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Timestamp: 2019-07-24 05:15:35+00:00

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﻿ Sentencia C-90 de febrero 19 de 2014
SENTENCIA C-90 DE 19 DE FEBRERO DE 2014
CONTENIDO:LIMITACIÓN DE LAS RESPONSABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DE LOS ACCIONISTAS DE LAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. LA RESTRICCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD AL MONTO DE LOS APORTES SE JUSTIFICA EN EL HECHO DE QUE EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD ES DISTINTO AL PATRIMONIO DE CADA SOCIO. SIN EMBARGO, NO ES UNA REGLA ABSOLUTA, YA QUE ANTE LA CONCURRENCIA DE CIERTOS EVENTOS COMO FRAUDE A LA LEY Y ABUSO DEL DERECHO, LA LEY PREVÉ QUE LOS ACCIONISTAS RESPONDAN CON SU PECULIO PERSONAL POR LAS DEUDAS DEL ENTE SOCIAL. DECLARAR POR LOS CARGOS EXAMINADOS EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN LABORALES CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY 1258 DE 2008.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIONISTA, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, OBLIGACIONES LABORALES
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:510 DE JUNIO DE 2014, PÁG.1195
Sentencia C-90 de febrero 19 de 2014
Ref.: Expediente D-9769
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º (parcial) de la Ley 1258 de 2008 “Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada”.
Actor: Edier Esteban Manco Pineda
El ciudadano Edier Esteban Manco Pineda, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en los artículos 40-6, 241 y 242 de la Constitución Política, demanda la declaratoria de inconstitucionalidad de la expresión “laborales” del segundo inciso, del artículo 1º de la ley 1258 de 2008. El enunciado normativo demandado —que se subraya— es el siguiente:
La presente demanda de inconstitucionalidad fue formulada por un ciudadano colombiano, contra una expresión contenida en ley de la República (L. 1258/2008); así, la Corte Constitucional es competente para decidir sobre su exequibilidad o inexequibilidad (C. P., art. 241.4).
El demandante cumple las exigencias previstas en el Decreto 2591 de 1991 para la procedencia de las demandas de inconstitucionalidad: (i) señala la norma legal violatoria, a su juicio, de la Constitución; (ii) indica normas superiores —constitucionales o prescripciones de tratados internacionales sobre derechos humanos— que considera vulneradas por la anterior; (iii) presenta como concepto de inconstitucionalidad, fundamentalmente, la transgresión de los deberes estatales de protección justa del trabajo digno y el desconocimiento de los límites constitucionales del legislador en materia de derechos laborales, en virtud de la limitación de la responsabilidad de los accionistas respecto de las obligaciones laborales, prevista en la norma demandada. Así, no obstante que el demandante obvia la excepción a la limitación de la responsabilidad de los socios frente a las obligaciones laborales contraídas por la SAS —remisión del artículo demandado al artículo 42 de la Ley 1258 de 2008—, la demanda logra suscitar una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma acusada en cuanto a las restantes obligaciones laborales, que permite el adelantamiento de un examen jurídico sobre el posible menoscabo de derechos laborales y sociales por la expedición de la Ley 1258 de 2008.
2.2.1.1. En atención a las consideraciones de algunos intervinientes sobre la existencia de cosa juzgada material frente a la Sentencia C-865 de 2004, se procederá a verificar si en el presente caso está vedado el estudio sobre el artículo 1º (parcial) de la Ley 1258 de 2008, por presentarse el fenómeno de la cosa juzgada.
2.2.1.3. La Corte concluyó que el cargo no podía prosperar. Para ello señaló, luego de una amplia explicación del alcance del derecho de asociación (C. P., art. 38), la facultad del legislador para establecer los atributos de las personas jurídicas (C. P., arts. 150.2 y 189.24), la finalidad de la Constitución económica y el fomento en la creación de empresa (C. P., art. 333), que:
Lo anterior, no es óbice, para que el legislador en ejercicio de su potestad de configuración normativa, amplíe los mecanismos de protección laboral previstos en el ordenamiento a favor de los trabajadores y pensionados, extendiendo la responsabilidad de los socios de las sociedades de riesgo limitado a otras realidades sociales y jurídicas, que impliquen la indispensable necesidad de adoptar medidas interventoras y correctoras que tornen válidos los mandatos de la economía social de mercado”.
2.2.1.4. En atención a las consideraciones presentadas, la Corte declaró “EXEQUIBLE las expresiones: “En las sociedades por acciones no habrá acción de los terceros contra los socios por las obligaciones sociales”, previstas en el inciso 1º del artículo 252 del Código de Comercio, por el cargo analizado. De igual manera, se declara EXEQUIBLE las expresiones: “(...) responsables hasta el monto de sus respectivos aportes (...)”, contenida en el inciso 1º del artículo 373 del Código de Comercio, por el cargo analizado”.
Según el demandante, por mandato constitucional se prohibió taxativamente al legislador disminuir los derechos de los trabajadores. Es así, como la expresión acusada se aparta de la prohibición constitucional contenida en el inciso final del artículo 53 C. P., de que la ley menoscabe la libertad, la dignidad humana o los derechos de los trabajadores, al permitir que las obligaciones laborales se tornen inexigibles e ineficaces frente a los accionistas de las sociedades anónimas simplificadas.
“La llamada cosa juzgada material, de acuerdo con jurisprudencia reciente de esta corporación, se presenta en dos hipótesis: (i) cuando un contenido normativo declarado inexequible es reproducido por una nueva disposición legal que es acusada en otra demanda; en estos casos, la Corte debe nuevamente declarar inexequible el contenido normativo, no por existencia en estricto sentido de cosa juzgada —pues se trata de cuerpos legales diferentes— sino por violación de la prohibición del artículo 243 superior; y (ii) cuando un contenido normativo declarado exequible por la Corte y reproducido en una nueva disposición, es demandado por las mismas razones que dieron lugar al pronunciamiento anterior; en estos casos, si bien no existe cosa juzgada porque los contenidos normativos hacen parte de preceptos diferentes, la corporación debe seguir el precedente fijado en el fallo primigenio, salvo que existan razones poderosas para apartarse, en los términos de la jurisprudencia constitucional. Por último, existen casos en los que aunque la Corte se enfrenta a demandas contra una disposición examinada previamente frente a cargos idénticos, tanto desde el punto de vista del concepto de violación como de los contenidos constitucionales considerados vulnerados, ha concluido que no existe cosa juzgada en estricto sentido, toda vez que un cambio en el contexto de aplicación de la disposición impide hablar de identidad de contenidos normativos” (resaltado fuera de texto).
2.2.4.1. Si bien la disposición acusada recae sobre una ley diferente a la demandada en la C-865 de 2004, el contenido que reproduce el artículo 1º de la Ley 1258 de 2008 en su conjunto es similar a las disposiciones del Código de Comercio, así:
Código de Comercio Ley 1258 de 2008
“ART. 252.—En las sociedades por acciones no habrá acción de los terceros contra los socios por las obligaciones sociales. Estas acciones sólo podrán ejercitarse contra los liquidadores y únicamente hasta concurrencia de los activos sociales recibidos por ellos.
“ART. 373.—La sociedad anónima se formará por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes; será administrada por gestores temporales y revocables y tendrá una denominación seguida de las palabras ‘Sociedad Anónima’ o de las letras ‘S. A.’ ART. 1º—Constitución. La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes.
2.2.4.2. No obstante, pese existir cierta identidad en el contenido material de ambas normas, ha de destacarse en lo atinente al concepto de la violación, que se distinguen uno del otro, pues en el primer proceso el estudio versó sobre la omisión del legislador al no prever un mecanismo especial para proteger los derechos mínimos de los trabajadores (C. P., art. 53) en el ámbito del proceso concursal o liquidatorio, mientras que en el caso bajo estudio, el cargo por inconstitucionalidad se funda en otro aspecto regulado también en el artículo 53 C. P., atinente al no menoscabo por parte de la ley de los derechos de los trabajadores. Es decir, en este último, el asunto recae sobre cargo por infracción directa de la Constitución por haber incurrido la norma en una presunta prohibición y no por la falta de regulación del legislador producto del incumplimiento de un mandato constitucional como ocurrió en la Sentencia C-865 de 2004.
3. Las sociedades por acciones simplificadas —SAS— como sociedad de capital y el límite de responsabilidad de los accionistas.
3.1. Las sociedades por acciones simplificadas —SAS—.
Por lo anterior, el derecho societario colombiano, exige la creación de una nueva modalidad de tipo social, que a diferencia de los tipos existentes, incluya los criterios de simplicidad y flexibilidad en su funcionamiento. Por lo demás, una decisión en este sentido pondría a Colombia en la vanguardia del derecho de las sociedades en América Latina, con efectos importantes en el campo de la inversión”(2).
3.1.4. La finalidad del legislador con la creación de las S.A.S., se ajusta al propósito constitucional de estímulo al desarrollo empresarial (C. P., art. 333), por medio de la actualización de los instrumentos legales en la creación de empresa. Lo que no implica que las características de simplicidad y flexibilidad en la constitución de este tipo de sociedades, impacten de igual forma las garantías del ente moral frente a los derechos de terceros.
3.2.1. La constitución de una sociedad —por regla general— implica el nacimiento de una persona distinta de los socios, dotada de atributos propios de la personalidad jurídica —nombre, domicilio, nacionalidad, capacidad y patrimonio— para el desarrollo del objeto de su creación. Por ello, la legislación universal ha dispuesto que el ente social —ser diferente de las personas naturales que lo constituyeron— responde por las actuaciones y obligaciones que contrae con terceros e incluso frente a los accionistas. Dijo, al respecto, la Corte —C-865 de 2004—: “La finalidad de este derecho constitucional [a la personalidad jurídica] se plasma entonces en la creación de entes jurídicos distintos de las personas naturales, con capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, en aras de lograr la satisfacción de un interés u objetivo común, no siempre ligado a la obtención de lucro. Desde esta perspectiva, el derecho de asociación se concreta en la existencia de personas jurídicas, libres y capaces, para responder autónomamente por su devenir jurídico”.
3.2.2. La restricción de la responsabilidad al monto de los aportes se justifica en el hecho de que el patrimonio de la sociedad es distinto al patrimonio de cada socio(3). En la misma sentencia citada, la Corte indicó:
(i) Los bienes de la sociedad no pertenecen en común a los asociados, pues estos carecen de derecho alguno sobre el patrimonio que integra el ente moral, correspondiéndoles exclusivamente un derecho sobre el capital social (C. Co. arts. 143, 144, 145 y 46).
(ii) Los acreedores de los socios carecen de cualquier acción sobre los bienes de la sociedad, pues tan solo tienen derecho a perseguir las participaciones del asociado en el capital social (C. Co., art. 142), mutatis mutandis, los acreedores de las sociedad tampoco pueden hacer efectivas sus acreencias con los bienes de los asociados, pues el socio como sujeto individualmente considerado carece de un poder de dirección sobre el ente social y, por lo mismo, la manifestación de voluntad de la persona jurídica, corresponde a una decisión autónoma de un sujeto capaz, cuya finalidad es hacer efectivo el interés plurilateral de las personas que acceden a su creación.
En efecto, es el legislador quien tiene la competencia para establecer los requisitos y condiciones para la creación de sociedades morales, así como para determinar las distintas clases o tipologías de sociedades. Así como, es quien puede determinar en qué medida los atributos que definen su personalidad operan con mayor o menor intensidad y, por lo mismo, se ponderan en atención a los rasgos característicos que el mismo legislador le reconoce a cada modalidad societaria” (resaltado fuera de texto).
4. El caso concreto: la limitación de la responsabilidad de los socios en sociedades S.A.S. frente a obligaciones laborales.
4.1.1. La demanda contra la expresión “laborales”, del artículo 1º de la Ley 1258 de 2008, implica que la norma jurídica impugnada es aquella que limita la responsabilidad de los accionistas de una S.A.S. al monto de sus aportes, incluso frente a obligaciones laborales de la sociedad —y tributarias o cualquiera otra naturaleza—, con excepción de las referidas en el artículo 42 de la misma ley respecto de aquellas contraídas por la sociedad en fraude a la ley o perjuicio de terceros, respecto de las cuales opera la responsabilidad de accionistas y administradores.
4.1.2. Para el demandante, la exoneración de responsabilidad de los accionistas por obligaciones laborales de la S.A.S. atenta contra los derechos de los trabajadores, al consagrar con ello la no exigibilidad de los derechos laborales frente a los accionistas de la sociedad, la desprotección del trabajador y la ineficacia de sus derechos, con desconocimiento de preceptos constitucionales y normas internacionales del Pidesc y el Convenio 95 de la OIT. En esencia, la demanda busca que, por decisión judicial, se cree una obligación de solidaridad entre la sociedad y los socios para el pago de todas las deudas laborales y de seguridad social.
4.2.2. La Sentencia —C-865/04— concluyó que el límite de la responsabilidad encuentra justificación en un fin social y constitucionalmente válido, cifrado el deber estatal de estimular el desarrollo empresarial y de preservar la estabilidad y el orden económico como “fines esenciales del Estado”, así:
22. En consecuencia, la inexistencia de limitación de responsabilidad pondría fin al mercado de valores, pues sería imposible conocer el valor real de una acción. En efecto, ya no solo sería necesario tener conocimiento acerca de la información financiera de la compañía a la cual se pretende invertir (loable propósito que cumplen los estados financieros debidamente registrados), sino que también debería estudiarse las declaraciones tributarias, las constancias de ingresos, los recursos patrimoniales, los gastos familiares y aún los personales de cada uno de los socios. Misión que además de ser excesivamente onerosa y poco eficiente, en la práctica podría llegar a constituir una manifiesta violación a la garantía constitucional de la intimidad.
Así las cosas, si las personas jurídicas de riesgo limitado son pilares estructurales para el desarrollo del país, no admite discusión alguna que el hecho de asistir al desaparecimiento de sus atributos, pondría en riesgo la estabilidad y el orden económico como fines esenciales del Estado, previstos tanto en el preámbulo como en los artículos 1º, 25, 39, 150-8, 189-24, 333 y 334 de la Constitución Política” (resaltado fuera de texto).
Sin embargo, a pesar de su innegable importancia para el desarrollo del sistema económico, la limitación de riesgos a favor de los socios de las sociedades anónimas no puede considerarse un derecho absoluto, como no lo es, ninguno de los derechos personales o reales previstos en nuestro ordenamiento jurídico. Es precisamente en su relatividad intrínseca, como producto de la necesidad de salvaguardar los derechos de los demás o de impedir su desarrollo abusivo como medio de defraudación o engaño, o en últimas, en interés de preservar la moral pública, la seguridad nacional, la seguridad jurídica y el orden público, que el legislador permite interponer acciones contra los socios de dichas sociedades, en casos especiales y excepcionales, previamente tipificados en la ley, con el propósito de responsabilizarlos directamente con su propio patrimonio frente algunas obligaciones. Así, por ejemplo, el artículo 207 de la Ley 222 de 1995, independientemente del contenido del contrato social, hace responsables a los socios que incurran en violación de la ley por la comisión de actos de defraudación frente a terceros” (resaltado fuera de texto).
4.3.1.1. Con el límite de la responsabilidad de los accionistas, el legislador introdujo una fórmula de armonización entre dos normas constitucionales —artículos 53 y 333 C. P.— en tanto que las actuaciones del ente moral se hayan realizado con la finalidad de desarrollar el objeto de la sociedad. Cuando por el contrario, se emplea a la persona jurídica con el propósito de causar un perjuicio a terceros, se pierde la garantía de la responsabilidad ilimitada y esa conducta está desprovista de la buena fe contractual. Es decir, la actuación fraudulenta no genera derecho, en tanto que no obra bajo los parámetros de la recta disposición del derecho y por ello está excluida del amparo de la ley, permitiendo perseguir en esos eventos el patrimonio del accionista que actuó deslealmente, por medio del denominado levantamiento del velo societario.
La Sentencia C-865 de 2004, indicó sobre este aspecto en particular lo siguiente:
En nuestro ordenamiento jurídico se consagran algunos instrumentos que cumplen la misma función de la teoría del levantamiento del velo corporativo, prevista expresamente en otros ordenamientos, al respecto, se pueden destacar: (i) El deber constitucional y legal de no hacer daño a otro (neminem laedere), de acuerdo con los artículos 58 y 83 de la Constitución y con el artículo 2341 del Código Civil; (ii) la responsabilidad por el abuso del derecho según el artículo 830 del Código de Comercio; (iii) la responsabilidad subsidiaria en casos de concordato o liquidación de sociedades subordinadas, conforme al parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995; y (iv) la responsabilidad por actos defraudatorios prevista en el artículo 207 de la misma ley”.
4.3.1.2. Corolario de lo anterior, se denota el avance legislativo introducido con la Ley 1258 de 2008 en comparación con las disposiciones del Código de Comercio en cuanto a la protección de los trabajadores o de terceros frente al uso fraudulento de la sociedad, ya que el cuerpo normativo de las S.A.S. —art. 42 ibíd.— incorpora la figura del levantamiento del velo societario, haciendo innecesario acudir a los instrumentos legales descritos en la cita anterior. Es así, como la desestimación de la persona jurídica en el caso de incurrir en fraude a la ley o terceros, cristaliza la protección de los afectados en contra de este tipo de actos irregulares, así:
“ART. 42.—Desestimación de la personalidad jurídica. Cuando se utilice la sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados.
4.3.1.3. Dicho mecanismo de protección, contempla una valiosa herramienta legal que evita en caso de acciones fraudulentas contrarias a la buena fe contractual, que la denominada incomunicación patrimonial —fruto de la personificación jurídica— termine por proteger a los accionistas que incurrieron en ese tipo de actos. Por lo cual, esas actuaciones conducen inexorablemente a que uno de los atributos de la personalidad del ente moral —patrimonio— se mezcle con el de aquellos socios que actuaron en contra de la ley, es decir, se pierde el límite de la responsabilidad para aquel que actuó fraudulentamente.
4.3.2.1. El supuesto de la norma previsto en el artículo 43 ibídem, difiere de la acción anterior, en el hecho de que el acto ejercido prima facie no es en sí mismo ilegal, pero con su ejecución desconoce derechos de terceros e incluso los fines de la misma sociedad, cuando lo que se busca en realidad es un beneficio desmesurado e injustificado para uno o varios socios logrado bajo una aparente legalidad. En cuanto a este concepto, en la Sentencia C-258 de 2013 la Corte hizo la siguiente interpretación:
“(…) En términos generales, comete abuso del derecho: (i) aquel que ha adquirido el derecho en forma legítima, pero que lo utiliza para fines no queridos por el ordenamiento jurídico; (ii) quien se aprovecha de la interpretación de las normas o reglas, para fines o resultados incompatibles por el ordenamiento jurídico; (iii) el titular de un derecho que hace un uso inapropiado e irrazonable de él a la luz de su contenido esencial y de sus fines; y (iv) aquel que invoca las normas de una forma excesiva y desproporcionada que desvirtúa el objetivo jurídico que persigue.
3.7.3. Conclusión.
De conformidad con las consideraciones previas, la figura jurídica del abuso del derecho es la otra cara del fraude a la ley, ahora mirada desde la acción cometida por el titular de un derecho. En otras palabras, mientras el fraude a la ley se construye desde la mirada del resultado objetivo contrario a las finalidades de una institución jurídica, el abuso del derecho se mira desde el punto de vista de quien es titular del derecho y puede caracterizarse como un ejercicio manifiestamente irrazonable o desproporcionado (resaltado fuera de texto).
Para que se configure el fraude a la ley y el abuso del derecho no se requiere la existencia de una intención o culpa, basta que se produzca un resultado manifiestamente desproporcionado contrario a las finalidades previstas por el ordenamiento para una disposición o institución jurídica”.
“ART. 43.—Abuso del derecho. Los accionistas deberán ejercer el derecho de voto en el interés de la compañía. Se considerará abusivo el voto ejercido con el propósito de causar daño a la compañía o a otros accionistas o de obtener para sí o para una tercera ventaja injustificada, así como aquel voto del que pueda resultar un perjuicio para la compañía o para los otros accionistas. Quien abuse de sus derechos de accionista en las determinaciones adoptadas en la asamblea, responderá por los daños que ocasione, sin perjuicio que la Superintendencia de Sociedades pueda declarar la nulidad absoluta de la determinación adoptada, por la ilicitud del objeto (resaltado fuera de texto).
La acción de nulidad absoluta y la de indemnización de perjuicios de la determinación respectiva podrán ejercerse tanto en los casos de abuso de mayoría, como en los de minoría y de paridad. El trámite correspondiente se adelantará ante la Superintendencia de Sociedades mediante el proceso verbal sumario”.
4.3.2.5. Asimismo, se insta a las autoridades del trabajo —Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud y Protección Social— y demás entes que administran derechos laborales y de seguridad social tales como las administradoras de pensiones y cesantías, el ICBF —parafiscales— y demás órganos, que al momento de advertir anomalías en el pago de los derechos de los trabajadores y presentarse mora patronal, deberán intervenir activamente dentro del marco de su competencia en procura de la defensa y protección de sus afiliados.
— La posibilidad de llamar a responder a los asociados cuando su conducta infiera daño a los trabajadores o pensionados, en atención al incumplimiento del deber constitucional y legal de no hacer daño a otro (neminen laedere). (C. C., art. 2341).
— La interposición de acciones de simulación, paulina o revocatoria, en aras de reintegrar el patrimonio de la sociedad, cuando sean insuficientes los bienes para garantizar el pago de las obligaciones labores asumidas (arts. 1766 y 2491 del C. C., y los arts. 183 y 184 de la L. 222/95).
— La acción de nulidad de los contratos celebrados por la sociedad, cuando los mismos incurran en causa u objeto ilícito (arts. 1740 y subsiguientes del C. C. y 899 y subsiguientes del C. Co.).
— La exigibilidad por parte de las autoridades de control de acreditar el pago efectivo de las reservas legales (C. C., art. 452).
— La responsabilidad solidaria e ilimitada de los administradores por los perjuicios que dolosa o culposamente ocasiones a la sociedad, a los socios o a terceros (C. Co., art. 200).
— La responsabilidad subsidiaria en casos de concordato o liquidación de sociedades subordinadas (parágrafo del art. 148 de la L. 222/95).
— La responsabilidad patrimonial del Estado por las fallas en la inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales (art. 90 de la Constitución Política)”(4)”.
4.3.3.2. Adicionalmente, es de destacar que en cumplimiento de compromisos internacionales, el legislador incorporó en la ley la obligación de dar un lugar especial a los créditos laborales frente a otro tipo de obligaciones, es así, como las acreencias que involucren derechos laborales y sociales cuentan con prelación dentro del proceso de liquidación. El Convenio 95 de la OIT relativo a la protección del salario, en el artículo 11 dispone:
“ART. 11.—1. En caso de quiebra o de liquidación judicial de una empresa, los trabajadores empleados en la misma deberán ser considerados como acreedores preferentes en lo que respecta a los salarios que se les deban por los servicios prestados durante un periodo anterior a la quiebra o a la liquidación judicial, que será determinado por la legislación nacional, o en lo que concierne a los salarios que no excedan de una suma fijada por la legislación nacional.
3. La legislación nacional deberá determinar la relación de prioridad entre el salario que constituya un crédito preferente y los demás créditos preferentes”(5).
4.3.3.3. El anterior postulado fue incorporado en un primer momento a la legislación interna a través de los artículos 2493 y ss. del Código Civil, fijando a los créditos laborales como de primera categoría por encima de otros acreedores. No obstante, por virtud de la jurisprudencia, dicha preferencia se ha extendido a otros pagos diferentes al proceso de liquidación, así:
“La Corte llama la atención sobre la aplicación que debe tener la figura de la “prelación de créditos”, prevista en los artículos 2493 y subsiguientes del Código Civil. La prelación, según la teoría general de las obligaciones, no es asunto que deba respetarse exclusivamente durante el trámite de los procesos concursales, sino que también obliga durante la vida ordinaria de la sociedad. De manera que, no podría considerarse ajustado a derecho, la actitud de algunas sociedades consistente en darle prelación al pago de obligaciones distintas a las laborales, deshonrado la preferencia prevista por el legislador. Una actitud en dicho sentido, podría considerarse defraudatoria de los intereses de los trabajadores y pensionados” (resaltado fuera de texto).
“ART. 41.—Prelación de créditos y ventajas. En el acuerdo podrá modificarse la prelación de créditos, siempre que sean cumplidas las siguientes condiciones:
4. No afecte la prelación de créditos pensionales, laborales, de la seguridad social, adquirentes de vivienda, sin perjuicio que un pensionado o trabajador, o cualquier otro acreedor, acepte expresamente los efectos de una cláusula del acuerdo referente a un derecho renunciable, siempre que ello conduzca a la recuperación de su crédito (subraya fuera de texto).
La prelación de las obligaciones de la DIAN y demás autoridades fiscales, podrá ser compartida a prorrata con aquellos acreedores que durante el proceso hayan entregado nuevos recursos al deudor o que se comprometan a hacerlo en ejecución del acuerdo, la cual será aplicada inclusive en el evento del proceso de liquidación judicial. Para tal efecto, cada peso nuevo suministrado, dará prelación a un peso de la deuda anterior. La prelación no es aplicable por la capitalización de pasivos, ni por la mera continuación de los contratos de tracto sucesivo (…)”.
5.1.1. En el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Edier Esteban Manco Pineda solicitó la declaratoria de inexequibilidad de la expresión laborales contenida en el artículo 1º de la Ley 1258 de 2008, al considerar que el límite de la responsabilidad de los accionistas de las S.A.S., en torno a los créditos laborales desconoce los derechos de los trabajadores consagrado en el artículo 53 C. P., y por contera el preámbulo y los artículos 1º, 2º, 25 y 333 constitucionales.
5.1.4. La separación del patrimonio de la sociedad y de los accionistas obedece a un propósito constitucional consistente en permitir el flujo de capital, la inversión y la estimulación del desarrollo empresarial del país, de conformidad con el artículo 333 C. P.
5.1.6. Finalmente, permitir el límite de responsabilidad no implica el desconocimiento de los derechos de los empleados, pues (i) en los artículos 42 y 43 de la Ley 1258 de 2008 se consagran dos excepciones a la responsabilidad del aportante, consistentes en la desestimación de la personalidad jurídica —levantamiento del velo societario— y el uso abusivo del voto que ocasionó perjuicios a la compañía, sus socios o terceros —nulidad absoluta e indemnización—, (ii) los trabajadores cuentan con herramientas legales —acción de nulidad, simulación, pauliana y otras—(6) y jurisprudenciales —acción de tutela— en procura de la defensa de sus derechos.
Declarar por los cargos examinados EXEQUIBLE la expresión laborales contenida en el artículo 1º de la Ley 1258 de 2008.
(2) Gaceta del Congreso 390 del 27 de junio de 2008.
(3) Ut supra. “Tan importante es la separación patrimonial entre socios y sociedad que el ordenamiento jurídico le otorga la denominada “acción de impugnación” a los administradores, revisores fiscales y socios ausentes y disidentes (C. Co., art. 191), con el propósito de invalidar las decisiones mayoritarias adoptadas por la junta de socios o asamblea general de accionistas que vulneren las prescripciones estatutarias. En efecto, la existencia de una acción para decretar la ilegalidad de una determinación, sólo tiene razón de ser ante el conflicto o la colisión de los intereses particulares de las personas asociadas con el interés plurilateral del ente social. Si el interés del socio y la sociedad fuese el mismo, la simple lógica conduciría a entender que no existiría disputa alguna por las determinaciones adoptadas”.
(4) Cita del texto. “Un ejemplo lo constituye la asunción de responsabilidad subsidiaria del Estado en relación con las prestaciones sociales de la Empresa de Puertos de Colombia. Al respecto, el artículo 35 de la Ley 1ª de 1991, dispone que: “La Nación asumirá el pago de las pensiones de jubilación de cualquier naturaleza, de las demás prestaciones sociales y de las indemnizaciones y sentencias condenatorias ejecutoriadas o que se ejecutoríen a cargo de Puertos de Colombia, así como su deuda interna y externa. (...)”.
(5) Convenio 95 sobre la protección del salario 1949, relativo a la protección del salario (Entrada en vigor: 24 septiembre 1952).
(6) Ver pie de página 6.

References: ARTÍCULO 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 42
 artículo 1
 artículo 252
 artículo 373
 artículo 53
 artículo 243
 artículo 1
 artículo 53
 artículo 1
 artículo 42
 artículo 207
 artículo 2341
 artículo 830
 artículo 148
 artículo 207
 artículo 43
 artículo 11
 artículo 1
 artículo 53
 artículo 333
 artículo 1
 artículo 35