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Timestamp: 2019-03-24 08:53:28+00:00

Document:
CONFORMACIÓN DE MESA DE TRABAJO PARA MODERNIZACIÓN DE SECTOR PORTUARIO. PROYECTO DE ACUERDO
MODIFICACIÓN A CÓDIGO PENAL Y A LEY SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS, EN MATERIA DE DELITOS DE COHECHO, SOBORNO Y ADMINISTRACIÓN DESLEAL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
PROTOCOLO DE MODIFICACIÓN DE TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y ACUERDO COMPLEMENTARIO SOBRE COMERCIO DE SERVICIOS CON REPÚBLICA POPULAR CHINA
TIPIFICACIÓN EN CÓDIGO PENAL DE DELITO DE ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS
APLICACIÓN DE FUERO MATERNAL A FUNCIONARIAS DE FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA
Sesión 63ª, en miércoles 24 de octubre de 2018
(De 16:17 a 22:41)
PRESIDENCIA DE SEÑORES CARLOS MONTES CISTERNAS, PRESIDENTE:
CARLOS BIANCHI CHELECH, VICEPRESIDENTE, Y PEDRO ARAYA GUERRERO, PRESIDENTE ACCIDENTAL
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver; de Educación, señora Marcela Cubillos Sigall, y de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández.
Asimismo, se encontraban presentes el Subsecretario General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade, y el Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Sebastián Valenzuela.
El señor MONTES (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 59ª, especial, y 60ª, ordinaria, en 16 de octubre; y 61ª, ordinaria, en 17 de octubre de 2018, que no han sido observadas.
Con el primero solicita el parecer del Senado sobre el acuerdo de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de esa Corporación que determinó el archivo del proyecto de ley que declara "Día del Navegante Chilote y del Territorio Chileno Austral" el 21 de septiembre de cada año (boletín N° 5.416).
--Se confirma.
Con el segundo informa que ha aprobado el proyecto de ley que establece normas sobre transmisión de los partidos de fútbol nacional y acceso de los medios de comunicación a los estadios (boletín N° 10.446-24).
Emite su parecer, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, sobre el proyecto que modifica la ley N° 18.101, sobre arrendamiento de predios urbanos, para restringir la sobreocupación de viviendas (boletín N° 12.120-14).
-Artículos 8 de la ley N° 19.519, 483 del Código Procesal Penal y 45 y 561, inciso segundo, del Código Orgánico de Tribunales.
El señor MONTES (Presidente).- Quiero insistir en que la Comisión de Constitución tiene que analizar los requerimientos y definir si la Sala va a emitir o no una opinión al respecto.
Porque normalmente se archivan. Ni siquiera los conocemos.
Prosigue la Cuenta.
El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).- Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia:
Responde solicitud de la Honorable señora Aravena a fin de hacer presente la urgencia para el despacho de las iniciativas legislativas que indica.
Entrega diversos antecedentes relativos al proyecto de continuidad operacional de la compañía minera Zaldívar, solicitados por el Honorable señor Araya.
De la señora Directora Regional del SERCOTEC de Aisén:
Informa sobre ejecución presupuestaria del Programa "Transferencia Crece Empresas de Turismo de los Territorios", atendiendo una presentación formulada por el Honorable señor Sandoval.
De la señora Directora Regional (s) del SAG de Aisén:
Adjunta estado de ejecución presupuestaria del Programa "Transferencia Recomposición Masa Ganadera: Sanidad", pedido por el Honorable señor Sandoval.
Del señor Alcalde de Tocopilla:
Contesta consulta efectuada en nombre del Honorable señor Araya sobre patente de explotación de áridos en esa comuna.
Segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos (boletín N° 11.256-12).
De los Honorables señor Moreira, señora Ebensperger y señor Durana, con la que inician un proyecto de ley que permite a Senadores, Diputados, alcaldes y concejales participar en la elección de gobernadores regionales (boletín N° 12.184-06).
De los Honorables señor Sandoval, señora Aravena y señores Moreira, Pérez y Pugh, con la que inician un proyecto de ley que prohíbe la instalación de vallas publicitarias en las carreteras que indica
(boletín N° 12.185-09).
De los Honorables señor Castro y señora Aravena, con la que inician un proyecto de ley que limita las comunicaciones relacionadas con el cobro de deudas (boletín N° 12.186-03).
Proyecto de acuerdo, presentado por las Honorables señoras Allende, Aravena, Muñoz, Órdenes y Rincón, y los Senadores señores Allamand, Castro, Elizalde, Galilea, García, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Letelier, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Quinteros y Sandoval, por el cual se solicita a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, conforme una mesa de trabajo para la modernización del sector portuario (boletín N° S 2.025-12).
El señor MONTES (Presidente).- Sugiero pronunciarse de inmediato, si no hay objeciones, sobre el proyecto de acuerdo.
Boletín N° S2025-12
El señor MONTES (Presidente).- Conforme a lo resuelto recién por la Sala, corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, presentado por las Honorables señoras Allende, Aravena, Muñoz, Órdenes y Rincón y los Senadores señores Allamand, Castro, Elizalde, Galilea, García, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Letelier, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Quinteros y Sandoval, por el cual se solicita a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, conforme una mesa de trabajo para la modernización del sector portuario.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 2.025-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 63ª, en 24 de octubre de 2018.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El objetivo que se persigue es abordar de manera integral el desarrollo de un nuevo modelo que empuje la modernización del sector y permita al país contar con una política nacional de puertos.
--Por 22 votos a favor, se aprueba el proyecto de acuerdo.
Votaron las señoras Allende, Aravena, Ebensperger y Muñoz y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Elizalde, Galilea, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh y Quinteros.
El señor MONTES (Presidente).- El Honorable señor Durana deja constancia de su intención de voto a favor.
Boletín N° 10739-07
El señor MONTES (Presidente).- Informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal; y la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
Mixta: sesión 62ª, 23 de octubre de 2018.
Sesiones 48ª, en 13 de septiembre de 2016 (se aprueba en general); 87ª, en 7 de marzo de 2017 (se aprueba en particular); 73ª, en 19 de diciembre de 2017 (queda para segunda discusión); 75ª, en 20 de diciembre de 2017 (se rechazan las modificaciones y el proyecto pasa a Comisión Mixta).
El señor MONTES (Presidente).- El señor Ministro de Justicia ha solicitado que se autorice el ingreso del señor Sebastián Valenzuela, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Las divergencias suscitadas entre ambas ramas del Congreso derivan del rechazo por parte del Senado, en el tercer trámite constitucional, de la totalidad de las enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las discrepancias, efectúa una proposición que comprende las normas en controversia y otras disposiciones del proyecto, así como las adecuaciones correspondientes a los ajustes formales requeridos por el texto contenido en ella.
Las votaciones en cada caso se consignan en el informe.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición figuran, en la cuarta columna, lo planteado por la Comisión Mixta; en la quinta, la redacción que quedaría de aprobarse el informe, y en la sexta, el texto tentativo de los cuerpos legales modificados por la iniciativa.
El señor MONTES (Presidente).- Ha habido consultas respecto de qué va a ocurrir en el día de hoy y en adelante con el proyecto sobre Aula Segura.
En este momento se ve el asunto en la Comisión de Hacienda y se conversa acerca de alternativas de entendimiento. No ha sido fácil. Pero la disposición de la Mesa, al menos, es que el texto sea tratado, o en el curso de la presente sesión, o en una citada para la noche, o en otra para mañana, de tal manera que nos enmarquemos en la semana legislativa. Lo señalo para quienes abrigan alguna duda al respecto.
En caso de que no hubiera acuerdo, probablemente se tendría que convocar para el lunes próximo, aunque incluso podría ser discutible la posibilidad de legislar en la semana venidera.
El señor LETELIER.- Disculpe, señor Presidente, si desordeno lo propuesto. No sé si se puede votar primero sobre tabla, sin discusión, el proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo de Modificación del Tratado de Libre Comercio con China, con relación al cual existe unanimidad.
El señor MONTES (Presidente).- Eso se halla en segundo lugar, señor Senador. El punto fue discutido ayer en Comités.
El señor PIZARRO.- Puede ser materia de Fácil Despacho.
El señor MONTES (Presidente).- Su Señoría sugirió que se viera inmediatamente a continuación, y así está en la tabla.
Tiene la palabra el Senador señor Moreira para una cuestión de Reglamento.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, en la Comisión de Relaciones Exteriores votamos el proyecto de acuerdo, pero no doy la unanimidad para que sea adelantado.
Me preocupó una afirmación suya. Quisiera saber dónde aparece en el Reglamento que no se podría discutir la iniciativa sobre Aula Segura en la semana de trabajo regional. ¿En qué se basó usted para hacerla?
El señor MONTES (Presidente).- Es una situación hipotética no planteada aún. No contestaré en este momento.
Comenzaremos con lo ya determinado y después seguiremos con el proyecto de acuerdo relativo a China.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, para realizar su trabajo, ese órgano contó con la asesoría permanente de los abogados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de los profesores de Derecho Penal señores Héctor Hernández y Gonzalo Medina.
La proposición que ahora conoce esta Corporación, acordada, en su gran mayoría, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, contiene avances trascendentales en la lucha contra la corrupción.
El texto planteado considera una elevación general en las penas de todas las figuras relevantes que tipifican la corrupción en nuestro ordenamiento, estableciendo sanciones por tramos acordes al disvalor de cada tipo penal.
Al respecto, cabe destacar que la pena inferior que se asigna a cada uno de los delitos que se modifican es más alta que el techo máximo actual de cada sanción en la ley vigente.
En cuanto a su estructura, el proyecto se divide en tres artículos.
En primer lugar, se introducen veinte modificaciones al Código Penal, entre las cuales destacan las siguientes:
1.- Se crea la pena de inhabilitación absoluta para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con el Estado, con sus empresas o asociaciones, o con privados concesionarios de este o que presten servicios de utilidad pública. La sanción se impondrá a particulares que sobornen a funcionarios públicos y busca impedir que estos condenados trabajen para el Estado o para una empresa privada regulada.
2.- Se establecen penas específicas destinadas a funcionarios públicos o privados que, en razón de sus cargos, custodian patrimonios de terceros impedidos de administrarlos por sí mismos: personas naturales ausentes o menores de edad, masas de bienes hereditarias o de procedimientos concursales o bienes de personas jurídicas. Se impondrá una sanción cada vez que uno de esos mandatarios, en el ejercicio de su rol de administrador, contrate consigo mismo o con un pariente respecto de los bienes administrados -por ejemplo, el liquidador de un proceso concursal que se autoadjudique alguno de los bienes de la masa- sin cumplir los requisitos que la ley establece para subsanar el conflicto de interés. En estos casos, ella procederá aunque no haya perjuicio para los bienes administrados. Si este tuviere lugar, será mayor.
3.- Se introduce una sanción específica contra el funcionario público que solicite o acepte un beneficio de un particular por el mero hecho de ser empleado del Estado. La disposición ataca directamente al que está "en la nómina" de empresas o entidades privadas, o sea, al que recibe un estipendio de particulares destinado únicamente a favorecer buenas relaciones, sin que sea necesario probar que ejecutó a cambio un acto propio de su cargo. Se trata del nuevo "cohecho de mera actividad" o "sin contraprestación", cuya falta ha sido observada numerosas veces por nuestro mundo académico y la OCDE.
Como consecuencia de lo anterior, el texto también crea una sanción especial, dirigida al particular que entrega un beneficio al funcionario público por el solo hecho del cargo que ocupa. Este es el nuevo "soborno de mera actividad" o "sin contraprestación".
4.- Asimismo, para sancionar de manera aún más drástica los casos de "gran corrupción", se establece una regla especial, consistente en que la pena que corresponda aplicar se impondrá siempre en su grado máximo, lo que implica que los responsables serán condenados la mayoría de las veces a presidio efectivo, aunque sean primerizos.
El proyecto entiende por casos de "gran corrupción" los siguientes:
a) Todos los ilícitos en que estén involucradas autoridades políticas o administrativas, entendiéndose por tales todos los cargos de elección popular, todos los funcionarios de confianza exclusiva de los anteriores, todos los funcionarios del primer nivel jerárquico de todos los servicios públicos del país, jueces y fiscales, y comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y jefaturas máximas de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones.
b) Todos los ilícitos vinculados a procesos críticos o delicados del Estado, sin importar la jerarquía del funcionario involucrado. Se entienden por procesos críticos, entre otros, las designaciones de nuevos funcionarios públicos; la adquisición, contratación o concesión cuantiosas; el otorgamiento de permisos para realizar actividades económicas de gran envergadura, y la fiscalización de las anteriores.
5.- En consideración a que las acciones de gran corrupción en el Estado generalmente se ejecutan por medio de una organización o red de funcionarios coludidos, el texto establece la delación compensada, que permite que uno o más de los integrantes de dicha suerte de organización ilícita delate a sus compañeros a cambio de una reducción de su propia pena. Esta herramienta será aplicada por los tribunales a propuesta del Ministerio Público y no podrá beneficiar a las autoridades políticas o administrativas que indica la ley.
6.- Por otra parte, la iniciativa incorpora, por primera vez en nuestro ordenamiento penal, los delitos de corrupción entre particulares. Estos nuevos tipos penales sancionan, por ejemplo, al trabajador de una empresa privada a cargo de adquisiciones que recibe una coima para beneficiar a un proveedor externo sobre otro, y también castigan al funcionario de esa empresa proveedora que soborna al encargado de adquisiciones de su cliente para que lo beneficie.
Estas son, entre otras, las modificaciones al Código Penal.
En segundo lugar, el proyecto introduce diez enmiendas a la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica. Entre ellas, destacan las siguientes:
1) Se incorpora al listado de delitos base que se pueden perseguir respecto de personas jurídicas a todos los ilícitos contra la probidad que crea el proyecto o cuya pena se eleva.
2) Se permite aplicar la pena de disolución cuando la misma persona jurídica haya reincidido en ilícitos que la ley común considera simples delitos. En la norma vigente esta sanción solo es posible cuando se cometen reiteradamente ilícitos que tienen pena de crimen.
3) Se elevan de manera sustancial las multas que se pueden aplicar a las personas jurídicas como sanción por la comisión de los delitos que señala esta ley.
4) Se amplía la pena de comiso aplicable a las personas jurídicas, la que se podrá imponer no solo respecto al objeto material del delito cometido, sino también sobre una suma equivalente a ese objeto y a las ganancias que se obtuvieron por la inversión de los bienes adquiridos delictivamente.
En tercer lugar, se modifica la ley N° 19.913, sobre lavado de activos, con el fin de establecer que todos los ilícitos que esta normativa crea o cuya pena se eleva serán considerados como delitos base para el tipo penal de lavado de activos.
Finalmente, en la disposición transitoria se establece que las modificaciones de esta ley solo se aplicarán a los hechos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia. En consecuencia, las disposiciones legales que son modificadas por esta normativa seguirán vigentes para todos los efectos relativos a la persecución de los delitos cometidos con anterioridad a su publicación.
Señor Presidente, este proyecto responde a una exigencia de la ciudadanía, dirigida a todos los sectores políticos, de combatir de manera férrea la corrupción en los asuntos públicos. Asimismo, actualiza nuestra legislación penal a estándares internacionales y a los niveles exigidos por la OCDE.
Por estas razones, en nombre de la Comisión Mixta, propongo aprobar el informe.
El señor MONTES (Presidente).- Muy completo su informe, señor Senador.
El señor MONTES (Presidente).- Quiero saludar a la delegación de la Escuela Manuel Anabalón Sáez, procedente de Panguipulli, Región de Los Ríos, que viene encabezada por el señor Elmo Huenun.
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).- Muchas gracias, señor Presidente.
Aprovecho de saludar a todos los integrantes de esta Corporación y, en particular, de agradecer la presentación que ha hecho el Presidente de la Comisión Mixta que trató este proyecto, el Senador Huenchumilla, pues ella me va a permitir ahorrar algunas expresiones o precisiones que pensaba realizar.
Quisiera empezar por donde el Senador Huenchumilla terminaba su exposición, señalando que esta propuesta se origina, como probablemente recordarán, en una moción que presentamos -puedo decirlo- junto con los Senadores Araya, Harboe, Espina y De Urresti, quienes en ese minuto integrábamos la Comisión de Constitución de esta Corporación. Nuestro propósito era hacernos cargo de las inquietudes que habían surgido en esos tiempos -estamos hablando del año 2016- respecto a la baja penalidad de los delitos cometidos por los funcionarios públicos.
Eso generó un debate público fuerte; fue motivo para la creación de la Comisión Engel y ha formado parte también de las inquietudes que han expresado organismos internacionales. Entre ellos, particularmente la OCDE, que ha fijado estándares muy importantes para que nuestra legislación se adecúe y cumpla los niveles básicos que se requieren en este ámbito.
Y quiero señalar que hay un compromiso de sacar adelante esta legislación en nuestro país, compromiso que, en rigor, deberíamos haber cumplido hace un año. La razón por la cual el Gobierno ha puesto "discusión inmediata" a esta iniciativa tiene que ver con la necesidad de informar ahora en diciembre -el informe tiene que salir de nuestro país en noviembre- la manera como nosotros hemos cumplido esta obligación.
Con este proyecto, dados los estándares que establecen las normas que se han aprobado en la Comisión Mixta, puedo señalar que estamos cumpliendo en forma extremadamente positiva y concreta las exigencias que emanan de la OCDE.
¿Por qué lo digo? Brevemente, por los principales cambios que introduce esta normativa que se propone a su conocimiento y que trabajamos con mucho consenso con los Senadores, Senadoras, Diputados y Diputadas que integraron la Comisión Mixta y que lograron resolver las diferencias, en donde el Ejecutivo hizo el máximo esfuerzo por ir efectuando presentaciones y propuestas que fueran posibilitando ese acuerdo.
Los cambios, en lo fundamental, apuntan en la siguiente dirección.
En primer lugar, al aumento de penas a las principales figuras de los delitos cometidos por funcionarios públicos. Entre ellos, malversación de caudales públicos, fraude al fisco, negociación incompatible, exacción ilegal, cohecho nacional y transnacional, figuras que, ciertamente, tenían penalidades muy bajas.
Para graficar lo que estamos proponiendo -y esperamos que esta Corporación lo apruebe-, quiero señalar que, en el caso de delitos como los de cohecho y soborno, los mínimos de pena que se plantean para quienes los cometan en lo sucesivo superan los máximos actuales establecidos para esas figuras delictivas.
Por lo tanto, estamos llevando a muchos de estos delitos a penas que sobrepasan los cinco años de prisión o privación de libertad, alcanzando la categoría de crímenes. Entre ellos, estamos hablando de la exacción ilegal, la primera figura agravada de cohecho, la segunda figura agravada de cohecho, el soborno en dos figuras correlativas, y el cohecho a funcionario público extranjero.
Hasta ahora, ninguno de estos delitos tenía la pena de crimen, la que tendrán a partir de la aprobación de esta normativa. Y eso reviste mucha significación. La primera es que, obviamente, cuando se parte de un delito en la categoría de crimen, la consecuencia más evidente es que la condena a una persona impone presidio efectivo, algo que hoy día es muy difícil que se logre con las penas que tienen el soborno y el cohecho.
Adicionalmente, se aumentan los plazos de prescripción, pasando estos de 5 a 10 años, y también se les permiten a los jueces que investigan, cuando se trata de crímenes, dictar órdenes intrusivas, para poder mejorar la investigación de estos delitos.
En segundo lugar, se agrega un nuevo delito de cohecho en razón del cargo. Esto, al final del día, significa que se prescinde de la vinculación entre el beneficio y la realización de un acto propio del cargo, lo cual configura una situación todavía más amplia en las sanciones que se busca instalar a estos autores de delitos que hoy día, por las restricciones que tiene la figura del cohecho, no quedan debidamente tipificados.
Se incorpora asimismo, en tercer lugar -como ya señalaba-, el cohecho a funcionario público extranjero, lo que, además de aumentar y equiparar las penas de las conductas típicas contempladas en este ilícito, va a permitir incluir dentro de las formas de comisión, casos en que el soborno ha sido dado u ofrecido para inducir a un funcionario público para cumplir con su deber, o bien, cuando ha sido dado u ofrecido, por ejemplo, por la empresa mejor calificada o que podría haber obtenido el negocio sin el soborno, los que en la legislación actual quedarían eximidos o fuera de responsabilidad penal.
Se amplía también el ámbito de la aplicación del delito a una actividad económica desempeñada en el extranjero. Hoy día lo que se hace es referirse a las "transacciones internacionales", lo cual carece de la amplitud y cobertura que tiene la expresión "actividades económicas" en la definición que se propone y que, por lo tanto, va a permitir una sanción más significativa.
En seguida, hay una serie de normas que son muy relevantes de entender y que hacen cambiar este régimen en forma muy completa.
En cuarto lugar, existen nuevas normas comunes para los delitos de funcionarios.
Desde luego, se consideran nuevas penas de inhabilitación. Todas las penas, aparte de las de presidio o privación efectiva de libertad, van acompañadas de inhabilitación para ejercer cargos, la que aumenta según la gravedad del delito. Pero adicionalmente se estableció esta pena accesoria a los delitos de cohecho, doméstico y transnacional, a través de la cual se inhabilita al condenado para ejercer cargos en empresas que provean al Estado o que suministren bienes o servicios de utilidad pública, lo que incrementa el espacio para que los sobornantes tengan sanciones adicionales y complementarias.
En seguida, algo muy importante que el Gobierno recogió del debate fue la incorporación de una norma que establece que en el caso de las penas de cohecho más graves, los delitos conocidos como "la gran corrupción" -según recordaba el Senador Huenchumilla-, cuando son cometidos por autoridades públicas, se considerará una situación agravante que va a partir de una pena que siempre será de cinco años y un día; es decir, siempre va a ser privativa de libertad.
Esta es una señal muy potente, para que se entienda que un delito cometido por una autoridad pública debe tener una sanción más grave, más dura que la que recibe cuando es cometido por un funcionario público común y corriente, que no tiene esa jerarquía. Es siempre difícil delimitar a qué autoridades se les incorpora esta agravante. Al final, se llegó a una norma que espero logre cubrir a todas las altas autoridades públicas, incluyendo todas las que son de elección popular; las de exclusiva confianza de estas; las de Alta Dirección Pública del primer nivel jerárquico; los fiscales del Ministerio Público o cualquiera que, perteneciendo o no al orden judicial, ejerza jurisdicción; los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y los generales directores de Carabineros y la PDI, entre otras. También se incluye en esto a quienes tienen responsabilidades en la definición de contrataciones, adjudicaciones y licitaciones.
En consecuencia, se cubre -esperamos- a la totalidad de las autoridades que deben tener como misión dar un ejemplo y un testimonio respecto de la forma como se cumplen las normas, dada su enorme responsabilidad ante la opinión pública.
En seguida, se establece una nueva disposición para la suspensión de la prescripción, que permite asegurar un mayor plazo para la persecución de estos delitos.
Se considera también una agravante especial para quienes cometan el delito formando parte de una agrupación u organización; es decir, cuando se actúa en redes de personas para delinquir.
Se establece una norma respecto de la cooperación eficaz. Es muy difícil muchas veces acreditar estos delitos. Por lo tanto, como la experiencia lo ha probado en otras materias, se incorpora en los delitos de malversación, fraude, exacciones, cohecho y soborno esta figura, que va a permitir rebajar las penas y, al mismo tiempo, avanzar en el esclarecimiento de estos ilícitos.
En quinto lugar, se establecen nuevos delitos.
Fundamentalmente, se trata de la corrupción entre particulares. Esta es una larga aspiración que venía incorporada en las iniciativas que se habían planteado en el Congreso, propuestas por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y, también, recogida en su momento por el Informe Engel.
Esperamos que esta forma de tipificar incluya también a los particulares, haciéndoles sentir que tienen en esto responsabilidades, a pesar de que puedan no estar participando funcionarios públicos en estas actuaciones ilícitas.
Está también, como nuevo delito incorporado, la administración desleal. Este es un tipo que se halla presente en la mayoría de las legislaciones modernas y que busca sancionar los atentados desde dentro; es decir, de quienes reciben el encargo de gestionar un patrimonio ajeno, lo cual va permitiendo cercar, limitar el espacio de la comisión de delitos también en el ámbito privado, no solamente en el público.
Finalmente, se establecieron nuevas disposiciones que afectan a la responsabilidad penal de las normas jurídicas.
Como recordarán ustedes, la ley N° 20.393 estableció responsabilidades penales, las que hoy día están reducidas a los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, soborno, cohecho del funcionario público extranjero y receptación. Lo que se ha hecho es aumentar los delitos que a partir de esta norma se van a poder entender como cometidos por personas jurídicas. Ellos son: apropiación indebida, negociación incompatible y los nuevos delitos de corrupción entre particulares y administración desleal.
Con ello, las personas jurídicas también se hacen sujeto de mayores responsabilidades penales y del endurecimiento que esta norma procura.
Se aumentan las sanciones a las personas jurídicas. Se contempla, por ejemplo, la posibilidad de aplicar la disolución en casos en que hoy día no se podría. Actualmente solo se puede hacer en algunos delitos, cuando existe reincidencia específica. Aquí únicamente se hace posible cuando hay reincidencia en el delito de receptación. De manera que se amplía la posibilidad de aplicar la disolución.
Y, adicionalmente, como se hace también para los particulares, se aumentan muy severamente las penas de multas aplicables a las personas jurídicas, en montos que son bastante gravosos para el funcionamiento de estas entidades, agregando quizá una de las figuras más interesantes que propone la iniciativa: la posibilidad de gravar por penas accesorias la acción de las personas jurídicas, sometiéndolas al comiso por equivalencia y, también, al comiso de las ganancias que la empresa puede haber obtenido por la comisión del delito, distinto de las multas y distinto de las penas de privación de libertad que pueden recibir las personas que han incurrido en estas figuras delictivas.
Señor Presidente, le pido disculpas por la extensión de mi exposición, pero quería compartir con ustedes un trabajo muy relevante que se hizo por Diputadas, Diputados, Senadoras y Senadores que participaron en esto. Aquí veo al Diputado Leonardo Soto, quien tuvo una importante participación en la Comisión Mixta. Él fue, quizás, el que llevó la voz de los Diputados en ella. Los Senadores están todos aquí. Colaboraron, junto con el Presidente, para que las propuestas que el Ejecutivo fue introduciendo permitieran cumplir lo que todos queremos: darles a los chilenos y chilenas la convicción de que quienes en lo sucesivo, aprobada esta ley, cometan delitos funcionarios como los que hemos señalado, tendrán sanciones durísimas. Y el verdadero "estatuto anticorrupción" que se va a generar con esta norma nos va a poner en el más alto estándar internacional en la materia, algo que hace mucho tiempo deberíamos haber hecho, pero que logramos finalmente, creo yo, con el trabajo de esta Comisión Mixta.
El señor MONTES (Presidente).- Deseo saludar a los alumnos del Liceo Técnico Profesional Diego Portales, de Linares, que están en las tribunas y que vienen a cargo del profesor Alex Carrasco.
El señor MONTES (Presidente).- Ha solicitado autorización para ingresar a la Sala el Subsecretario de la SEGPRES, don Claudio Alvarado.
El señor MOREIRA.- ¡Que entre!
El señor MONTES (Presidente).- Se accede.
El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra al Senador señor Allamand.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, Honorable Sala, simplemente deseo complementar las completas exposiciones que han formulado tanto el Presidente de la Comisión de Constitución, el Senador señor Huenchumilla, como el señor Ministro de Justicia.
La verdad es que, como aquí se ha dicho, este proyecto está abordando dos materias de gran importancia: la baja penalidad vigente para los delitos llamados de "cuello y corbata", particularmente de los funcionarios públicos, y, en segundo lugar, el necesario cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por Chile, así como de las recomendaciones de la OCDE.
El corazón del proyecto consiste en el aumento significativo de las penas de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, negociación incompatible, exacciones ilegales, las distintas variantes de cohecho y soborno, al igual que las sanciones pecuniarias y de inhabilidades aplicables a estas figuras.
El efecto general de las modificaciones es que muchas infracciones, actualmente consideradas como simples delitos, pasan a tener el carácter de crímenes, lo cual trae a lo menos las siguientes tres consecuencias:
a) Las penas privativas de libertad se aplican efectivamente.
b) Se aumentan los plazos de prescripción de 5 a 10 años.
c) Se permite la utilización de técnicas especiales de investigación.
Al mismo tiempo, una importante novedad en la materia es, como aquí ya se ha señalado, la sanción agravada en contra de la llamada "gran corrupción". Se establece, como digo, una agravante en caso de que los delitos sean cometidos por empleados públicos que ostenten un cargo de alta relevancia, tales como los de elección popular, los de exclusiva confianza de estos, los de alta dirección pública del primer nivel jerárquico, los de fiscal del Ministerio Público, los de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y otros.
Esta normativa reconoce el mayor disvalor generado por sujetos que aprovechan su posición jerárquica para cometer actos de corrupción y los sanciona correspondientemente, excluyendo los mínimos de las penas asignadas por ley a cada delito.
En conclusión, señor Presidente, las conductas de funcionarios públicos corruptos serán sancionadas, de ahora en adelante, con gran dureza, imponiéndose penas de cárcel acompañadas de cuantiosas multas y de inhabilidades que impidan que estos sujetos sigan haciendo daño al patrimonio de todos los chilenos.
Asimismo, la Comisión Mixta resolvió el problema de las personas condenadas por delitos de cohecho y soborno que continúan vinculadas al Estado a través de empresas relacionadas con este. Para todas aquellas condenadas por corrupción, se incorpora una nueva inhabilitación absoluta, temporal o perpetua, para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que participen como proveedoras de bienes y servicios de los órganos de la Administración o de servicios de utilidad pública. Esta modificación garantiza una total separación del Estado de quienes lo han lesionado mediante faltas a la probidad.
Además de lo anterior, se soluciona el problema de los funcionarios públicos cuyos delitos ya están prescritos cuando dejan el cargo, a través de una nueva norma que hace contar los plazos de prescripción de la acción penal desde que el empleado público cesa en el cargo o función. De esta manera, evitamos que se beneficien con pactos de silencio o con redes de protección mientras duren en sus cargos y que redunden, finalmente, en su impunidad.
Por otra parte, tratándose de estos delitos, se establece también una nueva herramienta para mejorar la persecución: la cooperación eficaz, que contempla, como incentivo, una rebaja de pena para aquellos sujetos que cooperen con el persecutor penal. Con esta herramienta se logra obtener mayores antecedentes para perseguir los hechos, lo cual redunda en una menor impunidad.
En tercer lugar, señor Presidente, conjuntamente con perfeccionar la normativa vigente, se introducen nuevas figuras delictuales, incorporándose el cohecho sin contraprestación, la corrupción entre particulares, la administración desleal, y nuevos casos de responsabilidad penal para las personas jurídicas.
Señor Presidente, la corrupción es un flagelo que, en palabras de la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos.
Mediante este proyecto, estamos adecuando nuestro ordenamiento jurídico a las obligaciones contraídas en virtud de compromisos internacionales suscritos por Chile. Pero, más importante que eso, aumentamos significativamente la sanción para conductas que constituyen una grave infracción a la probidad pública.
Esta propuesta legal representa un avance relevante que otorga nuevas y mejores herramientas para prevenir, perseguir y sancionar la corrupción, lo cual fortalecerá la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas de nuestro país.
Por estos motivos, señor Presidente, vamos a aprobar el informe de la Comisión Mixta.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, en tiempos en que la política y los políticos hemos sido objeto de críticas muchas veces despiadadas y carentes de fundamento real, el Congreso Nacional da una prueba más de su compromiso con temas que importan a los chilenos.
Las leyes que regulan las sanciones al cohecho y al soborno están totalmente desactualizadas. Fueron hechas, con las mejores intenciones, como respuesta a las necesidades de otras épocas. En aquellos tiempos se estimó que los bienes jurídicos que debían ser protegidos con mayor fuerza eran la vida y la integridad física a través de los denominados "delitos de sangre", dejando los delitos funcionarios o de faltas a la probidad en un lugar muy secundario.
Hoy, en que la opinión pública exige estándares muy superiores a los funcionarios públicos, tanto para el manejo de fondos públicos como para la aceptación de dineros privados, la tipificación y las sanciones tradicionales resultan insuficientes.
Toda aquella conducta que signifique un quiebre en la confianza que debemos tener en nuestros funcionarios públicos ha de ser objeto de un reproche penal mayor.
En tal sentido, es importante recordar a Benjamín Franklin, que decía con propiedad: "Bien hecho es mejor que bien dicho".
¡Una mejor ley vale más que mil discursos vacíos!
De esta manera, el proyecto, que esperamos que culmine hoy su tramitación, aumenta las penas asociadas a estos delitos, incrementando, a su vez, las multas en diversos casos.
En resumen, se sustituyen los artículos que tratan el cohecho y el soborno y se aumenta su sanción penal. Lo mismo para el que ofreciere o diere a un funcionario público extranjero un beneficio indebido, ya sea en su propio interés o de un tercero, para que realice una acción o incurra en una omisión con miras a la obtención o mantención, para sí o para otro, de cualquier ventaja indebida en el contexto de una relación económica internacional o de una actividad económica desempeñada en el extranjero.
Asimismo, se precisa que los bienes recibidos, malversados o defraudados por un empleado público caerán siempre en comiso.
Además, se crean dos figuras típicas nuevas que dicen relación, no con funcionarios públicos, sino con conductas entre privados. En primer lugar, el soborno entre particulares y la figura de administración desleal.
Finalmente, se modifica el artículo 15 de la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, con el fin de precisar la pena aplicable a estos delitos, cuestión ya reiterada por los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra.
La legislación que hoy votamos es fruto de un esfuerzo de más de dos años.
En este punto quisiera hacer un paréntesis para agradecer al Ministro de Justicia, quien ha sido un gran caballero de la política y un gran legislador en materias de transparencia y probidad, tal como el Congreso lo ha reconocido en múltiples oportunidades. Para mí, en lo personal, estar sentado en el lugar que ocupó por 16 años constituye un honor. El Ministro de Justicia fue un gran parlamentario y le reconocemos ese mérito.
Cuando este proyecto se vio en la Comisión Mixta y cuando a él le tocó participar en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, le puso freno a la actitud de ciertos parlamentarios que descalificaban con mucha rudeza y exageraban sus posiciones con el solo afán de hacer daño y ganar protagonismo político.
Por lo tanto, quiero agradecer su esfuerzo, tanto en su calidad de Senador como en la de actual miembro del Gobierno.
Fue precisamente el trabajo conjunto de dos períodos legislativos del Ejecutivo y de Senadores y Diputados oficialistas y de Oposición el que hoy nos permite presentar al país una legislación más moderna, adaptada a los tiempos y que sanciona de manera más severa los delitos de cohecho y soborno.
Lo reitero una y otra vez: esta tarde podemos decir que nuestro Parlamento y este Senado tienen cien por ciento de transparencia y probidad. Todos los de la clase política hemos aprendido las lecciones de cosas que se hicieron y que no se deben hacer. Gracias a este espíritu constructivo, recibimos la señal de la ciudadanía en torno a que los estándares éticos y morales deben ser ahora mucho más altos. Este Congreso y este Senado se adecuan, por tanto, a los nuevos tiempos.
En algún minuto la sociedad tendrá que dimensionar toda la legislación que hemos aprobado. Hasta el momento, al parecer, ello no ha sido así, pero llegará el minuto en que se valore lo que aquí se ha hecho en equipo, con seriedad, con responsabilidad de Estado y con una actitud muy relevante para la política y el país.
Por esa razón, señor Presidente, voy a votar a favor.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, el paso que estamos dando con este proyecto es muy importante en el largo camino que tanto las instituciones públicas como las privadas necesitan retomar para recuperar la confianza de la gente.
Ello porque, primero, se comienza a poner término a la brecha evidente que ha existido entre las expectativas de la ciudadanía y la respuesta de la institucionalidad en esta materia. Día a día se suman nuevas denuncias por corrupción, pero luego los procesos se eternizan y terminan en sanciones que la opinión pública ve como meramente simbólicas.
Ahora, los responsables de estos ilícitos deberán enfrentar consecuencias más graves y ya no una suspensión del procedimiento, una pena remitida o un curso de ética. La gente está hastiada de ver desfilar en fiscalías y tribunales a autoridades, generales y altos funcionarios que después son condenados a penas irrisorias.
El aumento de las penas producirá también que se extiendan los plazos de prescripción, con lo que disminuyen las posibilidades de impunidad.
Naturalmente, este proyecto no impedirá que se cometan nuevas irregularidades, pero al menos la ciudadanía tendrá la tranquilidad de que las sanciones a las que se exponen los responsables serán efectivas.
Nadie puede decir que, en democracia, ha habido impunidad para los delitos cometidos por funcionarios públicos, pero lo cierto es que el efecto disuasivo de las bajas penas ha sido insuficiente.
Este, me parece, es el primer gran mérito del proyecto.
Y el segundo gran logro será que los privados también deberán enfrentar el mayor peso de la ley, no solo en los casos de soborno a funcionarios públicos, sino también por los actos de corrupción entre particulares y de administración desleal del patrimonio ajeno.
Además, se crea una nueva pena accesoria de inhabilidad para ejercer cargos en empresas privadas que contraten con el Estado o provean servicios públicos.
Igualmente, se amplía el espacio para la responsabilidad penal de las empresas y personas jurídicas en general.
Todo esto, necesariamente, deberá redundar, por una parte, en una mayor disuasión para cometer este tipo de ilícitos, y por la otra, en una progresiva recuperación de la confianza pública.
Con esto gana la democracia y gana también la economía, porque habrá una mayor confianza para realizar negocios en nuestro territorio.
Señor Presidente, estoy convencido de que Chile no es un país corrupto, pero sí existen focos de corrupción que deben ser enfrentados resuelta y oportunamente.
Este proyecto, así como otras reformas que hemos aprobado como parte de la agenda de probidad del Gobierno anterior a partir de las recomendaciones de la Comisión Engel, más las nuevas iniciativas de ley que ha enviado o anunciado el actual Gobierno, constituyen una respuesta maciza y estructural al fenómeno de la corrupción.
Este es el camino correcto, la respuesta democrática contra ese flagelo.
La alternativa es la respuesta populista, que asoma en países vecinos, pródiga en consignas efectistas, pero pobre en la solución a los problemas.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda, este es un proyecto relevante. Fue en esa perspectiva que tanto la Cámara de Diputados como el Senado trabajaron en años anteriores. Y ahora la Comisión Mixta ha evaluado una serie de normas que, a través de su informe, ratifican claramente, a mi juicio, la voluntad política de combatir la corrupción con rigor y de manera sostenida y sistemática.
Tal como ya lo indicaron tanto el Presidente de la instancia bicameral como el señor Ministro, se observa un aumento considerable en las penas. No hay ningún ilícito que pueda configurar un delito de corrupción, soborno, cohecho o exacción ilegal que no tenga un aumento significativo en su castigo. Además, se incrementan las penas accesorias y se endurece el sistema de prescripción.
Voy a poner un solo ejemplo.
La primera figura de cohecho agravado tenía en la legislación vigente una penalidad de entre 541 días y 3 años. La propuesta de la Comisión Mixta es que sea de 3 años y un día a 10 años. O sea, hay un cambio fundamental que hace que la sociedad castigue este tipo de delitos con la repulsa que generan tanto en Chile como en el extranjero.
Por consiguiente, la primera razón que ha tenido en vista la bancada de Senadores de la UDI para votar favorablemente el proyecto es porque este consagra sanciones que se corresponden con la gravedad de las conductas punibles -penas de crimen, en muchos casos- y que aseguran que quienes las realicen tendrán una pena de cárcel efectiva.
Pero no solamente se avanzó en esa materia.
Sin perjuicio del informe extraordinariamente completo que efectuó el Presidente de la Comisión y de la clara exposición que hizo el Ministro de Justicia, quiero reparar en algunos de los elementos que la instancia bicameral propone a la Sala.
En primer lugar, el artículo 251 quinquies, incorporado por el Gobierno del Presidente Piñera a iniciativa del Ministro Larraín, que establece que en el caso de los delitos ahí mencionados se excluirá el mínimo o el grado mínimo de las penas señaladas, por lo que su sanción partirá de un grado superior cuando hayan sido cometidos por un empleado público que desempeñe un cargo de elección popular, de exclusiva confianza de estos, de alta dirección pública del primer nivel jerárquico o por un fiscal del Ministerio Público. Se considera a todas aquellas autoridades que tengan cierto nivel de representatividad en Chile, las cuales deben ser castigadas con especial celo.
A mi juicio, esta norma hace una diferencia fundamental en el proyecto, porque coloca a las autoridades del
país en la situación de quedar sujetas a una penalidad superior a la del ciudadano común y corriente.
A mi juicio, esa disposición debe ser especialmente valorada, porque significa librar un combate frontal, ya que no solamente regirá para las personas que hoy están en el Poder Ejecutivo, sino también para aquellas que se encuentran sentadas en esta Sala del Poder Legislativo.
Si alguien comete alguno de estos delitos tendrá una especie de agravante, de aumento de la penalidad que resulta absolutamente fundamental. Y eso demuestra la voluntad política del Presidente Piñera, que quedó expresada anteriormente y fue trabajada en la Comisión por el Ministro Larraín de manera clara y categórica.
Pero no solo está esa disposición, sino que se agregan las normas de prescripción.
Para los funcionarios públicos estas serán especiales. El tiempo de prescripción se empezará a contar desde el momento en que abandonen el cargo o la función que desempeñen en la Administración Pública. Es decir, se busca impedir que al no tener ya responsabilidades administrativas puedan también ver disminuidas de cualquier manera sus responsabilidades políticas y penales.
Es más, si esas personas vuelven a ocupar un cargo, la prescripción se comenzará a contar desde que dejen sus funciones en el segundo cargo.
Por lo tanto, en estas normas de prescripción viene adecuadamente representada la voluntad de no dejar ninguna posibilidad de que un hecho tan fuerte, como el cohecho, como el soborno, pueda ser claramente eludido.
Y se establecen, tal como lo expresaron el Ministro de Justicia y el Presidente de la Comisión, instrumentos y mecanismos para perseguir estos delitos. Porque, como todos sabrán, es difícil perseguirlos, pues muchas veces el silencio, la autoridad, el manejo al interior de determinada institución pública hacen que sea muy difícil conocer la situación en detalle.
Por otro lado, el instrumento de la cooperación eficaz es un elemento fundamental para desbaratar todas aquellas organizaciones o todas aquellas acciones claramente punibles. Pero lo que verdaderamente importa es que las autoridades que ya hemos mencionado no podrán ser beneficiadas por el mecanismo de la cooperación eficaz. Y, en consecuencia, no será factible rebajar las penas a alguna de ellas que pretenda diluir su responsabilidad a través de una acción de esta naturaleza.
A mi juicio, es extraordinariamente evidente que aquí hay una voluntad política que no solamente se expresa a través del aumento de las penas, sino también a través de que quienes representan al Estado, quienes desempeñan altas responsabilidades en la Administración tengan penalidades bastante más estrictas y rigurosas que el funcionario público común.
Uno de los aspectos que más comenta la opinión pública, o que más se trata en las conversaciones que llevamos adelante sobre este tema, es la falta de sanción. Se dice: "Sabe, el hilo siempre se corta por lo más delgado. Por lo tanto, quienes ocupan funciones de privilegio en la Administración Pública jamás son castigados, jamás son perseguidos. Y solo quienes tienen una posición mediana en aquellas organizaciones son verdaderamente castigados".
Aquí tenemos una serie de ejemplos que así lo demuestran: hechos de corrupción al interior de servicios públicos, hechos de corrupción al interior de organismos del Estado, y verdaderamente quienes ocupan las más altas jerarquías muchas veces jamás son investigados y, la mayoría de las veces, tampoco son castigados.
Por lo tanto, señor Presidente, creo que este informe de la Comisión Mixta es una respuesta sólida, una respuesta importante, una respuesta significativa a los requerimientos de la sociedad para el combate de la corrupción.
No es posible que se visualice que alguien con responsabilidad política pueda favorecer a terceros con contratos millonarios, con determinadas concesiones, con determinados permisos, siendo su penalidad verdaderamente insignificante, llegando a que incluso nadie se dé cuenta de si esa persona fue o no sancionada.
Este informe, que espero que sea aprobado unánimemente por la Sala y también por la Cámara de Diputados, representa una respuesta adecuada, porque a la situación a la que me referí claramente se le pone fin con esta nueva legislación.
Creo que hemos dejado atrás una etapa, quizás oscura, en la cual este tipo de delitos era perseguido con mano blanda, cuando en verdad debiera haberlo sido con la mayor rigurosidad.
El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra al Senador señor Insulza.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a los numerosos actores que han tenido algo que ver con este proyecto de ley tan fundamental para el país.
Primero que nada, quien tiene la voz cantante aquí es la ciudadanía chilena, que muchas veces protestó y se admiró de que ninguno de los delitos que sancionaban las normas de cohecho tenía carácter de crimen y, por lo tanto, casi todos ellos eran excarcelables. Y la gente se asombraba de que después de grandes escándalos finalmente los autores salieran en libertad.
Por cierto, es también digno de ser felicitado el Senado, por donde ingresó esta iniciativa, originada en una moción de varios Senadores, entre los cuales se encontraba el actual Ministro de Justicia.
Y también la Cámara, que recibió hace ya tiempo un mensaje de la Presidenta Bachelet con las propuestas de la llamada "Comisión Engel", y las transformó en un proyecto que se tramitó paralelamente con el Senado.
Eso, evidentemente era disfuncional, y, finalmente, la otra rama legislativa decidió incorporar sus propuestas a la iniciativa de ley que está aprobando hoy día la Cámara Alta.
Asimismo, hay que destacar los acuerdos internacionales suscritos por el país. Y no solamente aquellos más recientes referidos a la OCDE, sino la Convención Interamericana contra la Corrupción, el primer instrumento de este tipo en la historia, que es de 1996, y que ciertamente ameritaba una acción más fuerte del Estado chileno.
Este proyecto también es importante porque contiene una serie de figuras que es necesario destacar. Algunas de ellas ya han sido señaladas por mis colegas y solamente las voy a mencionar.
Aumenta las penas, lo que es fundamental. Se incorporan muchos tipos penales que pasan a ser figuras de crimen, y por lo tanto van a merecer presidio efectivo. Y repito que antes aquí no había crímenes, y en consecuencia, en gran parte de los casos no había penas de delito efectivo, a menos que los autores reincidieran, cuestión que también está custodiada por el hecho de que ahora llevan la pena anexa de permanente prohibición de ejercer nuevamente cargos públicos.
Otros méritos de este proyecto es aumentar los plazos de prescripción y autorizar la utilización de técnicas especiales de investigación.
Se establecen nuevas hipótesis de negociación incompatible, entre ellas las que afectan al veedor o liquidador de un procedimiento concursal, de lo cual hemos tenido recientemente algunas evidencias en nuestro país. Además, se incluye al administrador del patrimonio, que queda impedido de controlar su administración, y al director o gerente de una sociedad anónima, así como a toda persona a la cual le sean aplicables los deberes que la ley impone a los directores y gerentes de estas sociedades.
Se crea, y entiendo que lo ha mencionado el mismo Senador Huenchumilla, un delito en función del cargo.
Así, las personas que ocupen determinados cargos, los empleados públicos que soliciten o acepten un beneficio económico de otra naturaleza a la que no tengan derecho, para sí o para un tercero, incurrirán en un delito, aunque no tengan una contraprestación clara. Por ejemplo, un parlamentario que reciba un bien de valor muy alto solamente en función de su cargo.
Se incorpora también -y aquí me refiero nuevamente a las convenciones internacionales- el cohecho al funcionario público, y se dictan un conjunto de normas comunes que es importante considerar, como las calificantes para altos cargos.
Se agregan nuevas normas sobre suspensión de la prescripción, determinados agravantes si se forma parte o se representa a una agrupación u organización y nuevos delitos: la corrupción entre particulares, ciertamente, es una novedad que es relevante recalcar.
Dicho sea de paso, olvidaba mencionar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que tampoco estaba totalmente contemplada aquí.
Creo, entonces, que hemos cumplido con creces aquello que nuestra opinión pública espera de nosotros, y ojalá que muy pronto esta nueva legislación empiece a dar sus frutos. De hecho, el efecto principal al cual se han referido algunos señores Senadores es ayudar a construir la nueva confianza entre las autoridades, el Congreso y los chilenos y las chilenas que esperan de sus Mandatarios una acción mucho más transparente, mucho más clara y mucho más honesta.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, quiero comenzar señalando que la Comisión Mixta ha hecho un muy buen trabajo.
Agradezco y saludo la presencia, por supuesto, del Ministro de Justicia.
Ya nos dio su informe el Presidente de la Comisión Mixta, y solo deseo manifestar que hemos dado un salto cualitativo muy importante, muy necesario y muy esperado.
También quiero recordar que en el Gobierno pasado la Presidenta había presentado un proyecto bastante similar, que apuntaba al mismo objetivo, que entró a la Cámara de Diputados; pero, finalmente, se optó por seguir el lineamiento del que nos ocupa ahora. Y eso no lo podemos dejar de mencionar.
Por otra parte, como aquí ya se ha dicho, esta iniciativa incorpora grandes innovaciones.
Se aumentan las penas a diversos delitos que cometan los funcionarios y se modifican algunos tipos penales. Se incorporan nuevas penas y reglas especiales ante estos ilícitos. Se regulan nuevos tipos delictivos. Se amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas y las penas que les son aplicables. Se incluyen nuevas figuras dentro de las hipótesis de lavado de activos, en fin.
Creo tremendamente relevante, como aquí se ha mencionado, adecuarnos a estándares internacionales más exigentes y, sobre todo, tener el mayor número de herramientas e instrumentos que nos permitan luchar contra la corrupción, que es un mal que debemos erradicar y que daña gravemente la democracia.
Hemos visto las consecuencias que pueden producirse cuando se falta a la probidad, cuando existen hechos de corrupción, cuando la ciudadanía cae en una suerte de escepticismo: el surgimiento de personajes populistas que hemos conocido bastante de cerca, que tienen un discurso, además de antipolítico, misógino y racista, y que, sin embargo, logran una adhesión mayoritaria, producto de la decepción, la frustración y la imagen que se genera cuando en las sociedades existe corrupción sin ningún tipo de sanciones o cuando estas no son equivalentes a su gravedad.
Por ejemplo, hemos visto casos, como el de la empresa Odebrecht, que financiaba campañas, pagaba sobornos para ganar licitaciones en algunos países vecinos. En un país vecino nuestro, como Perú, están siendo investigados nada menos que cuatro ex Presidentes.
Por lo tanto, tenemos que legislar tomando acciones para aumentar drásticamente las penas a estos delitos, que es una de las formas de impedir que se generen situaciones como las que hemos descrito.
La verdad es que Chile es considerado el segundo país menos corrupto de la región, luego de Uruguay, y a nivel mundial nos encontramos en el número 26, aunque hemos caído dos puestos en comparación al año pasado, de acuerdo a los datos que nos entrega Transparencia Internacional.
Aun así, si uno hiciera cualquier consulta, estoy segura de que ocho de cada diez chilenos asegurarían que la corrupción aumenta en el país.
Ello se debe a los numerosos escándalos que han salido a la luz pública, algunos relacionados con el financiamiento ilegal de la política. Pero, más que nada, a que hemos asistido a procesamientos e investigaciones, muchos de los cuales derivan en salidas alternativas o libertades vigiladas, a pesar del grave perjuicio fiscal que han generado.
¿Qué provoca eso? Una sensación de impunidad en la sociedad y, más grave aún, la sensación -que no es solo una sensación- de que la justicia no es exactamente igual para todos en nuestro país y que pareciera que es más grave robar una gallina o una billetera que cometer los delitos llamados de "cuello y corbata", o el cohecho y el soborno a un funcionario por parte de un privado o, incluso, entre privados.
Esta desigualdad afecta, obviamente, a los sectores más vulnerables.
En tal sentido, la Comisión Mixta recogió esos problemas y ha dado una señal clara: no vamos a permitir la impunidad en estos casos. Y de ahí la razón de aumentar las penas o crear nuevos delitos, como la administración desleal y la corrupción entre particulares.
Esto también recoge algunos planteamientos que le hizo al país la Comisión Engel para terminar con los pagos de favores entre privados, como ocurrió en casos vinculados al fútbol.
En lo público hay que destacar la creación del delito de cohecho en razón del cargo -esto también fue bastante discutido-, sin la necesidad de la contraprestación.
No se puede olvidar lo que ocurrió en el caso Penta, que influyó, en parte, para que no fuera posteriormente sancionada por cohecho la persona imputada al no ser posible comprobar la contraprestación.
Entonces, aquí es bien importante señalar que hemos logrado un avance.
Todo lo que hagamos con estas medidas legislativas, en la creación de nuevos tipos penales, en aumentar las penas para sancionar la corrupción nos va a ayudar como sociedad y como democracia.
Por eso, tenemos que establecer todos los instrumentos necesarios para que cuando se realicen investigaciones estas lleguen a buen término. Y ojalá que la suspensión de la prescripción que plantea el proyecto con una atenuante (la cooperación eficaz) logre generar las mejores herramientas que necesitamos como país.
Yo quisiera que Chile se mantuviera como uno de los países dentro de la región en que existe el menor nivel de corrupción; que usáramos todos los instrumentos a nuestro alcance, siempre respetando el debido proceso, que nos permitieran afirmar que nos tomamos en serio la desconfianza, el escepticismo, el alejamiento que provocamos en la ciudadanía al ver que existen graves escándalos que no solo afectan a funcionarios civiles, sino que, desgraciadamente, con cada vez mayor frecuencia a nuestras Fuerzas Armadas.
Obviamente, esto termina afectando nuestra credibilidad como país.
Creo que ha sido muy positivo el trabajo de la Comisión Mixta; los felicito por ello, y espero que esto sea un paso sustantivo para que como país logremos decir que vamos dejando atrás financiamientos irregulares, malas prácticas, sobornos, cohechos, desfalcos y otras situaciones dramáticas que nos han afectado en el último tiempo y que naturalmente empañan a nuestras instituciones.
Lo que tenemos que hacer es proteger y fortalecer nuestra institucionalidad y evitar que estos males ocurran.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Me han pedido abrir la votación, obviamente manteniendo los tiempos.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, voy a ser bien breve, aunque es difícil no dar una opinión y fundamentar un voto como este, considerando la importancia de este proyecto.
Como han dicho muchos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, las sociedades van avanzando y los estándares van cambiando. Y eso es muy bueno.
Esta iniciativa de ley permitirá a la justicia contar con más herramientas para ejercer su función.
Agradezco a quienes participaron en este trabajo; a los Senadores que presentaron la moción que dio origen al proyecto y a nuestro Gobierno por colocarle urgencia, dado que este es un tema de gran relevancia para la sociedad. Muchas veces la legislación es posterior a las demandas de urgencia que manifiesta la comunidad.
Dicho lo anterior, quiero plantear dos temas.
El primero es que esta futura ley va a apoyar la transparencia y la justicia ante delitos graves y no tan graves que se cometen no solo en el ámbito público, sino también en el privado. Ello nos coloca en el marco de un estándar internacional que nos permitirá ir instalándonos como ejemplo, sobre todo, en países de Latinoamérica.
El otro asunto que deseo señalar -lo estaba compartiendo recién con el Ministro de Justicia- tiene que ver principalmente con lo que va a implicar esta ley una vez publicada: el desafío para todos los funcionarios del Estado de Chile de conocer la nueva normativa, adaptarse a ella y aplicarla.
Los delitos hoy día ya no son tan simples y conllevan penas de cárcel. Por tanto, es enorme el desafío del Estado para transmitir las nuevas normas y educar al respecto, además de instalar nuevos procedimientos en el ámbito de la Administración Pública, los cuales tienen que ver no solo con capacitar, sino también con cambiar ciertos procesos que permitirán hacer más efectiva la aplicación de la ley.
En consecuencia, voto a favor del informe de la Comisión Mixta.
Este proyecto es muy importante y, sin duda, va a significar un antes y un después en la historia de este tipo de delitos, que se cometen principalmente en el sector público, donde más duele, donde más necesidades de probidad hay y donde muchos de los ciudadanos sienten que había una enorme impunidad.
El señor PUGH.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, la corrupción destruye no solo a la sociedad, sino a la nación entera. Por tanto, todo esfuerzo tendiente a contenerla, a controlarla y a eliminarla es fundamental.
En tal sentido, el cohecho en política y el soborno en la Administración Pública son dos elementos sobre los que se debe actuar de forma decidida y clara, no solo con procedimientos que permitan garantizar la transparencia, sino también con normas legales claras y precisas que especifiquen y tipifiquen el delito.
Pero lo más importante son los principios éticos que están detrás. Precisamente lo que debemos reforzar es cómo lograr que nuestra sociedad recupere los principios éticos fundamentales no solo en la política, sino también en la Administración Pública.
En tales principios se debe basar el esfuerzo para explicar, posteriormente, cuándo determinadas acciones los transgreden y se convierten en delitos y qué penas se van a aplicar.
Se requieren reglas claras, pero también la capacidad de controlar el cumplimiento de estas. ¡Es lo que el país necesita!
Por eso felicito el trabajo de la Comisión Mixta, que propone disposiciones claras y precisas, acordes a los momentos actuales.
Nuestro entorno, nuestro vecindario, nos da ejemplos de lo que ocurre en esta materia. Las naciones están siendo afectadas por fuerzas contrarias al orden, como el narcotráfico.
Una vez que se instala la corrupción, comienzan todos los grandes problemas: crimen organizado, narcotráfico, tráfico de armas, espionaje.
Por lo tanto, controlar en la base es fundamental.
El índice de percepción de corrupción, administrado por Transparencia Internacional, así lo indica. Si bien nos destaca en Latinoamérica con el segundo lugar en menor riesgo de corrupción, nos muestra cómo a nivel mundial hemos ido variando: desde el 2014 hasta la fecha, bajamos nuestro puntaje, lo que nos hizo disminuir dos puestos en el ranking.
Lo más importante son los hechos que están saliendo a la luz todos los días. ¡Qué bueno que se estén sabiendo! De alguna manera eso demuestra la transparencia que necesitamos impulsar. Todos los actos públicos tienen esa condición: ser públicos y ser transparentes.
Sin embargo, aquellos que usan medidas no adecuadas y generan situaciones que escapan a la probidad deben ser controlados. La tipificación de los delitos y el endurecimiento de las penas así lo van a permitir.
Tenemos que entender que nuestra sociedad no va a ser capaz de mejorarse de la enfermedad de la corrupción si no logra ir a la esencia, al origen, a los principios éticos fundamentales, que van mucho más allá de los principios religiosos. La ética debe iluminarnos; debe ser parte de nuestra formación ciudadana y cívica desde jóvenes; debe ser parte de aquellos que quieren servir en el ámbito público. Con buenos principios no se transgreden las normas.
Y en caso de que ello ocurra, las personas sabrán a qué se enfrentan. No basta con fijar reglas claras; también hay que hacerlas cumplir.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, al igual que otros colegas, felicito el trabajo de la Comisión Mixta y el de su Presidente, el Senador Huenchumilla.
También valoro el rol del Ministro señor Larraín, por su labor de articulación y coordinación y su disposición para avanzar en acuerdos.
Asimismo, celebro el esfuerzo de los Diputados, en especial, el de la compañera Catalina Pérez, de Revolución Democrática, quien jugó un rol muy protagónico en esta materia y participó de la Comisión Mixta.
Es un avance en Chile que podamos aumentar las penas para diferentes delitos de corrupción.
Se introducen nuevas penas y modificaciones a figuras penales: inhabilitación absoluta, temporal y perpetua, para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos de la Administración del Estado; supresión del Nº 2 del artículo 223; enmienda al delito de malversación de caudales públicos; distracción de fondos o desfalco; fraude al fisco; negociación incompatible; exacción ilegal; cohecho sin contraprestación; aumento de penas privativas de libertad real; cohecho primera figura agravada; cohecho segunda figura agravada; soborno sin contraprestación; soborno del inciso final del artículo 250; cohecho de funcionarios públicos extranjeros; inhabilitación para altas autoridades o funcionarios con especial poder de decisión; normas de adecuación y de prescripción; cooperación eficaz; nuevos delitos de corrupción entre particulares y con empresas privadas; administración desleal, etcétera.
Se ha hecho un trabajo muy serio, a fondo, muy acucioso.
De la Comisión Mixta surgieron nuevas propuestas, como lo relativo al lavado de activos, financiamiento del terrorismo, soborno a funcionarios públicos nacionales y extranjeros, corrupción entre particulares, etcétera. Y se plantearon nuevas multas, aumento de las ya existentes, incremento de sanciones, penas privativas de libertad.
En mi opinión, como ya se dijo acá, estamos elevando los estándares. Así se construye una democracia sana, de mayor calidad; una democracia que genera los mecanismos efectivos para combatir la corrupción.
Tengo la convicción de que la mezcla de una sociedad desigual -¡altamente desigual como la chilena, donde la propiedad y la riqueza se concentran en el uno por ciento más rico de manera muy brutal!- con corrupción e impunidad es una bomba de tiempo para nuestra democracia y para la emergencia de nuevos populismos neofascistas, como estamos viendo en Estados Unidos, en Brasil y en otros países, todo lo cual, sin duda, va a generar un gran impacto en Chile.
Por lo tanto, todo lo que hagamos a tiempo para impulsar mecanismos efectivos de disuasión real y de prevención contra la corrupción es positivo.
Muchos de los casos de corrupción que hemos conocido y que han tenido connotación pública en los últimos años, como los de financiamiento ilegal de la política y soborno -de hecho, en este Congreso antiguos parlamentarios recibieron, simultáneamente a la remuneración elevada que corresponde como tales (más de nueve millones de pesos), otro sueldo de parte de grandes empresas, por meses y de forma sistemática-, con esta nueva ley, habrían sido objeto de altas penas, incluso de cárcel.
Lo que genera impotencia y frustración en la sociedad es que hay un discurso de mano dura para los portonazos, para los delitos contra la propiedad, para el microtráfico de drogas -se plantea "aula segura" y no sé qué otras cosas-; sin embargo, para los poderosos en Chile, el criterio pareciera ser la impunidad.
Estamos viendo una crisis transversal en distintas instituciones chilenas: Fuerzas Armadas, Carabineros, Parlamento, empresas privadas. Si prima el criterio de impunidad, vamos a generar una sociedad cada vez más violenta, más fragmentada.
Como dijo alguna vez la hermana Nelly, que trabaja en las cárceles chilenas, los penales están sobrepoblados de personas pobres. En Chile se criminaliza la pobreza.
Algo similar dijo también Lucho Roblero, capellán de Gendarmería: en Chile existe una criminalización de la pobreza y se castiga a los que roban poco, pero a los que roban mucho se les deja libres, sin penas.
Vuelvo a felicitar a la Comisión Mixta por el trabajo realizado. Voto a favor de su informe.
Esta iniciativa es un antídoto contra la corrupción, con estándares mucho más altos, y fortalece nuestra democracia.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer, como Presidente de la Comisión de Constitución y Presidente de la Comisión Mixta que estudió las divergencias suscitadas a raíz de este proyecto de ley, a todos quienes participaron en la profunda y respetuosa discusión que sostuvimos en dichas instancias.
La verdad es que yo llevo recién ocho meses en el Senado y ha sido valiosa la experiencia de presidir esta Comisión Mixta, en la que reconozco la labor muy profesional que hicieron los parlamentarios y las parlamentarias integrantes. Deseo recalcarlo porque tal manera de proceder compatibiliza, a mi juicio, el trabajo riguroso y serio con el debido respeto que debemos tenernos, y me refiero a la gente tanto de Gobierno como de Oposición.
Esa es una buena forma de legislar, por cuanto genera un producto definitivo que hoy día alcanza el consenso de todos.
Además, quiero resaltar la excelente disposición y absoluta presencia del señor Ministro de Justicia, don Hernán Larraín. Debatir con él es una buena demostración de cómo, pese a estar en veredas distintas por la situación política, se puede trabajar al servicio del país de forma muy notable, como ocurrió en esta oportunidad.
Saludo también al Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, don Sebastián Valenzuela, quien nos acompaña en la Sala. Él tuvo una destacada participación en el estudio de este proyecto. Muchas veces uno olvida que, detrás de todos los análisis jurídicos, están los asesores, quienes cumplen un rol muy importante. Sin duda, Sebastián así lo hizo. Por tanto, vaya nuestro reconocimiento para él.
Del mismo modo, deseo reconocer la labor de la Secretaría de la Comisión de Constitución, en la persona de su Secretario, don Rodrigo Pineda. Él, de una manera superprofesional, junto con sus abogados ayudantes y todo el personal prestaron el soporte necesario para que pudiéramos efectuar un muy buen trabajo.
Al respecto, la experiencia en dicho órgano técnico en estos ocho meses me dice que este debería tener dos Secretarías. Creo que el Senado debería estudiar tal posibilidad en su momento a través de la Comisión de Régimen Interior.
La Comisión de Constitución tiene una gran cantidad de trabajo: ¡unos 300 proyectos! Algunos se envían a otras Comisiones, pero, así y todo, ¡es enorme la cantidad de trabajo! Hay una sobrecarga evidente.
Me tomo la licencia, señor Presidente, en esta oportunidad para señalar que la Mesa del Senado debería estudiar esa alternativa con el fin de aliviar el profundo trabajo que recarga a la Secretaría de nuestra Comisión. Creo que lo propuesto podría llegar a concretarse si se cuenta con buena voluntad para resolver el problema.
Eso es lo primero que quería señalar, señor Presidente.
Con relación a la iniciativa que estamos analizando, deseo hacer una breve reflexión política.
Curiosamente, todos nos hallamos muy contentos porque estamos despachando un proyecto que establece nuevos delitos y penas más altas. Me pregunto: ¿debo alegrarme por el hecho de que en este país tengamos que legislar para elevar las sanciones y fijar nuevos delitos?
¡Estamos muy remal en muchas cosas si el fruto de nuestra alegría es el establecimiento de figuras delictuales y penas más duras!
¿Qué hay detrás de una iniciativa de tal naturaleza? Me lo pregunto, más allá del catálogo de delitos y penas que consagra este largo informe.
Tal reflexión, señor Presidente, es una conclusión que he sacado de un libro que estuvo muy de moda hace un par de años, cuyo título es una pregunta: Por qué fracasan los países. La respuesta que entrega dicha publicación es que fracasan cuando las instituciones son débiles.
El proyecto de ley busca fortalecer las instituciones del Estado y el funcionamiento del mercado. ¡Eso es lo que estamos haciendo!
No olvidemos que la sociedad tiene normas: sociales, morales. Y ocupa las jurídicas cuando las otras no son suficientes para enderezar la conducta de los distintos actores de la comunidad.
Ello se enmarca en el fortalecimiento institucional del Estado, lo que dice relación no solo con las penas, sino también con la modernización tecnológica -sin duda, en ello hemos avanzado notablemente en estos años- y con la formación de capital humano mediante la capacitación. Por tanto, afecta a los servidores del Estado en todos los ámbitos; sobre todo, en algo muy fundamental -tal cual dijo el Senador Pugh- como es la ética. Ello implica el fortalecimiento desde la educación hacia delante.
No puede ser que una sociedad se base solamente en el accionar punitivo del Estado, y que asumamos que, mientras más alta sea la pena, mejor estamos.
La iniciativa en análisis plantea un efecto disuasivo potente para controlar a quienes no son capaces de enmarcarse dentro de las normas éticas que debe observar todo servidor público. Por ende, la sociedad necesita esta herramienta jurídica. ¡Es lo que estamos estableciendo!
Al mismo tiempo, le decimos al mercado que su funcionamiento debe cumplir las normas de competencia que dicta la ley y la ética. Si no, también habrá sanciones.
Si todos estamos de acuerdo en que rige una economía de mercado, debemos asegurarnos de que opere en términos justos de competencia.
Miles de pequeños, medianos y grandes empresarios están concurriendo a las licitaciones, a las compras, a las concesiones, no solo con entidades en el extranjero, sino también con el Estado como proveedores (en municipalidades, gobiernos regionales, etcétera).
Entonces, detrás de la larga enumeración de delitos que contiene esta iniciativa y el establecimiento de penas más altas, con lo que damos una señal al Estado y al mercado, se encuentra el fortalecimiento de nuestras instituciones para tener un país mejor, sin olvidar una cosa muy importante: que la política no puede funcionar sin la ética. ¡Son cuestiones indisolubles!
Por eso la tarea no se termina simplemente con una acción punitiva más alta del Estado. Se requiere también un esfuerzo de formación para nuestros ciudadanos, para nuestro capital humano, con el propósito de construir una sociedad mejor, más justa. De esta manera, podremos resolver los nubarrones que surjan en otras partes cuando se vean debilitadas las instituciones.
A mi juicio, señor Presidente, este proyecto se enmarca en ese objetivo. Por eso es muy bienvenido lo que hemos hecho en este Senado.
Al igual que muchos de los Senadores que ya intervinieron, deseo valorar el trabajo de la Comisión Mixta, de la que me tocó formar parte en un par de oportunidades, y la participación del Gobierno, en especial del Jefe de la División Jurídica del Ministerio, quien fue un gran aporte en la referida Comisión.
Creo que es unánime la opinión acerca de la buena labor que se ha realizado en torno a este proyecto, que crea nuevos tipos penales, establece inhabilidades, eleva las penas, etcétera.
Y, sin duda, al reforzar la institucionalidad de nuestro país no podríamos no estar de acuerdo.
Sin embargo, yo quiero hacer aquí un reconocimiento a la gran mayoría de los funcionarios públicos. Creo que cuando se habla de estos temas tan tristes, cuando se falta a la ética -como acá se señalaba- y derechamente a la legislación, se empaña a todos los funcionarios públicos.
Me ha tocado durante mi vida por muchos años ser funcionaria pública y eso me ha permitido conocer y tener la convicción de que la gran mayoría de los funcionarios públicos y las autoridades son gente de bien, que están ahí por un espíritu de servicio público. Y vaya mi reconocimiento para ellos.
Me parece que legislaciones como esta también van en beneficio de esos buenos funcionarios. Así, a través de esta normativa, aquellos pocos funcionarios públicos y autoridades que no cumplan con la legislación vigente ni con la ética serán sancionados y podremos tener la seguridad de que no volverán a ensuciar las instituciones a las que pertenecen.
Señor Presidente, voto sin duda a favor.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, uno de los temas más complejos que nos ha tocado vivir como sociedad contemporánea en esta cuarta revolución industrial, en la era de la digitalización, se relaciona con las pérdidas de confianza.
En tal sentido, Chile hoy día se ha transformado en el país con menores índices de confianza interpersonal dentro de la OCDE: solo un 13 por ciento de los chilenos confía en su vecino.
Esa desconfianza interpersonal se proyecta a una desconfianza institucional, como hemos visto en las últimas encuestas de opinión pública. Si uno analiza eso a través del tiempo, desde los años 90 hasta la fecha ha ido en caída libre la confianza, fundamentalmente, en las instituciones de la república.
¿Cómo restablecer esa confianza?
Una de las medidas tiene que ver con instaurar estándares normativos que nos permitan sancionar drástica y duramente los delitos de cohecho y soborno. Particularmente importante es esta modificación, porque estamos estableciendo responsabilidades penales para las personas jurídicas.
Y tal como se está avanzando en esta dirección, tenemos otro proyecto que también se encuentra sobre la mesa y que fue presentado colectivamente por muchos de los Senadores presentes hoy en este Hemiciclo, para fijar responsabilidades de las personas jurídicas, por ejemplo, frente a delitos ambientales.
Entonces, establecer y sancionar los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas; tipificar los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal, y establecer claramente responsabilidades penales a las personas jurídicas en el caso de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho, claramente, va en la dirección correcta.
Pero el establecimiento de estándares normativos no es suficiente. Aquí se requiere también trabajar en los temas de cultura, que dicen relación con cómo somos capaces efectivamente de consagrar una cultura del servicio público en la cual finalmente los servidores trabajen genuinamente por los intereses de sus representados.
Y este es un tema al cual el Congreso Nacional se ha abocado en el último tiempo.
Hemos logrado sacar adelante un cúmulo de proyectos de ley que van en esa dirección. Y aprovecho de felicitar -por su intermedio, señor Presidente- no solo al Presidente de la Comisión, Francisco Huenchumilla, sino también al Ministro de Justicia, quien hizo de este tema uno de sus caballos de batalla durante toda su permanencia en el Hemiciclo. Aprovecho esta intervención para hacerle un homenaje al Ministro Hernán Larraín. Él trabajó siendo un adalid de este tema no solo en el contexto nacional, sino también en el latinoamericano. Me tocó acompañarlo en un par de actividades con otros parlamentos y buscar experiencias, replicar experiencias, transmitir experiencias de lo que estaba avanzando el Congreso Nacional.
Debemos ser capaces de proyectar que acá se está actuando con probidad, poniendo y anteponiendo los intereses de los representados por sobre cualquier otro interés particular.
De igual forma, tenemos que avanzar en términos de que lo que se realiza, lo que se discute en este Parlamento no quedará en una caja negra donde nadie sabe finalmente el trabajo desplegado por cada parlamentario, en las Comisiones, en las sesiones de Sala y también en la labor tan importante de representación que les cabe a los parlamentarios, que es una de las funciones que está de alguna manera menospreciada, pero que es vital para hacer gestión con miras el desarrollo de nuestras comunidades locales y regionales.
Por tanto, acá tenemos un desafío.
Esta es una muestra de que podemos avanzar.
Además, debo hacer presente que este proyecto se inició en una moción.
Quiero valorar -por su intermedio, señor Presidente- que el Gobierno le haya puesto urgencia a una moción, por supuesto, trabajando en su corrección, formulando indicaciones, pero siendo capaz de recoger, de reconocer el trabajo del Parlamento.
¿Hay tareas pendientes? Muchas.
Existen una serie de proyectos que me gustaría que tuvieran pronta tramitación. De algunos soy autor.
Uno de ellos es el que presenté el día que asumí como parlamentario en este Congreso Nacional, el año 2006, relacionado con el límite a la reelección indefinida de Diputados, Senadores, Alcaldes, Concejales y Cores.
¿Y qué pasó con ese proyecto?
Después de doce años, ¡doce largos años!, fue aprobado por la Cámara de Diputados en general y en particular; llegó a este Hemiciclo, se aprobó en general, y hoy día está al fondo de la tabla, en el último cajón de la Comisión de Constitución.
Quiero aprovechar -por su intermedio, señor Presidente- de señalar que la Comisión Engel, que se formó para establecer una agenda de probidad, planteó el límite a la reelección como uno de los temas para abordar. Por tanto, pido que la iniciativa mencionada se ponga en discusión, para que, en definitiva, se entienda que acá no hay castas permanentes que al final se apropian del poder, sino que aquí somos capaces de abrir las ventanas para que entre aire nuevo. No debemos aferrarnos al poder, sino, por el contrario, tenemos que entender que el poder es un mandato que el pueblo da y que el pueblo quita.
Entonces, yo simplemente quiero valorar el proyecto en análisis, que va en la dirección correcta.
¿Se requiere hacer más? Sí, se requiere hacer mucho más. Pero Chile está dando lecciones.
En tal sentido, debemos hacernos un llamado a nosotros mismos a valorar lo que estamos haciendo; a dejar de ser autoflagelantes permanentes; a reconocer cuando finalmente el Congreso Nacional es capaz de empezar a establecer estándares normativos, que -créanme- son también estándares para América Latina.
Algunos señores Senadores y algunas señoras Senadoras señalaban que nuestro país estaba bien ranqueado en materia de probidad en el contexto de América Latina. Pero eso no es para quedarnos tranquilos. Esto también es una señal de permanente preocupación, para que los estándares normativos sigan siendo cada vez más exigentes, para que la función pública sea progresivamente más transparente y para que, en definitiva, los ciudadanos perciban que acá estamos trabajando en pos del bien común.
Para trabajar en pos del bien común se requiere no solo más transparencia, sino también más comunicación de lo que aquí se hace.
En definitiva, a mí me gustaría que avanzáramos en otro tipo de elementos. Recuerdo los resúmenes de las sesiones que eran publicados en los medios nacionales antes de 1973, donde la gente tenía la oportunidad, la posibilidad de saber de qué se debatía en este Parlamento.
¡Ese es uno de los temas clave! Porque es parte de la brecha que los ciudadanos perciben entre las materias que interesan a los ciudadanos y las materias que se discuten en este Parlamento.
Entonces, ven a la política como irrelevante o que no posee ninguna capacidad de influir en las personas.
¡Tenemos que hacer que la política sea nuevamente relevante! ¡Hay que establecer la política de nuevo como un instrumento al servicio de las personas! ¡Hay que redignificar la política!
Y hoy día, señor Presidente, estamos avanzando en ese camino.
Agradezco a todos aquellos que participaron en la discusión de este proyecto de ley, presentando indicaciones; a los autores de la moción; a la Comisión de Constitución; a la Comisión Mixta, y, por supuesto, vuelvo a reiterar mis felicitaciones, mis respetos al Ministro de Justicia, Hernán Larraín.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, me parece que el proyecto de ley que estamos sometiendo a consideración y aprobando en esta sesión, después de un largo debate parlamentario y de la discusión en Comisión Mixta, es fundamental para nuestra democracia.
Hablamos de un proyecto que modifica el Código Penal en materia de cohecho y soborno e introduce cambios en otros cuerpos legales y que fue iniciativa de los Senadores Araya, De Urresti y Harboe y de los entonces Senadores y actuales Ministros de Estado Alberto Espina y Hernán Larraín.
La corrupción es un flagelo que afecta a las sociedades y que es necesario enfrentar con fuerza y voluntad resuelta. Esta daña el prestigio de las instituciones; afecta su legitimidad. Pero lo más complicado es que perjudica a las personas, porque hace que las decisiones que adoptan las instituciones no se lleven a cabo pensando en el bien común, en lo que es mejor para el país, sino considerando el interés de quien paga, y de quien paga cometiendo un delito, un ilícito penal que debe ser sancionado de manera enérgica y clara.
Sociedades con altos niveles de corrupción han generado un sistema en que las decisiones públicas dependen del pago de los privados. Y las empresas incluso consideran dentro de sus ítems de gasto la compra del funcionario que debe adoptar esa decisión. Esta es una especie de impuesto, pero un impuesto que no tiene asociado un ingreso para el Estado, para financiar políticas públicas o sociales, sino que termina en el bolsillo del funcionario.
Y eso es precisamente lo que debemos evitar y, cuando ocurre, erradicar de manera enérgica en nuestra sociedad.
Por eso este proyecto es un avance, porque establece una nueva regulación en materia de tipificación de delitos, actualizando los tipos existentes y estableciendo nuevos tipos penales; aumenta las penas -lo más importante-, ya que muchos delitos que estaban tipificados como simples delitos ahora son crímenes; establece nuevas normas de prescripción, e incorpora técnicas especiales de investigación.
A la vez, se contemplan agravantes que es necesario mencionar, como la pena efectiva, en la mayoría de los casos, para las altas autoridades de elección popular o de los primeros niveles jerárquicos que estén involucradas en estos ilícitos. Y, además, considera relevante la cuantía y los montos afectados cuando se comenten estos ilícitos.
Yo quiero destacar, en particular, el avance en la tipificación del cohecho sin contraprestación o por mera actividad, algo que se encuentra tipificado en la legislación española hace un siglo, que generó todo un debate en la Comisión, pero que finalmente fue acogido y que se considera dentro del marco de esta nueva regulación.
Me parece fundamental, a propósito de lo que decía el Senador Huenchumilla, que entendamos como sociedad que no basta con la tipificación y la aplicación efectiva de sanciones a quienes cometen estos delitos.
Por cierto que se requiere una disuasión eficiente, efectiva y el temor ante la acción punitiva del Estado respecto de aquellos que transgreden la ley y transgreden principios básicos de convivencia. Pero el principal desafío es la formación de los ciudadanos y, particularmente, de los servidores públicos para que no cometan estos ilícitos.
Es necesario preservar el sentido de la función pública como una actividad de servicio público, en que las instituciones adopten sus decisiones -como lo señalé anteriormente- pensando en el bien común y no en el interés de quien ha sido comprado o quien paga por obtener una decisión favorable de parte del Estado.
Se trata de un desafío permanente.
Y, por tanto, se requiere aquí no solo un cambio de legislación con un salto cualitativo, como el que expresa la normativa que hoy vamos a aprobar, sino, sobre todo, la transmisión de valores para formar a los servidores públicos y a los funcionarios públicos a fin de erradicar definitivamente este tipo de conductas en nuestro país.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Van Rysselberghe y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Elizalde, Galilea, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros y Soria.
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).- Señor Presidente, deseo agradecer la forma como el Senado ha trabajado en esta oportunidad.
Y, en particular, quiero reconocer la labor de la Comisión Mixta, de todos sus integrantes, tanto de los miembros de la Comisión de Constitución de esta Corporación como de quienes representaron a la Cámara de Diputados, porque hicieron un trabajo de excepción que nos permite, en un clima de acuerdo y de buena voluntad, lograr resultados importantes para nuestro país que, creo, nos ponen en un nivel de exigencia de orden internacional.
Agradezco, en particular, al Presidente de la Comisión, Senador Huenchumilla, por su conducción; a quienes desde la Comisión del Senado, como siempre, ayudaron a la Comisión Mixta. También valoro el trabajo que se desarrolló por los equipos técnicos de nuestro Ministerio.
El conjunto de esta buena voluntad nos permite enfrentar con mucha convicción de que por esta vía los chilenos pueden confiar en que los estándares para los funcionarios públicos son muy altos y que salirse de esa línea, traicionar en el uso de los recursos de todos los chilenos a quienes son sus destinatarios, tendrá un costo muy elevado.
Así que, nuevamente, señor Presidente, expreso una gratitud muy grande a todos los que han hecho posible este resultado tan significativo para nuestro país.
Boletín N° 11749-10
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Protocolo de Modificación del Tratado de Libre Comercio y del Acuerdo Complementario sobre Comercio de Servicios entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Popular China, suscrito en Da Nang, República Socialista de Vietnam, el 11 de noviembre de 2017, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.749-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Relaciones Exteriores: sesión 62ª, en 23 de octubre de 2018.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El objetivo principal del proyecto es modificar el Tratado de Libre Comercio entre Chile y China en los siguientes aspectos: Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado; Reglas de Origen; Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio; Comercio Electrónico; Competencia; Medio Ambiente y Comercio; Cooperación Económica y Técnica; Comercio de Servicios y Disposiciones Finales.
La Comisión de Relaciones Exteriores discutió este proyecto en general y en particular, por ser de artículo único, y lo aprobó, en los mismos términos en que lo había hecho la Cámara de Diputados, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Lagos, Moreira y Ossandón).
Por su parte, la Comisión de Hacienda adoptó igual resolución, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores García, Letelier y Pizarro).
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Antes de entrar al tratamiento del proyecto de acuerdo, la Senadora señora Muñoz nos pide saludar a la delegación del liceo Alberto Gallardo Lorca, de Punitaqui, que se encuentra en las tribunas.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En discusión general y particular.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, ¿puede abrir la votación?
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, solo haré un par de comentarios en mi calidad de miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores.
La negociación del Protocolo de Modificación del Tratado de Libre Comercio y del Acuerdo Complementario sobre Comercio de Servicios con la República Popular China nos da la gran ventaja de ser en el mundo el primer país que profundiza un convenio de tal naturaleza con esa nación asiática, porque se incluyen disposiciones con miras a expandir el mercado entre ambas repúblicas y a reconocer la tecnología como un actor más del comercio actual.
Debemos recordar que uno de los más grandes mercados con los que se puede comerciar es el chino. Por lo tanto, esa profundización de nuestras relaciones comerciales siempre nos ha de beneficiar.
Yo quisiera reiterar que, en particular, el Protocolo de Modificación ya individualizado moderniza seis Capítulos del Acuerdo inicial: Acceso a Mercados; Reglas de Origen; Procedimientos Aduaneros; Cooperación Económica y Técnica, y Comercio de Servicios; además, incorpora nuevos títulos y disciplinas sobre Facilitación al Comercio, Comercio Electrónico, Competencia y Medio Ambiente, y Comercio.
En resumen, se trata de un instrumento importante para Chile.
Por esta razón, vamos a votar que sí.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, el Protocolo de Modificación del Tratado de Libre Comercio y del Acuerdo Complementario sobre Comercio de Servicios entre Chile y la República Popular China fue suscrito en Vietnam el 11 de noviembre de 2017.
Yo quiero recordar que hoy día China tiene una población superior a 1.370 millones de habitantes y es la segunda economía del mundo por volumen de producto interno bruto, el cual está creciendo a un promedio de 6,9 por ciento anual.
Claramente, se trata de un gran socio comercial, dada su relevancia en el mundo. En efecto, pese a las modificaciones que ha introducido en el último tiempo, sigue siendo -como dije- la segunda economía del orbe.
China se ha convertido en el principal socio comercial de Chile. En 2016 el intercambio sumó 31 mil 474 millones de dólares. Es decir, ese país pasó a ser el principal destino de nuestras exportaciones al totalizarse casi 17 mil 300 millones de dólares (por supuesto, hay que considerar también las importaciones chilenas desde dicha nación).
En tal sentido, creo que vamos en la línea correcta de profundizar el Tratado de Libre Comercio suscrito con China.
Este Protocolo mejora algunas disciplinas e incorpora otras; beneficia directamente a los exportadores de bienes y servicios, e incluye áreas relevantes.
Ahora, quiero destacar aquí, aparte el comercio electrónico y la facilitación del comercio, las políticas medioambientales, entre otras.
Sin embargo, a mi entender, es importante que las modificaciones introducidas impliquen dar oportunidades a otros sectores. Espero, pues, que los beneficios sean no solo para las exportaciones de las grandes firmas, de la industria del cobre, en fin, sino asimismo para las pymes, que -me parece- acceden en 39 por ciento a ese voluminoso mercado mundial.
Entonces, nunca olvidemos lo significativo que ha sido, a partir de 2006, el Tratado de Libre Comercio que firmamos con China, instrumento que ha permitido el crecimiento exponencial de nuestro intercambio, que hoy supera -repito- los 31 mil millones de dólares. Ello explica que China haya pasado a ser el principal destino de nuestras ventas al exterior.
Tales son, señor Presidente, las razones que me motivan a votar a favor, pues se nos abre una tremenda oportunidad como país.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo (26 votos a favor, uno en contra y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz y Órdenes y los señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Elizalde, Galilea, García, Guillier, Huenchumilla, Kast, Montes, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Quinteros, Sandoval y Soria.
Boletín N° 7606-07
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal para tipificar el delito de acoso sexual en espacios públicos, con informe de la Comisión especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7.606-07 y 9.936-07, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 10ª, en 13 de abril de 2016 (se da cuenta).
Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género: sesión 62ª, en 23 de octubre de 2018.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El objetivo principal de este proyecto es sancionar la violencia de género contra las mujeres mediante un tipo penal específico referido al abuso sexual contra mayores de 14 años y el acoso sexual en lugares públicos o de acceso público.
La Comisión especial individualizada por el señor Presidente expresa que, no obstante tratarse de una iniciativa de artículo único, la discutió solo en general y acordó proponerle a la Sala que adopte igual decisión, con el propósito de introducir durante la discusión particular los perfeccionamientos necesarios.
Dicho órgano aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Senadoras señoras Allende, Aravena, Muñoz, Provoste y Von Baer.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en la página 11 del primer informe de la Comisión especial.
Tiene la palabra la Presidenta de la Comisión especial, Senadora señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, el año 2016 ingresó al Senado este proyecto de ley, que modifica el Código Penal para tipificar el delito de acoso sexual en espacios públicos, y hace pocas semanas pasó al conocimiento de la Comisión Especial de la Mujer y de la Equidad de Género, creada recientemente.
Como señaló el señor Secretario, el mencionado órgano técnico, por la unanimidad de sus integrantes, aprobó la idea de legislar para establecer un tipo penal específico referido al abuso sexual y al acoso sexual en lugares públicos, violencia que sufren preferentemente las mujeres de todas las edades y de todos los sectores.
Dicha Comisión actuó con rapidez, pero con mucha rigurosidad. De ahí que, aunque se trata de una iniciativa de artículo único, concordó en aprobarla solo en general, para realizar las adecuaciones que se estimen necesarias durante la discusión particular.
Sin embargo, la rapidez también es importante, porque la ciudadanía debe tomar conocimiento del trabajo que están efectuando sus representantes, más aún en una materia que se relaciona con la promoción del respeto por la honra, la dignidad y la integridad principalmente de las mujeres, y al mismo tiempo, con el desincentivo y la erradicación de las acciones violentas que encierra el acoso sexual en espacios públicos, atendido además que la normativa en vigor es insuficiente y se halla desactualizada.
Se escuchó a las representantes del Observatorio contra el Acoso Callejero, quienes desvirtuaron una serie de creencias respecto del acoso callejero -valga la redundancia- y de la propuesta de ley en curso, como la de que se trataría de una costumbre característica de la cultura nacional; o la de que se estaría vulnerando la libertad de expresión; o la de que se sancionaría la expresión de halagos o piropos, opiniones todas erradas, ya que el acoso sexual consiste en acciones con connotación sexual explícita o implícita que se realizan sin consentimiento por un desconocido en el espacio público y que generan malestar físico y psíquico.
Es así como, según datos del Observatorio, una de cada cinco mujeres sufre acoso sexual callejero por lo menos una vez al día; una de cada dos, al menos una vez a la semana, y cuatro de cinco, por lo menos una vez al mes.
Cabe subrayar que el proyecto de ley que despachó la Cámara de Diputados reconoce límites y distingue en su redacción los piropos de los casos de violencia sexual que se describen.
Nuestra Comisión especial, en sesión celebrada el 17 de octubre del mes en curso, recibió la opinión de la profesora de Derecho Penal señora Andrea Rojas, quien "reconoció en la iniciativa de ley el criterio de prevención propio de la teoría penal, al reconocer como bienes jurídicos que merecen especial consideración el respeto e intangibilidad de la libertad sexual y, consecuentemente, consagrar la sanción penal del sujeto responsable de una acción que atenta contra dichos derechos, esto es, hasta 540 días de presidio en el caso del nuevo delito y hasta 20 unidades tributarias mensuales en el caso de la falta ($963.200).".
Asimismo, la profesora señora Rojas realizó algunas observaciones -se tendrán presentes en la discusión particular-, y sugirió, por ejemplo, evitar menciones a cuestiones de carácter subjetivo, por las dificultades que presentarían en materia de prueba del delito.
El texto que se somete a la aprobación en general de la Sala agrega dos artículos al Código Penal: el 366 sexies, que tipifica el delito que implica una acción sexual con contacto corporal contra la voluntad de una persona mayor de 14 años, y el 494 ter, que conceptúa el nuevo tipo de faltas, para lo cual describe y sanciona una serie de acciones constitutivas de acoso sexual.
Señor Presidente, Honorables colegas, la Comisión especial continuará recibiendo opiniones y propuestas conducentes a perfeccionar el texto legal, en la búsqueda de una legislación que sea eficaz en su finalidad de protección y respeto por la honra, la dignidad y la integridad de las mujeres y de todas aquellas personas que sean víctimas del acoso sexual callejero.
Por consiguiente, le solicito a la Sala que dé el mismo primer paso que ya decidió la Comisión Especial de la Mujer y de la Igualdad de Género.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¿Les parece a Sus señorías abrir la votación, manteniendo los tiempos?
El señor ELIZALDE.- Sí.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, la Senadora Adriana Muñoz, Presidenta de la Comisión especial -órgano que por fin, después de tanto tiempo, logramos que el Senado creara y que tiene que ver con la equidad de género-, hizo una relación bastante clara y exhaustiva de lo que pretendemos con este proyecto, que considero tremendamente relevante.
Y reviste tanta significación porque no resulta fácil ir contra corriente en la medida que todavía tenemos ciudadanos que, probablemente como herencia de una educación bastante patriarcal y también machista -por no decirlo de otra manera-, consideran factible realizar en espacios públicos (en los medios de transporte, en fin) actos de connotación sexual no consentidos que dan lugar a situaciones a las que queremos ponerles término.
En este punto voy a abrir un paréntesis, señor Presidente. Y no podría dejar de hacerlo.
Yo lamento que a veces se trivialicen las cosas o no se les dé la debida importancia.
Al menos como Comisión -hoy día lo propuse, y fue aceptado-, queremos hacerle presente al Presidente de la República que el mal chiste (por llamarlo de alguna manera) que contó en el norte sobre la minifalda no nos parece apropiado. Ello, no solo porque no está a la altura de quien es la máxima autoridad de nuestro país, sino además porque no corresponde justamente cuando estamos evitando la cultura mediante la cual se banalizan los hechos y se considera legítimo contar un chiste como el referido (en el pasado hubo otros del mismo estilo).
Por lo tanto, quizás sería conveniente que le dijeran, sobre todo las personas que están más cerca de él, que aquello no corresponde, atendida la dignidad de su cargo, y que debe entender la lucha que estamos dando las mujeres, quienes queremos que se nos respete en nuestra integridad, en nuestros derechos, en nuestra forma de pensar, razón por la cual no nos gusta que ocurran y se trivialicen situaciones como la que estoy relatando en este momento, que será considerada en nuestro análisis sobre esta materia.
Por lo tanto, señor Presidente, es absolutamente necesario actuar con rigor en el ámbito de que se trata.
La opinión del Observatorio contra el Acoso Callejero (aprovecho de felicitarlo por el trabajo notable que ha venido desarrollando desde el año 2013) y las expresiones que vertió la profesora de Derecho Penal doña Andrea Rojas nos iluminaron de manera suficiente para convencernos de que en este caso es importante discutir y votar solo en general, pues hay indicaciones que importa concretar para enriquecer este proyecto; para lograr que su tramitación sea mejor, y, sobre todo, para que se plasme bien lo que entendemos por acoso callejero.
Por eso, es menester repetir que se agrega al Código Penal un artículo 366 sexies del siguiente tenor: "El que realizare una acción sexual que implique un contacto corporal contra la voluntad de una persona mayor de 14 años que provoque en la víctima intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo, sin que medien los términos señalados en el artículo 366 ter, será penado con presidio menor en su grado mínimo.".
También se incorpora el siguiente artículo 494 ter: "Comete acoso sexual el que abusivamente realizare, en lugares públicos o de acceso público, una acción sexual distinta del acceso carnal, que implique un hostigamiento capaz de provocar en la víctima intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo".
Señor Presidente, es del caso subrayar nuestro propósito de que no tenga lugar ese tipo de situaciones, de que, si se producen, se apliquen las sanciones correspondientes, y, por tanto, de dejar a un lado ciertos mitos, como los ya señalados.
Algunos creen y sostienen que con esta iniciativa estamos tratando de impedir el simple piropo, lo cual ha sido materia de controversia.
A este respecto, en la Comisión estimamos necesario -porque el punto es bien significativo; y por ello vamos a formular la petición pertinente- que concurra la Asociación de Municipalidades, pues nos parece que nuestras autoridades comunales pueden ayudar muchísimo, ya que, según sabemos, en algunos municipios ya tienen oficinas de Equidad y Género e incluso han avanzado con ordenanzas que de alguna manera regulan las conductas a que nos estamos refiriendo.
Nos interesa sobremanera, señor Presidente, que exista una buena definición, porque no queremos abrir espacio a subjetividades, como la de hablar de "intimidación", "hostilidad" o "degradación", acciones que, si bien pueden darse, a lo mejor cuesta mucho probar.
No cabe ninguna duda de que conductas como las explicitadas atentan contra la libre circulación y contra los derechos a la dignidad y la seguridad de las mujeres.
¡Por eso es tan relevante que como país demos este paso!
En consecuencia, les pedimos a nuestros colegas Senadores que nos apoyen aprobando en general este proyecto de ley, que, por lo demás, va en la línea de lo que establecen la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Ahora, no olvidemos lo que, al informar sobre esta iniciativa, señaló la Presidenta de nuestra Comisión especial en cuanto a la cantidad y la frecuencia de conductas como las descritas a que se ven sometidas las mujeres, particularmente -¡ojo¡- a partir de los 12 años.
Las cifras hablan de que cinco millones de personas fueron acosadas desde 2015 a 2017, de las cuales el 87 por ciento correspondió a mujeres -no digo que se trató de ellas única y exclusivamente-, a las que se agregaron cuarenta mil niños y niñas entre nueve y catorce años.
Por eso, entonces, creo que, como sociedad, como familia, como padres y apoderados, en fin, debemos proteger el derecho, el respeto y la integridad que merecen nuestras niñas, adolescentes y mujeres en la vía pública.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Puede intervenir el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, el proyecto, iniciado por una moción y surgido también desde la sociedad civil, es urgente y necesario, porque tenemos que ir avanzando, primero, en la igualdad de género y, segundo, en un cambio cultural en la relación con el sexo femenino.
Las políticas no pueden ser de segregación, como algunos han planteado respecto del Metro, por ejemplo, a fin de establecer vagones especiales para mujeres, lo que se vincula con un dato brutal: nueve de cada diez han sido víctimas de acoso en el transporte público. Eso revela una cultura que tenemos que erradicar.
Por eso es tan relevante la iniciativa, que permitirá justamente el respeto a la dignidad de la persona humana, con prescindencia del sexo.
En este contexto, cabe traer a colación lo significativa que es la forma como nos relacionamos con las mujeres, pero asimismo las discriminaciones que estas siguen sufriendo hoy día en nuestro país.
Una de ellas se refería a su participación política, y se avanzó con la ley de cuotas, que la incrementó en un quince por ciento.
¿Pero qué pasa con su integración en directorios de empresas que se transan en la Bolsa? Chile registra uno de los porcentajes más bajos de mujeres en ese ámbito y en cargos ejecutivos. Ello igualmente implica forzar la marcha.
Con relación a lo que ocurre en otros países, España, por ejemplo, estableció un sistema de promoción para el efecto de que empresas con equidad de género en sus directorios puedan obtener una mayor puntuación en una licitación pública.
Finlandia y Suecia han avanzado asimismo en la materia, tanto en la participación en directorios como en los cargos ejecutivos de empresas.
También es relevante poder enfrentar las brechas salariales, que aún siguen siendo una cuestión pendiente. A pesar de todo el avance que hemos ido conquistando a través de iniciativas en el Congreso, ese aspecto todavía es una condicionante.
A lo anterior es preciso agregar la propia condición de la mujer, en términos de que hoy día muchos empleadores prefieren no contratarla justamente por el período de fertilidad.
¡Lo expuesto revela que el país no ha entendido nada!
¡Lo expuesto revela que el país tiene que realizar un cambio radical y sustantivo en cuanto al respeto a la dignidad que a ella le corresponde!
Entonces, creemos que el proyecto de ley guarda relación con una necesidad evidente. Hacemos referencia a las cifras de acoso en el transporte público, pero también podríamos extendernos a cómo nuestra cultura cosifica de alguna manera a la mujer. Es algo que tenemos que resolver de una vez por todas.
Mas igualmente se requiere avanzar en cambios normativos. Por ejemplo, se precisan jornadas laborales que reconozcan su condición. Si se piensa en que ellas sean cada vez más rígidas, conviene tener presente que se necesita avanzar en una dirección completamente distinta y en ser capaces de fomentar el teletrabajo.
Otro aspecto importante fue la lucha que muchos de los presentes -entre ellos, la Senadora señora Goic, el que habla y otros- dimos por el posnatal de seis meses, que fue una conquista durante el primer Gobierno del Presidente Piñera.
Cabe recordar la posibilidad del permiso parental, para que los padres también se hicieran responsables.
Repito que se trata de un cambio cultural. ¡No hay labores de un sexo o de otro! ¡Tienen que ser compartidas! Y ello implica un desafío para que podamos trabajar en dicho ámbito.
Aprobamos recién un proyecto de ley relativo a nuevos estándares éticos. Eso igualmente se vincula con dicho cambio.
Asimismo implica un cambio cultural profundo el hacerse cargo de la discriminación que la mujer sufre hoy en sus espacios cotidianos, en su relación habitual y en la cosificación de que es objeto, muchas veces, por parte de algún sector de la población.
En consecuencia, la iniciativa en debate va en la dirección correcta. Por supuesto, vamos a aprobarla.
Esperamos que este sea el inicio en la presente legislatura de una política sustantiva para el efecto de disminuir las brechas vergonzosas, inmorales, existentes entre hombres y mujeres, y establecer la igualdad en el trato desde la perspectiva de la dignidad de la persona humana, cualquiera que sea su género.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, como formo parte de la Comisión, la cual da inicio a un trabajo bien intenso en orden a poder ir equiparando los derechos de hombres y mujeres, y, principalmente, haciéndose cargo de los temas de género, quiero, del mismo modo que el Honorable señor Huenchumilla hace poco rato, hacer una reflexión en lo relativo a que no es fácil entender por qué tenemos que legislar sobre la materia.
Los datos planteados por las señoras Senadoras que me precedieron en sus intervenciones son bien duros, y voy a agregar una parte de lo expuesto en el informe, que estimo muy importante.
Son tales los efectos provocados por las conductas que las víctimas se aplican restricciones como modificar el recorrido habitual para llegar a su casa, al lugar de estudio o a otro; caminar acompañadas, con variación del horario de tránsito por lugares públicos, y cambiar el modo de vestir. Tras sufrir un acoso, el 90,9 por ciento de las mujeres siguen una ruta distinta y el 45 por ciento vigila cuando camina sola.
Los presentes tienen que saber que todas las integrantes de la Comisión tuvimos que hacer lo que se ha descrito cuando estudiamos en el colegio y la universidad, y que hijas, sobrinas y mujeres que conocemos incurren en lo mismo.
Por lo tanto, es preciso cambiar algo en el país. Efectivamente, la ley va a ser disuasiva y sin duda ayudará a disminuir el problema. Pero, en mi opinión -creo que es común en quienes integran la Comisión-, se requieren modificaciones profundas, principalmente vinculadas con la educación, con la familia, que permitan enmiendas conductuales en las futuras generaciones.
No es posible que una mujer, una joven o una niña, por el solo hecho de serlo, tengan que cambiar su ruta o les falte libertad para circular en los espacios públicos por ser acosadas.
Por lo anteriormente expuesto y en atención a que este tipo de actitudes se debe erradicar, de una vez por todas, de la sociedad chilena, voto a favor.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, el propósito que se persigue es sancionar la violencia de género contra las mujeres, para lo cual se contempla un tipo penal específico referido al abuso sexual contra mayores de 14 años y en lugares públicos o de acceso público.
Es una realidad que el acoso sexual a mujeres, en especial jóvenes, en sitios de alta afluencia de personas, como medios de transporte, calles y eventos masivos, se está convirtiendo en un grave problema.
Tales actos atentan directamente contra la honra, dignidad e integridad, por lo que debía establecerse una normativa que no solo sancionara a los acosadores, sino que también contemplase medidas que ayudaran a desincentivar, así como imponer cargas a operadores de transporte público, organizadores de eventos masivos y otros, a fin de prevenir y educar a la población en estos asuntos.
Se requiere un cambio cultural.
Asimismo, se busca contribuir a la erradicación de las prácticas de acoso sexual callejero que experimentan mujeres, hombres, niñas y niños, y plantear la relevancia de reconocer tal conducta como un tipo de violencia, por lo que es deber del Estado tomar las medidas necesarias para combatirla y educar a la población a fin de que la sociedad la rechace.
El proyecto es importante, porque se hace cargo de una problemática totalmente vigente, empujada con fuerza desde el movimiento feminista, no solo en Chile, sino también en el mundo entero. Durante décadas, se naturalizó la existencia de actitudes como el acoso verbal y no verbal de alto contenido sexual, tocaciones u hostigamiento en espacios públicos. Hoy es inaceptable permitirlas. La iniciativa las penaliza y desincentiva, y, con ello, apunta a abolir un paradigma del abuso, de la violencia y de la vulneración.
Sin embargo, la regulación contenida en el texto podría provocar una revictimización de las personas afectadas por el acoso callejero y generar problemas desde la perspectiva probatoria. Por ello, es necesario que sea mejorado en la discusión particular, a fin de eliminar, con relación a las víctimas, algunos elementos subjetivos descritos en la propuesta, así como ciertos ánimos exigidos al victimario, por tratarse de conductas muy difíciles de acreditar y que podrían dificultar la aplicación de la norma.
Quiero felicitar el trabajo del Observatorio Ciudadano contra el Acoso Callejero (OCAC), en el cual investigadoras han trabajado por visibilizar esta agenda desde hace mucho tiempo, y al movimiento feminista en su conjunto, que lucha por superar la violencia machista y superar la cultura patriarcal en nuestro país y el mundo entero.
Por eso, voto a favor, en términos generales, pero pensando en la presentación de indicaciones para mejorar el proyecto.
La señora GOIC.- Señor Presidente, intervengo para argumentar respecto de mi aprobación de la idea de legislar.
Me alegro de la decisión de permitir un espacio para indicaciones que nos permitan mejorar la iniciativa, como se ha expresado, y hacerla una herramienta lo más efectiva posible para el cambio que busca consagrar.
A uno le gustaría que no se tuviera que legislar acerca de estos aspectos, que no se tuviera que tipificarlos como un delito, que no se tuviera que sancionarlos, sino que más bien existiera una cultura que considerase al otro. Pero también es cierto que hemos ido avanzando en el reconocimiento por las personas.
Hacemos referencia en particular, por supuesto, a quienes son mayormente víctimas del acoso callejero: mujeres, jóvenes, niñas. Me gustó mucho lo planteado por mi Honorable colega Aravena. Ha habido frases aparentemente normales: "Te vistes así, pues" o "Tu falda está muy corta", o bromas que parecían ser aceptadas, pero que hoy día claramente no son graciosas y justifican restricciones que tienen que ver con el respeto. Lo mismo ha sucedido con quien sube a un microbús o al Metro y sabe lo que pasa. Y, de repente, nos encontramos con una sociedad que admitía algo no tolerable. Ahí se fija un límite.
Me alegro mucho de la transversalidad de la propuesta, de que se refundan iniciativas de varios Diputados y de que asimismo existan otras de Senadores, porque finalmente damos un salto cualitativo en asuntos que no nos gustan como sociedad.
Tendremos la tarea de regular de la mejor manera para no dar lugar a situaciones que lleven a una confusión, pero se ponga un límite que a las mujeres, sobre todo, nos haga sentirnos más seguras, respetadas, y muchas veces también a los hombres. Se trata de que en un espacio público nadie tenga que temer una humillación o un trato vejatorio por una connotación sexual no deseada.
A mi juicio, el proyecto permite progresar hacia una mejor convivencia. Me alegro, además, de que lo haya estudiado la Comisión Especial para asuntos relativos a la mujer y la equidad de género, a fin de que se logre celeridad en su tramitación. Sin duda, se trata de una de las muchas iniciativas que necesitamos sacar adelante con mayor rapidez, como se ha expuesto. Estamos avanzando en eliminar, respecto de la sala cuna, la barrera impuesta hoy día por el artículo 203 del Código del Trabajo, lo que solo dice relación con algunas mujeres y algunos tipos de empresas; o bien, la brecha salarial.
Creo que hay un asunto muy interesante para trabajar. Porque, en general, pensamos en situaciones de contacto físico, donde media una agresión verbal; pero también se plantea el caso de fotos que se suben a la web, a las redes, y que igualmente pueden significar acoso. Ha habido muchos afectados. Ese es un ámbito que asimismo tenemos que analizar para ver cómo la legislación puede proteger a las personas. Subir a una red social, en el anonimato, una foto de determinadas características puede revestir una gravedad que hoy día es difícil de abordar. Ello también tiene que ver con el respeto y con darle garantías a quien es humillado y vejado.
Estimo que eso es parte del desafío que enfrentaremos en la Comisión y la Sala con motivo de la discusión particular. Espero solo que podamos avanzar con celeridad tanto en la presentación de indicaciones como en su tramitación.
La idea, sobre todo, es heredar una sociedad mucho mejor a nuestras hijas, a las mujeres, a las que van naciendo.
Me parece que todas las que hemos tenido acceso a espacios de representación popular, a trabajar por mejorar nuestra legislación y políticas públicas, entendemos que este ha sido un camino cuyos cimientos fueron instalados antes por muchas mujeres, como también por hombres, para construir una sociedad donde efectivamente todos nos sintamos considerados, nos sintamos seguros, nos sintamos parte.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Puede intervenir la Senadora señora Órdenes.
La señora ÓRDENES.- Señor Presidente, valoro la labor de la Comisión Especial de Género al darle celeridad a una iniciativa de esta naturaleza, que asimismo recoge el trabajo parlamentario expresado con anterioridad.
Me referiré a varios temas,
Diría que un gran logro del movimiento feminista de los años ochenta fue aportar al proceso de transición democrática, pero el principal radicó en que el Estado finalmente se hizo cargo de la inequidad de género con la creación del Servicio Nacional de la Mujer al inicio de los noventa. A partir de ello, nadie puede negar hoy día que tanto la sociedad civil como el aparato público han permitido una serie de progresos en equidad de género, sobre todo en la agenda legislativa. Un buen ejemplo, a mi juicio, lo dan la Ley sobre Violencia Intrafamiliar y la tipificación del femicidio, como expresiones de violencia de género.
No obstante, juzgo que la última ola feminista nos coloca en la agenda un cambio cultural pendiente y que va más allá de legislaciones específicas. Cuando las nuevas generaciones de mujeres plantean una educación no sexista, el fin a la violencia y el término del patriarcado, nos están diciendo que debemos apurar las causas.
En ese sentido, estimo que un proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar el delito que nos ocupa es un avance, porque nuestra legislación, si bien recoge el problema del acoso sexual en el ámbito laboral, no lo hace en el educativo, en espacios públicos, donde las mujeres efectivamente son víctimas de este tipo de acciones, que vulneran su integridad y sus derechos.
Así que voy a votar a favor, sin duda.
Pienso que hay espacio para que podamos seguir mejorando el proyecto, pero que este es un llamado de atención, también, para que entre todos, incluido el Congreso, continuemos adelantando, porque cada generación enfrenta sus propios desafíos. Considero que el correspondiente a la actual es incrementar la tasa de participación laboral femenina, pero que para eso es preciso adoptar una serie de medidas. Ya lo mencionó la Senadora señora Goic: estamos discutiendo la iniciativa sobre la sala cuna universal, porque la principal brecha de las mujeres para incorporarse al mercado del trabajo es la conciliación de la vida laboral con la familiar.
Otro aspecto es contar con más mujeres en espacios de representación y de participación política. La ley de cuotas fue un buen ejercicio. A partir de un 16 por ciento, hoy día se registra un 23. Aún existe un déficit, pero el cuerpo legal demostró ser exitoso, porque si se compara con la elección de consejeras regionales, donde no se aplicó esa medida de acción positiva, el salto no fue tan significativo.
Lo último dice relación con los derechos sexuales y reproductivos. Esa es la otra parte de la gran agenda, y creo que este proyecto colabora en fomentar una cultura de mayor igualdad entre hombres y mujeres.
--Se aprueba en general el proyecto (25 votos a favor y un pareo).
Votaron a favor las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Durana, Elizalde, Galilea, García, Huenchumilla, Kast, Latorre, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Quinteros, Sandoval y Soria.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Coloma.
La Honorable señora Muñoz ha solicitado fijar el plazo para presentar indicaciones hasta el 26 de noviembre.
Vamos a pasar al quinto proyecto de la tabla, porque está la posibilidad de que se logre un acuerdo en torno a la iniciativa sobre educación, y eso haría que pudiéramos votarla en un rato más. De no ser así, sigue vigente la citación a una sesión especial a las 22:15 de hoy.
Boletín N° 11406-13
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo para hacer aplicable el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, en las condiciones que indica, con informe de la Comisión de Defensa Nacional y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.406-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Defensa Nacional: sesión 62ª, en 23 de octubre de 2018.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Antes de dar la palabra al señor Secretario para la relación del proyecto, pido la venia de la Sala para que pase a presidir la sesión el Senador señor Araya, ya que, como Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, daré lectura al informe correspondiente.
--Pasa a presidir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Araya.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El objetivo principal del proyecto es asegurar el derecho a fuero maternal, establecido en el artículo 201 del Código del Trabajo, a todo el personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, no obstante haber incurrido, por motivos de salud, en una causal de retiro temporal o absoluto.
La Comisión de Defensa Nacional discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Araya, Bianchi, Elizalde, Pérez Varela y Pugh.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 21 y 22 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor ARAYA (Presidente accidental).- En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra al Senador señor Bianchi, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, el proyecto de ley se inició en moción de las Honorables Diputadas señoras Paulina Núñez y Marcela Sabat; del ex Diputado y actual Senador, nuestro amigo Felipe Kast; de los Honorables Diputados señores Bernardo Berger, René Manuel García, Diego Paulsen, Jorge Rathgeb y Alejandro Santana, y de la ex Diputada señora Karla Rubilar. Ingresó a la Cámara de Diputados el 5 de septiembre del 2017; fue aprobado por la Sala de esa Corporación el 8 de agosto del año en curso, por 147 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, y tiene urgencia calificada de "simple".
La iniciativa fue discutida solo en general en la Comisión de Defensa Nacional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Corporación.
Su objetivo es asegurar el derecho a fuero maternal establecido en el artículo 201 del Código del Trabajo a todo el personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, no obstante haber incurrido, por motivos de salud, en una causal de retiro temporal o absoluto. Para ello, se enmienda la mencionada disposición del Código Laboral y las normas correspondientes de los respectivos estatutos de personal.
Los elementos centrales de la iniciativa podrían resumirse en los siguientes:
-Proteger a la madre y al padre trabajadores.
-Impedir que los funcionarios o las funcionarias sean desvinculados, aun cuando pudiera aplicarse una causal legal de retiro por motivos de salud.
-Asegurar que el personal de las instituciones militares y policiales tenga las mismas condiciones que quienes están sujetos al Código del Trabajo.
-Reforzar el cumplimiento del principio de igualdad ante la ley y la protección a la maternidad.
En efecto, la Comisión tuvo en vista que el Título II del Libro II del Código del Trabajo, denominado "De la protección a la maternidad, la paternidad y la vida familiar", tiene un alcance universal. Es decir, en Chile todos los trabajadores gozan, en teoría, del fuero laboral que regula el artículo 201. En consecuencia, el régimen contenido en ese Código se extiende a todas y todos los funcionarios públicos, incluidos los pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.
No obstante, la Contraloría General de la República ha permitido la desvinculación de mujeres pertenecientes a las ramas castrenses, a Carabineros y a la Policía de Investigaciones dentro del período en que se encuentran protegidas por esta figura; esto es, durante el embarazo y hasta un año después de terminado el descanso de maternidad.
Lo anterior, porque el Fiscalizador, en diversos dictámenes, ha admitido esta situación cuando no obedece a una decisión de la autoridad, sino a una "imperativa prescripción legal", haciendo una excepción a la regla general antes señalada. Normalmente, la causal invocada es una incompatibilidad para el ejercicio de las funciones por motivos de salud.
Por ello, la iniciativa propone las siguientes modificaciones:
-Se reconoce expresamente a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública el derecho a fuero del artículo 201, conforme a su regulación estatutaria.
-El beneficio será aplicable a quienes sean comprendidos en retiro por contraer enfermedad declarada incurable o enfermedad curable que los imposibilite temporalmente para el servicio, calificada así por la Comisión Médica.
-En estos casos, el término de funciones se hará efectivo al finalizar el período de protección.
La Comisión de Defensa Nacional escuchó al Ministro de la Cartera, señor Alberto Espina; a su Jefe de Gabinete, señor Pablo Urquízar; a la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Isabel Plá, y a la Subsecretaria, señora Carolina Cuevas.
También escuchamos al Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez, y a los Auditores Generales del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea.
Los miembros de la Comisión compartieron ampliamente los objetivos del proyecto y estuvieron por darle su apoyo unánime a la idea de legislar. Votaron por la afirmativa los Senadores señores Araya, Elizalde, Pérez Varela, Pugh y quien habla. Y estuvimos de acuerdo en la necesidad de abrir un plazo de indicaciones para realizar algunas enmiendas que estimamos imprescindibles, las que el Ejecutivo se comprometió a presentar.
Básicamente -voy terminando, señor Presidente-, se trata de introducir las modificaciones solamente a los respectivos estatutos de personal de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, y no al Código del Trabajo -como lo propone el texto en debate-, puesto que, en opinión de los expertos y de los integrantes de la Comisión, generará confusión acerca de la regulación aplicable -la propia de los funcionarios militares o policiales o la de los trabajadores en general-, abriendo la puerta a interpretaciones contrarias al carácter jerarquizado que deben tener las instituciones armadas.
No podemos olvidar que se trata de personal que es nombrado de forma institucional y no contratado, no existiendo vínculo de subordinación y dependencia, como sucede con las relaciones reguladas por el Código del Trabajo.
Los aspectos reseñados son perfectibles, por lo que llamo a aprobar en general este proyecto de ley, dándole el respaldo que esperan, fundamentalmente, las mujeres que integran las filas de nuestras Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad.
El señor ARAYA (Presidente accidental).- Para iniciar el debate de este proyecto, ofrezco la palabra al Senador señor Elizalde.
El señor QUINTEROS.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor ELIZALDE.- Pido lo mismo, señor Presidente.
El señor ARAYA (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, se abrirá la votación, manteniendo los tiempos.
El señor ARAYA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Elizalde.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, la verdad es que este es un proyecto de toda lógica, que se enmarca dentro de lo que ha sido el objetivo de la política pública y de los cambios legislativos que se han producido en nuestro país en los últimos años para generar una efectiva protección de las mujeres, tender a una igualdad entre hombres y mujeres y, en este caso, hacer aplicables a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública las disposiciones respecto del fuero maternal. De esta forma, se consagra la protección adecuada de la maternidad, conforme lo establece nuestra legislación en otros ámbitos, particularmente respecto de las trabajadoras sometidas a las disposiciones del Código del Trabajo.
En la Comisión de Defensa analizamos este proyecto y, después de escuchar las exposiciones tanto de la Ministra de la Mujer como del Ministro de Defensa, votamos a favor de la idea de legislar. No obstante, como lo señalara el Presidente de la Comisión, el Senador Bianchi, tenemos una observación. Creemos que este proyecto debe ser perfeccionado. Y por eso hemos planteado que esta extensión del fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública debiera incorporarse en los estatutos que regulan a las distintas instituciones.
Pensamos que eso permite una aplicación armoniosa en virtud de la naturaleza específica de estas instituciones, de manera de no generar una mezcla que pudiera el día de mañana suscitar problemas de interpretación sobre cuáles son las normas aplicables.
Por eso, votamos unánimemente a favor de esta iniciativa. Pero hemos planteado la necesidad de que, a través de las indicaciones respectivas, se establezca una regulación adecuada, modificando los estatutos de las Fuerzas Armadas, de Carabineros e Investigaciones, para que el día de mañana no haya errores respecto de la forma en la cual se interpreta y aplica esta normativa.
Consideramos que eso es fundamental, además, por la naturaleza específica que tienen estas instituciones y por el marco regulatorio, que es distinto.
Por lo anterior, respaldamos la idea de hacer aplicables las normas del fuero maternal a todas las funcionarias de estas instituciones. Pero creemos que en el debate en particular debiera perfeccionarse la técnica legislativa para que esta sea una regulación adecuada, que consagre los derechos que corresponden conforme a nuestro ordenamiento jurídico, haciéndolos aplicables a estas funcionarias, pero teniendo en cuenta la naturaleza específica de las instituciones de las cuales forman parte.
Por tanto, votaré a favor, independientemente de que en la Comisión de Defensa vamos a hacer las correcciones necesarias para perfeccionar este proyecto, que es muy importante como una señal de que todas las mujeres deben ser protegidas en el fuero maternal, independientemente de cuál sea su entidad empleadora o de la cual forman parte -en este caso, las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad-, como un derecho fundamental concordante con las distintas modificaciones que hemos impulsado en nuestro país en los últimos años.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, quiero decir que vamos a votar a favor. Creemos que es una muy buena iniciativa, en la medida en que está reconociendo y consagrando el derecho laboral, especialmente de las mujeres, sobre protección de la maternidad, derecho que -dicho sea de paso- es reconocido hoy día en el Código del Trabajo y, también, en los distintos estatutos de las Fuerzas Armadas.
Ahora bien, debido a problemas de aplicación práctica producto de la especial naturaleza de las funciones que cumple el personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, la Contraloría había interpretado que se podía desvincular a una mujer que estaba haciendo uso del fuero maternal.
En esa línea, quiero decir que el proyecto que se presentó en la Comisión de Defensa y que votamos a favor en general es una buena idea, pero deben hacerse algunas correcciones.
La primera -así lo sostuve en la Comisión- dice relación con que, a mi juicio, esta norma no debe quedar consagrada, como se plantea en el proyecto, en el Código del Trabajo. En lugar de ello, debe señalarse expresamente en cada ley y reglamento de la respectiva institución castrense. ¿Por qué razón? Porque en el caso del personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad no existe lo que uno denominaría un "contrato de trabajo" propiamente tal; no existe un vínculo de subordinación y dependencia de los funcionarios policiales y castrenses con el Estado. Lo que hay es una relación jerárquica.
Como he dicho, el personal de las Fuerzas Armadas, a diferencia de los trabajadores comunes, no tiene contrato de trabajo; son funcionarios designados mediante la dictación del respectivo decreto que los acepta en la carrera y que además va nombrando los distintos ascensos que tienen a lo largo de la vida en la función militar o de orden y seguridad.
En esa línea, cabe reconocer que la legislación nacional ha hecho esta distinción por la especial naturaleza de la función que cumplen tanto el personal militar como el de orden y seguridad. Por esa razón, el legislador ha distinguido, a mi juicio, un régimen distinto en cuanto a la relación laboral que se mantiene con estos trabajadores, que no es propiamente tal una relación laboral.
En este sentido, uno debe tener presente que al personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, cuando el legislador le quiere reconocer un derecho laboral, lo hace expresamente. Aquel no tiene, en forma supletoria, el Código del Trabajo.
Este proyecto, en su redacción actual, presenta una serie de inconvenientes que se pueden prestar para dudas interpretativas. Por lo pronto, cabe considerar que una trabajadora que está gozando de fuero maternal puede ser desvinculada de su trabajo cuando el empleador solicita el procedimiento de desafuero ante el juzgado del trabajo. Ese es un derecho que se le reconoce a cualquier trabajadora que está haciendo uso del fuero y que también el empleador lo puede utilizar para poner término a la relación laboral.
En el caso del personal de las Fuerzas Armadas, hay que tener presente que los distintos juzgados del trabajo, pese a una interpretación distinta que han tenido en el último tiempo algunos tribunales de justicia, no están sujetos a la jurisdicción laboral, dado que la potestad disciplinaria se rige por otras normas: el Estatuto Administrativo, en primer lugar. Y, como consecuencia de ello, los organismos llamados a tomar razón respecto de las distintas reclamaciones que se puedan hacer por los actos arbitrarios en que pudiera incurrir la superioridad castrense o de orden y seguridad, son la Contraloría y, posteriormente, los juzgados civiles, en su caso.
Aquí se presentaría un problema, en el evento de que se pudiera poner término al fuero maternal. Porque se debe tener presente que la carrera militar o de orden y seguridad puede terminar por diversas razones. La persona puede ser llamada a retiro por salud incompatible, por una sanción disciplinaria que obliga a su separación de la función, o bien, porque ha cumplido el período respecto del cual puede estar en la institución. Entonces, estas causales no podrían a mi juicio ser reclamadas ante el juzgado del trabajo, porque son de corte netamente administrativo. Y al no tener resuelto este tema, uno podría señalar: "Mire, aquí se abre la puerta para decir que la jurisdicción laboral es la que tiene que resolver los conflictos que se dan al interior de las Fuerzas Armadas cuando hay que pronunciarse sobre temas de orden laboral", cosa que -vuelvo a insistir- no es así, porque toda la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas, la reglamentación de sus distintos cuerpos legales está construida sobre la base de un tratamiento de carácter administrativo.
Por esa razón, yo sostuve en la Comisión -y lo voy a reiterar en la discusión particular- que la norma que se propone debe ir incluida en cada ley que regule a las Fuerzas Armadas, así como en sus distintos reglamentos internos, a fin de poder mantener la jerarquía.
Obviamente, también tendremos que hacernos cargo de un punto esencial: qué ocurre en aquellos casos en que una mujer que está haciendo uso del fuero maternal es separada de la función producto de un sumario administrativo por haber incurrido en faltas graves. Es una cuestión que, a mi juicio, no está resuelta en el proyecto, y tampoco se plantea una posible solicitud de juicio de desafuero.
Esos son los temas que hay que resolver.
Dicho lo anterior, señor Presidente, yo voy a votar a favor porque se trata de reconocer un derecho que tienen las mujeres. Pero -vuelvo a reiterar- este es un derecho que tienen con especiales características, dada la función militar, dada la función que cumplen en materia de orden y seguridad. Porque toda la estructura legal de esas instituciones es distinta de la del Código del Trabajo. Y eso tenemos que mantenerlo. Nosotros debemos guardar el principio de jerarquía que existe al interior de las Fuerzas Armadas, reconociendo los derechos que, obviamente, pueden tener las mujeres y los hombres que pertenecen a ellas.
El señor PUGH.- Señor Presidente, la maternidad es fundamental y por eso debe ser protegida.
En tal sentido, la Agenda Mujer que anunció el Presidente Piñera incorpora una de las esencias del servicio a la patria para una mujer, que es básicamente poder contar con fuero maternal en toda condición. Las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones efectivamente tienen estatutos de personal distintos, que no lo consideran. ¿Y por qué? Hay muchas razones. Una de ellas es la incorporación más tardía de las mujeres en las Fuerzas Armadas. Y por eso es necesario adecuar toda la reglamentación para que esté disponible.
Lo segundo dice relación con las condiciones particulares en las cuales han ocurrido estos casos. Las situaciones más críticas tienen que ver con lesiones preexistentes. El 2015 lo vimos con la teniente Andrea Neira, de Carabineros. Con un hijo de cuatro meses, fue desvinculada por esta causal. Posteriormente, en abril de este año, ella fue reincorporada, dando cuenta de la necesidad de entender estas situaciones.
Por eso, es fundamental avanzar.
Pero, tal como se ha explicado, las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones tienen un sistema distinto, que requiere hacer cambios. Y el mecanismo que se propone -una modificación del Código del Trabajo- no es el apropiado, dado que no existe contrato; existe un nombramiento y, más importante, existe un juramento: el juramento de servicio a la patria que prestan todos esos hombres y mujeres.
Por lo tanto, se requiere avanzar en una norma que cambie los estatutos, de manera que las indicaciones tendrán que estar orientadas en ese sentido.
Con todo, hay que comprender la complejidad de aquellas situaciones en que se haya cometido algún delito y la persona sea sancionada, ya sea con una falta, después de una investigación sumaria, o con las sanciones que prevén los diferentes sistemas de justicia. Habrá que analizar y evaluar la condición particular de cada una.
Por lo tanto, voy a aprobar en general el proyecto con el objeto de que posteriormente se puedan introducir modificaciones que perfeccionen una normativa tan importante y necesaria para todas nuestras mujeres, especialmente para aquellas que visten los uniformes de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de Investigaciones.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, solamente deseo justificar mi voto a favor.
Creo que la razón por la cual el Gobierno y nosotros apoyamos este proyecto es porque de alguna manera forma parte de la Agenda Mujer anunciada por el Presidente Sebastián Piñera, la que tiene por objeto superar las discriminaciones que aún subsisten en la ley. El Gobierno ha asumido el compromiso de bajar las barreras de maternidad y de paternidad que existen en el ámbito laboral.
Ello resulta muy importante, por cuanto es deber del Estado fortalecer y resguardar el ejercicio del derecho a fuero maternal, evitando interpretaciones que puedan dar lugar a la desprotección de la mujer, precisamente durante un período en el que se requiere estabilidad y permanencia en su relación laboral.
Con esta legislación evitaremos -reitero- interpretaciones que ya han generado inconvenientes para algunas madres pertenecientes a las Fuerzas Armadas, como fue el caso, ya mencionado, de la Teniente Andrea Neira, que fue desvinculada de Carabineros el año 2015, cuando su hijo tenía apenas cuatro meses, aun cuando finalmente fue reincorporada a la institución.
Yo diría que lo más importante es que esta clase de legislación fortalece el esfuerzo, el empeño y el interés del Gobierno del Presidente Piñera para superar definitivamente discriminaciones de cualquier tipo.
El señor ARAYA (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra a algún señor Senador o señora Senadora que desee hablar.
Le pido al señor Secretario que consulte.
--Se aprueba en general el proyecto (25 votos a favor y un pareo) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 26 de noviembre, a las 12.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes y Von Baer y los señores Araya, Castro, Coloma, Durana, Elizalde, Galilea, García, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros y Soria.
El señor ARAYA (Presidente accidental).- Les propongo a los señores Senadores y señoras Senadoras suspender la sesión, porque entiendo que estamos a punto de llegar a un entendimiento en el proyecto de ley de Aula Segura. Todos estamos optimistas.
El señor ARAYA (Presidente accidental).- Entonces, se suspende la sesión.
--Se reanudó a las 22:41.
Cito a reunión de Comités en la sala contigua.
Voy a levantar la sesión porque en poco tiempo más se iniciará la otra citada para el día de hoy, sin perjuicio de dar curso a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, solicitándole REQUERIMIENTO DE INFORME A CARABINEROS DE CHILE Y POLICÍA DE INVESTIGACIONES POR FRACASO DE MEDIDAS CAUTELARES Y DEMORA INJUSTIFICADA EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA FINAL EN CASO LUCHSINGER-MACKAY.
Al señor Contralor General de la República, a la señora Presidenta del Consejo de Defensa del Estado y al señor Director del Servicio de Impuestos Internos, consultándoles por CONOCIMIENTO DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PRESENTADO POR GRUPO PRINCIPAL A SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PREVIO A ACTUACIONES DE DICHAS INSTITUCIONES PÚBLICAS CON RELACIÓN A CASO DE FUSIÓN AFP CUPRUM-AFP ARGENTUM.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, consultándole por PROTOCOLOS Y MEDIDAS ADOPTADAS POR CARABINEROS EN PARTIDOS DE FÚTBOL PROFESIONAL Y AMATEUR .
A los señores Ministros de Hacienda y de Justicia y Derechos Humanos, requiriéndoles INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE ASCENSOS PENDIENTES EN GENDARMERÍA.
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social y a la señora Ministra del Deporte, a fin de consultar respecto de SEGUROS POR ACCIDENTES PARA JUGADORES DE FÚTBOL PROFESIONAL Y AMATEUR .
Al señor Ministro de Salud, a la señora Ministra del Medio Ambiente y al señor Superintendente del Medio Ambiente, para que se informe acerca de FALLA EN MANTENCIÓN DE PLANTA SANTA FE, COMUNA DE NACIMIENTO.
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, con la finalidad de formularle interrogantes en torno a CAUSA DE SOCAVÓN EN SECTOR LA PEÑA, COMUNA DE CORONEL, Y ENTIDAD RESPONSABLE DE REPARACIONES, y a COSTO DE REUBICACIÓN DE FAMILIAS DE COMUNA DE NACIMIENTO ANTE PLAGA DE TERMITAS Y RECURSOS DISPONIBLES PARA PAGO PERTINENTE.
Y a la señora Ministra del Deporte, requiriéndole diversa información sobre ESTADO ACTUAL DE FÚTBOL FEMENINO y respecto de BECA PRODDAR.
Al señor Director General de Aeronáutica Civil, con el objeto de que se sirva informar REGISTROS DE VUELOS DE AVIÓN AMBULANCIA DENTRO Y FUERA DE REGIÓN DE AISÉN.
Al señor Superintendente de Servicios Sanitarios, al señor Director General de Aguas y al señor Presidente del Directorio de Aguas Patagonia, para que envíen antecedentes sobre DENUNCIAS POR CALIDAD DE AGUA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA DE GENERAL CARRERA, Y ACCIONES, MEDIDAS Y FISCALIZACIÓN EFECTUADAS POR LOS RESPECTIVOS ORGANISMOS.
--Se levantó la sesión a las 22:41.

References: artículo 77
 artículo 15
 artículo 251
 artículo 223
 artículo 250
 artículo 366
 artículo 366
 artículo 494
 artículo 203
 artículo 201
 artículo 36
 artículo 201
 artículo 201
 artículo 201