Source: http://www.constitution.org/cons/colombia.htm
Timestamp: 2016-12-09 19:19:00+00:00

Document:
DE COLOMBIA, 1991
En ejercicio de su poder soberano, representado por sus
delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la
protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la
Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el
trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad
y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un orden político, económico y
social justo, y comprometido a impulsar la integración de la
comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la
Art. 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado
en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía
de sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en
Art. 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, matener la integridad territorial y
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
Las autoridades de la República están instituídas
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en
su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
Art. 3. La sobaranía reside exclusivamente en el pueblo, del
cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma
directa o por medio de sus representantes, en los términos que
la Constitución establece.
Art. 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
Es deber de los nacionales y de los extranjeros en
Colombia acatar la Constitución y la leyes, y respetar y
obedecer a las autoridades.
Art. 5. El estado reconoce, sin discriminación alguna, la
primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a
la familia como institución básica de la sociedad.
Art. 6. Los particulares sólo son responsables ante las
autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los
servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Art. 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y
cultural de la Nación colombiana.
Art. 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger
las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Art. 9. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan
en la soberanía nacional, en el respeto de la autodeterminación
de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del
derecho interncional aceptados en Colombia.
De igual manera, la política exterior de Colombia se
orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe.
Art. 10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las
lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales
en sus territorios. La enseñanza que se imparta en la
comunidades con tradiciones linguisticas propias será bilingue.
Art. 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de
Art. 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a
torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Art. 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la
ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y
gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efeciva y adoptará medidas en favor de
grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas
que por su condición económica, física o mental, se
en ciurcunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos o malostratos que contra ellas se cometan.
Art. 14. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su
Art. 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad
personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe
respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo tiene derecho a
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan
recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de
En la recolección, tratammiento y circulación de
datos se respetarán la libertad y demás garantías
consagradas en la Constitución.
La correspondencia y demás formas de comunicación
privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o
registradas mediante orden judicial, en los casos y con las
Para efectos tributarios o judiciales y para los
casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado
podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás
Art. 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo
de sy personalidad sin más limitaciones que las que imponen los
derechos de los demás y el orden jurídico.
Art. 17. Se prohibe la esclavitud, la servidumbre y la trata
de seres humanos en todas sus formas.
Art. 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será
molestado por razón de sus convicciones o creencias ni
compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su
Art. 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona
tiene derecho a profesar líbremente su religión y a difundirla
Todas las confesiones religiosas e iglesias son
igualmente libres ante la ley.
Art. 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar
su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir
información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se
garantiza el derecho de rectificación en condiciones de
equidad. No habrá censura.
Art. 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará
la forma de su protección.
Art. 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio
yArt. 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales.
Art. 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca
la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio
nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y
Art. 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y
goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas.
Art. 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio.
La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades
competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las
profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan
formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que
impliquen un riesgo social.
Las profesiones legalmente reconocidas pueden
organizarse en colegios. La estructura interna y funcionamiento
de éstos deberán ser democráticos.
La ley podrá asignarles funciones públicas y
establecer los debidos controles.
Art. 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza,
aprendizaje, investigación y cátedra.
Art. 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en
su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni
detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de
mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las
formalidades legales y por motivo previamente difinido en la
La persona detenida preventivamente será puesta a
disposición del juez competente dentro de las treinta y seis
horas siguientes, para que éste adopte la decisión
correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún
caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas,
ni penas y medidas de seguridad imprescirptibles.
Art. 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de
Nadie puede ser juzagado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada jucio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aún
cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la
restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la
haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado
tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado
escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el
juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se
alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y
a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con
Art. 30. Quien estuviere privado de su libertad, y creyere
estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier
autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta
persona, el Habeas Corpus, el cual debe resolverse en el
término de trinta y seis horas.
Art. 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o
consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.
El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando
el condenado sea apelante único.
Art. 32. El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser
aprehendido y llevado al juez por cualquier persona. Si los
agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugiare en su
propio domicilio, podrán penetrar en él, para el acto de
aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder
requerimiento al morador.
Art. 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o
contra su conyuge, compañero permanente o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero
Art. 34. Se prohiben las penas de destierro, prisión perpetua
y confiscación.
No obstante, por sentencia judicial se declarará
extinguido el dominio sobre bienes adquiridos en perjucio del
tesoro público o con grave deterioro de la moral social.
Art. 35. Se prohibe la extradición de colombianos por
No se concederá la extradición de extranjeros por
delitos políticos o de opinión.
Los colombianos que hayan cometido delitos en el
exterior, considerados como tales en la legislación nacional,
serán procesados y juzgados en Colombia.
Art. 36. Se reconoce el derecho de asilo en los términos
Art. 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse
pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá
establecer de manera
expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio
Art. 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el
desarrollo de las distintas actividades que las personas
realizan en sociedad.
Art. 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a
constituír sindicatos o asociaciones, sin intervención del
Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple
inscripción del acta de constitución.
La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetará al
orden legal y a los principios democráticos.
La cancelación o supresión de la personalidad
jurídica sólo procede por vía judicial.
Se reconoce a los representantes sindicales el fuero
y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su
No gozan del derecho de asociación sindical los
Art. 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político. Para
hacer efectivo este derecho puede:
Tomar parte en elecciones, plebicitos, referendos y consultas populares y otras formas de participación
Constituír partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna: formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales
ha de aplicarse.
Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva
participación de la mujer en los niveles decisorios de la
Art. 41. En todas las instituciones de educación, oficiales o
privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la
instrucción Cívica. Así mismo, se fomentarán
democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de
la participación ciudadana. El Estado divulgará la
Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la
decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio
o por la voluntad responsable de conformarla.
El Estado y la sociedad garantizan la protección
integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimminio
familiar inalienalbe e inembargable. La honra, la dignidad y la
intimidad de la familia son inviolables.
Las relaciones familiares se basan en la igualdad de
derechos y deberes de la pareja y en respeto recíproco entre
Cualquier forma de violencia en la familia se
considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada
Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él,
adoptados o procreados naturalemente o con asistencia
científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley
La pareja tiene derecho a decidir libre y
responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y
educarlos mientras sean menores o impedidos.
Las formas del matrimonio, la edad y la capacidad
para contraerlo, los deberes y derechos de los conyuges, su
separación y la disolución del vínculo, se rigen por la
Los matrimonios religiiosos tendrán efectos civiles
en los términos que estalbezca la ley.
Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por
divorcio con arreglo a la ley civil.
También tendrán efectos civiles las sentencias de
nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las
autoridades de la respectiva religión, en los términos que
La ley determinará lo relativo al estado civil de las
personas y los consiguientes derechos y deberes.
Art. 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y
oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase
de discriminación. Durante el embarzo y después del parto
gozará de especial asistencia y protección del Estado, y
recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere
desemplada o desamparada.
El Estado apoyará de manera especial a la mujer
Art. 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la
integridad física, la salud y la seguridad social, la
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una
familia y no ser separados de ella, el ciudado y el amor, la
educación y la cultura, la recreacción y la libre expesión
su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono,
violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual,
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.
también de los demás derechos consagrados en la
Constitiución,
en las leyes y en los trados internacionales ratificados por
La familia, la sociedad y el Estado tienen la
obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su
derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad
competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.
Los derechos de los niños prevalecen sobre los
Art. 45. El adolecente tiene derecho a la protección y a la
El Estado y la sociedad garantizan la participación
activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que
tengan a cargo la protección, educación y progreso de la
Art. 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para
la protección y la asistencia de las personas de la tecera edad
y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.
El Estado les garantizará los servicios de la
Seguridad Social integral y el subsidio alimentario en caso de
Art. 47. El Estado adelantará una política de
rehabilitación e integración social para los disminuidos
físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará
atención especializada que requieran.
Art. 48. La Seguridad Social es un servicio público de
carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios
de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
El Estado, con la participación de los particulares,
ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social
que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades
públicas o privadas de conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las
instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a
La ley definirá los medios para que los recursos
destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo
Art. 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental
son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas
las personas el acceso a los servicios de promoción, protección
y recuperación de la salud.
Corresponde al Estado organizar, dirigir y
reglamentar la prestación de servicios de salud a los
habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios
de eficiencia, universalidad y solidaridad. También establecer
las políticas para la prestación de servicios de salud por
entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así
mismo establecer las competencias de la Nación, las entidades
territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su
cargo en los términos y condiciones señaldos en la ley.
Los servicios de salud se organizarán en forma
descentralizada, por niveles de atención y con participación de
gratuíta y obligatoria.
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado
integral de su salud y la de su comunidad.
Art. 50. Todo niño menor de un año que no esté cubierto
algún tipo de protección o de seguridad social, tendrá
a recibir atención gratuíta en todas las instituciones de salud
que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la materia.
Art. 51. Todos los colombianos tienen derecho a una vivienda
digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer
efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés
social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y
formas asociativas de ejecución de estos programas.
Art. 52. Se reconoce el derecho de todas las personas a la
recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del
El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará
las organizaciones deportivas, cuya estructura y propiedad
deberán ser democráticas.
Art. 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley
correspondiente tomará en cuenta por lo menos los siguientes
principios mínimos fundamentales: igualdad de oportunidades
para los trabajadores; remuneración mínima vital y movil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en
el empleo; irrenciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de
la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de
las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la
capacitación, el adistramiento y el descanso necesario;
El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al
reajuste periódico de las pensiones legales.
ratificados hacen parte de la legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de
trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana
ni los derechos de los trabajadores.
Art. 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer
formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo
requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las
personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el
derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.
Art. 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para
regular las relaciones laborales, con las excepciones que
Es deber del Estado promover la concertación y los
demás medios para la solución pacífica de los conflictos
Art. 56. Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los
servicios públicos esenciales definidos por el legislador. La
ley reglamentará este derecho.
Una comisión permanente integrada por el Gobierno,
por representantes de los empleadores y de los trabajadores,
fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá a la
solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará
las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su
Art. 57. La ley podrá establecer los estímulos y los medios
para que los trabajadores participen en la gestión de las
Art. 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales
no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.
Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de
utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los
derechos de los particulares con la necesidad por ellos
reconocida, el interés prievado deberá ceder al interés
La propiedad es una función social que implica
obligaciones. Como tal, les es inherente una función ecológica.
El Estado protegerá y promoverá las formas
asociativas y solidarias de propiedad.
Por motivos de utilidad pública o de interés social
definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará
consultado los intereses de la comunidad y del afectado. En los
casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción
contenciosa administrativa, incluso respecto del precio.
Con todo, el legislador, por razones de equidad,
podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de
indemnización, amediante el voto favorable de la mayoría
absoluta de los miembros de una y otra Cámara.
Las razones de equidad, así como los motivos de
utilidad pública o de interés social, invocados por el
legislador, no serán controvertibles judicialmente.
Art. 59. En caso de guerra y sólo para atender a sus
requerimientos, la necesidad de una expropiación podrá ser
decretada por el Gobierno Nacional sin previa indemnización.
En el expresado caso, la propiedad inmueble sólo
podrá ser temporalmente ocupada, para atender a las necesidades
de la guerra, o para destinar a ella sus productos.
El Estado será siempre responsable por las
expropiaciones que el Gobierno haga por sí o por medio de sus
Art. 60. El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso
Cuando el Estado enajene su participación en una
empresa, tomará las medidas conducentes a democratizar la
titularidad de las acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, a
las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones
especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley
reglamenará la materia.
Art. 61. El Estado protegerá la propiedad intelectural por el
tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.
Art. 62. El destino de las donaciones intervivos o
testamentarias, hechas conforme a la ley para fines de interés
social, no podrá ser variado ni modificado por el legislador, a
menos que el objeto de la donación desaparezca. En este caso,
la ley signará el patrimonio respectivo a un fin similar.
El Gobierno fiscalizará el manejo y la inversión de
tales donaciones.
Art. 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las
tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo,
el patrimonio arqueológico de la Nación y demás bienes
que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e
Art. 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a
la propiedad de la tierra de los trabajdores agrarios, en forma
individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud,
vivienda, seguridad social, recreación, crédito,
comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia
técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y
calidad de vida de los campesinos.
Art. 65. La producción de alimentos gozará de la especial
protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad
al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias,
pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la
construcción de obras de infraestructura física y
De igual manera, el Estado promoverá la investigación
y la transferencia de tecnología para la producción de
alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el
propósito de incrementar la productividad.
Art. 66. Las disposciones que se dicten en materia crediticia
podrán reglamentar las condiciones especiales del crédito
agropecuario, teniendo en cuenta los ciclos de las cosechas y
de los precios, como también los riesgos inherentes a la
actividad y las calamidades ambientales.
Art. 67. La educación es un derecho de la persona y un
servicio público que tiene función social: con ella se busca el
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los
La educación formará al colombiano en el respeto a
los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y la práctica
del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural,
cientifico, tecnológico y para la protección del ambiente.
El Estado, la sociedad y la familia son responsables
de la educación, que será obligatgoria entre los cinco y los
quice años de edad y que comprenderá como mínimo, un
año de preescolar y nueve de educación básica.
La eduacación será gratuíta en las instituciones
del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a
quienes puedan sufrgarlos.
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema
inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por
su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor
formación moral, intelectual y física de los educandos;
garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a
los menores las condiciones necesarias para su acceso y
La Nación y las entidades territoriales participarán
en la dirección, financiamiento y administración de los
servicios educativos estatales, en los términos que señalen la
Art. 68. El Estado garantiza las libertades de enseñanza,
Los particulares podrán fundar establecimientos
educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación
La comunidad educativa participará en la dirección de
las instituciones de educación.
La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida
idoneidad ética y pedagógica. La ley garantiza la
profesionalización ya dignificación de la actividad docente.
Los padres de familia tendrán derecho de escoger el
tipo de educación para sus hijos menores. En los
establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada
a recibir educación religiosa.
Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho
a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural.
La erradicación del analfabetismo y la educación de
personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades
excepcionales, son obligaciones especiales del Estado.
Art. 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las
universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus
propios estatutos, de acuerdo con la ley.
La ley establecerá un régimen especial para las
El Estado fortalecerá la investigación cientifica en
las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las
condiciones especiales para su desarrollo.
El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan
posible el acceso de todas las personas aptas a la educación
Art. 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el
acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de
oportunidades, por medio de la educación permanente y la
enseñanza cientifica, técnica, artistica y profesional en todas
las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.
La cultura en sus diversas manifestaciones es
fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y
dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado
promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la
difusión de los valores culturales de la Nación.
Art. 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artistica
son libres. Los planes de desarrollo económico y social
incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la
cultura. El Estado creará incentivos para personas e
instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la
tecnología y las demás manifestaciones culturales y
estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan
Art. 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la
protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros
bienes culturales que conforman la identidad nacional,
pertenecen a la Nación y son inalienables, inembaragables e
imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para
readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y
reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los
grupos étnicos asentados en territorios de riqueza
Art. 73. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y
difundir su pensamiento y opiniones, de informar y recibir
información veraz e imparcial. Entre estas libertades está la
de fundar medios masivos de comunicación.
Los medios masivos de comunicación son libres y
tienen una responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la
Art. 74. La actividad periodistica gozará de protección para
garantizar su libertad e independencia profesional.
Todas las personas tienen derecho a acceder a los
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.
Art. 75. El espectro electromagnetico es un bien público
inalienable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del
Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso
a su uso en los términos que fije la ley.
Para garantizar el pluralismo informativo y la
competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para
evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro
electromagnetico.
Art. 76. La intervención del Estado en el espectro
electromagnetico utilizado para los servicios de televisión,
estará a cargo de un organismo de derecho público con
personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial
y técnica, sujeto a un régimen legal propio.
Dicho organismo desarrollará y ejecutará los planes y
programas del Estado el servicio a que hace referencia el
Art. 77. La dirección de la política que en materia de
televisión determine la ley, sin menoscabo de las libertades
consagradas en esta Constitución, estará a cargo del organismo
La televisión será regulada por una entidad
autónoma de orden nacional, sujeta a un régimen legal propio. La
dirección y ejecución de las funciones de la entidad
estarán a cargo de una junta directiva la cual nombrará el director. Los
miembros de la junta directiva tendrán período fijo. El
gobierno nacional designará dos de ellos. Otro será escogido
por los canales regionales de televisión. La ley dispondrá lo
relativo al nombramiento de los demás miembros.
Una ley regulará la organización y funcionamiento de
Art. 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y
servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la
información que debe suministrarse al público en su
Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en
la producción y en la comercialización de bienes y servicios,
atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado
aprovisionamiento a consumidores y usuarios.
El Estado garantizará la participación de las
organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las
disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho
las organizaciones deben ser representativas y observar
Art. 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
El deber de Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de
Art. 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Además deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los deños causados.
Así mismo, cooperará con otras naciones en la
protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas.
Art. 81. Queda prohibida la fabricación, importación,
posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como
la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y
desechos tóxicos.
El Estado regulará el ingreso al país y la salida de
él de los recursos genéticos, y su utilización, de acuerdo con el
Art. 82. Es deber de Estado velar por la protección de la
integridad de espacio público y por su destinación al uso
común, el cual prevalece sobre el interés particular.
Las entidades públicas participarán en la
plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la
utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés
Art. 83. Las actuaciones de los particulares y de las
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de
la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas.
Art. 84. Cuando un derecho o una actividad hayan sido
reglamentados de menera general, las autoridades públicas no
podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos
adicionales para su ejercicio.
Art. 85. Son de aplicación inmediata los derechos consagrados
en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 26, 17, 18, 19, 20, 21,
23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37 y 40.
Art. 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
actúe en su nombre, la protección inmedianta de sus derechos
resultaren vulnerados o amenazados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública.
La protección consistirá en una orden para que aquel
respecto de quien se solicita tutela, actúe o se abstenga de
hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá
impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo
remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Esta acción sólo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremeidable.
En nigún caso podrán transcurrir más de diez
días entre la solicitud de tutela y su resolución.
La ley establecerá los casos en los que la acción de
tutela procede contra particulares encargados de la prestación
de un servicio público o cuya conducta afectare grave y
directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefección.
Art. 87. Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia
ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber
Art. 88. La ley regulará las acciones populares para la
protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados
con el patrimonio, el espacio, la suguridad y salubridad
públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre
competencia económica y otros de similar naturaleza que se
definen en ella.
También regulará las acciones populares en los
ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de
las correspondientes acciones particulares.
Así mismo, definirá los casos de responsabilidad
civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses
Art. 89. Además de los consagrados en los artículos
anteriores, la ley establecerá los demás recursos, las
acciones, y los procedimientos necesarios para que puedan
propugnar por la integridad del orden jurídico, y por la
protección de sus derechos individuales, de grupo o colectivos,
frente a la acción u omisión de las autoridades
Art. 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o
la omisión de autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la
reparación patrimonial de uno de tales daños, que hayan sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un
agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.
Art. 91. En caso de infracción manifiesta de un precepto
constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato
superior no exime de resposabiliadad al agente que lo ejecuta.
Los militares en servicio quedan exceptuados de esta
disposición. Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá
únicamente en el superior que de la orden.
Art. 92. Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar
de la autoridad competente la aplicación de las sanciones
penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las
Art. 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados
por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que
prohiben su limitación en los estados de excepción, prevalecen
en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta
Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Art. 94. La enunciación de los derechos y garantías contenidos
en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes,
no debe entenderse como negación de otros que, siendo
inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en
Art. 95. El ejercicio de las libertades y derechos reconocidos
en esta Constitución implica responsabilidades.
NACIONALIDAD Art. 96. Son nacionales colombianos:
1) Por nacimiento:
b. Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extrnjera y luego se domiciliaren en la República.
2) Por adopción:
c. Los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciporcidad según tratados públicos.
Ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional colombiano no se
pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los nacionales por adopción no estarán obligados a renunciar a
su nacionalidad de origen o adpción. Quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán recobrarla con arreglo a la ley.
Art. 97. El colombiano, aunque haya renunciado a la calidad de
nacional, que actúe contra los intereses del país en guerra
exterior contra Colombiia, será juzgado y penado como traidor.
Los colombianos por adopción y los extranjeros
domiciliados en Colombia, no podrán ser obligados a tomar las
armas contra su país de origen; tampoco lo serán los
colombianos nacionalizados en país extranjero, contra el país
de su nueva nacionalidad.
DE LA CIUDADANIA Art. 98. La ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha
renunciado a la nacionalidad, y su ejercicio se puede suspender
en virtud de decisión judicial en los casos que determine la
Quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la
ciudadanía, podrán solicitar su rehabilitación.
Parágrafo. Mientras la ley no decida otra edad, la
ciudadanía se ejercerá a partir de los dieciocho años.
Art. 99. La calidad de ciudadano en ejercicio es condición
previa e indispensable para ejercer el derecho de sufragio,
para ser elegido y para desempeñar cargos públicos que lleven
anexa autoridad o jurisdicción.
Art. 100. Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos
derechos civiles que se conceden a los colombianos. No
obstante, la ley podrá, por razones de orden público,
subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de
determinados derechos civiles a los extranjeros.
Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio
de la República, de las garantías concedidas a los nacionales,
salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o la
Los derechos políticos se reservan a los nacionales,
pero la ley podrá conceder a los extranjeros residentes en
Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas
populares de carácter municipal o distrital.
Art. 101. Los límites de Colombia son los establecidos en los
tratados internacionales aprobados pore el Congreso,
debidamente ratificados por el Presidente de la República, y
los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la
Los límites señalados en la forma prevista por esta
Constitución, sólo podrán modificarse en virtud de
tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el
Presidiente de la República.
Forman parte de Colombia, además del territorio
continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa
Catalina y Malpelo, además de las islas, islotes, cayos, morros
y bancos que le pertenecen.
También son parte de Cololmbia, el subsuelo, el mar
territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la
zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la
órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el
espacio donde actúa, de conformidad con el Derecho
Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas
Art. 102. El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la Nación.
DE LA PARTICIPACION DEMOCRATICA Y DE LOS PARTIDOS POLITICOS
Art. 103. Son mecanismos de participación del pueblo en
ejercicio de su soberanía: el voto, el plebicito, el referendo,
la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa
legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los
reglamentará.
El Estado contribuirá a la organización, promosión y capacitación de las organzaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democcráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.
Art. 104. El Presidente de la República, con la firma de todos
los ministros y previo concepto favorable del Senado de la
República, podrá consultar al pueblo decisiones de
trascendencia nacional. La decisión del pueblo será
obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia
con otra elección.
Art. 105. Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades
que señale el estatuto general de la organización territorial y
en los casos que éste determine, los Gobernadores y Alcaldes,
según el caso, podrán realizar consultas populares para decidir
sobre asuntos de competencia del respectivo Departamento o
Art. 106. Previo el cumplimiento de los requisitos que la ley
señale y en los casos que ésta determine, los habitantes de las
entidades territoriales podrán presentar proyectos sobre
asuntos que son de competencia de la respectiva corporación
pública, la cual está obligada a tramitarlos.
Art. 107. Se garantiza a todos los nacionales el derecho a
fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos
políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.
Art. 108. El Consejo Nacional Electoral reconocerá personaría
jurídica a los partidos y movimientos políticos que se
organicen para participar en la vida democrática del país
cuando comprueben su existencia con no menos de cincuenta mil
firmas, o cuando en la elección anterior hayan obtenido por lo
menos la misma cifra de votos o hayan alcanzado representación
En ningún caso podrá la ley imponer normas de
organización interna los partidos y movimientos políticos, ni
exigir a ellos participar en las elecciones.
Los partidos y movimientos políticos com personería
jurídica podrán, sin rquisito alguno, inscribir candidatos.
Los movimientos sociales y grupos significativos de
ciudadanos también podrán inscribir candidatos.
La ley podrá establecer requisitos para garantizar la
seriedad de las inscripciones.
Art. 109. El Estado contribuirá a la financiación del
movimientos con personaría jurídica.
Los demás partidos, movimientos y grupos
significativos de ciudadanos que postulen candidatos, ser harán
acreedores a este beneficio siempre que obtengan el porcentaje
de votación que señale la ley.
La ley podrá limitar el monto de gastos que los
partidos, movimientos o candidatos puedan realizar en las
campañas electorales, así como la máxima cuantía de
las contribuciones individuales. Los partidos, movimientos y
candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el
volumen, origen y destino de sus ingresos.
Art. 110. Se prohibe a quienes desenpañan funciones públicas
hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o
candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las
excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de
cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del
cargo o de pérdida de la investidura.
Art. 111. Los partidos y movimientos políticos con personería
jurídica tienen derecho a utilizar los medios de comunicación
social del Estado en todo tiempo, conforme a la ley. Ella
establecerá así mismo los casos y la forma como los candidatos
debidamente inscritos tendrán acceso a dichos medios.
Art. 112. Los partidos y movimientos políticos que no
participan en el Gobierno podrán ejercer libremente ka función
crítica frente a éste y plantear y desarrollar alternativas
políticas. Para estos efectos, salvo las restricciones legales,
se garantizan los siguientes derechos: de acceso a la
información y a la documentación oficiales; de uso de los
medios de comunicación social del Estado de acuerdo con la
representación obtenida en las elecciones para Congreso
inmediatamente anteriores; de réplica en los medios de
comunicación del Estado frente a tergiversaciones graves y
evidentes o ataques públicos proferidos por altos funcionarios
oficiales, y de participación en los organismos electorales.
Los partidos y movimientos minoritarios tendrán
derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos
colegiados, según su representación en ellos.
Una ley estatutaria regulará la materia.
Art. 113. Son ramas del Poder Público, la legislativa, la
ejeutiva, y la judicial.
Además de los órganos que la integran existen otros,
autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás
funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen
funciones separadas pero colaboran armónicamente para la
realización de sus fines.
Art. 114. Corresponde al Congreso de la República reformar la
Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre
El Congreso de la República, estará integrado por el
Senado y la Cámara de Representantes.
Art. 115. El Presidente de la República es el Jefe del Estado,
Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa.
El Gobierno Nacional está formado por el Presidente
de la República, los ministros del despacho y los directores de
departamentos administrativos. El Presidente y el Ministro o
Director de Departamento correspondientes, en cada caso
Nigún acto del Presidente, excepto el nombramiento y
remoción de Ministros y Directores de Departamentos
Administrativos y aquellos expedidos en su calidad de Jefe del
Estado y de suprema autoridad administrativa, tendrá valor ni
fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el
Ministro del ramo respectivo o por el Director del Departamento
Administrativo correspondiente, quienes, por el mismo hecho, se
hace responsables.
Los gobernadores y las alcaldías, así como las
superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas
industriales o comerciales del Estado, forman parte de la Rama
Art. 116. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la
Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y
los Jueces, administran justicia. También lo hace la justicia
El Congreso ejercerá determinadas funciones
Excepcionalmente la ley podrá atribuír función
jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades
administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar
Los particulares pueden ser investidos
transitoriamente de la función de administrar justicia en la
condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por
las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los
términos que determine la ley.
Art. 117. El Ministerio Público y la Contraloría General de la
República son órganos de control.
Art. 118. El Ministerio Público será ejercido por el Procurador
General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los
procuradores delegados y los agentes del ministerio público,
ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros
municipales y por los demás funcionarios que determine la ley.
Al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los
derechos humanos, la protección del interés público y la
vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan
Art. 119. La Contraloría General de la República tiene a su
cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de
resultado de la administración.
Art. 120. La organización electoral está conformada por el
Consejo Nacional Electoral, por la Registraduría Nacional del
Estado Civil y por los demás organismos que establezca la ley.
Tiene a su cargo la organización de las elecciones, su
dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de
Art. 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones
distintas a las que le atribuye la Constitución y la ley.
Art. 122. No habrá empleo que no tenga funciones detalladas en
ley o raglamento.
Art. 123. Son servidores públicos los miembros de las
corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado
y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por
Los servidores públicos están al servicio del Estado
y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma
prescrita por la Constitución, la ley y el reglamento.
La ley determinará el régimen apliable a los
particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y
regulará su ejercicio.
Art. 124. La ley determinará la responsabilidad de los
servidores públicos y la manera de hacerla efectiva.
Art. 125. Los empleos de los órganos y entidades del Estado son
de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre
nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los
demás que determine la ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no
haya sido determinado por la Constitución, serán nombrados por
El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en
los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y
condiciones que fije la ley para determinar los méritos y
caliades de los aspitantes.
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria
en el desempeño del empleo; por violación del régimen
disciplinario y por las demás causales previstas en la
Constitución o la ley.
En ningún caso la filiación política de los
ciudadanos podrá determinar su mombramiento para un empleo de
carrera, su ascenso o remoción.
Art. 126. Los servidores públicos no podrán nombrar como
empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el
cuerto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero
civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión
permanente. Tampoco podrán designar a personas vinculadas por
los mismos lazos con servidores públicos competentes para
intervenir en su designación.
Se exceptúan de lo previsto en este artículo los
nombramientos que se hagan en aplicación de normas vigentes
sobre ingreso o ascenso por méritos.
Art. 127. Los servidores públicos no podrán celebrar, por
sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato
alguno con entidades públicas o con personas privadas que
manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones
Art. 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente
más de un cargo público ni recibir más de una asignación que
provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que
tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente
Entiéndese por Tesoro Público el de la Nación,
el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas.
Art. 129. Los servidores públicos no podrán aceptar cargos,
honores o recompensas de gobiernos extranjeros u organismos
internacionales, ni celebrar contratos con ellos, sin previa
Art. 130. Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil
responsable de la administración y vigilancia de las carreras
de los funcionarios públicos, excepción hecha de las que tengan
Art. 131. Compete a la ley la reglamentación del servicio
público que prestan los notarios y registradores, la definición
del régimen laboral para sus empleados y lo relativo a los
aportes como tributación especial de las notarías, con destino
a la administración de justicia. El nombramiento de los
notarios en propiedad se hará mediante concurso. Corresponde al
Gobierno la creación, supresión y fusión de los
círculos de notariado y registro y la determinación del número de
notarías y oficinas de registro.
Art. 132. Los senadores y los representantes serán elegidos
para un período de cuatro años, que se inicia el 20 de julio
siguiente a la elección.
Art. 133. Los miembros de los cuerpos colegiados de elección
directa representan al pueblo, y deberán actuar consultado la
justicia y el bien común.
.El elegido es responsable ante la sociedad y frente a
sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de
Art. 134. Las vacancias por faltas absolutas de los
congresistas serán suplidas por los candidatos no elegidos,
según el orden de inscripción en la lista correspondiente.
Art. 135. Son facultades de cada Cámara:
Solicitar al Gobierno los informes que necesite, salvo lo dispuesto en el numeral 2. del artículo siguiente.
Proveer empleos creados por la ley para el cumplimiento de sus funciones.
Citar y requerir a los Ministros para que concurran a las sesiones. Las citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor de cinco días y formularse en cuestionario escrito. En caso de que los Ministros no concurran, sin excusa aceptada por la respectiva Cámara, ésta podrá proponer moción de censura. Los Ministros deberán ser oídos en la sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continúe en s
esiones posteriores por decisión de la respectiva Cámara. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la sesión. Porponer moción de censura a los ministros por asuntos relacionados con funciones propias del cargo. La moción de censura, si hubiere lugar a ella, deberá proponerla por lo menos la décima para de los miembros que compo
nen la respectiva cámara. La votación se hará entre el tercero y décimo día siguientes a la terminación del debate, en Congreso pleno, con audiencia de los ministros respectivos. Su aprobación requerir&aacu
te; la mayoría absoluta de los integrantes de cada cámara. Una vez aprobada, el ministro quedará separado de su cargo. Su fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuev
Art. 136. Se prohibe al Congreso y a cada una de sus Cámaras:
Inmiscuírse por medio de resoluciones o de leyes, en asuntos de competencia privativa de otras autoridades.
Exigir al Gobierno información sobre instrucciones en materia diplomática o sobre negaciaciones de carácter reservado.
Dar votos de aplauso a los actos oficiales.
Decretar en favor de personas o entidades donociones, gratificaciones, auxilios, indemnizaciones, pensiones o derechos reconocidos con arreglo a la ley preexistente.
Decretar actos de proscripción o persecución contra personas natuales o jurídicas.
Autorizar viajes al exterior con dineros del erario, salvo en cumplimiento de misiones específicas, aprobadas al menos por las tres cuartas partes de sus miembros.
Art. 137. Cualquier comisión permanente podrá emplazar a toda
persona natural o jurídica, para que en sesión especial rinda
declaraciones orales o escritas, que podrán exigirse bajo
juramento, sobre hechos relacionados directamente con las
indagaciones que la comisión adelante.
Si quienes hayan sido citados se excusasen de asistir
y la comisión insistiere en llamarlos, la Corte Constitucional,
después de oírlos, resolverá sobre el particular en un
plazo de diez días, bajo estricta reserva.
La renuencia de los citados a comparecer o rendir las
declaraciones requeridas, será sancionada por la comisión con
la pena que señalen las normas vigentes para los casos de
desacato a las autoridades.
Si en el desarrollo de la investigación se requiere,
para su perfeccionamiento, o para la persecución de posible
infractores penales, la intervención de otras autoridades, se
las exhortará para lo pertinente.
DE LA REUNION Y FUNCIONAMIENTO
Art. 138. El Congreso, por derecho propio, se reunirá en
sesiones ordianrias, durante dos períodos por año, que
constituirán una sola legislatura. El primer período de
sesiones comenzará el 20 de julio y terminará el 16 de
diciembre; el segundo el 16 de marzo y concluirá el 20 de
Si por cualquier causa no pudiere reunirse en las
fechas indicadas, lo hará tan pronto como fuere posible, dentro
de los períodos respectivos. También se reunirá el
Congreso en sesiones extraordinairas, por convocatoria del Gobierno y
durante el tiempo que este señale.
En el curso de ellas sólo podrá ocuparse en los
asuntos que el Gobierno someta a su consiederación, sin
perjucio de la función de control político que le es propia, la
cual podrá ejercer en todo tiempo.
Art. 139. Las sesiones del Congreso serán instaladas y
clausuradas conjunta y públicamente por el Presidente de la
República, sin que esta ceremonia, en el primer evento, sea
esencial para que el congreso ejerza legítimamente sus
Art. 140. El Congreso tiene su sede en la capital de la
Las Cámaras podrán por acuerdo entre ellas trasladar
su sede a otro lugar y, en caso de perturbación del orden
público, podrán reunirse en el sitio que desingan el Presidente
Art. 141. El Congreso se reunirá en solo cuerpo únicamente para
la instalación y clausura de sus sesiones, para dar posesión al
Presidente de la República, para recibir a Jefes de Estado o de
Gobierno de otros países, para elegir al Contralor General de
la República y Vicepresidente cuando sea menester reemplazar al
electo por el pueblo, así como decir sobre la moción de
censura, con arreglo al artículo 135.
En tales casos el Presidente del Senado y el de la
Cámara serán respectivamente Presidente y Vicepresidente del
Art. 142. Cada Cámara elegirá, para el respectivo
período constitucional, comisiones permanentes que tramitarán en primer
debate los proyectos de acto legislativo o de ley.
La ley determinará el número de comisiones
permanentes y el de sus miembros, así como las materias de las
que cada una deberá ocuparse.
Cuando sesionen conjuntamente las Comisiones Constitucionales Permanentes, el quórum decisorio será el que
se requiera para cada uno de las comisiones individualmente consideradas.
Art. 143. El Senado de la República y la Cámara de
Representantes podrán disponer que cualquiera de las comisiones
permanentes sesione durante el receso, con el fin de debatir
los asuntos que hubieren quedado pendientes en el período
anterior, de realizar los estudios que la corporación
respectiva determine y de preparar los proyectos que las
Cámaras les encarguen.
Art. 144. Las sesiones de las Cámaras y de sus comisiones
permanentes serán públicas, con las limitaciones a que haya
lugar conforme a su reglamento.
Art. 145. El Congreso pleno, las Cámaras y sus comisiones no
podrán abrir sesiones ni deliberar con menos de una cuarta
parte de sus miembros. Las decisiones sólo podrán tomarse con
la asistencia de la mayoría de los integrandes de la respectiva
corporación, salvo que la Constiución determine un
quórum diferente.
Art. 146. En el Congreso pleno, en las Cámaras y en sus
comisiones permanentes, las decisiones se tomarán por la
mayoría de los votos de los asistentes, salvo que la
Constitución exija expresamente una mayoría especial.
Art. 147. Las mesas directivas de las Cámaras y de sus
comisiones permanentes serán renovadas cada año, para le
legislatura que se inicia el 20 de julio, y ninguno de sus
miembros podrá ser reelegido dentro del mismo cuatrienio
Art. 148. Las normas sobre quórum y mayorías decisorias
también para las demás corporaciones públicas de
Art. 149. Toda reunión de miembros del Congreso que, con el
propósito de ejercer funciones propias de la rama legislativa
del poder público, se efectúe fuera de las condiciones
consitucionales, carecerá de validez; a los actos que realice
no podrá dárseles efecto alguno, y quienes participen en las
deliberaciones, serán sancionados conforme a las leyes.
Art. 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por intermedio de ellas ejerce las siguientes funciones:
Aprobar el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas que hayan de emprenderse o continuarse, con la determinación de los recursos y apropiaciones que se autoricen para su ejecución, y las medidas necesarios para impu
lsar el cumplimiento de los mismos.
Definir la división general de territorio con arreglo a lo previsto en esta Constitución, fijar las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar o fusionar entidades territoriales y establecer sus competencias.
Variar, en circustancias extaordinarias y graves por motivos de conveniencias pública, la actual residencia de los altos poderes nacionales.
Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimiento públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus obje
tivos y estructura orgánica: reglamentar la creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales dentro de un régimen de autonomía; así mismo, crear o autorizar la constitución de empresas in
dustriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta. Expedir las normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que le señala la Constitución.
Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deber&aacu
te;n ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. El Congreso podrá en todo tiempo y por iniciativa propia, modificar los decretos le
yes dictados por el Gobierno en uso de facultades extraordinarias.
Aprobar o improbar los contratos o convenios que, por razones de evidente necesidad nacional, hubiere celebrado el Presidente de la República, con particulares, compañias o entidades públicas, sin autorización previa.
Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmen
te determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados.
Conceder, por mayoría de dos tercios de votos de los miembros de una y otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar.
Dictar normas sobre apropición o adjudicación y recuperación de tierras baldías.
a. Organizar el crédito público;
b. Regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional, en concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la Junta Directiva del Banco de la República;
c. Modificar, por razones de política comercial, los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernietes al régimen de aduanas;
d. Regular las actividades financieras, bursatil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público;
e. Fijar el régimen salarial y de prestaciones sociales de los servidores públicos;
f. Regular la educación.
Expedir las leyes de intervención económica, previstas en el artículo 334, las cuales deberán precisar sus fines y alcances y los límites de la libertad económica.
Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos.
Unificar las normas sobre policía de tránsito en todo el territorio de la República.
Art. 151. El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales
estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa. Por
medio de ellas se establecerán los reglamentos del Congreso y
de cada una de las Cámaras, las normas sobre preparación,
aprobación y ejecución del Presupuesto de rentas y ley de
apropiaciones y del plan general de desarrollo, y las relativas
a la asignación de competencias normativas a las entidades
territoriales. Las leyes orgánicas requerirán, para su
aprobación, la mayoría absoluta de los votos de los miembros de
una y otra Cámara.
Art. 152. Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la
República regulará las siguientes materias:
a. Derechos y deberes fundamentales de las personas y procedimientos y recursos para su protcción;
Art. 153. La aprobación, modificación o derogación de las
estatutarias exigirá la mayoría absoluta de los miembros del
Congreso y deberá efecturase dentro de una sola legislatura.
Dicho trámite comprenderá la revisión previa,
por parte de la Corte Constitucional, de la exequibilidad del
proyecto. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defenderla
o impugnarla.
Art. 154. Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las
Cámaras a propuesta de sus respectivos miembros, del Gobierno
Nacional, de las entidades señaladas en el artículo 156, o por
iniciativa popular en los casos previstos en la Constitución.
No obstante, sólo podrán ser dictadas o reformadas
por iniciativa del Gobierno las leyes a que se refieren los
numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales a, b y e del
artículo 150; las que ordenen participaciones en las rentas
nacionales o transferencias de las mismas; las que autoricen
aportes o suscripciones del Estado a empresas industriales o
comerciales y las que decreten excenciones de impuestos.
Las Cámaras podrán introducir modificaciones a los
proyectos presentados por el Gobierno.
Los proyectos de ley relativos a los tributos
iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los
que se refieran a relaciones internacionales, en el Senado.
Art. 155. Podrán presentar proyectos de ley ..: un número de
ciudadanos igual o superior al cinco por ciento del censo
electoral existente en la fecha respectiva o el treinta por
ciendo de los concejales o diputados del país. La iniciativa
popular será tramitada por el Congreso, de conformidad con lo
establecido en el artículo 163, para los proyectos que hayan
sido objeto de manifestación de urgencia.
Los ciudadanos proponentes tendrán derecho a designar
un vocero que será oído por las Cámaras en todas las
etapas del trámite.
Art. 156. La Corte Constitucional, el Consejo Superior de la
Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado,
el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la
Nación, el Contralor General de la República, tienen la
facultad de presentar proyectos de ley en materias relacionadas
con sus funciones.
Art. 157. Ningún proyecto será ley sin los requisitos
Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva.
Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comsión permanente de cada Cámara. El Reglamento del Congreso determinará los casos en los cuales el primer debate se surtirá en sesión conjunta en las com
isiones permanentes de ambas Cámaras.
Haber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate.
Haber obtenido la sanción del Gobierno.
Art. 158. Todo proyecto de ley debe referirse a una misma
materia y serán inadminisbles las disposiciones o
modificaciones que no se relacionen con ella. El Presidente de
la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no se
avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables
ante la misma comisión. La ley que sea objeto de reforma
parcial se publicará en su solo texto que incorpore las
Art. 159. El proyecto de ley que hubiere sido negado en primer
debate podrá ser considerado por la respectiva cámara a
solicitud de su autor, de un miembro de ella, del Gobierno o
del vocero del proponentes en los casos de iniciativa popular.
Art. 160. Entre el primero y el segundo debate deberá mediar un
lapso no inferior a ocho días, y entre la aprobación del
proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la
otra, deberán transcurrir por lo menos quince días.
Durante el segundo debate cada Cámara podrá
introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y
supresiones que juzgue necesarias.
En el informe a la Cámara plena para segundo debate,
el ponente deberá consignar la totalidad de las propuestas que
fueron consideradas por la comisión y las razones que
determinaron su rechazo.
Todo Proyecto de Ley o Acto Legislativo deberá tener
informe de ponencia en la respectiva comisión encargada de
tramitarlo, y deberá dársele el curso correspondiente.
Art. 161. Cuando surgieren discrepacias en las cámaras respecto
de un proyecto, ambas integrarán comisiones accidentales que,
reunidas conjuntamente, prepararán el texto que será sometido a
decisión final en sesión plenaria de cada Cámara. Si
la repetición del segundo debate persisten las diferencias, se
considerará negado el proyecto.
Art. 162. Los proyectos de ley que no hubieren completado su
trámite en una legislatura y hubieren recibido primer debate en
alguna de las cámaras, continuarán su curso en la siguiente, en
el estado en que se encuentren. Ningún proyecto podrá ser
considerado en más de dos legislaturas.
Art. 163. El Presidente de la República podrá solicitar
trámite de urgencia para cualquier proyecto de ley. En tal caso, la
respectiva cámara deberá decidir sobre el mismo dentro del
plazo de treinta días. Aun dentro de este lapso, la
manifestación de urgencia puede repetirse en todas las etapas
consitucionales del proyecto. Si el Presidente insistiere en la
urgencia, el proyecto tendrá prelacíon en el orden del
día excluyendo la consideración de cualquier otro asunto, hasta
tanto la respectiva cámara o comisión decida sobre él.
Si el proyecto de ley a que se refiere el mensaje de
urgencia se encuentra al estudio de una comisión permanente,
ésta, a solicitud del Gobierno, deliberará conjuntamente con la
correspondiente de la otra cámara para darle primer debate.
Art. 164. El Congreso dará prioridad al trámite de los
proyectos de ley aprobatorios de los tratados sobre derechos
humanos que sean sometidos a su consideración por el Gobierno.
Art. 165. Aprobado un proyecto de ley por ambas cámaras, pasará
al Gobierno para su sanción. Si éste no lo objetare,
dispondrá que se promulgue como ley; si lo objetare, lo devolverá a la
cámara en que tuvo origen.
Art. 166. El Gobierno dispone de seis días para devolver con
objeciones cualquier proyecto cuando no conste de más de veinte
artículos; de diez, cuando el proyecto contenga ventiuno a
cincuenta artículos; y hasta de veinte días cuando los
artículos sean más de cincuenta.
Si transcurrido los indicados términos. el Gobierno
no hubiere devuelto el proyecto con objeciones, el Presidente
deberá sancionarlo y promulgarlo.
Si las cámaras entran en receso dentro de dichos
términos, el Presidente tendrá el deber de publicar el proyecto
sancionado u objetarlo dentro de aquellos plazos.
Art. 167. El proyecto de ley objetado total o parcialmente por
el Gobierno volverá a las Cámaras a un segundo debate.
El Presidente sancionará sin presentar objeciones el
proyecto que, reconsiderado, fuere aprobado por la mitad más
uno de los miembros de una y otra Cámara.
Exceptúas el caso en que el proyecto fuere objetado
por inconstitucional. En tal evento, si las Cámaras
insistieren, el proyecto pasará a la Corte Constitucional para
que ella, dentro de los seis días siguientes decida sobre su
exequibilidad. El fallo de la Corte obliga al Presidente a
sancionar la ley. Si lo declara inexequible, se archivará el
Si la Corte considera que el proyecto es parcialmente
inexequible, asI lo indicará a la Cámara en que tuvo origen
para que, oído el Ministro del ramo, rehaga e integre las
disposiciones afectadas en términos concordantes con el
dictamen de la Corte. Una vez cumplido este trámite, remitirá a
la Corte el proyecto para fallo definitivo.
Art. 168. Si el Presidente no cumpliere el deber de sanionar
las leyes en los términos y según las condiciones que la
Constitución establece, las sancionará y promulgará el
Art. 169. El título de las leyes deberá corresponder
precisamente a su contenido, y a su texto preederá esta
"El Congreso de Colombia, Decreta"
Art. 170. Un número de ciudadanos equivalente a la décima parte
del censo electoral, podrá solicitar ante la organización
electoral la convocación de un referendo para derogatoria de
No procede el referendo respecto de las leyes
aprobatorias de tratados internacionales, no de la Ley del
Presupuesto, ni de las referentes a materias fiscales o
Art. 171. El Senado de la República estará integrado por cien
miembros elegidos en circunscripción nacional.
Habrá un número adicional de dos senadores elegidos
en circunscripción nacional especial por comunidades indigenas.
Los ciudadanos colombianos que se encuentren o
residan en el exterior podrán sufragar en las elecciones para
Art. 172. Para ser elegido senador se requiere ser colombiano
de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de trinta
años de edad en la fecha de la elección.
Art. 173. Son atribuciones del Senado:
Admitir o no las renuncias que hagan el Presidente de la República o el Vicepresidente.
Conceder licencia al Presidente de la República para separarse temporalmente del cargo, no siendo caso de enfermendad, y decidir sobre las excusas del Vicepresidente para ejercer la Presidencia de la República.
Autorizar al Gobierno para declarar guerra a otra nación.
Art. 174. Corresponde al Senado conocer las acusaciones que
formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la
República o quien haga sus veces; contra los Magistrados del
Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la
Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren
cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá
por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.
Art. 175. En los juicios que se sigan ante el Senado, se
observarán estas reglas:
Si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de funciones o a indignidad por mala destitución del empleo, o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos; pero al reo se le segui
rá juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia, si los hechos lo constituiyen responsable de infracción que merezca otra pena.
El Senado podrá cometer la instrucción de los procesos a una diputación de su seno, reservándose el
juicio y la sentencia difinitiva, que será
pronunciada en sesión pública, por dos tercios, al
menos, de los votos de los Senadores presentes.
Art. 176. La Cámara de Representantes se elegirá en
circunscripciones territoriales y en circunscripciones
Habrá dos representantes por cada circunscripción
territorial y uno más por cada doscientos cincuenta mil
habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil que
tengan en execeso sobre los primeros doscientos cincuenta mil.
Para la eleción de representantes a la Cámara. cada
Departamento y el Distrito Capital de Bogotá conformarán una
La ley podrá establecer una circunscripción especial
para asegurar la participación en la Cámara de Representantes
de los grupos étnicos y las minorías políticas y de los
Mediante esta circunscripción se podrá elegir hasta
cinco representantes.
Art. 177. Para ser elegido representante se requiere ser
ciudadano en ejercicio y tener más de veinticinco años de edad
en la fecha de la elección.
Art. 178. La Cámara de Representantes tendrá las siguientes
Acusar ante el Senado, cuando hubieren causas constitucionales, al Presidente de la República o a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte Constitucional, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Consej
o Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y al Fiscal General de la Nación.
Requerir el auxilio de otras autoridades para el desarrollo de las investigaciones que le competen, y
comisionar para la práctica de pruebas cuando lo
Art. 179. No podrán ser congresistas:
Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de libertad, salvo por delitos políticos o culposos.
Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección.
Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos entre ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administr
en tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección.
Quienes esten viculados entre sí por matrimonio, o unión permanente, o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil, y se inscriban en el mismo partido, movimiento o grupo para elecci&oacut
e;n de cargos, o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha.
Nadie podrá ser elegido para mas de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente.
Las inhabilidades previstas en los numerales 2, 3, 5 y 6 se refieren a situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección. La ley reglamentará los demás casos de inhabilidades p
or parentesco, con las autoridades no contempladas en estas disposiciones.
Para fines de este artículo se considera que la circunscripción nacional coincide con cada una de las territoriales, excepto para la inhabilidad consignada en el numeral 5.
Art. 180. Los congresistas no podrán:
Desempeñar cargo o empleo público o privado.
Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno. La ley establecer
á las excepciones a esta disposición.
Ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades descentralizadas de cualquier nivel o de instituciones que administren tributos.
Celebrar contratos o realizar gestiones con personas natuales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de éste. Se exceptúa la adquisición de bienes o servicios que se ofrecen a los ciudadanos en igualdad de condiciones.
Parágrafo 1. Se exceptúa del régimen de
incompatibilidades al ejercicio de la cátedra universitaria.
Parágrafo 2. El funcionario que en contravención del
presente artículo, nombre a un Congresista para empleo o cargo
o celebre con él un contrato o acepte que actúe como gestor en
nombre propio o de terceros, incurrirá en causal de mala
Art. 181. Las incompatibilidades de los congresistas tendrán
vigencia durante el período constitucional respectivo. En caso
de renuncia, se mantendrán durante el año siguiente a su
aceptación, si el lapso que faltare para el venciomiento del
período fuere superior.
Quien fuere llamado a ocupar un cargo, quedará
sometido al mismo régimen de inhabiliadades e
incompatibilidades a partir de su posesión.
Art. 182. Los congresistas deberán poner en conocimiento de la
respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o
que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos
sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado
con los conflictos de intereses y las recusaciones.
Art. 183. Los congresistas perdarán su investidura:
Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilides, o del régimen de conflicto de intereses.
Por inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura.
Por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las Cámaras, o a la fecha que fueren llamados a posesionarse.
Parágrafo. Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación
cuando medie fuerza mayor.
Art. 184. La pérdida de la investidura será decretada por el
Consejo de Estado de acuerdo con la ley y en el término no
mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de
la solicitud formulada por la mesa directiva de la Cámara
correspondiente o por cualquier ciudadando.
Art. 185. Los congresistas serán inviolables por las opiniones
y votos que emitan en el ejercicio del cargo, sin perjuicio de
las normas disciplinarias contenidas en el reglamento
Art. 186. De los delitos que cometan los congresistas, conocerá
en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, única
autoridad que podrá ordenar su detención. En caso de flagrante
delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a
dispsición de la misma corporación.
Art. 187. La asignación de los miembros del Congreso se
reajustará cada año en proporción igual al promedio
ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores
de la administración central, según certificación que para
el efecto expida el Contralor General de la República.
Art. 188. El Presidente de la República simboliza la unidad
nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las
leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de
Art. 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe
del Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad
Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la apr
obación del Congreso.
Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado.
Proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra da la Nación y la inviolabilidad del territorio: declarar la guerra con permiso del Senado, o hacerla sin tal autorización para repeler una
agresión extranjera; y convenir y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmedianta al Congreso.
Permitir, en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República.
Presentar un informe al Congreso, al iniciarse cada legislatura, sobre los actos de la Administración, sobre la ejecución de los planes y programas de desarrollo económico y social, y sobre los proyectos que el Gobierno se propo
nga adelantar durante la vigencia de la nueva legislatura.
Nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos nacionales y a las personas que deban desempeñar empleos nacionales cuya provisión no sea por concurso o no corresponda a otros funcionarios o cor
poraciones, según la Constitución o la ley. En todo caso, el Gobierno tiene la facultad de nombrar y remover libremente a sus agentes.
Crear, fusionar o suprimer, conforme a la ley, los empleos que demanden la administración central, señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos. El Gobierno no podrá crear, con cargo al Tesoro, obligacio
nes que excedan el monto global fijado para el servicio en la ley de apropiaciones iniciales.
Modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley.
Distribuír los negocios según su naturaleza, entre Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos.
Conceder permiso a los empleados públicos nacionales que lo soliciten, para aceptar, con carácter temporal, cargos o mercedes de gobiernos extrranjeros.
Conferir grados a los miembros de la fuerza pública y someter para aprobación del Senado los que correspondan de acuerdo con el artícilo 173.
Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de servicios públicos.
Ejercer, de acurerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recurs
os captados del público. Así mismo, sobre la cooperativas y las sociedades mercantiles.
Organizar el Crédito Público, reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas; regular el comercio exterior y ejercer intervan
ción en las actividades financiera, bursátil, aseeguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos provienientes del ahorro de terceros de acuerdo con la ley.
Ejercer la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para que sus rentas conserven y sean debidamente aplicadas y para que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores.
Conceder patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos útiles, con arreglo a la ley.
Art. 190. El Presidente de la República será elegido para un
período de cuatro años, por la mitad más uno de los votos
que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos en la
fecha y con las formalidades que determine la ley. Si ningún
candidato obtine dicha mayoría se celebrará una nueva
votación que tendrá lugar tres semanas más tarde, en la que sólo
participarán los dos candidatos que hubieren obtenido las más
altas votaciones. Será declarado Presidente quien obtenga el
En caso de muerte o incapacidad física permanente de
alguno de los dos candidatos con mayoría de votos, su partido o
movimiento político podrá inscribir un nuevo candidato para la
segunda vuelta. Si no lo hace o si la falta obedece a otra
causa, lo reemplazará quien hubiese obtenido la tercera
votación; y así en sucesiva y en orden descendente.
Si la falta se produjese con anticipación menor a dos
semanas de la segunda vuelta, ésta quedará aplazada por quince
Art. 191. Para ser Presidente de la República se requiere ser
colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de
Art. 192. El Presidente de la República tomará posesión de
destino ante el Congreso, y prestará juramento en estos
términos: "Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la
Constitución y las leyes de Colombia".
Si por cualquier motivo el Presidente de la República
no pudiere tomar posesión ante el Congreso, lo hará ante la
Corte Suprema de Justicia o, en defecto de esta, ante dos
Art. 193. Corresponde al Senado conceder licencia al Presidente
de la República para separarse temporalmente del cargo. Por
motivo de enfermedad, el Presidente de la República puede dejar
de ejercer el cargo, por el tiempo necesario, mediante aviso al
Senado o, en receso de éste, a la Corte Suprema de Justicia.
Art. 194. Son faltas absolutas del Presidente de la República
su muerte, su renuncia aceptada, la destitución decretada por
sentencia, la incapacidad física permanente y el abandono del
cargo, declarados éstos últimos por el Senado.
Son faltas temporales la licencia y la enfermedad, de
conformidad con el artículo precedente y la suspensión en el
ejercicio del cargo decretada por el Senado en el caso previsto
en numeral primero del artículo 175.
Art. 195. El encargado del Ejecutivo tendrá la misma
preeminencia y las mismas atribuciones que el Presidente, cuyas
veces hace.
Art. 196. El Presidente de la República, o quien haga sus
veces, no podrá trasladarse a territorio extranjero durante el
ejercicio de su cargo, sin previo aviso al Senado o, en receso
de éste, a la Corte Suprema de Justicia.
La infracción de esta disposición implica abandono
El Presidente de la República, o quien haya ocupado
la Presidencia a título de encargado, no podrá salir del
dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio
de sus funciones, sin permiso previo del Senado.
Cuando el Presidente de la República se traslade a
territorio extranjero en ejercicio de su cargo, el Ministro a
quién corresponda, según el orden de presedencia legal,
ejercerá bajo su propia responsabilidad las funciones
constitucionales que el Presidente le delegue, tanto aquellas
que le son propias como las que ejerce en calidad de Jefe del
Gobierno. El Ministro Delegatario pertenecerá al mismo partido
o movimiento político del Presidente.
Art. 197. No podrá ser elegido Presidente de la República el
ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la
Presidencia. Esta prohibición no cobija al Vicepresidente
cuando la ha ejercido por menos de tres meses, en forma
contínua o discontínua, durante el cuatrienio.
Tampoco podrá ser elegido Presidente de la República
quien hubiere incurrido en alguna de las causales de
inhabilidad consagradas en los numerales 1, 4 y 7 del artículo
179, ni el ciudadano que el año antes de la elección haya
ejercido cualquiera de los siguientes cargos:
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia o de la
Corte Constitucional, Consejero de Estado o miembro del Consejo
Nacional Electoral, o del Consejo Superior de la Judicatura,
Ministros del Despacho, Procuradro General de la Nación,
Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal
General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil,
Director de Departamento Administrativo, Gobernador de
Departamento o Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá.
Art. 198. El Presidente de la República, o quien haga sus
veces, será responsable de sus actos u omisiones que violen la
Constitución o las leyes.
Art. 199. El Presidente de la República, durante el período
para el que sea elegido, o quien se halle encargado de la
Presidencia, no podrá ser perseguido ni juzgado por delitos,
sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes y
cuando el Senado haya declarado que hay lugar a formación de
Art. 200. Corresponde al Gobierno en relación con el Congreso:
Concurrir a la formación de leyes, presentando proyectos por intermedio de los ministros, ejerciendo el derecho de objetarlos y cumpliendo el deber de sancionarlos con arreglo a la Constitución.
Convocarlo a sesiones extraordinarias.
Presentar el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas, conforme a lo dispuesto por el artículo 150.
Rendir a las cámaras los informes que éstas soliciten sobre negocios que no demanden reseva.
Prestar eficaz apoyo a las cámaras cuando ellas lo soliciten, poniendo a su disposición la fueraza pública, si fuere necesario.
Art. 201. Corresponde al Gobierno en relación con la Rama Judicial:
Prestar a los funcionarios judiciales, con arreglo a las leyes, los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias.
Conceder indultos por delitos políticos, con arreglo a la ley, e informar al Congreso sobre el ejercicio de esta facultad. En ningún caso estos indultos podrán comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos respecto a los particulares.
Art. 202. El Vicepresidente de la República será elegido por
votación popular el mismo día y en la misma fórmula con
Los candidatos para la segunda votación, si la
hubiere, deberán ser en cada fórmula quienes la integraron en
El Vicepresidente tendrá el mismo período del
Presidente y lo reemplazará en sus faltas temporales o
absolutas, aún en el caso de que éstas se presenten antes de su
En las faltas temporales del Presidente de la
República bastará con que el Vicepresidente tomo posesión
del cargo en la primera oportunidad, para que pueda ejercerlo
cuantas veces fuere necesario. En caso de falta absoluta del
Presidente de la República, el Vicepresidente asumirá el cargo
hasta el final del período.
El Presidente de la República podrá confiar al
Vicepresidente misiones o encargos especiales y designarlo en
cualquier cargo de la rama ejecutiva. El Vicepresidente no
podrá asumir funciones de Ministro Delegatario.
Art. 203. A falta del Vicepresidente cuando estuviere
ejerciendo la Presidencia. ésta será asumida por un Ministro en
el orden que establezca la ley.
La persona que de conformidad con este artículo
reemplace al Presidente, pertenecerá a su mismo partido o
movimiento y ejercerá la Presidencia hasta cuando el Congreso,
por derecho propio, dentro de los treinta días siguientes a la
fecha en la que se produzca la vacancia presidencial, elija al
Vicepresidente, quien tomará posesión de la Presidencia de la
Art. 204. Para ser elegido Vicepresidente se requieren las
mismas calidades que para ser Presidente de la República.
El Vicepresidente no podrá ser elegido Presidente de
la República ni Vicepresidente para el período inmediatamente
Art. 205. En caso de falta absoluta del Vicepresidente, el
Congreso se reunirá por derecho propio, o por convocatoria del
Presidente de la República, a fin de elegir a quien vaya a
reemplazarlo para el resto del período. Son faltas absolutas
del Vicepresidente: su muerte, su renuncia aceptada y la
incapacidad física permanente reconocida por el Congreso.
Art. 206. El número, denominación y orden de precedencia de los
ministerios y departamentos administrativos serán determinados
Art. 207. Para ser ministro o director de departamento
Art. 208. Los ministros y los directores de departamentos
administrativos son los jefes de la administración en sus
respectiva dependencia. Bajo la dirección del Presidente de la
República, les corresponde formular las políticas atinentes a
su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la
Los ministros, en relación con el Congreso, son
voceros del Gobierno, presentan a las cámaras proyectos de ley,
atienden las citaciones que aquellas les hagan y toman parte en
los debates directamente o por conducto de los viceministros.
administrativos presentan al Congreso, dentro de los primeros
quince días de cada legislatura, informe sobre el estado de los
negocios adscritos a su ministerio o departamento
administrativo, y sobre las reformas que consideren
Las cámaras pueden requerir la asistencia de los
ministros. Las comisiones permanentes, además, la de los
viceministros, los directores de departamentos administrativos,
el Gerente del Banco de la República, los presidentes,
directores o gerentes de las entidades descentralizadas del
orden nacional y la de otros funcionarios de la rama ejecutiva
del poder público.
Art. 209. La función administrativa está al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración
Las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado. La administración pública, en todos sus órdenes,
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que
Art. 210. La entidades del orden nacional descentralizadas por
servicios sólo pueden ser creadas por ley o por autorización de
ésta, con fundamento en los principios que orientan la
Los particulares pueden cumplir funciones
administrativas en las condiciones que señale la ley.
La ley establecerá el régimen jurídico de las
entidades descentralizadas y la resposabilidad de sus
presidentes, directores o gerentes.
Art. 211. La ley señalará las funciones que el Presidente de la
República podrá delegar a sus ministros, directores de
departamentos administrativos, representantes legales de
entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores,
alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine.
Igualmente, fijará las condiciones para que las autoridades
administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras
La delegación exime de responsabilidad al delegante,
la cual correspoderá exclusivemente al delegatario, cuyos actos
o resoluciones podrán siempre reformar o revocar aquel,
reasumiendo la resposabilidad consiguiente.
La ley establecerá los recursos que se pueden
interponer contra los actos de los delegatarios.
Art. 212. El Presidente de la República, con la firma de todos
los ministros, podrá declarar el Estado de Guerra Exterior.
Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades
estrictamente necesarias para repler la agresión, defender la
soberanía, atender los requerimientos de la guerra, y procurar
el restablecimiento de la normalidad.
La declararación de Estado de Guerra Exterior sólo
procederá una vez el Senado haya autorizado la declaración de
guerra, salvo que a juicio del Presidente fuere necesario
repeler la agresión.
Mientras subsista el Estado de Guerra, el Congreso se
reunirá con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y
legales, y el Gobierno le informará motivada y periódicamente
sobre los decretos que haya dictado y la evolución de los
Los decretos legislativos que dicte el Gobierno
suspenden las leyes imcomptibles con el Estado de Guerra, rigen
durante el tiempo que ellos mismos señalen y dejarán de tener
vigencia tan pronto se declare restablecida la normalidad. El
Congreso podrá, en cualquier época, reformarlos o derogarlos
con el voto favorable de los dos tercios de los miembros de una
y otra cámara.
Art. 213. En caso de grave perturbación del orden público que
atente de manera inminente contra la estabilidad institucional,
la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no
pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones
ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la
República, con la firma de todos los Ministros, podrá declarar
el Estado de Conmoción Interior, en toda la República o parte
de ella por término no mayor a noventa días, prorrogable hasta
por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere
concepto previo y favorable del Senado de la República.
Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las
facultades extrictamente necesarias para conjurar las causas de
la perturbación e impedir la extensión de sus efectos.
podrán suspender leyes incompatibles con el Estado de Conmoción
y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el
orden público. El Gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta
noventa días más.
Dentro de los tres días siguientes a la declaratoria
o prórroga del Estado de Conmoción, el Congreso se reunirá
derecho propio, con la plenitud de sus atribuciones
constitucionales y legales. El Presidente le pasará
inmediatamente un informe motivado sobre las razones que
determinaron la declaración.
En ningún caso los civiles podrán ser investigados o
juzgados por la justicia militar.
Art. 214. Los Estados de Excepción a que se refieren los
artículos anteriores se someterán a las siguientes
No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas de derecho internacional humanitario. Una ley estatutaria regulará las facultades del Gobierno durante los estado
s de excepción y establecerá los controles judiciales y las garantías para proteger los derechos, de conformidad con los tratados internacionales. Las medidas que se adopten deberán se proporcionales a la gravedad de los hechos
El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición, los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refieren los artículos anteriores, para que aquella decida definitiva
mente sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento.
Art. 215. Cuando sobrevengan hechos distintos a los previstos
en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar
en forma grave e inminente el orden económico, social y
ecológico del país, o que constituyan grave calamidad
podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros,
declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta
días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa
días en año calendario.
Mediante tal declaración, que deberá ser motivada,
dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a
conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.
Estos decretos deberán referirse a materias que
tengan relación directa y específica con el Estado de
Emergencia, y podrán en forma transitoria, establecer nuevos
tributos o modificar los existentes. En estos últimos casos,
las medidas dejarán de regir al término de la siguiente
vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año
siguiente, les otorgue carácter permanente.
El Gobierno, en el decreto que declare Estado de
Emergencia, señalará el término dentro del cual va a hacer
uso de las facultades extraordinarias a que se refiere este
artículo, y convocará al Congreso, si éste no se hallare
reunido, para los diez días siguientes al vencimiento de dicho
El Congreso examinará hasta por un lapso de treinta
días, prorrogable por acuerdo de las dos cámaras, el informe
motivado que le presente el Gobierno sobre las causas que
determinaron el Estado de Emergencia y las medidas adopatadas,
y se pronunciará expresamente sobre la conveniencia y
oportunidad de las mismas.
El Congreso, durante el año siguiente a la
declaratoria de la emergencia, podrá derogar, modificar o
adicionar los decretos a que se refiere este artículo, en
aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del
Gobierno. En relación con aquellas que son de iniciativa de sus
miembros, el Congreso podrá ejercer dichas atribuciones en todo
El Congreso, si no fuere convocado, se reunirá por
derecho propio, en las condiciones y para los efectos previstos
El Presidente de la República y los ministros serán
responsables cuando declaren Estado de Emergencia sin haberse
presentado alguna de las circunstancias previstas en el inciso
primero, y lo serán también por cualquier abuso cometido en el
ejercicio de las facultades que la Constitución otorga al
Gobierno durante la emergencia.
El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales
de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este
Paragrafo. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional
al día siguiente de su expedición los decretos legislativos que
dicte en uso de las facultades a que se refiere este artículo,
para que aquella decida sobre su constitucionalidad. Si el
Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte
Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su
Art. 216. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva
Todos los colombianos están obligados a tomar armas
cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la
idependencia nacional y las instituciones públicas.
La ley determinará las condiciones que en todo tiempo
eximen del servicio militar y las prerrogativas por la
Art. 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas
Militares permanentes constituídas por el Ejército, la Armada y
Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad
primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la
integridad del territorio nacional y del orden constitucional.
La ley determinará el sistema de reemplazos en las
Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y
obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera,
prestacional y disciplinario, que les es propio.
Art. 218. La ley organizará el cuerpo de policía.
La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de
naturaleza civil, a cargo de la Nación,
naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es
el mantenimiento de las condiciones necesarias para el
ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para
asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.
La ley determinará su régimen de carrera,
prestacional y disciplinario.
Art. 219. La Fuerza Pública no es deliberante; no podrá
reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir
peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el
servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a
Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer
la función de sufragio mientras permanenzacan en servicio
activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o
Art. 220. Los miembros de la Fuerza Pública no pueden ser
privados de sus grados, honores y pensiones, sino en los casos
y del modo que determine la ley.
Art. 221. De los delitos cometidos por los militares en
servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán
las Cortes Marciales o Tribunales Militares, con arreglo a las
prescripciones del Código Penal Militar.
Art. 222. La ley determinará los sistemas de promoción
profesional, cultural y social de los miembros de la Fuerza
Pública. En las etapas de su formación, se les impartirá
enseñanza de los fundamentos de la democracia y de los derechos
Art. 223. Sólo en Gobierno puede introducir y fabricar armas,
municiones de guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni
portarlos sin permiso de la autoridad competente. Este permiso
no podrá extenderse a los casos de concurrencia a reuniones
políticas, a elecciones, o a sesiones de corporaciones públicas
o asambleas, ya sea para actuar en ellas o para presenciarlas.
Los miembros de los organismos nacionales de
seguridad y otros cuerpos oficiales armados, de carácter
permanente, creados o autorizados por la ley, podrán portar
armas bajo el control del Gobierno o de conformidad con los
principios y procedimientos que aquella señale.
Art. 224. Los tratados para su validez, deberán ser aprobados
por el Congreso. Sin embargo, el Presidente de la República
podrá dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza
económica y comercial acordados en el ámbito de organismos
internacionales, que así lo dispongan. En este caso tan pronto
como un tratado entre en vigo provisionalmente, deber enviarse
al Congreso para su aprobación. Si el Congreso no lo aprueba,
se supenderá la aplicación del tratado.
Art. 225. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, cuya
composición será determinada por la ley, es cuerpo consultivo
Art. 226. El Estado promoverá la internacionalización de las
relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas
sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
Art. 227. El Estado promoverá la integración económica,
social y política con las demás naciones y especialmente, con los
países de América Latina y del Caribe mediante la
de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y
reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para
conformar una comunidad latinoamericana de naciones. La ley
podrá establecer elecciones directas para la constitución del
Parlamento Andino y del Parlamento Latinoamericano.
Art. 228. La administración de Justicia es función
pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y
permanentes con las excepciones que establezca la ley y en
ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos
procesales se observarán con dilegencia y su imcumplimiento
será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y
Art. 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder
a la administración de justicia. La ley indicará en qué
casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.
Art. 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos
al imperio de la ley.
La equidad, la jurisprudencia, los principios
generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de
Art. 231. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado serán nombrados por la respectiva
corporación, de listas enviadas por el Consejo Superior de la
Art. 232. Para ser Magistrado de la Corte Constitucional, de la
Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere:
Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejerci- cio.
No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de liberad, excepto por delitos políticos o culposos.
Haber desempeñado, durante diez años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado, o la cátedra universitaria en d
isciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente.
Art. 233. Los Magistrados de la Corte Constitucional, de la
Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán
elegidos para un período de ocho años, no podrán ser
reeligidos
y permanecerán en el ejercidio de sus cargos mientras observen
buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan
llegado a la edad de retiro forzoso.
Art. 234. La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de
la jurisdicción ordinaria y se compondrá de un número
impar de Magistrados que determine la ley. Esta dividirá la Corte en
salas, señalará a cada una de ellas los asuntos que deba
conocer separadamente y determinará aquellos en que deba
intervenir la Corte en pleno.
Art. 235. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:
Juzgar al Presidente de la República o quien haga sus veces y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174, por cualquier hecho punible que se les impute, conforme al artículo 175 numerales 2 y 3.
Investigar y juzagar a los miembros del Congreso.
Juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, a los Ministros del Despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los Agentes de Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los Trib
unales; a los Directores de los Departamentos Administrativos, al Contralor General de la República, a los Embajadores y jefes de misión diplomática o consular, a los Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y a los Generales y A
lmiantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen.
Paragrafo. Cuando los funcionarios antes enumerados
hubieren cesado en el ejercicio del cargo, el fuero sólo se
mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con
DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Art. 236. El Consejo de Estado tendrá el número de Magistrados
El Consejo se dividirá salas y secciones para separa
las funciones jurisdiccionales de las demás que le asignen la
La ley señalará las funciones de cada una de las
salas y secciones, el número de magistrados que deban
integrarlas y su organización interna.
Art. 237. Son atribuciones del Consejo de Estado:
Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso-administrativo, conforme a las reglas que señale la ley.
Actuar como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos casos que la Constitución y las leyes determinan. En los casos de tránsito de tropas ex
tranjeras por el territorio nacional, de estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeros de guerra, en aguas o en territorio o en espacio aéreo de la Nación, el Gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado.
Conocer de los casos sobre pérdida de investidura de los congresistas, de conformidad con esta Constitución y la ley.
Art. 238. La jurisdicción de lo contencioso-administrativo
podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los
requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos
administrativos que sean susceptibles de impugnación por la vía
Art. 239. La Corte Constitucional tendrá el número impar de
miembros que determine la ley. En su integración se atenderá el
criterio de designación de magistrados pertenecientes a
diversas especialidades del Derecho.
Los Magistrados de la Corte Constitucional serán
elegidos por el Sendado de la República para períodos
individuales de ocho años, de sendas ternas que le presenten el
Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el
Los Magistrados de la Corte Constitucional no podrán
Art. 240. No podrán ser elegidos Magistrados de la Corte
Constitucional quienes durante el año anterior a la elección se
hayan desempeñado como Ministros del Despacho o Magistrados de
la Corte Suprema o del Consejo de Estado.
Art. 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de
la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos
y precisos términos de este artículo. Con tal fin,
Decidir, con aterioridad al pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, sólo por vicios de procedimiento en su formación.
Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebicitos del orden nacional. Estos últimos sólo por vicios de procedimiento en su convocatoria y realización.
Decidir sobre las demandas de insconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto en su contenindo material como por vicios de procedimiento en su formación.
Decidir sobre las demandas de insconstitucionalidad que presentaren los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con fundamento en los artículos 150 numeral 10 y 341 de la Constitución, por su contenid
o material o por vicios de procedimiento en su formación.
Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el Gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución.
Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales, y de los proyectos de leyes estatutarias, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento
Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualqui
er ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas d
e un tratato multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucinal, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el conocimiento formulando la correspondiente reserva.
Paragrafo: Cuando la Corte encuentre vicios de
procedimiento subsanables en la formación del acto sujeto a su
control, ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió
para que, de ser posible, enmiende el defecto observado.
Subsanado el vicio, procederá a decidir sobre la exequibilidad
Art. 242. Los procesos que se adelanten ante la Corte
Constitucional en las materias que se refiere este título,
serán regulados por la ley conforme a las siguientes
Cualquier ciudadano podrá ejercer las acciones públicas previstas en el artículo precedente, e intervenir como impugnador o defensor de las normas sometidas a control en los procesos promovidos por otros, así como en aqu
ellos para los cuales no existe acción pública.
Las acciones por vicios de forma cadcan en el término de una año, contado desde la publicación del respectivo acto.
De ordinario, la Corte dispondrá del término de sesenta días para decidir, y el Procurador General de la Nación, de treinta para rendir concepto.
En los procesos a que se refiere el numeral 7 del artículo anterior, los términos ordinarios se reducirán a una tercera parte y su incumplimiento es causal de mala conducta, que será sancionada conforme a la ley.
Art. 243. Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del
control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada
Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido
material del acto jurídico declarado inexequible por razones de
fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que
sirvieron para hacer la cofrontación entre la norma ordinaria y
Art. 244. La Corte Constitucional comunicará al Presidente de
la República o al Presidente del Congreso, según el caso, la
iniciación de cualquier proceso que tenga por objeto el examen
de constitucionalidad de normas dictadas por ellos. Esta
comunicación no dilatará los términos del proceso.
Art. 245. El Gobierno no podrá conferir empleo a los
Magistrados de la Corte Constitucional durante el período de
ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su
Art. 246. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán
ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito
territorial, de conformidad con sus propias normas y
procedimientos, siempre que no sean contrarios a la
Constitución y leyes de la Reublica. La ley establecerá las
formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el
sistema judicial nacional.
Art. 247. La ley podrá crear jueces de paz encargados de
resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios.
También podrá ordenar que se elijan por votación
Art. 248. Unicamente las condenas proferidas en sentencias
judiciales en forma definitiva tienen calidad de antecedentes
penales y contravencionales en todos los órdenes legales.
DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Art. 249. La Fiscalía General de la Nación estará
integrada por el Fiscal General, los fiscales delegados y los demás
El Fiscal General de la Nación será elegido para un
período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de
terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser
reelegido. Debe reunir las mismas cualidades exigidas para ser
La Fiscalía General de la Nación forma parte de la
rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal.
Art. 250. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de
oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y
acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y
tribunales competentes. Se exceptúan los delitos cometidos por
miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación
con el mismo servicio. Para tal efecto la Fiscalía General de
la Nación deberá:
Asegurar la comparencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere del caso, tomar las necesarias para hacer efectivos el restablelcimiento del derecho y la indemnización d
e los perjuicios ocasionados por el delito.
El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen
competencia en todo el territorio nacional.
La Fiscalía General de la Nación está obligada
a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado,
y a respetar sus derechos fundamentales y las garantías
procesales que le asisten.
Art. 251. Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación:
Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los altos funcionarios que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución.
Otorgar atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de policía judicial bajo responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía General de la Nación.
Suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público.
Art. 252. Aún durante los Estados de Excepción de que trata la
Constitución en sus artículos 212 y 213, el Gobierno no
suprimir, ni modificar los organismos ni las funciones básicas
de acusación y juzgamiento.
Art. 253. La ley determinará lo relativo a la estructura y
funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, al ingreso
por carrera y al retiro del servicio, a los inhabilidades e
incompatibilidades, denominación, calidades, remuneraciones,
prestaciones sociales y régimen disciplinario de los
funcionarios y empleados de su dependencia.
Art. 254. El Consejo Superior de la Judicatura se dividirá en
La Sala Administrativa, integrada por seis Magistrados elegidos para un período de ocho años, así: dos por la Corte Suprema de Justicia, uno por la Corte Constitucional y tres por el Consejo de Estado.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria, integrada por siete Magistrados elegidos para un período de ocho años, por el Congreso Nacional de ternas eviadas por el Gobierno. Podrá haber Consejos Seccionales de la Judicatura integra
dos como lo señale la ley.
Art. 255. Para ser miembro del Consejo Superior de la
Judicatura se requiere ser colombiano por naciimiento,
ciudadano en ejercicio y mayor de treinta y cinco años; tener
título de abogado y haber ejercido la profesión durante diez
años con buen crédito. Los miembros del Consejo no podrán
escogidos entre los Magistrados de las mismas corporaciones
Art. 256. Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a
los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley,
Elaborar las listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales y enviarlas a la entidad que deba hacerla. Se exceptúa la jurisdicción penal militar que ser regirá por normas especiales.
Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley.
Elaborar el proyecto de presupuesto de la rama judicial que deberá ser remitido al Gobierno, y ejecutarlo de conformidad con la aprobación que haga el Congreso.
Dirimir los conflictos que ocurran entre las distintas jurisdicciones.
Art. 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones:
Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despechos judiciales.
Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejecicio de esta atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global
fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.
Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administrción de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador.
Proponer proyectos de ley relativos a la administración de justicia y a los códigos sustantivos y procedimientales.
Art. 258. El voto es un derecho y un deber ciudadano. En todas
las elecciones los ciudadanos votarán secretamente en cubiculos
individuales instalados en casa mesa de votación, con tarjetas
electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca
seguridad, las cuales serán distribuída oficialmente. La
organziación electoral suministrará igualitariamente a los
votantes instrumentos en los cuales deben aparecer
identificados con claridad y en iguales condiciones todos los
La ley podrá implantar mecanismos de votación que
otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de
este derecho a los ciudadanos.
Art. 259. Quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por
mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como
candidato. La ley reglamentará el ejercicio del voto
Art. 260. Los ciudadanos eligen en forma directa Presidente y
Vicepresidente de la República, Senadores, Representantes,
Gobernadores, Diputados, Alcaldes, Concejales municipales y
distritales, miembros de las juntas administradoras locales, y
en su oportunidad, los miembros de la Asamblea Constituyente y
las demás autoridades o funcionarios que la Constitución
Art. 261. Ningún cargo de elección popular en corporaciones
públicas tendrá suplente. Las vacancias absolutas serán
ocupadas por los candidatos no elegidos en la misma lista, en
orden de inscripción sucesivo y descendente.
Art. 262. La elección del Presidente y Vicepresidente no podrá
coincidir con otra elección. La de Congreso se hará en fecha
separada de la elección de autoridades departamentales y
Art. 263. Para asegurar la representación proporcional de los
partidos, cuando se vote por dos o más individuos en elección
popular o en una corporación pública, se empleará el
sistema de cuociente electoral.
El cuociente será el número que resulte de dividir el
total de votos válidos por el de puestos a proeveer. La
adjudicación de puestos a cada lista se hará en el número
de veces que el cuociente quepa en el respectivo número de votos
válidos. Si quedaren puestos por proveer, se adjudicarán a los
mayores residuos, en orden descendente.
Art. 264. El Consejo Nacional Electoral se compondrá de número
de miembros que detemine la ley, que no deberá ser menor de
siete, elegidos para un período de cuatro años, de ternas
eleboradas por los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica y deberán reflejar la
del Congreso. Sus miembros deberán reunir las calidades que
exige la Constitución para ser Magistrado de la Corte Suprema
de Justicia y no serán reelegibles.
Art. 265. El Consejo Nacional Electoral tendrá, de conformidad
con la ley, las siguientes atribuciones especiales:
Ejercer la suprema inspección y vigilancia de la organización electoral.
Elegir y remover al Registrador Nacional del Estado Civil.
Conocer y decidir definitivamente los recursos que se interpongan contra las decisiones de sus delegados sobre escrutinios generales y en tales casos hacer la declaratoria de elección y espedir las credenciales correspondientes.
Servir de cuerpo consultivo del Gobierno en materias de su competencia, presentar proyectos de acto legislativo y de ley, y recomendar proyectos de decreto.
Velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y moviemientos políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión pública; por los derecho de la oposición y de las minorías, y por el d
esarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías.
Distribuír los aportes que para el financiamiento de las campañas electorales y para asegurar el derecho de participación política de los ciudadanos, establezca la ley.
Eefectuar el escrutinio general de toda votación nacional, hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales a que haya lugar.
Reconocer la personería jurídica de los partidos y movimentos políticos.
Reglamentar la participación de los partidos y movimientos políticos en los medios de comunicación social del Estado.
Colaborar para la realización de consultas internas de los partidos y movimientos para la escogencia de sus candidatos.
Art. 266. El Registrador del Estado Civil será elegido por el
Consejo Nacional Electoral para un período de cinco años y
deberá reunir las mismas calidades que exige la Constitución
No podrá ser reelegido y ejercerá las funciones que
establezca la ley, incluida la dirección y organiazación de las
elecciones, el registro civil y la identificación de las
personas, así como la de celebrar contratos en nombre de la
Nación, en los casos que aquella disponga.
DE LOS ORGANISMO DE CONTROL
Art. 267. El control fiscal es una función pública que
ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la
gestión fiscal de la administración y de los particulares o
entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.
Dicho control se ejercerá en forma posterior y
selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios
que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que
en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas
privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos,
y contratadas previo concepto del Consejo de Estado.
La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye
el ejercicio de un control financiero, de gestión y de
resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y
la valoración de los costos ambientales. En los casos
excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá
ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad
La Contraloría es una entidad de carácter
técnico con autonomía administrativa y presupuestal. No tendrá funciones
administrativas distintas de las inherentes a su propia
Art. 268. El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones:
Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y detrminar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado.
Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecunarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma.
Promover ante las autoridades competentes, aportando la pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. La Contraloría, bajo su responsabilidad, po
drá exigir, verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos penales o disciplinarios.
Promover meidiante concurso público los empleos de su dependencia que haya creado la ley. Esta determinará un régimen especial de carrera administrativa para la selección, promoción y retiro de los funcionarios de la Contraloría. Se prohibe a quienes formen parte de de las coporaciones que intervienen en la postulación y elección del Contralor, dar recomendaciones personales y políticas para empleos en su despacho.
Art. 269. En las entidades públicas, las autoridades
correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar,
naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de
control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la
cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación
de dichos servicios con empresas privadas colombianas.
Art. 270. La ley organizará las formas y los sistemas de
participación ciudadana que permitan vigilar la gestión
pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus
Art. 271. Los resultados de las indagaciones preliminares
adelantadas por la Contraloría tendrán valor probatorio ante la
Fiscalía General de la Nación y el juez competente.
Art. 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los
departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías,
corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y
La de los municipios incumbe a las contralorías
departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de
contralorías municipales.
Corresponde a las asambleas y a los concejos
distritales y municipales organizar las respectivas
contralorías como entidades técnicas dotadas de
administrativa y presupuestal.
Igualmente les corresponde elegir contralor para
período igual al del Gobernador o Alcalde, según el caso, de
ternas integradas con dos candidatos presentados por el
tribunal superior de distrito judicial y uno por el
correspondiente tribunal contencioso administrativo.
Ningún contralor podrá ser reelegido para el
Los contralores departamentales, distritales y
municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción,
las funciones atribuídas al Contralor General de la República en el
artículo 268 y podrán, según lo autorice la ley, contratar
con empresas privadas colombianas el ejercicio de la vigilancia
Para ser elegido contralor departamental, distrital o
municipal se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano
en ejercicio, tener más de veinticinco años, acreditar
título universitario y las demás calidades que establezca la ley.
No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el
último año miembro de Asamblea o Concejo que deba hacer la
elección, ni quien haya ocupado cargo público del orden
departamental, distrital o municiapal, salvo la docencia.
Quien haya ocupado en propiedad el cargo de contralor
departamental, distrital o municipal, no podrá desempeñar
empleo oficial alguno den el respectivo departamento, distrito
o municipio, ni ser inscrito como candidato a cargos de
elección popular sino una año después de haber cesado en
Art. 273. A solicitud de cualquiera de los proponentes, el
Contralor General de la República y demás autoridades de
control fiscal competentes, ordenarán que el acto de
adjudicación de una licitación tenga lugar en audiencia
Los casos en que se aplique el mecanismo de audiencia
pública, la manera como se efectuará la evaluación de
propuestas y las condiciones bajo las cuales se realizará
aquélla, serán señalados por la ley.
Art. 274. La vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría
General de la República se ejercerá por un auditor elegido para
períodos de dos años por el Concejo de Estado, de terna enviada
Art. 275. El Procurador General de la Nación es el supremo
director del Ministerio Público.
Art. 276. El Procurador General de la Nación será elegido por
el Senado para un período de cuatro años, de terna integrada
por candidatos del Presidente de la República, la Corte Suprema
de Justicia y el Consejo de Estado.
Art. 277. El Procurador General de la Nación, por sí o por
medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones:
Vigilar el cumplimiento de la Costitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos.
Ejercer vigilancia superior en la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e im
poner las respectivas sanciones conforme a la ley.
Las demás que determine la ley. Para el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial, y podrá imponer las acciones que considere necesarias.
Art. 278. El Procurador General de la Nación ejercerá directamente las siguientes funciones:
Desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas: derivar evidente e indebido provecho patrimonial en ejercicio de su cargo o de sus funciones; obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuradoría o una autoridad administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleado
s de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo.
Emitir conceptos en los procesos disciplinarios que se adelante contra funcionarios sometidos a fuero especial.
Rendir concepto en los procesos de constitucionalidad.
Art. 279. La ley detrminará lo relativo a la estructrura y al
funcionamiento de la Procuradoría General de la Nación,
regulará lo atinente al ingreso y concurso de méritos y al
retiro del servicio, a las inhabilidades, incompatibiliades,
denominación, calidades, remuneración y al régimen
disciplinario de todos los funcionarios y empleados de dicho
Art. 280. Los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas
calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones de
los Magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes
ejerzan su cargo.
Art. 281. El Defensor del Pueblo formará parte del Ministerio
Público y ejercerá sus funciones bajo la suprema dirección
del Procurador General de la Nación. Será elegido por la
Cámara de Representantes para un período de cuatro años de terna
elaborada por el Presidente de la República.
Art. 282. El Defensor del Pueblo velará por la promoción, el
ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, para lo
cual ejercerá las siguientes funciones:
Orientar e instruír a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado.
Interponer acciones populares en asuntos relacionados con su compentencia.
Art. 283. La ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.
Art. 284. Salvo las excepciones previstas en la Constitución y
la ley, el Procurador General de la Nación y el Defensor del
Pueblo podrá requerir de las autoridades las informaciones
necesarias para el ejercicio de sus funciones, sin que pueda
oponérseles reserva alguna.
DE LA ORGANIZACION TERRITORIAL

References: artículo 135
 artículo 334
 artículo 156

artículo 150
 artículo 163
 artículo 175
 artículo
179
 artículo 150
 artículo 174
 artículo 175

artículo 268