Source: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-1146
Timestamp: 2019-02-17 11:28:23+00:00

Document:
BOE.es - Documento BOE-A-2019-1146
Documento BOE-A-2019-1146
«BOE» núm. 27, de 31 de enero de 2019, páginas 8317 a 8322 (6 págs.)
BOE-A-2019-1146
https://www.boe.es/eli/es/o/2019/01/28/tms61
El Acuerdo del Consejo de Ministros, de 19 de octubre de 2018, por el que se declaran los Municipios de Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar y Son Servera de la Comunidad Autónoma de Illes Balears «zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil», como consecuencia de las lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes acaecidos el pasado día 9 de octubre, prevé en su apartado décimo segundo, relativo a las medidas laborales y de Seguridad Social, que por orden de la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 de la disposición final segunda de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, se desarrollarán las medidas laborales y de Seguridad Social previstas en el artículo 24.2.b) de dicha ley, constituidas por la consideración como provenientes de fuerza mayor de las extinciones o suspensiones de los contratos de trabajo o las reducciones temporales de la jornada de trabajo que traigan su causa de la situación de emergencia, por exenciones y moratorias en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, y por medidas que facilitan el acceso a la protección por desempleo e incrementan su duración, con el alcance y condiciones en él señaladas.
De acuerdo con ello, al objeto de asegurar la efectiva aplicación de dichas medidas, así como para unificar criterios en su puesta en práctica, se hace necesario dictar las oportunas normas al respecto, finalidad a la que responde esta disposición, mediante la que se actúa de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica y eficiencia, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al tratarse en el presente caso de cumplir con la necesaria regulación de este aspecto parcial, en materia laboral y de Seguridad Social, de las medidas contempladas al respecto en el referido artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, en el que se prevé el conjunto de medidas aplicables cuando se declare una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, en los términos que han sido aprobados por el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 19 de octubre de 2018.
Esta orden se dicta en uso de las atribuciones conferidas en el apartado 2 de la disposición final segunda de la citada Ley 17/2015, de 9 de julio, en el que se establece que el desarrollo de las medidas laborales y de Seguridad Social previstas en su artículo 24 se hará por orden de la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y de conformidad, asimismo, con las medidas adoptadas en el referido Acuerdo del Consejo de Ministros, de 19 de octubre de 2018.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 24.2.b) de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, las suspensiones de contrato y reducciones de jornada y los despidos colectivos que tengan su causa directa en los daños producidos como consecuencia de las lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes acaecidos el 9 octubre de 2018 en la Comunidad Autónoma de Illes Balears a que se refiere el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 19 de octubre de 2018, por el que se declaran los Municipios de Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar y Son Servera de la Comunidad Autónoma de Illes Balears «zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil», como consecuencia de las lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes acaecidos el pasado día 9 de octubre, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan de los artículos 47 y 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
1. La exención en el pago de cuotas prevista en el artículo 24.2.b) de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, acordada en el apartado décimo segundo del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 19 de octubre de 2018, por el que se declaran los Municipios de Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar y Son Servera, de la Comunidad Autónoma de Illes Balears, zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil», como consecuencia de las lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes acaecidos el día 9 de octubre de 2018, que de conformidad con lo establecido en la citada disposición corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social la competencia para su concesión, comprenderá las aportaciones empresariales a la cotización a la Seguridad Social, tanto por contingencias comunes como por contingencias profesionales, y la cotización por los conceptos de recaudación conjunta con las cuotas de la Seguridad Social.
La moratoria de hasta un año sin interés en el pago de cuotas prevista en el artículo 24.2.b) de la Ley 17/2015, de 9 de julio, acordada en el apartado décimo segundo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de octubre de 2018, que de conformidad con lo establecido en la citada disposición podrá conceder la Tesorería General de la Seguridad Social, comprenderá las aportaciones empresariales a la cotización a la Seguridad Social y las cuotas de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, en ambos casos, tanto por contingencias comunes como por contingencias profesionales, así como las cuotas por cese de actividad y por conceptos de recaudación conjunta, correspondientes a tres meses naturales consecutivos, a contar desde el anterior a la producción del siniestro o, en el caso de trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, desde el mes en que aquel se produjo.
La concesión de la moratoria será incompatible con cualquier otra medida que pueda suponer un diferimiento del plazo reglamentario de ingreso de las cuotas a que esta se refiere.
a) Para la exención en el pago de cuotas, de la resolución de la autoridad laboral recaída en el procedimiento seguido al efecto, en la que se constate la existencia de fuerza mayor como causa directa de los daños producidos y de la pérdida de actividad en los establecimientos a que se refiere el artículo 24.2.b) de la Ley 17/2015, de 9 de julio, a consecuencia de las lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes acaecidos, así como de la documentación correspondiente a la decisión de la empresa sobre la suspensión de los contratos de trabajo o la reducción temporal de la jornada de trabajo, conforme a dicha resolución de la autoridad laboral.
A los mismos efectos, también se podrá aportar resolución favorable de la autoridad laboral en el procedimiento de constatación de fuerza mayor, regulado en el artículo 51.7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o, asimismo, se podrá acompañar, si las hubiera, resolución o comunicación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), en la que conste la condición de beneficiario de ayudas otorgadas en relación con los daños causados por las lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes acaecidos el día 9 de octubre de 2018 en los municipios de la Comunidad Autónoma de Illes Balears a que se refiere el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 19 de octubre de 2018, por el que se declaran zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil y se adoptan medidas para reparar los daños causados
1. La concesión o denegación de la exención y de la moratoria reguladas en esta orden, para las que es competente la Tesorería General de la Seguridad Social, será acordada, conforme a lo previsto en el artículo 24.2.b) de la Ley 17/2015, de 9 de julio, por los titulares de las administraciones de la Seguridad Social correspondientes a la provincia afectada por el siniestro.
3. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y podrá impugnarse en la forma, plazos y demás condiciones establecidos en el capítulo II del título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
De no haberlo hecho con anterioridad, de forma simultánea a la tramitación de las solicitudes de exención o moratoria se deberán cumplir las obligaciones en materia de liquidación de cuotas establecidas en el artículo 29 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en su normativa de desarrollo, en función del sistema de liquidación que resulte aplicable, respecto a las cuotas correspondientes a los meses previos a su concesión, aunque no se proceda a su ingreso, en su caso.
1. Las medidas en materia de protección por desempleo previstas en el artículo 24.2.b) de la Ley 17/2015, de 9 de julio, acordadas en el apartado décimo segundo del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 19 de octubre de 2018, a conceder por el Servicio Público de Empleo Estatal comprenderán:
a) La posibilidad de que los trabajadores afectados obtengan el derecho a la prestación contributiva por desempleo aunque carezcan del período de cotización necesario para tener derecho a ella.
2. Las citadas medidas se aplicarán siempre que la situación legal de desempleo venga ocasionada por la suspensión del contrato de trabajo o la reducción temporal de la jornada de trabajo, que tengan su causa directa en las circunstancias excepcionales contempladas en el citado Acuerdo del Consejo de Ministros.
2. Los trabajadores que con anterioridad a la publicación de esta orden hubieran obtenido el reconocimiento del derecho a las prestaciones debido a la suspensión del contrato o a la reducción de jornada decididas por el empresario como consecuencia de los acontecimientos a los que se refiere el Acuerdo del Consejo de Ministros, así como aquellos que no las hubieran solicitado o hubieran visto denegadas sus solicitudes por no reunir el período mínimo de ocupación cotizada, podrán obtener la aplicación de las medidas contempladas en el artículo 8 si presentan la correspondiente solicitud en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado».
Disposición final segunda. Aplicación de las disposiciones en materia de protección por desempleo.
Madrid, 28 de enero de 2019.
DE CONFORMIDAD con la disposición final 2.2 de la Ley 17/2015, de 9 de julio (Ref. BOE-A-2015-7730).

References: artículo 24
 artículo 129
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 Real Decreto 
 artículo 24
 artículo 24
 resolución 
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 artículo 51
 resolución 
 artículo 24
 resolución 
 artículo 29
 artículo 24
 artículo 8