Source: https://www.otrosi.net/administrativo/doctrina/2019-14096
Timestamp: 2019-05-22 07:28:17+00:00

Document:
Tribunal Económico-Administrativo Central, Resolución, 9-04-2019 , / de de de
o 64.2
Recurso interpuesto por el DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE GESTÓIN TRIBUTARIA DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Infanta Mercedes, núm.. 37, de Madrid (DP 28020), frente a la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Aragón de 23/02/2018, recaída en la reclamación núm. 22/00057/2016 en su día interpuesta frente a un acuerdo sancionador dictado por el Administrador de la Administración de Monzón (Huesca) de la Delegación Especial de Aragón.
1º.- Dª Xx... (y en adelante "X" o simplemente "la obligado") presentó en plazo declaración-autoliquidación atinente a su tributación por el I.R.P.F. del ejercicio 2013, declarando unos rendimientos del trabajo de 5.405,92 euros, una B.I. General de 995,03 euros, y en Resultado a devolver de 108,12 eruos.
8º.- Frente a ese acuerdo sancionador, la obligado interpuso reclamación económico-administrativa ante el T.E.A.R. de Aragón (reclamación núm.. 22/00057/2016), en la que alegó que:
SEGUNDO.- Mediante una resolución de 23/02/2018, el T.E.A.R. de Aragón estimó esa reclamación núm.. 22/00057/2016 interpuesta por la obligado, razonando en lo aquí relevante que:
Ahora bien, dado que en nuestro ordenamiento jurídico sancionador no tiene cabida una responsabilidad objetiva, para que la conducta realizada sea constitutiva de infracción tributaria leve, debe apreciarse la existencia de culpabilidad en la misma, exigida por el artículo 183.1 de aquella Ley General Tributaria <<Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta u otra ley>>, y tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 179, el cual establece:<<1. Las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el apartado 4 del artículo 35 de esta ley podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de la infracción tributaria cuando resulten responsables de los mismos.2. Las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria en los siguientes supuestos: ... d) Cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entre otros supuestos, se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el obligado haya actuado amparándose en una interpretación razonable de la norma o cuando el obligado tributario haya ajustado su actuación a los criterios manifestados por la Administración tributaria competente en las publicaciones y comunicaciones escritas a las que se refieren los artículos 86 y 87 de esta ley. Tampoco se exigirá esta responsabilidad si el obligado tributario ajusta su actuación a los criterios manifestados por la Administración en la contestación a una consulta formulada por otro obligado, siempre que entre sus circunstancias y las mencionadas en la contestación a la consulta exista una igualdad sustancial que permita entender aplicables dichos criterios y éstos no hayan sido modificados.>>
TERCERO.- Frente a dicha resolución del T.E.A.R., el Director del Departamento de Gestión Tributaria de la A.E.A.T. interpuso el 11/05/2018 el presente recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, en el que, una vez que se le puso de manifiesto el expediente, formuló las alegaciones siguientes:
CUARTO.- Del presente recurso se dio traslado a la obligado el 11/05/2018, a fin de que en el plazo de un mes pudiera alegar lo que estimara procedente. Trámite en el que no consta que la obligado hubiera presentado alegación alguna.
SEGUNDO.- El recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio sólo procederá en los supuestos y por las circunstancias contempladas en el artículo 242 de la LGT.
Y debe tenerse en cuenta que atendiendo a lo dispuesto en el art. 242.3 de la Ley 58/2003, la presente resolución respeta la situación jurídica particular de la Sra. X, en su día reclamante, derivada de la referida resolución de 23/02/2018 (Rec. núm.. 22/00057/2016).
TERCERO.- Según los arts. 1 y 2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, de dicho Impuesto, el I.R.P.F. es un tributo "que grava la renta de las personas físicas", y cuyo objeto es "la renta del contribuyente, entendida como la totalidad de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta que se establezcan por la ley, con independencia del lugar donde se hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia del pagador", que tiene según las fuentes de renta determinados límites a partir de los cuales comienza la tributación efectiva, y que, según recoge el Título XI de esa Ley 35/2006, se exacciona por el procedimiento de declaración-autoliquidación; de suerte que los contribuyentes por el mismo están obligados a presentar declaración por dicho Impuesto (art. 96), obligación que sólo decae cuando las rentas no alcanzan el nivel que conlleva tributación efectiva, y, además, al tiempo de presentarla, deberán determinar la deuda tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar, forma y plazos determinados por el Ministro de Economía y Hacienda (art 97).
CUARTO.- En el marco de atender a los derechos de los contribuyentes por dicho Impuesto a ser informados y asistidos por la Administración tributaria sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (art 34.1.a de la Ley 58/2003), y cumpliendo su obligación de prestarles la necesaria información y asistencia acerca de sus derechos y obligaciones (art. 85.1), en particular, a través de la asistencia en la realización de las declaraciones y autoliquidaciones atinentes al mismo (art. 85.2.e), en suma realizando unas actuaciones de asistencia tributaria (art. 77 del Reglamento general, R.D. 1065/2007), la Administración tributaria (la A.E.A.T.) facilita a los contribuyentes por el I.R.P.F. tanto los datos fiscales que de los mismos tiene, datos de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales e imputaciones de renta, como borradores de sus declaraciones-autoliquidaciones por dicho impuesto que incorporan esos datos que la Administración tributaria tiene de ellos (arts. 98 de la Ley 35/2006 y 64 del Reglamento del Impuesto, R.D. 439/2007).
Pero, las normas que regulan esa actividad de asistencia a los contribuyentes por el I.R.P.F., tanto las generales -apartado 4 de ese art. 77 del Reglamento general- como las específicas -apartado 1 de ese art. 98 de la Ley 35/2006 - recogen de manera diáfana e indubitada que la información (los datos) que la Administración tributaria facilita con esas actuaciones tienen unos "efectos meramente informativos" -art. 98.1- que "no vincularán a la Administración en el ejercicio de las actuaciones de comprobación o investigación que puedan desarrollarse con posterioridad" -art. 77.4 -; y ello por dos razones obvias, (I) porque esa información y esos datos pueden ser no correctos, pues en muchos casos son datos facilitados por otros obligados tributarios a la A.E.A.T., y cuya exactitud o certeza, ésta no ha podido comprobar; y (II) porque puede haber rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales e imputaciones de renta efectivamente obtenidos y de los que a la Administración tributaria no le conste información o dato alguno.
QUINTO.- Recordando las obligaciones que todo contribuyente del I.R.P.F. tiene a la hora de tributar por dicho impuesto, un contribuyente que no incluya alguna de sus rentas a la hora de declararlo, autoliquidarlo y en función de cuál sea el resultado de la autoliquidación, podrá incurrir en el injusto típico del art. 191.1 de la Ley 58/2003 "dejar de ingresar dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo la totalidad o parte de la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación del tributo", o del art. 194 "solicitar indebidamente devoluciones", o del 193 "obtener indebidamente devoluciones" o del art. 191.5 "haber obtenido indebidamente una devolución, cuando como consecuencia de la regularización practicada procediera la imposición de una sanción por dejar de ingresar".
Y, como es bien sabido [sentencias del T.C. núm. 76 de 26/04/1990 y del T.S. de 08/05/1987, y otras muchas], para que un obligado cometa una infracción tributaria deben concurrir el "elemento objetivo", la conducta antijurídica constitutiva del tipo infractor de que se trate, y el "elemento subjetivo", es decir que sea un sujeto imputable y concurra culpabilidad en su conducta; conducta que puede concurrir en diversos grados, que arrancan desde la simple negligencia, pues "con cualquier grado de negligencia" dice el art. 183.1 de la Ley 58/2003, y que permiten modos de comisión que terminan en las gravemente dolosas; culpabilidad administrativa que, siempre que se supere el umbral cuantitativo de los 120.000 euros, termina donde empieza la responsabilidad penal; y culpabilidad cuya debida acreditación es carga de la Administración, pues la presunción es de inocencia (art. 24 C.E.).
SÉPTIMO.- Por todo ello, procede estimar el presente recurso extraordinario de alzada para unificación de criterio, y unificar criterio en el sentido siguiente:

References: resolución 
 resolución 
 artículo 183
 artículo 179
 artículo 35
 resolución 
 artículo 242
 resolución 
 resolución