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Timestamp: 2019-06-19 05:52:38+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2019-1793
Documento BOE-A-2019-1793
«BOE» núm. 35, de 9 de febrero de 2019, páginas 12619 a 12625 (7 págs.)
BOE-A-2019-1793
https://www.boe.es/eli/es-ex/dl/2018/11/20/1
Conforme al régimen constitucional de distribución de competencias, corresponde al Estado el establecimiento de las bases de la ordenación del sector eléctrico, al amparo de sus competencias exclusivas sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (artículo 149.1.13.ª de la CE) y sobre las bases del régimen minero y energético (artículo 149.1.25.ª de la CE). Las bases del sector eléctrico y, en particular, de la calidad del suministro eléctrico, se encuentran reguladas en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que derogó la anterior Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que supuso el inicio del proceso de liberalización progresiva del sector mediante la apertura de las redes a terceros, el establecimiento de un mercado organizado de negociación de la energía y la reducción de la intervención pública en la gestión del sistema. Esta norma atribuye expresamente al Estado, en su artículo 3.11, la competencia para «Establecer los requisitos de calidad y seguridad que han de regir el suministro de energía eléctrica.» Además de su plasmación legal, el carácter básico de la regulación de la calidad en el sistema eléctrico, dada la importancia de la necesaria garantía de calidad en el ordenado suministro de la energía eléctrica, ha sido ratificado de manera reiterada por el Tribunal Constitucional (SSTC 4/2013 -FJ. 2, 4 y 5, 18/2011 -FJ.8-, 148/2011, -FF. 6 y 8 in fine-).
Estos títulos competenciales deben integrarse con los títulos competenciales que, en materia de calidad del suministro eléctrico, han venido reconociendo, a su vez, los distintos Estatutos de Autonomía a favor de las Comunidades Autónomas. En el caso de la Comunidad Autónoma de Extremadura, conforme al artículo 9.1.37. del Estatuto de Autonomía de Extremadura, reformado mediante Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, le corresponde la competencia exclusiva en materia de fijación de normas adicionales de garantía en la calidad del suministro y participación en los organismos estatales reguladores del sector energético, en los términos que establezca la legislación del Estado.
Mediante la citada ley se procedió a regular y adoptar una serie de medidas que permitieron disponer de un suministro eléctrico acorde con las necesidades de los consumidores extremeños, las cuales han incidido positivamente en las diferentes actividades económico-productivas que tienen en la electricidad un factor básico en sus procesos productivos y, también, incrementó el bienestar en el usuario doméstico o comercial.
Sin embargo, el histórico de los datos sobre la calidad del suministro eléctrico viene poniendo de manifiesto, año tras año, la deficiente situación que padecen determinados municipios extremeños pertenecientes, principalmente, a zonas rurales, bien sean estas concentradas o dispersas. Se trata de municipios que cuentan con unas redes de distribución obsoletas e insuficientes y que todos los años, coincidiendo con los meses climatológicamente más adversos –periodos de lluvias y de vientos–, sufren un elevado número de incidentes, principalmente, interrupciones y variaciones de tensión que se concentran de forma continuada en dichos meses.
Artículo único. Modificación de la Ley 2/2002, de 25 de abril, de protección de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura.
Uno. Se añade un apartado 6 al artículo 9, con la siguiente redacción:
«6. Las empresas distribuidoras, para aquellos municipios cuyos valores mensuales de TIEPI y NIEPI superen, en dos o más meses naturales consecutivos, los valores máximos indicados en el presente apartado, según la zona a la que corresponda cada municipio, tendrán que presentar ante el órgano competente en materia de energía de la Junta de Extremadura, en un plazo de dos meses, medidas de actuación concretas y delimitadas en el tiempo que permitan la corrección de las causas que originen las interrupciones. Dichas medidas deberán quedar contempladas en sus Planes de Inversión.
Zona rural concentrada.
Zona rural dispersa.
Los valores máximos indicados podrán ser actualizados mediante decreto de Consejo de Gobierno.»
Dos. Se añaden dos nuevas letras k) y l) en el artículo 17, con la siguiente redacción:
«k) La no presentación de medidas de actuación de conformidad con lo indicado en el apartado 6 del artículo 9.
l) La superación, en dos o más meses naturales consecutivos, de los valores mensuales máximos del TIEPI y NIEPI establecidos en el apartado 6 del artículo 9 de forma reiterada.
Se considerará que existe reiteración cuando no hayan transcurrido más de 12 meses entre el final de un periodo de incumplimiento de los valores mensuales indicados y el inicio del siguiente período de incumplimiento.»
Tres. Se modifica el artículo 18, que queda con la siguiente redacción:
«Artículo 18. Infracciones leves.
a) El incumplimiento de las medidas de actuación establecidas de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 9.
b) La superación, en dos o más meses naturales consecutivos, de los valores mensuales máximos del TIEPI y NIEPI establecidos en el apartado 6 del artículo 9.
c) Todas las demás infracciones de preceptos de obligada observancia comprendidos en la presente ley y en sus normas de desarrollo que no constituyan infracción grave o muy grave.»
El presente decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diario Oficial de Extremadura».
Mérida, 20 de noviembre de 2018.–El Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.–La Consejera de Economía e Infraestructuras, Olga García García.
(Publicado en el «Diario Oficial de Extremadura» número 227, de 22 de noviembre de 2018, convalidado por Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Asamblea de Extremadura, publicada en el «Diario Oficial de Extremadura» número 7, de 11 de enero de 2019)
Publicada en el DOE núm. 227, de 22 de noviembre de 2018.
SE PUBLICA Acuerdo de convalidación, por Resolución de 27 de diciembre de 2018 (Ref. DOE-e-2019-90293).
MODIFICA los arts. 9, 17 y 18 de la Ley 2/2002, de 25 de abril (Ref. BOE-A-2002-10908).

References: artículo 3
in fine
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 17
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 18
 artículo 9
 artículo 9
 Resolución 
 Resolución