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Timestamp: 2017-10-23 18:49:43+00:00

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Crisis financiera – HP HOST
La Audiencia Nacional investigará a Ron y Saracho por la debacle de Popular | Compañías
La debacle de Banco Popular, y la posible responsabilidad de sus máximos responsables, es ya oficialmente objeto de investigación por parte de la Justicia española. El juez de la Audienica Nacional Fernando Andreu ha comunicado este miércoles que admite a trámite varias de las querellas presentadas por los inversores afectados, con el aval de la Fiscalía, ante la posible comisión de delitos de falsedad documental, administración desleal o apropiación indebida.
La investigación se centrará en el histórico presidente de Banco Popular, Ángel Ron, que estuvo al frente de la entidad hasta el pasado febrero, así como en su sucesor, Emilio Saracho, los consejos de administración de ambos y la firma que auditaba las cuentas de la entidad, PwC.
A la hora de abordar la investigación, el juez Andreu sigue el consejo de la Fiscalía y acuerda la apertura de dos piezas separadas. La primera de ella centrada en la ampliación de capital de 2.500 millones de euros que Popular cerró en junio de 2016, bajo la presidencia de Ron.
La segunda, buscará dilucidar si hubo manipulación del mercado con el objetivo de hacer caer el valor en los últimos meses de vida de la entidad, donde los inversores bajistas hicieron su agosto apostando en contra de la acción del banco.
Ante la desconfianza desatada también entre clientes y la retirada masiva de depósitos, Popular fue intervenido por las autoridades europeas el pasado 7 de junio y, tras recapitalizar la firma a costa del dinero de sus accionistas y bonistas, vendida inmediatamente a Banco Santander por un euro simbólico
La investigación de estas dos causas promete adentrarse también en las luchas de poder que se abrieron en el consejo de administración del banco y en la admisión por parte de Popular de que sus cuentas de 2016 reflejaban errores de millones de euros que derivaban en pérdidas superiores a las reconocidas.
Diligencias y pruebas periciales
El juez prevé ya la puesta en marcha de distintas diligencias entre las que destacan la comparecencia de Ron, la petición de los informes de PwC, el requerimiento a la Comisión Nacional el Mercado de Valores (CNMV) de un informe pericial sobre las apuestas bajista en el mercado o la elaboración de un informe por parte de un experto en medios de comunicación para analizar el impacto mediático en la desaparición del banco.
Como ya ocurriera con el caso Bankia, que se encamina a la apertura de juicio oral ante la sospecha de que la entidad salió a Bolsa utilizando información falsa, Andreu conmina al Banco de España a aportar dos inspectores que ejerzan como peritos judiciales y aclaren si la información contable de Popular era veraz.
A priori, tal y como defendió la Fiscalía Anticorrupción, el juez no ha incluido en la investigación a los supervisores, el Banco de España y la CNMV, que habían sido incluidos en algunas de las querellas presentadas tras el final de Popular.
Posibles fianzas
En su escrito, Andreu admite la posibilidad de imponer fianzas por las posibles responsabilidades de los investigados si bien advierte que esta opción, y su cuantía, no se abordará hasta haber escuchado primero a los querellados.
Más allá de Ron y Saracho, se admiten querellas contra otra veintena exresponsables del banco, como Roberto Higuera, Reyes Calderón, Ignacio Sánchez Asiain, Francisco Aparicio, Pedro Larena, José María Arias, José Ramón Estévez, o el exconsejero delegado Pedro Larena.
También se investigará a inversores clave, como el mexicano Antonio del Valle o la sindicatura de accionistas de Popular y la Unión Europea de Inversiones (ligada al Opus), como resultado de la admisión a trámite de estas querellas.
Las querellas admitidas
Inicialmente han sido tres las querellas admitidas aunque pocas horas después trascendía la admisión de una cuarta, y es posible que la lista aumente porque se recibieron una treintena. La primera, especialmente dirigida contra Saracho por un presunto delito de administración desleal, es de la asociación de accionistas minoritarios Aemec, que engloba a más de 1.007 inversores perjudicados bajo la representación legal del bufete Cremades & Calvo Sotelo.
La segunda querella admitida la planten Estel Ingeniería y Obras S.A, junto a 45 personas más, representados por Unive Abogados, acusando de falsedad documental, administración desleal y delito contra el mercado a los dos consejos de administración.
La última, corresponde a dos particulares que cargan contra todos los gestores y algunos de los principales inversores por un delito societario y otro contra los consumidores. La cuarta es la que presentó la organización de consumidores OCU contra Saracho, Ron, Larena, PwC y su socio auditor.
El juez advierte que “los hechos denunciados en la querella merecen una investigación en sede penal”, pues como ya expuso la Fiscalía “podrían ser constitutivos de delito”. Además, “sea o no merecedor de reproche penal”, argumenta Andreu, el final del banco “ha causado numerosos perjuicios, no solo a los accionistas como los que ahora se han querellado, sino a la sociedad y a la economía nacional en su conjunto”, lo que motiva iniciar las pesquisas planteadas.
El exconsejero externo independiente y exvocal del consejo de administración de Popular José Ramón Estévez Puerto ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por la resolución de la entidad, recoge Europa Press.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha registrado este recurso contra la resolución de la Comisión Rectora del FROB por adoptar las medidas necesarias para ejecutar la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) que puso en marcha el dispositivo de resolución sobre Popular el pasado 7 de junio.
Así lo recoge este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) en una publicación firmada por la letrada de Administración de Justicia Elena Oca de Zayas.
Estévez ocupó los cargos de consejero externo independiente y vocal del consejo de administración de Popular con anterioridad a la resolución acometida en el banco el pasado 7 de junio desde su nombramiento en abril de 2016. Era, además, presidente de la comisión de retribuciones de la entidad.
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El FROB está “razonablemente satisfecho” por la resolución de Popular | Compañías
El presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), Jaime Ponce, afirmó este miércoles que se pueden extraer varios “elementos positivos” de la resolución de Banco Popular, entre los que se encuentra que se protegió la estabilidad del sistema financiero, evitando impacto en depósitos y sin emplear recursos públicos. Ponce recordó que Popular contaba con unos 60.000 millones de euros en depósitos, de los que 35.000 millones eran menores de 100.000 euros (cifra tope que está protegida por el Fondo de Garantía de Depósitos).
Ponce, que compadeció en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados para informar sobre la resolución de Banco Popular y su venta a Banco Santander y sobre la actividad general del Frob en los últimos meses, subrayó que la intervención fue un evento de “gran trascendencia y significativo”, para reconocer que la “inviabilidad de un banco es siempre un evento muy desafortunado y perjudicial”.
En todo caso, explicó que “se pueden observar, al menos, dos elementos positivos”. El primero es que la regulación y las autoridades de supervisión “están plenamente operativas y resultan eficaces”, dijo. A ello se une, en segundo lugar, que la Junta Única de Resolución cumplió con el mandato que tiene y “logró gestionar la inviabilidad del banco protegiendo la estabilidad del sistema financiero, evitando impacto alguno en los depósitos, ofreciendo completa continuidad
operativa y evitando el uso de recursos públicos”.
Pero Ponce también reconoció que tras la intervención de Popular se han detectado algunas deficiencias en este proceso de resolución. Y citó como ejemplo, que hay “que trabajar para desarrollar los instrumentos de provisión de liquidez en escenarios de resolución, o en el perfeccionamiento de los planes de resolución, dotándolos de toda la información relevante y actualizada para garantizar la correcta ejecución de cada estrategia de resolución”.
También cree que es necesario “seguir avanzando en la adaptación del balance de las entidades para asegurarse de que existen los colchones de pasivos necesarios para hacer creíble y factible la estrategia de resolución prevista, sin efectos negativos para la estabilidad ni los recursos públicos”.
Jaime Ponce también ha explicado que hasta la fecha el FROB ha recibido ingresos efectivos por importe de 5.911 millones de euros correspondientes a las ayudas públicas realizadas a las entidades. Aseguró que el total de recursos públicos empleados por este organismo público para la reestructuración del sistema bancario español asciende a 59.056 millones de euros (las cifras difieren ligeramente con las aportadas unas semanas antes por el Banco de España).
Entre las novedades más recientes, explicó, se encuentran el reembolso de 224,4 millones de Ibercaja y de 604 millones de Banco Ceiss y 211 millones de dividendo de Bankia este año.
El Banco de España aseguraba en su informe que se daban por perdidos, hasta el momento, algo más de 40.000 millones de euros de las ayudas públicas recibidas por la banca. Ponce, por su parte, aseguró que la cuantía de ayudas públicas que finalmente se podrá recuperar dependerá de “elementos sobre los que no existe aún certidumbre completa”.
Por ejemplo, expuso, la participación en el banco malo Sareb mediante capital y deuda subordinada es una inversión “viva” y “no exeta de riesgos” hasta 2027.
También hizo referencia a la desinversión en Bankia y BMN, “sujeta a la incierta evolución del precio de la participación en el mercado de capitales”.
En este sentido, explicó que el FROB está “analizando las mejores alternativas para realizar una desinversión” que “se producirá cuando se cumplan las condiciones que permitan reactivar este proceso”. Se refirió así a las relacionadas con el precio de la que, aseguró, es considerada una “magnífica entidad desde cualquier perspectiva” como “solvencia, eficiencia o potencial de rentabilidad”.
Nuevas negativas de la JUR a entregar el informe de Deloitte
La mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso pidieron ayer al presidente del FROB, Jaime Ponce, que haga públicos los informes de la auditora Deloitte que informó de la solvencia de Banco Popular y que posteriormente fue vendido a Banco Santander por un euro.
El portavoz económico, Pedro Saura, aseguró que la compra de Popular por parte del Santander no ha sido por un euro, sino que ha ganado hasta 10.000 millones por la venta de la cartera de activos inmobiliarios, además de que Deloitte valoró la entidad en 2.000 millones de euros.
Bruselas ha vuelto a denegar al Congreso el informe sobre la valoración de Popular. La Comisión del Congreso lo había solicitado.
Jaime Ponce se ha mostrado partidario de que se haga público el informe secreto que supuso la liquidación de Popular y su venta a Santander por un euro, aunque ha señalado que el propietario del documento también debe ser quien decida sobre su transparencia.
De cualquier forma, aseguró que serán los tribunales europeos los que diriman esta cuestión, además de que la Audiencia Nacional también lo ha reclamado ante las demandas interpuestas por inversores y asociaciones ante la resolución del Popular.
Ponce ha desglosado los tres informes que se emitieron en relación con el Popular, el del Banco Central Europeo (BCE) sobre los problemas de liquidez, y del que se conoce en parte; el de la propia JUR sobre la valoración del banco, y el documento secreto que Europa se niega a desvelar y cifra cuánto habría costado liquidar la entidad.

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