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Timestamp: 2018-04-20 03:19:30+00:00

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RETIRO DEL SERVICIO by Lizeth Mayerli - issuu
9. RETIRO DEL SERVICIO 9.1. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento El nombramiento hecho a una persona para ocupar un empleo del servicio civil, que no pertenezca a una carrera, puede ser declarado insubsistente libremente por la autoridad nominadora, sin motivar la providencia. Sin embargo, deberá dejarse constancia del hecho y de las causas que lo ocasionaron en la respectiva hoja de vida. La jurisprudencia ha reconocido en diversos pronunciamientos que la necesidad de motivación de los actos administrativos admite excepciones, una de las cuales es, justamente, la de los actos de desvinculación de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, excepción que encuentra su soporte en normas superiores. La propia Carta admite la existencia de cargos que no son de carrera administrativa, respecto de los cuales el nominador puede nombrar y remover libremente a quienes han de ocuparlos. “Obedecen a una relación subjetiva porque la escogencia del colaborador se hace por motivos personales de confianza o por razones ligadas a plasmar y ejecutar una política (p. ej. ministros del despacho, directores de entidades descentralizadas, etc.) estableciéndose una relación "in tuitu personae" entre el nominado y el nominador”.
Ejemplo: En el caso concreto de las competencias del Presidente
de la República, la propia Constitución en el artículo 189, numerales 1º y 13 le permite que "nombre y separe libremente a los ministros del despacho y a los directores de departamentos administrativos" y "nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos nacionales y a las personas que deban desempeñar empleos nacionales cuya provisión no sea por concurso o no corresponda a otros funcionarios o corporaciones, según la Constitución o la ley”.
Para saber más… Ver entre otras la Sentencia SU-250 de 1998. MP. Alejandro Martínez Caballero, C371 de 1994. MP. José Gregorio Hernández Galindo y C-112 de 1999. MP. Carlos Gaviria Díaz
Para saber más… Las sentencias y normas citadas en este capítulo pueden ser consultadas en: http://juriscol.banrep.gov. co:8080/ http://www.ramajudicial.go v.co/csj_portal/jsp/frames/i ndex.jsp?idsitio=6&ruta=../ jurisprudencia/consulta.jsp
Sin embargo, con frecuencia se plantea si la falta de motivación para el retiro, constituye una violación al debido proceso. La respuesta de la Corte Constitucional ha sido contundente: “… necesariamente debe haber motivación para el retiro de los empleados que son de carrera o que están en una situación provisional o de interinidad en uno de los empleos que no son de libre nombramiento y remoción; salvo los empleados que tienen el estatutos de libre nombramiento y remoción”. Además, el artículo 26 del decreto Ley 2400 de 1968, leído íntegramente indica que en la respectiva hoja de vida del funcionario desvinculado deberá dejarse constancia del hecho y de las causas que ocasionaron su retiro. Esta prescripción aleja a la facultad discrecional que se contiene en la norma de la posibilidad de ejercerse en forma caprichosa o arbitraria, al ordenar dejar constancia posterior, aunque sumaria, de la motivación que condujo a la decisión de declarar insubsistente al funcionario. Por ello, el sentido completo del artículo 26 consiste en
indicar que la providencia que ordena la desvinculación no tiene que expresar dentro de su propio texto la motivación de tal decisión, no obstante lo cual debe dejarse constancia de ella en la hoja de vida del servidor público. Así, el funcionario desvinculado puede conocer las razones que llevaron a declarar la insubsistencia de su designación, y si estima que ellas configuran una arbitrariedad, un abuso o una desviación de poder, ejercer los medios de defensa judicial a su alcance. En relación con la garantía de estabilidad laboral que también cobija a quienes ocupan cargos de libre nombramiento y remoción, la Corte, con fundamento en la Constitución, ha decantado jurisprudencia que indica que la posibilidad de desvincular libremente en cualquier momento a esta clase de servidores, no contraría la Carta, pues su estabilidad es precaria en atención a la naturaleza de las labores que cumplen, ya que requieren siempre de la plena confianza del nominador. Debe tenerse en cuenta que aunque todos los trabajadores tienen un derecho general a la estabilidad en el empleo, existen casos en que este derecho es aún más fuerte, por lo cual en tales eventos cabe hablar de un derecho constitucional a una estabilidad laboral reforzada.
El fuero sindical; sólo asegurando a los líderes sindicales una estabilidad laboral efectiva, resulta posible proteger otro valor constitucional, como es el derecho de asociación sindical (CP art. 39). De conformidad con la Ley gozan de la garantía del fuero sindical, los servidores públicos, exceptuando aquellos servidores que ejerzan jurisdicción, autoridad civil, política o cargos de dirección o administración.
Para saber más… Véase el artículo 12 de la Ley 584 de 2000. También sobre el mismo particular, resulta oportuno consultar, entre otras, la sentencia T-665 de 2001
El amparo al fuero sindical se extiende a los fundadores del sindicato, a los trabajadores que, con autoridad a la inscripción en el registro sindical, ingresen al sindicato, los miembros de la junta directiva y subdirectivas de todo sindicato federación o confederación de sindicatos, sin pasar de cinco (5) principales y cinco (5) suplentes, y los miembros de los comités seccionales, sin pasar de un (1) principal y un (1) suplente y dos (2) de los miembros de la comisión estatutaria de reclamos y por los términos expresados en la citada disposición acorde con la naturaleza del aforamiento. Así las cosas, el despido de trabajadores amparados con el fuero sindical, sólo procede mediante la acción de levantamiento del fuero que el empleador debe promover siempre ante el juez laboral a través de un proceso especial, e invocando justa causa para ello, las cuales, conforme al orden jurídico vigente, son las mismas que originan la terminación del contrato de trabajo o la liquidación o clausura definitivo de la empresa o establecimiento y la suspensión total de actividades.
Para saber más… Se recomienda la consulta de la sentencia SU-36 de 1999 MP. Alfredo Beltrán Sierra
La Corte Constitucional ha señalado que la administración para despedir, desmejorar las condiciones laborales o trasladar a un servidor público amparado por fuero sindical, deberá contar con la autorización del juez laboral, toda vez que si un servidor público o trabajador particular, amparados por la garantía del fuero sindical son despedidos, trasladados o sus condiciones laborales desmejoradas, sin la calificación judicial previa, la acción de reintegro es el mecanismo judicial idóneo para la protección de los derechos en mención. Para ello, será
menester agotar el trámite establecido en los artículos 113 a 117 del Código Procesal del Trabajo, que regulan todo lo referente a esta autorización. Igualmente, debido al especial cuidado que la Carta ordena en favor de los minusválidos (CP art. 54), estas personas gozan de una estabilidad laboral superior, la cual se proyecta incluso en los casos de funcionarios de libre nombramiento y remoción. Con respecto al ejercicio de la facultad de remover libremente a los empleados no inscritos en la carrera administrativa cuando median circunstancias de debilidad manifiesta por invalidez parcial o total, es indispensable para las autoridades públicas ceñir sus actuaciones al principio de la buena fe, consagrado en el artículo 83 de la Constitución.
Para saber más… Véase la Sentencia T-427 de 1992. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz
Aunque la administración pueda aducir la legalidad de su decisión, si con ella se vulnera la efectiva protección de las personas disminuidas física, sensorial o psíquicamente, aquélla sólo será constitucional si es compatible con el principio de la buena fe en cuanto a la oportunidad y proporcionalidad de la medida. Una resolución inoportuna o inadecuada que no tenga en cuenta la condición de manifiesta debilidad en que se encuentra la persona al momento de ser proferida, está, en consecuencia, viciada de nulidad. La buena fe incorpora el valor ético de la confianza, la cual se vería traicionada por un acto sorpresivo de la administración que no tenga en cuenta la situación concreta del afectado. Un momento inoportuno para adoptar la medida, la desproporción de la misma o la indiferencia respecto de la situación especial de la persona afectada por la decisión, dan lugar al control jurisdiccional de la actuación administrativa en defensa de los derechos fundamentales En igual circunstancia se encuentra la mujer en estado de embarazo; la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la mujer embarazada tiene un derecho constitucional a una "estabilidad laboral reforzada". Este derecho parte del reconocimiento de que la gestación de un hijo puede dar lugar a graves medidas de discriminación laboral en contra de la futura madre, por las complicaciones y costos que, en términos administrativos y financieros, ello puede generar. En este sentido, la Corporación ha indicado, por ejemplo, que el despido de la mujer por razón de su estado de gestación es ineficaz y, por lo tanto, procede el reintegro además del pago de los emolumentos dejados de recibir y las indemnizaciones a las que haya lugar.
Para saber más… De la estabilidad reforzada, resulta indispensable consultar la Sentencia C-470 de 1997 MP. Alejandro Martínez Caballero y la T-373 de 1998
En desarrollo de la especial protección a la mujer embarazada, del derecho a una estabilidad laboral reforzada y del llamado "fuero de maternidad", el legislador ha establecido una presunción de discriminación, en todos aquellos casos en los cuales el despido se produce durante el embarazo o dentro de los tres (3) meses después del parto y sin los requisitos legales o reglamentarios pertinentes. Según lo dispuesto en la Ley, la regla mencionada se aplica tanto a la mujer que tiene un contrato de trabajo, como a la servidora pública, sin importar si se encuentra sometida al régimen de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción. Para la Corte constitucional: “…carece de todo efecto el despido de una servidora pública durante el embarazo, o en los tres meses
posteriores al parto, sin la correspondiente autorización previa del funcionario del trabajo competente, en el caso de las trabajadoras oficiales, o sin la correspondiente resolución motivada del jefe del respectivo organismo, en donde se verifique la justa causa para el despido, en el caso de las empleadas públicas”.
Para saber más… Consulte los artículos 239 y subsiguientes del C.S.T., 2 de la Ley 197 de 1938, 26 del Decreto 2400 de 1968, y, 21 del Decreto 3135 de 1968
Se insiste, en virtud de las disposiciones precitadas, se presume que la desvinculación de la trabajadora o empleada, se ha efectuado por motivo del embarazo o lactancia, si se produce sin justificación suficiente y razonable en los términos de la ley y, dentro del embarazo o de los tres meses posteriores al parto. Si, en los eventos mencionados, el empleador o nominador no puede justificar adecuadamente su decisión, quedará obligado a reintegrar a la mujer a su puesto de trabajo y a pagarle los emolumentos e indemnizaciones a que haya lugar. Otro aspecto también polémico, es el relacionado con la insubsistencia de quien ejerce un empleo de libre nombramiento y remoción que está siendo investigado disciplinariamente, situación sobre la cual el Consejo de Estado, a través de su sección segunda, ha sostenido recientemente que a pesar de haberse iniciado un proceso disciplinario, el funcionario inculpado, no adquiere por ese hecho garantía de estabilidad y bien puede ser declarado insubsistente, no para sancionarlo anticipadamente sino porque la autoridad nominadora estime que su permanencia en el cargo no favorece la acertada y eficiente prestación del servicio. Si la insubsistencia se declara, el procedimiento disciplinario debe continuar y culminar; y dentro de dicho proceso el inculpado está en capacidad de ejercitar su derecho de defensa y evitar así ser sancionado. Es preciso insistir que la acción disciplinaria y la aplicación de las sanciones serán procedentes aunque el empleado se haya retirado del servicio. La insubsistencia no motivada, producida en tales condiciones, no constituye sanción; la sanción si a ello hay lugar, le será impuesta al funcionario cuando culmine el proceso disciplinario que se sigue adelantando a pesar del retiro del servicio. Para el caso del nivel local, debe recordarse también la prohibición legal que tienen los alcaldes para decretar insubsistencias masivas, las que se consideran nulas según lo establecido en los artículos 11 y 12 de la Ley 78 de 1986. Finalmente, téngase en cuenta que la insubsistencia de un nombramiento ordinario, puede declararse en cualquier momento. Designar una nueva persona para desempeñar un empleo de libre nombramiento y remoción, implica la insubsistencia del nombramiento de quien lo desempeña, figura que se conoce como insubsistencia automática. Su desvinculación se produce en virtud de haber sido designado un nuevo titular para el cargo, sin necesidad de que el nominador exprese su voluntad específica de no mantener el nombramiento.
9.2. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento, por resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño Como ya se comentó, los nombramientos de empleados de carrera, sólo podrán ser declarados insubsistentes por los motivos y mediante los procedimientos establecidos en la ley o reglamento que regule la respectiva carrera, uno de cuyos casos es el resultado insatisfactorio en la evaluación del desempeño.
En firme una calificación de servicios no satisfactoria como resultado del desempeño laboral, de carácter anual o extraordinaria el nombramiento del empleado de carrera así calificado, deberá ser declarado insubsistente, mediante resolución motivada del Jefe de la entidad. No obstante, la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de una empleada de carrera en estado de embarazo por calificación no satisfactoria de servicios, solo podrá producirse dentro de los ocho (8) días siguientes al vencimiento de la licencia por maternidad biológica o por adopción o de la licencia correspondiente, en el caso de aborto o parto prematuro no viable.
Idea Clave Los nombramientos de empleados de carrera, sólo podrán ser declarados insubsistentes por los motivos y mediante los procedimientos establecidos en la Ley o reglamento, uno de cuyos casos es el resultado insatisfactorio en la evaluación del desempeño
Para el caso de quienes se encuentran en período de prueba, al vencimiento del mismo, el empleado será evaluado en su desempeño laboral y deberá producirse la calificación definitiva de servicios, para lo cual se utilizará el instrumento de evaluación del desempeño que rige para la respectiva entidad. Una vez en firme la calificación del período de prueba, si fuere satisfactoria, determinará la permanencia del empleado en el cargo para el cual fue nombrado y su inscripción en el Registro Público de Carrera Administrativa. En caso de ser insatisfactoria la calificación, causará el retiro de la entidad del empleado que no tenga los derechos de carrera administrativa. Contra el acto administrativo que declare la insubsistencia del nombramiento procederá recurso de reposición. Esta decisión se considera revocada, si al interponer los recursos dentro del término legal, la administración no se pronuncia dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la presentación de los recursos. En este evento la calificación que dio origen a la declaratoria de insubsistencia del nombramiento se considerará satisfactoria en el puntaje mínimo. La autoridad competente que no resuelva el recurso respectivo dentro del plazo previsto, será sancionada de conformidad con la Ley 734 de 2002 y las normas que la modifiquen o adicionen. Finalmente, no puede olvidarse que cuando se trate de declarar la insubsistencia del nombramiento de un funcionario escalafonado, deberá oírse previamente el concepto de la respectiva comisión de personal. Dicho concepto se referirá al cumplimiento de los procedimientos y normas que regulan la evaluación del desempeño.
9.3. Razones de buen servicio, para los empleados de carrera administrativa Dentro de las causales de retiro contempladas en el artículo 41 de la ley 909 de 2004, ésta incorporaba en el literal “c) Por razones de buen servicio, para los empleados de carrera administrativa, mediante resolución motivada”. Disponía la norma que hay razones de buen servicio cuando el incumplimiento grave de una o algunas funciones asignadas al funcionario
afecten directamente la prestación de los servicios que debe ofrecer la entidad, caso en el cual se procedería al retiro del empleado, mediante resolución motivada que incluya la descripción del incumplimiento de la función y el nexo causal entre este y la afectación del servicio, decisión contra la cual procederían los recursos del Código Contencioso Administrativo. Establecía igualmente que el uso indebido o arbitrario por parte del nominador de esta facultad acarreará las sanciones contempladas en el Código Único Disciplinario. Sin embargo, la Corte Constitucional al examinar esta disposición legal, encontró que la causal cuestionada tiene claras connotaciones disciplinarias, tratándose de una sanción, no de una medida administrativa, porque implica una consecuencia jurídica negativa que afecta de manera severa el derecho básico del funcionario de carrera consistente en permanecer en ella. La consecuencia en ese aspecto es semejante a la sanción disciplinaria de destitución, así el retiro por razones de buen servicio no genere antecedentes disciplinarios.
Para saber más… Es recomendable conocer los argumentos de fondo que soportan esta decisión y que se encuentran en la Sentencia C-501 de 2005, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
El incumplimiento grave de funciones según la descripción que hace la norma, equivale a una de las conductas que dan lugar a investigación disciplinaria por trasgresión de los deberes funcionales. Dadas estas proyecciones necesarias hacia el ámbito disciplinario, el debido proceso aplicable es el propio del derecho disciplinario, con la plenitud de garantías en él previstas, y como no es esto lo que prevén las normas acusadas puesto que éstas permiten que la sanción de retiro sea impuesta sin el lleno de las garantías para el funcionario de carrera, fue declarada inexequible esta causal.
9.4. Renuncia regularmente aceptada La ley ha considerado que todo el que sirva un empleo de voluntaria aceptación puede renunciarlo libremente. La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta en forma escrita e inequívoca su voluntad de separarse definitivamente del servicio. Si la autoridad competente creyere que hay motivos notorios de conveniencia pública para no aceptar la renuncia, deberá solicitar el retiro de ella, pero si el renunciante insiste, deberá aceptarla. La competencia para aceptar renuncias corresponde a la autoridad nominadora.
Idea Clave La Ley ha considerado que todo el que sirva un empleo de voluntaria aceptación puede renunciarlo libremente
Presentada la renuncia, su aceptación por la autoridad competente se producirá por escrito y en la providencia correspondiente deberá determinarse la fecha en que se hará efectiva, que no podrá ser posterior a treinta (30) días de su presentación. Vencido el término señalado en el presente artículo sin que se haya decidido sobre la renuncia, el funcionario dimitente podrá separarse del cargo sin incurrir en abandono del empleo, o continuar en el desempeño del mismo, caso en el cual la renuncia no producirá efecto alguno. Están terminantemente prohibidas y carecerán en absoluto de valor, las renuncias en blanco o sin fecha determinada o que mediante cualesquiera otras circunstancias pongan con anticipación en manos del jefe del organismo la suerte del empleado. 207
La renuncia regularmente aceptada la hace irrevocable. Cuando el empleado estuviere inscrito en el escalafón, la renuncia del cargo conlleva la renuncia a su situación dentro de la carrera respectiva. De las anteriores disposiciones puede deducirse que la administración no puede hacer uso de presiones indebidas para provocar la renuncia de un funcionario público. La renuncia debe ser una manifestación inequívoca por parte del empleado de separarse del ejercicio de sus funciones y no una consecuencia de actos proferidos por el superior que la provoque. La administración no puede usar medios indebidos que lleven al funcionario a presentar la renuncia.
Idea Clave La renuncia debe ser una manifestación inequívoca por parte del empleado de separarse del ejercicio de sus funciones y no una consecuencia de actos proferidos por el superior que la provoque.
La renuncia siempre va precedida de un motivo, expreso o no; no es esta circunstancia la que vicia la aceptación, sino el hecho de que ese motivo haya sido gestado por la entidad con el fin de quebrar el libre arbitrio y provocar el retiro del empleado. No es suficiente, ni siquiera, la simple insinuación que haga al nominador de presentar la dimisión; es necesario que se evidencie un componente coercitivo que permita concluir que el fuero interno del empleado fue invadido de tal manera que su capacidad de decisión se ve truncada, al punto que indefectiblemente se ve compelido a renunciar. Debe aclararse que la jurisprudencia ha estimado que las renuncias solicitadas a los titulares de cargos de carácter político-administrativo como los de ministros, los jefes o directores de departamento administrativo, los superintendentes, los viceministros y secretarios generales, son válidas por cuanto el fin perseguido se orienta a la integración burocrática de la cúpula gubernamental y administrativa que se encargará de la implantación y desarrollo de las políticas gubernamentales. En estos casos la insinuación de la renuncia constituye un mecanismo encaminado a evitar la insubsistencia, que en un alto cargo no es muy consonante con las prácticas administrativas gubernamentales. Finalmente, la presentación o la aceptación de una renuncia no constituye obstáculo para ejercer la acción disciplinaria en razón de hechos que no hubieren sido revelados a la administración sino con posterioridad a tales circunstancias. Tampoco interrumpen la acción disciplinaria ni la fijación de la sanción.
9.5. Pensión de jubilación o vejez Cuando un trabajador particular o un servidor público han laborado durante el tiempo necesario para acceder a la pensión, es objetivo y razonable que se prevea la terminación de su relación laboral. Por un lado, esa persona no quedará desamparada, pues tendrá derecho a disfrutar de la pensión, como contraprestación de los ahorros efectuados durante su vida laboral y como medio para gozar del descanso, en condiciones dignas, cuando la disminución de su producción laboral es evidente. Por otro lado, crea la posibilidad de que el cargo que ocupaba sea copado por otra persona, haciendo efectiva el acceso en igualdad de condiciones de otras personas a esos cargos, pues no puede perderse de vista que los cargos públicos no son patrimonio de las personas que lo ocupan. Así entonces, el literal e) del artículo 41 de la Ley 909, estableció como otra causal de retiro del servicio, el haber obtenido la pensión de jubilación o vejez.
Las normas vigentes sobre seguridad social establecen que: “Se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, que el trabajador del sector privado o servidor público, cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión. El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, cuando sea reconocida o notificada la pensión por parte de las administradoras del sistema general de pensiones”. Más adelante se dispuso que transcurridos treinta (30) días después de que el trabajador o servidor público cumpla con los requisitos establecidos para tener derecho a la pensión, si este no la solicita, el empleador podrá solicitar el reconocimiento de la misma en nombre de aquel. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la exigencia constitucional a favor del empleado público o privado, retirado del servicio, según el cual el Estado debe garantizar la efectividad de sus derechos, asegurándole la remuneración vital que garantice su subsistencia, su dignidad humana y los derechos de los trabajadores. Esta circunstancia condujo a la Corte Constitucional a concluir que no puede existir solución de continuidad entre la terminación de la relación laboral y la iniciación del pago efectivo de la mesada pensional, precisamente para asegurar al trabajador y a su familia los ingresos mínimos vitales, así como la efectividad y primacía de sus derechos (C.P., arts. 2° y 5°). Por tanto, el trabajador particular o servidor público sólo puede ser retirado, cuando se le garantice el pago de su mesada pensional, con la inclusión en la correspondiente nómina, una vez se haya reconocido su pensión.
Para saber más… Consúltese en particular la ley 797 de 2003 en su artículo 9° y ss.
Idea Clave Se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal y reglamentaria, que el trabajador del sector privado o servidor público, cumpla con los requisitos establecidos para tener derecho a la pensión
Para saber más… Téngase en cuenta lo dispuesto en la sentencia C-1037 de 2003, MP Jaime Araújo Rentería, y en C-501 de 2005, MP Manuel José Cepeda Espinosa
La Corte constata que con este condicionamiento no se incurre en la prohibición constitucional conforme a la cual no se pueden recibir dos asignaciones que provengan del tesoro público (C.P., art.128), en relación con los pensionados del sector público, pues una vez se incluye en la nómina correspondiente el pago de la mesada pensional respectiva, debe cesar la vinculación laboral. En consecuencia, la Corte declaró la exequibilidad del literal d) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, siempre y cuando además de la notificación del reconocimiento de la pensión, no se pueda dar por terminada la relación laboral sin que se le notifique debidamente al funcionario pensionado su inclusión en la nómina de pensionados correspondiente. Finalmente, debe tenerse en cuenta que la persona retirada con derecho a pensión de jubilación no podrá ser reintegrada al servicio salvo cuando se trate de ocupar las posiciones de: 1. Presidente de la República. 2. Ministro del Despacho o Jefe de Departamento Administrativo. 3. Superintendente.
4. Viceministro o Secretario General de Ministerio o Departamento Administrativo. 5. Presidente, Gerente o Director de Establecimiento Público o de empresa industrial o comercial del Estado. 6. Miembro de misión diplomática no comprendida en la respectiva carrera. 7. Secretario privado de los despachos de los funcionarios anteriores. 8. Consejero o asesor, y 9. Las demás que por necesidades del servicio determine el Gobierno, siempre que no se sobrepase la edad de los sesenta y cinco (65) años. 10. Director General de Unidad Administrativa Especial con o sin personería jurídica.
9.6. Invalidez absoluta La invalidez absoluta se ha contemplado como una de las causales de retiro del servicio, tanto para quienes ejercen cargos de carrera administrativa, como para quienes se desempeñan en empleos de libre nombramiento y remoción, retiro que opera una vez se de la declaración de invalidez absoluta. Se ha entendido que la invalidez absoluta es aquella que inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio. De acuerdo con el régimen de seguridad social, se considera con invalidez la persona que por cualquier causa, de cualquier origen, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral.
Para saber más… Véase el Decreto 917 de 1999 por medio del cual se adoptó el manual único para la calificación de la invalidez.
Corresponde a las Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las Entidades Promotoras de Salud, EPS, determinar en primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de las contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación, dentro de los cinco (5) días siguientes a la manifestación que hiciere sobre su inconformidad, se acudirá a las Juntas de Calificación de Invalidez del orden regional, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional. El acto que declara la invalidez que expida cualquiera de aquellas entidades, deberá contener expresamente los fundamentos de hecho y de derecho que dieron origen a esta decisión, así como la forma y oportunidad en que el interesado puede solicitar la calificación por parte de la Junta Regional y la facultad de recurrir esta calificación ante la Junta Nacional.
Para saber más… Téngase en cuenta lo dispuesto en la Ley 860 de 2003
Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones: “1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y su fidelidad (de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez”. En ningún caso la pensión de invalidez podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual. La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado. Téngase en cuenta que aunque la invalidez absoluta es una causal de retiro del servicio, sin embargo, en virtud de las normas de seguridad social no se podrá retirar del servicio al empleado hasta que se encuentre en nómina de pensionados, y la pensión se reconocerá retroactiva a la fecha en que fue declarado inválido.
Idea Clave Aunque la invalidez absoluta es una causal de retiro del servicio, sin embargo, en virtud de las normas de seguridad social, no se podrá retirar del servicio al empleado hasta que se encuentre en nómina de pensionados.
No obstante, el afiliado que al momento de invalidarse no hubiere reunido los requisitos exigidos para la pensión de invalidez, tendrá derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a la que le hubiera correspondido en el caso de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.
9.7. Edad de retiro forzoso De conformidad con la ley todo empleado que cumpla la edad de sesenta y cinco (65) años será retirado del servicio y no podrá ser reintegrado. Los empleados que cesen en el desempeño de sus funciones por razón de la edad, se harán acreedores a una pensión por vejez, de acuerdo a lo que sobre el particular establezca el régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos.
Idea Clave Todo empleado que cumpla la edad de sesenta y cinco (65) años será retirado del servicio y no podrá ser reintegrado
La ley exceptúa de dicha disposición a quienes ocupen las posiciones de Presidente de la República, Ministro del Despacho, Jefe de Departamento Administrativo, Superintendente, Viceministro, Secretario General de Ministerio o Departamento Administrativo, presidente, gerente o director de establecimientos públicos o de empresas industriales y comerciales del Estado, miembro de misiones diplomáticas no comprendidas en la respectiva carrera y secretario privado de los despachos de los funcionarios antes enumerados. Los empleos a que se hace referencia, corresponden a las más altas dignidades de la rama ejecutiva del poder público, son cargos de elección popular o de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República o de alguno de los altos funcionarios allí señalados. Igualmente, el cumplimiento de la edad de retiro forzoso como causal para desvincular a un servidor público de su cargo se encuentra directamente consagrada por el Estatuto Superior para el caso de los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado (C.P., artículo 233).
A juicio de la Corte Constitucional, la consagración legal de una edad de retiro forzoso del servicio público afecta el derecho al trabajo, pues el servidor público no puede seguir desempeñándose en su cargo. No obstante, si la fijación responde a criterios objetivos y razonables, debe afirmarse que, en principio, resulta proporcional a los fines constitucionales cuyo logro se persigue. En efecto, la posibilidad de retirar a un servidor público de su empleo, una vez ha alcanzado una determinada edad fijada en la ley, es un instrumento de que disponen el legislador y la administración para lograr el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos públicos (C.P., artículos 13 y 40-7) y el derecho al trabajo de los ciudadanos que aspiran a desempeñarse como trabajadores al servicio del Estado (C.P., artículo 25).
Para saber más… Véase la sentencia SC037/96 MP. Vladimiro Naranjo Mesa, en relación con las reglas aplicables a la edad de retiro forzoso de los magistrados de las altas corporaciones judiciales.
Para saber más… Consúltese la sentencia C-563 de 1997 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz y SC-351 de 1995 MP. Vladimiro Naranjo Mesa.
Así mismo, medidas de esta índole persiguen la efectividad del mandato estatal contenido en el artículo 54 de la Carta Política, según el cual "el Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar" que, a su turno, es concordante con las facultades genéricas de intervención del Estado en la economía con la finalidad de "dar pleno empleo a los recursos humanos" (C.P., artículo 334). En suma, es posible afirmar que la fijación de una edad de retiro forzoso como causal de desvinculación del servicio público, constituye una medida gracias a la cual el Estado redistribuye y renueva un recurso escaso, como son los empleos públicos, con la finalidad de que todos los ciudadanos tengan acceso a éste en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades. De igual modo, la fijación legal de la edad de 65 años como razón suficiente para el retiro forzoso de cargos públicos sometidos al régimen de carrera administrativa, no vulnera el derecho fundamental al mínimo vital (C.P., artículo 1°). En efecto, la restricción impuesta a los servidores públicos que cumplen la edad de retiro forzoso es compensada por el derecho que adquieren al disfrute de la respectiva pensión de jubilación (C.P., artículo 48) y a las garantías y prestaciones que se derivan de la especial protección y asistencia que el Estado está obligado a dispensar a las personas de la tercera edad (C.P., artículos 13 y 46), lo cual deja a salvo la integridad del indicado derecho fundamental. Ahora bien, para la Corte Constitucional, sin embargo, la edad de retiro forzoso no puede ser utilizada con el fin de interferir en la decisión popular de elegir a un ciudadano para que desempeñe un cargo durante un período fijo, constitucional o legal, o para restringir la posibilidad de que, a través del sistema de libre nombramiento y remoción, las personas que se estimen idóneas, con independencia de su edad, sean llamadas a ejercer cargos de dirección y confianza para colaborar en la administración de los destinos públicos. La definición de una edad, no sólo como causal de retiro del régimen de carrera, sino de todo cargo público e, incluso, como inhabilidad para ser elegido o nombrado, no tiene sustento constitucional alguno, pues las razones que explican su aplicación al régimen de carrera no son extensivas a los otros sistemas de selección de servidores públicos en los que no sólo no existe un derecho a la estabilidad sino que, adicionalmente, se encuentran comprometidos otros bienes constitucionales como el principio democrático. En estos términos, debe afirmarse que no existe patrón de comparación entre quienes se desempeñan como servidores inscritos en un régimen de carrera y los otros funcionarios que se encuentran sometidos al régimen de libre nombramiento o sujetos a un período fijo. Los
primeros, tienen derecho a la estabilidad laboral en nombre de los principios que gobiernan la carrera administrativa. En este contexto, debe afirmarse que la edad de retiro forzoso es un límite a este derecho, que sirve para garantizar el acceso igualitario a los cargos públicos. Sin embargo, los restantes servidores públicos, elegidos o sometidos al régimen de libre nombramiento y remoción, no gozan del derecho a la estabilidad. En efecto, incluso, el período fijo, se explica más en virtud del principio democrático y de los principios de eficacia y eficiencia, que en gracia de asegurar al respectivo funcionario, un puesto de trabajo al margen de los vaivenes políticos. En otras palabras, por las condiciones propias de cada sistema de selección, la regla que se estudia no puede ser aplicada, salvo las expresas excepciones constitucionales, a funcionarios de libre nombramiento y remoción o a servidores de elección popular o que gozan de un período fijo. Sin embargo, es necesario anotar que la determinación legislativa de la edad en la cual ha de producirse el retiro forzoso de los servidores estatales debe fundarse en criterios objetivos tales como la expectativa de vida promedio de la población colombiana, las necesidades de renovación del mercado de trabajo en orden a la conservación de la productividad del sistema económico, etc. En fin, en criterios razonables que justifiquen porqué el Legislador escogió una determinada edad de retiro forzoso y no otra.
9.8. Destitución, como consecuencia de proceso disciplinario El retiro del servicio por destitución, solo es procedente como sanción disciplinaria y con la plena observancia del procedimiento señalado en el Código Único Disciplinario. Las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima, son sancionadas con destitución e inhabilidad general. El legislador, con ese fin, ha precisado qué debe entenderse por falta disciplinaria en general, esto es “el incumplimiento de los deberes, el abuso o extralimitación de los derechos y funciones, la incursión en prohibiciones, impedimentos, inhabilidades y conflicto de intereses”, de lo cual se puede deducir un claro propósito de evitar arbitrariedades en el ejercicio de la función pública. Como ya se ha dicho en otro apartado, las faltas disciplinarias, para fines sancionatorios, han sido clasificadas en tres grupos: gravísimas, graves y leves. En este orden de ideas, la ley señala cuales conductas de los servidores públicos se consideran faltas gravísimas, y fija los criterios para determinar la gravedad o levedad de las faltas. Considera la ley que habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. Obsérvese que se considera culpa gravísima en primer término la ignorancia supina, que define el diccionario de la lengua de la Real Academia Española como “la que procede
Idea Clave El retiro del servicio por destitución, solo es procedente como sanción disciplinaria y con la plena observancia del procedimiento señalado en el Código Único Disciplinario
Para saber más… Ver el artículo 48 de la Ley 734 de 2002 que incluye el listado de faltas gravísimas
Idea Clave Se considera como culpa gravísima la negligencia del servidor que pese a tener el deber de instruirse a efectos de desempeñar la labor encomendada decide no hacerlo
de negligencia en aprender o inquirir lo que puede y debe saberse”. Es decir que se considera como culpa gravísima la negligencia del servidor que pese a tener el deber de instruirse a efectos de desempeñar la labor encomendada decide no hacerlo. Precisa también el Código Único Disciplinario que la destitución e inhabilidad general implica: “a) La terminación de la relación del servidor público con la administración, sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección, o b) La desvinculación del cargo, en los casos previstos en los artículos 110 y 278, numeral 1, de la Constitución Política, o c) La terminación del contrato de trabajo, y d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera”. Igualmente, la inhabilidad general será de diez a veinte años; la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses; pero cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado la inhabilidad será permanente. Finalmente, no sobra insistir que el ejercicio del derecho del Estado a sancionar las faltas disciplinarias que cometan sus servidores para prevenir conductas contrarias al cumplimiento recto del servicio público y leal de la función pública, lesivas de los bienes jurídicos protegidos con ellas, debe estar revestido de todas las garantías de orden sustantivo y procesal, consagradas constitucional y legalmente para los regímenes sancionatorios. Así pues, los principios del debido proceso, legalidad, favorabilidad, presunción de inocencia, igualdad ante la ley, reconocimiento de la dignidad humana, resolución de la duda en favor del disciplinado, entre otros, se muestran como rectores del proceso disciplinario en general. Así mismo, dada la utilización extensiva de algunos de los elementos singulares del derecho penal sustantivo y procesal, resultan aplicables en el derecho disciplinario los principios atinentes a la tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y proporcionalidad de la sanción, con las adaptaciones convenientes a la finalidad disciplinaria.
Para saber más… Ver la Sentencia C310/97, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz.
9.9. Declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo El abandono del cargo como causal autónoma de retiro del servicio ha sido consagrado en numerosos textos normativos del ordenamiento jurídico colombiano. No es una consagración
reciente; se evidencia que la disposición ha sido plasmada desde 1968 y reproducida en múltiples normas relativas a la carrera administrativa y, en general, a la administración del personal al servicio del Estado.
Idea Clave El abandono del cargo es una causal autónoma de retiro del servicio
Uno de los antecedentes de esta causal de retiro del servicio se encuentra en el Decreto 1950 de 1973. El Gobierno, por medio de este cuerpo normativo se ocupó de varios temas, entre ellos, el de la vacancia de los empleos, dentro de cuyas causales de declaratoria, figura, el abandono del cargo. Además, el Decreto indica cuáles son los eventos en los cuales se configura el abandono del cargo en los siguientes términos: “Artículo 126. El abandono del cargo se produce cuando un empleado sin justa causa: 1. No reasuma sus funciones al vencimiento de una licencia, permiso, vacaciones, comisión, o dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de la prestación del servicio militar; 2. Deje de concurrir al trabajo por tres (3) días consecutivos; 3. No concurra al trabajo antes de serle concedida autorización para separarse del servicio o en caso de renuncia antes de vencerse el plazo de que trata el artículo 113 del presente decreto, y 4. Se abstenga de prestar el servicio antes de que asuma el cargo quien ha de reemplazarlo.” Así mismo, el decreto establece que una vez comprobada la ocurrencia de alguna de las hipótesis de hecho referidas, la autoridad nominadora declarará la vacancia del empleo “previos los procedimientos legales”, sin hacer remisión expresa a ninguna normatividad que regule dicho procedimiento. De otra parte, establece que si por el abandono del cargo se perjudicara el servicio, el empleado también se hará acreedor a las sanciones disciplinarias y a la responsabilidad civil o penal a que haya lugar. Si bien no ha sido estipulado un procedimiento específico que constituya una garantía ineludible del debido proceso en la declaratoria de vacancia del empleo por abandono del mismo, si es claro que la autoridad competente para proceder en tal sentido, se encuentra en la obligación de respetar las garantías inherentes a dicho derecho fundamental. El debido proceso implica el respeto de unas garantías previas a la expedición de la decisión, así como de unas garantías posteriores, que en el ámbito de los procedimientos administrativos guardan relación con el agotamiento de los recursos de la vía gubernativa, así como con la posibilidad de someter al control jurisdiccional la validez jurídica de dichas decisiones. Es de vital importancia recordar que la decisión de retiro del servicio de un empleado público tiene lugar mediante un acto administrativo de carácter particular y concreto para cuya expedición debe cumplirse el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo, esto es, que la actuación que de oficio inicie la administración, con el fin de retirar del servicio a un empleado, que ejerce un empleo de carrera o de libre nombramiento y remoción, le debe ser comunicada, para efectos de que éste pueda ejercer su derecho de defensa, al
Para saber más… Sobre esta garantía fundamental en las actuaciones administrativas consúltese, entre otras, las sentencias SU-250 de 1998, C-653 de 2001, C506 de 2002, T-1142 de 2003, T-597 de 2004, T031, T-222, T-746 y C-929 de 2005
Para saber más… Téngase en cuenta lo dispuesto en los artículos 28, 34 y 35 del Código Contencioso Administrativo.
ser oído por la autoridad administrativa competente, así como para contar con la oportunidad de aportar y controvertir las pruebas que le sean adversas. De otra parte, el retiro del servicio por abandono del empleo no excluye ni hace inviable el proceso disciplinario, antes bien, indica que la autoridad competente debe iniciarlo, a fin de que dentro de éste último, se establezca la responsabilidad disciplinaria del servidor, en tanto que la conducta de abandono del cargo está consagrada en el Código Disciplinario Único como una falta gravísima. Para la Corte Constitucional, abandonar el cargo, o el servicio, implica la dejación voluntaria definitiva y no transitoria de los deberes y responsabilidades que exige el empleo del cual es titular el servidor público. En consecuencia, dicho abandono se puede presentar, bien porque se renuncia al ejercicio de las labores o funciones propias del cargo, con la necesaria afectación de la continuidad del servicio administrativo, o bien porque se deserta materialmente del cargo al ausentarse el servidor del sitio de trabajo y no regresar a él para cumplir con las labores asignadas, propias del cargo o del servicio.
Para saber más… Ver la Ley 734 de 2002, artículo 48, numeral 55.
Para saber más… Resulta de interés consultar, entre otras, las sentencias C-769 de 1998, C-088 de 2002, C-734 de 2003
Corolario de lo anterior es que el abandono debe ser injustificado, es decir, sin que exista una razón o motivo suficiente para que el servidor se exima de la responsabilidad de cumplir con las funciones propias del cargo o del servicio. Ello es así, porque de ser justificado el abandono del cargo o del servicio desaparece la antijuridicidad del hecho y, por consiguiente, la falta disciplinaria. Además, es perfectamente viable y no contraviene la prohibición constitucional del doble enjuiciamiento, que dentro del ordenamiento jurídico colombiano coexistan consecuencias negativas tanto en el régimen disciplinario como en el de carrera administrativa, para aquel servidor público que abandone injustificadamente su empleo, pues el régimen de carrera está fundado en el mérito y se centra en asegurar ante todo la eficacia y continuidad de la actividad estatal, mientras que los procesos disciplinarios protegen preferentemente la moralidad de la administración, y por ello se centran en verificar el cumplimiento de los deberes propios del cargo por los respectivos funcionarios.
Idea Clave El abandono del cargo debe ser injustificado, es decir, sin que exista una razón o motivo suficiente para que el servidor se exima de la responsabilidad de cumplir con las funciones propias del cargo o del servicio.
Debe reiterarse entonces que el abandono del cargo como causal autónoma de retiro del servicio se enmarca dentro de un ámbito diferente al sancionatorio propio del derecho disciplinario. Recientemente, la Corte Constitucional así lo concluyó, al analizar el contenido y alcances de la causal de retiro del servicio consagrada en el literal c) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004. Como se planteó anteriormente, el retiro del servicio del empleado que incurra en abandono del cargo es una medida administrativa consecuente con los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (C.P. art. 209) que rigen la administración pública, en tanto la misma debe contar con la posibilidad de proveer rápidamente un cargo que ha sido abandonado, para que un funcionario entre a cumplir las labores idóneamente, a fin de evitar traumatismos en la marcha de la administración. El proceso disciplinario, por el contrario, estaría dirigido, principalmente, a establecer la responsabilidad individual del funcionario, a fin de imponerle la sanción respectiva. Ahora bien, aún cuando es cierto que las consecuencias que se derivan del retiro del servicio por abandono del cargo y aquellas provenientes de la sanción impuesta al funcionario, posterior al adelantamiento del proceso disciplinario por la misma conducta, son distintas, en cuanto a que en la primera hipótesis no se configura un antecedente disciplinario y no se impone una sanción, sino que el retiro se produce como consecuencia de una medida administrativa, lo anterior no implica, como se ha reiterado, que en la primera eventualidad no sea indispensable ofrecer al funcionario las garantías previas inherentes al debido proceso y que sea suficiente con la posibilidad de ejercer los controles posteriores al acto. Así lo entendió al Corte Constitucional y por ello, condicionó la exequibilidad del literal c) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, a la plena aplicación de los derechos de defensa y contradicción del empleado, antes de la expedición del acto administrativo mediante el cual se produzca su eventual retiro del servicio.
9.10. Revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño del empleo El artículo 41 de la ley 909 de 2004, establece como otra causal de retiro del servicio, para quienes se estén desempeñando en empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa, la revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño del empleo. Debe aclararse que la comisión de delito o falta disciplinaria que tenga origen en la demostración de requisitos exigidos para el nombramiento o posesión, se somete a la ley vigente al momento de la ocurrencia de los hechos.
Idea Clave Un nombramiento debe revocarse cuando no se acrediten los requisitos exigidos para el desempeño del empleo
De conformidad con la jurisprudencia, los actos administrativos de carácter particular pueden ser revocados sin el consentimiento expreso y escrito de su titular cuando su irregularidad sea grave, flagrante y producto de un acto ilegal. No puede pretenderse que la administración quede ligada por un acto administrativo viciado desde su origen de ilegalidad, cuando fue expedido con base en maniobras fraudulentas del interesado. Un acto ilegal no puede ser fuente de derechos y menos condicionar los derechos y deberes de la administración. Al contrario, es deber de la administración corregir, apenas lo advierta, la situación contraria a derecho, sin que sea necesario buscar el beneplácito de quien con sus actividades fraudulentas la indujo en error. Es esta la situación prevista por el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, cuando permite la revocatoria de los actos particulares si fuere evidente que ocurrieron por medios ilegales. Igualmente, no puede pretenderse que la administración deba esperar el inicio y la culminación de un proceso penal que califique la falsedad del acto porque la norma exige sólo la evidencia del proceder ilícito.
Exigir como requisito para la revocatoria del acto el consentimiento expreso del beneficiario infractor equivaldría a someter a la entidad demandada a la voluntad de quien cometió el ilícito y, a la postre, a la imposibilidad de solucionar en oportunidad el problema, con los perjuicios para la administración pública. No debe olvidarse que el interés particular debe ceder ante el interés general y que el derecho se justifica en la medida en que facilite la convivencia y realice su fin último que es la justicia. Estas conductas no sólo vulneran los fines esenciales del Estado Social de Derecho sino que lesionan los principios básicos de la función pública y los deberes fundamentales del administrado frente a ella. Desde la reforma de 1968 se establecieron entre los deberes de los empleados respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las Leyes y los reglamentos. Por ello, bajo ningún concepto puede aceptarse que el particular, defraudando al Estado, anteponga su interés particular y la búsqueda del lucro personal a la finalidad de la función pública, establecida en beneficio general. El empleado público debe actuar con probidad y honestidad durante su vinculación laboral pues esta es una de sus obligaciones frente al empleador. Téngase si en cuenta que para el retiro del servicio de empleado de carrera con fuero sindical, por cualquiera de las causales contempladas en la ley, debe previamente obtenerse la autorización judicial correspondiente.
9.11. Orden o decisión judicial El Código Penal Colombiano, establece penas accesorias dentro de las cuales se encuentra la pérdida del empleo o cargo público que inhabilita al penado hasta por cinco (5) años para desempeñar cualquier cargo público u oficial. De conformidad con el Código de Procedimiento Penal, si la pena accesoria se trata de la pérdida de empleo o cargo público, se comunicará a quien haya hecho el nombramiento, la elección o los cuerpos directivos de la respectiva entidad y a la Procuraduría General de la Nación, de donde se colige que corresponde al nominador su retiro del servicio.
9.12. Supresión del empleo Los empleados públicos de carrera administrativa, que como consecuencia de la liquidación, reestructuración, supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra, o por modificación de planta de personal, se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, tendrán derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal, y de no ser posible podrán optar por ser reincorporados a empleos iguales o equivalentes o a recibir indemnización, conforme a las reglas previstas en el decreto-ley que regula el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones.
Idea Clave Los empleados públicos de carrera administrativa a quienes se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, tendrán derecho preferencial a ser reincorporados o indemnizados
Se entiende por empleos equivalentes aquellos que sean similares en cuanto a funciones, requisitos de experiencia, estudios, competencias laborales y tengan una asignación salarial igual. Téngase también en cuenta que cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de una entidad y los cargos de carrera de la nueva planta sean iguales o se distingan de los que conformaban la planta anterior solamente en su denominación, los titulares con derechos de carrera de los anteriores empleos deberán ser incorporados en la situación en que venían, por considerarse que no hubo supresión efectiva de estos, sin que se les exija requisitos superiores para su desempeño. Mientras se produce la reincorporación, el registro de inscripción en carrera del ex empleado continuará vigente con la anotación sobre la situación. Efectuada dicha reincorporación, será actualizada la inscripción y el empleado continuará con los derechos de carrera que ostentaba al momento de la supresión del empleo. Producida la reincorporación, el tiempo servido antes de la supresión del cargo se acumulará con el servido a partir de aquella, para efectos de causación de prestaciones sociales, beneficios salariales y demás derechos laborales. De no ser posible la reincorporación, el ex empleado tendrá derecho al reconocimiento de la indemnización y será retirado del Registro Público de Carrera. Para los efectos de reconocimiento y pago de las indemnizaciones, el tiempo de servicios continuos se contabilizará a partir de la fecha de posesión como empleado público en la entidad en la cual se produce la supresión del empleo. No obstante lo anterior, cuando el cargo que se suprime esté siendo desempeñado por un empleado que haya optado por la reincorporación y haya pasado a este por la supresión del empleo que ejercía en otra entidad o por traslado interinstitucional, para el reconocimiento y pago de la indemnización se contabilizará además, el tiempo laborado en la anterior entidad siempre que no haya sido indemnizado en ella, o ellas. La indemnizatoria es la siguiente: 1. Por menos de un (1) año de servicios continuos: cuarenta y cinco (45) días de salarios. 2. Por un (1) año o más de servicios continuos y menos de cinco (5) cuarenta y cinco (45) días de salario por el primer año; y quince (15) días por cada uno de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos. 3. Por cinco (5) años o más de servicios continuos y menos de diez (10) cuarenta y cinco (45) días de salario, por el primer año; y veinte (20) días por cada uno de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos. 4. Por diez (10) años o más de servicios continuos: cuarenta y cinco (45) días de salario, por el primer año; y cuarenta (40) días por cada uno de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos. La indemnización se liquidará con base en el salario promedio causado durante el último año de servicios teniendo en cuenta los siguientes factores:       
Asignación básica mensual correspondiente al empleo de carrera del cual es titular a la fecha de su supresión. Prima técnica cuando constituya factor salarial. Dominicales y festivos. Auxilios de alimentación y de transporte. Prima de navidad. Bonificación por servicios prestados. Prima de servicios. 219
Prima de vacaciones. Prima de antigüedad. Horas extras.
El pago de la indemnización estará a cargo de la entidad que retira al empleado y deberá cancelarse en efectivo dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de liquidación de la misma. En caso de mora en el pago se causarán intereses a favor del ex empleado a la tasa variable de los depósitos a término fijo (DTF) que señale el Banco de la República, a partir de la fecha del acto de liquidación. Los valores cancelados por concepto de indemnización no constituyen factor para la liquidación de ningún beneficio laboral, pero son compatibles con el reconocimiento y el pago de las prestaciones sociales a que tuviere derecho el empleado retirado. En todo caso, no podrá efectuarse supresión de empleos de carrera que conlleve el pago de la indemnización sin que previamente exista la disponibilidad presupuestal suficiente para cubrir el monto de tales indemnizaciones. El retiro del servicio con indemnización no será impedimento para que el empleado desvinculado pueda acceder nuevamente a empleos públicos. Cuando se suprima un empleo de libre nombramiento y remoción que esté siendo ejercido en comisión por un empleado de carrera, este regresará inmediatamente al cargo de carrera del cual sea titular. Cuando por razones del servicio deba suprimirse un cargo de carrera cuyo titular sea una empleada de carrera en estado de embarazo y habiendo optado por la reincorporación esta no fuere posible, además de la indemnización a que tiene derecho, la entidad deberá pagarle a título de indemnización por maternidad los salarios que se causen desde la fecha de supresión del empleo hasta la fecha probable del parto y efectuar el pago mensual a la correspondiente entidad promotora de salud de la parte que le corresponde, en los términos de ley, durante toda la etapa de gestación y los tres meses posteriores al parto. Además tendrá derechos a que la respectiva entidad de seguridad social le reconozca el valor de las doce (12) semanas por concepto de la licencia remunerada por maternidad Si la incorporación se efectúa en un empleo igual, no podrán exigirse requisitos distintos a los acreditados por los servidores al momento de su inscripción o actualización en el Registro Público de Carrera Administrativa en el empleo suprimido. Si la incorporación se realiza en un empleo equivalente, deberán acreditarse los requisitos exigidos por la entidad que esté obligada a efectuarla, de conformidad con el manual específico de funciones y requisitos de la misma. Cuando en la reforme de la planta de empleos de una entidad sea suprimido el cargo que ejerza un empleado sin derechos de carrera que se encuentre en período de prueba, este deberá ser incorporado al empleo igual o equivalente que exista en la nueva planta de personal. En estos casos los empleados continuarán en período de prueba hasta su vencimiento. De no poder efectuarse la incorporación a un empleo igual o equivalente, el nombre de la persona se reintegrará, mediante resolución motivada proferida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a la lista de elegibles en el puesto que corresponda, si esta aún estuviere vigente. Téngase en cuenta que la supresión del empleo debe ser fruto de una reforma de planta de empleos que deberá motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la Administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades, por la ESAP, o por firmas especializadas 220
en la materia; estudios que deberán garantizar el mejoramiento organizacional. Además, toda modificación a las plantas de personal de los organismos y entidades de las ramas ejecutivas del poder público del orden nacional, deberá ser aprobada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Se entiende que la modificación de una planta de empleos está fundada en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración, cuando las conclusiones del estudio técnico de la misma deriven en la creación o supresión de empleos con ocasión, entre otras causas, de:        
Fusión, supresión o escisión de entidades. Cambios en la misión u objeto social o en las funciones generales de la entidad. Traslado de funciones o competencias de un organismo a otro. Supresión, fusión o creación de dependencias o modificación de sus funciones. Mejoramiento o introducción de procesos, producción, de bienes o prestación de servicios. Redistribución de funciones y cargas de trabajo. Introducción de cambios tecnológicos. Culminación o cumplimiento de planes, programas o proyectos cuando los perfiles de los empleos involucrados para su ejecución no se ajusten al desarrollo de nuevos planes, programas o proyectos o a las funciones de la entidad. Racionalización del gasto público. Mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de las entidades públicas.
Finalmente, las modificaciones de las plantas deben realizarse dentro de claros criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general. Cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de una entidad, no tendrá la calidad de nuevo nombramiento la incorporación que se efectúe en cargos iguales o equivalentes a los suprimidos a quienes los venían ejerciendo en calidad de provisionales. Igualmente, los estudios que soporten las modificaciones de las plantas de empleos deberán basarse en metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplen, como mínimo, el análisis de los procesos técnicomisionales y de apoyo, la evaluación de la prestación de los servicios, y la evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos.
9.13. Muerte Corresponde a la Administración retirar del servicio a un funcionario que ha fallecido, con base en el registro civil de defunción, efectuando la liquidación y pago de salarios y prestaciones pendientes. Debe tenerse en cuenta que el legislador puede configurar otras causales de retiro de servicio, facultad que se hace evidente en el caso de regímenes especiales y específicos de carrera, donde a través de la Ley, se han contemplado causales diversas.
Ejemplo: el personal no uniformado de carrera del Ministerio de Defensa Nacional, de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, previo concepto favorable de la Comisión de Personal, podrá ser retirado cuando por informe reservado de inteligencia se considere que es inconveniente su permanencia en el servicio por razones de seguridad nacional. Finalmente, el retiro del servicio por cualquiera de las causales previstas, implica la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos inherentes a ella, para quien ejerce un empleo de carrera.
Lizeth Mayerli
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References: artículo 189
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 12
 artículo 83
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 41
 resolución 
 resolución 
 artículo 41
 artículo 9
 artículo 41
 artículo 233
 artículo 25
 artículo 54
 artículo 334
 artículo 1
 artículo 48
 artículo 48
 resolución 
 artículo 113
 artículo 48
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 73
 resolución