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Timestamp: 2013-12-13 22:10:26+00:00

Document:
Dictamen Nº 44/1975
Dirección de Asuntos Técnicos y Jurídicos
30 de Septiembre de 1975
Boletín Nº 264,
Diciembre de 1975 Carpeta Nº 10,
PROCEDIMIENTO - LEY 11.683, T.O. EN 1974 - CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO Y REVOCATORIA POR NULIDAD, CONTEMPLADOS EN EL ART. 24
RESOLUCION DE LA DETERMINACION DE OFICIO:EFECTOS -CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACION DE OFICIO:REQUISITOS -SENTENCIA INTERLOCUTORIA-VENCIMIENTO DEL PLAZO:EFECTOS -RECURSO DE REPOSICION (PROCESAL)
II. Las providencias de mero trámite e interlocutorias dictadas fuera del término legal no producen la caducidad del procedimiento, y si no han sido consentidas por el interesado pueden dar lugar al eventual planteamiento de un recurso de revocatoria por nulidad, siempre que, además, no se vulnere con ello el principio de buena fe procesal que siempre debe presidir la conducta de las partes.
III. La revocatoria por nulidad que contempla el art. 24 sólo puede interponerse después de la resolución definitiva, es decir, después de la resolución que determina de oficio la obligación tributaria.
IV. Contra el auto que admite la prueba ofrecida, dictado fuera del término legal, no procederá recurso por esa causa, pues de lo contrario se vulneraría el principio de la buena fe procesal.
V. Contra el auto que rechace la prueba ofrecida, haya sido él dictado o no dentro del término legal, sólo procede el recurso de reposición, el que deberá interponerse dentro de las veinticuatro horas de notificado el acto.
I. La Zona... se dirige a ese Departamento a los efectos dispuestos en la última parte de la Instrucción N° 119 (D.A.T.J.), en razón de que a su juicio se habría producido la caducidad del procedimiento de determinación de oficio del impuesto para educación técnica correspondiente a los años 1967 a 1972 inclusive, de una empresa.
En cumplimiento de lo que dispone la citada Instrucción, la Sección Revisión y Recursos respectiva ha emitido el informe de fs. 37, en el que expresa que en las actuaciones referidas ha caducado el plazo para la admisión o rechazo de las pruebas ofrecidas por el contribuyente en su contestación del 23/7/74 a la vista corrida y notificada el 26/6/74 (fs. 26), agregando además que, de acuerdo a lo señalado en el informe de fs. 36, en el aspecto técnico del ajuste se han producido sustanciales diferencias que hacen variar el resultado del mismo.
Se indica también en el informe de fs. 37 que se ha instruido al personal de esa área para que el auto de aceptación o rechazo de las pruebas ofrecidas por el contribuyente sea indefectiblemente dictado dentro de los diez días de vencido el plazo para contestar la vista, de conformidad con lo que dispone el inciso a) del art. 24 de la Ley 11.683, t.o. en 1974.
II. El art. 24 de la Ley 11.683, t.o. en 1974, establece el procedimiento a seguir a los efectos de determinar de oficio la materia imponible a cargo de los responsables del impuesto, o impone al juez administrativo diversos términos para el cumplimiento de su cometido.
El párrafo inmediato siguiente al inciso b) del citado art. 24 dispone que "en el supuesto de producirse el vencimiento de los términos fijados sin dictarse la resolución, caducará y perderá todo su efecto el procedimiento realizado, sin perjuicio de la validez y eficacia de las pruebas producidas y del derecho del fisco para iniciar por una sola vez un nuevo proceso de determinación de oficio, previa autorización del titular de la Dirección General Impositiva, de lo que se dará conocimiento dentro del término de treinta (30) días al organismo que ejerza superintendencia sobre la Dirección, con expresión de las razones que motivaron el evento y las medidas adoptadas en el orden interno".
Por su lado, la última parte de la Instrucción N° 119 (D.A.T.J.) establece que los pedidos de autorización antes referidos se canalizarán a través de la Zona respectiva, la que remitirá las actuaciones con opinión fundada a ese Departamento a los efectos de su oportuna elevación a la Dirección General, previo informe de esta Asesoría Legal.
III. Ahora bien, esta División entiende que en el presente caso no debe solicitarse aquella autorización en razón de que el término vencido no es el fijado para dictar la resolución determinando de oficio la materia imponible sino aquel que tiene el juez administrativo para dictar el auto que admita o rechace la prueba ofrecida por el contribuyente o responsable.
El párrafo transcripto en el punto anterior se está refiriendo en realidad sólo a la resolución definitiva, es decir, a la que determine de oficio la materia imponible, y no a las resoluciones simples e interlocutorias que se dicten entre la vista corrida y esta última.
Por otra parte, el hecho de que el inciso a) del art. 24 se refiera al auto que admita o rechace la prueba mencionándolo como "resolución", no impide aquella interpretación, pues si bien dicho auto es también una "resolución", ella no es definitiva sino interlocutoria, ya que sólo resuelve un punto destinado a dirigir o encausar el procedimiento, y la única mora que hace caducar el procedimiento es aquella en que eventualmente se incurre al dictarse la resolución definitiva, o sea, como ya se dijo, la que determine de oficio la materia imponible.
La caducidad del procedimiento, con la consecuencia de tener que solicitar autorización al Director General para iniciarlo nuevamente, es un instituto en cierto aspecto parecido al de la pérdida de la jurisdicción que algunos códigos de procedimiento instituyen para evitar y sancionar el retardo de justicia, tal como ocurre por ejemplo en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (art. 167), a fin de que las sentencias definitivas sean dictadas, salvo disposición en contrario, dentro de los cuarenta o sesenta días, según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado, computándose el plazo, en el primer caso, desde que el llamamiento de autos para sentencia quede firme y en el segundo, desde la fecha del sorteo del expediente (art. 34, inc. 3° ap. c., CPN).
Pero la pérdida de la jurisdicción en la Justicia Nacional, en el caso que eventualmente se produjera, sólo puede tener por causa el retardo en el dictado de la resolución definitiva sin los recaudos que exige el art. 167 del CPN, no pudiendo dar lugar a ella la demora de las providencias simples o de las sentencias interlocutorias, pese a que también ambas tienen fijados distintos términos para ser dictadas. Y ello no podría haber sido, en realidad, de otra manera, pues la pérdida de la jurisdicción, igual que la caducidad del procedimiento, son sanciones procedimentales de gravedad, que no se justificarían frente a la menor entidad que supone la mora en el dictado de las demás resoluciones de mero trámite e interlocutorias, ya que éstas no deciden el fondo de la cuestión.
Estas consideraciones nos permiten, por ende, arribar a la conclusión de que el referido párrafo del art. 24 de la Ley 11.683, al mencionar la palabra "resolución", se está refiriendo a la resolución definitiva, aunque no lo diga expresamente, pues las demás resoluciones que en el procedimiento impositivo el juez administrativo pueda dictar, tal como el auto que admita o rechace la prueba ofrecida, carecen de la suficiente entidad como para dar lugar a una sanción procedimental tan grave como es la caída de todo el procedimiento, y, además, si la ley hubiese querido esa consecuencia, por el mismo motivo, tendría que haberla establecido con claridad y no haber utilizado esa palabra en singular, como lo hizo, sino en plural.
Cabe acotar, por otro lado, que el mismo párrafo del artículo 24 habla de "términos fijados", en plural, porque se está refiriendo a los términos de sesenta, noventa o quince días, según corresponda, para dictar la resolución definitiva, tal como ya se interpretó en el punto VI de la Instrucción N° 112 (D.A.T.J.).
IV. PLANTEAMIENTO DE NULIDADES
Es principio del derecho procesal que las nulidades que eventualmente puedan suscitarse son susceptibles de convalidarse por el consentimiento expreso o presunto de las partes a las cuales el acto perjudique, ya que en el procedimiento las nulidades son siempre relativas (no hay nulidades absolutas).
Además, normalmente, ningún acto puede ser declarado nulo en materia procesal si la ley no previó expresamente esa sanción, pero puede proceder cuando el acto carezca de los requisitos esenciales indispensables para lograr su finalidad.
Esto último significa que si el acto procesal logra el fin al que estaba destinado, pese a su irregularidad no podrá ser impugnado, salvo que el vicio hubiese impedido al administrado ejercer sus facultades procesales, perjuicio éste que en todo caso el interesado deberá demostrar concretamente, pues en materia procesal no existe la nulidad por la nulidad misma.
Todas estas consideraciones relativas al derecho procesal son también aplicables al procedimiento impositivo en virtud de estar éste sujeto a los mismos principios.
Ahora bien, en materia de nulidades el art. 24 de la Ley 11.683, t.o. en 1974, dispone que contra la resolución que se dicte, dentro del plazo de cinco (5) días, los contribuyentes y responsables podrán interponer ante el mismo juez administrativo recurso de revocatoria "limitado a la nulidad de lo actuado y/o de la resolución", agregando luego que la falta de interposición de este recurso, por la causal indicada, importa la caducidad del derecho a hacerla valer en las instancias superiores.
Pero ese recurso, aunque la ley no lo diga expresamente, debe interponerse luego de dictada por el juez administrativo la determinación de oficio, contra "la nulidad de lo actuado y/o de la resolución", es decir contra la resolución definitiva. Ese derecho a interponer la nulidad, lo tiene el contribuyente por ley, de manera que no puede impedirse la presentación del mismo, pero el juez administrativo podrá no hacer lugar a la nulidad impetrada si el contribuyente o responsable ha convalidado expresa o tácitamente el acto que por ese recurso pretende atacar.
Y es lógico que el acto convalidado no pueda ser atacado de nulidad, porque nótese, por ejemplo, que si dictada la providencia que admite la prueba ofrecida, dicha prueba es luego producida por el contribuyente, mal podría éste con posterioridad alegar la nulidad de lo actuado so pretexto de haberse dictado el auto de apertura fuera del término legal, pues el mencionado acto procesal habría en ese caso quedado consentido.
En realidad, el auto que admita la prueba ofrecida no podrá ser recurrido ni impugnado basándose en la circunstancia de que él ha sido dictado fuera del término legal, atento al elemental principio de buena fe procesal que las partes deben observar en el procedimiento. En todo caso, si el contribuyente o responsable está arrepentido de haberla ofrecido, podrá desistir de la prueba, en cuyo caso no tendrá entonces obligación de producirla, pero de ninguna manera podría hacer uso de la vía oblicua planteando una nulidad, repetimos, sin vulnerar abiertamente el principio de la buena fe procesal.
Si, por el contrario, el juez administrativo rechaza la prueba ofrecida, sea o no dentro del término legal de diez días, el contribuyente o responsable para impugnar esa providencia sólo cuenta con el recurso de reposición, el que deberá interponer dentro de las veinticuatro horas de notificado el acto. De no hacerlo así precluye su derecho, pues la ley presume, sin admitir prueba en contrario, que ha consentido el auto que se le notificó.
Y por el mismo principio de la buena fe procesal el contribuyente o responsable no puede guardar silencio hasta la resolución definitiva frente al auto, dictado fuera del término legal, mediante el cual se le notifica el rechazo de la prueba ofrecida.
De lo contrario, el administrado trabaría el normal desenvolvimiento del procedimiento impositivo y diferiría aún más la determinación e ingreso del impuesto, además de vulnerar aquel principio procesal.
V. Decimos que el recurso de revocatoria por nulidad debe interponerse después de dictada la resolución definitiva porque así surge del contexto del artículo 24. En efecto, tanto el antepenúltimo como el penúltimo párrafo cuando mencionan la palabra "resolución" también lo hacen, como otros párrafos del mismo artículo, en singular. Y "resolución", en singular, sólo hay una sola: la resolución definitiva.
Podrá tal vez decirse que ello importa un defecto en su redacción, pero no lo será si consideramos que la ley, o sus redactores, sobreentendieron que al referirse a "resolución", así, en singular, se estaban refiriendo a la resolución que determine de oficio la obligación tributaria, y empleando esa palabra sola aligeraban en cierta manera el texto del artículo además de evitar repeticiones chocantes, tal, como por ejemplo, se habría producido en el antepenúltimo párrafo si en lugar de "resolución", lisa y llanamente, se hubiere dicho "resolución determinando de oficio la obligación tributaria", pues esto ya estaba dicho en el párrafo que lo precede.
VI. Finalmente, si como se expresa en la parte final de fs. 36, en el presente caso variara sustancialmente la recaudación del Fisco al incrementarse sensiblemente el ajuste impositivo practicado, debe por ese motivo darse una nueva vista e iniciarse con ella un nuevo procedimiento, sin necesidad de pedirse autorización a la Dirección General ni cursarse la comunicación a la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación, por no tratarse del caso previsto en el art. 24 de la Ley 11.683, t.o. en 1974.
Esa es, por otra parte, la solución prevista por la Instrucción N° 112 (D.A.T.J.) en su parágrafo V., punto a).
Ley Nº 11683 (T.O. 1974) Articulo Nº 24 (LEY DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO)Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Articulo Nº 34 (Inciso 3), apartado c))Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Articulo Nº 167
JOSE A. ZUANICH
Jefe División Asesaría Legal
V° B° (30/9/75) ELADIO M. PEREZ
p/a Departamento de Asuntos Técnicos y Jurídicos
Antecedentes:VER: Instrucción N° 119 (D.A.T.J.)

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 artículo 24
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