Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/S36-04.html
Timestamp: 2018-02-18 05:24:23+00:00

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INFORME N° 36/04
6. Los peticionarios alegan que el 5 de abril de 2000 Olga Yolanda Maldonado Ordóñez fue notificada de la existencia de causales para ser destituida del cargo de Auxiliar Departamental del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala a consecuencia de una denuncia llevada a cabo por sus hermanos, en la cual afirmaban que la señora Maldonado Ordóñez y su hermana habían alterado documentos públicos relacionados con una herencia familiar. La destitución se hizo extensiva al cargo de educadora, que se desempeñó como titular hasta el 15 de febrero del año 2002.
7. Los peticionarios sostienen que el 18 de mayo de 2000 el Procurador de los Derechos Humanos ordenó la destitución de los cargos que la señora Maldonado Ordóñez desempeñaba, no obstante que ella había desvirtuado todos y cada uno de los señalamientos de sus hermanos. Asimismo, agregan que los hechos denunciados por los hermanos de la señora Maldonado Ordóñez aparentemente constituirían delitos, sin embargo en ningún momento éstos fueron llevados a los tribunales de justicia. Los peticionarios agregan que, en definitiva, los argumentos de la destitución se basaron en lo perjudicial que podría ser para la institución la situación denunciada, a pesar que se tratara de un asunto de carácter familiar. La destitución se materializó mediante el Acuerdo Nº 81-2000 emitido por el Procurador de los Derechos Humanos el 16 de mayo de 2000, en el que se invoco el artículo 74(4) y 74(15) del Reglamento de Personal de dicha institución relativos a las faltas cometidas contra la propiedad en perjuicio de la institución y actos ilegales cometidos con el propósito de causar perjuicio a la institución..
8. Asimismo indican que, por razones de salud, el 18 de mayo de 2000 la señora Maldonado Ordóñez presentó renuncia irrevocable al cargo interino de Auxiliar Departamental y al cargo titular de educadora; y que una vez recuperada de salud, la señora Maldonado Ordóñez presentó desistimiento de la renuncia anterior mediante escrito de fecha de 22 de mayo de 2000 suscrito ante notario público.
9. En cuanto al agotamiento de los recursos internos, señalan que el 23 de mayo de 2000 la señora Olga Yolanda Maldonado Ordóñez presentó recurso de apelación ante la Oficina Nacional de Servicio Civil. Asimismo, indican que el 29 de mayo de 2000 la Oficina Nacional resolvió que carecía de competencia administrativa para conocer cuestiones relativas a las solicitudes que guarden relación sobre reinstalación o pago de prestaciones laborales, ello en virtud de disposiciones propias de las dependencias o instituciones del Estado. El 2 de junio de 2000 la señora Olga Yolanda Maldonado Ordóñez presentó recurso de revisión ante la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, siendo éste declarado sin lugar por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del Procurador de los Derechos Humanos mediante Oficio Nº 285-2000-URH de fecha 16 junio de 2000. En esa misma comunicación la Procuraduría relaciona como una prueba de la aceptación de la destitución por parte de la presunta víctima fundada en el hecho de la presentación de la renuncia al cargo.
10. Los peticionarios alegan que actuando de conformidad a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de Personal del Procurador de los Derechos Humanos la señora Maldonado Ordóñez presentó un recurso de apelación ante la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, la cual resolvió el 26 de junio de 2000 no conocer del mismo toda vez que el cuerpo legislativo idóneo para otorgarle competencia a la Corte de Apelaciones sobre este asunto es el Código del Trabajo y no el Reglamento de Personal. Argumentan que el 24 de agosto de 2000 presentaron acción de inconstitucionalidad ante la Sala Segunda, señalando que la aplicación de los artículos del Código de Trabajo y de la Ley de Servicio Civil era inconstitucional, dado que vedaba el acceso a la justicia previsto en la Constitución. Agregan que el 6 de septiembre de 2000 la Corte de Apelaciones resolvió declarar no a lugar la inconstitucionalidad reiterando que un reglamento no podía crearle jurisdicción. Los peticionarios alegan que mediante la decisión de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, el Estado guatemalteco impidió el acceso a la justicia y al debido proceso en perjuicio de la señora Maldonado Ordóñez.
14. En cuanto a la admisibilidad del asunto, el Estado alega que el reclamo no es admisible, dado que la señora Maldonado Ordóñez tuvo en la vía administrativa la oportunidad de defenderse. El Estado guatemalteco agrega que el sólo hecho que sus gestiones le hayan resultado desfavorables no es argumento suficiente para señalar que se violó el derecho de defensa de la señora Maldonado Ordóñez. Asimismo, el Estado señala que la señora Maldonado Ordóñez presentó su renuncia irrevocable al cargo que ocupaba en la Procuraduría de Derechos Humanos el 18 de mayo de 2000, y cuatro días después desistió de su renuncia irrevocable.
21. El 26 de junio de 2000, la Sala Segunda resolvió que este tribunal no es competente para conocer de la petición formulada por la señora Olga Yolanda Maldonado Ordóñez en virtud de que la competencia asignada a las Salas de Trabajo y Previsión Social es sólo para conocer en única instancia y ésta se limita a los casos de resoluciones administrativas definitivas dictadas por la Junta Nacional de Servicio Civil tal como lo contempla el artículo 80 de la Ley de Servicio Civil. De manera que, la señora Olga Yolanda Maldonado Ordóñez intentó según lo establecido en la Ley de Servicio Civil impugnar la resolución que establece su despido. Asimismo, el 9 de octubre de 2001 la Corte de Constitucionalidad resolvió que el recurso de inconstitucionalidad es improcedente, toda vez que el interesado no impugnó por la vía adecuada la aplicación de las normas, lo que le habría permitido discutir su inconstitucionalidad en la jurisdicción correspondiente. Todas las instancias, administrativas y judiciales, resuelven negativamente en contra de la señora Olga Yolanda Maldonado Ordóñez fundamentando sus resoluciones en la falta de competencia para resolver sobre el asunto.
22. En vista del resultado de los recursos interpuestos y de las gestiones emprendidas por la víctima ante las autoridades, corresponde concluir que el requisito del previo agotamiento de los recursos internos, previsto en el artículo 46 (1) de la Convención Americana ha sido satisfecho.
25. La Comisión considera que el Reglamento de Personal de la Procuraduría de Derechos Humanos así como la Ley de Servicio Civil contemplan mecanismos para la impugnación de resoluciones con el objeto de posibilitar la tutela judicial. Sin embargo, los peticionarios argumentan que al momento en que la señora Olga Yolanda Maldonado Ordóñez intenta impugnar la resolución de despido todos los mecanismos establecidos previamente por el reglamento y la ley le cierran el acceso a la vía judicial. En efecto, los órganos a los que se habría dirigido se declaran incompetentes para conocer el fondo de su reclamo, inclusive la Corte de Constitucionalidad se declara incompetente para conocer de la inconstitucionalidad de estas normas.
26. La CIDH tendrá que analizar si la imposibilidad que la señora Maldonado obtuviera una resolución respecto del mérito de su reclamo, se debió a la forma en como están previstos los recursos en la ley y en el reglamento o al rechazo de esos recursos por parte de los organismos a los que la señora Maldonado acudió. Asimismo, la Comisión tendrá que decidir si ello constituye una violación a los artículos 8 y 25 de la Convención.
[1] Ley de Servicio Civil, Decreto Nº 1748. Guatemala, 10 de mayo de 1968.

References: artículo 74
 artículo 80
 artículo 80
 resolución 
 artículo 46
 resolución 
 resolución