Source: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2002/138/1
Timestamp: 2014-08-27 09:24:04+00:00

Document:
«LEY DE GESTION DE EMERGENCIAS EN ANDALUCIA
El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece la atribución a la Comunidad Autónoma de títulos competenciales relacionados con la gestión de emergencias en materias tales como la creación de un Cuerpo de Policía andaluza, artículo 14, sanidad, artículo 13.21, carreteras, artículo 13.10, o medio ambiente, artículo 15.7, entre otras. Resulta especialmente conveniente la adopción de una norma que aborde la gestión de las emergencias que pudieran producirse en el ámbito territorial de Andalucía, sin perjuicio, de una parte, de la normativa sectorial que pudiera incidir en la materia, y de otra de lo dispuesto en la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, especialmente en los aspectos relativos a la regulación de aquellas situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública declaradas de interés nacional.
Este es el papel desempeñado por la presente Ley, la cual consta de cinco Títulos, abordando, sucesivamente, una serie de disposiciones generales, la ordenación general de las
emergencias, los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento, un elenco de conductas infractoras y las sanciones correspondientes, y, por último, los cauces de financiación en materia de gestión de emergencias.
El Capítulo I del Título I, rubricado "Disposiciones
Generales", determina el objeto de la misma, su ámbito y finalidad. Parte del establecimiento de un sistema integrado de respuesta ante situaciones de emergencia que, sin ser
declaradas de interés nacional, determinen cuando menos la necesidad de adoptar especiales medidas de coordinación, supongan un especial trastorno social y requieran una actuación de carácter multisectorial.
El Capítulo II de dicho Título regula los derechos y deberes de los ciudadanos ante situaciones de emergencia y las condiciones para el ejercicio o cumplimiento de los mismos, así como las atribuciones en tal sentido de las Administraciones Públicas. Básicamente se garantiza el derecho a la información y
formación sobre los distintos riesgos que pudieran afectarles y las medidas a adoptar. Así mismo, se establece un deber general de colaboración matizado en su intensidad conforme a la naturaleza del destinatario de la disposición.
a) Escala Superior. Integrada por personal funcionario del Grupo A; realizará funciones de dirección y coordinación de las restantes Escalas, propuesta de planes y actuaciones para el desarrollo del servicio y aquéllas relacionadas con la
prevención y extinción de incendios y salvamento que resulten adecuadas a la titulación y preparación requerida para su acceso.
b) Escala Ejecutiva. Integrada por personal funcionario del Grupo B; realizará funciones de dirección y coordinación sobre la Escala Básica, y aquéllas relacionadas con la prevención y extinción de incendios y salvamento que resulten adecuadas a la titulación y preparación requerida para su acceso.
c) Escala Básica. Integrada por personal funcionario de los Grupos C y D; realizará las funciones operativas y de ejecución de las tareas de prevención y extinción de incendios y
salvamento que les sean encomendadas y, en su caso, la
dirección y supervisión del personal a su cargo.
2. La integración de las distintas Categorías profesionales en las correspondientes Escalas se determinará en las
disposiciones generales de desarrollo de la presente Ley.
Artículo 42. Segunda actividad. Ambito y naturaleza.
1. Las Administraciones Públicas competentes, al objeto de garantizar una adecuada aptitud psicofísica en la prestación de los servicios de prevención y extinción de incendios y
salvamento, establecerán la situación especial de segunda actividad, conforme a las necesidades y estructura de cada servicio.
2. El pase a la situación de segunda actividad vendrá
determinado por el cumplimiento de la edad de sesenta años para la Escala Directiva, de cincuenta y siete para la Escala Ejecutiva y de cincuenta y cinco para la Escala Básica, por embarazo, o por disminución de las aptitudes psicofísicas para el desempeño de funciones operativas.
3. La segunda actividad es una situación administrativa en la que se permanecerá hasta el pase a la jubilación u otra situación que no podrá ser la de servicio activo, salvo que el pase a la situación de segunda actividad se produzca como consecuencia de embarazo, o por pérdida de aptitudes
psicofísicas y las causas que las motivaron hayan desaparecido.
2. Los funcionarios en situación de segunda actividad estarán sujetos a idénticos regímenes disciplinarios y de
incompatibilidades que en servicio activo, salvo que desempeñen puestos en un servicio distinto al de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, en cuyo caso estarán sometidos al régimen general disciplinario de los funcionarios.
4. Las particularidades del régimen retributivo de los
funcionarios en situación de segunda actividad se desarrollarán reglamentariamente.
1. Pasarán a la situación de segunda actividad, sin la
limitación de edad establecida en esta Ley, aquellos
funcionarios de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento que tengan disminuidas las aptitudes físicas o psíquicas necesarias para el desempeño de las funciones operativas ante siniestros, conforme a dictamen de tribunal médico, y sin que dicha disminución constituya causa de incapacidad permanente. El procedimiento para el acceso a la situación de segunda actividad podrá iniciarse de oficio por los responsables del servicio, o a solicitud del interesado.
d) No acudir a las llamadas ante siniestros estando de
e) El embriagarse y consumir drogas tóxicas, estupefacientes y substancias psicotrópicas cuando repercuta o pueda repercutir en el servicio, así como negarse a las comprobaciones técnicas pertinentes.
b) El consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas,
estupefacientes y substancias psicotrópicas estando de
servicio, así como el negarse a las comprobaciones técnicas pertinentes.
4. Sin perjuicio de las establecidas en las disposiciones vigentes en materia de régimen disciplinario de los
funcionarios públicos, constituye falta leve:
5. En aquellos aspectos no previstos en la presente Ley, para la especificación, graduación y aplicación de las
correspondientes infracciones y sanciones, resultarán de aplicación las disposiciones reguladoras del régimen
disciplinario general de los funcionarios públicos, así como, en su caso, las disposiciones reglamentarias de desarrollo de la presente Ley. Para la graduación de las sanciones se atenderá en todo caso a los siguientes criterios:
2. En ningún caso disfrutarán de los derechos de los
funcionarios públicos o del personal laboral. Les será
suministrado el equipamiento adecuado para el desempeño de sus funciones, gozando de la cobertura de un seguro de accidentes y responsabilidad civil en el ejercicio de sus funciones, así como de una defensa jurídica adecuada en aquellos
procedimientos que pudieran plantearse como consecuencia de actuaciones derivadas del servicio. En todo caso, les resulta de aplicación las disposiciones del artículo 28 de la presente Ley, su normativa de desarrollo y, en su caso, el reglamento operativo aprobado por la Administración Pública de quien dependan y homologado por el Consejo Andaluz del Fuego.
2. El Consejo Andaluz del Fuego, integrado por representantes de la Administración de la Junta de Andalucía, de las entidades que integran la Administración Local y de los sindicatos más representativos en el ámbito de la Administración Local en la Comunidad Autónoma de Andalucía, tendrá la composición, estructura y régimen de funcionamiento que se determina en la presente Ley y en el Reglamento de desarrollo previsto en la Disposición Adicional Unica.
Artículo 49. Responsabilidad.Podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa en materia de gestión de emergencias las personas físicas y jurídicas responsables de los mismos, aun a título de simple
inobservancia, y conforme la tipificación, procedimiento, garantías y criterios establecidos en el presente Título y, en su defecto, en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
d) Incumplir los medios de comunicación social, las
obligaciones previstas en el apartado 3.º del artículo 5 de la presente Ley.
h) No adoptar los instrumentos de planificación preceptivos en materia de emergencia interior o autoprotección; no respetar el contenido mínimo establecido o, en su caso, el procedimiento previsto para su homologación. Así mismo, no efectuar la revisión de los planes de emergencia interior o de
autoprotección en el plazo previsto.
3. Son infracciones leves en materia de gestión de
emergencias las siguientes conductas:
a) No adoptar o no respetar, en su caso, las medidas e
instrucciones emanadas de la autoridad competente en la realización de simulacros.
a) Por infracciones muy graves, multa desde 150.000,01 hasta
4. En el caso de producirse conductas constitutivas de
infracción muy grave, que a su vez hayan causado un riesgo especial o alarma social, el titular de la Consejería
competente en materia de protección civil, bien a instancia propia o del Alcalde o Presidente de la Corporación Local en cuyo municipio radique la actividad, podrá, independientemente de la correspondiente sanción económica, ordenar el cierre de la instalación o suspensión de las actividades durante el período máximo en que persista la situación de riesgo y en tanto no se adopten las medidas correctoras precisas.
1. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias graves que afecten a la seguridad de las personas o de los bienes, podrá acordarse cautelarmente, tanto en el acuerdo de iniciación del procedimiento como durante su instrucción, la clausura
inmediata del establecimiento o precintado de sus instalaciones o suspensión de la actividad.
Unica. Reglamento del Consejo Andaluz del Fuego.
El Consejo de Gobierno aprobará en el plazo de un año el Reglamento de composición, organización y régimen de
funcionamiento del Consejo Andaluz del Fuego.
Primera. Régimen transitorio en materia de titulación
Segunda. Promoción interna. Dispensa de titulación.
Tercera. Valoración de la prestación de servicios laborales.
1. La prestación de servicios laborales no puede ser
considerada como mérito único para la adquisición de la condición de funcionario, ni tratándose de un contrato
temporal, para la adquisición de la condición de personal laboral de carácter indefinido, sin perjuicio en ambos casos de su posible reconocimiento y valoración en el correspondiente sistema selectivo.
3. La no superación de las pruebas previstas en el apartado anterior no implicará el cese del personal laboral fijo, quien pasará a desempeñar funciones similares a las del personal en situación de segunda actividad, sin menoscabo de sus derechos adquiridos, incluidas las expectativas de promoción
Cuarta. Cursos de formación.
El requisito de previa superación de un curso impartido u homologado por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía para acceder a la condición de personal funcionario de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, de bombero voluntario o de empresa, contemplado en los
artículos 40.3, 46.1 y 48.1 de la presente Ley, será exigible desde la publicación del correspondiente reglamento de
desarrollo, aprobado por la Consejería competente en materia de protección civil, en el que se establecerán los contenidos programáticos y condiciones para su realización u homologación.
Quinta. Acceso de los interinos existentes.
1. Los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento que con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley tengan bomberos con nombramiento interino podrán hacer uso, por una sola vez, del procedimiento de concurso- oposición por turno libre para su personal.
Sexta. Acceso del personal que ha realizado funciones
similares a las de Bomberos en servicios de emergencias organizados por las Entidades Locales.
Creado por la Administración titular del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento como sustitución de cualquier otro que existiera con anterioridad a la aprobación de la presente Ley, se empleará por una sola vez el
procedimiento selectivo de concurso-oposición libre para el personal que prestaba dicho servicio para encuadrarlo dentro de las nuevas categorías. Reglamentariamente se determinarán los méritos de la fase de concurso, en la que se valorará como mérito, entre otros, los servicios prestados como personal con funciones de bomberos dentro de la Administración titular del Servicio al que se opta.
disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.
Presidente de la Junta de Andalucía El Capítulo II del Título II aborda la gestión de emergencias de índole no catastrófica. Se establecen los procedimientos de actuación a través de la adopción de protocolos operativos, así como los mecanismos y órganos de información, para garantizar una respuesta acorde con los principios de eficacia y celeridad de los órganos y servicios llamados a intervenir.
El establecimiento en el Capítulo III del sistema de
coordinación integrada de urgencias y emergencias para el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía ofrece a los ciudadanos y entidades públicas y privadas el acceso mediante un número telefónico único a nivel europeo a los servicios públicos de urgencias y emergencias en los ámbitos sanitario, de prevención y extinción de incendios y salvamento, de seguridad ciudadana y de protección civil,
independientemente de la Administración Pública o entidad de quien dependan.
El Título III, sobre la prevención y extinción de incendios y salvamento, aborda, en dos capítulos, respectivamente, la definición y funciones de los servicios públicos de bomberos en Andalucía, el estatuto básico de su personal, con pleno respeto a las competencias de las Administraciones Públicas de quienes dependan en materia de autoorganización y dirección de sus propios servicios. De otra parte, se prevé la figura del agente de emergencia de empresa que, independientemente de la
titularidad pública o privada del servicio, desarrolla sus actuaciones en el ámbito de su centro de trabajo.
El Título IV establece un elenco de conductas infractoras, con expresión de las correspondientes sanciones, articulando el ejercicio de la potestad sancionadora en la materia, sin perjuicio de un posterior desarrollo en aquellos aspectos susceptibles de ser objeto de regulación de rango
2. Para llevar a cabo dichas acciones, las Administraciones Públicas establecerán un sistema integrado que dé respuesta a una efectiva coordinación, dirección y control de las
actuaciones necesarias, basado en la colaboración entre las mismas y, en su caso, con entidades de carácter privado y la ciudadanía en general.
3. Los ciudadanos mayores de edad podrán participar en las labores de protección civil mediante su adscripción a
Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil, así como otras formas de colaboración que reglamentariamente se establezcan.
1. En situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, los ciudadanos mayores de edad y las personas
jurídicas, públicas o privadas, tienen el deber de colaborar en las tareas de protección civil conforme a las instrucciones de las autoridades competentes, adoptadas en los términos
establecidos en la normativa de aplicación y, específicamente, en los correspondientes planes de emergencia.
Asimismo, deberán facilitar información a las autoridades competentes en las formas y con el contenido previsto en la normativa aplicable en cada caso y, con carácter general, acerca de aquellas circunstancias que puedan generar
3. Los medios de comunicación social, de titularidad pública o privada, en el marco de un deber general de colaboración con las autoridades de protección civil en las situaciones de emergencia reguladas por esta Ley, deben transmitir la
información, avisos e instrucciones para la población
facilitados por aquéllas, de forma prioritaria y gratuita, e indicando la autoridad de procedencia.
4. Ante situaciones de emergencia reguladas en el artículo 30 de la presente Ley, así como para la realización de simulacros, la Administración Pública competente podrá requerir la
colaboración de los ciudadanos, siempre de forma justificada y respetando el principio de proporcionalidad.
f) Ordenar la omisión de acciones y, en su caso, la prestación de servicios obligatorios de carácter personal. Dicha
prestación se realizará de forma proporcional a la situación creada y a las capacidades de cada cual, y no dará lugar, necesariamente, a indemnización.
1. Las Administraciones Públicas en el ámbito territorial de Andalucía y en el marco de sus competencias promoverán
actuaciones orientadas a la reducción de riesgos y a la prevención de catástrofes y calamidades públicas, con especial atención a la capacitación de los servicios operativos y a la formación y colaboración de la población para hacer frente a tales situaciones. Asimismo, velarán por el cumplimiento de las disposiciones normativas en la materia, ejercitando, en su caso, las potestades de inspección y sanción.
Artículo 10. Planificación.Los planes de emergencia
constituyen el instrumento normativo mediante el que se establece el marco orgánico y funcional, así como los
mecanismos de actuación y coordinación, ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Responden a la siguiente tipología:
Artículo 11. Evaluación de la planificación. Simulacros. La realización de simulacros que impliquen la intervención de distintos servicios operativos requerirá, en todo caso, la previa aprobación del correspondiente Plan de Emergencia, serán ordenados por la autoridad prevista en el mismo, y se
efectuarán conforme a las disposiciones en él contenidas.
4. La aprobación del Plan Territorial de Emergencia de
Andalucía corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de protección civil, previo informe de la Comisión de Protección Civil de Andalucía. A efectos de homologación, se estará a lo dispuesto en la normativa estatal.
5. Los planes específicos de emergencia serán aprobados por el órgano colegiado superior de la Administración Pública
competente por razón del ámbito territorial afectado.
Corresponde su homologación a la Comisión de Protección Civil de Andalucía, atendiendo a los criterios establecidos en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en el Plan
Territorial de Emergencia de Andalucía y, en todo caso, al contenido mínimo establecido en las correspondientes normas marco a que se refiere el apartado 2 del presente artículo.
Artículo 14. Planes de emergencia interior o de
1. Los planes de emergencia interior o de autoprotección son aquéllos que se elaboran por los titulares o responsables de centros e instalaciones que desarrollen actividades
consideradas generadoras de riesgos incluidas en el catálogo previsto en el artículo 9.2, o susceptibles de resultar afectadas por situaciones de emergencia, atendiendo a los criterios establecidos en la normativa específica que les resulte de aplicación, así como a las disposiciones y criterios establecidos en la presente Ley, sus disposiciones de
desarrollo y en el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía.
3. Los titulares o responsables de centros e instalaciones que desarrollen actividades consideradas generadoras de riesgos o susceptibles de resultar afectadas por situaciones de
emergencia deberán disponer de suficientes medios humanos y materiales para prevenir y hacer frente a las situaciones de emergencia que puedan producirse en el interior de las mismas.
La eventual adscripción de medios humanos y materiales de intervención de titularidad pública a los planes de emergencia o de autoprotección requerirá el acuerdo previo de la
Administración Pública titular del servicio, oídos los medios humanos y profesionales del respectivo centro o instalación en la elaboración del Plan de emergencia interior o de
4. Las autoridades de protección civil, competentes a tenor de lo dispuesto en la presente Ley, podrán ejercer facultades de inspección respecto de los centros e instalaciones a que se refiere el apartado primero del presente artículo, al objeto de comprobar la veracidad de la información aportada y la efectiva adopción de las medidas previstas en el plan de emergencia interior o de autoprotección, así como en la normativa
1. Tienen la consideración de planes sectoriales aplicables a situaciones de emergencia aquellos instrumentos de
planificación general previstos para la ordenación de un sector determinado de actividad que contengan disposiciones con incidencia en la materia objeto de la presente Ley.
2. Serán aprobados por la autoridad competente por razón de la materia, previo informe de la Comisión de Protección Civil de Andalucía, que versará sobre la adaptación del plan a lo dispuesto en la presente Ley, su normativa de desarrollo y, especialmente, en el Plan Territorial de Emergencia de
1. Ante una situación de grave riesgo o emergencia se
procederá, en su caso, a la activación del correspondiente plan de emergencia por la Autoridad competente prevista en el mismo. Si la evolución de la emergencia aconsejara la activación de un plan de emergencia de ámbito superior, se procederá a ello conforme los procedimientos establecidos en el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía y en los respectivos planes. La desactivación se llevará a cabo conforme al procedimiento establecido en el propio plan.
competencias, adoptarán las medidas tendentes a la
rehabilitación de los servicios esenciales cuando la carencia de estos servicios constituya por sí misma una situación de emergencia o perturbe el desarrollo de las operaciones, estableciendo los mecanismos precisos de coordinación
A tal fin se podrá constituir una Comisión de Rehabilitación, que centralizará el seguimiento de las actuaciones de
evaluación y rehabilitación. En aquellas emergencias declaradas de interés general de Andalucía, la constitución de la Comisión de Rehabilitación tendrá carácter preceptivo.
1. La actuación de las Administraciones Públicas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía se ajustará a lo previsto en el presente Capítulo, sin perjuicio de las disposiciones de la legislación estatal relativas a la configuración básica de un sistema nacional de protección civil y la normativa de régimen local.
2. En el ejercicio de sus propias competencias, las
Administraciones Públicas de Andalucía tienen el deber de colaborar en el desarrollo de actuaciones encaminadas a una adecuada gestión de las situaciones de emergencia. En las relaciones entre Administraciones, el contenido del deber de colaboración se desarrollará a través de los instrumentos y procedimientos que, de manera común y voluntaria, establezcan tales Administraciones Públicas.
Además de los mecanismos de coordinación previstos en la normativa de aplicación, en situación de activación de planes de emergencia serán el Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía y los Centros de Coordinación Operativa Locales los instrumentos a través de los cuales se canalizará la
coordinación entre los sujetos intervinientes.
3. Las Administraciones Públicas pueden solicitar a las demás cuanta información entiendan pueda afectar a materia de su competencia. En aquellas situaciones que pudieran trascender el ámbito de competencia de una Administración Pública, las actuaciones se desarrollarán a través de fórmulas de
coordinación y colaboración, sin perjuicio de que, en
situaciones de grave riesgo o emergencia, y con carácter provisional, se puedan realizar actuaciones que resulten imprescindibles para aminorar eventuales daños.
Artículo 19. La Administración de la Junta de Andalucía. Corresponde a los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en los siguientes artículos, dirigir, ordenar y coordinar la gestión de emergencias en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, con participación de todas las Consejerías, en atención a las competencias y funciones que tengan atribuidas.
d) Ejercer las facultades de sanción de acuerdo con lo
Artículo 21. El titular de la Consejería competente en
b) Dictar disposiciones de carácter general en el ámbito de sus competencias y ejecutar los Acuerdos que en materia de
protección civil dicte el Consejo de Gobierno.
d) Promover la elaboración del mapa de riesgos y catálogo de recursos movilizables, así como el Plan Territorial de
Emergencia de Andalucía y los planes especiales y específicos de emergencia.
j) Ejercer las facultades de inspección relativas al
cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley.
l) Ejercer las facultades de sanción de acuerdo con lo
Artículo 22. El Delegado del Gobierno de la Junta de
Andalucía en la provincia.
El Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, a efectos de lo previsto en esta Ley, es la máxima autoridad de Protección Civil en cada provincia y ejerce las funciones de dirección, coordinación, relación, ejecución, inspección y sanción que le sean atribuidas legal o reglamentariamente, y, en particular, la superior dirección de la estructura provincial de
coordinación de emergencias y la dirección de los planes de protección civil de su ámbito territorial.
1. Se crea el Centro de Coordinación de Emergencias de
Andalucía, adscrito a la Consejería competente en materia de protección civil, como centro de comunicaciones y gestión, dirigido al desarrollo de actuaciones coordinadas ante
emergencias; constituye un elemento fundamental en la gestión ante dichas situaciones, dando soporte a procedimientos de recepción, evaluación, activación, coordinación y dirección. En particular, le corresponden las siguientes funciones:
a) Recepción de informaciones predictivas y avisos de
Artículo 24. La Comisión de Protección Civil de Andalucía. La Comisión de Protección Civil de Andalucía es el órgano colegiado de carácter deliberante y consultivo, de
homologación, coordinación y participación de las
Administraciones Públicas en materia de protección civil.
Artículo 25. Entidades Locales de ámbito supramunicipal. Las entidades supramunicipales podrán crear y mantener
servicios operativos propios de prevención e intervención, desarrollar y ejecutar las directrices en materia de protección civil emanadas de los órganos competentes de la Administración de la Junta de Andalucía, así como ejercer aquellas funciones encomendadas por los municipios que integran su ámbito
territorial, todo ello sin perjuicio de la normativa de Régimen Local.
1. Los municipios participan en las tareas de protección civil con capacidad general de planificación y actuación,
correspondiéndoles:
2. El Alcalde-Presidente de la Corporación Local es la máxima autoridad de protección civil en el término municipal, pudiendo asumir la dirección de las emergencias según las disposiciones del Plan de Emergencia Municipal, en su caso, así como
solicitar el concurso de medios y recursos de otras
Administraciones Públicas y la activación de planes de ámbito superior.
1. Son servicios operativos aquéllos llamados a intervenir ante situaciones de emergencia. A tal fin, actuarán bajo la
supervisión de sus correspondientes departamentos y la superior dirección del plan de emergencia activado y las disposiciones de éste.
2. Los responsables de los servicios operativos deberán facilitar información a las autoridades de Protección Civil de la Comunidad Autónoma y entidades que integran la
Administración Local, acerca de la disponibilidad de sus medios y recursos, procedimientos de movilización, actuaciones en emergencias y cuantos extremos sean necesarios para la
confección, implantación, revisión y activación de planes de emergencia.
3. La Administración de la Junta de Andalucía y las entidades que integran la Administración Local podrán concertar cuantos acuerdos o convenios estimen convenientes con otras
Administraciones Públicas y entidades para la movilización de servicios operativos en caso de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
2. La Consejería competente en materia de protección civil regulará el Registro de Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil de Andalucía y establecerá los requisitos para la creación e inscripción de éstas, así como determinará los criterios de homologación en materia de formación,
equipamiento, distintivos y uniformidad.
A los efectos de esta Ley, tienen la consideración de
emergencias no catastróficas aquellas situaciones que, sin suponer grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, requieren para su gestión de actuaciones de carácter
multisectorial y adopción de especiales medidas de coordinación de los servicios operativos.
Las personas físicas o jurídicas de carácter público o privado radicadas en Andalucía, cuya actividad esté relacionada con la prevención, atención, socorro y seguridad de las personas y bienes, deben prestar su colaboración e información a los órganos competentes en la dirección y coordinación de
emergencias de la Administración de la Junta de Andalucía y, en su caso, entidades que integran la Administración Local.
1. Se faculta a la Consejería competente en materia de
protección civil para recabar información a las distintas Administraciones Públicas y, en su caso, a los responsables de los servicios operativos, acerca de sus recursos disponibles y actuaciones relacionadas con las situaciones objeto de este Capítulo. A tales efectos, el conjunto de las personas físicas o jurídicas de carácter público o privado, cuya actividad esté relacionada con actuaciones en emergencias, deberán prestar su colaboración a través del Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía u otros órganos designados por la Consejería competente en materia de protección civil, en relación a:
b) Comunicar la existencia de las situaciones de emergencia de las que tengan conocimiento, acerca de su origen,
características, evolución y finalización.
2. La Consejería competente en materia de protección civil promoverá la celebración de convenios de colaboración entre las distintas Administraciones Públicas y entidades titulares de servicios operativos susceptibles de intervenir en las
situaciones de emergencia previstas en este Capítulo, al objeto de desarrollar programas conjuntos e impulsar la elaboración e implantación de protocolos de coordinación operativa.
Artículo 34. Coordinación integrada de urgencias y
2. Para ello se desarrollará, en el ámbito territorial de Andalucía, un sistema de coordinación integrada de las demandas de urgencias y emergencias realizadas por ciudadanos y
entidades públicas y privadas que, a través del teléfono único europeo 112 u otro que la normativa europea pueda establecer, permita solicitar la asistencia de los servicios públicos en materia de asistencia sanitaria de urgencia, de extinción de incendios y salvamento, de seguridad ciudadana y protección civil, cualquiera que sea la Administración Pública o entidad de la que dependan. En este sentido, el sistema no comprende la prestación material de la asistencia requerida.
3. El Sistema de Coordinación Integrada de Urgencias y
Emergencias será compatible, en su caso, con otros servicios existentes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la atención de llamadas de urgencia de los ciudadanos.
4. Corresponde al titular de la Consejería competente en materia de protección civil la ordenación y superior dirección del Sistema de Coordinación Integrada de Urgencias y
2. El Sistema de Coordinación Integrada de Urgencias y
Emergencias se llevará a cabo por la Administración de la Junta de Andalucía en el régimen de gestión directa que
reglamentariamente se determine. Corresponde al titular de la Consejería competente en materia de protección civil la elaboración de las disposiciones de organización y
Son Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y
Salvamento aquéllos prestados por las Entidades Locales por sí solas o asociadas, en su respectivo ámbito territorial, que tienen como finalidad el desarrollo de las funciones previstas en el artículo 38 de la presente Ley.
f) Recabar y coordinar la actuación de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento fuera de su correspondiente ámbito de competencia territorial. En todo caso, serán de aplicación las disposiciones del artículo 18.4 de la presente Ley.
j) Crear la Unidad Canina de Rescate de Andalucía, adscrita a la Consejería competente en materia de protección civil, para la intervención en catástrofes tanto en Andalucía como en aquellos otros lugares donde pueda ser requerida. La Unidad Canina de Rescate de Andalucía podrá dotarse de los efectivos existentes en las Unidades Caninas de Rescate de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de
k) Homologar las Unidades Caninas de Rescate de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de
2. Para el desarrollo de las funciones descritas en el
apartado anterior, la Consejería competente en materia de protección civil establecerá los mecanismos de información y colaboración con las Administraciones Públicas afectadas, a través del Consejo Andaluz del Fuego.
c) Adopción de medidas excepcionales de protección y con carácter provisional hasta que se produzca la oportuna decisión de la autoridad competente, respetando en todo caso el

References: artículo 14
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 15

Artículo 42
 artículo 28

Artículo 49
 artículo 5
 artículo 30

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 14
 artículo 9

Artículo 19

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 34
 artículo 38
 artículo 18