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Timestamp: 2018-12-11 07:26:58+00:00

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﻿ SENTENCIA C-317 DE ABRIL 9 DE 2008
SENTENCIA C-317 DE 09 DE ABRIL DE 2008
CONTENIDO:APLAZAMIENTO DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. LA INASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES A LA SEGUNDA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, EN NINGÚN CASO PODRÁ DARSE UN APLAZAMIENTO. SALVO SE PRESENTE UNA CIRCUNSTANCIA QUE LO JUSTIFIQUE. SE DECLARA EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN "SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDA HABER OTRO APLAZAMIENTO", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 1149 DE 2007.
TEMAS ESPECÍFICOS:AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, ASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN
Sentencia C-317 de abril 9 de 2008
Ref.: Expediente D-6936
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 11 (parcial) de la Ley 1149 de julio 13 de 2007. “por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para hacer efectiva la oralidad en sus procesos”.
Jairo Alberto Baquero Prada
Bogotá, D.C., nueve de abril de 2008
A continuación se transcribe la norma acusada, tal como aparece publicada en el Diario Oficial 46.688 de 2007:
(julio 13) Diario Oficial 46.688 de 13 de julio de 2007
[...] “ART. 11.—El artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, modificado por el artículo 39 de la Ley 712 de 2001, quedará así:
ART. 77.—Audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas y saneamiento y fijación del litigio. Contestada la demanda principal y la de reconvención si la hubiere, o cuando no hayan sido contestadas en el término legal, el juez señalará fecha y hora para que las partes comparezcan personalmente, con o sin apoderado, a audiencia pública, la cual deberá celebrarse a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de notificación de la demanda.
Las misma consecuencias se aplicarán a la demanda de reconvención.
4. A continuación el juez decretará las pruebas que fueren conducentes y necesarias, señalará día y hora para audiencia de trámite y juzgamiento, que habrá de celebrarse dentro de los tres (3) meses siguientes; extenderá las órdenes de comparendo que sean del caso, bajo los apremios legales, y tomará todas las medidas necesarias para la práctica de pruebas en la audiencia de trámite y juzgamiento; y respecto al dictamen pericial ordenará su traslado a las partes con antelación suficiente a la fecha de esta audiencia”
3. Para el demandante esta disposición vulnera los fines sociales del Estado (C.N., art. 2º), el derecho a la igualdad (C.N., art. 13) y el derecho al debido proceso (C.N., art. 29). Señala que la norma parcialmente demandada impide que la parte que asistió puntualmente a la primera audiencia de conciliación, pero a quien se le puede presentar una circunstancia grave que le impida asistir a la segunda audiencia, tenga la oportunidad de solicitar un nuevo aplazamiento. Para el demandante esto vulnera la igualdad porque una de las partes tuvo el derecho a solicitar una nueva audiencia mientras la otra parte procesal, que se encuentra en idénticas circunstancias, en caso de no poder asistir a la segunda audiencia, debe soportar todas las consecuencias del incumplimiento, como la presunción de que acepta los alegatos de la contraparte. Adicionalmente señala que la disposición vulnera el derecho al debido proceso porque impide de manera irrazonable y desproporcionada que la parte que dejó de asistir a la segunda audiencia por una circunstancia grave, sea escuchada antes de ser condenada.
4. Lo primero que compete a la Corte es encontrar el verdadero alcance de la disposición demandada. No sobra mencionar en todo caso que en principio no es la Corte Constitucional la encargada de definir la interpretación autorizada del derecho legislado. Esta tarea, en el ordenamiento constitucional colombiano, corresponde por regla general a la justicia ordinaria. Sin embargo, en casos como el presente, con la única finalidad de adelantar el juicio de constitucional de la norma, la primera tarea de la Corte Constitucional debe ser definir su alcance y contenido, pues de tal definición dependerá el resultado del juicio de constitucionalidad que la corporación debe adelantar. Ciertamente, como se verá adelante, tanto el demandante como los intervinientes ponen de presente, cuando menos, tres interpretaciones completamente diversas sobre el alcance de esta norma. Conocer cuál de ellas es razonable, es el primer paso para poder luego confrontarla con el texto constitucional.
A su turno, el representante del Instituto de Derecho Procesal sostiene que la disposición demandada impide un segundo aplazamiento de la audiencia de conciliación laboral. Sin embargo considera que en todo caso, esta norma debe ser interpretada de conformidad con las disposiciones que regulan las instituciones de la fuerza mayor y el caso fortuito en el derecho procesal colombiano. En consecuencia, en estos eventos —de fuerza mayor o caso fortuito— se aplicarían dichas disposiciones.
7. La disposición parcialmente impugnada, hace parte de una reforma parcial del Código Procesal Laboral (CPL), cuya finalidad era promover la celeridad procesal haciendo efectiva la oralidad. En consecuencia, el alcance de dicha disposición se define en virtud de una interpretación sistemática de las normas del código del cual hacen parte. Así mismo, pese a la notable autonomía del derecho procesal laboral, lo cierto es que sus normas están regidas y orientadas por los principios básicos del derecho procesal constitucional (o del debido proceso constitucional), recogidos en buena parte en el Código de Procedimiento Civil (CPC). Adicionalmente, el propio Código Procesal Laboral, en su artículo 145, establece que a falta de disposiciones especiales en el procedimiento de trabajo se aplicarán las normas análogas del propio código y, en su defecto, las del Código de Procedimiento Civil (4) . Finalmente, no sobra recordar que el Código de Procedimiento Civil, indica que cualquier vacío en sus disposiciones se llenará con las normas que regulen casos análogos, y a falta de estas con los principios constitucionales y los generales de derecho procesal. (CPC, art. 5º).
8. Los artículos 29 y 229 de la Constitución consagran el derecho al debido proceso y el derecho de acceso a la administración de justicia. En virtud de tales disposiciones, las personas tienen, entre otros, el derecho de acceder a un juez para que este dirima sus controversias cuando las mismas son relevantes para el ordenamiento y adicionalmente tienen el derecho a ser oídas en igualdad de condiciones y a solicitar y controvertir pruebas. Sin embargo, el derecho de acceso a la administración de justicia también comporta el derecho a un proceso justo y sin dilaciones. Por esta razón, las normas procesales al establecer las distintas diligencias destinadas a que las partes sean escuchadas pueden también imponer sanciones para quienes no cumplen con sus deberes procesales y dilatan o dificultan con ello la actuación de la justicia. Una de tales sanciones podría ser, en principio, la presunción de que la inasistencia da lugar a un indicio en contra de la parte incumplida.
Por esta razón, el Código de Procedimiento Civil es claro cuando establece que la fuerza mayor es causal de justificación de situaciones tan perturbadoras para la administración de justicia, como la pérdida del expediente (5) o la inasistencia a diligencias judiciales fundamentales como la audiencia de casación (6) . Así mismo, la fuerza mayor y el caso fortuito son la única causal que puede justificar el incumplimiento del deber del secuestre de entregar el bien secuestrado (7) . Finalmente, para solo mencionar algunos de los ejemplos de la legislación procesal vigente, la fuerza mayor se convierte incluso, en causal excepcional para que el juez de segunda instancia deba decretar pruebas no solicitadas en la primera instancia (8) o, incluso, para solicitar la revisión de las sentencias que han hecho tránsito a cosa juzgada. En efecto, como lo indica el artículo 380 del Código Procedimiento Civil, la primera causal de revisión es aquella según la cual, después de pronunciada la sentencia, se encuentran documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. Igualmente, respecto a la inasistencia a la audiencia de conciliación en materia civil, el Código de Procedimiento Civil establece que la existencia de una justa causa —como fuerza mayor o caso fortuito— impide que se imponga a la parte incumplida las sanciones propias del incumplimiento, sin que ello obste para que el proceso continúe de manera ordinaria. (CPC, art. 101).
En suma, para los efectos que interesa a la presente decisión, en general, en el ordenamiento civil si una de las partes demuestra ante el juez que existe una justa causa para no asistir a la audiencia de conciliación, el juez podrá citar una segunda audiencia. Si a esta no se presenta alguna de las partes, el incumplimiento se entenderá como un indicio grave en contra de la parte incumplida y dará lugar al pago de una multa. sin embargo, si la parte dejó de presentarse por fuerza mayor o caso fortuito, el proceso puede continuar su trámite pero no hay lugar a la aplicación de las sanciones propias del incumplimiento (9) .
9. En el mismo sentido de las normas citadas, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, máximo intérprete del derecho ordinario, ha sido clara al sostener que la ocurrencia de una causa extraña, como la fuerza mayor o el caso fortuito, es causal de justificación del incumplimiento de los deberes procesales (10) .
A este respecto, el representante del Instituto Colombiano de Derecho Procesal en su escrito, al referirse a la aplicación de los principios generales que regulan las situaciones de fuerza mayor y caso fortuito al derecho procesal laboral señala;
“La falta de técnica de este inciso (se refiere al segundo inc. del art, 39 de la L. 712/2001 (11) ), (...) es palpable porque al señalar cuándo debe tenerse en cuenta la fuerza mayor, podría significar que en los demás eventos donde no lo hace no operarían sus consecuencias, o a contrario sensu, podría sostenerse que el normativizador debe indicar en cada evento y en cada momento procesal cómo deben actuar los sujetos procesales cuando tales acontecimientos extraordinarios se presenten, como si en la estructura básica de nuestro sistema jurídico no estuvieran reguladas las definiciones y las consecuencias de este fenómeno y el de caso fortuito”.
En este sentido indica que la ley 1149 de 2007 es puntual, no es una reforma sino la “efectivización de la oralidad” plasmada desde 1948 en el estatuto procesal laboral”. Y en este sentido señala:
“Al ser una ley muy puntual (se refiere a la L. 1149/2007), es obvio que han quedado intactos el marco general y las especificidades del procedimiento del trabajo legislado en 1948, reformado por la Ley 712 de 2001, al igual que todos nuestras instituciones jurídicas en general, tales como las consecuencias de la fuerza mayor y el caso fortuito, que en ningún momento han quedado invalidadas o derogadas por la Ley 1149 de 2007, pero cuyo tratamiento no debe ser recordado o repetido en ningún aspecto puntual del conjunto de instituciones procesales laborales, so pena de tener que repetir en cada inciso del articulado”.
10. Por todas las razones que han sido mencionadas arriba, porque el derecho procesal laboral, pese a su autonomía, debe estar informado por el debido proceso constitucional; porque a aquella rama del derecho se aplican las instituciones jurídicas básicas que estructuran el procedimiento civil, salvo que estas contradigan su naturaleza; y porque allí donde no existe norma expresa aplicable se deben aplicar las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, los principios constitucionales y los generales de derecho procesal, la Corte coincide con la interpretación que de la norma parcialmente demandada hace el representante del Instituto Colombiano de Derecho Procesal.
11. Se pregunta la Corte si viola la Constitución una disposición que establece que, cuando una de las partes antes de la fecha de la audiencia de conciliación laboral, presente prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez puede aplazar la diligencia por una sola vez. En todo caso, como fue mencionado, el juicio de la Corte tiene como presupuesto el hecho de que la insistencia de una de las partes a la segunda citación, cuando tal insistencia se originó en una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, no da lugar a la aplicación de las sanciones que establece la norma parcialmente demandada. En este caso, el proceso continúa regularmente salvo que las partes de común acuerdo soliciten al juez la celebración de una nueva audiencia de conciliación. Sin embargo, si no se presenta ninguna de las causales mencionadas, la inasistencia tiene una serie de consecuencias como, por ejemplo, la presunción de veracidad de los hechos alegados por la contra parte susceptibles de confesión.
12. Como fue señalado arriba, el cargo de la demanda se refiere fundamentalmente al derecho a la igualdad. Considera el demandante que se viola el orden justo y otros valores esenciales del Estado social de derecho, dado que a su juicio “no es justo” que una de las partes pueda solicitar aplazamiento y la otra sin embargo quede vinculada a la segunda fecha fijada por el juez, sin que pueda solicitar un nuevo aplazamiento. Sostiene que esta norma vulnera el artículo 13 de la Constitución porque dispensa un trato desigual a las partes procesales: mientras una de ellas tuvo la oportunidad de solicitar aplazamiento por una justa causa, una vez aplazada la audiencia, la otra pierde el derecho a pedir un nuevo aplazamiento. Finalmente encuentra que esto vulnera el debido proceso porque este derecho comporta el derecho a la igualdad de armas. En este sentido sostiene: “para el caso que nos ocupa, debe existir igualdad de oportunidad para que las dos partes soliciten aplazamiento de la audiencia de que trata el artículo que contiene la expresión acusada, cuando se les presente razón justificable para no asistir; si es una sola de las partes la que tiene esa posibilidad, no se le estaría aplicando el debido proceso a la parte pasiva”.
13. La norma acusada da una oportunidad para que en el caso en el cual exista una causa que justifique la inasistencia a la audiencia de conciliación laboral, el juez pueda aplazar, por una sola vez, su realización. Esta oportunidad puede ser utilizada, en igualdad de condiciones, por cualquiera de las partes, siempre que concurra una justa causa para ello. Por tal razón, la Corte encuentra que no existe, en el presente caso, un trato diferenciado a personas o a grupos de personas determinados o determinables. En efecto, frente a la primera citación judicial, todas las partes procesales se encuentran en idéntica posición. Así mismo frente a la segunda citación, todas las partes procesales se encuentran en idéntica situación. En efecto, en este segundo momento procesal, las reglas para todas las partes son idénticas. Las razones para justificar la inasistencia para una y otra parte son las mismas. Las consecuencias de la inasistencia, para una y otra parte, son las mismas. No parece entonces claro que exista un trato diferenciado que pueda dar lugar a un reproche por violación del principio de igualdad.
Tampoco procedería comparar, como parece sugerirlo la demanda en alguno de sus apartados, a las dos partes pero en momentos distintos del proceso, pues este ejercicio ni siquiera permitiría formular adecuadamente el juicio de igualdad.
14. En virtud de los argumentos expuestos, la Corte considera que, al contrario de lo que sostiene la demanda, la expresión cuestionada es el resultado legítimo de la potestad de configuración del legislador en materia procesal. En este caso como se refleja en los antecedentes de esta providencia, en la ponderación de los distintos valores, principios y derechos que se ven comprometidos en el diseño del procedimiento judicial, el legislador optó por dar una sola oportunidad a las partes del proceso laboral para aplazar la audiencia de conciliación y señaló la causa que justifica este aplazamiento y las consecuencias del incumplimiento. El resultado de esta ponderación, al menos en cuanto respecta a la expresión demandada, no parece irrazonable ni desproporcionada (12) y no vulnera, como ya fue expuesto, el derecho a la igualdad.
Como lo ha señalado la Corte en múltiples oportunidades, en el diseño de este tipo de procedimientos el legislador cuenta con un amplio margen de configuración (13) . Por las razones que ya han sido expuestas, la regla estudiada entra dentro de tal margen, sin que la Corte encuentre que viola el derecho a la igualdad y a la no discriminación.
Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».
(4) ART. 145.—Aplicación analógica. A falta de disposiciones en el procedimiento de trabajo se aplicarán las normas análogas de este decreto, y, en su defecto, las del código judicial”.(sic) Como se sabe, el código judicial a que se refiere el artículo citado fue sustituido por el Código de Procedimiento Civil. (Decretos 1400 y 2019 de 1970 y normas complementarias)
(5) Código de Procedimiento Civil artículos 130 y 131.
(6) Al respecto el artículo 373 del Código de Procedimiento Civil señala: ART. 373. —Modificado. D.E. 2282/89, artículo 1º, numeral 188. Trámite del recurso. (...) La Sala podrá citar a las partes para audiencia en la fecha y hora que señale, una vez que el asunto quede en turno para que el magistrado ponente registre el proyecto de sentencia. Si las partes no concurrieren, se prescindirá de la audiencia y el magistrado ponente les impondrá multas por el valor de cinco salarios mínimos mensuales, a menos que dentro de los tres días siguientes a la fecha señalada, prueben fuerza mayor. (...).
(7) Código de Procedimiento Civil artículo 337.
(8) El artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, señala: “ART. 361. —Pruebas en segunda instancia. Cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admita el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos: (…) 4. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria. (...)”.
(9) En el mismo sentido se pronuncia el artículo 103 de la Ley 446 de 1998, en materia de conciliación judicial y extrajudicial. Esta ley, como se sabe, establece una serie de disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia, algunas de las cuales regulan el trámite de la conciliación procesal y extra procesal. Dentro de las disposiciones comunes para la conciliación judicial de que trata la citada ley, se encuentra el artículo 103, parcialmente modificado por los artículos 69 y 70 de la Ley 794 de 2003, que textualmente dispone: “ART. 103. —Sanciones por inasistencia. La inasistencia injustificada a la audiencia de conciliación judicial prevista en esta ley o a la contemplada en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, tendrá además de las consecuencias indicadas en el citado artículo, las siguientes consecuencias en el proceso: (...) 4. Si se trata del demandado, se tendrán por ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, y además el juez declarará desiertas las excepciones de prescripción, compensación y nulidad relativa, si las hubiere propuesto. 5. Si se trata de alguno de los litisconsortes necesarios, se le impondrá multa, hasta 10 salarios mínimos legales mensuales, en favor del Consejo Superior de la Judicatura. En el auto que señale fecha para la audiencia, se prevendrá a las partes sobre las consecuencias que acarrea su inasistencia. PAR. —Son causales de justificación de la inasistencia: 1. Las previstas en los artículos 101 y 168 del Código de Procedimiento Civil. 2. La fuerza mayor y el caso fortuito, que deberán acreditarse al menos sumariamente dentro de los cinco (5) días siguientes. El auto que resuelve sobre la solicitud de justificación o que imponga una sanción, es apelable en el efecto diferido” (resalta fuera del texto). En la Sentencia C-196 de 1999, la cual la Corte examinó la constitucionalidad de los artículos 74 y 103 de la Ley 446 de 1998.
(10) En este mismo sentido ha señalado que igualmente, ha entendido que tales circunstancias justifican que un testigo, cuando sea ciudadano colombiano pero por fuerza mayor no pueda identificarse con su cédula de ciudadanía, pueda ser escuchado y su testimonio ser tenido como evidencia dentro del proceso. Al respecto ha señalado la Corte: “Si bien es verdad que el artículo 1º de la Ley 39 de 1961 establece que la cédula de ciudadanía laminada es un documento idóneo para la identificación de los colombianos mayores de edad en asuntos civiles, administrativos y judiciales, no es menos cierto que ante la necesidad de allegar a un proceso el testimonio de quien por fuerza mayor no porta su cédula de ciudadanía en un momento determinado (destrucción o pérdida de la misma), la administración de justicia, habida esa circunstancia, puede recepcionar la declaración testifical y valorarla luego en conjunto con los demás. medios de prueba “decisión excepcional que resulta admisible”, según lo tiene dicho esta corporación, cuando “Sin reparo no hay en el expediente duda alguna sobre la identidad personal misma de la deponente” (Sent de 4 de agosto de 1988...)”. (CSJ, Sala de Casación Civil, sent. de septiembre 29 de 1994, Exp. 4384, M.P. Pedro Lafont Pianetta).
(11) El artículo 39 de la Ley 712 de 2001, que fue objeto de una exequibilidad condicionada y posteriormente resultó reformado por la disposición que se estudia, se estableció lo siguiente: “Si antes de la hora señalada para la audiencia, alguna de las partes presenta prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez señalará nueva fecha para celebrarla, sin que pueda haber otro aplazamiento.
Cuando en la segunda oportunidad se presente prueba de que existe fuerza mayor para que una de las partes pueda comparecer, la audiencia de conciliación se celebrará con su apoderado, quien se entiende con facultad para conciliar, admitir hechos y desistir” (resalta fuera de original).
(12) Sobre la competencia del legislador para establecer las reglas de la conciliación judicial, su trámite, la carga de las partes y las consecuencias de la inasistencia Cfr. Sentencia C-204 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(13) Cfr. Entre otras, las sentencias C-562 de 1997, C-680 de 1998, C-1104 de 2001, C-131 de 2002, C-1512 de 2000, C-123 de 2003, C-204 de 2003.

References: ARTÍCULO 11
 artículo 11
 artículo 77
 artículo 39
 artículo 145
 artículo 380
 artículo 13
 artículo 373
 artículo 1
 artículo 337
 artículo 361
 artículo 103
 artículo 103
 artículo 101
 artículo 1
 artículo 39