Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2016-0066_ES.html
Timestamp: 2019-11-14 03:34:01+00:00

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Ciclo relativo al documento : B8-0066/2016
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Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi, Doru-Claudian Frunzulică en nombre del Grupo S&D
– Vistas las declaraciones de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban en 2001,
– Visto el último informe y las conclusiones del Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia,
A. Considerando que en 2015 y 2016 se celebran aniversarios relevantes en lo que se refiere al disfrute de los derechos humanos, la paz y la seguridad: el 70.º aniversario de la fundación de las Naciones Unidas, el 50.º aniversario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el 30.º y 20.º aniversarios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo (1986) y de la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín (1995), respectivamente, y el 15.º aniversario de la histórica Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad (2000) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000);
B. Considerando que la defensa del respeto de los derechos humanos, independientemente de la raza, el origen, el género o el color de la piel, es una obligación de todos los Estados; reiterando su compromiso con la indivisibilidad de los derechos humanos, sean civiles, económicos, sociales o culturales, que están interrelacionados y son interdependientes; considerando que la privación de cualquiera de esos derechos afecta de manera directa y negativa a los demás; que todos los Estados están obligados a respetar los derechos básicos de sus poblaciones respectivas y tienen el deber de tomar medidas concretas a nivel nacional para facilitar el respeto de estos derechos, y de cooperar a nivel internacional para eliminar los obstáculos al respeto de los derechos humanos en todos los ámbitos;
C. Considerando que el respeto, el fomento, la protección y la universalidad de los derechos humanos forman parte del acervo ético y jurídico de la Unión Europea y constituyen una de las piedras angulares de la unidad e integridad europeas;
E. Considerando que el respeto de los derechos humanos ha de integrarse en todos los ámbitos políticos relacionados con la paz y la seguridad, la cooperación al desarrollo, la migración, el comercio y la inversión, la acción humanitaria, el cambio climático y la lucha contra el terrorismo, ya que no pueden abordarse de manera aislada respecto a la observancia de los derechos humanos;
F. Considerando que las sesiones ordinarias del CDH, la designación de relatores especiales, el mecanismo de examen periódico universal y los procedimientos especiales que abordan bien situaciones nacionales específicas o cuestiones temáticas contribuyen a la promoción y el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho;
G. Considerando que es sabido que, desgraciadamente, algunos de los miembros del CDH se encuentran entre los países que cometen las peores violaciones de los derechos humanos y tienen un historial dudoso en lo que se refiere a la cooperación con los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y el cumplimiento de sus requisitos de información respecto de los órganos creados en virtud de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas;
2. Acoge con satisfacción el informe anual del CDH a la Asamblea General de las Naciones Unidas que cubre sus 28.º, 29.º y 30.º períodos de sesiones;
3. Reitera su posición de que los miembros del CDH deben elegirse entre los Estados que defienden el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia, e insta a los Estados miembros de las Naciones Unidas a fomentar criterios basados en los resultados en el ámbito de los derechos humanos como condición para que un Estado sea elegido miembro del CDH; manifiesta su preocupación por las violaciones de los derechos humanos en algunos de los miembros del CDH recientemente elegidos, como Arabia Saudí, y subraya la importancia de defender la independencia del CDH de cara a garantizar que pueda seguir ejerciendo su mandato de una manera eficaz e imparcial; lamenta profundamente la falta de cooperación mostrada por algunos Estados miembros;
4. Reitera su apoyo a los procedimientos especiales y al estatuto independiente de los titulares de mandatos, como los relatores especiales, con miras a permitirles llevar a cabo su labor con total imparcialidad, y pide a todos los Estados que cooperen con estos procedimientos;
6. Subraya la necesidad de asegurar que una amplia representación de las partes interesadas, en especial la sociedad civil, participe plenamente en el proceso del examen periódico universal, y manifiesta su preocupación por las estrictas limitaciones y restricciones que han dificultado la participación de la sociedad civil en dicho proceso;
7. Solicita a la UE y que haga un seguimiento de las recomendaciones del examen periódico universal en todos los diálogos políticos de la UE con los países en cuestión al objeto de explorar la manera y los medios de aplicar las recomendaciones sobre la base de estrategias nacionales y regionales;
8. Acoge con satisfacción la Iniciativa para el Cambio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que pretende mejorar y reforzar la presencia global de las oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas mediante la creación de ocho centros regionales para vigilar y fomentar el respeto de los derechos humanos trabajando directamente con socios a fin de transformar las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos en cambios reales sobre el terreno;
9. Manifiesta su preocupación por las revisiones constitucionales iniciadas en algunos países destinadas a cambiar el límite de los mandatos presidenciales, cuestión que ha provocado, en algunos casos, actos violentos relacionados con los procesos electorales; reafirma que el respeto a los derechos civiles y políticos, entre ellos, los derechos a la libertad de expresión individual y colectiva y la libertad de reunión y de asociación, es el único indicador de una sociedad democrática, tolerante y pluralista;
10. Reitera que la libre elección de los dirigentes políticos, mediante elecciones genuinas celebradas periódicamente y basadas en el sufragio universal e igualitario, constituye un derecho fundamental del que deben disfrutar todos los ciudadanos de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 21, apartado 3) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25); y reafirma que la libertad de expresión y un entorno vibrante y propicio para una sociedad civil independiente y pluralista son requisitos previos para fomentar el respecto a los derechos humanos;
11. Condena el acoso permanente y la detención de defensores de los derechos humanos y opositores por parte de las fuerzas gubernamentales en varios terceros países; manifiesta su preocupación por la legislación injusta y restrictiva, también la relativa a las restricciones a la financiación procedente del extranjero, que está ocasionando una pérdida de espacios para las actividades de la sociedad civil; pide a todos los Gobiernos que promuevan y respalden la libertad de los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y las actividades de los defensores de los derechos humanos, y que les permitan actuar sin miedo y sin ser objeto de represiones o intimidaciones;
12. Considera que las tecnologías digitales actuales brindan ventajas y plantean desafíos a la protección del derecho a la privacidad y al ejercicio de la libertad de expresión en línea en todo el mundo; acoge favorablemente, en este contexto, el nombramiento de un relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad en la era digital, cuyo mandato incluye la vigilancia y las cuestiones de privacidad que afectan a las personas, tanto en línea como fuera de línea;
13. Recuerda la posición de la UE de tolerancia cero frente a la pena de muerte y reitera su ya antigua oposición al recurso a la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todos los casos y en todas las circunstancias; subraya la importancia de que la UE siga avanzando en la moratoria sobre la pena de muerte, como primer paso hacia su abolición, y hace hincapié, una vez más, en que la abolición de la pena de muerte contribuye a la mejora de la dignidad humana;
14. Elogia los progresos sustanciales llevados a cabo hasta la fecha respecto a la pena capital, que muchos países han suspendido, mientras que otros han adoptado medidas legislativas encaminadas a su abolición; lamenta, no obstante, la reintroducción de las ejecuciones en algunos países durante los últimos años; pide a aquellos Estados que hayan abolido la pena de muerte o establecido una moratoria de larga duración sobre la misma que no la restablezcan;
15. Pide a la UE y a sus Estados miembros que apliquen las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas en su política interior para combatir la propagación del odio y la incitación al odio racial, étnico y xenófobo por internet y las redes sociales, tomando las medidas legislativas adecuadas y respetando plenamente otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión y opinión;
16. Lamenta que, más de veinte años después de la adopción de la Declaración de Viena sobre la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia y la interrelación de todos los derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) no sea tratado en pie de igualdad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) ni se le conceda la misma relevancia que a este último; reconoce los esfuerzos del CDH por situar a todos los derechos humanos en pie de igualdad y concederles la misma relevancia mediante el establecimiento de titulares de mandatos de procedimientos especiales relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales;
17. Manifiesta su profunda preocupación por el incremento de la pobreza extrema, que pone en peligro el pleno disfrute de todos los derechos humanos; se felicita, a este respecto, por el informe del Relator Especial del CDH sobre la extrema pobreza y los derechos humanos (A/HRC/29/31) y respalda sus propuestas en favor de la erradicación de la pobreza extrema, entre las que se encuentran: otorgar a los derechos económicos, sociales y culturales la misma relevancia y prioridad que a los derechos civiles y políticos; reconocer el derecho a la protección social; aplicar políticas fiscales específicas destinadas a la reducción de las desigualdades; revitalizar y dotar de contenido al derecho a la igualdad; y situar las cuestiones sobre la redistribución de los recursos en el centro del debate sobre los derechos humanos; destaca que, teniendo en cuenta que la mayoría de los pobres del mundo son mujeres o forman parte de hogares encabezados por una mujer, es importante garantizar un acceso equitativo a los recursos y al empleo para mujeres y hombres;
18. Opina que la corrupción, la evasión fiscal, la mala gestión de bienes públicos y la falta de rendición de cuentas contribuyen a la violación de los derechos humanos de los ciudadanos, pues desvían fondos de los presupuestos estatales que deberían dedicarse al fomento de los derechos humanos destinándose a servicios públicos muy necesarios, como la educación, los servicios básicos de atención sanitaria y otras infraestructuras sociales; considera que las medidas para velar por el respeto de los derechos humanos, en particular los derechos a la información, a la libertad de expresión y reunión, a un poder judicial independiente y a la participación democrática en los asuntos públicos, son fundamentales en la lucha contra la corrupción;
19. Hace hincapié en que las minorías de los terceros países tienen necesidades específicas y que debe promoverse su total igualdad en todos los ámbitos de la vida económica, social, política y cultural;
20. Apoya firmemente la aplicación eficaz y exhaustiva de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos dentro y fuera de la UE, y recomienda encarecidamente que los Estados miembros de la UE elaboren y apliquen planes de acción nacionales; reitera, asimismo, la importancia de que la UE promueva la responsabilidad social de las empresas y de que las empresas europeas desempeñen un papel protagonista en la promoción de las normas internacionales en el ámbito mercantil y en el de los derechos humanos; pide a las Naciones Unidas y a la UE que planteen, junto con las empresas multinacionales y europeas, la cuestión de los defensores de los derechos sobre la tierra, que son víctimas de represalias tales como amenazas, acoso, detenciones arbitrarias, agresiones y asesinatos, por criticar la adquisición de tierras a gran escala a costa de los derechos sobre la tierra y a la alimentación de las poblaciones rurales en terceros países; pide que los mecanismos de las Naciones Unidas y el Plan de Acción de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia incluyan sistemáticamente a los defensores de los derechos sobre la tierra en sus proyectos de derechos humanos;
21. Acoge con satisfacción la iniciativa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para mejorar el proyecto de rendición de cuentas y recursos con vistas a contribuir a un sistema justo y más eficaz de recursos judiciales nacionales, en particular en los casos de violaciones graves de los derechos humanos en el sector empresarial; pide a todos los Gobiernos que cumplan sus obligaciones de garantizar el respeto de los derechos humanos y el acceso a la justicia a las víctimas que se enfrentan a dificultades tanto prácticas como jurídicas para poder recurrir a nivel nacional e internacional en lo que se refiere a violaciones de los derechos humanos relacionadas con el sector empresarial;
22. Señala que el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, establecido por la resolución del CDH de 26 de junio de 2014, celebró su primera sesión en julio de 2015; pide asimismo que la UE respalde los esfuerzos por ajustar sus políticas a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, y recomienda que la UE y sus Estados miembros participen activamente en el debate sobre un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos dentro del sistema de las Naciones Unidas;
23. Manifiesta su preocupación por la más grave crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, generada por el número creciente de personas forzadas a abandonar sus hogares como consecuencia de persecuciones, conflictos armados, la violencia generalizada y el cambio climático, y en búsqueda de protección y una vida mejor, y que arriesgan sus vidas emprendiendo peligrosos viajes;
24. Insiste en que los desafíos que plantea la crisis humanitaria vinculada a los refugiados deben ser gestionados de modo integral, en un espíritu de solidaridad en el seno de la UE y en estrecha cooperación con las Naciones Unidas y con sus agencias; pide a todos los países que adopten un enfoque respecto a la migración basado en los derechos humanos que sitúe los derechos de los migrantes en el centro de las políticas y la gestión migratorias, prestando una atención especial a la situación de los grupos marginados y desfavorecidos de migrantes, como las mujeres y los niños; pide a todos los Estados que combatan la violencia de género contra las mujeres y las niñas, y hace hincapié en la importancia de elaborar una política migratoria desde una perspectiva de género para responder a sus necesidades particulares;
25. Recuerda que todos los Estados tienen la obligación de observar y proteger los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, independientemente de su nacionalidad u origen y de su condición de inmigrante; recuerda que una estrategia global en materia de migración está estrechamente vinculada con las políticas de desarrollo y ayuda humanitaria, incluidos el establecimiento de corredores humanitarios y la concesión de visados por razones humanitarias, así como otras políticas exteriores; recuerda que el retorno de migrantes solo debe realizarse si se respetan plenamente sus derechos, sobre la base de decisiones libres e informadas, y solo si la protección de sus derechos está garantizada en su país; pide a los Gobiernos que pongan fin a la detención y la reclusión arbitrarias de migrantes;
26. Expresa su preocupación ante la discriminación continua y generalizada de los migrantes, incluidos solicitantes de asilo y refugiados, y ante las violaciones de sus derechos; pide a la UE y a sus Estados miembros que apoyen el trabajo del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, además de la aplicación de sus recomendaciones; pide a los Gobiernos que respeten el derecho al asilo y los derechos humanos y la dignidad intrínseca de los migrantes y, bajo cualquier circunstancia, el principio de no devolución; pide a los Estados que, si aún no lo han hecho, se doten de sistemas y procedimientos que garanticen que todos sus programas e instituciones en el ámbito de la migración cumplen totalmente sus obligaciones derivadas de la legislación internacional en materia de derechos humanos;
27. Acoge con satisfacción el Acuerdo de París en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que abarca la adaptación, la mitigación, el desarrollo y la transferencia de tecnologías y la creación de capacidades; insiste en que la cuestión del cambio climático ha de integrarse en todos los ámbitos de la política económica; insta a todos los Estados parte firmantes del Acuerdo a que adopten medidas urgentes y ambiciosas de mitigación y adaptación mediante la integración del cambio climático en todos los ámbitos políticos;
28. Recuerda que los efectos negativos del cambio climático representan una amenaza global inmediata y potencialmente irreversible para el pleno disfrute de los derechos humanos, y que sus repercusiones en los grupos vulnerables cuya situación en lo que respecta a los derechos humanos ya es precaria resultan considerables; observa con preocupación que se espera que los incidentes relacionados con el clima, como la elevación del nivel de los mares y los cambios climáticos extremos que provocan sequías e inundaciones, ocasionen unas pérdidas aún mayores de vidas humanas, más desplazamientos de población y una mayor escasez de alimentos y agua;
29. Pide a la comunidad internacional que solvente los vacíos legales del término «refugiado climático», incluida su definición en el Derecho internacional o en todo acuerdo internacional jurídicamente vinculante;
30. Hace hincapié en la importancia de que no se recorte el acervo de la Plataforma de Acción de Pekín sobre el acceso a la educación y la sanidad como derecho humano básico, así como la protección de los derechos sexuales y reproductivos; subraya que el respeto universal de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a los servicios pertinentes contribuyen a reducir la mortalidad infantil y materna; señala que la planificación familiar, la salud materna y el acceso fácil a los anticonceptivos y al aborto en condiciones de seguridad son elementos importantes para salvar la vida de las mujeres y ayudarlas a rehacer su vida en caso de que hayan sido víctimas de violaciones; destaca la necesidad de situar estas políticas en el centro de la cooperación al desarrollo con terceros países;
31. Hace hincapié en la importancia de las medidas destinadas a reforzar el liderazgo y la participación de las mujeres en todos los niveles decisorios; pide a los Estados que garanticen una representación equitativa de las mujeres en las instituciones públicas y la vida pública, con especial atención a la inclusión de las mujeres de comunidades minoritarias;
32. Acoge con satisfacción la reciente Resolución 2242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad, que sitúa a la mujer como elemento central en todos los esfuerzos para abordar desafíos globales, entre ellos, el aumento del extremismo violento, el cambio climático, la migración, el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad; elogia las averiguaciones del Estudio mundial de las Naciones Unidas sobre la aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad, que destaca la importancia del liderazgo y la participación de las mujeres en la resolución de conflictos y la consolidación de la paz, y que su implicación ha mejorado la asistencia humanitaria, consolidado el trabajo de las fuerzas de mantenimiento de la paz, impulsado la conclusión de conversaciones de paz y ayudado a contrarrestar el extremismo violento; pide a las Naciones Unidas y a todos los Estados miembros que adopten medidas concretas para asegurar la autonomía de las mujeres, su incorporación razonable a la prevención y resolución de conflictos y a las negociaciones y los procesos de consolidación de la paz, mediante el aumento de su representación en todos los niveles decisorios, incluidas las instituciones y los mecanismos nacionales, regionales e internacionales;
33. Expresa su consternación por que, desde la aparición de grupos extremistas violentos como el Dáesh, en Siria e Irak, y Boko Haram, en África Occidental, la violencia contra las mujeres haya adquirido una nueva dimensión más terrorífica que nunca, en la que la violencia sexual ha pasado a formar parte integrante de los objetivos, la ideología y las fuentes de ingresos de estos grupos extremistas, y que plantea un nuevo desafío crítico a la comunidad internacional; pide a todos los Gobiernos y a las instituciones de las Naciones Unidas que incrementen su compromiso para luchar contra estos crímenes abominables y restaurar la dignidad de las mujeres, de modo que reciban justicia, una reparación y apoyo;
34. Considera que garantizar la autonomía de las mujeres, abordando las desigualdades subyacentes entre hombres y mujeres que convierten a las mujeres y a las niñas en seres vulnerables durante los conflictos, constituye una de las maneras de contrarrestar el extremismo; subraya la necesidad de seguir educando a las niñas en los campos de refugiados, en las zonas de conflicto y en las zonas afectadas por la pobreza extrema y por condiciones medioambientales extremas como las sequías y las inundaciones;
35. Pide a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a la Vicepresidenta / Alta Representante que sigan promoviendo el empoderamiento político y económico de mujeres y niñas integrando el principio de la igualdad de género en todos sus programas y políticas exteriores, también a través de diálogos estructurados con terceros países, promoviendo la concienciación de la opinión pública respecto a las cuestiones de género y garantizando recursos suficientes para este fin;
36. Recuerda que la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989 y que es el tratado internacional de derechos humanos que más se ha ratificado, establece una serie de derechos de los niños, entre ellos el derecho a la salud, a la educación y al juego, así como el derecho a una vida familiar, a la protección contra la violencia y la discriminación y a dar a conocer sus opiniones; pide a todas las partes firmantes de dicho Tratado que cumplan sus obligaciones;
37. Acoge con satisfacción el estudio mundial previsto por las Naciones Unidas para planificar, mediante la vigilancia y el análisis, la aplicación sobre el terreno de la legislación y la normativa internacionales existentes, y evaluar las posibilidades concretas con que cuentan los Estados para mejorar sus políticas y respuestas; insta a todos los Estados a que respalden y participen activamente en dicho estudio;
38. Reitera su petición a la Comisión de que proponga una amplia Estrategia y Plan de Acción sobre los derechos del niño para los próximos cinco años, a fin de dar prioridad a los derechos del niño en las políticas exteriores de la Unión, apoyando los esfuerzos de la UE por promover los derechos de los niños, en particular, contribuyendo a garantizarles el acceso al agua, el saneamiento, la asistencia sanitaria y la educación, garantizando la rehabilitación y la reintegración de los niños alistados en grupos armados, erradicando el trabajo infantil, la tortura, la cuestión de la brujería infantil, la trata de seres humanos, los matrimonios infantiles y la explotación sexual y ayudando a los niños en conflictos armados y garantizando su acceso a la educación en las zonas en conflicto y los campos de refugiados;
39. Expresa su preocupación por la persistencia de leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia contra personas en varios países motivados por su orientación sexual y su identidad de género; anima a que se practique un seguimiento atento de la situación de las personas LGBTI en aquellos países donde leyes recientemente aprobadas contra las personas LGBTI suponen una amenaza para la vida de las minorías sexuales; expresa su profunda preocupación ante las denominadas leyes «contra la propaganda» que limitan la libertad de expresión y de reunión, incluso en países del continente europeo;
40. Apoya la continuación de la labor del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a fin de luchar contra estas leyes discriminatorias, en particular mediante declaraciones, informes y la campaña «Libres e iguales», así como el trabajo de otros organismos de Naciones Unidas; manifiesta su preocupación ante las restricciones a las libertades fundamentales de los defensores de los derechos humanos de las personas LGBTI, y pide a la UE que intensifique el apoyo que les presta; señala que es más probable que los derechos fundamentales de las personas LGBTI sean respetados si estas tienen acceso a instituciones jurídicas, posiblemente la unión registrada o el matrimonio;
41. Pide a todos los Gobiernos que promuevan y apoyen a las organizaciones de la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos y que les permitan actuar sin miedo y sin ser objeto de represión o intimidaciones, que cooperen con el CDH en el mecanismo de examen periódico universal y que velen por que se exijan responsabilidades a los países que tomen represalias contra activistas de los derechos humanos;
considera que el acoso continuo y la detención de que son víctimas defensores de los derechos humanos y opositores por parte de algunos miembros del CDH socavan la credibilidad de este último; insta a la UE y a sus Estados miembros a que promuevan en las Naciones Unidas una iniciativa para elaborar una respuesta coherente y global a los principales retos a que se enfrentan en todo el mundo los defensores de los derechos humanos que se ocupan de los derechos de las mujeres, de la defensa de los derechos medioambientales, los derechos sobre la tierra y los derechos de los pueblos indígenas o de la corrupción y la impunidad, los periodistas y otros defensores de los derechos humanos que emplean los medios de comunicación, incluidos los medios en línea y las redes sociales, y a que denuncien sistemáticamente su asesinato;
42. Reitera su total apoyo a la labor de la CPI a la hora de contribuir a poner fin a la impunidad de los autores de los delitos más graves que afectan a la comunidad internacional y de hacer justicia para las víctimas de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio; se mantiene alerta ante cualquier intento de socavar la legitimidad o independencia de la CPI; insta a la UE y a sus Estados miembros a que cooperen con la CPI y a que le presten un sólido apoyo diplomático, político y financiero, también en las Naciones Unidas; pide a la UE, a sus Estados miembros y a sus representantes especiales que promuevan activamente la labor de la CPI, el cumplimiento de sus decisiones y la lucha contra la impunidad respecto de crímenes contemplados en el Estatuto de Roma, también reforzando y ampliando su relación con el Consejo de Seguridad y garantizando la rápida ratificación por los Estados miembros de la UE de las Enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma, que definen el crimen de agresión;
43. Reitera su petición al Consejo de la UE para que elabore una posición común de la UE sobre el uso de drones armados, dando la máxima importancia al respeto de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario, y abordando cuestiones como el marco jurídico, la proporcionalidad, la rendición de cuentas, la protección de los civiles y la transparencia; insta una vez más a la UE a que prohíba la producción, el desarrollo y el uso de armas totalmente autónomas que permitan realizar ataques sin intervención humana; insiste en que los derechos humanos deben formar parte de todos los diálogos con terceros países en materia de lucha contra el terrorismo;
44. Reitera, asimismo, la importancia de que la UE participe de manera activa y continuada en todos los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, y en particular en la Tercera Comisión, la Asamblea General y el CDH; reconoce los esfuerzos del SEAE, de las delegaciones de la UE en Nueva York y Ginebra y de los Estados miembros por mejorar la coherencia de la UE en las cuestiones de derechos humanos en el plano de las Naciones Unidas por medio de consultas oportunas y sustanciales y por hablar con una sola voz; alienta a la UE a que redoble sus esfuerzos por hacerse oír, recurriendo también con mayor frecuencia a la práctica de las iniciativas transregionales y copatrocinando y tomando iniciativas con miras a resoluciones; pide una vez más una mayor visibilidad de las acciones de la UE en todos los foros multilaterales;
45. Pide al representante especial de la UE para los Derechos Humanos que siga mejorando la eficacia, la coherencia y la visibilidad de la política de la UE en materia de derechos humanos en el marco del CDH y en el desarrollo ulterior de una cooperación estrecha con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con los procedimientos especiales;
46. Destaca enérgicamente el papel del Grupo «Derechos Humanos» del Consejo (COHOM) a la hora de mejorar la preparación y la coordinación de las posiciones de la UE para los períodos de sesiones del CDH y al abordar la cuestión de la coherencia entre las políticas interiores y exteriores de la UE en materia de derechos humanos; recuerda la importancia de mantener la práctica institucionalizada de enviar delegaciones parlamentarias al CDH y a la Asamblea General;
47. Pide a la UE que promueva la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, de conformidad con el artículo 21 del Tratado de Lisboa y las disposiciones generales relativas a la acción exterior de la Unión;
48. Reitera su llamamiento a la UE para que adopte un enfoque basado en derechos y que integre el respeto de los derechos humanos en sus políticas en materia de comercio, inversiones, servicios públicos y cooperación al desarrollo y en su política común de seguridad y defensa; hace hincapié, además, en que la política de la UE en materia de derechos humanos debe velar por que sus políticas interiores y exteriores sean coherentes y se ajusten a las obligaciones en virtud del Tratado de la UE;
49. Subraya que la perspectiva de género debe ser una parte integral y sistemática de todos los diálogos sobre derechos humanos entre la UE y terceros países; pide al SEAE que añada diálogos sobre la perspectiva de género a los diálogos sobre derechos humanos con terceros países;
50. Sigue profundamente preocupado por el impacto humanitario de la crisis en la población civil en el país y en la región en su conjunto; pide que la UE siga trabajando en estrecha cooperación con la Comunidad del África Oriental y la Unión Africana para alcanzar un resultado consensuado entre el Gobierno y la oposición con miras a restablecer un sistema político inclusivo y democrático;
51. Acoge con satisfacción la adhesión de Georgia al CDH y el reciente examen periódico universal sobre este país; toma nota de las significativas reformas legislativas que han generado algunos progresos y mejoras respecto de la justicia y la aplicación de la ley, la Fiscalía, la lucha contra los malos tratos, los derechos de los niños, y la protección de la vida privada y de los datos personales, así como los desplazados internos;
52. Señala, no obstante, que se precisan mayores esfuerzos en lo que se refiere a los malos tratos, en particular respecto a la prisión preventiva y la rehabilitación de las víctimas; continúa preocupado por la situación de la libertad de expresión y de los medios de comunicación y la falta de acceso de observadores a las regiones ocupadas de Abjazia y Tsjinvali / Osetia del Sur, donde las violaciones de los derechos humanos siguen siendo generalizadas; pide al Gobierno de Georgia que adopte las medidas adecuadas con vistas a garantizar un seguimiento de las recomendaciones formuladas durante el proceso del examen periódico universal;
53. Lamenta profundamente que Israel haya denegado al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos, Makarim Wibisono, el acceso a esos territorios y que este se haya visto obligado a dimitir al no poder cumplir su cometido con total independencia;
54. Elogia al Líbano por la política de apertura de fronteras y de acogida que ha aplicado durante años en lo que respecta a los refugiados de Palestina, Irak y Siria, y pide a la Unión Europea que destine más recursos y colabore estrechamente con las autoridades libanesas para ayudar a ese país a mantener la protección de los derechos de los refugiados y de los solicitantes de asilo; manifiesta su preocupación, en este contexto, por el considerable número de supuestos casos de matrimonios infantiles o forzosos entre refugiados sirios; alienta al Gobierno libanés a que estudie la posibilidad de una reforma de la legislación por la que se rige la entrada, la residencia en el país y la salida del mismo, que no diferencia entre solicitantes de asilo y refugiados, por una parte, y migrantes, por otra;
55. Respalda las recomendaciones formuladas por el Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en las que solicita que se adopten medidas para aumentar la concienciación de las trabajadoras domésticas migrantes acerca de sus derechos humanos en virtud de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la que el Líbano es un Estado parte; hace hincapié, en particular, en la necesidad de abolir el «sistema Kafala» y de asegurar un acceso eficaz a la justicia para las trabajadoras domésticas migrantes, en particular garantizando su seguridad y residencia durante los procedimientos jurídicos y administrativos relacionados con su estatuto;
56. Destaca que, si bien el Gobierno de Mauritania ha realizado avances en las medidas legislativas destinadas a la lucha contra todas las formas de esclavitud y prácticas similares, la falta de una aplicación eficaz contribuye a la persistencia de dichas prácticas; pide a las autoridades que promulguen una ley contra la esclavitud, inicien una recopilación nacional sistemática y periódica de datos desglosados sobre todas las formas de esclavitud y lleven a cabo un estudio exhaustivo basado en pruebas sobre la historia y la naturaleza de la esclavitud, con vistas a erradicar esa práctica;
57. Insta a las autoridades mauritanas a que autoricen la libertad de expresión y de reunión, de conformidad con los convenios internacionales y la propia legislación interna de Mauritania; pide asimismo la liberación de Biram Dah Abeid, Bilal Ramdane y Djiby Sow, de modo que puedan proseguir su campaña no violenta contra la persistencia de la esclavitud sin temer acosos o intimidaciones;
58. Acoge con satisfacción la celebración de elecciones competitivas el 8 de noviembre de 2015, un hito importante en la transición democrática del país; señala que, no obstante, sigue preocupado por el marco constitucional de estas elecciones, en virtud del cual el 25 % de los escaños del Parlamento están reservados para los militares; reconoce los avances realizados hasta la fecha en materia de derechos humanos, al tiempo que señala que perduran algunas cuestiones de gran preocupación, entre ellas, los derechos de las minorías y la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica;
59. Condena la discriminación ejercida contra los rohingya, exacerbada por el hecho de que esta comunidad carece de un estatuto jurídico y por el aumento de la incitación al odio contra los no budistas; pide que se realicen investigaciones completas, transparentes e independientes de todas las supuestas violaciones de los derechos humanos contra los rohingya y considera que en las cuatro leyes adoptadas por el Parlamento en 2015, destinadas a «proteger la raza y la religión», se recogen aspectos discriminatorios en relación con el género; lamenta que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aún no haya recibido la autorización para establecer una sede en el país; insiste en la necesidad de que se realice una evaluación de impacto completa en materia de sostenibilidad y derechos humanos antes de que finalicen las negociaciones sobre el Acuerdo de inversión entre la UE y Myanmar/Birmania;
60. Acoge con satisfacción la entrada en vigor, el 20 de septiembre de 2015, de la nueva Constitución de Nepal, que debería sentar las bases para la futura estabilidad política y el desarrollo económico del país; confía en que las preocupaciones restantes sobre la representación política de las minorías, incluidos los dalit, y las leyes sobre ciudadanía serán abordadas en un futuro próximo;
61. Lamenta la ausencia generalizada de la obligación de rendir cuentas en caso de violación de los derechos humanos perpetrados por ambos bandos durante la guerra civil pese a la adopción, en mayo de 2014, de la Ley de la verdad, la reconciliación y los desaparecidos; insta al Gobierno de Nepal a que se adhiera a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; condena las restricciones impuestas a los refugiados tibetanos respecto a sus libertades fundamentales; insta a la India a que levante su bloqueo oficioso a la economía de Nepal que, unido al devastador terremoto de abril de 2015, está generando una crisis humanitaria y empujando a cerca de un millón más de nepalíes a una situación de pobreza;
62. Elogia a Omán por el establecimiento de una Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) gubernamental y la invitación que permitió la histórica visita del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación en septiembre de 2014; expresa la esperanza de que estas medidas constructivas desembocarán en un diálogo más intenso de Omán con los representantes de las Naciones Unidas y de las organizaciones de derechos humanos independientes;
63. Expresa su preocupación por la situación de los derechos humanos en Ruanda, incluidas las restricciones a la libertad de expresión y asociación, la contracción del espacio democrático a los partidos políticos de la oposición y las actividades de la sociedad civil independiente, y la ausencia de un entorno propicio para la independencia del poder judicial; pide al Gobierno de Ruanda que abra un espacio democrático en el que todos los segmentos de la sociedad puedan operar libremente;
64. Expresa su preocupación por la propuesta de modificación de la Constitución destinada a permitir al actual presidente concurrir para un tercer mandato; pide al Gobierno de Ruanda que respete la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza, en cuyo artículo 5 se establece que los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar el orden constitucional, en particular la transferencia constitucional de poderes, y en cuyo artículo 23 se establece que cualquier modificación de la Constitución que atente contra los principios del cambio democrático de gobierno es ilegal;
65. Expresa su profunda preocupación por el ritmo alarmante con que se ha pronunciado en las resoluciones judiciales la pena capital en Arabia Saudí en 2015; manifiesta su consternación por las ejecuciones en masa llevadas a cabo en las últimas semanas;
66. Pide a la UE que supervise de cerca, junto con las autoridades saudíes, el estado de salud de Raif Badawi, bloguero saudí y ganador del Premio Sájarov 2015, que, según se ha informado, está en huelga de hambre;
67. Acoge con satisfacción el Acuerdo de Paz firmado por las partes en conflicto el 28 de agosto de 2015 para poner fin a la guerra civil, que incluye un reparto transitorio del poder, medidas de seguridad y la creación de un tribunal mixto para tratar todos los delitos cometidos desde el comienzo del conflicto; recuerda que el conflicto se ha cobrado miles de vidas y ha generado cientos de miles de desplazados y refugiados;
68. Pide a todas las partes que se abstengan de cometer violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario, incluidas las que constituyen delitos internacionales, como ejecuciones extrajudiciales, violencia por motivos étnicos, la violencia sexual relacionada con el conflicto, incluida la violación, así como la violencia de género, el reclutamiento y utilización de niños, las desapariciones forzadas y la detención y reclusión arbitrarias;
69. Pone de relieve la importancia de los trabajos realizados por la Comisión de Investigación Internacional Independiente de las Naciones Unidas sobre Siria; hace referencia con gran preocupación al principal resultado de la Comisión de Investigación en el sentido de que las principales causas de las víctimas civiles y del desplazamiento arbitrario y de destrucción siguen siendo los ataques deliberados contra la población civil, los ataques indiscriminados y desproporcionados, los ataques contra objetos civiles y el patrimonio cultural protegido y la imposición punitiva de asedios y bloqueos; destaca la necesidad de prestar una atención y un apoyo especiales a las mujeres víctimas de la violencia y a las organizaciones de mujeres, así como a la participación de estas en la ayuda humanitaria y la resolución de conflictos;
70. Pide a la UE y los Estados miembros que contribuyan a velar por que la Comisión de Investigación cuente con financiación suficiente para cumplir su mandato, que consiste en determinar los hechos y circunstancias de todas las violaciones graves de los derechos humanos que se han cometido y, si procede, identificar a los responsables con el fin de garantizar que los autores de las violaciones, incluidas las que pueden constituir crímenes contra la humanidad, rindan cuentas;
71. Destaca la obligación de todas las partes de proteger a los civiles, respetar sus derechos humanos y satisfacer sus necesidades básicas, de conformidad con el Derecho internacional humanitario y en materia de derechos humanos; expresa una vez más su convicción de que solo podrá alcanzarse una solución sostenible a la crisis siria a través de un acuerdo político inclusivo, y pide a todas las partes que trabajen por una auténtica transición política que satisfaga las aspiraciones legítimas del pueblo sirio y les permita decidir sobre su futuro de manera independiente y democrática;
72. Acoge con satisfacción la celebración en Venezuela de elecciones libres y justas el 6 de diciembre de 2015; lamenta que la aceptación inicial de los resultados por el Gobierno y las fuerzas opositoras haya desembocado en una nueva crisis política; recuerda la importancia de la defensa de la constitución y del respeto de los derechos humanos, así como de evitar todo intento de viciar la voluntad del pueblo venezolano, expresada en las urnas;
73. Recuerda que el nuevo Gobierno tendrá que hacer frente a una amplia gama de cuestiones relacionadas con los derechos humanos, que van desde la impunidad y la rendición de cuentas por ejecuciones extrajudiciales cometidas, entre otros, por las fuerzas de seguridad, hasta la detención y la reclusión arbitrarias, el derecho de los prisioneros políticos a un juicio justo y la independencia del poder judicial, la libertad de reunión y de asociación y la libertad de los medios de comunicación;
74. Expresa su profunda preocupación por el conflicto dramático y violento y la crisis humanitaria sin precedentes en que está inmerso el país, donde los civiles yemeníes son las primeras víctimas de la actual escalada militar y de los grupos extremistas y terroristas que están sacando provecho de la situación;
75. Lamenta la oleada de ataques a personal e instalaciones médicos e insta a las partes del conflicto a que respeten los principios básicos del Derecho internacional humanitario;
76. Expresa su convencimiento de que solo será posible lograr una solución sostenible, restablecer la paz y preservar la unidad e integridad territorial de Yemen mediante un amplio consenso político en el marco de una negociaciones facilitadas por las Naciones Unidas, y reitera su apoyo a todos los actores regionales, que deben actuar de forma responsable y constructiva con miras a lograr una solución;
77. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Presidente de la 69ª Asamblea General de las Naciones Unidas, al Presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Secretario General de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

References: Resolución 
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 Resolución 
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 resolución 
 artículo 21
 artículo 5
 artículo 23
 resolución 
 Resolución