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Timestamp: 2020-07-06 17:36:44+00:00

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﻿ SENTENCIA C-003 DE ENERO 22 DE 1998
SENTENCIA C-003 DE 22 DE ENERO DE 1998
CONTENIDO:ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONSAGRADA EN LOS ARTÍCULOS 241 Y 242 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEMANDARON DE INEXEQUIBILIDAD DE ALGUNAS DE LAS EXPRESIONES CONTENIDAS EN EL INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 6 DE 1945, TAL COMO QUEDO MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 2 DE LA 64 DE 1964. CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO PARA DOCENTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO, CARRERA DOCENTE, DERECHOS DEL DOCENTE, PROTECCIÓN DEL DOCENTE
Los ciudadanos Luis Ricardo García Jaramillo y Orlando José Retamozo Rodríguez, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, demandaron la inexequibilidad de algunas expresiones contenidas en el inciso primero del artículo 8º de la Ley 6ª de 1945, tal como quedó modificado por el artículo 2º de la Ley 64 de 1946.
Por falta de precisión en la formulación de los cargos, la demanda contra la expresión “...se entenderá celebrado por seis (6) meses” contenida en el artículo 2º de la Ley 64 de 1946, fue rechazada. Admitida con respecto a las demás expresiones acusadas de la norma, se ordenaron las comunicaciones constitucionales y legales correspondientes, se fijó en lista el negocio en la secretaría general de la corporación para efectos de la intervención ciudadana y, simultáneamente, se dio traslado al Procurador General de la Nación, quien rindió el concepto de su competencia.
Estiman los actores que las disposiciones acusadas, además del preámbulo, vulneran los artículos 1º, 2º, 5º, 12, 13, 16, 25, 42, 53, 93 y 209 de la Constitución Política.
Los demandantes consideran que la expresión “no podrá pactarse por más de dos (2) años” contenida en la norma acusada, vulnera las normas constitucionales referidas porque permite que la administración dé por terminados los contratos de los trabajadores oficiales de manera automática, sin justa causa y sin que proceda indemnización alguna, pues es la misma ley la causa de la terminación.
Consideran también que es inconstitucional la cláusula de reserva, que le permite a la administración dar por terminados los contratos de manera unilateral mediante aviso al trabajador o, en su defecto, indemnizándolo por un período igual, porque vulnera el principio de la estabilidad laboral según el cual, el trabajador tiene derecho a permanecer en su cargo mientras se mantengan las condiciones que motivaron su vinculación.
Estiman que mientras la Constitución pretende asegurar a los trabajadores las condiciones laborales que les garanticen el acceso a los medios de vida dignos para ellos y sus familias, la norma demandada propicia una inestabilidad que los coloca en situación de desigualdad, por ejemplo frente a los empleados públicos, quienes tienen asegurada la estabilidad en virtud de la carrera administrativa. Para los demandantes la condición de “trabajadores”, que ostentan, en general, tanto los trabajadores oficiales como los empleados públicos, implica un trato igualitario, por lo menos, en materia de garantías de permanencia y seguridad laboral. En ese mismo sentido, la posibilidad con que cuenta la administración para desvincular sin indemnización a los trabajadores oficiales denota una desfavorable discriminación frente a los trabajadores del sector privado, para quienes la ley previó las correspondientes indemnizaciones en caso de ser despedidos injustamente.
Afirman los dermandantes que en la medida en que la norma patrocina una “cruel” inseguridad laboral de los trabajadores oficiales, está atentando contra la normalidad social, contra la prosperidad general y el orden justo, entre otros. “Desde este punto de vista, agregan, una norma como la acusada que determine que la relación de trabajo de los trabajadores oficiales con el Estado, se halle en mayor o menor medida sujeta a la arbitrariedad por reglamentatiedad de los funcionarios administradores, por señalar la ley las causales de terminación unilateral que se justifican en su causación misma, sólo puede observarse como atentatoria frente a esta aspiración del constituyente primario”.
Por lo demás, para los demandantes la norma atacada desconoce las normas internacionales sobre derecho laboral adoptadas por Colombia mediante los tratados y convenios supranacionales.
Debe mencionarse que los cargos formulados contra la expresión “se entenderá celebrado por seis (6) meses” no fueron tenidos en cuenta pues, como se dijo en el punto I de los antecedentes de esta sentencia, los mismos fueron rechazados en su oportunidad por el despacho del magistrado ponente.
En la oportunidad legal, el señor Procurador General de la Nación se pronunció sobre la demanda presentada por el actor y solicitó a esta corporación que se declare la constitucionalidad de las expresiones acusadas, de acuerdo con los argumentos que se enuncian a continuación.
Luego de un análisis detallado de los modos de vinculación de los trabajadores al servicio del Estado, la vista fiscal asegura que el régimen de los trabajadores oficiales no puede ser asimilable plenarnente al de los empleados públicos, pues aquellos desempeñan actividades temporales para el Estado, y que por esa razón la ley ha reconocido un régimen jurídico de vinculación que tiene en cuenta dicha temporalidad en el servicio.
Por demás, el Ministerio Público advierte que, conforme a lo dicho por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la celebración de contratos a término definido no se opone al principio de la estabilidad laboral, pues no puede pretenderse que las vinculaciones de trabajo tengan vocación de perennidad.
(1) La expresión entre paréntesis fue declarada inexequible por esta Corte, mediante sentencia C-484 de 1995, M.P. Doctor Fabio Morón Díaz.
“...al igual de lo que acontecía en la Carta de 1886, en la Constitución de 1991 tampoco se incluye precepto alguno que defina, desde ese nivel jerárquico y en detalle, los elementos normativos específicos o los criterios jurídicos precisos y concretos que sirvan para elaborar, directamente y con propósitos exhaustivos y prácticos, las nociones legales o reglamentarias de empleado público y de trabajador oficial, como servidores públicos vinculados a los cuadros de la administración; esta observación, desde luego, no corresponde a ningún enjuiciamiento específico en relación con el contenido de la Carta Política de 1991 y, por lo contrario, únicamente comporta una reflexión dogmática que se pone como premisa para adelantar este examen judicial de constitucionalidad.
...Como lo ha definido la Constitución Política de 1991, corresponde a la ley señalar las principales reglas relacionadas con la carrera administrativa y en general con la función pública, y así lo ha entendido esta corporación en su interpretación del contenido de las cláusulas constitucionales relacionadas con este tema...” (sentencia C-484/95, M.P. Doctor Fabio Morón Díaz).
“No significa lo anterior que los denominados contratos a término fijo sean per se inconstitucionales; ellos son permitidos siempre que provengan del acuerdo entre las partes, es decir que haya consenso entre el empleador y el trabajador sobre la duración de la relación laboral, y no de la imposición del legislador, pues ésta se opone a la Carta en cuanto condena por vía general a una determinada clase de trabajadores a la inestabilidad en el empleo”. (Sentencia C-483/95 M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
La norma bajo examen (artículo 2º de la Ley 64 de 1946), modificó el artículo 8º de la Ley 6ª de 1945. La modificación introducida consistió en reducir de cinco a dos años el término autorizado para la celebración de contratos a término fijo.
(5) Ver sentencia C-588 de 1995, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.
El derecho al trabajo, al ser reconocido como fundamental, exige la protección a su núcleo esencial, pero no trae consigo la facultad de obtener una vinculación concreta, porque ésta también puede constituir una legítima expectativa de otros, con igual derecho. Así, pues, en aras del derecho a la igualdad, no hay que proceder contra los intereses ajenos, sino en concordancia con ellos, de suerte que se realice el orden social justo, es decir, la armonía de los derechos entre sí (sentencia T-047 de 1995, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).
Antonio Barrera Carbonell, Presidente.—Jorge Arango Mejía.—Eduardo Cifuentes Muñoz.—Carlos Gaviria Díaz.—José Gregorio Hernández Galindo.—Hernando Herrera Vergara.—Alejandro Martínez Caballero.—Fabio Morón Díaz.—Vladimiro Naranjo Mesa.
A la sentencia C-003 de 1998
Eduardo Cifuentes Muñoz, Magistrado.
En cuanto a los trabajadores públicos, la Corte la ha considerado que el principio general en materia laboral es la estabilidad entendida como la certidumbre que debe asistir al empleado en el sentido de que, mientras de su parte haga observancia de las condiciones fijadas por la ley en las relaciones de su desempeño no debe ser removido. Claro que estabilidad no quiere decir que el empleado sea inamovible, como si la administración estuviera atada de manera irresistible a sostenerlo en el puesto que ocupa en los casos de ineficacia, inmoralidad, indisciplina o paquidermia en el ejercicio de las funciones que le corresponden, pero esto no se puede confundir con el otorgamiento de facultades omnímodas al nominador para prescindir del trabajador, sin relación alguna de causalidad.
Alejandro Martínez Caballero, Magistrado.
Lo inadecuado entonces se da —a la luz de la Constitución— cuando la ley, violando la estabilidad laboral, impone pactos o convenios por una duración máxima determinada.
Por tanto, no hay razón válida para que se obligue a los profesores de establecimientos particulares de enseñanza, que incluyen los de educación media, a celebrar contratos únicamente por el año escolar, si esa no es su voluntad y cuando es bien sabido, por otra parte, que, siendo la educación un derecho de todos los colombianos y un servicio público, el siguiente período académico también habrá de requerir el concurso de los profesores para continuar la formación de los alumnos”.
José Gregorio Hernández Galindo, Magistrado.
Hernando Herrera Vergara, Magistrado.

References: ARTÍCULO 8
 ARTÍCULO 2
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 8