Source: https://elmundodelabogado.com/revista/posiciones/item/reduccion-de-sueldos-en-el-poder-judicial
Timestamp: 2018-12-16 09:19:42+00:00

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Reducción de sueldos en el Poder Judicial - El Mundo del Abogado
El pasado 5 de noviembre se publicó la “Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, cuyo objeto es regular las remuneraciones de los servidores públicos federales, entre los que se encuentran jueces y magistrados. El autor explica por qué en su opinión esta ley afecta la independencia judicial y atenta contra el derecho de las personas a ser juzgadas por un juez independiente.
La función de jueces y magistrados en el país es clave para dar efectividad al deber del Estado como garante, de tutelar de manera efectiva los derechos humanos de las personas; lo anterior, conforme al mandato previsto en el artículo 1º constitucional, que les instituye la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Así, la actividad que desempeñan los decisores judiciales, dado el impacto social de sus determinaciones, es de suma trascendencia, razón por la cual constantemente se sujeta al escrutinio público de la sociedad a quien corresponde evaluar la calidad del servicio desempeñado por los juzgadores y su efectividad en la tutela judicial efectiva de los derechos humanos.
De ahí, en la medida en que la actuación de los juzgadores sea acorde con las exigencias sociales, su legitimidad irá en aumento. De esta forma, los jueces y los magistrados no son ajenos a la finalidad del Estado de tutelar los derechos fundamentales, al ser afín con su labor a través del acceso a la justicia de quienes concurren en su reclamo.
De tal manera que si se vulnera la independencia judicial habría una afectación al sistema de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado y, como consecuencia, a la función del Poder Judicial y su compromiso con la sociedad.
En este contexto, la independencia judicial es una de las notas distintivas de la jurisdicción como función estatal autónoma, consistente en la plena soberanía de jueces y magistrados, al ejercer su función de tutela y realización del Derecho objetivo sin subordinación ni sumisión a otra cosa que la ley y el Derecho. Como la define el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “Constituye un rasgo distintivo de la regulación constitucional y legal que rige, entre otros aspectos, los relacionados con el nombramiento, duración en el cargo, remuneraciones y demás aspectos relevantes de los derechos y obligaciones de los titulares de los órganos jurisdiccionales…”1
Al efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se han pronunciado acerca del contenido y los alcances de la independencia judicial como principio elemental y sine qua non para la conformación de un Estado de Derecho, así como sobre el atentado del que puede ser objeto cuando presiones externas la vulneran, como en el caso de las reducciones a los salarios de jueces y magistrados en el desempeño de su labor. De ahí la importancia de reflexionar sobre la correlación entre la independencia judicial y la reducción de los salarios de los servidores públicos de mérito.
La independencia judicial se concibe como uno de los mecanismos constitucionales que impiden el ejercicio arbitrario e ilegítimo del poder y dificultan o frenan el abuso ilegal; es el medio para el logro de ciertos fines del Estado. Por lo que debe ser considerada un principio político que se produce de la separación de poderes, basada en la necesidad de un balance entre ellos para garantizar la igualdad de derechos inherente a una democracia mediante la distribución de responsabilidades y controles entre los distintos poderes.
Asimismo, constituye un medio para garantizar una variedad de fines en un Estado constitucional, democrático y social de Derecho, de ahí que se constituye como un pilar fundamental. Al respecto, la Corte Interamericana señala que esa independencia es un mecanismo clave para obtener todas las garantías que permiten alcanzar decisiones justas, por lo cual lo ha considerado un derecho humano dotado de contenido propio, cuya importancia radica en que, al ser parte del debido proceso, se constituye como una de las normas llamadas de ius cogens, o de naturaleza imperativa, que implica el respeto inexcusable a una decisión judicial.
Como garantía judicial. Contemplada en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, su ratio implica garantizar la obtención de juicios justos.
Como garantía instrumental. Un parámetro interpretativo que debe orientar la interpretación de la Convención Americana y garantizar la preservación de las instituciones, así como la existencia del Estado de Derecho. Es el medio para asegurar la protección de otros derechos.
Como derecho humano ligado al acceso a la justicia y al debido proceso. Entendido como un derecho necesario para su protección, cuando se comprueba la vulneración al derecho de acceso a la justicia o al debido proceso.
Como derecho humano autónomo. Su contenido está determinado por otras garantías, entre ellas: adecuados nombramientos, inamovilidad en el cargo y medio contra presiones externas; por lo que puede ser exigido por el justiciable, sin necesidad de comprobar la vulneración a otro derecho.
Dentro de esta última vertiente —garantías contra presiones externas—, la Corte Interamericana ha identificado un catálogo extenso meramente ejemplificativo: restricciones, influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, ya sean directas o indirectas, provenientes de cualquier sector, originadas por cualquier motivo; por lo que es deber del Estado garantizar la no injerencia de las mismas en la labor de administrar justicia encomendada a sus jueces y magistrados.
Al respecto, en el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, la Corte Interamericana destacó la importancia de dotar de garantías reforzadas a los jueces con miras a proteger su independencia y la del sistema, así como también la apariencia de independencia frente al justiciable y la sociedad; de ahí que cualquier intromisión ilegítima en la labor de administrar justicia tendrá como resultado la vulneración a la independencia judicial.
Sobre este tema, Adam Blisa2 considera actor externo a cualquier persona o cuerpo formalmente fuera del Poder Judicial con la capacidad de interferir en la remuneración judicial. Así, los actores externos más importantes son los otros poderes: Legislativo y Ejecutivo, al ser éstos los que usualmente tienden a determinar el salario judicial. Otros suelen ser diversos organismos independientes, comisiones o funcionarios que desempeñen un papel específico en la decisión del sueldo judicial, que no son parte de alguno de los poderes, así como el público que puede ser llamado a votar en referéndum sobre cuestiones relacionadas con asuntos relativos a la retribución judicial.
Así, el Poder Legislativo goza de un estatus prominente entre los actores externos con respecto a la capacidad de interferir en la remuneración judicial. En la gran mayoría de los estados los salarios de los jueces o, al menos las condiciones para determinarlos, están establecidos por ley. En nuestro país, el Poder Legislativo es quien controla no sólo el presupuesto del Estado sino también la normatividad relacionada con el tema; por lo tanto, es quien tiene decisión sobre el salario judicial.
Lo anterior, porque la legislatura es la que aprueba el presupuesto de egresos y tiene competencia para crear leyes, y con ello, la más amplia gama de posibilidades para interferir en la retribución judicial, en virtud de que puede manipular la cantidad de salarios (disminuirlos o aumentarlos), agregar diferentes componentes a la remuneración judicial, decidir abolirlos todos o, simplemente, optar por no hacer nada y dejar que la inflación haga efecto en los salarios. De manera que el Poder Ejecutivo desempeña un papel determinante en los salarios toda vez que puede fijar la cantidad específica de los mismos.
En el Reino Unido, es el Lord Canciller, un funcionario específico del gobierno, el que está a cargo de asegurar la independencia de los tribunales y quien determina los salarios de los jueces con el consentimiento del ministro de la Función Pública.
Del mismo modo, la remuneración de los jueces de las cortes provinciales en Canadá tradicionalmente es determinada por el Ejecutivo; sin embargo, el Ejecutivo está limitado en su discreción por los límites que le son impuestos por la legislatura en un acto legal, lo que significa que regularmente determinan la cantidad, pero no la existencia misma de un salario o de otros componentes de la remuneración judicial.
Así, el Ejecutivo también puede influir indirectamente en la remuneración judicial. En países donde la administración del tribunal está en manos del Ejecutivo (modelo del Ministerio de Justicia), aquél desempeña un papel clave en el nombramiento y la promoción de los jueces, vinculado con el aumento de los sueldos.
Modelos de protección de la remuneración judicial
Por su parte, dicho autor3 puntualiza que la protección de la remuneración judicial no es una prerrogativa exclusiva de los jueces únicamente en el siglo XX; en su caso, ha evolucionado durante varios centenares de años, junto con el concepto de independencia judicial. Podemos rastrear la evolución con la mirada en varios instrumentos que protegen los salarios de los jueces. Una de las primeras cuentas de protección viene de Inglaterra, al ser el poder judicial inglés el que luchó por obtener la independencia de los vis-à-vis del parlamento y del rey desde comienzos del siglo XVII.
El resultado de esa lucha fue la conocida Acta de Establecimiento de 1701, en la que se sostuvo que las comisiones de los jueces estaban hechas quamdiu se bene gesserit, y sus salarios, comprobados y establecidos; sin embargo, en la dirección de las cámaras del parlamento podía ser legal eliminarlos. Lo anterior trajo como consecuencia el fortalecimiento deseado de la posición de los jueces con respecto a su remoción, ya que estipula que no se retirarían de la banca durante el buen comportamiento, y en segundo lugar requerirían cierto grado de protección de los salarios judiciales. Por lo tanto, lo anterior significó un progreso significativo en cuanto a asegurar no sólo la independencia del Poder Judicial, sino también su remuneración.
En 1699 aconteció la lucha por los salarios de jueces en colonias americanas, que llevó a su protección en la Constitución de Estados Unidos. El conflicto se desató cuando el consejo privado informó a la Asamblea General de Nueva York que no estaba dispuesta a establecer un salario equivalente para los jueces de la Colonia, lo que aparentemente supuso una seria amenaza para la administración de justicia.
El problema eventualmente fue resuelto al proveer un subsidio real a los jueces, solución que fue temporal. Después de fijar salarios revertidos a las asambleas coloniales, prevaleció la renuencia del gobierno local de designar a los jueces para un cargo fijo por temor a no poder reemplazarlos con candidatos más calificados. Como resultado de las luchas prolongadas, la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776 reprochó al rey Jorge III por hacer a los jueces dependientes a su voluntad solamente, por la permanencia de sus oficinas, y por la cantidad y el pago de sus salarios.
Eventualmente, la llamada “cláusula de compensación”, arraigada en la Constitución de Estados Unidos, sostenía que “los jueces recibirán por sus servicios una compensación, que no se reducirá durante su permanencia en el cargo”. Constitución que se convirtió en la primera escrita que explícitamente afianzó la protección de la remuneración judicial.
En el caso de México, esa cláusula de compensación también está incluida en el artículo 94, párrafo 11, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente vigente.4
Así, a medida que pasaba el tiempo, las cuestiones relacionadas con la independencia judicial se han convertido en un tema de escrutinio que traspasa las fronteras de los estados.
Numerosos documentos sobre el tema se originaron a nivel internacional con diversos grados de relevancia y fuerza legal, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que aborda la independencia judicial sólo en el contexto del derecho a un juicio justo. El Comité de Derechos Humanos retomó esa cuestión en 1997, al criticar a Eslovaquia por su procedimiento de designación de jueces, y recomendó la adopción de leyes que establecieran procedimientos claros y criterios objetivos para determinar la remuneración de los jueces. Asimismo, incluyó y especificó, en el comentario general 32, que la demanda de un tribunal independiente en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es absoluto y por lo tanto no está sujeto a ninguna excepción.
De esta manera, la independencia judicial requiere, entre otros aspectos, el procedimiento de nombramiento, traslado y promoción de los jueces, así como la independencia real de la interferencia política y el establecimiento de leyes para garantizar estos requisitos.
Al respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos prestó más atención a la cuestión de la remuneración judicial5 y señaló que los funcionarios públicos en la mayoría de los estados pueden presentar reclamos sobre salarios y subsidios ante los tribunales, ya que tal disputa no creaba conflicto entre el derecho de la persona a la protección y los intereses vitales del estado, por lo que los funcionarios públicos quedarían fuera del alcance del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sólo bajo dos condiciones: i) el Estado debe excluir expresamente el acceso a un tribunal del cargo o la categoría de personal por ley; ii) la exclusión debe justificarse por motivos objetivos en interés del Estado.
Por lo anterior se estableció la existencia de la presunción de que los conflictos laborales ordinarios relacionados con los sueldos y los subsidios de los funcionarios públicos, en principio, entran en el ámbito de aplicación del referido precepto legal.
Así, el citado tribunal tuvo oportunidad de pagar los salarios de los jueces en el caso Petrova y Chornobryvets vs. Ucrania, en el cual la solicitud fue presentada por dos jueces que tuvieron éxito ante los tribunales nacionales en una disputa sobre sus salarios y otros beneficios, pero la sentencia no se ejecutó debido a que el encargado del Estado se negó a pagar las sumas por un tiempo que consideraron demasiado largo. El tribunal declaró que la solicitud era admisible según los criterios de Vilho Eskelinen y encontró una violación de ambos al artículo 6.1 del protocolo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que garantiza el derecho al disfrute pacífico de las posesiones; determinaciones a partir de las cuales se percibe que el tribunal ya no es indiferente respecto de las cuestiones de remuneración judicial.
En este sentido, en el sistema universal se encuentran varios instrumentos sobre independencia judicial promulgados por diferentes organismos u organizaciones que mencionan explícitamente la remuneración judicial. Entre ellos:
El Código de Estándares Mínimos de Independencia Judicial, publicado por la International Bar Association, que sostiene que los salarios y las pensiones judiciales deben ser adecuados y ajustarse regularmente para dar cuenta de los incrementos independientes del control ejecutivo.
Los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura de 1985, en los que se sostiene, en el precepto 11 del título “Condiciones de servicio e inamovilidad”, que “la ley garantizará la permanencia en el cargo de los jueces por los periodos establecidos, su independencia y seguridad, así como una remuneración, pensiones y condiciones de servicio y de jubilación adecuadas".
Los Estándares Internacionales de Independencia Judicial y Paz Mundial del Monte Scopus sostienen que “la posición de los jueces, su independencia, su seguridad de tenencia y su remuneración adecuada serán arraigadas constitucionalmente o garantizadas por la ley”.
Asimismo, a nivel internacional también se encuentra la Unión Internacional de Magistrados, como órgano consultivo de la Naciones Unidas y del Consejo de Europa, que se encarga de salvaguardar la independencia de las autoridades judiciales, el cual elaboró un Estatuto Universal del Juez, el cual contiene las normas generales mínimas, y en el artículo 13, titulado “Remuneración y jubilación”, establece: “El juez debe recibir una remuneración suficiente para asegurar su independencia económica. La remuneración no debe depender del resultado de la actividad del juez y no debe ser reducida mientras preste servicio profesional”. En septiembre de este año ese organismo emitió una moción sobre la importancia de la remuneración de los jueces para la independencia judicial, en la que se tuvo conocimiento, por parte de la Asociación Costarricense de la Judicatura, de un proyecto de reforma fiscal que regula la estructura salarial del Poder Judicial, con lo que alteraría la seguridad jurídica de la remuneración de los jueces.
Al respecto, la Unión Internacional de Magistrados indicó que sin un juez independiente no hay garantía para los derechos humanos en un país, y sin un juez sin retribuciones adecuadas y compatibles con la responsabilidad de su trabajo no existe independencia para decidir en derecho. Así, concluyó que cuando el gobierno altera la remuneración de los jueces viola la autonomía del Poder Judicial, el ejercicio de la administración de justicia y la independencia de los poderes indispensable para el Estado de Derecho.
En el tema, los órganos del Consejo Europeo han sido bastante activos con respecto a la independencia judicial. El Comité de Ministros del Consejo Europeo emitió dos recomendaciones sobre la remuneración judicial. En 2010 estableció varios requisitos con respecto al nivel de protección, la adecuación de la cantidad provista, así como los componentes sociales, de atención médica, por lo que recomendó evitar salarios volátiles basados en el desempeño de un juez.
El Consejo Consultivo de Jueces Europeos, como órgano consultivo del Consejo Europeo, presentó recomendaciones similares en su Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces, así como en su opinión, en la que agregó que la remuneración de los jueces debería protegerse explícitamente de la reducción y que debería establecerse el ajuste del costo de vida.
En su Informe, la Comisión de Venecia remitió a los documentos mencionados en este párrafo y agregó una recomendación, en el sentido de que los bonos y los beneficios no monetarios basados en una discreción deberían eliminarse gradualmente.
Retos ante la reforma legal de 2018 en materia de remuneraciones de juzgadores y juzgadoras
Como se mencionó, la independencia judicial es una condición sine qua non para el debido acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, por lo que se ubica como elemento clave que responde a la separación de poderes y al sistema de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado mexicano.
Sin embargo, el pasado 5 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación se publicó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objeto es regular las remuneraciones de los servidores públicos federal, entre los cuales se encuentran jueces y magistrados.
Al respecto, el artículo 6, fracción I, de la referida ley establece: “Ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, dispositivo que difiere del diverso 94, párrafo 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se determina que la remuneración de jueces de distrito y magistrados de circuito no podrá ser disminuida durante su encargo. Lo que evidencia que la ley federal de mérito no resulta acorde con el texto de la Constitución; de ahí la posibilidad de cuestionar su regularidad constitucional por medio del juicio de amparo.
Sin desatender lo anterior, el citado artículo 6 tampoco guarda congruencia con el diverso 3, en el que se destaca que todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable en el ejercicio de su función, además de ser proporcional a sus responsabilidades; lo que confirma su incompatibilidad con la situación de hecho en materia de remuneraciones de jueces y magistrados, ya que sería tanto como aseverar que la condición actual de su función sí es renunciable y sus responsabilidades cobran menos importancia al fijarse un salario menor, conforme a la ley federal en comento.
Otra aparente antinomia se percibe en el artículo 3 de la citada legislación,6 que también prevé que toda remuneración se sujetará a los principios de equidad e igualdad —entre otros—; el primero, referente a que la retribución debe ser proporcional a la responsabilidad del puesto, y el segundo, relativo a que el salario compensa en igualdad de condiciones a puestos iguales en funciones, responsabilidad, jornada laboral y condición de eficiencia sin perjuicio de los derechos adquiridos.
Los principios en referencia ponen en tela de juicio el trabajo de los impartidores de justicia, en la medida en que hacen parecer que su responsabilidad tiene un peso menor que con anterioridad a la publicación de la ley en cita; además, si se hace referencia a la preeminencia de derechos adquiridos, entonces no sería justificable la disminución de sueldos.
Por lo que, desde mi perspectiva, el artículo 6, fracción I, de la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos7 limita las prerrogativas constitucionales a: 1) una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de la función de un servidor público que deberá ser proporcional a sus responsabilidades8 y 2) independencia judicial.9 De ahí que no cumpla con los estándares constitucionales como se desprende del siguiente test de proporcionalidad:10
Fin constitucionalmente válido. De la exposición de motivos de la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos se desprenden como fines: a) el establecimiento de criterios que ordenen un sistema de percepciones adecuado a la realidad económica y las finanzas públicas del país, y b) poner fin a la discrecionalidad con la que se asignaban las percepciones de los servidores públicos.
Idoneidad. El contenido del precepto analizado es idóneo para satisfacer de alguna manera el fin constitucional: al tomar como referencia la remuneración del presidente de la República se establece un parámetro definido de remuneración máxima.
Necesidad. No cumple con esta medida, ante la existencia de alternativas igualmente idóneas para lograr ese fin, como la creación de mecanismos adicionales de rendición de cuentas —además del régimen de declaración patrimonial— para cada uno de los poderes de la Unión y los distintos entes federales, así como un sistema de control de eficiencia relacionado con rendición de cuentas que tenga como finalidad responder a los reclamos sociales.
Proporcionalidad en sentido estricto. Establecer como monto máximo de remuneración el asignado al presidente de la República vulnera los derechos en referencia, ya que el parámetro máximo afecta la autonomía entre los poderes, específicamente del Poder Judicial Federal, al poner en menor valía el desempeño de la función de los juzgadores; además, abre la posibilidad de fijar un monto máximo arbitrario, sin ninguna justificación objetiva que realmente atienda a la proporcionalidad de las responsabilidades a cargo de cada servidor público, por lo cual dicha medida legislativa resulta desproporcional.
En ese sentido, si bien los juzgadores no son ajenos a las exigencias sociales, y es claro que su labor constituye un servicio público cuyo actuar construye la legitimidad en su función de decisores judiciales, la disminución en la remuneración por el desempeño de su función no es la respuesta para edificar su legitimidad. Por el contrario, iría en detrimento de la independencia judicial que impacta de manera indirecta en el derecho de las personas a que se resuelva su acción o a ser juzgadas por un juez independiente.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que para fortalecer la independencia judicial, el Poder Judicial debe contar con recursos estables y adecuados, normativamente asegurados y suficientes para cumplir con la función de proteger y garantizar el derecho de acceso a la justicia, los que deben ser aumentados progresivamente.
En este sentido, desde su vertiente como derecho humano autónomo, si realmente se comprueba con una base objetiva y proporcional que actores externos —Poder Legislativo— materializan presiones que atentan no sólo contra la independencia judicial sino contra el acceso a justicia, es posible, a través de la Comisión Interamericana de Derechos humanos, argumentar una vulneración a la independencia judicial, con base en el principio de separación de poderes de la Unión que caracteriza a un Estado Democrático de Derecho.
En ese sentido, debe recordarse que la labor de las autoridades judiciales descansa en la ciencia y la conciencia para fomentar una práctica sociojurídica útil, con el fin de cimentar el Estado de Derecho en la cultura social y jurídica en abono a la verdad. De ahí que, si bien es una tarea crucial abonar en la confianza como factor de legitimidad en la función de los decisores judiciales, es una construcción que se decanta día a día y que no puede supeditarse a la reducción de remuneraciones de jueces y magistrados, ante la existencia de mecanismos alternativos —rendición de cuentas— que tienen como propósito sumar al fortalecimiento de la confianza y que, a su vez, responderían a las críticas sociales y retroalimentarían a jueces y magistrados en su función judicial.
* Magistrado de circuito y miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Colaboradoras en la investigación: María del Carmen Montiel Rodríguez y María de los Ángeles Baños Rojas, secretarias del Tribunal Unitario de Circuito.
1 Véase la tesis aislada P. XIV/2006, de rubro “independencia judicial. es un principio de rango constitucional”.
2 “Judicial Salaries as a Component of Judicial Independence”, Masaryk University, Facultad de Leyes, 2015-2016.
3 Op cit., p. 5.
4 Disposición vigente desde la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 1928. La última reforma a esa disposición fue el 22 de agosto de 1996, en la que se incluyó a los magistrados electorales. “La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la judicatura federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.”
5 No obstante, originalmente se negó a aplicar el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que garantiza el derecho a un juicio justo a los funcionarios públicos.
6 “Artículo 3. Todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades.
”No podrá cubrirse ninguna remuneración mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente, salvo en el caso de que las transferencias se encuentren autorizadas en el propio presupuesto o en la ley aplicable.
”En todo caso la remuneración se sujeta a los principios rectores siguientes:
”I. Anualidad. La remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y los sueldos y salarios no se disminuyen durante el mismo.
”II. Reconocimiento del desempeño. La remuneración reconoce el cumplimiento eficaz de las obligaciones inherentes al puesto y el logro de resultados sobresalientes.
”III. Equidad. La remuneración es proporcional a la responsabilidad del puesto.
”IV. Fiscalización. La remuneración es objeto de vigilancia, control y revisión por las autoridades competentes.
”V. Igualdad. La remuneración compensa en igualdad de condiciones a puestos iguales en funciones, responsabilidad, jornada laboral y condición de eficiencia, sin perjuicio de los derechos adquiridos.
”VI. Legalidad: La remuneración es irrenunciable y se ajusta estrictamente a las disposiciones de la Constitución, esta ley, el Presupuesto de Egresos, los tabuladores y el manual de remuneraciones correspondiente.
”VII. Transparencia y rendición de cuentas. La remuneración es pública y toda autoridad está obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando el principio de máxima publicidad.”
7 “Artículo 6. Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos se consideran las siguientes bases:
”I. Ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación.”
8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.”
9 “Artículo 94 […] La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la judicatura federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.”
“Artículo 116 […] Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.”
10 Diseñado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

References: artículo 1
 artículo 8
 artículo 94
 artículo 14
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 13
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 6