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Todos los titulares de infraestructuras aptas para albergar redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad están obligados a permitir el acceso a sus infraestructuras a los operadores de telecomunicaciones
European Union, Spain October 10 2016
El Boletín Oficial del Estado del pasado 15 de septiembre publica el Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. Este documento analiza las medidas recogidas en la norma y las nuevas obligaciones que ésta impone a todos los agentes implicados: operadores de telecomunicaciones, titulares de infraestructuras aptas para albergar redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad y Administraciones Públicas.
1. Introducción El Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad transpone al ordenamiento español la Directiva 2014/61/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo del 2014, relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, excepto sus artículos 8 y 9 (infraestructuras en el interior de los edificios y acceso a ellas), y desarrolla los artículos 35 a 38 de la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al acceso a infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, coordinación de obras civiles y publicación de información sobre concesión de permisos. Las medidas previstas en el real decreto recién aprobado inciden sobre las infraestructuras existentes, sobre las infraestructuras en proceso de ejecución para las que se ha solicitado autorización y también sobre las infraestructuras previstas a corto plazo (seis meses). Se persiguen dos objetivos: a) Respecto a las infraestructuras y obras civiles existentes, se pretende la utilización conjunta por los operadores de telecomunicaciones de todas las infraestructuras y obras civiles susceptibles de albergar redes de alta velocidad, tales como canalizaciones de gas, electricidad o saneamiento, postes, conductos en carreteras, líneas férreas, torres o cualquier otra capaz de alojar las nuevas redes de alta velocidad. Con esta finalidad, se reconocen derechos de acceso a las citadas infraestructuras a los operadores interesados en desplegar redes de alta velocidad y, correlativamente, se impone a los titulares de tales infraestructuras la obligación de facilitarles el acceso. Todos los titulares de infraestructuras aptas para albergar redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad están obligados a permitir el acceso a sus infraestructuras a los operadores de telecomunicaciones Ana I. Mendoza Losana Profesora contratada doctora de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha Departamento de Gestión de Conocimiento de Gómez-Acebo & Pombo Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. Análisis GA&P | Octubre 2016 2 b) En cuanto a las infraestructuras y obras civiles de nueva construcción, se busca la coordinación de forma que se aproveche el momento en el que se proyecta una nueva obra, al menos las financiadas total o parcialmente con recursos públicos, para instalar las redes de alta velocidad y así hacer más eficiente la nueva infraestructura. Entre otras medidas tendentes a conseguir esta coordinación, se obliga a los titulares de infraestructuras proyectadas obligados a negociar acuerdos de coordinación a facilitar información tanto sobre las obras para las que se ha solicitado licencia o autorización como sobre las obras que prevean efectuar a corto plazo. Además, se obliga a la Administración Pública a habilitar puntos únicos de información. 2. Ámbito de aplicación El reglamento comentado se aplica a las infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas de alta velocidad y a las obras civiles relativas a dichas infraestructuras. El real decreto define las infraestructuras físicas como «cualquier elemento de una red pensado para albergar otros elementos de una red sin llegar a ser un elemento activo de ella, como tuberías, mástiles, conductos, cámaras de acceso, bocas de inspección, distribuidores, edificios o entradas a edificios, instalaciones de antenas, torres y postes». A los efectos del real decreto, no se consideran infraestructuras civiles ni los cables, incluida la fibra oscura, ni los elementos de redes utilizados para el transporte de agua destinada al consumo humano. Por «red de comunicaciones electrónicas de alta velocidad» se entienden aquellas redes, tanto fijas como móviles, capaces de prestar servicios de acceso de banda ancha a velocidades de al menos 30 Mbps por abonado. Abarcan, entre otras, las redes que utilizan tecnologías como FTTH (Fiber To The Home, también conocida como ‘fibra hasta el hogar’), HFC (Hybrid Fibre Coaxial o fibra híbrida coaxial) o LTE (Long Term Evolution). Como se ha dicho, el Real Decreto 330/2016 no se aplica a las infraestructuras físicas del interior de los edificios. El acceso a estas infraestructuras susceptibles de ser utilizadas para el despliegue de los tramos finales de redes públicas de comunicaciones electrónicas se rige por su normativa específica contenida en la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones, en especial en su artículo 45, y en el Real Decreto Ley 1/1998, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación y su normativa de desarrollo, que incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/61/UE, en relación con la infraestructura física en el interior de los edificios. 3. Sujetos obligados: propietarios, gestores o titulares de derechos de uso de infraestructuras aptas para albergar redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad Están obligados a facilitar el acceso a las infraestructuras existentes o a someterse a las medidas de coordinación de nuevas infraestructuras previstas en el reglamento, los propietarios, gestores o titulares de derechos de utilización de infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. En particular los siguientes colectivos: a) Operadores de redes de suministro de gas, agua y luz. Son sujetos obligados a facilitar el acceso a sus infraestructuras los operadores de redes que proporcionen una infraestructura física destinada a prestar un servicio de producción, transporte o distribución de gas, electricidad (incluida la iluminación pública), calefacción, agua, incluidos los sistemas de saneamiento, evacuación o tratamiento de aguas residuales y el alcantarillado y los sistemas de drenaje. No se cuentan aquí los elementos de redes utilizados para el transporte de agua destinada al consumo humano según lo establecido en el Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Análisis GA&P | Octubre 2016 3 La obligación es de enorme trascendencia y supone que cualquier empresa titular de infraestructuras de transporte o distribución, como Endesa, Iberdrola o Gas Natural estará obligada a permitir el uso de sus infraestructuras para el despliegue de redes de telecomunicaciones de alta velocidad. b) Operadores de telecomunicaciones. Están obligados a facilitar acceso a sus infraestructuras los operadores que instalen o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas. Se excluyen de esta obligación las redes privadas de comunicaciones electrónicas. Se plantea aquí la duda acerca de la coordinación entre la obligación impuesta por este reglamento a todos los operadores de telecomunicaciones, independientemente de su posición en el mercado y la normativa sectorial que sólo impone obligaciones de acceso a infraestructuras a los operadores con poder significativo en el mercado. A estos efectos, el real decreto se configura como una norma de mínimos aplicable, sin perjuicio de la normativa sectorial especial que prevalecerá sobre los derechos y obligaciones previstos en el reglamento. Así, en los casos en que la solicitud de acceso se produzca sobre una infraestructura gestionada o cuya titularidad o derecho de uso corresponda a un operador de comunicaciones electrónicas con poder significativo en el mercado de referencia (arts. 13 y 14 de la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones), el acceso a dichas infraestructuras físicas será coherente con tales obligaciones y la introducción de procedimientos y tareas nuevas se basará en las ya existentes. Este real decreto debe entenderse sin perjuicio del marco regulador de la Unión Europea relativo a las comunicaciones electrónicas establecido en las directivas 2002/21/CE, 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/22/CE y 2002/77/CE, así como en las normas nacionales adoptadas de conformidad con dicho marco regulador. c) Empresas que proporcionen infraestructuras físicas destinadas a prestar servicios de transporte, comprendidos los ferrocarriles, las carreteras, los puertos y los aeropuertos, así como las entidades o sociedades encargadas de la gestión de infraestructuras de transporte de competencia estatal (como, por ejemplo, Adif). d) Las Administraciones Públicas titulares de infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 37.1 de la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones, el acceso a infraestructuras de titularidad de las Administraciones Públicas no podrá ser otorgado o reconocido mediante procedimientos de licitación (art. 4.6 RD 330/2016). 4. Derechos y obligaciones de acceso a infraestructuras existentes 4.1. Obligación de negociar el acceso a la infraestructura en condiciones equitativas y razonables Los sujetos obligados deberán atender y negociar las solicitudes de acceso a su infraestructura física para facilitar el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, en condiciones equitativas y razonables, siempre que la solicitud sea igualmente razonable. El escrito de solicitud debe especificar, como mínimo, los siguientes elementos: a) el motivo por el que se solicita el acceso a la infraestructura; b) la descripción de los elementos que se van a desplegar sobre la infraestructura; c) el plazo previsto para llevar a cabo el despliegue en la infraestructura; d) la zona en la que se tiene intención de desplegar elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad; e) la declaración de confidencialidad en relación con cualquier información que se reciba como resultado del acceso a la infraestructura. Mediante orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se podrán fijar los umbrales de solicitudes de información mínima y de solicitudes de acceso Análisis GA&P | Octubre 2016 4 a infraestructuras físicas susceptibles de albergar redes de comunicaciones electrónicas que un sujeto obligado debe atender mensualmente (disp. adic. segunda RD 330/2016). No se impone la obligación de negociar el acceso a aquellas infraestructuras vinculadas con la defensa nacional o la seguridad pública, o cuando tengan la consideración de críticas según la Ley 8/2011, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras crí- ticas. En este último caso, para la negociación del acceso a dichas infraestructuras será preceptivo el informe de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Cuando se deniegue el acceso o cuando haya transcurrido el plazo de dos meses desde la solicitud sin que las partes se hayan puesto de acuerdo sobre las condiciones en las que dicho acceso debe producirse, cualquiera de las partes podrá plantear el conflicto ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), sin perjuicio del posible sometimiento de la cuestión ante los tribunales. Como otras obligaciones de interconexión y acceso derivadas de la legislación sectorial, el desacuerdo entre las partes sobre las condiciones de los acuerdos de acceso, incluso sobre los precios, justifica la intervención de la Comisión. El precepto introduce una reserva «sin perjuicio del sometimiento de la cuestión ante los tribunales». No significa que el solicitante de acceso pueda acudir a la jurisdicción para que sea el juez quien sustituya la voluntad reticente al acuerdo o el que supla la falta de acuerdo fijando las condiciones contractuales, sino que la Comisión resuelve mediante acto administrativo que agota la vía administrativa y que es recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa, garante último de la legalidad de la intervención administrativa. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá en el plazo máximo de cuatro meses desde la recepción de toda la información. El reglamento establece algunos criterios que la Comisión deberá tener en cuenta para determinar el precio cuando no exista acuerdo sobre este extremo (art. 4.9). Se exige que el precio se fije de modo «que el suministrador del acceso tenga oportunidad de recuperar sus costes de manera justa» y, en particular, se valorarán los siguientes aspectos: a) la incidencia del acceso solicitado en el plan de negocio del suministrador de acceso; b) las inversiones llevadas a cabo por el suministrador del acceso, concretamente las inversiones en la infraestructura física a la que se solicita acceso; c) la imposición de soluciones anteriores por parte de la Comisión, y d) las circunstancias características del área geográfica de que se trate. Además, se establecen criterios específicos para el caso en que el conflicto se suscite por el acceso a la infraestructura física de un operador de redes públicas de comunicaciones electrónicas. 4.1. Régimen de los ingresos percibidos La disposición adicional cuarta del reglamento comentado prevé que «en relación con el tratamiento de los ingresos percibidos por el acceso, se estará a lo dispuesto en la legislación sectorial correspondiente». Son las normas sectoriales las que determinarán ese destino. Por ejemplo, habrá que especificar en qué medida los ingresos por el uso de la infraestructura de transporte y distribución de energía eléctrica derivados del cumplimiento de esta obligación se computan en el cálculo de la retribución anual de la actividad de transporte y distribución y en las liquidaciones periódicas de los costes del sistema eléctrico. 4.2. Denegación de acceso: razones justificadas en el plazo de dos meses La denegación de acceso se emitirá en el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud de acceso completa. Deberá estar justificada y motivada y se basará en criterios Análisis GA&P | Octubre 2016 5 objetivos, transparentes y proporcionados. En un listado abierto, el apartado séptimo del artículo 4 del reglamento de referencia enumera algunas de las causas que justifican la denegación del acceso. Son las siguientes: a) Idoneidad técnica: La falta de idoneidad técnica de la infraestructura física a la que se ha solicitado acceso para albergar cualquiera de los elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad es un motivo objetivo que justifica la denegación de acceso. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo determinará, mediante orden y previo informe del departamento ministerial con competencia sectorial sobre dicha infraestructura, los motivos de denegación basados en la falta de adecuación técnica de la infraestructura. b) Falta de espacio: La falta de disponibilidad de espacio para acoger los elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, incluidas las futuras necesidades de espacio del sujeto obligado, justificarán la denegación de acceso, siempre que esto quede suficientemente demostrado. En caso de insuficiencia de espacio para atender las diversas solicitudes, cabe la aplicación de mecanismos de licitación cuando el titular de la infraestructura no sea una Administración Pública (art. 4.6 RD 330/2016, a contrario); c) Riesgos para la defensa nacional, la seguridad pública, la salud pública, la seguridad vial o la protección civil. d) Riesgos para la integridad y la seguridad de una red, en particular de las infraestructuras nacionales críticas. e) Riesgos de interferencias graves de los servicios de comunicaciones electrónicas previstos con la prestación de otros servicios a través de la misma infraestructura física. f) Disponibilidad de medios alternativos viables de acceso a la infraestructura de red física facilitados por el sujeto obligado, siempre que dicho acceso se ofrezca en condiciones justas y razonables. g) Efectos negativos sobre la continuidad y seguridad de la prestación de los servicios que sobre la infraestructura efectúe su titular, cuando éste sea una Administración Pública. 5. Obligación de atender solicitudes razonables de coordinación de obras civiles financiadas con recursos públicos El Real Decreto 330/2016 establece medidas para la coordinación de obras civiles. De forma tan solemne como innecesaria, el artículo 6.1 del real decreto comentado establece que «todo sujeto obligado tendrá derecho a negociar acuerdos relativos a la coordinación de obras civiles con operadores que instalen o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas, con vistas al despliegue de elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad». Es obvio que cualquier sujeto titular de infraestructura tiene derecho a negociar acuerdos de coordinación, pero no porque lo establezca este reglamento, sino por su libertad contractual reconocida en el artículo 38 de la Constitución y en el artículo 1255 del Código Civil. No era necesario el reconocimiento expreso de este derecho. Sólo los sujetos obligados que ejecuten obras civiles total o parcialmente financiadas con recursos públicos deberán atender y negociar las solicitudes de coordinación de dichas obras, en condiciones transparentes y no discriminatorias, con la finalidad de facilitar el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad (art. 6.2). Conforme a las definiciones del propio reglamento, son obras financiadas con recursos públicos las obras civiles en las que se cumpla alguna de las siguientes condiciones: a) que las hayan promovido o ejecutado Administraciones Pú- blicas o empresas públicas; b) que la empresa que la promueva o ejecute haya sido contratada por el sector público; c) que la empresa Análisis GA&P | Octubre 2016 6 que la promueva o ejecute haya recibido dinero público u otro tipo de ayuda pública económica o financiera para su ejecución; d) que los recursos para su financiación tengan la consideración de ayudas de Estado con arreglo al artículo 107. del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; e) que se lleve a cabo en terrenos de titularidad pú- blica que hayan sido cedidos para albergar dicha obra civil. Se atenderán las solicitudes de coordinación de los operadores de redes de comunicaciones electrónicas de banda ancha siempre que sean «solicitudes razonables». En particular, las solicitudes se aceptarán en las siguientes ocasiones: a) Cuando ello no implique ningún coste añadido, incluso a causa de retrasos adicionales, para las obras civiles previstas inicialmente. Resulta difícil pensar que una solicitud de coordinación no vaya a suponer al menos un retraso adicional, supuesto que justificaría la denegación de coordinación. b) Cuando no impida el control de la coordinación de las obras. c) Y cuando la solicitud de coordinación se presente lo antes posible, en particular, si se presenta con anterioridad a la aprobación del correspondiente proyecto y, en cualquier caso, al menos un mes antes de la primera presentación de solicitud de permiso, licencia o de la documentación que la sustituya ante las autoridades competentes. La obligación de coordinación no se aplica a las obras civiles para las que se hubiera solicitado autorización, licencia o documentación equivalente antes de su entrada en vigor (disp. trans. única RD 330/2016). Se excluyen de la obligación de coordinación las infraestructuras nacionales críticas y las obras civiles de importancia insignificante. Mediante orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previo informe del departamento ministerial con competencia sectorial sobre las obras, se determinará cuáles han de entenderse como de importancia insignificante en términos de valor, tamaño o duración. Hasta la aprobación de esta orden, se considerarán obras civiles de importancia insignificante aquellas que supongan el despliegue de infraestructuras físicas lineales de menos de diez metros de longitud (disp. adic. primera). 6. Obligaciones de transparencia: solicitudes individuales de información y puntos de información Como instrumentos para el adecuado ejercicio del derecho de acceso a las infraestructuras, así como del derecho a la coordinación de infraestructuras de obra civil, se reconoce a los operadores de telecomunicaciones el derecho a conocer la información mínima definida en el reglamento, así como a efectuar estudios previos. Entre la información mínima se incluye la información sobre el punto de contacto del sujeto obligado (al menos, número de teléfono y dirección de correo electrónico) al que los operadores que instalen o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas puedan dirigir su solicitud inicial de acceso a la información mínima establecida en el reglamento. Los sujetos obligados pueden cumplir sus deberes en materia de transparencia respondiendo a las solicitudes individuales de información presentadas por los operadores de telecomunicaciones interesados en desplegar redes de alta velocidad o a través de los puntos de información habilitados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Naturalmente, los operadores que obtengan la información detallada en el reglamento deberán garantizar la confidencialidad y el secreto comercial u operativo. Respecto a las solicitudes individuales de información, cabe destacar que, si transcurren los plazos indicados para responder a la solicitud de información sobre infraestructuras existentes (dos meses), a la solicitud de realización de estudios previos (un mes) o a la información sobre infraestructuras previstas cuando éstas estén sujetas a la obligación de Análisis GA&P | Octubre 2016 7 coordinación por haberse financiado con recursos públicos (dos semanas), cualquiera de las partes podrá plantear el conflicto ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que resolverá en el plazo máximo de dos meses desde la recepción de toda la información. El reglamento habla de «punto de información único», pero realmente se prevén tres tipos de puntos de información único: el que contiene la información mínima sobre infraestructuras existentes (art. 5.8), el de coordinación de obras civiles (art. 7.7) y el de permisos y licencias (art. 9.3). Sin perjuicio de la habilitación de puntos de información únicos, las Administraciones Pú- blicas deberán difundir en su página web toda la información relativa a las condiciones y procedimientos aplicables para la instalación y despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados. Para no alargar en exceso este documento, se ha optado por sintetizar en la tabla 1 el ré- gimen de los derechos de información de los operadores de telecomunicaciones interesados en desplegar redes de banda ancha y de los deberes de información sobre infraestructuras existentes y proyectadas. 7. Resolución de conflictos por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia El nuevo reglamento amplía las funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que resolverá tres nuevos conflictos: los relativos al acceso a las infraestructuras existentes susceptibles de albergar redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, los relativos a los acuerdos de coordinación de obras civiles financiadas con recursos públicos y los conflictos sobre el acceso a la información mínima necesaria para llevar a cabo unos y otros acuerdos. La Comisión intervendrá cuando se deniegue la solicitud formulada en cada caso, o bien cuando hayan transcurrido los plazos estipulados para responder a estas solicitudes. La Comisión dispone de diversos plazos para resolver en función del tipo de conflicto. La resolución final es un acto administrativo recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 8. Reducción de plazos de los procedimientos: cuatro meses para conceder o denegar el permiso El reglamento pretende reducir los plazos de resolución de los procedimientos de concesión de permisos o licencias relacionados con las obras civiles necesarias para desplegar elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. Conforme al artí- culo 8.1, en aquellos supuestos en los que, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Telecomunicaciones, pueda exigirse la obtención de permisos o licencias relativos a las obras civiles necesarias para desplegar elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, las Administraciones Públicas los concederán o denegarán dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de recepción de la solicitud completa. Sólo podrá ampliarse el plazo de cuatro meses excepcionalmente y conforme a lo previsto en la normativa del procedimiento administrativo común. Análisis GA&P | Octubre 2016 8 Para más información consulte nuestra web www.gomezacebo-pombo.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@gomezacebo-pombo.com. Barcelona | Bilbao | Madrid | Valencia | Vigo | Bruselas | Lisboa | Londres | Nueva York Tabla 1 SOLICITUD RESPUESTA Objeto Contenido Forma Plazo Contenido Forma Limitación o denegación Infraestructuras existentes Zona en la que se tiene intención de desplegar elementos de las redes de comunicaciones electrónicas Escrita Dos meses Anexo I: información mínima: — Localización — Trazado de la infraestructura — Tipo — Utilización (grado de ocupación actual) — Punto de contacto al que dirigirse Electrónica — Seguridad e integridad de las redes — Seguridad y defensa nacional — Salud o seguridad pública, en el caso de infraestructuras críticas — Confidencialidad o secreto comercial Infraestructuras proyectadas (obras públicas, acuerdos de coordinación obligatorios): — Licencia o equivalente solicitada — Previsión de solicitar licencia o equivalente en los próximos seis meses Zona en la que se tiene intención de desplegar redes Escrita Dos semanas Anexo II: información mínima: — Localización y tipo de obra — Elementos de la red implicados — Fecha prevista de inicio de las obras y duración de éstas — Punto de contacto al que dirigirse Electrónica a) Razones sustantivas: — Seguridad e integridad de las redes — Seguridad y defensa nacional — Salud o seguridad pública — Confidencialidad o secreto comercial u operativo b) Razones procedimentales: — Información ya publicada en formato electrónico o en el punto de información único de coordinación de obras civiles

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 artículo 45
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 37
 artículo 4
 Real Decreto 
 artículo 6
 real decreto 
 artículo 38
 artículo 1255
 artículo 107
 Resolución 
 resolución 
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