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Timestamp: 2017-08-23 15:51:07+00:00

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Test / Examenes
Ley de Protección de datos de carácter personal. Normativa básica reguladora. Especial referencia al tratamiento y custodia de las imágenes.
La legislación sobre Protección de Datos marca una serie de límites a la utilización de los datos personales.
Todas las empresas deben adaptarse a la legislación teniendo en cuenta que deben conjugar, por un lado, los derechos que poseen los ciudadanos sobre el uso, tratamiento y destino de sus datos y, por otro, las medidas de tipo organizativas y técnicas que debemos establecer en nuestra organización para garantizar la seguridad de la información.
El cumplimiento de las obligaciones legales en materia de protección de datos es imprescindible y no puede posponerse su aplicación; la LOPD establece unas sanciones económicas a los titulares de los ficheros y a los responsables del tratamiento de los datos, para los casos en que no se cumpla con la legislación sobre Protección de datos, siendo estas sanciones las más elevadas de nuestro entorno europeo.
La Agencia Española de Protección de datos (AEPD), organismo encargado de velar por el adecuado cumplimiento de la legislación vigente, cuenta con un amplio cuerpo de inspectores que tienen la consideración de autoridad pública en el desempeño de sus funciones. Actúan de oficio o mediante denuncia de cualquier afectado y, de no cumplirse con la legislación, imponen elevadas multas que pueden llegar hasta los 600.000 €.
- Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, también conocida como LOPD. A través de sus 49 artículos la presente ley tiene por objeto “garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar”.
- El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD. Tiene por objeto establecer las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad que deben reunir los ficheros automatizados y no automatizados, centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos de carácter personal.
- Las Recomendaciones dictadas por el Director de la Agencia con objeto de adecuar el funcionamiento de ciertos sectores de actividad a la normativa española de protección de datos. Son elaboradas tras la realización de los Planes Sectoriales de Inspección de Oficio que anualmente desarrollan.
- Las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es aclarar y apoyar la interpretación de la ley con el fin de adecuar los tratamientos a sus principios.
Especial referencia al tratamiento y custodia de las imágenes.
La captación y/o el tratamiento de imágenes con fines de vigilancia es una práctica muy extendida en nuestra sociedad.
La videovigilancia generalmente persigue garantizar la seguridad de los bienes y las personas o se utiliza en entornos empresariales con la finalidad de verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales. Ambas finalidades constituyen bienes valiosos dignos de protección jurídica, pero sometidos al cumplimiento de ciertas condiciones.
La utilización de medios técnicos para la vigilancia repercute sobre los derechos de las personas lo que obliga a fijar garantías.
La videovigilancia permite la captación, y en su caso la grabación, de información personal en forma de imágenes. Cuando su uso afecta a personas identificadas o identificables esta información constituye un dato de carácter personal a efectos de la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de los datos de carácter personal (LOPD).
La aplicación de la Ley Orgánica a estos sistemas plantea cierto grado de dificultad en todos los ámbitos. Por una parte, el responsable debe ser capaz de identificar si el uso que hace de las videocámaras se encuentra sujeto a la Ley. Por otra, resulta complejo informar al titular de los datos y hacerlo con criterios homogéneos, comprensibles y fácilmente identificables.
Sin embargo, a diferencia de la videovigilancia desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que cuenta con legislación específica que la regula, la única regulación existente en el ámbito privado, la Ley 23/1992 de 30 de julio, de Seguridad Privada no contiene indicaciones precisas en materia de protección de datos. Y es evidente, y así lo ha subrayado en distintas sentencias el Tribunal Constitucional, que la videovigilancia es un medio particularmente invasivo y por ello resulta necesaria tanto la concurrencia de condiciones que legitimen los tratamientos, como la definición de los principios y garantías que deben aplicarse.
Por todo ello, y con la finalidad de adecuar estos tratamientos a la ley Orgánica 15/ 1999 se dictó la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.
Pero junto a la videovigilancia, vinculada a la seguridad o al control laboral, surgen nuevos usos y servicios basados en la captación y el tratamiento de imágenes registradas por videocámaras o webcams. En los casos en los que estas imágenes pertenecen a personas identificadas o identificables resulta de aplicación la LOPD. Esta Guía tratará de ofrecer indicaciones y criterios prácticos que permitan el adecuado cumplimiento de la legislación vigente en todos los casos.
El concepto de dato personal incluye las imágenes cuando se refieran a personas identificadas o identificables. Por ello, los principios vigentes en materia de protección de datos personales deben aplicarse al uso de cámaras, videocámaras y a cualquier medio técnico análogo, que capte y/o registre imágenes, ya sea con fines de vigilancia u otros en los supuestos en que:
Exista grabación, captación, transmisión, conservación, o almacenamiento de imágenes, incluida su reproducción o emisión en tiempo real o un tratamiento que resulte de los datos personales relacionados con aquéllas.
Tales actividades se refieran a datos de personas identificadas o identificables.
- Para que se pueda utilizar un sistema de esta naturaleza no basta con que éste reúna los requisitos técnicos que lo permitan funcionar. Debe existir legitimación para ello. Esto ocurrirá cuando:
Se cuente con el consentimiento del titular de los datos personales.
Ej. Se trata de supuestos todavía infrecuentes.
No obstante se ha planteado en el caso del acceso a las imágenes de guarderías por los padres, o en el desarrollo de investigaciones científicas.
Una norma con rango de Ley exima del consentimiento, como en los casos previstos por la Ley de Seguridad Privada o en el del artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores.
Ej. No requerirá el consentimiento el uso de videocámaras para garantizar la seguridad de bienes y personas siempre que la instalación o el mantenimiento de las mismas la haya realizado una
empresa de seguridad autorizada.
- Se dé alguna de las circunstancias previstas por el artículo 6.2 LOPD u 11.2 LOPD que resulten de aplicación a este tipo de medios:
Además, si la legislación vigente impone algún requisito adicional éste deberá cumplirse.
- Por otra parte, existen casos en los que no procede aplicar la LOPD:
No se aplica al tratamiento de imágenes en el ámbito personal y doméstico, entendiéndose por tal el realizado por una persona física en el marco de una actividad exclusivamente privada o familiar.
Ej. No se aplican los principios de protección de datos a las grabaciones realizadas en el contexto de un viaje turístico o en una celebración familiar.
Al tratamiento de imágenes por los medios de comunicación en el ejercicio legítimo de los derechos que les confiere el artículo 20 de la Constitución Española.
Ej. La emisión de un informativo de televisión o la edición de un periódico.
Sin perjuicio de las previsiones específicas de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugares públicos, a estos tratamientos se les aplica supletoriamente la LOPD en aspectos como la creación de ficheros mediante disposición de carácter general publicada en un diario oficial, que más adelante se examinan.
Ej. Resultaría claramente desproporcionado instalar una videocámara para vigilar el acceso a un garaje y utilizar sus características técnicas -movilidad, orientación, zoom etc.-con la finalidad de
obtener imágenes del interior de los vehículos que circulan por la vía pública o de las comunidades de vecinos próximas.
Ej. Incluso en los casos en los que las videocámaras se utilicen para fines lícitos y legítimos el deber de información subsiste siempre.
Ej. No es necesario grabar a los estudiantes de una clase para realizar controles de presencia cuando bastaría el método tradicional de pasar lista.
Ej. Una videocámara utilizada con fines de seguridad privada situada en un edificio no debería tomar imágenes de toda la calle en la que éste se encuentre.
Ej. Si una cámara debe ubicarse necesariamente en la puerta de entrada de una entidad bancaria, o en la esquina de un edificio debería orientarse de modo que la parte de vía pública que recoja se limite al acceso vigilado sin recoger más porción de la vía pública que la imprescindible.
No podrán captarse imágenes del resto de la acera o de la calle.
Ej. No sería admisible la captación de imágenes en espacios protegidos por el derecho a la intimidad como los interiores de viviendas cercanas, en baños o vestuarios o en espacios físicos ajenos al específicamente protegido por la instalación.
Las imágenes se conservarán por el tiempo imprescindible para la satisfacción de la finalidad para la que se recabaron.
Ej. Como más adelante se señala en esta Guía la Instrucción 1/2006 sobre conservación de las imágenes con fines de vigilancia fija un plazo máximo de un mes. En los casos en que las imágenes se capten a otros efectos se someterá a la legislación específica aplicable.
En este ámbito deben respetarse y aplicarse los principios contenidos en la legislación vigente y en particular la LOPD, el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (RDLOPD), aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de
Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.
Este cumplimiento se proyectará sobre distintos aspectos.
La utilización de sistemas de vigilancia mediante videocámaras puede dar lugar a la creación de ficheros. El RDLOPD precisa en qué casos existirá un fichero:
Fichero: Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, que permita el acceso a los datos con arreglo a criterios determinados, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación,
almacenamiento, organización y acceso.
Ej. Si se utiliza un sistema conectado a un ordenador que almacena las imágenes en un disco duro, o en cualquier otro soporte informático, y permite localizarlas atendiendo a criterios como
el día y/u hora de grabación, el cruce de imágenes, el lugar físico registrado etc.
Si el sistema de videovigilancia genera un fichero el responsable deberá notificarlo previamente a la Agencia Española de Protección de Datos, para su inscripción en el Registro General de la misma. Esto ocurrirá siempre que exista algún tipo de grabación.
En caso de tratarse de ficheros de titularidad pública deberá procederse primero a su creación mediante disposición de carácter general publicada en el correspondiente
diario oficial conforme a lo establecido en el artículo 20 LOPD para posteriormente proceder a su inscripción.
Recuerde que la Agencia Española de Protección de Datos le facilita la inscripción mediante un modelo predefinido a través del sistema de Notificaciones Telemáticas NOTA.
https://www.agpd.es/portalweb/canalresponsable/index-ides-idphp.php
Hay sistemas que no registran imágenes y por ello la Instrucción 1/2006 señala que no se considerará fichero el tratamiento consistente exclusivamente en la reproducción o emisión de imágenes en tiempo real.
Ej. Circuitos cerrados de televisión controlados mediante visualización en pantalla.
Por tanto, no resulta necesario inscribirlos. Sin embargo, esto no exime del cumplimiento del resto de deberes establecido por la LOPD y la Instrucción 1/2006 que se detallan en esta Guía.
La información en la recogida de los datos es un elemento esencial del derecho a la protección de datos y por tanto su cumplimiento resulta ineludible. Sin embargo las especiales características que se dan en la videovigilancia comportan el diseño de procedimientos específicos para informar a las personas cuyas imágenes se capten.
La Instrucción 1/2006 incorpora un distintivo informativo cuyo uso y exhibición es obligatoria. El distintivo se ubicará como mínimo en los accesos a las zonas vigiladas, sean estos exteriores o interiores. Debe tenerse en cuenta que si el lugar vigilado dispone de varios accesos se debe colocar en todos ellos al objeto de que la información sea visible con independencia de por donde se acceda.
Puede obtenerse un modelo en:
https://www.agpd.es/portalweb/canaldocumentacion/legislacion/normativa_estatal/index-ides-idphp.php#video
Además el responsable del fichero dispondrá de un impreso con toda la información a la que se refiere el artículo 5 LOPD. Por tanto el impreso deberá informar al menos sobre:
La existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.
El impreso deberá estar disponible existiendo cuando menos la posibilidad de imprimirlo a petición del afectado.
La información del impreso podrá incorporarse al cartel anunciador y sustituirlo únicamente en aquellos casos en los que por su contenido y por la ubicación del mismo la información resulte legible e inteligible.
Ej. Si el cartel se encuentra situado en puertas o lugares de acceso y ubicado dentro del campo de visión natural del afectado, esto es a la altura de sus ojos.
El uso de la señal y el impreso, no excluye la existencia de métodos adicionales de información que se añadan a los dos anteriores como publicación en web de políticas de privacidad, información a la representación sindical, notificaciones a los vecinos etc.
CONTRATO DE ACCESO A LOS DATOS POR CUENTA DE TERCEROS
La implementación de sistemas de videovigilancia puede dar lugar a distintos tipos de prestación: Una empresa externa puede prestar servicios consistentes en:
Instalación y/o mantenimiento técnico de los equipos y sistemas de videovigilancia sin acceso a las imágenes.
En este caso la empresa de seguridad no posee la condición de encargado de tratamiento correspondiendo al responsable, que la contrató, la adaptación de la instalación a los requisitos normativos.
Ello, sin perjuicio de la eventual responsabilidad de la empresa por incumplir el deber de asesoramiento previsto en el artículo 5 LSP
Ej. La simple instalación técnica de las cámaras y los equipos de grabación por una empresa de seguridad que actúa como instalador autorizado contratado por una comunidad de propietarios limitándose a tareas puramente técnicas que no comporten acceso a las imágenes.
Instalación y/o mantenimiento de los equipos y sistemas de videovigilancia con utilización de los equipos o acceso a las imágenes.
Únicamente en este segundo caso, la empresa de seguridad será considerada encargada del tratamiento y la obligatoriedad de cumplir con las obligaciones de los dispuesto por el artículo 12 LOPD.
Ej. Las empresas de seguridad que prestan servicios combinados de central de alarmas y videovigilancia de modo que cuando se activa la alarma se comprueban directamente las imágenes por el personal de la empresa de seguridad.
Con carácter general, La instalación de sistemas de videovigilancia con fines de seguridad privada comporta necesariamente la contratación de los servicios de empresas de seguridad debidamente autorizadas por el Ministerio del Interior que, conforme al artículo de la 5 de la Ley 23/1992 de 30 de julio, de Seguridad Privada, pueden prestar, entre otros los siguientes servicios:
Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes o convenciones.
Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad.
Explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de las señales de alarmas y su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como prestación de servicios de respuesta cuya realización no sea de la competencia de dichas Fuerzas y Cuerpos.
Planificación y asesoramiento de las actividades de seguridad contempladas por la Ley.
Por ello, cuando se capten y/o registren imágenes con fines de seguridad privada y la empresa de seguridad contratada utilice las videocámaras y/o acceda a las imágenes por medio de su personal resulta ineludible la celebración de un contrato de acceso a los datos por cuenta de terceros.
Este contrato ha sido regulado por el RDLOPD siendo sus características principales:
Es un contrato cuyo contenido se determina atendiendo a las circunstancias concretas de la prestación de servicios.
No basta con reiterar las cláusulas del artículo 12 LOPD, debe reflejarse la realidad de la prestación y adoptarse las decisiones que garanticen el cumplimiento de la norma.
Existe un deber de diligencia en la comprobación de las condiciones que reúne el encargado.
En materia de videovigilancia con fines de seguridad privada ello obliga, a verificar las condiciones de cumplimiento de la LOPD por parte de la empresa de seguridad y si reúne los requisitos legales que habilitan para la prestación de estos servicios.
No cabe la subcontratación con terceros salvo que:
Se atribuya al encargado poder de representación suficiente para celebrar estos contratos en nombre del responsable.
Se autorice en el contrato a subcontratar con una determinada empresa específica o bien se trate de una autorización genérica con la obligación de contar con la posterior autorización del responsable.
Además de contar con capacidad de subcontratar en cualquiera de los dos casos anteriores, se formalice un contrato de acceso a los datos por cuenta de terceros entre el encargado y el subcontratista.
Se garantice siempre el cumplimiento de las instrucciones del responsable.
Debe recordarse que el artículo 6 de la Ley de Seguridad Privada fija una obligación adicional y los contratos de prestación de los distintos servicios de seguridad deberán en todo caso consignarse por escrito y comunicarse al Ministerio del Interior, con una antelación mínima de tres días a la iniciación de tales servicios.
Por último, no debe olvidarse que en los casos en los que la empresa de seguridad con motivo de su prestación no acceda a las imágenes deberá aplicarse lo dispuesto por el artículo 83 del RDLOPD. En efecto, cuando exista una prestación de servicios sin acceso a datos personales el contrato de prestación de servicios recogerá expresamente la prohibición de acceder a los datos personales y la obligación de secreto respecto a los datos que el personal hubiera podido conocercon motivo de la prestación del servicio.
El responsable de la instalación deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de las imágenes y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Por tanto, quien haya contratado los servicios de una empresa de seguridad, -ya sea una empresa, una comunidad de propietarios, etc.-, debe cumplir con el deber de garantizar la seguridad de las imágenes en los términos establecidos por la LOPD y su Reglamento de desarrollo.
Con carácter general los ficheros de videovigilancia suelen tener un nivel básico. No obstante el responsable del fichero debe tener en cuenta que deberá evaluar el nivel de seguridad teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 81 del Reglamento en función del contenido y finalidad del fichero.
Por Ej. puede darse el caso de que la captación de imágenes desborde el marco de la vigilancia y se utilice con fines de selección de personal o para verificar la respuesta a determinados estímulos, en psicología o medicina-, con lo que el nivel de seguridad sería medio o alto.
Sin embargo, las imágenes facilitadas a la autoridad judicial o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con motivo de un delito se convierten en datos relativos a investigaciones policiales y los ficheros de estas autoridades aplicarán un nivel alto de seguridad.
El responsable deberá informar a las personas con acceso a los datos sobre sus obligaciones de seguridad y su deber de secreto en los términos del artículo 8 de la Instrucción 1/2006.
Asimismo cualquier persona que por razón del ejercicio de sus funciones tenga acceso a los datos deberá observar la debida reserva, confidencialidad y sigilo en relación con las mismas. El responsable deberá informar a las personas con accesoa los datos del deber de secreto a que se refiere el apartado anterior
Es aconsejable consultar la Guía de Seguridad de Datos disponible en el Canal de Documentación del website de la Agencia.
https://www.agpd.es/portalweb/canaldocumentacion/publicaciones/index-ides-idphp.php
CANCELACIÓN DE OFICIO DE LAS IMÁGENES
La Instrucción 1/2006 establece en su artículo 6 un plazo de cancelación máximo de un mes desde su captación. En ella se ha seguido el mismo criterio que el fijado en el artículo 8 de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugares públicos.
Por tanto una vez transcurrido dicho plazo las imágenes deberán ser canceladas, lo que implica el bloqueo de las mismas pues así lo establece la Ley Orgánica 15/1999 y el RDLOPD, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión.
En aquellos casos en los que el responsable constatase la grabación de un delito o infracción administrativa que deba ser puesta en conocimiento de una autoridad, y la denunciase, deberá conservar las imágenes a disposición de la citada autoridad.
Como se ha señalado anteriormente la utilización de sistemas para la captación y/o tratamiento de imágenes con fines de videovigilancia y seguridad está sujeta a condiciones derivadas de la Ley 23/1992 de 30 de julio, de Seguridad Privada y su Reglamento de Desarrollo, de la LOPD y a la Instrucción 1/2006. Se trata de servicios que sólo pueden ser prestados por empresas específicamente autorizadas en virtud de sus condiciones y cualificación. Ello determina la exigencia de una especial diligencia en el asesoramiento al responsable que contrate sus servicios respecto del cumplimiento de la LOPD y de la Instrucción 1/2006. Este deber cualificado de diligencia se traduce en algunas exigencias específicas. En primer lugar, y con carácter general:
El art. 20 del RSP establece la obligación de formalizar, y notificar a la autoridad competente, un contrato cuando se preste un servicio de seguridad. En el ámbito de la videovigilancia la falta de cumplimiento de dicha obligación supone una falta de legitimación para el tratamiento por parte de la empresa de seguridad.
La empresa de seguridad privada que realice operaciones de instalación o mantenimiento de los servicios de vigilancia mediante cámaras debe garantizar que tales sistemas cumplan con los requisitos de la LOPD y de la Instrucción 1/2006.
En particular su pericia técnica será muy relevante en aspectos como:Inscripción del fichero ante el Registro General de Protección de Datos.
La ubicación de distintivos informativos
La definición del espacio vigilado y la orientación de las videocámaras.
La adopción de las medidas de seguridad.
La ausencia de contrato tendrá como consecuencia la falta de legitimación de la instalación.
Por otra parte, como se señaló más arriba, hay recordar que cuando la empresa de seguridad acceda a las imágenes, con independencia de que lo pueda hacer el responsable, tendrá la consideración de encargado del tratamiento y le corresponderán las responsabilidades que procedan conforme con lo dispuesto por el contrato celebrado conforme al artículo 12 LOPD.
Sin embargo, a las empresas de seguridad, tengan o no la condición de encargados, les compete el deber de asesorar a los particulares sobre la adecuación a la normativa de protección de datos de las instalaciones de videovigilancia. La Agencia Española de Protección de Datos en el desarrollo de su actividad notificará de oficio las incidencias detectadas a la autoridad gubernativa para su conocimiento y eventualactuación en aplicación de la Ley de Seguridad Privada.
En algunos casos el empleo de técnicas que implican captación de imágenes poseen características específicas a pesar de que estén vinculadas a la seguridad privada.
ACCESO A EDIFICIOS Y SALAS DE JUEGO
La realización de controles de acceso a los edificios puede comportar la captación de imágenes. Generalmente se articulan mediante controles en los cuales el afectado se identifica, se obtiene su imagen y se emite un carné, pase o tarjeta de identificación.
En estos casos, los datos de carácter personal son recabados por servicios de seguridad tanto en edificios públicos como privados, así como en establecimientos, espectáculos, certámenes y convenciones.
En tales casos será de aplicación lo dispuesto en la Instrucción 1/1996, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección de Datos, sobre ficheros automatizados establecidos con la finalidad de controlar el acceso a los edificios. Por lo tanto:
El responsable del fichero asumirá el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en la LOPD:
Tendrá la consideración de responsable del fichero la persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo por cuya cuenta se efectúe la realización del servicio de seguridad.
La Instrucción 1/1996 permite también que la empresa de seguridad tenga la consideración de responsable del fichero.
La recogida de datos efectuada se limitará a la finalidad de realizar controles de acceso.
Deberá informarse de conformidad con lo establecido en el artículo 5 LOPD.
Los datos personales no podrán ser utilizados para otros fines ni cedidos fuera de los casos expresamente establecidos en la ley, salvo consentimiento del afectado.
Los datos serán cancelados cuando haya transcurrido el plazo de un mes, contado a partir del momento en que fueron recabados.
El responsable del fichero garantizará la adopción de las medidas de seguridad que correspondan.
Por otro lado, la Instrucción 2/1996, regula los ficheros establecidos con la finalidad de controlar el acceso a los casinos y salas de bingo. En este caso:
Tendrá la consideración de responsable del fichero la sociedad explotadora del casino de juego o la empresa titular de la sala de bingo.
Deberá cumplirse con el deber de información en la recogida de datos.
Los datos de carácter personal deberán ser destruidos cuando haya transcurrido el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha del último acceso.
Las instalaciones de videovigilancia utilizadas en Bancos, Cajas de Ahorro y demás entidades de crédito están sujetas a reglas específicas. La Ley Orgánica 1/1992, de 21 febrero de Seguridad Ciudadana prevé que por razones de seguridad pública se adopten determinadas medidas, y en virtud de la autorización reglamentaria que esta Ley contiene el Reglamento de Seguridad Privada ha exigido la instalación de cámaras y videocámaras en dichos establecimientos. Así, las previsiones del Real Decreto 2364/1994, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, deben interpretarse en conexión con la LOPD.
Estas instalaciones son de titularidad privada siendo estas entidades responsables de las mismas. El artículo 120 del Reglamento de Seguridad Privada define peculiaridades en su régimen jurídico:
Las imágenes estarán exclusivamente a disposición de las autoridades judiciales y de las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las que facilitarán inmediatamente aquellas que se refieran a la comisión de hechos delictivos.
El contenido de los soportes será estrictamente reservado, y las imágenes grabadas únicamente podrán ser utilizadas como medio de identificación de los autores de delitos contra las personas y contra la propiedad.
En principio las imágenes sólo podrán ser visualizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los Jueces y Tribunales, por la Inspección de la Agencia Española de Protección de Datos en ejercicio de sus competencias y por el personal legitimado por la Ley de Seguridad Privada.
En estos ficheros, debido a las anteriores restricciones, el derecho de acceso de los afectados no es posible, sin perjuicio de que quepa invocar en su caso la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos.
La cancelación se produce transcurridos quince días desde la grabación, salvo que hubiesen dispuesto lo contrario las autoridades judiciales o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.
En lo no específicamente previsto por el Reglamento de Seguridad Privada se aplicará el régimen de la LOPD y de la Instrucción 1/2006.
Éste régimen especial requiere el cumplimiento de dos requisitos adicionales:
La presencia de información específica disponible para el público que, eventualmente puede sustituir a la prevista en la Instrucción 1/2006.
Que los empleados o responsables de la entidad bancaria no accedan a las imágenes en cuyo caso les es de plena aplicación la Instrucción 1/2006.
Se exceptúan los casos en los que la entidad disponga de personal propio con la categoría de director de seguridad conforme a Ley de Seguridad Privada y a su Reglamento de desarrollo.
CÁMARAS CON ACCESO A LA VÍA PÚBLICA
La legitimación para el uso de instalaciones de videovigilancia se ciñe a la protección de entornos privados. La prevención del delito y la garantía de la seguridad en las vías públicas corresponden en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Por tanto la regla general es la prohibición de captar imágenes de la calle desde instalaciones privadas.
No obstante, en algunas ocasiones la protección de los espacios privados sólo es posible si las cámaras se ubican en espacios como las fachadas. A veces también resulta necesario captar los accesos, puertas o entradas, de modo que aunque la cámara se encuentre en el interior del edificio, resulta imposible no registrar parte de lo que sucede en la porción de vía pública que inevitablemente se capta. Por todo ello el artículo 4.3 de la Instrucción 1/2006 dispone:
3. Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas. En todo caso deberá evitarse cualquier tratamiento de datos innecesario para la finalidad perseguida.
Para que esta excepción resulte aplicable, no deberá existir una posibilidad de instalación alternativa. Debe tenerse en cuenta que:
La utilización de instalaciones de videovigilancia en la vía pública se reserva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugares públicos.
El artículo 4.3 de la Instrucción 1/2006 no constituye una habilitación para captar imágenes en espacios públicos.
El responsable del fichero adecuará el uso de la instalación de modo que el impacto en los derechos de los viandantes sea el mínimo posible.
En ningún caso se admitirá el uso de prácticas de vigilancia más allá del entorno objeto de la instalación y en particular en lo que se refiere a los espacios públicos circundantes, edificios contiguos y vehículos distintos de los que accedan al espacio vigilado.
La señalización garantizará en todo caso los derechos de los afectados.
Las indicaciones de uso y seguridad facilitados al personal contendrán de modo expreso instrucciones específicas que garanticen un uso adecuado y proporcional de los recursos.
CÁMARAS CONECTADAS A INTERNET
Cada vez resulta más frecuente el uso de videocámaras IP y Webcams capaces de transmitir datos en formato digital a través de Internet. La tecnología permite el ahorro de costes al facilitar la grabación directa en soporte digital y facilita el nacimiento de nuevos servicios de videovigilancia. Se trata de productos muy publicitados, fácilmente adquiribles y que no suelen requerir de conocimientos técnicos especiales para su instalación, pero respecto de cuyo uso deben analizarse los riesgos.
El uso de tales cámaras comporta riesgos adicionales cuando no se configura adecuadamente el uso del programa y/o el entorno de comunicaciones.
La configuración por defecto del software puede no reunir las garantías de seguridad facilitando el acceso abierto a las imágenes por cualquiera. Deberá revisarse si las funciones de identificación y autenticación se encuentran activadas con el fin de evitar accesos de terceros a las imágenes y de garantizar que sólo acceden los usuarios autorizados.
Asimismo, la grabación digital permite un uso fácil de las imágenes.
Por ello no debe olvidarse que:
Es irrelevante el medio técnico empleado.
La instalación de cualquier sistema de videovigilancia con fines de seguridad requiere la participación de una empresa de seguridad debidamente autorizada por el Ministerio del Interior.
El sistema deberá cumplir con el nivel de seguridad que corresponda conforme al RDLOPD y en particular:
Se contará con procedimientos de identificación y autenticación de los usuarios del sistema y no se permitirá el acceso de terceros no autorizados.
Se garantizará la seguridad en el acceso a través de redes públicas de comunicaciones.
Se tendrá en cuenta la naturaleza de la instalación al definir las obligaciones del personal.
ENTORNOS ESCOLARES Y MENORES
La captación de imágenes en entornos escolares no se encuentra vedada pero requiere adoptar ciertas cautelas. La instalación de cámaras de videovigilancia en un centro escolar con el fin de controlar conductas que puedan afectar a la seguridad ha de ser una medida proporcional en relación con la infracción que se pretenda evitar y, en ningún caso, debe suponer el medio inicial para llevar a cabo funciones de vigilancia.
La utilización de estos sistemas debe ser proporcional al fin perseguido, que en todo caso deberá ser legítimo.
La instalación de cámaras de videovigilancia seríauna medida proporcional y justificada si se cumplen los siguientes requisitos:
Que se trate de una medida susceptible de conseguir el objetivo propuesto.
Que no exista otra medida mas moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia.
Que la misma sea ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto.
Los menores son sujetos merecedores de una especial protección por lo que el principio de proporcionalidad debe aplicarse con un rigor extremo. Por ello, en entornos como colegios, guarderías, centros lúdicos cuyo público objetivo sean los menores y espacios similares la instalación de videocámaras sólo será legítima cuando derive de una necesidad ineludible, cuando la medida sea la más adecuada y siempre que no exista una medida alternativa menos lesiva para los derechos del menor.
La zona objeto de videovigilancia será la mínima imprescindible abarcando espacios públicos como accesos o pasillos.
En ningún caso podrán instalarse estos medios en espacios protegidos por el derecho a la intimidad como baños, vestuarios o aquellos en los que se desarrollen actividades cuya captación pueda afectar a la imagen o a la vida privada como los gimnasios.
Salvo en circunstancias excepcionales, no resulta admisible la captación de imágenes con fines de control de asistencia escolar.
El uso de videocámaras con fines de seguridad en espacios de juego, aulas y otros ámbitos en los que se desarrolla la personalidad de los menores sólo podrán ser objeto de grabación en presencia de circunstancias excepcionales, justificadas por la presencia de un riesgo objetivo y previsible para la seguridad de los menores.
Por último, en entornos escolares cabe el uso de videocámaras para la prestación de otros servicios que se examinan en un apartado posterior.
ESPACIOS PÚBLICOS DE USO PRIVADO
Una gran parte de la vida privada de las personas se desarrolla en espacios públicos de uso privado como establecimientos comerciales, restaurantes, lugares de ocio etc. La garantía del derecho a la protección de datos se extiende también a estos ámbitos. Por ello, cuando se pretenda instalar sistemas de videovigilancia en los mismos, deberán ponderarse los derechos y garantizarse el cumplimiento estricto del principio de proporcionalidad.
Así, a título de ejemplo:
En ningún caso resulta admisible la instalación de cámaras en baños o vestuarios.
Si bien puede resultar justificable el uso de técnicas de videovigilancia en lugares de ocio ésta deberá respetar los derechos de las personas:
No grabando conversaciones.
No utilizando las imágenes con fines comerciales o promocionales salvo autorización del afectado, y en particular para su emisión a través de Internet.
En espacios como gimnasios, balnearios o “Spa” etc., pueden captarse imágenes susceptibles de afectar a los derechos a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de datos. Deberán tenerse en cuenta estas circunstancias respetando tales derechos no captándose imágenes de personas identificadas o identificables en los lugares en los que se realiza materialmente la práctica deportiva o se reciban este tipo de servicios.
La instalación de dispositivos de videovigilancia en los taxis requiere que la cámara la instale una empresa de seguridad privada, que deberá de obtener la autorización del Ministerio del Interior y si la cámara graba deberá de notificarlo previamente a la Agencia Española de Protección de Datos, para su inscripción en el RegistroGeneral de la misma, cumpliéndose los demás extremos previstos por la Instrucción 1/2006.
La legislación vigente habilita para el uso de videocámaras en el contexto de la seguridad pública, la seguridad ciudadana y la prevención del delito, el control y la ordenación del tráfico y la seguridad vial, y la garantía de la seguridad en espectáculos deportivos.
VIDEOCÁMARAS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD
La Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos regula su utilización policial con la finalidad de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública.
De lo dispuesto por el artículo 2.2 de la citada Ley y del artículo 2.3.e) LOPD se deduce que el tratamiento de los datos personales procedentes de las imágenes obtenidas mediante la utilización de cámaras y videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se regirá por sus disposiciones específicas y por lo especialmente previsto, en su caso, por la LOPD. Por ello, se aplicarán las disposiciones específicas a:
Competencias de las Comisiones de Garantías de la Videovigilancia respecto del informe previo a la autorización, y demás competencias atribuidas por la Ley y el
reglamento que la desarrolla.
Autorización de las instalaciones fijas y de la utilización de videocámaras móviles.
Registro de instalaciones autorizadas.
Principio de proporcionalidad en la utilización de las videocámaras en su doble versión de idoneidad y de intervención mínima.
La idoneidad determina que sólo podrá emplearse la videocámara cuando resulte adecuado, en una situación concreta, para el mantenimiento de la seguridad ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en la Ley.
La intervención mínima exige la ponderación, en cada caso, entre la finalidad pretendida y la posible afectación por la utilización de la videocámara al derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad de las personas
La utilización de videocámaras exigirá la existencia de un razonable riesgo para la seguridad ciudadana, en el caso de las fijas, o de un peligro concreto, en el caso de las móviles.
No se podrán utilizar videocámaras para tomar imágenes ni sonidos del interior de las viviendas, ni de sus vestíbulos, salvo consentimiento del titular o autorización judicial, ni en lugares en lugares públicos, abiertos o cerrados, cuando se afecte de forma directa y grave a la intimidad de las personas, así como tampoco para grabar conversaciones de naturaleza estrictamente privada.
Puesta de las imágenes captadas a disposición de la autoridad administrativa o judicial competente.
Periodo para la conservación de las imágenes y destrucción de las mismas.
Señalización de las zonas vigiladas.
Ejercicio de los derechos de acceso y cancelación.
Infracciones y sanciones relacionadas con el desarrollo de la actividad policial.
Debe tenerse en cuenta que la Ley Orgánica 4/1997 habilita a las Comunidades Autónomas con competencia para la protección de las personas y los bienes y para el mantenimiento del orden público, para regular y autorizar la utilización de videocámaras por sus fuerzas policiales y por las dependientes de las Corporaciones locales radicadas en su territorio, la custodia de las grabaciones obtenidas, la responsabilidad sobre su ulterior destino y las peticiones de acceso y cancelación de las mismas.
En cualquier caso, se aplica plenamente la LOPD y en particular en lo relativo a:
Creación de los ficheros mediante una disposición de carácter general publicada en el diario oficial que corresponda.
Inscripción ante el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos.
Adopción de medidas de seguridad y documentación de las mismas.
Comunicaciones de datos a cesionarios distintos de las autoridades administrativas o judiciales competentes, en relación con las infracciones o delitos eventualmente registrados.
Contratos de acceso a los datos por cuenta de terceros.
Infracciones y sanciones relacionadas con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999.
Por último, debe señalarse que el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 4/1997 excluye su aplicación a:
Instalaciones fijas de videocámaras que realicen las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en sus inmuebles, siempre que éstas se dediquen exclusivamente a garantizar la seguridad y protección interior o exterior de los mismos.
Las unidades de Policía Judicial reguladas en la legislación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando, en el desempeño de funciones de policía judicial en sentido estricto, realicen captaciones de imágenes y sonidos mediante videocámaras, se regirán por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por su normativa específica.
Por tanto, en estos casos resulta de plena aplicación lo dispuesto por la LOPD y la Instrucción 1/2006.
VIDEOCÁMARAS CON FINES DE CONTROL DE TRÁFICO
La Ley Orgánica 4/1997 y su Reglamento de Desarrollo contienen disposiciones específicas relativas a estas instalaciones. En concreto su Disposición adicional octava establece:
La instalación y uso de videocámaras y de cualquier otro medio de captación y reproducción de imágenes para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico se efectuará por la autoridad encargada de la regulación del tráfico a los fines previstos en el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y demás normativa específica en la materia, y con sujeción a lo dispuesto en las Leyes Orgánicas 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal, y 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.
Ello supone la aplicación de algunas previsiones específicas de la citada Ley y de la Disposición adicional única del Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos:
Las cámaras deberán utilizarse con respeto al principio de proporcionalidad en su doble versión de idoneidad y de intervención mínima.
Corresponderá a las Administraciones públicas con competencia para la regulación del tráfico, autorizar la instalación y el uso de estos dispositivos.
La resolución que ordene la instalación y uso de los dispositivos fijos de captación y reproducción:
Identificará genéricamente las vías públicas o los tramos de aquellas cuya imagen sea susceptible de ser captada.
Las medidas tendentes a garantizar la preservación de la disponibilidad, confidencialidad e integridad de las grabaciones o registros obtenidos.
El órgano encargado de su custodia y de la resolución de las solicitudes de acceso y cancelación.
Debe tenerse en cuenta que estas cámaras pueden ser también utilizadas en el marco de la Ley Orgánica 4/1997 tramitándose todas las autorizaciones previstas en la misma.
En cualquier caso, en el caso de estas videocámaras resulta de plena aplicación el conjunto de lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en particular:
Satisfacción de los derechos de las personas.
Señalización del espacio vigilado.
El artículo 61 del Real Decreto 769/1993, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento para la Prevención de la violencia en los espectáculos deportivos contempla la existencia de circuitos cerrados de televisión.
- Estos circuitos contarán con cámaras fijas y móviles.
- Las cámaras fijas controlarán el exterior e interior del recinto, cubriendo las zonas de acceso y las gradas y proporcionando una visión total de aquél.
- Las cámaras móviles se situarán en los espacios que el Coordinador de Seguridad estime necesario controlar especialmente en cada acontecimiento deportivo.
- El circuito cerrado de televisión dispondrá, asimismo, de medios de grabación para registrar las actitudes de los asistentes y el comportamiento de los grupos violentos.
Corresponde al Consejo de Administración o la Junta Directiva de los clubes de la categoría profesional de fútbol y, en los casos en los que se establezca reglamentariamente, designar un Jefe de Servicio de Seguridad. Éste desarrolla sus funciones de acuerdo con las instrucciones del Coordinador de Seguridad en cada club, sociedad anónima o acontecimiento deportivo.
Por tanto en este ámbito debe tenerse en cuenta:
El titular de la instalación será responsable del fichero.
Deberán cumplirse todas las previsiones de la Instrucción 1/2006.
USO DE VIDEOCÁMARAS CON FINES DE CONTROL EMPRESARIAL
El artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores faculta al empresario para adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos, en su caso. Entre estas medidas puede estar la captación y/o tratamiento de imágenes sin consentimiento.
No obstante tales prácticas se encuentran plenamente sometidos a la LOPD y la Instrucción 1/2006 y deben cumplir con requisitos específicos:
El tratamiento se limitará a las finalidades previstas por el Estatuto de los Trabajadores, y/o en todo caso a finalidades legítimas reconocidas por la normativa vigente, debiendo cumplir en este último caso adicionalmente las previsiones específicas que sean de aplicación.
Respetarán de modo riguroso el principio de proporcionalidad:
Se adoptará esta medida cuando no exista otra más idónea.
Las instalaciones, en caso de utilizarse, se limitarán a los usos estrictamente necesarios captando imágenes en los espacios indispensables para satisfacer las finalidades de control laboral.
No podrán utilizarse estos medios para fines distintos de los propios del control laboral salvo que se trate de fines legítimos y se adopten las medidas pertinentes para el cumplimiento de la normativa que les sea de aplicación.
Tendrán en cuenta los derechos específicos de los trabajadores respetando:
Los derechos a la intimidad y el derecho fundamental a la protección de datos en relación con espacios vetados a la utilización de este tipo de medios como vestuarios, baños, taquillas o zonas de descanso.
El derecho a la propia imagen de los trabajadores.
La vida privada en el entorno laboral no registrando en particular las conversaciones privadas.
Se garantizará el derecho a la información en la recogida de las imágenes:
Con información específica a la representación sindical.
Mediante el cartel anunciador y el impreso establecidos por la Instrucción 1/2006.
Mediante información personalizada.
Se procederá en su caso a la creación y/o inscripción del correspondiente fichero.
Se garantizará la cancelación de las imágenes en el plazo máximo de 30 días y únicamente podrán conservarse aquellas que registren una infracción o incumplimiento de los deberes laborales.
Se garantizarán los derechos de acceso y cancelación.
Se formalizarán en su caso contratos de acceso a los datos por cuenta de terceros.
Se adoptarán las correspondientes medidas de seguridad.
La utilización de videocámaras y la captación de imágenes se plantean también en otros ámbitos a los que se aplican las normas reguladoras de la protección de datos personales.
TRATAMIENTOS EN ENTORNOS ESCOLARES CON FINES DISTINTOS DE LA SEGURIDAD
Existen servicios de valor añadido basados en la captación de imágenes. Un ejemplo cada vez más frecuente consiste en facilitar el acceso a los padres a imágenes de clases y espacios de juego en guarderías o centros de educación infantil. En este caso debe tenerse en cuenta que:
Se aplican los principios generales de la LOPD.
El consentimiento para el tratamiento de datos de los menores se encuentra regulado en el artículo 13 RDLOPD y exige la autorización paterna, materna o del representante legal cuando se trate de menores de edad.
Debe definirse con precisión la finalidad para la captación de tales imágenes, que en todo caso respetará el principio de proporcionalidad y adecuación, y en particular los usos adicionales con fines promocionales o de marketing, memorias escolares de actividad, o websites públicos del centro.
Deben informarse adecuadamente y respetarse los derechos de los trabajadores afectados por el uso de videocámaras como monitores, profesores, personal de limpieza etc.
Deberá garantizarse la seguridad y el secreto, en particular cuando el acceso a las imágenes se produzca online.
En aquellos casos en los que se facilite acceso a un colectivo, como el de todos los padres de un aula:
Deberán definirse los perfiles de acceso que, por ejemplo, debería limitarse a los entornos en los que se encuentren sus hijos, nunca a otras aulas.
Deberá informarse a los padres de las responsabilidades que les incumben por el acceso a los datos.
La Instrucción 1/2006 excluye expresamente su aplicación a imágenes obtenidas en el ámbito personal y doméstico, entendiéndose por tal el realizado por una persona física en el marco de una actividad exclusivamente privada o familiar.
Por tanto, en aquellos casos en los que la utilización de videoporteros se limite a su función de verificar de la identidad de la persona que llamó al timbre y a facilitar el acceso a la vivienda, no será de aplicación la normativa sobre protección de datos.
Sin embargo, si el servicio se articula mediante procedimientos que reproducen y/o graban imágenes de modo constante, y resultan accesibles -ya sea a través de Internet o mediante emisiones por la televisión de los vecinos-, y en particular cuando el objeto de las mismas alcance al conjunto del patio y/o a la vía pública colindante, resultará de plena aplicación la Instrucción 1/2006.
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y USOS AFINES
Uno de los fines posibles para la captación y grabación de imágenes relativos a personas identificadas o identificables es la investigación, ya se trate de investigación científica, del estudio de hábitos de uso o consumo, o incluso en el ámbito de los procesos de selección de personal.
Por tanto, en este caso se aplicarán plenamente las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. En este sentido, debe recordarse la especial importancia que reviste en esta materia el cumplimiento de los principios de finalidad y proporcionalidad en el tratamiento de los datos.
PROMOCIÓN TURÍSTICA Y FINALIDADES RELACIONADAS
La difusión de imágenes con finalidad promocional a través de Internet es una práctica cada vez más común ya se trate de difundir un determinado ámbito corporativo, -como fachadas de edificios o espacios singulares en empresas o instituciones-, ya se refiera a lugares de interés turístico. Únicamente cuando la captación y emisión de las imágenes no afecte a personas identificadas o identificables resultara excluida la aplicación de la LOPD.
En cualquiera de los casos anteriores, cuando las imágenes se refieran a personas identificadas o identificables deberán aplicarse los principios generales vigentes en materia de protección de datos personales:
Deberá contarse con una habilitación legal o requerir el consentimiento de los afectados.
Si se trata de entornos en los que puedan captarse imágenes de trabajadores, deberán tenerse en cuenta que las normas laborales contienen criterios y garantías respecto de sus derechos y deberes.
Se informará de la existencia de instalaciones destinadas a captar las imágenes y su finalidad turística o promocional y no podrán utilizarse para finalidades distintas.
Se adoptarán las oportunas medidas de seguridad.
En los casos en los que las imágenes sean libremente accesibles en Internet es recomendable establecer políticas de privacidad estableciendo, de modo particular, las condiciones de uso para los terceros.
Cuando las imágenes así captadas y/o reproducidas no permitan identificar personas, ni otros aspectos relacionados con informaciones personales como números de matricula de los vehículos, no serán de aplicación las normas sobre protección de datos.
El ejercicio de los derechos posee perfiles específicos en el ámbito de la videovigilancia.
En primer lugar, no resulta posible el ejercicio del derecho de rectificación ya que por la naturaleza de los datos -imágenes tomadas de la realidad que reflejan un hecho objetivo-, se trataría del ejercicio de un derecho de contenido imposible.
Por otro lado, el ejercicio del derecho de oposición también plantea enormes dificultades.
Si este se interpreta como la imposibilidad de tomar imágenes de un sujeto concreto en el marco de instalaciones de videovigilancia vinculadas a fines de seguridad privada no resultaría tampoco posible su satisfacción en la medida en la que prevalecería la protección de la seguridad.
Por otra parte el ejercicio del derecho de acceso reviste características singulares:
Requiere aportar como documentación complementaria el aportar una imagen actualizada que permita al responsable verificar y contrastar la presencia del afectado en sus registros.
Resulta prácticamente imposible acceder a imágenes sin que pueda verse comprometida la imagen de un tercero. Por ello puede facilitarse el acceso mediante escrito certificado en el que, con la mayor precisión posible y sin afectar a derechos de terceros, se especifiquen los datos que han sido objeto de tratamiento.
Ej. “Su imagen fue registrada en nuestros sistemas el día ___ del mes del año entre las _ horas y las _ horas. En concreto el sistema registra su acceso y salida del edificio.
Si se ejerciese el derecho de acceso ante el responsable de un sistema que únicamente reproduzca imágenes sin registrarlas deberá responderse en todo caso indicando la ausencia de imágenes grabadas.
La cancelación solicitada por el afectado se rige por lo previsto en la LOPD sin especialidad alguna.
No debe olvidarse que conforme a las previsiones del RDLOPD en caso de denegación de un derecho deberá indicarse expresamente la posibilidad de reclamar su tutela ante el Director de la Agencia Española de Protección de Datos.
Es aconsejable consultar la Guía del responsable de ficheros disponible en el Canal de Documentación del website de la Agencia.
La utilización de instalaciones de videovigilancia para captar, grabar o reproducir imágenes relativas a personas identificadas o identificables constituye una práctica que puede afectar a los derechos fundamentales y en particular al derecho fundamental a la protección de datos.
Por ello es conveniente tener en cuenta algunas recomendaciones que se deducen del contenido de esta guía:
La elección de este tipo de medios debe responder siempre al principio de proporcionalidad descartándose la videovigilancia cuando existan medidas menos lesivas para los derechos fundamentales.
El análisis de la proporcionalidad de la medida será especialmente riguroso en entornos sensibles ya sea por la naturaleza de los sujetos objeto de la vigilancia, como los menores en ámbitos como el escolar, ya sea porque en ellos se den manifestaciones de vida privada, como en locales de ocio o gimnasios.
En caso de utilizar la videovigilancia con fines de seguridad privada deberá recurrirse siempre a empresas de seguridad.
El responsable, empresa, institución, comunidad de propietarios etc. debe ser diligente en la elección de la empresa de seguridad que le preste servicios que deberá reunir todos los requisitos legales para ello.
La empresa de seguridad debería asesorar diligente y lealmente a quien requiera sus servicios incluyendo dicho asesoramiento en las cuestiones relativas a la normativa de protección de datos.
En el ámbito laboral deberá garantizarse el respeto de los derechos de los trabajadores.
En cualquier caso, el responsable y el encargado deberán velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales y cualquier otra norma aplicable.

References: Real Decreto 
 artículo 20
 artículo 6
 artículo 20
 Real Decreto 
 artículo 20
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 6
 artículo 83
 artículo 81
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 12
 artículo 5
 Real Decreto 
 artículo 120
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 61
 Real Decreto 
 artículo 20
 artículo 13