Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531655.html
Timestamp: 2019-03-20 07:16:28+00:00

Document:
as201531655
Auto Supremo N° 655
Expediente : 263/2015-A
Demandante : Francisca Marca Choqueticlla
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 339 a 341, interpuesto por Edson Paolo Saavedra Carreño, en representación del Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) Juan Edwin Mercado Claros, contra el Auto de Vista Nº AV-SECCASA 118/2015 de 16 de junio (fs. 331 a 334), pronunciado por la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; dentro del trámite de Renta de Vejez seguido por Francisca Marca Choqueticlla ante el Senasir; la respuesta al recurso de casación cursante de fs. 344 y vta.; el Auto de fs. 346, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:
I.1.1. Resolución de la Comisión de Calificación
Que, mediante Resolución Nº 0011906 de 12 de diciembre de 2013 (fs. 53 a 55, repetido a fs. 267 a 269), el Senasir a través de la Comisión de Calificación de Rentas, resolvió la suspensión definitiva de la Rente Única de Vejez otorgada a favor de la Sra. Francisca Marca Choqueticlla, determinando que se calcule el monto indebidamente cobrado por la rentista y que se proceda a la recuperación del mismo por la Unidad de Asesoría Legal.
I.1.2. Resolución de la Comisión de Reclamación
Ante dicho Auto la Sra. Francisca Marca Choqueticlla, interpuso recurso de reclamación (fs. 270 a 272), concibiendo que la Comisión de Reclamación, a través de la Resolución Nº 609/14 de 25 de septiembre (fs. 289 a 292, repetida de fs. 299 a 302), confirme la Resolución N° 0011906 de 12 de diciembre de 2013, cursante de fs. 53 a 55, por encontrase conforme a los datos del expediente y normativa en vigencia.
I.1.3. Auto de Vista
Dicha resolución fue recurrida en apelación por la rentista (fs. 296 a 297), mereciendo el Auto de Vista Nº AV-SECCASA 118/2015 de 16 de junio (fs. 331 a 334), por el cual, la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, resolvió revocar la Resolución N° 609/2014 de 25 de septiembre, disponiendo dejar sin efecto la Resolución N° 011906 y también la continuación del pago de renta vejez a favor de la rentista, ordenando también la restitución de toda la renta por el periodo que fue suspendida, en mérito a las observaciones realizadas en la misma resolución.
Dicha resolución motivó que el Senasir, por intermedio de su representante legal, presente recurso de casación en el fondo, indicando que el Auto de Vista recurrido violó las disposiciones referentes a la certificación de periodos para la otorgación de la renta única de vejez y apreció erróneamente las pruebas aportadas al expediente, bajo los siguientes fundamentos:
Que, mediante el informe de la comisión revisora de rentas en curso de pago de fs. 28, se estableció que la rentista tenía inconsistencia en la densidad de los aportes del régimen básico, ya que de la documentación que se encuentra en archivos del Senasir, se pudo evidenciar que la rentista no figuraba en planillas del sector de Cooperativas dentro los periodos 08/64 a 12/67, 01/80 a 07/81 y 12/94, por lo que no se puede aplicar el art. 14 del Decreto Supremo (DS) N° 27543, ni certificar los periodos observados, puesto que no figuran planillas, certificados de trabajo ni documentación que demuestre que existen aportes para el Seguro a Largo Plazo por los periodos señalados.
Refirió también que los certificados de aportes de la Caja Nacional de Salud (CNS) cursantes de fs. 1 y 2, se encuentran borrados y sobre escritos, aspecto que fue valorado correctamente en el Informe Técnico N° 298/2014 de 24 de junio de la Comisión de Reclamación, por lo que se acudirá a la vía llamada por Ley para comprobar la legalidad de dichos formularios AVC´s.
Acusó que según el Informe Senasir UNO/ ADR/ ACHM N° 2193/2013 de 6 de diciembre cursante de fs. 51 a 53, que fue emitido de conformidad al Informe de la Comisión Revisora de Rentas en Curso de Pago de 31 de julio de 2006 de fs. 28, se demostró la inconsistencia en la densidad de cotizaciones en el régimen básico de la rentista en los periodos 08/64 a 12/67, 01/80 a 07/81, 08/81 a 02/87 y 12/94, debido a que no figura en planillas, haciendo un total de 93 cotizaciones, no cumpliendo con la densidad mínima de 180 cotizaciones como señala el art. 23 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA), aprobado por la Resolución Secretarial (RS) N° 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.
Finalmente señaló como normas violadas el art. 9 del DS N° 27991 de 28 de enero de 2005, el capítulo III art. 1 del DS N° 27066 de 6 de junio de 2003, la Resolución Ministerial (RM) N° 1361 de 4 de diciembre de 1997, el art. 4 del DS N° 27543 y el art. 23 del MPRCPA, aprobado por la RS N° 10.0.0.087.
Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista N° AV-SECCASA -118/2015 de 16 de junio cursante de fs. 331 a 334, en aplicación del art. 253 del Código de Procedimiento Civil (CPC).
Así planteado el recurso de casación en el fondo, de la revisión y compulsa de los antecedentes del proceso y las normas aplicables a la materia, se observa que la problemática se concentra en un solo aspecto; que la rentista contaría solo con 93 cotizaciones, siendo el mínimo establecido por Ley 180 cotizaciones, no existiendo en archivos del Senasir las planillas correspondientes a los periodos 08/64 a 12/67, 01/80 a 07/81, 08/81 a 02/87 y 12/94, no pudiendo aplicarse el art. 14 del DS N° 27543 ni certificar dichos periodos, por lo que no correspondería la renta de vejez a la actora.
Es necesario y preciso señalar el art. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE), el cual establece que, todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, la que debe prestarse bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; finalizando que su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social; esta misma norma Constitucional en su parágrafo IV obliga al Estado garantizar el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo. La jubilación a la que se hace referencia, está íntimamente ligada al derecho a percibir una remuneración, que debe ser calculada según los años de servicios y el salario percibido, permitiendo que las y los bolivianos puedan gozar de una renta que permita atender sus necesidades básicas y vitales al llegar a una determinada edad. Esta obligación estatal se encuentra reafirmada por el art. 67.II de la CPE, que impone al Estado la obligación de proveer una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral de acuerdo a nuestra legislación.
Los principios antes descritos componen no sólo la base en la que se asienta la seguridad social en Bolivia, sino también constituyen la guía para su efectivización, en la lógica que ella obedece al cumplimiento de un cometido último que el Estado, como tal, persigue. Esa posición hace que, los principios que ordenan y orientan al sistema de seguridad social no deben ser tenidos de manera aislada, otorgándoseles una aplicación esporádica, o bien ser limitados a su enunciación retórica, sino más bien, deben ser empleados de modo preferente por parte de la administración del Estado, dada su función de hacer posible que los regímenes de seguridad de los medios de vida [puedan aliviar] el estado de necesidad e impedir la miseria, restableciendo, en un nivel razonable, las entradas perdidas a causa de la incapacidad para trabajar (comprendida la vejez), o para obtener trabajo remunerado o a causa de la muerte del jefe de familia (Organización Internacional del Trabajo, R067 - Recomendación sobre la seguridad de los medios de vida).
Estando establecido el panorama normativo sobre el derecho a la jubilación reconocido constitucionalmente, es menester hacer alusión a los arts. 7.k) y 158 de la CPE de 1967 y sus posteriores reformas, que ya reconocían aquel derecho, que en el devenir del tiempo no sólo mantuvo su importante característica, si no más aún su entendimiento y protección tuvo un crecimiento progresivo, percibido ahora, como ya se desarrolló en el art. 45 de la CPE.
De esta forma una comprensión en contrario, es decir, disposiciones de cualesquier naturaleza que tiendan a restringir, impedir o bien retrotraer condiciones ya superadas, para el acceso y posterior ejercicio pleno de un derecho, sin duda no sólo constituirían una afrenta a mandatos constitucionales, sino conllevaría una afectación eventualmente irreparable a la ciudadanía, dadas las lógicas y especiales condiciones que el derecho a la jubilación posee.
Ahora, también es menester recordar que desde 1955, a través del Código de Seguridad Social (CSS) aprobado mediante Ley de 14 de diciembre de 1956, en Bolivia se instituyó el Seguro Social Obligatorio bajo el sistema de prestaciones definidas, conocido como Sistema de Reparto, con el fin de entre otros proteger la salud del capital humano del país, la continuidad de los medios de subsistencia, así como brindar esa protección a los familiares en casos de contingencias como los riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte (art. 3 del CSS).
Es necesario indicar también que el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, relativo a la utilización de documentos que cursan en el expediente señala: “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del Senasir, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el Senasir certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente DS, bajo presunción juris tantum. Los documentos será uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas, etc.”, concordante con el art. 83 del MPRCPA que dispone: “Para la calificación y reconocimiento de renta de vejez, la unidad de recaudación determinará el número de cotizaciones del asegurado, mediante revisión de planillas de aportes y en caso de que por algunos periodos de tiempo no existieran planillas en los archivos, se complementará la verificación de aportes con los Avisos de afiliación del Trabajador, de Baja, y Reingreso del Asegurado, complementados por los certificados de trabajo, record de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales”.
Bajo dicha normativa y revisados los antecedentes que informan al proceso, se evidencia que la titular de la renta, al momento de presentar su solicitud de Renta de Vejez como consta a fs. 11 de obrados, entre otros documentos adjuntó formulario de cotizaciones seguros, invalidez, vejez y muerte emitidos por la CNS, certificación de aportes emitido por el Fondo de Pensiones Básicas, certificado de trabajo de la Cooperativa Minera Poopo Ltda., formularios AVC – 04, copia de cédula de identidad y certificado de nacimiento, cursantes de fs. 1 a 11, así como también posteriormente adjuntó papeletas de pago, planillas de los periodos observados, sobres únicos de pago, certificados de servicios, finiquito de la Empresa Minera San José (fs. 57 a 266), certificación de la Cooperativa Minera Poopo Ltda. de fs. 308 a 309, documentos donde se constató que la solicitante trabajó en la Cooperativa Minera Poopo Ltda., desvirtuando con ello lo afirmado por el ente gestor que argumenta que la asegurada no figuraba en planillas por los periodos 08/64 a 12/67, 01/80 a 07/81, 08/81 a 02/87 y 12/94, llegándose a evidenciar que tanto la Comisión de Calificación de Rentas como la Comisión de Reclamaciones del Senasir, no efectuaron una conveniente valoración de la documentación presentada por la solicitante, pues lo correcto sería que dichas comisiones a tiempo de pronunciar sus resoluciones, hayan aplicado lo dispuesto en el art. 14 del Citado DS Nº 27543, así como lo previsto en el art. 83 del MPRCPA, aspecto que no sucedió en el caso de análisis, pues sólo se evocaron a considerar la documentación que tenía en su poder (planillas en archivo del Senasir), vulnerando el mandato del art. 48 de la CPE, referente a la irrenunciabilidad de los derechos.
En ese sentido, el análisis pormenorizado de los antecedentes descritos, nos lleva al razonamiento y a la certeza de que estos aspectos no fueron tomados en cuanta por los representantes del Senasir a momento de emitir sus resoluciones, correspondiendo en el caso presente calificar a favor de la solicitante los periodos efectivamente trabajados correspondientes a las gestiones agosto/64 a diciembre/67, enero/80 a julio/81, agosto/81 a febrero/87 y diciembre/94, los cuales fueron desconocidos por el Senasir, aspecto que fue subsanado por el Tribunal de Segunda Instancia, en base a una correcta y adecuada valoración de la prueba, conforme determina el art. 397 del CPC, aplicable al caso de autos por la permisión del art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social (R-CSS).
A lo señalado, y conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, contenida en el art. 4.d) de la Ley Nº 2341 del Procedimiento Administrativo, como también regulado en los arts. 180.I de la CPE y 30. 11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establecen como un principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.
Bajo tales antecedentes, se advierte que el Tribunal Ad quem, fundamentó y basó su fallo en función al análisis de la documentación presentada por la rentista, sustentando además su Resolución en lo prescrito por el DS Nº 27543, por lo que este Tribunal no encuentra violación a la normativa señalada por la entidad recurrente, la cual refirió pero no indicó de qué manera el Auto de Vista impugnado la habría vulnerado.
De tal manera, conforme a la normativa precitada y a lo dispuesto en el art. 48 de la CPE, debe recordarse que los derechos sociales son irrenunciables, siendo obligación del Estado defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión economía, oportunidad y eficacia, señalados por el art. 45.II y IV de nuestra CPE, garantizando el derecho a la jubilación con carácter universal solidario y equitativo.
Por consiguiente, al no ser evidentes las infracciones normativas denunciadas en el recurso de casación en el fondo de fs. 339 a 341, toda vez que, el Auto de Vista recurrido se ajusta a las leyes en vigencia, corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en los arts. 633 del R-CSS, 55.III del DS N° 822 de 16 de marzo de 2011, y 15 del MPRCPA aprobado por RS N° 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 339 a 341, interpuesto por Edson Paolo Saavedra Carreño en representación del Director General Ejecutivo del Senasir Juan Edwin Mercado Claros, contra el Auto de Vista Nº AV-SECCASA 118/2015 de 16 de junio (fs. 331 a 334).
Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

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