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Timestamp: 2019-03-23 00:29:34+00:00

Document:
as201311289
AUTO SUPREMO Nº. 289/2013
Sucre, 8 de octubre de 2013
EXPEDIENTE: Santa Cruz 192/2013
PARTES PROCESALES: Delma Villarroel Cuellar contra Rosa Saavedra de Parada
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Rosa Saavedra de Parada (fs. 197 a 203), impugnando el Auto de Vista Nro. 54 de 7 de junio de 2013 (fs. 189 a 190), pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso penal seguido por Delma Villarroel Cuellar contra la recurrente por la presunta comisión del delito de despojo, previsto y sancionado por el artículo 351 del Código Penal.
En mérito a la acusación presentada por Delma Villarroel Cuellar (fs. 25 a 27), y desarrollada la audiencia de juicio, por Sentencia Nro. 01/2013 de 15 de marzo, (fs. 124 a 127), la Juez de Partido Mixto y Sentencia de Cotoca, provincia Andrés Ibáñez, del departamento de Santa Cruz, declaró a Rosa Saavedra de Parada, autora y culpable del delito de despojo, previsto y sancionado por el artículo 351 del Código Penal, imponiéndole la pena de tres años de reclusión a ser cumplida en el Centro de Rehabilitación Palmasola Santa Cruz, sección mujeres, con costas a calificarse en ejecución de sentencia.
Contra la mencionada Sentencia, la imputada formuló recurso de apelación restringida (fs. 149 a 151), resuelto por Auto de Vista Nro. 54 de 7 de junio de 2013 (fs. 189 a 190), pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró la “INADMISIBILIDAD” (sic) del recurso.
Notificada la parte imputada con la citada resolución del Tribunal de Alzada, el 26 de agosto de 2013 conforme diligencia cursante a fojas 192, interpuso recurso de casación que es motivo de autos, el 2 de septiembre del mismo año.
Que del memorial que cursa de fojas 197 a 203, se extraen los siguientes motivos:
Refiere que en el juicio, se vulneró sus derechos en razón de que el artículo 336 del Código de Procedimiento Penal señala que el juez o tribunal dispondrá la suspensión del plazo por un plazo no mayor de 10 días calendarios, que en el caso de autos, la Juez contravino esta disposición legal, al determinar “recesos en una primera instancia por 13 días y en una segunda instancia por 20 días” (sic). Posteriormente cita el artículo 17 de la Ley de Organización Judicial.
Afirma que la suspensión de audiencias, no se enmarca en ninguna de las causales previstas en el artículo 335 del Código de Procedimiento Penal, que además no existía justificativo alguno para suspender por más de 10 días, por lo que no puede permitirse la violación al principio de continuidad.
A manera de subtítulo hace referencia a disposiciones legales que garantizan el derecho al debido proceso y a la defensa, y luego cita el “artículo 115-II” (sic) de la Constitución Política del Estado, los artículos 167 y 169 del Código de Procedimiento Penal, alegando que el Tribunal de Alzada no sólo debió revisar los aspectos que perjudicaban a la imputada como la falta de “referencias de citas penales que se hayan vulnerado o por una incorrecta apreciación” (sic), sino que debieron revisar cumpliendo lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Organización Judicial, refiriendo que la Juez de Partido Mixto y Sentencia demostró clara inobservancia del procedimiento establecido en los artículos 334 y 336 del Código de Procedimiento Penal, no existiendo justificativo alguno para suspender las audiencias de juicio oral por más de diez días. Invoca como precedentes contradictorios: a) El Auto Supremo Nro. 149 de 10 de abril de 2010, limitándose a efectuar transcripción de mayor parte del mismo; b) El Auto Supremo Nro. 254 de 4 de agosto de 2008, del que también transcribe parte de su contenido referido a la interpretación del artículo 15 de la Ley de Organización Judicial; posteriormente el recurrente, señala la contradicción con el Auto de Vista impugnado, refiriendo que el Tribunal de Alzada tenía la obligación de revisar de oficio que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad; y, c) La Sentencia Constitucional “Nº/03-R de 6 de mayo de 2003” (sic)
Que conforme se precisó precedentemente, para la admisión del recurso de casación, la norma procesal penal exige la observancia de los requisitos previstos en los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, que se constituyen en un instrumento o en un filtro que evita que un instituto procesal, concebido para proveer justicia se desnaturalice y se convierta en un medio dilatorio del proceso. En ese sentido, en cuanto a los requisitos de forma, resulta exigible la puntualización de los aspectos cuestionados en la resolución que se impugna e individualizar sus similares en el precedente invocado. También se debe precisar la norma adjetiva o sustantiva aplicada en el Auto de Vista cuestionado y detallar la norma u otra aplicada en sentido contradictorio en el precedente.
En el presente caso, del análisis de los actuados procesales, se evidencia que la parte recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado, el 26 de agosto de 2013 conforme diligencia cursante a fojas 192, habiendo interpuesto recurso de casación, el 2 de septiembre del mismo año, consiguientemente dentro del término establecido por ley.
Respecto a los demás requisitos previstos en los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, se tiene que en el recurso de casación, la imputada se limita a denunciar defecto de procedimiento durante el desarrollo del juicio, referido a la vulneración del principio de continuidad del juicio oral desarrollado, consiguientemente, al no tratarse de un defecto atribuible al Tribunal de Alzada, y advirtiéndose que Rosa Saavedra de Parada, en el memorial de apelación cursante de fojas 149 a 151, no invocó los precedentes señalados en el actual recurso, se evidencia que la recurrente no cumplió con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 416 del Código de Procedimiento Penal, que señala que el precedente contradictorio deberá invocarse por el recurrente a tiempo de interponer la apelación restringida. Asimismo, en relación a la vulneración del derecho al debido proceso y a la defensa, la recurrente se limita a hacer referencia de disposiciones legales, sin explicitar de manera completa y clara, la restricción o disminución del derecho o garantía, de forma tal que el resultado dañoso emergente del defecto sea identificado con claridad, tampoco señaló las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional ya que la recurrente debió cumplir con la carga procesal de acreditar normativa y objetivamente, la manera en que el Tribunal de Alzada, restringió, suprimió o impidió el ejercicio de uno o más derechos o garantías constitucionales, expresando cual fue el resultado dañoso en apego al principio de trascendencia, limitándose a señalar que el Tribunal de Alzada debió revisar aspectos que le perjudicaban a la imputada, citando el artículo 17 de la Ley de Organización Judicial, sin considerar lo estipulado en el parágrafo III de la referida norma que establece que la nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos; y que de la revisión de antecedentes, se evidencia que el motivo de casación, cuyo origen está en el desarrollo del juicio y no en el Tribunal de Alzada, NO FUE impugnado en apelación restringida.
Con relación al Auto Supremo Nro. 254 de 04 de agosto de 2008, el mismo emerge de la interpretación de una normativa que actualmente no se encuentra vigente como el artículo 15 de la antigua Ley de Organización Judicial, en consecuencia, no corresponde ser admitido como precedente contradictorio. Asimismo, la Sentencia Constitucional citada por la recurrente, de conformidad al párrafo primero del artículo 416 del Código de Procedimiento Penal, no constituye precedente, por lo que tampoco es viable su admisibilidad.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 y en aplicación del artículo 418 del Código de Procedimiento Penal, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Rosa Saavedra de Parada (fs. 197 a 203), impugnando el Auto de Vista Nro. 54 de 7 de junio de 2013 (fs. 189 a 190), pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso penal seguido por Delma Villarroel Cuellar contra la recurrente por la presunta comisión del delito de despojo, previsto y sancionado por el artículo 351 del Código Penal.

References: artículo 351
 artículo 351
 resolución 
 artículo 336
 artículo 17
 artículo 335
 artículo 17
 artículo 15
 resolución 
 artículo 416
 artículo 17
 artículo 15
 artículo 416
 artículo 42
 artículo 418
 artículo 351