Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10775
Timestamp: 2018-04-20 14:50:51+00:00

Document:
Sentencia C-942 de 2003 Corte Constitucional
SENTENCIA C-942 DE 2003
Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 6, 8, 9, 11, 16, 22, 23, 24, 39, parciales, de la Ley 443 de 1998 "Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones."
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, la ciudadana Marcela Patricia Jiménez Arango presentó demanda contra los artículos 6, 8, 9, 11, 16, 22, 23, 24, 39, parciales, de la Ley 443 de 1998 "Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones."
"por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones.
Artículo 11. Empleados de Carrera en Empleos de Libre Nombramiento y Remoción. Los empleados de carrera podrán desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción hasta por el término de tres (3) años, para los cuales hayan sido designados en la misma entidad a la cual se encuentran vinculados, o en otra. Finalizados los tres (3) años, el empleado asumirá el cargo respecto del cual ostente derechos de carrera o presentará renuncia del mismo. De no cumplirse lo anterior, la entidad declarará la vacancia del empleo y lo proveerá en forma definitiva. De estas novedades se informará a la Comisión del Servicio Civil (respectiva)*.
Parágrafo. En los concursos que se realicen en el Ministerio de Defensa Nacional, en las Fuerzas Militares y en la Policía Nacional, con excepción de sus entidades descentralizadas, antes de la conformación de las listas de elegibles se efectuará a cada concursante un estudio de seguridad de carácter reservado, el cual, de resultar desfavorable, será causal para no incluirlo en la respectiva lista de elegibles. Cuando se trate de utilizar listas de elegibles de otras entidades, al nombramiento deberá preceder el respectivo estudio de seguridad. En el evento de ser éste desfavorable no podrá efectuarse el nombramiento.
Artículo 23. Período de prueba e inscripción en la carrera administrativa. La persona seleccionada por concurso abierto será nombrada en período de prueba, por un término de cuatro (4) meses, al cabo del cual le será evaluado su desempeño laboral. Aprobado el período de prueba, por obtener calificación satisfactoria en el desempeño de sus funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el Registro Público de la Carrera Administrativa.
Parágrafo 1º. Cuando se reforme total o parcialmente la planta de personal de un organismo o entidad y los empleos de carrera de la nueva planta, sin cambiar sus funciones, se distingan de los que conformaban la planta anterior por haber variado solamente la denominación y el grado de remuneración, aquellos cargos no podrán tener requisitos superiores para su desempeño y los titulares con derechos de carrera de los anteriores empleos, deberán ser incorporados por considerarse que no hubo supresión efectiva de éstos.
Parágrafo 2º. En el evento de que el empleado opte por la indemnización o la reciba, el acto administrativo en que ésta conste prestará mérito ejecutivo (y tendrá los mismos efectos jurídicos de una conciliación)*. Los términos de caducidad establecidos en el Código Contencioso Administrativo para instaurar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se contarán a partir de la declaratoria de nulidad del acto administrativo que originó la supresión del empleo.
- Cargos contra el numeral primero del artículo 6 de la Ley 443 de 1998: para la actora al disponer esta norma que el empleado de carrera que desempeña un cargo que se declara de libre nombramiento y remoción, deba ser trasladado a otro cargo de carrera "superior" viola los artículos 125 y 40, numeral 7, de la Constitución, pues significa un nombramiento automático en carrera por ascenso y sin mediar concurso. Recuerda que la Corte en la sentencia C-266 de 2002, declaró inexequibles el concurso cerrado y el ascenso automático.
- Cargos contra el inciso 2º y la expresión del inciso 5 del artículo 8 de la Ley 443 de 1998: la actora considera que la norma al establecer que mientras se surte el proceso de selección de un cargo de carrera vacante, se deba proveer el encargo con los empleados de carrera, quienes tendrán derecho preferencial, se está constituyendo un privilegio sin justificación, lo que infringe directamente el artículo 13 de la Carta. Señala que no habría tal vulneración de esta disposición si "en estos casos el encargo pudiere ser provisto por personas ajenas a la institución o al servicio público, inclusive que pueda ser provisto por persona que se encuentre en lista para elegibles para ese cargo o para cargos similares." (fl. 22)
La actora trae el siguiente ejemplo para ilustrar este reproche: "piénsese en el caso para un cargo para el que no era necesaria la calidad de abogado, pero ahora la ley exige como condición previa que ese cargo sea provisto con una persona que sea abogado; entonces, según la norma demandada, quien está en provisionalidad puede concursar así no ostente la calidad de abogado, mientras que los demás sí están obligados a aportar y cumplir con dicho requisito." (fl. 27)
- Cargos contra apartes del inciso 2º del artículo 22 de la Ley 443 de 1998: señala la actora que los apartes acusados consagran ni más ni menos un artilugio y un sofisma de distracción en la convocatoria, en perjuicio de quienes concursaron para determinado cargo y, más aún, elimina la expectativa de quienes no se presentaron a concurso, tal como se puede deducir en el ejemplo que propone : si la convocatoria se hace para el cargo de escribiente (cargo de superior entidad), pero todavía no se convoca a concurso para notificador o citador, que es de menor entidad, resulta que de la lista de elegibles de escribiente se puede nombrar en propiedad en cargos de notificador. Es decir que "a pesar de no convocarse públicamente para el cargo de notificador o citador, sin embargo, las vacantes pueden proveerse total y absolutamente." (fl. 29). Se violan, de esta manera, los artículos 125 y 40, numeral 7, de la Constitución, dado que los cargos se pueden proveer por personas que no concursaron para el respectivo cargo. Además, se vulnera el principio de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Carta.
- Cargos contra el parágrafo del artículo 22 de la Ley 443 de 1998: la actora explica que este parágrafo al prever la exclusión o eliminación de una persona en el trámite de convocatoria por aspectos que quedan "reservados" a la institución, infringe el principio de la dignidad humana, artículo 1º, el derecho de defensa, artículo 29, la posibilidad de acceder a cargos públicos, artículo 40, numeral 7, y, obviamente, el artículo 125, pues el concurso ya no será público, sino privado y reservado.
a) Intervención del Ministerio del Interior, a través de la ciudadana Ana Lucía Gutierrez Guingue: en primer lugar pone de presente que el propósito fundamental de la carrera administrativa es lograr que la Administración se encuentre integrada por personas idóneas, de servidores que demuestren capacidad profesional o técnica y que posean condiciones morales adecuadas para que la función encomendada se desarrolle de forma acorde con las finalidades del interés general, según dispone el artículo 125 de la Carta. De allí que, en principio, sólo se ingresa a la Administración por mérito propio y a través de concurso público. Los candidatos se ven obligados a someterse a rigurosos procedimientos de selección de personal.
b) Intervención del Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de la ciudadana Lina Marcela Melo Rodríguez:
c) Intervención del Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública, doctor Guido Echeverri Piedrahita:
El señor Procurador General de la Nación, en concepto Nro. 3252, de fecha 12 de junio de 2003, solicitó a la Corte Constitucional declarar exequibles los artículos parcialmente acusados de la Ley 443 de 1993, por las razones que se resumen así:
Para tal efecto, el señor Procurador se remonta a la filosofía de la carrera administrativa en la Constitución de 1991 consagrada en el artículo 125 de la Carta. Señala que el legislador, inicialmente, dictó la Ley 27 de 1992 sobre carrera administrativa. En vigencia de la misma, la Corte Constitucional profirió algunas sentencias que fueron delimitando los aspectos principales de la carrera, en las providencias: C-497 de 1992, C-195 de 1994, C-040 de 1995 y C-387 de 1996. Respecto de la Ley 443 de 1998, la Corte ha dictado algunas providencias sobre la misma y ha señalado que los pilares de la carrera son el ingreso por concurso de méritos y la estabilidad en el empleo, lo mismo que el sistema de estímulos. Cada uno de estos puntos, el señor Procurador los explica y relaciona con providencias de la Corte, y concluye que las disposiciones de la Ley 433 de 1998 encaminadas a preservar los derechos de los servidores inscritos en carrera no desconocen la Constitución.
1. Sobre el artículo 6 que en lo acusado, al permitir la permanencia del servidor público que ocupa un cargo que ha sido declarado de libre nombramiento y remoción, lo que hace es garantizar de manera efectiva el derecho a la estabilidad laboral. De ninguna manera comporta un nombramiento en carrera por ascenso y sin concurso, como cree la actora, pues, en primer lugar no puede perderse de vista que la norma acusada establece distintas posibilidades para garantizar la estabilidad del empleado y aun cuando una de ellas consiste en el traslado a otro cargo de carrera que tenga funciones afines y remuneración igual o superior, ella por sí misma no comporta un ascenso; y, en segundo lugar, el empleado de carrera cuyo cargo ha sido declarado de libre nombramiento y remoción ha ingresado por concurso, por lo que no se da el ingreso automático como lo afirma la demandante. Tampoco es cierto que se viole el artículo 40, numeral 7, de la Carta ya que el trato privilegiado a los servidores de carrera tiene justificación razonable, en virtud del derecho a la estabilidad laboral y en los fines de eficiencia y eficacia que persigue la carrera administrativa.
- Sobre el parágrafo del artículo 22, el señor Procurador considera que no desconoce el derecho al debido proceso, pues no se puede calificar de sanción a un requisito establecido por el legislador para acceder a la carrera administrativa de las fuerzas militares, la policía nacional y el ministerio de defensa. Requisito impuesto por la naturaleza misma de la función que deben cumplir dentro del Estado.
3. La carrera administrativa y algunos privilegios establecidos en las disposiciones establecidas a favor de los empleados de carrera no violan la Constitución, siempre y cuando no se entiendan como la exclusión definitiva de los demás servidores o ciudadanos del derecho de acceder a la Administración pública.
En efecto, las bases de la carrera consisten en "la prevalencia y generalidad de la misma, la igualdad de oportunidades para acceder al servicio público, la eficiencia y la eficacia que deben orientar a la administración pública, la capacitación de los funcionarios, la estabilidad en el empleo y, la disponibilidad de ascenso de los servidores públicos." (sentencia C-109 de 2000, MP., dr. Alfredo Beltrán Sierra)
"El régimen de carrera administrativa, tal como lo concibió el Constituyente de 1991, impulsa entonces la realización plena y eficaz de principios como el de igualdad y el de imparcialidad, pues se sustenta en la promoción de un sistema de competencia a partir de los méritos, capacitación y específicas calidades de las personas que aspiran a vincularse a la administración pública; sólo cumpliendo esos objetivos, que se traducen en captar a los mejores y más capaces para el servicio del Estado, éste, el Estado, está en capacidad de garantizar la defensa del interés general, pues descarta de manera definitiva la inclusión de otros factores de valoración que repugnan a la esencia misma del Estado social de derecho, tales como el clientelismo, el favoritismo y el nepotismo, entre otros, y en cambio fomenta la eficacia y eficiencia de la gestión pública." (sentencia C-563 de 2000, MP., doctor Fabio Morón Díaz).
"Se debe recordar que la finalidad misma de la carrera administrativa es reclutar un personal óptimo y capacitado para desarrollar la función pública. Con el propósito de garantizar el cumplimiento de los fines estatales, la carrera permite que quienes sean vinculados a la administración bajo esta modalidad, ejerzan de manera calificada la función pública que se les asigna, ya que dicho sistema está diseñado para que ingresen y permanezcan en él aquellas personas que tengan suficientes calidades morales, académicas, intelectuales y laborales para asumir con eficiencia y honestidad dicho servicio. Existe entonces una estrecha relación entre el cumplimiento de los fines del Estado y la prioridad que el constituyente otorga a la carrera administrativa, que se explica en la naturaleza del sistema y en los principios que lo fundan.
La mayor estabilidad laboral que la Constitución y la ley brindan a los empleados de carrera frente a la que se predica de los empleados de libre nombramiento y remoción, se justifica en el hecho de que las personas que aspiran a los empleos de carrera deben someterse a unos requisitos y condiciones más rigurosos para acceder a ellos, que los que se exigen a los de libre nombramiento y remoción, quienes serán nombrados por un acto legal y reglamentario, dictado con fundamento en la potestad discrecional del nominador." (sentencia C-954 de 2001, MP., doctor Jaime Araújo Rentería)
a) Análisis del inciso primero del artículo 6 de la Ley 443 de 1998.
Para la actora el establecer que el servidor de carrera, en este evento, deba ser trasladado a otro cargo de carrera "superior" viola los artículos 125 y 40, numeral 7, de la Constitución, pues significa que se está ante un nombramiento automático en carrera por ascenso y sin mediar concurso. Recuerda que la Corte en la sentencia C-266 de 2002, declaró inexequibles el concurso cerrado y el ascenso automático. Esto impide que los ciudadanos que están por fuera de la carrera administrativa puedan ascender por concurso público de méritos. De otro lado, considera la actora que se viola el artículo 125, inciso primero, de la Constitución, al permitir que un servidor público de carrera continúe con los derechos de carrera en un cargo que fue declarado de libre nombramiento y remoción. En estos casos, lo procedente es que al empleado de carrera que se le varíe la naturaleza del cargo, se le reconozca el derecho a la indemnización.
Los intervinientes en este proceso afirmaron que no se da tal vulneración. El señor Procurador explicó que la norma lo que hace es garantizar el derecho a la estabilidad laboral del empleado de carrera, y no se está ante una inclusión automática en carrera como lo afirma la demandante.
"El artículo 125 de la Constitución consagra dos reglas generales: los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones constitucionales y legales; además, el nombramiento de los funcionarios debe hacerse por concurso público, salvo que el sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, lo que no se aplica a los empleos de carrera. En consecuencia, el nombramiento de funcionarios en cargos de carrera debe hacerse, salvo excepciones constitucionales o legales, mediante concurso público. La disposición constitucional no distingue si se trata de nombramientos para ingresar o ascender en la carrera al establecer el concurso público como condición del nombramiento del funcionario que pretende ocupar un cargo de carrera. Si la Constitución no distingue entre el ingreso a la carrera y el ascenso a la misma . sino que por lo contrario impone, en ambos casos, que se cumplan "los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y las calidades de los aspirantes" (art. 125 C.P.) ., no corresponde al intérprete distinguir entre estas dos eventualidades para efectos de determinar el alcance de la regla general sobre el nombramiento por concurso público. El concurso público tiene como función no sólo la escogencia según los méritos y calidades del aspirante (arts. 125 y 209 C.P.), sino el aseguramiento de la igualdad de oportunidades (art. 13 C.P.) en el acceso a las funciones y cargos públicos (art. 40 num. 7 C.P.). De limitarse el mecanismo de nombramiento de funcionarios de carrera por vía del concurso público sólo al ingreso a la carrera y excluirlo, así sea parcialmente, del ascenso en la carrera, no sólo se desconocería el texto del artículo 125 de la Carta, sino que se vulnerarían los derechos fundamentales a la igualdad de oportunidades y a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos." (sentencia C-266 de 2002, MP., doctor Manuel José Cepeda Espinosa)
De acuerdo con la jurisprudencia, la posibilidad de que el empleado de carrera cuyo cargo se declare de libre nombramiento y remoción, sea trasladado a otro cargo de carrera "superior", es exequible si se entiende que no se trata de un ascenso automático, sino que implica para el servidor de carrera el cumplimiento de los requisitos de mérito que exige cualquier ascenso en la carrera administrativa, porque, como lo señaló la Corte en el aparte de la sentencia que se transcribió, el artículo 125 de la Constitución estableció el mérito, tanto en el ingreso como en el ascenso, como elemento indispensable para ocupar un cargo de carrera.
b) Análisis de los apartes demandados de los artículos 8, 9 y 11 de la Ley 443 de 1998.
Los intervinientes consideran que no hay violación a los artículos constitucionales, pues no hay razón que para vacancias temporales, la administración deba abrir concursos para proveer estos cargos. El señor Procurador considera que existe una justificación razonable y los artículos no comportan un trato preferencial desprovisto de justificación, a favor del servidor inscrito en carrera.
La Corte comparte lo dicho por los intervinientes y el señor Procurador, puesto que se trata de proveer vacancias temporales que no justifican la apertura de concursos. Además, como lo pone de presente uno de los intervinientes, la realización de concursos implica un gran esfuerzo administrativo y económico para el Estado, por lo que el procedimiento debe ser aprovechado al máximo.
c) Análisis del aparte demandado del artículo 16 de la Ley 443 de 1998.
El Director de la ESAP consideró que no hay tal violación pues, la verificación de los requisitos debe hacerse al momento de la posesión y de no cumplirse se estaría frente a una causal de mala conducta, según dispone el artículo 50 del Decreto 1950 de 1973. Los demás intervinientes ni el señor Procurador se pronunciaron sobre esta acusación. Sólo solicitaron declararla exequible.
Por esta razón, se declarará inexequible la expresión "sin que se puedan exigir requisitos diferentes a los que acreditó al momento de tomar posesión de aquel cargo", contenida en el artículo 16 de la Ley 443 de 1998, por vulnerar el principio de igualdad garantizado en la Carta.
d) Análisis de los apartes acusados del artículo 22 y del artículo 24 de la Ley 443 de 1998.
Quienes intervinieron en el proceso y el señor Procurador consideraron que no se da la vulneración aludida, porque las disposiciones acusadas no impiden que todos los ciudadanos cuando se da la circunstancia de la convocatoria participen en ella, en igualdad de condiciones.
Como se dijo en un punto anterior, el esfuerzo administrativo y económico que significa para el Estado hacer las convocatorias, realizar los concursos y conformar las listas de elegibles, debe traducirse en que la Administración saque el máximo provecho de las mismas, durante el término de su vigencia. Lo que redundará en la realización de los principios de la Administración Pública, en la forma establecida en el artículo 209 de la Constitución, en cuanto señala que "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad ..."
e) Análisis del parágrafo del artículo 22 de la Ley 443 de 1998.
Los intervinientes en este proceso afirmaron que no existe violación de normas constitucionales. El señor Procurador también consideró exequible el parágrafo, pues, en su concepto, no se infringe el debido proceso ni se presenta una sanción, sino que hay una excepción justificada en los cargos que exigen una confianza superior a los de cualquier otro cargo.
"No se requiere un profundo análisis de los términos usados por el Constituyente para concluir, entonces, que, salvo los casos expresamente definidos por el legislador o por la propia Carta, cuando alguien aspire a desempeñar un cargo al servicio del Estado, debe concursar; que los resultados del concurso son determinantes para los fines del nombramiento; que, por supuesto, la calificación obtenida dentro de aquél obliga al nominador, quien no podrá desatenderla para dar un trato inmerecido -a favor o en contra- a quienes han participado en el proceso de selección; y que, correlativamente, esos resultados generan derechos en cabeza de los concursantes que obtienen los más altos puntajes.
Desde luego, no se trata de forzar la designación de quien, por sus conductas anteriores, no merece acceder al empleo materia del proceso cumplido, pues ello implicaría también desconocer el mérito, que se repite constituye factor decisivo de la carrera. Por eso, la Corte Constitucional afirma que las corporaciones nominadoras gozan de un margen razonable en la selección, una vez elaborada .con base en los resultados del concurso- la lista de elegibles o candidatos. Tal margen lo tienen, no para nombrar o elegir de manera caprichosa o arbitraria, desconociendo el concurso o ignorando el orden de las calificaciones obtenidas, sino para excluir motivadamente y con apoyo en argumentos específicos y expresos, a quien no ofrezca garantías de idoneidad para ejercer la función a la que aspira.
La reserva moral, que fue relevante y muchas veces decisiva en el pasado, no cabe hoy según los principios y mandatos constitucionales. La objeción respecto al nombre de un candidato o funcionario judicial, en cualquier nivel y para cualquier destino, no puede provenir de razones in pectore, guardadas en el fuero interno de uno o varios de los integrantes de la Corporación nominadora. Tiene que proceder de hechos contundentes y efectivos, que puedan sostenerse ante el afectado, quien obviamente, en guarda de sus derechos a la honra y al buen nombre (art. 15 C.P.), al debido proceso (art. 29 C.P.) y a la rectificación de informaciones (arts. 15 a 20 C.P.), al trabajo (art. 25 C.P.) y al desempeño de cargos públicos (art. 40 C.P.), debe poder defenderse." (sentencia SU-086 de 1999)
En la sentencia T-295 de 1998 la Corte agrupó bajo la denominación "doctrina constitucional sobre reserva moral" las decisiones que sobre esta tema había analizado la Corporación. Lo propio se hizo en la sentencia C-371 de 2002, en relación con el entendimiento constitucional del concepto "buena conducta."
Despejada la inconstitucionalidad de las expresiones que se refieran a reserva moral en el Estado de derecho, hay que advertir que la disposición acusada, la reserva no la ubica explícitamente el legislador en los términos de reserva moral, sino bajo el concepto de "estudio de seguridad de carácter reservado", referido al caso particular de los concursos que se realicen en el Ministerio de Defensa, en las Fuerzas Militares y en la Policía Nacional, salvo sus entidades administrativas.
"En este orden de ideas, en una sociedad democrática, las excepciones legales al principio de publicidad de los documentos públicos sólo deben aplicarse en la medida estrictamente necesaria para proteger un derecho fundamental o algún bien de especial importancia.
En el caso concreto, la Corte observa que la imposición de la reserva legal sobre los documentos referidos en el artículo 27 del decreto 1799 de 2000 no es absoluta por cuanto se dispone que el evaluado los conocerá, disposición que tiene como finalidad que el servidor público que disienta de las anotaciones que figuran en su hoja de vida, pueda manifestar su desacuerdo y ejercer su derecho de defensa, de conformidad con los procedimientos que aparecen regulados en el Capítulo V de la mencionada normatividad, bajo la rúbrica "Reclamos".
Ahora bien, frente a la preocupación que planteó el ciudadano en el sentido de que los procesos de evaluación de los oficiales y suboficiales eran ajenos al adelantamiento de investigaciones penales y disciplinarias por violaciones graves a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, cabe precisar que tanto en el formulario núm. 1 "Información básica oficiales y suboficiales" como en el núm. 3 "Folio de vida", las autoridades evaluadoras están en la obligación legal de dejar constancia del inicio de las mencionadas investigaciones, es decir, constituyen datos objetivos que alimentan el proceso de evaluación periódico de los miembros de las Fuerzas Militares, y por ende, deben ser tomados en consideración al momento de emitir los juicios de valor sobre el desempeño profesional de estos servidores públicos.
Aunado a lo anterior, es preciso señalar que la proporcionalidad y la razonabilidad de la medida se hallan respaldadas en que, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 57 de 1985, "Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales", dispone que "Las investigaciones de carácter administrativo o disciplinario no estarán sometidas a reserva. En las copias que sobre estas actuaciones expidan los funcionarios, a solicitud de los particulares, se incluirán siempre las de los documentos en que se consignen las explicaciones de las personas inculpadas...." y su artículo 20 reza "El carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades que lo soliciten para el ejercicio de sus funciones", es decir, que en el curso de un proceso penal o disciplinario la autoridad competente levanta el velo de la reserva y accede a la información secreta para los propósitos de la investigación. De allí que, que la reserva sobre los documentos a los que alude el artículo 27 del decreto 1799 de 2000 no sea de carácter absoluto ni constituya un medio para evitar la remoción de sus cargos a los servidores públicos implicados en graves violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario. Tampoco se trata de una medida de carácter intemporal, por cuanto de conformidad con el artículo 13 de la Ley 57 de 1985, la reserva sobre cualquier documento cesará a los treinta años de su expedición; cumplidos éstos, el documento adquiere carácter histórico y podrá ser consultado por cualquier ciudadano y la autoridad que esté en su posesión adquiere la obligación de expedir a quien lo demande copias o fotocopias del mismo.
En efecto, dado que el proceso de evaluación de los suboficiales y oficiales de las Fuerzas Militares persigue, entre otros fines, identificar el personal que reúne los requisitos profesionales exigidos para continuar en la carrera militar, condiciones que indudablemente van de la mano del estricto respeto del funcionario público por las normas internacionales sobre derechos humanos y derecho humanitario, la sociedad en general es titular de un interés legítimo en el sentido de que las Fuerzas Militares estén conformadas únicamente por personal respetuoso de la Constitución y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano en las señaladas materias." (sentencia C-872 de 2003, MP, doctora Clara Inés Vargas hernández)
De acuerdo con los anteriores parámetros, y siguiendo la jurisprudencia de la Corte, el parágrafo del artículo 22, resulta acorde con el ordenamiento constitucional, y la expresión "estudio de seguridad de carácter reservado", debe entenderse que no opera para los directamente interesados, que son quienes concursen para cargos de carrera en el Ministerio de Defensa Nacional, en las Fuerzas Militares y en la Policía Nacional. Es decir, estas personas tienen derecho a ser informadas sobre los resultados del concurso y las razones para su exclusión, como es la regla general que rige la carrera. Y que la reserva sólo puede alegarse frente a terceros.
f) Análisis del artículo 23 de la Ley 443 de 1998.
Quienes intervinieron y el señor Procurador consideran que no hay violación de la Carta y que no es cierto que el servidor público de carrera en este caso esté inscrito en dos cargos, pues, la inscripción en el nuevo cargo sólo se puede efectuar cuando haya superado el período de prueba.
Sobre la parte acusada de este artículo, hay que hacer las siguientes precisiones: la expresión "Cuando el ascenso ocasione cambio de nivel jerárquico, el nombramiento se hará en período de prueba;" fue declarada exequible por la Corte en la sentencia C-368 de 1999. La Corte analizó la exequibilidad de la previsión del legislador sobre que esta clase de nombramientos se hiciera en período de prueba.
"En el artículo 23 de la ley se determina, con muy buen sentido, que el empleado de carrera que triunfa en un concurso destinado a proveer un cargo superior al que él desempeña tiene derecho a que la estabilidad que le asegura su pertenencia al sistema de carrera le sea respetada, en el caso de que no apruebe el período de prueba para la nueva posición. Esta situación exige que la administración se abstenga de asignar definitivamente el cargo que ocupa el empleado ascendido en prueba. Es decir, ese cargo debe permanecer libre para suplir el evento de que el funcionario de carrera no supere el período de prueba. Así las cosas, y puesto que el período de prueba tiene una vigencia igual a la del término máximo de duración de los nombramientos en encargo y provisionales - de 4 meses -, y que la realidad enseña que la calificación del período de prueba exige unos trámites determinados que implican tiempo, es apenas lógico que se consagre una excepción al término máximo de vigencia de los nombramientos en encargo y provisionales, para poder solventar estos casos." (sentencia C-368 de 1999)
En consecuencia, se declarará la exequibilidad de la expresión "en este evento, si el empleado no obtiene calificación satisfactoria en la evaluación de su desempeño, regresará al empleo que venía desempeñando antes del concurso, y conserva su inscripción en la carrera administrativa. Mientras se produce la calificación del período de prueba, el cargo del cual era titular el empleado ascendido podrá ser provisto por encargo o mediante nombramiento provisional", contenida en el inciso segundo del artículo 23 de la Ley 448 de 1998. Sobre la expresión del mismo inciso "Cuando el ascenso ocasione cambio de nivel jerárquico, el nombramiento se hará en período de prueba;" se estará a lo resuelto en la sentencia C-368 de 1999.
g) Análisis de lo demandado del artículo 39 de la Ley 443 de 1998.
"Esta breve presentación muestra que la expresión acusada, al limitar la incorporación a las entidades de la rama ejecutiva, no es caprichosa sino que tiene un fundamento objetivo, pues muchas de las otras entidades gozan de autonomía frente al gobierno, la cual puede verse afectada si la ley ordena que la supresión de un cargo en la rama ejecutiva pueda implicar la incorporación del empleado respectivo a una entidad que es autónoma frente a la rama ejecutiva, como puede ser una CAR o una universidad estatal. Por ende, esa restricción es razonable ya que se funda en el propio diseño estructural del Estado y en la protección de la autonomía de aquellos entes, que si bien se rigen por la carrera administrativa, gozan de autonomía frente a la rama ejecutiva. Además, la Corte destaca que ese mandato no se traduce en un sacrificio desproporcionado de los derechos de los empleados de carrera pues, como lo indica el propio artículo 39 de la Ley 443 de 1998, en caso de que no sea posible la incorporación, entonces el empleado de carrera a quien se le suprima el cargo, tendrá derecho al reconocimiento y pago de la correspondiente indemnización. Y este mecanismo es constitucional, pues por razones de interés general, el Estado puede legítimamente suprimir cargos y reestructurar sus instituciones, y en tal evento la indemnización "constituye un instrumento eficaz para resarcir el daño que el Estado le ocasiona al empleado público perteneciente a la carrera administrativa con ocasión de la supresión del cargo que venía desempeñando, sin interesar que esa decisión haya obedecido a claros fines de interés general o de mejoramiento del servicio.1" (sentencia C-994 de 2000) (se subraya)
En consecuencia, se declararán exequibles los apartes demandados del artículo 39 de la Ley 443 de 1998, salvo la expresión "de la Rama Ejecutiva", del numeral 1.4 del artículo 39, que fue declarado exequible en la sentencia C-994 de 1999.
Primero: Declarar exequible del inciso primero del artículo 6 de la Ley 443 de 1998 la expresión "superior", bajo el entendido de que si esta expresión implica el ingreso a un cargo de nivel de mayor jerarquía, debe el empleado de carrera cumplir el procedimiento previsto en la ley para los ascensos, como se explicó en la parte motiva de esta sentencia.
Tercero: Declarar inexequible la expresión "sin que se le puedan exigir requisitos diferentes a los que acreditó al momento de tomar posesión de aquel cargo", contenida en el artículo 16 de la Ley 443 de 1998.
Sexto: Declarar exequible la parte acusada del inciso segundo del artículo 23 de la Ley 443 de 1998, salvo la expresión "Cuando el ascenso ocasione cambio de nivel jerárquico, el nombramiento se hará en período de prueba;" que fue declarada exequible en la sentencia C-368 de 1999.
Séptimo : Declarar exequibles las partes acusadas de los artículos 24 y 39 de la Ley 443 de 1998 por los cargos examinados, salvo la expresión "de la Rama Ejecutiva", del numeral 1.4 del artículo 39, que fue declarado exequible en la sentencia C-994 de 1999.
Que el Honorable Magistrado doctor JAIME ARAUJO RENTERIA, no firma la presente sentencia por encontrarse en comisión debidamente autorizada por la Sala Plena.
1. Corte Constitucional, Sentencia C-370 de 1999. MP Carlos Gaviria Díaz, Consideración 5. En el mismo sentido, ver, entre otras, las sentencias C-479 de 1992, C-104 de 1994, C-527 de 1994 y C-522 de 1995.

References: Artículo 11

Artículo 23
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 13
 artículo 22
 artículo 83
 artículo 22
 artículo 1
 artículo 29
 artículo 40
 artículo 125
 artículo 125
 artículo 125
 artículo 6
 artículo 40
 artículo 22
 artículo 6
 artículo 125
 artículo 125
 artículo 125
 artículo 125
 artículo 16
 artículo 50
 artículo 16
 artículo 22
 artículo 24
 artículo 209
 artículo 22
 artículo 27
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 27
 artículo 13
 artículo 22
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 6
 artículo 16
 artículo 23
 artículo 39