Source: https://ru.scribd.com/document/80593402/Ley-27584
Timestamp: 2020-02-18 01:14:13+00:00

Document:
Ley 27584 | Demanda judicial | Ley procesal
сохранитьСохранить «Ley 27584» для последующего чтения
ADICION-DEMANDA
4. Principio de suplencia de oficio.- El Juez deberá suplir las deficiencias formales en
las que incurran las partes, sin perjuicio de disponer la subsanación de las mismas en
un plazo razonable en los casos en que no sea posible la suplencia de oficio.
2. El silencio administrativo, la inercia y cualquier otra omisión de la administración
5. Las actuaciones u omisiones de la administración pública respecto de la validez,
eficacia, ejecución o interpretación de los contratos de la administración pública, con excepción de los casos en que es obligatorio o se decida, conforme a ley, someter a conciliación o arbitraje la controversia.
6. Las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la
El reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado
y la adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines.
3. La declaración de contraria a derecho y el cese de una actuación material que no
se sustente en acto administrativo.
4. Se ordene a la administración pública la realización de una determinada actuación
a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme.
La acumulación de pretensiones procede siempre que se cumplan los siguientes
2. No sean contrarias entre sí, salvo que sean propuestas en forma subordinada o
La Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior respectiva, conoce en grado de apelación contra lo resuelto en la primera instancia. La Sala Constitucional de la Corte Suprema resuelve en sede casatoria. En los lugares donde no exista Juez o Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo es competente el Juez que conoce asuntos civiles o la Sala Civil correspondiente. (1)(2)
3. La entidad administrativa cuyo acto u omisión produjo daños y su resarcimiento es
discutido en el proceso.
5. El particular titular de los derechos declarados por el acto cuya nulidad pretenda la
entidad administrativa que lo expidió en el supuesto previsto en el segundo párrafo del
6. La entidad administrativa que expidió el acto y la persona en cuyo favor se deriven
derechos de la actuación impugnada en el supuesto previsto en el segundo párrafo del
7. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que presten servicios públicos o
ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado están incluidas en los supuestos previstos precedentemente, según
2. Como parte cuando se trate de intereses difusos, de conformidad con las leyes de
15.1 La representación y defensa de las entidades administrativas estará a cargo de
la Procuraduría Pública competente o, cuando lo señale la norma correspondiente, por el representante judicial de la entidad debidamente autorizado.
15.2 Todo representante, judicial de las entidades administrativas, dentro del término
para contestar la demanda, pondrá en conocimiento del titular de la entidad su opinión profesional motivada sobre la legalidad del acto impugnado, recomendándole las acciones necesarias en caso de que considere procedente la pretensión.
1. Cuando el objeto de la impugnación sean las actuaciones a que se refieren los
numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del Artículo 4 de esta Ley, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento o notificación del acto material de impugnación, lo que ocurra primero.
4. Cuando se pretenda impugnar actuaciones materiales que no se sustenten en
actos administrativos el plazo será de tres meses a contar desde el día siguiente en que
se tomó conocimiento de las referidas actuaciones.
5. La nulidad del acto jurídico a que se refiere el Artículo 2001 inciso 1) del Código
Civil es de tres meses cuando se trata de acto jurídico administrativo.
procedencia de la demanda el agotamiento de la vía
administrativa conforme a las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General o por normas especiales.
Es requisito para la
1. Cuando la demanda sea interpuesta por una entidad administrativa en el supuesto
contemplado en el segundo párrafo del Artículo 11 de la presente Ley.
2. Cuando en la demanda se formule como pretensión la prevista en el numeral 4 del
Artículo 5 de esta Ley. En este caso el interesado deberá reclamar por escrito ante el titular de la respectiva entidad el cumplimiento de la actuación omitida. Si en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de presentado el reclamo no se cumpliese con realizar la actuación administrativa el interesado podrá presentar la demanda correspondiente.
3. Cuando la demanda sea interpuesta por un tercero al procedimiento administrativo
en el cual se haya dictado la actuación impugnable.
1. El documento que acredite el agotamiento de la vía administrativa, salvo las
excepciones contempladas por la presente Ley.
2. En el supuesto contemplado en el segundo párrafo del Artículo 119 de la presente
Ley, la entidad administrativa que demande la nulidad de sus propios actos deberá acompañar el expediente de la demanda.
1. Cuando sea interpuesta contra una actuación no contemplada en el Artículo 4 de
2. Cuando se interponga fuera de los plazos exigidos en la presente Ley. El
vencimiento del plazo para plantear la pretensión por parte del administrado, impide el inicio de cualquier otro proceso judicial con respecto a la misma actuación impugnable.
3. Cuando el administrado no haya cumplido con agotar la vía administrativa, salvo
las excepciones contempladas en la presente Ley.
4. Cuando exista otro proceso judicial o arbitral idéntico, conforme a los supuestos
establecidos en el Artículo 452 del Código Procesal Civil.
5. Cuando no se haya vencido el plazo para que la entidad administrativa declare su
nulidad de oficio en el supuesto del segundo párrafo del Artículo 11 de la presente Ley.
6. Cuando no se haya expedido la resolución motivada a la que se hace referencia
en el segundo párrafo del Artículo 11 de la presente Ley.
En los supuestos previstos en el Artículo 427 del Código Procesal Civil.
2. Se ordene a la administración la realización de una determinada actuación a que
se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme.
2.1 Contra las sentencias, excepto las impugnables con recurso de casación y las
excluidas por convenio entre las partes;
3.1 Las sentencias expedidas en revisión por las Cortes Superiores; 3.2 Los autos expedidos por las Cortes Superiores que, en revisión, ponen fin al proceso.
Para tal efecto, se seguirán las normas del Código Procesal especificaciones establecidas en esta Ley.
1. De los fundamentos expuestos por el demandante se considere verosímil el
derecho invocado. Para tal efecto, se deberá ponderar los fundamentos expuestos por el demandante con el principio de presunción de legalidad del acto administrativo, sin que este último impida al órgano jurisdiccional conceder una medida cautelar.
2. De los fundamentos expuestos por el demandante se considere necesaria la
emisión de una decisión preventiva por constituir peligro la demora del proceso, o por
1. La nulidad, total o parcial, o ineficacia del acto administrativo impugnado, de
acuerdo a lo demandado.
41.2 El responsable del cumplimiento del mandato judicial será la autoridad de más
alta jerarquía de la entidad, el que podrá comunicar por escrito al Juez qué funcionario
será encargado en forma específica de la misma, el que asumirá las responsabilidades que señala el inciso anterior.
41.3 En la ejecución de la sentencia los funcionarios encargados de exteriorizar la
voluntad de las entidades mediante actuaciones son solidariamente responsables con
41.4 La renuncia, el vencimiento del período de la función o cualquier otra forma de
suspensión o conclusión del vínculo contractual o laboral con la administración pública
no eximirá al personal al servicio de ésta de las responsabilidades en las que ha incurrido por el incumplimiento del mandato judicial, si ello se produce después de haber sido notificado.
42.1 Cuando la sentencia ordene el pago de una cantidad de dinero, el demandante
podrá proceder conforme a las normas del Código Procesal Civil sobre medidas cautelares para futura ejecución forzada con la finalidad de garantizar el cumplimiento
de la sentencia, mientras se cumple con el procedimiento establecido en los incisos 2, 3
y 4 del presente artículo.
42.2 Cuando las entidades fueren condenadas a la entrega de una suma de dinero,
la tesorería o dependencia encargada deberá realizarlo conforme al mandato judicial, si
hubiere disponibilidad presupuestaria.
42.3 Si para el cumplimiento de la sentencia fuere preciso alguna modificación
presupuestaria se iniciará la tramitación respectiva dentro de los cinco días de notificada, hecho que deberá ser comunicado al órgano jurisdiccional correspondiente.
42.4 Transcurridos cuatro meses de la notificación sin haberse efectuado el pago, se
dará inicio al proceso de ejecución de resoluciones judiciales previsto en el Artículo 713
y siguientes del Código Procesal Civil. No podrán ser materia de ejecución los bienes de dominio público conforme al Artículo 73 de la Constitución Política del Perú.
42.5 Adicionalmente, antes de que transcurran tres meses de la notificación sin
haberse cumplido el mandato, la entidad podrá proponer alguna otra modalidad de pago
de cumplimiento de la sentencia en la forma menos gravosa para la hacienda pública.
Esta propuesta se hará al Juzgado el que la pondrá en conocimiento del demandante por el plazo de tres días para que dé su aceptación o negativa, con lo que concluirá la incidencia. (4)(5)
42.1 La Oficina General de Administración o la que haga sus veces del Pliego
Presupuestario requerido deberá proceder conforme al mandato judicial y dentro del marco de las leyes anuales de presupuesto.
42.2 En el caso de que para el cumplimiento de la sentencia el financiamiento
ordenado en el numeral anterior resulte insuficiente, el Titular del Pliego Presupuestario, previa evaluación y priorización de las metas presupuestarias, podrá realizar las modificaciones presupuestarias dentro de los quince días de notificada, hecho que deberá ser comunicado al órgano jurisdiccional correspondiente.
42.3 De existir requerimientos que superen las posibilidades de financiamiento
expresadas en los numerales precedentes, los pliegos presupuestarios, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, mediante comunicación escrita de la Oficina General de Administración, harán de conocimiento de la autoridad judicial su
compromiso de atender tales sentencias en el ejercicio presupuestario siguiente, para lo cual se obliga a destinar hasta el tres por ciento (3%) de la asignación presupuestal que
le corresponda al pliego por la fuente de recursos ordinarios.
42.4 Transcurridos seis meses de la notificación judicial sin haberse iniciado el pago
u obligado al mismo de acuerdo a alguno de los procedimientos establecidos en los
numerales 42.1, 42.2 y 42.3 precedentes, se podrá dar inicio al proceso de ejecución de resoluciones judiciales previsto en el Artículo 713 y siguientes del Código Procesal Civil. No podrán ser materia de ejecución los bienes de dominio público conforme al Artículo 73 de la Constitución Política del Perú.”
pronunciamientos de las sentencias que se dicten con la finalidad de eludir el cumplimiento de éstas.
1. Los Artículos 540 al 545 del Subcapítulo Seis del Título II de la Sección Quinta del
Código Procesal Civil promulgado por Decreto Legislativo Nº 768.
2. Los Artículos 79 al 87 del Título III de la Sección Sétima de la Ley Procesal de
Trabajo Nº 26636.
3. Los Artículos 157 al 161 del Título IV del Libro Tercero del Texto Único Ordenado
del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF y sus normas modificatorias.
4. El Artículo 157 del Capítulo XV del Título Duodécimo del Texto Único Ordenado
de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM.
Los Artículos 9 y 10 del Capítulo II y la Décima Disposición Complementaria,
Transitoria y Final del Texto Único Ordenado del Régimen Pensionario del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 070-98-EF.
6. El primer párrafo del Artículo 17 del Decreto Ley Nº 25868, modificado por el
Artículo 64 del Decreto Legislativo Nº 807.
8. La Ley Nº 26756, el Decreto de Urgencia Nº 019-2001 y los Artículos 2, 3 y 6 del
Decreto de Urgencia Nº 055-2001. (6)
9. El Artículo 370 de la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros;
Déjanse
incompatibles con la presente Ley.
TERCERA.- Esta Ley entrará en vigor a los 30 (treinta) días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial El Peruano. (7) (8)(9)
(1) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 27709, publicado el 26-04- 2002, cuyo texto es el siguiente:
(2) Artìculo modificado por el Artìculo Ùnico de la Ley Nª 28531, publicada el 26 Mayo
2005, cuyo texto es el siguiente:
(3) Artìculo modificado por el Artìculo Ùnico de la Ley Nª 28531, publicada el 26 Mayo 2005, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 25.- Procedimiento especial
Sólo cuando la actuación de los medios probatorios ofrecidos lo requiera, el Juez señalará día y hora para la realización de una audiencia de pruebas. La decisión por la que se ordena la realización de esta audiencia o se prescinde de ella es inimpugnable.
Luego de expedido el Auto de Saneamiento o de realizada la audiencia de pruebas, según sea el caso, el expediente será remitido al Fiscal para que éste emita dictamen. Emitido el mismo, el expediente será devuelto al Juzgado, el mismo que se encargará de notificarlo a las partes.
Antes de dictar sentencia, las partes podrán solicitar al Juez la realización de informe oral, el que será concedido por el sólo mérito de la solicitud oportuna.
a) Tres días para interponer tacha u oposiciones a los medios probatorios, contados
desde la notificación de la resolución que los tiene por ofrecidos;
b) Cinco días para interponer excepciones o defensas, contados desde la
notificación de la demanda;
c) Diez días para contestar la demanda, contados desde la notificación de la
resolución que la admite a trámite;
d) Quince días para emitir el dictamen fiscal, contados desde la expedición del Auto
de Saneamiento o de la realización de la audiencia de pruebas, según sea el caso;
e) Tres días para solicitar informe oral, contados desde la notificación del dictamen
fiscal a las partes;
g) Cinco días para apelar la sentencia, contados desde su notificación.”
(4) Artículo sustituido por el Artículo 1 de la Ley N° 27684, publicado el 16-03-2002, cuyo texto es el siguiente:
(5) De conformidad con el Numeral 3 de la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre los Expedientes Acumulados Ns° 015-2001-AI-TC, Expediente N° 016-2001-AI-TC y Expediente N° 004-2004-AI-TC, publicada el 01-02-2004, se declara la inconstitucionalidad de la expresión “única y exclusivamente” del presente artículo, quedando subsistente dicho precepto legal con la siguiente redacción: “Las sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de suma de dinero, serán atendidas por el Pliego Presupuestario en donde se generó la deuda, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, y su cumplimiento se hará de acuerdo con los procedimientos que a
continuación se señalan: (
(6) Inciso retirado por el Artículo 2 de la Ley N° 27684, publicada el 16-03-2002, en consecuencia se declara la plena vigencia de la Ley N° 26756, con excepción de la Disposición Transitoria Única, declarada inconstitucional mediante sentencia del Tribunal Constitucional del 15-03-2001, publicada el 11-05-2001; del Decreto de Urgencia Nº 019-2001 y del Decreto de Urgencia Nº 055-2001 con excepción de los Artículos 2, 3 y 5 que quedan derogados.
(7) La presente Ley fue publicada el 07-12-2001, consiguientemente entrará en vigor a partir del 06-01-2002
(8) De conformidad con el Artículo 1 del Decreto de Urgencia Nº 136-2001, publicado el 21-12-2001, se amplía el plazo señalado en la presente disposición, en 180 días para la entrada en vigencia de la Ley N° 27584, es decir regirá a partir del 05-07-2002.
(9) Mediante el Artículo 4 de la Ley N° 27684, publicada el 16-03-2002, se deja sin efecto el Decreto de Urgencia N° 136-2001, y a través del Artículo 5 de la citada Ley, se fija nuevo plazo para la entrada en vigencia de la Ley N° 27584, el cual es 30 días posteriores a la publicación de la Ley N° 27684, en consecuencia la Ley N° 27584 rige desde el 15-04-2002.
Документы, похожие на «Ley 27584»
Abinadi Avendaño
Yuleisy Conclusion
Другое от пользователя: yosoynym
El Arbitraje y Su cia en El Sistema Judicial Peruano - Marco Falconi
9 Fuentes Derecho

References: Artículo 4
 Artículo 2001
 Artículo 11

Artículo 5
 Artículo 119
 Artículo 4
 Artículo 452
 Artículo 11
 resolución 
 Artículo 11
 Artículo 427
 Artículo 713
 Artículo 73
 Artículo 713
 Artículo 73
 Artículo 157
 Artículo 17

Artículo 64
 Artículo 370
 resolución 

resolución 
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 1
 Artículo 4
 Artículo 5