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Timestamp: 2019-10-19 00:01:39+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2018-7154
Documento BOE-A-2018-7154
Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 131, de 30 de mayo de 2018, páginas 56086 a 56118 (33 págs.)
BOE-A-2018-7154
https://www.boe.es/eli/es-ar/l/2018/04/19/4
Artículo 3.	Objeto.
Artículo 4.	Reconocimiento del derecho a la identidad de género libremente manifestada.
Artículo 5.	No discriminación por motivos de identidad de género, expresión de género o características sexuales.
Artículo 6.	Personas trans menores de edad.
Título I: Tratamiento administrativo de la identidad de género.
Artículo 7.	Documentación administrativa.
Artículo 8.	Servicios de asesoramiento y apoyo a las personas transexuales, sus familiares y personas allegadas.
Artículo 9.	Conﬁdencialidad y respeto a la privacidad.
Artículo 10.	Medidas contra la transfobia.
Artículo 11.	Atención a víctimas de violencia por transfobia.
Título II: De la atención sanitaria a las personas trans.
Artículo 12.	Protección del derecho a la salud física, mental, sexual y reproductiva.
Artículo 13.	Atención sanitaria a personas trans.
Artículo 14.	Consentimiento informado y decisión compartida para personas trans menores de edad.
Artículo 15.	Atención sanitaria a personas intersexuales.
Artículo 16.	Atención sanitaria en el ámbito reproductivo y sexual.
Artículo 17.	Formación de los profesionales sanitarios.
Artículo 18.	Acciones de prevención de enfermedades de transmisión sexual.
Artículo 19.	Unidad de identidad de género.
Artículo 20.	Guías de recomendaciones.
Artículo 21.	Estadísticas y tratamiento de datos.
Título III: Medidas en el ámbito de la educación.
Artículo 22.	Actuaciones en materia de transexualidad en el ámbito educativo.
Artículo 23.	Protocolo de atención educativa a la identidad de género.
Artículo 24.	Planes y contenidos educativos.
Artículo 25.	Acciones de sensibilización, información, formación y divulgación.
Artículo 26.	Universidad.
Título IV: Medidas en el ámbito laboral y de la responsabilidad social empresarial.
Artículo 27.	Políticas de fomento de la igualdad y no discriminación en el empleo.
Artículo 28.	Acciones en el ámbito de la responsabilidad social empresarial.
Artículo 29.	Medidas para la inserción social de las personas trans.
Artículo 30.	Apoyo y protección en situación de especial vulnerabilidad.
Título VI: Medidas en el ámbito familiar.
Artículo 31.	Protección de la diversidad familiar.
Artículo 32.	Adopción y acogimiento familiar.
Artículo 33.	Violencia en el ámbito familiar.
Título VII: Medidas en el ámbito de la juventud y las personas mayores.
Artículo 34.	Protección de los jóvenes
Artículo 35.	Protección de las personas trans mayores, con discapacidad y dependientes.
Título VIII: Medidas en el ámbito del ocio, la cultura y el deporte.
Artículo 36.	Promoción de una cultura inclusiva.
Artículo 37.	Deporte, ocio y tiempo libre.
Título IX: Medidas en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo.
Artículo 38.	Cooperación internacional al desarrollo.
Título X: Comunicación.
Artículo 39.	Tratamiento igualitario de la información y la comunicación.
Artículo 40.	Códigos deontológicos.
Título XI: Medidas en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Artículo 41.	Protocolo de atención policial a la identidad de género.
Título XII: Medidas administrativas para garantizar la igualdad real y efectiva de las personas en atención a la identidad o expresión de género.
Artículo 42.	Contratación administrativa y subvenciones.
Artículo 43.	Formación de las empleadas y los empleados públicos.
Artículo 44.	Evaluación de impacto normativo sobre la identidad o expresión de género.
Artículo 45.	Medidas de remoción y cese e indemnización.
Artículo 46.	Concepto de persona interesada.
Artículo 47.	Inversión de la carga de la prueba.
Título XIII: Régimen sancionador.
Artículo 48.	Responsabilidad.
Artículo 49.	Concurrencia de sanciones.
Artículo 50.	Infracciones.
Artículo 51.	Reincidencia.
Artículo 52.	Sanciones.
Artículo 53.	Graduación de las sanciones.
Artículo 54.	Prescripción.
Artículo 55.	Competencia.
Artículo 56.	Procedimiento sancionador.
Disposición adicional primera. Cómputo del plazo de residencia para ser beneficiario del ingreso aragonés de inserción.
Disposición adicional segunda. Favorecer la visibilidad.
Disposición adicional tercera. Plazo para la cancelación de datos personales.
Disposición final primera. Modificación de las condiciones que deben reunir los establecimientos y servicios sociales especializados.
Disposición final segunda. Regulación del Comité Consultivo contra la discriminación por identidad o expresión de género.
Disposición final tercera. Plazo para la elaboración del plan integral sobre educación en Aragón.
En la persona imperan las características psicológicas que conﬁguran su forma de ser, y se ha de otorgar soberanía a la voluntad humana sobre cualquier otra consideración física. La libre determinación del género de cada persona ha de ser aﬁrmada como un derecho humano fundamental, parte inescindible de su derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Sin embargo, el proceso de reconocimiento de la identidad de género en la sociedad occidental está lejos de concluir. En los países de tradición judeocristiana y buena parte de los de tradición islámica, la identidad de género fue asociada a la homosexualidad y, por tanto, proscrita, primero como trasgresión de la norma religiosa y como violación de las normas penales después. No es sino hasta el siglo XX cuando se comienza a hablar de transexualidad en términos médicos, por efecto de los escritos de los profesores Magnus Hirschfeld y David Oliver Cauldwell, que establecieron las categorías de travestidos y transexuales sobre las que posteriormente Harry Benjamin diseñó sus diagnósticos iniciales de transexualidad y, ﬁnalmente, de trastorno de disforia de género. Desde entonces, si bien se abandonó progresivamente la criminalización de la conducta, han sido términos médicos los que han calificado a las personas trans como afectadas por una enfermedad o trastorno. Durante cerca de setenta años, la transexualidad ha ﬁgurado como enfermedad en los principales manuales de diagnóstico y en las principales clasiﬁcaciones de enfermedades, como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-IO) de la Organización Mundial de la Salud o el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Psiquiátricas DMS-R de la American Psychiatric Association (APA), bajo los caliﬁcativos de «trastorno de la identidad sexual» o «desorden de la identidad de género», cuyo diagnóstico médico asociado era la «disforia de género». Al igual que con la homosexualidad, ha hecho falta un largo camino para que autoridades médicas, asociaciones científicas y profesionales reconsideraran esta clasificación médica en sus bases científicas, y valoraran los componentes de prejuicio que la componen y el efecto estigmatizador de dichas clasificaciones. Recientemente, la propia APA ha retirado su diagnóstico de trastorno de la identidad de género, y son muchas las voces que abogan en los terrenos científicos y sociales por la definitiva despatologización de la transexualidad y por la consideración de la misma como una más de las manifestaciones de la diversidad sexual del ser humano. En este proceso de reconocimiento se han dado ya muchos pasos a nivel global, europeo y nacional, al convertir el tratamiento de la identidad de género en cuestión de derechos humanos.
En el año 2011, se adopta la Resolución 17/19 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU bajo la rúbrica «Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género», siendo la primera resolución de las Naciones Unidas que versa de forma expresa sobre la igualdad, la no discriminación y la protección de los derechos de todas las personas cualquiera sea su orientación sexual, expresión e identidad de género, y que condena formalmente cualquier acto de violencia o discriminación en cualquier parte del mundo. Su aprobación abrió el camino al primer informe oficial de las Naciones Unidas sobre ese tema, preparado por la Oﬁcina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denominado Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género, y al reciente informe Nacidos libres e iguales: Orientación sexual e identidad de género en las normas internacionales de derechos humanos.
En esta misma línea, en España, nuestro artículo 14 de la Constitución Española declara que: «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Mientras que el artículo 9.2 establece que: «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o diﬁculten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social», tras reconocer como derecho fundamental el del libre desarrollo de la personalidad. Nuestra carta magna reconoce igualmente el respeto a la intimidad y a la propia imagen, el derecho a la salud, el trabajo y el acceso a la vivienda.
La ﬁjación en el Estatuto de Autonomía de derechos y principios rectores que deben guiar la actuación de los poderes públicos, como el de promoción de las condiciones adecuadas para que la libertad y la igualdad de la persona y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, la remoción de los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, o el impulso de políticas tendentes a la mejora y equiparación de sus condiciones de vida (artículos 6, 11 y 20), sin duda redundan en la necesidad de esta ley.
La propia transversalidad del derecho a la identidad de género que se pretende consagrar impone la necesidad de establecer principios y medidas de actuación en numerosos sectores de intervención de las Administraciones públicas aragonesas. En el ámbito sanitario, la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, parte de los principios de concepción integral de la salud, universalización de la atención sanitaria, aseguramiento y ﬁnanciación pública e integración funcional. Pese a que la propia Comunidad Autónoma de Aragón introdujo la cirugía de cambio de sexo en la Cartera de Servicios de Atención Especializada del Sistema de Salud de Aragón, la insuﬁciencia de dicha medida exige la adopción de una política sanitaria que garantice de manera efectiva y plena el derecho a la salud sin discriminación alguna por expresión o identidad de género.
La ley sigue, en su deﬁnición de identidad de género y expresión de género, el criterio de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que, a su vez, obtuvo la definición tras un extenso trabajo de consulta con las principales organizaciones trans europeas e internacionales. El concepto de identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente profundamente, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. La identidad de género está generalmente acompañada del deseo de vivir y recibir aceptación como miembro de dicho género e, incluso, del deseo irrenunciable de modificar, mediante métodos hormonales, quirúrgicos o de otra índole, el propio cuerpo.
La presión social, familiar y en el ámbito laboral, por otro lado, pueden crear situaciones en las que es conveniente el apoyo psicológico para una mejor autointegración del proceso de tránsito. Todo ello, sin embargo, ha de hacerse a requerimiento de la persona interesada y sin un sometimiento a patrones ﬁjos de manifestación de la sexualidad o de la identidad, ya que cada persona es única en sus características y vivencias al respecto. Ha de entenderse que la mayoría de las personas trans no demandan que se les preste apoyo médico porque se sientan enfermas, sino por los obstáculos sociales que encuentran a su libre desarrollo como personas que realizan una manifestación libre de su género. Las personas trans no son, sin embargo, un colectivo homogéneo, ni en sus pretensiones respecto a la manifestación de su identidad en el campo social ni en sus requerimientos de asistencia, por lo que no procede imponer itinerarios únicos o modelos estereotipados de identidad que puedan convertirse, a su vez, en vulneraciones de los derechos de dichas personas, considerando, así mismo, la existencia de las personas no binarias con comportamientos de género fluido o no normativo. Como reconoce la Resolución del Parlamento Europeo de 12 de septiembre de 1989, sobre la discriminación de las personas transexuales, ha de ser cada persona quien establezca los detalles sobre su identidad como ser humano.
Resulta obligado resaltar el compromiso que la Comunidad Autónoma de Aragón adquiere con esta ley en relación con la protección de las personas trans menores de edad. Si, con frecuencia, las personas trans adultas han sufrido discriminación o han sido desatendidas, este abandono es especialmente grave cuando afecta a las menores de edad, que, por su desprotección natural y por su estadio de desarrollo, sufren con mayor gravedad la negativa al reconocimiento de su identidad o la desatención médica a sus necesidades de aﬁrmación. En cumplimiento del mandato de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de protección a la infancia y la adolescencia, y bajo el criterio rector de atención al interés superior de las personas menores, la presente ley les ofrece, a ellas y a sus guardadores legales, amparo frente a toda exclusión, plena atención a sus necesidades sanitarias y protección en el sistema educativo.
El título I, dedicado al tratamiento administrativo de la identidad de género, establece los principios generales del tratamiento administrativo y el derecho a una documentación adecuada a la identidad de género manifestada en las relaciones con la Administración pública aragonesa, lo que es de especial interés para quienes se encuentran en el tránsito hacia la rectiﬁcación de sexo registral o no pueden acceder al mismo por su edad o por su condición de extranjeros. La Comunidad Autónoma compromete igualmente el sostenimiento de un servicio de asesoramiento y apoyo a las personas transexuales, sus familiares y personas allegadas, el respeto de la confidencialidad e intimidad en todos sus procedimientos y compromiso ﬁrme en la realización de acciones contra la transfobia y el respeto en su proceder a la identidad y expresión de género de toda persona en su relación con la Administración.
En el caso de las personas intersexuales, y de manera novedosa, la presente norma garantiza la integridad corporal de las personas intersexuales menores de edad hasta que estas deﬁnan su identidad sentida y les ofrece protección de su intimidad y dignidad frente a prácticas de exposición y análisis de carácter abusivo. La protección de las personas intersexuales exige el reconocimiento de la diversidad de los cuerpos humanos y la erradicación del prejuicio según el cual existe un único patrón normativo de corrección corporal, que lleva a que sean operados en su infancia para asimilarlos al patrón normativo de hombre o mujer sin saber cuál es la identidad de dicha persona, cometiendo con ello frecuentes errores que luego condicionan gravemente la vida de la persona intersexual. Sin conocimiento de la identidad de género sentida por la persona intersexual, cualquier intervención quirúrgica que asimile a la persona menor a una identidad puede ser una auténtica castración traumática.
La norma concluye con las previsiones relativas a su implantación efectiva y desarrollo reglamentario, a ﬁn de asegurar la más temprana implantación y efectividad de los derechos aquí enunciados.
Artículo 1. Deﬁniciones.
g) Identidad sexual o de género: la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente y autodetermina, sin que deba ser definida por terceros, pudiendo corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento y pudiendo involucrar la modiﬁcación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido.
c) A ser tratado de conformidad a su identidad de género en los ámbitos públicos y privados y, en particular, a ser identiﬁcado y acceder a documentación acorde con dicha identidad.
1. Las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el ámbito de sus competencias, deberán adoptar todas las medidas administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias a ﬁn de asegurar que, en todos y cada uno de los casos y procedimientos en los que participen, se obrará teniendo en cuenta que las personas deben ser tratadas de acuerdo con la identidad de género que manifiesten, y se respetará la dignidad y privacidad de la persona concernida y la heterogeneidad del hecho familiar.
a) De información, orientación y asesoramiento a las personas trans y no binarias, incluido el legal y de asistencia social, con inclusión de sus familiares y personas allegadas, en relación con las necesidades de apoyo especíﬁcamente ligadas a la condición de persona trans siguiendo los principios de cercanía y no segregación.
Artículo 9. Conﬁdencialidad y respeto a la privacidad.
2. Como consecuencia de la expedición de la documentación citada en el artículo 7 o de la rectificación de sexo registral, las Administraciones públicas aragonesas habilitarán los mecanismos administrativos oportunos y coordinados para la cancelación del acceso a los datos en archivos, bases de datos y demás ﬁcheros pertenecientes a las Administraciones aragonesas que incluyan cualquier referencia a la identiﬁcación anterior de la persona o cualquier dato que haga conocer su realidad trans, excepción hecha de las referencias necesarias en el historial médico confidencial de la persona a cargo del departamento competente en materia de sanidad.
4. Se garantiza el derecho de todas las personas beneﬁciarias de esta ley al acceso, corrección y cancelación de sus datos personales en poder de las Administraciones públicas aragonesas y de las entidades privadas en territorio aragonés, conforme a lo establecido en el apartado anterior y a la normativa sobre protección de datos.
2. Estará garantizado el acceso a las técnicas de reproducción asistida, incluyendo como beneﬁciarias a todas las personas con capacidad gestante y/o sus parejas.
2. El departamento competente en materia de sanidad establecerá las medidas adecuadas, en estrecha colaboración con las sociedades profesionales correspondientes y con las universidades del sistema universitario de Aragón, para asegurar, en el marco del fomento y participación en las actividades de investigación en el campo de las ciencias de la salud e innovación tecnológica, el derecho de los profesionales a recibir formación especíﬁca de calidad en materia de transexualidad, así como el derecho de las personas transexuales a ser atendidas por profesionales con experiencia suﬁciente y demostrada en la materia.
1. El respeto a las manifestaciones de identidad de género que se realicen en el ámbito educativo y el libre desarrollo de la personalidad del alumnado conforme a su identidad. Sin perjuicio de que en las bases de datos de la Administración educativa se mantengan los datos de identidad registrales, se adecuará la documentación administrativa de exposición pública y la que pueda dirigirse al alumnado, haciendo ﬁgurar en dicha documentación el nombre elegido, evitando que dicho nombre aparezca de forma distinta al que se muestra al resto del alumnado.
4. Se indicará al profesorado y personal de administración y servicios del centro que se dirija al alumnado trans por el nombre elegido por este, o, en caso de que se acredite que no cuenta con las suﬁcientes condiciones de madurez, el indicado por alguno de sus representantes legales. Se respetará su derecho a utilizar dicho nombre en todas las actividades docentes y extraescolares que se realicen en el centro, incluyendo los procesos de evaluación, sin perjuicio de asegurar, en todo caso, la adecuada identificación de la persona, a través de su documento nacional de identidad o, en su caso, número de identiﬁcación de extranjero, en expedientes académicos y titulaciones oficiales en tanto no se produzca el cambio registral.
4. Se indicará al profesorado y personal de administración y servicios del centro que se dirija al alumnado o personal trans por el nombre elegido y el género manifestado. Se respetará su derecho a utilizar dicho nombre en todas las actividades laborales, docentes y extraescolares que se realicen en el centro, incluyendo los exámenes, sin perjuicio de asegurar la adecuada identiﬁcación de la persona. El acceso a los servicios ofertados en ningún caso estará condicionado a que las personas trans, incluidas las menores de edad, previamente se deban someter a examen psicológico o psiquiátrico alguno.
5. Si se realizan actividades o existiesen espacios diferenciados por razón de sexo, se adoptarán las medidas necesarias para que los espacios o equipamientos identiﬁcados en función de los sexos puedan utilizarse en igualdad de condiciones y dignidad por las personas libremente en atención a su identidad de género manifestada. Se adoptarán las medidas precisas para garantizar que los espacios y equipamientos en función del sexo cumplan la misión para la que fueron creadas, sin menoscabo alguno para las personas que los usan en función de la identidad de género sentida, y que dichas instalaciones se disfruten en condiciones de igualdad y respeto a la realidad de personas en atención a su identidad y expresión de género, evitando cualquier acto de prejuicio, hostigamiento y violencia física o psicológica, tanto estructural como circunstancial.
2. Sin perjuicio de lo que disponga al respecto la normativa especíﬁca sobre empleo y servicios sociales, las Administraciones públicas competentes elaborarán un programa marco de actuación para la inserción y atención social del colectivo de personas trans en riesgo de grave exclusión. Se atenderá de manera específica a la situación de aquellas personas trans que hayan sido expulsadas de sus hogares por razón de la manifestación de su identidad de género con situación de desvalimiento. Si la persona expulsada fuera menor de edad, los servicios sociales de la Comunidad Autónoma interesarán ante la autoridad oportuna los trámites necesarios para el acogimiento de la persona menor y la adopción de las medidas oportunas en relación con su guarda y custodia ante el supuesto de abandono o maltrato del menor por sus responsables.
1. Se llevarán a cabo medidas de prevención de la discriminación y apoyo a la visibilidad de las personas trans, como colectivo vulnerable. En particular, se adoptarán medidas especíﬁcas de apoyo, mediación y protección en los supuestos de personas menores, adolescentes y jóvenes que estén sometidas a presión o maltrato psicológico en el ámbito familiar a causa de su expresión o identidad de género.
1. Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de vulneración de los derechos de las personas trans e intersexuales las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por la realización de las acciones u omisiones tipiﬁcadas en la presente ley. Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden y de las atribuciones inspectoras y sancionadoras que, en el ámbito laboral, pueda ejercer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
2. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de ilícito penal, la Administración pasará el tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia ﬁrme o resolución que ponga fin al procedimiento o mientras el Ministerio Fiscal no comunique la improcedencia de iniciar o proseguir actuaciones.
A los efectos de lo previsto en esta ley, existirá reincidencia cuando el responsable o responsables de la infracción prevista en ella hayan sido sancionados anteriormente mediante resolución firme por la realización de una infracción de la misma naturaleza en el plazo de un año, contado desde la notiﬁcación de aquella.
Disposición adicional primera. Cómputo del plazo de residencia para ser beneﬁciario del ingreso aragonés de inserción.
No se considerará interrumpido el tiempo de residencia efectiva en la Comunidad Autónoma de Aragón exigido por la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de Medidas Básicas de lnserción y Normalización Social, y las normas de desarrollo de la misma, en los casos de traslados fuera de la Comunidad Autónoma derivados de situaciones constatadas de malos tratos, hasta un plazo máximo de nueve meses contado a partir de la fecha de su entrada en vigor.
Se modiﬁca el artículo 33.c) del Decreto 111/1992, de 26 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regulan las condiciones mínimas que han de reunir los servicios y establecimientos sociales especializados, que pasa a decir:
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oﬁcial de Aragón».
(Publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» número 86, de 7 de mayo de 2018)
Publicada en el BOA núm. 86, de 7 de mayo de 2018.
SE MODIFICA los arts. 52.2 y 3, 54.1 y 3, por Ley 18/2018, de 20 de diciembre (Ref. BOE-A-2019-2712).

References: Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56
 Resolución 
 resolución 
 artículo 14
 artículo 9
 Resolución 

Artículo 1

Artículo 9
 artículo 7
 resolución 
 resolución 
 artículo 33