Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-444-11.htm
Timestamp: 2019-06-26 14:19:32+00:00

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La jurisprudencia ha señalado que para imponer sanciones penales, “no basta que la ley describa el comportamiento punible sino que además debe precisar el procedimiento y el juez competente para investigar y sancionar esas conductas (CP arts. 28 y 29)”. Por ende, para que se pueda sancionar penalmente a una persona, no es suficiente que el Legislador defina los delitos y las penas imponibles sino que debe existir en el ordenamiento un procedimiento aplicable y un juez o tribunal competente claramente establecidos. El principio de legalidad equivale a la traducción jurídica del principio democrático y se manifiesta más precisamente en la exigencia de lex previa y scripta. De esta forma, al garantizar el principio de legalidad se hacen efectivos los restantes elementos del debido proceso, entre ellos la publicidad, la defensa y el derecho contradicción. Desde esta perspectiva, interesa al juez constitucional que el legislador observe dichos elementos. Desde ese punto de vista, la vigencia de la ley conlleva su “eficacia jurídica”, entendida como obligatoriedad y oponibilidad, en tanto hace referencia “desde una perspectiva temporal o cronológica, a la generación de efectos jurídicos obligatorios por parte de la norma de la cual se predica; es decir, a su entrada en vigor”. Entonces, cuando se fija la fecha de inicio de la vigencia de una ley se señala el momento a partir del cual dicha normatividad empieza a surtir efectos, de la misma manera se alude al período de vigencia de una norma determinada para referirse al lapso de tiempo durante el cual ésta habrá de surtir efectos jurídicos. En términos de la sentencia C-957 de 1999, la ley por regla general comienza a regir a partir de su promulgación, salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso determine una fecha diversa a aquella, facultad igualmente predicable del legislador extraordinario. Los efectos jurídicos de los actos legislativos y de las leyes que se producen a partir de la promulgación en el Diario Oficial, dan lugar a su oponibilidad y obligatoriedad sin que por ello se afecte la validez ni la existencia de las mismas. Así, de acuerdo con la sentencia C-932 de 2006 “ el Legislador –y dentro de esta denominación hay que incluir también el legislador extraordinario- es el llamado a determinar el momento de iniciación de vigencia de una ley, y a pesar de contar prima facie con libertad de configuración al respecto, tal libertad encuentra un límite infranqueable en la fecha de publicación de la ley, de manera tal que si bien se puede diferir la entrada en vigencia de la ley a un momento posterior a su publicación, no se puede fijar como fecha de iniciación de la vigencia de una ley un momento anterior a la promulgación de la misma”.
De acuerdo con el artículo 45 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, las sentencias de esta Corporación sobre actos sujetos a su control tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte Constitucional resuelva lo contrario. La facultad de señalar los efectos de sus propios fallos, de conformidad con la Constitución, nace para la Corte Constitucional de la misión que le confía el inciso primero del artículo 241, de guardar la "integridad y supremacía de la Constitución", porque para cumplirla, el paso previo e indispensable es la interpretación que se hace en la sentencia que debe señalar sus propios efectos. No hay que olvidar que, según el artículo 5 de la Constitución, el Estado reconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona, reconocimiento obligatorio para la Corte Constitucional, como para todas las autoridades pero con mayor fuerza. La inexequibilidad de una norma no es otra cosa que la imposibilidad de aplicarla por ser contraria a la Constitución. No obstante, como es altamente probable que una norma haya tenido consecuencias en el tráfico jurídico antes de ser declarada inexequible, a pesar de los vicios que la acompañaban de tiempo atrás, siempre se suscita la controversia sobre cuál debe ser el alcance de la decisión proferida por el juez constitucional, particularmente en cuanto a los efectos temporales de su decisión. De un lado, los efectos ex nunc –desde entonces- de la declaratoria de inexequibilidad encuentra razón de ser ante la necesidad de proteger principios como la seguridad jurídica o la buena fe, pues hasta ese momento la norma gozaba de presunción de constitucionalidad y por ello sería legítimo asumir que los ciudadanos orientaron su comportamiento confiados en la validez de aquella. Pero de otro lado, los efectos retroactivos de la sentencia de inexequibilidad encuentran un sólido respaldo en el principio de supremacía constitucional y la realización de otros valores o principios contenidos en ella no menos importantes. Bajo esta óptica se afirma que cuando se trate de un vicio que afecte la validez de la norma, sus efectos deben ser ex tunc –desde siempre- cual si se tratara de una nulidad, para deshacer las consecuencias nocivas derivadas de la aplicación de normas espurias siempre y cuando las condiciones fácticas y jurídicas así lo permitan. En el escenario descrito, la Corte Constitucional tiene no sólo la potestad sino el deber de modular los efectos temporales de sus providencias, pues a ella se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política. Sobre el particular, como ha sido explicado en otras oportunidades, “el juez constitucional cuenta con varias alternativas al momento de adoptar una determinación, ya que su deber es pronunciarse de la forma que mejor permita asegurar la integridad del texto constitucional, para lo cual puede modular los efectos de sus sentencias ya sea desde el punto de vista del contenido de la decisión, ya sea desde el punto de vista de sus efectos temporales”. Ahora bien, además de la misión encomendada por el artículo 241 Superior, el artículo 45 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia señala que las sentencias que profiera la Corte sobre los actos sujetos a su control “tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”. Conforme a la disposición citada, declarada exequible mediante sentencia C-037/96, si bien es cierto que por regla general las decisiones de esta Corte tienen efectos hacia el futuro, también lo es que esos efectos pueden ser definidos en otro sentido por la propia Corporación.
ARTÍCULO 628. DEROGATORIA Y VIGENCIA. La presente ley regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1o de enero de 2010, conforme al régimen de implementación. Los procesos en curso continuarán su trámite por la Ley 522 de 1999 y las normas que lo modifiquen.”
“TÍTULO XIX.
PARÁGRAFO. El artículo 625 de la presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación.” (Resaltado del texto del Ministerio del Interior y de Justicia)
En ese sentido, expresa la representante del Ministerio que la Ley 1407 de 2010 “entrará a regir una vez se desarrollen acciones necesarias para su implementación por parte del Gobierno Nacional, los Ministerios de Defensa Nacional y de Hacienda y Crédito Público, e inclusive del mismo Congreso, previos los estudios correspondientes, acciones que comprenden, entre otras: la elaboración, dentro del año siguiente a la promulgación de esta ley, de un plan de implementación del nuevo sistema acusatorio en la justicia penal militar; la determinación de las salas de audiencia requeridas y del Sistema de Defensoría Penal Militar y Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y el ajuste de la planta de personal correspondiente, que incluya los funcionarios y empleados que se requiera para la implementación del nuevo sistema.” (Subrayado del texto)
Lo mismo se infiere del debate surtido en la Comisión Primera del Senado de la República, el cual se llevó a cabo el día 30 de mayo de 2007, publicado en la Gaceta No.349 de 2007, en el cual se efectuó una proposición modificatoria, así: “…estamos presentando también una proposición modificatoria de la vigencia para que ella comience en el año 2010 y se tenga tiempo no solo de hacer la capacitación requerida para la implementación del nuevo sistema sino también si es del caso para hacer los ajustes que el código demande”.
En ese sentido, señala el representante del Ministerio, que el legislador al no deslindar en la Ley 1407 de 2010, la parte sustancial de la parte procesal, lo que quiso fue diferir la entrada en vigencia del sistema oral acusatorio. Señaló necesario hacer una distinción entre las normas sustanciales y procedimentales, para señalar sobre cuáles tiene alcance la expresión del artículo 29 de la Constitución Política, concretamente cuando se refiere a las “normas preexistentes”. En ese orden de ideas, señala que dicha expresión no limita el efecto general e inmediato que tienen las leyes de carácter procesal, sino por el contrario, limita el efecto de las normas de carácter sustancial relativas a la definición de los delitos y de las penas. Adicionalmente, señala que si bien la limitación no se da para las normas de carácter procesal, el principio de favorabilidad en materia penal, según el cual la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplica de preferencia a la restrictiva o desfavorable, es el que debe informar la aplicación en el tiempo de los dos tipos de normas.
Así las cosas, el Ministerio concluye: “… el asunto es de interpretación del operador judicial en cada caso concreto de cómo manejar los casos que se presenten en donde algún miembro de la fuerza pública que en el ejercicio propi[o] de su misión constitucional y legal. Si desde el 17 de agosto de 2010 fecha de promulgación de la norma y cuando se tuvo conocimiento de su vigencia, estuviera sometido a investigaciones por conductas punibles que para la fecha en que las realizaron, es decir, posterior al primero de enero de 2010 no tenían el carácter de tal, por ello es que se debe inaplicar el 628 en lo que corresponda a la retroactividad de la vigencia del código penal militar, es decir 1 de enero de 2010, apegándonos a la excepción de inconstitucionalidad que nuestra carta magna toca en su artículo 4”. Así, dado que la derogatoria no fue expresa no se sabe a qué conductas punibles se estaba refiriendo la ley, si a las de la Ley 1407 o a las de la Ley 522, por tal razón “se tiene que sujetar el operador judicial a la verificación de ambas normas en cada caso para determinar y buscar la solución a fin de evitar errores o de inseguridad jurídica”.
Señala el Procurador que, el alcance del término “leyes preexistentes” establecido en el artículo 29 Superior, tiene alcance sobre las normas sustanciales y, también frente a las disposiciones procesales respecto de las cuales tienen un efecto general e inmediato, lo cual en todo caso trae como consecuencia que ni las unas ni las otras pueden tener vigencia antes de su promulgación. En ese sentido, es claro que la norma acusada viola el artículo 29 Superior relativa al debido proceso y, por lo mismo no puede producir efectos anteriores a su promulgación sin menoscabo del principio de favorabilidad.
“Artículo 636. Derogatoria y Vigencia. La presente ley regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1º de enero de 2007, conforme al régimen de implementación. Los procesos en curso continuarán su trámite por la Ley 522 de 1999 y las normas que lo modifiquen.” Resaltado fuera de texto.
…estamos presentando también una proposición modificatoria de la vigencia para que ella comience en el año 2010 y se tenga tiempo no solamente para hacer la capacitación requerida para la implementación del nuevo sistema, sino también si es del caso para hacer los ajustes que el Código demande.’
‘(…) Y finalmente como le expresaba lo relacionado con la vigencia, tiene que ver con algunos ajustes que se tienen que hacer para poner en vigencia total el código, porque entre otras cosas, de acuerdo también con pronunciamientos de la Corte Constitucional, se requiere una adición a la ley estatutaria de la administración de justicia, donde se prevea lo relacionado con la Justicia Penal Militar como una justicia especial (…)’
‘(…) PROPOSICIÓN NÚMERO 145
Artículo 627. Derogatoria y vigencia. La presente ley regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1º de enero de 2010, conforme al régimen de implementación. Los procesos en curso continuarán su trámite por la Ley 522 de 1999 y las normas que los modifiquen.
‘(…) La Presidencia cierra la discusión del articulado en el texto del pliego con las proposiciones sustantivas y modificativas presentadas por el Senador Jesús Ignacio García y sometido a votación es aprobado por unanimidad” (resaltado y subrayado fuera de texto)
Gracias señor Presidente, una de las proposiciones que reposa en la Secretaría, corresponde a la aceptación y aprobación que hay por parte del ministerio de Hacienda de este proyecto, es decir, se cuenta con los recursos necesarios para poder implementarlo, tenemos entendido que esto también pues comienza a regir a partir del año 2010 y nos da tiempo suficiente para prepararnos bien, gracias señor presidente.”
“El principio de legalidad penal constituye una de las principales conquistas del constitucionalismo pues constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos ya que les permite conocer previamente cuándo y por qué “motivos pueden ser objeto de penas ya sea privativas de la libertad o de otra índole evitando de esta forma toda clase de arbitrariedad o intervención indebida por parte de las autoridades penales respectivas”. De esa manera, ese principio protege la libertad individual, controla la arbitrariedad judicial y asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal. Por eso es natural que los tratados de derechos humanos y nuestra constitución lo incorporen expresamente cuando establecen que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa (CP art. 29).”[1].
16. Esta Corporación ha señalado que en el Estado de Derecho el principio de legalidad se erige en principio rector del ejercicio del poder[2]. En este sentido ha dicho esta Corporación que “no existe facultad, función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos que no esté prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley”[3]. En ese orden, en materia penal dicho principio comporta varios elementos[4] que la doctrina especializada reconoce como “los principios legalistas que rigen el derecho penal”[5], los cuales fueron recogidos en la sentencia antes citada de la siguiente manera: “...nullum crimen sine praevia lege: no puede considerarse delito el hecho que no ha sido expresa y previamente declarado como tal por la ley; nulla poena sine praevia lege: esto es, no puede aplicarse pena alguna que no esté conminada por la ley anterior e indicada en ella; nemo iudex sine lege: o sea que la ley penal sólo puede aplicarse por los órganos y jueces instituidos por la ley para esa función; nemo damnetur nisi per legale indicum, es decir que nadie puede ser castigado sino en virtud de juicio legal[6]”.
“ 13. El principio de legalidad penal constituye una de las principales conquistas del constitucionalismo pues constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos ya que les permite conocer previamente cuándo y por qué “motivos pueden ser objeto de penas ya sea privativas de la libertad o de otra índole evitando de esta forma toda clase de arbitrariedad o intervención indebida por parte de las autoridades penales respectivas”[10]. De esa manera, ese principio protege la libertad individual, controla la arbitrariedad judicial y asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal. Por eso es natural que los tratados de derechos humanos y nuestra constitución lo incorporen expresamente cuando establecen que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa (CP art. 29)[11].
15- Esta reserva legal es entonces una importante garantía para los asociados. Pero no basta, pues si la decisión legislativa de penalizar una conducta puede ser aplicada a hechos ocurridos en el pasado, entonces el principio de legalidad no cumple su función garantista. Una consecuencia obvia del principio de legalidad es entonces la prohibición de la aplicación retroactiva de las leyes que crean delitos o aumentan las penas. Por ello esta Corporación había precisado que no sólo ‘un hecho no puede considerarse delito ni ser objeto de sanción si no existe una ley que así lo señale’ sino que además la norma sancionadora ‘ineludiblemente debe ser anterior al hecho o comportamiento punible, es decir, previa o preexistente”[12].
16- La prohibición de la retroactividad y la reserva legal no son sin embargo suficientes, pues si la ley penal puede ser aplicada por los jueces a conductas que no se encuentran claramente definidas en la ley previa, entonces tampoco se protege la libertad jurídica de los ciudadanos, ni se controla la arbitrariedad de los funcionarios estatales, ni se asegura la igualdad de las personas ante la ley, ya que la determinación concreta de cuáles son los hechos punibles recae finalmente, ex post facto, en los jueces, quienes pueden además interpretar de manera muy diversa leyes que no son inequívocas. Por eso, la doctrina y la jurisprudencia, nacional e internacionales, han entendido que en materia penal, el principio de legalidad en sentido lato o reserva legal, esto es, que la ley debe definir previamente los hechos punibles, no es suficiente y debe ser complementado por un principio de legalidad en sentido estricto, también denominado como el principio de tipicidad o taxatividad[13], según el cual, las conductas punibles deben ser no sólo previamente sino taxativa e inequívocamente definidas por la ley, de suerte, que la labor del juez penal se limite a verificar si una conducta concreta se adecúa a la descripción abstracta realizada por la ley. Según esa concepción, que esta Corte prohija, sólo de esa manera, el principio de legalidad cumple verdaderamente su función garantista y democrática, pues sólo así protege la libertad de las personas y asegura la igualdad ante el poder punitivo estatal”[14]. (subrayado fuera de texto)
19. La jurisprudencia ha señalado, igualmente, que para imponer sanciones penales, “no basta que la ley describa el comportamiento punible sino que además debe precisar el procedimiento y el juez competente para investigar y sancionar esas conductas (CP arts. 28 y 29)”[15]. Por ende, para que se pueda sancionar penalmente a una persona, no es suficiente que el Legislador defina los delitos y las penas imponibles sino que debe existir en el ordenamiento un procedimiento aplicable y un juez o tribunal competente claramente establecidos.
Desde ese punto de vista, la vigencia de la ley conlleva su “eficacia jurídica”, entendida como obligatoriedad y oponibilidad, en tanto hace referencia “desde una perspectiva temporal o cronológica, a la generación de efectos jurídicos obligatorios por parte de la norma de la cual se predica; es decir, a su entrada en vigor”[17]. Entonces, cuando se fija la fecha de inicio de la vigencia de una ley se señala el momento a partir del cual dicha normatividad empieza a surtir efectos[18], de la misma manera se alude al período de vigencia de una norma determinada para referirse al lapso de tiempo durante el cual ésta habrá de surtir efectos jurídicos[19].
22. Así, de acuerdo con la sentencia C-932 de 2006 “ el Legislador –y dentro de esta denominación hay que incluir también el legislador extraordinario- es el llamado a determinar el momento de iniciación de vigencia de una ley, y a pesar de contar prima facie con libertad de configuración al respecto, tal libertad encuentra un límite infranqueable en la fecha de publicación de la ley, de manera tal que si bien se puede diferir la entrada en vigencia de la ley a un momento posterior a su publicación, no se puede fijar como fecha de iniciación de la vigencia de una ley un momento anterior a la promulgación de la misma[20]”.
De un lado, los efectos ex nunc –desde entonces- de la declaratoria de inexequibilidad encuentra razón de ser ante la necesidad de proteger principios como la seguridad jurídica o la buena fe, pues hasta ese momento la norma gozaba de presunción de constitucionalidad y por ello sería legítimo asumir que los ciudadanos orientaron su comportamiento confiados en la validez de aquella.
Pero de otro lado, los efectos retroactivos de la sentencia de inexequibilidad encuentran un sólido respaldo en el principio de supremacía constitucional y la realización de otros valores o principios contenidos en ella no menos importantes. Bajo esta óptica se afirma que cuando se trate de un vicio que afecte la validez de la norma, sus efectos deben ser ex tunc –desde siempre- cual si se tratara de una nulidad, para deshacer las consecuencias nocivas derivadas de la aplicación de normas espurias siempre y cuando las condiciones fácticas y jurídicas así lo permitan.
En el escenario descrito, la Corte Constitucional tiene no sólo la potestad sino el deber de modular los efectos temporales de sus providencias, pues a ella se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política. Sobre el particular, como ha sido explicado en otras oportunidades, “el juez constitucional cuenta con varias alternativas al momento de adoptar una determinación, ya que su deber es pronunciarse de la forma que mejor permita asegurar la integridad del texto constitucional, para lo cual puede modular los efectos de sus sentencias ya sea desde el punto de vista del contenido de la decisión, ya sea desde el punto de vista de sus efectos temporales”[22].
Ahora bien, además de la misión encomendada por el artículo 241 Superior, el artículo 45 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia señala que las sentencias que profiera la Corte sobre los actos sujetos a su control “tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”. Conforme a la disposición citada, declarada exequible mediante sentencia C-037/96, si bien es cierto que por regla general las decisiones de esta Corte tienen efectos hacia el futuro, también lo es que esos efectos pueden ser definidos en otro sentido por la propia Corporación.
En el presente caso la modulación de los efectos de la presente providencia debe construirse teniendo como norte la supremacía material de la Constitución y el efecto útil del derecho, de manera que no se afecte el caro derecho a la libertad o el derecho al debido proceso de las personas, más cuando se percibe que la intención del legislador no era otra que una aplicación posterior a la vigencia de ésta. En consecuencia, como en el presente caso estos derechos pueden verse violentados la Sala estima necesario declarar la inexequibilidad desde el momento en que la norma fue promulgada, es decir que el fallo tendrá efectos desde el 17 de agosto de 2010 fecha de su publicación en el Diario Oficial, a partir de la cual se entenderá vigente la norma para todos los efectos, sin perjuicio de la aplicación de lo prescrito en aparte final del artículo 628 –no demandado-, según el cual los procesos en curso -al entrar en vigencia la ley- continúan su trámite por la Ley 522 de 1999 y las normas que la modifiquen, aspecto que no demanda realizar ningún tipo de integración normativa para efectos de la presente decisión.
PRIMERO.- Declárese INEXEQUIBLE la expresión “al 1º de enero de 2010” contenida en el artículo 628 de la Ley 1407 de 2010 y EXEQUIBLE el resto del artículo bajo el entendido que la ley regirá a partir del 17 de agosto de 2010.
A LA SENTENCIA C-444/11
SENTENCIA DE INEXEQUIBILIDAD-Procedencia de efectos retroactivos para preservar derechos a la libertad y el debido proceso
Si bien por regla general los fallos de la Corte Constitucional tienen efectos hacia el futuro, en esta oportunidad la Sala otorga efectos retroactivos a la inexequibilidad de la norma, al decidir que el fallo tendrá efectos a partir del 17 de agosto de 2010, fecha de publicación en el Diario Oficial de la Ley 1407 de 2010, con el fin de preservar los derechos a la libertad y el debido proceso de las personas
FORMACION DE LA LEY-Acto complejo en que intervienen el Legislativo y el Ejecutivo/PRINCIPIO DEMOCRATICO Y SOBERANIA POPULAR-Se vulneran cuando se omite la sanción oportuna de la ley
CODIGO PENAL MILITAR-Vigencia a partir de la publicación de la Ley que lo expide
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 628 (parcial) de la Ley 1407 de 2010 “por la cual se expide el Código Penal Militar”
Actor: Yadira Alarcón Rojas
Acompaño la posición de la mayoría de la Sala Plena, en el sentido de declarar la inexequibilidad de la expresión “al 1° de enero de 2010” del artículo 628 de la Ley 1407 de 2010, y la exequibilidad del resto del artículo bajo el entendido que la ley regirá a partir del 17 de agosto de 2010. Como lo sostiene la sentencia, los efectos retroactivos que se otorgan a la Ley 1407 de 2010 no son producto del querer del legislador sino de un factor externo atribuible al trámite de objeciones presidenciales que favoreció la distorsión de los efectos que en el tiempo pretendió darse al nuevo Código Penal Militar, circunstancia que no exime a la Corte de su deber de declarar probado el cargo contra la expresión demandada del artículo 628 de la Ley 1407 de 2010, relativo a su vigencia en el tiempo.
A pesar de que por regla general los fallos de la Corte Constitucional tienen efectos hacía el fututo, en esta oportunidad la Sala otorga efectos retroactivos a la inexequibilidad de la norma, al decidir que el fallo tendrá efectos a partir del 17 de agosto de 2010, fecha de publicación en el Diario Oficial de la Ley 1407 de 2010, con el fin de preservar los derechos a la libertad y el debido proceso de las personas.
No obstante, es preciso aclarar que la decisión adoptada en esta sentencia por la Corte Constitucional, en modo alguno puede interpretarse como un aval a la demora excesiva en que incurrió el Gobierno al sancionar la Ley 1407 de 2010 y a la inactividad del Presidente del Congreso.
El trámite de formación de la ley es un acto complejo en el que interviene tanto el Legislativo como el Ejecutivo, correspondiendo a éste último la función de sancionar y promulgar la ley. La sanción presidencial es un requisito en el trámite legislativo, sin cuyo cumplimiento no es posible afirmar que el mismo ha concluido. Al respecto, el artículo 157 de la Constitución dispone que ningún proyecto será ley, sin los siguientes requisitos: (i) haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva; (ii) haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada cámara; (iii) haber sido aprobado en cada cámara en segundo debate; y (iv) haber obtenido la sanción del Gobierno.
De acuerdo con el artículo 166 de la CP, el Gobierno tiene un término hasta de veinte (20) días para sancionar los proyectos de ley cuando contienen más de cincuenta (50) artículos, término que se aplica en el presente caso, puesto que la ley demandada cuenta con seiscientos veintiocho (628).
En esta ocasión, el Presidente de la República objetó parcialmente el proyecto de ley que ahora convertido en ley de la República es objeto de revisión por parte de esta Corporación. En la medida en que las objeciones no fueron aceptadas por el Congreso, mediante sentencia C-533 del 28 de mayo de 2008[23], la Sala Plena las declaró parcialmente fundadas.
Posteriormente, mediante sentencia C-469 del 15 de julio de 2009[24], la Corte se pronunció sobre el texto del proyecto de ley rehecho por el Congreso de la República (Art. 3 del Proyecto de Ley 11 de 2006 Senado, 144 de 2005 Cámara), fallo que fue comunicado el 2 de septiembre de 2009. A partir de este momento el Gobierno tenía veinte (20) días para sancionarlo y publicarlo, sin embargo, la sanción fue muy posterior y la ley fue publicada el 17 de agosto de 2010, o sea, casi once (11) meses después. Lo anterior, a pesar que el artículo 168 de la Constitución prevé que si durante el transcurso del término de veinte (20) días, el Presidente no sanciona y publica el proyecto de ley, deberá proceder a sancionarlo y promulgarlo el Presidente del Congreso.
Como lo ha sostenido esta Corporación, la ley, de conformidad con el principio democrático, es resultado de la expresión de la voluntad soberana que surge de un proceso en el que se ha escuchado diversidad de opiniones (pluralismo), se ha permitido la participación de personas naturales o jurídicas que tengan interés o de alguna manera se puedan ver afectados con el nuevo ordenamiento (participación), ha sido aprobada por la mayoría parlamentaria (habiendo permitido la participación de las minorías), y tramitada respetando el principio de publicidad.[25] La voluntad soberana así expresada, se desconoce injustificadamente cuando un proyecto de ley no es objeto de sanción oportuna.
La falta de sanción oportuna de un proyecto de ley, en consecuencia, evidencia el incumplimiento de una obligación constitucional, cuyo efecto inmediato es impedir su entrada en vigencia, en tanto la ley no puede ser promulgada sin la respectiva sanción. Cuando una ley no puede entrar en vigor por mera discrecionalidad de quienes están en la obligación de sancionarla, con tal proceder se desconocen el principio democrático y la soberanía popular (Arts. 1 y 3 CP), y por ende, el fortalecimiento de la democracia, que como pilar fundamental de nuestro ordenamiento constitucional concierne a todas las autoridades y se proyecta en las diferentes instancias en las que se expresa el poder del Estado.
En los anteriores términos, dejo plasmada mi aclaración de voto en la presente oportunidad.
[6] Luis Jiménez de Asúa, “Tratado de Derecho Penal. Tomo II Filosofía y Ley Penal”, Edit. Losada, Buenos Aires Argentina, 1950.
[7] "Artículo 15-1 Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello" (subrayas fuera de texto).
[8] "Principio de legalidad y de retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas, según el derecho aplicable. Tampoco puede imponerse pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello" (subrayas fuera de texto).
[19] Sentencia C-873 de 2003.
[20] Esta regla se reitera en la sentencia C-215 de 1999: “[l]a potestad del legislador para establecer la fecha en que comienza la vigencia de la ley está limitada únicamente por los requerimientos del principio de publicidad, y de la otra, el deber de señalar la vigencia de la ley después de su publicación es un mandato imperativo para el Congreso y el Presidente de la República, cuando éste ha sido facultado por el legislador para cumplir esta tarea. Bien puede ocurrir que una ley se promulgue y sólo produzca efectos algunos meses después, o que el legislador disponga la vigencia de la ley a partir de su sanción y su necesaria promulgación, en cuyo caso, una vez cumplida ésta, las normas respectivas comienzan a regir, es decir, tienen carácter de obligatorias”.
[23] MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[24] MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
[25] Sentencia C-1190 de 2001 (MP. Jaime Araújo Rentería. AV. Jaime Araújo Rentería).

References: artículo 45
 artículo 241
 artículo 5
 artículo 241
 artículo 45

ARTÍCULO 628
 artículo 625
 artículo 29
 artículo 4
 artículo 29
 artículo 29

Artículo 627
 artículo 241
 artículo 45
 artículo 628
 artículo 628
 artículo 628
 artículo 628
 artículo 628
 artículo 157
 artículo 166
 artículo 168