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Timestamp: 2020-08-06 16:39:18+00:00

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Comparecencias - Comparecencias del Justicia de Aragón
Comparecencia del Justicia de Aragón al objeto de presentar el informe sobre la actividad de dicha institución durante el año 2000.
Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón n°: 047 de Plenos (V Legislatura)
Intervinienen: Garcia Vicente, Fernando - Lacasa Vidal, Jesus - Gonzalez Barbod, Gonzalo - Costa Villamayor, Montserrat - Ortiz Alvarez, Maria Angeles - Plantagenet-White Perez, Rosa
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes. Ocupen sus escaños. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria extraordinaria [a las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos], en la que, como ustedes conocen, tenemos un punto único en el orden del día. Este punto es la comparecencia del Justicia de Aragón al objeto de presentar el informe sobre la actividad de dicha institución durante el año 2000.
En primer lugar, tomará la palabra el señor Justicia de Aragón.
El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Con la venia del señor presidente. Permítanme, señor presidente, señoras y señores diputados, que en esta mi primera comparecencia ante el Pleno de estas Cortes tenga un recuerdo para don Manuel Giménez Abad. Además de hacer mío todo lo que expresaron los señores portavoces en la sesión que se realizó para imponerle la medalla de oro de estas Cortes, permítame que deje constancia de sus excelentes cualidades personales como destacado jurista y hombre generoso que asumió el compromiso de defender los intereses de su comunidad, poniendo en ello no sólo su esfuerzo, sino también su vida.
Pero, aunque nada volverá a ser igual para esta cámara ni para los que le conocimos, y recordando hoy también, porque hace seis años y un día que desapareció secuestrado, a don Publio Cordón, vuelvo a comparecer hoy para presentar un resumen de lo que ha sido la actividad de la institución del Justicia a lo largo del año 2000.
El presupuesto aumentó en un 2,6% respecto al año anterior; asciende a la cantidad de doscientos cincuenta millones. Es el mismo que cuando llegué a la institución hace tres años. En este presupuesto está incluida la publicación de diez libros y un CD, cuya financiación corre en parte, algunos de ellos, al 50%, por Ibercaja. Hemos subvencionado con un millón de pesetas un curso de Derecho Aragonés de doscientas cincuenta horas para postgraduados, dirigidos por el profesor Embid; con dos millones de pesetas, un curso de especialización de jueces en Derecho Aragonés, con asistencia de treinta jueces y magistrados, con una duración de ciento veinte horas; y con un millón de pesetas, un curso en la Facultad de Derecho de treinta horas para alumnos y postgraduados al que asistieron doscientos cincuenta alumnos. Concedimos dos becas para el estudio de nuestro derecho, con un importe cada una de seiscientas mil pesetas.
Permítame que hable en primer lugar de la divulgación del Derecho aragonés. Como titular de la institución, he impartido personalmente cuarenta y nueve conferencias en centros de enseñanza y a la tercera edad en todo Aragón durante el año 2000, fundamentalmente sobre Derecho aragonés o la institución del Justicia, pero también sobre otros temas, como violencia juvenil, consumo de alcohol y drogas por los jóvenes, ruidos, despoblación, extranjería, situación de los discapacitados y otros.
He recibido también dieciocho visitas de grupos escolares, a los que he explicado el funcionamiento del Justiciazgo y contestado a sus preguntas.
En tres años he dado conferencias en treinta localidades de la provincia de Huesca, en veinticinco de la provincia de Zaragoza y en veintidós de Teruel; he intervenido, pues, en setenta y dos localidades distintas. A eso hay que sumar, este año, pasado tres conferencias en la Universidad de Zaragoza, otras en la UNED de Calatayud, en la UNED de Barbastro, la lección inaugural en la UNED de Caspe y en la de Teruel, así en la Universidad Pública de Navarra, y he dado conferencias sobre Derecho aragonés en las Casas de Aragón de Madrid y Barcelona.
He defendido una de las tres ponencias de la reunión del Defensor del Pueblo de España que se celebró en Vitoria.
Los asesores del Justicia, este año pasado, han impartido cursos de formación para funcionarios, según un convenio realizado con el Gobierno de Aragón, en catorce localidades distintas (en Barbastro, en Fraga, en Huesca, en Jaca, en Monzón, en Alcañiz, en Calamocha, en Mora de Rubielos, en Teruel, Calatayud, Ejea de los Caballeros, Tarazona y Zaragoza). Han sido cuarenta y seis tardes, tres horas cada una de las tardes.
Paso al segundo apartado, que es el de las quejas y expedientes que tramitamos en el Justicia. Les contaré el resumen estadístico de las mismas en primer lugar.
Se han tramitado mil ciento cincuenta quejas, por mil noventa y dos el año anterior, con un incremento aproximado del 5%. Muchas de las quejas son colectivas, y alguna de ellas, como, por ejemplo, el tema de las antenas de telefonía móvil, la firman ocho mil personas distintas.
Se han abierto treinta y cinco expedientes de oficio, exactamente los mismos que el año anterior.
Atendiendo al organismo al que hacen referencia, la distribución es la siguiente: trescientas noventa y tres referidas al Gobierno de Aragón, por diez menos el año anterior; ciento noventa y dos sobre la Administración periférica del Estado, por ciento sesenta y nueve el año anterior; y corresponden a la Administración local trescientas cincuenta y cinco, por trescientas trece el año anterior.
Las quejas de Zaragoza y provincia han aumentado, al pasar de ochocientas veintinueve a ochocientas noventa y dos; las de Huesca han sido ciento cincuenta y cuatro, una más que el año anterior; y las de Teruel, ochenta y una, una menos que el año anterior.
Por materias, el mayor número de quejas se refiere a función pública (ciento setenta), a Interior (ciento nueve) y a educación (ochenta y seis). En estas mismas materias, el aumento aproximado ha sido de un 20%.
Se han realizado doscientas veintiocho sugerencias o recomendaciones, por ciento ochenta y ocho el año anterior (el aumento ha sido del 18%). En dos años se ha duplicado el número de sugerencias. Y, para que tengan ustedes un elemento de comparación, por ejemplo, en Galicia se hacen alrededor de ochenta sugerencias al año, y el Defensor del Pueblo, que tiene siete veces más de presupuesto y de personal que nosotros, hace sesenta sugerencias y recomendaciones más de las que hace el Justicia.
Han sido rechazadas veintisiete, por dieciséis el año anterior (el 12%). De las rechazadas, quiero decirles que once se refieren a un único tema: la falta de motivación de las multas de tráfico en el Ayuntamiento de Zaragoza, a las que luego me referiré. No han obtenido respuesta trece, por once el año anterior. Y están pendientes de contestación treinta y cinco, por cuarenta y nueve el año anterior.
Sin necesidad de dictar sugerencia, se han resuelto ciento setenta y ocho expedientes. La mera intervención del Justicia solicitando información ha hecho que la Administración, en unos casos, agilizara la tramitación y, en otros, rectificara su actuación. En doscientos cuarenta casos, el ciudadano se ha considerado satisfecho con la información suministrada por el Justicia.
Si sumamos estos dos apartados con las recomendaciones realizadas, llegamos a la conclusión de que, por la mera intervención del Justicia, a los ciudadanos se les han resuelto seiscientos cuarenta y nueve casos planteados; es decir, más de la mitad de los expedientes que llegan al Justicia, con un aumento de sesenta y dos respecto al año anterior.
Además de la tramitación de quejas, aunque no han dado lugar a expediente, hemos tramitado tres mil consultas hechas por los ciudadanos.
Cumplo a continuación el deber que me impone la Ley reguladora del Justicia, y paso a dar cuenta a las Cortes de Aragón de aquellas instituciones que no han contestado a la petición de información o requerimientos del Justicia.
La Diputación General, en siete casos; cinco en el Departamento de Educación. Es verdad que, de esos cinco, cuatro contestaron tarde después de haberse iniciado el curso, con lo cual consideramos que no nos contestaron, pero formalmente sí que contestaron; uno contestó con retraso en Medio Ambiente, en el tema del Posets-Maladeta, pero ya ha sido contestado; en otros, el Servicio de Obras Públicas de Huesca.
Y no han contestado los siguientes ayuntamientos: Almuniente, Ateca, Belchite, Calamocha, Huesca, Ibdes, Fuentes de Rubielos, La Sotonera, Santa Cruz de Grío y Zaragoza en siete casos; de ellos, seis por ruidos.
Como es imposible tratar de resumir el contenido de los mil ciento cincuenta y ocho expedientes y de las doscientas veintiocho recomendaciones que están recogidas en el informe que ahí figura, y que tiene diez tomos más los informes especiales, con más de dos mil páginas, o tres mil con informes especiales, paso a contar a ustedes aquéllos que, a mi juicio, pienso que pueden tener más interés para esta cámara.
Informes especiales: debo dejar constancia de mi agradecimiento a estas Cortes y a las distintas administraciones públicas por la buena acogida que han dado a estos informes. Han servido, en unos casos, de estímulos y, en otros, de base parcial para la realización de determinados proyectos de ley. Especialmente significativos han sido en el tema de población, prevención de ruidos, consumo de alcohol y drogas por los jóvenes, antenas de telefonía móvil o malos tratos a mujeres y niños.
Pero permítanme que haga dos observaciones: en la ordenación de nuestros montes, se ha avanzado poco, igual que pasó en los veinticinco años anteriores. Por otra parte, sería bueno que se realizaran ordenanzas municipales sobre ruidos, pero que también se legislara a nivel general de toda la comunidad autónoma. Pero todavía más importante, a mi juicio, que tener una legislación moderna es conseguir que se aplique con rapidez.
Para terminar este apartado, quiero adelantarles que este año estamos preparando informes especiales sobre prevención de violencia juvenil, vivienda, accidentes laborales y bulimia.
Agricultura. Son tradicionales las quejas que plantean los procedimientos de concentración parcelaria, en los que se discuten cuestiones concretas sobre la titularidad de las fincas o sobre el valor de las de reemplazo, y también son tradicionales las quejas que plantean los procedimientos para cobrar subvenciones europeas.
Nos preocupa la problemática que se suscita -y quiero llamar la atención a estas Cortes sobre este punto- en algunas comunidades de regantes que pretenden mejorar sus regadíos cobrando subvenciones de hasta el 40%.
Hay dos expedientes que afectan a numerosos agricultores en las zonas de Fraga, Velilla y Torrente, por una parte, y, por otra, Castejón de Monegros. Hemos constatado defectos formales en las convocatorias, derivados, fundamentalmente, de que los censos, como pasa en casi todas las comunidades de regantes, tanto de regantes como de propietarios, no están actualizados. Pero les hemos hecho saber que la mejora y la modernización de estos regadíos es un fin deseable. Estamos intentando una labor de mediación que trate de garantizar la paz social entre los casi dos mil regantes que hay en la zona de Fraga, Velilla y Torrente.
Economía y Hacienda. Hay un problema importante: la doble imposición por una misma trasmisión, el IVA y el impuesto de transmisiones. Se produce en algunos casos de venta de pisos rehabilitados. Aunque hay una comisión técnica de coordinación entre la Diputación General de Aragón y la Agencia Tributaria que trata de evitarla, hay casos en los que no se produce la restitución por el carácter repercutible y en cascada que tiene el IVA. La solución técnica con la ley actual no siempre es posible; por eso es necesario que la legislación del Estado y la autonómica se coordinen en la futura ley de financiación de las comunidades autónomas. Diversas quejas se producen porque, en el procedimiento de apremio, el contribuyente desconoce la existencia de la deuda, siendo la primera noticia que tiene la notificación del apremio. Yo creo que, si se aplica correctamente la Ley de 13 de julio del año 1999 y el Decreto de 3 de diciembre del noventa y nueve, este defecto puede estar subsanado.
Urbanismo. A mi juicio, parece necesario definir con detalle el lugar por donde pasa todo el Camino de Santiago. Por eso es necesario el desarrollo del Plan general de ordenación urbana de Jaca, mediante el Plan especial para la protección del Camino de Santiago. En esta materia hicimos una sugerencia a la Diputación General de Aragón, que fue aceptada en parte, y otra al Ayuntamiento de Jaca, que no ha sido contestada.
Licencias urbanísticas. En algunos ayuntamientos tardan más en concederse de lo que sería deseable. Ello produce inseguridad jurídica y un indeseable aumento en el precio de la vivienda, además de que los ciudadanos hagan todo tipo de cábalas sobre las razones por las que no se les concede, lo cual repercute en el buen nombre no sólo de los funcionarios, sino de las mismas instituciones en las que prestan sus servicios.
Es llamativo que en casi la mitad de los casos en los que no se ha contestado al Justicia es cuando demanda información sobre el estado de tramitación de determinadas licencias, lo cual tampoco viene a contribuir a la buena percepción de la labor que en esta materia se realiza.
Son varias las quejas de vecinos que piden la intervención de la Administración a fin de que comprueben si las obras realizadas coinciden con lo autorizado en las licencias. Otras varias se refieren a que los ciudadanos no reciben suficiente información sobre las licencias que solicitan o conceden.
En algunos ayuntamientos se debería prestar más atención a la situación de ruina de algunos edificios por el riesgo que ello entraña. En otros casos se debería evitar la ruina, exigiendo la conservación de los edificios.
Medio Ambiente. Parece significativo destacar que treinta quejas han sido presentadas por particulares, veintidós por comunidades o asociaciones dedicadas a la protección del medio ambiente y diez lo han sido de oficio. Que de sesenta y cuatro quejas tramitadas, veinticuatro se refieren a ruidos y vibraciones; nueve, a aguas; siete, a flora y fauna; seis, a humos y olores, y cuatro, a caza y pesca.
Como problemas más relevantes podemos destacar los siguientes.
Molestias generadas por actividades sometidas al RAMINP. Destaca el gran número de quejas que todos los años se tramitan por molestias por ruidos producidos por numerosas actividades, por los transportes, pero muy especialmente por discobares y lugares de ocio.
Muchas de estas actividades, al incumplir la normativa ambiental, crean una contaminación acústica dentro de las viviendas que constituye una violación de los derechos elementales de los ciudadanos, cuya intimidad se ve invadida y sufren alteraciones de sueño y otros trastornos de salud como consecuencia de este problema.
También existen problemas ambientales derivados de la convivencia de viviendas junto a otras actividades industriales y ganaderas dentro del casco urbano de algunas poblaciones en el medio rural.
Caudales ecológicos en los ríos de Aragón. Este expediente fue iniciado de oficio ante la constatación de la existencia de problemas de caudales en los ríos de Aragón. Se trata de un estudio complejo que se resolvió, recordando al Gobierno de Aragón que debe desarrollar reglamentariamente la Ley de pesca y, en este reglamento, determinar el procedimiento para establecer los regímenes de caudales ecológicos de los cursos de agua en Aragón. Y también se recordó al Gobierno aragonés que debe aprobarse una directriz parcial, sectorial, reguladora del aprovechamiento hidráulico de minicentrales.
Tramitación de denuncias formuladas por agentes de protección de la naturaleza. Durante 1999, en esta institución se tuvo conocimiento de la existencia de reiteradas quejas de agentes de protección de la naturaleza, manifestando su descontento por la existencia de retrasos importantes en la tramitación de expedientes sancionadores, llegando en ocasiones a la prescripción de la falta o a la caducidad del expediente por haber transcurrido los plazos reglamentarios. Además, una vez denunciadas las infracciones, los agentes no conocían las actuaciones subsiguientes del Departamento de Medio Ambiente.
Pistas de esquí en la Canal de Izas. Este expediente se inició por la queja presentada por una asociación, en la que se aludía al incumplimiento en el procedimiento de modificación de las normas subsidiarias y planes especiales de Canfranc en relación con el valle de Izas. Tras analizar el problema desde distintas perspectivas, se remitió una sugerencia a la Diputación General de Aragón para que elaborase un proyecto de ley integral de los Pirineos en la que se establezca un modelo de desarrollo que haga compatible la conservación de los valores medioambientales y la generación de recursos económicos. Esta sugerencia fue aceptada, estando la citada ley pendiente de tramitación.
Seguimiento de las declaraciones de impacto ambiental. Miren, se hacen muchas declaraciones de impacto ambiental antes de realizar determinadas obras, pero hay muy pocos casos en los que luego se comprueba si la declaración de impacto ambiental se ha cumplido o no en términos estrictos. Y puede decirse tanto de las obras que realiza la Administración de la comunidad autónoma como de las de los ayuntamientos y como de las que realiza el Estado.
Otros de los temas que hemos tratado, y que ahora no voy a citar, a no ser que expresamente lo quieran, son la necesidad de ampliar zonas de especial protección para las aves (ZEPA) en Aragón (consideramos que es imprescindible para que no se bloqueen por esa vía las subvenciones); lugares de interés comunitario que aparecen incluidos en la Red Natura 2000; proyecto de quinta revisión de los montes ordenados en Ansó y en Fraga; mortandad de aves causada por tendidos eléctricos.
A continuación paso a referirme al tema de educación. En el tema de educación ha habido dos tipos de cuestiones: unas puntuales y otras que se refieren al tema de admisión de alumnos en los centros. Hay que destacar el aumento de quejas respecto a este tema -admisión de alumnos en los centros- por disconformidad con el procedimiento de admisión de alumnos en los centros. De ninguna el año anterior se ha pasado a quince. En parte, esto se debe a la disminución de la ratio de los alumnos en clase. Algo, en principio, plausible, pero que ha limitado a algunas familias sus posibilidades de elegir centro.
En este tema, las familias se quejan por varias razones. En primer lugar, porque consideran que la discriminación que se hace con la declaración de la renta es poco fiable a efectos de justificar el nivel de ingresos familiares, ya que no se puede comprobar por parte de la Administración si lo que presentan es la totalidad de la renta familiar o sólo la de una de los padres. También se quejan de que en algunos casos se utilizan declaraciones complementarias para aparentar un régimen de ingresos inferior. A nuestro juicio, lo que alegan los padres tiene fundamento e infringe el derecho a la igualdad. Discrepamos con la Administración al considerar que no debe recaer en los padres la denuncia de los posibles fraudes.
Por otra parte, la aplicación del criterio de renta inferior para los desempates tropieza, a mi juicio, con el obstáculo de la propia normativa de admisión de alumnos, que permite a los padres no aportar documentación fiscal, atribuyéndoles en tal caso la puntuación mínima.
Es dudoso -yo creo que es algo más que dudoso- que se pueda exigir hoy a los padres -y ahí podría haber un conflicto de leyes- la presentación forzosa de la declaración de la renta. Hay que tener en cuenta que tras la publicación de la Ley 1/98, de derechos y garantías de los contribuyentes, los artículos 3 h) y 18 impiden la utilización de los datos y antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria fuera del ámbito propio de la gestión tributaria, salvo en los supuestos en que una norma con rango de ley lo prevea. Y, en este caso, la ley faculta para presentar la declaración a efectos de obtener mayor puntuación, pero nunca obliga a ello.
Ha habido, entre los diferentes centros, diferencias interpretativas en cuanto al contenido de la normativa, con la consecuencia inmediata de que se aplicaran criterios distintos de desempate. Hay que destacar que, en algunos centros, el servicio de inspección ha rechazado el sistema de sorteo, obligando a optar por el de la renta inferior. Esta recomendación se ha hecho varias veces de forma verbal, no escrita, y por ello, a nuestro juicio, carente de la suficiente motivación susceptible de ser sometida a control. En algunos de estos casos, los quejosos manifiestan que el criterio de selección varió una vez publicado en el tablón de anuncios del centro, al no admitir el servicio provincial el criterio establecido. Queremos dejar constancia de que este dato no ha podido ser contrastado, al no responder la Administración a los dos requerimientos que desde esta institución se han realizado. Nuestra postura -y así se hizo saber- es que las facultades de control de la Administración deben hacerse en tiempo y forma; por ello, con anterioridad a la publicación en los tablones de anuncios de los centros.
Otra queja se debe a que la Administración rechazó, por considerar que es contrario al principio de igualdad, que se adjudicaran 0,20 puntos a los hijos de trabajadores del centro, a los alumnos de educación infantil y a los hijos de antiguos alumnos o a los que habían tenido un hermano matriculado. Criterio no compartido, ya que cualquier circunstancia establecerá diferencias, pues se trata precisamente de establecer criterios que no concurran en todos los participantes. Ahora bien, será legal a nuestro juicio en tanto no sea contrario a lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución, en cuanto no se establezcan criterios absurdos, ilógicos, carentes de justificación razonable, garantizando en cualquier caso que no se establezca discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal-social.
Los criterios antedichos fueron admitidos sin problemas el año anterior. Esta cuestión ha sido planteada ante un tribunal de lo contencioso de Zaragoza, el número 1, que en sentencia de 2 de abril del año 2001, no firme -está pendiente de recurso por parte de los servicios jurídicos de la Diputación General-, ha ido más allá que el Justicia, negando al servicio provincial competencia para someter de oficio a revisión este criterio.
A la vista de estas quejas que hay, nosotros propondríamos que la legislación en la materia se modificara. Y creo que un criterio de referencia puede ser para el Gobierno de Aragón lo que ha hecho el Gobierno de Cataluña el año pasado, en el que no da el mismo valor al criterio de la renta y tiene en cuenta el que se cobre o no el salario mínimo o el doble del salario mínimo. Pero se olvida del criterio de la renta y tiene en cuenta, como factor de discriminación esencial, la proximidad o la lejanía del centro.
El Justicia se pronunció a favor de aplicar la normativa con la necesaria flexibilidad, frente a una interpretación muy estricta, en algunos casos legal, pero muy estricta en algunos casos, como el que ha supuesto tener que cambiar de colegio a un niño que llevaba tres años en infantil o no admitir a otro que vivía a quince metros de la puerta de un colegio.
También se han tramitado, a instancia de parte, expedientes relativos a la falta de plazas escolares en determinadas zonas como el Actur, en los que se ha podido constatar que la Administración comparte el criterio de esta institución de adecuar la oferta educativa a la demanda social.
Uno de los problemas que tiene el Actur es la integración en algún centro. Habría que tratar de resolver este problema sin poner limitaciones al acceso en otros centros. Dicho esto, que parece una crítica, somos conscientes de la amplitud y la dificultad del trabajo de este departamento. Son muchos los alumnos y funcionarios que dependen de él y muy variados los temas de los que se ocupa.
Además de esos asuntos, citaré otros que nos han planteado profesores con destino fuera de la comunidad que quieren volver -problema no fácil- e insuficiente oferta de plazas en el conservatorio profesional de música -hay alguno que ha aprobado con el número uno y no ha tenido plaza- y sobre escolarización en educación especial, en el que los padres pretenden tener más intervención.
En el tema de Cultura y Turismo, se han hecho quince recomendaciones, y todas ellas han sido aceptadas. Hacen referencia a restos arqueológicos en el casco antiguo de Huesca, restauración de edificios y castillos, apertura de museos en los puentes que hay entre los fines de semana. Queremos mostrar nuestra satisfacción, porque, conforme a la sugerencia realizada, se han iniciado las obras de rehabilitación de San Pedro el Viejo de Huesca.
Función Pública. Ha aumentado de forma significativa el número de quejas, pasando de ciento cuarenta y ocho a ciento setenta. Hemos formulado treinta y seis recomendaciones, de las que han sido aceptadas veintiséis y tres rechazadas.
Cuantitativamente, el mayor número de quejas presentadas ha sido en relación con los procedimientos de designación de interinos y sustitutos en el ámbito de atención primaria no especializada, veterinarios y farmacéuticos. De modo especial han denunciado diversos problemas en los mecanismos de elaboración y renovación de las listas de espera y en la publicidad dada a las mismas.
Si bien en algunos casos las cuestiones han sido adecuadamente resueltas, se mantienen vivos muchos de los problemas citados. Debería, a nuestro juicio, aplicarse a los interinos lo establecido en la Ley 11/97, sobre procesos selectivos, convocando pruebas para valorar sus méritos sin cerrar las puertas a los aspirantes que han trabajando previamente en la Administración, poniendo fin a la indeseada situación de permanencia y la interinidad.
Hemos recomendado también que se hagan pruebas específicas para disminuidos psíquicos, en las cuales sólo se tiene en cuenta la disminución física, evitando según qué pruebas, pero que para nada tienen en cuenta la peculiaridades de los psíquicos, que sí que pueden ser aptos para determinados trabajos. En esta situación se produce discriminación de los físicos y sensoriales respecto a los psíquicos.
En Interior hemos tramitado ciento un expedientes, frente a ochenta y cinco del año anterior. Hay que destacar que, de las dieciséis recomendaciones, once han sido rechazadas, todas ellas por falta de motivación de las multas de tráfico del Ayuntamiento de Zaragoza.
En nuestras resoluciones, en éste como en otros temas, venimos reiterando a las distintas administraciones la exigencia constitucional de motivar todas las resoluciones sancionadoras. Deben motivarse y rebatir todas las alegaciones planteadas por los ciudadanos en tiempo y forma.
La limitación de personal y la eficacia en la gestión formal de los procedimientos no pueden justificar la lesión de las garantías reconocidas a los ciudadanos en la Constitución. El Ayuntamiento de Zaragoza, en los informes remitidos por la oficina de tráfico de la policía local, entiende que la tramitación de los expedientes sancionadores está observando la legalidad constitucional, y cita alguna sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que, en su opinión, avalaría su proceder. Sin embargo, resulta significativo que en las contestaciones que remite a nuestra institución el ayuntamiento reconozca -leo textualmente- que, «desde la puesta en funcionamiento de los juzgados de lo contencioso-administrativo de Zaragoza, sus titulares mantienen una interpretación similar a la que su excelencia expone en el criterio de sugerencia». Me he dirigido directamente al alcalde de Zaragoza -piensen que son la mitad de las sugerencias que nos han rechazado- a principios de este año, y creo que el asunto está en vías de solución.
Sanidad. Hay que destacar, en primer lugar, un incremento en el número de expedientes tramitados respecto a los registrados en años anteriores -de cincuenta y ocho han pasado a setenta y uno-, si bien las posibilidades de actuación del Justicia en esta materia se ven muy limitadas, ya que es al Instituto Nacional de la Salud, que es el que presta fundamentalmente el servicio sanitario, al que hacen referencia las quejas.
Entre los temas planteado cabe resaltar los siguientes. Por un lado, hay que destacar la atención prestada por parte de la Dirección Territorial del Insalud a un problema que planteó un colectivo de afectados que, padeciendo problemas de infertilidad, solicitaban la implantación en nuestra comunidad autónoma de una técnica denominada «fecundación in vitro por microinyección espermática». Tras realizar diversas gestiones, se entendió solucionado el problema porque nos dijeron que ya lo estaban aplicando.
Se han presentado varias quejas -hasta cuatro- reclamando la mediación del Justicia para que se financiara por la Seguridad Social el gasto de anestesia general que requería la colocación de empastes dentales a menores con problemas de retraso mental severo. A pesar de las gestiones personalmente realizadas para mediar en el caso y de la propia existencia de un antecedente similar presentado el año anterior, en el que sí que se estimó la pretensión planteada, desde la entidad gestora se nos informó de la imposibilidad de acceder a la petición, teniendo en cuenta, por un lado, los estrictos términos de la normativa aplicable y, por otro, que con ocasión del citado supuesto del año anterior, los servicios centrales... Hubo un caso en el que yo hice una gestión directa con el Delegado del Gobierno, y se resolvió aquel mismo día el problema, pero, por lo visto, los servicios centrales del Insalud se habían pronunciado posteriormente en sentido negativo a la cobertura de este tipo de prestaciones. Desde la Delegación del Gobierno en Aragón se informó a la institución de que, compartiendo con el Justicia la idea de hacer una interpretación lo más amplia posible de la protección de la salud y considerando las razones humanitarias concurrentes, se había solicitado al Hospital Miguel Servet que considerara la posibilidad de asumir estos procedimientos, si bien en dicho centro le habían indicado que no disponían de equipamiento necesario. Nos consta que uno de los grupos de esta cámara viene realizando gestiones ante al Ministerio de Sanidad para que se incluya, entre las prestaciones de la Seguridad Social, la financiación de este tratamiento.
También se han presentado varias quejas relativas a reclamaciones de gastos por traslado de enfermos en ambulancia. De lo que se quejan los enfermos es de que los trasladen en ambulancia, normalmente a Zaragoza, y de que no sepan que tienen que pagar la ambulancia. Y que luego, cuando la tienen que pagar, en unos casos se quejan de que es muy cara y en otros de que desconocían que tenían que pagar eso. Hemos pedido que se les informe sobre que ese gasto puede no estar cubierto en el régimen de Seguridad Social.
Y luego hemos intervenido también en otro tema. Se trata de operados de vasectomía, que no lo pueden ser en Teruel por haber planteada objeción de conciencia por parte de los médicos del Hospital Obispo Polanco. Entonces hemos pedido que, si hay que hacer la operación, se realice con posibilidad de ir y venir en el mismo día con los medios limitados de transporte que hoy existen para que no tengan que pernoctar fuera.
En Trabajo, igual que sucede en el campo de Seguridad Social, se ha constatado que, a pesar de existir servicios de información dentro de las respectivas Administraciones de la Seguridad Social que funcionan de forma regular y correcta, es mucha la gente que viene pidiendo asesoramiento e información.
Un tema en el que creo que habría que aumentar la información es que existen diversas quejas en materia de desempleo por parte de los ciudadanos que se han visto perjudicados por no acudir a sellar su demanda de empleo en el momento en que debían hacerlo.
Seguridad Social. Hay que destacar la colaboración prestada por la Administración en muchos casos, que, no teniendo obligación de seguir las sugerencias del Justicia, puesto que pertenece a la Administración central, con una gestión mediadora lo ha hecho. La mayor parte de las demandas de los ciudadanos en este campo vienen constituidas por consultas que formulan a esta institución. En materia de invalidez nuevamente han vuelto a repetirse las quejas de los ciudadanos ante la denegación de una solicitud de incapacidad permanente de la Seguridad Social, pero nuestra intervención en esto ha de ser muy limitada, puesto que no podemos entrar a examinar los criterios técnicos.
En materia de prestaciones no contributivas -y esto sí que afecta a la Diputación General de Aragón-, se han planteado varios casos de ciudadanos que, a pesar de comunicar a la Administración una variación en sus datos económicos o personales, continúan percibiendo la prestación que ya cobraban al finalizar el ejercicio. Entonces, la Administración revisa, como por ley tiene obligación de hacerlo, sus circunstancias y comprueba que el pago ha sido indebido, reclamando al ciudadano las cantidades percibidas, con el consiguiente trastorno del afectado, que en la mayor parte de los supuestos no tiene dinero para pagar lo que le piden que devuelva.
Ante estas quejas se ha formulado recomendación al Gobierno de Aragón para que reduzca al mínimo plazo posible el que tiene para resolver en los casos de comprobación de ingresos percibidos por unidad familiar para que se estudie la posibilidad de un tratamiento distinto, en cuanto a condiciones, plazos, facilidad de pago, a la devolución de las cantidades indebidamente percibidas en el caso de que el abono indebido se haya realizado no obstante la correcta aportación de datos por el beneficiario, respecto a aquellos otros casos en los que el error en el pago se haya ocasionado como consecuencia de la no aportación u ocultación de datos.
Extranjería. En el tema de extranjería, nos hemos ocupado de ello de varias maneras. De una parte, en el informe sobre despoblación que presentamos ante la comisión correspondiente de estas Cortes. Nosotros queremos dar una enorme importancia a todo el tema de la integración social de los emigrantes. Y, en este sentido, nos parece fundamental la importancia que tiene facilitar la reagrupación familiar en la medida que la llegada de los familiares directos favorece el arraigo del emigrante y su inserción en la comunidad de acogida. Si evidentes razones de justicia bastarían para apoyar nuestra posición favorable al logro de la integración social de los emigrantes, en nuestra comunidad autónoma concurre una circunstancia adicional: la despoblación de amplias zonas del territorio y el envejecimiento general de la población. En ese informe pedíamos la adopción de medidas concretas sobre temas muy determinados: facilitar la disponibilidad de viviendas dignas, de construcción de albergues, de rehabilitación de los existentes, infraestructuras que podrían ser aprovechadas en otra parte del curso escolar como establecimientos de una red de alojamientos juveniles; apoyos financieros y fiscales; apoyo financiero al reagrupamiento familiar agilizando su tramitación burocrática; reforzar la inspección laboral para evitar los abusos en la contratación; programas de educación especial para adultos que faciliten su inmersión en las culturas española y aragonesa, incluidos los cónyuges que no trabajan, y refuerzo educativo de los niños.
Son muchos los extranjeros que vienen solicitando información para la obtención de visados, permisos de trabajo y permisos de residencia o reagrupación familiar, o para la adquisición de nacionalidad española. Transmitimos la información y, en algunos casos, la remitimos al servicio de orientación jurídica del Colegio de Abogados.
En ocasiones, los ciudadanos se quejan respecto a retrasos en la tramitación de la concesión de visados, dificultades en la reagrupación familiar. En esos casos, puesto que esa materia es competencia de la Administración central, los remitimos al Defensor del Pueblo, sin perjuicio de practicar aquellas gestiones que consideramos que debemos hacer por razones humanitarias.
Concluyo este apartado destacando que a la institución también acceden ciudadanos extranjeros planteando problemas que, si bien no están relacionados con los trámites administrativos de su situación regular o irregular en España, sí que pueden tener su origen o verse agravados por la condición de no nacionales. Hay un caso de una señora liberiana imposibilitada absolutamente y que no conocía a nadie en España, y que se encontraba aislada en su casa sin posibilidad de asistencia, y pedimos que se le prestara asistencia -y así se hizo- tanto por los servicios de la Diputación General de Aragón como por los del Ayuntamiento de Zaragoza.
En cuanto al tema de la vivienda, decir que un gran porcentaje de los expedientes se han resuelto por la mera intervención de la institución, sin llegar a tener que formular recomendación ni sugerencia. Ante la dificultad de los ciudadanos -sobre todo de determinados colectivos- para acceder a una vivienda adecuada en razón de sus posibilidades económicas, ha habido muchas peticiones de información sobre ayudas y quejas en cuanto a la información que se facilita para su obtención y tramitación, puesto que en algunos casos resulta poco comprensible y en otros incompleta. Habría que hacer un esfuerzo en facilitar información en este tema.
Los problemas específicos de las familias numerosas para obtener ayudas para la compra de vivienda en cuanto al límite de ingresos máximos y en cuanto a la superficie de la vivienda dieron lugar a un expediente. A nosotros nos parece que debe darse ayuda en razón del número de personas que viven dentro de la casa, no en razón de la existencia o no de una familia. No necesita lo mismo una familia en la que viven los padres con alguna persona mayor y tres hijos que una familia en la que sólo viven dos o tres personas.
Con relación al tema de la justicia, hay partes en las que, a pesar de que los ciudadanos se quejan de forma abundante, no podemos intervenir porque la vía para modificar las resoluciones judiciales son los recursos. Sin embargo, hemos recibido quejas puntuales sobre algún tema en concreto que paso a detallar. Por ejemplo, sobre la situación del Instituto Anatómico Forense de Zaragoza, que, como ustedes saben -no sé si lo saben; si no, se lo cuento-, los fines de semana en Zaragoza no se puede hacer ninguna autopsia, puesto que carece de personal auxiliar, y sobre un retraso de un juzgado de instrucción de la provincia de Zaragoza a la hora de dictar sentencias judiciales.
Respecto al tema de abogados y procuradores, hay bastantes ciudadanos que vienen a quejarse disconformes con la actuación del abogado o procurador. En ese caso les remitimos a la comisión correspondiente del colegio de abogados, haciéndoles saber que pueden reclamar la responsabilidad en vía penal, civil o disciplinaria.
Son bastantes las quejas que recibimos acerca del reconocimiento del derecho de justicia gratuita. Los ciudadanos se dirigen a la institución recabando información acerca de los requisitos generales para el reconocimiento del derecho de asistencia gratuita o planteando en algunos casos alguna consulta específica.
En materia penitenciaria nos vemos, en muchos casos, obligados a remitir al Defensor del Pueblo la queja que se nos plantea, pero por eso no dejamos de hacer un seguimiento y de plantearnos algunas de las cuestiones que nos plantean. Por ejemplo, sobre la situación de las habitaciones destinadas a presos y detenidos en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, sobre la que recibimos una queja, y, la verdad, no advertimos ningún motivo para que la queja prosperara.
Han sido varios los expedientes en los que se denuncia la situación de internos que han sido trasladados o temen serlo a centros penitenciarios alejados del lugar de residencia de familiares.
Paso a continuación a referirme al tema relativo a los menores. Con referencia a este tema, quiero decirles que es objeto de un estudio especial que este año ha sido presentado de forma monográfica ante la Comisión de Peticiones de estas Cortes como demostración de la sensibilidad que esta cámara y el Justicia tienen sobre la situación de los menores.
Varias son las conclusiones que con relación al tema de los menores merece la pena destacar. En primer lugar, la situación de los centros y la atención que se presta a los menores por parte de la Administración son las adecuadas, aunque, como todo, es mejorable. Se considera un acierto el aumento del acogimiento no preadoptivo. En segundo lugar, se observa retraso en la tramitación de la adopción internacional, debido a la actuación de las agencias colaboradoras. Tercero, la Ley penal del menor, que persigue fines plausibles como la educación y reinserción de los menores, necesita, para su aplicación individualizada, más medios materiales y humanos que aquéllos con los que cuenta. Estas nuevas necesidades no fueron previstas al hacer las transferencias. La Ley de la infancia y de la adolescencia, aprobada recientemente, y la Ley de drogodependencias suponen un importante avance en la regulación de estos temas. Aceptan varias de las sugerencias hechas por el Justicia.
Se han realizado por la asesora responsable visitas a veinte centros de atención al menor, prácticamente a todos; falta uno porque hubo una equivocación, pero ya lo hemos subsanado (fue El Cariño).
Tercera edad. Se han tramitado treinta expedientes, de los que tres han sido oficios. Se han formulado cinco sugerencias y dos recomendaciones. Las quejas más frecuentes se refieren a las listas de espera para acceder a la residencia pública, a las puntuaciones asignadas con arreglo al baremo establecido, a las estancias en régimen temporal y a las becas que otorga la Administración por el pago de los precios estipulados en los establecimientos privados.
También han planteado su problemática los usuarios de centros de día de la tercera edad, donde en ocasiones surgen controversias, debiendo la institución comprobar si se han respetado los derechos de información y participación de los socios. Se han visitado doce centros de atención a personas mayores. Reconociendo que se ha avanzado mucho en esta materia a lo largo de estos últimos cinco años, hay que reconocer que por la misma calidad alcanzada es creciente la demanda de plazas en residencias públicas. Coincidimos con los técnicos en el sentido de que estas residencias deberían acoger de forma casi exclusiva a las personas que no son capaces de valerse por sí mismas. Ello implicaría la derivación de las personas que, en principio, pueden valerse por sí mismas a cierto tipo de recurso o asistencia distinto del residencial, que les permitiera mantenerse en su entorno y que, además, tiene menores costos. Por ello, la creación y el fomento de estas alternativas (atención a domicilio, centro de día, viviendas tuteladas y otras) se considera primordial para mejorar la atención que se presta a este colectivo, a la vez que reduciría los actuales tiempos de espera de los no válidos para ingresar en una residencia pública.
En cuanto a los establecimientos de carácter privado, se ha constatado que los precios que estipulan no son asequibles para los ingresos de que suele disponer la mayoría de las personas mayores. Es cierto que hay un sistema de becas. Sería oportuno, a nuestro juicio, que se incrementaran los medios personales dedicados a desarrollar la función inspectora que corresponde a la Administración a fin de poder ejercer una supervisión continua de estos establecimientos.
Discapacitados. Se han incoado dieciocho expedientes, tres de oficio. Se han formulado tres sugerencias y una recomendación. Se han visitado los seis centros de discapacitados que hay. Unos reflejan la situación de los discapacitados psíquicos. La problemática más frecuentemente planteada es la necesidad de estas personas de ser internadas en un establecimiento especializado y la insuficiencia de plazas al efecto, lo que impide o retrasa durante algún tiempo la posibilidad de que el discapacitado reciba la atención que precisa, con el consiguiente desasosiego y la preocupación que conlleva para las familias de los afectados. Ello ha motivado que en alguna ocasión, tras visitar un centro, la institución resolviera formular una sugerencia a la Administración competente para que abordara la problemática -hay que abordarla conjuntamente con el Insalud- y se instaba su resolución. Otras veces, la mera mediación del Justicia ha sido suficiente para lograr la resolución favorable.
Otro grupo de quejas ciudadanas han sido las relativas a medios de transporte que las personas discapacitadas precisan para sus desplazamientos, pues la carencia de los mismos limita extraordinariamente su integración social y reduce injustamente su calidad de vida. En esa misma línea se ha instado la concesión de tarjetas de estacionamiento para los no invidentes, porque los lleva una persona vidente en coche, pero luego ellos necesitan, en definitiva, desplazarse con una cierta dificultad.
También hay quejas relativas a expedientes de reconocimiento de minusvalía. Teniendo en cuenta la importancia que su concesión implica para el ciudadano, el Justicia considera oportuno recomendar a la Administración la agilización, en la medida de lo posible, de los plazos de resolución de este tipo de expedientes.
Y, como asuntos varios en este capítulo, se incluyen los expedientes de quejas que hacen referencia a materias de más difícil clasificación.
Miren, un tema que es relativamente frecuente y que lo practican concejales de todos los grupos que hoy están en este parlamento es presentar queja ante el Justicia -tenemos muchas quejas ante el Justicia- argumentando que han solicitado información de un determinado ayuntamiento y que no les han dado la información que han solicitado. La postura del Justicia, teniendo en cuenta la labor de control que tienen los concejales, es claramente favorable a que, sin ningún tipo de límites o cortapisas, se conceda esta información. Únicamente en algunos casos hemos hecho ver que no se podía utilizar este sistema para retrasar o para obstaculizar de forma abusiva el funcionamiento de pequeños ayuntamientos. Debo decirles que todas las sugerencias que hemos hecho también en esta materia han sido admitidas. No sólo la postura del Justicia es ésta, sino que hoy he leído en un determinado medio de comunicación que, hace poco, el juzgado de lo penal de Teruel condenó a un concejal en vía penal por no dar esta información.
Hemos visto también varias quejas que se han presentado sobre convocatoria y celebración de plenos extraordinarios en los ayuntamientos.
Y luego hemos tenido quejas variadas, sobre situación de limpieza en el sector de La Romareda cuando hay mercado ambulante y sobre expedientes tramitados por el Ayuntamiento de Zaragoza para la fijación de día y hora para la celebración de matrimonios civiles.
En defensa del Estatuto de Autonomía voy a decir lo siguiente. En primer lugar, con relación al tema del agua, creo que estamos todos de acuerdo en que el agua en Aragón es mucho más que campos de riego o mejores cosechas, como puede suceder en otros sitios: es una cuestión vital. Donde hay agua, la población puede vivir, y donde no la hay, tiene que emigrar. La cuestión del agua no es sólo un problema de falta de solidaridad. Creo que podemos compartir todos que Aragón siempre ha sido solidario y lo sigue siendo. Buena prueba de ello es que la mitad de la energía eléctrica que producimos se utiliza lejos de nuestro territorio y que desde los pantanos de Yesa y El Grado se ha regado siempre en Navarra y Cataluña sin ningún problema. La cuestión es, entre otras, de falta de confianza, motivada porque desde el año 1915 se han hecho muchas promesas que luego no se han cumplido. Yo comprendo que quien pertenece a un partido siempre tenga que decir que se fía de su gobierno, pero los aragoneses tienen motivos fundados para desconfiar de este gobierno, del anterior o del siguiente en este tema. Me ratifico hoy en lo que escribí en septiembre del año 2000 en todos los periódicos de Aragón, que se resume en lo siguiente: debemos defender lo nuestro con firmeza, pero sería bueno buscar una solución aceptable para todos y que la situación no se radicalizase.
Respecto al tema de la casación foral, quiero decirles que debe destacarse de modo especial -y a esta cámara le ha preocupado este tema de forma muy intensa- el importante auto de la sala de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 22 de septiembre del año 2000, en el que la sala, por unanimidad, asume su competencia para conocer del recurso de casación interpuesto, variando con ello su anterior posición.
Expedientes de seguimiento de normas de la comunidad autónoma. Cabe destacar, entre los expedientes tramitados sobre normas aragonesas, los relativos a la elaboración de un proyecto de ley que regule las particularidades fiscales de la sucesión mortis causa en Aragón, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de sucesiones de Aragón. Y creo también que sería conveniente redactar una ley de reforma y desarrollo agrario, ya que la actual está en muchas cosas muy anticuada.
En cuanto al patrimonio aragonés, esta institución se congratula de que la jurisdicción eclesiástica haya reconocido que los bienes de la Iglesia actualmente fuera de la comunidad se encuentran en depósito, por lo que existe la obligación de devolverlos. Espera que se cumpla pronto la sentencia canónica.
Y respecto a la tutela del ordenamiento jurídico, en cuanto a expedientes relativos al Derecho civil aragonés hemos propuesto que en los nuevos planes de estudio de la Facultad de Humanidades de Teruel, de la Universidad de Zaragoza, se incluya el estudio de las instituciones del Derecho aragonés.
Y en cuanto a expedientes de seguimiento de normas de la comunidad autónoma aragonesa, hay que decir que hemos hecho varios. Hay que decir que, en cuanto la regulación de la concesión de indemnizaciones en favor de personas que fueron privadas de libertad como consecuencia de los supuestos comprendidos en la Ley 46/77, se exige que se presente certificación de vecindad del registro civil. Pues bien: creemos que eso no es posible porque el registro civil no certifica nunca la vecindad.
Lo que les acabo de contar es una parte del trabajo que hemos realizado. Con mucho gusto les ampliaré información sobre alguno de estos asuntos tratados y sobre otros que hay en la memoria, si lo estiman necesario en el turno de intervenciones. Hemos tratado de hacer un trabajo riguroso, discreto e independiente, sin otra guía que el respeto a la ley y tratar de resolver los problemas de los ciudadanos. Pero no es a nosotros, sino a los ciudadanos, a los que ustedes representan, a quienes les corresponde opinar sobre si lo hemos conseguido o no.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Justicia.
Es el turno ahora de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra, por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto), el diputado don Jesús Lacasa.
El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Justicia de Aragón.
No debería ser nunca noticia el funcionamiento normal de las instituciones. Siempre que una institución funciona correctamente parece que lo damos por descontado. Pero yo quiero decir desde Aragón que me siento muy satisfecho, desde Izquierda Unida, por el funcionamiento correcto del Justiciazgo en nuestra tierra. Y lo digo con el hondo sentimiento que me produce pensar que la institución que figura reflejada en la Constitución española, el Defensor del Pueblo, su titular actual, en nuestra opinión, no se está comportando a la altura de las circunstancias como defensor de todos los ciudadanos de este Estado español.
Señorías, contrasta la prudente actitud del Justicia -pero firme cuando es necesario- con una utilización lamentable por parte del Defensor del Pueblo, al menos en un aspecto tan decisivo como ha sido negarse a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la denominada Ley de extranjería, cuando cientos de asociaciones habían solicitado su amparo -puesto que era la única vía para ellas de alcanzar el Tribunal Constitucional-, cuando ocho comunidades autónomas han interpuesto recurso -una de ellas, Aragón, a propuesta de esta cámara motivada por una iniciativa de Izquierda Unida-, cuando un partido político también, el Partido Socialista, lo interpuso, y cuando, curiosamente, el Defensor del Pueblo hizo caso omiso, buscó unos informes de parte para ampararse y de alguna forma dar una larga cambiada y dejar en el desamparo a muchos colectivos que entendían que había un atropello y una vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros en España, puesto que se recortaban esos derechos que la Constitución reconoce a todas las personas.
Quiero en paralelo destacar, sin embargo, su actitud, como la ha definido usted, de preocupación por los extranjeros en nuestra comunidad autónoma, por su reagrupamiento familiar y por tantas otras cosas que ha citado.
También es muy llamativa la posición del Defensor del Pueblo cuando, recientemente, un gobernador, un delegado del Gobierno -más vale hablar de un gobernador civil porque realmente eso es lo que le cuadra-, el de la Comunidad de Madrid, decide nada menos que recomendar a los ciudadanos de Madrid, ante un caso de inseguridad ciudadana, que lo que tienen que hacer es buscar una seguridad privada porque eso es lo que les va a proteger. Y, ni corto ni perezoso, nuestro buen Defensor del Pueblo también da respaldo y aval a esa posición del delegado del Gobierno en Madrid diciendo que, efectivamente, qué de sorprendente hay en que los ciudadanos se busquen la seguridad privada, que para eso está y para eso se la tienen que pagar.
Por lo tanto, ante ese lamentable comportamiento, sinceramente, del Defensor del Pueblo -lo digo con toda claridad-, contrasta, para bien, el funcionamiento normal y ordenado del Justicia de Aragón.
El Justicia de Aragón, que tampoco tiene pelos en la lengua, y también le tenemos que felicitar, y, cuando hay un tema fundamental para nuestra comunidad autónoma, mal que les pese -parece que se han molestado algunos miembros de esta cámara y algún miembro de la Mesa parece que ha tenido que ausentarse con cierta urgencia-, el Justicia ha tenido la gallardía de decir que, efectivamente, había un atropello y había una vulneración de lo que opina la mayoría de los aragoneses en relación con el problema del agua.
Y entendemos que el Justicia ha estado con el pueblo aragonés y ha defendido sus libertades. El Justicia tiene como misión defender las libertades de los ciudadanos, y, ante un atropello evidente que se ha producido, el Justicia ha estado con la mayoría de la ciudadanía y, por lo tanto, ha acertado y en nuestra opinión ha estado a la altura de las circunstancias.
Bien, dicho esto, vemos el informe de este año, y vemos que es un informe, desde luego, claramente positivo. Un informe en el que nos habla de un número superior de quejas, teniendo en cuenta que el Justicia, correctamente, ordena las quejas independientemente del número de firmantes -no abre un expediente, sino que son quejas unitarias, con un incremento razonable de las mismas-, y en esas cifras que nos facilita de mil ciento cincuenta quejas nos llama la atención algún dato que paso a comentarle.
Uno, que las quejas de Zaragoza se incrementan; dos, que las quejas de Huesca, más o menos, se mantienen estabilizadas; y tres, que lamentablemente -y esto no deja de ser un fiel reflejo de tantas otras cosas- las quejas de Teruel han disminuido. Hasta en esto Teruel se encuentra en situación no precisamente boyante: cuando alguien ya no está ni para quejarse, mal asunto, porque el enfermo ya no está enfermo, ya puede estar casi moribundo; y en este sentido nos preocupa ese pequeño detalle de ese informe, pero que puede ser sustancial si lo tomamos en consideración.
Usted ha formulado más sugerencias y recomendaciones que el año pasado -y es muy positivo-, un 18% más de sugerencias y recomendaciones, y de un nivel de aceptación bastante amplio; pero no deja de haber también un cierto nivel de rechazo (veintisiete, con un 12%, han sido rechazadas). Suponemos que para alguna también puede haber alguna justificación, pero, en todo caso, ese 12% no deja de ser una cifra elevada de rechazo de sus sugerencias o de sus recomendaciones.
Llaman la atención también -y es un toque de atención, y las administraciones tienen que tomarlo como toque de atención- esas administraciones que no han facilitado la información solicitada por la institución. Y aquí hay algunos pequeños tirones de orejas: casi me da no sé qué tener que decirlo, pero, para empezar el ranking, está el Departamento de Educación y Ciencia, ya tan baqueteado por otras circunstancias, pero aquí también figura, en el ranking de incumplimientos, de no responder al Justicia de Aragón, el Departamento de Educación y Ciencia, seguido a distancia por los Departamentos de Medio Ambiente y Obras Públicas.
Desde las Cortes de Aragón, desde el grupo de Izquierda Unida, desde luego, tenemos que encarecer al Gobierno de Aragón para que cumpla rigurosamente su deber de contestar las sugerencias, los requerimientos de información que el Justicia emite; lo cual no quiere decir dar siempre la razón al Justicia -lo entendemos bien-, pero, por lo menos, cumplir la obligación de contestar y de facilitar la información que se les demanda, porque, si no, pasa lo que pasa: salen en la lista negra, y queda feo que tengamos que señalarles con el dedo desde esta tribuna. Al igual que otros organismos que no son de la comunidad autónoma, algunos ayuntamientos, algunos de cuyos alcaldes se sientan en los escaños de estas Cortes, y otros organismos como la Universidad de Zaragoza y, curiosamente, la Confederación Hidrográfica del Ebro, tan querida también por todos nosotros, ¿verdad?
En cuanto a algunas citas concretas de los temas que, en cuanto a derechos y libertades, usted ha trabajado -y creo que ha trabajado bien-, en nuestra opinión destacan varios.
Uno: los aspectos ambientales -ya lo destacamos en el comentario del informe del año pasado-. En el tema medioambiental hay algunos aspectos, un par de ellos, fundamentales: uno, el tema de ruidos; y celebramos que usted haya hecho un informe especial y exista una recomendación para legislar en esta materia, porque entendemos que es una de las demandas más importantes que los ciudadanos están haciendo en cuanto a su calidad de vida.
Recientemente, este fin de semana, en unas jornadas celebradas sobre la Agenda Local XXI, teníamos ocasión de escuchar al presidente de la Asociación de Vecinos de Huesca, que nos comentaba que una de las preocupaciones fundamentales de los ciudadanos oscenses venían derivadas de los padecimientos por causa de los ruidos; y creo que estaríamos a la altura del siglo XXI si hiciéramos un esfuerzo y tuviéramos una intención legisladora y de cumplimiento de esa legislación en materia de prevención de ruidos. Espero que el Gobierno de Aragón tome buena nota y active sus mecanismos de trabajo en esa dirección.
De la misma manera que le preocupan al Justicia -a los que se quejan al Justicia, pero luego al Justicia cuando toma consideración de estas quejas- los aspectos relativos a los espacios naturales, tanto a los lugares de interés comunitario, las zonas de especial protección de aves o los problemas de impacto de las estaciones de esquí. Nos parece un tema también importante y del que hay que estar muy pendientes, puesto que la riqueza, el patrimonio y la preservación de la biodiversidad son quizá unas de las características más importantes con las que tenemos que trabajar, sabiendo que es perfectamente compatible protección y desarrollo, que la escisión entre protección y desarrollo no es más que una escisión interesada y, desde luego, nada moderna.
También, desde nuestro punto de vista, ha habido un aspecto interesante en todos los temas de protección del patrimonio, y aquí queremos citar una queja que nos ha parecido llamativa y preocupante, cual es la queja relativa a la protección del Camino de Santiago y que hacía referencia al desarrollo urbanístico de Jaca.
Estamos muy preocupados, desde Izquierda Unida, por la posible desaparición de tramos completos del Camino de Santiago, y en el caso de Jaca conocemos -Llano de la Victoria- los problemas que ahí se han suscitado con la posible desaparición o subsunción de un tramo del Camino de Santiago, y ya anunciamos que, lógicamente, en la medida en que se ejecute el recrecimiento del embalse de Yesa a la cota máxima, desaparecen en torno a veinte kilómetros del Camino de Santiago, que está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; y eso tendrá, lógicamente, las consecuencias graves que todos presumimos; al Justicia, seguramente, le llegará a su mesa, pero probablemente no llegará sólo a la mesa del Justicia, sino que probablemente llegará a París, a la sede de la UNESCO. Y esto yo creo que también vale la pena tenerlo en consideración.
Como también vale la pena tener en consideración el incremento de quejas habidas en el campo de la educación, algo normal, en la medida en que la Administración autonómica ha recibido tan importante competencia, la ejerce directamente ya; el incremento de quejas en materia de educación, lógicamente, es algo consustancial y connatural, sin perjuicio de que algunas de las quejas haya que entenderlas, quizá, por la adecuación a unos cambios, para bien, del ordenamiento, como es, por ejemplo, la reducción de las ratios; yo creo que, en sí mismas consideradas, algo muy positivo, y, por lo tanto, puede dar lugar a algunos problemas de cambios de la escolarización prevista, pero creo que, en definitiva, son cambios a mejor, cambios en positivo; pero siempre hay que estar vigilante en este tema y en otros que usted ha trabajado bien, como el tema de los profesores desplazados, etcétera, que en ese campo educativo han ido adquiriendo preponderancia.
Por lo tanto, un balance, como siempre, de sus comparecencias -tengo que decirlo- satisfactorio, de su trabajo en defensa de los derechos y libertades fundamentales de los aragoneses que le encomiendan el Estatuto, su ley, y que usted cumple -creo- perfectamente.
Otro capítulo importante es la defensa del Estatuto de Autonomía, y aquí creo que también el trabajo que se ha realizado es un trabajo importante. Señala, reitera, una vez más, el archisabido y archimanido tema del artículo 29 del Estatuto de Autonomía, el tema de la casación foral, que, como todos sabemos, vino a esta cámara, votamos lo que votamos, intentamos solucionarlo quienes intentamos solucionarlo, pero definitivamente, por no contar con el apoyo del Partido Popular, no fue posible proceder a esa modificación del Estatuto que hubiera dotado de plena garantía y hubiera atribuido con claridad esas competencias en casación foral a nuestro Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Bien, no se ha podido producir esto, y usted relata aquí que, efectivamente, hay una importante decisión del Tribunal Superior de Justicia, un importante auto, en el que ya plantea que, ante la continua remisión por parte del Tribunal Supremo, porque va entendiendo sistemáticamente que la competencia está en Aragón, ante esa situación, desiste un poco de su tesis y se allana a aceptar que tiene la competencia para el conocimiento de los recursos.
Por lo tanto, es un poco triste que hayamos tenido que llegar a este tipo de resolución, pero ésa es la circunstancia: en la cámara autonómica aragonesa no hemos podido solucionar el problema, y, al final, ha sido el Tribunal Supremo quien nos ha solucionado el problema y ha obligado a modificar su punto de vista al Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Un importante informe que realizó el Justicia, que llegó a esta cámara y ha sido también algo polémico -pero yo creo que también, en el fondo, muy acertado-, es el relativo a la proposición de ley de modificación de la Ley 11/97, sobre medidas urgentes en materia de personal. Creo que éste hubiera podido ser uno de los más graves patinazos que esta cámara autonómica hubiera podido dar en esta legislatura. Yo creo que, de forma poco responsable, el Partido Popular promovió una reforma que, entre comillas, decía que pretendía solucionar el problema de los sanitarios interinos locales; en concreto, de los veterinarios. Un problema largo, añejo -es verdad-, pero un problema que se pretendió resolver de un plumazo, abriendo la puerta a través de un concurso que, prácticamente, daba el acceso automático a la función pública a los funcionarios interinos, y que, tristemente, el Partido Popular presentó en este cámara, yo creo que con poca responsabilidad, pero que fue apoyado en un primer momento por el Partido Socialista y por el Partido Aragonés.
Nos quedamos solos Chunta Aragonesista e Izquierda Unida diciendo que era una barbaridad y que habría un precedente que, de consolidarse, desde luego, dejaba en muy difícil situación los principios de igualdad, mérito y oportunidad para el acceso a la función pública en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Su informe va en esa dirección, y, cuando ve el texto aprobado por la Comisión Institucional, usted dice que puede vulnerar el principio constitucional de igualdad. Y yo creo que su informe, unido a insistentes y persistentes protestas realizadas por nuestro grupo parlamentario, finalizó con el desistimiento de la aprobación final de esta ley, y, por lo tanto, evitamos a esta cámara aragonesa sonrojarse por haber aprobado una ley que podía contravenir tanto los principios constitucionales y ser de tan poca oportunidad en esta materia.
Quiero agradecerle también su sensibilidad en el tratamiento de un tema que para nosotros ha sido muy querido. Fue una iniciativa de Izquierda Unida la que propició que el Gobierno de Aragón aprobase un decreto para indemnizar y contribuir a reponer, de alguna manera, todo lo que la sociedad no les había considerado a aquellas personas que lucharon por la libertad en los tiempos del franquismo, aquellos ex presos y represaliados políticos que no se beneficiaron de las indemnizaciones de la ley del año noventa.
Ese decreto de la DGA usted lo analizó, advirtió que existía algún problema en materia de vecindad civil, y emitió un informe que pretendía corregirlo, y, desde ese punto de vista, tenemos que agradecerle el que lo hiciera y, sin embargo, el que se facilitara en paralelo que esas medidas se pudieran poner en marcha. Y hoy, ya, varios centenares de personas se han beneficiado de estas indemnizaciones, aunque esperamos -el otro día lo veíamos en el Pleno- que el Gobierno de Aragón concluya la tarea que todavía está pendiente para terminar de satisfacer esas indemnizaciones e incluso recuperar a alguno que se ha quedado por el camino por causas formales, meramente de plazos, y que esperamos que todavía sea posible recuperarlo.
También aparece mencionado -no forma parte del informe en un sentido estricto, pero está citado- el informe especial sobre violencia doméstica; un tema absolutamente decisivo y por el cual también debemos felicitar al Justiciazgo, porque es un tema que para Izquierda Unida debe estar en lo alto de la mesa y en la mayor preocupación posible por parte de los poderes públicos.
En el próximo período de sesiones, nuestro grupo formulará una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno actúe -ya está actuando, pero pretendemos sistematizar más su actuación, colaborar más con los agentes sociales- y se atajen, en la medida de lo posible, por supuesto, todos los problemas de violencia de género, que vienen de la inferiorización de la mujer por parte de algunos hombres; y que, por lo tanto, esa cultura machista todavía existente en algunos sectores sociales, es fundamental y necesario conseguir erradicarla, y, desde luego, el informe que usted planteó en esa materia puede ser una contribución importante -ya lo ha sido- para que el Gobierno de Aragón oriente correctamente su actuación en la materia.
Y, finalizando, su actuación en materia de protección del ordenamiento jurídico aragonés ha estado, como siempre, como buen defensor y conocedor del derecho civil foral aragonés que es, a la altura de las circunstancias, tal como cabía esperar.
En definitiva, señor Justicia, seguimos con interés su trabajo; creemos que es muy positivo para la sociedad; creemos que la institución está en buenas manos; y le animamos, simplemente, a que continúe trabajando con celo, a que, por encima de cualquier consideración de oportunidad, el interés que defendería antes era el de los ciudadanos, el de los aragoneses y aragonesas, y así siga siendo.
Es el turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Su diputado don Gonzalo González tiene la palabra.
El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor presidente.
Señor Justicia.
En primer lugar, darle la bienvenida, en nombre del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista; felicitarle por lo que consideramos un informe correcto -el que hoy nos ha presentado-, y en el que se da cuenta del funcionamiento independiente de la institución que usted representa a lo largo del año 2000.
Se han cursado, a lo largo de este ejercicio, mil ciento cincuenta y ocho expedientes, lo que supone que esta institución sigue creciendo en cuanto al número de quejas que tramita (un incremento del 5% respecto al año anterior). Nos parece positivo que la institución siga desarrollándose, que no se estanque, que cada vez llegue a más ciudadanos y, sobre todo, que se extienda en el territorio, con la misma intensidad en unas comarcas que en otras, y, por lo tanto, que todos los ciudadanos tengan la misma posibilidad de ejercitar su derecho a la queja, a través de su institución, con las mismas facilidades, independientemente de cuál sea la localidad que habiten.
Queremos felicitarle por los informes especiales que ha realizado en este período de forma especial porque los temas que han abordado indican una vocación de acercarse a los ciudadanos y ciudadanas; de acercarse a sus problemas cotidianos en cuestiones relevantes, muy actuales, como son la violencia doméstica, un fenómeno muy presente en nuestra sociedad y en el que existe una gran sensibilidad entre toda la ciudadanía, sobre todo porque son ámbitos en los que se requiere un cambio de mentalidad por parte de la población y que, por tanto, necesitan actuaciones de la Administración en ese sentido.
Y en otra escala ha habido otros informes también muy a pie de calle, como son el problema de los ruidos y vibraciones, el tema del consumo de alcohol por parte de los jóvenes o el de las antenas de telefonía móvil. Y queremos destacar uno muy importante para nuestro grupo, como es el informe que ha dedicado a la despoblación. Este último informe hace un diagnóstico profundo sobre las causas de este fenómeno y analiza la emigración, la natalidad, el envejecimiento de la población, el acceso a los servicios públicos, la dispersión territorial, etcétera. Concluye con una serie de medidas concretas respecto a cada uno de estos apartados y aportando distintas soluciones. Junto a todo ello añade las políticas de apoyo demográfico de la Unión Europea. Le animamos a seguir en esta línea, que sea dinámico, que aporte a la institución una cercanía con los ciudadanos; sobre todo, que le dé este sesgo social a su labor, tanto en los informes especiales como en el informe general.
La labor del Justicia de Aragón, entre las distintas tareas que desarrolla, debe dirigirse a vigilar el nivel de calidad de la Administración pública, teniendo en cuenta el punto de vista del ciudadano, y mejorar las relaciones entre los ciudadanos y la Administración, tratando de corregir aquellos casos que existen de mala administración.
Su función clave es ayudar a que los ciudadanos reciban un trato justo y obtengan con prontitud todo aquello que tienen derecho a esperar de la Administración. Y, en este sentido, queremos transmitirle una iniciativa en positivo por parte de nuestro grupo parlamentario que está muy relacionada con su labor y con el informe que hoy nos presenta. Queremos trasladarle una iniciativa dirigida a la efectiva protección y defensa de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos reconocidos en el Estatuto de Autonomía. Se trata de la elaboración de un código de buena conducta administrativa con objeto de hacer llegar a los aragoneses la idea de una Administración orientada hacia un buen servicio, hacia un servicio de calidad para los ciudadanos. Documentos de este tipo han sido impulsados por el Defensor del Pueblo europeo, y creemos que es una línea de trabajo muy interesante.
La opción de un código de buena conducta administrativa serviría, por un lado, para que los ciudadanos aragoneses dispusiesen de información clara sobre la clase de servicio que tienen derecho a esperar por parte de la Administración y, por otro, para facilitar a los funcionarios el servicio que se les requiere. Creemos que también ayudaría a transmitir la idea de que Aragón dispone de una Administración moderna, orientada hacia el ciudadano y con voluntad de facilitar las cosas. Sobre todo, teniendo en cuenta las importantes competencias que vamos a recibir, las que ya tenemos hoy en día, pero, sobre todo, materias tan sensibles para los ciudadanos como son la sanidad o la recientemente transferida de educación. Son materias muy sensibles, en las que se debe garantizar la plena calidad de los servicios, sobre todo teniendo en cuenta el trabajo de la Administración.
Creemos que sería muy útil a la hora de especificar los servicios que los ciudadanos tienen derecho a exigir a la Administración pública de la comunidad autónoma, y de esta forma también ayudaría a clasificar las quejas en relación a los problemas que pueden suscitarse, en relación a la ausencia o denegación de información, la falta de transparencia, la demora injustificada, discriminación, agravio comparativo, abuso de poder, etcétera, los distintos procedimientos y, sobre todo, el derecho de defensa de los ciudadanos. De esta forma se corregirían algunos de los defectos que podemos hoy contemplar en su informe. Además, teniendo en cuenta los datos que refleja de que son los apartados de función pública y de Interior los que acumulan mayor número de quejas. Creemos que estos datos avalan la necesidad de una iniciativa de este tipo.
También queremos destacar del informe los casos en que la labor del Justicia ha sido de mediación. La actividad del Justicia de Aragón evita litigios innecesarios ante la Administración de Justicia y disminuye la ingente cantidad de trabajo que, en estos momentos, se acumula en la jurisdicción contencioso-administrativa. Esta labor de mediación que desarrolla el Justicia encauza muchas situaciones de forma previa, que pueden resolverse sin tener que acudir a la saturada vía judicial. Es un buen trabajo que se está realizando y que merece que se reconozca en este momento y que se refuerce.
No voy a entrar en un análisis de la variada casuística que recoge el informe, que aborda multitud de casos, de expedientes, referidos a materias también muy diversas. Solamente voy a extraer algunas conclusiones que considero representativas del informe.
La primera es una recomendación que hace a la Diputación General de Aragón para modificar el régimen legal de acceso a la función pública de las personas que padecen minusvalías de carácter físico, psíquico o sensorial. Reconoce el Justicia que hay una situación demostrada de discriminación de las personas afectadas por estas minusvalías y hace una valoración pormenorizada de las situaciones que se presentan de forma cotidiana a la hora de acceder a unas pruebas para acceder a un puesto de trabajo en la Administración.
El efecto práctico para las personas que padecen estas discapacidades es que se han encontrado con barreras adicionales, en especial para determinados disminuidos sensoriales, con relación a estas pruebas. Si no se adaptan los contenidos, la intención del legislador de favorecer esta igualdad de oportunidades se convierte en un papel mojado y estas personas, realmente, se encuentran con dificultades añadidas.
Nos parece muy importante este tipo de recomendaciones. ¿Por qué? Porque creemos que el Justicia no tiene que hacer simplemente una labor fiscalizadora, de trámite, sobre el funcionamiento de la Administración, sino que debe tener una función de impulso, de favorecer, de propiciar el que los ciudadanos que se encuentran en una situación de indefensión, sin igualdad de oportunidades, sin tener un reconocimiento efectivo de algunos de sus derechos fundamentales, puedan encontrar acciones positivas de la Administración que favorezcan este ejercicio de estos derechos fundamentales.
Y en la sociedad aragonesa de hoy en día nos encontramos con que en muchos derechos básicos relacionados con cuestiones competencia de la Administración autónoma, como pueden ser la educación, la vivienda, el trabajo, los servicios sociales, todavía no existen cauces reales para el ejercicio de estos derechos. Por tanto, nos parece que el Justicia, más allá de esa función de trámite, de control de la Administración, debe impulsar el ejercicio de estos derechos con acciones positivas, con recomendaciones, tanto a través de una queja como de oficio, que favorezcan el ejercicio de estos derechos.
La Ley 4/1985, reguladora del Justicia de Aragón, establece expresamente que la nacionalidad no será impedimento para solicitar que el Justicia actúe en relación con una queja frente a la Administración. Esto favorece que todo aquel colectivo de personas que habitan nuestra comunidad autónoma que son los inmigrantes puedan acceder al Justicia para ejercer sus derechos, tanto individuales como colectivos. Nos parece que este reconocimiento del derecho de cualquier persona a defender sus derechos sin distinción de nacionalidad es muy importante en un momento difícil para este colectivo que llega a nuestro país y que cada vez ve unas mayores restricciones de sus derechos. En Aragón conviven con nosotros ya treinta y cinco mil inmigrantes, y es un momento en el que se deben reforzar los cauces para que puedan ejercer sus derechos.
Usted puede jugar un papel muy importante en este sentido a la hora de acercar a estos ciudadanos la institución que usted representa y por la confianza, sobre todo, que puede transmitir, a diferencia de otros organismos, de otras instituciones, que ejercen una acción coercitiva y que pueden disuadir de este acercamiento de los inmigrantes a la institución.
Nos parece que debería hacerse un esfuerzo para lograr un acercamiento a este colectivo y que a la hora de la verdad pudiesen realizar sus quejas en cuestiones que, como digo, están muy relacionadas con su día a día, como pueden ser el ámbito educativo, los servicios sociales, la vivienda, y que usted, en ese sentido, todavía puede hacer un mayor esfuerzo de difusión, no sólo en aquellos trámites para obtener visados, permisos de residencia, de trabajo, sino en todas aquellas competencias que tenemos en la comunidad autónoma.
También quiero citar un dato que se refleja dentro del informe, en concreto dentro del informe sobre observancia, aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico aragonés, que está directamente relacionado con la actividad legislativa de esta cámara, y es que, durante el año 2000, el Gobierno central no interpuso ningún recurso de inconstitucionalidad respecto a ninguna ley aragonesa. Y este dato, a nuestro juicio, pone de relieve el escrupuloso celo, el rigor que tiene esta cámara respecto a los títulos competenciales asumidos. No ha habido lugar para la más mínima controversia en el año 2000 que provocase la utilización de un mecanismo, por otro lado, totalmente legítimo, como es el recurso de inconstitucionalidad.
Por lo tanto, hay que destacar, en este momento, el rigor de la cámara, porque también a lo largo del período de sesiones, en algún momento, se ha puesto en duda, y por parte de algún grupo parlamentario se da una imagen bastante alejada de lo que los hechos indican, y es que hemos sido muy celosos, muy rigurosos, con los títulos competenciales.
Durante el año 2000 se han realizado doscientas veintiocho recomendaciones por parte del Justicia (recomendaciones, sugerencias y recordatorios varios legales) a distintas administraciones, de las cuales un 32% están pendientes de contestación o no han obtenido respuesta o han sido rechazadas. Un 32%, a nuestro juicio, es una cifra excesivamente elevada. Son demasiados los casos en los que se desatienden las recomendaciones de Justicia al no ser vinculantes.
El único mecanismo de persuasión que a nuestro juicio queda es la publicidad, publicidad periódica en el Boletín Oficial de Aragón de todas aquellas administraciones que, por un motivo o por otro, desatienden todas sus observaciones.
Y, en ese sentido, sí que tenemos que hacerle un recordatorio, un pequeño tirón de orejas, y es que existe un mandato de Cortes ya del año noventa y nueve de proceder a esa publicación; ya se aprobó en la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes, a iniciativa de Chunta Aragonesista, la proposición no de ley 23/99, sobre la falta de respuesta de las administraciones públicas a las recomendaciones del Justicia de Aragón. Desde ahí las Cortes le instamos a que se dé publicidad en el BOA a las recomendaciones o solicitudes de información formuladas y que no han tenido respuesta. Creemos que es un mandato que se debería cumplir, que estamos a tiempo y que sería muy positivo que se tuviese en cuenta.
Para ir concluyendo, le felicitamos por el trabajo realizado y le animamos a reforzar los aspectos sociales de su labor, sobre todo los referidos a esos informes especiales, pero que también este sesgo social lo traslade al informe general y a que impulse una Administración eficaz y dirigida a facilitar la vida a los ciudadanos. Y, en ese sentido, queremos reiterarle todo nuestro apoyo.
En nombre del Partido Aragonés, la señora Costa.
La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, presidente.
Justicia, en el año 2000 se ha superado. No me extraña que, como nos dice en su informe, siga manteniendo el mismo equipo que usted nombró en 1998 cuando tomó posesión como Justicia de Aragón. No lo cambie: no encontraría otro igual. Pero no se exceda, no vaya a agotarlo. Yo le aconsejo unas vacaciones extra. Mis felicitaciones a todos ellos y, naturalmente, a usted por el trabajo continuo que están realizando por un Aragón con una mejor calidad de vida.
Una mañana, cuando entré en el despacho de mi grupo parlamentario, el PAR, vi una caja de cartón con once gruesos tomos, y pregunté: «Y esto, ¿qué es?». Era su informe del año 2000. Fue necesaria una carretilla para sacarlo y meterlo en el coche. Debo confesarle que durante algunos días lo miré con un cierto respeto. Y hubo momentos en que mis sentimientos no eran nada positivos hacia usted. Y me preguntaba: ¿no es un poco incordiante este Justicia?; ¿no se excede algo? Hoy puedo asegurarle que no pienso así, y le doy las gracias en nombre de todos los aragoneses por ser tan cercano, tan accesible, por estar tan pendiente de toda nuestra problemática, lo mismo individualmente que cuando nos presenta sus informes especiales, más generalistas. Informes muy bien elaborados. Exactamente, en el año 2000, la situación de los menores en Aragón, despoblación, la violencia doméstica, sobre el estado de observancia, aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico. Informes que, no le quepa duda, me servirán de consulta.
Respecto a la ley del Pirineo, agradezco, Justicia, sus sugerencias, pero debo aclarar que ya fue una promesa del presidente señor Iglesias en su toma de posesión, y en ello se está trabajando.
Exponer aquí el análisis de su informe requeriría un Pleno extraordinario para la intervención de cada portavoz, pero tenemos un tiempo limitado que sólo me permite sobrevolar por el mismo escasamente aterrizando. Mil cincuenta quejas frente a mil noventa y dos el año pasado. Aumentan en Zaragoza, estables en Huesca y disminuyen en Teruel. Mismo número de expedientes. Han aumentado en un 18% sus sugerencias o recomendaciones. Y destacaría que su simple intervención, como usted bien ha dicho, ha conseguido algunas veces, varias, que la Administración agilizara la tramitación o rectificara. Más de tres mil consultas. En su haber hay que situar la organización de un curso de Derecho aragonés al que asistieron doscientos veinte alumnos, los X Encuentros del Derecho aragonés y el I Encuentro de estudios sobre el Justicia de Aragón. Cuarenta y ocho conferencias en distintos colegios, ONG, instituciones -cuarenta y ocho, Justicia-. Teniendo que ir a un colegio en Huesca a dar una charla que me habían solicitado sobre democracia y sociedad, una niña cercana a mí me dijo: «Mira que la semana pasada vino el Justicia, ¿eh?, ya te puedes espabilar». «Además, se levantaba y andaba entre nosotros», me dijo. Usted emplea nuevas técnicas. Ya me hubiera gustado saberle imitar para superarle, pero no.
Ha recibido en su sede dieciocho grupos de diversos colectivos y asistido a setenta y ocho actos, jornadas, mesas redondas, manifestaciones, inauguraciones... Allí donde voy, allí donde va cualquiera, puedes tener la seguridad de encontrar al Justicia. Y allí le encontré en Zaragoza y Madrid, en la manifestación en contra del trasvase del Ebro. Le doy las gracias especialmente, Justicia.
Y todo esto contando con una financiación ajustada. Solamente en el capítulo I la incrementó en un 3-4%, manteniendo un incremento cero en el resto de los capítulos.
Al analizar sus quejas, llego a la conclusión de que nuestro Gobierno funciona bien, fíjese. La mayoría de las quejas se dirigen a función pública, destacando las cuestiones personales de acceso a dicha función. Le sigue Interior, con especial incidencia de las multas de tráfico. A distancia, educación. Pero, analizando las de educación, llego a la conclusión de que mayormente son pequeñas cosas solucionables con un poco de flexibilidad. En cultura, usted mismo, señor García Vicente, dice: demasiado patrimonio y escasez de medios personales y económicos con los que cuenta el Gobierno de Aragón. Nos lleva a situaciones de deterioro que motivan la mayor parte de las quejas. Como ya se ha planteado y debatido en estas Cortes esta mañana, necesitamos un nuevo modelo de financiación, que solucionaría estas quejas y muchas otras de otros departamentos.
Han aumentado solamente en cuatro las quejas respecto al año pasado en la consejería de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Sólo cuatro. Consejero, felicidades. Son mínimas las quejas en departamentos tan importantes como Turismo, Comercio, Industria, Economía, Montes... Estos hechos me llevan a la conclusión de que, independientemente de los debates que mantenemos en estas Cortes, el ciudadano tiene una buena apreciación del actual Gobierno PAR-PSOE.
Me ha llamado la atención, Justicia, el análisis y la amplia y profusa explicación que realiza sobre quejas relativas a la concentración parcelaria. Y recojo las palabras del catedrático de la Politécnica de Valencia don Vicente Caballer en la publicación Valoración agraria. Teoría y práctica, que usted recoge en su informe. Dice así: «Durante mucho tiempo se ha venido utilizando en España un procedimiento de valoración sin ningún rigor ni fundamento más que la propia experiencia del valorador, método que no responde a una sistemática ni puede ser objeto de contrastación y discusión». Continúa con apreciaciones en la misma línea, y debo decirle que me quedé un poco atónita al leerlo. Este tema lo considero importante pensando en las nuevas zonas de regadío en Aragón, que yo espero y deseo se implanten. ¿Convendría que hiciera un informe especial? Sí se lo solicitaría, Justicia.
El tiempo me obliga a decidirme por un tema. Y he elegido territorio y agua, dos de nuestros más importantes haberes. Y en ese camino me he fijado en otra queja que, como usted bien dice, tiene especial interés por no afectar a un punto geográfico en concreto, sino a amplias áreas del territorio aragonés, y trata de la declaración de zonas de especial protección para las aves, las ZEPA. Nos hace una amplia y, de verdad, interesante enumeración de espacios y aves silvestres: buitre leonado, águila perdicera, águila real, grulla, avutarda, garcilla bueyera, aguilucho cenizo... No continúo: hay muchas más. Fue un placer leer su informe, tan bien documentado, que dio lugar a una resolución a Medio Ambiente, que ha respondido aceptando las recomendaciones formuladas bien por la consejería de Medio Ambiente.
Expediente 118/2000: problemas afectantes a la provincia de Teruel. Leer las deficiencias que exponen te coloca con fuerza y rabia a su lado. La solución depende principalmente del Gobierno central o de aumentar nuestra capacidad financiera; en definitiva, de Madrid. Empezaba así la queja: «En un momento que consideramos decisivo para la vida de esta provincia aragonesa, como colectivo de ciudadanos y ciudadanas que por derecho y voluntad somos aragoneses y, por ello, españoles, apelamos a esa institución, a la que nuestro Estatuto de Autonomía, basado a su vez en la Constitución española, le confiere la protección y defensa de los derechos individuales y colectivos reconocidos en ambas normas». Con este comienzo, escrito por gentes de Teruel, del Bajo Cinca, termina esta intervención esta diputada de Huesca, del Alto Aragón. Y en nombre del Partido Aragonés le expreso nuestra voluntad de colaboración para las misiones que tiene encomendadas en beneficio de Aragón y de todos los aragoneses. Una colaboración que corresponde a la importancia de los asuntos y de las iniciativas que afronta el Justicia y que están reflejados en su informe.
Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Su diputada señora Ortiz tiene la palabra.
La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quisiera, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y en el mío propio, dar la bienvenida al Justicia y, por supuesto, a todos sus colaboradores y agradecer la exposición que nos ha hecho respecto del informe anual del año 2000. Reconocer el trabajo desempeñado por el equipo que encabeza don Fernando García Vicente, que, sin duda, va más allá de su propia persona y que conforman los colaboradores y todo el personal que trabaja en la institución, y a los que yo, desde ahora, quiero agradecer una vez más, en nombre de mi grupo, su empeño y también su trabajo.
No cabe ninguna duda de que el Justicia es hoy, en el panorama institucional de Aragón, una institución plenamente consolidada que goza de una amplia credibilidad, de una legitimidad social, y es una institución a la que los ciudadanos acuden en la confianza de que van a ser atendidos y escuchados.
Hablamos de consolidación porque ha conseguido un nivel de cualificación desde el punto de vista técnico en la elaboración de los informes que nosotros creemos que hay que reconocer y valorar positivamente.
Debemos felicitarnos todos porque esa confianza se transmita al sistema democrático, y es el sistema democrático el que se fortalece con la confianza en el Justicia. Ahora bien, el papel del Justicia viene marcado por la ley y por el Estatuto de Autonomía, y ni siquiera el ánimo voluntarista de mejorar la gestión justificaría la tentación de extralimitarse en sus competencias. La Diputación General de Aragón tiene las vías marcadas en el artículo 24.1 del Estatuto de Autonomía, como son la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Ese límite competencial no puede ni debe ser sobrepasado en ningún caso, porque entonces estaríamos subvirtiendo el equilibrio institucional.
Sabemos que es función del Justicia exponer todas aquellas cosas en las que se aprecian deficiencias o recibe quejas de los ciudadanos, y, obviamente, no recoge aquellas cuestiones que funcionan bien en la Administración del Gobierno de Aragón o en otras Administraciones Públicas, y que son muchísimas y que, obviamente, no son objeto de queja por parte de los ciudadanos porque satisfacen las necesidades y las demandas que éstos tienen.
Quiero decir que, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, grupo que apoya a este Gobierno, he estudiado y analizado en profundidad el informe porque considero una obligación hacerlo para conocer, analizar y valorar aquellas cuestiones que más preocupan a los aragoneses.
Voy a analizar algunos datos y cuestiones fundamentales de este informe. Éste nos indica, como ya se ha dicho, que ha habido un aumento de quejas y, por supuesto, de recomendaciones y sugerencias respecto del año anterior. Y quiero señalar, como dato relevante respecto a las quejas tramitadas según los distintos organismos, que el aumento de quejas que afectan a la Administración autonómica ha sido de un 2,6%, mientras que en las quejas presentadas a la Administración central ha habido un aumento del 14% o el 15% con respecto al año anterior. Interpreten ustedes y saquen las conclusiones que estimen oportunas.
Otro dato destacable es que un 60% de las quejas se han hecho a través de visitas personales a la institución del Justicia, lo que valoramos positivamente, observando el grado de cercanía que existe entre la institución y el ciudadano.
En cuanto a las recomendaciones y sugerencias, cabe destacar el altísimo grado de aceptación que ha habido, sobre todo, por parte del Gobierno de Aragón, con gran diferencia, además, de las otras Administraciones implicadas, lo que nos indica claramente el grado de colaboración y el grado de compromiso de este Gobierno para resolver los temas que plantean los ciudadanos aragoneses.
En este apartado sí querría detenerme en las recomendaciones hechas a los ayuntamientos. Plantea usted que en ocasiones no recibe respuesta, pero, dejando a un lado los grandes ayuntamientos, debemos entender, por la singularidad de nuestro territorio, con la existencia de pueblos muy pequeños, las dificultades que éstos tienen incluso para llevar a cabo la gestión y el trabajo del día a día con recursos administrativos en ocasiones muy limitados. Señorías, muchos de ustedes son alcaldes, y seguro que me comprenderán perfectamente. Pequeños ayuntamientos que nosotros creemos que pueden y deben ser susceptibles de recibir la cercanía del Justicia, y esperamos que, junto con el impulso comarcalizador que están llevando a cabo tanto este Gobierno como estas Cortes, se pueda subsanar esta demanda que usted plantea.
Una de las importantes tareas que lleva a cabo la institución, a nuestro entender, es la de orientar e informar a los ciudadanos no solamente de sus derechos, sino de cómo poder ejercerlos, informando de los mecanismos que las Administraciones ponen al servicio de los ciudadanos y que, a veces, por desconocidos, no son utilizados; debiendo siempre evitar que determinadas personas, entes u organizaciones utilicen -y lo digo en el sentido más peyorativo del término- a esta institución como caja de resonancia para sus demandas en vez de buscar realmente una solución a sus peticiones.
Se recoge en el informe la tarea de difusión del Derecho aragonés y de la institución del Justicia, labor que desde nuestro grupo consideramos de gran relevancia, puesto que profundiza en la cultura del pueblo aragonés, en nuestras señas de identidad y en nuestra autonomía. Por lo tanto, le animamos a que siga realizando esta encomiable tarea.
Desde la brevedad quiero concretar sobre algunas materias, aunque ello no significa, por supuesto, que las demás caigan en saco roto. Vemos, por ejemplo, cómo en vivienda se han estabilizado los expedientes incoados y se han reducido las recomendaciones realizadas. Y quiero destacar la buena aceptación que ha habido por parte del Departamento de Obras Públicas de las recomendaciones del Justicia, como, por ejemplo, la aceptación de actuaciones encaminadas a favorecer medidas correctoras para el acceso a la financiación para viviendas de familias numerosas, así como la consideración, también por parte de este departamento, de posibles ayudas para edificios afectados por deficiencias como medio, de una parte, para fijar población y también para generar empleo. Por lo tanto, se constata la prioridad del departamento y de este Gobierno de coalición para favorecer políticas que van encaminadas a que todos los aragoneses tengan una vivienda digna.
En cuanto a educación, es cierto que es uno de los ámbitos donde se recogen bastantes demandas, pero hay que tener en cuenta que un 30% de los expedientes son relativos a la función pública en el ámbito docente. Parece que se está convirtiendo en una costumbre o tradición -no sé cómo llamarlo- el que los funcionarios o trabajadores de la Administración pública presenten sus quejas con mucha frecuencia ante el Justicia.
De todas formas, si contrastamos con los informes del Defensor del Pueblo del Estado o con el de Valencia o el de Galicia, resulta que también en ellos la materia relativa a la educación ocupa un mayor volumen de número de quejas de los ciudadanos. Estamos, pues, ante lo que son, evidentemente, problemas que aquejan de manera más significativa a sectores más numerosos de la población, y, por lo tanto, es lógico que el disfrute del derecho a la educación preocupe más, porque, simplemente, afecta a un mayor número de ciudadanos y, además, hay una mayor sensibilización.
En cuanto a la asistencia sanitaria, cuyas competencias no están transferidas a nuestra comunidad autónoma, vemos cómo se repiten deficiencias de años anteriores, y entendemos que las posibilidades de actuación del Justicia son limitadas, al ser el Insalud el que presta el servicio sanitario directo, dado que las quejas van referidas a la prestación de dicho servicio. Y, como dato, simplemente reconocer que desde el año noventa y nueve a este año ha habido un incremento de quejas respecto al Ministerio de Sanidad de un 90%.
Y, por supuesto, este grupo comparte con usted la necesidad de que, hasta que se produzcan las transferencias, las Administraciones implicadas actúen de forma coordinada. En esta materia nos seguimos encontrando con el eterno problema sin resolver de las listas de espera, deficiencias en las infraestructuras sanitarias, deficiencias en los medios materiales, deficiencias en los medios humanos, sin ya tratar el tema de la financiación del transporte sanitario, que usted también ha mencionado. Y desde nuestro grupo esperamos, y en ello está trabajando el Departamento de Sanidad, que, cuando se lleven a efecto las transferencias sanitarias, se haga de una forma digna para todos los aragoneses.
Sobre la referencia que hace a la atención de salud mental, decir que es una de las prioridades del Departamento de Sanidad, y muestra de ello es la inauguración reciente en el psiquiátrico de El Pilar de Zaragoza de una unidad de media estancia, que era uno de los recursos más deficitarios.
Quisiera hacer especial hincapié en los temas de bienestar social, ya que para nuestro grupo son de vital importancia. Y lo son porque en este ámbito es donde se encuentran las personas más desfavorecidas y más necesitadas de la sociedad. Por supuesto, compartimos el interés que el Justicia dedica a nuestros mayores y compartimos también plenamente el planteamiento de que sólo en última instancia, y ante la ausencia de otras posibilidades, ingresen en un centro residencial, procurando la estancia de nuestros mayores el mayor tiempo posible en sus hogares o en su entorno habitual.
Los discapacitados es otro de los apartados donde se manifiestan la sensibilidad y el apoyo que la institución dedica a estas personas. Y desde nuestro grupo creemos en la necesidad del acercamiento a estos colectivos, puesto que tienen un mayor grado de dificultad a la hora de acudir a dicha institución o a cualquier Administración.
En cuanto a menores, aunque se ha presentado informe especial a estas Cortes, quiero señalar que, antes de aprobar la Ley de la infancia y la adolescencia en Aragón, que fue hace muy poco, se solicitó desde el departamento al Justicia opinión sobre el texto y se incorporaron sus sugerencias. Por lo tanto, hay que destacar y valorar muy positivamente, una vez más, tanto la gestión de este departamento como la buena disposición y la buena relación que viene manteniendo con la institución, siempre, por supuesto, en el empeño de mejorar la calidad de estos servicios.
La inmigración, tema de plena vigencia que afecta directamente a Aragón, aunque no sea de competencia estrictamente autonómica, es un hecho que para nada debemos pasar por alto. Y, por tanto, reconocemos el avance que ha habido en este informe con respecto al del año anterior al tratar este tema de forma genérica y no como en el informe del noventa y nueve, en el que solamente se hacía referencia a determinados expedientes concretos. Puede contar con el apoyo del Grupo Socialista en la obligación que todos tenemos de apoyar a esta población que quiere y debe integrarse plenamente en la sociedad aragonesa, y, además, esta integración debe hacerse de una forma digna y siempre desde el respeto a sus derechos fundamentales.
Hacer especial mención al apartado de la justicia. Creo que en esta materia habría que hacer algunas consideraciones y reflexiones generales, ya que afectan de lleno al sistema judicial aragonés. Y ya no sólo por la situación en la que se encuentran sus profesionales, como señalaba el presidente del Tribunal Superior de Justicia hace unas fechas en los medios de comunicación, con carencias de recursos materiales, con carencias de recursos humanos y de infraestructuras, pendientes de solucionar por parte del Gobierno central, sino porque en un Estado de Derecho los ciudadanos -y, en este caso, los aragoneses- deben tener un sistema de justicia eficaz y no tener que esperar incluso años para la resolución de determinados procesos. Y para nuestro grupo, por supuesto, la justicia es un principio básico de todo Estado de Derecho.
Entre las competencias que tiene atribuidas el Justicia de Aragón hay dos que son peculiares de nuestra institución aragonesa y que no son atribuidas ni al Defensor del Pueblo a nivel nacional ni a otros comisionados parlamentarios territoriales: me estoy refiriendo a la defensa del Estatuto de Autonomía y a la tutela y conservación del ordenamiento jurídico aragonés. Este grupo parlamentario recibe, por tanto, con especial sensibilidad la parte del informe que dedica a ambos temas.
En la defensa del Estatuto de Autonomía seguimos sufriendo aquella lamentable pérdida del antiguo artículo 29. Y, puesto que ningún grupo parlamentario se opuso en el último debate a la inclusión de un nuevo artículo 28 bis que recogiera el anterior, posiblemente habrá que pensar que, pasado un tiempo prudencial, deberíamos intentar de nuevo la mencionada reforma.
Las recomendaciones en materia de tutela del ordenamiento jurídico aragonés van siendo recogidas por el Gobierno de coalición PSOE-PAR, como el caso de las particularidades fiscales de la sucesión mortis causa, recogidas en la Ley 13/2000, de medidas tributarias y administrativas. Animarle en este apartado a que continúe en esa línea de defensa del Estatuto y del ejercicio de la tutela sobre nuestro ordenamiento.
Por cierto, sin ánimo de polemizar -al César lo que es del César-, la ley del Pirineo, como ha manifestado la portavoz del PAR, no ha sido una sugerencia suya, sino un compromiso del presidente de la comunidad autónoma en su discurso de investidura.
Y, como lo cortés no quita lo valiente, desde el Grupo Socialista queremos agradecer el constante apoyo al pueblo aragonés en sus manifestaciones contra el Plan hidrológico nacional.
Para finalizar, señorías, en el informe del Justicia hay elementos y recomendaciones muy a tener en cuenta. La panorámica general que presenta el Justicia creemos que es positiva en relación con la calidad de los servicios que reciben los aragoneses, de las libertades que gozan, y, como en toda sociedad avanzada, es a la calidad de esos servicios y no a su ausencia a lo que hace referencia este informe.
Eso significa que estamos en una sociedad avanzada, una sociedad que tiene carencias, una sociedad que progresa con sus dificultades y una sociedad en la que hay que intentar que nadie se quede atrás, que todos los ciudadanos a la vez dispongan de los servicios y de los derechos que tiene la sociedad aragonesa.
Señorías, únicamente quiero manifestar de nuevo desde esta tribuna el respaldo que desde el Grupo Socialista tiene el Justicia para seguir llevando a cabo su labor.
Nada más, y muchas gracias, señor presidente.
Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Plantagenet tiene la palabra.
La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Bienvenido de nuevo a esta cámara en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
La primera valoración que se sustrae, después de realizar el análisis de su informe anual correspondiente al año 2000 y el conjunto de informes especiales sobre despoblación, menores, ruidos, violencia doméstica, es el volumen de trabajo que lleva a cabo la institución del Justicia.
Cierto es que no sólo es en cantidad, aunque el volumen de folios ya empieza a ser considerable, sino también en la sensibilidad de los temas a los que alude, que se circunscribe perfectamente a la problemática actual de los aragoneses de nuestros días, y que a los representantes políticos nos sitúa más próximos si cabe a las necesidades de nuestros ciudadanos y, sin lugar a dudas, nos conduce inexorablemente a la reflexión.
Estos informes no sólo nos dan una idea clara de la capacidad y el buen hacer del Justicia y de su equipo, sino que nos reafirman en el hecho de que el tercer Justicia de Aragón -y yo creo que es bueno recordarlo- es un Justicia de consenso, ha conseguido la consolidación de la institución del Justiciazgo en la sociedad aragonesa y ha sabido situarla como referente de los ciudadanos, así como de los poderes públicos de nuestra comunidad autónoma.
Del análisis político que realiza nuestro grupo, en primer lugar, nos merece especial atención la prolija labor que ha realizado en aras de la observancia de la aplicación y la interpretación del ordenamiento jurídico aragonés. Sin lugar a dudas, si hay algo que nos diferencia y nos singulariza es este patrimonio que poseemos, que es el Derecho aragonés, y la institución que usted dirige ha trabajado en recuperar, publicar, participar, e incluso ha becado estudios para favorecer la difusión y la recopilación de este gran legado.
Compartimos con usted que, sin lugar a dudas, uno de los temas más graves con los que nos enfrentamos en Aragón es la baja demografía, unida al desequilibrio territorial y al envejecimiento de nuestra población. Y así lo han entendido nuestras Cortes de Aragón, que solicitaron del Gobierno un Plan integral sobre política demográfica.
No está de más -yo diría que es bueno- que su institución haya redundado en este problema y a través de ese informe especial nos aporte unas conclusiones que a nuestro criterio cabría resaltar. En primer lugar, esa persistente tendencia a la pérdida de población, o, dicho de otro modo, que cada vez vamos a ser menos personas en nuestra comunidad autónoma, y esto es un pronóstico, a nuestro criterio, negativo y que, evidentemente, a corto y medio plazo tendrá unas consecuencias de muchos órdenes (políticas, representativas, financieras, de recursos), y de ello nos alerta.
En segundo lugar, que la principal causa de pérdida de población es el crecimiento vegetativo negativo, la disminución de nacimientos. Yo creo que cabe una reflexión en voz alta: es si las mujeres aragonesas, las parejas y las familias aragonesas, no son distintas a las mujeres de otros lugares (Suecia, Francia, Luxemburgo), que, cuando se han aplicado medidas concretas de apoyo, han podido modificar esta tendencia negativa al crecimiento, y medidas fiscales, económicas, sociales, tanto a la familia como a las mujeres aragonesas, creemos que podrían modificar esta tendencia negativa.
Nos ha aportado, a su vez, un informe sobre la violencia doméstica, esa lacra social que padecen las mujeres y los niños, a la que ya aludió someramente en el informe pasado, y nos recalca que la mitad de las muertes de mujeres que se producen en España y en Aragón se producen justo en la fase de separación y que habría -es una recomendación suya- que dotar a estas mujeres, en este periodo de vida en el que están buscando la independencia, de vivienda, trabajo y de medios económicos para que no tuvieran ninguna relación con su antiguo marido.
Creemos que ha realizado un diagnóstico muy acertado del problema. Nuestro grupo parlamentario, muy sensibilizado con este tema, ha presentado ya varias iniciativas parlamentarias encaminadas tanto a proporcionar un medio económico en el período de separación a las mujeres víctimas de violencia como para los dos, que es muy importante prevenir educando. Nos parece que tratar de inculcar a los jóvenes aragoneses la cultura de la paz y de la no violencia y condenar el sometimiento del género masculino sobre el femenino es la única vía para eliminar esta enfermedad social.
Ha contado con el mismo equipo de personas que años anteriores, y, sin embargo, se ha incrementado la tramitación de las quejas en un 5%, así como en un 18% las sugerencias y recomendaciones.
Los ciudadanos siguen eligiendo la visita personal a la institución para tramitar sus peticiones. Ha realizado tres mil consultas, ha impartido setenta conferencias y ha participado en catorce libros.
Consideramos muy eficaz que la mera intervención del Justicia solicitando información haya hecho que la Administración, en unos casos, agilizara su tramitación y, en otros, rectificara, así como que la información suministrada por el Justicia fuera suficiente en un número de consultas que ha realizado el ciudadano, y esto es eficacia, evidentemente, porque, si el 60% de los casos se resuelven con su mera intervención sin necesidad de dictar sugerencia, la institución es creíble. Y es creíble en la medida no sólo de que sea eficaz, sino también de lo ágil que sea para encontrar las soluciones.
La Administración local y la DGA siguen siendo los organismos a los que se han efectuado más recomendaciones y sugerencias. Todos los asuntos tratados en su informe son importantes para nuestro grupo parlamentario. Y, ante la imposibilidad de entrar en detalles en cada uno de ellos, vamos a hacer alguna referencia, dar algunas pinceladas.
La tierra es, sin duda, el bien más preciado para los agricultores, para los regantes y para todas aquellas personas que trabajan en ella, y es necesario incentivar la agricultura. Es una contradicción en temas de concentración parcelaria el procedimiento seguido por la Administración para valorar la calidad de las tierras, y que siga a estas alturas, ponga todavía de manifiesto la insuficiencia de la metodología, especialmente en lo que se refiere a la aplicación de los principios que marca la ley.
Otro dato es la indefensión del agricultor, que no puede rebatir ni contradecir las pruebas aportadas por la Administración porque la inspección de sus campos se realice vía satélite, y desconoce esa práctica y pierde las subvenciones que normalmente solicita.
En referencia al medio ambiente, un año más constata que la mayoría de las quejas responden a la vulneración del reglamento de actividades molestas por ruidos, vibraciones, humos, olores y polvo. Los ciudadanos se siguen quejando de que la Administración no controla adecuadamente estas actividades para garantizar algo tan importante como es el derecho a la tranquilidad, al descanso, a un medio ambiente adecuado.
Nos ha merecido especial atención el incremento de quejas dentro del apartado de servicios públicos y transporte, que ha radicado en el problema suscitado, por ejemplo, con motivo de la instalación de las antenas de telefonía móvil, y de cuyas recomendaciones nos hicimos eco en el informe especial que usted presentó ante estas Cortes.
Hay que destacar especialmente el incremento en un 37% de las quejas con respecto al año pasado dentro del Departamento de Educación. Es un departamento que acaba de recibir las transferencias. Una parte importante son debidas al procedimiento de admisión de los alumnos, que sí siguen en los centros sostenidos con fondos públicos, concertados o de titularidad pública, que manifiestan una importante descoordinación y una falta de criterios dentro del departamento que han hecho aplicar la normativa de una forma distinta de unos centros a otros. En unos casos, con una rigidez excesiva, que ha dificultado la adaptación de las nuevas disposiciones y no ha tomado en consideración los perjuicios que a los niños y a sus familias ocasionaba.
También cabe resaltar la falta de plazas escolares en determinadas zonas de Zaragoza, como es el Actur, y se ha podido constatar que no es adecuada la oferta educativa a la demanda social.
También tenemos que decirle que, en el traspaso de funciones y servicios en materia de enseñanza no universitaria, otras comunidades autónomas han adoptado medidas que favorecen el retorno de sus ciudadanos, y la adopción de medidas especiales parece no ser la postura de este departamento.
Recogimos el guante en su última comisión referente al tema de sanidad, y le anunciamos ya que nuestro grupo parlamentario presentó, a través de un diputado nuestro nacional, un informe, que el Ministerio de Sanidad está valorando, sobre una situación que realmente es difícil, que es la financiación por parte de la Seguridad Social de la anestesia general en los empastes a menores con retraso mental severo. Nosotros nos creímos en la obligación que desde aquí informara a Madrid de algo que realmente ellos no estaban haciendo bien.
A propósito, igual que nosotros tenemos en momentos opiniones distintas a las que tiene Madrid y tramitamos nuestras opiniones, también creemos que, en un tema estrictamente político como es el Plan Hidrológico Nacional, aunque sea con la mejor intención de defender los intereses aragoneses, una institución neutral e imparcial como es el Justiciazgo no debería haber hecho ningún pronunciamiento político en una determinada dirección ni, por supuesto, una valoración sobre el comportamiento de los miembros del Grupo Parlamentario Popular de Aragón.
Por último, tengo que decirle que nos preocupa especialmente la situación en la que se encuentran nuestros mayores en nuestra comunidad autónoma. Sabemos que usted realiza una serie de visitas sistemáticamente a las residencias; nos da una cierta tranquilidad que su institución las realice y que detecte situaciones que muchas veces pueden pasar desapercibidas, ya que son unas personas que tienen una indefensión importante.
Le animamos a que continúe y siga trabajando y poder constatar y sumarnos a las reflexiones que usted nos hace en los distintos aspectos que nos presenta.
Para responder a los distintos grupos parlamentarios, tiene de nuevo la palabra el señor Justicia.
El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Con la venia, señor presidente.
Voy a responder individualmente a cada una de las alegaciones que han hecho, pero antes quería agradecerles el buen tono, el carácter constructivo y el apoyo que todos ustedes han prestado, no al titular de la institución del Justicia, sino a la institución del Justicia, reconociendo que es una institución de consenso, que es una institución que está en un terreno distinto de lo que es la pugna política inmediata que se practica con toda legitimidad dentro de este parlamento.
Con relación al señor portavoz de Izquierda Unida, le agradezco las muestras de apoyo. Comparto con usted lo que ha dicho sobre el tema de extranjería, en el sentido de que hay que ver el tema de la extranjería no como un problema, sino como la solución a algunos problemas, sobre todo en algunos sitios como Aragón.
Ahora, no debemos perder de vista algunas cosas que me parece que son fundamentales, y que así lo hicimos constar: en primer lugar, que, si queremos que los extranjeros vengan a quedarse con nosotros, será necesario, según nos dicen los expertos, que les ofrezcamos, en primer lugar, calidad de vida -si no hay calidad de vida, una persona que no tiene arraigo no se quedará a vivir con nosotros; estará una temporada, pero se irá fuera-; en segundo lugar, trabajo, y en tercer lugar, una vivienda.
Yo soy partidario de que el tema de extranjería esté dentro de los límites legales; si no, lo que se hace es fomentar el chantaje, fomentar el funcionamiento de las mafias y establecer desigualdades respecto de los extranjeros que están en situación legal con los ilegales y respecto a los mismo españoles: si se paga tres mil pesetas a un ilegal y diez mil pesetas a un español que trabaja en la recogida de la fruta, obviamente, se está estableciendo un criterio de discriminación.
Respecto a la cifras de rechazo de las recomendaciones que nosotros hacemos, tengo que decirle que se rechaza o el 8,5% o el 9,5% de las recomendaciones que hacemos, y depende de cómo se vean esas cifras de rechazo. Mire, si excluimos el tema de la motivación de las multas en el Ayuntamiento de Zaragoza, es el 9,5% de los que nos han contestado.
Bueno, sería mejor que nos hicieran caso en todo, pero no es un mal resultado. Yo es que, además, debo reconocer que el Justicia se equivoca también y que, para los pleitos ganar -como dice el refrán-, tres cosas hay que tener: razón, saberla exponer y también, en algunos casos, que te la quieran dar.
Le contaré una anécdota que he contado otras veces. Una vez, un señor puso un montón de fiemo debajo de la ventana de otro ciudadano, le pidió el alcalde que lo quitara, el alcalde no lo quitó una vez, no lo quitó dos veces, y vino al Justicia. Y se lo dijimos una, dos y tres veces. Y, como al final no lo hacía y nosotros asumimos esto con todo el interés que podemos, yo le llamé y le dije: «Oiga, ¿por qué no le dice al vecino que quite ese montón de fiemo?» Y dijo: «¡Hombre!, mire, le voy a decir la verdad. Éste es un pueblo de cien habitantes, hay elecciones dentro de dos meses. El que pone el montón de fiemo es mi cuñado. Si piensa que voy a reñir yo con mi cuñado... Yo no voy a volverme a presentar a las elecciones: que sea el próximo alcalde el que le diga que las quite».
Respecto a la contestación quiero decir una cosa: el Departamento de Educación, en un caso, no contestó y en cuatro contestó tarde. Yo entiendo que, cuando se plantea una queja sobre un tema de admisión de alumnos, si se contesta un mes después de iniciado el curso, es no contestado, porque al niño ya no lo van a sacar del colegio y llevarlo a otro colegio. Formalmente ha contestado, pero la realidad es que no nos han contestado.
Respecto al tema ambiental, yo comparto con usted que ésa es una labor prioritaria por parte del Justicia. El Justicia ha sido casi en el pasado, pero tiene una función moderna. Yo creo que esa función moderna puede cumplir dos cosas diferentes; al menos, eso es lo que a mí se me ocurre.
Es un elemento de control externo en la Administración. Yo admito que cualquier gobernante quiere hacer las cosas lo mejor que puede, y, si hay alguien que desde fuera percibe con rapidez una situación que funciona mal, el Justicia avisa, y el gobernante reacciona como quiere; nosotros no tenemos fuerza coactiva. Pero a veces, si no, se encuentra con que el problema lo recibe nueve meses después, o seis meses después, o tres meses después, cuando la situación está envenenada.
Y yo creo que el interés del Justicia es defender intereses difusos, que es lo que se mueve en el tema del medio ambiente. Hay muchas veces que el que tiene un bosque al lado quiere cortarlo porque saca madera, y piensa en pan para hoy, pero hambre para mañana. En ese sentido, no hay nadie que venga a decir aquello. Igual que no hay ningún chico que beba con exceso ni ningún padre que venga a quejarse, y, sin embargo, alguien debe asumir esa función en interés de la comunidad. Y por eso nosotros hacemos eso.
Tema de ruidos. A mí, el tema de ruidos me preocupa muchísimo. Le quiero decir una cosa: la mayoría de la gente que viene a quejarse del tema de ruidos tiene toda la razón. Ahora, hay que plantearse por qué el tema de ruidos. Yo fui a la comisión, y todos estamos de acuerdo en que la ley era antigua, pero en que el problema que había era porque no se aplicaba. Y ¿por qué no se aplica, si todos estamos de acuerdo en que se aplique? Pues mire, yo hago un análisis. Como todos, puede ser ciertamente equivocado. La verdad es que yo creo que es que algunos alcaldes en general -pero puede afectar a distintos ámbitos de la Administración- piensan que enfrentarse a eso es enfrentarse a una minoría muy activa, que se supone que son los chicos jóvenes, y que eso les va a producir... Bueno, enfrentarse al joven nunca gusta, por una parte, y, por otra parte, piensan que va a producir disturbios, porque ha producido disturbios en algunos sitios, y yo he participado... Pues no es verdad. Yo quiero decirle una cosa: el alcalde que tramita más expedientes de ruidos en Aragón es el de Sabiñánigo; él solo tramita el 20%. Yo tengo en cuenta las estadísticas. En unas elecciones en las que su partido bajó, él subió; luego los ciudadanos supieron valorar este dato, ¡eh! Yo creo que éste es un dato que debe ser tenido en cuenta, porque es cuando de verdad se aprecia la valoración que tienen los ciudadanos de lo que hace su responsable más próximo.
En cuanto al tema que usted me planteó de los interinos, que es el problema fundamental que tiene la Administración en el tema de funcionarios, yo creo que este tema lo resolvió una ley que había, una ley que aprobó el anterior Gobierno. Lo que hay que hacer es aplicarla. Porque ni puede ser que los interinos entren todos por las buenas, porque eso lo va a rechazar el Constitucional, ni lo contrario; habrá que buscar unas fórmulas intermedias en las que se conjuguen, en el tema de los médicos, de los farmacéuticos y de los veterinarios, una situación y otra. Y yo intervine en este caso en esta cámara, en última instancia, cuando ya habían intervenido la Comisión Jurídica Asesora, los letrados de las Cortes. Dijimos: «¡Oiga!, que esto es así». ¿Por qué? Nosotros, desde luego, lo hicimos con lealtad institucional. Dijimos: «¡Oiga!, le avisamos en el último momento de que, a nuestro juicio, esto no es constitucional». Y, si yo puedo pedirle al Defensor del Pueblo que interponga el recurso de inconstitucionalidad, ¿cómo no voy a avisar a esta cámara, a la que me considero muy próximo -aquí nadie está en contra del Justicia-, cómo no voy a poder avisarle de que ahí hay un grave defecto? Bueno, la cámara lo entendió, y no se aprobó aquella ley.
Señor portavoz de la CHA, yo comparto con usted lo que dice del código de buena conducta administrativa. Sería estupendo. Yo creo que una cosa que hay que tratar de hacer es agilizar la Administración. Yo creo que hay que transmitir una idea de la Administración que me parece fundamental. Mire, la Administración está para tratar de resolver problemas, no, como parece a veces, para tratar de crearlos. Y ¿cómo se consigue que la Administración trate de resolver problemas? Yo creo que una Administración, cuanto más formada y más motivada está, más tiende a resolver problemas en lugar de crearlos. El que sabe poco o el que está de mal humor, cuando va alguien, va a ver cómo se lo quita de en medio, y, sin embargo, cuando hay una persona formada que sabe lo que se lleva entre manos y que tiene interés, dice: «¡Oiga!, no se vaya de aquí, que yo le resolveré el problema». Es penosa la situación de aquél que va a la Administración con un problema, y, después de hablar con un funcionario, sale con dos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Yo estoy, por eso, con ello.
Bueno, me ha hablado del tema de los minusválidos, de ese caso concreto. Fue una persona, un catedrático de la universidad que tenía un problema personal, la que nos planteó el tema de los minusválidos psíquicos que están discriminados con los físicos. Bueno, pues yo creo que es un terreno en el que hay que actuar, y las Cortes han actuado, yo creo que han actuado correctamente, dando ejemplo de lo que se puede hacer en este tema. Y ayer estuve en Huesca en una reunión que hubo sobre el síndrome de Down, que organizó la consejería en la Universidad, y ahí estuve, y quedamos en que tanto la universidad como el Justicia deberíamos dar ejemplo y coger alguno que se encuentre en esta situación para trabajar con nosotros. En todo caso, creemos que debemos hacer lo posible por ocuparnos y por defender los derechos de aquellas personas que tienen menos capacidad para defenderse por sí mismas. Y comparto con usted que los discapacitados psíquicos están en esa situación.
No contestar al Justicia. Efectivamente, hay un 30% de casos que no contestan al Justicia. Yo me siento más frustrado si no me contestan que si me dicen que no tengo la razón. Porque, si me dicen que no tengo la razón, estudios los motivos, y yo reconozco que puedo estar equivocado o que no me la pueden dar en algunos casos. A veces no te la dan, no porque no tengas razón, sino porque supone... Mire, poner en una plaza a uno es quitar a otro, y eso es complicado. O hace falta una disponibilidad presupuestaria: al señor consejero le digo que hacen falta más plazas para la asistencia psiquiátrica; él estaría encantado en poderlas dar, pero eso supone dinero que hay que quitar de otro sitio. Y de eso yo soy consciente. Ahora, el no contestarme supone ese problema.
Me ha dicho una cosa en la que tiene usted razón: que estas Cortes hicieron una propuesta diciendo que el Justicia dijera quién no le contestaba. Le voy a decir por qué no lo hago. Mire, después de hacer esa recomendación, yo vine a estas Cortes, fui a la comisión y llevé la lista, y le dije al presidente de la comisión: «Voy a dar lectura a la lista de los que no han contestado»; me dice: «No está en el orden del día». Bueno, pues se acabó: aquí manda el que manda. El Justicia comparece, pero manda el que manda. Y por eso no dije más. Yo vendré con la lista la próxima vez; si la comisión a la que vengo, desde luego, me autoriza, daré la lista encantado.
A doña Monserrat Costa le agradezco todo lo que ha dicho con relación a los asesores del Justicia. Tiene usted razón: el mérito de esta institución está en los asesores del Justicia. El Justicia dirige aquello, pero, desde luego, no sabe de todos aquellos temas que se plantean ante el Justicia. Yo quería darle las gracias por las muestras que siempre da de apoyo hacia la institución y -también le he de decir- de apoyo personal al Justicia.
La ley del Pirineo. Alguien nos presentó una queja, la estudiamos, y dijimos lo que teníamos que decir. ¿Que luego ha habido una ley que ha hecho lo mismo? Yo, cuando hago una recomendación, procuro ni coincidir ni no coincidir; si luego coincido, fenomenal, estoy encantado de haber coincidido en este tema con el Gobierno de Aragón. Yo tengo un ritmo. Hice la recomendación antes que la ley se hiciera, pero ¿que la línea ya está apuntada? Pues le voy a decir la verdad: no lo sé; si estaba, yo estoy encantado de que haya sido así. Pero créame que en este caso sucede como cuando voy a ver a muchos alcaldes a pueblos; al acabar, a veces, le digo: «¡Oye!, y tú, ¿de qué partido eres?», porque no lo sé. Es que es un tema que me da igual: hago lo que tengo que hacer, con independencia de lo que piense el que en aquel caso... Me alegra, desde luego, coincidir.
Yo le agradezco que me apoye en el tema de medio ambiente, porque a veces uno tiene la impresión de que, claro, en el medio ambiente favoreces a unos, pero perjudicas a otros. Y todo lo que sea que pague la Administración todo el mundo lo ve muy bien, pero, cuando hay algún señor concreto al que le dices que no puede hacer tal cosa y que sí que puede hacer tal cosa, ese señor, ¡en fin!, ese ya... El tema es más complejo y es más complicado.
Señora portavoz del PSOE, le agradezco también todas las referencias que ha hecho a mi equipo y le agradezco que se haya leído todo mi informe, lo que, además, me consta: conozco a alguien que me ha hecho llegar que ha pasado unos fines de semana fatales leyéndose este informe. Lo lamento, pero, en fin, cuando lo hago, no pienso en usted.
Es verdad que algunos ayuntamientos no tienen medios para contestar, es verdad. Pero yo lo debo decir, yo debo decir que no me contestan. Si luego no tienen medios, habrá que buscar alguna solución; pero eso no puede producir nunca -digamos- una impunidad.
En cuanto a la utilización de la institución, mire, yo no sé si va por algo en concreto o no va por algo en concreto. Yo le diré una cosa: el día que llegué al Justicia, me vino a ver una asociación de Zaragoza, y me dijeron: «La foto», y dije: «No hay fotos». Recibo a todo el que viene a hacer una queja, creo que no he dejado de recibir a nadie que me lo haya pedido, pero no hay foto; porque, si no, yo sé que una forma de salir en cualquier medio de comunicación es esto. ¿Que luego lo utilizan, que luego se van a la salida y dicen que han estado con el Justicia y han contado...? Jamás he llamado a un periódico para decir: «Yo quiero a un medio de difusión»; jamás he llamado para decir -y aquí están de testigos-: «Yo quiero que den esta noticia o quiero que me hagan una entrevista».
¿Que luego cada cual hace con la información lo que quiere? Bueno, eso ya no depende de mí: depende de los que vienen a verme. Yo creo que todos tratan, sobre todo cuando hay cerca un período electoral, y esto hay que decirlo... En el Justicia, en una fiscalía, las demandas por problemas de urbanismo de los unos contra los otros siempre se plantean, pero es que la vida es así.
Yo procuro no traspasar el límite de mis competencias. No sé si cuando lo ha dicho así era por algo en concreto; si lo he hecho en algún caso en concreto, dígamelo que, ciertamente, lo estudiaremos. Nosotros somos los primeros que debemos ser críticos con nosotros.
¿Los funcionarios acuden mucho? Mire, yo quiero hacer una lectura positiva. ¿Sabe por qué acuden mucho los funcionarios?: porque reciben muchos papeles nuestros y ven que somos un sistema bastante rápido y bastante barato de resolver los problemas, y por eso, como ellos son los que nos conocen más, son los que más acuden. Bueno, debe pasar igual en otros sitios, por lo que usted me dice.
Mire, el tema de educación, yo ya lo he dicho: creo que es muy complicado el tema de educación, porque es donde hay más funcionarios, porque es donde hay más centros, porque es donde está más disperso el tema y, además, porque cada niño, en definitiva, es un problema.
Yo sí que les quiero decir una cosa con ánimo constructivo: en el tema de educación hay un problema en admisión. Y el problema de admisión ya no es un tema de valoración, de si la renta debe ser un criterio de valoración o no: la gente se queja de que con la renta se cometen fraudes; y eso, la Administración lo debe perseguir. A mí no me vale lo que dice de que el que esté en desacuerdo que lo denuncie que ya lo buscaremos; no, no le puedes pedir a un padre que vaya a denunciar al que va a ser el padre de un compañero suyo, porque, si no prospera, va a tener un enemigo allí toda la vida. Y luego, en términos estrictamente legales, yo tengo más que dudas; creo que no se puede, desde que se publicó la Ley de protección de derechos del contribuyente, pedir para los desempates la declaración de la renta y hacerla con criterio negativo; el que gana un millón una peseta tiene menos derecho que el que gana un millón. Creo que eso no se puede hacer; y eso, a mi juicio, habría que cambiarlo.
Y, luego, le he citado una sentencia judicial. Yo no entiendo, sinceramente, que se considere inadmisible que al hijo de un trabajador del centro el centro le pueda dar cero veinte puntos. Yo no lo entiendo, pero es que no es que no lo entienda yo: es que hay una sentencia judicial que ya dice que eso debe ser así. Mire, hay una nueva ley en Cataluña que ha regulado todo esto; yo creo que a lo mejor de ahí se pueden sacar algunos criterios.
Con relación a la señora portavoz del PP, le agradezco que reconozca la aproximación del Justicia a las realidades sociales, le agradezco, aunque hayamos podido discrepar en alguna cosa, el reconocimiento claro que ha hecho a la labor del Justicia.
Comparto con usted la preocupación por el tema de la despoblación. Yo creo que es el tema más importante que tiene Aragón a corto y medio plazo; seguimos creciendo de forma negativa (en la estadística que se presentaba ahí, en el periódico), y, entonces, es lo primero que deberíamos hacer.
El tema de malos tratos me preocupa especialmente. En el tema de malos tratos comparto con usted que hay un problema de educación: el que ha visto pegar a su madre tiene más facilidad para pegar a su mujer; hay un problema de psicopatía y de alcoholemia -eso es indudable-; es un psicópata el que pega a un niño de nueve meses -y yo he visto pegar-. Y, luego, hay un problema -que apuntábamos en nuestro informe- que es el tema de que la mitad de las agresiones se producen en fase de separación; luego, si se producen en fase de separación, hay que hacer lo posible por aislar a unos de otros. Y, en ese sentido, la asistencia social es fundamental.
Comparto con usted -ya lo he dicho- que debe cambiarse el sistema de admisión porque puede haber fraude y porque en algunas cosas es claramente ilegal.
Comparto con usted, y me alegra el que se haya preocupado -porque ha sido usted la que se ha preocupado-, el tema de los niños discapacitados a los que tienen que sellarles las muelas o los dientes, porque algunos lo han intentado y han tenido -aunque involuntarias- lesiones.
En cuanto al tema del agua, quiero decir dos cosas: no he hecho valoración alguna sobre el comportamiento de los miembros del grupo parlamentario; si lo he hecho, me he expresado mal. Podría volverlo a leer, pero creo que no he hecho ninguna declaración. He escrito un artículo -un artículo en el que, por cierto, hay de todo: ha habido alguno al que no le ha gustado; otros, que están incluso en el Gobierno central, me han dicho: «Yo podría defender esto que tú dices»- en el que, desde luego, no he hecho ninguna valoración del grupo parlamentario.
Lo que yo he querido decir es lo siguiente: primero, el tema del agua en Aragón es un tema vital y ha sido siempre un tema vital, y eso es una realidad; segundo, no es verdad -y yo debo defender los intereses de Aragón- que los aragoneses no seamos solidarios: hemos sido siempre solidarios.
Mire, el tema del agua es muy complejo, pero, desde luego, lo que sí que es cierto es que, en el tema del agua, lo que les pasa a los aragoneses es que no se fían. Y tengo ahí -se lo podría leer- el artículo de Matas en el que decía textualmente la misma frase que yo digo hoy; yo publiqué mi artículo una semana antes: parece como si le contestara aquello. Yo creo que eso no es hacer ninguna valoración sobre la actuación del grupo parlamentario.
Y, luego, he terminado diciendo dos cosas que yo estoy seguro que compartirá conmigo mucha gente, creo que casi todo el mundo. Primero, nosotros debemos defender lo nuestro con firmeza; yo estoy seguro de que en este grupo, aunque ahora hay muchos que faltan, también compartirán que las cosas de Aragón las deben defender muchos con firmeza. Y en segundo lugar, yo creo que hay mucha gente que pensará, como yo, que habría que buscar una solución que sea aceptable para todo, y que es bueno que esto no se radicalice y nos lleve a otros problemas: es lo único que he dicho.
¿Que no voy a meterme en esto porque es un tema político? Mire, yo le agradezco que haya dicho que reconoce la aproximación del Justicia a la realidad social: ésta es una realidad social.
Y en segundo lugar, ¿sabe que le digo?: que ya sé que esto puede ser un tema que no es cómodo para la institución; la institución, cuanto más lejos se sitúe, es mejor en algunos aspectos. Por eso es muy medida mi respuesta, ¿eh? Imagínese usted lo que a lo mejor podría decir otro si fuera Justicia y estuviera en el sitio en el que yo estoy.
Pero, mire, es que creo que no puedo venir aquí a decir que defiendo que un cuadro así, que está al otro lado de la franja, es malo que se lo quede un gobierno -el gobierno de al lado o la sede al lado- y en el tema del agua, que es un tema que nos afecta a todos los aragoneses muchísimo, callarme. O sea, es que no me puedo callar. Y ésa es la realidad. Y trato de ser lo más -digamos- diplomático que puedo en este tema, pero es que no puedo evitar este tema. Y ésa es la realidad. Insisto: no he hecho ninguna valoración sobre el comportamiento de los miembros del grupo parlamentario, y lamento que alguno haya podido hacerlo así; si lo he hecho, es que me he explicado mal.
No parece que haya más intervenciones. Eso quiere decir, señoras y señores diputados, que hemos consumido el orden del día de este Pleno extraordinario. Eso quiere decir que les deseo un buen verano, y levantamos la sesión [a las diecinueve horas y cinco minutos].

References: artículo 14
 resolución 
 resolución 
 artículo 29
 resolución 
 artículo 24
 resolución 
 artículo 29
 artículo 28