Source: http://www.cidh.oas.org/PRIVADAS/RD10.832.htm
Timestamp: 2017-12-12 19:46:08+00:00

Document:
Republica Dominicana 10.832 - Fondo
INFORME Nº 35/96
CASO 10.832
28. El Gobierno de la República Dominicana señaló que en el caso del Sr. Lizardo Cabrera se siguió un juicio ante el Juzgado de Instrucción de la Quinta Circunscripción del Distrito Nacional, por lo que él entendía que "se estaban agotando los recursos internos". Sin embargo, siguiendo el principio onus probandis incumbit actoris, el Gobierno tiene la obligación de probar que dichos recursos no se han agotado, o en su defecto, señalar qué recursos deben agotarse o por qué motivo éstos no han surtido efecto.[1] In casu, el Gobierno dominicano no dio una respuesta concreta sobre el particular y en el lapso de 4 años se concretó a señalar solamente que "se están agotando los recursos internos", sin precisar cuáles eran los remedios útiles. En la hipótesis de que los recursos internos no se hubiesen agotado, la Comisión consideró que desde el 4 de mayo de 1989, fecha en que fue detenido el Sr. Lizardo, había pasado mucho tiempo sin que se hubiera llegado a una decisión sobre los mencionados recursos, configurándose así un retardo injustificado en la administración de justicia, tal y como lo prevé la excepción del previo agotamiento de los recursos internos contenida en el artículo 46 (2. c) de la Convención y 37 (2. c) de su Reglamento.
29. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado a este respecto lo siguiente: "...cuando se invocan ciertas excepciones a la regla de no agotamiento de los recursos internos, como son la inefectividad de tales recursos o la inexistencia del debido proceso legal, no sólo se está alegando que el agraviado no está obligado a interponer tales recursos, sino que indirectamente se está imputando al Estado involucrado una nueva violación a las obligaciones contraídas por la Convención. En tales circunstancias la cuestión de los recursos internos se aproxima sensiblemente a la materia de fondo".[2] Sin embargo, la interposición de los recursos internos en el caso del Sr. Luis Lizardo Cabrera fue infructuosa y esto colocó a la víctima en estado de indefensión; por ello se explica que la Comisión debiera conocer del caso.
Copia de una resolución de fecha 28 de enero de 1994, denominada "providencia calificativa", emanada del Juzgado de Instrucción de la Quinta Circunscripción del Distrito Nacional. Este tribunal declaró que, tras la investigación sumaria practicada, existían indicios de culpabilidad en contra del Sr. Lizardo por el delito de porte y tenencia de arma de fuego y acordó enviar los antecedentes al juzgado penal competente para que fuera juzgado por dicho delito. (Esta investigación se refería a los hechos ocurridos en mayo de 1989).[3]
Copia de una certificación del Juzgado de Instrucción de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional, dando fe de la existencia del expediente Nº 78-88, de fecha 18 de julio de 1989, en el que señalaba que: "el Sr. Luis Lizardo Cabrera, entre otros, estaba inculpado de violar varios artículos del Código Penal que contemplaban la asociación de malhechores y el robo agravado, violaciones distintas a las que figuraban en el expediente ante la CIDH". (Dicha certificación se refería a hechos ocurridos en septiembre de 1988).[4]
52. La libertad personal está protegida en el numeral 2 de la mencionada disposición[5], en tanto que el numeral 2 j) del mismo artículo garantiza el derecho a un juicio justo.
Decretada la libertad por el Juez, Corte o Tribunal, ningún funcionario podrá negarse a cumplir el mandamiento de libertad, bajo ningún pretexto. El funcionario que se opusiese a su cumplimiento será castigado conforme a los artículos 114 y siguientes del Código Penal y personalmente es responsable al interesado por los daños causados a razón de no menos de cien pesos por cada día que permanezca detenido después del mandamiento[6].
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[1] A este respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en las excepciones preliminares del caso Velásquez Rodríguez, lo siguiente: "...que el Estado que alega el no agotamiento tiene a su cargo el señalamiento de los recursos internos que deben agotarse y de su efectividad." Sentencia del 26 de junio de 1987, párr. 88, p. 38.
[2] Ibid., párr. 91, p. 40.
[3] Lo que se encuentra entre paréntesis es una aclaración hecha por la CIDH.
[4] Lo que se encuentra entre paréntesis es una aclaración hecha por la CIDH.
[5] Artículo 8: ...Para garantizar la realización de estos fines se fijan las siguientes normas: ...2) La seguridad individual. En consecuencia:
[6] El artículo 114 del Código Penal castiga con la pena de degradación cívica a los funcionarios públicos, agentes o delegados del Gobierno que hubieren ordenado o cometido un acto atentatorio contra la libertad individual. La obediencia debida es una causal de exoneración de responsabilidad. Por otra parte, el artículo 28 del Código de Procedimiento Criminal establece para los funcionarios públicos una obligación de denunciar todo crimen o simple delito de que adquieran conocimiento.

References: In casu
 artículo 46
 resolución 
 Artículo 8
 artículo 114
 artículo 28