Source: https://www.scribd.com/doc/181691122/Noticias-Uruguayas-Martes-5-de-Noviembre-Del-2013
Timestamp: 2017-03-30 17:19:53+00:00

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BrowseInterestsStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinmartes, 5 de noviembre de 2013URUGUAY: BRUTAL ASONADA CONTRA LA DEMOCRACIA, LAS LIBERTADES PÚBLICAS, LA LIBRE EXPRESIÓN DEL PENSAMIENTO Y LOS DERECHOS CIUDADANOS. //Merialdo y Zubía configuran delito político solicitado por Suprema Corte de Justicia ZABALZA, LEITES, JAUME, BORDA Y VARELA PROCESADOS POR “ASONADA” EN URUGUAY por Roger Rodríguez //Declaración del PIT-CNT Ante el procesamiento de 7 manifestantes que participaron de la movilización efectuada en la Suprema Corte de Justicia - La Central Obrera emitió un comunicado en desacuerdo con la decisión de la Justicia, afirmando que no se “puede criminalizar la protesta”.//Docentes paran en repudio a procesamientos por asonada//ASONADA POLICIAL EN SANTA CATALINA, ASESINAN A UN JOVEN TRABAJADOR - Santa Catalina está de luto por Verónika Engler//ARGENTINA: SE ENCONTRARON EN UN SUBSUELO DEL EDIFICIO CONDOR DOCUMENTOS INEDITOS DE LA ULTIMA DICTADURA Actas secretas, biblioratos y listas negras//Chile: Campaña por el fin de los archivos secretos
En esta edición ARGENTINA: SE ENCONTRARON EN UN SUBSUELO DEL EDIFICIO CONDOR DOCUMENTOS INEDITOS DE LA ULTIMA DICTADURA Actas secretas, biblioratos y listas negras
URUGUAY: BRUTAL ASONADA CONTRA LA DEMOCRACIA, LAS LIBERTADES PÚBLICAS, LA LIBRE EXPRESIÓN DEL PENSAMIENTO Y LOS DERECHOS CIUDADANOS. RESPONSABLES: LA SUPREMA CORTE DE INJUSTICIA, EL FISCAL ZUBÍA, LA JUEZA MERIALDO Y EL PRESIDENTE MUJICA POR HABER DADO INICIO A ESTOS ATROPELLOS CUANDO EXIGIÓ QUE LA SCJ ECHARA A LA JUEZA MARIANA MOTA QUE EN ESE MOMENTO TENÍA 55 EXPEDIENTES DE CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD PARA DICTAR SENTENCIA. SOLO LA PROTESTA, LA MOVILIZACIÓN Y LA UNIDAD POPULAR PODRÁN FRENAR AL FASCISMO.
SE ESTÁ RETROCEDIENDO DÉCADAS EMPUJADOS POR LOS ULTRAS DE LA DERECHA JUDICIAL Y LA COMPLICIDAD DEL GOBIERNO QUÉ INSTIGÓ LA EXPULSIÓN DE MOTA, AYUDÓ A LA IMPUNIDAD Y MARCÓ (el Ministerio del Interior) A LOS MILITANTES SOCIALES TOMADOS COMO REHENES. ASONADA POLICIAL EN SANTA CATALINA, ASESINAN A UN JOVEN TRABAJADOR
LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS EN URUGUAY !! A COMBATIR EL FASCISMO !!
La Policía esta deteniendo a los siete rehenes elegidos por el Ministerio del Interior, es decir por el Gobierno de Mujica, como represalia por el apoyo a la Jueza Mariana Mota asi como el rechazo a su traslado hecho este condenado internacionalmente y aún por el Observador de la ONU. Los siete rehenes son todos militantes sociales, sindicales y de los DDHH. No hay equívocos: el Gobierno pretende aplastar al movimiento de los DDHH con el fin de aplicar la promesa de Mujica cuando asumió la Presidencia, liberar a "los viejitos", es decir a los criminales de lesa humanidad ya condenados. Sacaron a la Jueza Mota para frenar el que se dieran nuevas sentencias entre los 55 casos que ya estaban listos. En todas las instancias internacionales se entendió lo de Mota como una agresión a los DDHH para mantener la impunidad. Acto seguido la Suprema Corte de Injusticia decreta el que los crimenes de lesa humanidad son "delitos comunes" y que por lo tanto prescriben, lo que se enfrenta abiertamente a toda la legislación internacional en la materia, asi como también se enfrenta a diversas Convenciones Internacionales de la ONU como ser la contra la tortura y contra la desaparición forzada de personas. Uruguay vuelve a tener PRESOS POLITICOS ya que los "elegidos" por el Ministerio de Interior irán presos por razones POLÍTICAS, no politiqueras SINO POLÍTICAS como lo es el reclamo de Verdad y Justicia y castigo a los criminales de lesa humanidad. El que Uruguay tenga hoy en día presos políticos será una mancha más, que permanecerá indeleble sobre todos los responsables en primer lugar el Gobierno y por lo tanto el Frente
Amplio. Las tareas de la hora implican: - SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS URUGUAYOS, - RECLAMO INTERNACIONAL POR SU INMEDIATA LIBERACION - DENUNCIA DEL CONTUBERNIO SINIESTRO PARA VIOLAR LA LEGALIDAD INTERNACIONAL EN MATERIA DE DDHH llevada adelante tanto por la Suprema Corte como por el Gobierno. LA SOLIDARIDAD DEBE DE COMENZAR DIVULGANDO AL MAXIMO, NACIONAL E INTERNACIONALMENTE LA EXISTENCIA DE PRESOS POLITICOS EN URUGUAY, solicitando pronunciamientos y protestas. Las manifestaciones solidarias en el país deberían de ser coordinadas al nivel mas amplio posible. Las organizaciones sindicales, populares, sociales,solidarias,estudiantes,ecologistas, etc deberían cada uno por su lado expresar su solidaridad concreta, difundir al máximo esta situación y coordinar con el resto del movimiento popular. EL FASCISMO NO PASARA !! BLOG EL MUERTO BLOG NOTICIAS URUGUAYAS
ZABALZA, LEITES, JAUME, BORDA Y VARELA PROCESADOS POR “ASONADA” EN URUGUAY por Roger Rodríguez La impunidad ha dado un nuevo paso en Uruguay. La jueza penal de 9º turno, Gabriela Merialdo, convalidó al pedido del fiscal Gustavo Zubía y configuró el procesamiento sin prisión de cuatro militantes sociales por protestar contra el traslado de la jueza Mariana Mota a un juzgado civil. En Uruguay vuelve a existir la categoría de presos políticos. Jorge Zabalza, Irma Leites, Alvaro Jaume y Patricia Borda fueron inicialmente procesados sin prisión por el delito de asonada. Aníbal Varela y dos hijos de Jaume, Eduardo y Diego, también quedaron encausados. El delito de ―Asonada‖ aparece en el Titulo II del Código Penal uruguayo, como ―Delitos contra el Orden Político Interno del Estado‖ y como delito político se penaliza a través del Artículo 145: ―Los que tomaren parte en una asonada serán castigados con tres a nueve meses de
prisión‖. ―Cometen asonada los que se reúnen en número que no baje de cuatro personas, para causar alboroto en el pueblo, con algún fin ilícito que no esté comprendido en los delitos precedentes o para perturbar con gritos, injurias o amenazas, una reunión pública, o la celebración de alguna fiesta, religiosa o cívica, o para exigir de los particulares alguna cosa justa o injusta‖, se explica. Zabalza, Leites y Jaume ya habían permanecido durante años como presos políticos de la dictadura militar de Uruguay entre 1973 y 1985, cuyos crimenes de lesa humanidad han permanecido impunes durante los veinticinco años en que se mantuvo vigente la llamada Ley de Caducidad. IMPUNES La denuncia de asonada había sido hecha el pasado 15 de febrero por los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), quienes al quitar de las causas penales a la principal jueza en temas de derechos humanos, comenzaban a consolidar su ―muralla‖ de prescripción. El caprichoso traslado de Mota fue resuelto luego que los ministros de la SCJ no lograran encontrar argumentos para sancionar a la jueza en un par de denuncias políticas que le realizaron. ―Razones de mejor servicio‖, caratularon la decisión por la que la quitaron de 50 causas de lesa humanidad. La jueza Mota fue quitada del juzgado cuando se disponía a ordenar el procesamiento con prisión del general Pedro Barneix por el homicidio en tortura de Aldo Perrini en 1974. Barneix, miembro de la masonería, fue autor del informe del Ejército sobre desaparecidos al gobierno de Tabaré Vázquez. La investigación que Barneix y el ex comandante del Ejército, Carlos Díaz, hicieron en 2005 no aportó datos sobre los lugares donde fueron enterrados los desaparecidos de la dictadura militar y el sitio donde aseguraron se encontraba el cuerpo de María Claudia García de Gelman era falso. El caso Gelman motivó una sentencia internacional vinculante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la que se exige el esclarecimiento de los crimenes de la dictadura. La sentencia de OEA no ha sido aceptada por los miembros de la Suprema Corte de Justicia. IMPUNIBLES La jueza Mariana Mota. quien había ordenado el procesamiento del dictador Juan María Bordaberry por atentado a la Constitución, desapariciones y homicidios, pasó a investigar cada uno de los casos de muertes por tortura en dictadura, buscando a los responsables directos de los crímenes. Cada una de las nuevas causas abiertas por la jueza Mota, junto a la fiscal Ana María Tellechea, podía implicar el procesamiento de varios militares. Así ocurrió con el caso de Ubagesner Chavez Sosa, desaparecido en 1976, cuyo cuerpo fue encontrado en 2009. Tres militares fueron presos.
Cuando Mota se disponía a continuar indagando más de 20 casos de muertes y desapariciones, comenzaron los ataques personales y políticos (el ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre, entre otros), denuncias funcionales y administrativas, para sacarla de los casos. El traslado de Mota se produjo luego de la polémica decisión de la Suprema Corte de Justicia que consideró inconstitucionales dos artículos de la Ley 18.831 con la que el Parlamento había devuelto al Estado la pretensión punitiva quitada en 1986. Así, la SCJ mantenía la prescripción de los delitos. La sentencia judicial no fue admitida por la totalidad de los jueces y fiscales, varios de los cuales decidieron continuar con las causas de violaciones a los derechos humanos. El presidente de la SCJ declaró entonces que tarde o temprano los casos caerían en la ―muralla‖ de prescripción decretada. IMPUNIDORES Fue el propio presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, quien hizo la denuncia de ―asonada‖ a su subordinada Merialdo. La acción del ministerio público recayó en Zubía, hijo del golpista general Eduardo Zubía quien en dictadura fue carcelero de uno de los acusados, el tupamaro Jorge Zabalza. El subjetivo antecedente no implicó que el fiscal se recusara el caso. Por el contrario. Pasó años en el juzgado de menores y recientemente había sido devuelto a la órbita penal, un escenario que había dejado en los años noventa cuando actuó en el impune homicidio del intendente Villanueva Saravia. Entonces tampoco se recusó. Aún cuando en una denuncia policial, un mes antes de su ―suicidio‖, el intendente de Cerro Largó acusó al fiscal Zubía, entonces en Melo, a otro integrante del ministerio público y a dos jueces de una confabulación para encausarlo judicialmente. Tampoco es la primera vez que Merialdo cede. Aceptó la presión del perito calígrafo Washington Curbelo (entonces jefe de policía de Soriano), para no encausar a la ex policía María Lemos como eventual autora de la nota en los vinos que en 1978 envenenaron a Cecilia Fontana de Heber. Ruibal Pino era el juez que tenía el caso de desaparición del maestro y periodista Julio Castro, pero en 1986 lo amparó en la Ley de Caducidad. El cuerpo de Castro apareció en una unidad militar en 2012, pero el dictamen de prescripción de delitos permitió que su secuestrador quedara en libertad. Roger Rodríguez (Periodista)
Ante el procesamiento de 7 manifestantes que participaron de la movilización efectuada en la Suprema Corte de Justicia, contra el traslado de la Jueza Mariana Motta de la justicia Penal a la Civil; el Secretariado Ejecutivo del PIT CNT quiere manifestar: Que los ciudadanos de éste País tienen derecho a PROTESTAR pacíficamente, en contra de actitudes, hechos y resoluciones que entiendan encierran un acto de injusticia en sí mismo. Que a nuestro entender, eso fue lo que sucedió cuando se manifestó en la Suprema Corte de Justicia, en el marco de una ceremonia protocolar que, además, es pública. Que no se puede criminalizar la protesta y, por lo tanto, queremos manifestar nuestro desacuerdo con el procesamiento de los 7 manifestantes acusados. Que nuestra organización siempre ha respetado a la justicia uruguaya, pero esto no significa que la misma no sea plausible de críticas y en este caso nosotros tenemos la conviccióperfiln de que estos procesamientos configuran un profundo error jurídico y político que perjudica a las organizaciones de la sociedad civil y a la democracia misma. MARCELO ABDALA FERNANDO PEREIRA
04.11.2013 20:35 Los docentes de Secundaria de Montevideo pararán el jueves por 24 horas en repudio al procesamiento de los siete acusados por los incidentes en la SCJ, entre quienes está la docente Patricia Borda. El dirigente de ADES Luis Martínez dijo a Montevideo Portal que el jueves los docentes podrían decidir más medidas de lucha. Los docentes de Secundaria de Montevideo pararán por 24 horas el próximo jueves en rechazo al procesamiento por "asonada" a los siete activistas que fueron inculpados por los incidentes ocurridos en febrero pasado durante la manifestaciones contra el traslado de la jueza Mariana Mota en la Suprema Corte de Justicia. Los profesores nucleados en la Asociación de Docentes de la Enseñanza Secundaria (ADES) de Montevideo ya habían realizado un paro este lunes, mientras los imputados fueron conducidos al juzgado a conocer el fallo, debido a que una de las finalmente procesadas es Patricia Borda, dirigente del sindicato. Apenas conocida la decisión de la jueza Gabriela Merialdo, los docentes fijaron un paro de 24 horas para el jueves. El dirigente de ADES Luis Martínez indicó a Montevideo Portal que, en principio, el paro afectará solamente a liceos de Montevideo y que ese día se realizará una asamblea en el que podrían decidirse más medidas. En los demás departamentos, la forma de protesta será definida por una Asamblea General de Delegados de la FENAPES que se realizará el miércoles. Martínez calificó el fallo como un "verdadero disparate" que "no tiene fundamentos". Además, sostuvo que el fiscal del caso Gustavo Zubía es "absolutamente represor" e "hijo y sobrino de militares que tuvieron sus manos manchadas con sangre durante la dictadura". Con respecto a la jueza Merialdo, afirmó que "le hace un flaco favor a los Derechos Humanos y va a pasar a la historia como la jueza que procesó por protestar". PIT CNT reivindicó el "derecho a protestar" La resolución también motivó la reacción del PIT CNT, que a través de un comunicado reclamó que "los ciudadanos de este país tienen derecho a protestar pacíficamente, en contra de actitudes, hechos y
resoluciones que entiendan encierran un acto de injusticia en si mismo". En el mismo sentido, la central sindical expresó que "no se puede criminalizar la protesta" y que, por ese motivo, "queremos manifestar nuestro desacuerdo con el procesamiento de los 7 manifestantes acusados" "Nuestra organización siempre ha respetado a la justicia uruguaya, pero esto no significa que la misma no sea plausible de críticas y en este caso nosotros tenemos la convicción de que estos procesamientos configuran un profundo error jurídico y político que perjudica a las organizaciones de la sociedad civil y a la democracia misma", agrega el comunicado. Más temprano, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) también había exigido que Merialdo dejara sin efecto los procesamientos. Montevideo Portal
La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) Montevideo aprobó realizar un paro de actividades por 24 horas a partir del jueves en repudio por el fallo de la jueza penal, Gabriela Merialdo de procesar sin prisión por el delito de “asonada” a siete personas que protestaron en la Suprema Corte de Justicia contra el traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil.
Prevén “promover una campaña nacional e internacional de denuncia de estos atropellos violatorios de libertades y garantías fundamentales”.
Este lunes la jueza Merialo proceso sin prisión por el delito de asonada a: Jorge Zabalza, Irma Leites, Álvaro, Diego y Eduardo Jaume, Patricia Borda y Aníbal Varela. Todos ellos habían participado el 15 de febrero en una multitudinaria protesta dentro de la Suprema Corte de Justicia contra el traslado de la jueza Mariana Mota quien tenía a estudio más de 50 casos relacionados con violaciones a lo derechos humanos durante la pasada dictadura. En ese marco, los docentes de Secundaria de Montevideo, agremiados en ADES, resolvieron realizar un paro por 24 horas en protesta por la medida judicial. Asimismo, los profesores anunciaron que “implementarán más medidas en repudio al fallo de la jueza Gabriela Merialdo”. Campaña nacional e internacional de denuncia de atropellos ADES también convocó a una asamblea con carácter “grave y urgente” para profundizar las medidas dentro de las próximas 72 horas, lo cual se sumará al paro ya decretado. Según un comunicado que difundió ADES este lunes de tarde, la asamblea del sindicato también discutirá la adopción de una “batería de medidas de lucha sin descartar ninguna”. También prevén ―promover junto a otros sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones de defensa de los derechos humanos y gremios estudiantiles, una campaña nacional e internacional de denuncia de estos atropellos violatorios de libertades y garantías fundamentales‖, sentenció ADES en su comunicado.
La jueza penal, Gabriela Merialdo procesó sin prisión por el delito de “asonada” a Jorge Zabalza, Irma Leites, Álvaro, Diego y Eduardo Jaume, Patricia Borda y Aníbal Varela, todos ellos por participar en una multitudinaria protesta dentro de la Suprema Corte de Justicia contra el traslado de la jueza Mariana Mota, en febrero pasado.
Los incidentes fueron originados el pasado 15 de febrero tras el traslado de la jueza Mariana Mota. (Gentileza subrayado.com.uy) La jueza Merialdo dispuso el procesamiento ―sin prisión‖ de las siete personas, a las que el fiscal Gustavo Zubía acusó de haber cometido un delito de ―atentado‖, por la asonada a la Suprema Corte de Justicia ocurrida el 15 de febrero. Sin embargo, Merialdo dispuso un fallo diferente al pedido del fiscal quien solicitó que a la líder de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites; al extupamaro, Jorge Zabalza; al activista y ex preso político Álvaro Jaume; y la docente Patricia Borda se los procesara con “medidas privativas de libertad”. No obstante, la jueza decidió procesarlos pero sin prisión. El fiscal había expresado que las cuatro fueron los ―instigadores‖ de los incidentes ocurridos el 15 de febrero pasado dentro del local de la SCJ. En el caso de los hermanos Diego y Eduardo Jaume (hijos de Álvaro Jaume), y del secretario general del ADEOM, Aníbal Varela, también se los procesó sin medidas privativas de libertad, tal como en este caso así lo había pedido Zubía. En las primeras horas de la mañana Borda, Varela y Álvaro Jaume fueron conducidos al juzgado por parte de la Policía, lo que generó cierta indignación. Mientras que Leites y Zabalza fueron por sus propios medios. Sedición Luego del dictamen de la jueza, el abogado Gustavo Salle, defensor de Leites, expresó en declaraciones a Montevideo Portal que tanto su defendida como los otros seis acusados “no debieron haber sido procesados”, y en todo caso debió haber sido por el “delito de sedición”. Empero, Salle valoró que la magistrada ―no hizo lugar al criterio de selección arbitrario utilizado por el fiscal Gustavo Zubía‖.
“El fiscal eligió arbitrariamente a los siete acusados, dentro de una masa de 300 personas” , dijo el abogado defensor.
―Ese criterio se debió a que lo ocurrido en la Suprema Corte fue un acto del Frente Amplio y si se acusaba a todos los participantes iban a caer reconocidas figuras de ese partido como el diputado Luis Puig, Daniel Viglietti o Eduardo Galeano, que estaban exactamente en la misma situación que mi defendida (Irma Leites)‖, sentenció Salle. Los incidentes fueron originados el pasado 15 de febrero tras el traslado de la jueza Mariana Mota, especializada en delitos de Derechos Humanos, a la órbita de la justicia civil. Mota tenía en carpeta más de 50 casos relacionados con violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura. Ese día, en que Mota prestó juramento como jueza civil, se dio una ocupación popular en la planta baja de la Suprema Corte de Justicia. Luego de seis meses de ocurridos los hechos, la jueza penal Gabriela Merialdo, a pedido del fiscal Gustavo Zubía, citó en calidad de indagados a unas 12 personas, entre quienes se encontraban los hoy procesados. Relacionadas de la nota
Docentes de Secundaria paran este jueves en repudio a procesamientos por asonada PIT-CNT asegura que los procesamientos ―criminalizan derecho de protesta‖
04.11.2013 15:06 La jueza Gabriela Merialdo procesó sin prisión a los siete acusados por su participación en los incidentes ocurridos en la Suprema Corte de Justicia, imputándole el delito de "asonada". Consultado por Montevideo Portal, el abogado Gustavo Salle valoró que no se aceptó "el criterio arbitrario de selección de los acusados". La jueza Gabriela Merialdo procesó sin prisión a los siete acusados por su participación en los incidentes ocurridos en la Suprema Corte de Justicia, en apoyo a Mariana Mota. Entre los procesados están Jorge Zabalza, Irma Leites, Aníbal Varela y Patricia Borda. Tras conocer la decisión judicial, el abogado Gustavo Salle - defensor de la líder de Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites - explicó a Montevideo Portal que tanto su defendida como los otros seis acusados fueron procesados sin prisión por el delito de "asonada", incluido en el artículo 145 del Código Penal. El abogado consideró que los acusados "no debieron haber sido procesados" e incluso afirmó que "de haberlo, debieron haber sido por el delito de sedición". A pesar del fallo, Salle valoró que la magistrada "no hizo lugar al criterio de selección arbitrario utilizado por el fiscal Gustavo Zubía". En ese sentido, Salle afirmó que el fiscal "eligió arbitrariamente" a los siete acusados, "dentro de una masa de 300 personas". Según el abogado, la utilización de ese criterio se debió a que "lo que pasó en la Suprema Corte fue un acto del Fraude Amplio y si se acusaba a todos los participantes iban a caer reconocidas figuras de ese partido como el diputado Luis Puig, Daniel Viglietti o Eduardo Galeano, que estaban exactamente en la misma situación que mi defendida". Montevideo Portal Documentos asociados: Auto de procesamiento SCJ.pdf - Auto de procesamiento incidentes SCJ
En el marco de esta causa judicial, el fiscal de la misma pidió que se procesara con prisión a Leites, al ex tupamaro, Jorge Zabalza, a Borda y al ex futbolista Diego Jaume. Por su parte, también pidió que se procesara sin prisión a Varela y a dos familiares de Diego Jaume. “Yo estoy en la calle, yo me estoy dirigiendo a mi casa no sé si los voy a tener ahí esperándome”, manifestó Leites a UNoticias. Según dijo la integrante de Plenaria Memoria y Justicia, el plazo que tenía la jueza del caso para fallar, venció el pasado sábado. Montevideo, Uruguay- UNoticias
Profesora Patricia Borda detenida Buenos días, soy Valentin el hijo de Patricia, y sin hacer uso excesivo de las palabras les cuento, que hace aproximadamente una media hora, policías golpearon la puerta, y se llevaron detenida a mama en un auto blanco. Saludos." Es docente de química, hay que difundir
REACCIONES AL FALLO DE LA SCJ ADES dispuso un paro en repudio a procesamientos por asonada
Los docentes de enseñanza Secundaria (ADES) de Montevideo resolvieron realizar un paro por 24 horas y anunciaron que implementarán más medidas en repudio al fallo de la jueza Gabriela Merialdo que dispuso el procesamiento sin prisión de siete personas que participaron de la asonada a la Suprema Corte de Justicia en febrero. ADES convocó a una asamblea general con carácter grave y urgente para profundizar medidas dentro de 72 horas así como el paro. En la asamblea, según un comunicado difundido hoy, "se discutirá la adopción de una batería de medidas de lucha sin descartar ninguna". Además prevén "promover junto a otros sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones de defensa de los DDHH, gremios estudiantiles, etc., una campaña nacional e internacional de denuncia de estos atropellos violatorios de libertades y garantías fundamentales".
lun nov 4 2013 12:46 Hoy se espera que la jueza penal Gabriela Merialdo resuelva si procesa a las siete personas que el fiscal Gustavo Zubía acusó por el delito de "atentado" por la asonada a la Suprema Corte de Justicia ocurrida en febrero. Esto es, debido a que el sábado pasado venció el plazo de 45 días de la jueza para fallar sobre el caso. La docente Patricia Borda fue detenida esta mañana, según informó la activista de Plenario Memoria y Justicia, Irma Leites, que sostuvo que no tienen mayor información sobre el porqué. "No sabemos nada, no sé si vamos todos presos", dijo. Según supo El País, Merialdo ordenó que la Policía conduzca a todos los implicados a su sede para comunicarles su decisión. El extupamaro, Jorge Zabalza, llegó por sus propios medios a la sede ubicada en Misiones y 25 de Mayo, en el que a esta hora se dispuso la instalación de un vallado policial. Zubía, en un dictamen que presentó el 16 de septiembre, pidió los procesamientos con "medidas privativas de libertad" de la líder de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, Zabalza, del activista y ex preso político
Álvaro Jaume y de la docente Patricia Borda. El fiscal sostiene que los cuatro fueron los "instigadores" de los incidentes del pasado 15 de febrero. El representante del Ministerio Público también pidió los procesamientos pero sin medidas privativas de libertad de los hermanos Diego y Eduardo Jaume (hijos de Álvaro) y del secretario general del gremio de funcionarios de la Intendencia de Montevideo (Adeom), Aníbal Varela.
04.11.2013, 13:01 hs - ACTUALIZADO 13:24 Texto: -A / A+ La jueza Gabriela Merialdo dio la orden de detener a la dirigente de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, al extupamaro Jorge Zabalza y a la dirigente de Fenapes, Patricia Borda, para comunicarles si los procesa como solicitó el fiscal Gustavo Zubía había pedido procesar con prisión. El abogado de Borda, Pablo Donnángelo, confirmó a El Observador que su defendida está en el DOE y que desde allí será llevada al juzgado para comunicarle el fallo. Zubía había pedido prisión para los tres activistas y procesamientos sin prisión para otros cuatro, por cometer, según expresa en la requisitoria, un ―atentado con agravantes‖ contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el pasado 15 de febrero, durante el acto de traslado de un juzgado penal a uno civil de la jueza Mariana Mota. El pedido de procesamiento incluía a Leites, al extupamaro Jorge Zabalza, el expreso político Álvaro Jaume y a Patricia Borda, integrante de Fenapes, el gremio de los profesores de Secundaria. Además, pidió el procesamiento sin prisión para Aníbal Varela, sindicalista de Adeom el gremio de los municipales, y para Diego y Eduardo Jaume, hijos de Álvaro. Según el artículo 171 del Código Penal comete ese delito quien usando violencia o amenaza contra un funcionario público pretende impedir al funcionario asumir la función o tomar posesión del cargo o lograr el odio o el menosprecio. La pena va de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría y se ve agravada si la ejercen más de tres personas, o si la violencia se ejecuta contra más de dos funcionarios o contra un cuerpo judicial, como fue en este caso, ya que repudiaron a los ministros de la Suprema Corte. De hecho, los magistrados de la corporación presentaron la denuncia penal ese día.
Leites había declarado que si la jueza le imponía prisión domiciliaria no acataría esa medida de privación de libertad. .
Esta mañana, Irma Leites confirmó que hubo detenciones. El sábado venció el plazo para que la jueza actuante de su fallo. Profesores de Secundaria de paro en solidaridad. La Policía libró la orden de detención contra las siete personas que están siendo juzgadas por la asonada a la sede de la Suprema Corte de Justicia. Según se informó el Departamento de Operaciones Especiales detuvo a la docente Patricia Borda, una de las indagadas en el caso. La activista de Plenaria, Memoria y Justicia, Irma Leites, confirmó a Subrayado que también fueron detenidos Álvaro Jaume y el ex tupamaro Jorge Zabalza. "Acabo de llegar a mi casa, estoy esperando que
me vengan a buscar", dijo Leites que también se encuentra en la lista de juzgados. El fiscal Gustavo Zubía pidió el procesamiento para los cuatro por considerarlos instigadores del episodio ocurrido en el mes de febrero. En un dictamen que presentó el 16 de septiembre, pidió los procesamientos con "medidas privativas de libertad". El representante del Ministerio Público también pidió los procesamientos pero sin medidas privativas de libertad de los hermanos Diego y Eduardo Jaume (hijos de Álvaro) y del secretario general del gremio de funcionarios de la Intendencia de Montevideo (Adeom), Aníbal Varela. El sábado venció el plazo de 45 días para que la jueza Gabriela Merialdo pronuncie su fallo. Irma Leites confirmó a El País el pedido de captura y dijo no saber por qué. "No sabemos nada, no sé si vamos todos presos", dijo. Leites tiene un procesamiento anterior por desacato, debido a desórdenes ocurridos durante la visita de George W. Bush a Uruguay en 2005. PARO LICEOS. En solidaridad con los detenidos, la Asociación de Docentes de Montevideo realiza un paro desde este mediodía e invita a concentrar a los profesores en la puerta del Juzgado de la calle Misiones donde se darán a conocer los eventuales procesamientos. La medida se mantendrá hasta que culmine la instancia judicial, lo que afectará el dictado de cursos.
lun nov 4 2013 14:07 La jueza penal Gabriela Merialdo dispuso el procesamiento sin prisión de las siete personas que el fiscal Gustavo Zubía acusó de delito de ―atentado‖ por la asonada a la Suprema Corte de Justicia ocurrida en febrero. La jueza, no obstante, dispuso un fallo diferente al del fiscal que requería que la líder de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, el extupamaro, Jorge Zabalza, el activista y ex preso político Álvaro Jaume y la docente Patricia Borda fueran procesados con ―medidas privativas de libertad‖. Los mencionados fueron procesados sin prisión por la asonada. El fiscal sostuvo en su momento que los cuatro fueron los "instigadores" de los incidentes del pasado 15 de febrero, pero la jueza no hizo a lugar este pedido. Por otra parte los hermanos Diego y Eduardo Jaume (hijos de Álvaro) y el secretario general del gremio de funcionarios de la Intendencia de Montevideo (Adeom), Aníbal Varela fueron también procesados sin medidas privativas de libertad, tal como había requerido Zubía. Previo a dar el fallo, la jueza libró una orden de detención para los hermanos Jaume, Varela y Borda.
lun nov 4 2013 13:46 Hoy se espera que la jueza penal Gabriela Merialdo resuelva si procesa a las siete personas que el fiscal Gustavo Zubía acusó por el delito de "atentado" por la asonada a la Suprema Corte de Justicia ocurrida en febrero. Esto es, debido a que el sábado pasado venció el plazo de 45 días de la jueza para fallar sobre el caso.
La docente Patricia Borda fue detenida esta mañana, según informó la activista de Plenario Memoria y Justicia, Irma Leites, que sostuvo que no tienen mayor información sobre el porqué. "No sabemos nada, no sé si vamos todos presos", dijo. Según supo El País, Merialdo ordenó que la Policía conduzca a todos los implicados a su sede para comunicarles su decisión. El extupamaro, Jorge Zabalza, y Leites llegaron por sus propios medios a la sede ubicada en Misiones y 25 de Mayo, en el que a esta hora se dispuso la instalación de un vallado policial. "Yo dije que mi casa no es una cárcel y eso lo voy a mantener", dijo Leites al llegar a la sede judicial. "La cancha la marcan ellos (los jueces) porque a los milicos no los van a buscar así a la casa. Nadie dijo que no nos fuéramos a presentar. Fue una arbitrariedad más de la jueza y la Policía", agregó. Zubía, en un dictamen que presentó el 16 de septiembre, pidió los procesamientos con "medidas privativas de libertad" de la líder de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, Zabalza, del activista y expreso político Álvaro Jaume y de la docente Patricia Borda. El fiscal sostiene que los cuatro fueron los "instigadores" de los incidentes del pasado 15 de febrero. El representante del Ministerio Público también pidió los procesamientos pero sin medidas privativas de libertad de los hermanos Diego y Eduardo Jaume (hijos de Álvaro) y del secretario general del gremio de funcionarios de la Intendencia de Montevideo (Adeom), Aníbal Varela.
+ - 04.11.2013, 13:01 hs - ACTUALIZADO 15:11 Texto: -El Observador
Jueves 19- Irma Leites se presenta en los juzgados de la calle Misiones La jueza Gabriela Merialdo procesó sin prisión a los siete activistas radicales por un delito de "asonada" debido al atentado contra la Suprema Corte de Justicia el pasado 15 de febrero. Esta mañana la jueza dio la orden de detener a la dirigente de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, al extupamaro Jorge Zabalza y a la dirigente de Fenapes, Patricia Borda, para comunicarles si los procesaba como solicitó el fiscal Gustavo Zubía. Zubía había pedido prisión para los tres activistas y procesamientos sin prisión para otros cuatro, por cometer, según expresa en la requisitoria, un ―atentado con agravantes‖ contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el pasado 15 de febrero, durante el acto de traslado de un juzgado penal a uno civil de la jueza Mariana Mota. El pedido de procesamiento incluía a Leites, al extupamaro Jorge Zabalza, el expreso político Álvaro Jaume y a Patricia Borda, integrante de Fenapes, el gremio de los profesores de Secundaria. Además, pidió el procesamiento sin prisión para Aníbal Varela, sindicalista de Adeom el gremio de los municipales, y para Diego y Eduardo Jaume, hijos de Álvaro. Según el artículo 171 del Código Penal comete ese delito quien usando violencia o amenaza contra un funcionario público pretende impedir al funcionario asumir la función o tomar posesión del cargo o lograr el odio o el menosprecio. La pena va de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría y se ve agravada si la ejercen más de tres personas, o si la violencia se ejecuta contra más de dos funcionarios o contra un cuerpo judicial, como fue en este caso, ya que repudiaron a los ministros de la Suprema Corte. De hecho, los magistrados de la corporación presentaron la denuncia penal ese día. Leites había declarado que si la jueza le imponía prisión domiciliaria no acataría esa medida de privación de libertad.
La impunidad ha dado un nuevo paso en Uruguay. La jueza penal de 9º turno, Gabriela Merialdo, convalidó al pedido del fiscal Gustavo Zubía y configuró el procesamiento sin prisión de cuatro militantes sociales por protestar contra el traslado de la jueza Mariana Mota a un juzgado civil. En Uruguay vuelve a existir la categoría de presos políticos. Jorge Zabalza, Irma Leites, Alvaro Jaume y Patricia Borda fueron procesados sin prisión por el delito de asonada, y Anibal Varela y dos hijos de Jaume quedaban encausados como cómplices de su acción. El delito de "Asonada" aparece en el Titulo II del Código Penal uruguayo, como "Delitos contra el Orden Político Interno del Estado" y como delito político se penaliza a través del Artículo 145: "Los que tomaren parte en una asonada serán castigados con tres a nueve meses de prisión". "Cometen asonada los que se reúnen en número que no baje de cuatro personas, para causar alboroto en el pueblo, con algún fin ilícito que no esté comprendido en los delitos precedentes o para perturbar con gritos, injurias o amenazas, una reunión pública, o la celebración de alguna fiesta, religiosa o cívica, o para exigir de los particulares alguna cosa justa o injusta", se explica. Zabalza, Leites y Jaume ya habían permanecido durante años como presos políticos de la dictadura militar de Uruguay entre 1973 y 1985, cuyos crimenes de lesa humanidad han permanecido impunes durante los veinticinco años en que se mantuvo vigente la llamada Ley de Caducidad. IMPUNES La denuncia de asonada había sido hecha el pasado 15 de febrero por los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), quienes al quitar de las causas penales a la principal jueza en temas de derechos humanos, comenzaban a consolidar su "muralla" de prescripción. El caprichoso traslado de Mota fue resuelto luego que los ministros de la SCJ no lograran encontrar argumentos para sancionar a la jueza en un par de denuncias políticas que le realizaron. "Razones de mejor servicio", caratularon la decisión por la que la quitaron de 50 causas de lesa humanidad. La jueza Mota fue quitada del juzgado cuando se disponía a ordenar el procesamiento con prisión del general Pedro Barneix por el homicidio en tortura de Aldo Perrini en 1974. Barneix, miembro de la masonería, fue autor del informe del Ejército sobre desaparecidos al gobierno de Tabaré Vázquez. La investigación que Barneix y el ex comandante del Ejército, Carlos Díaz, hicieron en 2005 no aportó datos sobre los lugares donde fueron enterrados los desaparecidos de la dictadura militar y el sitio donde aseguraron se encontraba el cuerpo de María Claudia García de Gelman era falso. El caso Gelman motivó una sentencia internacional vinculante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la que se exige el esclarecimiento de los crimenes de la dictadura. La sentencia de OEA no ha sido aceptada por los miembros de la Suprema Corte de Justicia. IMPUNIBLES La jueza Mariana Mota. quien había ordenado el procesamiento del dictador Juan María Bordaberry por atentado a la Constitución, desapariciones y homicidios, pasó a investigar cada uno de los casos de muertes por tortura en dictadura, buscando a los responsables directos de los crímenes. Cada una de las nuevas causas abiertas por la jueza Mota, junto a la fiscal Ana María Tellechea, podía implicar el procesamiento de varios militares. Así ocurrió con el caso de Ubagesner Chavez Sosa, desaparecido en 1976, cuyo cuerpo fue encontrado en 2009. Tres militares fueron presos. Cuando Mota se disponía a continuar indagando más de 20 casos de muertes y desapariciones, comenzaron los ataques personales y políticos (el ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre, entre otros), denuncias funcionales y administrativas, para sacarla de los casos. El traslado de Mota se produjo luego de la polémica decisión de la Suprema Corte de Justicia que consideró inconstitucionales dos artículos de la Ley 18.831 con la que el Parlamento había devuelto al Estado la pretensión punitiva quitada en 1986. Así, la SCJ mantenía la prescripción de los delitos. fuente: http://utopia-e-luta.blogspot.com/ Utopia e Luta: uma estaca de Quebracho no meio da enchente Capitalista Futuro da Colmeia Classista Revolucionária
Así estaba el Juzgado de la calle Misiones A qué hace acordar?
04.11.2013, 18:20 hs - ACTUALIZADO 19:08 Texto: -A / A+ El PIT–CNT emitió este lunes una declaración en la que rechaza los siete procesamientos por la asonada contra la Suprema Corte de Justicia el pasado 15 de febrero cuando se realizaba el traslado de la jueza Mariana Mota. En el comunicado la central obrera reivindica que se trató de una manifestación pacífica y que la protesta constituye un derecho de todos los ciudadanos. ―Los ciudadanos de este país tienen derecho a protestar pacíficamente, en contra de actitudes, hechos y resoluciones que entiendan encierran un acto de injusticia en sí mismo‖, expresa. Advierte además ―no se puede criminalizar la protesta‖ y señalan ―estos procesamientos configuran un profundo error jurídico y político que perjudica a las organizaciones de la sociedad civil y a la democracia misma‖. Mañana en el secretariado ejecutivo del PIT – CNT este tema formará parte de la agenda a tratar. Fernando Pereira, dirigente de la central obrera, dijo a El Observador que seguramente se saque una declaración más extensa que incluya además a otras organizaciones sociales como Familiares de detenidos desaparecidos, Crysol y la FEUU. ―Es verdad que se entró a un edificio público, pero fue una protesta pacífica, donde solo hubo empujoncitos‖, dijo Pereira, quien advirtió que esta resolución judicial constituye un ―exceso del Poder Judicial‖. ―Es un paso atrás en el derecho de protestar‖, reafirmó. El dirigente sindical adelantó que probablemente mañana, el secretariado ejecutivo defina una serie de acciones ―para que la protesta continúe siendo un derecho consagrado‖. ―Lo primero que tenemos que hacer es lograr que la gente entienda que lo que está haciendo la Justicia es injusto‖, manifestó.
REPERCUSIONES DEL FALLO JUDICIAL Pit-Cnt rechazó procesamiento sin prisión de siete personas por asonada
La Central Obrera emitió un comunicado en desacuerdo con la decisión de la Justicia, afirmando que no se “puede criminalizar la protesta”.
lun nov 4 2013 17:49 - El País uy El Pit-Cnt salió hoy en respuesta del procesamiento sin prisión de siete personas por la asonada a la Suprema Corte de Justicia ocurrida el pasado mes de febrero. En el fallo, la jueza penal Gabriela Merialdo procesó a los manifestantes por un delito de ―atentado‖. La magistrada no siguió el pedido del fiscal Gustavo Zubía que para algunos de los implicados requería procesamiento con prisión. La Central Obrera, en un comunicado difundido hoy, afirmó que ―no se puede criminalizar la protesta y, por lo tanto, queremos manifestar nuestro desacuerdo con el procesamiento de los siete manifestantes acusados‖. Además, el comunicado afirma que ―los ciudadanos de este país tienen derecho a protestar pacíficamente en contra de actitudes, hechos y resoluciones que entiendan encierran un acto de injusticia en sí mismo‖. Y a entender de los dirigentes gremiales, ―eso fue lo que sucedió cuando se manifestó en la Suprema Corte de Justicia, en el marco de una ceremonia protocolar que, además, es pública‖. Finalmente, afirman que los procesamientos configuran ―un profundo error jurídico y político que perjudica a las organizaciones de la sociedad civil y a la democracia misma‖
La escalada represiva.Jorge Rossi Rebufello Es el principio. Ésto recién empieza. No sorprende,se esperaba. Viene más;no van a pagar X esperar.- Xque cómo en el ajedrez:es la única.- Es bueno que hallan comenzado la disputa X los jirones de poder un año antes. El descalabro se vá a acentuar en ese año que falta y la represión también.El nivel de conciencia política es bajísimo en el país. Manosiar y encanar éstos compañeros/as no es casualidad,es un mensaje.Así comienza el terrorismo de estado. No se acuerdan de Pacheco? Ahora es peor. Éstos gobiernos son representantes directos de los dueños del mundo. Son cipayos vende/patrias,traidores al pueblo que no tienen escrúpulos de hacerle costado a ese fiscal con un ácido dexoxiribonucleico reconocidamente fascista y encarnizarse con 3 héroes de la patria que en vez de ser honrados como merecen,son vilependiados X que el fascismo corre suelto e impune. No me crean: pídánles que les cuenten cómo fueron sus canas. Yo sé, X que estuve con ellos.Es una verguenza nacional. Pobre patria mía!.-
Estoy encantado con mi decisión de haber retomado mi auto-exilio X ASCO,pero = , hasta aquí me llegan los efluvios nauseabundos de la cloaca repugnante en que se permitió se convirtiese al país.- Dejemos de lado que soy compañero y amigo del ilustre tocayo,de la petisa divina puro coraje, y del sonriente Álvaro del 4º A.- Ésto es didáctico;ojalá la gente entienda el anuncio de lo que se viene,de lo que le espera. El Mundo cambió,el sistema está acorralado y en crisis. Los tiempos son otros,no se andan con chiquitas. Es el despojo desenfrenado X las buena o X las malas. X ahora caminan los versos en el caldo de cultivo propicio del analfabetismo,la desinformación,la estupidez y el tradicional conservadurismo de un pueblo pancista,simulador,cómodo,parásito e hipócrita. Pero se viene el tiempo en que las papas queman y ahí no te queda otra que peliarla o bajarte las bombachitas. No demora.MAU-MAU (La flor es para el Bebe).-
De Ariel Serra UNA VERGUENZA !!! en esta mierda se ha convertido la "justicia uruguaya", eso sí, nosotros prolijitos, calladitos, en silencio siempre, a la hora de juntar firmas nos negamos por hache o por be, es lo que tenemos y no supimos cambiar, lamentable. Hace casi 6 años los restos de mi hermano fueron repatriados http://www.youtube.com/watch?v=Sr_dcja6zMM (yo mismo me repatrié en ese mismo momento) para dar uno de sus últimos testimonios CONTRA LA IMPUNIDAD, además de ser acercados a mi madre, que nunca llegó a llevarle una flor ya que, luego de tres meses de internación, fallece... Para mi sorpresa y en el marco de la campaña de recolección de firmas para extinguir la impúdica ley que nos averguenza frente al mundo, me encontré con mucha gente que no participaba como queda dicho...veníamos de la lucha de 30 años en Bs.As. donde se toman actitudes más resueltas, no sólo testimoniales, la solidaridad con los familiares ya estaba ganada quedaba asumir un rol protagónico... Luego la desverguenza en el Parlamento de Semproni, Nin Novoa (Oscar de los Santos defendiéndolo !), Breccia, EFH....Esta "Impunocracia" de la que habla mi amigo Roger tiene padres, tíos, sobrinos y mucha parentela. Esta Corte Suprema no debe seguir avanzando ni un milímetro más sobre quienes purgan el dolor y quienes actúan en forma solidaria y militante, consecuentes con la memoria de todos los que nos faltan. Ni un paso atrás.
La jueza Penal de 9º Turno, Gabriela Merialdo, resolvió el procesamiento sin prisión, por un delito de ―asonada‖, de los siete militantes sociales imputados por la ocupación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el día del traslado de la jueza Mariana Mota a un Juzgado Civil. La magistrada dispuso la conducción ante la Sede de los siete imputados por el fiscal Gustavo Zubía, y les informó la decisión de procesarlos sin prisión. Los siete procesados por la jueza Merialdo son: la militante de Plenaria, Memoria y Justicia, Irma Leites, el ex militante del MLN-T, Jorge Zabalza, el dirigente de Adeom Montevideo, Aníbal Varela, la docente Patricia Borda, el ex preso político Álvaro Jaume y sus hijos, los ex jugadores de fútbol, Eduardo y Diego Jaume.
La magistrada dispuso el enjuiciamiento de todos ellos por el delito previsto en el artículo 145 del Código Penal. Son responsables de este delito ―los que se reúnen en un número que no baja de cuatro personas, para causar alboroto en el pueblo con algún fin ilícito que no esté comprendidos en los delitos precedentes o para perturbar con delitos, injurias o amenazas una reunión pública o la celebración de algún fiesta religiosa o cívica, o para exigir de los particulares alguna cosa justa o injusta‖. La tipificación adoptada por Merialdo supone una atenuación del delito imputado por el fiscal Zubía, que pedía el enjuiciamiento de estas siete personas por un delito de ―atentado‖. En este sentido, el abogado Gustavo Salle afirmó que la jueza hace referencia a un delito ―tumultuario‖ (consumado por muchas personas) y no hace lugar a la ―selección‖ en la que incurrió el Ministerio Público.
Salle afirmó que el delito de ―atentado‖ implicaba una ―selección‖ de imputados por parte del titular del Ministerio Público, lo que había causado ―una enorme preocupación‖ entre los abogados. Sin embargo, la decisión de la jueza implica, al ser imputado un delito ―tumultuario‖, que se indague a todos los que participaron del acto contra el traslado de la jueza Mariana Mota. Por este motivo, la magistrada dispuso la apertura de un presumario para indagar a las personas que voluntariamente comparecieron ante la Sede para manifestar su participación en el acto, pero Salle anunció que pedirá que la investigación ―se extienda a quienes no se presentaron pero que también consumaron los mismos hechos que se le imputan a mi defendida, la señora Irma Leites‖.
En tanto, el abogado Pablo Donnángelo (representante de Patricia Borda) anunció que el fallo de la jueza será apelado, ya que existe una ―relación de tensión entre dos derechos‖, como son el derecho a manifestarse y el de realizar un acto público en tiempo y forma. ―El acto de asunción de la doctora Mota se retardó, es cierto, pero eso no es un conducta penalmente relevante, por eso vamos a apelar y estamos evaluando la posibilidad de llevar este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA‖, dijo Donnángelo.
Por su parte, el abogado Juan Fagúndez (representante de Zabalza) también anunció que apelará el fallo. Fagúndez explicó que los argumentos se centraran en que si bien la conducta de los participes pudo distorsionar un acto público ―de ninguna manera hubo una intencionalidad de cometer un delito‖. ―Lo que se juzga acá es un delito, no que se grite‖, afirmó Fagúndez. El abogado, en tanto, adelantó que analiza presentar una denuncia administrativa ante la Fiscalía de Corte contra el fiscal Zubía, por un entredicho existen en los pasillos del Juzgado. Según pudo saber Caras y Caretas Portal, el fiscal habría increpado a Fagúndez por sus intervenciones en los medios de comunicación.
El canciller, Luis Almagro, aseguró que el informe que Uruguay deberá presentar para Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de ONU, que se realizará en febrero de 2014, deberá incluir los temas de desaparición forzada y la responsabilidad del Estado, y el traslado de la jueza Mariana Mota, ya que tenía más de 55 causas de delitos de lesa humanidad.
Canciller Luis Almagro Almagro participó este lunes en el evento ―Convergencias y Tensiones entre Estado, Sociedad Civil y Sistema Universal de Derechos Humanos‖. Durante dicho encuentro, diversas organizaciones de la sociedad civil uruguaya presentaron un documento con aportes para el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se realizará en febrero de 2014. En ese marco, Almagro expresó que la cancillería realizara una reunión de “evaluación” con las organizaciones de la sociedad civil para ―repasar que los temas propuestos sean incluidos, o explicar las razones de por qué otros no han sido incorporados al informe‖. El secretario de Estado dijo que entiende oportuno “incorporar” al informe los temas de “desaparición forzada y la responsabilidad del Estado”. Almagro agregó que también deberá incluirse la ―reforma de los códigos penales‖, también deberá constar el traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil, ya que tenía en carpeta más de 55 causas de delitos de lesa humanidad”. Organizaciones En el Examen Periódico las organizaciones civiles uruguayas presentarán un informe, en tanto el Estado uruguayo presentará otro, dado que así lo prevé el organismo de Naciones Unidas. Las organizaciones que participan en el documento son: ―Amnistía Internacional Uruguay, Cotidiano Mujer, Colectivo Mujeres, Mujer Ahora, CaInfo, Ielsur, Comité de los Derechos del Niño, Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida, Asociación de Amigos y Amigas del Museo de la Memoria, Colectivo de ONG de Derechos Humanos (integrado por Asociación de Madres y Familiares de uruguayos detenidos desparecidos, SERPAJ y CRYSOL), Ovejas Negras y el Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR.
Este informe ha sido elaborado con materiales de los Blog El Muerto y Noticias Uruguayas, así como artículos de prensa, aportes de periodistas, informes de testigos y otros testimonios
mar nov 5 2013 08:31 ―Nosotros volvimos anoche de la conferencia de prensa y nos encontramos con Santa Catarina ocupada por la Policía, patrulleros que a toda velocidad recorrían las calles, dos camionetas de la metropolitana con policías en la caja exhibiendo las armas y algún disparo al aire‖, explicó. Zabalza relató: ―Nos refugiamos en una carnicería y nos enteramos que había habido un asalto a un almacén de acá del barrio, de gente muy conocida, los asaltantes dispararon en dos motos antes que llegara la Policía. Cuando llego la Policía pasaban otro dos chicos en moto y a uno de ellos, Sergio Lemos, que no paró rápidamente como exige el protocolo policial le dispararon a mansalva, todo un cargador le descargó, hasta el último tiro el policía y lo mató". "Luego cargaron la moto y el cadáver en una camioneta y se lo llevaron al Centro Coordinado del Cerro. Un crimen así que esperemos que no queden impune, como tantos crímenes que quedaron en la impunidad de este país‖. Zabalza negó que el joven muerto fuera un delincuente: ―Sergio Lemos, un chico trabajador, el padre trabajo toda la vida en la construcción, yo lo conozco personalmente al chico, siempre una vida de lucha y el chiquilín estaba trabajando con el padre, era un botija tranquilo ―. ―Fue una cosa que provocó indignación en los gurises y en las madres. Los protagonistas de anoche acá en Santa Catrina fueron gurises de entre 15 y 18 años y las madres. Cualquiera de ellos podría ser la víctima de un desmán policial, en cualquier momento‖, sostuvo. No es la primera vez que sucede afirmó y dijo que ―el clima de inseguridad que hay en Santa Catarina a partir de que la Policía se ha introducido, lo provoca la propia policía‖. ―Yo tengo unos cuantos años de relaciones con las autoridades policiales y militares y yo sé cuando te pasa un patrullero despacito y te viene semblanteando para ver como reaccionas, es una forma de provocarte‖, explicó y agregó que: ―Los chiquilines caen en las provocaciones‖ ―Los chiquilines en la indignación se zarpan, eso es completamente humano y natural‖, afirmó. ―Yo no sé si será para bien o para mal, ayer si la Policía no hubiera venido cuando se terminaba de quemar las gomas los gurises se hubieran dispersado, porque no era otra cosa que una protesta, pero hicieron esos famosos cordones policiales con escudos, cascos, que parecen marcianos de la época del pachecato. Y bueno
eso lo que hace es agitar más los ánimos, enojar más a la gente, porque acababan de matar a un chiquilín, ellos salen a la protesta y entonces después viene la Policía a castigar a los que protestan que su grito era justicia, justicia‖, dijo. Y añadió: ―A veces las cosas se resuelven mejor entre vecinos, sin la presencia policial, yo creo que el ministro (Eduardo) Bonomi es también participe de la creación de un clima que tiene que ver con la impunidad y con un crecimiento de la violencia policial que no lo denuncia este ―radical‖. "Es SERPAJ, Madres y Familiares desparecidos que están percibiendo que aumentan las denuncias de desmanes policiales. Ustedes mismos lo están denunciando como el otro día cuando para reprimir un motín‖. Además, añadió que en este momento en la Policía "incentiva el gatillo fácil".
En noviembre del año pasado el Ministerio del interior declaraba que iban a entrar a los barrios con la Policía Comunitaria ya que ellos “tiene un perfil de trabajo distinto al del funcionario policial común. Tiene un proceso de selección diferente, trabaja en el terreno, busca generar confianza en los vecinos, tiene un perfil de comunicación, interactúa en el barrio para resolver problemas, y sabe escuchar”, explicaban. También lanzó una campaña de afiches que, según ellos, buscaba promover la integración social e invitaba a reflexionar sobre la estigmatización que cae en los barrios más afectados por la delincuencia. Estos afiches, con imágenes de sonrientes policías, rezaban: ”En el Borro hay muchos jóvenes que estudian, no los borres, yo los defiendo”; ”En el 40 semanas hay mucha gente que trabaja todos los días, yo los defiendo”; En el Marconi hay mucha gente que marca tarjeta, yo los defiendo; ”En Paso de la Arena hay muchos jóvenes que no se dan la papa, yo los defiendo” Hoy asesinaron a un muchacho trabajador, querido, conocido por muchos en el barrio, un joven que tenía toda una vida de aciertos y equivocaciones por delante. Hoy, lunes 4 de noviembre el barrio de Santa Catalina vuelve a sufrir el atropello y la bestialidad policial. Constatamos con dolor que esas simpáticas sonrisas y frases quedaron colgadas en los afiches de Bonomi. Aquí no los defienden, los asesinan. El adolescente Sergio Lemos es brutalmente acribillado por el simple hecho, o la mala estrella de pasar por el lugar donde se había cometido una rapiña. Al grito de alto se asusta y no detiene inmediatamente la moto que conducía, es baleado en una pierna y posteriormente le pegan varios tiros más por la espalda. Cae muerto en una cuneta antes de llegar a la esquina y aunque un delito no justifica una muerte, la triste verdad es que el chico ni siquiera tenía algo que ver con el robo a la almacen. Los habitantes del barrio están indignados, con una mezcla de dolor e impotencia explican que la policía golpeó a otros jóvenes que se acercaron a intentar auxiliar a su amigo. Como una bolsa de papas, el cuerpo de Sergio, el hijo del Chino, es arrojado a la camioneta junto a su moto. Con la voz quebrada, los vecinos cuentan que el joven era un gurí tranquilo, que trabajaba y que no se metía con nadie, una familia querida y respetada. Quienes están allí, son dolorosamente conscientes de que podía haberles tocado a cualquiera de ellos. No se pueden defender del atropello policial, de la impunidad que continuamente les recuerda que viven en un barrio estigmatizado a pesar de los bonitos afiches y los discursos de los políticos que mienten. Se escuchan muchos comentarios sobre el comportamiento de la policía en el barrio, sobre la arbitrariedad con la que se comportan. También se comenta sobre el maltrato que reciben cuando son conducidos a jefatura por tener pinta de “pichis”, lo que los convierte indefectiblemente en sospechosos.
Es tarde, pero en la plaza hay también niños y niñas, madres y padres. El común denominador es el comentario de “no puede ser, no pueden hacer esto”. Bronca, frustración, duele hasta la médula; hoy es el hijo del Chino, mañana puede ser uno de los míos piensan. Prenden fuego algunas llantas, llega un camión de bomberos que estaciona por la calle Victor Hugo, a varios metros de donde nos encontramos reunidos los vecinos. Algunos gurises quieren tirar piedras, es duro el dolor cuando se ata en la garganta como una soga que ahorca, cuando se instala como una bola de fuego en la boca del estomago. La mayoría los persuade de que mantengan la calma. Llegan varios autos de la policía que paran también a prudente distancia, se queman más cosas, se corea pidiendo justicia… si, justicia, esa palabra que al entender de muchos de nosotros ha perdido sentido ahogada en el mar de impunidad reinante. La oportuna llegada de la prensa aplaca un poco los ánimos, es importante que esto se sepa, que se escuche este pedido de justicia, los milicos no arremeten mientras hay cámaras, saben que están en falta, ¿pero son conscientes de que se convirtieron una vez más en asesinos del pueblo? Ayer me sentí orgullosa de vivir en Santa Catalina, de compartir la indignación de un pueblo dolido y de la valentía que demostraron al expresarlo.Sin embargo, siento vergüenza de que algunos se titulen de izquierda, de que se mientan defensores de los derechos de los desprotegidos y vulnerados mientras en realidad los atropellan y vejan, los hacinan en vergonzosas cárceles, los torturan y convierten en un número de un expediente... Los “daños colaterales” que está provocando la política de represión del ministro del interior, nos duelen a muchos y nos está costando caro en vidas, vidas que importan. Si la policía no se hacía presente en fantástico despliegue de poder represivo, los vecinos se dispersaban antes, pero al verlos bajar de los vehículos, munidos de cascos, chalecos y escudos, apenas un par de horas después de haber asesinado a un botija, se encendió la rabia y se avivó el dolor. ¿Acaso piensan los “superiores” que mueven a estos títeres armados, que el pueblo no tiene derecho a estar indignado, a sentirse vulnerado y jodido hasta el cansancio y a manifestarlo?, ¿acaso se olvida Bonomi and company de la lucha de los Tupamaros?, esa historia que los llevó al gobierno. Padecen una amnesia de acomodo político, olvidan los tiempos en los que parecía que por sus venas corría la sangre que hierve de indignación frente a la injusticia: “La sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano...”
La policía fusiló un joven en Santa Catalina (supuestamente por haber robado un almacen, cosa desmentida por vecinxs) Tras varios abusos policiales denunciados y hasta afirmados por el ministro Bonomi. HOY LA POLICIA FUSILA UN JOVEN. En este momento vecinxs de la zona están cortando la calle y quemando gomas. BASTA DE ABUSO!!! CALLE VICTOR HUGO A LA ENTRADA Testimonio de zabalza - joven ejecutado en santa catalina
En Santa Catalina robaron un almacén y la policía mató a un pibe que pasaba por ahí y no tenía nada que ver. La policía mató a un botija de 16 años en Santa Catalina. Que le tiraron un tiro en la pierna y luego lo remataron. La policía asesinó esta noche a un joven en Santa Catalina, de inmediato los vecinos salieron a protestar en repudio a la represion
Impotencia me da, desde donde estoy a 3 cuadras, solo veo fuego gente , mierdas y mula luces de patrulleros. DISPAROS Y COMPAÑEROS GRITANDO. Los efectivos policiales llegaron a efectuar disparos al aire, pero los vecinos se mantuvieron tras los piquetes, dos por Víctor Hugo y otro más en continuación Burdeos, donde la gente intentaba aislar la zona y evitar el ingreso de las unidades. Uno de los jerarcas intentó negociar con los vecinos, intentando convencerlos de permitir el ingreso de la Policía Técnica para reconstruir lo ocurrido. Varios vecinos lo rodeaban y gritaban: ―Justicia, justicia‖. Además, el efectivo informaba a los vecinos que el principal de la Guardia Republicana, Robert Iroa, iba a ingresar a la zona. Varios patrulleros, camionetas, van de la Policía y camiones camuflados de la Unidad de Operativos Especiales (Unoe) trasladaron a los efectivos con armas cortas y largas, escudos transparentes, cascos. ―Si llegan a tirar piedras, vamos a empezar a los cohetazos‖, gritó un policía que se bajó de un patrullero para hacerse paso en el piquete de continuación Burdeos y Victor Hugo, donde varias mujeres pedían a los muchachos que se llevara adelante la protesta en forma pacífica, ya que si se llegaban a tirar piedras se retiraban.
Tres piquetes con quema de llantas, ramas, troncos, muebles, colchones, contenedores y maderas obtenidas
en construcciones de la zona fueron armados por vecinos que culpaban a la Policía de matar a un joven por error, supuestamente. Los efectivos policiales llegaron a efectuar disparos al aire, pero los vecinos se mantuvieron tras los piquetes, dos por Víctor Hugo y otro más en continuación Burdeos, donde la gente intentaba aislar la zona y evitar el ingreso de las unidades. Uno de los jerarcas intentó negociar con los vecinos, intentando convencerlos de permitir el ingreso de la Policía Técnica para reconstruir lo ocurrido. Varios vecinos lo rodeaban y gritaban: ―Justicia, justicia‖. Además, el efectivo informaba a los vecinos que el principal de la Guardia Republicana, Robert Iroa, iba a ingresar a la zona. Varios patrulleros, camionetas, van de la Policía y camiones camuflados de la Unidad de Operativos Especiales (Unoe) trasladaron a los efectivos con armas cortas y largas, escudos transparentes, cascos. ―Si llegan a tirar piedras, vamos a empezar a los cohetazos‖, gritó un policía que se bajó de un patrullero para hacerse paso en el piquete de continuación Burdeos y Victor Hugo, donde varias mujeres pedían a los muchachos que se llevara adelante la protesta en forma pacífica, ya que si se llegaban a tirar piedras se retiraban. En el piquete realizado en Rubén Darío y Víctor Hugo, los jóvenes encendían las motos y hacían ruidos con caños de escape, en repuesta desafiante a los efectivos que dispararon algunos tiros al aire. Previamente, por versiones de los vecinos, hubo un par de ómnibus apedreados en la zona. Uno fue un 124 que contaba con una guarda femenina, al cual se le llegó a prender fuego, apagado por un vecino con un bomberito. Los ómnibus acortaron el servicio, llegando a bajo de Valencia. Según pudo averiguar Unoticias, los incidentes ocurrieron tras el robo a una comerciante conocida en la zona por el apodo de Perica. La gente del barrio de zona oeste de Montevideo sostiene la versión que los efectivos llegaron cuando los ladrones -que fueron sindicados como de fuera de Santa Catalina e incluso, de barrio Casabó- se habían fugado. Durante el procedimiento, pasaron dos muchachos en moto. Se les dio voz de alto que desoyeron, tras lo cual se les disparó. Siempre según la versión recogida entre los vecinos, uno de los jóvenes falleció y el otro resultó herido. Sin embargo, los vecinos sostienen que el joven fallecido era un trabajador sin antecedentes penales, que trabajaba en una barraca con el padre a pocas cuadras donde fue presuntamente ultimado. Las medidas de protesta se organizaron de inmediato. Se trata de una zona en la cual hay muchas obras instalación de una regasificadora, sexta línea de bombeo de la OSE, Plan de Saneamientos IV, cluster marítimo, construcción de locales de liceo y UTU. En consecuencia, algunos jóvenes obtuvieron maderas de las obras, además de cortar árboles con sierras eléctricas para hacer piquetes con fuego. Uno de los vecinos, Fabricio, sostuvo: ―No eran del barrio los que robaron. Salieron del almacén, corriendo, hay testigos. La policía llegó, no se si estaba cerca‖. ―Unos muchachos que sí son del barrio estaban cerca, Chino, Sergio y Marcelo; la policía descargó siete
disparos contra el más chico, que era Sergio. Al hermano, lo agarraron y se lo llevaron‖. ―Se equivocaron. Eso habrá que investigarlo, las autoridades verán‖, acotó Fabricio, quien hace veinte años que vive en el barrio, asegurando que ―los botijas no estaban en ninguna mala‖, sino que estaban en sus motos y supuso que no oyeron la voz de alto por el ruido de los motores. ―Prácticamente, vaciaron un cargador contra el mas chico, que era Sergio‖, agregó y recalcó que no estaban armados. Fabricio descontó que la gente del barrio se movilizará y realizará reclamos a las autoridades, destacando que no es el primera vez que ocurren supuestos desbordes policiales en la zona, especialmente contra jóvenes. ― Hubo problemas por agresiones y detenciones aparentemente injustas. Algo hay que hacer por el barrio porque siempre pasa lo mismo‖. Fuente UNoticias
ARGENTINA: SE ENCONTRARON EN UN SUBSUELO DEL EDIFICIO CONDOR DOCUMENTOS INEDITOS DE LA ULTIMA DICTADURA Actas secretas, biblioratos y listas negras
El ministro de Defensa durante el acto, con Madres de Plaza de Mayo. Imagen: Pablo Piovano Por Ailín Bullentini - Página 12 ―SECRETO‖. Así, en mayúscula y como introducción a todo lo que seguirá desde esa línea hacia abajo, comienzan las actas de los encuentros formales que compartieron los representantes de las diferentes fuerzas en la Junta Militar durante la última dictadura. Fueron 280 las reuniones que sucedieron entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, según los originales de las actas que fueron encontrados en el subsuelo de la sede central de la Fuerza Aérea. En una decena de ellas, según los registros que permanecieron escondidos durante más de tres décadas, los genocidas trataron ―el problema de Papel Prensa‖ y ―el arresto de los familiares e implicados en el caso Graiver‖. En otras tantas, se ordena que ―se debe evitar el uso del término ‗personas desaparecidas‘, utilizando, en cambio, ‗pedidos de paraderos de personas‘‖. Tras un análisis preliminar, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, ponderó el ―valor histórico‖ de la documentación hallada, que comprende además 1500 biblioratos, carpetas con planes de gobierno y fundamentos ideológicos a lo que los genocidas llamaron el Proceso de Reorganización Nacional. Dejó a criterio de la Justicia la decisión respecto de su valor jurídico. ―Es la primera vez que tenemos acceso a una documentación de esta índole‖, destacó el ministro que, además, remarcó: ―El hallazgo demuestra que la expectativa que todos mantenemos acerca de que pudiese seguir existiendo documentación (sobre el accionar de la última dictadura cívico-militar) no es en vano‖. El jueves pasado, el jefe del Estado Mayor general de la Fuerza Aérea, brigadier Mario Callejo, llamó al ministro de Defensa con una noticia llamativa: en una ―limpieza‖ en el subsuelo del edificio Cóndor de la Fuerza Aérea habían encontrado ―documentación que prima facie parecía resultar sensible al período histórico comprendido entre 1976 y 1983, la última dictadura militar‖, relató Rossi ayer en el marco de la conferencia de prensa a la que citó a medios, organismos de derechos humanos y representantes de la cúpula de las Fuerzas Armadas. La Dirección de Derechos Humanos de la cartera, a cargo de Stella Segado, y de Asuntos Jurídicos, a cargo de Graciana Peñafort, hicieron en estos días un análisis preliminar de los papeles resguardados en dos cajas fuertes, dos armarios y una estantería durante treinta años. Ayer, Rossi limitó en seis meses la tarea de sistematización en profundidad de la información, que estará a cargo de la Dirección de Derechos Humanos del ministerio. Entre las documentación hallada hay:
n 1500 biblioratos. n Seis carpetas que contienen las actas originales de los encuentros que la Junta Militar mantuvo mientras duró su gobierno de terror, en las que quedaron registros de que discutieron sobre desaparecidos, sobre la detención de la familia Graiver, dueña de Papel Prensa, y sobre esa empresa. También sobre el conflicto con Chile por el canal de Beagle y la Ley de Radiodifusión. n Documentación de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, informes que ―daban sustento doctrinario o ideológico al plan de gobierno de los genocidas, planificación de la estrategia a largo plazo. n Registros de los pedidos que llegaban a la Junta por hombres y mujeres que desaparecían a diario, información sobre algunas empresas como Aluar y Papel Prensa, listas negras de artistas, comunicadores e intelectuales. Antes y después de detallar el contenido general de los archivos encontrados, Rossi destacó cómo se produjo esa revelación: ―Llegamos a esta documentación por una información que nos brindó el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, un integrante de la cúpula de las Fuerzas Armadas. No porque estábamos investigando nosotros, no por una investigación judicial, y eso es un hecho cualitativo absolutamente distinto de otras situaciones en las que se han encontrado documentos relacionados con la última dictadura‖, subrayó Rossi y, en esa línea, lo relacionó con la ―misión‖ que le encomendó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al nombrarlo al frente de la cartera: ―La Presidenta me dijo que había que empezar a construir una nueva relación entre las Fuerzas y la sociedad, integradas a un proyecto de Nación, fuertemente vinculadas con la sociedad civil y prestigiosas. Este hecho demuestra que así se está actuando‖. También ayer, el ministro firmó una resolución que llama a los miembros de las Fuerzas Armadas a ―intensificar la requisa en lugares no habituales de tránsito y uso (de las diferentes dependencias) ante la posibilidad de que pueda existir más documentación que ayude a ir consolidando la idea de memoria, verdad y justicia‖. En ese sentido, destacó la presencia de la cúpula militar en la conferencia como un ―cambio de época‖ y un ―aporte a los festejos de los 30 años de democracia‖. ―La Justicia determinará el valor jurídico que los documentos puedan tener a las causas abiertas‖, mencionó Rossi. Para Peñafort, el valor jurídico de los papeles es ―casi inédito‖: ―Estamos tratando con documentación original que en los juicios en los que se discute la política económica de la dictadura, por ejemplo, servirán para dar cuenta de un plan económico y sistemático hecho en violación a la Constitución y a los derechos humanos de quienes eran accionistas de las sociedades‖. En cuanto a la historia, la directora de Asuntos Jurídicos de la cartera de Defensa coincidió con el titular, ya que ―semejante cantidad de información, en relativo buen estado y sistematizada en su mayor parte, original, permite pensar que es posible encontrar otra información muy preciada y esperanzadora que conduzcan a datos que permitan resolver dudas sobre los hijos, sobre los nietos‖.
Buenos Aires, 4 nov (EFE).- El Gobierno argentino anunció hoy el descubrimiento de documentos secretos clave de la última dictadura (1976-1983), incluyendo todas las actas de las juntas militares y "listas negras" de perseguidos políticos, intelectuales y artistas, material de gran valor histórico que será aportado a la Justicia. "Después de 30 años de democracia, aparece documentación original y claramente valiosa", destacó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, al anunciar el hallazgo. Los documentos fueron encontrados el pasado jueves, durante tareas de limpieza, en un subsuelo del edificio Cóndor, de Buenos Aires, que depende de la Fuerza Aérea, y han sido trasladados a otro edificio, donde ya son estudiados por una docena de expertos, según el funcionario. Entre el material descubierto, hay 1.500 carpetas que estaban guardadas dentro de dos caja fuertes y dos armarios, seis de las cuales contienen todas las actas secretas de las juntas militares, un total de 280 actas originales en los que los jerarcas dejaron sentadas sus posiciones sobre distintos asuntos. Rossi destacó que es la primera vez que se tiene acceso a un material de este tipo, que cubre desde el día del golpe militar, el 24 de marzo de 1976, hasta el 10 de diciembre de 1983, cuando Argentina retornó a la democracia. El ministro subrayó que la documentación cuenta con la "ventaja" de que está "ordenada, clasificada y hasta con un índice temático". En estas actas hay información sobre las relaciones con países como Chile y el Reino Unido, y sobre requerimientos de organismos internacionales y de familiares de desaparecidos. También el "plan de acción de gobierno" de los militares, con una etapa fundacional, que iría, según lo planeado, hasta la década de 1990, y otra etapa, denominada la "nueva República", que llegaría hasta el año 2000. Según Rossi, asimismo hay documentación sobre los sectores económicos civiles que apoyaron el régimen y un acta sobre el caso de la familia Graiver, que ahora la Justicia investiga si fue obligada por la dictadura a vender Papel Prensa, fabrica de papel para periódicos, a los diarios Clarín, La Nación y La Razón. "En el acta queda claramente demostrado que para la junta militar el tratamiento de los arrestos de los familiares de Graiver se analizaba junto con el tema de Papel Prensa. La detención de la familia estaba relacionada con la venta de Papel Prensa", aseveró Rossi. También hay actas sobre el tratamiento que se dio a diferentes empresas, como Aerolíneas Argentinas, y la nacionalización de la siderúrgica Aluar. Además, se hallaron tres libros de "mesa de entrada", donde se asentaban las comunicaciones dirigidas a las fuerzas militares, como las solicitudes de las familias que querían saber del paradero de sus hijos desaparecidos. Entre estos pedidos, figura el de Hebe de Bonafini, titular de las Madres de Plaza de Mayo, con dos hijos desaparecidos. Además, se encontraron, entre otros documentos, "listas negras" de 331 perseguidos políticos, entre intelectuales, comunicadores y artistas, divididos en cuatro niveles, según su supuesto grado de
"peligrosidad". En estas listas aparecen, entre otros, los actores Norma Aleandro, Federico Luppi y Héctor Alterio, los escritores Julio Cortázar y María Elena Walsh y la cantante Mercedes Sosa. Rossi destacó que toda esta documentación tiene un "valor histórico relevante" y que será la Justicia la que decidirá si este material tiene además valor "jurídico" para las distintas causas abiertas y los juicios en curso por delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen de facto que, según organizaciones humanitarias, hizo desaparecer a cerca de 30.000 personas. El ministro sostuvo que este hallazgo mantiene viva la "esperanza" de encontrar otros documentos secretos y para ello, dijo, instruyó a las Fuerzas Armadas para que se intensifique la búsqueda de material de este tipo en sitios no convencionales. Rossi adelantó que dio un plazo de seis meses a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio para el estudio y clasificación exhaustivos de toda la documentación encontrada.
por Casapueblos Lunes, 04 de Noviembre de 2013 14:15
Comienzan los alegatos en el juicio por la represión de la dictadura en Tucumán
(Casapueblos-AEDD) Querellantes requirieron que el escribano Juan Carlos Benedicto sea condenado a 15 años como presunto autor material de tormentos. Los alegatos comenzaron el jueves y se extenderán durante todo el mes. En el TOF esperan que la sentencia sea en diciembre. "Esta es la familia Rondoletto. Quiero hablar de quiénes eran. Porque detrás de cada unas de estas fotos (las de los desaparecidos que estaban en la sala) hay historias". La abogada Julia Vitar levantó la imagen en
blanco y negro que reúne a los cinco integrantes detenidos-desaparecidos. En la primera fila, Marta Rondoletto, la única miembro que sobrevivió, abrazaba otra imagen de sus parientes. Vitar y su co-querellante Inés Lugones alegaron durante la mañana de ayer en la megacausa "Arsenales IIJefatura II". Recordaron el secuestro del que hoy se cumplen 37 años; el saqueo de la vivienda y la imprenta; los dichos de testigos que vieron a sus miembros en el Arsenal y la minuciosa declaración del ex gendarme Antonio Cruz sobre el fusilamiento y posterior quema de los dos hombres (padre e hijo) del grupo familiar. De la misma manera, y tras una extensa argumentación técnica, las letradas repasaron las historias de las 13 víctimas de los casos que representan: Pedro, María, Silvia y Jorge Rondoletto y Azucena Bermejo de Rontoletto (embarazada); Nélida Sosa de Forti; María Margarita Laskowski (sobreviviente) y Adolfo Méndez Brander; José Díaz Saravia y Teresa Guerrero de Díaz Saravia; Ricardo Salinas y Silvina Parrile de Salinas y Enrique Campos. Explicaron, citando doctrina y jurisprudencia, que pedirían que los crímenes fueran considerados no sólo como de lesa humanidad, sino como integrantes del delito internacional de genocidio. Requirieron penas -de cumplimiento efectivo en cárceles - para la mayoría de los 41 imputados por violación de domicilio (por las víctimas que fueron sacadas de sus casas), privación ilegítima de la libertad con apremios, tormentos agravados y homicidio calificado (a excepción de Laskowski). Requirieron prisión perpetua para Camilo Colotti, Luis Ocaranza, Roberto Albornoz, Luis Varela, Fernando Torres y Ramón Ojeda Fuentes (autores mediatos) y Luis De Cándido, Luisa Acosta, Ángel Moreno, Rolando Reyes Quintana, Ricardo Sánchez, Félix Insaurralde, Antonio Vercellone, Guillermo Ugarte,Juan Abraham, Pedro Pasteris, Miguel Chuchuy Linares, Oscar Gómez, Tomás Güemes, Ernesto Rivero, Alberto Montes de Oca, José Sowinski, Benito Palomo (partícipes necesarios). Pidieron 20 años de cárcel para Pedro Caballero y Hugo Soto (partícipes secundarios). Por último, solicitaron que el escribano Juan Carlos Benedicto fuera condenado a 15 años de prisión por considerarlo autor material de tormentos agravados contra Méndez Brander. En sus justificaciones, las querellantes habían detallado cómo funcionaron los centros clandestinos que, según la Justicia, funcionaron en el Arsenal y la Jefatura en los 70 y otros más pequeños del "circuito represivo". También hicieron hincapié en las docenas de testimonios que dieron cuenta de actos de violencia sexual a los que habrían sido sometidos los cautivos. "Este juicio traerá paz y tranquilidad para muchos tucumanos. Aunque esto no implique para las familias que sus seres queridos vuelvan. Sí será un acto de justicia y de reparación. Será una forma de poner en práctica algo que Marta Rondoletto manifestó en su declaración: 'No nos han vencido'. Es así, porque 30 años después, nosotros seguimos pidiendo justicia y haciendo memoria", concluyó Vitar. Apuntes del juicio Tareas de inteligencia.- Las querellantes remarcaron que las tareas de inteligencia eran desarrolladas por el Ejército, la Policía y la Side y luego, centralizadas. Detallaron que la "Comunidad Informativa" (con representantes de todas las fuerzas) valoraba la información y confeccionaban listas de futuros detenidos. Luego de que "las patotas" secuestraban, seguían los interrogatorios y las torturas. De allí, afirmaron, obtenían nuevos datos para nuevas detenciones ilegales. Secuelas para cuatro generaciones.- La abogada Lugones recordó que especialistas mencionaron en la megacausa que existe un "daño transgeneracional" de los crímenes de lesa humanidad. "El daño atraviesa hasta cuatro generaciones. Porque, por ejemplo, no se efectúan los ritos funerarios, no hay duelo", afirmó. En las fosas.- Los restos de una de las víctimas representada por la querella Vitar-Lugones fueron reconocidos en una de las fosas comunes del Arsenal. Se trata de Ricardo Salinas. Había sido secuestrado el en enero de 1977 en Jujuy. "Toda la población era el enemigo".- Vitar explicó que el Operativo Independencia fue un "plan sistemático de violación de Derechos Humanos". "Para los ejecutores, toda la población civil era el enemigo 'subversivo'", fundamentó. Argumentó que, de acuerdo con la doctrina militar, todo el que no estaba de acuerdo con el modelo que pretendían implementar era considerado un "elemento" a eliminar. Violencia sexual en CCD.- "Los actos de violencia sexual como violaciones, desnudez colectiva, esterilización forzada, abortos y mutilación de órganos sexuales fueron sistemáticos", concluyeron las letradas tras enumerar testimonios de cruentos ataques sexuales que habían ocurrido en la Jefatura y el Arsenal. Apropiación de niños.- La querella hizo hincapié en la posible apropiación de niños, porque la víctima Azucena Bermejo estaba embarazada de cuatro meses. "No sabemos el destino de ese hijo. Estos jóvenes,
como él, tienen entre 35 y 40 años y siguen estando secuestrados porque tienen su identidad apropiada", consignó Vitar. Citó testimonios acerca de supuestos abortos inducidos en los CCD. Más alegatos.- Al cierre de esta edición alegaban los abogados de Andhes, Valentina García Salemi y Daniel Weisemberg. Luego, lo haría Emilio Guagnini. Fuente: La Gaceta http://represorestucuman.blogspot.com.es/2013/11/piden-prision-perpetua-para-23-de-los.html
EMPEZO EL JUICIO ORAL POR EL ASESINATO DEL OBISPO ENRIQUE ANGELELLI
El obispo Enrique Angelelli fue asesinado el 4 de agosto de 1976. Imagen: Telam Página 12
―En esta causa queda particularmente demostrado que el terrorismo de Estado actuó criminalmente bajo el amparo de la jerarquía de la Iglesia Católica en Argentina‖, se escuchó ayer durante la primera audiencia del juicio oral por el asesinato, en agosto de 1976, del obispo de La Rioja Enrique Angelelli. Los acusados son el ex comodoro Luis Fernando Estrella y el ex general Luciano Benjamín Menéndez. El juicio comenzó ayer al mediodía, después de que se pudieran solucionar algunos problemas técnicos. La jornada consistió en la lectura de la elevación a juicio realizada por la fiscalía. Los jueces José Camilo Quiroga Uriburu (presidente), Carlos Julio Lascano (del Tribunal Federal Nº 1 de Córdoba) y Juan Carlos Reynaga (del Tribunal Federal de Catamarca) serán los encargados de dictar sentencia. Mario Garzón (del Juzgado Federal de San Francisco, Córdoba) fue nombrado magistrado suplente. Junto con los dos represores que serán juzgados, habían sido acusados también por este caso el ex ministro de Interior Albano Harguindeguy, el dictador Jorge Rafael Videla y Juan Carlos Romero, quien estuvo a cargo del Departamento de Informaciones (D2) de La Rioja, pero los tres fallecieron antes de que se inicie el proceso judicial. Además de los fiscales generales Michel Horacio Salman y Darío Illanes, serán parte acusadora Miguel Angel Morales –por la Organización Tiempo Latinoamericano– y María Elena Coseano, sobrina del obispo.
Pedro Goyochea y Mirta Sánchez representarán al Obispado de La Rioja y Guillermo Díaz Martínez y Bernardo Lobo Bugeau a las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia. El 4 de agosto de 1976, el entonces obispo de La Rioja regresaba desde la ciudad de Chamical a la capital provincial, tras participar de una misa en memoria de los sacerdotes asesinados que pertenecían a su diócesis, los padres Carlos Murias y Gabriel Longueville. Angelelli viajaba en una camioneta Fiat 125 Multicarga junto al ex sacerdote y amigo personal Arturo Pinto cuando, según testigos y el mismo Pinto, un automóvil de color blanco se cruzó por delante de la camioneta provocando su vuelco. Producto de los tumbos dados por el vehículo, Angelelli salió despedido y murió en el acto, en tanto que Pinto quedó dentro de la camioneta con diversas heridas. En términos de prueba, el juicio revisará documentos, actas y sobre todo testimonios que desde el primer día dan cuenta del atentado, tal como señaló la elevación: ―Podemos afirmar con seguridad que la colisión automovilística donde monseñor Enrique Angelelli perdió la vida fue provocada de forma deliberada por otro vehículo que venía siguiéndolos‖ a él y al sacerdote Arturo Pinto, que salvó su vida milagrosamente. Pero también, las querellas –a excepción probablemente del Obispado– evaluarán en dos direcciones el rol de la Iglesia. Por un lado, trabajarán sobre las pruebas del desamparo en el que la jerarquía dejó al obispo a sabiendas de que estaba amenazado y en peligro. Y por otro lado, se volverá sobre la insistencia de la Iglesia en calificar este hecho desde siempre bajo la hipótesis del accidente. Luis Baronetto, querellante por Tiempo Latinoamericano, recuerda que ―el obispo llevaba oculta tras el asiento de su camioneta la carpeta con la información reunida sobre el asesinato de los dos sacerdotes de Chamical. Una fotocopia de esa carpeta fue vista por el policía federal Peregrino Fernández en el escritorio de Albano Harguindeguy, entonces ministro del Interior. Así consta en el expediente judicial. Fue el motivo inmediato del crimen, que en realidad se preparó desde mucho antes con el ataque a la pastoral diocesana‖.
El vicario junto a Videla en la inauguración de la capilla Cristo Rey en la Casa Rosada Por Ariel Lede y Lucas Bilbao * - Página 12 El 28 de junio de 1957, el Vaticano y el gobierno dictatorial del general Pedro Eugenio Aramburu firmaron el Acuerdo sobre jurisdicción castrense y asistencia religiosa de las fuerzas armadas, erigiendo en Argentina un vicariato castrense ―para atender el cuidado espiritual de los militares de Tierra, Mar y Aire‖. La jurisdicción de este vicariato era ―personal‖ y no ―territorial‖, es decir, su feligresía se extendía a todos los militares, independientemente de la diócesis donde se encontraban. Al mismo tiempo, disponía que en las ―zonas militares‖ esa jurisdicción era ―acumulativa con la de los obispos diocesanos‖, aunque el vicario y los capellanes militares la ejercían ―primaria y principalmente‖. Así, la nueva institución generó un doble movimiento respecto de los obispos territoriales: se superpuso y se independizó de ellos. Este ordenamiento territorial se convirtió en uno de los motivos de conflicto entre el vicariato y los obispos diocesanos del ala renovadora. La otra razón era doctrinaria y política. Desde los inicios de la década de 1970 se produjeron conflictos con obispos como De Nevares, Devoto, Marozzi, Ponce de León y Enrique Angelelli, asesinado por los militares en agosto de 1976. Desde su llegada a La Rioja en 1968, Angelelli sufrió hostigamiento y persecución por parte de las fuerzas armadas a causa de su trabajo pastoral en favor de los campesinos, la promoción del Movimiento Rural Diocesano y su enfrentamiento con la elite terrateniente. Para 1976, la ―espiral de violencia‖ que denunciaba había alcanzado su punto más agudo, ante lo cual escribió al resto de los obispos, el 25 de febrero: ―Entiendo que el asunto va más allá de La Rioja, nos incumbe a todos... solicito a mis hermanos obispos, porque urge, una evaluación más profunda... Necesitamos urgentemente clarificar la misión que nos corresponde a las Diócesis y a la Vicaría Castrense... Es hora que abramos los ojos y no dejemos que generales del Ejército usurpen la misión de velar por la Fe Católica... No es casualidad querer contraponer la Iglesia de Pío XII a la de Juan y Pablo... Hoy cae un Vicario General [el 12 de febrero había sido detenido Esteban Inestal por orden del Ejército]; mañana (muy próximo) caerá un Obispo. Por ahí se me cruza por la cabeza el pensamiento de que el Señor anda necesitando la cárcel o la vida de algún Obispo para despertar y vivir más profundamente nuestra colegialidad episcopal‖. El provicario castrense Victorio Bonamín, a cargo de más de 200 capellanes militares, registró en su diario personal el 5 de marzo de 1976 una conversación con el vicario Adolfo Tortolo. El tema: ―Una carta desorbitada de Angelelli contra los militares de La Rioja por las detenciones‖. Como respuesta a las persecuciones por parte de los jefes militares, al rechazo del sacerdote Gabriel Longueville como capellán de la base aérea de Chamical, y a la inacción del Episcopado, Angelelli ensayó un nuevo intento defensivo: declaró la pena de entredicho, un tipo de censura eclesiástica mediante la cual prohibía al clero riojano oficiar misa en el Centro de Experimentación y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados (Celpa). Esta resolución dejaba a los militares afuera de la distribución de los ―bienes religiosos‖, adquiriendo el hecho un significado político. Por esta razón, desde la base aérea recurrieron al provicario castrense, quien el 27 de junio asistió al quince aniversario del Celpa invitado por el Estado Mayor ―en vista de la triste situación espiritual de nuestra gente, sobre la cual pesa la pena de ‗entredicho‘ – práctico– sancionada por el obispo diocesano‖, subrayó en su diario. En la homilía, Bonamín desafió a Angelelli, diciendo a los soldados: ―Por deficiencia nuestra, tal vez por deficiencia del Vicariato Castrense que yo represento, carecéis de una asistencia espiritual a la que tenéis derecho y a la que todos deberemos venir en auxilio. [...] El veneno que pueda haber en algunas criaturas no está dispuesto por Dios para el mal del hombre. Todo ello ha entrado por las argucias del demonio, y de quienes están de su parte. Son trabajadores de la muerte y han de sufrir sus consecuencias‖.
Además de Bonamín, participaron de la misa el capellán Felipe Pelanda López (denunciado ante la Conadep por colaborar en los interrogatorios y justificar la aplicación de tormentos a los detenidos) y el sacerdote Julio César Goyochea, antiguo opositor de Angelelli a quien el diario riojano presentó amablemente como ―ayudante de la vicaría castrense‖. Respecto de Goyochea, anotó Bonamín: ―posible candidato a Capellán de Celpa, si lo deja el obispo...‖. La intención de Angelelli era que la asistencia religiosa en la base aérea estuviera a cargo del párroco de Chamical, Gabriel Longueville, pero Bonamín tejía una estrategia para ubicar allí a un sacerdote ligado ideológicamente al vicariato. Ese día Bonamín almorzó con los jefes militares Lázaro Antonio Aguirre y Luis Fernando Estrella, este último miembro de Falange de Fe, un desprendimiento del grupo integrista Ciudad Católica que logró cierta adhesión en la Fuerza Aérea. Apenas 21 días después, el 18 de julio, Estrella participaría del homicidio de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Rogelio Longueville. El tribunal de La Rioja, en la sentencia que lo condenó a prisión perpetua en diciembre de 2012, expuso que estos asesinatos no fueron hechos aislados, ―deben interpretarse y comprenderse precisamente en el contexto de un plan sistemático de eliminación de opositores políticos. [...] Murias y Longueville formaban parte de un grupo de la Iglesia, de un sector de la misma, considerados ‗enemigo‘ y ‗blanco‘ [...], por tanto un elemento subversivo a eliminar‖ (TOF La Rioja, 7/12/2012). El 4 de agosto asesinaron a Angelelli en un simulado accidente automovilístico. El prelado les había advertido a los obispos que sería ―el próximo‖. La caracterización de Angelelli como enemigo político, la indiferencia cómplice del Episcopado y la exacerbación de la violencia militar por parte del vicariato castrense son algunos de los elementos que conforman el contexto del asesinato. La complicidad pasiva y activa de la jerarquía eclesiástica es inocultable. El Episcopado sostuvo desde un comienzo –y hasta la actualidad– la versión oficial del ―accidente‖, aun cuando L‘Osservatore Romano – órgano de prensa del Vaticano– puso en duda las circunstancias de la muerte, publicando que el fallecimiento se produjo ―en un misterioso accidente automovilístico‖. Sugestivamente, el 18 de agosto se reunió la Comisión Ejecutiva del Episcopado y emitió un comunicado en ―fraterna solidaridad‖ con el obispo Vicente Zazpe, detenido en Ecuador el 12 de agosto en el marco de una reunión de cristianos latinoamericanos. Nada dijo sobre la muerte de Angelelli, ocurrida catorce días antes. El papel del vicariato castrense fue todavía más activo. Utilizando su influencia sobre los militares, participó en la construcción de una imagen negativa del obispo riojano y socavó la legitimidad de su ministerio episcopal y pastoral. Tanto el aspecto políticoideológico como el jurisdiccional son factores explicativos de un conflicto que derivó en crimen. El vicariato debe ser considerado un actor funcional a la estrategia de los militares de ir cercando y quitando apoyos a Angelelli. Tal afirmación está avalada por las conversaciones, que Bonamín revela en su diario (02/09/1976), posteriores al asesinato: ―En reunión de Obispos me involucraban a mí por la homilía de Celpa!‖. Se refiere a una de las reuniones que los miembros de la Comisión Ejecutiva del Episcopado (arzobispos Primatesta, Zazpe y Aramburu) mantuvieron con Videla y el nuncio Pío Laghi el 22 de julio de 1976. Allí los arzobispos atribuyeron a Bonamín responsabilidad en la acentuación de la hostilidad de los militares hacia el clero riojano. Fue el mismo Zazpe quien se lo insinuó por carta a Angelelli poco antes de su muerte: ―Con respecto a Mons. Bonamín, creo que las cosas pueden tomar un cariz desagradable para él, ya que la actuación en Chamical fue descabelladamente desacertada‖. Bonamín estaba en Europa el día del asesinato, pero el 2 de septiembre, a pocos días de su regreso al país, anotó en su diario: ―Mons. Angelelli: ¿un tiro en la cabeza?‖. El interrogante de Bonamín es contundente al confirmar que Angelelli era uno de los ―asesinables‖ y fortalece la hipótesis del homicidio, si pensamos que se trata de un funcionario religioso que ocupaba una importante posición en el entramado castrense, con acceso al tráfico y circulación de información confidencial (hecho que queda confirmado con la lectura de sus diarios personales). Y, lo que es más sugerente, guarda relación con los resultados de la necropsia practicada por los peritos forenses de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2009: ―La causa del fallecimiento está en relación directa a fracturas múltiples de cráneo...‖. Si bien no murió por disparo de arma de fuego, ―existe hundimiento de zona occipital con desprendimiento de sustancia ósea que se encuentra desplazada hacia el interior del cráneo‖. En 2001, pasados veinticinco años del asesinato, los obispos argentinos se vieron obligados a hablar de
Angelelli, aunque cuidándose de no mencionar la palabra ―asesinato‖. Según concluyeron después de largas meditaciones, al obispo riojano ―la muerte lo encontró‖. El recurso metafísico en declaraciones sobre hechos notoriamente concretos es una constante entre los prelados argentinos. En realidad, la muerte ―lo encontró‖ porque contaba con servicios de inteligencia, planificación, sicarios y bendición episcopal. Testigos directos de una época y de una complicidad institucional, los diarios de Bonamín esperan en la estantería a ser llamados a declarar. En la memoria colectiva parece estar cada vez más clara la idea de que la última dictadura fue cívico-militar-religiosa. Resta aún que sea citada por los tribunales.
por Kaos. América Latina Sábado, 02 de Noviembre de 2013 15:32
15 de noviembre a las 17Hs. Desde el Obelisco hasta LA Casa de Anta Cruz.
Organismos de Derechos Humanos, Organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas exigen la absolución de los once trabajadores injustamente imputado
s en la muerte del policía Sayago, ocurrida en la pueblada de esa localidad santacruceña en el año 2006. Denuncian además las torturas de las que fueron víctimas los trabajadores. El documento dice: ―Con una causa armada y llena de irregularidades, utilizando métodos de tortura y amenazas, se intenta responsabilizar a los procesados y condenarlos a cadena perpetua y coacción agravada. Denunciamos al juzgado, que sigue adelante, con el pedido de condena, con testimonios arrancados bajo torturas. Tan armado es este juicio, que el fiscal de cámara rechazó en dos oportunidades la elevación a juicio oral de la causa por estar plagada de nulidades. Durante el trascurso del mismo y en los alegatos, los abogados defensores de los petroleros (amenazados constantemente por este tribunal y sancionados) demostraron la inocencia de los trabajadores por no encontrase pruebas. Las únicas pruebas que se pudieron demostrar fueron las torturas, los apremios ilegales, las vejaciones y las amenazas que sufrieron los petroleros, por la policía provincial durante los tres años que estuvieron detenidos. Un accionar propio de la dictadura militar. Este juicio, es uno de los más graves ataques que se está llevando adelante contra los trabajadores, desde el 83 a esta parte, por haber salido a pelear por sus derechos. Su único objetivo es dar una condena ejemplificadora, para evitar que los trabajadores vuelvan a salir a luchar. De concretarse, estas condenas, no sólo arruinaría injustamente la vida de estos trabajadores y sus familias, sino que sentaría un gravísimo antecedente para el conjunto de los trabajadores y luchadores de todo el país. Por esto exigimos la absolución para todos los trabajadores‖. http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=11972
Publicado el 20 Octubre 2013 Escrito por Londres 38-Espacio de Memorias/ Clarín
En el marco de los 40 años del golpe de Estado cívico-militar, Londres 38, ex centro de detención, tortura y exterminio, busca relevar la importancia del derecho al libre acceso a la información y a los archivos, para la plena vigencia de los derechos humanos y de los derechos civiles en general. El secreto es antidemocrático y entorpece los procesos de Verdad y Justicia, perpetuando la impunidad de los culpables. Por ello, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene la obligación de entregar toda la información disponible, y no puede ampararse en la sola afirmación de la inexistencia de los documentos solicitados, o en restricciones de acceso, como son la privacidad de las personas o la
seguridad nacional, causales habituales de reserva para negar el acceso. A fin de hacer efectivo el derecho al libre acceso a la información en poder de los órganos de la administración del Estado, para alcanzar la Verdad y la Justicia, hasta ahora negadas, desde Londres 38, espacio de memorias, exigimos la desclasificación y apertura de los siguientes archivos: Archivos de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Rettig) y de las dos Comisiones sobre Prisión Política y Tortura (Valech), que reúnen declaraciones de las propias víctimas y diversos documentos, a los cuales se les impuso arbitrariamente 50 años de secreto, a pesar de ser información necesaria para esclarecer lo sucedido, hacer justicia y castigar a los culpables. Archivos de la ex Colonia Dignidad incautados en 2005, que podrían ser claves para develar casos de graves violaciones a los derechos humanos durante la Dictadura. Se trata de miles de documentos y fichas producidas por esta organización criminal y que, amparándose en la Ley de Inteligencia Nacional, han sido calificadas como ―secreto de Estado‖, por el juez Jorge Zepeda. Archivos aun en poder de las fuerzas armadas, policiales y de inteligencia. Considerando el tiempo transcurrido y que estos organismos construyeron archivos y produjeron gran cantidad de información, demandamos al Estado su desclasificación y, en caso de haber sido destruidos, dar a conocer los elementos que lo acreditan. Una democracia se mide por la posibilidad que las personas tienen de participar efectivamente en la toma de decisiones; pero, su participación depende, en buena medida, de la información con la que cuentan. Es por ello que el libre acceso a la información es un principio democrático fundamental, inherente al Derecho a la Información y a la Libertad de Expresión. La cultura del secreto en los poderes de Estado es una herencia de la Dictadura, que debe erradicarse.
Chile: Las 40 mil fichas ocultas de Colonia Dignidad involucran al ejército y la DINA/CNI en crímenes y estafas
Publicado el 04 Noviembre 2013 Escrito por Virginia Vidal- Clarín
El ministro en visita a cargo de la Colonia Dignidad, juez Jorge Zepeda, tiene bien guardadas las 40 mil fichas en que la gente de Paul Schaefer anotó durante décadas desde los más mínimos detalles de la vida cotidiana en la Colonia Dignidad hasta los grandes secretos que hasta el día de hoy se esconden — especialmente la muy estrecha relación con el ejército y la DINA/CNI; producción y tráfico internacional de armas y drogas; personalidades chilenas y alemanas y de otros países involucradas en esas y otras actividades ilegales; políticos de ambos países que colaboraron con Schaefer; destino de los detenidosdesaparecidos en la Colonia ; lavado de inmensas sumas de dinero; orgías sexuales, etc. Zepeda, que está a punto de cerrar su investigación de ya ocho años sobre la Colonia Dignidad, dice que nunca jamás va a dar a conocer el contenido de las fichas, argumentando que ‖si lo haría, pondría en peligro la seguridad del Estado de Chile ―. Es decir, hay secretos de Estado que no deben develarse. Las fichas están escondidas en el sótano de la sede de Inteligencia Nacional de la PDI en Nuñoa. La Colonia Dignidad fue, especialmente a partir del golpe hasta su fin en 2005, una organización criminal internacional altamente sofisticada y peligrosa. Ojalá la transmisión de documental de Al Jazeera a partir del 7 de noviembre así como nuevas investigaciones , revelaciones y denuncias contribuyan a promover una campaña para exigir a la futura presidenta Bachelet que ordene dar conocer el contenido de las fichas. Ningún gobierno desde 1990 ha hecho el esfuerzo para investigar a fondo los secretos más oscuros de la Colonia Dignidad . Tampoco lo ha hecho el gobierno alemán. Winfried Hempel , nacido en la Colonia Dignidad en 1977 , figura central del documental está preparando en su condición de abogado acusaciones en contra del Estado alemán ( por omisión ) y el chileno ( igualmente por omisión , pero también por acción : durante todos los años de la dictadura ). Muestran Documental de Aljazeera sobre Colonia Dignidad Fechas y horarios del documental de 55 minutos de Al Jazeera International TV sobre la Colonia Dignidad , según GMT (Chile : 3 horas menos ). Jueves 7 nov : 8 PM GMT ( Chile menos 3 ) Viernes 8 : 12 AM GMT Sábado 9 : 01 AM GMT Domingo 10 : 6 AM GMT Lunes 11 : 20:00 GMT Martes 12 : 11:30 AM GMT Miercoles 13 : 01 AM GMT Jueves 14 : 6 AM GMT En los países países donde no existe/no hay acceso al canal AlJazeera International TV ( inglés ) , se puede ver el documental on-line a partir del primer día de su transmisión ( 7 nov. ) entrando al sitio: www.aljazeera.com y anotar en casilla ‖search ‖el nombre del programa : Correspondents . Título : ‖ The Colony : Chile‘s darkest secret ―. Los próximos días aparecerá en la página web de Al Jazeera un video de promoción del documental ; y en diciembre el canal divulgará en su magazin digital ( premiado internacionalmente ) un informe sobre el trabajo que significó investigar el tema Colonia Dignidad y producir y dirigir el documental.
Chile: Revelan los millonarios pagos que la DINA hizo a diarios durante la dictadura
por Cambio 21 Lunes, 04 de Noviembre de 2013 16:41
Los informes fueron en la Corte Suprema en el marco de la investigación del crimen de Orlando Letelier, donde encabeza el listado el dueño de El Mercurio Agustín Edwards. El diario El Mercurio, algunos de sus medios asociados, y el consorcio periodístico Copesa recibieron dinero de la DINA en 1975, pagos efectuados mediante cheques desde una cuenta encubierta de la DINA en el Banco de Crédito e Inversiones cuyo titular era Manuel Contreras, director del organismo represor de la dictadura. Además de El Mercurio y Copesa recibieron dinero los diarios Las Últimas Noticias, El Diario Austral, La Nación, La Prensa, El Día y La Discusión de Chillán, los semanarios Qué Pasa y Ercilla y las agencias internacionales de noticias United Press International (UPI) y France Press, además de la agencia nacional Orbe, según un informe de la Corte Suprema que fue dado a conocer por la agencia española EFE. El semanario Cambio21 en su edición de este miércoles incluye un completo reportaje sobre el tema. Dicho informe está adscrito al expediente sobre el crimen del ex canciller Orlando Letelier y, según la nota, los dineros fueron cobrados desde la cuenta corriente N° 13280724 del Banco de Crédito e Inversiones que figuraba a nombre de la "Dirección de Rehabilitación Nacional, DINAR". Organismos de derechos humanos consultados por esta información estiman que los pagos de la DINA a la prensa ayudan a explicar no sólo el ocultamiento de las violaciones de los derechos humanos a la opinión pública, sino también su complicidad con montajes como el de la Operación Colombo: 119 detenidos desaparecidos que los medios hicieron figurar como ejecutados por sus propios compañeros en Argentina producto de rencillas políticas internas o muertos en inventados enfrentamientos con las fuerzas policiales argentinas. También está el crimen de Rinconada de Maipú, en el que algunos periodistas "cubrieron la espalda" de la DINA difundiendo un falso enfrentamiento con agentes, cuando los prisioneros salieron muertos desde Villa Grimaldi, tal como confirmó la investigación judicial sobre el caso. Información conocida recientemente reveló que la DINA también financió desde la cuenta "DINAR" a distintos estamentos del Ejército, como su Comandancia en Jefe, el Comando de Institutos Militares, CIM, el Batallón de Telecomunicaciones, la Escuela de Infantería de San Bernardo, los regimientos de Infantería N°4 "Arauco" y N° 9 de Chillán, el Instituto Geográfico Militar y la Fábrica de Materiales y Armamento, Famae. La propia Junta de Gobierno, la Secretaría General de Gobierno y la Escuela Naval, cobraron dinero aportado por el órgano represivo. Todos los cheques fueron cobrados en "escudos", la moneda vigente en Chile hasta el 29 de septiembre de 1975, cuando fue cambiada al actual peso (para calcular después de esa fecha, 1.000 escudos es igual a 1
peso). De acuerdo al informe de la Corte Suprema, la DINA manejó miles de millones de escudos cuando el sueldo mínimo de la época era de 27 mil escudos. Desde esta cuenta también fueron pagados con altas sumas mensuales los principales agentes, entre ellos Marcelo Moren Brito, Pedro Espinoza, Christoph Willikie, Eduardo Iturriaga Neumann, Cristián Labbé y Juan Morales Salgado, además de la amante de Contreras, su secretaria Nélida Gutiérrez, y la enfermera Carlota Bolumburu, que inyectaba a los prisioneros para morir en la Clínica Santa Lucía.
São Paulo: Praça e Memorial Vladimir Herzog
por Isabel Harari Lunes, 04 de Noviembre de 2013 11:49
―Vlado somos nós, Vlado somos todos nós‖ Colaborador 38 anos após o assassinato de Vladimir Herzog, grande parte dos crimes da quase cinquentenária sanguinária ditadura permanecem na escuridão. ―Vlado somos todos nós‖ Câmara Municipal de São Paulo inaugurou a Praça e Memorial Vladimir Herzog, localizada na Rua Santo Antônio, atrás do Palácio Anchieta, centro de São Paulo. A data foi escolhida pois no dia 25 de outubro completam-se 38 anos do assassinato do jornalista Vladimir Herzog pelo aparato repressor do regime militar. Vlado tornou-se um símbolo da luta por memória, verdade, justiça. O jornalista iniciou sua carreira como repórter no Estado de São Paulo em 1959. Entrou para a televisão em 1963, no ―Show de Notícias‖ da TV Excelsior e após dois anos no programa foi contratado pela BBC de Londres, onde permaneceu até 68. Herzog volta para o Brasil como editor cultural da revista Visão. Herzog se tornou diretor do Departamento de Jornalismo da TV Cultura em 1972. A vontade de veicular uma programação que revelasse a potencialidade da cultura brasileira e a realidade de seu povo, contrariando a censura instituída pela ditadura militar e os programas de cunho nacionalista impostos pelo regime, aumentou a pressão sobre o jornal e o próprio jornalista. ―Uma campanha articulada pelos órgãos de repressão, montada pelos militares da chamada linha dura, acusava-o de colocar o noticiário da emissora a serviço da subversão comunista‖, relatou Audálio Dantas, no livro ―As duas guerras de Vlado Herzog‖ (Editora Civilização Brasileira, 2012). O recrudescimento da chamada ―linha dura‖ da ditadura militar teve seu auge em meados dos anos 70. Com a instituição do Ato Institucional número 5, em dezembro de 1968, uma onda de repressão sem precedentes passou a atingir milhares de pessoas. O governo militar detinha o poder e o utilizava de todas as formas para barrar o ―avanço comunista‖. Por meio da censura, a cúpula militar escondia nos porões as atrocidades cometidas de forma arbitrária a qualquer um que se opusesse ao regime. Sob suspeita de manter ligações com o Partido Comunista, Herzog foi convocado para prestar depoimento e se apresentou ao DOI-CODI, o Destacamento de Operações Internas - Comando Operacional de Informações do II Exército, por volta das 9h da manhã do dia 25 de outubro de 1975. Foi torturado e
assassinado. Os agentes da ditadura fraudaram o atestado de óbito. O laudo necroscópico, assinado pelo médico legista Harry Shibata, confirmou o suposto suicídio, ―asfixia mecânica por enforcamento‖, diz o documento. No dia seguinte já se exigia esclarecimentos sobre as reais circunstancias em que ocorrera a morte de Herzog. O Sindicato dos Jornalistas teve papel fundamental, juntamente com a família do jornalista, para trazer à tona os fatos do assassinato. Somente em setembro de 2012, mais de trinta anos depois e após um pedido da Comissão Nacional da Verdade (CNV), foi determinada a retificação do atestado de óbito de Vladimir Herzog, que agora consta que sua ―morte decorreu de lesões e maus tratos sofridos em dependência do II Exército – SP (DOICODI)‖. A decisão representa uma vitória na luta pelo resgate da memória do país. No entanto, 38 anos após o seu assassinato, grande parte dos crimes da quase cinquentenária ditadura permanecem na escuridão, e a impunidade dos torturadores é uma realidade mesmo frente à instituição da Comissão Nacional da Verdade. No livro de Audálio Dantas, Fernando Birri, cineasta argentino e amigo de Herzog elucida: ―Vlado somos nós, Vlado somos todos nós‖.
Rio de Janeiro: Comissão da Verdade: “Desconstruir a Operação Condor”
por Dario Pignotti Lunes, 04 de Noviembre de 2013 11:55
"Cristiano,Descamisado,Montonero" colaborador Semana passada, no Rio de Janeiro, importante passo foi dado no sentido de montar as partes da Operação Condor com o início da investigação da trama argentino-brasileira: Operação Morcego e Norberto Habegger Habegger e Barbosa: Desconstruir a Operação Condor Dario Pignotti A última fase da Operação Condor aconteceu quando as ditaduras começaram a retroceder e, em sua retirada, colocaram armadilhas para quem pretendesse conhecer a verdade. Para garantir o esquecimento foram ocultados arquivos, se estabeleceram pactos de silêncio, foram sancionadas leis de impunidade (Anistia de 1979) e até foram eliminados arquivos vivos como o assassinato, em 1992, do cientista chileno Eugenio Berrios, que desenvolveu o gás Sarin para Pinochet, ou a suspeita morte do delegado Sergio Paranhos Fleury, em 1979. A Comissão da Verdade foi criada em 2011 pela presidenta Dilma Rousseff com o propósito de reconstruir, pena por pena, a Operação Condor, o que poderia derivar no esclarecimento da morte do ex-presidente João Goulart, encurralado por seus perseguidores brasileiros, argentinos e uruguaios. Esta semana, no Rio de Janeiro, um importante passo foi dado no sentido de montar as partes da trama da Operação Condor, com o início da investigação da Operação Morcego, através da qual foram eliminados os
guerrilheiros argentinos que desembarcavam no Rio de Janeiro para depois continuarem viagem a Buenos Aires, onde planejavam executar a "contraofensiva" para acabar com a ditadura. Uma das primeiras vítimas da Condor-Morcego foi o combatente Ernesto Habegger, sequestrado e desaparecido entre julho e agosto de 1978 por um grupo de tarefas brasileiro-argentino no Aeroporto do Galeão. "Há muitos anos eu não visitava o aeroporto do Rio, onde sequestraram meu pai… trinta e tantos anos. Em 1978, eu estava no México quando ele viajou ao Brasil. Por alguma razão teve que passar tanto tempo para que finalmente eu me decidisse ver o lugar onde meu pai caiu em mãos de repressores argentinos e possivelmente brasileiros. Ver este lugar foi forte. Minha mãe ainda não veio. Talvez algum dia venha, agora que as coisas começam a funcionar. Sinto que o Brasil está se mexendo" declarou Andrés Habegger entrevistado por Carta Maior. A luta para dar com o paradeiro de Norberto Habegger foi iniciada em 1978, por sua esposa Florinda, também ex-presa política que, do México, enviou correspondências desesperadas às organizações jornalísticas e às autoridades de fato, das quais recebeu respostas evasivas ou cínicas. Como a que escreveu um funcionário chamado Euclides Pereira de Mendonça numa linguagem irônica, afirmando que, dado que o senhor Habegger costumava utilizar documentos falsos, é difícil determinar onde se encontrava. Na quarta-feira passada, Andrés Habegger prestou testemunho sobre o acontecido com seu pai diante da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, a cidade onde se estabeleceu um dos enclaves do Batalhão 601 de Inteligência do Exército Argentino, com conhecimento e colaboração, é claro, de seus pares brasileiros. "Me parece óbvio que este sequestro de Norberto Habberger não se deu só com a participação de militares argentinos, também teve brasileiros, queremos saber quem foi" declarou o responsável pela Comissão da Verdade carioca Wadih Damous. "Vamos realizar um requerimento para que o juiz que está a cargo do processo (Operação Condor) na Argentina inclua uma linha de investigação que considere todas as circunstâncias que rodearam a desaparição do jornalista Habegger". O raciocínio de Wadih Damous, também secretário de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, poderia ser resumido nesta fórmula: é determinante somar as investigações em curso no Rio e no Primeiro Tribunal Federal de Buenos Aires para tirar da sombra o capítulo carioca da Operação Condor, amparado na impunidade que lhe conceda lei de (auto)anistia, promulgada por decreto militar de 1979, que proíbe a Justiça de abrir processos contra os agentes da ditadura. "Acho que o processo na Argentina, de alguma maneira, vai repercutir aqui. É um espelho muito forte. Eu estive este ano na primeira audiência do tribunal na causa da Operação Condor, quando nomearam os vinte e tantos acusados e, realmente, vê-los lá foi algo muito forte. É um avanço que tem que ter seguimento aqui porque eram parte do mesmo" diz Andrés Habegger. "Se derrubassem a lei de Anistia nós, como familiares de Norberto Habegger, estaríamos dispostos a ser parte em um processo aqui no Brasil". Após o desembarque de Andrés no Aeroporto do Galeão, é esperada a chegada, nos próximos dias, de Pilar Calveiro, ex-prisioneira na ESMA (centro de detenção clandestino da Marinha em Buenos Aires) e viúva do combatente Horacio Domingo Campiglia, capturado nessa mesma base aérea em março de 1980. As engrenagens com as quais operava a Operação Condor brasileira são as menos conhecidas na região, uma circunstância na qual se apoiam as empresas jornalísticas, benditas e enriquecidas nos 21 anos de ditadura, veja-se a Globo, para sustentar que o regime se envolveu pouco com a parte subversiva sulamericana. Uma tese facilmente contestável. A trama argentino-brasileira em torno da Operação Morcego, subproduto da Condor, por si só sustenta que a articulação na qual participavam os generais brasileiros "não era algo circunstancial, nem era menor.
Porque para que se autorize a aterrissagem de um avião militar, como o que teria levado meu pai à Argentina, em um aeroporto internacional, é porque houve uma autorização oficial que vem de um nível alto do Estado", raciocina Andrés. E, apesar de que a operação Condor foi concebida por agentes de vários países em novembro de 1975, em Santiago do Chile, pelo coronel pinochetista Manuel Contreras, o Brasil já contava com sua própria multinacional terrorista pelo menos desde 1970. Ou seja, os ditadores Emilio Garrastazu Médici (19691974) e Ernesto Geisel (1974-1979), haviam construído uma máquina sem fronteiras de sequestrar e matar antes que seus sócios Videla, Pinochet e Bordaberry. Um exemplo: em dezembro de 1970, o acionar coordenado de repressores e diplomatas brasileiros apoiou o sequestro, em Buenos Aires, por parte de policiais locais, do coronel dissidente Jefferson Cardim Osorio, que dias depois seria deportado clandestinamente ao Brasil com o consentimento do embaixador Francisco Azeredo da Silveira, o preferido de Henry Kissinger. Mais detalhes: o coronel democrático Cardim Osorio foi enviado, em avião da Aeronáutica Brasileira, de Buenos Aires ao Aeroporto do Galeão, onde ficou detido, como outros militantes brasileiros prófugos Isto indica que a estação do Rio, onde caiu Habegger em 1978, funcionou como centro clandestino desde 1970 até março de 1980, quando ali raptaram Campiglia.
"Considero que em algum momento, com a chegada de novos ministros ao Supremo Tribunal, irá mudando a posição atual, que é favorável à Anistia‖, declarou o juiz presidente do STF, Joaquim Barbosa. Falou durante uma conversa informal com este repórter, em seu gabinete, depois de oferecer uma entrevista coletiva a uma dezena de correspondentes estrangeiros. "Ministro, posso citar seu comentário?", perguntei. "Cite e ponha que me inclino a favor dos julgamentos" respondeu. Outro ponto tratado naquele breve diálogo de 28 de fevereiro foi a desvantagem do Brasil frente a outros países que participaram na operação Condor. Na Argentina, por exemplo, vários repressores foram condenados. "Aqui é diferente da Argentina, inclusive do Chile. Nós estamos em dívida com o que acontece em toda a região", ponderou o titular do Supremo conversando de pé, junto a uma janela da qual se divisa, há 300 metros, o Palácio do Planalto. Em 2010, o Supremo brasileiro desafiou a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) ao declarar a constitucionalidade da (auto)anistia militar. "Eu não tive a mesma opinião que a maioria sobre a decisão da CIDH, minha posição era minoritária em 2010", lembrou Barbosa. Desde então se aposentaram vários magistrados conservadores, sensíveis ao lobby militar, e foram substituídos por juízes progressistas como o constitucionalista Roberto Barroso, cuja nomeação foi avalizada este ano por Dilma Rousseff. Apesar de que sobrevivem em seu seio algumas múmias, o Supremo renovou praticamente a metade de seus quadros nos últimos anos, tornando-se mais permeável ao argumento da CIDH sobre a abertura de processos. Na semana passada, depois de quase três anos de relações distantes entre o STF e a CIDH, o juiz Barbosa recebeu o titular do organismo hemisférico, Diego García Sayán, que manifestou sua esperança de que, mais
cedo ou mais tarde, o terrorismo de Estado será objeto de revisão judicial. "Cada país tem seu tempo para punir seus agentes… no Brasil há um caminho aberto" comentou, medindo cada palavra, o peruano García Sayán. A (auto)anistia promulgada pelo ditador João Baptista Figueiredo, chefe dos serviços de inteligência e suposto homem do Brasil na Operação Condor, conspira ao mesmo tempo contra o esclarecimento da repressão interna e as ações coordenadas com a Argentina, como a Operação Morcego, na qual caíram vários quadros montoneros, o primeiro deles Ernesto Habegger. Tradução: Libório Júnior - Créditos da foto: ururau
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