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Timestamp: 2019-07-18 06:51:08+00:00

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Competencia jurisdiccional - Letonia
La Ley de Enjuiciamiento Civil garantiza que toda persona, física o jurídica, tiene derecho a la protección judicial de sus derechos civiles, si esos derechos son vulnerados o impugnados, y a la protección judicial de cualquier interés salvaguardado por la legislación. Como norma general, los litigios civiles son juzgados por los tribunales, que siguen los procedimientos judiciales ordinarios. En asuntos excepcionales, y solamente cuando la legislación así lo especifica, los litigios civiles pueden ser dirimidos mediante otros procedimientos extrajudiciales. Cuando la legislación lo contemple, un tribunal también dirimirá las demandas presentadas por personas físicas y jurídicas que por su naturaleza no sean litigios civiles. En todos los asuntos, sin embargo, la asignación de un litigio será decidida por un tribunal o un juez. Si un tribunal o un juez reconoce que un litigio no compete a un tribunal, la decisión a este efecto indicará el órgano responsable de juzgar el litigio.
En Letonia no existen tribunales especializados que se ocupen de dirimir categorías particulares de asuntos civiles. No obstante, las normas ordinarias de competencia están sujetas a determinadas excepciones que estipulan el rango del tribunal que debe dirimir el asunto en primera instancia.
El tribunal de primera instancia entiende sobre el fondo de los asuntos civiles. La legislación especifica que algunos asuntos deben ser dirimidos por un tribunal regional.
El fondo de un asunto no puede ser examinado en un tribunal superior hasta que haya sido dirimido por un tribunal de rango inferior. El tribunal de primera instancia para asuntos civiles es el tribunal de distrito o municipal (rajona (pilsētas) tiesa) o el tribunal regional (apgabaltiesa) al que compete el asunto. En los procesos civiles, los asuntos son considerados en cuanto a su fondo por el tribunal competente para el tipo de asunto, el objeto y el lugar del litigio.
Si un asunto es competencia de los tribunales, como norma será dirimido en el tribunal de distrito o municipal, aunque la legislación especifica que algunos asuntos deben ser juzgados por un tribunal regional. Los siguientes asuntos son dirimidos en primera instancia por el tribunal regional:
litigios sobre derechos de propiedad relacionados con bienes inmuebles, excepto para la división de los bienes de los cónyuges;
asuntos que conciernan a la protección de derechos de patente, marcas comerciales e indicaciones del origen geográfico;
asuntos referentes a la insolvencia y la liquidación de entidades de crédito.
Si un solo asunto incluye varias demandas, y si algunas demandas competen al tribunal de distrito o municipal y otras al tribunal regional, o si se ha interpuesto ante un tribunal de distrito o municipal una contrademanda que es competencia de un tribunal regional, el asunto será dirimido en el tribunal regional.
Los asuntos civiles que impliquen un secreto oficial serán competencia del tribunal regional de Riga (Rīgas apgabaltiesa) como tribunal de primera instancia.
Los asuntos civiles son asignados para su instrucción en primera instancia a tribunales de diferentes niveles, basándose en su objeto: los asuntos son clasificados según la categoría y la naturaleza de la demanda. No obstante, incluso entonces los tribunales del mismo rango tienen su propia competencia territorial.
Los procedimientos generales relativos a la competencia judicial territorial establecen que una demanda contra una persona física deberá ser interpuesta ante el tribunal de lugar de residencia declarado de la persona (artículo 26 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Una demanda contra una persona jurídica se debe interponer ante el tribunal competente en la ubicación donde esa persona tiene su sede oficial. Así pues, el tribunal de primera instancia apropiado se determina por el objeto y por las normas que rigen la competencia judicial territorial.
La ley de Enjuiciamiento Civil también especifica excepciones a las normas sobre competencia territorial en asuntos civiles, en las que un demandante puede escoger entre interponer una demanda de conformidad con las disposiciones generales de la competencia territorial, es decir, presentarla ante el tribunal del lugar de residencia declarado o de la sede oficial del demandado, o interponer un recurso ante un tribunal de primera instancia diferente, del mismo rango, designado por la legislación como tribunal alternativo.
Una demanda contra un acusado que no ha declarado un lugar de residencia debe ser presentada ante el tribunal determinado por el lugar de residencia de facto del demandado.
Si el lugar de residencia de facto del demandado es desconocido, o si el demandado no tiene un lugar de residencia habitual en Letonia, la demanda se presentará ante el tribunal del lugar donde esté ubicado cualquier bien inmueble perteneciente al demandado, o en el lugar donde el demandado haya tenido su última residencia.
En algunos asuntos definidos en la legislación, el demandante tiene determinados derechos a elegir interponer la demanda ante un tribunal determinado por el lugar de residencia declarado o por la sede oficial del demandado, o ante otro tribunal.
Las normas referentes a la elección de la competencia judicial por parte del demandante se recogen en la artículo 28 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que incluye una relación detallada de tipos de asuntos y de tribunales alternativos ante los que es posible presentar una demanda.
Las demandas relacionadas con las actividades de una sucursal o de una oficina de representación de una persona jurídica también pueden ser presentadas ante el tribunal de la sede oficial de dicha sucursal u oficina de representación.
También es posible presentar ante el tribunal del lugar de residencia declarado de demandado una demanda relacionada con el cobro de ayudas alimenticias para los hijos o los progenitores, o con una declaración de paternidad.
Una demanda por daños corporales (secciones 2347-2353 del Derecho Civil) que haya ocasionado una discapacidad, otro daño para la salud o el fallecimiento de la persona afectada también puede ser presentada ante el tribunal del lugar de residencia declarado del acusado o del lugar donde se produjo el daño.
Las demandas relativas a daños contra la propiedad de una persona física o jurídica también pueden ser interpuestas ante el tribunal del lugar donde se causó el daño.
También es posible presentar ante el tribunal del lugar de residencia declarado de acusado una demanda relacionada con la restitución de propiedades, o con la compensación por el valor de estas.
Las demandas marítimas también pueden ser presentadas ante el tribunal de un lugar donde se haya embargado una embarcación perteneciente al demandado.
Es posible presentar una demanda contra varios acusados que residen o que están localizados en lugares diversos, ante el tribunal del lugar de residencia o de la sede oficial del demandado.
Se puede presentar una demanda relacionada con un divorcio o una nulidad matrimonial ante el tribunal del lugar de residencia declarado del demandado si:
hay menores residiendo con el demandado;
el matrimonio que se va a disolver es con una persona cuyo lugar de residencia es desconocido o que reside en el extranjero.
Una demanda derivada de una relación laboral puede ser interpuesta ante el tribunal del lugar de residencia declarado o del lugar de trabajo del demandante.
Si, en los asuntos indicados anteriormente, el demandante no tiene un lugar de residencia declarado, es posible presentar la demanda ante el tribunal del lugar de residencia de facto del demandado.
Asimismo se contempla la competencia judicial exclusiva en los asuntos civiles, que invalida no solamente la competencia territorial ordinaria, sino también todas las otras formas de competencia territorial. En los siguientes casos, la competencia judicial la determina el tipo de demanda.
Una demanda referente a derechos de titularidad o a cualquier otro derecho de propiedad relativo a bienes inmuebles o accesorios de estos, o una demanda referente al registro estos derechos en el catastro o a la anulación de esos derechos y a la exclusión de la propiedad del registro; deberá ser presentada ante el tribunal del lugar donde está situada la propiedad.
Cuando se interponga una demanda por los bienes de un fallecido, y cuando no existan herederos conocidos que hayan sido confirmados o que hayan aceptado la herencia, la competencia judicial corresponderá al tribunal del lugar de residencia declarado o del lugar de residencia de facto del fallecido; pero si el lugar de residencia declarado o el lugar de residencia de facto del fallecido no se encuentra en Letonia o es desconocido, la competencia corresponderá al tribunal del lugar donde se localice la propiedad de los bienes o una parte de esta.
La competencia judicial exclusiva también puede ser establecida por otros actos legislativos.
Las disposiciones recogidas más adelante también son de aplicación a asuntos sujetos a procedimientos judiciales especiales:
Las demandas de autorización de adopción deben presentarse ante el tribunal del lugar de residencia declarado del adoptante o, en su defecto, del lugar de residencia de facto del adoptante. Las demandas de anulación de una adopción deberán presentarse en el tribunal del lugar de residencia declarada del solicitante o, en su defecto, en el del lugar de residencia de facto del solicitante.
Las demandas de autorización de adopción que son presentadas por un ciudadano extranjero, o por una persona que reside en un Estado extranjero, deben ser presentadas ante el tribunal del lugar de residencia declarado del adoptado, y si el adoptado está en acogida extrafamiliar la demanda debe dirigirse al tribunal del lugar donde se está produciendo la acogida (artículo 259, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Las demandas para limitar la capacidad de una persona para actuar debido a una enfermedad mental o a otro trastorno de su salud deben ser presentadas ante el tribunal del lugar de residencia declarado de la persona, o en su defecto del lugar de residencia de facto de la persona. Si la persona ha sido ingresada en una institución médica, la demanda será dirigida al tribuna del lugar donde esté situada la institución médica (artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Una demanda para limitar la capacidad de actuar y establecer un régimen de tutela para una persona debido a su estilo de vida disoluto o despilfarrador, o al consumo excesivo de alcohol o de otras sustancias estupefacientes, deberá ser presentada ante el tribunal del lugar de residencia declarado de esa persona, o en su defecto en el lugar de residencia de facto de esa persona (artículo 271 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Los asuntos referentes a la tutela sobre los bienes de una persona ausente o desaparecida serán juzgados por el tribunal del último lugar de residencia de esa persona (artículo 278 de la Ley).
Las solicitud para declarar fallecida a una persona desaparecida deben ser presentadas ante el tribunal del último lugar de residencia de esa persona (artículo 282 de la Ley).
Las solicitudes para que un tribunal establezca hechos de pertinencia jurídica deben presentarse al tribunal del lugar de residencia declarado del solicitante, o en su defecto al del lugar de residencia de hecho del solicitante (artículo 290 de la Ley).
Las solicitudes para poner fin a los derechos sobre bienes inmuebles deben ser presentadas ante el tribunal del lugar donde estén situados los bienes; las demandas para poner fin a cualquier otro derecho deben ser presentadas ante el tribunal del lugar de residencia declarado del solicitante, o en su defecto al del lugar de residencia de facto del solicitante, o en el caso de una persona jurídica al de la sede oficial, a menos que la ley indique otro extremo (artículo 294, apartado 2 de la Ley).
Las solicitudes para la cancelación de un documento perdido, robado o destruido y para la renovación de los derechos relacionados con dicho documento deberán ser presentadas ante el tribunal del lugar de pago indicado en el documento, o, si el lugar de pago es desconocido, ante el tribunal del lugar de residencia declarado del donante, o en su defecto el del lugar de residencia de facto del deudor, o en el caso de una persona jurídica el de la sede oficial; si el lugar de residencia de facto o la sede oficial del deudor también son desconocidos, la solicitud deberá dirigirse al tribunal del lugar donde se emitió el documento (artículo 299 de la Ley).
Las solicitudes para el rescate de bienes inmuebles serán presentada ante el tribunal del lugar donde estén situados los bienes (artículo 336 de la Ley).
Las demandas de medidas para garantizar el pago de una deuda serán tramitadas por el tribunal del lugar donde el deudor tiene su sede oficial (artículo 341.1 de la Ley).
Un asunto relativo a la insolvencia de una persona jurídica será juzgado por el tribunal del lugar donde el deudor tiene su sede oficial. La competencia judicial para iniciar procedimientos de insolvencia en aplicación del artículo 3, apartado 1 del Reglamento nº 1346/2000 del Consejo corresponde al tribunal del lugar donde el deudor tiene su centro de principales intereses. No obstante, si se inicia un procedimiento de insolvencia en aplicación del artículo 3, apartado 2 de ese Reglamento, el asunto será juzgado por el tribunal de un lugar en el que el deudor tenga un «establecimiento» en el sentido del artículo 2, letra h), del Reglamento (artículo 363.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Un asunto relativo a la insolvencia de una persona física será juzgado por el tribunal del lugar de residencia declarado del deudor, o en su defecto del lugar de residencia de facto del deudor. La competencia judicial para iniciar procedimientos de insolvencia en aplicación del artículo 3, apartado 1 del Reglamento nº 1346/2000 del Consejo corresponde al tribunal del lugar donde el deudor tiene su centro de principales intereses. No obstante, si se inician procedimientos de insolvencia en aplicación del artículo 3, apartado 2 de ese Reglamento, el asunto será juzgado por el tribunal del lugar donde el deudor tenga un «establecimiento» en el sentido del artículo 2, letra h) del Reglamento (artículo 363.22 de la Ley).
Los asuntos relacionados con la insolvencia o la liquidación de entidades de crédito serán juzgados por el tribunal del lugar donde la entidad tiene su sede oficial (artículo 364 de la Ley).
Un empresario puede presentar una demanda para declarar ilegal una huelga o una convocatoria de huelga, por los motivos recogidos en la Ley de huelgas y de conformidad con el procedimiento contemplado en ella: la demanda para declarar ilegal la huelga o la convocatoria de huelga deberá ser presentada ante el tribunal del lugar donde se producirá la huelga (artículo 390 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Los representantes de los trabajadores pueden presentar una solicitud para que se declare ilegal el cierre patronal o el anuncio de cierre patronal alegando las razones establecidas en la Ley de Conflictos Laborales y siguiendo los procedimientos contemplados en ella. Las solicitudes para que se declare ilegal un cierre patronal o un anuncio de cierre patronal se presentarán ante el tribunal del lugar en que vaya a producirse el cierre patronal (artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Asuntos relacionados con el cumplimiento forzoso de obligaciones (saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana):
Las demandas para la venta voluntaria de bienes inmuebles en subasta a través de un juzgado deben presentarse ante el tribunal de distrito o municipal del lugar donde está situada la propiedad inmueble (artículo 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Las demandas para el cumplimiento forzoso de pagos monetarios o para la devolución de bienes muebles o para el cumplimiento forzoso de obligaciones en virtud de contratos garantizados por un compromiso mercantil serán presentadas ante la oficina de registro de la propiedad del tribunal de distrito o municipal del lugar de residencia declarado del deudor, o en su defecto del lugar de residencia de facto del deudor (artículo 403, apartado 1 de la Ley).
Las demandas para el cumplimiento forzoso en virtud de documentos que garanticen bienes inmuebles, o el cumplimiento forzoso de una obligación para renunciar a o devolver bienes inmuebles arrendados o alquilados, deben ser presentadas ante la oficina de registro de la propiedad del tribunal de distrito o municipal del lugar donde están situados los bienes inmuebles. Si una obligación está garantizada con varias propiedades inmobiliarias, y si las demandas son competencia de las oficinas de registro de la propiedad de diferentes tribunales de distrito o municipales, la demanda será tramitada por la oficina de registro de la propiedad del tribunal de distrito o municipal del lugar donde estén situados los bienes inmuebles, a elección del solicitante (artículo 403, apartado 2 de la Ley).
Las demandas para el cumplimiento forzoso basadas en una obligación de hipoteca naval deben ser dirigidas a la oficina del registro de la propiedad del tribunal de distrito o municipal del lugar de registro de dicha obligación (artículo 403, apartado 3 de la Ley).
Asuntos relacionados con el cumplimiento de obligaciones notificado por el tribunal (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā):
Una demanda de cumplimiento de obligaciones notificado por el tribunal se presentará ante la oficina del registro de la propiedad del tribunal de distrito o municipal del lugar de residencia declarado del deudor, o en su defecto del lugar de residencia o de la sede oficial de facto del deudor (artículo 406.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
En efecto, esta posibilidad existe: La legislación letona permite a las partes escoger el tribunal con competencia territorial para su asunto mediante un acuerdo entre ellas. Cuando firman un contrato, las partes pueden especificar el tribunal de primera instancia donde se resolverán los futuros litigios relativos al contrato o al cumplimiento de sus términos. No pueden modificar la competencia judicial con respecto al objeto de un litigio, es decir, el rango del tribunal que dirimirá el caso en primera instancia (artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), ni pueden modificar cualquier competencia judicial exclusiva (artículo 29 de la Ley). La competencia judicial por mutuo acuerdo está sujeta a dos restricciones:
La elección de la competencia judicial puede ser ejercida únicamente en el caso de litigios contractuales.
El acuerdo que determina la competencia judicial territorial debe ser alcanzado en el momento de celebrarse el contrato, y se debe indicar el tribunal específico que dirimiría un posible litigio en primera instancia. Cuando celebran el contrato, no es posible para las partes prever la cuantía de una demanda potencial, y por tanto el contrato deberá permitir una elección alternativa del tribunal de primera instancia: deberá indicar un tribunal de distrito o municipal específico así como un tribunal regional específico ante el cual las partes presentarán los litigios, en función de la cuantía de la demanda.
En virtud de la legislación letona, los tribunales de competencia general dirimen asuntos tanto civiles como penales. Letonia no cuenta con tribunales especializados, por ejemplo tribunales de familia, ni con jueces dedicados a cuestiones jurídicas específicas, como sucede en otros países.
Tal y como se ha explicado anteriormente, el fondo de un asunto civil se examina en un tribunal de primera instancia y no puede ser examinado en un tribunal de rango superior hasta que el asunto haya sido resuelto por el tribunal de rango inferior. El tribunal de primera instancia para asuntos civiles es el tribunal de distrito o municipal, o el tribunal regional al que compete el asunto. Como norma general, todos los litigios civiles son competencia de los tribunales, que se ocupan de ellos siguiendo los procedimientos judiciales ordinarios.

References: artículo 28
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 2