Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25665
Timestamp: 2020-01-23 19:56:32+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 59/2018
SENTENCIA 59/2018, de 4 de junio
ECLI:ES:TC:2018:59
1. Mediante escrito que tuvo entrada en este Tribunal el día 28 de septiembre de 2017, la Procuradora de los Tribunales doña Marta Isla Gómez, en nombre y representación de don Antonio Peñuela González y don Enrique Montalvo García, interpuso recurso de amparo por vulneración de los artículos 24.1 y 24.2 CE contra la Sentencia de 21 de abril de 2017, dictada en el recurso de apelación núm. 217-2017 por la Audiencia Provincial de Almería, Sección Segunda, así como contra el Auto de la misma de 19 de julio de 2017, desestimatorio del sucesivo incidente de nulidad de actuaciones. En aquella, en procedimiento por delito de prevaricación administrativa, se impuso a los ahora demandantes la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete años, además del pago de las costas procesales, tras haber sido inicialmente absueltos en la Sentencia de instancia.
En la demanda de amparo se solicitaba por otrosí, ex artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), la suspensión de los efectos de las resoluciones impugnadas, por cuanto su ejecución podría causar perjuicios irreparables, señaladamente al Sr. Peñuela, ya que de tomar efectos perdería su condición de Alcalde de Partaloa (Almería), con perjuicio para el municipio. Por ATC 2/2018, de 22 de enero, se denegó la suspensión solicitada.
a) El relato fáctico de la sentencia de primera instancia declaraba que los recurrentes en amparo, concejales del Ayuntamiento de Partaloa (Almería), elaboraron y firmaron el día 24 de agosto de 2011 un documento junto a otro concejal y el anterior alcalde, en el ejercicio de sus respectivos cargos y como miembros del equipo de gobierno de la corporación municipal, por el que acordaban rescindir la relación de servicios que hasta la fecha prestaba para el Ayuntamiento como secretario-interventor don Mario Callejón Berenguel, que ha comparecido en este proceso de amparo, sin que quedara en cambio acreditado que dicho documento fuera una verdadera resolución administrativa y no un acuerdo político, ni siquiera que los acusados supieran que con dicho documento llevaran a cabo su efectivo cese o que fuera a producirse este sin cumplir el debido procedimiento, así como tampoco que fuera notificado al afectado.
b) En el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Huercal-Overa se incoó el procedimiento abreviado núm. 20-2014, por delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código penal, cuyo enjuiciamiento correspondió al Juzgado de lo Penal núm. 2 de Almería (procedimiento abreviado núm. 33-2016), que en fecha 7 de diciembre de 2016 dictó sentencia en la que condenó al entonces Alcalde y absolvió a los demandantes de amparo.
c) La anterior resolución fue recurrida en apelación por don Mario Callejón, solicitando que se “anule y revoque parcialmente la Sentencia apelada, en cuanto a la Absolución de Don Antonio Peñuela González y don Federico Molina Mora [el otro concejal acusado, no recurrente en este proceso constitucional], dictando otra en la que se resuelva la devolución de las actuaciones al órgano que dictó la Sentencia Apelada, con expresión de si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa”, alegando para fundamentar su pretensión la existencia de una errónea valoración de la prueba, ya que a su juicio de la misma se deducía que los acusados dictaron una resolución administrativa con conocimiento y a sabiendas de que con ella se llevaba a cabo el cese efectivo del secretario-interventor sin respetar el procedimiento legal establecido.
d) Contra la anterior resolución se interpuso incidente de nulidad de actuaciones alegando falta de motivación e incongruencia lesivas del artículo 24.1 CE, por entender que el fallo de la sentencia excedía lo solicitado en el recurso de la acusación particular, que únicamente pretendía la anulación de la sentencia de instancia y la devolución de las actuaciones al Juzgado de lo Penal, no la condena de los acusados. Asimismo, por vulneración del artículo 24.2 CE, al haberse modificado en apelación los hechos probados y revisado la inferencia del juzgador a quo, causando indefensión y lesionando el derecho a un proceso con todas las garantías por falta de inmediación en la revisión de las pruebas, suprimiendo y añadiendo hechos probados relativos a los elementos subjetivos del tipo penal, y vulnerando también el derecho a la presunción de inocencia, al no existir motivación de la prueba de cargo e inferirse el dolo directo de los acusados prescindiendo de todas las pruebas personales e indicios que el juzgador de instancia había valorado y analizado.
3. Don Antonio Peñuela González y don Enrique Montalvo García interponen demanda de amparo contra la Sentencia de fecha 21 de abril de 2017, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería, y contra el Auto del mismo órgano judicial, de 19 de julio de 201 7, resolutorio del incidente de nulidad de actuaciones. Estiman que se habría vulnerado, de un lado, el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), porque la Sentencia de apelación procede a la condena de los recurrentes cuando la acusación particular solo solicitaba que se anulase la resolución de instancia con devolución de las actuaciones, incurriéndose en incongruencia extra petitum y en arbitrariedad; y, de otro, los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), al incumplirse la doctrina constitucional sobre las garantías en las condenas en segunda instancia y desconocerse que el juzgador a quo tuvo en cuenta una variada y abundante prueba personal, como las declaraciones de los acusados y de diversos testigos, que la Sala desatendió y sustituyó por una valoración distinta sin práctica de prueba en su presencia.
4. Por medio de providencia de 18 de diciembre de 2017, la Sección Cuarta de este Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo, apreciando que en el mismo concurre una especial trascendencia constitucional porque puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2, b)]. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 LOTC, se ordenó dirigir atenta comunicación a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería y al Juzgado de lo Penal núm. 2 de Almería para que remitieran las actuaciones correspondientes (apelación recurso núm. 217-2017 y procedimiento abreviado núm. 33-2016, respectivamente), y al último citado para que procediera a emplazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional.
5. Compareció el Procurador don Pablo Trujillo Castellano en nombre y representación de don Mario Callejón Berenguel, mediante escrito registrado en este Tribunal el día 9 de enero de 2018. Por medio de diligencia de ordenación de 6 de febrero de 2018 se acordó tenerle por personado en la representación que ostenta y dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de 20 días, dentro de los cuales podrían presentar las alegaciones que estimaran pertinentes.
6. El día 8 de marzo de 2018 presentó sus alegaciones la representación de don Mario Callejón Berenguel. Tras poner de manifiesto que el Ministerio Fiscal solicitó en su escrito de adhesión al recurso la condena de los acusados, sin que existiera por ello error o incongruencia extra petitum en la sentencia impugnada, añade que, como razonara la Audiencia Provincial, el fundamento de la resolución judicial residió en la prueba documental, sin que existiera entonces una desviación de la doctrina constitucional relativa a las condenas en segunda instancia. A su parecer, en resumida síntesis, la Sentencia de apelación despejó la cuestión jurídica relativa al concepto de resolución administrativa, calificando con base en jurisprudencia que cita la naturaleza jurídica del acuerdo de agosto de 2011, sin emplear en ello nada que no fueran los términos literales del propio acuerdo y sin valorar pruebas de carácter personal, siendo la conclusión alcanzada sobre los elementos subjetivos del tipo penal la mera consecuencia de la respuesta del pronunciamiento sobre la naturaleza del citado documento. Por consiguiente, no cabe apreciar ni la lesión del derecho a un proceso con todas las garantías ni la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), al existir prueba de cargo válida para sustentar la condena que fue dictada, podrían a su criterio prosperar.
7. El Fiscal interesó el otorgamiento del amparo por escrito registrado en este Tribunal el día 13 de marzo de 2018. Se opone a la estimación del primer motivo del recurso, articulado al amparo de los artículos 24.1 y 24.2 CE, por existencia de error sobre la petición de condena y consiguiente incongruencia de la Sentencia de apelación recurrida, toda vez que el escrito de adhesión al recurso de apelación interpretado en su conjunto permite llegar a la conclusión que alcanzó la Sentencia. Con relación a las quejas restantes postula que “aunque la Audiencia Provincial manifieste que solo basa la modificación de hechos probados en la prueba documental mencionada, lo cierto es que con el mencionado añadido, introduce el examen de los hechos que constituyen la base del elemento subjetivo del delito: el conocimiento de que se está dictando una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia, y que … la actual doctrina del Tribunal Constitucional (por todas la STC 125/2017) dice que vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) que un órgano judicial, conociendo en vía de recurso, condene a quien había sido absuelto en la instancia o empeore su situación a partir de una nueva valoración de pruebas personales o de una reconsideración de los hechos estimados probados para establecer su culpabilidad, siempre que no haya celebrado una audiencia pública en que se desarrolle la necesaria actividad probatoria, con las garantías de publicidad, inmediación y contradicción que le son propias, y se dé al acusado la posibilidad de defenderse exponiendo su testimonio personal”. En suma, la Audiencia Provincial, para modificar los hechos probados, añadiendo que los acusados absueltos tenían conocimiento de la ilicitud de su acto, hizo una nueva valoración del elemento subjetivo del delito, lo que hacía necesaria la audiencia, que no se dio, vulnerando por ese concreto motivo el artículo 24.2 CE.
8. Los recurrentes en amparo no evacuaron el trámite de alegaciones, según deja constancia la Secretaría de Justicia en diligencia de 14 de marzo de 2018.
9. Por providencia de 31 de mayo de 2018 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 4 de junio del mismo año.
1. La demanda de amparo se dirige, por vulneración de los artículos 24.1 y 24.2 CE, contra la Sentencia de 21 de abril de 2017, dictada en el recurso de apelación núm. 217-2017 por la Audiencia Provincial de Almería, Sección Segunda, así como contra el Auto de la misma de 19 de julio de 2017, desestimatorio del sucesivo incidente de nulidad de actuaciones. En aquella, en procedimiento por delito de prevaricación administrativa, se impuso a los ahora demandantes la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete años, además del pago de las costas procesales, tras haber sido inicialmente absueltos en la Sentencia de instancia.
2. Debe estimarse, como postulan el Ministerio Fiscal y la representación de don Mario Callejón Berenguel, que era posible apreciar una petición de condena en el escrito de adhesión al recurso de apelación presentado por el Fiscal, toda vez que a este proceso no le era aplicable la reforma del artículo 792.2 de la Ley de enjuiciamiento civil operada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre. La Audiencia Provincial, en la Sentencia de 21 de abril de 2017 y señaladamente en el Auto resolutorio del incidente de nulidad de actuaciones, admitió que la acusación particular no solicitaba condena en apelación, sino solo la declaración de nulidad de la inicial sentencia absolutoria, pero justifica razonadamente que sí la formuló en su escrito el Fiscal y que podía hacerlo alegando autónomamente los motivos que considerara oportunos. Y es lo cierto que, conforme a lo transcrito en el apartado de antecedentes de este pronunciamiento, el Fiscal solicitó “la condena” de los ahora recurrentes, que citaba expresamente en su escrito, interesando en ese sentido la extensión de los efectos del recurso a don Enrique Montalvo García, por haber participado como los restantes implicados en el acuerdo controvertido, aunque contra él no se hubiera dirigido el apelante principal. Una conclusión alcanzada por la Audiencia Provincial de Almería y deducida del tenor del escrito de adhesión a la apelación que no solo es viable en atención a sus términos sino que además resulta la más natural de conformidad con sus contenidos literales, sin que la queja formulada pueda entonces prosperar.
3. Entrando en el análisis de las restantes vulneraciones, los demandantes de amparo manifiestan la infracción de su derecho a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), por desconocer que el juzgador a quo tuvo en cuenta una variada y abundante prueba personal, como las declaraciones de los acusados y de diversos testigos, que la Sala desatendió y sustituyó por una valoración distinta sin audiencia de los acusados, en contra de lo dispuesto por la doctrina de este Tribunal sobre las pruebas personales y su valoración con inmediación del órgano revisor.
Es conveniente comenzar en este punto efectuando una sintética exposición de la evolución de la doctrina constitucional relativa al derecho a un proceso con todas las garantías y al derecho de defensa (art. 24.2 CE), vinculada a las condenas o a la agravación de las mismas en vía de recurso. A tal fin es oportuno sintetizar la doctrina constitucional efectuada en la STC 146/2017, FFJJ 6 y 7, que recordaba que el derecho a un proceso con todas las garantías ha sido objeto de un detenido y extenso análisis en numerosas sentencias, inspiradas en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (entre otras, SSTEDH de 26 de mayo de 1988, asunto Ekbatani c. Suecia, o de 27 de junio de 2000, asunto Constantinescu c. Rumania). Así y por ejemplo, en la STC 167/2002, de 18 de diciembre, FFJJ 9 a 11, el pleno de este Tribunal Constitucional señaló que el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, que forman parte del contenido del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), impone inexorablemente que toda condena articulada sobre pruebas personales se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente en un debate público, en el que se respete la posibilidad de contradicción.
Desde entonces se ha consolidado una doctrina constitucional, reiterada en numerosas resoluciones (por ejemplo, SSTC 126/2012, de 18 de junio, FJ 2; 22/2013, de 31 de enero, FJ 4, y 43/2013, de 25 de febrero, FJ 5), según la cual resulta contrario a un proceso con todas las garantías que un órgano judicial, conociendo a través de recurso, condene a quien había sido absuelto en la instancia o empeore su situación como consecuencia de una nueva fijación de los hechos probados que encuentre su origen en la reconsideración de pruebas cuya correcta y adecuada apreciación exija necesariamente que se practiquen en presencia del órgano judicial que las valora —como es el caso de las declaraciones de testigos, peritos y acusados (así, entre otras, SSTC 197/2002, de 28 de octubre, FJ 4, o 1/2010, de 11 de enero, FJ 3)—, sin haber celebrado una vista pública en que se haya desarrollado con todas las garantías dicha actividad probatoria.
Por el contrario, en aplicación de esta doctrina constitucional, también se ha declarado que no cabrá efectuar ese reproche constitucional cuando la condena pronunciada en apelación o la agravación de la situación, a pesar de no haberse celebrado vista pública, tenga origen en una alteración fáctica que no resulta del análisis de medios probatorios que exijan presenciar su práctica para su valoración —como es el caso de pruebas documentales (así, SSTC 272/2005, de 24 de octubre, FJ 5, o 153/2011, de 17 de octubre, FJ 4), o de pruebas periciales documentadas (así, SSTC 143/2005, de 6 de junio, FJ 6, o 142/2011, de 26 de septiembre, FJ 3)—; o, también, cuando dicha alteración fáctica se derive de discrepancias con la valoración de pruebas indiciarias, de modo que el órgano judicial revisor se limite a rectificar la inferencia realizada por el de instancia, a partir de unos hechos que resultan acreditados en ésta, argumentando que este proceso deductivo, en la medida en que se basa en reglas de experiencia no dependientes de la inmediación, es plenamente fiscalizable por los órganos que conocen del recurso sin merma de garantías constitucionales (así, SSTC 43/2007, de 26 de febrero, FJ 6, o 91/2009, de 20 de abril, FJ 4). Por último, también se descarta una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías cuando la condena o agravación en vía de recurso, aun no habiéndose celebrado vista pública, no derive de una alteración del sustrato fáctico sobre el que se asienta la sentencia de instancia sino sobre cuestiones estrictamente jurídicas (así, SSTC 143/2005, de 6 de junio, FJ 6, o 2/2013, de 14 de enero, FJ 6).
Más en concreto, y centrándose en la cuestión de la acreditación de los elementos subjetivos del delito —que serán como se dirá decisivos para la resolución del presente caso— se vino considerando, también en proyección de la doctrina de la STC 167/2002, que, desde la perspectiva de la exigencia de inmediación, el elemento determinante para concluir la eventual vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías reside en verificar si el razonamiento judicial sobre la concurrencia de ese elemento subjetivo por el órgano judicial de segunda instancia se fundamenta en elementos de prueba que exijan inmediación (por todas, SSTC 127/2010, de 29 de noviembre, FFJJ 3 y 4, o 126/2012, de 18 de junio, FJ 3). O, por el contrario, se vincula con pruebas que no tengan carácter personal (así, STC 137/2007, de 4 de junio, FJ 3) o sobre la base de un control de la razonabilidad de la inferencia llevada a cabo en instancia, a partir de unos hechos base que se dan por acreditados. En este último caso, la citada Sentencia 167/2002 argumenta que se trata de una cuestión de estricta valoración jurídica que no exige la reproducción del debate público y la inmediación (además y entre otras, SSTC 328/2006, de 20 de noviembre FJ 3, o 184/2009, de 7 de septiembre, FJ 2).
Las indicadas garantías del acusado en la segunda instancia fueron ampliadas a consecuencia de los diversos pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y en lo referente a la acreditación de los elementos subjetivos del delito, este Tribunal, perfilando el criterio de la STC 184/2009, afirmó “que también el enjuiciamiento sobre la concurrencia de los elementos subjetivos del delito forma parte, a estos efectos, de la vertiente fáctica del juicio que corresponde efectuar a los órganos judiciales, debiendo distinguirse del mismo el relativo a la estricta calificación jurídica que deba asignarse a los hechos una vez acreditada su existencia. De este modo, si bien la revisión de la razonabilidad de las inferencias a partir de la cual el órgano a quo llega a su conclusión sobre la inexistencia de dolo —u otro elemento subjetivo del tipo— no precisará de la garantía de inmediación si tal enjuiciamiento no se produce a partir de la valoración de declaraciones testificales, sí deberá venir presidido, en todo caso, por la previa audiencia al acusado” (STC 126/2012, de 18 de junio, FJ 4).
Tal ampliación era el corolario de la recepción, entre otras muchas, de las SSTEDH de 10 de marzo de 2009, asunto Igual Coll c. España, § 27; 21 de septiembre de 2010, asunto Marcos Barrios c. España, § 32; 16 de noviembre de 2010, asunto García Hernández c. España, § 25; 25 de octubre de 2011, asunto Almenara Álvarez c. España, § 39; 22 de noviembre de 2011, asunto Lacadena Calero c. España, § 38. A las que siguieron con posterioridad las SSTEDH de 27 de noviembre de 2012, asunto Vilanova Goterris y Llop García c. España, y de 13 de junio de 2017, asunto Atutxa Mendiola y otros c. España (§§ 41 a 46).
4. La aplicación de los criterios expuestos al presente caso permite apreciar la existencia de una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y del derecho de defensa (art. 24.2 CE) en razón de la estimación realizada de la concurrencia del elemento subjetivo en la sentencia recurrida: ánimo de los acusados de poner fin con su acuerdo de agosto a la relación de servicios del secretario-interventor sin respetar el procedimiento legalmente establecido y conociendo que carecían de competencia para ello. A esa convicción sobre el particular, en efecto, llegó la Audiencia Provincial en contra de lo que declaró el juzgador a quo. Razonaba la Sala: “Entendemos que dicho ánimo estuvo presente y se desprende sin género de dudas de la sola lectura del acuerdo en cuestión. Es tan clara y patente la voluntad de cesar al secretario interventor, que así se expresa en el acuerdo, ‘hemos adoptado el acuerdo de rescindir la relación de servicios que hasta la fecha prestaba para el Ayuntamiento de Partaloa con efectividad desde el 31 de agosto de 2011’, que no podemos llegar a conclusión distinta”. Más tarde, tras indicar que la contradicción con el Derecho del acuerdo adoptado era patente y grosera y que no podía acogerse la tesis de que los concejales tuvieran la sola intención de respaldar políticamente el cese, proponerlo por el procedimiento legal o trasladar su malestar sobre el estado del Ayuntamiento, añadía que los acusados “conocían y querían el cese inmediato del secretario interventor”, esto es, que concurría el elemento subjetivo del dolo, resultado que se dice alcanzar con base en el acuerdo en cuestión y a la participación de dos de los concejales acusados en un Pleno donde el alcalde hizo referencia al régimen jurídico rector de la relación del secretario-interventor y su condición de funcionario de habilitación nacional.
La reconsideración de los hechos estimados probados en primera instancia no se limitó, si se prefiere expresarlo en otros términos, a una mera discrepancia jurídica; se extendió, antes bien, sobre la apreciación del ánimo de consumar la conducta ilícita. Y el órgano judicial afirmó que hubo intencionalidad de dictar un acuerdo ilícito de cese por parte de los demandantes, sin valorar directamente su testimonio y contradiciendo las apreciaciones del juzgador a quo que sí había oído a los acusados y a otros testigos. Siendo subjetivo ese elemento del delito a debate, conforme a la doctrina ya recogida, resultaba obligada la valoración directa de la versión de los demandantes, habida cuenta de que su objeto consiste en posibilitar que quien ha sido absuelto en primera instancia pueda exponer, ante el Tribunal llamado a revisar la decisión impugnada, su testimonio personal sobre su participación en los hechos que se le imputan (en relación con ello, entre otras, SSTEDH de 10 de marzo de 2009, caso Igual Coll c. España, § 27; 21 de septiembre de 2010, caso Marcos Barrios c. España, § 32; 13 de diciembre de 2011, caso Valbuena Redondo c. España, § 29; 20 de marzo de 2012, caso Serrano Contreras c. España, § 31; y, con posterioridad, STEDH de 27 de noviembre de 2012, caso Vilanova Goterris y Llop García c. España). Es esta una garantía, por tanto, que no se ha satisfecho en el presente caso en lo referente al elemento subjetivo del dolo, al relacionarse tanto en el debate procesal, como en el tipo penal aplicado con el ánimo de actuar con plena conciencia y voluntad deliberada e inequívoca contra el ordenamiento jurídico, a sabiendas de la ilicitud de la conducta.
Por tal motivo debe considerarse producida la vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la defensa, proclamados por el art. 24.2 CE (STC 88/2013, de 11 de abril, FJ 9).
5. En el presente caso, como ya se ha expuesto anteriormente, ha quedado acreditado, en primer lugar, que la absolución en la primera instancia del delito de prevaricación administrativa del que eran acusados los recurrentes se fundamentó en que no quedaban probados elementos objetivos y subjetivos del delito. Igualmente, que en el grado jurisdiccional de apelación se procedió a su condena, tras modificarse la declaración de hechos probados de la Sentencia de instancia y realizarse otra valoración de la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del delito, sin celebración de vista pública, argumentándose que el acuerdo de agosto de 2011 era una resolución administrativa ilegal o contraria a Derecho y que existía dolo en la acción de los recurrentes en amparo. En atención a lo expuesto en el fundamento anterior, y tal como también ha solicitado el Ministerio Fiscal, hemos declarado vulnerado el derecho de los recurrentes a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), toda vez que han sido condenados en segunda instancia sin que se les hubiera dado la posibilidad efectiva de dirigirse personalmente ante el órgano judicial de apelación para exponer su versión personal sobre su participación en los hechos que se les imputaban y en virtud de una actividad probatoria en cuyo acervo concurrían pruebas personales que no han sido practicadas ante el órgano judicial de apelación con respeto a las garantías de publicidad, inmediación y contradicción.
Como señalara el Pleno de este Tribunal en la STC 88/2013, de 11 de abril, FJ 12, y reiterara la STC 125/2017, de 13 de noviembre, FJ 9, “tomando en consideración el contenido del derecho a la presunción de inocencia y la proyección que sobre el mismo puede tener la previa lesión del derecho a un proceso con todas las garantías por una condena en segunda instancia, debe concluirse que, con carácter general, la lesión del derecho a un proceso con todas las garantías —esté vinculado con la valoración de pruebas practicadas sin las debidas garantías o con no haberse dado al acusado la posibilidad de ser oído—, no necesariamente tiene una repercusión inmediata en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia. De ese modo, la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías puede llegar a determinar la anulación de la Sentencia condenatoria y la retroacción de actuaciones para que el órgano judicial dicte una nueva resolución respetuosa con dicho derecho”.
6. La declaración de que se ha vulnerado a los recurrentes su derechos a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) determina la anulación de la resolución judicial impugnada y la del Auto desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones en tanto que no reparó dichas vulneraciones.
2º Restablecerlos en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la Sentencia de 21 de abril de 2017, dictada en el recurso de apelación núm. 217-2017 por la Audiencia Provincial de Almería, Sección Segunda, así como del Auto de la misma de 19 de julio de 2017, desestimatorio del sucesivo incidente de nulidad de actuaciones.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 4731-2017
Teniendo en cuenta que las personas demandantes de amparo no tienen relevancia pública alguna, ni por sus profesiones, ni por su presencia en el espacio público, ni por ninguna otra circunstancia, se considera prevalente su derecho fundamental a la intimidad sobre la exigencia constitucional de publicidad de las resoluciones del Tribunal y, por tanto, entiende justificada la exclusión de sus datos de identidad en la Sentencia [FJ 1].
Resulta contrario a un proceso con todas las garantías que un órgano judicial, conociendo a través de recurso, condene a quien había sido absuelto en la instancia o empeore su situación como consecuencia de una nueva fijación de los hechos probados que encuentre su origen en la reconsideración de pruebas cuya correcta y adecuada apreciación exija necesariamente que se practiquen en presencia del órgano judicial que las valora —como es el caso de las declaraciones de testigos, peritos y acusados (SSTC 197/2002, 1/2010)—, sin haber celebrado una vista pública en que se haya desarrollado con todas las garantías dicha actividad probatoria [FJ 3].
Si el razonamiento judicial se vincula con pruebas que no tengan carácter personal (STC 137/2007) o sobre la base de un control de la razonabilidad de la inferencia llevada a cabo en instancia, a partir de unos hechos base que se dan por acreditados, se trata de una cuestión de estricta valoración jurídica que no exige la reproducción del debate público y la inmediación (SSTC 167/2002, 328/2006, 184/2009). Las garantías del acusado en la segunda instancia fueron ampliadas a consecuencia de los diversos pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos [FJ 3].
Cuando quede plenamente acreditado con la lectura de las resoluciones judiciales que la condena se ha basado de manera exclusiva o esencial en la valoración o reconsideración de pruebas practicadas sin las debidas garantías, también deberá estimarse vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, ya que el efecto de exclusión de la valoración judicial de dichas pruebas pondría ya de manifiesto que la inferencia sobre la conclusión condenatoria sería ilógica o no concluyente, consumando la lesión del derecho a la presunción de inocencia. En tales casos la vulneración consecutiva de los dos derechos determinaría la anulación de la Sentencia condenatoria sin retroacción de actuaciones (STC 88/2013) [FJ 5].
§ 27, ff. 3, 4
§ 32, ff. 3, 4
§ 41, ff. 3, 4
Derecho a la defensaDerecho a la defensa, Vulnerado, ff. 3, 4
Derecho a ser oído del absuelto en segunda instanciaDerecho a ser oído del absuelto en segunda instancia, ff. 3, 4
PrevaricaciónPrevaricación
Nueva valoración de la prueba personal sin inmediaciónNueva valoración de la prueba personal sin inmediación, ff. 3, 4

References: artículo 56
 resolución 
 artículo 404
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 artículo 24
 resolución 
 artículo 51
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 artículo 792
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución