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Timestamp: 2018-10-17 15:41:04+00:00

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¿Traición a la Nación o prevaricato de los jueces? – Red No más Deberes sin Derechos. No más Derechos sin Deberes
El más prestigioso jurista argentino analiza la historia, alcance jurídico y límites de la “traición a la patria”, figura por la que fue procesada la ex presidenta Cristina Kirchner.
1 La manipulación del concepto de traición. El crimen de traición, en todo autoritarismo, totalitarismo o absolutismo, desde la Roma imperial y aún antes, fue el pretexto que se usó para perseguir y dar muerte a todos los opositores y molestos al autócrata de turno1.
Esto no es verdad: el procesamiento resuelto en mayo de 1956 por el juez de facto Luis Botet contra Perón y legisladores peronistas, no se refería al actual artículo 119º, sino que arañaba su pretendido fundamento jurídico en el artículo 29º de la Constitución y no en el 119º actual2.
5 El art. 119º es una garantía constitucional. Pero el artículo 119º –que es el que se esgrime ahora– se estableció en la Constitución de 1853 como una garantía de origen iluminista y liberal, ubicándolo como última disposición de los preceptos del rubro Atribuciones del Poder Judicial. Su texto y ubicación provienen de la Constitución norteamericana3 y su inclusión bajo este título es significativa, pues se dirige primeramente a los jueces, sin perjuicio de hacerlo –obviamente– también al legislador ordinario.
6¿Qué quiso el constituyente norteamericano? En la Constitución de 1949, Sampay respetó el texto histórico, pero lo reubicó correctamente en el rubro Derechos, deberes y garantías de la libertad personal. La ubicación actual, se explica por las razones históricas del modelo norteamericano.
En efecto: el legislador constitucional norteamericano4 quiso evitar con esta disposición que se impute cualquier delito (o no delito) como traición a la Nación, como hacía el derecho inglés, que colgaba lords con generosidad en las torres de Londres.
8 Se apoyaba en Blackstone y en Montesquieu. En el derecho constitucional norteamericano pesaron, nada menos que las palabras de Blackstone apoyado en Montequieu: Este crimen es el más grave que un hombre pueda cometer, considerado como miembro de una sociedad. “Basta –dice Montequieu– que el crimen de lesa majestad sea vago, para que el gobierno degenere en despotismo”. Y sin embargo la vieja ley común deja al arbitrio de los jueces una gran latitud para determinar lo que es o no es traición; con lo cual da a la creación de los príncipes tiranos el medio para generar una amplia lista de crímenes de traición, es decir, de convertir, mediante interpretaciones arbitrarias y forzadas, en crímenes de traición y punibles como tales, delitos que jamás se habría supuesto ser de esta naturaleza5.
9 ¿Qué había escrito Montesquieu? Si alguna indicación faltaba para verificar que la definición precisa de la traición a la Nación es una garantía que se remonta al Iluminismo, basta la cita de Montesquieu a la que remite Blackstone: Las leyes de China –escribe Montesquieu, eludiendo hablar así de las de Francia– mandan que quien falte el respeto debido al emperador sea castigado con la muerte. Como no definen en qué consiste esa falta, cualquier cosa puede dar pretexto para quitarle la vida a una persona a quien se tenga mala voluntad, y para exterminar a una familia entera. El capítulo que así comienza se cierra con la frase lapidaria que cita Blakstone: C’est assez que le crime de lèse-majesté soit vague, pour que le gouvernement dégénère en despotisme. Seguidamente agrega: Es un violento abuso dar el nombre de lesa majestad a un acto que no lo sea6 .
11 La claridad de Joaquín V. González. Entre los constitucionalistas argentinos, quien se expresó con meridiana claridad a este respecto fue Joaquín V. González: En cuanto al delito en sí –escribe–, la Constitución quiere que no esté jamás en el arbitrio del legislador ni de los jueces el definirlo, como ocurrió en Inglaterra en la época en que la justicia fue instrumento servil del despotismo del Parlamento o de los Reyes, pues, el primero clasificaba de traición los hechos menos criminosos de los súbditos para someterlos a la última pena; y los segundos, con su poder arbitrario de decidir qué actos eran o no traiciones prestábanse a satisfacer las más criminales venganzas de los príncipes7. Por si alguna duda cupiese, cita a Blackstone.
12 La unanimidad de nuestros constitucionalistas. Queda claro que desde 1853 –conforme a la opinión doctrinaria de todo nuestro constitucionalismo9– el derecho constitucional argentino no admite que se considere penalmente responsable por traición a la Nación a ninguna persona que no incurra en el tipo constitucional del actual artículo 119º, como garantía que tiene por objeto la prevención de las brutales represiones en las rivalidades de nuestra organización.
En síntesis: la Constitución expresa como garantía para todos los ciudadanos que la traición a la Nación es lo que su texto dice en términos estrictos y nada más. Cuando la Constitución emplea la palabra “únicamente” al definir en qué consiste la traición, ha expresado… su voto porque la justicia argentina no se convierta en auxilio de la opresión10.
El artífice del código de 1921 lo expresó claramente, reiterando lo que con anterioridad habían afirmado Rivarola, Piñero y Matienzo en el proyecto de 189111: El Congreso Nacional no puede en esta materia usar la amplitud de facultades con relación a la casi totalidad de los otros delitos, pues por excepción y como lo ha hecho en contados casos, la Constitución ha dicho cuándo existe el delito de traición12. Destaca el carácter de garantía contraponiendo la definición constitucional con la arbitrariedad de las leyes de Partida13.
15 Discutieron incluso si es “o” o “y”. En cumplimiento de la Constitución, la ley 49 de 1863 quiso precisar los actos de traición14, pero la tradición a partir del proyecto Rivarola-Piñero-Matienzo de 189115 reprodujo la letra constitucional, agregando sólo agravantes. Más tarde se discutió si la expresión ayuda o socorro del artículo 214 del código penal era o no constitucional, pues la Constitución exige ayuda y socorro.
Se sostuvo que la alternativa en lugar de la conjunción importaba extender la fórmula constitucional, aunque otros opinaron que siempre que hay una se presenta el otro y viceversa, por lo que no se alteraría la extensión16. Soler afirmaba que tienen importancia esa y otras diferencias17, en tanto que Núñez sostiene que se trata de una garantía, y si el artículo 214º del Código penal no se aviene con el artículo 119º constitucional, debe prevalecer la fórmula de la Constitución18. De cualquier manera, todos coinciden en su naturaleza de garantía y en la consiguiente inadmisibilidad de cualquier extensión de la fórmula legal, centrándose la discusión sólo en saber si la hay o no en la ley.
Así lo expresó el propio Rodolfo Moreno (hijo) con meridiana claridad conceptual: Este delito entre nosotros no puede cometerse en tiempo de paz. Para que exista se requiere: o que se tomen las armas contra la Nación, o que se unan los agentes a los enemigos de la misma. Tomar las armas contra la Nación es hacerle la guerra, y unirse a los enemigos supone ese estado, pues la República no los tiene durante la paz19.
En términos análogos se expresan todos los penalistas argentinos. Omitimos la transcripción textual de sus opiniones en homenaje a la brevedad, pues para todos se trata, prácticamente, de una obviedad20.
Cabe citarlo por extenso porque es clarísimo: Pero no constituye guerra internacional el ataque restringido a personas o grupos de nacionales en el país o en el extranjero (que puede ser motivo de una guerra, pero que no lo es todavía, salvo que se realice dentro del marco prospectivo de un conflicto bélico internacional). La guerra internacional existe cuando se ha declarado formalmente, según las disposiciones constitucionales y el derecho internacional, o cuando se han producido hostilidades que ya importan la guerra, aunque no se la haya declarado formalmente (el Código de Justicia Militar fija también, como término inicial, el “decreto de movilización para la guerra inminente” –ver artículo 882– pero allí no hay todavía guerra internacional) y termina cuando se ordena el cese de las hostilidades, aunque permanezca vigente el estado de guerra hasta la celebración formal de la paz. El delito sólo se puede dar entre el comienzo y el final de la guerra21.
21 Síntesis jurídica de lo anterior. Como síntesis jurídica de lo anterior, cabe afirmar lo siguiente: (a) El concepto de traición es constitucional y no puede extenderse más allá de la definición del actual art. 119º. (b) La pretensión judicial de ampliar la definición constitucional importa una vuelta al despotismo premoderno, prohibida por la Constitución. (c) La disposición constitucional se dirige directamente a los jueces, para prevenir su integración analógica jurisprudencial. (d) El artículo 119º constitucional es una garantía conforme a la opinión jurídica nacional unánime, incluso históricamente reafirmada con la reubicación del texto en 1949. (e) El constitucionalismo y el penalismo argentinos lo sostienen como una obviedad, sin que haya autor nacional que haya sostenido otra cosa. (f) Igualmente obvio es para toda nuestra doctrina jurídica el presupuesto de una guerra o el hecho de confrontación bélica. (g) La Nación Argentina nunca declaró la guerra a Irán ni se preparó para defenderse bélicamente. (h) Haber sido agredido no significa estar en guerra, sino sólo ser víctima de una agresión.
Autor Red no más Deberes sin Derechos.Publicado el 15 diciembre, 2017 Categorías Judicial
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References: artículo 119
 artículo 29
 artículo 119
 artículo 119
 artículo 214
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 artículo 119
 artículo 882
 artículo 119