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DATOS DE LA SEGURIDAD
PRIVADA EN ESPAÑA (I)
Fundación ESYS
miento de la seguridad ciudadana en
La Seguridad Física se ocupa de la protección de los bienes e instalaciones de
de las personas que se encuentran en
las mismas, en general ante riesgos de
origen deliberado no informático.
La Seguridad Privada Informática se
ocupa principalmente de la protección
de los activos de información de una
empresa, organización o particular,
en general, pero no exclusivamente,
ante riesgos de origen deliberado informáticos.
Realmente la Seguridad Privada como
actividad de protección llevada a cabo
por parte de particulares y organizaciones privadas existe desde hace siglos,
pero si nos remitimos a la historia reciente, en el caso de España se puede
establecer una “breve historia moderna” de este tipo de labores de protección en base a la legislación existente al
respecto en los sucesivos momentos de
Así, el primer documento en el que se
menciona expresamente la figura del
Guardia Particular Jurado es el número 5581 de la Gaceta de Madrid, correspondiente al 10 de noviembre de
1.849, donde se publica el “Reglamento para los guardas municipales y particulares del campo de todos los pueblos del reino”. La gran extensión de
territorio que debía cubrir la Guardia
Civil desde su creación en 1844, la dificultad del terreno donde se refugiaban los entonces llamados malhechores y bandoleros y la imposibilidad de
la propia Guardia Civil de controlar la
seguridad en todos los municipios motivó la creación de la guardería rural.
Obviamente, la Seguridad Privada Informática no se consideraba una necesidad todavía.
En términos generales, la seguridad
privada física e infomática persigue la
prevención de los riesgos de origen deliberado a los que se enfrentan las organizaciones, los servicios de seguridad
privada tratan de reducir los niveles de
vulnerabilidad frente a las amenazas y
peligros que se pueden identificar, así
como prever lo que puede suceder en el
futuro para evitar aquellosp riesgos que
ya han supuesto una amenaza en el pasado. También trata de garantizar la
continuidad de los procesos productivos
y empresariales y colaborar al manteni-
e instalaciones de una
así como de las personas
las mismas, en general
ante riesgos de origen
deliberado no informático
Casi treinta años después de la entrada
en vigor de esta norma, la Gaceta de
Madrid (número 225, del 12 de agosto
de 1876) publica una “Adición al reglamento para el servicio de la Guardia Civil con objeto de que esta fuerza se dedique al de guardería rural”, en el que
se establecen también las pautas para el
control de los guardas jurados por parte de la Guardia Civil. Y es que en España, como en el resto de los estados
modernos homólogos en los que el monopolio de la Seguridad ha estado
siempre en manos del propio estado, el
control de la Seguridad Privada por parte de la Pública nació en el mismo momento que la propia Seguridad Privada.
Del estudio de la legislación referente a
los guardas jurados se desprende que,
de forma contemporánea a la existencia
de los serenos, en la Real Orden de 17
de junio de 1907, se autorizó a los alcaldes a nombrar a guardas particulares
jurados, que venían a ser una adaptación de los guardas particulares de
campo al ámbito de las ciudades.
Con la llegada del franquismo, se asigna un carácter militar a la Guardia Civil
y se crea la Policía Gubernativa.
El artículo 1 de la ley de 15 de marzo de
1940 establece que serán auxiliares de
estos dos cuerpos de Seguridad Pública,
“los guardias municipales, vigilantes
nocturnos, guardas forestales y jurados
y demás personal que se atribuye esta
Esta tendencia se puede constatar al
consultar el Reglamento de Explosivos
aprobado por el Real Decreto de 27 de
diciembre de 1944, que por primera vez
establece la obligatoriedad de determinadas empresas privadas (fábricas de
explosivos, depósitos comerciales y de
consumo, transporte de explosivos) a
contar con un servicio privado de seguridad. A partir de este reglamento y en
los años sucesivos se fue estableciendo
esa misma obligatoriedad para otras
empresas, como los bancos (en 1946 se
crea la figura del Vigilante Jurado de Entidades Financieras); la industria y comercio (en 1962 se creó la figura del Vigilante Jurado de Industria y Comercio);
las cajas de ahorro y montes de piedad
(en 1969 se creó la figura del Vigilante
Jurado de Entidades de Ahorro). En
1973 se creó la figura de los Vigilantes
Jurados en empresas u organismos públicos o privados que requieran protección especial. Se trata del Decreto
2048/73 de 26 de julio, que viene a recoger en una sola normativa la regulación de los diferentes servicios de vigi-
es la única recogida
en la Ley de Seguridad
Privada 23/1992 y su
desarrollo, pese a utilizar
el nombre de Seguridad
Privada, no incluye
en absoluto ninguna
referencia a la Seguridad
lancia existentes. Todos los vigilantes jurados citados en este párrafo tenían la
condición de agentes de la autoridad.
Es desde esta breve historia que se llega
a la que se puede mencionar “historia
moderna” de la Seguridad Privada en
España, considerando ésta como la que
se inicia tras la transición democrática.
El marco legal se analiza en este apartado desde la transición democrática
Aunque cinco años más tarde se aprobó
un Real Decreto (629/1978, de 10 de
marzo) que regulaba las funciones de
todos los Vigilantes Jurados de Seguridad, unificando su derechos, deberes y
obligaciones; antes de esta fecha, en
1974, ya se vio la necesidad de regular
la creación y actividad de las empresas
privadas de seguridad, por lo que
se promulga el Decreto 554/1974, de
Esto supone un cambio cualitativo importante, un paso previo en la profesionalización del sector, en el que se pasaría de la existencia de empresas
(privadas o públicas) que obligatoria-
mente debían contar con su propio servicio de seguridad y vigilancia, a la aparición de empresas prestadoras de servicios de seguridad, organizaciones
ajenas al Estado, aunque controladas
por éste a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Aún así, la legislación sobre Seguridad
Privada en estos años estaba extremadamente dispersa en diferentes normas, decretos, órdenes ministeriales y resoluciones. Para solucionar esta dispersión se
producen varios intentos de abordar de
forma conjunta los diferentes aspectos
legales relativos al sector, como en el
Real Decreto 880/81, al que siguieron
sucesivas órdenes que trataban de poner
en claro, tipificar y controlar toda una serie de servicios cuya demanda aumentaba rápidamente (transporte y custodia de
dinero y valores; sistemas de seguridad;
servicios obligatorios en determinadas
empresas y entidades, entre otros).
En la década de los ochenta la demanda de servicios de Seguridad Privada comenzó a experimentar un crecimiento
notable. Prueba de ello es que, así como
en 1972 solamente había inscrita una
empresa de seguridad en el Registro de
la Dirección de Seguridad del Estado, en
1977 la cifra creció hasta 10 y en 1987
ya eran 1.101.
De ahí que, en 1992, se apruebe la Ley
de Seguridad Privada 23/1992 que,
amén de numerosas modificaciones
posteriores realizadas por la vía de Reales Decretos y Órdenes Ministeriales, sigue vigente hasta la actualidad. Esta ley,
que es la primera que regula el sector
con rango de ley, deroga toda la normativa anterior al respecto.
El marco legal actual de la Seguridad
Privada es muy diferente en lo que respecta a la Seguridad Física y a la Seguridad Informática.
La Seguridad Física es la única recogida
en la Ley de Seguridad Privada 23/1992
y su desarrollo, pese a utilizar el nombre
de Seguridad Privada, no incluye en absoluto ninguna referencia a la Seguridad Informática.
La legislación de Seguridad Privada regula, entre otros aspectos:
• Las actividades y condiciones de las
empresas que prestan servicios de Seguridad Física (con limitaciones recientes
debidas a la “Ley Ómnibus” de libre circulación de servicios en Europa), obligando incluso a la inscripción en un
registro del Ministerio del Interior.
• La formación, uniformidad (en su
caso), habilitación y registro de los profesionales de la Seguridad Física.
• La obligatoriedad de la disposición de
medidas de Seguridad Física para algunos negocios (Entidades Financieras,
Joyerías, etc.) y las características de estas medidas.
• Las relaciones entre las empresas de
Seguridad Física y la Seguridad Pública.
• Que las Comunidades Autónomas con
competencias podrán desarrollar las facultades de autorización, inspección y
sanción de las empresas de seguridad
que tengan su domicilio social en la propia Comunidad Autónoma y el ámbito
de actuación limitado a la misma.
• Otro tipo de cuestiones como la restricción de los servicios de los vigilantes
a espacios privados, con algunas excepciones; la restricción al uso de armas de
fuego por parte del personal de Seguridad Privada.
A nivel europeo no existe, al menos de
momento, un modelo único de Seguridad Privada. “Los distintos regímenes se
sitúan desde la liberación o autorregulación más absoluta del Sector, hasta los
más intervencionistas por la Administración Pública”.(Fuente: RJASP (1))
Aquellos países que cuentan con una
regulación específica en Europa son
A nivel europeo no existe,
al menos de momento,
“Los distintos regímenes se
sitúan desde la liberación
o autorregulación más
absoluta del Sector, hasta
los más intervencionistas
España, Bélgica, Francia, Portugal, Suecia y, desde 2008, también Italia. Estas
legislaciones tienen en común que delimitan las áreas de responsabilidad de
las empresas y evitan abusos frente a los
consumidores, ya que, por lo demás,
existen ciertas diferencias. España
es uno de los países que cuenta con
una legislación más desarrollada y específica.
La Seguridad Informática tiene un marco
legal casi inexistente en comparación
con el anterior. La normativa que más influye en este campo son la LOPD, el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y
de comercio electrónico y la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de firma
Otras leyes que también pueden afectar
de forma indirecta a la Seguridad Informática son la Ley 56/2007 (Ley de Impulso de Sociedad de la Información)
conocida como LISI, y la equivalente
para Administraciones Públicas, La Ley
11/2007, de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP), origen del ENS.
El objetivo de la LOPD (Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley), es
garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas
físicas, y especialmente de su honor e
El Real Decreto 3/2010 de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y el Real
tructuras críticas, afectando también a
aspectos relativos a la interceptación legal de las comunicaciones, certificación
de identidad digital, protección de la
Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el
que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica establecen la
política de seguridad que se ha de aplicar en la utilización de los medios electrónicos y los criterios y recomendaciones de seguridad, normalización y
conservación de la información, de los
formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas.
a) ISO 27000
El objeto del Esquema Nacional de Seguridad es el establecimiento de los
principios y requisitos de una política de
seguridad en la utilización de medios
electrónicos, que permita la adecuada
protección de la información y que logre
de esta forma fundamentar la confianza
de los ciudadanos y las Administraciones Públicas en estos medios.
Para establecer una comparativa con la
situación internacional, es preciso recordar que durante los años 90, el
avance de las tecnologías de la información y la fascinación que producía un
incipiente Internet, provocó una exagerada resonancia en los medios de comunicación de las intrusiones en sistemas y otros incidentes de Seguridad
Informática que se iban conociendo en
En términos generales, España ha sido
pionera en materia regulatoria a nivel
europeo, y a su vez, Europa, ha liderado la regulación de seguridad de las
tecnologías de la información a nivel
mundial, tanto en el ámbito público (leyes, reglamentos) como en el privado
(estándares y buenas prácticas de la industria). La situación, en el momento de
escribir estas líneas, resulta “caótica”.
Las empresas multinacionales que operan en un mercado global han de enfrentarse a una maraña de diferentes regulaciones nacionales y docenas de
estándares, emitidos por otros tantos organismos públicos y/o privados, que
hacen difícil y costoso mantenerse dentro del gálibo del cumplimiento.
Esto produjo una tendencia a la hiperregulación, que se inició con la protección de datos de carácter personal y
actualmente se extiende a las infraes-
Por el contrario, el actual panorama de
legislación comparada es inoperante
para la persecución de los delitos y los
delincuentes lo están aprovechando.
Esta ley entiende por seguridad de las
redes y de la información, “la capacidad
de las redes o de los sistemas de información de resistir, con un determinado
nivel de confianza, los accidentes o acciones ilícitas o malintencionadas que
comprometan la disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad de
los datos almacenados o transmitidos y
de los servicios que dichas redes y sistemas ofrecen o hacen accesibles.”
b) COBIT. Control Objectives Business
c) Statement on Auditing Standards No.
70 (SAS 70)
d) Magerit
e) Payment Card Industry Data Security
Standard (PCI DSS)
f) Normativa sectorial
Recientemente (2011) ha aparecido un
conjunto de disposiciones legales que,
por primera vez, se refieren a la Seguridad Privada como el conjunto de la
Seguridad Física y la Seguridad Informática.
Es la Ley, y el Reglamento que la
desarrolla, de Protección de Infraestructuras Críticas (Ley 8/2011 y RD
704/2011). En esta reglamentación se
• Obligaciones, fundamentalmente de
información, sobre medidas de Seguridad Física y Informática ante actos
terroristas para empresas operadoras
de servicios esenciales para la ciudadanía.
• Relación de estas empresas con la Seguridad Pública.
• Actuaciones concretas de tipo organizativo de la Seguridad Pública en asistencia de los activos críticos de estas
Por otro lado existe también un conjunto
de normativa técnica muy desigual entre
la Seguridad Física, donde los estándares son casi meramente testimoniales, y
la Seguridad Informática, que utiliza,
entre otros, los siguientes estándares:
Relación entre la Seguridad
Pública y la Seguridad Privada
La relación entre la Seguridad Privada
Física y la Seguridad Pública viene determinada por la Ley de Seguridad Privada, que establece la complementariedad y subordinación de la primera
respecto de la segunda. Existen dos
grandes áreas de relación. Por un lado,
la Seguridad Pública se encarga del
control administrativo de la Seguridad
Privada Física y, por otro, existe una relación de colaboración entre ambas, sobre todo por la información que la Privada ofrece a la Pública. Tanto la
(UCSP) del Cuerpo Nacional de Policía
como el Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE) de la Guardia Civil son
los interlocutores habituales con el sector de la Seguridad Privada, aunque es
la UCSP la que tiene las atribuciones del
En aquellas Comunidades Autónomas
con competencias en materia de seguri58
dad también existen unidades de Seguridad Privada con control administrativo
de la actividad. Es el caso de los Mossos
d’Esquadra, la Policía Foral de Navarra
En la página Web del Cuerpo Nacional
de Policía (2), en la sección dedicada a
la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, están publicadas las funciones
de la Unidad Central de Seguridad Privada, que se pueden resumir en la expedición de autorizaciones y habilitaciones
para las empresas y el personal; el control de su actividad; la imposición de
sanciones, si proceden; la captación de
información relevante para la seguridad
ciudadana y el estudio normativo.
La Guardia Civil, a través del SEPROSE,
se encarga de autorizar, controlar e inspeccionar los asuntos relacionados con
las armas: munición, armas, armeros,
ejercicios de tiro (tal y como se establece en el Real Decreto 137/1993 de 29
de enero, por el que se aprueba del Reglamento de Armas, modificado por el
Real Decreto 316/2000) y, también, de
todo lo relacionado con los guardas
particulares de campo. Así lo establece
el artículo 137 del Reglamento de
Seguridad Privada (Real Decreto
2364/1994), cuyo apartado 3 dice que
“el ejercicio de la función de control de
las actuaciones de los guardas particulares del campo, en sus distintas modalidades, corresponde especialmente a la
Dirección General de la Guardia Civil”.
En la Disposición Adicional Primera del
2364/1994 se establecen las funciones
de las Policías de las Comunidades Autónomas que se resumen en la autorización, inspección y sanción de las empresas de Seguridad Privada con domicilio
en la propia Comunidad Autónoma o su
ámbito de aplicación limitado al mismo;
y la denuncia de las infracciones cometidas por todas las empresas de Seguridad
Privada, tengan o no su domicilio en la
Comunidad Autónoma. La Unidad
de Seguridad Privada de la Ertzaintza
pertenece a la División de Inspección y
Administración, mientras que la Unidad
Central de Seguridad Privada de los
Mossos d’Esquadra de la Generalitat de
Catalunya pertenece al Área Central de
la Policía Administrativa de este cuerpo
policial autonómico.
Además de los contactos informales que
tienen lugar en el día a día, la normativa
establece la celebración de una Comisión
Nacional de Seguridad Privada (Orden
INT/315/2011, de 1 de febrero, por la
que se regulan las Comisiones Mixtas de
Coordinación de la Seguridad Privada),
que pretende funcionar como un órgano
de carácter consultivo, con el objetivo de
promover la coordinación de la Seguridad Privada con la Seguridad Pública.
Del estudio de los datos publicados en el
Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2010 (3) se desprende que, más allá
del ámbito de las acciones encaminadas
al control de la Seguridad Privada por
parte de la Pública, la parcela de la colaboración es uno de los grandes factores a
tener en cuenta a la hora de definir la relación entre una y otra seguridad. La Seguridad Privada coopera en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, tal y
como se puede apreciar en función de las
cifras aportadas por el citado anuario.
En 2010, la Seguridad Privada proporcionó a la policía una media mensual
de 233 informaciones sobre delitos y
seguridad ciudadana (en total 2.796
informaciones en 2010). En cuanto a
los datos de auxilio al Cuerpo Nacio-
nal de Policía y colaboraciones en general, el pasado año se registró una
media de 2.426 acciones mensuales
de auxilio y colaboración, lo que supone una variación con respecto al
año anterior del 3,9%. Entre 2007 y
2010, los recursos humanos del Cuerpo
Nacional de Policía dedicados al control y
supervisión del sector de la Seguridad Privada aumentaron un 70,3%.
Habitualmente son las propias unidades
policiales provinciales de Seguridad Privada las que llevan a cabo el grueso de
las inspecciones. Del total de inspecciones efectuadas en 2010 (30.087), la
Unidad Central realizó tan sólo el 4,2%
(correspondiente a 1.283 inspecciones).
Sin embargo, el número de inspecciones
realizadas por la UCSP, creció entre
2007 y 2010 un 84,3%, mientras que
en el caso de las unidades provinciales
el número de inspecciones llevadas a
En aquellas Comunidades
Autónomas con
de seguridad también
existen unidades de
Seguridad Privada con
la actividad. Es el caso de
los Mossos d’Esquadra,
la Policía Foral de
Navarra y la Ertzaintza
cabo entre 2007 y 2010 registró un crecimiento negativo del -2,6%.
El importe cobrado por sanciones ha
ido decreciendo progresivamente entre
2008 y 2010. Entre 2007 y 2008 se registró un incremento del importe cobrado del 22%, pero a partir del año siguiente la cifra comenzó a bajar
ostensiblemente. Así, entre 2008 y
2009 se cobró un -56% menos y entre
2009 y 2010 el importe cobrado volvió
a descender en un -35%. El total cobrado en 2010 fue de 3.112.849 euros.
En cuanto al número de agentes de Seguridad Pública y Seguridad Privada en
función de la población, en España hay
un agente de Seguridad Pública por
cada 198 habitantes, mientras que hay
un vigilante de Seguridad Privada por
cada 525 habitantes. Por cada vigilante
de Seguridad Privada que hay en activo
existen, por tanto, 2,65 agentes de la
Seguridad Pública, es decir, que el número de agentes de la Seguridad Pública duplica con creces (casi triplica) el
número de vigilantes. Tanto la Policía
Nacional como la Guardia Civil conceden periódicamente Menciones Honoríficas a las empresas y el personal de Seguridad Privada, en reconocimiento a su
labor de colaboración con la Seguridad
Pública. No se han encontrado datos
consolidados sobre el número de menciones concedidas, puesto que cada
unidad provincial de la Policía o la
Guardia Civil las ha venido concediendo a nivel local. (Gráfico 1).
Al establecer comparaciones con algunos países europeos (en concreto Alemania, Francia, Reino Unido, Italia,
Polonia, Noruega y Suecia en el 2010),
se deduce que España es, en términos
relativos, uno de los países europeos
con mayor número de agentes de Seguridad Pública por habitante, ya que
hay un agente de Seguridad Pública
por cada 198 habitantes. En cuanto a
los países con menor número de agentes de Seguridad Pública, en términos
relativos, son los países nórdicos, que
cuentan con un agente por cada 522
habitantes (Suecia) o por cada 567
(Noruega), e Italia, con un agente por
cada 565 habitantes. Les sigue Polonia
con un agente por cada 388 habitantes, y Reino Unido, con un agente por
cada 382 habitantes.
En cuanto a los agentes de Seguridad
Privada, de los países estudiados, el que
más tiene, en términos relativos, es el
Reino Unido, con un vigilante por cada
170 habitantes; seguido de cerca por
Polonia, donde hay un vigilante por
cada 190 habitantes. En este país el ratio de vigilantes en función de agentes
de seguridad pública es de 1/0,48, es
decir, que hay el doble de los primeros.
Sin contar con las cifras italianas, que
son reflejo de un mercado que sólo se
ha liberalizado a partir de una ley promulgada en 2008, España es el país europeo, entre todos los estudiados, con
menor número de vigilantes en términos
relativos, ya que por cada vigilante hay
525 habitantes y un vigilante por cada
2,65 agentes de la Seguridad Pública.
Alemania es el siguiente país con menos
vigilantes, seguido de Suecia y Francia.
De la muestra estudiada, hay cuatro
ejemplos que tienen, en términos relativos, menos agentes de Seguridad Pública que vigilantes: Reino Unido, Noruega, Suecia y Polonia. (Gráfico 2).
Si analizamos los datos del cuadro anterior, de los países estudiados, Suecia
El país en el que menos
delitos se comenten por
habitante es Polonia
(0,029 delitos por
habitante), cuyo número
de policías por habitante
posición media con
respecto al resto de
es aquel en el que más delitos se cometen por habitante y también es uno de
los países con menor número de agentes de Seguridad Pública en función de
la población y con menos agentes de
Seguridad Privada en función de la población. El país en el que menos delitos
se comenten por habitante es Polonia
(0,029 delitos por habitante), cuyo número de policías por habitante se encuentra en una posición media con respecto al resto de países europeos,
mientras que el número de vigilantes de
seguridad en función de la población es
el más alto de los ejemplos analizados
en este caso. El país que menos vigilantes tiene en términos relativos es Italia,
donde el índice de delitos también es
bajo (0,049 por cada habitante), pero
sin embargo este país cuenta con el mayor número de agentes de Seguridad
Pública por habitante.
Si comparamos los datos de España con
el resto de ejemplos europeos vemos
que el ratio de delitos por habitante está
por debajo de la media y es prácticamente igual a los casos de Francia y Noruega, donde los ratios de agentes de
Seguridad Pública/población y vigilantes de seguridad/población son dispares, por lo que no se puede extraer conclusiones sólidas al respecto.
Al sumar el total de agentes públicos y
privados de cada país y compararlos
con el número de delitos, los ratios obtenidos muestran que en España se producen 7,5 delitos por cada agente, una
cifra parecida a la de otros países de
nuestra órbita inmediata como Francia e
Italia. El mayor número de delitos por
agente se producen en Suecia, seguida
de Alemania Reino Unido y Noruega.
En cuanto a la Seguridad Informática no
está institucionalizada la relación de información entre la Seguridad Pública y
la Privada. Las relaciones entre ambas
Seguridades se realizan por relaciones
de amistad y confianza. Además, no
suele ser habitual que las grandes corporaciones realicen denuncias cuando
detectan que se ha cometido un incidente de Seguridad Informática en sus
instalaciones, por lo que tampoco es
posible disponer de una cifra de delitos
La Seguridad Pública se relaciona con la
Seguridad Privada Informática fundamentalmente a través de Brigada de Investigación Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía y del Grupo de Delitos
Telemáticos, dentro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Los últimos datos existentes hablan de
4.250 millones de € de facturación total
del sector de la Seguridad Privada Física
en 2010, según el estudio de DBK
“Compañías de Seguridad 2011” (5).
Los servicios de vigilancia representan el
65% del mercado de la Seguridad Física, los sistemas de seguridad el 27% y el
transporte de fondos el 8%. El sector registró una tendencia de crecimiento a lo
largo de la década de los 90 del siglo XX
y la primera mitad de la década de los
diez del siglo XXI (según datos de APROSER (6), entre 1996 y 2003, experimentó un promedio anual de crecimiento del
9,5%). Dejando a un lado el máximo
histórico de crecimiento registrado en
2001 con respecto a 2000 (27% según
APROSER y 19,7% según DBK), debido
en gran parte a la introducción de la
nueva moneda europea (entre 2000 y
2001 el transporte de fondos experimentó un crecimiento interanual del
93%), en los primeros años del siglo XXI
el sector vivió un crecimiento sostenido.
Los datos económicos de 2007 y 2008
reflejan ya el comienzo del descenso en
el ritmo de crecimiento.
Pero es a partir de 2009 cuando el crecimiento comienza a ser negativo, una
tendencia de decrecimiento que no ha
cambiado hasta la fecha, aunque las cifras de 2010 ya reflejan una moderación del decrecimiento (-4,1% en 2010
frente al -5,5% de 2009).
Naturalmente, el sector de la Seguridad
Privada Física ha visto afectada su actividad con motivo de la actual crisis económica. Tanto las empresas privadas
como los organismos públicos usuarios
de la Seguridad Privada y los propios
particulares han constreñido su demanda de este tipo de servicios.
Este grave descenso de la demanda se ha
visto agravado con los numerosos impagos que están sufriendo las empresas de
seguridad, lo que ha hecho que la salud
económica del sector se resienta.
Aunque la crisis comenzó en 2007, ésta
no se ha reflejado con fuerza en los números del sector hasta 2009. Esto se debe
a que, al tratarse de un sector de servicios
en el que los principales clientes son las
empresas, los efectos producidos por la
reducción de los servicios se han ido produciendo a medida que las propias empresas clientes sentían los efectos de la
actual coyuntura económica y, consecuentemente, lo han reflejado en un recorte del presupuesto de seguridad.
A todo ello hay que sumar el descenso
en el número de servicios de protección
personal (escoltas), que en nuestro país
se había desarrollado enormemente debido al efecto del terrorismo de ETA. A
principios de 2011, el Ministerio del Interior tomó la decisión de reducir el número de cargos públicos con escolta a
cargo de las arcas del Estado, lo que ha
repercutido en un gran descenso de este
El mayor descenso de la demanda y, por
tanto, de la facturación, se ha producido en el segmento de los sistemas de la
seguridad (-4,5% en 2010, frente a la
media de crecimiento del mercado total,
que se situó en un -2,1%), un sector que
en los años anteriores venía creciendo a
un ritmo mayor que la vigilancia y el
transporte de fondos. La actual crisis realmente ha hecho mella en el segmento
de los sistemas de seguridad, debido a
la contención de la demanda y a que en
este contexto de crisis muchas de las
empresas clientes, ya sean privadas o
públicas, optan por retrasar el momento
de invertir en nuevos sistemas de seguridad. El descenso también se puede atribuir a la crisis específica que está viviendo el sector de la construcción, con
el consecuente descenso de construcción tanto de viviendas particulares
como de otro tipo de instalaciones.
Según las cifras de miles de m 2 de
edificios que han recibido licencias de
los ayuntamientos, éstas han evolucionado de 230.044 en 2006 hasta
44.781 en 2010, es decir a menos del
20% en cuatro años. Esta tendencia al
decrecimiento de la actividad en el sector de la construcción ha continuado
hasta el último dato publicado por el
INE para julio de 2011, aunque en un
menor valor: el descenso interanual de
los siete primeros meses ha sido del 3%.
Los datos económicos del sector de Seguridad Informática son muy escasos y
generalmente especulativos. La información más reciente sobre el mercado
del sector de la Seguridad Informática
en España y con cierta credibilidad la
hemos encontrado en una referencia al
estudio elaborado por TB-Security en
2009, titulado “Perspectivas del mercado de la Seguridad de la Información en
España: 2008-2012” (7). Según el estudio de TB-Security, en el año 2012 el
sector de la Seguridad Informática en
España alcanzará un volumen cercano
a los 1.700 millones de euros frente a
los 970 millones de 2008.
Estas cifras sitúan al segmento de la Seguridad Informática como uno de los
motores del crecimiento del sector TI en
España. Por áreas, este mismo estudio, y
en línea con informes anteriores como el
del mercado de la seguridad TIC de INTECO (8), señala que serán los servicios
los que sigan incrementando su cuota de
participación dentro de la seguridad,
alcanzando en 2012 hasta un 65% del
total del mercado, frente al software
(que representará en 2012 el 29,2%)
y al hardware (6,2%). (Gráfico 3).
Según el informe realizado por Gartner,
titulado “Market Scope for Managed Security Services in Europe (24 Octubre
2011)” (9), las perspectivas de las principales empresas de seguridad tecnológica para el mercado europeo son favorables. Dentro del grupo de empresas
estudiadas se encuentra la compañía
española Telefónica.
También Forrester realizó en el tercer trimestre de 2010 encuestas a 2.058 responsables de seguridad de TI en América del Norte y Europa para evaluar el
estado e identificar las tendencias clave
y la dirección futura del mercado de la
Seguridad Informática. Los datos obtenidos se publicaron en el informe “La evolución de la seguridad IT 2010-2011”
(10) (The Evolution Of IT Security, 2010
To 2011 Cybersecurity And Services Fuel
The Next Phase Of Market Growth). Estos datos muestran que la seguridad informática sigue siendo un sector en crecimiento y dinámico, ya que las
empresas lidian con más amenazas, deben ser capaces de responder a una legislación y requisitos cada vez más exigentes y adaptarse a un mercado de TI
con un nivel de evolución sin precedentes. El desafío de abordar esta compleji62
cibernético puede ir
más allá de la pérdida
de datos y afectar a la
confianza del cliente,
la reputación de la
empresa y la marca,
y acarrear sanciones
dad está fomentando la adopción de
Mirando hacia el futuro, el cumplimiento normativo dejará de ser la clave del
mercado y será sustituido por un enfoque en la re-arquitectura de la seguridad para conseguir una estrategia empresarial más abierta en la defensa
contra los riegos complejos. El panorama de la seguridad TI evolucionará a un
nivel más complejo y competitivo.
Las grandes empresas de TI está aumentando la seguridad en sus departamentos, y los proveedores de servicios de red
y proveedores en la nube están incorporando seguridad en sus servicios.
Según el informe de Ernst and Young
“Top 10 risks in telecommunications”
(11) hecho público el 13 de diciembre
de 2011, la privacidad, la seguridad y
la piratería ocupan el puesto 10 en la
escala de riesgos principales en el mercado de las telecomunicaciones en
2010. El documento ponen de manifiesto una vez más que el desarrollo de la
sociedad digital, la Web 2.0 y la virtualización están generando nuevos tipos
de amenazas que cada vez requieren
sistemas de supervisión más complejos y
costosos para manejar los riesgos de
La vulnerabilidad de la información y el
impacto de un ataque cibernético puede
ir más allá de la pérdida de datos y
afectar a la confianza del cliente, la reputación de la empresa y la marca, y
acarrear sanciones.
Frente a esta situación, las empresas,
por ejemplo en el caso de las operadoras móviles, están a su vez obligadas a
cumplir con una legislación o regulación cada vez más estricta a la hora de
realizar el seguimiento de los datos:
• Ley General de Telecomunicaciones
(Ley 32/2003, de 3 de noviembre).
• Ley 25/2007, de 18 de octubre, de
conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes
públicas de comunicaciones.
Un dato que puede ser significativo
para conocer la dimensión y evolución
del sector de la Seguridad Privada Informática es el porcentaje del presupuesto de Seguridad Privada Informática externalizado por 11 grandes
empresas del IBEX 35. En la gráfica se
pone de manifiesto que han pasado de
no externalizar nada en 2006 a superar el 50% de sus presupuestos en
2010. (Gráfico 4).
Para valorar el significado de las cifras
anteriores las podemos comparar con el
porcentaje del presupuesto de Tecnologías de la Información que estas 11
grandes corporaciones dedican a la Seguridad Informática. Se puede apreciar
como la crisis económica del 2007 ha
afectado a los presupuestos de los tres
últimos años, pero el dato para el último
año del que se tiene información parece
indicar el inicio de la recuperación.
En conclusión, se puede afirmar que
todos los informes consultados son optimistas en cuanto a la evolución del
sector de la Seguridad Informática del
que, por otra parte, no se tienen datos
La Ley de Seguridad Privada establece
algunas de las categorías laborales existentes en el sector de la Seguridad Física, que son: vigilantes de seguridad
(con las especialidades de escolta y vigilantes de explosivos y sustancias peligrosas); guardas de campo (con las especialidades de guardas de caza y
guardapescas marítimos); jefes de seguridad, directores de seguridad; y detectives. En la actualidad hay 246.003 trabajadores habilitados en alguna de las
mencionadas categorías pero no todos
están en activo. Por ejemplo, de los
188.018 vigilantes habilitados están en
activo 89.500. A todo este personal hay
que sumar los técnicos e instaladores de
sistemas y los gestores de centrales receptoras de alarmas. Las negativas previsiones económicas del sector hacen
prever un estancamiento en la contratación de nuevos empleados. (Gráfico 6).
El grupo más numeroso de profesionales dentro del sector de la Seguridad Privada son los vigilantes, que representan
el 75% del personal autorizado por la
Seguridad Pública. La siguiente categoría profesional con más empleados es la
de los escoltas, que representan el
12,5%, seguidos de los vigilantes de explosivos (7,4%) y los directores de seguridad (2,9%). Los jefes de seguridad representan el 1,1% y los detectives el
0,9%. Entre 2007 y 2010, el número total de personal de seguridad habilitado
se ha incrementado en un 33,09%.
La variación registrada entre 2007 y 2010
en el número de personal habilitado, en
función de su especialidad, arroja los siguientes datos de crecimiento:
• Escoltas: +44% en 2010 respecto a
• Jefes de seguridad: +24% en 2010
respecto a 2007
• Directores de seguridad: +47% en
2010 respecto a 2007
• Detectives: +12% en 2010 respecto a
En el caso concreto de los vigilantes
(que como decíamos representa el 75%
del total de personal habilitado), de las
188.018 personas que cuentan con la
Tarjeta de Identificación Profesional (TIP)
proporcionada por el Ministerio del Interior tan sólo hay 89.500 en activo
(47,73%). Esto se debe, en gran parte, a
que el empleo como vigilante de seguridad muchas veces es considerado por
los propios trabajadores como algo
transitorio mientras se forman para trabajar en otro sector o mientras buscan
otro trabajo más atractivo en cuanto a
salario y horario. Sin embargo, la llegada de la crisis ha provocado que numerosas personas en paro se animen a formarse como vigilantes de seguridad, a
pesar de la desaceleración del ritmo de
crecimiento del sector y el consecuente
descenso en la demanda de trabajadores. Tanto es así que entre 2008 y 2010
(es decir, en tan sólo tres años), el Ministerio del Interior ha concedido
46.747 nuevos TIP, lo que supone algo
más del 50% de vigilantes que realmente están en activo. Entre 2007 y 2010, el
número de vigilantes de seguridad habilitados se ha incrementado en un
Son numerosos los ayuntamientos y
otras entidades públicas que están subvencionando la realización de cursos de
habilitación de vigilante de seguridad
para personas en situación de desempleo, en el marco de una apuesta por la
formación. Sin embargo, estas entidades obvian el hecho de que el sector difícilmente puede acoger a más empleados porque la crisis está afectando
profundamente a la demanda de servicios de seguridad.
La consecuencia positiva para las empresas es que, así como antes de la crisis tenían grandes dificultades para encontrar personal habilitado, incluso
hasta el punto de manifestar a través del
su principal patronal, APROSER, que
existían 20.000 vacantes en el sector
(información publicada en el diario El
Mundo el 21 de febrero de 2006), en la
actualidad esa dificultad ya no existe.
Esto se debe tanto al personal habilitado
recientemente, como a la vuelta al sector de numerosos antiguos trabajadores
que han perdido su empleo en sectores
ajenos a la Seguridad Privada.
Resulta llamativo comparar las cifras de
personal habilitado con la evolución económica del sector, ya que el incremento
de la facturación registrado entre 2007
(3.860M€) y 2010 (4.250M€) (datos de
DBK) ha sido del +10%, una cifra muy
alejada de la media de 33% de incremento del número de personal habilitado. Obviamente, hay una gran diferencia
entre el personal habilitado y el personal
realmente empleado en el sector.
El índice de rotación de los vigilantes de
Seguridad Privada se situó en un 24% en
2010 y en un 27,98% en 2009. La variación interanual del índice de rotación
es muy llamativa, ya que, en un sector
donde los índices de rotación han sido
históricamente muy elevados (48% en
2005), en los últimos años se viene registrando un claro descenso. De esta
forma, en 2007 el índice de rotación se
situó en un 40% y en 2008 en un 31%.
Hay que buscar la respuesta a esta variación en dos factores principales. Por
un lado tenemos el esfuerzo de las empresas por fidelizar a los empleados, lo
cual se puede apreciar por el enorme
descenso de la rotación que se produjo
entre 2007 y 2008, cuando el sector
apenas estaba empezando a resentirse
por la crisis. Por otro lado, con la llegada de la crisis, los trabajadores se han
vuelto mucho más conservadores con
respecto a su puesto de trabajo. En tiempos de bonanza económica fueron muchos los vigilantes que cambiaron a
otros sectores como el de la construcción, circunstancia que no ocurre actualmente.
No se dispone de datos sobre el número
de personas que tienen su actividad en el
España. Como se ha comentado en los
apartados anteriores, el Sector de la Seguridad Informática lo conforman no
solo las casi 1.000 empresas proveedoras de productos y servicios de Seguridad Informática, sino que también se deberían considerar los trabajadores de las
que se dedican a la Seguridad Informática. Posiblemente el orden de magnitud
del sector sea de 25.000 trabajadores.
Realmente sigue siendo remarcable la
falta de datos fiables del sector.
Unos datos a tener en cuenta en relación
a la Seguridad Privada Informática son
los de las 11 empresas de entre las más
importantes del IBEX 35. Según los datos
que nos han sido facilitados para la realización de este Estudio, el 3,71% de sus
profesionales dedicados a las Tecnologías de la Información (TI) se dedican a la
Seguridad Informática, se invierten 4,48
€ al año por empleado para formación
en Seguridad Informática, cada empleado de Seguridad Informática recibe una
formación anual media de 43,92 horas,
el 42,48 % del personal dedicado a Seguridad Informática es externo y este
personal externo tiene una rotación media de 22,66 %.
El mercado de la Oferta
Según el Informe Económico de APROSER 2011, que remite a los datos obtenidos de la Unidad Central de Seguridad Privada, al cierre de 2010, el
número de empresas de Seguridad Privada Física habilitadas era de 1.538, de
las cuales 1.374 han sido habilitadas
por el Ministerio del Interior, 134 por la
Generalitat de Catalunya y 30 por el
A fecha de enero de 2011, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE)
del Instituto Nacional de Estadística (12)
(permite consultar el número de empresas de Seguridad Privada en función del
número de trabajadores), en España solamente existen 3 empresas con más de
5.000 trabajadores; 15 empresas que
tienen entre 1000 y 4.999 y 14 más que
tienen entre 500 y 999 asalariados. El
resto de empresas tienen menor número
Hay 893 compañías que tienen menos de
50 trabajadores y 777 de menos de 20
empleados. (CNAE 2009 consultado:
801 “Actividades de Seguridad Privada”).
En España, en 2010, las cinco principales empresas proveedoras de servicios
de Seguridad Privada Física y su facturación en millones de euros son:
Llama la atención que la actividad más
cuantiosamente autorizada sea la de los
despachos de detectives (1.099) –lo que
refleja un sector sumamente atomizado, seguida de las empresas de Instalación
y mantenimiento de sistemas de seguridad (1.074). Tras éstas figuran las de vigilancia y protección (409), las centrales
de alarma (177) y las de asesoramiento
y planificación (133).
A pesar del enorme número de empresas de Seguridad Privada Física que
existen en España, lo cierto es que en
este año, las cinco primeras compañías
(el Grupo Prosegur, Securitas Seguridad
España, Securitas Direct, Eulen Seguridad y el Grupo Segur Ibérica) reunieron
el 54% de la facturación.
Según el Informe Anual de APROSER
2011 (que ofrece datos correspondientes a 2010), la distribución de la oferta
por segmentos de actividad es:
1. Vigilancia: 64.76%
2. Sistemas y alarmas de seguridad:
3. Transporte de fondos: 8,9%
Empresas de Seguridad Privada Física
en función de su actividad, según el
Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2010: (Gráfico 7).
El Anuario Estadístico del Ministerio
del Interior 2010 facilita los siguientes
datos relativos a los servicios de escolta:
(Gráfico 8).
Hasta 2010 el número de servicios de
escolta operativos registró un crecimiento sostenido, no así las nuevas autorizaciones. Todavía es pronto para estudiar
el efecto provocado por el anuncio del
Ministerio del Interior, en 2010, sobre la
retirada de los escoltas a protegidos del
País Vasco y Navarra. El Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2010
facilita los siguientes datos relativos a
las alarmas y conexiones: (Gráfico 9).
La variación interanual del número estimado de conexiones de Sistemas de Seguridad a Centrales Receptoras de Alarmas, aunque continúa registrando
crecimientos positivos, se ha ido moderando en los últimos años. Así, entre
2007 y 2008 el número de conexiones
creció un 12,3%, entre 2008 y 2009 lo
hizo un 6,8%, y entre 2009 y 2010 el
crecimiento se ralentizó hasta un 3,3%.
Si comparamos este dato con los datos
de facturación del segmento de los sistemas de seguridad, vemos que es coherente con el comportamiento de los
datos económicos, que reflejan una caída del -8% entre 2008 y 2009 y del 9,01% entre 2009 y 2010.
Según el Informe Económico de APROSER 2011, que refleja datos de 2010: El
Sector Privado representa el 76% de los
clientes de Seguridad Privada, mientras
que el Sector Público representa el 24%.
En cuanto a los sectores de actividad
que más demandan los servicios, son los
que se reflejan en el cuadro siguiente:
(Gráfico 10).
La demanda de servicios de Seguridad
Privada Física se ha visto afectada negativamente por la contención del gasto
por parte de las empresas privadas (industria y servicios), los particulares y la
Los principales operadores del mercado
internacional son el británico Group 4
Securicor (8.621M € en 2010), el sueco
Securitas (6.816€ en 2010) y el español
Grupo Prosegur (2.561M€). ADT Worldwide, división de seguridad de la compañía norteamericana Tyco Internacional, lidera el mercado mundial de los sistemas
de seguridad (7.400M€ en 2010).
Los datos más fiables sobre el número
de empresas de Seguridad Informática
se obtienen del “Catálogo de Empresas
y Soluciones de Seguridad TIC” de INTECO (13). La última edición es la de
octubre de 2010. En ella se encuentran
catalogadas 984 empresas españolas
del sector de Seguridad Informática con
el siguiente reparto:
142 Fabricantes
28 Mayoristas
29 Distribuidores
331 Integradores
451 Consultoras
En el mismo documento se da cuenta de
2.104 soluciones catalogadas con el
desglose siguiente:
• 669 Productos
• 1.435 Servicios
En cuanto a la demanda de Seguridad
Informática en España, según el informe
de AMETIC “Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la empresa española 2010” (14), las empresas, cada vez más conscientes de los
peligros que existen en Internet, protegen sus equipos con sistemas informáticos que eviten la pérdida de información o el uso fraudulento de sus
documentos y archivos. Este estudio revela que prácticamente la totalidad de
las empresas que disponen de conexión
a Internet (97,2%) poseen programas de
protección antivirus como sistema de
defensa; el 92,7% también realiza copias de seguridad de sus archivos; el
79,5% de las empresas tienen implantados cortafuegos; el 68,1% cuenta con
mecanismos de autentificación de usuario y un 28,5% de las empresas disponen de mecanismos de intercambio de
información seguros.
También en este informe de AMETIC se
recoge que el 93,8 % de los autónomos
conectados a Internet utilizan antivirus, un
72,1% realizan copias de seguridad, el
67,4% tienen instalados cortafuegos, el
56,1% dispone de mecanismos de autenticación de usuarios y el 27,7% utilizan intercambio seguro de información.
Todas las cifras anteriores ponen de manifiesto la gran demanda de productos y
servicios de Seguridad Informática que
hay en España por parte de los empresarios, no solo de las grandes empresas
sino también por los autónomos.
Según datos de publicados por Symantec a finales de 2011 (15), el mercado
de la Seguridad Informática seguirá creciendo en los próximos 5 años, una tónica que desde la filial española ven positiva de cara a 2012, donde tienen
previsto seguir progresando. En lo que
se refiere a las tecnologías para 2012,
expertos de Symantec creen que la
nube, la virtualización y los dispositivos
móviles son las tres principales apuestas
para este periodo. El aumento de la tecnología móvil es una preocupación para
Symantec, que ve en este mercado un
importante agujero de seguridad.
A nivel mundial, la empresa de investigación de mercado Canalys (16) prevé
que las inversiones en seguridad empresarial crecerán un 8,7% en 2012 en relación a 2011 hasta alcanzar un valor
de mercado de 22.900 millones de dólares en todo el mundo. En este informe
Canalys estima que el segmento de mercado de software antivirus crecerá un
6,8% y contabilizará el 11,3% del total
A nivel mundial, la
de mercado Canalys
prevé que las inversiones
en seguridad empresarial
crecerán un 8,7% en
2012 en relación a 2011
hasta alcanzar un valor
de mercado de 22.900
de mercado de seguridad empresarial
En cuanto a los incidentes más habituales relacionados con la Seguridad Informática, según la última edición 2011 del
informe elaborado por el Observatorio
Nacional de las Telecomunicaciones y la
Sociedad de la Información (17), la destrucción o alteración de la información
debido a los fallos del software o hardware afecta al 19,1% de las PYMEs y
grandes empresas, siendo el incidente
más común entre las compañías con Internet. En el 6,2% de los casos los incidentes relacionados con los sistemas de
seguridad TIC son por ataques externos,
mientras en un 11,1% se han producido
virus o accesos no autorizados.
En este informe del Observatorio se recoge que más del 67% de las grandes
empresas tienen políticas de Seguridad
que revisan regularmente. Por sectores
destacan las empresas financieras, ya
que el 87% de ellas cuenta con políticas
de seguridad TIC que se revisan con regularidad; seguidas muy de lejos por las
empresas de informática, telecomunicaciones y audiovisuales (54,2%) y a las
actividades profesionales (54%). El sector de informática, telecomunicaciones y
audiovisuales es el que concentra mayor
porcentaje de empresas que han tenido
problemas de seguridad especificados:
el 26% de las compañías han sufrido destrucción o alteración de la información
debido a fallos de software o hardware.
La principal conclusión de la encuesta
elaborada conjuntamente por PwC,
CIO Magazine y CSO Magazine a finales de 2011 (18) a más de 9.600 ejecutivos (324 en España) y responsables de
seguridad de la información y TI de 138
países de todo el mundo es que “Las redes sociales y los dispositivos móviles
son los nuevos riesgos para la seguridad
de la información de las compañías”.
La “Encuesta mundial sobre fraude y delito económico 2011” de PwC (19) tiene
un apartado dedicado al delito informático y el cibercrimen. En estos estudios
de PwC de 2011, casi la mitad de las
empresas españolas, el 47%, reconoce
haber sido víctima de algún tipo de fraude. Un porcentaje muy superior al de las
compañías europeas, el 30,2%, y al declarado por las propias empresas españolas en el informe de 2009, el 34,5%.
La Encuesta Mundial sobre el Delito
Económico 2011, elaborada por PwC a
partir de la opinión de 4.000 ejecutivos
en 72 países, entre los que se incluye España, hace una radiografía del tipo de
delitos económicos que padecen las
empresas españolas. El delito informático abarca en la actualidad en torno al
4% de los delitos económicos. Este tipo
de delitos tienen un efecto inmediato sobre la imagen y reputación de la organización, con su consecuente impacto en
los volúmenes de ventas de la empresa y
la confianza en el sector.
A nivel europeo y global, el 17,2% y
19,4% de las organizaciones encuestadas, considera que el impacto de los casos de cibercrimen que han experimentado ha afectado significativamente a la
reputación de la organización, mientras
que en España este dato se eleva a un
52,5%. Tanto a nivel europeo como global, existe un fuerte incremento de la
percepción del riesgo de cibercrimen. La
Encuesta de PwC ha puesto de manifiesto el gap existente, en torno al 20%, entre el nivel de percepción de riesgo entre España y el nivel europeo y nivel
global. La percepción mayoritaria en España, un 80% de las organizaciones encuestadas, es que el riesgo de cibercrimen se mantuvo.
Según esta misma encuesta elaborada
por PwC, hasta hace muy poco la percepción del riesgo interno del cibercrimen se enmarcaba en el departamento
de TI. Sin embargo, la creciente interacción de las distintas áreas de la organización con la Red ha desplazado el foco
del riesgo desde un solo departamento
a distintos departamentos dentro de la
organización. El área de TI continúa
abarcando un 25% del riesgo estimado,
pero otros departamentos, como marketing y ventas u operaciones, han absorbido gran parte del riesgo de fraude.
Esta tendencia a la diversificación dentro
de los departamentos hace a la organización más vulnerable, no es suficiente
con establecer fuertes controles a nivel
de departamento, sino que la protección
debe expandirse a la organización en su
conjunto, siendo necesario el diseño e
implementación de una política integral.
La irrupción de las redes sociales ha supuesto un fenómeno sin precedentes en
el día a día de las personas, y las orga-
nizaciones no podían ser ajenas a ello.
Hoy en día numerosas organizaciones
tienen perfiles en redes sociales que utilizan para contactar con clientes, marketing, realizar estudios de mercado,
etc. Las ventajas de las redes sociales
son de muy diversa índole, destacando,
entre otras, la cercanía de la organización con el cliente, pudiendo satisfacer
las necesidades del consumidor final de
una manera más óptima.
Sin embargo, los riesgos inherentes derivados del empleo de las redes sociales
aún no han sido valorados por las organizaciones de una manera adecuada. La
Encuesta de PwC muestra como en España las organizaciones todavía no son
conscientes de la necesidad de supervisar las redes sociales como medio de comunicación, sólo un 21,2% controlan las
redes sociales, frente al 35,4% y 40%, a
nivel europeo y global respectivamente.
De aquellas organizaciones que han
contestado que ejercen medidas de control sobre las redes sociales, el 33% ha
optado por la monitorización del tráfico
interno/externo; el 31% se ha decantado
por informar a los empleados de la diligencia debida en el uso de información
interna y del correcto uso de la documentación corporativa; mientras que el
21% ha impartido cursos de formación
sobre la utilización de Internet. 
Documento PDF 6-Tecnico-Profesional-1.pdf
espana servicios seguridad numero informacion informatica usecnetwork tecnico sector empresas publica profesional datos entre privada
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References: artículo 1
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