Source: http://civil.blogs.lexnova.es/category/de-las-relaciones-paterno-filiales/
Timestamp: 2018-10-17 21:09:36+00:00

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Relaciones Paterno-filiales | Ius Civile
Artículos sobre ‘Relaciones paterno-filiales’
¿Tiene la legítima los días contados?
Juan E. Sendra De Bona
(TRIA4 abogados)
http://www.tria4.com
El 17 de agosto de 2015 entrará plenamente en vigor el nuevo Reglamento Europeo de Sucesiones, que introducirá importantes cambios en la herencia y en el derecho legitimario del Viejo Continente. El texto legal permitirá a los ciudadanos elegir la ley de sucesiones del estado dela Unión Europea que más les interese, siempre y cuando hayan residido en el mismo.
Aprovechando la inminencia de estos cambios, asociaciones y expertos jurídicos han solicitado al Ministerio de Justicia de nuestro país, así como a los integrantes de la Comisiónde Justicia del Congreso de los Diputados, una modificación legislativa para suprimir la figura jurídica de “la legítima”, institución anacrónica que coarta la libertad de testamento, a juicio de los proponentes.
Qué es la legítima
En nuestro país no existe, salvo raras excepciones, libertad absoluta a la hora de nombrar herederos. La ley impone al testador la obligación de dejar a ciertas personas (legitimarios) una parte del patrimonio, en pleno dominio o en usufructo.
La legítima es, por tanto, la parte de la herencia de la que el testador no puede disponer libremente. La legislación reserva a los denominados “herederos forzosos” la porción correspondiente, salvo que el testador decida desheredarlos de manera expresa y por motivos tasados.
La legítima es una de las tres fracciones en las que se divide el caudal hereditario. Las otras dos son eltercio de mejora y el de libre disposición. El primero de éstos puede utilizarse para beneficiar en especiala alguno de los descendientes, aunque deberá estipularse de forma expresa. El de libre disposición, por su parte, es el único lote de la herencia con el que el testador puede realizar lo que estime conveniente.
Cuantía de la legítima
La legítima estricta de los descendientes equivale a un tercio de la herencia y debe repartirse a partes iguales entre los herederos forzosos. La legítima ampliada integra también el tercio de mejora.
La cuantía de la legítima varía en función del territorio en el que se resida y del número de herederos que concurran a la herencia. De esta forma, pueden distinguirse tres tipos: legítima de cónyuge viudo, de hijos y descendientes y de padres y ascendientes.
El Código Civil, aplicable en la mayor parte del territorio nacional, establece que la legítima de hijos y descendientes equivale a las 2/3 partes del caudal y de esa cantidad, al menos 1/3, debe distribuirse a partes iguales entre los hijos y estirpes de premuertos. La legítima de padres y ascendientes llega a la mitad de la herencia, salvo que concurra cónyuge viudo.
Orígenes y situación actual
El origen de la legítima viene de antiguo, ya el Código Civil de 1889 recogía esta institución importada del derecho germánico. Es obvio que el contexto histórico de entonces poco tiene que ver con el actual y la obligación ha quedado desfasada y obsoleta. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que la esperanza de vida en el siglo XIX no iba más allá de los cincuenta años y los miembros de una familia solían residir juntos, en explotaciones agrícolas y ganaderas y en las que todos (padres e hijos) contribuían al patrimonio familiar de manera conjunta.
En la actualidad, las cosas son muy distintas y parecen poco lógicas estas obligaciones a la hora de realizar un testamento. Con el actual Código Civil en la mano, el testador sólo puede “librarse” de la legítima desheredando a los legitimarios. Pero dicha solución no es sencilla, pues sólo puede efectuarse en casos extremos (cuando el hijo intente matar al padre, abandonarlo, negarle el alimento etc.) y deben demostrarse tales circunstancias.
Sin embargo, también existen voces que apoyan la continuidad de la legítima como herramienta de protección familiar y de la consanguinidad en casos de tragedias o infortunios, por ejemplo.
La entrada en vigor del reglamento europeo será una magnífica oportunidad para reformar la institución de la legítima. Algunas comunidades autónomas con competencias en la materia ya implementaron cambios al respecto. Así, en Navarra esta obligación testamentaria es simbólica, en Cataluña se redujo a 1/3 y en Aragón también se rebajó significativamente.
Las disposiciones del Reglamento Europeo de Sucesiones se aplicarán a las de los ciudadanos que fallezcan a a partir del 17 de agosto de 2015.Lo que parece evidente es que esa fecha será histórica, pues marcará un antes y un después en el derecho sucesorio de España y del resto dela Unión Europea.
La prueba biológica en las demandas de paternidad
Luis Bonillo Garrido
La Constitución Española de 1978 consagra la posibilidad de que se investigue la paternidad cuándo ésta es desconocida, lo que representa un logro importante en el Derecho de Familia en lo que se refiere a la filiación de los españoles.
En los procesos de filiación en los que se reclama la paternidad de un recién nacido o de un menor la prueba biológica de ADN se convierte en la prueba determinante. Sin embargo, esta prueba no es obligatoria para el demandado, y la negativa de éste a someterse a la citada prueba no constituye per ser una “ficta confessio”.
En estos casos no encontramos con ciertas dificultades a la hora de acreditar convenientemente que un determinado señor es el padre de la criatura. Si el demandado se niega a hacerse la prueba, ¿cómo puede demostrar la madre que efectivamente el demandado es el padre biológico?
La respuesta a esa pregunta es que el juez deberá valorar todas las pruebas propuestas por la demandante, que deberán conducir a una conclusión indubitada.
La certeza de la verdadera filiación biológica que ofrece la prueba del ADN en el marco de un procedimiento de determinación de la paternidad tiene importantes repercusiones en el orden personal, y también en los órdenes familiar, económico, patrimonial, de nacionalidad y sucesorio.
La prueba de paternidad se basa en comparar el ADN nuclear del padre y del hijo. Para poder llevar a cabo la prueba se utilizan una serie de marcadores genéticos que son los que nos indicarán si un menor es hijo biológico del demandado.
Esta pericial biológica puede ser propuesta por cualquiera de las partes, por el Ministerio Fiscal e incluso puede ser acordada de oficio por el juez.
La proposición de la prueba podrá realizarse antes del juicio, en los escritos iniciales del proceso, en el acto de la vista e incluso en sede del Recurso de Apelación.
Prueba realizada antes del día del procedimiento
Con carácter previo a la celebración del juicio o a la interposición de la demanda, la futura demandante puede haber obtenido el resultado de la prueba que acredite la filiación de su hijo. En el caso de que el padre biológico se haya sometido voluntariamente a la prueba, la madre puede tener en su poder el resultado de la misma. El documento que acredite el resultado deberá ser acompañado con la demanda en el momento que se decida iniciar el procedimiento judicial.
Prueba solicitada en el escrito de demanda
La prueba biológica puede ser solicitada en la propia demanda, solicitando que se designe un perito. Esta prueba normalmente se realizar por el Instituto Nacional de Toxicología.
Prueba solicitada en la vista oral
En el caso de que no se hubiera solicitado en los escritos iniciales del proceso el juez puede decidir de oficio o a instancia de parte sobre la conveniencia de solicitar la prueba biológica que acredite la verdadera filiación del menor.
Prueba solicitada en el Recurso de Apelación
En este momento procesal tan sólo se podrá solicitar al Tribunal si no hubiera sido posible solicitar la prueba biológica con anterioridad. Para que se acepte la solicitud de la prueba en esta instancia se deberán dar los requisitos tasados establecidos por la ley.
Obligatoriedad de la prueba
Dispone el artículo 767 LEC que
“la negativa injustificada a someterse a la prueba biológica de paternidad o maternidad permitirá al Tribunal declarar la filiación reclamada, siempre que existan otros indicios de la paternidad o maternidad y la prueba de ésta no se ha obtenido por otros medios.”
Este artículo constituye la regla general de que la negativa a someterse a la prueba biológica no supone una “ficta confessio”, pero si podrá ser valorada por el juzgador como elemento indiciario.
En este sentido, el Tribunal Supremo, en sentencia de 3 de diciembre de 1991, ha establecido que la negativa a someterse a la prueba biológica no supone reconocer los hechos, pero “la negativa merece ser seriamente ponderada en el conjunto de los elementos fácticos y probatorios del caso para atribuirle el significado correspondiente.”
En la citada sentencia el Alto Tribunal concluye
“el afán obstruccionista concurre de forma agravada, pues, no sólo se negó el demandado a someterse a la prueba biológica, sino que, en un intento de introducir confusión, adoptó una postura de esquivar la recepción de citaciones y de oponer a la práctica de las prueba objeciones infundadas y óbices prácticos que, en definitiva, han redundado en una lamentable pérdida de tiempo y en un bien escaso que es el servicio público de la Administración de Justicia.”
Efectos de la Filiación
El efecto jurídico principal de ser declarado padre es la obligación de prestar alimentos, que según dispone la Ley, deberá ser proporcionales a las necesidades del menor y a los recursos del obligado al pago.
En primer lugar cabe destacar que por alimentos se entienden todas las necesidades básicas del menor, como son: alimentación, vestido, educación, sanidad, etc…
En segundo lugar, debemos mencionar que la determinación de la filiación genera unos derechos en el orden sucesorio de indiscutible importancia. Los hijos, respecto de sus padres son herederos forzosos y tienen derecho a legítima, y en la sucesión intestada, es decir, cuando no hay testamento, son los primeros en ser llamados a la herencia.
Asimismo, debemos destacar que el reconocimiento de la paternidad tiene también efectos en el orden a la determinación de la nacionalidad del nacido, pues conforme dispone el artículo 17 del Código Civil tienen la condición de españoles de origen los nacidos de padre o madre españoles
Proceso Civil, Relaciones paterno-filiales
Estrasburgo ordena la inscripción de bebés nacidos por gestación subrogada
M ª Dolors Fernández
MDF Abogados Mataró
http://mdfernandez.com
El Ministerio de Justicia acaba de enviar una instrucción a los consulados de España repartidos por el extranjero, ordenando la inscripción en el Registro Civil de los bebés nacidos por gestación subrogada (vientres de alquiler). De esta forma, se cumple con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (26 de junio de 2014), que condena a Francia por no proceder a tales registros.
Las inscripciones en el Registro Civil habían quedado suspendidas en febrero de 2014, cuando el Tribunal Supremo sentenció que los bebés nacidos fuera de España por maternidad subrogada no podían ser registrados, porque la técnica del vientre de alquiler no es legal en nuestro país. Hasta ese momento y gracias a una circular de 2010, las resoluciones judiciales de estados donde el procedimiento está permitido sí se reconocían y se admitía la paternidad de quienes pagaban el vientre de alquiler. La situación de los últimos meses era dramática y creaba gran inseguridad, pues el Estado no reconocía a los padres como progenitores, ni concedía la nacionalidad a los pequeños.
Qué es la maternidad subrogada
La maternidad subrogada es una técnica y un proceso, mediante el que una mujer ofrece su útero, para que se le transfieran embriones de otras parejas que desean concebir un hijo propio. Cuando se produce el alumbramiento, la voluntaria renuncia a sus derechos y obligaciones sobre el recién nacido, en favor de los padres legales.
Se calcula que unas 800 parejas españolas recurren cada año a esta técnica, que posee cobertura jurídica en Estados Unidos, Ucrania, Rusia, México, Georgia y Kazajistán. El precio de la operación oscila entre los 50.000 y los 200.000 euros. Las familias de nuestro país sólo pueden registrar al bebé como hijo del padre varón, que también puede ser el biológico. La madre debe realizar los trámites de la adopción en España, una vez que la de alquiler efectúa la renuncia a sus derechos.
Los principales usuarios de esta gestación por sustitución son parejas heterosexuales con problemas de fertilidad y parejas homosexuales.
El proceso y el tratamiento legal depende del país elegido. En Estados Unidos el procedimiento es supervisado por un juez, que garantiza la actuación libre de la gestante, quien no debe estar sometida a ningún estado de necesidad o explotada por terceras personas. En otras naciones no existen tantas garantías y ciertos colectivos, como solteros u homosexuales, no siempre tienen vía libre para acceder a la técnica.
Los bebés nacidos en el extranjero mediante la gestación por sustitución adquieren la condición de españoles con la inscripción en el Registro Civil, llevada a cabo en la oportuna oficina consular de nuestro país en la nación respectiva. Desde febrero, existía una veintena de pequeños en un limbo legal. Algunos ya estaban en España, pero como niños estadounidenses y careciendo de derechos en nuestro país.
En España, la regulación sobre la materia se recoge en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida. El artículo 10 de este texto legal establece: “Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero”. “La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto”.
Modificaciones legales en el futuro
El Gobierno de España se ha comprometido a realizar las oportunas modificaciones legales, para evitar que vuelvan a darse situaciones de incertidumbre y de limbos legales como el indicado. Dado que esas novedades no entrarán en vigor hasta finales de 2014 o comienzos de 2015, se ha optado por redactar esta instrucción y, de esta forma, clarificar la situación hasta entonces.
La instrucción de Justicia, en definitiva, supone un alivio para las familias, que se encontraban en una grave situación de incertidumbre jurídica. Los jueces de Estrasburgo estiman que el estado francés, contra el que partió la demanda, ha atentado contra la identidad y contra la vida privada de los menores, al privarles de la nacionalidad y de los derechos inherentes a la misma.
El consulado de España en Los Ángeles ha sido el primero en recibir la instrucción del Ministerio de Justicia, pues había formulado una consulta sobre la inscripción de un bebé en aquella ciudad estadounidense.
Campamentos de verano: ¿debo consultarlo con mi expareja?
Juan José Alonso Bezos
Editor (Área de Derecho Privado)
Voy a aprovechar mi primera incursión en este espacio llamado “ius civile” para reflexionar sobre un tema que, no por recurrente, deja de plantear numerosos conflictos en la práctica, tanto para los progenitores como para los profesionales que, día a día, deben ilustrar a sus clientes sobre el alcance de sus derechos y sobre la forma de esgrimirlos. Se trata, como no, de aquello que puede —o no puede— hacer un progenitor por el sólo hecho de tener atribuida la custodia de un menor.
No pretendo con este post decir cuál es la forma correcta de actuar de un padre o de una madre en el cumplimiento de su responsabilidad parental (ya sea ejerciendo la guarda y custodia, ya sea disfrutando de su régimen de comunicación con sus hijos), sino invitar a la reflexión sobre el porqué —a mi juicio— se plantean los problemas, surgen las dudas e, inevitablemente, se acrecientan las diferencias entre los progenitores, lo cual va a repercutir negativamente en el menor. Y es que, si bien no hay dos casos iguales como no hay dos familias iguales, sí creo que la raíz de los problemas es siempre la misma: la incapacidad que tienen muchos padres para dejar a un lado sus diferencias, asumir que su hijo también lo es del otro y que este otro, de entrada, debe participar en la toma de ciertas decisiones referentes al niño.
Es evidente que —en circunstancias normales— ambos padres van a ostentar conjuntamente la patria potestad del menor (arts. 154 y ss. del Código Civil), ese conjunto de derechos y deberes que tienen los padres para tomar decisiones elementales y representar a los hijos y a sus bienes y, es evidente también, que hay una serie de actuaciones que no suelen presentar problema a la hora de “encuadrarlas” dentro de la patria potestad, de forma que está (más o menos) claro que requerirán el consenso de ambos progenitores para llevarse a cabo: es el caso de las intervenciones quirúrgicas, los viajes al extranjero, las cuestiones religiosas o ciertos cambios de residencia, por poner algunos ejemplos. Los Tribunales suelen hablar de “decisiones trascendentales para los niños que excedan de lo que es el desenvolvimiento habitual de la vida cotidiana” (vid. SAP Murcia, 24-7-2000, SAP Madrid, 29-12-2001) para delimitar cuáles son esas decisiones que requieren el consentimiento de ambos progenitores.
Igual de evidentes parecen aquellas actuaciones —cotidianas, del día a día— cuya decisión compete al progenitor custodio, sobre las que no me voy a extender. No obstante —y aquí está el problema— , como en todos los aspectos de la vida, hay una gran zona gris en la que, por ejemplo, no está claro, de entrada, si pueden tomarse decisiones unilateralmente por parte de uno de los progenitores. De entrada, estoy pensando en los campamentos de verano, aprovechando la época en la que nos encontramos. ¿Puede uno solo de los padres enviar a su hijo a un campamento de verano durante el período vacacional que tiene consigo al menor? Los tribunales suelen hablar —para “encuadrarlas” dentro de la capacidad de decisión de aquel que ostenta la custodia— de “las cuestiones relativas a las actividades extraescolares y asistencia a convivencias” (vid. SAP Asturias 22-2-2003).
Aunque este tipo de pronunciamientos podría dar a entender que la decisión de enviar a un niño al campamento es competencia exclusiva de aquel progenitor que ostente su custodia, en mi opinión se trata de un supuesto que requerirá la autorización del otro progenitor, ya que el campamento implicará para el menor un cambio de residencia (temporalmente) y un sometimiento a nuevas pautas y directrices, al igual que sucede con los cambios de colegio, donde la casuística es interminable: público o privado, laico o religioso, etc.
En definitiva, habrá decisiones judiciales para todos los gustos, pero no debemos olvidarnos de que el juez de turno sólo es un tercero que nunca va a poder dar una solución tan satisfactoria como la que podrían adoptar los padres de un niño a poco que se pusiesen de acuerdo y antepusiesen el bien de éste a su propio ego. Y es aquí donde quería llegar, a llamar la atención sobre el que yo creo que es el problema de fondo, que no es la indefinición de según qué conceptos, sino la falta de ganas de muchos padres de ceder y de anteponer el interés del menor al suyo propio bajo la creencia de que si cede, no cede en interés del menor, sino en beneficio de su expareja. En un clima (frecuente en la práctica) de crispación y animadversión mutua entre ambos padres, que no les deja —o no quieren— ver que las decisiones deben tomarse pensando en el bien del menor y no para ganar su particular guerra, la mayoría de estos asuntos de la zona gris, van a ser denunciados en comisaría para que, al final, quede para el recuerdo del niño un historial de denuncias entre sus padres con él como excusa.
Autismo y régimen de visitas
Gloria Sánchez Castrillo
Editora (Área Derecho Privado)
Hoy es primer día en este Ius Civile.
Tal vez muchos de ustedes, lectores habituales de estos blogs, hayan tenido la oportunidad de leerme en alguna otra ocasión, si es así, gracias.
En cualquier caso, y si así lo desean, les invito a que consulten el blog penal http://penal.blogs.lexnova.es/ del que “vengo trasladada” allí podrán ver cómo desde hace algunos años he querido compartir con los lectores (muchos convertidos en habituales seguidores) diversos temas que me parecían de interés comentar. Todo mi agradecimiento por aquella etapa que cierro y una gran ilusión por la que hoy comienzo en este blog civil.
El pasado 2 de abril se celebró el Día Mundial de Concienciación del Autismo. Así lo declaró Naciones Unidas en el año 2007. Desde entonces y cada año, se nos recuerda la necesidad de desmitificar el autismo y recordar a la sociedad que estamos ante un trastorno que afecta a 1 de cada 150 niños nacidos y que impide a quien lo padece comunicarse adecuadamente.
Es esta celebración la que me sirve de puente para comentar una sentencia (SAP de Málaga, 188/2013, de 20 de marzo de 2013), que ha caído en mis manos y que aprovecho para compartir con ustedes, nada más y nada menos, porque el protagonista de la misma es Balbino, un menor de 9 años que padece el trastorno de espectro autista (TEA).
Sus padres, separados desde hace años, comparten la titularidad de la patria potestad. Su madre es quien tiene atribuida su guarda y custodia con el consiguiente derecho de visitas a favor del padre, ¿dónde reside el conflicto? en el trastorno autista que padece el menor.
Y yo me pregunto, ¿puede el autismo ser un argumento “de peso” para restringir al padre su derecho de visitas? Vamos a ello. Leer más…
La custodia compartida deja de ser una excepción
Santiago Gómez Barrio
(Santiago Gómez abogados de Valencia)
Hace algunas semanas, el Gobierno aprobó el Anteproyecto de Ley sobre el Ejercicio de la Corresponsabilidad Parental en caso de Nulidad, Separación y Divorcio. El texto normativo persigue adaptar la legislación a la realidad de la sociedad actual y modifica el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley del Registro Civil. La gran novedad que se introduce es la eliminación de la excepcionalidad de la custodia compartida en los casos precitados.
Hasta ahora y en situaciones de divorcio, nulidad o separación de los cónyuges, la patria potestad de los hijos correspondía a ambos. Sin embargo, la custodia pertenecía sólo a uno de ellos y al otro se le aplicaba un régimen de visitas. Cuando la presente modificación entre en vigor, la custodia compartida pasará a ser la norma preferente, vieja petición de muchos padres, que se veían privados de dicha responsabilidad en favor de las madres. Leer más…
Matrimonio, Relaciones paterno-filiales
¡Soy abuelo y quiero ver a mi nieto!
Teresa Ferrero Hidalgo
(Responsable de producto del Área Civil de Lex Nova)
Esta frase tan simple y tan llena de “sentimientos” se pronuncia por desgracia con mucha frecuencia en los procesos de separación y divorcio donde hay hijos menores, e incluso cuando no habiendo separación de pareja se dificulta la relación de los abuelos con sus nietos por el mero desinterés de los padres o la ausencia de uno de ellos.
La Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos, perseguía como objetivo reforzar el régimen de las relaciones entre abuelos y los nietos, tanto en caso de ruptura familiar, como en el caso de dejación de obligaciones por parte de los progenitores.
Patria potestad vs. custodia
Antonio Javier Pérez Martín
(Magistrado)
La SAP de Girona Sec. 1.ª de 10 de junio de 2011 incluía entre sus fundamentos jurídicos el siguiente texto:
«Cuando a un progenitor se le atribuye la guarda y custodia de un hijo, se le da a entender que en la práctica dicho progenitor está ejerciendo las funciones habituales de la patria potestad y el otro progenitor queda relegado a un simple padre que en determinadas ocasiones puede visitar a sus hijos y si acaso a decidir sobre cuestiones más trascendentes para el hijo».
Este sentir popular ha creado unos tremendos perjuicios a las relaciones paterno-filiales pues ha contribuido a establecer padres de primera y segunda categoría.
Los juzgados y tribunales se están esforzando cada día más en aclarar en sus resoluciones que una cosa es la patria potestad y otra el reparto del tiempo de convivencia con cada uno de los progenitores y que ambos están en misma categoría y deben asumir por igual sus obligaciones frente a los hijos. Leer más…
Los “deberes” de los hijos
Algunos podrán pensar leyendo este título que vamos a hablar de las tareas escolares que nuestros hijos traen a casa cada día, y en las que muchos de nosotros, queriendo o no, nos vemos involucrados de forma activa, lo cual pone a prueba además de nuestra paciencia, muchos conocimientos que en no pocas ocasiones están en el más profundo baúl de los recuerdos.
Lo digo sin ningún tipo de acritud, ya que nuestro deber como padres es ayudar a los hijos en todos o en casi todos los “problemas” que traen a casa.
El tema que nos ocupa son otros “deberes” no tan conocidos por muchos y que sin embargo existen, y son de obligado cumplimiento, son los deberes recogidos en el artículo 155 del Código Civil y que constituyen el contenido de la patria potestad desde la perspectiva de los hijos.
El artículo 155 del Código Civil dice que: Leer más…
Vicente Guilarte y Fernando Crespo
Abogados civilistas de reconocido prestigio compatibilizan su actividad profesional con la labor investigadora y académica que desarrollan como Catedrático y Profesor Titular de Derecho Civil, respectivamente, en la Universidad de Valladolid. Colaboradores habituales de las publicaciones que, relacionadas con el Derecho Privado, Lex Nova ofrece en su catálogo, sus estudios teórico prácticos constituyen todo un referente para los especialistas de esta rama legal.
La regulación de la mediación familiar en el ámbito autonómico
Comentarios relativos al Anteproyecto de Ley de Cooperación Jurídica Internacional
Alimentos entre parientes (1)
Hipotecario (5)
Proceso Civil (8)
Relaciones paterno-filiales (9)
Resolución extrajudicial de conflictos (4)
Tutela civil de Derechos Fundamentales (3)
divorcio resolución extrajudicial de conflictos Mediación mediador responsabilidad solidaria Real Decreto-Ley 5/2012 pensión compensatoria hijos patria potestad mediación familiar hipoteca 101 CC extinción de la pensión compensatoria culpa in vigilando more uxorio convivencia marital Derecho civil legítima separación vida marital

References: artículo 767
 artículo 17
 artículo 10
 artículo 155
 artículo 155

Resolución 
 resolución