Source: https://www.iberley.es/legislacion/rd-ley-20-2020-29-may-ingreso-minimo-vital-26559465
Timestamp: 2020-08-08 03:14:46+00:00

Document:
RD-Ley 20/2020 de 29 de May (Ingreso mínimo vital) | Iberley
Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. - Boletín Oficial del Estado de 01-06-2020
Estas debilidades del sistema de garantía de ingresos español han sido puestas de manifiesto de manera recurrente en informes y recomendaciones procedentes de las instituciones europeas. Así, en la recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de España, se afirma que «el impacto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza está por debajo de la media europea y está bajando. Los programas de garantía de rentas están marcados por grandes disparidades en las condiciones de acceso y entre regiones, y por la fragmentación de los programas destinados a diferentes grupos de individuos en búsqueda de empleo y gestionados por diferentes administraciones» (punto 12). En la Recomendación de 2019, se afirma que «la proporción de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, así como la desigualdad de ingresos sigue estando por encima de la media de la Unión (...). La pobreza infantil, aunque se está reduciendo, sigue siendo muy alta. La capacidad de las transferencias sociales diferentes de las pensiones para reducir la pobreza sigue siendo de las más bajas de la Unión, especialmente entre los niños. El gasto social en hogares con niños como proporción del PIB es uno de los más bajos de la UE y está mal focalizado. (...) Mientras tanto, los sistemas de ingresos mínimos regionales presentan grandes disparidades en las condiciones de acceso, cobertura y suficiencia (...). Como resultado, muchos de los que están en situación de necesidad no reciben apoyo» (punto 14).
De otro lado, esta caracterización como función del Estado supone que la Seguridad Social ocupa «... una posición decisiva en el remedio de situaciones de necesidad...», con la particularidad de que la identificación de tales situaciones y el modo en el que se articula su protección se ha de hacer «... teniendo en cuenta el contexto general en que se produzcan, y en conexión con las circunstancias económicas, las disponibilidades del momento y las necesidades de los diversos grupos sociales» (STC 65/1987).
De lo anterior puede deducirse la trascendencia que para la sociedad española tiene la aprobación del ingreso mínimo vital. Porque, más allá de la dimensión coyuntural que una medida como esta tiene en el actual contexto de crisis provocado por la pandemia, la nueva prestación se integra con vocación estructural dentro de nuestro sistema de Seguridad Social reforzando decisivamente su contenido como garantía institucional «... cuya preservación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales» (STC 32/1981).
La adopción de medidas de carácter económico mediante real decreto-ley ha sido avalada por el Tribunal Constitucional siempre que concurra una motivación explícita y razonada de la necesidad - entendiendo por tal que la coyuntura económica exige una rápida respuesta- y la urgencia - asumiendo como tal que la dilación en el tiempo de la adopción de la medida de que se trate mediante una tramitación por el cauce normativo ordinario podría generar algún perjuicio.
Pero también ha admitido, por otro lado, «... que el hecho de que se considere una reforma estructural no impide, por sí sola, la utilización de la figura del decreto-ley, pues el posible carácter estructural del problema que se pretende atajar no excluye que dicho problema pueda convertirse en un momento dado en un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad, que justifique la aprobación de un decreto-ley, lo que deberá ser determinado atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso (STC 137/2011, FJ 6; reiterado en SSTC 183/2014, FJ 5; 47/2015, FJ 5, y 139/2016, FJ 3)». Tal apreciación parece particularmente aplicable a una iniciativa como esta en la que se incorpora una nueva prestación, con un número potencial de beneficiarios muy importante, al sistema de Seguridad Social, verdadera columna vertebral de nuestro Estado social y democrático de derecho.
Modificación realizada (20 (apdo. 4, se añade)) por Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. (BOE de 06-07-2020) en vigor desde 07-07-2020
Texto Original. Publicado el 01-06-2020 en vigor desde 01-06-2020
07/07/2020 (Vigente)
01/06/2020 (Versión Original)
D.A. 1ª. Colaboración de las empresas al tránsito de los beneficiarios del ingreso mínimo vital a la participación activa en la sociedad.
D.A. 2ª. Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
D.A. 3ª. Crédito extraordinario en el Presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para financiar el ingreso mínimo vital en el ejercicio 2020.
D.A. 4ª. Fórmulas de gestión.
D.A. 5ª. Aplicación en los territorios forales.
D.T. 1ª. Prestación económica transitoria de ingreso mínimo vital durante 2020.
Modificación realizada (D.T. 1ª (apdo. 3)) por Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. (BOE de 06-07-2020) en vigor desde 07-07-2020
D.T. 2ª. Presentación de solicitudes.
D.T. 3ª. Régimen excepcional aplicable a las solicitudes cursadas por situación de carencia de rentas.
D.T. 4ª. Régimen transitorio de aplicación del control financiero permanente, como única modalidad de control, para el reconocimiento del derecho y de la obligación de los expedientes de la prestación no contributiva de ingresos mínimo vital.
D.T. 5ª. Exención del pago de precios públicos por servicios académicos universitarios.
D.T. 6ª. Financiación del ingreso mínimo vital durante 2020.
D.T. 7ª. Integración de la asignación por hijo o menor a cargo en el ingreso mínimo vital.
D.F. 1ª. Modificación del Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula el registro de prestaciones sociales públicas.
D.F. 2ª. Modificación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
D.F. 3ª Modificación del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio.
D.F. 4ª. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
D.F. 5ª. Modificación de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
D.F. 6ª. Financiación de los gastos derivados de las funciones que puedan desarrollar las entidades locales en aplicación del artículo 22 de este real decreto-ley.
D.F. 7ª. Actualización de valores.
D.F. 8ª. Cláusula de salvaguardia para modificaciones de norma de inferior rango.
Entrada en Vigor: 2020-06-01
Artículo 54. Créditos ampliables.
Fecha Publicación: 1996-04-02
Fecha Publicación: 2015-07-25
Artículo 102. Aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria.
D.A. 141ª. Creación de la Tarjeta Social Digital.
D.T. 3ª. Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
Real Decreto 696/2018, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento general de la gestion financiera de la Seguridad Social.
07/07/2020 Redacción Vigente
desde 01/06/2020 hasta 07/07/2020

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 22

Artículo 54

Artículo 102

Real Decreto