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Timestamp: 2019-03-25 10:47:22+00:00

Document:
La Perfidia del Gobierno Socialista | mérici
20 de enero de 2009 - 23:11
Pocas veces he leído un texto de tanta perfidia y mala fe como el documento que, en mayo de 2007, firmó la ex ministro de Salud del gobierno de la presidenta Bachelet, María Soledad Barría Iroume, que incluye un proyecto de ley sobre maltrato animal que debiese reemplazar la actual ley contenida en el artículo 291 bis del Código Penal. Este documento, que no lleva título, no es el proyecto de ley ni las mociones que se encuentran bajo estudio en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados (el boletín 3250-12; se accede a él en la página web de la cámara). Pero el gobierno socialista tiene la intención de presentar al parlamento y a la ciudadanía el documento que quiero discutir aquí. El documento -que sólo he podido encontrar en la copia hecha pública por Pepa García- consta de once páginas holandesas, fue firmado por la ministro el 7 de mayo de 2007, lleva el número A15/2195 y anuncia que su materia es la "tenencia responsable de mascotas".
Vuelvo a mi asunto. El documento del Ministerio de Salud pretende ser un proyecto de tenencia responsable de mascotas y su objetivo aparente es reemplazar el artículo 291 bis del Código Penal, que sanciona el maltrato animal, que establece que "el que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de uno a diez ingresos mínimos mensuales o sólo a esta última".
Según les parece a los autores de este proyecto, el tema del maltrato animal gira en realidad en torno al tema de los perros callejeros o abandonados, "[...] constituyéndose", dicen los descerebrados, "en un problema de salud y de seguridad pública por las numerosas enfermedades que potencialmente pueden producir al hombre, además de representar un peligro para la seguridad de las personas en la vía pública, atendiendo al importante número de accidentes por mordeduras que generan, además de los accidentes del tránsito en que estarían involucrados".
Las afirmaciones con que parte este documento son absolutamente erróneas, por no decir falsas. No solamente no citan los autores las fuentes en las que se basan, sino además contradicen todos los estudios, informes y declaraciones que conocemos sobre el tema del peligro que representarían los perros en la vía pública. Para comenzar, es sabido que la inmensísima mayoría de los incidentes con mordeduras y ataques de perros contra humanos los provocan perros con dueños, no los perros abandonados a los que el ministerio culpa de estos incidentes. "Los canes que muerden", declaró en abril de 2008 el Dr. Guillermo Prado, del Hospital Carlos van Buren de Valparaíso, "en general tienen dueño. Por la experiencia que tenemos rara vez lo hacen los perros vagos" (en La Estrella de Valparaíso; véase Los perros de Playa Ancha).
Agrega el documento seguidamente que "[...] estos animales contribuyen en forma importante a deteriorar las condiciones de aseo e higiene de las áreas urbanas, a través de la destrucción de los depósitos de basuras y la acumulación de fecas en la vía pública".
El documento se refiere luego brevemente a lo que llama "sobrepoblación de perros abandonados", sin decirnos en ningún lugar en qué consiste esa sobrepoblación o en qué momento la población canina supera los límites admisibles para las autoridades. Dice que los esfuerzos de las autoridades por reducir el riesgo de transmisión de la rabia "genera fuertes controversias en el seno de la comunidad". Cómo no, cuando todos sabemos que la rabia fue prácticamente erradicada hace varias décadas y que hoy no representa ningún peligro en absoluto. Dice el documento: "Muchas de estas situaciones han llegado a los Tribunales de Justicia [sic], los que en algunos casos han dictaminado la prohibición de eliminar los perros callejeros, lo que interfiere con las funciones de salud y pone en riesgo a la población".
El ministerio, en el macabro e imaginario contexto que describe, propone la "[...] la instauración legal del registro canino y felino obligatorio, apoyado además en la creación de centros de rescate animal y sistemas de recolección de animales abandonados o callejeros", todo lo cual quedaría a cargo de las municipalidades. Uno de los objetivos, dice el documento, es terminar con los conflictos entre la población y las autoridades erradicando "[...] la eliminación de estos animales [callejeros] in situ, por medio de la administración de tóxicos". Yo pensé que estaba leyendo mal. ¿Dice el documento que las autoridades sanitarias o políticas renunciarán a la práctica de eliminar -a los perros y gatos callejeros o abandonados- mediante el uso de venenos y otras substancias tóxicas -como estricnina-, como hacían en el pasado y/o siguen haciendo en algunas ciudades? Ciertamente los autores de este documento no parecen estar al tanto del artículo 291 del Código Penal, que sanciona precisamente a los "[...] que propagaren indebidamente organismos, productos, elementos o agentes químicos, virales, bacteriológicos, radiactivos, o de cualquier otro orden que por su naturaleza sean susceptibles de poner en peligro la salud animal o vegetal, o el abastecimiento de la población".
Los centros de rescate animal permitirían albergar a los "perros capturados en la vía pública por un plazo limitado".
El proyecto de ley propuesto, que sigue a continuación en el documento, continúa la infamia e insensatez de la primera parte. Entre otras cosas, como un intento de anular la costumbre chilena de dejar salir de casa a sus mascotas -en tanto que niños o hermanos menores-, califica como animales abandonados a todo "[...] animal que se encuentre en la vía pública sin la vigilancia de su dueño o responsable o que deambule suelto sin correa de sujeción, independientemente que esté o no registrado". Serán las autoridades municipales las encargadas de "[...] implementar un sistema de recolección de perros abandonados a objeto de retirar de la vía pública todo animal que deambule suelto y sin la vigilancia de su dueño o responsable".
En esos apartados, el proyecto de ley del ministerio introduce la temida perrera de antaño, con la que empleados municipales premunidos de lazos y redes cazaban a los perros encontrados en la calle para darles muerte posteriormente. Las municipalidades deberán crear "[...] centros de mantención temporal de animales a objeto de albergar a aquellos animales abandonados que se retiren de la vía pública y a los que sean entregados por la comunidad". Los animales secuestrados podrán ser retirados por sus dueños u otros interesados previo pago de las multas correspondientes. Pero los animales "[...] que no sean reclamados en el período establecido se consideran sin dueño y podrán ser dados en adopción, subastados o sometidos a eutanasia".2
El artículo 25 de esta ley autoriza al juez local a "[...] disponer la eutanasia de animales cuando constituyan un grave e inminente riesgo para la salud de la población [humana], lo que se acreditará con un informe de la Autoridad Sanitaria [sic] correspondiente". Hasta hoy, sólo el seremi de salud tiene la autoridad de disponer la muerte de un animal, y sólo si porta el virus de la rabia. Este artículo desvía esa autoridad hacia un funcionario judicial no especializado en estas materias, que puede o no adoptar los informes de los secretarios regionales convertidos ahora en subalternos del poder judicial.
El proyecto va todavía más lejos en su lucha contra la sensibilidad de la inmensa mayoría de la población, al permitir que la ley fije la cantidad de animales permitidos a sus dueños. El artículo 8 establece que el ministerio de salud "[...] podrá establecer un número máximo de animales que se pueden mantener en una propiedad". No cabe duda de que la intención detrás de este artículo es desmantelar los caniles privados, con los que parte de la población protege contra maltratos y violencias a los animales que abandonan sus dueños. Estas son iniciativas privadas todavía más loables por la ausencia de un sistema humanitario y razonable público de protección animal. El gobierno socialista pretende, pues, incluso despojar a la población de una de sus expresiones más piadosas de solidaridad con los animales.
El artículo 14 permite que las autoridades municipales puedan celebrar "[...] convenios entre sí, o con otros organismos públicos o privados, a objeto de ejecutar las labores indicadas" -vale decir, el gobierno puede dejar la eliminación de mascotas en manos de empresas privadas.
Hace unos días la Sociedad Protectora de Animales de Valparaíso hizo circular una declaración pública en la que rechaza la aplicación de eutanasia sin justificación médica fehaciente. El nuevo canil de Laguna Verde es un albergue permanente "[...] de animales recogidos de las calles sólo en caso que estos sean evaluados como de alta vulnerabilidad (hembras preñadas, cachorros, enfermos)". Aparentemente el nuevo alcalde de Valparaíso -un militante de extrema derecha- tiene la intención de convertir el canil en un albergue de paso y matar a los animales que no encuentren nuevas familias de adopción en algún plazo limitado. La sociedad declara que "[...] la Sociedad Protectora Carlos Puelma Besa, no va a participar de esas políticas , va a hacer todo lo posible por denunciarlas e impedirlas y de ninguna manera va a permitir que esas prácticas estén vinculadas con el Eco Refugio [...] [cuyo fin es] generar un lugar de protección de animales, no lo contrario".
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References: artículo 291
 artículo 291
 artículo 291
 artículo 25
 artículo 8
 artículo 14