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Timestamp: 2018-10-22 10:33:27+00:00

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6437-24846-1-PB
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Agenda 2o Foro Con Sociedad Civil - 08-08-14-ESP
Contra La Actual Cultura Punitiva
Fallo CSJT 68 - Robles Williams - Actuacion Asesora de Menores en Debate
Y 2012. Justicia Restaurativa y SRPA
Dogmática -
La adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, por las
Naciones Unidas en noviembre de 1989, y su posterior ratificación
por los Estados, ha originado la derogación de leyes preexistentes y el
cambio del rol del Estado, en el tratamiento de problemáticas vinculadas al niño y a la familia.
Realizando un balance general del significado de la vigencia de la
Convención en nuestra legislación, debemos reconocer que han existido grandes avances a nivel legislativo, que han brindado un marco
jurídico adecuado para el tratamiento del niño como sujeto de derechos, pero estos progresos han estado acompañados de retrocesos, que
han significado la vuelta a la doctrina previa a la Convención.
Confirmamos lo antes dicho, al dar lectura a los decretos legislativos No 895 y No 899 referidos a la «Ley de Terrorismo Agravado» y
a la «Ley de Pandillaje Pernicioso» respectivamente, siendo el segundo
materia del presente trabajo. Ambos textos legales, han transgredido
las obligaciones asumidas por el Estado peruano al ratificar la Convención.
Para el abordaje de esta temática, quisiéramos rescatar tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, vamos a hacer referencia al objetivo de la legislación en análisis; en segundo lugar, veremos como la
promulgación de la Ley de Pandillaje Pernicioso ha violado las normas
y principios contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño;
y para concluir, plantearemos una propuesta para brindar seguridad
ciudadana sin transgredir los derechos reconocidos a los adolescentes
que infrinjen la ley.
entonces constante. la respuesta estatal se caracterizó por la aplicación de medidas correctivas excesivas. Las llamadas «medidas de protección» cumplieron esta función. entre ellos del Perú. el objetivo estratégico de esta ley es brindar seguridad nacional. se justificó la intervención del juez de menores. corresponde aislarlo por un período más o menos largo a través de la medida socioeducativa de la internación. cumpliendo un rol supletor de las políticas sociales.916 María Consuelo Barletta Villarán 1 Análisis comparativo con la legislación de menores Conforme lo indicaba el D. quienes amenazaban la seguridad nacional. ya vigente en las legislaciones de menores de Latinoamérica. Cuando damos lectura a la Ley de Pandillaje Pernicioso. Este pensamiento reforzó el control socio-penal encubierto. Leg. respondiendo al estereotipo ya creado que la pertenencia a una pandilla lo hace difícilmente recuperable. los discursos en los Congresos Panamericanos focalizaron su interés en un sector de la infancia. por ser necesario proteger al Estado contra este enemigo interno. Donde participaron representantes de los Estados. En consecuencia. el Código de Menores de 1962 plasmó a plenitud esta doctrina. . recordamos la legislación de menores y verificamos cómo se ha focalizado esta visión socio-jurídica del menor como sujeto peligroso en los adolescentes integrantes de pandillas. para discutir los derechos y las políticas a favor de los entonces llamados menores. teniéndose al internamiento como la medida privilegiada. respondiendo así a la situación de incertidumbre. N° 899. En nuestro país. generada por las post-guerras mundiales. Revisando las conclusiones de los Congresos Panamericanos de la Infancia. que consistió en propiciar estabilidad y seguridad nacional a nivel interno y externo. «los menores». por lo cual. Este tema no es nuevo en el tratamiento de los menores de edad que infrinjen la ley. haciéndose en consecuencia destinatarios del estigma de «menores peligrosos». aplicándose indiscriminadamente tanto a los menores en situación irregular como a los que infrinjían la ley. 2 De esta manera. 1 comprobamos que en el período de 1942 a 1968 los Estados buscaron dar solución a una preocupación. aquellos que escapaban del control socio-familiar.asistencialista. 2 habiendo tenido como antecedente inmediato el Código Penal de 1924. desde las primeras décadas del siglo veinte. Como consecuencia de ello. Es así que con un discurso proteccionista .
Reglas de Beijing (1985).l92. Entre estos insÚumentos encontramos: La Declaración de Ginebra (1924). 11 El efecto vinculante de la Convención sobre los Derechos del Niño La Convención sobre los Derechos del Niño. Madrid. ] incluyen mecanismos para arbitrar su cumplimiento». derechos que le corresponden por su condición natural de sujetos en desarrollo. siendo orientador pero no obligarorio para los Estados.en: Derechos Humanos. constituye lo que se llama "Derecho suave" (soft Law) [. a diferencia de los instrumentos internacionales que con anterioridad trataron la temática\ tiene un carácter obligatorio para los Estados partes que han procedido a su ratificación. Tecnos. ] garantizar los derechos incluídos en ella y a introducir en su legislación los derechos que se han formulado [. Así. La Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959).. Mientras que las Convenciones son el "Derecho Fuerte" (hard Law) y por su carácter obligatorio requieren de una decisión activa de los Estados [.. 4 Mercedes Carrera. y lo mismo cabe decir de su fuerza ante los Estados para que se cumplan. Este tipo de declaraciones. sin ninguna medida alternativa viable. Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (1991) y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil. el resguardo de la seguridad nacional (o ciudadana) se hace prevalecer sobre los derechos de los adolescentes infractores. .. 1992. de cumplimiento en libertad. ] no obliga a los Estados y constituye una mera definición del pensamiento de las Naciones Unidas respecto a los derechos del niño. <<Los Derechos del Niño: De la Declaración de 1959 a la Convención de 1989>>... Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores .El adolescente infractor: de menor a pandillero 917 se busca privilegiar la medida de reclusión del pandillero en un Centro Juvenil. Sobre el particular.. Mercedes Carreras plantea lo stgutente: «La naturaleza jurídica de la Declaración y de la Convención difiere sustancialmente. 4 3 Los instrumentos internacionales que precedieron la Convención sobre los Derechos del Niño tuvieron un carácter declarativo. p. en su función de instrumento internacional.
base y condición de todos los demás: el derecho a ser reconocido siempre como persona humana. económica...1 Respetar y garantizar la Convención sobre los Derechos del Niño La racionalidad jurídica del «deber de respetar». se recoge explícitamente esta obligación. 7 Artículo 2 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. 5 El Estado peruano procede a su ratificación mediante Resolución Legislativa No 25278 del 3 de agosto de 1990. T.>> Máximo Pacheco. San José de Costa Rica... es decir. Los Derechos Fundamentales de la Persona Humana en Estudios Básicos de Derechos Humanos !!. caracterizado por la ejecución de las acciones necesarias para lograr que todos los niños de su jurisdicción sean sujetos de derechos.. considerando una internación para el adolescente infractor no mayor a tres años y otorgando a la discrecionalidad del juez la posibilidad de aplicar las medidas socioeducativas alternativas. . existe un derecho fundamental para el hombre. derechos fundamentales de la persona humana. y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción. cultural o sexual . 7 En el ámbito penal. ]». El Estado deberá establecer los mecanismos requeridos para el reclamo de la vulneración de un derecho contenido en la Convención. consiste en evitar que el Estado y sus agentes transgredan las normas contenidas en este instrumento internacional. [.67. En la Convención sobre los Derechos del Niño. 6 El «deber de garantizar». que en síntesis contiene los derechos humanos de los niños.Instituto Insteramericano de Derechos Humanos. 6 Al referirnos a derechos humanos conviene que rescatemos su expresión como: << .. cuando se indica: «Los Estados partes [.II. 1995 p. implica un rol activo del Estado.918 María Consuelo Barlena Villarán En consecuencia.. las siguientes obligaciones: 2. debido al carácter vinculante de la Convención. Con ello se quiere manifestar que toda persona posee derechos por el hecho de serlo y que éstos deben ser reconocidos y garantizados por la sociedad. recogió en el Código de Niños y Adolescentes (actualmente derogado por los decretos legislativos en discusión) la garantía del internamiento como última medida. que tengan capacidad de goce y de ejercicio.. el Estado peruano 5 ha asumido. el Estado peruano dando cumplimiento a su deber de respetar la Convención. sin distinción alguna. sin ningún tipo de descriminación social. en síntesis. ] respetarán los derechos enunciados en la presente Convención.
Para la consecución de estos objetivos. de control o socialización por parte de los agentes estatales para con el niño o adolescente. . legislativas y de otra índole. sino que adicionalmente se genera en los Estados partes la obligación de diseñar y ejecutar políticas sociales orientadas a la superación de la pobreza.2 Adoptar las medidas para hacer efectiva la Convención sobre los Derechos del Niño Obligación contenida en la Convención.El adolescente infractor: de menor a pandillero 919 A manera de ejemplo. orientan a los Estados en la implementación de políticas sociales. considerándose que la preocupación y el interés primordial de la temática radica en la ejecución de medidas preventivas de la delincuencia juvenil. a fin de brindar resguardo a los derechos de los niños y adolescentes. (Directrices de Riad). como estrategia. Artículo 4" de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. debiendo el gobierno de turno formular a todos los niveles planes generales de pre8 9 Artículo 199" del Texto Unico Ordenado del Código de Niños y Adolescentes. las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la Delincuencia Juvenil. que indica: «los Estados partes adoptarán rodas las medidas administrativas. donde se reconoce al niño o adolescente el derecho a impugnar la orden que lo ha privado de libertad8 • 2. para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención». 9 Este deber no se limita a la incorporación de las normas internacionales o en la reproducción de las mismas en la legislación interna (eliminándose las discrepancias que pudieran existir con lo contenido en la Convención). como parte esencial de la prevención del delito en la sociedad. Para dicho efecto. que favorezcan la prevención de actos delictivos por menores de edad. entre los mecanismos que el Estado incorpora en la legislación. inspiradas en los principios de la Convención que buscan erradicar la actitud paternalista. se ha de plantear. la formación de la personalidad del niño. a través de la consecución de la igualdad de oportunidades. tenemos la acción de Hábeas Corpus. Las recomendaciones contenidas en las Directrices tienen como postulado el papel primordial que deben ejecutar los jóvenes como actores sociales.
El reconocimiento de este nivel jerárquico.María Consuelo Barletta Villarán 920 vencton. según la cual la enunciación de derechos contenida en la Constitución no debe entenderse como negación de otros. utilizando espacios socializadores como la familia.. no debe ser otro que favorecer la socialización e integración de los niños o adolescentes. no figuren expresamente en ella. En Sistema Jurídico y Derechos Humanos. Una manifestación de esta particularidad la encontramos en una disposición que. los grupos de jóvenes que se encuentran en condiciones similares. la escuela.32 11 <<Como los derechos humanos son inherentes a la persona y su existencia no depende del reconocimiento de un Estado. la formación profesional y el medio laboral. . Debiendo asumir el Estado que el conjunto de derechos contenidos en este instrumento internacional. la coordinación entre organismos públicos y privados. con matices. cual deberá estar orientada a la consideración del internamiento como última medida. en donde el diagnóstico. 2. que siendo inherentes a la persona humana. la política criminal del gobierno. facultad que ha venido en denominarse «progresividad». comprende el deber de brindar información sobre las medidas adoptadas por el gobierno. Santiago. conforman lo mínimo exigible para los Estados partes. al respecto Cecilia Medina 10 afirma: «[ . Debiendo ser concordante con el objetivo fundamental de la integración del niño y adolescente en el seno de su familia y comunidad. ] nada autoriza a que el Estado lo restrinja y nada obsta o más bien todo alienta para que agregue otros derechos en su ordenamiento jurídico nacional». El objetivo de estos programas. se repite en diversos ordenamientos constitucionales. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos. la comunidad. para dar cumplimiento a la Convención. Sociedad de Ediciones de la Universidad Diego Portales. 11 La Convención además de su efecto vinculante tiene rango constitucional. 1996. Específicamente.p. siempre es posible extender el ámbito de la protección a derechos que anteriormente no gozaban de la misma. negaba la posi1O Cecilia Medina. la estrecha vinculación intersectorial y la participación de los jóvenes son los pilares de cualquier gestión. como lo indican las Directrices de Riad.3 Obligación del Estado de cooperar con la supervisión internacio- nal Esta obligación tiene su origen en el principio del Derecho Internacional que obliga a los Estados partes a cumplir los tratados de buena fe..
Este adolescente es también sujeto de derechos. también se considera al internamiento como última medida y el cumplimiento de la medida de privación de libertad en ambientes separados a los adultos. en su totalidad.El adolescente infractor: de menor a pandillero 921 bilidad de cualquier transgresión a la misma. los derechos humanos ya reconocidos con este instrumento internacional. más aún. 14 Estas garantías son reconocidas. al respecto. p. Esta inserción del menor de edad infractor en el Pedro Nikken. independiente. al ser un tratado de derechos humanos no cabía la posibilidad de negar con la promulgación de una norma posterior. nuestra legislación incorpora la remisión. entre otras. cambió y. 13 Garantías procesales contenidas en el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño destierra la concepción del menor infractor como sujeto inimputable. San José de Costa Rica. junto con ella. condición que se manifiesta en el otorgamiento legal de garantías sustantivas 12 y procesales. imparcial. de defensa. Instituto Interamericano de Derechos Humanos.26 12 Entre las garantías sustantivas podemos considerar: de culpabilidad (no pena sin culpa). estando autorizados para aplicarla el Fiscal. de legalidad (no hay crimen ni pena sin ley previa) y de humanidad (trato humano y digno al infractor). y la suspensión del proceso en cualquier momento. en: Estudios Básicos de Derechos Humanos I. el Juez y la Sala. reconociéndole responsabilidad frente al Estado por las infracciones a la ley penal que le sean imputables. el cual dista de lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño.I. Sin embargo esto se contradice con el tratamiento que recibe el adolescente pandillero. 111 El adolescente infractor como sujeto con derechos y garantías Debemos partir del análisis de que el principio fundamental que atraviesa la Convención: la visión sociojurídica del niño (entiéndase también adolescente) como sujeto de derechos. 14 Garantías como son: el respeto a la privacidad del presunto adolescente infractor. de juzgamiento por un órgano judicial competente. en el artículo 205° del Texto Único Ordenado del Código de Niños y Adolescentes. las generales que pertenecen a toda persona incursa en un proceso penaP 3 y las específicas que les son propias por encontrarse todavía en formación su personalidad. como son: de presunción de inocencia. T. <<El Concepto de Derechos Humanos>>. en el mismo texto legal. Entre otras garantías. la del adolescente infractor de ley. . 1994.
Delincuencia Juvenil y Sociedad en Transformación. Como garantías derivadas de esta responsabilidad penal especial y en salvaguarda de la aplicación de un derecho penal mínimo. Editorial Montecorvo. un nesgo: «Considerar la responsabilidad penal de los menores y JOvenes es una garantía de limitación al poder represivo del Estado. es decir. encontramos al internamiento como última medida. 17 Esta garantía es explícita en la Convención. de brindar un tratamiento desigual a los desiguales. en este caso los adultos y adolescentes. según Rocío Cantarero. con arreglo al sistema jurídico respectivo. N° 899 creó un nuevo tipo penal.. 16 en aras al resguardo del principio de igualdad. La responsabilidad penal para el adolescente infractor a la que hacemos mención. debido a la preexistencia de figuras penales que ya contenían implícitamente este supuesto del cuál derivaba una consecuencia penal. que indicaba <<La internación constituye medida privativa de la libertad . por no ser necesario. utilizándose el concepto de inseguridad ciudadana». verificamos que el D. L. puede ser castigado por un delito en forma diferente a un adulto>•. en consecuencia. L.. Pero este avance en la doctrina jurídico penal trae aparejada. las modificaciones introducidas con el D.A.922 María Consuelo Barletta Villarán ámbito penal. 17 Garantía contemplada en el artículo 37. conllevó el reconocimiento de garantías.2 a) establecía «menor es todo niño o joven que. No obstante. ]>> .b de la Convención sobre los Derechos del Niño y en el texto del artículo 250 del Código de Niños derogado. 15 Coincidiendo con lo indicado por la citada autora. violándose el principio de legalidad. Se ha creado. 16 Como antecedente las Reglas de Beijing en su artículo 2 númeral 2. No 899. posee una naturaleza jurídica diferente a la de los adultos. Contrario a ello. contienen un tratamiento normativo represivo semejante al de los adultos. presenta ciertos riesgos: podría ser utilizada como arma represiva desde un planteamiento más político que garantista. significando su incorporación la consideración de la privación de libertad como el recurso extremo y por el menor 15 Rocío Cantarero. un nuevo tipo penal para aplicar penas más severas. como escudo o resguardo que busca limitar el poder coercitivo estatal. y se aplicará como último recurso por el período mínimo necesario que no excederá de tres años [. S.
se trasgrede esta garantía en el capítulo correspondiente al Pandillaje Pernicioso. que caracterizó la aplicación de las legislaciones de menores. A partir de la Convención sobre los Derechos del Niño. 240° del Texto Único Ordenado del Código de Niños y Adolescentes. entonces. tal como lo contempla el Art. el artículo 40. Estas limitaciones. entre otros. por no haber logrado interiorizar las normas sociales y jurídicas requeridas para comportarse de manera adecuada en la sociedad. el internamiento tiene un fin rehabilitador. Así. las medidas socioeducativas aplicables a los adolescentes infractores tienen un fin educador. antes de la comisión del delito. a la aplicación del internamiento. las «medidas de protección» aplicables a los infractores de ley tuvieron un rol de control social. es decir. eran proclives al crimen. estamos cometiendo el mismo error. Para hacer efectiva esta garantía. volver al adolescente a la situación moral o legal. por otro lado el fin educativo parte de considerar que el adolescente se encuentra en un período de aprendizaje. en la que se encontraba. Así. en el tratamiento legislativo del pandillaje pernicioso se otorga al internamiento un rol represivo. justificándose implícitamente su exclusividad en la gravedad de los hechos. Sin embargo.4 de la Convención señala que los Estados partes deberán incorporar en su respuesta penal. a las que ya hicimos mención. de formación. por sólo incorporar la internación como única medida a aplicar. fueron una respuesta a la aplicación indiscriminada y excesiva del internamiento en las legislaciones de menores. bajo el discurso de la necesidad de brindar protección a aquellos menores que. A todo lo indicado debemos agregar que la finalidad de las medidas socioeducativas ha variado. Otra garantía de la Convención. la colocación en hogares de guarda. tal como lo indica el texto legal. debido a su entorno socioeconómico. De esta manera. Mientras que. que no ha sido considerada. En las legislaciones de menores. la Convención establece la obligación de los Estados partes de considerar en las sentencias medidas alternativas al internamiento. que buscaba suplir la ausencia de políticas sociales preventivas con una respuesta penal represiva. es el cumplimiento por separado de la privación de libertad por los adoles- . la libertad vigilada. Para el pandillero.El adolescente infractor: de menor a pandillero 923 tiempo posible. En base a ello el Texto Único Ordenado del Código de Niños y Adolescentes incorpora las medidas socioeducativas aplicables al adolescente infractor.
A partir del Decreto Legislativo No 899. algo contrario. disponía su cumplimiento en el ente rector. puesto que es posible internarlo por un período prolongado y. incluso. adicionalmente.924 María Consuelo Barletta Villarán centes y los adultos. Si nuestro objetivo es construir un país a partir de su capital humano. en el que se establecía explícitamente esta garantía y. luego de cumplida su mayoría de edad. debemos entonces continuar nuestro análisis con una pregunta: ¿qué juventud queremos para nuestro país?. No nos es desconocido que los integrantes de las pan- . debe abandonar el Centro Juvenil para cumplir la internación en el INPE. nos resulta cuestionable que nuestra legislación contenga la responsabilidad penal especial que corresponde a los adolescentes infractores. Habiendo procedido a una revisión del articulado actualmente vigente. ¿qué capital humano necesitamos para alcanzar nuestro desarrollo? Conocemos que con la dación de esta ley se ha puesto sobre el tapete temas como los problemas socioeconómicos y la criminalización de la pobreza. pero no queremos concluir este trabajo sin una propuesta. a través de la inserción adecuada de los adolescentes en nuestra sociedad? Si nuestro objetivo es la seguridad ciudadana. sin indicarse la obligación de recluir al adolescente en un ambiente separado al de los adultos. N Propuestas para discusión El tema es bastante complejo. en nuestra legislación se establece que la internación preventiva se cumplirá en el Centro de Observación y Diagnóstico del Poder Judicial. el adolescente será trasladado a ambientes especiales dentro del establecimiento penitenciario primario a cargo del INPE. En primer lugar. ¿cuál es nuestro objetivo? ¿la seguridad ciudadana? o ¿lograr la erradicación del pandillaje juvenil. sin una clara visión de futuro. Otra modificación de importancia es que una vez cumplida la mayoría de edad. adoptaremos medidas corto placistas. al Código de niños y adolescentes derogado. con la cual invitamos a la realización de una reflexión conjunta sobre cuáles podrían ser las herramientas a considerarse para dirigir nuestro accionar. debemos plantearnos preguntas como ¿qué buscamos con la ley de pandillaje pernicioso?.
porque nadie va a destruir aquello de lo que es parte. La trilogía vigente en la Convención. que no han logrado identificar con claridad qué papel juegan en la misma. tomen una postura contraria a ella. de manera preventiva. La Convención cumple un rol orientador al respecto. la seguridad ciudadana tan anhelada. Debemos comenzar a trabajar con los niños y adolescentes en su comunidad. se coincidirá con nosotros en que lo único que logramos con ella es reforzar la exclusión social de la que estos adolescentes ya son víctimas... y en particular de los niños. al enfatizar el compromiso estatal de garantizar la supervivencia del niño en condiciones dignas y en resguardo de su condición de indefensión. El Estado. entonces. sentirse parte de la sociedad. cobra en este tema. tiene la obligación de brindar a la familia un nivel de vida adecuado para cumplir con las funciones que le son propias. niño-familia-Estado. son aquellos que no han logrado insertarse adecuadamente a la sociedad. . y aquí corresponde preguntarnos ¿es la Ley de Pandillaje Pernicioso. mediante la implementación de políticas sociales preventivas.El adolescente infractor: de menor a pandillero 925 dillas son los adolescentes pertenecientes a los estratos sociales con mayores carencias. . si nuestra respuesta es negativa. especial relevancia. la cual es recogida en el preámbulo de la Convención: «Convencidos de que la familia. debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad». debido a la corresponsabilidad del Estado y la familia. debido a la falta de una igualdad de oportunidades. con la medida privilegiada del internamiento. Existen muchas propuestas para terminar con esta situación. ¿qué hacer? ¿dónde está la solución?. pero nos inclinamos por la orientación de programas sociales a largo plazo. como elemento básico de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros. en consecuencia. que aquellos que no se sienten parte de la sociedad. No es sorprendente. haciéndolos participar. en brindar atención y respeto a los derechos del niño. Pero entonces. la mejor solución para insertar a aquellos adolescentes en la sociedad?. por ser niño o adolescente. sentirse parte de . Si respondemos adecuadamente. surgirá como consecuencia natural.
En consecuencia. nosotros seremos corresponsables de las conductas delictivas de los pandilleros. nuestra actitud debe ser solidaria y consciente de la necesidad de rechazar de plano el individualismo. sino con un plan estraté- . y en transmitir valores cristianos. a través del ejemplo. cuando el niño o adolescente. no es más. coincidiendo con las recomendaciones de Riad. propiciándose con ello. la familia deberá ser la primera encargada en inculcar valores como la solidaridad. porque de lo contrario. al que todo ser humano anhela. Recordemos que una relación de violencia al interior de las familias. donde asuman responsabilidades en los proyectos que tengan como objetivo el desarrollo de su entorno social. A fin de coadyuvar en el cumplimiento de su función. por ejemplo. carezca de este espacio de formación. que con apoyo de entidades públicas y privadas. debiendo el Estado proporcionar familias sustitutas. desde temprana edad. ¿Cómo les vamos a enseñar a vivir en la sociedad y formar parte de ella si los aislamos? Creo necesario poner mayor énfasis en las medidas socioeducativas de Prestación de Servicios a la Comunidad. fortalezcamos las medidas alternativas al internamiento. propicia la formación de individuos cuya interrelación con los demás siempre será violenta. La sociedad en su conjunto (esto nos involucra a todos) deberá favorecer al cumplimiento de estas funciones. el sentido de la justicia.926 María Consuelo Barletta Villarán De esta manera. donde sus intereses formen parte de las decisiones. que un reflejo de nuestra sociedad? A nivel comunitario. como la unidad central encargada de la integración social primaria del niño. eduquemos al adolescente infractor en libertad. no sólo a través del discurso sino. Para entender todo esto a cabalidad. deberemos responder a preguntas tales como: ¿qué tanto la imagen de los pandilleros. pero no como estamos acostumbrados a hacer las cosas (como un saludo a la bandera y nada más). o de su colegio. ese sentimiento de pertenencia. debemos respaldar y fortalecer iniciativas como las de UNICEF. hagamos programas sociales donde los niños sean escuchados. conforman Sistemas de Redes de atención al maltrato infantil (implementados en la actualidad en algunos distritos). debemos reconocer a la familia. tan imperante en nuestra época. a través de un ambiente de estabilidad y bienestar. En cuanto a la respuesta penal estatal actual. motivarlos y generar su participación voluntaria en el arreglo de un parque de su vecindario. sobre todo. Bastará.
De manera complementaria y para finalizar podemos citar la Convención que en su artículo 40.El adolescente infractor: de menor a pandillero 927 gico que nos lleve a la realización de nuestra visión.. .1. ] la importancia de promover la reintegración del niño y de que este asuma una función constructiva en la sociedad».. la cual no ha de ser otra que propiciar mecanismos adecuados para generar en los adolescentes un compromiso con su comunidad. establece cual debe ser la finalidad de toda respuesta penal estatal para los adolescentes que infrinjan la ley: «[ .
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References: Artículo 2
 Resolución 
 Artículo 4
 Artículo 199
 artículo 40
 artículo 205
 artículo 37
 artículo 250
 artículo 2
 artículo 40
 artículo 40