Source: http://economiazero.com/cofidis-condenada-a-anular-un-prestamo-cuenta-vida-libre-por-intereses-usurarios-con-tae-del-2295/
Timestamp: 2019-02-19 18:00:06+00:00

Document:
Declarada la nulidad por usura de un préstamo cuenta vida libre de Cofidis
« Banco Santander condenado a anular un contrato de tarjeta de crédito por intereses abusivos del 24 % TAE
Cofidis condenada a devolver 524 € y anular una supuesta deuda de 3.288,88 € »
Considera la Audiencia, que las consecuencias de la declaración del carácter usurario del crédito “revolving” concedido por COFIDIS, conlleva su nulidad, que ha sido calificada por esta Sala como «radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva». Las cuales son las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan solo la suma recibida.
En el presente caso, sin perjuicio de la abusividad derivada de un evidente incumplimiento del deber la transparencia en la contratación en relación con consumidores, como razonamos, es de plena aplicación la referida doctrina jurisprudencial y por ello la operación crediticia, con el referido interés de 1’73 mensual, TAE 22’95 %, puede ser considerada usuraria, con las consecuencias de inaplicación del interés, por lo que sólo queda vigente la obligación de reintegrar al capital realmente prestado.
Audiencia Provincial de Ciudad Real (Sección 2ª) Sentencia num. 265/2016 de 2 noviembre
Recurso de Apelación 150/2016
AUD. PROVINCIAL SECCIÓN N. 2 CIUDAD REAL
ROLLO DE APELACIÓN CIVIL: RECURSO DE APELACIÓN (LECN) 150/16-A
Autos: Juicio Verbal 397/15
Juzgado: Primera Instancia nº 1 de Almagro
En Ciudad Real, a dos de Noviembre de dos mil dieciséis.
VISTOS por mí, D. XXXXXX, Magistrado de la Sección Segunda de esta Audiencia Provincial, constituido por Órgano Unipersonal, conforme a lo dispuesto por el artículo 82.1-1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578 y 2635), en grado de apelación los Autos de JUICIO VERBAL 397/2015, procedentes del JDO. 1A. INST. E INSTRUCCIÓN N. 1 de ALMAGRO, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACIÓN (LECN) 150/2016, en los que aparece como parte apelante, COFIDIS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, representado por la Procuradora de los tribunales, Sra. XXXXXX, asistido por la Abogada Dª. XXXXXX, y como partes apeladas, XXXXXX, representada por la Procuradora de los tribunales, Sra. XXXXXX, asistida por el Abogado D. XXXXXX, y XXXXXX, representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. XXXXXX, asistido por el Letrado D. XXXXXX.
SEGUNDO: Seguido el juicio por sus trámites legales ante el JDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 DE ALMAGRO, por el mismo se dictó Sentencia con fecha 28/12/2015, cuya parte dispositiva dice:
“Que estimando parcialmente la demanda formulada por el Procurador D. XXXXXX, en representación de COFIDIS HISPANIA, E.F.C., S.A., contra D. XXXXXX, representado por la Procuradora Dña. XXXXXX y contra Dª XXXXXX, representada por la Procuradora Dña. XXXXXX, debo declarar y declaro la nulidad de la cláusula relativa a los intereses remuneratorios contenida en el Condicionado General del contrato suscrito entre las partes, y debo condenar y condeno a los demandados a que abonen de forma solidaria a la actora la cantidad correspondiente al principal e intereses moratorios y gastos de devolución previa deducción de los intereses remuneratorios (esto es, 3.840,23 euros, previa reducción correspondiente de los intereses remuneratorios aplicados a dicha cantidad), más los intereses legales desde la interposición de la demanda hasta su completo pago, debiendo cada parte abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por la mitad.”
Notificada dicha resolución a las partes, por el apelante COFIDIS, S.A., se interpuso recurso de apelación y cumplidos los trámites correspondientes fueron remitidos a este Tribunal donde han comparecido los litigantes, sustanciándose el recurso en la forma legalmente establecida, señalándose para el acto de la votación y fallo el DÍA 2 de Noviembre de 2016.
[1] El Objeto Devolutivo.
1 – Constituye objeto de apelación la Sentencia de instancia que estima en parte la acción de reclamación de cantidad emprendida por la parte actora (y ahora apelante) en virtud de contrato de refinanciación de préstamo, rechazando la resolución de instancia la aplicación del interés remuneratorio del contrato por entender -pese a tratarse de un elemento esencial o principal del contrato- que no supera el control de transparencia (a que sí debe someterse tal elemento), declarando su nulidad e inaplicación.
2 – Sostiene la parte apelante, como motivo de impugnación, la existencia de error valorativo en tales apreciaciones judiciales y la imposibilidad de control de oficio por el tribunal de un elemento principal del contrato.
3 – Los apelados, conformándose con el resto de pronunciamientos de la Sentencia impugnan el recurso.
[2] Resumen de Hechos.
4 – Suscribieron inicialmente las partes un contrato denominado “cuenta vida libre” y que constituye lo que se denomina genéricamente un “crédito revolvente” o “revolving” concedido a un consumidor.
Básicamente se trata de créditos personales al consumo, sometidos a la disciplina de la Ley 16/2011, de 24 de Junio (RCL 2011, 1206), concedidos de forma rápida por una entidad financiera a un cliente, que tiene un rotativo (una línea de crédito), es decir el límite del crédito es variable y se rebajará o disminuirá en la medida en que el cliente lo utilice y se restablecerá o aumentará de nuevo en la medida que haga pagos el cliente para restituirlo.
Así puede deducirse de las cláusulas 1 y 2 del contrato aportado por la entidad actora en el acto de la vista (f 157 y ss), donde se hace especial mención a la disponibilidad de una tarjeta de crédito, que es un ejemplo clásico del referido tipo de contratación financiera con consumidores, suscribiéndose posteriormente un contrato de refinanciación (f 13 y ss) por importe de 4.010,07 € y que básicamente coincide con el inicial en sus condiciones.
5 – Bajo la precedente consideración debemos resaltar asimismo la referida al hecho acreditado de que el tipo de interés remuneratorio aplicado conforme al contrato de autos es de 1’73 % mensual, con TAE del 22’95.
[3] El control del interés remuneratorio
6 – Siendo pacífico que la condición relativa al interés remuneratorio (que no es otra cosa que el precio del contrato) debe ser calificada como cláusula que define el objeto principal del contrato y que, por tanto, no cabe el control del precio, solo podemos analizar el control de transparencia, que comprende el control de inclusión, la información que se le dio al cliente, y el control de comprensibilidad, si llegó a entender el contenido de la cláusula y lo que significa.
7 – Tal es la tesis de la que parte la Sentencia de instancia y, en consecuencia, no se aparta de la doctrina jurisprudencial, pues resulta evidente que el precio ha de quedar fijado de forma clara y precisa que permita al consumidor representarse de una manera adecuado el coste real el objeto del contrato El artículo 4 de la Directiva 93/13/CEE (LCEur 1993, 1071), del Consejo, de 5 de abril de 1993, establece que “2. La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre el precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de una manera clara y comprensible.”
La Sentencia del Tribunal Supremo 406/2012, de 18 de Junio (RJ 2012, 8857), indica que “si bien considera que las cláusulas sobre intereses remuneratorios sí tienen la cualidad legal de condiciones generales de la contratación, al mismo tiempo estima que afectando a un elemento esencial del contrato, no pueden ser objeto de control de contenido.
La exclusión de tal control, con fundamento en el artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CE, tiene por objeto evitar que los jueces puedan controlar los precios, asegurando, de esta forma, la función de asignación de los recursos que corresponde al mercado [Art. 17.1 LCD (RCL 1991, 71): “Salvo disposición contraria de las leyes o de los reglamentos, la fijación de precios es libre”; Art. 13.1 Ley 7/1996, de 15 de enero (RCL 1996, 148 y 554), de Ordenación del Comercio Minorista: “Los precios de venta de los artículos serán libremente determinados y ofertados con carácter general…”]; el sistema constitucional de economía de mercado deja el ajuste de los precios al mercado.
Abundando en estas consideraciones, el control de contenido de las condiciones generales de la contratación fiscalizan el equilibrio normativo o jurídico del contrato, de los derechos y obligaciones de las partes establecidas por CGC que se desvían de la regulación aplicable conforme al Derecho dispositivo, la buena fe y los usos, pero no puede controlarse la adecuación de precio y prestación, porque esto lo regulan los mecanismos del mercado y la competencia.
El objeto del control de equilibrio contractual son los derechos y obligaciones de las partes, no las prestaciones; es decir, los jueces pueden controlar el equilibrio jurídico del contrato, no el equilibrio económico. Así queda recogido en los artículos 80.1 c) y 82.1 TRLCU que se refieren expresamente a “justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes”; no existiendo criterios jurídicos para controlar la corrección del ajuste precio-producto.
La Sentencia del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 9 de Mayo 2013 declara: “197. Sin embargo, que una condición general defina el objeto principal de un contrato y que, como regla, no pueda examinarse la abusividad de su contenido, no supone que el sistema no las someta al doble control de transparencia que seguidamente se expone.
…) 201. En el Derecho nacional, tanto si el contrato se suscribe entre empresarios y profesionales como si se celebra con consumidores, las condiciones generales pueden ser objeto de control por la vía de su incorporación a tenor de lo dispuesto en los artículos 5.5 LCGC ( RCL 1998, 960 ) -“la redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez” -, 7 LCGC -“no quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales:
a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato (…);
b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles (…)”-.(…) 210. Ahora bien, el artículo 80.1 TRLCU dispone que “(e)n los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente (…), aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa (…)-;
b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido”. Lo que permite concluir que, además del filtro de incorporación, conforme a la Directiva 93/13/CEE y a lo declarado por esta Sala en la Sentencia 406/2012, de 18 de junio EDJ2012/209070, el control de transparencia, como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta, esto es, fuera del ámbito de interpretación general del Código Civil ( LEG 1889, 27 ) EDL1889/1 del “error propio” o “error vicio”, cuando se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la “carga económica” que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo”.
8 – En el presente caso resulta evidente que no se cumple un umbral mínimo de transparencia, por cuanto un elemento esencial del contrato cual es el precio se incluye en un clausulado extensísimo, sin resalte alguno respecto del resto, con una letra prácticamente ilegible y sin que conste información alguna relativa al conocimiento por los consumidores del coste asumido en el contrato (particularmente gravoso) y, en consecuencia, con evidente déficit en el conocimiento de un elemento esencial del contrato, lo que conduce a la declaración de nulidad de la cláusula y a su inaplicación.
9 – Pero es que agotando la hipótesis, como señala la Sentencia de Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015, en un supuesto semejante:
Para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso»
1.- Que el interés fijado del 24.6 % TAE, dada la diferencia entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado el crédito, se considera como «notablemente superior al normal del dinero».
2.- No puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto la concesión irresponsable de préstamos al consumo al tipo de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.
10 – En el presente caso, sin perjuicio de la abusividad derivada de un evidente incumplimiento del deber la transparencia en la contratación en relación con consumidores, como razonamos, es de plena aplicación la referida doctrina jurisprudencial y por ello la operación crediticia, con el referido interés de 1’73 mensual, TAE 22’95 %, puede ser considerada usuraria, con las consecuencias de inaplicación del interés, por lo que sólo queda vigente la obligación de reintegrar al capital.
[4] Costas procesales .
11 – El rechazo del recurso obliga a la imposición de costas a la parte apelante, por disposición aplicativa del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) .
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M. El Rey y por la potestad conferida en la Constitución de la Nación Española;
1º- DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de “COFIDIS, S.A.” contra la Sentencia de fecha 28 de Diciembre de 2015 dictada en el Procedimiento Verbal seguido bajo núm. 397/2015 ante el Juzgado de Primera Instancia de Almagro, y en consecuencia, se confirma dicha resolución en todos sus extremos y efectos.
2º- IMPONER a Cofidis S.A. las costas de esta alzada.
Remítanse los autos originales al Juzgado de procedencia con certificación de la presente.
PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Magistrado-Juez que la suscribe en audiencia ordinaria del día de su fecha. Doy fe.
septiembre 25th, 2018 | Etiquetas: COFIDIS, Reclamar a bancos, Sentencias COFIDIS, Sentencias COFIDIS Revolving, Sentencias Revolving, Tarjetas revolving | Categorías: Bancos

References: artículo 82
 resolución 
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 artículo 4
 artículo 4
 artículo 80
 artículo 398
 resolución 
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