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Timestamp: 2017-01-16 15:42:52+00:00

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2013 12862 by hellovero - issuu
núm. 154 de 4-VII-2013
1. La Constitución Española, en su artículo 27, apartado 1, consagra la educación como uno de los derechos fundamentales, y en su apartado 2, expone que la educación tiene por objeto el desarrollo de la personalidad humana en el
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
2. Por su parte, el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias ha asumido como competencia
propia el desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, que en todo caso incluye la ordenación del sector de la enseñanza y de la actividad docente y educativa, así
como su programación, inspección y evaluación, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa estatal.
3. Integrando este bloque de constitucionalidad, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, proclama en su
exposición de motivos «la mejora de las condiciones en que el profesorado realiza su trabajo, así como el reconocimiento, apoyo y valoración social de la función docente», en tanto que en su artículo 104.1 establece que las Administraciones educativas velarán «por que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia
social de su tarea». Además, dispone que las Administraciones educativas prestarán una atención prioritaria a la mejora
de las condiciones en que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento
social de la función docente.
4. En lo que respecta a la convivencia, la citada Ley Orgánica de Educación establece en su artículo 121 que el proyecto educativo de cada uno de los centros educativos habrá de recoger un plan de convivencia, imponiendo a continuación
a las Administraciones educativas el deber de regular el marco general que permita a los centros públicos y privados
concertados elaborar sus proyectos educativos. Al mismo tiempo, en su artículo 124 obliga a los centros docentes, en el
ámbito de su autonomía, a elaborar sus normas de organización y funcionamiento, que deberán incluir las que garanticen el cumplimiento del plan de convivencia referido anteriormente.
5. En nuestro ámbito autonómico, en diciembre de 2006 se firma el Acuerdo Social por la Convivencia Escolar, como
instrumento de implicación de toda la sociedad asturiana, y en particular de los sectores sociales relacionados con el
ámbito escolar. Dicho acuerdo, que pretendía sentar las bases para el desarrollo de un marco regulador de convivencia
en los centros docentes asturianos, tuvo una primera concreción en el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el
que se regulan los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia de centros docentes sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias. En esta norma, la importancia del profesorado en el mantenimiento y mejora
de la convivencia escolar queda reconocida en su artículo 16, que dispone que «el alumnado tiene el deber de respetar
al profesorado y de reconocer su autoridad, tanto en el ejercicio de su labor docente y educativa como en el control del
cumplimiento de las normas de convivencia y de las de organización y funcionamiento del centro».
6. Para que los profesores puedan realizar con éxito la elevada tarea que la sociedad les encomienda es preciso transmitir que, además de la autoridad que les confiere su saber, están investidos de una autoridad institucional por ejercer
la función primordial de la docencia y ser, con ello, garantes inmediatos del derecho constitucional a la educación. De
lo contrario, quedaría desmentida en la práctica la importancia que reviste la educación, en general, y la instrucción, en
7. La presente Ley reconoce la condición de autoridad pública de los profesores y maestros en el ejercicio tanto
de sus funciones docentes, como de gobierno y disciplinarias. Lo que implica que todos ellos gozarán de presunción
de veracidad en sus informes y declaraciones, así como de la protección reconocida por el ordenamiento jurídico a tal
condición, mejorando su protección legal frente a los malos comportamientos y agresiones tanto de alumnos como de
8. Aunque la Ley Orgánica de Educación y la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, según se trate, respectivamente, de centros públicos o privados concertados, reconocen al Director del Centro la capacidad disciplinaria, esta
atribución desconoce que para una adecuada solución a los problemas de disciplina es preferible someterse a dos principios: el de inmediación, que permite un mejor conocimiento del problema y es garantía de acierto, y el de celeridad
en la reacción, que potencia la eficacia para alcanzar los fines de la sanción. No es el Director, sino el profesor quien
conoce con inmediación la conducta de un alumno que esté impidiendo o dificultando la función docente y alterando la
convivencia en clase y quien puede adoptar rápidamente una medida disciplinaria que corrija inmediatamente a aquel
alumno en asuntos leves o las medidas cautelares necesarias si el asunto es grave. De ahí que en esta Ley se proponga
que el profesor pueda imponer medidas disciplinarias directamente a los alumnos en asuntos leves y adoptar medidas
cautelares necesarias en asuntos graves, siempre que acontezcan hechos que impidan o dificulten la función docente o
la actividad complementaria en la que el profesor esté participando y conforme a lo indicado en las leyes.
9. En definitiva, esta norma pretende reforzar el pilar esencial de todo sistema educativo, que son los maestros y
profesores. Disponer de un profesorado que cuente con prestigio social, con reconocimiento institucional a su labor y con
respaldo legal a su autoridad, es condición esencial para avanzar en un sistema de educación equitativo y de calidad,
que asegure el clima de respeto imprescindible para garantizar el ejercicio de la función docente, prime el mérito y el
esfuerzo personal y eduque en la convivencia, los valores democráticos y el sentido de la responsabilidad.
La presente ley tiene por objeto reconocer la autoridad del profesorado de centros sostenidos con fondos públicos en
el ámbito del Principado de Asturias, y establecer las condiciones básicas de su ejercicio profesional, con el fin de procurar el adecuado clima de convivencia en los centros educativos y garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación
1.—La presente ley será de aplicación en los centros educativos sostenidos con fondos públicos del Principado de
Asturias que impartan alguna de las enseñanzas previstas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
2.—A los efectos de esta ley, tendrán consideración de centros educativos los espacios ubicados en centros hospitalarios, centros de reforma de menores y los centros penitenciarios donde se impartan algunas de las enseñanzas
relacionadas con el apartado anterior.
3.—El ámbito escolar establecido en esta ley se entenderá no sólo referido a las tareas celebradas en el propio centro
educativo y a las que, realizadas fuera del recinto del centro, estén directamente relacionadas con la vida escolar, sino
también a las que se lleven a cabo durante la realización de servicios y actividades complementarias y extraescolares y
requieran la presencia del profesorado.
4.—A los efectos de esta ley se entenderá que los profesores siempre están en el ejercicio de sus funciones profesionales cuando se produzca un ataque a su integridad física o moral derivada de su condición profesional.
c) El reconocimiento, respeto, ejercicio correcto y efectiva garantía de los derechos y deberes de todos los miembros
d) La ratificación del papel esencial que en los procesos educativos desempeñan los profesores, tanto como factor
esencial de la calidad de la educación, como garantes del ejercicio de un derecho fundamental, ejerciendo por ello la
responsabilidad principal del proceso educativo y la autoridad que del mismo se desprende.
e) La necesidad de disponer en los procedimientos educativos y sancionadores de un referente de autoridad claro y
expresamente definido, sin perjuicio del respeto a los preceptos que garantizan el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes consagrados por el ordenamiento jurídico.
f) Los profesores participarán en la elaboración de las normas de convivencia o funcionamiento que todos los centros
establecerán para la mejora de la convivencia en los mismos.
g) El impulso desde la Administración educativa de los mecanismos necesarios para facilitar la función del profesorado
y su reconocimiento y prestigio social.
h) La autonomía de los centros para dar respuesta propia a los problemas específicos de la comunidad educativa en
el marco de lo que establezca la legislación vigente.
a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte del alumnado, sus familiares o representantes legales, los
demás profesores y otro personal que preste su servicio en el centro docente.
c) A tener autonomía para tomar las decisiones necesarias, de acuerdo con las normas de convivencia establecidas y
con respeto a los principios de inmediatez, proporción y eficacia, que le permitan mantener un adecuado clima de convivencia y respeto durante las clases, o en las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera
f) Al apoyo y formación precisa por parte de la Administración educativa, que velará para que el profesorado reciba
el trato, la consideración y el respeto que les corresponden de acuerdo con la importancia social de la función docente
2. La dirección de los centros educativos y la Consejería competente en materia de educación garantizarán el uso
adecuado y conforme con el ordenamiento jurídico de los espacios públicos en su ámbito de competencia, así como los
tablones de anuncios y/o cualquier otro medio físico o tecnológico, con el fin principal de evitar que sirvan de soporte a
conductas injuriosas u ofensivas para el profesorado y demás miembros de la comunidad educativa.
El profesorado, tendrá, en el ejercicio de las potestades de gobierno, docentes y disciplinarias que tengan atribuidas,
la condición de autoridad pública, y gozará de la protección reconocida a tal condición por el ordenamiento jurídico.
Los hechos constatados por el profesorado en el ejercicio de las competencias correctoras o disciplinarias gozarán
de presunción de veracidad cuando se formalicen por escrito en documento que cumpla con los requisitos establecidos
reglamentariamente, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos intereses, puedan ser
señaladas o aportadas.
De acuerdo con la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
los centros educativos podrán recabar de los padres, representantes legales o en su caso de las instituciones públicas
competentes, y de los propios alumnos, la colaboración necesaria para la aplicación de las normas que garanticen el
efectivo derecho a la educación en los centros educativos en relación con la información sobre las circunstancias personales, familiares o sociales de su alumnado, garantizando en todo momento el derecho a la intimidad y a la protección
Los padres o representantes legales, o en su caso las instituciones públicas competentes, y los propios alumnos,
deberán colaborar en la obtención de dicha información para aplicar las normas que garanticen la convivencia en los
La Administración educativa adoptará las medidas oportunas para garantizar la adecuada protección y asistencia jurídica de todo el profesorado, así como la cobertura de su responsabilidad civil, en relación con los hechos que se deriven
del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3.
En todo caso, el profesorado de los centros educativos públicos gozará del derecho a la representación y defensa en
juicio en los términos establecidos en el artículo 27 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.
En los casos de agresión física o moral al docente causada por el alumno o, en su caso, por las personas con él relacionadas, la reparación del daño moral infligido, incluirá la petición de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad
de los actos, y ello sin perjuicio de otras medidas educativas correctoras o disciplinarias que puedan adoptarse, dejando
a salvo, en todo caso, las acciones legales que al perjudicado puedan asistirle.
La presente ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea de aplicación esta Ley coadyuven a su cumplimiento, así como
a todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la hagan guardar.
Oviedo, a veintiocho de junio de dos mil trece.—El Presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández
Fernández.—Cód. 2013-12862.
2013 12862

References: artículo 27
 artículo 18
 artículo 104
 artículo 121
 artículo 124
 artículo 16
 artículo 2
 artículo 27