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Timestamp: 2018-06-21 02:11:02+00:00

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APSSA - Asociación de Pacientes Asturianos - Noticias
JULIO BOBES Presidente de la Comisión Nacional de Psiquiatría (VERDUGO)
El suicidio y las conductas parasuicidas han aumentado levemente en España”
Este mes de septiembre se celebrará en Oviedo, desde el día 8 hasta el 10, el 16º Simposio Europeo sobre Suicidio y Comportamiento Suicidas (http://www.esssb16.org). Esta reunión internacional va dirigida a desvelar la importancia de la detección precoz de las personas con riesgo de comportamiento autolítico.
RAFAEL ABRIL MANSO, DESTITUIDO EL GRAN ENCHUFADO POLITICO
NÚM.151 DE 30-VI-2016
• Autoridades y Personal Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
Decreto 37/2016, de 29 de junio, por el que se dispone el cese de don Rafael Abril Manso como Director General de Justicia e Interior.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.6 de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración, en relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de 29 de junio de 2016, vengo a disponer el cese de don Rafael Abril Manso como Director General de Justicia e Interior, agradeciéndole los servicios prestados. Dado en Oviedo, a veintinueve de junio de dos mil dieciséis.—El Presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández Fernández.—El Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez Suárez.—Cód. 2016- 07298.
BOLITIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Rafael Abril Manso, considerado por el comité responsable del "desprecio por la seguridad de ciudadanos y trabajadores"
•	El comité de empresa del SEPA reprocha al Principado su «silencio, inoperatividad y desprecio»
9 mayo 201616:41
El comité de empresa del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) anuncia para el próximo jueves la vuelta a las movilizaciones al entender que se ha cumplido "de sobra" el plazo otorgado a la Administración regional, a la que reprocha "silencio, inoperatividad y desprecio". La representación sindical de los trabajadores así lo apunta en una nota en la que se refiere al periodo de cinco semanas transcurrido desde la reunión mantenida con el director general de Justicia e Interior, Rafael Abril.
El comité de empresa del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias recuerda que trasladó a Abril la necesidad urgente de establecer un diálogo con objeto de intentar subsanar las "graves deficiencias" organizativas y de recursos que tiene el organismo. Añade que accedió "de buena fe" a parar todo tipo de movilizaciones en esas cinco semanas, que el director general "pidió para estudiar y responder" a las propuestas de mejora propuestas.
El comité de empresa reseña que en la situación actual no está "garantizada" la seguridad por la "grave merma de plantilla" y la "caótica organización" de los turnos y del personal.
Igualmente, menciona que existen parques de bomberos con sólo 2 o 3 efectivos para prestar servicio a 70.000 habitantes; emergencias a las que se manda un solo trabajador hasta que llegan refuerzos, y la existencia de otros parques con personal que no puede intervenir de manera autónoma en incendios de casas o accidentes de tráfico.
El comité considera responsables del "desprecio por la seguridad de ciudadanos y trabajadores" a Abril Manso y al consejero de Presidencia, Guillermo Martínez.
En su denuncia de las "graves carencias" del servicio, los trabajadores anuncian que retomarán las movilizaciones el próximo jueves ante la Junta General, así como ante la justicia o de cualquier forma posible que "sirva para prevenir antes que lamentar un accidente".
LA FISCALIA ABRIO DILIGENCIAS POR LA DETENCION ILEGAL DEL MEDICO GONZALO PANIAGUA CALZON
Tomás Pérez Vior a 10 de abril de 2016
La FISCALIA SUPERIOR DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, ABRIO DILIGENCIAS, con la denuncia y pruebas registradas el 21 de marzo de 2016 ante dicho organismo, por la DETENCION ILEGAL en el HUCA POR EL MEDICO GONZALO PANIAGUA CALZON.
Oviedo a 04 de febrero 2016 Tomás Pérez Vior
Se comunica a todos los socios/as con derecho a voto en La Asociación de Pacientes del Servicio Sanitario Asturiano y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos de Asturias, por el presente se les convoca a la Junta General Ordinaria, que estas Asociaciones celebrarán el próximo día 19 de febrero de 2016 a las 19 horas en el lugar habitual de las reuniones, con los siguientes puntos:
1.	Informar de las actuaciones realizadas.
2.	Explicación y aprobación, de los gastos en general desde la última convocatoria.
3.	Aprobación de gastos 2016.
4.	La aprobación de nuevos socios y colaboradores.
Todos los socios que deseen ser representados por terceras personas, deberán presentar un apoderado mediante poder notarial, solo podrán representar a un socio con el previo comunicado del mismo cinco días antes de la fecha de la reunión.
Nuevo presidente de la Real Academia de Medicina,el psiquiatra Julio Bobes
Un cargo en el que sucede a Manuel Álvarez-Uría. La suya fue la única candidatura presentada a las elecciones.
El catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, Julio Bobes, es el nuevo presidente de la Real Academia de Medicina de Asturias, cargo en el que sucede a Manuel Álvarez-Uría. La suya fue la única candidatura presentada a las elecciones. Le acompañan en la lista Juan López Arranz, exrector de la Universidad de Oviedo y catedrático jubilado de cirugía maxilofacial; José Paz Jiménez, catedrático jubilado de traumatología, y Carlos Hernández Lahoz, exjefe de neurología del HUCA.
Julio Bobes catedrático de Psiquiatría por la Universidad de Oviedo critica
La Sociedad Asturiana de Psiquiatría dice que «el disconfort psicológico no es un verdadero trastorno mental sino problemas de la vida diaria»
«Se vuelcan en atender al disgustado y excluyen al paciente grave». Julio Bobes, catedrático de Psiquiatría por la Universidad de Oviedo y jefe del servicio de Salud Mental del HUCA, se mostró especialmente crítico con el nuevo Plan de Salud Mental diseñado por el Principado para los próximos cuatro años. «No detallan cómo se abordarán los trastornos más graves, que son los que verdaderamente importan en materia de salud pública. Tampoco hablan del suicidio, en una comunidad como la asturiana con mayor tasa de conductas autolíticas del país».
Bobes, miembro de la Sociedad Asturiana de Psiquiatría reprochó el oscurantismo con el que se diseñó el documento. «Participaron en el mismo los cuatro amigos de siempre y no consultaron al resto de profesionales», acusó. Precisamente, Pilar Saiz, presidente de dicha Sociedad, puso en tela de juicio una de las premisas en la que se basa el Plan de Salud Mental: la promoción de la psicología clínica. «Se hace una apuesta demasiado notoria sobre el incremento de personal con titulación de psicólogo clínico, sin que esté claramente establecido la necesidad de tal crecimiento, tanto en el abordaje terapéutico tanto de pacientes graves como comunes».
En opinión de Saiz, «una parte relevante de la demanda recibida durante los últimos años corresponde a personas con disconfort psicopatológico, que no son verdaderos pacientes con trastornos mentales sino personas con problemas de la vida diaria». En ese sentido, indicó que en materia de salud mental «debería priorizarse en todo momento la atención de los enfermos mentales. Los problemas de la vida diaria deberían ser asumidos a nivel de Atención Primaria, por los médicos de familia, tal y como establece la Ley General de Sanidad».
Asimismo, duda de los datos asistenciales de los que se nutre el Plan de Salud Mental 2015-2020: «No contamos, durante los últimos años con datos epidemiológicos a nivel regional actualizados que nos permitan conocer cual es la situación actual y tendencia de evolución en el último quinquenio de los trastornos mentales en Asturias», afirmó. E indicó que «no existe ninguna evaluación externa del rendimiento de los programas de atención general, de los específicos, ni de cada uno de los dispositivos asistenciales, siendo por tanto imposible determinar la efectividad de los programas de salud mental».
La espera para operarse supera el año en el HUCA
En el HUCA «hay más de un año de espera para operarse». Lo aseguran buena parte de los servicios quirúrgicos de La Cadellada consultados por EL COMERCIO. Lo que relatan los profesionales que están a pie de quirófano en el Hospital Central, tanto médicos como de otros estamentos, es que los tiempos de demora para ser intervenido en el complejo sanitario son mayores y distan bastante de los datos que acaba de publicar la Consejería de Sanidad en su web Astursalud. Según el balance oficial, en el HUCA hay 7.781 enfermos pendientes de pasar por el quirófano. De ellos, 1.091 llevan en esa situación más de seis meses. La demora media en La Cadellada es, según Sanidad, de 105 días. Se trata de una espera bastante elevada, incluso, para ser un dato oficial, pero los facultativos afirman que la situación es todavía peor y que los tiempos para acceder a una cirugía superan esos 105 días.
«La semana pasada operamos un paciente que llevaba esperando desde que abrió el nuevo hospital», es decir, junio de 2014. Lo asegura un profesional de uno de los equipos quirúrgicos, que ni siquiera quiere que se dé a conocer su especialidad «para que no nos señalen con el dedo». Y no quiere que los señalen con el dedo porque, dice, «en el hospital no paramos. Trabajamos todo lo que podemos y más, pero necesitamos más horas de quirófano y más recursos -habla de personal- para poder atender la demanda y bajar las demoras».
En el HUCA, las áreas más saturadas y, por tanto, donde se concentran las mayores esperas son, según publica Astursalud, Traumatología, donde la espera media está en 135 días; Vascular, con 134 días; Neurocirugía, con 133, y Cirugía General, con 102. Hay cinco servicios que tienen pacientes que llevan aguardando desde hace más de 330 días por una intervención. El récord oficial lo tiene un paciente que sufre cálculos biliares y que está pendiente de operación, según Sanidad, desde hace 365 días. El segundo récord es para una prótesis de cadera, con 364 días.
Radiodiagnóstico activó un plan de choque para priorizar las sospechas de cáncer y los ingresados
Lo cierto es que el nuevo HUCA ha cogido músculo desde su apertura en La Cadellada, hace ya 17 meses, pero aún no ha conseguido meter en cintura sus abultados tiempos quirúrgicos. De hecho, las demoras en Oviedo no hacen más que crecer. Así lo confirman, incluso, los datos oficiales que señalan que el HUCA cerró 2014 con 7.012 pacientes quirúrgicos y una bolsa de demoras de seis meses de 959 personas mientras que ahora son 7.781 los enfermos pendientes de operación (769 más) y 1.091 los que acumulan demoras de 180 días.
Los servicios quirúrgicos consultados creen poco probable que se puedan erradicar las demoras de más de seis meses de aquí a finales de año, como indicó días atrás el gerente del Servicio de Salud. El HUCA, al igual que el resto de hospitales, aguarda con expectativa el plan contra las listas de espera que anunció el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, a poco de asumir el cargo. Las mismas fuentes reconocieron que a finales de octubre se había incrementado el ritmo de las derivaciones a centros concertados, como ha ocurrido en Gijón, donde se reactivaron los envíos desde Cabueñes a Cruz Roja. En este área parece más factible poder poner el contador a cero en la bolsa de pacientes con demoras de más de seis meses, ya que la cifra es sensiblemente menor que la de Oviedo. Hablamos de 168 pacientes frente a los más de mil que hay en el HUCA.
En la última actualización que hizo Sanidad sobre las listas de espera hubo un dato que no se colgó. Es el de las pruebas diagnósticas. El departamento de Del Busto actualizó las cifras de esperas quirúrgicas e, incluso, el de consultas, que no se daban desde mayo de 2014. Sin embargo, siguen sin hacerse públicos los tiempos que un enfermo debe aguardar para una resonancia o un escáner. Para conocer esos datos hay que echar mano de una respuesta parlamentaria del consejero de Sanidad a Gaspar Llamazares del pasado septiembre, en la que reconocía que la cifra de afectados se había duplicado en los últimos 14 meses. En el conjunto de la sanidad asturiana, se pasó de los poco más de 16.000 pacientes que había en febrero del pasado año a 33.869 en julio de 2015. De esas 33.869 personas que estaban a la espera para una prueba diagnóstica, 10.370 lo hacían para vez primera. El mayor volumen de enfermos se concentra en las ecografías, donde había 12.958 personas. Le siguen las resonancias, con una lista de 9.493 usuarios; 4.692 para un TAC; 4.213 para una colonoscopia y 2.513 para una mamografía. El HUCA activó una suerte de plan de choque en radiodiagnóstico para dar prioridad a los pacientes ingresados y a los casos de sospecha de cáncer.
•	Los datos que aportan los facultativos de los diferentes hospitales contradicen las cifras que Sanidad hizo oficiales a través de Astursalud
•	Traumatología, Vascular, Neurocirugía y Cirugía General son las áreas más saturadas y con mayores esperas
Julio Bobes: el médico más rico
No recuerdo a ningún médico que haya presumido de ser rico. Sí los hay, y muchos, que se jactan de ser los mejores clínicos, investigadores, docentes, intérpretes del sentir del paciente o expertos en nuevas tecnologías. Pero de la pasta nunca habló nadie en público, salvo los sindicatos profesionales, que llevan años quejándose de sueldos míseros y proletarización rampante. Pues en esto hemos encontrado al médico más rico, una eminencia en Psiquiatría llamada Julio Bobes, que no ha tenido reparo en reconocer su estatus. Qué más quisiera él que fuera verdad.
El comentario de Bobes, muy intencionado, ha ido dirigido, más que a constatar su riqueza, que no tiene pinta de ser nada del otro mundo, a subrayar su propósito de transparencia en la siempre obligada y delicadísima relación con la industria farmacéutica. Y en esta escala de valores, es mejor constatar el enriquecimiento de un médico que ha recibido mucho dinero de los laboratorios, sabiendo cuánto y para qué, que sospechar sobre sus oscuras retribuciones camino de inciertos fondos en las islas Caimán.
Soy el más rico porque soy del único del que se sabe lo que cobra, ha venido a decir Bobes, con la sinceridad propia de los enfermos a los que viene dedicando su esfuerzo profesional. Y ha pedido a sus colegas que cunda el ejemplo, que así no habrá nada que esconder ni que objetar. Aún a riesgo de que el propio Bobes asuma que, ni de lejos, es el médico más rico, una vez que comencemos a saber lo que ingresan los demás.
En realidad, no es solo una cuestión de transparencia, que también. Es que a los médicos, y en general a todo hijo de vecino, les cuesta decir lo que ganan. Porque, en cuanto se sabe, genera rechazo o disconformidad. Si es mucho, porque es mucho, y claro, cómo es posible permitir ese sueldo. Si es poco, porque es una miseria, y cómo es posible no subir ese sueldo. Pero los directores de Recursos Humanos saben que el efecto motivador de una subida de salario es tan efímero como una cachipolla. Lo normal es estar mal pagado, siempre y en toda circunstancia. Por si las moscas.
Con este alegato en favor de la transparencia, que es una de las modas de nuestro tiempo, aunque muchos prefieren verla primero en los demás, Bobes anticipa lo que vendrá con la publicación de los datos sobre transferencia de valor entre la industria farmacéutica y la comunidad médica, según establece el nuevo código ético de la patronal, tan necesario como puñetero. Ahora no importa conocer el caso de un médico rico, alguno tenía que haber, aunque no sea del todo cierto. Pero ¿y si resulta que hay miles y miles de médicos ricos como Bobes, que no paran de recibir fondos de la industria? Eso seguro que será otro cantar.
Porque entonces, la respuesta de una sociedad moderna, avanzada e inteligente consistiría en aplaudir y fomentar esos pagos, en el convencimiento de que el médico y la industria forman una sociedad indisoluble cuyo trabajo coordinado, y lógicamente remunerado, tiene consecuencias directas en la salud de la población, en la curación de enfermedades y en la formación de los profesionales.Pero me temo que estos argumentos no serán los que más escuchemos por estos lares, en los que el sueldo del presidente del Gobierno, que no llega a 80.000 euros, es una buena prueba de los privilegios de los políticos. Vaya por Dios.
Si se deciden a dar su nombre y apellidos, nos encontraremos a más de un médico como Bobes, que ganará más, mucho más que Rajoy, y que encima tendrá que explicar por qué. Todavía no ha llegado el momento de que posiciones vitales como las de Bobes sea posible juzgarlas por el valor de sus logros y el alcance de sus méritos, y no por el tamaño de su cartera, como le decía el sindicalista y proletarizado Carl Fox al arribista y yuppie de su hijo. Y es por eso que los médicos prefieren seguir siendo considerados los más pobres, para que no haya injerencia alguna sobre la opinión que verdaderamente les importa: la de su capacidad y profesionalidad.
Fuente: Ismael Sánchez, director editorial de Sanitaria 2000, Martes, 13 de octubre de 2015.
Julio Bobes García, Jefe de Servicio de Psiquiatría
Catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, actualmente dirige el Área de Psiquiatría del Departamento de Medicina de dicha Universidad y es Jefe de Servicio de Psiquiatría del Área Sanitaria de Oviedo. Asimismo, es investigador principal del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM) de Oviedo.
Sus actividades incluyen tanto la docencia como la investigación y la práctica clínica. Ha publicado más de cien artículos y es autor y coordinador de varios libros, así como colaborador de numerosos capítulos. Sus intereses investigadores incluyen diferentes aspectos de la evaluación, manejo, tratamiento e impacto de distintos trastornos psiquiátricos: dependencias, trastornos psicóticos, afectivos, de ansiedad y psicofisiológicos. Asimismo, participa activamente en el estudio y la prevención de comportamientos suicidas.
Es miembro de numerosas Sociedades Científicas, tanto españolas como extranjeras, ocupando cargos directivos en varias de ellas: Presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB), Presidente de Socidrogalcohol, miembro del Board de la Asociación Europea de Psiquiatría (EPA), Presidente del Consejo Español del Cerebro integrado en el European Brain Council, etc. Participa en Comités Editoriales de publicaciones de impacto y es Director Editorial de la Revista de Psiquiatría y Salud Mental.
Fuente: PyDEsalud . com 19/01/2015
Operación anulada en el HUCA
Berta Fernández Álvarez. Oviedo Después de días de nervios, angustia, ansiedad y miedo ante una intervención quirúrgica, te presentas en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para ingresar y te comunican que tu operación ha sido anulada porque no hay anestesista. Operación programada y anulada... por no sustituir las bajas. ¿Por qué la dirección del HUCA no tiene previstas las bajas de sus trabajadores? A mí sí que me iban a sustituir en mi trabajo y tuve que decirle que no podía empezar a trabajar por decisión del HUCA.
¿Por qué tampoco tienen en cuenta que los pacientes afectados somos personas de carne y hueso que sentimos y padecemos, con vida, trabajo, hijos, familiares desplazados, etcétera.
Cuando parecía que todo había acabado, llega el día de mi operación anulada y recibo una llamada de admisión, para saber... por qué no había ingresado el día anterior. En planta me estaban buscando.
Para completar una nefasta organización se suma que tampoco puedes reclamar o, al menos, te lo ponen difícil: no hay hojas de reclamaciones, atención al paciente sólo está abierto por la mañana (mi ingreso era por la tarde)... Así que sólo te queda irte a tu casa con tus nervios destrozados, disgusto, sofocón, cabreo, indignación e impotencia, a esperar que te llamen de nuevo. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. ¿Por qué se juega con la salud y el trabajo de la gente de esta manera? ¿Qué clase de personas están dirigiendo el HUCA?
En los próximos meses diremos como colaboran los abogados con las mafias y autoridades
Tomás Pérez Vior a 19/12/2014.
En los próximos meses diremos como colaboran los abogados con las mafias y autoridades.
Denuncia la suspensión de su operación por falta de material cuando estaba anestesiado
Un avilesino, cuya identidad se corresponde con las iniciales R. P. denunció ayer la suspensión de una intervención de rodilla cuando ya estaba anestesiado. Según señala, el equipo médico encargado de la intervención le comunicó posteriormente que la suspensión se debió a que «no tenían el material necesario para realizar la operación».
Los hechos tuvieron lugar el pasado martes, según señaló el paciente, cuando se dirigió al hospital de Jarrio al que había sido derivado desde el San Agustín para ser intervenido de una rotura de ligamento cruzado en su rodilla derecha.
Una vez en el quirófano, y después de ser anestesiado, es cuando los médicos deciden suspender la intervención. «El médico encargado me dice que es la primera vez que pasa, que no dan crédito, pero el daño ya está hecho, y aún no sé cuándo me van a operar», protesta.
El paciente estima que lo ocurrido es «una negligencia médica» por lo que reclama «que los responsables del hospital den la cara y se tomen medidas» para evitar que se repita una situación similar.
Oviedo a 28 de noviembre 2014.
Se comunica a todos los socios/as con derecho a voto en La Asociación de Pacientes del Servicio Sanitario Asturiano y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos de Asturias presididas por Tomás Pérez Vior, que por el presente se les convoca a la Junta General Ordinaria, que estas Asociaciones celebrarán el próximo día 12 de diciembre de 2014 a las 18 horas en el lugar habitual de las reuniones, con los siguientes puntos:
2.	Examen y aprobación, si procede, de las actuaciones a seguir.
3.	Explicación y aprobación, si procede, de los gastos en general desde la última convocatoria.
4.	Aprobación de gastos 2015, si procede.
5.	La aprobación de nuevos socios y colaboradores, de los que procedan.
6.	Elegir nuevos cargos o renovación del actual.
Todos los socios que deseen ser representados por terceras personas, deberán presentar un apoderado mediante poder notarial y solo podrán representar a un socio con el previo comunicado del mismo cinco días antes de la fecha de la reunión.
Tomás Pérez Vior
Pablo ÁLVAREZ Diez mil euros deberá pagar el Servicio de Salud del Principado (Sespa), en concepto de daños morales, a la hija de un paciente del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) fallecido hace dos años a causa de una leucemia. En una sentencia fechada el pasado 22 de octubre, el juez determina que el enfermo sufrió más de lo debido a causa de la deficiente asistencia que le fue prestada. Y es que, en los 18 meses que se duró su enfermedad, en ningún momento se le implantó un reservorio subcutáneo, medida que se adopta de forma rutinaria en enfermos que reciben durante un largo periodo quimioterapia y medicación intravenosa y que evita la proliferación de punciones y las molestias que conllevan.
Según el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Oviedo "llama poderosamente la atención que la Administración reconozca que no se llegó a informar al recurrente de su existencia, alegando algo aún más sorprendente si cabe, y es que el paciente no tiene derecho a que se le informe de los ensayos clínicos".
Sanidad deberá indemnizar con 20.000 euros a una paciente por negligencia
Alejandra Rus logró que el Tribunal Superior de Justicia reconociera el fallo médico en el tratamiento de una perforación de colon en el Hospital San Agustín
Han hecho falta casi cinco años para que Alejandra Rus García haya podido ver con satisfacción cómo la Justicia le daba la razón en su pugna contra el Servicio de Salud del Principado (SESPA). Una perforación de colon inadecuadamente tratada por dos doctoras del Hospital San Agustín de Avilés marcó el inicio de una batalla legal que, el pasado 31 de julio, concluyó con la emisión de la sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la que figura el reconocimiento de una negligencia médica y la obligación de indemnizar a la afectada con 20.000 euros, además del pago de los intereses generados durante el proceso.
La peripecia clínica de Rus comenzó el día 11 de octubre de 2009, a las seis de la tarde. «Me acababa de levantar de la siesta cuando, de repente, sentí un dolor muy fuerte en la barriga, como una explosión», recuerda. Con dificultades, logró llegar al servicio de Urgencias del San Agustín, donde describió al personal médico «un caso típico de perforación de colon».
Sin embargo, las atenciones recibidas en las dependencias del centro no fueron las que Rus esperaba. «Sólo me tomaron una muestra de orina, poco fiable porque estaba menstruando, y me pusieron un analgésico. Con eso, me mandaron a casa». No transcurrieron ni dos horas antes de que la afectada tuviese que regresar al hospital. «Caí redonda en casa y tuvieron que llevarme en ambulancia. Eso es lo último que recuerdo antes de que me sedasen, que mi pareja me dejaba allí».
Desde ese momento, y hasta el fin de la operación de urgencia «a vida o muerte» a la que la sometieron a la mañana siguiente, todos los datos que Rus posee los obtuvo gracias a los informes que solicitó en el mismo instante en que recuperó la consciencia. «Durante esa primera noche que pasé en el hospital las dos doctoras encargadas del box se limitaron a ponerme más y más sedantes. No cumplieron ni uno de los protocolos que hay que seguir al entrar, incluso, por un dolor de muelas», afirma con indignación.
Al término de la intervención, Rus abandonó el quirófano con un shock séptico, por lo que hubo de pasar diez días en la Unidad de Cuidados Intensivos; los tres primeros, debatiéndose entre la vida y la muerte. «Me pusieron una bolsa de colostomía hasta que me hicieron la reconstrucción; eso hay que vivirlo para entenderlo, porque se pasa fatal», declara. No obstante, insiste que «mis hijos lo pasaron aún peor, porque estuvieron muy asustados y me veían a través de un cristal».
Tras un mes más ingresada, y ya con el alta bajo el brazo, la afectada comenzó los trámites legales para denunciar su caso y exigir responsabilidades. Su primer paso fue solicitar todos los informes médicos, por temor a que fuesen manipulados y alterados. «Tengo los escritos originales, aunque luego aparecieron informes de las pruebas que me habían hecho, pero que ni estaban selladas a su hora ni nada. Y apareció de la nada la solicitud de una resonancia que en ningún momento se materializó».
Sin embargo, tales documentos no servían de nada sin la ayuda de un abogado, y en este punto Rus se encontró con un nuevo obstáculo. «Los abogados, a menos que tengas mucho dinero y que vayas con él por delante, se lavan las manos de cara a las negligencias, porque se juegan mucho», confiesa.
Y fue en ese punto cuando su combate contra el SESPA llegó realmente a los tribunales, aunque antes el organismo sanitario agotó todos los plazos posibles, lo que contribuyó a demorar el proceso. «Es la táctica que tienen para disuadirte, para agotarte y para que tires la toalla. La primera criba, la administrativa, dura nueve meses. Luego tienes que presentar la reclamación por la vía judicial, que también implica plazos. Y, una vez en el juzgado de Oviedo, pasaron dos años. No ha sido hasta hace dos meses cuando todo ha terminado», recuerda.
Pero la espera ha merecido la pena. Aunque la indemnización se aleja considerablemente de los 65.613 euros inicialmente pedidos por su defensor, y pese a que aún padece las secuelas físicas y psicológicas del drama, Rus matiza que «lo que yo quería era que el SESPA reconociese que hubo un fallo, porque durante todo el proceso negó la negligencia.
El Sespa debe pagar 90.000 euros por no diagnosticarle una pancreatitis
La mujer padece ahora «una invalidez permanente parcial», según añadió su letrada. «Necesita de terceras personas para vestirse. Tiene muchas cicatrices y el aspecto que tiene su cuerpo es verdaderamente penoso». Inicialmente, solicitó 300.000 euros de indemnización, «pero pleitear contra la Administración es difícil y caro».
1.433 pacientes en la lista de 'trauma'
•	La espera para una operación traumatológica alcanza los 360 días; 340 es la demora máxima de oftalmología
Las listas de espera para una operación quirúrgica en el mes de agosto se dispararon pasando de 1.044 a 1.617 pacientes en un mes, tal y como ayer avanzaba EL COMERCIO en una información, pero hay servicios en el HUCA, el hospital que presenta peores promedios, en los que esa demora resulta alarmante. Según datos del portal de salud del Principado de Asturias, dependiente del Sespa, solo para ser operados en el servicio de traumatología aguardan 1.433 pacientes y la demora máxima alcanza los 360 días, casi un año. Este tiempo es el de espera de un paciente que, podría decirse, bate el récord en el total del hospital y en una especialidad concreta.
El tiempo medio, es decir el que llevan esperando los pacientes pendientes de una intervención contando desde su fecha de registro hasta la fecha de corte, también está por encima del resto de las especialidades con 134 días.
Por tramos, según el Sespa, hay 456 pacientes que esperan hasta noventa días a ser operados; 601, que están hasta seis meses en esas listas, y 376 personas que pueden aguardar un año hasta que finalmente reciben la citación para entrar en el quirófano.
Otro servicio saturado es el de oftalmología con 1.448 pacientes a la espera de ser operados de este especialidad y su tiempo máximo de espera es de 340 días. 694 de ellos estan tres meses en la lista; 543, esperan medio año y los que casi están un año entero esperando son 211 pacientes oftalmológicos. Los traslados a los nuevos hospitales, Huca y Álvarez-Buylla parecen estar detrás de los retrasos, así como el hecho de que agosto suele ser periodo vacacional para buen número del personal.
La fiscal superior carga contra la juez que trata de imputarla ante el Supremo
L. Á. VEGA La fiscalía ha recurrido la inhibición ante el Supremo de la titular del Juzgado número 3 de La Coruña, que instruye una denuncia por falsedad presentada por el fiscal Juan Antonio Frago. Éste sostiene que los documentos usados para apartarle de la carrera fiscal (aunque luego fue readmitido), y remitidos por la entonces fiscal jefe coruñesa, la actual fiscal superior de Asturias, Esther Fernández, fueron manipulados. "Ni estoy imputada ni he participado en ilícito penal alguno", indicó Fernández, quien añade que la fiscalía ha pedido la nulidad del auto del Juzgado y el archivo de las diligencias, "por no existir ilícitos penales en los hechos denunciados". Fernández añade que no se cumplen los requisitos para iniciar un procedimiento contra un fiscal, ya que no hay querella. La juez, añade, no puede inhibirse ante el Supremo, tiene que elevar una exposición razonada, tras oír al fiscal, cosa que no ha ocurrido. "Un juez instructor no tiene competencia para incoar proceso ni admitir una querella contra un fiscal, y menos para dar curso a una denuncia contra él o imputarle. Todos estos requisitos fueron incumplidos", añade. Denuncia además que Frago ha tratado de desprestigiarla sin descanso con denuncias que no han llegado a ningún lado.
El juez entiende que el Sespa no actuó de forma diligente y le obliga a restituirle parte del dinero que ella y su marido tuvieron que gastar en la medicina privada para ser tratada de un complicado cáncer de riñón y de una trombosis en la vena cava. «Lo hago por amor propio, no por el dinero. Quiero que mi caso se conozca para que no vuelva a repetirse y señalar que si alguien se ve en una situación similar, que no se quede con los brazos cruzados».
Fue lo que ella y su marido hicieron cuando el 30 de diciembre de 2011 le confirmaron que el bulto en el riñón por el que su médico de familia, «el doctor Andrenio, ponlo por favor», la había derivado al Hospital de Jove era en realidad un tumor que se había extendido (metástisis) a los pulmones. «Allí no me ofrecieron alternativa. Dijeron que tenía pocas horas de vida y que no había posibilidad alguna de tratamiento». Tanto la paciente como su esposo «pedimos una segunda opinión o que nos derivaran a Cabueñes o al HUCA, donde hay servicio de Oncología, pero se negaron», relatan. Al final reclamaron el alta voluntaria y el 4 de enero ya de 2012 (seis días después) se marcharon en ambulancia a la Clínica Universitaria de Navarra, donde sí le trataron, y con éxito, de su tumor renal y una compleja trombosis que le llegaba a afectar al corazón.
Al final de su odisea, decidieron exigir responsabilidades al Servicio de Salud del Principado. Tanto económicas como morales. Las primeras ya han llegado. El juez de lo Social número 1 de Gijón, en respuesta a la demanda presentada, acaba de darles la razón y de condenar al Sespa a pagar 23.913 euros. No es todo el dinero que han gastado en la clínica de Pamplona, donde estiman que han desembolsado más de 35.000 euros, pero cubre el periodo considerado «de urgencia vital» por el juez.
Porque en abril de 2012, cuatro meses después, y cuando esta paciente ya se encontraba en pleno tratamiento en Pamplona, le llegó una carta del Sespa asegurando que ahora sí autorizaban que fuera a Cabueñes a tratarse del tumor. Ella decidió continuar en la Clínica de Navarra «porque me propusieron entrar en un ensayo clínico y acepté». El magistrado entiende que esta ya es una decisión personal, «muy respetable y compartible» en sus circunstancias, por lo que la indemnización la calcula por los gastos desembolsados por la pareja entre enero y abril de 2012.
En el fallo, el juez considera acertada la decisión de la paciente de exigir una segunda opinión y afea la postura del servicio de Urología de Jove («sorprende que el urólogo utilice términos como imposibilidad o dramatismo»). En la sentencia, el magistrado también afirma que «el tratamiento dispensado en la medicina privada surtió efectos y la paciente, si se nos permite la expresión, volvió a nacer».
135.000 euros para un paciente que se quedó paralítico tras una operación en el HUCA
Antonio Pesquera sufrió una infección hospitalaria en el HUCA que le dejó graves secuelas. El TSJA le ha dado la razón y obliga al Sespa a indemnizarle
LAURA FONSECA / AZAHARA VILLACORTA | GIJÓN.
«Lo que le hicieron a mi marido fue un crimen y no hay dinero que lo repare». Ofelia ha ganado la batalla que emprendió hace dos años contra el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), pero los 135.000 euros que Antonio Pesquera, su marido, recibirá de indemnización por las graves secuelas sufridas tras su paso por el HUCA en 2009 «no compensan». Hasta marzo de ese año, cuando le llamaron para una operación del corazón «después de un año de espera», este camionero «iba todos los días a dar un paseín hasta la playa del Arbeyal y, por la tarde, a jugar la partida». A sus 67 años, arrastraba una fatiga importante porque había sufrido dos infartos y, debido a su cardiopatía y su estenosis aórtica (estrechamiento), estaba pendiente de que le implantaran una prótesis coronaria en el Hospital Universitario Central de Asturias. Eso ocurrió el 16 de marzo de 2009. Pero Antonio, Toni para los amigos y compañeros de profesión, sufrió una infección hospitalaria y tuvo que permanecer casi un mes en la UCI. Según reza la sentencia de la Sección Única del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que condena al Servicio de Salud a indemnizarle, el catéter empleado para el proceso quirúrgico no fue lo suficientemente desinfectado y contaminó al paciente con una bacteria.
A consecuencia de ello, Antonio «padeció un grave proceso infeccioso que complicó y alargó el postoperatorio». Este vecino de Gijón, nacido hace 72 años en Nueva de Llanes, quedó paralítico y con «graves daños neurológicos».
Su mujer recuerda que «él estaba bien pero salió del hospital en silla de ruedas y ya nunca más volvió a caminar. Durante casi un año, estuvimos de hospital en hospital, porque decían que con rehabilitación iba a mejorar, pero eso nunca pasó». El panorama en casa de este conocido camionero, que llegó a llevar un 'Pegaso Cabezón 9, rememora Ofelia, es desolador. «Necesita atención y ayuda para todo. Tenemos que levantarlo del sofá o de la cama entre tres personas, porque sola no me arreglo. Menos mal que me ayuda uno de mis hijos y mi nieto».
La familia de Toni Pesquera reclamaba 300.000 euros, pero el TSJA rebajó la indemnización a 135.000 al entender que, pese a que el Sespa incurrió en mala praxis por no haber aplicado la profilaxis suficiente, el afectado tenía condiciones de salud previas un tanto adversas. No obstante, se trata de una de las condenas económicas más altas a las que ha tenido que hacer frente la sanidad asturiana. Durante el juicio, el Sespa argumentó en su defensa que lo ocurrido había sido «un caso de fuerza mayor, y que las infecciones» como la sufrida por Antonio Pesquera «son imprevisibles e inevitables». El tribunal, por contra, considera que, con una mejor asepsia en los quirófanos e instrumental, se podría haber evitado. La sentencia es firme.
28.130 euros de indemnización por dejar material quirúrgico en una rodilla operada
El enfermo tuvo que someterse a otras dos cirugías y permanecer de baja 617 días frente a los 120 que normalmente requieren estos casos
L. FONSECA / R. MUÑIZ | GIJÓN.
Le operaron de la rodilla izquierda y le dejaron dentro restos de material quirúrgico. Como consecuencia de ello, el paciente, intervenido en 2010 en el Hospital Monte Naranco, en Oviedo, tuvo que pasar por el quirófano en otras dos ocasiones y permaneció de baja 617 días cuando lo habitual para estos casos son 120 días. Ahora, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) deberá indemnizarle con 28.130 euros, que es el cálculo que realiza el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) tras estudiar su caso y responder al recurso contencioso-administrativo presentado por el afectado, que demandó a la sanidad pública por «atención deficiente».
Los hechos se remontan a abril de 2010, cuando el enfermo fue sometido a una intervención de rodilla. La rotura del material quirúrgico hizo que quedaran dentro «cuerpos metálicos en su rodilla». El paciente se vio obligado a volver al quirófano en agosto de ese año, pero la rodilla no le quedó bien. Aún había «restos de material ferromagnético», reza la sentencia del TSJA, por lo que un año después, en mayo de 2011, fue operado por tercera vez. El demandante exigía el pago de 75.316 euros al entender que el exceso de días de incapacidad le habían causado serios perjuicios económicos, además de los de salud. El Sespa, por contra, ofertaba 6.169 euros. Al final, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de Oviedo, dejó la indemnización en 28.130 euros. Para llegar a este montante, descontó a los 617 días que el paciente tuvo que estar de baja, los 120 días impeditivos que habitualmente requieren esta cirugía. El cálculo se corresponde, por tanto, con los 497 días de más que el tribunal entiende que el enfermo estuvo en incapacidad temporal.
Otra condena de 33.647 euros
En otro orden de cosas, el TSJA también condenó al Sespa a abonar 33.647 euros a otro paciente al que no se le detectó una lesión que derivó posteriormente en una cojera. El afectado había sufrido un accidente en la vía pública. Se había caído al salir del coche y se había golpeado contra una piedra. El resultado fue un traumatismo craneoencefálico que le mantuvo en la UCI durante un tiempo prolongado. El caso es que entre las múltiples lesiones que presentaba, hubo una, la fractura supracondílea de fémur izquierdo que no le fue detectada, pese a que la misma podía verse con una simple «prueba radiológica». No fue hasta dos años después cuando el Sespa le diagnosticó este trastorno. Pero para entonces ya era tarde puesto que sufría un acortamiento en el fémur de 4,7 centímetros, con la consiguiente cojera.
El Sespa argumenta que cuando el enfermo ingresó con un traumatismo craneoencefálico «se priorizaron actuaciones con el objetivo de tratar de salvarle la vida». La policontusión que presentaba, y «la dificultad de ampliar exploraciones dada la precariedad de su estado general», hizo que el hospital no le practicase ninguna prueba de los miembros inferiores.
El tribunal rechaza las explicaciones del Sespa y le condena a indemnizar al enfermo con 33.647 euros (el afectado pedía 72.657) al entender que su actuación médica «fue incompleta, ya que era obligación del cuadro médico examinar detenida y meticulosamente al accidentado». La sentencia concluye que «no supone exigir algo extraordinario a la Administración sanitaria que se percate de que el paciente sufre una fractura de fémur».
La ONU pide a España que «cambie de rumbo» en política sanitaria
La relatora de Naciones Unidas sobre pobreza extrema recuerda a las autoridades que tienen obligaciones internacionales en cuanto al acceso a este tipo de atención, lo que incluye a los inmigrantes independientemente de su situación jurídica
La relatora de la ONU sobre pobreza extrema, Magdalena Sepúlveda, ha pedido al Gobierno español que "cambie de rumbo" en relación a ciertas medidas que afectan el acceso a la salud, particularmente de la población inmigrante.
Sepúlveda ha recordado a las autoridades que España tiene obligaciones internacionales en cuanto al acceso a la atención sanitaria, lo que incluye a los inmigrantes independientemente de su situación jurídica, es decir, si están en el país de manera legal o irregular. "La falta de acceso de los inmigrantes a la atención primaria no es sólo cuestionable desde una perspectiva de derechos humanos, sino también poco efectiva para reducir costes a largo plazo", ha opinado. Ha sostenido que si ese colectivo no recibe atención primaria de salud, entonces los servicios de emergencia, que de manera general son más costosos, sufrirán una sobrecarga.
Sepúlveda ha formulado esta declaración escrita, desde Ginebra, como seguimiento a una carta que remitió -conjuntamente con otros expertos de derechos humanos de la ONU- al Gobierno de España el pasado noviembre, en la que se cuestionaban los cambios que reducían el acceso al sistema de salud pública.
"Percepción errónea del principio de no discriminación"
La relatora ha valorado la respuesta que recibió, aunque se ha distanciado de los argumentos y conclusiones de España. "El Gobierno argumenta que el Real Decreto 16/2012 no es discriminatorio, porque trata la legalidad de residencia en el país y no el origen nacional. Este argumento refleja una percepción errónea del principio de no discriminación", ha puntualizado.
Sepúlveda ha agregado que "los principios básicos de derechos humanos no pueden ser ignorados a causa de las presiones fiscales". Bajo esas consideraciones, la relatora ha señalado que no puede considerarse que la atención sanitaria sea universal, pública y gratuita, como sostiene España. "Los incidentes de los que me han informado, que resultan en la falta de tratamiento para inmigrantes pobres e indocumentados -u otras personas obligadas a pagar incluso si residen legalmente en el país- son inaceptables", ha enfatizado.
Asturias cuenta con 263 altos cargos protegidos
El presidente del Principado, los consejeros, los diputados de la Junta, jueces y fiscales gozan de distintos privilegios en caso de cometer delitos
LNE. Oviedo, Marcos PALICIO Diferentes versiones del aforamiento protegen en Asturias a 263 cargos políticos y judiciales. El paraguas del fuero, que tiene una casuística interna muy ramificada y que fundamentalmente se sustancia en que las personas resguardadas por él sólo pueden ser juzgadas en determinados supuestos por instancias judiciales de un rango superior al de los tribunales ordinarios, abarca básicamente a diputados y miembros del Gobierno en la esquina de la política y a jueces y magistrados en la de la administración de justicia. La lista se distribuye de modo desigual, toda vez que de esos 263 aforados que ejercen en Asturias o en representación de la región sólo aproximadamente una cuarta parte, 62, son cargos políticos: los 45 parlamentarios autonómicos, los cinco consejeros del Gobierno regional que no son a la vez diputados en la Junta, los ocho asturianos con escaño en el Congreso y los cuatro senadores. A ellos habría que añadir 150 jueces y 51 fiscales, pero haciendo constar los matices que el fuero, según lo previsto en la legislación vigente, introduce en cada cargo específico, porque no todos los aforados están protegidos igual.
El artículo del Estatuto de Autonomía del Principado que regula esta figura legal establece que es el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) la instancia competente para decidir sobre "la inculpación, procesamiento o juicio" de los 45 diputados autonómicos por los actos delictivos que pudieran cometer dentro del territorio de la región. Fuera de él, esa responsabilidad será exigible ante el Tribunal Supremo, en ningún caso en los tribunales ordinarios que les corresponderían como ciudadanos. La norma superior de la comunidad autónoma atribuye el mismo status jurídico al presidente del Principado y a los consejeros, y además distingue a los parlamentarios con otra prerrogativa adicional. "Durante su mandato", dice el artículo 26, los diputados "no podrán ser detenidos ni retenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de Asturias, salvo en caso de flagrante delito". A ellos se les aplica así un privilegio análogo al que la Constitución asigna a diputados y senadores, que además, según el artículo 71 de la Carta Magna, "no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva".
Los representantes en el Congreso y el Senado, por lo demás, deben ser juzgados directamente por el Tribunal Supremo cuando lo enjuiciado sean "hechos realizados en el ejercicio de su cargo", aclara la ley Orgánica del Poder Judicial. Lo mismo sucedería, en el ámbito de los cargos judiciales, con posibles delitos cometidos por el presidente y los magistrados del TSJA y la Fiscal Superior de Asturias. El resto de jueces, magistrados y fiscales responden directamente ante el TSJA. El aforamiento privilegia asimismo en sus diferentes versiones a otros asturianos con cargos en la carrera judicial o en diferentes organismos, como los vocales del Consejo General del Poder Judicial -lo es el exdiputado socialista Álvaro Cuesta-, magistrados, fiscales, consejeros del Tribunal de Cuentas -como el ovetense Manuel Aznar- o del Consejo de Estado, donde ejercen, entre otros, Alberto Aza, Benigno Pendás y Amelia Valcárcel.
Ese recuento somero es parte de la porción asturiana en un reparto de privilegios que ha generado suspicacias de diversa índole y más de una duda respecto a su legitimidad. Miguel Presno, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, afirma que el aforamiento no tiene en la España de hoy "ninguna razón de ser".
El caso es que la prerrogativa nació en un país en tránsito hacia los hábitos democráticos, donde "se trataba de asegurar que las causas contra los políticos fueran juzgadas por órganos que se suponía que estaban menos influenciados o presionados que un tribunal de rango inferior", pero ha perdido su sentido con el paso del tiempo, añade el constitucionalista. Y no sólo por una cuestión de justicia. También porque es un privilegio relativo, opina Presno, desde el momento en que el aforado "pierde el derecho a un recurso. Si te juzga el Tribunal Supremo, no cabe apelación", afirma. Y aquí lo preocupante son algunas consecuencias del aforamiento que se dan cuando, por ejemplo, "arrastra a personas que no son aforadas, que pueden estar implicadas en el delito de un aforado y que también pueden ver que se les va una opción de recurso". El problema es que "hablando de una manera gruesa", concluye, "podemos decir que todos somos potencialmente aforados".
Artículo 26 (sobre los miembros de la Junta General del Principado): "Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de Asturias, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma. Fuera de dicho territorio la responsabilidad penal será exigible, en los mismos términos, ante el Tribunal Supremo".
Artículo 35 bis: "La responsabilidad penal del presidente del Principado y de los miembros del Consejo de Gobierno será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias por los actos cometidos en el territorio del Principado. Fuera de éste, la responsabilidad penal será exigible ante el Tribunal Supremo".
"La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo conocerá: de las demandas de responsabilidad civil, por hechos realizados en el ejercicio de su cargo, dirigidas contra el presidente del Gobierno, presidentes del Congreso y del Senado, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, diputados y senadores, vocales del Consejo General del Poder Judicial, magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, fiscal general del Estado, fiscales de sala del Tribunal Supremo, presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, presidente y consejeros del Consejo de Estado...
"De las demandas de responsabilidad civil dirigidas contra magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia por hechos realizados en el ejercicio de sus cargos".
"La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá: de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, contra todos o la mayor parte de los magistrados de una Audiencia Provincial o de cualesquiera de sus secciones".
Condenado a tres años de cárcel un neurocirujano del HUCA
El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de tres años de prisión para un neurocirujano del HUCA por falsear el historial clínico de un paciente. Desestima así el recurso que el facultativo había presentado contra el fallo de la Audiencia Provincial de Oviedo que le imponía, además, una multa de 1.440 euros y dos años de inhabilitación para cargo público.
Los hechos se remontan a 2005 y 2006. El demandante fue atendido en dos ocasiones por el neurocirujano A. L. C. V., contra el que presentó una reclamación administrativa en el Servicio de Salud (Sespa) por mala praxis en el diagnóstico y tratamiento de sus dolencias.
Ante la apertura del expediente, el facultativo añadió más de dos años después una anotación de su puño y letra a la hoja de curso clínico de 17 de febrero de 2006 en la que advertía que, de empeorar la situación del paciente, debería pedir consulta para cirugía. Además, el informe elaborado por el neurocirujano señalaba que el paciente había sido advertido de esta circunstancia sin que éste la hubiera verificado, lo que llevó a desestimar el expediente abierto y al paciente a presentar una demanda ante los tribunales.
Según la sentencia, el acusado pretendía exonerarse así de una responsabilidad profesional aunque estuviera convencido de que no afectaba a la esencia de la historia clínica del paciente, «pero no previó que tales anotaciones podrían producir efectos jurídicos de otro orden distintos a la salud de las personas».
Se desploma el HUCA
El accidente se produjo en la madrugada del sábado y no causó heridos - CC OO achaca el derrumbe al deficiente mantenimiento por el escaso personal
Elena FERNÁNDEZ-PELLO El falso techo de la lencería del Centro Materno Infantil del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se vino abajo en la madrugada del sábado pasado. No se produjeron daños personales, porque por la noche nadie trabaja allí, y fue por la mañana, a las ocho, cuando dos operarios que se incorporaban al servicio se encontraron la habitación repleta de cascotes y a cielo raso, según refiere el responsable de sanidad de CC OO, Alejandro González.
El sindicato alerta de las consecuencias de los recortes de los últimos años en el mantenimiento de las estructuras del complejo hospitalario del Cristo, cuyos edificios "presentan problemas estructurales desde su construcción". Con la reducción de personal la situación se ha agravado, sostiene. "No gastan ni un euro en obras menores para adecentar y mantener la seguridad mínima para los profesionales y los usuarios", denuncia el representante sindical.
"Hay que adecuar el nuevo hospital, de acuerdo, pero también hay que mantener en unas mínimas condiciones de seguridad las actuales instalaciones mientras estén en funcionamiento", señala. "Consideran que no merece la pena gastar en algo viejo y que pronto va a quedar en desuso, pero el traslado no se hace de un día a otro", añade, refiriéndose a las autoridades sanitarias regionales.
La reducción de empleo entre el colectivo que se dedica al mantenimiento del HUCA y la amortización de puestos laborales en estos últimos años "ha sido importante", según Alejandro González. Además, agrega, la plantilla está descompensada. "Tenemos más ingenieros y jefes que trabajadores", asegura. Según sus datos, "de una plantilla de cincuenta personas, veinte son mandos intermedios".
El personal de mantenimiento del HUCA, explica González, fue sometido a una reestructuración años atrás que trajo consigo una reducción de trabajadores. En lugar de asignar personal a cada edificio del complejo, como sucedía antes, se organizaron dos equipos, uno que operaba en la antigua residencia y sus edificios adyacentes, y el otro, en el antiguo hospital general y las instalaciones de su alrededor.
Chapuzada el nuevo HUCA
Habitaciones estrechas, ascensores donde no caben las camillas y reformas en la UCI son fallos que obligaron a realizar arreglos en La Cadellada
LAURA FONSECA: Aún no se ha estrenado y el nuevo HUCA ya está lleno de arreglos. La obra del complejo sanitario que se erige en La Cadellada, y que en apenas en mes comenzará a recibir a sus primeros pacientes, fue recepcionada por el Principado en julio pasado tras 8 años de ejecución, casi el doble de lo previsto. Sin embargo, pese a que el futuro hospital se encuentra oficialmente acabado y listo para ser abierto, los trabajos en su interior prosiguen. Y no se trata de remates de última hora ni de retoques, sino de la reparación de importantes fallos y disfunciones detectados en los últimos meses. No es la primera vez que ocurre. De hecho, parte de los dos modificados aprobados en 2008 y 2010, y que elevaron la factura de los 205 millones de euros en que fue adjudicado a 295,5, tenían como fin principal subsanar errores del proyecto arquitectónico, como lo ocurrido en la zona de radioterapia oncológica, donde se descubrió que los espacios reservados para los aceleradores lineales eran pequeños (la maquinaria no entraba), o que los ascensores que comunicaban con el bloque quirúrgico del HUCA no eran lo suficientemente holgados para que allí entrara una camilla con el equipo de reanimación, algo vital en este tipo de zonas.
El reguero de reparaciones es amplio. Tras la ronda de visitas del personal del Hospital Central que se está llevando a cabo estos meses con el fin de que los profesionales entren en contacto y se familiaricen con el que será su nuevo lugar de trabajo, han sido muchos más los defectos detectados. El más grave, el de la unidad de cuidados intensivos (UCI), donde han tenido que ensanchar espacios, además de cambiar y retirar 80 puertas de los boxes tras confirmar que por allí no pasaban las camillas. También se han tenido que echar abajo las paredes de la unidad para acristalarlas en su totalidad. Se trata de un diseño por el que caminan las UCIS de los hospitales más modernos, puesto que el acristalamiento permite que el personal de enfermería controle mejor a los pacientes ingresados. La última modificación ha sido la incorporación de un sistema de agua depurada para enfermos que requieren diálisis, que tampoco se había instalado. Todos estos cambios no pueden ser imputados a la UTE constructora, puesto que la obra se recibió y certificó de forma satisfactoria hace medio año, por lo que es Gispasa, la empresa del Principado, la que tendrá que correr con la factura cuya cuantía se desconoce.
Por éstos y otros asuntos, el diputado de Foro Asturias, Albano Longo, preguntó al consejero de Sanidad en la última comparecencia celebrada en la Junta General, la que tuvo lugar para dar cuenta de los presupuestos (ahora prorrogados). Faustino Blanco rehusó contestar, acusando al parlamentario de Foro de pretender «embarrar» el debate y de «manchar» un «magnífico hospital que han venido a ver de muchos sitios de España, incluso de Galicia y del propio ministerio», señaló. Hasta en tres ocasiones Longo inquirió a Blanco para que concretara qué tipo de reformas se estaban llevando a cabo en La Cadellada y a cuánto ascendía su coste, pero el consejero se limitó a indicar que «hay veces que con pequeños retoques mejoran cosas funcionales y eso supongo que es lo que se está haciendo. Dése por contestado».
15 centímetros menos
Otro de los problemas con los que deberá lidiar el nuevo HUCA es el tamaño de las habitaciones, que resultan un tanto estrechas para albergar dos camas con sus respectivas mesillas y sendas sillas de acompañante. Inicialmente, el hospital fue concebido para que la mitad de sus habitaciones fueran individuales. Sin embargo, la elevada ocupación que históricamente ha mantenido este centro y el hecho de que en el nuevo emplazamiento haya menos vacantes (se pasa de más de 1.200 camas a 994), ha obligado a cambiar de planes. La mayor parte de las habitaciones estarán equipadas con dos plazas. Fuentes del complejo han confirmado que cuando la cama que está instalada junto a la ventana tiene que ser retirada de la habitación, algo muy habitual cuando hay que trasladar a un enfermo al quirófano o a una prueba, la otra cama tiene que ser desplazada unos centímetros porque no hay espacio suficiente para realizar la maniobra. Esto se debe a que las habitaciones, además de ser pequeñas, han perdido 15 centímetros debido a que tuvieron que ceder espacio para reformar los aseos y adaptarlos para discapacitados, tal y como exige la normativa europea.
Ése fue, precisamente, otro de los modificados que incrementaron la factura del hospital en los primeros años. Las camas tampoco dispondrán, según ha podido saber EL COMERCIO, de los famosos cabeceros con pantalla de ordenador. En su lugar habrá un circuito convencional de televisión de pago.
El Sespa pagará 10.000 euros por extraviar restos de un feto
Le extraviaron el feto y la placenta producto de un aborto natural que sufrió, unos restos con los que la paciente estima se podrían haber conocido las causas de la abrupta pérdida de su embarazo. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) considera que ese extravío, que la mujer conoció años más tarde, acabó por agravar el trastorno psicológico que padecía por lo que condena al Servicio de Salud del Principado (Sespa) a indemnizarla con 10.000 euros.
Los hechos se remontan a 1990, cuando la demandante padeció un aborto, una situación que se repetiría quince años después, en 2005, cuando volvió a ver interrumpida su gestación. Según recoge el fallo, la paciente tiene un problema de coagulación que los médicos relacionan ahora con las interrupciones de sus embarazos. El caso es que la mujer presentó una demanda contra la Consejería de Sanidad del Principado y también contra el Sespa al entender que de no haber extraviado los restos del feto y la placenta, habría sido posible aproximarse a los motivos de su primer aborto y tomar así medidas para evitar el que le sobrevino en 2005.
El Sespa argumenta que en 1990 «no existía conocimiento científico suficiente a cerca del síndrome de la trombofilia, ni de sus efectos adversos», por lo que el análisis del feto no habría aportado elemento nuevo alguno al problema de la entonces gestante. El fallo, del que se hace eco Diario Médico, recoge literalmente que «de la necropsia del feto ningún resultado positivo se hubiera podido obtener en relación con dicho padecimiento -porque el avance de la ciencia en ese momento no lo permitía-, circunstancias tales que impiden apreciar el necesario nexo de causalidad entre dicha omisión y el aborto del año 2005».
Sin embargo, el TSJA entiende que aunque no existe relación de causalidad entre el extravío de los restos biológicos y el aborto que le sobrevino quince años después, si considera probado que la paciente sufrió un agravamiento de la depresión que padecía una vez que conoció que el hospital había perdido el feto y la placenta producto de su primer aborto. El tribunal da por buenas las conclusiones de uno de los médicos que demuestra que la paciente vio incrementado su trastorno mental cuando supo años después de que era imposible conocer las causas de su primer aborto debido al citado extravío.
El Sespa indemnizará a la afectada con 10.000 euros, en concepto de daño psicológico. Contra el fallo cabe recurso de casación ante el Supremo para unificación de doctrina.
Un año para una resonancia en el Sespa
LAURA FONSECA.
Los médicos alertan de que los controles preventivos anuales para la detección de tumores están a dos años. También los escáneres pediátricos
Las demoras se disparan, sobre todo, en el Hospital Central
Las demoras asistenciales se están convirtiendo en más que un dolor de cabeza para el Servicio de Salud del Principado (Sespa). Sobre todo, en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que es el que presenta los tiempos de atención más dilatados de la sanidad pública regional. La peor parte se la llevan los pacientes, que son los que deben aguardan en algunos servicios esperas que superan el año. El área de radiodiagnóstico (eje del HUCA), junto con los servicios de Traumatología y Urología, son los que sufren mayor saturación y, por ende, donde se concentran los tiempos más elevados. En el Central, un enfermo que deba someterse a una resonancia que no lleve el sello de 'urgente' o 'preferente' debe aguardar entre diez y doce meses. Tal es la demora actual que el departamento de citaciones del complejo ya no entrega el papel con la cita y se limita a indicarle a los pacientes que ya le llamarán por teléfono, por lo que el enfermo abandona el hospital sin saber a qué demora se enfrenta.
Fuentes sanitarias han confirmado a EL COMERCIO que los usuarios que tengan pedida una prueba de este tipo en el HUCA deberán esperar hasta «noviembre y diciembre de 2014» en los casos que la patología o la sospecha clínica «no revista gravedad». El problema es que muchas de estos exámenes corresponden con una primera cita «por lo que no siempre es posible determinar si hablamos de algo banal o no», señalaron las mismas fuentes.
Los abultados retrasos están comenzando a pasar factura en la atención y en la calidad del servicio que se ofrece. Los controles anuales para la prevención de algún tipo de tumor, como ocurre con las mamografías, se están aplazando a los dos años. Lo mismo ocurre con los escáneres pediátricos, que suelen requerir la presencia de un anestesista, que de estar indicados cada doce meses ahora se hacen con una cadencia de 24 meses. En especialidades como Traumatología y Urología los tiempos de espera no están mucho mejor. La demora media para una operación ronda allí entre los 90 y los 109 días (casi cuatro meses).
Lo cierto es que los efectos de la huelga médica que vivieron los hospitales y centros de salud a finales del pasado año debido a la ampliación de jornada, aún pasa factura. El cierre en falso del conflicto, sobre todo en el Hospital Central, no ha permitido que la atención sanitaria se restablezca con total normalidad. De ahí, que los pacientes tengan que sufrir tiempos de espera tan elevados, con un año de demora para la realización de pruebas diagnósticas o de casi doce meses para una operación de prótesis de cadera, una cirugía de varices o unas cataratas, entre otras.
Sin 'peonadas'
La negativa del Servicio de Salud del Principado (Sespa) a habilitar programas especiales (las denominadas 'peonadas'), unida a la pretensión de que la actividad hasta entonces extraordinaria se realice a cuenta de la ampliación de jornada, no está dando buenos resultados. Al menos, en lo que a demoras se refiere.
En el último balance de listas de espera para pruebas diagnósticas elaborado por el Sespa, el correspondiente a septiembre, la administración sanitaria da a conocer por vez primera datos oficiales sobre la actividad que se vio paralizada durante la huelga médica de 2012. Fueron 28.500 las consultas no atendidas entre octubre y diciembre, junto a otras 9.110 pruebas diagnósticas que se tuvieron que aplazar. A fecha de hoy, es decir, un año después del conflicto, hay 9.000 pacientes en espera para consulta con el especialista por encima de los que había en septiembre de 2012, antes de la huelga convocada por el Sindicato Médico. Esto viene a confirmar que a doce meses del conflicto el contador de la actividad suspendida aún no se ha podido poner a cero.
Cierto es que el Sespa ha trabajado para reducir el volumen de pacientes cuyas operaciones y consultas fueron suspendidas. De hecho, entre enero y septiembre «además de atender la demanda ordinaria generada entre enero y septiembre, se resolvieron 20.000 consultas aplazadas a causa del conflicto sanitario», reza el informe de la Consejería de Sanidad. Actualmente, hay 16.087 personas a la espera de realizarse una prueba diagnóstica (TAC, resonancia o endoscopia), de los que el 35% acumulaba más de dos meses de espera. Otros 69.640 aguardan por una consulta y 18.555 por una operación. En total, 104.282 asturianos en lista de espera, son 13.627 más de los que había antes de la huelga médica.
Más derivaciones a la privada
Con las agendas repletas de citas, la sanidad pública está más que atascada. Una clara muestra de ello la ofrecen las consultas de traumatología, cirugía vascular o de radiodiagnóstico, donde se pueden ver cientos y cientos de órdenes de derivación a clínicas privadas para la realización de pruebas que el sistema público, en jornada ordinaria, es incapaz de asumir.
Fuentes sanitarias estiman que el Servicio de Salud del Principado ha derivado más de 3.000 pacientes a centros concertados para escáneres y resonancias que hasta septiembre de 2012 se hacían en la sanidad pública en horario de tarde, y pagando. Las mismas fuentes estiman que las derivaciones «no suponen ahorro alguno», ya que «sale más caro enviar a un enfermo para que se haga un escáner en una clínica privada que hacerlo en el propio hospital en horario vespertino, aunque tengan que pagarlo como actividad extraordinaria».
123.000 euros por una muerte debida a la mala atención a un infarto en el Hospital de Jarrio
Oviedo, Pablo ÁLVAREZ El Servicio de Salud del Principado (Sespa) deberá indemnizar con 116.000 euros (más los intereses legales) a la esposa y las tres hijas de un vecino de Boal que falleció a causa de un infarto de miocardio tras una atención médica negligente en el Hospital de Jarrio (Coaña), donde los médicos le tuvieron durante 17 horas sin darle los cuidados que requería. Los hechos se produjeron entre el 12 y el 13 de octubre de 2008, y el fallecimiento el día 25 de ese mismo mes. El paciente, Luis Ángel García Arias, tenía 63 años y era muy conocido en la localidad boalesa, donde regentaba un bar.
Según la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el enfermo "tardó más de 12 horas en su traslado desde el Hospital de Jarrio al HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias) y cuando así se hizo ya no resultaba posible efectuar ninguna maniobra apropiada al caso".
Luis Ángel García había ingresado en Jarrio a las 17:27 horas del 12 de octubre. Su infarto agudo de miocardio fue correctamente diagnosticado en el área de urgencias del centro sanitario del noroccidente asturiano. Sin embargo, en aquel momento el hospital no disponía de un cardiólogo, pese a lo cual fue retenido en urgencias hasta las 10:30 de la mañana siguiente. Entonces fue trasladado en helicóptero al HUCA, adonde llegó en un estado "gravísimo" que ya no permitió sacarlo adelante pese a los tratamientos aplicados en los días sucesivos.
Ya en marzo de 2012, la Consejería de Sanidad del Principado había reconocido la responsabilidad de la Administración sanitaria, pero sólo admitía una parte de los argumentos de los demandantes. Esa resolución no satisfizo a la mujer e hijas del finado.
Los magistrados han optado finalmente por fijar como compensación una cuantía menor por cuanto "es claro que la pérdida de oportunidad ha de cifrarse en el 90 por ciento al ser ésta la posibilidad de supervivencia que existía, caso de haberse realizado el traslado antes del transcurso de 17 horas o incluso de 6 horas, tal y como procedía haber actuado atendiendo asimismo a los limitados medios existentes en el Hospital de Jarrio para actuar en estos casos de grave enfermedad coronaria, y más cuando no existía óbice alguno a dicho traslado".
La resolución antes citada de la Consejería de Sanidad entraba en más detalles. Indicaba que el paciente "debería haber sido tratado por un servicio especializado en cardiología o en cuidados intensivos, dada la gravedad de su estado". Y agrega: "Nada de eso tuvo lugar. No sabemos si porque ello no era posible o porque no pensaron en esa posibilidad. Lo cierto es que no había un cardiólogo en el Hospital de Jarrio y, siendo grave la situación del paciente, con dificultades respiratorias y dolor en el pecho, así como el vientre hinchado, lejos de remitirle al Hospital Universitario Central de Asturias (como ya hicieron, pero tarde), le mantuvieron en Urgencias unas 17 horas".
El mismo documento de Sanidad precisa que cuando Luis Ángel García fue llevado de Jarrio al HUCA ya era demasiado tarde, "pues había transcurrido el tiempo suficiente para que la patología evolucionase hacia el agravamiento, privándole al paciente de la oportunidad de recibir tratamientos más especializados que, tal vez, hubieran sido efectivos".
La familia del fallecido, explicó a LA NUEVA ESPAÑA que "fue muy duro ver que los médicos no nos hacían caso cuando advertíamos de la gravedad de la situación; ahora, lo más importante es que hechos como éstos no vuelvan a ocurrir en la sanidad asturiana".
Las claves de una negligencia
Luis Ángel García Arias, de 63 años, sufrió un infarto agudo de miocardio el 12 de octubre de 2008. Fue llevado al Hospital de Jarrio, donde le realizaron un diagnóstico correcto, pero no había cardiólogo y, por lo tanto, no existía la posibilidad de darle una asistencia adecuada.
Sin embargo, los médicos le retuvieron durante 17 horas, hasta las diez y media de la mañana del día siguiente, cuando decidieron trasladarlo en helicóptero al Hospital Universitario Central de Asturias.
Cuando llegó al HUCA, su estado era muy grave y ya no fue posible hacer nada por su vida.
La indemnización fijada por los jueces para su viuda y sus tres hijas es de 123.000 euros.
Sanidad recibe este año más de un centenar de demandas por infecciones hospitalarias
«El riesgo cero no existe en la sanidad; hay que marcar unas pautas para una mejor práctica clínica», dice el consejero Faustino Blanco.
Son «algo menos que el año pasado», pero siguen superando el centenar. Se trata del número de demandas por responsabilidad patrimonial en la región que, según indicó ayer el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, va en aumento en todo el país, con crecimientos de entre un 7 y un 10% anual. También en el Principado aunque, a falta de cerrar el año, el número es, de momento, inferior.
«Creo que más allá de las cifras, lo importante es partir de la base de que el riesgo cero no existe en la sanidad y, a partir de ahí, marcar unas pautas para una mejor atención y una mejor práctica clínica», aseveró Blanco, quien añadió que dichas demandas tienen una casuística muy diversa y no responden a un patrón concreto.
El consejero hacía estas declaraciones momentos antes de participar en unas jornadas dedicadas a la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas en relación con los daños provocados por enfermedades que se contraen dentro de los propios hospitales (nosocomiales) que se desarrollan en Oviedo. Faustino Blanco explicó que estos encuentros han sido fruto de una propuesta de la consejería asturiana en la reunión del último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado el pasado 23 de julio y en el que se trataron los nuevos protocolos de enfermedades de declaración obligatoria de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Renave).
«En este encuentro se aceptó el planteamiento de la Consejería de Sanidad de crear un grupo de trabajo para incluir las infecciones nosocomiales en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y tener un mejor control sobre estas infecciones», ha indicado Faustino Blanco, quien agradeció la presencia de Pilar Farjas, secretaria general de Sanidad y Consumo del ministerio de Ana Mato, quien le devolvió el cumplido al consejero resaltando la importancia de jornadas como la que se celebra en Oviedo.
La prevalencia global en Asturias durante 2012 de pacientes con infección nosocomial adquirida durante la hospitalización está en el 4,41%, lo que la sitúa entre las cifras más bajas del país. Concretamente la segunda inferior, justamente detrás de La Rioja y 1,2 puntos por debajo de la media nacional, que fue del 5,61%.
No obstante, Pilar Farjas destacó que la incidencia de este tipo de enfermedades está decreciendo en todo el país, al tiempo que resaltó que el Sistema Nacional de Salud ha puesto en marcha diversos programas encaminados a lograr la seguridad y la calidad de vida de los pacientes. «En 2012 España registró el dato más bajo de prevalencia global de pacientes con infección nosocomial de toda la serie histórica de más de 20 años de seguimiento», afirmó Farjas.
Los jueces rechazan que sus sentencias sean de peor calidad como dicen los abogados
Los magistrados del TSJA aseguran que las acusaciones son «injustas» y que la caída de recursos por las tasas no influye en su profesionalidad
Oviedo, Félix VALLINA Las últimas declaraciones del decano del Colegio de Abogados de Oviedo -en las que acusó a los jueces de primera instancia de emitir sentencias «de peor calidad» y «con errores jurídicos manifiestos» desde que comenzaron a aplicarse las tasas judiciales y entró en vigor la reforma procesal que impide recurrir en apelación las sentencias de juicios verbales con cuantías de menos de 3.000 euros- han sentado como un tiro a los magistrados. Enrique Valdés afirmó que «los jueces de primera instancia pueden decir ahora lo que quieran porque saben que no va a haber recurso» contra sus decisiones, aseguró que las tarifas necesarias para apelar, sobre todo la vía civil, echan para atrás a los ciudadanos para continuar con los procesos aunque las sentencias sean «mejorables» y están «poco trabajadas» por falta de motivación, unas manifestaciones que son «inapropiadas» para la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y que han provocado una rápida reacción de los jueces.
«Aunque las declaraciones parecen realizadas a título particular, resultan, cuando menos, inapropiadas desde la posición institucional que representa el señor Valdés Joglar, pues los órganos de gobierno del Poder Judicial en Asturias siempre han mantenido un exquisito y prudente respeto con el quehacer profesional de los letrados en todas sus facetas profesionales», recoge un escrito hecho público ayer por los miembros de la sala de gobierno del TSJA. «Sus declaraciones, al generalizar, son manifiestamente injustas, pues es notorio que los jueces y magistrados que resuelven en primera instancia, quienes desarrollan una función muy compleja, son los primeros interesados en que sus resoluciones sean contrastadas por las instancias superiores en garantía de los derechos controvertidos de los justiciables y de la seguridad jurídica», señala el comunicado.
Los jueces le recuerdan a Valdés que ellos continúan desarrollando su trabajo exactamente igual que antes de la aplicación de las tasas y de que disminuyera el número de recursos en apelación. Además, afirman que ellos también se han posicionado en contra de unas tarifas que consideran abusivas. «Si se trata de reaccionar contra el establecimiento de las tasas judiciales o, en su caso, quiere manifestar que las cuantías establecidas resultan desproporcionadas, es evidente que no son los jueces y magistrados de la región los responsables de tal decisión», recoge el texto. Y añade: «Muy al contrario, el decano de los abogados ovetenses es conocedor de primera mano de que siempre que fue requerida la solidaridad del colectivo judicial a la hora de visibilizar la discrepancia con el establecimiento de estas tasas la obtuvo en el marco habitual de colaboración que ha presidido, hasta el momento, la relación institucional entre los dos colectivos».
A título particular, algunos jueces también han querido ofrecer su punto de vista tras las declaraciones de Enrique Valdés. Algunos fueron tajantes, como Luis Ortiz, delegado en Asturias de la Asociación de Jueces «Francisco de Vitoria» y titular del Juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Langreo: «En mi caso, yo sigo haciendo las sentencias exactamente igual que las hacía antes de los cambios; en caso contrario estaría actuando de forma completamente inadecuada y no cumpliría con mi deber, que es darle una solución al ciudadano. Que haya tasas o que haya aspectos en los que la ley dice que no cabe apelación no me condiciona a la hora de trabajar y no me consta que ocurra con otros compañeros», asegura. Para Ortiz, «las declaraciones son frívolas y sorprendentes y no se corresponden con la realidad».
El asturiano Rafael Abril Manso, ahora en un Juzgado de primera instancia de Torrelavega, mantiene el mismo discurso que su colega. «No sé si habrá leído muchas sentencias de otros compañeros y tiene criterio para decir lo que ha declarado, pero, desde luego, yo sigo actuando con el mismo rigor», explica. «En principio, me parece una metedura de pata del señor Valdés Joglar», ya que «nosotros también estamos en contra de algunas tasas que se están aplicando, que son un atropello, pero eso no afecta para nada a nuestra profesionalidad».
Eduardo García Valtueña, titular del Juzgado de primera instancia número 11 de Oviedo, está de acuerdo con los abogados a la hora de señalar que los ciudadanos «han visto recortado su derecho de acceso a la justicia» con la entrada en vigor de las tasas «abusivas» y con los cambios establecidos en los procesos en los que están en juego menos de 3.000 euros, pero no comparte «que se individualice el problema y que se diga que las sentencias de los jueces son de baja calidad». García Valtueña sostiene: «En primera instancia se trabaja igual que en otros tribunales superiores, los profesionales tratamos de hacer siempre las cosas lo mejor que sabemos».
El juez de primera instancia e instrucción de Luarca y portavoz en Asturias de Jueces para la Democracia también critica «el recorte de los derechos de los ciudadanos» por las tasas y considera que los procesos deberían tener al menos «doble instancia» gratuita. No obstante, «las declaraciones de Valdés Joglar son subjetivas, porque habrá quien a nivel individual haya bajado la calidad y habrá quien no».
«Las declaraciones son frívolas y sorprendentes. No se corresponden con la realidad»
<Luis Ortiz Vigil
Langreo número 3
«Es una metedura de pata. Desde luego, yo sigo trabajando con el mismo rigor»
<Rafael Abril Manso
Torrelavega número 2
«Habrá quien haya bajado la calidad de sus escritos, pero eso es muy subjetivo»
<Julio Martínez Zahonero
Juez en Luarca
Las listas de espera, según la Consejería de Sanidad
El Principado deberá indemnizar a un paciente por la espera de una operación
EUROPA PRESS Una sentencia del Juzgado de lo Concencioso-Administrativo número 5 de Oviedo ha condenado al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) a pagar a un paciente una indemnización equivalente al coste económico que tuvo que afrontar por la intervención quirúrgica realizada en una clínica privada. El juez entiende que la sanidad pública no le trató con la urgencia requerida y que hubo una dilación incompatible con el tipo de enfermedad.
El Juzgado ha estimado su demanda al entender que el Sespa no proporcionó al hombre la asistencia sanitaria que requería en atención a la urgencia que demandaba su enfermedad. Le obliga así a pagarle 23.188 euros más los intereses legales desde la primera reclamación que hizo en vía administrativa.
Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el hombre, que padecía una enfermedad cardiaca consistente en estenosis aórtica por calcificación de la arteria acudió el 21 de diciembre de 2009 a una consulta privada de cardiología, donde le recomendaron una evaluación para operarse . Tras esa consulta, acudió a su médico de familia, quien el 29 de diciembre emitió volante de consulta al Servicio de Cardiología de Cabueñes.
Allí llegó en febrero de 2010 y le derivaron al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), diciéndole que el caso sería evaluado de forma conjunta por Cardiología y Cirugía Cardiaca y que le comunicarían la decisión adoptada.
El paciente acudió nuevamente al HUCA el 1 de marzo de 2010, sin que le concretasen fecha de intervención. Se le dijo que, en cualquier caso, no sería antes de cinco o seis meses. En vista de los plazos y ante la gravedad, el hombre decidió acudir a la asistencia sanitaria privada, Fue operado con éxito en el Centro Médico el 3 de marzo. Posteriormente, desde el HUCA se le comunicó que se había decidido que se le iba a operar y se le dio cita para el 5 de mayo.
A la vista de los acontecimientos, el paciente decidió acudir a los tribunales al entender que debían indemnizarle desde el sistema público, al existir urgencia vital en su enfermedad, que no fue atendida. Comenzó así un proceso de reclamaciones que al final ha conseguido darle la razón.
En los argumentos jurídicos, el juez entiende que en este caso la sanidad pública debía haber atendido al hombre "a la mayor brevedad", una vez que tenía el diagnóstico en diciembre de 2009. "Podemos concluir que se superaron los plazos razonables para realizar una intervención quirúrgica", afirma el juez en la sentencia.
"Hasta mayo de 2010 pasaron casi siete meses de riesgo de muerte súbita sin que la sanidad pública hubiese tomado una decisión sobre la operación", añade, de tal forma que considera que el paciente sufrió una "dilación incompatible con el tipo de enfermedad". Por ello condena al Sespa a que abone los gastos de la operación en la clínica privada, más los intereses legales desde la reclamación en vía administrativa.
Un juez obliga al Principado a pagar 55.000 euros por el fallecimiento de un paciente en Gijón
El TSJA estima en parte el recurso de la esposa y el hijo del hombre, que culpan a los médicos de la muerte
Oviedo, Félix VALLINA La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha dictado una sentencia en la que obliga a la consejería de Sanidad -más bien a su compañía aseguradora- a pagar un total de 55.000 euros a la familia de un paciente que falleció en el año 2009 en el hospital gijonés de Cabueñes. El TSJA estima en parte el recurso interpuesto por los familiares del fallecido -que achacan la muerte del hombre a lo que consideran "una defectuosa asistencia sanitaria"- y declara nula la resolución del Principado que rechazaba la solicitud de indemnización de los recurrentes. Contra la sentencia cabe recurso de casación.
J. M. L. R., esposo y padre de los recurrentes, falleció el día 20 de diciembre del año 2009 a consecuencia de una "disección aórtica, shock cardiogénico y taponamiento cardiaco", aunque el día anterior ya había ingresado por un amago de infarto. Ese día, el 19 de diciembre, llegó al área de Urgencias del hospital de Cabueñes sobre las ocho de la tarde. Acudió al centro por una "aparición súbita de un dolor torácico atípico que se había iniciado dos horas antes y que había durado unos dos minutos", según la sentencia. Al ser explorado, a los médicos les "llamó la atención" un soplo. Se le diagnisticó SCASEST (Síndrome Coronario Agudo sin Elevación del Segmento ST), se le aplicó el tratamiento habitual y se le subió a planta alrededor de la una de la madrugada. A la media hora comenzaron de nuevo los dolores torácicos, su salud siguió empeorando durante toda la noche y acabó falleciendo a las diez menos cuarto de la mañana. La familia, que pedía 124.000 euros de indemnización, cree que hubo "un error de diagnóstico" y que no se cumplieron "todos los protocolos" que se fijan para todos los pacientes con las mismas dolencias.
La sentencia rebaja la indemnización por lo siguiente: "Frente al parámetro de fallecimiento, de lo actuado se desprende la gravedad de la dolencia y la alta mortalidad que aumenta con el retraso en el diagnóstico, y que aunque el diagnóstico hubiese sido más precoz el pronóstico "es muy malo", lo que impide imputar sin más el fallecimiento al actuar médico, pues no se puede asegurar que con un diagnóstico más precoz se hubiese evitado el mismo, como se desprende de las pruebas periciales".
El Sespa deberá pagar 60.000 euros a una gijonesa por la detección tardía de un cáncer
El TSJA considera que debería haber apurado «los medios diagnósticos disponibles» desde las primeras quejas de la mujer en 2003 hasta su operación en 2009
Una paciente gijonesa deberá ser indemnizada con 60.000 euros debido a la deteccion tardía de un cáncer de mama, del que debió ser operada. Así lo dictó el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que anula una resolución de la Consejería de Sanidad del Principado en la que denegaba cualquier tipo de indemnización a la paciente.
Los hechos se remontan a 2009, cuando la mujer, de 33 años, fue intervenida de un cáncer de mama después de manifestar numerosas quejas ante los servicios sanitarios sobre la presencia de una tumoración desde 2003 que ya entonces tendría dos años de evolución. La sentencia indica que en 2003 desde Atención Primaria se le propuso acudir a cirugía por un «nódulo en axila y mama derechos». Durante varios años sólo se le hicieron ecografías que no relevaron nada importante hasta que en marzo de 2009 se le diagnosticó un «carcinoma ductal infiltrante», que precisó inmediato tratamiento quirúrgico con una mastectomía y la posterior reconstrucción de la mama, que se produjo en el Hospital de Cruz Roja, de Gijón.
Según el TSJA, «el empleo de una técnica correcta es un dato de gran relevancia para decidir si hay o no relación de causalidad». La sentencia indica que la paciente había sido remitida al servicio de cirugía «sin que se realizasen las pruebas que contribuyesen a un diagnóstico correcto de la lesión o a una detección de la neoplasia de mama». El documento añade que «la reiteración de los síntomas, sin un diagnóstico efectivo de benigndad o malignidad, debería haber hecho sospechar y alertar a los facultativos de la situación, lo que exigía agotar los otros medios de diagnóstico de que dispone la sanidad pública», como mamografías, punciones, biopsias o resonancias magnéticas.
El caso es que tanto la Administración como la aseguradora alegaron que se atuvieron a los protocolos marcados para estos casos, pero el TSJA indica que éstos «no son vinculantes ni establecen conductas rígidas, y pueden no ser seguidos en función de las condiciones específicas de cada paciente, que pueden aconsejar una actuación diferente». Por eso, recalca la necesidad de «hacer una valoración individualizada del caso concreto».
«Pérdida de oportunidad»
La sentencia considera que el diagnóstico tardío produjo «una pérdida de oportunidad», aunque deja claro que «no es sencillo» cuantificar cuánto daño se produjo por ese retraso en el diagnóstico y cuánto se debe a la propia enfermedad. Es por ello por lo que en el fallo se estima en parte el recurso, anula la resolución de la Consejería de Sanidad y establece una indemnización de 60.000 euros, en lugar de los 155.000 que había solicitado la demandante, que deberá ser abonada de forma solidaria por el Servicio de Salud del Principado de Asturias . Contra esta resolución cabe recurso de casación ante el propio TSJA para unificación de doctrina, para lo que hay un plazo de 30 días.
Radiólogos del HUCA reclaman que su jefe cambie la gestión o sea relevado
LNE 23/06/2013
El clima interno del servicio de radiodiagnóstico del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) continúa siendo volcánico. En una carta dirigida al director del centro sanitario ovetense, un grupo de profesionales de este servicio censura el trato que están recibiendo por parte de la Administración sanitaria y la baja calidad de la asistencia que -como consecuencia de las derivaciones de pruebas diagnósticas- se está dispensando a los pacientes. Como colofón, concluyen que «el actual jefe de servicio, de no cambiar sus actuales planteamientos en la gestión del mismo, no es la persona adecuada para dirigirlo».
La carta está colgada en la web del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA). Los radiólogos que la firman comienzan criticando el modo que se ha seguido para incorporar a una nueva profesional. «La persona contratada es una R4 recién "licenciada", no alguien con amplia experiencia laboral y de reconocido prestigio, a la que se le van a ofertar mejores condiciones laborares que al resto de médicos eventuales».
De otro lado, señalan que «a causa de la derivación de pruebas diagnósticas a centros externos, nos vemos sometidos a una gran presión por parte del resto de servicios, que nos solicitan valoración de un gran número de éstos, muchos de ellos de pésima calidad, mientras nuestros equipos están parados». Los firmantes entienden que tanto la dirección del HUCA como el responsable del servicio «sólo buscan resultados numéricos, poniendo en riesgo la calidad del producto ofertado».
Detenido un auxiliar de enfermería por robar a las ancianas que cuidaba
LNE, 21/06/2013
La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 33 años que durante su periodo de prácticas como auxiliar de enfermería en un centro de mayores robó joyas a las ancianas que cuidaba y un reloj a uno de sus compañeros.
Según informa la Comisaría de Gijón, se descubrió que las piezas habían sido vendidas en Oviedo y Gijón, donde también empeñó las joyas de su pareja sentimental.
La investigación se inició a principios de este mes de junio cuando se recibió la denuncia de uno de los enfermeros del centro que daba cuenta de la sustracción de su reloj en el vestuario de su trabajo.
Los agentes recabaron testimonios de algunas internas que habían echado también en falta varias de las joyas que guardaban en su habitación y relataron que uno de los auxiliares de enfermería era excesivamente amable con ellas.
Asimismo, argumentaron que en alguna ocasión les sorprendieron intentando quitarles los anillos de las manos o las cadenas del cuello.
La Policía Nacional ha localizado en establecimientos de Oviedo y Gijón varias ventas de cadenas, sortijas, pulseras y medallas a nombre del investigado, que pertenecían en su mayoría a las mujeres a las que había asistido y cuidado durante su período de formación.
También se descubrió que había vendido varias piezas de su compañera sentimental, con la que convivía.
El joven, que cuenta con detenciones anteriores por apropiación indebida, ha sido detenido.
La investigación todavía está abierta ante la posibilidad de que existan más personas afectadas.
La Junta de Personal pide el cese inmediato del gerente del Área sanitaria IV
EFE La Junta de Personal del Área sanitaria IV, correspondiente a Oviedo, solicita al consejero de Sanidad, Faustino Blanco, el "cese inmediato" del gerente de la misma, Jaime Rabanal, por su "nefasta gestión".
Esta petición ante el titular de la Consejería, suscrita por el presidente de la Junta de Personal, Francisco Menéndez, recoge que desde el nombramiento de Rabanal "las cosas han cambiado de manera sustancial y lamentablemente a peor".
La petición apunta que es "absoluta" la falta de información en materia de personal, jornada y horarios de trabajo; cierre y traslado de instalaciones, así como en organización y métodos de trabajo.
También denuncia que los trabajadores con contratos eventuales viven "una situación de incertidumbre intolerable", causada por la "nula información sobre sus contratos hasta el día anterior a su finalización, donde pueden ser renovados o cesados con el único criterio del coste económico".
Respecto al nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), la Junta de Personal lamenta no saber "absolutamente nada, pese a la importancia que para los trabajadores va a tener dicho traslado, laboral y personalmente".
Un juzgado de Oviedo abre una investigación por un caso de ´bebé robado´ en Asturias
Dos antiguas trabajadoras del Hospital Central de Oviedo están llamadas a declarar como testigos el próximo 11 de julio en el curso de las pesquisas
EUROPA PRESS El juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo ha abierto una investigación por posible delito de "detención ilegal" en uno de los casos de los llamados 'bebés robados' de Asturias, denunciado por Adela Álvarez Castro. Dos antiguas trabajadoras del Hospital Central de Oviedo están llamadas a declarar como testigos el próximo 11 de julio en el curso de las pesquisas.
Así lo han confirmado fuentes del despacho de abogados de Eladio Rico, que llevan esta causa, iniciada hace ahora dos años, cuando la madre de esta niña formalizó la denuncia.
Las mismas fuentes han explicado a Europa Press que el Hospital cuenta con una "hoja de parto" que confirma el nacimiento de una hija de Adela Álvarez Castro en 1977, pero "no aparece por ningún lado el expediente de adopción". Por tanto, existe constancia de que la niña nació pero nadie sabe dónde está, señalan desde la representación legal de esta mujer.
Añaden también que la madre de la niña no padecía ninguna incapacidad para encargarse de ella, por lo tanto "le quitaron a su hija". Entienden por tanto, que hay materia suficiente para depurar responsabilidades penales, motivo por el que se ha abierto dicha investigación.
La declaración de ambas trabajadoras del hospital por estos hechos, C.F.F. y M.L.G.G., tendrá lugar el día 11 de julio, a partir de las 11.30 horas.
Identificados todos los médicos que trataron a la niña de Ibias fallecida en marzo
L. M. | 15.05.13
Prometieron que no iban a descansar hasta que se aclarara la muerte de su hija y en esa lucha siguen. Los padres del bebé de 18 meses de Ibias que falleció en marzo presuntamente tras atragantarse con una palomita de maíz están a la espera de que un juzgado de Oviedo asuma las diligencias previas por la denuncia que, hace ya semanas, presentaron en el juzgado de Cangas del Narcea.
Mientras la vía penal del caso se encuentra en ese 'impase', la familia sigue recopilando toda la documentación: informes médicos, forenses... Y ya han dado un paso importante, según explicó ayer el abogado de los padres, Ignacio Arévalo: «Están identificados todos los médicos» que trataron a la menor durante el periplo que ésta realizó por varios centros médicos y que concluyó en el Hospital Universitario Central de Asturias. Allí, en el área de cirugía pediátrica, «yo les insistí en que la niña se había tragado la palomita de maíz y no me creyeron. Me dijeron que para ellos la cría no tenía nada dentro», relataba el pasado mes de marzo la madre de la pequeña. La cuestión es que la niña no fue sometida a una broncoscopia, intervención que, a juicio del abogado de la familia, debería habérsele practicado para extraerle el maíz. En el HUCA sólo le realizaron unas radiografías y le dieron el alta. «La enviaron a casa sin darme más explicaciones ni recomendaciones», señaló la madre. Seis días después, la niña despertó con tos y síntomas de ahogamiento. En el consultorio local intentaron reanimarla, pero no se pudo hacer nada por ella. La familia exige ahora que se depuren las posibles responsabilidades penales.
El tratamiento del cáncer va por barrios
El acceso a las terapias oncológicas es desigual según las autonomías
Palencia / Oviedo, Efe / P. Á.
La dificultad en el acceso a los fármacos para el tratamiento del cáncer es diferente en las distintas comunidades autónomas españolas, según apunta una encuesta nacional realizada por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), que se presentará en mayo al Ministerio de Sanidad. Aunque la encuesta todavía no está concluida, todo apunta a que la disponibilidad de las terapias aprobadas por el Sistema Nacional de Salud no es homogénea en todo el territorio nacional, y que en unas hay más restricciones que en otras, según explicó Juan Jesús Cruz, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica.
El doctor Cruz no quiso adelantar cuáles son las comunidades autónomas con mayores restricciones hasta que el informe se presente oficialmente al Ministerio. Es evidente -subrayó el catedrático de Oncología Médica de la Universidad de Salamanca y jefe de servicio en el Hospital Universitario salmantino- que «hay diferencias de acceso en las distintas comunidades autónomas e incluso dentro de la misma comunidad, entre distintos hospitales». El presidente de la SEOM precisó que todos los pacientes oncológicos españoles reciben «un tratamiento al máximo nivel» y que «no hay nunca peligro para el paciente, que recibe siempre el tratamiento adecuado».
Recientemente, Foro Asturias denunció que los recortes sanitarios están perjudicando «el tratamiento imprescindible y urgente» de los pacientes oncológicos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Las autoridades sanitarias de la región negaron esta acusación y replicaron que las terapias que se aplican son decisión de los profesionales, «quienes prescriben las que mejor se adecuan a las necesidades de cada enfermo».
Un juez obliga al Sespa a pagar 24.000 euros por una operación en un centro privado
El Hospital Central carecía de experiencia en la intervención de columna y el Principado se negaba a abonar la factura
El Servicio de Salud del Principado (Sespa) tendrá que abonar a un ovetense los 23.730 euros que le cobró la Clínica Universitaria de Navarra por una compleja e infrecuente operación de columna. Los traumatólogos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) habían declinado llevar a cabo la intervención por falta de experiencia en ese tipo de procesos, y el único centro público capacitado para ello, el Valle de Hebrón de Barcelona, rechazó al paciente alegando su larga lista de espera y que el enfermo no pertenecía a su ámbito de actuación.
La Administración asturiana se había negado a pagar al usuario el coste de la operación debido a que, previamente, había rechazado derivarlo a la Clínica de Navarra por no ser un hospital público. El paciente acudió a los tribunales, y el Juzgado de lo social número 6 de Oviedo le ha dado la razón en una sentencia fechada el pasado día 4.
La patología que presentaba el enfermo era una seudoartrosis de apófisis odontoides, de origen posiblemente congénito. Fue intervenido en el HUCA en junio de 2011, pero su situación se complicó en el posoperatorio y los traumatólogos se vieron obligados a reintervenir para retirarle el material quirúrgico que le habían implantado. Los especialistas del Hospital Central llegaron a reconocer en su informe final que no se habían enfrentado con anterioridad a un cuadro semejante, y que procedía derivar a otro centro al paciente «dada la gravedad de las posibles complicaciones quirúrgicas».
El demandante reclamó al juez los gastos de las futuras revisiones en Navarra, de los traslados desde Oviedo y los intereses de demora, pero el juez se limitó a ordenar que se le pague el coste de la intervención y las pruebas y revisiones ya realizadas.
La medida afecta a cirugía cardíaca, traumatología, radiología y anestesia. El Sespa busca cumplir con su objetivo de erradicar las esperas de seis meses
Sanidad rebaja un 5% las tarifas de la red concertada pero le transfiere 171.000 euros para informática
Los ánimos en el HUCA están algo caldeados. Sobre todo, entre los médicos de áreas quirúrgicas. La decisión del Hospital Universitario Central de Asturias de poner a una parte de los facultativos a trabajar a turnos ha disparado las críticas entre los profesionales, muchos de los estaban ya descontentos con la implantación del nuevo modelo de jornada que les llevó a protagonizar una huelga de tres meses en 2012. Históricamente, los médicos han desempeñado su tarea en los hospitales en horario de ocho de la mañana a tres de la tarde. Pero con la desaparición de las 'peonadas' (horas extras) y de parte de los módulos vespertinos para mayores de 55 años, el Servicio de Salud ha tenido que buscar otras fórmulas para cubrir con actividad ordinaria el trabajo de tarde con el que se logra mantener a raya las listas de espera y las demoras para consultas y pruebas.
El Central sigue sin director
En otro orden de cosas, el Consejo de Administración del Sespa aprobó ayer los nuevos convenios singulares para los centros concertados en 2013. Los conciertos mantienen prácticamente la misma cifra presupuestaria que el año anterior, aunque con un aumento de derivaciones que oscila entre el 7% y el 15%, dependiendo de cada centro. En la práctica, según reconoció el propio Sespa en la reunión, supone una rebaja del 5% en las tarifas que el Sespa aplicará en 2013 a sus centros concertados. El Hospital de Jove, de Gijón, tendrá un presupuesto de 32.051.054 euros, mientras que el de Cruz Roja recibirá 16.375.644 euros (la cifra incluye el centro de hemodiálisis, de Oviedo). El Sanatorio Adaro tendrá una asignación de 4.685.733 euros y el Hospital de Avilés recibirá 6.245.848 euros. Asimismo, el Sespa dotará a la concertada de 171.000 euros (57.000 por centro) para el Sistema Informático Asistencial Integrado. El Hospital de Cruz Roja no recibirá esta partida por no disponer aún del Selene para la historia clínica electrónica.
Finalmente, y contra lo que había trascendido en las últimas horas, el Consejo de Administración del Sespa no aprobó el nombramiento del nuevo director médico del HUCA, ya que aún no se ha encontrado candidato. En la reunión de ayer, se informó del cese de Isabel Palacio, como directora médica del Central, y de los nombramientos de Rosalía Tenorio, como subdirectora de Asistencia Sanitaria y Salud Pública del Área IV y de Guillermo Muñiz, como subdirector médico de la Oficina del Cambio del nuevo HUCA.
El Principado confía en que la propuesta de los médicos «favorezca el diálogo»
Una asociación de pacientes pide que se devuelvan las competencias al Estado
P. GALLEGO / P. RUBIERA
El consejero de la Presidencia y portavoz del gobierno asturiano, Guillermo Martínez, confía en que la propuesta de pacto que prepara el Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA), que intenta «garantizar el ahorro» que pretende la Consejería de Sanidad, «favorezca el diálogo». «Bienvenidas todas las iniciativas que ayuden a la búsqueda de soluciones», añadió.
La modificación de jornada impuesta por el Principado en la sanidad pública, ha originado un serio conflicto laboral que ha alterado el funcionamiento de los centros y hospitales a lo largo del mes de octubre, y existe ya la amenaza de que se prolongue en noviembre. Los médicos han convocado otros 12 días más de huelga este mes y los otros cuatro sindicatos que se mantienen en conflicto -CC OO, SATSE, USAE y SICEPA-USIPA- finalizarán una huelga el próximo día 5 y, en caso de no llegar a un acuerdo con el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), convocarán otros cuatro días.
El sindicato médico anunció el pasado martes que está ultimando una propuesta que garantiza la sostenibilidad del sistema «y no afecta ni al empleo ni a las condiciones laborales del personal», y la presentará antes del 6 de noviembre, fecha de inicio de nuevos paros.
Guillermo Martínez afirmó ayer que esperan con «interés» el plan y que el Ejecutivo siempre ha solicitado a los sindicatos «propuestas constructivas y no medidas de presión que dificulten el entendimiento». El planteamiento que haga el SIMPA, dijo, puede favorecer la interlocución e incluso el acuerdo, «pero debe hacerse en base a la viabilidad del servicio».
Los representantes de los médicos ya avanzaron hace unas semanas, en un encuentro con los medios, que los 15 millones que el ejecutivo regional pretende ahorrar con estos cambios, se podían lograr «con facilidad». En aquel momento hablaron de prorratear esa cantidad entre todo el personal del Sespa.
En Castilla y León, el gobierno y el sindicato médico firmaron ayer un acuerdo por el que la Administración se compromete a no rebajar las retribuciones actuales de los facultativos a cambio de que se comprometan a hacer más eficiente el sistema sanitario y a contribuir a su sostenibilidad,
El Servicio de Salud convocó ayer la comisión de seguimiento del protocolo suscrito con UGT para el próximo viernes.
Por otra parte, el presidente de la Asociación de Pacientes del Servicio Sanitario Asturiano y de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos, Tomás Pérez Vior, entregó un escrito a los grupos parlamentarios en la Junta General, en el que pide la devolución de las competencias sanitarias al gobierno estatal. En el texto se propone que ningún médico o especialista trabaje más de 8 horas ininterrumpidas o de 10 con un descanso, y que los pacientes que vean anuladas sus citas en la sanidad pública sean atendidos en un centro concertado o privado.
4.000 pacientes vieron suspendida su operación en los 3 meses de huelga médica
El Sespa quiere que los facultativos obligados a trabajar de tarde participen en el plan de contingencia contra las listas de espera
Los tres meses de huelga médica en la sanidad pública asturiana han dejado un saldo muy negativo. Las estimaciones preliminares apuntan a la suspensión de, al menos, 4.000 intervenciones desde que se iniciara el conflicto el 8 de octubre hasta su resolución el pasado viernes, 96 días después. El cálculo de las operaciones que no se pudieron realizar por la protesta del Sindicato Médico en contra del nuevo modelo de jornada se aproxima al porcentaje de paralizaciones reconocidas por la gerente del Servicio de Salud (Sespa). En declaraciones a EL COMERCIO, Celia Gómez cifró anteayer en un 25% la media de actividad quirúrgica que se había dejado de hacer durante las 33 jornadas de paro. De media, los hospitales asturianos hacen unas 4.100 cirugías cada mes.
Fuentes sanitarias consultadas estiman que en los centros del Sespa se aplazaron del orden de 3.200 a 3.400 operaciones. A éstas se deben sumar entre 600 y 800 de la concertada, red que, aunque no participó en la huelga, sí sufrió los efectos colaterales. Sin ir más lejos, la gerencia del Hospital Cruz Roja, de Gijón, reconocía días atrás que sus quirófanos habían dejado de hacer 600 cirugías por culpa del paro de los médicos de la pública.
5 meses para ponerse al día
Volver a la normalidad tras el duro y prolongado conflicto que dejó 20.000 personas en lista de espera quirúrgica y otras 80.000 pendientes de consultas y pruebas, no será fácil. Pese a que durante los días de movilizaciones el Principado insistió en decir que la protesta apenas tenía seguimiento (se llegó hablar de jornadas con una incidencia del 1% o 2%), el Sespa estima ahora que harán falta cinco meses, hasta abril o mayo, para que los hospitales recuperen su tono. Fuentes sanitarias consideran que se trata de una estimación optimista. «En la huelga del año 2002, que duró sólo tres semanas se tardó un año en bajar las listas de espera», recordaron.
Los pacientes asturianos tendrán que tener calma y, una vez más, hacer gala de su envidiable paciencia. Porque el plan de contingencia ideado por la Consejería de Salud para reparar los retrasos de la huelga no sólo tiene sus tempos sino que obligará a más de un enfermo a tener que acudir a otra área sanitaria. Esta es una de las opciones que baraja el Sespa, sobre todo para las cirugías ambulatorias, que son aquellas que no requieren el ingreso del paciente. «Con la buena red de carreteras que tenemos no tiene porque ser un problema», razonó la gerente del Sespa.
Otra novedad es que los facultativos a los que el nuevo modelo de jornada obliga a trabajar de tarde, sin tener que cobrar por ello (los llamados módulos de ampliación), participarán en el plan de contingencia contra las demoras quirúrgicas. El Servicio de Salud quiere «optimizar y rentabilizar primero todos los recursos disponibles» antes de autorizar la realización de 'peonadas', que supuestamente iban a quedar erradicadas tras la ampliación de jornada. En el caso de Cabueñes o el HUCA, por ejemplo, los facultativos podrán ser enviados a sus respectivos centros concertados (Cruz Roja y Monte Naranco) para realizar operaciones vespertinas destinadas a paliar las demoras que generó el conflicto.
La apertura del HUCA para el 2014
Blanco presenta unas cuentas «de resistencia» y anuncia la apertura del HUCA para 2014
El PP califica el presupuesto de Sanidad, de 1.480 millones de euros, de «irreal», Foro de «antisocial», IU de «posible», y UPyD de «contenido»
«Tremendamente austero y exigente, social y de resistencia». Así definió ayer Faustino Blanco el presupuesto de la Consejería de Sanidad para 2013, un año en el que no habrá grandes obras pero se mantendrán abiertas toda la red asistencial y la actual cartera de servicios, así como el empleo estructural. Blanco puso fechas a la apertura de los dos nuevos hospitales asturianos: el Álvarez Buylla de Mieres estará en pleno funcionamiento en noviembre del próximo año y el HUCA de Oviedo, a principios de 2014. El Consejero y su equipo presentaron las cuentas, muy contestadas por Foro y PP -con el diputado de este último grupo mantuvo un tenso debate-, en la Junta General del Principado.
Los dos hospitales están en la fase de completar la adquisición de equipamientos y la finalización de las obras. Para el HUCA se han destinado 11 millones, de los que 3,8 son para completar su informatización.
Las cifras globales son las siguientes: 1.480 millones (39% del total de Asturias), de los que 1.422 (96%) se van al Servicio de Salud del Principado (Sespa). En el anterior, de 2011 -este año se trabaja con uno prorrogado-, las cifras fueron 1.546 millones (37% del regional) y 1.476 del Sespa (95% del total). El capítulo de personal supone el 52% y el farmacéutico, el 19%. «El Sespa vive momentos difíciles que, en la distancia, podrían recordar e modelo de reconversión industrial», dijo el Consejero.
«Es un presupuesto irreal por tres razones: nuevo retraso en la puesta en marcha de los dos hospitales, por primera vez se habla de 2014 como fecha de apertura del HUCA; el gasto de personal se calcula sin haber llegado a un acuerdo con el sindicato médico, que sigue en huelga, y reducir las listas de espera, con 20.000 asturianos pendientes de una intervención, costará un dinero que no se recoge en ningún sitio», declaró Alfonso Román López, portavoz del PP. López acuñó ayer el término «tripartito» para referirse a los tres grupos que apoyan las cuentas: PSOE, UPyD e IU.
«Son unos Presupuestos negativos por antisociales y engañosos por insuficientes, son pobres en inversiones, alarmantes por las listas de espera y confusos porque los gastos del Sespa se amontonan en un "totum revolutum"», afirmó el portavoz de Foro, Álvaro Longo.
Ignacio Prendes, de UPyD, destacó la «contención del gasto».
«Quieren hacer el mayor daño posible al menor coste para ellos», dice el Principado La Consejería de Sanidad retomará
El Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) reanudará las negociaciones con los sindicatos sanitarios, incluido el de los médicos, mañana, martes, con un único tema sobre la mesa: la aplicación de la nueva jornada laboral.
En una nota remitida a los medios de comunicación, el Sespa asegura que la huelga que viene manteniendo el Sindicato Médico desde el pasado mes de octubre «pretende hacer el mayor daño posible al sistema sanitario con el menor coste económico posible para los profesionales que la secundan».
El Servicio de Salud viene reiterando en las últimas semanas que, pese a los numerosos encuentros negociadores celebrados entre ambas partes desde el pasado mes de agosto, «la cúpula del Simpa ha sido incapaz de dar por cerrado ninguno de los cinco puntos en los que se centra la negociación, lo que ha dificultado mucho la posibilidad de llegar a acuerdos». Y añade: «Es cierto que han avanzado en algunas posiciones con cierta ambigüedad calculada, pero este progreso nunca llegó a cerrarse en el transcurso de la negociación al insistir en marcar "líneas rojas", que les llevaban a interrumpir las negociaciones».
El Sespa considera que la mesa sectorial «es el marco más adecuado para proseguir las negociaciones con todos los sindicatos del sector».
La última vez que Principado y Sindicato Médico se sentaron para hablar del conflicto fue el pasado 21 de noviembre. Los representantes de los facultativos se levantaron de la mesa al considerar que había «líneas rojas» que ellos no estaban dispuestos a debatir.
El Sespa envió la pasada semana un documento a todos los sindicatos con su propuesta. En ella, en lo que respecta a los médicos, se introducen algunos elementos que no estaban en las primeras negociaciones, como exigir a los médicos un tope de nueve horas al mes por descansar tras la guardia o garantizar la libranza al personal en período de formación especializada, entre el que se encuentra el colectivo MIR, que deberá hacer un máximo de seis guardias mensuales (102 horas).
El Simpa, por su parte, ya manifestó su rechazo a este documento, aunque realizará la valoración definitiva mañana, tras la reunión. El próximo miércoles, día 5, está previsto el inicio de una nueva huelga.
Unos 1.350 pacientes esperan ya más de 6 meses para operarse, según el SIMPA
El Sindicato Médico asegura que se ha producido un aumento de la lista de espera quirúrgica y de la estancia media hospitalaria
EFE El conflicto que vive la sanidad pública asturiana, que ha vivido decenas de jornadas de huelga desde el pasado mes de noviembre y que este mes se enfrenta a otros 12 días de paro, ha provocado que haya ya más de 1.350 pacientes que esperan desde hace más de seis meses una intervención quirúrgica.
El dato ha sido facilitado hoy por el Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA), que asegura que se ha producido un aumento de la lista de espera quirúrgica y de la estancia media hospitalaria, así como una reducción "notable" de las intervenciones.
Según este sindicato, en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) hay 641 pacientes en esa lista de espera, mientras que en el del Valle del Nalón hay 399 y en el Cabueñes, otros 227.
En el de Cangas del Narcea sólo hay cinco pacientes que llevan más de medio año en espera, mientras que en el Jarrio hay cinco, y en el de San Agustín 68, mientras que en el de Mieres aún no han recabado los datos.
En el HUCA, la estancia media se incrementó en octubre más de un día relación al mismo mes del pasado año, al pasar de 8,5 a 9,8 días en octubre.
Siempre según datos del SIMPA, el hospital asturiano de referencia suspendió 380 intervenciones programadas en octubre, mes en el que realizó 1.444 operaciones, 515 menos que un año antes.
En espera de una resonancia magnética había a 26 de noviembre más de 3.000 pacientes pendientes de la prueba, mientras que otros 2.732 estaban pendientes de ser citado para hacerse un TAC, pese a que, según el sindicato, se derivaron más pacientes que en otros ejercicios a centros privados.
En concreto, el SIMPA calcula que en el HUCA se han reducido en 1.100 las resonancias desde el inicio del conflicto, en cerca de 2.000 los TAC, en 400 las mamografías y en 500 las ecografías.
El hospital de Cabueñes ha pasado, según el SIMPA, de no tener a ningún paciente en lista de espera de seis meses en septiembre a tener 227 en esa situación, a la vez que se ha incrementado la estancia media de 7,3 a 8 días en octubre, mes en el que se suspendieron 62 intervenciones.
En el complejo hospitalario de Avilés también se ha incrementado de 5,7 a 6,8 días la estancia media y se ha pasado de no tener a nadie esperando más de seis meses para una intervención a tener 68 pacientes en esa lista de spera.
La estancia media en el hospital de Jarrio ha pasado de 6,08 días a 6,34 días en octubre, mes en el que se han suspendido 60 operaciones programadas y se han realizado 192 intervenciones, 42 menos que en el mismo periodo de 2011.
En el del Valle del Nalón, también ha aumentado la estancia media de 7,2 a 7,6 días y las intervenciones realizadas pasaron de las 458 efectuadas en octubre de 2011 a 458 en el mismo mes de este ejercicio.
El SIMPA asegura en un comunicado que, ante la negativa de la Consejería de Sanidad y de Servicio de Salud a facilitar los datos de lista de espera, han realizado un estudio en los hospitales del Principado que demuestra el "progresivo y creciente deterioro de los principales indicadores de calidad asistencial".
En su opinión, el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, debería tener en cuenta estos datos y evitar que se siga deteriorando el sistema sanitario que estaba más valorado de todo el país.
"EL consejero debe rectificar urgentemente si quiere frenar el desastre y parar el conflicto que ha puesto en pie de guerra a los médicos asturianos", señala el SIMPA que considera que el deterioro de la calidad asistencial es fruto de una "política irresponsable que ha conducido a Asturias al conflicto sanitario más grave de su historia".
El SESPA, condenado a pagar 80.000 euros por diagnosticar tarde un cáncer
La sentencia reprocha que desde la primera consulta realizada hasta que se da por definitivo el diagnóstico de cáncer de ovario pasaron siete meses
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha condenado al Servicio de Salud del Principado a indemnizar a la familia de una paciente fallecida por un cáncer de ovario con 80.842 euros por el retraso con el que se diagnosticó la enfermedad.
La paciente consultó por primera vez en noviembre de 2008 por dolores abdominales, metrorragia y estreñimiento con su médico de cabecera, quien le derivó al ginecólogo del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) de Oviedo.
En el mes de diciembre, el ginecólogo mandó realizar ecografía, la cual se demoró hasta marzo, y la consulta para conocer el resultado, a abril, mes en el que el especialista le dijo que todo estaba bien, a pesar de que en la misma no se visualizaba el ovario derecho, en el que finalmente se descubrió el tumor.
El especialista tampoco mandó repetir esa ecografía, dándola por buena a pesar de que estaba incompleta.
Descartada así la patología ginecológica, la paciente decidió solicitar entonces consulta con digestivo.
Fue citada para el mes de junio y a la espera de esta consulta la paciente acudió hasta en tres ocasiones al Servicio de Urgencias por fuertes dolores abdominales, metrorragias, hinchazón y estreñimiento de meses de evolución, presentando una acusada pérdida de peso.
En todas ellas, le diferían a la consulta que ya tenía programada con Digestivo, con la única indicación de tomar laxantes, sin realizar ninguna exploración.
La paciente acudió a la consulta de un médico privado, quien realizó una ecografía, apreciando signos que le hicieron sospechar un posible tumor.
Decidió repetir dicha prueba pasados dos días, confirmando entonces el diagnóstico de cáncer de ovario, ante lo que remitió a la paciente de forma urgente al hospital para completar el estudio.
Ese mismo día, y con las pruebas y diagnóstico del médico privado, la paciente acudió al Servicio de Urgencias del HUCA, donde repitieron la ecografía, confirmando el diagnóstico de cáncer de ovario y siendo remitida a Ginecología.
En Ginecología, repitieron nuevamente la ecografía (con ésta ya fueron 4 las realizadas) y se confirmó el diagnóstico.
No obstante, se dio el alta a la paciente, con indicación de volver pasados 20 días para repetir la ecografía (sería ya la quinta), y consulta con el ginecólogo pasadas otras dos semanas.
Teléfono de reclamación para el paciente afectado por la huelga 985 108 554
Asociación de Pacientes del Servicio Sanitario Asturiano - APSSA
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos de Asturias - CCDHA
El Principado de Asturias da un respiro a los pacientes y habilita el Nº teléfono 985108554
para que consulten y realicen su queja.
Todos los Pacientes Afectados por la Huelga Sanitaria Tienen a su Disposición el Teléfono 985108554
El Principado de Asturias da un respiro a los pacientes y habilita el teléfono para que consulten y realicen su queja es el 985108554
EN PRISIÓN EL DERMATÓLOGO DE OVIEDO
El médico, que iba a ser jefe de servicio del Hospital Central, solicitó un indulto parcial para evitar entrar en la cárcel, pero fue rechazado
El dermatólogo ovetense J. S. J. J., condenado a tres años de cárcel por intentar abusar de una paciente durante una sesión de depilación por láser, ingresó en la prisión de Villabona en días pasados para cumplir la condena impuesta por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo. El recurso de casación que presentó el médico ante el Supremo no fue admitido a trámite el pasado mes de mayo, por lo que el condenado pidió un indulto parcial ante el Gobierno, con el fin de que se redujese al pena y no entrase en prisión. Sin embargo, esta última petición fue rechazada y se ha visto obligado a ingresar en la cárcel.
En la sentencia de la Audiencia, el juez estimó como probado que el médico aprovechó la postura de la mujer -«Me puso a cuatro patas», declaró la víctima durante el juicio- para realizar «diversos tocamientos sobre la zona genital de ésta completamente ajenos a la praxis propia de la depilación láser». Además, consideró que el acusado «llegó a extraer el pene del pantalón poniéndolo en contacto con la vagina de la víctima, sin que llegara a producirse la penetración».
La sección segunda de la Audiencia valoró el relato de la víctima como «sincero, lineal y absolutamente coincidente», y estableció que la mujer sufría un síndrome de estrés postraumático, «no susceptible de simulación». El magistrado también tuvo en cuenta «la rotundidad y gran credibilidad en las declaraciones de los hermanos» de la víctima.
El caso de J. S. J. J. causó una gran sorpresa y estupor en Oviedo, donde es muy conocido. Su nombre llegó a sonar para hacerse cargo del servicio de Dermatología del Hospital Central. Sin embargo, este nombramiento fue abortado al conocerse que estaba incurso en un proceso por abusos sexuales a una paciente.
En el juicio, el médico esgrimió que mantenía una relación con la mujer y que ésta le había denunciado en venganza. El magistrado, sin embargo, desestimó este argumento indicando que no había prueba material alguna de esa relación (como mensajes de móvil, correos, notas, testigos indirectos, u otros detalles) y que era un sinsentido hacer creer que los contactos se mantenían en la clínica en la que el condenado trabajaba.
SESPA obligado a pagar 125.000€ por negligencia
LNE el 23 Noviembre de 2011
Un total de 125.000 euros deberá pagar el Servicio de Salud del Principado (Sespa) al marido y los cuatro hijos de una mujer fallecida como consecuencia de una negligencia en el Hospital Álvarez-Buylla de Mieres. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias establece que el equipo médico no adoptó medidas preventivas ante el riesgo vascular que presentaba la paciente cuando fue ingresada para someterse a una operación de rodilla. La mujer, de 77 años, murió unos días después de la intervención a causa de un infarto cerebral. Los hechos acaecieron en febrero y marzo de 2007.
Tomás Pérez Vior presidente de APSSA
La asistencia prestada a A. M. M. «no se ajustó a la lex artis», es decir, a la buena praxis médica, concluye la resolución de la Sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal asturiano, según la cual existe una «clara relación causal entre el funcionamiento del servicio sanitario y el resultado producido». Fechada el pasado 30 de marzo, la sentencia es firme.
La mujer, residente en un núcleo rural de la comarca del Caudal, fue operada el 22 de febrero de 2007. El objetivo era realizarle una artoplastia total de la rodilla derecha para implantarle una prótesis. Ya al día siguiente de la intervención, el marido y los hijos de la paciente comenzaron a inquietarse ante los síntomas que presentaba la mujer. Los médicos les explicaron que podían deberse al tipo de anestesia y pronosticaron que desaparecerían en breve.
En los días sucesivos, la mujer comenzó a evidenciar un deterioro de su capacidad de coordinación, movimiento y comunicación verbal. Ante la insistencia de la familia, los traumatólogos terminaron llamando a un neurólogo, que la examinó el día 26.
El especialista sospechó que la paciente podía padecer un accidente cerebro-vascular (ACV) y solicitó un escáner craneal. Sin embargo, los días sucesivos, 27 y 28 de febrero, «continúan agravándose los síntomas, sin recibir las atenciones mínimas de control», relata la sentencia. El escáner le fue practicado el 1 de marzo, y los médicos constataron «la existencia de un infarto isquémico parieto-occipital izquierdo». La mujer continuó empeorando durante los nueve días siguientes. No se le administró Clopidogrel, fármaco que evita la formación de coágulos, hasta el 10 de marzo, «pese a lo sostenido por la Administración», precisan los magistrados.
Un nuevo escáner efectuado con carácter de urgencia el 9 de marzo desveló que A. M. M. sufría un nuevo infarto cerebral. Dos días más tarde entró en estado de semiinconsciencia. Falleció a las ocho y media de la tarde del 13 de marzo.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias no cuestiona la intervención de rodilla, «sino la asistencia médica dispensada en el posoperatorio». Según los magistrados, pese a los antecedentes médicos de la paciente, que incluían «múltiples factores de riesgo vascular», no consta que los profesionales sanitarios adoptaran medidas preventivas «de posibles complicaciones derivadas de las mismas». «Se tardan varios días en consultar con neurología y otros tres más en la realización del TAC» (escáner), indica la sentencia, según la cual «un tratamiento adecuado en las primeras 48 horas hubiera prevenido las concurrencias del infarto cerebral».
La resolución otorga 79.000 euros de indemnización al marido de la fallecida y 11.500 a cada uno de sus cuatro hijos, cuantías que coinciden con las reclamadas por los demandantes.
Informar de cómo se tramitan reclamaciones y combatir las negligencias médicas y «todo tipo de abusos» forman parte del catálogo de objetivos con el que ha surgido la Asociación de Pacientes del Servicio Sanitario Asturiano (APSSA). Este colectivo ha creado un registro de errores cometidos en la red sanitaria. En la imagen, Tomás Pérez Vior, presidente de APSSA, junto al remolque-anuncio instalado frente a la Junta General del Principado.
La sanidad asturiana encara el final del año con la mayor lista de espera de la historia
Los hospitales públicos acumulan 17.894 pacientes pendientes del quirófano l Traumatología y oftalmología, especialidades con más enfermos
Los hospitales asturianos encaran el último tramo de 2011 con las mayores listas de espera en la historia de la sanidad pública regional. El pasado 30 de septiembre, 17.894 pacientes estaban pendientes de pasar por el quirófano, según los datos que figuran en la página web de la Consejería de Sanidad del Principado. De ellos, 538 soportaban demoras de más de seis meses. La espera media se sitúa en 76 días, ligeramente por debajo de los 79 registrados un mes antes.
Traumatología, con 4.993 pacientes; oftalmología, con 3.687, y cirugía general y digestiva, con 2.693, son las especialidades con mayor número de usuarios pendientes de pasar por el quirófano. Sin embargo, las demoras más elevadas afectan a cirugía cardiaca, en la que los 280 pacientes que aguardan a ser intervenidos se ven obligados a esperar un promedio de 138 días, muy por encima de cualquier otra especialidad.
El principal compromiso del Gobierno regional en materia de listas de espera habla de cerrar el presente año sin esperas superiores a seis meses. Por el momento, la Consejería de Sanidad ha cumplido con su palabra de colgar con diligencia en internet los datos de demora quirúrgica. Ayer, 19 de octubre, ya estaban disponibles los de septiembre.
Sobre el plan de choque contra las listas de espera anunciado por el Ejecutivo que preside Francisco Álvarez-Cascos, lo único que ha trascendido es que, para aliviar las demoras de cirugía cardiaca, se ha puesto en marcha un tercer quirófano en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y se ha prorrogado el programa de envío de pacientes al Hospital Marqués de Valdecilla, de Santander. El Hospital Central es el único centro público de Asturias con servicio de cirugía del corazón.
Como era previsible, las cifras de lista de espera de finales de septiembre son más abultadas que en los meses precedentes, una circunstancia que obedece a que en los meses de verano las esperas crezcan a causa, principalmente, de la caída de la actividad quirúrgica causada por las vacaciones del personal. La situación suele empezar a recuperarse en octubre y mantiene el buen ritmo en noviembre. En diciembre, las fiestas navideñas vuelven a lastrar el ritmo de los quirófanos.
A finales del pasado mes de junio eran 16.468 los pacientes en lista de espera; en julio, 17.005, y en agosto, 17.525. Tal vez lo más significativo sea la comparación entre los datos del pasado 30 de septiembre (los ya citados 17.894) y los de la misma fecha de 2010 (17.193). Dicho de otro modo, el pasado 30 de septiembre había 700 enfermos más en espera que un año antes.
Las cifras señaladas hasta el momento reflejan que lo que queda de año será un período laborioso para los responsables del Servicio de Salud del Principado (Sespa). Por una parte, las autoridades sanitarias habrán de exprimir las posibilidades que ofrecen los recursos de la sanidad pública. Por otra, deberán, supuestamente, intensificar el ritmo de derivaciones a centros concertados.
Sobre el papel, el gran desafío será el objetivo asumido por el consejero de Sanidad, José María Navia-Osorio, de llegar al próximo 31 de diciembre sin demoras de más de 180 días. El año pasado eran 330 los enfermos que a finales de septiembre de 2010 aguardaban más de seis meses. Un año más tarde eran 538.

References: artículo 10
 Real Decreto 
 artículo 26
 artículo 71

Artículo 26

Artículo 35
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución