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Timestamp: 2019-06-17 10:41:46+00:00

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Recurso de Amparo - Martín
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Existen varios tipos, vamos a comenzar por el tipo de amparo que interesa más a los abogados:
I.- Amparo frente a actuaciones judiciales
Se regula en el artículo 44 de la Ley Orgánica 2/1979; el precepto se ha modificado en cuanto al plazo por la Ley Orgánica 6/2007, que lo amplía a treinta días.
Lo normal es que en este caso el amparo se dé por infracción del artículo 24 de la Constitución, incluyendo el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (en cuyo caso el amparo no es admisible, por falta de objeto, si en el momento de su admisión ya se ha adoptado la resolución correspondiente que pone fin al proceso).
Pero puede tratarse de infracciones de otros derechos; pensemos en el artículo 18 de la Constitución, en el caso de las autorizaciones de entrada domiciliaria o de escuchas telefónicas, o los casos en que lo que se discute es el derecho a la libertad personal. Y no sólo es preciso el agotamiento de la previa vía judicial sino además que se haya denunciado formalmente en el proceso, si ha habido oportunidad para ello (ahora la hay siempre, dada la nueva regulación de la nulidad de actuaciones) la lesión del derecho o libertad. Y ello es así para preservar la subsidiariedad del amparo.
Como es sabido, el recurso de amparo del artículo 44 no permite al Tribunal Constitucional revisar los hechos; pero en ocasiones, al pronunciarse sobre una posible valoración arbitraria de la prueba, lo cierto es que acaba entrando en ellos, y esto ha producido algún conflicto con la jurisdicción ordinaria; pensemos en la Sentencia de 7 de enero de 1994. Asimismo, los conflictos en ocasiones se producen por cuanto el Tribunal Constitucional entiende que el derecho a una sentencia cuya motivación no sea arbitraria se incluye en la tutela judicial efectiva y que incluso el control de amparo debe ser más profundo cuando se trate de casos en que están en juego otros derechos fundamentales; y ello comporta inequívocamente cierta penetración de la jurisdicción constitucional en ámbitos tradicionalmente considerados como de legalidad ordinaria: Sentencia 63/2005, sobre la prescripción penal, por ejemplo y ha de hacerse además referencia a los amparos mixtos, es decir aquellos en que se imputa una doble lesión: lesión de un derecho fundamental por el ejecutivo y no reparado en la vía judicial previa, y lesión de un derecho fundamental directamente imputable al órgano judicial (tutela judicial efectiva normalmente; por ejemplo, lesión del derecho a la prueba).
A este respecto, si bien hasta fechas recientes el Tribunal se inclinaba por analizar primero la lesión ex artículo 44, a fin de permitir la retroacción de actuaciones y que el órgano a qua en su caso pudiera proteger debidamente el derecho vulnerado por un acto del ejecutivo (preservar en suma la subsidiariedad del amparo), más recientemente el Tribunal se inclina más bien por enjuiciar primero la lesión por el acto del ejecutivo, dado que si se estima el amparo por esa vía ya no es preciso retrotraer nada, sino que la situación jurídica del particular queda restablecida de inmediato: Sentencias 307 y 308/2006.
Modelos de Recurso de Amparo:
Recurso de Amparo frente a actos u omisiones judiciales.
Recurso de Amparo por lesión del derecho de defensa como de asistencia de abogado.
II.- NORMATIVA APLICABLE
Al recurso de amparo se refiere en primer lugar el artículo 161.1.b) de la Constitución, así como su artículo 162 en cuanto a la legitimación; y el artículo 53.2.
Pero el mismo viene desarrollado en los artículos 41 a 58 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, que han sido modificados varias veces.
La última reforma, por Ley Orgánica 6/2007, ha sido precisamente la de más hondo calado; pero no es la única. Así la Ley Orgánica 8/84 suprimió la regulación especial del recurso de amparo en relación con la objeción de conciencia, que inicialmente se regulaba en el artículo 45 de la Ley Orgánica 2/1979. Tampoco cabe olvidar la reforma de la Ley Orgánica 6/88, que reguló con detalle el llamado trámite de inadmisión a fin de eliminar los recursos de amparo que no tuvieran contenido constitucional; como enseguida veremos, este trámite de inadmisión ha sido sustituido ahora por un trámite de admisión a fin de acentuar las posibilidades de certiorari; si bien la doctrina (Fernández Farreres, por ejemplo) duda de la eficacia real de las nuevas medidas.
No son éstas las únicas normas aplicables al recurso de amparo; y así hay además que tener en cuenta la regulación del amparo electoral en la Ley Orgánica 5/1985, tanto en relación con proclamación de candidaturas y candidatos como en relación con la proclamación de electos.
Pero además hay que tener en cuenta el artículo 241 de la Ley Orgánica 6/1985, dado que la Ley Orgánica 6/2007 ha modificado el precepto con la finalidad de convertir este remedio procesal en prácticamente una vía previa obligatoria al recurso de amparo en casi todos los casos.
III.- LA GRAN IMPORTANCIA DE LA REFORMA DEL RECURSO DE AMPARO POR LEY ORGÁNICA 6/2007
Antes de afrontar los concretos aspectos relativos al recurso de amparo, es conveniente realizar un repaso general a la Ley Orgánica 6/2007 en lo que afecta a este recurso en concreto; y es que precisamente las novedades más importantes de esta Ley Orgánica afectan sobre todo al recurso de amparo.
Por lo pronto, el incidente de nulidad de actuaciones ya no servirá sólo para los casos de incongruencia (interpretada por cierto muy restrictivamente por la sentencia del Tribunal Constitucional 322/2006) y de indefensión material, sino que el mismo se extiende a cualesquiera otros derechos o libertades aludidos en el artículo 53.2 de la Constitución. Observemos que por tanto este incidente servirá no sólo para los casos de amparo ante actuaciones judiciales o amparos mixtos, sino además en el caso del amparo contra actos de los Gobiernos y administraciones públicas regulado en el artículo 43 de la Ley Orgánica.
La finalidad es impedir en la medida de lo posible la proliferación de recursos de amparo; si bien ello puede implicar una sobrecarga aún mayor para los diferentes órdenes jurisdiccionales.
Una segunda cuestión importante es la que afecta al régimen de medidas cautelares, regulado en el artículo 56 de la Ley Orgánica 2/1979. Así, si en los casos del recurso de inconstitucionalidad el artículo 30 nos dice que sólo cabe la suspensión de la ley recurrida conforme al artículo 161.2 de la Constitución, en el caso del recurso de amparo las posibilidades son más amplias. La nueva ley, por lo pronto, no sólo regula la suspensión, sino asimismo la posibilidad de adopción de otras medidas cautelares distintas a la misma, incluso eventualmente medidas cautelares positivas (resoluciones provisionales, dice el artículo 56.3).
La posibilidad de adopción de la medida de suspensión se subordina, de forma similar a 10 que dispone el artículo 130 de la ley 29/1998, a que el amparo pueda perder su legítima finalidad y a que la suspensión no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona.
Otra cuestión importante es la que afecta al régimen de las contracautelas, dado que las mismas no sólo se pueden exigir cuando se adopta una medida cautelar, sino además cuando dicha medida finalmente no se adopta por existir perturbación grave de los intereses de un tercero; si bien ello ya se preveía en la regulación anterior y asimismo se prevé la posibilidad de adopción de medidas cautelares inaudita parte, en caso de urgencia excepcional, lo que sí es una novedad, como asimismo lo es la posibilidad de delegar en el tribunal de instancia la determinación de las fianzas a constituir.
La tercera cuestión que ha sufrido una modificación de profundo calado es la autocuestión de inconstitucionalidad; si la misma antes era posterior a la resolución del recurso de amparo y su resultado no podía incidir sobre la sentencia estimatoria del amparo, que era ya firme a todos los efectos (mecanismo en cierto modo similar a la cuestión de ilegalidad de los artículos 123 y siguientes de la Ley 29/1998), ahora lo que se prevé es una autocuestión elevada con carácter previo a la sentencia de amparo. Es decir, cuando se dude sobre la constitucionalidad de la ley de cobertura del acto y ello sea determinante para otorgar o denegar el amparo, la sala o sección debe suspender el plazo para dictar sentencia y plantear la autocuestión. Y además en este caso, como dice Fernández Farreres, esa autocuestión se deberá resolver necesariamente por el Pleno.
En efecto, una de las grandes novedades de la nueva ley incide sobre el artículo 10, regulador de las competencias del Pleno. Por ejemplo, éste ahora puede delegar en las salas el enjuiciamiento de los recursos de inconstitucionalidad de mera aplicación de doctrina; asimismo por ejemplo se establece que como regla general corresponde a las salas el enjuiciamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad salvo las que el Pleno se reserve para sí, entre cuyos supuestos hay que entender que el Pleno deberá reservarse siempre el enjuiciamiento de la autocuestión de inconstiucionalidad sin poderlo deferir a las Salas, dado que el artículo 55.2 se refiere expresamente al Pleno.
Pero es que además el régimen de atribuciones ha variado asimismo sustancialente en relación con los recursos de amparo.
Antes de la reforma, el competente era necesariamente la sala, sin perjuicio de la viabilidad de avocación por el Pleno. Ahora esta posibilidad de avocación sigue existiendo, y en principio son las salas las competentes para resolver los recursos de amparo; pero el artículo 52.2 permite a la sala deferir el enjuiciamiento del asunto a una determinada sección cuando sea de aplicación doctrina consolidada del Tribunal Constitucional. Parece razonable que la sala respectiva determine en concreto cuál es esa doctrina consolidada que debe ser de aplicación.
Esta posibilidad de deferir el enjuiciamiento a las secciones cuando sea de aplicación doctrina consolidada del Tribunal pudiera en apariencia no compaginarse adecuadamente con la exigencia de que concurra un interés constitucional que justifique una decisión de fondo por parte del Tribunal Constitucional, como señala el artículo 50 cuando regula el trámite de admisión. Sin embargo, lo cierto es que esa especial trascendencia constitucional no sólo lo es de cara a la interpretación de la Constitución y determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales (importancia que no existe en los recursos de amparo de mera aplicación de doctrina) sino que además la misma asimismo puede darse en relación con la aplicación o la general eficacia de la Constitución; véase sentencia 168/2007, en relación con un amparo electoral. En los dos primeros casos lo que prima es la dimensión objetiva del recurso de amparo; pero en los otros prima más en realidad la dimensión no sólo objetiva (artículo 10.1 de la Constitución) ‘sino asimismo subjetiva de los derechos fundamentales. O lo que es lo mismo, aun cuando el artículo 50 haya intentado reforzar el certiorari, en realidad poco se ha conseguido, porque el amparo debe admitirse a trámite siempre que lo exija la situación subjetiva de la persona en relación con la aplicación de la Constitución. Otra cosa es el uso que haga de este precepto el Tribunal Constitucional.
En efecto, antes de la reforma lo que se regulaba era un trámite de inadmisión; si la demanda carecía de contenido que justificara una decisión de fondo del Tribunal Constitucional, la sección, por unanimidad, podía decidir su inadmisión; se trataba pues de un juicio negativo sobre la admisibilidad del amparo y además unánime. Por el contrario, con la reforma se prevé en todo caso la existencia de un trámite positivo de admisión en que se debe justificar que la demanda posee contenido constitucional; si bien el generoso uso que venía haciendo el Tribunal del artículo 50 suscita dudas sobre la verdadera eficacia práctica de la reforma.
Lo que pasa es que ahora es la sección la que, por unanimidad, debe decidir (y éste quizá es el verdadero cambio) si el recurso es admisible. Sólo si se alcanza unanimidad procede la admisión; conforme al apartado dos del artículo 50, cuando se alcanza la mayoría pero no la unanimidad, deberá ser la sala la que decida o no si se admite el amparo a trámite.
La inadmisión, conforme al artículo 50.5, se lleva a cabo por providencia, que sólo puede ser recurrida en súplica por el Ministerio Fiscal y que sólo debe determinar cuál es el requisito incumplido; lo cierto es que ello puede ser insuficiente por ejemplo en los casos en que se considera que no se ha agotado debidamente la vía jurisdiccional previa, dado que en estos supuestos en ocasiones es preciso realizar mera expresión de un precepto legal.
IV.- OBJETO DEL RECURSO DE AMPARO
En este punto, la reforma no ha efectuado cambios sustanciales. Lo que pasa es que ahora el artículo 41.2 especifica que junto con las disposiciones, actos jurídicos y simples vías de hecho de los poderes públicos, el amparo cabe asimismo frente a las omisiones. En puridad se venía entendiendo ya así y no se trata de novedad alguna; pensemos en el recurso de amparo por infracción de un proceso sin dilaciones indebidas, donde muchas veces en puridad lo que existirá será una suerte de inactividad del órgano jurisdiccional.
Por lo demás, el artículo 41.2 se encarga de decimos que el amparo no sólo procede contra actuaciones imputables al Estado o Comunidades Autónomas o entes locales y Administraciones institucionales, sino asimismo en relación con cualesquiera otros entes públicos, incluidos los de carácter corporativo, así como sus funcionarios y agentes y con ello lógicamente se suscita el problema general de la Drittwírkung en esta vía del recurso de amparo; y el problema particular de qué sucederá en los casos en que las Administraciones Públicas crean formas privadas de personificación (mercantiles de capital público y fundaciones).
En el primer caso, se trata de un problema resaltado por la doctrina desde hace muchos años y que la última reforma no ha solventado expresamente; con lo que obviamente el legislador no ha querido afrontar el problema sabiendo que existe. La razón seguramente estriba en que se entiende suficiente la protección vía artículo 44 de la Ley Orgánica 2/1979; pero claro, decir que la infracción del derecho fundamental sustantivo por un sujeto privado es imputable al órgano jurisdiccional si no pone remedio a dicha infracción es algo artificioso. Quizá el legislador haya considerado que, con la nueva regulación del incidente de nulidad de actuaciones, es más clara dicha imputación.
El segundo caso es más específico; y consiste en qué sucederá en el caso de las mercantiles de capital público y las fundaciones del sector público. ¿Son sujetos privados a efectos del recurso de amparo? ¿o son sujetos a los que se debe aplicar la teoría de la Drittwirkung? Sujetos públicos en puridad no son; y así, artículo 46 de la ley 50/2002, de fundaciones, disposición adicional duodécima de la ley 6/1997 y la de igual número de la ley 7/1985, no pueden ejercitar las potestades adrninistrativas; si bien en algunos aspectos relativos a sus relaciones con el ente matriz se sujetan al Derecho Administrativo y además bajo ciertas condiciones pueden actuar como poderes adjudicadores de los contratos públicos, conforme a la directiva 18/2004 y la ley 30/2007, de contratos del sector público.
Por lo demás, el amparo, y frente a la que pudiera deducirse de la literalidad de artículo 55 de la Ley Orgánica 2/1979, en el caso de los derechos de configuración legal, no sólo se extiende a la protección del contenido esencial del derecho, sino además a aquellos aspectos de la configuración legal del mismo atinentes directamente al núcleo duro del derecho o libertad. Así, sentencias 220/1991 y 38/1999, en relación con el artículo 23 de la Constitución.
V LEGITIMACiÓN
Se regula en el artículo 162 de la Constitución y 46 de la Ley Orgánica 2/1979. Lo más llamativo de la regulación legal es la legitimación activa en todo caso del Ministerio Fiscal y del Defensor del Pueblo; en cuyo caso lógicamente el afectado por el acto debe asimismo ser llamado al proceso. Y además no sólo ostenta legitimación el titular del derecho o libertad vulnerado sino que la ley habla, en el caso del artículo 42, de la persona directamente afectada, y en los casos de los artículos 43 y 44 a todos aquellos que son o hubieran debido ser parte en el proceso judicial correspondiente. El artículo 47 permite la comparecencia de coadyuvantes o codemandados cuando se trate de personas favorecidas por el acto recurrido o que ostenten interés legítimo en el mismo; y en todo caso siempre será parte en los procesos de amparo el Ministerio Fiscal.
Pero hay que hacer algunas precisiones. Por ejemplo, si las administraciones públicas están legitimadas para presentar el recurso de amparo. La respuesta con carácter general es que sí, incluso si se trata de amparo contra actuaciones judiciales; así Sentencia 175/2001. Pero la Sentencia 120/1996 matiza que no cabe el contraamparo, es decir no cabe que una administración recurra en amparo contra una sentencia por supuestamente arbitraria, porque de esa forma lo único que está haciendo la Administración es defender la legalidad de su propio acto. No obstante, la Sentencia 58/2004 matiza esta idea y admite y estima un amparo presentado por una Administración por motivación arbitraria de una sentencia, en un caso en que sin plantear cuestión de inconstitucionaIidad, ni cuestión prejudicial, y siendo un acto aclarado por el Tribunal de Luxemburgo en sentido contrario al interpretado por el tribunal a qua, éste había inaplicado sin más una ley autonómica por entenderla contraria al Derecho comunitario de forma contraria a lo que es la interpretación dominante en la materia.
Por otra parte, la Sentencia 361/2006 y 36/1990 nos dice que los grupos parlamentarios se hallan legitimados para presentar el amparo; la Sentencia 81/1991, sin llegar a esos extremos, al menos nos dice que dichos grupos parlamentarios ostentan capacidad procesal.
VI.- CÓMO SE TRAMITA
En gran medida hemos de remitimos a lo dicho sobre el sentido de la reforma por Ley Orgánica 6/2007. Pero se pueden añadir algunas consideraciones; por ejemplo, el artículo 49 nos dice que el amparo se inicia mediante demanda, en que ya se debe precisar cuál es el derecho fundamental vulnerado. Es reiteradísima la doctrina constitucional según la cual las pretensiones se formulan en la demanda de amparo y no en las alegaciones posteriores, donde no se pueden alegar nuevos derechos infringidos. Otra cosa es que, conforme al artículo 84, el Tribunal aprecie de oficio la infracción de otros derechos fundamentales.
La demanda debe expresar además la trascendencia constitucional del proceso; y debe ser acompañada por los documentos expresados en el artículo 49.2; la falta de presentación de esta documentación es un requisito subsanable, pero si no se subsana en el plazo de diez días que el tribunal debe conceder (con el apercibimiento correspondiente), se deberá acordar la inadmisión por providencia, contra la que conforme al artículo 50.4 no cabe recurso alguno.
Recibidas las actuaciones desde el órgano a quo, artículo 51, se ponen de manifiesto al recurrente, al fiscal, a las restantes partes personadas en el proceso a quo y al abogado del Estado si estuviera interesada dicha administración; tienen un plazo común para hacer alegaciones, artículo 52, y transcurrido el mismo se procederá a dictar sentencia.
La sentencia, si es estimatoria contra la decisión de un órgano judicial, no puede comportar una censura a la actuación del mismo, artículo 54, sino que se limitará a señalar si se han vulnerado las libertades del demandante. Conforme al artículo 55.1, si la sentencia es estimatoria debe declarar la nulidad del acto, reconocer el derecho según su contenido constitucionalmente declarado y restablecer al recurrente en la integridad de su derecho. Pero esto no siempre es posible; por ejemplo si lo lesionado son derechos de un parlamentario al cargo representativo y el mandato del recurrente ya ha finalizado.
El Auto 3/1996 hace referencia a la extensión subjetiva de las sentencias estimatorias del amparo, en un caso en que unos habían recurrido en amparo y otros no en relación con los resultados de unas oposiciones donde la convocatoria era, según Sentencia 93/1995, lesiva del artículo 23 de la Constitución y que había sido declarada nula en parte por el Tribunal. Este auto niega legitimación en el incidente de ejecución a quienes no habían sido parte previamente en el proceso de amparo, aunque su situación jurídica de origen era exactamente igual a la de quienes sí habían recurrido.
VII.- Otros tipos de Amparo:
a). Amparo frente a actos parlamentarios.
Regulado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 2/1979, en relación con este recurso se prevé un parlamento plazo de tres meses desde que el acto sea firme conforme a las normas internas de la Cámara respectiva.
Lo primero que se debe hacer notar es que en estos casos no existe vía jurisdiccional previa; ésta sólo cabe contra las actuaciones materialmente administrativas de los parlamentos, como pueden ser las materias de personal, contratación o gestión patrimonial. Por el contrario, no sucede así en los casos del artículo 42, que sin embargo hace referencia a actos sin valor de ley de los parlamentos.
Estos actos son los que podríamos denominar actos parlamentarios en sentido estricto; carecen de valor de ley pero no son actos administrativos por dictarse dentro de lo que son las funciones específicas del Parlamento como tal.
En cuanto a qué actos concretos podemos entender comprendidos aquí, en primer lugar hay que descartar los reglamentos de las cámaras, dado que la sentencia del Tribunal Constitucional 118/1988 dice claramente que los mismos sí tienen valor de ley, como asimismo se deduce del artículo 27 de la Ley Orgánica 2/1979.
En cuanto a las normas supletorias del reglamento, la sentencia 44/1995 supuso un cambio importante en la doctrina constitucional, dado que de la misma se deduce que tales normas supletorias no tienen valor de ley ni son por tanto equiparables al reglamento; pueden desde luego ser objeto de recurso de amparo.
En cambio, no sucede lo mismo con el caso de los estatutos de personal; la
Sentencia 139/1988 nos dice que esos estatutos tienen fuerza y valor de ley, luego son objeto de recurso de inconstitucionaIidad pero no de recurso de amparo. La Sentencia 121/1997, en todo caso, nos reseña que dichos estatutos de personal pueden ser desarrollados por normas de rango inferior a la ley, contra las que sí cabe recurso de amparo.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en ocasiones el amparo contra actos parlamentarios se da en relación con trámites del procedimiento legislativo, como inadmisión de enmiendas o proposiciones de ley, supuestamente lesivos de los derechos fundamentales de los parlamentarios (el artículo 23 de la Constitución es el más invocado en el amparo contra actos parlamentarios; aunque a veces se utilizan otros preceptos, caso del artículo 24 en relación con la denegación de suplicatorios, Sentencia del Tribunal Constitucional 90/1985). Puede citarse Sentencia 23/1990; en todo caso, el auto de 15 de marzo de 2006 es más bien restrictivo a la hora de admitir el amparo en relación con trámites del procedimiento legislativo.
b). Amparo frente a actos del Ejecutivo
Regulado en el artículo 43 de la Ley.
Orgánica 2/1979, este precepto exige agotar previamente la vía judicial procedente; y además el mismo abarca tanto actos de los respectivos Gobiernos como de las Administraciones públicas, sus funcionarios o agentes. Lo esencial es que la lesión del derecho sea imputable al poder ejecutivo. En todo caso, cuando se trata de actuaciones de los Gobiernos estatal y autonómico dictados en la esfera política, las Sentencias 196/1990, 4511990 y 220/1991 vienen a decir que en estos casos no existe previa vía judicial y que por tanto el amparo es directo. Ciertamente, sin embargo, las Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de junio de 1994, 4 de abril de 1997
y 15 de septiembre de 1997 abrieron una brecha importante, al poner de relieve la potestad del orden contencioso administrativo para el control de los elementos reglados. Y el artículo 2.a) de la Ley 29/1998 expresamente confiere a ese orden la potestad de control de esos elementos reglados y de todos los casos de infracción de derechos fundamentales en el caso de actos de los gobiernos dictados en la esfera política; lo que no obstante no deja de suscitar perplejidades cuando dichos actos se desenvuelven en las relaciones ejecutivo-parlamento (denegaciones de información a los parlamentarios o a los órganos de gobierno del parlamento, disolución de las cámaras …. ).
En este recurso de amparo, e! plazo es de 20 días desde la notificación de la resolución que ponga fin a la vía judicial procedente. En este punto, el problema esencial es cuándo se ha de entender agotad la misma, porque tan inadmisible es un amparo en que la vía judicial previa no se ha agotado como un amparo presentado de forma extemporánea por haberse presentado recursos manifiestamente improcedentes en la vía judicial previa. Dos cuestiones previas importantes, en todo caso: la vía judicial previa contra actos del Ejecutivo es ahora la regulada en los artículos 114 y siguientes de la Ley 2911998, que: ya son desarrollo postconstitucional del artículo 53.2 de la Constitución; la seguida, la generalización de incidente de nulidad de actuaciones, a que antes se ha hecho referencia.
En relación con el problema apuntado (y esto es común con los amparos del art. 44), obviamente no cabe simultanear el amparo con ningún remedio o recurso; Sentencias 350/2006, 249/2006, por ejemplo. Y ello porque en ese caso se entiende que no se ha agotado la vía judicial previa. En relación con esto, en todo caso la Sentencia 249/2006 aboga por una interpretación flexible, dado que no basta con cualquier recurso que sea imaginable) que es preciso que la viabilidad del recurso que no sea presentado sea palmaria sin necesidad de complicadas operaciones de interpretación jurídica: sólo en ese caso cabe inadmitir el amparo por no haberse agotado la vía judicial (Sentencias 51 y 52/2000), aparte del clarísimo caso de amparo simultáneo a otro recurso o remedio.
En cambio, el Tribunal suele ser más estricto cuando se trata de amparo extemporáneo por haberse presentado un recurso manifiestamente improcedente por ejemplo Sentencia 323/2006, sobre nulidad de actuaciones manifiestamente improcedente; Sentencia 325/2006, en un caso en que se presenta súplica contra auto que resuelve nulidad de actuaciones contra el que no cabe ningún recurso); Sentencia 241/2006 dice que si se omite el pie de recursos, como el actor va asistido de letrado, si presenta un recurso manifiestamente improcedente será dicho actor quien peche con las consecuencias (amparo extemporáneo); pero si la indicación de recursos de la resolución judicial es errónea y por ello se presenta un recurso manifiestamente improcedente siguiendo esa indicación, el amparo deberá admitirse a trámite.
C). El amparo electoral
Viene regulado en los artículos 49 y es la premura en la tramitación, dado que sólo se dispone de dos días para presentar el recurso y su resolución se debe llevar a cabo asimismo en los brevísimos plazos establecidos en esos preceptos.
BIBLIOGRAFÍA DESTACADA DEL RECURSO DE AMPARO
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Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional sobre Asistencia jurídica Gratuita en los procesos de amparo constitucional, de 18 de junio de1996.
Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional por el que se aprueban normas sobre tramitación de los recursos de amparo electoral, de 20 de enero de 2000.
Nulidad del despido de una trabajadora cuyo contrato no fue renovado por encontrarse de baja motivada por su embarazo. Sentencia del Tribunal Constitucional 74/2008 de 23 de junio, recurso núm. 4975/2006,
Despido de trabajador en situación de incapacidad temporal no calificable como nulo por discriminatorio. Sentencia del Tribunal Constitucional 62/2008 de 26 de mayo, recurso núm.3912/2005,
Otorgamiento de amparo por el error cometido por el órgano de apelación al rechazar la prueba de presunciones apreciada por el juzgador de instancia Sentencia del Tribunal Constitucional 61/2008 de 26 de mayo,
Imposibilidad de interponer recurso de amparo estando pendiente de resolución la admisión del recurso de casación. Sentencia del Tribunal Constitucional 1/2008 de 14 de enero,
Requisitos del recurso de amparo. Es imprescindible que en proceso precedente se haya invocado el derecho constitucional que se considera vulnerado. No se trata de un requisito formal, sino que responde al carácter subsidiario que tiene el recurso de amparo en la Constitución. Sentencia del Tribunal Constitucional 16/1990 de 1 de febrero, recurso núm. 1714/1987
Admisibilidad del recurso de amparo. Es preciso agotar antes los recursos previstos en la legislación procesal. Se debió acudir al recurso de queja antes de formular el de amparo. Sentencia del Tribunal Constitucional 90/1987de 3 de junio, recurso núm. 216/1986,
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CASCAJO CASTRO, JOSÉ LUIS. El recurso de amparo. Editorial Tecnos, 1992.
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References: artículo 44
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 artículo 43
 artículo 56
 artículo 30
 artículo 161
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 artículo 130
 resolución 
 artículo 10
 artículo 55
 artículo 52
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
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 artículo 41
 artículo 41
 artículo 44
 artículo 46
 artículo 55
 artículo 23
 artículo 162
 artículo 42
 artículo 47
 artículo 49
 artículo 84
 artículo 49
 artículo 50
 artículo 51
 artículo 52
 artículo 54
 artículo 55
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 artículo 27
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 artículo 24
 artículo 43
 artículo 2
 resolución 
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 resolución 
 resolución 
 resolución