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Timestamp: 2017-07-25 10:46:04+00:00

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16. El sistema arbitral de consumo - Juspedia
16. El sistema arbitral de consumo
Contenidos1 Introducción2 Regulación normativa3 Características del sistema arbitral de consumo4 Ámbito de aplicación5 Las Juntas Arbitrales de Consumo RD 636/19935.1 Composición5.2 Funciones6 Formalización del convenio arbitral7 Procedimiento arbitral8 El Colegio Arbitral8.1 Los árbitros en la Ley de Arbitraje8.2 El Colegio Arbitral de Consumo8.3 Las reglas procedimentales9 El laudo arbitral9.1 Recursos contra el laudo9.1.1 Recurso de anulación del laudo9.1.2 Recurso de revisión9.2 Ejecución del laudo
La institución del arbitraje es un mecanismo de resolución de litigios o conflictos que los
interesados en ellos, de común acuerdo, excluyen del conocimiento de los Jueces y los
Tribunales de justicia, por razones de operatividad y rapidez en la decisión. Así, en lugar
de existir un auto o sentencia que ponga fin a un procedimiento judicial, existirá una
resolución arbitral, llamado laudo, que pone fin al litigio. Cabe afirmar que,
voluntariamente, se sustituye la “tutela judicial” por una “justicia privada”.
Con carácter general, el arbitraje se encuentra regulado en la Ley de Arbitraje 36/1988. El
arbitraje tiene una gran importancia como mecanismo de resolución de conflictos jurídicos
en la sociedad actual, y no sólo por su generalizada aplicación en cuestiones de
trascendencia económica, sino también por ser aplicado en el ámbito de los consumidores
Por ello, constituyó un acierto de la LCU recurrir al arbitraje, donde según la redacción
originaria de su art. 31.1, se establecía el criterio de que el arbitraje siguiera pautas de
sencillez y facilidad procedimental (“sin formalidades especiales”), excluyéndose su
aplicación en aquellos supuestos particularmente problemáticos y de gravedad (en los
que haya de aplicarse el Código Penal o exista un atentado contra la vida o integridad
física de las personas).
Otros aspectos de interés regulados por el citado art. 31 de la LCU son:Establece que “el sometimiento de las partes al sistema arbitral será voluntario y
deberá constar expresamente por escrito.Que “los órganos de arbitraje estarán integrados por representantes de los sectores
interesados, de las organizaciones de consumidores y usuarios y de las AAPP dentro del
Estas previsiones de la LCU se han mantenido con ligerísimas variantes en la TRLCU, y
completadas por otras, en las dos primeras disposiciones adicionales de la Ley 36/1988, y
la Ley 60/2003:La primera estableció, que la Ley General sobre el Arbitraje sería de aplicación
supletoria al sistema arbitral de consumo, que será gratuito, y que el laudo no tendría por
qué elevarse a documento público.La Disposición adicional 2ª delegó en el Gobierno el desarrollo reglamentario del
sistema arbitral de consumo; y en su cumplimiento, se promulgó el RD 636/1993 por el
Las notas características del sistema arbitral de consumo son las siguientes:Carácter voluntario. Al igual que ocurre en la Ley General de Arbitraje, en el caso
de Arbitraje de Consumo, el sometimiento a arbitraje es de naturaleza voluntaria, lo que
ha de constar expresamente por escrito, haciendo la TRLCU una expresa referencia a los
medios electrónicos.Carácter vinculante y ejecutivo. Siguiendo también las pautas generales de la
Ley de Arbitraje, el art. 11.1 de la Ley 60/2003 establece que el convenio arbitral obliga a
las partes a cumplir lo estipulado e impide a los tribunales conocer de las controversias
sometidas a arbitraje “el laudo tendrá carácter vinculante y producirá efectos idénticos a la
cosa juzgada”.Simplicidad. Prevé la LCU que el sistema arbitral de consumo debe estar presidido
por la idea de simplicidad procedimental, así como por la rapidez en la preparación del
laudo, que como máximo, deberá ser dictado en el plazo de 4 meses, a contar desde la
designación del colegio arbitral.Gratuidad. Atendiendo a la necesidad de fomentar la protección y defensa de
consumidores y usuarios, las disposiciones legales del sistema arbitral de consumo, han
resaltado su gratuidad, tanto para los suministradores de bienes y servicios o
empresarios, cuanto para los propios consumidores.
Dispone el art. 2 del RD 636/1993 “No podrán ser objeto de arbitraje de consumo las
siguientes cuestiones:Aquellas sobre las que haya recaído resolución judicial firme y definitiva, salvo los
aspectos derivados de su ejecución.Las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes no tengan
poder de disposición.Las cuestiones en que, con arreglo a las leyes, deba intervenir el Ministerio Fiscal
en representación y defensa de quienes, por carecer de capacidad de obrar o de
representación legal, no pueden actuar por sí mismos.Aquellas en las que concurran intoxicación, lesión, muerte o existan indicios
racionales de delito”.
Las Juntas Arbitrales de Consumo RD 636/1993
Art. 3 “1. Se constituye una Junta Arbitral de Consumo de ámbito nacional, adscrita al
Instituto Nacional del Consumo, que conocerá, exclusivamente, de las solicitudes de
arbitraje presentadas a través de las asociaciones de consumidores y usuarios cuyo
ámbito territorial exceda de una comunidad autónoma, por los consumidores y usuarios
que estén afectados por controversias que superen asimismo dicho ámbito. 2. Las Juntas
Arbitrales de Consumo, de ámbito municipal, de mancomunidad de municipios, provincial
y autonómico, se establecerán por la Administración General del Estado mediante
acuerdos suscritos a través del Instituto Nacional del Consumo, con las correspondientes
Administraciones públicas”. Siendo el ámbito competencial de los distintos tipos de Juntas
Arbitrales de Consumo el correspondiente al ámbito territorial de la propia controversia en
Las Juntas Arbitrales de Consumo son organismos administrativos de distinto ámbito
territorial, integrados en la correspondiente Administración Pública y, dependiente de ella
a todos los efectos. Están compuestas por un Presidente y un Secretario, cargos que
recaen en personal al servicio de las AAPP y que son designados por la Administración de
la que dependa, publicándose su nombramiento en el Diario Oficial correspondiente.
Art. 4. Las Juntas Arbitrales de Consumo desempeñarán las siguientes funciones: a) El
fomento y la formalización de convenios arbitrales, entre consumidores y usuarios y
quienes produzcan, importen o suministren o les faciliten bienes o servicios, b)
Actuaciones de mediación respecto de las controversias derivadas de las quejas o
reclamaciones de consumidores y usuarios, c) Confeccionar y actualizar el censo de las
empresas que hayan realizado las ofertas públicas de adhesión al sistema arbitral de
consumo, en su ámbito territorial, con expresión del ámbito de la oferta. Este censo será
público; y, d) La elaboración y puesta a disposición de los interesados de los modelos de
convenio arbitral, en los que se reflejarán las cuestiones que no puedan ser sometidas al
Formalización del convenio arbitral
El RD 636/1993 regula la formalización del convenio arbitral partiendo de la base de que
el demandante es siempre el consumidor y, el empresario o suministrador de bienes y
servicios es el demandado.
Según el art. 5 del RD 636/1993 “los consumidores y usuarios presentarán personalmente
o a través de asociaciones de consumidores y usuarios, las solicitudes de arbitraje, ante
la Junta Arbitral de Consumo que corresponda, por escrito o por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos, siempre que se garantice su autenticidad”.
Solicitado el arbitraje por el consumidor, la Junta Arbitral de Consumo receptora, en
cuanto dinamizadora del proceso arbitral, debe notificarla al demandado, que puede
encontrarse en una de las siguientes situaciones:Puede encontrarse adherida o, voluntariamente sometida al sistema arbitral de
consumo, en cuyo caso, seguirá adelante el procedimiento arbitral, pues se entiende que
el reclamado es conforme con que el convenio arbitral quedará formalizado con la
presentación de la solicitud de arbitraje por el reclamante, siempre que dicha solicitud
coincida con el ámbito de la oferta.En cualquier otro caso, la Junta Arbitral de Consumo notificará la solicitud de
arbitraje al reclamado, que deberá aceptarla o rechazarla por escrito o por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, en el plazo de quince días hábiles, a contar
desde su recepción. Si el reclamado no contestase en dicho plazo, la Junta Arbitral de
Consumo ordenará el archivo de las actuaciones, notificándolo al reclamante, quedando
expedita la vía de la jurisdicción ordinaria.
Procederá igualmente la vía judicial cuando, por tratarse de algunas de las cuestiones
excluidas del sistema arbitral de consumo, art. 2.2 del RD 636/1993, en dicho caso el
Presidente de la Junta Arbitral de Consumo competente declarará el archivo de la
correspondiente solicitud, que habrá de notificar a los interesados.
Art. 10. 1. El procedimiento arbitral de consumo comenzará con la designación del colegio
arbitral, ajustándose en todo caso a lo dispuesto en este RD 636/1993, con sujeción a los
principios de audiencia, contradicción, igualdad entre las partes y gratuidad. 2. Las partes
podrán actuar por sí o debidamente representadas. El colegio arbitral apreciará en este
caso la suficiencia de la representación. 3. La inactividad de las partes en el
procedimiento arbitral de consumo no impedirá que se dicte el laudo ni le privará de
Los árbitros en la Ley de Arbitraje
Con carácter general, el título III de la Ley de la Ley de Arbitraje, 36/1988, (Art. 12 a 20),
está dedicado íntegramente a la regulación de los árbitros, personas naturales que se
hallen, desde su aceptación, en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, que
simultáneamente no “ejerzan funciones públicas retribuidas por arancel, ni sean Jueces,
Magistrados y Fiscales en activo.
Además, en caso de tratarse de arbitraje de Derecho es requisito complementario que los
árbitros sean Abogados en ejercicio.
Se habla de árbitros, en plural, porque el colegio arbitral se encuentra compuesto por tres
personas, designadas una por cada una de las partes y la tercera por consenso de
ambas. Sin embargo, la exigencia legal es únicamente que el número de árbitros debe ser
impar; por tanto, con la Ley en la mano, cabe designar un árbitro único o un colegio
arbitral más amplio. No obstante, la Ley establece como regla supletoria que “a falta de
acuerdo, los árbitros serán tres”.
El Colegio Arbitral de Consumo
La regla supletoria de la Ley de Arbitraje de que los árbitros sean tres, es de obligado
cumplimiento conforme al RD 636/1993, uno en representación de los consumidores, otro
en representación de los sectores y finalmente, el Presidente del colegio arbitral. Y serán
designados del siguiente modo:Como regla general “el Presidente será designado por la Junta Arbitral, entre
personal al servicio de las AAPP, licenciados en Derecho, previamente nombrado al efecto
por la Administración de la que dependa dicha Junta”; asumiendo así la Administración el
papel mediador en el arbitraje. Además, para los supuestos en que las partes decidieran
que el laudo se dictara conforme a derecho y no en equidad, “los miembros del colegio
arbitral deberán ser abogados en ejercicio, salvo el Presidente designado según lo
previsto con anterioridad”.Resulta posible que la facultad de designar al Presidente del colegio recaiga en las
partes, cuando éstas lo soliciten de mutuo acuerdo, atendiendo a la especialidad del
objeto de la reclamación. La solicitud, será resuelta no obstante por el Presidente de la
Junta Arbitral.Para los casos en que la reclamación se dirija contra una entidad pública vinculada
a la Administración pública de la que dependa la Junta Arbitral, las partes podrán elegir de
mutuo acuerdo al Presidente del colegio arbitral, pudiendo tratarse en este caso de una
persona ajena a la Administración pública.
La designación de representantes de los consumidores se efectuará de la forma
siguiente: Cuando la reclamación se formule a través de una organización de
consumidores, el representante será el designado por la misma. Si se presenta
directamente en la Junta Arbitral, la designación se hará de oficio entre los representantes
propuestos previamente por las asociaciones de consumidores y usuarios.
El representante de los sectores empresariales será el designado por éstos en la Junta
Arbitral, cuando el reclamado forme parte de una organización adherida al sistema
arbitral. En los demás casos, lo será el designado de oficio entre los propuestos
previamente por las organizaciones empresariales que se hayan adherido a la misma.
Las reglas procedimentales
Nombrados los árbitros, el colegio arbitral se completará con el Secretario de la Junta
Arbitral de Consumo, quien actuará como tal también en el colegio arbitral, con voz pero
sin voto, facilitando el oportuno soporte administrativo y siendo el responsable de las
Constituido el colegio arbitral, tras haber manifestado los árbitros la aceptación del cargo,
comenzará el procedimiento arbitral propiamente dicho, que es sumamente sencillo y
privado, y en el plazo máximo de 3 meses, los árbitros darán audiencia a las partes. La
audiencia podrá realizarse verbalmente o por escrito, pudiendo las partes presentar los
documentos y hacer las alegaciones que consideren necesarias para la mejor defensa de
sus derechos, de manera tal que los árbitros puedan de las respectivas pretensiones de
las partes, intentar la conciliación entre ellas, y, en caso negativo, comenzar a formular el
enjuiciamiento de las cuestiones controvertidas.
Tras la fase alegatoria, se entra en período probatorio. El colegio arbitral acordará la
práctica de las pruebas pertinentes, citando para ello a las partes, las cuales podrán
intervenir por sí mismas o debidamente representadas. Las pruebas pueden ser acordada
por el colegio arbitral o practicadas a instancia de parte:Las acordadas de oficio serán costeadas por la Administración de la que dependa la
Junta de Consumo, en función de sus disponibilidades presupuestarias.Los gastos ocasionados por las pruebas practicadas a instancia de parte serán
sufragados por quienes las propongan y las comunes por mitad, salvo que el colegio
arbitral aprecie, en el laudo, mala fe en alguna de las partes, en cuyo caso podrá distribuir
en distinta forma el pago de los mismos.
Concluida la fase probatoria y practicadas las pruebas, comienza la fase decisoria, que
culminará cuando el colegio arbitral dicte el correspondiente laudo, pero si los árbitros lo
consideran conveniente, antes de entrar en la fase decisoria, pueden acordar la
convocatoria de las partes para oírlas nuevamente.
Una vez concluido el procedimiento arbitral, los árbitros ponen fin a la controversia
sometida a su conocimiento mediante una decisión que recibe el nombre de laudo, que
tiene el mismo valor y eficacia que una sentencia, produciendo por tanto efectos de cosa
juzgada (art. 37 de la Ley de Arbitraje y el art. 17.1 del RD 636/1993).
RD 636/1993, art. 16.1, el laudo deberá dictarse por escrito, expresará al menos:Lugar y fecha en que se dicte.Nombres y apellidos de los árbitros y de las partes o, en su caso, razón social.Los puntos controvertidos objeto del arbitraje.Relación sucinta de las alegaciones formuladas por las partes.Las pruebas practicadas, si las hubiere.La decisión sobre cada uno de los puntos controvertidos.El plazo o término en que se deberá cumplir lo acordado en el laudo.El voto de la mayoría y el voto disidente, si lo hubiere.La firma de los árbitros.
El RD 636/1993 establece que “El laudo arbitral deberá dictarse en el plazo máximo de
cuatro meses desde la designación del colegio arbitral”. El plazo establecido, tiene
carácter preclusivo, salvo que antes de haber expirado las partes concedieran a los
árbitros una prórroga. Por otro lado, su transcurso sin haberse dictado el laudo determina,
aparte de la responsabilidad de los árbitros, la absoluta ineficacia del convenio arbitral,
dejando expedita la vía judicial.
En relación con la “notificación, corrección y aclaración de términos, así como la anulación
y ejecución de los laudos” establece el artículo el Real Decreto 636/1993 que se
realizarán de acuerdo con lo establecido en la Ley de Arbitraje.
Dictado, el laudo arbitral vincula y sujeta a las partes a la propia decisión de haber
sometido sus controversias al procedimiento arbitral. Ello restringe al máximo las
posibilidades de impugnación del laudo, otorgando a las partes únicamente dos recursos
posibles: el recurso de anulación del laudo y el recurso de revisión.
Recurso de anulación del laudo
Habrá de ser interpuesto ante la Audiencia Provincial del lugar donde se hubiera dictado
el laudo, dentro del plazo de los 10 días siguientes a la notificación de aquél,
exponiéndose en el escrito los fundamentos que sirvan para apoyar el motivo de
anulación invocado y proponiéndose la prueba que sea necesaria. La Ley plantea dicho
recurso como un procedimiento sumario y establece, para evitar la continua litigiosidad
sobre la validez o posible anulación del laudo, que contra la sentencia finalmente dictada
por la Audiencia provincial “no cabrá ulterior recurso”. Las causas de anulación, art. 45 LA
son:Cuando el convenio arbitral fuese nulo.Cuando no se hayan observado las normas imperativas propias del procedimiento
arbitral.Cuando el laudo se hubiere dictado fuera de plazo.Cuando los árbitros hayan resuelto sobre puntos no sometidos a su decisión o que,
aunque lo hubiesen sido, no pueden ser objeto de arbitraje.Cuando el laudo fuese contrario al orden público.
El carácter taxativo de tales causas es numerus clausus de causas de anulación.
El art. 37 de la Ley otorga igualmente a las partes la posibilidad de entablar el recurso de
revisión conforme a lo establecido en la legislación procesal para las sentencias judiciales
firmes. En la LEC-2000, el recurso de revisión, claramente excepcional, debe ser
planteado ante la Sala 1ª de lo Civil del Tribunal Supremo, por causa de aparición de
nuevos documentos de carácter decisivo, fraude o falsedad en la emisión del laudo.
Una vez dictado, el fallo contenido en el laudo puede ser ejecutado por las partes de
forma voluntaria y sin intervención de autoridad jurisdiccional alguna. Si fuere necesario
acudir a la ejecución forzosa, las partes podrán obtenerla del Juez de 1ª Instancia del
lugar en que aquél hubiere sido dictado, “por los trámites establecidos para la ejecución
de sentencias firmes, pues el laudo es un título ejecutivo; no obstante, la Ley prevé ciertas
especialidades respecto del proceso de ejecución general.

References: resolución 

resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
e contrario