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Los plazos y su cómputo en el procedimiento de Seguridad Social
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Por Ana María SANZ SALMORAL / Revista: FORO 15-16 - Septiembre 2006 / Sección: Análisis La cuestión en la que se centra el estudio de éste epígrafe, tiene su origen en la situación que se había venido produciendo con anterioridad a la modificación introducida por el Real Decreto 286/2003, de 7 de marzo, por el que se establece la duración de los plazos para la resolución de los procedimientos administrativos para el reconocimiento de prestaciones en materia de seguridad social, entre los que se incluye el plazo máximo de resolución y notificación en los procedimientos de recargo de las prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional, y con la que se pretende poner fin a la etapa anterior en laque , como a continuación se expondrá, no existiendo claridad normativa respecto de cuál debía ser el plazo aplicable a efectos de resolver los expedientes de recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, se habían ido generando diferentes criterios según se considerase aplicable una u otra norma, y en consecuencia invocando la caducidad de esos expedientes administrativos tramitados, con las consiguientes consecuencias que la misma traía consigo. Así la normativa en la que tradicionalmente se venía sustentando la caducidad del expediente administrativo del recargo de prestaciones, era la que regulaba el procedimiento sancionador, entre otras: la Ley 8/1988 de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, el R.D. 928/1998 de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, el Real Decreto Legislativo5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social, artículo 42.2 de la Ley30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), de 26 de noviembre ,modificada por la Ley 4/1999 (por transcurso del plazo de seis meses que se indica en éste artículo) y basándose en sentencias tales como STSJ de Castilla y León de 28 de febrero de 2000 y STSJ del País Vasco de 20 de febrero de 2001.
De modo que en el referido R.D. 286/2003, de 7 de marzo, se establece que, el apartado 2 del artículo 42 de la LRJ-PAC, Ley 30/1992,determina que el plazo máximo en el que debe notificarse por la Administración la resolución expresa, será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, (en concreto, respecto del procedimiento del recargo de las prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, será de 135 días)añadiéndose, en el apartado siguiente de este mismo artículo, que cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. Por tanto, hasta el momento presente, según el propio R.D., y a pesar del tiempo transcurrido, con la salvedad de algunas excepciones como las que se derivan del contenido del R.D. 1300/1995, de 21de junio, por el que se desarrolla en materia de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social, o el R.D. 1251/2001,de 16 de noviembre, por el que se regulan Prestaciones Económicas del Sistema de la Seguridad Social por Maternidad y Riesgo durante el Embarazo, no se ha procedido a la determinación reglamentaria de la duración de los plazos de resolución de los procedimientos para el reconocimiento de prestaciones en materia de Seguridad Social. Si bien, según la Disposición Transitoria del citado R.D., tal previsión no será de aplicación a los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a 9 de abril de2003, fecha de su entrada en vigor.
Por otro lado, no hay que olvidar que, con carácter general, respecto de los plazos y su cómputo en el proceso de Seguridad Social, la normativa la que viene dada en los artículos 182 a 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O.P.J.) 6/1985 de 1 de julio; en los artículos 132 a 136 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (L.E.C.), 1/2000 de 7 de enero, respecto de los plazos y términos; y en los artículos 42 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (L.P.L.), aprobado pro R.D. Legislativo, 2/1995, de 7 de abril, en lo relativo a los actos procesales. Tras la entrada en vigor de la modificación operada en el artículo 182 de la L.O.P.J., por la L.O. 19/2003, de 23 de diciembre, los sábados han pasado a ser días inhábiles a efectos procesales, teniendo ésta reforma una particular incidencia en el orden jurisdiccional social, en concreto, respecto del cómputo del plazo para el ejercicio de determinadas acciones judiciales como puede ser la de despido, sujeta a un plazo de caducidad de 20 días (artículo 103.1 de la L.P.L.), o para el cómputo del plazo de la acción de Seguridad Social, cuya demanda habrá de formularse en el plazo de 30 días (artículo 71.1 de la L.P.L.). En tal sentido, una corriente doctrinal, seguía la sentada por la S.T.S. de 14 de junio de1988, (recordada en posteriores resoluciones STS 28 de noviembre de 1997) al considerar tales plazos como sustantivos, que la inhabilidad lo es a “efectos procesales”, y que por tanto, debían desligarse de lo postulado en el artículo 182.1 de la L.P.L., los plazos que no viniesen referidos a una actividad desplegada en el propio proceso judicial. Por otro lado la reciente STS de 10 de noviembre de 2004, ha reconocido que ese plazo “tiene una conexión directa con un futuro proceso en cuanto que la válida iniciación del mismo, depende del cumplimiento de dicho plazo y por ello queda situado dentro de la fase preparatoria de aquél, con relación tan evidente con el mismo…”, de modo que, como dice el T.C. “la caducidad de la acción se configura así como un legítimo presupuesto procesal que no lesiona, en sí mismo, el derecho a la tutela judicial efectiva (STC101/1993 (RTC 1993/10) y habida cuenta de que no puede dejarse al arbitrio de las partes el cumplimiento de los requisitos procesales ni la disposición del tiempo en que éstos han de cumplirse, apreciación ésta extensible al mismo ejercicio de las acciones” ( STC 158/1981 (RTC135/12996).
Con carácter particular, la Orden Ministerial (O.M.) De 18 de enero de 1996, de aplicación y desarrollo del Real Decreto (R.D.) 1300/1995, de21 de julio, según indica su propia Exposición de Motivos, establece las competencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social (I.N.S.S.), en dicha materia, así como la constitución, composición y funciones de los equipos de valoración de incapacidades, y concreta el procedimiento administrativo para evaluar la incapacidad en orden al reconocimiento, inicialmente o en los supuestos de revisión de grado, de las prestaciones económicas por invalidez permanente así como las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo, no invalidantes, derivadas de contingencias profesionales, siendo, en relación con la indicada materia, con la que resulta procedente dictar las normas de aplicación y desarrollo que determinan el procedimiento a seguir para la actuación de la citada Entidad Gestora en el ejercicio de las competencias por ella asumidas, así como la correspondiente al Instituto Social de la Marina en su respectivo ámbito, de conformidad con el referido R.D.
Dos son los extremos que deben tenerse en cuenta como punto de partida del estudio del artículo 16.2 de la O.M. de 18 de enero de 1996, en primer lugar la naturaleza jurídica del recargo de prestaciones, la cual se ha tratado de explicar desde diferentes posiciones, y en segundo lugar el propio procedimiento administrativo de imposición del recargo.
Respecto de la naturaleza jurídica del recargo de prestaciones, tradicionalmente, la mayoría de los criterios doctrinales (Montoya Melgar, A., Molina Navarrete, C.) y jurisprudenciales (SSTS, Sala Cuarta, de 31 de enero de 1994, de 11 de julio de 1997, de 2 de octubre de 2000), venían afirmando que el recargo constituía una responsabilidad a cargo del empresario, extraordinaria y puramente sancionadora, que por ello debía ser interpretada de manera restrictiva. En tal sentido, el componente sancionatorio del recargo, se aprecia en el artículo 27 del R.D. 928/1998, de 14 de mayo. No obstante, la naturaleza sancionadora del recargo de prestaciones quiebra entre otras causas, en la medida en que el procedimiento regulado en la O.M. de 18 de enero de 1996, está ausente de las garantías que debe reunir todo procedimiento sancionador, es más, ni siquiera en cuanto a los recursos que cabe interponer frente a la resolución dictada, ya que mientras las sanciones administrativas, una vez agotados los recursos administrativos oportunos, son susceptibles de impugnación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la resolución administrativa del I.N.S.S., se impugna ante la Jurisdicción Social.
Es a raíz del artículo 46.1 del Anteproyecto de Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L.P.R.L.), de 20 de enero de 1992, cuando la doctrina, hasta entonces mayoritaria, se inclinó por la tesis que postulaba la naturaleza indemnizatoria del recargo de prestaciones, procediéndose según Molina Navarrete “a la propuesta de una nueva y diversa ordenación legal del recargo, introduciendo modificaciones de extremada envergadura que mutan profundamente la propia configuración y el régimen jurídico del recargo de prestaciones”. La distinción que establece el artículo 42.3 de la LPRL, entre responsabilidades empresariales, exigibles a través de los procedimientos administrativos sancionadores, y responsabilidades exigibles por la vía del recargo de prestaciones, contribuyó decisivamente a la configuración de éste como una responsabilidad indemnizatoria de carácter civil por daños y perjuicios; si bien, como objeción a esa postura la STS de 2 de octubre de 2000 (rec. 2393/1999) indica que si el recargo consistiese en una mera indemnización a cargo exclusivo de la empresa, carecería de fundamento legal la actual intervención inicial de la Entidad Gestora en vía administrativa resolviendo sobre su procedencia y porcentaje del incremento (artículo 1.1e) del R.D. 1300/1995 de 21 de julio), ya que en tal caso, despojado el recargo de su aspecto público o sancionador, se estaría ante un simple litigio entre particulares del que sólo podrían conocer los órganos jurisdiccionales.
Junto a estas posiciones se encuentra la que configura el recargo de prestaciones como cláusula penal de origen legal, ya que, quedando definida la cláusula penal por STS, 1ª, de 8 de enero de 1945, “como una promesa accesoria y condicionada que se incorpora a una obligación principal, con doble función reparadora y punitiva, en cuanto no sólo procura la indemnización en realidad procedente, sino que la vuelve más onerosa para el deudor y establece además un régimen de privilegio a favor de acreedor”, se observa cómo la doble función que entraña – punitiva y reparadora -, coincide con las dos finalidades básicas que persigue el recargo de prestaciones, como son, por un lado castigar al empresario por los accidentes acaecidos con infracción de las normas en materia de seguridad e higiene en el trabajo, y por otro, resarcir al trabajador por las lesiones ocasionadas como consecuencia de tal accidente. No obstante, entre otras objeciones a esta tesis, es preciso matizar que al construirse la cláusula penal desde las bases del Derecho Civil, resulta que el único legitimado para exigir la imposición del recargo, sería el trabajador, y sin embargo, es la propia Entidad Gestora (de oficio) o la Inspección de Trabajo, quien pone en marcha los trámites pertinentes, aun en los casos en que el trabajador no inicie las actuaciones conducentes a tal fin.
La idea de una tesis ecléctica, debe su razón de ser a la coincidencia de pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales que señalan que el recargo tiene un importante componente sancionatorio en lo que respecta a su relación jurídica con el I.N.S.S. y el empresario y, al mismo tiempo, reúne elementos característicos de la indemnización en el ámbito de la compleja relación jurídica de prestación (STSJ País Vasco de19 de enero de 1999, STSJ Castilla La mancha de 15 de septiembre de 1995) y sin olvidar aquéllas corrientes jurisprudenciales que viene a configurar el recargo como una responsabilidad en todo diferente a cualquiera de las existentes en virtud del resto de preceptos del ordenamiento (STSJ Castilla y León (Burgos) de 20 de mayo de 1992, STSJ de Madrid de 5 de octubre de1993)
En cuanto al procedimiento de recargo, y conforme a la normativa legal vigente, indicar que éste se inicia normalmente a instancias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, siendo los Inspectores de Trabajo quienes tienen la facultad de instar del I.N.S.S., conforme al artículo 7.8de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de trabajo y Seguridad Social, la declaración del recargo de las prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional causados por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. No obstante, este procedimiento puede ser iniciado por el propio I.N.S.S. de oficio, (artículo 3 de la O.M. de 18 de enero de 1996 y por los beneficiarios del recargo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del R.D. 1300/1995, de 21 de julio. Las Mutuas patronales y empresas, siguiendo el criterio de Lluis Navas J., carecen de legitimación a efectos de iniciar el procedimiento de recargo, a pesar de que el artículo 4 de la O.M. de 18de enero de 1996, les permite “en su caso “, la promoción de la incoación de expediente.
Respecto de la tramitación del expediente en sí, destacar el informe propuesta del Inspector de Trabajo, que deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 27.2 del R.D. 928/1998, de 14 de mayo y artículo 7.2 d) de la O.M. de 18 de enero de 1996, es decir, deberá recoger los hechos y circunstancias concurrentes, disposiciones infringidas, la causa concreta de las enumeradas en el artículo 123.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (L.G.S.S.), que motive la propuesta, y el porcentaje que considere procedente aplicar, debiéndose aportar el expediente de iniciación, si se hubiese practicado acta de infracción y hubiese recaído sobre la misma, la correspondiente resolución de la autoridad laboral, y si no se hubiera practicado acta de infracción, en el informe propuesta se justificará razonadamente tal circunstancia. Los hechos reseñados en tales informes de la Inspección de Trabajo, gozan de la presunción de veracidad, sin perjuicio de su contradicción por los interesados.
Siguiendo el artículo 6 de la O.M. de 18 de enero de 1996, el procedimiento iniciado se impulsará de oficio, de acuerdo con las reglas del artículo 74 de la Ley 30/992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común(LRJ-PAC), aunque los interesados no comparezcan en el plazo establecido, concediéndoseles a tal efecto un plazo de 10 días para formular alegaciones, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 79.2 de la LRJ-PAC.
Finalizada la fase de instrucción, el I.N.S.S., ha de dictar resolución en materia de recargo que, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 286/2003, de 7 de marzo, por el que se establece la duración de los procedimientos administrativos para el reconocimiento de prestaciones en materia de Seguridad Social, es un plazo de 135 días (plazo que, no obstante, puede ampliarse como consecuencia de la aplicación de las reglas generales que rigen en los procedimientos administrativos) transcurridos los cuales ha de entenderse denegado el recargo por silencio administrativo, pudiendo interponer la persona la pertinente reclamación previa y, desestimada ésta, expresamente o por silencio, formular demanda ante el Juzgado de lo Social.
Hecho un somero análisis de la naturaleza jurídica del recargo de prestaciones y de su procedimiento, se procede al estudio de una de las dificultades que en ocasiones se han puesto de manifiesto en la gestión de esta figura tan compleja que implica a distintos sujetos e intereses contrapuestos, contribuyendo a tal dificultad la existencia de unos textos normativos y reglamentarios, que no llegan a construir un tratamiento sistemático sobre el recargo, tal y como se expuso al principio, siendo una de las dificultades a las que nos referimos la relativa a la posibilidad de suspender el procedimiento de imposición del recargo, bien, por la existencia de actas de infracción impugnadas, bien por la existencia de un procedimiento penal por los mismos hechos.
Respecto de las primeras de las causas, es decir la suspensión del procedimiento administrativo de recargo por impugnación de un acta de infracción en virtud de alegaciones y pruebas que pudieran determinar la inexistencia de falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, o la ausencia de relación entre esa falta y el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, y así lo haga saber la autoridad laboral competente, tal suspensión tendrá lugar hasta que se dicte resolución firme en el procedimiento sancionador en los términos previstos en el artículo24.1 del R.D. 928/1998 de 14 de mayo, en tal artículo se dispone que “las resoluciones sancionadoras firmes en vía administrativa serán inmediatamente ejecutivas”, por tanto, una vez firmes en vía administrativa, continuará la tramitación del procedimiento administrativo de recargo hasta su resolución.
Queda igualmente zanjada la cuestión en vía jurisdiccional, es decir, en los supuestos en los que habiéndose impugnado en el orden jurisdiccional social la resolución administrativa que declara la procedencia del recargo de las prestaciones, no es admisible la suspensión de éste procedimiento, al haberse impugnado el acta de infracción en el orden contencioso-administrativo, hasta que se resuelva éste último, lo cual queda brillantemente expuesto en la STSJ de Cataluña de 22 de marzo de2004, con cita de la de 23 de septiembre de 2002 ”la doctrina científica y la jurisprudencia vienen atendiendo que el efecto de la excepción de litispendencia -artículo 533.5 de la L.E.C. de 1881 y artículo 1252 del código Civil (hoy, artículo 222 de la L.E.C.)-, estriba en la imposibilidad legal de tramitar otro procedimiento entre los mismos sujetos y con el mismo objeto del que está pendiente y que la justificación de éste efecto no es otra que la de evitar la inseguridad y falta de certeza jurídica que se produciría sobre el hecho de que un mismo objeto procesal pudiera ser resuelto por sentencias contradictorias -STS de 5 de diciembre de 1981, de2 de mayo de 1983 y 7 de marzo de 1990-.(…) En el presente caso, no concurre la triple identidad exigida, pues mientras en la vía contenciosa administrativa lo que se impugna es la sanción impuesta por el ilícito administrativo laboral derivado de la falta de medidas de seguridad, para lo que continúa siendo competente en la actualidad el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en las presentes actuaciones lo que impugna es el recargo de prestaciones, para lo que resulta competente para conocer el orden jurisdiccional social, y pendiendo así ante dos órdenes jurisdiccionales distintos no cabe entender exista la identidad objetiva(…) El incumplimiento empresarial de la normativa de seguridad social y prevención de riesgos laborales es susceptible de provocar consecuencias jurídicas en la vertiente administrativa, civil y penal (…) En suma, el objeto de ambos pleitos es diferente, tratándose de responsabilidades compatibles, por lo que no concurriría el triple requisito de identidad, exigido por el artículo 1252 del Código Civil, en cuanto a las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.”
La segunda de las causas de suspensión del procedimiento para la imposición del recargo de prestaciones, es la prevista en le artículo 16 de la O.M. de 18 de enero de 1996, precepto que encuadrada las declaraciones de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, y en cuyo apartado segundo, párrafo segundo, se dispone que” cuando se conozca la existencia de algún procedimiento judicial en vía penal por los mismos hechos se suspenderá el expediente en éste sólo aspecto, hasta que recaiga sentencia firme por resolución que ponga fin al procedimiento” y que a raíz de la Sentencia del T.S., Sala Cuarta, de lo social, Sentencia de 17 de mayo de 2004, rec.3259/03, ha quedado carente de un mandato legal que lo sustente.
Según Luis Escudero Alonso, Magistrado del Tribunal Superior de justicia de Cataluña y del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, en el comentario de jurisprudencia que realiza de la Sentencia del Tribunal supremo identificada, ésta, “ afecta a un cierto número de trabajadores y beneficiarios de Seguridad Social, para los que se pide que se aplique el recargo en materia de prestaciones de la Seguridad Social, establecido en el artículo 123 de la L.G.S.S., que veían suspendida la tramitación del expediente de recargo por parte del I.N.S.S. en razón de que sobre los mismos hechos estaba abierta una causa penal, lo que conlleva en la mayoría de los casos que tuvieran que esperar varios años para ver reconocido el recargo, siendo tal sentencia, la que establece que la paralización referida no ha de tener lugar, pudiéndose substanciar a la vez ambos procedimientos”.
La fundamentación jurídica de la referida sentencia, parte del artículo 123.3 de la LGSS, en el que se declara expresamente la compatibilidad de la responsabilidad del recargo de prestaciones, con las derivadas de un hecho punible. La esencial regla de independencia y compatibilidad que establece éste artículo, cabe entenderla reflejada y refrendada, según la Sala Cuarta del TS, en Sentencia de 2 de octubre de2000, rec.2393/1999, en el artículo 42.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, cuando dispone que “las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que puedan ser fijadas por el órgano competente de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de dicho sistema”,continuando que “este precepto claramente distingue tres tipos de responsabilidades que declara compatibles: a) las responsabilidades administrativas derivadas del procedimiento sancionador; b) las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados; y c) las indemnizaciones de recargo de prestaciones”.
Continúa la Sentencia del T.S. de 17 de mayo de 2004, que si bien” la O.M. de 18 de enero de 1996, prevé la suspensión en los términos que se indican en el artículo 16.2, el R.D. 1300/1995, de 21 de julio, en cuyo desarrollo se dictó la citada O.M., no contiene norma alguna que autorice la suspensión en la tramitación del expediente. En sentido contrario, el artículo 86 de la L.P.L., con referencia ya al proceso ante la jurisdicción, señala que “en ningún caso se suspenderá el procedimiento por seguirse causa criminal sobre los hechos debatidos”. La legalidad del mandato de la O.M. citada dependerá de la existencia de un sustrato legal que le sirva de fundamento pues, de no existir, debe prevalecer el principio de celeridad que debe afectar a todos los expedientes en materia de prestaciones de la Seguridad Social (…). La Orden de referencia podría tener su apoyo en el artículo 3.2 del R.D.L. 5/2000, reproduce literalmente el mandato del artículo 3.1 de la Ley de 7 de abril de 1988 que con anterioridad estableció la regulación de las faltas y sanciones en el orden social. Este precepto establece que “en los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de ilícito penal, la Administración pasará el tanto de culpa al órgano judicial competente o al ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la Autoridad Judicial no dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento o mientras el Ministerio Fiscal no comunique la improcedencia de iniciar o proseguir actuaciones. Como se ve la orden de paralización afecta exclusivamente al procedimiento sancionador, que es el regulado en dicha norma, y el de imposición de medidas de seguridad no tiene esta consideración. Cierto es que la naturaleza jurídica del recargo por falta de medidas de seguridad es un tanto compleja teniendo algunos matices propios de la sanción, aunque acaba teniendo una consideración sui géneris que le aparta de la sanción propiamente dicha al ser beneficiarios de su cuantía el trabajador o sus causahabientes”… “ Por otra parte, la imposición de este recargo no afecta al principio non bis in ídem. Conviene recordar a éste respecto que la Sentencia del Tribunal Constitucional de 27de noviembre de 1985, señalaba que “es cierto que la regla non bis in idem no siempre posibilita la sanción de unos mismos hechos por autoridades de distinto orden y que los contemplen, por ello desde perspectivas diferentes(por ejemplo, como ilícito penal o como infracción administrativa o laboral), pero no lo es menos que sí impide el que por autoridades del mismo orden, y a través de procedimientos distintos se sancione repetidamente la misma conducta”.
La STS de 17 de mayo de 2004, “evidencia que el mandato del artículo 3.2 del R.D.L. 5/2000, no puede interpretarse como que afecta a los expedientes para la imposición del recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad. Ello es así porque la cuantía de su importe, es compatible, por mandato legal, con las que puedan derivarse de la causa penal. Pero es que además el proceso penal siempre tiene por objeto sancionar conductas individuales. En el caso concreto del accidente de trabajo, a la persona o personas que intencionada o culposamente pudieran ser responsables de la ausencia de las medidas de seguridad determinantes del siniestro. Mientras que el recargo de prestaciones se impone a la empresa como tal, tanto si hay una persona física responsable como si no la hay. Lo determinante para la imposición del recargo es la ausencia de las medidas de seguridad, requisito objetivo, independiente de la persona física responsable de su ausencia.”
De todo lo expuesto se desprende que el I.N.S.S., en base a la indicada doctrina, no procederá a suspender el procedimiento de recargo de prestaciones como consecuencia de la existencia de un proceso penal abierto por los mismos hechos, es decir, derivado del mismo accidente de trabajo o enfermedad profesional, ya que el mandato de la O.M. que ordena la paralización del expediente administrativo para la imposición del recargo por falta de medidas de seguridad, carece de un mandato legal que lo sustente, pues no puede entenderse por tal el otro precepto legal, el artículo 3.2 del RD 5/2000, debiendo continuar, por tanto, el procedimiento hasta la resolución que ponga fin a aquél expediente, observando respecto del plazo para dictar tal resolución, lo dispuesto en el R.D. 286/2003, de7 de marzo, como ya se indicó al hacer una breve referencia al procedimiento para la imposición del recargo, sin que en ningún caso, en los supuestos en que se haya suspendido su tramitación, se pueda invocar la prescripción del recargo por parte del empresario responsable del mismo, y ello como matiza el Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Lluis Escudero Alonso, porque “la no prescripción ha de fundarse tanto en la actuación de la empresa responsable del recargo que no impugnó la resolución de paralización del expediente administrativo de recargo, tratándose por tanto de un acto administrativo consentido, como por lo dispuesto en el artículo 43.3 de la L.G.S.S. Que dispone que “en el supuesto de que se entable acción judicial contra un presunto culpable, criminal o civilmente, la prescripción quedará en suspenso mientras aquélla se tramite, volviéndose a contar el plazo desde la fecha en que se notifique el auto de sobreseimiento o desde que la sentencia adquiera firmeza”…
Author : Ana María SANZ SALMORAL
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