Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-476786234
Timestamp: 2019-02-23 09:31:26+00:00

Document:
Sentencia de Constitucionalidad nº 741/13 de Corte Constitucional, 23 de Octubre de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 476786234
Actor: Jesus Argen Montagut Sanchez y Otros
Demandado: Codico Sustantivo del Trabajo Articulo 433, Numeral 2
Expediente: D-9448
Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 2º del artículo 433 del código sustantivo del trabajo, modificado por el artículo 2º. De la ley 11 de 1984. Los demandantes aducen que la norma acusada, al establecer que para interponer los recursos legales contra las resoluciones sancionatorias expedidas por las autoridades del trabajo, cuando el empleador se haya negado o eludido iniciar las conversaciones de arreglo del pliego de condiciones presentado por los trabajadores, el interesado debe consignar previamente el valor de la multa a órdenes del sena, vulnera los artículos 13 y 19 de la constitución política. La corte constató que el artículo 433 del código sustantivo del trabajo tiene una finalidad constitucionalmente legítima, dirigida a garantizar el bien jurídico de la negociación colectiva protegido en forma especial en un estado social y democrático de derecho, como un medio que facilita la participación de los trabajadores en las decisiones que los afectan, encontrando que la consignación previa de la multa como condición para interponer los recursos contra la sanción impuesta al empleador en los términos del citado numeral, no vulnera los derechos a la igualdad, debido proceso y defensa. Exequible.
C-741-13 Sentencia C-741/13 Sentencia C-741/13
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados J.I.P.P. -quien la preside-, M.V.C.C., M.G.C., L.G.G.P., G.E.M.M., N.P.P., J.I.P.C., A.R.R. y L.E.V.S., en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente sentencia con fundamento en los siguientes,
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos, J.A.M.S., L.M.T.B. y N.B.T., demandaron la constitucionalidad del numeral 2 del artículo 233 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 2 de la ley 11 de 1984. A esta demanda se le asignó la radicación D-9448.
Igualmente, el despacho dio traslado de la demanda al señor P. General de la Nación para que rindiera el concepto de su cargo en los términos que le concede el artículo 7º. Del Decreto 2067 de 1991.
Artículo 433: INICIACION DE CONVERSACIONES.
El patrono o la representante, están en la obligación de recibir a los delegados de los trabajadores dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación oportuna del pliego de peticiones para iniciar conversaciones. Si la persona a quién se presentare el pliego considerare que no está autorizada para resolver sobre él debe hacerse autorizar o dar traslado al patrono dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación del pliego, avisándolo así a los trabajadores. En todo caso, la iniciación de las conversaciones en la etapa de arreglo directo no puede diferirse por más de cinco (5) días hábiles a partir de la presentación del pliego.
‹Numeral modificado por el artículo 21 de la Ley 11 de 1984. El nuevo texto es el siguiente:› El patrono que se niegue o eluda iniciar las conversaciones de arreglo directo dentro del término señalado será sancionado por las autoridades del trabajo con multas equivalentes al monto de cinco (5) a diez (10) veces el salario mínimo mensual más alto por cada día de mora, a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Para interponer los recursos legales contra las resoluciones de multa, el interesado deberá consignar previamente su valor a órdenes de dicho establecimiento.
Los ciudadanos J.A.M.S., L.M.T.B. y N.B.T. consideran que el numeral segundo del artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo, vulnera los artículos 13 y 19 de la Constitución Política colombiana, por las siguientes razones:
1.2.1.1 Agregan que la sola notificación de una decisión no implica la garantía del debido proceso, y por el contrario, este derecho implica que luego de conocida una decisión ya sea judicial o administrativa, se permite la interposición de los recursos correspondientes. No obstante, la disposición acusada restringe tal posibilidad al pago de la suma contenida en la multa. En su concepto ello se traduce en una sanción a los patronos o empleadores que se nieguen o eludan a iniciar las conversaciones de arreglo directo, de las peticiones de índole laboral que presenten sus trabajadores o sindicados de su empresa, y a renglón seguido los condena sin ser escuchados ya que no tienen derecho a ejercer su defensa, mientras no cancelen la multa, limitando el derecho a la defensa a la parte económica.
aseguran que el debido proceso es la facultad que tiene cualquier ciudadano a controvertir o impugnar las decisiones dentro del término establecido por la ley, situación que no se puede condicionar a un pago.
Adicionan los demandantes respecto a este punto, que se vulnera de igual manera el artículo 13 de la Constitución, en tanto que, el derecho a la igualdad se deriva del entender las cualidades comunes de todo género humano con independencia de las características accidentales como las de ser empleador. Es por esta razón que las leyes no deben tener estos criterios diferenciadores que se sustentan en condiciones accidentales que no permiten garantizar la igualdad sustancial. Entonces, esta igualdad una de las garantías más tangibles del Estado Social de Derecho, el legislador debe garantizar la neutralidad de la ley que como la Corte Constitucional ha señalado, es además un límite al legislador que, para este caso, se ha transgredido, ya que este trato discriminatorio, al parecer de los demandantes, no se encuentra justificado.
1.3.2. Intervención de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT-
1.3.4. Intervención ciudadana de K.A.R.V.
La ciudadana K.A.R.V., solicita a esta Corte que se declare la EXEQUIBILIDAD del numeral segundo del artículo 433 del actual Código Sustantivo del Trabajo, por estimar que las expresiones demandadas no contravienen la Constitución Política:
La doctora M.I.C.C., V. General de la Nación con Funciones de Procuradora General, solicita a la Corporación declarar EXEQUIBLE la disposición acusada por los cargos formulados. Sustenta su argumentación en las siguientes razones:
2.3. Manifiesta que el artículo 55 de la Constitución Política, garantiza el derecho de la negociación colectiva en las relaciones laborales con las excepciones incluidas en la ley. Además el artículo 53 constitucional, establece que Los convenios internacionales de trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. Razón por la que, el Convenio 154 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) que fue aprobado por la ley 524 de 1999, debe salvaguardarse como así lo ha reiterado lo jurisprudencia de esta Corporación al referirse a la importancia de la negociación colectiva.
2.5. Señala que es constitucionalmente válido que el legislador expida este tipo de normas proteccionistas con la clase trabajadora, pues mediante ellas se busca garantizar una negociación colectiva oportuna y eficaz, que se asegura con la iniciación de las conversaciones de arreglo directo en el término estipulado por la ley. Este tipo de normatividad es pues, un mecanismo para garantizar efectivamente la igualdad entre el empleado y el empleador, siendo el primero la parte débil de la relación laboral que debe favorecerse con este tipo de normas.
Conforme al artículo 241 ordinal 4º de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad de la expresión Para interponer los recursos legales contra las resoluciones de multa, el interesado deberá consignar previamente su valor a órdenes de dicho establecimiento., contenida en el numeral 2 del artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo, ya que se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de textos normativos que hacen parte de una ley.
A juicio del actor la expresión Para interponer los recursos legales contra las resoluciones de multa, el interesado deberá consignar previamente su valor a órdenes de dicho establecimiento. contenida en el numeral 2 del artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo, vulnera el derecho al debido proceso (Artículo 29) y el derecho a la igualdad (artículo 13), al establece que para interponer los recursos legales contra las resoluciones sancionatorias expedidas por las autoridades del trabajo, cuando el empleador se haya negado o haya eludido iniciar las conversaciones de arreglo del pliego de condiciones presentado por los trabajadores, el interesado debe consignar previamente el valor de la multa a órdenes del SENA.
La Corte Constitucional[1] ha señalado que según el artículo 150-2 de la C.P., le corresponde al Congreso de la República [e]xpedir los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones. Con base en esta competencia y en general en la importancia que la ley posee como fuente del Derecho, el Legislador goza, por mandato constitucional, de amplia libertad para definir el procedimiento en los procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho sustancial[2].
2.3.1 En este sentido, al legislador le ha sido reconocida una amplia potestad de configuración normativa en materia de la definición de los procedimientos judiciales y administrativos y de las formas propias de cada juicio[3], a partir de la cual, le corresponde evaluar y definir las etapas, características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento judicial[4]. (Subraya fuera de texto)
(iv) Definir los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes, los poderes y deberes del juez o de la administración y aún las exigencias de la participación de terceros intervinientes, ya sea para asegurar la celeridad y eficacia del trámite procesal, proteger a las mismas partes e intervinientes o bien para prevenir situaciones que impliquen daño o perjuicio injustificado a todos o algunos de ellos[9].
(v) Como aspecto esencial de dicho poder y especialmente relevante para el proceso, se encuentra la libertad de configuración de los recursos y medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que profieren las autoridades. Punto sobre el cual precisó la sentencia C-1104 de 2001[10]: Es la ley, no la Constitución, la que señala si determinado recurso -reposición, apelación, u otro- tiene o no cabida respecto de cierta decisión, y es la ley, por tanto, la encargada de diseñar en todos sus pormenores las reglas dentro de las cuales tal recurso puede ser interpuesto, ante quién, en qué oportunidad, cuándo no es procedente y cuáles son los requisitos -positivos y negativos- que deben darse para su ejercicio[11].
2.3.4 Por lo anterior, la Corte ha señalado que la legitimidad de las normas procesales está dada en función de su proporcionalidad y razonabilidad pues sólo la coherencia y equilibrio del engranaje procesal permite la efectiva aplicación del concepto de justicia y, por contera, hace posible el amparo de los intereses en conflicto.[14] Así las cosas, la violación del debido proceso ocurriría no sólo en el supuesto de la omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente en el evento de que ésta aparezca excesiva y desproporcionada frente al resultado que se pretende obtener con su utilización.[15]
El artículo 29 de la Constitución inicia su redacción con la siguiente frase: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Acceso libre y en igualdad de condiciones a la justicia, con el fin de obtener pronta resolución judicial.
Acceso al juez natural como funcionario que ejerce la jurisdicción en determinado proceso, de conformidad con la ley.
El juez debe ser imparcial, autónomo e independiente, de tal forma que debe ejercer su labor sin intromisiones de los demás poderes públicos, con fundamento en los hechos y de conformidad con el ordenamiento jurídico.
En lo que tiene que ver con el debido proceso administrativo, la jurisprudencia específicamente ha considerado que: El derecho al debido proceso administrativo se traduce en la garantía que comprende a todas las personas de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que el compromiso o privación de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado a sus ciudadanos no pueda hacerse con ocasión de la suspensión en el ejercicio de los derechos fundamentales de los mismos. Es entonces la garantía consustancial e infranqueable que debe acompañar a todos aquellos actos que pretendan imponer legítimamente a los sujetos cargas, castigos o sanciones como establecer prerrogativas (Sentencia T-1263 de 2001). Si bien la preservación de los intereses de la administración y el cumplimiento de los fines propios de la actuación estatal son un mandato imperativo de todos los procedimientos que se surtan a este nivel, en cada caso concreto debe llevarse a cabo una ponderación que armonice estas prerrogativas con los derechos fundamentales de los asociados (Sentencia T-772 de 2003). () De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y, en fin, a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio.
Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula Garantías Judiciales, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.
2.4.1.5 Finalmente, en la Sentencia C-886 de 2004[30], la Corporación se ocupó del estudió de los artículos 37, 38 y 39 de la Ley 820 de 2003 referentes a la restitución del inmueble arrendado, pero resulta de especial interés lo dispuesto en el artículo 37. Este establece que Cualquiera que fuere la causal invocada, el demandado deberá presentar la prueba de que se encuentra al día en el pago de los servicios cosas o usos conexos y adicionales, siempre que, en virtud del contrato haya asumido la obligación de pagarlos. En este caso, para poder ser oído, deberá presentar los documentos correspondientes que acrediten su pago, dentro del término de treinta (30) días calendario contado a partir de la fecha en que éste debía efectuarse oportunamente.
En la Sentencia T-326 de 2006[35], la Corporación estudió si era viable la inaplicación de las normas que disponen la necesidad de consignar el valor de los cánones adeudados, para ser oído en los procesos de restitución de inmueble arrendado. En dicha oportunidad, se resolvió un caso en el que la demandada dentro del proceso de restitución tachó de falso el contrato de arrendamiento y señaló que con anterioridad había instaurado una denuncia ante la Fiscalía. La Corte Constitucional consideró que no resultaba razonable exigir a la demandada el pago de los cánones exigidos en la demanda para poder ser escuchada, por cuanto el material probatorio obrante en el proceso de tutela, arroja una duda respecto de la existencia real de un contrato de arrendamiento entre el demandante y el demandado, es decir, que está en entredicho la presencia del supuesto de hecho que regula la norma que se pretende aplicar.
En la sentencia T-601 de 2006[36] se determinó que existía una discusión sobre la vigencia de un contrato de arrendamiento. En efecto, la arrendataria lo había puesto a disposición, mientras que el arrendador consideraba que había sido prorrogado. Por esta razón, se consideró que al no existir claridad sobre la existencia de la obligación, y por tanto, el juez civil debe analizar la situación fáctica que le haya sido planteada para ver si la misma se ubica en los extremos a partir de las cuales la carga impuesta al demandado resulta ajustada a la Constitución y que implican la existencia de un contrato de arrendamiento, que ha sido incumplido por el arrendatario en condiciones cuya prolongación en el tiempo resulta lesiva de los derechos e intereses de las partes, en particular del arrendador que ha obrado de buena fe, y de la correcta administración de justicia.
2.5.1 En cuanto al concepto del derecho a la negociación colectiva, esta Corporación ha recurrido al artículo 2º del Convenio 154 de la OIT para precisar su alcance y ha sostenido que es un concepto genérico que abarca todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de : fijar las condiciones de trabajo y empleo, o regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez[40].
De igual manera, ha señalado que aquella garantía tiene una connotación amplia, que no se reduce a los pliegos de peticiones y a las convenciones colectivas, pues abarca todas las formas de negociación entre trabajadores y patronos entabladas con el propósito de regular las condiciones de trabajo, cuyos objetivos se centran en la concertación voluntaria(), la necesidad del diálogo que afiance el clima de tranquilidad social, la defensa de los intereses comunes entre las partes del conflicto económico laboral, la garantía de que los representantes de las partes sean oídos y atendidos y, el afianzamiento de la justicia social en las relaciones entre trabajadores y empleadores[41].
2.5.2 Así también en nuestra legislación, el concepto de negociación colectiva hace referencia al surgimiento de un conflicto colectivo de trabajo y la correspondiente iniciación de conversaciones, el agotamiento de la etapa de arreglo directo arts. 432 a 436 CST-, pasando por la eventual declaratoria y desarrollo de la huelga arts. 444 a 449 CST-, el procedimiento de arbitramento art. 452 a 461 del CST-, hasta el arribo a un acuerdo y la suscripción de una convención o pacto colectivo Título III CST.
Por su parte la etapa de arreglo directo arts.432 a 436 CST- es aquella que se desarrolla cuando presentado un conflicto colectivo de trabajo que pueda dar por resultado la suspensión del trabajo, o que deba ser solucionado mediante arbitramento obligatorio, los trabajadores presentan al empleador el pliego de peticiones que formulan, hasta que se logre un acuerdo, o hasta la declaratoria y el desarrollo de la huelga o el sometimiento de las diferencias a un tribunal de arbitramento.
2.5.3 El Convenio 154 de la OIT sobre la negociación colectiva fue aprobado por la Ley 524 de 1999 y su constitucionalidad fue analizada en la Sentencia C-161 de 2000[42]. Los artículos 1, 2 y 5 establecen el objeto del Tratado y consagran que los Estados se encuentran en la obligación de tomar medidas adecuadas que la permitan y la fomenten. Las disposiciones referidas consagran:
1. El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica.
Artículo 2
A los efectos del presente Convenio, la expresión negociación colectiva comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de:
fijar las condiciones de trabajo o empleo, o
regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez.
Artículo 5
1. Se deberán adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para fomentar la negociación colectiva.
2. Las medidas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo deberán tener por objeto que:
la negociación colectiva sea posibilitada a todos los empleadores y a todas las categorías de trabajadores de las ramas de actividad a que se aplique el presente Convenio;
los órganos y procedimientos de solución de los conflictos laborales estén concebidos de tal manera que contribuyan a fomentar la negociación colectiva.
En la Sentencia C-161 de 2000[43], señaló que el Convenio 154 de la OIT desarrolla los postulados constitucionales, en especial, el artículo 55 de la Carta, sobre la negociación colectiva, como un mecanismo que permite la concertación de las bases fundamentales del trabajo. Por consiguiente, la negociación colectiva libre y voluntaria se presenta en el ámbito constitucional como el derecho regulador de una esfera de libertad en cabeza de patronos y los trabajadores[44], que goza de amplio sustento y garantía constitucional.[45]
Para la Corte, la promoción de la negociación colectiva tiene un sustento constitucional en el Preámbulo y el artículo 2 de la Constitución que consagra el deber del Estado de promover y facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, mandato que tiene que ver directamente con las funciones que cumple la negociación colectiva y que tienen que ver con la participación activa y decidida de los sujetos de la relación laboral, en la búsqueda de soluciones a los conflictos económicos que surgen de ella. Por ello, para la Corte el Estado no sólo debe garantizar el libre ejercicio de este derecho sino que debe promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo (C.P. inciso 2 del art. 55)[46].
Señaló igualmente la Corporación que la garantía a la negociación colectiva materializa otros valores constitucionales. Específicamente, la concertación voluntaria y libre de condiciones de trabajo, la necesidad del diálogo que afiance el clima de tranquilidad social, la defensa de los intereses comunes entre las partes del conflicto económico laboral, la garantía de que los representantes de las partes sean oídos y atendidos y, el afianzamiento de la justicia social en las relaciones entre trabajadores y empleadores. [47]
2.5.4 La Corporación se ha pronunciado en otras oportunidades sobre los alcances y los límites de la garantía a la negociación colectiva. Así, en la Sentencia C -551 de 2003[48], en la que se determinó la constitucionalidad de la ley 796 de 2005 que convocaba a un referendo sobre múltiples temas, se definió de manera tangencial el derecho a la negociación colectiva como aquél que  comprende la posibilidad de los trabajadores para negociar con sus patronos el salario y aquellos elementos que afectan sus condiciones laborales. 
la Corte tampoco considera que vulnere el derecho de negociación colectiva el mandato según el cual, frente a los contratos de aprendizaje, en ningún caso el apoyo de sostenimiento mensual podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva. Y la razón es la siguiente. Como esta Corte lo ha señalado, el derecho a la negociación colectiva no es absoluto, por lo cual puede ser limitado, siempre y cuando esas restricciones sean proporcionadas. Ahora bien, el contrato de aprendizaje hace parte de una política general de fomento a la capacitación de la fuerza de trabajo, especialmente aquella integrada por jóvenes, así como de vinculación de esas personas al mundo del trabajo. Esas políticas prácticamente conforman un sistema de capacitación de fuerza de trabajo, con una muy importante participación de entidades como el SENA
En la sentencia C-1188 de 2005[50], por su parte, al estudiar los cargos frente a la demanda del artículo 238 del Decreto 2737 de 1989 el actor consideró violatorio de la Constitución por impedir que el menor trabajador no puede sindicalizarse y con ello, a su juicio vulnerar las garantías fundamentales de esta población trabajadora, esta Corte se refirió a la importancia de una legislación fuerte que proteja derechos como el de la negociación colectiva en desarrollo de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Se adujó que para poner en práctica el principio de la libertad de asociación y la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva requiere, entre otros presupuestos, según lo ha declarado la OIT, una base jurídica que garantice que estos derechos sean aplicados; un marco institucional propicio (que puede ser tripartito) entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores, o combinaciones de ambas; la no discriminación contra las personas que deseen ejercer su derecho de hacer oír su voz; y que las organizaciones de empleadores y de trabajadores se acepten mutuamente como interlocutores para resolver conjuntamente los problemas y enfrentar los retos que se les plantean. (Subrayado fuera del texto)
La negociación colectiva en materia laboral es un medio apropiado e insustituible para concretar y desarrollar la protección especial que la Constitución colombiana otorga al trabajo, de tal modo que dicha protección no se limite al mínimo de principios, derechos y garantías previstos en aquella y en las leyes que la desarrollan. Por consiguiente, la exclusión o la restricción de la negociación colectiva laboral en el ordenamiento jurídico representan necesariamente la exclusión o la restricción de dicha protección, que a su vez es uno de los elementos definitorios de la esencia de la Constitución colombiana
Sobre el concepto de negociación colectiva, contenido en el artículo 2º del Convenio 154 de la OIT, la Corte ha señalado que esta expresión negociación colectiva, resulta ajustada a la Constitución, pues se enmarca en los siguientes objetivos : (i) busca lograr una concertación voluntaria y libre de las condiciones de trabajo; (ii) para ello, se hace necesario un diálogo que afiance el clima de tranquilidad social; (iii) el propósito de la negociación es la defensa de los intereses comunes entre las partes del conflicto económico laboral; y (iv) debe haber garantías para que los representantes de las partes sean oídos. Todos estos objetivos conducen al afianzamiento de la justicia social en las relaciones entre trabajadores y empleadores.
En este mismo sentido, se dijo en la misma que esta Corte ha resaltado la importancia que reviste la negociación colectiva para el logro de la paz y la estabilidad laboral dentro de un Estado social y democrático de derecho. [53]
 El concepto de negociación colectiva consagrada en el Convenio 154 de la OIT - incorporado a la legislación colombiana por la Ley 524 de 1999- y en el artículo 55 de la Constitución, corresponde a un concepto más amplio que el de los pliegos de peticiones y convención colectiva, y la etapa de arreglo directo constituye la primera oportunidad que tienen tanto los trabajadores como los empleadores para llegar a un acuerdo a partir del pliego de peticiones formulado, antes de tomarse la decisión de declarar la huelga o de someter las diferencias a un tribunal de arbitramento, o de convocar un tribunal de arbitramento obligatorio en aquellos casos de servicios públicos esenciales.
En ese orden de ideas, se dispuso también en esta providencia que si bien el derecho de negociación colectiva se puede limitar en ciertos contextos tal limitación no puede ser absoluta porque se transgrediría una prerrogativa fundamental en el Estado Social de Derecho. Entonces conforme al artículo 55 de la Constitución que regula este derecho, se puede decir que  la Corte ha precisado que dicha expresión no significa que cualquier limitación de carácter legal sea constitucionalmente válida y aceptable, ya que se requiere que dicha limitación no afecte el núcleo esencial del derecho de negociación y adicionalmente tiene que ser razonable y proporcional.
2.5.5 Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la protección de la etapa de arreglo directo en la negociación colectiva también ha sido desarrollada jurisprudencialmente por esta Corte. Así pues, en la sentencia T-648 de 1999[55], se le dio tal relevancia a esta etapa de la negociación colectiva, y la Corte Constitucional no sólo ordenó el reintegro de las accionantes que habían sido desvinculadas sino que ordenó también al representante legal de dicha empresa que en las 48 horas siguientes después de haberse notificado dicha providencia, éste tendría que recibir a las directivas del citado sindicato, para iniciar formalmente el período de arreglo directo del conflicto colectivo que creó con su actuación contraria a derecho (dicha empresa)
En el Estado social de derecho colombiano, la República es participativa (C.P. art. 1), y para lograrlo, el Constituyente estableció, por un lado, como fin esencial del Estado: "facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica..." (C.P. art.2); por el otro lado, y con especial referencia a una porción significativa de esa vida económica, la relativa al trabajo: a) los principios mínimos de "irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales", que para el caso son las consagradas en el Régimen Laboral Colectivo vigente; y "facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles..." (C.P. art. 53); y b) resultando reiterativo, el Constituyente garantizó "el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo" (C.P. art. 55)
Por otra parte, esta Corte en la sentencia C- 466 de 2008[56] ya citada, se refirió a la etapa de arreglo directo, al indicar la importancia de esta fase a la luz de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo en los siguientes términos: la etapa de arreglo directo constituye la primera oportunidad que tienen tanto los trabajadores como los empleadores para llegar a un acuerdo a partir del pliego de peticiones formulado, antes de tomarse la decisión de declarar la huelga o de someter las diferencias a un tribunal de arbitramento, o de convocar un tribunal de arbitramento obligatorio en aquellos casos de servicios públicos esenciales.
aquella que se desarrolla cuando presentado un conflicto colectivo de trabajo que pueda dar por resultado la suspensión del trabajo, o que deba ser solucionado mediante arbitramento obligatorio, los trabajadores presentan al empleador el pliego de peticiones que formulan, hasta que se logre un acuerdo, o hasta la declaratoria y el desarrollo de la huelga o el sometimiento de las diferencias a un tribunal de arbitramento.
En esa misma vía, esta Corte fue clara en diferenciar la etapa de arreglo directo con el pliego de peticiones, al entender al segundo como un mecanismo válido para plantear el conflicto colectivo por parte de los trabajadores a los empleadores, desde la etapa de arreglo directo, constituyendo un primer proyecto de convención colectiva de trabajo
El establecimiento de un término obligatorio para el desarrollo inicial de las conversaciones en la etapa de arreglo directo, constituye una medida razonable y proporcional, en cuanto se encuentra dirigida a establecer un periodo mínimo para el desarrollo de la etapa inicial de conversaciones directas sobre el pliego de peticiones presentado por los trabajadores, en aras de que se pueda buscar en un lapso de tiempo razonable un acuerdo entre las partes y, de que los demás mecanismos posibles de resolución del conflicto, bien sea la declaratoria de la huelga o la convocatoria de un tribunal de arbitramento, de carácter voluntario u obligatorio, sean mecanismos subsidiarios a los cuales se acuda una vez agotado un dicho periodo mínimo de conversaciones y negociaciones. El periodo establecido para desarrollar la primera etapa de arreglo directo se caracteriza por ser obligatorio, esto es, que no depende de la voluntad o libre acuerdo entre las partes, en tanto que el segundo término para el desarrollo de la continuación de las conversaciones en la etapa de arreglo directo constituye una prórroga de carácter voluntario que se encuentra en armonía con el derecho de negociación colectiva al constituir un periodo acordado voluntariamente por las partes para el desarrollo de las conversaciones en la etapa de arreglo directo.
Tampoco aprecia la Corte que se trate de una decisión arbitraria del legislador, como se afirma en la demanda, puesto que la misma tiene objeto de garantizar el adecuado ejercicio del derecho y evitar la persistencia en el tiempo de una situación de indeterminación una vez que se ha agotado sin éxito la etapa de arreglo directo, situación que resultaría contraria al interés de los mismos trabajadores y a elementales consideraciones de seguridad jurídica, que son, precisamente, las que han llevado al legislador a definir las condiciones y las etapas que deben cumplirse para que sea lícito acudir a la huelga.
3.2 En el presente caso, para determinar si la medida censurada se encuentra dentro del ámbito de la libre configuración del legislador o si, por el contrario, desconoce los principios de razonabilidad y proporcionalidad y, por tanto, conlleva un sacrificio injustificado de derechos como la igualdad y el debido proceso, esta S. acudirá al juicio integrado de proporcionalidad.
Este juicio integrado comprende entonces las siguientes etapas:[60] (i) evaluación del fin de la medida, el cual debe ser no solamente legítimo sino importante a la luz de la Carta; (ii) análisis de si la medida es adecuada, es decir, de su aptitud para alcanzar un fin constitucionalmente válido; (iii) estudio de la necesidad de la medida, es decir, análisis de si existen o no otras medidas menos gravosas para los derechos sacrificados que sean idóneas para lograr el mismo fin; y (iv) examen de la proporcionalidad en estricto sentido de la medida, lo que exige una ponderación costo beneficio de las ventajas que trae las medida frente al eventual sacrificio de otros valores y principios constitucionales. Sin embargo, previo a este estudio, el operador jurídico debe establecer cuál es el grado de intensidad con el que adelantará su análisis, es decir, si aplicará un juicio estricto, moderado o débil, dependiendo de la naturaleza misma de la medida.[61]. Sobre las particularidades de cada uno de estos niveles de escrutinio, la Sentencia C-093 de 2001[62] expone:
8- El juicio integrado de proporcionalidad, que combina las ventajas del análisis de proporcionalidad de la tradición europea y de los tests de distinta intensidad estadounidenses, implica entonces que la Corte comienza por determinar, según la naturaleza del caso, el nivel o grado de intensidad con el cual se va a realizar el estudio de la igualdad, para luego adelantar los pasos subsiguientes con distintos niveles de severidad. Así, la fase de adecuación tendrá un análisis flexible cuando se determine la aplicación del juicio dúctil, o más exigente cuando corresponda el escrutinio estricto. Igualmente sucederá con los pasos de indispensabilidad y proporcionalidad en estricto sentido.
() el escrutinio judicial debe ser más intenso al menos en los siguientes casos: de un lado, cuando la ley limita el goce de un derecho constitucional a un determinado grupo de personas, puesto que la Carta indica que todas las personas tienen derecho a una igual protección de sus derechos y libertades (CP art. 13). De otro lado, cuando el Congreso utiliza como elemento de diferenciación un criterio prohibido o sospechoso, como la raza, pues la Constitución y los tratados de derechos humanos excluyen el uso de esas categorías (CP art. 13). En tercer término, cuando la Carta señala mandatos específicos de igualdad, como sucede con la equiparación entre todas las confesiones religiosas (CP art, 19), pues en esos eventos, la libertad de configuración del Legislador se ve menguada. Y, finalmente, cuando la regulación afecta a poblaciones que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta ya que éstas ameritan una especial protección del Estado (CP art. 13).
En ese orden, considera la Sala que la intensidad del juicio con que debe ser estudiado el numeral 2 del artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo es intermedio, por las siguientes razones: (i) el Constituyente reconoció al legislador un amplio margen de libertad de configuración en materia de establecimiento de procedimientos (num 2, art 150 CP); (ii) esta amplia competencia también ha sido reconocida por la jurisprudencia constitucional, sin embargo, (iii) pese a que las dos consideraciones anteriores podrían llevar a la aplicación de un test leve, considera esta S. que en razón a que se alega una posible afectación de los derechos a la igualdad y del debido proceso, se justifica el escrutinio intermedio. En cuanto al análisis del fin de la medida, el cual deberá ser importante por tratarse de un juicio con intensidad intermedia.
Específicamente, la etapa de arreglo directo arts.432 a 436 CST- se desarrolla cuando presentado un conflicto colectivo de trabajo, los trabajadores presentan al empleador el pliego de peticiones que formulan, hasta que se logre un acuerdo, o hasta la declaratoria y el desarrollo de la huelga o el sometimiento de las diferencias a un tribunal de arbitramento.
Por consiguiente, la negociación colectiva libre y voluntaria goza de amplio sustento y garantía constitucional.[64] Por ello, para la Corte el Estado no sólo debe garantizar el libre ejercicio de este derecho sino que debe promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo (C.P. inciso 2 del art. 55)[65]. De ahí que exista una obligación en cabeza del legislador por garantizar que dicha negociación esté regida por reglas que garanticen su avance y se sancione aquellas conductas dirigidas a obstaculizarla.
La decisión del legislador, contenida en el numeral 2 del artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo de condicionar el ejercicio de los derechos del sancionado  interponer los recursos legales contra las resoluciones de multa- al pago previo de la multa, no es contraria al contenido y alcance del derecho fundamental al debido proceso.
En relación con la adecuación, al encontrarnos ante una medida que exige un escrutinio intermedio, la medida debe ser efectivamente conducente, es decir, la medida debe alcanzar el fin propuesto por la norma con un importante grado de probabilidad. Observa esta S. que la exigencia del pago de multas al patrono que se niegue a recibir a los trabajadores e iniciar las conversaciones de arreglo directo bajo la condición que sin su pago no podrán ejercer los recursos contra ellas, puede ser un instrumento que fomente la necesidad de diálogo entre los patronos y los trabajadores, persuadiendo a los primeros de evitar conductas arbitrarias y de dilación de las conversaciones.
Sobre la necesidad de la medida, esto es, sobre la existencia de otras medidas menos gravosas en términos de derechos y otros principios constitucionales para lograr el mismo fin, esta S. observa que el hecho que el empleador sea la parte dominante de la relación laboral, justifica el establecimiento por parte del legislador, de mecanismos que promuevan las garantías laborales, y compensen el estado de subordinación en el que se encuentra el trabajador.
Cabe además recordar que la jurisprudencia ha declarado la constitucionalidad de este tipo de cargas procesales y ha señalado que su racionalidad depende de las exigencias hechas a cada una de las partes y de conformidad con los fines buscados por el legislador al establecer las formas propias de cada juicio. Por ejemplo, como se describió en la parte considerativa, ha admitido la exigencia del pago de los cánones de arrendamiento adeudados para que el demandado sea oído en los procesos de restitución de inmueble arrendado- Sentencia C-070 de 1993, C-056 de 1996 y C-122 de 2004-, la necesidad de prestar caución para solicitar el levantamiento de embargos y secuestros  Sentencia C-095 de 2001-, el establecimiento como requisito de procedibilidad en la jurisdicción contenciosa de la presentación del comprobante de consignación previa a manera de depósito judicial o la caución, de créditos tributarios o créditos definitivamente liquidados a favor del tesoro público  Sentencia C-319 de 2002-, entre otros.
3.5 En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la igualdad alegada por el demandante, esta Corporación ha establecido que de acuerdo con el criterio de interpretación fijado por este Tribunal, la realización de la igualdad no le impone al legislador la obligación de otorgar a todos los sujetos el mismo tratamiento jurídico, ya que no todos se encuentran bajo situaciones fácticas similares ni gozan de las mismas condiciones o prerrogativas personales e institucionales. En relación con los destinatarios de la ley, es de resaltarse que la máxima de la igualdad se entiende quebrantada, no por el hecho de que el legislador haya previsto un trato desigual entre unos y otros sujetos, sino como consecuencia de que tal diferencia normativa resulte arbitraria y desprovista de una justificación objetiva y razonable, generando una verdadera discriminación. Desde este punto de vista, puede afirmarse que el legislador goza de un cierto margen de libertad de configuración normativa para regular de manera diferente una determinada situación jurídica, diferencia que sólo resulta discriminatoria si no se encuentra razonablemente justificada[66]
Declarar EXEQUIBLE la expresión Para interponer los recursos legales contra las resoluciones de multa, el interesado deberá consignar previamente su valor a órdenes de dicho establecimiento. contenida en el numeral 2 del artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo, por los cargos estudiados en la presente providencia.
[1] Sentencias de la Corte Constitucional C-005 de 1996, M.P.J.G.H.G.; C-346 de 1997, M.P.A.B.C.; C-680 de 1998, M.P.C.G.D.; C-742 de 1999, M.P.J.G.H.; C-384 de 2000, M.P.V.N.M.; C-803 de 2000, M.P.E.C.M.; C-596 de 2000, M.P.A.B.C.; C-1717 de 2000, M.P.C.G.D.; C-1104 de 2001, M.P.C.I.V.H.; C-1512 de 2000, M.P.Á.T.G.; C-1104 de 2001, M.P.C.I.V.H.; C-426 de 2002, M.P.R.E.G.; C-316 de 2002, M.P.M.G.M.C.; C-798 de 2003, M.P.J.C.T.; C-204 de 2003, M.P.Á.T.G.; C-039 de 2004, M.P.R.E.G.; C-1091 de 2003, M.P.M.J.C.E.; C-899 de 2003, M.P.M.G.M.C.; C-318 de 2003, M.P.J.A.R..
[2] Sentencia de la Corte Constitucional C-927 de 2000, M.P.A.B.S..
[3] Sentencia de la Corte Constitucional C-043 de 2002. M.P.Á.T.G.
[4] Sentencias de la Corte Constitucional C-927 de 2000, M.P.A.B.S.; C-1104 de 2001, M.P.C.I.V.H.; C-893 de 2001, M.P.C.I.V.H.; C-309 de 2002, M.P.J.C.T.; C-314 de 2002, M.P.M.G.M.C.; C-646 de 2002, M.P.Á.T.G.; C-123 de 2003, M.P.Á.T.G.; C-234 de 2003, M.P.J.A.R.; C-1146 de 2004, M.P.H.A.S.P.; C-275 de 2006, M.P.Á.T.G.; C-398 de 2006, M.P.A.B.S.; C-718 de 2006, M.P.Á.T.G.; C-738 de 2006, M.P.M.G.M.C.; Sentencia de la Corte Constitucional C-1186 de 2008, M.P.M.J.C.E..
[5] Sentencia de la Corte Constitucional C-316 de 2002, M.P.M.G.M.C.
[6] Sentencia de la Corte Constitucional C-203 de 2011, M.P.J.C.H.P.
[7] Sentencia de la Corte Constitucional C-728 de 2000, M.P.E.C.M.
[8] Sentencia de la Corte Constitucional C-111 de 2000, M.P.Á.T.G..
[9] En el mismo sentido, Sentencia de la Corte Constitucional C-573 de 2003, M.P.J.C.T. en la cual se encontró exequible la disminución, en la tercera licitación, de la base de la licitación hasta en un 40% contemplada para los procesos ejecutivos.
[11] Sentencias de la Corte Constitucional C-742 de 1999, M.P.J.G.H.; C-384 de 2000, M.P.V.N.M. y C-803 de 2000, M.P.E.C.M. entre otras.
[12] Sentencia de la Corte Constitucional C-316 de 2002, M.P.M.G.M.C.; Sentencia de la Corte Constitucional C-227 de 2009, M.P.L.E.V.S..
[14] Sentencia de la Corte Constitucional C-925 de 1999, M.P.V.N.M..
[15] Ibidem Sentencia de la Corte Constitucional C-1512 de 2000 M.P.Á.T.G..
[16] Sentencia de la Corte Constitucional C-095 de 2001. M.P.J.G.H..
[17] Sentencia de la Corte Constitucional C-1512 de 2000. Á.T.G.
[18] Sentencia de la Corte Constitucional C-662 de 2004. M.P.(E) R.U.Y.
[21] Caso I.B. contra Perú. Sentencia del 6 de febrero de 2001. En dicha ocasión, la Corte Interamericana estudió la vulneración del debido proceso administrativo en un proceso de revocatoria de la nacionalidad.
[22] M.P.E.C.M.
[24] M.P.J.A.M.
[25] M.P.A.B.S.
[26] M.P.C.G.D.
[27] M.P.A.B.S.
[28] M.P.J.G.H.G.
[29] M.P.A.B.S.
[30] M.P.M.J.C.E.
[31] M.P.Á.T.G..
[32] M.P M.G.M.C.. Aclaró su voto el Magistrado H.S.P..
[35] M.P.A.B.S..
[37] M.P.N.P.P.
[38]M.P.J.I.P.C.
[39] M.P.L.E.V.S.
[42] M.P.: A.M.C.
[44] Sentencia SU-342 de 1995 M.P.A.B.C..
[45] Sentencia C-1234 del 2005, M.P.: A.B.S..
[46] Sentencia C-161 del 2000, M.P.: A.M.C..
[47] Sentencia C-161-00, M.P.: A.M.C.
[48] M.P.E.M.L..
[49] M.P.M.G.M.C..
[51] M.P.M.J.C.E..
[52] M.P.J.A.R..
[53] Al respecto, en esta sentencia se citó la sentencia C-1234 de 2005, en la que se dijo: Recuérdese que la negociación colectiva es un elemento que contribuye a mantener la paz social, favorece la estabilidad de las relaciones laborales que pueden verse perturbadas por discusiones no resueltas en el campo laboral, que por este medio, los empleadores (...) y los empleados pueden acordar los ajustes que exigen la modernización y la adopción de nuevas tecnologías, redundando no sólo en mutuo beneficio, sino en el de los habitantes del país, al mejorar la prestación de la función pública que tienen a su cargo los empleados del Estado.
[54] M.P.L.E.V.S..
[56] M.P.J.A.R..
[57] R.E.G..
[58] M.P.A.M.C..
4.- La doctrina y la jurisprudencia constitucional comparadas, así como la propia práctica de esta Corporación, parecen indicar que existen dos grandes enfoques para analizar los casos relacionados con el derecho a la igualdad.
El primero de ellos, que ha sido desarrollado principalmente por la Corte Europea de Derechos Humanos y por los tribunales constitucionales de España y Alemania, se basa en el llamado test o juicio de proporcionalidad, que comprende distintos pasos. Así, el juez estudia (i) si la medida es o no adecuada, esto es, si ella constituye un medio idóneo para alcanzar un fin constitucionalmente válido; luego (ii) examina si el trato diferente es o no necesario o indispensable, para lo cual debe el funcionario analizar si existe o no otra medida que sea menos onerosa, en términos del sacrificio de un derecho o un valor constitucional, y que tenga la virtud de alcanzar con la misma eficacia el fin propuesto. Y, (iii) finalmente el juez realiza un análisis de proporcionalidad en estricto sentido para determinar si el trato desigual no sacrifica valores y principios constitucionales que tengan mayor relevancia que los alcanzados con la medida diferencial.
La otra tendencia, con raíces en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, se funda en la existencia de distintos niveles de intensidad en los escrutinios o tests de igualdad (estrictos, intermedios o suaves). Así, cuando el test es estricto, el trato diferente debe constituir una medida necesaria para alcanzar un objetivo constitucionalmente imperioso, mientras que si el test es flexible o de mera razonabilidad, basta con que la medida sea potencialmente adecuada para alcanzar un propósito que no esté prohibido por el ordenamiento. 
[60] Ver las sentencias C-093 de 2001, M.P.A.M.C.; C-670 de 2002, M.P.E.M.L.; C-114 de 2005, M.P.H.A.S.P., y T-577 de 2005, M.P.H.A.S.P., entre otras.
[61] Sobre los criterios que determinan el nivel de escrutinio que debe adelantarse en cada caso y las exigencias de cada uno de tales niveles, consultar las siguientes sentencias: C-530 de 1996, M.P.J.A.M.; C-481 de 1998, M.P., A.M.C.; C-093 de 2001, M.P.A.M.C.; C-741 de 2003, M.P.M.J.C.E., y C-227 de 2004, M.P.M.J.C.E., entre otras.
[62] M.P.A.M.C..
[64] Sentencia C-1234 del 2005, M.P.: A.B.S..
[65] Sentencia C-161 del 2000, M.P.: A.M.C..
[66] Corte Constitucional, sentencia C-1115 de 2004. M.P.R.E.G..
[67] Corte Constitucional, S.P., sentencia C-177 de 1998, M.P.A.M.C..
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 37648 de 15 de Mayo de 2013
Auto nº 156/06 de Corte Constitucional, 22 de Mayo de 2006
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 41735 de 31 de Julio de 2013

References: artículo 433
 artículo 2
 artículo 433
 artículo 233
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 21
 artículo 433
 artículo 13
 artículo 433
 artículo 55
 artículo 53
 artículo 241
 artículo 433
 artículo 433
 artículo 150
 artículo 29
 resolución 
 artículo 8
 artículo 37
 artículo 2
 artículo 55
 artículo 2
 artículo 238
 artículo 2
 artículo 55
 artículo 55
 resolución 
 artículo 433
 artículo 433
 artículo 433