Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-su-14-de-enero-17-de-2001?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041b516f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-07-10 05:39:52+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA SU-14 DE ENERO 17 DE 2001 UNIFICACION
SENTENCIA SU-14 DE 17 DE ENERO DE 2001
CONTENIDO:DERECHO AL DEBIDO PROCESO. NOTIFICACIÓN. LAS AUTORIDADES JUDICIALES TIENEN LA OBLIGACIÓN DE UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA DAR CON EL PARADERO DE UNA PERSONA PROCESADA EN UN PROCESO PENAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, AUTORIDAD JUDICIAL, PROCESO PENAL, NOTIFICACIÓN, DELITO, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
REVISTA TUTELA N°:16 DE ABRIL DE 2001, PÁG.539
Sentencia SU-14 de enero 17 de 2001
Sent. SU-14. Exp. T-352991, ene. 17/2001.
1.1. El 28 de abril de 2000, el señor Luis Eduardo Torres Sepúlveda instauró acción de tutela ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga contra el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga. En su opinión, el juzgado demandado vulneró sus derechos fundamentales a la libertad (C.P., art. 28), al debido proceso y a la defensa (C.P., art. 29), al cometer una serie de irregularidades en el trámite de notificación de las actuaciones surtidas durante el curso del proceso que por falsedad documental y estafa, se seguía en su contra en el referido despacho.
1.2.3. El 2 de septiembre de 1997, el señor Rodrigo Anselmo Rodríguez, quien había comprado el vehículo automotor cuestionado al señor Luis Eduardo Torres Sepúlveda, informó a la fiscalía la eventual captura de éste. A este respecto, allega al proceso un recorte de prensa en el que figuraba que el señor Luis Eduardo Torres Sepúlveda había sido aprehendido por el DAS el día 30 de junio de 1997 y que era solicitado por la Fiscalía 93 de Cundinamarca, por los punibles de estafa y falsedad documental. En consecuencia, la fiscalía tercera delegada ante los juzgados penales del Circuito de Bucaramanga, la cual había asumido el conocimiento de la investigación, dispuso “solicitar a los diferentes centros carcelarios en Santafé de Bogotá, informar por cuenta de quién se encuentra allí recluido Luis Eduardo Torres Sepúlveda y por qué delito, debiéndose enviar al efecto la cartilla biográfica que existiera del mismo”.
1.2.4. Mediante providencia del 26 de agosto de 1998, el fiscal 3º delegado ante el Circuito Unidad de Patrimonio Económico de Bucaramanga resolvió la situación jurídica del procesado, determinando “proferir medida de aseguramiento, en la modalidad de caución prendaria de quinientos mil pesos contra el señor Luis Eduardo Torres Sepúlveda, como autor responsable del delito de estafa”. Así mismo, ordenó cancelar la orden de captura impartida y abstenerse de proferir medida de aseguramiento en relación con el delito de falsedad documental, pues, a juicio de la fiscalía, no existía prueba que comprometiera la responsabilidad del señor Torres Sepúlveda por la actividad falsaria.
1.2.5. No siendo apelada la resolución de acusación, el proceso fue remitido a los jueces penales del Circuito de Bucaramanga. El Juzgado Noveno Penal del Circuito de dicha ciudad, avocó conocimiento y corrió traslado a los sujetos procesales para petición de pruebas y preparación de audiencia (CPP, art. 446). Únicamente el Ministerio Público solicitó pruebas, entre las cuales requirió la ubicación del procesado, quien se hallaba presuntamente detenido. Ante tal advertencia, el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga, mediante proveído del 28 de junio de 1999, insistió en la localización del procesado y libró diferentes oficios al DAS (dirección nacional y dirección seccional), la Dirección de la Policía Judicial Desan Sijin de la ciudad, la Fiscalía 93 de Bogotá —bajo cuyas órdenes supuestamente se encontraba el procesado— y a la Dirección Seccional de Fiscalías de Bucaramanga, con el fin de establecer si el señor Torres Sepúlveda se encontraba efectivamente detenido.
— La unidad de criminalística de la Policía Judicial de Santander, por medio de oficio del 4 de agosto de 1999, comunicó que “revisados los archivos de información llevados en esta unidad, el particular Luis Eduardo Torres Sepúlveda, C.C. 91.231.733 de Bucaramanga, no aparece registrado con antecedentes penales, contravencionales ni es requerido por autoridad competente, hasta la fecha”.
— El grupo de criminalística e identificación del DAS seccional Santander, en comunicación del 2 de agosto de 1999, advirtió que “el señor Luis Eduardo Torres Sepúlveda, sin comprobación dactiloscópica registra la siguiente anotación: (1) Dirección Regional de Fiscalías Barranquilla, oficio 6849, impide salida del país y ordenó captura por infracción a la Ley 30 de 1986, proceso 3064. (2) Fiscalía 114 Bogotá, oficio 4237 de mayo 8 de 1996, solicitó captura por los delitos de falsedad y estafa, proceso 15101”.
— La coordinadora del grupo de antecedentes de la dirección general del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en oficio del 17 de agosto sostiene que “Luis Eduardo Torres Sepúlveda no registra antecedentes judiciales o de policía (...). Sin comprobación dactiloscópica e ignorando si se trata de la misma persona figuran las siguientes anotaciones: (1) Fiscalía Seccional 114 de Bogotá en oficio 4237 de 05-08-96, solicita captura dentro del proceso 15101, por falsedad y estafa; y la Fiscalía 113 de la Unidad 3 de Fe Pública y Patrimonio Económico de Bogotá, en Of. 3203 de 16-04-09. Cancela captura. (2) Dirección Regional de Fiscalías de Barranquilla, Of. 4630 de 11-08-96. Impide salida del país y en Of. 12 de 14-04-98, solicita captura dentro del proceso 3061 por infracción a la Ley 30 de 1986; (3) Unidad Primera de Fe Pública y Patrimonio Económico. Fiscal Seccional 93 de Bogotá en Of. 1183 de 10-23-96. Solicita captura dentro del proceso 15023, por falsedad; (4) Dirección Regional de Fiscalías de Barranquilla, Of. 6849 de julio 03 de 1997, solicita captura dentro del proceso 3061 por infracción a la Ley 30 de 1986, y en Of. 4611 de 07-11-96 cancela”.
— La Fiscalía Seccional 93 de Bogotá informa que en “…en este despacho cursó el proceso radicado bajo el número 150238 en contra del señor Luis Eduardo Torres Sepúlveda por el delito de falsedad el cual se precluyó mediante providencia de julio 19 del año que avanza”.
1.2.5. El 25 de noviembre de 1999 se profirió sentencia condenatoria en contra del señor Luis Eduardo Torres Sepúlveda como responsable de los delitos de falsedad de particular en documento público y estafa. El fallo no fue impugnado y el 13 de enero de 2000, luego de la fijación y desfijación del respectivo edicto, se declaró su ejecutoria y se solicitó la captura del procesado. Posteriormente, el señor Torres Sepúlveda —quien había estado recluido en la cárcel Modelo de Bogotá, desde el día 7 de julio de 1997 hasta el día 31 de diciembre de 1999— fue nuevamente capturado el 16 de febrero de 2000, en virtud de la orden de captura proferida, como consecuencia, de la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga.
El actor manifiesta que el demandado desconoció su derecho al debido proceso, pues a pesar de que “conocía que se hallaba privado de la libertad desde mediados de 1997” ya que el mismo denunciante había informado tal situación, no cumplió con lo consagrado en el artículo 188 del Código de Procedimiento Penal, CPP, según el que “Las notificaciones al sindicado que se halle privado de la libertad (...) se harán en forma personal”. Expresa que las providencias a través de las cuales se definió la situación jurídica y se calificó el mérito del sumario proferidas por la fiscalía de conocimiento, así como las dictadas en la etapa de juicio, incluida la sentencia condenatoria, no le fueron notificadas en forma personal como ordena el Código de Procedimiento Penal y, por lo tanto, a su juicio, dichas actuaciones están viciadas de nulidad.
Así mismo, estima que durante el trámite del proceso careció de una verdadera defensa técnica, puesto que su defensor de oficio se limitó a cumplir con una intervención formal y no ejerció una actuación sustancial de defensa. Explica que la única real actuación del defensor, fue “una lacónica intervención de no más de 10 renglones en el curso de la audiencia pública de juzgamiento”. Agrega que éste no interpuso recurso alguno y tampoco solicitó pruebas en las etapas de instrucción y juzgamiento.
2.1. Mediante auto del 4 de mayo de 2000 el magistrado sustanciador de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga ordenó al juez y al secretario del Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga pronunciarse respecto a los hechos de la demanda de tutela. Así mismo, solicitó al director de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, informar si el señor Luis Eduardo Torres Sepúlveda, había estado detenido en dicho centro carcelario y, si es el caso, indicar las fechas de ingreso y egreso y la autoridad que había ordenado su reclusión.
2.3. El director de la regional Oriente del Inpec en respuesta del 9 de mayo de 2000, remitió copia del oficio suscrito por el director de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, en donde se expresa lo siguiente:
“(...), me permito informar que de acuerdo a la información suministrada por el sistema Sisipec, aparece que Luis Eduardo Torres Sepúlveda, con TD 288002, fecha de nacimiento 07-06-64 Bucaramanga, identificado con C.C. 91.231.733 ingresó a este centro carcelario el 07-07-97.
A la fecha no aparece más información”.
(...), el discurso del accionante para que el juez de tutela revise el fallo y concrete invalidación del mismo, resulta imposible, porque de la amplia reseña consignada, se advierte que el transcurso fue normal con la vinculación supletoria al imposibilitarse su localización. El defensor designado, según se deduce de su intervención en la audiencia, no consideró del caso cuestionar la acusación por estafa, pero dentro de su estrategia defensiva buscó que se atenuara y se absolviera por la falsedad documental. Si bien la defensa técnica no fue de la intensidad que reclama el accionante, la ejecutada cumple la finalidad procesal, sin olvidar que el interesado se ocultó hasta el último momento y sólo cuando descuenta la pena impuesta, pretende que el juez de tutela revise el fallo alegando la presencia de presuntas vías de hecho (...)”.
De otro lado, indica que el actor contaba con otro medio de defensa judicial, como es la acción de revisión y, por lo tanto, no ha bebido ejercer directamente la acción de tutela dado su carácter excepcional.
La Sala considera que en el presente caso, el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga no acató en forma arbitraria o alejada de la legalidad, sino, por el contrario, sus actuaciones fueron diligentes y se orientaron a la ubicación del procesado y, por tal motivo, no puede imputarse a su negligencia o ineptitud, la falta de conocimiento sobre la permanencia en prisión de éste. Agrega que a lo largo del trámite penal no se desconoció el derecho de defensa, ya que el actor contó con la asistencia de su correspondiente apoderado, a quien se le notificaron las decisiones surtidas, teniendo así la posibilidad de aportar pruebas, controvertirlas e impugnar las decisiones judiciales.
El ciudadano Luis Eduardo Torres Sepúlveda, por intermedio de apoderado, instauró acción de tutela en contra de la decisión proferida por el juzgado Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga del 25 de noviembre de 1999, en la cual se le condenó a la pena principal de sesenta (60) meses de prisión “como autor responsable del delito de falsedad de particular en documento público, agravado por el uso, en concurso heterogéneo y sucesivo con estafa”. Explica el demandante que en dicho proceso le fue nombrado defensor de oficio, pues se le procesó como persona, a pesar de que en el período comprendido entre el 7 de julio de 1997 y 31 de diciembre de 1999, estuvo privado de la libertad en la Cárcel Modelo de Bogotá.
De otra parte, considera que le fue violado el derecho de defensa. Asegura que la actuación del abogado de oficio que le fuera designado no califica como una defensa técnica, pues no “interpuso ningún recurso, no solicitó una sola prueba ni en la etapa de instrucción, ni en la de juzgamiento”. Además, la relación del citado derecho constitucional se verifica por el hecho de que se adelantó un juicio sin que le fuera informado, cuando el Estado lo tenía bajo su custodia.
2. Vía de hecho. Jurisprudencia de la Corte y deber de notificación.
A partir de la sentencia C-543 de 1992, la Corte ha señalado que la tutela únicamente procede contra providencias judiciales cuando estas constituyan vías de hecho. La corporación ha indicado que éste fenómeno se presenta cuando en la decisión judicial se “incurra en un defecto sustantivo, fáctico, orgánico o procedimental, de tal magnitud que pueda afirmarse que la misma se aparta, de manera ostensible, del ordenamiento jurídico. Ha dicho esta Corte que el defecto sustantivo se configura siempre que la decisión se encuentre fundada en una norma claramente inaplicable al caso concreto. A su turno, el llamado defecto fáctico se origina cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es completamente impertinente o insuficiente. El defecto orgánico, se refiere a aquellas situaciones en las cuales el funcionario judicial carece absolutamente de competencia para resolver el asunto de que se trate. Por último, el defecto procedimental, se presenta en aquellos casos en los cuales el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley, para dar trámite al proceso respectivo(1)”(2). Cabe advertir que no cualquier defecto de esta naturaleza transforma la decisión judicial en vía de hecho. Se precisa, además, que estos defectos sean protuberantes y manifiestos(3).
(1) Cfr. entre otras, las sentencias T-231/94, T-008/98, T-567/98.
(3) Sentencia T-231 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En igual sentido T-162 de 1995 entre otras.
La Corte ha señalado que la omisión de las autoridades judiciales en notificar debidamente las actuaciones del proceso constituye una violación al debido proceso, de tal envergadura que la decisión judicial deviene en vía de hecho. Lo anterior por el hecho de que el procesado se ve imposibilitado, por desconocer las providencias, para ejercer debidamente su derecho de defensa(4).
(4) Ver, entre otras sentencias las siguientes: T-238 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. T-247 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz. T-684 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-498 de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
Teniendo en cuenta lo anterior, tendría razón el demandante al acusar la existencia de una vía de hecho pues, evidentemente, actuaciones decisivas —como la definición de la situación jurídica, el cierre de la investigación, la resolución de acusación y la sentencia condenatoria— no le fueron notificadas, de modo que le resulta imposible interponer, frente a ellos, los recursos previstos en la ley.
“Es claro que, estando de por medio no solamente el derecho a la libertad personal sino la presunción de inocencia, que, como se recalca, requiere ser desvirtuada en forma contundente para llegar a la condena, el juzgador debe extremar los rigores en el cumplimiento exacto de les preceptos constitucionales, con miras a obtener la comparecencia del sindicado al proceso, agotando todos los medios posibles para localizarlo y asegurar así el ejercicio de su derecho de defensa”(5).
(5) Sentencia SU-960/99, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
Sea lo primero advertir que el día 14 de julio de 1995 se declara al demandante persona ausente y se le designa como defensor de oficio al abogado Gustavo Bautista Salcedo, quien lo representó en todo el proceso. El día 2 de septiembre de 1997 el señor Rodrigo Anselmo Rodríguez suministra un recorte de prensa (no consta fecha y periódico de origen) en el que se hace alusión a la detención del señor Torres Sepúlveda. En dicha fecha, la Fiscalía Tercera de la Unidad de Patrimonio Económico, ordena “solicitar a los diferentes centros carcelarios en Santafé de Bogotá, informen por cuenta de quien se encuentra allí recluido Luis Eduardo Torres Sepúlveda”. Según constancia del asistente judicial de dicha Fiscalía, se remitieron sendos oficios, aunque no es posible establecer los destinatarios. El día 11 de septiembre de 1997, la asesora jurídica de la penitenciaría de La Picota informa que el demandante no se encuentra en dicho centro de reclusión. Aquí acaba toda actuación de la Fiscalía por dar con el paradero del señor Torres Sepúlveda.
Ya en la etapa del juicio, la Procuradora Judicial 53 Penal II, solicita al juez que se intente “la ubicación del encausado Torres Sepúlveda, a partir de la información obrante a folio 147 (recorte de prensa). Una vez lo anterior, escucharlo en indagatoria” (mayo 25/99). El día 28 de junio del mismo año, el juez noveno penal del Circuito de Bucaramanga ordena practicar pruebas conducentes a establecer “si el sujeto Luis Eduardo Torres Sepúlveda quien fue aprehendido por el DAS de esta ciudad según lo informado al folio 147, está o no actualmente detenido, caso afirmativo por cuenta de qué autoridad.... ello para facilitar sea oído en descargos”. En cumplimiento de dicha orden, el secretario del juzgado certifica, el día 16 de julio de 1999, que se enviaron oficios a las siguientes autoridades:
••••” •Director Seccional de DAS de Bucaramanga.
• Director Nacional de DAS en Bogotá.
• Director Policía Judicial Desan Sijin.
• Fiscal 93 Unidad de Patrimonio Económico de Santafé de Bogotá.
• Director Seccional de Fiscalías Bucaramanga.
Autoridad Lugar y fecha Actuación
Departamento de Policía de Santander Bucaramanga, 4 de agosto de 1999 Se informa que el demandante no es requerido por autoridad alguna, no tiene antecedentes penales o contravencionales.
DAS Santander Bucaramanga, 2 de agosto de 1999 Informa que la dirección regional de Fiscalía de Barranquilla ordenó captura por infracción Ley 30 de 1986 y Fiscalía 114 de Bogotá ordenó captura por delitos de falsedad y estafa.
DAS Nacional Bogotá, 17 de agosto de 1999 Se informa que las Fiscalías 114 de Bogotá, regional de Barranquilla y 93 de Bogotá han solicitado la captura de Luis Eduardo Torres Sepúlveda.
Fiscalía Seccional 93 de Bogotá Bogotá, agosto 30 de 1999 Se informa que contra el señor Torres cursó proceso (rad. 150238), que precluyó por sentencia del 19 de julio de 1999.
Secretario juzgado Bucaramanga, 26 de noviembre de 1999 La Unidad Fiscalía Delegada ante jueces penales del circuito especializados, indica que la información solicitada a las Fiscalías Seccionales 114 y 93 debe dirigirse a la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá.
Secretaría juzgado Bucaramanga, 14 de diciembre de 1999 Se recibe memorial de la Dirección Seccional de Fiscalías, donde se informa que aparecen las siguientes medidas contra Luis Eduardo Torres Sepúlveda:
· Orden de captura de Fiscalía 16 contra el patrimonio de Bucaramanga.
· Orden captura de Fiscalía local 8 de vida de Bucaramanga.
· Caución prendaria de Fiscalía 3 contra el patrimonio de Bucaramanga.
“En otra operación desarrollada por el DAS en el aeropuerto de Palonegro, fue aprehendido Luis Eduardo Torres Sepúlveda, quien es requerido por la Fiscalía bajo los cargos de estafa y falsedad documental. Esta persona se aprestaba a tomar un vuelo hacia la capital de la República, pero al presentar la documentación ante la sección de extranjería del DAS, se comprobó que tenía requerimiento fechado el 23 de octubre de 1996 por la Fiscalía 93 de la Seccional Cundinamarca”.
Como se puede observar, la noticia únicamente da cuenta del supuesto hecho de que el señor Torres fue detenido por el DAS y que era requerido por la Fiscalía 93 Seccional Cundinamarca. ¿Fue razonable —pregunta la Sala— la conducta del juez al limitarse a solicitar información a los organismos de seguridad (DAS y Sijin), a la Fiscalía 93 de Bogotá y a la Dirección de Fiscalías de Bucaramanga?
No considera la Corte que se le hubiera podido exigir otra conducta al juez. La información noticiosa se limita a señalar que el señor Torres Sepúlveda fue detenido y que era requerido por la Fiscalía 93 de Cundinamarca. Por ello, no era posible conocer la suerte del mismo, es decir, si fue privado de la libertad o no. Por lo tanto, la conducta razonable era acudir a la fuente directa de la supuesta información, esto es, al DAS. No obstante lo anterior, el juez solicitó información a la Sijin y a la Fiscalía 93 de Santafé de Bogotá. Como se advierte en el cuadro anterior, en ninguno de los oficios recibidos por el juez se indicó que el demandante estuviera privado de la libertad.
De otra parte, debe tenerse presente, que en el proceso existían pruebas que permitían pensar que el procesado intentaba huir de la acción de la justicia. De una parte, los mismos informes enviados por el DAS, la Fiscalía y la Sijin, indican que el señor Torres era requerido por varias autoridades judiciales del país. De otra, la afirmación del señor Rodrigo Anselmo Rodríguez en el sentido de que había exigido en varias oportunidades al procesado la devolución de la suma entregada al momento de adquirir el vehículo que dio origen al proceso. Así mismo, el hecho de que el mismo señor Rodrigo Anselmo Rodríguez había informado que el señor Luis Eduardo Torres Sepúlveda le devolvió la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000).
Así las cosas, ante una noticia que fuera desmentida por la información que le suministró el DAS y otras autoridades y ante la presencia de indicios en el sentido de que el señor Torres buscaba evadir la acción judicial, era razonable que el Juez Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga cesara en su intento por dar con el paradero del señor Torres. Por lo tanto, no puede sostenerse que en la decisión judicial se aprecien defectos sustantivos, fácticos, orgánicos o procedimentales, “de tal magnitud que pueda afirmarse que la misma se aparta, de manera ostensible, del ordenamiento jurídico”. Es decir, el juez no incurrió en vía de hecho, tal como lo señala el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga —Sala Penal— y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La inexistencia de una vía de hecho en el presente proceso frente al hecho cierto de que el demandante estuvo privado de la libertad al momento de dictarse providencias decisivas dentro del proceso y la sentencia final, llevan a una paradoja. De una parte, la jurisprudencia de la Corte Constitucional(6) ha señalado que, salvo que exista una vía de hecho, las providencias judiciales no son objeto de revisión por parte del juez de tutela. Por otra, resulta incuestionable que el Estado colombiano tenía la obligación de garantizar al señor Luis Eduardo Torres Sepúlveda su presencia en el proceso fallado por el juez noveno penal del Circuito de Bucaramanga, máxime cuando estaba bajo su custodia. Sobre el particular, en Sentencia T-966 de 2000, la Corte señaló:
(6) Sentencia C-531 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Por el contrario, en estas condiciones, es necesario que el Estado asuma una serie de deberes especiales que tiendan a garantizar que la persona privada de su libertad —quien se supone inocente hasta tanto no se demuestre lo contrario—, tenga la posibilidad real y efectiva de defenderse —técnica y materialmente— en el proceso que se sigue en su contra”.
En la sentencia C-543 de 1992, la Corte declaró la inconstitucionalidad de los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1992, que preveían la posibilidad de que se ejerciera la acción de tutela contra providencias judiciales definitivas. En la misma decisión, se hizo excepción de la vía de hecho, pues en tales eventos, no se está realmente en presencia de una providencia judicial. La decisión adoptada por la corporación en dicha oportunidad tuvo como base la necesidad de asegurar que el principio de seguridad jurídica, que se concreta en la cosa juzgada, y la independencia judicial no fueran menoscabados por medio de la tutela, ya que se buscaba evitar que ésta se convirtiera en una instancia adicional en la que se estudiara el problema legal sometido a consideración del juez. De ahí que únicamente la violación del debido proceso, en los términos precisados por la Corte, esto es, con los defectos antes anotados y el desconocimiento de la jurisprudencia obligatoria de la Corte Constitucional —sea por apartarse de sus fallos en materia de constitucionalidad o por alejarse, sin razón suficiente, de la interpretación de los derechos constitucionales—, permita la tutela contra sentencias.
El orden justo que propugna la Carta, es aquel en el cual los derechos fundamentales de los ciudadanos son respetados por todas las autoridades del país. En este sentido, el artículo 2º de la Constitución dispone que es fin esencial del Estado “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. Este es un mandato que se impone a todas las autoridades públicas y, por lo mismo, cada uno de los órganos estatales y el Estado en su conjunto tienen la obligación de perseguir dicho fin constitucional.
En el presente proceso, el señor Luis Eduardo Torres Sepúlveda no pudo asistir a diversas etapas del proceso que se le seguía. Tal imposibilidad no fue producto de la desidia o de la arbitrariedad del juez accionado. Según se desprende de la información suministrada, su no comparecencia se explica por el hecho de que el juez nunca fue informado de la privación de la libertad del procesado, a pesar de las diligencias que adelantó para ello. Se pregunta la Corte, si en estas condiciones se presenta una vía de hecho por consecuencia. Para tal efecto, se deberá establecer si el Estado colombiano, al margen de la actuación judicial, violó algún derecho fundamental del señor Luis Eduardo Torres Sepúlveda y, además, si dicha violación implicó que con la decisión judicial se le causara algún perjuicio ius fundamental.
Como ya se ha indicado, el juez accionado, Juez Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga, solicitó a distintas autoridades que le informarán si el señor Torres Sepúlveda estaba privado de la libertad. Cada autoridad requerida se limitó a informar que existían procesos en contra del demandante y que se habían dictado órdenes de captura en su contra. Ninguna indicó que estuviera privado de la libertad.
El Juez Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga se abstuvo de invalidar la actuación surtida en la etapa investigativa (CPP, art. 447) y dictó sentencia sobre la base de que la información enviada por la Fiscalía y los organismos de seguridad eran ciertos.
“Esta Sala reitera la doctrina constitucional antes citada en el sentido de afirmar la existencia de una obligación de actualización permanente de la información, exigible a los usuarios y administradores de bancos de datos o archivos públicos o privados, la cual debe ser cumplida con independencia del ejercicio del derecho a actualizar o rectificar los datos por parte de su titular, con fundamento en el deber constitucional de “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios” (C.P. art. 95-1). No se justifica que el cumplimiento de una obligación de actualización —correlativa al derecho de informar y de recibir información— se haga depender del ejercicio previo del derecho a actualizar los datos por parte de su titular. La incidencia del uso de datos personales sobre los derechos fundamentales supone una delicada responsabilidad de las centrales de información y de sus usuarios, que obliga a velar por la permanente actualización de los datos”(7) (negrilla fuera del texto).
(7) Sentencia T-160 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En igual sentido T-414 de 1992, M.P.(sic) T-577 de 1992.
“Esta norma, define el contexto normativo y axiológico dentro del cual debe moverse, integralmente, el proceso informático. Según este marco general, existen unas reglas generales que deben ser respetadas para poder afirmar que el proceso de acopio, uso y difusión de datos personales sea constitucionalmente legítimo. Las mencionadas reglas se derivan de la aplicación directa de las normas constitucionales al proceso informático(8)”.
La Corte se ha pronunciado sobre el contenido de la información que se recolecta y se inserta en una base de datos(9). Sin embargo, de la disposición en comento, se desprenden obligaciones respecto de su circulación, de las cuales son predicables, igualmente, las mismas exigencias.
La circulación de datos respetuosa de las libertades y garantías previstas en la Constitución se refiere a que los datos que circulan deben ser ciertos (habeas data) y únicamente deben llegar a los destinatarios debidamente autorizados para ello(10) (derecho a la intimidad). En suma, en estas condiciones, la finalidad principal del derecho habeas data “consiste en preservar la información individual ante su utilización incontrolada”(11). Luego, no se desprende un derecho a que los datos efectivamente circulen.
“En principio, la Constitución no consagra un derecho general a la información exigible por toda persona de las autoridades y los particulares. La ley establece los casos en que las autoridades y los particulares están obligados a informar de las actuaciones o de lo relativo a una relación o negocio jurídico. No obstante, un deber excepcional de información se deduce de los principios de solidaridad (C.P. art. 1º) y de eficacia de los principios, derechos y deberes (C.P. art. 2º), en casos en que la existencia autónoma y libre de una persona dependa del suministro de la información y su omisión vulnere directamente un derecho fundamental, sin que sean suficientes los remedios legales para impedirlo(12) (negrillas fuera del texto).
De la ratio decidendi(13) de dicha decisión, se desprende que el derecho de acceso a la información mínima vital, únicamente se predica de la persona que solicita una información que reúna las características indicadas en la mencionada sentencia, y que se torna indispensable para el ejercicio de ciertos derechos constitucionales. De ahí que, prima facie dicha decisión no constituye precedente que se aplique al presente caso.
La información sobre la privación de la libertad de la persona reviste carácter de información vital. La restricción de la libertad que apareja su privación, no puede tener como efecto la anulación de los restantes derechos constitucionales(14). La circulación debida del dato “la persona X está privada de la libertad” se torna indispensable para que ella pueda ejercer el derecho de defensa, pues sin el conocimiento de dicha información, la autoridad judicial erradamente asumirá que se procesa a un sindicado que se oculta.
(14) Ver sentencias T-596 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón; C-318 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-705 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-706 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; y T-714 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-966 de 1999 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
En el caso que ocupa a la Corte, la información sobre la privación de la libertad del señor Torres Sepúlveda revestía características de información vital, pues sin ella aparecía como persona ausente en el proceso en cuestión.
Del hecho de que el Estado colombiano nunca informó al Juez Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga de su detención, se deriva la violación al derecho fundamental a la debida circulación de la información vital.
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo (negrillas fuera del texto).
Ha de precisarse, que el ejercicio del derecho de defensa no se limita a la actividad que debe cumplir al abogado defensor, —defensa técnica— sino que se refiere también a las actividades de autodefensa que corresponden al inculpado —defensa material— las cuales confluyen con la labor desplegada por el abogado con el mismo objetivo: defender al imputado.
“Independientemente de los problemas que se plantean en la doctrina respecto a la posición jurídica del defensor dentro del proceso penal, cuestión que no se debate ahora, es incuestionable que el derecho de defensa tiene diversas manifestaciones, si se atiene especialmente a la fase o grado del proceso en donde tal derecho puede ejercitarse. De esa forma se afirma que la defensa puede realizarse mediante la intervención directa del procesado, tal como ocurre en la diligencia de indagatoria, o mediante la asistencia, también en los casos en que la ley ordena la presencia del procesado y la de su apoderado; y finalmente mediante la representación, que es la situación en la que no exigiéndose la presencia física del procesado, la defensa se ejerce por representación. De esta forma, la doctrina hace una diferencia esencial entre la llamada defensa material, es decir, la defensa actuada por el mismo imputado, que se desarrolla en todas las diligencias en las cuales, como se anotó, es esencial su presencia, como sucede en la indagatoria, en el careo, en la reconstrucción de los hechos, en el reconocimiento en fila de personas, etc., y la llamada defensa técnica, que es la actuada directamente por el defensor a través de la representación(15)”.
La persona tiene derecho a que se le informe que en su contra cursa una investigación penal, y a hacerse o no presente en el proceso, sea que designe a un abogado de su confianza para que la represente, o que se atenga a la labor que cumpla el defensor de oficio, puesto que el proceso penal no puede adelantarse válidamente sin cumplir con el requisito de la defensa técnica del implicado. Pero la presencia de un abogado que atienda a la defensa del procesado, sólo remedia la falta de éste último, en el caso en que ha sido plenamente establecida su identidad, se le ha emplazado y, ante su continuada ausencia —voluntaria o no—, se le ha declarado ausente y se le ha nombrado defensor de oficio. Es que si la validez del proceso penal depende, entre otras cosas, de la defensa técnica del inculpado, la existencia misma del proceso depende de la de un sindicado definido. Y éste, una vez identificado, si se hace presente en el proceso, o es capturado y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, tiene derecho a que se le oiga y se defina su situación jurídica en los plazos taxativamente señalados por la Constitución y la ley; más aún, tienen derecho a que se le oiga en ampliación de indagatoria cuantas veces considere necesarias, “en el menor término posible”. El sindicado que permaneció ausente —por o sin su voluntad—, durante una parte del trámite de la investigación que se adelanta en su contra, una vez concurre al proceso o es capturado, cuenta con iguales derechos a los de aquél que estuvo presente desde la iniciación de la investigación previa y, por tanto, tiene derecho a ser oído por el funcionario a cargo del proceso, y a “solicitar sin necesidad de motivación alguna cuantas ampliaciones de indagatoria que considere necesarias”. El funcionario judicial que falte al deber de recibirlas (injustificadamente) en el menor tiempo posible, viola el derecho fundamental a la defensa material del sindicado(16)”.
8. Derecho de defensa técnica. Obligación del juez de garantizar un juicio justo.
La Corte ha señalado, que los derechos fundamentales involucran la existencia de un derecho subjetivo(17), cuyo titular es la persona(18). En efecto, en la sentencia T-322 de 1996, la corporación, al distinguir las garantías institucionales de los derechos fundamentales, señaló:
(17) Debe dejarse en claro, sin embargo, que el concepto de derechos públicos subjetivos o de simples derechos subjetivos no se adecua sin más a la categoría de derechos fundamentales. Lo anterior por cuanto dicho concepto parte de la existencia de una regla de derecho, de la cual se derivaría el derecho subjetivo en el evento en el que se cumplieran los supuestos de hecho de la norma. Los derechos fundamentales, por su parte, constituyen derechos en virtud de la norma misma. Son la norma. De ahí que el concepto de derecho subjetivo debe admitirse únicamente bajo un sentido esquemático, esto es, la existencia de un titular, un destinatario y un objeto de la relación jurídica, los cuales no necesariamente están definidos en la misma norma constitucional. Así mismo, debería entenderse que el objeto de la relación jurídica no es una “voluntad” o un “interés”, sino la libertad misma, la cual no depende, por entero, de la existencia misma de la norma constitucional, en tanto que la libertad es inherente a la persona humana (C.P., art. 94) y, en todo caso, se derivaría necesariamente del principio de dignidad (C.P., art. 1º).
“3.1. Es de advertir, que la garantía institucional no existe sin la previa existencia del Estado mientras el derecho fundamental existe “per se”. Al ser ambos integrados a la Constitución, el derecho fundamental constitucional crea derechos subjetivos de manera inmediata, mientras que de la garantía institucional constitucionalizada los derechos subjetivos sólo se desprenden en forma mediata, porque su finalidad inmediata es preservar las funciones institucionales del Congreso”.
El destinatario del derecho fundamental es el Estado, pues es la persona obligada por el derecho subjetivo derivado del derecho fundamental. De allí que la Constitución consagre que es fin esencial del Estado “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” (art. 2º) y que, a su vez, se garantice el derecho de toda persona para reclamar, mediante la acción de tutela “ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” (C.P., art. 86).
De forma expresa, el inciso tercero del artículo 29 de la Constitución Política establece qué “Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento...”, lo cual está dirigido a garantizar una verdadera defensa, en la medida en que dicha asistencia queda a cargo de un profesional del derecho. La defensa técnica, como lo ha afirmado esta corporación, “comprende la absoluta confianza del defendido o la presunción legal de la misma confianza en el caso del reo ausente; en este sentido es claro que el legislador debe asegurar que las labores del defensor sean técnicamente independientes y absolutamente basadas en la idoneidad profesional y personal del defensor” (Sent. C-592/97)
En el ámbito penal, esta obligación, en razón de que están en juego la libertad y el derecho, a la presunción de inocencia, que implica el consiguiente deber del Estado de despejar toda duda sobre la responsabilidad del sindicado, es en extremo exigente.
“El derecho a ser oído y vencido en juicio, es decir, el derecho de defensa, se compone a su turno, de un sistema interrelacionado de derechos y garantías que tienden a asegurar la “plena oportunidad de ser oído, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga”(19). Como ha sido reiterado por esta Corte, el derecho de defensa constituye un elemento medular del debido proceso”.
(19) C-617 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
El derecho de defensa cumple múltiples funciones dentro del proceso. Por una parte, garantiza la oportunidad para que exista una genuina controversia en torno al problema jurídico suscitado, cuya solución compete al juez. Por otra, complementa el principio de investigación integral(20) en la tarea de equilibrar las cargas en el proceso y lograr, en la etapa de juicio, una plena igualdad entre las partes. Dicha función complementaria, se aprecia claramente al tener en cuenta que la investigación integral, que es un deber de los funcionarios de la fiscalía, únicamente garantiza equidad en el manejo probatorio del proceso. Su análisis y el raciocinio derivado de las pruebas recogidas en el transcurso del proceso corresponden a cada una de las partes. Si dicho análisis se omite o realmente no se dirige a la protección de los intereses del apoderado, éste se ve en una situación de desigualdad frente al Estado acusador. Bajo estas condiciones, desaparece cualquier asomo de justicia en el proceso.
(20) Sentencia T-589 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Ahora bien, la norma en comento, no distingue entre el funcionario judicial investigador y el juzgador. A juicio de la Corte, en principio, la igualdad entre sujetos procesales en lo que a la instrucción se refiere, se logra con la investigación integral. Sin perjuicio de la guarda del debido proceso durante la instrucción, en la etapa del juicio —se reitera— le corresponde al juez, figura central de la actuación judicial, estar atento a que el defensor realmente promueva una debida defensa del procesado. Se podría objetar que en tales circunstancias el juez se aparta de su sitio de neutralidad para favorecer a alguna de las partes. Esta posición resulta inadmisible pues, de una parte se ha constatado la existencia de un deber del funcionario judicial por lograr la igualdad de los sujetos procesales y, por otra, el deber genérico de asegurar el pleno goce de los derechos constitucionales (C.P., art. 2º) así lo impone. Así mismo, que la defensa asistida por un abogado, además de constituir una garantía para que se presenten argumentos jurídicos en la defensa, no es una opción para el procesado (C.P., art. 229).
De ello no se desprende, sin embargo, que cualquier indebida defensa se convierta en una violación al derecho de defensa técnica. El artículo 304 del Código de Procedimiento Penal señala que es causal de nulidad la violación del derecho de defensa. De ahí que, de presentarse dicha violación esta deba ser alegada durante el proceso. Por lo tanto, si el sindicado omite alegar la nulidad o se abstiene de recurrir a la casación (CPP, art. 306), no puede, en principio, acudir a la tutela por este motivo.
Cabe precisar, además, que el defensor, en los casos de persona ausente, se ve constreñido a evaluar la información que le suministra el proceso con el fin de lograr un juicio justo(21) y garantizar una evaluación ponderada de los hechos. Si de las pruebas existentes resulta clara la responsabilidad del procesado, no puede exigírsele que interponga recursos que carecen de todo fundamento.
(21) Sentencia T-589 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
En el presente caso, el demandante se limita a señalar que el defensor designado no ejerció defensa técnica alguna. Omite toda consideración sobre la estrategia de defensa desplegada por el apoderado, lo que impide a la Corte pronunciarse sobre la materia. Sin embargo, se ordenará enviar copia del expediente de tutela al Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que se investigue la conducta observada por el defensor de oficio en el proceso penal seguido al demandante.
El núcleo esencial del derecho de defensa comprende la posibilidad real y efectiva de controvertir las pruebas y de interponer los recursos de ley(22), por lo que podría pensarse que al existir en la etapa de juicio la posibilidad de solicitar la práctica de pruebas (CPP, art. 446) y que las que obran en el expediente apuntan a la responsabilidad del demandante, bastaría con decretar la nulidad de la sentencia condenatoria y de la etapa de juicio, a fin de que el señor Torres fuera escuchado en descargos y pudiera solicitar las pruebas que estimara pertinentes.
(22) Sentencias C-617 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-589 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; SU-990 de 1990, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
En un Estado social de derecho todas las autoridades públicas deben estar comprometidas con la tarea de asegurar el goce y disfrute de los derechos constitucionales. La tarea de administrar justicia no está exenta de esta obligación. La decisión correctamente basada en el derecho legislado aunque es una genuina sentencia judicial, precisa de considerar, en su justa dimensión, la necesidad de asegurar el respeto de los derechos fundamentales para que pueda calificarse como un fallo en derecho (C.P., arts. 2º y 5º). Tal es el mandato del artículo 4º de la Constitución cuando señala que “la Constitución es norma de normas”.
“En otras palabras no hubo negligencia de los funcionarios judiciales, pero sí, indudable, de otros organismos del Estado. El tremendo caos que impera en el sistema carcelario del país, la ausencia de coordinación de la rama judicial penal y los órganos de las distintas policías, dio pie a la falla que se pone de resalto” (negrillas fuera de texto).
En este orden, es necesario advertir a las distintas instancias del Estado colombiano de su obligación de asegurar que la información vital de los ciudadanos circule debidamente. Resulta imperioso garantizar los medios para que las autoridades judiciales puedan acceder a información como la omitida en esta oportunidad. Por lo tanto, se urgirá a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Justicia y del Derecho, al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, a la Policía Nacional, al Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec, que dispongan lo necesario para que en un término razonable se creen los medios técnicos para asegurar a los jueces penales, el acceso a la información que requieran para el cumplimiento de sus funciones.
1. REVOCAR los fallos proferidos por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y, en su lugar, CONCEDER la tutela para la protección de los derechos a la circulación de la información vital, al debido proceso y al derecho de defensa de Luis Eduardo Torres Sepúlveda.
2. Declarar la NULIDAD de la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga del 25 de noviembre de 1999, mediante la cual se condenó al señor Luis Eduardo Torres Sepúlveda como responsable de los delitos de falsedad de particular en documento público y estafa y de todo lo actuado en el proceso penal que se siguió en su contra por esta causa, a partir de la declaración de persona ausente del señor Torres Sepúlveda.
3. Ordenar a la Fiscalía Tercera Delegada ante los juzgados penales del Circuito de Bucaramanga proceder dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, a rehacer las actuaciones anuladas, previa notificación al señor Luis Eduardo Torres Sepúlveda, de conformidad con la ley, de manera que se garantice al procesado el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
4. Enviar copia de la presente sentencia y expediente de tutela, a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, con el objeto de que dentro de su competencia, examine si las actuaciones cumplidas por el defensor de oficio, doctor Gustavo Bautista Salcedo, en el proceso penal que dio lugar a la presente acción de tutela, ameritan la apertura de una investigación disciplinaria.
5. Advertir a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, a la Policía Nacional y al Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec, para que dentro de sus competencias, dispongan lo necesario para que en un término razonable, se creen los medios técnicos para asegurar a los jueces penales el acceso a la información que requieran para el cumplimiento de sus funciones.
Magistrados:Fabio Morón Díaz—Alfredo Beltrán Sierra—Carlos Gaviria Díaz—José Gregorio Hernández Galindo—Alejandro Martínez Caballero —Eduardo Montealegre Lynett.—Cristina Pardo Schlesinger—Martha V. Sáchica Méndez—Álvaro Tafur Galvis.

References: resolución 
 artículo 188
 resolución 
 artículo 2
 artículo 29
 artículo 304
 artículo 4