Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/RE-2015/re201500227.html
Timestamp: 2017-10-24 01:58:15+00:00

Document:
re201500227
RESOLUCIÓN: 227/2015.
EXPEDIENTE Nº: 114/2009.
PARTES: Empresa LLOREDA S.A. contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa interpuesta por la Empresa LLOREDA S.A., a través de su representante legal Miguel Apt Brofman, mediante Testimonio Nº 362/2006, otorgado ante Notario de Fe Pública Dra. Tatiana Terán de Velasco impugnando la Resolución Administrativa Nº DGE/J-113/2008 de 12 de diciembre de 2008, emitido por el Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.
CONSIDERANDO: Que en estos estrados judiciales se tramita el proceso contencioso administrativo entre las partes precedentemente citadas, donde la entidad demandante pretende se deje sin efecto la referida Resolución Administrativa Nº DGE/113/2008 de 12 de diciembre de 2008, misma que rechazó el Recurso Jerárquico interpuesto por la firma LLOREDA S.A.., representada por Miguel Apt B., en consecuencia se confirma en forma total la Resolución Administrativa Nº 11/2008 de 9 de junio de 2008. El proceso actualmente, se encuentra con decreto de “AUTOS PARA SENTENCIA”.
De la revisión de antecedentes, se advierte que el objeto de la demanda es la impugnación a la Resolución Administrativa Nº DGE/J-113/2008 de 12 de diciembre de 2008, que resuelve el Recurso Jerárquico y que ésa se basaría en fundamentos legales incorrectos e indebidamente aplicados, sucediendo lo propio con las resoluciones que fueron objeto del recurso jerárquico y a cuya consecuencia incumplen las normas aplicables a esta materia, es decir la contenidas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena o Comunidad Andina de Naciones (Régimen Común Sobre Propiedad Industrial), contenida en los arts. 135, 136, 146, 147, 224, 228, 229.
Que, el Estado Plurinacional de Bolivia, fue participante del “Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena” de 28 de mayo de 1979, actualmente denominado “Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina” en mérito al Protocolo Modificatorio suscrito en Cochabamba, Bolivia, el 28 de mayo de 1996, en la que Bolivia es parte; consiguientemente, en la obligación de sujetarse a las disposiciones del último cuerpo de normas mencionado.
Así, el art. 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señala: “Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros” (sic) (las negrillas son nuestras), para posteriormente, en el art. 33 del mismo cuerpo de normas legales, indicar:
“Artículo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.
En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal”. (sic)
Disposiciones que en mérito al parágrafo II del art. 410 de la Constitución Política del Estado, son de aplicación en el Estado Plurinacional de Bolivia, en razón de que mediante Ley Nº 1872 de 15 d
e junio de 1998, se aprobó y ratificó el Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, suscrito en la ciudad de Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.
Consiguientemente, en el caso de autos, al tratarse de una demanda contenciosa administrativa, que es de única instancia, no es susceptible de recurso posterior en el derecho interno del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que corresponde la suspensión del proceso y la solicitud de interpretación de las normas de la Comunidad Andina al Tribunal de Justicia de la referida entidad internacional. Es más, los arts. 123 y 124 de la Decisión 500 "Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina", disponen:
“Artículo 123.- Consulta obligatoria
En los casos de consulta obligatoria, el proceso interno quedará suspendido hasta tanto se reciba la interpretación prejudicial solicitada”. (sic) (El subrayado es nuestro)
A ello, mencionar que en el ámbito de la JURISPRUDENCIA de Resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se advierte la aplicación del art. 123 de la Decisión 500 de 22 de junio de 2001. Así, en la Resolución de 11 de julio de 2012 del “PROCESO 57-IP-2012”, el referido Tribunal señaló: “La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél”. (sic) (Las negrillas son nuestras). Posteriormente indica:
“4. Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligación de solicitar la interpretación prejudicial obligatoria.
• El País Miembro, podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Pues al no solicitar la citada interpretación prejudicial, el juez nacional de única o última instancia ordinaria estaría vulnerando la normativa comunitaria, generando que su país fuera denunciado de conformidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (sic)
En consecuencia, a los fines de realizar el debido control de legalidad que debe efectuarse al pronunciar sentencia en el presente caso, en relación a las normas controvertidas por las partes, tales como los arts. 135, 136, 146, 147, 224, 228 y 229 de la Decisión 486 (Régimen Común Sobre Propiedad Industrial), y aplicar las que correspondan, es necesario cumplir lo dispuesto en el art. 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el art. 123 de la Decisión 500 "Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina" y deferir lo solicitado, debiéndose efectuar las formalidades señaladas en el artículo 125 de la citada Decisión 500.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento del art. 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el art. 123 de la Decisión 500 "Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina", RESUELVE:
Remitir los antecedentes del proceso en consulta obligatoria al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que efectúe la interpretación prejudicial de los arts. 135, 136, 146, 147, 224, 228 y 229 de la Decisión 486 “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial” de la Comunidad Andina de Naciones).
3. Se deja constancia expresa, que a efectos del cumplimiento del requisito previsto por el art. 125 inc. d) de la Decisión 500 “informe sucinto”, la presente resolución contiene de manera sucinta los hechos que se consideran relevantes para la interpretación de la normativa Comunitaria señalada.
No suscribe el Magistrado Fidel Marcos Tordoya Rivas por no encontrarse presente.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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 artículo 125
 resolución