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Timestamp: 2020-02-24 11:04:49+00:00

Document:
Corte suprema de justicia sala de casación civil margarita cabello blanco magistrada Ponente stc 3247-2014 Radicación n° 54001-22-13-000-2014-00006-01
STC 3247-2014
Radicación n° 54001-22-13-000-2014-00006-01
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil catorce (2014).
Decídese la impugnación interpuesta contra la sentencia de 30 de enero de 2014, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta negó la acción de tutela promovida por Esperanza Rincón Gutiérrez frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa urbe, trámite al cual fueron citados el Primero Civil Municipal de la misma ciudad, Juan José Blanco López, David Rolando Castro, Luis Alejandro Hernández, Gladys Ibañez y Francisco Rogelio Conde.
1.- La quejosa demanda la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por el despacho encartado dentro del juicio ejecutivo singular que le formuló a Juan José Blanco López.
2.- Arguyó, como fundamento de su reclamo, en síntesis, lo siguiente:
2.1.- El 13 de septiembre de 2011, el juzgado civil municipal vinculado decretó cautelas sobre los predios con Matrículas Inmobiliarias N°. 260-158248 y 260-100737, siendo que «el 8 de octubre de 2012», a través de comisionado, se «practicó la diligencia de secuestro del inmueble ubicado en la Calle 8 # 5-60 Local N°. 74 Edificio Coosacut, la cual fue atendida por David Rolando Castro Jaimes, quien manifestó ser arrendatario de […] Gladys Ibáñez».
2.2.- El «26 de febrero del 2013», Gladys Ibáñez y Luis Alejandro Hernández presentaron «oposición» no obstante que «cuando el juzgado ordenó el embargo de los cánones de arrendamiento del local, cuya diligencia de secuestro fue practicada e[n] octubre 8 de 2012, ya habían pasado m[á]s de cuatro meses», esto es, «125 días». Tal pedimento no fue tramitado, según se determinó en proveído de 4 de abril de 2013.
2.3.- Contra esa resolución aquellos interpusieron recursos de reposición y apelación subsidiaria, resultando despachado adversamente el primero y concedido este último.
2.4.- De la mentada alzada conoció la célula judicial recriminada que, por auto de 12 de diciembre del año pasado, revocó la decisión censurada y ordenó admitir «a trámite la solicitud de desembargo de dineros que entraña materialmente el escrito de “oposición a la diligencia de embargo y retención de los cánones de arrendamiento presentada”», providencia que, acota, «incurrió en ostensible error jurídico en cuanto reconoce a los apelantes una condición de poseedores que no tienen, desde el 15 de junio del 2013, por encontrarse el local arrendado a través del secuestre […] Francisco Rogelio Conde», máxime cuando «presentan oposición al embargo de los cánones, alegando ser poseedores del predio, lo cual no probaron en el momento de la diligencia de secuestro (8 de octubre del 2012), dentro del término concedido en el numeral 8° del artículo 687 del C. P. C.», aparte que «[l]os bienes perseguidos judicialmente en e[s]e proceso son propiedad del demandado».
3.- Depreca, conforme a lo relatado, que se le «restituya el derecho consagrado en el artículo 338 numeral 4°, ordinal 1°, artículo 686» del Código de Procedimiento Civil.
El despacho encartado sostuvo, resumidamente, que «la decisión […] adoptada, no decidió como erradamente lo interpreta la accionante, el fondo de la cuestión litigiosa nacida con ocasión del reparo que al perfeccionamiento de la cautelar de embargo y retención de cánones de arrendamiento decretada» realizaron los terceros Luis Alejandro Hernández Hernández y Gladys Ibáñez Patiño».
Agregó que «[p]or el contrario, la decisión de e[s]e despacho se limitó a ordenar al juzgado de primera instancia que estudiara la solicitud de los referidos terceros, al entender que el fundamento de derecho conforme al cual se negó a aquellos dicha posibilidad, no era aplicable al caso concreto por no existir correspondencia entre el supuesto de hecho consagrado en la norma (art. 687, num. 8°, C. de P. C.) con lo que revelaba la foliatura, esto es, ser la incidentalista y no el deudor Juan José Blanco López, sujeto activo de la relación contractual que es causa del crédito embargado», motivo por el que «[s]erá pues en el juzgado de primera instancia en donde se determine si el embargo de los dineros provenientes de cánones de arrendamiento debe o no mantenerse», determinación «que admite de la pretensora las resistencias que a bien tenga formular» por lo que «será sólo hasta que se desate la controversia planteada por el tercero, que pudiera llegarse a ver afectado algún derecho patrimonial» de la enjuiciante.
El Tribunal negó la tutela instada sosteniendo, en concreto, que la resolución cuestionada «fue adoptada conforme las normas legales aplicando la sana crítica en la decisión, haciendo uso de la autonomía de que gozan los jueces dentro del estado social de derecho, con una debida congruencia fáctica y jurídica que no vislumbra una vía de hecho como lo pretende hacer ver» la actora.
La formuló la accionante quien, hasta la hora de discutirse el proyecto no indicó las razones que la impulsaron a ello.
1.- La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en línea de principio, que este amparo no es la vía idónea para censurar decisiones de índole judicial; sólo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación «con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure ‘vía de hecho’», y bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un término razonable a formular la queja, y de que «no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo» (ver entre otras, CSJ STC, 3 Mar. 2011, Rad. 00329-00).
2.- Observada la censura planteada, resulta evidente que la reclamante, al estimar que se obró con desprecio de la legalidad, enfila su inconformismo contra la providencia de 12 de diciembre del año próximo pasado, dictada por la célula judicial recriminada, a través de la cual revocó la de primer grado que «no admitió a trámite» el «incidente formulado por los terceros», disponiendo dar curso a «la solicitud de desembargo de dineros que entraña materialmente el escrito de “oposición a la diligencia de embargo y retención de los cánones de arrendamiento presentada”».
3.- De las acreditaciones arrimadas, se vislumbran las siguientes actuaciones que resultan relevantes al asunto que ocupa la atención de esta Corporación:
3.1.- «Contrato de arrendamiento del local comercial» de marras, suscrito en «marzo 5 de 2012» entre Gladys Ibañez Patiño, como «arrendadora», y el arrendatario Héctor H. Alba García (fls. 12 y 13, cdno. 1).
3.2.- Acta contentiva de la diligencia de secuestro practicada el 8 de octubre de 2012, respecto del «inmueble loc. 74» con Folio de Matrícula Inmobiliaria N°. «260-158248», la cual fue atendida por David Rolando Castro y en la que se dejó «constancia de que quienes ocupan el local comercial se encuentran en calidad de arrendatarios desde el 05 de marzo de 2012» (fl. 14, ídem).
3.3.- Contrato de arrendamiento del mismo predio ajustado, el 12 de julio de 2013, entre el «secuestre-arrendador» Reinaldo Anavitarte Reyes y los «arrendatarios» Francisco Rogelio Conde Reyes y María Alexandra Pabón Escalante (fls. 16 a 18, ídem).
3.4.- Auto de 16 de julio de 2013, proferido por el Juzgado Primero Civil Municipal de Cúcuta, mediante el cual resolvió adversamente «el recurso de reposición […] interpuesto por […] Luis Alejandro Hernández y Gladys Ibáñez Patiño contra el auto del cuatro (4) de abril de 2013 por el cual el juzgado se abstuvo de tramitar el incidente de desembargo formulado» y concedió la alzada subsidiariamente formulada.
En esa determinación se indicó, entre otras cosas, que «[r]evisado el plenario se observa que el 13 de septiembre del 2011 el juzgado libró orden de pago […] y que en esa misma fecha se decretaron el embargo y secuestro de los inmuebles identificados con número de [M]atrícula [I]nmobiliaria N°. 260-100737 y N°. 260-158248 de propiedad» del ejecutado.
Seguidamente, se precisó «que el 08 de octubre de 2012, se realizó la diligencia de secuestro del local comercial, en donde se dejó constancia que quienes atendieron la diligencia se encuentran en condición de arrendatarios desde el 05 de marzo de 2012».
Parejamente, reveló que «[s]e aprecia así mismo que […] la parte actora el 14 de enero de 2013, solicitó» requerir «a quien figura como arrendatario del local comercial» que «consignara el valor de los cánones a órdenes del juzgado», motivo por el que «[m]ediante auto del 05 de febrero de 2013, el despacho decretó el embargo y retención de los cánones percibidos por Juan José Blanco López», frente a lo cual «Alejandro Hernández y Gladys Ibañez, […] el 26 de febrero de 2013 formularon oposición a la diligencia de embargo y retención de los cánones respecto» del predio de marras, «por considerar que son poseedores del mismo».
Así las cosas, concluyó que «la oposición formulada por los incidentalistas es totalmente extemporánea, por cuanto lo hicieron por fuera del término de los 20 días siguientes a la diligencia de secuestro como lo contempla el numeral 8 del artículo 687 del C. de P. C. pues la diligencia de secuestro […] se efectuó el 08 de octubre de 2012 y la oposición se formuló hasta el 26 de febrero de 2013» (fls. 8 a 11, ídem).
3.5.- Proveído de 12 de diciembre de 2013, a través del cual el despacho acusado revocó la resolución materia de la impugnación, disponiendo que el a quo admita «a trámite la solicitud de desembargo de dineros que entraña materialmente el escrito de “oposición a la diligencia de embargo y retención de los cánones de arrendamiento presentada”».
Ello, en tanto que, entre otras reflexiones, consideró que «el debate sobre la calidad de poseedores de los apelantes resulta ajeno a esta instancia en la medida en que correspondería al juzgado de origen dilucidar tal condición luego de la discusión que en trámite incidental habría de surtirse, correspondiendo [por ende] concentrar la atención en establecer si en efecto como adujo el a quo la solicitud de que trata la alzada era extemporánea o era factible admitir la oposición a la diligencia de embargo y retensión de cánones de arrendamiento, propuesta».
Al efecto, sostuvo que el «trámite invocado a querer de los apelantes aun cuando luce desenfocado en tanto la legislación procesal […] no lo contempla, debió encontrar eco al desentrañarse su material pedimento y advertir que respecto al embargo y retención de cánones de arrendamiento lo pretendido por los incidentalistas era procurar la indemnidad del derecho derivado de la posesión alegada, empero restringida dicha defensa al crédito dimanado del contrato de arrendamiento celebrado con Héctor H. Alba García, en tanto el término para alegar hechos constitutivos de posesión sobre el inmueble embargado, en efecto, como apuntó la primera instancia, había expirado».
Por ende, precisó, «son dos medidas cautelares perfectamente diferenciadas las que constituyen el objeto de estudio en alzada: (i) el embargo y secuestro del local N°. 74 de la calle 8 # 6-60 del edificio Coosacut y (ii) el embargo y retención de los cánones de arrendamiento provenientes del contrato celebrado con […] Héctor H. Alba García. Por lo tanto, la decisión sobre la procedencia de la oposición formulada sobre esta última, ha debido adoptarse escindiendo las medidas referidas en tanto no existe entre ellas unidad jurídica alguna, pues se reitera, una refiere [a] un inmueble sujeto a registro y la otra [a] un crédito personal derivado de un vínculo contractual que no se ha probado proviene de causa relativa a la posesión alegada».
Agregó, que «[c]onforme lo dicho, no era dable aducir como basamento normativo de la negativa que hoy se revisa, el numeral 8° del artículo 687 del C. de P. C., en la mediada de contemplarse allí un supuesto de hecho [(diligencia de secuestro practicada sobre bienes corporales no fungibles)] que no corresponde con el aducido por los incidentalistas como causa petendi» al erigirse Gladys Ibañez como «la titular activa del contrato de arrendamiento cuyos cánones fueron embargados por el a quo, asunto que en rigor, tampoco fue objeto de estudio al momento de decretarse la medida», sobre todo cuando no es «dable asumir que por la titularidad del dominio sobre el predio embargado, este adquiera automáticamente la calidad que hoy se reputa la incidentante».
Relevó, además, que sopesados «en conjunto los hechos en que se funda la oposición y los medios de convicción allegados que informan su conocimiento», surge que «lo pedido en realidad es el desembargo de unos dineros que no corresponden al deudor ejecutado […] y que por tanto, ajenos al patrimonio de este no pueden considerarse prenda general de sus acreedores y por ello susceptibles de embargo dentro de e[s]a ejecución, asuntos en todo caso que serán materia del debate jurídico que ha de surtirse ante el a quo».
De ahí que, indicó, dicho fallador incurrió en yerro al apreciar «indebidamente la petición de los incidentalistas por no clarificarse la naturaleza de las cautelas practicadas», sobre todo «si se tiene en cuenta que fue diligente la actividad desplegada con miras a obtener favorable despacho a sus súplicas en tanto se inició por escrito radicado el 26 de febrero de 2013, es decir, a los cinco días de haberse perfeccionado el embargo del crédito» (fls. 45 a 49, ídem).
4.- En cuanto hace con el preciso reparo elevado, esto es, el enderezado respecto de lo decidido en auto de 12 de diciembre del año pasado, con que el juez acusado revocó el de primer grado que no atendió la solicitud de «oposición a la diligencia de embargo y retención de los cánones de arrendamiento» planteada por Gladys Ibáñez y Luis Alejandro Hernández, y, entonces, dispuso darle trámite a la misma, cabe denotar que aquella, prima facie, no alberga anomalía tal que comporte la intervención inaplazable del juez de amparo, según se pide, toda vez que está sustentada en una postura respetable, asentada en el ejercicio de las atribuciones constitucionales que le corresponden al juez de conocimiento.
4.1.- Por supuesto, la determinación que viene de relatarse, conforme a la transcripción que en antes se efectuó, no se advierte absurda o caprichosa dado que está basada en el aquilatamiento de la situación fáctica acaecida en el sub júdice, de cara a la apreciación de los elementos demostrativos arrimados y al concreto decurso procesal trasegado, motivo por el que allí se predicó, grosso modo, que mal podía tenerse como punto de partida para computar la tempestividad de la petición de marras el día 8 de octubre de 2012, que es la fecha en que se llevó a cabo el secuestro del «local comercial», y esto comoquiera que el decreto de la cautela respecto del canon que del mismo se viene pagando, que es la medida sobre la que gravita el planteamiento materia de pronunciamiento y que se torna diversa a la que recayó sobre aquel bien raíz, sólo se vino a disponer posteriormente, o sea, a través del proveído de 5 de febrero de 2013, lo cual implica que la formulación efectuada por los incidentantes sí fue oportuna.
Tal entendido, paradójicamente, encuentra pleno respaldo en las manifestaciones vistas en la providencia de 16 de julio de 2013, con que el juzgado civil municipal vinculado fundamentó su postura para resolver adversamente el recurso horizontal interpuesto contra la resolución de 4 de abril del mismo año -que originó la disconformidad aquí expresada-, por cuanto que allí se destacó, en uno de sus apartes, que «el 13 de septiembre del 2011 el juzgado […] decret[ó] el embargo y secuestro de los inmuebles identificados con número de [M]atrícula [I]nmobiliaria N°. 260-100737 y N°. 260-158248 de propiedad» del ejecutado, siendo que «el 08 de octubre de 2012, se realizó la diligencia de secuestro del local comercial» del que ulteriormente, «[m]ediante auto del 05 de febrero de 2013, el despacho decretó el embargo y retención de los cánones percibidos por Juan José Blanco López».
4.2.- Por supuesto, no se podía confundir, como lo hizo el juez ordinario a quo, las individuales y disímiles fechas en que se decretaron y materializaron las diversas medidas cautelares dispuestas en el sub lite, en tanto que de esa imprecisión surgió la alteración en el cómputo desplegado a fin de verificar lo oportuno de la formulación realizada, que fue lo que justamente enmendó el despacho querellado con el pronunciamiento censurado.
Por contrario, proceder de otra manera, acarrearía imponer la incoherente carga de tener que formular un planteamiento defensivo desde antes que exista la decisión que a ello impulsa, que es, en últimas, a lo que se arribaría de aceptarse la perspectiva revocada.
5.- Con todo, cabe señalar que la petente goza de la potestad, en el trámite sub exámine, de plantear los argumentos que estime del caso en derredor al fondo del asunto aquí auscultado, una vez se principie con el incidente por adelantar; luego, en el proceso cuenta con medios legales de defensa para exponer los tópicos que tiendan a la salvaguarda de sus intereses, lo cual, a fortiori, realza el entendido de que no hay lugar a otorgar resguardo ninguno en este evento, siendo que, además, contra lo que finalmente se llegue a determinar aquella cuenta con mecanismos impugnativos para rebatir una contingente resolución de la que llegare a discrepar.
6.- Según lo discurrido, se reafirmará la providencia materia de impugnación.

References: resolución 
 artículo 687
 artículo 338
 artículo 686
 resolución 
 artículo 687
 resolución 
 artículo 687
 resolución 
 resolución