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Timestamp: 2017-12-14 07:16:01+00:00

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SOLDADOS en el Perú
Informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su 138º periodo de sesiones
Niños usados como soldados en el Perú Informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su 138º periodo de sesiones por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Primera edición, junio 2010 Este documento fue elaborado por el equipo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, bajo la coordinación de Sofía García. La sustentación de este informe ante la CIDH y la publicación de este libro fueron posibles gracias al apoyo financiero de Save the Children en Perú. Agradecimientos especiales a la Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa (CODEHPucallpa); a la Defensoría del Pueblo, en especial a Mayda Ramos, funcionaria de la Adjuntía de la Niñez y Adolescencia; y a la representación de Save the Children en el Perú. Diseño y Diagramación: Omar Gavilano y Romy Kanashiro.
Presentación Introducción 1. Dicotomía entre el progreso normativo y una realidad de deficiencias 2. Uso de niños, niñas y adolescentes en situaciones armadas II. VULNERABILIDAD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL VRAE III. NIÑOS RECLUTADOS POR LA ORGANIZACIÓN NO ESTATAL SENDERO LUMINOSO IV. NIÑOS ENLISTADOS POR LAS FUERZAS ARMADAS PERUANAS 1. El período 2003 a 2008 2. Año 2009: la situación se mantiene 3. Serio incumplimiento de las obligaciones 4. Medidas adoptadas desde el Estado V. MARCO JURÍDICO VI. LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS VII.PETICIONES ANEXO GLOSARIO 5 9 9 12
17 20 20 22 29 31 32
La violencia contra los niños jamás es justificable; toda violencia contra los niños se puede prevenir. Así comienza el Estudio sobre violencia contra los niños de las Naciones Unidas, elaborado por el experto Paulo Sergio Pinheiro. El enrolamiento y enlistamiento de niños a manos de las Fuerzas Armadas o grupos armados no estatales es una forma de violencia contra la niñez. El Estado peruano ha ratificado el Protocolo Facultativo sobre la utilización de niños como soldados, por lo que está obligado a cumplir, hacer cumplir y asegurar que ningún niño menor de 18 años participe directamente en hostilidades y que no sea reclutado en sus Fuerzas Armadas, ni por ningún grupo armado no estatal. La muerte de tres niños enrolados como soldados de las FFAA, producida en un enfrentamiento contra Sendero Luminoso; los 105 casos de niños reclutados por las FFAA —en su mayoría provenientes del ande y la selva— comprobados por la Defensoría del Pueblo no pueden volver a ocurrir en nuestro país. Recientes proyectos de Ley y acciones administrativas tomadas por las FFAA indicarían que hay voluntad de cumplir con la ley. La denuncia de la CNDDHH y Save the Children, a lo largo del año 2009, así como su demanda de una acción proactiva por parte del Estado para recuperar a los niños que se encuentran bajo la inaceptable acción de fuerza por parte de SL, tienen como único objetivo contribuir a que el Estado cumpla con sus deberes de protección y atención a la niñez, de reconocer que todos los niños y niñas del país son iguales en derechos y que deben desarrollarse en una comunidad que los respete y les brinde afecto. Save the Children continuará vigilante y desarrollando propuestas para que ningún niño sea utilizado como soldado. Teresa Carpio V. Directora Save the Children - Perú
Situación de vulneración de los Derechos del Niño en el Perú, desde el enfoque del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado Peruano en esta materia
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presenta el siguiente informe con el propósito de poner en conocimiento de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación de vulneración de los derechos del niño debida a su empleo por parte de la organización terrorista Sendero Luminoso en ataques armados, así como al enlistamiento indebido de menores de edad en el servicio militar voluntario por parte del Ejército Peruano.
1. Dicotomía entre el progreso normativo y una realidad de deficiencias
Junto con el reconocimiento de la capacidad de niños, niñas y adolescentes como ciudadanos y ciudadanas en formación, el principio del interés superior del niño permite fijar un criterio adecuado y progresivo de articulación de los derechos de la niñez en el conjunto de los derechos humanos. Efectivamente, la observación de estos dos principios tiene una relación directa con el cumplimiento cabal del conjunto de derechos reconocidos a niños, niñas y adolescentes. Pues allí donde estos dos principios no están debidamente internalizados, el cumplimiento de los derechos de la niñez corre grave peligro. La titularidad de derechos reconocida a niños, niñas y adolescentes asegura la premisa de que no son meros receptores de dádivas que varían según la mayor o menor largueza de la sociedad y el Estado. A su vez, el principio de interés superior del niño es la clave maestra que permite establecer la obligación fundamental de toda la sociedad y, en primer lugar, del Estado, de asegurar y garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia. La revaloración de la capacidad de niños, niñas y adolescentes, así como el reconocimiento de su nueva ciudadanía, va en relación directa con el nuevo paradigma que la Convención de los Derechos del Niño promueve desde una perspectiva de protección integral. La Convención ha sido un instrumento particularmente eficaz en la erradicación de aquella visión arcaica, tutelar, imperante hasta hace muy poco, que considera a los niños, niñas y adolescentes como seres incapaces, privados de toda posibilidad de opinión, a quienes en la práctica se despoja de derechos esenciales que no deberían por ningún motivo faltar a ninguna persona.
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Derechos Huma inadora Nacional de
o soldados en el
La introducción de estos conceptos no solo ha permitido establecer los derechos de la niñez con una entidad y peso específico propios. Además de ello, estos conceptos han promovido un replanteamiento fundamental de la vida social, al punto que se justifica plenamente hablar de una reformulación del contrato social que rige la convivencia de los seres humanos, las instituciones y el Estado. Pues el reconocimiento y la expansión de los derechos de la infancia y, sobre todo, la lucha por su aplicación efectiva, obran sobre la sociedad en el mismo sentido civilizador en que influye el reconocimiento de los derechos de la mujer y de los derechos de las minorías marginadas o estigmatizadas. Hay que decirlo con el mayor énfasis: la mayor participación y peso social de los niños, niñas y adolescentes, de las mujeres y de las minorías civiliza a toda la sociedad, contribuye a asegurar la paz y contrarresta la profunda violencia que es consustancial al sistema de dominación tradicional basado en el lucro, la exclusión y el patriarcado. Así mismo, estos nuevos principios contenidos y consagrados por la Convención de los Derechos del Niño permitieron reformular el alcance del enfoque basado en la centralidad de los derechos humanos, extendiendo y enriqueciendo sus perspectivas y sus consecuencias. Se vio claramente, entonces, que había sectores amplísimos que no se visibilizaban lo suficiente en la lucha por los derechos, o que en la práctica quedaban preteridos y, por tanto, despojados. Antes de la Convención sobre los Derechos del Niño, por ejemplo, uno podía plantear de modo absoluto el derecho a la vida y, al mismo tiempo, callar sobre el maltrato infantil en el hogar sin ser censurado por ello como inconsecuente. Hoy, gracias a la revolución conceptual y de conciencia promovida por la Convención sobre los Derechos del Niño, ya no es posible continuar ciegos ante el hecho de que el respeto del derecho a la vida o a la libertad está íntimamente vinculado con el respeto al niño y a la garantía de que nunca, en ningún caso, será víctima de maltrato. La inconsecuencia de antes de la Convención sobre los Derechos del Niño queda ahora en absoluta y vergonzosa evidencia. ¿Se puede pretender en nuestros días, sin una variable dosis de cinismo, que la protección de toda persona contra la tortura no tiene que ver acaso con la preservación de todo niño, niña y adolescente frente a la posibilidad de sufrir maltrato, empezando por el seno familiar?
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hace suyos estos criterios propuestos por la Convención sobre los Derechos del Niño y los incorpora como línea transversal de trabajo, tanto en los aspectos relacionados con los derechos de la infancia como en el trabajo con los derechos humanos de forma general. No obstante todo lo anterior, hay que señalar que los progresos normativos aún esperan un progreso correspondiente en la situación real de los derechos de la infancia, pues aún está muy extendida en el mundo una situación de vulneración efectiva y a gran escala de los derechos de la niñez, lo que nos indica que hay por delante mucho camino por recorrer. Los datos de mortalidad, desnutrición, falta de escolaridad, víctimas de diversas formas de abuso sexual, y uso y maltrato de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados es una realidad de espanto y de dimensiones difíciles de calcular con exactitud. En el Perú tenemos una dicotomía equivalente entre el progreso normativo y una realidad de deficiencias sobre la cual no se ha incidido con la fuerza y la decisión necesarias para cambiarla. Por un lado, el Perú ha reconocido la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño y ha aprobado un buen Código de los Niños y los Adolescentes. Del mismo modo, ha recorrido un importante trecho en la adecuación de su normatividad general a estas dos fuentes. Pero, además, se ha dado un importantísimo paso adicional, llegando a la aprobación de sendos planes fundamentales para aplicar coherentemente políticas de derechos humanos y de derechos de la niñez, planes caracterizados por su sana ambición y su esfuerzo por la consistencia y la coherencia. De manera que tenemos simultáneamente vigentes un Plan Nacional de Derechos Humanos y un Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia. Ambos significan logros sociales e institucionales de la más alta trascendencia. La confluencia de ambos planes debería permitir el objetivo central de hacer posible el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el contexto de un país democrático, respetuoso de los derechos humanos, así como crear condiciones para garantizar el desarrollo humano de estas personas y erradicar progresiva y sostenidamente la pobreza y exclusión que les afecta a lo largo del ciclo de vida. No obstante, la ejecución de ambos planes ha sufrido tropiezos tan
graves que han impedido su aplicación concertada y coherente, quedando en gran parte —es lamentable decir esto— en el papel. El resultado es que, en el Perú, la infancia sigue constituyendo con larga diferencia uno de los grupos más vulnerables de la población. De hecho, el grupo etáreo más afectado por la pobreza en el país es el de la niñez y la adolescencia. La realidad nos muestra, en consecuencia, que la infancia sigue siendo un colectivo invisibilizado en materia de cumplimiento de derechos; por ende, se requiere de políticas ejecutivas, efectivas y audaces que den aplicación a lo que ya está cumplidamente normado, diagnosticado y planeado.
Uso de niños, niñas y adolescentes en situaciones armadas
Siendo este el panorama de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, queremos ahora hablar de una situación concreta en nuestro país, como ejemplo de las diversas expresiones en que la violación de los derechos de la niñez y la adolescencia es recurrente y cotidiana. Me refiero al uso de niños, niñas y adolescentes en situaciones de conflicto armado, un problema que en nuestro país tiene larga data, que fue denunciado y documentado rigurosamente por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, pero que se sigue produciendo y nos sigue preocupando. En nuestro país vivimos dos circunstancias en el uso de niños en situaciones armadas: por un lado, los menores reclutados por el grupo armado no estatal Sendero Luminoso y, por otro, las numerosas denuncias sobre el enlistamiento de menores de edad por parte del Ejército. Sendero Luminoso, en una de sus facetas más bárbaras y terroristas, ha recurrido al reclutamiento forzado y la esclavitud de niños desde los años 80, tal como demostró la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Hoy, sus remanentes en la zona del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) no dejan de hacerlo y así lo muestran los hallazgos de la prensa. En mayo de 2009, el canal de TV Frecuencia Latina mostró imágenes de
unos 17 niños formados con fusiles y armas de fuego en un supuesto campamento senderista en la selva peruana. Estos niños se encuentran sometidos al control y abuso del contingente itinerante de Víctor Quispe Palomino, el llamado “camarada José”, jefe de la cúpula narcoterrorista que se desplaza por esa zona del país y que es responsable de atentados contra miembros del Ejército y de la Policía Nacional. Precisamente, testimonios de soldados sobrevivientes dan cuenta del uso de niños en estos atentados. Pero, lamentablemente, no es sólo Sendero Luminoso o los diversos remanentes que quedan de él. Desde el Estado también se han seguido cometiendo graves abusos. Los enlistamientos de menores de edad han sido documentados ampliamente, y se ha comprobado que se han seguido realizando pese a los muchos años que han pasado desde la total prohibición de las levas y de la participación de menores de edad en el servicio militar, así como desde la declaración de este como servicio voluntario y no obligatorio. Así lo han tenido que reconocer las propias autoridades del Ministerio de Defensa y el Ejército Peruano pues, lamentablemente, estos actos han saltado a la vista de la opinión pública porque han terminado por cobrar la vida de adolescentes que servían como soldados en zonas de enfrentamiento. Los familiares de las víctimas, la prensa y los organismos de derechos humanos han dado a conocer que varios de los soldados muertos o heridos en enfrentamientos armados en la zona del VRAE durante el año 2009 eran menores de edad. Este fue el caso, por ejemplo, del niño de 17 años J. A. Ante el reclamo y el pedido de explicaciones por parte de la Defensoría del Pueblo y también de organismos como la CNDDHH, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General EP Francisco Contreras Rivas, aseguró que había ordenado terminar con esa práctica ilegal y que, a consecuencia de ello, se había ordenado dar de baja a cerca de mil adolescentes que servían en filas (reunión con la CNDDHH de fecha 13 de mayo de 2009). Todo esto revela una práctica que ha sobrevivido y frente a la cual las autoridades se muestran negligentes, pues ante las denuncias alegan justificaciones endebles: la dificultad de detectar a los menores de edad que desean enlistarse en el ejército, o que
en las zonas donde se producen estos casos las condiciones logísticas no permiten realizar un filtro adecuado. Y precisamente queremos remarcar esto último. Que es en zonas alejadas de la sierra y la Amazonía, como Loreto y Ucayali, donde se recluta adolescentes que luego, con frecuencia, son enviados a servir en regiones del más alto riesgo por ser zonas de conflicto y violencia, como el VRAE. Tenemos, pues, que no solo se incumple con las disposiciones vigentes respecto del servicio militar, la prohibición de las levas y los compromisos internacionales para proteger a los niños, niñas y adolescentes frente a conflictos armados, sino que el Estado ahonda la inequidad y la discriminación, pues estas situaciones afectan desproporcionadamente a los más pobres y vulnerables. En este sentido, queremos volver a exhortar a las autoridades: no basta que el Estado no viole derechos y se comprometa a dejar de lado levas y enlistamientos de niños. Es necesario que actúe afirmativamente y proteja a esta población de la violencia terrorista. Es necesario que asuma seriamente su papel de garante y que supervise el accionar de sus funcionarios. Es necesario que su política nunca más exponga a ciudadanos a correr riesgos mortales de modo negligente y, mucho menos, a los niños, niñas y adolescentes del Perú más necesitado.
II. VULNERABILIDAD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL VRAE1
El valle de los ríos Apurímac y Ene, emplazado entre las regiones de Ayacucho, Cusco y Junín, en el centro del Perú, es conocido como el principal centro de cultivo de hojas de coca y refinamiento de cocaína del país. Además, se le reconoce como el último espacio de actividad de los remanentes de la organización no estatal Sendero Luminoso. También es una zona que muestra indicadores sociales y económicos por demás preocupantes: el 92% de la población es pobre y el 46,8% es considerada pobre extrema (indigencia), según UNICEF.2 Bajo este marco, la población infantil está siendo altamente vulnerada en sus derechos y de ella se ha formado poca conciencia para el resto del país. Se estima que el 92% de los menores de edad del VRAE trabaja en sembríos de hojas de coca, por 5 soles (US$ 1,50) al día y son, por tanto, la mano de obra más barata existente en el valle cocalero más grande del Perú. Según UNICEF,3 el 15% de los niños del VRAE ha tenido algún accidente en el campo como consecuencia de sus actividades laborales en el cultivo y procesamiento de la hoja de coca. Por eso, la OIT considera que el trabajo de los niños en los cocales es una de las peores formas de explotación infantil de la actualidad.4 También es de destacar que los niños que trabajan en la producción de los cultivos ilegales de hoja de coca en el VRAE5 están expuestos a agroquímicos altamente tóxicos que causan daños irreversibles en su salud, así como la explotación sexual comercial de niñas.6 Asimismo, la tasa de analfabetismo en el VRAE alcanza al 30% de la población y llega a 49% en las mujeres del valle; se necesita
Este ítem fue preparado por Ana María Tamayo, del Instituto de Defensa Legal. http://www.unicef.org/peru/spanish/peru_unicef_ninoszonascocaleras.pdf http://www.unicef.org/peru/spanish/peru_unicef_ninoszonascocaleras.pdf http://white.oit.org.pe/ipec/boletin/noticia.php?notCodigo=391 http://elcomercio.pe/EdicionImpresa/Html/2007-02-04/ImEcTemaDia0664117.html http://www.jornada.com.pe/noticias/especial/2067-trata-de-blancas-en-el-vrae.html
más inversión en educación, ya que el 46% de las instituciones educativas no cuenta con mobiliario ni equipamiento adecuado.7 Como si esto fuera poco, los medios de comunicación nacionales han dado cuenta de que los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso apostados en la zona del Vizcatán, en el VRAE, están empleando niños y niñas en sus ataques armados; en ese sentido, han reproducido entrevistas a soldados del Ejército peruano que así lo denuncian, y también han captado imágenes en las que se muestra a niños y niñas manipulando armas de guerra, entonando cánticos y arengas.8 Asimismo, en enero de 2010, se capturó a un presunto miembro de Sendero Luminoso mientras secuestraba a 2 menores de edad de 6 y 8 años de edad en el VRAE.9 Este hecho revelaría la dinámica de captación de menores de edad por parte de esta organización terrorista.10
http://www.correoperu.com.pe/correo/columnistas.php?txtEdi_id=29&txtSecci_parent=&txtSecci_id=82&txtNota_id=147033 Véase: http://www.youtube.com/watch?v=KQ6xvKavrC4 www.ccffaa.mil.pe/PRENSA_COMUNICADOS/2010/COMUNICADO_05_2010_CAPTURA_2_DDTT_27.01.10.pdf http://www.larepublica.pe/politica/27/01/2010/ffaa-capturan-presunto-subversivo-que-operaba-en-el-vrae
III. NIÑOS RECLUTADOS POR LA ORGANIZACIÓN NO ESTATAL SENDERO LUMINOSO
La historia reciente del Perú da cuenta de que Sendero Luminoso recluta niños para participar en hostilidades. Según el Informe Final de la CVR: «La aprehensión y la utilización de niños y niñas en las hostilidades es una práctica generalizada y sistemática que Sendero Luminoso usó desde el inicio del conflicto armado haciéndose más aguda entre los años 1983-1985 y 1987-1990».11 Asimismo, en un informe sobre la situación de la infancia en los conflictos armados elaborado para la UNICEF respecto de la experiencia peruana se señaló que el reclutamiento de niños era una , práctica de Sendero Luminoso: «Entre 1990 y 1992, se reportaron 153 casos de niños soldados entre la selva ayacuchana y el valle del río Apurímac en el centro sur del país. Muchos niños soldados identificados en valles de la Selva, eran huérfanos y habían sido llevados inicialmente por sus padres a comunidades bajo el control de Sendero Luminoso. Recibieron entrenamiento militar y participaron en comandos de aniquilamiento contra Poblaciones resistentes».12 El diario La República ha publicado recientemente una entrevista a un adolescente de 17 años, identificado con el seudónimo de «Pedrito», que vivió durante 15 años en cautiverio y en poder de la organización Sendero Luminoso. En 1991, «Pedrito» fue secuestrado junto con su familia por miembros de Sendero Luminoso que irrumpieron en una zona de la provincia de Churcampa, Huancavelica. A partir de ese momento, Pedro, su hermano mayor y sus padres empezaron una vida de servidumbre bajo las órdenes de Sendero Luminoso. En el lapso en que estuvo bajo el yugo de Sendero Luminoso, la madre de «Pedrito» falleció de pulmonía y su hermano mayor murió de anemia; desde el año 2005, «Pedríto» no ha tenido comunicación con su padre.
11 Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Tomo VI, 613 p. 12 Dughi, Pilar (1998). La experiencia peruana. En: Impacto de los conflictos armados en la infancia (2da ed.). Santa Fe de Bogotá: UNICEF, FES y Defensoría del Pueblo de Colombia, p.57.
«Pedrito» aprovechó un descuido para poder huir de los campamentos de Sendero Luminoso. Así, señaló que: «Aproveché que me habían mandado a vigilar una zona alejada de la base y me escapé. Tenía miedo pero quería conocer otra vida. Yo no me sentía bien allí». El informe publicado por el diario La República también menciona que «Pedrito» formaba parte de «la masa», que tenía como funciones labores de logística. Además, refirió que recibió instrucción militar y que Sendero Luminoso coordina acciones con el narcotráfico. En 2009 dicha práctica inhumana de Sendero Luminoso ha sido, una vez más, corroborada. En efecto, con fecha 10 de mayo de 2009, el diario La República publicó un reportaje titulado «Sendero usa a niños en el VRAE», en el que se recogen testimonios de personal de tropa del Ejército Peruano, sobreviviente de los ataques de Sendero Luminoso en Sanabamba (9 de abril), que dan cuenta de la utilización de niños en el enfrentamiento. Así, según el referido diario: «El cabo Ari Cevallos Tapia, de 19 años […]. Observó cómo una mujer obligaba a un niño a rematar en la cabeza a su compañero Robin Macedo Sima, de 18 años». Además, agrega que: «Los disparos venían de todos sitios. […] Lo que hice fue arrastrarme para realizar una contraemboscada y en ese momento vi que los que nos atacaban eran niños y señoras y lo que hice fue esconderme y buscar que no me ubicaran». «Yo vi a un niño matando a mi amigo, el cabo Robin Macedo Sima, que no pudo huir porque las esquirlas le habían reventado el estómago y estaba malherido», continuó el cabo Ari Zevallos: «Una de las señoras le dijo al niño, que tendría unos 11 años: ¡Mátalo! Y el niño le dio el tiro de gracia en la cabeza».13 El 24 de mayo, el Programa Televisivo «Punto Final», transmitido por Frecuencia Latina, Canal 2 de televisión, ha difundido imágenes de, por lo menos, 17 niños en un campamento de Sendero Luminoso, portando armas y participando en una formación de tipo militar.14 Recogiendo la noticia, el diario Perú21 ha escrito que «Los remanentes de Sendero Luminoso han reclutado a niños para sus acciones en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), según un informe periodístico del programa “Punto Final”, de Frecuencia Latina. El informe incluye el contingente itinerante del llamado “camarada José”, jefe de la cúpula narcoterrorista que se desplaza por esa zona del país y que es responsable de atentados contra miembros del Ejército y de la Policía
13 http://www.larepublica.pe/politica/10/05/2009/quotvimos-mujeres-que-ordenaban-ninos-rematar-los-heridosquot (última visita: 25/05/2009) 14 Programa televisivo «Punto Final», Frecuencia Latina. En: http://www.youtube.com/watch?v=B8x0VqFG2HM (25/05/2009) y http://www.youtube.com/watch?v=u3n7Mfwi2ac&NR=1 (25/05/2009)
Nacional […] se observó la preparación de unos 17 niños, quienes lanzan arengas senderistas portando fusiles y armas de guerra».15 Según algunos medios periodísticos, las edades de los niños y niñas reclutados por Sendero Luminoso oscilan entre los siete y doce años.16 La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha expresado su condena17 al empleo de niños, niñas y adolescentes en acciones armadas o vinculadas a ellas por parte de la organización terrorista Sendero Luminoso.18 La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, junto con Save the Children-Perú, han instado al Estado peruano a recuperar a los niños, niñas y adolescentes en poder de Sendero Luminoso; ha remitido un Informe en Derecho19 Amicus Curiae al Juez del Vigésimo Juzgado Penal de Lima, ante el cual se encuentra pendiente de resolver un proceso constitucional de hábeas corpus a favor de los niños secuestrados por Sendero Luminoso (Exp. 20-2009); y, también, ha enviado un informe ante la Fiscalía Provincial Penal de Ayacucho que conoce de la denuncia interpuesta por la Procuraduría del Ministerio de Justicia contra los integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso por los delitos de secuestro (art. 152º del Código Penal) y exposición y abandono de personas al peligro (art. 125º del Código Penal). Asimismo, la Red Ciudadanos Protegiendo Ciudadanos, Red de Defensa de los Derechos del Personal Militar en situación de vulnerabilidad,20 ha instado al Estado peruano a recuperar a los niños, niñas y adolescentes en poder de Sendero Luminoso. Señores de la Comisión, les presentamos esta comunicación expresándoles que, habiendo transcurrido veinte años desde la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, y siendo evidente hoy en día la proscripción de la figura del «niño soldado», no podemos permitir que niños, niñas y adolescentes empuñen armas para matar y para ser matados.
15 Perú 21, 25 de mayo de 2009. En: http://peru21.pe/impresa/noticia/sendero-recluta-ninos-acciones-vrae/2009-05-25/247306 (última visita: 25/05/2009). 16 Noticiero Televisa. En: http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/internacional/america/065985/los-ninos-sendero-luminoso (última visita: 25/09/2009). 17 Con fecha 2 de junio de 2009, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos publicó en el diario Perú21 un comunicado: «Firme condena al empleo de niños en acciones armadas por parte de terroristas de Sendero Luminoso». En: http://blog.dhperu. org/?p=3504 18 Con fecha 4 de junio de 2009, la Comisión de Derechos Humanos-COMISEDH condenó la utilización de niños en actos subversivos. En: http://blog.dhperu.org/?p=3529 19 Con fecha 14 de julio de 2009, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Save the Children-Perú presentaron ante el Vigésimo Juzgado Penal de Lima un Informe en Derecho Amicus Curiae. 20 Red que coordina el Instituto de Defensa Legal y que integra a 8 organizaciones de la sociedad civil.
IV. NIÑOS ENLISTADOS POR LAS FUERZAS ARMADAS PERUANAS
1. El período 2003 a 2008
Tras la recuperación de la democracia peruana, la Defensoría del Pueblo ha venido reportando el tema de los niños, niñas y adolescentes enlistados por las Fuerzas Armadas. Sus sucesivos informes (2003 a 2008) dan cuenta de que no se trataría de un caso aislado, sino de una problemática persistente en el tiempo. Según la Defensoría del Pueblo: ■ «aún se han presentado casos de reclutamiento arbitrario, contrariando lo establecido en la Ley Nº 27178, Ley del Servicio Militar» […] «un tema que ha suscitado la atención de los medios de comunicación, es el de la presencia de menores de edad prestando el servicio militar» […] «La denuncia pública fue formulada por diversos congresistas que integraban la delegación del Congreso de la República que visitó el cuartel militar Alfredo Vargas Guerra de la ciudad de Iquitos, hacia finales del año 2002. En dicha visita pudieron constatar la presencia de por lo menos quince jóvenes menores de edad, uno de ellos de catorce años. Cabe señalar que la Defensoría del Pueblo ha recibido numerosas quejas de reclutamiento arbitrario, en las que se ha podido verificar como afectados a menores de dieciocho años. Estas quejas se han presentados en nuestras oficinas defensoriales de Iquitos, Huancayo y Ayacucho» (Sexto Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República. 20022003); ■ «registró quejas por reclutamiento arbitrario en diversos lugares del país, siendo preocupante que la mayoría de estos casos guarden relación con el enrolamiento de menores de edad para el servicio militar, situación que se encuentra prohibida por la Ley Nº 27178, Ley del Servicio Militar y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2000-DE/SG. Estas quejas estuvieron dirigidas contra la
Base Militar de Yanag y la Unidad de Fuerzas Especiales Nº 115 de Aucayacu (Huánuco), el Cuartel “Soldado Alfredo Vargas Guerra” de la ciudad de Iquitos (Loreto), la Base Militar de Chancay (Lima), y la Base Militar BTN CS Nº 311 (Pasco)» (Sétimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República. 2003-2004); ■ «Un caso que llamó particularmente la atención de la Defensoría del Pueblo, fue el del Cuartel “Soldado Alfredo Vargas Guerra”, ubicado en la ciudad de Iquitos, donde, con motivo de una queja por reclutamiento arbitrario de un menor de edad y las acciones dispuestas por las autoridades militares, se tomó conocimiento de que 70 menores de edad habían sido incorporados indebidamente al servicio militar. Estos fueron posteriormente entregados a sus padres» (Ídem); ■ «casos de reclutamiento arbitrario, especialmente referidos al alistamiento en el servicio militar de menores de edad o mayores de edad que presentan discapacidad mental» (Octavo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República. 2004-2005); ■ «En enero de 2005, la Defensoría del Pueblo recibió la queja de los ciudadanos Nora Nitia Mathews de Java, Gilmo Pezo Gálvez y Henry Gonzáles Torres, debido al reclutamiento arbitrario de H.H.J.M. (17), D.T.P. (16) y H.B.G.T. (17), efectuado por miembros del Ejército Peruano en la ciudad de Pucallpa y su traslado al Batallón de Infantería Motorizado Nº 51 de Huanta (Ayacucho). Los referidos ciudadanos manifestaron, además, que los afectados eran maltratados físicamente en la citada base militar» (Ídem); ■ «casos de reclutamiento arbitrario, sobre todo de menores de edad, pese a la naturaleza voluntaria del servicio militar establecida por la Ley Nº 27178, Ley del Servicio Militar, vigente desde enero de 2000, y a la disposición contenida en dicha norma que prohíbe la incorporación en el servicio activo de personas menores de 18 años» (Noveno Informe Anual de la Defensoría del Pueblo. Abril-diciembre 2005); ■ «personas menores de 18 años de edad fueron víctimas» de la vulneración del derecho a la integridad por parte de efectivos de las fuerzas armadas, lo que «resulta
preocupante porque pone en evidencia que las autoridades militares, además de vulnerar la integridad de las víctimas, vienen contraviniendo la Ley Nº 27178, que prohíbe el servicio en el activo de personas menores de esa edad» (Décimo Informe Anual de la Defensoría del Pueblo. Enero-diciembre 2006); ■ «en 2006 la Oficina Defensorial de Ucayali investigó aproximadamente 60 casos de menores de 18 años reclutados ilegalmente por personal del Ejército» (Ídem); ■ «en diversas zonas del país aún se presentan casos de alistamientos irregulares de personas menores de 18 años de edad para el servicio militar, especialmente por parte del Ejército» (Undécimo Informe Anual de la Defensoría del Pueblo. Enerodiciembre 2007); y, ■ «en 2008 recibió 120 quejas de padres de familia denunciando el alistamiento de sus hijos menores de edad, de los cuales 56 correspondían a la región de Ucayali» (Nota de prensa Nº 065/2009/DP/OCII, de fecha 14 de abril).
2. Año 2009: la situación se mantiene
En 2009 la situación no ha cambiado. La propia Defensoría del Pueblo señala que durante el año pasado recibió «109 quejas, de las cuales 105 son fundadas, 2 infundadas y 2 se encuentran en trámite».21 Es preciso destacar que, entre los casos que fueron declarados fundados, aparecen tres menores fallecidos: J.A.A.P (17), M.M.H.T (17) y R.J.M.S (17). En adelante, algunos casos de enlistamiento indebido de menores de edad, a modo de ejemplo. a) La muerte del menor R.J.M.S. El 9 de abril de 2009, en la localidad de Sanabamba (departamento de Ayacucho), región del VRAE, remantes de la organización terrorista Sendero Luminoso, aliados al
21 Defensoría del Pueblo. Oficio Nº 0007-2010-DP/ANA, de fecha 16 de marzo de 2010, suscrito por Mayda Ramos Ballón, Adjunta para la Niñez y la Adolescencia, y dirigido a Ronald Gamarra, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
narcotráfico, lanzaron un artero ataque contra dos patrullas del Ejército que causó la muerte de catorce soldados y un número de heridos de diversa gravedad. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, como correspondía, condenó los crímenes e hizo explícita su solidaridad con las víctimas y sus familiares (Comunicado público, diario Peru21, 14 de abril de 2009). A los pocos días de la tragedia, se hizo público que entre los soldados asesinados se encontraba el menor R.J.M.S, de 17 años de edad, quien cumplía el servicio militar de manera indebida y en una zona de alta peligrosidad como es el VRAE, donde el Ejército enfrenta a los remanentes del terrorismo. Según la prensa, «La representante de la oficina defensorial de Ucayali, Hilda Saravia, reveló que la madre del joven, Irene Sima, denunció que su hijo, quien nació el 19 de junio de 1991, fue reclutado ilegalmente cuando estaba en la Plaza Grau, en Pucallpa, más conocida como la Plaza del Reloj Público. Precisó que en ningún momento solicitaron su autorización y que durante varios días no supo nada de él». La propia madre reveló a un diario regional que, tres días después de su desaparición, se acercó al centro de reclutamiento pensando que podía estar allí, pero le negaron su presencia. «Me dijeron que no figuraba en la base de datos. Hasta que una vecina me comentó que su hijo, al igual que el mío, se encontraba en Ayacucho, sirviendo a la patria», sostuvo. Varios meses después de su desaparición, el joven se comunicó con su familia. Llamó por teléfono para avisar que estaba en Pichari, sin dar más detalles de su ubicación ni de las misiones que le tocaba realizar. Sus padres jamás se imaginaron el peligro que lo acechaba» (Diario La República, 15 de abril de 2009). Se ha comprobado, y el Gobierno lo ha admitido, que el indicado menor nació el 19 de junio de 1991.
b) Los casos denunciados por la Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa (Codeh-Pucallpa) La indicada Comisión, miembro integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ha emitido una nota de prensa en la que precisa casos de menores de edad, originarios de la región Ucayali y otras partes del país, que cumplen el servicio militar y en zonas declaradas en estado de emergencia. La Comisión ha recibido denuncias según las cuales no pocos menores de edad estarían realizando servicio militar activo en los establecimiento militares «Los Cabitos» (Ayacucho), Uchiza (Tingo María), Pichari (Cusco) y en la propia región del VRAE, de agitada convulsión social y presencia terrorista. La Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa ha solicitado la baja definitiva de 14 soldados menores de edad enlistados en el Ejército Peruano. Producto de esta gestión, el 19 de abril de 2009 retornaron a Pucallpa 5 jóvenes menores de edad acompañados por un Teniente de Infantería, procedentes de la Base Contrasubversiva Nº 314 de Huánuco. Ellos fueron: T.H.A.V., de 17 años; L.C.A., de 17 años; G.J.G.Z., de 15 años; M.M.A., de 16 años; C.P.T., de 15 años (Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa. Nota de Prensa s/n, de fecha 19 de abril de 2009). Los medios de prensa han publicado este hecho de manera profusa y con fotografías de los menores de edad, ya en Pucallpa. El día 20 de abril de 2009, cinco menores de edad que habrían estado prestando servicio militar en la base del Ejército en Tingo María, fueron dados de baja por su condición de «No apto por mal alistamiento para el servicio militar voluntario», enviados a Pucallpa y entregados a la Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa mediante oficio Nº 104/BC Nº313/S-1/05.00. Los menores son: D.R.T., de 15 años de edad; H.L.S., de 17 años de edad; H.R.R., de 17 años de edad; W. R. M., de 17 años de edad; y D.C.P., de 17 años de edad.22
22 Con fecha 20 de abril de 2009, el Ministerio de Defensa del Ejército del Perú envió Oficio Nº 104/BC Nº313/S-1/05.00, poniendo a disposición a personal en la condición de No Apto por Mal Alistamiento para el Servicio Militar Voluntario. En: AGREGAR LINK
El día 21 de abril de 2009, otros ocho menores edad,23 que habrían estado prestando servicio militar en las bases del Ejército en Tocache, Tingo María y Huánuco, fueron dados de baja por la institución castrense y entregados a la Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa. Los menores son: J.M.A., de 16 años; T.F., de 16 años; G.A., de 17 años; D.C., de 14 años; H.R., de 16 años; H.L., de 16 años; D.R., de 15 años; y W.R., de 17 años (diario La República, 21 de abril de 2009). Según declaraciones del padre Gérald Veilleux, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa, los menores de edad fueron enlistados con la promesa de un pago mensual y un mejor acceso a la educación: «Dicen que fueron [los militares] a los asentamientos humanos para ofrecerles un sueldo de 350 soles y ellos al no tener nada han aceptado. Pero ahora hay mucho temor de los padres, no quieren que sus hijos mueran en emboscadas terroristas» (Diario La República, 22 de abril de 2009). c) Los casos denunciados por el periodismo Según el programa «Reporte Semanal» (emitido por Frecuencia Latina, Canal 2 de televisión, el día domingo 19 de abril de 2009), Pucallpa es una ciudad en la que se estaría realizando reclutamiento de menores de edad para cumplir el servicio militar. El reportaje pone el acento en la situación de tres menores de edad. El primero, D.A.C, quien tendría actualmente 17 años y, según su madre Orfina Cachique, se encontraría desde el mes de enero en una base militar en Ayacucho; el segundo, J.C.V., de 16 años, estaría —según su padre Vicente Yaya— en la base de Sanabamba; y el tercero, G.A.S., de 17 años, de acuerdo con la versión de su madre Irma Sangama, se hallaría en la base San Francisco de Tocache. Además, la prensa hizo público el caso de M.G.T.I., quien, según su hermana Karina Torres, habría sido reclutado cuando era menor de edad y, actualmente, prestaría servicio militar en la zona del VRAE. En efecto, como refiere la señora Torres, su hermano
23 Con fecha 22 de abril de 2009, La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos publicó en su blog: «Ocho menores de edad más son “dados de baja” del servicio militar». En: http://blog.dhperu.org/?p=3085
—nacido el 2 de julio de 1990— habría sido reclutado irregularmente el 3 de marzo de 2008 en Pucallpa, cuando todavía no había cumplido la mayoría de edad (diarios Correo y La República, edición regional de fecha 17 de abril de 2009). El 17 de abril de 2009 se informó que los padres de 16 adolescentes, cuyas edades fluctúan entre los 16 y 17 años, habrían señalado que sus hijos menores de edad fueron reclutados de manera forzada por el Ejército Peruano. El hecho se habría producido en la zona de Juancito, ubicada a unas 20 horas de Contamaná, departamento de Loreto. Añaden que habrían sido destacados a bases militares en otros departamentos (radio «La Voz de la Selva»). Los menores de edad serían: S.D.S.S., de 16 años; J.N.Y., de 17 años; L.D.S.O., de 17 años; R.O.S. (todos los cuales habrían sido enviados a la base del Ejército en Pichari, en el departamento de Cusco); M.S.S., de 16 años; H.G.S.C., de 16 años; V.M.R., de 16 años; A.R.S., de 17 años; E.D.F.O., de 17 años (los que habrían sido destacados a bases militares en el departamento de Ayacucho); J.A.A.P., de 16 años; J.T., de 17 años (quienes se encontrarían en la base del Ejército Peruano en Chorrillos, departamento de Lima); R.S.M., de 17 años (quien se hallaría en Sullana, departamento de Piura); H.N.F., de 16 años (quien se encontraría en Coropotillo); N.A.Z.H., de 16 años; J.S.R., de 16 años; y J.U.A., de 16 años (cuyos paraderos se desconocen). d) Los casos de Junín Según ha declarado el representante de la Defensoría del Pueblo en Junín, Adolfo Ibarra y dos menores de edad —N.C.C, de 14 años y L.C.S., de 16 años— permanecieron por espacio de tres meses en la base militar de Ciudad de Dios, Pangoa, departamento de Junín; al tiempo que un tercer menor permanecía en la base militar de Satipo (diario Correo, 23 de abril de 2009).
e) El caso de J.A.A.P . Pese a que, en una reunión efectuada en el local del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, acontecida el 29 de abril de 2009,24 el general EP Francisco Contreras Rivas aseguró a los miembros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que su institución había procedido a dar de baja a cerca de mil menores de edad, y que otras autoridades castrenses anunciaron públicamente que ningún menor de edad se encuentra prestando el servicio militar en el Ejército, con fecha 16 de julio de 2009, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, mediante el Comunicado Oficial Nº 024-2009-CCFFA dio cuenta de que en esa fecha, en una acción de entrenamiento, J.A.A.P. (16) había fallecido junto con otro miembro del Ejército Peruano, y otros cuatros soldados habían quedado heridos, entre estos últimos S.S.S. (17). Ambos ciudadanos son, según documentación que obra en la Defensoría del Pueblo, menores de edad. El caso es el siguiente: con fecha 17 de abril de 2009, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos envió cartas al Presidente del Consejo de Ministros, Ministro de Defensa y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas mostrando su preocupación por las noticias difundidas a través de la radio «La Voz de la Selva», que daba cuenta del reclutamiento forzado de menores de edad por parte del Ejército; entre otros nombres, recogimos expresamente el del menor de edad J.A.A.P. Mediante oficio Nº 2404 SG/D/01.04, de fecha 1 de julio de 2009, el secretario general del Ministerio de Defensa dio respuesta a nuestra comunicación, adjuntando el Informe Nº 017 S-1.c.3/02.44, de fecha 5 de mayo de 2009, suscrito por el general EP Jorge Agreda Vargas, Director General de Personal del Ejército. El indicado Informe reconoce al soldado J.A.A.P., perteneciente a la Unidad 1ª BRIFFEE, anotando «Alistamiento indebido (Entregado a sus padres en Pucallpa)». Respecto de este mismo hecho, con fecha 18 de mayo de 2009, mediante Oficio Nº 141-2009/DP, la Defensoría del Pueblo comunicó al Comandante General del Ejército
24 Con fecha 29 de abril de 2009, la CNDDHH publicó en su blog: « CNDDHH y Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas toman contacto y dialogan». En: http://blog.dhperu.org/?p=3150
el alistamiento indebido de un conjunto de menores de edad, entre los que se encontraba J.A.A.P. Con fecha 28 de mayo de 2009, vía el Oficio Nº 089-CGE/E-1/2009, el Comandante General del Ejército respondió a la comunicación señalando que el menor de edad había sido licenciado el 25 de abril de 2009. Sin embargo, con fecha 16 de julio de 2009, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, mediante el Comunicado Oficial Nº 024-2009-CCFFA, informó que en esta fecha, en una acción de entrenamiento, el soldado J.A.A.P. había fallecido junto con otro miembro del Ejército Peruano, y otros cuatros soldados habían quedado heridos, entre estos últimos, Silver Saldaña Salas, de 17 años. Ante ello, con fecha 17 de julio de 2009 y mediante Oficios Nº 130-2009-DP/ADHPD y Nº 362-2009-DP/PDA, la Defensoría del Pueblo envió comunicaciones, tanto al Comandante General del Ejército como a la señora Fiscal de la Nación, adjuntando la documentación que acreditaba que el soldado fallecido J.A.A.P. contaba con 16 años de edad, y que el soldado herido S.S.S. tenía 17 años de edad. Con fecha 20 de julio de 2009, mediante oficio Nº 107-CGE/E-1/2009 remitido a la Defensoría del Pueblo, el Comandante General del Ejército intentó explicar la situación de los soldados menores de edad que entrenaban con explosivos en el Ejército, señalando que estos habían sido retirados de la institución, pero que retornaron por voluntad propia y acreditando ser mayores de edad. En la misma fecha, mediante oficio Nº 131-2009-DP/ADHPD, la Defensoría del Pueblo replicó los argumentos y las explicaciones dadas por el Comandante General del Ejército, señalando que los documentos en poder de la Defensoría eran auténticos y fidedignos, habían sido obtenidos de los padres de familia de ambos jóvenes y del Registro Civil de Contamaná, por lo que acreditaban que los soldados antes nombrados eran menores de edad. De otro lado, como apunta la Defensoría, la información que maneja el Ejército, expedida por el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), presenta un conjunto de observaciones: a saber, la persona que declara a ambos menores de edad
en un procedimiento de inscripción extemporánea, llamado Fidel Segundo Alaca, no es padre de ninguno de ellos, sino una tercera persona que se identifica como director de un centro educativo; que los datos allí consignados difieren de los que aparecen en su ficha de RENIEC, etc. Informaciones complementarias, como la nota aparecida en el diario El Comercio, fechada el 21 de julio de 2009, señalan textualmente que «según las partidas presentadas por el Comandante General del Ejército Peruano, el soldado fallecido J.A.P. habría nacido el 23 de julio de 1990 en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali… fue inscrito por Fidel Segundo Aliaga, con 24 años y director de un centro educativo. La fecha del registro fue el 15 de setiembre de 1994. No obstante, según las mismas pruebas entregadas por la Comandancia General a la Defensoría, el soldado herido S.S.S., fue inscrito también en los mismos distrito, provincia y departamento y por el mismo señor Aliaga, también con 24 años y con el 13 de octubre de 2001 como fecha de registro. Es decir, siete años después, Fidel Segundo Aliaga tenía la misma edad. Según el acta presentada, Saldaña habría nacido el 25 de enero de 2001»
3. Serio incumplimiento de las obligaciones
Como queda evidenciado, a lo largo de 2009 se ha seguido presentando el tema de los niños, niñas y adolescentes enlistados por las Fuerzas Armadas; al tiempo que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha expresado25 su preocupación por la problemática de los menores de edad que indebidamente cumplen servicio militar en el Perú, que son objeto de reclutamientos ilegales y que, además, en algunos casos son conducidos a zonas en las que se producen ataques armados de los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso, aliados del narcotráfico. En diversas oportunidades hemos emitido, conjuntamente con Save the ChildrenPerú, pronunciamientos públicos sobre la materia y hemos cursado múltiples oficios
25 Con fecha 23 de julio de 2009, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señaló: «CNDDHH condena muerte de soldado menor de edad». En: http://blog.dhperu.org/?p=4355
al Presidente del Consejo de Ministros, al Ministro de Defensa,26 al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas27 y al Comandante General del Ejército. Señores de la Comisión, los hechos hasta aquí relatados constituyen un serio incumplimiento de las obligaciones del Estado peruano, suscriptor del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, que prohíbe el reclutamiento y la utilización de menores de 18 años en cualquier acto armado; y un desconocimiento del principio del «interés superior del niño». Por cierto, el argumento según el cual el Ejército Peruano no puede realizar una selección adecuada debido a que no se conoce la edad exacta de las personas enlistadas ilegalmente, dado que las mismas no contarían con su partida de nacimiento, carece de sustento, pues la Ley del Servicio Militar estatuye de forma expresa la verificación previa de la edad de la persona antes de su incorporación en el servicio activo. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha exigido públicamente «No más reclutamientos forzados de niños en el Perú»28 y se ha dirigido en diversas oportunidades al entonces Ministro de Defensa, Dr. Antero Flores-Aráoz, al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general EP Francisco Contreras Rivas, y al entonces Presidente del Consejo de Ministros, Dr. Yehude Simon Munaro,29 instándoles a erradicar definitivamente los enlistamientos indebidos como práctica institucional en las Fuerzas Armadas, mejorar los procedimientos de reclutamiento, identificar los casos de menores de edad enrolados indebidamente, en colaboración con la Defensoría del Pueblo, y realizar su inmediata entrega a sus familiares y sancionar drásticamente al personal militar que incurra en esas prácticas. En este mismo sentido, la Red Ciudadanos Protegiendo Ciudadanos, Red de Defensa del Personal Militar, ha denunciado ante la opinión pública una serie de casos de reclutamiento ilegal de menores de edad
26 Con fecha 16 de abril de 2009, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señaló: «CNDDHH exige al Ministerio de Defensa poner a disposición de la Defensoría del Pueblo a menores de edad que prestan servicio militar». En: http://blog.dhperu. org/?p=3026 27 Con fecha 20 de abril de 2009, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señaló: «Carta al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas». En: http://blog.dhperu.org/?p=3061 28 Con fecha 21 de abril de 2009, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señaló: «CNDDHH, sobre Carta a Premier Yehude Simon Munaro». En: http://blog.dhperu.org/?p=3076 29 Con fecha 27 de mayo de 2009, mediante Oficio Nº 2300 SG/D/01.04 del Ministerio de Defensa dirigido a Ronald Gamarra (SE de la CNDDHH), el Secretario General, Renzo Chiri Marquez señaló que el Ministro de Defensa Antero Flores-Aráoz había dispuesto, mediante oficio Nº 1564 MD-DM, que se cumpla en estricto las disposiciones contenidas en la Ley Nº 29248-Ley del Servicio Militar, referido al artículo 2º relativo al cumplimiento del servicio militar «a partir de los 18 años de edad», y el artículo 6º referente a la expresa prohibición del reclutamiento forzoso como procedimiento de captación de personal, con miras a su incorporación al servicio militar.
a lo largo del año 2009, reportados por los medios de comunicación, que luego fueron confirmados por la Defensoría del Pueblo.
4. Medidas adoptadas desde el Estado
Por cierto, valoramos el hecho de que las autoridades peruanas se hayan manifestado cuestionando el reclutamiento de menores de edad.30 El propio Comandante General del Ejército, general Otto Guibovich, aseguró que no quedará un menor de 18 años en su institución; y el presidente del Consejo de Ministros, en su presentación en el Congreso de la República, señaló que habrá sanciones para los mandos de las Fuerzas Armadas que permitieron el reclutamiento de menores de edad en el Ejército. Igualmente, valoramos la existencia de la Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario (CONADIH) y sus —según sabemos— propuestas de reforma legal acerca de la situación de los niños, niñas y adolescentes en el marco de conflicto armado.
30 Ver la sección correspondiente al desarrollo del concepto de la eficacia de los derechos fundamentales entre particulares desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Diversos instrumentos jurídicos internacionales y nacionales de obligatorio cumplimiento, como el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley del Servicio Militar actualmente vigente (Ley Nº 29248) prohíben expresamente el reclutamiento de adolescentes menores de 18 años de edad en el Ejército, justamente, por el riesgo de ver seriamente vulnerados sus derechos humanos y truncadas sus vidas y las esperanzas para sus familias en una edad en la que el ser humano se encuentra en formación.
Obligaciones contraídas por el Estado peruano 1. La Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 19. Derechos del Niño Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado (el subrayado es nuestro).
La Convención fue ratificada por el Perú el 28 de enero de 1991. Artículo 38: 1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño. 2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades.
3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los Estados Partes procurarán dar prioridad a los de más edad. 4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado. Artículo 39: Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.
El Perú ratificó el Protocolo Facultativo mencionado el 8 de mayo de 2002. Artículo 1: Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para que ningún miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente en hostilidades. Artículo 2: Los Estados Partes velarán por que no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas armadas a ningún menor de 18 años.
El convenio establece que se entenderá por niño a todos los menores de 18 años. Asimismo, en su artículo 3º, clasifica como una de las peores formas de trabajo infantil el empleo de menores de edad en los conflictos armados. Así: A los efectos del presente Convenio, la expresión «las peores formas de trabajo infantil» abarca: a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados (el subrayado es nuestro);
Recomendación de la OIT sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación
12. Los Miembros deberían tomar disposiciones a fin de que se consideren actos delictivos las peores formas de trabajo infantil que se indican a continuación: […] c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular para la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, o para la realización de actividades que supongan el porte o el uso ilegales de armas de fuego u otras armas. 13.Los Miembros deberían velar por que se impongan sanciones, incluso de carácter penal, cuando proceda, en caso de violación de las disposiciones nacionales sobre la prohibición y la eliminación de cualquiera de los tipos de trabajo a que se refiere el artículo 3, d) del Convenio.
Los Compromisos de París para proteger a los niños y niñas reclutados o utilizados ilícitamente por fuerzas armadas o grupos armados (2007)
Sexto Principio A luchar contra la impunidad y a investigar y enjuiciar eficazmente a aquellas personas que hayan reclutado ilícitamente a niños y niñas en fuerzas o grupos armados, o los hayan utilizado para que participen directamente en las hostilidades, teniendo en cuenta que los acuerdos de paz o de otro tipo destinados a poner fin a las hostilidades no deben incluir ninguna disposición de amnistía para los responsables de crímenes bajo la ley internacional, entre ellos los cometidos contra la infancia. Conforme se aprecia, de los seis instrumentos internacionales citados fluye como obligación principal a cargo de los Estados el realizar todas las medidas posibles para evitar que los niños participen en las hostilidades (particularmente, el artículo 32.2 de la Convención de Derechos del Niño); tal intervención debe ser eliminada de inmediato, y los Estados se comprometen a luchar contra la impunidad de los que utilizan niños en las hostilidades, no siendo aplicable ningún tipo de amnistía o indulto. Fluye también que ningún grupo armado puede reclutar a menores de 18 años. Si bien es cierto que clásicamente se ha entendido que los tratados de derechos humanos obligan únicamente a los Estados y no a los grupos armados, en el supuesto de que se traten de obligaciones erga omnes, tal cumplimiento no solo compete al Estado sino que abarca a los particulares.31 La eficacia horizontal de los derechos humanos genera que los privados también deban cumplir con las obligaciones que emanan de los tratados de derechos humanos. Esto atañe directamente a los integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso que, como particulares, también se encuentran obligados a cumplir con los tratados de derechos humanos.
31 Tribunal Constitucional. Sentencias recaídas en los expedientes Nº 03247-2008-PHC/TC, Fundamento Jurídico Nº 9 y N° 61652005-HC/TC, fundamento 12.
Por lo demás, de acuerdo con las normas internacionales invocadas, los integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso que sean padres de los menores de edad —así como el Estado y la sociedad— tienen la obligación de brindarles una protección especial a los menores realizando todas las medidas que eviten la participación de sus propios hijos en las hostilidades.
La Constitución Política del Perú, en su artículo 4º, ha consagrado la protección para los niños. Así, ha establecido que: La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono […]. Respecto de este artículo, el Tribunal Constitucional ha señalado que: «la tutela permanente que con esta disposición se reconoce tiene una base justa en lo que se ha señalado como interés superior del niño y del adolescente, doctrina que se ha admitido en el ámbito jurídico como parte del bloque de constitucionalidad del mencionado artículo 4º, a través del artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes y, en el espectro internacional, gracias al principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño y al artículo 3º, inciso 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño» (el subrayado es nuestro).32 Es preciso señalar que tanto en el ordenamiento nacional como internacional se ha reconocido al interés superior del niño como una institución jurídica clave para la protección integral de los derechos del niño. A raíz de que cada caso es único, no se puede dar una definición general de lo que es el «interés superior» del niño. Por ello, el «interés superior» del niño debe de ser evaluado de manera individual, tomando en cuenta las características especiales de cada caso. No obstante, no se trata de un concepto difuso e indeterminado sino que «[…] Todo “interés superior” pasa a estar mediado por referirse estrictamente a lo “declarado derecho”; por su parte, solo lo que es considerado derecho puede
32 Miguel Cillero Bruñol (1998). El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. En: García Méndez, Emilio y Beloff, Mary (comp.): Infancia, ley y democracia en América Latina. Santa Fe de Bogotá-Buenos Aires: Editorial Temis/Depalma, p. 78.
ser “interés superior”. Una vez reconocido un amplio catálogo de derechos no es posible seguir sosteniendo una noción vaga del interés superior del niño».33
Ley del servicio militar voluntario.
La Ley Nº 29248, vigente desde el 1 de enero de 2009, regula la prestación del Servicio Militar Voluntario en el Perú. El artículo 2 establece que el servicio militar es prestado por varones y mujeres sin discriminación alguna, a partir de los dieciocho (18) años de edad; el artículo 44 dispone que el servicio militar acuartelado es realizado por las personas cuyas edades oscilan entre los 18 y 30 años; al tiempo que el artículo 6 prohíbe el reclutamiento forzoso como procedimiento de captación de personas con la finalidad de incorporarlas al servicio militar.
Reglamento de la Ley Nº 29248.
El artículo 6 de este Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2009-DE-SG, reitera esta prohibición.
10. Código de los Niños y Adolescentes.
La Ley Nº 27337, publicada en el diario oficial el 7 de agosto de 2000, aprueba el Código de los Niños y Adolescentes. Artículo 4º.- A su integridad personal.- El niño y el adolescente tienen derecho a que se respete su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. No podrán ser sometidos a tortura, ni a trato cruel o degradante. Se consideran formas extremas que afectan su integridad personal, el trabajo forzado y la explotación económica, así como el reclutamiento forzado, la prostitución, la trata, la venta y el tráfico de niños y adolescentes y todas las demás formas de explotación.
33 Carlos Tejeiro López (1998). Teoría general de niñez y adolescencia (3ra ed.). Bogotá: Universidad de Los Andes y UNICEF, p. 67.
Mediante el artículo 4º se acoge el principio de la protección integral del niño. Es decir, este principio comprende: «el conjunto de medidas de amplio espectro que recaen sobre la persona humana, dotada de personalidad propia y potencial, que por razón de su edad o circunstancias particulares, requiere de la aplicación de medidas generales o especiales, que garanticen el logro de su potencialidad vital y la consolidación de las circunstancias mínimas para la construcción de su personalidad, a partir del conocimiento del otro y de la necesidad de alcanzar la realización propia».34
34 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Párr. 24. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de Fondo. Caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala. Párr. 194.
VI. LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Por otra parte, en el Sistema Interamericano de protección de Derechos humanos existe un importante desarrollo jurisprudencial a favor de los niños. Así, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado la existencia de un «muy comprensivo corpus iuris de derecho internacional de protección de los derechos de los niños» (del cual forman parte la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana), que debe ser utilizado como fuente de derecho por el Tribunal para establecer «el contenido y los alcances» de las obligaciones que ha asumido el Estado a través del artículo 19 de la Convención Americana, en particular al precisar las «medidas de protección» a las que se hace referencia en el mencionado precepto.35 De otro lado, en relación con el ejercicio de derechos de los niños, la Opinión Consultiva «Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño» estableció que: 41. La mayoría de edad conlleva la posibilidad de ejercicio pleno de los derechos, también conocida como capacidad de actuar. Esto significa que la persona puede ejercitar en forma personal y directa sus derechos subjetivos, así como asumir plenamente obligaciones jurídicas y realizar otros actos de naturaleza personal o patrimonial. No todos poseen esta capacidad: carecen de esta, en gran medida, los niños. Los incapaces se hallan sujetos a la autoridad parental, o en su defecto, a la tutela o representación. Pero todos son sujetos de derechos, titulares de derechos inalienables e inherentes a la persona humana.
35 Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, párrs. 53, 54 y 60.
42. En definitiva, tomando en cuenta la normativa internacional y el criterio sustentado por la Corte en otros casos, se entiende por «niño» a toda persona que no ha cumplido 18 años de edad.
Asimismo, en relación con los deberes que el Estado debe desempeñar, se señaló que: 80. En cuanto a las condiciones de cuidado de los niños, el derecho a la vida que se consagra en el artículo 4 de la Convención Americana no solo comporta las prohibiciones que en ese precepto se establecen, sino la obligación de proveer de medidas necesarias para que la vida revista condiciones dignas. El concepto de vida digna, desarrollado por este Tribunal, se relaciona con la norma contenida en la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo 23.1, relativo a los niños que presentan algún tipo de discapacidad, establece lo siguiente: 1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad. 86. En suma, la educación y el cuidado de la salud de los niños suponen diversas medidas de protección y constituyen los pilares fundamentales para garantizar el disfrute de una vida digna por parte de los niños, que en virtud de su inmadurez y vulnerabilidad se hallan a menudo desprovistos de los medios adecuados para la defensa eficaz de sus derechos. En el caso de las niñas Yean y Violeta Bosica vs. República Dominicana, se estableció que: 133. La Corte hace notar que al momento en que el Estado reconoció la competencia contenciosa de la Corte, Dilcia Yean y Violeta Bosico eran niñas, quienes en esta condición tenían derechos especiales a los que corresponden deberes específicos de
la familia, la sociedad y el Estado, y exigen una protección especial que es debida por este último y que debe ser entendida como un derecho adicional y complementario.36 En el caso Niños de la Calle vs. Villagrán Morales y otros vs. Guatemala, la Corte declaró que, 191. A la luz del artículo 19 de la Convención Americana la Corte debe constatar la especial gravedad que reviste el que pueda atribuirse a un Estado Parte en dicha Convención el cargo de haber aplicado o tolerado en su territorio una práctica sistemática de violencia contra niños en situación de riesgo. Cuando los Estados violan, en esos términos, los derechos de los niños en situación de riesgo, como los «niños de la calle», los hacen víctimas de una doble agresión. En primer lugar, los Estados no evitan que sean lanzados a la miseria, privándolos así de unas mínimas condiciones de vida digna e impidiéndoles el «pleno y armonioso desarrollo de su personalidad», a pesar de que todo niño tiene derecho a alentar un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado por los poderes públicos para que se desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad a la que pertenece. En segundo lugar, atentan contra su integridad física, psíquica y moral, y hasta contra su propia vida. […] 198. Cuando el aparato estatal tenga que intervenir ante infracciones cometidas por menores de edad, debe hacer los mayores esfuerzos para garantizar la rehabilitación de los mismos, en orden a «permitirles que desempeñen un papel constructivo y productivo en la sociedad». La organización terrorista Sendero Luminoso se encuentra obligada, por cierto, a no infringir el contenido material del derecho internacional de derechos humanos. A este respecto, es preciso destacar el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la eficacia de los derechos fundamentales entre los particulares; de tal forma que, hoy en día, se reconoce la obligatoriedad
36 13 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-18/03. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Párr. 140.
de los derechos garantizados en los tratados de derechos humanos por parte de los particulares. La mencionada Corte, por ejemplo, ha concluido que: «[S]e debe tener en cuenta que existe una obligación de respeto de los derechos humanos entre particulares. Esto es, de la obligación positiva de asegurar la efectividad de los derechos humanos protegidos, que existe en cabeza de los Estados, se derivan efectos en relación con terceros (erga omnes). Dicha obligación ha sido desarrollada por la doctrina jurídica y, particularmente, por la teoría del Drittwirkung, según la cual los derechos fundamentales deben ser respetados tanto por los poderes públicos como por los particulares en relación con otros particulares».37 Asimismo, ha resaltado el deber especial de los Estados de garantizar la eficacia de los derechos humanos entre los privados. Así: «[P]ara garantizar efectivamente los derechos consagrados en la Convención Americana, el Estado Parte tiene la obligación, erga omnes, de proteger a todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción. Esto significa, como lo ha dicho la Corte, que tal obligación general se impone no solo en relación con el poder del Estado sino también en relación con actuaciones de terceros particulares, inclusive grupos armados irregulares de cualquier naturaleza».37 Así pues, recogiendo lo expuesto en la doctrina sobre la materia, la Corte Interamericana declara rotundamente y sin ningún género de dudas, que «[…] los derechos fundamentales son límites directos al actuar de los particulares».38 Conforme ha precisado una de los magistrados más caracterizados de la Corte: «Dichas obligaciones erga omnes, caracterizadas por el jus cogens (del cual emanan) como siendo dotadas de un carácter necesariamente objetivo, abarcan, por lo tanto,
37 14 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de las Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de marzo de 2003. 38 Javier Mijangos y González (2007). La doctrina de la Drittwirkung Der Grundrechte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En: Teoría y realidad constitucional. Nº 20, 605 p.
a todos los destinatarios de las normas jurídicas (omnes), tanto a los integrantes de los órganos del poder público estatal como a los particulares».39 Por lo tanto, los integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso que estén empleando a sus hijos en las acciones armadas, no se encuentran exentos de la infracción de las normas de los tratados de derechos humanos. La concepción de que solo el Estado se constituye como responsable de violaciones al Derecho internacional de Derechos Humanos es un tema que se encuentra superado por el propio desarrollo y la búsqueda de lograr la mayor efectividad del Derecho internacional de los Derechos Humanos.
39 Cançado Trindade, Antônio Voto Concurrente. Caso Mapiripan vs. Colombia. Párr. 25
En atención a todo lo expuesto, y en virtud del principio del interés superior del niño, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos solicita a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos que: 1.El Estado peruano realice cambios normativos a su legislación interna de acuerdo con sus obligaciones internacionales: Adecuación de la legislación interna al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Modificación y aprobación del Código de los Niños y Adolescentes, de tal manera que en la aplicación e interpretación de dicho Código se consideren también los Protocolos Facultativos a la Convención sobre los Derechos del Niño. Aprobación de Propuesta de modificación legislativa del Código de los Niños y Adolescentes y del Código Penal propuesto por la CONADHI El Estado peruano formule y apruebe políticas públicas para la protección de niños, niñas y adolescentes en peligro de ser reclutados o enlistados indebidamente o que ya se encuentren en dicha situación vulnerable: Adopción de medidas necesarias para prevenir el reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes por el grupo armado no estatal Sendero Luminoso, protegiendo su vida e integridad. Adopción de medidas cautelares para proteger a aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en riesgo de ser reclutados o estén reclutados por la organización no estatal Sendero Luminoso Adopción de medidas necesarias para garantizar que no se enlistará a menores de edad por parte de las fuerzas de seguridad. Particularmente, la revisión aleatoria de las fichas de inscripción y legajos personales de los jóvenes que prestan
servicio militar para verificar que cuenten con su documentación en regla (Documento Nacional de Identidad). Esta labor debería formar parte del Plan de trabajo de Inspección de la Inspectoría General del Ministerio de Defensa, del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y de la RENIEC, a nivel nacional. Adopción de programa de desarme, desmovilización, reinserción y reintegración para la prevención, recuperación y reintegración de los niños, niñas y adolescentes. Este programa deberá contener programas educativos, de formación profesional y de apoyo psicosocial, a través del ente rector, el MIMDES. Adopción de programa de sensibilización para evitar la estigmatización o las represalias hacia los niños, niñas y adolescentes desmovilizados. Provisión de «entorno protector» a los niños, niñas y adolescentes que resultaren desmovilizados. Creación y difusión de campañas de concienciación sobre el tema de los niños, niñas y adolescentes que han sido reclutados, a través del canal de televisión del Estado y medios de comunicación local. El Estado peruano realice campañas de sensibilización: Difusión de cartillas sobre la responsabilidad de las instituciones del Estado (Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Demunas, Fiscalías, Policía Nacional a través de sus comisarías, e instituciones de las Fuerzas Armadas) y de las familias, de proteger a los niños y niñas, denunciar a quienes recluten o enlisten menores de edad y su responsabilidad en respetar, promover y hacer que se hagan realidad los derechos de los niños brindándoles un entorno favorable, saludable y de afecto. Adopción de compromiso con los medios de comunicación a fin de no difundir los nombres ni rostros de los niños, niñas y adolescentes que hayan sido reclutados o enlistados indebidamente o se encuentren en dicha situación. Capacitación adecuada al personal del Ejército sobre las reglas del derecho internacional humanitario y los derechos humanos concernientes a la protección de la niñez. Promoción de códigos de conducta y formación sobre los derechos de la infancia entre todo el personal militar y civil encargado de mantener la paz, con el fin de eliminar el maltrato y la utilización de los niños en grupos armados.
Creación de campaña de sensibilización sobre el rol de la familia y la comunidad respecto de los niños, niñas y adolescentes reclutados por Sendero Luminoso o enlistados indebidamente por el Ejército peruano. El Estado peruano instale un mecanismo de seguimiento interinstitucional de los puntos anteriores con participación de la sociedad civil.
Carta enviada al Ministro de Defensa, Ingeniero Rafael Rey, con fecha 23 de abril de 2010, solicitando información sobre la audiencia realizada durante el 138º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
CNA (Código del Niño y el Adolescente). CDN (Convención sobre los Derechos del Niño). CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). CNDDHH (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú). COMISEDH (Comisión de Derechos Humanos, Perú). CONADHI (Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario). Convenio Nº 182 OIT: Trata de la prohibición de las perores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, proscribiendo, entre otros, el reclutamiento de niños para utilizarlos en conflictos armados. Compromisos de París: Los Compromisos de París para proteger a los niños y niñas reclutados o utilizados ilícitamente por fuerzas armadas o grupos armados. IDL (Instituto de Defensa Legal). NNA (Niños, niñas y adolescentes). Niño: Todo ser humano menor de 18 años de edad. Principios de París: Principios y directrices sobre los niños asociados a fuerzas armadas o grupos armados. SC (Save the Children). Organización armada no estatal: Todo grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado, según el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).
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 Artículo 2
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 32
 artículo 4
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 artículo 3
 artículo 2
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 artículo 6
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 Artículo 4
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 artículo 19
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 artículo 19
 Resolución