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Timestamp: 2018-09-21 20:43:27+00:00

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Notas sobre el régimen especial de Bogotá DL 1421
Escuela de Arquitectura y Urbanismo (F. de Artes) Universidad Nacional de Colombia
1. Aclaraciones conceptuales Régimen político y sistema político Por régimen político nos referiremos a (1) el conjunto de instituciones formales (entidades, por ejemplo, la Corte Constitucional, la Policía Nacional, el Congreso, el Consejo de Bogotá, el ministerio de Hacienda, la Alcaldía Municipal de Tocancipá, etc) que constituyen el aparato de Estado; (2) sus reglas de operación y (3) las reglas de acceso a ocupar los cargos en cada una de éstas. Por formales estoy diciendo que son establecidas en la Constitución, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos, las resoluciones, etc, es decir, por escrito, bajo la idea de que debe cumplirse, porque hay vigilancia. El régimen se refiere a las atribuciones, competencias y funciones de las autoridades públicas (¡unas criaturitas!) que intervienen en las rutinas y toman decisiones, y a los procedimientos mediante los cuales estas criaturitas acceden a esos espacios en los cuales se toman decisiones y se ejecutan. Desde quién va a ser el comandante supremo de las fuerzas armadas, hasta quién va ser concejal de un municipio pequeño, pasando por los jefes de compras de todas las entidades. Por sistema político entenderemos algo adicional: al régimen le sumaremos los patrones de comportamiento de los ciudadanos o de grupos de éstos que resultan de combinar la existencia de esas reglas con las estrategias de los ciudadanos para jugar dentro de ellas o contra ellas y obtener la satisfacción de sus intereses, preferencias o ideas. La siguiente analogía aclara bastante bien la diferencia entre el régimen político y el sistema político: Régimen político Reglas de juego del fútbol Sistema político Forma de juego de un equipo específico Muy importantes en las reglas de acceso son los procedimientos electorales (voto universal y secreto) para acceder ciertos los cargos en los que se toman las decisiones generales, que se supone son de una jerarquía mayor que las decisiones que se toman para ejecutar las decisiones generales. Esta es la única ocasión en la que los ciudadanos, me refiero a todos los que tienen cédula de ciudadana, expiden un acto como autoridades públicas: el voto1.
Es decir, que el único documento que expide un ciudadano raso que muestra autoridad pública es el voto. Eso no quiere decir, como señalan algunos de los detractores sui generis de la democracia representativa, que en una democracia representativa al ciudadano solamente le autorizan a votar. Puede formar partidos, grupos de presión y
Cómo leer las normas La lectura de las normas no es asunto fácil, especialmente cuando se trata de analizar su impacto en el comportamiento de las autoridades públicas y de los ciudadanos. Conviene distinguir tres tipos de afirmaciones que en general están presentes: a) Las prescripciones (en el sentido de “lo deseado” y “lo indeseado”). En ocasiones, y en las normas colombianas esto se ha vuelto notable), las normas declaran lo deseable. En su redacción y aprobación los intelectuales del derecho y otros intelectuales pujan por consignar en los primeros artículos todo tipo de declaraciones (principios, por ejemplo). Gana el premio “soy el más bondadoso” quien logre incluir las más grandilocuentes. Consignan en su texto valores y visiones de la sociedad que dicen desear. Estas declaraciones tienen alguna relevancia en la competencia política, o simplemente en la legitimidad incluso en los regímenes no democráticos, pero no conviene considerarlas más allá de esto2. Sin embargo, terminan cobrando vida por la juridización de la competencia política. Los principios se invocan en las demandas, y las altas Cortes declaran decidir por fidelidad a los principios. b) Prohibiciones, obligaciones y procedimientos. Las normas fijan ciertas obligaciones, prohibiciones y procedimientos que evidentemente deben cumplirse, porque las pruebas de su cumplimiento o incumplimiento son muy evidentes. Por ejemplo, que para gastar dineros públicos debe haber previamente un documento legal que llaman presupuesto. Luego, cada año los cuerpos colegiados o las autoridades expiden ese documento técnico-legal. Otro ejemplo: para participar como candidato a una elección de alcalde hay que inscribir la candidatura en la registraduría correspondiente, y el gobierno imprime un tarjetón con los candidatos que cumplen ciertos requisitos. También se cumple que el período de alcalde ahora es de cuatro años y antes era de tres, y se cumple que la regla de asignación de curules por votos en los cuerpos colegiados es ahora la cifra repartidora, mientras antes era el cociente electoral). Por supuesto, este aspecto resulta ser el más susceptible de análisis objetivo. A este contenido de la norma le podemos poner un nombre, Estructuras. c) Las normas contienen también prohibiciones, obligaciones y procedimientos que se ven tajantes, pero son muy difíciles de verificar. Está prohibida y penalizada la compra-venta de votos, pero se hace. Esta otra, contenida en el artículo 127 de la Constitución Nacional: “La utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña política constituye causal de mala conducta”.
participar en diferentes formas para orientar la opinión pública. Otra cosa es que sea difícil; no podía ser de otra manera.
La Constitución se llenó de estas declaraciones. Pero al incorporar al régimen una Corte Constitucional, y al sentar ésta en su jurisprudencia la pretensión de hacerlas valer en las normas positivas, esas declaraciones cogieron una fuerza jurídica tal que las ha puesto al frente del debate público.
2. Hitos del régimen especial de Bogotá Antes de analizar el régimen especial de Bogotá, es importe tener en cuenta que usualmente las capitales de todos los países tienen un régimen de gobierno distinto al de las demás jurisdicciones territoriales semejantes (en Colombia, distinto del régimen municipal general). Cuando la capital es al mismo tiempo la ciudad primada (la más numerosa, la de economía más pujante, y la fuente más grande de votos), las criaturas que encarnan los cargos altos de las entidades de todos los niveles territoriales compiten encarnizadamente por intervenir en ellas y hacerse visibles en su intervención. Van algunos hitos relevantes:  En la reorganización territorial de 1905, bajo el gobierno de Rafael Reyes, Bogotá comenzó a tener un régimen distinto del régimen de los demás municipios. Fue erigido como distrito especial, bajo la administración de la Nación, es decir, del presidente de la República. Un tiempo después de que Rafael Reyes se retirara del gobierno, el carácter de especial se suprimió y Bogotá volvió a ser otra vez un municipio como cualquier otro del Departamento de Cundinamarca. En la reforma territorial de 1945 (Acto Legislativo No. 1 de 1945), se volvió a anunciar que Bogotá tendría un régimen especial que sería aprobado por el Congreso, pero esa legislación nunca apareció. En 1954, bajo la dictadura de Gustavo Rojas, e invocando el mandato constitucional de 1945, se reorganizó a Bogotá y a sus municipios vecinos mediante el decreto 3640. Se anexaron a Bogotá seis municipios (Bosa, Engativá, Fontibón, Usaquén, Suba y Usme) y toda la zona del páramo de Sumapaz. A la nueva criatura territorial se le volvió a dar el nombre de Distrito Especial, nombre que conservó hasta la Constitución de 1991. En 1968, mediante facultades extraordinarias, el gobierno de Carlos Lleras legalizó la situación especial de ese Distrito Especial, bajo el decreto-ley 3133. Ese fue el régimen especial de Bogotá hasta la aprobación del Decreto Ley 1421 de 1993. En 1991, la Constitución incluyó el siguiente inciso en su primer artículo sobre el régimen especial de Bogotá, el 322:
“Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución, las leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los municipios”
De esa manera, Bogotá se protegió de lo que le había ocurrido en 1945, cuando se dijo que no estaría sometida al mismo régimen de los municipios pero no apareció la norma específica y debido a ello quedó en un “limbo jurídico”, como acostumbró a decirse. Sin embargo, la Constitución agregó un artículo transitorio, el 41, que resultó de gran importancia:
“Si durante los dos años siguientes a la fecha de promulgación de esta Constitución, el Congreso no dicta la ley a que se refieren los artículos 322, 323 y 324, sobre régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, el Gobierno, por una sola vez, expedirá las normas correspondientes.”
En el Congreso se delegó en la representación bogotana la presentación del proyecto de Ley correspondiente. El plazo expiró sin que se hubiera aprobado la ley. Correspondió al alcalde Jaime Castro presentar un proyecto al presidente César Gaviria, que resultó en el régimen actual, el Decreto Ley 1421.
3. El régimen de Bogotá (Decreto Ley 1421 de 1993) Se ha dicho repetidamente, y con razón, que el Decreto-Ley 1421 es pieza clave en el mejoramiento sustancial que tuvo la ciudad de Bogotá entre 1993 y 20033. En efecto, como consecuencia de las tendencias que venían incubándose desde años atrás, Bogotá entró en 1992 en una profunda crisis fiscal, de servicios públicos domiciliarios, de vías, de transporte, de índices de seguridad, de capacidad de sostenimiento del espacio público…, que iniciaron un proceso de superación. No es fácil dilucidar (no lo haremos aquí de manera completa) cuál de los siguientes factores fue relevante en ese cambio tan radical, que llevó a Bogotá de ser el ejemplo por vía negativa a ser el ejemplo por vía positiva: o El Decreto Ley 1421 o Las normas sobre Bogotá contenidas en la Constitución del 91 o Las normas generales sobre gobierno municipal contenidas en la misma Constitución o Otras normas de la Constitución, como la posibilidad de que el sector privado participara en la provisión de servicios públicos domiciliarios o las nuevas normas sobre hacienda pública y control fiscal. o Las nuevas normas electorales que se incorporaron en la Constitución y su desarrollo legal o Las personalidades que bajo esas nuevas normas fueron ganando elecciones: Jaime Castro, Antanas Mockus, Enrique Peñalosa… ¿hasta dónde? (ver nota 3) o Una “nueva cultura política” de los bogotanos, o un cambio generacional como resultado de la transición demográfica. Al conjunto de estas causas podría añadirse la descentralización municipal, que comenzó a tener efectos en 1988 con la primera elección popular de alcaldes. Si el régimen establecido en el 1421 es responsable de buena parte del éxito de este proceso de mejoramiento, se podría pensar que copiarlo por lo menos para las ciudades grandes facilitaría una senda de progreso continuo. Sería necesario saber en qué se diferencia el régimen de Bogotá de las normas que valen para los municipios. Algunos de estos temas serán tocados en lo que sigue. Descripción general del 1421
No hay duda que Bogotá vivió un período durante el cual se resolvieron problemas muy serios de deficiencias en los servicios de todo tipo a cargo del gobierno de la ciudad. Hoy en día (2013), los bogotanos sufren una crisis de autoconfianza. Eso muestran las encuestas. Si esa pérdida de confianza refleja una pérdida en el dinamismo de mejora, cuándo habría comenzado a declinar, y por qué causas, es un asunto de mucha discusión.
El Decreto Ley 1421 consta de trece títulos, así4 (entre paréntesis los artículos correspondientes): I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. Principios generales (1 – 7) El Concejo (8 – 34) Alcaldía Mayor (35 – 52) Organización gubernamental y administrativa (53 – 59) Descentralización territorial (60 – 95) Personería (96 – 104) Control fiscal, control interno y veeduría (105 – 124) Servidores públicos (125 – 134) Régimen presupuestal (135 – 143) Contratación (144 – 152) Régimen fiscal (153 – 162) Disposiciones sobre servicios públicos (163 – 168) Disposiciones varias y transitorias (169 – 180)
Sobre algunos de estos títulos haremos observaciones. I. Principios generales
Se establece que el régimen especial de Bogotá prevalece sobre normas generales vigentes, y se otorgan a Bogotá también atribuciones generales que se fijan para los departamentos. Aunque todo esto está sujeto a interpretaciones jurídicas, vale afirmar que una ley de carácter general que afecta la función municipal cambiará el régimen del 1421 solamente si se menciona expresamente su vigencia para Bogotá. Finalmente, aunque algo de este tenor venía rigiendo desde 1954, quizás el artículo más fuerte del 1421 es el séptimo, según el cual
“las disposiciones de la Asamblea y de la Gobernación de Cundinamarca no rigen en el territorio del Distrito…”.
Eso queda reforzado por una estipulación nueva que traía la Constitución del 91 (Art. 327):
“En las elecciones de Gobernador y de diputados a la Asamblea Departamental de Cundinamarca, no participarán los ciudadanos inscritos en el censo electoral del Distrito Capital”.
Así no ocurre en ningún otro municipio del país. Bogotá no tiene su Asamblea Departamental; todas las otras grandes ciudades de Colombia sí la tienen. Esta separación tiene importantísimas consecuencias tanto para Bogotá como para la región que llaman Departamento. La más importante: desde el punto de vista electoral se separan las preferencias urbanas de las preferencias rurales, en cuanto a las propuestas de políticas públicas que se debaten durante la competencia electoral. Pero quizás más importante aún, por el tipo de juego político que convoca la aglomeración urbana frente al que convoca la dispersión territorial propia de los pequeños municipios.
El texto con anotaciones puede ser consultado en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/index.jsp
Los gobernadores colombianos no aceptarían un régimen semejante, porque significa una pérdida muy grande de poder político y de visibilidad pública el hecho de perder jurisdicción de gobierno sobre la ciudad capital de su departamento. II. El Concejo
Una de las características más señaladas del nuevo régimen creado por el DL 1421 es haber suprimido la “coadministración” entre el Concejo y el ejecutivo distrital. En el régimen anterior los concejales hacían parte de las Juntas Directivas de las entidades descentralizadas (Acueducto, Energía, Teléfono, y otras) y de varias Juntas relacionadas con la administración central: Contratos, Planeación, Hacienda. En buena, los concejales determinaban la marcha administrativa del aparato. Esta nueva regla está consignada en el artículo 8:
ARTÍCULO 8º. Funciones Generales. El Concejo es la suprema autoridad del Distrito Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter normativo. También le corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplan las autoridades distritales.
No se trata sólo de una declaración. Las disposiciones sobre atribuciones y prohibiciones que se consignan en los artículos subsiguientes claramente le quitan ese poder de administrar. En los más de 10 embates sin éxito que los concejales y los representantes a la Cámara por Bogotá, íntimamente ligados entre sí, han realizado contra el DL 1421 a través de proyectos de ley que buscan modificarlo, este punto ha estado presente. Las funciones administrativas del concejo se limitan a expedir normas y además tiene la función de vigilar la marcha de la administración. Las modificaciones han propuesto que también el concejo tenga facultades administrativas, es decir, abre el camino para regresar al régimen anterior. La Constitución del 91 no dice nada sobre esto para el caso de Bogotá. Para el caso general de los municipios, señala que se trata de una corporación administrativa (es decir, es un cuerpo colegiado que no pertenece a la rama legislativa del poder público). La Constitución no prohíbe a los concejales ser miembros de las juntas directivas – lo que sería coadministrar – pero sí lo prohíbe la Ley 136 de 1994.
Art 45: “Los concejales no podrán… 3. Ser miembros de juntas o consejos directivos de los sectores central o descentralizados del respectivo municipio…”
Esta ley, sin derogar el Código Municipal vigente en 1994, dicta normas para “modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. El 1421 DL hace una declaración rimbombante sobre el concejo: “…es la suprema autoridad del Distrito Capital…” (Art. 8). Y así podría entenderse de sus atribuciones (cito solamente algunas, art 12):
      Adoptar el Plan General de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas… Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas… Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos… Adoptar el Plan General de Ordenamiento Físico del territorio… Determinar la estructura general de la Administración Central… Crear, suprimir y fusionar establecimientos públicos y empresas…
Sin embargo, el artículo 13 restringe enormemente las facultades aquí establecidas: “sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde…” cualquiera de estas atribuciones. De las 25 atribuciones, 10 están sometidas a esta restricción. Restricciones de este tipo no están en la Ley 136 ni en el Código Municipal, aunque sí en algunas normas específicas como la Ley de Planeación (Ley 152) y la Ley de Ordenamiento Territorial que regula los planes de ordenamiento territorial de los municipios (Ley 388). Ésta es una diferencia sustancial entre el régimen de Bogotá y el de los municipios: de acuerdo con el régimen, el poder está claramente más centrado en el alcalde. Otra cosa es lo que determine el juego político en cada coyuntura política. Una cosa es el régimen, y otra el sistema. Los concejales conservan en efecto la posibilidad de decir “no” a las iniciativas del Alcalde, y en el caso de Bogotá la han usado profusamente. Pero en algunos temas esenciales, como plan de desarrollo, presupuesto y ordenamiento territorial, si dicen “no”, el Alcalde los puede expedir la correspondiente norma por decreto. La coadministración no constituye un asunto bueno per se. El régimen municipal español, por ejemplo, es claramente de coadministración. Pero sí es necesario reconocer que en este aspecto el nuevo régimen cambió sustancialmente la manera de hacer política en Bogotá y la manera de gobernar, cambios que en todo caso no fueron independientes de la manera como asumieron la política las personas que ejercieron el gobierno desde la Alcaldía. Para terminar lo que dice el DL 1421 sobre el concejo, es importante anotar que también hace un cambio sustancial en el régimen al conceder honorarios a los honorables concejales. Durante el régimen anterior, 200 años, los concejales actuaban, ahí sí, ad honorem. III. Alcaldía Mayor
La acción administrativa necesita de funciones y atribuciones claras para los funcionarios que la ejercen. En el DL 1421 asigna 20 atribuciones al alcalde en su artículo, que le dan suficiente flexibilidad para hacerse responsable de las tareas de gobierno. Ninguna de las atribuciones contenidas en este artículo es particularmente diferente a las correspondientes atribuciones de las que habla la Ley 136 para el resto de municipios, pero hay que tener en cuenta que esta ley, posterior a la expedición del DL 1421, en parte se inspiró en este último. IV. Organización gubernamental y administrativa
1. Como la Constitución determina que Bogotá tendrá localidades, el DL 1421 las incorpora de una vez a la estructura de gobierno, señalando que “la estructura administrativa del DC comprende el sector central, el sector descentralizado y el de las localidades” (Art. 54). 2. Al Alcalde Mayor se le otorga la facultad de reestructurar la administración sin suprimir o fusionar las entidades existentes, siempre y cuando no genere con los cambios nuevas obligaciones presupuestales. El alcance de este artículo ha sido muy discutido cuando se habla de re-estructuración de la administración. El concejo ha sido
renuente siempre a suprimir entidades. Cuando suprime lo hace porque se crean otras. En cambio, como la mayoría de los cuerpos colegiados, es aficionado a crear entidades, que se tramitan a una velocidad notable. Una muestra de clara que la reproducción política de los concejales está ligada a lo que llaman la fronda burocrática. 3. Las Juntas Directivas de las entidades descentralizadas son designadas libremente por el alcalde. V. Descentralización territorial
Constituye el título con mayor número de artículos, lo que puede interpretarse como voluntad política para descentralizar por parte de Jaime Castro. En esta descripción restringimos los comentarios a los siguientes puntos: 1) El 1421 en lugar de avanzar en el proceso de descentralización, en el sentido de otorgar mayor poder a los sistema políticos locales, se los quita respecto de las atribuciones de que gozaba antes de su expedición, al amparo de la Ley 1 de 1992, emanada del Congreso (la primera ley de la nueva era constitucional) que reglamentó las JAL de Bogotá. En efecto, en la Ley 1ª:  Las JAL tenían la atribución de citar a los jefes de las entidades distritales. Citar significa obligar a asistir a sesiones, y en ese sentido es muy distinto de invitar. Fue claro para los diseñadores del 1421 que un funcionario de alto nivel de responsabilidad no podía ir recorriendo la ciudad atendiendo citaciones. Los alcaldes locales tenían período fijo según la Ley 1ª. En consecuencia, ocurrió en las primeras de cambio que una vez designados no volvían a atender los llamados del Alcalde Mayor para organizar actividades conjuntamente. Para volver a conseguir la unidad de gobierno en la ciudad, los diseñadores del DL retiraron el período fijo de los alcaldes locales, quedando éstos sujetos a remoción por parte del Alcalde Mayor, quien en todo caso no puede hacerlo arbitrariamente. Según la Ley 1ª de 1992, automáticamente el presupuesto de las localidades pasaría del 10 al 20% de los ingresos corrientes, a un ritmo de 2% anual. Esto se cambió por etapas de incremento del 2% pero bajo aprobación del Concejo a iniciativa del Alcalde Mayor, lo que nunca se ha hecho.
2) Dos diferencias grandes con las JAL que existen en otras entidades municipales colombianas5: a) Los ediles de Bogotá tienen honorarios, los otros no, y esto fue concedido en el DL 1421; b) El DL 1421 define un mínimo de transferencia del presupuesto global del Distrito, el 10% de los ingresos corrientes, para ser repartido en cada una de las localidades como una partida global cuyo destino es fijado por la JAL. Esta transferencia no existe para los otros municipios, pero una ley sobre las ciudades que han obtenido del congreso el carácter de distritos, o que lo tenían otorgado por la Constitución de 1991, copió tímidamente el régimen de Bogotá. IX. Régimen presupuestal
Cerca de 60 entidades municipales han aprobado divisiones territoriales (comunas, se llaman en este caso), con Juntas Administradoras Locales.
Los artículos 140 y 141 imponen enormes restricciones al “poder de la bolsa” del Concejo (poder de la bolsa es una frase con la que se designa en la vida política de los EU a las atribuciones que tiene su Cámara de Representantes para aprobar, es decir, disponer, del presupuesto). Según el primer artículo,
“si el Concejo no expidiere el presupuesto antes del diez de diciembre, regirá el proyecto presentado por el Alcalde Mayor”.
El segundo artículo advierte que para hacer modificaciones al proyecto de presupuesto, los concejales deben contar con el visto bueno por escrito del Secretario de Hacienda, o sea, del Alcalde Mayor, pues el Secretario es de libre nombramiento y remoción de este último. XI. Régimen fiscal Es quizás la parte más fuerte del estatuto, a pesar de su brevedad. Da fundamento jurídico a modificaciones al régimen de impuestos, algunas de las cuales habían sido infructuosamente presentadas al Concejo. La causación bimestral del impuesto de industria y comercio, se fija en el numeral primero:
“Corresponde al Concejo… fijar su periodicidad. Mientras no lo haga, y a partir del 1 de enero de 1994, el período de causación será bimestral”
Una de las consecuencias de este artículo fue la siguiente: durante el año 1994 se recibió el Impuesto de Industria y Comercio de 1993 y al mismo tiempo el de 1994. A eso se debe un “pico” en los ingresos distritales durante este período. El artículo 155 modifica el impuesto predial, incorporando el autoavalúo, detalle técnico que cambió sustancialmente las costumbres de los bogotanos sobre el pago del predial: en lugar de esperar a que le llegara el recibo de predial, el ciudadano es responsable de pagar el suyo, según un porcentaje del avalúo comercial. El gobierno distrital simplemente distribuye formularios en blanco, que los ciudadanos consiguen por su cuenta6. El artículo 156 señala que el Concejo podrá aprobar una sobretasa a la gasolina hasta del 20%, pero no la impone de inmediato. También se entrega al Concejo la posibilidad de fijar peajes, facultad que hasta hoy en día nunca se ha usado, aunque sí ha habido propuestas del Alcalde Mayor en esa dirección. XII. Disposiciones sobre servicios públicos El DL 1421 se expidió antes de la aprobación de la Ley de Servicios Públicos (Leyes 142 y 143). El Estatuto le entregó al distrito las bases jurídicas para privatizar de manera definitiva todo el servicio de aseo y barrido (ya había zonas de la ciudad cubiertas por operación privada) y liquidar la entidad pública existente, la EDIS. Así procedió a hacer el gobierno de Jaime Castro en 1994, con lo que se terminó una crisis insoportable en el servicio y un nido de profunda corrupción y desgreño. La liquidación tuvo los altos costos que prevé la ley al dejar cesantes un número alto de trabajadores. Unos años después, en 2012, un Alcalde Mayor de la ciudad encontró un camino paradójico de progresar: volver hacia atrás.
Para mejorar el recaudo y simplificar la vida de los contribuyentes, desde hace varios años la Secretaría de Hacienda hace llegar a cada predio un formulario ya diligenciado, como sugerencia que en la inmensa mayoría de los casos es aceptada por el responsable de pagar el impuesto.
XIII. Disposiciones varias En el tema del aseo contiene este título un artículo explícito autorizando al Alcalde, sin pasar por el Concejo, a hacer las concesiones correspondientes. También autoriza al Alcalde a organizar lo que fueron las concesiones para administrar los grandes parques distritales. Nuevamente, la autorización le permite al Alcalde proceder sin pasar por el Concejo. Estas disposiciones hubieran podido pasarse por el Concejo, donde está sujeto a todo tipo de intercambios: cambalaches de decisiones favorables a las propuestas del alcalde por cargos en la administración, atención a comunidades cercanas a los electores de concejales específicos, nuevos acuerdos que no van en la línea de gobierno que se ha trazado el alcalde.
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References: sui generis
 artículo 127
 artículo 8

ARTÍCULO 8
 artículo 13
 artículo 155
 artículo 156