Source: https://www.bye.cl/nueva-agenda-social/
Timestamp: 2020-05-31 14:33:08+00:00

Document:
Orientación a clientes - Nueva Agenda Social | B&E
En el contexto nacional actual, Barros & Errázuriz quiere ser un apoyo para sus clientes, por lo que habilitó esta sección con el objetivo de mantenerlos informados acerca de los distintos cambios, medidas legales o regulatorias que sean anunciadas, en el marco de lo que se ha denominado la Nueva Agenda Social impulsada por el gobierno.
Nuestro equipo está analizando permanentemente la contingencia legal del país, para poder entregarles un contenido actual y de relevancia.
La información publicada en esta plataforma está en constante actualización y no comprende una asesoría legal. Es exclusivamente de carácter informativo.
Reforma Tributaria: Principales modificaciones	Nueva Agenda Anti Abusos	Nuevo Itinerario Constitucional	Laborales	Energéticos	Financieros	Infraestructura	Farmacéuticos
Modificaciones a la Ley de la Renta
Sistema Semi-Integrado como único sistema de tributación para grandes empresas
A contar del 01 de enero de 2020, respecto de las rentas que se perciban o devenguen a contar de este ejercicio comercial, las empresas que no califiquen para el Régimen PYME, tributarán bajo el régimen semi-integrado, pagando un Impuesto de Primera Categoría de 27%. La asignación al nuevo régimen se hará por el solo ministerio de la ley, y se manifestará en el cambio desde la letra B) o A) del antiguo Artículo 14 de la Ley de la Renta a la nueva letra A) del artículo 14; el Servicio de Impuestos Internos se encuentra actualmente informando este hecho mediante el sitio web de cada contribuyente.
Los propietarios de estas sociedades tributarán en base a retiros, y sólo podrán usar como crédito contra los impuestos Global Complementario o Adicional un 65% del Impuesto de Primera Categoría pagado.
Excepcionalmente podrán aprovechar el 100% del Impuesto de Primera Categoría:
a. Los cooperados con ingresos mensuales de hasta 2.5 millones de pesos;
b. Los residentes en países con los cuales Chile tenga vigente un Convenio para Evitar la Doble Tributación (“Convenio”), y
c. Los residentes en países con los cuales Chile haya suscrito un Convenio con anterioridad al 01 de enero de 2020. En este último caso, el beneficio regirá hasta el 31 de diciembre de 2026.
A contar del 01 de enero de 2020, respecto de las rentas que se perciban o devenguen a contar de este ejercicio comercial, las empresas cuyas ventas anuales no excedan de UF 75.000 (incluyendo las ventas de sus empresas relacionadas), podrán utilizar como crédito el 100% del Impuesto de Primera Categoría pagado por la sociedad (integración total), y sus socios tributarán en base a retiros.
Otras características de este régimen son:
a. Tributación en base a flujo de caja;
b. Tasa de Impuesto de Primera Categoría de 25%;
c. Depreciación instantánea;
d. Contabilidad simplificada opcional;
e. Ingreso al régimen sin “peaje”;
f. Régimen opcional de transparencia fiscal (PYMES con ventas anuales hasta UF 50.000) con tasa reducida de PPM de 0,2%;
g. Acceso al incentivo para la reinversión de utilidades, el que aumenta desde UF 000 a UF 10.000.
Se hace presente que, si una empresa que no califica como PYME es socia o accionista de la PYME, las distribuciones que se le efectúen quedarán sujetas al régimen semi- integrado.
Nuevos tramos de Impuesto Global Complementario e Impuesto Único de Segunda Categoría
Se crean nuevos tramos con tasa marginal de 40% para rentas sobre 310 UTM ($15.399.000 pesos mensuales, aprox.) y 310 UTA ($184.784.000 pesos, aprox.), respectivamente, los cuales se aplicarán con respecto a las rentas devengadas a contar del 01 de enero de 2020.
Se garantiza que la carga tributaria máxima será de 44,45%, mediante el otorgamiento de un crédito de 5% contra el Impuesto Global Complementario en el caso del tramo de 40%, lo que permite que la obligación de restitución se mantenga en 35% para todos los tramos.
Con respecto al nuevo tramo del Impuesto Único de Segunda Categoría, este aplicará de la siguiente forma a las remuneraciones ya devengadas:
a. Respecto de las remuneraciones de enero 2020, pagadas en febrero: dado que la renta se devengó con anterioridad a la publicación de la Ley 21.210 (24 de febrero), no era posible para el empleador retener por la mayor tasa. Por tanto, para hacer efectivo el mayor cobro, el trabajador deberá re-liquidar el impuesto en abril 2021.
b. Respecto de las remuneraciones de febrero 2020, pagaderas en marzo: el empleador debe retener directamente el impuesto aplicando la nueva tasa, al igual que respecto de las futuras remuneraciones.
Es nuestra opinión que, al pagar éstas y futuras remuneraciones de altos cargos, debe considerarse que los bonos sujetos a desempeño anual del trabajador corresponden a “remuneraciones accesorias o complementarias pagadas con retraso”, dado que se devengan en diciembre del año respectivo, sin perjuicio que suelan pagarse durante el año comercial siguiente. En consecuencia, les aplican las normas sobre reliquidación contenidas en el artículo 46 de la Ley de la Renta, y les aplicará la tasa vigente al 31 de diciembre de 2019.
Con respecto a las utilidades tributables que hayan sido generadas hasta el 31 de diciembre de 2016, acumuladas a la fecha, se otorga una nueva oportunidad para acogerse a un impuesto sustitutivo de 30%, en reemplazo de los impuestos finales, contra el cual podrá deducirse el total del crédito por Impuesto de Primera Categoría.
Esta alternativa podrá ejercerse en las siguientes oportunidades: (i) hasta el 30 de diciembre de 2020; respecto de los saldos que se mantengan al 31 de diciembre de 2019; (ii) hasta el 30 de diciembre de 2021; respecto de los saldos que se mantengan al 31 de diciembre de 2020; o finalmente, (ii) hasta el último día hábil de abril de 2022; respecto de los saldos que se determinen al 31 de diciembre de 2021.
Las utilidades que se acojan a estas disposiciones podrán ser retiradas en la oportunidad que se estime conveniente, con preferencia a cualquier otra suma y sin considerar un orden de imputación.
Eliminación gradual PPUA
Se eliminará progresivamente la devolución de pagos provisionales por utilidades de terceros absorbidas por empresas con pérdida tributaria, en la siguiente forma: (i) año 2020: 90%; (ii) año 2021: 80%; (iii) año 2022: 70%; (iv) año 2023: 50%; (v) año 2024 en adelante: se elimina definitivamente.
La parte de las pérdidas no absorbidas por los dividendos o retiros podrán imputarse en los ejercicios siguientes.
A partir del ejercicio 2024, la pérdida tributaria no se consumirá al recibir dividendos o retiros, por lo que se mantendrá la posibilidad de imputarla contra ingresos propios, presentes o futuros, así como el crédito por Impuesto de Primera Categoría contra impuestos finales asociados a dichos dividendos o retiros percibidos.
Restricción a los contratos de market maker
La liberación de impuesto a la ganancia de capital obtenida por la enajenación de valores a que se refiere el art. 107 de la LIR sólo aplicará por el plazo máximo de 1 año desde la primera colocación si la presencia se obtiene sólo por este tipo de contrato. Para el caso de los emisores inscritos o los reglamentos ya depositados en el correspondiente registro de la Comisión para el Mercado Financiero, con anterioridad al 01 de marzo de 2020, el plazo de un año se contará desde entonces.
Medidas Pro Inversión
Se establece el beneficio de depreciación instantánea por el 50% del activo fijo adquirido entre el 01 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2021 para destinarlo a nuevos proyectos de inversión en el país. La depreciación instantánea opera el primer ejercicio de uso del bien, permitiéndose la depreciación acelerada por el 50% restante, conforme a las reglas generales.
Esta depreciación será 100% instantánea para el activo inmovilizado adquirido entre el 01 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2021 para instalarlo físicamente o utilizarlo en la producción de bienes o en la prestación de servicios exclusivamente en la Región de la Araucanía.
A partir del 01 de enero de 2020, únicamente respecto de los hechos ocurridos a contar de dicha fecha, rigen las siguientes nuevas normas relativas a gastos deducibles conforme a la Ley de la Renta:
a. Concepto de gasto necesario: Se reformula el concepto a “aquellos que tengan aptitud de generar renta, en el mismo o futuros ejercicios”, pudiendo estos vincularse tanto al desarrollo como a la mantención del giro.
b. Mayor flexibilidad en la deducción de remuneraciones: Podrán deducirse como gasto siempre que posean una relación directa con la actividad que realiza el trabajador.
c. Nuevos gastos necesarios: Se regulan nuevos ejemplos específicos, vinculados a responsabilidad social empresarial y a proyectos sujetos a calificación ambiental.
d.Sueldo patronal: Se establece la posibilidad de pagar una remuneración acorde al mercado al socio, su hijo, cónyuge o conviviente civil, que efectivamente trabaje en el negocio o empresa.
e. Créditos incobrables: se podrá deducir como gasto necesario los créditos que se encuentren impagos por más de 365 días desde su vencimiento, o bien un porcentaje del monto total de los mismos, siempre y cuando no se contrajeran con relacionados.
A contar del 01 de enero de 2020, se incrementan las hipótesis de la aplicación del Impuesto Único que grava a los gastos rechazados, procediendo en caso de:
a. Retiros encubiertos que benefician directa o indirectamente a los relacionados a la empresa o a sus propietarios; o
b. Desembolsos cuya naturaleza y efectividad el contribuyente no logra.
Retiros desproporcionados
A contar del 01 de enero de 2020, el SII estará facultado para revisar los retiros que no guarden relación con la participación en el capital (retiros desproporcionados). Si la desproporción se considera injustificada, los retiros deberán tributar como gastos rechazados, con el derecho a solicitar devolución del Impuesto Global Complementario previamente enterdado.
Además, se establece una norma de control retroactiva, respecto de las empresas que tengan directa o indirectamente propietarios contribuyentes del Impuesto Global Complementario que sean relacionados[1]. En efecto, se podrán revisar las utilidades repartidas a contar del 3 de julio de 2019, con cargo a los fondos que quedaron afectos al beneficio de anticipar la tributación final mediante la aplicación del Impuesto sustitutivo. El referido exceso quedará afecto a una tasa de 25% si la distribución la recibe un contribuyente de Impuesto Global Complementario; en cambio, si la recibe un contribuyente de Impuesto de Primera Categoría, se deberá registrar el exceso y el mismo perderá la súper-preferencia de imputación (solo podrá ser retirado siguiendo las reglas generales).
[1] Esta norma tiene su propia regla de relación, únicamente sustentada en el parentesco: cónyuges, convivientes civiles o los ascendientes o desendientes hasta el segundo grado de consanguinidad.
Rentas exentas del Impuesto adicional
Los servicios digitales comprendidos en el nuevo hecho gravado con IVA, que sean prestados a personas naturales no contribuyentes de este impuesto, estarán exentos de Impuesto Adicional. Comenzará a regir a partir del 01 de junio de 2020.
A contar del 01 de enero de 2020, aquellas totalmente liberadas de pago carecerán de costo tributario en su futura enajenación y no podrán aprovechar el beneficio del 107 LIR. Por su parte, las parcialmente liberadas de pago o las que aumentaron su valor nominal, perderán proporcionalmente el beneficio y no podrán imputar a su costo tributario la parte liberada de pago.
Limitación a los acuerdos back to back
Para poder acceder a la tasa preferencial de Impuesto Adicional del 4%, el crédito no puede estructurarse en base a acuerdos de cualquier tipo que permitan a la Institución Bancaria o Financiera Extranjera o Internacional que recibe los intereses, transferirlos a otra persona o entidad domiciliada o residente en el extranjero, que no tendría derecho a la tasa reducida si hubiera recibido directamente los intereses del deudor. Esta norma se ve complementada por un nuevo concepto de Institución Bancaria o Financiera Extranjera o Internacional, más exigente. Esta norma solo aplicará a los intereses originados en virtud de créditos contraídos con posterioridad al 01 de marzo de 2020, o bien, en aquellos que, con posterioridad a la misma, hayan sido novados, cedidos, o se modifique el monto del crédito o la tasa de interés.
Devolución de IVA por activo fijo
Se acorta el plazo para poder solicitar la devolución de remanente de IVA de seis a dos meses. Además, se especifica que, en el caso de las construcciones, estas se entienden destinadas a formar parte del activo fijo desde su recepción parcial o total. Comenzará a regir a partir del 01 de marzo de 2020.
A partir del 01 de junio de 2020, comenzará a regir un nuevo hecho gravado con IVA, la prestación de servicios digitales por contribuyentes domiciliados o residentes en el extranjero.
a. Servicios Digitales gravados:
i. Intermediación de servicios prestados en Chile o de ventas que den origen a importación;
ii. Suministro de contenido de entretenimiento digital;
iii. Puesta a disposición de softwares, almacenamiento, plataformas, infraestructura informática; y
b. Presunción de territorialidad en IVA Digital: Se determina que deben cumplirse al menos dos de los siguientes supuestos para que el servicio se considere prestado en Chile: (i) algún mecanismo de geolocalización del dispositivo indique que se encuentra en Chile; (ii) que el medio de pago utilizado se encuentre emitido o registrado en Chile; (iii) que el domicilio indicado para la facturación o emisión de comprobante de pago se encuentre en Chile; o (iv) que la tarjeta SIM del teléfono por el cual se recibe el servicio tenga como código de país a Chile.
c. Nuevo régimen simplificado de IVA para no residentes, vinculado al nuevo hecho gravado: Este aplica cuando se prestan servicios a personas naturales no contribuyentes de IVA, y exime de tener que obtener RUT, hacer iniciación de actividades o dar aviso de término de giro, emitir documentos tributarios y llevar libros y registros propios al contribuyente de IVA. Sin embargo, los no residentes no tendrán derecho a crédito Declaran el IVA de forma simplificada y pueden pagarlo en moneda extranjera o su equivalente en moneda nacional.
d. Obligación de retención del IVA por parte de los emisores de tarjetas bancarias o medios análogos de pago: Solo regirá eta obligación en caso que el contribuyente no domiciliado ni residente no se acoja al régimen simplificado explicado anteriormente.
Nuevas normas de determinación del Crédito Fiscal IVA para contribuyentes vendedores habituales de bienes corporales inmuebles y empresas constructoras
A contar del 01 de marzo de 2020, los contribuyentes mencionados, en caso de no poder determinar en el ejercicio que adquieren o construyen los referidos bienes si tienen o no derecho a Crédito Fiscal en dicha adquisición o construcción, deberán registrar un Crédito Fiscal Provisional. Dicho crédito provisional se consolidará si la operación es finalmente gravada con IVA, y por tanto se tenía derecho a Crédito Fiscal en su adquisición o construcción, o bien se aumentará el Débito Fiscal si la operación resulta finalmente exenta del referido impuesto, y en consecuencia no se tenía tal derecho.
En este caso, estas nuevas normas derivan de instrucciones emitidas por el SII, mediante la Resolución Exenta N°24 de 2020, y que se refiere expresamente a:
a. El caso de viviendas compradas con subsidio del MINVU, exentas de IVA (Art. 12 F LIVA);
b. Los casos de contratos de promesa, de leasing y las transferencias que de estos últimos derivaran, celebrados todos con anterioridad al 01 de enero de 2016, exentos de IVA (Art. 6° Transitorio, Ley 20.780); y
c. Los casos de inmuebles que contaran con permiso de edificación al 01 de enero de 2016 y bien, se vendieran a más tardar el 01 de enero de 2017, o ingresaran su recepción definitiva ante la Dirección de Obras Municipales al 01 de abril de 2017, exentos de IVA (Art. 7° Transitorio, Ley 20.780).
Con respecto a éstas, la resolución estableció que los contribuyentes con inicio de actividades al 01 de marzo de 2020 tendrán hasta el 01 de septiembre de 2020 para corregir las operaciones realizadas en los últimos 36 meses. En consecuencia, los contribuyentes vendedores habituales de bienes corporales inmuebles y empresas constructoras deberán revisar sus operaciones realizadas desde el 01 de marzo de 2017 en adelante, y pagar el eventual mayor IVA que resulte (Ej. Caso subsidio MINVU, donde se hubiera utilizado crédito fiscal respecto de operación finalmente exenta), o bien solicitar la devolución de Crédito Fiscal correspondiente (Ej. Caso de inmueble con permiso de edificación, el cual se vendió con posterioridad al 01 de enero de 2017, resultando gravado con IVA, pero sin haber utilizado crédito fiscal por prever que venta sería exenta).
Su emisión pasa a ser obligatoria, debiendo además indicar por separado el impuesto del valor de la venta o servicio. Estas nuevas obligaciones regirán dependiendo del tipo de contribuyente: si emite facturas electrónicas, aplica desde el 24 de agosto de 2020; sino es el caso, aplica desde el 24 de febrero de 2021.
Una serie de reformas entran en vigencia 01 de marzo de 2020. Entre ellas:
a. Eliminación de las presunciones de habitualidad en la venta de inmuebles.
b. Descontaminación del hecho gravado servicios.
c. Arrendamiento de inmuebles amoblados o con instalaciones: Para que proceda el hecho gravado, se exigirá expresamente que los muebles o instalaciones sean suficientes para el uso habitacional, comercial o industrial, según el caso.
d. Extensión del plazo para rectificar errores en la facturación hasta el mes siguiente a la emisión de la factura.
e. Nuevo requisito para la contabilización tardía de facturas: retraso debe ser no imputable al contribuyente.
Nuevo catálogo de derechos del contribuyente
Incluye, entre otras, las siguientes obligaciones expresas para el SII: (i) Fundamentar sus actuaciones, (ii) Prohibición de solicitar formalidades o solemnidades extralegales, (iii) Prohibición de que se inicie nueva fiscalización respecto de hechos o partidas ya fiscalizados (incluye revisiones concluidas en rectificación, giro, liquidación, resolución o certificación); (iv) Obligación de notificar acciones, anotaciones, restricciones que afecten el ciclo de vida del contribuyente.
Además, se crea el nuevo Recurso de resguardo, que se interpone ante el superior jerárquico y es reclamable ante los TTA.
El nuevo catálogo de derechos entrará en vigencia el 01 de marzo de 2020.
Se faculta al SIII para ejecutar las siguientes medidas preventivas y de colaboración: a) informar a los contribuyentes el detalle de sus registros, impuestos o devoluciones y presentarles propuestas de rectificatorias; b) enviar comunicaciones con fines meramente informativos si existieran discordancias de información; c) solicitar antecedentes, debiendo indicar sus objetivos, materia consultada y demás fundamentos de la actuación, lo que no constituye una fiscalización. No obstante, si el contribuyente no realiza acción alguna frente a los requerimientos, el SII podrá iniciar una fiscalización respecto de las mismas partidas, impuestos asociados, períodos y hechos. Lo anterior entrará en vigencia el 01 de marzo de 2020.
A partir del 01 de junio de 2020, se establece la posibilidad de celebrar avenimientos extrajudiciales con el Director del SII respecto de materias sometidas al conocimiento de los Tribunales Tributarios y y Aduaneros.
Además, a contar de la fecha de entrada en vigencia de la Ley se otorgan facultades de conciliación al abogado que represente al SII en todo procedimiento judicial cuya tramitación se encontraba pendiente al 01 de noviembre de 2017.
Finalmente, se podrá, por una única vez, celebrar un avenimiento en todos los juicios tributarios que hoy se encuentran pendientes, ante cualquier tribunal. En este acuerdo, quien reconozca la totalidad de la deuda tributaria debidamente reajustada, podrá acceder a una condonación del 100% de los intereses y multas. Esta posibilidad desde el 01 de marzo de 2020, por un período de 24 meses.
Recurso jerárquico contra la Reposición administrativa
El recurso deberá fundarse en vicio o error de derecho en la aplicación de la legislación o las instrucciones del Director. Su interposición suspenderá el plazo para interponer el Reclamo Tributario. El recurso será aplicable a los procedimientos en trámite, a contar del 01 de marzo de 2020.
a. Tramitación de procedimientos administrativos a través de carpeta electrónica, a contar del 01 de junio de 2020.
b. Plazo expreso para certificación del Término de Giro. 6 meses, a contar del 01 de junio de 2020.
c. Se establece expresamente el derecho a solicitar devoluciones de impuestos ante cambios de criterio en la jurisprudencia administrativa, desde el 01 de marzo de 2020.
d. Protección del secreto comercial o empresarial ante examen de contabilidad por el SII, desde el 01 de marzo de 2020.
e. Regula reglas de responsabilidad en caso de sanciones pecuniarias y delitos cometidos por personas jurídicas, vigentes desde el 01 de marzo de 2020.
f. Aumenta multa en contra de quien se acredite haber diseñado o planificado actos calificados como abusivos o simulados estableciendo como topo 250 UTA en caso de reiteración. Vigente desde el 01 de marzo de 2020.
g. Se incorpora la procedencia del Recurso de Casación en la Forma en contra de la sentencia de primera instancia, respecto de juicios que se inicien a contar del 01 de marzo de 2020.
Modificaciones a otros cuerpos normativos
Nuevo impuesto al patrimonio inmobiliario de alto valor
Se establece la aplicación de una sobretasa progresiva sobre el conjunto de los activos inmobiliarios de cualquier naturaleza que posea un Esta sobretasa, que tendrá el mismo tratamiento tributario que el impuesto territorial para efectos de su pago y crédito, tendrá las siguientes características:
a. Sujeto: el impuesto afecta a cualquier contribuyente, sea persona natural o jurídica, o una entidad sin personalidad jurídica. Se exceptúan las PYMES y los fondos de pensiones, y no se contemplan normas de relación entre personas naturales y jurídicas para determinar el patrimonio inmobiliario del contribuyente.
b. Hecho gravado: dominio de bienes raíces, según conste en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces al 31 de diciembre del año previo.
c. Base imponible: se grava el “avalúo fiscal total”, equivalente a la suma del avalúo fiscal de los bienes raíces del contribuyente, según su valor al 31 de diciembre del año previo. En el caso de los bienes raíces no agrícolas que no tengan un destino habitacional, podrá deducirse del avalúo fiscal la parte que resulta exenta de impuesto
d. Tasa: la sobretasa se aplicará de acuerdo a los siguientes tramos:
i. avalúo fiscal hasta 670 UTA ($399.370.920 pesos) exento;
ii. avalúo fiscal sobre 670 y hasta 1.175 UTA ($399.370.921 – $700.389.300): 0,075%;
iii. avalúo fiscal entre 1.175 y 1.510 UTA ($700.389.301 – $900.074.760): 0,15%;
iv. avalúo fiscal sobre 1.510 UTA ($900.074.761 pesos): 0,275%.
e. Devengo: la sobretasa se devengará el 01 de enero de cada año. Para este año 2020, la sobretasa se devengará el 24 de febrero de 2020, sin perjuicio de lo cual aplicará al año 2020 completo, por lo que se pagará en cuatro cuotas, pagaderas en los meses de abril, junio, septiembre y noviembre.
Patente municipal a sociedades de inversión
Se consagra legalmente la obligación de pagar patente municipal para las sociedades “que adquieran o mantengan activos o instrumentos, de cualquier naturaleza, de los cuales puedan obtener rentas derivadas del dominio, posesión, o tenencia a título precario como, asimismo, de su enajenación”.
Se establece expresamente que esta disposición no permitirá devoluciones o cobros por periodos anteriores al 01 de julio de 2020, fecha de entrada en vigencia, ni afectará procedimientos administrativos ni judiciales en curso, o promovidos con respecto a los mencionados periodos.
A contar del primer día del mes siguiente a la publicación de la Ley en el Diario Oficial, los FIP deberán tener un mínimo de 8 aportantes no relacionados, con un máximo de 20% de las cuotas cada uno, en reemplazo de los 4 aportantes no relacionados con al menos un 10% de las cuotas cada uno que establece actualmente la LUF. Se mantiene la posibilidad de que el FIP tenga alternativamente un inversionista institucional con al menos un 50%. Adicionalmente, se regula expresamente la posibilidad de que un FIP vuelva a cumplir con los requisitos antedichos y recupere los beneficios tributarios desde el ejercicio siguiente a aquel en que vuelve a cumplir. Los FIP ya existentes tendrán hasta el 01 de marzo de 2021 para adecuarse a los nuevos requisitos. Por el contrario, aquellos FIP que, al 24 de febrero de 2020, hayan recibido aportes de conformidad a las políticas de inversión de la CORFO, no se verán afectos por esta nueva disposición.
Nueva contribución para el Desarrollo Regional
Esta contribución aplicará para aquellos nuevos proyectos de inversión o ampliaciones de proyectos de inversión cuyos procesos de evaluación de impacto ambiental se inicien a contar del 24 de febrero de 2020, con las siguientes características:
a. Proyectos gravados: Aquellos que comprendan la adquisición (incluyendo el leasing), construcción o importación de activo fijo por US$ 10.000.000 y deban someterse a una evaluación de impacto ambiental. Quedan exentos aquellos destinados al desarrollo de actividades de salud, educacionales, científicas, de investigación o desarrollo tecnológico, y de construcción de viviendas y oficinas.
b. Grava a contribuyentes del Impuesto de primera categoría que declaren renta efectiva según contabilidad completa: De participar del proyecto varios contribuyentes, el impuesto se paga a prorrata. Además, son solidariamente responsables del pago los adquirentes, cesionarios o continuadores legales a cualquier título.
c. Grava con una tasa del 1% el valor activo fijo comprendido en el proyecto de inversión, en la parte que exceda de los US$ 10.000.000: Podrá cancelarse en 5 cuotas anuales y sucesivas.
d. Se devenga en el primer ejercicio en que se generen ingresos operacionales: Esto es, siempre que se haya obtenido la recepción definitiva o se haya informado a la Superintendencia del Medioambiente el inicio de la ejecución del proyecto, según corresponda.
Oportunidad de cumplir con la obligación de informar operaciones de derivados
A contar del 01 de marzo de 2020 y hasta el 01 de septiembre de 2020, los contribuyentes que hayan celebrado contratos de derivados de aquellos a que se refiere la Ley 20.544, durante los años comerciales 2015 a 2019, podrán presentar una declaración rectificatoria en caso de que no cumplieran oportunamente su obligación de informar de los mismos al SII, o bien, presentaran declaraciones incorrectas o incompletas. Como consecuencia, podrán rebajar como un gasto tributariamente las pérdidas provenientes de dichos derivados, en la medida que los acrediten fehacientemente, evitando así la tributación como gasto rechazado.
Restricciones al DFL 2
Inmuebles que se reciban por herencia también deberán incluirse en el límite de 2 viviendas por persona, perdiéndose los beneficios sobre el exceso. Esta modificación comenzará a regir el 01 de marzo de 2020.
Se crea la Defensoría del Contribuyente, organismo cuyo objetivo es velar por la protección de los derechos de los contribuyentes más vulnerables, con foco de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Entre sus facultades se encuentran:
a. La representación de los micro y pequeños contribuyentes en la tramitación de recursos administrativos ante el SII.
b. La conducción de procesos de mediación entre los contribuyentes y el SII, cuya conclusión será vinculante solo en caso de llegar a un acuerdo.
c. El conocimiento de quejas presentadas por los contribuyentes contra el SII, las cuales, sin ser vinculantes, serán publicadas en su página web y podrán servir de antecedentes en futuros juicios.
LA DEDECON deberá estar completamente operativa a más tardar el 24 de febrero de 2022.
Impuesto a la Herencia en caso de muertes sucesivas de los cónyuges o convivientes civiles
Se crea la exención del segundo impuesto a la herencia sobre los mismos bienes. Para que proceda el beneficio, la muerte del segundo cónyuge o conviviente civil debe acaecer dentro de 5 años. Esta modificación comenzará a regir a partir del 01 de junio de 2020.
Se crea nueva exención, para el caso de donaciones a personas naturales por hasta el 20% de los ingresos brutos anuales del donante, con un tope de 250 UTM y sin importar el destino que se otorgue a los fondos.
Además, esta nueva exención y las donaciones efectuadas por Sociedades Anónimas Abiertas, cuando sean acordadas por Juntas de Accionistas y se realicen a entidades no relacionadas, estarán exentas del trámite de insinuación. Las anteriores modificaciones comenzarán a regir a partir del 01 de junio de 2020.
a. Hecho gravado: Emisiones de 100 o más toneladas anuales de material particulado, o bien 25.000 o más toneladas de CO2. El nuevo hecho gravado comienza a regir el 01 de enero de 2023.
b. Nuevo mecanismo de compensación de emisiones: Mediante la implementación de proyectos de reducción de emisiones del contaminante específico (adicionales, medibles, verificables y permanentes). Estos proyectos podrán emplazarse en toda la zona declarada saturada o latente. Solo si esta declaración no existiera a la fecha de la presentación del proyecto, la zona posible se limitará a la comuna o las comunas adyacentes. Esta opción comenzará a regir el 24 de febrero de 2023.
c. Mecanismo de impugnación: De la determinación de las emisiones, podrá reclamarse bien ante el Tribunal Ambiental o bien administrativamente ante la Superintendencia del Medioambiente, y mientras esté pendiente el pronunciamiento definitivo al respecto, se suspenderá la emisión del giro. Del giro del impuesto podrá reclamarse ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros. Esta modificación comienza a regir el 24 de febrero de 2020.
Nueva Agenda Anti Abusos
Nuevas medidas para los denominados “delitos de cuello y corbata”
En el contexto de la nueva Agenda Anti Abusos anunciada el 9 de diciembre de 2019, el presidente Sebastián Piñera informó las nuevas medidas para los denominados “delitos de cuello y corbata”. En esa línea, las medidas propuestas para combatir la colusión, los abusos a los mercados, los delitos tributarios y el uso de información privilegiada son las siguientes:
Fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica con nuevas herramientas para prevenir, investigar y denunciar carteles y otras conductas anticompetitivas. Estas herramientas consisten en el alzamiento del secreto bancario y la protección de las pruebas físicas y/o digitales de las conductas anticompetitivas.
Aumentar las sanciones penales del delito de colusión con cárcel efectiva, para aquellos acuerdos anticompetitivos que recaigan sobre bienes de primera necesidad, tales como los medicamentos o los alimentos.
Aumentar las sanciones penales y las multas para los delitos tributarios, el uso de la información privilegiada y la divulgación de información falsa en los mercados financieros.
Establecimiento de la obligación de informar, para las empresas que venden bienes y servicios al Estado, la identidad de sus dueños personas naturales, con el propósito de detectar y combatir cualquier abuso, conflicto de interés o concentración excesiva en la provisión de bienes y servicios al Estado.
Creación de la figura del denunciante anónimo, para que cualquier ciudadano en forma anónima o con su identidad protegida, pueda denunciar actos de colusión o delitos en el sector público/privado.
Adicionalmente, la Agenda Anti Abusos proyecta implementar medidas para la mejor protección de los derechos de los consumidores y la modernización de la Dirección del Trabajo para la protección de los derechos de los trabajadores.
Algunas de estas medidas –específicamente en lo que se refiere a conducta de colusión– ya están contempladas en el ordenamiento jurídico, por lo que habrá que seguir atentamente de qué forma el gobierno pretende profundizar el paquete de medidas anunciado.
El comunicado y el discurso completo del presidente Sebastián Piñera se encuentra disponible aquí.
Proyecto que establece una Ley Anticolusión y de Fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica
En el contexto de la “Agenda Antiabusos y por un Trato Justo y Digno para Todos” (“Agenda Antiabusos”) presentada por el Gobierno el pasado viernes 13 de marzo, se contempla un proyecto que establece una Ley Anticolusión y de Fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica («FNE”), que modificaría la regulación actual de Libre Competencia en los siguientes términos:
i. Aumento de sanción penal para el delito de colusión en bienes y servicios de primera necesidad.
De acuerdo a la última modificación legal (2016) a la regulación que Fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia, el que celebre u ordene celebrar, ejecute u organice un acuerdo colusorio para fijar precio de venta o compra, limitar la producción o provisión, repartir zonas o cuotas de mercado, o afectar el resultados de licitaciones, será castigado con una pena que fluctúa entre 3 años y un día a 10 años y un día.
El proyecto de ley contenido en la Agenda Antiabusos contempla elevar la pena mínima a 5 años y un día, para todos aquellos acuerdos que afecten bienes y servicios de primera necesidad, manteniéndose el máximo de la pena en 10 años y un día.
Al respecto, cabe indicar que si bien la propuesta vuelve a reconocer la gravedad que importa una colusión que afecta bienes y servicios de primera necesidad, es difícil evaluar aún el impacto de esta medida, considerando que todavía no se ha aplicado la sanción penal reinstaurada en 2016, ya que hasta esta fecha no se ha ejercido dicha acción por el delito de colusión.
ii. Nuevas herramientas para fortalecer la investigación de carteles por parte de la FNE.
Para efectos de entregar nuevas herramientas a la FNE respecto de conductas colusivas, el proyecto contenido en la Agenda Antiabusos incluye medidas que, entre otras, consisten en:
ii.a. El alzamiento del secreto y la reserva bancaria;
ii.b. Nuevos instrumentos para presentar evidencia, como fotografías, filmaciones o grabaciones;
ii.c. Medidas de resguardo de evidencia electrónica, asegurando que no se pierdan instrumentos que sirvan como material de prueba, incluyendo la posibilidad de solicitar a las empresas de telecomunicaciones que creen un respaldo de las comunicaciones enviadas y recibidas por sujetos investigados; y,
ii.d. Sanciones a quienes entorpezcan la investigación, impidan el acceso, oculten o destruyan evidencia, entre otros.
En lo referente a las nuevas medidas para fortalecer las investigaciones de carteles, estas vienen a complementar una potente batería con que ya cuenta la FNE, siendo la más relevante e innovadora la facultad del alzamiento del secreto y de la reserva bancaria.
iii. Denunciante Anónimo ante la FNE.
Por último, de acuerdo a lo indicado en la presentación de la Agenda Antiabusos, el proyecto en materia de Libre Competencia contempla incluir una obligación para la FNE de mantener la reserva de la identidad del denunciante, en caso que así lo solicite el mismo.
Al respecto, cabe indicar que la actual regulación ya contempla la posibilidad que cualquier ciudadano pueda hacer denuncias bajo reserva y confidencialidad, no solo de su nombre, sino que de los hechos que denuncia y los antecedentes que aporta.
Si bien la Agenda Antiabusos en lo referente a Libre Competencia no propone cambios radicales en la materia, va en la dirección correcta, por cuanto fortalece las herramientas que tiene la FNE en sus investigaciones, especialmente en casos de colusión.
Para más información, puedes visitar los siguientes sitios web, con información oficial:
Nuevo Itinerario Constitucional
"Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución"
El viernes 15 de noviembre de 2019, los partidos políticos más representativos del país suscribieron un documento denominado «Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución».
En el Acuerdo, se establece un itinerario y procedimiento general, para que un órgano constituyente redacte una nueva Constitución.
El nuevo texto de la Constitución derogará orgánicamente a la primera, pasando a remplazarla en su integridad.
Previamente, se requiere que el Congreso proceda a acordar la modificación del Capítulo XV «Reforma de la Constitución», para lo cual se debe contar, en cada Cámara, el voto conforme de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio.
Se impulsará un Plebiscito en el mes de abril de 2020 que resuelva dos preguntas («Plebiscito de Inicio»):
Sin embargo, el Acuerdo no regula:
(i) Si la participación en este Plebiscito de Inicio será voluntario o bien obligatorio. Si no se dispone por el Congreso una regla diferente en el Proceso Previo de Reforma Constitucional, debiera regir la norma general vigente para sufragios, según la cual, la participación es voluntaria.
(ii) Un quórum especial para dar por seleccionada y aprobada una u otra opción de cada pregunta sometida al Plebiscito. A falta de norma especial debe, entonces, regir la regla general, aplicando la mayoría absoluta de quienes participen del Plebiscito de Inicio (50% más uno).
(iii) Por vía de declaraciones posteriores, se ha precisado que quienes respondan a la primera pregunta indicando que no desean una nueva Constitución, igual están habilitados para responder la segunda pregunta, que se refiere a la naturaleza del Órgano Constituyente:
Convención Mixta Constitucional (50%/50%): órgano integrado en partes iguales por (i) miembros (personas) electos para tal efecto y (ii) miembros en ejercicio del Congreso.
Convención Constitucional (100%): órgano integrado en su totalidad por personas electas sólo para este efecto.
La elección de los miembros de ambos órganos se realizará en octubre de 2020, conjuntamente con las elecciones regionales y municipales;
Su elección corresponderá a sufragio universal, con el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de Diputados, en la proporción correspondiente.
Aquellas personas cuya candidatura para integrar el órgano constitucional sea aceptada por el Servicio Electoral y que, actualmente ocupan un cargo público:
a) Cesarán en su cargo, por el solo ministerio de la ley; y
b) Estarán afectos a una inhabilidad sobreviniente para ser candidatos o candidatas a cargos de elección popular por un año, desde que cesen en su mandato.
Sin embargo, en esta materia el Acuerdo no regula:
(i) Los requisitos que deberán cumplir las personas para ser candidatos para integrar el Órgano Constituyente.
La regla general vigente dispone que los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran corresponden a los «ciudadanos»: chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva (Artículo 13 de la Constitución).
(ii) La forma cómo se procederá a elegir a los parlamentarios en ejercicio (diputados /senadores) que pasarán a integrar el 50% de la Convención Mixta Constitucional.
(iii) El número total de miembros que tendrá el Órgano Constituyente.
(iv) Aspectos generales que son propios de cargos de esta naturaleza, como lo es la dieta o remuneración que percibirán los miembros del Órgano Constituyente; si tales miembros tendrán o no dedicación exclusiva; si durante su ejercicio tendrán inhabilidades o incompatibilidades; etc.
Se dispuso que los partidos que suscriben el Acuerdo designarán una Comisión Técnica, que se abocará a la determinación de todos los aspectos indispensables para materializarlo.En cuanto a su composición, se acordó que la designación de los miembros de esta Comisión Técnica será paritaria entre la oposición y el oficialismo, quedando abierto el número final de integrantes.
Se establece que el plazo de funcionamiento del Órgano Constituyente será de hasta 9 meses, prorrogable por una sola vez, para un plazo adicional de 3 meses.
Al respecto, el Acuerdo sólo establece lo siguiente:
(i) Que su único objeto es redactar la nueva Constitución, lo cual fija su competencia;
(ii) Que su creación no afecta las competencias y atribuciones de los demás órganos y poderes del Estado;
(iii) Que no podrá alterar los quórum, ni procedimientos para su funcionamiento y adopción de acuerdos.
(iv) Que deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas, por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio.
El único quórum establecido para la aprobación de normas por parte del Órgano Constituyente es de dos tercios de sus miembros en ejercicio (Nº6 del Acuerdo).
Conforme a ello, el texto íntegro de Nueva Constitución que se redacte, sólo se entenderá aprobado por el Órgano Constituyente, si cuenta con el voto favorable de dos tercios de sus miembros en ejercicio.
Debe ser sometido a un plebiscito ratificatorio («Plebiscito Ratificatorio»): la votación se realizará mediante sufragio universal obligatorio.
El Plebiscito Ratificatorio debe realizarse 60 días posteriores a la entrega del Nuevo Texto Constitucional (en ningún caso se podrá realizar 60 días antes ni después de una votación popular).
Sólo una vez reunidos los requisitos copulativos de (i) aprobado vía Plebiscito Ratificatorio el Nuevo Texto Constitucional, (ii) promulgado y (iii) publicado, quedará derogada orgánicamente la Constitución actual.
Aquellas materias que no hayan quedado reguladas en el Nuevo Texto Constitucional que entre a regir, serán materia del proceso legislativo propio del Congreso, sujeto en todo caso, a las reglas que contemple la Nueva Constitución.
No habrá nuevo texto constitucional si:
(i) El Plebiscito de Inicio rechaza la opción de contar con una nueva Constitución.
(ii) No se constituye el Órgano Constituyente.
(iii) El Órgano Constituyente no aprueba, dentro de su plazo de funcionamiento, un Nuevo Texto Constitucional.
(iv) El Plebiscito Ratificatorio no aprueba el Nuevo Texto Constitucional redactado por el Órgano Constituyente.
En todos esos casos, no se habrá producido el efecto de derogación orgánica constitucional y, en consecuencia, continuará en plena vigencia la actual Constitución, situación que deberá dar lugar a un amplio debate cívico para determinar un nuevo curso de acción democrático.
Proyecto “40 Horas”
¿Qué se aprobó en la Cámara de Diputados?
Reducción del límite de jornada semanal de 45 a 40 horas.
El período de colación NO se imputará a la jornada de trabajo.
Respecto de las jornadas que sean distribuidas en turnos, respecto de las labores exceptuadas de descanso dominical y en festivos (Artículo 38 del Código del Trabajo); como también las jornadas excepcionales, las bisemanales y los contratos especiales para el personal del transporte, por acuerdo de las partes la jornada ordinaria podrá promediarse en periodos bimensuales o trimestrales de distribución de días de trabajo y de descanso. Dicho promedio deberá adecuarse a 40 hrs semanales.
Se establece que la circunstancia de excluir a un trabajador del límite semanal de jornada (inciso segundo del Artículo 22) deberá ser calificada por la Inspección del Trabajo. Esta exigencia no existe actualmente, lo que puede implicar que la autoridad determine que, en varios casos, el trabajador debiera estar afecto a una jornada de trabajo.
¿Cómo será aplicada? (posterior a aprobación)
Regla general: 12 meses desde la entrada en vigencia
A las Empresas con ingresos anuales por ventas y servicios inferiores a 75.000 UF se les aplicará gradualmente en un periodo de cinco años, comenzando en cuarenta y cuatro horas semanales, y disminuyendo una hora por año hasta llegar a las 40 horas semanales.
Envío del Proyecto de Ley a la Cámara Revisora (Senado).
El Senado estudiará el proyecto en comisiones, y luego votará en sala, tanto en forma general, como particular, revisando todo el articulado del proyecto.
Atendido que el proyecto no tiene asignada “urgencia” será conocido por el Senado de acuerdo al orden ordinario de la tabla del Senado.
Consiste en la creación de un Fondo Solidario para Beneficio Social de Educación Parvularia en Nivel de Sala Cuna que se financiará principalmente con una cotización de 0.1% calculado sobre las remuneraciones imponibles de los trabajadores dependientes de cargo del empleador y con un aporte del estado que ascenderá anualmente a 225.792 UTM.
Serán beneficiarios: (i) La madre trabajadora de un niño(a) menor de dos años. Si padre y madre son trabajadores, podrán acordar quien accede al beneficio; (ii) El padre trabajador de un niño(a) menor de dos años que tenga el cuidado personal de forma exclusiva; (iii) El trabajador al que, por sentencia judicial, se le haya confiado el cuidado personal de un niño(a) menor de dos años.
Podrán acceder a este beneficio todos los trabajadores dependientes del sector privado y los independientes que registren a lo menos 6 meses de cotizaciones previsionales dentro de los 12 meses anteriores a la solicitud del beneficio.
El trabajador dependiente tendrá derecho a este beneficio conforme al número de horas que comprenda su jornada de trabajo. Sin embargo, si la jornada es inferior a 12 horas semanales no tendrá derecho a acceder al beneficio.
¿De qué se compone el beneficio?
El beneficio será de hasta 5,14 UTM para el pago del establecimiento de educación parvularia que elija el trabajador y su pago procederá por cada niño menor de dos años que haga uso del beneficio. El beneficio incluirá el pago de una matrícula del mismo valor por una vez al año.
¿En qué etapa está proyecto?
El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado. Actualmente, está siendo discutido por la Comisión de Hacienda, luego de haber sido aprobado por la Comisión del Trabajo y rechazado por la Comisión de Educación.
En el marco de la Agenda Social que ha comenzado a impulsar el Gobierno, se han hecho algunos anuncios en materia previsional, los que serían incorporados dentro de la reforma al sistema de pensiones. Entre los principales anuncios que se han hecho destacan los siguientes
Existirá un incremento del 20% en la Pensión Básica Solidaria de cargo del Estado.
Habrá un aumento del 20% en el Aporte Previsional Solidario de cargo del Estado, aporte efectuado a las pensiones más bajas del país.
Se extenderá la Pensión Básica Solidaria a los mayores de 74 años durante los años 2021 y 2022 con cargo al erario público.
Se efectuará un aporte previsional a la clase media y a las mujeres de cargo del Estado. No se ha especificado la modalidad en la cual este aporte se concretará.
Se aumentará el aporte fiscal para financiar mejores pensiones para los adultos mayores no valentes, con dependencia, o postrados, con cargo al erario público y al ente privado.
Se aumentará en un 1% el aporte al ahorro previsional de los trabajadores que es de cargo del empleador, el cual subirá desde el 4% anunciado en el proyecto anterior de este Gobierno, a un 5% como monto de cotización adicional. Este 5% se dividirá en diferentes seguros de apoyo a grupos específicos, por ejemplo, 1% se destinará para financiar a los adultos mayores no valentes.
El anuncio presidencial indica la voluntad de que las distintas medidas anunciadas comiencen a regir el 1 de enero del 2020, habiéndose aprobado en el Congreso.
Con fecha 23 de Octubre el presidente firmó el proyecto de ley que incorpora las medidas anunciadas. Sin embargo, a la fecha aún no ha iniciado su tramitación en las Cámaras legislativas.
Con fecha 11 de diciembre de 2019, se publicó la ley N°21.190 la que “Mejora y establece nuevos beneficios en el Sistema de Pensiones Solidarias”.
Se establece un primer cambio para los beneficiarios del aporte previsional solidario de vejez que reciben actualmente una o más pensiones, pudiendo llegar a recibir un aporte previsional solidario de vejez de entre $137.751 y $165.302 en sus valores máximos según la edad del beneficiario.
Se indica además que, si no se alcanza a financiar este monto adicional de retiro programado con la cuenta de capitalización individual, la diferencia será financiada con recursos del Estado. Así, estos mayores aportes o aumentos no afectarán en lo absoluto las cargas previsionales que posee el Empleador.
Este beneficio entrará en vigencia el 1 de enero de 2020. Ahora bien, a partir del 1 de diciembre de 2019, la pensión básica solidaria de vejez y la pensión máxima con aporte solidario sufrirá una serie de aumentos según el rango etario de los afiliados:
Para beneficiarios de 80 y más años de edad, se incrementarán en 50% respecto de sus valores vigentes a noviembre de 2019.
Para beneficiarios de 75 a 79 años de edad se incrementarán en 30% respecto de sus valores vigentes a noviembre de 2019, igualándose el 1 de enero del año 2021 a los montos de la pensión básica solidaria y de la pensión máxima con aporte solidario de los beneficiarios de 80 y más años de edad.
Para los beneficiarios menores de 75 años de edad se incrementarán en 25% respecto de sus valores vigentes a noviembre de 2019, alcanzando el 1 de enero de 2021 un aumento acumulado de 40% más el reajuste legal, e igualándose a partir del 1 de enero de 2022 a los montos de la pensión básica solidaria de vejez y de la pensión máxima con aporte solidario de los beneficiarios de 75 y más años de edad.
Cabe señalar que la referida ley introduce otras modificaciones, entre las más relevante se cuentan:
Se fija en 12 Unidades de Fomento (valor equivalente a la actual Pensión Máxima con Aporte Solidario), el requisito para el retiro de Excedentes de Libre Disposición en el sistema de pensiones de ahorro obligatorio. Con este cambio, las personas que tendrían derecho a dicho retiro, no se verán afectadas por los aumentos de la PMAS incluidos en el proyecto de ley.
Se establece que la pensión básica solidaria de invalidez, total o parcial, será de igual valor al de la pensión básica solidaria de vejez que corresponda a los beneficiarios menores de 75 años de edad.
Subsidio para alcanzar un Ingreso Mínimo Garantizado
¿En qué consiste el Subsidio de Ingreso Mínimo Garantizado y a quiénes beneficia?
El Proyecto propone crear un subsidio mensual, de cargo fiscal, que beneficiará a los trabajadores que cumplan con los siguientes beneficios:
(i) Sean dependientes regidos por el Código del Trabajo;
(ii) Con contrato de trabajo vigente;
(iii) Estén afectos a jornada ordinaria superior a 30 horas semanales;
(iv) Que reciban una remuneración bruta mensual inferior a $370.000 y;
(v) Que integren un hogar perteneciente a los primeros nueve deciles de acuerdo al Registro Social de Hogares.
Para estos efectos se entenderá por remuneración mensual todas las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie avaluables en dinero que percibe el trabajador por causa del contrato de trabajo. Entre ellas, el sueldo, los sobresueldos, los premios, comisiones, gratificaciones, etc.
Se establece que el subsidio se devengará mensualmente y no será imponible, tributable, embargable ni estará afecto a descuento alguno.
Quienes reciban este subsidio, continuarán haciéndolo mientras hagan uso de licencia médica (pre y postnatal y Ley SANNA) o del permiso postnatal parental.
Asimismo, en caso que el trabajador pueda ser beneficiario de este subsidio y a la vez del Subsidio al Empleo Joven o Bono Trabajo a la Mujer, se le concederá sólo el que otorgue mayor beneficio.
El monto del subsidio dependerá de la remuneración bruta y la jornada pactada:
Para los trabajadores con jornada de 45 horas cuya remuneración bruta mensual sea igual o superior a $301.000 e inferior a $370.000, el monto del subsidio corresponderá a la diferencia entre el aporte máximo y el valor afecto a subsidio, donde el aporte máximo es $49.000 y el valor afecto a subsidio corresponde al 71% de la diferencia entre la remuneración bruta mensual y $301.000.
Para los trabajadores con jornada de 45 horas con remuneración bruta mensual inferior a $301.000, el valor del subsidio corresponderá al 16,28% de la remuneración bruta mensual.
Para ambos tramos del subsidio, éste se calculará de manera proporcional para los trabajadores con jornadas superiores a 30 horas semanales e inferiores al límite de la jornada ordinaria de trabajo.
¿Qué deberes u obligaciones tendrán los empleadores?
El empleador (i) deberá informar a todos sus trabajadores que tengan una remuneración bruta mensual inferior a $370.000 de la existencia del subsidio, disponiendo de los medios para realizar la solicitud y acceder al subsidio, y (ii) no podrá disminuir injustificadamente la remuneración bruta mensual del trabajador que reciba el subsidio, su infracción será sancionada con multa a beneficio fiscal.
El empleador que incumpla lo anterior podrá ser objeto de multas a beneficio fiscal y hasta la clausura del establecimiento.
Por otro lado, se establecen sanciones penales para aquel que con el objeto de percibir indebidamente el subsidio, declare o entregue datos falsos.
En caso de ser aprobada, esta ley entrará en vigencia a contar del primer día del cuarto mes siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
El Proyecto se encuentra en la Cámara de Diputados, analizándose en las Comisiones de Hacienda y Trabajo, con urgencia simple de tramitación, esto quiere decir que el proyecto debiera ser conocido y despachado por la Sala de la Cámara de Diputados en el plazo de 30 días.
Ley Estabilización de los Precios de la Energía Eléctrica para Clientes Regulados
Esta ley establece un mecanismo de estabilización de los precios de energía eléctrica para clientes regulados, evitando las alzas de precio en la cuenta de luz para estos clientes, manteniendo vigentes los precios del año 2018 por un horizonte de entre cuatro y ocho años, aproximadamente.
¿Cómo se aplica este mecanismo?
En la actualidad, las empresas distribuidoras cuentan con diversos contratos de suministro eléctrico para suministrar a sus clientes sometidos a regulación de precios, con vigencias y precios diferentes. El precio de dichos contratos se traspasa al cliente final como “precio de nudo promedio”, que corresponde al promedio ponderado de los precios de los contratos de suministro recién referidos, que es determinado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) cada seis meses, por la vía de un decreto, considerando los ajustes o indexaciones acordados en cada contrato.
El mecanismo recientemente aprobado busca frenar el alza del precio de la energía. Esto se materializará manteniendo el precio a cliente final del año 2018 prácticamente inalterado, por varios años, hasta que el precio de nudo promedio empiece a bajar como efecto del ingreso de contratos ya licitados, a bajo precio. Mientras dure la aplicación del mecanismo, las suministradoras de las empresas de distribución sólo podrán percibir el precio traspasado a cliente final, manteniendo el derecho a cobrar el diferencial una vez que el precio de nudo promedio se ubique bajo el precio determinado por el mecanismo de estabilización.
El detalle del funcionamiento del mecanismo de estabilización es el siguiente:
Entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2020: los precios que las distribuidoras podrán traspasar a sus clientes regulados corresponderán a los niveles de precio contenidos en el decreto 20T, de 2018, del Ministerio de Energía, y se denominarán Precio Estabilizado a Cliente Regulado («PEC«).
Desde el 1 de enero de 2021 y hasta que se extingan los saldos originados por aplicación del mecanismo de estabilización, lo que en ningún caso podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 2027: los precios que las distribuidoras podrán traspasar a sus clientes regulados serán aquellos definidos en las fijaciones semestrales que realice la Comisión Nacional de Energía (“CNE”) de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Servicios Eléctricos, los que en cualquier caso no podrán ser superiores al PEC ajustado de acuerdo al IPC a partir del 1 de enero de 2021 con base en la misma fecha (“PEC Ajustado”).
En caso de que el cálculo de precios de nudo promedio hubiera resultado en precios mayores al PEC o PEC Ajustado, según corresponda, los precios que las distribuidoras pagarán a sus suministradores serán ajustados a la baja. En caso contrario, los precios serán incrementados, con el fin de cubrir los saldos no recaudados. Respecto de cada contrato, el ajuste se aplicará hasta cubrir su saldo no recaudado de conformidad a lo señalado en el numeral siguiente.
En el informe semestral de la CNE se calculará, para cada contrato, las diferencias de facturación que se produzcan entre el precio establecido en el decreto semestral respectivo, y el precio que se hubiera aplicado de conformidad a las condiciones del correspondiente contrato. Este saldo deberá ser incorporado en los decretos tarifarios semestrales respectivos, detallando los saldos no recaudados de cada contrato en su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América.
A partir de julio de 2023 o bien hasta acumular un saldo no recaudado de 1.350 millones de dólares, no se podrán incrementar los saldos no recaudados, para lo cual la CNE deberá determinar los ajustes al PEC Ajustado necesarios.
Los saldos no recaudados de conformidad al numeral 4 anterior no devengarán interés. Excepcionalmente, los saldos no recaudados al 1 de enero de 2026, devengarán un interés igual a LIBOR de seis meses, o la tasa equivalente que la reemplace, más un spread correspondiente al riesgo país a la fecha de aplicación.
¿Qué impactos trae asociada esta normativa?
Para las empresas de generación que están participando actualmente del suministro de energía de clientes regulados esto genera costo financiero por lo que es importante que la deuda se pague en el menor tiempo posible, lo que supone que, en cuanto se produzcan las esperadas bajas en los precios licitados, todo el diferencial con el PEC se destine a pagar los saldos insolutos.
Modificación de las reglas de imputación del pago de los intereses y el capital adeudado
Proyecto de ley, iniciado en moción del Senador Ossandón, que modifica las reglas de imputación del pago de los intereses y el capital adeudado. Ingresado el 22/10/2019, actualmente en primer trámite constitucional.
a) Modifica el Código Civil en su artículo 1.595 de manera de invertir la actual regla general de imputación de pago de intereses y el capital, debiendo imputarse primeramente el pago de capital y luego los intereses, si es que las partes no han pactado algo distinto.
b) Modifica la Ley número 18.010, de Operaciones de Crédito de Dinero, en su artículo 9° inciso primero, de manera tal de aumentar el plazo mínimo para capitalizar intereses de 30 a 60 días.
Modificación de diversos cuerpos legales sobre endeudamiento y derechos del consumidor
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores Rincón, Goic, De Urresti, Harboe y Huenchumilla, que modifica diversos cuerpos legales sobre endeudamiento y derechos del consumidor. Ingresado el 29/10/2019, actualmente en primer trámite constitucional.
a) Modifica el interés máximo convencional actual, regulado en el artículo 6° de la Ley número 18.010 de Operaciones de Crédito de Dinero, reduciendo su tasa de 1,5 a 1,3 veces la tasa de interés corriente que rige al momento de la transacción.
b) Prohíbe el anatocismo (pago de intereses sobre intereses) regulado en el artículo 9° de la Ley número 18.010, de Operaciones de Crédito de Dinero, agregando que la infracción a dicha prohibición tendrá efectos penales (estos últimos pendientes de definir).
c) Limita las comisiones de prepago, de manera que en las operaciones de crédito de dinero no reajustables, que no superen las 5.000 UF, el límite de la comisión de prepago se reduce de 1 mes a 15 días de intereses pactados calculados sobre el capital que se prepaga, y en el caso de las operaciones reajustables, el límite de la comisión de prepago se reduce de 1 mes y medio a 1 mes de intereses pactados calculados sobre el capital que se prepaga. Asimismo, se establece que toda comisión de prepago no podrá exceder en un mes de intereses pactados.
d) Modifica la Ley número 18.092 sobre Letra de Cambio y Pagaré, en su artículo 105°, exigiendo que, en los casos de pagarés con vencimientos sucesivos, para que el no pago de una de las cuotas haga exigible el saldo total insoluto, será necesario realizar el correspondiente requerimiento de pago, cobro o protesto de al menos 6 cuotas impagas separadamente.
e) Modifica la Ley número 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, en su artículo 16°, en orden a que no producirán efectos las cláusulas aceleratorias que se agreguen a los contratos de adhesión, que exijan la totalidad del monto adeudado por el incumplimiento de menos de seis cuotas separadas, o que eximan de su obligación de requerir de pago.
Reajuste de tarifas de concesiones
Acuerdo entre el MOP y empresas concesionarias de autopistas urbanas
Acuerdo entre el MOP y empresas concesionarias de autopistas urbanas de reducir la cláusula de reajuste de alza en el valor de todas las carreteras urbanas, pasando de un 3,5% + IPC anual acumulado, a sólo un reajuste por IPC anual.
Como compensación a las empresas concesionarias, el Estado tendrá dos alternativas: (i) pagar la diferencia al final de los contratos (en 15 años), directamente o por medio del nuevo concesionario que asumiría esta obligación (ii) extender el plazo de uso de la autopista por el concesionario actual hasta que se alcance la recaudación esperada, decisión que deberá tomar el gobierno de turno.
El acuerdo entrará en vigencia a partir de enero de 2020 y hasta el término de los contratos, en 15 años más.
Proyecto de Ley que modifica las facultades de CENABAST
Proyecto de Ley iniciado por Mensaje N° 210-367, titulado “Mensaje de S.E. el presidente de la república con el que inicia un proyecto de ley que autoriza la intermediación de medicamentos por parte de CENEBAST a Almacenes farmacéuticos y farmacias privadas”.
Fecha de ingreso: 30 de octubre de 2019
N° de Boletín: 13027-11
Estado: primer trámite constitucional, cámara de diputados.
El proyecto de ley, tiene como objetivo principal la reducción de los precios de los medicamentos que son comercializados por farmacias independientes o comunales, mediante el mecanismo de venta directa a dichas farmacias por parte de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (“CENABAST”). Ello, a un precio menor del que, en condiciones de mercado, tales farmacias compran sus productos a los laboratorios que los abastecen.
Lo anterior, tendrá como efecto la reducción del precio de venta de los medicamentos, como consecuencia de un menor costo intermedio de adquisición de éstos. Ahora, para asegurar el objetivo, el proyecto contempla la fijación por parte de la Autoridad del precio máximo al cual se puede vender al consumidor final el fármaco adquirido por este mecanismo.
2. ¿Quiénes serán los beneficiarios?
(i) Primera causal: aquellas farmacias o almacenes farmacéuticos que sean caracterizadas como empresas de menor tamaño, conforme a la categoría contenida en la ley 20.416 que “fija normas especiales para las empresas de menor tamaño”.
(ii) Segunda causal: aquellas farmacias o almacenes farmacéuticos que son los únicos de su tipo en una determinada comuna.
(iii) Tercera causal: otros casos de inaccesibilidad, calificados mediante resolución del Ministerio de Salud, firmada además por el Ministerio de Hacienda, en los cuales se vea afectada la adecuada provisión de medicamentos para la población como consecuencia de la existencia de barreras económicas, financieras, geográficas o de oportunidad.
3. ¿Cuál será el procedimiento que deberán observar las farmacias que quieran optar al beneficio?
El procedimiento regulado para optar a este mecanismo de venta, contempla una solicitud del beneficiario a CENABAST, quien luego de verificar la concurrencia de las causales antes señaladas, procederá a la provisión de los productos al precio convenido. La celebración del contrato se regirá por las normas generales de contratación administrativa y, además, contemplará en favor de CENABAST el cobro de una comisión mensual por el servicio prestado. En el mismo acto, se fijará el precio máximo de venta del medicamento al consumidor final por parte de la autoridad.
4. ¿Cuál será la modificación legal?
Se propone ampliar las facultades de CENABAST contenidas en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Salud, las cuales limitan la venta de medicamentos por parte de dicho órgano público, únicamente, a los servicios que componen el Sistema Nacional de Servicios de Salud.
En específico, el proyecto de ley contempla la inclusión de un artículo 70 bis, cuyo tenor es el siguiente:
“Artículo 70 bis. – La Central podrá ejercer las funciones del artículo 70 letra a) respecto de las farmacias y almacenes farmacéuticos privados, en cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Cuando se trate de farmacias o almacenes farmacéuticos que sean calificados como empresas de menor tamaño conforme a lo dispuesto en el artículo segundo de la ley N° 20.416;
b) Cuando se trate de la única farmacia o almacén farmacéutico que exista en una comuna; o
c) Cuando existan barreras económicas, financieras, geográficas o de oportunidad que impidan la adecuada provisión de medicamentos para la población y esto sea declarado así por resolución del Ministro de Salud, la que será suscrita además por el Ministro de Hacienda.
Encontrándose en alguna de las circunstancias anteriores, la farmacia o almacén farmacéutico que se trate deberá solicitar a la Central los medicamentos o dispositivos médicos que sean necesarios para el adecuado abastecimiento de la población. La Central evaluará la solicitud y, en caso de ser aprobada, procederá a la provisión del medicamento o dispositivo médico según las reglas generales. Para ello, podrá acumular la demanda a la de los establecimientos del Sistema.
La Central determinará, en el acto de la venta a la farmacia o almacén farmacéutico, el precio máximo de venta al público que podrá cobrar la farmacia o almacén farmacéutico respecto del medicamento adquirido mediante el mecanismo establecido en el presente artículo.
Todas las ventas que efectúe la Central en virtud de este artículo deberán ser publicadas en su sitio web institucional.”.
5. ¿Qué consecuencias puede generar en el mercado farmacéutico?
En caso de que el proyecto se convierta en ley de la república, su materialización podría provocar consecuencias para las grandes cadenas farmacéuticas. Ello, por cuanto éstas al no poder optar al beneficio y comprar fármacos directamente a CENABAST, podrían verse en la necesidad de rebajar sus precios, reduciendo utilidades. Ahora, todo dependerá de las condiciones del mercado específico del fármaco comercializado.

References: Artículo 14
 artículo 14
 artículo 46
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 22
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 6
 artículo 9
 artículo 105
 artículo 16
 resolución 
 artículo 70
 artículo 70
 resolución