Source: https://es.scribd.com/doc/11446029/ContralorIa-General-de-La-RepUblica-Finalizado
Timestamp: 2016-07-29 18:33:27+00:00

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Perú Año - MMIX
PRESENTACION Los alumnos de la asignatura de Derecho Presupuestario y Financiero de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Tecnológica de los Andes – Cusco; pone a consideración de la comunidad académica de la U.T.E.A. – Cusco; así como del docente Dr. Romell Barrionuevo, el presente trabajo de investigación monográfica; intitulada “CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA” dada la magnitud e importancia que reviste esta Institución de control gubernamental en la marcha del Estado.
La metodología empleada en la elaboración de la monografía, puesta a consideración del lector; fue la metodología descriptiva; dado el hecho que la Contraloría General de la República al ser un Órgano Autónomo Constitucional; tiene establecido sus funciones; y atribuciones en la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República; así como, los Manuales de Organización y Funciones, y Estructura Orgánica; nos ha permitido estructurar y explicar sobre el funcionamiento de la misma; en tanto que empleamos la metodología analítica; a efectos de ahondar la materia de Control Gubernamental y el Sistema Nacional de Control consultando textos y exposiciones como las de Jonh Wiley; y la Constitución Comentada de la Gaceta Jurídica; César Ochoa Cardich.
Apelamos al buen criterio del lector, sobre las limitaciones, deficiencias o tópicos que pudieron ser obviados involuntariamente en la elaboración del presente texto; invocando, consultar la página web contraloría.gob.pe a efectos de profundizar sus interrogantes e inquietudes.
TEMARIO 1. Marco Conceptual del Control Evolución Constitucional del Control y Contralor. 1.1 Reseña histórica 1.2 Definición 1.3 Función del Control 1.4 Tipos 1.5 Principios 2. Sistema nacional de control en el Perú y control gubernamental 2.1 Sistema nacional de control Atribuciones del sistema nacional de control: Conformación del sistema nacional de control. Entidades sujetas al sistema 2.2 Definición de control gubernamental Funciones Funcionarios Evolución normativa Competencia constitucional Competencias legales Estructura orgánica 3. Casos prácticos Lucha contra la corrupción Servicio de atención de denuncias Quienes pueden presentar una denuncia Algunos ejemplos de irregularidades a cargo del servicio de atención de denuncias • • • utilización de prestamos sobre valoraciones fondo de compensación municipal
nepotismo vaso de leche
Caracteristicas que deben tener los presuntos hechos irregulares Que hace el servicio de atencion de denuncias con una solicitud de verificacion Como debo presentar mi solicitud Como me informo del resultado de mi solicitud Solicitud de acceso a la información pública Bibliografia Anexos Ubicación de principales sedes de la C.G.R.
1. Marco Conceptual del Control Evolución Constitucional del Control y Contralor. Los antecedentes en materia de revisión del gasto público se remontan al período colonial. El rey español Felipe II promulgó la creación de tres Tribunales de Cuentas en 1605, cuyas oficinas principales se ubicaron en Lima, Ciudad de México y en Santa Fe, Colombia. Estos Tribunales de Cuentas devinieron en instituciones para el control político y económico de las colonias americanas durante los siguientes dos siglos. Iniciado el período republicano en nuestra primera Carta Constitucional, la de 1823, en el inciso 13 del artículo 60 se estableció como una de las atribuciones exclusivas del Congreso: "Examinar y aprobar la inversión de los caudales públicos". En la Constitución de 1834 se previó, en el numeral 8 del artículo 101, entre las atribuciones del Consejo de Estado1 la de: examinar la cuenta de los gastos hechos en el año anterior y los presupuestos de los gastos del año entrante, que tres meses antes de abrir el Congreso su sesión anual, debe presentarle el ministro de Hacienda, y con sus observaciones pasar uno y otro a la Cámara de Diputados. Se trató del primer antecedente constitucional de la Cuenta General de la República. Durante el siglo XIX siguió vigente el modelo español de Tribunal Mayor de Cuentas. En 1903 durante el régimen del presidente José Pardo se introducen reformas a este Tribunal mediante el reglamento orgánico expedido por decreto de 30 de abril de 19082. Cabe señalar que en materia de fiscalización de las finanzas públicas resulta un hito relevante la Ley Orgánica de Presupuesto de 1922, Ley N° 4598, que
1 La primera Carta Constitucional que previó el Consejo de Estado fue la de 1828, que actuaría como comisión permanente del cuerpo legislativo en receso del Congreso. Asimismo, tenía una naturaleza de cuerpo consultivo del Poder Ejecutivo. En la Carta de 1828 se estableció que estaba compuesto por diez senadores elegidos por ambas Cámaras (senadores y diputados) a pluralidad absoluta. Debía velar por la observancia de la Constitución y las leyes y debía formar expediente sobre cualquier infracción para dar cuenta al Congreso. Véase: SORIA LUJÁN, Daniel. Los mecanismos iniciales de defensa de la Constitución: el poder conservador y el Consejo de Estado (1839-1855), resumen de la tesis para optar el título de abogado. En: ''Pensamiento Constitucional", N° 5, Lima, 1998, pp. 355-375 2 BASADRE,Jorge. Historia de la República del Pem. Tomo X, p. 2479.
rigió hasta 19623. Es así que las reformas más importantes en materia de control de las finanzas públicas recién se producen durante el régimen autoritario de Leguía con la creación de la Contraloría General de la República por decreto de 26 de setiembre de 1929. Era similar a otras entidades análogas como la chilena, creada en 1927 como producto de la Misión Kemmerer. Sobre el tema cabe citar al historiador peruano Jorge Basadre4: ''La Contraloría General era semejante a las entidades que, creadas por sugestión del economista norteamericano Kemmerer, funcionaban con éxito en diversos países de América del Sur. Pero en el Perú solo peruanos intervinieron en su establecimiento y organización. Se quiso lograr con esta oficina la centralización en el movimiento de las Direcciones del Tesoro, Contabilidad y Crédito Público y vigilar, además que no fueran contraídas por los distintos departamentos de la administración estatal obligaciones por sumas mayores a los recursos legalmente disponibles ciñendo los gastos a las cifras consignadas en el Presupuesto para procurar así que la ejecución de este se efectuara rigurosamente, de acuerdo a con las leyes y resoluciones pertinentes. [...] El establecimiento de la Contraloría fue un acierto del régimen de Leguía. Surgida al iniciarse la depresión no evitó, sin embargo, el desorden fiscal que venía arrastrándose durante varios años. Un presupuesto preciso y racional, una Contraloría eficiente para la supervigilancia sobre los pagos y gastos y un Tribunal Mayor de Cuentas alerta y severo para cautelar las inversiones de ellos son los elementos ideales para fundamentar una ejemplar política hacendaría. El Perú no los tuvo entonces; tampoco los había tenido más tarde. La Contraloría ha sido, por desgracia, una oficina demasiado subalterna, demasiado mediatizada dentro del Ministerio del ramo". Es así que la Constitución de 1933, en su artículo 10, estableció que un
3 Como señala Jorge Basadre, en su obra citada, Tomo XII, pp. 2973-2974: "En su memoria de 1923 el ministro Abraham Rodríguez Dulanto dejó constancia de las graves deficiencias que representaba la Cuenta General de la República dentro del régimen presupuestal que había estado vigente hasta entonces. Se trataba, dijo, de un documento oscuro e impreciso, en el que faltaban elementos básicos del activo y del pasivo tales como los saldos por cobrar y los ingresos y egresos adicionales que aparecían englobados y confundidos. Con ello vetó las cifras que habían sido oficialmente publicadas sobre la historia de los Presupuestos en el país". Recién con la Ley N° 4598 se introdujo reformas para evitar estos vicios 4 BASADRE,Jorge. Ob. cit., p. 2976.
departamento especial, cuyo funcionamiento estará sujeto a la ley controlará la ejecución del Presupuesto General de la República y la gestión de las entidades que recauden o administren rentas o bienes del Estado. Se previó que el jefe de este Departamento será nombrado por el Presidente de la República con acuerdo del Consejo de Ministros. Obviamente aludía a la ya creada Contraloría General de la República, la cual es especialmente potenciada en sus atribuciones durante el periodo del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas con el Decreto Ley N° 19039 (1968-1980)5. Recién esta nueva Contraloría es reconocida por primera vez en la Carta de 1979 como un organismo autónomo de relevancia constitucional en el artículo 146. Se le encomendó supervigilar la ejecución de los presupuestos del Sector Público, de las operaciones de la deuda pública y de la gestión y utilización de bienes y recursos públicos. En un Estado Democrático de Derecho el control de las finanzas públicas es una de las manifestaciones nucleares del balance de poderes. Asimismo, la fiscalización de las finanzas públicas influye en el diseño de las políticas públicas, para vigilar su implementación y combatir la mala administración estatal y la corrupción.6 2. La Contraloría y el sistema de designación del contralor La Contraloría General de la República es definida por la Constitución de 1993 5 Durante el régimen militar con la expedición, en 1971, del Decreto Ley N° 19039, Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Control, en la gestión del general Oscar Vargas Prieto se fortaleció institucionalmente a la Contraloría General. Sirvió como modelo para leyes y reformas similares en otros países de América Latina. Cabe señalar que esta norma creó las Inspectorias como órganos de control de las entidades públicas a cargo de la realización de auditorías internas. El artículo 10 estableció que los inspectores no podían ser separados de sus cargos sino por causa justificada y comprobada, previo informe de la Contraloría General de la República. Antes de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de 1971 se aplicaban sistemas de control en base de cuentas; su revisión estaba a cargo de personal empírico que seguía las prácticas de los Tribunales de Cuentas: que continuaron funcionando aun después de la Misión Kemmerer hasta los años 70. 6 UGALDE, Luis Carlos. Vigilando al ejecutivo. Miguel Ángel Porma y Cámara de Diputados. México, 2000, p. 33.
como una entidad descentralizada de Derecho Público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Se le asigna como competencias constitucionales supervisar la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. Su titular es el Contralor General designado por el Congreso, a propuesta del Poder Ejecutivo, por siete años. Puede ser removido por el Congreso por falta grave7. Sobre el órgano de control del gasto público, en el Derecho comparado prevalece el modelo de una entidad de auditoría especializada y técnica frente al arcaico modelo español del Tribunal de Cuentas. En el artículo 136 de la Constitución española de 1978 lo prevé y establece que las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por este. Asimismo, se prevé que el Tribunal de Cuentas remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que a su juicio se hubiere incurrido. Se reconoce a sus miembros las garantías de independencia e inamovilidad de los magistrados judiciales8.
7 Consideramos que no puede sino interpretarse como conducta punible apreciable por el Congreso con criterio de conciencia, en tanto no esté debidamente tipificada. Puede considerarse como tal: falta de honestidad, abandono notable de sus deberes, ineficiencia manifiesta, irregularidad en el desempeño de sus funciones. A nuestro juicio, la Constitución debiera adicionalmente prever como causas de remoción la incapacidad física o mental. 8 En América Latina cabe destacar en la dirección del modelo español a la Constitución uruguaya de 1967 que prevé en su artículo 208 un Tribunal de Cuentas de siete miembros, designados por la asamblea general, por dos tercios de votos del total de sus miembros. Se reconoce en el artículo 210 que el Tribunal de Cuentas actuará con autonomía funcional. La Carta Fundamental prevé las siguientes atribuciones del Tribunal de Cuentas uruguayo: a) Dictaminar e informar en materia de presupuestos; b) Intervenir preventivamente en los gastos y los pagos, conforme a las normas reguladoras que establecerá la ley y al solo efecto de certificar su legalidad, haciendo en su caso las observaciones correspondientes; c) Dictaminar e informar respecto de la rendición de cuentas y gestiones de los órganos del Estado, inclusive gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados, cualquiera sea su naturaleza, así como también, en cuanto a las acciones correspondientes en caso de responsabilidad, exponiendo las consideraciones y observaciones pertinentes; d) Presentar a la asamblea general la memoria anual relativa a la rendición de cuentas; e) Intervenir en todo lo relativo a la gestión financiera de los órganos del Estado, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados, y denunciar, ante quien corresponda, todas las irregularidades en el manejo de fondos públicos e infracciones a las leyes de presupuesto y contabilidad; f) Dictar las ordenanzas de contabilidad, que tendrán fuerza obligatoria para todos los órganos del Estado, gobiernos departamentales, entidades autónomas y servicios descentralizados, cualquiera sea su naturaleza; y g) Proyectar sus presupuestos que elevará al Poder Ejecutivo, para ser incluidos en los presupuestos respectivos. El Poder Ejecutivo, con las modificaciones que considere del caso, los elevará al Poder Legislativo, estándose a su resolución.
El modelo que inspira a nuestra Contraloría General de la República y la de muchos países latinoamericanos es el estadounidense de la GAO (General Accounting Office) creada por la Ley de Presupuesto y Contabilidad (Budget and Accounting Act) en el año de 1921. Esta ley confirió al Congreso el rol de principal agente de control parlamentario a cargo de un Contralor General9. En 1978 se creó en EE.UU. la Oficina del Inspector General a cargo de auditorias e investigaciones y para prevenir y detectar fraudes en la administración, constituyendo un sistema de control interno. Cabe anotar que un sistema de control interno conformado por Inspectorías al interior de las entidades del sector público estaba vigente en el Perú desde el Decreto Ley N° 19039, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control. El control externo en el Derecho comparado se desarrolla a través de oficinas nacionales de auditoria, que ejerce el control de las operaciones de gasto del ejecutivo. Es el caso, entre otros países, de Canadá, Reino Unido10, Suecia11
9 PRETEI, Humberto. Ob. cit., pp. 26-27. En ese sentido, Pretei, ob. cit., p. 44 anota que: "La ley de presupuesto y control de 1921, ya mencionada, crea la figura de un contralor general independiente del Poder Ejecutivo y regula el funcionamiento de la GAO en lo que hasta hoy constituye su estatuto básico. Esta ley no dice especificamente que la Oficina General de la Contraloria es parte del Congreso, pero al enumerar sus funciones surge claramente que responde a cualquier iniciativa de cualquiera de las dos cámaras o de sus comisiones. A poco de su creación, y por varios años, hubo intentos de restar poder a la GAO o transferirla a la órbita del Poder Ejecutivo, pero el Congreso mantuvo invariablemente el apoyo al cuerpo como un brazo independiente del Poder Legislativo". 10 En Reino Unido se creó, en 1983, la NAO (NationaIAudit. Oficce) como un brazo del Legislativo en materia de control. Humberto Pretei, ob. cit., p. 110 apunta que: "La NAO está encabezada por el contralor y auditor general, que es nombrado por la reina por recomendación del primer ministro en consulta con el presidente del comité de las cuentas públicas de la Cámara de los Comunes. Su nombramiento no tiene término fijo y solo puede ser dejado cesante por decisión de la reina o instancias de las dos cámaras legislativas. Para realzar su independencia se ha establecido que perciba su sueldo directamente de un fOfildo consolidado, sin necesidad de que haya una aprobación de fondos por parte de ningún poder. El uso de fondos por parte de la NAO es auditado por una empresa comercial de auditoria". 11 El Instrumento de Gobierno (Constitución) de Suecia dedica el capítulo 12 al "Poder de Control": el artículo 1 prevé en esta materia en el Parlamento a la Comisión Constitucional (Konstitutionsutskottet) que revisa la gestión de los Ministros, así como la administración de los asuntos de gobierno, y con este motivo tendrá acceso a las actas de los acuerdos adoptados sobre materias de gobierno y a los documentos relativos a dichos acuerdos. Es importante estudiar el modelo sueco de control parlamentario pues en nuestro país se discute la conveniencia de centralizar o no las funciones parlamentarias de control en la Comisión de Fiscalización del Congreso. Asimismo, el artículo 7 prevé que el Parlamento elige en su seno unos censores que inspeccionarán la actividad estatal, pudiendo el Parlamento acordar que la inspección de los censores abarquen también otras actividades. Los censores podrán, conforme a lo que disponga la ley, recabar los documentos, datos e informes que necesiten para su labor de inspección. Humberto Pretei, ob. cit., p. 130 señala que el Ejecutivo tiene su propio órgano de auditoria, la Oficina Nacional de Auditoria a cargo del auditor general nombrado por el Gobierno, por un periodo de seis años con la posibilidad de ser reelegido.
y Nueva Zelandia12. En América Latina cabe citar especialmente el modelo de la poderosa Contraloría General de la República de Chile. En la Constitución de 1980 se le dedica el Capítulo IX ("Contraloría General de la República") y tiene una amplia gama de competencias de control externo y fiscalización que, a nuestro juicio, la configuran en un nuevo poder del Estado. Conforme al artículo 87 de la Constitución chilena, es definida como un organismo autónomo que ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; llevará la contabilidad general de la Nación, y desempeñará las demás funciones que le asigne la ley orgánica constitucional respectiva. La Norma Suprema prevé que el Contralor General de la República es designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, y será inamovible en su cargo hasta cumplir 75 años de edad. Fundamentalmente en el modelo chileno el Contralor ejerce un control de legalidad13. Así, el artículo 88 de la Constitución prevé que el Contralor General
12 PRETEI, Humberto. Ob. cit. p. 176, señala que: "El control externo está a cargo del contralor y auditor general. La oficina" del contralor, que data de 1865, fue combinada con la del auditor general en 1878. Comprende dos grandes divisiones, una que es la oficina del auditor propiamente dicha, y otra la Audit New Zealond. La primera fija las políticas y la segunda provee los servicios. Audit. New Zealond debe competir en la provisión de sus servicios con empresas de auditoría del sector privado. La oficina del auditor general es independiente, responde al parlamento pero el plan de trabajo es definido fundamentalmente dentro de la oficina. Esta tiene un amplio campo de acción y audita y controla a todo el gobierno central, a todos los entes autónomos y las empresas del estado y a los gobiernos locales. La oficina interactúa con dos comités del parlamento, con el comité de funcionamiento del parlamento y con el comité de cuestiones administrativas del gobierno. El elemento de contralor en el título proviene de principios constitucionales, ratificados en la revisión constitucional de 1986 y en la ley de finanzas públicas de 1989, en el sentido de que se requiere un acto parlamentario para poner en vigencia un impuesto o para contraer empréstitos o para gastar cualquier suma del erario público. El contralor vigila en nombre del parlamento que estos principios se cumplan". Este es un fundamento jurídico que justifica plenamente se reforme la Constitución peruana en el sentido de que la Contraloría sea un órgano de asistencia técnica del Congreso de la República. 13 Mónica Madariaga defme el control de legalidad en los siguientes términos: "[...] persigue someter la administración a la ley y mantener la jerarquia normativa del sistema jurídico. Así, su basamento último está, en concepto de la teoría pura del Derecho de Kelsen, en la unidad de
"tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deben tramitarse por la Contraloría o representar la ilegalidad de que puedan adolecer; pero deberá darles curso cuando, a pesar de su representación, el Presidente de la República insista con la firma de todos sus Ministros, caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos decretos a la Cámara de Diputados. En ningún caso dará curso a los decretos de gastos que excedan el limite señalado en la Constitución y remitirá copia de los antecedentes a la misma Cámara". Asimismo, es competencia del Contralor General de la República" tomar razón de los decretos con fuerza de ley, debiendo representarlos cuando ellos excedan o contravengan la ley delegatoria o sean contrarios a la Constitución. Si la representación tuviera lugar con respecto a un decreto con fuerza de ley, a un decreto promulgatorio de una ley o de una reforma constitucional por apartarse del texto aprobado, o a un decreto o resolución por ser contrario a la Constitución, el Presidente de la República no tendrá la facultad de insistir, y en caso de no conformarse con la representación de la Contraloría deberá remitir los antecedentes al Tribunal Constitucional dentro del plazo de diez días, a fin de que este resuelva la controversia"14.
validación donde la norma fundamental -de índole constitucional- juega el papel de una hipótesis básica, de modo tal que, partiendo del supuesto que esta norma es válida, también resulta válido el orden jurídico que le está subordinado. Y siendo aquella una hipótesis necesaria, será válida solo la parte del restante ordenamiento que se someta íntegramente a sus prescripciones" (MADARIAGA, Mónica. Seguridad jurídica y Administración Pública en el siglo XXI. Editorial Jurídica de Chile. Santiago, 1993, p. 77). 14 MADARIAGA, Mónica. Ob. cito pp. 121-122. La autora chilena precisa que: "El organismo fiscalizador preventivo de la legalidad del acto administrativo, en nuestro sistema jurídico, es la Contraloría General de la República. (...) Recepcionado (sic) por ella un decreto o resolución, debe examinar su correspondencia con las fuentes normativas superiores del sistema. Si existe una adecuación total a esas disposiciones, dará curso sin reparos al acto sujeto a su control preventivo [...] Si a juicio del organismo fiscalizador no existiere correspondencia entre el decreto o resolución y la ley o la Constitución, deberá representar/o, absteniéndose de darle curso ordinario (oficio devolutorio). Nace aquí la facultad del Ejecutivo para insistir, mediante un decreto de insistencia, suscrito por el Presidente de la República y el gabinete en pleno, en que se ordena al Contralor se dé trámite regular al decreto inicialmente observado por el órgano de su dependencia". El Contralor no puede oponerse pero debe remitir copia de su dictamen a la Cámara de Diputados. Sobre los decretos con fuerza de ley en el ordenamiento chileno Eduardo Soto señala que "[...] no son sino actos legislativos (presidenciales) que el Presidente de la República dicta sobre determinada materias y bajo determinadas exigencias, en 'virtud de una expresa delegación de facultades que le hace el Congreso Nacional a través de una ley delegatoria" (SOTO KLOSS, Eduardo. Derecho Administrativo. Bases fundamentales. Tomo II, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1996, p. 33). Equivalen pues a nuestros decretos legislativos. Asimismo Eduardo Soto Kloss, ob. cit., afirma que los decretos promulgatorios de leyes están previstos en el ordenamiento chileno como ejercicio de una potestad legislativa del Presidente de la República dentro del procedimiento de elaboración de la ley.
En algunos países de América Latina, el Contralor General depende directamente del Presidente (Bolivia)15 y en otros depende del Congreso o está bajo su influencia (Costa Rica16, Colombia17, Argentina18). En Venezuela constituye parte es definido como autónomo integrando un poder del Estado sui géneris19. A nuestro juicio, el modelo argentino es el más innovador y acertado en materia de control del gasto público. El artículo 85 de la Carta reformada en 1994 establece que el examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoria General de la Nación, que es definida como organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional. Esta autonomía supone una prohibición de que se emitan a la Auditoria órdenes y
15 El artículo 154 de la Constitución boliviana de 1967 estableció que: "Habrá una oficina de contabilidad y contralor fiscales que se denominará Contraloría General de la República. La ley determinará las atribuciones y responsabilidades del Contralor General y de los funcionarios de su dependencia. El Contralor General dependerá directamente del Presidente de la República, será nombrado por este de la terna propuesta por el Senado y gozará de la misma inamovilidad y período que los Ministros de la Corte Suprema de Justicia". Este período es de diez años. 16 El artículo 183 de la Constitución de Costa Rica de 1949 establece que la Contraloria General de la República es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública; pero tiene absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores. Está a cargo de un Contralor y un Subcontralor. Ambos funcionarios serán nombrados por la Asamblea Legislativa, parlamento unicameral costarricense, dos años después de haberse iniciado el período presidencial, para un término de ocho años; pueden ser reelectos indefinidamente y gozarán de las inmunidades y prerrogativas de los miembros de los Supremos Poderes. El Contralor y el Subcontralor responden ante la Asamblea Legislativa por el cumplimiento de sus funciones y pueden ser removidos por ella, mediante votación no menor de las dos terceras partes del total de sus miembros, si en el expediente creado al efecto se les comprobare ineptitud o procederes incorrectos. 17 La Constitución colombiana de 1991 no prevé expresamente una dependencia directa del Congreso pero sí una estrecha vinculación con este debido a su poder en la designación del Contralor. El artículo 267 de la Constitución colombiana de 1991 prevé que el Contralor será elegido por el Congreso en pleno en el primer mes de sus sesiones para un período igual al del Presidente de la República, de tema integrada por candidatos presentados a razón de uno por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y no podrá ser reelegido para el periodo inmediato ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo. El acotado artículo prevé que solo el Congreso puede admitir las renuncias que presente el Contralor y proveer las vacantes definitivas del cargo. 18 El artículo 85 de la Constitución argentina reformada en 1994 establece que el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo 19 Según la Constitución venezolana de 1999 conforma el denominado Poder Ciudadano, con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Sus órganos gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa. Se ejerce por el Consejo Moral Republicano a que se refiere el artículo 273 de la Carta
directivas del Gobierno. Se integrará del modo que establezca la ley, que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo es designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. Nuestra propuesta es que el órgano de control externo experimente una sustancial transformación. Debe responder al Congreso pero gozando de independencia técnica en la elaboración de sus informes y pronunciamientos20. Asimismo, es interesante en el Derecho comparado tener en cuenta que en la Constitución colombiana de 1991 asigna al Contralor General, en el artículo 268, la atribución de establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso y bajo el principio de verdad sabida y buena fe guardada, exigir la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos penales a los funcionarios. Se trata de facultades que potencian el control ejercido por la Contraloría para detectar y penalizar conductas ilícitas, que en todo caso, debe ejercerse respetando los derechos fundamentales de la persona, particularmente el debido proceso y la presunción de inocencia. En la Constitución peruana de 1993 el concepto clave en materia de competencias de la Contraloría General es el de supervisión. La Norma Suprema, en el acotado artículo 82, le encomiende la supervisión de la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. La supervisión se distingue de la dirección por la titularidad del objeto, que está referida a asuntos ajenos, mientras que la dirección se refiere a cosas propias21.
20 En esa dirección, nuestro planteamiento de reforma constitucional, en: OCHOA CARDICH, César. Propuesta para un nuevo régimen económico constitucional. pp. 766-768. 21 Según el autor alemán FORSTHOFF, Tratado de Derecho Administrativo. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1958, p. 440, citado por Andrés BETANCOUR RODRÍGUEZ, en su monografía Las administraciones independientes, 2001. Andrés Betancour, ob. cit., p. 4 señala que: "El ente supervisor desarrolla su función sin confundirse con la actividad de los sujetos supervisados. En cambio, el ente director comparte con los sujetos dirigidos las actividades e incluso sus consecuencias porque es un actor más del sector correspondiente. En cierta
Consideramos que la vigilancia del Ejecutivo en la gestión del gasto obliga a que la Contraloría General en una reforma constitucional se constituya en un órgano de asistencia técnica del Congreso en materia de fiscalización y auditoria. La legislación de desarrollo constitucional debe orientar las funciones de la Contraloría a conseguir de la Administración Pública: responsabilidad, correspondencia a expectativas, información y rendición de cuentas (lo que en inglés está englobado en el concepto de accountabiliry). En esta materia es importante resaltar el rol de control político de las Comisiones parlamentarias de investigación22. El artículo 97 de la Norma Suprema que establece que: "El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial". Asimismo, prevé que para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria, excepto la información que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales. A nuestro juicio, la Contraloría debe cumplir un rol de auxilio técnico a estas Comisiones ad hoc
medida se confunde con esos sujetos porque estos realizan lo que él quiere e -incluso- en su grado extremo, el viejo principio según el cual nadie puede ser juez y parte. En el caso de la dirección no existe una equivalente posición de neutralidad. Tan es así que del director no se puede decir que es neutral sino que dirige correcta o incorrectamente, en cambio, del supervisor se podrá decir que es más o menos ecuánime, neutral o imparcial". 22 Francisco Eguiguren señala que los orígenes de la comisiones investigadoras parecen encontrarse en las prácticas del Parlamento británico, pues ya desde el siglo XIV (durante los reinados de Eduardo II Y Eduardo III) se tiene conocimiento de la conformación de comisiones -posteriormente denominadas 'Select Committees'- para indagar sobre las necesidades del Estado, sus finanzas y el empleo de los subsidios aprobados (EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Las comisiones de investigación parlamentaria: alcances, atribuciones y funcionamiento. En: "Los retos de una democracia insuficiente". Comisión Andina de Juristas, Lima, 1990, p. 250). En el Derecho Parlamentario peruano, César Delgado Guembes cita que los dos primeros casos de comisiones investigadoras de las que se tiene antecedentes corresponden a los años de 1895 y 1896, respectivamente. El primero para investigar las defraudaciones cometidas en las oficinas fiscales desde el año de 1884 y el segundo sobre la inculpación formulada por la Peruvian Corporation de haber invertido fuertes sumas de dinero en facilitar la aprobación por las Cámaras del Congreso peruano del contrato celebrado por dicha compañía sobre cancelación de la deuda externa (DELGADO GUEMBES, César. ¡Qué parlamento queremos? Cultural Cuzco, Lima, 1992, pp. 288-289).
para garantizar su eficiencia y efectividad. 1.1. RESEÑA HISTÓRICA
1.1.1. INCANATO.- En el Tahuantinsuyo existió una especie de Sistema Contable desarrollado a través de los quipus. Esta forma de control surgió como una necesidad imperiosa ante la complejidad de lo que podríamos denominar el sistema tributario incaico (mitas). Los quipus eran básicamente un conjunto de soguillas de distintos colores, anudadas de tal manera que pudieran representar cantidades. Los Quipucamayocs, quienes operaban los quipus, eran comparativamente hablando, los "contadores" de esa época. Consecuentemente, hicieron su aparición los contralores de los Contables; es decir, los encargados de supervisar que la contabilidad se lleve a cabo con toda corrección y exactitud. Estos funcionarios fueron denominados los Tuckuricos, cuyas funciones, guardando distancias, podrían ser equiparadas a las que la Constitución y la Ley encomiendan actualmente a la Contraloría General de la República. 1.1.2. COLONIA.- En la Edad Media, las Casas Reales europeas contaban con funcionarios especializados denominados Contralor o Veedor, tal como se les conocía, por ejemplo en Francia y en España, respectivamente. En la Colonia, existieron diversos mecanismos específicos de revisión contable, tales como la Junta de la Real Hacienda (Virrey La Gasca), la Contaduría Mayor de Indias y España (Rey Felipe II), la Secretaría a cargo del Libro de razón de cuentas (Virrey Toledo) y la Contaduría de cuentas y recuentas (1595). 1.1.3. El Control en la República Tribunal Mayor de Cuentas.- Al producirse la independencia y nacer la República, el Tribunal Mayor y Hacienda Real de Cuentas del Virreynato,
creado por el Rey de Felipe III de España por Real Cédula de 1605, adoptó la denominación de Tribunal de Cuentas, dependiente del Ministerio de Hacienda, cuya organización y funciones se expone a continuación de manera sucinta: Funciones, Facultades y Atribuciones.- Las instituciones del Sector Público Nacional estaban obligadas a remitirle toda la documentación de sus operaciones presupuestales. Los comprobantes recibidos eran distribuidos entre los juzgados, según las entidades asignadas a cada uno, para su revisión en lo relativo al cumplimiento de la normativa vigente aplicable. De existir errores, irregularidades administrativas, indicios de dolo o cualquier otra deficiencia, el Juzgado correspondiente confeccionaba un Pliego de reparos, que consistía en una relación de observaciones que elevaban a la Sala de Vocales (conformadas por abogados), quienes luego de un exhaustivo examen de los expedientes, emitían su dictamen, el cual, acompañado de un Proyecto de Resolución Presidencial elevaban al despacho del Sr. Presidente (Abogado) del Tribunal Mayor de Cuentas, quien debía decidir por la procedencia o improcedencia del documento. Debe anotarse que los encargados de los Juzgados no eran profesionales, sino solo empleados de carrera, poseedores de la experiencia necesaria. En cuanto a los Departamentos de Rectificación Militar y Civil, a ellos llegaban los ajustamientos (manifestados y pagos) y las planillas de sueldos y salarios de los servidores militares y civiles, respectivamente; siendo su misión revisarlos y archivarlos a fin de facilitar su consulta, dado que debían atender e informar sobre las solicitudes de dichos servidores respecto al reconocimiento de su tiempo de servicios, cuya certificación igualmente, era elevada al despacho del Sr. Presidente del Tribunal Mayor de Cuentas para su aprobación y firma. A través de su existencia, el Tribunal Mayor de Cuentas venía experimentando la misma situación ocurrida en la colonia, o sea un gran atraso en el cumplimiento de sus funciones, acumulándose por ello, cientos de expedientes sin procesar o sin concluir, situación que relacionada con las funciones que
debía cumplir la Contraloría, principalmente la de auditoría, originaba confusiones y duplicidades en el control del Sector Público Nacional. Esta situación, motivó que mediante la Ley Nº 14816-Ley Orgánica del Presupuesto Funcional de la República, dada el 16 de enero de 1964, el Tribunal Mayor de Cuentas pase a ser un organismo integrante de la Contraloría General de la República. Su presupuesto constituyó uno de los programas del Pliego de la Autoridad Superior de Control. 1.1.4. Contraloría General de la República La Contraloría General de la República del Perú fue creada por Decreto Supremo de fecha 26 de setiembre de 1929 en el gobierno del presidente Augusto B. Leguía, habiéndose publicado dicho Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano, el día miércoles 2 de octubre del año indicado. Don Ricardo Madueño y Rosas, Director General de Contabilidad del Ministerio de Hacienda, conjuntamente con un reducido equipo de colaboradores de su entorno, y en vista de la urgencia de controlar debidamente los gastos relativos al presupuesto, propuso al Ministro de Hacienda don M. G. Masías expedir por medio de Decreto Supremo —con cargo de dar cuenta al Congreso en la siguiente legislatura ordinaria—, la creación de la Contraloría General de la República, siguiendo los moldes que por entonces el economista norteamericano Edwin Walter Kemmerer se encontraba proponiendo e implementando en países como Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia. Cinco meses después, en febrero de 1930, el Congreso de la República, basándose en su mayor parte en el Decreto Supremo de 1929, aprobó la Ley correspondiente que fue promulgada el 28 de febrero por el Ejecutivo, con el N° 6784. Según el consagrado historiador de la República, don Jorge Basadre Grohman, en el Perú sólo peruanos intervinieron en su establecimiento y organización. Se quiso lograr con esta oficina la centralización en el movimiento de las direcciones del Tesoro, Contabilidad y Crédito Público y vigilar, además, que no fueran contraídas por los distintos departamentos de la administración estatal
—obligaciones por sumas mayores a los recursos legalmente disponibles, ciñendo los gastos a las cifras consignadas en el presupuesto—.
A los pocos meses de expedido el Decreto Supremo, el Congreso de la República dio la Ley Nº 6784, de fecha 28 de febrero de 1930, confiriéndole nivel legal a la existencia de la Contraloría General, disponiendo su conformación con las Direcciones del Tesoro, Contabilidad y del Crédito Público del entonces Ministerio de Hacienda. El texto de la ley, contenía en un 95% lo dispuesto en el Decreto Supremo, determinando las funciones básicas de fiscalización preventiva del gasto público, llevar la contabilidad de la Nación, preparar la Cuenta General de la República e inspección a todas y cada una de las entidades del Estado. Al expedirse la Ley Nº 14816 (16.ENE.1964), en su artículo 67, se dio a la Contraloría la calidad de Organismo autónomo con independencia administrativa y funcional, autoridad superior de control presupuestario y patrimonial del Sector Público Nacional, sin perjuicio de la máxima facultad fiscalizadora del Congreso de la República. Además, la Ley dispuso en su artículo 94 que la función de la fiscalización previa sea sólo de responsabilidad de las respectivas Oficinas de Administración de las entidades públicas; igualmente que los expedientes sin procesar por el Tribunal Mayor de Cuentas se remitieran a las entidades correspondientes, de manera que sólo aquellos en proceso continuarían trabajando la Contraloría a través de su Oficina de Ejecución de Resoluciones (un rezago del T.M. de C.). En tal virtud, por mandato de la Ley Nº 14816 la Contraloría General quedó a cargo de las funciones de Contabilidad y Auditoría 1.2. ¿QUÉ ES EL CONTROL?
Para dar respuesta a ésta interrogante en necesario precisar el Origen del Control; señalando que el control público tiene su fundamento básico en la
soberanía popular, pues el pueblo requiere saber como administran e invierten los fondos públicos, las autoridades de los órganos a quienes se ha encomendado la función pública. En consecuencia el control no es otra cosa que el ejercicio de mando con el que se obliga o presiona a las personas para que actúen de un modo determinado. Es más bien cuestión de orientar un sistema hacia su mejor funcionamiento.
FUNCIÓN DEL CONTROL
Fuente: Ley Nº 27785 El control constituye la función del Estado que se ocupa de revisar periódicamente el resultado de la gestión pública, verificando la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso de los recursos públicos, así como el cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción por parte de las entidades. Este proceso comprende la evaluación de la eficacia en los sistemas de administración y control, así como la determinación de las causas de los errores e irregularidades, para recomendar las medidas correctivas pertinentes. 1.4. LOS MODELOS Y TIPOS DE CONTROL (Ley Nº 27785, Art. 7º y 8º)
Existen dos tipos básicos de control: · El control externo: está a cargo de la Contraloría General de la República, como “entidad fiscalizadora superior”. Esta instancia contralora está facultada para realizar: a. o Control preventivo en los casos que juzgue necesario b. o Control previo a través de opiniones vinculantes sobre contrataciones y c. adquisiciones en los casos que la ley le faculta y; d. o Control posterior externo sobre los actos de las entidades públicas.
· El control interno: es el que ejercen los Órganos de Control Institucional en cada entidad pública. Se encargan de: a. o Control interno previo a cargo de las autoridades, funcionarios y servidores de la entidad b. o Control simultáneo, sobre la base de las normas y procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y demás normas internas c. o Control interno posterior, ejercido por los responsables superiores de los funcionarios ejecutores. Asimismo, el control puede ser: · Horizontal: El Estado, a través de sus agencias de control y supervisión, ejerce esta función sobre las demás instituciones estatales · Vertical: Los ciudadanos, a través de los procesos electores y de mecanismos de vigilancia, ejercen control sobre el Estado (autoridades y funcionarios públicos) Finalmente, se considera que existen dos modelos básicos de control: · Control procedimental: que es el modelo de control predominante en nuestra burocracia, se caracteriza porque la actividad de control se orienta fundamentalmente al cumplimiento estricto de las reglas, procedimientos y normas de control. Utiliza para ello mecanismos de control posterior con la finalidad de encontrar “hallazgos” de irregularidades que lleven a la imposición de sanciones administrativas, civiles o penales a los funcionarios responsables. · Control por resultados: es el modelo que corresponde a un proceso de modernización de la gestión pública que se guía no sólo por el cumplimiento de las normas para evitar el desvío de los recursos públicos a favor de intereses privados. Este modelo busca, además, que las acciones de control, en última instancia, beneficien a los ciudadanos con la prestación eficiente de los servicios
públicos. Para ello utiliza mecanismos de control de gestión que orienten la labor de la administración pública hacia el cumplimiento de los objetivos y metas previstos por cada institución. 1.5. PRINCIPIOS DEL CONTROL a. Universalidad b. Carácter integral c. Autonomía funcional d. Carácter permanente e. Técnico y especializado f. Legalidad g. Debido proceso h. Eficiencia, eficacia y economía i. j. l. Oportunidad Objetividad Carácter selectivo
k. Materialidad m. Presunción de licitud n. Acceso a información o. Reserva p. Continuidad q. Publicidad r. Participación ciudadana s. Flexibilidad 2. SISTEMA NACIONAL DE CONTROL EN EL PERÚ Y CONTROL GUBERNAMENTAL 2.1 SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Conjunto de órganos de control, normas, métodos y procedimientos, estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada.
Su actuación comprende las actividades y acciones en los campos administrativo,
presupuestal, operativo y financiero de las entidades y alcanza al personal que presta servicios en ellas, independientemente del régimen que las regule (Artículo 12 Ley Nº 27785). El ejercicio del control gubernamental por el Sistema Nacional de Control en las entidades, se efectúa bajo la autoridad normativa y funcional de la Contraloría General de la Republica, la misma que establece los lineamientos, disposiciones y procedimientos técnicos correspondientes a su proceso, en función a la naturaleza y/o especialización de dichas entidades, las modalidades de control aplicables y los objetivos trazados para su ejecución. Dicha regulación permitirá la evaluación, por los órganos de control, de la gestión de las entidades y sus resultados (Artículo 14 Ley Nº 27785). Su objeto es precisamente supervisar la correcta, útil, eficiente, económica y transparente utilización de los bienes y recursos públicos y el ejercicio de las funciones de los servidores y funcionarios públicos, en relación de los resultados obtenidos y al cumplimiento de la normatividad.
El Sistema Nacional de Control se encuentra conformado por: 1. Contraloría General de la República 2. Órganos de Control Institucional
a. Auditoría del Poder Legislativo b. Auditoría del Poder Judicial c. Auditorias Sectoriales del Poder Ejecutivo d. Auditorias Regionales e. Auditorias de Municipalidades f. Auditorias de Organismos Autónomos g. Auditorias de instituciones y personas de derecho público h. Auditorias internas de empresas que conforman la actividad empresarial del Estado a que alude el literal d) del artículo 3º de esta Ley.
3. Sociedades de Auditoría (cuando son designadas por la CGR y contratadas por un período determinado para realizar servicios de auditoría en las entidades). ATRIBUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL: a) Efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos y bienes del Estado, el cual también comprende supervisar la legalidad de los actos de las instituciones sujetas a control en la ejecución de los lineamientos para una mejor gestión de las finanzas publicas, con prudencia y transparencia fiscal, conforme a los objetivos y
planes de las entidades; así como de la ejecución de los presupuestos del Sector Público y de las operaciones de la deuda pública.
b) Formular oportunamente recomendaciones para mejorar la capacidad y eficiencia de las entidades en la toma de sus decisiones y en el manejo de sus recursos, así como los procedimientos y operaciones que emplean en su accionar, a fin de optimizar sus sistemas administrativos, de gestión y de control interno. c) Impulsar la modernización y el mejoramiento de la gestión pública a través de la optimización de los sistemas de gestión y ejerciendo el control gubernamental con especial énfasis en las áreas criticas sensibles y en los actos de corrupción administrativa d) Propugnar la capacitación permanente de los funcionarios y servidores públicos en materias de administración y control gubernamental. Los objetivos de la capacitación estarán orientados a consolidar, actualizar y especializar su formación técnica, profesional y ética. Para dicho efecto, la Contraloría General, a través de la Escuela Nacional de Control, o mediante convenios celebrados con entidades públicas o privadas ejerce un rol tutelar en el desarrollo de programas y eventos de esta naturaleza. Los titulares de las entidades están obligados a disponer que el personal que labora en los sistemas administrativos participe en los eventos de capacitación que organiza la Escuela Nacional de Control, debiendo tales funcionarios y servidores acreditar cada dos años dicha participación. Esta obligación se hace extensiva a las Sociedades de Auditoria que forman parte del Sistema, respecto al personal que empleen para el desarrollo de las auditorías externas. e) Exigir a los funcionarios y servidores públicos la plena responsabilidad por sus actos en la función que desempeñan, identificando el tipo de responsabilidad incurrida, sea administrativa funcional, civil o penal, y recomendando la adopción de las acciones preventivas y correctivas necesarias para su implementación. Para la adecuada identificación de la falta en que hubieren incurrido funcionarios y servidores públicos, se deberá tener en cuenta las pautas de identificación del deber incumplido, reserva,
presunción de licitud, relación causal; las cuales serian desarrolladas por la Contraloría General. Como resultado de las acciones de control efectuadas, los informes respectivos con el o sustento técnico y legal constituyen sean recomendadas en dichos informes. En el caso de que los informes generados de una acción de control cuenten con la participación del Ministerio Público y/o la Policía Nacional, no corresponderá abrir investigación policial o indagatoria previa, así como solicitar u ordenar de oficio la actuación de pericias contables. f) Brindar apoyo técnico al Procurador Público o al representante legal de la entidad, en los casos en que deban iniciarse acciones judiciales derivadas de una acción de control, prestando las facilidades y/o aclaraciones del caso, y alcanzando la documentación probatoria de la responsabilidad incurrida. Los diversos órganos del Sistema Nacional de Control ejercen estas atribuciones y las que expresamente les señala la Ley Nº 27785 y sus normas reglamentarias (artículo 13 de la Ley Nº 27785); asimismo, ejercen su función de control gubernamental con arreglo a lo establecido en la citada Ley y las disposiciones que emite la Contraloría General para normar sus actividades, obligaciones y responsabilidades, siendo su cumplimiento objeto de supervisión permanente por el ente técnico rector del Sistema (artículo 21 de la Ley Nº 27785). CONFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL. El Sistema Nacional de Control está conformado por los siguientes órganos de control: a) La Contraloría General, como ente técnico rector. b) Todas las unidades orgánicas responsables de la función de control gubernamental de las entidades que se mencionan en el Artículo 3 de la presente Ley, sean éstas de carácter sectorial, regional, institucional o se regulen por cualquier otro ordenamiento organizacional. pruebas preconstituidas para el inicio de las acciones administrativas y/o legales que
designadas por la Contraloría General y contratadas, durante un periodo determinado, para realizar servicios de auditoria en las entidades económica, financiera, de sistemas informáticos, de medio ambiente y otros ENTIDADES SUJETAS AL SISTEMA a. El Gobierno Central y los Gobiernos regionales y Locales. b. Las unidades administrativas del Poder Legislativo y del Poder Judicial. c. Los Organismos Autónomos creados por la Constitución Política y las instituciones y personas de derecho público. d. Las empresas integrantes de la Actividad Empresarial del Estado con excepción de las empresas de economía mixta y accionariado del Estado. e. Las entidades privadas por los recursos públicos que perciban. 2.2 DEFINICIÓN DE CONTROL GUBERNAMENTAL El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes. El control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente. ¿QUÉ ES LA CONTRALORÍA? La Contraloría General es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, dotado de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, que tiene por misión dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como, contribuir con los Poderes del
Estado en la toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada participación en el control social. No puede ejercer atribuciones o funciones distintas a las establecidas en la Constitución Política, en esta Ley, las disposiciones reglamentarias y las normas técnicas especializadas que emita en uso de sus atribuciones. En ese entender "La Contraloría General de la República es el órgano superior del Sistema Nacional de Control, que cautela el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos del Estado, la correcta gestión de la deuda pública, así como la legalidad de la ejecución del presupuesto del sector público y de los actos de las instituciones sujetas a control; coadyuvando al logro de los objetivos del Estado en el desarrollo nacional y bienestar de la sociedad peruana FUNCIONES a)Supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. b)Presentar anualmente el informe de auditoría practicado a la Cuenta General de la República. c) Fiscalizar la ejecución del presupuesto de las regiones y municipalidades. d)Realizar el control de los fondos destinados a satisfacer los requerimientos logísticos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que se destinen exclusivamente a ese fin. e)Facultad de iniciativa legislativa en materia de control
FUNCIONARIOS Cargo: Contralor General de la República Nombre: Cargo: Genaro Matute Mejia Vicecontralora General de la República
Nombre: EVOLUCIÓN NORMATIVA
• Decreto Supremo–26.SET.29; Creó la Contraloría General de la República como una repartición del Ministerio de Hacienda. • Mensaje del Presidente de la República—23.OCT.29; El crecimiento del sistema financiero de la República en volumen y variedad, demanda la creación de una oficina especial de supervigilancia. Esta se halla organizada bajo el nombre de la Contraloría General de la República. Se le ha fijado entre sus cardinales atribuciones no sólo la de centralizar el movimiento de las direcciones del tesoro, contabilidad y crédito, que la integran, sino la de vigilar que no se contraigan por los distintos departamentos de la administración obligaciones que superponen a los recursos legalmente disponibles, y que de esta manera se conserve el equilibrio presupuestal. • Ley N° 6784—28.FEB.30; El Congreso de la República elevó a la jerarquía de Ley de creación de la Contraloría General de la República, recogiendo el texto del Decreto Supremo de fecha 26.SET.29. • Constitución Política del Perú–Artículo 10—09.ABR.33; Dispone el establecimiento de un departamento especial para controlar la ejecución presupuestal y la gestión de las entidades que recauden o administren rentas y bienes del Estado. • Decreto Supremo—29.MAR.37; Determinó atribuciones y obligaciones de los auditores e interventores. • Resolución Suprema—09.ENE.41; Dispone que los funcionarios comprendidos en el Artículo 6 de la Ley N° 6784 no podrán exigir al interventor de la Contraloría otro requisito previo que la credencial que lo acredite como tal. • Decreto Supremo N° 007°—25.AGO.61 • Amplió las funciones de inspección y auditoría especializada en reparticiones: - Universidades - Municipalidades - Beneficencias - Recaudadoras - Autónomas y Semiautónomas
- Ministerios • Ley Orgánica del Presupuesto Funcional de la República—16.ENE.64 En su capitulo IX—artículo 67, en base la Ley N° 6784 y el artículo 10 de la Constitución de 1933, se otorgó a la Contraloría General de la República autonomía e independencia administrativa y funcional. • Ley N° 8049 y el artículo 82 de la Ley N° 14816—16.ENE.64 La Ley 14816 en su artículo 82 integró el Tribunal Mayor de Cuenta (T.M.C.) a la Contraloría General de la República como un programa más de su presupuesto y en su artículo 117 derogo la Ley N° 8049 que dispuso la reorganización del T.M.C. • Ley Nº 15850 Ley Anual del Presupuesto General de la República para 1966 En su artículo 169 se dispuso que las plazas de auditores del poder ejecutivo pasarán al presupuesto de la Contraloría General de la República, mediante transferencias de partidas por decreto supremo. • Ley Nº 16360—31.DIC.66; Complementaria de la Ley N° 14816, contiene nuevas y mayores responsabilidades para la Contraloría General de la República, estableciéndose entre otros aspectos (artículo 17) que: "La Contraloría General de la República aplicará multas equivalentes a un día del haber básico por cada día de atraso a los funcionarios que no cumplan con enviar la información a que están obligados”. • Decreto Ley Nº 18750—26.ENE.71; Declaró en reorganización la Contraloría General de la República y acordó para el Contralor categoría de Ministro de Estado. • Decreto Ley Nº 19039 Ley Orgánica Sistema Nacional de Control— 16.NOV.71; En sus artículos 1, 11 y 14 establece el Sistema Nacional de Control, asimismo, señala que la Contraloría General de la República es la Entidad Superior de Control del Sector Público Nacional y reitera el rango de Ministro de Estado del Contralor General de la República. • Decreto Supremo Nº 001-72-CG—07.MAR.72; Aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, Decreto Ley Nº 19039. • Resolución Suprema Nº 077-75-PM-ONAL—1975; Dispuso que las entidades del Sector Público, bajo responsabilidad, pongan a disposición de la Contraloría General el personal profesional y técnico que ésta solicite. • Decreto Ley Nº 21486—11.MAY.76; Modificó el artículo 14 del Decreto Ley N°
19039, en el sentido que la categoría de Ministro de Estado del Contralor General se restringía a sólo ejercer el derecho de voz en el Consejo de Ministros. • Constitución Política del Perú artículo 146-12.JUL.79; En su artículo 146 dispuso que “La Contraloría General como organismo autónomo y central del Sistema Nacional de Control supervigila la ejecución de los presupuestos del Sector Público, de las operaciones de la deuda pública y de la gestión y utilización de bienes y recursos públicos. El Contralor General, es designado por el Senado, a propuesta del Presidente de la República, por el término de siete años, El Senado puede removerlo por falta grave. La ley establece la organización, atribuciones y responsabilidades del Sistema Nacional de Control”. • Resolución de Contralor Nº 147-83-CG-04.AGO.83; Dispuso que el personal de Contraloría, incluyendo su titular, está prohibido de aceptar condecoraciones y cualquier tipo de distinciones que provenga de entidades o autoridades sujetas al Sistema Nacional de Control. • Resolución Suprema Nº 328-83-JUS-1983; Se nombró al Procurador Público para que atienda exclusivamente los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República. • Decreto Ley Nº 26162 —24.DIC.92; Esta ley reguló el Sistema Nacional de Control, derogó el Decreto Ley Nº 19039 y demás normas que se le opongan. Señala expresamente las atribuciones, principios y criterios aplicables en el ejercicio del control gubernamental. • Constitución Política del Perú—29.DIC.93; En su artículo 82 dispuso: "La Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de Derecho Público que goza de autonomía conforme a su Ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad de ejecución del Presupuesto del Estado de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. El Contralor General es designado por el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo, por siete años. Puede ser removido por el Congreso por falta grave”. • Ley N° 27785—Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República—23.JUL.2002 La Ley N° 27785 establece las normas que regulan el ámbito, organización,
atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República como ente rector de dicho sistema y tiene como objeto propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, para prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos; así como el cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las instituciones sujetas a control, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la Nación. Deroga el Decreto Ley N° 26162, la Ley N° 27066, el Decreto Legislativo N° 850 y Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 137-96-EF y los artículos 22 y 23 de la Ley N° 27312. COMPETENCIA CONSTITUCIONAL En la Constitución Política encontramos varias atribuciones asignadas al Organismo Contralor, entre las cuales tenemos:
Presentar anualmente el informe de auditoria practicado a la Cuenta General de la República (Art. 81). Supervisar la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control (Art. 82).
COMPETENCIAS LEGALES Atribuciones de la CGR previstas en su Ley Orgánica (Artículo 22 de la Ley N° 27785) Tener acceso en cualquier momento y sin limitación a los registros, documentos e información de las entidades, aun cuando sean secretos; así como requerir información a particulares que mantengan o hayan mantenido relaciones con las entidades, siempre y cuando no violen la libertad individual. Ordenar que los órganos del Sistema realicen las acciones de control que a su
juicio sean necesarias o ejercer en forma directa el control externo posterior sobre los actos de las entidades. Supervisar y garantizar el cumplimiento de las recomendaciones que se deriven de los informes de control emanados de cualquiera de los órganos del Sistema. Disponer el inicio de las acciones legales pertinentes en forma inmediata por el Procurador Público de la Contraloría General de la República o el procurador del Sector o el representante legal de la entidad examinada, en los casos en que en la ejecución directa de una acción de control se encuentre daño económico o presunción de ilícito penal. Normar y velar por la adecuada implantación de los Órganos de Auditoria Interna, requiriendo a las entidades el fortalecimiento de dichos órganos con personal calificado e infraestructura moderna necesaria para el cumplimiento de sus fines. Presentar anualmente al Congreso de la República el Informe de Evaluación a la Cuenta General de la República, para cuya formulación la Contraloría General dictará las disposiciones pertinentes. Absolver consultas, emitir pronunciamientos institucionales e interpretar la normativa del control gubernamental con carácter vinculante, y de ser el caso, orientador. Asimismo establecerá mecanismos de orientación para los sujetos de control respecto de sus derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades previstos en la normativa de control. Aprobar el Plan Nacional de Control y los planes anuales de control de las entidades. Efectuar las acciones de control ambiental y sobre los recursos naturales, así como sobre los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación, informando periódicamente a la Comisión competente del Congreso de la República. Emitir opinión previa vinculante sobre adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios u obras, que conforme a ley tengan el carácter de secreto militar o de orden interno exonerados de Licitación Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa. Otorgar autorización previa a la ejecución y al pago de los presupuestos adicionales de obra pública, y de las mayores prestaciones de supervisión en
los casos distintos a los adicionales de obras, cuyos montos excedan a los previstos en la ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y su Reglamento respectivamente, cualquiera sea la fuente de financiamiento. Informar previamente sobre las operaciones, fianzas, avales y otras garantías que otorgue el Estado, inclusive los proyectos de contrato, que en cualquier forma comprometa su crédito o capacidad financiera, sea que se trate de negociaciones en el país o en el exterior. Designar de manera exclusiva, Sociedades de Auditoria que se requieran, a través de Concurso Público de Méritos, para efectuar Auditorias en las entidades, supervisando sus labores con arreglo a las disposiciones de designación de Sociedades de Auditoria que para el efecto se emitan. Requerir el apoyo y/o destacamiento de funcionarios y servidores de las entidades para la ejecución de actividades de control gubernamental. Recibir y atender denuncias y sugerencias de la ciudadanía relacionadas con las funciones de la administración pública, otorgándoles el trámite correspondiente sea en el ámbito interno o derivándolas ante la autoridad competente; estando la identidad de los denunciantes y el contenido de la denuncia protegidos por el principio de reserva. Promover la participación ciudadana, mediante audiencias públicas y/o sistemas de vigilancia en las entidades, con el fin de coadyuvar en el control gubernamental. Participar directamente y/o en coordinación con las entidades en los procesos judiciales, administrativos, arbitrales u otros, para la adecuada defensa de los intereses del Estado cuando tales procesos incidan sobre los recursos y bienes de éste. Recibir, registrar, examinar y fiscalizar las Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y rentas que deben presentar los funcionarios y servidores públicos obligados de acuerdo a Ley. Verificar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos y otros, así como de las referidas a la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento de personal en el Sector Público en casos de nepotismo, sin perjuicio de las funciones conferidas a los órganos de control. Citar y tomar declaraciones a cualquier persona cuyo testimonio pueda resultar
útil para el esclarecimiento de los hechos materia de verificación durante una acción de control, bajo los apremios legales señalados para los testigos. Dictar las disposiciones necesarias para articular los procesos de control con los Planes y Programas Nacionales, a efecto de visualizar de forma integral su cumplimiento, generando la información pertinente para emitir recomendaciones generales a los Poderes Ejecutivo y Legislativo sobre la administración de los recursos del Estado, en función a las metas previstas y las alcanzadas, así como brindar asistencia técnica al Congreso de la república en asuntos vinculados a su competencia funcional. Emitir disposiciones y/o procedimientos para implementar operativamente medidas y acciones contra la corrupción administrativa, a través del control gubernamental, promoviendo una cultura de honestidad y probidad de la gestión pública, así como la adopción de mecanismos de transparencia e integridad al interior de las entidades, considerándose el concurso de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil. Establecer los procedimientos para que los titulares de las entidades rindan cuenta oportuna ante el Órgano Rector, por los fondos o bienes del Estado a su cargo, así como de los resultados de su gestión. Asumir la defensa del personal de la Institución a cargo de las labores de control cuando se encuentre incurso en acciones legales, derivadas del debido cumplimiento de la labor funcional, aun cuando al momento de iniciarse la acción el vínculo laboral con el personal haya terminado. Establecer el procedimiento selectivo de control sobre las entidades públicas beneficiarias por las mercancías donadas provenientes del extranjero. Ejercer el control de desempeño de la ejecución presupuestal, formulando recomendaciones que promuevan reformas sobre los sistemas administrativos de las entidades sujetas al Sistema. Regular el procedimiento, requisitos, plazos y excepciones para el ejercicio del control previo externo a que aluden los literales j), k) y l) del presente artículo, así como otros encargos que se confiera al organismo Contralor, emitiendo las normas pertinente que contemplen los principios que rigen el control gubernamental. Celebrar Convenios de cooperación interinstitucional con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras.
Las atribuciones antes señaladas no son taxativas, comprendiendo las demás que señale la Ley N° 27785 y otros dispositivos legales. ESTRUCTURA ORGÁNICA
Contralor General de la República Vicecontralor General de la República Órgano de Control Institucional Escuela Nacional de Control Procuraduría Publica Gerencia de Planeamiento y Control
Gerencia General - La
Gerencia General esta conformada por:
Gerencia de Tecnologías y Sistemas de Información Gerencia de Recursos Humanos- conformado por:
Departamento de Desarrollo de Personal Unidad de Administracuión de Personal Unidad de Bienestar Laboral
Gerencia de Finanzas Gerencia de Logística Departamento de Seguridad Secretaria General esta conformada por: Gerencia de Asesoría Técnico Legal. Gerencia de Cooperación Técnica Geremcia de Prevención de la Corrupción Gerencia de Prensa y Relaciones Parlamentarias Departamento de Trámite Documentario y Archivo Departamento de Imagen y Protocolo
Secretaria General - La
Gerencia de Fiscalización de Declaraciones Juradas Gerencia Central de Desarrollo - La Gerencia Central de Desarrollo esta conformada por:
Gerencia de Procesos Gerencia de Estudios y Control de Gestión Coordinación de Proyectos Gerencia Central de Control esta conformada
Gerencia Central de Control - La
Gerencia de Sector Social
Gerencia de Sector Productivo Gerencia de Sector Económico-conformado por:
Departamento de Control Presupuestal Departamento de Auditorías Financieras
Gerencia de Sector Defensa Gerencia de Entidades Autónomas Gerencia Central Técnico Normativaesta
Gerencia Central Técnico Normativa - La
Gerencia de Contrataciones y Adquisiciones Gerencia de Programas Sociales Gerencia de Obras y Evaluación de Adicionales Gerencia de Medio Ambiente y Patrimonio Cultural Gerencia de Control de Sistemas Informáticos Gerencia Central de
Gerencia Central de Denuncias y Participación Ciudadana - La
Denuncias y Participación Ciudadana esta conformada por:
Departamento de Evaluación de Denuncias Departamento de Acciones Rápidas Gerencia Central del Sistema
Gerencia Central del Sistema Nacional de Control -La
Nacional de Control esta conformada por:
Gerencia de Sociedades de Auditoría Gerencia de Órganos de Control Institucional Gerencia Zonal Norte esta conformada por: Oficina Regional de Control Piura Oficina Regional de Control Chiclayo Oficina Regional de Control Iquitos Oficina Regional de Control Moyobamba Oficina Regional de Control Cajamarca Oficina Regional de Control Trujillo Gerencia Zonal Centro conformada por: Oficina Regional de Control Lima-Callao Oficina Regional de Control Huaraz Oficina Regional de Control Ica Oficina Regional de Control Huancayo
Gerencia Zonal Norte - La
Gerencia Zonal Centro - La
Oficina Regional de Control Ayacucho Oficina Regional de Control Huanuco Gerencia Zonal Sur conformada por: Oficina Regional de Control Arequipa Oficina Regional de Control Cusco Oficina Regional de Control Puno Oficina Regional de Control Abancay Oficina Regional de Control Tacna
Gerencia Zonal Sur - La
Adicionalmente, la Contraloría General de la República cuenta con unidades especializadas, creadas con la finalidad de brindar apoyo en temas específicos y cuyas funciones le son asignadas mediante dispositivo legal expreso; esta unidades son:
Grupo de Inteligencia y Tecnologías - que tiene a su cargo el grupo:
Grupo de Inteligencia Anticorrupción Grupo de Inteligencia de Negocios
Coordinación de Proyectos Policía Adscrita
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Contraloría General de la República en la Lucha Contra la Corrupción En atención a las atribuciones y competencias asignadas en la Constitución Política y la Ley N° 27785, la Contraloría General y el Sistema Nacional de Control ejercen un rol fundamental frente a la lucha contra la corrupción, desarrollando sus atribuciones de supervisar la correcta y transparente utilización de los recursos públicos y del ejercicio de la función encomendada para prevenir y detectar actos irregulares y/o ilícitos penales, así como determinando, como consecuencia de su acción fiscalizadora, las responsabilidades emergentes de los funcionarios y servidores públicos para ser puestas en conocimiento de las autoridades competentes. La vinculación específica de la problemática de la corrupción con el accionar del Sistema Nacional de Control se concreta tanto a nivel del control interno como del control posterior, dentro de los conocidos ciclos del control administrativo del Estado, tan es así que, entre otros aspectos, a través de la Ley de Nepotismo y su reglamento, la Ley sobre Incompatibilidades y
Prohibiciones de los Funcionarios y Servidores Públicos y su reglamento, así como la Ley de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos y su reglamento encargan a la Contraloría General de la República y a los Órganos del Sistema la supervisión y control del cumplimiento de las citadas normas. Si bien el control interno previo es ejercido por la propia entidad en función de los procedimientos establecidos en sus planes de organización, reglamentos, manuales y disposiciones emanadas del titular de la entidad, compete al Sistema Nacional de Control, “formular oportunamente recomendaciones para mejorar la capacidad y eficiencia de las entidades en la toma de sus decisiones y en el manejo de sus recursos, así como los procedimientos y operaciones que emplean en su accionar, a fin de optimizar sus sistemas administrativos, de gestión y de control interno”. Es dentro de este contexto de competencias que la Contraloría General de la República ha establecido mecanismos preventivos que orienten hacia la probidad administrativa y constituyan parte del ambiente de control que deben mantener y garantizar todas las autoridades institucionales, a través de las Normas Técnicas de Control Interno y en especial de las “Normas de Control Interno para una Cultura de Integridad, Transparencia y Responsabilidad en la Función Pública”. Pero cabe indicar que las posibilidades de acción del Sistema Nacional de Control, sobre este particular ambiente de control, dentro de una actitud clara a favor de la probidad, no se agotan en la consagración normativa, sino pueden trascender hacia otros aspectos sin llegar a la co-gestión. En cuanto al control posterior externo, al Sistema Nacional de Control, en particular a su ente rector, la Contraloría General de la República le ha sido atribuido el cometido de supervisar, entre otros aspectos, la Transparencia: • En la utilización de los bienes y recursos públicos • En el ejercicio de las funciones de los servidores y funcionarios públicos, con relación a los resultados obtenidos y al cumplimiento de su normativa Este concepto de “Transparencia en la Gestión Pública”, referido como uno de los criterios que debe considerar la auditoría gubernamental entre los criterios de evaluación, junto con la legalidad la eficacia y la eficiencia, hace necesario estructurar un esquema de trabajo específico para el efecto, puesto que
transparencia con que los servidores y funcionarios públicos se conducen. Entre otros aspectos que implican la transparencia tenemos: La observancia de los conflictos de intereses establecidos para el probo desempeño de la función pública. El nivel de responsabilidad con que se conduce los agentes públicos. La transparencia informativa respecto de los Sistemas de Administración Financiera y a la ciudadanía, así como la transparencia personal de las autoridades para, por ejemplo, presentar su declaración jurada de bienes y rentas. Además, dentro de la evaluación del control interno, el Órgano Contralor deberá dar prioridad a la necesidad de apreciar el nivel de probidad alcanzado al estructurarse el control interno de las entidades del Estado. Dentro de este contexto, resaltan el cumplimiento de la obligación de titulares y funcionarios con poder de decisión en la Administración Pública, de promover la adopción de políticas que fomenten la integridad y valores éticos en los funcionarios y servidores, las mismas que contribuyan al desempeño eficaz de las funciones asignadas, así como la obligación de los directivos de las entidades responsables de adoptar acciones para establecer y mantener el orden y la disciplina interna, así como, elevar la moral de los servidores. Sin embargo, actualmente se aprecia en las entidades un desarrollo incipiente de políticas, estrategias, programas u otras acciones que conlleven a superar los bajos niveles de transparencia en la gestión pública. CASOS PRACTICOS SERVICIO DE ATENCION DE DENUNCIAS Es el servicio que promueve la participación ciudadana en la funcion de control gubernamental. Recibe y analiza solicitudes presentadas por los ciudadanos, servidores, funcionarios y autoridades publicas para verificar hechos presuntamente ilegales y deshonestos en la administración o uso de los fondos y recursos públicos y en la ejecución presupuestal de las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control. Cuando la información es veraz, permite contar con una fuente útil y oportuna
para programar y ejecutar las acciones de control. QUIENES PUEDEN PRESENTAR UNA DENUNCIA Todo ciudadano, autoridad, funcionario o servidor publico o institución de la sociedad que tenga fundamentos, pruebas o indicios de que se han cometido o se están cometiendo hachos irregulares, contrarios a la legalidad y honestidad en la administración y uso de los recursos y fondos públicos o en la ejecución presupuestal, en alguna entidad sujeta al Sistema Nacional de Control. ALGUNOS EJEMPLOS DE IRREGULARIDADES A CARGO DEL SERVICIO DE ATENCION DE DENUNCIAS • UTILIZACION DE PRESTAMOS
Una entidad concertó un préstamo con un banco para ser pagado en dos años, este préstamo iba ser destinado para la compra de maquinaria. Sin embargo estos recursos fueron utilizados por otros fines sin relación alguna al préstamo recibido. • SOBREVALORACIONES
Una entidad ha ejecutado obras publicas y ha adquirido bienes por un determinado monto, habiendose comprobado que estas se han sobrevalorado • FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
Una entidad debe destinar de los recursos recibidos por concepto de Fondo de Compensación Municipal una suma de dinero para la ejecución de obras, durante un determinado periodo. Pero en este lapso, ha realizado obras por monto parcial de los recursos recibidos y el saldo lo han utilizado en otros gastos, tales como el pago de planillas a personas estable , compras útiles de escritorio, etc.
En una entidad se ha nombrado y contratado personal que tiene relación de parentesco por ejemplo: padres, hijo, hermanos, tíos, sobrinos., esposa. Con determinados funcionarios de esa entidad, vulnerando así, lo contemplado en el articulo 1º de la Ley Nº 26771 que prohíbe ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en casos de parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio. • VASO DE LECHE
Una municipalidad que no cumple con adquirir y entregar a los beneficiarios, los productos del programa del vaso de leche durante un determinado periodo, a pesar de que las autoridades municipales han retirado del banco de la Nación los recursos económicos para atender ese programa. CARACTERISTICAS QUE DEBEN TENER LOS PRESUNTOS HECHOS IRREGULARES Para que la contraloría general proceda a estudiar los hechos presuntamente irregulares y establezca si procede la verificación de la denuncia, esta deberá cumplir los siguientes requisitos: 1. La entidad o el programa donde han ocurrido los hechos presuntamente irregulares deben estar sujeto al Sistema Nacional de Control. 2. Los hechos presuntamente irregulares deben estar referidos a la administración o uso de los bienes y recursos públicos o la ejecución presupuestal de una entidad sujeta al Sistema Nacional de Control. 3. Las presuntas irregularidades no han sido presentadas con anterioridad
a la Contraloría General u otra entidad. 4. se cuenta con información clara detallada y concreta respecto de las presuntas irregularidades denunciadas. 5. las presuntas irregularidades han sido o están siendo cometidas con la intervención directa o indirecta, por acción u omisión, por un funcionario o servidor publico. 6. no ser competencia de otros organismos del Estado. Debemos recordar que la contraloría general programara la verificación de la solicitud, si la información proporcionada por el denunciante se ajusta a estor requisitos mínimos. QUE HACE EL SERVICIO DE ATENCION DE DENUNCIAS CON UNA SOLICITUD DE VERIFICACION El servicio de atención de denuncias de la Contraloría General verifica la veracidad de la información proporcionada por el denunciante. De confirmarse la veracidad, determina si efectivamente los actos, omisiones o hechos consignados en al solicitud corresponden a una administración irregular de fondos y recursos públicos o en la ejecución presupuestal de las entidades del sector publico, excepto las empresas de economía mixta y accionariado de l estado. • Cuando los presuntos hechos irregulares cumplen con las características ya explicadas, se siguen los siguientes pasos: Si la solicitud es presentada personalmente Recepción al denunciante. Atención personal de parte de un auditor. Análisis de la información proporcionada. Verificación de las presuntas irregularidades.
Comunicación de resultados. Si la solicitud es entregada en mesa de partes o enviada por correo postal Recepción de la solicitud Análisis de la información proporcionada Verificación de las presuntas irregularidades Comunicación de resultados • El denunciante puede tener la seguridad d3e que una vez presentada su solicitud a la contraloría general, siempre recibirá una respuesta por escrito. Si la Contraloría General lo considera necesario , puede solicitar mayor información o aclaración de la información consignada con la solicitud. COMO DEBO PRESENTAR MI SOLICITUD Personalmente: las solicitudes deben ser realizadas por escrito mediante Carta simple, Oficio o utilizando el formulario de Denuncias que tiene a su disposición la Contraloría General. Por correo: la solicitud debe ser dirigida a la Contraloría General, con atención al Servicio de Atención de Denuncias-SAD. COMO ME INFORMO DEL RESULTADO DE MI SOLICITUD Usted puede consultar en cualquier momento el estado de avance en que se encuentra su solicitud. Para ello debe dirigirse a la misma oficina en donde esta fue presentada. Finalizada la verificación, usted será notificado por escrito sobre el resultado de la misma. FORMULARIO DE DENUNCIAS • Apellidos y nombres del solicitante o representante.( los
representantes de persona jurídicas o de entidades deberán acreditar su representación mediante poder o documento con merito suficiente). • Dirección del domicilio, indicando además Urbanización, distrito, provincia, departamento y alguna referencia adicional importante. • • Numero(s) telefónico(s) y numero de fax.
Tipo y numero de documento de identidad del denunciante o su representante.
Nombre de la entidad donde se habrían cometido las presuntas irregularidades.
Nombre, dirección y teléfono de los funcionarios o servidores públicos que estarían implicados. De ser posible, incluir los datos personales de los testigos.
Relación circunstanciada, detallada y concreta de los actos, hechos u omisiones relacionados con las presuntas irregularidades cometidas por funcionarios o servidores públicos en la administración de los bienes y recursos públicos y en la ejecución presupuestal de las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control. • Si una solicitud similar ha sido presentada anteriormente a la Contraloría General u otra entidad, indicar el nombre de las mismas, fecha de presentación y numero de expediente. • Lugar( departamento, provincia o distrito ) y fecha en que se preparo la solicitud.
Firma o huella digital del denunciante o de su representante.
Adicionalmente, y en caso de ser posible, se deberá adjuntar también la información siguiente: 1. importe aproximado de las irregularidades denunciadas. 2. tipo de evidencia que permita corroborar las presuntas
irregularidades . Si es posible, indicar el lugar en donde estas puede encontrarse o las personas que pueden proporcionarlas. 3. copia simple de los documentos que estarían demostrando las presuntas irregularidades. SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Para solicitar información a la Contraloría General, puede remitir su solicitud vía correo electrónico a la siguiente dirección: contraloria@contraloria.gob.pe
BIBLIOGRAFIA BASADRE, Jorge. Historia de la República del Perú. Tomos X y XII; BET ANCOUR RODRIGUEZ, Andrés. Las administraciones independientes, 2001; DELGADO GUEMBES, César. Qué parlamento queremos. Cultural Cuzco, Lima, 1992; EGUIGUREN democracia Políticos, PRAELI, insuficiente". 1958; Francisco. Comisión Las comisiones de de investigación Lima, 1990; y
parlamentaria: alcances, atribuciones y funcionamiento. En: "Los retos de una Andina Juristas, FORSTHOFF. Tratado de Derecho Administrativo. Instituto de Estudios Madrid, MADARIAGA, Mónica. Seguridad jurídica Administración Pública en el siglo XXI. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1993; OCHOA CARDlCH, César. Propuesta para un nuevo régimen económico constitucional; SORIA LUJAN, Daniel. Los mecanismos iniciales de defensa de la Constitución: el poder conservador y el Consejo de Estado (1839-1855), resumen de la tesis para optar el título de abogado. En: "Pensamiento Constitucional" N° 5, Lima, 1998; SOTO KLOSS, Eduardo. Derecho Administrativo. Bases fundamentales. Tomo 11. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1996; UGALDE, Luis Carlos. Vigilando al ejecutivo. Miguel Ángel Poma y Cámara de Diputados. México, 2000.
UBICACIÓN DE PRINCIPALES SEDES DE LA CGR. Las Sede Principal de Contraloría General de la República, esta ubicada en el Jr. Camilo Carrillo 114 – Jesús María, nuestra central telefónica es 3303000, nuestro Portal de Internet: www.contraloria.gob.pe La dirección y los números telefónicos de nuestras Oficinas Regionales de Control, son los siguientes:
Oficina Regional de Control Abancay – Dirección: Jr. Junín 215. Abancay – Teléfono: 083-322380 Oficina Regional de Control Arequipa – Dirección: Calle El Peral 102-104 – Teléfono: 054-288887 Oficina Regional de Control Cajamarca – Dirección: Jr. Juan Villanueva 358 – Teléfono: 076-825033
Oficina Regional de Control Chiclayo – Dirección: Av. Elias Aguirre 896 – Teléfono: 074-229882 Oficina Regional de Control Cusco – Dirección: Calle Almagro 123 – Teléfono: 084-242321 Oficina Regional de Control Huancayo– Dirección: Jr. Lima 338 -346– Teléfono: 064-218201 Oficina Regional de Control Huanuco– Dirección: Jr. Constitucion 471-A – Teléfono: 056-520225 Oficina Regional de Control Huaraz – Dirección: Av. Juan de la Cruz Romero 113 – Teléfono: 043-421105 Oficina Regional de Control Ica – Dirección: Jr. José Matías Manzanilla 706 – Teléfono: 056-239194 Oficina Regional de Control Iquitos - Dirección: Jr. Napo 198 – Teléfono: 065-223377 Oficina Regional de Control Moyobamba - Dirección: Jr. San Martín 560 – Teléfono: 042-562861 Oficina Regional de Control Piura – Dirección: Jr. Lima con Jr. Huanuco – Teléfono: 073-304288 Oficina Regional de Puno – Dirección: Av. Arequipa 120 – Teléfono: 051367829
Oficina Regional de Trujillo – Dirección: Jr. Orbegozo 514 – Teléfono: 044-208830 Oficina Regional de Tacna – Dirección: Av. Bolognesi 181 – Teléfono: 052-245135
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References: artículo 60
 artículo 101
 artículo 10
 artículo 146
 artículo 10
 artículo 136
 artículo 208
 artículo 210
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 87
 artículo 88
 resolución 
 resolución 
 artículo 85
 artículo 154
 artículo 183
 artículo 267
 artículo 85
 artículo 273
 artículo 268
 artículo 82
 artículo 97
 Resolución 
 artículo 67
 artículo 94
 artículo 3
 Artículo 3
 Resolución 
 Artículo 6
 artículo 10
 artículo 82
 artículo 82
 artículo 117
 artículo 169
 Resolución 
 artículo 14
 artículo 146
 artículo 146
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 82