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Timestamp: 2019-09-23 15:59:32+00:00

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﻿ SENTENCIA SL13020-2017/48531 DE AGOSTO 16 DE 2017
SENTENCIA SL13020-2017 DE 16 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:DIFERENCIAS ENTRE CONTRATO DE TRABAJO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. SE PRECISÓ QUE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL CONTRATO DE TRABAJO Y EL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ES LA SUBORDINACIÓN JURÍDICA DEL TRABAJADOR RESPECTO DEL EMPLEADOR, PODER QUE SE CONCRETA EN EL SOMETIMIENTO DEL PRIMERO A LAS ÓRDENES O IMPOSICIONES DEL SEGUNDO Y QUE SE CONSTITUYE EN SU ELEMENTO ESENCIAL Y OBJETIVO SEGÚN SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 6 DE 1945 AL CONSAGRAR, QUE HAY CONTRATO DE TRABAJO ENTRE QUIEN PRESTA UN SERVICIO PERSONAL BAJO LA CONTINUADA DEPENDENCIA DE OTRO MEDIANTE REMUNERACIÓN, Y QUIEN RECIBE TAL SERVICIO. DE IGUAL FORMA, LO SEÑALA EL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO AL SEÑALAR QUE EN EL CONTRATO DE TRABAJO CONCURREN LA ACTIVIDAD PERSONAL DE TRABAJADOR, EL SALARIO COMO RETRIBUCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO Y LA CONTINUADA SUBORDINACIÓN QUE FACULTA AL EMPLEADOR PARA EXIGIRLE EL CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES, EN CUALQUIER MOMENTO, EN CUANTO AL MODO, TIEMPO O CANTIDAD DE TRABAJO, E IMPONERLE REGLAMENTOS, LA CUAL DEBE MANTENERSE POR TODO EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, CONTRATO DE TRABAJO INDIVIDUAL, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIÓN LIBERAL, ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EFECTOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Sentencia sl13020-2017/48531 de agosto 16 de 2017
Radicación 48531
Decide la Corte el recurso de casación que interpuso HUGO EVELIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, el 3 de agosto de 2010, en el proceso que promovió contra la EPS SALUDCOOP O.C.
Se acepta el impedimento que formuló el magistrado Jorge Mauricio Burgos Ruiz.
Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la decisión de primera instancia y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda y se decida en costas como corresponde.
Con tal propósito, formuló dos cargos por la causal primera de casación que no fueron objeto de réplica y que la Corte estudiará conjuntamente, porque aunque están dirigidos por vía distinta, acusan similar elenco normativo, tienen argumentación complementaria y persiguen la misma finalidad.
Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía directa, por infracción directa, el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 13, 16, 22, 23, 27, 37, 45, 47, 545, 65, 127, 128, 158, 186, 189, 249, 254 y 306 del mismo estatuto; los artículos 1 y 2 de la Ley 52 de 1975, el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y el artículo 8 de la ley 153 de 1887; así como aplicación indebida de los artículos 1324, 1325, 1341, 1342 y 1344 del Código de Comercio y los artículos 1494, 1502, 1618, y 1760 del Código Civil.
El censor comienza por precisar que, tal y como lo reconoce el Tribunal, la prestación personal del servicio por parte del accionante al servicio de la demandada, no está en discusión.
En la demostración del cargo señala que conforme al artículo 25 de la Constitución Política, el trabajo es un derecho y una obligación social que goza de la especial protección del Estado y que ello se traduce en la consagración de mecanismos de protección del trabajador, como la presunción de la relación laboral por la sola prestación personal del servicio establecida en el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo.
Apoya su discurso, además, en los artículos 9 y 18 ibidem así como en jurisprudencia de esta Sala que parcialmente trascribe y, asevera, que es evidente el desatino del Tribunal al no entender que el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo consagra de manera «diamantina» que al trabajador le basta con probar la prestación del servicio para que opere en su favor la presunción legal, mientras que la carga de la prueba se traslada al demandado a quien le corresponde enervarla. Se ocupa luego «de otras conclusiones jurídicas» y relata de nuevo los supuestos fácticos en los que sustentó sus pretensiones en las instancias.
Acusa por la vía indirecta, la violación de las mismas disposiciones legales que enlistó en el primer ataque, salvo los artículos de los códigos Comercial y Civil.
1. No dar por demostrado estándolo que el demandante prestó a la Entidad demandada servicios personales en forma subordinada.
2. No dar por demostrado estándolo que la subordinación mediante la cual prestó el servicio el demandante es propia de una relación laboral.
3. Dar por demostrado, sin estarlo que el vínculo contractual que ligó a las partes fue de naturaleza comercial.
Afirma que los anteriores errores son producto de la errónea apreciación de la documental de folios 9 a 13 y 15, de la prueba testimonial y de la demanda y su contestación.
En su argumentación acusa que el ad quem se equivocó al valorar el contrato que suscribieron las partes (f.° 9 a 13), para cuyo efecto trascribe algunas de sus cláusulas que, aduce, dan cuenta de la imposición de órdenes e instrucciones, que el trabajo se remuneraba y que se prohibía su cesión de manera que era intuito personae.
Manifiesta que «la no imposición de jornada de trabajo» no es definitiva para determinar si existe o no subordinación y que la documental de folio 15 da cuenta de la disponibilidad a la que estaba obligado para trabajar en días descanso, los horarios en los que debía hacer rondas hospitalarias y las órdenes e instrucciones que debía acatar.
Asevera que las pruebas calificadas denunciadas evidencian, «la existencia de supervisión sobre el demandante, el control y vigilancia que (…) ejercía la sociedad demandada sobre la forma como desarrollaba su labor personal, la sujeción del demandante a los reglamentos de la empresa», supuestos que asegura, «necesariamente encuadran dentro del concepto de subordinación que le es propia [a] una relación de naturaleza laboral».
Se ocupa luego del análisis de la prueba testimonial que en su criterio demuestra la subordinación. Se refiere a la declaración de Alonso Enrique Camargo Machado quien como director médico encargado de la clínica Saludcoop desde diciembre de 2001 hasta el 28 de mayo de 2002, afirmó que el accionante cumplía horario de trabajo, «realizaba disponibilidad», presentaba cuentas de cobro, realizaba consultas externas, hospitalización, urgencias y procedimientos quirúrgicos programados; que para el cumplimiento de sus funciones utilizaba las herramientas de propiedad de la demandada, no le estaba permitido atender pacientes particulares, y que era el coordinador quien determinaba los pacientes que debía atender y quien elaboraba los turnos de trabajo para los distintos especialistas que estaban obligados a cumplirlos sin posibilidad de objeción.
Reseña también los testimonios de Arturo Elías Esquea Varela y Pompilo de Jesús Gutiérrez Peñuela cuyos relatos son similares a los de Camargo Machado, y aduce que Zenaida Gómez Echavarría, en síntesis, declaró que Martínez Martínez era contratista de la clínica, pasaba cuentas de cobro y cubría turnos de disponibilidad.
Manifiesta que la prueba testimonial en referencia ratifica la subordinación de la relación laboral ya acreditada con prueba calificada.
Debe la Sala dilucidar de una parte, (i) si el sentenciador de alzada trasladó la carga de la prueba de la subordinación al demandante y desconoció así la presunción legal prevista en el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo y, de otra, (ii) si al plenario quedó acreditada la autonomía e independencia del accionante respecto de la demandada, propia del contrato civil de prestación de servicios.
En cuanto a lo primero, se tiene que el juzgador de alzada, luego de afirmar que la presunción legal prevista en el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo admite prueba en contrario, paradójicamente, al realizar el correspondiente análisis probatorio, no consultó tal interpretación normativa, pues, por el contrario, afirmó contundentemente que el demandante no logró acreditar la subordinación.
Tal dicotomía entre la conclusión jurídica a que arribó el Tribunal y su desarrollo frente a la situación fáctica probada, según la cual «no existió subordinación o dependencia», conduciría al quiebre de la decisión; sin embargo, estima la Sala también necesario resolver el segundo problema que se planteó, esto es, si al plenario quedó acreditada la autonomía e independencia del demandante respecto de Saludcoop.
Para comenzar, es claro que el elemento diferenciador entre el contrato de trabajo y el de prestación de servicios es la subordinación jurídica del trabajador respecto del empleador, poder que se concreta en el sometimiento del primero a las órdenes o imposiciones del segundo y que se constituye en su elemento esencial y objetivo, conforme lo concibió el legislador colombiano en el artículo 1 de la Ley 6 de 1945 al consagrar, que «hay contrato de trabajo entre quien presta un servicio personal bajo la continuada dependencia de otro mediante remuneración, y quien recibe tal servicio», y tal como lo repitiera en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo al señalar que en el contrato de trabajo concurren la actividad personal de trabajador, el salario como retribución del servicio prestado y la continuada subordinación que faculta al empleador para «exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato».
Por su parte, el contrato de prestación de servicios se caracteriza por la independencia o autonomía que tiene el contratista para ejecutar la labor convenida con el contratante, lo cual lo exime de recibir órdenes para el desarrollo de sus actividades; no obstante, este tipo de contratación no está vedado de la generación de instrucciones, de manera que es viable que en función de una adecuada coordinación se puedan fijar horarios, solicitar informes e incluso establecer medidas de supervisión o vigilancia sobre esas mismas obligaciones. Lo importante, es que dichas acciones no desborden su finalidad a punto de convertir tal coordinación en la subordinación propia del contrato de trabajo.
Por otra parte, es preciso señalar que en los contratos de prestación de servicios, por lo general el contratista desempeña sus actividades con sus propias herramientas, equipos o medios; sin embargo, bajo ciertas y particulares circunstancias es posible que esa actividad autónoma e independiente se desarrolle en las instalaciones del contratante, con elementos de su propiedad necesarios para la ejecución de la labor encomendada.
Desde esa perspectiva, cuando se someta a juicio el principio de la realidad sobre las formas con el fin de que se establezca la existencia del contrato de trabajo, le corresponde al juez, en cada caso, sin desconocer los principios tuitivos del derecho laboral, analizar las particularidades fácticas propias del litigio a fin de establecer o desechar, según el caso, los elementos configurativos de la subordinación.
Estas precisiones adquieren mayor relevancia en el sub lite, dado que la controversia se suscita entre un profesional médico y una entidad prestadora de servicios de salud, ambos sometidos a las reglas del sistema de seguridad social en salud previstas en la Ley 100 de 1993 y demás normas que la complementan y reglamentan.
Ello, porque el subsistema de salud se rige por un conjunto de principios, normas y procedimientos a los cuales deben someterse todos los actores del sistema, incluidos los profesionales de la salud. Asimismo, debe considerarse que una de las transformaciones más relevantes es que las instituciones aseguradoras o prestadoras de servicios de salud deben cumplir con la normativa que las regula, por lo cual frecuentemente se ven compelidas a trasladar algunas de las obligaciones en quienes prestan el servicio de manera directa al paciente, como es el caso de los médicos.
Esas circunstancias, en ocasiones, puede dar a entender que el contratista de prestación de servicios está subordinado a la empresa contratante; de ahí que, se reitera, el juez está en la obligación de determinar, en cada caso en particular, si la imposición y correlativo cumplimiento de las funciones que debe desempeñar el demandante, son derivadas del sistema de salud o, por el contrario, son las propias del contrato de trabajo.
En ese contexto, al analizar la Corte el contrato de prestación de servicios que suscribieron los litigantes (f.º 9 a 13), encuentra que en la primera cláusula se consagraron obligaciones para el demandante en condición de médico especialista en ginecoobstetricia «para la atención de servicios asistenciales a los afiliados y beneficiarios» de Saludcoop «contemplados en el Plan Obligatorio de Salud, tal y como están descritos en la Ley 100 de (…) 1993, la Resolución 0561 de 1994, el Decreto 806 de 1.994, el Decreto 1406 de 1.999 y el Decreto 47 de 2.000, todos del Ministerio de Salud, así como los definidos en las normas que los modifiquen y adicionen».
En la cláusula segunda, se reitera que la prestación de los servicios contratados, corresponde a los de la especialidad médica del contratista y que están sometidos al «MANUAL DE ACTIVIDADES, PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES DEL POS, que expida el Gobierno Nacional, así como los definidos por las demás normas que lo modifiquen y adicionen».
De ese modo, en principio, bien podría concluirse que el demandante se encontraba sometido a las reglas propias del Sistema Integral de Seguridad Social -subsistema de salud- y que, en tal medida, las instrucciones que le impartía la accionada eran consecuentes con ello, mas no con la subordinación jurídica propia del contrato de trabajo.
Sin embargo, en este caso, al analizar la demanda y su contestación, cuyo juicio de valor también se cuestiona, encuentra la Sala que las partes convinieron un otrosí al contrato, que según lo afirmó la accionada al responder el hecho quinto del escrito genitor de la contienda, consistió en crear:
(…) el concepto de DISPONIBILIDAD, definido como el compromiso que adquiere el contratista, durante el tiempo de descanso, para corresponder al llamado del contratante, con el fin de atender funciones propias de su cargo y especialidad cuando eventualmente sea requerido hecho y circunstancia eminentemente incierta pues puede o no presentarse.
Ese convenio, en criterio de la Corte, evidencia la subordinación jurídica que imperó en la relación que ligó a las partes y que erróneamente echo de menos el Tribunal. Así lo estima la Corte porque las palabras empleadas por las partes, son propias del contrato de trabajo.
En efecto, en principio, la realización de actividades laborales en días de descaso obligatorio, se pregona de quienes en desarrollo del contrato de trabajo deben laborar, por decisión de su empleador, en los días que para tal finalidad tiene prevista la legislación laboral, esto es, por regla general, los días dominicales y festivos; por el contrario, quien tiene la condición de trabajador independiente bien puede disponer de su tiempo libremente en dichos días, para descansar o trabajar según su propio criterio y sin incidencia ajena a su propio devenir, a menos que, el contrato de prestación de servicios esté específicamente dirigido para ser desarrollado en tales días.
De otra parte, el vocablo «empleo», es propio de las organizaciones jerarquizadas en las que están plenamente definidos los roles de jefes y subalternos así como las «funciones» y responsabilidades que debe cumplir el trabajador cuando sea «requerido» por su empleador así sea de manera eventual, sin que le sea posible incumplirlas so pena de faltar a sus deberes y obligaciones.
Con otras palabras, si bien el contrato que suscribieron las partes contiene cláusulas que obligaban al accionante a cumplir con los requerimientos legales, reglamentarios y administrativos derivados del Plan Obligatorio de Salud cuya prestación asistencial desarrollaba y que, en principio, desvirtuaría la subordinación jurídica característica del contrato de trabajo, no ocurre lo mismo con la obligación que se le impuso frente a la denominada disponibilidad laboral para trabajar en las funciones propias del cargo durante los días de descanso, porque ello per se la lleva implícita, al punto de poner en evidencia que el convenio que suscribieron disfrazó un verdadero contrato de trabajo en el que, sin duda, se configuraron los tres elementos que lo caracterizan: prestación del servicio, pago y subordinación.
Lo anterior, adquiere mayor sustento al revisar la documental del folio 15 del plenario, a la que le dio peso probatorio el Tribunal cuando afirmó, que «tampoco contiene órdenes (…)», frente a lo cual debe decir la Sala que erró en su juicio valorativo, en cuanto de su tenor literal emana que durante los dominicales y festivos los médicos especialistas estaban en la obligación de comenzar las rondas hospitalarias desde las 7:00 a.m. y terminarlas a las 10:00 a.m., con el fin de que la liquidación de las historias clínicas se realizaran antes del mediodía.
Ahora del mismo contrato surge incontrastable que las partes textualmente convinieron que «los derechos y obligaciones (…) no podrán cederse en todo o en parte, salvo que exista autorización expresa y escrita» de Saludcoop.
Ello significa, ni más ni menos, como lo pone de presente la censura, que el elemento intuito personae estuvo presente en el acuerdo propio de un contrato de trabajo, incompatible en los de carácter civil o comercial, pues una cosa es que se pacte la obligación de garantizar la prestación de un servicio médico a los pacientes de la clínica y otra bien distinta es que esa exigencia deba cumplirla un sujeto específico; en este último caso, se itera, la relación es intuito personae.
Visto como quedó que la acusación prospera tanto porque el ad quem invirtió la carga de la prueba, como porque los medios de convicción calificados lejos de evidenciar autonomía e independencia del supuesto contratista, acreditan subordinación y dependencia, procede entonces el análisis de los testimonios que la censura refiere en el desarrollo de su acusación.
El Tribunal desestimó las declaraciones de Alonso Enrique Camargo Machado y Elías Arturo Esquea Varela «porque las narraciones de los testigos arrimados al proceso trasladado, datan de los años 1996 a 2001, y por este periodo no prestó servicios el demandante (…).».
En esa aseveración también se equivocó el colegiado de instancia, cuando quiera que desde un principio dejó por fuera del litigio los extremos durante los cuales el accionante le prestó servicios a Saludcoop, esto es, desde el 16 de febrero de 2001 hasta el 31 de marzo de 2006, de modo que al menos, durante un tiempo, así sea breve, dichas personas bien pudieron ser testigos presenciales de los hechos objeto de debate, pues según consta al plenario, ambos prestaron sus servicios a la demandada hasta mayo de 2002 (f.° 352 y siguientes y 354 y siguientes).
Pues bien, la declaración del deponente Alonso Enrique Camargo Machado quien se desempeñó como director médico de la clínica Saludcoop desde diciembre de 2001 hasta mayo de 2002, (en lo que no linda con las obligaciones del sistema de seguridad social en salud, que como antes quedó dicho son inherentes a las instituciones prestadoras de salud así como a la actividad de los profesionales médicos a su servicio), tal y como lo pone de presente el recurrente, da cuenta de que el accionante cumplía horario de trabajo, «realizaba disponibilidad», que el coordinador determinaba los pacientes que debía atender y era quien elaboraba los turnos de trabajo para los distintos especialistas que estaban obligados a cumplirlos sin posibilidad de objeción. Asimismo de dicha declaración se tiene que, en su condición de director médico de la clínica, así como el coordinador médico, le hicieron amonestaciones al actor por llegar tarde al trabajo.
Por su parte, Arturo Elías Esquea Varela, conteste con lo dicho por el testigo anterior, adujo que el demandante laboraba en la clínica, que cumplía con el horario de trabajo que era publicado y elaborado por la coordinadora médica quien fungía como su jefe, que ese horario era obligatorio so pena de recibir sanciones y que de hecho al demandante le llamaron la atención por llegar tarde a sus actividades laborales.
En su declaración afirmó también, que por la época en que Martínez Martínez prestó sus servicios, hubo médicos que fueron vinculados por contrato de trabajo y otros a través de contrato de prestación de servicios, sin diferencia entre unos y otros en cuanto tenían la misma intensidad horaria «pues todo mundo trabajaba por parejo», y debían prestar sus servicios bajo las mismas condiciones de calidad y exigencia.
A su vez, Pompilo de Jesús Gutiérrez Peñuela quien igualmente prestó servicios durante un tiempo en que lo hizo el demandante, aseveró que los médicos especialistas, incluido Martínez Martínez, debían realizar charlas educativas a los médicos generales, uno o dos días por semana, y que los temas eran escogidos por el coordinador de la entidad (f.°198 y siguientes).
Asimismo, el concepto de disponibilidad laboral durante los días de descanso obligatorio, también aflora en la declaración que rindió Yazmín Zenaida Gómez Echavarría, testigo que aportó la demandada, conforme consta a folios 171 y siguientes.
Estos testimonios estudiados en su conjunto, evidencian que la relación que ligó a las partes, en apariencia mediante un contrato civil de prestación de servicios, en verdad tuvo como característica esencial la subordinación propia del contrato de trabajo.
Por otra parte, no es ajeno a la Sala que al supuesto contratista por imposición de la coordinación médica, se le exigía dictar charlas a los médicos generales uno o dos días por semana en temas relacionados con su especialidad, función esta que no se incluyó en ninguna de las cláusulas del contrato de prestación de servicios, lo que implica que esa obligación adicional es propia de la relación de trabajo subordinada en la que el empleador está facultado para imponer actividades que aunque no estén expresamente consagradas, resultan complementarias a las actividades contratadas, situación que no se configura en los contratos civiles y comerciales cuya adición exige acuerdo entre las partes.
En esas condiciones, estima la Corte que erró el Tribunal al confirmar la decisión absolutoria de primer grado y, por tal razón, casará la sentencia.
Sin costas en sede de casación, por cuanto el recurso prosperó y no hubo réplica.
En instancia, para resolver la inconformidad del demandante recurrente en apelación, bastan las mismas consideraciones expuestas en sede de casación, suficientes también para desestimar las excepciones propuestas por la demandada, salvo la de prescripción.
En efecto, tal medio exceptivo prospera de manera parcial, respecto de algunas pretensiones, toda vez que la relación laboral comenzó a ejecutarse el 16 de febrero de 2001, terminó el 31 de marzo de 2006, la demanda se presentó el 25 de septiembre de 2006 y fue notificada a la accionada en el año siguiente a esta data; por tanto, se encuentran prescritas las obligaciones laborales anteriores al 25 de septiembre de 2003, salvo las cesantías cuyo término extintivo cuenta a partir de la terminación del contrato.
Como se dijo al historiar los antecedentes del proceso, el accionante impetró como pretensión principal la declaración de la existencia de un contrato de trabajo en los espacios temporales ya reseñados y, en consecuencia, pretendió en su orden:
1. DECLARACIÓN DE LA TERMINACIÓN UNILATERAL E INJUSTIFICADA DEL CONTRATO Y REINTEGRO
Consta en la cláusula octava del contrato que suscribieron las partes, que tendría una duración de 11 meses, prorrogable por un término igual y en las mismas condiciones, salvo que alguna de las partes expresara por escrito su voluntad de darlo por terminado, dentro de los treinta días anteriores a su vencimiento.
Ahora, como es un hecho sin discusión que la relación de trabajo se desarrolló desde el 16 de febrero de 2001 hasta el 31 de marzo de 2006, conforme el mandato del artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el numeral segundo del artículo 3 de la Ley 50 de 1990, a partir del 16 de octubre de 2004, el término fijo pactado se extendió a un año prorrogable por periodos iguales.
Lo anterior, unido a la certificación de folio 17 del plenario en la que consta que Saludcoop preavisó el finiquito del contrato a partir del 1 de abril de 2006, implica que la empleadora unilateral e injustificadamente lo terminó antes del lapso pactado. Sin embargo, no se ordenará el reintegro que se impetra, como quiera que el accionante no cumple con los presupuestos legales previstos en el parágrafo transitorio del artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo.
En consecuencia, prospera la pretensión encaminada a la condena indemnizatoria por terminación unilateral e injustificada del contrato de trabajo antes del plazo pactado, equivalente a los salarios dejados de devengar desde el 1 de abril hasta el 15 de octubre de 2006, conforme lo previsto en el inciso tercero ibidem, más la indexación causada hasta 31 de julio de 2017, y sin perjuicio de la que se llegare a causar según el siguiente cálculo:
2. PAGO DE CESANTÍAS, INTERESES A LAS CESANTÍAS, VACACIONES Y PRIMAS DE SERVICIO
Para la liquidación de las obligaciones laborales, la Sala tendrá en cuenta como salarios el promedio los indicados en la demanda, toda vez que no fueron objetados por la accionada cuya defensa se limitó a afirmar que las sumas pagadas fueron a título de honorarios.
Así, las sumas que le adeuda Saludcoop a Hugo Evelio Martínez Martínez por los conceptos enlistados, corresponden a las indicadas en la siguiente información, resultado de los siguientes cálculos matemáticos:
3. INDEMNIZACIÓN POR NO PAGO OPORTUNO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES ARTÍCULO 65 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO Y CESANTÍAS ARTÍCULO 99 DE LA LEY 50 DE 1990.
Conforme al artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo, el empleador que a la terminación del contrato de trabajo no pague al trabajador los salarios y prestaciones sociales adeudadas, a título de sanción le pagará una indemnización equivalente a un día del último salario diario devengado por cada día de retardo, hasta por 24 meses; y a partir del mes siguiente, deberá reconocer intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera, hasta cuando se verifique el pago, siempre que su actuar no hubiere estado revestido de razones atendibles que lo eximan de tal obligación.
En el sub lite, la Corte no encuentra acreditada razón alguna que justifique la conducta de la empleadora; por el contrario, las pruebas analizadas en sede de casación evidencian que el contrato de prestación de servicios que suscribieron las partes, tuvo como finalidad encubrir la verdadera relación de trabajo subordinada; tan claro tenía
Saludcoop que Martínez Martínez era su trabajador, que a más de imponer disponibilidad de trabajo durante los días de descanso legalmente obligatorios, también le formuló llamados de atención y le impuso el cumplimiento de labores ajenas a lo previamente pactado.
En consecuencia, se condenará a la demandada al pago de $268.919.250, correspondiente a la sanción moratoria, desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de 2017, sin perjuicio de los intereses que se causen hasta la fecha en que se realice el pago de las acreencias laborales, conforme se ilustra a continuación:
Lo dicho en precedencia, resulta atendible para dar lugar a la indemnización de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por el no pago oportuno de las cesantías.
Así las cosas, a partir del 15 de febrero de 2002, la empleadora debe a su ex trabajador hasta la fecha de terminación del contrato de trabajo, 31 de marzo de 2006, la suma de $194.827.568, resultado de la siguiente liquidación:
4. DEVOLUCIÓN DE LOS DINEROS QUE EL DEMANDANTE APORTÓ AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL POR CONCEPTO DE PENSIÓN Y SALUD
Como quiera los aportes al sistema de seguridad social integral son connaturales a la relación de trabajo subordinada, se condenará a la entidad demandada cancelar al AFP y a la EPS a las que se encuentre afiliado el demandante, el porcentaje que por ley corresponda, desde el 16 de febrero de 2001 hasta el 31 de marzo de 2006.
No procede la condena a la devolución de los aportes que pagó el demandante a las entidades de seguridad social en el proporción que habría de corresponderle a su empleadora, en la medida que no aportó prueba alguna que evidencie a cuánto ascendieron y si materialmente fueron objeto de pago.
5. DEVOLUCIÓN DE LOS DINEROS RETENIDOS POR CONCEPTO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE
La Sala no accede a esta pretensión, en cuanto las sumas retenidas por Saludcoop fueron entregadas a la DIAN, y su reclamo debe adelantarse por vía diferente al trámite procesal ordinario de carácter laboral.
Las costas de la primera instancia estarán a cargo de la demandada, sin costas en la alzada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el 3 de agosto del 2010, en el proceso ordinario laboral que HUGO EVELIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ adelanta contra la EPS SALUDCOOP O.C.
PRIMERO: Declarar que entre la EPS Saludcoop O.C. y Hugo Evelio Martínez Martínez existió un contrato de trabajo a término fijo, por un término inicial de 11 meses, que se ejecutó desde el 16 de febrero de 2001 hasta el 31 de marzo de 2006, y que terminó antes del plazo pactado por decisión unilateral e injustificada por parte de la demandada.
SEGUNDO: Condenar a la EPS Saludcoop O.C. al pago de las siguientes acreencias laborales:
1. $39.379.490, por concepto de indemnización por terminación unilateral e injusta del contrato de trabajo, más $22.665.944 por indexación calculada a 31 de julio de 2017, sin perjuicio de la que se llegare a causar hasta su pago efectivo.
2. $29.343.307, por saldo insoluto de cesantías.
3. $1.573.280, por saldo insoluto de intereses a las cesantías.
4. $15.507.997, por saldo insoluto de primas de servicios.
5. $18.564.294, por saldo insoluto de vacaciones, debidamente indexados a 31 de julio de 2017, sin perjuicio de la que se llegare a causar hasta su pago efectivo.
6. $268.919.250, por concepto de indemnización moratoria.
7. $194.827.568, por concepto de indemnización por no pago oportuno de cesantías.
TERCERO: Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción, conforme a lo dicho en la parte motiva y declarar no prósperas las demás excepciones formuladas por la accionada, conforme a lo expuesto en esta providencia.
CUARTO: Costas en la primera instancia a cargo de la demandada, sin constas en la alzada.

References: ARTÍCULO 1
 ARTÍCULO 23
 artículo 24
 artículo 99
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 1
 artículo 23
 Resolución 
 artículo 46
 artículo 3
 artículo 64
 ARTÍCULO 65
 ARTÍCULO 99
 artículo 65
 artículo 99