Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018s/se201831008.html
Timestamp: 2019-09-15 20:46:53+00:00

Document:
se201831008
Expediente : 279/2015
Demandante : Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de
Resolución Impugnada : AGIT-RJ 1223/2015 de 21/07/2015
Pronunciada en el proceso Contencioso Administrativo seguido por la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1223/2015 de 21 de julio, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).
VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 16 a 23, la respuesta de fs. 59 a 66; la réplica de fs. 92 a 93 vta., la dúplica de fs. 96 a 99; el decreto de autos de fs. 100, los antecedentes, tanto jurisdiccionales como administrativos, y;
I.- CONTENIDO DE LA DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
Jorge Romano Peredo, Pamela Villarroel Fernández y Manuel Soria Guerrero, se apersonaron a este Tribunal, en representación legal de la Gerente Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, Dirzey Rosario Vargas Amurrio, demandando la revocatoria de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1223/2015 de 21 de julio emitida por la AGIT, con los argumentos siguientes:
Acusa que, el Acta de Intervención Contravencional N° AN-GGRCGR-UFICR-080/2012 se funda en el Decreto Supremo (DS) N° 28141 de 16 de mayo de 2005, porque el vehículo objeto de importación, si bien se encontraba en zona franca a la fecha de publicación del DS N° 28308 de 26 de agosto de 2005 (modificatorio del DS N° 28141), tiene un Manifiesto Internacional de Carga/ Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA) que data del 27 de mayo de 2005, es decir que el documento que dio inicio a la operación de importación, es posterior a la fecha de publicación del DS N° 28141 por lo que no correspondía realizar trámite alguno de importación, pues esta norma prohibía la importación de movilidades menores a los 4000 cc que utilizan Diesel Oil como combustible, conforme aconteció en el caso presente.
Afirma que el art. 85 de la Ley General de Aduanas (LGA) relativo a la no importación de mercancías nocivas y las que atenten al sistema económico financiero de la Nación, se basa en el DS N° 28141 siendo el motivo de su emisión el resguardo del sistema económico de la Nación, por la imposibilidad de seguir subvencionando el diésel de estos vehículos pese a haberse emitido el DS N° 28141, que prohibía su importación ocasionando daño al sistema económico financiero de la Nación.
Que el vehículo, en el caso presente, estaba prohibido de importarse por ello, la Aduana Regional, emitió, en ejercicio de sus facultades, el acta de intervención por contrabando conforme al art. 160-4), concordante con los inc. b) y f) del art. 181 del CTB y art. 85 de la LGA que establecen que se considera contrabando la importación de bienes prohibidos.
Niegan que la acción y competencia de la Aduana Nacional haya prescrito, alegando que el vehículo “por utilizar diésel oíl y a la fecha continúa en funcionamiento sigue siendo subvencionado por el Estado, por lo que el Acta de Intervención es por un hecho vigente y no está sujeta al art. 60 del CTB”.
Es decir afirman que, no existió vencimiento alguno de la prescripción, si a la fecha, transcurrido cinco años, el Estado sigue subvencionando el combustible al señalado vehículo.
Fundamenta que la emisión del Acta Contravencional, responde a una estricta observancia y aplicación de la norma en lo relacionado a la responsabilidad solidaria e indivisible que tiene la Agencia Despachante de Aduana de propiedad de Samuel S. Jaldín Fiorilo, por realizar trámites de importación de un vehículo prohibido por el art. 2 del DS N° 28141, incumpliendo los incisos a) y f) del Art. 45 de la LGA concordante con los arts. 41 y 61 de su Reglamento y que en ese marco incurrieron en Contrabando Contravencional: Gastón E. Guzmán García (importador); la Agencia Despachante de Aduana “Jaldín”, representada por Samuel S. jardín Fiorilo; la Empresa de Transporte Carretero “FERNANDO CALLEGUILLOS C” y, Fernando Galleguillos Cavour, como conductor del medio de transporte.
Alega que no es evidente que se hubiese operado la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para calificar la conducta contraventora e imponer la sanción y agrega que la AGIT estableció la prescripción de la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones, sin tomar en cuenta el espíritu y finalidad del art. 324 de la CPE, citado en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) N° 790/2012 de 20 de agosto relativa a la imprescriptibilidad de deudas por daños económicos al Estado e irretroactividad de la Ley, excepto en materia laboral, penal y en materia de corrupción para investigar, procesar y sancionar delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado, cuya vinculatoriedad habría soslayado la AGIT.
Con los fundamentos descritos precedentemente, solicitó la revocatoria de lo “indebidamente resuelto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1223/2015 DE 21/07/2015 y en consecuencia se mantenga firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-029/2014 de fecha 22 de septiembre de 2014”.
Que admitida la demanda y corrida en traslado, por decreto de 30 de octubre de 2015, cursante a fs. 26, se apersonó por escrito de fs. 59-66 vta., Daney David Valdivia Coria en representación de la AGIT y respondió negativamente la demanda con los argumentos siguientes:
Que la norma es clara al establecer que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización o la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente, aspectos, en el caso, no acontecieron evidenciándose de los antecedentes que el 6 de septiembre de 2005 la Agencia Despachante de Aduana Ada Jaldín, validó la DUI C-4121, ante la Administración de Aduana Zona Franca Industrial Cochabamba, por lo que, la prescripción inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, lapso en el que la administración no efectuó y/o emitió acto alguno que pueda constituirse en causal de suspensión e interrupción de la prescripción conforme lo determinan los arts. 61 y 62 de la citada Ley, de tal modo que fue recién el 30 de diciembre de 2014 que notificó al sujeto pasivo con la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-029/2014 de 22 de septiembre, por lo que mal podría decirse que la instancia jerárquica afectó los intereses del Estado, al contario se habría sujetado a las reglas del debido proceso conforme establece el art. 115 de la CPE.
Alega que este argumento es nuevo, por lo que no puede pretender subsanar errores o negligencias en la demanda, puesto que los arts. 139.b) y 144 de la Ley 2492 y el art. 198.e) y 211.I) de la Ley 3092 establecen que quien considere lesionados sus derechos con la Resolución de Alzada deberá interponer de manera fundamentada su agravio fijando con claridad la razón de su impugnación para que la AGIT resuelva sobre la base de dichos fundamentos en función del principio de congruencia, convalidación y preclusión tal cual se expone en la Sentencia de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia N° 0228/2013 de 2 de julio.
Por otra parte, señala sobre la SCP N° 790/2013, afirma que el Auto Supremo 354/2015-L, emitida por este Tribunal, determinó que ese precepto constitucional (art. 324 constitucional) está relacionado con la responsabilidad por la función pública, la misma que puede ser administrativa, ejecutiva, civil y penal y que se originan por actos cometidos por funcionarios públicos que causen menoscabo al patrimonio del Estado, por ello se establece que la mencionada Sentencia, no se adecua al caso concreto ya que lo resuelto por la AGIT, no responde a un proceso por la función pública sino a un proceso sustanciado en función al debido proceso en el que se verificó que el término de la prescripción se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009 observándose que entre ambas fechas no existieron causales de suspensión o interrupción del curso de la prescripción conforme lo determinan los arts. 61 y 62 de la citada Ley, citando para ese efecto el AC 0099/2012-RCA de 6 de julio, que institución que debe existir una relación de causalidad entre el hecho que sirve de fundamento y la lesión causada al derecho o garantía, advirtiéndose que la entidad demandante no ha cumplido con esta identificación de los argumentos que sustenten su demanda, citando para ese efecto jurisprudencia emitida por este Tribunal.
En mérito a lo expuesto solicitó declarar improbada la demanda y mantener firme la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1223/2015 de 21 de julio.
La Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, con memorial de fs. 92 a 93, formulo la réplica, reiterando los términos de su demanda.
Por su parte, en la dúplica de fs. 96-99, la AGIT aclaró que la solicitud de prescripción es sobre la facultad para imponer sanciones por la Contravención Aduanera de Contrabando prevista en el art. 181 de la Ley N° 2492, originado en 2005 en vigencia de la referida Ley. En ese sentido el art. 59-I) 1 y 3 de la Ley N° 2492 establece que el término para controlar, verificar y comprobar e imponer sanciones administrativas prescribe a los 4 años; en cuanto al cómputo el art. 60-I) de la citada norma señala que el término se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo en vencimiento del periodo de pago.
Que mediante Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-029/2014 de 22 de septiembre (fs. 1 a 12 del anexo), la Administración Aduanera declaró probado el contrabando contravencional atribuido a Gastón E. Guzmán García (importador); la Agencia Despachante de Aduana “Jaldín”, representada por Samuel S Jaldín Fiorilo; la Empresa de Transporte Carretero “Gernando Galleguillos S” y, Fernando Galleguillos Cavour como conductor del medio de transporte, al haber nacionalizado el vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional, tramitada con la DUI 2005/332/C-4121, con posterioridad a la vigencia del DS N° 28141 de 16 de mayo de 2005, ordenándose la captura y el comiso del mismo y la anulación de la DUI referida.
Esta Resolución fue objeto del recurso de alzada interpuesto por el representante legal de la Agencia Despachante de Aduana “Jaldin.” (fs. 16 a 33 del anexo), que mereció la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0371/2015 de 27 de abril (fs. 74 a 83 vta.), que resolvió revocar totalmente la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-029/2014 de 22 de septiembre, al considerar que la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones conforme disponen los arts. 59 y 60 de la Ley Nº 2492 se encuentra prescrita.
Por ello es que la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 89-93 del anexo), que fue resuelto con el pronunciamiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1223/2015 de 21 de julio, (fs. 116-124 del anexo), en la que el Director Ejecutivo de la AGIT CONFIRMÓ la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0371/2015 de 27 de abril.
III.-FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
Que, reconocida la competencia de esta Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm., del Tribunal Supremo de Justicia, en previsión de los arts. 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y lo dispuesto por la Ley Nº 620 art. 2-2, tomando en cuenta que el proceso Contencioso Administrativo es un juicio de puro derecho dirigido a verificar la correcta aplicación de la Ley en los actos y resoluciones de la administración, en el caso por la AGIT, corresponde ingresar a la resolución de la causa
En efecto, conforme se tiene en los antecedentes, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria atendiendo la solicitud de la Agencia Despachante de Aduana, resolvió revocar totalmente la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-0029/2014 de 22 de septiembre, al considerar que la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones, conforme disponen los arts. 59 y 60 de la Ley Nº 2492, se encuentra prescrita, en razón a que el hecho generador se produjo el 6 de septiembre de 2005 y por tanto, en materia de prescripción, la Ley aplicable resultaría el art. 60-II de la Ley N° 2492, pues se determinó que el inicio del cómputo de la prescripción se dio el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009.
Asimismo, al emitirse la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERC-029/2014, que declaraba probado el contrabando contravencional, por haberse nacionalizado el vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional, tramitada con la DUI C-4121, con posterioridad a la vigencia del DS N° 28141, la facultad para sancionar ya se encontraba prescrita, sin que hubiese concurrido ninguna causal de suspensión o interrupción de la prescripción regladas en los arts. 61 y 62 de la Ley N° 2492; aspecto que fue confirmado en la Resolución de Recurso Jerárquico a tiempo de sostener que corresponde declarar prescrita la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones respecto de la DUI C-4121, al no haber la Administración Aduanera ejercido esa su facultad, dentro del término previsto por el art. 154 de la Ley Nº 2492.
En ese marco, revisados los antecedentes del presente caso, se advierte que, el 6 de septiembre de 2005, la Agencia Despachante de Aduanas Jaldín, validó la DUI C-4121 ante la Administración de Aduana Zona Franca Industrial Cochabamba, respecto del vehículo en cuestión, instancia aduanera que sin mayor observación otorgó el levante correspondiente, de manera que, en aplicación del art. 60-I de la Ley N° 2492, el término de la prescripción para fiscalizar, controlar y sancionar cualquier posible responsabilidad administrativa derivada de tales actuaciones en la que intervino la Agencia Despachante de Aduana, se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009 y siendo que durante dicho término no se evidenció la existencia de causales que interrumpan o suspendan el cómputo de la prescripción, en aplicación de los arts. 61 y 62 del CTB, resultando evidente que la facultad que tenía la Administración Aduanera para controlar, fiscalizar y sancionar a la Agencia Despachante mencionada, prescribió, como acertadamente entendió la Autoridad General de Impugnación Tributaria ahora demandada.
Por lo razonado, se concluye que la demanda Contenciosa Administrativa formulada por Jorge F. Romano Peredo, Pamela Villarroel Fernández y Diego Manuel Soria Guerrero, en representación de la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1223/2015, de 21 de julio, deviene en infundada, al no haberse demostrado que la Resolución impugnada contenga violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, o que ésta hubiere incurrido en error de hecho o error de derecho en la apreciación de las pruebas presentadas.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el arts. 778 y 780 del CPC, art. 2-2 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, administrando justicia en única instancia, a nombre de la Ley y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla declarando IMPROBADA la demanda Contenciosa Administrativa de fs. 17 a 23, presentada por Jorge Romano Peredo, Pamela Villarroel Fernández y Manuel Soria Guerrero en representación legal de Dirzey Rosario Vargas Amurrio, Gerente Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, demandando la revocatoria de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1241/2015 de 21 de julio emitida por la AGIT; consiguientemente se mantiene firme y subsistente la Resolución impugnada, conforme los fundamentos precedentemente expuestos.

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