Source: http://www.wcl.american.edu/humright/repertorio/art50.cfm
Timestamp: 2014-09-02 19:06:47+00:00

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50.0.1. general 50.1.1. ". . . la Comisi�n . . . redactar� un informe en el que expondr� los hechos y sus conclusiones . . . ." 50.2.1. "[e]l informe ser� transmitido a los Estados interesados . . . ." 50.2.2. ". . . no estar�n facultados para publicarlo" 50.3.1. ". . . la Comisi�n puede formular las proposiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas" 50.3.1.1. general
50.3.1.2. recomendaciones
50.0.1. general
56. En el petitorio relativo a las cuestiones de admisibilidad, el Gobierno ha solicitado que la Corte declare que la Comisión no agotó los procedimientos establecidos en los artículos 48 a 50 de la Convención, sin cuyo cumplimiento no debió haber referido el caso a la Corte, al tenor del artículo 61.2 de la misma. La alegación del Gobierno ha hecho referencia a la omisión de toda tentativa de arreglo amistoso fundado en lo dispuesto por el artículo 48.1.f), cuestión ésta que ya ha sido considerada por la Corte (supra 42-46), así como a otras particularidades que ha tenido el trámite del presente asunto y que, a juicio del Gobierno, no se adecúan a lo pautado por los artículos 50 y 51 de la Convención. Los fundamentos concretos de este último planteamiento serán objeto de análisis por la Corte, después de formular algunas consideraciones generales sobre el procedimiento dispuesto por los artículos 48 al 50 de la Convención y su relación con el artículo 51, lo cual es necesario para situar las objeciones formuladas por el Gobierno en el contexto legal dentro del cual deben ser decididas.
57. El artículo 61.2 de la Convención dice:
Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50.
58. Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos 29 y 30, el agotamiento de los procedimientos dispuestos por los artículos 48 al 50 de la Convención es un requisito para someter un asunto a la Corte que tiene por objeto la búsqueda de una solución satisfactoria del caso, que sea aceptada por las partes, antes de acudir a la instancia jurisdiccional. De este modo, para que un caso pueda ser introducido a la Corte y ser decidido por ella en términos que no requieren la aceptación de las partes, se ofrece a éstas la posibilidad de adoptar las disposiciones necesarias para solucionar la situación planteada, dentro del respeto debido a los derechos humanos reconocidos por la Convención.
61. El artículo 50 de la Convención dispone . . . .
La citada disposición contempla el último paso en el procedimiento a cargo de la Comisión, antes de que el caso bajo consideración quede listo para ser sometido a la Corte. El supuesto de aplicación de dicho artículo lo configura la circunstancia de no haberse llegado a una solución en las etapas previas del procedimiento.
62. Por su parte, el artículo 51 de la Convención señala . . . .
No es necesario que la Corte se detenga en esta ocasión a analizar la naturaleza del plazo dispuesto en el artículo 51.1, ni las consecuencias que tendría, en los distintos supuestos, que el mismo transcurra sin que el caso sea sometido a la Corte. En el presente asunto la Corte se limitará a subrayar que la circunstancia de que dicho plazo se cuente a partir de la fecha de remisión a las partes del informe a que se refiere el artículo 50, denota que esta última disposición ofrece una oportunidad final al gobierno involucrado de alcanzar una solución del caso en el curso del procedimiento adelantado por la Comisión, antes de que la cuestión pueda ser sometida a decisión judicial.
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, párrs. 56-77.
Corte I.D.H. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, párrs. 56-76.
Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, párrs. 59 -79.
Corte I.D.H., Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993, Serie A No. 13, párrs. 45-47. 38. Para el caso de que un Estado emitiere una ley contraria a la Convención, esta Corte ha dicho
[q]ue la Comisión es competente, en los términos de las atribuciones que le confieren los artículos 41 y 42 de la Convención, para calificar cualquier norma del derecho interno de un Estado Parte como violatoria de las obligaciones que éste ha asumido al ratificarla o adherir a ella... (Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, supra 37, parte resolutiva 1).
Corte I.D.H., Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención (Arts.1 y 2 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994, Serie A No. 14, párrs. 38-39.
43. La primera cuestión sometida a la Corte se refiere a la pregunta de si la Comisión está autorizada o no, en los términos de los artículos 50 y 51 de la Convención, a modificar sustancialmente el informe mencionado en el artículo 51 y emitir un tercer informe. Estos artículos, tal como lo ha afirmado esta Corte, "plantean ciertas dificultades de interpretación". (Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993. Serie A No. 13, párr. 45).
44. La Corte debe, en primer lugar, analizar las expresiones utilizadas por el Estado en su solicitud de opinión consultiva. En efecto, el Estado, al referirse a los dos informes mencionados en los artículos 50 y 51, ha utilizado el término "definitivo" para calificar al segundo informe, al que se refiere el artículo 51. Este término fue utilizado también por este Tribunal en el texto de su opinión consultiva OC-13/93 (Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41, 42, 44, 46, 47 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993. Serie A No. 13, párr. 53). En éste, la Corte sostuvo, en relación con los informes mencionados en los artículos 50 y 51, que
45. Como se desprende de una lectura integral del contexto de la opinión antes mencionada, las expresiones "preliminar" y "definitivo" son términos puramente descriptivos que no establecen categorías juridicas de informes, las cuales no están previstas en la Convención.
Corte I.D.H., Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-15/97 de 14 de noviembre de 1997, Serie A No. 15, párrs. 43-45.
50.1.1. ". . . la Comisión . . . redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones . . . ."
29. En la primera de las excepciones preliminares, el Gobierno considera que la Comisión incurrió en "abuso de los derechos":
1) por arrogarse el derecho de declarar responsable a un Estado por violaciones de derechos humanos;
31. [L]a Corte estima que el artículo 50 de la Convención es claro al establecer que "[d]e no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el Estatuto de la Comisión, ésta redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones [...]". Cuando la Comisión hace esto, como en el informe No. 04/90 de 15 de mayo de 1990, está cumpliendo con las funciones que le asigna la Convención.
Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Excepciones Preliminares, Sentencia de 4 de diciembre de 1991, Serie C No.12, párrs. 29 y 31.
44. El cuarto punto que alega el Gobierno en esta excepción preliminar es que existe una "[i]ncongruencia entre la conclusión prevista en el número 61 del Informe 2/93 de 10 de marzo de 1993 que se refiere a la violación del derecho a la vida de Jean Paul Genie Lacayo de que trata el artículo 4 de la Convención, y en cambio en la demanda prescinde de solicitar que la Corte se pronuncie sobre la presunta transgresión del artículo 4 de la Convención".
45. La Comisión, en su respuesta, dice que "la demanda de la Comisión está referida estrictamente a la violación de derechos vinculados a las garantías y protección judiciales previstas en los artículos 8 y 25 de la Convención y artículo 2 de la misma, todos ellos en concordancia con el artículo 1.1" y que "[e]n consecuencia, no existe... incongruencia".
46. La Corte observa que en la conclusión 6.1 del Informe No. 2/93 del 10 de marzo de 1993 efectivamente se dice que el Gobierno es responsable de la violación del derecho a la vida y se cita el artículo 4 (Derecho a la Vida) de la Convención junto con los artículos 8 (Garantías Judiciales), 24 (Igualdad ante la Ley) y 25 (Protección Judicial). En la demanda se hace referencia sólo a estos tres últimos y se omite el 4. El Informe No. 2/93 de la Comisión es aquel al cual se refiere el artículo 50 de la Convención. Cae dentro de las atribuciones de la Comisión en su función "de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos" en virtud de lo que establece el artículo 41 de la Convención (cfr. Ciertas atribuciones de la Comisión, supra 40, párr. 23) que, por supuesto, incluye todos los derechos protegidos, y debe producirse aun cuando los Estados no hayan aceptado la competencia de la Corte. Su propósito es el de que el Estado involucrado adopte las recomendaciones que el Informe sugiere. Cuando la Comisión tomó la decisión de enviar el caso a la Corte, lo que hizo precisamente porque, en su opinión, tales recomendaciones no fueron adoptadas, suprimió la violación al artículo 4 porque estaba consciente de que los hechos relacionados con este precepto, por la fecha en que sucedieron, escapaban a la competencia de la Corte. Esto, en opinión de la Corte, no constituye incongruencia ni puede aceptarse como excepción preliminar.
Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Excepciones Preliminares, Sentencia del 27 de enero de 1995, Serie C No. 21, párrs. 44-46.
50.2.1. "[e]l informe será transmitido a los Estados interesados . . . ."
48. Supuesta la admisibilidad y sin perjuicio del procedimiento previo contemplado en los artículos 48 y 49, los artículos 50 y 51 de la Convención establecen etapas sucesivas. En la primera, regulada por el artículo 50, la Comisión, siempre y cuando no se haya alcanzado una solución amistosa, puede exponer los hechos y sus conclusiones en un documento dirigido al Estado interesado y que tiene carácter preliminar. Este "informe" se transmite con carácter reservado al Estado para que adopte las proposiciones y recomendaciones de la Comisión y solucione el problema. El Estado no tiene la facultad de publicarlo.
Una recta interpretación del artículo 50, basada en un presupuesto de igualdad de las partes, implica que la Comisión tampoco puede publicar ese informe preliminar, el cual se transmite, en la terminología de la Convención, solamente "a los Estados interesados".
49. El artículo 47.6 del Reglamento de la Comisión, según el cual "[el] informe se transmitirá a las partes interesadas, quienes no estarán facultadas para publicarlo" y en virtud de que frente a la Comisión los solicitantes y las víctimas pueden tener el carácter de partes (por ejemplo, artículo 45 del Reglamento de la Comisión), no se conforma con el artículo 50 de la Convención y su aplicación ha dado lugar a que se altere el carácter reservado del informe y la obligación de no publicarlo.
Corte I.D.H., Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993, Serie A No. 13, párrs. 48-50. 50.2.2. ". . . no estarán facultados para publicarlo"
32. [E]l Gobierno consideró que la Comisión rompió la regla de la confidencialidad establecida en los artículos 46.3 del Reglamento de la Corte y 74 del Reglamento de la Comisión al haber "hecho del conocimiento público hechos referidos al caso y aún más, haya emitido juicios valorativos previos respecto del caso en examen [...] pretendiendo de Mala Fide una doble sanción no prevista en la Convención". Presumiblemente el Gobierno se refiere a la información sobre este caso consignada en el Informe Anual de la Comisión 1990-1991. La Comisión negó haber aplicado una doble sanción, pues en la parte pertinente del Informe Anual a la Asamblea General se limitó a referencias sobre el caso y los informes a que se refieren los artículos 50 y 51 de la Convención no fueron publicados.
Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Excepciones Preliminares, Sentencia de 4 de diciembre de 1991, Serie C No. 12, párrs. 32-33.
Corte I.D.H., Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993, Serie A No. 13, párrs. 48-49 y 55-56. 50.3.1. ". . . la Comisión puede formular las proposiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas"
50.3.1.1. general
9. Podría, entonces, encontrarse una única excepción a las posibilidades favorables al ser humano en los procedimientos ante la Comisión: la de que la víctima pueda beneficiarse de una solución amistosa propiciada por la Comisión, que ciertamente, conforme lo dice la opinión de la mayoría, no sería accesible ante la Corte. Pero, aparte del valor para mí relativo y dudoso de los procedimientos de conciliación, que más bien me parecen montados en interés de los Estados, es lo cierto que siempre queda abierta la posibilidad, inclusive con intervención de la Comisión, si no dentro por lo menos paralelamente al proceso ante el Tribunal, el cual también podría terminarse por medio de un desestimiento, una solución amistosa o una satisfacción extraprocesal, con la ventaja de que tendría que ser aprobada por el órgano jurisdiccional, (art. 42, Reglamento de la Corte, y doctrina de los arts. 41 b), 50.3 y 51 de la Convención).
Voto Razonado del Juez Rodolfo E. Piza E.,Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A, Resolución del 15 de julio de 1981, Decisión del 13 de noviembre de 1981, párr. 9.
67. En su alegato final, la Comisión ha pedido que se "[declare que con base en el principio pacta sunt servanda, el Gobierno ha violado los artículos 51.2 y 44 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma, concordante con el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados al incumplir deliberadamente las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana". Respecto a lo anterior cabe observar que esta Corte, en varias sentencias y opiniones consultivas, ha interpretado los artículos 50 y 51 de la Convención en el sentido de que el primero de ellos dispone la elaboración de un informe preliminar que se transmite al Estado para que adopte las proposiciones y recomendaciones de la Convención y el segundo dispone que si en el plazo de tres meses el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte, se elaborará un informe definitivo y, por lo tanto, si el asunto ha sido sometido a la decisión de la Corte, como ocurrió en el presente caso, no cabe la elaboración de ese segundo informe.
Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Sentencia del 29 de enero de 1997, Serie C No. 30, párr. 93. 78. La Comisión solicitó que se condenara al Estado por violación del artículo 51.2 de la Convención por haberse negado a "dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas por la Comisión".

References: artículo 61
 artículo 48
 artículo 51
 artículo 61
 artículo 50
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 50
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 50
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 50
 artículo 41
 artículo 4
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 47
 artículo 45
 artículo 50
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 26
 artículo 51