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Timestamp: 2018-01-19 09:24:43+00:00

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De Respuesta hasta Ruta.
Contestación del absolvente o del testigo a las posiciones o preguntas que se les formulan.
Responde o contestación de una parte de los alegatos o escritos de la otra.
*Restitución de la dote
Obligación que surge por parte del esposo con relación a los bienes dotales administrados por el, cuando se disuelve la sociedad conyugal.
*Restitución del depósito
Devolución obligatoria de lo depositado (cosas o dinero) al depositante o su representante. Según las circunstancias, los ordenamientos autorizan la retención en el depósito gratuito u oneroso, cuando median determinadas obligaciones pendientes a cargo del depositario (Ver Gr., Gastos necesarios de conservación del bien).
*Restitución "in integrum"
Típica institución del derecho Romano que conservaron algunos ordenamientos posteriores, que hoy se mantiene en el derecho Canónico, y que consistía en la condena al causante de un daño a un menor de edad, o a un incapaz, o por haber empleado intimidación o dolo, para que repusiese las cosas al estado que tenían antes de producirse el perjuicio, reintegrando al perjudicado en la totalidad de los bienes y derechos de que se le hubiese privado. Se abandono en general, la institución por ser fuente de incertidumbre e inseguridad jurídica en toda operación donde intervinieren de alguna forma menores o incapaces.
*Restricciones administrativas A la propiedad
Constituyen una especie dentro del género limitaciones. Tienen por objeto impedir que la actividad de la Administración pública resulte obstaculizada por respeto al absolutismo de los derechos de propiedad privada.
De manera que las referidas restricciones constituyen disposiciones de la Administración pública, que tienden a lograr una concordancia o armonía entre los derechos de propiedad de los administrados y los intereses públicos que aquélla debe satisfacer. Esto se obtiene limitando la amplitud del derecho de propiedad de los particulares, que sufre entonces una reducción en su carácter absoluto.
A raíz de las restricciones el derecho del administrado se constriñe o reduce en su amplitud: el administrado sólo podrá ejercer su derecho de propiedad en forma compatible con la restricción establecida por la Administración pública.
La restricción señala, así, el marco dentro del cual el particular podrá ejercer su derecho.
Si las expresadas restricciones (especie del género limitaciones) no existieren dentro de las instituciones jurídicas, la propiedad privada de los administrados dejaría de ser una institución útil o saludable, porque entonces constituiría una traba para que el interés público hallara satisfacción adecuada.
De lo expuesto deducese que la restricción solo incide sobre el carácter absoluto del derecho de propiedad, y en modo alguno sobre los caracteres exclusivo y perpetuo del mismo, siendo está la diferencia esencial que la distingue de la servidumbre y de la expropiación respectivamente.
Se estará en presencia de una limitación a la propiedad, en interés privado, cuando tienda a proteger al vecino y no al público, y se estará en presencia de una limitación a la propiedad, en interés público, cuando ella tienda a proteger a la comunidad, al público.
En el primer caso el destinatario de la norma es singular en número, o son personas determinables, por tratarse, precisamente, de vecinos, y en el segundo caso el destinatario de la norma no es singular en número, ni determinable, pues tal destinatario es la comunidad, el público.
Tales conclusiones son de estricta aplicación para establecer cuando una restricción-especie dentro del género limitaciones- hallase establecida en interés público y cuando en interés privado.
Por tanto, las restricciones pueden ser:
a) civiles, en cuanto contemplan intereses privados, que se concretan en relaciones de vecindad; tienden a proteger al vecino, debiendo entenderse por vecino la persona o personas radicadas en forma contigua o próxima al lugar de donde procede el hecho perjudicial (ruidos molestos, malos olores, humareda, hollín, trepidaciones, etcétera).
B) administrativas, las cuales contemplan intereses públicos, caracterizados por afectar, no a los vecinos entre si (como ocurre en las restricciones civiles), sino a la comunidad, al respectivo grupo social (integrantes de un barrio -o de parte de el-, de una zona, de una comuna, etcétera). Pero a veces las leyes y ordenanzas locales contienen disposiciones aplicables también a las relaciones de vecindad (es decir, entre vecinos); aun entonces, ellas tienen en vista la necesidad o utilidad pública, lo cual ocurre cuando el hecho trasciende de la esfera del interés privado a la del interés público, y esto sucede a veces simultáneamente cuando el hecho dañino que motiva la restricción, además de afectar al vecino repercute en el interés del público.
El interés público que contemplan las restricciones administrativas puede hallar satisfacción evitándole daños, perjuicios o molestias a la colectividad, o proporcionándole beneficios.
La trascendencia en deslindar la restricción de carácter civil o privado, de la restricción administrativa o pública, es obvia. La distinción entre limitaciones en interés privado y en interés público, tiene influencia en el régimen jurídico de ellas, en la potestad para legislar a su respecto y en lo atinente a la jurisdicción en caso de contiendas.
Aclarado ya cuando una restricción a la propiedad debe considerarse privada y cuando pública, corresponderá aclarar que autoridad-judicial ordinaria o administrativa, con apelación en éste último caso a la jurisdicción contencioso-administrativa- es competente para hacer efectiva la restricción, disponiendo la cesación de la pertinente actividad dañosa (ruidos molestos, humareda, malos olores, hollín, trepidaciones, etcétera).
Si bien la Administración pública puede imponer restricciones a la propiedad privada en interés público, ello tiene su lógica limitación: la medida impuesta no puede exceder de lo que, desde el punto de vista técnico-jurídico, implique especifícamente una restricción; si los límites conceptuales de esta fueren excedidos, la medida respectiva seria irrita como tal.
Desde luego, para que una medida sea considerada como restricción administrativa, no es suficiente con que así se la clasifique al imponerla: es menester que, de hecho, reúna efectivamente los caracteres que la respecto exige la ciencia del derecho. Las instituciones jurídicas no dependen del nombre que se les de, sino de su naturaleza intrínseca, de los hechos que las constituyen. La teoría de la calificación jurídica tiene aquí total aplicación.
*Restricciones a la propiedad
Ver Limitaciones a la propiedad.
*Restrictio mentalis
Ver "Reservatio".
*Resultado muerte
Las auténticas figuras de los delitos preterintencionales se caracterizan por fijar una pena mayor que la que corresponde al delito que se quiso cometer, sin alcanzar, empero, la determinada para el hecho más grave producido, en su forma dolosa. Este tratamiento penal es consecuencia de la naturaleza subjetiva de éstos delitos, mixtos de dolo y culpa, y de ello resultan, también, las exigencias de la culpabilidad con respecto al resultado más grave.
De lo dicho resulta que el resultado muerte en el delito de lesiones, debe ser previsible: de otro modo no podrá ser reprochado como un acontecer causado culposamente. El resultado imprevisible (consecuencia fortuita), cae fuera de la culpabilidad y por tanto sólo podrá cargarse a la cuenta del autor del delito de lesiones dolosas. El resultado muerte no debe, sin embargo, haber sido previsto, puesto que quien prevé un resultado como cierto, probable o posible no obstante ello obra, actúa dolosamente (R. Frank).
*Resultandos
Los ordenamientos procesales disponen en general (Ver Gr., Código procesal argentino, art. 163), que la sentencia debe contener "el nombre y apellido de las partes" y "la relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio", es decir, la mención de los hechos alegados por las partes en sus escritos de demanda, contestación, reconvención y contestación de ésta, así como del objeto y de la causa de la pretensión o pretensiones deducidas.
A esa parte de la sentencia se la conoce con el nombre de "resultandos".
Es costumbre, además, que entre los resultandos se incluya una breve relación de los trámites sustanciales cumplidos en el expediente.
En el comercio internacional, venta al por menor.
*Retail prices
En el comercio internacional, precios al por menor.
*Retardo de justicia
En Argentina, con anterioridad a la sanción del actual código procesal, la inobservancia de los plazos legales para pronunciar sentencia autorizaba a las partes para deducir el llamado "recurso de queja por retardo de justicia", el cual debía ser presentado ante las Cámaras de apelaciones o ante la Corte Suprema según que, respectivamente, la morosidad fuere imputable a un juez de primera instancia o a un tribunal de alzada.
Como la experiencia demostró la inoperancia de ese sistema, el nuevo código lo reemplazo por el de la pérdida automática de la jurisdicción, y de la consiguiente nulidad de la sentencia dictada con posterioridad al plazo que correspondiere.
Derecho del tenedor de una cosa (Ver Gr., Contratista de obra) a tenerla, mientras no se cumple la prestación que le es debida, generalmente paga de un precio o saldo de precio. Ver Derecho de retención.
*Reticencia
A) en sentido general, la reticencia implica disimulación por una persona de un hecho que tiene obligación de revelar (Ver Gr., En una declaración testimonial, donde puede implicar falso testimonio).
B) en materia de seguros, la importancia del riesgo influye repetidamente sobre la relación contractual. El principio de reticencia se vincula a la obligación del asegurado de declarar la situación de riesgo, porque el la conoce.
Toda alteración posterior provoca modificaciones en la relación aseguradora e, incluso, la resolución.
El asegurado debe declarar con exactitud el estado de riesgo, porque solamente mediante su cumplimiento estricto permite al asegurador la valoración del riesgo (naturaleza, magnitud, peligrosidad, etcétera).
Si el proponente del seguro viola ese deber de informar con exactitud las condiciones relativas del riesgo, y el contrato se concluye, el seguro se ha concertado sobre la base de circunstancias que no corresponden a la realidad, y el riesgo corrido por el asegurador es diferente del representado en la propuesta, y el asegurador en ese caso no hubiera aceptado el contrato o lo hubiera concluido en condiciones diversas.
C) sobre este particular la ley argentina (17418, art. 5) dispone: "toda declaración falsa o toda reticencia de circunstancias conocidas por el asegurado, aun hechas de buena fe, que a juicio de peritos hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones, si el asegurador hubiese sido cerciorado del verdadero estado del riesgo, hace nulo el contrato.
El asegurador debe impugnar el contrato dentro de los tres meses de haber conocido la reticencia o falsedad".
D) si la reticencia no es dolosa y el asegurador la alega dentro de los tres meses de tomar conocimiento, rige el artículo 6: "cuando la reticencia no dolosa es alegada en el plazo del artículo 5, el asegurador, a su exclusivo juicio, puede anular el contrato restituyendo la prima percibida con deducción de los gastos, o reajustarla con la conformidad del asegurado al verdadero estado del riesgo. En los seguros de vida el reajuste puede ser impuesto al asegurador cuando la nulidad fuere perjudicial para el asegurado, si el contrato fuere reajustable a juicio de peritos y se hubiera celebrado de acuerdo a la práctica comercial del asegurador.
Si el contrato incluye varias personas o intereses, se aplica el artículo 45. " Aplicar el artículo 45 significa que si el contrato incluye varias personas o intereses y la reticencia o falsa declaración solo afecta a parte de ellos, permanece válido y eficaz respecto de aquellas personas o intereses no afectados, salvo que el asegurador no lo hubiese celebrado en las mismas condiciones respecto de los intereses o personas no afectados.
El artículo 7 complementa el anterior cuando se trate de seguros de vida después de ocurrido el siniestro: "en los seguros de vida, cuando el asegurador fuese de buena fe y la reticencia se alegase en el plazo del artículo 5, después de ocurrido el siniestro, la prestación debida se reducirá, si el contrato fuese reajustable conforme al artículo 6. " E) si hay dolo o mala fe, el asegurador tiene derecho a las primas de los períodos transcurridos y del período en cuyo transcurso invoque la reticencia o falsa declaración (art. 8).
F) el artículo 9 prevé el supuesto de siniestro dentro del plazo para impugnar por reticencia o falsa declaración:
"en todos los casos, si el siniestro ocurre durante el plazo para impugnar, el asegurador no adeuda prestación alguna, salvo el valor de rescate que corresponde en los seguros de vida. " G) el artículo 10 regula el criterio que debe seguirse para juzgar la reticencia cuando actúa representante y cuando se trata de seguro por cuenta ajena:
"cuando el contrato se celebre con un representante del asegurado, para juzgar la reticencia se tomaran en cuenta el conocimiento y la conducta del representado y del representante, salvo cuando éste actúe en la celebración del contrato simultáneamente en representación del asegurado y del asegurador.
En el seguro por cuenta ajena se aplicaran los mismos principios respecto del tercero asegurado y del tomador. " H) la ley 17418 mantiene (igual que el derogado artículo 498 del código de comercio) el principio de la correspondencia objetiva (independiente de la buena o mala fe) entre el riesgo representado al asegurador y el riesgo real, como presupuesto de plena validez y eficacia del contrato, en función de un mayor favor contractus del asegurador, esto es, en el interés y en tutela de éste ultimo.
El deber del asegurado o contrayente se manifiesta como una carga precontractual de declarar con exactitud el estado de riesgo. Su violación provoca la anulación ex tunc del contrato con liberación para el asegurador en caso de siniestro, siempre y cuando reúna los requisitos y trascendencia previstos en la ley.
*Retiro
Se emplea como sinónimo de jubilación o pensión.
Decisión no disciplinaria por la cual se da de baja del servicio activo a un empleado de la Administración pública, por su avanzada edad y con derecho a los beneficios jubilatorios.
*Retorsion
Represalia mediante acto perjudicial similar al realizado por el adversario de un argumento esgrimido por éste último.
*Retractación
Revocación de algo que se ha dicho; desdecirse. Volver sobre un acto con el fin de destruir sus efectos jurídicos.
Jurídicamente, la retractación tiene en el derecho argentino el carácter de una excusa absolutoria, puesto que se trata de acciones típicamente antijurídicas y culpables que ya merecen pena al momento de retractarse.
La retractación supone reconocer que el delito se ha cometido y retirar lo dicho, si se trata de una injuria, o reconocer la falsedad de la imputación en caso de calumnia. La retractación debe ser, pues, amplia y clara en le doble sentido de reconocer haber inferido la ofensa y de desdecirse de ella. No es preciso que el querellado reconozca que ha mentido; la ley sólo requiere que el autor se retracte de su imputación.
Tal exigencia haría imposible, por otra parte, la retractación en los casos de injurias de hecho o ultraje, como puede ser una bofetada. Aunque una parte de nuestros autores haya pensado que las injurias de hecho no son susceptibles de retractación, nada autoriza en la ley para hacer esa exclusión y la mejor doctrina ha aceptado la retractación sin limitaciones.
*Retracto
Acto por el cual un tercero (retrayente) es autorizado por la ley, en ciertos casos, para que sustituya al adquirente de un bien o conjunto de bienes (el retractado), con el fin de apropiarse así del beneficio y cargas consiguientes a esa adquisición, en lugar del adquirente primitivo, a quien sólo está obligad o a indemnizar sus gastos y desembolsos (capitant).
El derecho argentino (y muchos otros) no lo regula y solo prevé el pacto de retroventa, figura convencional no equivalente al retracto.
*Retribución
Ver Salario.
*Retroacción de la quiebra
Efectos que la sentencia de quiebra produce sobre determinados actos celebrados durante el período de sospecha (lapso comprendido entre la fecha presunta y fijada de insolvencia y la fecha del auto de quiebra) que se anulan o se vuelven ineficaces con el objeto de conservar, en lo posible, el patrimonio del fallido en defensa de los intereses de la masa.
*Retroactividad de las leyes
Según Vélez Sarsfield, la ley es retroactiva cuando afecta "derechos adquiridos", y no lo es cuando priva al sujeto de "derechos en expectativa" o de "meras facultades".
Pero la doctrina moderna, en vista de las criticas que ha suscitado todo el manejo de esos conceptos, ha ensayado otros sistemas.
A) Laurent y luego huc, siguiendo los pasos de aquél, entienden que el criterio adecuado ha de distinguir el derecho del interés.
Según este punto de vista la ley sólo es retroactiva cuando afecta algún derecho que alguien tiene constituido a su favor, pero no lo es cuando destruye o lesiona un interés.
Tal vez por la dificultad de definir con precisión ambos conceptos esta concepción no ha suscitado mayor eco en el pensamiento jurídico.
B) otro tanto cabe decir de la teoría propuesta por Savigny, la cual no orienta tanto sobre cuando una ley es retroactiva, sino aconseja al legislador cuando ha de darle efectos retroactivos a la ley que dicte.
Para Savigny la leyes pueden distribuirse en dos categorías. La primera se refiere a la adquisición de derechos, la segunda a la existencia o modo de ser de los derechos.
Las leyes referentes a la adquisición de derechos no deben ser retroactivas, en el sentido de que la nueva ley no ha de ejercer influencia alguna sobre los hechos pasados, ni tampoco sobre las consecuencias posteriores de esos hechos.
Por ejemplo, si una nueva ley exige la tradición de la cosa para perfeccionar la transmisión del dominio, siendo así que para la ley anterior era suficiente el solo consentimiento de enajenante y adquirente-sistema francés-, la propiedad adquirida antes por simple consentimiento debe reconocerse como válidamente transmitida, aun luego del cambio de legislación.
Por el contrario, las leyes que conciernen a la existencia o inexistencia de una institución jurídica, por ejemplo, la esclavitud, o la modo de ser de ella-el matrimonio indisoluble pasa a ser disoluble-, son retroactivas, pues el estado no puede consentir en que perduren relaciones jurídicas contrarias al nuevo orden de cosas.
El criterio de Savigny es inseguro, pues salvo los supuestos típicos, muchas veces aparece como dudosa la inclusión de las leyes en una u otra categoría, por lo que es poco practicable.
C) según la opinión de regelsberger las leyes favorables deben ser retroactivas y las perjudiciales no. Pero esta concepción tiene el grave inconveniente no sólo de trasladar la discriminación a un terreno de estimación subjetiva, sino de no aclarar el interés de quien es el que debe ser computado. Pues una ley, de ordinario, favorece a a pero perjudica a b, y por otra parte, no ha de pretenderse el resguardo de un interés particular cuando ello redunda en desmedro del interés general o, mejor dicho, del bien común.
D) para simoncelli interesa previamente ubicar la ley en el derecho privado o en el derecho público. Las leyes de éste último sector son retroactivas, salvo que de la ley anterior derive un derecho subjetivo que sea posible respetar sin menoscabo del fin público a que la nueva norma tiende. En cambio, las leyes de derecho privado son irretroactivas, especialmente cuando rigen relaciones de carácter patrimonial, por el respeto, en esa materia, de la autonomía individual; pero, excepcionalmente, son retroactivas respecto de las relaciones familiares, porque en el régimen de éstas predomina el interés general.
Esta opinión tiene escaso interés para resolver el problema, por la superficialidad de sus planteos.
E) la tesis mas difundida en nuestro tiempo es la de los hechos cumplidos.
Para esta tendencia, la nueva ley no puede regir los hechos cumplidos con anterioridad a su sanción. Si el hecho estaba en trance de realización, esto es, si no estaba concluido, entonces cae bajo la nueva ley el principio expuesto no suscita mayores discrepancias. Pero las dudas aparecen cuando ya no se trata de apreciar el hecho en si, sino sus consecuencias.
En tal caso, para algunos autores, como Planiol, las consecuencias anteriores se rigen por la ley vieja y las nuevas por la nueva ley para Chironi, en Italia, y vareilles-sommieres, en Francia, todas las consecuencias deben sujetarse a la ley que rige el acto que las origina, salvo que se trate de consecuencias puramente contingentes.
Para coviello, en principio, las consecuencias futuras caen bajo la nueva ley, salvo que se trate de consecuencias que reciben su existencia en todo del hecho precedente.
*Retroactividad del acto Administrativo
A) un principio que mantiene la jurisprudencia del consejo de estado francés desde el siglo pasado, es el referente a la regla de irretroactividad del acto administrativo, la cual se considera un principio general de derecho que desempeña la función de tutelar la seguridad de las relaciones jurídicas.
Tal principio también es reconocido por la doctrina Argentina.
Sin embargo, la aplicación retroactiva del acto administrativo puede aceptarse en determinadas situaciones jurídicas, asumiendo siempre un carácter excepcional y sin llegar-por ende- a constituir la regla general en esta materia.
B) cual es el fundamento de la irretroactividad del acto administrativo? no existe un fundamento expreso para el acto administrativo (de alcance individual).
El principio de no retroactividad del acto administrativo constituye sin embargo una consecuencia de la garantía genérica de no afectación de los derechos constitucionales que se han incorporado al patrimonio del administrado.
La irretroactividad del acto administrativo aparece en los otros supuestos impuesta como un principio esencial que hace al equilibrio de las relaciones entre el administrado y la Administracion y la estabilidad de las relaciones jurídicas legítimamente nacidas o extinguidas. Lo contrario sería postular un principio contrario a la naturaleza de las cosas, injusto e irrazonable.
C) en que consiste la retroactividad? en general, ella se produce cuando los efectos jurídicos de un acto administrativo que se han producido antes de la vigencia del nuevo acto, aparecen reglados por este, ya sea que:
1) se vuelva sobre la constitución o extinción de una relación jurídica administrativa ya constituida o extinguida; 2) se atribuyan distintos efectos al acto administrativo originario; 3) se reconozcan efectos anteriores a un acto sujeto a aprobación.
*Retrocesión
A) puede ocurrir que después de expropiado un bien, el estado no le de el destino de utilidad pública para el cual se dictó la ley que permitió su expropiación.
Esto suele obedecer a un cambio de política respecto de la obra pública que se pensaba emprender, o bien a falta de los fondos necesarios para realizarla. En esos casos, el expropiado tiene derecho a demandar la restitución del bien mediante la acción de retrocesión.
Es necesario decir que la ley de expropiaciones argentinas no ha legislado expresamente sobre esta acción, no obstante lo cual es jurisprudencia invariable de los tribunales reconocerla al expropiado. Se explica que así sea. Los particulares sólo pueden ser privados de su propiedad en virtud de una causa de utilidad pública. Si esa utilidad pública no existe (como lo revela el hecho de que la obra no se realiza) la expropiación queda privada de su fundamento esencial, y es natural que el propietario tenga derecho a recuperar el bien del cual no pudo ser privado sino en virtud de una causa de utilidad pública que ahora resulta inexistente.
B) para que proceda la acción de retrocesión es necesario:
1) que la expropiación se haya consumado con la toma de posesión del inmueble por parte del expropiante: si, en cambio, el estado no lleva adelante el procedimiento necesario para privar efectivamente del dominio al expropiado, hay abandono de la expropiación, cuyos efectos son otros; 2) que el inmueble haya recibido un destino distinto del que dió lugar a la declaración de utilidad pública, o bien que no haya recibido ningún destino.
Con respecto al primer caso, debemos agregar que el estado está obligado a dar al bien expropiado el destino específico señalado por la ley que lo ha declarado de utilidad pública. No se podría, por ejemplo, expropiar un inmueble para destinarlo a una escuela y luego convertirlo en una plaza pública, porque no hay ninguna ley que declare de utilidad pública la formación de una plaza en ese lugar. Sin embargo, el caso mas frecuente de retrocesión es el del inmueble que no recibe destino alguno, permaneciendo durante largos años abandonado. El expropiado tiene entonces derecho a intentar la retrocesión.
Esto no quiere decir, sin embargo, que la utilidad pública a que responde la ley de expropiación deba ser atendida dentro de términos perentorios; a veces la realización de la obra pública se ve demorada por razones financieras, sin que esto signifique de ninguna manera el abandono del propósito de llevar adelante la obra. Pero cuando es evidente que la obra pública no se llevara a cabo, la retrocesión es procedente.
C) efectos; restitución recíproca. El efecto de la acción de retrocesión es que las partes (expropiante y expropiado) se deben restituir recíprocamente las prestaciones recibidas. El estado restituirá el inmueble y el expropiado la indemnización que percibió.
La inflación ha traído un problema importante en esta materia. Como la retrocesión se produce generalmente varios años después de haberse realizado la expropiación, durante ese tiempo el bien se ha valorizado notablemente.
Cabe preguntar entonces si el expropiado que reclama la restitución del bien está obligado a devolver solamente L a suma recibida o si, por el contrario, esta suma debe ser actualizada, tomando en cuenta el valor del bien en el momento en que se hace efectiva al retrocesión.
*Retrocesión del seguro
No siempre el asegurador tiene capacidad suficiente para soportar solo la totalidad de los riesgos que acepta, por lo tanto (al igual que el reasegurador) deberá compartir los riesgos que superan su capacidad.
La retrocesión es el negocio al que recurre el asegurador, en el supuesto de falta de capacidad de absorción. Son tratados de participación que le permiten, a su vez, participar como retrocesionario de otros aseguradores. Es un reaseguro de segundo grado.
Las retrocesiones suelen ser múltiples y sucesivas y se colocan en un mismo o diversos países. Por eso se habla de la internacionalizacion del seguro.
*Retrotraer
Convenir o procurar que un acto jurídico surta efectos desde fecha anterior a la real de su celebración.
*Retroventa
Recuperación de la cosa vendida por efecto del pacto de retroventa (V.).
*Reunión
Agrupación de personas en lugares públicos. Si es reunión no autorizada o prohibida, se torna ilícita.
*Revaluación de balances
Operación de ajuste de los diversos rubros de un balance, conforme con la reforma o devaluación monetaria.
La revaluación de balances suele preverse y reglamentarse por ley.
*Reventa
Enajenación subsiguiente a otra, de un bien, cercana en el tiempo y con fines de lucro. Es operación basilar y característica en materia de actos de comercio.
*Reversión
Restitución de bienes, cosas o derechos a su estado anterior. Así, reversión de concesiones y de donaciones. (V. Donación).
En derecho anglosajón y comercio exterior: revisión, examen.
Verificación de cuentas, auditoría.
Ver Recurso de reposición o de revocatoria; recurso de revisión.
*Revocable
Todo acto jurídico procesal o extrajudicial susceptible de revocación.
*Revocación
Es un modo de disolución de los actos jurídicos, por el cual el autor o una de las partes, retrae su voluntad, dejando sin efecto el contenido del acto o la transmisión de algún derecho.
A veces la revocación puede hacerse valer ad libitum, como ocurre en el testamento, el mandato y las ofertas aun no aceptadas. Otras veces la revocación sólo se admite en función de la existencia de causas autorizadas por la ley: es el caso de la donación, si media inejecución de los cargos impuestos, ingratitud del donatario, o supernacencia de hijos al donante cuando este se ha reservado expresamente esa facultad.
La revocación opera in futurum, es decir, a partir del momento de la expresión de la voluntad del autor de ella, sin destruir los efectos ya producidos del acto que se revoca.
*Revocación de la donación
Ver Donación.
*Revocación del mandato
Ver Revocación.
*Revocación del testamento
*Revolución
Es todo fenómeno de violencia colectiva que tiene por objetó el cambi o total o parcial del régimen político-social vigente.
Queda así conceptuado el fenómeno revolucionario sobre la base de tres elementos.
1) por la forma: la violencia contra los gobernantes es esencial, por tratarse precisamente del rasgo que la diferencia del cambio evolutivo. Pero, eso si, la violencia puede revestir diversas graduaciones y oscilar desde la que cuesta torrentes de sangre, hasta aquella en que la fuerza actúa más como factor de intimidación que como realidad actuante: tal lo ocurrido con la revolución española de 1931, durante la cual basto para derrocar el régimen monárquico, un acto comicial que demostró la voluntad republicana de la mayoría del pueblo español, acompañada de una leve presión popular.
2) por el protagonista. Hemos dicho que debe tratarse de un movimiento colectivo, en el sentido de que es necesaria la presencia del pueblo para que exista una auténtica revolución, sean cuales fueren los dirigentes de la misma (según sea la fracción predominante, estaremos frente a una revolución burguesa, proletaria, etcétera). Por eso, los levantamientos militares o, en general, el levantamiento de un grupo dirigente contra otro grupo que detenta el Poder para reemplazarlo en el mismo, no son revoluciones políticas o sociales, sino simples golpes de estado. El pueblo sólo tiene en ellos, evidentemente, un papel expectante. Esto es lo que ocurre en general en los estados latinoamericanos.
3) por su fin, que es el cambio total o parcial del régimen político-social existente y, por ende, del orden jurídico.
Ejs., La revolución de mayo, la francesa, etcétera.
Los golpes de estado, además de la diferencia anotada, se distinguen de la autentica revolución, en que no persiguen un cambio institucional, sino simplemente el cambio de los detentadores del poder.
Este aspecto del fenómeno revolucionario, por lo que al régimen jurídico se refiere, plantea el problema de la revolución como fuente originaria del derecho.
Para precisar algo más de relación entre el fenómeno revolucionario y el orden jurídico los autores suelen distinguir dos temas diferentes y estrechamente vinculados: el llamado derecho a la revolución y el derecho de la revolución.
*Revolución industrial
Se conoce con el nombre de revolución industrial una serie de cambios económicos que transformaron la Sociedad europea en los siglos XVIII y XIX.
Este movimiento económico, cuyo suceso central fue la implantación de una nueva técnica basada en la trilogía del carbón, el hierro y el vapor, comenzó en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, y, en el lapso de siete u ocho décadas, esta paso de país netamente agricultor, a convertirse en una Nación industrial con gran exportación de artículos manufacturados. Luego siguieron Francia, Bélgica, Alemania y Estados Unidos.
La causa económica primaria de la revolución industrial fue la notable expansion del comercio ultramarino durante los siglos XVII y XVIII, que abrió nuevos mercados en Asia y América, dando lugar a un importante intercambio con Europa.
Esta ampliación de los mercados produjo una mayor división del trabajo, lo que a su vez fue causa de las invenciones mecánicas.
El efecto mas trascendental provocado por la expansion del mercado y la tipificacion de los productos fue la serie de inventos mecánicos que, aplicados a la producción, revolucionaron la industria.
Hubo diversas invenciones mecánicas en el seno de la industria textil inglesa, pero puede afirmarse que el invento realmente revolucionario fue el de la máquina de vapor, considerado con acierto como el suceso Central de la revolución industrial.
Los adelantos y progresos técnicos influyeron sobre la economía y la organización industriales, provocando grandes cambios en su estructura, que tuvieron tremendas consecuencias sociales, de entre las que reviste fundamental importancia el desarrollo del capitalismo industrial.
*Revolución y golpe de estado
La revolución es un cambio profundo en las estructuras y en las instituciones de un estado, en cambio, el golpe de estado es un simple cambio de persona s en la titularidad del gobierno, que no afecta su estructura.
Monarca o príncipe soberano de un reino.
*Ría
Parte de la desembocadura de un río donde se mezclan sus aguas con las del mar (aguas hialinas). Jurídicamente tienen interés por razones jurisdiccionales, ya que la jurisdicción marítima debe medirse desde el límite de las rias.
*Ribera
Las riberas no son otra cosa que una parte del lecho de los cursos de agua.
Sin embargo es muy general el error de llamarle Ribera a esa zona inmediata y contigua a los ríos que no hace parte de su lecho; esta zona contigua se llama margen, y en los ríos navegables constituye la franja de treinta y cinco metros instituida para el servicio de la navegación.
La diferenciación clara y precisa de lo que es Ribera y de lo que es margen está expresada en el artículo 35 de la ley de aguas de España: según dicho texto las riberas son las fajas laterales de los alveos de los ríos, hasta el límite que las aguas alcancen en sus mayores avenidas ordinarias, y márgenes son las zonas laterales que lindan con las riberas. Ese precepto es terminante, pues establece con toda claridad que las riberas pertenecen al lecho del río, mientras que las márgenes son las zonas laterales de los ríos y que, por lo tanto, no pertenecen a su álveo. Más adelante la ley de aguas españolas concreta aun más el alcance de su artículo 35, pues, al referirse a la servidumbre de sirga, establece que esta se instituye sobre los predios contiguos a las riberas (artículo 112), es decir, no se instituye sobre las riberas; a mayor abundamiento, dicha ley dispone en su artículo 113 que el gobierno determinara la margen de los ríos en que haya de establecerse la expresada servidumbre.
En el comercio internacional, suplemento a una póliza de seguro o a un contrato.
*Riesgo
Eventualidad de un acontecimiento futuro incierto, que no depende exclusivamente de la voluntad de las partes y que puede producir un perjuicio, daño o perdida.
*Riesgo creado
A) en disconformidad con el principio de la necesidad de la culpa para fundar la responsabilidad, algunos autores sostuvieron desde fines del siglo pasado que el régimen de responsabilidad debía estructurarse con prescindencia de la noción de culpa, que resultaba anticuada frente a las circunstancias de la Sociedad contemporánea, y en cambio tenía que centrarse en la idea de riesgo creado. Toda actividad, se dice, implica riesgos para terceros, por lo que sería justo imponerle al creado r del riesgo la reparación del daño derivado materialmente de su actividad.
Quien crea los riesgos lo hace para su provecho, y si recoge las ventajas de esa actividad, justo es, se dice, que cargue con las desventajas o perjuicios que ha ocasionado: ubi emolumentum, ibi onus.
Esta tesis a primera vista tan seductora no resiste, sin embargo, un análisis cuidadoso, que pone al descubierto sus falencias y penurias. Trataremos de mostrarlo en los desarrollos siguientes, suponiendo que el creador del riesgo está exento de todo reproche en el manejo de los elementos que el controla, pues, es claro que si mediara desacierto o anormalidad en la combinación de los factores dañosos, no sería la suya una responsabilidad objetiva por el mero riesgo creado, sino subjetiva por haber mal dispuesto los elementos originarios del resultado perjudicial.
B) por lo pronto, la teoría del riesgo creado disocia la responsabilidad, de la censura que pueda merecer la conducta sancionada, y acepta la responsabilidad de quien no es culpable, por hipótesis, de la actividad desplegada. Ello implica "un retorno a formas primitivas de imputación de responsabilidad en el sujeto para atribuirle las consecuencias de un hecho del que es autor material".
C) como consecuencia de lo expuesto, la teoría que criticamos "centra el problema de la reparación y sus límites en torno de la causalidad material, investigando tan sólo cual hecho fue, materialmente, causa del efecto, para atribuirselo sin más. Le basta la producción del resultado dañoso, no exige la configuración de un acto ilícito a través de la sucesión de sus elementos tradicionales-que arrancan de la ilicitud objetiva del obrar y se continúan con la culpabilidad del agente- y se contenta con la transgresión objetiva que importa la lesión del derecho subjetivo ajeno".
D) desde un punto de vista teórico son incompatibles la responsabilidad por culpa y la responsabilidad por el riesgo creado. En efecto, si no hay acto ilícito sin culpa, ?como mientras eso se respete se puede distorsionar la teoría de la responsabilidad civil, aceptando un tipo de responsabilidad sin culpa por el solo riesgo creado? e) finalmente, sin duda por la fuerza persuasiva de las consideraciones precedentes, cuadra decir que la tesis del riesgo creado, como principio general de responsabilidad, ha merecido la repulsa de la doctrina mas acreditada.
Luego de un cuarto de hora de entusiasmo lo grandes juristas que se han ocupado del tema, con escasas excepciones, han repudiado la teoría del riesgo creado como fundamento explicativo de la responsabilidad en general.
Sólo algunos aceptan que la tesis juega alguna función con respecto a ciertas hipótesis particulares, que naturalmente hay que comenzar por describir con precisión, para que la idea del riesgo creado latente en esos supuestos, no se desorbite, desquiciando el sistema general de responsabilidad en las restantes situaciones.
F) accidentes industriales y transportes mecánicos. El hecho histórico que estímulo la formulación y posterior auge de la teoría del riesgo creado fue la segunda mitad del siglo XIX, que difundió el maquinismo convirtiendo al obrero en un elemento más del instrumental mecánico se que se servía la industria fabril. Ello multiplico en gran escala las posibilidades de accidentes de trabajo, cuyas víctimas, para obtener la pertinente indemnización estaban precisadas a probar la culpa del empleador en la realización del hecho dañoso. Empero, buena parte de esos accidentes se originaban, no en el mal funcionamiento de la máquina ni, por tanto, en culpa alguna del empleador, sino en los descuidos de los obreros, a los que eran llevados por la habitualidad al peligro que la rutina de la labor suscitada en ellos. En tal situación, si el funcionamiento de la máquina no había sido defectuoso, el empleador no era responsable según los principios equitativo que el empleador que aprovechaba de la capacidad de trabajo del obrero como de la eficacia productiva de sus máquinas, tuviera que soportar las consecuencias de tales accidentes.
A esto se llegó, finalmente, mediante la sanción en todos los países de leyes referentes a accidentes de trabajo, que implicaban la regulación del contrato de empleo, con la garantía a cargo del empleador relativa a la seguridad del obrero.
Otro fenómeno semejante, también derivado del maquinismo aplicado a la industria y al transporte, es bien característico de las condiciones de la vida de nuestro tiempo: la utilización de maquinarias peligrosas que multiplican los posibles daños de terceros, que resultan víctimas inculpables de la explotación industrial y de la circulación de vehículos mecánicos. También en estos supuestos consideramos equitativo, en mérito de las condiciones particulares en que se origina el riesgo, una regulación especial de la reparabilidad de los daños sobrevinientes, derivados de esa intensidad de riesgo, con tal que se deslinde apropiadamente el ámbito de su funcionamiento y se establezcan compensaciones tarifarias, de lo que constituye un buen ejemplo el sistema del reciente código portugués. Todo ello, desde luego, sin perjuicio de que el damnificado pueda obtener la integra reparación del perjuicio sufrido, invocando los principios generales de la responsabilidad, en base a la culpa.
*Riesgo de mar
Ver Fortuna de mar.
*Riesgo en el contrato de seguro
A) elemento especial y esencial del contrato de seguro es el riesgo y lo definimos como acontecimiento futuro e incierto para ambos contratantes. El riesgo es la causa del contrato. A la existencia del riesgo va unido el interés en efectuar el seguro.
La prima que debe pagarse al asegurador, es la contrapartida del riesgo que asume: ella es al contrato de seguro como el precio es a la compraventa (requisito esencial).
Los tres elementos (riesgo, interés y prima) están condicionados recíprocamente en la estructura económica, técnica y jurídica del seguro como negocio; según como sea el riesgo será la prima y consecuentemente deberá ser el interés asegurable en el sentido de indemnización prometida por el asegurador.
El riesgo es elemento esencial para la doctrina y para la ley. El contrato es nulo si al tiempo de la celebración ha desaparecido el riesgo. Asimismo la ley prevé soluciones para restablecer el equilibrio contractual cuando ha sido modificado por una variación del riesgo.
Mas concretamente, como algo especial del contrato de seguro, el riesgo es la posibilidad de un evento dañoso.
Como evento desfavorable e incierto, solo llega a constituir un riesgo para el sujeto cuando éste, mentalmente, se lo representa como posible. Es el evento incierto contemplado en el contrato y que dará lugar a que el asegurador deba pagar su prestación.
La cosa asegurada (y la prestación que por su pérdida o daño asume el asegurador) constituye el objeto del interés y, en consecuencia, podemos considerarla como un principal elemento de este.
B) elementos, riesgos asegurables.
En materia de seguros (en ciencia actuarial o económica o en derecho en general), el riesgo toma solamente el significado de posibilidad de un evento desfavorable, es decir, la posibilidad de un evento dañoso (contrariamente al sentido amplio que tiene en materia económica de evento desfavorable o favorable a un negocio).
La posibilidad (absorbe el concepto de futuro incierto), como estado intermedio entre la imposibilidad y necesidad o certeza, es susceptible de graduación:
el grado de la posibilidad es tanto menor cuanto mas se aproxima a la necesidad.
El grado de posibilidad constituye la llamada importancia del riesgo y es elemento de medición de la contrapartida (prima) de la prestación del asegurador.
El grado puede ser permanente o variable. Puede producirse por efecto de cambios en una o mas circunstancias del riesgo una alteración anormal (contraria a la previsible o natural).
La trascendencia jurídica de la posibilidad se traduce en al pendencia del evento que opera como presupuesto incertus an (y a veces también quando), o bien como termino esencial incertus quando de la obligación del asegurador:
si no existe o desaparece la pendencia (es decir, la posibilidad del evento, esto es el riesgo), falta o desaparece el presupuesto causal del contrato y por consiguiente el contrato es nulo o se resuelve.
El evento, cuya posibilidad se llama riesgo y su realización siniestro, es un hecho del mundo sensible (constatable) susceptible de provocar un daño. Se diferencia de los hechos antecedentes, como de los sucesivos, por el daño.
No es necesario que el evento sea dañoso en el caso concreto (Ver Gr., Seguro de vida); es suficiente que el daño sea potencial y abstracto, es decir, que el evento sea susceptible de provocarlo normalmente, según la experiencia de los precedentes.
C) clasificación de los riesgos. Hay varios criterios.
Con relación a la causa: naturales (Ver Gr., Terremoto); hechos humanos (robos) o provocados por una u otra causa (incendio), entre éstos: involuntarios, voluntarios, lícitos, ilícitos, de tercero, de persona interesada en el contrato; hechos materiales y hechos jurídicos (seguro de responsabilidad civil).
D) riesgos ficticios. El riesgo no es jurídicamente asegurable cuando se causa u ocasiona por una actividad ilícita del interesado, es decir, cuando lo ha provocado dolosamente y ocurre en ocasión de su actividad ilícita.
El evento doloso es el causado por dolo del interesado (voluntad o conciencia del acto perjudicial).
El fundamento es que el asegurador no está obligado y que no surge el derecho del asegurado, porque el supuesto del evento esta neutralizado, por un hecho impeditivo contemporáneo: se está frente a una delimitación causal establecida inderogablemente por la ley, o mas brevemente, frente a una exclusión del riesgo.
E) el riesgo asegurado. Si el riesgo constituye un elemento básico del contrato de seguro y juega al unísono con la prima, el interés y la prestación del asegurador, debe ser determinado con exactitud.
Para su exacta determinación el asegurador debe emplear sumo cuidado, con el objeto de mensurar con la mayor aproximación posible su grado de probabilidad e intensidad.
Un contrato de seguro no puede cubrir todos los riesgos que recaen sobre la esfera económica de una persona, sino solamente uno o mas riesgos determinados.
De ahí la necesidad de concretar los elementos para la individualización del riesgo que se quiere asegurar, es decir, la naturaleza del evento y el interés sobre el quien recae, cualquiera que sea la causa, en cualquier parte o en cualquier tiempo que ocurra. Es necesario proceder a la limitación (mas o menos estricta) causal, temporal y espacial.
Individualización y delimitación constituyen dos etapas de un solo proceso lógico: la determinación del riesgo asegurado. ESta se remite a la autonomía de las partes sin otra limitación que la licitud jurídica del riesgo.
La ley, a su vez, establece los elementos para delimitación, aplicables cuando las partes no acuerdan lo contrario.
La naturaleza del evento (Ver Gr., Incendio) varia según los Ramos. En general, la ley presupone su concepto, y la póliza se remite habitualmente a la definición de uso común.
Generalmente (principio de especialidad de los riesgo), un seguro tiende a cubrir un solo riesgo de una determinada naturaleza. Con frecuencia cubre varios riesgos determinados sobre el mismo interés (luego hay combinaciones).
Puede ser asegurado un solo interés determinado (seguro singular) o muchos intereses determinados (acumulativo) o indeterminados, pero seguidamente determinables.
*Riesgo profesional
Ver Accidentes de trabajo.
*Rifa
En general, los ordenamientos han reglamentado las rifas.
En la Argentina, sólo pueden hacer rifas las asociaciones de notoria responsabilidad moral y previa autorización por decreto del Poder ejecutivo.
La solicitud debe expresar claramente el objeto de la rifa, el total de números a emitirse, el detalle de su organización, la descripción de los premios y el mes en que debe realizarse, refiriendolo a uno de los sorteos de la lotería de beneficencia Nacional, cuyo extracto debe servir de base para la adjudicación de los premios.
*Riña o agresión
La riña es el acometimiento recíproco, por vías de hecho. Aun cuando la ley no lo diga, como lo hace el artículo 408 del código penal español, la confusión y el tumulto son características de la riña, y tal requisito resulta, en la ley argentina, del elemento negativo por el que debe ignorarse quien es el autor de la muerte o la lesión. En la agresión hay acometimiento de unos, también por vía de hecho, y pasividad o actos de defensa de otro u otros. La ley requiere expresamente que en el hecho de la riña o agresión tomen parte más de dos personas. Tanto la riña como la agresión han de ser espontáneas, requisito que excluye la concurrencia de voluntades que puede configurar alguna forma de participación. Esa espontaneidad debe caracterizar la riña o agresión en si misma.
*Río
Por río debe entenderse " todo curso natural de agua, mas o menos considerable, de caudal perenne". Esta definición contiene todos los elementos que distinguen un río: el carácter natural lo diferencia de los canales, que son obras artificiales; el requisito de ser más o menos considerable lo distingue del arroyo; la condición de perennidad lo diferencia netamente del torrente.
Al definir un río no hay para que hablar de su lecho o de sus riberas, puesto que no hay ríos sin lecho. El curso de agua que no reúna todas la condiciones contenidas en la definición que precede, técnicamente no será río, sino un curso de agua de otra especie.
El requisito de la perennidad del caudal del río no hay que tomarlo al pie de la letra. Tal requisito únicamente se vincula con la existencia de agua y no con la cantidad de esta. Al hablar de caudal perenne, no debe entenderse que dicho caudal deba ser constante o continuo; el requisito de la perennidad del caudal queda cumpliendo si en la mayor parte del año ese caudal existe, cualquiera sea su cantidad, aunque en cierta época disminuya sensiblemente o desaparezca por causas accidentales.
Los romanos decían que no dejaba de ser perenne el río que llegare a secarse en algún estio; el moderno código de aguas de Brasil dice que también serán consideradas perennes las aguas que se secaren en algún estio fuerte.
La determinación de cual de las márgenes de un río es la izquierda y cual la derecha, puede tener importancia en muchas hipótesis susceptibles de presentarse en la vida diaria.
La dirección de un río está dada por el rumbo u orientación que siguen sus aguas al correr; de modo que para establecer cual es su margen izquierda y cual su derecha, la lógica mas elemental exige que esa determinación se haga en base a la dirección de las aguas, colocándose el observador con la vista hacia donde ellas Correc: la margen que de sobre el lado derecho del observador, será la margen derecha del río; a su vez, la que de sobre el lado izquierdo será la margen izquierda del río.
*Río internacional
Río navegable que separa el territorio de dos o mas estados. El régimen de los mismos es objeto de acuerdos internacionales bilaterales y multilaterales.
En el código penal argentino la figura del robo está en relación de especialidad con respecto a la del hurto, puesto que el hecho consiste en apoderarse ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o con intimidación o violencia en las personas.
La idea que encierra la expresión fuerza en las cosas debe ser entendida como algo distinto de la que se necesita para mover o trasladar la cosa de un lado a otro, cualquiera sea su peso. Pues si así no fuera, todo acto de apoderamiento seria constituido de robo. Por lo demás, como ha quedado señalado por nuestra mejor doctrina con una fórmula jurídica clara y precisa, la fuerza debe ejercerse en la cosa y no en razón de la cosa.
No solamente es inapta para caracterizar el robo la fuerza usada para mover o trasladar la cosa; también, la que se emplea para separarla de modo normal o natural de aquélla o aquellas a las que se encuentra adherida o unida.
Por lo tanto, no alcanza a ser fuerza en las cosas la ejercida para separar LA que es objeto de hurto, de otras a las que se encuentra unida, de modo que pueda separarse sin dañar una ni otra, sin romperlas, cortarlas, deformarlas ni torcerlas con efecto permanente. Así, por ejemplo, arrancar la fruta de un árbol o destornillar el faro o la rueda de un automóvil, porque es ese el modo natural y normal de quitar la cosa de donde esta. Este principio, que requiere para la configuración del robo de una fuerza superior o distinta de la normal, es aceptado por la opinión dominante.
La violencia es la vis física, que comprende tanto la absoluta como la vis compulsiva, esta última cuando consiste en el empleo de violencia o en la amenaza de empleo inmediato de violencia.
Quedan comprendidos en el concepto de violencia los medios hipnóticos y los narcóticos, por la equiparación expresa hecha en el artículo 78 del código penal.
La intimidación es la vis moral con la cual se infunde temor por un riesgo o mal que se amenaza realmente, o que la víctima cree real, y mediante el se logra vencer la voluntad y apoderarse de la cosa.
*Rol de tripulación
Es la relación nominal por categoría de todos los tripulantes de la embarcación, que además contiene los datos que exige la ley de navegación.
*Rota romana
Máximo tribunal Canónico de apelación con sede en el Vaticano. Entiende en segunda instancia de los fallos de los tribunales ordinarios. Entiende originalmente las causas contenciosas relativas a obispos residenciales o referentes a diócesis u otras personas morales eclesiásticas que no tienen superior fuera del papa. También en cualquier causa que encomiende el papa.
*Rotulación
Foliar las hojas de cualquier instrumento.
*Rótulo industrial
Nombre, dibujo, emblema o signo en general distintivo de una empresa industrial y de sus productos.
En el comercio exterior, regalía. V.
Licencia industrial.
*Rúbrica
Trazo que completa las letras de una firma.
*Rueda de presos
Diligencia o método obligatorio para la identificación de un acusado o un sospechoso.
*Rufianería
Se imputa este delito al que hiciere de la prostitución ajena un medio habitual de vida.
El rufián ha de hacerse mantener explotando las ganancias provenientes de la actividad de la persona prostituída.
Explotar supone obtener utilidad, lucrar con algo, idea que, en general, aparece comprendida en el hecho de mantenerse. La fórmula legal debe ser interpretada requiriendo ambas circunstancias:
que el autor se haga mantener y que para ello explote las ganancias.
El rufián no promueve ni facilita la prostitución; solamente disfruta del ejercicio de la misma. Si el autor lo fuere también del delito de proxenetismo, ambos delitos concurrirían materialmente, puesto que se configuran con hechos física y jurídicamente distintos.
Uno promueve o facilita la prostitución, delito instantáneo; el otro se hace mantener explotando las ganancias que la mujer obtiene con la prostitución, delito permanente, puesto que su consumación se prolonga mientras el autor siga haciéndose mantenerse. En el delito consistente en promover o facilitar la prostitución, no es necesario que el resultado material se logre, en el de rufianería si.
Los medios de que el autor se vale para cometer el delito, carecen de significado legal. El consentimiento carece de eficacia para tornar el hecho atípico, y ha de concurrir en la mayoría de los casos.
*Ruptura
Quebramiento de un acuerdo, convenio o contrato.
Quebramiento de relaciones diplomáticas, tregua o armisticio.
*Ruta
Camino de carácter nacional o internacional.
Vía de comunicación terrestre que forma parte del sistema vial.

References: artículo 6
 artículo 5
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 498
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 113
 artículo 408
 artículo 78