Source: https://www.slideshare.net/CarmenDelgadoMartin/directiva-2012-27-ue-del-parlamento-europeo-y-del-consejo
Timestamp: 2017-09-20 19:46:21+00:00

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Directiva 2014 24-ue de 26 de febre... by Javier Blanco Díez 676 views
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1. I (Actos legislativos) DIRECTIVAS DIRECTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EURO­ PEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 194, apartado 2, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parla­ mentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1), Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2), De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3), Considerando lo siguiente: (1) La Unión se enfrenta a retos sin precedentes debido a una creciente dependencia de las importaciones de ener­ gía y a la escasez de recursos energéticos, así como a la necesidad de limitar el cambio climático y superar la crisis económica. La eficiencia energética es un medio valioso para superar estos retos. Mejora la seguridad de abastecimiento de la Unión al reducir el consumo de energía primaria y las importaciones de energía. Asimis­ mo, ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero de manera rentable en relación con los cos­ tes, y de este modo, a mitigar el cambio climático. El cambio a una economía más eficiente en el consumo de energía también debe acelerar la difusión de soluciones tecnológicas innovadoras y mejorar la competitividad de la industria de la Unión, impulsando el crecimiento eco­ nómico y creando empleos de alta calidad en varios sectores relacionados con la eficiencia energética. (2) Las conclusiones del Consejo Europeo de los días 8 y 9 de marzo de 2007 insistían en la necesidad de incre­ mentar la eficiencia energética en la Unión para alcanzar en 2020 el objetivo de ahorrar un 20 % en el consumo de energía de la Unión en comparación con los valores previstos. En las conclusiones del Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011 se subrayaba que debe alcanzarse el objetivo que acordó el Consejo Europeo en junio de 2010, de aumentar en un 20 % la eficiencia energética para 2020, objetivo que, de momento, no lleva camino de cumplirse. Las previsiones realizadas en 2007 mos­ traban un consumo de energía primaria en 2020 de 1 842 Mtep. Con una reducción del 20 % la cifra de consumo sería de 1 474 Mtep en 2020, es decir, una disminución de 368 Mtep respecto a las previsiones. (3) Las conclusiones del Consejo Europeo de 17 de junio de 2010 confirmaron ese objetivo de eficiencia energética como uno de los objetivos principales de la nueva estra­ tegia de la Unión para el empleo y el crecimiento inte­ ligente, sostenible e integrador («Estrategia Europa 2020»). Dentro de este proceso y para cumplir este ob­ jetivo a nivel nacional, los Estados miembros están obli­ gados a establecer objetivos nacionales en estrecho diá­ logo con la Comisión y a indicar en sus programas de reforma nacionales de qué manera piensan alcanzarlos. (4) La Comunicación de la Comisión de 10 de noviembre de 2010 sobre Energía 2020 sitúa la eficiencia energética en el núcleo de la estrategia energética de la Unión para 2020, y señala la necesidad de una nueva estrategia sobre eficiencia energética que permita a todos los Estados miembros separar el consumo de energía del crecimiento económico. ES14.11.2012 Diario Oficial de la Unión Europea L 315/1 (1) DO C 24 de 28.1.2012, p. 134. (2) DO C 54 de 23.2.2012, p. 49. (3) Posición del Parlamento Europeo de 11 de septiembre de 2012 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 4 de octubre de 2012.
2. (5) En su Resolución de 15 de diciembre de 2010 sobre la revisión del Plan de Acción sobre la Eficiencia Energética, el Parlamento Europeo exhortaba a la Comisión a incluir en su Plan de Acción revisado sobre Eficiencia Energética medidas para superar las deficiencias que impiden alcan­ zar el objetivo general de eficiencia energética de la Unión en 2020. (6) Una de las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Eu­ ropa 2020 es la referente al consumo eficiente de recur­ sos en Europa, adoptada por la Comisión el 26 de enero de 2011. En ella se señala la eficiencia energética como un elemento fundamental para asegurar la sostenibilidad del consumo de recursos energéticos. (7) Las conclusiones del Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011 reconocían que no se estaba avanzando hacia el objetivo de eficiencia energética de la Unión y que se requerían actuaciones decididas para aprovechar el con­ siderable potencial de incremento del ahorro de energía en los edificios, los transportes y los procesos de produc­ ción y manufacturación. En dichas conclusiones también se establece que la consecución del objetivo de eficiencia energética de la Unión se revisará en 2013 y que, si fuera necesario, se examinarán otras medidas. (8) El 8 de marzo de 2011, la Comisión adoptó su Comu­ nicación relativa a un Plan de Eficiencia Energética 2011. En la Comunicación se confirmaba que la Unión no lleva camino de alcanzar su objetivo de eficiencia energética. Todo ello, a pesar de los progresos en las políticas na­ cionales de eficiencia energética expuestos en los prime­ ros Planes nacionales de acción para la eficiencia energé­ tica presentados por los Estados miembros para dar cum­ plimiento a la Directiva 2006/32/CE del Parlamento Eu­ ropeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios ener­ géticos (1). El análisis inicial de los segundos Planes de Acción viene a confirmar que la Unión no avanza sufi­ cientemente para el logro de su objetivo. Para poner remedio a esta deficiencia, en el Plan de Eficiencia Ener­ gética 2011 se detallaba una serie de políticas y medidas de eficiencia energética que cubrían toda la cadena de la energía, y se referían a la generación de energía, el trans­ porte y la distribución, al papel ejemplarizante del sector público en la eficiencia energética, a los edificios y elec­ trodomésticos, la industria, y la necesidad de poner a los consumidores finales en condiciones de gestionar su con­ sumo de energía. La eficiencia energética en el sector del transporte se abordaba paralelamente en el Libro Blanco sobre el Transporte, aprobado el 28 de marzo de 2011. En particular, la iniciativa 26 del Libro Blanco exigía normas adecuadas para las emisiones de CO2 de los vehículos de todo tipo, llegado el caso complementadas con requisitos de eficiencia energética, para abarcar todos los sistemas de propulsión. (9) El 8 de marzo de 2011, la Comisión aprobó también una «Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050» en la que se señalaba, desde esta perspectiva, la necesidad de centrarse más en la eficiencia energética. (10) En este contexto es necesario actualizar el marco legal de la Unión en materia de eficiencia energética, mediante una Directiva que persiga el objetivo general sobre efi­ ciencia energética consistente en llegar a 2020 con un ahorro del 20 % en el consumo de energía primaria de la Unión, y en conseguir nuevas mejoras de la eficiencia energética más allá de 2020. Con este fin, la presente Directiva debe crear un marco común para fomentar la eficiencia energética dentro de la Unión y establecer ac­ ciones concretas que lleven a la práctica algunas de las propuestas incluidas en el Plan de Eficiencia Energética 2011 y se alcance el considerable potencial de ahorro de energía no realizado que se señala. (11) La Decisión no 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020 (2), exige a la Comisión que, a más tardar en 2012, haga una evalua­ ción y un informe de los progresos realizados por la Unión y sus Estados miembros en el cumplimiento del objetivo de reducir el consumo de energía en un 20 % en 2020 con respecto a las proyecciones. También señala que, con vistas a asistir a los Estados miembros en su contribución al cumplimiento de los compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión, la Comisión debe proponer, a más tardar el 31 de diciembre de 2012, medidas nuevas o más estric­ tas para acelerar las mejoras en materia de eficiencia energética. La presente Directiva responde a esta exigen­ cia. Asimismo, contribuye a cumplir los objetivos fijados en la «Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050», en particular reduciendo las emi­ siones de gases de efecto invernadero del sector de la energía, y a conseguir una generación de electricidad con cero emisiones para 2050. (12) Para aprovechar todo el potencial de ahorro de energía, ha de aplicarse un planteamiento integrado que abarque el sector del suministro de energía y los sectores usuarios finales. Al mismo tiempo, deben reforzarse las disposi­ ciones de la Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el mercado interior de la energía (3), y la Directiva 2006/32/CE. ESL 315/2 Diario Oficial de la Unión Europea 14.11.2012 (1) DO L 114 de 27.4.2006, p. 64. (2) DO L 140 de 5.6.2009, p. 136. (3) DO L 52 de 21.2.2004, p. 50.
3. (13) Sería preferible que el objetivo de eficiencia energética del 20 % se consiguiese a partir de la aplicación acumulativa de medidas específicas nacionales y europeas de fomento de la eficiencia energética en diversos campos. Procede exigir a los Estados miembros que fijen objetivos, planes y programas nacionales de eficiencia energética de carác­ ter indicativo. Estos objetivos y los esfuerzos de cada Estado miembro deberían ser evaluados por la Comisión, junto con los datos disponibles sobre los avances alcan­ zados, a fin de evaluar la probabilidad de alcanzar el objetivo general de la Unión y el grado en que los dis­ tintos esfuerzos serían suficientes para lograr el objetivo común. Por tanto, la Comisión debería seguir de cerca la incorporación de los programas de eficiencia energética nacionales a su marco legislativo revisado y al proceso Europa 2020. A la hora de fijar los objetivos nacionales indicativos de eficiencia energética, los Estados miembros deberían poder tener en cuenta las circunstancias nacio­ nales que afectan al consumo de energía primaria, como el potencial remanente de ahorro rentable de energía, los cambios en las importaciones y exportaciones de energía, los avances en todas las fuentes de energías renovables, la energía nuclear, la captura y almacenamiento de CO2, así como las acciones tempranas. Cuando se lleven a cabo ejercicios de modelización, la Comisión debe consultar con los Estados miembros, de manera oportuna y trans­ parente, las hipótesis de los modelos y los borradores de resultados de los modelos. Se requiere una mejora de la modelización del impacto de las medidas de eficiencia energética y del inventario de las tecnologías y su rendi­ miento. (14) En la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (1), se afirma que Chipre y Malta, debido a su naturaleza insular y periférica, dependen de la aviación como modo de transporte esencial para sus ciudadanos y eco­ nomías. Por tal motivo, en Chipre y Malta el consumo final bruto de energía del transporte aéreo nacional re­ sulta extremadamente elevado, esto es, superior al triple de la media de la Unión en 2005, con lo que las actuales limitaciones de carácter normativo y técnico les afectan de forma desproporcionada. (15) El volumen total de gasto público equivale al 19 % del producto interior bruto de la Unión. Por este motivo, el sector público constituye un motor importante para es­ timular la transformación del mercado hacia productos, edificios y servicios más eficientes, así como para provo­ car cambios de comportamiento en el consumo de ener­ gía por parte de los ciudadanos y las empresas. Además, la disminución del consumo de energía mediante medi­ das de mejora de la eficiencia energética puede liberar recursos públicos para otras finalidades. Los organismos públicos a nivel nacional, regional y local deben servir de ejemplo en lo que se refiere a la eficiencia energética. (16) Teniendo presente que, en las conclusiones del Consejo de 10 de junio de 2011 sobre el Plan de Eficiencia Energética 2011, se ponía de relieve que los edificios representan el 40 % del consumo de energía final de la Unión, con objeto de aprovechar las oportunidades de crecimiento y de empleo existentes en las actividades económicas especializadas y en los sectores de la cons­ trucción, así como en la fabricación de productos para la construcción y en actividades profesionales como la ar­ quitectura, la consultoría y la ingeniería, los Estados miembros deberían crear una estrategia a largo plazo para después de 2020 destinada a movilizar inversiones en la renovación de edificios residenciales y comerciales para mejorar el rendimiento energético del parque inmo­ biliario. Esa estrategia debería abordar renovaciones ex­ haustivas y rentables que den lugar a reformas que re­ duzcan el consumo tanto de energía suministrada como de energía final de un edificio en un porcentaje signifi­ cativo con respecto a los niveles anteriores a la renova­ ción, dando lugar a un alto rendimiento energético. Esas renovaciones exhaustivas deberían poder llevarse a cabo por etapas. (17) El ritmo de renovación de edificios tiene que aumentar ya que el parque inmobiliario existente constituye el sector con mayor potencial de ahorro de energía. Además, los edificios son cruciales para alcanzar el objetivo de la Unión de reducir las emisiones de gases de efecto inver­ nadero entre un 80 % y un 95 % para 2050 respecto a 1990. Los edificios de propiedad estatal representan una parte considerable del parque inmobiliario y tienen una alta visibilidad ante la opinión pública. Por lo tanto con­ viene fijar un índice anual de renovación de edificios que las Administraciones centrales tengan en propiedad y ocupen con objeto de mejorar su rendimiento energético. Este índice de renovación se entiende sin perjuicio de las obligaciones relativas a los edificios de consumo de ener­ gía casi nulo establecidas en la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios (2). La obligación de renovar los edificios de las Administra­ ciones centrales, que impone la presente Directiva, com­ plementa dicha Directiva, que obliga a los Estados miem­ bros a asegurar que, cuando se hagan renovaciones im­ portantes en edificios ya existentes, se aumente su efi­ ciencia energética de manera que cumplan los requisitos mínimos de eficiencia energética. Los Estados miembros deben poder adoptar medidas alternativas rentables que permitan conseguir una mejora equivalente de la eficien­ cia energética de los edificios del parque inmobiliario de las Administraciones centrales. La obligación de renovar la superficie útil de los edificios de la Administración central debería aplicarse a los órganos administrativos cuya competencia se extienda a la totalidad del territorio de un Estado miembro. Cuando en un Estado miembro determinado no exista, para una competencia determina­ da, un órgano administrativo que abarque la totalidad del territorio, esta obligación debería recaer en aquellos ór­ ganos administrativos cuyas competencias abarquen con­ juntamente la totalidad del territorio. ES14.11.2012 Diario Oficial de la Unión Europea L 315/3 (1) DO L 140 de 5.6.2009, p. 16. (2) DO L 153 de 18.6.2010, p. 13.
4. (18) Algunos municipios y otros organismos públicos de los Estados miembros ya han puesto en práctica plantea­ mientos integrados sobre ahorro de energía y abasteci­ miento de energía, por ejemplo, mediante planes de ac­ tuación energética sostenibles, como los elaborados en virtud del Pacto de los Alcaldes, y planteamientos urba­ nos integrados que van más allá de las distintas interven­ ciones en edificios o modos de transporte. Los Estados miembros deben animar a los municipios y a otros or­ ganismos públicos a adoptar planes de eficiencia energé­ tica sostenibles e integrados con objetivos claros, a im­ plicar a los ciudadanos en su elaboración y aplicación y a informarlos adecuadamente acerca de su contenido y de los avances logrados hacia los objetivos fijados. Estos planes pueden generar considerables ahorros de energía, especialmente si son aplicados por sistemas de gestión energética que permitan a los organismos públicos ges­ tionar mejor su consumo de energía. Debe fomentarse el intercambio de experiencias entre municipios y otros or­ ganismos públicos acerca de las experiencias más inno­ vadoras. (19) En lo que se refiere a la adquisición de determinados productos y servicios y la compra y alquiler de edificios, las Administraciones centrales que firmen contratos de obras, suministros o servicios deben dar ejemplo y tomar decisiones de compra eficientes en cuanto a la energía. Esto debe aplicarse a los órganos administrativos cuya competencia se extiende a la totalidad del territorio de un Estado miembro. Cuando en un Estado miembro determinado no exista, para una competencia determina­ da, un órgano administrativo que abarque la totalidad del territorio, esta obligación debería recaer en aquellos ór­ ganos administrativos cuyas competencias abarquen en su conjunto todo el territorio. Sin embargo, ello no debe afectar a las disposiciones de las Directivas sobre contratación pública de la Unión. Respecto a los produc­ tos a los que no se aplican los requisitos de eficiencia energética para su adquisición previstos en la presente Directiva, los Estados miembros deberían animar a los organismos públicos a tener en cuenta la eficiencia ener­ gética en su adquisición. (20) Se ha realizado una evaluación de la posibilidad de esta­ blecer un régimen de «certificados blancos» a nivel de la Unión que ha mostrado que, en la actual situación, este sistema generaría costes administrativos excesivos y que existe un riesgo de que el ahorro de energía se concentre en una serie de Estados miembros y no en toda la Unión. El objetivo de dicho régimen a nivel de la Unión podría conseguirse más fácilmente, al menos en esta fase, me­ diante sistemas nacionales de obligaciones de eficiencia energética para las empresas de gas y electricidad u otras medidas de actuación alternativas que consigan la misma cantidad de ahorro de energía. Para que el nivel de am­ bición de estos sistemas se plasme en un marco común a nivel de la Unión, dejando, al mismo tiempo, una flexi­ bilidad considerable a los Estados miembros, es conve­ niente tener plenamente en cuenta la organización nacio­ nal de los agentes del mercado, el contexto específico del sector de la energía y los hábitos de los consumidores finales. El marco común debe dar a las empresas de gas y electricidad la opción de ofrecer servicios energéticos a todos los consumidores finales y no solo a aquellos a los que venden energía. Esta situación aumenta la competen­ cia en el mercado de la energía porque las empresas de servicios pueden diferenciar su producto aportando ser­ vicios energéticos complementarios. El marco común debe permitir a los Estados miembros que incluyan re­ quisitos en su régimen nacional cuya finalidad sea social, especialmente a fin de asegurar que los consumidores vulnerables tengan acceso a los beneficios que supone una mayor eficiencia energética. Conviene que los Esta­ dos miembros determinen, basándose en criterios objeti­ vos y no discriminatorios, a qué distribuidores de energía o empresas minoristas de venta de energía habría que imponer la obligación de cumplir el objetivo de ahorro de energía en el uso final de la energía que establece la presente Directiva. En particular, debe permitirse a los Estados miembros no imponer esta obligación a los pequeños distribuidores de energía y a las pequeñas empresas minoristas de venta de energía, con el fin de evitarles una carga administrativa desproporcionada. La Comunicación de la Comisión de 25 de junio de 2008 establece principios que deben tener en cuenta los Estados miembros que decidan abstenerse de recurrir a esta posibilidad. Como medio para respaldar las iniciativas nacionales de eficiencia energética, las par­ tes obligadas en el marco de sistemas nacionales de obli­ gaciones de eficiencia energética podrían cumplir con sus obligaciones contribuyendo anualmente a un Fondo Na­ cional de Eficiencia Energética en una cuantía igual a las inversiones que exija el sistema. (21) Dado el imperativo general de restablecer la sostenibili­ dad de las finanzas públicas y de consolidación fiscal, al llevar a la práctica las medidas concretas que entren en el ámbito de aplicación de la presente Directiva se ha de prestar la debida atención a la rentabilidad que suponga, en el nivel de los Estados miembros, la ejecución de medidas de eficiencia energética con arreglo a un nivel adecuado de análisis y evaluación. (22) El requisito de conseguir un ahorro en las ventas anuales de energía a clientes finales en relación con lo que ha­ brían sido las ventas de energía no constituye un tope para las ventas ni para el consumo de energía. Los Esta­ dos miembros deben poder excluir una parte de las ven­ tas de energía, en volumen, empleada para las actividades industriales enumeradas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régi­ men para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad (1), en el cálculo de las ventas de energía a clientes finales, puesto que es sabido que algunos sectores o subsectores de estas acti­ vidades pueden estar expuestos a un riesgo significativo de fugas de carbono. Los Estados miembros han de estar al corriente de los costes de los sistemas para poder evaluar con exactitud el coste de las medidas. ESL 315/4 Diario Oficial de la Unión Europea 14.11.2012 (1) DO L 275 de 25.10.2003, p. 32.
5. (23) Sin perjuicio de los requisitos establecidos en el artículo 7 y con objeto de limitar la carga administrativa, cada Estado miembro podrá agrupar todas las medidas de actuación destinadas a aplicar el artículo 7 en un amplio programa nacional de eficiencia energética. (24) Para aprovechar el potencial de ahorro de energía de determinados segmentos de mercado en los que no sue­ len ofrecerse auditorías energéticas de forma comercial [como las pequeñas y medianas empresas (PYME)], los Estados miembros deben elaborar programas para fo­ mentar la elaboración de auditorías energéticas en las PYME. Las auditorías energéticas tienen que ser obligato­ rias y periódicas para las grandes empresas ya que el ahorro de energía obtenido puede ser significativo. Las auditorías energéticas deben tener en cuenta las normas europeas o internacionales pertinentes, como EN ISO 50001 (sistemas de gestión de energía), o EN 16247-1 (auditorías energéticas), o, si incluyen una auditoría ener­ gética, EN ISO 14000 (sistemas de gestión ambiental), y, por lo tanto, ser asimismo conformes con lo dispuesto en el anexo VI de la presente Directiva, ya que dichas disposiciones no van más allá de los requisitos de dichas normas pertinentes. Actualmente está en fase de desarro­ llo una norma europea específica sobre auditorías ener­ géticas. (25) Cuando las auditorías energéticas sean realizadas por ex­ pertos internos, la independencia necesaria exigiría que dichos expertos no estén directamente implicados en las actividades auditadas. (26) Al definir las medidas de mejora de la eficiencia energé­ tica, debe tenerse en cuenta la mayor eficiencia y el ahorro que se obtiene con la aplicación generalizada de innovaciones tecnológicas eficaces en cuanto a costes, como los contadores inteligentes. Cuando se instalen contadores inteligentes, estos no deberán ser utilizados por las empresas para realizar una facturación retroactiva injustificada. (27) Por lo que atañe a la electricidad, y de conformidad con la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (1), en los casos en que se haga una evaluación positiva de la provisión de contadores inteligentes, al menos el 80 % de los consu­ midores deberá contar con sistemas de medición inteli­ gentes en 2020. Por lo que atañe al gas, y de conformi­ dad con la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural (2), en los casos en que se haga una evaluación positiva de la provisión de contadores inteligentes, los Estados miem­ bros o cualquier autoridad competente que designen ha­ brán de elaborar un calendario para la implantación de sistemas de medición inteligentes. (28) La utilización de contadores individuales o de sistemas de imputación de costes de calefacción para la medición del consumo individual en edificios de pisos con suministro de calefacción urbana o calefacción central común resulta beneficiosa cuando los clientes finales cuentan con me­ dios de control de su propio consumo individual. Por consiguiente, su uso solo se justifica en edificios en los que los radiadores estén provistos de válvulas termostá­ ticas. (29) En algunos edificios de pisos con suministro de calefac­ ción urbana o con calefacción central común, la utiliza­ ción de contadores individuales de calefacción precisos resultaría técnicamente difícil y costosa debido al hecho de que el agua caliente empleada para la calefacción entra y sale de los pisos por varios puntos. Puede presuponerse que la medición individual del consumo de calefacción en los edificios de pisos es técnicamente posible cuando la instalación de contadores individuales no requiera cam­ biar las tuberías interiores existentes para la calefacción por agua caliente en el edificio. En dichos edificios, pues, podrán efectuarse mediciones del consumo individual de calefacción por medio de la instalación de sistemas indi­ viduales de imputación del coste de calefacción en cada radiador. (30) La Directiva 2006/32/CE dispone que los Estados miem­ bros garanticen que los clientes finales reciban contado­ res individuales a un precio competitivo, que reflejen exactamente su consumo real de energía y que propor­ cionen información sobre el tiempo real de uso. En la mayoría de los casos, esta disposición se supedita a la condición de que sea técnicamente posible, financiera­ mente razonable y proporcionado en relación con el ahorro de energía potencial. No obstante, cuando se realiza una conexión en un edificio nuevo o en un edi­ ficio que se somete a una reforma importante, según la definición de la Directiva 2010/31/UE, deben proporcio­ narse esos contadores individuales en todos los casos. La Directiva 2006/32/CE dispone asimismo que se presente una facturación clara, basada en el consumo real, con la frecuencia suficiente para permitir que los clientes regu­ len su propio consumo de energía. (31) Las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE disponen que los Estados miembros garanticen la utilización de siste­ mas de medición inteligentes que contribuyan a la parti­ cipación activa de los consumidores en los mercados de suministro de electricidad y de gas. Por lo que respecta a la electricidad, cuando la provisión de contadores inteli­ gentes se considere rentable, se equipará, para 2020, al menos al 80 % de los consumidores con sistemas de medición inteligentes. Por lo que respecta al gas natural, no se marca plazo alguno, pero se requiere la elaboración de un calendario. Dichas Directivas declaran asimismo que los clientes finales estén informados adecuadamente del consumo real de electricidad o de gas y de los costes correspondientes con una frecuencia que les permita re­ gular su propio consumo. ES14.11.2012 Diario Oficial de la Unión Europea L 315/5 (1) DO L 211 de 14.8.2009, p. 55. (2) DO L 211 de 14.8.2009, p. 94.
6. (32) La repercusión de las disposiciones sobre medición y facturación de las Directivas 2006/32/CE, 2009/72/CE y 2009/73/CE en el ahorro de energía ha sido limitada. En muchos lugares de la Unión, dichas disposiciones no han determinado que los clientes reciban información actualizada sobre su consumo de energía, ni una factu­ ración basada en el consumo real con la frecuencia que, según revelan los estudios, es necesaria para permitir a los clientes regular su consumo de energía. En los secto­ res de la calefacción de la vivienda y del agua caliente en edificios de pisos, la insuficiente claridad de dichas dis­ posiciones ha dado lugar, además, a numerosas quejas de los ciudadanos. (33) Con objeto de reforzar la capacitación de los clientes finales en cuanto al acceso a la información de la medi­ ción y facturación de su consumo individual de energía, teniendo en mente las oportunidades conexas al proceso de los sistemas de medición inteligentes y la provisión de contadores inteligentes en los Estados miembros, es im­ portante que las disposiciones del Derecho de la Unión en este ámbito sean más claras. Esto debe contribuir a reducir los costes de la aplicación de los sistemas de medición inteligentes equipados con funciones que po­ tencien el ahorro de energía y a respaldar el desarrollo de los mercados de los servicios energéticos y de la gestión de la demanda. La aplicación de los sistemas de medición inteligente permite una facturación frecuente basada en el consumo real. No obstante, existe también la necesidad de aclarar los requisitos relativos al acceso a la informa­ ción y a la facturación justa y exacta basada en el con­ sumo real en los casos en que no se disponga de conta­ dores inteligentes en 2020, también respecto de la me­ dición y facturación del consumo individual de calefac­ ción, refrigeración y agua caliente en los edificios de pisos que reciben un suministro de calefacción o refrige­ ración urbana o lo reciben de un sistema común de calefacción propio instalado en dichos edificios. (34) Al definir las medidas de mejora de la eficiencia energé­ tica, los Estados miembros deben tener en cuenta la necesidad de asegurar el correcto funcionamiento del mercado interior y la aplicación coherente del acervo, de acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. (35) La cogeneración de alta eficiencia y los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración tienen un potencial signifi­ cativo de ahorro de energía primaria que, en general, está poco explotado en la Unión. Los Estados miembros de­ ben llevar a cabo una evaluación exhaustiva del potencial de cogeneración de alta eficiencia y de sistemas urbanos de calefacción y refrigeración. Estas evaluaciones deben actualizarse previa solicitud de la Comisión, para facilitar información a los inversores en cuanto a los planes na­ cionales de desarrollo y contribuir a un entorno estable y propicio para las inversiones. Las instalaciones nuevas de generación de electricidad y las ya existentes que hayan sido objeto de una reforma sustancial o cuyo permiso o licencia se haya actualizado deben ir equipadas con uni­ dades de cogeneración de alta eficiencia para recuperar el calor residual procedente de la producción de electrici­ dad, siempre que el análisis de costes y beneficios sea favorable. Este calor residual podría luego transportarse a donde se necesite mediante redes de calefacción urbana. Los hechos que activarán el requisito de que se apliquen criterios de autorización serán por lo general hechos que activen igualmente la exigencia de permisos con arreglo a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisio­ nes industriales (1), y de autorización con arreglo a la Directiva 2009/72/CE. (36) En el caso de ciertas centrales de energía nuclear o cen­ trales de producción de electricidad destinadas a fines de almacenamiento geológico autorizado con arreglo a la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Con­ sejo, de 23 de abril de 2009, relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono (2), puede ser adecuado que estén ubicadas en lugares en los que no resulta ren­ table la recuperación del calor residual por medio de la cogeneración de alta eficiencia o su suministro a una red urbana de calefacción o refrigeración. Por consiguiente, deberá permitirse a los Estados miembros eximir a dichas centrales de la obligación de llevar a cabo un análisis de la posible rentabilidad de dotar a la central de equipo que permita la recuperación del calor residual por medio de una unidad de cogeneración de alta eficiencia. También debe posibilitarse eximir a las centrales eléctricas para puntas de carga y de reserva, previstas para operar du­ rante menos de 1 500 horas de funcionamiento al año como media móvil calculada a lo largo de cinco años, de la exigencia de suministrar también calor. (37) Es conveniente que los Estados miembros estimulen la adopción de medidas y procedimientos para promover las instalaciones de cogeneración con una potencia tér­ mica nominal total igual o inferior a 20 MW con objeto de fomentar la generación distribuida de energía. (38) Por cogeneración de alta eficiencia se entiende la que permite ahorrar energía mediante la producción combi­ nada, en lugar de separada, de calor y electricidad. Las definiciones de cogeneración y de cogeneración de alta eficiencia utilizadas en la legislación de la Unión no pue­ den afectar al uso de definiciones diferentes en la legis­ lación nacional para fines distintos de los establecidos en la legislación de la Unión pertinente. Con objeto de ob­ tener el máximo ahorro de energía y no perder oportu­ nidades de ahorro, tiene que prestarse la mayor atención posible a las condiciones de funcionamiento de las uni­ dades de cogeneración. ESL 315/6 Diario Oficial de la Unión Europea 14.11.2012 (1) DO L 334 de 17.12.2010, p. 17. (2) DO L 140 de 5.6.2009, p. 114.
7. (39) Para aumentar la transparencia de manera que el cliente final pueda elegir entre electricidad proveniente de la cogeneración y electricidad producida mediante otras téc­ nicas, debe garantizarse el origen de la cogeneración de alta eficiencia basándose en valores armonizados de refe­ rencia de la eficiencia. Los regímenes de garantía de ori­ gen no confieren de por sí el derecho a beneficiarse de mecanismos de apoyo nacionales. Es importante que to­ das las formas de electricidad producidas mediante coge­ neración de alta eficiencia puedan quedar cubiertas por garantías de origen. Las garantías de origen deben distin­ guirse de los certificados intercambiables. (40) Hay que tener en cuenta la estructura específica de los sectores de la cogeneración y de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, que incluyen numerosos pro­ ductores pequeños y medianos, especialmente a la hora de revisar los procedimientos administrativos para obte­ ner permisos de construcción de instalaciones de coge­ neración o de redes asociadas, aplicando el principio de «pensar primero a pequeña escala». (41) La mayor parte de las empresas de la Unión son PYME. Estas empresas representan un enorme potencial de aho­ rro de energía para la Unión. Para ayudarlas a adoptar medidas de eficiencia energética, los Estados miembros deben establecer un marco favorable destinado a propor­ cionarles asistencia técnica e información con fines espe­ cíficos. (42) La Directiva 2010/75/UE incluye la eficiencia energética entre los criterios para determinar las Mejores Técnicas Disponibles, que deben servir de referencia para estable­ cer las condiciones de los permisos de construcción de las instalaciones a las que se aplica dicha Directiva, in­ cluidas las instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal total igual o superior a 50 MW. Sin embargo, dicha Directiva da a los Estados miembros la opción de no imponer requisitos de eficiencia energética a las unidades de combustión o a otras unidades que emitan dióxido de carbono en la instalación y que lleven a cabo actividades enumeradas en el anexo I de la Direc­ tiva 2003/87/CE. Los Estados miembros podrían recoger información sobre los niveles de eficiencia energética en los informes que presenten con arreglo a la Directiva 2010/75/UE. (43) Basándose en criterios objetivos, transparentes y no dis­ criminatorios, los Estados miembros deben establecer normas que rijan la asunción y el reparto de los costes de las conexiones y los refuerzos de la red, así como de las adaptaciones técnicas necesarias para la integración de los nuevos productores de electricidad de cogeneración de alta eficiencia, teniendo en cuenta las normas y códi­ gos elaborados de acuerdo con lo dispuesto en el Regla­ mento (CE) no 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a las condicio­ nes de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad (1) y en el Reglamento (CE) no 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural (2). Debe poder permitirse a los productores de electricidad mediante cogeneración de alta eficiencia que convoquen licitaciones para los trabajos de conexión. Asimismo, hay que facilitar el ac­ ceso a la red de la electricidad producida mediante coge­ neración de alta eficiencia, especialmente en el caso de las unidades de microgeneración y generación a pequeña escala. De conformidad con el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2009/72/CE y con el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2009/73/CE, los Estados miembros podrán imponer a las empresas que operen en los sec­ tores de la electricidad y del gas obligaciones de servicio público relativas a la eficiencia energética. (44) La respuesta de la demanda constituye una herramienta importante para mejorar la eficiencia energética, puesto que aumenta considerablemente las oportunidades de los consumidores o de los terceros designados por ellos de tomar medidas en lo que respecta al consumo y la in­ formación sobre la facturación, por lo que ofrece un mecanismo para reducir o modificar el consumo que permite un ahorro de energía tanto en el consumo final como, gracias a un uso optimizado de las redes y activos de generación, en la generación, el transporte y la dis­ tribución de energía. (45) La respuesta de la demanda puede estar basada en las reacciones de los clientes finales a las señales de los precios o en la automatización de los edificios. Habría que mejorar las condiciones de respuesta a la demanda y el acceso a la misma, en particular para los pequeños consumidores finales. Teniendo en cuenta el despliegue continuado de redes inteligentes, los Estados miembros deben velar, por lo tanto, por que las autoridades nacio­ nales de regulación de la energía puedan garantizar que las tarifas de red y la reglamentación incentiven una mejora de la eficiencia energética y promuevan una fija­ ción de precios dinámica para medidas de respuesta de la demanda por parte de los consumidores finales. Conviene perseguir la integración del mercado y la igualdad de oportunidades de acceso al mercado por lo que se refiere a los recursos del lado de la demanda (oferta y cargas de los consumidores). Además, los Estados miembros deben velar por que las autoridades nacionales de regulación de la energía apliquen un planteamiento integrado que in­ cluya el potencial de ahorro en los sectores del suminis­ tro de energía y de los usuarios finales. (46) Por otra parte, debe disponerse de un número suficiente de profesionales competentes y fiables del campo de la eficiencia energética a fin de asegurar la aplicación efec­ tiva y oportuna de la presente Directiva, por ejemplo en lo que se refiere al cumplimiento de los requisitos sobre auditorías energéticas y de las obligaciones de eficiencia energética. Por consiguiente, los Estados miembros han de establecer sistemas de certificación para los provee­ dores de servicios energéticos, de auditorías energéticas y de otras medidas de mejora de la eficiencia energética. ES14.11.2012 Diario Oficial de la Unión Europea L 315/7 (1) DO L 211 de 14.8.2009, p. 15. (2) DO L 211 de 14.8.2009, p. 36.
8. (47) Es necesario continuar desarrollando el mercado de ser­ vicios energéticos a fin de asegurar la disponibilidad tanto de la demanda como de la oferta de servicios energéticos. La transparencia puede contribuir a ello, por ejemplo mediante listas de proveedores de servicios energéticos. También pueden ayudar a estimular la demanda los mo­ delos de contratos, los intercambios de buenas prácticas y las orientaciones, especialmente para la contratación de un rendimiento energético determinado. Como en otras formas de acuerdos de financiación por terceros, en un contrato de rendimiento energético el beneficiario del servicio energético evita costes de inversión utilizando parte del valor del ahorro de energía para pagar total o parcialmente la inversión efectuada por un tercero. (48) Es necesario detectar y eliminar las barreras reglamenta­ rias y no reglamentarias que se oponen al uso de con­ tratos de rendimiento energético y de otros acuerdos de financiación por terceros relacionados con el ahorro de energía. Entre dichas barreras, cabe citar las normas y prácticas contables que impiden que la inversión de ca­ pital y los ahorros económicos anuales generados por las medidas de mejora de la eficiencia energética se recojan adecuadamente en las cuentas durante toda la duración de la inversión. También deben abordarse a nivel nacio­ nal los obstáculos a la renovación del parque inmobilia­ rio existente basados en una división de incentivos entre los diferentes actores. (49) Conviene animar a los Estados miembros y a las regiones a hacer un uso pleno de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión para incentivar la inversión en me­ didas de eficiencia energética. La inversión en eficiencia energética tiene potencial para contribuir al crecimiento económico, el empleo, la innovación y la reducción de la pobreza energética de los hogares, y, por tanto, supone una contribución positiva a la cohesión económica, social y territorial. Entre los posibles campos de financiación conviene destacar las medidas de eficiencia energética en los edificios públicos y las viviendas, y las nuevas cualificaciones para fomentar el empleo en el sector de la eficiencia energética. (50) Los Estados miembros deben fomentar el empleo de mecanismos de financiación para promover los objetivos de la presente Directiva. Tales mecanismos de financia­ ción podrían incluir contribuciones financieras y sancio­ nes por incumplimiento de determinadas disposiciones de la presente Directiva, los recursos destinados a la eficiencia energética al amparo del artículo 10, apartado 3, de la Directiva 2003/87/CE, los recursos destinados a la eficiencia energética en el marco financiero plurianual, en particular el Fondo de Cohesión, los Fondos Estructu­ rales y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, así como los instrumentos financieros europeos específi­ cos, tales como el Fondo Europeo de Eficiencia Energé­ tica. (51) Estos mecanismos de financiación podrían basarse, cuando corresponda, en recursos destinados a la eficien­ cia energética derivados de las obligaciones de la Unión para financiación de proyectos; recursos asignados a la eficiencia energética por el Banco Europeo de Inversiones y otras instituciones financieras europeas, en particular el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa; recursos obtenidos de instituciones financieras; recursos naciona­ les, incluido a través de la creación de marcos reguladores y fiscales que promuevan la realización de iniciativas y programas en materia de eficiencia energética, y los in­ gresos procedentes de las asignaciones anuales de emisio­ nes de conformidad con la Decisión no 406/2009/CE. (52) En particular, los mecanismos de financiación pueden utilizar esas contribuciones, esos recursos e ingresos para posibilitar y fomentar las inversiones de capital pri­ vado, contando en particular con los inversores institu­ cionales y aplicando al mismo tiempo, para la concesión de fondos, criterios que aseguren la consecución de ob­ jetivos medioambientales y sociales; recurrir a instrumen­ tos financieros innovadores (por ejemplo, garantías de préstamos para el capital privado, garantías de préstamos para fomentar la contratación de eficiencia energética, subvenciones, préstamos subvencionados y líneas de cré­ dito específicas) que reduzcan los riesgos de los proyectos en materia de eficiencia energética y permitan realizar renovaciones rentables incluso en los hogares de rentas bajas y medias; estar vinculados a programas o agencias que agregarán y evaluarán la calidad de los proyectos de ahorro de energía, brindarán asistencia técnica, promove­ rán el mercado de los servicios energéticos y contribuirán a fomentar la demanda de los consumidores por este tipo de servicios. (53) Los mecanismos de financiación también pueden propor­ cionar los recursos adecuados para apoyar programas de capacitación y certificación que mejoren y acrediten las cualificaciones necesarias para desarrollar la eficiencia energética; proporcionar recursos destinados a proyectos de investigación de microtecnologías y tecnologías a pe­ queña escala para la generación de energía, así como a su demostración y aplicación, y a la optimización de las conexiones de estos generadores a la red; estar vinculados a programas que emprendan acciones destinadas a pro­ mover la eficiencia energética en todas las viviendas, a fin de evitar la pobreza energética y animar a los propieta­ rios que arriendan viviendas a que estas sean lo más eficientes posible desde el punto de vista energético; pro­ porcionar los recursos adecuados para apoyar el diálogo social y la adopción de normas destinadas a mejorar la eficiencia energética, así como a asegurar unas buenas condiciones laborales y la salud y la seguridad en el trabajo. (54) Debe recurrirse a los instrumentos de financiación de la Unión disponibles y a mecanismos de financiación inno­ vadores para llevar a la práctica el objetivo de mejorar el rendimiento energético de los edificios de los organismos públicos. Para tal fin, los Estados miembros han de poder utilizar los ingresos que perciban con motivo de las asignaciones anuales de emisiones en el marco de la Decisión no 406/2009/CE para desarrollar tales mecanis­ mos con carácter voluntario y teniendo en cuenta las normas presupuestarias nacionales. ESL 315/8 Diario Oficial de la Unión Europea 14.11.2012
9. (55) Para la consecución del objetivo del 20 % de eficiencia energética, la Comisión tendrá que hacer un seguimiento de la repercusión de las nuevas medidas en la Directiva 2003/87/CE por la que se establece el régimen de la Unión para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (RCDE) a fin de mantener aquellos incentivos del sistema de comercio de derechos de emi­ sión destinados a inversiones que implican una reducción de las emisiones de carbono y a preparar a los sectores sujetos al RCDE para las innovaciones que se necesitarán en el futuro. Tendrá que hacer un seguimiento de la repercusión en dichos sectores industriales que están ex­ puestos a un riesgo significativo de fugas de carbono, definidos en la Decisión 2010/2/UE de la Comisión, de 24 de diciembre de 2009, por la que se determina, de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parla­ mento Europeo y del Consejo, una lista de los sectores y subsectores que se consideran expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono (1), con objeto de garan­ tizar que la presente Directiva promueva y no obstaculice el desarrollo de dichos sectores. (56) La Directiva 2006/32/CE dispone que los Estados miem­ bros fijen y se propongan alcanzar un objetivo orienta­ tivo nacional general de ahorro de energía del 9 % para 2016, que se conseguirá mediante la prestación de ser­ vicios energéticos y el establecimiento de otras medidas de mejora de la eficiencia energética. En esa Directiva se expone que el segundo Plan de Eficiencia Energética adoptado por los Estados miembros irá seguido, según convenga y cuando sea necesario, por propuestas de me­ didas adicionales presentadas por la Comisión, entre ellas la prórroga del período de aplicación de los objetivos. Si en un informe posterior se llega a la conclusión de que no se han hecho suficientes progresos para alcanzar los objetivos indicativos nacionales, estas propuestas deberán tratar el nivel y la naturaleza de los objetivos. La evalua­ ción de impacto que acompaña a la presente Directiva constata que los Estados miembros están en camino de alcanzar el objetivo del 9 %, que es sustancialmente me­ nos ambicioso que el del 20 % para 2020, adoptado posteriormente, y, por tanto, no hay necesidad de abor­ dar el nivel de los objetivos. (57) El programa «Energía inteligente — Europa» que establece la Decisión no 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 2006, por la que se establece un programa marco para la innovación y la competitividad (2007 a 2013) (2), ha resultado crucial para crear un ambiente propicio a la adecuada aplicación de las políticas de la Unión en materia de energía soste­ nible, al suprimir obstáculos al mercado, como el que supone la insuficiente sensibilización y capacidad de los actores e instituciones del mercado, barreras técnicas o administrativas nacionales que afectan al buen funciona­ miento del mercado interior de la energía, o mercados laborales poco desarrollados para hacer frente al desafío de la economía con bajas emisiones de carbono. Muchas de estas barreras siguen vigentes. (58) Con objeto de aprovechar el considerable potencial de ahorro de energía de los productos relacionados con la energía, debe acelerarse y ampliarse la aplicación de la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se ins­ taura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía (3) y de la Directiva 2010/30/UE del Par­ lamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía (4), mediante el etiquetado y una información normalizada. Debe darse prioridad a los productos que ofrecen el mayor potencial de ahorro de energía, tal como los define el plan de trabajo sobre diseño ecológi­ co, así como, cuando proceda, a la revisión de las medi­ das existentes. (59) A fin de aportar claridad a las condiciones en que los Estados miembros pueden establecer requisitos de rendi­ miento energético con arreglo a la Directiva 2010/31/UE sin dejar de cumplir con la Directiva 2009/125/CE y sus medidas de ejecución, procede modificar la Directiva 2009/125/CE. (60) Dado que la finalidad de la presente Directiva, que es alcanzar el objetivo de eficiencia energética de la Unión del 20 % para 2020 y preparar el camino hacia mejoras de eficiencia energética ulteriores más allá de 2020, no puede ser alcanzada de manera suficiente por los Estados miembros sin tomar medidas adicionales de eficiencia energética, y puede conseguirse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, con arreglo al prin­ cipio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artícu­ lo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo. (61) Con el fin de permitir la adaptación al progreso técnico y los cambios en la distribución de las fuentes de energía, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcio­ namiento de la Unión Europea, por lo que respecta a la revisión de los valores armonizados de referencia de la eficiencia establecidos con arreglo a la Directiva 2004/8/CE y respecto a los valores, los métodos de cál­ culo, el coeficiente de energía primaria por defecto y los requisitos de los anexos de la presente Directiva. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en par­ ticular con expertos. Al preparar y elaborar actos delega­ dos, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada. (62) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la presente Directiva, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modali­ dades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comi­ sión (5). ES14.11.2012 Diario Oficial de la Unión Europea L 315/9 (1) DO L 1 de 5.1.2010, p. 10. (2) DO L 310 de 9.11.2006, p. 15. (3) DO L 285 de 31.10.2009, p. 10. (4) DO L 153 de 18.6.2010, p. 1. (5) DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
10. (63) Deben derogarse todas las disposiciones sustantivas de las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, excepto los artícu­ los 4, apartados 1 a 4, y los anexos I, III y IV de la Directiva 2006/32/CE. Estas últimas disposiciones deben seguir aplicándose hasta la expiración del plazo para la consecución del objetivo del 9 %. Deben derogarse los apartados 1 y 2 del artículo 9 de la Directiva 2010/30/UE, que establece la obligación de que los Es­ tados miembros procuren adquirir únicamente productos que pertenezcan a la clase de eficiencia energética más elevada. (64) La obligación de incorporar la presente Directiva al De­ recho nacional debe limitarse a las disposiciones que constituyan una modificación sustantiva respecto a las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE. La obligación de incorporar al Derecho nacional las disposiciones inaltera­ das se deriva de dichas Directivas. (65) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros respecto a los plazos de incor­ poración al Derecho nacional y de aplicación de la Di­ rectiva 2004/8/CE y 2006/32/CE. (66) De conformidad con la Declaración política común de los Estados miembros y de la Comisión sobre los docu­ mentos explicativos, de 28 de septiembre de 2011, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de incorporación al Derecho nacional, en aquellos casos en que esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de incorporación al Dere­ cho nacional. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales docu­ mentos está justificada. HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: CAPÍTULO I OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIONES Y OBJETIVOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación 1. La presente Directiva establece un marco común de me­ didas para el fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión a fin de asegurar la consecución del objetivo principal de eficiencia energética de la Unión de un 20 % de ahorro para 2020, y a fin de preparar el camino para mejoras ulteriores de eficiencia energética más allá de ese año. En ella se establecen normas destinadas a eliminar barreras en el mercado de la energía y a superar deficiencias del mercado que obstaculizan la eficiencia en el abastecimiento y el consumo de energía. Asimismo, se dispone el establecimiento de objetivos nacionales orientativos de eficiencia energética para 2020. 2. Los requisitos que establece la presente Directiva son re­ quisitos mínimos y se entienden sin perjuicio de que cualquier Estado miembro mantenga o introduzca medidas más estrictas. Tales medidas deberán ser compatibles con el Derecho de la Unión. Cuando las disposiciones de la legislación nacional esta­ blezcan medidas más estrictas, los Estados miembros notificarán dichas disposiciones a la Comisión. Artículo 2 Definiciones A los efectos de la presente Directiva se entenderá por: 1) «energía»: todas las formas de productos energéticos, com­ bustibles, calor, energía renovable, electricidad o cualquier otra forma de energía, según se definen en el artículo 2, letra d), del Reglamento (CE) no 1099/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativo a las estadísticas sobre energía (1); 2) «consumo de energía primaria»: el consumo interior bruto, excluidos los usos no energéticos; 3) «consumo de energía final»: toda la energía suministrada a la industria, el transporte, los hogares, los servicios y la agricultura. No incluye los suministros al sector de trans­ formación de la energía y a las industrias de la energía propiamente dichas; 4) «eficiencia energética»: la relación entre la producción de un rendimiento, servicio, bien o energía, y el gasto de energía; 5) «ahorro de energía»: la cantidad de energía ahorrada, deter­ minada mediante la medición y/o estimación del consumo antes y después de la aplicación de alguna medida de me­ jora de la eficiencia energética, teniendo en cuenta al mismo tiempo la normalización de las condiciones externas que influyen en el consumo de energía; 6) «mejora de la eficiencia energética»: el aumento de la efi­ ciencia energética como resultado de cambios tecnológicos, de comportamiento y/o económicos; 7) «servicio energético»: el beneficio físico, la utilidad o el bien derivados de la combinación de una energía con una tec­ nología energética eficiente o con una acción, que puede incluir las operaciones, el mantenimiento y el control ne­ cesarios para prestar el servicio, el cual se presta con arre­ glo a un contrato y que, en circunstancias normales, ha demostrado conseguir una mejora de la eficiencia energé­ tica o un ahorro de energía primaria verificables y medibles o estimables; 8) «organismos públicos»: los poderes adjudicadores tal como se definen en la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Eu­ ropeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servi­ cios (2); 9) «Administración central»: todos los órganos administrativos cuya competencia se extiende a la totalidad del territorio de un Estado miembro; ESL 315/10 Diario Oficial de la Unión Europea 14.11.2012 (1) DO L 304 de 14.11.2008, p. 1. (2) DO L 134 de 30.4.2004, p. 114.
11. 10) «superficie útil total»: la superficie cubierta de un edificio o de parte de un edificio en la que se emplea energía para adaptar las condiciones ambientales interiores; 11) «sistema de gestión de la energía»: un conjunto de elemen­ tos relacionados entre sí o en interacción pertenecientes a un plan que establece un objetivo de eficiencia energética y una estrategia para alcanzarlo; 12) «norma europea»: una norma adoptada por el Comité Eu­ ropeo de Normalización, el Comité Europeo de Normaliza­ ción Electrotécnica o el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, y puesta a disposición para su utiliza­ ción pública; 13) «norma internacional»: una norma adoptada por la Organi­ zación Internacional de Normalización puesta a disposición del público; 14) «parte obligada»: un distribuidor de energía o una empresa minorista de venta de energía vinculados por los sistemas nacionales de obligaciones de eficiencia energética que se mencionan en el artículo 7; 15) «parte encargada»: una entidad jurídica con competencias delegadas por una institución u otro organismo de carácter público para concebir, gestionar o aplicar un sistema de financiación en nombre de la Administración o de otro organismo público; 16) «parte participante»: una empresa o un organismo público que se ha comprometido a cumplir determinados objetivos en virtud de un acuerdo voluntario, o que está cubierto por un instrumento nacional de regulación de la actuación; 17) «autoridad pública de ejecución»: un organismo de Derecho público responsable de la aplicación o del control de la fiscalidad de la energía o del carbono, de sistemas e ins­ trumentos de financiación, de incentivos, normas y criterios tributarios, de sistemas de etiquetado de la energía o de actividades de formación o educación en este ámbito; 18) «medida de actuación»: un instrumento de reglamentación, financiero, tributario, voluntario o de suministro de infor­ mación creado y establecido oficialmente en un Estado miembro con el fin de que constituya un marco de apoyo, un requisito o un incentivo para que los agentes del mer­ cado presten y adquieran servicios energéticos y lleven a cabo otras medidas de mejora de la eficiencia energética; 19) «actuación individual»: una actuación que da lugar a mejo­ ras de la eficiencia energética verificables y medibles o estimables, y que se lleva a cabo como consecuencia de una medida de actuación; 20) «distribuidor de energía»: toda persona física o jurídica, incluidos los operadores de sistemas de distribución, res­ ponsable del transporte de energía con vistas a su entrega a los clientes finales o a las compañías de distribución que venden energía a los clientes finales; 21) «gestor de la red de distribución»: la figura así definida en las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE, respectivamente; 22) «empresa minorista de venta de energía»: toda persona física o jurídica que vende energía al cliente final; 23) «cliente final»: toda persona física o jurídica que compra energía para su propio uso final; 24) «proveedor de servicios energéticos»: toda persona física o jurídica que presta servicios energéticos o aplica otras me­ didas de mejora de la eficiencia energética en la instalación o los locales de un cliente final; 25) «auditoría energética»: todo procedimiento sistemático des­ tinado a obtener conocimientos adecuados del perfil de consumo de energía existente de un edificio o grupo de edificios, de una instalación u operación industrial o co­ mercial, o de un servicio privado o público, así como para determinar y cuantificar las posibilidades de ahorro de ener­ gía a un coste eficiente e informar al respecto; 26) «pequeñas y medianas empresas» o «PYME»: las empresas definidas en el título I del anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (1); la categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas está constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones EUR o cuyo ba­ lance general anual no excede de 43 millones EUR; 27) «contrato de rendimiento energético»: todo acuerdo con­ tractual entre el beneficiario y el proveedor de una medida de mejora de la eficiencia energética, verificada y supervi­ sada durante toda la vigencia del contrato, en el que las inversiones (obras, suministros o servicios) en dicha medida se abonan respecto de un nivel de mejora de la eficiencia energética acordado contractualmente o de otro criterio de rendimiento energético acordado, como, por ejemplo, el ahorro financiero; 28) «sistema de medición inteligente»: sistema electrónico capaz de medir el consumo de energía, que proporciona más información que un contador convencional, y de transmitir y recibir datos utilizando una forma de comunicación elec­ trónica; 29) «gestor de redes de transporte»: la figura así definida en las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE, respectivamente; 30) «cogeneración»: la generación simultánea de energía térmica y de energía eléctrica o mecánica en un solo proceso; 31) «demanda económicamente justificable»: la demanda que no supere las necesidades de calefacción o refrigeración y que, de no recurrirse a la cogeneración, se satisfaría en condi­ ciones de mercado mediante procesos de producción de energía distintos de la cogeneración; ES14.11.2012 Diario Oficial de la Unión Europea L 315/11 (1) DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.
12. 32) «calor útil»: el calor producido en un proceso de cogenera­ ción para satisfacer una demanda económicamente justifi­ cable de calefacción o refrigeración; 33) «electricidad de cogeneración»: la electricidad generada en un proceso relacionado con la producción de calor útil y calculada de acuerdo con la metodología establecida en el anexo I; 34) «cogeneración de alta eficiencia»: la cogeneración que cum­ pla los criterios establecidos en el anexo II; 35) «eficiencia global»: la suma anual de la producción de elec­ tricidad y energía mecánica y de calor útil dividida por la cantidad de combustible consumida para la producción de calor mediante un proceso de cogeneración y para la pro­ ducción bruta de electricidad y de energía mecánica; 36) «relación entre electricidad y calor»: la relación entre la electricidad de cogeneración y el calor útil cuando se fun­ ciona en modo de cogeneración total, utilizando datos operativos de la unidad concreta; 37) «unidad de cogeneración»: una unidad que puede funcionar en modo de cogeneración; 38) «unidad de cogeneración a pequeña escala»: una unidad de cogeneración con una potencia instalada inferior a 1 MWe; 39) «unidad de microgeneración»: unidad de cogeneración con una potencia máxima inferior a los 50 kWe; 40) «coeficiente de ocupación del suelo»: la relación entre la superficie construida y la superficie del terreno en un te­ rritorio determinado; 41) «sistema urbano eficiente de calefacción y refrigeración»: todo sistema urbano de calefacción o de refrigeración que utilice al menos un 50 % de energía renovable, un 50 % de calor residual, un 75 % de calor cogenerado o un 50 % de una combinación de estos tipos de energía y calor; 42) «calefacción y refrigeración eficientes»: toda opción de ca­ lefacción y refrigeración que, en comparación con una hi­ pótesis de base que refleje la situación sin modificaciones, disminuya de manera mensurable la energía entrante nece­ saria para proveer una unidad de energía suministrada den­ tro del límite pertinente de un sistema, de manera rentable, según el análisis de costes y beneficios previsto en la pre­ sente Directiva, y teniendo en cuenta la energía necesaria para la extracción, conversión, transporte y distribución; 43) «calefacción y refrigeración individuales eficientes»: toda op­ ción de suministro individual de calefacción y refrigeración que, en comparación con un sistema urbano eficiente de calefacción y refrigeración, disminuya de manera mensura­ ble la energía primaria no renovable entrante necesaria para proveer una unidad de energía suministrada dentro del límite pertinente de un sistema, o que requiera la misma energía primaria no renovable entrante pero con un coste menor, teniendo en cuenta la energía necesaria para la extracción, conversión, transporte y distribución; 44) «renovación sustancial»: toda renovación cuyo coste supere el 50 % del coste de inversión que correspondería a una unidad nueva comparable; 45) «central de compra»: suministrador de servicio a la de­ manda que aúna múltiples cargas de corta duración de los consumidores para su venta o subasta en mercados de energía organizados. Artículo 3 Objetivos de eficiencia energética 1. Cada Estado miembro fijará un objetivo nacional de efi­ ciencia energética orientativo, basado bien en el consumo de energía primaria o final, bien en el ahorro de energía primaria o final, bien en la intensidad energética. Los Estados miembros notificarán ese objetivo a la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 1, y con el anexo XIV, parte 1. Cuando efectúen esa notificación, expresarán dicho objetivo asimismo en términos de nivel absoluto de consumo de energía primaria y consumo de energía final en 2020 y explicarán el modo y los datos en que se han basado para efectuar este cálculo. Para la fijación de los objetivos, los Estados miembros tendrán en cuenta: a) que el consumo de energía de la Unión en 2020 no ha de ser superior a 1 474 Mtep de energía primaria o a 1 078 Mtep de energía final; b) las medidas previstas en la presente Directiva; c) las medidas adoptadas para alcanzar los objetivos nacionales de ahorro de energía adoptados con arreglo al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2006/32/CE, y d) otras medidas destinadas a promover la eficiencia energética en los Estados miembros y a escala de la Unión. ESL 315/12 Diario Oficial de la Unión Europea 14.11.2012
13. A la hora de fijar esos objetivos, los Estados miembros también podrán tener en cuenta circunstancias nacionales que afecten al consumo de energía primaria, como: a) el potencial remanente de ahorro rentable de energía; b) la evolución y previsiones del PIB; c) los cambios en las importaciones y exportaciones de energía; d) los avances en todas las fuentes de energías renovables, la energía nuclear, la captura y almacenamiento de carbono, y e) la actuación temprana. 2. A más tardar el 30 de junio de 2014, la Comisión eva­ luará los progresos realizados y la probabilidad de que la Unión logre un consumo de energía no superior a 1 474 Mtep de energía primaria y/o 1 078 Mtep de energía final en 2020. 3. Para la realización de las revisiones a que se refiere el apartado 2, la Comisión: a) sumará los objetivos orientativos nacionales de eficiencia energética comunicados por los Estados miembros; b) evaluará si puede considerarse que la suma de esos objetivos constituye una orientación fiable de si el conjunto de la Unión va a cumplir el objetivo final, teniendo en cuenta la evaluación del primer informe anual con arreglo al artícu­ lo 24, apartado 1, y la evaluación de los Planes nacionales de acción para la eficiencia energética de conformidad con el artículo 24, apartado 2; c) tendrá en cuenta cualquier análisis complementario resul­ tante de: i) una evaluación de los progresos en el consumo de ener­ gía, y en el consumo de energía en relación con la acti­ vidad económica, a escala de la Unión, en particular los avances en la eficiencia del suministro energético en los Estados miembros que hayan basado sus objetivos orien­ tativos nacionales en el consumo de energía final o en el ahorro de energía final, incluidos los avances derivados del cumplimiento de lo dispuesto en el capítulo III de la presente Directiva por parte de dichos Estados miembros, ii) los resultados de los ejercicios de modelización en rela­ ción con las tendencias futuras del consumo de energía a escala de la Unión; d) comparará los resultados que se obtengan en las letras a) a c) con la cantidad de energía que sería necesario consumir para lograr un consumo de energía no superior a 1 474 Mtep de energía primaria y/o a 1 078 Mtep de energía final en 2020. CAPÍTULO II EFICIENCIA DEL USO DE ENERGÍA Artículo 4 Renovación de edificios Los Estados miembros establecerán una estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en la renovación del parque nacional de edificios residenciales y comerciales, tanto público como privado. Dicha estrategia comprenderá: a) un panorama del parque inmobiliario nacional basado, según convenga, en un muestreo estadístico; b) una definición de enfoques rentables de renovación en rela­ ción con el tipo de edificio y la zona climática; c) políticas y medidas destinadas a estimular renovaciones ex­ haustivas y rentables de los edificios, entre ellas renovaciones profundas por fases; d) una perspectiva de futuro destinada a orientar las decisiones de inversión de las personas, la industria de la construcción y las entidades financieras; e) un cálculo fundado en datos reales, del ahorro de energía y de los beneficios de mayor radio que se esperan obtener. A más tardar el 30 de abril de 2014, se publicará una primera versión de la estrategia, que se actualizará cada tres años y será remitida a la Comisión en el marco de los Planes nacionales de acción para la eficiencia energética. Artículo 5 Función ejemplarizante de los edificios de los organismos públicos 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la Direc­ tiva 2010/31/UE, cada uno de los Estados miembros se asegu­ rará de que, a partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de la superficie total de los edificios con calefacción y/o sistema de refrigeración que tenga en propiedad y ocupe su Administración central se renueve cada año, de manera que cumpla al menos los requisitos de rendimiento energético mínimos que haya fi­ jado en aplicación del artículo 4 de la Directiva 2010/31/UE. Ese 3 % se calculará sobre la superficie total de los edificios con una superficie útil total de más de 500 m2 que tenga en pro­ piedad y ocupe la Administración central del Estado miembro correspondiente que, el 1 de enero de cada año, no cumpla los requisitos nacionales de rendimiento energético mínimo estable­ cidos en aplicación del artículo 4 de la Directiva 2010/31/UE. Dicho límite bajará a 250 m2 a partir del 9 de julio de 2015. Cuando un Estado miembro establezca que la obligación de renovar cada año el 3 % de la superficie total se extiende a la superficie que tengan en propiedad y ocupen órganos adminis­ trativos de un nivel inferior al de la Administración central, ese 3 % se calculará sobre la superficie total de los edificios con una superficie útil total de más de 500 m2 y, a partir del 9 de julio de 2015, de más de 250 m2 que tengan en propiedad y ocupen la Administración central y dichos órganos administrativos del Estado miembro correspondiente que, el 1 de enero de cada año, no cumpla los requisitos nacionales de rendimiento ener­ gético mínimo establecidos en aplicación del artículo 4 de la Directiva 2010/31/UE. ES14.11.2012 Diario Oficial de la Unión Europea L 315/13
14. Cuando se adopten medidas de ejecución para la renovación completa de edificios de la Administración central de conformi­ dad con lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miem­ bros podrán optar por considerar el edificio como un todo, con inclusión de la envolvente, el equipamiento, la explotación y el mantenimiento. Los Estados miembros exigirán que, a la hora de aplicar medidas de eficiencia energética se dé prioridad a los edificios con peor rendimiento energético, cuando sea rentable y técnicamente via­ ble. 2. Los Estados miembros podrán decidir no establecer o no aplicar los requisitos a que se hace referencia en el apartado 1 a las siguientes categorías de edificios: a) edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento de determi­ nados requisitos mínimos de eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto; b) edificios que sean propiedad de las fuerzas armadas o de la Administración central y se utilicen para fines de defensa nacional, aparte de los edificios destinados únicamente a alojamiento o los edificios de oficinas para las fuerzas arma­ das y otro personal contratado por las autoridades naciona­ les de defensa; c) edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas. 3. Si un Estado miembro renueva en un año determinado más del 3 % de la superficie total de los edificios de la Adminis­ tración central, podrá computar el exceso en el índice de reno­ vación anual de cualquiera de los tres años anteriores o siguien­ tes. 4. Los Estados miembros podrán contabilizar, a efectos del índice de renovación anual de los edificios de las Administra­ ciones centrales, los edificios nuevos que estas tengan en pro­ piedad y ocupen en sustitución de edificios concretos de las Administraciones centrales que se hayan demolido en cualquiera de los dos años anteriores, o edificios que se hayan vendido, demolido o dejado de utilizar en cualquiera de los dos años anteriores por haber dado un uso más intensivo a otros edifi­ cios. 5. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros elaborarán y harán público, a más tardar el 31 de diciembre de 2013, un inventario de los edificios con calefac­ ción y/o sistema de refrigeración de las Administraciones cen­ trales cuya superficie útil total sea de más de 500 m2 y, a partir del 9 de julio de 2015, de más de 250 m2 , con exclusión de los edificios exentos en virtud del apartado 2. El inventario conten­ drá los siguientes datos: a) la superficie en m2 , y b) el rendimiento energético de cada edificio o los datos perti­ nentes sobre energía. 6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la Direc­ tiva 2010/31/UE, los Estados miembros podrán optar por un enfoque alternativo a lo dispuesto en los apartados 1 a 5 del presente artículo, mediante el que tomen otras medidas renta­ bles, que podrán incluir renovaciones profundas y medidas de modificación del comportamiento de los ocupantes, con el fin de alcanzar en 2020 un volumen de ahorro de energía en los edificios que reúnan los requisitos y que sus Administraciones centrales tengan en propiedad y ocupen que sea al menos equi­ valente al establecido en el apartado 1, de lo cual informarán anualmente. A efectos del enfoque alternativo, los Estados miembros podrán estimar el ahorro de energía que se generaría con la aplicación de los apartados 1 a 4 mediante la utilización de valores están­ dares adecuados para el consumo de energía de edificios de referencia de Administraciones centrales, antes y después de la renovación, y según la estimación de la superficie de su parque inmobiliario. Las categorías de edificios de referencia de Admi­ nistraciones centrales deberán ser representativas del parque inmobiliario de tales edificios. Los Estados miembros que opten por el enfoque alternativo notificarán a la Comisión, a más tardar el 31 de diciembre de 2013, las medidas alternativas que tienen previsto adoptar y explicarán de qué modo piensan alcanzar una mejora equiva­ lente del rendimiento energético de los edificios pertenecientes al parque inmobiliario de las Administraciones centrales. 7. Los Estados miembros animarán a los organismos públi­ cos, también a escala regional y local, y a las entidades de Derecho público responsables de las viviendas sociales, teniendo debidamente en cuenta sus respectivas competencias y estruc­ tura administrativa, a que: a) adopten un plan de eficiencia energética, independiente o dentro de un plan medioambiental o climático más amplio, que prevea objetivos y acciones de ahorro de energía y eficiencia energética específicos, con miras a seguir el papel ejemplarizante de los edificios de las Administraciones cen­ trales previsto en los apartados 1, 5 y 6; b) implanten un sistema de gestión energética, que incluya au­ ditorías energéticas, dentro de la aplicación de su plan; c) recurran, cuando proceda, a empresas de servicios energéti­ cos y a contratos de rendimiento energético para financiar las renovaciones y ejecutar los planes para mantener o me­ jorar la eficiencia energética a largo plazo. Artículo 6 Adquisición por los organismos públicos 1. Los Estados miembros garantizarán que las Administracio­ nes centrales adquieran solamente productos, servicios y edifi­ cios que tengan un alto rendimiento energético, en la medida en que ello sea coherente con la rentabilidad, la viabilidad econó­ mica, la sostenibilidad en un sentido más amplio, la idoneidad técnica, así como una competencia suficiente, según lo indicado en el anexo III. La obligación establecida en el párrafo primero será aplicable a los contratos para la adquisición de productos, servicios y edi­ ficios por parte de organismos públicos, siempre que tales con­ tratos sean de un valor igual o superior a los límites fijados en el artículo 7 de la Directiva 2004/18/CE. ESL 315/14 Diario Oficial de la Unión Europea 14.11.2012
15. 2. La obligación a que se refiere el apartado 1 será aplicable a los contratos de las fuerzas armadas únicamente en la medida en que su aplicación no dé lugar a conflicto alguno con la naturaleza y los objetivos básicos de las actividades de las fuer­ zas armadas. La obligación no se aplicará a los contratos de suministro de equipo militar tal como se define en la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad (1). 3. Los Estados miembros animarán a los organismos públi­ cos, también a escala regional y local, teniendo debidamente en cuenta sus respectivas competencias y estructura administrativa, a que sigan el ejemplo de sus Administraciones centrales para adquirir solamente productos, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético. Los Estados miembros animarán a los organismos públicos a evaluar, en los procedimientos de licitación para contratos de servicios con una componente ener­ gética importante, la posibilidad de celebrar contratos de rendi­ miento energético a largo plazo que ofrezcan un ahorro de energía a largo plazo. 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, al adquirir un paquete de productos a los que se aplique, en su conjunto, un acto delegado adoptado en virtud de la Directiva 2010/30/UE, los Estados miembros podrán exigir que la eficien­ cia energética agregada tenga primacía sobre la eficiencia ener­ gética de los productos de ese paquete considerados por sepa­ rado, adquiriendo el paquete de productos que cumpla el crite­ rio de pertenencia a la clase de eficiencia energética más alta. Artículo 7 Sistemas de obligaciones de eficiencia energética 1. Cada Estado miembro establecerá un sistema de obligacio­ nes de eficiencia energética. Dicho sistema velará por que los distribuidores de energía y/o las empresas minoristas de venta de energía que estén determinados como partes obligadas con arreglo al apartado 4, que operen en el territorio de cada Estado miembro alcancen un objetivo de ahorro de energía acumulado, a nivel de usuario final, antes del 31 de diciembre de 2020, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2. Dicho objetivo será al menos equivalente a la consecución de un nuevo ahorro cada año, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020, del 1,5 % de las ventas anuales de energía a clientes finales de todos los distribuidores de energía o empresas minoristas de venta de energía, en volumen, como promedio de los últimos tres años previos al 1 de enero de 2013. Se podrán excluir total o parcialmente de este cálculo las ventas de energía, en volumen, empleada para el transporte. Los Estados miembros decidirán cómo repartir a lo largo del período la cantidad calculada de nuevo ahorro a que se refiere el párrafo segundo. 2. Sin perjuicio del apartado 3, cada Estado miembro podrá: a) realizar el cálculo previsto en el apartado 1, párrafo segundo, aplicando un valor del 1 % en 2014 y 2015; del 1,25 % en 2016 y 2017; y del 1,5 % en 2018, 2019 y 2020; b) excluir del cálculo una parte o la totalidad de las ventas de energía, en volumen, empleada para las actividades indus­ triales enumeradas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE; c) permitir que el ahorro de energía obtenido en los sectores de la transformación, distribución y transporte de energía, in­ cluida la infraestructura urbana de calefacción y refrigeración eficiente, como resultado de la aplicación de los requisitos establecidos en el artículo 14, apartado 4, el artículo 14, apartado 5, letra b), y el artículo 15, apartados 1 a 6 y apartado 9, se contabilice en la cantidad de ahorro de ener­ gía exigida en virtud del apartado 1, y d) contabilizar en la cantidad de ahorro de energía a la que se refiere el apartado 1 el ahorro de energía derivado de toda nueva actuación individual ejecutada desde el 31 de diciem­ bre de 2008 que siga teniendo repercusiones en 2020 y que pueda medirse y comprobarse. 3. La aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 no dará lugar a una reducción de más del 25 % en la cantidad de ahorro de energía a que se refiere el apartado 1. Los Estados miembros que vayan a aplicar el apartado 2 deberán notificarlo a la Co­ misión antes del 5 de junio de 2014, señalando los elementos del apartado 2 que aplicarán y adjuntando un cálculo que muestre su repercusión en la cantidad de ahorro de energía a que se refiere el apartado 1. 4. Sin perjuicio del cálculo de ahorro de energía para cumplir con el objetivo de acuerdo con el apartado 1, párrafo segundo, cada Estado miembro designará, a los efectos de lo dispuesto en el apartado 1, párrafo primero, con arreglo a criterios objetivos y no discriminatorios, a las partes obligadas entre los distribui­ dores de energía y las empresas minoristas de venta de energía que operen en su territorio, y podrán incluir a distribuidores o minoristas de combustible para transportes que operen en su territorio. La cantidad de ahorro de energía para dar cumpli­ miento a la obligación será obtenida por las partes obligadas entre los clientes finales, designados, según proceda, por los Estados miembros, independientemente del cálculo efectuado con arreglo al apartado 1, o, si así lo deciden los Estados miembros, a través de ahorros certificados procedentes de otras partes, tal como se contempla en el apartado 7, letra b). 5. Los Estados miembros expresarán la cantidad de ahorro de energía requerido de cada parte obligada en términos de con­ sumo de energía primaria o consumo de energía final. El mé­ todo elegido para expresar la cantidad de ahorro de energía exigido se utilizará también para calcular el ahorro comunicado por las partes obligadas. Se aplicarán los factores de conversión señalados en el anexo IV. ES14.11.2012 Diario Oficial de la Unión Europea L 315/15 (1) DO L 216 de 20.8.2009, p. 76.
16. 6. Los Estados miembros velarán por que el ahorro prove­ niente de los apartados 1, 2 y 9 del presente artículo, así como del artículo 20, apartado 6, se calcule con arreglo a lo dispuesto en el anexo V, puntos 1 y 2. Establecerán sistemas de medición, control y verificación que comprueben de forma independiente al menos una parte estadísticamente significativa y una muestra representativa de las medidas de mejora de la eficiencia energé­ tica que apliquen las partes obligadas. La medición, el control y la verificación se llevarán a cabo de manera independiente res­ pecto de las partes obligadas. 7. Dentro del sistema de obligaciones de eficiencia energética, los Estados miembros podrán: a) incluir requisitos con finalidad social en las obligaciones de ahorro que impongan; por ejemplo, la aplicación con carác­ ter prioritario de un porcentaje de medidas de eficiencia energética a los hogares afectados por la pobreza energética o a las viviendas sociales; b) permitir a las partes obligadas que contabilicen, para llegar a la obligación impuesta, el ahorro de energía certificado ob­ tenido por proveedores de servicios energéticos u otros ter­ ceros, incluso cuando las partes obligadas promuevan medi­ das a través de otros organismos autorizados por el Estado o de autoridades públicas que pueden o no entrañar asociacio­ nes formales y pueden combinarse con otras fuentes de financiación. Cuando los Estados miembros lo permitan, ga­ rantizarán la existencia de un proceso de autorización que sea claro, transparente y abierto a todos los agentes del mercado, y que tienda a minimizar los costes de la certifi­ cación; c) permitir a las partes obligadas que contabilicen el ahorro obtenido en un año determinado como si se hubiera obte­ nido en cualquiera de los cuatro años anteriores o tres años siguientes. 8. Una vez al año, los Estados miembros publicarán el aho­ rro de energía obtenido por cada parte obligada, o cada subca­ tegoría de parte obligada, y en total dentro del sistema. Los Estados miembros velarán por que las partes obligadas presenten cuando se les solicite: a) información estadística agregada sobre sus clientes finales (señalando los cambios significativos con respecto a la infor­ mación anteriormente presentada), e b) información actual sobre el consumo de los clientes finales, incluidos, en su caso, los perfiles de carga, la segmentación de los clientes y su ubicación geográfica, preservando, al mismo tiempo, la integridad y confidencialidad de la infor­ mación privada o comercialmente sensible, en cumplimiento de la normativa aplicable de la Unión. Tal solicitud no se realizará más de una vez al año. 9. Como alternativa a la imposición de un sistema de obli­ gaciones de eficiencia energética en virtud del apartado 1, los Estados miembros podrán optar por otras medidas de actuación para conseguir ahorros de energía entre los clientes finales, siempre que tales medidas de actuación cumplan los criterios establecidos en los apartados 10 y 11. La cantidad anual de nuevos ahorros de energía obtenidos de esta manera será equi­ valente a la cantidad de nuevos ahorros de energía exigida en los apartados 1, 2 y 3. Siempre que se mantenga la equivalencia, los Estados miembros podrán combinar los sistemas de obliga­ ciones con otras posibles medidas de actuación, como los pro­ gramas nacionales de eficiencia energética. Entre las medidas de actuación a que se refiere el párrafo pri­ mero podrán incluirse, aunque sin limitarse a ellas, las siguientes medidas de actuación o combinaciones de las mismas: a) tributos sobre la energía o sobre las emisiones de CO2 que den lugar a una reducción del consumo de energía de uso final; b) mecanismos e instrumentos financieros o incentivos fiscales que induzcan a la aplicación de tecnologías o técnicas efi­ cientes desde el punto de vista energético y que den lugar a una reducción del consumo de energía de uso final; c) reglamentaciones o acuerdos voluntarios que induzcan a la aplicación de tecnologías o técnicas eficientes desde el punto de vista energético y que den lugar a una reducción del consumo de energía de uso final; d) estándares y normas cuya finalidad sea mejorar la eficiencia energética de productos y servicios, también de edificios y vehículos, salvo en aquellos casos en los que, en virtud del Derecho de la Unión, dichos estándares y normas sean obli­ gatorios y aplicables en los Estados miembros; e) sistemas de etiquetado energético, con excepción de los que sean obligatorios y aplicables en los Estados miembros en virtud del Derecho de la Unión; f) formación y educación, incluyendo programas de asesora­ miento energético, que induzcan a la aplicación de tecnolo­ gías o técnicas eficientes desde el punto de vista energético y que tengan el efecto de reducir el consumo de energía de uso final. Los Estados miembros notificarán a la Comisión, a más tardar el 5 de diciembre de 2013, las medidas de actuación que piensan tomar a efectos de la aplicación del párrafo primero y del artículo 20, apartado 6, de acuerdo con el marco que se esta­ blece en el anexo V, punto 4, y mostrando de qué modo conseguirían la cantidad de ahorros exigida. En el caso de las medidas de actuación que se contemplan en el párrafo segundo y en el artículo 20, apartado 6, esta notificación demostrará cómo se cumplen los criterios previstos en el apartado 10. En el caso de medidas de actuación distintas de las que se contem­ plan en el párrafo segundo o en el artículo 20, apartado 6, los Estados miembros explicarán cómo se consigue un nivel equi­ valente de ahorro, supervisión y verificación. La Comisión podrá presentar propuestas de modificación durante los tres meses siguientes a la notificación. 10. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 11, los criterios que se seguirán para determinar las medidas de actua­ ción que se adopten en virtud de lo dispuesto en el apartado 9, párrafo segundo, y en el artículo 20, apartado 6, serán los siguientes: ESL 315/16 Diario Oficial de la Unión Europea 14.11.2012
17. a) las medidas de actuación establecerán como mínimo dos períodos intermedios hasta el 31 de diciembre de 2020 y buscarán alcanzar el nivel de ambición previsto en el apar­ tado 1; b) se definirán las responsabilidades de cada una de las partes encargadas, partes participantes o autoridades públicas res­ ponsables de la ejecución; c) el ahorro que haya de conseguirse se determinará de forma transparente; d) la cantidad de ahorro exigida o que haya de conseguirse por medio de la medida de actuación se expresará en términos de consumo de energía final o primaria, utilizando para ello los factores de conversión previstos en el anexo IV; e) el ahorro de energía se calculará aplicando los métodos y principios previstos en el anexo V, puntos 1 y 2; f) el ahorro de energía se calculará aplicando los métodos y principios previstos en el anexo V, punto 3; g) a menos que no sea viable, las partes participantes presen­ tarán un informe anual, que se hará público, sobre el ahorro de energía conseguido; h) se supervisarán los resultados y se adoptarán las medidas oportunas en caso de no progresarse adecuadamente; i) se establecerá un sistema de control que comprenda también una verificación independiente de una parte estadísticamente significativa de las medidas de mejora de la eficiencia ener­ gética, y j) todos los años se publicarán datos sobre la tendencia anual del ahorro de energía. 11. Los Estados miembros velarán por que la tributación a que se refiere el apartado 9, párrafo segundo, letra a), se ajuste a los criterios enumerados en el apartado 10, letras a), b), c), d), f), h) y j). Los Estados miembros velarán por que las reglamentaciones y acuerdos voluntarios que se contemplan en el apartado 9, pá­ rrafo segundo, letra c), se ajusten a los criterios enumerados en el apartado 10, letras a), b), c), d), e), g), h), i) y j). Los Estados miembros velarán por que las demás medidas de actuación que se contemplan en el apartado 9, párrafo segundo, y el Fondo Nacional de Eficiencia Energética a que se refiere el artículo 20, apartado 6, se ajusten a los criterios enumerados en el apartado 10, letras a), b), c), d), e), h), i) y j). 12. Los Estados miembros velarán por que, en caso de sola­ pamiento de la repercusión de las medidas de actuación o las actuaciones particulares, no haya doble contabilización del aho­ rro de energía. Artículo 8 Auditorías energéticas y sistemas de gestión energética 1. Los Estados miembros fomentarán que todos los clientes finales puedan acceder a auditorías energéticas de elevada cali­ dad, con una buena relación entre coste y eficacia, y: a) realizadas de manera independiente por expertos cualificados o/y acreditados con arreglo a unos criterios de cualificación, o b) ejecutadas y supervisadas por autoridades independientes con arreglo al Derecho nacional. Las auditorías energéticas a que se refiere el párrafo primero podrán ser efectuadas por expertos internos o auditores ener­ géticos siempre que el Estado miembro correspondiente haya establecido un sistema que garantice y compruebe su calidad y en el que, entre otras cosas, se realice, si ha lugar, una selección aleatoria anual de, como mínimo, un porcentaje estadística­ mente significativo de todas las auditorías energéticas que han realizado. A fin de garantizar la elevada calidad de las auditorías energé­ ticas y los sistemas de gestión energética, los Estados miembros fijarán unos criterios mínimos, transparentes y no discriminato­ rios, para las auditorías energéticas basados en el anexo VI. Las auditorías energéticas no contendrán cláusulas que impidan transmitir las conclusiones de la auditoría a los proveedores de servicios energéticos cualificados o acreditados, a condición de que el cliente no se oponga. 2. Los Estados miembros elaborarán programas que alienten a las PYME a realizar auditorías energéticas y a aplicar poste­ riormente las recomendaciones de dichas auditorías. Basándose en criterios transparentes y no discriminatorios y sin perjuicio de las normas de la Unión en materia de ayudas públicas, los Estados miembros podrán establecer regímenes de ayuda a las PYME, también en el caso de que hayan cele­ brado acuerdos voluntarios, para cubrir los costes relativos a una auditoría energética y a la aplicación de recomendaciones de un elevado grado de rentabilidad formuladas en las audito­ rías, siempre que se apliquen las medidas propuestas. Los Estados miembros darán a las PYME, entre otros, a través de sus organizaciones intermediarias de representación, ejemplos concretos de las ventajas de los sistemas de gestión energética para sus negocios. La Comisión ayudará a los Estados miembros apoyando el intercambio de las mejores prácticas a este respec­ to. 3. Los Estados miembros también elaborarán programas para una mayor concienciación en los hogares sobre los beneficios de estas auditorías por medio de servicios de asesoramiento apropiados. Los Estados miembros fomentarán que se impartan programas de formación para la cualificación de auditores energéticos con el fin de promover que exista un número suficiente de expertos. 4. Los Estados miembros velarán por que se someta a las empresas que no sean PYME a una auditoría energética realizada de manera independiente y con una buena rentabilidad por expertos cualificados y/o acreditados o ejecutada y supervisada por autoridades independientes con arreglo al Derecho nacional a más tardar el 5 de diciembre de 2015, y como mínimo cada cuatro años a partir de la fecha de la auditoría energética ante­ rior. ES14.11.2012 Diario Oficial de la Unión Europea L 315/17
Directiva 2014 24-ue de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública

References: artículo 194
 Resolución 
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 10
 artículo 5
 artículo 290
 artículo 9
 Artículo 1
 Artículo 2
 artículo 2
 artículo 7
 Artículo 3
 artículo 24
 artículo 4
 artículo 24
 Artículo 4
 Artículo 5
 artículo 7
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 7
 Artículo 6
 artículo 7
 Artículo 7
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 Artículo 8