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Coalición por una Comunicación Democrática celebra envío del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al Parlamento y pide darle rápido tratamiento
COMUNICADO - Montevideo, 22 de mayo de 2013
El proceso de elaboración de las bases de una LSCA se inició en 2010 con la conformación de un Comité Técnico Consultivo convocado por la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y contó con la participación de una diversidad de actores vinculados a la comunicación, asociaciones de propietarios de medios, asociaciones de publicistas, asociaciones de productores, academia, y organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraba la Coalición por una Comunicación Democrática. Los debates, documentos y conclusiones de ese espacio fueron públicos, tuvieron un amplio margen de acuerdo y están disponibles para todos en la web de DINATEL. Por este motivo, la Coalición criticó en varias oportunidades el largo período de tiempo que medió entre aquel proceso y la elaboración del proyecto de ley definitivo por parte del Poder Ejecutivo.
El hecho de que por primera vez desde restauración democrática, el Parlamento discuta una legislación para los medios de comunicación, es un hecho significativo para la calidad democrática. Por otra parte, el nivel de discusión y elaboración con el que llega el proyecto de ley, abre la expectativa de que sea posible avanzar rápidamente en la discusión y aprobación del texto.
Un primer análisis del proyecto enviado al Parlamento permite aventar los fantasmas que se agitan sobre la violación de libertades fundamentales con la aprobación de la LSCA. Sin perjuicio de que la Coalición realizará un estudio en profundidad del proyecto, no se observan en el mismo, disposiciones que suponga una intromisión del Estado en los contenidos informativos, ni mecanismos de censura indirecta o condicionamientos al trabajo de los medios y los periodistas.
En ese sentido, es necesario recordar que la legislación vigente es la que violenta todos los principios y fundamentos del derecho internacional de los derechos humanos. Son conocidos los niveles de concentración del sector privado de la comunicación, la existencia de testaferros que concentran más cantidad de medios que los permitidos por ley, la poca eficiencia de la autoridad regulatoria, la violación de derechos de distintos colectivos que ocurren en los principales medios y el abuso en la exposición publicitaria, entre otros aspectos.
En ese sentido, el actual proceso de asignación de las frecuencias para emitir en televisión digital demuestra la necesidad de una regulación democrática.
Si bien el decreto que regula la asignación de estas frecuencias respeta varios estándares de diversidad y pluralismo (al establecer frecuencias con plazos, tres sectores en la comunicación y concursos públicos), la coalición sigue reclamando por la igualdad de condiciones para evaluar las ofertas de todos los oferentes a emitir en la televisión digital, incluyendo a los actuales operadores.
Por esto, una vez más, volvemos a reclamar el rápido tratamiento de este proyecto en el parlamento y su aprobación en este periodo de gobierno.
Pronunciamiento de la INDDHH sobre el proceso de transición a la TV Digital
COMUNICADO - Montevideo, 16 de mayo de 2013
En el día de la fecha, la Institución Nacional de Derechos Humanos se pronunció en forma definitiva sobre la denuncia presentada en el mes de febrero por la Coalición por una Comunicación Democrática por los decretos del 31 de diciembre de 2012 y 23 de enero de 2013, referentes a la transición de la televisión analógica a la digital. El primero de estos decretos estableció privilegios para que los actuales operadores de televisión accedieran en forma directa a un canal múltiplex (más de dos señales de TV, televisión móvil, etc) bajo la tecnología digital y el segundo suspendió el llamado a interesados.
Luego de un proceso en el que todas las partes pudieron ser oídas y argumentar, la INDDHH pronunció una recomendación, la cual adjuntamos.
Entre las principales conclusiones destacamos las siguientes:
V) Recomendaciones de la INDDHH y Defensoría del Pueblo
1 - La INDDHH reconoce la relevancia del actual proceso de asignación de frecuencias de TV Digital y de adecuación del marco jurídico en materia de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se trata de una materia históricamente librada a las discrecionalidad de las autoridades, y los cambios relativos a la implementación de estas medidas regulatorias y de política en materia de libertad de expresión y acceso a la información, constituyen un innegable avance para la consolidación de una sociedad más plural y una ciudadanía con mayores herramientas para favorecer su participación en los asuntos públicos.
2 – Sin embargo, este proceso debe aún seguir profundizándose, en un marco de amplia participación de toda la sociedad y especialmente de los actores directamente involucrados en la temática. A estos efectos, se recomienda que desde el Estado y la sociedad civil se profundicen los espacios de diálogo y negociación transparentes e inclusivos para continuar optimizando los resultados.
3 – Específicamente, se recomienda a las autoridades competentes atender lo señalado por la INDDHH en el anterior literal (C) en cuanto a la garantía absoluta del derecho a la igualdad y a la no discriminación en el proceso en marcha.
Proclama de la Coalición por una Comunicación Democrática en el Día Mundial de la Libertad de Expresión
COMUNICADO - Montevideo, 03 de mayo de 2013
En el día de hoy se iba a llevar a cabo una intervención urbana de la Coalición por una Comunicación Democrática en la Plaza Libertad, debido al mal tiempo se suspendió, por lo que remitimos la proclama que se iba a leer.
Hoy celebramos el Día Mundial de la Libertad de Expresión en Uruguay y en el resto del mundo. Es un buen momento para reflexionar sobre el papel que este derecho humano juega en las sociedades y en la lucha por democracias abiertas y participativas. Es un día para solidarizarse y recordar a los periodistas y defensores de derechos humanos que en muchas partes del mundo son perseguidos, encarcelados o asesinados por informar, denunciar o pretender habilitar el debate de ideas.
Aunque en el Uruguay actual no son comunes los casos de persecución ni penalización de la expresión, ayer se supo de un caso de censura en Monte Carlo Televisión Canal 4, por parte de las autoridades del canal, que impidieron la salida al aire de una entrevista realizada al periodista Miguel Nogueira. Condenamos y rechazamos enfáticamente este tipo de acciones violatorias de la libertad de expresión y del derecho a la información, que llevan a cabo, una vez más, los permisarios de una frecuencia que es patrimonio de todas y todos.
Nuestro sistema de medios sigue siendo básicamente concentrado en pocos grupos, privatista, con contenidos de baja calidad y en buena medida extranjeros. La mayor parte de esos medios reproduce las relaciones de poder que al interior de la sociedad obstaculizan el avance de las libertades y los derechos de diversos colectivos. Aunque la conquista de derechos para las mujeres ha avanzado, los medios siguen discriminando por razones de género; aunque se acaba de legalizar el matrimonio igualitario, ni la programación ni la publicidad reflejan cabalmente la diversidad de formas de vivir la sexualidad que se encuentran en la sociedad; siguen siendo demasiadas las coberturas periodísticas que ignoran los derechos de los sectores más vulnerables, como niños, niñas y adolescentes en situación de desventaja, personas con discapacidad, personas trans o sectores desplazados.
Democratizar la comunicación, permitir el acceso de todas y todos en condiciones de igualdad y no discriminación a las distintas plataformas de la comunicación, promover la diversidad y el pluralismo en el sistema de medios, derogar la legislación de medios aprobada en la dictadura militar y aprobar una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, son tareas impostergables. En una democracia no puede ser por decreto que se regule el sistema de medios, por eso es imprescindible que cumpliendo con la palabra dada y los compromisos asumidos el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El advenimiento de la televisión digital significa una oportunidad única para abandonar la lógica actual que rige el sistema de comunicación, en tanto permite albergar más actores, posibilitando más pluralidad, diversidad e igualdad en la comunicación. En consideración de esto, el Estado tiene la obligación, asumida en convenciones internacionales de promover la diversidad cultural y libertad de expresión, de velar por que esta transición se haga respetando estándares de acceso a las frecuencias en condiciones de pluralismo e igualdad. Sin embargo, desde el 2010 a la fecha, el Poder Ejecutivo ha tenido en relación al sistema de medios y su democratización una política errática, dilatando la adopción de decisiones claves para lograr esos objetivos. Se comprometió a enviar al Parlamento para su consideración en 2011 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cosa que a la fecha aún no ha sucedido, pese a que se completó un proceso participativo y abierto para elaborar la primera ley de servicios de comunicación de la democracia.
También ha sido errática la implementación de la transición de la televisión analógica a la televisión digital, una herramienta central para abrir el sistema de medios. Si bien el Ejecutivo aprobó en mayo de 2012 un primer decreto bajo estándares que respetan el derecho a la libertad de expresión, destinado a llamar a concurso para la asignación de 6 canales multiplex comerciales, 3 públicos y 2 comunitarios, esa idea fue lentamente recortada. Otro decreto se aprobó el 31 de diciembre violentando el principio de igualdad constitucional y estableció un doble criterio para la asignación de frecuencias que, hay que precisar, supone nuevas autorizaciones para prestar nuevos servicios. Los aspirantes a un canal tendrán que pasar por concurso, audiencia pública y sus propuestas evaluadas por una Comisión Asesora, pero los actuales operadores quedan exonerados de estos requisitos.
Por eso, en el Día Mundial de la Libertad de Expresión, insistimos en la necesidad de la reapertura de los llamados para emitir en TV digital para todos los sectores: comunitario, privado y estatal y exigimos que los procesos se den en forma transparente y en igualdad de condiciones para todos los interesados. También es imperioso que, como en otros campos, el Parlamento aborde una ley de servicios de comunicación audiovisual integral, que establezca una institucionalidad apropiada para exigir el respeto de los derechos de todas y todos en los medios de comunicación, así como un efectivo apoyo del Estado al desarrollo de medios públicos y comunitarios independientes.
Concentración: Viernes 3 de mayo, Pza. Libertad, 17 hs.
Coalición por una Comunicación Democrática a la espera de concreción del anuncio hecho por el MIEM a la Institución de Derechos Humanos sobre reapertura del llamado a interesados en servicio de televisión digital
COMUNICADO - Montevideo, 17 de abril de 2013
También enviarían Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Coalición por una Comunicación Democrática a la espera de concreción del anuncio hecho por el MIEM a la Institución de Derechos Humanos sobre reapertura del llamado a interesados en servicio de televisión digital El ministro de Industria Energía y Minería (MIEM), Roberto Kreimerman aseguró que este mes se reabrirá el llamado a operadores de televisión digital comercial, suspendido hasta ahora por un decreto del 23 de enero. La respuesta surge a raíz de la denuncia que la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) presentó ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). En la denuncia la coalición expresa su preocupación por la suspensión del llamado por tiempo indefinido y valora como una falta grave que se interrumpa este proceso histórico en la televisión nacional que permitirá incluir nuevos actores y, por lo tanto, dotar de más pluralidad y garantías al sistema de medios uruguayo.
En la respuesta a la INDDHH, Kreimerman recordó que la suspensión del llamado se hizo con el objetivo de “propender la más amplia concurrencia, garantizando la amplia participación de los postulantes interesados en presentarse al llamado”, y agrega que “está previsto reanudar el proceso en el mes en curso”.
El ministro también se refirió a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), considerada necesaria por la CCD “para sustituir la actual ley de radiodifusión aprobada durante la dictadura, y que violenta estándares de libertad de expresión pluralismo y diversidad”. Kreimerman aseveró que la ley se encuentra en etapas finales de elaboración: “es intención del MIEM elevar el proyecto a consideración de la Presidencia de la República y del consejo de ministros a la brevedad a fin de que una vez aprobado sea remitido al poder legislativo”. En su ocasión la CCD había resaltado como hecho negativo “una serie de vaivenes en torno a la política de comunicación impulsada desde el Poder Ejecutivo”. La coalición recordó que en el primer año de gobierno se estableció un Comité Técnico Consultivo para elaborar las bases de una ley SCA”, pero que, cuando el comité estaba por redactar el informe final, “el presidente de la República hizo declaraciones públicas en el sentido de desestimar este aporte”.
Otro de los vaivenes en materia de política de comunicación lo constituye el decreto del 31 de diciembre que regula la transición de la TV analógica a la digital. Este decreto (que a su vez modifica otro de mayo de 2012) establece diferencias de criterios entre los actuales operadores (canales 4, 10 y 12) y los nuevos interesados que se quieran presentar. La norma exime a los actuales operadores de pasar por concurso abierto y comparecer ante audiencia pública como sí lo tiene que hacer todo nuevos operadores; es decir, a los tres canales se le asegura la transición sin mayores requisitos ofreciéndoles un canal completo de 6 Mhz, lo cual en los hechos puede significar varias señales de televisión, dadas las posibilidades que ofrece la digitalización.
La CCD destaca que tal situación “rompe la igualdad constitucional, el principio de transparencia, genera un privilegio para tres grupos empresariales y pone en desventaja a los eventuales oferentes”. Sin embargo, Kreimerman, al responder a la Institución Nacional de Derechos Humanos defiende el decreto del 31 de diciembre y el trato diferenciado entre los actuales operadores y los nuevos. Además, relega los objetivos de diversidad y pluralismo a segundo plano, otorgando ventajas en el acceso a la oferta a los mismos operadores que han concentrado los medios hasta hoy.
Explica que, en consideración de que se parte de puntos disímiles (en un caso los operadores que tienen frecuencias hace 50 años y en otro futuros interesados sin eventualmente tanta experiencia), no se rompe el principio de igualdad; lo único que se hace es tratar “de forma diferencial a quienes no son iguales”. Cabe recordar que este trato diferencial también fue objetado por la Comisión Honoraria Asesora Independiente, designada por el propio Poder Ejecutivo para asesorarlo en esta materia."
El Poder Ejecutivo por su parte, fue mucho más escueto en su respuesta a la Institución Nacional de Derechos Humanos que el MIEM. En un texto firmado por Homero Guerrero, secretario de la Presidencia, se repiten los argumentos esgrimidos el 23 d enero para suspender el llamado (“propender la más amplia concurrencia, garantizando la amplia participación de los postulantes interesados en presentarse al llamado”), pero no se hace ningún tipo de anuncio en cuanto a si el presidente de la República firmará o no una resolución reabriendo el proceso de concurso.
La Coalición se encuentra elaborando un documento con observaciones a las respuestas enviadas a la INDDHH por parte del MIEM y Presidencia, y recuerda, que en tanto no se abra el llamado a interesados, el transcurso del tiempo favorece a los operadores históricos, sabedores de que a partir del 26 de octubre no se podrán hacer asignaciones de frecuencias hasta un año después de cumplido el acto electoral.
Paso histórico para la profesión periodística: se aprobó Código de Ética
En el marco del proceso de construcción de un Código de Ética para la Profesión Periodística, la Asociación de la Prensa Uruguaya adoptó el viernes 12 de abril el proyecto puesto a consideración de su Asamblea General Extraordinaria. A continuación reproducimos el comunicado emitido por la APU en el día de la fecha:
La Asamblea General de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) aprobó el viernes 12 de abril por amplia mayoría de presentes el Código de Ética de la Profesión Periodística, tras un exitoso proceso de debate, consulta y construcción de la primera autorregulación del periodismo en Uruguay.Luego de más de dos horas de debate, los asambleístas concluyeron que la aprobación de este mecanismo es un paso histórico para la profesionalización de los periodistas y la mejora de la calidad de la información en los medios de comunicación.La resolución que aprobó el Código de Ética estableció que es de plena observancia para todos los afiliados al sindicato; además, invita a los medios de comunicación y a otras gremiales vinculadas a la comunicación a adoptarlo como una referencia para el trabajo profesional.La Asamblea estableció que el Tribunal Arbitral de la institución, un órgano estatutario y elegido por el voto de sus afiliados, será el encargado de promover y aplicar el código. El Tribunal podrá designar comisiones consultivas para el estudio de situaciones y casos concretos.La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y el Grupo Medios y Sociedad (GMS), formaron parte de este proyecto que incluyó debates en todo el país, estudios comparados, una encuesta a nivel nacional y un amplio período de consulta pública del borrador del Código.La iniciativa fue patrocinada por UNESCO a través del Programa Internacional para el Desarrollo de las Comunicaciones (IPDC).Todos los participantes esperan que esta herramienta contribuya a desarrollar mejores estándares en el ejercicio de la profesión periodística y mecanismos de autorregulación en los medios, mediante la creación de defensorías de audiencias y otro tipo de mecanismos para evacuar las inquietudes de las audiencias.
Sigue la moción aprobada en la asamblea
Montevideo, 12 de abril de 2013
2.- Establecer que el Tribunal Arbitral, como órgano estatutario y elegido por los socios, será el encargado de aplicar el referido código. Este órgano estará a cargo de la promoción, recepción de denuncias y emitir las decisiones pertinentes. Podrá asimismo, nombrar comisiones consultativas para analizar y estudiar asuntos referidos a la aplicación del Código. 3.- Invitar a los medios de comunicación, gremiales y organizaciones vinculadas a la comunicación a adoptar el presente Código como referencia para el ejercicio de la actividad periodística. Comunicar el Código aprobado a las gremiales empresariales que forman parte de los Consejos de Salarios en los que negocia la APU.
Brecha, 01 de marzo de 2013 - Edison Lanza
apuesta de la industria televisiva nacional a los mercados oligopólicos
y cerrados hace agua por un doble fenómeno: la llegada de la tevé digital abierta y la victoria en los tribunales de Claro tv, lo que permitirá al gigante mexicano ofrecer televisión satelital directa al hogar en todo el país.
Paradójicamente, la ley de servicios de comunicación audiovisual (lsca), resistida durante los últimos años por Andebu, puede transformarse ahora en la tabla de salvación para la televisión comercial nacional.
A comienzos de febrero el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (tca) anuló una resolución adoptada en 2009 por el ex presidente Tabaré Vázquez y el ministro de Industria Daniel Martínez, que a su vez había revocado una resolución de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) que había habilitado a la telefónica Claro (propiedad del magnate mexicano Carlos Slim), a prestar el servicio de televisión satelital.
Esa decisión del primer gobierno de izquierda –además de producir una
minicrisis entre el Ejecutivo y el órgano regulador– operó como un freno a la competencia que la tevé satelital acarrea para las empresas nacionales de televisión paga.
Cuatro años atrás, la moneda de cambio para detener a las multinacionales fue el Plan Cardales, una idea del gobierno de Vázquez que modeló Miguel Brechner (encargado del Plan Ceibal), cuyo objetivo era solucionar el dilema que representa la convergencia de plataformas tecnológicas y universalizar el acceso al denominado triple play (televisión para abonados, telefonía y datos).
El esquema era instrumentar desde el gobierno una alianza de las empresas de tevé para abonados nacionales y Antel, para progresivamente ir incorporando luego a las multinacionales. Pero el Cardales finalmente
fracasó por su poco atractivo (pocas señales, alto costo, etcétera) y porque no todos los canales estaban interesados en un acuerdo con Antel.
El actual gobierno desactivó el plan, como una de sus primeras medidas en el campo de las telecomunicaciones.
Cuatro años después del Cardales, la resolución de la justicia administrativa cayó como un balde de agua fría en el Poder Ejecutivo, según explicó a Brecha un alto jerarca vinculado a la política de comunicación. Pero además prendió la alarma en los cuarteles de las empresas televisivas de capitales nacionales.
El tca encontró que la revocación de la licencia de Claro tv por parte del gobierno de Vázquez constituye un acto contrario a la ley y al
reglamento de licencias de telecomunicaciones. Afirma que fue una decisión arbitraria, ya que “no existía una sanción o un interés público
imperativo” que habilitara la revocación intempestiva. “El documento que sirvió de guía para la implantación del referido plan (Cardales) se redactó y aprobó con posterioridad a la revocación de la licencia”, explica la sentencia. La revocación “en cualquier momento” no equivale a
revocación “por cualquier motivo”, de modo “que para que la revocación sea procedente y legítima se requerirá un grave motivo de interés público que la determine”, remató el tribunal, que reconoció los “derechos adquiridos” por Claro, luego de que quedara firme la resolución de la Ursec que le dio la licencia para operar televisión satelital por diez años.
Varias fuentes consultadas por Brecha indicaron que hubo jerarcas del
área de las telecomunicaciones que hace un par de años advirtieron a altos miembros del Ejecutivo sobre una virtual derrota en el tca, pero los servicios jurídicos de Antel sugerían seguir adelante con el juicio.
Hoy esa posibilidad se ha cerrado y América Móviles (Telmex) amenaza además con una demanda millonaria al Estado por el lucro cesante de cuatro años.
Lo cierto es que la sentencia del tca permite el ingreso de la megaempresa de Slim, pero además abre la puerta al ingreso de otras multinacionales. Detrás de Claro, el grupo español Telefónica (Movistar)
también anunció que aspira a operar en el mismo mercado; a su vez, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones tiene a estudio un tercer pedido de un empresario para ofrecer el mismo servicio. Los operadores locales conocen bien que las multinacionales de las telecomunicaciones han ganado experiencia en los mercados de la televisión para abonados de
la región. Claro y Movistar ya se hicieron con el liderazgo en Chile y Perú, a fuerza de ofrecer paquetes con precios bajos en tres servicios (triple play) que hoy se han vuelto la puerta de acceso a bienes culturales para los ciudadanos.
Con este panorama, también es probable que Antel quiera reactivar su proyecto de ofrecer un paquete propio de tevé para abonados a través de la red de fibra óptica directa al hogar que está tendiendo, y que fue desactivado a instancias del Ejecutivo, para que la telefónica estatal no compita con el oligopolio de la tevé y se concentre en construir la carretera para transportar datos, audio y video.
Con tamaños jugadores frotándose las manos, los tres grandes de la televisión nacional se convierten en pequeñas y medianas empresas (pymes) y los cableros del interior del país, que ya se quejaban amargamente de la competencia que les hacía Direct tv, son microempresas.
NACIONALES VERSUS EXTRANJEROS.
Por todo ello, desde el día siguiente al que el tca pronunció su fallo favorable a Claro, los teléfonos de los funcionarios que manejan la política de telecomunicaciones no pararon de sonar. Esta vez el objetivo no es detener el ingreso de nuevos operadores a la tevé digital
abierta –concurso público que el Poder Ejecutivo dejó en suspenso el 23
de enero último (véase recuadro)–, sino detener el ingreso de las telefónicas a la tevé para abonados.
Andebu también presentó un recurso contra la resolución original, que
habilitó a Claro a operar, y que ahora ha retomado vida jurídica, e incluso ha pedido la suspensión de las operaciones como medida cautelar.
“En Uruguay existen más de 200 operadores para televisión para abonados
y el operador local no tiene mucho margen de movimiento, (con el ingreso de Claro) puede haber efectos adversos”, declaró ayer jueves Rafael Inchausti, presidente de Andebu (En perspectiva”, 810 am). Ante una política de precios predatoria de las multinacionales “los impactos en los cableros nacionales pueden ir de bajar precios, bajar costos a cerrar sus cortinas”, vaticinó.
La inquietud proviene tanto desde los tres grandes de la televisión como de las empresas de tevé para abonados del Interior (muchos de cuyos
adjudicatarios son dirigentes políticos que fueron beneficiarios durante los noventa), que ya habían desarrollado un lobby persistente para lograr que el gobierno aprobara, el 31 de diciembre pasado, un decreto en el que estableció que ninguna empresa de televisión para abonados con licencia nacional (léase Direct tv) puede “superar el 25 por ciento del total de hogares de todo el país conforme a resultados del censo del año 2011”.
Con la autorización en la mano, el gerente de Claro, Horacio Alvarellos explicó que Claro tv quiere brindar “una opción más de las que hay y que el cliente defina por la grilla y el esquema de precios”. “El plan de negocios no está hecho, pero puedo asegurar que será similar
al que tenemos hoy en el mercado”, expresó al Portal 180. A renglón seguido lanzó el guante a las empresas nacionales nucleadas en Andebu: “La competencia debería centrarse en prestar un buen servicio y no en buscar un monopolio, después de cuatro años y medio”, disparó.
Si tomamos individualmente a las empresas para abonados tcc, Montecable y Nuevo Siglo, no superan el 10 por ciento de los hogares de Montevideo (50 mil abonados) cada una, pero en los hechos operan en conjunto a través de licencias propias y de los contratos de Equital (empresa conjunta de los tres grandes para vender señales y tender las redes). De este modo generan un oligopolio que en total atiende al 46 por ciento de los abonados a nivel nacional. El grupo Clarín con 100 mil
abonados está apenas por encima del 20 por ciento del mercado y los restantes operadores del interior del país, más Direct tv, se reparten poco más del 30.
TELEFÓNICAS Y CULTURA.
La convergencia de los servicios de telecomunicaciones y audiovisuales plantea crecientes desafíos a los marcos regulatorios a nivel global, ya que las redes actuales pueden brindar diversos servicios con una misma plataforma.
Como sucede ante cualquier cambio tecnológico en las comunicaciones, la convergencia es una oportunidad para ampliar las opciones, aunque si no se actúa desde la regulación de forma adecuada todo puede culminar en
un aumento del poder de mercado de las telefónicas multinacionales, o de éstas en alianza con los grupos más concentrados.
Tanto en Europa como en algunos países de América Latina, una línea de acción ha sido intentar que estos mercados permanezcan separados, el de telecomunicaciones con una lógica mercantil –vinculado a la Organización Mundial del Comercio–, y el de televisión con una lógica cultural –vinculado a la Convención de la Diversidad Cultural de la unesco.
Sin embargo la convergencia tecnológica se ha revelado como un fenómeno difícil de frenar, y ha tomado de sorpresa a los gobiernos y a los parlamentos.
A modo de ejemplo, en México el poder concentrado de Televisa y tv Azteca (un duopolio en tevé abierta y para abonados) mantuvo por un buen
tiempo a Telmex (Slim) alejado del mercado televisivo. Pero en 2008 la empresa Dish de tevé para abonados suscribió una alianza estratégica con
Telmex y armaron una suerte de triple play comercial (al estilo del que
tienen en Uruguay Antel y tcc, de Canal 10). Telmex le presta servicios
de facturación y proporciona espacio en sus tiendas minoristas para que
Dish venda suscripciones de tevé paga. Ofrecieron menos canales con una
drástica reducción en el precio, más servicios de telefonía, y en dos años consiguieron 2 millones de suscriptores (40 por ciento del mercado).
Con los años, Claro se expandió como una mancha en el mapa de la televisión paga directa al hogar (dth) de todo el continente. Hoy pelea el liderazgo en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y gran parte de América Central.
En Argentina, la polémica ley de servicios de comunicación audiovisual (“ley de medios”) mantiene la separación entre telefónicas y
televisoras hacia el futuro. Su artículo 46 establece el principio de “no concurrencia”, aunque como excepción respeta las licencias de tevé abierta analógica ya vigentes, en referencia a la licencia de televisión
propiedad de Telefónica.
DOS LEYES DEMORADAS.
Al inicio del actual período, el Ejecutivo anunció que uno de los objetivos era preservar a la televisión como servicio cultural, y prometió enviar al Parlamento los proyectos de dos leyes diferenciadas: uno sobre medios audiovisuales y otro sobre telecomunicaciones.
De hecho, las bases del proyecto elaborado por el Comité Técnico Consultivo (ctc) de la lsca ya fueron traducidas en un articulado hace varios meses, pero el Ejecutivo aún no lo ha enviado al Parlamento. Por otra parte, una ley de telecomunicaciones –también demorada– debe definir el tipo de convergencia tecnológica que impulsará el gobierno.
El principal obstáculo para que el país avance en una ley de servicios de comunicación que por fin sustituya a la ley de radiodifusión aprobada en dictadura ha sido la prédica de Andebu y cuta (los cableros locales del Interior), visión que luego es amplificada por
Paradójicamente, una ley de este tipo –además de democratizar la comunicación– los hubiese protegido del desembarco de capitales extranjeros en la tevé y habría sido el incentivo para apostar a los contenidos nacionales para insertarse en el mundo.
De acuerdo al proyecto de ley al que accedió Brecha, en lo que refiere a la tevé para abonados ningún grupo puede tener más de seis autorizaciones para ofrecer este servicio en todo el país, pero si alguna de ellas se encuentra en Montevideo ese límite desciende a tres.
El proyecto incluye una disposición clave, a la luz del reciente fallo del tca, relativa a lo que técnicamente se conoce como “límites a la propiedad cruzada”. La disposición proyectada prohíbe a las empresas de televisión prestar servicios de comunicación de cualquier especie y acceder a una licencia de telecomunicaciones para ofrecer telefonía o datos (Internet). Pero también, a la inversa, limita a las telefónicas en el acceso a licencias de servicios de comunicación.
Como contrapartida, los grupos de televisión actuales podrán mantener
el control de la televisión abierta, la televisión para abonados y la radio de una misma localidad, si es que aceptan un nuevo marco regulatorio con las nuevas condiciones (producción nacional, equilibrio entre la libertad de expresión y otros derechos, regulación de la cláusula de conciencia, nuevo diseño institucional, entre otros).
Sergio de Cola, director de Dinatel, dijo a Brecha que su repartición
sigue trabajando tanto en el proyecto de lsca como en el llamado a televisión digital, y cree que estas dos iniciativas ayudarán a resolver
la crisis que se avecina con el fallo favorable a Claro tv. “Las crisis
son oportunidades y es un buen momento para resolverla”, explicó.
Consejo Asesor Independiente advierte al gobierno
Firme y urgente
Una mayoría de la Comisión Honoraria Asesora Independiente (chai), creada cuatro años atrás para dotar de transparencia y control social a la asignación de frecuencias de radio y televisión, recomendó ayer al gobierno que “realice con urgencia el llamado a interesados en ofrecer servicios de televisión digital y tome los recaudos para que las adjudicaciones puedan realizarse antes del 26 de octubre”.
La resolución fue firmada por la Asociación de la Prensa (apu), los Radiofusores del Interior (Rami), la Sociedad de Actores (sua), el Serpaj y la Licenciatura de Comunicación de la Universidad de la República, y en ella agregan que “al realizar estos llamados no introduzca excepciones para los actuales adjudicatarios como las dispuestas en el decreto del 31 de diciembre pasado”.
En los fundamentos de la resolución la chai recuerda que “no corresponde, en cambio, adjudicarle a cada uno de ellos (por los canales
4, 10 y 12) un canal completo (seis megahercios), porque ello equivale a
habilitar, para cada empresa, una señal en alta definición (hd), hasta tres señales en definición estándar (sd) dependiendo de la compresión (mpeg-2 o mpeg-4), una señal para recepción en telefonía móvil, computadores portátiles o vehículos, además de servicios interactivos”. “Dado que estas empresas no ofrecen esta variedad de servicios audiovisuales actualmente, deberían competir en igualdad de condiciones con los nuevos interesados”, agregaron.
El decreto del 23 de enero suspendió el llamado a interesados para Montevideo en función de que habría eventuales oferentes que requieren más plazo. “Pero en lugar de extender el plazo se establece solamente la
suspensión (…)”, expresa la chai. “Esto resulta sumamente preocupante porque se corre el riesgo de paralizar el proceso de implementación de la televisión digital en el país hasta 2015. Cabe recordar que a partir del 26 de octubre ya no es posible realizar adjudicaciones de radio y televisión, porque como establece la ley 17.909 de 2005, éstas no pueden
realizarse un año antes y seis meses después de las elecciones nacionales”, advierten las organizaciones. La chai está integrada también por delegados de las universidades privadas, Andebu, el mec y el
Montevideo, 28 de febrero de 2013
Comisión Honoraria Asesora Independiente exhorta a que con urgencia se realice el llamado suspendido para ofrecer TV Digital y no se hagan excepciones con los actuales adjudicatarios de TV privada comercial
SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA ENERGÍA Y MINERÍA.
SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Ante los decretos del Poder Ejecutivo del 31 de diciembre y 23 de enero pasados sobre TV digital los integrantes de la Comisión Honoraria Asesora Independiente manifestamos las siguientes preocupaciones:
El decreto del 31 de diciembre de 2012, al realizar el llamado a interesados a brindar servicios de televisión comercial digital en Montevideo, estableció una modificación al decreto del 11 de mayo de 2012 en un sentido que entendemos no corresponde. En efecto, en los considerandos se reitera la conveniencia de “propiciar la continuidad de los actuales servicios de radiodifusión de televisión comercial en el nuevo entorno digital” y se afirma luego que el decreto de mayo de 2012 no recogió esta intención. Sin embargo cabe recordar que dicho decreto reservó un canal para que los actuales adjudicatarios continúen ofreciendo los mismos servicios que hoy, compartiendo una frecuencia entre los tres, algo que la nueva tecnología digital permite. No corresponde, en cambio, adjudicarle a cada uno de ellos un canal completo (6 Mhz), porque ello equivale a habilitar, para cada empresa, una señal en alta definición (HD), hasta tres señales en definición estándar (SD) dependiendo de la compresión (MPEG-2 o MPEG-4), una señal para recepción en telefonía móvil, computadores portátiles o vehículos, además de servicios interactivos. Dado que estas empresas no ofrecen esta variedad de servicios audiovisuales actualmente, deberían competir en igualdad de condiciones con los nuevos interesados que deseen presentarse si quieren ofrecer estas nuevas posibilidades. El decreto del 31 de diciembre, sin embargo, adjudica a estas tres empresas un canal completo, excluyéndolos, entre otras cosas, de la evaluación de esta Comisión Asesora y de la Audiencia Pública en la que debían presentar su propuesta a la ciudadanía. Se establece así una desigualdad indebida entre los distintos oferentes y se elimina un elemento clave de transparencia y participación ciudadana en el proceso de adjudicación. Sienta además un mal precedente para futuras adjudicaciones (por ejemplo en el interior del país) y hace perder buena parte de su sentido al trabajo de esta Comisión, que integramos honorariamente a solicitud del Poder Ejecutivo. El decreto del 23 de enero, por su parte, suspende el llamado a interesados para Montevideo, fundado en el hecho de que habría eventuales oferentes que requieren más plazo. Pero en lugar de extender el plazo se establece solamente la suspensión y, hasta el día de hoy, no se ha vuelto a abrir el llamado. Esto resulta sumamente preocupante porque se corre el riesgo de paralizar el proceso de implementación de la televisión digital en el país hasta 2015. Cabe recordar que, a partir del 26 de octubre ya no es posible realizar adjudicaciones de radio y televisión, porque como establece la Ley 17909 de 2005, éstas no pueden realizarse un año antes y seis meses después de las elecciones nacionales. Cabe recordar también que a este llamado para Montevideo deben seguir otros para el interior, así como los correspondientes al sector comunitario que ni siquiera llegaron a abrirse. En caso de que este riesgo se concrete la sociedad uruguaya verá postergada la posibilidad de contar con nuevas ofertas televisivas, permaneciendo sólo los actuales adjudicatarios. Esta demora se suma a otras que han hecho que, desde que se tomaron las primeras decisiones sobre este tema en nuestro país en 2007, no haya podido concretarse efectivamente el despliegue de la televisión digital, con marchas, contramarchas e indefiniciones que han inviabilizado el proceso.
Por todo ello, en ejercicio de las funciones asignadas a esta Comisión, recomendamos al Poder Ejecutivo
Que realice con urgencia el llamado a interesados en ofrecer servicios de Televisión Digital y tome los recaudos para que las adjudicaciones puedan realizarse antes del 26 de octubre. Que al realizar estos llamados no introduzca excepciones para los actuales adjudicatarios como las dispuestas en el decreto del 31 de diciembre pasado.
Manifestamos finalmente nuestra disposición a seguir asesorando honorariamente al Poder Ejecutivo en este tema, en tanto se den condiciones adecuadas para ello. Los integrantes de la Comisión contamos con experiencia y conocimientos que pueden resultar valiosos si se quiere asegurar un proceso de despliegue de la televisión digital efectivo en el país. La intervención de la CHAI en todo este proceso contribuye, además, a la transparencia del mismo. Esperamos, entonces, que estas posibilidades no se desaprovechen.

References: resolución 
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 artículo 46
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