Source: http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=sesionessala&ac=getDocumento&teseid=10245&legiid=479
Timestamp: 2016-12-08 20:03:21+00:00

Document:
XV REUNIÓN DE GRUPO PARLAMENTARIO - Oradores (+) | (-)
MODIFICACIÓN DE LEY N° 19.885, SOBRE DONACIONES
Ávila C., Nelson
NORMAS SOBRE PARTICIPACIÓN DE TROPAS CHILENAS
ESTABLECIMIENTO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS
RECONOCIMIENTO DE MUJER CONVIVIENTE COMO CARGA DE TRABAJADOR PARA SU ACCESO A FONASA.
SOLIDARIDAD CON BOLIVIA; FELICITACIONES POR CONVOCATORIA VII. INCIDENTES
PREOCUPACIÓN POR RETRASO EN OBRAS VIALES.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE CENTROS DE ALUMNOS Y - Oradores (+) | (-)
DESEMBOLSO FISCAL PARA PAGO DE - Oradores (+) | (-)
INTERROGANTES SOBRE PRIMER CENSO - Oradores (+) | (-)
Sesión 56ª, en miércoles 1 de octubre de 2008
(De 16:23 a 18:40)
--Ávila Contreras, Nelson --Bianchi Chelech, Carlos
--Kuschel Silva, Carlos --Larraín Fernández, Hernán
--Naranjo Ortiz, Jaime --Navarro Brain, Alejandro
Concurrieron, además, el Ministro de Defensa Nacional, señor José Goñi Carrasco, y la Subsecretaria de Hacienda, señora María Olivia Recart Herrera.
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 54ª, ordinaria, en 16 de septiembre del año en curso, que no ha sido observada.
Con el primero comunica la nómina de los Honorables Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe formarse para proponer la forma y modo de resolver las discrepancias surgidas en la tramitación del proyecto de ley sobre salida de menores desde Chile (boletín Nº 4.594-07).
Con el segundo informa que ha prestado su aprobación al proyecto de ley que otorga bono extraordinario para quienes ejerzan como vocales de las mesas receptoras de sufragios (boletín N° 6.119-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata).
Del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, con el que contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Navarro, acerca de la posibilidad de emitir un instructivo sobre la aplicación de la ley penal común en los casos en que esta comprometa a personas indígenas.
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, relativo al proceso iniciado en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco en contra de Héctor Llaitul y de Roberto Painemil.
Con el segundo contesta un acuerdo adoptado por el Senado a proposición de los Senadores señores Naranjo y Ominami, mediante el cual se solicitó a Su Excelencia la Presidenta de la República implementar medidas legales tendientes a reabrir la Comisión de Prisión Política y Tortura y a ampliar su ámbito de cobertura o crear una nueva, para que puedan ser calificados los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que no se encuentren reconocidos por la Comisión de Verdad y Reconciliación (boletín N° S 1.104-12).
Con el tercero responde un acuerdo adoptado por el Senado a proposición de los Honorables señores Allamand, Espina, García, Horvath, Larraín, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag y Zaldívar, con el que se solicitó a Su Excelencia la Presidenta de la República conferir suma urgencia a los siguientes proyectos de ley: el que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones (boletín N° 4.991-15); el relativo a la prevención de la contaminación electromagnética (boletín N° 3.150-12), y el que obliga a informar sobre los niveles de radiación electromagnética que emiten los artefactos e instalaciones que señala (boletín N° 5.747-11) (boletín N° S 1.058-12).
Con los dos primeros da respuesta a igual número de oficios cursados en nombre del Senador señor Larraín, referidos al proyecto Radial Oriente, comuna de Colbún, y al camino longitudinal Los Corrales Monteflor, provincia de Linares.
Con los dos siguientes contesta igual número de oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath, relativos a fiscalización de las pisciculturas, descargas de actividades mineras y relaves en Aisén y al no pago a los contratistas que efectúan obras en la zona.
Con el quinto responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina, acerca del proceso de reparación del puente Cautín, Ruta S-11 R (Lautaro) y sus accesos.
Con el último da respuesta a un oficio expedido en nombre del Senador señor Coloma, sobre ampliación de las defensas fluviales del sector de las parcelas de Idahue, comuna de Licantén.
Del señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, mediante el cual contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Horvath, referido a un subsidio a la operación de energía eléctrica en favor de la Municipalidad de Las Guaitecas.
Con el primero da respuesta a un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Honorables señores Ávila, Cantero, Chadwick, Coloma, Flores, Frei, García, Kuschel, Naranjo, Navarro, Orpis, Pizarro, Prokurica, Sabag y Zaldívar, en materia de contaminación lumínica (boletín N° S 1.100-12).
Con el segundo responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Girardi, referido a la intervención del Parque Nacional Puyehue por parte de un proyecto privado hidroeléctrico.
Del señor Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, relativo a la protección de las prerrogativas de los indígenas.
Del señor Director del Servicio Nacional de Geología y Minería, mediante el cual contesta un oficio expedido en nombre del Senador señor Allamand, acerca de deslizamientos en las laderas de los cerros aledaños a la localidad de Amargos, en la comuna de Corral.
Del señor Alcalde de Osorno, con el que informa de la adopción de un acuerdo del concejo municipal, en relación con el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2009.
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en la consulta de la Sala del Senado sobre cuestiones de constitucionalidad planteadas en la discusión del proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del "Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979, modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001, y su reglamento anexo" (boletín N° 4.964-10) (con urgencia calificada de "simple").
De los Senadores señor Letelier, señora Alvear y señores Gómez, Larraín y Romero, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que establece como inhabilidad para postular al cargo de diputado o senador la comisión de hechos constitutivos de violencia intrafamiliar (boletín N° 6.122-07).
De los Senadores señores Girardi, Ávila, Navarro, Ominami y Ruiz-Esquide, con la que inician un proyecto de reforma constitucional sobre dominio público de las aguas (boletín N° 6.124-09).
De los Senadores señores Naranjo, Escalona, Ominami, Muñoz Aburto, Navarro y Núñez, relativo al proceso democrático en que se aprobó una nueva Constitución Política en la República del Ecuador (boletín N° S 1.114-12).
De los Senadores señores Bianchi, Larraín, Romero y Zaldívar, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que propicie el empleo de los mecanismos del Sistema Interamericano con motivo de los quiebres institucionales acontecidos o que acontezcan en el continente (boletín N° S 1.116-12).
De los Senadores señores Prokurica, Larraín, Ávila, Coloma, García, Gómez, Kuschel, Longueira, Muñoz Barra, Orpis, Pérez Varela, Pizarro y Vásquez, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que disponga un estudio destinado a proponer medidas que permitan solucionar la deuda adquirida por el Estado de Chile con los profesores (boletín N° S 1.115-12).
De los Senadores señores Navarro, Ávila, Naranjo y Vásquez, con el que solicitan al Ministerio de Agricultura, a la Comisión Nacional del Medio Ambiente y a la Corporación Nacional Forestal medidas destinadas a dar una mayor protección a la especie nativa "Ciprés de las Guaitecas" (boletín N° S 1.117-12).
De los Senadores señores Navarro, Ávila, Naranjo y Vásquez, mediante el cual se solicita a Su Excelencia la Presidenta de la República que se promuevan medidas en apoyo de las personas enfermas de Alzheimer y recursos públicos que permitan ampliar el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría (boletín N° S 1.118-12).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
A continuación, hará uso de la palabra el Honorable señor Bianchi para informar a la Sala sobre la reciente reunión del Grupo Parlamentario de Amistad Chileno-Argentino.
XV REUNIÓN DE GRUPO PARLAMENTARIO DE AMISTAD CHILENO-ARGENTINO
Señor Presidente, me corresponde dar cuenta de la XV reunión del Grupo Parlamentario de Amistad Chileno-Argentino realizada en el Congreso de este último país.
A dicha sesión asistieron los Senadores señores Carlos Kuschel, Pedro Muñoz Aburto, Guillermo Vásquez y quien habla.
En primer lugar, tratamos con nuestra contraparte argentina, presidida por la Diputada Susana Genem, los actos con que conmemoraremos los 30 años de la mediación papal.
Al respecto, acordamos celebrar un acto recordatorio en la ciudad de Punta Arenas el viernes 12 de diciembre del año en curso, para posteriormente realizar una sesión en la Antártica el sábado 13.
Ambas partes concordamos en la relevancia de tal recuerdo y apoyamos también la decisión de la Mesa del Senado de efectuar un acto en el Paso Cardenal Samoré el jueves 11 de diciembre.
A continuación, abordamos lo relativo a la formación de las fuerzas de operaciones de paz conjuntas, denominada Fuerza Cruz del Sur.
Sobre este tema, valoramos y reconocimos el trabajo desarrollado por las Comisiones de Defensa Nacional de ambos Senados y pedimos una vez más -como lo ha hecho el Honorable señor Romero en innumerables ocasiones- a nuestra contraparte argentina la pronta aprobación de la ley que autoriza la creación de dicha Fuerza. En tal sentido, hemos tratado de colaborar con lo realizado por la Comisión que preside el Senador señor Romero. Después, discutimos los controles integrados de fronteras.
Ambas partes concordamos en la urgencia de tener un tráfico de personas y de mercancías acorde con el siglo XXI. No tiene razón de ser la excesiva demora en las aduanas y controles fronterizos, pues observamos que dificulta la integración efectiva entre las dos naciones, especialmente, en las regiones australes.
En cuanto a los pasos fronterizos, entregamos a nuestros colegas argentinos, tal como nos comprometimos en la reunión preparatoria -a petición, en ese entonces, del Senador señor Allamand-, un completo estudio sobre ellos, tanto de los priorizados por nuestros Gobiernos como de los alternativos, que pueden ser propuestos, entre otros, por la sociedad civil o por los parlamentarios.
Debo destacar que hubo elogiosos comentarios de los congresistas argentinos sobre la elaboración y el detalle del documento, en el que también tuvo una participación directa el Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, don Julio Cámara, y gente que le colaboró.
Finalmente, nos dirigimos al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social Argentino, acompañados por nuestros pares trasandinos, donde nos esperaban los Ministros del Trabajo de ese país y de Chile, señores Juan Carlos Tomada y Osvaldo Andrade, respectivamente, para firmar una modificación al Convenio de Seguridad Social de 1996. Señor Presidente, este es un tema que usted conoce por entero y respecto del cual, en realidad, no hicimos más que seguir el trabajo que, en su calidad de titular del Grupo Interparlamentario Chileno-Argentino, llevó adelante durante un buen tiempo. De esa forma quedaron las bases para avanzar prontamente en algo en lo que ya existía un adelanto y en que, por lo menos, se había logrado acercar a las partes a raíz de la indisposición que surgió en una comisión de la Cámara de Diputados en Argentina.
El Acuerdo del año 1996 amplía aún más el alcanzado en 1972 y que está vigente. En efecto, la modificación introducida al Convenio suscrito en 1996 permite a nuestros compatriotas -aquellos que están sujetos al decreto ley N° 3.500, desde 1980 en adelante, y que se encuentran dentro del sistema de las AFP- acceder a un beneficio de carácter previsional, que es importante y que favorece a cerca de 500 mil chilenos. Y ese es un hecho relevante, señor Presidente, como usted bien lo sabe.
Con la participación del Ministro del Trabajo de Chile, señor Osvaldo Andrade, y de su homólogo argentino, más la colaboración de los parlamentarios a que hice mención y el aporte de las congresistas y los congresistas transandinos, en menos de dos meses se logró firmar la modificación a dicho Acuerdo la semana recién pasada. Esto marca un precedente extraordinariamente positivo en las relaciones internacionales de nuestro país.
Repito: un ciudadano chileno -por poner un ejemplo- que había trabajado ocho años en la República Argentina y doce en Chile, a pesar de tener 65 años de edad, no podía jubilarse en ninguno de los dos países, porque no se le contabilizaban esos veinte años. Ahora, en cambio, es posible sumar el tiempo durante el cual trabajó en la nación transandina a los años cotizados en nuestro país. Así podrá hacer un cobro de jubilación proporcional en ambas naciones.
La verdad, señor Presidente -y usted lo conoce de sobra, porque lideró el proceso por mucho tiempo-, nos llena de orgullo el haber podido concluir algo tan relevante para casi 500 mil chilenos y para alrededor de 60 mil ciudadanos argentinos que viven y trabajan en nuestro país, quienes también podrán cobrar esas jubilaciones.
Hemos reparado un daño importante, que estaba entrabado desde 1996. En consecuencia, no es menor todo lo que se hizo sobre la materia. Quería dar cuenta de lo anterior, con motivo de nuestro viaje a la República Argentina la semana recién pasada, lo cual se logró en un tiempo récord. Asimismo, deseo entregar mis agradecimientos a la Embajada chilena y sus funcionarios, que también jugaron un rol tremendamente significativo; a don Valdemar Coutts, que lideró todo un proceso desde la nación trasandina; a nuestro embajador; a don Julio Cámara y toda la gente que he mencionado.
Señor Presidente, nosotros estamos con un deber cumplido. Hemos resuelto un asunto que por muchos años formaba parte de las discusiones y conversaciones con nuestros hermanos argentinos. Sin embargo, la semana pasada se alcanzó un acuerdo que parecía absolutamente imposible.
Por lo tanto, ¡bien por toda la gente que se verá favorecida con este nuevo Convenio entre Argentina y Chile!
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Señor Senador, la Mesa agradece la cuenta que ha rendido. Y, para su tranquilidad, ella quedará íntegramente en la Versión Taquigráfica, con el objeto de tener el debido control y de que pueda llegar a todas las autoridades que se requiera, tanto nacionales como argentinas.
CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Corresponde continuar la discusión particular del proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.885, sobre donaciones con beneficios tributarios, con segundo informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "simple".
Sesiones 33ª, en 2 de julio de 2008 (se aprueba en general); 55ª, en 30 de septiembre de 2008 (queda pendiente su discusión particular).
Como los señores Senadores recordarán, la discusión en particular del proyecto de la referencia se inició ayer, quedando pendiente el tratamiento de una indicación renovada por diversos señores Senadores relacionada con el numeral 7, que dice: "Las donaciones de un monto inferior a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales efectuadas directamente a instituciones señaladas en el artículo 2° o al Fondo, tendrán derecho", etcétera.
La indicación renovada es la cinco sexies y fue suscrita por los Honorables señores Orpis, Bianchi, Chadwick, Coloma, Larraín, Longueira, Novoa, Pérez Varela, Prokurica y Romero. Su objetivo es agregar un párrafo final en el número 7 del artículo 1°, del tenor siguiente: "Un mismo contribuyente no podrá aplicar las donaciones establecidas en el inciso anterior a las instituciones relacionadas.".
Quedaron inscritos para hacer uso de la palabra los Senadores señores Gazmuri, Orpis y señora Matthei. En ese orden.
Solicito la anuencia de la Sala para que ingrese la Subsecretaria de Hacienda, señora María Olivia Recart.
Señor Presidente, voté a favor de la idea de legislar, sin perjuicio de que, en general, soy de opinión más bien contraria a las exenciones tributarias con objetivos específicos que son determinados por aquellas empresas que descuentan impuestos. A mi juicio, los fondos públicos deben ser resueltos en función de políticas públicas. En cierto modo, no estoy de acuerdo con esta suerte de privatización de las finalidades vinculadas con esos fondos.
Ahora bien, alguien podría preguntarse por qué me pronuncié a favor de este proyecto. Ello, porque, respecto de este tipo de organizaciones de la sociedad civil, hoy día existe discriminación, toda vez que en el caso de la cultura, del deporte, etcétera, se otorgan beneficios tributarios que no se conceden a ese otro tipo de obras y que persiguen objetivos directamente sociales.
Por eso, voté a favor, ya que no estoy por el principio de discriminación.
Considerando los argumentos que se dieron en la sesión de ayer, creo que la forma de garantizar las exenciones de esta naturaleza tendientes a favorecer emprendimientos u organizaciones sociales que carezcan del nivel de conocimiento, de influencia y de poder que tienen las grandes instituciones de beneficencia, o bien, la manera razonable de asegurar dicho objetivo, el cual comparto del todo, es ampliando el Fondo Común Solidario. Ahí se concursa y, evidentemente, pueden participar también las entidades pequeñas. Incluso, el respectivo reglamento podría establecer una cierta orientación que favorezca a esas ONG. Pero no me parece que el modo de alcanzar aquella finalidad sea por la vía de la indicación que presentó el Senador señor Orpis, porque básicamente se introduce un cierto factor de discriminación respecto del donante. En consecuencia, si se ha contemplado la posibilidad de que los donantes puedan elegir a qué programas desean destinar su aporte, considero que lo señalado es razonable. Ahora bien, entiendo que hay fundaciones mayores. Siempre se menciona aquí al Hogar de Cristo. Pero esta institución cuenta también con distintos tipos de programas; entonces, alguien podría desear favorecer a uno y otro. Por tanto, no me parece que ese elemento atente contra lo que considero razonable de la ley: terminar con la discriminación. Pero no es atendible que se otorguen exenciones tributarias para las donaciones con fines culturales y no se pueda hacer lo mismo con las dirigidas a combatir la drogadicción, ayudar a personas abandonadas en la última edad, etcétera. Ese principio me parece razonable. Por eso, anuncio mi voto de rechazo a la indicación renovada.
Señor Presidente, espero convencer a los señores Senadores para que apoyen esta indicación renovada. Dentro de las instituciones de beneficencia -y ello es aplicable no solo en este ámbito-, tenemos que defender a las pymes del sector. Ese es el punto de fondo.
¿Y por qué doy tal explicación? Por lo siguiente.
Siento una profunda admiración por las grandes obras de beneficencia. Han hecho un gran aporte, y lo seguirán haciendo. Pero quiero que el Senado analice qué va a ocurrir con el beneficio tributario en comento. Como lo decía en la sesión ordinaria de ayer, aquí hay dos situaciones distintas. Por un lado, los aportes iguales o superiores a mil unidades tributarias mensuales recibirán un crédito de 50 por ciento si al menos el 33 por ciento de la donación va al Fondo. Por otro, en el caso de las donaciones iguales o inferiores a 1.000 unidades tributarias mensuales se establece una limitante para acogerse al beneficio tributario.
¿Qué ocurrirá en la práctica? Que las grandes instituciones, aquellas que tienen fuerza para obtener el aporte, primero van a operar en el ámbito de las 1.000 UTM, donde el beneficio tributario es completo. Ello significará que las pequeñas instituciones, las pymes de la beneficencia, prácticamente verán cerrado el camino de las 1.000 UTM, que es el que da acceso al beneficio tributario importante.
Al final -aquí está la inequidad; y de eso quiero que tome conciencia el Senado-, ¿cómo deberán operar las pymes de la beneficencia si a todas se les va a aplicar el impuesto? En la práctica, las instituciones más grandes, por lo menos respecto a las mil unidades tributarias mensuales, obtendrán el beneficio tributario completo y, por ende, no pagarán ningún tipo de impuesto. Y a las entidades que más necesitan apalancar recursos -por su carácter de emergentes-, como estará copado el margen de las mil UTM, se les aplicará el impuesto respecto del 33 por ciento de las donaciones que van al Fondo.
Eso va a ocurrir. Y lo puedo dar firmado.
¿Qué ha dicho el Gobierno para avanzar en la materia? "Dividamos las 1.000 UTM en al menos dos instituciones, con un máximo de 700". Sin embargo, tal como en la vida económica, en la vida social existen grandes conglomerados. ¿Qué hace, entonces, la indicación renovada? Resguardar a las pymes de la beneficencia al decir: "Las dos instituciones que van a competir por las 1.000 UTM, con un tope de 700, no pueden estar ligadas entre sí".
¿Cuál es el efecto práctico de mi planteamiento? Que las grandes instituciones obtendrán hasta 700 UTM.
Mi tesis, en consecuencia, es dejar por lo menos el espacio de las 300 unidades tributarias a las pymes de la beneficencia. Eso estoy pidiendo. Así de simple. Tal es el sentido profundo de la indicación que renovamos.
Señor Presidente, no quiero entrar a debatir el aspecto filosófico. Ya estamos en la etapa final del proyecto. Existe un Fondo Mixto de Apoyo Social, más allá de las diferencias que pueda haber, etcétera. Aquí estamos discutiendo si las donaciones con el principal beneficio tributario serán concentradas en las grandes instituciones o si vamos a dejar un margen para las pymes de la beneficencia. Y a través de la indicación renovada les reservamos a estas por lo menos el espacio de 300 unidades tributarias mensuales. Quiero entonces que este Senado, donde muchas veces se alega contra la concentración, sea consecuente y apruebe la indicación renovada, cuyo propósito es fortalecer a las pymes de la beneficencia.
Señor Presidente, insisto en que comparto la motivación del Senador señor Orpis. Sin embargo, tengo la sensación de que la solución que propone va a provocar dificultades. Por de pronto -y entiendo que esta fue la objeción principal que llevó a la Comisión de Hacienda a rechazar por unanimidad la indicación primitiva-, si bien está claro el concepto de empresas relacionadas, no ocurre lo propio con el de instituciones relacionadas.
¿Qué se entiende por instituciones relacionadas? ¿Aquellas donde se repiten personas en los directorios? ¿Las que realizan actividades conexas? Mientras no exista definición al respecto, sobre la base de una indicación bien inspirada podemos terminar perjudicando a entes que cumplen un papel importante. En el caso del Hogar de Cristo y Un techo para Chile -ejemplo que se puso ayer-, uno de ellos podría quedar impedido de ser objeto de donaciones si se los considerara fundaciones relacionadas.
Señor Presidente, quiero reforzar el espíritu de la indicación presentada por el Senador señor Orpis y cuya renovación suscribimos. La objeción que plantea el Honorable señor Ominami -entiendo su sentido- puede resolverla fácilmente el propio Consejo de Administración del Fondo por la vía de definir los criterios para determinar cuándo y cómo se entenderá que existen instituciones relacionadas.
Si a ese Consejo le hemos entregado funciones sobremanera importantes, podrá definir una cosa menor con mucha más facilidad que nosotros mediante una ley, pues en este caso entraríamos en una situación extremadamente engorrosa y rígida que tal vez dificultaría la aplicación de la norma pertinente.
Creo que tal inquietud no debería ser considerada.
Señor Presidente, deseo aprovechar la oportunidad para manifestar la conveniencia de apoyar la indicación renovada. No he querido intervenir en exceso en esta materia porque ya se ha llegado a un entendimiento. Empero, me cuesta entender que para apoyar con facilidades tributarias las donaciones en beneficio de los sectores más pobres y vulnerables haya mayores dificultades que las registradas para incentivar las que persiguen fines culturales, educativos o deportivos.
En verdad, no he logrado entender la lógica de lo que se ha producido desde que se planteó la idea a propósito de las donaciones para fines políticos. Porque fue en ese minuto, como una manera de equilibrar la situación, sobre la base de que existían franquicias para donaciones en otros ámbitos, que se dijo: "Bueno, hagamos donaciones para fines políticos," -son las de la ley sobre gasto electoral- "y también para fines sociales". Sin embargo, hemos creado estas últimas con tal cantidad de requisitos -un fondo y otras cosas-, que al final pareciera que para combatir la pobreza sí hay dificultades, pero para los otros fines -nobles, por cierto-, no.
No logro entenderlo, señor Presidente. Recuerdo haber ido, cuando se intentó corregir, con una serie de instituciones sociales a visitar al Gobierno del Presidente Lagos, en la persona del Ministro Francisco Vidal, a la sazón titular de la Cartera del Interior. Entre los asistentes estaba el padre Agustín Moreira, quien le expresó al Ministro Vidal, al Ejecutivo -yo creo que nos decía a todos-: "¡Por qué tantas dificultades para combatir la pobreza! ¿Cuál es la verdadera prioridad que le damos en nuestras asignaciones a la pobreza? Porque hablamos mucho de ella, pero a la hora de ponernos en marcha para lograr resolver sus dificultades le colocamos mil restricciones". Me parece que eso es injusto. He sido contrario a la existencia del Consejo, contrario al impuesto que se quiere aplicar. Existen numerosas formas más efectivas para asegurar la redistribución y evitar la concentración. Pero hemos puesto tantas dificultades, que en esta materia no se ha avanzado desde que se dictó la ley que creó el apoyo para las organizaciones sociales que combaten la pobreza o ayudan a sectores de la comunidad especialmente vulnerables.
En tal sentido, se está pidiendo lo menos, para asegurar con mayor certeza que fundaciones y corporaciones de apoyo social, de rehabilitación, de ayuda a los sectores más desprotegidos que existen a lo largo del territorio nacional, tengan el respaldo que da la indicación renovada que estamos debatiendo, para la cual solicito la aprobación de esta Sala.
Me pidió una interrupción el Senador señor Orpis, que concedo con la venia de la Mesa.
Señor Presidente, en mi intervención anterior no mencioné el siguiente elemento. Originalmente se formuló una propuesta distinta para resolver el problema: el mecanismo de RUT a RUT; o sea, que las 1.000 UTM no fueran con relación a la empresa donante sino a la donataria, sobre la base del RUT de esta.
El Ejecutivo se cerró a esa alternativa, que permitía abordar la situación de las entidades grandes y pequeñas.
Siendo así, no me parece apropiado que hoy día se niegue la posibilidad respecto a las instituciones que tienen algún tipo de ligazón. No se trata, entonces, de que no existió una solución. Se propuso la vía descrita, pero fue cerrada. Agradezco la interrupción que me concedió el Senador señor Larraín.
Tiene la palabra la señora Subsecretaria de Hacienda. La señora RECART (Subsecretaria de Hacienda).-
Señor Presidente, agradezco que se me haya permitido entrar a la Sala para explicar detalles de la iniciativa en debate. Ayer seguí el debate de la iniciativa por televisión, desde la cafetería, y deseo efectuar algunas precisiones. El Senador señor Ávila hizo en esa oportunidad ciertas afirmaciones que me interesa aclarar. En primer lugar, el proyecto en análisis modifica una ley ya existente: la de donaciones para fines sociales. Lo que estamos haciendo hoy, entonces, es perfeccionar una normativa vigente, para dejarla más acorde con los tiempos. La ley en comento, por distintas razones, no ha estado operativa. Por tanto, el Ejecutivo envió una iniciativa destinada a mejorar la institucionalidad de los créditos tributarios con fines sociales. En segundo término, parte de los perfeccionamientos propuestos tienen que ver con la transparencia, para evitar malas experiencias de leyes anteriores sobre donaciones. Al respecto, pondré solo dos ejemplos. Primero, la iniciativa que hoy ocupa a esta Sala obliga al Ejecutivo, a través de los Ministerio de Hacienda y de Planificación, a concurrir al Senado una vez al año para dar cuenta del funcionamiento de la ley en proyecto. Segundo, habrá un registro público de todas las instituciones donantes y donatarias. Las que reciben donaciones deberán figurar en un sitio visible en Internet, con indicación de los miembros de sus directorios, de la procedencia de los fondos, en fin.
Por lo tanto, el donante dispondrá de mayor información que la existente hoy respecto de las más de 10 mil organizaciones sin fines de lucro registradas en el Ministerio de Justicia. En seguida, señor Presidente, quiero aclarar otro punto.
Después de las discusiones habidas en las Comisiones de Hacienda tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, se llegó a un acuerdo sobre la existencia del denominado "Fondo Mixto", acerca del cual tenemos una diferencia ideológica.
El Ejecutivo es partidario de que haya un Fondo Mixto. Creemos que es un mecanismo de solidaridad entre las instituciones. Por consiguiente, lo defendemos.
Entendemos que media un acuerdo sobre su existencia, pese a las diferencias ideológicas planteadas en cuanto a su constitución. También deseo, señor Presidente, referirme al punto planteado por el Senador señor Orpis en su indicación. Parte de la discusión sobre incluir a las instituciones más pequeñas tiene dos puertas. La primera dice relación al Fondo Mixto.
Resulta evidente que un gran banco o una gran empresa que se acoja a un crédito tributario más amplio tenga la obligación de donar al Fondo Mixto.
El Fondo Mixto está diseñado para las pequeñas instituciones de Quidico, de Tirúa, de todos los poblados chiquitos donde haya entidades sin fines de lucro que puedan presentar proyectos.
Esa es una puerta.
La segunda -y aquí viene lo expuesto por el Senador señor Orpis- se refiere al planteamiento de que las instituciones objeto de una donación no estén relacionadas entre sí. ¿Qué significa que no estén relacionadas entre sí?
Como hoy no existe definición al respecto, cualquier interpretación puede provocar lo señalado por el Honorable señor Larraín: la imposibilidad de que la ley opere.
Porque la interpretación podría ser, por ejemplo, que dos personas se hallan relacionadas por compartir una oficina.
Imaginemos a una ONG de tres personas y a otra de cinco que, por economía de escala pero sin tener vinculación alguna entre ellas, comparten una oficina en Tirúa.
Podría considerarse relacionadas a aquellas instituciones que cumplen un mismo objetivo. Así, sería factible estimar en tal situación a dos instituciones que en una comuna persiguen como fin la prevención del alcoholismo o de la drogadicción. También sería factible entender relacionadas a las instituciones que comparten directores.
Ya corregimos en el texto una norma atinente a la relación entre donante y donatario. Hemos hecho un esfuerzo enorme por llegar a un acuerdo. Creemos que el espíritu de lo planteado por el Senador señor Orpis se recoge en el proyecto. Por tanto, en nuestro concepto, la indicación de Su Señoría no es necesaria, pues introduce mayor confusión y permite interpretar la ley en proyecto, lo que derivará en su inoperancia.
Daré dos razones por las cuales pensamos que la iniciativa es suficiente: una, porque lo no relacionado tiene que ver con el RUT propio; y dos, por la existencia de autonomía. Ahora, en el caso del Hogar de Cristo y Un Techo para Chile -tomo el ejemplo que puso ayer el Senador señor Ominami- es evidente que se trata de dos instituciones distintas: tienen fines diversos; actúan sobre poblaciones diferentes; no cumplen iguales objetivos; seleccionan voluntarios de características y naturaleza disímiles, y, por último, no tienen el mismo RUT. Muchas gracias, señor Presidente.
Corresponde votar la indicación renovada. En votación.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, hago presente mi inhabilidad.
Se tendrá en cuenta, señor Senador.
Terminada la votación. El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Resultado de la votación: 13 votos por la afirmativa, 9 por la negativa, 4 abstenciones y un pareo. Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Bianchi, Chadwick, Coloma, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Novoa, Romero, Vásquez y Zaldívar (don Adolfo).
Votaron por la negativa los señores Frei (don Eduardo), Gazmuri, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Ominami y Sabag.
Se abstuvieron los señores Allamand, Ávila, García y Navarro.
Las abstenciones influyen en el resultado. Debe repetirse la votación. El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación. --Se aprueba la indicación renovada (14 votos a favor, 8 en contra, una abstención y un pareo).
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Bianchi, Chadwick, Coloma, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Navarro, Novoa, Romero, Vásquez y Zaldívar (don Adolfo).
Votaron por la negativa los señores Frei (don Eduardo), Gazmuri, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Ominami y Sabag. Se abstuvo el señor Ávila.
En seguida, habría que pronunciarse sobre el número 10 propuesto por la Comisión para el artículo 1° de la ley N° 19.885, que dice: "10.- No obstante lo señalado en los números anteriores, las donaciones de un monto igual o superior a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales", etcétera. Respecto de dicha norma, el Honorable señor Orpis pidió votación separada.
Señor Presidente, cuando se llegó a acuerdo entre la Alianza y el Gobierno en materia de seguridad ciudadana, no solo se consideró un enfoque represivo del delito, sino también preventivo. Y se acordó incorporar beneficios tributarios para ampliar la cobertura particularmente en cuanto a prevención y rehabilitación. Y ello se contempla en el proyecto que nos ocupa.
¿Pero qué ocurre, para el efecto de pedir directamente la eliminación de la norma? Que solo se mejora un poco el beneficio en relación con las donaciones sociales, en especial las de un monto igual o superior a mil unidades tributarias mensuales. ¿En qué sentido? En términos de que si el aporte al Fondo es al menos 25 por ciento del total de la donación, el beneficio tributario equivale a 50 por ciento. Es decir, la proporción obligatoria baja de 33 por ciento a 25. Si el aporte fuere inferior a 25 por ciento, el crédito sería de 40 por ciento en vez de 35.
¿Por qué sostengo que esta debería ser la mejor Ley de Donaciones? Deseo entregar algunos datos sobre el particular. Según un estudio de Paz Ciudadana, 72 por ciento de los robos con fuerza, 74 por ciento de los robos con violencia y 54 por ciento de los hurtos se cometen hoy día bajo los efectos de la cocaína y la pasta base. En el caso de aprehensiones por infracción a la Ley de Drogas, 93 por ciento de los detenidos por porte son también consumidores de pasta base o de cocaína, en tanto que 89 por ciento corresponde a consumo neto.
Si se examina la cuestión desde el punto de vista de la población carcelaria, la situación es mucho más sensible. En los recintos penitenciarios solo existen 300 cupos de rehabilitación para 40 mil reclusos, en un alto porcentaje consumidores de pasta base y cocaína.
¿Qué estoy indicando con todo lo anterior? Distintos análisis señalan que la verdadera política -y quiero llamar la atención del Senado hacia ese punto- no es la cárcel, ni es represiva, sino que debe ir al fondo del problema. ¿Y ello qué implica? Que debemos incrementar la rehabilitación. Es la única manera de sacar del círculo del delito.
Por lo tanto, no basta con algunos instrumentos un "poquitito" mejorados en el proyecto de ley en análisis, sino que se requiere un beneficio tributario eficaz.
¿Qué ocurre con el beneficio que se propone? Cabe consignar que se necesita ampliar con urgencia la cobertura. ¿Y qué dice el proyecto? Que parte de la donación puede ir a un Fondo y no necesariamente destinarse a rehabilitación. El donante puede proponer al Consejo que el dinero se invierta en un área determinada, pero ello no es obligatorio.
En síntesis, ¿qué estoy pidiendo? Que el asunto se aborde en serio, lo cual no ocurre en esta oportunidad. El texto lo trata en términos formales, simplemente por cumplir. Solicito, entonces, que se rechace la propuesta del Ejecutivo y que en la Comisión de Constitución se analice el tema, así como la implementación de un instrumento jurídico eficaz, con un incentivo tributario potente, para que efectivamente sea posible ampliar la cobertura en prevención y rehabilitación.
La proposición que nos ocupa no soluciona el problema, no entra en la cuestión de fondo. Estudiemos el punto con seriedad y responsabilidad en la Comisión mencionada, donde debe considerarse el acuerdo suscrito entre el Gobierno y la Oposición en materia de seguridad ciudadana. La disposición en examen es solo para decir formalmente: "Cumplimos", pero no resuelve la ampliación de la cobertura en términos reales.
Es cierto que se ha planteado una posibilidad respecto de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, pero hoy día, desgraciadamente, un alto porcentaje de los delitos de mayor connotación social y de los vinculados a la Ley de Drogas exhiben una relación directa entre esas sustancias y delincuentes de hasta aproximadamente 45 años de edad.
Señor Presidente, no puedo estar más de acuerdo con el razonamiento del Senador señor Orpis en el sentido de dar cuenta de la gravedad que adquiere el origen de los diversos delitos y, al mismo tiempo, como consecuencia, la circunstancia de que estamos sufriendo el colapso del sistema carcelario, a lo que también se suma, por otro lado, una congestión de causas extraordinariamente seria en el ámbito judicial.
Es decir, nos hallamos ante una situación muy grave, que corresponde abordar con una política de Estado. Este último, en efecto, dada la magnitud de los problemas, tanto de pobreza como de drogadicción, debe hacerse cargo de enfrentarlos con políticas públicas que apunten a la raíz.
Y vuelvo a lo que señalé el día de ayer y que causó más de un escozor a la señora Subsecretaria de Hacienda. No puedo estar de acuerdo con un tipo de política que hace depender de la dádiva de unos pocos la solución de dificultades cruciales para la sociedad chilena: ellas deben ser abordadas por instituciones del Estado con recursos públicos.
Es absurdo que aspectos tan sensibles como los que aquí hemos descrito y que ha graficado con verdadero dramatismo el Senador señor Orpis queden dependiendo de la voluntad de unos pocos, que donarán en función de su sensibilidad y con una orientación que no preserva debidamente lo que debe ser una decisión de naturaleza pública.
Creo que vamos por un camino equivocado, señor Presidente. Y, por cierto, dada la gravedad de las dificultades, ya es hora de que el Gobierno se haga cargo de presentar proyectos debidamente financiados con nuevos recursos, los cuales tendrán que ser consecuencia de una reformulación de la política tributaria actual.
Si los privados están en condiciones de donar, entonces quiere decir que los tributos de que son objeto están siendo insuficientes. Porque allí radica la forma de extraer recursos para solventar políticas públicas indispensables.
Continúo, en consecuencia, en una posición de escepticismo respecto de este tipo de legislación.
Vote en contra de la disposición, Su Señoría.
Me declaro inhabilitado para pronunciarme, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Se dejará constancia de ello.
Repito que el Honorable señor Orpis pidió que se vote por separado el número 10 sugerido por la Comisión de Hacienda.
Quienes estén a favor de mantener la norma, deben votar "sí".
Si se rechaza, no habrá disposición.
El señor ORPIS.- Es preferible quedarse con lo que existe que aprobar algo malo.
--Se rechaza el número 10 propuesto por la Comisión de Hacienda (14 votos contra 11, una abstención y un pareo).
Votaron por la negativa los señores Allamand, Arancibia, Chadwick, Coloma, Espina, Flores, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Muñoz Barra, Novoa y Romero.
Votaron por la afirmativa los señores Frei, Gazmuri, Gómez, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
Finalmente, respecto del número 1, se ha renovado la indicación N° 5 ter, relacionada con el inciso segundo, el cual señala que "El Consejo establecido en el artículo 4° podrá eximir de esta prohibición a aquellas personas jurídicas que donen a instituciones que, habiéndose incorporado al registro del artículo 5°, acrediten haber realizado actividades de las señaladas en esta ley por un tiempo no inferior a cinco años, y demuestren que su labor a favor de personas de escasos recursos o discapacitadas no está condicionada ni dirigida a beneficiar a candidatos a cargos de elección popular.".
A continuación de dicho texto, los Senadores señores Orpis, Bianchi, Coloma, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Matthei y Romero proponen agregar el siguiente inciso:
"El plazo de los cinco años establecido en el inciso anterior no regirá respecto de aquellas instituciones cuya vigencia sea inferior".
Señor Presidente, en estricto rigor, el objeto de la indicación se refiere a otra materia, y deseo fundamentarla.
En el inciso primero del número 1 se establece lo siguiente:
"Las donaciones no podrán efectuarse a instituciones en cuyo directorio participen el donante, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el segundo grado. En caso que el donante sea una persona jurídica, no podrá efectuar donaciones a instituciones en cuyo directorio participen sus socios o directores o los accionistas que posean el 10% o más del capital social, además de los cónyuges o parientes consanguíneos hasta el segundo grado de todos los anteriores.".
Respecto a dichas entidades, el Ejecutivo planteó que deben transcurrir cinco años para poder realizar las donaciones.
¿Cuál es el fundamento de mi proposición, señor Presidente? Considero que nos hallamos ante la segunda inequidad que contiene el proyecto. ¿Por qué razón? No aceptar el criterio que señalo implica desconocer cómo nacen las instituciones de beneficencia. Muchas veces, una de ellas surge cuando a un pariente cercano, con independencia de que se trate o no de un empresario, le ocurre un hecho que lo motiva, lo impacta y lo decide a formarla. Sin embargo, en la iniciativa se coloca una limitación. Por eso hago presente que es una inequidad restarle recursos a la beneficencia por la vía de que se trata, en circunstancias de que se pueden ir formando entidades de tal naturaleza.
A mi juicio, aquí se presenta una cuestión de fondo. Con dicho criterio, si la señora de Bill Gates -para no ejemplificar con un caso chileno- hubiese formado parte de una institución de beneficencia, Microsoft no podría haberle efectuado donaciones a esta.
Ello resulta absurdo, señor Presidente. Lo que debemos hacer en ese ámbito es "apalancar" y conseguir recursos, y no restarnos, sobre todo cuando existen convicciones. ¿Cuántas de esas instituciones han nacido en el país por hechos que tocaron el alma de las personas, llevándolas a hacer caridad, y de verdad?
Por eso, llamo al Senado a promocionar tal tipo de motivaciones, de iniciativas, y a no colocarles obstáculos. Si existen irregularidades, fiscalicémoslas; pero que la excepción no constituya la regla general. Y aquí, en cambio, la regla general se ha transformado en un impedimento para avanzar en la obtención de esta clase de recursos.
No sé si, formalmente, ello ha sido bien expuesto, pero es el motivo de la indicación. No se apunta a las donaciones políticas, sino a las referidas en el inciso primero del número 1.
Tiene la palabra la señora Subsecretaria de Hacienda.
La señora RECART (Subsecretaria de Hacienda).-
Señor Presidente, voy a intentar un acto heroico, porque, como vamos perdiendo 2 por 0 en las proposiciones del Senador señor Orpis, deseo explicar el principio que subyace en el texto que hemos presentado: la transparencia. ¿Cómo reza el dicho? "No basta con ser honrado,"¿
Así es. Muchas gracias, Su Señoría.
Lo que tratamos de evitar son interpretaciones de uso político de donaciones a instituciones con fines sociales. Para ello es necesario establecer normas, las cuales son de carácter general. Y, como el texto parecía muy draconiano -porque, en estricto rigor, existen instituciones donantes cuyo fin no es incidir, sino dedicar tiempo a alguna acción social, como un acto espiritual, del alma-, lo que establecemos como norma general en la disposición que acaba de leer el señor Secretario es que el donante no se relacione con el donatario, que se evite el uso para fines políticos. Y, en situaciones excepcionales, se dispone que el Consejo -así como el Honorable señor Orpis propuso que el organismo pudiera dirimir en el caso de instituciones relacionadas- exima de la "prohibición a aquellas personas jurídicas que donen a instituciones que, habiéndose incorporado al registro del artículo 5°, acrediten haber realizado actividades de las señaladas en esta ley en proyecto por un tiempo" previo.
Que las califique.
Así es. Entonces, existe una norma general, pero entendemos que no puede ser draconiana. Y estamos tratando de que la relación entre un donante y un donatario no sea susceptible de una interpretación respecto de fines que vayan más allá de las donaciones sociales. Por lo tanto, la indicación propuesta por el Ejecutivo presenta la ventaja de que permite contemplar una excepción a una regla general.
Deseo formular una consulta, señor Presidente,
Señor Presidente, me hace mucho peso la argumentación del Honorable señor Orpis en el sentido de que muchas instituciones de beneficencia nacen a raíz de lamentables desgracias que conmueven el corazón y el alma de las familias afectadas, como niños aquejados por enfermedades extrañas o de larga duración que, de todas maneras, los conducen finalmente al deceso, accidentes o cualquier otra situación similar.
Entonces, esa argumentación -que me parece no solo válida, sino además vitalmente entendible- tiene como contrapartida lo manifestado por la señora Subsecretaria, a quien, por intermedio de la Mesa, deseo consultar lo siguiente: ¿Cómo una familia que dispone de recursos podrá efectuar una donación a una institución o fundación naciente si una norma se lo impide? Se lo pregunto porque, aun cuando estimo razonable la motivación de transparencia de su intervención, no quiero incurrir en una decisión que signifique establecer impedimentos de esa naturaleza.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Señora Subsecretaria, considero conveniente que usted, ante una pregunta tan directa y en aras de aclarar la orientación de la proposición, proceda a responder la consulta del Honorable señor Vásquez, cuyo planteamiento resulta muy lógico.
Señor Presidente, el proyecto permite que quienquiera que lo desee, en la situación familiar descrita por el señor Senador, efectúe una donación.
El inciso segundo que se agrega al número 1 precisa en su última parte: "y demuestren que su labor a favor de personas de escasos recursos o discapacitadas no está condicionada ni dirigida a beneficiar a candidatos a cargos de elección popular.".
Por lo tanto, el objetivo de la norma es precaver que una institución con fines sociales use los recursos recibidos a través de una donación para favorecer a candidatos a cargos de elección popular.
Se trata de una precisión muy específica.
Lo que plantea el Senador señor Vásquez es posible en general, por cuanto el articulado permite que un donante relacionado con la entidad que se cree forme parte de su directorio. Ello, gracias a una indicación aprobada por unanimidad en la Comisión de Hacienda.
Señor Presidente, el inciso segundo del número 1 establece que el consejo puede eximir de la prohibición a quienes "acrediten haber realizado actividades de las señaladas en esta ley por un tiempo no inferior a cinco años". Pero, ¿qué pasa con una fundación que jamás ha tenido actividad alguna? El plazo de cinco años es el que me hace dudar de la argumentación de la señora Subsecretaria.
No tengo inconveniente, con la venia de la Mesa.
Agradezco la deferencia al Senador señor Ominami.
Señor Presidente, la ley en proyecto establece ciertas normas para las instituciones que se inscriban en el registro pertinente a partir de del día de su dictación. La antigüedad de las instituciones se halla regulada en el texto en diversos acápites, por distintas razones.
La relación entre donante y donatario y la participación del primero en el directorio de la entidad que reciba los recursos se encuentra normada en otro artículo -no recuerdo en este momento su número exacto-, que dispone que el donante no puede realizar aportes superiores al 20 por ciento del total del patrimonio de la fundación o del total de las donaciones. En ese caso, el donante puede nombrar a un director.
Lo que el precepto cautela es que instituciones con fines sociales no utilicen los fondos provenientes de donaciones para apoyar a candidatos a cargos de elección popular. Sin embargo, el consejo se halla facultado para eximir de la prohibición a entidades que cumplan los requisitos que allí se señalan.
No quiero personalizar en el Senador señor Orpis, pero sabemos que varias instituciones sociales se encuentran relacionadas con autoridades políticas. Luego de discutir abiertamente el problema con Su Señoría, se intentó transparentar una situación susceptible de diversas interpretaciones. Nada más que eso. Y ello se hizo atribuyendo al consejo la facultad de calificar los distintos casos.
En cuanto a lo que plantea el Senador señor Vásquez, el proyecto contempla en otra norma la posibilidad de que un donante no mayoritario designe un director en la entidad donataria.
Me parece que esa no fue la pregunta, pero en fin.
Creo que más vale que sigamos en un debate normal. El Senador señor Vásquez ya hizo la precisión y se le contestó al respecto.
¿Desea retomar la palabra, Honorable señor Ominami?
Sí, señor Presidente. Seré muy breve.
Yo entiendo la pasión del Senador señor Orpis en este debate. Además, soy un gran admirador del esfuerzo que hace en el trabajo con su fundación, particularmente en todo lo referente a la rehabilitación de jóvenes víctimas de drogadicción. No obstante, creo que eso no puede llevar a sobreargumentar.
Ahora, el caso que Su Señoría expuso ya está resuelto: el consejo perfectamente puede autorizar una donación motivada por circunstancias excepcionales. De esa forma entiendo yo la disposición.
Así como se halla facultado para resolver si dos fundaciones están relacionadas o no, el consejo también se encuentra habilitado para autorizar una donación motivada por una tragedia mayor que haya provocado gran conmoción.
De lo que se trata es justamente de proteger la naturaleza de las donaciones, evitando que se mal utilicen para otros propósitos.
Así entiendo yo el sentido de la norma y, desde ese punto de vista, soy contrario a la indicación del Senador señor Orpis.
Señor Presidente, la verdad es que lo que yo no comprendo es el numeral completo.
Porque el planteamiento de la señora Subsecretaria y de quienes son partidarios de evitar que las fundaciones sean instrumentos políticos es un tema completamente distinto del que toca la norma.
Yo no mostraría la menor vacilación en sancionar a aquellos que, por la vía de las fundaciones con fines sociales, hagan política o las utilicen con la finalidad electoral de beneficiar a una candidatura o a un determinado partido político. No tengo ninguna duda al respecto y eso lo firmo a ciegas.
No obstante, el precepto en debate dice una cosa distinta.
La norma tiene cuatro partes.
En la primera, señala: "Las donaciones no podrán efectuarse a instituciones en cuyo directorio participen el donante, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el segundo grado".
¿Por qué una familia que toma como causa la idea noble de ayudar a los discapacitados no podría realizar donaciones? ¿Por qué no? ¿Quién objeta eso? ¿Qué tiene que ver con política?
En segundo lugar, la disposición indica: "En caso que el donante sea una persona jurídica, no podrá efectuar donaciones a instituciones en cuyo directorio participen sus socios o directores o los accionistas que posean el 10% o más del capital social, además de los cónyuges o parientes consanguíneos hasta el segundo grado de todos los anteriores.".
Bajo esa lógica, si una empresa dice: "Vamos a crear una fundación porque en este lugar falta educación. Construiremos una escuela; la mantendremos gratuitamente y, como no tiene fines de lucro, le donaremos plata para que pueda entregar la mejor educación posible", ¡no lo podrá hacer por haber personas de la empresa en la fundación! ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con política? Me parece que el concepto está mal.
En seguida, la norma establece una excepción, y señala que esta se debe acreditar. Sin embargo, resulta bien absurdo tener que acreditar actividades de esta naturaleza. Además, las nuevas instituciones que se formen no podrán funcionar durante al menos cinco años, al cabo de los cuales deberán demostrar que en ese lapso no hicieron política. Pero, como no van a recibir donaciones, nunca van a poder funcionar. Esto es como poner la lápida a que en el futuro existan instituciones de carácter familiar.
Finalmente, el precepto exige demostrar que no se ha hecho política. Yo quiero recordar que don Arturo Alessandri Rodríguez sostenía que los hechos negativos no se pueden probar.
Por lo tanto, la disposición es completamente absurda, señor Presidente.
Si lo que se pretende es sancionar el uso de donaciones con fines político-partidistas, digámoslo así y saquemos todo el cuento de las familias para afuera.
Si es eso lo que se quiere sancionar, establezcámoslo derechamente y no "embolinemos la perdiz" con una norma que solo provoca complicaciones y situaciones absurdas que la ley, en su aplicación, no podrá resolver.
Señor Presidente, la intervención del Honorable señor Larraín me ahorra la exposición que iba a hacer.
No sé si es posible que respecto de este punto el proyecto vuelva a la Comisión de Hacienda, a fin de buscar una nueva redacción. Creo que este es un asunto vital.
Estoy plenamente de acuerdo en que, si existen familias con recursos que quieren donar plata a fundaciones o corporaciones, lo hagan en forma libre.
También comparto que, si esos aportes se utilizan con fines políticos, se establezcan claramente las sanciones correspondientes, desde el cierre de la fundación infractora hasta penas criminales, si fuera necesario.
Pienso que nadie puede estar en contra de eso.
Sin embargo, aprobar la norma tal como está resulta muy riesgoso para la finalidad que persigue esta ley, que resulta muy importante.
No sé si se puede hacer, técnicamente, lo que solicito, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- ¿Cuál es su opinión, Senador señor Orpis?
Señor Presidente, la verdad es que yo quise colocar este tema en el debate, porque lo considero esencial. Dije que en la iniciativa había dos inequidades. Esta es la primera o la segunda. Me da lo mismo el orden. Pero lo que me parece extremadamente delicado es restar recursos a la filantropía, a la beneficencia, cuando hay personas con vocación de hacerlo. Y aquí estaban las dos cosas mezcladas.
Yo no tengo problema alguno en que el proyecto vuelva a la Comisión de Hacienda. Ojala así se resuelva. De hecho, he visto que tal criterio es compartido de modo transversal. Entonces, hagamos las cosas bien. Si se acuerda por unanimidad, no tengo inconveniente en que la iniciativa retorne al órgano técnico con el objeto de concordar la redacción que corresponda.
Todo sea por promover el surgimiento de más instituciones y por hacer mejor las cosas.
Señor Presidente, comparto el juicio planteado por el Honorable señor Orpis; por ende, si el proyecto vuelve a la Comisión, me parece bien.
Con todo, dada la intervención del Senador señor Larraín, quiero ahondar en la materia.
Observo en la redacción de la normativa que todo es como un parto, como si no se quisiera legislar, como si se intentara evitar que se destinen recursos a instituciones benéficas.
La labor que prestan las entidades privadas en el combate contra la drogadicción y la pobreza y en el mejoramiento de la calidad educacional implica un aporte fundamental al Estado.
La ley busca que las empresas donen más fondos, los que estas sacan de sus utilidades. Ello atrae mayores recursos a aquel tipo de instituciones, aparte de los que obviamente entrega el Estado y que este capta a través de los impuestos. Se trata de un instrumento que permite que parte de las utilidades que podrían percibir los accionistas se destine a fines loables.
Yo tengo dos fundaciones, señor Presidente. Siguiendo el planteamiento del Senador señor Larraín, pregunto: ¿por qué nosotros no podríamos organizar entidades de esa índole? Gracias a una de ellas, elaboro páginas web gratuitas para pequeños empresarios, a ninguno de los cuales le pregunto de qué color político es. Trabajan ahí estudiantes del DUOC. Y ha permitido que cientos de pequeños empresarios chilenos tengan su sitio web. De lo contrario, nadie se los haría. El servicio vale 500 mil pesos y a ellos les sale costo cero.
Además, tengo otra fundación llamada "ChileCultura", donde talentos artísticos de las comunas populares de Santiago pueden grabar gratis sus CD, tal como quedarían si los hiciera la Sony. De este modo, inician su carrera musical con un disco al que solo tienen acceso artistas con ingresos en Chile.
Para que ello sea posible hago un esfuerzo titánico. Y -repito- nunca le he consultado a nadie su color político. El trabajo que realizan los equipos de ambas fundaciones es admirable.
Pero nosotros, que vamos a estar sometidos a elecciones populares, nos autoimponemos rigideces. Y, además -perdónenme que lo diga-, se coarta la acción de familias y personas que crean fundaciones o corporaciones -muchas veces a partir de una experiencia dramática-, que disponen de recursos y desean destinar parte de ellos a beneficencia. ¡Cómo no mejoramos esta ley! A mí me impresionan algunas intervenciones por la forma en que se aproximan a esta legislación. Debemos facilitar las donaciones.
Es cierto que el Estado también contribuye, porque parte de los aportes serían impuestos. Pero otra parte importante proviene de las utilidades que podrían recibir los accionistas de empresas y que se destinan a instituciones con fines sociales.
Así que yo, señor Presidente, pido que la iniciativa no solo vuelva a la Comisión, sino que además la redactemos y la miremos con un espíritu más positivo, para que ojalá tengamos cientos de organizaciones y miles de privados que se atrevan a emprender y hacer los esfuerzos que muchos efectuamos, en mi caso en muy pequeña medida comparados con los que realizan otros.
Espero que se recoja ese espíritu, señor Presidente, con el objeto de que el proyecto vuelva al órgano técnico, no solo para que se corrija la norma en análisis, sino también para que se aborde el tema en forma más global.	Debo reconocer que gran parte de los problemas que tienen todas estas instituciones se generaron a propósito del acuerdo de modernización del año 2003, por una inadvertencia que no correspondía al objetivo perseguido. Y quiero ser muy honesto al respecto. Porque cuando en esa oportunidad me plantearon que había que evitar abusos de ciertas leyes, como una del ámbito educacional que, según se decía, permitía que empresas triangularan recursos con instituciones de educación superior a través de donaciones y que ello hacía posible que los hijos de algunos estudiaran afuera, yo le dije al entonces Ministro Eyzaguirre: "¡Termine con todos los abusos!". Y la verdad es que el Ejecutivo llegó con una iniciativa que fue más allá de lo que se buscaba con dicho acuerdo. Ello entrabó el accionar de muchas instituciones, que han estado pidiendo por años -desde el 2003 hasta la fecha- una buena legislación y corregir algo que no fue parte de ese acuerdo.
Por ello, me siento comprometido, señor Presidente. Y sé, porque lo he vivido, que los esfuerzos que se hacen para sacar adelante estas instituciones son enormes.
Visto lo anterior, señor Presidente, sugiero que el proyecto no solo retorne a la Comisión, sino que sea revisado con un espíritu de mayor grandeza, pues la verdad es que necesitamos que estos instrumentos fluyan y que tales instituciones florezcan y no se marchiten como está ocurriendo hoy día.
Están inscritos para intervenir los Senadores señores Navarro y Ominami y la señora Subsecretaria de Hacienda.
Sin embargo, el Honorable señor Gómez ha efectuado un planteamiento que, en mi opinión, tiene mucho sentido.
Por eso, pregunto a los Senadores señores Navarro y Ominami si están de acuerdo.
Sí, para que la iniciativa vuelva a la Comisión.
Se ha solicitado que el proyecto sea reenviado a ese órgano de trabajo. No obstante, falta determinar si ello sería solo para afinar la redacción de la norma en debate o si, como sugirió el Honorable señor Longueira, se aprovecharía la oportunidad para hacer una revisión más general.	Por eso, me gustaría que el Senador señor Gómez precisara su petición.
Señor Presidente, creo que el sentido de una ley de esta naturaleza, como dijo el Senador señor Longueira, es que florezcan muchas instituciones. Cuando intervine me referí solo a la norma en debate, porque entendí claramente la explicación que dio el Honorable señor Larraín respecto de los problemas que se presentan en esa materia. Sin embargo, tengo la impresión de que todos esperamos que el proyecto, si vuelve a Comisión, sea abordado con un espíritu más general. Muchos pensamos -le mandé un mensaje al Senador señor Longueira mientras hablaba- que hay instituciones de beneficencia sumamente interesantes. Lo que él hace con la grabación de CD para jóvenes -yo tengo varios hijos músicos- constituye un tremendo aporte. Entonces, si la iniciativa regresa al órgano técnico, pienso que lo razonable es que sea vista con espíritu amplio.
La Mesa lo entiende claramente no solo circunscrito o limitado a ese artículo, sino a un afán de perfeccionamiento del asunto de fondo planteado.
El señor GÓMEZ.- Así es.
Señor Presidente, quiero ser bien franco: me parece bien que el proyecto vuelva a Comisión y que hagamos una revisión de él. Pero aquí también hay una discusión de fondo. En el país no hay obstáculo alguno para que una familia rica o un gran empresario destine las utilidades que estime convenientes a cualquier obra de beneficencia. Nada se lo impide.
Cualquiera de los señores Senadores presentes puede entregar lo que considere necesario para producir compact discs, páginas web, en fin¿
¡Háganlo, entonces!
De lo que estamos hablando es de algo que el Honorable señor Longueira dijo muy a la pasada, como si fuera un detalle: del crédito fiscal por franquicias tributarias. No de otra cosa. Entonces, es muy fácil -y perdónenme que lo diga- hacer grandes discursos con plata ajena. Y yo no estoy de acuerdo con la democracia tributaria. Creo que lo esencial de la política social tiene que ser definido soberanamente y que el destino de los impuestos debe decidirlo el Parlamento y no quienes los pagan. El señor ÁVILA.-
¡Sí, eso es lo que ellos quieren! Que los que pagan impuestos digan: "Mire, yo quiero que se haga esto con mi plata". Eso ¿adónde nos lleva? Los Parlamentos, señor Presidente, se crearon justamente para resolver el problema de que las personas no distribuyan directamente los tributos, sino que la cuestión se discutiera y resolviera en forma soberana y democrática. Ese es el tema.
Señor Presidente, he intervenido porque integro la Comisión de Hacienda y, desde luego, estoy dispuesto a revisar con la mejor buena voluntad la legislación en debate; pero, al mismo tiempo, fijando límites para ello. Yo tuve una discusión con el Senador señor Orpis. Él no está de acuerdo, por ejemplo, con que exista un fondo. ¿Qué significa eso? Que una persona puede entregar enteramente una gran donación a quien estime conveniente. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros? Está bien, si va a donar y va a obtener una franquicia tributaria por tal concepto, que una parte de los recursos se destine a un fondo, a fin de que se distribuyan solidariamente. ¡Pero eso es lo que acaba de quedar hoy día en suspenso! ¡Quedó en el vacío! Y eso no me parece correcto.
Entonces, quiero dejar claramente establecido cuáles son los límites de la revisión para la cual yo, al menos, estoy disponible.
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila. El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, en el mismo razonamiento del Senador señor Ominami -que comparto plenamente-, estimo que estamos creando un Robin Hood al revés. Es decir, tratando de sacar plata al Estado para que el privado o el millonario de turno la entregue a quien le dé la gana.
¡Y se luzca con los impuestos de todos¿!
Esa política, señor Presidente, francamente deshonra a una institución como el Congreso, que debe ocuparse de legislar para la gran mayoría de los chilenos con políticas públicas y recursos que provengan de los impuestos, y, por lo tanto, definiendo exactamente la orientación que demandan las necesidades del país.
El señor CHADWICK.- ¡Esta es una excepción marginal, pequeña!
Creo que el debate nos ha llevado a otra parte. Luego de la próxima intervención voy a hacer una propuesta.
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro. El señor NAVARRO.-
Después de la señora Subsecretaria, señor Presidente.
Muy bien. Tiene la palabra la señora Subsecretaria.
Quiero hacer un poco de historia. Se dictó una normativa de donaciones sociales. A raíz de una iniciativa que llevó a mi oficina un grupo de instituciones con fines sociales el año 2006, promoví un acuerdo para realizar un perfeccionamiento de la ley. En el transcurso de ese año y del siguiente, aunamos criterios con dos clases de instituciones: las grandes, que son seis o siete -la Fundación Las Rosas, el Hogar de Cristo, etcétera-, y las chicas, que suman alrededor de sesenta.
Pues bien, trabajamos en un acuerdo con ellas y presentamos un proyecto de ley al Congreso. Se discutió en la Cámara. Llegamos a acuerdo con los Diputados y se votó favorablemente. Luego vinimos a la Comisión de Hacienda del Senado, que preside el Senador señor Frei, donde finalmente se logró un consenso en aspectos fundamentales, en el que participaron el Senador señor Larraín -él es testigo de lo que señalo-; el Honorable señor Orpis, el que estuvo sólo en algunas sesiones; la Senadora señora Matthei, en fin.
Ahora, lo que dice el Honorable señor Ominami es cierto. Quien quiera hacer donaciones sin acogerse a un crédito tributario puede hacerlas sin problema. Lo que la iniciativa regula son las donaciones que se acogen a un beneficio tributario. ¿Por qué? Porque esto significa que el Estado deja de percibir dinero y lo entrega a una institución con fines sociales. Y quiero poner el acento en este punto: lo que estamos haciendo hoy día -según lo decida la Sala- es el fruto de una discusión de tres meses en la Comisión de Hacienda, en la cual participó en algunas ocasiones el Senador señor Orpis, y en la que finalmente se llegó a consenso. El proyecto cuenta con el beneplácito y el apoyo de todas las instituciones sociales. Es efectivo que unos quieren un poquito más de esto, un poquito más de lo otro. Pero llegamos a acuerdo. Y cuando así sucede, debe presentarse una idea que, en estricto rigor, sea aceptable para todas las partes. Y hoy día tenemos una iniciativa legal que favorece las donaciones con fines sociales -y permite que se activen- que puedan acogerse a crédito tributario.
Y en verdad sin este proyecto el mundo de las donaciones sociales con crédito tributario quedaría paralizado. Y en esto quiero poner un especial énfasis y apelar al espíritu social de cada uno: más allá de la discusión ideológica relativa a la democracia tributaria, lo que hace este tipo de proyectos es mover a la sociedad civil a participar. Y nosotros estamos favoreciendo eso. Creemos que ello es un aporte importante a la cultura y al alma de nuestro país. Paralizar esta iniciativa implica dejar a las instituciones con fines sociales sin percibir donaciones -abultadas, importantes-, porque los beneficios tributarios que ella promueve son mejores que los que establecen hoy las normas vigentes.
Me van a perdonar los señores Senadores -sobre todo el Honorable señor Navarro, a quien pido toda su comprensión-, pero deseo hacer una proposición.
El planteamiento hecho por el Senador señor Gómez me parece de toda lógica. Y quiero pedir a la Sala que, a partir de él, intentemos llegar a acuerdo. Hay dos formas de entender ese planteamiento: una restrictiva¿
Actuemos en forma condicionada, señor Presidente.
¿y otra más amplia. En ningún caso se trata aquí -y con esto me refiero fundamentalmente al planteamiento del Honorable señor Ominami- de abrir la puerta a un debate que conlleve una definición tributaria: cómo contribuyen la sociedad, la gente, las personas al Fisco. No. Lo que estamos viendo es una iniciativa legal que pretende incentivar las acciones benéficas, las cuales tendrán que tener un límite, que deberá ponderarse y perfeccionarse.
En otras palabras, el proyecto tendría que volver a la Comisión con esa limitación. Porque, si no, vamos a prolongar el debate, el cual no cabe hacer en la Sala. De no haber acuerdo, se votaría en forma restrictiva, como lo ha plateado el Senador señor Ominami -legítimamente, desde su punto de vista- o más amplia, según sugirieron el Honorable señor Orpis y otros señores Senadores.
Por eso, propongo a la Sala que el proyecto vuelva a Comisión en los términos propuestos por el Senador señor Gómez.
Habría que fijar plazo.
Por cierto. Y también debería fijarse tiempo para presentar indicaciones.
¿Habría acuerdo para que la iniciativa vuelva a Comisión, con un plazo determinado? ¿Qué opinan los Honorables señores Orpis y Ominami, que han sido¿?
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Entonces, el proyecto volvería a Comisión para un nuevo segundo informe, dentro del plazo que el señor Presidente va a fijar para presentar indicaciones.
Diez días, señor Presidente.
¿Qué pasará con lo que se aprobó o rechazó?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Lo aprobado, aprobado está. A menos que, como producto del nuevo análisis, haya algunas sugerencias, siempre y cuando mejoren la iniciativa y no atenten contra el criterio planteado por el Honorable señor Ominami; o sea, con un punto de vista más amplio.
El señor NÚÑEZ.- Se enviará todo el proyecto.
Exactamente. Se remitirá la totalidad. Pero a partir del artículo que estábamos analizando. A raíz de eso, se verá el resto.
¿Qué les parece fijar como plazo para presentar indicaciones el 27 de octubre?
¿Se estima apropiado el 3 de noviembre?
En consecuencia, el proyecto vuelve a Comisión, en el marco de lo señalado por el Honorable señor Gómez, hasta el día 3 de noviembre, para ser tratado en forma amplia, pero con la restricción de fondo que tiene, por cierto.
La Secretaría, entonces, entiende que la unanimidad de la Sala acordó reestudiar todo el proyecto de nuevo, fijando como plazo para formular indicaciones el 3 de noviembre.
Señor Presidente, sé que tenemos proyectos en tabla; pero, en verdad, quiero ver si es posible obtener el acuerdo de la Sala para que se modifique el trámite dado al proyecto que establece como feriado el 31 de octubre.
La idea es omitir el trámite de la Comisión de Hacienda, ya que no tiene relación con ella. Por eso, solicito recabar el acuerdo del Senado para ese menester.
Se trata de que la iniciativa no vaya a la Comisión de Hacienda.
No tiene por qué, ya que no implica gasto fiscal.
Soy partidario de que Comisión que presido lo estudie, porque hay mucha plata de por medio.
No representa gasto fiscal.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- ¿Habría acuerdo para aprobar lo propuesto por el Senador señor Bianchi?
Señor Presidente, creo que el punto planteado por el Senador señor Bianchi tiene sentido si se va a hacer el esfuerzo por despachar el proyecto para que la ley rija este año. Eso es lo único que justificaría una propuesta como esta.
En todo caso, yo requeriría un pronunciamiento de la Mesa para saber si la iniciativa necesita ir a la Comisión de Hacienda. No vayamos a tener después un inconveniente por no haber cumplido con esa obligación.
La única razón que se podría esgrimir es que aquí los funcionarios públicos no trabajarían en un día feriado. Desconozco los efectos del informe financiero, pero creo que ese es el motivo que justificaría el trámite.
Advierto que estoy en el ánimo de contribuir para que el proyecto se apruebe lo antes posible, pero no vaya a ser cosa de que después tengamos problemas de constitucionalidad por haber omitido el envío a esa Comisión. Además, esta puede comprometerse a tramitarlo cuanto antes, para que la Sala lo despache el próximo martes si esa es la voluntad de la Sala.
Debo señalar que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados no lo vio. Por eso he preguntado al Presidente de la Comisión respectiva del Senado cuál es su punto de vista.
Consulté a la Secretaría y nos va a entregar un informe dentro de cinco minutos.
Señor Presidente, no sé qué significa en este caso "gasto"; pero entiendo que en un día feriado el país deja de producir alrededor de 700 millones de dólares. ¡Algo significará para nuestra economía! Si esa suma constituye algo de plata, creo que no debe cometerse el error en que se incurrió cuando se cambió el feriado del 16 de julio y se impidió trasladar el feriado al viernes. Porque cuando el festivo cae en mitad de semana y no puede trasladarse a ese día o a los lunes se ocasiona un tremendo perjuicio para Chile, al no permitirse todo el desarrollo económico y turístico que se genera cuando se juntan tres días de asueto.
Eso es lo que ocurre con esto.
Entiendo que ahora vamos a quedar como el país latinoamericano con más feriados.
El señor NARANJO.- Nos gana Colombia, pero estamos muy cerca.
Señor Presidente, en respuesta a lo señalado por el Senador señor Frei, debo hacer presente que la indicación del Ejecutivo corrige precisamente su inquietud. Además ya fue aprobada por la Comisión de Gobierno. O sea, resuelve la cuestión planteada por él en la eventualidad de que el feriado sea un martes o un miércoles, trasladándolo al viernes. Tal situación ocurriría los años 2012 y 2017, si mal no recuerdo.
Por lo tanto, para su conocimiento, Honorable señor Frei, la indicación en referencia fue votada favorablemente en la Comisión de Gobierno. La idea es votar la próxima semana en la Sala la iniciativa que establece como feriado el 31 de octubre.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- La Secretaría nos va a entregar un informe, y ahí decidiremos.
EN OPERACIONES DE PAZ
Corresponde ocuparse del proyecto, en tercer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.067 y establece normas sobre la participación de tropas chilenas en operaciones de paz, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5068-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 21ª, en 5 de junio de 2007.
En tercer trámite, sesión 55ª, en 30 de septiembre de 2008.
R. Exteriores y Defensa, unidas, sesión 81ª, en 9 de enero de 2008.
Hacienda, sesión 81ª, en 9 de enero de 2008.
Sesión 82ª, en 15 de enero de 2008 (se aprueba en general y particular).
La iniciativa inició su tramitación en el Senado. En el segundo trámite constitucional, la Honorable Cámara de Diputados le introdujo diversas modificaciones que dicen relación a incorporar la firma del Presidente de la República en los decretos supremos sobre salida de tropas; a la composición y convocatoria de la Comisión Interministerial de Operaciones de Paz, y también al envío de copia informativa de diversos documentos e informes sobre las materias que regula la ley, a la Honorable Cámara de Diputados.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto de la ley Nº 19.067; el proyecto despachado por Sus Señorías en el Senado, y las enmiendas de la Cámara de Diputados.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión las modificaciones.
Señor Presidente, el proyecto tuvo su origen en el Senado. Como se recordará, se formó una Comisión Especial que efectuó un trabajo concordado con el Ejecutivo.
En la práctica, la Cámara de Diputados simplemente ha introducido algunas enmiendas de forma y no de fondo. Tal vez una podría tener esta característica.
Pero las enmiendas de forma básicamente apuntan a que la Cámara de Diputados reciba copias informativas de lo que se está produciendo en la relación del Ejecutivo con el Senado respecto a la autorización sobre el ingreso y salida de tropas del país.
El único punto que, a mi juicio, reviste algún grado de relevancia y donde encuentro que tiene sentido la modificación introducida por la Cámara de Diputados es aquel referido a eliminar el carácter vinculante cuando el Senado tenga que pronunciarse dentro del plazo de 48 horas. Y ello por un motivo muy simple. Porque si obligamos imperativamente a esta Corporación a pronunciarse con carácter vinculante, nadie puede asegurarnos que por una razón equis, i griega o zeta, en un 15 de febrero, pueda reunirse en 48 horas.
Y esa situación no se halla considerada.
Por ende, al eliminar el concepto "con carácter vinculante" está simplemente señalando que el Senado puede reunirse, y al hacerlo, tomar una decisión afirmativa o negativa. Ahora, si no se reúne en 48 horas -porque se trata de una excepción muy calificada, establecida en forma muy perentoria-, en ese caso el Ejecutivo informa, solicita la autorización y procede al envío de las tropas.
Señor Presidente, considero razonable el planteamiento hecho por la Cámara de Diputados.
Las otras enmiendas son de ortografía, sintaxis, o relacionadas con información que se debiera dar a la Cámara Baja, lo que también me parece perfectamente comprensible.
En consecuencia, estaría de acuerdo con aprobar las observaciones introducidas, y, con ello, culminar el proceso de esta iniciativa de ley, que, a mi juicio, es innovadora, ya que fija un marco de referencia muy claro para futuras expediciones o misiones de paz. Naturalmente, creo que estamos haciendo un aporte al país, porque la normativa que nos ocupa efectivamente se originó en el Senado.
Señor Presidente, en el mismo sentido de la intervención del Senador señor Romero, este asunto fue extensamente discutido en la Comisión Especial. Creo que hemos construido un proyecto muy sustantivo, muy sólido, donde se fija por primera vez, además, una doctrina de Estado respecto a la participación de Chile en operaciones de paz bajo el amparo de Naciones Unidas.
La Cámara de Diputados introdujo cuatro tipos de modificaciones. Son varias, pero finalmente todas apuntan a que la información que manda el Ejecutivo con relación a las operaciones de paz, en la metodología acordada en este proyecto, sea también enviada a la Cámara Baja. Ello me parece completamente razonable, y no altera el hecho de que es el Senado el que tiene que ver con la autorización para el ingreso y salida de tropas del país cuando sea necesario. La atribución no es del Congreso, sino de esta Corporación.
Hay una modificación en materia de financiamiento de las operaciones de paz que básicamente no hace sino reforzar la idea que acordamos en el Senado.
Aquí lo fundamental es que las operaciones de paz se tienen que financiar con los recursos de un Fondo aprobados anualmente en la Ley de Presupuestos, y no cargar -por así decirlo- el financiamiento a los presupuestos de las instituciones de la Defensa Nacional.
Esta idea se encontraba en el proyecto, y ahora se refuerza. De modo que, en ese sentido, no habría modificación en esta materia.
Un tercer tipo de enmiendas tiene que ver con eliminar la expresión "con carácter vinculante". Estimo razonable también considerarlo así. Esa figura no aparece en la Constitución, pero desde el punto de vista sustantivo respecto de esta iniciativa el texto queda igual.
Por último, hay también modificaciones muy menores, de redacción. Y, en general, también la Cámara de Diputados tiene razón al introducirlas.
Por lo tanto, propondría que aprobáramos el conjunto de enmiendas introducidas en el segundo trámite y diéramos por despachado este proyecto hoy día. Creo que es útil que se convierta en ley a la brevedad posible.
En votación. El señor MUÑOZ BARRA.-
Si le parece, señor Presidente.
¡No, votemos!
Debemos dejar constancia, Su Señoría.
--Se aprueban las modificaciones introducidas por la Cámara (19 votos), y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron los señores Allamand, Ávila, Chadwick, Flores, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Kuschel, Larraín, Longueira, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Ominami, Romero, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
El señor GOÑI (Ministro de Defensa Nacional).-
Señor Presidente, agradezco el apoyo de la Sala del Senado a este proyecto que -como se recordó- fue generado en esta misma Corporación producto del trabajo conjunto entre miembros del Senado y el Ejecutivo, y que, por primera vez, nos permitirá contar con un cuerpo normativo que regule la entrada y salida de tropas en el país.
Es un avance notable el que estamos haciendo hoy día.
Quiero destacar el enorme esfuerzo que han realizado los miembros de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa tanto de esta Corporación como, asimismo, de la Cámara de Diputados, para despachar una iniciativa en un plazo relativamente muy breve.
Así que agradezco de nuevo este apoyo y el sentido de Estado con que estamos legislando en las materias de la Cartera que me corresponde dirigir.
Señores Senadores, quiero proponerles lo siguiente.
En el proyecto que corresponde ver a continuación hay 19 votaciones que deben realizarse. Y toda técnica legislativa indica que más vale debatirlo en una jornada continua.
Por consiguiente, propongo que lo dejemos para tratarlo en la próxima sesión ordinaria y veamos ahora el que se encuentra en el cuarto lugar de la tabla de hoy.
¡Para tratarlo en el primer lugar del Orden del Día!
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Efectivamente, señor Senador, por acuerdo de la Sala.
Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo que propone. Pero hay un problema.
La iniciativa en cuestión la vimos ya en una o dos oportunidades. Pero lo hemos hecho sin la presencia del Ejecutivo. No ha asistido ni el Ministro del Trabajo ni el de Hacienda. Y la materia de que trata tiene incidencia con esas Carteras.
Así que quiero pedir que para la próxima sesión concurra algún representante del Gobierno, que se le envíe una nota señalando que debe estar presente para el análisis de un asunto de mucha importancia.
La otra vez acordamos mandarlo nuevamente a la Comisión para ver si se daba el reajuste al bono poslaboral de 50 mil pesos. No pasó nada en la Comisión, y el proyecto volvió a la Sala.
Entonces, para no seguir en lo mismo, hay que pedir que alguien del Ejecutivo, ya sea el Ministro del Trabajo o el de Hacienda, esté presente en esa sesión.
¿Su Señoría pide citar a los Ministros de Hacienda y de Trabajo?
Por supuesto, señor Presidente. Se trata de una materia de mucha importancia. Hay miles de personas que están esperando una respuesta.
Sea concreto, señor Senador.
Además, quiero señalar que a usted, señor Presidente, la multigremial le envió una nota muy conceptuosa relacionada con este tema, que estimo de la máxima relevancia. Son miles de chilenos los que están sufriendo por los efectos del daño previsional.
Entonces, pido que invitemos al Ministro del Trabajo, o al de Hacienda fundamentalmente, para que concurra a la próxima sesión en que se trate esta iniciativa.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Les vamos a hacer presente que esta iniciativa se verá en el primer lugar de la tabla. Los citaremos para que concurran, aun cuando constitucionalmente no se hallan obligados a hacerlo. Lo están solo cuando se trate de una sesión especial. En ese caso deben asistir.
Señor Presidente, ¿lo planteado por el Honorable señor Sabag se hará por acuerdo del Senado?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Por acuerdo unánime, señor Senador.
El acuerdo de la Sala fue poner dicho proyecto en el primer lugar de la tabla de la sesión del próximo martes, citando, o invitando, a los señores Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda.
Invitándolos, porque es lo que corresponde.
5967-08
Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Allamand, que establece estándares mínimos de desempeño energético de los artefactos eléctricos que se comercialicen en el territorio nacional, con informe de la Comisión de Minería y Energía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5967-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del Senador señor Allamand).
En primer trámite, sesión 35ª, en 9 de julio de 2008.
Minería y Energía, sesión 55ª, en 30 de septiembre de 2008.
El propósito principal de la iniciativa es el establecimiento de estándares mínimos de desempeño energético de los artefactos eléctricos con el fin de ahorrar electricidad y de incentivar el desarrollo y comercio de aparatos más eficientes.
La Comisión discutió el proyecto solamente en general y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Gómez, Orpis y Núñez.
El texto se consigna en la parte pertinente del informe.	Cabe señalar que el artículo 6° tiene el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que requiere para su aprobación el voto conforme de 22 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión general.
Señor Presidente, como señaló el señor Secretario, la iniciativa se encuadra dentro de las políticas generales de ahorro energético en que se encuentra empeñado el país. Y, por considerarla de alta importancia, la Comisión aprobó la idea de legislar y recomienda a la Sala pronunciarse en el mismo sentido.
Entendemos que todos estamos de acuerdo, entre otras cosas, en adoptar medidas que permitan incorporar determinados mecanismos tendientes a lograr mayor eficiencia energética en los artefactos eléctricos que utilizan los chilenos. Por lo tanto, dado que existe el quórum correspondiente, pido aprobar en general la iniciativa.
Informo a Su Señoría que se ha solicitado segunda discusión, ya que hay solo 15 señores Senadores presentes y se precisan 22 votos.
Conforme. Es lo que procede. El señor NÚÑEZ.-
Tengo la impresión de que hace dos minutos éramos más de 22.
En este momento somos 19.
Queda para la próxima sesión.
El señor ALLAMAND.- De acuerdo.
S1105-12
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Naranjo y Ominami.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1105-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 47ª, en 2 de septiembre de 2008.
El propósito de la iniciativa es solicitar a la Presidenta de la República que se estudie la posibilidad de que en la legislación chilena se reconozca a la mujer conviviente como carga del trabajador, a fin de permitirle acceder a los beneficios que otorga el FONASA.
Si le parece a la Sala, se aprobará.	--Se aprueba el proyecto de acuerdo.
S1112-12
SOLIDARIDAD CON BOLIVIA; FELICITACIONES POR CONVOCATORIA DE UNASUR Y RESPALDO A SU RESOLUCIÓN, Y VALORACIÓN DE LA
OEA COMO INTERLOCUTORA. PROYECTO DE ACUERDO
Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señores Naranjo, Escalona, Gazmuri, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Núñez y Ominami, relativo a la grave situación que ha venido enfrentando el Gobierno de Bolivia.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1112-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 54ª, en 16 de septiembre de 2008.
El proyecto de acuerdo tiene por objeto solidarizar con el Gobierno constitucional de Bolivia y su Presidente, Evo Morales; felicitar a la Presidenta de la República por su iniciativa de convocar a los países integrantes de UNASUR; respaldar la resolución final de esta, elaborada por los mandatarios en la reunión celebrada en Chile, y valorar la participación de la Organización de los Estados Americanos como interlocutora entre las partes en conflicto
Concuerdo en que se felicite a la Presidenta, pero no en lo demás.
Resultado de la votación: por aprobar el proyecto de acuerdo, 9 votos; por rechazarlo, 9 votos.
Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Gazmuri, Girardi, Gómez, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Núñez y Ominami.
Votaron por la negativa los señores Allamand, Chadwick, García, Kuschel, Larraín, Longueira, Novoa, Orpis y Romero.
Se ha registrado un empate.
Es menester repetir la votación. El señor LARRAÍN.-
El empate implica que se rechaza el proyecto de acuerdo.
Así es. No hubo abstenciones.
No. Se debe repetir la votación. El señor LARRAÍN.-
Nadie se abstuvo. Entonces, queda rechazado.
Señores Senadores, el resultado indica que no hay acuerdo en ningún sentido. No existe una mayoría.
En consecuencia, debe repetirse la votación.
¡Si no hay acuerdo¿!
Excúsenme, Sus Señorías. Para aprobar cualquier proyecto se necesita un voto más. Y en este caso hubo empate.
El empate significa rechazo.
Vamos a zanjar la cuestión reglamentaria.
El artículo 182 del Reglamento expresa:
"El empate que se produzca se resolverá como sigue:
"Producido en una votación, ésta se repetirá de inmediato. Si nuevamente se produce, se dará la proposición por desechada", etcétera.
Falta que se pronuncie el Honorable señor Orpis.
No me funciona el sistema, señor Presidente.
Sumaremos su voto, señor Senador.
--Se rechaza el proyecto de acuerdo (11 votos contra 9).
Votaron por la negativa los señores Allamand, Chadwick, Espina, García, Kuschel, Larraín, Longueira, Orpis, Novoa, Romero y Zaldívar.
Votaron por la afirmativa los señores Gazmuri, Girardi, Gómez, Letelier, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Núñez y Ominami.
Con relación al proyecto que establece como feriado el 31 de octubre y respecto del cual el Senador señor Bianchi solicitó omitir el trámite a Comisión de Hacienda, consultada la Secretaría de esta respondió que ello es factible por cuanto no tiene incidencia presupuestaria.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Entonces, no pasa a la Comisión de Hacienda y se tratará en la sesión ordinaria del próximo martes.
A los señores Ministro del Interior y General Director de Carabineros, requiriéndoles MAYOR DOTACIÓN DE CARABINEROS EN MAÑIHUALES, COMUNA DE AISÉN. A la señora Ministra de Salud y al señor Director de Salud de Aisén, solicitándoles AUMENTO DE PERSONAL EN POSTA DE SALUD DE MAÑIHUALES, COMUNA DE AISÉN.
Al señor Director del Servicio Agrícola y Ganadero, pidiéndole informar sobre DISPOSICIÓN DE RECURSOS Y PLANES DE ACCIÓN FRENTE A PROPAGACIÓN DE POLILLA DE LA UVA.
En Incidentes, los Comités Mixto (Partido Por la Democracia; Partido Radical Social Demócrata) y Unión Demócrata Independiente no harán uso de sus tiempos.
En el turno del Comité Renovación Nacional tiene la palabra el Senador señor Kuschel.
Señor Presidente, en momentos en que se discute el Presupuesto de la Nación para 2009, quiero llamar la atención en cuanto a que el año pasado se consideraron para 2008 los recursos necesarios para iniciar los trabajos de lo que en el sur se llama "camino a Chile", que va a unir Chaitén con Puerto Montt. Aún no se ha hecho nada. Pido que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas manifestándole mi preocupación sobre la materia y, además, respecto de lo siguiente: -Todavía no se inician las obras del puente que atravesará Hornopirén y que facilitará la construcción del camino referido;
-No se continuó la pavimentación de Chaicas a La Arena, ni de Pichanco a Hornopirén; -No se ha avanzado con la doble vía en Chiloé, incluida en el Plan Chiloé; -Siguen interrumpidos los trabajos para la terminación del camino Real;
-No se ha avanzado en la Ruta Interlagos, en la Décima Región.
-Se halla pendiente el inicio de la construcción de la doble vía en el camino de Osorno a Puyehue.
Se trata de obras cuya realización se anunció y que, por lo que he visto en el Presupuesto del año en curso y en el del próximo, deben ejecutarse.
Por lo tanto, reitero mi solicitud de oficio al señor Ministro de Obras Públicas para que se reinicien las obras con la mayor brevedad y no se pierda esta temporada de trabajo, pues luego viene el invierno y este es el último Presupuesto de la Presidenta Bachelet.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE CENTROS DE ALUMNOS Y ESTADO DE CLASES DE EDUCACIÓN DE TRÁNSITO. OFICIO
Señor Presidente, pido que se oficie en mi nombre al Ministerio de Educación a fin de que nos informe estadísticamente sobre los recursos presupuestarios dispuestos en los últimos diez años para la participación ciudadana de los centros de alumnos -a través de programas o de transferencias a entidades como el Instituto Nacional de la Juventud, la CONAMA (en el ámbito medioambiental) u otros- en proyectos realizados dentro del liceo o en la comunidad.
Solicito que también se expliciten los fondos contemplados para el fortalecimiento institucional de los centros de alumnos; es decir, cuánto ha puesto el Ministerio de Educación para robustecer la organización estudiantil.
Asimismo, pido una estadística que señale a nivel nacional, Región por Región, el estado de las clases de educación de tránsito.
Más de diez mil estudiantes se accidentan cada año. Los accidentes automovilísticos siguen siendo la principal causa de muerte de jóvenes de entre 18 y 23 años. Y no se está cumpliendo con las brigadas escolares de tránsito, que han disminuido su presencia a raíz de la jornada escolar completa.
Deseo que se me haga llegar toda información que indique si en los liceos y escuelas de Chile se imparten clases de educación de tránsito; cuántos profesores se hallan acreditados para dictarlas; si se les paga a dichos docentes el perfeccionamiento; si las horas de clases pertinentes son obligatorias o voluntarias, y, en especial, lo relativo al funcionamiento cualitativo y cuantitativo (calidad y cantidad) de las brigadas de tránsito.
También solicito que los recursos sean aumentados, y en caso de no existir -lo que mucho temo-, que se abra un debate al respecto.
Así lo vamos a plantear en la discusión presupuestaria. Porque hay que enfrentar decididamente la situación de los accidentes de tránsito, sobre todo mediante una educación permanente tanto en la enseñanza básica cuanto en la media. Es la única solución. En todos los países desarrollados de América del Norte, de Europa, la educación ha sido el único elemento que ha frenado la accidentalidad del tránsito, que a Chile le cuesta más de 500 millones de dólares al año.
Por lo tanto, quiero que la señora Ministra de Educación nos envíe también el diseño institucional estructurado por el Ministerio para hacerse cargo del problema. Es decir, quiénes son los funcionarios encargados; cuál es el departamento asignado; a cuánto asciende el presupuesto con que cuenta dicha Cartera para funcionar y coordinar la educación de tránsito a nivel nacional; la infraestructura adquirida, y, en forma especial, todo lo que diga relación a planes y programas elaborados al efecto. Y ojalá se nos haga llegar copia -en lo posible digitalizada- para evaluar.
Lamentablemente, no hemos podido echar a andar el proyecto de ley que hace obligatoria la enseñanza en comento a través de la exigencia de una certificación para obtener licencia de conducir clase B a los 18 años. Esa iniciativa se encuentra en la Comisión de Transportes del Senado, y espero que pueda ver la luz.
Pido los antecedentes referidos porque día a día en la Región del Biobío y a lo largo de todo el país suman cientos y cientos los jóvenes muertos a causa de accidentes de tránsito, a veces con ingesta de alcohol, a veces por imprudencia. Y esto se relaciona con una sola cosa: educación.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.	DESEMBOLSO FISCAL PARA PAGO DE LICENCIAS DE SOFTWARE. OFICIOS
Señor Presidente, he solicitado de manera reiterada -y hemos aprobado glosas presupuestarias al respecto- establecer el costo que tiene para el Estado de Chile el pago de licencias de software.
El pasado 22 de septiembre, en una Carta al Director publicada por el diario "La Tercera", el ciudadano Francisco Javier Domínguez señaló: "Desde que el gobierno firmó un convenio informático con Microsoft, se han generado problemas para que los usuarios de Linux o Mac OS X accedan a las páginas web estatales y empresas asociadas".
Y, como ejemplo concreto de tal afirmación, agregó: "Desde que el sistema de transferencia electrónica fue modificado para mejorar su seguridad, ya no me es posible realizar ninguna transferencia en el portal de BancoEstado. Reclamé en varias oportunidades e incluso hablé por teléfono con el gerente responsable. En esa oportunidad se me indicó que a pesar de que existe una política de no discriminación informática, ellos no van a gastar recursos para que su portal sea compatible con Mac OS X o Linux, porque tienen pocos clientes que operen con dichas plataformas".
¡Eso es inaceptable, señor Presidente! ¡El Estado tiene que brindar todas las condiciones sin discriminación! ¡Lo hemos dicho y reiterado!
Como si aquello fuera poco, al finalizar su carta el señor Domínguez manifiesta: "Traté de reclamar a través del portal del Sernac en la sección de reclamos. Llené todos los campos requeridos y, curiosamente, al presionar enviar aparece un error del servidor Windows. O sea, estoy fuera del sistema por usar Mac OS X.".
Es decir, ni el SERNAC ni BancoEstado permiten usar el software libre, a pesar de que el Ministro del ramo ha planteado aquí que va a ser una política de Estado, tal como ocurre en ciento por ciento en Brasil y el resto de América Latina, en Alemania, en Francia.
El Estado de Chile sigue pagando decenas de millones de dólares por usar tales licencias.
Personalmente, cuestioné en esta Sala el acuerdo marco que suscribieron el 9 de mayo de 2007 el Gobierno de nuestro país, a través del Ministro de Economía, Alejandro Ferreiro, con Microsoft Corporation y Microsoft Chile, representadas por Craig James Mundie, Director de Investigación y Estrategia de dicha transnacional, y Hernán Orellana, Gerente General de Microsoft Chile.
Y no se trata, contrariamente a lo que algunos acostumbran pensar, de una persecución contra Microsoft -¡quién podría perseguir a este gigante mundial¿!- ni de nada parecido. Simple y llanamente, se trata de lograr que el principio de libertad de elección que consagran el sistema económico y nuestro ordenamiento legal, así como el principio de la interoperabilidad de plataformas que existe en el Estado a partir de diversos instructivos presidenciales, se cumplan.
Si decimos que vamos a dar posibilidad de acceso a todos los usuarios que no quieren ni pueden pagar patentes por software, entonces dejémoslos usar software libre. No es justo -así lo hemos dicho en forma reiterada- que miles de chilenos que no usan programas licenciados de Microsoft, ya sea por opción personal, necesidad laboral o, mejor dicho, desarrollo tecnológico, no puedan -solo por poner algunos ejemplos- hacer su declaración de impuestos desde el computador de su casa y deban usar un tercero, porque el portal del Servicio de Impuestos Internos solo acepta el navegador Internet Explorer; o inscribirse en el portal ChileCompra como proveedores de servicios al Estado, porque tampoco acepta programas de acceso distintos de los comercializados por Microsoft; o postular a fondos concursables, porque las páginas de los servicios públicos solo permiten inscribirse o bajar formularios a quienes usan Internet Explorer.
Espero que el señor Ministro de Hacienda haga correcciones. Si no, vamos a tener problemas. No se trata de estar contra el Gobierno, sino de hacer justicia y ahorrarle plata al Estado.
Aquí no reclamamos porque el Estado gaste más, sino porque gaste menos y porque se respeten los principios de la libre competencia.
Yo no quiero a un Estado chileno casado con Microsoft.
La agenda digital del Gobierno le dedica al software libre solo diez líneas -¡como para cumplir, no más!-, pese a que hemos insistido desde hace muchos años en que el Estado evalúe la conveniencia por costos, accesibilidad, desarrollo y seguridad de que los servicios que no requieren programas especializados utilicen software libre, tal cual ya lo hacen algunos -por ejemplo, el INP-, que han ahorrado miles y miles de millones de pesos al Fisco al no efectuar pagos por licencias de software y, a la vez, facilitado un acceso más amigable a las personas, como ocurre con la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional, que está construida en Plone, software de código abierto compatible con cualquier tipo de sistema operativo que utilicen los usuarios (es un logro extraordinario el que ha alcanzado esa dependencia del Parlamento; felicito a su Directora, pues se ha recogido una experiencia que vale la pena copiar).
Por eso, hemos vuelto a sorprendernos al conocer el libro Chile 2.0, publicado por la Fundación Chile y Microsoft en julio recién pasado, que contiene un prólogo del Ministro de Economía, Hugo Lavados, donde se valora la discusión de las tecnologías de información como elemento facilitador para el aumento de la productividad en sectores claves de la economía y el desarrollo futuro de Chile.
Ciertamente, estamos de acuerdo en la importancia de las nuevas tecnologías no solo en la economía y en las empresas, sino también en la vida de todos los chilenos y en la sociedad en su conjunto.
Por ello, junto con cuestionar en cada discusión del Presupuesto tanto los miles de millones que el Estado gasta para pagar licencias de programas informáticos como la desidia gubernamental -no puedo decirlo de otra manera- para avanzar más decididamente en políticas de neutralidad tecnológica -esto ya parece un chiste: ¡neutralidad tecnológica¿!-, hemos valorado la iniciativa de otros relevantes sectores de la sociedad. Por ejemplo, el estudio titulado "Mejoramiento de la gestión y uso de TIC¿S de las mipymes y gobiernos locales a través de software libre", que la SOFOFA y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el apoyo y la cooperación del Gobierno de Japón, encargaron al Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.
Ese documento, de 249 páginas -ojalá la Biblioteca pudiera subirlo a Internet (voy a pedirlo a su Directora), al objeto de que mucha gente acceda a él-, que fue dado a conocer en mayo de 2007, muestra con claridad las potencialidades y expectativas que se abren, en especial para municipios y pequeñas empresas, al usar un software que, como el libre, puede moldearse -es flexible, ajustable- de acuerdo con las necesidades de cada una de las instituciones sin agregar mayores costos. Por eso, seguiremos insistiendo ante el Gobierno para que no solo opte por Microsoft y sus programas -reitero que no tengo ninguna animadversión contra ellos-, sino que se abra al cada vez más creciente mundo del desarrollo del software, que, según hemos podido ver, constituye en otros países motivo de verdadero interés político y gubernamental, como ocurre -repito- en Brasil, donde parte importante de la decisión sobre la norma de televisión digital estuvo asociada a la incorporación de software desarrollado en el país; o como sucede en España, donde recientemente un conjunto de Diputados pidió al Gobierno proponer ante la Unión Europea una directiva para el uso del software libre en el aparato público del Viejo Continente.
Los españoles ya vienen de vuelta; los brasileños ya lo hicieron. El software libre tiene implicancias en el uso diario, en el plano administrativo y en todos los ámbitos. Y, por cierto, también ha estado asociado a conceptos como la televisión digital.
En todo caso, prefiero ser optimista, ya que tarde o temprano avanzaremos hacia una mejor forma de convivencia entre el Estado y los usuarios de programas no licenciados, en su mayoría emprendedores, jóvenes, profesionales y expertos en el área.
Cada vez que insistimos en esta política con Microsoft dejamos a los creadores profesionales chilenos de software en muy desmedrada posición.
Por ello, nos parece bien que en la página de la Agenda Digital esté a la vista y sea accesible utilizando programas de Microsoft o de software libre (la idea es que ambos se encuentren disponibles) la Ficha de Proyectos Informáticos para la Formulación del Presupuesto 2009, donde cada Ministerio debe exponer los servicios o productos que busca desarrollar a fin de mejorar su funcionamiento o atención, estableciendo para ello tres alternativas y evaluando sus pros y contras. Esperamos que eso se refleje en las partidas y glosas presupuestarias que muy pronto comenzaremos a discutir en el Senado.
Por lo expresado, pido que se oficie en mi nombre al Ministro de Economía al objeto de que nos informe acerca del estado actual de implementación del acuerdo marco suscrito entre esa Cartera, como coordinadora de la Agenda Digital, y la empresa Microsoft.
A la vez, solicito que se oficie a la Secretaría Ejecutiva de la Estrategia Digital del Gobierno de Chile, también radicada en el Ministerio de Economía, para que nos informe cuántos y cuáles servicios públicos permiten el acceso universal de usuarios, sin importar el sistema operativo que utilicen, y cuántos solo posibilitan ingresar a quienes emplean Internet Explorer. Con eso vamos a hacer verdad, sabremos con exactitud quiénes son los campeones por Microsoft y quiénes están cumpliendo los oficios que ha enviado la Presidenta a propósito de acuerdos suscritos con el Senado.
Por último, pido que se oficie al Ministro de Hacienda a fin de que nos informe acerca del estado de avance del estudio comprometido en la discusión presupuestaria 2008 respecto al uso de software libre en el Estado.
INTERROGANTES SOBRE PRIMER CENSO PESQUERO Y ACUICULTOR. OFICIOS
Señor Presidente, el pasado 13 de agosto el Ministro de Economía, Hugo Lavados; el Subsecretario de Pesca, Jorge Chocair, y la Directora del INE, Mariana Schkolnik, lanzaron de manera oficial el Primer Censo Pesquero y Acuicultor, iniciativa que, como seguramente los colegas recordarán, surgió de un proyecto de acuerdo aprobado en el Senado.
Dicho Censo persigue como objetivo cuantificar el universo de personas que participan e intervienen en el sector pesquero y acuicultor nacional, y obtener información vinculada con aspectos sociales, económicos y culturales. Además, se busca recoger antecedentes de interés relativos a infraestructura física, equipamiento existente y tecnología disponible para la actividad productiva.
El Censo en comento tiene en el Presupuesto actual una asignación de 2 mil millones de pesos.
A través de noticias de prensa hemos podido informarnos acerca de las características y alcances que el Censo Pesquero y Acuicultor podría o debería tener.
Inicialmente se habló de un universo censal de más de 300 mil pescadores en todo Chile, cifra que al parecer se ha ido reduciendo, hasta llegar a un número cercano a los 117 mil encuestados.
También se ha informado por algunos medios que en cada Región el Censo se iría acotando a algunos focos de concentración de pescadores. Así, por ejemplo, se ha dicho que en la Quinta Región se centrará en las comunas de Valparaíso, Quintero y San Antonio.
Nos hemos impuesto asimismo de que la etapa denominada "Precenso" se habría comenzado a ejecutar en abril o mayo pasado, para lo cual se habrían constituido comisiones regionales.
El Subsecretario de Pesca ha señalado que la medición censal "prestará una valiosa utilidad estadística para reforzar procesos de análisis, planificación y gestión de programas de Gobierno".
Creo que, si contamos con este Censo -y hago caso a las expresiones del Subsecretario-, vamos a tener política pesquera. Porque parece que ya vamos solo con el vuelo. Abandonamos la posibilidad de hacer política pesquera y llegaremos a puerto con el vuelito, porque no existe ninguna iniciativa legislativa que nos permita predecir que habrá una irrupción en un área con tantos y tan complejos problemas y donde la política de no hacer nada, de no sacar la cabeza, parece ser prevaleciente.
El Subsecretario de Pesca ratificó que el Censo en cuestión "permitirá orientar acciones para estimular el desarrollo del capital humano, así como promover la sustentabilidad productiva y la competitividad de la estructura económica".
Compartimos sus palabras en cuanto a la sustentabilidad de los recursos y, por ende, de la actividad productiva -no solo de la extractiva- asociada a ellos.
Sin embargo, nos preocupa que el Censo se reduzca al recogimiento formal de datos a través de unas cuantas miles de encuestas y que al final ellos sean extrapolados a la totalidad de los pescadores, pues constituiría un error.
Si tomamos a unos pocos y decimos que todos los pescadores de nuestro país son iguales, vamos a meternos en líos. Basta con recorrer las costas en cada una de las Regiones para darse cuenta de que para muchos chilenos que se han instalado en pequeñas ensenadas la pesca, en especial la artesanal, no está siendo una actividad plenamente productiva sino más bien de sobrevivencia que les permite sortear las distintas problemáticas que genera la cesantía. Gente de muchos sectores ha llegado a la pesca artesanal.
El Censo debiera ser capaz de reflejar esas distintas realidades, al objeto de, como dijo el Subsecretario Chocair, desarrollar, dirigir y focalizar políticas públicas, tanto por quienes provienen de una tradición de familia de pescadores como por aquellos que ven en la pesca una actividad de subsistencia temporal.
No debiera limitarse el Censo solo a generar una estadística numérica respecto a la cantidad de personas dedicada a la pesca o a la acuicultura, sino extenderse al contexto sociocultural.
La pesca artesanal, en tanto forma de vida, tendría que ser interpretada como una actividad no solo económica, sino también cultural esencial y de la que no es posible desarraigar abruptamente a los pescadores.
Nos interesa igualmente conocer las eventuales dificultades para realizar el Censo Pesquero y Acuicultor en algunas Regiones.
Por ejemplo, en el caso de la acuicultura, las condiciones climáticas, geográficas. En la zona sur -el señor Presidente la conoce muy bien- hay islas remotas o zonas de muy difícil acceso. ¿Qué vamos a hacer con los pescadores del archipiélago de Aisén?, ¿cómo los contamos?, ¿cómo conocemos su realidad?
En esa misma línea, nos importa saber si la encuesta también se va a realizar en las islas, como Mocha y Santa María, comuna de Coronel, Región del Biobío. Es relevante saberlo a fin de estar preparados y para que los municipios y los pescadores colaboren.
Señor Presidente, son muchas las dudas que nos surgen, dada la poca información existente al respecto.
Por lo expuesto, solicito que se oficie en mi nombre al Subsecretario de Pesca y a la Directora del INE para que respondan las inquietudes planteadas en la presente intervención.
A lo anterior quiero agregar que nos remitan información detallada acerca de la ejecución presupuestaria del Censo para los recursos asignados en 2008, así como las estimaciones para 2009; que nos indiquen el número y tipo de profesionales que participaron en el diseño metodológico y la cantidad de encuestadores que se desplegarán en el país, y que nos precisen los plazos en que existirá una primera evaluación y sistematización de los datos levantados en el Precenso. Todo ello, debido a que resulta fundamental conocer la metodología con exactitud, porque algunos datos pueden terminar siendo muy controversiales.
Espero que la política pesquera se implemente antes de que caiga la Ley Corta, en 2012. Ese será un escenario muy complejo. Los pescadores artesanales han sido postergados de manera reiterada. Ahora serán contados. Algunos me han dicho: "No necesitamos que nos cuenten; todos saben cuántos somos. Lo que requerimos es una política pesquera que nos socorra de la situación depredadora, y humillante muchas veces, a que nos someten las grandes empresas".
Espero que las autoridades indicadas puedan dar respuesta in extenso a cada una de mis peticiones.
Si me permite, señor Senador, quiero adherir al oficio que usted solicita que se dirija a la Subsecretaría de Pesca.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento, con la adhesión del Honorable señor Zaldívar.

References: artículo 2
 artículo 1
in fine
in fine
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 6
 resolución 
 artículo 182