Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2015/05/28/no-procede-la-pretension-de-responsabilizar-a-la-demandada-en-los-terminos-del-art-30-de-la-lct-por-el-solo-hecho-de-pagarle-un-canon-locativo/
Timestamp: 2020-08-06 13:08:18+00:00

Document:
No procede la pretensión de responsabilizar a la demandada en los términos del art. 30 de la LCT por el solo hecho de pagarle un canon locativo. – AL DÍA | ARGENTINA
Ed. Microjuris.com Argentina	en 28 mayo 2015
Partes: Santos María José c/ C & J S.R.L. y Cencosud S.A. s/ cobro de pesos e indemnización de ley
Cita: MJ-JU-M-92006-AR | MJJ92006 | MJJ92006
Improcedencia de la pretensión de la actora de responsabilizar a la demandada en los términos del art. 30 de la LCT por el solo hecho de pagarle un canon locativo.
1.-Cabe mantener el rechazo de la extensión de responsabilidad en los términos del art. 30 LCT, pues la actividad desarrollada por la codemandada consiste en el alquiler de locales existentes en los centros comerciales o shoppings construidos o adquiridos por ella, y la única vinculación existente con la accionada -dedicada a la comercialización de productos- es el alquiler de uno de los referidos locales contra el pago de un canon locativo, por lo que no cabe inferir que aquélla haya cedido parte de una explotación habilitada a su nombre, o que hubiera subcontratado otros trabajos que hicieran a su actividad principal.
2.-Debe desestimarse el pedido de aplicación del art. 31 LCT fornulado por la actora, pues no se observa en la causa la existencia de un grupo económico de carácter permanente , así como tampoco observo la existencia de las maniobras fraudulentas o la conducción temeraria denunciadas, siendo que la incorrecta registración y la falta de pago de los salarios no constituyen estos supuestos de hecho requeridos por la norma.
3.-Resulta inadmisible la pretensión del actor de responsabilizar a la sociedad controlante en los términos de art. 1113 CCiv, por las obligaciones laborales de la controlada, pues constituye un recaudo ineludible para que pueda darse este tipo de responsabilidad indirecta la existencia de una relación de dependencia entre el comitente o principal, que habrá de resultar civilmente responsable, y el autor directo del daño.
4.- En base a la definición de subcontratación que el nuevo Código Civil y Comercial establece, no hay en el caso subcontratación alguna, ya que no hay derivación de situaciones del contrato suscripto entre el shopping y la demandada, hacia el que la demandada suscribiera con su empleada; y se menciona al nuevo Código Civil y Comercial, recientemente sancionado por Ley 26994, pese a que entrará a regir hasta recién dentro de algo más de un año, porque el mismo permite ya captar la intención del legislador actual, lo que sirve como pauta de comparación y, como en este caso, de reafirmación de criterios.
5.- El hecho de que el inmueble esté ubicado en un shopping center y que el contrato tenga ciertas características peculiares que lo distinguen de una locación común, por ejemplo que el precio del contrato se integre en parte con una suma fija y en parte con un porcentaje del producido del local, no muta la esencia del contrato de la locación hacia la sociedad.
En la ciudad de Trelew, a los 13 días de noviembre del año dos mil catorce, se reúne la Sala “A” de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos A. Velázquez y la presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Natalia I. Spoturno y Marcelo J. López Mesa, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: “SANTOS, María José c/ C & J S.R.L. y CENCOSUD S.A. s/ Cobro de Pesos e Indemnización de Ley” (Expte. 241 – Año 2014 CAT), venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 198.
I. Que a fs. 135/139 el juez de primera instancia dictó sentencia haciendo lugar en todas sus partes a la demanda entablada por María José Santos contra C & J SRL, condenado a esta última al pago de $ 74.865,20 con más intereses y costas a cargo de la demandada. Asimismo desestimó en todas sus partes el reclamo formulado por María José Santos contra CENCOSUD S.A. imponiendo las costas por esta parte del reclamo a la actora perdidosa.
II. La sentencia fue apelada por la parte actora a fs. 141, recurso concedido a fs. 142 y sostenido a fs. 143/147. Corrido el pertinente traslado se presentó a contestar agravios CENCOSUD S.A. a fs. 150/153. La parte actora en sus agravios solicitó la apertura a prueba en la Alzada, pedido que fue rechazado mediante SIL 24/2014. Frente a este rechazo la parte actora solicitó a este cuerpo se ordene la medida de prueba omitida en el grado como medida para mejor proveer, medida que se ordenó mediante SIL 25/2014. La parte demandada y como respuesta a la medida para mejor proveer ordenada presentó copia del contrato que la vincula con C & J SRL.La presentación efectuada por la demandada fue parcial por cuanto omitió presentar anexos del contrato en cuestión, situación que motivó el dictado de la SIL 28/2014 que dispuso que la omisión en que incurrió la demanda podría ser tenida como una presunción en su contra al momento de dictar sentencia definitiva.
Firmes las sentencias interlocutorias dictadas así como también el llamado de autos para sentencia de fs. 197, ingresaré al tratamiento de los agravios propuestos por la parte actora.
III. En primer lugar debo aclarar que no habiendo sido apelada la sentencia por la demandada C & J SRL, la sentencia arriba firme a esta alzada con relación a la misma.
La parte actora centra sus agravios en el rechazo de la demanda contra CENCOSUD S.A. y para hacerlo presenta tres quejas:
1. Afirma que el juez a quo efectuó un examen harto superficial del caso. Dice llamarle la atención la falta de sensibilidad del juez laboral al resolver la cuestión denunciando arbitrariedad manifiesta en la sentencia de grado. Asegura que estando demostrado que Cencosud alquila y administra los locales comerciales del shopping por expreso reconocimiento de la propietaria del shopping, debió el sentenciante aplicar la doctrina de las cargas probatorias dinámicas por cuanto quien estaba en mejor condición de demostrar la real vinculación entre las empresas demandadas era Cencosud SA. Asegura que aplicando esta doctrina se hubiera llegado a entender la mecánica contractual entre las demandadas y en consecuencia se hubiera llegado a la aplicación de los arts. 30 y 31 de la LCT y 1113 del CC. Reconoce en su agravio que la actividad comercial de ambas empresas es diferente pero que de ello no debe concluirse en la inaplicabilidad al caso del art. 30 de la LCT. Asegura que el sentenciante de grado debió inferir que entre ambas demandadas existía una red de intereses pues se trata de un comercio ubicado dentro de un shopping. Dice textualmente y en negrita:”Desconocer esta realidad, como lo hizo el juez de grado, es precisamente negar la realidad negocial actual en este tipo de contratos”. Se explaya sobre los beneficios adicionales para ambas partes del contrato. Invoca una fuerte injerencia por parte del titular del shopping sobre el local que explota C & J SRL. Asegura que surge palmario que Cencosud SA terceriza, lucra, se beneficia pero pretende no asumir responsabilidades. Asegura que Cencosud SA se benefició con la prestación desarrollada tanto por C & J SRL como por Santos, razón por la cual corresponde la aplicación del art. 30 LCT. Finaliza su agravio citando jurisprudencia de la Cámara Nacional del Trabajo y de la CSJN.
2. El segundo agravio apunta contra la falta de aplicación por parte del juez del grado anterior de la solidaridad regulada por el art. 31 de la LCT. Observa en su agravio poco apego por parte del sentenciante por indagar la real relación entre las codemandadas. Denuncia la existencia de maniobras fraudulentas en los términos de la norma citada y en respaldo de su afirmación remite a la existencia de ítems salariales e indemnizatorios que prosperaron en la sentencia. Denuncia también conducción temeraria por incumplimiento de las normas laborales y de la seguridad social. Cuestiona la falta de tratamiento por el juez de grado de lo previsto por el art. 33 de la Ley 19550 y transcribe (resaltado y en negrita) parte de la norma que dice: “Ejerza una influencia dominante. por los especiales vínculos existentes entre las sociedades”. Hace referencia a la “influencia dominante” con cita de doctrina y se queja concretamente por la falta de tratamiento de esta cuestión así como también de cómo funcionaba en profundidad el negocio comercial entre las demandadas.3) El tercer agravio está dirigido a la falta de aplicación en la sentencia de grado del art. 1113 del Código Civil. La actora sostiene que esta norma resulta de aplicación y que el ordenamiento jurídico debe aplicarse en su totalidad y no parcializar la aplicación en las normas laborales.Transcribe textualmente la parte de la norma que considera aplicable: “.la obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia.”. Concluye afirmando que C & J SRL es dependiente en los términos del art. 1113 del Código Civil de Cencosud SA. Dice que como C & J SRL es dependiente de Cencosud SA, ésta última debe responder por los daños que cause C & J SRL a terceros entre los que se encontrarían los trabajadores cuando no se respetan sus derechos. Finaliza su agravio efectuando una lista de las cuestiones de hecho que indicarían la existencia del control, vigilancia y facultad de intervención por parte de Cencosud SA sobre C & J SRL.
IV. Por razones metodológicas trataré los agravios en el orden en que fueron expresados aunque los tres se refieren a lo mismo: la posibilidad en el presente caso de condenar solidariamente a Cencosud SA por las consecuencias de la relación laboral habida entre C & J SRL y María José Santos.
V. Art. 30 LCT: En el primer agravio la actora se explaya describiendo los motivos por los cuales debería aplicarse ?en su opinión? la solidaridad prevista en el art. 30 de la LCT. Luego de una atenta lectura tanto del agravio como de la demanda, observo que el agravio no logra atravesar la valla impuesta por el art. 280 del CPCC que prohíbe al tribunal de alzada fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia. Y tal limitación me impide ingresar en el tratamiento del agravio tal como ha sido planteado. La actora describe en este agravio situaciones de hecho que no fueron planteadas en la primera instancia. Y esta omisión al momento de demandar no puede ser suplida con el contrato agregado en autos como producto de la medida para mejor proveer dictada.Y digo esto porque del contrato agregado surge simplemente el tipo de contrato que vinculó a las dos demandadas pero nada dice de la injerencia o facultades de control que tendría Cencosud SA sobre C & J SRL. Si bien es cierto que podría aplicarse la doctrina de las cargas probatorias dinámicas ?decisión que corresponde tomar al juez de grado o a la alzada?, esta doctrina no resulta de aplicación a la presente causa ya que no cumplió la parte actora con la carga procesal de alegar los hechos que podrían habilitar la aplicación del art. 30 de la LCT y esta omisión no puede ser suplida en la alzada. Es que la alegación de los hechos que sustentan la pretensión es necesariamente anterior a su prueba. Y no puede haber prueba sin invocación de hechos. Por ello, mal podría haber aplicado el sentenciante de grado la doctrina de las cargas probatorias dinámicas para tener por probados hechos que no fueron invocados en la demanda. La única cuestión probada (tanto por haber sido reconocido expresamente por Cencosud SA como por surgir del contrato agregado en esta alzada) es que C & J SRL como contraprestación por el uso del local comercial abonaba a Cencosud SA una suma fija y también un porcentaje de las ganancias. Sin embargo el juez de grado luego de referirse a la falta de prueba por parte de la actora textualmente afirmó: “Parecería interpretarse de ello que los locatarios de los locales abonarían un porcentaje de las ganancias obtenidas en la comercialización de los productos vendidos en los mismos, nada de ello ha sido acreditado y aunque se hubiera demostrado que el canon locativo consistía en el pago de un porcentaje de las utilidades en nada cambiaría la cuestión”. Pues bien, con la prueba producida en esta instancia se demostró efectivamente que el canon locativo consistía en el pago de una suma fija y también en el pago de un porcentaje sobre la facturación.Por ello y aunque el juez de grado admitió la falta de prueba dijo que aunque se demostrara el componente del canon locativo no cambiaría su opinión sobre la aplicación al caso del art. 30 de la LCT. idéntica conclusión arribó la Cámara Nacional del Trabajo al decir: “La actividad desarrollada por la codemandada consiste en el alquiler de locales existentes en los centros comerciales o “shoppings” co nstruidos o adquiridos por ella, y la única vinculación existente con Ritail S.R.L. -dedicada a la comercialización de prendas de vestir y accesorios- es el alquiler de uno de los referidos locales contra el pago de un canon locativo. Empero, de ello en modo alguno puede inferirse que aquella haya cedido parte de una explotación habilitada a su nombre, o que hubiera subcontratado otros trabajos que hicieran a su actividad principal.” (Cruceli, Carolina Micaela vs. Ritail S.R.L. y otro s. Despido- 17/09/2013- Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala IV – Boletín de Jurisprudencia de la CNTrab. – RC J 18507/13).
Y en un caso de similares aristas que el presente, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dijo: “Tal como la normativa del art. 30 LCT lo establece para que nazca la responsabilidad solidaria de una empresa por las obligaciones laborales de la otra, debe existir una unidad técnica de ejecución. Así, la actividad que desarrolla la codemandada Shopping Alto Palermo S.A., consiste en el alquiler de locales existentes en centros comerciales o “shoppings”, que fueran construidos o adquiridos por la misma, sin que tenga injerencia la actividad de la otra codemandada Sepia Beauty S.A., dedicada a la comercialización de productos de belleza. Siendo la única vinculación entre ambos sujetos codemandados la locación de un local, Shopping Alto Palermo S.A. no resulta solidariamente responsable en los términos del art. 30, LCT, frente a la actora”. (Fiszman, Tamara vs. Sepia Beauty S.A. y otro s.Despido-30/06/2009 – Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala VIII – Boletín de Jurisprudencia de la CNTrab. – RC J 4186/09). Por lo expuesto, y dado que al demandar la parte actora invocó como fundamento de la solidaridad prevista en el art. 30 de la LCT la modalidad del pago del canon locativo es que este agravio deberá rechazarse. Los demás fundamentos de hecho que ensaya en los agravios no fueron sometidos a consideración del juez de grado ?además de no haber sido probados? razón por la cual me está vedado considerarlos en esta instancia pues hacerlo implicaría violar el principio de congruencia.
Por lo expuesto propongo al acuerdo el rechazo del primer agravio intentado por la parte actora.
VI. Art. 31 LCT: El segundo agravio expresado por la actora también será rechazado en caso de compartirse mi opinión. Es que el art. 31 de la LCT se refiere al caso de empresas subordinadas o relacionadas en las que media una suerte de “control” de una sobre la otra. En coincidencia con lo resuelto en el grado, entiendo que no se da en autos los presupuestos fácticos para la aplicación de esta norma. No observo en la causa la existencia de un “grupo económico de carácter permanente” así como tampoco observo la existencia de las “maniobras fraudulentas” o la “conducción temeraria” denunciadas. Considero que no asiste razón a la actora cuando afirma que la incorrecta registración y la falta de pago de los salarios constituyan estos supuestos de hecho requeridos por la norma.
El art. 31 de la LCT se refiere a dos supuestos diferentes: al conjunto económico de carácter permanente y al control de empresas. Analizando los hechos invocados y probados observo que no se da en autos ninguno de los dos supuestos.
La actora solicita en su demanda y lo sostiene luego en sus agravios que la cuestión se encare desde el control de las sociedades comerciales aplicando la Ley 19550 invocando como sustento la dependencia económica. El art. 33 de la Ley de Sociedades dice:”Se consideran sociedades controladas aquellas en que otra sociedad, en forma directa o por intermedio de otra sociedad a su vez controlada: 1) Posea participación, por cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las reuniones sociales o asambleas ordinarias; 2) Ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas, o por los especiales vínculos existentes entre las sociedades”. Entiendo que no se da en autos ninguno de los dos supuestos previstos en la norma. La influencia dominante como consecuencia de los especiales vínculos existentes entre las sociedades que la actora pretende se aplique en la especie no es tal. No alcanza para configurar el “control” previsto en la norma bajo análisis las meras alegaciones. Esta influencia dominante debe ser debidamente invocada y luego probada. Solamente de esa forma podría considerarse la aplicación de la solidaridad prevista en el art. 31 de la LCT.
Por lar razones expuestas propongo al acuerdo el rechazo del segundo agravio expresado por la actora.
VII. Art. 1113 Código Civil: En este agravio la parte actora insiste con la aplicación del art. 1113 del CC. Para hacerlo sostiene que C & J SRL sería “dependiente” de CENCOSUD S.A. y que en consecuencia estaríamos frente a un caso de daños causados por el dependiente. Este agravio, tal como fue planteado, también deberá rechazarse de compartirse mi opinión.
Constituye un recaudo ineludible para que pueda darse este tipo de responsabilidad indirecta, la existencia de una relación de dependencia entre el comitente o principal, que habrá de resultar civilmente responsable, y el autor directo del daño (CNCiv., Sala B, 29-4-80, “Pared Robles c. Lectoure Boxing Club”, E.D. 88-815; Capel. De Azul, 30-6-80, “Caja Jubilaciones Personal Banco Provincia de Buenos Aires c. Canale”, D.J.B.A. 119-68; ST de Ente Ríos, Sala Civ. Com., 13-4-94, “Actis de Salamanca c. Foos”, J.A.1995-II-245). Por lo que, si en el caso dado no concurre este requisito, no habrá de quedar comprometida la responsabilidad del principal (CNCiv., Sala C, 29-9-81, “Surrey SA c. Cicar SA”, E.D. 96-336) (Félix A. Trigo Represas en “Responsabilidad de los dependientes” – Revista de Derecho de Daños 2007-3 – Pág.37). De modo alguno puede considerarse que medió en autos una relación de dependencia en los términos previstos en el art. 1113 del Código Civil de modo que la norma no resulta de aplicación.
Sin perjuicio de lo expuesto y tal como fuera señalado por el juez de grado, estamos frente a regímenes jurídicos independientes. En caso de darse algún supuesto de responsabilidad solidaria, debería serlo en el marco de las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo que no se dan en el presente caso.
Considero que con estos fundamentos alcanza para rechazar el tercer y último agravio ensayado por la actora contra la sentencia de grado.
VIII. Por lo expuesto, y de ser compartida por mis colegas la solución que propongo, deberá confirmarse en todas sus partes la sentencia apelada, imponiendo las costas de alzada a la actora vencida (art. 57 Ley XIV-1 y 69 del CPCC).
En cuanto a los honorarios profesionales propongo que se regulen los correspondientes al Dr. Diego Eduardo Ferreyra en el 29% de los que le fueran determinados en la instancia anterior. Considero que este porcentaje se justifican en atención a la extensión, mérito, calidad y resultado de las tareas cumplidas en esta instancia (arts. 5, 6, 8, 9, 13, 18 y 46, Ley XIII N° 4).
En cambio, no se regularán honorarios al letrado apoderado de la parte actora por haber sido condenada en costas y existir en autos un pacto de cuota litis homologado (art. 4, tercer párrafo in fine de la Ley XIII N° 4).
Por los fundamentos expuestos, me pronuncio en esta cuestión entonces POR LA AFIRMATIVA.A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez de Cámara, Doctor Marcelo López Mesa, expresó:
Que las cuestiones fácticas han sido suficientemente referidas por la colega de primer voto, motivo por el cual no abundaré en ellas, dando por reproducidos aquí los desarrollos efectuados al respecto por la Dra. Spoturno. Me concretaré, para el sustento individual de mi voto, a analizar los aspectos relevantes traídos a revisión de esta Sala.-
Antes de ingresar al tratamiento de la cuestión que debe aquí resolverse es dable advertir liminarmente que encuentro que el escrito de sostenimiento del recurso de fs. 143/147 y la presentación que los letrados del actor hicieran en esta Sala, han sido excesivamente enfáticos -al límite de lo admisible- en el cuestionamiento del fallo de grado y carecen, además, de fundamentos objetivos que validen sus estridentes afirmaciones, las que se enarbolan sobre la base de opiniones -incluso en algún caso peregrinas- antes que en argumentos conducentes, razonables, objetivos y verificables. Sería deseable que, en presentaciones sucesivas, moderen el léxico y el uso de adjetivos calificativos, robusteciendo a la par la crítica concreta y razonada de los fallos apelados, que el ordenamiento procesal exige como umbral de admisibilidad del ataque.
Es más, no encuentro en el fallo impugnado los serios vicios que apodícticamente le señala la parte apelante.Todo lo contrario, revisando detenidamente la causa coincido con lo resuelto por el señor juez de grado, que ha redactado un voto sustancialmente correcto y argumentalmente proporcionado al caso y a los hechos del caso, en rigor atinente al punto aquí traído a revisión, que es la viabilidad en este caso particular y concreto de extender la condena solidaria firme de la accionada a Cencosud SA, derivada de las consecuencias de la relación laboral habida entre C & J SRL y la actora María José Santos.
Ingresando al tratamiento de la cuestión traída, creo menester deslindar el terreno en que se enmarca esta litis, dado que la parte actora ha enmarañado el tema discutido con argumentaciones incluso contradictorias entre sí, lo que exige una nivelación del terreno, previa a construir el decisorio.
Lo que la apelante persigue es la extensión de una responsabilidad a una tercera persona jurídica -un shopping-, la que se pretende que responda solidariamente de los actos de la demandada C & J SRL. Conceptualmente esta pretensión debe encuadrarse como un supuesto de responsabilidad refleja o por el hecho ajeno.
Situándonos en el ámbito de la responsabilidad refleja, indirecta, de rebote o por el hecho ajeno, debe esclarecerse en primer lugar que se trata de una responsabilidad rigurosamente típica, encapsulada en los diversos supuestos que el derecho vigente prevé, como que no existe en el derecho argentino vigente un principio general de responsabilidad por el hecho ajeno.
Para ponerlo en palabras llanas, esta responsabilidad indirecta, refleja o de rebote, surge cuando alguien debe responder por un hecho ajeno, debido a que existe una relación de segundo grado con la víctima; en estos casos, la relación básica de la víctima con el responsable primario se ve extendida a un tercero, ajeno a la relación primigenia.
Tal responsabilidad ha sido llamada responsabilidad compleja por otra doctrina.El maestro PEIRANO FACIO ha escrito que “Por oposición al tipo de responsabilidad por hecho propio, también llamada simple, el derecho moderno conoce otro tipo de responsabilidades denominadas responsabilidades complejas, y considera incluidas dentro de tal categoría las llamadas responsabilidades por hecho ajeno o por hecho de las cosas. En principio, debe entenderse que el hombre sólo responde por los daños que causa directamente con su hecho personal, y que para que responda de otro modo es preciso una razón jurídica específica” (PEIRANO FACIO, Jorge, “Responsabilidad extracontractual”, Edit. La Ley, Buenos Aires, 2010, p. 657).
El Código Civil sienta en el artículo 1109 la regla general de que está obligado a reparar el perjuicio quien, por su culpa e imprudencia, cause un daño a otro; pero añade luego, en el artículo 1113 primera parte, que: “La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia.”, norma ésta esgrimida por la apelante, malgré que es inaplicable en el caso, ya que esa norma no se aplica a personas jurídicas vinculadas comercialmente, sino en todo caso a personas físicas bajo dependencia, aún entendiendo el concepto de dependencia en el más laxo de los sentidos admisibles.
Regla general, la primera (art. 1109) y excepción, la segunda (art. 1113 primer párrafo), conforman ambas un sistema que debe interpretarse globalmente y explicarse diciendo que lo ordinario o normal es que cada quien responda por sus hechos propios o personales; es más, la doctrina prácticamente mayoritaria y más prestigiosa ha entendido que la responsabilidad por el hecho de otro constituye una responsabilidad extraordinaria o excepcional (MOSSET ITURRASPE, Jorge, “Servicios dependientes e independientes y autónomos”, La Ley, 1987-E-228; BOFFI BOGGERO, Tratado Obligaciones, T. 5, p. 596. § 1987; ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, “La responsabilidad del principal por el hecho del dependiente”, Ed. Ábaco, Bs. As., 1980, p. 76, Nº 9-B; PARELLADA, Carlos, “Responsabilidad y dependencia”, en “Derecho de Daños”, primera parte, Homenaje al Prof.Mosset Iturraspe, TRIGO REPRESAS-STIGLITZ, directores, Ed. La Rocca, Bs. As., 1996, p. 456; CAZEAUX, Pedro – TRIGO REPRESAS, Félix, Derecho de las Obligaciones, Ed. Platense, La Plata, 1996, T. V, pp. 17 y ss., Nº 2559; TRIGO REPRESAS- LÓPEZ MESA, “Tratado de la responsabilidad civil”, Edit. La Ley, Buenos Aires, 2ª edic., 2011, T. IV, pp. 796 y ss.; ALBALADEJO, Manuel, Derecho Civil II. Derecho de Obligaciones, 11ª edic., Bosch, Barcelona, 2002, p. 952, Nº 1, etc.).
En la jurisprudencia nacional también se ha seguido el criterio de la excepcionalidad de la responsabilidad por el hecho ajeno, sosteniéndose que ella es de carácter excepcional por cuanto lo normal es que cada uno sólo responda de las consecuencias de su propia conducta (C. Nac. Civ., Sala D, 10/2/99, “Estalles, José M. c. 17 de Agosto Cía. de Transportes Línea 26”, en La Ley, 1999-F-133 y en RCyS, T. 1999, p. 871).
Debe aclararse que la excepcionalidad de esta clase de responsabilidad no es una ocurrencia nuestra, sino que surge de la interpretación coherente y sistemática del Código Civil. Es más, la Corte de Casación francesa sostiene el mismo criterio respecto del Código Napoleón, que tiene normas muy similares a las nuestras en esta materia (Cfr. JOURDAIN, Patrice, ” La responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’article 1384, alinéa 1er, du code civil est une responsabilité de plein droit “, Recueil Dalloz 1997, Jurisprudence, p. 496).
Esta concepción de la excepcionalidad de la responsabilidad indirecta -y, lo que es lo mismo, de la extensión de la responsabilidad a un tercero-, no constituye una abstracción o una disquisición baldía, sino que la asignación de tal carácter lleva implícitas importantes consecuencias prácticas.
Por caso, de su carácter excepcional, se sigue que la responsabilidad por el hecho ajeno se reduce a los casos previstos en la ley, pues no puede interpretarse extensivamente o por analogía un supuesto de excepción (en este sentido, dicen RIPERT & BOULANGER que “la enumeración legal es limitativa.No se puede agregar ninguna persona a la lista de las que son enumeradas” por la norma (RIPERT & BOULANGER, Tratado de Derecho Civil según el Tratado de Planiol, cit., T. V, p. 160 Nº 1093; TRIGO REPRESAS- LÓPEZ MESA, “Tratado de la responsabilidad civil”, Edit. La Ley, Buenos Aires, 2ª edic., 2011, T. IV, pp. 796 y ss.).
En este sentido, con acierto, se ha dicho jurisprudencialmente que “La responsabilidad civil indirecta no es extensible a cualquiera: alcanza sólo a aquellos que la ley hace responsables en razón de cierta situación jurídica (Cám. 1ª CC Córdoba, 14/5/92, “Ledezma Luna Com. S.R.L. c. Ramos Hnos. S.A.”, LLC, 1993737).
Es dable recordar que, como se dijo en un voto, dado que la responsabilidad por hecho ajeno constituye un régimen excepcional que deroga parcialmente los principios del sistema de responsabilidad, las normas atinentes a la materia deben ser interpretadas de manera estricta (C. Fed. Comodoro Rivadavia, 23/09/2004, “Bischof, Antonio G. v. Albistur Ojeda, Juan y otro”, JA 2005-I-278, disidencia de la Dra. Corchuelo de Huberman).
En este sentido, en el específico continente del derecho laboral y puntualmente del art. 30 de la LCT ha dicho Ricardo FOGLIA que “la solidaridad es un mecanismo legal (también puede ser convencional) de responsabilidad y que constituye una excepción al principio general de la responsabilidad por los propios actos. Por ello su aplicación es restrictiva, restricción que comienza desde sus bases ya que el art. 701 del Código Civiil señala que la misma debe ser expresa e inequívoca. Dicha excepción es particularmente intensa cuando la misma es de fuente legal” (FOGLIA, R., nota al art. 30 LCT, en RODRÍGUEZ MANCINI, Jorge (Director), “Ley de Contrato de Trabajo. Comentada, anotada y concordada”, Edit. La Ley, Buenos Aires, 2004, T. II, p. 296).
En similar senda, ALTAMIRA GIGENA sostiene la aplicabilidad del art. 30 LCT a las dos situaciones que el mismo expresamente contempla y a ninguna otra, diciendo que “son dos los tipos de vinculación interempresaria previstos:1) la cesión total o parcial de un establecimiento o explotación; y 2) la contratación o subcontratación de trabajos o servicios que hagan a la actividad normal y específica propia de un establecimiento.” (ALTAMIRA GIGENA, Julio (Director), “Ley de contrato de trabajo. Comentada y concordada”, Edit. Errepar, Buenos Aires, 2010, T. I, p. 211).
También se aprecia esta tendencia restrictiva hacia la responsabilidad refleja del empresario en un lúcido voto del Dr. Lorenzetti en sentencia de la Corte Suprema del 29/5/07 dictada en la causa F 1258 XXXIX in re “Fiorentino, Roxana c/ Socialmed SA y otro”).
La cuestión va incluso más allá del propio Código Civil: el art. 1109 del Código de Vélez establece un principio general de la responsabilidad por el hecho propio que ilumina como un sol el ordenamiento jurídico argentino en su totalidad; de tal modo, las normas del propio Código Civil, como las de otros ordenamientos -como la LCT- se relacionan con dicho principio general como los rayos de una rueda, que giran en torno al principio, estableciendo excepciones puntuales a él, los que se limitan a los contemplados por el legislador, no pudiendo los casos ser ampliados por vía de inducción interpretativa ni de conjetura judicial. Lo contrario implicaría olvidarse de la seguridad jurídica, amén de contrariar el principio general establecido en el art. 19 de la Constitución nacional de que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda.
Ahora bien, cómo debe interpretarse la norma específica que consagra la extensión de responsabilidad que la actora esgrime, el art. 30 LCT. Al efecto, es del caso recordar nuevamente el voto del Dr. Lorenzetti en sentencia de la Corte Suprema del 29/5/07 dictada en la causa F 1258 XXXIX in re “Fiorentino, Roxana c/ Socialmed SA y otro”), en donde se dejó sentado que el fundamento del art.30 de la Ley de Contrato de Trabajo es el principio protectorio de los derechos del trabajador, que recepta la Constitución Nacional y ha sido aplicado reiteradamente por esta Corte (Fallos: 315: 1059, 1216; 316:3187; 319:3040; 327:3677, 3753, 4607, entre muchos otros). La referida tutela se concreta, en este caso, en una regla de derecho que establece la solidaridad obligacional pasiva, con la finalidad de ampliar la garantía respecto del crédito del dependiente. 8°) Que la norma citada establece un primer requisito que es la existencia de un supuesto delimitado por subcontratación o contratación de trabajos o servicios que correspondan a su actividad normal y específica. En consecuencia, en el presente caso, no se trata de la cesión total o parcial del establecimiento ni tampoco de subcontrato, sino de la simple contratación de servicios prestados por un tercero. En la cesión del establecimiento se trata de una modificación subjetiva por cambio de la figura del empleador, pero los créditos y deudas se transmiten como una posición contractual global, lo que justifica la solidaridad pasiva del cedente y del cesionario. En el subcontrato, hay un contrato principal y uno de rivado lo que permite al acreedor del subcontratista accionar contra el deudor del contrato principal, dada la coincidencia de objetos y dependencia unilateral”.
Se agregó luego en el voto del Dr. Lorenzetti que “en cambio, cuando se trata de un contrato que celebra una parte con otra, la regla es que no hay acción directa de los empleados la segunda respecto de la primera, porque se aplica el principio del efecto relativo. Las múltiples contrataciones que puede realizar una empresa con terceros, están sujetas a la responsabilidad limitada que deriva de lo pactado entre ellos y de la circunstancia de que ningún acuerdo que celebre una de ellas con terceros puede perjudicarla (art. 1195 del Código Civil). La interpretación estricta de esa norma es clara toda vez que es una excepción a la regla general del derecho común.Pero también dentro del sistema de la propia ley laboral, es evidente que el citado art. 30 contempla supuestos que guardan cierta analogía, y por ello es necesario interpretar que la contratación en el caso de una actividad normal y específica, debe tener alguna relación con los supuestos de subcontrato, es decir, con actividades propias que se delegan con dependencia unilateral. La lógica de esta norma es evidente, ya que no es posible responsabilizar a un sujeto por las deudas laborales que tengan las empresas que contrate, aunque los bienes o servicios sean necesarios o coadyuvantes para la actividad que desempeñe, porque en tal caso habría de responder por las deudas laborales de los proveedores de luz, teléfono, aire acondicionado, informática, publicidad, servicios educativos, alimentación, vigilancia, gerenciamiento, y muchos otros. Una interpretación laxa borraría toda frontera entre la delegación laboral, en la que la predomina el control sobre el hacer de la persona, con los vínculos de colaboración gestoria, en los que el control, aunque existe, es sobre la prestación. La subordinación jurídica, económica y técnica de la trabajadora se dan, en el caso, respecto del prestador del servicio quien, por otra parte, es el titular del interés, lo que es claramente diferente de la delegación gestoría en la que no se da ninguno de esos elementos”.
Y sigue diciendo el voto citado que “por lo tanto, en los supuestos de contratos con terceros, la solidaridad se produce cuando se trata de una actividad normal y específica, entendiéndose por tal aquélla inherente al proceso productivo. Esta calificación es relevante y no ha sido precisada por el fallo en recurso, con lo cual extendió ilegítimamente la interpretación, ya que subsumió en la regla un supuesto de hecho no previsto por ella.9°) Que la mencionada interpretación estricta que lleva a la conclusión de que la prestación de servicios . para que surja la solidaridad, debe existir una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratista, conforme a la implícita remisión que hace la norma en debate al art. 6 del mismo ordenamiento laboral (Fallos: 316:713, 1609; 318:366, 1382; 319:1114; 322:440; 323:2552)”.
Se agregó allí que “a ello, cabe añadir que la regulación legal no implica que todo empresario deba responder por las relaciones laborales que tengan todos aquellos otros empresarios con quienes establece contratos que hacen a la cadena de comercialización -ya se trate de bienes o servicios-, máxime frente a la gran variedad de contratos que se generan actualmente en el seno de las relaciones interempresariales y el vasto campo comercial de las relaciones que así se manifiestan. Puede señalarse, a modo de ejemplo, los contratos de concesión, distribución, franquicia, “engineering”, fabricación de partes, accesorios, etc, etc. y su posterior venta, entre muchos otros (Fallos: 306:712, 1609). Esta interpretación además, es coherente con todo el sistema de derecho vigente, ya que no hay responsabilidad más allá de los límites señalados. 10) Que la exégesis que se sostiene no desvirtúa los propósitos protectorios de la norma legal. Ello es así, porque la protección del trabajador debe ser armonizada con otros bienes, valores y principios, como la propiedad, la seguridad jurídica y libertad de ejercer una industria licita. En este aspecto, la descentralización de actividades de la empresa es lícita en el ordenamiento jurídico argentino y constituye una de las opciones que tienen las empresas para decidir su organización. En cambio, las empresas no pueden desnaturalizar esta actividad mediante la utilización de figuras jurídicas simuladas, fraudulentas, o con una evidente conexidad que lleven a la frustración de los derechos del trabajador. Tampoco pueden, de acuerdo al art.30 de la Ley de Contrato de Trabajo, contratar sin controlar en los términos que fija la ley. En estos casos, los jueces deben procurar la defensa activa del crédito del trabajador, pero lo que no puede hacerse, porque no se ajusta a la Constitución, es transformar la excepción en regla y derivar responsabilidades automáticas por la sola presencia de un contrato con terceros” (cfr. voto del Dr. Lorenzetti en sentencia de la Corte Suprema del 29/5/07 dictada en la causa F 1258 XXXIX in re “Fiorentino, Roxana c/ Socialmed SA y otro”).
En autos se debate el alcance de un contrato de concesión del derecho de venta no exclusiva de ropa de determinada marca en un espacio asignado en un shopping, el que se encuentra agregado a fs. 170/187, lo que exige precisar su esencia o naturaleza jurídica. Anticipo, desde ya, que no se trata de una forma de sociedad en participación (cfr. ALVAREZ LARRONDO, Federico, “Contrato de shopping center”, Librería Editora Platense, La Plata, 2008, p. 82).
Abstrayendo peculiaridades no esenciales, en pos de extraer el núcleo o noúmeno del contrato de fs. 170/187, entiendo que la relación que unió a ambos demandados no es otra que un contrato de locación de un espacio y de autorización de una actividad prefijada en él.
En un agudo comentario a fallo se ha puntualizado con gran enjundia que “Desde nuestro punto de vista, el hecho de que las partes hayan voluntariamente pactado que el alquiler consista en un porcentaje determinado de la facturación del locatario no debería tener la virtualidad suficiente para modificar la naturaleza jurídica del contrato subyacente, el que no pierde su carácter esencial de vínculo locativo, aunque se haya sujetado el mismo a ciertas cláusulas particulares.Es cierto que el texto literal y la nota al artículo 1493 del Código Civil parecen venir en apoyo de la tesitura que sostiene la naturaleza asociativa de este tipo de contratos, pero en nuestra opinión la participación en un porcentaje de la facturación es básicamente un mecanismo de cálculo y percepción del alquiler emergente de un contrato de locación, que no debería ver alterada su esencia por la mera circunstancia de haberse pactado dicho mecanismo de cobro” (cfr. Mazzinghi, Marcos, “Responsabilidad de los locadores de inmuebles situados en shopping centres”, LA LEY 2008-B, 290).
Y se concluyó allí que “al comparar el contrato de locación con el de sociedad, el maestro Borda ha sostenido que “Aunque la distinción resulta por regla general tan obvia que es innecesario precisarla, hay un caso en que resulta dudosa la naturaleza del contrato: el locador entrega un inmueble a otra persona no ya por un precio fijo, sino cobrándole un porcentaje de la producción. Nuestro codificador lo consideraba como sociedad (nota al art. 1493), pero en el derecho moderno ha prevalecido la opinión de reputarlo locación y ese es el criterio de nuestra legislación sobre arrendamientos rurales”. En este mismo sentido, el autor citado no duda en sostener que la exigencia de que el precio de la locación sea pagadero en dinero obedece a una idea estrecha y anticuada que no se aviene con la concepción moderna de la locación, en la que basta con que el precio del alquiler sea determinado o determinable en dinero y perfectamente pagadero en especie, postura que estaría respaldada nada menos que por Planiol y Ripert y por Spota” (cfr.op y loc cit).
Es nuestra opinión, en consecuencia, que el hecho de que el inmueble esté ubicado en un shopping center y que el contrato tenga ciertas características peculiares que lo distinguen de una locación común, por ejemplo que el precio del contrato se integre en parte con una suma fija y en parte con un porcentaje del producido del local, no muta la esencia del contrato de la locación hacia la sociedad.
En autos ha quedado probado -y ha sido admitido incluso- que el precio del alquiler es compuesto por un rubro fijo y un rubro variable, pero ello no implica la configuración de ninguna situación captada por el art. 30 LCT, el que se refiere o comprende a “Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social.”.
En la situación descripta en el contrato glosado a autos a solicitud de la actora en esta instancia y de la prueba aquí colectada no surge que haya existido cesión alguna -total o parcial- del establecimiento o explotación habilitado a nombre de la demandada a otros, ni la contratación o subcontratación de trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, supuestos éstos que son los que caen dentro de la órbita de la norma citada. Se trata de una situación radicalmente distinta: un contrato que -más allá del nombre dado por las partes y en vista de su esencia y funcionalidad práctica- es ontológicamente un contrato de locación de un espacio físico, destinado a una finalidad preacordada.No hay aquí ni cesión de establecimiento ni subcontratación alguna, entendiendo por subcontrat ación lo que el nuevo Código Civil y Comercial entiende por tal en su art. 1069: “Definición. El subcontrato es un nuevo contrato mediante el cual el subcontratante crea a favor del subcontratado una nueva posición contractual derivada de la que aquél tiene en el contrato principal”.
Se menciona al nuevo Código Civil y Comercial, recientemente sancionado por Ley 26994, pese a que entrará a regir hasta recién dentro de algo más de un año, porque el mismo permite ya captar la intención del legislador actual, lo que sirve como pauta de comparación y, como en este caso, de reafirmación de criterios.
En base a la definición que el mismo establece de subcontratación no hay en el caso subcontratación alguna, ya que no hay derivación de situaciones del contrato suscripto entre el shopping y la demandada, hacia el que la demandada suscribiera con su empleada. La misma conclusión surge del voto del Dr. Lorenzetti ya reseñado suficientemente (cfr. caso F 1258 XXXIX “Fiorentino, Roxana c/ Socialmed SA y otro”, en sentencia de la Corte Suprema del 29/5/07).
Adscribo a la tesitura de que la solidaridad prevista en el art. 30 de la ley de contrato de trabajo persigue la frustración de maniobras fraudulentas tendientes a evitar la aplicación de las normas laborales. A su vez permite demandar a cualquiera de los deudores, previamente declarados tales a los que por la voluntad legislativa se decide imputarles responsabilidad en cuanto a las obligaciones resultantes del derecho del trabajo y de la seguridad social (C. Civil, Com. Laboral y Paz Letrada, Curuzú Cuatiá, 23/ 4/96′, “D.J.”, 1996-2- 501).
Es que, para admitir la existencia de la solidaridad prevista en el art. 30 de la ley de contrato de trabajo deben comprobarse rigurosamente los supuestos fácticos contenidos en él, o bien realizarse un escrutinio estricto de los recaudos legales (C. Civil, Com.Laboral y Paz Letrada, Curuzú Cuatiá, 23/ 4/96, “D.J.”, 1996-2- 501). Extremo este que en autos no se evidencia cumplido.
Amén de ello, participo del criterio de que “.no es lógico -hasta absurdo resultaría pensar- que el propietario de un inmueble, de objeto social muy distinto a las explotaciones que allí giran (vgr. cines, bares, restaurantes, venta de entradas de espectáculos, comercios de ropa y electrodomésticos, sesiones de cama solar, gimnasio, perfumería, etc.), tuviera que responder por todas y cada una de las obligaciones insatisfechas de sus locatarios, y que denotan que -por el carácter propio de la locación- es obvio y evidente que no se ha incurrido en derivación o “cesión” de parte de “establecimiento o explotación” propios al permitir prestar por un tercero, dentro de sus dependencias, cualquiera de las actividades referidas (CNAT, Sala VII, 9/8/2006, “Rodríguez, Norman Cristian c/ Lengas SRL y otro s/despido”, LA LEY 2006-F, 65; en similar sentido, ídem, Sala 1ª, 28/02/01,”Lazarte, María Esther c/ Dobrila SA. y otros s/ Despido” e ídem, 25/4/02, “García, Oscar Roberto y otro c/ Tomasino, Nilda Cármen y otro s/ Despido”).
Coincidimos con doctrina especializada que ha sostenido que “la circunstancia de que el canon locativo encuentra relación con la facturación del local no es elemento suficiente para decidir la extensión de la solidaridad al centro comercial”, siendo fundamental al efecto analizar la importancia que tiene el objeto social de la empresa al momento de establecer la procedencia o no de la responsabilidad solidaria estipulada en el artículo 30 de la LCT (cfr. Gabet, Emiliano A.- Gabet, Alejandro, “Responsabilidad solidaria del shopping center en el marco de un reclamo laboral”, en LA LEY 2011-B, 158). Y tal ponderación del objeto no ha sido hecha en el caso de autos por la actora, motivo por el cual la integración del precio del alquiler del local con un porcentaje de ganancias del locatario, no alcanza para justificar la extensión de responsabilidad peticionada por el apelante.Por otra parte, la apelante pretende ingresar en esta alzada en alegaciones que no ha realizado en la etapa procesal oportuna respecto de la aplicabilidad al caso del art. 30 LCT, lo que resulta inadmisible, como que aceptarlas implicaría vulnerar la regla prohibitiva del art. 280 CPCC, lo que manifiestamente no procede.
Todo ello basta para concluir en la necesaria inacogibilidad del primer agravio de la apelante.
En lo tocante al segundo agravio, relativo a la inaplicabilidad del art. 31 LCT, tampoco ha de ser mejor la suerte del recurso, dada la carencia de peso del argumento traído a su respecto.
La apelante persiste en este cuestionamiento en su actitud de afirmación enfática, adocenada, plagada de adjetivos calificativos, pero carente de fundamentos bastantes y certeros que pongan en crisis la sentencia de grado en el punto de impugnación.
Es más, el 31 LCT se refiere a casos que nada tienen que ver con el presente debate. El art. 31 LCT se aplica a supuestos en que una o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente, serán a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores y con los organismos de seguridad social, solidariamente responsables, cuando hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria.
En este caso particular y concreto que nos ocupa no se ha alegado, ni se ha acreditado que la accionada fuera controlada o dirigida de modo permanente por la dueña del shopping. A lo sumo, podrá existir control de la facturación del negocio de la locataria, pero a los efectos del pago correcto del precio del arriendo, pero no existe control de los actos societarios de ella, para utilizar a la persona jurídica como una máscara o artilugio para defraudar los derechos legítimos de un tercero, que es lo que el art. 31 L.C.T. encuadra bajo el concepto de control.Este concepto en la norma citada tiene un alcance técnico que lo separa del concepto vulgar y del concepto fáctico, que parece esgrimir la actora. Tampoco se ha probado que la vinculación comercial entre ambas constituye una maniobra fraudulenta para defraudar los derechos de la actora ni que la demandada haya incurrido en conducción temeraria. Lo acreditado en esta Litis está lejos de tales extremos, los que no pueden darse por probados sobre la base de simples deseos de la apelante.
La plataforma fáctica del presente caso es decididamente ajena al supuesto del art. 31 LCT, no constituyendo la accionada y Cencosud SA un “grupo económico de carácter permanente”.
Es más, el propio contrato de concesión agregado a la causa a fs. 170/187 a petición de la actora establece un plazo de duración de cuatro años de la vinculación. A fs. 173, en el art. 4º del contrato debatido en autos se lee textualmente: “el plazo de vigencia de la concesión se pacta en cuarenta y ocho (48) meses, al vencimiento del cual terminará indefectiblemente”. Ello, más allá de cualquier otro debate elimina el carácter de permanente de la vinculación comercial, lo que ya basta para hacer a un lado esta norma en el presente caso.
Bien ha dicho sobre el art. 31 L.C.T. el maestro SARDEGNA que “Se trata aquí de los conglomerados económicos; conjuntos éstos de particular proyección .en el orden civil o comercial, pero que en el ámbito laboral sólo deberán apreciarse en función de conductas fraudulentas o maliciosas tendientes a eludir las obligaciones laborales. Cuando las empresas vinculadas constituyan un conjunto económico permanente, todas son solidariamente responsables por las obligaciones de cada una de ellas con respecto a sus trabajadores dependientes, pero, reiteramos, esto admite una condición: que hayan mediado en el caso maniobras fraudulentas o conducción temeraria. En su defecto, no” (SARDEGNA, Miguel Angel, “LEY DE CONTRATO DE TRABAJO Y SUS REFORMAS. COMENTADA – ANOTADA – CONCORDADA”, 7ª edic., Edit. Universidad, Buenos Aires, 1999, p.202).
Y no se encuentra probado en el caso de autos un uso disfuncional de la vinculación comercial para defraudar los derechos de la actora, con el empleo de figuras irreales, utilizadas arteramente.
Ello así, procede el rechazo del agravio.
Por último, en cuanto al agravio relativo a la marginación del empleo en el caso del art. 1113 CC, sobre la base del curioso argumento de la apelante de que C & J SRL sería “dependiente” de CENCOSUD S.A., lo que nos colocaría en la situación de daños causados por el dependiente, el apelante ha echado mano de argumentos de dudoso acierto y que, además, resultan inaplicables al caso.
Como esta Sala dejó sentado en un caso, muchas veces no es fácil distinguir la inclusión o exclusión de la dependencia laboral, lo que exige al intérprete un análisis circunstanciado en cada caso a efectos de constatar si se dan las notas tipificantes de esa dependencia (cfr. Esta Sala, 12/2/2009, “Colil, V. c/ Patagonia Stone S.A. s/ Cobro de pesos – laboral” (Expte. n° 251 – año: 2008), voto del suscripto).
Analizando en este caso concreto y sin preconceptos, tal dependencia no se encuentra acreditada, sino que surge de afirmaciones apodícticas de la actora, carentes de prueba que las valide, no pudiendo entonces tenerse por probado que medió en autos una relación de dependencia en los términos previstos en el art. 1113 CC, razón por la cual no cabe aplicar esta norma al caso.
Por otra parte, echar mano a disposiciones del Código Civil en materias que tienen nomrativa propia, como la Ley 20744, constituye una alegación inconducente, ya que solamente se puede aplicar tal normativa cuando la específica carezca de previsiones y no como refuerzo o argumento paralelo a los que pudiera suministrar el derecho específicamente aplicable al caso.La alegación promiscua de argumentos que se anulan o compiten entre sí, y sin la precisión necesaria para demostrar la aplicabilidad al caso de cada uno, en vez de afirmar o fortalece r la posición de la apelante termina debilitándola, como ocurre en este caso.
Ello, dado que la normativa específica del ordenamiento laboral -arts. 30 y 31 LCT- cierra el paso a la invocación de la norma civil que esgrime el apelante, la que constituye una regla inaplicable al caso.
Por tales fundamentos, habré de acompañar la propuesta de la colega preopinante de confirmar el decisorio apelado en cuanto ha sido materia de recurso y agravios.
Las costas correspondientes a esta instancia habrán de cargarse a la actora apelante en su totalidad, dado su neto carácter de vencida en esta instancia (cfr. art. 57, Ley XIV, Nro. 1 y 69 CPCC).
En lo tocante a los estipendios curiales generados en la alzada, procede determinar los emolumentos correspondientes al Dr. Diego Eduardo Ferreyra en el 29 % de los que le fueran determinados en la instancia anterior. Considero que este porcentaje se alinea con la extensión, mérito, calidad y resultado de sus tareas cumplidas en la alzada (arts. 5, 6, 8, 13, 18 y 46, Ley XIII N° 4).-
Pero no serán determinados estipendios al letrado de la parte actora dado que al ser ésta condenada en costas y existir pacto de cuota litis homologado en autos (art. 4, tercer párrafo in fine de la Ley XIII N° 4), no procede tal regulación.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Spoturno expresó:
Ante el acuerdo alcanzado, el pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente:
1) CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia apelada.
2) IMPONER las costas de segunda instancia al actor vencido en la alzada.
3) REGULAR los honorarios correspondientes al Dr. Diego Eduardo Ferreyra en el 29% de los honorarios determinados en la instancia anterior. NO REGULAR honorarios profesionales en esta instancia al Dr.Sebastián Ibañez González, letrado apoderado de la actora en virtud del pacto de cuota litis homologado a fs. 13.
4) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.
En vista del acuerdo arribado precedentemente, el pronunciamiento que corresponde dictar es el que propone la Dra. Spoturno en su voto a esta cuestión.
Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (Art. 8º Ley V Nº 17).
Trelew, 13 de noviembre de 2014.
CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia apelada.
IMPONER las costas de segunda instancia al actor vencido en la alzada.
REGULAR los honorarios correspondientes al Dr. Diego Eduardo Ferreyra en el 29% de los honorarios determinados en la instancia anterior.
NO REGULAR honorarios profesionales en esta instancia al Dr. Sebastián Ibáñez González, letrado apoderado de la actora en virtud del pacto de cuota litis homologado a fs. 13.
MARCELO J. LOPEZ MESA
NATALIA I. SPOTURNO
JUEZ DE CAMARA x
-REGISTRADA BAJO EL Nº 27 DE 2014 – SDL.- CONSTE.
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References: in fine
 artículo 1109
 artículo 1113
 artículo 1493
 artículo 30
in fine