Source: http://boletinlegalve.blogspot.com/2016/03/
Timestamp: 2017-10-23 09:43:22+00:00

Document:
Boletín Legal Venezuela: marzo 2016
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/enero/184374-0005-19116-2016-14-1621.HTML
Mediante sentencia N° 05 del 19 de enero de 2016, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que el pago de los salarios caídos debe calcularse desde el momento del despido injustificado hasta la fecha de interposición de la demanda. En concreto, se señaló que:
“Tal señalamiento de esta Sala es de vital importancia a los efectos de decidir el recurso, pues en definitiva ha sido con base a la orientación prevista en el artículo 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que este máximo Tribunal ha asumido reiteradamente el criterio sentado por este digno Tribunal en la sentencia número 53, del 30 de enero de 2014, según el cual: “(…) donde existe una providencia administrativa en la cual quedó establecido que el trabajador fue despedido injustificadamente, ordenando su reenganche y pago de los salarios caídos y, ante la rebeldía del patrono de no dar cumplimiento a dicha orden, y la decisión del trabajador de renunciar al reenganche, mediante la interposición de la demanda para hacer efectivo el pago de los salarios dejados de percibir, así como las prestaciones derivadas de la relación laboral, resulta procedente el pago de los salarios dejados de percibir desde el momento del despido injustificado hasta la fecha de interposición de la demanda (…)”.
Conforme a los razonamientos antes esbozados, es evidente que el juez de alzada incurrió en el error que se le imputa, pues lo correcto era ordenar el pago de los salarios caídos “hasta la fecha de interposición de la demanda” – de cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales-, motivo por el cual, el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte actora se estima procedente”.
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Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/marzo/186305-00316-16316-2016-2013-0459.HTML
Mediante sentencia N° 316 del 16 de marzo de 2016, la Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, estableció la diferencia entre la perención de la instancia que es aquella que se produce por la paralización de la causa por más de un año por las partes, siempre que se haya producido luego de la admisión de la causa y antes de que se haya dicho vistos; y la pérdida del interés procesal que es la que se debe declarar, por inactividad procesal, previa notificación de las partes, antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En concreto, se señaló que:
“Al respecto, esta Sala indicó en sentencia N° 01256 de fecha 13 de agosto de 2009, caso: Smith Internacional de Venezuela, C.A., criterio ratificado, entre otros, en los fallos de esta Sala Nros. 00197, 00162, 00562, 00659, 00150 y 00149, de fechas 4 de marzo de 2010, 9 de febrero de 2011, 29 de mayo de 2013, 7 de mayo de 2014, 25 de febrero de 2015 y 18 de febrero de 2016, casos: El Wiljor; MMC Automotriz de Venezuela, S.A.; Toyota de Venezuela, C.A.; Best Motors, C.A.; Grupo 25964, C.A. y Grupo 22869, C.A. y Bingo Copacabana, C.A., respectivamente, que en el ámbito tributario para que opere la figura de la perención, es necesaria la concurrencia de ciertos requisitos, a saber: (i) la paralización de la causa por más de un (1) año, debiendo contarse dicho término a partir de la fecha cuando se haya cumplido el último acto del procedimiento, el cual una vez transcurrido el Tribunal podrá sin más trámites declarar consumada la perención, sea de oficio o a solicitud de parte interesada; y (ii) la falta de realización de actos de procedimiento por las partes, pues el único límite impuesto por la norma en referencia, es que se haya dicho “vistos”, en cuyo caso no existirá inactividad de las partes.
Precisado lo anterior, y en armonía con lo expuesto en las decisiones de esta Sala Nros. 00669 y 00436, del 15 de marzo de 2006 y 19 de mayo de 2010, casos: C.A. Conduven y Operadora Dinastía, C.A., respectivamente; esta Máxima Instancia observó que a los fines de la operatividad de la perención, es necesario el simple cumplimiento de una condición objetiva en la que no se toma en cuenta la voluntariedad de las partes, es decir, no se consideran los motivos que éstas tuvieron y por los cuales se mantuvo paralizada la causa, sino que el simple transcurso del tiempo de un (1) año de inactividad origina de pleno derecho la declaratoria de perención.
Por otro lado, manifestó esta Sala en sentencia N° 01258 de fecha 8 de diciembre de 2010, caso: Zapatería Acuario, C.A., en atención al fallo de la Sala Constitucional N° 416 del 28 de abril de 2009, caso: Carlos Vecchio y otros, que la pérdida del interés procesal debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce: (i) antes de la admisión de la demanda o (ii) después de que la causa ha entrado en estado de sentencia.
De modo que la inactividad de las partes es suficiente para que opere la perención de la instancia o la pérdida de interés, aún en el supuesto de que provenga del Juzgador, ya que las partes debieron instar a la producción del acto procedimental.
Asimismo, conforme al criterio jurisprudencial, la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o a partir del momento en que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “Vistos” (exclusive), y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito. (Vid., sentencia N° 00861 de esta Sala del 25 de julio de 2012, caso: Hotel Bella Vista, C.A).
No obstante, resulta importante resaltar que dependiendo de una u otra inactividad ocurren diferencias, y así lo pone de relieve el fallo N° 1960 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, publicado en fecha 15 de diciembre de 2011, caso: Neila Judit Negrón Portillo, el cual decidió que en los supuestos de pérdida de interés debe notificarse al actor para darle la oportunidad de manifestar su deseo de continuar con el trámite en esa causa, ello en atención a lo consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, atinente al derecho a la tutela judicial efectiva.” (énfasis añadido por la Sala).
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Nulidad del artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/186228-179-15316-2016-06-0814.HTML
Mediante sentencia N° 179 del15 de marzo de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declaró la nulidad parcial del artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que establecía que en aquellas causas en que haya transcurrido más de un año de vista la causa debía declararse la perención de la instancia. La nulidad se declaró ya que esa norma afectaba la tutela judicial efectiva por cuanto en ese estado no había ninguna actividad pendiente de las partes sino del tribunal. En concreto, se señaló que:
“En el marco de las observaciones anteriores, esta Sala estableció en la sentencia N° 956, dictada el 1° de junio de 2001, en el caso Milagro Urdaneta Cordero, que “siendo la perención un ‘castigo’ a la inactividad de las partes, la de los jueces no puede perjudicar a los litigantes, ya que el incumplimiento del deber de administrar justicia oportuna es sólo de la responsabilidad de los sentenciadores, a menos que la falta de oportuno fallo dependa de hechos imputables a las partes.”
En el caso de autos, en resguardo del principio de seguridad jurídica, esta Sala fija los efectos del fallo anulatorio ex nunc, es decir, hacia el futuro, desde el momento en que se publique el presente fallo”.
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Requisitos de validez de la cesión de créditos fiscales
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/marzo/185695-00226-1316-2016-2014-0680.HTML
Mediante sentencia N° 226 del 01 de marzo de 2016, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que para que sea válida la cesión de créditos fiscales se debe: (i) autenticar el documento contentivo del contrato de cesión, tal y como lo establece el artículo 5, numeral 2, literal a de la Providencia Administrativa N° SNAT/2005/0954 emitida por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en la Gaceta Oficial N° 38.324 del 29 de noviembre de 2005; y (ii) el contribuyente tiene la obligación de notificar la cesión a la Administración Tributaria dentro de los 3 días hábiles siguientes de haberse realizado. En concreto, se señaló que:
“Las disposiciones transcritas ponen de relieve que la cesión de créditos tiene su origen en un contrato celebrado entre el acreedor original (cedente) y el nuevo acreedor (cesionario), por el cual el cedente se obliga a transferir y garantizar al cesionario el crédito u otro derecho, obligándose este último a pagar un precio en dinero. El contribuyente tiene la obligación de notificar la cesión a la Administración Tributaria, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de haberse realizado. (Vid., sentencia de esta Sala N° 01539 del 28 de octubre de 2009, caso: Agencia Operadora La Ceiba, S.A., ratificada en las decisiones Nros. 00108 y 00769 del 27 de enero de 2010 y 4 de julio de 2012, casos: Documentos Mercantiles, S.A. (DOMESA) y Ampolex (Venezuela), INC.).
Vinculado a lo precedente, esta Máxima Instancia observa que la Providencia Administrativa N° SNAT/2005/0954 emitida por el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.324 del 29 de noviembre de 2005, cuyo objeto es regular y controlar las notificaciones de compensaciones y cesiones de créditos establecidas en los artículos 49 y 50 del Código Orgánico Tributario de 2001, aplicable ratione temporis (artículo 1 del referido acto administrativo), exige en su artículo 5 (numeral 2, literal a) el “Original del contrato de cesión de créditos fiscales debidamente autenticado, incluyendo el justo título del crédito”. Sin embargo, por cuanto dicha Providencia es de fecha posterior a la notificación de la cesión de créditos fiscales a la Administración Tributaria (5 de abril de 2004), la Sala considera que para la oportunidad en que se realizó la cesión de los créditos fiscales de autos, no era exigible la autenticación del documento contentivo del contrato de cesión, por no existir norma de referencia alguna con esa previsión. (Vid., sentencia de esta Sala Político-Administrativa N° 00618 del 3 de junio de 2015, caso: Mobil Cerro Negro, L.T.D.). En consecuencia, se desestima el alegato de la representación fiscal. Así se declara.
No obstante, la compensación surtirá efectos de pago en la medida de la existencia y legitimidad de los créditos cedidos, momento en el cual el órgano fiscal podrá rechazar o impugnar la compensación, una vez que en ejercicio de sus facultades determine la liquidez y exigibilidad del crédito cedido; y, en el caso que se compruebe la inexistencia o ilegitimidad de dichos créditos como resultado de la investigación fiscal, el cedente será solidariamente responsable con el cesionario por el crédito cedido, conforme a lo pautado en el artículo 51 del Código Orgánico Tributario de 2001, aplicable en razón del tiempo”.
Rectificación de actas en sede administrativa o judicial
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/febrero/185479-00213-25216-2016-2015-1056.HTML
Mediante sentencia N° 213 del 25 de febrero de 2016, la Sala político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, aclaró que es ante la Administración donde se debe seguir el procedimiento para rectificar un acta inscrita en el Registro Civil por errores materiales; mientras que esa rectificación solo se realizará ante la jurisdicción cuando deban modificarse aspectos que afecten el fondo del acta. En concreto, se señaló que:
“Las normas antes transcritas indican los supuestos en que debe acudir a la vía administrativa o judicial para rectificar un acta inscrita en el Registro Civil; si la solicitud de rectificación de partida se fundamenta en errores materiales que no afecten el fondo del asunto, el conocimiento de dicho procedimiento le corresponderá a la Administración, en cambio, si versare sobre aspectos que afecten el fondo del acta será competencia del Poder Judicial. (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 01203 del 22 de octubre de 2015).
En el caso bajo estudio, se advierte que la rectificación de acta de nacimiento requerida por la parte accionante, versa sobre dos errores materiales que no afecta el fondo del acta, tales como: PRIMERO: fue colocado [su] nombre como “YUDITH, cuando lo correcto es JUDITH (…) y SEGUNDO: [que] ‘…nació en el HOSPITAL CENTRAL de este municipio el día dos del mes de noviembre del año mil novecientos cincuenta y tres…’ cuando lo correcto es el Dos (02) de Noviembre de 1952, ya que fu[e] presentada el 28 de Enero de 1.953…”. (Agregados de la Sala).
Por lo tanto, esta Sala con fundamento en las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, declara que el Poder Judicial no tiene Jurisdicción para conocer y decidir el referido asunto, y, en consecuencia, confirma la sentencia sometida a consulta dictada el 8 de octubre de 2015, por el Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Así se declara.” (énfasis añadido por la Sala).
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/octubre/RC-00807-311006-05588.HTM
Mediante sentencia N° 807 del 31 de octubre de 2006, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, determinó que el lapso de caducidad para el ejercicio de una acción no puede ser contemplada a través de un contrato, ya que ese plazo solo puede ser regulado por la ley y es de orden público. En concreto, se señaló que:
“Como se puede observar, respecto al punto de la caducidad contractual la sentencia acusada determinó que en el sub iudice había operado la misma, tomando como base para ello un documento denominado conocimiento de embarque o contrato de fletamento, la cual –la caducidad contractual- no esta prevista en norma legal alguna y en razón de representar la misma una limitación al ejercicio de la acción y en ello estar interesado el orden público y constitucional, afectó, en consecuencia, el derecho a la defensa de la demandante.
Por otra parte, tampoco se podría establecer el que las obligaciones de resarcir daños o de efectuar pagos se extiendan infinitamente en el tiempo; con base a ello el ordenamiento jurídico ha estatuido normas sustantivas que prevén los lapsos dentro de los cuales el acreedor de una obligación pueda reclamar su satisfacción, entre esos lapsos existe el de caducidad, pero su establecimiento, sin que haya lugar a dudas, impide el ejercicio de la acción y con ello se cercena el derecho de acceso a la justicia que, se repite, deviene del texto constitucional, situación que obliga a que la aplicación de los mencionados lapsos debe hacerse de manera restringida. Consecuencia de ello, como se acotó supra, la doctrina jurisprudencial así como la autoral, han considerado que la caducidad contractual, sólo debe ser aceptada cuando su génesis se encuentra en una norma legal que la establezca, pues la caducidad es una materia que interesa al orden público.
En el caso que se resuelve, observa la Sala que la recurrida consagró la caducidad sobre la base de un documento que constituye un contrato privado y que, por demás, del cual no fue parte suscribíente la hoy accionante, lo que significa extender los efectos sancionatorios de un contrato a un tercero ajeno al mismo, razones por la que resulta pertinente determinar que efectivamente se le cercenó al demandante su derecho a acceder a los órganos de justicia y con ello el derecho a la defensa, al haber declarado sin lugar la demanda fundamentándose en que había transcurrido el lapso fatal de caducidad establecido en el mentado contrato privado denominado “Conocimiento de Embarque”.
Con base a las anteriores consideraciones, la Sala concluye que la institución de la caducidad es un asunto que concierne al derecho sustantivo, no obstante ello el establecimiento contractual de un plazo inexorable para el ejercicio de una acción lesiona derechos de orden constitucional como lo es el derecho al acceso a los órganos jurisdiccionales establecido expresamente en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, razón por la que su aplicación debe ser interpretada de forma restrictiva, ya que el transcurso del lapso para ejercer la acción niega la posibilidad de interponer la pretensión ante cualquier órgano dispensador de justicia”.
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/febrero/185382-00175-24216-2016-2011-1040.HTML
Mediante sentencia N° 175 del 24 de febrero de 2016, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que el principio de la reserva legal constituye una garantía normativa fundamental en virtud de la cual determinados sectores y materias están reservados exclusiva y completamente a la ley. En concreto, se señaló que:
“Al respecto, esta Sala Político Administrativa ha sostenido que el principio de la reserva legal, constituye la garantía normativa fundamental en virtud de la cual determinados sectores y materias están reservados, exclusiva y completamente a la Ley. En este sentido, el numeral 32 del artículo 136 de la Constitución vigente, reserva a la Ley la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales, lo que excluye a la administración la posibilidad de limitarlos o restringirlos, concretamente, a través del establecimiento de faltas y sanciones mediante actos de rango sublegal.
De allí que, la reserva legal se configura como una limitación a la potestad reglamentaria y un mandato específico del Constituyente al legislador para que sólo éste regule ciertas materias en sus aspectos fundamentales. Es decir, la reserva legal no sólo limita a la Administración, sino también, de manera relevante al Legislador, toda vez que, sujeta su actividad a la regulación de determinadas materias previstas en el Texto fundamental. (Vid. Sentencia de esta Sala Nro. 1203 de fecha 25 de mayo de 2000)”.
Tramitación de la excepción de la falta de jurisdicción en el proceso penal
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/noviembre/182836-1389-131115-2015-15-0551.HTML
Mediante sentencia N° 1389 13 de noviembre de 2015, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, interpretó, con carácter vinculante, cómo debe realizarse la tramitación de la excepción de la falta de jurisdicción contenida en el artículo 28.2 del Código Orgánico Procesal Penal. En concreto, se señaló que:
“De las normas del Código Orgánico Procesal Penal relativas a la falta de jurisdicción se desprende que dicha excepción puede ser impugnada a través del recurso de apelación ante las Cortes de Apelaciones en lo Penal y recurrible ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia cuando se trate de la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos, lo cual ha dado lugar a una confusión en su tramitación en virtud de la falta de disposición expresa y de la errónea terminología utilizada en los artículos transcritos, y ante la ausencia de procedimiento a seguir dentro de la normativa de dicho Código Adjetivo al respecto, considera esta Sala que debe hacer uso de sus facultades de máxima garante de los derechos y garantías de la Constitución, para adecuar constitucionalmente casos como el que antecede, específicamente cuando el Código Orgánico Procesal Penal, contiene una respuesta inadecuada a la situación planteada.
Por otra parte, la Sala estima oportuno instar a la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal, para que ante la oposición temeraria de la regulación de la jurisdicción, remita copia certificada de las actuaciones pertinentes al ente disciplinario que corresponda (Ministerio Público, Inspectoría General de Tribunales o Colegio de Abogados según cada caso), a los fines de que se evalúe la conducta del profesional del derecho que utilice esta excepción con el único propósito de dilatar el procedimiento”.
Competencia para impugnar actos dictados por la Administración tributaria autorizatorios
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/febrero/184841-00121-10216-2016-2014-0328.HTML
Mediante sentencia N° 121 del 10 de febrero de 2016, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, estableció la competencia para conocer de los actos administrativos dictados por la Administración Tributaria de carácter autorizatorio -como lo son las licencias para el expendio de bebidas alcohólicas-, corresponde a los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En concreto, se señaló que:
“Con fundamento en la doctrina judicial parcialmente transcrita, visto que la declaración de voluntad contenida en el acto recurrido en el caso concreto constituye un acto administrativo de efectos particulares derivado de una actividad reglada de la Administración consistente en la emisión del permiso de expendio de bebidas alcohólicas, y no un acto administrativo de contenido tributario que determine o liquide tributos o imponga sanciones por ilícitos fiscales, sino por el contrario, es esencialmente administrativo de naturaleza autorizatoria; esta Sala Político-Administrativa concluye que el mismo es revisable en primera instancia, por los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (hoy Juzgados Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo) y, en Alzada, por los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (aun denominados Cortes de lo Contencioso Administrativo). Así se determina”.
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Publicado por Carlos Reverón Boulton en 18:02 No hay comentarios:

References: artículo 2
 artículo 26
 artículo 201
 artículo 201
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 51
 artículo 26
 artículo 136
 artículo 28