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Dispositivas LEY N° 27785
Responder Las Siguientes Interogantes Sobre Control Interno Gubernamental
acta #4.docx
Informe sobre el cumplimento de sus funciones y de
al Congreso y al Presidente de la República
DEJA DE SER INVISIBLE ¡EMPIEZA A SER TRANSPARENTE!
INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y DE GESTIÓN AL CONGRESO Y AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
SANDRA MORELLI RICO Contralora General de la República
CARLOS FELIPE CÓRDOBA LARRARTE Vicecontralor
Cp. DANIEL ALFONSO MORENO GUAVITA Secretario Privado
RAFAEL ENRIQUE ROMERO CRUZ Director Oficina de Jurídica
JHON JAIVER JARAMILLO ZAPATA Director Oficina de Control Interno
CONSUELO GONZALEZ LOZANO Directora Oficina de Control Disciplinario
SILVANA ORLANDELLI URUBURU Directora Oficina de Comunicaciones y Publicaciones
MARIA DEL PILAR YEPES MOCADA Directora Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional
C.R JAIRO GORDILLO ROJAS Director Oficina de Sistemas e Informática
HÉCTOR JAVIER OSORIO BOTELLO Contralor Delegado para el sector Agropecuario
LEONARDO ARBELAEZ LAMUS Contralor Delegado para el sector de Minas y Energía
MARIO SOLANO CALDERON
NELSON IZACIGA LEÓN Contralor Delegado para el sector de Infraestructura Física, Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional
LIGIA ELENA BORRERO RESTREPO Contralora Delegada para el sector Gestión Pública e Instituciones Financieras
JAVIER ALONSO LASTRA FUSCALDO Contralor Delegado para el sector Defensa, Justicia y Seguridad
CARLOS MARIO ZULUAGA PARDO Contralor Delegado para Participación Ciudadana
JORGE ENRIQUE CRUZ FELICIANO Contralor Delegado para el sector Medio Ambiente
CLAUDIA CRISTINA SERRANO EVERS Contralora Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva
MARGARITA JIMENEZ QUINTERO Gerente Gestión Administrativa y Financiera
CARLOS EDUARDO UMAÑA LIZARAZO Gerente del Talento Humano
CLAUDIA CRISTINA SERRANO EVERS Jefe (e) de Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción
RICARDO ANTONIO ESPAÑOL SUAREZ Jefe Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes
RAIMUNDO JOSE VELEZ CABRALES Jefe Unidad de Apoyo Técnico al Congreso
CR. CARLOS BARRAGAN GALINDO Jefe de Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático
Elaboración y revisión del informe:
Equipo de trabajo de consolidación:
OLGA ISABEL GARZÓN PÉREZ Asesora de Gestión Oficina de Planeación
JOSÉ MIGUEL ZAMBRANO GUERRERO Coordinador Oficina de Planeación
LEÓN ARTURO QUIJANO APONTE Coordinador Oficina de Planeación
FERNANDO ALMEIDA GARCÍA Profesional Grado 01 Oficina de Planeación
RAFAEL ANDRES RUÍZ PEÑA Profesional Grado 01 Oficina de Planeación
JAIME VIANA SALDARRIAGA Edición y corrección
Contraloría General de la República Carrera 10 Nº 17 18 P 26 PBX 3537700 Bogotá D.C., Colombia Julio 20 de 2012 www.contraloriagen.gov.co
1. IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 1474 DE 2011
1.1 El nuevo arreglo institucional
1.2 Investigaciones especiales contra la corrupción
1.2.1 La oralidad en el proceso de responsabilidad fiscal
1.2.2 Auditorias especiales
1.2.3 Laboratorio de Informática Forense
1.2.4 Búsqueda de bienes y recuperación de activos
1.3 Cooperación nacional e internacional de prevención, investigación e incautación de bienes
1.4 Apoyo técnico al Congreso
1.4.1 Cumplimiento de disposiciones constitucionales y legales
1.4.2 Cumplimiento de funciones otorgadas en la Ley 1474 de 2011
1.4.3 Asistencia Técnica de la Contraloría General al Congreso de la República, en apoyo a su
1.5 Seguridad y aseguramiento tecnológico e informático
1.6 Gerencias Departamentales Colegiadas
2.1 Implementación de los cambios del Código Contencioso Administrativo
2.2 Ley antitrámites
2.3 Grupo de Defensa Judicial
2.4 Segunda instancia en materia de procesos de responsabilidad fiscal
2.5 Posición jurídica institucional de asuntos relevantes
2.5.1 Posiciones de la Contraloría General de la República avaladas por las altas Cortes
2.5.2 Control excepcional
2.5.3 Vinculación de las compañías aseguradoras como terceros civilmente responsables
III. GESTIÓN MISIONAL AVANCES DEL NUEVO MODELO DE CONTROL FISCAL 66
Un nuevo modelo de control fiscal
Guía de Auditoria de la Contraloría General de la República
La auditoría enfocada a riesgos
El control y la vigilancia fiscal. Resultados del PGA 2011 y avance del PGA 2012
Seguimiento especial a los recursos destinados a la atención de la emergencia invernal 2010-
Estrategia de especial seguimiento fiscal al proceso electoral 2011
Especial seguimiento a otros temas
Funciones de advertencia: agosto 1 de 2011 a junio13 de 2012
1.2 Auditoría por proyectos
1.2.1 Metodología de auditoría a proyectos de inversión
Principales resultados de las auditorias por proyectos
2. INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA
2.1 Grupos de reacción inmediata
2.2 Fortalecimiento de los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva
2.2.1 Procesos de responsabilidad fiscal
2.2.3 Indagaciones preliminares
2.2.4 Resultados de los procesos de responsabilidad fiscal
2.3 Grupos de sustanciación
2.4 Control excepcional y concurrente
2.5 La desconcentración de funciones de investigación
2.6 Partes civiles
2.7 Medidas cautelares
2.8 Recaudos
2.9 Boletín de Responsables Fiscales
3. CONTROL FISCAL MACRO
3.1.1 Informe sobre la situación de las finanzas públicas
3.1.2 Situación de la Deuda Pública
3.1.3 Informe Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro
3.1.4 Informe sobre la Auditoría al Balance General de la Nación
3.1.5 Informe sobre el estado de los recursos naturales y el medio ambiente
3.2.1 Montaje y Funcionamiento
Los estudios sectoriales: nuevo enfoque
4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL FISCAL
4.1 Atención de denuncias
4.2 Centro de Atención Integral al Ciudadano (CAIC)
4.3 Promoción de la participación ciudadana
4.4 Medición de la satisfacción del ciudadano
4.4.1 Atención ciudadana
4.4.2 Actividades de promoción
4.5 Articulación del control fiscal con las organizaciones de la sociedad civil
1. CAPACITACIÓN Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERNACIONAL
1.1 Actividades de formación y capacitación
1.2 Actividades del Programa de créditos educativos con contraprestación de servicios
1.3 Actividades de mejora continua y administración del sistema de control y gestión de
1.4 Actividades de cooperación técnica nacional e internacional
1.4.1 Implementación del Sistema Integrado para el Control de Auditorías (SICA) Cooperación
triangular con Chile y Alemania
1.4.2 Acuerdos con instituciones internacionales para la lucha contra la corrupción
1.4.3 Cooperación técnica con organizaciones internacionales de entidades Fiscalizadoras Superiores
Actividades de cooperación nacional
2. MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA TECNOLÓGICA
Laboratorio para la Auditoria de la Información
2.3 Sistema de Rendición Electrónico de Cuentas e Informes (SIRECI)
2.3.1 Rendiciones por modalidades durante el 2011 y
2.3.2 Entidades sujetas de control, entes territoriales y funcionarios capacitados
2.3.3 Dependencias de la CGR y funcionarios capacitados
Evaluación del Sistema Integrado de Control de Auditoría (SICA)
2.5 Sistema Nacional de Control Fiscal (Sinacof)
2.6 Desarrollo de herramientas informáticas para estadísticas fiscales
2.7 Sistema de Gestión Documental (SGD)
3.1 Planta de Personal
3.2 Proceso de selección de personal mediante concurso abierto de méritos
3.3 Cultura y clima organizacional
3.4 Salud ocupacional
3.5 Control Disciplinario
3.5.1 La ética en la Contraloría General de la República
3.5.2 Asuntos disciplinarios
3.5.3 Prevención disciplinaria
3.5.4 Asuntos relacionados con la ética
Gestión presupuestal, financiera y contable
4.1.1 Ejecución presupuestal de agosto 1 a diciembre 31 de 2011
4.1.2 Ejecución presupuestal de la vigencia 2012
4.2 Gestión de recursos físicos
4.2.1 Ejecución del plan de compras periodo 2011- 2012
4.2.2 Coordinación de gestión para administrar bienes, servicios e infraestructura
4.3 Proyectos de Inversión
4.3.1 Logros
4.4.1 Gestión informativa
4.4.2 Portal Institucional
4.4.3 Comunicación organizacional
4.4.4 Medios de Comunicación
5. Sistema Integrado de Gestión y Control
5.1 Evaluación del Sistema de Control Interno
En mi calidad y condición de Contralora General de la República y en representación del máximo organismo de control fiscal, me permito dar cumplimiento al deber constitucional y legal de presentar al Honorable Congreso de la República y al señor Presidente de la República, el Informe de Gestión por el periodo comprendido entre los meses de julio de 2011 y junio de 2012.
Este segundo año de la administración permitió consolidar algunas de las iniciativas emprendidas en torno a la modernización del control fiscal y de la institucionalidad encargada del mismo.
En efecto, pasando por las modificaciones a la estructura de la entidad para hacerle frente a la lucha contra la corrupción, acompañada de la puesta en marcha de la oralidad, la Contraloría dio inicio a varios procesos de responsabilidad fiscal catalogados como de ―impacto nacional‖, en el curso de los cuales se han reducido sustancialmente los tiempos para dar una respuesta a la sociedad que espera la pronta recuperación de los recursos públicos de parte de quienes ilícitamente se adueñaron de ellos o permitieron por su acción u omisión que se generara el detrimento patrimonial. Algunos de los procesos que han entrado en este catálogo son los procesos vinculados con la salud (recobros, mesas de trabajo, comisiones no autorizadas, sobrecostos en medicamentos y procedimientos, etc.…)
De igual forma, la Contraloría ha venido fortaleciendo su papel de organismo técnico del Congreso de la República. En este rol se han venido afianzando tales relaciones, lo que ha permitido que el Congreso como usuario y cliente directo de este Órgano de Control y Vigilancia, cada vez más demande la presencia, los análisis y estudios y la intervención en los distintos debates legislativos y en las comisiones de seguimiento o las constitucionales y legales, vgr, la comisión legal de cuentas.
La presencia de la Contraloría en la defensa de los recursos públicos ha sido innegable. Con el establecimiento de las auditorías en tiempo real se pudo incrementar de manera cuantitativa y cualitativa el control fiscal. No ha sido de poca monta la gestión realizada por la CGR en cuanto al control fiscal de los recursos de la salud se refiere. El tema de la crisis de la salud derivada de la distracción de los recursos asignados a este derecho fundamental no pudo ser más contundente y responder a las necesidades actuales de la situación que Colombia ha venido reclamando. La CGR ha abanderado la persecución al uso inadecuado de los recursos de la salud, de distintos y muy numerosos actores interesados en apropiarse de dichos recursos. Vale la pena resaltar el gran apoyo y respaldo que en esta gestión ha recibido la CGR de parte de las distintas cámaras legislativas, lo cual, sin lugar a dudas, se constituye en un importante compromiso para seguir en la lucha y búsqueda de los recursos públicos aquí comprometidos.
Temáticas como el de las vigencias futuras, la minería ilegal, la reconstrucción por cuenta de los desastres de la ola invernal, han permitido un posicionamiento muy importante de la institucional frente a la comunidad.
De gran importancia ha sido también la presencia de la Contraloría en el seguimiento a las sentencias proferidas por la honorable Corte Constitucional sobre salud (T-760 de 2008) para garantizar de manera eficiente el derecho fundamental de la salud a los ciudadanos; a la sentencia T-025 de 2004 sobre el Estado de Cosas Inconstitucional declarado por esta Corte en relación con la situación de desplazamiento forzado; a la sentencia T-431 de 2011 sobre incidencia del estado de cosas inconstitucional declarado a la situación de Cajanal, relacionado con el reconocimiento de pensiones; al mandato incluido en la sentencia C-614 de 2009 sobre el desmonte de los contratos de prestación de servicios en los casos de funciones misionales. Igualmente la Contraloría le dio la mayor importancia a la creación de la comisión de seguimiento establecida en el artículo 201 de la ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, cuya función primordial es hacer seguimiento al proceso de diseño, implementación, ejecución y cumplimiento de las medidas contenidas en la Ley.
Acompasando esta mayor y mejor presencia institucional, hubo necesidad de revisar los procedimientos y guías auditoras, diseñando procedimientos más ágiles y expeditos para el Control Fiscal. Dicha labor se ha extendido a las Contralorías Territoriales, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, a través de la construcción colectiva con la orientación de la CGR de una nueva guía de auditoría territorial.
Toda esta adecuación no tendría sentido sin abordar el componente del talento humano. Para ello se inició el proceso de concurso para vincular a 262 personas cuyas vacantes están disponibles, Igualmente se emprendió un programa ambicioso de intervención de todo el personal para orientarlo hacia el logro y el resultado. A lo anterior, se suma la creación de 338 cargos con cargo al Sistema General de Regalías que permitirá un control en tiempo real a dichos recursos.
Para todo lo anterior, además de las otras funciones asignadas a la Contraloría General de la República; se viene ejecutando para el cuatrienio en curso (2011– 2014), el Plan Estratégico denominado ―Por un Control fiscal Oportuno y Efectivo‖; en el cual se formulan como pilares los siguientes objetivos corporativos:
1. Establecer un nuevo modelo integral de control fiscal.
2. Fomentar la participación ciudadana en el control fiscal y fortalecer el apoyo técnico al Congreso de la República
3. Incrementar las relaciones interinstitucionales e internacionales.
4. Modernizar la estrategia tecnológica de la CGR acorde con las políticas de estado TIC´s.
5. Fortalecer el talento humano y el esquema institucional.
Por consiguiente, el presente informe de resultados sigue la estructura del
Plan Estratégico y el nuevo enfoque legal, donde se le han asignado nuevas responsabilidades a la Contraloría General de la República, en los términos atrás indicados.
En primer lugar, se incluye lo relacionado con el marco jurídico centrado en la implementación de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), que busca fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y efectividad del control de la gestión pública. Así mismo, se hace alusión a otros contenidos normativos y su relación con el ejercicio del control fiscal, como son la implementación del Código Contencioso Administrativo, la ley anti-tramites, defensa judicial y segunda instancia en procesos de responsabilidad fiscal.
En este contexto, se incluye la referencia a los temas trabajados, que han sido objeto de disposiciones internas reglamentarias para viabilizar las acciones y actividades relacionadas con las investigaciones especiales contra la corrupción, la cooperación nacional e internacional de prevención, investigación e incautación de bienes, el apoyo técnico al Congreso, seguridad y aseguramiento tecnológico e Informático y fortalecimiento de las estructuras de las gerencias colegiadas departamentales.
De manera adicional y con base en lo prescrito por la Ley 1474 de 2011, la Contraloría General de la República conjuntamente con la Fiscalía, la Procuraduría, el Ministerio del Interior, la Presidencia de la República, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Policía Nacional adelantan la firma de un convenio que tiene por objeto la creación de un grupo élite para el intercambio de información, capacitación, análisis en la lucha contra la corrupción y seguimiento al empleo de los recursos públicos colombianos en materia fiscal, penal, disciplinaria y policial.
En segundo lugar, el informe incluye la gestión misional y los logros alcanzados en la formulación y desarrollo del ―Nuevo Modelo de Control Fiscal‖, iniciando con la adopción de una nueva Guía de Auditoria que regula el proceso auditor en la CGR, con el propósito de instaurar un nuevo enfoque al ejercicio del control fiscal en Colombia, para lograr mayor efectividad y oportunidad y, por lo tanto, mejores resultados institucionales.
Este nuevo modelo de control fiscal, basado en resultados, tiene como fundamento un ejercicio auditor sectorial e intersectorial a planes, programas y proyectos de inversión, sin descuidar el mandato constitucional y legal de auditar los sujetos de control. En efecto, la Contraloría General de la República (CGR) reorientó su proceso auditor no sólo al cumplimiento de normas, procesos y procedimientos, sino que se basa fundamentalmente en la verificación del logro de los resultados, que le permitan al Estado cumplir con sus fines esenciales.
Otro aspecto importante son las auditorias basadas en una orientación de riesgos, lo cual permite realizar un análisis detallado de los entes o asuntos a
auditar, para focalizar el proceso de auditoría a aquellos aspectos en los que pueda existir un mayor riesgo. Para este efecto se utiliza la ―matriz de riesgos‖, como herramienta de identificación de prioridades sectoriales, las cuales partiendo de indicadores, permiten priorizar los entes o asuntos a auditar en la elaboración del Plan General de Auditorias (PGA).
En el presente periodo se consolido el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI), como una herramienta tecnológica mediante la cual los sujetos de vigilancia y control fiscal y las entidades del nivel territorial, rinden cuenta e informes de manera electrónica a través de la pagina web de la CGR, según la modalidad de rendición a la Contraloría General de la República.
Mediante un Convenio de Cooperación Técnica, la Contraloría General de la República de Chile puso a disposición de la Contraloría General de la República de Colombia el Sistema Informático denominado Sistema Integrado de Control de Auditorías (SICA).
Dentro de los objetivos del SICA están, entre otros, el de fortalecer la gestión de la función de auditoría e Investigaciones especiales de la Contraloría General de la República, el mejoramiento de la capacidad profesional y la utilización eficaz y eficiente de sus recursos, mediante aplicaciones tecnológicas avanzadas. En el enfoque y alcance del sistema SICA, se encuentran el sistema documental que permite la trazabilidad y asegura la consistencia de la información; el sistema colaborativo que permite el trabajo coordinado entre diferentes roles; el sistema basado en Web (Internet), con acceso vía Portal CGR y el sistema modular e integrado, que coordina tareas individuales en una cadena de valor.
De otra parte, en este acápite se presentan los resultados del Plan General de Auditoria PGA 2011 y el avance del PGA 2012; para este último, transcurridos cinco meses, se alcanza una cobertura del 48% de las auditorias programas en el presente año, a sujetos de control; planes, programas y proyectos y recursos transferidos del nivel nacional al nivel territorial, como el Sistema General de Participaciones y las regalías. De manera complementaria, se incluye una síntesis de los casos de impacto nacional y los resultados de las auditorias más relevantes por sectores. Se destaca el seguimiento en tiempo real, a los recursos destinados a la emergencia provocada por la ola invernal, seguimiento al proceso electoral 2011, y a las políticas de agua potable y saneamiento básico en Colombia.
Es preciso mencionar aquí que dentro de las auditorías para los informes de ley, durante el primer semestre del 2012, se dio continuidad a la estrategia de implementar durante los cuatro años de esta administración una estrategia integral para aumentar sustancialmente la cobertura en el control y vigilancia fiscal combinando criterios cuantitativos con criterios cualitativos para generar un mayor impacto.
En cuanto a las funciones de advertencia, es preciso destacar que durante el periodo se han formulado 163, por un monto aproximado de 1.5 billones de pesos. El informe incluye una relación detallada por sectores.
Respecto a las funciones relacionadas con el proceso de investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva, vale señalar la importancia de la estrategia de los Grupos de Reacción Inmediata (GRI) mediante los cuales se han atendido algunos casos con irregularidades por el impacto socio-ambiental generado en temas como procedimiento de cargue, transporte y descargue de carbón en el departamento del Magdalena; procesos contractuales adelantados por la Gobernación de La Guajira e Irregularidades en el Incoder, entre otros. Igualmente 15 procesos de responsabilidad fiscal cuya cuantía asciende a $61.761 millones. Los casos más representativos obedecen a irregularidades en la ejecución de contratos en los departamentos de Magdalena y Casanare.
En cuanto a las indagaciones preliminares, se dio inicio a 383, de las cuales 265 concluyeron con apertura de procesos de responsabilidad fiscal y 118 fueron archivadas. En relación con los procesos de responsabilidad fiscal adelantados por la Contraloría Delegada para Investigaciones, en el período objeto de este reporte se abrieron 1.031 en cuantía de $1.426.212 millones.
De otra parte, en el periodo comprendido entre julio de 2011 y junio de 2012 se han adelantado 149 actuaciones de control excepcional y concurrente; la mayor proporción de solicitudes de control excepcional proviene de las veedurías ciudadanas y entidades autorizadas legalmente para solicitar este tipo de control. Estos procesos no son otra cosa que la expresión de la confianza de las instituciones y de la ciudadanía en la CGR al desplazar la competencia de otros órganos de control fiscal hacia esta institución.
Con respecto al control fiscal macro, se han realizado los análisis de la situación de las finanzas públicas, deuda pública, presupuesto y cuentas del tesoro, auditoria al balance general de la Nación y el estado de los recursos naturales y el medio ambiente, temas que igualmente se presentaran al Congreso de la República, en los respectivos informes de ley, iniciando las sesiones legislativas ordinarias en el segundo semestre de 2012. Con este trabajo se han puesto en evidencia serias deficiencias en la contabilidad pública como es la ausencia de revelación adecuada del pasivo pensional de la Nación con las consabidas consecuencias que esta omisión acarrea.
Se debe resaltar el montaje y funcionamiento de un observatorio de políticas públicas, proyecto que busca reforzar el proceso macro sectorial de la Contraloría General de la República, en la perspectiva de verificar el cumplimiento del principio del ―Goce Efectivo de Derechos‖ en los programas y proyectos dirigidos a la población vulnerable y de manera específica a la población en pobreza extrema, mediante el diseño e implementación de un conjunto de herramientas y guías metodológicas que permitan verificar que dichos recursos se asignen y ejecuten con base en criterios de eficiencia, equidad, pertinencia y oportunidad. Esperamos que podamos tener al final de esta administración un adecuado balance y análisis de las políticas públicas establecidas por el Gobierno.
La participación ciudadana, que ha sido uno de los pilares de la presente administración de la CGR, se materializa con la vinculación efectiva de la ciudadanía en el Control Fiscal Participativo en materia de atención de
denuncias, información, formación, organización, deliberación, atención de documentos de origen ciudadano, medición de satisfacción del ciudadano y promoción de la participación ciudadana.
El informe incluye un capítulo sobre el fortalecimiento institucional, que contiene temas relevantes como los de capacitación de los servidores públicos de la CGR y la cooperación interinstitucional e internacional, que incluye actividades de formación y capacitación, programas de créditos educativos con contraprestación de servicios, que fortalecen la capacidad profesional del talento humano al servicio de la entidad.
Este fortalecimiento institucional, cubre adicionalmente una estrategia de modernización de la estructura tecnológica de la CGR, acorde con la políticas de estado de TIC’s, dirigida al manejo electrónico de la información y su integración con los diferentes sistemas de información estatales, para facilitar, optimizar y hacer más eficiente el cumplimiento de la misión Institucional y brindar en tiempo real la información a la ciudadanía.
Igualmente, se ha implementado el Laboratorio de Informática Forense (LIF), que presta asesoría y colaboración técnica a las dependencias de la entidad; para tal efecto se han adquirido equipos y el software especializado de la informática forense. Se cuenta con unidades portátiles de recuperación de evidencia y estaciones de trabajo de informática forense, medios de almacenamiento masivo.
En cuanto a la estructura y planta de personal de la CGR, se están adelantando los estudios que permitirán adecuar la estructura y planta de personal al nuevo marco normativo.
El portafolio de proyectos de la CGR, en el periodo objeto del presente informe, consta de 14 proyectos registrados y actualizados en el sistema SUIFP del Departamento Nacional de Planeación, los cuales coadyuvan al cumplimiento de los objetivos enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno y en coherencia con el plan estratégico de la CGR, entre los que se encuentran el fortalecimiento de la calidad y cobertura de la vigilancia de la gestión y una mayor cobertura de las auditorías.
Se encuentran en etapa de finalización, durante el presente periodo fiscal, proyectos como los siguientes:
 Adquisición de 19 sedes propias para la Contraloría General de la República en Arauca, Armenia, Florencia, Ibagué, Leticia, Manizales, Mitú, Mocoa, Pasto, Pereira, Popayán, Puerto Carreño, Puerto Inírida, Quibdó y San José del Guaviare
 Adquisición y desarrollo de sistemas de informática y telemática dentro del nuevo esquema de cambio y fortalecimiento institucional de la Contraloría General de la República.
 Capacitación a la ciudadanía como apoyo al ejercicio del control fiscal a nivel nacional.
 Mejoramiento de las herramientas requeridas para el control de
resultados de los gestores fiscales a nivel territorial.
En el primer periodo de la presente vigencia se han formulado y registrado en el sistema SUIFP del DNP los siguientes seis proyectos:
 Adquisición de una plataforma tecnológica para estandarizar la dinámica del sistema de contabilidad presupuestal e implementar el banco de datos fiscales del sector público nacional, mediante el aprovechamiento de las TIC´s.
 Desarrollo Institucional de la CGR para un control fiscal oportuno y eficiente, con el fin de investigar, desarrollar e implementar instrumentos y metodologías para fortalecer esta gestión.
 Implementación de herramientas tecnológicas para la administración y fortalecimiento del sistema de control fiscal nacional, tanto para la CGR para las contralorías territoriales.
 Fortalecimiento de la promoción y desarrollo del control ciudadano como apoyo al ejercicio del control fiscal a nivel nacional.
 Adquisición e integración de tecnologías de información y comunicaciones para la CGR, con el fin de modernizar la estructura tecnológica de la entidad.
 Adquisición ampliación de infraestructura física para la CGR, con el fin de contar con instalaciones propias en todas las capitales departamentales, que brinden una infraestructura física suficiente y acorde a nuestras necesidades, que nos permitan satisfacer el bienestar de la estructura organizacional para facilitar y agilizar la gestión institucional.
La Contraloría General de la República ha adoptado el lema, ―Deja ser invisible. Empieza a ser transparente”, en un sentido de pertenencia, para que la presencia del máximo organismo de control fiscal se materialice dentro del contexto nacional. De esta manera, la acción del control fiscal se afianza en el logro de sus resultados, en estos tiempos de grandes desafíos ante los fenómenos de corrupción que se han venido identificando en la CGR, convirtiéndose en una pieza esencial en la construcción del Estado Social de Derecho.
Como se puede observar, la Contraloría General de la República ha iniciado un proceso de cambio, asumiendo el gran reto de combatir de manera efectiva los fenómenos de corrupción, tanto a nivel nacional como territorial y a la recuperación de los bienes obtenidos como fruto de la defraudación o lavado de activos con los recursos públicos.
El fortalecimiento del control fiscal y de la institucionalidad se constituyen pues en el foco de todas las realizaciones. Este es un esfuerzo conjunto de todo el equipo de la Contraloría en unión con la ciudadanía y el Honorable Congreso
de la República a quienes agradecemos su apoyo constante para el logro en el que estamos empeñados y es la recuperación de la dignidad y fortaleza de esta institución para que se consolide como un órgano autónomo e independiente con altos estándares de calidad, eficiencia, y ética y que contribuya eficazmente a la salvaguarda de los bienes públicos.
SANDRA MORRELLI RICO Contralora General de la República
1 Con el fin de fortalecer las acciones en contra de la corrupción, mediante la Ley 1474 de 2011, artículo 128, se crearon dentro de la estructura de la Contraloría General de la República (CGR) la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes, la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso y la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático, como dependencias adscritas al Despacho de la Contralora General de la República y dirigidas por un Jefe de Unidad del mismo nivel de los jefes de las oficinas asesoras.
A continuación, se mencionan los temas que han sido objeto de las disposiciones reglamentarias expedidas para desarrollar lo previsto en la citada Ley:
 Adopción de la Guía de Auditoría de la CGR, en la que se contemplan los diferentes roles que desempeñan los Contralores Provinciales dentro del Proceso Auditor 2 .
 Adición de la Resolución No. 5044 de 2000 y adopción de la Resolución No. 067 de 2008, para los empleos de la Planta de Personal de la Contraloría General de la República creados por el artículo 128 de la ley 1474 de 2011, para establecer las funciones de cada uno de los empleos creados, 3 como la expedición de las normas sobre el funcionamiento interno de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción 4 y la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso. 5
 Establecimiento de las competencias en el nivel desconcentrado de la Contraloría General de la República para el conocimiento y trámite del control fiscal micro, el control fiscal posterior excepcional, la atención de quejas y denuncias ciudadanas, la indagación preliminar fiscal, el proceso de responsabilidad fiscal, el proceso de jurisdicción coactiva y el proceso
1 Tomado del Informe de la CGR a la Comisión de Vigilancia a los Organismos de Control de la Cámara de Representantes en el mes de Mayo de 2012
2 Resolución Orgánica 6368 del 22 de agosto de 2011
3 Resolución Reglamentaria No. 135 del 2 de septiembre de 2011
4 Resolución Orgánica No. 6397 de octubre 12 de 2011.
5 Resolución Orgánica No. 6518 de marzo 16 de 2012
administrativo sancionatorio fiscal, en atención a las modificaciones establecidas en la Ley 1474 de 2011. 6
Cabe resaltar otros aspectos que se han adelantado con miras a la implementación de la ley y, en particular, el proceso de incorporación de las dependencias y cargos nuevos a la estructura organizacional de la CGR:
 De otra parte, desde el punto de vista funcional fue necesario ajustar el esquema establecido en el modelo de operación por procesos, para hacerlo acorde con el contenido de la ley, lo que implicó estructurar el nuevo Mapa de Macro-procesos que fue aprobado por el Comité Directivo celebrado los días 26 y 30 de enero de 2012, coadyuvando al cumplimiento del Nuevo Modelo de Control Fiscal establecido en el Plan Estratégico 2010-2014 “Por un Control Fiscal Oportuno y Efectivo”.
 En lo que respecta a la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático, las direcciones de seguridad y aseguramiento tecnológico e informático y a la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes, se encuentran actualmente funcionando de acuerdo con las atribuciones generales asignadas por la ley y están pendientes de su reglamentación interna; la Oficina de Planeación se encuentra realizando la correspondiente revisión técnica.
La Contraloría General de la República sufre un cambio trascendental con la expedición del Estatuto Anticorrupción con ocasión de la introducción del procedimiento verbal en los Procesos de Responsabilidad Fiscal, asignándole a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción la misión de liderar el adelantamiento de este nuevo procedimiento para los casos declarados de alto impacto nacional con el fin de brindar resultados oportunos en la lucha contra la corrupción, es de destacar que a la fecha se han realizado 43 sesiones de audiencias.
Es importante destacar que se profirió el primer fallo con responsabilidad fiscal bajo el procedimiento verbal en el proceso 6-007-11 cuya entidad afectada fue la Industria de Licores del Valle adelantado por irregularidades en el contrato N 20080035, suscrito entre la licorera y la Unión temporal Comercializadora Logística Integral S.A., por medio del cual se fijaron políticas de promociones obsequiando unidades de degustación las cuales son exentas de pago de impuestos lo cual generó unos ingresos no recaudados por concepto de impuestos para el Departamento del Valle del Cauca en cuantía de $40.767 millones.
6 Resolución Orgánica No. 6541 del 18 de abril de 2012
Con el propósito de dar cumplimiento al artículo 128 del Estatuto Anticorrupción por medio del cual se crea entre otras la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y 11 Contralorías Delegadas Intersectoriales para investigar hechos que exijan la intervención inmediata de la entidad por el riesgo inminente de pérdida o afectación indebida del patrimonio público o para establecer la
ocurrencia de hechos constitutivos de responsabilidad fiscal y recaudar y asegurar las pruebas para el adelantamiento de los procesos correspondientes, se expidieron las Resoluciones 135 y 6397 de 2011 que reglamentaron las funciones
y requisitos para el desempeño de los nuevos cargos y el funcionamiento interno de la mencionada Unidad.
En virtud de la última de las resoluciones mencionadas se circunscribió la
competencia de esta Unidad para adelantar auditorías, indagaciones preliminares
y conocer en primera o única instancia de los procesos de responsabilidad fiscal cuyos hechos hayan sido declarados de Impacto Nacional en los términos prescritos en el citado artículo 128.
El estatuto anticorrupción creó el procedimiento verbal dentro del proceso de responsabilidad fiscal, cuando del análisis del dictamen del proceso auditor, de una denuncia o de la aplicación de cualquiera de los sistemas de control, se determine que están dados los elementos para proferir auto de apertura e
imputación7
A junio de 2012 en la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción
se adelantan las siguientes actuaciones en cuantía aproximada de cinco billones
Procesos a Cargo de la UIECC
Fuente: Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción – UIECC Junio 2012
7 Ley 1474 de 2011, art 97
Cuantías por tipo de Actuación
$ 3.944.108.945.554
$ 1.231.453.409.405
$ 14.864.600.000
$ 5.190.426.954.959
Fuente: Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción – UIECC Junio 2012 ($Millones de Pesos)
Procesos por Sector
Procesos adelantados en la UIECC por Sector
Se hace necesario mencionar algunos de los procesos que se adelantan bajo el procedimiento verbal por las irregularidades que se describen a continuación:
 Contratación innecesaria y con sobrecostos de publicidad para el Programa Agro Ingreso Seguro durante los años 2007 a 2010 en cuantía de $14.982 millones aproximadamente.
 Realización de operaciones patrimoniales con los recursos parafiscales en beneficio de Saludcoop, en cuantía aproximada de $1.069.139.400 millones.
 Prestación y pago de servicios a la EPS Cafam sin contar con la habilitación para la respectiva prestación del servicio lo que genera un presunto detrimento de $4.649 millones.
 Irregularidades relacionadas con los contratos para la adecuación y construcción de la fase III de Transmilenio, tema conocido como el cartel de la contratación, en cuantía aproximada de $226.586 millones.
 Contratación entre INCO y la Sociedad Concesión autopista Bogotá- Girardot, con ocasión del contrato de concesión Nro. GG040 del 1 de julio de 2004, por valor aproximado de $51.205 millones.
 Irregularidades en la gestión fiscal del Comité de Defensa y conciliación del INVIAS, para adelantar el proceso ejecutivo 20002747 instaurado por CONIGRAVAS S.A. , INVIAS ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, en cuantía de $35.229 millones aproximadamente.
 En los contratos de arrendamiento suscritos por Fondelibertad, en cuantía de $1.359 millones.
Respecto a los procesos de responsabilidad fiscal que se adelantan por el procedimiento ordinario vale mencionar los que se relacionan por las siguientes irregularidades:
 Reconocimiento de pensiones en el Consejo Superior de la Judicatura, en cuantía de $13.786 millones aproximadamente.
 Inversión aproximada de $240.092 millones en diferentes patrimonios autónomos y bonos TES, los cuales una vez vencidos no fueron reintegrados a los entes inversionistas.
 Ejecución del Contrato de Interventoría del contrato de Concesión RUNT SA en cuantía aproximada de $782 millones.
 Ejecución de diferentes contratos de concesión en cuantía aproximada de $440.000 millones.
 Ejecución de contratos para atender la ola invernal en cuantía de $3.620 millones.
 Licitación del tercer canal de televisión por cuantía de $52.000 millones.
De la misma manera se han enviado a la Unidad actuaciones relacionadas con el presunto daño patrimonial a los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud, que actualmente se encuentran en estudio, respecto de:
 Coomeva EPS
 Caprecom EPS-S
 Sanitas EPS
 Ministerio de Salud – FOSYGA (Procesos excepcionales de Compensación)
 Nueva EPS (Contratación e Integración Vertical)
 Ministerio de Salud (Sobrecosto de Medicamentos)
 Superintendencia Nacional de Salud
Es importante mencionar que a diez meses de su creación, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción ha recuperado aproximadamente Cuarenta y siete mil setecientos setenta y cuatro millones ($47.774), discriminados así:
No. Actuación
CD-000197
CD -000187
CD- 000171
CD-000266
CD-000178
CD-000200
Municipio de Villavicencio- Meta
Hallazgos Fiscales relacionados con el seguimiento al Régimen Subsidiado en Salud
Respecto al control y vigilancia de los recursos de la Salud 2011 – 2012, seguimiento al régimen subsidiado, la Contraloría Delegada para el sector Social trasladó hallazgos fiscales por más de 1 billón de pesos de un total de 1,5 billones girados, como resultado de la auditoría especial sobre el manejo de los recursos del régimen subsidiado de salud adelantada en 74 localidades de todas las regiones del país, así:
$553.731,10 (m)
Fuente: CD Social Junio 2012
$191.390,22 (m)
$127.105,57 (m)
$104.377,00 (m)
$42.328,22 (m)
553.731.100.000,00
191.390.220.000,00
127.105.570.000,00
104.377.000.000,00
42.328.220.000,00
1.018.932.110.000,00
Los hallazgos mencionados anteriormente se desagregan, así:
Hallazgos Presupuestales y financieros: diferencias entre los recursos asignados vs. los recursos presupuestados; no incorporación de la totalidad de los recursos en el presupuesto.; pagos no permitidos de la cuenta maestra con cheque; no incorporan en el presupuesto los recursos de ETESA, y de los recursos propios para financiar los contratos del Régimen Subsidiado por estas fuente; no incorporación en el presupuesto de los rendimientos financieros, no incorporación de reservas presupuestales; no creación de la cuenta especial Fondo Local de Salud en el presupuesto; no incumplimiento de los pagos anticipados a las EPS’s; giro del patrimonio autónomo a las EPS’s, no contratadas por los municipios.
Hallazgos en Contratación: contratos sin soportes contractuales (Pólizas, Red Prestadoras); no liquidación de contratos vigencia 2010, ni de vigencias anteriores; no contratación del 60% con las IPS; saldos de liquidaciones de contratos sin cancelar.
Hallazgos en Interventoría de Régimen Subsidiado: firmas interventoras no habilitadas; firmas interventoras que no entregaron informes y no realizaron seguimiento a todos los procesos de Régimen Subsidiado y sin embargo el municipio les canceló; los municipios realizaron interventoría directa sin autorización del Ministerio de la Protección Social.
Hallazgos en Cartera: municipios que adeudan a las EPS; carteras muy diferentes: no coinciden las carteras EPSs, frente a las IPS; las EPS no realizan pagos oportunos a las IPS.
Hallazgos en Bases de Datos: pago de personas fallecidas a las EPS; bases de datos con multiafiliados; pagos de usuarios sin derecho al Régimen Subsidiado; empleados de la Alcaldía, Docentes y Concejales en el Régimen Subsidiad; no sisbenizados, ni en listados censales que están en el Régimen Subsidiado.
Teniendo en cuenta que el Estatuto Anticorrupción otorgó facultad a la Unidad de Investigaciones Especiales para adelantar auditorías especiales, es preciso destacar las principales actuaciones que desde la promulgación de la ley, en virtud de dicha potestad, se han adelantado:
Seguimiento a las políticas públicas y recursos aplicados en la lucha contra la pobreza
La Contraloría General de la República conformó en el 2012 un grupo de trabajo permanente para el seguimiento a las políticas públicas y recursos aplicados en la lucha contra la pobreza, con el fin de contar con herramientas, instrumentos y metodologías para hacer más eficiente el control fiscal de los recursos destinados en favor de la población en condiciones de vulnerabilidad, de manera que éstos se asignen de manera eficiente y equitativa.
Por consiguiente, desde el despacho de la Señora Contralora se emitió la Resolución Orgánica No. 6486 de febrero de 2012, por medio de la cual se creó el Equipo de Trabajo de Seguimiento a las Políticas Públicas de Lucha contra la Pobreza, con el fin de mejorar el compromiso institucional en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional declarado por la honorable Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004 y el cumplimiento a la Ley 1448 de 2011.
La Corte Constitucional, por medio del Auto 219 de octubre de 2011, estableció obligaciones precisas a la Contraloría General de la República, en los siguientes términos:
“Fortalecimiento de la capacidad institucional
Séptimo.- SOLICITAR a la Contraloría General de la República que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, (i) ejerza control fiscal, posterior, selectivo, oportuno y por proyectos a todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada – SNAIPD; (ii) promueva un especial seguimiento, con el apoyo de las demás contralorías delegadas, a los recursos estatales destinados a la participación ciudadana, a las emergencias y a los desastres, en desarrollo de lo establecido por el artículo 55, numeral 8 del Decreto Ley 267 de 2000; (iii) realice una vigilancia fiscal de carácter especial a los recursos destinados a garantizar la superación del estado de cosas inconstitucional en los términos del Decreto Ley 267 de 2000; y (iv) remita el 1 de abril de cada año a la Corte Constitucional un informe sobre los resultados alcanzados en el seguimiento oportuno que haga de la asignación y ejecución presupuestal en materia de programas nacionales para población desplazada y determine el monto del daño fiscal causado, en el ámbito de los procesos fiscales respectivos adelantados contra los presuntos responsables.
Vigésimo.- SOLICITAR a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, y a la Contraloría General de la Nación, para que en ejercicio de sus competencias, valoren las condiciones bajo las cuales se han realizado los retornos informados por el Gobierno Nacional, así como las condiciones bajo las cuales se pretenden adelantar los retornos que hacen parte del “Plan Retornar es Vivir” y presenten a la Corte Constitucional el 15 de diciembre de 2011 un informe, por escrito y en medio digital, con sus conclusiones y observaciones.
Adopción de un mecanismo de participación amplio y democrático para las organizaciones de población desplazada.
Vigésimo quinto.- SOLICITAR a todas las entidades que conforman el SNAIPD, para que acudan e intervengan activamente en los talleres de política pública y mesas de trabajo interinstitucionales propuestos por la Contraloría General de la Nación en el marco del Programa de Control Fiscal Participativo a la Política Pública del Desplazamiento Forzado por la Violencia, a fin de permitir que dicho ente de control, en su tarea misional, audite los mecanismos de participación
efectiva de la población desplazada en cada una de las entidades SNAIPD, y promueva los ejercicios de rendición de cuentas informando los resultados de la evolución.
Avance adecuado en la garantía de los derechos a la salud y a la educación de la población en desplazamiento y modificación del método de seguimiento
Vigésimo octavo.- SOLICITAR a la Procuraduría General de la Nación, a la
Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República, que en el ámbito
de sus competencias, continúen haciendo seguimiento a los avances en materia de
protección del derecho a la salud de la población desplazada en general y en el evento en que se vuelvan a presentar condiciones similares a las que dieron lugar
a la declaratoria del estado de cosas inconstitucional, soliciten a la Corte
Constitucional que reasuma el seguimiento de este componente hasta tanto sean superadas esas falencias y obstáculos para el goce efectivo del derecho a la salud de la población desplazada. Además del seguimiento por parte de los órganos de control, las organizaciones de población desplazada, las organizaciones sociales nacionales e internacionales y los organismos internacionales que han acompañado el proceso de seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004, podrán ejercer una veeduría sobre la atención en salud para la población desplazada y solicitar a la Corte Constitucional que reasuma su competencia
cuando se presenten condiciones de vulneración del derecho a la salud de la población desplazada, similares a las que dieron lugar a la declaratoria del estado
de cosas inconstitucional.
Trigésimo tercero.- INVITAR a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República, y a la Defensoría del Pueblo, a que dentro del ámbito de sus competencias, continúen haciendo seguimiento a las acciones adelantadas para la superación del estado de cosas inconstitucional y la garantía del goce efectivo de los derechos de la población desplazada.‖
Por otro lado, la ley 1448 de 2011 Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, ordena en su artículo 201 que se conforme una comisión cuya función primordial es hacer seguimiento al proceso de diseño, implementación, ejecución y cumplimiento de las medidas contenidas en la Ley. La Comisión está conformada por la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación con la representación de tres ciudadanos a nombre de las víctimas. La comisión además deberá entregar un informe al Congreso, dentro del mes siguiente al inicio de legislatura de cada año, es decir cada mes de agosto durante diez años a partir del presente.
Con el fin de darles cumplimiento a estas obligaciones, el Equipo de Trabajo de Seguimiento a las Políticas Públicas de Lucha contra la Pobreza creó cinco grupos de trabajo:
 Fortalecimiento a organizaciones de población en situación de desplazamiento en Control Fiscal Participativo
Empoderarse de espacios de participación ciudadana en el accionar del control fiscal es en sí mismo una tarea de grandes responsabilidades, que se enfrenta a considerables retos. Para la Contraloría General de la República, la participación ciudadana se ha convertido en un principio y una práctica que refuerza la vigilancia de la gestión pública, desencadenando en resultados positivos que han permitido que el control fiscal y el control social gesten una confluencia estratégica para responder en tiempo real y con calidad a las denuncias que la ciudadanía le expone.
Es de prioridad misional para la Contraloría General de la República, encauzar esfuerzos para obtener una real y efectiva participación ciudadana con el fin de vigilar lo público. Así, se crea el grupo de Fortalecimiento en Control Fiscal Participativo a Organizaciones de Población Víctimas y en Situación de Desplazamiento, el cual surge de la necesidad de involucrar a esta población y sus organizaciones en el Control Social a la Gestión Pública de la política de desplazamiento, con el fin de construir de manera participativa, rutas que permitan incidir en la política pública, posibilitar una adecuada coordinación entre Nación – Territorio y secundar la garantía de los derechos.
El proyecto se adelanta en los departamentos de Putumayo, Huila, Nariño, Meta, Arauca, Norte de Santander y Chocó. En las regiones del Uraba chocoano y antioqueño. En los municipios de Buenaventura y Tumaco. En cada zona se realizan reuniones de sensibilización; Talleres de Cartografía Social; Mesas Interinstitucionales; y Audiencias Públicas de rendición de cuentas, deliberativas e informativas. A agosto de 2012, este Programa ha trabajo en diez zonas del país, con un promedio de 270 asociaciones, que representan sesenta mil ciudadanos víctimas, de los cuales, el 80% presenta situación de desplazamiento forzado por la violencia.
 Auditoria al Componente de Estabilización socioeconómica de la política pública al desplazamiento forzado
Este primer proceso auditor se enfoca en el componente de Estabilización Socioeconómica y sus tres subcomponentes: tierras, generación de ingresos y vivienda rural y urbana. El proceso auditor comenzó el 28 de febrero de 2012, y se realiza sobre 17 entidades estatales, 14 de ellas clasificadas como de alto y medio impacto y 3 de bajo impacto para la auditoría. Además de lo anterior se han efectuado visitas de campo para verificar asuntos relativos a los subcomponentes de tierras y vivienda rural y urbana en los departamentos de: Meta, Nariño, Arauca, Huila y Magdalena.
Se elaboró, con el equipo auditor, un instrumento de seguimiento de la Sentencia T-025 y los autos referentes a los subcomponentes a
auditar, el cual ha sido aplicado a entidades como el Departamento Nacional de Planeación, Departamento de la Prosperidad Social, Servicio Nacional de Aprendizaje, Ministerio de Comercio, Ministerio de Vivienda, Fonvivienda, Unidad de Victimas, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.
 Análisis a la política pública para la atención a la población vulnerada extrema
Este estudio evalúa la política pública para la atención a la Población vulnerable, es decir la intersección entre población Sisben 1 y 2, en situación de desplazamiento forzado por la violencia, y damnificada por la ola invernal. Se busca analizar la oferta y demanda de servicios sociales públicos para las poblaciones vulnerables y determinar con ello las fugas de recursos y las barreras de acceso a la población.
La propuesta metodológica escogida es una adaptación de los conceptos de vulnerabilidad y enfoque de Medios de Vida Sostenible-MVS y ya se hizo un primer ejercicio de identificación de programas del orden nacional enfocados a las tres poblaciones y agregación de los recursos asignados. De igual manera se busca construir un mapa de riesgo de la ejecución de las políticas para la atención de la población vulnerable y el protocolo e instrumento de seguimiento de la población identificada. Para este componente se requiere la identificación del número efectivo de personas y hogares que se encuentran actualmente en condición de alta vulnerabilidad (según las características de pobreza extrema, desplazamiento y ola invernal) y su ubicación. A la fecha se ha recolectado información sobre el Registro Único para Población Desplazada RUPD a enero de 2012, SISBEN III a diciembre de 2011 y del Registro Único de Damnificados por la Emergencia Invernal REUNIDOS tercer corte diciembre de 2011. Actualmente la Contraloría General de la República se encuentra adelantando el proceso de sistematización y cruces de esta información.
 Seguimiento a la restitución de tierras despojadas o abandonadas por la violencia
Este equipo avanza en la construcción de unos indicadores que permitan un monitoreo y seguimiento técnico a la aplicación y ejecución de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, donde se han construido los diagramas de procedimientos, además de analizar los indicadores de goce efectivo de los derechos que el gobierno nacional debe presentar a la Corte Constitucional. A la fecha se encuentra en última fase la estructuración de un convenio entre la Contraloría General de la República y la Misión de Apoyo al proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos.
Como resultado del primer semestre de trabajo de este grupo se ha elaborado un primer informe sobre la restitución de tierras, para el cual se tomaron como insumos el análisis de la ley y sus decretos
reglamentarios en materia de restitución de tierras, información solicitada y visitas directas a las entidades involucradas, que son el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, la Superintendencia de Notariado y Registro - Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y con un énfasis especial la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de la Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) del Ministerio de Agricultura. Además se ha hecho trabajo de campo en los siguientes departamentos: Huila, Tolima, Magdalena y Bolívar.
 Informe de monitoreo y seguimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
Este último grupo utiliza como insumos los resultados de los grupos anteriormente mencionados para la realización del informe anual que la Comisión de Seguimiento debe entregar al Congreso de la República. El primer informe se entregará el próximo 20 de agosto y contiene los principales resultados del seguimiento a la implementación de la Ley en relación con el avance de la organización institucional, que incluye los subcomités de coordinación, la coordinación entre la nación y las entidades territoriales. Se examina la propuesta de financiamiento del Gobierno Nacional y los avances registrados en las medidas de asistencia, ayuda y reparación. Se dedica una sección para registrar los avances en restitución de tierras y otra para analizar la participación de la población víctima del conflicto colombiano.
Además, se analizaron las fuentes de información con las que las entidades gubernamentales soportan su gestión (FUT, SIIF, RUSICST, bases de datos Departamento de la Prosperidad Social, Unidad de Tierras e Instituto Colombiano de Desarrollo Rural); se aplicó una encuesta a las 37 entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas sobre aspectos organizacionales, presupuestales, de participación, de coordinación interinstitucional y de logística e infraestructura. La consecución de información se complementó con entrevistas sobre la estructura y relaciones interinstitucionales, sistemas de información y coordinación Nación- territorio. Así mismo, se está adelantando una gran encuesta a nivel nacional para la población víctima, la cual tiene como objetivo principal efectuar un seguimiento real y comparable que permita evidenciar el impacto real de la política de atención a la población afectada por hechos victimizantes en sus principales componentes (asistencia, atención y reparación integral en tierras y vivienda).
Mediante la Resolución Reglamentaria 126 de 2011, se creó el Grupo Interno de Trabajo con carácter permanente denominado Laboratorio de Informática
Forense LIF, adscrito al despacho de la Señora Contralora General de la
República, fundamentada en la necesidad de contar con procedimientos técnicos
y equipos electrónicos especializados para la recuperación adecuada de
información y evidencia, lo que ha permitido que este Órgano desarrolle su función
de manera acertada, rápida, eficiente, oportuna, en procura de la recuperación de
recursos importantes para la nación, teniendo en cuenta el uso generalizado de herramientas electrónicas para el registro y procesamiento de la información como computadores, celulares, agendas electrónicas, cámaras fotográficas digitales y memorias USB, entre otros ,que actualmente realizan las Entidades que manejan recursos públicos.
El principal objetivo del laboratorio de Informática Forense es apoyar las Indagaciones Preliminares, los Procesos de Responsabilidad Fiscal, los Disciplinarios y las actuaciones de Control Interno, mediante la identificación, la preservación, el análisis y la presentación de la evidencia digital, de manera que el elemento material probatorio sea legalmente aceptado dentro de los procesos mencionados, observando los principios de eficiencia y calidad para lograr los resultados esperados por la Contraloría General de la República; las labores que desempeña este Grupo, permite que otras dependencias de la Entidad cuenten con conceptos técnicos para apoyar las actuaciones a su cargo.
A la fecha se han realizado diligencias dentro de diferentes procesos auditores así como de Responsabilidad Fiscal relacionadas con los siguientes temas y/o entidades: Caso Nule, Ministerio de Protección Social – FOSYGA, Vergel Y Castellanos, Saludcoop, Jurisalud, Dirección Nacional de Estupefacientes – DNE, Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal – FONDELIBERTAD, Gobernación de Caldas, Hospital de Yopal, CAPRECOM, Ministerio de Transporte - IDENTIFICAR, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, AIS – Cuarto Poder, Consejo Superior de la Judicatura, Denuncia TELMEX; y en procesos de apoyo a las Oficinas de Control Interno y de Control Disciplinario de la Contraloría General de la República.
De la misma manera y atendiendo lo dispuesto en el artículo 115 del Estatuto Anticorrupción se expidió la Resolución Reglamentaria No. 130 de 2011 para
desarrollar el procedimiento para hacer efectiva la cadena de custodia al interior
este Organismo, logrando de esta manera documentar el desarrollo de la toma
las imágenes binarias, que realiza el Laboratorio de Informática Forense, labor
que ha permitido que pruebas recaudadas por el Laboratorio, hayan sido
requeridas y utilizadas por la Fiscalía General de la Nación como evidencia dentro
de sus diferentes procesos.
De otra parte dado que la corrupción se ha convertido en un problema global, teniendo en cuenta que los recursos públicos que son saqueados del erario público por lo general traspasan las fronteras de nuestro país y se convierten
activos de lujo en el exterior o cuentas en bancos de países cuyas legislaciones restringen las investigaciones de la Contraloría General de la República amparados en su condición de paraísos fiscales en los que es casi imposible el levantamiento de la reserva bancaria, gracias a las herramientas brindadas con el Estatuto Anticorrupción se ha iniciado las labores de búsqueda de activos en manos de presuntos responsables del detrimento patrimonial, tanto en el país como en el exterior, en casos denominados de impacto nacional.
Con este fin en la Unidad de Investigaciones Especiales se han iniciado gestiones ante autoridades extranjeras para obtener la colaboración vital en la lucha contra la corrupción, apoyados en los instrumentos vigentes de orden internacional para combatir éste flagelo; es así como se han suscrito diferentes convenios de capacitación en investigaciones, recuperación de activos y cooperación directamente con dichas autoridades.
Adicionalmente, la colaboración con las autoridades locales es fundamental y es por esta razón que paralelamente se han establecido las bases para la cooperación con la Dijin, Interpol, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y otras autoridades para construir un frente común contra el flagelo de la corrupción.
En desarrollo del cumplimiento misional de la Contraloría General de la República y de las actividades que a diario demanda este ente de control, con respecto a la vigilancia sobre el buen uso de los recursos públicos por parte de los administradores de estos, la detección de debilidades en dicha administración y los procesos de tipo fiscal que han de llevarse en contra de los investigados y/o responsables por malos manejos y el desmesurado crecimiento de estas falencias en la administración pública, ha hecho que no solo intensifique su actividad sobre los procesos de investigación fiscal, sino que se busquen nuevos mecanismos de ataque a esas prácticas corruptas.
Más allá de la mera investigación fiscal, el legislativo, consciente del incremento de las debilidades en la administración de los recursos públicos, otorgó más herramientas a la Contraloría General de la República, mediante la promulgación del artículo 128 de la Ley 1474 de 2011; de igual manera lo hizo la ONU, cuando reconoció a la CGR como autoridad central.
En virtud de la denominación de autoridad central a la CGR ante la ONU, el 11 de mayo de 2011 y del artículo 128 de la ley 1474 de 2011, el enfoque e impacto se fundamenta en la capacidad de solicitar y recibir solicitudes de asistencia judicial reciproca.
Para llevar a cabo dicho mandamiento, la Contraloría General de la
República tiene el deber, por intermedio de la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional, de promocionar e implementar tratados, acuerdos o convenios con entidades nacionales e internacionales para obtener intercambio de información, pruebas y conocimientos por parte del personal experto o especializado para la detección de bienes, cuentas y otros activos de personas naturales o jurídicas responsables de la causación de daños al patrimonio público, con el objetivo de decretar medidas cautelares en el trámite de procesos de responsabilidad fiscal y de cobros coactivos o en las acciones de repetición.
La Ley 1474 de 2011 plantea una política de cero tolerancia a la corrupción a través de diversas medidas que permitan al Estado no solamente ejercer una represión del fenómeno, sino también hacer un llamado preventivo general para desestimular los actos de corrupción. La lucha contra la corrupción debe realizarse de manera conjunta entre las entidades del Estado; en efecto la Ley 1474 incorporó funciones y mecanismos concretos de intervención de los organismos para realizar acciones conjuntas que tengan resultados incuestionables en la lucha contra la corrupción.
En ese sentido, la Contaloría General de la República ha firmado el convenio marco de cooperación interinstitucional con la Fiscalía, la Procuraduría, el Ministerio del Interior, la Presidencia de la República, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Policía Nacional. El mismo tiene como objeto la creación de un grupo élite para el intercambio de información, capacitación, análisis en la lucha contra la corrupción y seguimiento al empleo de los recursos públicos colombianos en materia fiscal, penal, disciplinaria y policial. Dicho grupo tendrá un espacio físico en las instalaciones de la Contraloría General de la República.
A la fecha, el convenio ha sido suscrito por el Procurador, el Fiscal y el Ministro del Interior. Se espera la firma del señor Presidente de la República, el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el director de la Policía Nacional y el director de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Nivel internacional. Convenios de control fiscal
Desde el punto de vista de las fronteras se ha mantenido contacto con autoridades de rango internacional a través de nuestros representantes en el exterior haciendo conocer el mencionado rango de autoridad. Es así como se comunicó a los Estados parte de la Convención Inter-Americana contra la Corrupción, del estatus dado por la ONU a la CGR, tal como lo expresan las comunicaciones dirigidas por nuestro embajador al Secretario de la Organización de las Naciones Unidas, Ban- Ki-Moon y al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza.
Igualmente, se han librado sendas comunicaciones a varias de las Autoridades centrales de los estados parte de la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, en las cuales se pone de presente el nacimiento de la Unidad de Cooperación y el estatus de la CGR, como autoridad central.
Con este fin, la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional inició gestiones ante autoridades extranjeras para obtener el intercambio de información, apoyados en los convenios principales en la lucha contra la corrupción, como la Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana contra la Corrupción (OAS). Prueba de ello es que algunos Estados han respondido a las comunicaciones, como es el caso de La Federación de Rusia, el Estado de Israel, el Reino de Camboya, Rumania, la Región Administrativa de Hong Kong de la República Popular de China, etc. De otra parte, la entidad ha asistido a distintas reuniones internacionales, como la ―II conferencia anual anti- corrupción en lima, Perú, denominada “Por un Perú en manos limpias‖ y el ―Tercer foro sobre la convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción‖. Se participó en el encuentro latinoamericano (Un Compromiso de Todos), programado por la organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) en Colombia, donde se discutió sobre la lucha contra la corrupción transnacional.
Se asistió al congreso ―International Corruption hunters Alliance‖ (Alianza de cazadores Internacionales de la Corrupción) auspiciada por el Banco Mundial en la ciudad de Washington del 4 al 6 de junio de 2012, cuyo objeto fue la exposición de los resultados arrojados por la Matriz Anti-Corrupción creada en 2010 en el Congreso inicial del ICHA.
A nivel nacional se han realizado reuniones con funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General con el objeto de intercambiar experiencias, dar a conocer los propósitos de la unidad y buscar la cooperación debida en el ataque a la corrupción como único propósito en común de la sociedad colombiana.
Se elaboró el ante proyecto de funciones de los posibles 22 funcionarios, que harían parte de la unidad, armonizando éstas con algunas funciones generales que ya están implementadas en la Contraloría, lo cual tiende a conservar la esencia de nuestro negocio misional y un esquema jerárquico. Se encuentran en estudió y confección los posibles procedimientos complementarios a las actividades realizadas por la Delegada de Investigaciones, Juicios fiscales y Jurisdicción Coactiva, con respecto a la forma como habría de llevarse a cabo la función de investigación, prevención e incautación de bienes de las personas investigadas o responsabilizadas de haberles causado daño al erario público.
Se han hecho las diligencias tendientes a emitir los distintos actos administrativos, que pongan en marcha el funcionamiento de la unidad, con el fin de determinar funciones y competencias. Tal es el caso de la presentación de los distintos proyectos de resolución presentados ante las oficinas jurídica y de planeación, tendiente a determinar el funcionamiento interno de la unidad. Así mismo, se presento a la Oficina de Capacitación y Producción de la CGR, el proyecto de capacitación sugerido por la Academia Internacional Anti-Corrupción (Anti-
corruptiòn training), dado a conocer por la misión permanente de Colombia ante las oficinas de las Naciones Unidas y los organismos Internacionales de Viena Austria (IACA).
Objetivos de la unidad: en cuanto a la esencia misma de las actividades, se ha mantenido una continua comunicación con la Presidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en busca de obtener mejores resultados sobre la ubicación de bienes de posibles responsables fiscales, los cuales presuntamente se encuentran en el exterior.
Para ello, se ha exhortado a las autoridades centrales de otros países con el objeto de buscar activos de los presuntos responsables de daño patrimonial al Estado colombiano y poder hacer efectivas las medidas precautelares. Es necesario desarrollar herramientas de carácter internacional.,
Con el nuevo marco institucional que la Ley 1474 de 2011 instituyó para la CGR, se creó la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso con el fin de “fortalecer las acciones en contra de la corrupción; prestando asistencia técnica a las plenarias, las comisiones constitucionales y legales, las bancadas parlamentarias y los senadores y representantes a la Cámara para el ejercicio de sus funciones legislativa y de control político.” El enfoque así planteado permite lograr la articulación entre el control fiscal y el control político, al configurar los resultados del control fiscal como fundamento técnico para el control político y la actividad legislativa del Congreso 8 .
La misma Ley en su artículo 128 fijó las bases conceptuales del apoyo técnico que la Contraloría puede brindar al Congreso, lo cual se refleja en el suministro de información que no tenga carácter reservado, el acompañamiento en el análisis, evaluación y elaboración de proyectos e informes especialmente en relación con su impacto y efectos fiscales y presupuestales y la canalización de las denuncias o quejas de origen parlamentario.
Previo a la descripción de las principales actividades y resultados alcanzados en el cumplimiento de las disposiciones señaladas, se relacionan las actividades de índole administrativo adelantadas para la adecuación de la unidad al diseño institucional de la CGR como respuesta al nuevo esquema organizacional, así como el cumplimiento de disposiciones existentes con anterioridad en el ordenamiento jurídico e institucional, relativo a la presentación de informes al Congreso.
8 Además de la función de control fiscal que ejerce la Contraloría General sobre el Congreso de la República, existe una interrelación de carácter técnico que abarca diversos temas contemplados en varias disposiciones constitucionales y legales como las descritas en los nums. 7, 9, 11 y 13 inciso final del Art. 268 de la Constitución Política, en los Arts. 38, 41 y 47 de la Ley 42 de 1993 y Arts. 29 numeral 4; 40; 43 Num. 2; 54 Num.4 del Decreto Ley 267 de 2000 y Art. 1 de la Ley 644 de
A continuación se relacionan las disposiciones expedidas por el Gobierno y la CGR, así:
 Expedición del Decreto 3006 de agosto 19 de 2011, por el cual se adiciona el Sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de la CGR, para los cargos creados mediante la Ley 1474.
 Resolución Reglamentaria No. 135 del 2 de septiembre de 2011 adiciona la Planta de Personal de la CGR para los empleos creados por la ley 1474 de 2011 la cual establece las funciones de los empleos creados por la Ley.
 Expedición de la Resolución Orgánica No. 6518 de marzo 16 de 2012. La cual Desarrolla el artículo 128 de la Ley 1474. Define las funciones y competencias de la Unidad y asigna responsabilidades institucionales por la cual Reglamenta la organización y competencias de la UATC.
 Expedición de la Resolución 6541 de abril 18 de 2012, la cual fija las competencias en el nivel desconcentrado de la Contraloría General de la República para el conocimiento y trámite del control fiscal micro, el control fiscal posterior excepcional; la atención de quejas y denuncias ciudadanas; la Indagación Preliminar Fiscal; el proceso de Responsabilidad Fiscal y el proceso de Jurisdicción Coactiva y el Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal. Esta norma reglamenta funciones de las nuevas dependencias creadas por la Ley 1474, estableciendo el marco para la atención de solicitudes de control excepcional del Congreso, otorgándole funciones a la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso.
En cuanto a la adecuación de aspectos afines con el sistema de Gestión de calidad y control de la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso, se reformuló el proceso de atención al Legislativo con los elementos que se relacionan a continuación:
 Estructuración del nuevo mapa de macro procesos de la CGR, que incluye las dependencias creadas por la Ley 1474, en el mapa de macro procesos de la CGR, de acuerdo con sus funciones.
 Formulación del plan de acción, en la cual se anuncia las actividades a desarrollar durante el año 2012. Dentro del plan de acción por macro- proceso. Las actividades que se describen en el plan corresponden a funciones de la Unidad adicionales a las definidas por la ley, en procura de brindarle valor agregado al apoyo técnico que se le brinda al Congreso.
 Reforma a los procedimientos incluidos en el Sistema Integral de Gestión de Calidad y Control – SIGCC, donde se define las actividades, la interacción, los trámites e instancias de aprobación de respuestas a
cuestionarios del Congreso, análisis de iniciativas legislativas, atención de las invitaciones del Congreso, las solicitudes de información, de control excepcional y de funciones de advertencia.
 Propuesta de modificación de Procedimientos tramitados a la Oficina de Planeación para su revisión técnica y aprobación por el Comité de Calidad.
La implementación de la unidad significa un importante avance en el cumplimiento del Plan Estratégico fijado para la Contraloría General de la República por la actual administración, cuyo objetivo corporativo número 2 contempla: “fortalecer el apoyo técnico al Congreso de la República para el ejercicio de su función legislativa y de control político”, replanteando el esquema organizacional de enlace existente entre la CGR y el Congreso, de la forma como se logró con el artículo 128 del ―Estatuto Anticorrupción”.
Los resultados del control fiscal macro se materializan básicamente en diversos informes, algunos de carácter constitucional como los presentados por la CGR a través de la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas, al Congreso de la República, con el fin de apoyar el control político en aspectos de la contabilidad y el presupuesto público, de la macroeconomía, las finanzas del Estado y la deuda pública. Así mismo, en aspectos del ambiente sano promovido por el constituyente, informe preparado por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente.
Los siguientes informes están próximos a ser presentados por la Contraloría al Congreso.
INFORMES CONSTITUCIONALES Y LEGALES PRESENTADOS AL CONGRESO
PLAZOS FIJADOS PARA EL CONTROL POLÍTICO.
Constitucional. Informe de cumplimiento de funciones.
CP. Art. 268
legislatura ordinaria. Parágrafo del art. 254, Ley 5 de 1992.
Constitucional. Presentación de la Auditoría al Balance General de la Nación.
CP. Art. 268 Ley 42 de 1993, Art. 47.
Antes del 1 de Julio de cada año
CP. Art. 268 Arts. 38 y 39 Respectivamente Ley 42 de 1993.
legislatura ordinaria. Parágrafo del art. 254,
Constitucional. Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro.
CP. Art. 268 Arts. 41, Ley 42 de 1993.
Constitucional. Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente.
CP. Art. 268 Arts. 46, Ley 42 de 1993.
Legal. Análisis de la señora Contralora
En atención a la agenda legislativa de las comisiones económicas del Congreso.
sobre la Viabilidad Financiera del Proyecto de Ley de Presupuesto de Gastos y Rentas de la Nación, para la vigencia
Art. 51 y 52 Decreto - Ley 111 de 1996.
Se remite con carácter informativo al Congreso
Fuente: Unidad de Apoyo Técnico al Congreso Junio 2012
Es importante señalar que la presentación de estos informes al Congreso de la República contribuye para que la Cámara de Representantes estudie, a través de la Comisión Legal de Cuentas, los resultados del estado en materia del manejo de las finanzas públicas y le permita definir sobre el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y del Balance General Consolidado de la Nación.
De otra parte y en cumplimiento del programa que la Contralora General de la República presentó al país se ha venido desarrollando un control fiscal a partir de los programas y proyectos que el Gobierno definió dentro del Plan Nacional de Desarrollo como marco de ejecución de sus políticas. A partir de los resultados alcanzados, la CGR ha presentado al Congreso informes de cumplimiento como el que se refiere al seguimiento y vigilancia a los recursos destinados para atender la emergencia social y ambiental resultante de los efectos de la ola invernal causados en el país por el “fenómeno de la niña” durante las vigencias 2010 y
Nuevas disposiciones como la expedición de la ley 1474 conocida como el “Estatuto anticorrupción” y la ley 1448 “Ley de víctimas y restitución de tierras” le definen a la CGR la obligatoriedad de presentar al Congreso en el ámbito de sus competencias, informes de seguimiento y evaluación sobre la implementación y los resultados alcanzados por las autoridades encargadas de su ejecución. El inicio de la nueva legislatura conllevará el cumplimiento de esas disposiciones.
Suministrar al Congreso información que no tenga carácter reservado
Con el fin de ejercer el control político, durante la vigencia 2011 y hasta el 15 de junio de 2012, el Congreso de la República presentó a la Contraloría los requerimientos de información que se describen a continuación y sobre los
cuales la Unidad de Apoyo Técnico, tras evaluar el cumplimiento en la entrega de las respuestas por parte de las dependencias competentes para emitirlas, encontró indicadores que le permiten el seguimiento, discriminado de la siguiente manera:
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DEL CONGRESO 2011
HECHOS SUSCINTOS (Breve descripción)
 Informes de Auditoría como las adelantadas al Fondo Nal del Ganado, Cámara de Representantes, Cajas de Retiro de las FFMM (Cremil) y Polícía Nal (Casur).
 Control excepcional y función de Advertencia en el Dpto de Putumayo.
Los requerimientos no consisten exclusivamente en solicitudes de información preexistente en la entidad.
Para atender buena parte de
 Estudios sobre deserción escolar en Colombia.
 Estudio Presupuestal y Gestión de las Universidades Públicas.
 Control al Proceso Electoral del mes de octubre en la Guajira.
Requerimientos tramitados
ellos, la CGR prepara
conceptos, realiza evaluaciones o análisis en el nivel central o en el
desconcentrado. Incluye los requerimientos como línea de auditoría sujetándose a los tiempos del proceso auditor. La atención de los requerimientos está supeditada a términos legales de los diferentes procesos a cargo de la entidad.
 Estudio sobre contratación directa que adelantó la Red Alma Mater en el Eje Cafetero y el país.
 Auditoría Especial al RUNT.
 Venta de Acciones Emp. Energía de Boyacá.
 Plan de Modernización del Aeropuerto el Dorado.
 Capitalización
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DEL CONGRESO 2012
 Acciones respecto a la Emergencia Invernal y los recursos destinados a través de Colombia Humanitaria.
Los requerimientos no consisten exclusivamente en solicitudes de información preexistente en la entidad, para atender buena parte
 Fórmula tarifaria de la gasolina motor
de ellos, la CGR
 Comisión de Regulación de Energía y GAS (CREG).
 Medio Ambiente y Corporaciones Autónomas Regionales.
 FIDUPREVISORA.
prepara conceptos, realiza evaluaciones
o análisis en el nivel central o en el desconcentrado.
 FOSYGA
 Pensiones.
requerimientos como línea de auditoría sujetándose a los tiempos del proceso
auditor. La atención
 Regalías.
 Servicios Públicos Domiciliarios
 Infraestructura vial, portuaria, aérea.
 Crisis Sector Cafetero en Colombia.
 Funciones de advertencia en materias relacionadas con ICBF, Licencias ambientales etc.
requerimientos está supeditada a términos legales de los diferentes procesos de la a cargo de la entidad.
La atención a las solicitudes del Congreso pone en marcha acciones institucionales que involucran aspectos técnicos, normativos y de recurso humano de la organización. En el proceso se vinculan las dependencias de acuerdo a las competencias y necesidades, en concordancia con los requerimientos específicos de información, para lo cual la organización se pone al servicio de este propósito.
En este sentido, se ha venido desarrollando como insumo inicial la conformación de expedientes digitales relativos a las solicitudes de los congresistas. Estos expedientes están vinculados a tablas de monitoreo en tiempo real y al seguimiento, a través de medios informáticos como el correo institucional y el Sistema de Registro de Correspondencia (CORDIS), siguiendo los lineamientos de
la Ley General de Archivo (Ley 594 de 2000). La correcta respuesta al Congresista
ha incluido como parte del direccionamiento y del seguimiento, reuniones in situ
con el interesado, conferencias telefónicas, etc.
A través de los enlaces técnicos sectoriales, definidos en la Resolución Orgánica
No. 6518 de marzo 16 de 2012, pertenecientes a las contralorías delegadas
de la entidad, la unidad hace un seguimiento permanente al trámite y respuesta oportuna de las solicitudes y cuestionarios del Congreso.
Canalizar las denuncias o quejas de origen parlamentario
Orgánica y funcionalmente existe en la CGR la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, que tiene entre sus funciones, el trámite y resolución de las denuncias o quejas de origen ciudadano.
La Unidad de Apoyo Técnico al Congreso viene aprovechando la experiencia, la especialización, la estructura y las herramientas con las que cuenta dicha contraloría delegada para articular el control político a la gestión que se ha desarrollado para vincular el control ciudadano al control fiscal y canalizar aquellas denuncias o quejas provenientes del Congreso.
De esta manera y en virtud de la existencia de un Macro-proceso institucional llamado ―Atención a Clientes‖ (Ciudadanía y Congreso), las denuncias y quejas originados en el Congreso vienen utilizando este canal para su resolución.
La anterior es la razón por la cual dentro del Sistema de Información de Relaciones Técnicas con el Congreso, se prevé además de la interacción con el SIPAR, la adecuación del mismo, para adelantar de mejor manera este trabajo.
Acompañar al Congreso de la República en el análisis, evaluación y elaboración de proyectos e informes
Además de los contenidos en las solicitudes de información y respuestas a cuestionarios del Congreso, que implican el estudio y análisis detallado en el ámbito fiscal sobre las materias solicitadas, la Contraloría General de la República ha identificado, desde la adopción del Sistema de Gestión de Calidad en la entidad, una serie de productos como los que se relacionan a continuación.
PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESTADOS AL CONGRESO
Solicitudes de control excepcional
Trámite y respuesta a solicitudes de Control Excepcional
Conceptos técnicos a Proyectos de Ley
Análisis a Proyectos de Ley
Conceptos técnicos leyes aprobadas
Seguimiento a su implementación
Pronunciamiento sobre temas macroeconómicos de finanzas públicas o sobre temas sectoriales
Revista Economía Colombiana – Portal
Medios eficaces de información
Portal institucional, Seguimiento Pronunciamiento de Congresistas.
Unidad de Apoyo Técnico al Congreso - CGR
Estos productos ofrecen la posibilidad de cumplir con esta función y le han permitido a la unidad los siguientes logros:
 La estructuración de una base de datos con registros y documentos relacionados, sobre el trámite de los proyectos de ley, dados a conocer a las dependencias de la entidad para su seguimiento y eventual análisis.
 La formación de una base de datos con registros y documentos relacionados con las leyes una vez han sido aprobadas, sus decretos reglamentarios y fallos jurisprudenciales sobre su vigencia y aplicación. Dicha información se da a conocer a las dependencias de la CGR, con el fin de realizar seguimiento a la implementación de las leyes, como se pudo apreciar en los casos de:
Lo anterior le posibilitó a la Contraloría General de la República la realización del Primer Observatorio Legislativo que trata sobre la institucionalidad alcanzada en desarrollo de la expedición de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en su primer aniversario, consistente en expedientes digitales sobre la implementación de la ley y permitió determinar, entre otros aspectos, el impacto fiscal y la eficacia de las mismas en la resolución de las necesidades de la población.
Los resultados del observatorio legislativo y del cumplimiento de la disposición consagrada en la ley de hacer especial monitoreo y seguimiento a la implementación y ejecución de la política pública de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y la restitución jurídica y material de tierras a los despojados y desplazados, serán presentados al Congreso dentro de los primeros 30 días de la legislatura 2012-2013, en cumplimiento del plazo establecido por la ley.
De otra parte, en los meses de abril y mayo del presente año, la Comisión Legal de Vigilancia de los organismos de control de la Cámara de Representantes evaluó el cumplimiento de las funciones de la Contraloría General de la República, en desarrollo de su misión, para lo cual, a través de la UATC, se entregó a esta comisión un compendio documental de 148 archivos magnéticos que mostraron la
9 Requisitos para trámite de controles excepcionales, funciones de advertencia y sobre sujetos de control.
producción de documentos como respuesta a los requerimientos de información del Congreso de la República.
Los estudios y documentos remitidos se ocuparon de diversos temas y sectores que se pueden describir así:
 Comisión Legal de Cuentas
- Función de Advertencia sobre medidas presupuestales Sistema General de Pensiones.
 Ola invernal
- Colombia Humanitaria. Observaciones e interrogantes al proceso de estructuración y avances del Fondo de Adaptación, en el marco de la estrategia institucional denominada ―seguimiento especial a los recursos destinados para la atención ocasionada por la ola invernal‖.
- Informe Especial de seguimiento a los recursos destinados a la emergencia invernal.
- Gestión de la CGR en el tema de ola invernal.
- Acta de la mesa de trabajo, compromisos y avances de las entidades del nivel nacional y distrital responsables de la entrega de ayudas, subsidios y demás beneficios.
- Informe Gramalote–Ingeominas.
- Propuesta de la CGR para el Estatuto de Participación Ciudadana.
 Planes departamentales de agua
- Informe de auditoría a la ejecución de la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico en Colombia (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Ministerio de Salud; Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; Instituto Nacional de Salud; Empresas de Servicios Públicos; Municipios y Gobernaciones) a 31 de Diciembre de 2011
- Estudio Intersectorial de las contralorías delegadas de medio ambiente, minas y energía, economía y finanzas públicas sobre evaluación de la Política de Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA).
- Comentarios de la Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, a las políticas relacionadas con la indemnización administrativa, las competencias entre la Nación y los entes territoriales en relación con la política de desplazamiento.
 Sector defensa
- Documento sobre asignaciones de retiro de la Fuerza Pública y su impacto en las finanzas del Estado.
 Sector infraestructura
- Respuesta al cuestionario relacionado con la Concesión Briceño–Tunja– Sogamoso.
 Sector justicia–estatuto anticorrupción
- Análisis al PAL 11 de 2011 – Reforma a la Justicia
- Análisis sobre la eficiencia del gasto en justicia en Colombia 2002 –
 Sector medio ambiente
- Función de advertencia acerca de las irregularidades en las industrias de licores del país.
- Evaluación preliminar de la minería del carbón y el oro en Colombia – Estado de los recursos naturales y del ambiente.
- Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2010–2011. Evaluación de la implementación de la política nacional de humedales interiores en Colombia.
- Informes de auditorías a las corporaciones autónomas regionales vigencias 2009- 2010.
- Informe Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2008-2009. Hábitat y Vivienda digna: una deuda creciente.
- Informe situación de las corporaciones autónomas regionales con énfasis en las del departamento de Boyacá.
- Función de advertencia licencias ambientales de la CGR para el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Directora General Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
- Análisis de los combustibles en Colombia por la Contraloría Delegada para el sector Minas y Energía.
- Informes de Auditoría Gubernamental con enfoque integral a las regalías Directas de los Municipios de Acacias, Puerto Gaitán, Puerto López, Villavicencio – Vigencia 2010.
- Análisis por la pérdida en operaciones especulativas de cobertura en Ecopetrol.
- Informe de Auditoría Renta Minera y Renta de Hidrocarburos – 2010.
- Informe Consolidado de Auditoría Gubernamental con Enfoque
Integral – Instituto Colombiano de Geología y Minería – INGEOMINAS – Vigencia 2010.
 Sector salud
- Análisis sobre recobros de Saludcoop y otras EPS al Fosyga.
- Documento– Investigaciones fiscales posible detrimento patrimonial en Saludcoop.
- Documento: Situación de la Salud en el Departamento de San Andrés.
- Informe de Auditoría sobre ICBF – Vigencia 2010.
 Sector vivienda
- Estudio sectorial de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, sobre Política de Vivienda para Población Desplazada - 2011
- Función de advertencia Min-ambiente.
- Capítulo IV: Hábitat y Vivienda Digna.
 Sector servicios públicos domiciliarios
- Informe de Auditoría Domiciliarios.
sobre Superintendencia
 Asistencia técnica al Congreso de la República
Por atribución legal, la Contralora General de la República tiene voz en las comisiones y plenarias del Congreso, así como iniciativa legislativa en el ámbito de sus competencias.
En ejercicio del control político y en el marco del estudio de proyectos de ley, las comisiones y plenarias requirieron constantemente a la Contraloría para escuchar los resultados de las evaluaciones del control fiscal en los temas que se tramitaron en las dos corporaciones. El siguiente cuadro enuncia de manera puntual los temas objeto de las Intervenciones de la Contralora General de la República en el Congreso.
ATENCIÓN DE INVITACIONES A PLENARIAS, COMISIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES AÑO 2011.
ESTADÍSTICA DE ATENCIÓN 10
 Informe sobre los procesos que se llevaron a cabo en relación con el Ministerio de Transporte y sus entidades adscritas, en el período 2002 – 2010 y sus resultados.
 Pensiones en Colombia, Administradoras de Fondos de Pensiones del Sector Público, Sistema General de Seguridad Social en Salud, Sistema de Salud en Colombia.
 Planta de bombeo de nafta en el Municipio de Sutamarchán.
 Senado: 33
 Concesiones Autopista Bogotá Girardot, Girardot - Ibagué- Cajamarca; Bogotá-Facatativa-Los Alpes; y Bogotá - Villavicencio.
 Otras: 2
 Situación de la CNTV.
 Seguridad de los Senadores.
Ley No.133/11
 Reajuste salarial de los miembros retirados de la Fuerza Pública.
 Planes Departamentales de Agua.
 Audiencia Pública - relacionada con el P.L. No. 05 de 2011.
 Sistema General de Regalías.
 Investigaciones que viene adelantando la CGR entorno a hallazgos e irregularidades que ha encontrado frente a malos manejos de recursos del Estado destinados a atender la emergencia invernal.
 Cámara: 19
 Presupuesto y del Tesoro, vigencia 2010 y Estado de la Deuda Pública a 31 de diciembre de 2010.
 Problemática de la devolución del IVA y las mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas.
 Comisión de Regulación en Salud (CRES)
 programa nacional para el fortalecimiento de la articulación entre la Educación Media, Educación Técnica y Educación Superior
 Vigencias futuras excepcionales
En el período analizado de 2011 se atendieron 54 invitaciones del Congreso (Senado y Cámara), es decir se asistió a la totalidad de las cursadas, bien con la participación directa de la Contralora General o por delegación a los contralores delegados sectoriales, según los temas que se trataron.
10 Los temas enunciados no siempre coinciden con el número de invitaciones, pues varios de ellos fueron tratados en más de una sesión.
De la misma manera, tal y como se aprecia en el siguiente cuadro, en lo corrido del año 2012, la Contraloría ha atendido 70 invitaciones a las sesiones ordinarias del Congreso.
ATENCIÓN DE INVITACIONES A PLENARIAS, COMISIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES AÑO 2012.
ESTADÍSTICA DE ASISTENCIAS
 Situación salarial y prestacional de los miembros activos y retirados de la fuerza pública y FORO: Fuero Militar.
 Proposiciones 29, 30 y 31, Ecopetrol y debate sobre vías en el Dpto. Santander. Rendición Cuentas Universidad de Córdoba.
 Proposiciones 35 y 39: Producción, Inversión petrolera; precio
los combustibles y Política de Vivienda Urbana.
 Proposiciones 12 y Aditiva, 19, 24, 34, 43/11 y 43/12 en temas
presuntos retardos en el trazado SITM - Soacha; medidas
de regulación, inspección y derechos de los usuarios del Servicio Público de Gas; programa de madres comunitarias, fami y sustitutas; infraestructura en el Dpto. Santander; estado
53 Invitaciones;
45 Atendidas:
las obras de concesión del Aeropuerto El Dorado, y calidad
tarifas prestación de servicios públicos domiciliarios,
 Prop. No. 23 de marzo 29 de 2011 - CRES y Sistema General
 Prop. No. 31 del 27 de marzo y aditiva del 10 de abril de 2012 - APS San Andrés - Hospital Departamental Amor de Patria.
 Entrega de ayudas, subsidios y demás beneficios para los damnificados por la Ola Invernal.
 Debate contratos celebrados entre el Ministerio de Minas y el IPSE
GENSA S.A;
 Seguimiento Plan Nacional de Desarrollo; Progr. Bienestar Familiar
FAMIS del ICBF.
 Desarrollo del Cuestionario para la Proposición No. 21, sobre Sistema de Salud y Eps que se encuentran en proceso de intervención o liquidación y algunas enfrentan apertura de procesos de responsabilidad fiscal.
 Prop. No. 06 – CORABASTOS
 Prop. No. 23 de 2012 – COLPENSIONES
 Acompañamiento Reuniones - Corporación Autónoma Regional de Orinoquía.
El seguimiento a la actividad legislativa y de control político proporciona el conocimiento institucional que debe desarrollar la Contraloría sobre el Congreso y su proyección sobre los asuntos del país. Ejemplo de esto es la puesta en marcha de un seguimiento informativo que en tiempo real permite a la Contraloría conocer no solo sobre los aspectos legislativos y de control político, sino sobre las preocupaciones que a nivel regional tienen las comunidades y que se sensibilizan en el Congreso de la República.
En este sentido la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso, adelanta diariamente un monitoreo de prensa en medios de comunicación con presencia online, blogs, y redes sociales, sobre comunicados, entrevistas y demás actividades que Senadores y Representantes a la Cámara presentan a través de los mismos. Esta información se envía directamente a la señora Contralora y al jefe de la unidad, vía correo electrónico, para facilitar su lectura y con el fin de mantenerlos informados sobre los pronunciamientos que el Congreso realiza a través de los parlamentarios.
Adicional a lo anterior, toda la información recogida en ese monitoreo, se encuentra recopilada en un blog, con las noticias por Partidos Políticos, el cual se puede consultar a través de la dirección http://noticiasuatc.wordpress.com. Así también, se filtra en una base de datos del Congreso diferenciando Senado y Cámara de Representantes, donde se reportan las noticias separadas por congresista, el cual a su vez, se discrimina por la Comisión desde la cual legisla.
1.4.3 Asistencia Técnica de la Contraloría General al Congreso de la República, en apoyo a su función legislativa
La participación de la Contraloría en la prestación de asistencia técnica al Congreso, se ha reflejado también en el análisis de proyectos de ley (PL) y de acto legislativo (PAL) como se muestra a continuación, a partir de los resultados del control fiscal micro y control fiscal macro.
 Año 2011:
*PAL sobre redistribución de las regalías. *P. L. Estatuto Contra la Corrupción. *P. L. sobre vigencias futuras. *P.L. Plan Nacional de Desarrollo. *P.L. de Presupuesto General vigencia 2012. *P.L. Orgánica del Presupuesto. *P.L. Reforma a la Salud. *P. L. sobre víctimas y restitución de tierras. *P. L. para la creación de la pensión familiar. *P. L. que crea medidas para la detección y evaluación de Obras Inconclusas de las entidades Públicas. *P. L. sobre creación de zonas libres para segunda vivienda, para estimular la inversión.
*P.L. que adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. *P.L. sobre Código Electoral. *P. L. Estatuto de Participación Ciudadana. * P.L. para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.
De acuerdo con la Ley 1474 de julio 12 de 2011 se crea la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático, con el siguiente objetivo: ―prestará apoyo profesional y técnico para la formulación y ejecución de las políticas y programas de seguridad de los servidores públicos, de los bienes y de la información de la entidad; llevará el inventario y garantizará el uso adecuado y mantenimiento de los equipos de seguridad adquiridos o administrados por la Contraloría; promoverá la celebración de convenios con entidades u organismos nacionales e internacionales para garantizar la protección de las personas, la custodia de los bienes y la confidencialidad e integridad de los datos manejados por la institución”.
Se llevó a cabo el proyecto de inversión “Implantación de un proceso de aseguramiento físico y tecnológico para la CGR”, que se ejecutará en tres años.
La ejecución de las actividades del proyecto de inversión de la unidad “Implantación de un proceso de aseguramiento físico y tecnológico para la CGR”, se encuentra con un avance del 30%.
Igualmente, se vienen adelantando las siguientes actividades, en cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas:
 Construcción de la Política de Seguridad General (para seguridad de la información, personal, instalaciones y bienes) de la CGR, y se viene implementando, a través del plan de acción anual de la CGR y de la unidad.
 Acompañamiento y generación de un protocolo de seguridad para los desplazamientos de los funcionarios de la Contraloría que requieran seguridad en virtud al grado de vulnerabilidad de cada uno.
 Seguimiento a los diferentes estudios de seguridad y nivel de riesgo de los funcionarios que manejan temas sensibles para la entidad.
 Revisión y certificación de los diferentes oficios relacionados con personal que ingresa y sale de las instalaciones de la CGR.
 Depuración del inventario de las armas a cargo de la CGR.
 De acuerdo con las diferentes situaciones de orden público que presenta la ciudad, se generan memorandos al interior de la entidad, con el fin de alertar a los servidores públicos sobre las medidas de prevención que se deben tener en cuenta, en lo referente al orden público y al manejo, custodia, conservación y protección de la información.
 Se generó una base de datos de las diferentes entidades del Estado que permita a la unidad gestionar de manera ágil todas sus funciones.
 Protocolos de seguridad de autoprotección para los funcionarios de la CGR y protocolo de seguridad para las instalaciones, personas y bienes de la nueva sede de la entidad, protocolos que fueron socializados por el jefe de la unidad a los diferentes delegados intersectoriales, oficina de control disciplinario, gerencia Chocó y gerencia administrativa y financiera.
 Se adelantan los estudios previos para la construcción de un área de seguridad para el almacenamiento de la información sensible tanto digital como en medio física.
 Se generaron las medidas de seguridad física para el archivo general
de la CGR con el fin de garantizar la seguridad física, documental y personal de los funcionarios que laboran allí.
 Se coordinó con la Policía Nacional y las demás dependencias de la CGR involucradas en el traslado de la nueva sede, el apoyo para la seguridad de los bienes y de la información durante el traslado.
 Se inició el tramité ante la Superintendencia de Seguridad Privada, para la consecución de los permisos respectivos para la creación del Departamento de Seguridad de la CGR.
 En cuanto al diseño de operatividad de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático dentro de la estructura organizacional de la CGR, se han adelanto las siguientes trámites administrativos: Inclusión de la Unidad dentro del Macro-proceso de gestión de recursos de la entidad y ante la Dirección de Imprenta, Archivo y Correspondencia para la definición de los códigos, tabla de retención documental y la creación del CORDIS de la unidad; elaboración de la resolución reglamentaria ―por la cual se determina el funcionamiento interno de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático y las direcciones de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático‖. Adicionalmente se buscara la consecución de visita a entidades estatales pares con el fin de generar los documentos para su implementación en la unidad
 Se apoya de manera transversal todas las consultas y requerimientos de los funcionarios de la CGR que consultan situaciones de seguridad cotidianas y se genera el protocolo de seguridad y logística para el desarrollo de las diferentes audiencias públicas.
 Se da apoyo integro en cuanto a la logística y seguridad de las audiencias públicas llevadas a cabo por la CGR.
 La unidad incrementó el personal de seguridad con el apoyo de funcionarios del DAS en supresión, con el fin de fortalecer los esquemas de seguridad física de las instalaciones.
 Se viene ejecutando a cabalidad el plan de acción de acuerdo con el cronograma de actividades desarrollado para tal fin.
Dentro del fortalecimiento institucional de la Contraloría General de la República, de conformidad con el artículo 128 de la ley 1474 de 2011 fueron creadas las gerencias departamentales colegiadas, cuyas competencias se precisaron y fijaron en la Resolución 6541 de 2012. Respecto al tema de la responsabilidad fiscal y según reporte del SIREF se han realizado las siguientes actuaciones:
 Autos de apertura de procesos de responsabilidad fiscal: se profirieron 622 en cuantía aproximada de $126.767 millones; es importante destacar que en orden descendente la Gerencia Departamental Colegiada de Bolívar participó en esta cifra con 101 aperturas ($13.440 millones aproximadamente) que representan el 16% de las actuaciones, mientras que Huila participó con 48 ($8.633 millones aproximadamente) que representan el 8% y Santander con 42, ($32.247 millones) es decir el 7%. Continuando con la representatividad enunciada anteriormente, las tres gerencias que profirieron menos autos de apertura fueron San Andrés, Amazonas y Guainía, que suman el 0.6% del total.
 Autos de imputación de responsabilidad fiscal: se profirieron 288 en cuantía de $35.060 millones, aproximadamente. Continuando con la categorización descrita anteriormente la Gerencia Departamental Colegiada de Boyacá participó con 28 autos de imputación, ($1.402 millones aproximadamente) que representan el 10% de estas actuaciones, mientras que Bolívar participó con 26 ($1.557 millones aproximadamente) que representan el 9% y Santander con 23, ($2.0177 millones) es decir el 8%; mientras que las tres gerencias que profirieron menos autos de imputación fueron San Andrés, Guainía y Vichada.
 Fallos con responsabilidad fiscal: se profirieron 208 fallos con responsabilidad fiscal en cuantía aproximada de $17.085 millones, de estos, la gerencia de Tolima participó con 19 en cuantía de $891 millones aproximadamente, Huila con 18 en cuantía aproximada de $1.426 millones y Bolívar con 5 en cuantía de $739 millones, mientras que las gerencias de Quindío, Meta y Norte de Santander que suman entre ellas el 1.5% del total, fueron las que menos profirieron fallos con responsabilidad fiscal. Cada una de ellas expidió un fallo con responsabilidad fiscal.
El siguiente cuadro contiene algunas de las decisiones proferidas por el nivel desconcentrado:
FALLOS CONFIRMADOS Y PREPRESENTATIVOS DE JUNIO 2011 A MAYO DE 2012
313.155.622,00
80813-064-
$ 147.551.589,00
80813-263
$ 111.874.478,00
2006-20-
$ 677.311.776,00
29-julio-2011.
2009-20-
$ 328.233.905,00
octubre-2011.-
Auto 979 del 30-
2215-195-
$ 1.752.313.383,00
2715-04-
197.213.965,47
Auto No 1382 de
31-agosto-2011.
85471-807
$ 200.949.096,37
cuantía del fallo
y confirma fallo con responsabilidad fiscal
80522-009-
$ 245.676.172,00
Carcelario INPEC
Q063-06-
003/32-01-
$ 501.707.945,80
09-023-
$ 138.383.030,00
fiscal en cuantía lo
10-05-003-
$ 142.413.996,00
Alberto Geney
Auto No 1380 de
38-59-824
$ 124.191.358,00
82-114-
$ 446.652.429,00
11-Julio-2011.
538-419
$ 496.078.589,00
17/04/2012. Con Auto No 0395 de 15-Mayo -2012. Confirma el fallo
con responsabilidad fiscal y falla sin
28/02/2012. Con
14-Marzo-
$ 170.500.076,50
26/12/2012. Con
Auto No 0064 de
27-Enero-2012.
88471-803
$ 134.575.130,00
16/01/2012. Con Auto No 0090 de
80522-020-
$ 134.854.788,36
03-Febrero-
17/04/2012. Con Ato No 0403 de
Agencia Logística de las F.F.M.M Regional Bucaramanga
821.324.202,00
Archivos de procesos por pago: se profirieron 117 archivos por pago, de los cuales Bolívar participó con 18 autos que representan el 15%, Santander con 14 (12%) y Boyacá con 10 (8.5%), mientras que Amazonas, Putumayo y San Andrés no archivaron procesos por esta causa. De otra parte, se expidieron 37 fallos sin responsabilidad fiscal, 320 archivos por no incidencia fiscal y 56 nulidades.

References: artículo 201
 artículo 128
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 128
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 128
 artículo 128
 Resolución 
 artículo 55
 artículo 201
 Resolución 
 artículo 115
 Resolución 
 artículo 128
 artículo 128
 resolución 
 artículo 128
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 128
 Resolución 
 artículo 128
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 128
 Resolución