Source: http://pazfarc-ep.org/comunicadosfarccuba/item/2131-propuestas-orientadores-discusion-punto-victimas.html
Timestamp: 2018-08-18 23:40:40+00:00

Document:
“HACIA UNA NUEVA COLOMBIA SIN VICTIMAS”
PROPUESTAS ORIENTADORES PARA LA DISCUSIÓN DEL PUNTO 5 DE LA AGENDA, “VÍCTIMAS”
Tal como se estableció en el preámbulo del Acuerdo General de La Habana, “El respeto de los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional es un fin del Estado que debe promoverse”.
En el punto 5 de su Agenda se expresa que “resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo”.
Nos felicitamos por que el anterior compromiso, asumido como eje central de cualquier acuerdo, haya convertido el actual proceso de conversaciones de La Habana en un caso único en la historia del derecho internacional y de los distintos procesos de conversaciones para la finalización de conflictos armados habidos hasta ahora, tal y como lo vienen manifestando distintas voces autorizadas entre la comunidad internacional de defensores de los derechos humanos. Como ya hemos manifestado anteriormente, las FARC- EP hacemos nuestra la diáfana definición de víctimas establecida por las Naciones Unidas[1], a la vez que hemos puesto de manifiesto nuestros criterios y puntos de vista sobre el origen del conflicto armado, sus causas y su devenir[2], sobre la existencia del conflicto armado interno antes de nuestra constitución como organización guerrillera, nuestro carácter de organización surgida de la victimización de la población campesina y otros sectores populares, así como nuestra asunción de la realidad de la victimización habida en Colombia manifestada por los estudios más rigurosos efectuados y las estadísticas más fiables, elaborados unos y otras por organismos académicos independientes e instituciones internacionales[3], incluso aunque podamos discrepar de los anteriores en aspectos parciales.
Convencidos por tanto de que la satisfacción de los derechos de las víctimas hace parte fundamental de las garantías para la conquista de la paz, y que la terminación del conflicto contribuirá decididamente a la satisfacción de esos derechos, formulamos las siguientes propuestas orientadoras para la discusión del punto 5 de la agenda sobre Víctimas, discusión que necesariamente debe estar presidida por el desarrollo de los diez principios sobre víctimas ya acordados por las partes[4] y que han sustentado los debates en los distintos Foros nacionales sobre víctimas:
PRINCIPIO 1. “El reconocimiento de las víctimas: Es necesario reconocer a todas las víctimas del conflicto, no solo en su condición de víctimas, sino también y principalmente, en su condición de ciudadanos con derechos.”
1º.- Contexto: La Ley 1448 de 2011, de Víctimas y restitución de tierras únicamente reconoce la condición de víctimas a aquellas personas victimizadas por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985. Sin embargo, en Colombia existen víctimas causadas por hechos que se inician ya desde los propios albores de la década de los años 30 del siglo pasado y como consecuencia de los tímidos intentos de reforma agraria que supuso la Ley 200 de 1936. La victimización continuó de manera consciente -tanto por la acción del Estado como por posturas y maniobras de sectoresvinculados al establecimiento-, al menos desde esa década hasta la actualidad, por lo que la arbitrariedad con la que la Ley 1448 señala una fecha al azar para el reconocimiento de las víctimas excluye a miles de éstas del alcance de la citada norma y por tanto les niega reconocimiento[5].
Todas las víctimas provocadas por el conflicto armado interno colombiano deben ser reconocidas como tales por el Estado y por la sociedad en general, no siendo admisible el establecimiento de un límite temporal aleatorio para el reconocimiento de éstas[6]. En el marco de la discusión sobre el Principio 6º relativo a las víctimas, Reparación, se deberán establecer los mecanismos de reparación de que deben disfrutar cada persona victimizada, atendiendo a los criterios que se establezcan por las partes recogiendo a su vez los criterios manifestados por las organizaciones de víctimas. Deberán contemplarse reparaciones simbólicas por parte del Estado respecto a aquellas víctimas que hayan fallecido o no puedan ser identificadas.
2º. Propuestas de trabajo: deberán abordarse los siguientes puntos de discusión:
c) Tratamiento específico para los combatientes enfrentados en cada periodo, diferenciándolos de las víctimas no combatientes: los miembros de las fuerzas militares, policiales y de grupos rebeldes y guerrilleros son combatientes protegidos por la I, II y III Convenciones de Ginebra y por el Protocolo Adicional II, que no pueden recibir el mismo tratamiento que las víctimas no combatientes -población civil-, por expresa disposición del Derecho Internacional y del derecho interno colombiano. Ello es así conforme al principio de distinción[7]aplicable en los conflictos armados no internacionales (CANI). Son víctimas únicamente en la medida que hayan padecido infracciones del D.I.H. aplicable a los combatientes, por lo que su tratamiento como tales víctimas no puede ser equivalente al dispensado a las víctimas provocadas entre la población civil no combatiente.
3º.- Objetivos a alcanzar:
b) Actualización y desarrollo de la legislación interna sobre víctimas para así garantizar el pleno disfrute de la totalidad de los derechos humanos por todas las víctimas. Especial atención a la incorporación al derecho interno de los Principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de ddhh y de violaciones graves del DIH reconocidos por las NNUU[8]
PRINCIPIO 2. “El reconocimiento de responsabilidad: Cualquier discusión de este punto debe partir del reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas del conflicto. No vamos a intercambiar impunidades.”
1º.- Contexto: Una vez efectuado el pleno reconocimiento de las Víctimas del conflicto, el reconocimiento de responsabilidades implica esclarecer quienes son los verdaderos victimarios en esta guerra que nos han impuesto,determinar quienes realmente tienen responsabilidad en la generación de víctimas, analizar si estos hechos han sido perpetrados intencionalmente y si se encuentran en situación de impunidad, acordando las medidas para que dicha impunidad cese en su caso. Así, deberán determinarse métodos eficaces de acceso a la justicia para las víctimas. Para las FARC EP, el Acuerdo General para la terminación del conflicto de Agosto 2012 es el verdadero Marco Jurídico para la Paz.
Las sentencias emitidas por tribunales internacionales y nacionales respecto a víctimas producidas en el conflicto armado interno en Colombia, cada vez ordenan más medidas de reparación, como pedir perdón a las víctimas, algo a lo que hasta ahora se han negado los agentes del estado responsables de las violaciones de derechos que causaron victimizaciones, poniendo distintas trabas e impedimentos para el cumplimiento de lo establecido en sentencias judiciales.[9]
Las FARC-EP venimos manifestando que “(...) así como demandamos el reconocimiento de responsabilidades por parte de los múltiples actores responsables, con todas las medidas y acciones que de ellas se deriven, manifestamos la voluntad de asumir las nuestras, siempre atendiendo al carácter político-militar de nuestra organización, nuestros propósitos y definiciones programáticas, nuestros planes militares para la toma del poder, nuestras normas internas y de relacionamiento con la población civil y, desde luego, las leyes de la guerra y las normas del Derecho Internacional Humanitario (...).[10]
Cuando en algunas de nuestras acciones militares realizadas durante el conflicto se han causado víctimasno combatientes, ello nunca se ha debido a la perpetración de ataques intencionados contra la población civil, sino debido a situaciones imprevisibles en unos casos y también a errores injustificables en otros, ocasionados siempre por una accionar armado en situación de tremenda desventaja militar respecto a nuestros adversarios.Por ello, las FARC EP no nos reconocemos como “agente victimizante”, sino como perseguidos, y en tal condición hemos ejercido nuestro derecho a la rebelión, reconocido ya en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776[11], en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793[12], y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948[13]. A un ejército campesino y popular no puede exigírsele lo mismo que a un inmenso ejército regular de un Estado, a pesar de lo cual nosotros siempre nos hemos esforzado por incluir en nuestros Reglamentos normas de respeto estricto a los Derechos Humanos el DIH[14] y por cumplirlas.
2º.- Propuesta de trabajo: deberán abordarse los siguientes puntos de discusión:
3º.- Objetivos:
PRINCIPIO 3. “Satisfacción de los derechos de las víctimas: Los derechos de las víctimas del conflicto no son negociables; se trata de ponernos de acuerdo acerca de cómo deberán ser satisfechos de la mejor manera en el marco del fin del conflicto”.
1º.- Contexto: Resulta imperativo e inaplazable adoptar medidas eficaces para evitar que se sigan produciendo víctimas a consecuencia del conflicto social y armado,como así han reclamado insistentemente las víctimas del conflicto social y armado, solicitando un cese bilateral del fuego inmediato[15]. Es necesario remover los obstáculos legales y fácticos que han impedido la plena satisfacción de los derechos de las víctimas causadas por el conflicto. Resulta imprescindible impedir la re victimización provocada por la negación de derechos a las víctimas, así como acabar con la estigmatización de las anteriores. Para ello, procede determinar con precisión los métodos y mecanismos efectivos para la satisfacción de los derechos de las víctimas.
PRINCIPIO 4. “La participación de las víctimas: La discusión sobre la satisfacción de los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario con ocasión del conflicto, requiere necesariamente de la participación de las víctimas, por diferentes medios y en diferentes momentos.”
1º.- Contexto: definición de los mecanismos efectivos de participación de las víctimas y sus organizaciones representativas en los puntos y temarios de las conversaciones queles atañen. De igual manera, deberán establecerse mecanismos de intervención y participación permanente de las víctimas en los programas de atención que se pongan en marcha, garantizando su participación en la definición de estos programas y de sus contenidos y formas de implementación, superando las actuales deficiencias que las víctimas y sus organizaciones representativas denuncian en esta materia. Resulta necesario establecer un sistema eficaz de consulta permanente y vinculante a las organizaciones de víctimas sobre cualquier norma que deba ser aprobada para la puesta en marcha de los programas de atención o para la garantía de la satisfacción de sus derechos.
2º.- Propuestas de trabajo: deberán abordarse los siguientes puntos de discusión:
c) Acordar la elaboración y aprobación de una legislación específica que garantice la participación plena y eficaz de las mujeres en todos los niveles de adopción de decisiones para la solución del conflicto interno y en el proceso de paz.[16]
PRINCIPIO 5. “El esclarecimiento de la verdad: Esclarecer lo sucedido a lo largo del conflicto, incluyendo sus múltiples causas, orígenes y sus efectos, es parte fundamental de la satisfacción de los derechos de las víctimas, y de la sociedad en general. La reconstrucción de la confianza depende del esclarecimiento pleno y del reconocimiento de la verdad.”
1º.- Contexto: La Verdad es un derecho humano que se deduce de otros derechos codificados. El derecho a la verdad implica conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos. Así, implica conocer la verdad completa y total en relación con los hechos, sus circunstancias específicas, la identidad de los responsables y partícipes y sus motivaciones, y adoptar medidas “en respuesta a un tipo particular de vulneración, relacionada con el ejercicio abusivo del poder del Estado, precisamente a través de sus instituciones”[17].En situaciones de conflicto interno, las violaciones de derechosson “el resultado de un conflicto social generalizado en que hay una multitud de agentes violentos, entre otros factores.” [18].
En los casos de desaparición forzada, ejecuciones secretas y sepulturas clandestinas, el derecho a la verdad tiene también una dimensión especial: conocer la suerte y el paradero de los desaparecidos, a cuyo efecto deberán desplegarse todos los medios necesarios para ello, incluida la creación de nuevas herramientas de búsqueda. Así mismo, la jurisprudencia y la doctrina internacionales consideran que la sociedad como tal tiene también derecho a conocer la verdad acerca de las graves violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional. Ello ha sido cristalizado en particular en el Conjunto de principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad[19].
El derecho a la verdad ha sido caracterizado como inalienable e imprescriptible tanto por instrumentos internacionales como por la jurisprudencia y la doctrina internacional. En esta materia, el principio 4 del citado Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad estipula que: “Independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima”.
c) Esclarecimiento de las responsabilidades de actores no estatales, incluidos gremios empresariales y grupos económicos, en las graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, esto es en la perpetración de crímenes atroces; Conforme a lo establecido en el Punto 3 del Acuerdo General de La Habana, “en el marco de lo establecido en el Punto 5 (víctimas) de este acuerdo, se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo”
3º.- Objetivos
PRINCIPIO 6 “La reparación de las víctimas: Las víctimas tienen derecho a ser resarcidas por los daños que sufrieron a causa del conflicto. Restablecer los derechos de las víctimas y transformar sus condiciones de vida en el marco del fin del conflicto es parte fundamental de la construcción de la paz estable y duradera.”
1º.- Contexto: La reparación mayor es la verdad y la justicia, y ella debe procurarse no sólo sobre las víctimas directas sino también sobre los sectores sociales que han sido victimizados tanto por políticas determinadas deliberadamente orientadas, como por omisiones que constituyen graves y sistemáticas faltas de protección debida. La reparación a las víctimas trasciende la sola reparación económica o pecuniaria, dado que simplificarla como un asunto meramente monetario sería una nueva afrenta a su humanidad, condición y dignidad.
De esta forma, se garantiza la justicia restaurativa, pero traspasándola hacia un enfoque de justicia distributiva[20] osocialmente redistributiva, superando una mera concepción de justicia correctiva, o de simple restauración a una situación de vulnerabilidad y pobreza pre existente, de tal manera que se puedan crear las condiciones -mediante un enfoque diferencial, por etnia y género imprescindiblemente-, de retorno y reconstrucción tanto de los tejidos sociales devastados por acciones en el conflicto, como del derecho de los sujetos sociales populares diversos a la mejora efectiva de sus condiciones de vida.
c) En materia de reparación a los campesinos cuyas tierras les fueron usurpadas durante el conflicto, no basta intentar la restitución de unas pocas hectáreas de tierra a un mínimo porcentaje de los campesinos despojados, sino que es inaplazable emprender una distribución democrática de la propiedad rural y urbana, es decir atacar las raíces de la inequidad[21].
d) Poner en marcha programas de reparaciones colectivas vinculadas a territorios, por ejemplo a las zonas de reservas campesinas o a las circunscripciones especiales de paz, garantizando una eficaz reparación colectiva en el marco del proceso de paz. A tal efecto, deberán acordarse programas de “reparaciones territoriales transformadoras”, apuntando a dar entidad colectiva y realmente modificadora del statu quo, en favor del empoderamiento popular.
PRINCIPIO 7 “Las garantías de protección y seguridad: Proteger la vida y la integridad personal de las víctimas es el primer paso para la satisfacción de sus demás derechos.”
1º Contexto: Sin el compromiso de detener ya el desangre nacional, generado por prácticas sistemáticas adoptadas desde y por el Estado para contener tanto el alzamiento en armas como la lucha social y política de sectores legales de oposición, así como por el desarrollo mismo del conflicto armado entre contendientes, es decir, sin un compromiso de cese bilateral al fuego, de tregua verificada, de armisticio o de un acuerdo en pos de la humanización o al menos el desescalamiento gradual y a fondo de la confrontación, sin asumir ese deber de parar ya el combate o de regularlo, se estarán causando más víctimas y será imposible dotar a estas de garantías eficaces de protección y seguridad.
b) Dado que el Estado debe garantizar que quienes están amenazados y deben ser objeto de reparación, deben ser protegidos por la Fuerza Pública, deben ponerse en marcha eficazmente estos mecanismos de protección en un contexto en el que demasiadas veces las personas necesitadas de protección desconfían de las fuerzas del Estado[22].
PRINCIPIO 8. “La garantía de no repetición: El fin del conflicto y la implementación de las reformas que surjan del Acuerdo Final, constituyen la principal garantía de no repetición y la forma de asegurar que no surjan nuevas generaciones de víctimas. Las medidas que se adopten tanto en el punto 5 como en los demás puntos de la Agenda deben apuntar a garantizar la no repetición de manera que ningún colombiano vuelva a ser puesto en condición de víctima o en riesgo de serlo.”
1º.- Contexto: Mientras a las FARC EP se le pide su desaparición como fuerza militar para garantizar que no pueda realizar -por imposibilidad fáctica- ninguna acción militar contra persona alguna, no se puede pedir la desaparición del Estado ni éste todavía se ha comprometido en la transformación de sus fuerzas armadas.
Necesariamente han de abordarse las medidas de reforma que de manera eficaz deben garantizar la sustitución de las doctrinas, concepciones, ejes de formación y funcionamiento de unas FF.AA. que han operado contra un supuesto “enemigo interno” en el que se incluían muchas más personas y sectores sociales que los combatientes alzados en armas. Si ello no se lleva a cabo se estará preservando un germen que permitirá que vuelvan a ocurrir no sólo los hechos atroces habidos de responsabilidad del Estado, sino el mantenimiento del paramilitarismo en cualquiera de sus múltiples expresiones, con el consiguiente efecto de surgimiento de nuevos capítulos de rebelión, resistencia o alzamiento en armas ante planes de persecución y exterminio.
a) Como acabar con cualquier situación que posibilite la existencia en el seno de las estructuras del estado de las concepciones antidemocráticas que han posibilitado por décadas la puesta en marcha de una guerra sucia contra importantes sectores sociales, desterrando las denominadas “doctrinas contra insurgentes o de seguridad nacional” que consideran a las fuerzas armadas como estructuras de intervención en la vida política nacional al servicio exclusivo de las elites y de poderes extranjeros.
e) Para alcanzar la paz deberá establecerse un nuevo marco constitucional que garantice de forma imperativa el pleno disfrute de todos los derechos humanos para todos los colombianos y colombianas, incluidos expresamente todos los derechos económicos y sociales que permiten a las personas llevar adelante una vida en condiciones de dignidad humana. El reconocimiento del Derecho Humano a la Paz como derecho síntesis [23]es una obligación de las partes en las conversaciones.
PRINCIPIO 9. “Principio de reconciliación”: Uno de los objetivos de la satisfacción de los derechos de las víctimas es la reconciliación de toda la ciudadanía colombiana para transitar caminos de civilidad y convivencia.”
1º.- Contexto: El perdón es el fundamento para la reconciliación nacional y premisa esencial para alcanzar cualquier objetivo político y social. Es el reconocimiento de que las victimizaciones tuvieron lugar en el marco de un conflicto interno, lo cual constituye un atenuante del peso del dolor. La reconciliación es la expresión de un ideario de re composición del país a partir de los compromisos de democratización real como base para alcanzar una paz con justicia social fundada en el bien común. Es el proceso de reconstrucción nacional concertada que, a partir del fin del conflicto armado, se iniciará entre personas o colectivos que estuvieron enfrentados. Reconciliación es también respeto a las reglas de juego de una democracia, esto es respeto a las normas de funcionamiento democrático de una sociedad que aspire a ser digna y cabal representante de dicho sistema político.
PRINCIPIO 10. “Enfoque de derechos: Todos los acuerdos a los que lleguemos sobre los puntos de la Agenda y en particular sobre el punto 5 “Víctimas” deben contribuir a la protección y la garantía del goce efectivo de los derechos de todos y todas. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos por igual, lo que significa que les pertenecen por el hecho de serlo, y en consecuencia su reconocimiento no es una concesión, son universales, indivisibles e interdependientes y deben ser considerados en forma global y de manera justa y equitativa. En consecuencia, el Estado tiene el deber de promover y proteger todos los derechos y las libertades fundamentales, y todos los ciudadanos el deber de no violar los derechos humanos de sus conciudadanos. Atendiendo los principios de universalidad, igualdad y progresividad y para efectos de resarcimiento, se tendrán en cuentan las vulneraciones que en razón del conflicto hubieran tenido los derechos económicos, sociales y culturales.”
1º.- Contexto:
Las FARC-EP hemos manifestamos “nuestra decisión de construir de manera conjunta con el Gobierno nacional los fundamentos normativos del derecho aplicable y requerido para que los propósitos de paz con justicia social que anhela la sociedad en su conjunto sean compatibles con las demandas por justicia de las víctimas”[24]
Si bien los países capitalistas organizados políticamente como Estados de Derecho, priorizan formalmente el respeto a los derechos civiles y políticos individuales, en la práctica -y Colombia no es en esto una excepción- incumplen habitualmente los contenidos esenciales de los derechos económicos y sociales, tales como el derecho al trabajo, a la educación, a la sanidad, a unas condiciones de vida digna, a la seguridad social o a la vivienda, así como los derechos colectivos, en especial de los pueblos originarios y la comunidades afro descendientes y campesinas en general. Los anteriores derechos, para más dedos terceras partes de la población colombiana no son más que declaraciones de buenas intenciones siempre relegados en su cumplimiento por supuestos motivos de política económica, como si acaso las decisiones sobre política económica no se adoptaran por instituciones políticas. De hecho, el sistema constitucional colombiano carece de mecanismos legales de exigibilidad efectiva al Estado del cumplimiento de los contenidos de los derechos económicos y sociales recogidos en la Declaración Universal de 1948y en otros textos normativos que forman parte esencial del derecho internacional. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos[25]hasta la más reciente proclamación por la Asamblea General de las Naciones Unidas del Derecho a la Alimentación[26], pasando por el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales[27]en el Derecho Internacional vigente no hay duda de la obligación legal de los estados y agentes no estatales de garantizar a todas las personas y no impedir el pleno disfrute de todos los derechos económicos y sociales fundamentales, como así lo ratificó la Conferencia de Viena[28].
[1] Resolución 60/147 de la Asamblea General de NNUU de fecha 16 diciembre 2005:
“8. A los efectos del presente documento, se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario.Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización.
9. Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.”
[2] Programa agrario de los guerrilleros de las FARC-EP. 2 abril 1993.
[3] Las principales instituciones que han elaborado las anteriores estadísticas y estudios, de forma continuada en el tiempo y rigurosa atendiendo a metodologías de investigación en ciencias sociales pacíficamente aceptadas por la comunidad académica internacional, son: la base de datos del CINEP “Noche y Niebla”, los informes sobre violaciones de derechos humanos en Colombia publicados anualmente por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los derechos humanos de las NNUU y otros organismos del sistema ONU. Las anteriores bases de datos e Informes coinciden en términos generales en los porcentajes de agentes victimarios y hechos victimizantes.
[4] Comunicado Conjunto de la Mesa de Conversaciones. La Habana, junio 7 de 2014. “Declaración de principios para la discusión del punto 5 de la Agenda: “víctimas”
[5] En Colombia existen aún víctimas causadas por la guerra sucia contra la población campesina que se inicia ya en la década de los años 30 del siglo pasado como consecuencia de los tímidos intentos de reforma agraria que supuso la Ley 200 de 1936.
Un siguiente período de criminalidad sistemática del Estado se da entre 1946 y 1957. El Estado estaba entonces controlado por el Partido Conservador (1946- 1953) y por la dictadura militar del General Rojas Pinilla, también de filiación conservadora (1953-1957), quien en 1954 prohibió mediante decreto de 8 de septiembre de la Asamblea Nacional Constituyente, el comunismo e ilegalizó al Partido Comunista de Colombia. A través de los instrumentos de poder del Estado, los crímenes sistemáticos se dirigieron contra la militancia liberal y comunista, principalmente en las capas campesinas y trabajadoras, quienes ponían en riesgo, por su capacidad electoral y por sus niveles de organización, reivindicación y protesta, la hegemonía del poder. Dentro de este período se inició la persecución al Movimiento Gaitanista, como disidencia liberal, la cual llegó a su clímax el 9 de abril de 1948 con el asesinato de su líder y el desbordamiento de la violencia, que dejó como consecuencia numerosas víctimas fatales y el recrudecimiento de la persecución a sus militantes en los años posteriores. A la ejecución de centenares de miles de víctimas se suman la práctica generalizada de la tortura, de crímenes sexuales, de desplazamiento forzado y el despojo de sus tierras a enormes contingentes de población rural. La degradación de la violencia generada por el conflicto provocoasesinatos de menores, de mujeres embarazadas, y la instauración de distintos “tipos de cortes” como técnica de tortura y asesinato. En su libro “La Violencia en Colombia”, monseñor Germán Guzmán Campos trata de cuantificar al menos las muertes violentas relacionadas con el conflicto durante dicho período. Recurriendo a muchas fuentes, las calcula en un total de 180.000.
El siguiente periodo de la criminalidad estatal se inicia en 1962. El Estado seencuentra controlado entonces por el Frente Nacional (1958-1974). La característica eje de este período es la adopción de la estrategia paramilitar con el fin de excluir y exterminar a las capas simpatizantes de ideologías críticas del sistema imperante. La misión militar realizada en febrero de 1962 y encabezada por el General William Pelham Yarborough, director de investigaciones de la Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg, Carolina del Norte, - en el marco del triunfo de la revolución cubana y la vinculación de Colombia a la Guerra Fría- concluyó en un informe secreto, con un suplemento ultra secreto en los cuales se exigía a los gobiernos de Colombia constituir grupos mixtos de civiles y militares para combatir a los simpatizantes de la ideología comunista, realizando ‘actividades terroristas paramilitares’. Rápidamente, el gobierno legalizó la estrategia mediante el Decreto 3398 del 25 de diciembre de 1965 (luego Ley 48 de 1968) permitiendo a los militares entregar armas de su uso privativo a los civiles y constituir grupos armados de civiles coordinados por el ejército.
Entre 1962 y 1981: Durante estos 19 años se fue configurando el marco legal del paramilitarismo, principalmente entre 1965 y 1969. El 6 de septiembre de 1978 el gobierno de Turbay Ayala emitió el Decreto 1923 llamado Estatuto de Seguridad, que tenía como objetivo principal modificar el tratamiento jurídico del delito político: aumentó sus penas en forma desorbitada; sometió su enjuiciamiento a la jurisdicción penal militar, de manera que se borraron las fronteras entre el poder ejecutivo y el judicial; lo asimiló al delito común; y restringió sensiblemente el derecho de defensa. De 1977 al 1981 comienza a operar la Alianza Anticomunista Americana, la Triple A, -en el marco de la Operación Cóndor- y se generaliza la práctica de la desaparición forzada por parte de agentes del estado y paramilitares. En este periodo se consolida la alianza entre la fuerza pública y organizaciones narcotraficantes, utilizando las siglas del MAS, Los Tiznados, MRN, y otras, para crear “escuadrones de la muerte”.
Entre 1990 y 2002 gobernaron tres gobiernos enmarcados en la nueva Constitución Nacional de 1991. Los gobiernos de esta etapa fueron: César Gaviria Trujillo (1990- 1994); Ernesto Samper Pizano (1994-1998) y Andrés Pastrana Arango (1998-2002), todos tributarios del espíritu del Frente Nacional aunque ya no ligados a una alternancia pactada. A pesar de continuar la guerra sucia en este periodo, dos de estos gobiernos realizaron diálogos o negociaciones con organizaciones insurgentes,las cuales fracasaron dando lugar a posteriores períodos de intensa represión y victimización.
Los dos gobiernos del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002–2010): Como en todo este período, la característica central es la persistencia de la estrategia paramilitar, que llegó en esta fase a su máximo desenvolvimiento.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón (2010–2014) trata de distanciarse del lenguaje violento de su antecesor, con el cual compartió no pocas decisiones que propiciaron situaciones de degradación de los derechos humanos, ejemplo de ello son losdenominados “falsos positivos”, ejecutados por miembros de la fuerza pública. Quizás la fuente más persistente de criminalidad del Estado en esta fase está muy ligada a su estrategia económica de permitir a las transnacionales el saqueo de los recursos naturales, de manera que genera en su accionar una destrucción generalizada del medio ambiente y de territorios ancestrales de comunidades étnicas y campesinas, todo lo cual requiere, por su misma dinámica, la presencia intensiva de estructuras paramilitares junto con estrategias decisivas de connivencia de la fuerza pública y demás autoridades.
Es a partir de 1964 cuando surgen las principales organizaciones guerrilleras que seguimos actuando en Colombia, las FARC EP y el ELN.
[6] En la medida en que todas las víctimas puedan ser efectivamente reparadas atendiendo al tiempo transcurrido desde el inicio del conflicto y a las dificultades de identificación de todas a ellas.
[7] Normas 1, 2, 5 y 6 de la “Lista de las normas consuetudinarias del derecho internacional humanitario” de la Cruz Roja. International review of the Red Cross, Volúmen 87 número 857, marzo de 2006
[8] “Principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del DIH a interponer recursos y obtener reparaciones”. Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005.
[9] Salvo en el caso de la masacre de Trujillo, respecto al cual el Presidente Ernesto Samper efectuó una declaración de reconocimiento de responsabilidad del estado para evitar la presentación de una demanda ante la Corte Interamericana, todos los pedidos de perdón efectuados por parte del estado han sido exclusivamente en cumplimiento de una obligación establecida en sentencia judicial.
[10] Delegación de Paz de las FARC EP. Comunicado “Nuestro compromiso con las víctimas del conflicto y sus derechos”. La Habana, agosto 13 de 2014. Leer comunicado
[11] “Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad.”
[12] “Art 35. Principio de insurrección: cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo, y para cada porción del pueblo, el mas sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes.”
[13] “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”
[14] “Normas de comportamiento con las masas” Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Estatutos FARC: Arts 6 , 7. Reglamento FARC: Arts 1 y 3.
[15] “ Informe preliminar Foro Nacional de Víctimas, Cali, Agosto 3,4,5, de 2014. viii) Propuestas sobre garantías de no repetición”. Naciones Unidas. Universidad Nacional de Colombia.
[16] Resolución 1325/2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre representación y participación de las mujeres en los procesos de paz.
[17] “Informe del Relator Especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff”. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Documento A/HRC/21/46
[19] Doc. ONU E/CN.4/2005/102/Add.1
[20] La “justicia distributiva” para Aristóteles, tiene que ver con lo que es justo o correcto con respecto a la asignación de bienes en una sociedad
[21] El actual marco legislativo de la Ley 1448 de 2011 determina que si no hay acuerdo entre poseedores actuales de tierras y los reivindicantes, se acude a instancia judicial, jueces de tierras, en la jurisdicción civil. A fecha de hoy se han emitido aproximadamente 700 sentencias, equivale a una restitución efectiva de 25.000 has. Existen innumerables solicitudes pendientes de resolución ante la Unidad de tierras. Se vienen aplicando los denominados criterios de “focalización”: se inician las restituciones en las zonas que considera el estado que reúnen condiciones para hacerlo. En la práctica esto ha provocado una violencia muy intensa contra los líderes de la restitución, habiendo sido asesinados a fecha de hoy más de 70 de estos líderes. La actual política de reparaciones del estado no solo tiene incoherencias internas sino que está afectando negativamente a otras políticas del estado. Por ejemplo, la entrega de 200.000 ha de baldíos a grandes empresas, o las posibles tensiones que aparecerán entre pobres no victimizados y víctimas de despojos de tierras que hayan sido reparadas. En todo caso, la demora en la reparación de víctimas provoca situaciones de exclusión social a estas.
[22] Distintos autores, entre ellos Alejandro Reyes y otros, expresan que la tarea de protección a personas amenazadas es una forma de asignar un rol más democrático a las FF.AA., a través de una tarea precisa, frente a poderes que localmente las han orientado “eventualmente” contra víctimas.
[23] “Declaración de Oslo sobre el Derecho a la Paz” de la UNESCO (1997)
[24] Delegación de paz de las FARC-EP, Comunicado, agosto 13 de 2014.
[25] Artículo 25: "(…) toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios..”
[26] Artículo 8 de la “Declaración sobre el derecho al Desarrollo”, AG de las NNUU, 1986.
Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial: “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre.” (Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996)
[27] Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Art 11.
[28] “Declaración y Programa de Acción de Viena de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos” 25 de junio de 1993.
URL corto: http://goo.gl/GuDOvC
Hacia una Nueva Colombia sin víctimas FARC-EP.pdf

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Artículo 25
 Artículo 8
 resolución