Source: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1990/017/009.html
Timestamp: 2020-02-26 08:24:03+00:00

Document:
BOC - 1990/017. Miércoles 7 de Febrero de 1990 - 137
BOC Nº 017. Miércoles 7 de Febrero de 1990 - 137
III. OTRAS RESOLUCIONES - C.Economía y Comercio
137 - RESOLUCION de 23 de enero de 1990, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería resolviendo recurso de alzada interpuesto por D. Manuel Ramos García.
Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente, incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, R E S U E L V O:
Tercero: que, con fecha 30 de enero de 1989, la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente con una multa de 30.000 ptas., previo al trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere al artº. 135.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Cuarto: que contra la citada Resolución se interpone recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Comercio del Gobierno de Canarias, y que tiene entrada en este Departamento con fecha 10 de marzo de 1989, con base a los siguientes fundamentos: - Que los productos envasados tienen unas características industriales que no hacen necesario para su conservación mantenerlos en frigoríficos.
Quinto.- que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas, dando traslado de las mismas.
Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Economía y Comercio.
Segundo: que la sanción impuesta de 30.000 ptas., a D. Manuel Ramos García, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante el artº. 3, apartado 3.3.1 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 14.2 del Real Decreto 381/1984, de 25 de enero (B.O.E. nº 49), que aprueba la R.T.S. del comercio minorista de alimentación.
Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta lo fue en el ejercicio, por la Dirección General de Comercio y Consumo, de las atribuciones que le confiere el artº. 33.1 del Decreto Territorial 1/1986, de reestructuración orgánica y distribución de competencias de la Presidencia del Gobierno, en relación al artº. 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de junio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita anular la calificación jurídica de los hechos, y con ellos la sanción impuesta.
Sexto: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltos por aquéllos en dictámenes anteriores, no siendo preceptivo tal informe de conformidad con lo previsto en el artº. 84.1.d) del Decreto 462/1985, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y funcionamiento de la Consejería de la Presidencia. V I S T O S
Además, el artº. 33.c) del Estatuto de Autonomía, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 120/1987, de 7 de agosto, y 254/1987, de 10 de agosto, ambos del Gobierno de Canarias, así como la Ley de Procedimiento Administrativo y demás disposiciones de particular aplicación.
El Consejero de Economía y Comercio, en uso de las competencias que le atribuyen las disposiciones vigentes, A C U E R D A:
Desestimar, en todos sus términos, el recurso de alzada interpuesto por D. Manuel Ramos García, en la condición que ostenta, contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, de fecha 30 de enero de 1989, recaída en el expte. nº 380/88 y que determinó la imposición de una sanción de 30.000 ptas., manteniéndose, en consecuencia, todos los pronunciamientos de la Resolución recurrida. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Audiencia Territorial de Canarias, dentro del plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente al que reciba la notificación de la presente Resolución. Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de noviembre de 1989.- El Consejero de Economía y Comercio, Luis Hernández Pérez.

References: artículo 80
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