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Timestamp: 2019-03-26 09:31:40+00:00

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CONSTITUCIONALIDAD DE LA REFORMA 2016 SOBRE DEDUCCIONES PERSONALES POR GASTOS MEDICOS, DENTALES Y HOSPITALARIOS
Publicado el 10 Nov a las 11:31h
Por: L.C. Emmanuel Ramos G / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
El pasado 8 de septiembre de 2015 el Ejecutivo Federal presento al Congreso de la Unión, diversas Iniciativas que reforman varias Leyes, entre ellas la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Es así que después de pasar por el proceso legislativo, el pasado 29 de octubre fue publicado en la Gaceta Parlamentaria número 4395-V el decreto que pasará al ejecutivo para su publicación.
El tema que abordaremos en el presente artículo, será la reforma 2016 relativa a las deducciones personales de Gastos Médicos, Dentales y Hospitalarios.
El artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la renta establece que las personas físicas podrán hacer deducciones personales sobre diversos rubros siendo uno de ellos los referentes a los Gastos Médicos, Dentales y Hospitalarios mismos que hasta 2015 estaban condicionados a que se realizarán para sí, para el cónyuge o persona con quien se viva en concubinato con un límite de deducción. Sin embargo la fracción I del artículo en comento, que es la que regula este tópico, fue reformada drásticamente al indicar ahora que se podrán deducir sin límite alguno los rubros siguientes:
Análisis o estudios Clínicos
Compra o Alquiler de aparatos de Rehabilitación
Para lo anterior se establece como requisito que dichos gastos deriven de incapacidades a que se refiere el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, Incapacidades temporales, Permanentes Parciales, Permanentes Totales ó Muerte que deriven de Riesgos de Trabajo. Adicionalmente es requisito que se cuente con certificado de incapacidad emitido por instituciones públicas de salud o de discapacidad en términos de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad y que en el caso de Incapacidades Temporales y Permanente Parciales deberán ser mayores al 50%.
También se establecen requisitos para los CFDI que amparen estos gastos y que muy probablemente se ampliaran a través de reglas de carácter general que emitirá el SAT.
Respecto a esto, la PRODECON dio a conocer en su portal el Boletín 018/2015, fechado el 20 de octubre donde indica que la “modificación aprobada está atentando contra el sistema mismo de seguridad social, pues parece indicar que si el IMSS, ISSSTE o ISSFAM no proporcionan, como es su obligación” continua el boletín indicando que resulta evidente “que la modificación votada sólo favorecerá a los trabajadores de altos sueldos, que se encuentran en los deciles de ingresos más elevados de la población; ya que estos trabajadores solo acuden al IMSS, ISSSTE o ISSFAM para obtener su certificado de incapacidad, pero erogan por su cuenta los gastos que les ocasiona su enfermedad o accidente atendiéndose en hospitales y con médicos privados. En cambio, los trabajadores que perciben bajos salarios difícilmente podrán afrontar por ellos mismos los gastos que nos les provean las instituciones de seguridad social”
Es claro que esta disposición vulnera los principios constitucionales de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción VI de la Constitución Federal, porque solo los contribuyentes que se encuentren afiliados a un sistema de salud podrán realizar dicha deducción, no obstante que los demás contribuyentes personas físicas que no lo están, también puedan erogar estos mismos rubros sin que lo puedan hacer deducibles, tratándolos de manera desigual y provocando por este hecho la inequidad.
En este sentido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la tesis deJurisprudencia 2a./J. 31/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en el Tomo XXV, Marzo de 2007, Página: 334, bajo el rubro EQUIDAD TRIBUTARIA. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA DICHO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL, establece tal como se indica cuales son los criterios para determinar si se respeta o no este principio constitucional, lo que implicaría que sea procedente el amparo tal como lo estableció también la Segunda Sala de la SCJN en la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 95/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en el Tomo XXXII, Julio de 2010, Página: 265 bajo el rubro AMPARO. PROCEDE CONTRA LA NORMA EXPEDIDA POR UN CONGRESO LOCAL QUE ESTABLECE LA EXENCIÓN EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, IMPUGNADA POR LOS SUJETOS EXCLUIDOS POR CONSIDERARLA VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, por lo que es clara la procedencia del Amparo para efectos de que se incluya a los quejosos el beneficio de esta deducción tal como se indica en la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 93/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Página: 175, bajo el rubro NORMA FISCAL QUE OTORGA UN BENEFICIO SÓLO A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES, SIN INCLUIR A OTROS QUE JURÍDICAMENTE SON IGUALES. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA SU INEQUIDAD, ES QUE SE INCLUYA AL QUEJOSO EN EL BENEFICIO
Consideramos grave que ya no se establezca que dicha deducción también se pueda realizar con respecto a los gastos para el cónyuge, concubina o concubinario, ascendientes o descendientes y que solo se limite a los que realice directamente al afectado al cual se le emita un certificado de incapacidad.
Es curioso como para el caso de los trabajadores derechohabientes al Seguro Social, por un lado el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, obliga a los patrones a inscribir a sus trabajadores y pagar sus cuotas que comprenden diversos seguros dentro de los que se incluye el seguro de riesgos de trabajo y que en su artículo 53 establezca si se cumple con lo anterior los patrones quedaran relevados de cualquier responsabilidad sobre riesgos de trabajo misma tendría que ser cubierta por el IMSS a través de las prestaciones en especie y en dinero establecidas en el Capítulo III de su Ley y que al final “entre líneas” se mande el mensaje de que si el IMSS no te puede dar lo que necesitas para recuperar la salud, tendrá que ser cubierto directamente por el trabajador “con el beneficio” de que lo pueda hacer deducible. Es claro que esta modificación refuerza lo que es evidente y que todos sabemos, es decir, que los sistemas de seguridad social están en números rojos, y que por tanto no podrán cumplir con su mandato constitucional.
Por otro lado es cuestionable por un lado el requisito de que la incapacidad sea mayor al 50% y por otro que solamente sea por casos de riesgo de trabajo, cuando por padecimientos con un porcentaje inferior o derivados de una enfermedad general también pueden generar gastos y desembolsos necesarios para recuperar la Salud.
Recordemos que en temas de Salud y Seguridad Social México ha suscrito diversos instrumentos internacionales que regulan la obligación que tiene el estado de brindarla, dentro de los que podemos mencionar al artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Por último diremos que es clara la inequidad con respecto a las personas físicas que no se encuentran afiliadas con un sistema de Seguridad Social y que también realizan este tipo de erogaciones ya sea para sí, para sus cónyuges o ascendientes y descendientes, sin contar con el beneficio de la deducción, como lo pueden ser las Personas Físicas por Honorarios, Actividad Empresarial etc., por lo que consideramos que los amparos tarde o temprano se interpondrán.
Gaceta Parlamentario número 4395-V del 29 de octubre de 2015
Boletín PRODECON 018/2015, fechado el 20 de octubre de 2015
www.ius.scjn.gob.mx

References: artículo 151
 artículo 477
 artículo 31
 artículo 15
 artículo 53
 artículo 22
 artículo 26