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Timestamp: 2020-01-19 01:32:37+00:00

Document:
BOCG. Senado, serie II, núm. 7-c, de 11/12/2008
Núm. 7 (c) (Cong. Diputados, Serie A, núm. 8 Núm. exp. 121/000008)
621/000007 Por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria.
621/000007
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria.
Palacio del Senado, 10 de diciembre de 2008.-P. D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
El Senador Alfredo Belda Quintana, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 1 enmienda al Proyecto de Ley por el que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria.
Palacio del Senado, 9 de diciembre de 2008.-Alfredo Belda Quintana.
De Don Alfredo Belda Quintana (GPMX)
El Senador Alfredo Belda Quintana, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo sexto. Apartado nuevo.
Al artículo sexto
Se incluye un nuevo apartado Ocho.bis al artículo sexto con la siguiente redacción:
«Artículo 6 Apartado Ocho.bis. Modificación de la letra f) del apartado 1.º del número 1 del artículo 27, de la Ley 20/1991 de 7 de junio, de Modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, que quedaría redactado del modo siguiente:
f) Las ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista, que tengan
por objeto la construcción y rehabilitación de las viviendas calificadas administrativamente como de protección oficial de régimen especial, así como la construcción o rehabilitación de obras de equipamiento comunitario. A los efectos de esta Ley, se consideran de rehabilitación las actuaciones dirigidas a la reconstrucción mediante la consolidación y el tratamiento de estructuras, fachadas o cubiertas y otras análogas, siempre que el coste global de las operaciones de rehabilitación exceda del 25 por 100 del precio de adquisición si se hubiese efectuado durante los dos años inmediatamente anteriores al inicio de las obras de rehabilitación o, en otro caso, al de mercado que tuviera la edificación o parte de la misma en el momento de dicho inicio. A estos efectos, se descontará del precio de adquisición o del valor de mercado de la edificación la parte proporcional correspondiente al suelo.
--Los edificios públicos de carácter demanial.
--Las infraestructuras públicas de agua, telecomunicación, ferroviarias, energía eléctrica, alcantarillado, parques, jardines y superficies viales en zonas urbanas.
--Las entregas de bienes y prestaciones de servicios necesarios para la construcción de infraestructuras ferroviarias. A estos efectos se aplicará igualmente el tipo cero tanto en los supuestos en los que la Administración competente sea quien promueva de manera directa la realización de dichas infraestructuras, como cuando actúe de manera indirecta, promoviendo los mismos a través de otra entidad que no teniendo la condición de Administración Pública, sea quien ostente, mediante cualquier título administrativo habilitante y concedido por parte de la Administración Pública, la capacidad necesaria para la contratar la realización de los trabajos relacionados con la construcción de las infraestructuras ferroviarias de carácter público.
--Las potabilizadoras, desalinizadoras y depuradoras de titularidad pública.»
Con la Ley 53/2002 de 30 de diciembre se introdujo la aplicación del tipo cero en el IGIC para las ejecuciones de obra por contratos formalizados directamente entre el promotor y contratista a la construcción de las infraestructuras ferroviarias que se comenzaron a realizar en la Comunidad Autónoma de Canarias. Sin embargo, se hace necesario aclarar los supuestos en los que será de aplicación dicho tipo cero y su adaptación a la situación actual relacionada con la gestión de dichas infraestructuras puesto que la Administración competente ha decidido que con el fin de de conseguir una mayor operatividad, eficacia y correcto funcionamiento del servicio, la forma de gestión y construcción de dichas infraestructuras se realice por gestión indirecta a través de una sociedad de economía mixta. Por ello, y para que tenga plena efectividad la anterior reforma normativa, se propone modificar la aplicación del tipo cero para los proyectos de infraestructuras ferroviarias y su construcción tanto para los supuestos en los que sea la propia Administración la promotora directa, como en los que sea mediante promoción indirecta, esto es, se realicen por otra entidad que, mediante el título habilitante de la propia Administración se encargue de llevar a cabo la construcción de dichas infraestructuras para la posterior explotación del servicio público.
El Senador José Manuel Pérez Bouza, BNG (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 1 enmienda al Proyecto de Ley por el que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria.
Palacio del Senado, 9 de diciembre de 2008.-José Manuel Pérez Bouza.
De Don José Manuel Pérez Bouza (GPMX)
El Senador José Manuel Pérez Bouza, BNG (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo tercero.
Se propone la supresión del artículo tercero.
En este artículo se contempla la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio. Se trata de un tributo de carácter directo y naturaleza personal, que grava el patrimonio neto de las personas. El objetivo de este impuesto es, según la exposición de motivos de su ley, grabar la capacidad de pago adicional que supone la posesión de un patrimonio, además de intentar conseguir una mayor eficacia en la utilización de los patrimonios y ser un complemento del IRPF. Así, el tributo tiene un muy marcado carácter progresivo.
Su supresión implica renunciar a aplicar un instrumento recaudatorio y redistribuidor. Desde el BNG, creemos que la supresión del Impuesto de Patrimonio se enmarca en un contexto en el cual se pretende reducir a la mínima expresión la tributación directa, que como es bien sabido, es la que mejor garantiza la equidad y la progresividad del sistema tributario.
Por lo tanto, el BNG considera que su supresión solo puede ir ligada a la implementación de otro impuesto, de características similares, que grave las grandes fortunas, por lo tanto, mientas no se produzca este escenario, nos oponemos a su supresión.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 38 enmiendas al Proyecto de Ley por el que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria.
Palacio del Senado, 9 de diciembre de 2008.-El Portavoz, Pío García-Escudero Márquez.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cinco.
2.º El sujeto pasivo pruebe que el importe equivalente al deterioro del valor de la participación con arreglo a la normativa aplicable, debió integrarse en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, salvo los supuestos en que la Administración pruebe que tal integración no se realizó.
La redacción del proyecto impone al sujeto pasivo demostrar unos hechos realizados por terceros y de los que no tiene información.
Lo equitativo es exigir no la tributación efectiva de operaciones realizadas por terceros, sino que la transmisión estaba sujeta a tributación en España, pues la ley debe dar por supuesto que las transmisiones sujetas tributan efectivamente.
La carga de la prueba de que no haya sido así corresponderá a la Administración que es la única que puede tener acceso a las declaraciones presentadas por otros contribuyentes.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.
Disposición adicional undécima. Libertad de amortización con mantenimiento de empleo:
Disposición adicional undécima. Libertad de amortización para los elementos nuevos del inmovilizado material e intangible y de las inversiones inmobiliarias adquiridos en 2009 y 2010.
«Los elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, así como de los elementos del inmovilizado intangible, adquiridos dentro de los años 2009 y 2010 y afectos a las actividades económicas gozarán de libertad da amortización. Este incentivo no estará condicionado a su imputación contable en la cuenta de pérdidas y ganancias.»
Generar un nuevo estímulo a la inversión empresarial facilitando una libertad de amortización para los activos nuevos afectos a las actividades económicas adquiridos entre 2009 y 2010.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.
Se añade nuevo apartado al artículo primero, quedando como sigue:
«xxx. El apartado 2 del artículo 12 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades queda redactado de la siguiente forma:
a) Que haya transcurrido el plazo de tres meses desde el vencimiento de la obligación.
3.º Los garantizados mediante derechos reales, pacto de reserva de dominio y derecho de retención, excepto en los casos de pérdida o envilecimiento de la garantía,
Reglamentariamente se establecerán las normas relativas a las circunstancias determinantes del riesgo derivado de las posibles insolvencias de los deudores de las entidades financieras y las concernientes al importe de las pérdidas para la cobertura del citado riesgo.»
La crisis económica viene perjudicando el porcentaje de cobro de créditos a deudores. Es previsible que la situación se agrave en el corto y medio plazo, por lo que deben aumentarse los gastos deducibles por posibles insolvencias de deudores.
Se propone una reducción de los plazos que deben transcurrir desde el vencimiento de las obligaciones de pago para considerar fiscalmente deducible la pérdida por deterioro de los créditos concedidos a deudores, de seis a tres meses.
«xxx. El apartado 1 del artículo 112 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades queda redactado de la siguiente forma:
1. En el período impositivo en el que se cumplan las condiciones del artículo 108 de esta Ley, será deducible la pérdida por deterioro de los créditos para la cobertura del riesgo derivado de las posibles insolvencias hasta el límite del 3 por 100 sobre los deudores existentes a la conclusión del período impositivo.»
El aumento de la morosidad afecta también de manera muy relevante a las pequeñas y medianas empresas, que además pueden verse especialmente perjudicadas por los problemas existentes en tos mercados financieros, que limitan la posibilidad de disponer de financiación en condiciones adecuadas.
Por tanto, a los problemas de financiación originados por la gestión de clientes, se añaden los de obtención de pasivo.
Por ello se propone un aumento del porcentaje de dotación global por deterioro de créditos del 1 por 100 al 3 por 100, previsto como incentivo fiscal para las empresas de reducida dimensión, en coherencia con la propuesta de reducción de los plazos que deben transcurrir desde el vencimiento de las obligaciones de pago para considerar fiscalmente deducible la pérdida por deterioro de los créditos concedidos a deudores.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo tercero.
Se modifica el artículo tercero que quedará redactado del siguiente modo:
«Artículo tercero. Derogación del Impuesto sobre el Patrimonio.
1. Se deroga la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio con efectos desde el 1 de enero de 2009, manteniéndose en vigor los artículos 4, y del 10 al 25, ambos inclusive, a los efectos del cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
2. En el plazo de seis meses, el Gobierno enviará a las Cortes un Real Decreto Legislativo por el que se apruebe un texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como un texto refundido del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y un texto refundido del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que contemple la derogación de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.
3. La disminución de ingresos que produzca en las Comunidades Autónomas lo dispuesto en el primer apartado será compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.»
Suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio, y no meramente bonificar la cuota íntegra como señala el Proyecto.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo quinto. Apartado nuevo.
Se añade un nuevo apartado al artículo quinto con el siguiente texto:
«Se añade un nuevo punto 3, al apartado 2 del artículo 91, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), con la siguiente redacción:
4. La prestación de servicios y asistencia social para discapacitados físicos y psíquicos y personas mayores en centros residenciales.»
Reducir el coste final de los servicios y la asistencia social para discapacitados y mayores.
«Se modifica el apartado 1 del artículo 95 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, quedando redactado como sigue:
1. Los empresarios o profesionales sólo podrán deducir las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios que se afecten, directa y exclusivamente, a su actividad empresarial o profesional.
No obstante, cuando la afectación sea parcial también podrán deducir en los términos establecidos por este precepto para los bienes de inversión o en función del grado de afectación a su actividad empresarial o profesional en cuanto al resto de bienes y servicios.»
La modificación de ciertos preceptos de esta norma de acuerdo con las sentencias del TJCE en relación con las sociedades mercantiles ha de venir acompañada de una modificación también de este precepto para dar la necesaria seguridad jurídica a sus operaciones económicas. No puede la Ley modificar los artículos 4.2, 5.1 y los artículos 5.2 y 5.6 de la Ley 20/1991, en relación con el IGIC, en relación con la sujeción al IVA de sus operaciones y en cambio soslayar los efectos que esto podría tener en relación con el derecho de deducción.
«Se modifica el apartado 4.º del artículo 21 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, quedando redactada como sigue:
Alternativamente, cuando se trate de una entidad pública o que haya obtenido su calificación como establecimiento privado de carácter social, podrá solicitar directamente a la Administración tributaria la devolución del Impuesto que hubiera soportado y no deducido aportando copia del justificante de la exportación de los bienes, una vez efectuada la misma.»
Es muy frecuente que las entidades sin fines de lucro pierdan el derecho a esta exención dado que la solicitud ha de ser solicitada previamente. De este modo podrían obtener su devolución a posteriori.
«Se modifica el artículo 118 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, quedando redactada como sigue:
Artículo 118. Garantía de las devoluciones.
La Administración Tributaria podrá exigir de los sujetos pasivos la prestación de garantías suficientes en los supuestos de devolución regulados en este Capítulo con sujeción a las siguientes reglas:
1.º El plazo no podrá exceder en ningún caso de un mes, excepto que se hubiera iniciado con anterioridad un procedimiento de control tributario que se encontrara en tramitación.
2.º Si la Administración hubiera iniciado, con conocimiento formal del sujeto pasivo, una actuación de control referida a una devolución, podrá igualmente dictar resolución motivada exigiendo la continuación o aportación de la garantía hasta la terminación del citado procedimiento.
3.º Cuando el resultado de la actuación de control concluya de conformidad con lo solicitado y el sujeto pasivo hubiera sido obligado a prestar garantía, la Administración tributaria vendrá obligada a reembolsarle los gastos que el sujeto pasivo hubo de soportar por dicha causa.»
Evitar que la mejora de la financiación de las empresas como consecuencia de la devolución mensual del IVA se vea frustrada mediante la exigencia de garantías excesivas.
Se añade un nuevo apartado al artículo cinco con el siguiente texto:
«Uno. Se modifica la letra d) del epígrafe 23 del apartado uno del artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, quedando redactada como sigue:
d) Los arrendamientos con opción de compra de terrenos o viviendas cuya entrega estuviese sujeta y no exenta al impuesto, cualquiera que sea el momento en que pudiera ejercitarse dicha opción, de hecho o atendiendo al plazo inicial del contrato, o las condiciones previstas para su ejercicio.»
Dos. Se añade un nuevo número 14 al apartado 2 del epígrafe uno del artículo 91 Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, quedando redactada como sigue:
14.º Los arrendamientos con opción de compra a que se refiere el artículo 20.Uno.23.d') que tengan por objeto edificios o parte de los mismos aptos para su utilización como viviendas, incluidos los garajes y anexos en ellos situados que se transmitan conjuntamente.
Tres. Se añade un nuevo número 3 al apartado dos del artículo 91, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, quedando redactada como sigue:
3. Los arrendamientos con opción de compra a que se refiere el artículo 20.Uno.23.d'), que tenga por objeto las
viviendas a que se refiere el número 6.º de este mismo apartado.»
Dar al arrendamiento con opción de compra un tratamiento equivalente al que en el IVA tiene la adquisición de vivienda en sus modalidades libre y protegida, ya que esta fórmula contractual se puede configurar como esencial para la recuperación y desarrollo del mercado y para la adquisición de vivienda por parte de los españoles.
«Se añade un nuevo número 6.º al epígrafe 1 del apartado uno del artículo 91 al apartado dos del artículo 91, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, quedando redactada como sigue:
6.º Se considerarán incluidos en este número los productos especialmente concebidos para el uso de personas discapacitadas, siempre que no originen distorsiones en el mercado y sean certificados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria a propuesta del Ministerio de Asuntos Sociales. Dicha certificación podrá referirse a grupos o tipos de productos.»
Se completa la definición de productos sanitarios, demasiado estricta para el caso de bienes especialmente concebidos para discapacitados y cuyo elevado coste de desarrollo y producción, unido a su bajo consumo, hace inviable o excesivamente oneroso su mantenimiento sin algún apoyo fiscal.
«Disposición adicional nueva. Acomodación de los límites fiscales para la consideración como PYME.
El Gobierno adoptará las medidas para extender el concepto de entidad de reducida dimensión al resto de los impuestos, y especialmente en relación con las obligación de presentar declaraciones mensuales por el Impuesto sobre el Valor Añadido.»
Debe elevarse la obligación de presentar declaraciones mensuales por el IVA hasta la misma cantidad que permite la consideración de una entidad como de reducida dimensión en el Impuesto sobre Sociedades.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo séptimo. Tres.
Se modifica el apartado Tres del artículo séptimo, quedando como sigue;
«Tres. El artículo 19 queda redactado de la siguiente forma:
2. Son operaciones societarias sujetas:
1. La constitución de sociedades, el aumento y disminución de su capital social y la disolución de sociedades.
3. El traslado a España de la sede de dirección efectiva o de domicilio social de una sociedad cuando ni una ni otro estuviesen previamente situados en un Estado miembro de la Unión Europea.»
Mantener la delimitación del hecho imponible recogida en el artículo 19.1.2.º del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que estaba en vigor el 1 de enero del 2006, que se refería exclusivamente a las «aportaciones que efectúen los socios para reponer pérdidas sociales».
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo séptimo. Nueve.
Se modifica el apartado nueve del artículo séptimo, quedando como sigue:
«Nueve. El artículo 45.I.B).10 queda redactado de la siguiente forma:
10. Las operaciones societarias a que se refieren el artículo 19.2. Y el artículo 20.2 anteriores, en su caso, en cuanto al gravamen por las modalidades de transmisiones patrimoniales onerosas o de actos jurídicos documentados.»
Extender la exención del Impuesto, por la modalidad actos jurídicos documentos», a la totalidad de las operaciones societarias contempladas en el apartado 19.2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo séptimo. Once.
20.1. Las operaciones de constitución y aumento de capital de las sociedades de inversión de capital variable reguladas en le Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, así como las aportaciones recogidas en el artículo 19.1.2º de esta Ley que se efectúen a favor de las mismas, quedarán exentas en la modalidad de operaciones societarias del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Esta enmienda tiene como única finalidad clarificar el alcance de los supuestos de exención aplicables a las sociedades de inversión de capital variable reguladas en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. Con esta finalidad, proponemos que se adapte la redacción de este precepto a los nuevos supuestos que, por transposición de la Directiva 2008/7/CE, configurarán el hecho imponible de este Impuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 19.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo séptimo. Apartado nuevo.
Se añade un nuevo apartado al artículo séptimo con el siguiente texto: «Se añade un artículo 11 bis que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 11 bis. Cuota líquida.
1. La cuota líquida será el resultado de aplicar sobre la cuota tributaria la deducción por doble imposición económica regulada en este artículo.
2. En los casos en que una transmisión de bienes inmuebles hubiera estado gravada, con anterioridad, por esta modalidad del impuesto o por el impuesto sobre el valor añadido, podrá deducirse el 50 por 100 del impuesto previamente pagado en concepto de deducción por doble imposición económica.
La deducción anterior no podrá superar el 60 por 100 de la cuota tributaria.»
Las transmisiones sucesivas de bienes provocan en el ámbito del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales un encarecimiento de los bienes, alterando la libre competencia, al actuar el ITP como un impuesto en cascada. Esta anómala situación fiscal introduce importantes restricciones a la competitividad del sector que es preciso resolver y atemperar.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo octavo. Cinco.
Se suprimen los epígrafes 6.º, 7.º, 8.º y 9.º del apartado 5.1 del artículo octavo, del Proyecto relativo a la modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, sobre Impuestos Especiales.
Eliminación del tratamiento fiscal discriminatorio entre tos vehículos de tracción mecánica.
Se añade una nueva Disposición adicional nueva con el siguiente texto:
«Nueva disposición adicional. Recuperación de los incentivos a la I+D+i.
Se suprime el apartado 2 de la disposición adicional décima del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.»
Recuperar los incentivos fiscales a la inversión en I+D+i para favorecer el proceso de innovación de la economía española, aumentando su competividad y productividad.
Se añade una disposición adicional nueva con el siguiente texto:
«Disposición adicional (nueva). Supresión de la derogación a partir de 2012 de la deducción por actividades de investigación y desarrollo.
Uno. Se deroga el apartado 3 de la Disposición derogatoria segunda de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes del Impuesto sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
Dos. Modificación del apartado 2 de la Disposición transitoria vigésima primera del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que quedará redactado de la siguiente manera:
2. Las deducciones establecidas en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, pendientes de aplicación al comienzo del primer período impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2012, podrán aplicarse en el plazo y con los requisitos establecidos en el capítulo IV del título VI de esta Ley, según redacción vigente a 31 de diciembre de 2011. Dichos requisitos son igualmente aplicables para consolidar las deducciones practicadas en períodos impositivos iniciados antes de aquella fecha.»
Con la redacción actual del precepto muchas empresas pueden no estar interesadas en realizar o implantar actividades de l+D+i en España puesto que saben que el plazo de aplicación de los incentivos finaliza con carácter general en el ejercicio 2011. Es por este motivo que resulta necesario modificar la disposición derogatoria para que no exista un plazo de extinción de la deducción.
«Nueva Disposición adicional. Recuperación de los incentivos a los gastos en formación profesional.
Se elimina la referencia al apartado 40 en el apartado 1 de la disposición adicional décima del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.»
Recuperar los incentivos fiscales a los gastos en formación profesional para favorecer el aumento del capital humano en nuestro país.
«Nueva disposición adicional. Ampliación de la consideración de empresa de reducida dimensión.
Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 108 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, quedando redactado de la siguiente manera:
1. Los incentivos fiscales establecidos en este capítulo se aplicarán siempre que el importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a 12 millones de euros.»
Ampliar el espectro de empresas consideradas como de reducida dimensión, ampliando el límite de la cifra de negocios desde 8 millones de euros hasta 12.
«Nueva disposición adicional. Reducción del tipo especial de gravamen para las empresas de reducida dimensión.
Se da nueva redacción al artículo 114 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que quedará redactado de la siguiente manera:
Las entidades que cumplan las previsiones previstas en el artículo 108 de esta Ley tributarán con arreglo a la siguiente escala, excepto si de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de esta Ley deban tributar a un tipo diferente del general:
a) Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 300.000 euros, al tipo del 20 por 100.
Cuando el período impositivo tenga una duración inferior al año, la parte de la base imponible que tributará al tipo del 20 por 100 será la resultante de aplicar a 300.000 euros la proporción en la que se hallen el número de días del período impositivo entre 365 días, o la base imponible del período impositivo cuando ésta fuera inferior.»
Mejora de la tributación de las empresas de reducida dimensión.
Se modifica el apartado 5 del artículo 12 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades que queda con la siguiente redacción:
5. Cuando se adquieran valores representativos de la participación en fondos propios de entidades residentes, en las que el porcentaje de participación cumpla los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 30 de esta Ley, o de entidades no residentes en territorio español, cuyas rentas puedan acogerse a la exención establecida en el artículo 21 de esta Ley, el importe de la diferencia entre el precio de adquisición de la participación y el patrimonio neto de la entidad participada a la fecha de adquisición, en proporción a esa participación, se imputará a los bienes y derechos de la entidad no residente en territorio español, aplicando el método de integración global establecido en el artículo 46 del Código de Comercio y demás normas de desarrollo, y la parte de la diferencia que no hubiera sido imputada será deducible de la base imponible, con límite anual máximo de la veinteava parte de su importe, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 89.3 de esta Ley. Dicha diferencia no será deducible si se hubiese incluido en la base de la deducción del artículo 37 de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido con la normativa contable de aplicación.
La deducción de esta diferencia será compatible, en su caso, con las pérdidas por deterioro a que se refiere el apartado 3 de este artículo.»
La finalidad de esta modificación es profundizar y perfeccionar los supuestos de eliminación de la doble imposición en España o en la Unión Europea, que con frecuencia se produce en las adquisiciones de valores representativos de la participación en fondos propios.
Se modifica el apartado 2 del artículo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades que queda con la siguiente redacción:
2. Las personas o entidades vinculadas deberán mantener a disposición de la Administración tributaria la documentación que se establezca reglamentariamente. Quedan exoneradas de esta obligación las entidades que cumplan las condiciones previstas en el artículo 108 de esta Ley.»
Tiene pleno sentido que las entidades de reducida dimensión queden exoneradas de cumplir con las obligaciones de documentación, sin perjuicio de que, con ocasión do una comprobación administrativa, puedan ser requeridas para justificar los valores aplicados en sus operaciones vinculadas.
Se añade una nueva Disposición adicional, quedando como sigue:
«Disposición adicional xxx. Adecuación de los coeficientes objetivos de gasto a las circunstancias económicas.
El Gobierno, en el plazo de tres meses modificará el artículo 13, letra e) del Reglamento de IRPF (aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 marzo), reduciendo hasta tres meses el plazo para considerar deducibles los saldos de dudoso cobro en el cómputo de los rendimientos del capital inmobiliario.
Asimismo, el Gobierno, en el plazo de tres meses, modificará el artículo 30 del Reglamento de IRPF, relativo a la determinación del rendimiento neto en el método de estimación directa simplificada, elevando el porcentaje correspondiente a provisiones y gastos de difícil justificación hasta al menos un 3 por 100 del rendimiento neto.
Finalmente, el Gobierno, en el plazo de tres meses, modificará el artículo 31 del Reglamento de IRPF, relativo a la «determinación del rendimiento neto en el método de estimación objetiva», en su apartado 2, introduciendo la posibilidad de que los contribuyentes en dicho régimen puedan deducir un porcentaje del total de sus saldos de deudores a la finalización del período impositivo.»
La crisis económica viene perjudicando el porcentaje de cobro de créditos a deudores. Es previsible que la situación se agrave en el corto y medio plazo, por lo que deben
aumentarse los gastos deducibles por posibles insolvencias de deudores.
El aumento de la morosidad afecta también de manera muy relevante a los pequeños empresarios y profesionales autónomos, así como a los propietarios de inmuebles en alquiler, que además pueden verse especialmente perjudicados por los problemas existentes en los mercados financieros, que limitan la posibilidad de disponer de financiación en condiciones adecuadas. Por tanto, a los problemas de financiación originados por la gestión de clientes, se añaden los de obtención de pasivo.
«Disposición adicional nueva, incremento de la deducción por inversión en vivienda habitual.
Se modifica el artículo 68.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, quedando como sigue:
I. Deducción por inversión en vivienda habitual.
1. Los contribuyentes podrán deducirse el 20,05 por 100 de las cantidades satisfechas en el período de que se trate por la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual del contribuyente. A estos efectos, la rehabilitación deberá cumplir las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
La base máxima de esta deducción será de 10.000 euros anuales y estará constituida por las cantidades satisfechas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda, incluidos los gastos originados que hayan corrido a cargo del adquirente y, en el caso de financiación ajena, la amortización, los intereses, el coste de los instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés variable de los préstamos hipotecarios regulados en el artículo decimonoveno de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica, y demás gastos derivados de la misma. En caso de aplicación de los citados instrumentos de cobertura, los intereses satisfechos por el contribuyente se minorarán en las cantidades obtenidas por la aplicación del citado instrumento.
También podrán aplicar esta deducción por las cantidades que se depositen en entidades de crédito, en cuentas que cumplan los requisitos de formalización y disposición que se establezcan reglamentariamente, y siempre que se destinen a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual, con el límite, conjuntamente con el previsto en el párrafo anterior, de 10.000 euros anuales.
3. Se entenderá por vivienda habitual aquella en la que el contribuyente resida durante un plazo continuado de tres años. No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo aquel carácter cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, se produzca el fallecimiento del contribuyente o concurran circunstancias que necesariamente exijan el cambio de vivienda, tales como separación matrimonial, traslado laboral, obtención de primer empleo o de empleo más ventajoso u otras análogas.
4. La aplicación de esta deducción tendrá efectos inmediatos en las tablas de retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los contribuyentes, para lo que se modificará el Reglamento del Impuesto.
5. También podrán aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual los contribuyentes que efectúen obras e instalaciones de adecuación en la misma, incluidos los elementos comunes del edificio y los que sirvan de paso necesario entre la finca y la vía pública, con las siguientes especialidades:
b) Darán derecho a deducción las obras e instalaciones de adecuación que deban efectuarse en la vivienda
habitual del contribuyente, por razón de la discapacidad del propio contribuyente o de su cónyuge o un pariente, en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad, hasta el tercer grado inclusive, que conviva con él.
c) La vivienda debe estar ocupada por cualquiera de las personas a que se refiere el párrafo anterior a titulo de propietario, arrendatario, subarrendatario o usufructuario.
d) La base máxima de esta deducción, independientemente de la fijada en el número 1 anterior, será de 13.500 euros anuales.
e) El porcentaje de deducción será el 23,4 por 100.
g) Tratándose de obras de modificación de los elementos comunes del edificio que sirvan de paso necesario entre la finca urbana y la vía pública, así como las necesarias para la aplicación de dispositivos electrónicos que sirvan para superar barreras de comunicación sensorial o de promoción de su seguridad, podrán aplicar esta deducción además del contribuyente a que se refiere la letra b) anterior, los contribuyentes que sean copropietarios del inmueble en el que se encuentre la vivienda».
Se incrementa la parte general de la deducción por inversión den vivienda habitual en 10 puntos porcentuales, para alcanzar el 25 por 100 de deducción. Se amplía además la base de la deducción desde 9.015 hasta 10,000, y se establece que se ajusten las retenciones a la deducción.
«Disposición adicional nueva. Deducción por ahorro.
Se añade un nuevo número al artículo 68 de la Ley 35/2006, de 23 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, con la siguiente redacción:
Los contribuyentes podrán deducirse el 10 por 100 de las cantidades que se depositen en entidades de crédito, en cuentas que cumplan los requisitos de formalización y disposición que se establezcan reglamentariamente, y siempre que se destinen a ahorro a medio y largo plazo, con el límite de 10.000 euros anuales».
Se crea una nueva deducción para favorecer el ahorro de las personas físicas.
«Disposición adicional nueva. Ampliación del plazo de ahorro para las cuentas ahorro vivienda.
El Gobierno adoptará las medidas que permitan ampliar el plazo para la cuentas ahorro vivienda a seis años».
Aumentar de cuatro a seis años el plazo para realizar la inversión en vivienda habitual que otorga el derecho a la deducción, sin que por ello se pierda el derecho a ella, teniendo en cuenta las actuales dificultades de acceso a financiación.
«Disposición adicional nueva. Tributación de las prestaciones de los planes de pensiones.
Se modifica el apartado 3.ª de la letra a) del número 2 del artículo 17 de la Ley del impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, que quedará redactado de la siguiente manera:
«2. En todo caso, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo:
3.º Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones y las percibidas de los planes de pensiones regulados en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y dei Consejo, de 3 de junio de 20043, relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo, en la medida en que su cuantía no exceda de las aportaciones realizadas que fueron objeto de reducción para el cálculo de la base liquidable».
Hacer tributar, únicamente, como rendimientos de trabajo la parte que se corresponde con las aportaciones realizadas por los partícipes. El exceso de dichas aportaciones tributará como rendimiento de capital mobiliario, como renta del ahorro, al tipo del 18 por 100.
«Disposición adicional nueva. Reducción de las prestaciones en forma de capital de los planes de pensiones.
Se modifica el número 3 del artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que quedará redactado de la siguiente manera:
3. El 40 por 100 de reducción, en el caso de las prestaciones establecidas en el artículo 17.2.a) 1, 2 y JP. de esta Ley que ser perciban en forma de capital, siempre que hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación.
El plazo de dos años no resultaré exigible en el caso de prestaciones por invalidez.»
Corregir el efecto de la progresividad del impuesto sobre unas rentas que, aunque se devenguen o imputen a un solo ejercicio, en la realidad económica debe imputarse a varios períodos impositivos.
«Disposición Adicional nueva. Tributación de las prestaciones de los planes de pensiones como rendimiento del capital mobiliario.
Se modifica el número 4 del artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, pasando éste a ser el nuevo número 5. El nuevo número 4, quedará redactado de la siguiente manera:
4. Rendimientos obtenidos por los beneficiarios de planes de pensiones y las percibidas de tos planes de pensiones regulados en la Directiva 2003/41/CB del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo, en la medida en que su cuantía exceda de las aportaciones realizadas que fueron objeto de reducción para el cálculo de la base liquidable.»
Establecer que los rendimientos obtenidos por las aportaciones realizadas a planes de pensiones tienen la consideración de rendimientos de capital mobiliario y, por lo tanto, que tributan al tipo del 18 por 100.
«Disposición adicional nueva. Se modifica el número 2 del artículo 26 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que quedará redactado de la siguiente manera:
2. Los rendimientos netos previstos en el apartado 5 del artículo 25 de esta Ley con un período de generación superior a dos años o que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se reducirán en un 40 por 100.
El cómputo del período de generación, en el caso de que estos rendimientos se cobran de forma fraccionada, deberá tener en cuenta el número de años de fraccionamiento, en los términos que reglamentariamente se establezcan.»
En coherencia con la enmienda propuesta al artículo 25 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para adecuar la referencia que aparece en este artículo a la nueva numeración de dicho artículo.
«Disposición adicional nueva. Tributación de las prestaciones de tos planes de pensiones: renta del ahorro.
Se modifica la letra a) del artículo 46 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que queda redactada de la siguiente manera:
a) Los rendimientos del capital mobiliario previstos en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 25 de esta Ley. No obstante, los rendimientos del capital mobiliario previstos en el apartado 2 del artículo 25 de esta Ley procedentes de entidades vinculadas con e1 contribuyente formarán parte de la renta generar.»
En coherencia con la enmienda al artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para establecer que los rendimientos derivados de planes de pensiones constituyen renta del ahorro, lo que implica que tributarán al 18 por 100.
«Disposición adicional nueva. Inclusión del alquiler con opción a compra en la deducción por inversión en vivienda habitual.
Uno. Se añade un epígrafe 5 al apartado 1 del artículo 68 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, quedando como sigue:
5. También podrán aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual los contribuyentes que satisfagan pagos de alquiler con opción a compra por su vivienda habitual, en el Marco de los Planes de Vivienda aprobados por las Comunidades Autónomas, por la parte de las cuotas que resulte deducible del precio.»
Teniendo en cuenta que una de las principales vías de acceso a la vivienda habitual es el alquiler con opción a compra, se propone equiparar el tratamiento fiscal de esta fórmula con la de adquisición de vivienda habitual.
«Disposición adicional nueva. Aumento del porcentaje de capitalización de la prestación por desempleo.
Se modifica el apartado 1 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, quedando redactado del siguiente modo.
1. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 228 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, se mantendrá lo previsto en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se establece el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, incluidas las modificaciones incorporadas por normas posteriores, en lo que no oponga a las reglas siguientes:
1.ª La entidad gestora podrá abonar el valor actual del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo a los beneficiarios de prestaciones cuando pretendan incorporarse, de forma estable, como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o en sociedades laborales, siempre que no hayan mantenido un vinculo contractual previo con dichas sociedades superior a los 24 meses, o constituirlas, o cuando dichos beneficiarios pretendan constituirse como trabajadores autónomos y se trate de personas con minusvalía igual o superior al 33 por 100.
Se abonará como pago único la cuantía de la prestación, calculada en días completos, de la que deduciré el importe relativo al interés legal del dinero.
En el caso de la regla 1.ª, el abono de una sola vez se realizará por el importe que corresponde a la inversión necesaria para desarrollar la actividad. Incluido el importe de las cargas tributarias para el inicio de la actividad, con el límite máximo del 60 por 100 del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo pendiente por percibir.
4.ª La solicitud del abono de la prestación por desempleo de nivel contributivo, según lo establecido en las reglas 1.ª, 2.ª y 3.ª, en todo caso deberá ser de feche anterior a la fecha de incorporación a la cooperativa o sociedad laboral, o a la de constitución de la cooperativa o sociedad laboral, o a la de inicio de la actividad como trabajador autónomo, considerando que tal inicio coincide con la fecha que como tal figura en la solicitud de alta del trabajador en la Seguridad Social.
Facilitar la conversión de activos parados en activos trabajadores por cuenta propia.
Modificación del artículo 7, J) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
j. Las becas públicas y las becas concedidas por las entidades sin fines lucrativos a las que sea de aplicación el régimen especial regulado en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, percibidas para cursar estudios, completar la formación o con fines de investigación tanto en España como en el extranjero.
Asimismo estarán exentas, en los términos que reglamentariamente se establezcan las becas públicas y las concedidas por las entidades sin fines lucrativos mencionadas anteriormente para investigación en el ámbito descrito por el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación, así como las otorgadas por aquéllas con fines de investigación a los funcionarios y demás personal al servicio de las Administraciones públicas y al personal docente e investigador de las universidades.
Conforme a la actual redacción del artículo 7,j) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, resultan exentas las becas par cursar estudios en España y en el extranjero, siempre y cuando dichos estudios para los que se concede la ayuda constituyan enseñanza reglada.
La reducción de la exención al ámbito de la enseñanza reglada hace que numerosas becas y ayudas al estudio y a la investigación cuya naturaleza es idéntica a la de aquellas concedidas para cursar estudios reglados, queden sujetas y no exentas en IRPF (P.e. Programas Máster). La naturaleza de las becas destinadas al estudio, a la formación o a la investigación que realicen quienes las perciben, es la misma, pues se trata de ayudas gratuitas por parte de quien las otorga, sin que se obtenga ninguna contraprestación a cambio, siendo su objeto también idéntico: contribuir a la formación y a la mejor capacitación de los becarios en cualquier etapa formativa así como contribuir al desarrollo y mejora de la investigación.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.
Se adiciona una nueva Disposición Final.
DISPOSICIÓN FINAL (nueva) Modificación de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia.
«Uno. Se introduce de una nueva disposición adicional segunda con el siguiente contenido:
1. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley reguladora de los contratos de distribución comercial.
2. Hasta tanto se apruebe la Ley a la que se refiere el apartado anterior el régimen jurídico del contrato de agencia previsto en la presente Ley se aplicará a los contratos de distribución de productos de consumo duradero de valor unitario superior a 6.000 euros, por el que una persona natural o jurídica, denominada distribuidor, se obliga frente a otra, el proveedor, de manera continuada o estable y a cambio de una remuneración, a promover actos u operaciones de comercio de estos productos por cuenta y en nombre de su principal, como comerciante independiente, asumiendo el riesgo y ventura de tales operaciones.
3. Será nulo cualquier pacto en contrario por el que el predisponerte se reserve la facultad de modificar unilateralmente el contenido esencial de los contratos y, en particular, la gama completa de productos y servicios contractuales, el plan de negocio, las inversiones y el plazo de amortización, la remuneración fija y variable, los precios de los productos y servicios, las condiciones generales de venta y garantía posventa, las directrices y normas de obligado cumplimiento y los criterios de selección de los distribuidores.
4. En defecto de Ley expresamente aplicable, las distintas modalidades de contratos de distribución, cualquiera que sea su denominación, se regirán por lo dispuesto en la presente Ley, cuyos preceptos tienen carácter imperativo.
Dos. Se introduce de una nueva disposición transitoria segunda con el siguiente contenido:
Los preceptos de la presente Ley serán de aplicación a los contratos de distribución celebrados con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor.»
La Comisión de Industria, Turismo y Comercio, del Congreso de los Diputados en su sesión del día 20 de marzo de 2007, aprobó la proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno «a analizar con audiencia de los sectores interesados la problemática de los contratos de distribución comercial y a proponer en su caso las modificaciones legislativas pertinentes, con el fin de evitar situaciones contractuales de abuso y de promover la seguridad jurídica de los operadores económicos en el mercado de distribución de bienes y servicios, con especial atención a la naturaleza del tejido de pequeñas y medianas empresas que intervienen en el mismo».
El tiempo transcurrido desde entonces, más de año y medio, y la actual situación económica exigen dotar a la distribución comercial de un régimen jurídico, siquiera transitorio, hasta la aprobación por las Cortes Generales de una Ley reguladora del contrato de distribución comercial.
DISPOSICIÓN FINAL (nueva) Modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Comercio Minorista.
«El artículo 16 queda redactado como sigue:
1. El régimen jurídico de las adquisiciones de toda clase de productos efectuadas por comerciantes se sujetará a lo dispuesto en la legislación civil y mercantil con las especialidades contenidas en este artículo y en el artículo siguiente.
2. Los pedidos de productos de consumo duradero de valor unitario superior a los 6.000 euros, realizados por el comerciante para su entrega a un consumidor tendrán la consideración de compra en firme, por lo que no podrán ser revocados sin el expreso consentimiento de comprador y proveedor. No obstante, cuando exista la obligación de realizar una compra mínima de estos productos para disponer de un stock permanente calculado en función de los objetivos de comercialización, el comerciante podrá devolver al proveedor los productos recibidos una vez haya transcurrido el plazo pactado o en su defecto a los sesenta días desde su adquisición. En este caso, el proveedor estará obligado a recomprar al comerciante los productos devueltos en las mismas condiciones en que fueron adquiridos.»
Poner ciertos límites a la situación de desequilibrio que se produce cuando el proveedor, para financiarse a costa de sus distribuidores les traslada los gastos financieros de mantenimiento de sus stocks, al obligarles a una compra mínima y en firme para mantener un stock permanente calculado en función de los objetivos de comercialización.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 8 enmiendas al Proyecto de Ley por el que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria.
Palacio del Senado, 9 de diciembre de 2008.-La Portavoz, María del Carmen Silva Rego.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo.
Se modifica el artículo segundo para añadirse un apartado.
«1. Se añade un apartado segundo al artículo segundo, que queda redactado de la siguiente forma:
"Dos. Se deroga el artículo 33."
2. El apartado dos pasa a ser apartado tres.»
Con la aprobación de la modificación legal llevada a cabo por el Real Decreto-ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso de la actividad económica, en donde se ampliaba el marco de la exención en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes en relación con la deuda pública y otros instrumentos de renta fija para todos los no residentes con independencia del lugar de residencia, queda sin efecto alguno la disposición de referencia, cuyo objetivo era que las entidades gestoras del mercado de deuda estaban obligadas a retener e ingresar a cuenta como sustitutos del contribuyente el importe del impuesto cuando el inversor estuviera localizado en un paraíso fiscal.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo quinto. Seis.
Se modifica el apartado seis del artículo quinto, que queda redactado de la siguiente forma:
«Seis. El apartado cuatro del artículo 80 queda redactado de la siguiente forma:
"Cuatro. La base imponible también podrá reducirse cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables.
RESTO IGUAL"».
Mejora técnica para modificar la expresión del cómputo que figura en meses en la condición 1.ª para reflejarla en años.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo sexto. Siete.
Se modifica el apartado siete del artículo sexto, que queda redactado de la siguiente forma:
«Siete. El apartado 7 del artículo 22 queda redactado de la siguiente forma:
"7. La base imponible también podrá reducirse cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables.
La modificación deberá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la finalización del período de un año a que se refiere la condición 1 del párrafo anterior y comunicarse a la Administración Tributaria Canaria en el plazo que se fije reglamentariamente.
El apartado siete modifica el artículo 22.7 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, a fin de reducir el plazo para la modificación de la base imponible de dos años a uno.
Si bien en la condición 1 establecida por la nueva redacción se hace referencia a doce meses, a continuación, en el mismo artículo, se mantiene el plazo anterior de dos años.
Por tanto, procede ajustar ese segundo plazo a un año, al tiempo que se modifica la expresión de su cómputo para recogerla en años y no en meses.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo sexto. Apartado nuevo.
Se añaden dos apartados al artículo sexto, que quedan redactados de la siguiente forma:
«- Se añaden dos letras al artículo 27.1.1.º que quedan redactadas del modo siguiente:
"t) Las entregas de biodiesel, bioetanol y biometanol.
Las definiciones de biodiesel, bioetanol y biometanol son las contenidas en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
u) Las entregas de los productos del refino del petróleo mezclados con biodiesel, bioetanol y biometanol"».
« - Se añade un número Segundo al Anexo IV, pasando el actual contenido de dicho Anexo a ser el número Primero, que queda redactado de la siguiente forma:
"Segundo. Tributará a 0 euros por mil litros el biodiesel, bioetanol y biometanol que se considere incluido en determinada cantidad en los siguientes bienes:
2710114100 Las demás gasolinas con un contenido en plomo igual o inferior a 0,013 g. por litro con un octanaje inferior a 95
2710114500 Las demás gasolinas con un contenido en plomo igual o inferior a 0,013 g.
por litro con un octanaje igual o superior a 95 pero inferior a 98
2710114900 Las demás gasolinas con un contenido en plomo igual o inferior a 1,013 g. por litro con un octanaje igual o superior a 98
2710194100 Aceites pesados o gasóleos que se destinen a otros usos con un contenido en azufre inferior o igual a 0,05 por 100
2710194500 Aceites pesados o gasóleos que se destinen a otros usos con un contenido en azufre superior al 0,05 por 100 pero inferior o igual a 0,2 por 100
2710194900 Aceites pesados o gasóleos que se destinen a otros usos con un contenido en azufre superior al 0,2 por 100
A la parte de la mezcla que no es biocarburante le será de aplicación el tipo impositivo que le corresponda conforme a lo establecido en el número anterior.
El Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias regulará el procedimiento y requisitos para la aplicación de este tipo.
Las definiciones de biodiesel, bioetanol y biometanol son las contenidas en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales"».
En el Impuesto General Indirecto Canario (en adelante, IGIC) la entrega o importación del petróleo y de los productos derivados del petróleo están sujetas al tipo cero (artículo 27.1.1º.p) de la Ley 20/1991). Esta no tributación desde el día 1 de enero del año 2002 se compensa con la sujeción al Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (en adelante, AIEM) de la producción e importación, también desde el día 1 de enero de 2002, de determinados productos derivados del petróleo.
Desde el año 1997 con la publicación del informe «Fuentes de Energías Renovables: Libro blanco para una estrategia y un plan de acción comunitario», la Comisión Europea muestra un decidido apoyo a las energías de origen renovables. Ello conlleva a la adopción de determinadas medidas para el fomento de la utilización de los biocarburantes por parte de las autoridades nacionales, entre ellas medidas de naturaleza fiscal, como la adoptada en el Impuesto sobre Hidrocarburos.
En este sentido, no es justificable que el combustible derivado del petróleo estuviese gravado en el IGIC al tipo cero y los biocarburantes como el biodiesel, bioetanol y biometanol, al tipo del 2 por 100. Por ello, se propone igualar ambas tributaciones al tipo cero.
Pero esta medida de igualar la tributación en el IGIC de los combustibles, debe completarse con otra medida fiscal de aplicar también el tipo cero respecto a la parte de biocarburante que se entregue o importe mezclado con los productos derivados del petróleo. Con lo cual se consigue el objetivo de esta enmienda que es eliminar la tributación indirecta general sobre los biocarburantes.
Dada la conexión existente en el REF de Canarias entre el IGIC y el AIEM respecto a la tributación de los combustibles, esta medida respecto de los biocarburantes mezclados con los productos derivados del petróleo debe adoptarse también en el AIEM.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo séptimo. Ocho.
Se modifica el artículo ocho del artículo séptimo, que queda redactado de la siguiente forma:
«Ocho. El artículo 25 queda redactado de la siguiente forma:
4. IGUAL.»
Se modifica el apartado 2 del artículo 25 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, para incluir una mención al capital social que, por un error de transcripción, se había omitido.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria segunda.
Se suprime el párrafo segundo de la disposición transitoria segunda.
Esta disposición transitoria establece un supuesto extraordinario de renuncia al régimen especial del grupo de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto General Indirecto Canario que podrá solicitarse hasta el 31 de enero de 2009.
En su segundo párrafo se establece que la referida renuncia se ejercitará conforme al procedimiento que se establezca reglamentariamente.
Al respecto no se considera necesario dicho desarrollo reglamentario en el ámbito del IVA ya que, fijada la posibilidad de renuncia legalmente, su aplicación práctica solamente precisa de una disposición específica en las normas de aprobación del modelo 039 previsto para la solicitud y renuncia al régimen especial que se regula en la ORDEN EHA/3434/2007, de 23 de noviembre.
En relación con el IGIC, el artículo 58.º octies.cuatro.1.ª.c) de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, atribuye de forma expresa la facultad del desarrollo reglamentario de la renuncia al régimen especial al Gobierno de Canarias, por lo que en este caso no sería adecuado un desarrollo reglamentario realizado por la Administración General del Estado.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.
Se añade una Disposición Transitoria nueva con el siguiente contenido:
Disposición Transitoria nueva. Modificación de la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto General Indirecto Canario.
Los sujetos pasivos que sean titulares de créditos total o parcialmente incobrables correspondientes a cuotas repercutidas por la realización de operaciones gravadas para los cuales, a la entrada en vigor de esta Ley, haya transcurrido más de un año pero menos de dos años y tres meses desde el devengo del Impuesto, podrán proceder a la reducción de la base imponible en el plazo de los tres meses siguientes a dicha entrada en vigor, siempre que concurran todos los requisitos a que se refiere el artículo 80.cuatro de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con exclusión del referido en la condición 1ª de dicho precepto, y el artículo 22º.7 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, con exclusión del referido en la condición 1ª de dicho precepto.
No podrán acogerse a lo dispuesto en el párrafo anterior los sujetos pasivos que durante el plazo de los tres meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley puedan reducir la base imponible conforme a lo dispuesto en el artículo 80.tres de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y en el artículo 22º.6 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.».
La reducción propuesta en el plazo de dos años a un año para poder proceder conforme a lo dispuesto por el artículo 80.cuatro de la Ley del IVA y por el artículo 22º.7 de la Ley del IGIC, debe ser acompañada de un régimen transitorio que asegure que con ocasión de la reducción de dicho plazo no se producirá ninguna pérdida en la posibilidad de minorar la base imponible por parte de lo sujetos pasivos, esencialmente en aquellos casos para los cuales a la entrada en vigor del nuevo plazo ha transcurrido más de un año pero menos de 2 años y tres meses, plazo actual para llevar a cabo la mencionada reducción.
Al mismo tiempo, deben ser excluidos del referido régimen transitorio aquellos supuestos en los que es posible reducir la base imponible conforme a lo dispuesto por el artículo 80.tres de la Ley del IVA y por el artículo 22º.6 de la Ley del IGIC, ya que si la reducción en la base imponible puede llevarse a cabo simultáneamente por lo dispuesto en el artículo 80, apartados tres y cuatro en el IVA y por el artículo 22.º, apartados 6 y 7 en el IGIC, debe darse preferencia a la modificación a través del sistema previsto para los procesos concursales a fin de asegurar que la Hacienda Pública pueda personarse en los mismos para hacer valer el crédito cuya base ha sido reducida.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.
Se añade una Disposición Final nueva con el siguiente contenido:
Disposición Final nueva. Modificación de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia."»
La enmienda tiene como finalidad incluir entre las Comunidades Autónomas con régimen obligatorio de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a la Comunidad Autónoma de Canarias, que así lo ha solicitado, una vez se ha constatado que cuenta con un servicio de asistencia al contribuyente para cumplimentar la autoliquidación de este impuesto, según establece el apartado 2 del artículo 40 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
En efecto, aunque según el mencionado precepto, las Comunidades Autónomas pueden regular los aspectos de gestión y liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se establece que el Estado retiene la competencia para establecer el régimen de autoliquidación del impuesto con carácter obligatorio en las diferentes Comunidades Autónomas, implantando este en aquellas que así lo soliciten, siempre que hayan establecido un servicio de ayuda a los contribuyentes para cumplimentar dicha autoliquidación, como es el supuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Teniendo en cuenta lo anterior, se añade a la lista de Comunidades Autónomas con régimen de autoliquidación obligatoria a la de Canarias.
La implantación de este sistema no tiene efectos económicos ni para el Estado ni para la Comunidad Autónoma.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 17 enmiendas al Proyecto de Ley por el que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria.
Palacio del Senado, 9 de diciembre de 2008.-El Portavoz, Carles Josep Bonet i Revés.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.
Al artículo primero. Nuevo apartado
Se añade un nuevo apartado con el siguiente redactado:
Nuevo apartado. Los apartados 1 y 2 del artículo 53 quedan redactados de la siguiente forma:
1. Podrán acogerse al régimen previsto en este capítulo las sociedades que tengan como actividad económica el arrendamiento de viviendas situadas en territorio español que hayan construido, promovido, adquirido. Dicha actividad será compatible con la realización de otras actividades complementarias.
A efectos de la aplicación de este régimen especial, únicamente se entenderá por arrendamiento de vivienda el definido en el artículo 2.1 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, siempre que se
cumplan los requisitos y condiciones establecidos en dicha ley para los contratos de arrendamiento de viviendas.
c) Que los inmuebles permanezcan arrendados u ofrecidos en arrendamiento durante al menos siete años. Este plazo se computará:
1. En el caso de inmuebles que figuren en el patrimonio de la entidad antes del momento de acogerse al régimen, desde la fecha de inicio del período impositivo en que se comunique la opción por el régimen, siempre que a dicha fecha el inmueble se encontrara arrendado. De lo contrario, se estará a lo dispuesto en el párrafo siguiente.
2. En el caso de inmuebles adquiridos o promovidos con posteridad por la entidad, desde la fecha en que fueron arrendados por primera vez por ella.
El incumplimiento de este requisito implicará, para cada inmueble, la pérdida de la bonificación que hubiera correspondido. Junto con la cuota del período impositivo en el que se produjo el incumplimiento, deberá ingresarse el importe de las bonificaciones aplicadas en la totalidad de los períodos impositivos en los que hubiera resultado de aplicación este régimen especial, sin perjuicio de los intereses de demora, recargos y sanciones que, en su caso, resulten procedentes.
e) En el caso de entidades que desarrollen actividades complementarias a la actividad económica de arrendamiento de viviendas, que al menos el 55 por 100 del activo de la sociedad esté formado por viviendas que tengan derecho a la aplicación de la bonificación a que se refiere el artículo 54.1 de esta Ley.
Entendemos que resulta necesaria una modificación del artículo 53 del TRLIS para equiparar el tratamiento de las sociedades acogidas a este régimen especial del impuesto con las sociedades de inversión inmobiliaria y con las futuras sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario.
La primera modificación, en este sentido, pretende salir al paso de una interpretación administrativa «a sensu contrario» de la dicción literal de la norma, de tal forma que la venta de un inmueble que no cumpla el plazo de mantenimiento supone la imposibilidad de aplicar el régimen.
Aunque entendemos que la interpretación administrativa resulta discutible en cuanto el legislador pretende favorecer el cumplimiento de los requisitos de rentas y no privar a una sociedad por una venta de un bien del régimen, creemos que se debe eliminar esta mención para evitar interpretaciones como la expuesta.
Asimismo, creemos, en coherencia con esta interpretación, que el límite previsto por la norma en vez de hacer referencia a las rentas obtenidas por la sociedad, lo que introduce innumerables problemas de gestión, se debe basar en un criterio objetivo que aporte la máxima seguridad jurídica. Por otra parte, dada la actual situación del sector se pueden dar casos en los que la sociedad obtenga rentas negativas de sus inmuebles arrendados lo que perjudicaría la aplicación del régimen, por lo que refuerza la idea de que se base el requisito de inclusión en este régimen en un criterio objetivo que no dependa de las circunstancias del mercado.
El resto de modificaciones pretenden introducir aquellos cambios necesarios para poder incluir en la bonificación el arrendamiento de otros inmuebles, sujeto a unos requisitos suficientes para evitar la especulación.
Al artículo primero.
Nuevo apartado. El artículo 54 queda redactado en los siguientes términos:
1. Tendrá una bonificación del 85 por 100 la parte de cuota íntegra que corresponda a las rentas derivadas del arrendamiento de inmuebles que cumplan los requisitos del artículo anterior. Dicha bonificación será del 90 por 100 cuando se trate de rentas derivadas del arrendamiento de viviendas por discapacitados y en la misma se hubieran efectuado las obras e instalaciones de adecuación a que se refiere el artículo 68.1.4.º de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Las obras e insta-
laciones deberán ser certificadas por la Administración competente de acuerdo con lo establecido en la letra a) del citado artículo 68.1.4º.
A estos efectos, el arrendatario deberá acreditar la discapacidad en los términos previstos en el artículo 60.3 de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
2. Asimismo, tendrá una bonificación del 85 por ciento la parte de cuota íntegra que corresponda a las rentas derivadas de la transmisión de viviendas que hayan cumplido el plazo de mantenimiento previsto en el artículo anterior. Para poder aplicar esta bonificación se exige el cumplimiento de las siguientes condiciones:
_ La bonificación se practicará en el ejercicio en que se transmita la vivienda, sujeta al cumplimiento del requisito de reinversión previsto en el párrafo siguiente.
_ Será necesario reinvertir el importe total obtenido en la transmisión en una o varias viviendas que cumplan con las condiciones previstas por el artículo anterior para tener derecho a la bonificación prevista en el apartado anterior en el plazo comprendido entre el año anterior a la fecha de la puesta a disposición de la vivienda transmitida y los tres años posteriores.
_ La reinversión se entenderá efectuada en la fecha en que se produzca la puesta a disposición de la vivienda o viviendas en que se materialice.
_ En caso de no realizarse la reinversión dentro del plazo señalado, la parte de cuota íntegra correspondiente a la renta obtenida, además de los intereses de demora, se ingresará conjuntamente con la cuota correspondiente del período impositivo en que venció aquél.
_ La base de la bonificación estará constituida por el importe de la renta obtenida en la transmisión de la vivienda.
_ Se deberá mantener la vivienda en la que se reinvierta durante el plazo de siete años, salvo que la transmisión se produzca por causas no imputables al contribuyente.
La aplicación de la bonificación prevista por este artículo será incompatible para una misma vivienda con la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios prevista por el artículo 42 de esta Ley. En todo caso, el contribuyente podrá optar por aplicar el beneficio fiscal que considere conveniente.
Lo previsto en este apartado no limita la aplicación de la deducción por reinversión, en las condiciones establecidas por el artículo 42 de esta Ley, para los bienes a los que únicamente sea aplicable la deducción.
3. La renta que se bonifica derivada del arrendamiento estará integrada para cada inmueble por el ingreso íntegro obtenido, minorado en los gastos directamente relacionados con la obtención de dicho ingreso y en la parte de los gastos generales que correspondan proporcionalmente al citado ingreso.
Tratándose de inmuebles que hayan sido adquiridos en virtud de los contratos de arrendamiento financiero a los que se refiere el capítulo XIII del Título VII de esta Ley, para calcular la renta que se bonifica no se tendrán en cuenta las correcciones derivadas de la aplicación del citado régimen especial.
Entendemos que es preciso modificar el artículo 54 del TRLIS, en coherencia con la anterior enmienda al artículo 53, debido a que resulta necesario equiparar el tratamiento de estas sociedades con las sociedades de inversión inmobiliaria y con las futuras sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. Asimismo, se actualizan las referencias a los artículos vigentes de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Además, se propone establecer una bonificación por la transmisión de viviendas por los siguientes motivos:
_ Establecer un régimen homogéneo con las sociedades y fondos de inversión inmobiliaria. Dado que la finalidad social es la misma, se debería disponer de unos beneficios fiscales del mismo alcance, aunque no sean del mismo importe.
_ Se debe incentivar la reinversión y, por tanto, la renovación y ampliación del parque de viviendas en alquiler como medida para la viabilidad de estas sociedades.
Por último, se propone eliminar el apartado 3 del artículo 54 al entender que la exigencia de mantener los dividendos «sine die» sometidos a limitaciones fiscales en su distribución resultan contraproducentes, ya que resultarán en una aplicación limitada de este régimen.
Se debe tener en consideración que en el sistema tributario español cuando se concede un beneficio fiscal a una sociedad por determinada actividad, el mismo se puede trasladar al socio, al menos en los casos de sociedades no especulativas como serían las sociedades de capital-riesgo y las entidades de tenencia de valores extranjeros. Por ello, limitar la deducción por doble imposición al 50% supone tanto como conceder sólo la mitad del beneficio fiscal ofrecido, lo que no es coherente con el sistema tributario. Las sociedades reguladas por esta norma tienen una finalidad claramente social y compensan el beneficio que obtienen con un régimen de mantenimiento en la actividad mucho más severo. Por tanto, no se deben incluir limitaciones al beneficio fiscal concedido en sede del socio, ya que se llegaría al efecto, no deseado, de evitar la inversión, en vez de conseguir su permanencia.
Ante esta situación entendemos que la mejor opción consiste en permitir la deducción de manera plena desde el primer momento, tal y como se permite en otros beneficios fiscales. De esta forma, no se desnaturaliza el beneficio fiscal y se conseguirá atraer inversión a una actividad de un cariz claramente social.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo primero.
Se añade un nuevo artículo con el siguiente redactado:
Nuevo artículo. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
Se modifica el apartado 2 del artículo 23 que queda redactado de la siguiente forma:
Cuando existan varios arrendatarios de una misma vivienda, esta reducción se aplicará sobre la parte del rendimiento neto que proporcionalmente corresponda a los arrendatarios que cumplan los requisitos previstos en este número 2º.
3.º Igualmente será aplicable una reducción del 100 por 100 en los supuestos de arrendamiento de viviendas destinadas a su posterior arrendamiento o cesión gratuita por entidades gestoras de programas públicos de apoyo a la vivienda o por entidades sin fines lucrativos.
Se propone evitar una situación desincentivadora de la participación de estas entidades en el mercado de arrendamiento inmobiliario, dado que el arrendador persona física, con la regulación actual, tiene incentivos fiscales para asumir directamente el arrendamiento y no hacer participar a las entidades públicas ni a las entidades sin ánimo de lucro. Dada la necesidad del incremento del parque de viviendas en esta situación (ya sea facilitar el acceso a la vivienda, ya sea para facilitar la existencia de viviendas que se puedan destinar por las entidades sin ánimo de lucro a su cesión para colectivos especialmente necesitados) se propone una intensidad del beneficio fiscal máxima, con la finalidad de fomentar esta vía de introducción de viviendas en el mercado.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo tercero.
Se suprime el artículo tercero que modifica la Ley 19/1991, de 6 junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.
El proyecto de Ley pretende suprimir el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio (IP). La desaparición del gravamen del IP supondría renunciar a más de 1.800 millones de euros anuales y, frente a declaraciones interesadas para defender su supresión, este tributo no agobia a las clases medias porque, en su configuración actual, la mayoría de los contribuyentes obligados a tributar declaran cantidades muy modestas y son los que tienen un patrimonio relativamente elevado los que en mayor proporción sostienen la recaudación. Así, el 6,5% de los declarantes, unas 60.000 personas que tienen patrimonios netos superiores a un millón de euros, aportan el 61% de la recaudación. Quienes realmente pagan el impuesto no son las clases medias sino los más ricos. Y estos serán los más beneficiados de su supresión.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo quinto. Apartado nuevo.
Artículo quinto, nuevo apartado
Se añade un apartado nuevo, al artículo quinto. Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Cinco bis. Se añade un ordinal nuevo 29.º del apartado uno del artículo 20, que queda redactado de la siguiente forma:
29.º La entrega de bienes o prestación de servicios asociadas al capítulo de inversiones reales del presupues-
to de gastos realizadas por las administraciones locales y sus organismos públicos adscritos.
Dotar de mayor liquidez a las Administraciones locales y dotarlas de más financiación.
Se añade un nuevo apartado al artículo quinto con el siguiente redactado:
Nuevo apartado. El ordinal 22.º del apartado uno del artículo 20 queda redactado se la siguiente forma:
A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considerará primera entrega la realizada por el promotor que tenga por objeto una edificación cuya construcción o rehabilitación esté terminada. No obstante, no tendrá la consideración de primera entrega la realizada por el promotor después de la utilización ininterrumpida del inmueble por un plazo igual o superior a dos años por su propietario o por titulares de derechos reales de goce o disfrute o en virtud de contratos de arrendamiento sin opción de compra, salvo que el adquirente sea quien utilizó la edificación durante el referido plazo. No se computarán a estos efectos los períodos de utilización de edificaciones por los adquirentes de los mismos en los casos de resolución de las operaciones en cuya virtud se efectuaron las correspondientes transmisiones, ni los períodos en los que la vivienda haya sido arrendada en virtud de un contrato en el que se prevea una opción de compra con un límite máximo en este último caso de diez años a contar desde la formalización del primer contrato de arrendamiento con opción de compra. También tendrá la consideración de primera entrega la que se produzca tras la adquisición por una entidad pública o una entidad participada íntegramente por una administración pública de viviendas a un promotor, siempre que se produzca la posterior transmisión en un plazo no superior a dos años, una vez calificada la vivienda como de protección oficial, en el marco de las políticas públicas de fomento del acceso a la vivienda de los ciudadanos.
También a los efectos de esta Ley, las obras de rehabilitación de edificaciones son las que tienen por objeto la reconstrucción de las mismas mediante la consolidación y el tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas y otras análogas. Se considerarán cumplidas estas condiciones siempre que se den cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Que la obra reúna los requisitos para ser considerada como tal por la normativa urbanística aplicable.
b) Que el coste global de las operaciones de rehabilitación exceda del 25 por ciento del precio de adquisición si se hubiese efectuado ésta durante los dos años inmediatamente anteriores al inicio de las obras de rehabilitación o, en otro caso, del valor de mercado que tuviera la edificación o parte de la misma en el momento de dicho inicio, descontándose del precio de adquisición o del valor de mercado de la edificación la parte proporcional correspondiente al suelo.
c) Que el importe total de las obras realizadas, siempre que las obras de rehabilitación sean el objeto principal de las mismas, exceda del 25 por ciento del precio de adquisición si se hubiese efectuado ésta durante los dos años inmediatamente anteriores al inicio de las obras de rehabilitación o, en otro caso, del valor de mercado que tuviera la edificación o parte de la misma en el momento de dicho inicio, descontándose del precio de adquisición o del valor de mercado de la edificación la parte proporcional correspondiente al suelo. A estos efectos, se entenderá que las obras tienen como objeto principal la rehabilitación, cuando las obras de rehabilitación representen más del 50 por ciento del coste total de la obra.
Las transmisiones no sujetas al Impuesto en virtud de lo establecido en el artículo 7, número 1 de esta Ley no tendrán, en su caso, la consideración de primera entrega a efectos de lo dispuesto en este número.
Esta enmienda pretende dinamizar el mercado inmobiliario solucionando tres problemas que se han planteado en los últimos tiempos.
En primer lugar, se establece una regulación específica de la situación de las viviendas que son objeto de contratos de arrendamiento con opción de compra a efectos de determinar si su transmisión constituye primera o segunda entrega. Para ello se aclara una disposición legal con la finalidad de ofrecer seguridad jurídica y fomentar, gracias a la misma, el sector de arrendamiento con opción de compra como forma de acceso a la vivienda, fijando un límite temporal, no previsto en la actual normativa, con la finalidad de evitar abusos.
En segundo lugar, se introduce un nuevo supuesto en el que no se considera que existe primera entrega. En concreto, se trata del supuesto en el que el adquirente es una entidad pública o una sociedad íntegramente participada por una sociedad pública que adquiere una vivienda para otorgarle la calificación de vivienda de protección oficial y procede a su transmisión inmediata. Con esta medida se pretende evitar una cascada de impuestos que incidirían en el precio de la vivienda protegida (IVA no deducible para el ente público e ITP para el adquirente). Asimismo, esta medida mantiene el principio de que el tributo debe recaer en el consumidor final que es el comprador de la vivienda, y no la Administración Pública.
Finalmente, se reforma el nuevo concepto de rehabilitación permitiendo dos criterios. Por un lado, se atenderá a la calificación urbanística lo que redundará en una mayor seguridad jurídica para los contribuyentes y simplificará la gestión del impuesto. Por otro lado, a los criterios tradicionales distinguiendo dos supuestos. La finalidad de introducir esta distinción es evitar determinadas distorsiones que se podrían producir con la normativa actual. Así, serán rehabilitación tanto las obras en las que el importe de la rehabilitación, en sentido estricto, sea igual o superior al 25 por ciento del coste del bien o de su valor de mercado, como aquéllas en las que las obras realizadas sean principalmente de rehabilitación.
Nuevo apartado. El ordinal 23º del apartado uno del artículo 20 queda redactado se la siguiente forma:
c) Los edificios o parte de los mismos destinados exclusivamente a viviendas o a su posterior arrendamiento o cesión por una entidad sin fines lucrativos de las definidas en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y cuando la finalidad sea exclusivamente el alojamiento de personas incluidas en los colectivos sociales a que se refiere el ordinal 8º del apartado uno del presente artículo. La exención se extenderá a los garajes y anexos accesorios a las viviendas y los muebles, arrendados o cedidos conjuntamente con aquéllos.
a) Los arrendamientos de terrenos para estacionamientos de vehículos.
b) Los arrendamientos de terrenos para depósito o almacenaje de bienes, mercancías o productos, o para instalar en ellos elementos de una actividad empresarial.
c) Los arrendamientos de terrenos para exposiciones o para publicidad.
d) Los arrendamientos con opción de compra de terrenos o viviendas cuya entrega estuviese sujeta y no exenta al impuesto.
e) Los arrendamientos de apartamentos o viviendas amueblados cuando el arrendador se obligue a la prestación de alguno de los servicios complementarios propios de la industria hotelera, tales como los de restaurante, limpieza, lavado de ropa u otros análogos.
f) Los arrendamientos de edificios o parte de los mismos para ser subarrendados, con excepción de los realizados de acuerdo con lo dispuesto en las letras b) y c) anteriores.
g) Los arrendamientos de edificios o parte de los mismos asimilados a viviendas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de arrendamientos Urbanos.
h) La constitución o transmisión de derechos reales de goce o disfrute sobre los bienes a que se refieren las letras a'), b'), c'), e') y f') anteriores.
i) La constitución o transmisión de derechos reales de superficie.
La Constitución Española establece en su Artículo 47 que: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.»
Pues bien, este es un derecho que no se hace realidad para muchas personas, particularmente para muchas de las incluidas en el citado ordinal 8º del apartado uno del artículo 20 de la Ley, cuya modificación se pretende como forma de que «los poderes públicos establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho» tal y como están obligados constitucionalmente.
Determinadas organizaciones sin fines lucrativos han implementado una forma de solución de esta situación social, haciendo realidad el derecho constitucional a una vivienda digna, mediante el arrendamiento en el mercado de inmuebles que después son asignados a colectivos tales como personas sin hogar, inmigrantes sin permiso de residencia o trabajo, transeúntes sin recursos, mujeres afectadas por la violencia de género que han dejado su entorno sociofamiliar habitual, arrendatarios desahuciados mediante prácticas abusivas, personas con drogodependencias, personas con trastorno mental acogidas a entidades de tutela, personas con discapacidad física, personas con discapacidad psíquica, personas perceptoras de prestaciones muy bajas, jóvenes ex-tutelados por la administración, mujeres solas con hijos a su cargo, familias en exclusión social severa, o ex reclusos, que encuentran en ellos la vivienda digna a que tienen derecho.
Con la legislación actual, este arrendamiento está sujeto al pago del IVA.
La mecánica de funcionamiento del sistema asistencial es como sigue:
La entidad de carácter social que efectúa el contrato de arrendamiento de la vivienda destinada a alojar a los referidos colectivos se responsabiliza del cumplimiento de las obligaciones contractuales con el arrendador que es conocedor de la finalidad social.
Entre la entidad de carácter social y las personas o familias acogidas se establecen unos acuerdos de normas que deben respetar, así como la asunción de parte del coste generado por la atención, en función de los ingresos de la persona o familia acogida.
Esta línea de actuación, alternativa al modelo de centros residenciales, tiene la ventaja de ser más operativa -no requiere una inversión económica inicial por parte de las entidades de carácter social-, es elástica para acoplarse con facilidad a las demandas sociales, y es más integradora socialmente, ya que posibilita la ubicación de las viviendas en los contextos urbanos en que normalmente se desenvuelven las personas o familias señaladas.
La exención del IVA propuesta favorecería estas actuaciones, minorando su coste.
Cabe decir que se podría atender también las necesidades de alojamiento de las personas o familias con riesgo social a través de la concesión de ayudas económicas directas a las mismas, en cuyo caso los alquileres estarían exentos del IVA, cosa que ya se efectúa por parte de algunas de las entidades de carácter social. Pero a parte de razones asistenciales que exigen en muchos casos un mayor seguimiento social de esas personas y familias, se da también la realidad de que los arrendadores no aceptan firmar contratos con ellas.
Nuevo apartado. El ordinal 6.º del número 1 del apartado dos del artículo 91 queda redactado de la siguiente forma:
6.º Las viviendas calificadas administrativamente como de protección oficial, cuando las entregas se efectúen por sus promotores, incluidos los garajes y anexos situados en el mismo edificio que se transmitan conjuntamente. A estos efectos, el número de plazas de garaje no podrá exceder de dos unidades.
Las viviendas que sean adquiridas por las entidades que apliquen el régimen especial previsto por el Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, siempre que a las rentas derivadas de su posterior arrendamiento les sea aplicable la bonificación establecida en el apartado 1 del artículo 54 de la citada Ley. A estos efectos, la entidad adquirente comunicará esta circunstancia al sujeto pasivo con anterioridad al devengo de la operación en la forma que se determine reglamentariamente.
Que la aplicación del tipo superreducido del 4% se circunscriba a determinadas viviendas de protección oficial carece de sentido (el texto actual explicita sólo las de régimen especial o de promoción pública).
Por tanto, consideramos que la restricción se debe eliminar en línea con la normativa comunitaria que sólo exige que se trate de viviendas destinadas a la política social. Exigencia que, por cierto, la comisión considera prescindible en su propuesta de modificación e la Directiva del IVA.
Nuevo apartado. Se añade un nuevo número en el apartado dos del artículo 91 con la siguiente redacción:
2 bis. Las ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de edificaciones o partes de las mismas destinadas principalmente a viviendas a las que sea de aplicación el tipo del 4 por ciento, incluidos los locales, anejos, garajes, instalaciones y servicios complementarios en ellos situados.
La restricción existente para las ejecuciones de obra carece de sentido.
Entendemos que no es justificable que se haga de peor condición a quien construye viviendas de protección oficial para destinarlas al arrendamiento que quien las destina a la venta. En este sentido, se debe tener en consideración que, teniendo en cuenta los requisitos administrativos, el único perjudicado por esta norma son las sociedades que se dedican a la autopromoción para el alquiler, justamente el tipo de sociedad que se debe fomentar para conseguir que exista un parque de viviendas en arrendamiento a precios asequibles.
Nuevo apartado. El apartado tres del artículo 91 queda redactado de la siguiente forma:
Asimismo, en los contratos de arrendamiento con opción de compra, las prestaciones de servicios de arrendamiento sujetas y no exentas, se gravarán a los tipos de gravamen que corresponderían en caso de entrega a las viviendas arrendadas en aplicación del número séptimo del apartado uno.1 y del número sexto del apartado dos.1 de este artículo.
Resulta necesario que los arrendamientos con opción de compra se vean beneficiados de un tipo reducido por la función social, como forma de acceso a la vivienda, que representan.
Al artículo quinto, nuevo apartado
Nuevo apartado. El apartado tres del artículo 20 queda redactado de la siguiente forma:
Tres. A efectos de lo dispuesto en este artículo se considerarán entidades o establecimientos de carácter social aquellos en los que concurran los siguientes requisitos:
1. Carecer la finalidad lucrativa y dedicar, en su caso, los beneficios eventualmente obtenidos al desarrollo de actividades exentas de idéntica naturaleza.
2. Los cargos del presidente, patrono o representante legal deberán ser gratuitos y carecer de interés en los resultados económicos de la explotación por sí mismos o a través de persona interpuesta.
La eficacia de dicho reconocimiento quedará subordinada, en todo caso, a la subsistencia de las condiciones v requisitos que, según lo dispuesto en esta Ley, fundamentan la exención.
La redacción prevista en el Proyecto provoca claramente un efecto contrario a la finalidad última que debe perseguir la norma. Tal y como manifiesta el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, dicha finalidad consiste en reducir el coste de este tipo de servicios haciéndolos más accesibles a los particulares. Esta redacción impide el cumplimiento de este objetivo ya que supondría, en la mayoría de los casos, una limitación del derecho de deducibilidad del IVA soportado de los prestadores de dichos servicios, conllevando que éstos o asuman el coste o, lo que es más probable, repercutan este coste a los destinatarios finales provocando su encarecimiento. En este mismo sentido se manifestó el Consejo de Estado en su Dictamen aprobado el 17 de octubre de 2007 relativo al proyecto de Real Decreto que pretendía introducir esta modificación. Por consiguiente, a los efectos de salvaguardar esa finalidad se solicita la supresión de este Apartado Seis del artículo tercero del Proyecto, manteniendo la redacción vigente del artículo 20.tres de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo octavo. Cinco.
Se suprimen los epígrafes 6.º, 7.º, 8.º y 9.º del apartado quinto del Proyecto relativo a la modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, sobre Impuestos Especiales.
Por creerlo conveniente, dado que no entendemos el motivo ni las justificaciones pra establecer este tratamiento fiscal diferenciado y discriminatorio para determinados tipos de vehículos de tracción mecánica.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo décimo.
Nuevo Artículo. Modificación del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Se modifica el artículo 107 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que queda redactado de la siguiente forma:
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 3.
a) En las transmisiones de terrenos, el valor real del bien transmitido.
A estos efectos, cuando se transmitan inmuebles integrados por suelo y construcción, el valor del terreno se calculará aplicando el mismo porcentaje que supone el valor de éste sobre el total del bien inmueble a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Cuando el bien inmueble, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en uno de características especiales, en el momento del devengo del impuesto no tenga determinado un valor a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se tomará como valor real del terreno el 30 por ciento del valor real total del inmueble transmitido. Una vez determinado el valor a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, el Ayuntamiento procederá a efectuar una liquidación por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana exigiendo, en su caso, al sujeto pasivo la diferencia de cuota entre la autoliquidación presentada en día y esta liquidación más los intereses de demora, o bien, reintegrándole el exceso de cuota satisfecho más los intereses correspondientes.
b) En la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales o mensuales contenidos en el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra a) anterior que represente, respecto de aquél, el valor de los referidos derechos calculado mediante las aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales o mensuales contenidos en el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.
d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales o mensuales contenidos en el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.
3. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en el apartado 2 anterior, se aplicará el porcentaje anual o mensual, según se trate de periodos de generación superior o inferior al año, que determine cada ayuntamiento, sin que aquél pueda exceder de los límites siguientes:
a) Periodo de hasta un año: 0,3 mensual.
b) Período de uno hasta cinco años: 3,7 anual.
c) Período de hasta 10 años: 3,5 anual.
d) Período de hasta 15 años: 3,2 anual.
e) Período de hasta 20 años: 3 anual.
1.ª El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual o mensual, según se trate de periodos de generación superior o inferior al año, fijado por el ayuntamiento para el período que comprenda el número de años o de meses, a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.
2.ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual o mensual, según se trate de periodos de generación superior o inferior al año, aplicable a cada caso concreto por el número de años o meses, a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor.
3.ª Para determinar el porcentaje anual o mensual, según se trate de periodos de generación superior o inferior al año, aplicable a cada operación concreta conforme a la regla 1.ª y para determinar el número de años o meses, por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual o mensual, conforme a la regla 2.ª, sólo se considerarán los años o meses completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años cuando se trate periodos generacionales superiores al año, o mensuales cuando aquellos periodos sean inferiores al año.
Los porcentajes anuales o mensuales fijados en este apartado podrán ser modificados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
El artículo 47 de la Constitución Española establece que la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Este precepto constitucional constituye, esencialmente, la razón de ser del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).
La justificación del citado impuesto recae, además de en la solidaridad medida por la capacidad económica en cuanto expresión del deber de contribuir establecido en el art. 31.1 de la CE y que es consustancial a todos los impuestos de nuestro sistema, en la participación de los Ayuntamientos en el aumento del valor de los terrenos objeto de gravamen como consecuencia a la actuación municipal diferida en el tiempo que, como resultado de la realización de obras, servicios o similares, contribuye al incremento del valor del terreno. Y ello porque el incremento del valor no lo provoca la acción del titular del terreno, sino la acción urbanística del propio municipio donde se encuentra, de forma y manera que aquél debe revertir a la colectividad una parte del beneficio por él obtenido.
Ahora bien, la estructura actual del IIVTNU impide que la Administración Local participe plenamente de las plusvalías reales que su acción urbanística produce, puesto que, como bien sabemos, la base imponible del impuesto está constituida por el incremento de valor de los terrenos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que la norma legal identifica con el valor catastral, valor éste alejado (por su carácter estático) del valor de mercado que es esencialmente el indicador real de la plusvalía y, por ende, de la base real que permite una cuantificación más aproximada de la acción urbanística de la entidad local correspondiente.
El objetivo de la enmienda que se propone es, pues, cuantificar de acuerdo con la realidad del mercado la participación de la Entidad Local en la plusvalía resultante de una transmisión inmobiliaria, al objeto de que revierta en beneficio de la colectividad una parte del beneficio obtenido por el transmitente.
En la medida en que este Proyecto de Ley establece la supresión del gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, esta enmienda supone dotar de mayor coherencia al sistema fiscal, ya que es preciso que el IIVTNU (impuesto patrimonial, al gravar el valor del terreno) pivote en torno al mismo valor que se tiene en cuenta en el resto de los principales impuestos.
En este sentido, supone una uniformidad en la valoración del terreno en los diferentes tributos que recaen sobre las operaciones inmobiliarias procedentes de las diferentes Administraciones Públicas (IRPF, Impuesto sobre Sociedades, IVA, ITP y AJD, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IIVTNU), lo que permitirá una mejora en los resultados de la lucha contra el fraude al tener todos ellos la misma base imponible, lo cual es fundamental en este momento, al suprimirse el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio y cerrar de este modo los posibles vacíos de tributación que puedan producirse.
Esta propuesta es más adecuada a la realidad del mercado inmobiliario, ya que el valor catastral es fijo y se revisa transcurridos 10 años (e incluso en algunos casos, más allá de este periodo temporal).
Por otra parte, los Ayuntamientos deberán modular sus Ordenanzas Fiscales para adecuarlas a la nueva base del impuesto atendiendo a sus propias circunstancias, mediante la utilización del coeficiente y del tipo de gravamen.
Asimismo, se da cumplimiento al compromiso adoptado por el Gobierno en la Disposición Adicional cuarta de la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona.
Por último, la enmienda que se propone, al objeto de no generar inequidades y de penalizar a las plusvalías más especulativas, somete a gravamen a las plusvalías generadas en menos de un año, lo que supone la regulación de un nuevo coeficiente mensual aplicable para la determinación de la base sometida al impuesto.
Se añade una nueva disposición adicional con el siguiente redactado:
Nueva disposición adicional. Modificación del IVA para los carburantes o combustibles utilizados normalmente para la producción agraria.
Uno. Se añade un nuevo punto 4 en el apartado Uno del artículo 91 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido que queda redactado de la siguiente forma:
4. La adquisición de gasóleo como carburante o combustible para cualquiera de los usos normales en la producción agrícola, ganadera o forestal.
Dos. Esta disposición adicional entrará en vigor el día l de enero de 2009.
El sector agrario español es un sector estratégico para asegurar un suministro de alimentos a los consumidores a precios razonables. El encarecimiento de los costes de producción en general y, en particular, de los carburantes y combustibles en los últimos años ha puesto en una situación límite a las pequeñas y medianas empresas de producción de productos agrícolas, ganaderos y forestales, base de la producción española, la aplicación de un IVA reducido, prevista el Anexo H de la Directiva europea sobre dicho impuesto, contribuirá a dar un tratamiento fiscal más acorde con los objetivos a alcanzar en este sector.
Nueva disposición adicional: Se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el Valor Añadido a fin de establecer un tipo reducidos de IVA para obras y adquisiciones destinadas a equipamientos deportivos:
Uno. Se añade un nuevo punto 4., al apartado 3, del apartado 1 del artículo 91 sobre tipo reducido de IVA, con la siguiente redacción:
4. Las ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos directamente formalizados entre entidades de derecho público, federaciones deportivas, Comité Olímpico Español, Comité Paralímpico español o entidades que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de edificaciones o partes de las mismas destinadas a equipamientos deportivos, inclui-
dos los locales, anejos, garajes, instalaciones y servicios complementarios en ellos situados.
Dos. Se añade un punto siete, al número 1 del apartado 2, del artículo 91, sobre tipo súper reducido de IVA, con la siguiente redacción:
1. Los edificios o partes de los mismos destinados a equipamientos deportivos, incluidos los locales, anejos, garajes, instalaciones y servicios complementarios en ellos situados cuando los promotores de dichas construcciones sean entidades de derecho público, federaciones deportivas, Comité Olímpico Español, Comité Paralímpico Español o entidades o establecimientos deportivos de carácter general.
Tres. Se modifica el apartado tercero del artículo 91, dándole la siguiente redacción:
Tres. Lo dispuesto en los apartados Uno.1 y Dos.1 de este artículo será también de aplicable a las ejecuciones de obra que sean prestaciones de servicios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de esta Ley, y tengan como resultado inmediato la obtención de alguno de los bienes a cuya entrega resulte aplicable uno de los tipos reducidos previstos en dichos preceptos.
Se trata de disminuir la carga que supone el tipo general de IVA, aplicado a las obras de adecuación y de construcción de instalaciones deportivas.
Es una apuesta clara para el fomento de la práctica del deporte reconociendo el carácter social del mismo.
Nueva disposición adicional. Se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido a fin de establecer un tipo reducidos de IVA al 4 por 100 a los productos de higiene íntima femenina y pañales absorventes:
Se añade una nueva letra h) al apartado Dos.1.1 del artículo 91 de la ley, con el siguiente redactado:
h) Los productos de higiene íntima femenina y pañales absorbentes.
Para dar cumplimiento a una proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra, aprobada en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados la pasada legislatura.
Nueva disposición adicional. Se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido a fi n de establecer un tipo reducido de IVA al 4 por 100 a los alimentos específicos para complementar las dietas restringidas en felinalina:
Se añade una nueva letra g) al apartado Dos.1.1 del artículo 91 de la ley, con el siguiente redactado:
g) Los alimentos específicos para complementar las dietas restringidas en felinalina.
Para dar cumplimiento a una proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra, aprobada en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados la pasada legislatura.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 13 enmiendas al Proyecto de Ley por el que se suprime el
gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria.
Palacio del Senado, 9 de diciembre de 2008.-El Portavoz, Jordi Vilajoana i Rovira.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.
ARTÍCULO PRIMERO. APARTADO UNO. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
«Uno. El apartado 3 del artículo 12 queda redactado de la siguiente forma:
"3. Serán deducibles las pérdidas por depreciación de los valores representativos de la participación de entidades que no coticen en un mercado regulado que se produzcan por la diferencia entre el valor de los fondos propios al inicio y al cierre del ejercicio, debiendo tenerse en cuenta las aportaciones o devoluciones de aportaciones realizadas en él.
Este mismo criterio se aplicará a las participaciones en el capital de entidades del grupo, multigrupo y asociadas en los términos de la legislación mercantil.
Para determinar la diferencia a que se refiere el párrafo anterior, se tomarán los valores al cierre del ejercicio siempre que se recoja en los balances formulados o aprobados por el órgano competente.
No serán deducibles las pérdidas por depreciación correspondientes a la participación en entidades residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales, excepto que dichas entidades consoliden sus cuentas con las de la entidad que realiza el deterioro en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio"».
La reforma contable, iniciada por la Ley 16/2007 de adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional, y desarrollada después por el nuevo Plan General de Contabilidad, produce una disfunción que provoca un problema fiscal que afecta gravemente a la competitividad e internacionalización de las empresas españolas y, en el corto plazo, incluso a su situación financiera.
En la citada reforma contable se ha modificado la norma de provisiones por depreciación de sociedades filiales y participadas, produciendo el efecto de vaciar de contenido en gran medida la correlativa norma fiscal, recogida en el artículo 12.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que permitía la deducibilidad de estas provisiones, y quebrantando con ello la perseguida neutralidad fiscal de la reforma contable. Ello coloca a nuestras empresas en una delicada situación que se ve agravada como consecuencia de la aplicación retroactiva de la norma contable, que obligaría a revertir en 2008 las provisiones registradas en los años anteriores, con el consiguiente coste fiscal para las empresas españolas, en unos momentos en los que su liquidez se encuentra en una fase muy comprometida.
En la práctica, la desaparición de esta provisión fiscal, mantenida en los sucesivos textos del Impuesto sobre Sociedades desde la Ley 61/1978, coloca a las empresas españolas en desventaja respecto a las extranjeras y contradice el objetivo del Gobierno de apoyar la internacionalización de la empresa española, toda vez que esta provisión permite trasladar a la sociedad inversora española las pérdidas generadas por sus filiales en el exterior, tributando por la renta global obtenida, al margen de las barreras fiscales impuestas por los diferentes países; mecanismo que permite a nuestras empresas competir con los grupos empresariales locales, que sí pueden utilizar estás pérdidas para reducir su pago de impuestos.
En este punto, cabe advertir que, aunque la norma es aplicable tanto para participadas españolas como extranjeras (y por tanto, no es cuestionable por la UE desde la perspectiva de su posible consideración como ayuda de estado), opera preferentemente para las inversiones en el exterior, dado que para las inversiones en España se utiliza alternativamente el régimen de consolidación fiscal.
Con la modificación que se propone del artículo 12.3 del TRLIS se persigue resolver esta disfunción.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Tres.
ARTÍCULO PRIMERO. APARTADO TRES. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
«Los apartados 1 y 9, ambos del artículo 15, quedan redactados de la siguiente forma:
"1. Los elementos patrimoniales se valorarán de acuerdo con los criterios establecidos en el Código de Comercio.
El importe de las revalorizaciones contables no se integrará en la base imponible, excepto cuando se lleven a cabo en virtud de normas legales o reglamentarias que obliguen a incluir su importe en la cuenta de pérdidas y ganancias. El importe de la revalorización no integrada en la base imponible no determinará un mayor valor, a efectos fiscales, de los elementos revalorizados".
(resto igual)».
A través de esta enmienda se pretende que las correcciones del valor razonable que se produzcan respecto a las participaciones calificadas contablemente como disponibles para la venta sean deducibles conforme a las reglas previstas en el artículo 12.3 del TRLIS.
Se pretende que la normativa fiscal aprobada con motivo de la entrada en vigor del Nuevo PGC sea neutral respecto a la situación existente con anterioridad a su entrada en vigor. A tal efecto las participaciones calificadas como disponibles para la venta tienen un régimen contable especial que impide que los cambios en el valor razonable generados por pérdidas de la filial se imputen inmediatamente contra pérdidas y ganancias sino que previamente se deben imputar contra patrimonio neto.
El deterioro de valor, y por tanto, la pérdida de valor sólo se imputa en pérdidas y ganancias cuando se cumplan determinadas circusntancias (caída de valor de un año y medio y de un cuarenta por ciento en su cotización).
Esta circunstancia supone que de acuerdo con lo previsto en el artículo 15.1 TRLIS no se pueda deducir fiscalmente la pérdida hasta que se produzca una situación de deterioro de valor. Las pérdidas que haya generado la filial en el momento inicial se computan como correcciones de valor contra patrimonio neto y por tanto sin efectos fiscales. Esta circunstancia no se producía con el antiguo PGC dado que la deducibilidad fiscal de este tipo de participaciones estaba condicionada a que se cumpliesen las circunstancias del artículo 12.3 del TRLIS. Es por este motivo que esta modificación no busca otra cosa que la neutralidad fiscal en la dotación de las pérdidas contables por parte del socio.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diez.
ARTÍCULO PRIMERO. APARTADO DIEZ. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
«El apartado 15 del artículo 107 queda redactado de la siguiente forma:
"Lo previsto en este artículo no será de aplicación cuando la entidad no residente en territorio español sea residente en otro Estado miembro de la Unión Europea, salvo que resida en un territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal excepto que el sujeto pasivo acredite que su constitución y operativa responde a motivos económicos válidos y que realiza actividades empresariales"».
A través de esta enmienda se pretende que la redacción del precepto concuerde con las modificaciones introducidas en los artículos 12.3 y 21.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Tal y como se manifestaba en la enmienda 129 del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso «tales modificaciones pretenden evitar dichas discriminaciones y restricciones a la mencionada libertad, generalizando la aplicación de determinadas medidas a todas los Estados miembros de la Unión Europea, a condición de que el sujeto pasivo acredite que la constitución de la entidad en este ámbito responde a motivos económicos válidos y, además realiza actividades empresariales».
Se trata, por tanto, de excepcionar la aplicación de este régimen en los supuestos de paraíso fiscal residentes en la Unión Europea siempre y cuando se acredite que su constitución y operativa responden a motivos económicos válidos y que realiza actividades empresariales. De esta forma se consigue que los tres preceptos modificados, artículo 12.3, 21.1 y 107.15, respondan a la misma finalidad y concuerden en su tenor literal.
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.
ARTÍCULO PRIMERO. APARTADO DOCE. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
«Se añade una disposición adicional undécima, que queda redactada de la siguiente forma:
"Disposición adicional undécima. Libertad de amortización con mantenimiento de empleo.
Las inversiones en elementos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas, puestos a disposición del sujeto pasivo en los periodos impositivos iniciados dentro de los años 2009 y 2010, podrán ser amortizados libremente siempre que, durante los veinticuatro meses siguientes a la fecha de inicio del periodo impositivo en que los elementos adquiridos entren en funcionamiento, la plantilla media total de la entidad se mantenga respecto la plantilla media de los doce meses anteriores. La deducción no estará condicionada a su imputación contable en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Se entenderá que no se incumple el mantenimiento de plantilla si se produce una reducción de la plantilla media total en un porcentaje inferior al 25% en los términos anteriormente enunciados.
Este régimen también se aplicará a dichas inversiones realizadas mediante contratos de arrendamiento que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 115 de esta Ley, por sujetos pasivos que determinen su base imponible por el régimen de estimación directa, a condición de que ejercite la opción de compra.
2. Tratándose de proyectos de inversión de larga duración en instalaciones técnicas, los elementos correspondientes podrán ser amortizados libremente aunque su puesta a disposición se produzca con posterioridad a los períodos indicados en el apartado anterior, siempre que al final del período impositivo iniciado dentro del año 2010 la inversión en curso ya realizada sea, como mínimo, el 25% del total del proyecto.
A estos efectos, se considerarán proyectos de larga duración aquellos que, por sus características intrínsecas, requieran un plazo superior a dos años entre la fecha de encargo de los bienes o de inicio de la inversión y la fecha de su puesta en funcionamiento"».
Se pretende que el incentivo de la libertad de amortización resulte aplicable incluso en el supuesto en que no pueda mantenerse la plantilla media total. En el actual contexto económico puede resultar difícil que se cumplan con este requisito y por eso se propone su aplicación siempre que la plantilla media total experimente una reducción que no sea significativa.
Si no se introduce esta modificación este incentivo resultaría totalmente inaplicable dado que las empresas en los próximos años tendrán muchas dificultades para mantener la plantilla media de los doce meses anteriores.
Además, en el contexto económico actual, se debe permitir que este incentivo sea aplicable respecto a todas las inversiones que realicen las empresas y por tanto a todas las adquisiciones de elementos nuevos y usados siempre que se cumplan las condiciones establecidas para el mantenimiento de plantilla.
Por otro lado, se amplía la libertad de amortización para bienes adquiridos mediante arrendamiento financiero, siempre que se ejercite su compra.
Asimismo, prevé que puedan acogerse a la medida los grandes proyectos de inversión en instalaciones técnicas, características del sector industrial, que requieren una importante inversión de capital y prolongados plazos de ejecución y la incorporación y utilización de nuevas tecnologías.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Trece.
ARTÍCULO PRIMERO. APARTADO TRECE. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
«Se añade una nueva disposición transitoria vigésimo sexta que queda redactada de la siguiente forma:
"Disposición transitoria vigésimo sexta. Régimen fiscal de los ajustes contables por la primera aplicación del Plan General de Contabilidad.
1. Los cargos y abonos a partidas de reservas que tengan la consideración de gastos o ingresos, respectivamente, como consecuencia de la primera aplicación del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, o del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas, aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, se integrarán en la base imponible del primer período impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2008 de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
No tendrán efectos fiscales los referidos cargos y abonos a reservas que estén relacionados con gastos, que no fueron dotaciones a provisiones, o con ingresos, devengados y contabilizados de acuerdo con los principios y normas contables vigentes en los períodos impositivos iniciados antes de dicha fecha siempre que se hubiesen integrado en la base imponible de dichos períodos. En este caso, no se integrarán en la base imponible esos mismos gastos o ingresos contabilizados de nuevo con ocasión de su devengo según los criterios contables establecidos en las referidas normas. Las dotaciones a provisiones contabilizadas conforme a los principios y normas contables vigentes en los períodos impositivos iniciados antes de dicha fecha solamente se integrarán en la base imponible en la medida en que se hubieran debido integrar conforme a la legislación anterior que les resultase de aplicación"».
Tal y como se manifiesta en la Exposición de Motivos de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea el Impuesto sobre Sociedades tiene que tener una posición neutral en la reforma contable.
El nuevo tratamiento contable de las provisiones supone una modificación importante respecto al régimen aplicable anteriormente. Si no se introduce una modificación en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades se otorgará un tratamiento fiscal más gravoso respecto al aplicable con las anteriores normas contables.
A efectos de que el nuevo tratamiento contable no tenga un efecto fiscal más gravoso respecto a las provisiones dotadas en ejercicios anteriores se introduce un nuevo párrafo en la disposición transitoria que tiene como finalidad mitigar el impacto que tendrían en la base imponible las reversiones de provisiones de acuerdo con la norma de primera aplicación.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.
ARTÍCULO PRIMERO. APARTADO DIECISÉIS. (nuevo) Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
«Se añade una nueva disposición transitoria vigésimo novena que queda redactada de la siguiente forma:
"Disposición transitoria vigésimo novena. Régimen fiscal de las provisiones dotadas en ejercicios anteriores a la entrada en vigor del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas, aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.
Las dotaciones a provisiones contabilizadas conforme a los principios y normas contables vigentes en los períodos impositivos iniciados antes de la entrada en vigor del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas, aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre solamente se integrarán en la base imponible en la medida en que se hubieran debido integrar conforme a la legislación anterior que les resultase de aplicación"».
El nuevo tratamiento contable de las provisiones supone una modificación importante respecto al régimen aplicable anteriormente. El nuevo tratamiento contable no sólo tiene trascendencia en la fecha de primera aplicación del nuevo PGC sino también en ejercicios futuros con motivo de la aplicación de las nuevas normas de valoración de activos. Si no se introduce una modificación en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades se otorgará un tratamiento fiscal más gravoso respecto al aplicable con las anteriores normas contables.
En coherencia con la modificación propuesta en la Disposición Transitoria Vigésimo Sexta del texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y, a efectos de que el nuevo tratamiento contable no tenga un efecto fiscal más gravoso respecto a las provisiones dotadas en ejercicios anteriores se introduce una nueva Disposición Transitoria que tiene como finalidad mitigar el impacto que tendrían en la base imponible las reversiones de provisiones de acuerdo con las nuevas normas de valoración.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo octavo. Tres.
ARTÍCULO OCTAVO. APARTADO TRES. Modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
«Tres. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 66, "Exenciones, devoluciones y reducciones", con la siguiente redacción:
"5. La base imponible del impuesto, determinada conforme a lo previsto en el artículo 69, será objeto de una reducción del 50 por ciento de su importe respecto de los siguientes vehículos:
b) Vehículos acondicionados para ser utilizados como vivienda a los que se refieren el último párrafo del número 1.º y el último párrafo del número 8.º, ambos del apartado 1.a) del artículo 65"».
La Ley 38/1992, de 28 de diciembre, en su artículo 65 ordinales 1.º y 8.º del apartado 1, letra a), prevén que los vehículos autocaravanas, categorias M, tributarán con una reducción del 30% en su base imponible.
Es obvio que existe gran complejidad a la hora de separar vehículo a vehículo el conjunto motor-bastidor del denominado módulo vivienda a los efectos de tributación, comprobación fiscal y valoración de los vehículos; tanto nuevos en el caso de primeras matriculaciones como en el caso de su transmisión antes del periodo de exención en los casos que así se determine, como para el caso de los vehículos que causen la primera matriculación en España provenientes o no de una importación.
Parece lógico y razonable simplificar el trámite a los efectos de dicha valoración. Sin embargo no es menos cierto que el porcentaje de bonificación del 30% no se corresponde con la realidad de la construcción de dichos vehículos por lo que deben tenerse en cuenta que el valor del conjunto motor bastidor representa un valor inferior al que correspondería de aplicarse la bonificación prevista.
Asimismo, es preciso destacar que además conforme se van aportando más elementos al módulo vivienda, calidad de maderas, avances tecnológicos como placas solares, mejores acabados, etc., se distancia el punto de equilibrio por lo que partiendo del mismo conjunto motor bastidor es posible y de hecho cierto que cuanto más crece el precio final por la incorporación de nuevos elementos o más especialización de la mano de obra el precio del producto final sobre el que se tributa es más alto permaneciendo invariable el mencionado conjunto de motor bastidor lo que carga una fiscalidad excesiva sobre el módulo vivienda.
Por ello debe incrementarse la bonificación prevista en el artículo proyectado.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. (nueva)
«Excepcionalmente, el plazo de tres meses a que se refiere el tercer párrafo del apartado cuarto del artículo 80 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, según queda redactado por la presente Ley, se computará desde el 1 de enero de 2009 para aquellas cuotas repercutidas respecto de las cuales hubiesen transcurrido más de doce meses y menos de veinticuatro desde su devengo sin haberse obtenido su cobro total o parcial a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley».
Prever el régimen transitorio aplicable como consecuencia de la modificación contenida en el Proyecto de Ley del artículo 80 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final tercera. a.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. LETRA a).
«a) Los apartados uno a diez, ambos inclusive, trece, catorce, quince y dieciséis del artículo primero serán de aplicación a los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2008.»
Incorporar la entrada en vigor del apartado dieciséis del artículo primero que se añade a este texto como consecuencia de la enmienda formulada.
DISPOSICIÓN FINAL. (nueva) Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
«Se modificar el artículo 46 de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que quedará redactado del siguiente modo:
b) Las ganancias y pérdidas patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales"».
El apartado a) in fine del artículo 46 de la Ley 35/2006 presupone una presunción iuris et de iure de que existe una motivación fraudulenta en la concesión de financiación a entidades vinculadas sin tener en cuenta la existencia de razones económicas o jurídicas válidas, diferentes a la fiscal. Dicha circunstancia puede hacer inviable o no recomendable la financiación de una entidad jurídica mediante aportaciones de capital.
El contexto económico de crisis actual y las restricciones a la obtención de crédito y financiación que está teniendo lugar en la economía global, y en particular en España tras la crisis inmobiliaria, está generando serias dificultades al entramado empresarial español, que en muchas ocasiones tiene que acudir directamente a entidades vinculadas para poder seguir contando con liquidez necesaria en su actividad.
La nueva regulación contenida en la Disposición adicional séptima del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el cual se diferencia el tratamiento fiscal de los intereses en sede del IRPF (tributación al 18% versus tipo progresivo) según sea el destinatario último del préstamo (sea una entidad de crédito o no) carece de justificación económica alguna, y es especialmente atacable desde un punto de vista de equidad y crecimiento económico; principios inspiradores de la reforma de neutralidad fiscal llevada a cabo con la aprobación de la Ley 35/2006 para los instrumentos de ahorro.
DISPOSICIÓN FINAL. (nueva) Modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Comercio Minorista.
"Artículo 16. Régimen general.
2. Los pedidos de productos de consumo duradero de valor unitario superior a los 6.000 euros, realizados por el comerciante para su entrega a un consumidor tendrán la consideración de compra en firme, por lo que no podrán ser revocados sin el expreso consentimiento de comprador y proveedor. No obstante, cuando exista la obligación de realizar una compra mínima de estos productos para disponer de un stock permanente calculado en función de los objetivos de comercialización, el comerciante podrá devolver al proveedor los productos recibidos una vez hayan transcurrido el plazo pactado o en su defecto a los sesenta días desde su adquisición. En este caso, el proveedor estará obligado a recomprar al comerciante los productos devueltos en las mismas condiciones en que fueron adquirido».
DISPOSICIÓN FINAL. (nueva) Modificación de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia.
3. Será nulo cualquier pacto en contrario por el que el predisponente se reserve la facultad de modificar unilateralmente el contenido esencial de los contratos y, en particular, la gama completa de productos y servicios contractuales, el plan de negocio, las inversiones y el plazo de amortización, la remuneración fija y variable, los precios de los productos y servicios, las condiciones generales de venta y garantía postventa, las directrices y normas de obligado cumplimiento y los criterios de selección de los distribuidores.
4. En defecto de Ley expresamente aplicable, las distintas modalidades de contratos de distribución, cualquiera que sea su denominación, se regirán por lo dispuesto en la presente Ley, cuyos preceptos tienen carácter imperativo".
Los preceptos de la presente Ley serán de aplicación a los contratos de distribución celebrados con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor"».
La Comisión de Industria, Turismo y Comercio, en su sesión del día 20 de marzo de 2007, aprobó la proposición no de ley presentada por CiU por la que se instaba al Gobierno «a analizar con audiencia de los sectores interesados la problemática de los contratos de distribución comercial y a proponer en su caso las modificaciones legislativas pertinentes, con el fin de evitar situaciones contractuales de abuso y de promover la seguridad jurídica de los operadores económicos en el mercado de distribución de bienes y servicios, con especial atención a la naturaleza del tejido de pequeñas y medianas empresas que intervienen en el mismo».
El tiempo transcurrido desde entonces, más de año y medio, y la actual situación económica exigen cumplimentar urgentemente el mandato del Congreso de los Diputados, y dotar a la distribución comercial de un régimen jurídico, siquiera sea transitorio, hasta la aprobación por las Cortes Generales de una Ley reguladora del contrato de distribución comercial.
DISPOSICIÓN FINAL. (nueva) Modificación del Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.
«Se modifica el Epígrafe 413.4 de la Sección Primera contenido en el Anexo I del Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, que queda redactado de la siguiente forma:
"Epígrafe 413.4 Incubación y venta de polluelos recién nacidos.
Por cada 1.000 piezas o fracción del conjunto de las incubadoras instaladas 2,33 euros"».
En aras a solucionar la tributación por el Impuesto sobre Actividades Económicas de la actividad de incubación avícola.
Artículo primero GP Popular en el Senado (GPP) 3
GP Popular en el Senado (GPP) 4
GP Popular en el Senado (GPP) 5
GP Popular en el Senado (GPP) 6
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 49
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 50
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 66
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 67
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 68
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 69
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 70
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 71
Artículo Nuevo a continuación del Artículo primero. GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 51
Artículo segundo GP Socialista (GPS) 41
Artículo tercero Sr. Pérez Bouza, José Manuel (GPMX) 2
GP Popular en el Senado (GPP) 7
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 52
Artículo quinto GP Popular en el Senado (GPP) 8
GP Popular en el Senado (GPP) 9
GP Popular en el Senado (GPP) 10
GP Popular en el Senado (GPP) 11
GP Popular en el Senado (GPP) 12
GP Popular en el Senado (GPP) 13
GP Popular en el Senado (GPP) 14
GP Socialista (GPS) 42
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 53
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 54
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 55
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 56
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 57
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 58
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 59
Artículo sexto Sr. Belda Quintana, Alfredo (GPMX) 1
GP Socialista (GPS) 43
GP Socialista (GPS) 44
Artículo séptimo GP Popular en el Senado (GPP) 15
GP Popular en el Senado (GPP) 16
GP Popular en el Senado (GPP) 17
GP Popular en el Senado (GPP) 18
GP Socialista (GPS) 45
Artículo octavo GP Popular en el Senado (GPP) 19
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 60
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 72
Artículo Nuevo a continuación del Artículo décimo. GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 61
Disposición adicional nueva GP Popular en el Senado (GPP) 20
GP Popular en el Senado (GPP) 21
GP Popular en el Senado (GPP) 22
GP Popular en el Senado (GPP) 23
GP Popular en el Senado (GPP) 24
GP Popular en el Senado (GPP) 25
GP Popular en el Senado (GPP) 26
GP Popular en el Senado (GPP) 27
GP Popular en el Senado (GPP) 28
GP Popular en el Senado (GPP) 32
GP Popular en el Senado (GPP) 33
GP Popular en el Senado (GPP) 35
GP Popular en el Senado (GPP) 38
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 62
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 63
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 64
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 65
Disposición transitoria segunda GP Socialista (GPS) 46
Disposición transitoria nueva GP Socialista (GPS) 47
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 73
Disposición final tercera GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 74
Disposición final nueva GP Popular en el Senado (GPP) 39
GP Popular en el Senado (GPP) 40
GP Socialista (GPS) 48
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 75
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 76
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 77
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 78

References: artículo 191
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 27
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 12
 artículo 112
 artículo 108
 artículo 107
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 107
 artículo 91
 artículo 95
 artículo 21
in fine
 artículo 118

Artículo 118
 resolución 
 artículo 20
 artículo 91
 artículo 20
 artículo 91
 artículo 20
 artículo 91
 artículo 91
 artículo 107
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 107
 artículo 45
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 107
 artículo 19
 artículo 19
 Real Decreto 
 artículo 107
 artículo 11

Artículo 11
 artículo 107
 Real Decreto 
 artículo 38
 Real Decreto 
 artículo 108
 Real Decreto 
 artículo 114
 Real Decreto 
 artículo 108
 artículo 28
 artículo 12
 artículo 30
 artículo 21
 artículo 46
 artículo 89
 artículo 37
 artículo 16
 artículo 108
 artículo 13
 Real Decreto 
 artículo 30
 artículo 31
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 17
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 46
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 68
 artículo 228
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 7
in fine
in Fine
in fine
 Real Decreto 
 artículo 7
 artículo 107
 artículo 16
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 33
 artículo 107
 artículo 80
 artículo 107
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 107
 artículo 27
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 25
 Real Decreto 
 artículo 107
 artículo 58
 artículo 107
 artículo 80
 artículo 22
 artículo 80
 artículo 22
 artículo 80
 artículo 22
 artículo 80
 artículo 22
 artículo 80
 artículo 22
 artículo 107
 artículo 40
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 53
 artículo 2
 artículo 54
 artículo 53
 artículo 54
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 60
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 54
 artículo 53
 artículo 54
 artículo 107
 artículo 23
in fine
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 20
 artículo 20
 resolución 
 artículo 7
 artículo 20
in fine
in fine
 Artículo 47
 artículo 20
in fine
 artículo 91
 Real Decreto 
 artículo 54
 artículo 91
 artículo 91
 artículo 20
 Real Decreto 
 artículo 20
 artículo 107
 artículo 107
 Real Decreto 
 artículo 107
 Real Decreto 
 artículo 47
 artículo 91
 artículo 91
 artículo 91
 artículo 91
 artículo 11
 artículo 91
 artículo 91
 artículo 107
 artículo 107
 Real Decreto 
 artículo 12
 artículo 42
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 107
 Real Decreto 
 artículo 15
 artículo 12
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 artículo 107
 Real Decreto 
 artículo 107
 artículo 12

artículo 107
 Real Decreto 
 artículo 115
 artículo 107
 Real Decreto 
 Real Decreto

 Real Decreto 
 artículo 107
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 107
 artículo 66
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 artículo 65
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 artículo 107
 artículo 80
 artículo 80
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 artículo 46
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 artículo 46
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto