Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6272
Timestamp: 2020-02-20 13:26:25+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 40/2008
SENTENCIA 40/2008, de 10 de marzo
ECLI:ES:TC:2008:40
En el recurso de amparo núm. 6545-2004, promovido por don David Jiménez Gallardo, representado por el Procurador de los Tribunales don Antonio Palma Villalón y asistido por el Abogado don Enrique Paredes Cerezo, contra la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Córdoba recaída el 6 de septiembre de 2004 en el procedimiento abreviado núm. 13-2004, y contra el Auto de 21 de septiembre de 2004 que desestima el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra la referida Sentencia. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido parte el Abogado del Estado en la representación que ostenta. Ha sido Ponente el Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 3 de noviembre de 2004, el Procurador de los Tribunales don Antonio Palma Villalón, en nombre y representación de don David Jiménez Gallardo, interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de 6 de septiembre de 2004 y el Auto de 21 de septiembre de 2004, dictados por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Córdoba en el procedimiento abreviado núm. 13-2004, de los que se hace mención en el encabezamiento.
a) Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil denunciaron que a las 12:14 del día 28 de diciembre de 2002, el vehículo CO-4700-AT, cuyo conductor resultó ser el demandante de amparo, circulaba a la altura del punto kilométrico 42,5 de la autovía A-44 a una velocidad de 181 kilómetros por hora, siendo la máxima autorizada en ese punto la de 120 km/h.
b) Incoado el expediente sancionador núm. 14-040-152.523-0, tras las alegaciones formuladas por el recurrente y la práctica de diversas pruebas documentales —al tiempo que fueron denegadas otras documentales y una testifical—, el 4 de junio de 2003 recayó Resolución sancionadora, dictada por el Subdelegado del Gobierno en Córdoba por delegación del Delegado del Gobierno en Andalucía, imponiendo al demandante una multa de 200 euros, como responsable de una infracción prevista en el art. 65.4 del texto articulado aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, al circular superando los límites de velocidad fijados en el art. 48 del Reglamento general de circulación aprobado por el Real Decreto 13/1992, de 17 de enero.
c) El demandante de amparo interpuso recurso de alzada alegando la vulneración del principio de presunción de inocencia a causa de que la prueba fotográfica obtenida mediante cinemómetro había sufrido manipulaciones, en el sentido de que determinados datos esenciales —fecha de la infracción, número de antena y punto kilométrico— no fueron impresos mecánicamente por el propio cinemómetro sino que fueron manuscritos, estimando por ello necesaria la ratificación de la denuncia por el agente denunciante; igualmente adujo la vulneración del derecho a la práctica de las pruebas pertinentes para la defensa, la infracción del principio de audiencia, la ausencia en la resolución sancionadora de la firma de la autoridad competente y la vulneración del principio de proporcionalidad. El recurso de alzada fue desestimado por el Director General de Tráfico mediante Resolución de 20 de noviembre de 2003.
d) Disconforme con la sanción, don David Jiménez Gallardo interpuso recurso contencioso- administrativo, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Córdoba, registrándose como procedimiento abreviado núm. 13-2004. El recurso se fundó en los siguientes motivos, en atención a los cuales se pedía la anulación de la sanción: a’) vulneración del principio de presunción de inocencia; b’) vulneración del derecho a la práctica de las pruebas pertinentes para la defensa; y c’) vulneración del principio de audiencia. Con carácter subsidiario, se solicitaba la reducción de la cuantía de la sanción al mínimo legal, en aplicación del art. 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (en adelante, LPC).
e) El 6 de septiembre de 2004 recayó Sentencia desestimatoria del recurso contencioso- administrativo en la que se deniega la anulación de lo actuado en el procedimiento administrativo, por apreciarse que el recurrente no había sufrido indefensión; y, tras reproducir la normativa que se estimó como aplicable al caso, se concluye que la presunción de veracidad de las actas y denuncias administrativas no había sido desvirtuada por el recurrente; a continuación se expresa que la prueba testifical propuesta no tenía cobertura legal, obrando prueba suficiente en el expediente.
f) Finalmente, el demandante promovió un incidente de nulidad de actuaciones por entender que la Sentencia había incurrido en incongruencia omisiva —por falta de análisis de las alegaciones referidas a la infracción de los principios de proporcionalidad y de presunción de inocencia— siendo inadmitido dicho incidente por Auto de 21 de septiembre de 2004, en el que se argumenta que del contexto de la Sentencia resulta haberse tratado, en lo necesario, la totalidad de las cuestiones planteadas.
3. En la demanda de amparo se sostiene que se ha vulnerado, en primer lugar, el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente (art. 24.1 CE) como consecuencia de que la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Córdoba incurre en incongruencia omisiva, al no resolver sobre las alegadas infracciones de los principios de presunción de inocencia y de proporcionalidad, sin que tal defecto fuese remediado pese a promoverse el correspondiente incidente de nulidad de actuaciones.
4. Por providencia de 25 de enero de 2007 la Sección Segunda de este Tribunal admitió a trámite la demanda de amparo, acordando dirigir atenta comunicación al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Córdoba, para que en el plazo de diez días remitiera testimonio del procedimiento abreviado núm. 13-2004, así como para que se emplazase a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, con excepción del recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional, con traslado a dichos efectos de copia de la demanda presentada.
5. El Abogado del Estado solicitó su personación mediante escrito presentado el 5 de febrero de 2007, lo que fue acordado por diligencia de ordenación de 16 de marzo de 2007.
6. En la misma diligencia de ordenación de 16 de marzo de 2007 se tuvo por recibido el testimonio recabado. También se acordó, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de las actuaciones recibidas, en la Secretaría de la Sala, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y demás partes personadas, para que dentro de dicho término presentaran las alegaciones que a su derecho conviniera.
7. El Abogado del Estado presentó su escrito de alegaciones el 28 de marzo de 2007, en el que niega que se hayan producido las vulneraciones de derechos constitucionales denunciadas por el demandante de amparo.
8. La parte demandante de amparo no presentó escrito de alegaciones en el trámite conferido al efecto.
9. La Fiscalía ante el Tribunal Constitucional presentó el 25 de abril de 2007 su escrito de alegaciones, en el que, tras recordar la doctrina de este Tribunal sobre el derecho a la prueba, se razona que la motivación de la Administración para denegar la declaración del agente denunciante —la suficiencia de la prueba documental consistente en la fotografía obtenida mediante cinemómetro— sería válida si no fuera porque el recurrente planteó la nulidad de la referida fotografía por su posible manipulación, que hacía, a juicio del sancionado, inválidos algunos de los datos de hecho, concretamente el lugar exacto de la infracción que se le imputó. Entiende el Fiscal que la denegación de la prueba produjo indefensión al recurrente ya que no se le contestó nunca sobre su pretensión de invalidez de la prueba fotográfica, que fue el sustento único de la sanción. Sin embargo, en el proceso contencioso-administrativo el recurrente se limitó a pedir un medio de prueba distinto a los que había propuesto en el expediente sancionador, y este nuevo medio de prueba le fue denegado de manera motivada y justificada, ya que tenía como objeto que el Centro Español de Metrología informase sobre la adecuación legal de la prueba cinemómetra practicada, lo que corresponde analizar al propio juzgador. Esta falta de solicitud en sede judicial impide que pueda apreciarse una real indefensión. Además, al no solicitar del Juzgado la prueba, no puede considerarse agotada la vía judicial previa a este amparo.
10. Por providencia de fecha 6 de marzo de 2008 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 10 del mismo mes y año, trámite que ha finalizado en el día de hoy.
1. Conforme ha quedado expuesto en los antecedentes de esta resolución, el presente proceso constitucional tiene su origen en la imposición al recurrente de una sanción pecuniaria, como responsable de una infracción prevista en el art. 65.4 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, al circular superando los límites de velocidad fijados en el art. 48 del Reglamento general de circulación aprobado por el Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, habiendo sido desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto con el propósito de obtener la anulación o, subsidiariamente, la reducción de la referida sanción.
2. Atendida la naturaleza mixta del presente recurso de amparo (arts. 43 y 44 LOTC), debemos iniciar nuestro enjuiciamiento valorando si en la vía administrativa se conculcó el derecho a la presunción de inocencia del demandante de amparo, quien sostiene que no existe prueba de cargo que permita destruirla, ya que, ante su negación de los hechos, la Administración sólo dispone de una fotografía obtenida mediante cinemómetro, que no cumple los requisitos exigidos por la normativa metrológica. Sostiene el demandante que determinados datos esenciales —fecha de la infracción, número de antena y sentido de marcha del vehículo— no fueron impresos mecánicamente por el propio cinemómetro sino que fueron manuscritos, estimando por ello necesaria la ratificación de la denuncia por el agente denunciante, que en el presente caso no se ha producido.
3. Descartada la tacha de inconstitucionalidad dirigida contra las resoluciones administrativas, resta el examen de las impugnaciones formuladas contra la Sentencia. Pero antes debemos acotar en qué medida resulta necesario prolongar nuestro enjuiciamiento a todas ellas. A tal efecto hemos entendido que en los recursos de amparo mixtos la comisión de una lesión constitucional en el transcurso del proceso judicial no impide que el acto administrativo siga siendo el verdadero objeto del proceso de amparo y que, por tanto, cuando la lesión imputada al órgano judicial tenga carácter procesal —por referirse a alguna de las vertientes o dimensiones del art. 24.1 CE— este Tribunal podrá excluir el enjuiciamiento de las quejas formuladas por el cauce del art. 44 LOTC o dotar a su pronunciamiento de un alcance meramente declarativo siempre que, como consecuencia de haberse descartado la inconstitucionalidad del acto administrativo, no resulte ya necesaria la retroacción de las actuaciones (STC 5/2008, de 21 de enero, FJ 6).
4. Por el contrario, sí es necesario que examinemos si la Sentencia ha incurrido en incongruencia omisiva respecto de la pretensión que subsidiariamente se planteó en el proceso contencioso-administrativo. Para ello conviene recordar que, como con mayor detalle ha quedado reflejado en los antecedentes de esta resolución, el recurso contencioso-administrativo contenía dos pretensiones: la primera y principal era la anulación de las resoluciones sancionadoras (por vulneración de los derechos a la presunción de inocencia, a la prueba y al principio de audiencia); pero, además, para el caso de que no prosperase la pretensión anulatoria, se formulaba otra de forma supletoria: la reducción de la sanción al mínimo legal, en aplicación del art. 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (en adelante, LPC).
El recurrente ya solicitó en la vía administrativa, al interponer el recurso de alzada, una reducción de la sanción, lo que fue rechazado por la Dirección General de Tráfico en consideración “al peligro potencial derivado del exceso de velocidad”. Disconforme con la respuesta ofrecida por la Administración, el demandante siguió considerando desproporcionada la sanción, por lo que en el recurso contencioso- administrativo, tras invocar el art. 131.3 LPC, señaló que, para el caso de que el juzgador desestimase las demás alegaciones, apelaba al principio de proporcionalidad de las sanciones “pues no figuran circunstancias de peligro, ni antecedentes de mi mandante que justifiquen su imposición por encima del mínimo”.
Estimar parcialmente el recurso de amparo presentado por don David Jiménez Gallardo y, en su virtud:
2º Declarar la nulidad de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Córdoba, recaída el 6 de septiembre de 2004 en el recurso contencioso-administrativo núm. 13-2004, así como del Auto de 21 de septiembre de 2004, de este mismo órgano judicial, por el que se desestima el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra dicha Sentencia.
3º Retrotraer las actuaciones al momento anterior al de dictarse sentencia, a fin de que se dicte nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido, en los términos fijados en el fundamento jurídico 6.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 6545-2004
Promovido por don David Jiménez Gallardo frente a la Sentencia y el Auto de nulidad de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba que desestimó su demanda contra el Subdelegado del Gobierno en esa ciudad sobre multa de tráfico por exceso de velocidad.
El ahora recurrente en amparo fue sancionado por exceso de velocidad sobre la base de la prueba de cargo consistente en una fotografía obtenida mediante cinemómetro. El recurso contencioso-administrativo interpuesto solicitando la anulación o, subsidiariamente, la reducción de la sanción, fue desestimado sin que el órgano judicial se pronunciara sobre esta última pretensión.
Se estima parcialmente el recurso. El Tribunal afirma que, al haberse comprobado el exceso de velocidad mediante el aparato cinemómetro, no vulnera el derecho a la presunción de inocencia el hecho de que el resto de los datos que conforman la infracción –lugar, hora y sentido de marcha– se consideren acreditados mediante la manifestación escrita de un agente de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, al no pronunciarse sobre la pretensión subsidiaria del recurrente, el órgano judicial incurre en incongruencia omisiva, vulnerando el derecho de aquél a la tutela judicial efectiva.
La Sentencia no contiene una respuesta expresa a la pretensión subsidiaria, ni una respuesta por remisión a la resolución administrativa, ni tampoco una respuesta tácita más allá de la mera desestimación del recurso contencioso-administrativo, por lo que incurre en incongruencia omisiva lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva [FJ 5].
El derecho a la presunción de inocencia comporta que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada, correspondiendo la carga de la prueba a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia, por lo que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio (SSTC 76/1990, 69/1998) [FJ 2].
Los datos obtenidos mediante cinemómetros, gozan de una presunción iuris tantum de veracidad siempre que dichos aparatos hayan sido fabricados y hayan superado los controles establecidos por la normativa técnica vigente en cada momento, y así resulte acreditado mediante las correspondientes certificaciones de naturaleza técnica (ATC 193/2004) [FJ 2].
No constituye, una duda razonable para cuestionar la fiabilidad de un cinemómetro la simple apreciación del conductor, sin ningún tipo de corroboración mínimamente objetiva, de que según el velocímetro de su vehículo circulaba a una velocidad inferior a la señalada en el cinemómetro (ATC 193/2004) [FJ 2].
En los recursos de amparo mixtos, cuando la lesión imputada al órgano judicial tenga carácter procesal, este Tribunal podrá excluir el enjuiciamiento de las quejas formuladas por el cauce del art. 44 LOTC o dotar a su pronunciamiento de un alcance meramente declarativo siempre que, como consecuencia de haberse descartado la inconstitucionalidad del acto administrativo, no resulte ya necesaria la retroacción de las actuaciones (STC 5/2008) [FJ 3].
Artículo 44, ff. 1 a 3
Artículo 65.4, f. 1
Exposición de motivos, apartado 14, f. 4
Artículo 131.3, ff. 4 a 6
Orden del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, de 11 de febrero de 1994. Establecimiento del control metrológico del Estado para los instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor
Recurso de amparo mixtoRecurso de amparo mixto, ff. 1 a 3, 6
Multas de tráficoMultas de tráfico, f. 5
CinemómetroCinemómetro, f. 2

References: Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 

Artículo 44

Artículo 65

Artículo 131