Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16252
Timestamp: 2018-07-19 03:47:52+00:00

Document:
Sentencia C-237 de 2005 Corte Constitucional
Demanda de inconstitucionalidad contra el Art. 69 parcial del Decreto ¿ Ley 1355 de 1970.
Actor: Juan Carlos Sánchez y Otro.
Bogotá, D. C., quince ( 15 ) de marzo de dos mil cinco (2005).
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Juan Carlos Sánchez y Otro, presentó demanda contra el Art. 69 parcial del Decreto - Ley 1355 de 1970 " Código Nacional de Policía ".
En este caso, si el infractor se identifica plenamente y proporciona la dirección de su domicilio, el agente de policía puede dejarlo en libertad y darle orden escrita para que comparezca ante el jefe de policía dentro del término que ella señale sin que exceda de 48 horas siempre que, a su juicio, tal medida no perjudique el mantenimiento del orden público. Si la persona citada no cumple la orden de comparendo deberá ser capturada."
Expresa el demandante, que el ejercicio de la coacción pública realizada por la Policía , con base en la facultad dada por el art. 69 del Decreto ¿Ley 1355 de 1970, se utiliza para fines distintos de los queridos por el ordenamiento jurídico . En suma, de admitirse que las autoridades de Policía pueden capturar a una persona por no acatar un comparendo, se estaría admitiendo que las autoridades administrativas pueden privar a una persona de su libertad sin que medie orden judicial , lo cual desborda el Art. 28 de la Constitución , lo que conlleva la inconstitucionalidad de la norma demandada.
1. Intervención de la Policía Nacional
El ciudadano Alfonso Quintero García , actuando en su calidad de Secretario General de la Policía Nacional, intervino para defender la Constitucionalidad del artículo 69 parcial del Decreto 1355 de 1970 .
Manifiesta el interviniente, que el Código Penal en el artículo 19 , define las conductas punibles en delitos y contravenciones. En relación con estas últimas, las normas expedidas clasifican las contravenciones en: contravenciones de policía ( Código Nacional de Policía ¿ Decreto Ley 1355 de 1970 ) y contravenciones especiales ( ley 228 de 1995 ), considerando entre las primeras aquellas faltas que atentan contra el orden social o la tranquilidad pública, cuyas sanciones para este tipo de conductas , son medidas correctivas ( sic ) , entre ellas, amonestación privada , expulsión del sitio público o abierto al público, promesa de buena conducta, demolición de obra, cierre de establecimiento, etc.
El día 19 de octubre del año en curso, fue radicado escrito firmado por Álvaro Barrero Buitrago en representación de la entidad mencionada; el cual no será tenido en cuenta por ser presentado de manera extemporánea.
El Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, en Concepto No. 3697 presentado el 11 de Noviembre del presente año, solicita a la Corte se declare la inexequibilidad del artículo 69 parcial del Decreto Ley 1355 de 1970. Lo anterior con base en las siguientes consideraciones:
Se afirma, que la doctrina ha clasificado el ejercicio de este poder de limitación de libertades en atención a la autoridad que lo ejerza , así : i) Policía constitucional , que es el poder ejercido por el constituyente y se impone a través de la Constitución Política que establece las limitaciones a la libertad ciudadana ; ii ) policía legislativa, es " el poder de limitación ejercido por el legislador " ; iii ) policía administrativa , es la forma de la actividad de policía , que es desempeñada por las autoridades de orden administrativo, cuando desarrollan el poder de limitación de la actividad de los gobernados en procura del mantenimiento del orden público, distinguiéndola de la actividad que realizan ciertas autoridades cuando efectúan funciones para colaborar con las autoridades de la jurisdicción penal y que se denomina vi ) policía judicial. Hay que precisar que estas dos últimas funciones tanto la de policía administrativa como la de policía judicial, pueden en ocasiones ser desempeñadas conjuntamente por la misma autoridad, siendo este el caso de la Policía Nacional, que ejerce tanto funciones de policía judicial y materialmente ejecuta actividades de policía administrativa por mandato de las autoridades administrativas de policía.
Asevera el Ministerio Público, que en el presente caso debe integrarse la unidad normativa del art. 69 y el art. 70 del decreto 1355 de 1970, y de esta manera la Corte deberá pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la expresión " El testigo que no cumpla esta orden deberá ser capturado " contenida en este último artículo.
2. Los demandantes consideran que la norma acusada podría ser contraria a la Constitución por cuanto la captura a que hace referencia el artículo demandado vulnera el principio establecido en el artículo 28 Constitucional. Así las cosas, dicha captura no estaría precedida de los requisitos que tanto la Constitución como la Jurisprudencia de esta Corporación han establecido.
I. La Libertad Personal en el Estado Social de Derecho y el Principio de Reserva Judicial.
La libertad personal comprende "la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios, como la proscripción de todo acto de coerción física o moral que interfiera o suprima la autonomía de la persona sojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o reduciéndola indebidamente".1
Pues bien, un logro fundamental del Estado de Derecho fue obtener el respeto de la libertad personal. Característica que se ha trasladado al Estado Social de Derecho. Dicho derecho fundamental ha vivido un proceso de constitucionalización que también ha tocado los convenios y tratados internacionales.2
En efecto, en vigencia del " Antiguo Régimen " existía una confusión de poderes al interior del Estado, lo que permitía que quien detentaba el poder dispusiera a su antojo de los derechos fundamentales de las personas , en especial de la libertad personal. No obstante, fruto de las revoluciones liberales, en especial de la Revolución francesa , dicho poder absoluto fue dividido y se establecieron controles con el propósito de evitar nuevos abusos.3
En resumen se puede afirmar, que la privación de la libertad , a través de la captura, entendida como el acto material de aprehensión que puede realizarse durante o después de un proceso, encuentra fundamento constitucional en el artículo 28 de la Carta Política que, a su vez, determina las garantías que deben rodearla. Es decir, la detención de una persona sólo procede (1) por motivos previamente definidos en la ley, (2) con acatamiento de las formalidades legales y (3) por mandamiento escrito de autoridad judicial competente. Con ello puede concluirse que la Carta establece una estricta reserva judicial en materia de libertad personal.4
No obstante, existiendo la reserva judicial mencionada como principio, se presenta la excepción a la exigencia del "mandamiento escrito de autoridad judicial competente" : consistente en la captura en flagrancia regulada por el artículo 32 Constitucional.
II. La Flagrancia como excepción al principio de reserva judicial. Las potestades de las autoridades administrativas en relación a la libertad personal.
" El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante un juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él , para el acto de la aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno , deberá preceder requerimiento al morador"
El concepto de flagrancia indica que un actuar se está ejecutando actualmente.5 Así las cosas, la excepción al principio de reserva judicial basado en la flagrancia , para la privación de la libertad , implica que un delincuente sea aprehendido en el momento en que está ejecutando una conducta punible o cuando es sorprendida y capturada con objetos , instrumentos o huellas, que permita inferir fundadamente que se cometió una conducta punible.
"Por consiguiente, no se configura la flagrancia cuando ni siquiera es posible individualizar a la persona por sus características físicas y tampoco cuando la persona es reconocida al momento de cometer el delito pero es capturada mucho tiempo después.
La anterior comprensión de la flagrancia encuentra asidero en la Constitución Política que, en su artículo 32, la contempla como excepción al derecho consagrado en el artículo 28 superior que, al garantizar la libertad, preceptúa que nadie puede ser reducido a prisión o arresto, ni detenido "sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley", de modo que, constituyendo la situación de flagrancia una excepción al procedimiento fijado por la Carta para que una persona sea privada de la libertad, es evidente que no se la pueda entender a cabalidad desligada de la captura a la que, en esas circunstancias, es posible proceder por cualquier persona, sin necesidad de orden escrita y previa de autoridad judicial. ".6 ( negrilla fuera de texto )
En efecto, las garantías materiales que protegen a la libertad de la persona son superiores a las consideraciones de eficacia de la administración. Es menester tener presente que el art. 28 constitucional tenía un segundo inciso que establecía " Excepcionalmente, las autoridades administrativas que señale la ley y en los casos que ésta consagre, podrán disponer la detención preventiva de una persona con el fin de colaborar con las autoridades judiciales, o el arresto como medida de policía para prevenir o sancionar las infracciones en ella contempladas", éste no fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente y finalmente no hizo parte del Art. 28 de la Constitucional7.
"La norma demandada atribuye a una autoridad administrativa la función de ordenar la privación de la libertad, sin previo mandamiento judicial, en aquellos casos en que se irrespete, amenace o provoque a los funcionarios uniformados de la Policía, en desarrollo de sus funciones, lo cual resulta atentatorio de la libertad personal y del mandato constitucional que prohíbe la detención sin orden judicial. Por dicha razón, dicha norma será declarada inexequible. Lo anterior, no obsta para que el servidor público uniformado de la policía, sujeto de la agresión pueda acudir ante la autoridad competente para que se investigue la conducta del infractor, por el irrespeto, amenaza o provocación de que ha sido víctima." ( Negrilla fuera de texto )
"Las normas demandadas desconocen el articulado de la Carta Política, y la jurisprudencia de esta Corporación sobre el alcance del artículo 28 Superior, pues a través de ellas se faculta a las autoridades de Policía para imponer una sanción privativa de la libertad con desconocimiento de las exigencias mínimas establecidas en la Constitución: orden escrita de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por los motivos señalados en la ley."
Esta Situación sucede con la norma demandada. El inciso 2° del Art.69 del Decreto ¿ Ley 1355 de 1970, permite que la Policía Nacional emita una orden de comparecencia a una persona para que se presente ante el jefe de policía , a más tardar dentro de las cuarenta y ocho ( 48 ) horas siguientes a su emisión. De no presentarse , se faculta a la Policía Nacional para que capture a la persona incumplida; violándose el principio de reserva judicial.
Pues bien, la captura establecida en el inciso 2° del Art.69 del Decreto ¿ Ley 1355 de 1970, no esta aparejada con la flagrancia. En consecuencia, la captura no tiene como justificación la flagrancia. La aprehensión señalada en la norma, se produce: i. tiempo después de que la persona ha sido sorprendida en flagrancia , no teniendo como razón de ser ésta, ii. su justificación radica en el incumplimiento de una orden administrativa.
Así las cosas, debe esta Corte finalmente concluir, en primer lugar, que la captura de que trata el inciso 2° parcial del artículo 69 del Decreto ¿ ley 1355 de 1970 , no proviene de autoridad judicial competente sino del desconocimiento de una orden de carácter administrativo , vulnerándose el principio de reserva judicial establecido en el art. 28 Constitucional.
Por las razones expuestas esta Corte declarará inexequible la expresión del inciso 2° del artículo 69 del Decreto ¿ Ley 1355 de 1970, que afirma " Si la persona citada no cumple la orden de comparendo deberá ser capturada " .
1. Declarar INEXEQUIBLE , la expresión "Si la persona citada no cumple la orden de comparendo deberá ser capturada" contenida en el Art. 69 del Decreto ¿ Ley 1355 de 1970.
1 Sentencia C-774 de 2001 Corte Constitucional
2 Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 10 de diciembre de 1948, artículo 12; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 9; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7; y la Convención de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, artículo 5.
3 Art. 16 de la Declaración de Derechos del hombre "Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución".
4 Sentencia C- 403 de 1997 Corte Constitucional
5 Diccionario de la Real Academia de la lengua
6 Sentencia C- 198 de 1997 Corte Constitucional
7 Cfr. Gaceta Constitucional No. 83, pag. 3; No. 82, pag. 14; No. 113, pag. 3; No. 127, pag. 3

References: artículo 69
 artículo 19
 artículo 69
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 69
 artículo 69
 artículo 12
 artículo 9
 artículo 7
 artículo 5