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Timestamp: 2017-08-21 02:43:23+00:00

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Samuel Hernández Apodaca: 2015
Los fines de año siempre nos permiten hacer un alto; generar reflexiones en torno a los hechos, actos y omisiones que ocurrieron a lo largo de los doce meses que vivimos con intensidad, pasión, desilusión o hastío, dependiendo del lugar donde nos encontremos.
A punto de concluir 2015 bien vale la pena reflexionar en torno a como contribuimos -con acciones u omisiones- en la construcción o destrucción de nuestro entorno. En la mejora de la calidad de vida, nuestra y de quienes nos rodean. En la construcción de una sociedad critica, participativa, y a veces necesariamente mordaz.
También, vale decirlo en la supervisión de la calidad de nuestro sistema educativo o en su caso en la formación de “los ciudadanos” desde el aula. Analizar el mandato del señor de Los Pinos, y su séquito de neoliberales. No sea que tengan que agradecerle que las 141 estaciones de televisión analógica se suman al apagón que tendrá lugar el próximo 31 de diciembre y de esta forma podrán usar las televisiones que regalo con cargo al erario público.
Tal Vez no callar que a pesar de que el PAN ya no está en el poder las olas de violencia no acaban en el país y que de acuerdo con el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, seis de cada 100 mexicanos han decidido dejar su estado natal por razones de inseguridad y violencia, según estimaciones oficiales.
Que decir de los terribles casos de la Guardería ABC, de los asesinados en Tlatlaya, de los desaparecidos de Ayotzinapa, de los periodistas asesinados en el país y especialmente en Veracruz. O que a 18 años de la masacre de Acteal no haya culpables detenidos y por el contrario, sobrevivientes y familiares de víctimas denuncien que el gobierno del señor Peña quiera comprarlos con una “solución amistosa”.
Pero no todo es malo –aja- como omitir que el benevolente gobernador de Querétaro –el panista Francisco Domínguez- rifó dos casas entre reporteros, bajo el argumento de que no gozan del derecho a la vivienda. Con esta acción se pone a mano con la declaración del oriundo de Atlacomulco que ayer firmó que “2015 ha sido un año en el que hemos avanzado y nos estamos preparando para el futuro”.
Quizá el señor Peña no tenga el dato, de que el Estado de México –su estado natal-, Guerrero, Veracruz, Chihuahua y Jalisco, sean los cinco estados que concentran el 35 por ciento de los casos de homicidio en el país, de acuerdo con el informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2015 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y que por esa sencilla razón no haya mucho que alegrarnos. Sumado desde luego a la falta de acceso al empleo digno, derecho a la salud, a la recreación, a la vivienda digna, al medio ambiente sano, entre otras muchas cosas.
Después de lo dicho, tal vez no sepamos si existe un futuro mejor pero como dice Luther King, -desobediente civil por excelencia- "Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol."
Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem y felices fiestas nos leemos el próximo año.
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Con el pasar de los días se va develando la farsa estratagema que se generó desde Los Pinos, para castigar al número dos del PVEM y funcionario en labores de Peña Nieto, Arturo Escobar y Vega, el mismo que solicitó licencia para atender las investigaciones que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) inició en su contra. Todo parecía tan serio que hasta se creyó que continuaría el castigo contra quienes en algún momento fueron aliados.
Con el transcurso de los días, la realidad los alcanzó, ¿Cómo echarle a perder las fiestas decembrinas al egresado de Derecho de la Ibero? ¿Cómo pretender que al defeño de 45 años se le puede cortar la carrera política? Pues no, nada de eso es cierto. Resulta ahora que la FEPADE determinó no apelar la resolución de un Juez que negó la orden de aprehensión en contra del ex Subsecretario de Gobernación; es más, adelantó que reelaborará el expediente para volver a solicitar su captura por presuntos delitos relacionados con el desvío o mal manejo de recursos durante la elección 2015.
Tenemos claro que no es la primera vez que para calmar los ánimos sociales se monta una pantomima que luego acaba en “hicimos todo lo que pudimos” “la Ley no estuvo de nuestro lado”, “éste gobierno respeta los Derechos Humanos” “somos respetuosos de la legalidad”.
La “eficiente autoridad” representada en la FEPADE concluyó, -tras seis meses incansables de indagatoria- que el exasambleista, exdiputadofederal y exsenador transgredió la Ley Electoral cuando celebró -como representante del PVEM- un contrato con una empresa para la elaboración y entrega indebida de 10 mil tarjetas Premia Platino.
Es necesario decir que la responsable de negar la orden de aprehensión contra Escobar y Vega fue Rosa María Cervantes Mejía, titular del Juzgado 11 de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, pues considero que no había elementos que comprueben su participación en delitos electorales.
Con la decisión de la Juez y la negativa de la autoridad de apelar dicha decisión, prácticamente se cierra el tema de enjuiciar a Escobar por delitos electorales, salvo la remota idea de que las instancias de procuración de justicia encuentren nuevos elementos contra el Escobar y Vega.
El tema más allá de la aplicación estricta de la norma es el hecho de la existencia de un delito, del cual desde luego debe haber responsables. Porque no es la primera vez que se investiga a Escobar, ¿Recuerdan la maleta con un millón 100 mil pesos con la que fue detenido él y dos acompañantes en el aeropuerto de Chiapa de Corzo, Chiapas?
Así, con ese final de historia feliz, que al parecer nunca preocupó al exsenador, se actualiza la inmortalizada frase de Benito Juárez García, "A mis amigos: justicia y gracia; a mis enemigos: justicia a secas".
¿Ustedes que opinan? Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem.
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Parece que los mexicanos no cerraremos del todo bien el 2015, no solo nos enfrentamos a la pesadillas del dólar en 17.21 pesos, a los escándalos de corrupción de los gobernadores, que la mezcla mexicana rompa el piso de los 30 dólares y haya alcanzado su nivel más bajo desde 2008, o que escuchemos las cínicas declaraciones del señor Lorenzo Córdova sobre el registro del PT.
El señor Peña tampoco tendrá una navidad muy placida, pues el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH) desmintió, una vez más y con evidencias científicas, la “verdad histórica” sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En conferencia de prensa para informar sobre el avance de las indagatorias, ahora a cargo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), los integrantes del GIEI-CIDH insistieron en que es innecesaria la realización de un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, como lo sostiene la PGR.
Para acabar con el beneplácito de la PGR, El GIEI reveló que de acuerdo con imágenes satelitales provistas -por una institución reconocida a solicitud de la PGR-, no hubo un incendio en el basurero de Cocula entre el 26 y 27 de septiembre de 2014; sino todo lo contrario, indican que entre la 1:00 y 4:00 de la madrugada del 27 llovió en la zona, con una precipitación de 21.8 milímetros.
En la conferencia de prensa de ayer, Ángela Buitrago, Carlos Beristain y Alejandro Valencia -integrantes del GIEI-CIDH- informaron que durante su segunda etapa de investigación trabajarán más intensamente que en los primeros seis meses. Aseguraron que este tiempo será suficiente para saber qué pasó con los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.
Con este escenario se prendieron ya las alarmas en un sector de la PGR, esos que construyeron la “verdad histórica” para calmar la sed de justicia de padres de familia y de la sociedad que se sumó a las voces que exigían y seguimos exigiendo justicia para los 43 desaparecidos.
Mientras eso ocurre, este jueves 10, los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos se reunirán en Acapulco con Miguel Ángel Osorio Chong; desde luego, no será una reunión tersa y no tendría por qué serlo cuando la incertidumbre es la única protagonista en esta historia de los desaparecidos.
Sirva este ejercicio de participación y observación de los organismos internacionales para demostrarle a las autoridades corruptas que mienten con el profesionalismo de un actor, esos que construyen sus historias para salvar al jefe en aprietos, los que piensan que nada pasara, los que insisten en que vivimos los viejos tiempos de la PRIhistoria y que siguen creyendo que la sociedad sigue siendo la misma del carro completo.
Si no pasa nada extraordinario, en seis meses sabremos la verdadera historia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa; y entonces nuevamente el sexenio del señor de Los Pinos se volverá a sacudir. Para entonces habrá elecciones en diversos Estados y estaremos más cerca del 2018, año de sucesión presidencial. El ultimátum está dicho, seis meses.
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Dice Locke "El Poder Legislativo no sólo es el sumo poder de la comunidad política, sino que permanece sagrado e inalterable en las manos en que lo pusiera la comunidad” y eso es cierto si consideramos que, en efecto, el Legislativo es el poder representativo más directo, en el ámbito local o federal.
El Legislativo debería ser el eco de las voces, necesidades, demandas de los ciudadanos a los que representan. La realidad no es así, porque no necesariamente representan a sus electores, sino a los intereses de aquellos que financiaron sus campañas o de quienes los designaron diputados en la lista de representación proporcional en sus respectivos partidos. Esto empeora aún más en el caso de los “Candidatos independientes” que no tienen a quien responder, más que a los financiadores.
Sin duda, el Poder Legislativo debe ser oxigenado por la participación de ciudadanos organizados, de los universitarios, de los académicos, de los analistas; y, sin duda, de los medios.
Un caso que debe ponernos atentos, es el nombramiento de los próximos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues aparece en la lista de suspirantes, un integrante más del grupo de lo que Paco Rodríguez llama “Los Tolucos”, me refiero al Procurador de Justicia del Estado de México Alejandro Jaime Gómez Sánchez – nombrado procurador el 25 de mayo de 2014- quien es licenciado en Derecho –por la Escuela Libre de Derecho- y fungió como Consejero Jurídico adjunto en el gobierno federal.
Pero ese mismo personaje que ahora goza del respaldo del señor de Los Pinos para ser aspirante a un escaño en la SCJN, fue el mismo que aseguró que no existían pruebas de que se hubiera alterado la escena del crimen en Tlatlaya, donde fueron ejecutados 22 civiles con la participación del Ejército.
Los antecedentes del señor Gómez Sánchez no son una digna carta de presentación, pues es procurador de uno de los Estados donde más se vulneran los Derechos Humanos, tanto en operativos, como en las investigaciones que realiza la procuraduría que él dirige.
Para José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos, Zeferino Ladrillero, en la Procuraduria del Estado de México hay una política pública e institucional de aplicar la tortura a los sectores más vulnerables, creyendo que el costo social mediático va a ser menor porque a fin de cuentas son personas excluidas”.
El otro candidato amigo, aspirante a la SCJN es Javier Laynez Potisek –Coahuilense de 56 años, quien se desempeña como Procurador Fiscal de la Federación y a quien se le relaciona con Luis Videgaray Caso.
Así las cosas, el Senado de la República tiene en sus manos una responsabilidad enorme para no permitir que ocupen espacios los amigos del poder, sin trayectoria, oficio y formación; tal y como ocurrió con Eduardo Tomás Medina Mora Icaza. No perdamos de vista el desempeño de “La casa de los mexicanos, donde todos tenemos voz, donde todos contamos”. Como lo dice su spot.
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Fue el sábado 4 de octubre de 2014 cuando el Primer Pleno Ordinario del IX Consejo Nacional del PRD eligió a Carlos Navarrete como presidente de su Comité Ejecutivo Nacional; en dicha elección, obtuvo el 72.9% de la votación con 259 votos de los 357 sufragios; y le siguió Héctor Serrano, quien ocuparía el cargo de secretario general.
El triunfo ya estaba cantado, pues en la elección del 7 de septiembre, Nueva Izquierda logró tener más del 60% de los consejeros nacionales, y era un mero trámite el proceso del Consejo Nacional. En sus primeras declaraciones Navarrete aseguró que en los tres años que estaría al frente del PRD su meta sería mantener la unidad en el partido de cara a las elecciones federales de 2015, año en que se renovaría el Congreso.
No obstante, como todos atestiguamos, al PRD de Nueva Izquierda no le fue del todo bien, pues perdió los espacios que había conseguido y mantenido en elecciones anteriores y se disputó algunos más con MORENA, quien lo desplazó de espacios que estaban reservados a la izquierda.
Este fin de semana y poco después de un año como dirigente nacional, Carlos Navarrete tuvo que dar marcha atrás ante su fracasada dirigencia y resultados poco gratos para la corriente a la que pertenece; de ahí que “Los chuchos” hubieran permitido que se promoviera “un cambio” de dirigencia.
En la elección de este sábado y con 295 votos, el Sexto Pleno Extraordinario del Consejo Nacional eligió la fórmula Basave-Mojica por encima de las integradas por el Fernando Belaunzarán y Celso Pulido, y Onel Ortiz en compañía de Liliana Martínez.
Así, Agustín Francisco de Asís Basave Benítez -regiomontano de 57 años- expriista y apasionado colosista, se convirtió en el “salvador” del PRD, partido al que combatió en San Lázaro siendo diputado priísta en los momentos del salinato.
Álvaro Delgado rescata el argumento que Basave arguye a Carlos Navarrete, para que aceptara ser dirigente del PRD: “- ¿Por qué yo? –preguntó Basave. –Porque tú sí puedes mandar a la chingada al gobierno y a Manlio Fabio Beltrones.” Respondió Navarrete. Esta “ingenua” confesión, ilustra el nivel de compromiso que el PRD de los chuchos tiene con el gobierno en turno. La obstinada necesidad de poder de los chuchos y la incapacidad de generar cuadros dirigentes que ocupen espacios.
Basave Benítez el “salvador” del PRD, y quien presume tendrá manos libres como dirigente, está metido en un gran embrollo y ha iniciado a cavar su propia tumba; pues es claro que Baseve ni es salvador ni es independiente ¿Qué lo puede hacer independiente cuando los chuchos fueron sus promotores principales? ¿Cómo puede Basave dirigir al PRD cuando Beatriz Mojica– candidata perdedora a la gubernatura de un estado que gobernaba su partido- destacada integrante de la corriente que ha convertido al PRD en lo que es, será su secretaria general? ¿En serio Don Agustín cree que pude cambiar un cuadro sin pedirle permiso a Ortega Martínez?
Poco o muy poco puede rescatarse de un partido que fue corrompido por sus dirigentes y utilizado como franquicia política para saciar los deseos incontrolables de poder de los dirigentes reales de lo que hoy es el PRD. La historia de Don Agustín no terminará nada bien, sobre todo cuando descubra que es Agustín Basave Martínez Ortega, al tiempo.
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Presentada el martes 27 de octubre, la iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos Informáticos del senador Omar Fayad Meneses –miembro del grupo Hidalgo y protegido de Jesús Murillo Karam- pasó al departamento de corte y confección o muerte prematura. Pues el esposo de Victoria Ruffo y aspirante a la candidatura de su Estado natal anunció a través de Twitter la tarde de ayer: “la iniciativa fue redactada por parte de mi equipo y fue presentada por mí, no a nombre de la bancada del PRI. #LeyFayad”. “Quiero construir una nueva versión en la que quede todo claro, que no queden cosas a la interpretación. #LeyFayad”. “Ofrezco todas las opciones: corregir, quemar, quitar, aumentar o comenzar una nueva versión. #LeyFayad”.
Como fue presentada, la iniciativa representaba graves riesgos para las libertades de los usuarios de Internet, pues de acuerdo con datos de la propia iniciativa: “es el notable incremento en la cifra de cibernautas, pasando de 34.9 millones en 2010 a 53.9 millones en 2014, 43% de la población nacional. Es uno de los países con más actividad en la red según el reporte de la OEA y se espera una cobertura de hasta un 98% con la implementación del proyecto México conectado a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.” De ahí la tentación de su control.
Aunque Fayad Meneses, exsecretario de todo en Hidalgo- exsecretario de Educación Pública, exprocurador General de Justicia, exsecretario de Agricultura y exsecretario de Desarrollo Social- ofreció retirar la iniciativa que presentó el martes pasado, la idea sigue viva y en la iniciativa original contempla artículos que claramente atentan contra las libertades digitales que dice se protegerían con su iniciativa; además de carecer de la lógica más elemental de técnica y redacción legislativa.
En el “Capítulo II De lasunidades (sic) especializadas en la prevención e investigación de los delitos informáticos” el artículo 9 prevé una unidad especializada de la Policía Federal que tendría atribuciones ambiguas: “II. Salvaguardar la seguridad y los derechos de las personas en la red pública de Internet. III. Proponerpolíticas (sic) y estrategias para la prevención de los delitos informáticos. VI. Establecer mecanismosde (sic) cooperación con organismos y autoridades nacionales e internacionales relacionados con la prevención de delitos electrónicos. VII. Operar laboratorios de código maliciosos, electrónica forense, nuevas tecnologías y demás que resulten necesarias para prevenir la comisión de delitos señalados en la fracción II de este artículo”
Tampoco podemos perder de vista el “TÍTULO TECERO DE LA COORDINACIÓN Capítulo I De la Colaboración con otras Instituciones y con Particulares” pues los artículos 11, 12 y 14 representan vulneración a los derechos de intimidad digital de los usuarios de la red. No perder de vista la torpe redacción, así como la oscura intención del artículo 17 de dicha propuesta.
Uno de los artículos que más llaman la atención de los activistas digitales es artículo 9 que señala : “La unidad especializada encargada de atender los temas de prevención en la Policía Federal realizará investigación para la prevención de los delitos contenidos en la presente ley, para tal efecto, contará con las siguientes atribuciones: IX. Gestionar, conforme a las disposiciones aplicables, la cooperación con empresas proveedoras del servicio de Internet para suspendersitios, (sic) páginas electrónicas y cualquier contenido que atenten contra la seguridad pública, así como para prevenir y combatir los delitos en los que se utilizan medios electrónicos para su comisión;”
Es necesario tener presente los problemas conceptuales que Fayad y su equipo tiene y manifiestan en la iniciativa. Ilustremos con el artículo 3.” Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: “II. Ataque Cibernético:Acción (sic) organizada y deliberada de una o más personas con el fin de vulnerar la seguridad, afectar disponibilidad o generar degradación de sistemas computacionales o redes, mediante el uso de armas informática o código maliciosos. III. Ciberespionaje (sic): Acto con el cual se obtienen información secreta en cualquiera de sus modalidades (voz, datos, imágenes) sin el permiso de aquél quien es dueño de la información. Los métodos por los cuales se consigue esta información son exclusivamente informáticos, haciendo uso de armas informáticas, redes de computadoras locales, Internet y/o mediante cualquier técnica informática. XX. Terrorismo informático:Es (sic) el uso de las tecnologías de información, comunicación e Internet con fines terroristas, como son, la afectación a la infraestructura crítica nacional, realizar acciones de capacitación, entrenamiento, reclutamiento y financiamiento de actividades terroristas, así como la difusión de información con el objetivo de causar pánico y desestabilización de la paz pública”.
Finalmente y para no perder el control, los artículos 21, 22, 23 y 24, pretenden limitar el ejercicio críticos en redes sociales hacia los políticos que la iniciativa refiere dulcemente como “usuarios de Internet”. Para Fayad y sus muchachos usar twitter, Facebook o cualquier otra red social para criticarlos puede resultar en pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuentaa (sic) ochenta días de salario mínimo vigente.
Así, tras la oleada de críticas y reacciones en redes sociales contra la iniciativa del hidalguense, su propuesta termino como en los capítulos de tres patines en un Fayadcidio. No obstante, no es una victoria, sino un pequeño triunfo pues las ansias dictatoriales y de control de quienes detentan el poder, no cesan.
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Han pasado ya varios meses desde que en el Poder Legislativo se aprobaron las reformas estructurales, esas que traerían grandes beneficios a la mayoría de los mexicanos, pero lo único que hemos conseguido con ello es que se hicieran un par de spots (radio y televisión) que hablan de dichas reformas, uno de ellos por cierto tuvo que salir del aire en pocos días, ante su poca estructura de lenguaje.
Las reformas que Peña y su equipo venden como grandes logros, no han superado la credulidad más simple, pues “los beneficios” de centavos no tienen gran impacto en la economía familiar que día a día ve como “el súper salario” se diluye en alimentos, transporte, educación y salud. Y para condimentar el fracaso que han tenido hasta el momento esas reformas, la deuda externa de México, ascendió a 269 mil 941 millones de dólares al término del primer semestre de 2015, cantidad superior al monto actual de la reserva de divisas de nuestro país.
Tal ha sido el fracaso de las reformas estructurales en materia energética que ante la pobre participación en la primera licitación de la Ronda 1, el Gobierno mexicano decidió flexibilizar los requisitos de rendición de cuentas de las compañías interesadas en la segunda licitación según advirtió la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, dicha organización señala también que disminuyo, la participación del Estado mexicano en las ganancias del 40 al 30 por ciento.
Y para opacar más los sueños toluqueños este fin de semana el Premio Nobel de Economía 2008, Paul Krugman mató las esperanzas peñanietistas al afirmar la XIII Cumbre de Negocios que se celebró en Guadalajara: “Si están esperando ver un crecimiento de 7 por ciento por estas reformas estructurales, no es muy probable que suceda. Puede ser, pero me sorprendería”.
El economista afirmó que las reformas promovidas en México no han logrado acelerar el crecimiento económico del país, y eso lo viven millones de mexicanos que día a día enfrentan la realidad que dista mucho de lo que el señor de Los Pinos prometió con sus reformas.
El problema es que no solo los sueños toluqueños se diluyen, sino que lo hacen con ellos, la esperanza de desarrollo de millones de mexicanos y las muestras están ahí, a la vista de todos.
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Como en los mejores tiempos, allá en el romance legislativo de principios de los noventa, cuando era una prioridad procesar la legitimidad del salinato, ayer los diputados del partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) usaron su mayoría para imponer la voluntad dictada por las trasnacionales.
Ayer el binomio neoliberal que lleva décadas protegiendo los intereses de sus financiadores, volvió hacer de las suyas, como cuando subió el IVA, como cuando protegió a televisa, como cuando calló con canal 40, como cuando legislo a oscuras para ser “más transparente” al gobierno.
Como en los viejos tiempos del romance neoliberal, PRI Y PAN pulverizaron las propuestas de Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y de movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para mantener la cuota de un peso por litro a todas las bebidas saborizadas, tal y como se había aprobado inicialmente en el artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS).
De esta forma, con 423 votos a favor, 33 en contra y cero abstenciones, se aprobaron en lo general las leyes del Impuesto sobre la Renta (ISR), del IEPS, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Para PRI Y PAN, el consumo de refresco que provoca 24 mil muertes al año no importa, La salud y el presente aterrador de los niños mexicanos pasan a segundo plano. Pues aun cuando el impuesto se traslada a los consumidores, al bajarlo, los refrescos se vuelven más accesibles y automáticamente aumenta su consumo.
Y así, nuestra legislación se vuelve a poner a la vanguardia al beneficiar a las refresqueras, pues la propuesta perdona en un 50 por ciento la cuota de bebidas azucaradas, y va en sentido contrario a la legislación internacional. Ya que de acuerdo a las organizaciones integrantes de la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA) las autoridades deben cumplir las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, que consiste en subir el impuesto a refrescos de 10 al 20 por ciento, que se traduce en dos pesos por litro.
Así, solo así en México se legisla para los que más tienen: las refresqueras. Y se deja de lado la salud de millones de mexicanos, pues según datos de la Encuesta Nacional de Salud del 2012, en México hay 34 millones de personas con sobrepeso y 26 millones con obesidad. La diabetes tipo 2 afecta a 6 millones 500 mil mexicanos, y se estima que una cantidad igual sigue sin ser detectada.
Así, solo así en México se legisla para los que más tienen: las refresqueras. Pues tras la aprobación que les perdona impuestos, se dejarán de recaudar 522.5 millones de pesos que deberían ir a infraestructura en agua potable para las escuelas y a la atención médica de personas con diabetes, obesidad e hipertensión, asociadas al alto consumo de azúcar. Así, México se vuelve a poner a la vanguardia, legislar para los que más tienen.
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Como si fuera poco lo que ocurre en el país, además de lo acontecido con el magisterio, el pasado 9 de julio el Congreso de Oaxaca aprobó muy al estilo de los viejos tiempos, la Ley Electoral. La historia como de cuento, relata que 24 diputados y diputadas del PAN, PRD, PT, MC, PUP PSD y un legislador independiente se atrincheraron en la sala de juntas del PRD para “sesionar” y aprobar Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, todo acompañado de una trifulca con gases lacrimógenos.
Ayer Oaxaca, vuelve hacer noticia pues el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el decreto por el que se creó la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de ese Estado. La propuesta del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, consideró que existieron numerosas irregularidades por parte de los diputados de Oaxaca.
Los razonamientos parecen darnos luz de lo que se habla: “Primero: no hay constancia de las respectivas convocatorias a la sesión extraordinaria del 9 de julio. Segundo: tampoco existen constancias de que se haya repartido el dictamen de proyecto de ley a los integrantes del Congreso del estado, previo a la sesión o durante la misma. Tercero: ante la inconformidad de un grupo de diputados por la falta de entrega de dictamen, y el desorden generalizado en el interior del recinto legislativo, se decidió cambiar el lugar para llevar a cabo la sesión en una sala de juntas de un partido político, de manera inmediata”.
Al resolver las acciones de inconstitucionalidad presentadas, por separado, por el Partido Acción Nacional, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido local Unión Popular y por diputados de la 62 legislatura del congreso de Oaxaca; las elecciones del próximo cinco de junio se realizarán conforme lo establecido en la anterior legislación local y, de manera supletoria, con lo que establezca la legislación federal en la materia.
A dos días de que arranque de forma oficial del proceso electoral -8 de octubre- en Oaxaca, la resolución de los ministros invalidó el artículo 68 de la Constitución de Oaxaca que reducía a tres años el tiempo de residencia para quien aspire a ser Gobernador del estado. Esta propuesta fue modificada por la bancada del PRI para beneficiar al director general del Infonavit, Alejandro Murat Hinojosa –hijo de José Murat- al pasarlo de cinco a tres años. Por unanimidad, el pleno de la SCJN determinó que dicho precepto viola el Artículo 116, fracción II de la Constitución federal, que establece un periodo de residencia efectiva de cinco años para ocupar ese cargo.
En la elección del próximo año, estará en juego la renovación de la gubernatura, 40 diputaciones locales y 153 presidencias municipales. Y sin duda alguna, la disputa por el poder en ese bello Estado del país, prende todas las alertas a los partidos políticos, unos para impedir que regrese el PRI, otros para mantener en manos de la oposición la gubernatura.
El ejercicio jurídico que atestiguamos, debe servir de ejemplo para poner a trabajar a los ministros de la “tremenda” Suprema Corte, pues vaya que esos señores saben cómo vivir y servirse.
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References: resolución 
 artículo 9
 artículo 17
 artículo 9
 artículo 3
 artículo 2
 resolución 
 artículo 68
 Artículo 116