volver a analizar a esta Sala de casación, como lo ha sostenido de manera reiterada, tampoco se correlaciona con la causal invocada, la primera del art. 3 de la Ley de Casación. En definitiva, esta Sala no encuentra que en la interposición del recurso se haya cumplido con la identificación precisa de los vicios que dice adolecer la sentencia y su correlación con las normas supuestamente infringidas y la causal invocada. QUINTO: Esta Sala considera necesario dejar señalado que la acción de impugnación de la Empresa actora se dirige en contra de la Resolución No. 930 por la que el Gerente General de la CAE niega el reclamo que formula la Empresa respecto de la disposición contenida en la Resolución No. 0339 mediante la cual el Gerente General dispone que el Gerente Distrital imponga una sanción por incumplimiento del plazo, lo cual a pesar de tratarse de una disposición dirigida a un órgano inferior, no tiene la naturaleza de inter orgánica, como lo señala la Sala de instancia, ya que al formar parte de la Resolución, es perfectamente impugnable; no obstante, se coincide con el razonamiento de la Sala juzgadora de no haber demostrado que no ha incurrido en incumplimiento por parte de la Empresa actora, como correspondía. Por lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional, Administrando justicia en nombre del Pueblo soberano, y por autoridad de la Constitución y las leyes, rechaza el recurso interpuesto. Sin costas. Notifíquese, publíquese y devuélvase.

References: resolución 
 artículo 227
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 184
 artículo 21
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 184
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución