Source: https://fiscalizacion.es/2009/01/26/comision-europea-versus-ley-de-contratos-del-sector-publico/
Timestamp: 2017-09-21 10:18:29+00:00

Document:
Comisión Europea versus Ley de Contratos del Sector Público – Fiscalizacion.es
por Antonio Arias Rodriguez	en Contratación, Europa	en Lunes, 26 de enero de 2009
La edición digital del diario Expansión se hace eco de las explicaciones que ha pedido la Comisión Europea al Gobierno de España ante el posible incumplimiento de la Sentencia de 3 de abril pasado del Tribunal de la UE, que censuraba las disposiciones de la antigua Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que no preveían, como exige la Directiva 89/665/CEE del Consejo, un plazo obligatorio para que la entidad adjudicadora notifique la decisión de adjudicación de un contrato a todos los licitadores, ni un plazo de espera obligatorio entre la adjudicación de un contrato y su celebración y al permitir que un contrato anulado continúe produciendo efectos jurídicos. Por lo tanto, aquella normativa impedía que los licitadores rechazados interpusiesen eficazmente un recurso contra la decisión de adjudicación del contrato, antes de su celebración. Las autoridades españolas se defendieron entonces con el argumento de que el nuevo sistema español de recurso en la contratación pública, implantado por la Ley 30/2007 (LCSP) y en vigor desde 1 de mayo de 2008, cumplía plenamente esas exigencias.
Raquel Ballesteros (Socia de Bird & Bird), opina en un artículo anexo que la práctica diaria hace a los licitadores desistan de los recursos porque, primero “no es bueno hacer de tu cliente tu enemigo y en no pocas ocasiones cuando uno por fin se entera de quien ha sido elegido y, sobre todo, de por qué, el elegido ya ha firmado el contrato con la Administración, cuando no está ya directamente ejecutándolo”.
Pues bien, la Sentencia exige a España el el establecimiento y observancia de un plazo obligatorio para notificar la adjudicación a todos los licitadores descartados y, además, un plazo de espera razonable entre la adjudicación del contrato y su celebración.
La Ley de Contratos del Sector Público introdujo relevantes novedades en materia de recursos, precisamente por esas exigencias comunitarias, como la suspensión automática de la adjudicación provisional de ciertos contratos, desde la interposición de un recurso contra ella y mientras éste no se resuelva expresamente por la entidad adjudicadora.
Aun así, la Comisión anunció el pasado 27 de noviembre que enviaba una carta de emplazamiento a España en la que pedía información completa sobre su cumplimiento de esa sentencia declarando: “Aún tenemos dudas sobre si este nuevo sistema de procedimientos de recurso garantiza efectivamente la existencia de un plazo entre la adjudicación y la celebración del contrato que proporcione a los licitadores no seleccionados los elementos necesarios para poder recurrir la decisión de adjudicación”.
Etiquetas: contratos, Obra pública, reforma legislativa, Unión Europea
Entrada anteriorPresupuesto y gasto público nº 53-(4/2008)
Entrada siguienteLos "Pata Negra"
Plural: 77 comentarios en “Comisión Europea versus Ley de Contratos del Sector Público”
Lunes, 26 de enero de 2009 en 22:52h
Para los que tratamos habitualmente con la contratación de la administración española lo expuesto en el artículo nos parece una más de las muchas cosas que la complejísima y farragosa Ley ha dejado sin resolver. Cuando una administración pública necesita ejecutar una obra, adquirir un suministro o que le presten un servicio, los requisitos que deben cumplir las empresas, sobre todo en lo referente a elaboración de documentación, son tan “reglamentistas” que hace que muchas empresas que quisieran contratar con la administración desistan de ello.
Si vamos a la otra parte, los criterios de valoración de los concursos pueden llegar, si los explicamos adecuadamente, a rellenar una segunda parte del Celtiberia Show (creo que era de Carandell) lo que viene a dejar en mal lugar a la tan “garantista” Ley.
Y si la administración, en vez de intentar que el contrato sea adjudicado a alguna empresa “responsable”, intenta realizar una adjudicación que siga al menos el criterio de las 3E se encuentra con que las “garantías” que establece la Ley hacen que prácticamente se cumplan las 3F (fuera del plazo necesario, fuera del coste previsto, fuera de la calidad imprescindible)
Pd.- Perdonad este último paréntesis por lo escasamente brillante, pero a estas horas mi cerebro pide más un descanso que otra cosa. Saludos.
Miércoles, 28 de enero de 2009 en 13:48h
Este requerimiento de la Comisión Europea a España por incumplir los plazos legales que median entre la adjudicación provisional y la definitiva, es importante pues son realmente determinantes para el establecimiento de las garantias de los licitadores que han tomado parte en el procedimiento de contratación. Considero que efectivamente, el derecho al recurso que nace a partir de esa adjudicación provisional, y que tanta novedad introduce en la Ley de 30 de octubre, no debe evitarse por los poderes adjudicadores y las Adm. Públicas que quieren seguir salvándose de posibles explicaciones.
No sólo ese plazo de espera razonable entre la comunicación y la celebración del contrato, sino también el cumlimiento de las notificaciones por las adjudicaciones llevadas a cabo. (Conozco casos de no notificación).
Por otro lado, quiero plantear una duda que puede a priori parecer insignificante, a ver qué opinais:
Poder adjudicador que necesita celebrar contrato de seguro de daños materiales, cuya cuantía no excede de 18.000 euros anuales, pero que no puede ni contratar por mas de un año, ni sujetarla a prórrogas. (contrato menor de servicios).
En este caso, se plante la posibilidad de celebrar el contrato por 4 años, sin posibilidad de prórroga, para así obtener un presupuesto base de licitación que sigue sin exceder de 18.000 euros (4.000 euros anuales x 4 años= 16.000 euros).
En este caso, estamos en un contrato distinto a los menores, porque aunque se cumple la premisa de ser de cuantía inferior a 18.000 euros, su duración es superior al año. Por lo tanto, ¿debo iniciar procedimiento negociado sin publicidad y sin necesidad de redactar pliego, en base al artículo 121.2 de la LCSP?
Gracias y un saludo a este estupendo foro!
Martes, 3 de febrero de 2009 en 18:55h
Alguien puede ayudarme sobre la duda que plantee hace varios días?
Martes, 3 de febrero de 2009 en 21:46h
Disculpa Mª Ángeles ¿Cuál es tu duda?
DesdeSevilla dice:
Miércoles, 4 de febrero de 2009 en 08:57h
Soy Mª ÁNGELES, que a veces aparezco con doble personalidad. Disculpad el fallo.
Mi duda es la de la adjudicación y preparación de contratos de seguros y su vinculación con la prórroga de los mismos. He leido en Informes de la Junta Consultiva de mi comunidad que la prórroga de los contratos es parte de la adjudicación y preparación, y yo entiendo que lo es, por la indudable vinculación que existe entre el procedimiento a seguir para la contratación y el presupuesto base de licitación del mismo, ya que, de existir prórrogas en el contrato de servicio (seguros en este caso), el presupuesto base de licitación varía y también el procedimiento.
¿Qué puedo hacer teniendo en cuenta que soy poder adjudicador distinto de las Administraciones Públicas?
Miércoles, 4 de febrero de 2009 en 10:58h
Ángeles la duda la has resuelto tu misma, al negociado sin publicidad aunque yo, en este supuesto, me plantearía la posible existencia de la prórroga estableciendo unos parámetros de precios en beneficio del poder adjudicador, las primas de los seguros están bajando de precios considerablemente, sobre todo si no existen daños o estos no son de gran consideración
Miércoles, 4 de febrero de 2009 en 11:31h
Buenos días Mª Ángeles, respecto a la cuestión que plantéas, te expongo lo que pienso, sometiendo esta opinión a un criterio más acertado.
Por la propia naturaleza del contrato (servicios anexo II.6.a servicios de seguros) tendrá la consideración de contrato privado de los regulados en el art. 20 LCSP, por lo que se regirán en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de norma específica por la LCSP y sus disposiciones de desarrollo…
Respecto a los efectos y extinción, éstos se regirán por el derecho privado, es decir, la Ley del Contrato de Seguro que establece un plazo de duración máximo para estos contratos de 10 años, con prórrogas de un año, sin que quepa prórroga cuando exista oposición de alguna de las partes contratantes efectuada con un plazo de antelación de dos meses antes de la finalización del contrato en vigor.
Miércoles, 4 de febrero de 2009 en 19:08h
Muchas gracias a los dos.Habeis comentado sobre la misma línea que yo tenía en mente.
Por un lado, me ofrecían buenas condiciones de rebajas si en el plazo de 4 años no habia habido un indice de siniestralidad que superara un tanto porcentual determinado.
Por otro lado, se me expuso la posibilidad de adecuar el plazo a la propia ley de seguros, y yo lo ví compatible, precisamente por lo que MsR ha comentado.
Sin embargo, tengo que deciros que al final, sólo voy a contratar por un año, celebrando contrato menor, y renunciando a la prórroga tácita.El motivo no es otro que el de “darme un año de tregua” (perdonad la expresión), y el año próximo con más y mejor tiempo, realizar como bien apuntais, un negociado sin publicidad.
Ha sido un placer compartir opiniones con este estupendo foro!!A seguir así!!Gracias!!
Yo también me presto a dar mi opinión sobre vuestros asuntos, hasta donde pueda alcanzar mi conocimiento reciente de la Ley!!
Jueves, 5 de febrero de 2009 en 16:27h
Me gustaría plantearos una duda acerca de las garantías provisionales:
en un contrato de gestión de servicios públicos con una duración inicial de 5 años y posibilidad de prorrogas hasta 20 años ¿Para calcular la cuantía de la garanía provisional se puede tener en cuenta sólo los 5 primeros años o hay que tener en cuenta también las prórrogas?.
Jueves, 5 de febrero de 2009 en 22:45h
El Interventor de Bembibre (León), ha remitido a los miembros del COSITAL este interesante correo, que me permito reproducir.
“A mi me parece que la LCSP no es muy respetuosa con la jurisprudencia comunitaria en materia de recursos al limitar sólo a los contratos sujetos a regulación armonizada el recurso especial y las medidas provisionales (arts. 36 y 37). Por ello en mis pliegos extiendo las medidas provisionales a todos los contratos (como hacía antes el 60 bis) y el recurso especial lo preveo como potestativo también en todos los contratos. Ese recurso, que se ha de interponer y resolver antes de la adjudicación definitiva, es mucho más útil que un recurso de reposición que pueden interponer cuando ya hay un adjudicatario definitivo”.
Viernes, 6 de febrero de 2009 en 08:06h
Lo primero cerciorarme de que estas ante un contrato de gestión de servicios Públicos, distinto de los sanitarios, por la duración máxima que habéis determinado de 25 años.
Lo siguiente, respecto a la garantía provisional, la misma es potestativa, incluso para las Administraciones Públicas, y en caso de querer aplicarla, se hará SOBRE EL PRESUPUESTO DEL CONTRATO, esto es, sobre el presupuesto que en principio se tendrá que haber calculado contabilizando también las posibles prórrogas del contrato.
Lo único que puedes hacer para que no sea muy elevado (si eso es lo que te preocupa)es no aplicar el máximo del 3%.
Esa es mi opinión, vamos a ver el resto de las interpretaciones que los foreros hacen de la ley!
Viernes, 6 de febrero de 2009 en 17:45h
No está nada mal la ocurrencia del amigo de Bembibre. Únicamente tiene un problema (y es un poquito gordo): el dictado del artículo 25.1. Me dicen por aquí que no podemos “inventarnos” recursos para aplicarlos allá donde el ordenamiento jurídico expresamente los veda. No obstante, se celebra y se acoge con especial alborozo en la capital del Reino la propuesta del bembibrense.
teresa moreo dice:
Viernes, 6 de febrero de 2009 en 19:45h
A la nota del coordinador,
Había leido los comentarios de José Luís Sobrino Sobrino en el Blog de esPúblico y coinciden con el criterio del interventor de Bembibre. Tal vez porque sean la misma persona. Lo desconozco.
En principio, me parece una interpretación bastante sui generis del artículo 37 que, de prosperar en algunos sectores, tendrá como consecuencia una aplicación muy desigual de la ley. ¿Qué dirán los empresarios de Ponferrada si no se les da esta posibilidad?
Esta ley no deja de darme sorpresas…………………………….
Viernes, 6 de febrero de 2009 en 20:01h
Vaya, mi amiga Teresa por estos lares. ¡Cuanto tiempo! Mujer, los empresarios de Ponferrada dirán que en su caso debe aplicarse el recurso extraordinario de revisión. Como comprenderás los locales de mi equipo favorito – la Ponferradina Club de Fútbol- no van a ser menos. Me encanta ver que a nuestra edad seguimos teniendo buen sentido del humor.
Viernes, 20 de febrero de 2009 en 12:48h
¿Cuando estará aprobado el reglamento?
Pues va para un año que esta aprobada la ley.
Martes, 3 de marzo de 2009 en 10:07h
Quiero recomendaros un libro original editado por DYKINSON, titulado: “Manual para licitadores y contratistas del sector público“. Es diferente a los que hasta ahora han caido en mis manos. Los autores son Alberto Palomar y Javier Vázquez. Incluye formularios, Jurispridencia y Doctrina y a pesar de estar dirigido a las empresas contratistas, creo que puede ser de utilidad para todos. Saludos
Miércoles, 4 de marzo de 2009 en 14:56h
El art. 37 es claro. Sólo procede el rec. especial para los actos del nº 2, en procedimientos con objeto indentificado en el nº1. Para el resto de los supuestos, procederá el recurso de reposición. Esto está en la línea, por ejemplo, -aunque yo escribo desde Galicia- del Informe 18/2008, de 21 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la C.A. de Aragón, o por citar otro, del Letrado del Gabinete de Asuntos Judiciales de la Excma. Dip. Prov. de badajoz, D. Tomás Guerrero Flores; o por citar uno más, informe de la Consejería de Eco. y Hac. de la Jta. de Andalucía.
La más importante diferencia entre ambos es el efecto suspensivo ope legis del procedimiento de la LCSP. Por lo demás, el plazo de interposición -10 días, salvo tramitación de emergencia-, el traslado a los interesados para alegaciones -5 días- y el plazo máximo de resolución -20 días-, no deberían diferir uno u otro procedimiento si el órgano que los tramita observa la diligencia debida. Y no nos olvidemos que la diligencia, si brilla por su ausencia, será siempre, al margen de qué recurso se interponga.
Viernes, 6 de marzo de 2009 en 18:18h
Buenas tardes, os envío un link correspondiente al nº 45 de la Revista Juridica de Navarra, en que se publica un trabajo escrito por mí en torno a la transposiciñon de la Directiva de Recursos en la LCSP y en la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra. Un saludo y enhorabuena por el Blog.
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Presidencia+justicia+e+interior/Publicaciones/Revistas/Revista+Juridica+de+Navarra/Sumarios/sumario45.htm
Domingo, 8 de marzo de 2009 en 18:45h
Hace muchos días que no aparecía. Quiero hacer simplemente algún apunte.
1) El Reglamento ni está, ni se le espera, es decir, que está en la sala de espera (juego de palabras famoso con ocasión de la intentona golpista del 23F). Me refiero al Reglamento chachi.
2) En entradas anteriores hemos hablado de la consideración o no de la adjudicación provisional como un acto de trámite -cualificado, proclamaba alguno-. Recordareis -se puede leer- que negaba tal carácter de acto de trámite a la referida adjudicación.
3) Veo de nuevo confirmada mi opinión por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado que en su reciente informe 48/08 de 29 de enero proclama textualmente: ” En primer lugar debe ponerse de manifiesto, en contra de lo que parece decir la consulta, que los actos de adjudicación provisional del contrato no son propiamente actos de trámite (…). Por el contrario, son actos resolutorios del procedimiento de adjudicación tal como se desprende del artículo 135 de la Ley de Contratos del Sector Público en sus apartados 4 y 5 (…)”.
4) Aunque se ratifica mi parecer, ello no obsta para que vuelva a manifestar mi respeto por las opiniones de aquellos que discrepen. Ya decía en aquella ocasión que mi opinión sobre este tema era una opinión “compartida por otros” y sabía yo bien a quien me estaba refiriendo. El tiempo me lo ha confirmado.
5) Que os vaya bien y que el Barça gane la Liga.
Martes, 10 de marzo de 2009 en 13:38h
Saludos, a todos y a todas.
Os planteo una duda que me ha surgido en un expediente de suministro que estamos tramitando. Se trata de un suministro de los regulados en el artículo 9.3 a) de la LCSP (entrega de pluralidad de bienes, por precio unitario sin que la cuantía total sea definida con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, al estar subordinadas a las necesidades de la Administración). Concretamente, se trata del suministro de energía eléctica en alta tensión para un edificio administrativo.
Hemos decidido, por su valor estimado, hacerlo por procedimiento negociado, y a través de un acuerdo marco de un año de duración, al que se le vincularán sucesivos “contratos específicos”.
El problema surge al intentar “blindar” el precio del kw/hora.
Las comercializadoras defienden la postura de que las variaciones en los componentes regulados del precio de la electricidad se aplicarán automáticamente a los precios del Contrato (tanto al alza como a la baja).
Sin embargo, con la LCSP en la mano, el precio del contrato no está sujeto a revisión en sus primeros 12 meses.
¿Qué postura defendeis, como expertos que os considero? ¿Existe alguna normativa que respalde la afirmación de las comercializadoras?
NOTA: Es el suministro más complejo con el que me he topado. Además de la actual situación del mercado eléctrico, muy convulso, esta contratación está sujeta a una extensa y farragosa legislación técnica, solo apta para iluminados. Disculpadme, pero necesitaba desahogarme!!!
Martes, 10 de marzo de 2009 en 15:02h
Querido Miguel Trueno:
Es evidente que debemos distinguir entre opiniones -respetables todas ellas- y deseos, motivados por querencias, influjos ancestrales o, incluso, traumas de cualquier clase…
Es broma, hombre, simplemente que no comparto el deseo-opinión de que el Barça gane la liga (y sin intención de convertir este espacio en un foro futbolísitico, perdóneseme el atrevimiento):
Un abrazo a todos, incluido -cómo no- a Miguel Trueno.
Martes, 10 de marzo de 2009 en 17:00h
Encantado recibo tu mensaje y comparto PLENAMENTE tu opinión respecto a que el foro no se convierta en el consultorio deportivo. Pero habrás apreciado que el coordinador nos ha permitido esta pequeña licencia futbolera para que nos sirva de desahogo después de la fatiga diaria que supone la LCSP.
Dicho lo cual -y lo siento infinito- mi equipo ganará la Liga (esto no es una opinión, es una certeza).
Un fortísimo abrazo, Javier. Lo hago extensible como es natural al resto del personal.
Jueves, 12 de marzo de 2009 en 06:02h
Hola a todos y una respuesta a Juanma
Quieres blindar el precio y probablemente el procedimiento quedará desierto.
Si te sirve de guia, los contratos que he visto referidos a suministro de combustible (parecido al que propones) prevén que los licitadores en sus ofertas, indicaran el porcentaje de descuento por litro sobre el precio que figure en el Boletin del Petroleo de la Dirección General de Energia y Transportes de la Comisión Europea, por cada uno de los tipos de combuestible. Es que no puede ser de otra manera. ¿No te sirve este sistema?
Jueves, 12 de marzo de 2009 en 07:02h
Hola de nuevo y pregunta a Javier Vázquez
Hola Javier, he leído tu artículo y me parece muy interesante. Sobre todo porque en nuestra comunidad autónoma, Baleares, tenemos un régimen parecido desde el año 2003.
Nuestra ley de régimen jurídico positiviza un recurso especial en materia de contratación que sustituye al recurso de reposición a todos los efectos, contra los actos dictados por los órganos de contratación y ante la Junta Consultiva de Baleares.
Parece que la interpretación que ha hecho nuestra Junta Consultiva del artículo 37 de la LCSP es en el sentido de entender que no es competente para resolver el recurso especial para SARA y asimilados, que debe resolver el órgano de contratación, reservándose los contratos no susceptibles del 37.
En mi modesta opinión, si nuestro régimen jurídico establece que la Junta es el órgano competente para resolver los recursos en materia de contratación, planteamiento muy cercano a la Directiva 2007, y el artículo 37.4 prevé que para el ámbito de las comunidades autónomas se establezcan normas especiales, debería entenderse que es la Junta Consultiva quien debe resolver tanto en contratos SARA y asimilados como en el resto.
En vuestra comunidad autónoma tenéis una situación similar con un recurso potestativo y sustitutivo frente a un órgano independiente, previsto en vuestra ley foral, ¿es este órgano el que está resolviendo el recurso especial el artículo 37 o lo resuelve el órgano de contratación?
Invito al resto del personal a manifestar sus opiniones.
Viernes, 13 de marzo de 2009 en 10:20h
Tienes razón. No voy a poder blindar el precio del contrato, por la existencia de componentes regulados que pueden fluctuar durante la vida del contrato. He avanzado bastante en estos días y ya lo tengo más claro.
También preveo un sistema de descuentos sobre el precio en el PCAP, en función del consumo real.
En cualquier caso, acepto ideas de gestores (también de interventores, eh!) que hayan elaborado/fiscalizado un pliego de suministro de electricidad, para contratar con una comercializadora dentro del mercado eléctrico liberalizado.
Viernes, 13 de marzo de 2009 en 12:56h
J,VAZQUEZ.
La verdad es que uno de los temas que da para muchos foros es que Navarra no entiende aplicable la LCSP, como podeis apreciar por mucho régimen foral que tengamos deberiamos respetar los preceptos básicos de la LCSP.
De otro lado, la Junta de Contratación Pública resuelve todos las reclamaciones que se presentan en relación con cualquier contrato SARA o NO SARA.
De todos modos, el art. 37.4 LCSP, no creo que limite la regulación que las CCAA pudieran hacer…lo único que habrá que concretar es que los actos de la Junta ponfan fin a la vía admitiva.
Martes, 24 de marzo de 2009 en 00:04h
Os planteo una cuestión a ver si me ayudais a resolverla.
En el Ayuntamiento en el que trabajo se ha presentado a una licitación una fundación en la que el Ayuntamiento participa si bien no con carácter mayoritario.
¿Debemos declarar dicha oferta inadmisible?
Martes, 24 de marzo de 2009 en 13:47h
Buenos días, M. Mar:
¿Por qué te planteas la exclusión? ¿Cuál es el objeto del contrato?. Con la información que aportas es díficil contestar.
Un saludo para ti y para el resto del personal, con especial dedicación a mi amiga Teresa Moreo, verdadera “alma mater” de este foro, sin perjuicio del coordinador que también es una bellísima persona.
Dicho lo cual y sintiéndolo infinito porla oposición, AFIRMO que el Barça va ganar al Liga.
Martes, 24 de marzo de 2009 en 17:40h
La exclusión no se plantaea por el objeto del contrato porque los fines de la fundación sí están relacionados con el mismo. La inadmisión se plantea por el hecho de que se trata de una fundación privada sin ánimo de lucro, y el Ayuntamiento tiene participación en la misma.
En definitiva, la duda que nos surge es si puede presentarse a una licitación convocada por una Administración una Fundación en la que dicha Administración tiene participación, (aunque no sea mayoritaria)?
Miércoles, 25 de marzo de 2009 en 17:29h
Buenas tardes, les plantéo una pregunta fácil, pero deseo reafirmen mis ideas.
Contrato suministros (antigua LCAP) ni en los Pliegos, ni en el contrato, se ha previsto de forma expresa la posibilidad de prórroga.
Se prevé la finalización del mismo y el contratista plantéa la posibilidad de obtener unas “mejoras económicas considerables” en caso de prorrogar un año más el contrato.
Obviamente entiendo que, si no se ha previsto la posibilidad de prórroga de forma expresa, no se puede llevar a cabo. Bien, hasta ahí todo claro, pero buscando una vuelta de tuerca más… ¿cabría algún tipo de resquicio legal por las ya consabidas “razones de interés público” a las que poder aferrarse?
Pingback: Reformando el reformado « Antonio Arias Rodríguez es Fiscalización
Miércoles, 25 de marzo de 2009 en 22:50h
M. Mar: No existe problemas siempre que no se planteen los conflictos a que se refiere el artículo 45.1 de la LCSP.
No acierto a entender qué quieres decir con el matiz de que la fundación es una entidad “sin ánimo de lucro”. ¿Te extraña? Te recomiendo la lectura del artículo segundo de la Ley 50/2002 de Fundaciones.
Cuidado con el firmante de la oferta no vaya a estar incurso en incompatibilidad o prohibición de contratar.
Miércoles, 25 de marzo de 2009 en 22:53h
Antonio: Si no estaba prevista la prórroga, no hay prórroga. El “interés público” estará en convocar una nueva licitación y que el contratista nos ofrezca todas esas cosas que, a lo mejor, son mejoradas por los demás.
Me encanta ver cuanto nos quieren los contratistas.
Viernes, 27 de marzo de 2009 en 12:54h
Hola a todos y un saludo muy especial a Miguel Trueno.
Miguel, me atribuyes un calificativo que no merezco: Alma mater del foro.
Me hace gracia que venga de ti cuando eres el “proveedor oficial” de conocimientos, sin desmerecer a otros compañeros que también aportan comentarios muy interesantes.
¿Sabes el significado de alma mater? En tiempos romanos se utilizaba como mater nutricia, madre alimentadora e incluso después, significó Virgen María.
Comprenderás Miguel, que a todos estos calificativos no llego. Bueno, lo de madre alimentadora podría aceptarlo – tengo tres hijos y hay que ver cómo cuestan – pero lo de Virgen María, me supera.
Un cordial saludo para todos y ahí va una reflexión.
La DT 2ª de la LCSP, respecto a las fórmulas de revisión de precios establece que hasta que se aprueben nuevas fórmulas, seguirán aplicándose las aprobadas. Y añade, que transcurrido un año desde la entrada en vigor de la Ley sin que se hayan aprobado las nuevas, se aplicaran las vigentes, con exclusión del efecto de la variación de precios de la mano de obra.
¿Habéis pensado lo que pasará a partir del 1 de mayo? ¿No resultará que algunas revisiones en contratos de obra seran en menos?
Invito a facultativos acostumbrados a aplicar las fórmula polinómicas a manifestar sus opiniones.
Viernes, 27 de marzo de 2009 en 19:04h
A ver si se pronuncia nuestro querido Emilio Menéndez sobre el problema que plantea Teresa. Dicho lo cual, a lo mejor -o a lo peor- sucederán dos cosas:
1) Las formulas convenidas en los contratos vigentes serán invariables.
2) Las fórmulas convenidas en los contratos futuros serán iguales que las de ahora porque la “masa” o el “pelotón” no se acuerda de lo que dice la DT 2ª, salvo naturalmente algun/a celoso/a funcionario/a y a aplicar lo de siempre.
Saludos. Ya está ahí la Semana Santa.
Domingo, 29 de marzo de 2009 en 17:30h
Estoy iniciandome en el mundo de la contratacion administrativa. Trabajo en un Ayto. y vamos a sacar unos pliegos para la contratación de la ejecución de cursos deportivos. Actualmente existe una empresa ejecutando este contrato. La duda que tengo es si el personal de esa empresa debera ser subrogado por la nueva empresa adjudicataria. De la lectura del convenio colectivo que aplican a estos trabajadores veo que en ningun sitio hacen mencion a la subrogación.
Si el personal de la empresa actual debe der subrogado o no ¿tiene que estar definido en el pliego? Me entra la duda tras la lectura del Informe 31/99, de 30 de junio de 1999 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (parece que no) y el art.104 Ley 30/2007 (parece que si).
Quizas sea una duda muy básica pero si me lo pudierais aclarar estaria muy agradecida.
Lunes, 13 de abril de 2009 en 12:36h
Por si les resulta de interés, consulten el BOE Núm. 89 del Sábado 11 de abril de 2009 en el que publica la Resolución de 6 de abril de 2009, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se hace público el Acuerdo del Pleno de 26 de marzo de 2009, que aprueba la Instrucción General relativa a la remisión al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos y convenios celebrados por las Entidades del Sector Público Estatal y Autonómico.
Jueves, 16 de abril de 2009 en 13:21h
Ha sido estupendo conocer la resolución!!!!Muchas gracias MsR!!!!!!!!
Los poderes adjudicadores distintos de las Administraciones Públicas van a tener que ponerse “las pilas”.
Un saludo al foro!!!! (Algo apagado últimamente, por cierto)
Domingo, 19 de abril de 2009 en 12:54h
Que os parece: Dos empresas presentan oferta y se comprometen logicamente en caso de ser adjudicatarias a constituirse en UTE. Se dicta resolución provisional y en dias despues una de ella se extingue y por escisión surgen dos empresas una con el mismo objeto que la anterior y otra como comercial. ¿Podría adjudicarse definitivamente el contrato a la nueva UTE -una de las anteriores mas la nueva resultante de la escisión- ó seria uno de los motivos de no confirmación de la adjudicación provional como definitiva?
Por analogia podriamos utilizar como norma habilitante en una actuación administrativa favorable, el art. 202 de la LCSP, pero la analogia exige las mismas circunstancia y en este supuesto falta un elemento esencial del presupuesto de la norma y es el contrato. Aún no hay contrato (la adjudicación provisional no crea derechos a favor del empresario). ¿que opinais?
Lunes, 20 de abril de 2009 en 15:42h
Jesús: A la vista del tenor de tu comentario no es de aplicación el artículo 202, sino el artículo 133.
Martes, 21 de abril de 2009 en 20:58h
Gracias Miguel y no solo por el 133 sino por todas tus opiniones.
Jueves, 30 de abril de 2009 en 14:58h
El Reglamento de desarrollo parcial está muy próximo, pero que muy próximo. Tiene cambios sustanciales y varía notablemente sobre el que inicialmente se estaba manejando.
Jueves, 30 de abril de 2009 en 16:44h
Esperemos que esas modificaciones hayan sido para mejorar las carencias del borrador. El nombre del proyecto de RD de desarrollo parcial “en materia de clasificación de contratistas y órganos competentes en materia de contratación” informado por el Consejo de Estado, me hace temer que dejará abiertas muchas polémicas en la aplicación de la LCSP.
Viernes, 1 de mayo de 2009 en 09:16h
Joaquín: Se ha recogido determinada sugerencia y se ha optado por cambiar el nombre del Real Decreto. No se llamará como anuncias, sino de una forma harto simplificada.
Viernes, 1 de mayo de 2009 en 09:21h
Joaquín: El Reglamento tendrá otro Título. Se ha suprimido el texto que citas.
Viernes, 1 de mayo de 2009 en 21:23h
Joaquín: Se ha cambiado el nombre final. Se simplifica. Entrará en vigor en el plazo de un mes desde publicación en BOE. Está al caer.
Francisco: dice:
Sábado, 2 de mayo de 2009 en 18:54h
Buenas tardes, un par de cuestiones para el foro y para Miguel Trueno, especialmente:
En el Hospital donde trabajo queremos contratar la pintura exterior e interior del edificio, a demanda.
La cuestión que nos se plantea es si nos encontramos ante un contrato de obras (art. 106.5) o bien ante un contrato de servicios (art. 10, anexo II LCSP Categoría 1 – Servicios de mantenimiento y reparación).
Acudiendo al aún vigente Reglamento, hay una clasificación para las obras de pintura (grupo K, subgrupo 4) y otra en la que podría encuadrarse el servicio (grupo O, subgrupo 1).
¿ Cómo deberíamos considerar el contrato, de obra o de servicio ?
En segundo lugar, tanto en uno como en otro caso, y dado que lo que se pretende es que una empresa, durante un período de tiempo, a requerimiento del Hospital pinte los paramentos verticales que se le indique ¿ podríamos acudir a un Acuerdo Marco en aplicación del artículo 180 y ss. de la LCSP ?
Sábado, 2 de mayo de 2009 en 22:54h
Para Francisco: ¿Por qué me peguntas a mi, especialmente?
Yo soy uno más, hombre. Que salga algun/a otro diestro (o siniestro) a rematar la faena.
Te sugiero la lectura de este informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado:
Informe 7/99, de 17 de marzo de 1999. “Interpretación del artículo 123.1 en relación con el artículo 12.4 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas respecto de la distinción entre obras de reforma y obras de reparación”.
Estás ante un contrato de obras. No me parece adecuado la figura del Acuerdo marco, si bien con los escasos datos que aportas es díficil dar una respuesta categórica.
Hoy ha sido para mi, queridos mios, una noche gloriosa: 2-6 en el Bernabeu.
Hasta otro día. Besos para todos del abuelete Cebolleta (un servidor).
Domingo, 3 de mayo de 2009 en 10:09h
Muchas gracias Miguel por tu rápida respuesta y por la referencia al Informe de la JCCA.
Menos mal que existen personas como tú que nos dan luz sobre este tema tan apasionante de la contratación pública.
Volviendo con mi pregunta de ayer:
Si se ha de considerar el contrato de pintura como de obra, llevará aparejada toda la “parafernalia” de estos contratos: proyecto, supervisión en su caso, actas de replanteo, comprobación, etc.
¿ No parece excesivo si se trata de pintar solamente, por ejemplo, diez o doce habitaciones ?
Por otra parte ¿ está accesible en algún sitio el borrador del nuevo Reglamento con las modificaciones que se van introduciendo ?
Mis felicitaciones por el 2-6.
Domingo, 3 de mayo de 2009 en 13:03h
Francisco: Los domingos son fiestas de guardar. Estás ante una simple obra de conservación/mantenimiento. A poco que la estires estás ante un contrato menor de obras (50.000 euros sin IVA). Para este tipo de obras se puede suprimir la práctica totalidad de los documentos.
En cuanto al “minimini” nuevo Reglamento no te quiebres la cabeza. No está accesible.
Lunes, 4 de mayo de 2009 en 23:47h
Buenas tardes. Por una vez, y aun a riesgo que me deje en evidencia, no puedo estar de acuerdo con mi admirado Miguel Trueno. Siempre he tenido entendido que la naturaleza jurídica de un contrato como el de pintura exterior e interior de un edificio es distinta en función de si se ha producido ya el deterioro de la pared o si aún éste no se ha llevado a cabo. En el primer caso se trataría de un contrato de obra y en el segundo de un contrato de servicio. Como afirma la JCCA canaria (si bien en un informe antiguo, el nº 4/98), los “contratos de obra de mantenimiento y conservación son contratos de resultado, teniendo por objeto enmendar el menoscabo producido en un bien inmueble debido a su natural uso. Por el contrario, los contratos de servicios de mantenimiento tienen por objeto la prestación de servicios de tracto sucesivo, destinados, durante un período de tiempo, a prevenir o reducir el menoscabo del bien objeto de mantenimiento”.
De todos modos, admito que pueda estar equivocado.
Martes, 5 de mayo de 2009 en 10:36h
Buenos días. Ante todo mis mas sinceras felicitaciones por este proyecto. Es de agradecer disponer de un apoyo como el de este foro ante la incertidumbre que ha generado la interpretación de la NLCAP.
Mi consulta hace referencia a un aspecto que la anterior ley recogía y que no he sido capaz de aclarar con el nuevo texto: ¿Es posible licitar en una convocatoria para la que previamente se ha realizado un estudio de consultoría?. Si el cliente ha contratado previamente, o se le ha realizado un estudio consultivo sin coste asociado, que ha definido los términos de la posterior convocatoria de la licitación, como ejecutor de la consultoría ¿puedo presentarme a la licitación?
Jueves, 7 de mayo de 2009 en 06:54h
Para Daniel Gil
Jueves, 7 de mayo de 2009 en 07:09h
Respecto a tu comentario, JP, no estoy de acuerdo con tu planteamiento referente al supuesto de Francisco y sí estoy de acuerdo con Miguel Trueno.
El artículo 6 de la LCSP dice que son contratos de obras aquéllos que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I.
Entre las actividades a las que se refiere el citado anexo, se encuentra la pintura exterior e interior de un edificio. (Seccion F Clase 45.44, CPV 454400000)
Creo que no hay duda de que se trata de una obra ¿No te parece?.
Saludos a todos y una cariñosa felicitación a los culés.
Jueves, 7 de mayo de 2009 en 14:32h
Mis felicitaciones por este foro, a su creador, y a sus colaboradores (foreros habituales).
Aunque sigo este foro con mucho interés desde hace más de un año, y he de decir que me ha aportado mucho en mi trabajo diario, no es hasta hoy que me decido a intervenir, y como casi todos los novatos, más que a aportar voy a “pedir sopitas”:
Tengo que licitar ahora una obra a en la que por la duración prevista hay que establecer en el Pliego la Revisión de Precios y la fórmula aplicable.
Como quiera que ya estamos en mayo y no se han aprobado las nuevas fórmulas de revisión, en virtud de lo señalado en la DT2ª de la LCSP procedería la aplicación de las actualmente vigentes con exclusión del efecto de la variación de precios de la mano de obra.
Ante esta situación, no sé cómo establecer la revisión de precios en el Pliego y me planteo dos opciones:
En el Pliego se podría establecer:
“Revisión de precios:
Caso de que proceda su aplicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público, se aplicará la fórmula-tipo nº 9 el Decreto3.650/1970, con exclusión del efecto de la variación de precios de la mano de obra”.
Y durante la ejecución del contrato, cuando haya que efectivamente aplicar la revisión de precios, aplicar la fórmula rectificada (calculada por la Dirección de la obra, por ejemplo)
Entender que es necesario ajustar la fórmula en el Pliego desde el inicio, y en ese caso:
¿sería repartiendo la incidencia del porcentaje de la mano de obra entre los otros índices? (Obviamente se ve que soy de letras y no de ciencias y miedo me da).
Jueves, 7 de mayo de 2009 en 23:07h
Muchas gracias, Teresa, creo que tienes razón. Aprovecho para preguntaros una cosa: en un edificio ya construido hace varios años, ¿la instalación de sistemas de alarmas contra robos y contra incendios es siempre un contrato de obras (Anexo I LCSP, NACE 45.31), o puede tratarse de un contrato mixto en el que dependerá su régimen de adjudicación de la importancia económica de las distintas prestaciones en juego?
Viernes, 8 de mayo de 2009 en 11:04h
Ya me constaba ese punto, pero igual que el que hace referencia a la garantía de igualdad de condiciones para los licitadores no concreta en el caso que nos ocupa ya que, si bien es cierto que el resultado del estudio consultivo le sirve al organismo convocante para definir los requerimientos de los pliegos, el licitante que ha realizado dicha consultoría no ha influido directamente en la elaboración de los mismos, sino que ha facilitado información, que el organismo puede hacer pública, para que la entidad pública elabore los requisitos.
No sé si me he explicado correctamente pero sigo percibiendo, como en muchos otros aspectos de la Ley, que está sujeto a interpretación.
En cualquier caso, te agradezco de nuevo tu ayuda.
Viernes, 8 de mayo de 2009 en 15:58h
Ya está. El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana el Reglamento de desarrollo parcial de la LCSP. Es reducido: 31 artículos. Entra en vigor en el plazo de un mes desde que se publique. Atentos, pues, al BOE.
Id pensando en cambiar el “procedimiento”.
Lunes, 11 de mayo de 2009 en 19:39h
Hoy he leido esta noticia, ¿alguien sabe algo?
“El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley de Contratos del Sector Público, con la finalidad de reducir las cargas administrativas a las empresas y reforzar las garantías de objetividad imparcialidad, transparencia y seguridad jurídica en la contratación pública.
Para ello, el Real Decreto regula la solvencia económica y financiera de los contratistas, así como la revisión de la clasificación de las empresas contratistas, el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, la composición y funciones de las mesas de contratación y las comunicaciones al Registro Oficial de Contratos.”
Lunes, 11 de mayo de 2009 en 19:52h
Sevillano/a: Estás un poco despistadillo/a. Hace ya unos cuantos días que anuncié la buena nueva. Te sugiero que estés pendiente del BOE. Está a punto de publicarse. Carece de sentido publicar en este foro el texto cuando queda un breve lapso de tiempo para que salga a la luz.
Saludos a todo/as. Mucho silencio hay por ahí.
Esperaremos otra semana poara cantar el alirón.
Martes, 12 de mayo de 2009 en 09:13h
Estoy francamente impaciente por la publicación del reglamento, para ir abriendo boca me he bajado el Dictamen del Consejo de Estado: http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos_ce/doc.php?coleccion=ce&id=2009-470
Martes, 12 de mayo de 2009 en 09:22h
Bueno Don Miguel, no se puede estar en tantos sitios a la vez!!!
Estaremos pendientes del BOE!
Martes, 12 de mayo de 2009 en 09:31h
Joaquín (y para los demás): El Reglamento es un superminirreducido Real Decreto. Sólo tiene 31 artículos de los que únicamente se pueden “aprovechar” un total de nueve. Lo digo porque el resto del articulado está relacionado con los procedimientos de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Por otro lado, el dictamen del Consejo de Estado te puede desorientar ya que se han recogido sugerencias que -entre cosas cosas- dan lugar a un cambio de numeración de artículos.
a) Acto público de apertura de sobres que contengan los criterios que dependan de un juicio de valor.
b) Publicidad de la puntuación conseguida en los criterios que dependan de un juicio de valor que se dará a conocer -normalmente- en el acto de apertura del -TEXTUAL- “resto de la documentación que integre la propossición”.
Así pues, no estad tan impacientes, porque la cosa no da para más.
Martes, 12 de mayo de 2009 en 09:42h
En principio esas dos novedades se corresponden con el criterio que he mantenido, sobre publicidad en la fase de selección del adjudicatario, que creo más respetuoso con el principio de transparencia.
De todos modos, es una lástima que no se haya aprovechado el reglamento para aclarar algunas dudas o, por ejemplo, “iluminar” el camino para la licitación electrónica.
Jueves, 14 de mayo de 2009 en 13:10h
A dia de hoy todavia no se ha publicado en el BOE el esperado Reglamento y no he conseguido, como ocurre en otras ocasiones, encontrar el texto en la web, tan solo la nota o resumen que hay en http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2009/
A lo mejor Miguel Trueno me puede, a modo de adelanto, confirmar si, a la vista de su comentario del 12 de mayo, cuando habla de las novedades, se refiere a que del art. 18, apartado 3 se ha recogido la recomendación del Consejo de Estado de suprimir “podra no ser de carácter público”; y por último, si, en cambio, se mantiene la previsión de que, con relación al resultado de la valoración con arreglo a juicios de valor dar a conocer en la apertura de las documentación valorable de forma automática, pueda recogerse otra cosa distinta en el Pliego.
Y por último, aunque la noticia de la inminente publicación del Reglamento ha distraido de otras cuestiones, sigo interesada en comentarios que en este foro me puedan hacer a las cuestiones que plateaba en mi comentario de fecha 7 de mayo, que anticipadamente agradezco en cualquier caso.
Jueves, 14 de mayo de 2009 en 14:34h
María Bilbao: PÚBLICO. Lee mi comentario del día 12. No estad tan preocupados. La preocupación vendrá cuando se publique -inminente- y haya un mes de plazo para su entrada en vigor y -consiguiente- reorganización de procedimientos.
Buen fin de de semana. En Madrid es festivo. Hasta el lunes.
Paco-Madrid dice:
Jueves, 14 de mayo de 2009 en 19:28h
A María-Bilbao; su comentario de 7 de mayo.
Lo que comentas efectivamente es un problema, de hecho algunos funcionarios del Ministerio de Fomento andan preocupados por las repercursiones en el sector.
Al no existir nuevas fórmulas la Transitoria 2ª lo que hace es eliminar de las fórmulas una gran cantidad de dinero que no ingresarán los constructores.
La nº 9 (que citas) es así:
Y la transitoria textualmente dice que la dejes así:
Kt=0,16·Et/Eo+0,20·Ct/Co+0,16·St/So+0,15
Esto supone que el 33% de la revisión vuele, y en otros casos los porcentajes superan el 40% (aunque pocos).
Si no lo has hecho ya, yo pondría la propuesta en manos de la Abogacía del Estado (o el servicio de asesoramiento que tengas) para que te digan si es esa la interpretación correcta.
En palabras decías lo mismo, luego ya somos varios (tu, yo, y alguno que otro de Fomento).
Viernes, 15 de mayo de 2009 en 08:06h
Buenos días. Ya se ha publicado el RD. de desarrollo a la LCSP.
Viernes, 15 de mayo de 2009 en 10:16h
A ver los foreros. Ya veis que ha publicado el RD. Lo que sucede es que -como os he ido diciendo estos últimos días- el RD es un superminirreducido RD. Son aprovechables para la gestión -como os dije en su día- nueve artículos. Los anexos no dicen nada.
Personalmente estoy relativamente satisfecho porque se han recogido una serie de observaciones que hice al articulado. Sin embargo, también debo deciros que se ha producido una incoherencia o contradicción absoluta entre algunas disposiciones en el texto del Real Decreto. Precisamente se han producido como consecuencia de haberse variado el texto para recoger mis sugerencias.
Ahora os toca a vosotros adivinar dónde -del articulado- se ha producido una situación absolutamente paradójica y sorprendente.
Me encantaría ver que dais con ella. Eso significaría que mirais las cosas con mucha atención.
Un abrazo. Hoy se descansa en Madrid. Es el Patrón, San Isidro.
Viernes, 15 de mayo de 2009 en 14:47h
Ok Miguel. Nos ponemos con la lectura.
Viernes, 15 de mayo de 2009 en 16:05h
Me llevo el reglamento para verlo este fin de semana pero, vaya por delante que una compañera mia ya ha observado una discordancia en la Disposición Final Primera, cuando relaciona los artículos que se consideran básicos, en concreto la referencia a los artículos 1 y 2, que no encajan ¿es esa la situación paradójica a que se refiere Miguel Trueno?
Muchas gracias a Paco Madrid, pero yo no había interpretado que la DT2ª me obligue a aplicar la fórmula con la supresión sin más del índice de mano de obra, habrá que reajustar ese porcentaje para repartirlo (todo ha de sumar 100), lo que no tengo muy claro es como hacerlo.
Sábado, 16 de mayo de 2009 en 07:19h
De momento, como dice María Bilbao ya la han liado con la DF 1ª.
Ademas, en la DF7ª, han dejado a la Seguridad Social en la eterna incógnita del IVA.!!!!!!
Los órganos gestores deberán solicitar de la Intervención General de la Seguridad Social la designación de delegado para su asistencia a la comprobación material de la inversión cuando el importe de ésta sea igual o superior a 50.000 euros, con una antelación de veinte días a la fecha prevista para la recepción de la inversión de que se trate.
¿Porqué no lo pondrían como en la 5ª y6ª?
…..Y seguro que habrá más. Hay que leerlo despacio aunque la verdad es que pocas ganas dan….
Sábado, 16 de mayo de 2009 en 13:31h
5) Sugerí que en las nuevas disposicione finales 5.ª y 6.ª se añadiera la exclusión expresa del IVA en relación con los 50.000 euros. Además ya se había cambiado la numeración de las disposiciones (ahora son la 5.ª y la 6.ª, mientras que el Consejo de Estado habla de la 4.ª y 5.ª). Mi sugererencia fue aceptada y se intercaló el inciso “con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido”.
8) Y la ocasión se aprovechó, de forma que se añade una Disposición final séptima con el literal propuesto por quien formuló la sugerencia.
Domingo, 17 de mayo de 2009 en 20:22h
Venga: seguimos en:
http://www.fiscalizacion.es/?p=3671
con las cuestiones del Reglamento.
Jueves, 21 de mayo de 2009 en 09:17h
Jueves, 20 de agosto de 2009 en 20:51h
Buenas tardes a todos. Después de haber estado esta tarde leyendo comentarios de gran nivel me permito solicitar aclaración a dudas q se me plantean tras ver la publicación de una licitación de obra de un ayto.
Antes de todo, me gustría aclarar q pertenezco al sector privado de construcción y q estamos iniciando una nueva línea de negocio dentro de nuestra área de construcción cuyo nuevo cliente será el sector público. Y después de todo ello expongo detalles de la licitación y detallo mis dudas:
– Ejecución de obras de centro de salud.
– Procedimiento restringido.
-Clasificación PV : 45215100-8
-Clasificación : g.C-sg.-todos-c.E
-Requisitos para ser invitado : Haber ejecutados obras de centro de salud públicos ó privados durante un periodo no superior a 5 años atrás y ccuyas sup construidas y presupuestos sean superiores a las cantidades del proyecto de licitación.
1.- ¿Está normalizado los límites q un ayto pueda exigir para seleccionar a los invitados para este tipo de contratos?
2.- ¿Es usual en contratos de obras de edificación q se limite tanto las exigencias técnicas por los trabajos ejecutados anteriormente cuando en este caso particular no es necesario tanta especialización por el tipo de edificación q es el objeto del contrato (centro de salud de un pueblo pequeño?
3.- Tenemos una clasificación mayor de la exigida dentro del mismo grupo pero nuestra experiencia en este tipo de edificaciones es escasa y además con antiguedad mucho mayor de la exigida, por lo q no seríamos invitado por no cumplir los requisitos. Aún así en el caso de solicitar invitación y además q paralelamente no se presentara ninguna otra solicitud ó fueran inadecuadas las restantes también ¿cómo prodedería el ayto?
4.- Aparte de las exigencias técnicas especificadas tb exigen unos requisitos mínimos de solvencia eca y fra bastantes alto, lo q desde mi ignorancia me hace q pensar q con tantas limitaciones sólo será un licitador con nombre propio el que cumpla todos los requisitos para poder ser invitado.

References: artículo 121
 artículo 25
sui generis
 artículo 37
 resolución 
 artículo 135
 artículo 9
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 45
 Resolución 
 resolución 
 artículo 202
 artículo 133
 artículo 180
 artículo 123
 artículo 12
 artículo 6
 artículo 77
 Real Decreto 
 Real Decreto