Source: https://ru.scribd.com/document/248101784/Tesis-Fallos-Derecho-Administrativo
Timestamp: 2020-07-14 19:54:46+00:00

Document:
Tesis Fallos Derecho Administrativo | Estatuto de limitaciones | Nulo (ley)
сохранитьСохранить «Tesis Fallos Derecho Administrativo» для последующего чтения
Accion Penal Tambien Hay Tercero Civil
Вы находитесь на странице: 1из 674
UNIVERSIDAD DE CHILE. FACULTAD DE DERECHO. DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO.
RECOPILACIÓN DE FALLOS DE
ADMINISTRADOR: PERÍODO 2000-2010
MAXIMILIANO ANDRÉS INDA TOLEDO PABLO ALFREDO VALLADARES LJUBETIC
Memoria de Grado para la obtención del título de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
Santiago de Chile ABRIL 2013
“A todos los que fueron parte de éste proceso, tanto a los compañeros de la universidad, como la familia y amigos de la vida, que nunca creyeron que éste momento llegaría, y que por fin termina, en especial a la mujer que me ayudo en todo este crecimiento y que aguantó la demora; a Natalia, gracias por todo.” Pablo Valladares
“A quienes siempre han creído en mí, a quienes creerán en mí y a quienes han depositado su confianza en el emprendimiento de muchas empresas y aventuras en la vida; pero en especial a ella, quién siempre estuvo y estará, a mi Madre.” Maximiliano Inda
Primer Índice: TEMAS DE RESPONSABILIDAD DEL
ESTADO 1.-Fallos relacionados a DD.HH.
2.-Fallos relacionados a municipalidades.
3.-Fallos
4.-Fallos relacionados con los servicios de salud. 9
5.-Fallos relacionados con el Ministerios de Obras Públicas
(MOP). 6.- Otros temas relacionados con la Responsabilidad del
Estado Administrador.
Segundo índice: REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ADMINISTRADOR 1.- Acción u omisión.
2.- Daño.
3.- Relación causal.
4.- Criterios de imputación.
FICHAS DE LOS FALLOS
Esta memoria tiene como objetivo investigar, procesar y
una recopilación de fallos de los Tribunales Superiores de Justicia (Corte
Su forma de presentación será mediante el formato de fichas, que
permitirán revisar el Tribunal que dictó el fallo, los ministros, la legislación
aplicada en el fallos, los hechos del fallo que permiten entender mejor el
caso en particular y, finalmente, la doctrina relevante del fallo, la decisión
del Tribunal y su estado procesal de la causa, lo que hace que sea una ficha
completa que permitirá al lector entender bien el caso que está revisando.
Este formato de presentación permite una consulta rápida de lo medular de
cada fallo.
Adicionalmente, estas fichas se asociarán a dos índices temáticos.
Uno, realizado en base a los distintos casos de responsabilidad del Estado,
en base al tema en que deriva la acción de indemnización de perjuicios en
contra del Fisco. Estos temas son seis: Municipalidades, Servicios de Salud,
Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones, además de un
La memoria contiene 224 fichas de fallos, que tienen relevancia
jurídica y de los cuales se puede extraer argumentos jurídicos interesantes
para la Responsabilidad del Estado.
El período evaluado abarca 10 años, desde 2000 a 2010. Hemos
seleccionado este período, por las siguientes razones;
En primer lugar por ser un período decisivo en
comienzan a dar su opinión y tener una doctrina clara al final del período
sobre el tema examinado.
En segundo lugar porque es un período relevante en esta materia, ya
que en estos 10 años nos permiten medir a los Tribunales en su trabajo, y
saber de la importancia de los fallos que han emitido en el ordenamiento
jurídico, muchos de ellos con una gran connotación pública.
Y, en tercer lugar, cuantitativamente es el período más importante en
la historia de Chile, ya que se dictan en este lapso una gran cantidad de
fallos sobre la materia, sobre todo al final del período analizado. Por lo
mismo, es posible formarse una opinión sobre lo que los tribunales están
diciendo en el asunto.
Descartamos realizar un examen de la jurisprudencia, salvo para el
recopilación es un esfuerzo en sí mismo, que deja espacio para que otros
abarquen esta tarea. No obstante, hemos agrupado los fallos en base a dos
descriptores: materias y elementos de la responsabilidad, en un intento de
vincular entre si los fallos fichados.
II.- ÍNDICES TEMÁTICOS:
Sin perjuicio de las fichas individuales de cada caso recopilado, en
En primer lugar, a las áreas en que la Responsabilidad del Estado se
ha comprometido. Consideramos que hay seis áreas relevantes. Estas son:
fallos relativos a los D.D.H.H., Municipalidades, F.F.A.A. y de Orden y
Seguridad, Servicios de Salud, Ministerio de Obras Públicas y, finalmente,
una categoría genérica que hemos denominado “otros temas relacionados”.
En segundo lugar, a los elementos o requisitos de la Responsabilidad
del Estado Administrador. Estos son: Acción u omisión, daño, relación
causal y criterio de imputación.
recopilación, facilita el avance de datos y la sistematización de los mismos,
en un marco mayor al del mero fallo.
Los índices se construyen sobre la base del número de ficha que cada
fallo tiene.
1.- Fallos relacionados a DD.HH.
1.1. Pronunciamientos
Imprescriptibilidad en Delitos de Lesa Humanidad (83; 88; 93; 97; 99;
100; 122; 174).
1.2. Pronunciamientos a favor de la aplicación de las normas
generales en materia de Prescripción. (18, 21, 50; 73; 74; 85; 86; 91;
92; 105; 113; 119; 125; 129; 131; 152; 155; 164; 169; 170; 178; 179;
182; 185; 189; 203; 206)
1.3. Pronunciamientos
Responsabilidad del Estado por falta de servicio en los
D.D.H.H. por sobre la tesis de la Responsabilidad Objetiva (90; 98).
entregada por el Estado (Ley 19.123) (81; 83; 99; 101; 102; 120; 180)
2.- Fallos relacionados a las Municipalidades.
2.1. Fallos en relación a la obligación de cuidado de los bienes
nacionales de uso público. (14, 49; 56; 96; 156; 158; 211)
2.2. Respecto a la obligación de cuidado del mantenimiento de aceras
y de señalización de las vías públicas. (3, 5; 13; 19, 25; 30; 40; 41; 48; 51;
75; 104; 106; 110; 117; 121; 135; 148; 151; 157; 160; 162; 163; 165; 172;
181; 186; 190; 194; 205; 212; 217; 222)
2.3. Respecto a la obligación de la limpieza cauces y canales en caso
de inundaciones. (10, 23; 27; 46; 112; 132)
2.4. Respecto a daños provocados por obras o inmuebles Municipales
(16; 107; 108).
2.5. Otros temas de responsabilidad de las Municipalidades (2, 35;
111; 114; 128; 137; 144; 154; 216).
3.- Fallos Relacionados a las FFAA y de Orden y Seguridad.
3.1. Ejército (26; 42; 52; 76; 77; 115; 130; 138; 139; 150; 209; 213;
3.2. Carabineros (20; 28; 31; 32; 33; 34; 57; 60; 62; 69; 80; 146;
159; 199; 215; 224).
3.3. Investigaciones (43; 68; 95; 103; 124; 161; 168; 197; 201).
3.4. Gendarmería. (11; 54; 72; 84; 196)
4.- Fallos relacionados con los Servicios de Salud.
4.1. Resultado de muerte del
paciente. (4, 12, 15; 37; 53;65; 89;
109; 116; 123; 134; 141; 149; 153; 166; 167; 171; 188; 191; 195; 207;
4.2. Resultado de lesiones en el paciente. (6; 22, 24; 36; 47; 59; 63;
66; 70; 94; 140; 143; 147; 173; 175; 177; 183; 218; 221)
5.- Fallos
relacionados con el Ministerio
5.1. Responsabilidad de la Dirección de Vialidad, tanto por sus
funciones a cargo de calles y pavimentación como por sus funcionarios.
(17; 41; 61; 71; 87; 145; 208)
5.2. Responsabilidad del Ministerio en el proceso de Expropiación de
terrenos (58; 118; 133).
6.- Otros temas relacionados con la Responsabilidad del Estado
6.1. Responsabilidad del Estado de Otros Organismos Públicos (9;
39; 44; 44; 55; 64; 78; 79; 92; 136; 142; 176; 184; 187; 192; 198; 200;
202; 204; 210; 214; 223)
6.2. Responsabilidad del Estado por decretos administrativos del
Estado Centralizado, como por ej.
Monumento Nacional, pensiones,
despidos funcionarios públicos. (1, 7, 8, 29; 38; 67; 126; 127; 193)
Segundo índice: REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD
1.- Acción u omisión
1.1.- Modalidades:
1.1.1.-Acción (7, 18, 21, 52; 73; 74; 76; 85; 86; 91; 101; 122; 125;
129; 152; 155; 164; 167; 169; 170; 174; 178; 179; 180; 182; 185; 189; 202;
203; 206)
1.1.2.- Omisión (117; 190)
1.2.- Criterios de imputación de primer nivel:
1.2.1.- Para que responda el Estado quien realiza la acción u
omisión debe ser a lo menos, un
funcionario. (11, 12, 15; 44; 200; 213;
1.2.1.1.- Funcionarios de Derecho
1.2.1.2.- Funcionarios de Hecho
1.2.2.-Excepciones
1.2.2.1.- Ciertos contratistas,
1.2.2.2.- Ciertos sujetos autorizados
1.2.1.3.- Ciertas personas que están a cargo de la Administración
1.2.2.- La acción u omisión tiene que ser llevada a cabo en el
cumplimiento de las labores del servicio o con ocasión del mismo:
1.2.3.- Responde en caso de delitos funcionarios (34; 26; 42; 52;
2.- Daño:
2.1.- Condiciones del Daño indemnizable
2.1.1.- Daño cierto o efectivo que ha ocurrido (37; 38; 58;
2.1.2.-Daño tiene que ser significativo (136)
2.1.3.-Daño tiene que ser directo (114; 166)
2.2.-Clasificación del daño:
2.2.1.-Daño Patrimonial (126)
2.2.2.-Daño Moral:
2.2.2.1.-Perjuicio del Sufrimiento (4, 124; 181; 213)
2.2.2.2.-Daño Moral como perjuicio (20; 81; 157; 166;
2.2.2.3.- Daño Moral en relación al agrado
2.2.2.4.-Daño Moral en relación a la afección (40; 215)
2.2.4.5-Daño Moral no tiene parámetros ciertos de parte del
juez para determinarlo. Criterio
96; 154; 177).
Punitivo o Criterio Facticos (28; 87; 95;
2.3.-Características de la Indemnización:
2.3.1.-Debe ser complete e integral (10; 49; 80; 83; 90; 108; 142;
2.3.2.-Debe cubrir solo los perjuicios personales de la
2.3.3.-Debe ser reparatoria (49; 81; 111)
3.- Relación causal:
3.1.-Regulación de la relación causal (54)
3.2.- Rol de la Relación causal (20; 36; 27; 40; 69; 71; 96; 112;
121; 142; 166; 186; 196; 197; 207)
3.3.-Factores de causalidad (40)
3.3.1.-Daño tiene que ser necesario (59; 80; 115)
3.3.2.-Daño tiene que ser directo:
3.3.2.1.-Teoría de la razonable proximidad
3.3.2.2.- Causalidad adecuada (71; 116; 145; 161;
3.3.2.3.- Riesgo creado (165)
3.3.2.4.- Conexión de la Ilicitud.
3.4.-Pluralidad de causas:
3.4.1.-De responsables (11)
3.4.2.-Hecho de la víctima (212)
3.4.3.- Fuerza mayor o caso fortuito. (28; 108)
4.-Criterios de Imputación:
4.1.-Responsabilidad Objetiva (4, 5;12; 14, 24; 36; 34; 35; 26;
40; 43; 53; 61; 64; 65; 71; 100; 134; 176; 218)
4.2.-Responsabilidad Subjetiva
4.2.1.-Falta de Servicio:
4.2.1.1.- Según la Jurisprudencia:
4.2.1.1.1.-Mal
13;17; 19, 22, 23; 25; 27;30;32; 33; 37: 41; 45; 47; 48; 49; 56; 57; 60; 63;
65; 71; 72; 75; 80; 84; 87; 96; 103; 106; 109; 110; 111; 114; 123; 124;
128;130; 132; 135; 136; 137; 139; 140; 141; 143; 144; 147; 148; 149; 153;
162; 163; 166; 171; 172; 173; 175; 177; 184; 187; 188; 191; 193; 194; 195;
198; 199; 204; 205; 209; 210; 211; 213; 215; 217; 219; 220; 221; 222; 223)
4.2.1.1.2.- Comportamiento sin estándares
4.2.1.1.3.-Sustracción a las leyes del servicio
(16; 46; 79; 82; 107; 160).
4.2.1.2.- Relación con la Falta Personal:
responsabilidad (68; 70; 78)
4.2.1.2.2.- Como generador de la falta de
servicio. (11,15, 20, 31; 52; 55; 62; 89; 90; 94; 96; 138; 146; 159; 168; 201;
214; 220; 224)
4.2.2.-Riesgo Creado:
4.2.2.1.- Condiciones para que opere:
4.2.2.1.1.-Administración
efectivamente la situación de peligro (52; 104).
4.2.2.1.2.-Que
omisiones inherentes al servicio (2, 42)
4.2.2.1.3.-El riesgo tiene que ser relevante o
4.2.2.1.4.-Riesgo no sea permitido
4.2.3.-Sacrificio Especial:
4.2.3.1.-Licitud del actuar de la Administración (28)
4.2.3.2.-Perjuicio es anormal y especial (9)
4.2.3.3.-La medida que dictó la Administración tiene un
propósito social (127).
III.- FICHAS DE LOS FALLOS
En esta parte, nos proponemos presentar todos los casos recopilados,
en un formato de ficha. Cada ficha tiene un número y tiene un conjunto de
variables idénticas a completar con las particularidades de cada caso.
NUMERO DE FALLO
Óscar Carrasco A., Eleodoro Ortiz S., Enrique Tapia W., Jorge Rodríguez A., y el Abogado Integrante José Fernández R.
2834-1999
ACCIÓN O RECURSO
Lucía Brian de Diego, dueña de casa, interpuso demanda contra el Fisco, a fin de que se declare:
Que se dé lugar a la restitución del vehículo de su propiedad marca Fiat 600 E, motor N° 912271, año 1972, inscrito a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, bajo el N° 52.206. Que en caso de pérdida o deterioro u obsolescencia del vehículo la restitución se extienda a la indemnización de los perjuicios que le han sido causados en razón de estos hechos y que se declare además su derecho a ser indemnizada de los daños materiales y morales que le ha ocasionado la tenencia de su automóvil por el Estado así como los Decretos Administrativos cuya nulidad solicita, con reajustes e intereses.
Artículos 6 y 7 de la Constitución Política.
DOCTRINA RELEVANTE
En el caso sub lite se trata de una acción de nulidad de derecho público, cuya existencia encuentra su fundamento máximo en el párrafo constitucional de las "Bases de la Institucionalidad" y cuyo asidero práctico se halla en el artículo 7° incisos segundo y
tercero de la Constitución Política de la República. Estos preceptos consagran el principio de la separación de los Poderes del Estado y demás órganos constitucionales, de modo tal que ellos para actuar válidamente deben hacerlo previa investidura legal, dentro de la esfera de su competencia, recalcando el inciso tercero del citado artículo 7°, como corolario obligado de lo anterior, que todo acto en contravención a esta disposición es nulo, originando las responsabilidades y sanciones que señale la ley.
La doctrina en general ha considerado que esta nulidad, por las características que presenta y el modo como está concebida en el ordenamiento básico de la institucionalidad, opera de pleno derecho de modo que solicitada al tribunal, éste, al constatar los elementos de hecho que representan una invasión de potestades, no tiene otra función que reafirmarla, constatando su existencia y siendo así, no puede aplicársele las normas generales de Derecho Privado sobre prescripción de las acciones.
Por consiguiente, cabe llegar a la conclusión que esta nulidad es imprescriptible
La misma administración que dictó los actos nulos debe reparar los perjuicios causados, sin que sea menester probar el dominio del vehículo, hecho que por lo demás nunca estuvo en discusión, ni dirigir su acción contra quien pudiera ser el actual poseedor
del móvil, comoquiera que es el Estado quien privó de ese dominio a la demandante y es el mismo Estado quien, habiéndose declarado nulos los actos administrativos que dispusieron tal privación, debe proceder a la reparación, sin que pueda aplicarse, a esta obligación de reparar, las normas sobre prescripción extintiva, pues emana de una nulidad de derecho público y no de una de derecho privado, como ya se razonó en el motivo quinto de este fallo.
Es un principio general en materia de nulidad que, una vez declarada ésta, las partes tienen el derecho a ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto nulo y a que en tal restitución se comprenda la indemnización de los perjuicios que se causen por la celebración o ejecución del acto, de modo que no es efectiva la afirmación del recurso en cuanto sostiene que la acción de nulidad no conduce a la pertinente indemnización. (Corte Suprema)
Se rechaza el recurso de casación en el fondo y se confirma el fallo de Corte de Apelaciones que señaló que son nulos los decretos N°s. 232 de 1975 y 203 de 1976 allí referidos, que el Fisco de Chile queda obligado a pagar indemnización por el daño material establecido en el fundamento 9°, cuyo monto será determinado en la etapa de ejecución, con más intereses.
Servando Jordán L., Eleodoro Ortiz S., Enrique Tapia W. y Jorge Rodríguez A. y el Abogado Integrante señor José Fernández
3205-1999
West Law, N° Legal Publishing: 17003
Se interpuso demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por Manuel Silva Barrueto y la Sociedad Casagrande Limitada en contra de la I. Municipalidad de Los Ángeles. Dado que la Municipalidad de Los Ángeles, por medio de la Dirección de Obras Municipales, paralizó las obras que efectuaba la Sociedad Casagrande Limitada y la denunció al Juzgado de Policía Local por no contar con un permiso de construcción, a pesar que ese permiso había sido otorgado a menos quince días antes por el Director de Obras titular, lo que constituye un hecho ilícito que ha irrogado perjuicios a los actores.
Artículo 146 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
I.- La Corte de Apelaciones, al decidir que la demandada actuó lícitamente por cuanto el denuncio cursado al señalado tribunal municipal fue por no mantener una copia
del permiso y de los antecedentes en la obra, ha incurrido en el vicio de ultra petita, pues se extendió a un punto no sometido a la decisión del tribunal, resolviendo el asunto controvertido por una causa de pedir distinta de las alegadas en los respectivos escritos de demanda y contestación, vulnerando de ese modo el principio procesal establecido en el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a que todo fallo debe conformarse con el mérito del proceso y si ello no es cumplido por los sentenciadores del fondo, esta Corte, conociendo del recurso en estudio, debe anular la sentencia pronunciada en estas circunstancias.
II.- Que encontrándose demostrado en autos que los demandantes ejecutaban las obras de remodelación del inmueble ubicado en Avda. Alemania N° 558 de la ciudad de Los Ángeles, contando para ello con un permiso de obra menor concedido por la Dirección de Obras Municipales de dicha comuna, la misma repartición, de acuerdo a lo preceptuado en el inciso primero del artículo 146 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sólo pudo paralizar dichas obras mediante una resolución fundada.
Que de acuerdo a los antecedentes que obran en autos, ninguna resolución se dictó por la Dirección de Obras Municipales de Los Ángeles ordenando la paralización de faenas en el inmueble de Avda. Alemania N° 558 de esa ciudad, quedando de este modo, aún más de manifiesta, la conducta ilícita de la demandada al actuar de facto,
paralizando obras que contaban con una autorización concedida por la misma Municipalidad.
Se acoge la demanda interpuesta y con declaración que se eleva la indemnización por daño moral o extra patrimonial que la Municipalidad demandada deberá pagar al actor Manuel Silva Barrueto, a la cantidad de $ 5.000.000 (cinco millones de pesos).
Servando Jordán L., Eleodoro Ortiz S., Enrique Tapia W., Jorge Rodríguez A. y el abogado integrante Franklin Geldres A.
4633-1999
West Law, N° Legal Publishing:
Doña María Luisa Crisóstomo Cáceres deduce demanda de indemnización de perjuicios, en contra de la I. Municipalidad de Concepción.
Funda su demanda en que el 29 de julio de 1997, a las 9:50 horas aproximadamente, transitaba por el paseo peatonal en dirección
a la Farmacia y cuando se disponía a entrar
a ella, pisó el borde de un hoy que existe a
un costado de la farmacia, torciéndose el tobillo derecho, cayendo al suelo. Acudió al Hospital del Trabajador, donde se le diagnosticó un esguince y heridas menores
en el brazo, siendo enyesado su pie derecho hasta la rodilla; estuvo 16 días con licencia médica volviendo a su trabajo el 13 de agosto, no sintiéndose del todo bien; el 5 de septiembre producto de fuertes dolores a la pierna, codo y cadera, acudió nuevamente al Hospital del Trabajador, donde se le diagnosticó una inflamación a los tendones debiendo someterse a tratamiento de rehabilitación, siendo dada de alta el 23 de septiembre.
Expresa que la situación descrita le ha ocasionado molestias, sufrimientos, ha sido emocionalmente afectada, le ha causado un grave daño moral y un menoscabo patrimonial evidente que debe ser reparado.
Art. 38 Constitución Política; Art. 44 y 44 Ley 18.575; Art.137 Ley 18.695.
I.- La Municipalidad al contestar la demanda se limitó a decir que la ley no amparaba conductas negligentes de las personas en su vida diaria, atribuyendo a la demandante dicha negligencia.
Sin embargo al apelarse por la misma demandada se cambia aquel fundamento y se dice ahora que la Municipalidad no ha incurrido en una falta de servicio, la que se da por establecida como un hecho por los jueces del fondo, agregando que ella está consagrada por las normas de derecho público, y “deberá entenderse como una nueva y especial forma de responsabilidad pública, la cual bajo ningún punto de vista
podrá interpretarse aplicando las normas generales del Derecho Privado”.
Esta situación motiva que los jueces de segunda instancia, como se dice en la reflexión 1ª de su fallo, hayan considerado que esta alegación importa una verdadera excepción perentoria, que debió oponerse al momento de contestar la demanda y como así no se hizo, agregan, no cabe acogerla;
Según se dijera, el fundamento preciso de la sentencia confirmatoria ha sido que las alegaciones fundantes de la apelación – idénticas a las del recurso en examen– resultaban extemporáneas por no haberse opuesto en la contestación de la demanda; y en contra de esta sustentación del fallo, el recurso no representa error alguno que pudiera justificar su anulación; en consecuencia, los errores que sí se representan, aun de haber incurrido en ellos la sentencia, resultan ineptos para casarla, pues han carecido de influencia en lo decisorio, lo que impone el rechazo del recurso.
II.- (Corte de Apelaciones) Las Municipalidades tienen el gran deber de administrar adecuadamente los bienes municipales y los bienes nacionales de uso público. Este deber de administrar implica, desde luego, emplear el celo adecuado en el
cuidado, conservación y mantención de dichos bienes, no sólo para mantener la integridad del patrimonio municipal o del patrimonio nacional, sino también para evitar lesiones o daños en los bienes privados o a las personas usuarias de los bienes municipales o nacionales. En caso contrario, de ocasionarse un daño el ente municipal deberá necesariamente reparar los perjuicios ocasionados a quien lo sufriere en la sede jurisdiccional que corresponda, como lo faculta el artículo 38 inciso 2º de la Carta Fundamental.
En el caso de autos es evidente que la demandada ha descuidado ese deber de administrar, pues su omisión y negligencia trajo como consecuencia que la actora sufriera un accidente según los hechos consignados en el motivo quinto de la sentencia en alzada, que se han dado por probados, los que no fueron controvertidos por la demandada y apelante de estos autos.
III.- La falta de servicio público es todo mal funcionamiento del servicio. Si el Estado presta un servicio público, tiene la obligación de prestarlo bien; en caso contrario, deberá responder de los daños que ese mal funcionamiento ocasiona a los particulares.
En esta sede y en una concepción subjetiva de la responsabilidad del Estado, el peso de la prueba de la falta de servicio es de la víctima, por aplicación del artículo 1698 del Código Civil. No obstante, la doctrina reconoce dos alteraciones o excepciones al peso de la prueba:
a) En el caso de daños a usuarios por deficiencia en la mantención de una obra pública. En este caso, el usuario debe limitarse a señalar que ha existido una falta de mantenimiento normal, debiendo la administración probar el haber realizado este mantenimiento. En esta situación de excepción se asilará a la actora.
b) Cuando la policía provoca perjuicios por el empleo de elementos peligrosos.
En la forma relacionada cualquiera que sea el ámbito en que se examine la responsabilidad de la demandada en los hechos que se le han imputado, ella es responsable del daño sufrido por la actora, toda vez que la Municipalidad de Concepción faltó al deber que tenía de inspeccionar el paseo peatonal de calle Barros Arana, frente a los números 761 y 777 y que estuviera expedita al tránsito de peatones (precisamente para eso es el paseo) o, al menos, de mantener señales de advertencia al público del peligro que
corrían, lo que permitió la existencia del hoyo que provocó la caída de la actora, sin que haya rendido probanza alguna que la libere de responsabilidad.
Se rechaza el recurso de casación en el fondo, por lo que se confirma el fallo de primera instancia que condena a la Municipalidad a pagar 2 millones de pesos a la demandante.
Sonia Araneda Briones y Raimundo Díaz Gamboa y el Abogado Integrante Roberto Jacob Chocair.
Gaceta Jurídica, N° Legal Publishing: 21053
Se interpuso demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, debido a la muerte de doña María Teresa Salazar Díaz la que se produjo por acciones y omisiones de empleados públicos que precisamente ejercían funciones propias de su profesión en un organismo de salud perteneciente a la Administración del Estado, como lo es el Hospital San José, lo que obviamente causó a los demandantes, cónyuge e hijos de la occisa, daños morales
cuya indemnización resulta procedente
reclamar, siendo responsable de los mismos,
Art. 38 de la Constitución Política y los Arts. 1 y 4 de la Ley 18.575.
I.- En estos autos se encuentra plenamente establecido que la muerte de una persona se produjo por acciones y omisiones de empleados públicos que precisamente ejercían funciones propias de su profesión
un organismo de salud perteneciente a la
Administración del Estado, como lo es el Hospital San José, lo que obviamente causó
los demandantes, cónyuge e hijos de la
occisa, daños morales cuya indemnización resulta procedente reclamar, siendo responsable de los mismos, el Fisco de Chile.
este respecto, es indiscutible y fácil de
comprender el dolor que los demandantes han debido sufrir y sufrirán por el fallecimiento imprevisto de quien fue cónyuge de uno, y madre de los demás, seguido de la secuela de preocupación, inquietud y angustia que normalmente provoca un hecho fatal como es la muerte de un ser querido, al que se está unido en tan íntima relación natural de afecto y espiritualidad
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 38, inciso 2°, de la Constitución Política de
República, "cualquiera persona que sea
lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá
reclamar ante los tribunales que determine
ley, sin perjuicio de la responsabilidad
que pudiere afectar al funcionario que
hubiere causado daño."
ese respecto, cabe señalar que la misma
disposición, en su inciso 1° dispone que "una ley orgánica constitucional determinará", entre otras cosas, "la organización básica de la Administración Pública", ley que, vigente desde el 5 de diciembre de 1986 –Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, N° 18.575, establece el mismo principio ya consagrado en el citado inciso 2° del artículo 38 de la Constitución, al preceptuar, en su artículo 4°, que "el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado". La misma señalada ley N° 18.575 expresa, en su artículo 1°, que "la Administración del Estado" estará constituida, entre otros servicios e instituciones, por los Ministerios y los órganos y servicios públicos creados
para el cumplimiento de la función administrativa, dentro de los cuales deben naturalmente encontrarse comprendido los servicios de salud que de ellos dependen
Como puede apreciarse, la obligación reparatoria consagrada en el artículo 38 inciso 2° de la Carta Fundamental está dispuesta a favor de "cualquier persona" que
sea lesionada en sus derechos –sin limitación ni restricción alguna–, por algún órgano de la Administración del Estado, responsabilidad indemnizatoria que tiene un carácter objetivo y que no requiere necesariamente, para su procedencia, que el funcionario público o persona natural que hubiere cometido el acto que produjo el daño haya tenido o no alguna clase o grado de culpa o responsabilidad en lo personal, sea ésta civil o penal
Conforme lo autorizan los artículos 18 y 19 del Código de Procedimiento Civil, los demandantes, conjuntamente, han deducido las acciones indemnizatorias que a cada uno les corresponde, puesto que emanan directa
inmediatamente de un mismo hecho,
determinando cada uno de ellos en el petitorio de su demanda, la cuantía de sus singulares pretensiones; lo que conduce a acceder a la declaración que solicitan en su
escrito de apelación, en orden a resolver separadamente el monto de las sumas indemnizatorias pedidas por cada uno de ellos. (Corte de Apelaciones)
II.- (Voto disidente) El concepto de daño moral está constituido por el perjuicio referido al patrimonio espiritual, a los bienes morales, los que deben ser indemnizados como compensación a los sufrimientos del o los perjudicados. Es decir, se busca satisfacer por este medio el dolor injustamente experimentado.
por ello que deberá tenerse en cuenta las
circunstancias del caso que se está resolviendo como lo son condición social, falta de apoyo moral, edad, salud, sexo, relaciones familiares, su entorno, etc.
En el caso sub lite no se ha producido prueba alguna tendiente a demostrar la existencia del afecto y de la unidad familiar entre la víctima y las personas que reclaman indemnización por daño moral.
Estima la disidente que los actores no han demostrado mediante prueba documental o de testigos su unión familiar y de afecto con la víctima; que existiese entre ellos y la víctima una estrecha vinculación que se revelaba diariamente en forma notoria y pública.
De modo que no resulta apropiado conceder las sumas demandadas discurriendo sólo en abstracto sobre las consecuencias físicas o psíquicas que se derivan del daño causado.
No parece prudente establecer o presumir un daño moral por la sola circunstancia de ser los demandantes cónyuge o hijos de la víctima.
Se confirma, la sentencia apelada de 19 de enero de 1999, con declaración que se eleva la suma ordenada pagar al Fisco de Chile, a título de indemnización por daño moral, a la cantidad total de $ 15.000.000 (quince millones de pesos) a cada uno de los demandantes.
Ejecutoriado recurso de casación en el fondo interpuesto se declaró desierto.
Eliseo Araya Araya; Guillermo Silva Gundelach; Isaura Quintana Guerra
Jurisprudencia On line
Demandante interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra de la Ilustre Municipalidad de Concepción por el accidente sufrido al caer en un hoyo mal señalizado por la Municipalidad que le produjo una serie de problemas físicos que perduran hasta hoy.
I.- Las Municipalidades tienen el deber de administrar adecuadamente los bienes municipales y los bienes nacionales de uso público. Este deber de administrar implica, desde luego, emplear el celo adecuado en el cuidado, conservación y mantención de dichos bienes, no sólo para mantener la integridad del patrimonio municipal o el patrimonio nacional, sino también para evitar lesiones o daños en los bienes privados o a las personas usuarias de los bienes municipales o nacionales. En caso de ocasionarse un daño, el ente municipal deberá necesariamente reparar los perjuicios
a quien lo sufriere. (Considerando 4°)
El legislador no ha definido lo que debe entenderse por falta de servicio, pero la doctrina ha dicho que hay falta de servicio cada vez que un servicio no funciona cuando la normativa legal le impone el deber de hacerlo, o lo hace en forma tardía, o deficiente, y a raíz de ello se causa un daño a terceros
II.- La responsabilidad extracontractual del Estado está reconocida de un modo general por el art. 38 inciso 2º de la Constitución Política de la República, y de un modo especial respecto de las Municipalidades por el art. 137 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Esta responsabilidad se trata de una responsabilidad objetiva del ente municipal, que requiere únicamente que haya un daño y que éste sea imputable a un mal funcionamiento del servicio, en el caso, la Municipalidad debe responder del daño porque no fue eficiente en la prestación del servicio público que por mandato legal debía proporcionar a la comunidad, ya que siendo su obligación mantener debidamente señalizado el desperfecto existente en la acera de un sector de la ciudad muy transitado por peatones, no cumplió con ese deber, con la consecuencia de que debido a esa deficiencia del servicio se produjo la lesión de la víctima.
Se confirma la sentencia de primera instancia que condena a la Municipalidad a
pagar un monto determinado al demandante.
Ejecutoriada, sin recurso interpuesto.
Sonia Araneda; Roberto Jacob; Francisco Merino.
32988 – 1998
Jurisprudencia Online Legal Publishing Nº
Demandante interpuso demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, por una mala atención por una fractura sufrida, lo que derivó en posteriores secuelas que le hicieron perder movilidad en su mano izquierda, el centro hospitalario donde se atendió la demandante fue en uno que forma parte de la Administración del Estado de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 1 de la ley 18.575.
y 44 de la Ley 18.575.; Art.2497
I.- La mala praxis médica ocurrida en la actuación del doctor que atendió a la actora, que se encuentra acreditada en el proceso, y las circunstancias dentro de cuyo contexto las intervenciones constitutivas de ella fueron realizadas, sobre lo cual no existe controversia, hacen que deba tenerse por configurada en el presente caso la falta de servicio, factor de atribución necesario de la responsabilidad del Estado en los términos de los artículos 4º y 44 de la ley Nº 18.575.
II.- El deber de responder que afecta al Estado por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones posee, sin duda, una naturaleza propia que la hace diferente de aquellas que tienen su fuente en el derecho común. Sin embargo, forzoso es reconocerlo, los cuerpos normativos en que se encuentra su consagración originaria (artículo 38 de la Constitución Política de la República, y artículos 4º y 44 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado) omiten del todo establecer una reglamentación particular y suficiente en lo que concierne, entre otros importantes aspectos, a las características específicas de la acción indemnizatoria que emana de la responsabilidad en comento; particularmente, en lo que dice relación con los efectos del transcurso del tiempo en cuanto a su subsistencia; en otras palabras, en cuanto a si tal acción indemnizatoria es prescriptible o imprescriptible.
III.- El ordenamiento que consagra la responsabilidad del Estado por falta de servicio, carece de una disposición normativa específica que se pronuncie sobre el carácter prescriptible o imprescriptible de la acción indemnizatoria que deriva de tal tipo de responsabilidad; generándose al respecto una laguna legal que requiere ser integrada a objeto de zanjar la controversia que sobre este punto se plantea y, de este modo, satisfacer el principio de
inexcusabilidad que informa a nuestro ordenamiento procesal según lo dispuesto en los artículos 73 de la Constitución Política de la República y 10 del Código Orgánico de Tribunales.
En materia de prescripción, el espíritu general de nuestra legislación, tanto de aquella que conforma el ámbito del Derecho Privado como del Derecho Público, es que las acciones que en ella encuentran su fuente sean prescriptibles, es decir, que se extingan por el simple lapso de tiempo cuando no han sido ejercidas oportunamente; constituyendo la imprescriptibilidad una situación de excepción que se presenta únicamente en aquellos casos en que la ley, mediante texto expreso, así lo dispone.
Tal espíritu, en realidad, constituye la materialización del principio denominado de la utilidad social, ínsito en el instituto de la prescripción, cuya existencia obedece a consideraciones superiores de interés y de orden social, y como herramienta necesaria para el logro de la certeza y de la seguridad jurídicas.
Es por esto que de acuerdo a la aplicación del espíritu general de nuestra legislación en materia de prescripción, y ante el silencio de nuestro ordenamiento tratándose de esta institución en el caso sub lite, no cabe sino concluir que la acción indemnizatoria proveniente de la responsabilidad del Estado por falta de servicio necesariamente ha de
considerarse prescriptible. La sola circunstancia que la ley no haya específicamente establecido un plazo extintivo para ejercer tal acción indemnizatoria ésta es imprescriptible, representa una afirmación que, dentro de nuestro ordenamiento, carece de toda fundamentación legal; además, es atentatorio al principio general consagrado en el artículo 2497 del Código Civil que dispone que las normas sobre prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo.
El contenido patrimonial del derecho subjetivo que se genera para el particular en el caso de incurrir el Estado en falta de servicio que le produzca daño, es idéntico al que podrá originarse en el supuesto de un incumplimiento contractual o en el evento de un proceder ilícito estrictamente civil de su parte. Ello hace que la aplicación de un criterio analógico para establecer los efectos del transcurso del tiempo en la responsabilidad por falta de servicio, acudiendo a las soluciones que el ordenamiento nos proporciona en los casos de responsabilidad contractual y/o extracontractual sea no sólo procedente sino, además, necesario.
Se acoge el recurso de Apelación y se revoca el fallo de primera instancia, acogiendo la excepción de prescripción,
interpuesta por el Fisco, rechazándose la demanda por estar prescrita la acción.
Servando Jordán L., Osvaldo Faúndez V., Orlando Álvarez H. y los Abogados Integrantes Manuel Daniel A. y Enrique Barros B.
Gaceta Jurídica, Nº Legal Publishing 17749
Doña Paulina Aedo Alarcón, interpone demanda en contra del Fisco, expresa que, en su calidad de partícipe en la herencia de doña Haydée Alarcón Lozano, ejercita la acción de nulidad de derecho público contra el decreto exento Nº 17, año 1978, del Ministerio del Interior y el decreto supremo Nº 576, del mismo Ministerio, año y las consiguientes acciones de alzamiento de las prohibiciones patrimoniales y, además, la reivindicación de los bienes confiscados e indemnización de los perjuicios causados.
En fundamento de su acción, expone que entre el 16 al 30 de septiembre de 1973 fuerzas dependientes del Ministerio del Interior tomaron posesión del inmueble ubicado en la calle Pío Nono Nº 344 de Santiago, inscrito a nombre de doña Haydée Alarcón Lozano, en el Registro de
Raíces de Santiago, a fs. 212 Nº 251 del año
Artículo 2515 del Código Civil
Las acciones reivindicatoria y de indemnización de perjuicios que también se han deducido por la actora, como derivadas
la anterior de nulidad de derecho público,
referidas en los capítulos de casación
primero y último, son de evidente contenido patrimonial, pues se refieren a los aspectos materiales y monetarios que pretende obtener la actora en virtud de la declaración
nulidad que busca.
De lo anterior se deriva que su destino se condiciona de lleno a los plazos de prescripción establecidos al respecto por el Código Civil.
En este sentido cabe hacer presente que la propia actora condiciona y ampara estas pretensiones en diversas normas de este cuerpo legal;
Que siendo entonces inconcuso el situar las acciones patrimoniales también deducidas
el ámbito que les es propio, cual es el del derecho privado y común, debe enseguida
examinarse si es efectiva la alegación de la demandada en orden a que ellas se encuentran prescritas, en conformidad con
que al efecto establece el Código Civil.
Al respecto debe recordarse que sus artículos 2514 y 2515 disponen que las acciones se extinguen por el solo transcurso
del tiempo, bastando para ello el lapso de cinco años para las acciones ordinarias;
Que habiendo aparecido los decretos objeto de la acción de nulidad de derecho público en las ediciones del Diario Oficial correspondientes a los días 25 de enero y 25 de agosto, ambos de 1978, según se dejó sentado en los motivos primero y tercero del fallo de primer grado, manteniendo sin modificaciones por el ahora impugnado, en circunstancias que la demanda de fs.4 se notificó al Fisco de Chile recién el siete de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, es evidente que a su respecto se halla sobradamente cumplido el lapso indicado en el considerando anterior, por lo cual acierta la demandada al afirmar que las acciones patrimoniales intentadas en autos se encuentran extinguidas en virtud de haber operado a su respecto la prescripción extintiva descrita en el artículo 2592 del Código Civil;
Que al no decidir la cuestión debatida del modo que se viene señalando, es correcto el recurso intentado por el Fisco de Chile en orden a que el fallo impugnado contiene infracciones de ley que le han ocasionado un perjuicio reparable sólo con su invalidación, pues lo condena a la restitución de un bien raíz y al pago de una indemnización improcedentes en derecho, por lo cual se le dará lugar, sin que sea necesario referirse a los restantes capítulos de casación invocados.
y se acoge la excepción de prescripción interpuesta por el Fisco, por lo que se rechaza la demanda interpuesta.
Osvaldo Faúndez V., Ricardo Gálvez B. y Orlando Álvarez H., y los Abogados Integrantes señores Manuel Daniel A. y Enrique Barros B.
1341-2000
West Law, N° Legal Publishing: 17757
Se interpuso acción de nulidad de Derecho Público e indemnización de perjuicios por determinados decretos del Ministerio del Interior, de 1976, que traspasaron al dominio del Estado los automóviles de propiedad del demandante, donde el Estado se arrogó claramente funciones judiciales.
Art. 6 y 7 de la Constitución Política
I.- Que de los antecedentes del proceso resulta claro que los decretos del Ministerio del Interior, de 1976, que traspasaron al dominio del Estado los automóviles de propiedad del demandante, se arrogaron claramente funciones judiciales. Que si se tiene en consideración que en lo fundamental, el acto jurisdiccional tiene como finalidad la protección de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, entre los que se encuentra el
derecho de propiedad, necesariamente habrá que llegar a esa conclusión, puesto que, sólo al Poder Judicial en cuanto Órgano del Estado encargado de tan superior función, corresponde de manera válida y excluyente afectar tales situaciones. Por ello es que los actos administrativos impugnados excedieron claramente el ámbito de legalidad, puesto que privaron a la actora del dominio que sobre tales bienes tenía, sobre la base, de antecedentes y decisiones que, como se dijo, sólo competían al Poder Judicial (Corte de Apelaciones de Santiago).
II.- En lo que se refiere a la prescripción alegada por el Fisco, tratándose, como se ha dicho, de una nulidad de derecho público que se fundamenta en que la actuación de los poderes públicos no pueden exceder el marco rígido de su competencia, para que se aplicara la prescripción que impone el derecho común, se requeriría de una expresa remisión a esas normas, que permitiera privar al afectado de la acción de nulidad de derecho público, por el transcurso de cierto lapso, lo que por otra parte exigiría aceptar que los actos que contravienen el artículo 4º de la Constitución de 1925 pueden purgarse del vicio que los aqueja al cabo de cierto término, lo que pugna con el propio tenor del precepto citado en cuanto señala que tales actos son nulos y no pueden sanearse ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, dando a los vicios fundantes de la nulidad una entidad tal que impide que el solo transcurso del tiempo pueda sanear de ellos al acto que los contiene. En
consecuencia, no existiendo en el derecho público una norma que declare prescriptible la acción ejercida en estos autos ni otra similar a la del artículo 1683 del Código Civil que es el que priva de la acción de nulidad absoluta por saneamiento del acto en razón del transcurso de diez años, no cabe extender analógicamente el alcance de los artículos Nºs. 2497, 2514, 2515 y 1520 a una situación del todo diferente "(Sentencia de la Excma. Corte Suprema de 21 de julio de 1998, Rol Nº 2.916-96, considerando 6º, Gaceta Jurídica Nº 217)" (Corte de Apelaciones de Santiago).
III.- Cabe considerar que el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil no distingue si los perjuicios a que él se refiere provienen del incumplimiento de una obligación contractual o son efecto de alguna otra fuente de las obligaciones, razón por la cual carece de fundamento legal la distinción que el recurso hace al interpretar la referida disposición, sin que a ello obste la norma del artículo 752, pues ésta no se opone a que el monto de la indemnización que el Fisco deba pagar sea previamente determinada en la forma prescrita en el artículo 173 de ese Código (Corte Suprema).
Se rechaza el recurso de casación en el fondo por lo que se confirma el fallo de Corte de Apelaciones que acogió parcialmente la pretensión de la actora, declarando nulos de derecho público los decretos supremos Nº 416 de 1975 y Nº 203 de 1976, ambos emanados del Ministerio del Interior, condenando al Fisco de Chile a
alzar toda medida de investigación o de precaución que afectare el patrimonio de la actora y a restituir los dos vehículos de su propiedad de cuyo dominio fuera privado en virtud de los actos administrativos anulados y que en caso de pérdida u obsolescencia de los mismos, la restitución se extienda a la indemnización de los perjuicios causados por dichos actos, cuyo monto se determinará en la etapa de ejecución del fallo, rechazando en lo demás la demanda intentada.
Ricardo Gálvez; Orlando Álvarez; Domingo Yurac; Manuel Daniel; Franklin Geldres.
2213- 2000
Jurisprudencia Online LexisNexis Nº 17911
Familia Quintana Olivares demandan en juicio ordinario de indemnización de perjuicios al Servicio Agrícola y Ganadero por restringir la cantidad de animales y también la prohibición absoluta para salir a pastorear debido al brote de fiebre aftosa ocurrido durante los años 1986 a 1992, lo que provoco grandes perjuicios a esta familia ya que su predio ubicado en el sector de San José de Maipo tiene solo esa finalidad productiva, es por ello que
demandan una indemnización de 80 millones de pesos aprox. Por haber afectado su derecho de propiedad.
Art. 19 Nº 20 Constitución Política de la República; Art. 44 Ley 18.575.
La razón de indemnizar resulta de un hecho dañoso de un órgano de la Administración del Estado, radica en normas constitucionales y legales, las cuales han sido dejadas indebidamente sin aplicación, pues se ha permitido que en definitiva la carga pública de alcanzar un objetivo de bien común, cual es impedir la propagación de una enfermedad animal, sea soportada por algunos ciudadanos, alterando con ello el principio de la igualdad en la repartición de dichas cargas establecido en el artículo 19 Nº 20 de la Constitución Política del Estado
Si bien el artículo 44 de la ley Nº 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, dispone que los órganos de esta administración "serán responsables del daño que causen por falta de servicio" y debe por eso entenderse que siempre lo serán si esta falta existe, ello no excluye la posibilidad de que si han causado una "lesión patrimonial" grave, especial, desigual o discriminatoria originen la reparación correspondiente, esto por no estar la víctima en el deber de soportar ese detrimento, ya que el artículo 19 Nº 20, de la Constitución Política de la República asegura "la igual repartición de las cargas públicas"
Recurso de Casación en el
responsabilidad del Estado, a pagar la suma de más de cuarenta y un millón de pesos en contra de la Familia Quintana.
Domingo Yurac Soto; Enrique Barros Bourie; Manuel Daniel Argandoña; Osvaldo Faúndez Vallejos; Ricardo Gálvez Blanco
3176-2000
Demandante deduce demanda en juicio ordinario, en contra de la I. Municipalidad de La Unión, para que le indemnice de los perjuicios que le causó y le sigue causando la pavimentación de calle Ramírez, por cuanto quedó más alto que su casa habitación por lo que las aguas lluvia escurren hacia su propiedad y la inundan tanto al exterior como al interior, ya que el nivel del piso es sobrepasado por las aguas que se acumulan, tal como se ha señalado en los informes técnicos que se han debido solicitar para demostrar cuál es la real magnitud del problema. Y producto del Temporal sufrido en el invierno del año 1998 hicieron que su casa se anegará.
Art. 2314 Código Civil
I.- Al anegarse la casa de la demandante por el derrame de las aguas lluvias, a consecuencias de la pavimentación de la
calle, se infiere que la municipalidad demandada no cauteló que en esas obras se observaran los estándares mínimos requeridos para prevenir el daño provocado, pues, según las normas legales aplicables, debe entenderse que pertenece a la función pública de las municipalidades evitar que un defecto de pavimentación tan evidente llegue a provocar perjuicios de esa gravedad a alguno de los vecinos.
En consecuencia, sólo cabe calificar de objetivamente defectuoso el servicio municipal, como lo han hecho los jueces del fondo. No obsta a lo anterior el convenio celebrado entre el municipio y el SERVIU respectivo, toda vez que las obligaciones de la demandada en este ámbito no se ven alteradas por la concurrencia de otros organismos en la planificación, construcción y pavimentación de las calles ubicadas en la comuna.
II.- El tribunal recurrido ha vulnerado los artículos 2314 y 2329 del Código Civil, en relación con el artículo 141 de la ley Nº 18.695, que obligan a reparar todo tipo de daño, y no solamente el material, como lo ha hecho el tribunal de alzada sobre la base del razonamiento incorrecto de exigir que el demandante cuantifique separadamente el daño material y el moral. Aceptado que tanto de acuerdo con las normas del derecho privado invocadas supletoriamente, como de las normas pertinentes del derecho público, la indemnización debe cubrir todos los daños sufridos, y en ausencia de norma legal
alguna que exija que dichos daños sean separadamente cuantificados en la demanda, basta que ellos sean referidos en ese escrito en cuanto a su naturaleza, estimándoles en una suma global, sin que el actor deba cuantificar precisamente cada partida, más aun cuando la demanda expresamente señala que la suma indicada es sin perjuicio de que el juzgador establezca una diferente
Se acoge el recurso de casación en el fondo interpuesto, por lo que se acoge la demanda interpuesta pero se reduce el monto a pagar a dos millones de pesos.
Domingo Yurac Soto; Humberto Espejo Zúñiga; Orlando Álvarez Hernández; Osvaldo Faúndez Vallejos; Ricardo Gálvez Blanco
Afectado deduce demanda de indemnización de perjuicio en contra del Fisco de Chile, fundado en que con fecha 5 de agosto de 1996 se produjo un incendio en el Centro de Readaptación Social de Temuco, que se originó en el interior de dicho recinto, precisamente donde se encontraba detenido Marcelo Eduardo
Méndez Pérez, causado por los menores recluidos, molestos porque en un allanamiento efectuado a sus celdas les
había sido incautada una bebida parecida a la sidra y otras especies, las que se llevaron, previa amenaza que fue desatendida por los gendarmes, que incluso los motivaron a cumplirlas y una vez provocado no le prestaron la ayuda inmediata para sofocarlo.
raíz del incendio Méndez sufrió
quemaduras que alcanzaron a un 30' o 40' de su cuerpo, profundas, especialmente en su abdomen, extremidades inferiores y mano izquierda, todas graves, que le implicaron hospitalización, aseos quirúrgicos, excarectomía e injertos dermoepidérmicos
en cinco oportunidades y complicaciones
lo mantuvieron hospitalizado hasta el 16
de octubre de 1996, presentando a la fecha actual múltiples secuelas que aún lo mantienen en tratamiento de rehabilitación y curaciones, sin poder todavía caminar por sí
artículo 44 de la ley Nº 18.575
(Primera instancia) Es suficiente para que el Estado aparezca como sujeto responsable por la responsabilidad civil en caso de existir daño en un sujeto, la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que la conducta
causó el daño no pueda estimarse como
desprovista de relación con el servicio; b)
el agente o agentes públicos tengan una
relación de servicio con el Estado; y c) para
que la responsabilidad del Estado pueda verse comprometida debe existir una relación de causalidad directa entre el daño y el hecho invocado como origen de aquél
En caso de existir falta o culpa personal del agente o funcionario público, la regulación de la responsabilidad que pudiese incumbirle es materia de una regulación interórganica entre el funcionario y el órgano por cuya cuenta actuó. Este problema será siempre irrelevante para la víctima, la que podrá demandar la reparación del daño en su totalidad a la administración
Sin embargo debe rechazarse la demanda de indemnización de perjuicios seguida contra el fisco por la los daños sufridos por un recluso en un incendio en el penal donde se encontraba, ya que no se logró acreditar que fuera una acción u omisión de los agentes de la Administración, en el caso específico, de los gendarmes de turno realizada en el ejercicio de sus funciones, la causante de las graves lesiones sufridas por el actor, que indudablemente le causaron un gran dolor moral a él y sus padres, más si existe acuerdo entre las partes que los causantes del incendio fueron otros reclusos, no los gendarmes, y tampoco se probó que éstos actuaran negligentemente en el control del incendio, tarea que por lo demás escapa a su función propia, de manera que tampoco se puede pensar en una supuesta falta de servicio, que haría aplicable el artículo 44 de la ley Nº 18.575.
Corte Suprema declaro desierto el recurso interpuesto por lo que se confirma lo decidido por el juez de primera instancia rechazándose la demanda interpuesta.
Orlando Álvarez H., Humberto Espejo Z. y Domingo Kokisch M. y los Abogados Integrantes señores Manuel Daniel A. y Enrique Barros B.
3665-2000
El marido e hijos de la fallecida a causa de una infección intra-hospitalaria adquirida en el Hospital Higueras de Talcahuano, interpusieron demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco. Los hechos son los siguientes: Doña Adriana falleció a raíz de una infección intrahospitalaria producida por la falta de cuidado en la mantención de los niveles y controles de asepsia durante y después de la operación a que fue sometida en el Hospital Las Higueras, de Talcahuano.
Constitución Política de la República Art. 38; Ley 18.575 Art. 4 y 44.
DOCTRINA RELEVANTE CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCIÓN
I.- La Jurisprudencia ha señalado que no es necesario que la víctima identifique y demande al concreto dependiente o agente sanitario que con dolo o culpa causó el daño
respectivo. Para condenar civilmente al Hospital demandado no es necesario acreditar cuál fue el específico dependiente culpable del daño, pues basta probar que alguien dentro de la organización hospitalaria incurrió en culpa y que dicha negligencia fue la causa del daño.
II.- La Responsabilidad extracontractual de los hospitales es directa y no subsidiaria. Por tanto, la víctima no tiene necesidad de demandar primero, o conjuntamente al menos, al agente directo del daño para obtener una sentencia favorable, sino que puede demandar sólo y directamente al establecimiento por el monto total del daño sufrido, lo que, por lo demás, guarda concordancia con lo preceptuado por los arts. 2320 y 2322 del Código Civil.
III.- El Servicio de Salud es un órgano o servicio de la Administración del Estado y su estatuto corresponde al de las instituciones regidas por las normas (y principios) del derecho público, fundamentalmente las señaladas en la Constitución Política de la República y de las leyes dictadas conforme a ella.
Los Servicios de Salud "poseen un régimen jurídico totalmente diferente al de las personas jurídicas de derecho privado ", pues, "por el solo hecho de ser órganos descentralizados de la Administración del Estado, reciben su condicionamiento jurídico de la Constitución y de las leyes dictadas en su conformidad. Entonces, dado
que las normas y principios de derecho que rigen la responsabilidad de los Servicios de Salud se encuentran en el derecho público,
es inaplicable en este caso cualquiera de las
disposiciones de los Títulos XXXV
Código Civil" (Andrés Vásquez R. "Responsabilidad del Estado por sus Servicios de Salud", págs. 79-80).
III.- Según el inciso 2º del art. 38 de la Constitución Política de la República, y el art. 4º y 44 de la ley Nº 18.575 establecen una normativa que consagra la plena responsabilidad de todos los órganos del Estado, tales como los ministerios, intendencias, gobernaciones, órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa.
IV.- La responsabilidad extracontractual de los Servicios de Salud y de los demás órganos públicos es de carácter objetivo pues se encuentran necesariamente en la obligación de indemnizar los daños que causen con su actividad, cualquiera que haya sido el comportamiento de los funcionarios públicos que actuaron en ejercicio de esa actividad, pues su conducta no condiciona en modo alguno a aquélla. La norma constitucional antes citada (art. 38 de la Carta Fundamental) no deja lugar a dudas acerca de esta conclusión.
El concepto de falta de servicio consagrado
18.575, dice
deficientemente, no ha obrado cuando su normativa le imponía el deber de hacerlo o, en fin, ha actuado tardíamente, y a consecuencias de ello la víctima ha resultado lesionada en sus derechos. Se trata aquí de que la organización misma ha fallado en el cumplimiento de su función de servicio público.
Para el profesor Jorge López Santa María
"la responsabilidad por falta de servicio es
una responsabilidad objetiva
Basta, por lo
tanto, la causalidad material como factor de atribución de la responsabilidad", agregando más adelante que, a su entender, "si la
acción u omisión de la Administración o su retardo causan daños, eso es suficiente para que las víctimas deban ser indemnizadas.
Talcahuano no podría eludir su responsabilidad porque fue en su establecimiento hospitalario en que se contrajo la mortal infección, no habiéndose controvertido, por otra parte, que a él ingresó en ese aspecto sana y sólo para obtener mejoría de un problema de vesícula que la aquejaba.
Corte Suprema rechazó el recurso de casación interpuesto, condenándose al Fisco a pagar las sumas de dinero establecidas por la Corte de Apelaciones de Concepción.
Arnaldo Gorziglia Balbi; Enrique Barros Bourie; María Antonia Morales Villagrán; Orlando Álvarez Hernández; Ricardo Gálvez Blanco
4972-2000
Demandante, viene en interponer demanda civil por indemnización por daños en contra de la Municipalidad de La Unión por la muerte de su marido, quien se dirigía como todas las mañanas, a su trabajo en su bicicleta. Enfrentó un semáforo de calle Prat, que le daba la luz verde y cruzó confiado en que la calle Montt, que no tenía barreras ni señalización alguna, se encontraba expedita, como se presume de toda vía de uso público, pero la realidad era distinta, a no mediar el transcurso de algunos metros, se encontró con una verdadera trampa mortal: era un tubo que cubierto con gruesos tablones de más de veinte centímetros atravesaba toda la calzada, impactando su frágil vehículo contra esta tosca estructura. El golpe fue de tal violencia que expulsó por el aire el
cuerpo del marido, quien estrelló su cráneo contra el pavimento, en donde producto de un tec abierto con pérdida de masa encefálica, lo que le produjo la muerte posteriormente.
Artículo 141 de la ley Nº 18.695, Ley Orgánica de Municipalidades
La Ley Orgánica de Municipalidades establece la responsabilidad civil de los municipios por los daños ocasionados principalmente por falta de servicio, circunstancia que, según quedó establecido por los jueces del fondo, concurre por falta de señalización del sitio del accidente, no tomar resguardo suficientes para mantener el acceso, impidiendo el tránsito vehicular y peatonal mediante la colocación de barreras, sin señalizaciones ni advertencias de ninguna índole de la existencia de un tubo cubierto con tablones, que resultó ser la causa fundamental de la muerte del cónyuge de la actora.
Se rechaza el recurso de casación en el fondo, y se confirma la sentencia de primera instancia que condena a la Municipalidad a pagar 10 millones de pesos a la demandante por la muerte de su cónyuge.
Abogado Integrante Sr. Daniel
Se interpuso demanda de indemnización de perjuicios en contra de la Municipalidad de Concepción debido al deceso de Lina María Sepúlveda y de su madre María Victoria Pedreros Contreras que tuvo su origen por no mantener debidamente señalizada la existencia de un canal de desagüe, a un costado de un Regimiento, lo que ocasionó que ambas se precipitaran a las aguas y fueran arrastradas por la corriente.
Art. 38 Constitución de la República; Art. 141 Ley Orgánica de las Municipalidades.
I.- En cuanto a la vulneración de los artículos 38 de la Carta Fundamental y 141 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establecen responsabilidad por falta de servicio, cabe consignar que en el primer motivo del fallo recurrido se dejó establecido que, como lo resolvió el juez de primer grado, el deceso de Lina María Sepúlveda y de su madre María Victoria Pedreros Contreras tuvo su origen en la falta de servicio en que incurrió la municipalidad de Concepción, al faltar a su deber legal de mantener debidamente señalizada la existencia de un canal de desagüe, a un costado de un Regimiento, lo que ocasionó que ambas se precipitaran a las aguas y fueran arrastradas por la corriente.
El fallo concluye que dicho deber legal se lo impone el artículo 174, inciso 5º de la Ley Nº18.290, norma que anteriormente se
encontraba establecida en iguales términos en el derogado artículo 177, y que establece la responsabilidad de las Municipalidades o del Fisco por los daños que se causaren por accidente que sea consecuencia del estado de las vías públicas o de su falta o inadecuada señalización. La referida norma no fue estimada como conculcada, por el recurso, de tal modo que este tribunal debe entender que el recurrente ha estimado que ella se encuentra bien aplicada.
II.- (Corte de Apelaciones) La demandada reconoció que la responsabilidad del ente municipal es de carácter objetivo, es decir, que es suficiente el mal o defectuoso funcionamiento del Servicio y la relación de causalidad con la lesión sufrida por una persona, para que ella se genere, si bien la desconoce en el caso puntual que ha sido materia de la controversia, aduciendo que no le corresponde tuición alguna sobre las obras de evacuación y drenaje de aguas lluvias, porque tal función le corresponde al Estado a través de los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo, y al efecto cita la Ley 19.525, que se refiere a esta materia. Sin embargo, tal como se consignó en el motivo anterior, el problema no es a quien le corresponde proyectar, construir, reparar o mantener el sistema de evacuación de aguas lluvias sino al hecho de que carecía absolutamente de señalización que advirtiera la existencia de un canal a tajo abierto, y esta omisión es de responsabilidad del municipio. La cita a la Ley 19.525 no resulta pertinente, al menos
por ahora (después, ya se verá), ya que si bien entrega a los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo esas funciones de proyectar, construir, reparar y mantener los sistemas de evacuación de aguas lluvias, en las poblaciones de más de 50 mil habitantes (caso de la ciudad de Concepción), sus disposiciones transitorias establecen que su normativa solo será exigible cuando estén aprobados los planes maestros de las redes primarias de evacuación y drenaje de aguas lluvias, para lo cual se concedió un plazo de cinco años a contar de la vigencia de la ley (10 de noviembre de 1997), plazo que, a la fecha, se encuentra pendiente, sin que exista constancia acerca de la existencia de tales planes. Ahora bien, la señalización respecto de la existencia del canal era tanto más necesaria si se tiene en cuenta que éste corría por el lugar en que razonablemente debía encontrarse la acera (lo normal es que en las ciudades existan aceras a ambos costados de una calzada), y efectivamente, como se aprecia de las fotografías no objetadas que rolan agregadas a fs. 50 y siguientes, existe al costado del Regimiento Guías una acera y entre ésta y el Regimiento corre el canal de evacuación de aguas lluvias, de suerte que al inundarse el sector (las intensas lluvias en esa época del año no son un fenómeno desconocido en esta zona) no era posible advertir el grave peligro, sobre todo si se suma a ello el hecho de que ya había oscurecido (debe recordarse que el suceso ocurrió un 23 de agosto, aproximadamente a las 19.00 horas).
Resulta irrelevante que las víctimas cruzaran por un lugar que no es paso de peatones, como lo sostiene la parte de la Municipalidad en su escrito de apelación, porque aunque así haya sido (hecho que, en todo caso, no está probado), ellas atravesaron la calzada para alcanzar la acera existente al costado del Regimiento Guías, sin que nada anunciara que por ese lugar corría también un canal de aguas lluvias, el que sin duda no era visible por encontrarse todo el sector inundado, de manera que resulta un reproche gratuito y sin base alguna, atribuirle a ambas responsabilidad en su propio deceso.
Se rechaza el recurso de casación en el fondo, por lo que se confirma la sentencia de la Corte de Apelaciones que condenó a la Municipalidad a pagar $13.000.000 la suma que la demandada deberá pagar al actor Salvador del Carmen Sepúlveda Villarroel por el daño moral derivado del fallecimiento de María Victoria Pedreros Contreras, y a $18.000.000 la indemnización por el daño moral causado por el fallecimiento de su hija Lina María Sepúlveda Pedreros; se eleva a $17.000.000 la cantidad que se ordena pagar a la demandada en favor de la actora Roxana del Carmen Sepúlveda Pedreros por los perjuicios morales que le originó la muerte de su madre María Victoria Pedreros Contreras, y a $17.000.000 el producido por el deceso de su hermana Lina María Sepúlveda Pedreros; asimismo, se aumenta a $10.000.000 la suma que la demandada deberá pagar a Gloria Erika Pedreros Contreras por daños
morales ocasionados por el fallecimiento de su hermana María Victoria Pedreros Contreras, y a $6.000.000 los producidos por la muerte de su sobrina Lina María Sepúlveda Pedreros.
3827- 1999
Jurisprudencia Online LexisNexis Nº 24512
Se interpuso demanda de indemnización de perjuicios por la muerte de su marido en contra del Servicio de Salud de Viña del Mar por un derrame cerebral mal diagnosticado.
Articulo 6 y 38 Constitución Política de la República; Articulo 2, 4 y 44 Ley 18.575.
La Teoría del Órgano consagra la responsabilidad directa del órgano administrador por las faltas, abusos u omisiones cometidos por un funcionario que pudiera causar daño a los administrados. Dicha teoría, en nuestro sistema jurídico encuentra su sustentación fundamental en la Constitución Política de la República, especialmente en los artículos 6º y 38, así como en los artículos 2 y 4 de la ley 18.575 y en particular el 44.
De acuerdo con esta teoría para que la responsabilidad tenga lugar y para que surja el derecho de la víctima a ser indemnizada es suficiente que, la actuación del agente público esté relacionada con el servicio u órgano público y que haya un vínculo directo de causalidad entre la acción u omisión y el daño producido.
Se confirma el fallo de Primera Instancia
Orlando Álvarez H.; Humberto Espejo Z.; Milton Juica A.; Manuel Daniel A.; Arnaldo Gorziglia B.
4878-2000
Recurso de Casación en el Fondo, acogido.
Demandante, por sí y por su hija menor de edad, demandaron a don Miguel Zenón Massri Irigoyen e I. Municipalidad de La Unión de indemnización de perjuicios por la muerte de su marido producida con ocasión del desmoronamiento del llamado Muro de Contención de calle Esmeralda, a cargo de los demandados.
Código Civil Art.2314; L.O.C. de Municipalidades Art. 141.
La falta de servicio existe y origina responsabilidad solamente cuando el ente municipal no preste un servicio al que, por
cierto, esté obligado legalmente y que haya ocurrido por falta de algún funcionario, en contra del cual el municipio puede repetir, lo que no ocurre cuando sólo tiene labores de supe vigilancia y además cumplió dicha función.
La responsabilidad extracontractual de una Municipalidad existe cuando dicha entidad tiene una actuación directa en los referidos sucesos, lo que no ocurre cuando por medio de un contrato celebrado con un particular, previa proceso de licitación pública, se adjudicó a éste la obra de construcción de un muro de contención, para salvaguardar una vivienda y fue durante el desarrollo de las respectivas labores, que falleció, como consecuencias de un derrumbe, don Gabriel Negrón Acuña.
Se acoge el recurso de casación por lo que se rechaza la demanda de indemnización interpuesta en contra la Municipalidad de la Unión, sólo condenándose a la empresa privada.
Urbano Marín V., Jorge Medina C., señorita María Antonia Morales V. y los Abogados Integrantes señores Patricio Novoa F. y Juan Infante P.
3427-2001
La familia del occiso, chofer de camión de la Dirección de Vialidad Oficina de Cañete, interpuso demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco por la muerte de él ocurrida el 26 de junio de 1995 a consecuencia de las lesiones que sufrió al desprenderse y ser expulsado con violencia el aro de seguridad que fija el neumático, a la llanta del camión a su cargo, cuando, después de haber montado el neumático, le introducía aire para dejarlo con la presión adecuada. La labor de recambio de neumáticos se realizaba en dependencia de la Inspectoría de la Dirección de Vialidad de Cañete.
Ley 18.575 Art. 4 y 44;
Los preceptos constitucionales que reconocen el principio de la responsabilidad del Estado, no establecen cuál es la naturaleza de ésta, sino se remiten a la ley para determinarla, lo que hacen los artículos 4º y 44 de la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.575, al, señalar, en general, que "el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado" y, en especial, respecto de los Ministerios y organismos regidos por el Título II del mismo cuerpo legal, que "los órganos de la administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio" y que, "no obstante, el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta
La "falta de servicio" que irroga directamente responsabilidad al Estado, en los términos del aludido artículo 44 de la Carta Constitucional, se produce si sus órganos administrativos no actúan, debiendo hacerlo, si su actuación es tardía o si ellos funcionan defectuosamente, causando perjuicio a los usuarios o destinatarios del servicio público y que si bien estos últimos no requieren individualizar ni perseguir, al funcionario cuya acción u omisión personal origina la falta, en cambio, deben invocar y acreditar la existencia de esta falla en la actividad del órgano administrativo, y que ella es la causa del daño experimentado por el patrimonio de la víctima.
No hay de la falta de servicio en la orden impartida por el jefe del señor Rivas a éste para que efectuara el cambio de neumáticos del camión que conducía sin contar con los elementos requeridos, sino se logra acreditar que dicha orden se hubiera impartido a la víctima.
La Corte Suprema rechazó el recurso interpuesto, rechazándose finalmente la demanda interpuesta por la familia del fallecido.
Marcos Libedinsky T., José Benquis C. y Urbano Marín V. y los Abogados Integrantes señores Patricio Novoa F. y Fernando Castro A.
4753-2001
West Law, Nº Legal Publishing 51034
Se interpuso demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco causado por la muerte de don Jorge Jordán Domic el día 16 de octubre de 1973, en un recinto militar.
Artículos 2497 y 2515 del Código Civil.
La idea de aplicar las reglas de la prescripción extintiva que contiene el Código Civil a las acciones en que se persigue la responsabilidad extracontractual del Estado no repugna a la naturaleza especial que ella posee, si se considera que ellas inciden en el ámbito patrimonial de esa responsabilidad y que, en ausencia de normas positivas que las hagan imprescriptibles, corresponde estarse a las reglas del Derecho Común que se refieren específicamente a la materia, entre las que se encuentra el artículo 2332 del Código Civil, que versa directamente sobre ella;
Esto no ocurre merced a una aplicación supletoria de dicha normativa, sino se produce directamente, por mandato explícito del legislador expresado en el artículo 2497 del Código Civil, que dispone que "sus reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del
iglesias, de las
municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo", extendiendo al Fisco, entre otras personas, sus normas sobre prescripción;
La disposición citada en el considerando anterior nada tiene de insólita si se recuerda que el artículo 2521 del mismo Código Civil establece que "prescriben en tres años las acciones en favor y en contra del Fisco y de las municipalidades provenientes de toda clase de impuestos", porque al fijar un término especial de prescripción para las acciones relativas a ingresos tributarios del Estado y de los municipios, regidos por una
las vertientes del Derecho Público y que
es distinto de los plazos establecidos para la prescripción de otras acciones o derechos en
mismo Código, denota la voluntad del
legislador en orden a que el Estado y demás entidades indicadas en su artículo 2497 quedaran afectas a sus reglas referentes a la materia, a pesar de incidir en asuntos naturalmente propios del Derecho Público.
acoge el recurso de casación en el fondo
se revoca la sentencia de Corte de
Apelaciones, acogiendo la excepción de prescripción, rechazando la demanda en todas sus partes.
Ricardo Gálvez B., Domingo Yurac S., María Antonia Morales V. y los Abogados Integrantes Manuel Daniel A. y Arnaldo Gorziglia B.
1513-2001
West Law, Nº Legal Publishing 51025
Se interpuso demanda de indemnización de perjuicios en contra de la Municipalidad de San Fernando por el accidente sufrido por Marisol Duarte Gómez, caminando por las calles de esa ciudad, tuvo un accidente que le produjo lesiones graves sufridas por la propia demandante al caer debido al mal estado de una vereda.
Art. 174 Ley del Tránsito y art. 137 Ley Orgánica de Municipalidades.
Estando efectivamente establecida por los jueces del fondo, la falta de servicio en que incurriera la municipalidad denunciada, corresponde aplicar al presente caso la disposición que, acerca de la responsabilidad pecuniaria, se contiene en la ley Nº 18.965, Orgánica Constitucional de Municipalidades y que es el artículo 137 de este cuerpo legal, cuyo texto es el siguiente: "Las municipalidades incurrirán en responsabilidad por los daños que causen, la que procederá principalmente por la falta de servicio.
No obstante, las municipalidades tendrán derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal";
De acuerdo con ese precepto, que concuerda con lo que y en general sobre la responsabilidad del Estado dispone la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración en los artículos citados por el fallo recurrido, es preciso concluir en que el municipio demandado es responsable de los daños sufridos por el demandante;
Se refuerza la conclusión anterior si, como lo hace el fallo impugnado, se considera el inciso final del artículo 174 de la Ley de Tránsito, que preceptúa que "la municipalidad respectiva o el fisco, en su caso, serán responsables civilmente de los daños que se causaren con ocasión de un accidente que sea consecuencia del mal estado de las vías públicas o de su falta o inadecuada señalización"; concepto éste el de vías públicas que incluye el de "aceras", según el artículo 2º de la misma ley;
Siendo así, no se ha contravenido lo que disponen los artículos 1º, 11 y 74 de la ley Nº 18.946, al no aplicarse en la decisión dichos preceptos, puesto que, además de no aparecer clara y derechamente referidos a la responsabilidad civil de los municipios, su aplicación al caso sub lite habría sido irrelevante frente a la responsabilidad del municipio por la falta de servicio, consagrado en el texto de la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.695.
Se rechaza el recurso de casación en el fondo y se confirma la sentencia de la Corte
de Apelaciones que condena a la Municipalidad a pagar: La suma de $ 55.430 por concepto de daño emergente y $ 4.000.000 por daño moral, con reajustes respecto de la primera de dichas sumas.
6999 - 1999
Jurisprudencia Online LexisNexis Nº 31291
María Paz Santibáñez demandó al Fisco por el intento de homicidio realizado por un agente del Estado en su contra, que casi le provocó la muerte, en una protesta cerca del Teatro Municipal, a fines de la década de los 80.
I.- La más reciente corriente de opinión sostiene que el término "demanda judicial" no debe ser tomado en un estricto sentido procesal, sino en uno más amplio, bastando que el acreedor recurra a los tribunales en demanda de protección, ya sea para cobrar directamente su crédito, ya sea para efectuar las gestiones previas necesarias para hacerlo. La interrupción civil supone que el acreedor intervenga saliendo de su
inactividad; basta que el legislador haya exigido que esta actividad del acreedor se produzca ante los tribunales y que ella implique la intención de éste de cobrar su crédito, aunque ello se produce tanto si el acreedor está en condiciones de hacerlo inmediata y directamente como cuando con tal finalidad, realiza cualquier gestión judicial que manifieste su intención de cobrar su crédito. (Abeliuk, René. "Las Obligaciones". Tomo II, Editorial Jurídica, 1993, pág.1017)
En este caso la certeza jurídica acerca de la responsabilidad criminal del carabinero Sotomayor Zúñiga en los hechos que motivan la demanda sólo la tuvo la denominada "parte perjudicada" del proceso penal militar al quedar ejecutoriado el fallo condenatorio dictado en contra del policía
II.- La doctrina clásica ha señalado como fundamento de la obligación que la ley impone de indemnizar el daño causado, la culpabilidad del agente y por ello recibe el nombre de responsabilidad subjetiva pues la razón de ser de la obligación indemnizatoria es la actuación ilícita del agente del daño, lo que motivó, por qué nunca la víctima obtenía reparación, por la dificultad en probar la culpa, ya que si ésta era requisito de la responsabilidad extracontractual debía acreditarla quien la alega. Producto del análisis de tal falencia fue la aparición de la doctrina llamada de la responsabilidad objetiva o del riesgo, pues ella no atiende, como la anterior, a la conducta del agente, a
su culpabilidad, sino meramente al resultado material que de ella ha derivado: el daño; en cambio, como es sabido, en las tendencias actuales del Derecho comparado predomina la idea de la defensa de la víctima y la tendencia de procurarle que, en todo caso, obtenga un resarcimiento eficaz y oportuno del daño que ha sufrido.
III.- En relación a la responsabilidad del Estado en la doctrina se ha distinguido entre actos de autoridad y de gestión y la clasificación de actos de autoridad y actos de poder y se decía que en los actos de autoridad el Estado actúa premunido de una personalidad de Derecho Público e investido del poder que le otorga la soberanía; en virtud de su poder el Estado se impone a los particulares, mediante leyes o decretos. Pero esta teoría supone que, además de la personalidad de Derecho Público, el Estado tiene otra, de derecho privado para efectuar actos comunes en las mismas condiciones que cualquier particular y a estos actos se les llama de gestión para diferenciarlos de los de autoridad.
En doctrina más reciente, en nuestro país se ha dicho que la responsabilidad del Estado está constitucionalmente prevista y consagrada de modo genérico para todos los órganos del Estado en los artículos 6º y 7º de la Carta Fundamental y de modo específico también para todos los órganos administrativos, por varias notas que la hacen diferenciarse de los otros tipos de responsabilidad. Así se explica que se trata
de "una responsabilidad de una persona
allí que no sea
aplicable a ella toda la estructura subjetiva
con que se ha organizado tanto la responsabilidad civil, penal o disciplinaria, sobre la base de la culpa o el dolo, y, por lo tanto, no pueda serle aplicada la regulación normativa civilista o penal o
ser una responsabilidad de
una persona jurídica y, por ende de imposible estructuración técnica sobre la base de culpa o dolo, resulta ser una responsabilidad objetiva, fundada sobre la base de la causalidad material" y se concluye vale decir atendida la relación causal entre un daño antijurídico (que la víctima no estaba jurídicamente obligada a soportar) producido por un órgano del Estado en el ejercicio de sus funciones, nace la obligación para éste de indemnizar a aquélla".(Soto Kloss, Eduardo. Derecho Administrativo. Bases fundamentales. Tomo II, Editorial Jurídica, 1996, página 309)
IV.- Sobre la regulación del daño moral sufrido por la actora a consecuencia de lesiones causadas hace más de quince años por un agente del Estado, tardanza atribuible a las deficiencias de nuestro arcaico sistema procesal, debe considerarse, en forma especial, la naturaleza de tales lesiones, provocadas por un proyectil de arma de fuego.
V.- (Corte Suprema) La presentación de la madre de la demandante, a esa fecha, en calidad de representante legal de ella, reúne
al menos en esencia lo que a futuro constituyó la demanda civil, que en la especie no pudo ser otra que la interpuesta ante el Tribunal Civil respectivo, por cuanto el procesal militar, no contempla, por regla general, oportunidad procesal que habilite para deducirla en esa causa.
Corte de Apelaciones confirma el fallo de primera instancia pero aumenta el monto de indemnización de daño moral a 60 millones de pesos a pagar a la demandante.
DOCTRINA RELEVANTE DEL VOTO DISIDENTE
Nuestro ordenamiento no contempla de un modo general la responsabilidad objetiva del Estado, por los daños causados por los órganos de la Administración del Estado. Así, por lo demás, lo ha reconocido la más reciente jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, particularmente en el fallo Domic Bezic, Maja y Otros con Fisco de Chile, de 15 de mayo de 2.000 (publicado en Gaceta Jurídica N° 263, págs. 29 y siguientes), cuyo considerando 10° -de la sentencia de casación- expresa que esta clase de responsabilidad requiere del legislador que describa las circunstancias precisas que pueden generarla, como ocurre, por excepción, v. gr., en las situaciones descritas en los artículos 2.327 y 2.328 del Código Civil y 155 del Código Aeronáutico. En el caso del Estado y sus organismos, entre otras, en las señaladas en los artículos 21 del Código de Minería, 8° del Decreto Ley N° 3.557, de 1.981; 50 y 52 de la ley N° 18.302; 17 de la ley N° 18.415 y 52 de la
ley N° 19.300 y 174 de la ley N° 18.390, modificado por el N° 35 del artículo 1° de la ley N° 19.495, si bien esta última norma de la Ley del Tránsito establece propiamente una presunción de responsabilidad. La validez de esta tesitura no se ve alterada, sino antes bien, ratificada, por el contenido de los artículos 6 y 7de la Constitución Política, citados en apoyo de la presunta adhesión constitucional al principio de la responsabilidad objetiva, atendido que ambos preceptos, en sus incisos finales, se remiten, para configurar la responsabilidad estatal por infracción de los mandatos constitucionales, a lo que al respecto señale el legislador. Tampoco es óbice para arribar a la conclusión antedicha la circunstancia de que el artículo 38, inciso 2° de la Carta Fundamental, autorice a cualquier lesionado en sus derechos por la Administración del Estado, en general, para recurrir ante los tribunales que determine la ley, pues esta disposición no importa la aprobación de un determinado modelo o sistema de responsabilidad de la institución estatal, como lo proclaman los adictos de esta postura, sino simplemente establece una regla de habilitación de competencia, con prescindencia de algún régimen en particular.
Tampoco es sostenible que el artículo 4° de la L.O.C. N° 18.575 consagre, en ejecución de un mandato constitucional, una responsabilidad de carácter objetivo, tanto porque el constituyente no adhiere a un módulo determinado, cuanto porque,
interpretando esa norma en el contexto de la propia ley, sólo es dable concluir que el Estado responde por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones cuando éstos han obrado con abuso o exceso en el desempeño de sus potestades, como lo puntualiza el artículo 2 de su acápite final, quedando excluido de la obligación de responder si sus actos u omisiones se han enmarcado en el ejercicio legítimo de su actividad. Esta reflexión, con todo, no obsta a la obligación del Estado de responder si como en la especie, la actuación del agente policial involucrado en los hechos que culminaron con la grave lesión sufrida por la víctima del episodio de autos, se produjo en forma culposa, con manifiesta desproporción y exceso de sus atribuciones por parte del carabinero interviniente, pues, el restablecimiento del orden público, era un objetivo alcanzable, ciertamente, mediante el empleo más racional y adecuado de los medios puestos al servicio de la policía por la sociedad política.
Ejecutoriada, Corte Suprema rechazó recurso de casación en el fondo interpuesto (Rol 428-2003).
José Benquis, Orlando Álvarez, Urbano Marín, Jorge Medina y el Abogado Integrante Mauricio Jacob.
1234-2002
West Law, Nº Legal Publishing 51012
Se interpuso demanda de indemnización de perjuicios por daño moral que doña Gladys Pizani Burdiles y doña Claudia Chamorro Pizani presentaron en contra del Fisco por el secuestro de don Juan Chamorro Arévalo el día 16 de septiembre de 1973 y la negativa del Estado chileno de devolverlo con vida o entregar información sobre su paradero, en Primera instancia de termino fijando esa indemnización en las sumas de cincuenta y cuarenta millones de pesos, para las demandantes, en sus calidades de madre e hija de la víctima, respectivamente.
Artículo 2332, 2497 y 2515 del Código Civil
Es necesario recordar que, estando acreditado que la detención y desaparición de don Juan Chamorro Arévalo, con intervención de funcionarios del Estado, tuvieron lugar bajo el imperio de la Constitución Política de 1925 y debiendo la responsabilidad del Estado derivada de esa situación regirse por normas de Derecho Público, lo cierto es que ninguna de estas condiciones obsta a que las acciones conducentes a la reparación del daño moral causado a familiares de la víctima de estas actuaciones puedan extinguirse por la prescripción, merced a las normas pertinentes a la materia que consulta el ordenamiento positivo;
tiene cabal aplicación en el ámbito del Derecho Público, como lo denotan los preceptos que la regulan en distintas ramas
este sector, v.gr., los que hacen cesar la
responsabilidad disciplinaria de diferentes categorías de funcionarios estatales, según
artículos 151 letra d) y 152 de la ley Nº
18.834; 153 letra d) y 154 de la ley Nº 18.883 y 156 del decreto con fuerza de ley
1, de 1997, de Guerra y las que inciden
el campo tributario, con arreglo al Título
del Libro IV del Código del ramo, entre
otras normas semejantes;
Ello nada tiene de singular, si se tienen en cuenta las bases y fines de este instituto, tal como ya lo destacara Luis Contreras Aburto, en su completo estudio sobre "Algunos aspectos de la prescripción extintiva", (Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo XLII, 1945, pág. 65 y siguientes), diciendo que, "con toda justicia, puede afirmarse que el fundamento indiscutido de la prescripción es la "denominada utilidad social", presente ésta bajo cualquiera denominación, ya como "institución que mira al interés público"; que provee a una "necesidad social, a la "utilidad pública" o a "razones superiores de orden o tranquilidad sociales", al tenor de
conceptos utilizados en la sentencia de la
Corte Suprema de 12 de marzo de 1929 (Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo XXVII, Sección I, pág. 183)
Como quiera que la prescripción es una
institución de orden
público cuyo
fundamento se vincula con consideraciones
utilidad y seguridad jurídica, entre ellas,
la certeza y consistencia de los derechos, no debe extrañar que la imprescriptibilidad de ciertas acciones sea siempre excepcional y requiera de una declaración legal expresa, tal como la que contiene el artículo 4º de la ley Nº 19.260 y que, en ausencia de disposiciones específicas de Derecho Público relativas a la materia, deban regir las normas del derecho común;
En el régimen jurídico patrio la incidencia en la responsabilidad extracontractual del Estado de las reglas comunes de la prescripción extintiva que establece el Código Civil, no es resultado de una aplicación supletoria de disposiciones especiales que gobiernen esa responsabilidad fiscal, como las consignadas en los artículos 8º del decreto ley Nº 3.557, de 1980 y 17 de la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.415, sino consecuencia del preciso mandato que impartió el artículo 2497 del citado Código, acerca de que "sus reglas relativas a la
prescripción se aplican igualmente a favor y
contra del Estado, de las iglesias, de las
municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales y de los individuos particulares que tiene la libre administración de lo suyo";
Entre las reglas del Código Civil referentes
la prescripción que deben operar en
beneficio y en contra del Estado, se encuentra la que establece el artículo 2332
de ese cuerpo legal y que versa directamente sobre la extinción de la responsabilidad extracontractual por la vía indicada, declarando que las acciones mediante las cuales se persigue la obligación de indemnizar el daño inferido a otro con dolo o culpa, "prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto";
La sentencia recurrida, confirmando lo resuelto en primera instancia, consideró que el hecho generador del daño cuya reparación se ha demandado no sólo está constituido por la detención de don Juan Chamorro Arévalo, sino también por su desaparecimiento, lo que hace que se trate de un ilícito compuesto, con caracteres de permanencia, que se trasunta en que el daño sigue provocándose en tanto no cese el desaparecimiento o persista la ausencia de noticias de la víctima y ratificó el rechazo de la prescripción alegada por la defensa fiscal;
Ese razonamiento prescinde, y por lo tanto, vulnera, al dejar de aplicarlo el mencionado artículo 2332 del Código Civil, que ordena terminantemente que el plazo de cuatro años en el cual prescriben las acciones dirigidas a reclamar la indemnización de los perjuicios derivados de la responsabilidad extracontractual se debe contar "desde la perpetración del acto", de modo que como la detención y desaparición de don Juan Chamorro Arévalo causadas por la actuación de agentes del Estado se originaron, según lo establecido en autos, el
día 16 de septiembre de 1973, corresponde estarse precisamente a esta fecha para computar el cuadrienio vencido el cual se extinguen las acciones referidas;
La circunstancia que la detención de don Juan Chamorro Arévalo haya dado lugar a la desaparición de la víctima y que esta situación, así como la carencia de informaciones sobre su destino se hayan prolongado en el tiempo, no impide la aplicación en la especie del precepto antes examinado, sin que sea dable hacer el distingo expuesto en el fallo de primera instancia y reiterado en la sentencia recurrida, acerca de la índole compleja del hecho y la proyección posterior de sus efectos, si se tienen presente los términos de dicha disposición legal y que también otras acciones ilícitas pueden causar un daño moral indefinido a los deudos de la víctima, como sucede si provocan el fallecimiento de ésta, sin que por ello dejen de constituir una misma actuación en cuanto se refiere al cómputo del plazo en que prescribe la acción indemnizatoria;
De lo anterior resulta que la sentencia impugnada cometió el error de derecho invocado en el recurso de autos al dejar de hacer efectiva en este juicio la regla de prescripción del citado artículo 2332 del Código Civil, cuya aplicación conducía a no hacer lugar a la demanda entablada en contra del Fisco, en vez de acogerla al confirmar el fallo de primer grado, teniendo en cuenta que la demanda de las actoras
aparece notificada con fecha 16 de abril de 1999, esto es, cuando ya había transcurrido largamente el plazo fijado en esa norma legal, contado desde el 16 de septiembre de
se acoge la excepción de prescripción interpuesta, rechazando la demanda interpuesta.
Marcos Libedinsky T., Orlando Álvarez H., Urbano Marín V., Jorge Medina C. y el Abogado Integrante Mauricio Jacob Ch.
1290-2002
Susana Cristina Hernández Espinoza dedujo demanda en juicio ordinario en contra del
Servicio de Salud Concepción, solicitando
le condene al pago de la indemnización
por los perjuicios que se le ocasionaron con
motivo de su internación y posterior intervención quirúrgica, consistente en una mamoplastía reductiva bilateral, que se le practicó por profesionales médicos del Hospital Clínico Regional de Concepción, a raíz de la cual y por hechos acaecidos durante su convalecencia sufrió diversas
lesiones corporales, pretendiendo el pago de
suma de $ 50.500.000 (cincuenta millones
quinientos mil pesos) por daño emergente, de $ 350.000.000 (trescientos cincuenta millones de pesos) a título de indemnización por daño moral, más intereses, reajustes y costas del juicio.
Artículo 6, 7 y 38 de la Constitución Política; Artículo 44 de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
I.- Según lo entiende la doctrina, la responsabilidad del Estado, que encuentra su fuente legal en los artículos 6º, 7º y 38 inciso 2º de la Carta Fundamental y en los preceptos legales antes citados, se origina en aquellos casos en que sus órganos o agentes administrativos omiten actuar, debiendo hacerlo, o bien cuando actúan inoportunamente o de manera defectuosa, causando, en cualquiera de estas hipótesis, un perjuicio a los usuarios o destinatarios del servicio público, conformando estos últimos elementos lo que la ley denomina "falta de servicio".
Y, en el caso que nos preocupa, la sentencia que se ataca por el recurso ha establecido como hechos, inamovibles para este Tribunal, precisamente todos aquellos que aparecen como factores imprescindibles para configurar la definición doctrinaria y jurisprudencial del citado concepto, al cual se refiere el inciso 1º del artículo 44 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
II.- No obstante todo lo precedentemente
reflexionado y desde una perspectiva distinta a la expresada, resulta necesario destacar que, según se desprende de las motivaciones 9º y 13º del fallo de primera instancia reproducidas en la sentencia de segundo grado, del párrafo final del considerando 3º y de lo consignado en el fundamento 4º de esta última, los sentenciadores de fondo consideran y concluyen en que la naturaleza de la responsabilidad de los órganos del Estado que fluye de los artículos 38 inciso 2º de la Constitución Política de la República, 4º y 44 de la Ley Nº 18. 575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, es de carácter objetivo, lo que conlleva a afirmar que para su generación resultaría suficiente la constatación de un daño a la víctima y la existencia de una relación de causalidad con el hecho que lo ocasiona, sin necesidad de establecer si el ente público o sus agentes obraron con dolo o culpa.
Si bien es cierto la materia antes propuesta ha sido y es producto de divergentes opiniones entre autores y juristas, esta Corte, en diversos fallos, ha interpretado dichas normas de manera distinta de la contenida en la sentencia que se revisa, en lo atinente a la calificación de la naturaleza jurídica de la responsabilidad del Estado consagrada en los citados preceptos, pudiendo sintetizarse tal doctrina del siguiente modo: En virtud del principio de legalidad contenido en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República y
Constitucional de Bases de la Administración del Estado, los órganos del Estado deben adecuar estrictamente su proceder al ordenamiento jurídico vigente, y su contravención generará las responsabilidades que determina la ley.
En concordancia con dichos preceptos, el artículo 38 de la Carta Fundamental confiere, a toda persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, el derecho a "reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño"; derecho cuyo ejercicio permite a la jurisdicción ordinaria conocer y juzgar las acciones de resarcimiento fundadas en actos irregulares de la Administración.
Por lo tanto, si bien los aludidos preceptos constitucionales reconocen el principio de la responsabilidad del Estado, en modo alguno establecen cuál es la naturaleza de esa responsabilidad, remitiendo a la ley su determinación ", lo que hacen los artículos 4º y 44 de la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.575, al señalar, en general, que "el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado" y, en especial, respecto de los Ministerios y organismos regidos por el
Título II del mismo cuerpo legal, al disponer que los "órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio".(Corte Suprema, Casación Nº 3.427, "Figueroa Gallardo, Rosalía y otra con Fisco de Chile", Sentencia de 8 de mayo de 2002).
En estrecha relación con lo antes reflexionado se encuentra la necesidad de conceptuar adecuadamente las expresiones "falta de servicio" que, sin definir, empleó el legislador en la redacción del artículo 44 de la ley Nº 18.575, tantas veces aludida, desde que tal presupuesto constituye la fuente generadora directa de la responsabilidad del Estado.
En este contexto, como se ha dicho en el motivo 8º de este fallo y conviene aquí repetir, la denominada "falta de servicio" se produce cuando los órganos o agentes estatales no actúan debiendo hacerlo, o cuando su accionar es tardío o defectuoso, provocando, en uno u otro caso, o en concurrencia total o parcial, un daño a los usuarios o beneficiarios del respectivo servicio público.
En estos casos, como lo expresa el mismo fallo de esta Corte citado en la reflexión que antecede, si bien los perjudicados ", no requieren individualizar ni perseguir al funcionario cuya acción u omisión personal origina la falta, en cambio deben invocar y acreditar la existencia de esta falla en la actividad del órgano administrativo, y que
ella es la causa del daño experimentado.
En el caso sub judice, aun cuando podría estimarse que la sentencia dictada en el juicio adolece de error de derecho al calificar la naturaleza jurídica de la responsabilidad que se atribuye a la demandada, y por lo tanto que con tal proceder se infringen los expresados preceptos legales, de todas maneras no resulta procedente decidir su invalidación,
desde que ese yerro carece de influencia en
dispositivo del fallo, en cuanto en la
misma sentencia se establece que la demandante logró probar la existencia de la "falta de servicio" y que ella fue la causa del
perjuicio sufrido por esta última; como asimismo han quedado acreditados los demás hechos que conforman los elementos que sirvieron de base a la acción indemnizatoria, generándose entonces, de todos modos, la responsabilidad del Estado que se ha hecho efectiva y decidido en autos.
Se rechaza el recurso de casación en el fondo, por lo que se confirma el fallo de la Corte de Apelaciones, que condena al Fisco
pagar 65 millones de pesos a la demandante.
Adalís Oyarzún Miranda; Domingo Yurac Soto; Humberto Espejo Zúñiga; Ricardo
Gálvez Blanco
Afectada, y su familia interpusieron demanda de indemnización de perjuicios, en contra de la I. Municipalidad de Viña del Mar ya que su vivienda fue inundada por un torrente de agua, barro, materiales, desperdicios y otros objetos que descendieron por la quebrada de Los Limonares en dirección a su casa, es así, como ese día en circunstancias que se encontraban viendo televisión en el segundo piso de la vivienda, se percataron que subía el nivel de las aguas en la calle y el vehículo Daewoo de propiedad de la demandante estaba flotando, por lo que un vecino salió con el propósito de amarrarlo para evitar mayores daños, en esos momentos vio al nochero pidiendo ayuda, intentó acudir en su auxilio, mas avanzó unos metros y al subir el caudal de agua y lodo el portón colapsó dejando pasar una gran masa de agua y lodo, cayendo entre ambos un cable de energía eléctrica, el aumento de la fuerza y del nivel de las aguas arrastró los objetos que se encontraban a su paso, cosa que también ocurrió con la casa del cuidador de la sociedad Santa Marta S.A. que luego de arrastrada resultó destruida; el vecino ante la inminencia del peligro volvió a la casa.
Artículo 3º de la ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
I.- (Primera instancia) Corresponde la tarea de limpieza de quebradas y cauces al municipio, al no hacerlo, en forma oportuna y eficiente, ha incurrido en una omisión de sus deberes o en la realización deficiente de sus funciones, lo que constituye falta de servicio. Resultando irrelevante la realización de labores de fiscalización y la denuncia respectiva ante la Dirección de Obras. Tarea que ha resultado insuficiente no pudiendo admitirse como excusa el hecho que no obstante que se limpian los cauces la gente vuelve a botar deshechos en ellos porque la labor de fiscalización y limpieza debe ser constante, permanente, a fin de precaver que los cauces de aguas lluvias no se encuentren obstruidos al momento en que se produzcan fuertes lluvias que incrementen el caudal de las aguas que deben recoger tales cauces.
II.- (Primera instancia) En lo relativo al mal diseño del sistema de evacuación de aguas lluvias, también el municipio es responsable puesto que le corresponde la fiscalización de las obras que se desarrollen en la comuna a través de la Dirección de Obras Municipales, a falta de otro organismo que se ocupe de tal problema. Resultando irrelevante a este efecto que la planificación, estudio, proyección, construcción, reparación, mantención y mejoramiento de la red primaria de sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias corresponderá al Ministerio de Obras Públicas y que la red secundaria estará a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo al que le
corresponderá directamente su planificación y estudio y, a través de los Servicios de Vivienda y Urbanización.
La administración debe estar al servicio de la comunidad atendiendo a las necesidades públicas en forma continua y permanente, no puede concluirse otra cosa porque tal ley también es aplicable a la municipalidad como órgano del Estado.
Se acogió la demanda interpuesta por la familia y se condenó a pagar a la Municipalidad una alta suma de dinero a cada uno de los afectados, lo que fue confirmado por la Corte de Apelaciones y luego también por la Corte Suprema,
Marcos Libedinsky T.; José Benquis C.; Orlando Álvarez H.; Urbano Marín V.; Jorge Medina C.
1175-2003
Jurisprudencia On line Nº LexisNexis
Actora deduce demanda civil de indemnización de perjuicios, en contra del Servicio de Salud de Talcahuano Funda su demanda en que el 27 de agosto de 1999, debido a un dolor abdominal fue atendida en el Servicio de urgencia del Hospital de Tomé, se le diagnosticó cólico abdominal epigástrico y se le puso una inyección del
medicamento Viadil en su glúteo izquierdo; como sufrió dolores intensos volvió al Hospital de Tomé el día 29 del mismo mes, la examinó una médico quien le recetó dipirona. Siguieron dolores, hinchazón y fiebre por lo que el día 30 de agosto concurrió a un médico particular, cuyo tratamiento no le mejoró el dolor y la inflamación, por lo que el día 13 de septiembre volvió al Hospital de Tomé, en donde fue operada del absceso de su glúteo y el 16 de septiembre fue dada de alta. El 15 de diciembre volvió a examinarse por el doctor Vásquez, médico particular, quien le dijo que la herida se había infectado; por lo que el 28 de diciembre fue al Hospital del Trabajador en donde se le examinó y fue derivada al Hospital Higueras, donde se encuentra en tratamiento. En resumen, a consecuencia de la inyección que se le puso en el Hospital de Tomé, por un funcionario no capacitado, el día 27 de agosto de 1999, con una jeringa en mal estado, con algún elemento extraño adosado al vidrio, se le provocó la infección, sufrió dolores, operación, curaciones, tratamientos médicos, desfiguración de su cuerpo y pérdida de sensibilidad de su pierna izquierda.
En primera instancia no se dio lugar, en ninguna de sus partes, a la demanda.
Luego la Corte de Apelaciones de Concepción estimó que se hace lugar a la demanda sólo en cuanto se condena a la demandada a pagar a la demandante la suma
cinco millones de pesos por concepto de
Art. 1, 19 Nº 9 y 38 Constitución Política de la República; Art. 4 Ley 18.575; Art. 2314 y 2329 Código Civil.
Los fundamentos de derecho por ser la demandada un órgano de la administración
Estado, se basa en los artículos 1, 19 Nº 9
38 de la Constitución Política de la
República de Chile, el artículo 4 de la ley
18.575 y los artículos 2314 y 2329 del Código Civil. Es decir, se trataría de una responsabilidad objetiva respecto de los
primeros fundamentos y subjetiva en cuanto
cita el Código Civil.
bien algunos autores califican como la
responsabilidad del Estado como responsabilidad objetiva; pero reconociendo que en esta materia adquiere una tonalidad propia no enteramente idéntica a la mera causalidad material y exigiendo en toda caso, la relación de causalidad entre el daño producido y la acción dañosa, pues frente a la complejidad de tal noción su configuración se dejó entregada a la jurisprudencia.
en la especie se ha probado la falta de
diligencia y cuidado de funcionarios del
Hospital de Tomé al colocar una inyección que causó una absceso a la demandante que
causó daños, debe acogerse en parte la
corresponde a la demandada quien debe
acreditar que el absceso sufrido por la actora se debió a su propia conducta culpable o negligente y no al accionar del dependiente del Servicio demandado.
Se rechaza el recurso de casación en el fondo, quedando firme la decisión de la Corte de Apelaciones de condenar al Servicio de Salud de Concepción
Jorge Medina Cuevas; José Benquis Camhi; Marcos Libedinsky Tschorne; Orlando Álvarez Hernández; Urbano Marín Vallejo
1437-2003
Actora interpuso demanda de indemnización de daños en contra de I. Municipalidad de Concepción, funda la demanda en el hecho que el 2 de noviembre de 2000, alrededor de las 10 horas A.M. en circunstancias que caminaba por calle O'Higgins de esta ciudad, a la altura del Nº 368 hacia el poniente, frente a la sucursal del Banco de Santiago, introdujo el pie en un hoyo existente en la acera a la que le faltaban cuatro baldosas, sin que existiese en el lugar un aviso o señalización de advertencia del peligro y que consecuencia de ello se torció el tobillo, sufriendo una lesión ubicada en la zona de presión directa entre el fémur y la tibia, que le causó fuertes dolores que
persisten hasta la actualidad.
Código Civil 2314; Ley 18290 y Ley 18695
Orgánica Constitucional Municipalidades.

References: artículo 7
 artículo 7

Artículo 146
 artículo 160
 artículo 146
 resolución 
 resolución 
 artículo 38
 artículo 1698
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 38
 artículo 2497

Artículo 2515
 artículo 2592
 artículo 4
 artículo 1683
 artículo 173
 artículo 752
 artículo 173
 artículo 19
 artículo 44
 artículo 19
 artículo 141

artículo 44
 artículo 44

Artículo 141
 artículo 174
 artículo 177
 artículo 44
 artículo 2332
 artículo 2497
 artículo 2521
 artículo 2497
 artículo 137
 artículo 174
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 38
 artículo 4
 artículo 2

Artículo 2332
 artículo 4
 artículo 2497
 artículo 2332
 artículo 2332
 artículo 2332

Artículo 6
 Artículo 44
 artículo 44
 artículo 38
 artículo 44

Artículo 3
 artículo 4