Source: https://registrocivildetodos.blogspot.com.es/2016_09_01_archive.html
Timestamp: 2018-05-28 01:28:47+00:00

Document:
No a la privatización del Registro Civil: septiembre 2016
Carta de la Plataforma por un Registro Civil Público y Gratuito, dirigida a los medios de comunicación
Correo electrónico: registrocivilpublico@gmail.com
Twitter: Plat.R.C. Público @RegistroCivil17
https://www.facebook.com/Plataforma-por-un-Registro-Civil-P%C3%BAblico-y-Gratuito-252651371797766/?fref=ts
¡EL REGISTRO CIVIL NO SE VENDE, SE DEFIENDE!
Esta Plataforma está formada por funcionarios de toda España, cansados de que se utilice la Administración de Justicia en general y al Registro Civil en particular, como mero peón para intereses espúreos.
Aún cuando se pueda suponer que la privatización del Registro Civil se ha dejado sin efecto o, al menos, está paralizada; nada más lejos de la realidad. Ya que subrepticiamente, el Gobierno está dando los pasos, poco a poco y de manera silenciosa, para privatizar el Registro Civil. Pero ese ansía de hacerlo, no quedará ahí. Ya lo estais viendo.
Desde la PLATAFORMA POR UN REGISTRO CIVIL PÚBLICO Y GRATUITO, pretendemos revertir dicha intención, a costa de nuestro esfuerzo y lucha, pero en este camino, no podemos estar solos, si no que con la unión de todos SÍ podremos conseguir que siga perteneciendo a la Administración de Justicia. Si no lo paramos, seguirán privatizando la Administración, desmembrándola, dándosela al mejor postor.
No solo luchamos contra dicha privatización en bloque, también para que tampoco se haga a trozos y que, con ello, nos perjudiquemos tanto los ciudadanos como nosotros, los funcionarios.
Desde esta Plataforma, hemos estado haciendo cosas:
- Mociones en Ayuntamientos.
- Carta a los diputados, poniendo en su conocimiento dicha situación.
- Artículos a los medios de comunicación.
- Movilizaciones de funcionarios.
- Uso intensivo de las nuevas tecnologías para poner en conocimiento público, de los ciudadanos, lo que se pretende y lo que le va a costar a la sociedad.
No es hora de lamentaciones, ni de pasividad, ignorancia o verborrea. Porque no basta, porque no sirve. Porque si les dejamos, la Administración de Justicia dejará de ser tal y como la conocemos. Por querer hasta privatizar las funciones y responsabilidades funcionariales, de la estructura judicial. Todo ello puede parecer una entelequia, una utopia, pero están en ello.
Por eso necesitamos de la concienciación, compromiso y lucha de todos y cada uno, no solo de los funcionarios si no también de los ciudadanos, de todos y cada uno de nosotros. Porque entre todos, podremos conseguirlo. No será un camino de rosas. Pero tampoco lo es nuestro trabajo, al que le dedicamos una buena parte de nuestras jornadas laborales, de nuestras vidas.
Si queremos un trabajo profesional, un sueldo digno, unas funciones y responsabilidades adecuadas, no podemos hacer dejación de nuestra responsabilidad por luchar por ello. Estos no se nos han concedido por “el Espíritu Santo hecho paloma que bajó del cielo”. Si no por que otros compañeros, antes que nosotros, lucharon y consiguieron. ¿Vamos a ser nosotros quienes dejemos a nuestros hijos las migajas?
La Administración de Justicia es de todos, no es un cortijo particular. La Administración de Justicia ha de ser seguir siendo un Servicio Público por el propio concepto de su creación y existencia; no puede quedarse en manos para intereses particulares ajenos a los intereses de la sociedad, para que se aprovechen unos pocos (y es esto último, lo que se pretende).
Dentro de la Administración de Justicia, está la solución (no fuera de ella); se puede organizar, estructurar y gestionar desde lo Público, sin que suponga mayor coste económico (incluso sería menor dicha cuantía), si efectivamente nos dejasen a los profesionales de la Administración, llevarlo a cabo.
Pero hay intereses espúreos, ajenos, a los intereses, no ya respecto a los funcionarios, si no respecto a los ciudadanos. La Administración de Justicia, no es de unos pocos, es de TODOS, por esto y por ser un Servicio Público, debe seguir siéndolo y defenderlo.
¡LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA NO SE VENDE, SE DEFIENDE!”
CCOO eleva al Ministerio de Justicia por no regular la presentación telemática de las solicitudes de nacionalidades a través de los Registros Civiles y sí a través de operadores privados
Tras la publicación en la página web del MInisterio de Justicia de una noticia sobre la suscripción con el Consejo General de Procuradores de España de un convenio para la presentación telemática de las solicitudes de adquisición de nacionalidad española por residencia, CCOO ha remitido el adjunto correo a la Secretaria de Estado de Justicia, con la que las organizaciones sindicales más representativas mantuvieron una reunión el pasado lunes y en la que, por su parte, se hizo un panegírico en defensa de la necesaria dotación de medios en la Administración de Justicia en una apuesta, según ella, por el Servicio Público. El correo remitido es el siguiente:
A la atención del Secretaria de Estado de Justicia
En la reunión que mantuvimos con Vd. el pasado lunes, 19 de septiembre, entre los temas que le planteamos está nuestra apuesta contra cualquier medida que privatice la Administración de Justicia. Incidimos especialmente en nuestra defensa de un Registro Civil servido por personal de la Administración de Justicia, como hasta el momento ha sido y durante decenas de años, y con los Letrados como encargados.
También aludimos a otras privatizaciones, que ustedes entienden como libre elección de la ciudadanía entre lo público y lo privado.
Ayer, hemos conocido por la web del Ministerio de Justicia la firma de la subsecretaria de Justicia con el Consejo de Procuradores de un convenio para "la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia en representación de los ciudadanos que así lo decidan", medida a la que ya hicimos referencia en la reunión del lunes como ejemplo del recelo y la desconfianza que supone para nosotros sus palabras de apuesta por lo público mientras lo hechos muestran lo contrario.
Sería necesario que se nos expliquen desde el Ministerio de Justicia los motivos que existen por los que desde los Registros Civiles no es posible la presentación de forma electrónica y gratuita de las solicitudes de nacionalidad por residencia y sí se potencie desde el Ministerio de Justicia la privatización de estos servicios, porque como reconoce la misma nota del Ministerio de Justicia: " el ciudadano puede optar entre la presentación en papel en los Registros Civiles y oficinas de la Administración General del Estado o la solicitud en la sede electrónica del Ministerio de Justicia, bien por el propio interesado o a través de un representante legal o voluntario."
Es decir, el Ministerio de Justicia permite la opción de presentar en papel en los Registros Civiles al mismo tiempo que propicia la presentación telemática mediante pago a través de profesionales con ánimo de lucro.
¿Es esto lo que entiende el Ministerio de Justicia sobre que no se privatizan servicios públicos sino que solo se da opción al ciudadano a elegir entre lo privado -de pago- y lo público -sin coste adicional para el ciudadano-?
CCOO saca la misma conclusión que le trasladamos el lunes en la reunión: que el Ministerio de Justicia sigue desmantelando el servicio público, despojándolo de competencias y medios, mientras va dotando de más y más medios a las entidades privadas.
No podemos ocultarle que nos ha vuelto a crear más y más desconfianza en que su voluntad de no privatizar el Registro Civil sea sincera.
Salimos de la reunión con Vd. con la sensación de que había habido pocos avances, --- y volvemos a pensar que nuevamente el Ministerio de Justicia mantiene su apuesta por enterrar poco a poco el servicio público de la Administración de Justicia.
Entienda que, de esa forma, es difícil que podamos estar de acuerdo.
CCOO, 21.09.2016
Catalá quiere que los Procuradores también puedan presentar telemáticamente las solicitudes de nacionalidad mientras sigue sin regular la presentación telemática a través de los propios Registros Civiles
El Ministro de Justicia en funciones Rafael Catalá mantuvo ayer una reunión con el Presidente del Consejo General de Procuradores de España, con quien trató varios puntos de interés para este colectivo profesional, entre ellos, la posible colaboración entre ambas partes en cuanto a las funciones de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), así como la cooperación en materia de tramitaciones de nacionalidad por residencia que se va a concretar en la firma de un convenio entre el Consejo y la Dirección General de los Registros y del Notariado, similar al ya firmado con el Colegio de Gestores Administrativos.
Mientras tanto, el Ministro de Justicia se obceca en incumplir y no desarrollar lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1004/2015, que establece que la remisión de documentos desde los Registros Civiles a la Dirección General de los Registros y del Notariado se llevará a cabo, siempre que sea posible, de modo telemático, previa digitalización de los documentos, en las condiciones que determine la referida Dirección General.
Transcurrido cerca de un año desde la entrada en vigor del nuevo Procedimiento para la obtención de la nacionalidad española por residencia el Ministerio de Justicia, a través de su Dirección General de los Registros y del Notariado, no ha establecido las condiciones que permitan a los Registros Civiles la digitalización de las solicitudes y documentos y su remisión a la Dirección General de Registros y del Notariado, para su instrucción. Sin embargo, sí que ha tenido tiempo para desarrollar cómo se podrá presentar la nacionalidad española a través de profesionales (ya los Gestores Administrativos, ahora los Procuradores) que, como es lógico, cobrarán por sus servicios. Además, teniendo en cuenta que la presentación telemática, debidamente indexada y metadatada, de las solicitudes de nacionalidades facilitará la resolución de los expedientes, si el Ministerio de Justicia no desarrolla previamente la posibilidad de remisión telemática de dichas solicitudes desde los Registros Civiles, está abriendo dos vías: una, la de pago, que será la rápida, a través de los profesionales cuyos Colegios suscriban el Convenio; y otra, la gratuita pero lenta, que será la que se realice a través de los Registros Civiles. Y ello es contrario al principio de igualdad que debe regir en la relación de la Administración con sus administrados, pues se estaría privilegiando a unos frente a otros en función de si pagan o no los servicios de unos profesionales ajenos a dicha Administración.
De esta forma, una vez más, se perjudica un servicio público en beneficio de unos operadores privados: la vía del servicio público que se presta desde los Registros civiles vendría lastrada por la falta de digitalización de los expedientes, lo que supondría el retraso en su resolución frente a los presentados telemáticamente y previo pago a través de profesionales.
El sindicato CCOO elevó al respecto en el mes de julio una queja a la Oficina del Defensor del Pueblo, la cual está pendiente de tramitación. Pero al Ministro en funciones le da igual, está plenamente operativo para favorecer los intereses privados y perjudicar los servicios públicos.
Resolución de la DGRN admitiendo el nombre de Lobo: el problema no está en el fondo, sino en las formas
Adjuntamos por su interés enlace a la resolución de la DGRN de 22 de agosto de 2016 por el que se estima el recurso interpuesto por unos padres y se acepta como nombre propio de su hijo el de "Lobo".
Compartiendo su interpretación sobre las normas y limitaciones sobre imposición y rechazo de nombres propios que se contienen en los fundamentos IV a VI de la resolución, sin embargo resulta algo artificiosa la fundamentación recogida en el apartado VII, pues para refutar la argumentación del Juez Encargado del Registro Civil que denegó la imposición de dicho nombre (consideró Lobo como un apellido, lo que podría inducir a confusión, tal y como había resuelto la propia DGRN en el año 2005) el Director General de Registros y el Notariado dice que "acomoda su doctrina a la realidad social actual", ..." admitiéndolo como nombre precisamente porque no es un apellido específico y la realidad social venía aceptándolo también como nombre propio". Debe ser que el Director de la DGRN vive una realidad social distinta de la del resto de los españoles, pues no teníamos constancia de que la sociedad española venía aceptando "Lobo" como nombre propio, a diferencia de "Vega" o "León" a los que equipara en su recurso, que claramente sí que se vienen utilizando desde hace tiempo como nombres propios. Hubiera bastado, Sr. Director General, con afirmar que "Lobo" no constituye de forma específica un apellido.
Pero más allá de compartir o no la resolución del recurso, el daño ya está hecho. Y es que como dijimos en otro post el problema no está en si se acepta o no dicho nombre propio, o si han cambiado los usos sociales, sino en que tras la polémica surgida porque un Juez Encargado de Registro Civil haya denegado la imposición de este nombre propio a un recién nacido, remitiéndose a la doctrina elaborada por la DGRN, y el Ministerio Fiscal le haya apoyado en la denegación de la imposición de dicho nombre, el Sr. Director General de Registros y del Notariado saliera a los medios de comunicación para afirmar que en vía de recurso aceptará dicho nombre. De esta forma el Director de la DGRN puso en la picota de forma pública la autonomía e independencia en el ejercicio de la función registral, lo que a nuestro juicio le inhabilita para el ejercicio del cargo que ostenta.
Los nuevos expedientes de nacionalidad: los buenos momentos duran poco, o la esencia en frasco pequeño.
La pequeña victoria que “parece” logramos los trabajadores y las ciudadanas al paralizar la privatización del registro civil, cuando el Ministro de Justicia derogó en abril de este año el proyecto de ley que acordaba entregar la encomienda de su gestión a los registradores de la propiedad (por cierto declarado inconstitucional recientemente), pudiera parecer una cortina de humo diseñada por el mismo para continuar con sus planes.
Efectivamente, y como “buen profesional de la política”, lo que el pueblo diga, y si el pueblo quiere su registro civil, no lo privatizo, actúo con discreción y externalizo sus funciones para conseguir el mismo objetivo.
La Ley 19/2015 de 13 de julio 2015 de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, contiene una disposición final séptima en la cual se determina que el procedimiento para la obtención de la nacionalidad española tendrá carácter electrónico, y su instrucción corresponderá a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Remite a un Real Decreto, por el que se aprueba el reglamento que regulará la tramitación de ese expediente. Las novedades principales son: para acreditar el grado de integración en la sociedad española se requiere la superación de dos pruebas que diseña el Instituto Cervantes (conocimiento básico de la lengua española y de la constitución española y de la realidad social y cultural españolas previo pago de 85 euros por la primera y 124 euros por la segunda); el procedimiento está sujeto al pago de una tasa de 100 euros.
A simple vista, para evidente que el Ministerio de Justicia trata de facilitar al ciudadano extranjero su camino hacia la obtención de la nacionalidad española, derecho legalmente reconocido, y al que muchas veces se ve advocado, por la incertidumbre que le genera las dificultades cada vez mayores para obtener o renovar su permiso de residencia.
Sin embargo, un examen más detallado de la nueva regulación permite extraer algunas ideas:
Carta de la Plataforma por un Registro Civil Públi...
CCOO eleva al Ministerio de Justicia por no regula...
Catalá quiere que los Procuradores también puedan ...
Resolución de la DGRN admitiendo el nombre de Lobo...
Los nuevos expedientes de nacionalidad: los buenos...

References: Real Decreto 
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Resolución 
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