Source: https://es.scribd.com/document/361596069/Demanda-por-error-de-fiscal-de-Arica
Timestamp: 2018-10-18 20:52:47+00:00

Document:
Demanda por error de fiscal de Arica
Los errores los pude cometer cualquiera, pero estos de un fiscal, es inescusable.
Investigación Preparatoria Alcides Chinchay.
OPINIÓN DEL COMISARIO DE DERECHOS HUMANOS sobre la resolucion independiente y eficaz de denuncias contra la policia
M12_U2_S5_ALCG
to Para Latencion de Menores Que Hayan Incurrido en Un Delito
Mesa de trabajo en Chile. Proyecto BID
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Protocolo Por El Acoso Sexual Uta
Reflexión Sobre La Subvención Escolar Compatida Aplicada a Un Caso Práctico
Breve Reseña Del Recurso de Amparo
PRUEBA DE LEGISLACIÓN FORMATIVA.pdf
Reflexión Proceso de Consulta Indígena Año 2016 Revisión 2.0
MATERIA: CIVIL (DEMANDA DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
CÓDIGO: I 03
DEMANDANTE: LIDIA IRIS DEL PILAR NAVARRO BÁEZ
RUT N º 9.518.646-7
DEMANDANTE: MARCIAL ORLANDO GODOY NAVARRO
RUT Nº 13.864.809-5.
ABOGADO PATROCINANTE: JUAN ROJAS PASTÉN
RUT Nº 8.690.586-8
DEMANDADO: ESTADO DE CHILE Y FISCO DE CHILE.
REPRESENTANTE: CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
RUT N k
ABOGADA PROCURADOR FISCAL: MIRTHA MORALES MOLLO
EN LO PRINCIPAL: INTERPONE DEMANDA DE INDEMNIZACIÓN DE
PERJUICIOS POR FALTA DE SERVICIO; EN EL PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA
DOCUMENTOS; EN EL SEGUNDO OTROSÍ: SÍRVASE ORDENAR LA
NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE DEMANDA AL MINISTERIO PÚBLICO; EN EL
S.J.L. EN LO CIVIL
LIDIA IRIS DEL PILAR NAVARRO BÁEZ, modista, y MARCIAL ORLANDO
GODOY NAVARRO, ingeniero, ambos con domicilio en pasaje Benjamín Pinochet
# 860, Población Rosa Ester, Arica, a US con el debido respeto decimos:
Que venimos por este acto en interponer demanda de indemnización de
perjuicios por falta de servicio, en contra del Estado y Fisco de Chile, por ser, según
el artículo 5º de la Ley Orgánica del Ministerio Público, responsable por los actos o
conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público;
representados para estos efectos por el Consejo de Defensa del Estado 1, servicio
público con domicilio en calle 7 de junio Nº 280, 3 piso, Arica; representado en esta
región, según el artículo 24 del DFL Nº 1 de 1993, por doña Mirtha Morales Mollo,
Abogada Procurador Fiscal, del mismo domicilio, todo ello en atención a los
antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que a continuación se exponen:
Ver Boletín Nª 50399 de la Contraloría General de la República de fecha 23/06/2015.
I.- DE LOS HECHOS.
Que el día 14 de julio del año 2016, a las 9:30 horas a aproximadamente, en
momento que nos encontrábamos en el primer piso de nuestro domicilio, ubicado
en calle Benjamín Pinochet, número 860, de la población Rosa Ester, de Arica; aun
sin levantarnos, cada uno en habitaciones separadas, fuimos bruscamente
despertados por gritos, insultos y fuertes golpes producidos por el rompimiento del
acceso principal a nuestro domicilio.
Estos ruidos y destrozos eran realizado por 10 individuos, con rostro cubierto
y armados, los cuales, con extrema agresividad, entraron bruscamente y sin aviso
previo, descolocándonos y produciéndonos terror inmediato.
Estos individuos, luego de haber ingresado a nuestro domicilio se
identificaron como funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile (en
adelante PDI), argumentando que actuaban en cumplimiento de una orden del
Fiscal, señor Patricio Valenzuela Espinoza.
En este escenario, uno de los funcionarios nos ordenó vestirnos, ya que
estábamos en pijamas.
Debemos destacar, para mayor claridad del relato, que a cada uno de los
ocupantes del domicilio se los trató diferente, Así mientras, a doña LIDIA IRIS DEL
PILAR NAVARRO BÁEZ, era retenida en su dormitorio (ordenándose que se
vistiera), Marcial Orlando Godoy fue reducido por la fuerza: según relatan las
víctimas, con violencia y con armas de fuego desenfundada, siendo obligado a
permanecer en el suelo hasta ser esposado.
En este entorno nos conminaban constantemente a hablar sobre drogas
ocultas y el paradero de una persona; señalándonos que era mejor cooperar para
no ir a la cárcel.
La prepotencia, caracterizada por empujones, tonos de voz y disposición
anímica amenazantes, fue la tónica que la PDI utilizó desde que ingresó a nuestro
Por otra parte, luego de reflexionar sobre el peligro creado por los
funcionarios de la PDI en su actuar, concluimos lo innecesario de la fuerza usada.
Nos representamos, entre otras cosas, la posibilidad que alguno de los dos hubiere
resultado herido o muerto, ya sea por un descuido o un movimiento interpretado
instintivamente mal por alguno de los Detectives. Esta idea nos causa hoy angustia,
estrés emocional, sensación de impotencia y desprotección y la necesidad de ser
reparados en el daño sufrido, cuestión que hasta hoy soportamos como una carga
emocional, de efecto permanente.
Entre tanto los otros funcionarios de la PDI, buscaban, volcaban, vaciaban y
destruían nuestra propiedad en busca de drogas, preguntándonos ¿dónde la
teníamos?, ¡que era mejor cooperar¡; todo ello con violencia innecesaria, arrojando
con ello un mayor agravio a nuestras personas, ya que nos conminaban a confesar
hechos que ignorábamos absolutamente.
En nuestro terror y desconcierto, les pedimos que nos aclararan la situación,
a lo que recibimos la respuesta: “ustedes saben, para que se hacen los lesos”.
Como se explicará más adelante. dentro de tanto terror. pero el pasaje Benjamín Pinochet # 870. . en concordancia con el principio de exclusividad de la investigación. la cual no estuvo exenta de nuevos destrozos. aterrados por la prepotencia del acto. explicándoselo así a los funcionarios de la PDI. no leímos bien. sintiéndonos vulnerables y totalmente humillados en nuestro entorno (algunos vecinos vieron los hechos). Por esta última pregunta entendimos que habían cometido un error. Tampoco se nos leyeron nuestros derechos. Estos. se nos ordenó firmar una hoja que no se nos leyó. la información era precaria por lo que. recordamos que un familiar que es profesor le había hecho clases a Camilo Torro Porra. Después que los funcionarios dejaron mi casa. También recordamos que había arrendaba una pieza. De este documento no se nos entregó copia. y que nosotros. pese a nuestras palabras. la PDI también preguntaba por un tal Camilo Toro Porra. con toda la prepotencia ya descrita. Mientras tanto. a eso de la 10:30 de la mañana. podía dar con el paradero de un imputado. señalándonos: “Que ellos sabían que él vivía en este domicilio” (refiriéndose a nuestro domicilio). solo recordamos las palabras “artículo 26” y “apercibimiento”. de parte del fiscal a cargo de la investigación. siguieron en su búsqueda. Como se dijo. La situación antes descrita se debió a la “falta de instrucciones pertinentes”. con el objetivo de verificar la única información que. a criterio del señor Fiscal. Una hora después terminó la búsqueda. por lo que no comprendimos ni retuvimos su contenido. la PDI no fue instruida debidamente para la realización de diligencias complementarias y necesarias. En efecto.
Que. adolece de una gran precariedad. estando en el medio libre. Esto eran hechos conocidos por fiscalía. así como el contexto en el cual se registró el antecedente “domicilio de Camilo Toro Porra”. En efecto. las características del imputado. esto es. debieron . el antecedente “domicilio de Camilo Toro Porra” se obtuvo de una fuente poco idónea. por lo que resulta obvio que la información “domicilio de Camilo Toro Porra” obtenido de Gendarmería de Chile. entregado por un visitante a un recinto penal (Acha). por sentido común. incitar al señor Fiscal a verificar la información obtenida de Gendarmería. a las cuales tiene acceso el señor fiscal. por ser un hecho extramuro. En efecto. Gendarmería de Chile. Gendarmería tiene competencia dentro de los recintos penales. Como se desarrolla más adelante. Por último. por otra parte. queda fuera de la esfera de competencia de ese servicio público. quedando fuera del ámbito de su competencia la verificación de la información. quien no tiene ni las herramientas ni las atribuciones para verificar un domicilio. por ser un hecho extramuro. el cual cometía durante sus visitas a la cárcel donde se contacta con sus cómplices (entre los que se encuentra un gendarme). debió ordenar (por que podía) se corroborara el único antecedente considerado como fundamento de su actuar. el domicilio del imputado Camilo Toro Porra. quien. debió. incluida las que poseen otros servicios del Estado. el domicilio fue registrado por un delincuente común. se hace autor del delito de tráfico de drogas al interior del recinto penal. con antecedentes penales conocidos. esto es.antes de haber realizado el acto de autoridad. un domicilio. los medios técnicos y la diversidad de fuentes. En este sentido. pero no fuera de ellos.
permite hacer una lectura evidentemente vulneradora de nuestro derecho como ser humanos: especialmente merecemos. el “principio de necesidad” en el uso de la fuerza y armas de fuego. tiene un contenido potencialmente vulnerador de nuestros derechos y garantías establecidas en la constitución II. en el desempeño de sus funciones.impulsarlo a verificar la información. por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”. como es el caso. señala: “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. establecido en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (en adelante “Octavo Congreso”). en al menos una de esas fuentes. para su apreciación. en su Disposiciones Generales. con el debido cuidado y diligencia. una vez más. debe racionalizarse a la luz de los estándares internacionales. el Estado debe actuar. el injusto que vivimos con el actuar de la PDI. el control y el desarrollo de la investigación criminal. en el numeral cuatro. un trato digno. lo cual.. esta información. el 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. No haber ejecutado el acto de búsqueda de información del imputado Camilo Toro Porra. En efecto. con la debida diligencia. de parte del Estado y sus órganos. así como las omisiones.ALEGACIÓN RACIONAL DEL INJUSTO SUFRIDO Es importante destacar. no fue siquiera mínimamente corroborada o contrastada por quienes tienen a su cargo la conducción. celebrado en La Habana (Cuba). Los hechos. Es decir. pese a su notoria precariedad. utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes . de modo de no perjudicar a terceros inocentes. En este sentido. a través de sus órganos.
la PDI no racionalizó su actuar. Para verificar si la acción policial fue proporcional. ya que no realizó acto alguno que permitiera a lo menos determinar la amenaza. de menor fuerza. ni se intentó usar. En los hechos descritos no se usó. La fuerza tiene la lógica de ser el último recurso de la Policía para el cumplimiento de su deber. de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos aplicables a la función policial. el nivel de fuerza a emplear para controlar la situación. la gravedad de la amenaza o agresión y el objetivo legal buscado por la Policía y. Ahora. es decir. esto es. El uso de la fuerza es necesaria solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna otra manera el logro del objetivo legal buscado. búsqueda y registro previa notificación al dueño del recinto cerrado donde deba ejecutarse la orden. ningún otro medio.de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. antes de usar la violencia. como se dijo. de haber considerado la PDI . de acuerdo al artículo 214 del Código Procesal Penal. es necesario evaluar si hubo un equilibrio entre los siguientes aspectos mínimos: De un lado. ni siquiera se intentó notificar la orden del Tribunal. busca limitar el nivel de fuerza empleado por la Policía en sus intervenciones. el uso de la fuerza sólo luego de intentadas otras alternativas de solución del problema. Recordemos que la orden era solo una búsqueda y registro. La Fuerza en necesaria solo cuando otros recursos fallan. Tampoco se respetó el “principio de proporcionalidad”. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto” Del solo análisis de los hechos descritos podemos concluir que no se respetó el “principio de Necesidad”. el cual. Creemos que. del otro. Es más. pero igual de eficaz.
“Que la decisión (de autoridad competente) en contra de la cual se ha interpuesto esta acción constitucional se torna ilegal por el hecho de afectar lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política de la República” . así como la causa y el objeto perseguido con la orden. por una obvia falta de instrucción de quien dirigió la investigación. Conocer. so pena de transformarse el acto en ilegal. evaluar y planear. si bien debe cumplir las órdenes que imparta un Fiscal. Esta notificación previa no ocurrió ya que la PDI no racionalizó la orden. como ya latamente nuestra Excma Corte Suprema. Racionalizar el 2 CORTE SUPREMA. es decir. de modo de no afectar más derechos al imputado que la restricción de la libertad ambulatoria y evitando vulnerar los derechos de terceros ajenos al procedimiento. habría deducido que la sola notificación habría bastado para abrir las puertas de nuestra casa. 23 de diciembre de 2009. la PDI. de manera de saber las condiciones reales del escenario a intervenir. su alcance y limitaciones. de modo de determinar cuál es el medio menos gravoso de hacer cumplir una orden judicial y siempre con la conciencia de la obligación institucional de la PDI y de sus funcionarios de actuar con pleno respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales.nuestras características personales. No racionalizó. conocer la orden. podemos afirmar que en este procedimiento no se filtró ni verificó la información. Así las cosas. permiten racionalizar la fuerza. la ejecución de ella debe estar sostenida por la racionalidad del procedimiento. permitiendo el registro y la búsqueda ordenada por el Tribunal.2 a señalado. lo que impidió el debido ajuste del procedimiento. Por otra parte. a nuestro entender. Rol N° 8228-2009. así como los principio expuestos en el Titulo primero de la Constitución Política de la República. a requerimiento del Ministerio Público. concordando su cumplimiento con un Planeamiento Previo (pp).
particularmente actuó sin conocimiento de las características propias de la orden. la existencia de armas. Las fuerzas de orden público y seguridad no pueden actuar en base a la ignorancia. tales como.procedimiento implica siempre buscar moderar la fuerza en proporción a la gravedad del delito. Tampoco se consideró el hecho de habitar el domicilio solo dos personas. Para el caso ninguna de estas circunstancias se consideró para ejecutar el operativo. Acto así no tiene justificativo por el riesgo que los funcionarios corren al no actuar con conocimientos sobre circunstancias. de modo de proporcionar la fuerza a utilizar. habrían conocido el escenario real. lo que implica uso de fuerza proporcional. Si se hubiere reunido información suficiente de los ocupantes de la casa. todos sin antecedentes. lo que los llevó a ignorar medios que hubieran permitido conocer el escenario real. el escenario conocido y el objetivo legítimo que se persiga (Octavo Congreso) Creemos que la PDI no recopiló antecedentes suficientes para una ejecución racional de la orden. No saber con claridad a qué se enfrenta un funcionario de la PDI. lo que explica las conductas agresivas de los funcionarios y el uso de fuerza desproporcionada. tal como ocurrió aquel día en nuestro domicilio. entre ellas una mujer. esta incertidumbre. número de personas y características. muy probablemente. lo que habría permitido un correcto planeamiento. ambos no involucrado en la . lo que se hubiere obtenido con la vigilancia (entre otros medios). implica dejar a la imaginación los escenarios probables. posibles resistencias a la orden. adrenalina y estrés. genera altos niveles de ansiedad. y por sobre todo leer la orden y entenderla.
recalcando que la orden de ingreso y búsqueda debía ser notificada a los ocupantes de la propiedad.investigación. el único responsable inmediato del daño sufrido en nuestras personas y bienes es el Ministerio Público. ya que el Juez de Garantía no autorizó actuar en forma diversa. ya que según lo establecen artículo 2º Inc. lo que hace injustificable el número de funcionarios que ingresaron a mi domicilio. reflejada en la omisión de acto de “verificar la información” . artículo 3º. ya que nosotros no representábamos peligro alguno para el personal de la PDI o para terceros. Las circunstancias antes descritas debieron ser suficiente indicio para moderar el uso de la fuerza utilizada. se obtuvo en base a antecedentes de fuente no idónea. y destruyendo nuestra propiedad. no solo debe actuar con responsabilidad y de forma objetiva sino de forma de no perturbar el legítimo derecho de terceros. Ahora. en la forma establecida en el artículo 212. lo que no se condice con la pobre investigación previa y la falta de median responsabilidad. a rostro cubierto. En efecto. existe una absoluta e indiscutible responsabilidad del Ministerio Público desde el momento que la orden obtenida del Juez de Garantía para la entrada y registro del domicilio Benjamín Pinochet Nº 860. ya sea directa o indirectamente. artículo 4º y artículo 5º de la ley Orgánica del Ministerio Público . en relación al 214 del Código Procesal Penal. portando armas cortas y largas desenfundadas. para lo cual. no verificados por alguno de los medios que el Ministerio Público tiene a su disposición. Recordamos que la orden de entrada y registro se caracteriza por su contenido altamente invasivo y con un enorme potencial para vulnerar derechos fundamentales. 2º. mediante instrucciones claras y precisas. usando el factor sorpresa. el señor fiscal debió controlar el actuar de la PDI.
como en definitiva ocurrió. de las cuales no recibí respuesta alguna.. Así. enviando la correspondiente carta de reclamo al fiscal jefe. Lo que a todas luces no se hizo. Que. con fecha 16 de julio. presenté una carta a la Fiscal Regional. con fecha 15 de julio de 2016. negándose a recibirme con la pobre excusa que se encontraba en otros asuntos. doña Javiera López Ossandón. sino como un deber constitucional de toda persona que ejerza autoridad. por el contrario. no tiene escusa. del Código Procesal Penal. Esto no solo se expresa como un parecer. don Carlos Eltit Ortega. ya que es lo mínimo que debió realizar la autoridad ante tal atropello. representándose su deber jurídico de protección de los derechos humanos y las garantías que la Constitución asegura toda persona. traté que me recibiera el fiscal que ordenó el acto. luego de todo lo ocurrido. ante el daño causado. en relación al artículo 214. . el día 19 de julio. por otra parte.del domicilio del imputado y del lugar donde debía ejecutarse la orden y sus ocupantes. III. actuó de un modo tan poco profesional e ingenuo. El no recibirme. El operativo ejecutado por la PDI pudo utilizar una fuerza menos intensa. todo ello con la finalidad de obtener una explicación y una reparación pacifica por los daños. si se hubiere ejecutado el procedimiento ordenado por el artículo 112. Creemos que todo se habría evitado si el Ministerio Público hubiere actuado concienzuda y responsablemente.DEL ACTUAR POSTERIOR DEL MINISTERIO PÚBLICO. replicando este acto.
Continuando. ya que se trata de un daño causado a un tercero desinteresado. por lo que siempre deberá indemnizarse a las víctimas. argumentando el fallo que el actuar de la PDI. Rol de Corte Nº P 518 – 2016. ubicado en calle Benjamín Pinochet. existiendo jurisprudencia conteste al respecto. sin el debido cuidado y diligencia. además de tratarse de actos ejecutados por el Estado.III. tanto de fiscalía como de la PDI. Dicha alegación. el día 14 de julio. no exculpa. en relación a los hechos relatados. dictada en la causa Rol de Corte Nº P 518 – 2016. ya que no relaciona a los hechos alegados. debemos decir que la sentencia de la Iltma Corte de Apelaciones de Arica. como desarrollaremos a continuación. de Arica. según los hecho denunciados. Posteriormente. el que fue rechazado.DE LA ACCION CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN RECHAZADA. número 860. Lo que habría permitido verificar que no . interpuso recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Arica. profesor básico de matemáticas. mi familia se enteró de lo sucedido. en los términos del artículo 214 del Código Procesal Penal. de la población Rosa Ester. a las 9:30 horas en mi domicilio. entre estos. se ajusta a derecho. Antes de continuar y atendiendo el punto que aquí tratamos. diremos que este fallo será usado como defensa por el Consejo de Defensa del Estado para eludir responsabilidad bajo una “legalidad de la actuación”.. con lo expresado en los informes. quien. con fecha 18 de julio de 2016. justifica o atenúa la responsabilidad del Estado. por lo que no fue caprichoso. mi hermano FREDDY NAVARRO BÁEZ. adolece de una minuciosa apreciación de la prueba presentada.
con la actitud de un allanamiento. de la lectura del informe de la PDI. esto es: “Artículo 214. intimidad. ya que no realizan la notificación previa al dueño del lugar cerrado o persona en el lugar. en relación al artículo 214. o nadie respondiere a los llamados. rompiendo la puerta de acceso y violando mis derechos fundamentales de privacidad. con la primera parte del artículo 212. La PDI llegó a mí domicilio e ingresó de inmediato y con uso de fuerza excesivo. Practicada la notificación a que se refiere el artículo 212.Realización de la entrada y registro. honra entre otras sometiéndome a demás a un trato humillante. además. Solo bastaba leer con mayor atención el propio informe de la PDI para percatarnos que el acto fue contrario a lo ordenado en la ley. lo que este mismo artículo dice: “En los registros se procurará no perjudicar ni molestar al interesado más de lo estrictamente necesario. y menos resistir. Olvidando.se cumplió con la notificación de la orden del tribunal. irrumpieron violentamente en mi casa no dando tiempo de nada. se procederá a la entrada y registro…” En este sentido. estos no se apegaron al procedimiento debido. . se podrá emplear la fuerza pública”.. Agregando dicho artículo que: “Si se opusiere resistencia al ingreso. Como es deducible. por el contrario. ambos del Código Procesal Penal.
deben ejecutar sus actos con apego a la ley. obliga la reparación de todo daño causado por parte del Estado. un acto ejecutado por el Estado. establecidas en los artículos 5 y 6 de la Constitución Política de la Republica. con las características ya descritas. doña Andrea Illigaray Llanos. de lo contrario su actuar se transforman en ilegales. La resolución que autorizare la entrada y el registro de un lugar cerrado se notificará al dueño o encargado. como ya ha señalado la Sala Constitucional de la Excelentísima Corte Suprema. sino que al daña a un tercero desinteresado (ajeno al conflicto). Así las cosas. En efecto. que en la . no solo se aleja de la legalidad.Por su parte el artículo 212 señala en lo pertinente: “Artículo 212. invitándolo a presenciar el acto. Una falta de armonía o correlación con estas obligaciones transforma en ilegitimo al acto y obliga al Estado a Indemnizar por la responsabilidad proveniente de la falta de servicio. la PDI no declara en su informe. Así. esto es. destacamos que la autorización de registro obtenida por el señor fiscal del Juez (a) de Garantía. dentro de sus facultades y con observancia a las obligaciones genéricas del Estado. Procedimiento para el registro. a menos que el juez de garantía autorizare la omisión de estos trámites sobre la base de antecedentes que hicieren temer que ello pudiere frustrar el éxito de la diligencia” En este sentido la Fiscalía y la PDI olvidó que los Órgano del Estado. no contiene la autorización para obviar la Notificación previa a los dueños o propietarios del sitio o lugar cerrado.
es de interpretación estricta y de aplicación restrictiva. por su carácter garantista. sino en ciertas hipótesis. al cual pertenece el Código Procesal Penal. En efecto. en este sentido. Es importante no olvidar que el derecho público. tampoco es capaz de informar respecto de alguna oposición a la orden de búsqueda y registro. siendo la regla general la obligación de obtener. y en consecuencia. y que. tanto por la PDI. se detecta que no hay registro de haber procedido con la notificación respecto del dueño de la casa. en cuanto al ejercicio de la fuerza. los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. de proceder sin dicha notificación. la entrada y registro a un lugar cerrado sin comunicárselo previamente al dueño de la propiedad. entre los que se cuenta la proporcionalidad en el uso de la fuerza. de la sola lectura de los antecedentes aportados. deberán siempre observar los estándares internacionales. así como tampoco antecedentes que permitan deducir la existencia de una autorización expresa del juez de garantía. alejándose de lo estableció en el artículo 212 del Código Procesal Penal. En este sentido. Ante el desacato o negativa del dueño de acatar la orden del Tribunal. o. una autorización judicial que solo se ejecuta con conocimiento del dueño y usa solo la fuerza en caso de oposición a la orden. de forma previa. en el caso que la orden autorice el uso inmediato de la fuerza pública con el objeto de asegurar el éxito de la investigación. no permite a las autoridades. actuar siempre respetando la dignidad . lo que ase absolutamente improcedente el uso de la fuerza pública y menos justifica de algún modo el nivel de violencia y humillación ya descritos. ella sólo será procedente en dos situaciones.ejecución de la orden de ingreso y búsqueda se haya notificado al propietario u ocupante del lugar ( nuestra casa). como por el señor Fiscal. En cuanto al auxilio de la fuerza pública.
nos remitiremos al informe usado por la fiscalía para contestar el recurso de protección. antes.DEL ACTUAR DEL FISCAL ACARGO Y SU FALTA DE SERVICIO. y al cual se buscaba detener en el operativo.. y que. De este informe destacamos que el señor Fiscal Adjunto Jefe. haber obtenido. consistía en una investigación por tráfico de droga al interior del recinto penitenciario de Acha. con lo cual se evidencia el actuar extremadamente negligente y vulneratorio de la Fiscalía. debiendo actuar siempre en concordancia con las obligaciones generales que forman parte de la institucionalidad del Estado de Chile (art 5. expresa claramente que el acto que nos afectó se realizó en el marco de una investigación amparada por la ley 20. un ex interno de nombre Camilo Toro Porra. para estar más claro en la evidente falta de servicio del Estado a través del actuar de uno de sus órganos. IV. en términos generales. esto es. donde estaba involucrado un gendarme. de la Sección de Control de Gendarmería. Ahora bien. durante y después de la diligencia policial. un antecedente crucial para entender el desarrollo de los hechos que me afectaron a mí y a nuestro grupo familiar. 6 y 7 de la Constitución Política del Estado) De esto puntos hablaremos más adelante. Asimismo el fiscal Eltit reveló en el informe de marras. del cual ya hemos hablado.inherente al ser humano así como sus derechos garantizados por la ley y los tratados internacionales (ratificados por Chile y vigentes).000. el domicilio del . señor Carlos Eltit Ortega. cuyos antecedentes se encuentran en el RUC 1500873807-3. Rol de Corte Nº P 518 – 2016.
imputado Camilo Toro Porra. Sin perjuicio de lo previsto en los incisos anteriores. señala que: “Artículo 79.Función de la policía en el procedimiento penal. esto es. el tema de la obtención de antecedentes de un imputado. La Policía de Investigaciones de Chile será auxiliar del ministerio público en las tareas de investigación y deberá llevar a cabo las diligencias necesarias para cumplir los fines previstos en este Código. velar por el cumplimiento de la ley. En este sentido la ley 20. le corresponderá ejecutar las medidas de coerción que se decretaren. Carabineros de Chile. Asimismo. . dentro de una investigación. por lo que se debe estar a lo que el Código Procesal Penal (en adelante CPP) establece. ya que este habría fijado su domicilio en el libro de ingreso durante visitas anteriores a un interno. tratándose de la investigación de hechos cometidos en el interior de establecimientos penales. particularmente su domicilio. en especial en los artículos 180. 181 y 187. nos fijamos en los organismos que deben desarrollar las diligencias de investigación que permitan obtener tal antecedente. En efecto en el artículo 79 del CPP.. En este sentido. en el mismo carácter de auxiliar del ministerio público. de forma especial. Tratándose de delitos que dependieren de instancia privada se estará a lo dispuesto en los artículos 54 y 400 de este Código.000 no regula. de conformidad a las instrucciones que le dirigieren los fiscales. Este actuar revela una clara contradicción a lo ordenado en el artículo 3º de la Ley Orgánica del Ministerio Público. deberá desempeñar las funciones previstas en el inciso precedente cuando el fiscal a cargo del caso así lo dispusiere.
la validez y el valor de la prueba obtenida por el Ministerio Público de otros servicios públicos. es decir. entre otras cosas. el ámbito de competencia de ese servicio. si bien el CPP permite al fiscal ordenar diligencias necesarias para cumplir los objetivos de la investigación. que actuará de conformidad a lo dispuesto en este Código. en la ciudad de Arica. por ley. Dicho de otro modo. de lo contrario iría en contra de lo establecido en el artículo séptimo de la Constitución Política de la Republica del Chile. el principio de eficacia de los acto administrativo. incumben al órgano. lo determina. que la entrada y registro ordenado por el fiscal no recayó en dependencias del recinto penal de Acha. Las instrucciones no pueden ir más allá de las competencias que. En este sentido. debe fijarse en el ámbito de competencia con el objeto de no ordenar realizar. solo será efectivo los actos administrativo realizado dentro de la esfera de la competencia del órgano. primero. dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. No hay duda de ello. no es menos importante considerar el valor jurídico de la prueba obtenida y el grado de confiabilidad de la misma. Así.” Al respecto debemos decir. Solo así existe para producir sus efectos. el límite a la facultad de instruir de los fiscales. actos que en derecho son nulos. al órgano del Estado. entendiendo por tal que todo acto fuera de la esfera de la competencia del órgano es nulo.el ministerio público también podrá impartir instrucciones a Gendarmería de Chile. sino en un domicilio particular. esto es: Artículo 7° Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes. Por otra parte. .
las competencias de Gendarmería están en su Ley Orgánica. Ejercer la vigilancia y custodia perimetral permanente de los centros privativos de libertad. relativas al ingreso y a la libertad de las personas sometidas a su guarda. Ahora. toda diligencia que se le pida a Gendarmería dentro de una investigación penal debe respetar las competencias entregadas por ley a este órgano. 2. c) Recibir y poner a disposición del tribunal competente los imputados conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Penal y leyes especiales. b) Cumplir resoluciones emanadas de autoridad competente. d) Colaborar en la vigilancia de los Centros del Servicio Nacional de Menores para adolescentes que se encuentran en internación provisoria o con sanción privativa de libertad. aplicando las normas previstas en el régimen penitenciario que señala la ley y velar por la seguridad interior de ellos.Controlar el ingreso al centro. realizando las siguientes funciones: 1. sin que le corresponda calificar el fundamento. . Por su parte.. artículo 3. justicia o legalidad de tales requerimientos. el que expresa: “Artículo 3°. Corresponde a Gendarmería de Chile: a) Dirigir todos los establecimientos penales del país. como es obvio. deberá estar a cargo de la seguridad perimetral de los centros del Servicio Nacional de Menores para la internación provisoria y el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad de los adolescentes por infracción de la ley penal. Además.
tales como fugas. sin perjuicio de las atribuciones de las fuerzas de orden.A los egresados de los recintos carcelarios en los casos que la ley determine f) Contribuir a la reinserción social de las personas privadas de libertad. g) Asistir en el medio libre a las personas que accedan al mismo por encontrarse cumpliendo condenas o por otra causa legal. 4. Colaborar en el manejo de conflictos al interior de los centros. .Durante las salidas autorizadas con vigilancia por orden emanada de los tribunales o autoridad administrativa competente. mediante la ejecución de acciones tendientes a eliminar su peligrosidad y lograr su reintegración al grupo social. 2.. motines y riñas. la Corte Suprema y en general los Tribunales de Justicia que determine el Presidente de la República por decreto supremo... e) Custodiar y atender a las personas privadas de libertad en las siguientes circunstancias: 1. 3. Asesorar a los funcionarios del Servicio Nacional de Menores en el manejo de conflictos internos y de la seguridad en general. en las condiciones que señalen los reglamentos.3. Realizar los traslados de los adolescentes a tribunales y a otras instancias externas de acuerdo a solicitudes de la autoridad competente. h) Resguardar la seguridad interna de los recintos donde funcionan el Ministerio de Justicia. 5. Mientras permanezcan en los establecimientos penales.
reparación y conservación de los inmuebles donde funcionen los establecimientos penitenciarios del país. ampliación. proyección. de la Ley de Gendarmería. cuando estos domicilios están fuera del recinto penal? Para ser más claro. y sólo considerará aquellas diferencias exigidas por políticas de segmentación encaminadas a la reinserción social y a salvaguardar la seguridad del imputado y condenado y de la sociedad”. afirmamos que no es una función natural de Gendarmería llevar registros fidedignos de los domicilios particulares entregados durante las visitas. . más si la visita está cometiendo un delito como es el de ingresar droga al recinto penal.i) Contratar. el planeamiento. j) Administrar el dispositivo de monitoreo telemático. de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18. estudio. Por lo mismo. por haber exhibido su cédula de identidad. La pregunta pertinente es.216 y el reglamento respectivo . el domicilio que entregue cualquier visita puede estar matizado por un error de transcripción o incluso ser falso. construcción. La veracidad del domicilio es un dato que Gendarmería no puede verificar por estar fuera de su competencia. ¿en qué parte de las atribuciones de Gendarmería está la de llevar un registro fidedigno de los domicilios de los internos egresados? o. ya que para efecto de control a que hace referencia el artículo 3 numeral 2. el único antecedente fidedigno es la identidad de la visita. cualquiera sea el monto que la ejecución de dichas obras importe. ¿En cuál de sus atribuciones está la de verificar la veracidad de los domicilios entregados por las visitas.El régimen penitenciario es incompatible con todo privilegio o discriminación arbitraria. directamente.
com/cl/personas/padron_apellido_chile. e indicará para cada uno el número de rol único nacional. la circunscripción electoral que corresponde a dicho domicilio con identificación de la región. esta página señala como fuente del antecedente el padrón de Chile. refiriéndose al padrón electoral del SERVEL. esta falta de servicio se agrava para el Ministerio Público a causa de la multiplicidad de fuentes disponibles. según corresponda. según su ley orgánica. el sexo. el . donde se informa lo siguiente: Ahora. provincia y comuna. la profesión. órgano que sí tiene por función llevar registro del domicilio de las personas en calidad de ciudadanos- En efecto. artículo 8. o del país y ciudad extranjera. ya que basta ingresar el nombre Camilo Toro Porra en algún buscador de personas en la web y aparecerá http://buscardatos. es función del SERVEL llevar un registro el cual deberá contener los nombres y apellidos de los inscritos. Pero. la nacionalidad.php . a que pertenezca. el domicilio electoral. la fecha y el lugar de nacimiento.
circunscripción.com.com/noticias/143703/Mecheros-ariqueos-con-millonario-botn http://laprensaaustral. como se dijo. este órgano. fecha de nacimiento.asp?Modo=Noticia&NId=27980&texto=&A=2013&M=12&D=4 . el cual lleva al Registro Civil e Identificación. año. también 3 http://elpinguino. DOMICILIO y comuna. un delincuente necesariamente prontuariado. la web además informa que el señor Camilo Francisco Toro Porra es un delincuente común 3: Esto nos indica que el señor Camilo Francisco Toro Porra no solo era una visita en la cárcel de Acha.cl/archivo/ladrones-ariquenos-fueron-atrapados-con-bolsa-bionica-mientras-r/ http://www. si aún no estuviera clara la falta de servicio. registra. y por ello.laopinionaustral. sino que en algún momento fue residente en algún penal de Chile. fuera de las condenas por crímenes o simples delitos comunes y los de violencia intrafamiliar. Es decir. esta vez como condenadas por delitos o crímenes. El prontuario. Es decir. lo que. Ahora. el señor Camilo Toro Porra. el Rol Único Nacional del condenado. estado civil.número de la mesa receptora de sufragios en que le corresponde votar y el cumplimiento del requisito de avecindamiento. junto con el SERVEL.ar/diario.com/noticias/147030/Mecheros-ariqueos-arriesgan-5-aos-de-crcel-por-robos-en- multitiendas http://elpinguino. Pero. o “Registro General de Condenas”. también tiene entre sus facultades llevar un registro de los domicilios de las personas. registro. si procede. según el Decreto Ley 645 de 19 de julio de 2012. que al menos este organismo tiene como función llevar un registro de domicilio lo más fidedigno posible. no es función de Gendarmería.
durante el control de ingreso. va a dejar. Ahora. que está ingresando droga a la cárcel durante sus visitas. Basar una actuación de búsqueda y registro en información obtenida de un órgano del Estado que no tiene la competencia ni la obligación de mantener registro de domicilio fidedigno. información que se encuentra en una red informática. así como el hecho de no verificar esta información. Por último. según lo informa la primera de las páginas web señaladas. llevan registros de los delincuentes como Camilo Toro Porra. lo que sumado a la indolente actitud del Ministerio Público de no dar una explicación ni recibirme. a través de simples solicitudes enviada a los órganos con competencia en tema de domicilio. pese a solicitarlo no solo habla mal del Ministerio Público. es negligente absolutamente. sino que agrava el daño sufrido por mí y mi hijo. por así establecerlo el artículo 26 del Código Procesal Penal. y agravando lo ya señalado y arrojando mayor claridad a la ya obvia falta de servicio. debo señalar que el señor Camilo Toro Porra además debió dejar un domicilio fijado en el Tribunal de Garantía de Punta Arenas. agravando a un más lo que se ha dicho respecto de la falta de servicio del Ministerio Público está la pregunta ¿cómo es posible que el señor Fiscal se haya representado que un delincuente común. tanto PDI como Carabineros de Chile. su domicilio real?. por último. instalando una sensación de impunidad. Por otra parte. inseguridad ante el abuso e indiferencia por parte de la autoridad.registra antecedentes por robo con intimidación. . por lo que al no ser recabada por el señor Fiscal indica descuido y negligencia.
creemos que. frente a la entrega de información a la autoridad durante la comisión de un delito. culpa negligente o ignorancia inexcusable. en este contexto. premunido por ello con amplias facultades para actuar en cumplimiento de esta misión. el sistema informático con que cuenta la PDI. esa información debió verificarse impajaritablemente. por ello . la información de cualquier ciudadano. Entonces. Por otra parte. particularmente en lo referente a su domicilio. Este acto para nosotros tiene dos posibles respuestas. el Servicio de Registro Civil e identificación. por otro. En fin. entre otras). un delincuente. Un Fiscal. se habría representado el actuar de don Camilo Toro Porra. lo que permite obtener. Negligencia al pedir una información obtenida de un Órgano incompetente para mantener información fidedigna referente al domicilio de personas que están en el medio libre por ser una cuestión extramuros referente a ciudadano en el medio libre. aun cuando dichas personas hayan tenido contacto con esa esfera de poder. los antecedentes previos del imputado. hay. (SERVEL. Aspectos como la multiplicidad de fuentes. no verificar la veracidad de una información obtenida para la detención de un delincuente. el Ministerio Publico es el órgano persecutor penal. al margen de cualquier excusa. del cual es autor. ingenuidad. de forma rápida. En el actuar del señor fiscal Patricio Espinoza Valenzuela. no tiene explicación. ya que el hecho a verificar se mantiene siempre extramuros. e ignorancia. teniendo los medios y la autoridad para hacerlo. No existe para nosotros otra justificación de su actuar. por un lado. a lo menos. incluidos los que no tenemos antecedentes. como su prontuario. con un mínimo de experiencia y sentido común.
afectando con esta falta de cuidado a terceros ajenos a la investigación. quienes se vieron . ROL Nº P 518 – 2016. como ya latamente se ha expuesto. no actuó con la debida diligencia y cuidado en la recopilación de antecedentes para la detención de un imputado. permitió obtener una orden de registro y búsqueda del Tribunal de Garantía de Arica con error de hecho. entonces es evidente la falta de servicio y absoluta e indiscutible la responsabilidad del Estado. el acto negligente. al momento de ejecutar la diligencia no se apegó a la ley. del Código Procesal Penal. En efecto. como se deduce del informe acompañado a la causa proteccional. a un sitio cerrado al público. quien. afectado gravemente a los ocupantes y dueños del domicilio. si de ello resulta dañado un tercero inocente. como se demostrará. terceros ajenos a la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público. atenta contra este cometido. el cual se perpetúo en sus efectos dañosos en el actuar de la Policía de Investigaciones. en sus derechos fundamentales de honor y privacidad. consistente en no verificar una información obtenida dentro de una investigación. donde tanto a la dueña como sus ocupantes. sin efectuar la notificación previa que establece el artículo 212. Efectivamente. a través del señor fiscal.desde el momento que un fiscal no ejerce estas facultades con la prolijidad y diligencia media necesaria. o mejor dicho. Concluyendo. en relación al artículo 214. es decir. El Ministerio Público. de la Corte de Apelaciones de Arica. Ahora. la PDI ingresó a un domicilio privado. lo que obliga a la reparación. don Patricio Espinoza Valenzuela. y su dignidad.
así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” El art 6° de la Constitución Política del Estado de Chile. EL DERECHO: Fuera de los artículos ya citados en los hechos anteriormente descritos. inciso segundo. es aplicable al caso el artículo 5º.expuesto a un trato humillante. los ocupantes del domicilio sufrieron presiones. aunque fue hecho dentro de una investigación penal lícita. quien ejecutó los actos negligentes ya señalados en el numeral IV de esta presentación. además. por parte de PDI. instruido por el Ministerio Público. además. por parte de los funcionarios de la PDI. todo ello proveniente de un uso de fuerza no proporcional a la amenaza. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos. garantizados por esta Constitución. representado por el señor Fiscal Patricio Espinoza Valenzuela. en este acto de allanamiento. Que. que: . para confesar y/o cooperar con la entrega de antecedentes de un delito que les era totalmente ajeno. de la Constitución Política del Estado de Chile. la que expresa que: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. expresa. Este acto.
dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura. “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”. otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.” El artículo 7° del mismo cuerpo legal señala que: “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes. ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias. Afianzando a los preceptos anteriores. y garantizar el orden institucional de la República. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. podrá reclamar ante los Tribunales que determine la ley. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona.“Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado. ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse. institución o grupo. sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño.. contenido en . el Artículo 38 inciso 2° de la carta fundamental señal que: .” En efecto La Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público (LOCMP) desarrolla el principio de responsabilidad de los órganos del Estado. de sus organismos o de las municipalidades.
entonces. En todo caso. 2012). . y. La primera reflexión que cabe realizar es: ¿la ley contempla una o dos causales de responsabilidad? o ¿el error injustificado equivale a arbitrariedad?. una variedad de derechos o garantías individuales. Empero. cuando haya mediado culpa grave o dolo de su parte. puesto que. Corte Suprema (examinando la admisibilidad de las acciones indemnizatorias por error judicial). toda vez que el error injustificado aludiría a un yerro respecto del cual no le asiste una justa causa y que. la inviolabilidad del hogar. al derecho del Estado para repetir en su contra”. la integridad física y/o psíquica.los artículos 6º y 7º de la Constitución Política del Estado. por ende. creo que entre ellas puede sentarse una diferencia. La libertad personal. contados desde la fecha de la actuación dañina. Así. ha interpretado el precepto constitucional como una sola causal de imputación haciendo sinónimas ambas expresiones. ha sido causado sin mediar mala fe sino que es producto de una negligencia inexcusable (Dorn. desde el punto de vista de su contenido e intensidad. La acción para perseguir esta responsabilidad patrimonial prescribirá en cuatro años. abarcaría. el criterio orientador para la protección de las garantías constitucionales por actos del Ministerio Público. ya que en su artículo 5º dispone que: “El Estado será responsable por las conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público. Esta interrogante no ha sido debidamente desarrollada a nivel de jurisprudencia por la Excma. la honra. etc. usualmente. no obstará a la responsabilidad que pudiese afectar al fiscal o funcionario que produjo el daño.
si se obra de la manera reprochada. para adoptar una decisión (Dorn. “Conducción de una investigación con absoluta prescindencia del respeto y vigencia de las garantías individuales de un tercero afectados con la misma”. con apego a las formalidades legales. Por otra parte. La segunda. podría concluirse que las actuaciones del Ministerio Público quebrantaron el margen legal de tolerancia en dos hipótesis. 2012). en un momento dado. como se dijo. pero que sin embargo carecen del más mínimo vínculo de lógica y racionalidad a la luz de los antecedentes que obran en la investigación” En este punto habría que señalar que esta responsabilidad del Estado es para aquellos casos en que la vulneración resulta patente y evidente. pudiendo cualquier mente normal haberse representado que. criterio que debe amoldarse a la información que el fiscal dispone. la actuación cuestionada no parece lógica ni racional. el artículo 160 del Código Procesal Penal dispone: “Se presumirá de derecho la existencia del perjuicio si la infracción hubiere impedido el . Ahora. De acuerdo con lo anterior. “la Realización de diligencias que infringen un perjuicio evidente a un tercero. sino que por el contrario es negligente y temeraria. 2012). La magnitud de la responsabilidad del Estado por los actos del Ministerio Público estaría representada por aquellas actuaciones francamente temerarias o arbitrarias. se conculcaría el ejercicio de una garantía constitucional (Dorn. … actuaciones decretadas por el Ministerio Público que carezcan de un vínculo mínimo de lógica y racionalidad dentro del contexto de los antecedentes que obran en la investigación. la primera.
Pero más aún. en relaciona a la dignidad humana. e imprecisa. honra. o en las demás leyes de la República” Por último. Sentencia de 18 de agosto de 2000. principio base de todo el ordenamiento jurídico relativo a los derechos fundamentales. Fondo. Perú. hay que agregar que la falta de servicio dice relación con el anormal funcionamiento del órgano del Estado. derecho a mi salud psíquica. Así. todos ellos establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile. o actuó pero equivocadamente. carente de limites soportable. en el Caso Cantoral Benavides Vs. Caso Castillo Páez Vs. Serie C Nº 34 . produjo que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no actuaran en concordancia con la dignidad inherente al ser humano. Ahora como consecuencia de este error se afectaron mis derechos a la intimidad. Por otra parte. Fondo.pleno ejercicio de las garantías y de los derechos reconocidos en la Constitución. Fondo. o actuando lo hizo pero tardíamente. Serie C No. el derecho de propiedad. basta leer lo señalado en el 4 Corte IDH. en cuanto a su objetivo. Perú. a mi situación vivida. el actuar antes mencionado ha violentado mi dignidad como ser humano. generando en todas hipótesis un daño a un sujeto no obligado a soportar el daño. para reparar el trato indignante recibido. inviolabilidad de mi hogar. sea porque no actuó. 69. la orden al ser errada en su relación lógica con los afectados. Sentencia de 3 de noviembre de 1997.4 En efecto basta aplicar lo que ha dicho la Corte IDH. considerado base de la institucionalidad conforme al artículo 1º de la Constitución Política. Reparaciones y Costas.
ya sean físicos o mentales. de fecha 10 de diciembre de 1984 y ratificada por Chile el 23 de diciembre de 1999. mediante resolución 39/46. amenazar a alguien con torturarle puede constituir. Este considerando expresa que: “La Corte Europea de Derechos Humanos ha establecido que es suficiente el mero peligro de que vaya a cometerse alguna de las conductas prohibidas por el artículo 3 de la Convención Europea para que pueda considerarse infringida la mencionada disposición. a efectos de determinar si se ha violado el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos. en determinadas circunstancias.considerando 102 de dicha sentencia para concluirlo. por lo menos un "trato inhumano". con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión. de castigarla por un acto que haya cometido. A los efectos de la presente Convención. o de intimidar o coaccionar a . En concordancia con ello. promulgao por la “CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES. aunque el riesgo de que se trata debe ser real e inmediato.” Este artículo 3 de la convención europea de derechos humanos señala que: “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes” Por su parte el decreto 808. Ese mismo Tribunal ha estimado que debe tomarse en cuenta. INHUMANOS O DEGRADANTES”. es su artículo 1º señala que: “. o se sospeche que ha cometido. no sólo el sufrimiento físico sino también la angustia moral. adoptada por la asamblea general de la organización de las Naciones Unidas. se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves.
cuando dichos dolores o sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas. termina por adecuar los hechos a la categoría jurídica de tortura en los términos del tratado contra la tortura. Ahora la sola interrupción de PDI en mi domicilio arguyendo orden de fiscal en la forma antes descrita se apega con claridad a la definición de tortura. En efecto el hecho de haber ingresado la PDI en la forma que lo hizo. o con su consentimiento o aquiescencia. Agregando en su artículo 2º. Esta convención y su contenido desde el 30 de septiembre de 1988. de fecha 26 de junio de 1987. y ratificado por Chile el 30 de septiembre de 1988. . la amenaza de cárcel ya implica un sufrimiento intenso para una persona humilde como yo.esa persona o a otras. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas. principalmente por quien los provocó en su inicio. El solo requerimiento de información bajo esa amenaza grave si no colaborábamos entregando la droga o a un sujeto que no conocíamos (tratando de obtener información). don Patricio Espinoza Valenzuela. en los términos del Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles. o que sean inherentes o incidentales a éstas”. numeral 3 que: “No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura”. el señor fiscal. . encapuchados y armados. rompiendo puertas y bienes trasforma el hecho en algo grave. Inhumanos o Degradantes. a instigación suya. o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. tiene vigencia en Chile con rango constitucional y por ello debió ser evitada por los funcionarios del Estado.
Arica. todo ello con intereses. ambos representados para estos efectos por el Consejo de Defensa del Estado 5.Copia ordinario Nª 236 de fecha 28 de julio de 2016.POR TANTO. 3. en atención a los hechos expuesto y los fundamentos de derechos ya razonados RUEGO A US se sirva tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio en contra del Estado de Chile y el Fisco de Chile.Copia Sentencia 1 de agosto de 2016. o lo que US. debidamente reajustado según el IPC (Índice del Precio al Consumidor). en la causa Rol P – 518. representado por doña Mirtha Morales Mollo.Daño material o emergente: 500. .Copia de escrito de informe del señor fiscal adjunto de Arica.Daño Moral: 150..000 (ciento cincuenta millones de pesos). y con expresa condenación en costas.2016 Protección. 5 Ver Boletín Nª 50399 de la Contraloría General de la República de fecha 23/06/2015. con domicilio en calle 7 de junio Nº 280. don Carlos Eltit Ortega. sede Arica. acogerla a tramitación y condenar al Estado y Fisco de Chile al pago de los siguientes conceptos y sumas: 1. por acto cometidos por el órgano denominado Ministerio Público de Chile.000 (quinientos mil pesos) 2. ya individualizada... 3 piso. se sirva tener por acompañado los siguientes documentos: 1.. 2. EN EL PRIMER OTROSÍ: Ruego a US. estime prudente..000.
.Copia de constancia autorización verbal de la orden de ingreso y búsqueda. EN EL TERCER OTROSÍ: Ruego a US se sirva tener presente que designo abogado patrocinante y confiero poder a don JUAN ROJAS PASTÉN. en su calidad de Fiscal Regional. y a quien doy todas y cada una de las facultades señaladas en el artículo séptimo. piso 10. Complejo habitacional Abel Garibaldi. mediante correo electrónico EN EL SEGUNDO OTROSÍ: Ruego a US se sirva ordenar la notificación de la presente demanda al Ministerio Público. Edificio Emelari. ambos incisos del Código de Procedimiento Civil. Arica. solicito se notifique a doña Javiera López Ossandón. Para el cumplimiento de esta solicitud y siempre que su señoría acceda a ello.. 5. con domicilio para estos efectos en calle Baquedano 731. con domicilio para estos efectos en calle Managua 2403. abogado.. a modo de emplazamiento al presente juicio. Arica.4.Copia de la solicitud de autorización de ingreso y búsqueda.
205. Arica. 208. CONSTANCIA ORDEN VERBAL En causa RUC 1500873807-3.2015. 222 y siguientes del Código Procesal Penal. el Juez de Garantía que suscribe. deja constancia que se ha autorizado al Fiscal Adjunto don PATRICIO MANUEL ESPINOZA GONZÁLEZ. ANDREA ILIGARAY LLANOS Juez de Garantía de Arica . conforme los antecedentes y fundamentos que se señala en correo electrónico que se adjunta. quince de julio de dos mil dieciséis. revisión de registros y comunicaciones telefónicas. 207. 127. RIT 6504 . 209. de conformidad a lo dispuesto en los artículos: 9. detención verbal. orden de entrada y registro e incautación.
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e contrario
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