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Timestamp: 2019-02-21 10:05:08+00:00

Document:
Registro Oficial No 514- Miércoles 03 de Junio de 2015
Última modificación: Jueves, 01 de octubre de 2015 | 12:36
Miércoles 03 de Junio de 2015 - R. O. No. 514
Ministerio de Finanzas:
0028 Deléguense atribuciones a la doctora Sonia de las Mercedes Proaño Viteri, Directora Nacional de Estados Financieros
Ministerio de Hidrocarburos:
MH-DM-2015-0013-AM Deleguénse atribuciones al ingeniero Luis Ernesto Grijalva Haro, Viceministro
012/2015 Dispónese que a esta resolución deben someterse los operadores aéreos nacionales y extranjeros de un servicio de transporte aéreo público para la operación con aeronaves sujetas a un contrato de arrendamiento
0004-CNC-2015 Transfiérese la competencia para preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales
Dirección General de Aviación Civil:
128/2015 Apruébese la nueva edición de la Regulación Técnica de Aviación Civil, RDAC Parte 147, ?Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil para formación de mecánicos de mantenimiento de aeronaves?
129/2015 Apruébese la modificación de la Regulación Técnica de Aviación Civil RDAC Parte 039?Directrices de Aeronavegabilidad?
130/2015 Apruébese la nueva edición de la Regulación Técnica de Aviación Civil, RDAC Parte 045 ?Identificación de Aeronaves y Componentes de Aeronaves?
0069-DIGERCIC-DNAJ-2015 Expídese el Reglamento Interno para el Ejercicio de la Potestad Administrativa Disciplinaria
011-DIR-IECE-2013 Refórmense los instructivos para la ejecución del programa nacional de becas, subprograma de complemento a becas de cooperación internacional ?Monseñor Leonidas
013-DIR-IECE-2013 Refórmense las resoluciones 017-DIR-2012 y 023-DIR-IECEPRESIDENCIA-2012 de 4 y 14 de mayo del 2012, respectivamente
014-DIR-IECE-2013 Refórmente los Instructivos para la Ejecución del Programa Nacional de Becas, Subprograma de Complemento a Becas de Cooperación Internacional ?Monseñor Leonidas Proaño?
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria:
SEPS-IGPJ-IFPS-2015-024 Apruébese la liquidación voluntaria de las siguientes cooperativa de ahorro y crédito:
Tres de Junio con domicilio en el cantón Santa Elena, provincia del Guayas
SEPS-IGPJ-IFPS-2015-025 Runapac Yuyay, con domicilio en el cantón Colta, provincia de Chimborazo
SEPS-IGPJ-IFPS-2015-026 Empleados de IBM del Ecuador, con domicilio en el cantón Quito, provincia de Pichincha
SEPS-IGPJ-IFPS-2015-027 Colegio Hipatia Cárdenas de Bustamante con domicilio en el cantón Quito, provincia de Pichincha
SEPS-IGPJ-IFPS-2015-028 Madre del Rocío con domicilio en el cantón Biblián, provincia de Cañar
No. 0028
LA COORDINADORA GENERAL
Que la Ley Orgánica del Servicio Público publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 294 de 6 de octubre de 2010, en su artículo 126 dispone que cuando por disposición de la Ley o por orden escrita de autoridad competente, la servidora o el servidor deba subrogar en el ejercicio de un puesto del nivel jerárquico superior, cuyo titular se encuentre legalmente ausente, recibirá la diferencia de la remuneración mensual unificada que corresponda al subrogado, durante el tiempo que dure el reemplazo, a partir de la fecha de la subrogación, sin perjuicio del derecho del titular;
Que el artículo 270 del Reglamento General a la invocada Ley Orgánica, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 de 1 de abril de 2011, dispone que la subrogación procederá de conformidad al anotado artículo 126, considerando que la o él servidor subrogante tendrá derecho a percibir la diferencia que exista entre la remuneración mensual unificada de su puesto y la del puesto subrogado, incluyendo estos los puestos que dependan administrativamente de la misma institución;
Que con Acuerdo Ministerial No. 2 de 5 de enero de 2012, el señor Ministro de Finanzas delegó a él o la titular de la Coordinación General Administrativa Financiera todas las funciones y atribuciones que le corresponden al titular de esta Secretaría de Estado en lo referente al ámbito de aplicación de la Ley Orgánica del Servicio Público y Código del Trabajo;
Que mediante Memorando Nro. MINFIN-SCG-2015- 026-M de 27 de enero de 2015, la señora Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental, pone en conocimiento de la Coordinadora General Administrativa Financiera que con la autorización del señor Ministro, hará uso de sus vacaciones, por tanto la Dra. Sonia Proaño Directora Nacional de Estados Financieros, subrogará las funciones de Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental y la licenciada Marianita Espinosa las de Directora Nacional de Estados Financieros, en el período del 30 de enero al 13 de febrero de 2015; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 126 de la Ley Orgánica del Servicio Público, 270 del Reglamento General a la invocada Ley, 1 del Acuerdo Ministerial No. 2,
Art. 1.- La doctora Sonia De las Mercedes Proaño Viteri, Directora Nacional de Estados Financieros, subrogará las funciones de Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental del 30 de enero al 13 de febrero de 2015, inclusive.
Art. 2.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado, en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, a 29 de enero del 2015.
f.) Eco. Rosana Cevallos Zaldumbide, Coordinadora General Administrativa Financiera.
MINISTERIO DE FINANZAS.- Es fiel copia del original.- 2 fojas.- f.) Dayana Rivera, Directora de Certificación.
Nro. MH-DM-2015-0013-AM
Sr. Ing. Pedro Kleber Merizalde Pavón
Que la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, en su artículo 154, numeral l , dispone que las Ministras y Ministros de Estado además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponden ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;
Que la Ley Orgánica del Servicio Público publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 294 de 6 de octubre de 201 O, en su artículo 126 dispone que cuando por disposición de la Ley o por orden escrita de autoridad competente, la servidora o el servidor deba subrogar en el ejercicio de un puesto del nivel jerárquico superior, cuyo titular se encuentre legalmente ausente, recibirá la diferencia de la remuneración mensual unificada que corresponda al subrogado, durante el tiempo que dure el reemplazo, a partir de la fecha de la subrogación, sin perjuicio del derecho del titular;
Que el artículo 270 del Reglamento General a la invocada Ley Orgánica, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del de abril de 20 ll, dispone que la subrogación procederá de conformidad al anotado artículo 126, considerando que la o él servidor subrogante tendrá derecho a percibir la diferencia que exista entre la remuneración mensual unificada de su puesto y la del puesto subrogado, incluyendo estos los puestos que dependan administrativamente de la misma institución. En el siguiente párrafo dispone que, a efectos de la subrogación se deberá cumplir con los requisitos del puesto a subrogarse y en función de la misma se ejercerán las funciones correspondientes al puesto subrogado;
Que el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en su artículo 17, establece que; ? Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República
Que el señor Pedro Merizalde Pavón, viajará a la ciudad de Moscú - Rusia, del 16 al 21 de mayo de 2015, a fin de asistir como parte de la delegación ecuatoriana a la III Reunión de la Comisión Intergubernamental Ecuatoriano - Rusa de Cooperación Económico Comercial (CICEC);
En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 154, numeral 1, de la Constitución de la República del Ecuador, 126 de la Ley Orgánica del Servicio Público, 270 del Reglamento General de la invocada Ley Orgánica y 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.
ARTÍCULO ÚNICO.- El Ingeniero Luis Ernesto Grijalva Haro, Viceministro de Hidrocarburos, subrogará las atribuciones y deberes del cargo de Ministro de Hidrocarburos, a partir del 16 al 21 de mayo de 2015, por comisión de servicio al exterior del Titular.
Dado en Quito, D.M. , a los 15 día(s) del mes de Mayo de dos mil quince.
f.) Sr. Ing. Pedro Kleber Merizalde Pavón,
Ministro. Ministerio de Hidrocarburos.- Es fiel copia del original.- Lo certifico.- Quito a, 19 de mayo de 2015.- f.) Susana Valencia D., Centro de Documentación.
No. 012/2015
Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 394 contempla: ?(?) El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias.?;
Que el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, suscrito el 7 de diciembre de 1944, del cual la República del Ecuador es signatario, establece los principios y arreglos que permiten que la aviación civil internacional pueda desarrollarse de manera segura y ordenada y que los servicios internacionales de transporte aéreo puedan establecerse sobre una base de igualdad de oportunidades; y, de manera expresa en su artículo 24 determina que: ?Las aeronaves en vuelo hacia, desde o a través del territorio de otro Estado contratante, serán admitidas temporalmente libres de derechos, con sujeción a las reglamentaciones de aduana de tal Estado??;
Que el primer párrafo del artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: ?El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos??;
Que el Capítulo V del Código Aeronáutico, reconoce la figura de contrato de utilización de aeronaves, para el servicio de transporte aéreo público en cualquiera de sus modalidades;
Que el artículo 4 de la Ley de Aviación Civil, establece que el Consejo Nacional de Aviación Civil es la entidad encargada de otorgar los permisos de operación a las compañías nacionales y extranjeras de transporte aéreo público y revocarlos, suspenderlos, modificarlos o cancelarlos; incluyendo dentro de los mismos el equipo de vuelo autorizado para los servicios; y por tanto tiene la capacidad para emitir actos normativos de cumplimiento obligatorio que regulen la actividad aerocomercial en el Ecuador;
Que los artículos 5 y 6 del Reglamento de Permisos de Operación para la Prestación de los Servicios de Transporte Aéreo, disponen como requisito técnico para la obtención y modificación de un permiso de operación, la declaración de la modalidad de utilización de aeronaves para el servicio autorizado;
Que el Decreto Ejecutivo N° 435 de 27 de agosto de 2014, publicado en el Suplemento Registro Oficial No. 335 de 17 de septiembre de 2014, faculta al Consejo Nacional de Aviación Civil a expedir el reglamento que regule el otorgamiento, revocación suspensión modificación y cancelación de las concesiones y/o permisos de operación para la explotación de los servicios de transporte aéreo, indicados en el Código Aeronáutico;
Que la figura del contrato de arrendamiento de aeronaves ha ido evolucionando a escala mundial, siendo necesaria la actualización de la normativa aeronáutica nacional prevista para el efecto, a fin de incluir las nuevas modalidades aplicadas a esta institución jurídica;
Que la disposición contenida en el artículo 24 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, permite potenciar, desarrollar y facilitar el transporte aéreo nacional e internacional, y ofrecer a las aerolíneas las mismas condiciones que rigen a nivel mundial y, en consecuencia, incentiva el turismo dentro y hacia el país por el rol preponderante que tiene el transporte aéreo para la generación de turismo interno y receptivo;
Que el Consejo Nacional de Aviación Civil en Sesión Extraordinaria de 8 de mayo de 2015, con sustento en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen el transporte aéreo en el Ecuador, sobre la base de criterios manifestados en el oficio No. MTOP-STAC-15- 183-OF de 7 de mayo de 2015, expuesto por el Delegado de la señorita Ministra de Transporte y Obras Públicas ante el Consejo Nacional de Aviación Civil, y el análisis realizado por el Pleno del Organismo, decidió expedir una Resolución que contenga las definiciones de las modalidades de los contratos de arrendamiento que pueden utilizarse en el servicio de transporte aéreo público; y,
En aplicación de las disposiciones normativas antes invocadas, y las atribuciones establecidas en la Ley de Aviación Civil, el Decreto Ejecutivo N° 435 de 27 de agosto de 2014; y, el artículo 22 del Reglamento Interno del Consejo Nacional de Aviación Civil.
ARTÍCULO 1.- ÁMBITO.- A la presente resolución deben someterse los operadores aéreos nacionales y extranjeros de un servicio de transporte aéreo público para la operación con aeronaves sujetas a un contrato de arrendamiento.
a) Contrato de Arrendamiento.- Se considera contrato de arrendamiento de aeronaves, aquel en el cual una parte llamada arrendador, se obliga a transferir a otra, llamada arrendatario el uso y goce de una aeronave determinada y singularizada a fin de que sea destinada a una actividad específicamente aeronáutica por un tiempo determinado o por millaje recorrido.
El contrato de arrendamiento de aeronaves puede ser de dos clases:
Contrato de arrendamiento financiero o leasing financiero, que incluye una opción a compra al terminar el plazo contractual; y,
Contrato de arrendamiento operativo o leasing operativo, que no incluye opción de compra al finalizar el plazo contractual y no implica la nacionalización de las aeronaves objeto del contrato.
Las modalidades del contrato de arrendamiento de aeronaves son:
?Dry Lease?.- Consiste en el arrendamiento específico de la aeronave, sin tripulación, y el control operacional está a cargo del arrendatario;
Intercambio (interchange).- Es una clase de arrendamiento dentro de la modalidad Dry Lease, cuyo control permite a un operador aéreo arrendar en Dry Lease una aeronave a otro operador aéreo, por períodos cortos de tiempo, asumiendo este último el control operacional de la aeronave en tales períodos. La aeronave en cuestión debe estar listada en las especificaciones operacionales de ambos operadores. La autorización de operar Dry Lease faculta el uso del interchange.
3) ?Wet Lease?.- Es cualquier convenio o acuerdo en que un arrendador que tiene la calidad de transportador aéreo arrienda una aeronave con tripulación, mantenimiento, seguros a un transportador aéreo ecuatoriano; y, el control operacional permanece en el arrendador;
b) Operador aéreo.- Persona jurídica poseedora de una concesión o permiso de operación otorgado por el Consejo Nacional de Aviación Civil, para la prestación de los servicios de transporte aéreo público;
c) Control operacional.- En relación a un vuelo significa el ejercicio de autoridad sobre la iniciación, conducción y terminación de un vuelo, incluyendo la actividad de operación y mantenimiento.
ARTÍCULO 3.- Los contratos de arrendamiento de aeronaves independiente a sus clases y modalidades deben ser inscritos en el Registro Aeronáutico Nacional a cargo de la Dirección General de Aviación Civil.
ARTÍCULO 4.- Del cumplimiento de la presente resolución encárguese a la Dirección General de Aviación Civil.
ARTÍCULO 5.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Se deroga exclusivamente el artículo 2 de la Resolución No. 103/2006 de 11 de octubre de 2006, publicada en el Registro Oficial No. 387 de 30 de octubre de 2006.
Publíquese y notifíquese.- Dado en Quito, a 08 de mayo de 2015.
f.) Ab. Mario Paredes Balladares, Delegado de la Presidenta del Consejo Nacional de Aviación Civil.
f.) Cmte. Rodrigo Yerovi De La Calle, Secretario del Consejo Nacional de Aviacion Civil.
No. 0004-CNC-2015
Que la Constitución de la República crea una nueva organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio con el objeto de consolidar un nuevo régimen de desarrollo, centrado en el buen vivir, que incremente las potencialidades, capacidades y vocaciones de los gobiernos autónomos descentralizados a través de la profundización de un nuevo modelo de autonomías y descentralización que aporte en la construcción de un desarrollo justo y equilibrado de todo el país.
Que la Constitución de la República y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD- crearon el Sistema Nacional de Competencias con el objeto de organizar las instituciones, planes, programas, políticas y actividades, relacionadas con el ejercicio de las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno guardando los principios de autonomía, coordinación, complementariedad y subsidiariedad.
Que la Constitución de la República en el Art. 269, número 1, establece que el Sistema Nacional de Competencias contará con un organismo técnico que tendrá la función de regular el procedimiento y el plazo máximo de transferencia de las competencias exclusivas que, de forma obligatoria y progresiva, deberán asumir los gobiernos autónomos descentralizados.
Que el Art. 117 del COOTAD, establece que el organismo técnico del Sistema Nacional de Competencias será el Consejo Nacional de Competencias.
Que el Art. 119, letra b), del COOTAD, le atribuye al Consejo Nacional de Competencias la función de organizar e implementar el proceso de descentralización.
Que el Art. 105 del COOTAD, define a la descentralización de la gestión del Estado, como la transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias, con los respectivos talentos humanos y recursos financieros, materiales y tecnológicos.
Que el Art. 119, letra j), del COOTAD, faculta al Consejo Nacional de Competencias a monitorear y evaluar de manera sistemática, oportuna y permanente la gestión adecuada de las competencias transferidas.
Que el Art. 128 del COOTAD, establece que todas las competencias se gestionarán como un sistema integral que articula los distintos niveles de gobierno y, por lo tanto, serán responsabilidad del Estado en su conjunto.
Que el Art. 21 de la Constitución de la República, garantiza que las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones, a la libertad estética, a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural, a difundir sus propias expresiones culturales y a tener acceso a expresiones culturales diversas.
Que el Art. 57, número 13, de la Constitución de la República, determina que son derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del Patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el efecto.
Que el Art. 276, número 7, de la Constitución de la República, determina que el régimen de desarrollo tendrá como uno de sus objetivos el proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e intercambio; así como recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural.
Que el Art. 377 de la Constitución de la República, señala que el Sistema Nacional de Cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural.
Que el Art. 380, número 1, de la Constitución de la República, ordena que es responsabilidad del Estado velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador.
Que el Art. 379 de la Constitución de la República establece que son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros: Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo; las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico; los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico; y las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas.
Que el Art. 3 de la Ley de Cultura, estipula que el Ministerio de Cultura y Patrimonio es el responsable de la formulación y ejecución de la política de desarrollo cultural del país, dentro del mayor respeto a la libertad de los ciudadanos y de sus organizaciones privadas. En concordancia, el Art. 2 del Decreto Ejecutivo 985 que reorganiza el Sistema Nacional de Cultura, establece que le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio la rectoría del Sistema Nacional de Cultura.
Que el Art. 4, letra a), de la Ley de Patrimonio, señala que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, adscrito al Ministerio de Cultura y Patrimonio, tiene la función de investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el Patrimonio Cultural en el Ecuador; así como regular de acuerdo a la Ley todas las actividades de esta naturaleza que se realicen en el país.
Que el Art. 7 de la Ley de Patrimonio Cultural declara como bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado los comprendidos en las siguientes categorías: a) Los monumentos arqueológicos, muebles e inmuebles, tales como: objetos de cerámica, metal, piedra o cualquier otro material pertenecientes a la época prehispánica y colonial; ruinas de fortificaciones, edificaciones, cementerios y yacimientos arqueológicos en general; así como restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con las mismas épocas; b) Los templos, conventos, capillas y otros edificios que hubieren sido construidos durante la Colonia; las pinturas, esculturas, tallas, objetos de orfebrería, cerámica, etc. pertenecientes a la misma época; c) Los manuscritos antiguos e incunables, ediciones raras de libros, mapas y otros documentos importantes; d) Los objetos y documentos que pertenecieron o se relacionan con los precursores y próceres de la Independencia Nacional o de los personajes de singular relevancia en la Historia Ecuatoriana; e) Las monedas, billetes, señas, medallas y todos los demás objetos realizados dentro o fuera del País y en cualquier época de su Historia, que sean de interés numismático nacional; f) Los sellos, estampillas y todos los demás objetos de interés filatélico nacional, hayan sido producidos en el País o fuera de él y en cualquier época; j) En general, todo objeto y producción que no conste en los literales anteriores y que sean producto del Patrimonio Cultural del Estado tanto del pasado como del presente y que por su mérito artístico, científico o histórico hayan sido declarados por el Instituto, bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural, sea que se encuentren en el poder del Estado, de las instituciones religiosas o pertenezcan a sociedades o personas particulares.
Que el Art. 9 de la Ley de Patrimonio, establece que son patrimonio del Estado los bienes arqueológicos que se encontraren en el suelo o el subsuelo y en el fondo marino. Que el Art. 10 de la Ley de Patrimonio Cultural, estipula que lo dispuesto en la Ley no deroga las obligaciones de los ordinarios de las Diócesis, según lo prescrito en el Art. 8vo. del Modus Vivendi, celebrado entre la Santa Sede y el Gobierno del Ecuador, el 24 de julio de 1937.
Que el Art. 11 de la Ley de Patrimonio, establece que la declaración que confiere el carácter de bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación constante en el Artículo 6 de esta Ley o formulado por el Instituto de Patrimonio Cultural, no priva a su propietario de ejercer los derechos de dominio de dicho bien, con las limitaciones que establezca la Ley.
Que el Art. 1 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, establece que constituye Patrimonio del Estado, la documentación básica que actualmente existe o que en adelante se produjere en los archivos de todas las instituciones de los sectores públicos y privado. Dicha documentación básica estará constituida por los siguientes instrumentos: a) Escritos manuscritos, dactilográficos o impresos, ya sean originales o copias; b) Mapas, planos, croquis y dibujos; c) Reproducciones fotográficas y cinematográficas, sean negativos, placas, películas y clisés; d) Material sonoro, contenido en cualquier forma; e) Material cibernético; y, f) Otros materiales no especificados.
Que el Art. 2 de la Ley Nacional de Archivos, establece que el material del Patrimonio Documental que sea de propiedad del Estado es inalienable.
Que el Art. 264, número 8, de la Constitución de la República, en concordancia con el Art. 55 del COOTAD, letra h), establece que los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán la competencia exclusiva de preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines.
Que el Art. 144 del COOTAD, establece que corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, formular, aprobar, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos destinados a la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico, cultural y natural, de su circunscripción y construir los espacios públicos para estos fi nes; asimismo, dispone que los bienes declarados como patrimonios naturales y culturales de la humanidad deberán sujetarse a los instrumentos internacionales vigentes.
Que el Art. 125 del COOTAD, establece que los gobiernos autónomos descentralizados son titulares de nuevas competencias exclusivas constitucionales, las cuales se asumirán e implementarán de manera progresiva conforme lo determine el Consejo Nacional de Competencias.
Que el Art. 154, letra a), del COOTAD, determina que el proceso de transferencia de competencias iniciará con la elaboración de un informe del estado de situación de la ejecución y cumplimiento de la competencia a ser descentralizada, un informe de recursos financieros existentes para la gestión de la competencia y un informe de capacidad operativa de los gobiernos autónomos descentralizados para asumir las nuevas competencias.
Que el Art. 154, letra b), del COOTAD, dispone que se integrará una comisión técnica de costeo de competencias que identificará los recursos necesarios correspondientes a las competencias y presentará un informe vinculante al Consejo Nacional de Competencias.
Que el Consejo Nacional de Competencias, mediante Resolución No. 0006-CNC-2014 de 06 de noviembre de 2014, publicada en el Registro Oficial No. 415 de 13 de enero de 2015, solicitó al Ministerio de Cultura y Patrimonio que elabore el informe del estado de situación de la ejecución y cumplimiento de la competencia para preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines; a la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas que presente el informe de capacidad operativa de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales para preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural del cantón y construir los espacios públicos para estos fi nes; al Ministerio de Finanzas que presente el informe de recursos existentes para la gestión de la competencia señalada; y facultó a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias, para que una vez que cuente con los informes habilitantes señalados, disponga a las entidades involucradas, designen a sus respectivos delegados para la conformación de la Comisión Técnica Sectorial de Costeo.
Que el Consejo Nacional de Competencias, mediante Oficio No. CNC- SE-2015-0011 de 13 de enero de 2015, y una vez que recibió los tres informes habilitantes detallados en el párrafo anterior, integró la comisión técnica sectorial de costeo para la transferencia de la competencia para preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural del cantón y construir los espacios públicos para estos fi nes, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 123 del COOTAD;
Que la comisión técnica sectorial de costeo para la transferencia de la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines, entregó el informe de costeo de la competencia en mención; mediante Oficio No. CTSCCP-2015-002, de 11 de mayo de 2015.
En uso de sus facultades legales constantes en el Art. 119, letra o), y 121 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
Transferir la competencia para preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales.
Artículo 1.- Objeto.- Transfiérase el ejercicio de la competencia para preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales al tenor de la siguiente resolución.
Artículo 2.- Ámbito.- La presente resolución regirá al gobierno central y a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, en el ejercicio de la competencia para preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines, en el ámbito de su territorio.
Artículo 3.- Facultades del gobierno central.- En el marco de la competencia para preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines, le corresponde al gobierno central las facultades de rectoría nacional, planificación nacional, regulación nacional, control nacional y gestión nacional.
Artículo 4.- Rectoría nacional.- En el marco de la competencia para preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines, corresponde al gobierno central, a través de la entidad rectora del sector:
Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura.
Emitir la política pública nacional de construcción social para la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural material e inmaterial.
Formular política pública para mantener la integridad e indivisibilidad de las reservas, fondos y colecciones nacionales.
Emitir la política pública nacional para la construcción de espacios públicos para la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural nacional.
Formular las políticas nacionales para garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales y para fortalecer las identidades.
Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa nacional vigente.
Artículo 5.- Planificación nacional.- En el marco de la competencia para preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fi nes, corresponde al gobierno central, a través de la entidad rectora del sector:
Elaborar planes, programas y proyectos nacionales articulados entre si y a la planificación nacional para la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural nacional.
Diseñar programas y proyectos sostenibles para la dinamización de la economía en aporte al cambio de la matriz productiva y el fortalecimiento de las identidades culturales territoriales.
Artículo 6.- Regulación nacional.- En el marco de la competencia para preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fi nes, corresponde al gobierno central, a través de sus distintas entidades, las siguientes actividades de regulación:
Establecer la normativa para la investigación, conservación, preservación, restauración, exhibición y promoción del patrimonio cultural, de conformidad con la legislación vigente.
Establecer la normativa correspondiente sobre transferencia de dominio de los bienes pertenecientes al patrimonio cultural, así como para iniciar las acciones legales que correspondan.
Reglamentar la movilidad, transferencia y comercio dentro del país de los bienes del patrimonio cultural.
Artículo 7.- Control nacional.- En el marco de la competencia para preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines, corresponde al gobierno central, a través de sus distintas entidades, las siguientes actividades de control:
Otorgar permiso a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos y organismos del sector público, para intervenciones en los bienes nacionales que pertenezcan al patrimonio cultural del Estado, de conformidad con la legislación vigente.
Evaluar la gestión de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura.
Supervisar la conservación, salvaguardia y el cumplimiento de la normativa relativa al patrimonio cultural material e inmaterial.
Garantizar el cumplimiento de las regulaciones y disposiciones sobre transferencia de dominio y el comercio de los bienes pertenecientes al patrimonio cultural e impulsar las acciones judiciales correspondientes.
Supervisar y controlar las representaciones o exhibiciones que tengan relación con los enunciados del patrimonio cultural del Estado.
Autorizar la transferencia de dominio de los bienes pertenecientes al patrimonio cultural nacional, sea a título gratuito u oneroso, de conformidad con la ley.
Emitir el dictamen correspondiente para la realización de investigaciones arqueológicas, cuyos informes finales deberán ser remitidos al ente competente.
Adoptar las medidas precautelatorias necesarias para la protección de bienes nacionales pertenecientes al patrimonio cultural del Estado.
Otorgar la autorización respectiva para la comercialización de los bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado a toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, que realice esta actividad, excepto el patrimonio arqueológico que no es comercializable.
Autorizar el cambio de ubicación de bienes patrimoniales dentro del territorio nacional.
Artículo 8.- Gestión nacional.- En el marco de la competencia para preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines, corresponde al gobierno central, a través de sus distintas entidades, las siguientes actividades de gestión de ámbito nacional: Investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el patrimonio cultural del Estado.
Declarar como patrimonio nacional a los bienes materiales y manifestaciones inmateriales, que correspondan a las diferentes categorías determinadas en la ley.
Coordinar con las entidades correspondientes y con los gobiernos autónomos descentralizados municipales, las gestiones necesarias para el desarrollo de proyectos relacionados con el patrimonio cultural nacional y mundial.
Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales expoliados, perdidos o degradados y el combate al tráfico ilícito de bienes culturales.
Elaborar un registro nacional de los bienes patrimoniales expoliados, perdidos o degradados, que formará parte del inventario nacional.
Elaborar el inventario y la catalogación nacional de todos los bienes que constituyen patrimonio cultural ya sean de propiedad pública o privada e incorporarlos al inventario nacional.
Definir los bienes de interés nacional en el inventario nacional, para su preservación, mantenimiento y difusión.
Verificar el registro, inventario y catalogación, de los bienes que constituyen el patrimonio cultural cantonal, para ser incluidos en el inventario nacional.
Levantar y actualizar el catastro nacional de museos, bibliotecas y archivos de carácter nacional y local.
Administrar los museos, bibliotecas y archivos de carácter nacional.
Efectuar investigaciones en los ámbitos del patrimonio cultural mueble, inmueble, documental, arqueológico e intangible; enmarcadas en las categorías definidas por los organismos internacionales.
Delimitar el área de influencia cuando se trate de bienes patrimoniales que pertenezcan a dos o más gobiernos autónomos descentralizados, su entorno ambiental y paisajístico, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados involucrados.
Emitir la declaración de utilidad pública, para fines de expropiación de los bienes inmuebles nacionales, que directa o accesoriamente forman parte del patrimonio cultural del Estado.
Expropiar o decomisar bienes culturales patrimoniales nacionales con el pago correspondiente, según el procedimiento de la normativa vigente, excepto el patrimonio arqueológico que no es sujeto de comercialización.
Prestar asistencia técnica a personas jurídicas de derecho privado; de derecho público, incluyendo sus entidades adscritas; y a personas naturales; para la investigación, conservación, restauración, recuperación, acrecentamiento, exhibición, inventario o revalorización de bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado.
Gestionar recursos propios y de organismos nacionales e internacionales para cumplir con los programas y proyectos patrimoniales.
Armonizar los planes y programas de política cultural y patrimonial con los del sector educativo, turístico y de promoción social.
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS METROPOLITANOS Y MUNICIPALES
Artículo 9.- Facultades de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales.- En el marco de la competencia para preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, las facultades de rectoría local, planificación local, regulación local, control local y gestión local.
Artículo 10.- Rectoría local.- En el marco de la competencia para preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines, y en concordancia con la rectoría nacional, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales emitir la política pública local para la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico y cultural material e inmaterial de su circunscripción territorial.
Artículo 11.- Planificación local.- En el marco de la competencia para preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines, y en articulación con la planificación nacional, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, dentro de su planificación local, formular planes, programas y proyectos, destinados a la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico y cultural de su circunscripción territorial.

References: resolución 
 artículo 126
 artículo 270
 artículo 126
 artículo 154
 artículo 126
 artículo 270
 artículo 126
 artículo 17
 artículo 394
 artículo 24
 artículo 425
 artículo 4
 artículo 24
 Resolución 
 artículo 22

ARTÍCULO 1
 resolución 

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4
 resolución 

ARTÍCULO 5
 resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 Artículo 6
 Resolución 

Artículo 1

Artículo 2
 resolución 

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11