Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/25
Timestamp: 2019-10-15 14:10:35+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 25/1981
SENTENCIA 25/1981, de 14 de julio
ECLI:ES:TC:1981:25
En el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Parlamento Vasco, representado por el Procurador don Juan Corujo y López de Villamil, contra la Ley Orgánica 11/1980, de 1 de diciembre, «Sobre los supuestos previstos en el art. 55.2 de la Constitución», en el que ha comparecido el Abogado del Estado en representación del Gobierno, siendo Ponente el Magistrado don Antonio Truyol Serra.
En ejecución de dicho acuerdo y en virtud del poder especial otorgado por el señor Presidente del Parlamento Vasco al Procurador don Juan Corujo y López de Villamil, asistido del Letrado don Ramón Varela Gorostiaga (Letrado Mayor y Secretario General de dicho órgano legislativo), se presentó el día 27 de febrero del corriente año, recurso de inconstitucionalidad contra la mencionada Ley Orgánica, interesando su declaración de nulidad y subsidiariamente la de sus arts. 1 a 6, ambos inclusive.
1. Voto particular formulado por los Magistrados señores Latorre, Díez de Velasco, Tomás y Valiente y Fernández Viagas
3. Cuando el art. 137 de la Constitución reconoce a las Comunidades autonomía para «la gestión de sus respectivos intereses» comprende los intereses jurídico-administrativos (competencias en sentido estricto) y los intereses políticos consagrados en la Constitución y en sus respectivos Estatutos: iniciativa legislativa (art. 87.2 de la C. E.); reforma constitucional (166); representación directa en el Senado (art. 69.5); planificación de la actividad económica (art. 131.2). En todos estos casos no se restringe la defensa de sus intereses peculiares, sino que actúan en colaboración con otros órganos constitucionales del Estado, promoviendo los intereses generales. Cualquier norma que pudiera incidir en este ámbito determina la legitimación para interponer el recurso de inconstitucionalidad.
4. Pero aun si redujéramos la expresión «ámbito de autonomía» al plano jurídico-administrativo, la Ley impugnada podría afectar a las competencias que el art. 13 del Estatuto reconoce a la Comunidad Autónoma, en relación con la Administración de Justicia; competencia que comprende todas las facultades que las leyes orgánicas del Poder judicial reconocen, reservan o atribuyen al Gobierno. Entre las mismas se encuentra el gobierno del funcionariado de la justicia, parte del cual es policía judicial, sometida a los Tribunales en este aspecto y al Gobierno vasco en cuanto a su status de funcionario.
Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 25-1981
Fecha de resolución 14/07/1981
Contra la Ley Orgánica 11/1980, de 1 de diciembre, sobre supuestos previstos en el art. 55.2 de la Constitución. Voto particular
En el proceso constitucional, la legitimación no se establece en términos abstractos, sino que se formula para un actor concreto (por ejemplo, órgano o fracción de órgano), en relación con un determinado tipo de acción (por ejemplo, recurso de inconstitucionalidad o conflicto de competencia), referida, a su vez, a una clase concreta de actos o normas.
La protección de las Comunidades Autónomas frente a actos de los poderes centrales del Estado que ellas estimen contrarios a su interés propio puede procurarse, en cuanto tal protección haya de buscarse ante este Tribunal, a través de dos vías específicas, la del conflicto de competencias y la del control de constitucionalidad, que son complemento la una de la otra.
El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, que lleva como corolario la solidaridad entre todas ellas, se da sobre la base de la unidad nacional (art. 2). Dicha autonomía queda vinculada, para cada una de las Entidades territoriales, a la gestión de sus respectivos intereses (artículo 137). Aunque las Comunidades Autónomas no son ni pueden ser ajenas al interés general del Estado, la defensa específica de éste es atribuida por la Constitución al Gobierno (arts. 97 y 155), llamado, asimismo, prioritariamente a velar por la efectiva realización del principio de solidaridad (art. 138), junto a las Cortes Generales (art. 158.2). Sin dejar, como es obvio, de participar en la vida general del Estado, cuyo Ordenamiento jurídico reconoce y ampara sus Estatutos como parte integrante del mismo (art. 147.1), las Comunidades Autónomas, como Corporaciones de base territorial y de naturaleza política, tienen como esfera y límite de su actividad, en cuanto tales, los intereses que les son propios, mientras que la tutela de los intereses públicos generales compete por definición a los órganos estatales.
El concepto de «propio ámbito de autonomía» no puede reducirse a un criterio meramente cuantitativo. Tal planteamiento llevaría a reservar o privilegiar la legitimación para impugnar una Ley general del Estado a las Comunidades Autónomas en cuyo ámbito territorial fuera presumible una mayor incidencia de la misma, lo cual conduciría a consecuencias inadmisibles.
El art. 9 de su Estatuto de Autonomía no atribuye una específica competencia a los poderes públicos vascos, sino que se limita a subrayar una obligación que deben observar todos los poderes públicos, centrales y autonómicos, en el ejercicio de las atribuciones que a cada uno de ellos reconoce el Ordenamiento jurídico.
La Constitución reserva a las Cortes Generales todo cuanto se refiere al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, que constituyen el fundamento mismo del orden político-jurídico del Estado en su conjunto, como les reserva también su posible suspensión, sobre la base del art. 55.2, aplicación del cual es la Ley Orgánica 11/1980.
Los derechos fundamentales tienen un doble carácter. En primer lugar, los derechos fundamentales son derechos subjetivos, derechos de los individuos no sólo en cuanto derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto garantizan un «status» jurídico o la libertad en un ámbito de la existencia. Pero al propio tiempo, son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en cuanto ésta se configura como marco de una convivencia humana justa y pacífica, plasmada históricamente en el Estado de Derecho y, más tarde, en el Estado social de Derecho o el Estado social y democrático de Derecho, según la fórmula de nuestra Constitución (art. 1.1).
En cuanto elemento fundamental de un ordenamiento objetivo, los derechos fundamentales dan sus contenidos básicos a dicho ordenamiento, en nuestro caso al del Estado social y democrático de Derecho, y atañen al conjunto estatal. En esta función, los derechos fundamentales no están afectados por la estructura federal, regional o autonómica del Estado. Puede decirse que los derechos fundamentales, por cuanto fundan un «status» jurídico-constitucional unitario para todos los españoles y son decisivos en igual medida para la configuración del orden democrático en el Estado central y en las Comunidades Autónomas, son elemento unificador. Los derechos fundamentales son así un patrimonio común de los ciudadanos individual y colectivamente constitutivos del ordenamiento jurídico cuya vigencia a todos atañe por igual. Establecen, por así decirlo, una vinculación directa entre los individuos y el Estado y actúan como fundamento de la unidad política sin mediación alguna.
La limitación o suspensión de derechos fundamentales en una democracia sólo se justifica en aras de la defensa de los propios derechos fundamentales cuando determinadas acciones, por una parte, limitan o impiden de hecho su ejercicio en cuanto derechos subjetivos para la mayoría de los ciudadanos, y por otra, ponen en peligro el ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, es decir, el Estado democrático.
El art. 14 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco se limita a fijar «la competencia de los órganos jurisdiccionales en el País Vasco». Se habla de órganos jurisdiccionales en el País Vasco y no del País Vasco, con lo cual se indica por el propio Estatuto que las competencias de los órganos jurisdiccionales no son competencias de la Comunidad Autónoma que se correspondan con la esfera de sus intereses propios.
El precepto citado del art. 14 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco no es una norma que atribuya competencias a los órganos de la Comunidad Autónoma Vasca, sino una disposición que fija en abstracto las competencias de los órganos jurisdiccionales radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma, sobre la base y en el marco del art. 152.1 de la Constitución, que en su tercer párrafo incluye precisamente la expresión «órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma». Se subraya con ello que la relación con la Comunidad Autónoma no es una relación orgánica, sino una relación territorial que deriva del lugar de su sede, y que las competencias de los órganos jurisdiccionales continúan siendo competencias del Poder Judicial único existente en el Estado.
Preámbulo, párrafo 1, f. 5
Preámbulo, párrafo 4, f. 5
Artículo 18.3, f. 5
Artículo 55.2, f. 5, VP
Artículo 69.5, VP
Artículo 131.2, VP
Artículo 137, f. 3, VP
Artículo 152.1.3, f. 6
Artículo 155, ff. 3, 5
Artículo 162.1 a), ff. 1 a 3, VP
Artículo 166, VP
Artículo 32.1, ff. 3, 5
Artículo 32.2, ff. 1 a 3, VP
Artículo 9.2 apartados a), c), f. 5
Artículo 14, f. 6, VP
Artículo 17.5 a) y b), VP
Artículo 28 c), f. 1
Artículo 6, f. 6, VP
Competencias de las Comunidades AutónomasCompetencias de las Comunidades Autónomas, ff. 3, 4, 5
Conflictos constitucionalesConflictos constitucionales, Concepto, f. 2
Control de constitucionalidad de las normas jurídicasControl de constitucionalidad de las normas jurídicas, Concepto, f. 2
Legitimación en el proceso constitucionalLegitimación en el proceso constitucional, f. 2
Poder judicialPoder judicial, f. 6
Suspensión de derechos fundamentalesSuspensión de derechos fundamentales, f. 5
Teoría general de los derechos fundamentalesTeoría general de los derechos fundamentales, Naturaleza, f. 5
Eficacia de las normas estatalesEficacia de las normas estatales, f. 4

References: resolución 

Artículo 18

Artículo 55

Artículo 69

Artículo 131

Artículo 137

Artículo 152

Artículo 155

Artículo 162

Artículo 166

Artículo 32

Artículo 32

Artículo 9

Artículo 14

Artículo 17

Artículo 28

Artículo 6