Source: https://studylib.es/doc/8800964/procedimiento-administrativo-sancionador
Timestamp: 2019-06-17 19:11:40+00:00

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El derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Leonor Rams
Ramos (2008).
Nuevo marco jurídico del sector ferroviario. Estudio de la Ley del Sector Ferroviario y demás normas de desarrollo, Juan García Pérez (2010).
La Contratación del Sector Público tras las reformas de 2010, Álvaro Canales Gil
y Justo Alberto Huerta Barajas (2010).
La Administración instrumental en el proceso, Alejandra Boto Álvarez (2011).
La política de la Unión Europea en materia de turismo y sus repercusiones en la
legislación turística española, Antonio Villanueva Cuevas (2012).
La terminación anormal del proceso contencioso-administrativo, Luis Mª Bremond
Triana (2013).
El régimen de contratación de los poderes adjudicadores que no son Administración pública, Marta Oller Rubert (2013).
Crisis económica y crisis del estado de bienestar. El papel del Derecho Administrativo, José Luis Piñar Mañas (Coord.) (2013).
Seguridad del Estado y privacidad, Ofelia Tejerina Rodríguez (2014).
Transparencia, acceso a la información y protección de datos, José Luis Piñar Mañas
(Director) (2014).
Los grandes principios del Derecho Público (constitucional y administrativo), Juan
Carlos Cassagne (2016).
Reglamento General de Protección de Datos. Hacia un nuevo modelo europeo de
privacidad, José Luis Piñar Mañas (Director) (2016).
Los encargos a medios propios en la legislación actual. Texto adaptado a las Leyes
39 y 40/2015 y al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, Luis S. Moll
Fernández-Fígares (2017).
Ayudas administrativas a la cinematografía, Fernando E. Juan Lima (2017).
El nuevo artículo 135 de la Constitución y su incidencia en la Administración local,
Paloma García Romero (2017).
Smart cities. Derecho y técnica para una ciudad más habitable, José Luis Piñar
Mañas (Director) (2017).
La privacidad en el entorno del cloud computing, Jorge Villarino Marzo (2018).
Procedimiento administrativo sancionador en los mercados financieros. Especial
referencia a la CNMV, Tatiana Recoder Vallina (2019).
SANCIONADOR EN LOS
Tatiana Recoder Vallina
Letrada de la Asamblea de Madrid
Profesor titular de Derecho Administrativo de la UCM
© Editorial Reus, S. A.
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1.ª edición REUS, S.A. (2019)
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con cárcel en el vigente Código penal español.
Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Buenos Aires y
Catedrático de Derecho Público. Universidad Montesquieu-Bordeaux IV
† Diogo de Figueiredo Moreira Neto
Universidad Candido Mendes, Río de Janeiro
Afonso Oliveira Martins
Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad Lusiada de Lisboa
Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad CEU-San Pablo de Madrid
Presidente del Instituto Internacional de Derecho Administrativo (IIDA)
Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Florencia
Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Oviedo
A mi padre, por su ilusión, apoyo e impulso de este trabajo.
A mi madre por su confianza en mí.
A Antonio, por todo… qué te voy a decir.
A Inés y Victoria, mi gran orgullo.
1.– La relevancia de la actividad de supervisión, inspección y sanción
en el moderno Estado regulador.
Uno de los tópicos más equivocados que se han repetido —cierto es
que cada vez menos— en las últimas décadas es que el Estado del siglo
XXI en Europa es cada vez menos intervencionista. En teoría y según
esta tesis, al amparo de la política sobre competencia y mercado interior
de la Unión Europea, los Estados miembros han ido abandonando zonas
completas de actividad administrativa —por ejemplo, los antiguos monopolios públicos— que se han puesto en manos del sector privado. Como
todo lugar común, no le falta cierta base de verdad, pues es cierto que la
actividad de servicio público se ha reducido muy considerablemente en
numerosos países. Entre ellos se encuentra indudablemente España. Basta
al efecto examinar el muy distinto tenor de diversas leyes administrativas
sectoriales para comprobar que la reserva al Estado y la publicatio de
sectores completos de la actividad económica (legitimadas en el artículo
128.2 CE siempre que se hagan mediante ley y lo exija el interés general)
ha retrocedido sustancialmente. Recordemos al respecto lo ocurrido en el
sector eléctrico, donde la declaración como servicio público se suprimió
por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, sin que la
vigente Ley 24/2013, de 26 de diciembre, haya tenido ningún interés en
recuperarla; en línea similar podemos citar lo ocurrido para el gas con
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, o, en buena medida, con las telecomunicaciones, que desde 2003 y en la vigente Ley 9/2014, de 9 de mayo,
General de Telecomunicaciones, se definen, siguiendo la terminología
de la Unión, como servicios económicos de interés general, prestados,
además, en régimen de competencia y sin perjuicio del mantenimiento
de diversas obligaciones de servicio público.
Precisamente en este «sin perjuicio» se encuentra la clave del error
de la afirmación de apertura. En efecto, si el Estado ha abandonado la
prestación directa de servicios públicos (y no en todos los países, como
pone de relieve el ejemplo a contrario de Francia), ello no entraña que
se haya desentendido de ellos. Por de pronto, y a pesar de su reducción
real durante lo que se ha dado en llamar «derecho público de la crisis»
económica, tanto las Comunidades autónomas como los entes locales han
incrementado durante mucho tiempo y con fruición los servicios prestados
a los ciudadanos, conformando unos sectores públicos realmente gigantescos, sobre todo por comparación con el menguante sector estatal. Pero
es que, además, acudir a fórmulas no ya de gestión indirecta, sino incluso
también de gestión privada de los servicios de interés económico general,
lo que ha supuesto es que los poderes públicos hayan transformado una
actividad de prestación en otra de supervisión, ordenación y control.
De esta manera, los Estados miembros de la UE han alumbrado numerosos organismos de supervisión, encargados de asegurar tanto el cumplimiento de los deberes de servicio público como el correcto funcionamiento
de estos mercados regulados en términos de competencia, protección al
consumidor, acceso de terceros, continuidad del suministro, formación
de precios, transparencia, etc. Tales organismos han adoptado en muchas
ocasiones la forma de administraciones independientes —o autoridades
administrativas independientes, por utilizar la terminología acuñada por
la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público— para cumplir
las exigencias de la normativa de la Unión, que busca asegurar que la
regulación y supervisión de dichos mercados sea neutral respecto de todos
los operadores y, singularmente, respecto de los operadores públicos allí
donde subsistan. Además, su funcionamiento se lleva a cabo de manera
coordinada en toda la Unión, de forma que puede correctamente hablarse,
como ha hecho la doctrina europea en general y española en particular,
de redes de supervisores a escala europea.
Pues bien, dada la naturaleza de la actividad desarrollada por estos
reguladores y supervisores, las funciones de inspección y sanción adquieren nuevamente un protagonismo destacado entre las técnicas y potestades
administrativas. La intervención pública va a seguir siendo muy intensa,
pero a través del establecimiento de regulaciones y de la supervisión de su
cumplimiento. A estos efectos ha de destacarse cómo, frente a los mensajes que pueden encontrarse en múltiples lugares acerca del adelgazamiento
de la regulación vigente —por no buscar muy lejos podemos recordar los
principios de necesidad, proporcionalidad y seguridad del artículo 129
de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común, como principios inspiradores de la buena regulación— en realidad, y seguramente
inevitablemente, el Estado actual necesita de muchas más normas que las
existentes en épocas pasadas. Ello no sólo por la aparición de nuevos fenómenos, como toda la economía basada en la sociedad de la información y
el conocimiento, o en la Fintech, sino también por la necesidad obvia de
disciplinar el ejercicio de actividades por entidades ajenas al Estado, que
no existía cuando era éste el que desarrollaba directamente la prestación.
Por supuesto, la regulación sería completamente inútil sin la vigilancia de su cumplimiento, o lo que se viene conocimiento, siguiendo la
terminología anglosajona, como enforcement. Y aquí es donde llegamos
al ejercicio de la potestad sancionadora. Ciertamente, la sanción es, en
principio, el último estadio de una buena supervisión, pues ésta debe,
en la medida de lo posible, anticipar problemas y aclarar los criterios
del supervisor con el fin de evitar la comisión de infracciones por falta
de claridad de la normativa. Se trata de prevenir perjuicios, más que de
sancionar incumplimientos. A pesar de ello, es evidente que, en última
instancia, la previsibilidad de la sanción ha de estar presente para un adecuado cumplimiento de los objetivos del regulador. Por tanto, la capacidad
para detectar infracciones y sancionarlas adecuadamente es inescindible
de la actividad de supervisión. El derecho administrativo sancionador se
erige, de este modo, en uno de los pilares más importantes de la actividad
Los mercados de capitales no son, desde luego, ajenos a esta tendencia. Es cierto que en este campo no ha habido históricamente declaraciones
de servicio público tan intensas como en otros ámbitos. Incluso la banca,
o los seguros, donde sí ha habido empresas públicas, han sido sectores
mayoritariamente privados en todas las épocas. Sin embargo, su sometimiento a supervisión pública ha sido asimismo generalizado y los poderes de disciplina e intervención de la Administración han sido asumidos
tradicionalmente como legítimos por la doctrina bajo diversas fórmulas
jurídicas, desde las controvertidas relaciones especiales de sujeción, a la
actualmente más difundida de la regulación económica. Hoy, por tanto,
puede señalarse sin reservas que las técnicas de ordenación —o policía,
como las denomina la doctrina más clásica— son un elemento consustancial al funcionamiento de los mercados de valores, banca y seguros, y
su desarrollo, como puede comprobarse en la normativa aplicable, singularmente, el Texto refundido de la Ley del Mercado de Valores de 2015,
la Ley 10/2014, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de
crédito y la Ley 20/2015, de ordenación, supervisión y solvencia de las
entidades aseguradoras y reaseguradoras, no ha hecho sino crecer en los
últimos años. Naturalmente, la regulación de infracciones y sanciones
administrativas, así como del procedimiento para tramitarlas, es un capítulo fundamental de tales disposiciones.
2.– El procedimiento administrativo sancionador entre la eficacia de
la actividad administrativa y el respeto a las garantías del interesado.
En este contexto, el papel que desarrolla el procedimiento administrativo alcanza seguramente su mayor significado. Si los Maestros García
de Enterría y Tomás Ramón Fernández nos recuerdan en su Curso de
Derecho Administrativo que el procedimiento —desde que así lo configurara Merkl, con evidentes raíces kelsenianas, en su Teoría General del
Derecho Administrativo— es una categoría propia de la teoría general del
Derecho. Si, además, cumple la triple función de garantizar los derechos
de los ciudadanos, de asegurar la racionalidad en la toma de decisiones
del poder público, y de facilitar el control de éstas por los órganos jurisdiccionales, todo ello es aún más evidente en el derecho administrativo
sancionador. En este ámbito, la forma protege principios tan relevantes
como el derecho a la defensa o la presunción de inocencia y sirve, junto
con el imprescindible control por parte de los tribunales, para embridar,
pero a la vez legitimar, el ejercicio de una de las más intensas potestades
No en vano, la infracción de las normas de procedimiento afecta a la
validez de la resolución sancionadora, que podrá devenir nula o anulable si
prescindiera total y absolutamente de ellas u ocasionara indefensión, tal y
como, siguiendo la estela de sus leyes precedentes, establecen los artículos
47 y 48 de la Ley 39/2015. En el caso de un procedimiento sancionador,
por supuesto, la posibilidad de una indefensión del interesado se acentúa
considerablemente, por lo que el cuidado con el que debe regularse y
tramitarse un expediente de esta índole ha de ser aún mayor.
Ahora bien, lógicamente, el fin de todo procedimiento es llegar a
una resolución expresa sobre el fondo, fundada en derecho y notificada
en plazo a su interesado. Esto significa que —por legítimo que sea que
el interesado lo intente— el Derecho no tiene que amparar una regulación o una interpretación de ésta que impida de todo punto el ejercicio
efectivo de una potestad reconocida con rango constitucional y que se
hace imprescindible para la tutela de intereses públicos. El derecho a un
procedimiento, incluso los derechos derivados del derecho a la defensa,
persiguen que el interesado pueda alegar eficazmente sobre cualquier
aspecto de hecho o de derecho o que aporten el material probatorio pertinente para la defensa de sus intereses. Pero lo que no hacen es otorgar
patente de corso para dilatar sine die la toma de una decisión o para
imponer a la Administración una carga de la prueba que la convierta en
diabólica. Y es que, no debe olvidarse, la tutela de los derechos no radica
sólo en proteger la situación del expedientado, aunque esto sea un deber
irrenunciable. Cuando la Administración actúa también tutela derechos
e intereses legítimos. En el caso de los mercados de capitales, la protección al inversor o la vigilancia de los umbrales mínimos de solvencia de
las entidades, así como de la transparencia de la información relevante,
son principios que también protegen a otros ciudadanos o entidades de
actuaciones inadecuadas de los actores del mercado. Y su garantía exige
en ocasiones el recurso al procedimiento sancionador. En consecuencia,
un buen procedimiento no será sólo el que permita la alegación y contraprueba eficaces por parte del expedientado, sino también aquel que
determine que esto se haga con diligencia y rapidez, que se conozcan
las prácticas contra legem más graves y que disuada a terceros de repetir
conductas infractoras.
En este sentido, la normativa sancionadora en el mercado de capitales
seguramente peque de un excesivo garantismo, el cual, por cierto, lleva
por otro lado a la sensación de que el procedimiento no sirve a los expedientados. En efecto, las cautelas que legalmente se imponen a la propia
apertura del expediente —por citar el caso de la CNMV es necesaria una
propuesta de la Dirección General competente, absolutamente motivada
y sostenida por una labor supervisora muy concienzuda, a la que se ha de
acompañar un dictamen del servicio jurídico en el que se pronuncie de
manera provisional sobre la legalidad de una eventual sanción, propuesta
que ha de ser aprobada por el Comité Ejecutivo de la Comisión— llevan
a que casi siempre el criterio del supervisor esté prácticamente cerrado,
quedando quizá sólo para el expediente la parte relativa a la cuantificación de la multa. Más aún, desde la Ley 39/2015, es preceptivo que ésta
se incorpore ya al acuerdo de incoación, por si el interesado quisiera
optar por una resolución de conformidad, con la correspondiente rebaja.
Es muy difícil, en estas condiciones, que el expedientado sea capaz de
revertir el juicio que se ha formado el organismo supervisor, el cual, por
otra parte, suele haberle ya dado fase de alegaciones, bien en el curso de
las inspecciones correspondientes, bien, como sucede con los casos que
procedan de la actividad de la Unidad de Vigilancia de los Mercados, en
el marco de una auténtica labor investigadora con técnicas muy cercanas
a la actividad policial.
A cambio, la tramitación del expediente se convierte en una suerte de
carrera de obstáculos contra el tiempo, que debe superar el supervisor para
poder ejercer sus responsabilidades y en la que muchas veces el único interés de los expedientados, conscientes de la fundamentación de la posición
de la Administración, es simplemente el de enmarañar el procedimiento
con el fin de buscar una sentencia anulatoria de los tribunales por vicios
de forma o, al menos, de retrasar la decisión y, consecuentemente, su
revelación al mercado si supone la imposición de una sanción.
Entre ambas tensiones, el procedimiento sancionador se ha ido convirtiendo en una forma lenta y en muchas ocasiones vacía, que no permite,
salvo en casos excepcionales, modificar la decisión sobre el fondo de la
Administración, pero que la obliga a un ingente despliegue de medios para
llegar a dictar su resolución en tiempo y forma. Y esto es tan claro que
los propios supervisores están tomando medidas para paliar alguno de los
efectos menos deseados del sistema, como es el retraso en el conocimiento
por el público de las prácticas infractoras. Así, la CNMV ha comenzado
a ejercer una potestad que se le confiere en 2015, pero a la que se había
mostrado renuente, como es la de publicar la incoación del expediente
sancionador, sin esperar a su resolución. Pero no deja de ser una solución
imperfecta y parcial, puesto que se apoya en la casi inevitabilidad de la
resolución de sanción, que viene así a convalidar una actuación que, sin
duda, puede afectar negativamente al honor o la reputación de la persona
física o jurídica expedientada, sin que la normativa prevea —a diferencia
de lo que sucede con la publicación de la sanción definitiva, en la que se
establece la publicación de la sentencia que, en su caso, la haya anulado—
un sistema de publicidad de un eventual acuerdo de sobreseimiento.
Probablemente, la solución pase por una modificación importante del
procedimiento sancionador, de suerte que o bien se opte por un modelo
que refuerce las garantías —singularmente las relativas a la independencia
del órgano sancionador respecto de los órganos de inspección, de modo
que podría crearse una comisión de sanciones de composición estable ante
la que las autoridades supervisoras ejercieran la acusación— a cambio
de reducir posteriormente el control jurisdiccional a las cuestiones de
derecho, o bien agilizar los trámites y referir todo el control a los órganos jurisdiccionales. Modelos de la primera solución no faltan ni en los
mercados de valores, como ocurre con la Comisión de sanciones francesa,
ni en España, pues el sistema podría parecerse al de la jurisdicción del
Tribunal de Cuentas, cuyas resoluciones son sólo susceptibles de recurso
de casación ante la Sala tercera del Tribunal Supremo. De la segunda,
tampoco, por más que pudiera contemplarse alguna fórmula matizada.
Recordemos, no obstante, el procedimiento previsto en la Ley de infracciones y sanciones del orden social de 2000, cuyo artículo 52 prevé un
procedimiento sumamente sencillo, iniciado por las actas de infracción
redactadas por la inspección, frente a las que simplemente se otorga al
expedientado un plazo de quince días para formular alegaciones ante el
órgano competente para resolver, que dictará dicha resolución sin más
trámites. En línea similar, podemos también mencionar el procedimiento
abreviado, pero incluso también el ordinario, regulado en el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.
3.– La presencia del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia
del TEDH.
Por último, el procedimiento sancionador en estos mercados —y aún
más la potestad sancionadora material— requiere de una gran homogeneidad entre los Estados miembros de la Unión Europea. En primer lugar,
porque todos ellos están sometidos a la jurisprudencia del TEDH —en
tanto miembros asimismo del Consejo de Europa— y las garantías que éste
establece en el ejercicio del procedimiento sancionador. En segundo lugar,
porque también deberán respetar las salvaguardas exigidas por la Carta
Europea de Derechos Fundamentales, aplicables a los Estados miembros
cuando ejecuten Derecho de la Unión Europea, concepto éste interpretado
de manera muy amplia desde la Sentencia Akerberg Fransson de 2013. En
este caso, la normativa de la Unión es de extensión y densidad creciente,
de manera que pocos ámbitos de los mercados de capitales quedan fuera
de una regulación armonizada. Pero finalmente, y en tercer lugar, la homogeneidad no es sólo una cuestión de tutela de derechos fundamentales,
sino también un instrumento de armonización y de protección frente al
arbitraje regulatorio. Se trata de asegurar que todos los Estados miembros
tengan un sistema de supervisión, inspección y sanción equivalente, que
no introduzca asimetrías en un mercado único. Por supuesto, cuestiones
como la tipificación común de infracciones y sanciones ocupan más espacio en esta preocupación, pero, desde luego, los elementos básicos del
procedimiento tampoco están ausentes.
Las palabras anteriores son suficientemente ilustrativas de la importancia y complejidad de la materia y del desafío afrontado por la autora
del libro, Tatiana Recoder. Pues bien, para mí como director de su tesis
es una gran alegría poder destacar cómo la tarea se ha abordado con un
resultado más que satisfactorio. La hoy ya Profesora Recoder —y sirva
también este prólogo para darle la bienvenida al Departamento de Derecho
Administrativo de la Universidad Complutense al que se acaba de incorporar en calidad de profesora asociada— aunaba desde el primer momento
condiciones que presagiaban una buena tesis: Letrada de la Asamblea
de Madrid, con una profesionalidad y competencia que pude comprobar
cuando presté servicios en dicha Institución en calidad de Secretario General, con experiencia en la práctica de la abogacía en un despacho de prestigio, reunía a priori el entusiasmo y cualificación necesarias para iniciar
su investigación y, lo que es más difícil, terminarla con aprovechamiento.
El desempeño posterior no hizo sino confirmar y aumentar dichas expectativas. Su ritmo de trabajo sólo fue superado con el cuidado y esmero
con el que se enfrentó a los problemas jurídicos que iban surgiendo, a las
sugerencias del Director e incluso a las siempre temibles reformas normativas, que a todos nos hacen de tanto en tanto recordar a von Kirchmann
con la melancolía cierta que Ortega, con razón, atribuía a los esfuerzos
sin resultados. El resultado es una obra rigurosa en lo académico, pero
también enormemente útil por su apego tanto a la legislación y jurisprudencia vigentes como por su estudio de cuestiones realmente vivas y de
interés. Que ahora salga a la luz es una gran noticia.
Este trabajo tiene su origen en la tesis doctoral defendida en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense el 19 de enero de 2016,
y que fue juzgada por un magnífico Tribunal presidido por el doctor
D. Lorenzo Martín Retortillo Báquer, quien estuvo acompañado por los
doctores D. Martín Bassols Coma, D. José Manuel Sala Arquer, D. Cándido Paz-Ares Rodríguez y D. Tomás Cano Campos, que actuó como
Secretario. A todos ellos quiero agradecer la detenida lectura que hicieron
de la tesis, las generosas y constructivas aportaciones que hicieron a mi
trabajo y, sin duda, la gran cortesía que tuvieron todos conmigo en un
momento tan especial como es la lectura de la tesis en la que, además, me
veía un poco limitada al haberme roto hacía pocos días el brazo derecho.
No puedo dejar de acordarme de todos aquellos familiares y amigos que
me acompañaron en el momento de la lectura, gracias a todos. Inés, Ana,
¡cuántas horas pasamos juntas en esta Facultad!, un recuerdo por esos
tiempos. Ana, te echamos de menos.
Este trabajo no hubiera sido posible sin Fabio Pascua Mateo, que
con gran cariño me dirigió la tesis y me ha ayudado en su actualización.
Tampoco puedo olvidarme de Fernando Sainz Moreno, cuya generosidad
y horas de conversación son inestimables.
Fueron varios los años que dediqué a este trabajo, en unos momentos
con más intensidad que otra, pero siempre con el estímulo de mi padre
que no paraba de preguntarme cómo iba el tema. Papá, tu ilusión, apoyo
e impulso de este trabajo han sido fundamentales para que salga adelante.
No cabe duda de que también lo ha sido la confianza que mi madre tiene
en mí; gracias, mamá. Buenos recuerdos guardo del último verano antes de
depositar la tesis. Ver amanecer junto al mar me permitía unos momentos
de reflexión, a veces mágicos, que se transformaban luego en la ilusión
puesta al escribir los últimos coletazos que le quedaban al trabajo. Antonio, gracias por tu apoyo, cariño y paciencia en todo momento y, sobre
todo, al leerte los capítulos que te iba pasando.
No quiero dejar de mencionar también a mis hermanos Nacho, María,
Carmen y Miguel por su cariño y apoyo moral y a mi cuñado Andrés Palmer, por la ayuda que me dio tanto logística como para aclararme algunas
cosas. Tío Gilles, aunque no lo puedas leer, un recuerdo es para ti que
también pusiste tu granito de arena en esta obra.
AGRADECIMIENTOS..............................................................................
ABREVIATURAS.......................................................................................
RESUMEN...................................................................................................
1. EL SECTOR ECONÓMICO FINANCIERO Y LA INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA...............................
2. LAS ADMINISTRACIONES INDEPENDIENTES COMO FORMA
DE INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.....
3. EL RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN EN EL SECTOR FINANCIERO ANTE LOS FALLOS DEL MERCADO..............................
ÁMBITO SUBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
CAPÍTULO I. EL TITULAR DE LA COMPETENCIA PARA SANCIONAR EN LAS ADMINISTRACIONES INDEPENDIENTES
DE CARÁCTER FINANCIERO........................................................
1. INTRODUCCIÓN..............................................................................
2. LA TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONADORA........
3. LA POTESTAD SANCIONADORA DE LAS ADMINISTRACIONES INDEPENDIENTES: TEORÍAS ACERCA DE SU ATRIBUCIÓN..................................................................................................
SPECIAL REFERENCIA A LA POTESTAD SANCIONADORA
DE LA CNMV Y EL BANCO DE ESPAÑA....................................
4.1. Distribución de competencias entre las diferentes Administraciones implicadas en materia financiera.....................................
4.2. Distribución de competencias sancionadoras dentro de la CNMV
y el Banco de España..................................................................
CAPÍTULO II. LOS SUJETOS SOMETIDOS A LA POTESTAD
SANCIONADORA DE LAS ADMINISTRACIONES INDEPENDIENTES DE CARÁCTER FINANCIERO: ESPECIAL REFERENCIA A LA CNMV Y EL BANCO DE ESPAÑA.......................
I. INTRODUCCIÓN..............................................................................
2. SUJETOS SOMETIDOS A RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR LAS ADMINISTRACIONES INDEPENDIENTES DE
CARÁCTER FINANCIERO..............................................................
3. CUESTIONES AL HILO DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SUJETOS QUE ACTÚAN EN LOS MERCADOS FINANCIEROS Y DE VALORES............................................
3.1. Principio de territorialidad..........................................................
3.2. Las personas jurídicas como sujetos responsables de infracciones en los mercados financieros y de valores............................ 108
EL OBJETO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
CAPÍTULO III. EL OBJETO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR: INFRACCIONES Y SANCIONES..........................................
I. INTRODUCCIÓN: ESBOZO DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, TIPICIDAD Y NON BIS IN IDEM APLICADOS AL DERECHO SANCIONADOR DE LOS MERCADOS FINANCIEROS.....
2. LAS INFRACCIONES EN LOS MERCADOS FINANCIEROS Y
SU PRESCRIPCIÓN..........................................................................
3. LAS SANCIONES EN LOS MERCADOS FINANCIEROS Y SU
PRESCRIPCIÓN................................................................................
CAPÍTULO IV. LA PUBLICIDAD DE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR LAS ADMINISTRACIONES INDEPENDIENTES DE
CARÁCTER FINANCIERO...............................................................
1. LA PUBLICACIÓN DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
COMO MODALIDAD DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS........................................................................
1.1. Delimitación del concepto..........................................................
1.2. Distinción de figuras afines........................................................
Procedimiento administrativo sancionador en los mercados financieros…
1.3. Tipos de publicación de actos administrativos...........................
A PUBLICACIÓN DE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR
LAS ADMINISTRACIONES INDEPENDIENTES DE CARÁCTER FINANCIERO...........................................................................
2.1. Naturaleza jurídica......................................................................
2.1. Régimen jurídico.........................................................................
CAPÍTULO V. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.......................
1. INTRODUCCIÓN AL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR........
1.1. Marco normativo.........................................................................
1.2. Clases de procedimientos sancionadores: especial referencia al
procedimiento simplificado.........................................................
1.3. Unidad de procedimiento............................................................
1.4. Vinculación del procedimiento sancionador administrativo con
un procedimiento penal por los mismos hechos.........................
2. LAS ACTUACIONES, INFORMACIÓN O DILIGENCIAS PREVIAS...................................................................................................
3. INICIACIÓN......................................................................................
3.1. Formas de iniciación: especial referencia a la denuncia............
3.2. ¿Tiene la Administración obligación de sancionar?...................
3.3. Incoación del procedimiento sancionador..................................
4. MEDIDAS PROVISIONALES..........................................................
4.2. Concepto y naturaleza.................................................................
4.2. Requisitos para adoptar una medida provisional........................
4.3. Competencia para adoptar las medidas provisionales................
4.4. Motivación..................................................................................
4.5. Instrumentalidad y carácter provisional:....................................
4.6. Límites de las medidas provisionales:........................................
4.7. Procedimiento para la adopción de las medidas provisionales..
4.8. Publicación de las medidas provisionales..................................
4.9. Recursos contra las medidas provisionales:...............................
CAPÍTULO VI. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO................
1. INTRODUCCIÓN: MARCO GENERAL.........................................
2. ACTUACIONES DE LOS SUJETOS QUE INTERVIENEN EN LA
INSTRUCCIÓN..................................................................................
2.1. El instructor: especial referencia al carácter de sus actuaciones, abstención-recusación, informes, motivación, acreditación
de los hechos...............................................................................
2.2. Actuaciones de los presuntos responsables e interesados: derechos, alegaciones y documentos.................................................
3. PRUEBA.............................................................................................
3.1. Rasgos generales.........................................................................
3.2. Fases del período de prueba: proposición y práctica. Especial
referencia a la prueba de indicios...............................................
3.3. Valoración de la prueba. Referencia al valor probatorio de los
hechos constatados por funcionarios..........................................
4. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN, ALEGACIONES DE LAS PARTES Y TRÁMITE DE AUDIENCIA.................................................
4.1. Contenido....................................................................................
4.2. Efectos.........................................................................................
CAPÍTULO VII. LA FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR..................................................................................
1. INTRODUCCIÓN: SEPARACIÓN DE LAS FASES DE INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN. GRADO DE VINCULACIÓN DE LA
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.....................................................
1.1. La separación de las fases de instrucción y resolución..............
1.2. ¿Está vinculado el órgano que resuelve por la propuesta de
resolución?..................................................................................
2. LA TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR...
2.1. Formas de terminación del procedimiento sancionador.............
2.2. La resolución sancionadora........................................................
2.3. Otras formas de terminación del procedimiento sancionador....
A) Desistimiento.........................................................................
B) Terminación por imposibilidad sobrevenida.........................
C) Terminación convencional ¿es posible?................................
D) Terminación anticipada.........................................................
3. LA CADUCIDAD..............................................................................
OBSERVACIONES FINALES...................................................................
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CUADRO Nº 1 - Superintendencia del Mercado de Valores
Escrito solicitando información acerca del estado del procedimiento.
LAS GARANTÍAS Y DERECHOS DEL PRESUNTO RESPONSABLE
Recurso de Reposición por falta de incorporación de datos, pruebas
garantías formales y materiales del procedimiento

References: artículo 135
 artículo
128
 artículo 129
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

resolución 
 artículo 52
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución