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Timestamp: 2017-10-20 05:24:46+00:00

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Sentencia T.S.J. Canarias 287/2010 de 5 de noviembre
Sanidad: Responsabilidad patrimonial. Errónea apreciación de la prueba. Agresión física a una de sus hermanas y manifestación de clara hostilidad hacia su familia. La valoración del estado psiquiátrico del paciente no está basada en prueba médica alguna, sino que, los informes médicos que valoran al paciente en urgencias consideran que no existía patología de internamiento. No existe informe médico alguno ni pericia que señale que hubo una deficiente atención médica. Vulneración del derecho del paciente a la debida asistencia médica.
Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas, el presente recurso n.º128/2.010, apelación, en el que son partes, como apelante, el Servicio Canario de Salud, representado por el letrado de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, siendo parte apelada Candido, representado por la Procuradora Sra. Sosa Doreste, que, a su vez, se adhirió a la apelación, versando el litigio sobre impugnación de sentencia parcialmente estimatoria de recurso contra resolución presunta del Servicio Canario de Salud denegando la reclamación de responsabilidad patrimonial efectuada por el recurrente.
Primero.-Mediante sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Las Palmas de fecha 8 de marzo de 2.010 se estimó parcialmente la reclamación interpuesta por la representación de Candido contra la resolución del Servicio Canario de Salud citada en el encabezamiento del presente fallo.
Segundo.-Frente a tal resolución se interpuso recurso de apelación por el letrado de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias en representación del Servicio Canario de Salud, interesando la revocación de la misma y la desestimación del recurso deducido en primera instancia.
Tercero.-Por su parte, la apelada se opuso al recurso deducido de contrario interesando su desestimación y se adhirió a la apelación solicitando la estimación completa de la pretensión deducida en primera instancia.
Primero.-La cuestión a discernir en el presente procedimiento consiste en determinar si la resolución parcialmente estimatoria antes indicada del Juzgado número dos en relación con la pretensión del recurrente de que se trata es o no ajustada a derecho, alegando la administración apelante que dicha sentencia se basa en la errónea apreciación de la prueba ya que la valoración del estado psiquiátrico del paciente no está basada en prueba médica alguna, sino que, por el contrario, los informes médicos que valoran al paciente en urgencias del Hospital Negrín consideran que no existía patología de internamiento, resultando que la sentencia apelada condena a la administración por no facilitar una residencia donde ingresar al paciente sin tener en cuenta que la obligación de medios es limitada en función de las disponibilidades presupuestarias, de manera que cuando hubo una cama en una residencia se ingresó al Sr. Candido, alegando subsidiariamente que la cuantía indemnizatoria es excesiva por cuanto según el informe emitido por el Dr. Zukauskas, el paciente se encontraba equilibrado a partir de marzo de 2.007, por lo que no hay motivo para imponer el pago hasta el mes de noviembre. Por su parte, la representación del Sr. Candido se adhirió a la apelación indicando que debió concederse el total indemnizatorio solicitado.
Segundo.-Debe señalarse primeramente que la parte apelante sostienen su escrito de apelación en base a una errónea apreciación de la prueba ya que no existe informe médico alguno ni pericia que señale que hubo una deficiente atención médica al Sr. Candido, indicando asimismo que la cantidad concedida resulta excesiva. Ello no obstante, la sentencia impugnada considera que en atención a los hechos que originaron el ingreso del paciente, la agresión física a una de sus hermanas y la manifestación de clara hostilidad hacia su familia, no cabe hablar de ausencia de situación que requiriese el internamiento, llegando a la conclusión de que la decisión de la familia de internar al paciente a su costa no fue voluntaria, sino obligada ante la falta de atención por parte de la administración. Y es que se trata del derecho del recurrente a un tratamiento adecuado a las circunstancias del caso, que la Jurisprudencia ha venido repetidamente recogiendo bajo la fórmula de la lex artis en tanto en cuanto el deber del facultativo de actuar con arreglo a la diligencia debida, siendo precisamente la delimitación de dicha cuestión estudiada por la sentencia apelada con argumentos que la Sala comparte, siendo claro que la opinión en contra de la administración apelante no constituye prueba bastante para negar la existencia del nexo causal igualmente exigido por la Jurisprudencia para dar lugar a reclamaciones como la que nos ocupa. Por otra parte, no pueden apreciarse tampoco las alegaciones, tanto de la administración apelante como de la apelada en su adhesión a la apelación, en orden a indebida cuantificación de la indemnización correspondiente, resultando que nuevamente acierta la sentencia de instancia al limitar la indemnización al periodo señalado con exclusión de los gastos de taxi, procediendo remitirse a los fundamentos expresados al respecto por la Juez a quo, que la Sala entiende correctos.
Tercero.-En definitiva, a tenor de lo expuesto resulta que la sentencia impugnada estima correctamente la reclamación del recurrente en primera instancia de forma parcial al existir vulneración del derecho del paciente a la debida asistencia médica, por lo que no cabe estimar la alegada apreciación errónea de la prueba, pudiendo traerse a colación la doctrina jurisprudencial que impide la revisión en segunda instancia de la valoración del acervo probatorio efectuada por el Juez a quo excepto en caso de que la misma sea absurda o claramente errónea, cosa que no ocurre ni por asomo en el presente supuesto, sino que, por el contrario, la Sala comparte el punto de vista de la Juzgadora de instancia en orden a que la prueba existente acredita que hubo negligencia en la atención médica dispensada al recurrente, lo que por otra parte excluye el argumento de competencia del orden social ya que sí se trata de una reclamación de responsabilidad patrimonial por deficiente atención médica. En consecuencia, la Sala considera que por la administración apelante no se acierta a poner de relieve error alguno en la sentencia apelada, por lo que debe reputarse ajustada a derecho la misma, con desestimación del presente recurso de apelación, así como de la adhesión formulada por la representación del Sr. Candido.
Cuarto.-A tenor de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no procede en el presente caso efectuar condena en costas al ser íntegramente desestimadas la pretensión de la administración apelante y de la parte adherida a la apelación.
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación del Servicio Canario de Salud contra la sentencia del Juzgado número dos a que se refiere el antecedente primero del presente fallo, la cual declaramos ajustada a derecho y confirmamos, desestimando asimismo la adhesión a la apelación formulada por la representación del Sr. Candido. Ello sin imposición de costas.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
e contrario
 resolución 
 artículo 139