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Timestamp: 2017-07-21 12:47:25+00:00

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Sentencia Civil Nº 164/2011, AP - Toledo, Sec. 1, Rec 282/2010, 19-05-2011 | Iberley
InicioJurisprudencia CivilAP - Toledo2011Ocariz Azaustre, Gema AdoracionDesestimaSentencia164/2011282/2010
Sentencia Civil Nº 164/2011, Audiencia Provincial de Toledo, Sección 1, Rec 282/2010 de 19 de Mayo de 2011
Jurisprudencia Sentencia Civil Nº 569/2006, AP - Madrid, Sec. 25, Rec 174/2006, 28-11-2006 Órden: Civil
Num. Sentencia: 569/2006
Num. Recurso: 174/2006
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Num. Sentencia: 488/2012
Num. Recurso: 436/2012
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Num. Sentencia: 19/2010
Num. Recurso: 157/2009
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Domenech Garret, Maria Cristina
Num. Sentencia: 150/2010
Num. Recurso: 958/2009
Sentencia Civil Nº 499/2013, AP - Barcelona, Sec. 1, Rec 185/2012, 04-11-2013 Órden: Civil
Vidal Carou, Ramon
Num. Sentencia: 499/2013
Num. Recurso: 185/2012
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Mediante la Audiencia Previa se persigue llegar a un acuerdo entre las partes para no seguir con la prosecución del procedimiento. De no conseguirse este se examinarán aquellas cuestiones previas suscitadas, las posiciones de las partes, así como ... El juicio ordinario en el proceso civil Órden: Civil
Fecha última revisión: 10/11/2014
El juicio ordinario, se regula en el Art. 249 ,Ley de Enjuiciamiento Civil. En dicho artículo se determina en qué situaciones se utiliza el juicio ordinario, para ello se establecen dos criterios, que son el de la materia y el de la cuantía.
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Tribunal: AP - Toledo
Núm. Sentencia: 164/2011 Núm. Recurso: 282/2010
Núm. Cendoj: 45168370012011100296
Encabezamiento AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1 TOLEDO 00164/2011
Rollo Núm. ............... 282/2.010.- Juzg. 1ª Inst. Núm. 1 de Torrijos.- J. Ordinario Núm. .......... 177/07.- SENTENCIA NÚM. 164 AUDIENCIA PROVINCIAL DE TOLEDO SECCION PRIMERA Ilmo. Sr. Presidente: D. MANUEL GUTIERREZ SANCHEZ CARO Ilmos. Sres. Magistrados: D. EMILIO BUCETA MILLER D. URBANO SUAREZ SANCHEZ Dª GEMA ADORACION OCARIZ AZAUSTRE En la Ciudad de Toledo, a diecinueve de Mayo de dos mil once. Esta Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de TOLEDO, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados que se expresan en el margen, ha pronunciado, en NOMBRE DEL REY, la siguiente, SENTENCIA Visto el presente recurso de apelación civil, Rollo de la Sección núm. 282 de 2.010, contra la
sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia Núm. 1 de Torrijos, en el juicio ordinario núm. 177/07 ,
sobre reclamación de cantidad, en el que han actuado, como apelante AGRUPACIÓN DE INTERÉS URBANÍSTICO SECTOR 9-B, representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Lozano Martín Mora y defendido por el Letrado Sr. Magan Piñero; y como apelados
Ildefonso , representados por el Procurador de los Tribunales Sr. Martín Santacruz y defendidos por el Letrado Sr. García Huerta.
Es Ponente de la causa la Ilma. Sra. Magistrado Dª GEMA ADORACION OCARIZ AZAUSTRE, que expresa el parecer de la Sección, y son,
Antecedentes PRIMERO: Por el
Juzgado de 1ª Instancia Núm. 1 de Torrijos, con fecha 18 de Junio de 2.010, se dictó sentencia en el procedimiento de que dimana este rollo, cuya PARTE DISPOSITIVA dice: "Que desestimando íntegramente la pretensión ejercitada por Dª. Marta Isabel Pérez Alonso, Procuradora de los Tribunales y de la entidad AGRUPACIÓN DE INTERÉS URBANÍSTICO SECTOR 9-B, frente a Dª.
Virginia y D.
Ildefonso , Absuelvo a éstos de la reclamación contra ellos ejercitada.
Las costas se declaran impuestas a la parte actora. SEGUNDO: Contra la anterior resolución y por AGRUPACIÓN DE INTERÉS URBANÍSTICO SECTOR 9-B, dentro del término establecido, tras anunciar la interposición del recurso y tenerse por interpuesto, se articularon por escrito los concretos motivos del recurso de apelación, que fueron contestados de igual forma por los demás intervinientes, con lo que se remitieron los autos a ésta Audiencia, donde se formó el oportuno rollo, quedando los autos vistos para deliberación y resolución.-
Fundamentos PRIMERO: Se alza el apelante contra la sentencia apelada alegando que las cantidades reclamadas en este procedimiento y los demandados contra los que se dirige convierten a este pleito en uno distinto de los anteriormente instados por esta apelante como demandante. En relacion a la cosa juzgada añade la apelante que la posición de los demandados que admiten que no han pagado y que alegan querer abonar lo que les corresponda, conforme a documental que acredite su montante, es un acto propio que ha de tenerse en cuenta por las reglas de la buena fe, continuando el recurso con una transcripción literal de su demanda y una relacion de la prueba aportada con ella y poniendo de relieve que los demandados se han limitado a negar genéricamente la falta de información previa y la documental aportada, si bien se afirma por la apelante que se les ha dado información precisa de los gastos reales de la urbanización ejecutada, todo ello alegando error de derecho al confundir el concepto gasto y el concepto cuota la sentencia y error del Juez a quo por no admitir la prueba testifical por ella propuesta.
Comenzando por las cuestiones procesales, debe señalar la Sala que, aunque de ello hace caso omiso el recurso y ha hecho el mismo nulo caso la parte apelante a lo largo del procedimiento, la cuestión de la concurrencia en este caso de cosa juzgada ya fue resuelta en firme por Auto de esta Sala dictado en esta misma causa (y no en otra distinta que se tilda por la apelante de semejante que es el auto que se cita en el recurso y solo en la parte que le interesa) El Auto recaido en la presente causa es de fecha 16.2.09 y decidió en firme y de forma ya inatacable que este procedimiento solo se podía continuar respecto de la reclamacion de cantidad correspondiente a las anualidades de 2005 y 2006, confirmando la concurrencia de cosa juzgada en las restantes reclamaciones tambien contenidas en la demanda por los años 2001 a 2004, y ello porque estas ya fueron objeto de demanda en los procedimientos de juicio ordinario 229/05 del Juzgado de Primera Instancia num 1 de Torrijos y juicio ordinario 168/06 del Juzgado de Primera Instancia num 2 de Torrijos, siendo incluso que estos procedimientos se determinan tambien en la demanda iniciadora de este actual pleito alegando aquella que "esta misma reclamacion ha sido objeto de los siguientes procedimientos" y reseñando los anteriores, cada uno seguido individualmente frente a uno de los dos aquí demandados conjuntamente y esta es la unica diferencia. El auto de la Sala decide la concurrencia de cosa juzgada, bien por ya estar reclamada y sentenciada respecto de los demandados la misma peticion de condena o bien porque dada la fecha de aquellas demandas anteriores la peticion ahora esgrimida por estas anualidades de 2001 a 2004 se pudo ejercitar en aquella demanda anterior aplicando lo previsto en el art 400 LEC . No puede la parte apelante pretender ahora desconocer lo ya resuelto en firme sobre esta cuestion ni alegar ahora ya nada con eficacia respecto de dicha cosa juzgada, lo que en su caso debio alegar en el tramite correspondiente del recurso de apelacion que resolvio el Auto de la Sala ahora contemplado, ni puede la apelante pretender que se le acoja, ni en aquel auto ni ahora, una pretension que ya esgrimio y fue sentenciado, y lo dice su propia demanda, en procedimientos anteriores seguidos contra los mismos demandados y por unas cantidades que o bien son las aquí reclamadas por segunda vez o bien en otro caso ya podia haberlas reclamado en aquel procedimiento anterior
(art 400 LEC ).
Por todo ello no es acogible lo que sobre la "interpretacion" que ha de darse a la cosa juzgada alega el recurso y todo cuanto a raiz de ello se aduce en el mismo es inaudito y en absoluto atendible: a) lo es, pese al dictado de dicho Auto de la Sala que es firme y que centra el unico objeto legalmente correcto y posible de este procedimiento en las anualidades de 2005 y 2006, el persistir ya en la posterior audiencia previa en la primera instancia en reclamar la integra cantidad objeto de peticion inicial en la demanda (años 2001 a 2006) por cada finca en una cantidad alzada y sin determinar la suma liquida que reclama por cada anualidad por cada finca, y sin llegar nunca asi a distinguir los años y las reclamaciones que efectua teniendo en cuenta lo que se decidio en firme en aquel Auto, b) lo es el persistir en el recurso en transcribir la demanda en sus mismos terminos cuando la sentencia de primera instancia ya le advirtio a dicha demandante del defecto producido por no adecuar su demanda al objeto (años 2005-2006) que por Auto firme de esta Sala se determino como unico por el que podia y debia seguirse el pleito, c) lo es que en vez de atenerse a la concreta razon por la que en este caso se aprecio la concurrencia de cosa juzgada por el citado Auto, venga a alegar a su favor lo razonado en Auto de esta misma Sala dictado en otro procedimiento, transcribiendo del mismo solo lo que le interesa y olvidando el razonamiento por el que en este otro pleito se determino que no existia cosa juzgada (ejercicio de acciones diferentes entre las mismas partes) algo que es obvio que no concurre en este caso pues aquí se ejercita la misma accion, derivada de la misma relacion juridica, con la misma causa de pedir y frente a las mismas personas que ya se ejercito en los procedimientos anteriores ya citados y d) lo es el pretender que los demandados han realizado actos propios de admision de lo alegado por la demandante y que no pueden ser amparados en su contravencion, porque según se alega no han negado que no hayan pagado las cuotas y han manifestado que estan dispuestos a pagar las que les correspondan, y ello porque los demandados se han opuesto a la demanda, han pedido su desestimacion y se vuelven a oponer al recurso y piden su desestimacion, por negar en todo caso que lo que se les reclama este probado como debido y alegar que se desconoce por falta de acreditacion qué cantidad seria la por ellos debida, a todo lo cual obviamente ni se puede apl¡car la doctrina de los actos propios para apreciar una suerte de admision por los demandados de la procedencia de la reclamacion de la demanda y para estimar la misma ni con ello se puede obviar la concurrencia de cosa juzgada y lo alegado en el recurso en cuanto a este particular simplemente es irrelevante pues no existe acto propio inequivoco y eficaz con los efectos que se aducen. En relacion a la cuestion procesal de la testifical propuesta por la parte apelante y no admitida, lo que se señala como error de la Juez y alega indefension, solo cabe estar a que su denegacion se produjo por no haberse propuesto por la parte en el tramite procesal previsto por la Ley para la proposicion y admision de prueba (la audiencia previa) sino unos dias mas tarde, ya fuera de dicha fase del procedimiento, siendo que la prueba propuesta no era de aquellas que excepcionalmente la Ley permite que puedan proponerse terminada la audiencia previa y no se reprodujo su peticion como diligencia final, tal cual ya decidio tambien esta Sala sobre su inadmision en la segunda instancia. SEGUNDO: Entrando asi en las cuestiones de fondo del recurso debe partirse de que conforme al
art 217 de la LEC era a la parte demandante a quien le correspondia probar en la causa los hechos que invocaba en apoyo de sus pretensiones, es decir, en este caso la existencia, validez y eficacia de la obligacion a su favor, su exigibilidad de los demandados y ademas que esta deuda tiene por objeto concretamente la cantidad que pretende en su demanda y de la que pide condena a su pago y es esto ultimo, no la deuda abstracta en su validez ni en su exigibilidad, lo que los demandados niegan probado y asi lo estima la sentencia apelada por lo que ante la carencia de prueba de uno de los elementos facticos esenciales para la prosperabilidad de la accion ejercitada era la demandante la que debia soportar las consecuencias de dicha falta de prueba, que no son otras que la desestimacion de la demanda formulada con fundamento en hechos que por no probados no pueden tenerse por ciertos.
Pues bien, la sentencia apelada determina que la parte ahora apelante y alli demandante, pese a haber tenido la oportunidad de hacerlo no ha delimitado ni concretado el importe de lo reclamado por los años que la Audiencia Provincial ha decidido con resolucion firme que constituyen el unico objeto legalmente posible del procedimiento, reiterandose en su demanda inicial en la audiencia previa y en las conclusiones finales en la vista del juicio y tal apreciacion de la sentencia apelada esta Sala considera que es ajustado a derecho puesto que era obligacion de la actora fijar con claridad y precision lo que pide
(art 399 LEC ) desde la demanda y en su caso, vista la decision de concurrencia de cosa juzgada respecto de parte de aquella reclamacion inicial, debia subsanar este extremo en la vista limitando su reclamacion y precisando consiguientemente la cuantia de la misma nuevamente según el objeto legal del procedimiento, ya que en la demanda, con pedimentos de cuantias globales desde 2001 a 2006 no quedaba delimitada la cuantia correspondiente a solo las ultimas dos anualidades, si bien la parte simplemente no quiso efectuar tal precision (ni siquiera lo hace en el recurso). Ahora bien, la Sala debe hacer una distincion, en aras a poder dar la mas amplia tutela judicial efectiva posible, aunque no cabe apreciar vulneración de derecho fundamental o indefensión a quien "con su propio comportamiento omisivo o falta de la necesaria diligencia es el causante de la limitación de los medios de defensa en que haya pòdido incurrir" ( STC 17.6.87 ), y asi, aunque en la demanda y en la audiencia previa nada se preciso, de la prueba documental aportada con la demanda y en concreto el documento designado como num 3 aparecen desglosadas de las parcelas
NUM001 las cantidades que se pretenden debidas desde inicio (2001) hasta 24.1.05 y desde 24. 1.05 a 31.12.06 (1.101,39 euros por cada finca estas ultimas) por lo que , aun indirectamente , puede conocerse que parte de la suma que se pedia al inicio se corresponde con la unica pretension que validamente puede ser objeto de esta causa y entrar asi a resolver sobre ella. Por el contrario de la finca o parcela
NUM002 tanto en la demanda como en la documental citada solo consta que se pretende debida una cantidad alzada para todo el periodo desde 2001 a 2006, sin distincion y sin mas precision por anualidades, por lo que se desconoce tras el examen de todo el procedimiento que parte de aquella cantidad integra la pretension de la que unicamente puede conocerse en este pleito (2005-2006) y que parte de la cuantia reclamada en absoluto puede ser objeto del mismo, ni con ello de condena por excluirlo la cosa juzgada (2001 a 2004) y asi es claro que no se ha probado nada que permita condenar a los demandados al pago ni de la cantidad liquida que se reclama en demanda ni de otra cantidad distinta precisada por la demandante como es su carga procesal por esta finca y por el periodo objeto de esta causa, por todo lo cual respecto de esta finca la desestimacion de la demanda sin mas consideracion es absolutamente correcta y en modo alguno el recurso formulado en lo que respecta a esta finca puede prosperar.
TERCERO: En cualquier caso y respecto de las tres fincas,
NUM003 debe considerarse que la demanda esgrimia su pretension según la conjuncion (aparte de la legitimacion de la demandante como acreedora y la condicion de los demandados de titulares de las parcelas y con ello pretendidos deudores), de tres parametros: 1º) la obligacion de los propietarios de pagar las obras de urbanizacion realizadas por la acreedora a su cargo tras la reparcelacion, 2º) las cuotas que sobre los costes de estas obras de urbanizacion correspondia pagar a cada una de estas parcelas concretas y 3º) los costes de las obras de urbanizacion totales en cada anualidad sobre los que aplicar aquellas cuotas para determinar la cuantia liquida que por las obras de urbanizacion debian los titulares de las parcelas.
Obviamente para poder estimar siquiera parcialmente dicha pretension los parametros de calculo citados deben constar debidamente probados para justificar la certeza y procedencia de la cantidad reclamada como debida por dicha obligacion por los demandados. En este caso la cuantia del "montante de los costes de urbanizacion" de los años 2005 y 2006 solo consta al documento num 3 aportado con la demanda, impugnado de contrario, que esta emitido unilateralmente por la demandante (firmado por su Presidente y su Tesorero) "certificando" esta cuantia alzada sin mas precision, y el documento num 4 acompañado a la demanda (tambien impugnado de contrario) contiene un listado de diversas cantidades sin concreccion del concepto de cada una y de a que responden, es decir, solo una relacion numerica con una suma final, que firman igualmente Presidente y Tesorero de la entidad demandante y que emite unilateralmente esta, sin consentimiento o aceptacion de la demandada. Actue la parte demandante por delegacion de la Administracion Publica, como se dice en el recurso o no, no por ello esta exenta de practicar prueba objetiva sobre lo que pretende y esta "certificacion" no es un documento publico ni esta emitido por un organo administrativo en ejercicio de sus competencias ni consta que la delegacion por la que actue la demandante le confiera competencia para certificar tales extremos con valor de documento administrativo oficial y/o publico. Por ello estas documentales no dejan de ser un documento confeccionado por la entidad demandante a su unilateral voluntad, sin conformidad de la contraparte, y sin el valor probatorio de documento publico que le concibe la demandante la cual, según consta en la causa, en los anteriores procedimientos de reclamacion a los mismos demandados por la misma causa de pedir adjunto copia de algunas "facturas" a las que obedecian las sumas que pretendia costes de urbanizacion (solo hasta 2004) lo que en esta causa actual sin embargo brilla por su ausencia. No basta alegar que se remitieron a los demandados dichas facturas: documento num 8 de la demanda impugnado de contrario, porque tal documental en realidad no es mas que una comunicación escrita de una entidad en representacion de la apelante dirigida al letrado de los demandados donde asevera que se le entregan e este las facturas hasta 30.11.05 (es decir nada de la anualidad de 2006) pero que no acompaña la copia de lo que se dice en ella entregado lo que la convierte en prueba insuficiente ante la impugnacion de contrario. La cuestion es ademas que no estamos ante una falta de "informacion", como dice el recurso, a los demandados previa al juicio, sino de una falta de prueba de lo pretendido ya en el seno del procedimiento y ante el Juez que conoce del mismo y que ha de decidir la controversia. Si esta prueba se hubiera aportado podria entrar a valorarse como valora el recurso si los demandados tenian derecho al conocimiento previo de los gastos, pero simplemente no probados estos gastos totales de cada anualidad en el procedimiento judicial, que es donde han de probarse, es ya irrelevante si aquellos si tenian derecho a este conocimiento previo o no. Estos gastos totales por todo lo expuesto no quedan probados, debiendo considerarse que no solo la parte actora tenia la carga de probar estos costes con acreditacion objetiva en el procedimiento sino que ademas,
art 217, 6º LEC , obviamente habia de tener de dicha prueba plena disponibilidad puesto que son los costes sufridos por ella los que pretende repercutir en los demandados, en su cuota correspondiente, asique nadie mejor que ella conoce los mismos y nadie mejor que ella podia probar de ser ciertos los que asi alega, no ya por manifestacion unilateral ("certificacion") del Presidente y Tesorero de la misma entidad que es obviamente insuficiente sino por las correspondientes documentales o pruebas de otro orden que acreditan pagos y obras realizadas. De otro lado, debe señalarse que el presente es un juicio ordinario en el que el demandante conoce los terminos de la oposicion del demandado en la contestacion a la demanda, antes de la celebracion de la audiencia previa, por lo que ninguna justificacion tiene lo que esta parte dice de que solo al conocer la impugnacion de estos documentos por la demandada decidiera proponer un testigo (su contable) que ya no fue admitido como prueba porque fue propuesto dias despues de dicha audiencia, y ello porque desde la contestacion tenia claro que se negaba que la reclamada fuera cantidad debida por no probarse los parametros de su calculo y porque en la audiencia previa se produjo la impugnacion misma de documentos antes de la proposicion de prueba sin que a continuacion en la misma audiencia como era posible se propusiera por la demandante esta testifical,es decir, que pudo proponerla y no lo hizo, siendo este tramite preclusivo tras el cual no puede proponer indefinidamente prueba según le vaya pareciendo conveniente.
Asi las cosas, sin que se aprecie confusion real alguna en la sentencia entre lo que son los cuotas que ser reclaman y el coste total final exacto solo posible tras la liquidacion, a lo que no se refiere la sentencia, debe concluirse que no probado el montante real total de las obras en 2005 y 2006 y lo que estas han costado a la demandante no se puede hallar la cantidad liquida que resultaria de aplicar a aquella suma no probada las cuotas proporcionales que corresponde pagar de la misma a las parcelas objeto de litigio y con ello no puede condenarse a los demandados al pago de una cantidad que no se ha probado como debida, porque se desconoce si lo debido es lo pedido o cualquier otra suma. Esto no es algo nuevo puesto que ya en la
Sentencia de 14.11.06 (juicio ordinario 168/06 contra uno de los aquí codemandados por las anualidades 2001 a 2004) se rechazo la pretension actora por falta de aportacion al juicio de documentos objetivos que probaran el importe total de las obras y en la
Sentencia de 23.2.06 (juicio ordinario 229/05 contra el otro de los aquí codemandados por las anualidades 2001 a 2204) se desestimo la demanda razonando que entre otros la demandante no habia acreditado el montante de las obras a repercutir y la Sentencia de esta misma Sala en resolucion del recurso de apelacion contra esta sentencia, que confirmo la misma, tambien aprecio que no estaba probada en la causa el importe total de la obra real siendo carga de la demandante.
En conclusion, el recurso no puede prosperar porque la demanda, con la prueba aportada en la causa, no podia prosperar. CUARTO: Las costas procesales se impondrán al recurrente, en aplicación del
art. 398 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil .- Fallo Que
DESESTIMANDO el recurso de apelación que ha sido interpuesto por la representación procesal de AGRUPACIÓN DE INTERÉS URBANÍSTICO SECTOR 9-B, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la
sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia Núm. 1 de Torrijos, con fecha 18 de Junio de 2.010, en el procedimiento núm. 177/07 , de que dimana este rollo, imponiendo las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte apelante.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de la Sección, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACION.- Leída y publicada la anterior resolución mediante su lectura íntegra por el Ilma. Sra. Magistrado Dª GEMA ADORACION OCARIZ AZAUSTRE, en audiencia pública. Doy fe.-

References: artículo 250

Resolución 

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e contrario
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