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Timestamp: 2017-11-25 01:53:10+00:00

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LA PRISION PERMANENTE REVISABLE; HISTORIA DE UN FRACASO
Posted by huescayportilloasociados in Derecho Penitenciario
El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado un primer paso para suprimir la prisión permanente revisable, una medida que se aprobó en su día por el gobierno del PP cuando tenía mayoría absoluta, y que toda la oposición recurrió ante el Tribunal Constitucional hace más de dos años. Todo parece indicar que la actual aritmética parlamentaria dará al traste con este tipo de penas dejándonos en un escenario de incertidumbre frente a las personas que hayan sido condenados a este tipo de penas.
La pena de prisión permanente es a todas luces inconstitucional y su inclusión en el catálogo de penas establecidas en el Código Penal español fue una decisión político-criminal no suficientemente meditada y como resultado de una serie de sucesos mediáticos que condicionaron al poder ejecutivo y ala sociedad a promover y aceptar una medidas desproporcionada y que no resiste en más mínimo examen de constitucionalidad.
Este tipo de penas vulnera elementos nucleares de los principios constitucionales que informan el ordenamiento penal y que inspiran y fundamentan el Derecho Penitenciario y nuestro sistema de ejecución de penas. Se rompían con esta modalidad de penas el principio de legalidad y la finalidad reeeducadora y resocializadora que toda pena debe cumplir. Principios y finalidad consagradas en el artículo 25 de la Constitución Española.
La incorporación de la prisión permanente revisable, que es una pena de cadena perpetua revisable, tiene una función retributiva de la pena, función que fue expresamente erradicada de nuestro Ordenamiento Jurídico en 1978 y que operó todo un cambio en la política penitenciaria que se orientó desde este momento a buscar la reinserción social de los internos en Centros Penitenciarios, aunque es cierto que este cambio de posición es en muchos casos más teórico que práctico y que incluso los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y las Juntas de Tratamiento de los Centros Penitenciarios siguen aplicando un criterio retributivo a la hora de ejecutar las penas privativas de libertad y conceder régimen de vida en semilibertad u obtener permisos penitenciarios así como beneficios penitenciarios.
Con la inclusión de la pena de prisión permanente revisable nos introducía el legislativo en un derecho penitenciario sumamente maleable en manos de los operadores jurídicos que puede hacer que las penas impuestas sean desiguales, desproporcionadas e injustas. Y sobre todo es alarmante la violación flagrante de los mandatos constitucionales que se establecieron en 1978.
Recordemos brevemente qué es la pena de prisión permanente revisable y como funciona:
Este tipo de penas podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad en los que esté justificada un respuesta extraordinaria del ordenamiento jurídico penal mediante la imposición de una pena de prisión de duración indeterminada. Estos supuestos son los siguientes:
– ASESINATOS GRAVES.
– HOMICIDIOS DEL REY, SUS HEREDEROS Y JEFES DE ESTADO EXTRANJEROS.
– CASOS DE GENOCIDIO O CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD CON HOMICIDIO O CON AGRESIÓN SEXUAL.
Esta pena de duración indeterminada está no obstante sujeta a un régimen de revisión siempre y cuando se haya cumplido íntegramente una parte relevante de la condena y esté acreditada la resinserción del penado. En cuyo caso se podrá obtener por parte del reo una libertad condicionada al cumplimiento de ciertas exigencias, en particular, la no comisión de nuevos hechos delictivos.
La regulación de la pena de prisión permanente revisable, de ningún modo renuncia, según el criterio del legislador, a la resinserción del penado ya que una vez cumplida de una parte mínima de la condena este puede acceder a espacios de semilibertad o libertad condicional aunque para ello un tribunal colegiado deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal. Según nuestro legislador, la previsión de esta revisión judicial periódica de la situación del condenado, es idónea para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social aleja toda duda sobre la inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el condenado.
En esta esta institución que estudiamos, cumplida esa primera parte mínima de la pena, si el tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación, y si por el contrario, el tribunal valora que cumple con los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación, y si por el contrario, el tribunal valora que cumple con los requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientados tanto a garantizar la seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social.
Hay opiniones, como es la del legislador, a propuesta del ejecutivo, que afirma que la pena de prisión permanente revisable no constituye por ello, una suerte de “pena definitiva” en la que se desentiende del penado. Pero lo cierto es que todo parece que indicar que es así. Toda ve que está más que comprobado que en nuestro actual sistema penitenciario ya el Estado se desentiende del penado, mucho más lo hará cuando la pena sea definitiva en su duración temporal. De la misma forma no se entiende la duración de esta tipo de penas y su compatibilidad con el tratamiento penitenciario que tanto la Ley General Penitenciaria como el Reglamentario al que todo interno tiene derecho y que busca una reinserción y una reeducación social de la persona que en nada compatibiliza con esta modalidad punitiva.
Ya en su día el Consejo General de la Abogacía Española consideró inconstitucional la prisión permanente revisable porque no se fija un límite de cumplimiento de la pena de prisión, lo que vulneraría los artículos 10, 15 y 25 de la Constitución Española. Por su parte el Pleno del Consejo General del Poder Judicial también cuestiona la constitucionalidad de la pena en relación el artículo 25.1 CE.
Son numerosos los criterios de la doctrina que mantienen que la prisión permanente revisable deja fuera de juego la reeducación y reinserción del reo, al quedar supeditado a que éste vuelva a ser juzgado para que, después de cumplir una parte de la condena se le otorgue o no el derecho a la libertad.
Con esta figura en la que se plantea la resocialización como última y poco probable resocialización del penado, cabe la posibilidad de que una persona, culpable de un delito castigado con estas penas, no tenga ninguna motivación para desarrollarse personal ni profesionalmente e incluso que no muestre actitud de arrepentimiento alguno ya que se enfrenta a la inseguridad de su puesta en libertad.
La Constitución Española vincula absolutamente al legislador vetándole el establecimiento de penal radicalmente contrarios a la reinserción social como es la prisión permanente revisable. Difícilmente puede mantenerse que la pena de cárcel se orientará, en su ejecución, a la reinserción social si se ha impuesto una pena de prisión permanente que, pudiendo revisarse, se considera desocializadora. Evidentemente, es perfectamente posible que aún cumplida cumplida la pena de prisión no se haya conseguido alcanzar la reinserción social, pero en todo caso, no se estaría vulnerando el referido mandato constitucional. Sin embargo, sí lo infringiría un precepto que la impidiera abiertamente, como sería la regulación legal de la cadena perpetua o, como en el caso aquí analizado, la prisión permanente revisable, en la medida en que ni siquiera ofrece al penado expectativas sólidas de libertad en un futuro cercano.
Esto tiene especial relevancia en el caso de las penas de larga duración ya que, en virtud de los límites concurales del artículo 76 del Código Penal, se podría alcanzar un límite máximo de cumplimiento de 40 años, algo a todas luces excesivo y contradictorio con el principio de resocialización. Así lo ha venido señalando el Tribunal Supremo en numerosas sentencias, entre ellas las siguientes:
– STS 7 de marzo de 1993 “… no puede conseguirse o es muy difícil la consecución del mandato constitucional de resocialización cuando se produce, en función de las circunstancias, una excesiva exasperación de las penas. La legalidad constitucional debe prevalecer sobre la ordinaria, una privación de libertad muy superior a los 30 años sería un tratamiento inhumano por privar de la oportunidad reinsertadora”. En el mismo sentido, la STS de 30 de enero de 1998, “todo lo que contradice y empaña la resocialización comportará una tacha desde el punto de vista constitucional”.
ARTÍCULO 155 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA… UNA EXPLICACIÓN QUIERO.
Posted by huescayportilloasociados in Derecho Constitucional
Cataluña, DUI, Política
Todos reclaman en los últimos días la aplicación del Artículo 155 de la Constitución española en la Comunidad Autónoma de Cataluña, ante el llamado proceso independentista de esta parte del territorio auspiciada por algunos representantes políticos, a través de una serie de instrumentos irregulares e ilegales como son un referéndum o unas elecciones trampa mal llamadas plebiscitarias. Ante este desafío de esta parte del territorio, voces muy calificadas claman solicitando al Gobierno la aplicación del artículo 155 del Texto Fundamental. Pero ¿cuál es el contenido de este artículo? ¿a qué se refieren cuando se solicita su aplicación? ¿qué actuaciones permite? ¿soluciona este artículo lo que desde la II República española se conoce con el nombre de la cuestión catalana?
En primer lugar, y para saber de lo que estamos hablando indicaremos que el contenido literal del artículo 155 de la Carta Magna, establece lo siguiente:
“1.- Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2.- Para la ejecución de las medidas previstas en el partado anterior, el Gobierno podrá instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
Es más que evidente que las actuaciones llevadas a cabo por los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Cataluña no superan el más mínimo control de legalidad ya que no están cumpliendo de manera flagrante con las obligaciones que la Constitución u otras leyes les imponen, sus actuaciones están atentando gravemente, muy gravemente, contra el interés general de España y de los españoles y atenta de manera clara contra el artículo 2 de la Constitución española que establece que :”La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…”
Los poderes públicos catalanes han atentado con sus diferentes actuaciones y manifestaciones contra la unidad de España como hemos analizad, además de contravenir el ordenamiento jurídico penal ya que las actuaciones del gobierno catalán constituyen una infracción penal grave merecedora de un reproche penal serio, severo y contundente por parte del poder judicial ya que constituyen un delito de sedición regulado en el artículo 544 del Código Penal:”Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”, además de haberse producido la comisión de un delito de rebelión de los tipificados en el artículo 472 del Código Penal cuyo tenor literal especifica:” Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes:
5.º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional”
Semejante cúmulo de ilícitos penales y vulneraciones de derechos y libertades de la Constitución española, el Estado Español a través de su Gobierno y previo un requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma en cuestión, podría adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento del orden constitucional perturbado, entre los cuales podría estar la suspensión de la autonomía o cualesquiera otras actuaciones que el gobierno lleve a cabo o considere necesarias para un restablecimiento de la legalidad vigente vulnerada.
Para llevar a cabo estas medidas debe cumplirse con un requisito que no es otro que el de obtener la aprobación de las medidas a adoptar por mayoría absoluta del Senado, como cámara de representación territorial que es. Este requisito se cumple en la actualidad aún con el gobierno en funciones y se cumplirá en el futuro ya que existe un partido de corte constitucionalista que tendrá la mayoría absoluta en el Senado para la legislatura que ahora comienza. No hay pues, impedimento legal alguno para que el gobierno de España restituya el orden constitucional perturbado y garantice los derechos y libertades de todos los ciudadanos españoles en general y de los catalanes en particular.
Pero no sólo el artículo 155 soluciona la llamada cuestión catalana, el estado cuenta también con otros instrumentos menos excepcionales como sería la aplicación del ordenamiento jurídico penal a través del Fiscal General del Estado que podría acusar a los responsables políticos de estas actuaciones de la comisión de delitos de sedición y de rebelión como hemos explicado anteriormente, instruir el correspondiente procedimiento penal e imponer las condenas tipificadas por el Código Penal como hace cuando cualquier ciudadano español vulnera el ordenamiento jurídico. En este caso no debería ser de otra manera.
Posted by huescayportilloasociados in Derecho Penal, Derecho Penitenciario
Una de las grandes novedades de la modificaciones del Código Penal español es la regulación e introducción en nuestro ordenamiento jurídico de la Prisión Permanente Revisable.
La regulación de la pena de prisión permanente revisable, de ningún modo renuncia, según el criterio del legislador, a la reinserción del penado ya que una vez cumplida de una parte mínima de la condena este puede acceder a espacios de semi libertad o libertad condicional aunque para ello un tribunal colegiado deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal.
Según nuestro legislador, la previsión de esta revisión judicial periódica de la situación del condenado, es idónea para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social aleja toda duda sobre la inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el condenado.
En esta institución que estudiamos, cumplida esa primera parte mínima de la pena, si el tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación, y si por el contrario, el tribunal valora que cumple con los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación, y si por el contrario, el tribunal valora que cumple con los requsisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientados tanto a garantizar la seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social.
Hay opiniones, como es la del legislador, que afirman que la pena de prisión permanente revisable no consituye por ello, una suerte de “pena definitiva” en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, manifiesta el legislativo que, se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión.
Aunque pueda parecer que es descabellado introducir un tipo de penas de esta naturaleza en nuestro ordenamiento jurídico, se trata en realidad, de un modelo extendido en el Derecho comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos, pues ha declrado que cuando la Ley Nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado, esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 de la Convención y así ha quedado acreditado en numerosas sentencias que pueden servir para clarificarnos esta cuestión, como son: las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 12 de febrero de 2008 que dirimió la cuestión del caso Kafkaris vs. Chipre; 3 de noviembre de 2009 del caso Meixher vs. Alemania; 13 de noviembre de 2014 del caso Bodin vs. Francia y 3 de febrero de 2015 del caso Hutchinson vs. Reino Unido, entre otras muchas.
También se ha pronunciado el Consejo de Estado sobre la constitucionalidad de las penas de duración indeterminada pero revisables, al informar con relación a la ratificación por España del Estatuto de la Corte Penal Internacional, en el que está prevista la posible imposición de una pena de prisión permanente.
No obstante cabe señalar que el Consejo de la Abogacía Española considera inconstitucional la prisión permanente revisable porque no se fija un límite de cumplimiento de la pena de prisión, lo que vulneraría los artículos 10, 15 y 25 de la Constitución Española. Por su parte el Pleno del Consejo General del Poder Judicial también cuestiona la constitucionalidad de la pena en relación al artículo 25.1 CE.
Son numerosos los criterios de la doctrina que mantienen que la prisión permanente revisable deja fuera de juego la reeducación y reinserción del reo, al quedar supeditado a que éste vuelva a ser juzgado para que, después de cumplir una parte de la condena, se le otorgue o no el derecho a la libertad.
Con esta figura novedosa en la que se plantea la resocialización en última instancia, y siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos, cabe la posibilidad de que una persona, culpable de un delito castigado con la pena de prisión permanente revisable, no tenga ninguna motivación para desarrollarse personal ni profesionalmente e incluso que no muestre actitud de arrepentimiento alguno ya que se enfrenta a la inseguridad de su puesta en libertad.
La Constitución vincula absolutamente al legisldor vetándole el establecimiento de penas radicalmente contrarios a la reinserción social como es la prisión permanente revisable. Difícilmente puede mantenerse que la pena de cárcel se orientará, en su ejecución, a la reinserción social si se ha impuesto una pena de prisión permanente que, pudiendo revisarse, se considera desocializadora. Evidentemente, es perfectamente posible que aún cumplida la pena de prisión no se haya conseguido alcanzar la reinserción social, pero en todo caso, no se estaría vulnerando el referido mandato constitucional. Sin embargo, sí lo infringiría un precepto que la impidiera abiertamente, como sería la regulación legal de la cadena perpetua o, como en el caso aquí analizado, la prisión permanente revisable, en la medida en que ni siquiera ofrece al penado expectativas sólidas de libertad en un futuro cercano.
Esto tiene especial relevancia en el caso de las penas de larga duración ya que, en virtud de los límites concursales del Artículo 76 del Código Penal, se podría alcanzar un límite máximo de cumplimiento de 40 años, algo a todas luces excesivo y contradictorio con el principio de resocialización. Así lo ha venido señalando el Tribunal Supremo en numerosas sentencias, entre ellas las siguientes:
– STS 7 de marzo de 1993 “… no puede conseguirse o es muy difícil la consecución de mandato constitucional de resocialización cuando se produce, en función de las circunstancias, una excesiva exasperación de las penas. La legalidad constitucional debe prevalecer sobre la ordinaria, una privación de libertad muy superior a los 30 años sería un tratamiento inhumano por privar de la oportunidad reinsertadora”. En el mismo sentido, la STS de 30 de enero de 1998, “todo lo que contradice y empaña la resocialización comportará una tacha desde el punto de vista constitucional”.

References: artículo 25
 artículo 25
e contrario
 artículo 76

ARTÍCULO 155
 Artículo 155
 artículo 155
 artículo 155
 artículo 2
 artículo 544
 artículo 472
 artículo 155
 artículo 3
 artículo 25
e contrario
 Artículo 76