Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/S100-00.html
Timestamp: 2018-10-22 13:08:59+00:00

Document:
Ecuador 11.991 - Solución Amistosa
Kelvin Vicente Torres Cueva v. Ecuador, Caso 11.991, Informe No. 100/00,
OEA/Ser.L/V/II.111 Doc. 20 rev. at 545 (2000).
INFORME Nº 100/00*
CASO 11.991
1. El 10 de diciembre de 1997, Kelvin Vicente Torres Cueva (en adelante “el peticionario”) presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o la “CIDH”) contra la República del Ecuador (en adelante “el Estado”) en la cual denunciaba la violación de los siguientes derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”): derecho a la integridad personal (artículo 5), derecho a la seguridad personal (artículo 7), garantías judiciales (artículo 8), igualdad ante la ley (artículo 24), protección judicial (artículo 25), todo en contravención de las obligaciones que figuran en el artículo 1(1) en perjuicio del señor Torres.
2. Las partes lograron un acuerdo de solución amistosa en el presente caso el 11 de junio de 1999. El presente informe contiene una breve exposición de los hechos y el texto del acuerdo de la solución lograda, en conformidad con el artículo 49 de la Convención.
3. El día 21 de junio de 1992 el peticionario fue detenido a las 12.00 horas por un grupo de veinte personas encapuchadas y fuertemente armadas, quienes mediante golpes, lo subieron a un vehículo. En ningún momento se le mostró orden de detención girada por juez competente, ni se le informó de los motivos de su detención, ni se identificaron como policías. Fue privado de su libertad, maltratado y sometido a una prolongada incomunicación. Dicha detención se realizó en el marco del “Operativo Ciclón” de la Policía Nacional contra el tráfico de drogas, según el peticionario, por el mero hecho de ser pariente del señor Ingeniero Jorge Hugo Reyes Torres, el supuesto jefe de este grupo de narcotraficantes.
4. Posteriormente el peticionario fue trasladado hasta las oficinas del ex-SIC, actual Regimiento Quito Nº 2, donde fue puesto en una celda subterránea e incomunicado por 33 días. Durante ese tiempo fue torturado con golpes en el estómago, golpes en las orejas, o descargas eléctricas con la finalidad de que aprenda de memoria una declaración que debía rendir con posterioridad frente al Representante del Ministerio Público.
5. A los 33 días de incomunicación, en los cuales no pudo ver a su familia ni a un abogado, el peticionario fue llevado a un patio junto con varios detenidos, donde unos 50 policías encapuchados y fuertemente armados, apuntaron sus armas a la cabeza hacia él y los otros detenidos. Les introdujeron las armas en la boca y dispararon, sin que las armas estuvieran cargadas. Este hecho tenía como finalidad conseguir que aceptaran firmar una declaración auto inculpatoria. Luego de ello, fue vendado y trasladado al Pabellón “A” del Penal García Moreno donde se le permitió recibir visitas. En total estuvo 38 días incomunicado.
6. El informe policial fue puesto en conocimiento del Intendente de Policía, quien lo acusó con orden de prisión preventiva en los juicios de enriquecimiento ilícito y conversión de bienes, girando orden de encarcelamiento el 30 y 31 de julio de 1992 respectivamente.
7. Posteriormente los jueces se inhibieron de seguir tramitando el sumario al comprobar que uno de los sindicados gozaba de fuero de Corte y remitieron lo actuado a la Presidencia de la Corte Superior de Quito, en la cual se radicó la competencia y se levantó nuevamente auto cabeza de proceso durante los meses de septiembre y noviembre de 1992, confirmándose la orden de prisión preventiva dictada en contra del peticionario en los procesos penales, girándose las respectivas boletas de encarcelamiento el 1o de diciembre de 1992. Según el peticionario, esto demostró que fue detenido ilegalmente, pues no existía orden de captura emitida por un juez y permaneció en tal condición hasta el 31 de julio de 1992 en que el Intendente giró la primera orden de encarcelamiento.
8. Recién en 1996 en los juicios por conversión de bienes y enriquecimiento ilícito el Presidente de la Corte Superior, al momento de resolver, dictó a favor del peticionario auto de sobreseimiento provisional y dispuso su libertad. Ello no se pudo ejecutar por cuanto la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas del Ecuador establece que dicho auto debe subir obligatoriamente en consulta al superior y que mientras éste no resuelva no se puede poner en libertad al sindicado. El peticionario también acudió mediante recurso de habeas corpus judicial ante el Presidente de la Corte Suprema de Justicia solicitando su inmediata libertad, petición que no fue atendida a pesar que entre 1995 y 1998 constantemente el peticionario solicitó que se despacharan dichos recursos. Finalmente, el 7 de mayo de 1998, se resolvió la consulta y se dictó el sobreseimiento definitivo. El peticionario también denunció que según las leyes del Ecuador, la consulta debe ser resuelta en un plazo de 15 días, y en este caso se tardó más de un año. El 6 de julio de 1998, tras una apelación del peticionario a la negativa de libertad del Alcalde por recurso de habeas corpus, el Tribunal Constitucional ordenó la libertad del peticionario. El peticionario fue puesto en libertad el 16 de julio de 1998, después de estar detenido 6 años y 25 días bajo sospecha, con orden de prisión provisional.
9. En el juicio por testaferrismo, el 23 de marzo de 1998 se dictó en contra del peticionario auto de apertura al plenario, proceso que está para que se dicte la sentencia respectiva.
10. El 29 de diciembre de 1997 la Comisión recibió la denuncia y el 19 de marzo de 1998 la Comisión inició la tramitación de este caso y solicitó al Estado que suministrase la información pertinente.
11. El 9 de febrero de 1999, la Comisión propuso a las partes iniciar el procedimiento de solución amistosa y el 15 de febrero de 1999, el peticionario aceptó la propuesta. El 11 de junio de 1999 se firmó el acuerdo de solución amistosa entre las partes y con el entonces Relator para Ecuador de la CIDH, doctor Carlos Ayala Corao, quien había viajado a Quito para facilitar el proceso.
12. El Acuerdo de Solución Amistosa suscrito por las partes señala:
El Estado Ecuatoriano en estricto cumplimiento de sus obligaciones adquiridas con la firma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y de otros instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, y consiente de que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, constituyendo la reparación pecuniaria y la sanción penal de los responsables la forma más justa y equitativa de hacerlo, en tal virtud la Procuraduría General del Estado conjuntamente con el señor Licenciado Segundo Cesar Duque Chasi, a nombre y en representación del señor Kelvin Vicente Torres Cueva, han resuelto llegar a una solución amistosa de conformidad con lo establecido en los artículos 48.1 lit. (f), 49, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 45 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
b) Por otra parte comparece el señor Licenciado Segundo Cesar Duque Chasi, a nombre y en representación del señor Kelvin Vicente Torres Cueva, según se desprende del poder especial Nº 12/99 otorgado ante el Consulado del Ecuador en Londres, Inglaterra, que se adjunta a la presente como documento habilitante.
El Estado Ecuatoriano reconoce su responsabilidad internacional por haber transgredido los derechos humanos del señor Kelvin Vicente Torres Cueva reconocidos en el artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal), artículo 7 (Derecho a la Libertad Personal), artículo 8 (Garantías Judiciales), artículo 24 (Igualdad ante la Ley), artículo 25 (Protección Judicial) y a su vez la obligación general contenida en el Art. 1.1., de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, siendo dichas violaciones cometidas por agentes del Estado, hechos que no han podido ser desvirtuado por el Estado y han generado la responsabilidad de éste frente a la sociedad.
Con estos antecedentes el Estado Ecuatoriano se allana a los hechos constitutivos del caso Nº 11.991, que se encuentra en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se obliga a asumir las medidas reparadoras necesarias a fin de resarcir los perjuicios ocasionados a las víctimas de tales violaciones o en su defecto a sus causahabientes.
Con estos antecedentes, el Estado Ecuatoriano, por intermedio del Procurador General del Estado, éste como único representante judicial del Estado Ecuatoriano de acuerdo con el Art. 215 de la Constitución Política del Ecuador, promulgada en el Registro Oficial Nº 1, vigente desde el 11 de Agosto de 1998, entrega al señor Kelvin Vicente Torres Cueva, una indemnización compensatoria por una sola vez de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 50.000) o su equivalente en moneda nacional, calculado al tipo de cambio vigente al momento del pago, con cargo al Presupuesto General del Estado.
Esta indemnización involucra el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral irrogados, sufridos por el señor Kelvin Vicente Torres Cueva, así como cualquier otro reclamo que pudieren tener el señor Kelvin Vicente Torres Cueva o sus familiares, por el concepto mencionado en este acuerdo, observando la normativa legal interna e internacional, con cargo al Presupuesto General del Estado, a cuyo efecto la Procuraduría General del Estado notificará al Ministerio de Finanzas y Crédito Público, para que en un plazo de 90 días, contados a partir de la fecha de la suscripción de este documento, cumpla con esta obligación.
El Estado Ecuatoriano, se compromete al enjuiciamiento tanto civil como penal y a la búsqueda de las sanciones administrativas de las personas que en cumplimiento de sus funciones estatales o prevalidos del poder público, se presume que tuvieron participación en la violación alegada.
La Procuraduría General del Estado se compromete a excitar tanto a la Ministra Fiscal General de la Nación, organismos competentes de la Función Judicial, como a los organismos públicos o privados para que aporten información legalmente respaldada que permita establecer la responsabilidad de dichas personas. De haber lugar, este enjuiciamiento se realizará con sujeción al ordenamiento constitucional y legal del Estado Ecuatoriano.
La indemnización compensatoria que concede el Estado Ecuatoriano al señor Kelvin Vicente Torres Cueva, se encuentra prevista en los artículos 22 y 24 de la Constitución Política de la República del Ecuador, por violación a normas constitucionales, y demás normas del ordenamiento jurídico nacional, así como las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos.
El señor Kelvin Vicente Torres Cueva, autoriza expresamente al Procurador General del Estado, para que ponga en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el presente Acuerdo de Solución Amistosa, con el objeto que este organismo lo homologue y ratifique en todas sus partes.
Las partes, que intervienen en la suscripción de este acuerdo, expresan libre y voluntariamente su conformidad y aceptación con el contenido de las cláusulas precedentes, dejando constancia que de esta manera ponen término a la controversia sobre la responsabilidad internacional del Estado Ecuatoriano, sobre los derechos que afectaron al señor Kelvin Vicente Torres Cueva, que se sigue ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
13. La Comisión determinó que el acuerdo de solución transcrito es compatible con lo que establece el artículo 48(1)(f) de la Convención Americana.
14. El 25 de septiembre de 2000, CEDHU informó a la Comisión que el 30 de agosto de 2000, el Estado procedió a efectuar el pago de la indemnización acordada. A pesar de que el Estado se comprometió a cancelar los respectivos intereses por la demora en el pago y que el pago de la indemnización estaría exento de todo tipo de impuestos, excepto el uno por ciento, el Estado ha incumplido, con respecto a intereses e impuestos, todos los compromisos adquiridos el 11 de junio de 1999.
15. El Estado no ha cumplido con su deber de enjuiciar y sancionar a los responsables
16. La Comisión reitera su reconocimiento al Estado Ecuatoriano por su voluntad de resolver el caso a través de medidas compensatorias, incluyendo las necesarias para sancionar a los responsables de la violación alegada. La CIDH reitera asimismo su reconocimiento al peticionario por la aceptación de los términos del acuerdo en referencia.
17. La CIDH seguirá acompañando el cumplimiento de los compromisos asumidos por Ecuador, relativos al enjuiciamiento de las personas que se presumen responsables de los hechos alegados, y al pago de los intereses por mora, los cuales no han sido cumplidos a la fecha.
18. La CIDH ratifica que la modalidad de solución amistosa contemplada en la Convención Americana permite la terminación de los casos individuales en forma no contenciosa, y ha demostrado, en casos relativos a diversos países, ofrecer un vehículo importante de solución de presuntas violaciones, que puede ser utilizado por ambas partes (peticionario y Estado).
1. Reconocer al Estado el cumplimiento del pago de US$50,000 en concepto de indemnización, y la falta de cumplimiento con respecto a la sanción de las personas responsables de la violación alegada y al pago de intereses por mora.

References: artículo 1
 artículo 49
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 48