Source: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=10703&strTipM=T
Timestamp: 2019-11-14 05:48:39+00:00

Document:
PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Dictamen 266 del 03/10/2001
Dictamen : 266 del 03/10/2001
Texto Dictamen 266
C-266-2001
3 de octubre del 2001
Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, me refiero a su oficio 1-227-2001 de 3 de abril del presente año, mediante el cual solicita nuestro criterio en relación con el procedimiento administrativo instaurado contra XXX, con el objeto de determinar la posible nulidad absoluta, evidente y manifiesta, de los actos que a continuación se citarán.
Mediante Ref. SE-806-93 de 7 de setiembre de 1993, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional para Investigación Científica y Tecnológica (CONICIT) acuerda, con base en Recomendación de la Comisión de Carrera Profesional de 18 de agosto de 1993 (folios 03, 04 y 05 del expediente administrativo), " a) concederle a partir del 1 de julio de 1993 1.5 puntos en la modalidad de Experiencia Profesional, correspondiente al período 92-93, así como b) denegar la solicitud para reconocimiento del Curso de Portugués, por cuanto se refiere a l Nivel Elemental, no cubriendo todo el programa del idioma."
El 30 de agosto de 1994 la Secretaría Ejecutiva emite Ref. SE-931-94 (folio 11 del expediente administrativo) en la cual decide: a) "Aprobar un punto en la modalidad de Participación, a partir del 01 de julio de 1994, por la participación en los Módulos I y II del curso Gestión, Administración y Evaluación de Programas de Ciencia y Tecnología, realizado durante los días 23 y 25 de marzo, 4,6, y 8 de abril y del 12 al 16 de abril de 1994, respectivamente. Remanente: 15 horas. b) "Aprobar un punto y medio de experiencia profesional a partir del 01 de julio de 1994, correspondiente al período 93-94." Ello conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Profesional el 7 de julio de 1994 (folios 09 y 10 del expediente administrativo).
Mediante Ref. SE-1012-95 de 9 de octubre de 1995 (folio 16), la Secretaría Ejecutiva decide: "Otorgar 1.5 puntos en la modalidad de Experiencia Profesional, a partir del 01 de julio de 1995, correspondiente al período 94-95.", con base en acta de fecha 4 de setiembre de 1995 (folios 13 y 14).
Nótese que los actos cuya nulidad se reclama fueron tomados en los años 1993, 1994 y 1995.
Por otro lado, el auto de apertura del procedimiento para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de dichos actos lo dicta el Órgano Director mediante Resolución 07 de las 14 horas de 20 de febrero de 2001 (folio 22).
Existe reiterada jurisprudencia administrativa en la que se indica que la Administración cuenta con un plazo fatal de cuatro años para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de sus actos declaratorios de derechos. Como ejemplo, puede citarse el siguiente dictamen:
"II. Sobre el cómputo del plazo de cuatro años establecido en el artículo 173
Se considera que para la resolución del presente asunto es necesario precisar cuál es el acto administrativo que impide el acaecimiento del plazo caducidad, y por ende, el ejercicio de esta potestad de autotutela administrativa. Esto es, si se trata del inicio del procedimiento, o bien, si es el dictado del acto de la administración activa que declara la nulidad.
Dispone actualmente el citado numeral 173:
1. - Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos fuere evidente y manifiesta, podrá ser declarada por la Administración en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al contencioso de lesividad señalado en los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, No. 3667, de 12 de marzo de 1966, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República. Cuando la nulidad versare sobre actos administrativos relacionados directamente con el proceso presupuestario o la contratación administrativa, la Contraloría General de la República deberá rendir el dictamen favorable.
2. - Cuando se tratare de la administración del Estado, el órgano constitucional superior que emitió el respectivo acto deberá declarar la nulidad. En los actos del Poder Ejecutivo, el Ministro del ramo designará al órgano director del procedimiento administrativo. Si se tratare de otros entes públicos o Poderes del Estado, deberá declarar la nulidad cada jerarca administrativo. Contra lo resuelto por ellos, solo cabrá recurso de reconsideración o reposición. Con la resolución de los recursos se dará por agotada la vía administrativa.
3. - Antes de anular los actos referidos en este artículo, el acto final debe estar precedido por un procedimiento administrativo ordinario, en el que se hayan observado los principios y las garantías del debido proceso y se haya brindado audiencia a todas las partes involucradas.
4. - En los casos anteriores, el dictamen deberá pronunciarse expresamente sobre el carácter absoluto, manifiesto y evidente de la nulidad.
5. - La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo caducará en cuatro años.
6. - La anulación administrativa de un acto contra lo dispuesto en este artículo, sea por omisión de las formalidades previstas o por no ser la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, será absolutamente nula. Además, la Administración estará obligada a pagar las costas, los daños y perjuicios, sin mengua de las responsabilidades personales del servidor agente, conforme al segundo párrafo del artículo 199.
7. - La pretensión de lesividad no podrá deducirse por vía de contrademanda.
8. - Para los supuestos en los que la emisión del acto administrativo viciado de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, corresponda a dos o más Ministerios, o bien, se trate de la declaración de nulidad de actos administrativos relacionados, pero dictados por órganos distintos, regirá lo dispuesto en el inciso d) artículo 26 de esta ley." (Así reformado por el artículo 1º de la ley No.7871 de 21 de abril de 1999)"
De la lectura completa del citado artículo, se desprende, con claridad meridiana, que tanto el procedimiento administrativo ordinario que se debe realizar, como la emisión del dictamen, sea por la Procuraduría (Nota: "Como se ha expresado líneas atrás, el dictamen de esta Institución exigido por el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, es un acto preparatorio que –junto con otros más– servirán para conformar la decisión del acto final." (Dictamen C-024-94 de 10 de febrero de 1994, reiterado por el C-049-99 de 29 de mayo del 2000) o por la Contraloría, según la distribución de competencias que allí se realiza, son actos preparatorios del acto final que será aquel en el que la Administración se pronuncia sobre la existencia o no de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta de uno o varios actos administrativos.
Así, será únicamente éste último, sea, el acto final, el que tiene la fuerza de impedir el acaecimiento del plazo de cuatro años previsto en el inciso 5) de referencia, porque es hasta en ese momento que la Administración ejerce la potestad de revisión oficiosa que se encuentra contemplada en el citado numeral.
Tómese en cuenta, además, que por tratarse de un plazo de caducidad, este es ininterrumpible, por lo que la decisión de la Administración de iniciar el procedimiento administrativo tendente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto administrativo no puede tener el efecto de interrumpir el plazo previsto en el inciso 5) del artículo 173.
Lo anterior ha sido analizado por diversos dictámenes de esta Procuraduría, citándose, a manera de ejemplo, los siguientes:
"A pesar de que el pronunciamiento cuya reconsideración se solicita ya se habían transcrito dictámenes de esta Procuraduría sobre el plazo que tiene la Administración para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto administrativo declaratorio de derechos, conviene transcribir, en lo conducente, el pronunciamiento C-117-95 de 31 de mayo de 1995, en el que se recoge alguna de la jurisprudencia emanada de esta Institución sobre el punto:
De la relación de ambas normas, debe interpretarse de que, a pesar de que existe obligación de la Administración de declarar la nulidad de los actos que contengan vicios de tal naturaleza, debe ajustarse a las limitaciones de la ley, siendo obviamente una de ellas, la establecida en el numeral 173.4 anteriormente transcrito. Esto significa que, a pesar de que pueda existir un acto que aparentemente contenga un vicio de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, si ya transcurrieron cuatro años, la Administración se encuentra impedida de hacer tal declaratoria. En este sentido se pueden ver, entre otros, los pronunciamientos de esta Procuraduría C-46-86 de 3 de marzo de 1986, C-182-89 de 4 de octubre de 1989, C-032-92 de 17 de febrero de 1992 y C-070-92 de 6 de abril de 1992." (C-111-93 de 24 de agosto de 1993)
"Es por ello, que nos referiremos al supuesto genérico que usted plantea sobre cuáles actos de la administración interrumpen el plazo de prescripción de cuatro años para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto administrativo.
Es claro entonces, siguiendo la terminología utilizada por la Sala Constitucional, que el plazo de la caducidad no puede ser interrumpido ni suspendido." (Dictamen C-141-95 de 21 de julio de 1995) (Nota: Si bien en el dictamen se habla del inciso 4) de la Ley General de la Administración Pública, debe recordarse que a partir de la reforma introducida a ese artículo, el contenido corresponde al inciso 5)
Se considera, por lo tanto, que el acto mediante el que se acuerda iniciar un procedimiento administrativo tendente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto declaratorio de derechos es un acto preparatorio del final que será aquel en que se decida sobre la existencia de nulidad o no. Unicamente con la emisión de ese acto final es que se evita el acaecimiento del plazo de caducidad de cuatro años establecido en el inciso 5) del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública." (Dictamen C-295-2000 de 4 de diciembre del 2000, el que fue aprobado en Asamblea de Procuradores del 29 de noviembre del ese mismo año)
En razón de lo anterior, y por haber transcurrido un periodo mayor de cuatro años desde que se dictaron los actos cuya nulidad se pretende declarar, debe declararse caduca la potestad de la Administración para dejar sin efecto tales actos, en aplicación del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública.
Anexo: Expediente administrativo

References: Resolución 
 artículo 173
 resolución 
 resolución 
 artículo 199
 artículo 26
 artículo 1
 artículo 173
 artículo 173
 artículo 173