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Timestamp: 2019-12-13 05:13:24+00:00

Document:
título I. situación fáctica y antecedentes
Radicación 41591
Aprobado acta número 254
Bogotá, D. C., cinco (5) de agosto de dos mil catorce (2014)
Decide la Sala el recurso de casación presentado por el apoderado de RAÚL MUÑOZ LINARES contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual confirmó la pena de sesenta (60) años de prisión que le impuso a la referida persona el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito con Función de Conocimiento de esta ciudad como autor responsable de tres (3) conductas punibles de homicidio agravado y dos (2) de acceso carnal violento agravado.
1. El 2 de octubre de 2010, en la vereda Caño Camame adscrita al municipio de Tame (Arauca), el subteniente del Ejército Nacional RAÚL MUÑOZ LINARES ingresó con un fusil a la finca El Capricho, en la cual se hallaba una joven de trece (13) años de edad cuidando a otros menores. La obligó a salir y, bajo amenazas, sostuvo relaciones sexuales con ella, penetrándola por la vagina.
El 14 de octubre siguiente, José Álvaro Torres, residente en la finca aledaña de Las Palmas, descubrió que su hija de catorce (14) años y sus hijos, de seis (6) y nueve (9), habían desaparecido mientras él estaba trabajando. El 16 de octubre, la comunidad encontró sus cadáveres en una fosa.
José Álvaro Torres y sus vecinos fueron tanto a la Policía como a la Fiscalía General de la Nación para informar acerca de lo ocurrido y recuperar los cadáveres. Los funcionarios de estas instituciones se negaron a cumplir con sus deberes, debido a que las condiciones de orden público impedían la realización de los actos de inspección y levantamiento. Por lo anterior, el padre de los niños acudió al Ejército para que les brindaran a las autoridades la seguridad requerida y habló con RAÚL MUÑOZ LINARES, entre otros oficiales, de quienes no recibió auxilio alguno.
Posteriormente, José Álvaro Torres solicitó la ayuda de la Cruz Roja Internacional, entidad privada que, tras obtener autorización de la Fiscalía para una «recuperación humanitaria», se dirigió al lugar en donde se encontraba la fosa y extrajo los cuerpos que finalmente entregó a las autoridades.
Los cadáveres evidenciaban varias heridas con machete (la mayoría no mortales) y, a la menor, se le hallaron señales de agresión sexual, como el himen desgarrado, lesiones y rastros de semen, estos últimos compatibles con el de RAÚL MUÑOZ LINARES.
2. Por ello, el 4 de noviembre de 2010, un representante de la Fiscalía General de la Nación le formuló al servidor público imputación por tres (3) delitos de homicidio agravado y dos (2) de acceso carnal violento agravado.
Como el procesado no aceptó cargos, el Fiscal lo acusó ante el Juzgado Penal del Circuito de Saravena (Arauca) por tales comportamientos, según lo contemplado en los artículos 103, 104 numerales 2 («[p]ara preparar, facilitar o consumar otra conducta punible»), 6 («[c]on sevicia») y 7 («situación de indefensión o inferioridad»), 205 y 211 numerales 2 («cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima») y 4 («sobre menor de 14 años» -aunque sólo respecto de la primera víctima del acceso carnal-) de la Ley 599 de 2000, actual Código Penal, con las modificaciones introducidas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 (en cuanto a los delitos contra la vida) y los artículos 1º y 7º de la Ley 1236 de 2008 (respecto de las conductas de violencia sexual).
Así mismo, le atribuyó en lo atinente a los tipos sexuales las circunstancias previstas en el artículo 58 numerales 2 («motivo abyecto o fútil») y 5 («aprovechando circunstancias de tiempo, modo, lugar que dificulten la defensa del ofendido») del señalado estatuto sustantivo; y, para los delitos contra la vida, además, la del numeral 9 («posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad por su cargo») de la aludida disposición.
3. La Corte, en auto CSJ SP, 8 abr. 2012, rad. 36145, dispuso el cambio de radicación del proceso, «dada la muerte violenta de la doctora Gloria Constanza Gaona Rangel», Juez Penal del Circuito de Saravena, por cuanto tal circunstancia «generó un estado de zozobra en los funcionarios y empleados de los diferentes despachos judiciales» que, aunado a los actos de terrorismo por parte de los grupos armados que operaban en la región, alteró de manera grave el orden público.
4. Por lo anterior, tanto la audiencia preparatoria como el juicio oral fueron adelantados por el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, despacho que el 25 de septiembre de 2012 condenó a RAÚL MUÑOZ LINARES por los delitos atribuidos a sesenta (60) años de prisión y veinte (20) años de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Igualmente, le negó cualquier mecanismo sustitutivo de ejecución de la pena privativa de la libertad.
5. Recurrida tal providencia por el defensor, el Tribunal Superior de Bogotá, en decisión de 18 de febrero de 2013, la confirmó en los aspectos materia de debate.
6. Contra el fallo de segundo grado, el apoderado de RAÚL MUÑOZ LINARES interpuso, al igual que sustentó, el recurso extraordinario de casación.
1. Al amparo de la causal tercera del artículo 181 de la Ley 906 de 2004 («manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba»), propuso el recurrente un único cargo, consistente en un «error de derecho por falso juicio de legalidad derivada [sic] de la violación directa [sic] de la ley»1, concretamente, de los artículos 4, 29, 114, 230 y 250 de la Constitución Política y 26, 200, 201, 202,203, 205, 213,214 y 360 del Código de Procedimiento Penal. Sustentó el yerro de la siguiente manera:
1.1. A pesar de que no hay disposición alguna que la faculte para actuar como organismo de policía judicial, las inspecciones al lugar de los hechos y los cadáveres estuvieron a cargo de la Cruz Roja colombiana. Esta situación riñe con la supremacía de la Constitución Política y vulnera derechos fundamentales. Por consiguiente, los elementos materiales probatorios y la evidencia física allí recogidos, así como todos los medios de conocimiento de ellos derivados, no alcanzaron vocación persuasiva alguna por la violación del principio de legalidad de la prueba.
El debate entonces está circunscrito a «los actos precedentes y anteriores a la recolección y aseguramiento de los elementos materiales probatorios y la evidencia física, esto es, con anterioridad al inicio de la cadena de custodia, en cuanto fueron realizados por una organización de carácter privado que ni constitucional ni legalmente se encuentra establecida para realizar las pesquisas iniciales o las labores de inspección al lugar donde se identifique la probable comisión de una conducta ilícita, en otras palabras, por una entidad que no es titular de dichas funcione [sic], pues ello resulta violatorio del principio de legalidad de los elementos de los actos de investigación y actos de prueba»2.
A su vez, «la trascendencia de la irregularidad radica en que los actos imnjiciales [sic] de inspección iniciales previstos en los artículos 213 y 214 de la Ley 906 se encuentran reservados para su realización por parte de la Fiscalía y las autoridades de policía judicial, de modo que su violación conlleva in situ la aplicación de las consecuencias previstas en los artículos 29 constitucional y 23 de la Ley 906»3.
Dado que lo anterior suscita la exclusión como evidencia física de «los propios cadáveres de los menores, así como el pantalón interior y el short recuperado en el mismo acto»4, y como medios de conocimiento de «la necropsia y el análisis e inspección de cadáver, así como los estudios biológicos y de genética forense»5, sólo quedaría la prueba indirecta como objeto de valoración para desvirtuar la presunción de inocencia de la cual es titular RAÚL MUÑOZ LINARES.
1.2. Afectaron el principio de imparcialidad en este caso la gravedad de los hechos atribuidos, el asesinato de una juez de conocimiento y, principalmente, el interés de los medios de comunicación, fenómeno que ha originado la existencia de ‘juicios paralelos’, es decir, de aquellos en los cuales «[l]os medios, y, por supuesto, la personas que acuden a ellos, desmedida e incontrolablemente se inmiscuyen en los hechos justiciables que integran el proceso en marcha, construyen acusaciones, intervienen sobre las fuentes de prueba, revelan fuentes, proponen veredictos, etc., fundamentalmente con el ánimo de influir en la decisión judicial que esperan sea igual a las suyas»6.
1.3. Como la elaboración de un perfil criminal no es una ciencia exacta, es equivocado presentar inferencias lógicas a partir de los estudios psicológicos traídos por la Fiscalía con el fin de demostrar que el acusado era un «depredador sexual»7.
1.4. La construcción frente a los indicios de presencia y oportunidad es «imperfecta en cuanto presenta falencias, ya sea en la prueba del hecho indicador o en el proceso lógico deductivo»8. Además, «no se pudo demostrar en juicio ni siquiera cuál fue el arma con la que se realizaron las heridas»9.
Otro tanto aconteció con la violencia en las relaciones sexuales que sostuvieron RAÚL MUÑOZ LINARES y la joven fallecida, en tanto que los rastros pudieron ser consecuencia de actos consentidos, así como con la agravante de la sevicia, pues jamás pudo descartarse que las lesiones de los menores las ocasionaran luego de su muerte animales depredadores o carroñeros. Por lo tanto, el fallo «se apoya más en conjeturas, en sospechas, en aparentes indicios, en suposiciones, que en verdaderos indicios»10.
2. En consecuencia, solicitó a la Corte casar la decisión objeto del extraordinario recurso, declarar la exclusión de los medios de prueba ilegales por él aducidos y absolver a RAÚL MUÑOZ LINARES.
III. AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN
1. El demandante ratificó los planteamientos obrantes en el escrito de demanda.
2. La Fiscal Delegada ante la Corte solicitó no casar el fallo impugnado. Así mismo, pidió que, como este asunto «algo toca con el tema de la cadena de custodia, se emita pronunciamiento a fin de determinar y de establecer un criterio uniforme y único de cómo debe atacarse el tema atinente a los defectos en la cadena de custodia»11.
En cuanto al cargo propuesto por el demandante, apoyó la legalidad de la evidencia física recuperada por entidades privadas que no ejercen funciones de policía judicial como la Cruz Roja, tras argüir lo siguiente:
2.1. De acuerdo con el numeral 7º del artículo 95 de la Constitución Política, es deber de toda persona «[c]olaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia».
2.2. La Cruz Roja es un organismo que por mandato legal está llamada a interceder en situaciones de conflicto, tal como lo estipula la Ley 852 de 2003 y se desprende además del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, que rige en el orden interno colombiano por la Ley 171 de 1994, así como por los pronunciamientos de la jurisprudencia constitucional.
2.3. La recuperación de los tres (3) cadáveres estuvo enmarcada en circunstancias especiales que hacían necesaria la intervención de una entidad de ayuda humanitaria, pues fue el conflicto armado interno por el cual atraviesa el país la razón esgrimida por las autoridades competentes para no acudir al lugar de los hechos.
2.4. La actuación de la Cruz Roja no correspondió a un acto investigativo regulado en la Ley 906 de 2004, sino a la actividad de un organismo que hace labores humanitarias.
3. La representante del Ministerio Público solicitó a la Corte no casar el fallo objeto del recurso extraordinario por las siguientes razones:
3.1. Según el inciso 4º del artículo 200 de la Ley 906 de 2004, «[l]os organismos […] particulares están obligados a prestar la colaboración que soliciten las autoridades de policía judicial, en los términos establecidos dentro de la indagación e investigación, para la elaboración de los actos urgentes y cumplimiento a las actividades contempladas en los programas metodológicos». Adicionalmente, el artículo 208 del estatuto procesal contempla que cuando la Policía Nacional en ejercicio de sus actividades no pudiera identificar, recoger o recaudar evidencia física y elementos materiales probatorios, «quien los hubiere embalado los hará llegar, con las seguridades del caso, a la policía judicial». La intervención de la Cruz Roja, además, no sólo la autorizaban las normas en comento, sino también la presencia de un conflicto armado no internacional en la región en donde ocurrieron los hechos, tal como se desprende del artículo 3 común a los protocolos adicionales de Ginebra.
3.2. Aun en el evento de que la Cruz Roja no estuviese facultada para recaudar la evidencia, ésta igual se hubiera hallado, pues dos (2) días después de la recuperación de los cadáveres las autoridades, contando con la protección del Ejército, realizaron una diligencia de inspección al lugar de la fosa, con lo cual habrían obtenido los cuerpos de las víctimas, así como los rastros corporales. De ahí que sería procedente el criterio del descubrimiento inevitable previsto en el artículo 455 del Código de Procedimiento Penal.
4. Por último, la apoderada de las víctimas solicitó a la Corte no casar la sentencia del ad quem, para lo cual adujo:
4.1. La exclusión de los elementos de prueba fue tema de discusión ante las instancias no sólo una, sino dos veces, y ahora el demandante pretende revivirla en sede de casación.
4.2. La Cruz Roja no realizó una inspección a cadáver ni tampoco una al lugar de los hechos. En el juicio, se acreditó que estas diligencias las adelantaron servidores públicos bajo las formalidades de ley.
4.3. La recuperación humanitaria de los cadáveres no sólo obedeció al auxilio que le negó tanto el acusado como los comandantes de zona del Ejército Nacional al padre de las víctimas, sino además a la autorización que recibió la Cruz Roja por parte de la Fiscalía.
4.4. De haberse presentado la irregularidad, no habría lugar a excluir los medios de prueba por su intrascendencia y, en cambio, desconocería los derechos de las víctimas no haber actuado, propiciando con ello la impunidad.
La Corte considera que el tema ha sido abordado por completo, en la medida en que, por un lado, al día de hoy es evidente que un vicio de semejante naturaleza deberá formularse como un error fáctico por falso raciocinio, en vez de uno de derecho por falso juicio de legalidad12; y, por otro lado, el recurrente jamás planteó a lo largo de su discurso un debate susceptible de tal precisión. Por el contrario, aseguró que la irregularidad en el presente caso se dio «con anterioridad al inicio de la cadena de custodia»13, e incluso ratificó que «no es éste el asunto que concita esta demanda, pues de haber sido así es claro que el camino de casación elegido debería ser otro, como lo ha sostenido invariablemente la jurisprudencia penal»14.
La propuesta de índole jurídica que trajo a colación el demandante está relacionada con la violación «del principio de legalidad de los elementos de los actos de investigación y actos de prueba»15. En otras palabras, que «[e]l postulado de legalidad de la prueba, y por ende de los errores de derecho por falso juicio de legalidad, […] se actualiza en los elementos de los actos de investigación y actos de prueba»16 que supuestamente fueron adelantados por la Cruz Roja, un ente privado no autorizado por la ley para actuar como organismo de policía judicial.
El principal aspecto materia de análisis, por lo tanto, consiste en establecer si lo que las instancias denominaron «recuperación humanitaria de los cadáveres» corresponde a un acto de investigación, o de prueba (puesto que el demandante no especificó en su escrito si se trataba de lo uno o de lo otro), o a cualquier otra circunstancia que pudiera predicarse como una actuación procesal. Y como la Sala, desde ya, anticipa que la respuesta a este interrogante será negativa, es obvio que todas las demás cuestiones propuestas por el profesional del derecho también deberán agotarse en este punto.
2 1 | Antecedentes históricos

References: artículo 14
 artículo 58
 artículo 181
 artículo 95
 artículo 3
 artículo 200
 artículo 208
 artículo 3
 artículo 455