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Timestamp: 2018-03-24 17:53:32+00:00

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Acuerdo y Sentencia 0057/2017 Tribunales de Apelación
ACUERDO Y SENTENCIA T.A. CIVIL Y COMERCIAL 6ª SALA Nº 57/17
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 9 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, estando reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, 6a Sala, los Magistrados OLGA NINFA TALAVERA TORRES, ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN y LINNEO YNSFRAN SALDIVAR, bajo la presidencia de la primera de los nombrados y por ante mí el Secretario autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado como más arriba se menciona, a fin de resolver el recurso de nulidad y apelación interpuestos por el Abg. José Jara Sacarello, representante convencional del Sr. Franklin Rosa Segovia Benítez -parte actora-, contra la S.D. N° 709 del 07 de octubre de 2015 y su aclaratoria S.D. N° 119 del 04 de marzo de 2016, dictada por el Juzgado de 1a Instancia en lo Civil y Comercial del 10° Turno.
Previo estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
En caso contrario, ¿Se dictó conforme a derecho?
Practicado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: Alberto Martínez Simón, Olga Talavera Torres y Linneo Ynsfrán S.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL MAGISTRADO ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN DIJO: El Abg. José Jara Sacarello -parte recurrente- expresa agravios manifestando que la sentencia dictada por la A-quo es nula en razón a que la misma carece de fundamentos. A más de otros argumentos vertidos, esencialmente basa el recurso de nulidad interpuesto diciendo: "La nulidad de la sentencia radica en que excluyó de la condena a los demandados ROBERTO JULIÁN JARA BENITEZ y PEDRO GARCIA OLMEDO, sin explicar el motivo por el cual supuestamente no son responsables del acto, como si fueran víctimas del mismo, como mi mandante. ROBERTO JULIAN JARA BENITEZ, usó a su favor el testimonio de la primera escritura pública nula, pues la mencionó como antecedente en una posterior escritura para poder vender por G. 10.000.000 una camioneta al Sr. PEDRO GARCIA OLMEDO...". Agrega además, "La falta de fundamentación fáctica y jurídica por parte de la jueza contra estos dos co-demandados para excluirles de responsabilidad en el presente juicio acarrea la nulidad de la sentencia, por arbitraria.".
En primer término, cabe recordar que el recurso de nulidad está reservado para supuestos excepcionales y tiene como fundamento principal lograr la rescisión o invalidación de una determinada resolución por haberse dictado sin sujeción a las normas o a los requisitos formales prescriptos por la ley. El recurso de nulidad debe aludir a vicios de construcción del proceso o de la resolución en su forma y no a supuestos errores de juicio, lo que corresponde al análisis de la procedencia del recurso de apelación, y no de nulidad (Maurino, Alberto Luis. “Nulidades Procesales”. Segunda Edición Actualizada, Primera Reimpresión. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2001. Pg. 233).
El recurrente no invoca vicios formales de la resolución en cuanto tal, sí con respecto a la existencia de errores en la fundamentación. El art. 159 del Código Procesal Civil estipula en su inc. d) que la sentencia definitiva deberá contener los fundamentos de hechos y de derecho.
Este deber impuesto por la norma, implica que imperiosamente el magistrado tiene que expresar la razón o el conjunto de razones que motivaron su decisión. La motivación o fundamentación de la sentencia consiste en explicitar los argumentos que, según cánones racionales reconocidos y aceptados por la cultura jurídica en el lugar y tiempo que el juez opera, justifica su decisión.*1 Del estudio de la resolución recurrida, se observa que efectivamente la A- quo no expresó suficientes razones con relación a su decisión respecto a la demanda de indemnización por daño moral incoada por la parte recurrente.
Asimismo, del análisis oficioso del fallo, surge que la misma omitió pronunciarse respecto a los intereses solicitados por el accionante (citra petita), existiendo así un vicio violatorio del principio de congruencia. El principio de congruencia establece que debe existir una estrecha vinculación entre el contenido de la resolución y las cuestiones propuestas por las partes, es decir, debe observarse una relación coherente y exacta entre el pronunciamiento del juez y lo pretendido en el juicio*2, entonces, la inobservancia de dicho principio podría acarrear la nulidad de la resolución.
*1 Azpelicueta, Juan José - Tessone, Alberto. La Alzada. Poderes y Deberes. Editorial LEP S.R.L. La Plata, 1993. p.137
*2 Artículo 15 del Código Procesal Civil: “Deberes. Son deberes de los jueces, sin perjuicio de lo establecido en el Código de Organización Judicial:... b) fundar las resoluciones definitivas e interlocutorias, en la Constitución y en las leyes, conforme a la jerarquía de las normas vigentes y al principio de congruencia, bajo pena de nulidad...".
Efectivamente, se advierten vicios susceptibles de invalidar el fallo recurrido en esta instancia pues se verifica la ausencia de fundamentos o razones suficientes que justifiquen la decisión de la A-quo, además de la omisión respecto a todas las consideraciones expuestas por la parte accionante (falta de pronunciamiento con relación a los intereses solicitados).
No obstante, a pesar de los vicios del fallo impugnado, esta magistratura considera que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 407*3 del C.P.C, corresponde declarar desierto este recurso y abstenemos de declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas, pues los agravios expuestos por la parte recurrente son susceptibles de ser reparados por vía del recurso de apelación, a la cual nos remitimos.
A SUS TURNOS, LOS MAGISTRADOS OLGA NINFA TALAVERA TORRES Y LINNEO YNSFRÁN SALDIVAR DIJERON: Que votan en el mismo sentido y bajo los mismos fundamentos
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MAGISTRADO ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN, DIJO: Es sometido a consideración de este Tribunal, la S. D. N° 709 del 07 de octubre de 2015 por medio de la cual el Juzgado resolvió: "HACER LUGAR a la demanda de nulidad de actos jurídicos promovidos por FRANKLIN ROSA SEGOVIA BENITEZ contra SONIA BEATRIZ SANDOVAL DE OSORIO, ROBERTO JULIÁN JARA BENÍTEZ y PEDRO GARCIA OLMEDO y en consecuencia, declarar la nulidad de la Escritura Pública N° 38 del 06 de mayo o Junio de 2008, Protocolo COMERCIAL "B"y de la Escritura Pública N° 36 del 31 de Mayo de 2008, Protocolo CIVIL "B" ambas autorizadas por la Escribana SONIA BEATRIZ SANDOVAL DE OSORIO en el registro a su cargo de la ciudad de Luque y ORDENAR LA CANCELACION de las respectivas inscripciones regístrales.- HACER LUGAR a la demanda de indemnización de daño moral promovida por FRANKLIN ROSA SEGOVIA BENÍTEZ contra SONIA BEATRIZ SANDOVAL DE OSORIO y en consecuencia, condenar a ésta a abonar al actor la suma de 20.000.000 (veinte millones de guaraníes), dentro del plazo de (10) diez días desde que la sentencia quede firme más intereses desde esa misma fecha.- IMPONER las costas a la demandada SONIA BEATRIZ SANDOVAL DE OSORIO.- REMITIR al Consejo de Superintendencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia de esta resolución y compulsas
*3 Artículo 407 del Código Procesa Civil. " Casos en que es innecesario pronunciarla. Cuando el Tribunal pueda decidir, a favor de la parte a quien aprovecha la nulidad, no la pronunciará.
de los documentos autorizados por la Escribana Pública SONIA BEATRIZ SANDOVAL DE OSORIO, Titular del Registro Notarial N° 719 de la ciudad de Tuque, a los efectos disciplinarios correspondientes.- ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.-" (sic. fs. 445/451), y su correspondiente aclaratoria S.D. N° 119 del 04 de marzo de 2016 que resuelve: "HACER LUGAR parcialmente al Recurso de Aclaratoria interpuesto por el Abog. JOSÉ JARA SACARELLO, contra la S.D. N° 709 de fecha 07 de octubre de 2015, y en consecuencia, rechazar la demanda de indemnización de daño moral promovido por Franklin Rosa Segovia Benítez contra los Sres. Roberto Julián Jara Benítez y Pedro García Olmedo, por improcedente" (sic. fs. 453).
El recurrente fundamenta el recurso de apelación con los mismos argumentos expuestos en el recurso de nulidad diciendo "Del recurso de apelación:(...) al efecto me remito a las mismas argumentaciones vertidas al fundar el recurso de nulidad por braevitis causa...". Así también agrega con respecto a la responsabilidad del codemandado Roberto Julián Jara Benítez "Este demandado no es víctima sino partícipe, el uso de un testimonio de escritura que él no firmó es el nexo causal que lo une a la escribana para perpetrar el acto nulo. La injusticia del fallo radica en que lo exoneró de toda responsabilidad civil.". Igualmente cuestiona, con relación a la exoneración de responsabilidad del también codemandado, Sr. Pedro García Olmedo, por parte de la A-quo, pues alega que el mismo debió tener conocimiento o haberse percatado de la irregularidad que envolvía a la compra del vehículo adquirido, bien que posteriormente fue comprobado que se encontraba con el número de chasis adulterado. Manifiesta además "...Digo que lo resuelto en esta sentencia es gravísimo porque se está poniendo en riesgo la SEGURIDAD JURÍDICA, el ORDEN PÚBLICO, porque como queda demostrado se perpetró un robo de título de propiedad, dejando al título válido como un simple antecedente histórico en los registros públicos y como título válido a una escritura pública nula pero que está inscripta en los registros públicos otorgando un viso de legalidad a un vehículo con las mismas características de la camioneta de mi mandante pero que no tenía título válido en Paraguay...". El mismo sostiene que de confirmarse esta sentencia estos demandados quedaran impunes, por lo que solicita se condene a ambos conjuntamente con la demandada, Escribana Sonia Sandoval de Osorio. Asimismo solicita que sea correctamente establecido el interés con un porcentaje del 2% mensual sobre el capital reclamado a todos los demandados.
Corrido el traslado correspondiente, ninguno de los demandados se presentó a contestar el mismo, por lo que por A.I. N° 114 del 30 de marzo de 2017 se dio por decaído el derecho que dejaron de usar éstos y se llamó "Autos para sentencia".
Análisis de la cuestión debatida
En resumidas cuentas, en el presente caso, el Sr. Franklin Segovia demanda la nulidad del acto jurídico de la Escritura Pública N° 38 del 06 de junio de 2008, Protocolo Comercial "B" y de la Escritura Pública N° 36 del 31 de diciembre de 2008, Protocolo Civil "B" ambas autorizadas por la Escribana Sonia Beatriz Sandoval de Osorio -demandada-. Asimismo, solicita indemnización de daños y perjuicios por daño moral contra la citada profesional y los señores, Roberto Julián Jara Benítez y Pedro García Olmedo.
Al respecto, suscribo con la A-quo la conclusión a la que arribara al dictar sentencia haciendo lugar a la nulidad de acto jurídico solicitada por la parte accionante. No obstante, me parece oportuno realizar apreciaciones referentes a la misma, puesto que resulta que la indemnización de daños y perjuicios solicitada se circunscribe en el marco de esta nulidad declarada en el presente juicio.
Sabido es que la nulidad es la sanción legal que priva de sus efectos jurídicos normales a un acto jurídico, en virtud de una causa originaria, es decir, existente en el momento de la celebración*4. En el caso estudiado, se pretendió la declaración de nulidad de las escrituras públicas mencionadas sobre la base de que el titular del vehículo -Sr. Franklin Segovia- objeto de la transferencia realizada por Escritura N° 38 del 06 de junio de 2008 nunca fue parte de dicho acto, motivo por el que no consta su firma al pie de la escritura matriz cuya copia obra en autos (fs. 37).
El art. 396 del C.C. dispone al respecto que sin perjuicio de lo dispuesto sobre la nulidad de los instrumentos públicos, son nulas las escrituras públicas si faltaren en ellas algunos de los siguientes requisitos [...] inc. g) la firma de las partes, en la forma prescripta, con indicación del impedimento en el caso de firma o a ruego (...). Igualmente, el art. 137 del C.O.J dispone que son nulas las escrituras que no tuviesen la designación del tiempo y lugar en que fuesen hechas, el nombre de los otorgantes, las firmas de las partes, la firma a ruego de ellas, cuando no sepan o puedan escribir, y la firma del Escribano De lo expuesto, se colige que al haberse probado el hecho de que no obra al pie de la escritura matriz la firma del Sr. Franklin Segovia, el mismo no tomó conocimiento, del acto jurídico contenido en la misma ni expresó su consentimiento a fin del mismo, consecuentemente la escritura pública citada es nula. Consecuentemente, la segunda escritura también se encuentra viciada de nulidad puesto que tiene como antecedente la escritura
*4 Llambías Jorge. Tratado de Derecho Civil, Parte General, II p. 49.
pública N° 38 del 06 de junio de 2008, pudiendo aplicarse al caso la teoría del acto jurídico inexistente.
Ahora bien, cabe preguntamos ¿qué es la Teoría de la Inexistencia del Acto Jurídico?, y qué alcance tiene con relación a la eventualidad de declarar nulo un acto jurídico.
A los efectos de ilustrar sobre la Teoría del Acto Inexistente, como especie dentro de los actos nulos, hacemos un análisis doctrinario de nuestros comentaristas nacionales al respecto:"...Actos inexistentes: el acto inexistente es aquel que no obstante su apariencia, carece de algún elemento de hecho esencial, como el objeto o el consentimiento;... la enunciación moderna de la teoría de los actos Inexistentes, limitada para el matrimonio carente de consentimiento, fue realizada por Zacharie, ampliándose más tarde por Aubry y Rau que la extendieron para la generalidad de los actos... ...un grupo numeroso de civilistas asumen la posición de recepcionar la teoría del acto inexistente. Belluscio-Zannoni expresa: “...una distinción fecunda en consecuencia, no solo porque permite resolver determinadas situaciones de la vida real, sino porque reposa en una neta diferencia conceptual, ya que no es lo mismo que no haya acto jurídico a que exista un acto jurídico, pero que está viciado”, en algunos fallos argentinos se ha optado por incursar las situaciones de inexistencia dentro de las normas que rigen los efectos de la nulidad. En otros se lo ha aceptado, por ejemplo, los actos formalizados en instrumentos en los que no existe la firma de los otorgantes, la venta suscrita por un extraño que se hizo pasar por el propietario, habiendo éste fallecido, etc...” .
Cabe aclarar también sobre el alcance de la nulidad mediante la declaración de inexistencia del acto jurídico, en razón que podría pensarse que debería existir una protección al tercer adquirente de buena fe, pero, sin embargo, en casos como éste, estamos ante una excepción a dicha protección. Se explica en doctrina ciertas excepciones a la protección del tercer adquirente de buena fe, al punto se explica:
“425. Falsificación de instrumentos y el tercero de buena fe. Este es el punto donde la protección al tercer adquirente de buena fe reconoce sus puntos débiles y que el derecho no ofrece una solución uniforme y mucho menos la jurisprudencia, por los diversos criterios manejados al respecto. Se trata pues de la existencia de instrumentos falsificados materialmente (título o instrumento), falsificación de firmas o falsificación de poderes (mandatos especiales para transferir) y en virtud de los mismos se procede a transmitir los derechos, que llegan a un tercero de buena fe. Entiéndase muy bien que el título (causa o derecho, distinguiéndose de los instrumentos) se funda en un delito de derecho criminal, trasmitiendo en su virtud derechos y vuelto a transmitir a un tercero de buena fe. Surge indudablemente la pregunta: ¿se podrá proteger al tercero de buena fe?, o ¿en este caso los efectos de la nulidad podrán alcanzar al tercero?. La aludida hipótesis es el ejemplo claro y más sólido de la TEORIA DEL ACTO INEXISTENTE, porque tal derecho transmitido no existe, porque la firma no es del agente, o porque tal mandato no existió; en consecuencia, estamos ante un acto inexistente. Sin embargo, propiamente en nuestro lenguaje positivo no se concibe el acto inexistente, simplemente porque la ley que lo rige no lo contempla. Por tanto, está fuera del derecho positivo. Algunos autores contemporáneos de la Argentina (Alterini, Trigo Represas, Alsina Atienza y otros) sostiene la inoponibilidad del acto respecto al propietario que no ha intervenido en el acto. Otros autores (Cortes y Gurfinkel de Wendy) admiten que el caso que nos ocupase trata de un acto de nulidad absoluta y por tanto no le es aplicable la protección de buena fe. Estamos ante tres hipótesis a) acto inexistente, b) acto imponible; y c) acto afectado de nulidad absoluta. Siguiendo el primer criterio la inexistencia alcanza a todos, por tanto no podrán ampararse en la buena fe; en el segundo criterio, sin embargo, el acto es válido entre las partes (falsificador, vendedor y adquirente), pero resulta ineficaz respecto al último criterio, por tratarse de un acto afectado de nulidad absoluta, no podrá ser saneado por actos sucesivos o por el transcurso del tiempo. 426. Solución en el Código Civil Paraguayo. Estudiosos de nuestro país como Moreno Rodríguez e Irán Brusquetti han abordado el tema sosteniendo ambos que la solución está dada por la ley paraguaya en la disposición del art. 2411 que establece: ‘No son reivindicables las cosas futuras, ni las cosas accesorias, aunque lleguen a separarse de las principlaes, a no ser que éstas sea reivindicadas. Tampoco pueden serlo las cosas inmuebles de quien las haya adquirido de buena fe y a título oneroso. Sin embargo, el propietario desposeído tendrá acción para impugnar el acto viciado si no tuvo intervenición en él, ni consintió su realización..." (Introducción al Estudio de los Hechos y Actos Jurídicos, Ríos Avalos, Bonifacio, 5a Edición, 2001, págs.426/427).
“8.8. El caso de los Instrumentos Falsificados. Teorías. En el derecho argentino éste caso es conocido con el nombre de transferencia ‘a non domino’. Si la protección del tercer adquirente a título oneroso y de buena fe no plantea inconvenientes en los casos de nulidad, en las hipótesis de falsedad instrumental la cuestión se complica. ¿Merecen protección los terceros adquierentes de buena fe cuando su adquisición tiene por fuente mediata o inmediata un título falso?. En la vida practica pueden darse casos de transmisiones de dominio realizadas por quien no es el propietario, sobre la base de una falsedad material de la firma de éste o la suplantación ante el notario con documentos falsos. Esta es una realidad que merece una respuesta, y sobre todo si los terceros adquirentes pueden ampararse en el título de su adquisición. Para responder a ésta interrogante se han elaborado en el derecho argentino tres teorías. La teoría que acepta en nuestro derecho el acto jurídicamente inexistente, encuentra aquí una de sus más claras aplicaciones, en virtud de la cual no regirían las soluciones que la ley estatuye en cuanto a los efectos del régimen de nulidades. En esa corriente de ideas, es claro e indudable que los subadquirentes quedan desamparados frente al propietario ajeno a la maniobra, quien tendrá acción para recuperar un dominio que le fue falsamente sustraído, sin perjuicio, desde luego, de las acciones de daños que podrán promoverse contra el falsificador. Admiten esta interpretación BELLUSCIO, BORDA y LLAMBIAS. (SANTOS CIFUENTES, op.cit. 378, p.667). También admite esta teoría SANTOS CIFUENTES (op.cit., ps.668/9). Llegan a igual resultado, pero aplicando el criterio de que las transmisiones en que no han intervenido el propietario son para él imponibles, ALTERINI, ALSINA ATIENZA, TRIGO REPRESAS y COMPAGNUCCI DE CASO. (SANTOS CIFUENTES, op.cit.p.668). En cambio han sostenido que se trata de una unidad absoluta y que por ello no es aplicable la última parte del art. 1051, CORTES y GURFINLEK DE WENDY (Ibídem p.668)...” (Nulidades de los Actos Jurídicos. Luis A. Irún Brusquetti, pág.196/197, 1992).
Al mismo efecto el Dr. José A. Moreno Rodríguez en su libro “Curso de Derecho Civil, Hechos y Actos Jurídicos”, citando a otros autores menciona: ‘‘existe coincidencia en sostener.
Pero se diverge en el fundamento. Los partidarios de la teoría de la inexistencia... ...puesto que su título no proviene de un acto nulo o anulable, sino de uno inexistente, como lo sería una transferencia en la cual falte el enajenante -uno de sus elementos esenciales-... a igual resultado arribo la tesis de la inoponibilidad del acto al propietario original...”.
Existe consenso en la doctrina y jurisprudencia en el sentido que actos de enajenación como este, en los que no ha tenido participación el verdadero propietario, habiéndose comprobado la falta de participación del mismo en el acto jurídico, no tienen efecto jurídico alguno, no pudiendo oponerse al propietario real las reglas del “tercer adquirente a título oneroso y de buena fe”.
En este sentido, Belluscio - Zannoni sostienen “...Acerca de las transmisiones de dominio realizadas por quien no era el propietario, sobre la base de una falsedad material de la firma de éste, o la suplantación ante el notario con documentos falsos, la transferencia no puede alcanzar efectos ni siquiera respecto de terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso. Es ésta una de las situaciones que no rige el título de la apariencia jurídica, pues protege con mayor énfasis al verdadero propietario que ha sido totalmente ajeno a la maniobra... ” (Belluscio - Zannoni, Código Civil Comentado, T. 4, pág. 733).
Hemos visto, con lo expuesto, que algunos autores nacionales, han encontrado en el art. 2411 del CC, el fundamento normativo, para producir lo que se ha dado en llamar nulidad en cascada y que produce la ineficacia de todos los actos impugnados, hasta llegar al actual propietario, aunque éste sea de buena fe. El art. 2411 del Código Civil señala que “No son reivindicables las cosas futuras, ni las cosas accesorias, aunque lleguen a separarse de las principales, a no ser que éstas sean reivindicadas. Tampoco pueden serlo las cosas inmuebles de quien las haya adquirido de buena fe y a título oneroso. Sin embargo, el propietario desposeído tendrá acción para impugnar el acto viciado si no tuvo intervención en él, ni consintió su realización”.
En efecto, la escritura pública que encubre y constituye un acto ilícito debe ser declarada nula así como, en esta caso, la que fuera otorgada posteriormente, por los motivos explicados, tal como fue dispuesto como consecuencia de la ilicitud de sustraer a una persona del título de un bien de su propiedad, sin su participación. Si bien, claro está, que la procedencia de la demanda de nulidad de acto jurídico incoada no fue objeto de impugnación, realizando una salvedad considerable, es preciso definir mi postura referente a la responsabilidad de los demandados - Sres. Roberto Julián Benítez y Pedro García Olmedo- con relación al acto jurídico atacado de nulidad.
De la participación de los demandados en el acto jurídico declarado nulo: La A-quo sostiene que la escribana interviniente -Sonia Sandoval de Osorio- es la única responsable del acto ilícito que encubren las escrituras descriptas. Ahora, si bien dicha responsabilidad se encuentra plenamente probada en autos, no es posible asegurar que la misma es indefectiblemente la única responsable.
Conforme a ello, es preciso acotar que pese a que la escribana en su ejercicio profesional debe atenerse a delineamientos normativos propios de su función, la responsabilidad no difiere de los criterios genéricos. No obstante, la misma está obligada a ejercer su profesión con la mayor previsión y diligencia posible, es así que todo profesional -en el caso de autos, la escribana- deberás responder civilmente en caso de que incurra en un incumplimiento de la obligación exigible, es decir, que ejecute su deber con inobservancia de todos los matices propios de su oficio.
Ahora bien, ¿en qué consiste la obligación exigible en virtud de su función?, se puede decir que la función notarial genera una obligación de resultado para él o la profesional que lo desempeñe. En términos generales, la obligación de resultado ha de entenderse por aquella en la que el deudor (escribano/a) debe cumplir ante su acreedor (partes otorgantes del acto) la prestación misma que prometió (instrumento válido expedido con observancia a todas las formalidades exigidas por la ley). Con relación a esto Bustamente Alsina decía que "en cuanto a la naturaleza de la obligación es, sin duda, una obligación de resultado, pues el escribano se compromete al otorgamiento de un instrumento válido en cuanto a las formalidades legales que él debe observar como autorizante". En efecto, la persona que ejerce la función notarial -dada la relevancia de tal investidura- asume una obligación de resultado, pues dicha función la compromete a garantizar el otorgamiento de un instrumento válido, ceñido a las formalidades legales exigidas para cada caso pertinente.
Sin embargo, debemos considerar también que la función notarial, a más de otros principios, está regido por el principio de rogación, del que se infiere que la misma no puede ejecutarse si no media una disposición, solicitud, petición o ruego de las partes otorgantes de un acto, en efecto, el art. 111 del C.O.J. dispone que son deberes y atribuciones del Notario Público: a) actuar en el ejercicio de la profesión únicamente por mandato de autoridad pública o a pedido de parte interesada, o su representante. Resumiendo, resulta evidente que la demandada - Sonia Sandoval de Osorio- es responsable del hecho ilícito estudiado en autos, pero no se puede afirmar de manera fehaciente que la misma sea la única comprometida en la ejecución del mismo.
Siendo así, es preciso determinar si realmente los señores Roberto Julián Jara y Pedro García Olmedo se encuentran exentos de responsabilidad en los actos jurídicos impugnados.
El curso de los hechos arroja que, en primer lugar, se realizó la fraguada transferencia de vehículo entre el Sr. Franklin Segovia -parte actora- y el Sr. Roberto Julián Jara -demandado- a través de la Escritura Pública N° 38 del 06 de junio de 2008 (fs. 64). Y que, posteriormente, este último vendió y transfirió el vehículo automotor individualizado como de la Marca Toyota, Tipo Hilux, 4WD del año 1999 que había adquirido en teoría del demandante, al Sr. Pedro García Olmedo -también demandado-.
Al contestar la demanda (fs. 68/69), Roberto Julián Jara entre otras cosas manifiesta que el mismo desconocía que la persona con quien realizó el negocio jurídico no era realmente Franklin Segovia. En otras palabras, el mismo asevera ser una víctima más de la escribana y de la supuesta persona de quién adquirió el vehículo automotor descripto supra. Pues bien, es de atender ciertas contradicciones o cuestionamientos que surgen del análisis de las expresiones del demandado a la luz de las probanzas de autos.
Primeramente, el mismo sostiene que habían concertado un monto específico y que el mismo hizo entrega de la suma de Gs. 40.000.000 al propietario de la cosa al momento de realizarse la transferencia, se entiende por ende que lo hizo ante la escribana. Sin embargo, en la escritura de transferencia consta que el monto entregado fue de Gs. 10.000.000 y que dicha suma fue entregada antes del acto. Además, el demandado manifiesta haber hecho entrega de un porcentaje del precio pactado al momento de suscribir la escritura y que el supuesto vendedor se encontraba presente en la oficina notarial, pero de la constancia de la escritura matriz presentada en juicio es posible observar que la escribana invalida la misma por falta de comparecencia del vendedor.
Seguidamente, al cotejar la Escritura Pública N° 38 del 06 de junio de 2008, Protocolo Comercial "B" y de la Escritura Pública N° 36 del 31 de diciembre de 2008, Protocolo Civil "B" ambas impugnadas en autos, es posible observar que en una y otra el precio de la compra-venta es el mismo, es decir, Gs. 10.000.000. Viene a colación esto debido a la manifestación del Sr. Roberto Jara de haber concertado ambos actos debido a que se dedica a la compra-venta de vehículos, entiéndase, con fines lucrativos. Resulta incoherente dicha acotación si tomamos en consideración ambas sumas, debido a que el negocio no podría considerarse de tal modo.
También, el demandado expresó que realizó la transferencia al Sr. Pedro García Olmedo ante la misma escribana habida cuenta que en ese ínterin, aún seguía en su poder los documentos del vehículo, pues se encontraba en trámites para la cedulación (sic. fs. 69). Más llama la atención que el mismo presenta copia de la cédula verde del vehículo, donde consta que la fecha de expedición de la misma fue el 21 de julio de 2008, además de manifestar en el mismo escrito que realizó la cancelación del pago al momento en que la escribana le entregó la cédula verde.
Así también, a efectos del análisis de la cuestión debatida, cabe resaltar que el demandado se dedica al negocio de la compra-venta de vehículos automotores. Es oportuno mencionar la profesión del mismo a fin del estudio de la responsabilidad de éste, así pues, es posible presumir que una persona que ejerce la profesión de comerciante de vehículos automotores conoce o al menos debería conocer la identidad o características de lo que ofrece. "El vendedor siempre conoce en razón de su profesión los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida"*5
Entonces, en el cumplimiento de las obligaciones inherentes al ejercicio de una actividad profesional -en el caso de autos, el de comerciante de vehículos automotores-, deberá valorarse la conducta diligente y prudente conforme a la naturaleza de la actividad desempeñada.
Ahora bien, ¿Cuál sería el grado de diligencia exigida conforme a la profesión del demandado? El art. 421 del Código Civil, expresa "...Habrá culpa cuando se omitieren aquellas diligencias exigidas por la naturaleza de la obligación y que correspondan a las circunstancias de las personas, tiempo y lugar...Así pues, tal como se desprende de la norma citada, deben considerarse las circunstancias personales del sujeto, del tiempo y de lugar.
Conforme a esta lógica, se presume que un profesional de su rubro agotaría las previsiones de una persona diligente, en otras palabras, la conducta del demandado en el ejercicio de su profesión debió atender a parámetros mínimos tanto al adquirir como al enajenar el bien automotor, diligencia que debió caracterizarse por llevar a cabo las verificaciones correspondientes, antes de consumar las transmisiones del vehículo. Dicho esto, el desconocimiento que alega el demandado con relación a la verdadera identidad del supuesto vendedor -pues el mismo arguye haber tratado con Franklin Segovia- no es un paliativo de la obligación de indemnizar.
De igual manera, resulta inverosímil que el demandado no se haya cerciorado de la identidad del supuesto oferente ni constatado el derecho de propiedad invocado por éste. Recordemos que el mismo al momento de contestar la demanda manifestó haber realizado las negociaciones -únicamente- por vía telefónica y que posteriormente acudió a fin de la formalización de la compra-venta ante la Escribana Sonia Sandoval de Osorio, lo cual llama la atención en razón a que se presume que un profesional de su rubro agotaría las previsiones de una persona diligente, al menos verificando las condiciones mínimas alegadas por el oferente antes de formalizar el negocio jurídico.
Además, es preciso agregar que el acto ilícito producido redundó en provecho económico del mismo, pues, al haber formalizado la procedencia ilegítima del automotor en cuestión a través de la escritura impugnada en el presente juicio, el demandado pudo concretar de manera inmediata la posterior venta, por lo que se deduce que éste tuvo conocimiento de que el acto
*5 Mosset Iturraspe, Jorge, Defensa del consumidor. Ley 24.240, 2a ed. actualizada, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2003, p. 54
jurídico consignado en las escrituras públicas impugnadas se encontraba viciado y por lo mismo debe asumir la obligación resarcitoria.
Prosiguiendo con el análisis de los hechos, conforme surge de lo anteriormente expuesto y de las pruebas agregadas a autos, el demandado Pedro García Olmedo adquirió un vehículo automotor del Sr. Roberto Julián Jara a través de la Escritura Pública N° 36 del 31 de diciembre de 2008 pasada ante la Escribana Sonia Sandoval de Osorio (fs. 42/43). Considerando dicha situación, debemos recordar que nuestro ordenamiento jurídico ampara a quienes adquieren de buena fe bienes y derechos a título oneroso. Ahora bien, para que el citado demandado sea considerado como tal, debe constatarse que el mismo no formó parte del acto viciado y que el mismo no cometió un ilícito que lo pudiera comprometer.
En ese sentido, resulta lógico pensar que ante la presentación de los documentos que acrediten una supuesta propiedad, el comprador -en este caso el señor Pedro García- no pondría en duda la legitimación de los mismos, con menor razón si se trata de un instrumento público en teoría autorizado por una depositaría de la fe pública. Tomando en cuenta que el principio de fe pública en la función notarial faculta a presumir iuris tantum que los derechos contenidos en el documento existen y que pertenecen al que figura como titular registral -Sr. Roberto Jara-. De manera que es posible presumir la buena fe de aquellas personas que adquieran bienes que registralmente figuren a nombre de una determinada persona, esto considerando que en el tráfico de bienes o negocios jurídicos debería imperar el principio de seguridad jurídica.
En otras palabras, el señor Pedro García difícilmente podría haberse percatado de la ajenidad del bien considerando las circunstancias dadas. En las condiciones apuntadas, se puede concluir que el mismo no participó en el acto viciado, es decir, el mismo adquirió de buena fe el vehículo automotor sin tener conocimiento acerca de las condiciones técnicas del mismo, ni que éste no reunía los requisitos de autenticidad en cuanto a los datos materiales y documentales.
De la demanda de Indemnización de Daños y Perjuicios por Daño Moral: Así las cosas, y atendiendo a que el caso de marras versa fundamentalmente en determinar la responsabilidad civil de los demandados, corresponde pasar al estudio sobre la existencia o no de la misma.
De lo esgrimido más arriba surge que el hecho dañoso analizado en autos se trata de un acto ilícito -título de propiedad inscripto en el registro sin la firma del titular-, acto declarado nulo por haberse verificado la existencia de los vicios alegados por la parte accionante. Sobre ese fundamento, la misma planteó la acción judicial reclamando conjuntamente con la nulidad de acto jurídico, la indemnización por considerar el actuar dañoso de los demandados como lesiva a sus derechos en sus afectos más íntimos. En otras palabras, reclama la indemnización por el daño moral sufrido a consecuencia del pesar que le produjo el menoscabo a su derecho de propiedad y la restricción de la libre disposición que caracteriza al mismo.
Esta figura se encuentra prevista en nuestro ordenamiento jurídico, el art. 1833 del C.C. regula en lo pertinente que el que comete un acto ilícito queda obligado a resarcir el daño. Así también en el art. 1835 del mismo cuerpo legal se establece que existirá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio en su persona, en sus derechos o facultades, o en las cosas de su dominio o posesión.- La obligación de reparar se extiende a toda lesión material o moral causada por el acto ilícito.
Siendo así, podemos inferir que nos encontramos en el ámbito de la responsabilidad civil subjetiva -por hecho propio-, por lo que debemos comprobar que en el caso sometido a consideración se encuentran reunidos los supuestos necesarios para suponer la participación y responsabilidad de los demandados en el hecho dañoso alegado por la actora.
El daño moral constituye un perjuicio, ofensa o agresión que afectan el ámbito íntimo de las personas. En doctrina se define como "una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, y que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquel que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial"*6. Para la procedencia del mismo deben configurarse los caracteres necesarios para la existencia del daño:
1.) Certeza del daño*7: esto se justifica en la necesidad de establecer concretamente la existencia del hecho dañoso con el propósito de, posteriormente, determinar la consecuencia del mismo. Al respecto, en el presente caso se ha comprobado la existencia del hecho ilícito, entendiéndose así por el disgusto o afección que alega el Sr. Franklin Segovia -propietario legítimo del vehículo descripto en las escrituras anuladas en juicio- al verse turbado en su propiedad.
2.) Debe ser injusto: Se dice que "es injusto el daño cuando deriva de la lesión de
*6 Jorge Mosset Iturraspe. Responsabilidad por daños. Tomo IV, n° 33, inc. d), p. 91.
*7 Ramón Daniel Pizarro, Daño Moral. Prevención. Reparación, Punición. 2a Ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2004. p. 122
intereses merecedores de tutela"*8. Entiendo así que siempre que se vea afectado el interés legítimo de una persona, refiriéndonos al interés o derecho tutelado jurídicamente, resultará injusto lesionarlo. No obstante, calificar el daño como injusto, no implica abordar el análisis de la conducta del dañador, sino solamente determinar si el hecho dañoso perpetrado afecta un derecho subjetivo tutelado de la víctima. Por lo mismo, al decir, que el acto ilícito abordado en el presente juicio constituye un daño cierto e injusto, se estará determinando la configuración de los supuestos que facultan a la víctima a reclamar el resarcimiento del perjuicio sufrido. Consecuentemente, no debe entenderse tal como una forma de afirmar la responsabilidad o imputabilidad del agente, pues, el carácter injusto del daño no implica confirmar la antijuridicidad de la conducta -punto a ser analizado más adelante-.
3.) Debe ser prolongado o permanente: he sostenido de manera conteste, que debe probarse de forma fehaciente que el daño moral sufrido por la víctima ha sido de considerable relevancia. Conforme a ello, es evidente que el daño sufrido por el accionante debe ser calificado como un hecho lesivo considerable, puesto que el hecho de no haber concretado el negocio pretendido a causa de los acontecimientos fácticos descriptos en autos -que datan desde el año 2008-, deriva en un perjuicio no solo económico sino también espiritual.
El art. 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos expresa que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. Igualmente, el art. 1954 del C.C. dice que la ley garantiza al propietario el derecho pleno y exclusivo de usar, gozar y disponer de sus bienes. En resumen, el hecho dañoso en el presente juicio se trata de una restricción razonable al derecho de dominio, situación que produjo una gran aflicción al accionante al verse vedado de disponer libremente de un bien de su propiedad, así pues es evidente el perjuicio tanto patrimonial como espiritual, pues es comprensible que la situación alegada haya provocado una frustración y gran angustia en el Sr. Franklin Segovia Benítez, esto a consecuencia del perjuicio y del impedimento de concretar el negocio jurídico ya pactado.
Así pues, del análisis realizado surge que se encuentra probado en juicio la existencia del daño y el detrimento moral en perjuicio del accionante, situación que faculta a éste a exigir un resarcimiento. En ese contexto, debemos observar puntualmente si se dan los elementos configurantes para que el mismo sea exigible a los demandados.
*8 Matilde, Zavala de González. Resarcimiento de daños. T. 4 Editorial Hammurabi. p. 124
La responsabilidad civil surge del deber de no dañar (art. 1833 del C.C.), esta supone la concurrencia de presupuestos que deben configurarse para el proceder de una justa indemnización, cuya finalidad es la reparación del perjuicio o agravio ocasionado. El primero de ellos -el daño- ya ha sido delimitado en los apartados anteriores, ahora cabe proceder al análisis de los demás elementos cuales son: la relación de causalidad, la imputabilidad y la antijuridicidad. Antes de abordar el estudio de los mismos, cabe recordar los argumentos esgrimidos supra referente a la responsabilidad y participación de los demandados en los actos jurídicos considerados nulos en el caso sub examine, en otros términos, el juzgamiento en cuestión versará esencialmente sobre los demandados, señores Sonia Beatriz Sandoval de Osorio y Roberto Julián Jara.
Prosiguiendo con el caso bajo consideración, no cabe duda que la existencia del hecho dañoso se encuentra plenamente constatada, de manera que el mismo obliga a su agente a la reparación del daño moral perpetrado.
Ahora bien, para que dicha obligación resulte palmaria con relación a los demandados, se debe constatar la existencia de una relación de causalidad, además de los demás presupuestos de la responsabilidad civil claro está. La misma se refiere a la vinculación que debe existir entre un hecho y el daño, para que el autor de ese comportamiento deba indemnizar el perjuicio,*9 es decir, que la acción ilícita ejecutada por los señores Sonia Sandoval de Osorio y Roberto Jara deberá estar estrechamente vinculada a la consecuencia dañosa. En ese sentido, es posible afirmar que el hecho de haber sustraído la propiedad registral a través de la producción de escrituras públicas viciadas de nulidad al señor Franklin Segovia -parte actora-, impidió que este último pueda concretar un negocio. Tal situación produjo un perjuicio al mismo, pues es entendible que al verse envuelto en la imposibilidad de disponer de su propio bien el mismo haya padecido una gran aflicción. Esto se puede verificar en las testificales obrantes en autos, pues los comparecientes expresaron que el accionante a consecuencia de la situación que lo aqueja se ha visto perturbado tanto en su salud como en su comportamiento, verbigracia, a fs. 221 de autos el señor Marco Sánchez -testigo- con relación al actor expresó que a consecuencia del hecho debatido en autos el mismo cambió notablemente, mostrándose nervioso, irascible y preocupado por el tema de la camioneta que el supuestamente vendió y no sabe qué hacer con el vehículo, desde ese momento tiene problemas de presión arterial.
Primeramente, con respecto a la antijuridicidad, Ghersi nos dice que consiste en la actividad (acción u omisión) de una persona jurídica que objetivamente contraría el interés
*9 Mosset Iturraspe, Jorge. Capítulo IV. La Relación Causal. Iturraspe Kemelmajer de Carlucci, Ghersi, et. Responsabilidad Civil. Editorial Hammurabi. Buenos Aires. 1997. p. 106.
tutelado por el ordenamiento jurídico (resultado)*10. Entonces, al hablar de una conducta antijurídica nos referimos a una determinada actividad no justificada y que resulta violatoria del ordenamiento jurídico. De este presupuesto de la responsabilidad civil, se determina si el comportamiento de la persona vinculada con el hecho ilícito que produjo como resultado un daño, es pasible de dar nacimiento a la obligación de ésta de indemnizar a la víctima de dicho hecho. Lo expuesto resulta concordante con los Arts. 1833 y 1834 del Código Civil, de los cuales se desprende una determinada obligación de resarcir, generalmente cuando se verifique una transgresión al derecho a consecuencia de un acto ilícito que haya generado un daño, resultando el autor imputable por factores subjetivos, ya sea por haber obrado con culpa o dolo.
En el caso en cuestión, ese resultado -el daño- es consecuencia inequívoca de la conducta desplegada por los señores Roberto Jara y Sonia Sandoval de Osorio, por lo mismo como diría Bustamente Alsina, éstos son responsables en virtud de la imputación o atribución legal del perjuicio ocasionado. Nuestro ordenamiento jurídico preserva a la persona en su propiedad, este derecho tutelado del señor Franklin Segovia fue menoscabado por el actuar ilícito de las referidas personas, viéndose el accionante afectado moralmente a causa de ello.
En ese orden de ideas, en cuanto a la imputabilidad -supuesto mediante el cual es posible sindicar o atribuir a una determinada persona como responsable de reparar el daño ocasionado-, no surge de las constancias obrantes en el caso sub examine ninguna causa de justificación o eximentes que exoneren a los accionados de la obligación resarcitoria, consecuentemente, los mismos se encuentran obligados a reparar el daño causado en virtud a la imputabilidad subjetiva del hecho ilícito cometido.
Ineludiblemente, de todo lo expuesto, es posible verificar la configuración de los factores de atribución de la responsabilidad civil, elementos que al ser valorados conjuntamente comprueban la existencia del daño moral alegado por el accionante y por ende, deviene procedente exigir a los accionados el cumplimiento de su obligación -resarcir el daño- a través de una justa indemnización.
Sabido es que para establecer el valor resarcitorio del daño, hay que atenerse a los elementos fácticos del paso examinado con el objeto de arribar a una cuantificación
*10 Ghersi Carlos. Teoría General de la Reparación del Daño. Editorial Astrea. Buenos Aires. 1997. p. 99
fundamentada, pues no existen parámetros fijos establecidos para arribar al mismo. En la présente demanda, el accionante exige una indemnización en concepto de daño moral por la suma de Gs. 20.000.000 a cada demandado. La A-quo le otorga el monto solicitado, pero únicamente con relación a la demandada Sonia Sandoval de Osorio, exonerando a los demás accionados de abonar la indemnización solicitada. Dicho esto y tomando en consideración los argumentos expuestos, consideramos -en coincidencia con la juzgadora- prudente condenar al pago del monto total exigido a la demandada Sonia Sandoval de Osorio, es decir, corresponde que la misma abone a la víctima -Sr. Franklin Segovia- la suma de Gs. 20.000.000.
Ahora bien, del análisis expuesto en la presente resolución se desprende la responsabilidad causal del también demandado, Sr. Roberto Julián Jara, por lo que habiendo hecho las salvedades pertinentes con respecto a su participación y al grado de responsabilidad de este, corresponde condenar al mismo a pagar, solidariamente con la otra codemandada condenada, la suma de Gs. 20.000.000 en concepto de indemnización por daño moral al Sr. Franklin Segovia, pues ambos son coparticipes del hecho ilícito que diera pie a esta demanda, y a tenor del art. 1841 del C.C. son solidariamente responsables.
Referente a los intereses solicitados por la parte recurrente, recordemos que el mismo solicita que sea establecido un porcentaje del 2% mensual sobre el capital reclamado a todos los demandados. Más, considerando que corresponde al prudente arbitrio del juzgador establecer un justo y proporcional monto indemnizatorio, considero pertinente establecer un porcentaje del 1% mensual sobre el capital establecido para cada uno de los demandados. Asimismo, al tratarse de una obligación resarcitoria de naturaleza extracontractual, es preciso acotar, que en virtud del art. 424 in fine del C.C., los mismos deben ser establecidos desde el tiempo en que se produjo el hecho ilícito, es decir, los intereses deberán ser computados desde el año 2008, tiempo en el cual se perpetró el acto.
COSTAS: Las costas deben ser impuestas a la parte perdidosa, de conformidad al art. 203 inc. b) del C.P.C. ES MI VOTO.
A SUS TURNOS, LOS MAGISTRADOS OLGA NINFA TALAVERA TORRES Y LINNEO YNSFRÁN SALDIVAR DIJERON: que votan en el mismo sentido, por idénticos fundamentos.
Con lo que se dio por terminado el acto, firmando los Miembros Magistrados quedando acordada la sentencia siguiente:
El mérito que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamentos, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, 6a Sala, de la Ciudad de Asunción;
2) REVOCAR parcialmente la S.D. N.° 709 del 07 de octubre de 2015 y su correspondiente aclaratoria, S.D. N° 119 del 04 de marzo de 2016, dictadas por el Juzgado de 1a Instancia en lo Civil y Comercial del l0mo. Turno, solo en cuanto hace a la desestimación de la demanda de daños contra el codemandado Sr. Roberto Julián Jara Benítez, y en consecuencia,
3) HACER LUGAR a la demanda de indemnización de daño moral promovida por Franklin Rosa Segovia Benítez contra los demandados, Sonia Beatriz Sandoval de Osorio y Roberto Julián Jara Benítez y por tanto, CONDENAR a los mismos a abonar solidariamente la suma de Gs. 20.000.000 (GUARANÍES VEINTE MILLONES) en concepto de indemnización por daño moral, más el 1% mensual en concepto de intereses fijados sobre el monto de la condena principal computados desde el momento de ocurrido el hecho, dentro del plazo de 10 días firme que fuere la presente resolución.
3) CONFIRMAR los demás puntos resueltos en la sentencia recurrida.
4) IMPONER costas a la perdidosa.
5) ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excma. Suprema de Justicia.
Abg. Olga Ninfa Talavera. Miembro
Dr. Alberto Martínez S. Miembro
Abog. Marcos R. Molinas. Actuario

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 Artículo 15
 artículo 407
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 Artículo 407
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in fine