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Timestamp: 2018-09-18 21:56:02+00:00

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﻿ Sentencia T-134 de febrero 24 de 2010
SENTENCIA T-134 DE 24 DE FEBRERO DE 2010
CONTENIDO:CLASIFICACIÓN DE LOS DIVERSOS GRADOS DE RIESGO EN RELACIÓN CON LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS, SON PARÁMETROS JURISPRUDENCIALES QUE DEBERÁN SERVIR A LAS AUTORIDADES PARA PONDERAR EL NIVEL DEL RIESGO BAJO AMENAZA, DE LAS PERSONAS QUE ACUDAN EN BUSCA DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA SUS DERECHOS FUNDAMENTALES
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO A LA VIDA, FACTOR DE ATRIBUCIÓN OBJETIVA, CLASES DE AMENAZA, PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA
Sentencia T-134 de febrero 24 de 2010
Sentencia T-134
Ref.: Exp. T- 2428050
El asunto llegó a la Corte Constitucional por remisión que hizo la mencionada corporación, según lo ordenado por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991; el 22 de octubre del 2009, la Sala 10 de Selección lo eligió para revisión.
1. El señor Orlando Burgos García se desempeña como “defensor de derechos humanos desde hace 7 años aproximadamente y director nacional de la Corporación Colombiana de Desplazados”.
4. En marzo de 2008, se llevó a cabo la valoración de riesgos, que mediante acta de junio del mismo año fue clasificado “como ordinario”, de ahí que mediante Oficio 14215 de julio 23 siguiente fue desvinculado del programa de seguridad, decisión contra la cual interpuso los recursos correspondientes, sin que a la fecha le hubiesen ofrecido respuesta, permaneciendo en ese momento con servicio de escolta, sin embargo, desde julio de 2009 el esquema de seguridad fue suspendido.
5. Finaliza afirmando que “desde el mes de agosto de 2008, las amenazas de muerte recibidas han sido permanentes por vía telefónica celular, mensajes de texto, correo electrónico y sufragios a la casa y oficina, igualmente a través de mi familia quien también sufrió desplazamiento forzado” (fl. 2, cdno. inicial).
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, mediante auto de julio 10 de 2009 (fl. 55 ib.), avocó el conocimiento de la tutela y vinculó al Ministerio del Interior y de Justicia, dirección de derechos humanos y a la firma Vice Ltda. En auto de la misma fecha, otorgó medida provisional al actor y ordenó a dicho ministerio restablecer de inmediato “la medida de seguridad con escolta (esquema duro) que venía gozando Orlando Burgos García a través de personal contratado por la firma Vice Ltda.” (fls. 49 a 52, ib.).
1. Denuncia (fls. 7 a 10, ib.), presentada en junio de 2009 y solicitud de medida de protección a miembros de la Corporación Colombiana de Desplazados.
2. Informes de la Procuraduría General de la Nación (sep. 4 y oct. 2/2008, fl. 11, ib.), indicando que ha solicitado “a la Fiscalía 241 informar... las gestiones que han sido adelantadas por ese despacho en relación con la denuncia interpuesta… con motivo de las amenazas…”, al igual que “a la dirección de DD.HH. del Ministerio del Interior y de Justicia tener en consideración los nuevos actos de hostigamiento y amenazas, y conforme a su estudio, se adopten las medidas de protección que sean pertinentes”.
3. Diversas solicitudes dirigidas por el actor al Ministerio del Interior y de Justicia, al director de la oficina de derechos humanos, programa de protección, y a la Fiscalía General de la Nación, informando sobre nuevas amenazas (fls. 13 a 19, ib.), sufragios y cartas amenazantes (fls. 20 a 28, ib.).
4. Acto administrativo emitido por la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, “Por el cual se decide sobre la presunción constitucional de riesgo de una solicitud de protección”, resolviendo “desvincular del programa de protección a personas en situación de desplazamiento al señor Orlando Burgos García” (fls. 29 y 30, ib.).
5. Recursos de “reposición y apelación subsidiaria” presentados por el actor en abril 7 de 2008 (fls. 31 a 43, ib.).
Mediante escrito presentado en julio 14 de 2009, un profesional especializado de la dirección de derechos humanos de ese ministerio señaló que “el señor Orlando Burgos García se vinculó al programa de protección que lidera la dirección de derechos humanos… el 2 de septiembre de 2004, en su calidad de líder social, al que fueron entregadas medidas de protección conforme al trámite dado a sus solicitudes y al resultado del correspondiente estudio del nivel de riesgo, medidas que no tienen carácter de indefinidas y que están revaluadas con periodicidad…” (fl. 60 ib.).
En sesión del Comité de Reglamentación y Estudio de Riesgo (jun. 16/2008), “fue sustentado por la Policía Nacional, entidad legalmente competente para ello, el resultado del estudio técnico de seguridad específico realizado a la situación del señor Orlando Burgos García, por lo cual la Policía Nacional, DESVIRTUÓ la presunción constitucional de riesgo extraordinario que amparaba al señor Orlando Burgos, demostrando que su nivel de riesgo es ORDINARIO” (está en mayúscula en el texto original, fl. 64, ib.). Además:
“... conforme al procedimiento señalado en el Decreto 2816 de 2006, el 15 de julio de 2008, el comité de reglamentación y evaluación de riesgos del programa de protección a personas en situación de desplazamiento de la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, recomendó desvincular al señor Orlando Burgos García del programa de protección a personas en situación de desplazamiento.
Dicha decisión se profirió mediante acto administrativo... cuya notificación se surtió primero con el envió de una citación a la dirección del accionante y posteriormente por edicto fijado en lugar público de la dirección de derechos humanos...
Tal notificación permitió el derecho a controvertir... los recursos de vía gubernativa fueron concedidos con efecto suspensivo, es decir que el acto de desvinculación del programa de protección y en consecuencia el retiro de las medidas duras de protección implementadas en virtud de la presunción constitucional de riesgo solo serían retirados una vez resueltos los recursos y en firme el acto administrativo de desvinculación. Por esta razón durante el trámite de los recursos el accionante continuó con las medidas de protección implementadas.
Es así como el 11 de agosto de 2008 el señor Orlando Burgos García presentó recurso de reposición y en subsidio apelación... el recurso de reposición fue resuelto mediante actuación administrativa... de octubre de 2008, mediante la que confirma en todas sus partes…
Esta decisión fue notificada con el envío de una comunicación al domicilio que el hoy accionante señaló... a través de Servientrega, comoquiera que no se hizo presente para la notificación personal... se publicó el edicto correspondiente...”.
Respecto al recurso de apelación, “una vez se decidió... mediante Resolución 1538 de 1º de junio de 2009, suscrita por el señor Ministro del Interior y de Justicia, fue enviada una comunicación al domicilio del tutelante... comoquiera que no se hizo presente para la notificación personal conforme a la Ley, se publicó el edicto correspondiente, donde igualmente se notificaba al señor Orlando Burgos García, de la actuación administrativa”.
Finalmente, el “30 de junio de 2009 se envió el oficio... mediante el cual informaba al tutelante que surtido todo el trámite de vía gubernativa y como quedó en firme el acto administrativo… que lo desvincula del programa de protección a partir del 1º de julio de 2009 le serían retiradas las medidas duras de protección...” (no está en negrilla en el texto original).
Mediante fallo de julio 16 de 2009, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, negó el amparo de los derechos reclamados, estimando (fls. 111 a 118, ib.):
Se advierte que el actor aportó copia de denuncias formuladas ante la Fiscalía General de la Nación, donde informa las amenazas de muerte de las que continúa siendo víctima, ante lo cual se sugiere que acuda también a dichas entidades, indague por su trámite y de ser necesario solicite las medidas de protección que se consideren pertinentes para garantizar sus derechos”.
Mediante memorial presentado el 28 de julio de 2009, el accionante impugnó la decisión del a quo al no estar de acuerdo con la determinación adoptada, insistiendo, básicamente, en los argumentos expresados en la formulación de la demanda de tutela (fl. 164, ib.).
“... el actor no ha acudido al programa de protección que lidera el ministerio accionado en orden a poner en conocimiento los hechos en que radica las amenazas proferidas en su contra con posterioridad a la última evaluación de riesgo que se le practicó, con la respectiva judicialización de las mismas pues, como señaló, para acceder a ese programa, es necesario el cumplimiento de dos presupuestos:
a) La denuncia ante la Fiscalía...
b) El resultado del estudio técnico de nivel de riesgo y grado de amenaza...
(...) el señor Orlando Burgos García acudió a la tutela sin haber agotado los procedimientos legalmente establecidos para obtener la protección que reclama pues… es necesario que el interesado acredite una serie de condicionamientos porque la sola manifestación de unos hechos no patentiza, por sí misma, la urgencia de desplegar un esquema de protección.
Así las cosas, al no existir evidencia sobre requerimiento por parte del accionante ante las autoridades competentes para pronunciarse sobre el trámite cuestionado, es claro que no existe conducta activa u omisiva posiblemente vulneradora del derecho fundamental invocado atribuible a los demandados, todo lo cual, de contera, torna improcedente el amparo, debiéndose además precisar que el lapso de tiempo transcurrido entre los hechos nuevos que fundamentan la pretensión tutelar, —agosto de 2008—, desvirtúa la presencia de un perjuicio irremediable...”.
Esta Sala entra a determinar si se están vulnerando los derechos invocados por Orlando Burgos García, quien anota desempeñarse como “defensor de derechos humanos desde hace 7 años aproximadamente y director nacional de la Corporación Colombiana de Desplazados”, y ha sido víctima de amenazas por grupos al margen de la ley, situación que ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes.
El actor se encontraba vinculado al programa de protección de la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior y de Justicia. Sin embargo, en marzo de 2008 se llevó a cabo una valoración de riesgos, que fue clasificado “como ordinario”. Por tal razón, mediante Oficio 14215 de julio 23 siguiente, fue desvinculado del programa de seguridad, decisión contra la cual interpuso los recursos correspondientes, continuando con protección mientras eran decididos. Posteriormente, desde julio 1º de 2009 el esquema de seguridad fue suspendido.
Tercera. La obligación del Estado de proteger el derecho a la vida
Desde el preámbulo de la Constitución Política se contempla la vida como uno de los valores que el ordenamiento constitucional debe defender. De igual forma, en los artículos 2º y 11 superiores se encuentra estipulado que las “autoridades de la República están instituidas para proteger la vida de todas las personas residentes en Colombia”, por tratarse de un derecho de carácter fundamental e “inviolable”.
Este deber de protección de la vida, imperativo máximo también en tratados internacionales que reconocen los derechos humanos, ratificados en Colombia(1) y, por ende, prevalecientes en el orden interno (Const., art. 93), se constituye, como mandato superior que es, en una obligación para todas las autoridades del Estado, sin excepción, en la medida de sus posibilidades jurídicas y materiales, que deben realizar actividades, en el ámbito de las respectivas funciones, con el propósito de lograr las condiciones para la pervivencia y el desarrollo efectivo de la vida humana en sociedad.
Según lo resaltado en la Sentencia T-1026 de noviembre 27 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, “la vida constituye la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. La primacía e inviolabilidad de la vida le otorga a ésta una especial protección constitucional; su desarrollo en la Carta de 1991, como principio, como valor y como derecho, refleja la importancia que se le atribuye dentro del ordenamiento jurídico”.
Dentro del desarrollo que del derecho fundamental a la vida ha realizado la Corte Constitucional(2), también se destaca que tiene dos ámbitos vinculantes para el Estado: los deberes de respetarla y de protegerla. Así, las autoridades públicas están doblemente obligadas, a abstenerse de vulnerar el derecho a la vida y a evitar que terceras personas lo afecten. Así se señaló en Sentencia T-981 de septiembre 13 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa:
“... el Estado debe responder a las demandas de atención de manera cierta y efectiva, pues ante la amenaza que se tiende sobre la existencia y tranquilidad de individuos o grupos que habitan zonas de confrontación o que desarrollan actividades de riesgo en los términos del conflicto, es inexcusable que el Estado pretenda cumplir con sus deberes limitándose a señalar su imposibilidad para prestar la ayuda requerida”.
Es claro, entonces, que la finalidad perseguida a través de una acción de tutela es proteger el derecho fundamental de quien la incoa y que, tratándose del más importante de todos los derechos, la vida humana, esta debe defenderse sin importar quién sea la víctima potencial ni de dónde provenga la amenaza.
La jurisprudencia nacional ha definido que amenaza “es una violación potencial que se presenta como inminente y próxima. Respecto de ella la función protectora del juez consiste en evitarla”(3). Así se han establecido criterios de apreciación de los hechos que demandan la intervención del Estado, con el fin de establecer si existe grave peligro:
“La vulneración y la amenaza de los derechos fundamentales son dos causales claramente distinguibles: la primera requiere de una verificación objetiva que corresponde efectuar a los jueces de tutela, mediante la estimación de su ocurrencia empírica y su repercusión jurídico-constitucional; la segunda, en cambio, incorpora criterios tanto subjetivos como objetivos, configurándose no tanto por la intención de la autoridad pública o el particular, cuando sea del caso, sino por el resultado que su acción o abstención pueda tener sobre el ánimo de la persona presuntamente afectada. Para que se determine entonces la hipótesis constitucional de la amenaza se requiere la confluencia de elementos subjetivos y objetivos o externos: el temor del sujeto que ve peligrar sus derechos fundamentales y la convalidación de dicha percepción mediante elementos objetivos externos, cuya significación es la que ofrecen las circunstancias temporales e históricas en que se desarrollan los hechos”(4).
“a) Realidad de la amenaza: Se exige que la amenaza sea real, en el sentido que haya sido comunicada o manifestada a la víctima y pueda ser convalidada objetivamente. Esto implica que no debe tratarse de un temor individual frente a una situación hipotética, pues los riesgos imaginarios no son amparables constitucionalmente...
c) La situación específica del amenazado: En esta apreciación se tienen en consideración aspectos subjetivos que rodean al peticionario, tales como el lugar de residencia, la pertenencia a un partido político, la actividad sindical, la situación económica, la actividad profesional, la labor desempeñada como empleado de cierta entidad estatal o empresa privada, los vínculos familiares, ciertas actuaciones realizadas o haberse visto involucrado en acciones adelantadas por grupos armados que actúan por fuera de la ley. La autoridad competente determinará, de acuerdo con los elementos de juicio existentes, si debido a las circunstancias específicas del solicitante, este se encuentra expuesto a una situación de mayor vulnerabilidad y por lo tanto, sus derechos fundamentales corren un riesgo superior de ser violados en relación con el resto de la población.
d) El escenario en que se presentan las amenazas: de manera paralela a los criterios anteriores, es conveniente analizar las circunstancias históricas, sociales, económicas y políticas del lugar donde se asegura que han ocurrido las amenazas(5). (i) Si es una zona generalmente pacífica o si es de aquellas donde hay un alto nivel de conflicto; (ii) si los antecedentes históricos de ataques contra la población por parte de grupos insurgentes que militan en la zona son considerados sistemáticos o esporádicos; (iii) si constituye una zona de importancia estratégica para los grupos al margen de la ley y (iv) si existe presencia suficiente de la fuerza pública y demás autoridades estatales para mantener el orden público; circunstancias que constituyen características del escenario a partir de las cuales se aumenta la probabilidad de la existencia de un riesgo especial y, por tanto, del cumplimiento de la amenaza.
Es oportuno hacer referencia a lo indicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(6), acerca de los efectos del incumplimiento de órdenes de adopción de medidas, que dicte la Corte Interamericana de Derechos Humanos en desarrollo de lo estatuido en el artículo 63.2 de la convención, partiendo del carácter obligatorio de las medidas provisionales que adopte dicha Corte, órdenes que “implican un deber especial de protección de los beneficiarios de las medidas, mientras se encuentren vigentes, y su incumplimiento puede generar responsabilidad internacional del Estado(7). Sin embargo, esto no significa que cualquier hecho, suceso o acontecimiento que afecte a los beneficiarios durante la vigencia de tales medidas, sea automáticamente atribuible al Estado. Es necesario valorar en cada caso la prueba ofrecida y las circunstancias en que ocurrió determinado hecho, aún bajo la vigencia de las medidas provisionales de protección”.
Cuarta. Laprotección especial a cargo del Estado teniendo en cuenta los niveles de riesgo.
La Corte Constitucional ha clasificado los diversos grados de riesgo en relación con la vida e integridad física de las personas, a partir de los cuales el Estado debe brindar protección a través de la autoridad pública correspondiente, explicados así(8):
1. El demandante manifiesta desempeñarse como “defensor de derechos humanos desde hace 7 años aproximadamente y director nacional de la Corporación Colombiana de Desplazados” y continuar siendo víctima de amenazas, provenientes de grupos al margen de la ley, situación que venía siendo atendida hasta julio de 2009, por las autoridades competentes, estando vinculado en consecuencia al programa de protección, en “esquema de seguridad con escolta (esquema duro)”.
2. En el año 2008 fue evaluado de nuevo el nivel de riesgo al que se encontraba sometido, clasificándosele “como ordinario”, por lo cual lo desvincularon del programa de seguridad, decisión contra la cual presentó los recursos correspondientes, pero una vez resueltos (oct. 11/2008 y jun. 1º/2009) confirmando la decisión, desde julio de 2009 el esquema de seguridad con el que contaba fue suspendido.
3. Por parte del Ministerio del Interior y de Justicia se confirmó que, efectivamente, el señor Burgos García había sido vinculado al programa de protección que conduce la dirección de derechos humanos, desde el 2 de septiembre de 2004, en su calidad de líder social, otorgándosele medidas de protección conforme al trámite dado a sus solicitudes y al resultado del correspondiente estudio del nivel de riesgo, medidas que, como aclara esa dependencia, no tienen carácter indefinido y pueden revaluarse periódicamente (fl. 60, ib.).
1. REVOCAR la sentencia proferida en septiembre 17 de 2009 por la Corte Suprema de Justicia, Sala Segunda de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal, confirmatoria de la dictada en julio 16 de 2009 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, que denegó la tutela solicitada por Orlando Burgos García contra el Ministerio del Interior y de Justicia. En su lugar, se dispone CONCEDER la tutela impetrada.
2. ORDENAR al director de derechos humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, o quien haga sus veces, que si aún no lo ha realizado, en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, haga evaluar de nuevo los factores de riesgo y reales amenazas actualmente existentes contra la vida e integridad personal del señor Orlando Burgos García y su núcleo familiar, a efectos de implementar cuanto antes las medidas de seguridad que su situación amerite.
(1) Cfr., por ejemplo, artículo 4.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
(2) Sentencia T-102 de marzo 10 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(3) T-349 de agosto 27 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(4) T-439 de julio 2 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(5) “Sentencias T-981 de 2001(M.P. José Manuel Cepeda) y T-1206 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil)”.
(6) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Perozo y otros vs. Venezuela, sentencia de enero 28 de 2009.
(7) Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C Nº 94, párrafos 196 a 200. Ver también, Caso de las comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó. Medidas provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de febrero de 2006, considerando séptimo; Caso James y otros.Medidas provisionales. Resolución de 25 de mayo de 1999. Serie E Nº 2, Resolutivo 2(b); resoluciones de 14 de junio de 1998, 29 de agosto de 1998, 25 de mayo de 1999 y de 16 de agosto de 2000. Serie E Nº 3, vistos 1 y 4; y Resolución de 24 de noviembre de 2000. Serie E Nº 3, visto 3; y asunto de las penitenciarías de Mendoza. Medidas provisionales. Resolución de la Corte de 30 de marzo de 2006, considerando décimo.
(8) Sentencia T- 1060 de diciembre 7 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

References: artículo 32
 Resolución 
 artículo 63
 artículo 4
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución