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Timestamp: 2019-09-20 14:43:25+00:00

Document:
Resolución de TEAF Navarra, 980311, 30-06-2000 | Iberley
Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 980311 de 30 de Junio de 2000
Solicitan los recurrentes que sea declarada nulidad de la declaración de incompetencia formulada y se liquide el cuaderno particional de la fallecida. Se desestima el recurso, pues para tributar en Navarra hace falta tener la residencia habitual en Navarra, entendiendo por tal, no sólo la mera permanencia, sino también la voluntad de permanencia, y de los documentos aportados no se puede deducir tal situación de residencia Navarra, confirmándose la declaración de incompetencia.
Declaración de incompetencia por falta de residencia habitual en Navarra.
Visto escrito presentado por Don (?), con tarjeta de residencia (?) y domicilio en Pamplona, en su propio nombre y representación, y en el de Doña (?), Don (?), Don (?), Doña (?) y Don (?), en relación con declaración de incompetencia para efectuar la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones, dictada en ejecución de Acuerdo de este Organo, de (?) de 1997.
PRIMERO.- Mediante escritura otorgada en (?) de 1992 ante el Notario de Pamplona Don (?), con el número (?) de su Protocolo se produce por los arriba indicados la aceptación de la herencia de Doña (?) además de liquidación de la sociedad conyugal habida entre Don (?) y Doña (?), y la adjudicación de bienes a los herederos.
SEGUNDO.- Presentada la escritura a liquidación en la Oficina liquidadora de Pamplona del Impuesto sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, recibió el número de presentación (?)/92 y fue despachada con nota de declaración de incompetencia para su liquidación, fundándose la tal incompetencia en el contenido de la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, aprobatoria del Convenio Económico entre Navarra y el Estado.
TERCERO.- Contra tal declaración de incompetencia interpuso el interesado recurso de alzada ante este Organo, que dio lugar a Acuerdo de (?) de 1997, ratificado por el Gobierno de Navarra en su sesión del día (?) de 1997 y debidamente notificado al interesado, en cuya parte dispositiva se decretaba la anulación de acto administrativo declarativo de la señalada incompetencia, y se ordenaba el dictado de otro nuevo que podría ser liquidatorio o declarativo de incompetencia para liquidar, en función de las circunstancias que, debidamente comprobadas, apreciase la Oficina Liquidadora.
CUARTO.- En ejecución de dicho Acuerdo de este Organo fue dictada por la Sección del Impuesto sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados Resolución declarativa de la incompetencia de la Comunidad Foral de Navarra para la exacción del Impuesto sobre Sucesiones respecto de la herencia de Doña (?). Y contra dicha Resolución viene ahora el interesado a interponer recurso de alzada ante este Organo mediante escrito con fecha de entrada en el Departamento de Economía y Hacienda, de (?) de 1998, señalando que el punto de conexión elegido por la normativa vigente para la exacción del Impuesto sobre Sucesiones es el de la residencia habitual del causante; que a falta de determinación legal de este concepto ha de acudirse al de residencia habitual del sujeto pasivo recogido en las normas que para la exacción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se contienen en el propio Convenio Económico suscrito entre Navarra y el Estado; que en función de ello debe entenderse que la interesada tiene su residencia habitual en Navarra, puesto que tuvo su residencia en territorio navarro entre el (?) de enero de 1992, siendo así que falleció en (?) de enero de 1993, por lo que permaneció en Navarra durante más de la mitad del período impositivo. Solicita, pues, sea declarada la nulidad de la declaración de incompetencia formulada y sea objeto de liquidación el cuaderno particional de Doña (?), al haberse acreditado su residencia habitual en Navarra.
SEGUNDO.- La declaración de incompetencia formulada por la Sección gestora se basa en los siguientes argumentos:
?1.- Doña (?) se empadronó en la (?) el día (?) de enero de 1993 (?sic 1992?) y falleció el día (?) de enero del mismo año, esto es, estuvo empadronada apenas 14 días, prueba más que suficiente para negar la residencia efectiva en Navarra de dicha causante.
2.- Si el fallecimiento se produjo en Madrid, dado el escaso tiempo que media entre el empadronamiento y el óbito, cabe pensar que dicha causante jamás pisó tierra de la (?).
3.- Tampoco favorece nada a la pretensión de los interesados que el cambio de residencia se haya producido a tan avanzada edad de los esposos que tenía 85 años, la causante y 87 el esposo. Al contrario, aunque nada impide pueda mudarse de domicilio en cualquier momento de la vida, no puede negarse que es inusual y nada razonable hacerlo a estas edades, todo ello por multiplicar motivos sobre los cuales no es necesario abundar (sic).
4.- La declaración correspondiente al I.R.P.F. de 1992 realizada necesariamente por los herederos no prueba absolutamente nada?.
TERCERO.- No es muy afortunado el Convenio Económico de 31 de julio de 1990 en el tratamiento de los puntos de conexión relativos al impuesto que da en llamar ?sobre Sucesiones y Donaciones?. Y es que tras indicar que corresponde a la Comunidad Foral de Navarra la exacción del Impuesto ?en la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, cuando el causante tenga su residencia habitual en Navarra? (artículo 26.1.a), señala a continuación que ?para determinar la residencia habitual de los sujetos pasivos se estará a lo dispuesto en el artículo 8.2 de este Convenio? (artículo 26.2). Pues bien: en el Impuesto sobre Sucesiones el sujeto pasivo no es el causante sino que lo son los beneficiados por las adquisiciones derivadas del título sucesorio, con lo que ha de concluirse que el Convenio padece una laguna al definir el concepto de residencia habitual del causante. De acuerdo con los principios generales relativos a la integración de las normas jurídicas, parece lo más razonable colmar la laguna acudiendo al propio texto del Convenio Económico. Ello nos conduce curiosamente de nuevo al artículo 8.2, que es el único que trata de la cuestión en todo el Convenio y que, además, encaja razonablemente en la sistemática del propio artículo 26. En contra parecería estar el hecho de emplearse respecto de un impuesto de carácter instantáneo como el de Sucesiones un criterio de sujeción o punto de conexión emparentado con un impuesto periódico como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. No obstante, ha de verse que tal solución está expresamente prevista por el propio Convenio respecto de las adquisiciones lucrativas inter vivos, cuya tributación se halla en la misma situación que la que es objeto de nuestro examen. Ello nos inclina a adoptar, pues, como criterio de sujeción o punto de conexión el de la residencia habitual definida conforme a lo previsto en el artículo 8.2 del Convenio.
CUARTO.- Ahora bien: a continuación resultaría exigible la demostración de que efectivamente se ha producido el hecho de la residencia en territorio navarro durante esos días del período impositivo a los que se ha aludido con anterioridad. Y en este sentido, el recurrente no viene a aportar indicios suficientes de que se hubiera producido la tal residencia. Para ello no se exige sólo la pura permanencia física en un determinado lugar (?corpus? o elemento físico de la residencia) sino también una voluntad de permanencia en él (?animus? o elemento intencional). La simple presentación de un certificado de empadronamiento en el (?) y de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 1992 no son, a nuestro juicio, elementos suficientes que permitan afirmar categóricamente que la causante residió del (?) al (?) de enero de 1992 en territorio. El primer documento es simplemente indicativo de vecindad administrativa mientras que lo que se trata de descubrir aquí es una determinada situación de hecho (la residencia) que puede hallarse muy alejada de la declaración contenida en aquel documento administrativo. Y la anterior aseveración se hace a sabiendas del contenido del artículo 16 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que dice que los datos del Padrón municipal constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo, puesto que tal prueba no ha de reputarse como única, sino que habrá de valorarse junto con las demás que obren en el expediente (principio de libre valoración de la prueba), teniendo en cuenta, además, lo que anteriormente se ha dicho acerca de la naturaleza jurídica del Padrón municipal. Por su parte, la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 1992 en Navarra tampoco resulta especialmente reveladora en favor de los intereses del recurrente, porque tal presentación sólo depende de la voluntad de los herederos y puede hallarse muy alejada del hecho real de la residencia.
Y, en consecuencia, este Organo, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda desestimar el recurso de alzada interpuesto por Don (?) en su propio nombre y en representación de Doña (?), Don (?), Don (?), Doña (?) y Don (?), contra declaración de incompetencia para liquidar el Impuesto sobre Sucesiones formulada en (?) de 1998 por la Oficina Liquidadora de Pamplona respecto de la herencia de Doña (?), confirmándose dicho acto administrativo en sus propios términos.
Resolución de TEAF Navarra, 980177, 22-08-2001
Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 22/08/2001 Núm. Resolución: 980177

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 26
 artículo 8
 artículo 16

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