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Timestamp: 2019-04-19 16:31:28+00:00

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SEGURIDAD SOCIAL, INSOLVENCIA EMPRESARIAL Y CONCURSO DE ACREEDORES
Daniel Hernández González (1)
Actuario. Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Administración de la Seguridad Social
“ Es una tarea grande y difícil, como ya hemos dicho con frecuencia; pero fue al embarcarnos en este tema cuando debimos considerar lo que íbamos a hacer; ahora, no nos queda sino ofrecer las velas al viento, nos lleve a donde nos lleve ”. El Orador. Marco Tulio Cicerón.
(1) Correo electrónico: daniel.hernandez@actuarios.org
El sector empresarial tiene a su disposición un mecanismo para tratar de hacer frente a situaciones de insolvencia y satisfacer así las obligaciones contraídas: el concurso de acreedores. Por su parte, los poseedores de derechos afectados por la insolvencia de terceros han de recurrir a la valoración de escenarios alternativos buscando la mejor elección en su proceso de toma de decisiones.
En este escenario la Seguridad Social y las Administraciones Públicas no están exentas de formar parte del conjunto de acreedores en cualquier proceso de insolvencia empresarial, estando expuestas a una incertidumbre relevante en un espacio en el que conviven distintas variables y restricciones.
A su vez, los ingresos de la Seguridad Social se encuentran directamente relacionados con el desarrollo de la economía y del sector empresarial. Una ralentización en la primera y/o un descenso del número de personas con actividad laboral no compensado por otras vías afectan al sistema, por ejemplo, por las cuotas, tanto patronal como de los trabajadores, que se dejan de ingresar. Igualmente, afectan al patrimonio conjunto del Estado por las mayores salidas de flujos destinadas, entre otras partidas, a prestaciones por desempleo.
Relacionado con todo lo anterior y dentro de la complejidad del procedimiento de recaudación de la Seguridad Social, nos interesará aquí aquel punto en el que una empresa ha superado sin resultado satisfactorio la recaudación voluntaria y la vía ejecutiva, hallándose incursa en un procedimiento especial y con la necesidad de un aplazamiento de sus deudas con la Administración, ya sea a través de un procedimiento ordinario, tal y como recoge el RD 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, o a través de los mecanismos vinculados a un procedimiento concursal.
2. 1. Características básicas
Desarrollado en la Ley 22/2003, Concursal, el concurso de acreedores tiene su principal razón de ser en los casos en que un deudor común no pueda hacer frente regularmente a sus obligaciones exigibles en plazo o prevea que no podrá hacerlo en un futuro inmediato, es decir, se encuentre en situación de insolvencia. Siendo dos las salidas recoge el Título V de la Ley 22/2003 para el concurso: la liquidación o el convenio, su finalidad no es el saneamiento de empresas o patrimonios, sino la satisfacción de los acreedores, aunque un convenio aprobado dentro del procedimiento concursal puede favorecer a aquellas entidades que se consideren viables.
En este escenario debemos destacar que una gran parte de las insolvencias empresariales acaecidas en España tienen su origen en problemas de estrategia y/o estructura, con el agravante de que el tejido empresarial español no ha aprovechado las posibilidades que ofrece la legislación concursal, siendo muchas las entidades que han recurrido a esta alternativa cuando se encontraban sin posibilidades reales de recuperación.
En la economía española reciente sectores recurrentes en el panorama concursal han sido, entre otros, los sectores textil y del calzado, coincidiendo con la apertura del mercado, la industria auxiliar del automóvil, afectada por la competencia de economías emergentes y la deslocalización, los sectores inmobiliario y de la construcción, atendiendo al desajuste entre la oferta y la demanda, así como las Sociedades Anónimas Deportivas. La evolución del número de concursos de acreedores declarados por trimestre en España hasta septiembre de 2009 puede apreciarse en el siguiente gráfico:
Sobre el procedimiento diremos, de forma muy resumida, que, según el artículo 100 de la Ley 22/2003, dentro del concurso la denominada fase de convenio se sustenta en la existencia de una propuesta que, a priori, será votada por los acreedores, que podrá contener diferentes alternativas para la satisfacción de las obligaciones empresariales y que deberá contener proposiciones de quita y/o espera, con la posibilidad de presentar proposiciones adicionales alternativas entre las que se incluyen, entre otras, ofertas de conversión del crédito en acciones o créditos participativos. De igual forma, la propuesta deberá ir acompañada de un plan de pagos que detalle los recursos previstos para su cumplimiento y, si se prevé que estos recursos sean generados por la actividad, se unirá también un plan de viabilidad en el que se concretarán los recursos necesarios, los medios y condiciones para su obtención y, en su caso, los compromisos a asumir por terceros. Ambos planes serán evaluados por la administración concursal.
2.2. La administración concursal
Según lo contenido en el Título II de la Ley 22/2003, los administradores concursales, actuando de forma colegiada, intervendrán las actuaciones del deudor y supervisarán o administrarán el patrimonio empresarial según la tipología del concurso, determinarán el activo y el pasivo del concursado y, entre otras funciones, evaluarán el plan de viabilidad y la propuesta de convenio en atención al plan de pagos, principalmente como garantía para la toma de decisiones de los acreedores en defensa de sus intereses dentro del procedimiento. El artículo 27 de la Ley citada indica que, como regla general, la administración concursal estará formada por un economista, auditor de cuentas o titulado mercantil colegiados, por un abogado y por un acreedor titular de un crédito ordinario o con privilegio general no garantizado. Con las excepciones recogidas en la legislación vigente, cuando este acreedor sea una persona jurídica será representado por un economista, auditor o titulado mercantil, si bien cuando sea una Administración Pública, la designación podrá recaer en cualquier funcionario con titulación de licenciado en áreas económicas o jurídicas.
El legislador establece así una preponderancia del componente económico sobre el componente jurídico en la composición de la administración concursal, aspecto acertado atendiendo a las funciones de dicha administración, de marcado carácter económico-financiero y contable que, sin embargo, van mucho más allá de la elaboración o supervisión de las cuentas anuales, pues requieren conocimientos financieros, fiscales, laborales, mercantiles, de evaluación de riesgos y de administración de empresas. La administración concursal es así una actividad principalmente económico-financiera que tiene su correspondiente y necesario complemento jurídico.
En contra de algunos criterios válidamente argumentados y aunque la Seguridad Social parece que se resiste a avanzar en este sentido, valoramos positivamente su participación activa en el concurso de acreedores tal y como hacen otras Administraciones Públicas, siempre que sea bajo criterios de designación eficientes y no grupales ya que, además de suponer un coste menor para empresas con problemas de liquidez y/o solvencia, pues el funcionario designado no percibirá retribución alguna con cargo a la masa del concurso, la independencia de estos profesionales de terceros intereses es una garantía en el procedimiento. Para ello, siguiendo las funciones recogidas en la Ley, será necesario contar con expertos capacitados en los campos económico, financiero-actuarial, social, contable y de administración de empresas, además de poseedores de conocimientos jurídicos en el ámbito concursal.
La Seguridad Social cuenta con el valor añadido de sus actuarios y economistas en este campo puesto que los nuevos entornos económicos y contables y las complejas situaciones empresariales en caso de concurso de acreedores requieren del análisis y toma de decisiones en situaciones de riesgo bajo un prisma de racionalidad económica y financiera. Por tanto, en el ámbito público estos profesionales tienen dos campos de actuación dentro del proceso concursal: el primero se centra en el asesoramiento económico-financiero y la valoración de propuestas de convenio y planes de viabilidad en ambiente de riesgo, siempre dentro de una perspectiva de defensa del crédito institucional, así como en el seguimiento y control de las empresas que mantengan deudas con los órganos públicos, mientras el segundo se refiere a su participación como administradores concursales en representación de las Administraciones Públicas.
3. Los procedimientos especiales y el concurso de acreedores
3.1. Cuestiones generales en el ámbito de la Seguridad Social
Como ya hemos indicado, la empresa debe proponer dentro del concurso una quita y/o espera sobre una parte de las obligaciones que mantiene con sus acreedores, lo que supone que estos aceptarían sacrificar una parte del derecho presente, complejo en cuanto a su total recuperación (salvo existencia de garantía y no siendo siquiera ésta condición suficiente), por una mayor expectativa de la satisfacción líquida y futura de una parte de esos derechos y de una continuidad empresarial.
Desde el punto de vista de la Seguridad Social como acreedor, la complejidad en la toma de decisiones se incrementa dada la necesidad de buscar un espacio en el que se produzca el equilibrio entre la defensa del interés general y del crédito público, la mitigación de la liberalidad y la subjetividad, el desamparo de prácticas empresariales ineficientes o ilícitas y la minoración de interferencias innecesarias en el desarrollo de los sectores productivos que puedan acarrear disfunciones en su funcionamiento, su competencia y su desarrollo, buscando la menor incidencia posible en los derechos de las personas activas o pasivas.
Esta complejidad se ve aumentada al tener que evaluar el procedimiento en su conjunto, ya que la Seguridad Social puede verse vinculada por decisión del conjunto de acreedores a una propuesta de satisfacción de deudas de una parte de sus créditos, los ordinarios y subordinados, que no satisfaga sus mínimas exigencias. Por tanto, las propuestas deben ser contempladas desde un escenario económico-financiero global, más allá del simple punto de vista jurídico que trabaja los créditos por tipología, y más allá del ámbito meramente concursal, puesto que existen necesidades de desembolso que se desvinculan en cierta manera del propio concurso, por ejemplo, los denominados créditos contra la masa.
En la práctica, es importante destacar que el desarrollo del procedimiento en su relación con la Seguridad Social no está –ni estará- exento de cuestiones susceptibles de debate, entre las que podemos citar brevemente las siguientes:
1. Adquisición de empresas en liquidación. Existen discrepancias de criterio en el caso de una empresa en liquidación que quiera ser adquirida por un tercero. Por un lado están las tesis que han defendido que debe darse la subrogación de obligaciones puesto que la transmisión de una empresa es inequívocamente una sucesión empresarial y no puede vulnerarse el Estatuto de los Trabajadores. También se ha argumentado la falta de competencias del juez del concurso sobre la fijación de algunos aspectos de la enajenación al no estar facultado expresamente para ello por el artículo 149 de la Ley Concursal. En el otro lado están quienes han defendido que el adquirente que se hace cargo del activo empresarial no tiene por qué subrogarse en determinadas obligaciones del concursado en aras al beneficio generalizado que se obtiene por la continuidad empresarial, atendiendo “al interés del propio concurso”. Algunos sectores incluso han acudido tradicionalmente a la Ley General Tributaria (art. 42) para que la Seguridad Social actúe bajo idénticos principios, obviando, bajo esa moderna costumbre de homogeneizar lo heterogéneo, las diferencias entre algunos de los derechos de referencia: unos, diluidos en el conjunto patrimonial; otros, susceptibles de imputación individual.
Aunque la solución no parece pacífica, apoyamos la subrogación del adquirente en las obligaciones del adquirido al entender que las empresas son conjuntos de bienes, derechos y obligaciones, sobre todo cuando en la práctica la subrogación no impide que entidades en liquidación con apoyo de terceros, proyectos estratégicos de continuidad eficientes y el compromiso de sus acreedores hayan continuado su actividad. La no asunción de las deudas compromete los derechos de los acreedores, en cuya defensa encuentra la Ley Concursal su finalidad esencial, fomenta el fraude empresarial y entendemos que crea para el acreedor una vía discriminatoria que no favorece la solución normal del procedimiento: el convenio.
2. Los derechos de las Administraciones Públicas. Se ha propuesto la limitación de los derechos privilegiados de las Administraciones Públicas alegando que la exposición de motivos de la Ley 22/2003, Concursal, propugna el principio de igualdad de trato de los acreedores y la reducción de privilegios(2). Siendo esto cierto, no lo es menos que los acreedores asumen riesgos en sus relaciones con terceros susceptibles de ser evaluados, limitados o rechazados a discreción, algo que no puede hacer la Seguridad Social con sus derechos en defensa del interés general puesto que debe mantener la equidad y la igualdad de trato, situándose así en un escenario de mayor sensibilidad hacia el riesgo de impago. Tampoco debe olvidarse el desequilibrio existente entre en el destino de los recursos para cada tipo de acreedor en cuanto a la libertad de elección. Aun cuando no compartimos la asignación de privilegios desmedidos para la Administración, sí criticamos la propuesta de aplicación de criterios homogéneos a elementos marcadamente heterogéneos.
(2) Tras los créditos con privilegio especial –generalmente con garantía en sentido amplio- se sitúan los créditos con privilegio general, entre otros: las cantidades correspondientes a retenciones tributarias y de Seguridad Social derivadas del cumplimiento de una obligación legal, así como otros créditos públicos no privilegiados aplicables, para el conjunto de los créditos, hasta el 50% de su importe. Cierran la prelación, por este orden, los créditos ordinarios y los subordinados.
3. Los límites de la quita y la espera. En cuanto a los límites legales de quita y espera, la Ley 22/2003, Concursal, en su artículo 100, establecía que los límites generales (50% de quita de los créditos y 5 años de espera) podían ser superados con la existencia de un informe de la autoridad económica competente –de cuya identidad concreta nunca se supo-, dotando al procedimiento en la práctica de una desafortunada subjetividad. La reforma recogida en el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, corrigió esta subjetividad para, sin embargo, aportar una mayor, pues hace recaer la decisión en el juez del concurso, al que supone gran conocedor de la trascendencia del concursado en la economía y de las variables influyentes en la misma. Ante esta situación somos favorables a eliminar los límites de quita y espera contenidos en la legislación y que sean los acreedores los que valoren si las quitas y esperas que les son propuestas se corresponden con sus intereses y con la realidad y perspectivas futuras del deudor.
4. Capitales coste Por último, hacemos una breve referencia a los capitales coste - materia sobre la que el lector interesado puede acudir a P. Madrid (2008) [3]-, ya que han surgido planteamientos que defienden el tratamiento de determinadas partidas como intereses y que, tal y como recoge el artículo 92.3 de la Ley 22/2003, deberían clasificarse como créditos subordinados que se definen del siguiente modo: “Los créditos por intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios, salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde se alcance la garantía”.
El capital coste se vincula a la equivalencia actuarial entre prestaciones futuras y aportaciones y, por tanto, su constitución se basa en el cobro de un capital de cuantía P en el momento t para garantizar en el instante t’ , t’ > t, un montante genérico de cuantía C, P<C. Considerar cualquier elemento derivado de la equivalencia actuarial como crédito subordinado conlleva que no sea posible obtener las prestaciones garantizadas por dicha equivalencia y, de nuevo, homogeneizar elementos verdaderamente heterogéneos. Los componentes de la equivalencia no son ajenos a la operación principal –tal y como sí lo es un recargo o interés por demora- ni tienen naturaleza alguna de recargo o elemento asimilable. Por otra parte, esta propuesta no puede ampararse en el literal del texto normativo si éste parte de axiomas y condicionantes erróneos que no respetan la verdadera naturaleza de las operaciones, texto que, en este caso, debería revisarse y modificarse.
En el escenario descrito la Seguridad Social tiene un importante y complejo reto en la valoración de los planes de viabilidad y propuestas de financiación de la deuda contenidas en las pretensiones de los deudores. Bajo la hipótesis de términos pospagables, un ejemplo práctico vendría de la elección entre las tres sencillas alternativas de satisfacción de deudas siguientes:
A) Quita del 80% de la deuda y pago del 20% restante en 4 semestres (20%, 20%, 30%, 30% del importe aplazado tras la quita).
B): Quita del 50% de la deuda y pago del 50% restante en pagos semestrales del 5% del importe aplazado durante 10 años.
C): Quita del 20% de la deuda y pago único del 80% restante en el decimocuarto semestre.
alternativas que podrían complicarse, por ejemplo, con la inclusión de la satisfacción de una parte de la deuda a través de créditos participativos. Estas posibilidades se basan respectivamente en el cobro de 20, 50 y 80 unidades por cada 100 unidades de deuda, siempre y cuando el deudor cumpla íntegramente con sus obligaciones, algo que no tiene por qué ser considerado un suceso cierto.
Volviendo a un hipotético caso general, una primera impresión podría llevarnos a pensar que sería conveniente que la Seguridad Social accediese a la mayor quita posible atendiendo a la continuidad empresarial y al mantenimiento de los puestos de trabajo, decisión que entendemos errónea ya que fomentará la desigualdad, la discriminación, el impago y la sensibilización hacia el fraude. El mercado no está compuesto por una única empresa, sino por un conjunto de organizaciones con relaciones entre sí en un entorno de lícita competencia en el que el beneficio indiscriminado hacia una opción, además de favorecer planteamientos ineficientes o ilegítimos, perjudica a quien cumple realmente con sus obligaciones y soporta totalmente los costes impuestos por la Administración. Por otra parte, cualquier opción que gravite sobre una quita en exceso no garantiza la continuidad empresarial, especialmente si no se corrigen los motivos que ocasionaron la insolvencia, y no puede olvidarse que la salida del mercado de planteamientos ineficientes puede apuntalar los planteamientos eficientes hacia los que se puede dirigir la demanda y, en cierta medida, el empleo de los primeros.
Así pues, una mal entendida acción “a favor” de unos puestos de trabajo, de medición directa, crearía una disfunción que puede suponer una pérdida mayor de puestos de trabajo por una vía indirecta y un fomento del impago a las arcas públicas. Sin embargo, el polo opuesto, la exigencia total e inmediata de las deudas, puede no ser deseable en ciertos casos puesto que la falta de flexibilidad puede llevar a la liquidación innecesaria de empresas viables.
Desde otra perspectiva se viene defendiendo la garantía de la deuda como elemento suficiente en la toma de decisiones, criterio creemos que inadecuado puesto que el bien garantizado puede sufrir una obsolescencia superior a la esperada en el plazo de la financiación, siendo su verdadero valor residual y no representativo de la deuda pendiente, algo factible en el caso de bienes muebles y maquinaria. La deseable existencia de una garantía busca, entre otros aspectos, evitar la liberalidad de las Administraciones Públicas respecto a sus derechos y el propio sustento de los mismos en defensa de los correspondientes a los ciudadanos. La Administración, al igual que las entidades financieras con los activos inmobiliarios, no tiene por labor principal el mantenimiento en balance, la gestión y la enajenación de activos garantizados que hayan pasado a formar parte de su patrimonio, actividad colateral que conlleva costes adicionales de distinta índole aunque busque reducir las pérdidas para la Administración en sus relaciones con terceros.
Además, si se recurre a las alternativas de nuestro ejemplo, la garantía total de las tres operaciones propuestas, aunque es un factor deseable, tampoco aporta la total solución al proceso de toma de decisiones ni ayuda a determinar la solvencia empresarial o a evitar el compromiso con proyectos claramente inviables.
En tercer lugar también se podría asumir sin reparos el criterio que resulte de la Administración Concursal o de un tercero interesado, cuando en la práctica es posible que tales criterios no tengan que ser convergentes con los intereses del acreedor, sobre todo cuando las valoraciones de los administradores concursales sobre los planes de viabilidad son meros elogios de declaraciones de intención, se orientan principalmente a la exención de responsabilidad del profesional actuante y, a nuestro juicio, no responden a los mínimos requisitos que les son exigibles.
Atendiendo a todo lo anterior, parece claro que la Seguridad Social debe tener un criterio propio basado en la valoración objetiva del procedimiento, tratando de buscar el equilibro entre derechos y obligaciones, con una valoración lo más eficiente posible del proceso en su conjunto y de los planes de viabilidad empresarial en particular. La búsqueda de este equilibro no debe orientarse siempre a la recuperación de la mayor cantidad esperada de deuda sino que, cuando sea necesario, debe plantearse la toma de decisiones en términos de menor pérdida esperada. Se deben valorar el pasado, el presente y el futuro del deudor con las herramientas adecuadas a cada momento temporal e, igualmente, desde la óptica económico-financiera no deben perderse de vista aquellas partidas que no se encuentran sometidas a la propuesta de convenio pero que también influyen en el desarrollo, liquidez y expectativas mercantiles futuras, tal y como son los créditos contra la masa y los privilegios no adheridos a tal propuesta.
Mientras desde otras disciplinas el concurso acaba con el correspondiente auto del juez, desde la perspectiva de Seguridad Social parece deseable que la institución no pierda de vista la evolución empresarial mientras exista deuda vigente, ya que uno de los pilares en la toma de decisiones es la posibilidad real de viabilidad del proyecto empresarial y uno de los valores añadidos del tal seguimiento es la información de cara a experiencias futuras. Dentro de la búsqueda de esa viabilidad son imprescindibles la objetividad y la determinación de las verdaderas causas de la insolvencia para evitar compromisos inadecuados. Una señal que a tener en cuenta es la existencia de incrementos salariales no ligados a la productividad o la situación real de la empresa y que ésta pretende que sean obviados en los procedimientos de insolvencia.
Debe entenderse también que no hay una solución común válida para todos los deudores, pues cada uno de ellos tiene una capacidad y una idiosincrasia propia, así como unas necesidades particulares bien definidas. Cada empresa es única y, por tanto, no parece adecuado aplicar una misma política para todo deudor, por ejemplo, una quita de recargos o la concesión de simples aplazamientos por los máximos legales permitidos, ya que pueden ser inapropiadas por exceso o por defecto. Ahora bien, aunque cada procedimiento tiene sus propias características, tampoco debe descartarse que algunos puedan tener algún espacio común muy concreto y debería evitarse la aplicación de criterios heterogéneos a variables con cierto nivel de homogeneidad. Debería así limitarse la variabilidad que se pueda originar, por ejemplo, por la existencia de distintos lugares de procedencia del concurso en los que se apliquen sin necesidad diferentes criterios de partida.
Por otra parte, debemos destacar que, entre las variables imprescindibles en la valoración del procedimiento se encuentran los capitales -minorados por la quita si procede-, el plazo, la estructura de vencimientos, los tipos de capitalización y descuento de flujos y, sobre todo, el riesgo. Esta variable es prioritaria y permite una valoración más adecuada del procedimiento en términos económicos sin que, por otra parte, se deban olvidar el coste de oportunidad o cuáles son las necesidades empresariales y cómo se pueden conjugar con la máxima defensa de los derechos de carácter público.
El riesgo importa no solamente desde la perspectiva de la valoración empresarial, sino desde la determinación de la sensibilidad por parte del decisor hacia dicho riesgo. Si retornamos a las alternativas del ejemplo, consideraremos inadecuada la toma de decisiones en base a la mera comparación de las cantidades 20, 50 y 80 unidades por cada 100 unidades de deuda puesto que, mientras la toma de decisiones se produce a priori, la culminación de un procedimiento que ha evolucionado en ambiente de riesgo solamente será conocida a posteriori y finalizará en los términos indicados sí y solo sí el deudor cumple íntegramente con sus obligaciones.
De las tres alternativas planteadas el lector pudiera estar interesado en conocer cuál es la más interesante para el acreedor a la vista de los datos facilitados. La respuesta necesariamente ha de venir dada por la resolución previa –al menos- de otra cuestión: ¿cuál es el riesgo de cada alternativa?, pues dependiendo de la valoración de ese riesgo cada una de las alternativas podría ser preferible a las otras dos en el mismo instante temporal t de valoración.
La valoración de los procedimientos concursales por parte de la Administración debe fijarse atendiendo, entre otras cuestiones de indudable importancia, a las valoraciones financiero-actuariales en ambiente de riesgo, tratando de identificar y objetivar, en la medida de lo posible, las variables fundamentales del procedimiento, la mayoría particulares a cada uno de los deudores, sin perder de vista a estos como unidad económica con capacidad propia y con capacidad relacionarse con terceros.
Esta forma de actuación, que también tiene su aplicación en los aplazamientos ordinarios de cuotas, debe acompañarse de la limitación de la demora en la determinación de la satisfacción de las partidas no sujetas al concurso de acreedores y de un seguimiento de los compromisos que los deudores tienen con la Administración. Si existen casos en los que, o no se valora la situación empresarial desde un punto de vista económico y financiero-actuarial o esta función es realizada por personal no especializado en la valoración en ambiente de riesgo o los métodos aplicados no son adecuados, debería corregirse esta forma de actuación al no ser deseable, ni desde la perspectiva profesional, ni desde la de defensa de los derechos de los ciudadanos.
[1] Beltrán, E. (2009): La reforma inarmónica de la Ley Concursal. Actualidad Jurídica Aranzadi. Nº 775. Págs. 8-14.
[2] Hernández, D. (2009): El concurso de acreedores: ¿un nuevo campo de actuación para el actuario?. Actuarios, nº 28.
[3] Madrid, P. (2008): Nuevos criterios técnicos para la liquidación de los capitales coste de pensiones y prestaciones periódicas de la Seguridad Social. Problemas e interpretaciones. Resoluciones judiciales. Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Nº 17.

References: artículo 100
 artículo 27
 artículo 149
 artículo 100
 artículo 92
 resolución