Source: http://garciaconesa.blogspot.com/
Timestamp: 2017-02-20 15:28:15+00:00

Document:
Hoy se cumplen dos meses desde
que tomé posesión y no quería dejar pasar más tiempo sin publicar algo aquí, en
este viejo blog semiabandonado en el que tanto he escrito y que tanto significó
para mí en otros tiempos. Cuatro palabras resumen lo que siento: satisfacción,
gratitud, ilusión y responsabilidad.
Satisfacción, porque el trabajo
Gratitud, por las muchas personas
que han contribuido y van a contribuir con su esfuerzo y apoyo.
Ilusión, por todo lo bueno que
podemos hacer por nuestro municipio.
Responsabilidad, por las
dificultades que nos vamos a encontrar y por la necesidad de no cometer errores
cuyas consecuencias acabarían sufriendo nuestros vecinos.
Las elecciones municipales no deben verse como un partido de
fútbol, donde cada uno quiere que ganen "los suyos", aunque hayan
jugado mal
El PSOE de Fuente Álamo presenta un equipo consolidado, que
va a hacerlo bien y que será el de todos, porque con el cambio ganamos todos
En las páginas centrales de este boletín os presentamos la
candidatura que el PSOE de Fuente Álamo lleva a las elecciones municipales, que
se van a celebrar el 24 de mayo. Se trata de un equipo de gente preparada,
diversa y con ganas de asumir la responsabilidad del gobierno municipal en un
momento muy complicado para el Ayuntamiento.
Además, esta candidatura no es un equipo improvisado a
última hora para las elecciones: todo lo contrario. Se trata de un grupo
consolidado, que cuenta con el apoyo unánime de la agrupación local del PSOE y
que echó a andar hace 6 años, de la mano de Antonio Jesús García Conesa.
Desde entonces se ha desarrollado un intenso trabajo de
oposición, se han destapando numerosos errores e ilegalidades, se han planteado
alternativas y, sobre todo, se ha realizado un enorme esfuerzo para informar a
los ciudadanos a través de este boletín. Es mucho el trabajo previo que avala a
Sobran las razones para el cambio, empezando por la
desastrosa situación económica del Ayuntamiento y terminando por la parálisis
de un gobierno municipal agotado, tras demasiados años consecutivos en el
poder. Las elecciones no son un partido de fútbol pero, si lo fueran, bien
podría decirse que han jugado rematadamente mal. No vale decir "que ganen
los míos, aunque lo hayan hecho mal" como si de un Madrid-Barça se
El municipio necesita grandes y pequeñas soluciones para los
grandes y pequeños problemas que afectan al Ayuntamiento como institución, a
los vecinos, a las empresas... No va a ser fácil. Por esa razón, el PSOE no va
a realizar grandes promesas ni va a plantear en su programa fórmulas
milagrosas. La deuda municipal hay que pagarla, los convenios urbanísticos hay
que gestionarlos y los servicios básicos como recogida de basuras, limpieza
viaria, mantenimiento de parques y jardines o alumbrado público hay que mantenerlos
con unos estándares de calidad aceptables.
También hay que mantener y recuperar lo conseguido durante
estos 36 años de democracia: la oferta deportiva para niños y jóvenes es un
buen ejemplo, sin olvidar los servicios que necesitan los más vulnerables.
El 24 de mayo los ciudadanos deciden en una convocatoria donde el PSOE de Fuente Álamo concurrirá con un buen equipo de personas con preparación, ideas y, sobre todo, mucho trabajo previo. Un equipo para todos y para el cambio, que puedes considerar el tuyo.
Descárgate aquí el número especial de EnClavedeFA Publicado por
Aunque tengo el blog medio abandonado, como cada año quiero desde aquí desearos una Feliz Navidad y un próspero 2015, el año del cambio.
Como decía, tengo el blog "medio abandonado", pero estoy trabajando en una nueva web para mi candidatura a la Alcaldía de Fuente Álamo, que tendré preparada muy pronto y en la que iré planteando nuestras propuestas y compromisos, el equipo de la candidatura y, por supuesto, vuestras propuestas, preguntas y sugerencias. Estará abierta a vuestra participación.
1. Lo que propone el PP no es una auténtica «elección directa» de alcaldes
Elegir directamente al Alcalde
significa votar una candidatura uninominal con la persona que queremos que
ocupe tal cargo, y para eso es necesario hacerlo en urna aparte: en una se
votaría a los concejales y, en otra, al Alcalde. El PP está falseando el lenguaje
para conseguir apoyo a su medida. Lo que propone realmente no es una «elección
directa» de alcaldes, sino una prima de representación consistente en otorgar la
mitad más uno de los concejales al partido que, en ausencia de mayoría
absoluta, consiga el 40% de los votos, si le saca al menos 5 puntos de ventaja
a la segunda fuerza más votada. Este mecanismo, que fabrica artificialmente
mayorías absolutas donde no las hay, puede tener sus ventajas y sus
inconvenientes, pero no es una elección directa del Alcalde. Para discutir una
cuestión lo primero que hay que hacer es llamar a las cosas por su nombre.
2. La propuesta evita los «pactos contra natura», pero también impide los
«pactos pro natura»
Entrar a clasificar los pactos
políticos como «contra» o «pro» natura es asunto complicado y resbaladizo. Pero
podríamos aventurarnos a decir que un pacto «pro natura» sería aquel que,
atendiendo a una relativa afinidad ideológica y programática de los partidos,
es visto como previsible y razonable por una mayoría de electores. Un pacto
PP-VOX o uno PSOE-IU entrarían en esta definición. Pues bien, la propuesta del
PP acaba con la posibilidad de todos los pactos de gobierno, los previsibles y
los no previsibles; en definitiva, impide también aquellas coaliciones de
gobierno que podríamos considerar legítimas y razonables, especialmente cuando representan una voluntad mayoritaria de cambio expresada en las urnas por los ciudadanos.
3. El candidato más votado no siempre es el menos rechazado
La propuesta del PP parte de la
idea de que el candidato más votado es el que ostenta más legitimidad para
gobernar, aunque no haya obtenido la mitad más uno de los apoyos. Esto, que a
primera vista puede parecer indiscutible, tiene sus matices. El candidato más
votado no es necesariamente el menos rechazado (la paradoja de Condorcet). En
nuestro sistema, al elector sólo se le da la opción de votar a un partido, de
modo que no puede mostrar su orden de preferencia respecto del resto de
opciones. Así, un candidato que haya obtenido el 40% puede presentar mayor
nivel de rechazo entre los vecinos que otro que ha obtenido el 35%. Por eso,
puestos a cambiar el sistema para elegir de forma directa al Alcalde, es
imprescindible que o bien se permita expresar en la papeleta una segunda opción
(un voto preferencial que sólo se contaría si, con los votos
principales, ningún candidato obtiene la mayoría absoluta) o bien se celebre
una segunda vuelta con los dos candidatos más votados, si en la primera ninguno
obtiene la citada mayoría.
4. La propuesta no es coherente con el resto del sistema político español
Todavía no se ha dado el caso en
la democracia española, porque siempre ha gobernado el partido más votado (aunque a veces sin mayoría absoluta). Pero el Presidente del Gobierno (y también
los Presidentes de las Comunidades Autónomas) podría ser elegido por una coalición
de partidos minoritarios. Si esto es así, ¿por qué no puede ser elegido del
mismo modo un Alcalde? ¿Por qué aquello que vale y es legítimo para el Estado y
las Comunidades Autónomas no sirve para los municipios? Si hay respuesta a esta
pregunta, el PP debería darla.
5. ¿Hacia un modelo presidencialista en los Ayuntamientos?
La pregunta anterior nos lleva a
plantearnos qué sistema político queremos para los Ayuntamientos. España es una
monarquía parlamentaria y reproduce el sistema parlamentario en sus tres
niveles territoriales de gobierno: una cámara elegida directamente por los
ciudadanos elige, a su vez, al Jefe del Ejecutivo mediante voto de investidura.
En los Ayuntamientos, esa «cámara» es el Pleno y el «jefe del ejecutivo» es el
Alcalde. Una auténtica elección directa
del Alcalde (no lo que propone el PP) supondría instaurar un sistema
presidencialista en los Ayuntamientos. Pero debemos tener claro que «dos urnas,
dos legitimidades». Es decir, el Alcalde y el Pleno contarían con legitimidades
democráticas propias al haber sido ambos órganos elegidos directamente por los
ciudadanos. ¿Cómo resolvemos un eventual choque cuando el Alcalde sea de un
partido y la mayoría de concejales elegidos sea de otro? En tal caso, ¿cómo se
garantiza la gobernabilidad?, ¿cómo se aprueban los presupuestos? ¿Dotamos al
Alcalde de poderes excepcionales para aprobar presupuestos y ordenanzas contra
la voluntad mayoritaria del Pleno?, ¿le permitimos incluir en su equipo de gobierno a personas que no son
Son preguntas que requieren un
debate muy sosegado.
6. ¿Una reforma oportuna y necesaria?
Precisamente porque requieren un
debate sosegado, no es oportuno plantear una reforma del sistema electoral
municipal a escasos meses de las elecciones, y mucho menos sin el consenso del
principal partido de la oposición. Ni es oportuna ni tampoco puede
decirse que sea realmente necesaria. ¿Existe un problema generalizado de
gobernabilidad en los Ayuntamientos españoles? ¿Son frecuentes los pactos de
gobierno «contra natura» en nuestras corporaciones locales? ¿Hay mucha
corrupción vinculada a tales pactos? ¿Hay una preocupación ciudadana importante
en este asunto? La respuesta a todas estas preguntas es no. El Pacto
Antitransfuguismo de 1998 y las modificaciones legales introducidas para
prevenir conductas tránsfugas han dado sus frutos y, aunque siempre hay casos
(normalmente en municipios muy pequeños), no puede decirse que hoy en España
tengamos un problema serio y generalizado en esta materia.
¿Monarquía o república? En realidad importa poco. O mucho, según se mire. Ciertamente, desde un punto de vista teórico, una república con un Jefe de Estado elegido directamente por los ciudadanos satisfaría mejor las exigencias del principio democrático; pero en la práctica la forma del Estado no es en absoluto determinante a la hora de desarrollar políticas públicas conforme a una orientación ideológica y a un determinado programa apoyado mayoritariamente por el pueblo. Que el continente sea monárquico o republicano no condiciona el contenido político de un país. Puede haber crisis, corrupción y paro en una monarquía, y puede haberlos igualmente en una república. Con iguales facilidades o dificultades, en los dos sistemas se pueden desarrollar políticas progresistas o conservadoras. Y la regeneración de la vida pública y la mejora de la democracia pueden abordarse de la misma manera bajo uno u otro modelo.
Aunque es lógico que con la abdicación del Rey se haya reabierto el debate sobre la forma del Estado, conviene no confundir los términos. Tenemos una Constitución vigente que debe ser aplicada mientras no se reforme. Por tanto, la sucesión conforme al artículo 57 no puede quedar condicionada a la previa consulta en referéndum, porque esa posibilidad no existe actualmente. Además, la ley orgánica prevista en el apartado 5 de dicho artículo no es una ley general para la regulación de todos los casos de abdicación o renuncia, sino una ley ad hoc que debe ser aprobada para cada caso de abdicación o renuncia. Por eso la Constitución habla de «resolver» y no de «regular». Rechazar esa ley en las Cortes o en un hipotético referéndum vinculante sólo serviría para rechazar la abdicación del Rey, obligándolo a permanecer en el cargo. Votar en contra o a favor de esa ley orgánica no significa votar en contra o a favor de la monarquía: significa votar en contra o a favor de que el Rey «se jubile». Sin más.
En cualquier caso, la apertura de un proceso constituyente para modificar la forma del Estado en el marco de una nueva Constitución debe desvincularse del actual proceso sucesorio. Más que nada porque no existe fórmula jurídica para vincular ambos procesos. Ahora bien, si mañana hay una mayoría social que quiere la república, esto se traducirá en una mayoría parlamentaria de los partidos que lleven la república en su programa. Y con esa mayoría se abrirá un proceso de reforma/constituyente que cambiará la forma política del Estado. Nadie ha usurpado ni usurpará al pueblo su derecho a decidir sobre este asunto.
Pero volvamos al plano estrictamente político. El principal problema que tiene la causa republicana en España es que ha venido siendo una opción marcadamente ideológica, prácticamente monopolizada por «la izquierda más a la izquierda». Confundiendo continente y contenido, muchos republicanos españoles (yo diría que la mayoría) lo que pretenden es constitucionalizar su programa político, impulsados por el anhelo histórico, icónico y sentimental de la II República. De esta manera, excluyen automáticamente de su causa a media España y ponen a dudar a la mitad de la otra mitad. Y así no se puede, ni se debe.
En una democracia las reformas constitucionales y los procesos constituyentes (que no son exactamente lo mismo) sólo pueden abordarse con un gran consenso previo en las cuestiones esenciales. Ese consenso existió en la Transición para hacer de España una monarquía parlamentaria, y en ese consenso estuvo la izquierda española, aunque lo hiciera sin entusiasmo histórico, icónico y sentimental (reservándose por ello eso que se ha dado en llamar «alma republicana»). Pues bien, o ahora la derecha española se presta a un consenso republicano (aunque sea reservándose un «alma monárquica») o no será posible un cambio de modelo de Estado. Y, sinceramente, ese consenso ni lo veo ni lo espero a corto o medio plazo.
Pero hay otro problema de fondo. Algunos siguen empeñados en achacar los males de España a una Transición supuestamente imperfecta y a una monarquía supuestamente ilegítima que vician de raíz todo el régimen político. Vuelven a confundir el continente con el contenido, el envoltorio formal con la sustancia política, económica y social del país. Ciertamente hay que revisar la arquitectura institucional española, pero la república por sí sola no arreglaría nada, de la misma manera que la monarquía por sí sola no ha estropeado nada. Los problemas y las soluciones creo que son otros, pero en todo caso el pueblo decidirá. Eso sí: por los cauces establecidos. No cabe otra en democracia.
Algo más que «hacer cosas»
Después de 19 años en la Presidencia de la Comunidad Autónoma, Valcárcel se va (aunque mejor podría decirse que huye, a la vista de los problemas que nos deja). Es hora de hacer balance de su gestión y, como suele ocurrir en estos casos, es frecuente escuchar a quienes dicen que «ha hecho muchas cosas», en referencia a las obras púbicas realizadas durante su mandato: colegios, carreteras, hospitales… Y es cierto. Pero «hacer cosas» es algo relativamente sencillo. Lo decía hace años en un artículo en este blog:
Todos los políticos hacen cosas. Absolutamente todos. Todos los políticos manejan presupuestos, más o menos amplios, y todos se los gastan haciendo cosas. Hacen puentes, aceras, colegios, hospitales, autovías, pabellones, conciertos, festivales de teatro, museos, ponen farolas, asfaltan calles… Es relativamente sencillo y no tiene especial mérito: en la mayoría de casos basta con ejecutar el presupuesto. Pero hacer cosas, muchas cosas, no siempre es síntoma de buen gobierno. Para valorar a un político no sólo tienes que fijarte en cuánto hace. También es importante ver qué hace, cómo, a qué precio y con qué dinero.
Entonces ponía el foco en la eficiencia presupuestaria. Pero hoy quiero reflexionar sobre la eficacia de la gestión política del Partido Popular a la hora de transformar cualitativamente la Región de Murcia. Después de dos décadas —que es mucho tiempo— Murcia sigue en la misma o peor posición relativa dentro del conjunto de España. Casi todos los indicadores —PIB per cápita, salario medio, pensión media, tasa de desempleo, deuda pública…— nos dicen que, no sólo no hemos convergido con el resto del país, sino que en algunos aspectos incluso nos hemos distanciado, aumentando la brecha. Por otra parte, nuestra Región sigue presentando prácticamente las mismas debilidades estructurales que hace veinte años: de ahí que la crisis esté siendo aquí más virulenta que en otras Comunidades Autónomas. Se apostó por un modelo productivo basado en el turismo residencial que acabó orientado más a la cantidad que a la calidad; un modelo que con el estallido de la burbuja inmobiliaria se ha venido abajo estrepitosamente. Se bendijo la especulación como daño colateral —cuando no síntoma inevitable— de un hiperdesarrollismo económico que luego resultó tener los pies de barro porque la componente industrial era demasiado débil.
No basta con «hacer cosas» y no basta con hacerlas de buena fe. No vale con marcharte diciendo que te vas «con la conciencia tranquila». La responsabilidad política es objetiva, porque no depende de las intenciones sino de los resultados: si después de diecinueve años gobernando —¡diecinueve!— dejas la comunidad que gobiernas empantanada de problemas, el balance tiene que ser necesariamente negativo. Gobernar bien es algo más que «hacer cosas» ejecutando presupuestos. Es lograr mejoras cualitativas. Y eso Valcárcel no lo ha conseguido porque tomó un atajo que finalmente nos ha devuelto a la casilla de salida.
Democracia sin política (recomendable artículo de Daniel Innearity)
Es probablemente el mejor y más certero artículo sobre política que he leído en los últimos años. Podría reproducir algunas píldoras o hacer una sinopsis, pero es mejor leerlo entero directamente. Muy bueno y muy recomendable:
Daniel Innearity (El País, 28-2-2014)
2009-2014: Cinco años con EnClavedeFA
No ayer, pero parece que fue anteayer cuando salimos repartiendo el primer número de EnClavedeFA, ese boletín que puso en marcha el nuevo equipo —ya no tan nuevo— que cogió las riendas de la Agrupación Socialista de Fuente Álamo en noviembre de 2008. Un boletín que nació bimestral y que, cinco años después, sigue siendo realmente bimestral, con treinta números editados y completamente distribuidos sin haber fallado, ni habernos siquiera retrasado, ni una sola vez. Esa constancia brota del convencimiento de estar haciendo lo que se debe, lo que el municipio necesita, y de estar haciéndolo razonablemente bien. En un municipio sin medios de comunicación (más allá de los editados o subvencionados por el propio Ayuntamiento) y sin apenas cobertura en la prensa regional, la democracia local andaba coja en uno de sus pilares fundamentales: la información. Mientras esa gaceta frívola denominada La Villa al Día nos dibujaba un municipio paradisíaco, el Ayuntamiento se hundía en el déficit, la morosidad y el endeudamiento, tras años de mala gestión y gasto frenético.
Para ser una publicación de partido, creo humildemente que EnClavedeFA está siendo muy riguroso y objetivo. Contrastamos los datos —a veces hasta límites obsesivos— para no decir nada que no sea rigurosamente cierto. Algún error menor habremos podido cometer, pero desde luego en estos cinco años nadie ha podido decir que tal o cual titular fuera falso o que tal o cual noticia faltara a la verdad. No sólo hemos sido muy escrupulosos a la hora de decidir qué decíamos, sino que también hemos cuidado cómo lo decíamos, huyendo del lenguaje panfletario (tan frecuente en este tipo de publicaciones) y tratando a nuestros adversarios políticos con el respeto que todo ciudadano merece. Durante estos años he podido ver titulares de portada en periódicos como El Mundo, La Razón o incluso La Verdad mucho más parciales, tendenciosos y manipulativos que los de EnClavedeFA.
Debía de ser muy cómodo gobernar con la trastienda totalmente oculta. Sinceramente, creo que en la política municipal de Fuente Álamo ha habido un antes y un después de nuestro boletín: nunca antes los ciudadanos tuvieron tanta información y de forma tan continuada. Pero no ha sido fácil mantener este esfuerzo continuado durante cinco años. Estamos hablado de treinta números, a 4.000 ejemplares cada uno, lo que supone ya 120.000 boletines repartidos personalmente por militantes del PSOE de Fuente Álamo, casa a casa, buzón a buzón. Permitidme que diga que eso no lo hace cualquiera. EnClavedeFA es un mensajero, pero también es un mensaje en sí mismo.
Se trata de una iniciativa y de un esfuerzo necesarios, aunque no suficientes (en política, por definición, nunca nada es suficiente), pero al menos espero que nuestro trabajo esté siendo valorado por los vecinos. Digo «espero» porque, fuera de las urnas, trabajamos sin apenas feedback: nadie te dice «bien», nadie te dice «mal». Pero intuimos que nos leen y que nos creen. Por eso vamos a seguir, renovando en este quinto aniversario nuestro compromiso para continuar haciendo una buena oposición, para seguir dando una buena información y para plantear en 2015 una buena alternativa de cambio en el Ayuntamiento de Fuente Álamo, que falta hace ya. Entretanto… feliz 2014.
Un año más, y a pesar de lo poco que me asomo por aquí, no quería dejar de felicitaros la Navidad, con mis mejores deseos para el nuevo año que pronto comienza.
En este Día de la Constitución me gustaría recordar aquí el artículo 9 de nuestra Carta Magna:
No es muy conocido, ni es uno de los más citados, pero contiene previsiones esenciales. En sus apartados 1 y 3 viene a establecer los elementos fundamentales del Estado de Derecho, mientras que en su apartado 2 sienta la piedra angular del Estado social apostando por las ideas de libertad positiva, libertad material o libertad como no dominación.
En los últimos meses me he acordado mucho de este artículo. Lo recordé cuando María Dolores de Cospedal decidió quitar el sueldo a los diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha para que así ninguno pueda realizar su labor con dedicación exclusiva. Una medida populista, prefascista y anticonstitucional porque puede suponer de facto la imposibilidad de que personas que vivan muy lejos de Toledo (en una Comunidad Autónoma de 80.000 km2) puedan ser parlamentarios. ¿Es así como se facilita la participación política y se remueven los obstáculos que impiden o dificultan el ejercicio de este derecho que, a su vez, reconoce el artículo 23 de la Constitución? En fin, ya veremos lo que dice el Tribunal Constitucional.
También me he acordado del apartado 3 de este artículo tras la reciente revocación de la 'doctrina Parot' por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A mí tampoco me han gustado las consecuencias de esta sentencia, pero desde el primer momento he tenido claro que en un Estado de Derecho, en una democracia avanzada, el principio de irretroactividad y la seguridad jurídica deben ser irrenunciables. Aunque puntualmente puedan tener consecuencias indeseables, son una garantía esencial para prevenir abusos de poder. Cualquier día nos puede salir una Cospedal diciendo que hay que eliminar el principio de irretroactividad de las leyes penales porque es una medida «que gusta a todos los ciudadanos y la entienden muy bien». Cuidado.
Tres artículos para el debate
Os recomiendo la lectura de estos tres artículos, publicados en los últimos días en El País:
José Luis Álvarez, doctor en Sociología por la Universidad de Harvard y Profesor de INSEAD, Francia-Singapur, y Ángel Pascual-Ramsay, director de Global Risks en ESADEgeo y Senior Fellow de la Brookings Institution
"La izquierda debe resurgir soltando lastre de su tradicionalismo doctrinal y construyendo con las clases medias una mayoría de cambio. Solo protestar y estar a la defensiva, esperando que la derecha falle, es insuficiente."
Víctor Lapuente Giné, profesor en el Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo
"Salir de la conferencia del PSOE con una brújula resulta más práctico que con un mapa detallado."
Por qué voté 'no' en la Conferencia del PSOE
"La igualdad no basta con invocarla, y aunque se insistió en que la conferencia no fija el próximo programa electoral sino las metas para una década, eso no justifica proponer una envolvente de ingresos sensiblemente menor a la de gastos."
La corrupción, con pan... ¿es menos?
Estoy seguro de que en 2007 había más corrupción que hoy, aunque ahora se vea más e indigne más. Entonces las expectativas y los bolsillos de los corruptores estaban inflados y su capacidad de comprar voluntades entre los cargos públicos era mucho mayor. Además, los destapes y escarmientos conseguidos durante los últimos años por la Justicia —que, aunque lenta, funciona—, algo habrán inhibido las malas tentaciones. Pero esta realidad no se corresponde con el grado de preocupación que han tenido y tienen los españoles por este asunto. Según el último Barómetro del CIS, situamos la corrupción y el fraude como segundo problema del país, sólo por detrás del paro. Sin embargo, seis años atrás, en el Barómetro de septiembre de 2007, sólo un ínfimo 0,7% de los encuestados manifestaron que la corrupción y el fraude estaban entre los tres principales problemas de España. Se ha hablado mucho (y con razón) de la tolerancia de los españoles con la corrupción en tiempos de bonanza, sobre todo a la hora de votar a candidatos imputados o poco claros en sus intenciones. No olvidemos que los marbellíes se lanzaron con frenesí a votar al G.I.L. de Gil, cuando era evidente que aquella cuadrilla no estaba en política por vocación de servicio público. El CIS nos confirma la idea de una cierta tolerancia que sólo empezó a cesar (al menos en la opinión pública, falta verlo en las urnas) cuando comenzaron las dificultades económicas. En fin, se ve que para muchos la corrupción —como las penas— con pan es menos. Publicado por
La primera cita que puse en el ángulo superior derecho de este blog, cuando lo abrí a comienzos de 2007, fue una de André Gide que he vuelto a poner hoy, quizá para dejarla ahí fija: “Todas las cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha es preciso comenzar de nuevo.” La sentencia es excesiva —diría incluso que injusta— porque siempre hay quien escucha. Pero acierta cuando nos compele a comenzar de nuevo, a insistir en los mensajes, a hacerlos llegar a más gente, a explicarlos mejor. Y, por supuesto, a recordarlos a los más olvidadizos. Una vez que ha acabado el verano y cumpliendo con la palabra dada en mi último post, aquí estoy intentando reiniciar este blog, y lo voy a hacer recomendando una de mis lecturas de este verano, Los enemigos íntimos de la democracia, de Tzvetan Todorov (Galaxia Gutemberg, Círculo de Lectores), un elogio de la moderación («El primer enemigo de la democracia es la simplificación, que reduce lo plural a único y abre así camino a la desmesura.»), crítico a la par con el comunismo y el neoliberalismo, y contrario a la revolución como remedio a nuestros males actuales. Su definición de demagogia es tan sencilla como certera.
Demagogia: «Práctica que consiste en identificar las preocupaciones de mucha gente y, para aliviarla, proponer soluciones fáciles de entender, pero imposibles de aplicar.»
En las últimas semanas, un par de
fieles lectores me han dado un toque de atención porque cada vez escribo menos
en este blog. Como ya he advertido en alguna ocasión, la competencia de las
redes sociales ―Facebook y Twitter― y la falta de tiempo tienen la culpa. Hay otra
razón: hay tanta gente opinando ―en los periódicos, en las redes sociales, en
las televisiones, en las radios…― que es muy complicado decir algo nuevo, un
punto de vista diferente o una idea original. Me interesa cada vez más la acción
y menos la opinión (porque está casi todo dicho, aunque queda mucho por hacer). Tal
vez la solución es que escriba sobre asuntos de Fuente Álamo (aquí hay opinión
pública, pero apenas existe la opinión publicada). Me lo piden ese par de
lectores, y razón no les falta. Pero me desaniman mucho los trolls (los comentaristas anónimos que
se dedican a insultar o a escribir idioteces, sin aportar datos, razones u
otros argumentos). En cualquier caso, aunque este espacio empiece a estar ‘semiabandonado’,
sabéis que el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Fuente Álamo está trabajando intensamente y comunicando los
resultados de su trabajo. Pero, es verdad, escribo poco y no quiero que,
después de seis años y medio, este blog vaya languideciendo hasta convertirse
en una pieza más de ciberarqueología. Así que después del verano me plantearé cómo
revitalizar este espacio. Hoy me he acordado de que tenía un blog. Y quiero seguir
teniéndolo. Feliz veranos a todos.
Es probable que en 2015 vuelva a ser candidato por el PSOE a la alcaldía de Fuente Álamo. Imaginen entonces que, cuando falten pocos meses para las próximas elecciones, publicamos en la portada de nuestro boletín una foto donde aparezca yo, frente a la oficina donde se recaudan los impuestos municipales, con un titular a toda página que dijera así: “Cuando gobierne bajará la contribución, la plusvalía, la basura y el agua”.
Tengan en cuenta que, dentro de los problemas estrictamente municipales, la presión fiscal es quizá la mayor preocupación en Fuente Álamo desde la última revisión catastral y las fuertes subidas aplicadas en todos los conceptos que se recaudan con el recibo del agua. Si antes de las próximas elecciones locales afirmo ―con la rotundidad que da un titular a toda página― que “cuando gobierne bajará la contribución, la plusvalía, la basura y el agua”, es muy probable que recoja un puñado extra de votos a pesar del lógico y cada vez mayor escepticismo de los ciudadanos frente a las promesas electorales.
Sin embargo, sería una irresponsabilidad publicar esa hipotética portada. Estaría mintiendo a los ciudadanos con unas promesas imposibles de cumplir (al menos en su conjunto), o bien, en caso de cumplirlas todas, estaría abocando las arcas municipales a una bancarrota si cabe aún peor que la actual.
Estaría jugando con la necesidad de los vecinos de pagar menos tasas e impuestos en un momento de dificultades económicas. Y estaría “jugando”, nunca mejor dicho, porque la única posibilidad de cumplir mínima y responsablemente con todas esas rebajas fiscales pasaría por un cambio de ciclo económico que se tradujera en un fuerte incremento de los ingresos del Ayuntamiento (es tal el agujero en sus cuentas, que para taparlo no bastaría con seguir reduciendo el gasto). Pero ese cambio de ciclo poco o nada depende de un gobierno municipal y, por tanto, no deberíamos contar con él a la hora de formular promesas electorales.
Pero imaginen ahora que, llevado por un oportunismo irrefrenable, decido echarme esa foto, no delante de una fría oficina de recaudación, sino frente al almacén donde semanalmente se reparten los alimentos del FEGA, cuando más gente hubiera haciendo cola. ¿No sería una indecencia utilizar en mi provecho electoral la imagen de las personas que más sufren la crisis?
Como aspirante a alcalde de un municipio de 16.000 habitantes, procuro tener claros los límites de mis promesas y los límites de los “recursos emocionales” que puedo utilizar para convencer a los ciudadanos. Por eso me cuesta entender que una persona supuestamente seria que aspiraba a dirigir (y hoy dirige) un país de 46 millones de habitantes se prestara a salir de aquella manera en cierto diario de tirada nacional, con aquella foto y aquel titular que, si ya entonces eran indecentes, ¿cómo cabría calificarlos hoy? ¿No recuerdan aquella portada?
No disparen a las siglas
Cuentan que en algunos salones del Oeste americano podía verse un
cartel que ponía No disparen al pianista,
hace lo que puede. Parece ser que, en los frecuentes tiroteos que se
montaban en la época, de vez en cuando alguna bala perdida (o no) acababa impactando
contra el inocente pianista que, entre whiskys y broncas, trataba de hacer su
Desde que Oscar Wilde la popularizara tras descubrir uno de esos carteles en un viaje a
Estados Unidos, esta expresión se ha venido utilizando para advertir que no debemos descargar
nuestra rabia y nuestra frustración disparando contra todo y contra todos, sin
mirar ni preguntar. Pero corren tiempos muy difíciles, y es muy grande la tentación
de disparar al pianista… aunque toque bien.
Cuando leo las encuestas y barómetros
que se están publicando en los últimos días, me pregunto cuántos ciudadanos, ante
las preguntas del encuestador, se están limitando a disparar contra unas siglas en el
fragor del «todos son iguales». En términos globales, quizá no les falten
razones. Pero después de tanta indignación global, tenemos que empezar a
concretar. Y tenemos que empezar a hacerlo a la hora de formular propuestas y a
la hora de valorar políticamente a las personas. Con indignaciones y quejas genéricas
No disparen a las siglas. Detrás
de ellas ―de todas ellas― podemos encontrar corruptos de diverso cuño, traficantes
de favores, supervivientes acomodados y personas que, con mejor o peor fe,
cometen graves errores. ¡Duro con ellos! Pero también hay esforzados ‘pianistas’
que hacen lo que pueden. A veces no se oye su melodía porque hay demasiado
ruido en el ambiente. Pero no disparen a las siglas. Mejor juzguen la
honestidad, las ideas, la preparación y el trabajo de las personas que, en cada
momento y en cada lugar, las encarnan.
'Derecho a decidir' es un eufemismo (y, además, Cataluña no lo tiene)
«Cataluña tiene carácter de sujeto político y jurídico soberano». Así lo ha declarado de forma solemne el Parlamento catalán en su reciente Declaración de soberanía y el derecho a decidir. ¿Por qué utilizan el eufemismo derecho a decidir cuando quieren decir autodeterminación (o, libre determinación, que es exactamente como lo llama Naciones Unidas)? Pero vayamos al fondo de la cuestión.
Un determinado pueblo o territorio puede tener derecho a la libre determinación por reconocimiento del Derecho Internacional o por reconocimiento del Derecho interno del Estado soberano del que forma parte. En el primer caso, la resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas (1514, 1541 y 2625) sólo reconocen esta facultad a los territorios sometidos a régimen colonial, entendiendo por tales los que están separados geográficamente del país que los administra en situación de subordinación, y son distintos de éste en sus aspectos étnicos o culturales. Excepcionalmente, también puede sustentarse en el Derecho Internacional la libre determinación de países preexistentes anexionados por ocupación extranjera o la de pueblos oprimidos o subyugados por genocidio, violación de derechos humanos, destrucción de su identidad o discriminación política grave.
Pero Cataluña no es una colonia española, ni fue un Estado soberano invadido u ocupado por España, ni puede afirmarse con un mínimo de rigor que el catalán sea un pueblo oprimido o subyugado. Su situación no es ni de lejos equiparable a casos tan heterogéneos a su vez como los del Sáhara, Timor Oriental, Kosovo o Palestina.
Alejándose mucho de reconocer un derecho universal a la secesión, el Derecho Internacional es claro a la hora de advertir que «todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas» (punto sexto de la resolución 1514).
Si claro parece el Derecho Internacional en este caso, más aún lo es el Derecho interno español. Nuestra Constitución, en sus artículos 1 y 2, dispone que la soberanía reside en el pueblo español (en su conjunto), y proclama «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles».
Pero sí, Cataluña es un sujeto político y jurídico (no soberano), y como tal ostenta y ejerce el derecho a la autonomía que también reconoce ese mismo artículo 2 de la Constitución. Una amplia autonomía que otorga al pueblo catalán innumerables derechos a decidir, directamente o a través de sus representantes en el Parlament, libremente elegidos, y que lo aleja de cualquier atisbo de subyugación política, social o cultural.
No confundamos los derechos con los intereses legítimos que puedan ser objeto de reivindicación y negociación política. Salvo que recurramos a conceptos tan socorridos y resbaladizos como el Derecho Natural o los derechos históricos, no se puede sostener que Cataluña, con su actual personalidad política y jurídica, tenga derecho a decidir su independencia mediante la libre determinación. A partir de aquí, cualquier posibilidad de reconocimiento y ejercicio de ese derecho pasa necesariamente por una reforma constitucional ratificada en referéndum por el conjunto de la ciudadanía española.
Es verdad que a lo largo de la Historia buena parte de los Estados soberanos se formaron o independizaron por vías de hecho, a través de sangrientas guerras de secesión o de independencia. En cierto modo, la soberanía es un concepto prejurídico y predemocrático forjado históricamente por la fuerza y la violencia. Pero en pleno siglo XXI, con las normas y principios emanados de Naciones Unidas sobre esta materia, su manejo sólo puede realizarse conforme a la legalidad nacional e internacional, y excluyendo todo tipo de violencia dirigida a quebrantarla. En este sentido, tranquiliza el principio de legalidad que contiene la Declaración del Parlamento de Cataluña. Si el derecho a decidir (que no es lo mismo que el derecho a ser consultado) debe ejercerse «dentro de los marcos legales existentes», o se reforma previamente la Constitución española o no se ejercerá.
Llegados a este punto podemos hablar y negociar pacífica y democráticamente lo que queramos, incluida esa reforma constitucional que reconozca a Cataluña como sujeto soberano con derecho a decidir su independencia mediante la libre determinación. Podemos hablar también de federalismo simétrico o asimétrico, o de reforma federal del Estado de las Autonomías. Podemos incluso aprobar una Ley de Claridad al estilo canadiense, para sentar los principios y las condiciones de esas negociaciones. Pero sin olvidar que no hay mayor claridad que llamar a las cosas por su nombre.
Termina 2012 sin que se haya acabado el mundo como pronosticaron los mayas. Tampoco el final de la crisis llega siquiera a vislumbrarse, a pesar del cambio de Gobierno al que quisieron otorgar efectos taumatúrgicos. Profecías que no se cumplen, mitos que se derrumban. «Cuando gobierne la derecha, el dinero empezará a salir» se escuchaba a menudo por mi pueblo. Y desde luego el dinero ha salido… pero de España. Es evidente que un año es poco tiempo para ‘arreglar’ los factores objetivos de la crisis. Y es más cierto todavía que esos factores no se ‘arreglan’ únicamente desde la política. La burbuja inmobiliaria y los devastadores efectos de su estallido no se resuelven de un día para otro con decretos-leyes, porque se trata de reconstruir literalmente la economía desde buena parte de sus cimientos. Pero un año sí debería haber sido suficiente para marcar una clara inflexión en los factores subjetivos de la crisis: en eso que se llama confianza, ya sea de los mercados, de los empresarios, de los trabajadores o de los consumidores; en eso que hace que «los que tienen el dinero lo saquen y lo muevan», como dicen en mi pueblo. Sin embargo, eso no ha sucedido. Tampoco creo que la salida de la crisis consista en «mover» el dinero en una nueva espiral especulativa alimentada por señuelos emblemáticos. Se trata de invertirlo de forma inteligente y eficiente, aunque eso no es fácil ni ofrece resultados inmediatos. Así que en 2013 seguiremos esperando y trabajando, cada uno en el lugar y en el papel que nos corresponde. Feliz y próspero año en la medida de lo posible.
A todos mis lectores, habituales y esporádicos, anónimos e identificados, afines y 'desafinados'... Con mis mejores deseos, ¡Feliz Navidad!
Cuatro años y en el peor momento (pero contento)
Hoy se cumplen cuatro años de mi primera elección como Secretario General de la Agrupación Socialista de Fuente Álamo, de aquel paso necesario que di entonces con cierta sensación de vértigo, pero también con «firmeza, convencimiento e ilusión». Creo que los objetivos principales que me propuse se han alcanzado. Aunque en política, por definición, todo es siempre mejorable. Si hablamos de resultados, no me puedo quejar. Hace cuatro años dije en este blog que la diferencia de 44 puntos que el PP obtuvo en 2007 era «legítima pero anómala». Pues bien, de momento hemos conseguido reducir esa ‘anomalía’ a la mitad. Alguien dirá, con cierta razón, que a pesar del avance no fue un resultado objetivamente bueno; pero lo cierto es que duplicar concejales fue un resultado completamente singular, vista la evolución, el contexto y las circunstancias.
Pero más allá de resultados (imposible ganar a corto plazo), estoy satisfecho porque hemos logrado formar un equipo que trabaja mucho y que funciona bien, y eso los ciudadanos lo van comprobando poco a poco. Entonces dije que haríamos una oposición responsable, y honestamente creo que lo estamos cumpliendo. Hemos huido de cultivar una política irracional o emocional, porque queremos vencer convenciendo. Sin engañar a nadie, ni prometer aquello que responsablemente no se puede prometer. Y trabajando, como podéis comprobar aquí o aquí.
Quiero reiterar los agradecimientos que he venido expresando durante estos cuatro años: a mi mujer y a mi familia por su apoyo imprescindible, a mis amigos, que son muchos y siempre están ahí, a todos los compañeros de la Agrupación (gracias por las unanimidades: en un partido como el PSRM son todo un lujo), a los valientes que se comprometieron en la Ejecutiva local y en la candidatura de 2011, y por supuesto a todos nuestros votantes.
Di este paso en el peor momento para hacerlo, con una fuerte crisis económica que muchos ciudadanos imputan casi al 100% a eso que llaman «clase política» (la realidad es mucho más compleja, pero ese es otro debate). Desde entonces, la desafección no ha hecho más que crecer. Trabajar así es complicado. Aunque aquí hayamos tenido calor en las urnas, seguimos notando cierta frialdad en la calle. Mucho respeto ―eso sí―, pero tal vez demasiado frío para el mucho esfuerzo que le estamos echando al asunto.
Los ciudadanos deben comprender que «alguien tiene que hacerlo», que no puede existir una sociedad sin política ni políticos, y que son las personas concretas, con nombres y apellidos, las que deben ser valoradas y juzgadas en las elecciones y en la opinión pública. El «todos son iguales» a quien beneficia realmente es a los malos políticos, porque así consiguen difuminar sus culpas y errores. Todos no somos iguales. Siempre habrá personas, con mejores o peores ideas, capacidades y actitudes, dispuestas a ocupar los cargos públicos. Los políticos, como categoría, siempre han existido y nunca dejarán de existir. Pero sí podemos cambiar a las personas concretas que ocupan los puestos de responsabilidad. Por eso merece la pena elegir y por eso merece la pena seguir trabajando para ofrecer una alternativa. Con ese convencimiento, aquí sigo cuatro años después. Aunque haga un poco de frío.
Martes luminoso
El Tribunal Constitucional avala
con una importante mayoría los matrimonios homosexuales y Barack Obama vuelve
a ganar las elecciones frente al candidato del Partido Republicano (Tea Party
incluido). ¿Qué más se le podía pedir a
un martes frío y lluvioso de noviembre? Luego vendrá alguno diciéndome que
Obama no es de izquierdas y que el PSOE no debería celebrar las victorias del
Partido Demócrata norteamericano. Eso es discutible y algún día lo discutiremos
en este blog. Pero es indudable que la sentencia de ayer fue una
victoria moral, política y jurídica de aquellos que impulsaron, defendieron y
apoyaron una ley pionera en el mundo. Lo llaman matrimonio y sí lo es,
porque así lo decidieron mayoritariamente las Cortes democráticamente elegidas,
porque el partido que hoy ostenta la nueva mayoría no se atreve ―ni se
atreverá― a tocarlo y porque el Tribunal Constitucional así lo ha ratificado. Sin
dejar de tener su base natural, su tradición histórica y su dimensión social,
el matrimonio es ante todo una institución jurídica y, por tanto, una
institución jurídicamente configurable mediante la ley y de acuerdo a una forma
no restrictiva de entender su base natural (el amor conyugal que puede existir
también entre personas del mismo sexo, porque esa es su naturaleza) y a una nueva realidad social que abre la puerta a otra
tradición histórica: la radical aceptación de la igualdad en derechos, deberes
y dignidad social de las personas homosexuales. No me vengan con el ejemplo ese
de que las Cortes pueden votar que el día es noche o que el blanco es negro,
sin que eso cambie su naturaleza. El día, la noche y los colores no son
instituciones jurídicas; el matrimonio, sí.
Otra cosa, por supuesto, es que
las religiones puedan regular en su esfera el acceso al matrimonio-sacramento
de acuerdo con su fe y su doctrina moral. El problema es que algunos confunden
las esferas y las distintas legitimidades que deben prevalecer en cada una de
ellas. La Gaceta (el periódico de Intereconomía) se lamenta hoy en su portada
de que el Tribunal Constitucional haya antepuesto «la ideología a la Ley
Natural». Pero yo me pregunto (y lo vengo haciendo desde que estaba en primero
de Derecho): ¿quién promulga esa pretendida Ley Natural, a la que ellos otorgan
naturaleza jurídica?, ¿quién se arroga la potestad de revelarla y de
interpretarla, por encima de las instituciones democráticas? No nos
confundamos: que haya principios morales y éticos más o menos compartidos que
puedan inspirar las leyes no significa que esos principios sean Ley por encima
de la voluntad ciudadana expresada en las instituciones.
Hoy he recordado el quinto post
que escribí en este blog, allá por febrero de 2007. Fue precisamente un
artículo titulado Matrimonio entre personas del mismo sexo, donde intentaba
rebatir las razones que solían esgrimirse contra la reforma del Código Civil
impulsada año y medio antes por el Gobierno socialista. Terminaba el artículo
La oposición a los matrimonios entre personas del mismo sexo me recuerda mucho a lo que sucedió en 1981 con la legalización del divorcio. Los argumentos son los mismos. Sin embargo, pocas de las personas que se opusieron entonces al divorcio lo harían hoy sin sonrojarse. Por lo que se refiere al matrimonio entre personas del mismo sexo, dentro de unos pocos años veremos el rubor de muchos.
Y no me equivoqué. Casi seis años
después y con la sentencia del TC encima de la mesa, hoy tenemos la sensación
de ver a un PP sonrojado y escondido, como queriendo gritar «¡yo no he sido, yo
no he sido!».
Octubre de diagnósticos y manifiestos
Este octubre que hoy acaba ha sido un mes de diagnósticos y manifiestos en la Región de Murcia. Primero fue el propio Gobierno regional quien adelantó su Diagnóstico general de la situación económica [descargar], punto de partida para un nuevo Plan Estratégico de la Región de Murcia 2014-2020, donde se entona un amargo mea culpa por lo mal que se hicieron las cosas en nuestra Comunidad Autónoma durante los años de la burbuja inmobiliaria. Burbuja cuyo estallido ha causado el 80% de los empleos destruidos en nuestra Región durante los años que llevamos de crisis. Ha sido curioso leer las reacciones de algunos analistas políticos, como la de Manuel Buitrago, redactor jefe de La Verdad, afirmando sin peros ni matices que «Pedro Saura tenía razón cuando avisó de que el ladrillo era pan para hoy y hambre para mañana». Dicen por ahí que nunca es tarde si la dicha es buena, pero causa cierta tristeza ―cuando no rabia― escuchar estos reconocimientos tardíos a quienes en otro tiempo fueron tachados poco menos que de antimurcianos por decir aquello que, entonces, casi nadie quería escuchar (porque aguaba la fiesta). Ya vamos por dos informes ―que yo conozca― diciendo que el camino que tomó esta Región bajo la batuta de Valcárcel era un atajo equivocado; aunque la triste evidencia del día a día es más elocuente que todos los informes que nos puedan presentar. Menos mal que la culpa siempre será de Zapatero, para descargo (político y de conciencia) de muchos y muchas.
También este mes el Círculo de
Economía de la Región de Murcia ha publicado un manifiesto titulado Es hora de gestionar con mayor eficiencia
los recursos y de apostar por los sectores más productivos [descargar]. Con
muchos matices y reservas, en general comparto lo que ahí se dice, pero no me
ha gustado ese maniqueísmo que trasluce, planteado entre un ellos (los malos: los políticos) y un nosotros (los buenos: los empresarios y
directivos empresariales, víctimas de los políticos). El manifiesto comienza
diciendo que «son más necesarios que
nunca dirigentes políticos cualificados, responsables y con visión de Estado
que sean capaces de inspirar confianza y recuperar la esperanza de la
ciudadanía». Afirmación que reiteran en otro punto cuando hablan de la
necesidad de «dirigentes con mayor
motivación, mejor cualificación y disposición para llevar adelante las
difíciles tareas pendientes». Vale. Completamente de acuerdo. La gestión
política es compleja y, por tanto, requiere cualificación, además de
honestidad, talento, responsabilidad y todas las virtudes teologales y cardinales.
Pero difícilmente podremos atraer talento y cualificación a la actividad
política si nos dedicamos a desprestigiarla sistemáticamente y a precarizar,
más allá de lo necesario y razonable, las condiciones de su ejercicio. A los
altos directivos y ejecutivos del Círculo de Economía habría que recordarles
que el talento se paga: ellos lo saben mejor que nadie. Abrir una Causa General contra la
mal llamada clase política, lejos de
ser la solución, sienta las bases para perpetuar el problema al espantar el
talento y las vocaciones. El manifiesto del Círculo dice también que «existen responsables personales e institucionales
perfectamente identificables que deberían dar pública cuenta de sus acciones y
sus omisiones». Estoy de acuerdo. Pero si existen responsables indentificables, lo menos que podríamos
hacer todos (incluidos los del Círculo) es identificarlos. Y decir que el
consejero Fulano, la directora general Mengana o el alcalde Zutano tienen esta
o aquella responsabilidad por esta o aquella razón. Pero dejemos de echar
mierda sobre todos los políticos sin hacer precisiones ni distinciones, porque
es injusto y, además, contraproducente.
El Parlamento, corazón de la democracia (y II): El camarero-diputado de Cancarix
Si en el artículo anterior me
refería al Parlamento como 'corazón de la democracia', la propuesta de María
Dolores de Cospedal de reducir a la mitad el número de diputados en las Cortes
de Castilla-La Mancha y dejar sin sueldo al resto sería equiparable a un 'infarto' en toda regla.
La Presidenta castellano-manchega y número
2 del PP, en una auténtica confesión de populismo, ha dicho que adopta esa
medida «porque gusta a todos los ciudadanos y la entienden muy bien». Y según el
portavoz de su Gobierno se trata de una propuesta «valiente que enraiza con un
sentir popular y que los ciudadanos estaban pidiendo a gritos». ¿Pidiéndola
a gritos? Cuidado, que por esas mismas razones Cospedal y su portavoz podrían
acabar ganando el Salario Mínimo Interprofesional, a juzgar por las propuestas
que últimamente 'gustan' a los ciudadanos y 'se piden a gritos' en la calle y
Escribo este artículo para intentar
que los pocos ciudadanos que lo lean dejen de 'entender' una propuesta de tal calibre. Y lo hago recurriendo a una figura supuestamente ficticia, pero
perfectamente posible en una democracia: un camarero de la localidad albaceteña
de Cancarix que llega a ser diputado en su parlamento regional.
nacionales y regionales tienen la opción de estar asalariados (pero sin dietas) y dados de alta en la Seguridad Social en sus
respectivas cámaras legislativas.
Quienes no optan por este sistema, porque compatibilizan su condición de
diputado o senador con otro trabajo, se limitan a cobrar dietas por las
asistencias a comisiones y plenos. La propuesta de Cospedal consiste en obligar
a todos los diputados castellano-manchegos a quedar en esta segunda situación:
con dietas pero sin sueldo ni alta en la Seguridad Social, porque según ella para ser
diputado en las Cortes de su Comunidad Autónoma basta con «sacar un rato libre»:
«No entiendo por qué una persona que tenga su oficio y que se gane la vida con
su oficio, una persona que tenga un negocio, que tenga un bar y tenga empleados
o no los tenga, y pueda sacar un rato libre, o un fontanero, un electricista o
una persona que tenga un taller, no entiendo por qué no se pueden dedicar a la
Bien, pues resulta que tenemos a
una persona que se gana la vida con su oficio y que llega a ser diputado en las
Cortes de Castilla-La Mancha, que están en Toledo: se trata de un camarero empleado por
cuenta ajena que trabaja en un bar de Cancarix, una pequeña pedanía de Hellín (Albacete), que
he elegido porque probablemente sea una de las poblaciones de Castilla-La
Mancha más alejadas de Toledo ―si no la que más― y porque era el primer pueblo de esta
Comunidad que nos encontrábamos los murcianos cuando íbamos a Madrid por la
antigua nacional 301.
Cancarix dista de Toledo 334 kilómetros que tardan en
recorrerse (sin sobrepasar los límites legales de velocidad) 3 horas y 41
minutos. Es decir, que cada día que haya sesiones parlamentarias (pongamos que dos a la semana), este esforzado camarero-diputado tendría que faltar
a su trabajo (en principio la ley lo ampara, pero hasta el límite del 20% de la
jornada laboral), recorrer 668 kilómetros
e invertir 7 horas y 22 minutos en el viaje de ida y vuelta a la capital
En poco tiempo, el dueño del bar
donde trabaja nuestro diputado le anunciaría que ha sobrepasado ese 20% de
tiempo que puede faltar y lo obligaría a cogerse la excedencia para cargo público.
Se trata de una excedencia muy segura para quien la toma (no tiene límite en el
tiempo y te garantiza la vuelta a tu trabajo cuando dejas el cargo político),
pero no conlleva por sí misma ningún tipo de ingreso económico. Con este panorama y con
la reforma Cospedal ya aplicándose, este hombre se vería en la tesitura de
perder temporalmente su trabajo y su sueldo como camarero, vivir de las dietas (probablemente escasas) que
le pagaran las Cortes y, lo que es peor, quedar fuera de la Seguridad Social y
sin ningún tipo de cotización. ¿Quedaría, incluso, sin asistencia sanitaria
nuestro diputado, teniendo en cuenta que ni siquiera tendría la condición legal
de desempleado?
Ni que decir tiene que este
hombre, en estas nuevas condiciones, tendría que renunciar a su escaño y
quedarse en el bar de su pueblo. El arquitecto que tenga su estudio en Toledo y
que ejerza por cuenta propia y sin estar sometido a horario alguno,
probablemente sí pueda compatibilizar sin grandes esfuerzos su profesión con la
condición de diputado regional. Y lo mismo podría decirse del maestro de
Torrijos o del funcionario municipal de Ocaña (siempre que las sesiones
parlamentarias se celebren en horario de tarde y no empezasen demasiado temprano). También podría compatibilizar el fontanero autónomo que
viva en la capital castellano-manchega y que pueda sacar muchos 'ratitos libres' para acercarse a las Cortes. Pero ni el camarero de Cancarix, ni el carpintero
de Elche de la Sierra, ni el asesor fiscal de Sigüenza podrán siquiera
plantearse el presentarse a unas elecciones para representar a sus
conciudadanos en el Parlamento regional de su comunidad.
Más allá de que los partidos y
los electores busquen personas capacitadas para ocupar los puestos de
representación parlamentaria, en una democracia cualquier ciudadano nacional,
mayor de edad y que no haya sido inhabilitado por la Justicia es potencialmente
elegible para un cargo público. Los derechos de participación y acceso que
consagra la Constitución en el artículo 23 no quedan satisfechos con una mera
libertad formal (una no-prohibición) para que cualquier persona pueda
presentarse a unas elecciones. En necesario que esos derechos se faciliten con
unas condiciones de acceso que no representen
prohibiciones de facto, barreras insalvables o sacrificios personales
desproporcionados. ¿Estaría usted dispuesto a perder su trabajo, no cobrar
salario y quedar fuera de la Seguridad Social por ser diputado? Cualquiera en
su sano juicio respondería que no.
Dice también nuestra Constitución,
en su artículo 9.2, que «corresponde a los poderes públicos promover las
que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en
la vida política, económica, cultural y social». Estoy convencido de que
la propuesta de María Dolores de Cospedal vulnera este artículo porque coloca
un obstáculo que dificulta o impide el acceso a las Cortes de Castilla-La Mancha
a decenas de miles de ciudadanos de esta Comunidad, que por razones geográficas
y laborales se verían materialmente impedidos para ejercer el cargo de diputado.
Mientras sea la Presidenta, la
jugada le puede salir bien a de Cospedal: se quita de en medio a la mitad de
los diputados de la oposición, y a la mitad restante los devuelve a sus
trabajos de origen para que no tengan tiempo de husmear en datos y expedientes.
Porque una cosa es sacar un rato para ir al Pleno o a una Comisión, y otra bien
distinta sentarte a leer cientos de folios en la labor de control al Ejecutivo
que debe desempeñar todo Parlamento.
Ni siquiera en su propio partido
se creen que haya podido llegar tan lejos. Se trata de una propuesta disparatada
y profundamente antidemocrática. Su tufo populista me recuerda a la denominada
Crisis del Parlamentarismo, un fenómeno político europeo del primer tercio del
siglo XX consistente en cuestionar y denostar la democracia parlamentaria y sus
instituciones, y que en un contexto de crisis económica provocó el surgimiento de
movimientos antidemocráticos como el fascismo en Italia, el autodenominado nacional-sindicalismo de Falange en España o el nazismo en Alemania. Por ahí se
empieza. ¿Cuál será el siguiente 'clamor popular' que atenderá María Dolores de
Cospedal?
El Parlamento, corazón de la democracia (I): Algo más que aplaudir y votar
La imagen que a través de los
medios de comunicación trasciende de un Parlamento es la de un lugar donde uno
habla, algunos aplauden y al final todos votan apretando un botón. De los tres
poderes del Estado, el Legislativo es el más escenificado pero, al mismo
tiempo, el más desconocido en sus funciones. Todos sabemos en mayor o menor
medida a qué se dedica el Ejecutivo, con su Presidente y sus Ministros (o sus Consejeros en las Comunidades Autónomas). Y, por
supuesto, todos sabemos a qué se dedican los jueces y magistrados que integran el
Poder Judicial, aunque en un determinado momento alguna de sus sentencias no
nos guste. Una cosa es estar en desacuerdo con el trabajo de las instituciones
y otra bien distinta es desconocerlo o simplemente pensar que tal trabajo no
existe o es escaso. Esto último es lo que ocurre con las cámaras legislativas
en España: el Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas de las
Comunidades Autónomas. Por eso, no
viene mal dar un repaso a las cuatro grandes funciones que desempeñan. En primer lugar, los parlamentos desarrollan
una función representativa al reflejar
―en España, con relativa proporcionalidad― las mayorías y minorías políticas
resultantes de las elecciones. Mediante el voto de investidura, esta función
representativa va a determinar al Poder Ejecutivo, es decir, al Gobierno. Aunque una persona diga que ha
votado «a Rajoy» o «a Rubalcaba», en realidad ha votado a los diputados que, a
su vez, van a elegir al Presidente del Gobierno. Y lo mismo ocurre en las
Asambleas regionales. Pero la función representativa, entendida en sentido
amplio, también exige que los diputados representen y transmitan los anhelos,
intereses y necesidades de sus votantes, lo que suele requerir desplazamientos
al territorio o circunscripción en la que fueron elegidos y numerosas reuniones
de trabajo con ciudadanos y organizaciones. En esta tarea habrá parlamentarios
más entregados y otros más acomodados, pero ahí están (o deberían estar) los
partidos que los han presentado y los ciudadanos que los han votado para
exigirles el esfuerzo necesario. En su función legislativa, los parlamentos elaboran y aprueban las leyes,
que traducen a normas jurídicas la voluntad política de los ciudadanos en los
diversos asuntos que requieren regulación. Pero antes de aprobar las leyes hay
que elaborarlas, y aunque los proyectos suelen venir ‘hechos’ del Ejecutivo,
las enmiendas que pueden introducirse en las cámaras legislativas suelen
implicar para los parlamentarios de la respectiva Comisión un intenso trabajo
de estudio, contraste y redacción, además de los consiguientes debates y
negociaciones. Aunque los Presupuestos Generales
del Estado y los de las Comunidades Autónomas se aprueban formalmente mediante
leyes, por su importancia y sustantividad propia suele hablarse de una función presupuestaria, diferenciada de
la legislativa, en cuyo ejercicio los parlamentos deciden/prevén cuánto van a
ingresar el Estado o la Comunidad Autónoma y cómo (impuestos, tasas, venta de
activos…), y deciden/prevén en qué se van a gastar esos ingresos (salarios de
empleados públicos, inversiones en infraestructuras, pago de la deuda…). De los
Presupuestos va a depender qué se hace, cuándo se hace y con qué dinero, ya
estemos hablando de una línea de AVE, de la compra de aviones de combate o de
becas para estudios universitarios de postgrado. La función presupuestaria,
aunque tiene una fuerte base técnica, es tan política como las demás porque
consiste en decidir qué necesidades se satisfacen y cuáles se dejan pendientes
teniendo en cuenta que los recursos son limitados (hoy por hoy, limitadísimos).
Un tecnócrata podrá recomendarnos un techo de déficit o estrategias de gestión
para garantizar que no lo sobrepasemos. Pero si para cumplir con ese techo de
déficit tenemos que optar entre el AVE, los aviones de combate o las becas, esa
decisión es y será siempre política en última instancia. Y aunque la propuesta
venga del Gobierno, esa decisión se toma en el Parlamento después de muchas
horas de trabajo, estudio, debate y negociación. Si las opciones fueran sólo
tres (AVE, aviones y becas), el trabajo presupuestario del Parlamento sería
rápido y sencillo; pero no hace falta explicar que la realidad es infinitamente
más compleja. Por último, los parlamentos
ejercen la función de control al Gobierno.
Mediante preguntas, interpelaciones o comisiones de investigación, los
diputados y senadores (principalmente los de la oposición) supervisan la labor
de los Ejecutivos, es decir, lo que hacen o dejan de hacer los Presidentes,
Ministros o Consejeros y las Administraciones públicas que dependen de ellos.
Esta función de control requiere la formulación de peticiones de información y el
análisis de numerosos expedientes y documentos, así como el manejo y
procesamiento de datos, y suele traducirse en denuncias políticas ante la
opinión pública y en la propuesta de alternativas. Sin esta función, los
Gobiernos (normalmente en manos de un solo partido, el mayoritario) caerían
fácilmente en excesos y errores, cuando no en irregularidades o ilegalidades. Sin
duda, en este caso la enfermedad es mucho más cara que el remedio, porque el
despilfarro y las corruptelas de un Ejecutivo ‘descontrolado’ tendrían un coste
notablemente superior al salario de los diputados que controlan. (Aunque no son parlamentos en
sentido estricto, estas cuatro funciones también las desempeñan los Plenos de
los Ayuntamientos, que representan a
los ciudadanos de acuerdo con los resultados electorales, legislan (con rango reglamentario) aprobando las ordenanzas
municipales, presupuestan los
ingresos y gastos de la Corporación y, en el caso de los concejales de la
oposición, controlan al alcalde y al
gobierno local supervisando sus acuerdos y formulando ruegos, preguntas, solicitudes y recursos.) Como vemos, las funciones de los
parlamentarios van mucho más allá de aplaudir en los plenos y votar pulsando un
botón, aunque esta sea la imagen que habitualmente nos ofrece la televisión. Lógicamente,
como en todos los ámbitos de la vida, habrá diputados más esforzados y otros
más acomodados; los habrá más formados y conocedores de las materias que
manejan, y otros más ignorantes. Pero en su conjunto desempeñan una labor siempre mejorable pero insustituible en democracia. A pesar de sus enfermedades y achaques,
el Parlamento es el corazón de la democracia porque bombea la voluntad del
pueblo hacia el resto de instituciones. Por tanto, la solución a sus problemas no puede
consistir en debilitarlo. Siempre será mejor fortalecerlo a base de ejercicio y buenos hábitos, y en ese reto estamos todos: partidos y ciudadanos.
Reducir concejales, reducir democracia
integran los Plenos de los Ayuntamientos depende de los habitantes de cada
municipio, y fue establecido por tramos de población en una Ley de 1978 que
reguló por primera vez las elecciones locales en nuestra incipiente democracia.
La posterior Ley del Régimen Electoral General, aprobada en 1985 y vigente en
la actualidad, mantuvo los tramos y el número de ediles para cada uno de ellos.
No ha habido, por tanto, una burbuja de
concejales provocada por los años de alegría presupuestaria en los
Ayuntamientos. El número total de cargos electos que integran las corporaciones
locales, lejos de ser una consecuencia más del boom inmobiliario, se mantiene por ley invariable desde las
primeras elecciones municipales democráticas, celebradas en 1979. Si en algunos
municipios se ha incrementado ha sido porque, al subir su población, han saltado
de tramo. Es lo que ocurrió a principios de la década anterior en mi municipio,
Fuente Álamo de Murcia, que pasó de 13 a
17 concejales al sobrepasar los 10.000 habitantes (al principio de la
democracia teníamos unos 9.000 vecinos, mientras que ahora somos más de 15.000).
Lo que sí se ha producido en muchos
Ayuntamientos es una burbuja de sueldos y
de concejales liberados, incentivada por los años de bonanza económica y
presupuestaria, además de por otros factores. Eran años en los que desde la
ciudadanía llegaban ―y aún hoy llegan― mensajes contradictorios: «si cobras,
eres un aprovechado y un chupóptero; si no cobras, entonces eres tonto».
Con los años de vacas gordas llegaron
los excesos y llegaron para quedarse, aunque la crisis, la bancarrota de muchos
Ayuntamientos y la presión de la opinión pública ya han provocado en la mayoría
de consistorios reducciones importantes en las retribuciones de sus políticos. No
obstante, el problema ni es generalizado (se estima que el 90% de los
concejales españoles no cobra o percibe cantidades simbólicas) ni es económicamente
significativo. Pero su carga simbólica es muy fuerte y la propuesta que ha
realizado Rajoy de reducir en un 30% el número total de concejales ha caído en
terreno abonado. Sin ir más lejos, en una encuesta online que hace unos días vi en ElPaís.com, un 90% de los lectores
apoyaba la medida.
Visto ese nivel de apoyo,
intentar convencer de lo contrario parece misión imposible (y peligrosa). En
este asunto quizá me interesaría ponerme de perfil, dejarlo pasar y no entrar de
frente al debate. Pero no sería honesto por mi parte. Por eso, aunque tenga que
hacerlo muy a contracorriente, voy a intentar explicar mi posición sobre una
medida que considero dañina para la democracia.
¿Por qué se daña la democracia si
se reduce el número de concejales? En primer lugar, porque se reducen
drásticamente las posibilidades de que partidos y candidaturas minoritarios
puedan obtener representación. Si una de las quejas habituales contra nuestro
sistema democrático es el bipartidismo, debemos tener una cosa bien clara:
reducir concejales (igual que reducir diputados en el Congreso o en las Asambleas
autonómicas) fomenta claramente el bipartidismo.
Al reducir los representantes, la
medida también puede restar representatividad a los Plenos municipales; por
ejemplo, representatividad territorial. A diferencia de lo que ocurre en las
elecciones generales, donde los diputados se eligen por provincias, en las elecciones
municipales el municipio entero constituye una única circunscripción, un único
distrito por el que se eligen todos los concejales. Pero es cierto que, a la
hora de elaborar sus listas, los partidos suelen tener en cuenta el barrio o
pedanía de origen de los candidatos para, en la medida de lo posible, conseguir
una cierta representatividad territorial. Un ejemplo claro lo volvemos a
encontrar en mi municipio. En Fuente Álamo, casi la mitad de la población reside
en 8 pedanías. Si la medida de reducción de concejales se aplicara hoy, con la
composición actual del Pleno, cuatro de esas pedanías quedarían sin
‘representación’.
No olvidemos que un Pleno
municipal es una asamblea, no un comité ejecutivo: por definición y por función
debe ser un órgano relativamente numeroso. No parece conveniente convertirlo en
una mesa de camilla (en mi
Ayuntamiento bajaríamos de 17 a
11), especialmente en municipios como el mío donde nunca asiste público a los
Plenos y donde éstos no son retransmitidos ni cubiertos informativamente por
ningún medio de comunicación. Así que cuantos más ojos para ver, oídos para
escuchar y bocas para hablar haya en un órgano deliberante y de control, mejor
No nos engañemos: reducir el
número de concejales no va a resolver nada, porque no implica necesariamente la
reducción de liberados, de sueldos, ni de dietas. Ni va a solucionar el déficit
público de las Administraciones públicas españolas. Es una medida de regate
corto, puramente estética, planteada por Rajoy en un momento de desorientación
y desesperación. Su razonamiento bien podría ser el siguiente: «Como el pueblo
está muy cabreado por la crisis y considera que los políticos somos un problema,
para aplacar su ira le ofrezco en sacrificio el 30% de los concejales, ¡y
arreando!». Pero se equivoca. Hacer reformas estructurales en el sistema
político por razones estéticas, coyunturales y de oportunidad es un grave error
Si el problema está en el coste
que para los Ayuntamientos suponen sus políticos, entiendo que la solución debe
venir por abaratar ese coste sin restar representación democrática. Si el
problema está en el tobillo, operemos esa articulación en vez de amputar por la
rodilla. Limítese por ley el número de concejales que pueden estar liberados,
la cuantía de sus sueldos y el importe total que pueda dedicar cada
Ayuntamiento a pagar cargos electos, y habremos resuelto el problema sin dañar
la democracia. Si el problema está en el coste, ¿qué daño hace un concejal que
Pero más allá de sus efectos
directos sobre la calidad democrática de los Ayuntamientos, lo que más me
preocupa de esta medida es la filosofía que tiene detrás y la dirección a la
que apunta por delante. En el fondo, más que una propuesta racional para
reducir el gasto, es una respuesta visceral a las pulsiones antipolíticas que
está provocando la crisis económica. Pero no nos equivoquemos: los problemas de
la política no se resuelven con la antipolítica.
No juguemos con fuego, porque la democracia es un logro que costó mucho
conquistar. Cuidémosla, porque gracias a ella tenemos la oportunidad de
expresar nuestras opiniones, realizar propuestas, cambiar a los cargos públicos
que no nos gustan e incluso proponernos nosotros mismos para sustituirlos,
presentándonos a las elecciones. Decir que todos
los políticos son iguales, además de falso e injusto, es muy peligroso. Hitler
fue un político diferente que
precisamente subió al poder en un contexto de fuerte crisis económica. Cuidado,
que se empieza quitando concejales, luego reduciendo diputados (ya hay
propuestas) y al final acabamos sustituyendo el Parlamento por un Dictador, que
al menos en teoría, por tratarse de una sola persona, puede salirnos más
barato. Pero mejor no hagamos la prueba, ni empecemos a transitar por caminos
que, aunque sea a largo plazo, nos pueden abocar al precipicio.
Recordemos (en un día como hoy)
Ha muerto Víctor Velasco
―No irás a llorar ahora, ¿verdad Diputado?
Cuando ayer me enteré del fallecimiento del actor Juan Luis Galiardo, pensé: «ha muerto Víctor Velasco, otra vez». Porque fue él quien dio vida a este personaje en la película El disputado voto del señor Cayo, de Antonio Giménez-Rico, basada en la novela del mismo nombre escrita por Miguel Delibes. Para mí su imagen estará siempre ligada al candidato socialista a diputado por la circunscripción de Burgos que, en la campaña de las primeras elecciones democráticas de 1977, se encontró con el señor Cayo en un pueblo perdido de la montaña. De aquel encuentro Víctor salió con una crisis existencial de la que nunca pareció recuperarse hasta que murió. Corroído por la contradicción, a la vuelta del pueblo del señor Cayo, le dice a uno de sus compañeros: «Hemos venido a redimir al redentor». Ni en el libro ni en la película queda claro si llegó a ser diputado (quizá sí, y muy probablemente con el voto del señor Cayo), pero desde luego no hizo carrera política. Ahogado por las dudas, se intuye que abandonó pronto.
Sin embargo, la película tiene una historia final añadida, que no aparece en la novela de Delibes y que constituye una auténtica reivindicación de la política y de eso que hoy llamamos Estado del Bienestar. Porque el «redentor», al final, también necesitó ayuda, aunque Víctor Velasco no vivió lo suficiente para comprobarlo. Quizá esperaba tanto de aquella incipiente democracia que, impaciente, acabó tirando la toalla antes de tiempo.
Anoche mis compañeros de la
Agrupación Socialista de Fuente Álamo me reeligieron como Secretario General,
con el 100% de los votos. Tres años y medio después de asumir esa
responsabilidad, la confianza que entonces me dieron se ve renovada. Y esa
confianza renovada y sin fisuras es la que quiero agradecer en primer lugar.
Las personas que durante todo
este tiempo han trabajado conmigo siguen en la nueva Ejecutiva, a la que también
se han unido muchos de quienes el año pasado se incorporaron a nuestra
candidatura para las elecciones municipales. A todos ellos quiero darles las
La renovación y el nuevo impulso
de 2008 han dado sus frutos: la Agrupación Socialista de Fuente Álamo ha
recobrado el pulso, tenemos nuevos militantes, una buena sede que abre al
público dos tardes a la semana, presencia en internet con página web
corporativa y perfiles en las redes sociales, un boletín impreso,
EnClavedeFA, que desde entonces no ha faltado ni una sola vez a su cita
bimestral con los vecinos; y un resultado electoral que, visto en su contexto,
fue excelente. Sabíamos que ganar las elecciones municipales de 2011 era
prácticamente imposible, pero hoy podemos decir que el PSOE de Fuente Álamo ya
es alternativa de gobierno, un partido unido y emergente, y una fuerza para el
cambio (que en 2015 será más necesario aún, si cabe).
Pero ese resultado obtenido en
las pasadas municipales no llegó por arte de magia, ni sólo por los errores del
adversario. Ha hecho falta trabajar mucho, bien y en la buena dirección; y
seguirá haciendo falta. Quienes piensan que ante unos malos resultados basta
con cambiar de personas se equivocan. Ni siquiera es suficiente con cambiar las
ideas o los discursos. La clave está en el trabajo. Y en eso estamos.
Rodrigo Rato, el Señor de Las Burbujas
Atentos a esta noticia, aparecida en el diario La Verdad el
CRECIMIENTO SOSTENIBLE HABLAN LOS ESPECIALISTAS
Rodrigo Rato: «Murcia es capaz de asumir que el 'boom'urbanístico se suavice por la subida de los tipos»
No hay razones para la preocupación por una hipotética crisis
del ladrillo en la Región, al menos, de momento. El director gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, que puso la clausura de altura a
la jornada sobre Crecimiento sostenible y desarrollo regional, aseguró que el
sistema financiero español «está plenamente capacitado para absorber una
evolución del sector inmobiliario con tipos de interés más altos». [leer +]
En La Opinión, el mismo día:
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y DESARROLLO
Rato: ´La economía vive el mayor crecimiento de la historia´
aseguró que la economía mundial vive "un cambio histórico", que está
permitiendo crecer incluso a los países del África subsahariana y de
Latinoamerica. Destacó que las buenas perspectivas económicas parecía que
podían empañarse con al subida del petróleo, pero finalmente la economía
absorbió el encarecimiento del crudo. "El mundo ha entrado en una fase de
prosperidad", aseguró con optimismo. [leer +]
Resulta que el entonces Director
Gerente del Fondo Monetario Internacional había venido a Murcia, invitado por
la CROEM, para clausurar la Jornada 'Murcia: crecimiento sostenible y
desarrollo regional'. No entraré a comentar sus palabras ni cómo la
crisis, que estalló pocos meses después, dejó en la más absoluta evidencia a
quien entonces era una de las mayores autoridades económicas del mundo, y quien
había sido el Ministro de Economía del ‘milagro económico español’. Pero lo
cierto es que Rato vino a Murcia en 2007
a decirnos que la burbuja inmobiliaria no representaba
ningún riesgo serio para nuestra economía. Menos mal.
Rodrigo Rato es uno de los
principales responsables políticos de la crisis que ahora sufrimos. Fue
Ministro de Economía durante el periodo en el que se inició y gestó la burbuja inmobiliaria
en España. Y luego Director Gerente del FMI en plena expansión de la burbuja
financiera internacional. Un auténtico Señor de las Burbujas que no supo ver el
riesgo desde su atalaya privilegiada del FMI, y que vino a Murcia a decirnos que
«el mundo ha entrado en una fase de prosperidad» cuando estábamos a un solo
paso del precipicio.
Hoy podemos hablar todo lo que
queramos de la herencia recibida, pero no olvidemos que quien deja en herencia
también fue sucesor de alguien que, a su vez, dejó su legado. Entonces, ¿hasta
dónde debemos retrotraemos al analizar la genealogía de la crisis? A Zapatero
le estalló la bomba en las manos. Pero, ¿quién inventó la pólvora?
Ni creíble, ni cierto (manipulación informativa de la CARM)
La capacidad de manipulación y de engaño parece no tener límites para el Partido Popular de la Región de Murcia. Están leyendo bien; el titular que aparece en la imagen de arriba dice lo que dice: «La tasa de paro en la Región de Murcia se mantiene por debajo de la media nacional» (sic). La imagen es un «pantallazo» de una noticia publicada el 3 de abril en la web de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia, y se accede a ella (mientras no la rectifiquen) en en este enlace.
Quizá sea el ejemplo más obsceno de manipulación informativa que recuerde haber leído. Cualquier persona medianamente informada sabe que la tasa de paro en la Región de Murcia es (y viene siendo: no es algo coyuntural) notablemente superior a la media nacional. La tasa de paro que «vale» a efectos estadísticos es la resultante de la Encuesta de Población Activa (EPA), no la del paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo. Los últimos datos de la EPA publicados por el INE sitúan la tasa de paro en España en un 22,85%, mientras que en la Región de Murcia está en 26,77%, casi 4 puntos por encima. Se puede descargar el informe en pdf aquí.
Estos son los datos del cuarto trimestre de 2011. Pronto se publicarán los del primero de 2012 y me temo que las cosas no habrán mejorado mucho para la Región de Murcia, ni en términos absolutos ni en términos relativos.
¿Qué forma es esta de confundir y fabricar un titular absolutamente engañoso?
En una entrada reciente titulada Las dos Españas publiqué un mapa en el que podían apreciarse las notables diferencias de paro en las distintas Comunidades Autónomas (por cierto: todas con la misma legislación laboral, los mismos costes del despido y los mismos tipos de cotización a la Seguridad Social). Y precisamente los murcianos no podemos presumir de tasa de paro. Alguna responsabilidad tendrán quienes llevan gobernando esta Región durante 17 años.
-"Todas las cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha es preciso comenzar de nuevo." ANDRÉ GIDE.
Alcalde de Fuente Álamo (Murcia). Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración. Profesor en excedencia.
antonio@psoe-fuentealamo.com
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Juan Francisco Otálora
77ª Nota
*EL HOMBRE PUEDE, CUANDO QUIERE.*
ver texto y video
Las citas de 'ahora o nunca'
http://garciaconesa.blogspot.com.es/p/las-citas-de-ahora-o-nunca.html
"Todas las cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha es preciso comenzar de nuevo." ANDRÉ GIDE.

References: artículo 57
 artículo 9
 artículo 23
 resolución 
 artículo 2
 artículo 23
 artículo 9