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Timestamp: 2019-06-18 07:32:01+00:00

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mayo 2013 - Consultas Derecho
2013 > mayo
Condena penal por incumplir el convenio de divorcio
El caso real que comentamos hoy se refiere a las consecuencias penales de trasladar el lugar de residencia por motivos laborales a otra ciudad, sin permitir que el otro progenitor no custodio pueda seguir disfrutando del derecho de visitas a la hija en común.
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra de fecha 11 de julio de 2012 condena a la madre de la hija como autora de una falta de incumplimiento de obligaciones familiares por irse a vivir de Pamplona a Toledo, impidiendo que derecho de visita del padre pactado en el convenio de divorcio.
Los hechos fueron los suguientes: en fecha no determinada pero, en cualquier caso, con anterioridad al 31 de agosto de 2011, la denunciada decidió aceptar una oferta de trabajo que le obligaba a trasladar su residencia a la ciudad de Toledo. Por ello y a fin de evitar cualquier tipo de problema derivado del tenor literal del convenio regulador judicialmente aprobado, la denunciada retrasó hasta el final la comunicación al denunciante de su intención de trasladarse con la hija común a vivir a Toledo, cosa que finalmente hizo, primero a través de las abogadas que, respectivamente, les habían defendido en el proceso de divorcio, y después mediante correo electrónico dirigido al denunciado, remitiendose ambas comunicaciones electrónicas el día 31 de agosto de 2011, sin que conste en qué fechas fueron leídos dichos mensajes por sus destinatarios.
En el mensaje remitido por su abogada a la abogada contraria, se daba el plazo de un día al denunciante para pronunciarse sobre las consecuencias de dicho cambio de residencia bajo advertencia de que, en caso de silencio, ejercerían las acciones judiciales oportunas; cosa que, efectivamente, hizo, presentándose al día siguiente, 1 de septiembre de 2011, las oportunas demandas de modificación de medidas y de medidas provisionales que al efecto tenían preparadas, la segunda de las cuales fue finalmente resuelta mediante auto de 1 de diciembre de 2011, en el que se mantuvo la custodia de la menor a favor de la madre y se modificó el régimen de comunicaciones como consecuencia del traslado de la denunciada y la hija a Toledo.
La denunciada se marchó a residir a Toledo con su hija, sin esperar el resultado de las demandas que ella misma había interpuesto, de forma que a partir del jueves 8 de septiembre de 2011 y hasta el dictado del auto de 1 de diciembre de 2011 el denunciado ya no pudo ejercer su derecho y el de la niña a estar juntos las tardes de los lunes y jueves, desde la salida del colegio hasta las 19.30 horas, por resultar de imposible cumplimiento como consecuencia de la decisión de la denunciada de marcharse a residir con la menor a la ciudad de Toledo.
Publicado en Opinión, Sentencias	| Etiquetado falta incumplimiento obligaciones familiares, menores, separación y divorcio	| Deja una respuesta | 31 mayo, 2013 by consultasderecho
¿Qué valor penal tienen los informes emitidos por los Inspectores de Hacienda?
El carácter de prueba pericial de los informes emitidos por los inspectores fiscales, en base a los que se inicia un procedimiento penal, es algo que está claramente resuelto, al menos por el momento, por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y por tanto no cabe más que remitirse a la misma. Se podrán hacer elucubraciones teóricas al respecto, y cada operador jurídico (jueces, fiscales o abogados) podrá tener su opinión personal al respecto, pero eso no cuenta actualmente frente a una jurisprudencia tan definida.
La Audiencia Provincial de Valencia, en su Sentencia de fecha 3 de abril de 2013, resume la doctrina del Tribunal Supremo afirmando, respecto al valor que tienen los dictámenes periciales emitidos por los Inspectores de la Agencia Tributaria, que dichos informes, en causas en las que la referida Agencia inicia mediante denuncia el procedimiento penal, que la vinculación laboral de estos Inspectores, que tienen la condición de funcionarios públicos, con el Estado, titular del ius puniendi, no genera un interés personal que les inhabilite, por lo que ni constituye causa de recusación ni determina pérdidas de imparcialidad.
La admisión como Perito de un Inspector de Finanzas del Estado en un delito fiscal, no vulnera los derechos fundamentales del acusado, atendiendo, precisamente a que el funcionario público debe servir con objetividad a los intereses generales, sin perjuicio, obviamente, del derecho a la parte a proponer una prueba pericial alternativa a la ofrecida por el Ministerio Fiscal.
Obviamente, esto no significa que haya que aceptar como probado todo aquello que declaren o informen los Inspectores de la Agencia Tributaria, sino que sus declaraciones e informes serán de libre valoración junto a las restantes pruebas que se practiquen conforme al artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Las afirmaciones contenidas en el informe emitido por los Inspectores de la Agencia Tributaria, que da origen al correspondiente proceso penal, no dejan de ser una exposición de hechos, basados en los documentos que aportan, más una opinión jurídica que, como tal, no es vinculante sino meramente orientativa para el tribunal que haya de determinar la comisión o la no comisión del delito fiscal denunciado.
Será el tribunal juzgador el que habrá de examinar y valorar los hechos expuestos en el informe, así como la documentación incorporada al mismo, y a partir de ahí ese mismo tribunal obtendrá sus propias conclusiones fácticas y jurídicas basándose en la actividad probatoria que se realice en el juicio oral, que expondrá en la sentencia que dicte.
Bien es verdad que esas conclusiones judiciales podrán estar más o menos influenciadas por las opiniones de los Inspectores Fiscales, como expertos en el ámbito tributario que han investigado una posible defraudación fiscal, pero esas conclusiones judiciales también podrán estar influenciadas, en su caso, por las opiniones del o de los peritos que haya podido aportar la defensa del acusado o de los acusados. Lo que verdaderamente importa es lo que resulte probado en el ámbito del proceso penal con sujeción a las reglas que son propias del mismo.
De donde se sigue que, en realidad, el informe de los Inspectores Fiscales, después de que éstos hayan declarado en el juicio oral, no se convierte en una prueba pericial propiamente dicha, en estrictos términos jurídico-procesales, toda vez que ni las afirmaciones fácticas ni las opiniones jurídicas contenidas en dicho informe se refieren a conocimientos científicos ni técnicos que no posea el tribunal sentenciador.
El objeto del informe de los Inspectores Fiscales versa exactamente sobre el mismo tema fáctico y jurídico que es objeto del juicio oral, si bien la manera de abordarlo y de contemplarlo es diferente en uno y otro caso, pues los Inspectores Fiscales examinan dicho objeto con criterios jurídico-tributarios, mientras que el tribunal sentenciador lo examina con criterios jurídico-penales.
En definitiva, lo que el informe emitido por los Inspectores Fiscales hace es aportar hechos y documentos, como si fuese un atestado policial o un informe de la Inspección de Trabajo, por poner dos ejemplos aproximados, y además ese informe puede contener una indicación no vinculante de cuál es la opinión del técnico actuante con respecto a los hechos en cuya investigación ha intervenido. A partir de ahí el tribunal sentenciador deberá formar su propio criterio basándose no sólo en el contenido de ese informe, sino en el resto de las pruebas que se practiquen en el juicio oral.
Publicado en Opinión, Sentencias	| Etiquetado delito fiscal, hacienda pública, inspección tributaria	| Deja una respuesta | 29 mayo, 2013 by consultasderecho
La junta general universal de las sociedades de capital
Las juntas generales de las sociedades de capital, por la forma en que las mismas han sido convocadas, pueden ser de dos clases:
a) Juntas universales, en las que ante la asistencia de todo el capital social, la aceptación unánime de todos los asistentes a la celebración de la junta y al orden del día de la misma, no necesitan ser convocadas (artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital).
b) Juntas generales debidamente convocadas por el órgano de administración, que no requieren de la asistencia de todo el capital social, convocatoria que deberá tener lugar bien en la forma determinada en la Ley de Sociedades de Capital, bien en la forma estatutariamente establecida (artículo 173.2 de la citada Ley).
En este segundo caso la junta sólo puede tratar, con alguna excepción legal, los asuntos comprendidos en el orden del día, mientras que en el primer caso la junta puede tratar sobre cualquier asunto siempre que ello sea unánimemente aceptado por todos los socios asistentes a la junta que representan el 100% del capital social, aunque después en la celebración de la junta alguno de los socios vote en contra de todos o de algunos de
La junta universal es contemplada por nuestro legislador como una excepción a la regla general de que toda junta general de sociedad de capital debe ser debidamente convocada. Los requisitos que deben cumplirse son los siguientes: se trata de una junta que requiere la presencia personal o por representación de los socios que representen la totalidad del capital social, debiendo estar todos los asistentes de acuerdo en la celebración de la junta y en el orden del día de la misma.
Faltando alguno de estos tres requisitos (presencia de todo el capital social, aceptación unánime de la celebración y aceptación igualmente unánime del orden del día) la junta no podrá considerarse como universal y, por tanto, o bien no podrá adoptar acuerdo alguno si no ha sido debidamente convocada, o bien deberá limitarse a adoptar acuerdos sobre los puntos del orden del día señalados en la convocatoria.
Orden del día que es esencial pues en base a él el socio tomará la decisión de su asistencia o no a la junta, pudiendo además informarse y reflexionar sobre el sentido de su voto, amén de garantizarse que no se podrá adoptar por sorpresa ningún acuerdo fuera del orden del día establecido. Tan fundamental es este orden del día y su aceptación unánime que no puede tener dicha consideración de universal la junta a la que asista el total capital social, si no consta de forma expresa la aceptación unánime del orden del día.
En el caso decidido por la Dirección General de los Registros y del Notariado en su Resolución de fecha 24 de abril de 2013, se efectúa el siguiente razonamiento:
Resulta del acta notarial de la junta, como se ha dicho, que la socia que votó en contra manifiesta su deseo y resolución de impugnar el acuerdo adoptado. Parece claro que el voto contrario al acuerdo de la socia discrepante implica, no sólo un no al nombramiento de un concreto auditor, sino también un no a su debate y una negativa a su inclusión en el
En definitiva una negativa a que sea adoptado acuerdo alguno sobre el nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad. Por tanto, el hecho de que el acuerdo se someta a votación y todos los socios voten en sentido positivo unos y negativo otro, en ningún caso puede presuponer que ese punto formaba parte del orden del día, pues sobre el extremo relativo a la aceptación de su debate, no recayó acuerdo de forma expresa en el seno de la junta.
Por ello, abundando en las consideraciones anteriores, lo esencial para que ese extremo, que no había sido aceptado expresamente como orden del día de la junta, pudiera ser inscrito, es que el acuerdo se hubiera tomado por unanimidad.
Publicado en Opinión, Sentencias	| Etiquetado auditor de cuentas, derechos del socio, sociedades de capital	| Deja una respuesta | 28 mayo, 2013 by consultasderecho
La comprobación de valores tributaria y la crisis económica
La comprobación de valores consiste en un acto de inspección que efetúa la Administración tributaria para revisar el valor atribuido por el contribuyente a un determinado bien a efectos fiscales. Con la crisis económica, se ha producido una bajada generalizada de los valores de los bienes inmuebles.
Para desmontar la comprobación del valor que efectúa la Administración, el contribuyente debe presentar un informe de valoración elaborado por un técnico en el que se justifique debidamente la incorrección de la valoración realizada por la Administración tributaria.
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de fecha 12 de marzo de 2013 desestima el recurso presentado por un contribuyente con los siguientes razonamientos:
a) La Administración Tributaria ha utilizado el método de comprobación establecido en el artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria, que permite la comprobación de valor mediante el valor catastral y su multiplicación por un coeficiente y que por sus propias características no hace preciso que todo inmueble a valorar tenga que ser reconocido directamente.
b) La Gerencia Regional del Catastro Inmobiliario de Extremadura informa que la Ponencia de Valores del municipio de Badajoz fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, que no existe depreciación de valores ni coeficientes correctores como consecuencia de la crisis económica y que la finca catastral transmitida no tiene aplicado ningún coeficiente corrector. Ante la falta de coeficientes correctores, en concreto, el de antigüedad, el contribuyente alega que no puede partirse del valor catastral para determinar el valor real.
c) El contribuyente también alega que en los últimos años se ha producido una devaluación generalizada del valor de los inmuebles debido a la crisis económica. Sin embargo, se trata de una alegación que por su generalidad no resulta válida para desvirtuar la comprobación de valor sino que debería haberse concretado mediante el examen de las características, situación del inmueble y su valor en la fecha de transmisión, ofreciendo una valoración debidamente detallada, es decir, presentado una prueba (informe técnico) que acreditara el valor real del inmueble en la fecha del devengo del tributo. Al no hacerlo así, prevalece la comprobación efectuada por la Administración que está motivada y se ha realizado conforme a lo que dispone el ordenamiento jurídico.
d) El contribuyente presenta un informe firmado por un Arquitecto Técnico que hace referencia a la antigüedad de la vivienda, la falta de ascensor y garaje y la antigüedad de las instalaciones que señala que es aproximadamente de quince años para la calefacción, electricidad y fontanería y de cincuenta años para la red de saneamiento, indicando que estos datos constituyen una valoración negativa del inmueble.
Ahora bien, el informe presentado es insuficiente para desvirtuar la comprobación realizada por la Administración. El informe, en primer lugar, no está fechado. En segundo lugar, debería haber sido mucho más detallado a fin de conocer todas las características y el estado general de la vivienda en la fecha del devengo del impuesto. Las referencias a la antigüedad, falta de garaje y ascensor no son suficientes para dejar sin efecto la comprobación de valor realizada por la Administración, que, reiteramos, ha sido realizada mediante un método de comprobación expresamente admitido en la normativa tributaria.
e) Por último, estimamos que en un informe como el presentado lo decisivo hubiera sido que la perito hubiera realizado una valoración del inmueble a fin de conocer el valor de una vivienda, realizando una valoración que permitiera confrontar el valor ofrecido por la Administración con el efectuado en un dictamen pericial. El informe no realiza un juicio técnico sobre la valoración del inmueble sino que se limita a señalar algunas características del mismo pero no ofrece una valoración de la vivienda mediante, por ejemplo, la aportación detallada de los valores que corresponden a viviendas similares situadas en la misma zona de la ciudad que la que fue objeto de compraventa. Falta, por tanto, un informe pericial sobre el valor del inmueble.
Publicado en Opinión, Sentencias	| Etiquetado comprobación de valores, impuesto de transmisiones, impuestos, vivienda	| Deja una respuesta | 23 mayo, 2013 by consultasderecho
Falta de vejación injusta por llamar a su ex mujer “subnormal profunda”
Un Juzgado de Violencia sobre la Mujer condenó al ex marido por una vejación injusta consistente en los siguientes hechos:
Ha resultado acreditado y así se declara que, Salvador, el día 30 de Octubre de 2012, a las 14:30 horas, a la salida del Colegio Maristas donde cursa estudios el hijo común, y por razón de la consulta a la tutora del mismo por parte de su ex mujer, Montserrat , sobre si el niño podía ir peinado con gomina a clase le dijo: “eres subnormal profunda” “tú no tienes que engominar al niño porque nadie en el colegio lleva gomina, cada día eres más subnormal”.
La Audiencia Provincial de Zaragoza, en su Sentencia de fecha 25 de febrero de 2013, ratifica la condena por la comisión de una falta de vejaciones injustas con los siguientes argumentos:
a) Es reiterada la jurisprudencia que indica que para que pueda aceptarse la vulneración del principio de presunción de inocencia es necesario que de lo actuado en la instancia se aprecie un verdadero vacío probatorio, bien por falta de pruebas bien para haber sido obtenidas estas de manera ilegal, debiendo decaer o quebrar cuando existan pruebas de cargo simplemente indiciarias con suficiente fiabilidad inculpatoria; y ello es lo que sucede en el caso.
b) En efecto, constan las declaraciones de la testigo perjudicada Sra. Montserrat , que son suficientes según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo para que sea posible basar la condena en sus solas declaraciones si éstas crean en el Juez la convicción de la existencia de los hechos y la responsabilidad criminal del denunciado. Dándose en las mismas por otro lado los requisitos exigidos en la jurisprudencia; máxime cuando el propio denunciado reconoce que ese día acudió colegio, y que habló con la denunciante diciéndole cómo se le ocurría hacer a la tutora una pregunta sobre la gomina; aunque lógicamente niega haber pronunciado las expresiones que se reseñan en los hechos probados y que ésta le atribuye.
c) Por otro lado ya la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 1975 sienta como doctrina que la vejación lleva como finalidad maltratar, molestar o zaherir a otro. Tiene una naturaleza pluriofensiva, pues constituye un supuesto de estructura intermedia entre los comportamientos contrarios a la libertad y los contrapuestos al honor.
d) De esta manera se diferencia la vejación del maltrato de obra previsto en el artículo 617-2 el código penal. Asimismo el artículo 15 de la Constitución , refiere entre otras cosas, que nadie puede ser sometido a trato degradante. La dignidad tiene por ello, una dimensión universal y debe ser cuidada por ser inherente a la condición del ser humano sea cual sea su situación personal y cultural. El sustantivo vejación es adjetivado en el tipo, al referirse que ha de ser injusta de carácter leve.
e) Aplicando la doctrina expuesta al caso presente debemos estar de acuerdo con el criterio del Ministerio Fiscal y con la sentencia dictada, dado que las expresiones proferidas por el denunciado superan cualquier tipo de reproche entrando directamente lo que es el insulto.
Publicado en Opinión, Sentencias	| Etiquetado falta de vejación injusta, separación y divorcio	| Deja una respuesta | 22 mayo, 2013 by consultasderecho

References: artículo 741
 Resolución 
 resolución 
 artículo 57
 artículo 617
 artículo 15