Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/fr/Resolucion/Show/22997
Timestamp: 2020-02-21 08:48:23+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 142/2012
SENTENCIA 142/2012, de 2 de julio
(BOE nº 181, de 30 de juillet de 2012)
ECLI:ES:TC:2012:142
b) El comisario jefe de la comisaría de Algeciras, mediante escrito de 15 de noviembre de 2004, solicitó al Juzgado que ordenara a las compañías telefónicas correspondientes el listado de llamadas mantenidas entre dos teléfonos móviles. Para justificar dicha solicitud se ponía de manifiesto que, en relación con la intervención del vehículo que había dado lugar a la incoación de las diligencias previas, se había recibido un informe de la Comandancia de la Guardia Civil en la que se informaba que los agentes de la Guardia Civil observaron durante dicha intervención la conducta irregular de un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. Concretamente, se señala que, cuando se iba a proceder a la comprobación de la documentación de un vehículo, un policía que se encontraba en las taquillas de validación de las tarjetas de embarque manifestó a los agentes de la Guardia Civil que lo estaba esperando, por lo que desistieron de la identificación, observando que el policía acompañó el vehículo hasta el control de pasaportes, dejándolo marchar tras cinco minutos. Igualmente, se relata que los agentes de la Guardia Civil, al considerar que la comprobación policial no había sido lo bastante exhaustiva, volvieron a interceptar el vehículo antes que embarcara con destino a Tánger, trasladándolo hasta sus dependencias, donde observaron que en una agenda de la conductora aparecían dos números de teléfonos reseñados como “mío” e “Interpol”, siendo el correspondiente a la denominación “mío” el del móvil que portaba la conductora y el de la denominación “Interpol” el del funcionario de policía, ahora recurrente en amparo. El Juzgado, por Auto de 16 de noviembre de 2004, autorizó la obtención del listado de llamadas entre los dos teléfonos móviles reseñados, resultando la existencia de diversas llamadas cruzadas. El recurrente fue detenido el 27 de diciembre de 2004, acordándose por Auto de 28 de diciembre de 2004 su prisión provisional eludible mediante el pago de una fianza.
d) El recurrente, junto con la otra coimputada, fue condenado por Sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz núm. 162/2009, de 13 de mayo, dictada en el procedimiento abreviado núm. 179-2008, como autor de sendos delitos de receptación y de uso de documento falso, agravados por prevalerse de su carácter público, a las penas de prisión de un año y seis meses, por el primer delito, y de prisión de cinco meses y multa de cinco meses con una cuota diaria de seis euros, por el segundo, con accesorias y pago de costas. La Sentencia consideró probada la connivencia del recurrente y la conductora del vehículo para trasladar a Tánger un vehículo de alta gama sustraído de un concesionario de Italia, cuya documentación había sido alterada. En cuanto a las cuestiones previas planteadas, con cita de abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, la Sentencia argumenta que el hecho de la consulta de los números de teléfono memorizados en la agenda del teléfono móvil de la conductora del vehículo no forma parte del proceso de comunicación, “en cuanto que a través de ellos simplemente se podrá conocer que una persona tiene el teléfono de otra, pero no si se ha hablado alguna vez con ella”, por lo que no está amparado por el derecho al secreto de las comunicaciones (fundamentos de Derecho sexto y séptimo). A partir de ello, la Sentencia pone de manifiesto que la policía puede acceder a los datos contenidos en la agenda “siempre que lo haga en el curso de una investigación por un delito de cierta entidad, y sin necesidad de contar, ni con el consentimiento del titular, ni con autorización judicial”, concluyendo que “aun admitiendo que no puede hablarse de un consentimiento válidamente prestado en este supuesto, ya que la imputada no hablaba suficientemente español … no apreciamos concurra la infracción denunciada” (fundamento de Derecho séptimo). Igualmente, se destaca que “aunque se admitiera la nulidad de la diligencia de consulta de la agenda del teléfono … ello no sería suficiente para decretar la nulidad del resto de pruebas, ya que se ha admitido por ambos acusados … que se llamaron mutuamente y, en cualquier caso, la responsabilidad criminal de ambos puede perfectamente inferirse a partir de otras pruebas independientes, por lo que no existiría la conexión de antijuridicidad que es precisa para decretar dicha nulidad del resto de pruebas, conforme al art. 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial” (fundamento de Derecho séptimo). Asimismo, rechazó que se hubiera causado indefensión al recurrente por no haberse podido disponer físicamente del teléfono móvil como pieza de convicción, ya que el mismo no estaba a disposición del Tribunal. Y denegó también la aplicación de una circunstancia atenuante analógica de dilaciones indebidas por entender que, pese a que la duración de la causa —cinco años— había excedido de lo razonable, la demora de casi tres años se debió a la imposibilidad de localizar a la persona coimputada, siendo necesario su enjuiciamiento conjunto con el recurrente.
e) La convicción judicial sobre los hechos se basó, en primer lugar, en la circunstancia reconocida por ambos imputados en el plenario de que ambos se conocían con anterioridad al día en que coincidieron en la zona portuaria de Algeciras, al haberse visto, de forma un tanto casual, en un bar cercano y tomar un café, rectificando con ello lo previamente declarado por ambos en la fase de instrucción. En relación con ello, en la Sentencia se destaca que este previo conocimiento era en realidad algo más profundo del reconocido, al entender plenamente demostrado, conforme a la declaración de los agentes de la Guardia Civil que interceptaron en su día al vehículo, que la coimputada tenía en la agenda de su móvil, con la mención “Interpol” el número de teléfono del otro acusado, y que entre dichos teléfonos se habían realizado llamadas cruzadas e, igualmente, una serie de llamadas desde ambos teléfonos a un mismo número en un período inferior a un mes (fundamento de Derecho decimoséptimo). La Sentencia también incide en la conducta desarrollada por el recurrente el día de los hechos, incluyendo la circunstancia de que, a pesar de su declaración, no existió ninguna consulta en la aplicación informática sobre los datos de vehículo conducido por la coimputada y de que, tal como declararon los agentes de la Guardia Civil, ni siquiera levantó el maletero para mirar el número de bastidor troquelado y les afirmó que él ya había comprobado el vehículo (fundamento de Derecho decimoctavo).
Desde esa premisa, la Sentencia también rechaza que se hubiera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia por haber sido condenado a partir de pruebas ilícitamente obtenidas y sobre la base de declaraciones testificales que eran insuficientes para acreditar el concierto entre ambos condenados. A esos efectos, señala que la resolución impugnada valora debidamente la actividad probatoria desarrollada analizando las declaraciones testificales de los guardias civiles y funcionarios policiales actuantes, documentos y las propias manifestaciones de ambos acusados, “todas ellas válidas en su producción, razonablemente valoradas y plenamente capaces para sustentar el fallo condenatorio, al igual que ocurre con la información mediante el examen de la agenda del teléfono móvil a la que ya nos hemos referido” (fundamento de Derecho segundo). La Sentencia destaca, en primer lugar, la circunstancia de que el recurrente y la coimputada se conocieran previamente, dato que se acreditaba “no sólo por la existencia del número telefónico del recurrente en la agenda telefónica de la conductora del vehículo … sino porque, tras ciertas contradicciones, ambos acusados llegaron a reconocer que sí se habían visto con anterioridad, incluso que llegaron a tomar un café y a conversar ante de los hechos enjuiciados”; en segundo lugar, el comportamiento irregular del recurrente, inmiscuyéndose en una investigación de la Guardia Civil sobre el vehículo que intentaba pasar la frontera, diciendo expresamente a los guardias civiles que él se ocupaba de ese vehículo porque lo estaba esperando, y omitiendo después comprobar el número de bastidor y de motor del automóvil con la excusa de que estaba cansado, tal como se derivaba de las declaraciones efectuadas en el plenario por parte de la Guardia Civil y la Policía; y, en tercer lugar, la declaración del comisario, efectuada también en el plenario, sobre que el actor estuviera trabajando solo cuando lo habitual era que trabajaran a la vez al menos dos agentes (fundamento de Derecho segundo).
El Ministerio Fiscal también descarta que se haya producido la vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), por cuanto las pruebas en que se ha sostenido la condena se han practicado con las debidas garantías, y su valoración conjunta permite conformar una base probatoria suficiente para enervar la presunción de inocencia. En concreto, manifiesta el Ministerio Fiscal que la condena se ha sostenido sobre los siguientes indicios: el previo conocimiento del recurrente con la coimputada, lo que es admitido por ambos y corroborado por la aparición del número de teléfono del recurrente en la agenda del teléfono de la coimputada bajo la mención “Interpol”; el hecho de que cuando la Guardia Civil intercepta el vehículo que conducía la coimputada, se dirige ésta directamente al recurrente para presentarle a él la documentación del vehículo, pese a que el actor no llevaba placa identificativa; el comportamiento del recurrente, concretado en su ofrecimiento para ocuparse del vehículo, diciendo a la Guardia Civil que lo estaba esperando, dejando pasar después el vehículo sin comprobación de bastidor y motor, el hecho de que dijera a los agentes de la Guardia Civil que él ya había comprobado el vehículo, y las extrañas circunstancias de tiempo y lugar de su actuación. Considera el Ministerio Fiscal que la inferencia obtenida a partir de tales indicios, relativa al concierto del recurrente con la coimputada para el paso por la frontera de un vehículo sustraído, ni es ilógica ni es tan abierta o irracional que permita llegar a conclusiones alternativas.
En atención a estas alegaciones, resulta preciso identificar cuál de los derechos —a la intimidad (art. 18.1 CE) o al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE)— es el afectado en el presente caso por la actuación de los agentes. A esos efectos, se debe destacar que si bien el recurrente sugiere en la demanda de amparo que la Guardia Civil pudo acceder no sólo a la agenda sino también al registro de llamadas del teléfono móvil de la coimputada, esta versión alternativa ni fue planteada por el recurrente en la vía judicial previa ni puede ahora ser reconsiderada en esta sede de amparo. En efecto, tal como ha sido reiterado por este Tribunal, en el procedimiento de amparo debe partirse de la acotación de hechos llevada a cabo por los órganos judiciales (por todas, STC 25/2011, de 14 de marzo, FJ 5), lo que en este caso determina que, con la lectura de las resoluciones impugnadas, sólo quepa partir de la base de que los agentes actuantes incautaron momentáneamente el teléfono móvil de la coimputada, accediendo, sin consentimiento de ésta, al listado de contactos, en el que advirtieron uno denominado “Interpol” al que correspondía un número de teléfono móvil, que resultó ser el del demandante de amparo.
3. Este Tribunal ha reiterado que el derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) consagra la interdicción de la interceptación o del conocimiento antijurídico de las comunicaciones ajenas, por lo que dicho derecho puede resultar vulnerado tanto por la interceptación en sentido estricto —aprehensión física del soporte del mensaje, con conocimiento o no del mismo, o captación del proceso de comunicación— como por el simple conocimiento antijurídico de lo comunicado —apertura de la correspondencia ajena guardada por su destinatario o de un mensaje emitido por correo electrónico o a través de telefonía móvil, por ejemplo—. Igualmente se ha destacado que el concepto de secreto de la comunicación cubre no sólo el contenido de la comunicación, sino también otros aspectos de la misma, como la identidad subjetiva de los interlocutores, por lo que queda afectado por este derecho tanto la entrega de los listados de llamadas telefónicas por las compañías telefónicas como también el acceso al registro de llamadas entrantes y salientes grabadas en un teléfono móvil (por todas, STC 230/2007, de 5 de noviembre, FJ 2, o SSTEDH de 2 de agosto de 1984, caso Malone c. Reino Unido, § 84 y, entre las últimas, de 3 de abril de 2007, caso Copland c. Reino Unido, § 43).
En el presente caso, como ha sido puesto de manifiesto más ampliamente en los antecedentes, ha quedado acreditado que si bien la información obtenida con el acceso a la agenda telefónica de la coimputada fue relevante en un principio para considerar acreditada la existencia de un conocimiento y relación previa de dicha coimputada con el recurrente, esta circunstancia, con posterioridad, devino independientemente acreditaba en la vista oral a través de su reconocimiento por ambos acusados. De ese modo, en la Sentencia de instancia se llega a afirmar que “aunque se admitiera la nulidad de la diligencia de consulta de la agenda del teléfono … ello no sería suficiente para decretar la nulidad del resto de pruebas, ya que se ha admitido por ambos acusados … que se llamaron mutuamente y, en cualquier caso, la responsabilidad criminal de ambos puede perfectamente inferirse a partir de otras pruebas independientes, por lo que no existiría la conexión de antijuridicidad que es precisa para decretar dicha nulidad del resto de pruebas, conforme al art. 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial” (fundamento de Derecho séptimo). Igualmente, también en la Sentencia de casación, al analizarse la invocación del derecho a la presunción de inocencia, se destaca que la actividad probatoria desarrollada para considerar acreditada la circunstancia de que el recurrente y la coimputada se conocieran previamente, era “no sólo por la existencia del número telefónico del recurrente en la agenda telefónica de la conductora del vehículo … sino porque, tras ciertas contradicciones, ambos acusados llegaron a reconocer que sí se habían visto con anterioridad, incluso que llegaron a tomar un café y a conversar ante de los hechos enjuiciados” (fundamento de Derecho segundo).
Numéro et date BOE [Nº, 181 ] 30/07/2012
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 2908-2010
Promovido por don Andrés Domínguez Villegas en relación con las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Cádiz que le condenaron por sendos delitos de receptación y de uso de documento falso.
Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, secreto de las comunicaciones, proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas, presunción de inocencia, a la prueba y a no sufrir indefensión: acceso a la agenda telefónica de una coimputada que no aportó prueba de cargo relevante; actividad probatoria de cargo desarrollada en la vista oral con las debidas garantías y que fue objeto de adecuada valoración a los efectos de entender acreditados todos los elementos constitutivos de la infracción penal.
En el curso de una investigación policial, miembros de la Guardia Civil accedieron a la agenda del teléfono móvil de una persona luego imputada, junto con el ahora demandante de amparo, en una causa penal por receptación. El recurrente en amparo denuncia que ese acceso no consentido y sin autorización judicial supuso una vulneración de los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, así como del derecho a un proceso con todas las garantías.
Se deniega el amparo. La Sentencia encuadra la actuación policial en el ámbito del derecho a la intimidad, concretamente la intimidad de un tercero ajeno al proceso de amparo. Se descarta que ese acceso haya conculcado el derecho a un proceso con todas las garantías del actor porque la relación entre ambos coimputados, que era lo que pudiera eventualmente haberse inferido de la consulta de la agenda personal del teléfono móvil, fue expresamente reconocida por ambos durante la vista oral del proceso.
El acceso a los datos recogidos en el archivo de contactos telefónicos del teléfono móvil de la coimputada y no en el registro de llamadas efectuadas y/o recibidas, no supone una injerencia en el secreto de las comunicaciones pues no forman parte de una comunicación actual o consumada ni proporcionan información sobre actos concretos de comunicación pretéritos o futuros [FJ 3].
El derecho al secreto de las comunicaciones, ex art. 18.3 CE, consagra la interdicción de la interceptación o del conocimiento antijurídico de las comunicaciones ajenas, por lo que se vulnera tanto por la interceptación de las comunicaciones, mediante la aprehensión física del soporte del mensaje o captación del proceso de comunicación, como por el simple conocimiento antijurídico de lo comunicado [FJ 3].
La afectación que el acceso a un teléfono móvil puede tener en el derecho al secreto de las comunicaciones implica que el parámetro de control deba ser especialmente riguroso, tanto desde la perspectiva de la existencia de norma legal habilitante, como desde la perspectiva de si la actuación desarrollada al amparo de dicha norma legal se ha ejecutado respetando el principio de proporcionalidad [FJ 3].
La apertura y lectura de una agenda inciden en el derecho a la intimidad, art. 18.1, mientras que el acceso al contenido de un ordenador personal podrá afectar tanto al derecho a la intimidad como al derecho al secreto de las comunicaciones en función de si lo que resulta desvelado son datos personales o datos relativos a una comunicación (SSTC 70/2002, 173/2011) [FJ 3].
La intervención de las comunicaciones requiere siempre resolución judicial, ex art. 18.3 CE, pero esa misma garantía no existe respecto del derecho a la intimidad personal, ex art. 18.1 CE, admitiéndose excepcionalmente la legitimidad constitucional de determinadas prácticas de la policía judicial que, con la suficiente y precisa habilitación legal, constituyan una injerencia leve en la intimidad de las personas, siempre que se hayan respetado las exigencias del principio de proporcionalidad (STC 281/2006) [FJ 2].
Al no apreciarse el carácter relevante de la información obtenida a través de la consulta de la agenda telefónica de la coimputada en el conjunto de la actividad probatoria de cargo desarrollada para alcanzar la convicción judicial sobre la culpabilidad del recurrente, la eventual vulneración del derecho a la intimidad de un tercero no determinaría la vulneración de su derecho a un proceso con todas las garantías [FJ 4].
La información obtenida con el acceso a la agenda telefónica de la coimputada, que fue relevante en un principio para considerar acreditada la existencia de un conocimiento y relación previa de dicha coimputada con el recurrente, devino con posterioridad independientemente acreditaba en la vista oral a través de su reconocimiento por ambos acusados por lo que, aunque se admitiera la nulidad de la diligencia de consulta de dicha agenda telefónica, ello no sería suficiente para decretar la nulidad del resto de pruebas [FJ 4].
Para considerar enervada la presunción de inocencia es preciso determinar si el conocimiento obtenido con el acceso a la agenda telefónica ha sido relevante como prueba de cargo, directa o indirecta, en el conjunto de la actividad probatoria valorada por los órganos judiciales (STC 206/2007, 128/2011; STEDH caso Alony Kate c. España de 17 de enero de 2012) [FJ 4].
La vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa exige que el recurrente haya instado la práctica de una actividad probatoria, que los órganos judiciales hayan rechazado su práctica o no hubiera podido practicarse por causas imputables al órgano judicial, que la actividad probatoria hubiera podido tener una influencia decisiva en la resolución del pleito, generando indefensión, y que en la demanda de amparo se aleguen y fundamenten los anteriores extremos (STC 14/2001) [FJ 6].
No es competencia del Tribunal Constitucional valorar la actividad probatoria practicada en el proceso penal y evaluar dicha valoración conforme a criterios de calidad o de oportunidad, quedando limitada su competencia, cuando es invocado el derecho a la presunción de inocencia, a supervisar la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico resultante [FJ 5].
Doctrina sobre la valoración de la prueba indiciaria (STC 127/2011) [FJ 5].
La apreciación de la concurrencia de circunstancias eximentes o atenuantes de la responsabilidad penal es una cuestión de estricta legalidad cuya resolución corresponde a los órganos judiciales, por lo que sólo podrá considerarse vulnerado el art. 24.1 CE cuando la respuesta de los órganos judiciales a tal pretensión hubiera sido arbitraria, manifiestamente irrazonable, incursa en error patente o carente de toda motivación (STC 5/2010) [FJ 7].
Debe descartarse la vulneración del derecho a no sufrir dilaciones indebidas, toda vez que en los casi cinco años en que tardó la causa en llegar a juicio, tres de ellos fueron debidos al ignorado paradero de la otra persona imputada, no siendo por tanto imputable la paralización de la causa, que era necesaria para que ambos coimputados fueran juzgados en un mismo proceso, al órgano judicial, lo que no puede considerarse arbitrario, en tanto no se manifiesta como resultado del mero voluntarismo judicial ni expresa un proceso deductivo irracional o absurdo [FJ 7].
Carece de viabilidad la denuncia del derecho a no sufrir dilaciones indebidas una vez que el procedimiento ha finalizado (STC 126/2011) [FJ 7].
Artículo 18.1, ff. 1 a 4
Artículo 24.1, ff. 6, 7
Artículo 24.2 (derecho a la prueba), ff. 1, 6
Artículo 24.2 (derecho a un proceso sin dilaciones), ff. 1, 7
§ 84, f. 3
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 17 de enero de 2012 (Alony Kate c. España)
Concepto de comunicaciónConcepto de comunicación, f. 3
Contenido del derecho a la pruebaContenido del derecho a la prueba, f. 6
Derecho a la intimidadDerecho a la intimidad, ff. 2, 3, 4, 6
Derecho a la pruebaDerecho a la prueba, Respetado, ff. 4 a 6
Derecho al secreto de las comunicacionesDerecho al secreto de las comunicaciones, Doctrina constitucional, f. 3
Circunstancias modificativas de la responsabilidad penalCircunstancias modificativas de la responsabilidad penal, f. 7
Teléfono móvilTeléfono móvil, ff. 2, 3, 6
Registro de agenda telefónicaRegistro de agenda telefónica, ff. 2 a 4, 6
Registro de llamadas telefónicasRegistro de llamadas telefónicas, f. 3
Registro policialRegistro policial, ff. 2, 3
Valoración de la pruebaValoración de la prueba, ff. 4 a 6

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 18

Artículo 24

Artículo 24

Artículo 24