Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831305.html
Timestamp: 2019-11-20 20:17:21+00:00

Document:
as201831305
AUTO SUPREMO Nº 305 /2018
Sucre, 06 de julio de 2018
Expediente: 149/2017
Materia: Tributaria
Demandante: Alfredo Julio Vaca Guzmán
Demandado: Servicio de Impuesto Nacionales-Regional Chuquisaca
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 248 a 269 de obrados, interpuesto por Jhonny Padilla Palacios, Gerente Distrital a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) de Chuquisaca, contra el Auto de Vista Nº 131/2017 de 06 de marzo, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca de fs. 241 a 245 vta., dentro del proceso contencioso tributario seguido por Alfredo Julio Vaca Guzmán contra la entidad recurrente; la respuesta de fs. 272 a 274 vta.; el Auto Supremo Nº 149-A de 28 de abril de 2017, por el que se admitió el recurso (fs. 282 y vta.), los antecedentes del proceso; y:
Que, tramitado el proceso tributario, la entonces Juez de Partido Tercero del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, emitió la Sentencia Nº 23/2015 de 30 de diciembre (fs. 165 a 167 vta.), que declaró probada la demanda contencioso tributario; sin costas, disponiéndose en consecuencia, se deje sin efecto la Resolución Determinativa Nº 17-000680-14 de 28 de noviembre de 2014, debiendo la institución del SIN emitir nueva Resolución conforme a la responsabilidad del titular de la factura. Entendiéndose por titular a la persona que emite la factura, sea conforme a las disposiciones legales expresas y vigentes.
En grado de apelación, promovido por Grover Castelo Miranda, Gerente Distrital a.i. del SIN (fs. 178 a 187), la respuesta al mismo de fs. 189 a 195 vta.; mediante Auto de Vista Nº 131/2017 de 6 de marzo de fs. 241 a 245 vta., emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, CONFIRMÓ la Sentencia apelada, sin costos ni costas.
Contra el referido Auto de Vista, Jhonny Padilla Palacios, Gerente Distrital a.i. del SIN de Chuquisaca, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, conforme los fundamentos del escrito de fs. 248 a 269, recurso que fue respondido por la parte demandante mediante memorial de fs. 272 a 274 vta., con los argumentos expuestos en el mismo, por lo que, luego de su remisión ante este Tribunal, mediante Auto Supremo Nº 149-A de 28 de abril de 2017 (fs. 282 y vta.), se declaró admisible; por consiguiente, se pasa a considerar y resolver:
Denuncia que el Auto de Vista Nº 131/2017 fue emitido de manera extra petita y ultra petita porque no se pronunció de manera fundamentada sobre los reclamos de ambas partes, no existiendo ninguna fundamentación ni motivación para el pronunciamiento en la emisión de la Resolución, sin resolver el fondo de la controversia, y extralimitándose en sus apreciaciones, haciendo comentarios que no tienen ninguna relación al caso concreto, puesto que el demandante en ningún momento reclamó la adulteración de facturas entregadas a FANCESA, y no explica cual la relación de dicho argumento al caso concreto, de qué manera se relaciona, cual el sentido, porqué hace mención a tal aspecto, el cual ni si quiera hizo evocación en su demanda porque las facturas depuradas al contribuyente no fueron emitidas por FANCESA y tampoco presentó el recurrente ningún proceso penal instaurado por él, para desvirtuar tal aspecto, ya que las facturas depuradas y que fueron presentadas por el Agente de Retención corresponden a otros proveedores, mismas que fueron depuradas por estar emitida a otra persona y por estar fuera de rango de dosificación autorizada por el SIN, así como tampoco fundamenta respecto a lo alegado por el recurrente en su recurso de apelación y no debió resolver más allá de lo que el demandante y la Administración Tributaria reclamaron, trayendo al análisis situaciones no similares a manera de jurisprudencia, con lo que vulneraron el principio de congruencia que debía observar el Auto de Vista.
Por lo expuesto, indica que el Auto de Vista carece de la respectiva motivación y congruencia que debe tener una Resolución debidamente fundamentada, por lo que, vulneró el debido proceso establecido en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), teniendo también la mencionada garantía la protección Internacional en virtud al pacto de San José de Costa Rica, por lo que debe anularse la misma para que se pueda restituir la legalidad porque se aplicó normativa antigua y abrogada, vulnerando el debido proceso y la seguridad jurídica.
Señala que el Auto de Vista recurrido fundamenta sus decisión para confirmar la Sentencia Nº 23/2015 de 30 de diciembre de 2015, en Resoluciones Administrativas Nos. 05-82-87; 05-462-91; 05-506-92 y 05-299-94 que constituyen normativa antigua emitida por la Administración Tributaria referida a la habilitación de facturas, control de la emisión de notas fiscales siendo que su aplicación no corresponde, pues estas resoluciones están abrogadas y la normativa vigente a la fecha de producido el hecho generador la RND Nº 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007 y en tal sentido, para determinar la validez o no de una factura se debe recurrir a esta normativa en su art. 41.I.
En ese sentido, la Administración Tributaria verificó en su sistema informático que las facturas presentadas por el dependiente se encontraban fuera de rango de dosificación o autorización, por lo que el SIN aplicó la normativa correspondiente que claramente establece que las facturas presentadas por el contribuyente no cumplen con ese requisito y que en ningún momento fueron autorizadas por la Administración Tributaria conforme el sistema informático del SIN y en apego al concepto de legalidad, al no contar con un registro de autorización para su validez, no eran documentos válidos; y el beneficio de crédito fiscal de contribuyentes que presenten toda clase de facturas y documentos equivalentes sin valor legal, ocasionaría que el Estado perdería ingresos por doble partida: al no cobrar impuestos al proveedor por la venta de bienes o servicios prestados y al reconocer un crédito fiscal por un tributo que nunca pagó el proveedor.
Posteriormente indica que las Sentencias Nos. 16/2015 de 23 de febrero y 272/2012 de 15 de noviembre, señaladas en el Auto de Vista recurrido no son igual al presente caso porque en ambas el contribuyente demostró que efectivamente las compras fueron evidentes y que la transacción se llevó a cabo, mediante un proceso de investigación penal y por la presentación de prueba de descargo; respetivamente, sin embargo, en el presente caso el dependiente no llegó a desvirtuar ni demostrar que efectivamente las transacciones fueron realizadas, conforme el art. 76 del Código Tributario Boliviano (CTB).
Asimismo, señala que el demandante no tiene la factura original, que según cruce de información realizada por Administración Tributaria con el proveedor, la misma no fue emitida al dependiente, sino que fue otorgada a otro contribuyente, por lo que no puede beneficiarse con el crédito fiscal pretendido, tal como se explicó y que en ningún momento fue sancionado por terceros sino por el hecho de obtener un beneficio fiscal indebido a tiempo de presentar sus declaraciones juradas como indica el art. 165 del CTB al presentar facturas no autorizadas por el SIN.
Finaliza señalando que el Auto de Vista recurrido atenta contra el debido proceso esencialmente en lo concerniente a la valoración, motivación, congruencia, legalidad y a la seguridad jurídica establecidos en los arts. 115, 116.I y II, y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE) al emitir una resolución que pretende confirmar la Sentencia Nº 23/2015 con argumentos extralimitándose incluso que van más allá de lo pedido y cita respaldando lo anterior, las Sentencias Constitucionales Nos. 2184/2012 de 8 de noviembre; 0902//2010-R de 10 de agosto, 0012/2006-R de 4 de enero, 1020/2013 de 27 de junio, 0752/2002-R de 25 de junio, 1289/2010-R de 13 de septiembre, 0049/2013 de 11 de enero y 0943/2013 de 24 de junio. Asimismo, cita como jurisprudencia el Auto Supremo Nº 053 de 29 de abril de 2014 y las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nos. 307/2013 de 05 de marzo y 0421/2012 de 22 de junio.
Concluyó solicitando se dicte Auto Supremo casando la decisión en lo principal y se falle correctamente; y en consecuencia, se mantenga firme y subsistente la Resolución Determinativa impugnada en primera instancia; o en su caso, anule el Auto de Vista en razón de evidenciarse una incorrecta valoración de los fundamentos de apelación que conculcan normas vigentes y no expresan una motivación razonable.
El demandante presentó memorial de respuesta al recurso de casación interpuesto (fs. 272 a 274 vta.), conforme los siguientes argumentos:
Señala que el recurso de casación no cumple con la técnica recursiva exigida por los arts. 271 y 274.I.3 del Código Procesal Civil (CPC-2013) porque solo se efectúa un resumen de los antecedentes administrativos del proceso y transcriben párrafos del Auto de Vista y Sentencia Nº 16/2015 de 23 de febrero emitida por el Tribunal Supremo, que ha sustentado dicho fallo, pero sin explicar en qué consiste la causal de nulidad; es decir, no se específica alguna situación prevista por los arts. 105 y sgtes del CPC-2013 que ameriten la nulidad de obrados, además que, los argumentos citados, no cumplen los principios de especificidad y trascendencia de las nulidades.
Continúa indicando que el Auto de Vista es bastante claro y efectúa un resumen de los antecedentes del proceso, luego desglosa el objeto del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia Nº 23/2015 de 30 de diciembre y tales reclamos fueron analizados y dilucidados por el Tribunal de Alzada y para hacer más gráfico el análisis, citó la indicada Sentencia del Tribunal supremo, aclarándose además, que esa línea jurisprudencial se encuentra vigente a la fecha, conforme se hizo constar de manera detallada en el memorial de respuesta a la apelación, por ello es que se establece que no existe las causales de nulidad alegadas y no es evidente que se habría aplicado normativa abrogada, pues tanto la Sentencia como el Auto de Vista aplicaron la RND Nº 10-0016-07 que es la última RND que se aplica a este tipo de casos; por lo que, en aplicación del art. 220.I.4 del CPC-2013, declaren improcedente el recurso de casación en la forma.
Señala que este recurso tampoco cumple la técnica recursiva para su presentación exigido por los arts. 271 y 274.I.3 del CPC-2013 porque cuando se interpone recurso de casación en el fondo, no solo se debe citar o transcribir las normas, sino se debe explicar qué tipo de infracción ha cometido el Tribunal de Alzada, violación, aplicación indebida o interpretación errónea y respecto de la valoración de la prueba, se debe identificar el error de hecho o de derecho que incurrió el Tribunal al valorar esa prueba, único caso que el Tribunal Supremo puede abrir sus competencia para revisar esa prueba; por consiguiente corresponde que se declare el recurso improcedente conforme el art. 220.II.4 del CPC-2013.
Indica también, que cumplió con el actual sistema de facturación regido por la RND Nº 10-0016-007 de 18 de mayo, en su art. 41 porque presentó el documento válido y auténtico, que es la nota fiscal y por tanto es acreedor a ese crédito fiscal generado, y si bien por un sistema informático se identificó que varias notas fiscales se encontraban fuera de rango de dosificación de esos contribuyentes, no implica que ese crédito fiscal sea una omisión de pago respecto al contribuyente porque: 1) entregó la nota fiscal original al Agente de Retención y el crédito fiscal concedido se enmarca en las previsiones del art. 8 de la Ley Nº 843; 2) esa verificación informática realizada por el SIN es unipersonal y fue seguramente posterior a las transacciones que realizó y además que se le franqueó esa nota fiscal en la que respalda tanto la transacción como el crédito fiscal generado a su favor porque al momento de efectuar el pago de la transacción comercial, también canceló el impuesto (débito fiscal); 3) si bien mencionó las RND’s (05-82-87; 05-462-91; 05506-92; 05299-94 y 10-0016-07), citadas en el curso del proceso, indica que la hermenéutica de dosificación, autorización y habilitación de notas fiscales ha sido la misma; es decir, el contribuyente realiza el trámite administrativo ante el SIN, inclusive ahora vía informativa y esta entidad, emite la autorización de impresión en la que interviene también la imprenta autorizada por el SIN y en todos estos actos administrativos no interviene el beneficiario de la nota fiscal (comprador del servicio o producto), por lo que no se le puede atribuir responsabilidad respecto de errores tanto en la dosificación como en el giro de la nota fiscal, pues es responsabilidad exclusiva del girador o contribuyente propietario del talonario de facturas, por lo que al demandante se le giró notas fiscales válidas y auténticas conforme existe en el art. 41.I de la RND Nº 10-0016-07.
Respecto al incumplimiento con la carga de la prueba para demostrar la transacción; señala que, pese al principio de buena fe, el contribuyente presentó al Agente de Retención las notas fiscales que generaban crédito fiscal a su favor, documento que es válido y auténtico conforme a las normas citadas precedentemente y que constituye prueba suficiente para demostrar la transacción, y es el SIN el que cuenta con toda la información tributaria de todos los contribuyentes, pudiendo iniciar todas las acciones que crea conveniente para cobrar a los malos vendedores, los créditos y débitos fiscales indebidamente generados y no así al sujeto pasivo, por lo que no existió vulneración del art. 76 del CTB.
Continúa señalando que, las notas fiscales presentadas por su persona, cumplen con los presupuestos legales establecidos en los arts. 4.a), 8.a) y 15 de la Ley Nº 843 concordante con el art. 8 del DS Nº 21530 porque demostró la existencia de esas transacciones mediante las facturas originales y la depuración de las mismas, se las debe realizar al que giró las mismas.
Concluye solicitando que, el Tribunal Supremo de Justicia, declare improcedente el recurso de casación en la forma y en el fondo; y en el caso de determinar la admisibilidad del mismo, lo declare infundado el recurso interpuesto conforme el art. 220.II del CPC-2013.
Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 248 269, para su resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones de forma previamente:
II. 1.- Recurso de Casación en la forma.
El SIN-Regional Chuquisaca, acusa que el Auto de Vista Nº131/2017, se encuentra viciado al no contar con el requisito de motivación y fundamentación, por lo que se pasa a considerar las siguientes apreciaciones:
La Constitución Política del Estado reconoce y garantiza el derecho al debido proceso en sus arts. 115.II y 117.I y 180.I; siendo así que, la garantía del debido proceso contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el juzgador al emitir el fallo debe resolver los puntos demandados, efectuando una exposición de los hechos, el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión. Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la CPE, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, el requisito de la fundamentación o motivación, deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de emitir la Resolución, a fin de que sea válida; lo contrario significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación.
En ese sentido y revisada la Resolución emitida por el Tribunal de Alzada; se advierte que la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, efectuó una detallada exposición de los hechos y de la normativa inmersa en la problemática, efectuando una debida motivación y detallada fundamentación legal y describiendo correctamente la normativa en la cual basó su decisión, efectuando una explicación razonada de los fundamentos de su resolución, citando detalladamente las disposiciones legales en las cuales sustenta su fallo; por consiguiente este Tribunal no evidencia la falta de motivación y fundamentación acusada por la Administración Tributaria y por tanto, tampoco una vulneración al principio de congruencia, mostrándose al contrario una debida motivación y fundamentación de la Resolución de Alzada ahora recurrida mediante recurso de casación conforme el recurso de apelación interpuesto.
Asimismo, es preciso señalar que, tampoco resulta cierto que se haya extralimitado por emitir criterios sobre adulteración de facturas entregas a FANCESA, puesto que, tal afirmación se encuentra como jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, mediante la Sentencia Nº 16/2015 de 23 de febrero de Sala Plena, la cual si bien la transcribe en su Segundo Considerando del Auto de Vista recurrido; sin embargo, estableció expresamente en el citado Considerando que: “el ciudadano que adquiera una factura a través de una transacción no tiene la responsabilidad sino el titular de la misma, fundamento que se encuentra y da respuesta al apelante en los fundamentos insertos en la Sentencia Nº 16/2015 de 23 de febrero, dictada por los miembros de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia” (Ver fs. 243 vta. de obrados); por consiguiente se evidencia que tal jurisprudencia si tiene relación al caso concreto porque se resolvió un caso similar en el que se dilucidó quien era responsable por la validez y/o legalidad de las notas fiscales presentadas para el beneficio del crédito fiscal respectivo por el pago de un servicio o producto, aspecto que es el objeto de reclamo en el presente caso; por lo que, no resulta evidente la supuesta violación al debido proceso en su vertiente a falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista recurrido en casación reclamado por la Administración Tributaria, más aún; si consideramos que, respecto de las nulidades, deben aplicarse principios procesales que se encuentran inmersos en la legislación, como el de especificidad o legalidad, de trascendencia y de convalidación para que proceda una nulidad de obrados; empero, en el caso de autos no acontecieron, por lo cual, no procede la nulidad solicitada por la administración tributaria; no correspondiendo anularse la Resolución de segunda instancia solicitada en su recurso de casación en la forma por la entidad tributaria.
Respecto al recurso casación en el fondo; debe manifestarse que el objeto de la Litis en el caso de autos, se circunscribe a determinar si el contribuyente es responsable como consecuencia de la emisión de facturas presentadas como descargó al Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) en su condición de trabajador dependiente, no correspondiendo establecer la condición de deudor al fisco, pues ello, vulnera el principio de presunción de inocencia protegido y previsto en el art. 116.I de la CPE, alterando en este caso el principio de congruencia, habida cuenta que, el proceso se encuentra dirigido a establecer únicamente si el contribuyente, trabajador en relación de dependencia, al presentar facturas para el descargo tributario correspondiente al RC-IVA, asume la responsabilidad sobre la emisión de dichas facturas, en relación a la afirmación de la Administración Tributaria al momento de interponer su recurso de casación en sentido que para que la factura sea un documento válido y auténtico debe estar previamente habilitado mediante dosificación por la Administración Tributaria, conforme disposición del art. 41.1 numeral dos de la RND Nº 10-0016-07, que a la letra señala: “Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), IUE…en los términos dispuestos en la Ley Nº 843 (Texto Ordenado Vigente), y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o cumplan los siguientes requisitos: 1. Sea el original del documento; 2. Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de factura y el número de autorización; 3. Consignar fecha de emisión; 4. Acreditar la correspondencia del titular, consignando el Número de Identificación Tributaria del comprador o el Número del documento de identificación de éste, cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes. En caso que el comprador sea sujeto pasivo del IVA y del RC-IVA (dependientes) al mismo tiempo; deberá solicitar se consigne el NIT en los documentos de gastos relacionados a la actividad gravada por el IVA y el documento de identificación en aquellos que respalden gastos personales a efectos de descargar el RC-IVA (dependientes); 5. Consignar el monto facturado (numeral y literal, excepto para el caso de facturas emitidas a través de la modalidad Máquinas Registradoras donde sólo se consignará el importe en numeral); 6. Consignar el Código de Control, solo cuando la modalidad de facturación empleada implique la generación de este dato; 7. Consignar la fecha de límite de emisión; 8. No presentar enmiendas, tachaduras, borrones e interlineaciones” (sic).
Asimismo, es preciso recordar que en materia tributaria, el sujeto pasivo, para beneficiarse con el crédito fiscal, producto de las transacciones que declara, debe cumplir y demostrar tres presupuestos legales, necesarios, esenciales y concurrentes: 1) la existencia de la factura, nota fiscal o documento equivalente, por el cual se perfecciona el hecho imponible, conforme lo establece el inc. a) del art. 4 concordante con el inc. a) del art. 8, de la Ley Nº 843. Este documento comercial emitido por quien transfiere el dominio con la entrega del bien o acto equivalente, deberá ser presentado en original. 2) Que la compra o adquisición tenga vinculación con la actividad gravada de acuerdo a lo establecido en el inciso a) del art. 8 de la Ley Nº 843; y 3) La realización efectiva de la transacción; es decir, que se perfeccione con el pago de la alícuota establecida en el art. 15 de la Ley Nº 843, concordante con el art. 8 del DS Nº 21530. El primer y último requisitos, están estrechamente relacionados a los medios fehacientes de pago, porque se entiende, que además de presentar la factura como instrumento fidedigno del nacimiento del hecho generador, debe ser respaldada contablemente, es decir deberá estar registrada obligatoriamente en los libros contables -susceptibles de ser verificados- establecidos tanto en el Código Tributario como en el Código de Comercio. Asimismo tratándose de la devolución impositiva, de compras únicamente por montos mayores a Bs. 50.000, éstas deben estar respaldadas con medios fehacientes de pago para que la Administración Tributaria reconozca el crédito fiscal correspondiente; es decir, la obligación normativa de respaldar la misma a través de documentos bancarios como cheques, tarjetas de crédito y cualquier otro medio, que aporte certeza respecto a la transferencia efectiva de dominio de los productos vendidos y comprados, conforme establece el num. 11 del art. 66 del CTb, art. 12.III del DS Nº 27874, que modifica el art. 37 del DS Nº 27310; caso contrario, el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal.
En ese sentido, el análisis de los 3 requisitos establecidos por Ley descritos ut supra para el beneficio del crédito fiscal debe centrarse de acuerdo a la naturaleza de la observación del SIN, por lo cual, de una revisión del expediente; consta la Vista de Cargo Nº 0014OVI07826/VC/00236/2014 de fs. 12 a 15 de obrados; en la cual se advierte que el SIN realizó un Operativo Específico RC-IVA dependientes de los periodos enero, marzo, junio y agosto de la gestión 2010 y en acápite de “Notas fiscales observadas adjuntas a F-110” señala: “error en Nº de Autorización, error en el Nº de NNFF y NNFF fuera de rango de dosificación autorizado por el SIN” de los periodos enero, marzo, junio y julio, todos de 2010; asimismo de las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al procedimiento de determinación; se advierte que, el contribuyente habría incurrido en el incumplimiento al deber formal de: Error de registro en DDJJ FORM-110 en consignar el Nº de Autorización y Nº de NNFF’s de NNFF’S observadas en el periodo enero, junio y agosto de 2010 (ver fs. 101 a 103 de obrados); sin embargo, como se describió ut supra, en cuanto a la falta de dosificación de las facturas descritas; es preciso señalar que, el contribuyente en calidad de receptor de las facturas observadas por el SIN no es responsable del comportamiento tributario del emisor o proveedor de las mismas, el SIN conforme sus facultades establecidas en el art. 100 del CTB debió actuar contra el proveedor y no como erradamente hizo, contra el contribuyente, ya que afectó el crédito fiscal de las facturas sujetas a observación cuando no correspondía porque como ya se tiene expresado, el sujeto pasivo, dio estricto cumplimiento a los requisitos establecidos en los arts. 8.a) de la Ley Nº 843 y 8 del DS Nº 21530 para beneficiarse del crédito fiscal del IVA correspondiente a los periodos de enero, marzo, junio, julio y agosto de 2010, como acertadamente se estableció por los Jueces de instancia en cuanto a las facturas observadas, por lo que no existe trasgresión alguna por parte del Tribunal de Alzada respecto a este punto, puesto que en estricto cumplimiento del art. 41.1 numeral dos de la RND Nº 10-0016-07, las facturas deben ser dosificadas y autorizadas por la Administración Tributaria en coordinación con el emisor de las mismas, sin que intervenga el contribuyente o sujeto pasivo en dicho cometido, por lo que el SIN pretende endilgar la responsabilidad de tal dosificación al contribuyente beneficiario de la factura quién no tiene ningún acceso al acto de dosificación de la factura como tampoco en el giro de notas fiscales, que vincula directamente al emisor y al SIN como ya se explicó (las negrillas son añadidas).
En ese sentido y en atención a lo referido, la Administración Tributaria basa su recurso de casación en el fondo en la falta de dosificación de las facturas por parte del proveedor incumpliendo lo previsto con el art. 41.I.2 de la RND Nº 10-0016-07, situación que es atribuible a quien emite las notas fiscales, puesto que el contribuyente, no puede quedar afectado por la negligencia de los proveedores, porque al recibir las facturas sólo puede verificar que la mismas contengan sus datos correctos o bien que exponga el NIT del emisor, el número de factura y número de autorización y la fecha de emisión, viéndose impedido de verificar que otros aspectos, como la dosificación o información preimpresa de la factura, así como el giro de las notas fiscales, corresponda con los registros idóneos que le permita realizar esta verificación.
Es así que, conforme a lo advertido en primera y segunda instancia, si bien las facturas se encuentran fuera del rango de dosificación, en aplicación al principio de verdad material de acuerdo a lo establecido en el art. 4.d) de la Ley 2341, en concordancia con el art. 200 de la Ley Nº 3092, considerando la realidad de los hechos en la demostración de la existencia real de una venta, con lo cual se perfecciona el hecho imponible y por la que se generó el crédito fiscal; se demostró la transacción efectuada a través de las notas fiscales emitidas, además de los papeles de trabajo, documentos de respaldo, informe de actuación y la documentación contable y financiera que la respaldan de fs. 57 a 100 de obrados; señalando además que las facturas observadas no fueron emitidas por el contribuyente Alfredo Julio Vaca Guzmán Dávalos, sino por quienes concedieron a favor de éste las ventas de productos solicitados (ver fs. 64 a 66, 68, 74, 79, 81, 82, 85, 87, 89, 91, 95 a 97, 99 de obrados), en consecuencia, las obligaciones tributarias, constituye responsabilidad exclusiva del emisor, contra quien la Administración deberá proceder conforme corresponda, por ello no puede privársele del derecho a la obtención del crédito fiscal, como tampoco puede atribuírsele responsabilidades que son de competencia de terceros y no del sujeto pasivo, pues obrar de manera contraria, transgrede el principio de buena fe contenido en el art. 69 de la Ley 2492; correspondiendo en consecuencia confirmar el criterio establecido por la Juez a quo y confirmado por el Tribunal ad quem, respecto que no era responsabilidad del contribuyente los errores error en Nº de Autorización, error en el Nº de NNFF y NNFF fuera de rango de dosificación autorizado por el SIN” de los periodos enero, marzo, junio y julio de la gestión 2010; y si bien resulta cierto que se hizo mención en la Sentencia de primera instancia a las Resoluciones Administrativas Nos. 05-82-87; 05-462-91; 05-506-92 y 05-299-94; sin embargo, solamente fue como reseña de la normativa tributaria que existió en cuanto a la habilitación de facturas y el control de la emisión de notas fiscales emitidas por el SIN en el transcurso del tiempo, pero claramente se advierte que la normativa aplicada en el presente caso fue la RND N° 10-0006-07 de 18 de mayo de 2007, RND que se encuentra en vigencia (ver fs. 165 a 168 vta., y fs. 241 a 245 vta.), por lo que, no resulta evidente que los Jueces de instancia hayan aplicado normativa antigua y abrogado al caso de autos como erradamente alega la parte recurrente.
Respecto a que las Sentencias Nos. 16/2015 de 23 de febrero y 272/2012 de 15 de noviembre, señaladas en el Auto de Vista recurrido no son igual al presente caso; cabe señalar que, como ya se explicó, el contribuyente si demostró efectivamente que las compras fueron evidentes y que la transacción se llevó a cabo, por lo que tal jurisprudencia resulta aplicable al caso concreto al tener similitud en cuanto a la realización efectiva de las transacciones y acertadamente demostradas por el sujeto pasivo, más aún cuando en la Sentencia Nº 16 /2015 de 23 de febrero sobre el requisito de dosificación para la validez del crédito fiscal claramente señala: “…corresponde señalar que FANCESA en su condición de beneficiario final de un servicio o como consumidor final de un bien, cumplió con la presentación de las mismas para conseguir en su favor el respectivo crédito fiscal, ignorando la validez y/o legalidad de estas, no siendo correcta la apreciación de la Superintendencia Tributaria General al revocar la decisión del inferior con el fundamento de que FANCESA es responsable de la legalidad de aquellos documentos, porque como contribuyente que compra un bien o un servicio con el correspondiente pago, por el que a su vez se le otorga la factura pertinente, en ningún caso se encuentra constreñido a verificar previamente la autenticidad de la factura o comprobar si cuenta con la autorización de emisión que concede la Administración Tributaria”. De tal modo que las facturas observadas en aplicación al art. 69 del Código Tributario, son válidas para crédito fiscal y correctamente aplicable al caso de autos dicha jurisprudencia, por lo que, no resulta evidente el reclamo de la entidad recurrente en este aspecto (las negrillas son añadidas).
Respecto a que, el sujeto pasivo no presentó las facturas originales; cabe señalar que, de acuerdo al sello de del SIN estampado en las facturas declaradas por el contribuyente; se advierte que la entidad tributaria señala: “La información contenida en el documento en fotocopia es igual a la del documento original” (sic), revisado el 12 de agosto de 2014 por la Fiscalizadora del Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital de Chuquisaca del SIN (ver fs. 64 a 66, 68, 74, 79, 81, 82, 85, 87, 89, 91, 95 a 97, 99 de obrados); por lo que, se advierte que se presentó los descargos en originales junto con las fotocopias respectivas, aspecto que tiene conocimiento pleno la Administración Tributaria y otorgó su respectivo consentimiento conforme la firma de la funcionaria del Departamento de Fiscalización del SIN plasmada como constancia en todas las facturas observadas. Asimismo, aunque no hubiese existido tal comparación de documentos (originales y fotocopias); resulta menester indicar que, la valoración de los jueces de instancia de la documentación de descargo fue dando estricto cumplimiento de los arts. 180.I de la CPE, así como con el inc. d) y l) del art. 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 200.I del CTB, relativos a los principios de verdad material e informalismo, al haber valorado la prueba presentada por el sujeto pasivo, otorgándole el derecho de una justicia material sin dar prevalencia a una verdad formal antes que a la verdad material, tal afirmación se encuentra respaldada por la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1662/2012 de 1 de octubre, puesto que, indica que un Juzgador no puede definir los derechos y obligaciones de una persona, restringir o distorsionar la percepción de los hechos por una limitación formal, como no valorar prueba por tratarse de fotocopias simples, pues daría lugar a una decisión injusta y ajena a los principios y valores éticos consagrados en la CPE, por lo que, los Jueces de instancia valoraron acertadamente la documentación de descargo presentada por el sujeto pasivo (las negrillas son añadidas).
Por último; respecto a que el Auto de Vista recurrido atenta contra el debido proceso esencialmente en lo concerniente a la valoración, motivación, congruencia, legalidad y a la seguridad jurídica; cabe señalar que, este agravio fue reclamado y resuelto en el recurso de casación en la forma, por lo que, no amerita mayor pronunciamiento al respecto, pues sería reiterativo e innecesario, debiendo remitirse la parte recurrente al acápite “II. 1.- Recurso de Casación en la forma.” (sic) de la presente Resolución.
Por todo lo expuesto, corresponde a este Tribunal desestimar las pretensiones del recurso de casación en la forma y en el fondo, al no evidenciarse vulneración de normas tributarias y confirmar el Auto de Vista ahora impugnado porque no incurrió en conculcación de normas legales; al contrario realizó una correcta valoración e interpretación en su fundamentación jurídica respecto a la normativa legal tributaria aplicable al presente caso descrita líneas arriba; en consecuencia, la parte recurrente no demostró las infracciones acusadas en la actuación judicial, ni mala interpretación de la normativa legal tributaria por parte de los Jueces de instancia, conforme a los argumentos expuestos; por lo que, corresponde fallar conforme dispone el art. 220.II del CPC-2013, aplicable al presente caso por mandato de la norma permisiva del art. 74.2 del CTB.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de la atribución conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, respecto al recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 248 a 269, declara INFUNDADO el mismo, en consecuencia se mantiene firme y subsistente el Auto de Vista Nº 131/2017 de 6 de marzo de fs. 241 a 245 vta., emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
Sin costas y costos en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

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