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Timestamp: 2018-03-25 03:41:54+00:00

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Baja California más larga que ancha: VIII. Inocente gobernador
El gran mérito de José Inocente Lugo, como gobernador del Distrito Norte, fue el de enderezar un barco a punto del naufragio económico. Supo aprovechar la coyuntura propiciada por el crecimiento económico del distrito debido al aumento del precio del algodón que, habiendo caído a 4 centavos la libra en el ciclo 1920-1921, para el año siguiente se incrementaba a 26 centavos en una temporada en la que se sembraron 54 mil hectáreas, cifra récord hasta entonces en el Valle de Mexicali, lográndose cosechar 56 mil pacas con un peso aproximado 13 millones 500 kilos. Asimismo, supo capitalizar los dineros provenientes del otorgamiento de permisos por parte del Gobierno Federal para la apertura de casinos y de toda clase de centros de entretenimiento así como los recursos fiscales derivados de esta serie de acciones, con el propósito de iniciar una obra ambiciosa en sus planes pero inconclusa a causa de su debacle política, cuyo trasfondo vino a reflejarse en la deposición de los presidentes municipales de Mexicali: Otto Möller —1922— y Juan Loera, en 1923.
Un Distrito Norte en efervescencia social y política
Desde 1921, durante los gobiernos municipales de Manuel Roncal, en Mexicali, y de David Zárate, en Ensenada, empezaron los jaloneos con el gobierno federal (el del Distrito Norte) debido a los problemas de interpretación en torno a las leyes plasmadas —en 1917— en la Constitución y lo dicho en la Ley Orgánica para el Distrito y Territorios Federales, en lo concerniente a la autonomía del municipio y el papel político que le correspondía jugar como orden de gobierno.
La Constitución de 1917 reconocía la existencia del municipio libre, asumiendo que éste tenía la facultad de hacerse cargo de su propia hacienda y del mando de la fuerza pública; sin embargo en la Ley Orgánica para el Distrito y Territorios Federales, la práctica de juegos de azar quedaba bajo la jurisdicción de los ayuntamientos, en tanto que confería a los gobernadores la dirección de la corporación policíaca dentro de los distritos territoriales. Entonces ¿cómo estaba eso de que los casinos quedaban bajo jurisdicción del municipio no teniendo bajo su cargo una policía municipal para controlar el orden en los mismos, no obstante que la propia Carta Magna le otorgaba al municipio ese derecho?
Desde tiempos de Epigmenio Ibarra (1921), el munícipe ensenadense David Zárate y su comisionado de Hacienda Ramón Moyrón, hijo, en lo que atañía al control de casinos y su vigilancia, habían organizado la contraofensiva legal cuestionando al Gobierno Federal las normas que ponían en entredicho lo que ordenaba la Constitución y lo que estaba plasmado en la Ley Orgánica para el Distrito y Territorios Federales. Así que, con el apoyo de José Inocente Lugo, en ese momento subsecretario de Gobernación, se adjudicarían el otorgamiento de permisos para la apertura de casinos de juego dentro de su municipio. El de Mexicali habría valerse de eso para hacer lo suyo propio. En su tiempo de gobernador, esta acción legal agarró a Lugo de los dedos con el pesado portón de la Carta Magna, cuando el gobierno de Álvaro Obregón retiró dichas facultades a los gobiernos municipales de Ensenada y Mexicali, transfiriendo ese derecho a la Secretaría de Gobernación cuyo titular era Plutarco Elías Calles.
Hacia finales de 1922, después de las percepciones fiscales generadas por las aduanas dentro del Distrito Norte, el dinero grande se encontraba en el otorgamiento de permisos para la apertura de casas de juego, contando con los magros impuestos que producían éstas al mes. En cuanto a los recursos fiscales recabados por las tres aduanas bajacalifornianas, en tiempos del gobernador Lugo, el gobierno federal pasaría a otorgar a los municipios de Ensenada y Mexicali del 1.5% al 2% de los derechos percibidos por el tráfico internacional de géneros y mercaderías, además de hacerse cargo la Federación, a través de sus aduanas, de solventar la manutención de la planta magisterial y del aparato judicial.
Con el fin de no trastocar más los ingresos de las aduanas, desde la época de Cantú había quedado establecida la costumbre de que las presidencias municipales se encargaran del pago de la alimentación de las guarniciones militares asentadas en los municipios de Ensenada y Mexicali. Esta costumbre seguiría vigente con los gobiernos de la Revolución hasta la llegada de Inocente Lugo al gobierno distrital, que al suspender el suministro de provisiones al ejército a costa del erario público municipal, se distanciarían el jefe de operaciones militares y el presidente municipal de Mexicali con el gobernador. Tras una aparente reconciliación entre los aludidos, después, como en tiempos del porfiriato, las aduanas volvieron asumir el gasto de la manutención de la tropa. Para 1924, ese problema se acabaría con la llegada de Abelardo L. Rodríguez al gobierno.
Iniciada la década de los veinte, lo señalado en el artículo 115 de la Constitución de 1917, estuvo muy a tono con lo vertido por el general Álvaro Obregón durante el desarrollo de los trabajos del Primer Congreso de Ayuntamientos —en mayo de 1921— en donde el presidente de la república concedió el 50% de los impuestos provenientes de la industria y el comercio recabados por los estados para canalizarlos hacia sus municipios; acuerdo que comprometía, también, a las administraciones de los distritos en los territorios federales para otorgar al Municipio el 10% de lo obtenido de impuestos aplicados a los dos sectores mencionados. Pero llegado ese momento en el Distrito Norte, de donde emergiera una fuente muy rentable de recursos provenientes de los casinos, de las casas de placer, del tráfico y consumo de estupefacientes, esto de otorgarle el 10% a los ayuntamientos pondría en un verdadero predicamento al Gobierno Federal desde el gobierno de Epigmenio Ibarra, hijo, hasta hacer crisis con el de Abelardo L. Rodríguez en que el gobierno central mejor optó por anular dentro del Distrito Norte al municipio como orden de gobierno.
Otro problema que vendría a afectar de manera sensible al gobierno de Lugo dentro del Distrito Norte, fue que en la Constitución de 1917 el punto concerniente al principio de sufragio efectivo, no reelección obtendría rango de fundamental.
Desde Cantú (1915-1920), la corporación edilicia había quedado conformada por 15 regidores propietarios y su equivalente de suplentes, y de entre éstos era elegido el presidente municipal, pero basados en la Constitución de 1857 que permitía la reelección. No en balde, Francisco Bórquez Félix, consecutivamente, llegaría a ser presidente municipal de Mexicali por tres ocasiones, estando vigente ya la Constitución de 1917. De Antonio Ptanick ni hablar, había sido presidente municipal de Ensenada durante todo el régimen cantuista.
A partir de 1921, conforme la Ley Orgánica para el Distrito y Territorios Federales, la duración del cargo de presidente municipal en los territorios seguiría teniendo la modalidad de un año de duración, pero sin derecho a reelegirse ni incluso habiendo sido interino, en tanto parcialmente los regidores eran elegidos por dos años, pues al año una mitad de los miembros que conformaban los cuerpos edilicios de Ensenada y Mexicali salían junto con los presidentes municipales que terminaban su gestión, tomando su lugar un igual número de regidores acompañados de un nuevo presidente municipal, con calidad de primer edil.
Para esto, desde tiempos de Cantú, en el municipio de Mexicali se realizaba entre los regidores un sorteo de los números del 1 al 14, y a quienes le tocasen un dígito non en un año non de gobierno, sabían de antemano que su gestión edilicia tan sólo duraría un año, lo mismo sucedía en torno a los que les tocase por suerte escoger un número par en un periodo en que el gobierno municipal iniciaba en año par. Sin derecho a reelección de parte del primer edil, esta forma de conformar los cuerpos edilicios seguiría vigente entrados los gobiernos de la Revolución, no obstante, habría de causar graves problemas políticos a la hora de acuerdos sustanciales cuando al bando del Partido perdedor en las elecciones municipales, como parte de una nueva fórmula de siete regidores, le tocaba formar parte del Cabildo el año en que ingresaba al gobierno un munícipe del Partido ganador.
Esta situación se agravaría gradualmente más y más en el municipio de Mexicali, a partir de 1921, con el surgimiento de un fuerte movimiento agrario (anarco-sindicalistas) cuya problemática fuese trasladada al pleno de un cabildo municipal compuesto por regidores con intereses políticos muy divergentes; por un lado, se encontraba la fracción de regidores radicales defendiendo la tesis del reparto agrario y, por el otro, estaba el ala de regidores rentistas y propietarios de terrenos comerciales y de tierras agrícolas, reclamando a la Compañía Regulizadora de Mexicali, S.A. y a la “Colorado River” sus derechos de propiedad del suelo en el que desde hacía años venían comerciando o cultivando la tierra. A esto habría que agregarle el hecho de que, en 1923, en el municipio de Mexicali quedaría vulnerado el principio de la no-reelección al permitir el gobernador Lugo que Juan Loera se reeligiera como presidente municipal.
Distrito Norte: políticos de ligas mayores
En la década de los veinte del siglo pasado, la trascendencia adquirida por el Distrito Norte de la Baja California como zona estratégica en lo político y económico, se advierte desde el momento de la llegada de José Inocente Lugo, a esas alturas ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Guerrero, que venía del centro del país a gobernar un entorno territorial que aún no tenía la categoría de entidad federativa. A Lugo, abogado y militar con lazos políticos con los dos redactores del Plan de Agua Prieta —con Adolfo De la Huerta y Gilberto Valenzuela Galindo—, en el transcurso de su estancia en el distrito le acompañarían en el ejercicio de su mandato una serie de militares ligados directamente con el grupo Sonora-Sinaloa (Son-Sin), de los que buena parte de ellos —siendo jefes de operaciones militares en distintos lugares del territorio mexicano— se habían adherido, en 1920, al Plan de Agua Prieta apoyando a Obregón; privilegio del cual no gozaba el gobernador Lugo, a pesar de haber sido, incluso, dirigente del comité nacional del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
El general Abelardo L. Rodríguez —el jefe militar que hubo marchado de Mexicali con el arribo del gobernador Lugo— se había aglutinado al plan obregoncista contra Carranza, siendo jefe de operaciones militares en Tehuantepec. El general Pablo Macías Valenzuela, jefe militar que sucedería a Rodríguez Luján, fue un hombre del grupo Son-Sin al que años después le sorprendiera la rebelión Escobarista de 1929, fungiendo como titular de la I Jefatura de Operaciones Militares de Sonora; más tarde, en 1940, sería Secretario de la Defensa y gobernador de Sinaloa, en 1945.
En octubre de 1922, el sinaloense Pablo Macías habría de ser reemplazado de su cargo en el Distrito Norte por el general Jesús M. Ferreira que, estando como jefe de operaciones militares en Colima ese año de 1920, se había declarado partidario del Plan de Agua Prieta. Éste llegaría a Mexicali ostentando el doble título de jefe militar de la I y II Jefaturas de Operaciones Militares de Sonora y del Distrito Norte de la Baja California. A su llegada, Ferreira ya había sido gobernador provisional del Estado de Nayarit, del 1 de mayo de 1917, al 1 de enero de 1918. El propio Gilberto Valenzuela, en su calidad de subsecretario de Relaciones Interiores y Gobernación, quien, en 1922, se había hecho cargo del manejo político de la defenestración de Otto Möller, era un pieza clave del grupo obregoncista, y en mucho menor rango también lo fue Daniel Benítez, un comerciante metido en la política muy amigo de Obregón, que siendo oficial mayor de la subsecretaria de Gobernación, en 1923, le tocase enfrentar la difícil situación política suscitada por el pleito, a primera vista, entre la dupla Ricardo Covarrubias-Juan Loera y el gobernador José Inocente Lugo.
Ante ese espectro de figuras políticas ligadas directamente con Obregón y Calles, el guerrerense José Inocente Lugo llegaría a gobernar el Distrito Norte literalmente copado por los revolucionarios sonorenses, además de haber cometido el error de desdeñar a los grupos locales, imponiendo en los puestos de primer nivel a un equipo de trabajo compuesto de fuereños, totalmente desconocedores de la situación relacionada con el complejo fenómeno político-social bajacaliforniano.
Lugo gobernador
Gabinete de gobierno del gobernador Lugo
El gobernador Inocente Lugo, a su arribo a Mexicali ese miércoles 1 de febrero de 1922, como pulpo abarca con su gente las mejores posiciones, colocando como secretario de Gobierno a José Félix Enciso, su asesor político desde los tiempos de subsecretario de Gobernación; luego hace del capitán Miguel Rodríguez Galeana, tesorero del Distrito Norte, y como contador de las arcas públicas nombra a Anastasio S. Borja; designando a Rafael Castro Villagrana, como oficial mayor, y al coronel Francisco Dávila, como titular de la Inspección General de Policía, un felixista que había participado en los eventos de La Ciudadela durante la decena trágica. Dávila vendría a ser el primer inspector de policía de los dos que hubo durante la administración gubernamental de Lugo.
Rosa Lugo, hermana del gobernador, pasaría a ser secretaria del gabinete de gobierno. José Navarrete llegase de México como su secretario particular. En un segundo nivel serían colocados Leopoldo Verdugo, Carlos Brando, Manuel Dueñas, Raymundo Landgrave e Isidro Castanedo.
Si bien Lugo logra aglutinar en torno a sí todas las posiciones importantes del ámbito distrital, no tenía bajo control a los titulares de las alcaldías de Ensenada y de Mexicali, a cargo de Ramón Moyrón, hijo, y de Otto Möller, un hombre cercano al general Abelardo L. Rodríguez y, como empresario de un antro de postín, muy ligado a la férula de mafiosos propietarios de empresas relacionadas con el juego de azar, el entretenimiento y presuntamente con el tráfico de estupefacientes.
Cuando, en 1922, se da abiertamente la controversia constitucional entre los munícipes de Ensenada y Mexicali y el gobierno del distrito en torno a la autonomía de la Hacienda municipal, el trasfondo real del pleito entre los grupos locales de poder y el gobernador guerrerense era por el control de la expedición de permisos de trabajo a entretenedoras, por el manejo de licencias para el establecimiento de casinos de juego, de casas de placer y todo lo relativo a la aplicación de multas a narcotraficantes y adictos a la marihuana y al opio; fuente de recursos monetarios para cuya explotación antes era imprescindible obtener el dominio del aparato policial y del departamento de Sanidad Municipal, encargado del cobro de cuotas o permisos de trabajo a entretenedoras. La corporación policial, además, era la encargada de ejercer una vigilancia estricta para que las mujeres públicas permanecieran recluidas en las casas de asignación, ya que, al menos en Mexicali, no les era permitido el libre tránsito por el pueblo a no ser que portasen autorización expresa del gobernador Lugo; atribución que Cantú, en su época, delegaba a los presidentes municipales.
Con Otto Möller, como alcalde, para enojo del gobernador, seguirían otorgándose a las chicas ese tipo de permisos aunque sólo fuese por debajo de la mesa. En esos tiempos el reglamento de sanidad vigente desde 1915, tipificaba también como mujeres de la vida galante a las pobres afanadoras de los congales, de tal modo que tampoco éstas podían sustraerse a la aplicación de una norma atentatoria contra las garantías individuales ya contempladas en la Constitución de 1917.
El gobernador y el jefe de operaciones militares
El abogado Inocente Lugo —un hombre que alcanzaría el rango de general de brigada hasta 1938— que había llegado al Distrito Norte con el título de gobernador civil pero no con el de jefe de operaciones militares, no tanto a raíz de su posible ignorancia sobre cómo corría el agua en torno a la alimentación de la tropa, sino más bien con el fin de imponer nuevas reglas del juego y manifestar su autoridad sobre el general Pablo Macías y los alcaldes Otto Möller y Ramón Moyrón, desde el 15 de febrero de 1922, de seguro inspirado en el apotegma “divide y vencerás”, trata de enemistarles al enviar a los alcaldes la orden siguiente:
«Este Gobierno tiene conocimiento que los H. Ayuntamientos del Distrito, están autorizando órdenes de pago para alimentación de la tropa, he de merecer a usted, se sirva disponer que ese H. Ayuntamiento que dignamente preside, no continúe autorizando más pagos por tal concepto. Sufragio Efectivo, No Reelección. Rúbrica: J. I. Lugo, Gobernador del Distrito Norte».
Siete días más tarde, el 22 de febrero, Otto Möller da acuse de recibido al oficio del gobernador, contestando —con copia al general Pablo Macías— de esta forma:
«Por el atento oficio de Ud. Fechado el 15 de este mes, girado por la sección primera y con número 11241, que enterada esta presidencia a mi cargo de que ese superior gobierno tuvo a bien disponer no continúen autorizando más órdenes para la alimentación de la tropa por H. H. Ayuntamiento de este Distrito».
«Lo que a su vez se transcribió al c. Jefe de Operaciones en este Distrito para su conocimiento y efectos. Protesto las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Rúbrica: Otto Möller, Presidente Municipal de Mexicali».
El 27 de febrero, en alusión a las órdenes dadas a Otto Möller, el gobernador Lugo acabaría por retractarse ante el general Pablo Macías enviándole este otro oficio:
«Al C. General Brigadier.
Jefe de las Operaciones Militares del Distrito.
Hoy digo al C. Presidente Municipal, lo que a continuación se expresa»:
«Por la Prensa correspondiente al sábado último, me he informado con extrañeza de que el H. Ayuntamiento que usted preside ha dado una interpretación torcida a mi circular 11241 de 15 de febrero último, asegurando que este Gobierno ha ordenado suspender los pagos que ese mismo H. Cuerpo, hace por concepto de alimentación a soldados enfermos; como aclaración debo manifestar a usted que el único objeto de la indicada circular es el de evitar que se hagan pagos sin conocimiento del mismo, por dar esto margen a incontables abusos; que por lo que hace a la erogación de que se trata el Ejecutivo de cargo lo seguirá reportando».
«Lo que me permito transcribir a usted [al general Macías] para su conocimiento, reiterándole mi atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo-No Reelección. Rúbrica. J. I. Lugo, gobernador del Distrito Norte».
Este incidente cuya resonancia llegaría hasta la presidencia de la república, fue lo que dio pábulo para que las aduanas, como desde tiempos del porfiriato, de nueva cuenta absorbieran los gastos de manutención de la tropa, ahora a través de una triangulación hecha entre el gobierno del distrito, la Dirección de Aduanas y la Presidencia de la República, que con periodicidad recibía de parte del gobernador Lugo un aviso expedito y luego un reporte pormenorizado en torno a los dineros canalizados para gastos de la tropa federal, pagados por las aduanas, con la salvedad de que ahora era el gobierno distrital, en bonanza, el que se daba el lujo de prestar emolumentos a la Aduana Fronteriza más importante de la comarca, la de Mexicali. Así lo constata este telegrama fechado el 22 de septiembre de 1922:
«Al Presidente Obregón:
Hónrame participar que hoy prestóse a Aduanas 10 mil pesos oro nacional para haberes de la tropa, completándose suma de 25 mil proporcionada por este mes. J. I. Lugo, Gobernador del Distrito».
El suceso relacionado con la desautorización del gobernador en torno a las órdenes de pago para alimentación de la tropa, pagadas por el municipio, marcaría un derrotero entre la relación tirante que prevalecería de ahí en adelante entre el gobernador Lugo y Otto Möller, en coalición con el general Pablo Macías.
A los días, para sorpresa del gobernador, el general Macías Valenzuela, en cumplimiento de la presunta misión moralizadora para la cual la presidencia de la república le había enviado al distrito norteño, cerraba el Casino Chino sin la anuencia previa de Inocente Lugo. Ante esto, la reacción del gobernador fue virulenta, enviando una nota reclamatoria al presidente Obregón en la que, celoso, acusaba al militar sinaloense de haberse brincado las trancas al cerrar el famoso casino:
«Yo pienso que si usted hubiera ordenado esta disposición habría sido a mí a quien hubiese comunicado para su cumplimiento, pues tengo el firme propósito de seguir la línea de conducta que usted me indique para el mejor suceso de esta administración».
Fuera de la renovación de contrato para el funcionamiento del Hipódromo de Tijuana, la realidad era que desde 1920 el gobierno de Obregón venía clausurando los grandes casinos del Distrito Norte, poniendo hoy en duda si esto fue con un fin moralizador o con la intención última de renegociar las concesiones otorgadas por el cantuismo a los barones del juego en Mexicali y Tijuana, tal y como sucedió en 1924 al otorgarle el Gobierno Federal a la Compañía A.B.W. los derechos por venta de piso —tan en boga hoy día entre los grupos criminales— a los establecimientos de esa naturaleza, asentados dentro del Distrito Norte.
Siendo el juego de azar y la industria del entretenimiento las únicas fuentes disponibles y seguras para que el Gobierno Federal obtuviera los suficientes recursos para el sostenimiento del aparato gubernamental y el fomento del desarrollo económico regional, lo más prudente hubiera sido no cerrar los casinos en tanto los gobiernos de la Revolución no contaran con fuentes alternas para subsanar el vacío que produjo en las arcas públicas la medida emprendida desde 1920 por la presidencia obregoncista.
Hotel Imperial, ubicado sobre la Av. Madero, en cuyo sótano se encontraba el Casino Club Meridional
Con esta segunda clausura del Casino Chino y su inmediata reapertura, se abrirían en Tijuana, los Casinos Club Meridional, de George M. Pratt, y su filial de Mexicali; el Foreign Club, de Wirt G. Bowman; el Molino Rojo, de Luis Grandi; los clubes American y Recreativo Favorita también nacieron durante aquella época. Mientras tanto en Ensenada se daba la apertura del Club Molino Verde. Todos bajo tutela del Gobierno Federal, pasando por alto la participación de los gobiernos municipales de Ensenada y de Mexicali. Desde el punto de vista tributario, este acontecimiento vendría a fortalecer la solvencia pecuniaria del gobierno de Inocente Lugo que retendría para el distrito un 25% de los impuestos recabados vía casinos; pero esto también vino agravar enormemente la relación entre gobernador y munícipes.
Al retiro de Abelardo L. Rodríguez, ex jefe de operaciones militares, si bien pudo imponer a Otto Möller, como presidente municipal de la capital del Distrito Norte, este paso no logró hacerlo en el municipio ensenadense, logrando tan sólo colocar a Tiburcio G. Ruiz, como delegado político de Tijuana; un sitio que ya avizoraba mayor potencial económico que la propia cabecera municipal, al generar la mitad del ingreso tributario de las arcas de la tesorería municipal de Ensenada. Tiburcio G. Ruiz que desde un principio habría de confundir la oficina de la delegación con los bares de Tijuana, muy poco sobreviviría en el puesto estando Moyrón y Zárate manejando el municipio de Ensenada, además, pronto el mismo pueblo tijuanense exigió su renuncia.
Al final, a pesar de la experiencia política de la facción identificada con Zárate, el gobernador Lugo acabaría por maniatar a los del cabildo ensenadense quitando una serie de derechos que él, personalmente como subsecretario, había contribuido a su reconocimiento frente al orden federal de gobierno, como eran la atribución del gobierno municipal de expedir permisos para el establecimiento de nuevos casinos en su jurisdicción y la autorización para elegir a sus propios comisario de policía y a su jefe de inspección sanitaria municipal. Poco después, éstos serían sustituidos por comisionados del gobierno distrital tanto en los municipios de Ensenada como en el de Mexicali.
Sin embargo, en Mexicali este asunto presentaba un mayor grado de complejidad política, por la presencia dentro del cabildo de cantuistas y de radicales del agrarismo. Había un presidente municipal —Otto Möller— ligado al general Rodríguez (en retiro forzado) y a los propietarios de casas de juego y sus derivados, teniendo en contra a un cabildo formado entre gente proveniente del cantuismo —Manuel Roncal, Nemecio Chávez (vicepresidente)— representando a comerciantes y propietarios de tierras en litigio, a un Guillermo Z. Lugo —pariente del gobernador y líder del Partido perdedor en las elecciones pasadas—, así como una fracción de regidores radicalistas comandada por Miguel Olave, Juan B. Ríos y Juan Loera, dirigentes de los Partidos Liberal Laborista y del Nacional Cooperativista, que tenían bajo su control al grupo de delegados municipales encargados del Valle de Mexicali, como lo eran: Cruz R. Villavicencio, de Cerro Prieto, protagonista de la asonada cantuista de 1921; Jesús B. Monje, de Bataquez; Elogio Cabrera, de Hechicera; Concepción García, de la Colonia Sonora; y José Romo, de la Colonia Zaragoza.
Francisco J. Múgica, un hombre
fundamental en la consolidación
de la Reforma Agraria en México
El 14 de marzo de 1922, el presidente Álvaro Obregón obligaba a renunciar al gobierno de Michoacán, al general Francisco J. Múgica, a raíz de sus hondas diferencias en torno a sus ideas de radical agrarista, promoviendo en su entidad la expropiación de tierras a los hacendados y el reparto agrario entre campesinos.
También ese año de 1922, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que dos años antes llevara a la presidencia al general Obregón, sucumbiría electoralmente frente al Partido Nacional Cooperativista (PNC), perdiendo en esa ocasión los peleceros la batuta dentro del Congreso de la Unión, para pasar el Nacional Cooperativista (PNC) a ser el fiel de la balanza de la futura elección presidencial de 1924.
Lugo y su agenda política inmediata
Arribando a Mexicali el gobernador Lugo —oficialmente un pueblo con 10 mil habitantes—, de inmediato daría marcha a los trabajos relacionados con el decreto presidencial del 6 de julio de 1921, publicado por el Diario de la Federación hasta el 19 de enero de 1922, en el que se autorizaba la expropiación de un terreno rústico cuya extensión era de 389 hectáreas, 9 áreas y 90 centiáreas para dotar al municipio de Mexicali de un fundo legal y así terminar con la zozobra de más de 1000 propietarios de casas y terrenos amenazados de despojo por la Compañía Regulizadora de Mexicali, S.A., que esgrimía dudosos derechos sobre el suelo del primer cuadro de la ciudad capital del Distrito Norte.
Después del autoexilio de Cantú, desde el alcalde suplente Enrique Mérida (agosto-setiembre de 1920) hasta Manuel Roncal (1921), es decir ya con los gobiernos de la Revolución, los alcaldes —actuando cual prefectos del pretorio cantuista— seguían ejerciendo el control policial y sanitario a la vieja usanza, habiéndose hecho uso común durante el cantuismo que el municipio como orden de gobierno rebasase sus facultades constitucionales, sustituyendo las funciones del Poder Judicial al otorgar a presos la libertad bajo fianza; allanado, de paso, facultades inherentes al Poder Ejecutivo Federal (Gobernación), al extender desde la municipalidad permisos de permanencia en el país, especialmente a mujeres extranjeras dedicadas al negocio de la entretención.
Con el gobernador Lugo las cosas cambiarían por completo. Esto habría de pararle los pelos de punta a los alcaldes Moyrón y Möller cuando, de pronto, empezaron a llegar los apercibimientos procedentes de la Secretaría General de Gobierno del Distrito Norte, aparejados con el arribo a los municipio de Ensenada y Mexicali de los comisionados de policía, de sanidad, de juegos y diversión venidos con nombramientos en mano expedidos por el gobernador; es decir, con la bendición del Gobierno Federal. Esto desataría una controversia en Gobernación entre los alcaldes Moyrón y Möller y el gobernador, la cual culminase hasta el 18 de octubre de 1922, día en que Plutarco Elías Calles —secretario de Gobernación— le diese la razón a Inocente Lugo, conminando a los munícipes a la obediencia y al respeto para el gobernante guerrerense.
Con sendas notificaciones para Plutarco Elías Calles y a Gilberto Valenzuela Galindo —subsecretario de Relaciones Interiores— hacia el alcalde Möller, sobrevendrían una andanada de apercibimientos acusatorios de parte del gobernador, cuya tónica por lo regular era la siguiente:
«Telegrama Oficial.
Mexicali, 9 de junio de 1922.
1127.- Hónrome manifestar haber quedado enterado trascripción mensaje del C. Visitador de Servicios de Migración relativo a mujeres de mal vivir; respetuosamente comunico a esa Superioridad ya ordené a Presidente Municipal se abstenga de extender permisos a esas mujeres para cruzar la frontera. Respetuosamente. J. I. Lugo, gobernador del Distrito. José Félix Enciso, secretario de gobierno».
De todos modos a Otto Möller los regaños del gobernador y las notas reclamatorias de la Secretaría de Gobierno y del coronel Francisco Dávila —inspector general de Policía—, le entrarían por un oído y le saldrían por el otro, sin saber el alcalde que éstas estaban avaladas por Plutarco Elías Calles.
A principios de abril de 1922, Otto Möller habría de confrontar con el gobernador las acusaciones vertidas por el coronel Francisco Dávila —inspector general de Policía—, contra su hermano Federico Möller —delegado municipal de La Bomba— en torno a sus presuntos nexos con el narcotráfico. En lo tocante a ese asunto, en aquella ocasión el presidente municipal aprovecharía para plantearle al gobernador el punto relativo a qué autoridad le correspondía calificar a los individuos que traficaban con enervantes, patentizándole que el ayuntamiento era el encargado de suministrar alimentación a ese tipo de detenidos mientras permanecían internados en la cárcel municipal, sin recibir nada a cambio de las multas que la tesorería del distrito les aplicaba a dichos infractores del reglamento del bando policial del municipio.
En respuesta a eso, el día 7 de ese mes de abril, Inocente Lugo expediría un oficio dirigido al alcalde Möller con copia a Miguel Rodríguez Galeana, tesorero del Distrito Norte, girando órdenes para que a partir de esa fecha el 40 % del monto total de multas impuestas a traficantes de drogas y adictos pasara a las arcas municipales. Siete meses después, llegado el 4 de noviembre de 1922, Otto Möller enviaba un comunicado formal al gobernador, reprochándole el que aún no llegara a las arcas del municipio de Mexicali la participación del 40% prometido sobre el total de multas aplicadas a narcotraficantes y a viciosos.
La embestida de los radicales
Antonio I. Villarreal, junto con los Flores Magón,
fundador del Partido Liberal Mexicano (P.L.M.)
Hacia un año que bajo cobijo de Antonio I. Villarreal —secretario de Agricultura y Fomento del gobierno de Álvaro Obregón y uno de los fundadores del PLM— , un grupo de campesinos había invadido terrenos de la Signal Montain Company (la Compañía del Cerro del Centinela), subsidiaria de la “Colorado River”, siendo desalojados por José Inocente Lugo vía negociaciones. Paralelamente, el gobernador fracasaría al tratar de sacar a Eustaquio Castro y a José I. Pérez de los terrenos de su propiedad en la Colonia Castro, perdidos en un litigio frente a la “Colorado River”, representada por el abogado Arturo Guajardo.
Entrando mayo de 1922,
Víctor Carusso
el coronel Marcelino Magaña Mejía —uno de los tantos villistas exiliados en el Distrito Norte—, presenta ante la Comisión Nacional Agraria (CNA) 200 solicitudes para reparto agrario de los terrenos de la Hacienda Progreso en beneficio de jornaleros expatriados de los Estados Unidos, con el argumento de que esas tierras estaban siendo arrendadas a extranjeros (al italo-norteamericano Víctor Carusso). El gobernador Lugo intervendría ante las autoridades federales para que esas solicitudes fuesen rechazadas por ser promovidas por grupos anarco-sindicalistas.
Como respuesta, Magaña Mejía y los solicitantes invadirían no la Hacienda Progreso pero sí los terrenos de la Compañía del Cerro del Centinela (Signal Mountain Co). Fue el villista jalisciense Marcelino Magaña Mejía el primero en encabezar en Baja California la toma de tierras con fines expropiatorios.
Esto también demarcó el inicio del movimiento social que cuatro años más tarde hizo estallar la primer huelga generalizada de trabajadores agrícolas de la “Colorado River”, llevada a cabo en 1926, por los grupos de radicales exigiendo el aumento de salarios y la aplicación de los preceptos del artículo 123 de la Constitución de 1917.
En tanto, para el 24 de mayo de 1922, el gobernador ordenaba al jefe de operaciones militares que interviniese para romper con aquella manifestación de inconformidad laboral. Para el 2 de julio, con 806 votos, Ricardo Covarrubias, dueño de periódicos, representando al Liberal Rojo, a un partido local, ganaba las elecciones para diputado federal por el Distrito Norte, habiendo competido contra Ricardo Romero, ex diputado federal por el Liberal Constitucionalista; Luis Pinal, del Partido Nacional Cooperativista de Tijuana; Gustavo Appel, del Partido Agrarista Ensenadense, y de Alfonso Alcocer —primer secretario del Ayuntamiento con Möller y al poco delegado municipal de Hechicera—.
De esta justa cívica, a nivel nacional, el Partido Nacional Cooperativista había salido vencedor obteniendo el control absoluto del Congreso de la Unión, del Ayuntamiento de la Ciudad de México y de otros municipios importantes, además de posesionarse de buena parte de las gubernaturas, quedando a la zaga el Liberal Constitucionalista de los generales Obregón y Hill así como el del propio gobernador del distrito norteño. Las legislaturas XXIX y XXX, controladas por los radicales, habrían de jugar un papel fundamental para empujar las iniciativas del presidente Obregón en torno a las enmiendas del Artículo Tercero Constitucional en materia educativa.
Ricardo Covarrubias, un oportunista diputado federal proveniente de un Partido local radicalista del Distrito Norte, no le habría de dar mucho trabajo adherirse, en México, a una bancada Cooperativista dueña del voto mayoritario dentro de la Cámara baja; además, se trataba de un partido progresista que defendía los postulados del cooperativismo, la nacionalización de la tierra y de las grandes empresas adueñadas de los servicios públicos, de la autonomía universitaria e interesado en vencer el rezago salarial como la solución más viable para abatir la abismal desigualdad económica entre la población mexicana. Un ideario muy ad hoc con algunos puntos de la corriente agrario-magonista que poco a poco iba adueñándose de la atmósfera política prevaleciente en el Valle mexicalense.
Para 1923, en el preámbulo de la elección presidencial los partidos Liberal Constitucionalista y Nacional Cooperativista se escinden en su interior, proclamándose sus respectivos miembros ya fuese a favor de Plutarco Elías Calles, apoyado por Obregón, o bien en pro de Adolfo De la Huerta, como candidatos para la Presidencia de la República; Covarrubias —con agudo olfato político— opta por ser partidario del primero, convirtiéndose en aliado de los generales Calles y Rodríguez en el entorno bajacaliforniano, y, por consecuencia lógica, en el líder natural del Nacional Cooperativista en el Distrito Norte, enemistándose doblemente con el gobernador y dirigente pelecero José Inocente Lugo, ex colaborador de Adolfo de la Huerta cuando fue presidente provisional de México, en 1920.
Interesado más que nada en presionar al gobierno de los Estados Unidos para que reconociese al de México, el presidente Obregón con el fin de que Magaña Mejía —apoyado por periódicos como “El Monitor”, de Covarrubias— no fuese a estropear sus planes, afectando con sus intenciones expropiatorias los intereses de la “Colorado River” en el Valle de Mexicali, el 15 de julio de 1922, expide el decreto presidencial en donde reconocía que la “Laguna de los Volcanes” era terreno natural y por tanto zona federal. Para diciembre de ese año Obregón va aún más lejos con su presión hacia los Estados Unidos, al anular los títulos de propiedad de Guillermo Andrade en el Valle de Mexicali, lo que significaba desconocer la legalidad de los títulos de propiedad del grupo Gray Otis-Chandler. En aquella ocasión Harry Chandler, alarmado, parte de Los Ángeles hacia la capital del país con el fin de entrevistarse con el general Álvaro Obregón, logrando anular esta última resolución presidencial con la promesa de estimular nueva inversión dentro del Distrito Norte.
Hecho que vendría a ser incuestionable realidad hasta 1924, teniendo como principal beneficiado de aquella acción zorruna de Obregón, al gobierno del general Abelardo L. Rodríguez. Con la firma del Tratado de Bucareli, al año siguiente —el 31 de agosto de 1923—, el gobierno de los Estados Unidos reconocía oficialmente al gobierno del general Álvaro Obregón. Un año después, el presidente Obregón derogaba el decreto en el que la Laguna de los Volcanes hubo sido declarada zona federal, volviendo aquellas tierras desecadas a recaudo de los más aferrados en tomar posesión de ellas: la Colorado River Land Co.
Primer intento de cese del alcalde Möller
Como en 1919, en que la influenza había aniquilado a 900 orientales, a mediados de ese año de 1922, volvería a desatarse en Mexicali otro brote de influenza española, y entonces Möller —con una administración municipal maniatada presupuestalmente y sin el apoyo del gobierno del distrito— habría de enfrentar el problema con la ayuda del médico hidalguense Manuel Monter, organizando entre ambos un comité de ayuda civil, el cual después de un saldo de 23 muertos y un mes de zozobra saldrían avante de aquella pesadilla colectiva. Este suceso en que el presidente municipal no recibió la más mínima ayuda del gobierno del distrito, ahondaría mayormente las diferencias entre el alcalde y el gobernador.
El 18 de julio de 1922, el presidente municipal Otto Möller recibe una fuerte advertencia de parte del gobernador en el sentido de que dejase de otorgar la libertad bajo fianza a delincuentes juzgados por el Poder Judicial. A principios de agosto, Möller contesta al gobernador, diciendo:
«Al Ciudadano
Gobernador del Distrito.
Con referencia al superior oficio de usted fechado el día 18 del mes próximo pasado, girado por la Sección Primera con el número 18998, en el cual manifiesta que no es de las atribuciones de esta Presidencia otorgar la gracia de libertad baja fianza a preso alguno por ser sólo facultad del Poder Judicial, me permito manifestarle que quedo enterado de lo anterior. Reitero a usted mi atenta y distinguida consideración.»
«SUFRAGIO EFECTIVO-NO REELECCIÓN. Mexicali, Baja Calif., a 3 de agosto de 1922. Rubrican: Otto Möller, presidente municipal. Carlos Robles Linares, Secretario».
Es muy difícil pensar que este tipo de acciones hayan sido simples inocentadas de Otto Möller y no actos deliberados para vulnerar facultades propias del Poder Judicial, teniendo como secretario del Ayuntamiento al ex juez Carlos Robles Linares.
Con este antecedente, a finales de agosto se presentaría para el gobernador la coyuntura para destituir a Otto Möller tras la acusación penal vertida por los regidores Manuel Roncal y Guillermo Z. Lugo en el sentido de que el alcalde estaba violando las garantías individuales de entretenedoras. A la hora de la hora, los acusadores se echaron para atrás no ratificando su acusación ante la Ley. Dos meses después de esta primera tentativa de despido del cargo ocurrida a Möller el 29 de agosto, Manuel Roncal y Guillermo Z. Lugo —primo del gobernador— habrían de pagar muy caro aquella acusación contra Möller.
Líos con la declaración consular sobre importaciones
A fines de agosto de 1922, llegaba a Mexicali procedente de México, Antonio Flores, consultor técnico de la Secretaría de Hacienda, con el fin de investigar un lío verificado el pasado mes de mayo en torno a declaraciones consulares realizadas por la “Cía. Comercial de la Baja California”, del agente aduanal Miguel González, que había metido por Mexicali 230 barricadas de whiskey (scotch) y otras 131 más por Tijuana, presuntamente sin las debidas facturas consulares extendidas por los consulados de Calexico y San Diego.
A pesar de que buena parte de los administradores de Aduanas eran protegidos o amigos del general Álvaro Obregón, con el fin de extremar el control sobre estos funcionarios, el presidente habría de tomar como catecismo lo prescrito en el artículo 20 del Decreto de 11 de noviembre de 1893, que versaba sobre los tortuosos trámites que obligaban a los agentes aduanales en las franjas fronterizas a gestionar, primero, ante los consulados de México una factura consular para acreditar después un pedimento de importación frente a Aduanas. De no ser así, esto significaba para los agentes aduanales tanto como echarse encima no sólo a los de Hacienda, sino también a la propia Presidencia de la República.
Resulta que desde el 15 de mayo pasado, Enrique Ferreira, cónsul de México en San Diego, desde sus oficinas en el Edifico Spreckels había enviado al general Obregón un telegrama poniéndole al tanto sobre las operaciones de importación de la mentada Comercializadora, en tránsito por Estados Unidos, las cuales —según el cónsul— se habían hecho sin la factura consular correspondiente y a la mitad del monto de lo clasificado por la tarifa arancelaria que era de 15 dólares por galón. Al día siguiente, el presidente Obregón prevenía a Adolfo De la Huerta —secretario de Hacienda—respecto a este asunto.
Por ese hecho, Francisco Díaz Velazco, administrador de la Aduana de Mexicali, fue detenido y de inmediato se comunicó telegráficamente con la señora María T. de Obregón —esposa de su amigo el presidente— solicitando su intercesión de la manera siguiente:
«Ha de merecer usted informe sr. Presidente que, habiendo [yo] solicitado Amparo ante autoridad competente por irregularidades cometidas, con motivo de mi detención y habiéndolo obtenido hoy entregué la Administración de la Aduana por exigirlo así el Inspector Flores, y he dado aviso a Hacienda que el Amparo no fue solicitado para rehuir responsabilidades que pudiera tener, pues sólo fui víctima de un mal empleado, el contador.- Solicito su aprobación [Sr. Presidente] para ir a vindicarme ante quien corresponda, pues hombre que ha sabido cumplir con honradez deberes impuestos no debe temer cuando se ha cumplido… Respetuosamente. Francisco Díaz Velazco».
Manuel Roncal y Maurilio Magallón
¿Pero a cuál de los dos contadores existentes en la Aduana Fronteriza de Mexicali se refería Díaz Velazco? Si a Félix C. Bosquet, contador principal que había quedado provisionalmente a cargo de la función del propio Díaz Velazco, o a Maurilio Magallón —contador auxiliar de Bosquet—, con licencia para desempeñar su cargo de regidor en el ayuntamiento, y que precisamente por esas fechas era aprehendido por el general Pablo Macías en compañía de Manuel Roncal, Guillermo Z. Lugo, Nemecio Chávez y otra veintena de personas más y remitidos por barco hacia la prisión militar del puerto de Mazatlán. Lo cierto fue que en torno al caso Díaz Velazco, Obregón intervendría a su favor con Antonio Flores para que éste retirara los cargos, siendo enviado, de castigo, como administrador de la Aduana Marítima de San Blas, Nayarit.
De este lío de la “Comercial de la Baja California”, sucursal Mexicali, en el que estuvieron inmiscuidos los poderosos agentes aduanales Miguel González y Arnulfo Liera, encargado de manejar los pedimentos de los comerciantes afiliados a la Cámara de Comercio de Mexicali, los señores habrían de salir sin rasguños y sin despeinarse.
Palacio de Gobierno del Distrito Norte de Baja California
Para los festejos patrios de septiembre de 1922, Inocente Lugo terminaba de construir el Palacio de Gobierno del Distrito Norte, inaugurando una obra que había quedado inconclusa desde la salida de Cantú del Distrito Norte, en 1920.
Maurilio Magallón: sorpresas que da la vida
Félix Bosquet, administrador provisional de la Aduana de Mexicali, a principios de octubre de 1922, quedaría de una sola pieza en sus oficinas, al ser informado que el regidor Maurilio Magallón Vargas, en compañía de otros ediles había sido apresado por el general Pablo Macías, siendo reunidos en el Cuartel General del 21º Batallón y llevados de inmediato al atracadero de la “Bomba”, para ser embarcados en uno de los steamers del agente aduanal Arnulfo Liera y ser trasladados luego a la Prisión Militar del Puerto de Mazatlán.
Ese día, el run run de que esto había obedecido a una orden fulminante del general Ángel Flores, jefe de la Primera División del Noroeste, asentada en Culiacán, correría como un reguero de pólvora por todo Mexicali; no obstante, la gente del pueblo aún desconocía las causas. Pero de que se trataba de algo muy serio, no había duda. En un par de días los mexicalenses supieron la verdad a través de los periódicos, pero no los prisioneros que iban ya por altamar con el alma en vilo. ¿Cuál era, entonces, esa grave acusación que se cernía sobre aquellos prisioneros cuya causa habíase mantenido en el más absoluto secreto? Pues casi nada: la de organizar desde Mexicali una sedición armada en Sinaloa y Sonora contra el gobierno.
Muelle fiscal de la Aduana Marítima de Mazatlán
Después de casi una semana de travesía por las aguas del Golfo, los regidores Maurilio Magallón, Manuel Roncal, Nemesio Chávez, Guillermo Z. Lugo y los demás detenidos, divisarían, a lo lejos, la magnificencia rocosa del Faro de Mazatlán para presenciar, enmudecidos de miedo, que el buque iba poco a poco acercándose al fondeadero que daba al muelle de la Aduana Marítima de esa localidad.
Así como aquel puñado de hombres habían sido aprehendidos en Mexicali por la máxima autoridad militar de la zona, por lo grave de la acusación que pesaba sobre sus hombros, así también sólo un jefe militar del mismo orden habría de recibirlos en Mazatlán, procedentes del Distrito Norte. Y en ese tiempo, en Mazatlán, éste no era otro más que el general Abelardo L. Rodríguez —jefe militar de aquella plaza—, pero también el principal protector del alcalde Otto Möller, causante directo de la desgracia de aquel puñado de mexicalenses.
Seguramente después de conocer los prisioneros de boca del general Rodríguez el tipo de acusación que recaía en su contra, comprendieron que sólo Dios podría salvarles del fusilamiento. Y así fue, mediante la oportuna intervención emprendida por el gobernador Lugo directamente ante el presidente Obregón, junto con las airadas y enérgicas protestas del pueblo mexicalense y de la gente de la prensa local, al fin serían liberados.
Después de mes y medio de cautiverio en aquella prisión militar, el 25 de noviembre de 1922, Maurilio Magallón y sus acompañantes retornarían al pueblo en calidad de héroes; para su satisfacción, llegando al embarcadero de “La Bomba”, los ex presidiarios se enterarían de que ese día el gobernador Lugo había dado de machetazos al caballo de espadas, pues Otto Möller, como presidente municipal de Mexicali, estaba ya desaforado y el general Pablo Macías había perdido la chamba como jefe militar de aquella plaza e iba a ser sustituido por el también general Jesús M. Ferreira.
Entre tantas sorpresas, con un Juan Loera como presidente municipal interino, Maurilio Magallón deja la regiduría y se reinserta en su trabajo en la Aduana y los negocios, encontrándose con que Antonio Flores —el inspector de Hacienda llegado de México— había relevado a Félix C. Bosquet, como administrador de la Aduana Fronteriza de Mexicali, desde el 9 de noviembre de ese año de 1922.
El cese de Otto Möller
Ya para finales de septiembre de 1922, el prurito de las elecciones municipales del próximo diciembre había levantado ámpula entre los actores de la política local. Se daba como hecho que el gobernador y Manuel Roncal lograrían imponer en la presidencia a Guillermo Z. Lugo. Entre otras cosas, esta había sido una de las causas principales de la detención de los regidores Roncal, Magallón, Z. Lugo y Chávez; presunción que el general Abelardo L. Rodríguez le daría visos de verdad inobjetable luego de que el alcalde Möller —su protegido— le informara sobre cómo masticaría la iguana en las elecciones en puerta.
El 9 de noviembre de 1922, el gobernador Inocente Lugo recibió un oficio enviado por su amigo Gilberto Valenzuela Galindo, subsecretario de Relaciones Interiores, en el que a solicitud de la Contaduría Mayor de Hacienda a Gobernación, le pedían el informe anual sobre la glosa de cuentas de los ayuntamientos del Distrito Norte. De esto, Inocente Lugo encontraría la oportunidad para deshacerse de Otto Möller, dándole a una orden de rutina todo el celo fiscalizador de la Federación en el sentido de querer auditar, a toda costa, las cuentas del municipio de Mexicali.
Con esta triquiñuela, el gobernador imbuye de paranoia a la administración municipal, suspendiendo provisionalmente de sus funciones a Roque J. Ibarra, tesorero municipal, y a Francisco A. de Icaza, encargado de la glosa, ordenando una semana después una auditoria de las finanzas públicas del Ayuntamiento a través de una comisión revisora organizada por el gobierno distrital.
Permiso de salida núm 110, expedido por el alcalde Otto Möller a sus pupilas
La relación entre el gobernador Lugo y el presidente municipal Möller se haría aún más tirante con la delación hecha por el regidor Nemecio Chávez, al informar al coronel Dávila —inspector de policía del distrito—, que Möller seguía ingeniándoselas para expedir permisos a las pupilas y así salir de los burdeles con el fin de acudir a espectáculos públicos, violando con ello las disposiciones de junio pasado del gobernador en cuanto a las restricciones emitidas contra entretenedoras.
En dicha ocasión, recordando que los comandantes de las policías municipales eran comisionados en los ayuntamientos por la Inspección General de Policía del Distrito Norte, el coronel Francisco Dávila le comunicaba al gobernador lo siguiente:
«El C. Comandante de Policía hace llegar a esta Inspección, los permisos otorgados y autorizados por la Presidencia Municipal a personas de su confianza, para que las mujeres en los prostíbulos salgan de las casas de asignación donde se encuentran asiladas, presentándose en los parajes públicos, en contravención con lo dispuesto por el Bando de Policía vigente; encontrándose la Policía incapacitada para reprimir los atentados que se cometen contra la moralidad pública».
«Lo que tengo el honor de poner en el superior conocimiento de usted para los efectos a que haya lugar, acompañándole los permisos referidos. Protesto a usted mi atenta consideración y respeto. SUFRAGIO EFECTIVO-NO REELECCCIÓN. Mexicali, Baja California, a 10 de noviembre de 1922. Rúbrica: Francisco Dávila, Inspector General de Policía».
Nemecio Chávez, a la par, habíale puesto el dedo flamígero a Otto ante el gobernador respecto a la asignación de policías especiales en los casinos de juego, lo que obligó a Inocente Lugo a volver a enviar otro apercibimiento al cuerpo edilicio, haciendo una interpretación por demás tergiversada sobre el espíritu que animaba al artículo 7, fracción II, de la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, relacionado con la concesión y expedición de permisos para juegos.
Por esas fechas, también, el primer edil de Mexicali se enteraba de que gracias a Lugo, Gobernación lo había sacado de la jugada en torno a las negociaciones hechas con George M. Pratt para la instalación de un casino de juego en el subterráneo del Hotel Imperial, desconociendo los pormenores del contrato con la nueva empresa a punto de entrar en operaciones en el municipio donde él gobernaba.
Ese mismo día 10 de noviembre, el coronel Dávila, inspector de Policía, emitía un nuevo parte al gobernador haciendo referencia que durante la madrugada el tesorero Ibarra, a escondidas, habíase introducido a la municipalidad hasta penetrar a su oficina, metiendo mano en la caja fuerte de la Tesorería del Ayuntamiento. Lugo ordenaría que no se interviniera aún al municipio en tanto él no enviase su informe de la situación a Gobernación. Ahora sí, para el 16 de noviembre de 1922, el gobernador recibía de parte del subsecretario Valenzuela la autorización de auditar al Ayuntamiento de Mexicali. A la mañana siguiente, personal de finanzas del gobierno del distrito estaba auditando las arcas públicas del erario municipal.
También ese día 16, a Otto Möller le vuelven a llegar otras dos amonestaciones vinculadas con los permisos a entretenedoras y con su policía especial, en este último el gobernador Lugo le reprochaba al munícipe su persistencia en seguir brincándose las trancas, al designar por motu proprio al señor Rómulo Brambila como guardia privado de la cantina «El Cañón de Oro».
Para el 23 de noviembre, Refugio H. Lizárraga y Manuel Páez, ex empleados de Aduanas y ahora funcionarios de finanzas del gobierno distrital comisionados para revisar los libros de contabilidad del Ayuntamiento de Mexicali, reportan al gobernador la resultante de un primer arqueo del erario municipal en el que Otto Möller, Roque J. Ibarra, Francisco A. De Icaza y otros funcionarios más, al parecer no salían muy bien librados.
Ese mismo día 23, Carlos Robles Linares renuncia como secretario del Ayuntamiento y pasa a ser asesor del gobernador; en su lugar el gobernador envía a Juan Ojeda Melsson —delegado político en Tijuana, en tiempos del gobernador Balarezo—, ahora funcionario de la Tesorería General del distrito; pero también esa mañana, por causas fuera de todo precepto legal, el regidor Juan Loera —además, interventor de Juegos y Diversión por parte del gobierno distrital— firma su primer oficio en calidad de presidente municipal de Mexicali, no siéndolo aún:
«C. Gobernador del Distrito.-
Con referencia al superior oficio de usted número 112432 de fecha 16 del actual girado por la Sección I. en el que recomienda no se expidan permisos a las mujeres públicas para que salgan de los prostíbulos, por ser este asunto de la competencia de ese Gobierno, según lo expresa el artículo 17 del Reglamento de Sanidad vigente, me es honroso manifestar a usted que se cumplirá con lo dispuesto y que, respecto a los permisos que se han expedido por esta Presidencia a las mujeres de que se trata, son para que salgan únicamente a tomar sus alimentos o para hacer sus compras en la vecina Calexico, Cal. Reitero a usted mi atenta consideración. SUFRAGIO EFECTIVO-NO REELECCIÓN. Mexicali, Baja California, noviembre 23 de 1922. Rubrican: Juan Loera, Presidente Municipal. Juan Ojeda Melsson, Secretario».
Día 24: máxima tensión en la municipalidad de Mexicali
Durante la mañana del viernes 24 de noviembre, el regidor y síndico municipal Nemecio Chávez, arma una trifulca en la oficina del presidente municipal, al negarse éste a firmarle unas órdenes de pago de una tesorería municipal intervenida por el gobierno distrital; gresca que alcanzase su grado máximo de algidez en el instante en que el regidor saca la pistola para hacerle pagar a Möller deudas pendientes, como la de la encerrona en la prisión militar de Mazatlán; Otto Möller, todo asustado, trataría en vano de darle órdenes a la policía para detener a aquel energúmeno resuelto a darle de balazos. De no haber sido por la oportuna intervención de los propios empleados del Ayuntamiento, sepa Dios cómo le hubiera ido ese día al presidente municipal.
Después de ese delicado incidente, Nemecio correría hacia Palacio de Gobierno para pedirle garantías al gobernador, de quien se supone, dado la gravedad de la falta, le aconsejara fuera —él— el primero en encargarse de aparecer como víctima, enviando dicha petición directo a Presidencia de la República, porque —de seguro— Otto Möller también haría lo mismo.
Dicho y hecho, pero con la diferencia de que Möller, en su acusación, no sólo hacía responsables de tales sucesos a los regidores y a la policía ante el general Obregón, sino que vía telegráfica señalaba al gobernador Inocente Lugo como primer causante de promover su debacle personal:
«Con pena obligado a insistirle ordenarle al jefe de operaciones militar impártame garantías, regidores reincidentes, policía y gobernador tratan de destituirme de mi cargo de presidente municipal, reducirme a prisión arbitrariamente.- Ataque fui objeto esta mañana, consignase agente de Ministerio Público, que violentamente ausentóse de ese lugar por disposición del gobernador y así no proceder como impone la ley, ruego informarse con jefe de operaciones militares. Hoy encontrándome despacho Regidor Nemesio Chávez por negarme firmarle órdenes pago tesorería municipal, injuriarme de palabras, sacándome pistola, apuntándome para herirme o matarme, impidiéndolo empleados que estaban presentes. Ordené al comandante de policía y este dijo ser orden del gobierno de este distrito no aplicarla. Delito fue in fraganti, comandante de policía, un cabo de la misma y otras personas siguieron injuriándome. Pido con urgencia libre la persona siguiente a la jefatura operaciones militares darme garantías pues Policía por órdenes de Gobernador no me obedece. Otto Möller, Presidente Municipal».
Después de esto, el inspector de policía Dávila pone en alerta al gobernador y le informa lo que sigue:
«En oficio número 2053 de esta fecha, digo al C. Comandante de Policía [de Mexicali] lo siguiente»:
«Di cuenta a la superioridad de su nota 1006 de esta fecha [día 24], en la que participa que el C. Presidente Municipal, ha ordenado la concentración de toda la Policía de las Delegaciones de su mando. Como supone el Gobierno que tal movimiento será con objeto de cuidar de que el orden público no sea alterado, esta Inspección por acuerdo del propio Gobierno recomienda a usted que procure por todos los medios posibles evitar que el orden sea alterado por cualquier motivo».
«Lo que tengo el honor de transcribir a usted para su conocimiento y efectos, protestándole mi atenta consideración y respeto. SUFRAGIO EFECTIVO-NO REELECCCIÓN. Rúbrica: Francisco Dávila, Inspector General de Policía».
Ese día 24, Otto Möller, por su parte, logra que el regidor Juan B. Ríos (inspector de Sanidad encargado de controlar el registro de pupilas), en calidad de presidente del Partido Liberal Laborista, junto con Mariano Castellanos, mandamás del Partido Obreros y Campesinos, líderes del anarcosindicalismo obrero-campesino, alzasen airada protesta ante Gobernación por la salvajada cometida por Nemecio Chávez contra el alcalde, quejándose también de la no existencia de garantías, de parte del gobernador, para la realización de las elecciones municipales en ciernes.
A eso de las 7 de la noche, de ese crucial viernes 24 de noviembre de 1922, se reúnen en el auditorio de la Escuela Primaria Cuauhtémoc, ubicada en la Avenida Madero y calle Altamirano, los señores regidores Manuel Roncal, Guillermo Z. Lugo, Juan Loera, Quirino Luna, Fulgencio Gallego, Jesús B. Monje, Pedro G. Martínez, Pedro Benítez, Nemecio Chávez y el nuevo secretario del Ayuntamiento, Juan Ojeda Melsson, para defenestrar a Otto Möller y hacer la faramalla de que el cuerpo de concejales designaba a Guillermo Z. Lugo, como presidente municipal.
En resumidas cuentas, entre el 23 y el 25 de noviembre de 1922, Mexicali tuvo la friolera de tres presidentes municipales en funciones: Otto Möller, Juan Loera y Guillermo Z. Lugo.
Al día siguiente de los acuerdos pactados en la reunión de Cabildo —en la Escuela Cuauhtémoc—para desaforar al alcalde Möller, salía publicado en la prensa local un Manifiesto en el que se anunciaba el cese del munícipe Otto Möller, al tiempo que el gobernador José Inocente Lugo enviaba al presidente Álvaro Obregón este telegrama:
«Hónrame acusar recibo de su telegrama de ayer que me transcribe mensaje de presidente municipal Otto Möller, pidiendo garantías por supuestos hechos que expone. En respuesta satisfáceme informar a usted. Que mayoría de regidores de este ayuntamiento acordó revisar contabilidad Tesorería Municipal, por tener conocimiento de malos manejos de Presidente Möller y de Tesorero Ibarra, resultado comprobadas algunas graves irregularidades al hacerse la inspección, por lo cual temió Möller con fundamento que fuese destituido en la sesión que debería celebrarse ayer, y consignado al ministerio público, siendo ésta la verdadera causa principal de la adulteración de los hechos que comunico a usted, pues mi actividad ha sido imparcial dejando absoluta libertad a ministerio público. Es falso también que jefes policía hayan injuriado a Möller y éste disfruta plenas garantías, no obstante que ha estado excitando a sus partidarios a cometer desorden. José Inocente Lugo, Gobernador de Distrito».
Sin duda que el gobernador Lugo hubo mandado este telegrama al presidente de la República, inspirado en el cuento de Pinocho.
Loera: presidente sustituto
Ese mismo día 25, para no obviar sus intereses particulares en aquel enjuague político, el gobernador Inocente Lugo daría marcha atrás en la designación de su primo Guillermo Z. Lugo como presidente municipal, reconociendo oficialmente ante Gilberto Valenzuela —subsecretario de Relaciones Interiores— y ante el general Jesús M. Ferreira —nuevo jefe de operaciones militares— a Juan Loera como presidente interino del Municipio de Mexicali. Al tiempo que alertaba al nuevo alcalde Loera de que los policías de las delegaciones municipales seguían acuartelados en sus respectivos recintos, obedeciendo órdenes de Möller y de sus aliados los regidores radicalistas Juan B. Ríos y Miguel Olave, quienes el sábado 25 habían desconocido los acuerdos del día anterior realizados en la Escuela Cuauhtémoc por la mayoría de los miembros del Cabildo.
Ante aquella amenaza potencial, Juan Loera se aprestaría por medio del gobernador a solicitarle a Antonio Flores —administrador de la Aduana de Mexicali— las carabinas de esa institución con el fin de hacerle frente a la gente de Möller. El gobernador desistió dar cabida a tal petición.
Al no ser aprobado su requerimiento, el “Indio” Loera nada tonto, se erige en juez y gira una orden de detención al jefe de los Servicios Migratorios para que aprehendiera a Otto Möller, junto con Roque J. Ibarra, Francisco de Icaza, Adán Torres, Joaquín Ramírez y Serapio Huerta en caso de que asomaran las narices por la línea fronteriza. El tamaño de su miedo dictaminaba que valía más aprehender a sus enemigos antes que hacer frente a una embestida armada estando dentro del Palacio Municipal sin el armamento apropiado que, para su infortunio, estaba en manos del resguardo aduanal de Mexicali.
Heriberto Borunda
Para el 27 de noviembre de 1922, los regidores Juan B. Ríos y Miguel Olave volvían al redil y se reintegraban a su labor edilicia. Tres días después, Heriberto Borunda —recaudador de rentas de Ensenada en tiempos de Cantú— fue impuesto por el gobernador como tesorero municipal dentro del gobierno interino de Juan Loera. Borunda, al año siguiente jugaría un papel clave en la debacle del “Indio” Loera y tres años más tarde —en 1925— en la del presidente municipal Miguel Vildósola.
Se sobreentiende que la recompensa a los servicios de Juan Loera prestados a Lugo como interventor de la Comisión de Diversiones Públicas del municipio fue grande, cuando el gobernador le informaba sobre lo que aparece en el contenido del oficio enviado con antelación al coronel Francisco Dávila, titular de la Inspección General de Policía:
«Al C. Presidente Municipal.
Hoy digo al C. Inspector General de Policía, lo que sigue»:
«Este Gobierno ha tenido a bien acordar, que a partir de esta fecha, los traficantes de drogas heroicas y opio, así como los viciosos de dichos narcóticos que sean aprehendidos, se pongan a disposición del C. Presidente Municipal».
«Lo que transcribo a usted [a Loera] para su conocimiento y fines consiguientes, reiterándole mi atenta consideración. SUFRAGIO EFECTIVO-NO REELECCIÓN. Mexicali, Baja California, diciembre 1 de 1922. Rúbrica: J. I. Lugo, Gobernador del Distrito».
Si bien para Inocente Lugo su ex interventor de Juegos y Diversión, como presidente interino, le aseguraba el control de entretenedoras, adictos y traficantes de drogas en Mexicali, esta acción también enmarcaba el sino de su derrumbe político porque Loera era un líder cooperativista aliado a un diputado Covarrubias vinculado —a su vez— con el general Abelardo L. Rodríguez.
El reporte de la comisión revisora
Fue hasta el 15 de diciembre de 1922, estando Loera en su oficina de palacio municipal, acompañado de Nemecio Chávez y de Heriberto Borunda —nuevo tesorero municipal—, cuando reciben la visita de Refugio H. Lizárraga y de Manuel Páez quienes como encargados de la comisión revisora por parte del gobierno distrital, presentan el reporte final de la auditoria ejercida sobre las finanzas de la administración municipal del ya defenestrado Otto Möller.
En aquel documento, dicha comisión revisora de la cuenta pública del municipio, concretamente, acusaba al ex presidente municipal no tanto por sustraer de manera expresa caudales del erario público en aras del estricto beneficio personal, falta tipificable aquí y en China como delito de peculado, sino por haber violado el artículo 37, fracción IX, del Reglamento Interior que estipulaba que el presidente municipal no podía autorizar erogación alguna de la Tesorería Municipal sin previo acuerdo de la corporación edilicia, como tampoco le estaba permitido excederse en el gasto previo presupuestado por el gobierno distrital para tal o cual partida por ejercer dentro del ámbito municipal.
En ese sentido quedaba comprobado que el señor Otto Möller como alcalde municipal, había violado 97 partidas presupuestales, cuyo monto ascendía a la cantidad de 9 mil 612 pesos oro nacional, de los cuales el mayor usufructuante había sido su ex Inspector de Sanidad, el arrepentido regidor Juan B. Ríos, al recibir en un año 1 mil 680 pesos (840 dólares) de viáticos para el cumplimiento de tan entretenida comisión. Algo así como el 10% de lo derogado indebidamente por Möller. El dinero restante había sido ejercido en el pago de un sin fin de minucias al cabo de todo un año.
Para dimensionar el poder adquisitivo de los 840 dólares recibidos por Juan B. Ríos de viáticos, antes es pertinente recordar que durante aquella época la paridad entre el peso y el dólar era de 2 pesos por dólar, y que un salario mínimo ­—considerado desde entonces magro— equivalía a 4 pesos oro nacional (2 dólares por jornal); viáticos con los que el señor Juan B. Ríos hubiera podido pagar 420 salarios mínimos, de aquel entonces.
Ahora, si tomamos como base que, hasta el año de 2002, un trabajador, de salario mínimo promedio, ganaba alrededor de 4 dólares diarios (40,16 pesos), encontramos que, de 1922 a 2002, en 80 años, el salario mínimo promedio del trabajador mexicano tan solo se incrementó cosa de 2 dólares; o sea, ha crecido a un ritmo proporcional de 2.5 centavos de dólar por año.
Hasta septiembre de 2015, la deplorable situación de los trabajadores de salario mínimo en México persiste, cuando la Comisión Nacional de Salario Mínimo (Conasami) fijó un sueldo único de 70,10 pesos diarios (los que comparados con el tipo de cambio actual son otra vez 4 dólares), a raíz de que el salario mínimo estaba repartido en dos áreas. He aquí una pista del tamaño del rezago salarial existente en México a principios del Siglo XXI.
Con Roque J. Ibarra, la comisión revisora comandada por el gobernador Lugo fue más benevolente, al acusarlo de simple y llana negligencia por no ampliar las partidas de egresos y por no tramitar la autorización correspondiente vía Cabildo, para así solicitar ante el gobierno distrital los gastos excedentes de partidas tales como la de “Gastos Extraordinarios y Limpieza y Riego de Calles”, donde las erogaciones rebasaban ya los 33 mil pesos respecto al presupuesto real programado para ese año.
Se trataba de una cantidad equivalente a 16 mil 500 dólares, con los que se podía pagar la fuerza de trabajo de 8 mil 250 trabajadores de aseo y limpia —con salario mínimo de 2 dólares— para abastecer a una población de 10 mil habitantes. Dato que, visto así, haría aparecer a Ibarra como un irredento pillo, por eso es justo aclarar que, para 1922, el municipio pagaba a 1 dólar con 82 centavos el metro cúbico del vital líquido a las compañías privadas del vecino país que controlaban el abastecimiento de agua en la región. Una cantidad muy cercana a un salario mínimo de aquellos días, de lo que se infiere que las compañías gringas vendían el agua a Mexicali a precio de oro.
Por lo demás, en cuanto a Möller e Ibarra, si bien el cometido de la administración del gobernador Lugo y la del alcalde Loera, hubiese sido la de sancionar a dos funcionarios públicos que habían recaído en actos más bien de negligencia y no de peculado, el primero de los aludidos había llevado la peor parte al verse obligado a tener que enfrentar el escarnio público y la persecución, acusado de ladrón por unos emolumentos que en realidad no había usufructuado del erario público.
Habiendo la comisión revisora terminado de presentar su reporte en las oficinas del presidente municipal interino; Loera —apoyado por el tesorero Borunda—, ni tardo ni perezoso se dirigiría a Nemecio Chávez, comisionándole para promover un proceso penal en contra de los aludidos. Proceso penal improcedente que días después degenerase en la aprehensión de Otto Möller —el 27 de diciembre de 1922— para ir a parar a la cárcel acusado de un cargo muy diferente: Narcotráfico. Saldría libre por falta de pruebas.
Durante el gobierno de Abelardo L. Rodríguez, vetado en lo político por el juicio moral que la población había ejercido sobre su persona, para 1929, lo máximo que escaló Möller dentro de la administración pública local fue a la posición de subdelegado de la delegación de Los Algodones.
Pero los imponderables del destino nunca faltan, pues un día antes del arresto de Möller, atendiendo una ordenanza de Álvaro Obregón, presidente de la república, por instrucciones del señor gobernador el alcalde Loera anunciaba un simulado acuerdo de Cabildo, de cuyo dictamen los más perjudicados resultaban ser algunos connotados miembros del cuerpo edilicio:
«La Corporación que me honro en presidir, en sesión ordinaria verificad el 22 de los corrientes, tuvo a bien dictar los siguientes acuerdos»:
«PRIMERO.- Se designa “Zona para Establecimiento de Cantinas” en la Ciudad de Mexicali la porción comprendida desde la línea del Ferrocarril hacia el Sur; excepción hecha de la parte que a dicho rumbo queda en el tramo de vía desde la Acera Sur de la Avenida Francisco I. Madero hasta la línea fronteriza».
«SEGUNDO.- De conformidad con lo que antecede, no se permitirá el establecimiento de Cantinas en toda la Avenida Francisco I. Madero, ni en las calles transversales de la población, en el tramo comprendido desde la Avenida Internacional hasta la vía ferrocarrilera».
«TERCERO.- A los propietarios de Cantinas actualmente ubicadas fuera de la “Zona para Establecimiento de Cantinas”, se les concede un plazo que terminará el 31 de marzo del año entrante de 1923, con objeto que durante ese periodo de tiempo cambien sus establecimientos a lugares dentro de la Zona señalada».
«Lo que se hace de conocimiento de los interesados y del público en general para su observancia. SUFRAGIO EFECTIVO-NO REELECCIÓN. Mexicali, B. Cfa., diciembre 26 de 1922. Rúbrica: Juan Loera, Presidente Municipal».
Justo en marzo de 1923, la posible aplicación de este dictamen —en realidad presidencial— que ordenaba la remoción de cantinas de la zona centro del poblado, sería el detonante que desencadenara una guerra sin cuartel entre miembros del cuerpo edilicio con intereses políticos y económicos en el área citada contra el presidente municipal y regidores que le secundaban, valiéndose sus adversarios de la inconstitucionalidad en la reelección del alcalde Juan Loera. Guerra que también acabaría por enfrentar directamente al gobernador José Inocente Lugo y al influyente diputado federal Ricardo Covarrubias.
Publicadas por Roberto Fco. Elenes Rivera a la/s 16:09

References: artículo 115
 artículo 123
 resolución 
 artículo 20
 artículo 7
 artículo 17
 artículo 37