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Timestamp: 2018-12-13 08:29:23+00:00

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EL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Autor Matías Mariano Deane* Se ha escrito mucho respecto del concepto, contenido y alcances del principio
de legalidad, el cual como es sabido, aparece expresamente reconocido en el art. 19 de la Constitución Nacional y cuya finalidad esencial consiste en nada menos que afianzar la seguridad individual de los gobernados1. No obstante, es necesario advertir que este principio fundamental del derecho es en realidad meramente formalista por cuanto se satisface con el cumplimiento de la forma normativa para mandar o prohibir algo. Ello no es poco. Empero, junto con la legalidad se encuentra como complemento en la estructuración de la limitación del poder2 otro principio fundamental y respecto del cual versará el presente escrito: La razonabilidad. I. Introducción
Nuestra Constitución no está pensando, cuando enuncia el principio de razonabilidad, en una norma que sólo mande o prohiba de acuerdo a los mecanismos reglados por ella misma sino, ante todo, que esa norma sea constitucional, esto es, que responda a ciertas pautas de valor Justicia, extremo que lleva a Bidart Campos a sostener que el enunciado del principio de legalidad debería ser: nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley “justa” (o razonable) no manda, ni privado de lo que la ley “justa” (o razonable) no prohibe” 3.
La razonabilidad, entonces, pasa a constituirse en la base del “debido proceso sustantivo” y, así, cuando se violenta aquélla no nos encontramos frente a una transgresión al debido proceso en sentido formal o adjetivo, como imposición de una forma o de un procedimiento que deben seguir los actos constitucionales de cada órgano del Estado para ser válidos, sino que
*Auxiliar Letrado de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Matanza 1 Bidart Campos, Germán “Manual de la Constitución Reformada”, Ed. Ediar, T° I, pág. 514. Bs.As., 2005, p. 329.3 Ob. cit pág. 515. 2 Cuelli, María Angélica “Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada”, La Ley,
la máxima de razonabilidad o proporcionalidad puede ser entendida como una técnica idónea para garantizar el respeto integral de los derechos fundamentales por parte de los poderes estatales que. de entre todas las medidas a su alcance. como límite al poder estatal En tren de avanzar. Lingüisticamente. el legislador debió haber optado por aquéllas que resulten menos restrictivas de los derechos involucrados. incluso. la norma reguladora de un derecho debe ser adecuada o idónea para el logro del fin que se busca alcanzar mediante su dictado. cit. Sólo una vez efectuado dicho análisis tendrá importancia el segundo de los subprincipios. como contraposición de lo arbitrario. pág. Alemania. Italia y. 6 Ob. “adecuación mesurada del primero para con el segundo”. establecidas la adecuación y la necesidad. pág. del Poder Judicial en tanto y en cuanto. “proporcionalidad entre medio y fin”. España. verificar cuál es el medio que ha empleado y a partir de allí ponderar si éste resulta apto para el logro de aquél. aparece compuesto por tres subprincipios que lo integran y que en caso de ser satsifechos permitirán establecer que la norma en cuestión aparece como “razonable” (o con contenido de valor Justicia) desde la óptica constitucional. En efecto. pese a no haber en la Constitución Nacional recaudos “procesales” de las sentencias judiciales -como ocurre en el ámbito de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. finalidad ésta que por otro lado está expresamente reconocida por la Constitución Federal en el mentado art. la República Argentina. no resultan totalmente idóneas para establecer sin más qué es y cómo se determina aquel contenido de Justicia que se exige como sustancial de la norma: nuevamente surge la demanda de mayor precisión. De allí que. Es lo que Bidart Campos expresa como “adecuación mesurada de los medios al fin”6 . 93. la norma sólo pasará el baremo de la proporcionalidad si puede afirmarse que es razonable stricto sensu. Cabe destacar que la razonabilidad emana de una norma que. 14 Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires Por último. resultan definiciones que si bien nos permiten ir acercándonos un poco al centro de la 4 Bidart Campos.lo que se agrede es una cuestión esencial o de fondo: el ajuste de todo acto con el sentido de justicia que la constitución alberga4 . lo cual significa que. “arreglado a la razón”. En este aspecto el primer interrogante que surge y cuya respuesta intentaremos ir otorgando a lo largo de este ensayo. a su vez. Este principio. vienen aplicando diversos órganos jurisdiccionales. constituye la piedra fundamental de los límites a los poderes públicos y. en este sentido. lejos de agotarse. también.. puede decirse que cuando nos referimos a dicho término aludimos a aquello que resulta proporcionado e idóneo para alcanzar un fin propuesto. lo siguiente será valorar si los medios escogidos son “idóneos” para el logro de los fines establecidos. en la Carta Magna impuesta por los nobles ingleses al Rey Juan Sin Tierra en el año 1215. Puede afirmarse que esta verdadera herramienta del control constitucional encuentra su raíz histórica en el derecho comparado. el cual constituye. Germán “La Interpretación y el Control Constitucionales en la Jurisdicción Constitucional”. La necesidad. Ediar. no sólo restringe la actuación del Congreso Federal sino también del órgano ejecutivo e.la cuestión está. En sentido análogo. 92. la base normativa del principio aquí analizado. Partiendo de esta premisa básica -la razonabilidad es una exigencia constitucional que da contenido de justicia a la legalidad como principio formal. esto es. todos ellos se encuentran compelidos a no alterar las declaraciones.siempre se ha considerado como exigencia de validez del fallo. razonable es todo aquello arreglado a la razón. desde hace algún tiempo a esta parte. no obstante. cuestión analizada. 28. será justamente qué debe entenderse por “razonable”. etc. El primero es el de la adecuación. Ahora bien. si permite concluir que la medida guarda una razo15 . aunque breve en su contenido. que se encuentren motivados en los hechos y las circunstancias que los impulsaron y fundados en el derecho vigente. concluído el análisis anterior. derechos y garantías contenidas en la Carta Magna5 . reiteramos. entendiendo la noción de “Estado de Derecho” como “Estado de Razón”. si con sus decisiones afectan directa o indirectamente derechos y garantías constitucionales. con lo cual la primera operación que el intérprete constitucional deberá realizar es la de determinar el fin que tuvo en miras el legislador para. luego. 5 Por lo demás. En virtud él. II. desarrollándose posteriormente a través de la profusa jurisprudencia emergente de los tribunales de los Estados Unidos. el principio de razonabilidad demanda que las decisiones de todos los órganos del Estado se justifiquen siempre. Ed. Una aproximación al significado del principio de razonabilidad entendida como debido proceso sustantivo.
entonces. y solamente después de descartar que la reglamentación importa una afectación indebida de lo escencial podrá examinarse si la medida se encuentra justificada en función de los beneficios que traería aparejados. Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires 16 8 Germán Bidart Campos “La Corte Suprema. no obstante. El Tribunal de las Garantías Constitucionales”. no es novedosa sino que. Este cálculo de costos-beneficios nos estará indicando que va a ser razonable toda medida que suponga un coste proporcionado con la utilidad. En esta opción. Esta posición. posibilidad ésta que.violen derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución Nacional con la debida alegación de buscar un fin elevado y un medio inocuo en relación con el peligro que se intenta conjugar para hacer que la razonabilidad deje de ser un principio de contenido material para resultar un criterio formal en el análisis de la norma. conforme se verá. 107. Frente a este panorama. 20 del proyecto de Juan Bautista Alberdi9 . consistente en verificar si la reglamentación condujo a una severa afectación del núcleo del derecho constitucional del que se trate. una cosa es la razonabilidad de la medida entendida como contraprestación de costos y beneficios y otra la razonabilidad entendida como inalterabilidad. idea adoptada también por el Derecho español en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional7 . por el contrario. en rigor. con la intención de constatar de qué modo el control del cual venimos hablando ha sido llevado a cabo en diferentes períodos históricos por la Corte Suprema. la regla a aplicar es: a mayores beneficios mayores niveles de restrictividad de la norma que será permitida. 23 y 26 del proyecto de constitución de Alberdi). Ahora bien. 326. la máxima de la razonabilidad no impediría que el legislador o el administrador –cada uno en su esfera de competencia. afecta el contenido esencial del derecho. reconoce como antecedente directo nada menos que el art. Es esta la idea que también nosotros sostenemos. cit. lo cual importa que sea uno de los instrumentos técnico-jurídicos más En esta línea. la opción consistiría en agregar al test de razonabilidad un segundo baremo que denominaremos “de contenido esencial”. 17 . entonces. mayor puede ser la medida de la reglamentación”8 . Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires 10 Así. Así.nable relación con el fin que se procura alcanzar. deberemos dotar al principio de razonabilidad de un contenido material que posibilite el cumplimiento de su ya aludido fin esencial. Ed. p. posición esta que. Conforme esta opinión una medida sólo puede ser proporcionada si no 7 STC 66/1995 “ponderara lo equilibrada por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto”. op. inalterable) del derecho en juego. a su vez. aparece defendida por Bidart Campos cuando sostiene que “cuanto más alta es la jerarquía del interés tutelado. 53. por caso. Esta norma. ésta es la posición que aparece consagrada expresamente en el ya citado artículo 28 constitucional en cuanto prescribe la inalterabilidad de los derechos fundamentales por parte de las normas reglamentarias. a pesar de lo antes dicho. fue más allá al limitar al Congreso en la reglamentación legal de las seguridades personales. resulta cierta en el análisis que por lo general ha efectuado históricamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando ha sido llamada a resolver sobre la constitucionalidad de ciertas disposiciones reglamentarias de los derechos constitucionales. de los derechos de los extranjeros y de las que denominó garantías públicas de orden y progreso (arts. primero deberá comprobarse que no se ha afectado el contenido del derecho y sólo a partir de allí efectuarse el balanceo entre cargas y ventajas. por ello. pág. art. En todo caso. así concebida. con lo cual. la Ley Fundamental de Bonn. 19 y la Constitución española. 9 Como sostiene Cuelli. función ésta -no está demás recordar. art. En este sentido debemos reparar que. 20. quien hablaba justamente de la “esencia” de los derechos y que tiene también paralelo en el Derecho comparado10 . que aquí no se agota la cuestión. admitió la existencia de dos niveles. Consideramos. Ediar. incluso. Así resultará necesario puntualizar que en forma previa a todo otro juicio el jurista deba indagar respecto de cuál es el núcleo esencial (y. de seguido analizaremos cómo dicho Alto Tribunal abordó el principio en estudio. ha sido la trazada en algunas pocas oportunidades por la propia Corte al no reducir los juicios de proporcionalidad y de respeto del contenido esencial a un solo juicio sino que. lo que en derecho francés se conoce con la gráfica expresión de “balance de costo beneficio”. el antecedente histórico. entre nosotros.de suma importancia por cuanto permite ejercer el contralor sobre la constitucionalidad de las regulaciones legislativas en materia de derechos fundamentales.
nunca dudó en asignársela desde el comienzo mismo de su actividad jurisdiccional. existían circunstancias muy especiales en que por la dedicación de la propiedad privada a objetos de intenso interés público y por las condiciones en que ella era explotada. susceptibles de reglamentación. poniendo al mismo tiempo un límite a esa facultad reguladora (art. siendo que en determinado punto esa protección constituía incluso una obligación "de carácter tan primario y tan ineludible como lo es la defensa de la comunidad amenazada por el aprovechamiento abusivo de una situación excepcional"15 . III. piezas y departamentos destinados a habitación. siendo la misma Constitución la que "ha confiado al poder legislativo la misión de reglamentar su ejercicio. 12 Por todos. pág.la Corte se preocupó por precisar cuál era el fin de la medida atacada. la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y tan es así que ha sido el propio Tribunal quien ha reconocido como propia la función aludida al sostener que “el control de constitucionalidad constituye la primera y principal misión de esta Corte”11 . un precio mayor que el que se pagaba por ellos al primero de enero de 1920.poder comprender mejor la manera en la cual el Tribunal ha ido abordando a lo largo de buena parte de su historia el estudio referente a la constitucionalidad de las reglamentaciones legales de los derechos fundamentales. 17 y 28 de la Constitución Nacional). Señaló en este sentido que ella tenía en miras impedir que el uso legítimo del derecho de la propiedad se convierta en un abuso perjudicial en alto grado merced a circunstancias que transitoriamente habían suprimido de hecho la libertad de contratar para una de las partes.157 que en su artículo 1º prohibía cobrar durante dos años contados a partir de su promulgación por la locación de 11 “Video Club Dreams c/Instituto Nacional de Cinematografía”. el 6-5-95. no resultaban absolutos sino.realiza un control político sobre los otros dos poderes. guardan la suficiente relación como para -dentro del límite del presente trabajo. Fallos 318:1154. el Poder Judicial –y dentro de él su cabeza. Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires 18 Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires 15 Voto de la mayoría. se justificaba y hacía necesaria la intervención del Estado en los intereses de la comunidad. al poder evaluar de esta manera la razonabilidad de las medidas de gobierno. “Alfonso Santiago (h) “La Corte Suprema y el Poder Político”. La mayoría de la Corte –compuesta por los ministros Palacio.comenzó por recordar la conocida doctrina relativa a que todos los derechos reconocidos por la Constitución Federal. Utilización del principio. Sostuvo el accionante que dicha disposición resultaba violatoria del derecho de usar y disponer de la propiedad. Figueroa Alcorta y Mendez. rta. 14 y 28)"14 . comercio o industria. 13 Fallos 136:170. 118. de la garantía de inviolabilidad de la misma y de la prohibición de alterar garantías fundamentales con leyes reglamentarias (arts. casas. entre los que se encuentran el de usar y disponer de la propiedad. del 28 de abril de 1922. Abaco. función ésta que junto con la participación que le cabe en el gobierno general del Estado marcando con sus fallos tanto a la Aministración como a la sociedad. por tratarse de supuestos donde se analizó la razonabilidad de leyes económicas y por corresponder a períodos bien diferenciados. cuarto párrafo. por el contrario.importantes por el cual la Corte ejerce la función política que la Constitución Nacional le encomienda como cabeza de uno de los poderes –o carteras. Y es aquí donde el Máximo Tribunal dejó en claro que la legitimidad de la 14 Voto de la mayoría. 14. la cuestión pasaba por determinar la constitucionalidad de la ley 11. En resumen. y que si bien no esta explícitamente reconocida en la Constitución. constituyen las dos dimensiones en la función política que lleva a cabo el Máximo Tribunal12 . la crisis habitacional como consecuencia de la guerra mundial. 19 .del Estado. Julieta Lanteri de Renshaw s/consignación"13 Luego de dar por probada la situación de excepción que fuera utilizada como fundamento de la sanción legislativa –o sea. tercer párrafo. Un abordaje desde la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Hemos escogido para nuestro análisis tres fallos de la Corte que. Continuó la mayoría sosteniendo que si bien en principio la determinación del precio del alquiler resultaba ser una facultad privativa del propietario. "Agustín Ercolano v. En este fallo. Ed.
si bien parece cierto que la Corte no ha evadido nunca el control sobre las medidas de emergencia dictadas en el campo económico. 20 Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires 19 “Callao (cine) s/interpone recurso jerárquico c/resolución dictada por la Dirección Nacional de Serv. exigiendo además la limitación temporal de aquella restricción cuando de superar situaciones excepcionales se trataba. luego de la confirmatoria de la Cámara Nacional del Trabajo.Este precedente es importante por cuanto permite afirmar que constituye una excepción a los fallos emanados de la propia Corte durante un período histórico (que abarca desde 1903 hasta 1925) en el cual primó una concepción “liberal” del concepto de propiedad y en el que no se admitían. intimó a la Sociedad Anónima Cinematográfica para que iniciase. limitada en el tiempo que se presuponía necesario para llegar a la normalidad de las operaciones. Fallos 92:20. "Cine Callao” Al respecto. importaba que no se haya visto vulnerada la garantía reconocida por el art. Sostuvo así que en el caso no se trataba de la extensión en el ejercicio de un poder sino del desconocimiento del poder mismo para substituirse al propietario y disponer del uso de sus bienes en beneficio de otro. Es el conocido caso "Cine Callao"19 . como ilustra Bianchi. donde la Corte no admitía mayores restricciones al derecho de propiedad. las causas determinantes y la extensión de la medida restrictiva"17 . Ed. de Tucumán”. 18 Alberto B. Bianchi “Control de Constitucionalidad”. Abaco. T° 2. “Horta c/Harguindeguy”. La empresa efectuó dicho pago e interpuso recurso ante el Poder Judicial y.en el sentido de resultar ajeno al Poder Judicial decidir respecto al acierto o no de los otros poderes del Estado en la elección del medio empleado. Fallos 137:47 y “Mango c/Traba”. pueden citarse “Hileret y Rodríguez c/Prov. teniendo en cuenta para ello la naturaleza. no obstante. 17 Undecimo párrafo de la mayoría. y sólo luego y contestado negativamente aquel interrogante se procederá a verificar la existencia de una relación proporcionada entre el medio empleado por la ley y los fines que el legislador persiguió con su dictado. en un plazo de diez días. No es ésta. 21 . De Empleo”. 281 y ss. para quien no era determinante al tiempo de decidir sobre la constitucionalidad de la norma la limitación temporal de su vigencia. siendo consecuentemente muy tolerante con las decisiones adoptadas. por consecuencia. pág. Hemos puesto de resalto esta postura minoritaria en el entendimiento de que deja ver la génesis del análisis aquí propuesto. Fallos 144:219. La Dirección Nacional de Servicio de Empleo. Casi cuarenta años después de "Ercolano" un nuevo pronunciamiento de la Corte en torno al tema de la razonabilidad de leyes dictadas en el marco de una emergencia económica nos permite vislumbrar la manera en la cual el principio en estudio fue abordado. Fallos 247:121. la presentación de "números vivos en la sala del Cine Callao”. siendo los precios de alquileres al 1º de enero de 1920 razonables y dado el corto tiempo transcurrido desde la sanción de la ley hasta el dictado del fallo.349/56. Otra fue la posición del ministro Bermejo. mayores intromisiones estatales en dicho ámbito16 . invocando las facultades conferidas por el decreto 13. en minoría. si se afectaba el núcleo esencial de él. dijo que al órgano jurisdiccional "Le incumbe únicamente pronunciarse acerca de los poderes constitucionales del congreso para establecer la restricción al derecho de usar y disponer de la propiedad que encierra la ley impugnada. decisión legislativa venía dada por no ser la reglamentación de carácter permanente sino que se trataba de una restricción pasajera. Por lo demás. como primera medida. no menos llamativo resulta que en ninguno de estos pronunciamientos se advierta un análisis profundo de su razonabilidad. Sobre el punto.226 resultaba La cuestión ventilada era la siguiente: 16 Como ejemplos de fallos de este período. También permite apreciar cómo la Corte fijó posición -reiterada luego en numerosos precedentes.18 Finalmente sostuvo el Tribunal que. deja traslucir que al tiempo de analizar la razonabilidad de las leyes reglamentarias la Corte se preocupó por precisar el fin que se tuvo en miras al sancionar la norma. la posición de Bermejo quien contrariamente a la mayoría comenzó el estudio de la cuestión precisamente al revés y tal como aquí se defendió al inicio: verificación de si la reglamentación importa una modificación sustancial de los derechos. No habiendo cumplido la entidad con dicha intimación la Dirección impuso una multa con apercibimiento de clausura en caso de su no abono. 17 de la constitución federal. ocurrió en queja ante la Corte Suprema sosteniendo que la ley 14.
23 . El Tribunal dejó de lado el último de los agravios desde que. El estudio no lo realizó sino recordando. decidir a partir de allí si era admisible o no la restricción de los derechos individuales.acerca de la razonabilidad de las decisiones adoptadas por los otros poderes del Estado. Rey. los graves daños económicos y sociales susceptibles de ser originados por la desocupación en mediana o gran escala"22 . Continuó el más Alto Tribunal sosteniendo que dentro de esa especie de poder de policía debía considerarse legítimamente incluida "la facultad de sancionar disposiciones legales encaminadas a prevenir. concluyendo que la Corte no se encontraba autorizada para analizar el mérito o eficacia de los medios arbitrados para alcanzar los fines propuestos. 20 CSJN. dentro del marco constitucional. consecuentemente. argumentando que los empresarios cinematográficos fueron impuestos a realizar una actividad extraña a la que ellos desarrollaban. aunque tangencialmente. dirección jurisprudencial que. de un lado. 67 actual artículo 75. de los derechos de naturaleza patrimonial.contraria a la garantía de la propiedad y al derecho de ejercer libremente el comercio e industria. 14 de la ley 48. obligándolos a efectuar gastos no susceptibles de amortización ni rédito por haber quedado congelado el valor de la entrada cinematográfica mediante resolución 81/54 que prohibió cobrar una suma adicional por el espectáculo. Esta coincidencia resulta entendible si tenemos en cuenta que la noción de propiedad que como excepción del período anterior se dejó traslucir en “Ercolano”. 22 Considerando 9°. los carriles por los cuales se desenvolvió el Alto Tribunal resultaron ser similares: no se controló la existencia de otros medios menos lesivos. es nuevamente en el voto disidente donde encontramos un análisis más profundo –y al mismo tiempo más restrictivo a la hora de tolerar limitaciones a los derechos fundamentales. en primer lugar. 21 Un estudio completo sobre los requisitos del recurso extraordinario puede verse en “El Recurso Extraordinario” de Esteban Ymaz y Ricardo E. etapa ésta que abarca desde 1934 hasta 1990 y que comienza con el caso “Avico c/de Pesa”23 . en forma permanente o transitoria. entonces. Aclarado lo anterior. constituyendo una de las previsiones de mayor jerarquía tanto para la Nación como para las Provincias que las habilita anticipadamente para. limitándose la competencia del Tribunal al análisis de la proporcionalidad entre unos y otros y. Vale aquí una pequeña disgregación. debemos tener presente que la Corte ha dejado de intervenir en estos supuestos en donde se produjo la “pérdida de los requisitos jurisdiccionales” –en terminología del Alto Tribunal. que el poder de policía en el derecho argentino tiene como firme base el antiguo art. morigerar o contrarrestar.cuya “ausencia puede y debe ser comprobada aún de oficio20 y que para la gran mayoría de los Tribunales constituyen los conocidos “casos abstractos”. al tiempo de dictarse el presente fallo varió y como consecuencia de ello se empezó a declarar que no resultaban incompatibles con la constitución las distintas regulaciones.inciso 16. pág. la Corte nuevamente se preocupó por determinar los fines que tuvo el legislador al sancionar como lo hizo la norma cuestionada y la proporcionalidad entre ese fin declarado y los medios empleados. ello por adopción nacional de la expresión “moot cases” utilizada por la Corte Suprema de los Estados Unidos. con lo cual la posibilidad de aumentar el valor de las entradas se encontraba expedita y. al tiempo del fallo. se mantuvo hasta el mas reciente caso “Peralta”. Se advierte que pese al prolongado lapso transcurrido entre un pronunciamiento y otro. 74. 23 CSJN Fallos 172:29. en consecuencia. más o menos intensas. la resolución invocada fue derogada. en este sentido. 22 Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires 24 Considerando 7° del voto de la minoría. la queja había perdido virtualidad para su tratamiento por vía del recurso extraordinario del art. órgano jurisdiccional que también se considera privado de intervenir por la desaparición de alguno de los requisitos propios de los recursos21 . Abeledo-Perrot. de la Constitución Nacional. Ed. En cuanto al caso de los números vivos. Fallos 189:245. analizado de seguido. utilizar los recursos o técnicas que resultasen aptos para el desarrollo del país. luego de reconocer cuál era el fin buscado por el legislador al sancionar la norma cuestionada sostuvo que era “de toda evidencia que tan altas y plausibles finalidades no pueden cristalizar por medio de normas incompatibles con la vigencia que es más elevada de la Constitución Nacional”24 . Boffi Boggero en disidencia. y. Así. impedir. y la razonabilidad fue entendida como mera proporcionalidad. el cual será. incluso. del otro.
nuevamente se había puesto en crisis la validez constitucional de una norma legal –en esta ocasión. L-A. un remedio y no una mutación en la sustancia o esencial del derecho adquirido. podría haber influido en la resolución final del caso30 . La Corte. El ministro aludido fue claro al sostener que la reglamentación que obligaba a los empresarios cinematográficos a contratar “números vivos” importaba una “fuerte y sustancial” restricción de la libertad de comercio y de la propiedad que no podía encontrar amparo bajo el sistema constitucional argentino. 25 . por el cual se limitó la devolución de los plazos fijos a la suma de un millón de australes y se dispuso que todo excedente fuese abonado en Bonos Externos serie 1989. no fue la asumida por el mismo Tribunal al tiempo de analizar otro fallo en materia económica.32. del total de sus cuentas en cada entidad financiera”. eventualmente. sin dar demasiadas justificaciones del por qué. no diferenció las distintas normas involucradas (por ejemplo. no suspende las garantías constitucionales” 29. págs. 27 Doctrina de Fallos 98:20. homogénea prácticamente a lo largo de toda su historia.no importaba en realidad una restricción intolerable del derecho de propiedad.- Pareciera que el Alto Tribunal varió en esta oportunidad su postura tradicional. 301:341. en el cual lo que se discutía era la constitucionalidad del decreto ley 36/90 (Adla. 26 En lo que aquí interesa destacar el art. con ello. Juan Cuanciardo “El derecho constitucional ante el caso de la devaluación asimétrica de la moneda”.XXXVIII. En este -relativamente. como se recordará. la decisión cuestionada importaba una verdadera alteración del derecho de propiedad y no una medida más 29 Considerando 9°. Me refiero al también próximo caso “Peralta”. previo a la existencia de proporcionalidad entre medios y fines. si la norma cuestionada –aunque proporcional. que "las razones de oportunidad. toda vez que la emergencia. que no debía darse a las limitaciones constitucionales una extensión que trabe el ejercicio eficaz de los poderes del Estado toda vez que acontecimientos extraordinarios justificaban remedios extraordinarios. del otro. 302:457. por parte del titular.que al acudir a ése medio de pago se produjo sin lugar a dudas una fuerte reprogramación de vencimientos. 308:2246. sosteniendo los actores que dicha regulación importaba la confiscación de su patrimonio. Y lo hizo. del decreto número 1570/01 del Poder Ejecutivo Nacional. Carlos Antonio c/Poder Ejecutivo Nacional s/sumarísimo"25 Estado al ejercicio normal de los derechos patrimoniales “debe ser razonable. al obligar a un sector empresarial a realizar una actividad que aunque semejante en ciertos aspectos era evidentemente distinta a la que de ordinario llevaban a cabo. mas no necesariamente una “quita”. limitada en el tiempo. entre otros 28 Fallos 238:76.Nuevamente la minoría es la que puso en evidencia la necesidad de evaluar. limitaba las extracciones dinerarias a una cantidad determinada por semana26 . mérito o conveniencia tenidas en cuenta por los otros poderes del Estado para adoptar decisiones que le son propias no están sujetas al control judicial. análisis éste que fue omitido en “Smith” y que. 2 inciso “a” del mencionado decreto prohibió “los retiros en efectivo que superen los pesos doscientos cincuenta ($250) o dólares estadounidenses doscientos cincuenta (u$s 250). acudiendo a una generalidad de argumentación que.que. postura que. las correspondientes al “corralito” y las del “corralón”) y. dado el 1º de febrero de 2002. la constitucionalidad del citado decreto. 160:247.la restricción que impone el 25 Fallos B. 58). por un lado. a diferencia del estado de sitio. 303:1029. por semana. 251:21.446 de intangibilidad de los depósitos al impedirle disponer de la totalidad de su patrimonio. con vencimiento a diez años. o de los titulares que actúen en forma conjunta o indistinta. la otra. 295:814. Aquí la Corte comenzó por recordar dos posiciones. sosteniendo –en lo que interesa destacar. Una. 321:1252. noviembre de 2002. 150:89. de admitir fuertes restricciones al derecho de propiedad. 247:121. 24 Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires 30 Un análisis completo de ambos pronunciamientos.28 pese a lo cual -siguió la Corte. 275:218. "Smith. a diferencia de lo que sucedió en “Smith”. por caso.reciente fallo del Alto Tribunal de la Nación. El actor impugnó dicha reglamentación por entenderla violatoria del art. Suplemento Especial La Ley. 238:60. y está sometida al contralor jurisdiccional de constitucionalidad. 17 y 18 de la Constitución Nacional por desconocer el derecho de las personas a disponer libremente de su patrimonio. En este sentido. a diferencia de lo acontecido en “Peralta”.implicaba una violación de los arts. no dudó la Corte en sostener que la limitación fijada por la norma –y las sucesivas dictadas en similar sentido. no hizo lugar a la demanda y confirmó. 147:403."27 Y. dicho sea de paso. 71 y ss. 17 de la Constitución Nacional y de la ley 25.
Bs. peligro que. lo que permite suponer. como se adelantara.para ordenar la extracción de los fondos –que siempre pertenecieron a su titular. no es la judicialidad plena lo que se pretende. resultan ajenos. Y ello debe realizarse con sumo cuidado por cuanto una aplicación de la razonabilidad que no tenga en cuenta las consecuencias que se derivan de ciertos fallos trascendentales desnaturalizaría el principio. salvo en “Smith”. Tampoco de esta parte deberá desentenderse el magistrado al tiempo de analizar la validez constitucional de una norma. siendo pocos los que se inclinan por la judicialidad plena31 . Paralelamente. IV. A diferencia de ello. T° I. La existencia de las así llamadas “cuestiones políticas no justiciables” –“actos de gobierno” para la europa continental. “Cine Callao” y “Peralta”. esta última posición fue reiterada por la Corte en “Cine Callao” y aún en el mismo “Peralta”. tal como desde aquí se postula. 31 Pueden citarse en esta posición a Boffi Boggero. As. en un primer momento. en su esencia. Derecho Administrativo. en Estudios de Derecho Público. En primer lugar que. tarea a cargo del intérprete constitucional que debe llevarse a cabo justamente a través de una interpretación sistemática y unitaria de la Constitución. lo que se somete a discusión es la conveniencia de dotar al principio de razonabilidad de un contenido tal que permita a los magistrados efectuar un control real de las medidas reguladoras de derechos constitucionales –aún en tiempo de inestabilidad. No se defiende aquí la posibilidad de que los jueces ingresen a juzgar las actuaciones de los otros poderes públicos en ámbitos de actuación que. en todos los cuales el control de razonabilidad efectuado presentó la deficiencia que se criticaba al inicio: sólo se contentó con comprobar la proporcionalidad entre el medio elegido y el fin buscado. por imperio constitucional. primero deberá precisarse el contenido inalterable o esencial del mismo. 27 . Bidart Campos y Gordillo. Conclusión Por el contrario. de un estudio previo sobre la alteración del derecho fundamental involucrado y. mediante una indagación teleológica de los derechos fundamentales32 . La utilización del principio de razonabilidad. entendemos que se debe dotar al juicio acerca de la razonabilidad. en segundo lugar. es el que resta transitar a nuestro Máximo Tribunal. Éste es el camino que conforme vimos de la breve reseña jurisprudencial analizada en el tercer apartado de este trabajo. esto es. eludiendo del control del poder judicial todo aquello relativo al acierto de los otros poderes públicos en la elección de los medios empleados para conjugar esa situación económica. el cual fue concebido como un reaseguro de la intangibilidad de los derechos.del sistema bancario.. se ha plasmado en la práctica si recordamos las consideraciones efectuadas por la Corte en los casos “Ercolano”. circunstancias que lamentablemente parecen repetirse cíclicamente en el país. Sin embargo no deben pasar en silencio dos circunstancias. importa que se constituya en una herramienta dinámica que permite armonizar el derecho cuya protección se reclama con otros derechos y con el bien común. Como dijimos. para ello. que muy pocas veces ha analizado con la debida profundidad la razonabilidad de las mismas. la Corte desde lo formal nunca ha evadido el control sobre las medidas de emergencia dictadas en el campo económico. “La locución justo y razonable en el derecho y en la jurisprudencia”. pero que lo haga con plena garantía para los individuos respecto de que. se ha mostrado el Tribunal muy tolerante de todas las medidas de emergencia adoptadas y. Reitero que esta posición lleva consigo la contra de que bastaría la invocación de un fin elevado y un medio inocuo en relación con el peligro que se intenta conjugar para hacer de la razonabilidad un criterio meramente formal. sus derechos más importantes tendrán la suficiente protección frente a intromisiones injustificadas.aparece reconocida expresamente por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y admitida por la mayoría de la doctrina nacional. 1950. en realidad.de suerte tal de posibilitar que el Estado cumpla con las funciones esenciales que la sociedad le reclama. aunque similar acuerdo no exista a la hora de definir los alcances ni el significado de dichos supuestos. 26 Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires 32 Rafael Bielsa. Vimos en apartados anteriores cómo los magistrados aludieron a las circunstancias especiales en las cuales las normas de emergencia eran sancionadas. que el Alto Tribunal no las ha concebido como supuestos ajenos a su contralor.
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References: artículo 28
 artículo 1
 artículo 75
 resolución 
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