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Timestamp: 2018-08-18 11:15:11+00:00

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﻿ SENTENCIA C-903 DE SEPTIEMBRE 17 DE 2008
SENTENCIA C-903 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008
CONTENIDO:RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. SE DECLARA INEXEQUIBLE LA EXPRESIÓN "DENTRO DEL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD, SEGUNDO DE AFINIDAD O PRIMERO CIVIL" CONTENIDA EN EL INCISO 2º DEL ARTÍCULO 1º DE LA LEY 1148 DE 2007 Y EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE EL RESTO DEL INCISO.
TEMAS ESPECÍFICOS:FUNCIÓN PÚBLICA, INHABILIDADES DEL DIPUTADO, INHABILIDADES PARA SER CONCEJAL, INHABILIDAD POR PARENTESCO
Sentencia C-903 de septiembre 17 de 2008
Sentencia C-903 de 2008
Ref.: expedientes D- 7222 y D-7231 (acumulados)
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º (parcial) de la Ley 1148 de 2007
Demandantes: Harold Arbeláez Herrera y Jaime Alberto Rojas Lara
Bogotá, D.C., diecisiete de septiembre de dos mil ocho.
A continuación se transcribe la disposición demandada, de acuerdo con su publicación en el Diario Oficial 46.685 de 10 de julio de 2007, en cuyo texto se subrayan los apartes acusados:
“LEY 1148 DE 2007
PAR. 3º—Prohibiciones relativas a los cónyuges, compañeros permanentes y parientes de concejales de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. Tratándose de concejales de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, las prohibiciones establecidas en el presente artículo se aplicarán únicamente para los cónyuges o compañeros permanentes y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil”.
2. De conformidad con lo previsto en los artículos 40 y 242 de la Constitución, cualquier ciudadano podrá instaurar las acciones públicas de inconstitucionalidad previstas en el artículo 241 ibídem, e intervenir como impugnador o defensor de las normas sometidas a control en los procesos promovidos por otros, así como en aquellos para los cuales no existe acción pública.
El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 consagra los requisitos de las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad, los cuales constituyen las condiciones mínimas para que la Corte Constitucional pueda ejercer su función general de guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, así:
En forma reiterada la Corte Constitucional ha señalado que las razones por las cuales los preceptos constitucionales se estiman violados deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes (1) .
3. Como lo afirman el Procurador General de la Nación y uno de los intervinientes, en las demandas que se examinan no se formuló cargo alguno de inconstitucionalidad contra las expresiones “el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad”, contenida en el inciso 1º del artículo 1º de la Ley 1148 de 2007, y “del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad”, contenida en el inciso 3º del mismo artículo.
Por consiguiente, la Corte n inhibirá de tomar decisión de mérito sobre tales expresiones, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Inexistencia de cosa juzgada constitucional en relación con el inciso 2º del artículo 1º de la Ley 1148 de 2007
4. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 243 de la Constitución Política, los fallos que la Corte Constitucional dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, agrega dicha disposición que ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución.
Esta corporación ha indicado que la cosa juzgada constitucional puede ser: i) formal, cuando existe una decisión sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la misma disposición legal que se demanda, desde el punto de vista formal, de modo que las dos normas son idénticas en su forma y en su materia o contenido, y ii) material, cuando existe una decisión de esa naturaleza sobre una norma legal que formalmente es distinta de la que se demanda pero tiene la misma materia o contenido que esta última. Sobre el particular la Corte Constitucional ha expresado:
“En primer lugar, la noción de cosa juzgada formal. De la manera más genérica, entiende esta corporación que tiene lugar la figura de la cosa juzgada formal, cuando existe una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma que es llevada posteriormente a su estudio. Supone la vinculación jurídica que surge para el juez constitucional en relación con el precepto en sí mismo formalmente considerado.
En segundo lugar, la noción de cosa juzgada material. Se presenta este fenómeno cuando no se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son idénticos. El fenómeno de la cosa juzgada opera así respecto de los contenidos de una norma jurídica: tiene lugar cuando la decisión constitucional resuelve el fondo del asunto objeto de su juicio que ha sido suscitado por el contenido normativo de un precepto de acuerdo con el artículo 243 de la Carta Política (...)” (2) .
Así mismo, esta corporación ha señalado que la cosa juzgada constitucional puede ser relativa, cuando la sentencia produce efectos exclusivamente en relación con uno o más cargos determinados de inconstitucionalidad, o absoluta, cuando la misma produce efectos respecto de todos los cargos posibles de inconstitucionalidad.
También ha planteado que por regla general la cosa juzgada es absoluta, y que por excepción es relativa cuando así se señala expresamente en la sentencia. En este sentido, declaró exequible el artículo 46 de la Ley 270 de 1996 (3) , estatutaria de la administración de justicia, en el entendido de que “mientras la Corte Constitucional no señale que los efectos de una determinada providencia son de cosa juzgada relativa, se entenderá que las sentencias que profiera hacen tránsito a cosa juzgada absoluta”.
5. Mediante la Sentencia C-311 de 2004 (4) la Corte Constitucional decidió:
“Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del segundo inciso del artículo 49 de la Ley 617 de 2000 tal como quedó modificado por la Ley 821 de 2003, en el entendido que respecto de diputados y concejales, cuando los mismos diputados y concejales no actúan como nominadores o no han intervenido en la designación de quien actúa como nominador, se aplicará la regla prevista en el segundo inciso del artículo 292 de la Constitución y que la inhabilidad a que dicho inciso se refiere se aplica dentro del ámbito territorial de competencia del respectivo gobernador, alcalde, diputado, concejal o miembro de junta administradora local, municipal o distrital”.
El cargo de inconstitucionalidad planteado en esa oportunidad fue señalado por la Corte así:
“Así las cosas corresponde a la Corte establecer si el legislador vulneró o no el artículo 292 superior al establecer en el segundo inciso del artículo 49 de la Ley 617 de 2000 tal como quedó modificado por el artículo 1º de la Ley 821 de 2003 que (...): “Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y miembros de juntas administradoras locales municipales y distritales y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no podrán ser designados funcionarios del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas” (resalta la Corte) a pesar de que el artículo 292 señala para el caso de los parientes de los diputados y concejales que dicha prohibición para ser designados funcionarios de la correspondiente entidad territorial se establece es respecto de quienes se encuentren en el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil”.
Se observa que dicho cargo es el mismo formulado en la demanda que se analiza en esta sentencia.
Por otra parte, el texto del inciso 2º del artículo 1º de la Ley 821 de 2003, que fue objeto de la decisión anterior, era el siguiente:
“Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y miembros de juntas administradoras locales municipales y distritales y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no podrán ser designados funcionarios del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas”.
A su vez, el texto del inciso 2º del artículo 1º de la Ley 1148 de 2007, que se demanda en esta ocasión, es el siguiente:
“Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no podrán ser designados funcionarios del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas”.
Se observa que estos dos textos legales son casi idénticos, con la diferencia de que en el segundo se suprimió la expresión “y miembros de juntas administradoras locales municipales y distritales”. No obstante, la nueva disposición es formalmente distinta de la anterior, por lo cual no existe cosa juzgada constitucional.
Por consiguiente, por las razones expresadas en estas consideraciones preliminares, el análisis de constitucionalidad se circunscribirá al cargo formulado contra el inciso 2º del artículo 1º de la Ley 1148 de 2007.
6. Corresponde a la Corte establecer si al disponer el inciso 2º del artículo 1º de la Ley 1148 de 2007 que los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los diputados y de los concejales municipales y distritales no podrán ser designados funcionarios del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas, vulnera el artículo 292 de la Constitución Política, que establece dicha prohibición respecto de los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad.
Para tal efecto la Corte hará unas consideraciones generales sobre el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en el ejercicio de la función pública y a continuación examinará el cargo formulado.
Régimen de inhabilidades e incompatibilidades en el ejercicio de la función pública
7. El artículo 13 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental a la igualdad, el cual comprende la igualdad de protección y trato por parte de las autoridades, tanto de las que aplican la ley como de la que la crea, esto es, del legislador, y la prohibición de discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
Por su parte, el artículo 40 superior establece que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, el cual tiene carácter fundamental y se sustenta en el principio de participación previsto en la misma Constitución (C. Pol., preámbulo y arts. 1º, 2º y 95, num. 5º).
Este último derecho comprende, entre otras modalidades, el derecho de ser elegido (num. 1º) y el derecho a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos (num. 7º).
No obstante, por razón del interés general, la Constitución establece en forma expresa y excepcional causales de inhabilidad e incompatibilidad en relación con los servidores públicos (arts. 126-128) y específicamente respecto de algunos de ellos, como los miembros del Congreso de la República (arts. 179-181), el Presidente de la República (art. 197), los diputados y los concejales (art. 292).
Conforme al criterio expresado por la Corte Constitucional con base en los respectivos textos normativos, las causales constitucionales de inhabilidad e incompatibilidad tienen en unos casos carácter taxativo. En los demás casos pueden ser establecidas o ampliadas por el legislador, por disposición expresa del constituyente o en virtud de la cláusula general de regulación de la función pública (C. Pol., arts. 123 y 150, num. 23), en ejercicio de la potestad de configuración normativa, en el cual está sometido a dos tipos de límites: i) los derechos, principios y valores constitucionales, particularmente los derechos a la igualdad, el trabajo, el libre ejercicio de profesiones y oficios y el acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, y ii) los principios de razonabilidad y de proporcionalidad, por tratarse de limitaciones a derechos fundamentales, principios que en esta materia tienen como referencia los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 superior, en particular la igualdad, la moralidad, la eficacia y la imparcialidad.
Acerca de la sujeción del legislador a los límites impuestos por la Constitución en materia de prohibiciones para acceder a los cargos públicos, esta corporación ha expresado:
“La Corte ha hecho énfasis en que la sujeción de la ley al principio de la supremacía de la Constitución Política, impide que el legislador consagre regulaciones que contraríen la Carta o modifiquen los preceptos en ella dispuestos (C.P., art. 4º) (5) . Así mismo ha destacado que cuando la propia Constitución establece un límite a un derecho fundamental y se reserva tal prerrogativa, cierra la posibilidad para que la ley, en su ámbito de competencia, pueda ser más restrictiva en esa materia.
Así lo estableció la Corte en la Sentencia C-015 de 2004 donde analizó la demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 6º del artículo 21 de la Ley 789 de 2002 que prohíbe a los directores y subdirectores de las cajas de compensación familiar, ser elegidos en corporaciones y cargos de elección popular, hasta un año después de haber hecho dejación del cargo en la respectiva caja.
“Considera el demandante que al cubrir a quienes aspiren a acceder al cargo de congresista o de Presidente de la República, la inhabilidad establecida en la norma acusada viola lo dispuesto en los artículos 179 y 197 superiores, que fijan el régimen de inhabilidades aplicables a dichos cargos en forma cerrada, sin admitir una regulación legislativa adicional que establezca nuevas causales de inhabilidad.
Sobre el particular, basta citar pronunciamientos previos de esta misma corporación en los cuales se reconoció que el legislador tiene competencia para complementar el régimen constitucional de inhabilidades aplicable a los servidores públicos, siempre que al hacerlo no contraríe disposiciones expresas de la Carta, no modifique el alcance y los límites de las inhabilidades fijados directamente por el Constituyente, ni incurra en regulaciones irrazonables o desproporcionadas frente a la finalidad que se persigue. Así, por ejemplo, en la Sentencia C-952 de 2001 (6) , la Corte afirmó que “la fijación de esas condiciones positivas o negativas (inhabilidades e incompatibilidades) que habrán de regir el acceso a un determinado cargo o función públicos, constituye materia de la competencia del legislador de conformidad con los artículos 123 y 150-23, siempre y cuando no exista una determinación constitucional específica sobre el particular. (...) En el mismo sentido, en la Sentencia C-540 de 2001 (7) la Corte afirmó: “es importante señalar que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos está previsto en la Constitución y la ley”; y en la misma oportunidad, precisó que “el legislador no puede modificar los límites fijados directamente por el Constituyente”. Finalmente, en la Sentencia C-483 de 1998, la Corte expresó que “el Constituyente no ha entrado a definir en el propio texto de la Constitución Política todas las incompatibilidades e inhabilidades aplicables a los distintos cargos públicos. Buena parte de ellas son del exclusivo resorte del legislador, por disposición expresa de la misma Constitución o por cláusula general de competencia”.
Por eso, la jurisprudencia de la Corte ha concluido que “el legislador no puede modificar los límites fijados directamente por el Constituyente en cuanto existen varias razones que impiden a la ley ampliar este régimen, entre las cuales se destacan las siguientes: 1ª) La Constitución establece un sistema cerrado de inhabilidades e incompatibilidades por tratarse de restricciones al derecho fundamental de elegir y ser elegido (C.P., art. 40); 2ª) La sujeción de la ley al principio de la supremacía de la Constitución Política, lo cual impide que el legislador consagre regulaciones que estén en contravía de la Carta o modifiquen los preceptos en ella dispuestos (C.P., art. 4º); 3ª) Los límites de los derechos fundamentales tienen que ser de interpretación restrictiva; 4ª) Cuando la propia Constitución establece un límite a un derecho fundamental y se reserva tal prerrogativa, cierra la posibilidad para que la ley, en su ámbito de competencia, pueda ser más restrictiva en esa materia” (énfasis fuera del texto) (8) . En igual sentido, en la Sentencia C-209 de 2000 se afirmó: “Cabe destacar que en materia de inhabilidades e incompatibilidades, la propia Carta Política se ha encargado de señalar las que les son aplicables a los congresistas (arts. 179, 180 y 181) y algunas que se predican de la generalidad de los servidores públicos (C.P., arts. 127 y 128)” (9) ” (10) .
Así mismo, la Corte Constitucional ha indicado que las inhabilidades son “aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida, o designada para un cargo público (...) y tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos” (11) , y que las mismas pueden tener naturaleza sancionatoria, en materia penal, contravencional, disciplinaria, correccional y de punición por indignidad política; en los demás casos no tienen dicha naturaleza (12) .
De igual modo, ha manifestado que las incompatibilidades consisten en “una prohibición dirigida al titular de una función pública a quien, por ese hecho, se le impide ocuparse de ciertas actividades o ejercer, simultáneamente, las competencias propias de la función que desempeña y las correspondientes a otros cargos o empleos, en guarda del interés superior que puede verse afectado por una indebida acumulación de funciones o por la confluencia de intereses poco conciliables y capaces, en todo caso, de afectar la imparcialidad y la independencia que deben guiar las actuaciones de quien ejerce la autoridad en nombre del Estado” (13) .
También, ha señalado esta corporación que, por la índole excepcional de las inhabilidades e incompatibilidades, las normas que las contemplan deben ser interpretadas y aplicadas con un criterio restrictivo y, por ende, con exclusión de un criterio extensivo.
8. Los demandantes plantean que al disponer el inciso 2º del artículo 1º de la Ley 1148 de 2007 que los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los diputados y de los concejales municipales y distritales no podrán ser designados funcionarios del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas, vulnera el artículo 292 de la Constitución Política, que establece dicha prohibición respecto de los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad.
9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 superior, en desarrollo de la naturaleza participativa del Estado social de derecho colombiano (preámbulo y arts. 1º, 2º y 95, num. 5º, ibídem), por regla general todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho, que conforme a la jurisprudencia de esta corporación tiene carácter fundamental, todo ciudadano puede, entre otras facultades, acceder al desempeño de funciones y cargos públicos (num. 7º).
Esta regla tiene excepciones, que consisten en prohibiciones para acceder a los cargos públicos, denominadas inhabilidades, fundadas en razones de interés general, principalmente en los principios de moralidad e imparcialidad en el ejercicio de la función administrativa consagrados en el artículo 209 superior. Tales excepciones, como tales, deben ser expresas y de interpretación y aplicación restrictiva.
Una de tales excepciones está prevista en el artículo 126 de la Constitución, en virtud del cual los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán designar a personas vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos competentes para intervenir en su designación.
Esta disposición proscribe la práctica del llamado nepotismo por parte de los servidores públicos y prohíbe en forma general que estos nombren en los cargos públicos, directamente o por interpuesta persona, a sus parientes, en los grados indicados, o a sus cónyuges y compañeros o compañeras permanentes.
Se trata de un precepto de carácter general, aplicable en el orden nacional y en el orden territorial.
Otra de las mencionadas excepciones al derecho de acceso a los cargos públicos está contemplada en el artículo 292, inciso 2º, superior, en virtud del cual no podrán ser designados funcionarios del correspondiente departamento, distrito o municipio los cónyuges o compañeros permanentes de los diputados o concejales, ni sus parientes en el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil.
Esta disposición solo es aplicable en el orden territorial y tiene corno fundamento un hecho natural, esto es, el nacimiento dentro de una determinada familia y el consiguiente parentesco, o la condición de cónyuge o compañero o compañera permanente, de los diputados o concejales.
Es decir, en lo que concierne al parentesco, no tiene como fundamento un acto consciente y libre de la persona inhabilitada, que le sea imputable en los ámbitos moral o jurídico y que, por tanto, pueda generarle responsabilidad personal.
De otro lado, la legislación electoral impone una carga a los parientes de los aspirantes a los cargos de diputados y concejales, en cuanto los obliga a retirarse de determinados cargos que estén desempeñando en el respectivo departamento, distrito o municipio, con el fin de que no se configure una inhabilidad de aquellos para ser inscritos como candidatos ni para ser elegidos (14) .
Por ello, aunque la inhabilidad prevista en el artículo 292 de la Constitución persigue garantizar la moralidad y la imparcialidad de los servidores públicos allí señalados en el ejercicio de sus funciones, los cuales son fines constitucionalmente valiosos, no es legítimo dar a dicha disposición una interpretación que sacrifique el acceso de los ciudadanos al ejercicio de los cargos públicos sin una justificación objetiva y razonable, o sea, en forma desproporcionada.
En este sentido, no es constitucionalmente admisible otorgar a la inhabilidad consagrada en la citada disposición una vis expansiva de índole indefinida que a la postre convertiría la excepción en la regla general, en contradicción con el texto de la norma, y originaría la muerte en el campo político de muchos ciudadanos que no podrían acceder a los cargos públicos, más allá de un límite razonable.
Por estas razones, la Corte considera que los grados de parentesco que determinan la inhabilidad contemplada en el artículo 292 de la Constitución son taxativos o cerrados, de suerte que el legislador no puede establecer dicha inhabilidad con base en otros grados. En cambio, la inhabilidad allí prevista respecto de los diputados y de los concejales puede ser establecida por el legislador, hasta los grados indicados, también en relación con otros servidores públicos del orden territorial, como son, por ejemplo, los gobernadores y los alcaldes distritales o municipales.
Con base en estas consideraciones, se puede concluir que el inciso 2º del artículo 1º de la Ley 1148 de 2007, demandado en esta oportunidad, al disponer que no podrán ser designados funcionarios del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas, los parientes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, desbordó el límite de los grados de parentesco establecido en el artículo 292, inciso 2º, de la Constitución. En consecuencia, la Corte declarará inexequible la expresión “dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil” contenida en dicho inciso.
Por otra parte, en lo que concierne al resto del inciso demandado, cuyo texto es “los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y sus parientes no podrán ser designados funcionarios del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas”, es evidente que contraría el artículo 292, inciso 2º, de la Constitución, ya que la prohibición allí contenida no tendría un límite por razón de los grados de parentesco. Por tanto, la Corte lo declarará exequible en forma condicionada, en el entendido de que la prohibición se predica de los parientes en el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y único civil, como lo establece dicha norma superior.
1. DECLARARSE INHIBIDA para adoptar decisión de fondo en relación con las expresiones “el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad”, contenida en el inciso 1º del artículo 1º de la Ley 1148 de 2007, y “del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad”, contenida en el inciso 3º del mismo artículo, por ineptitud sustantiva de la demanda.
2. DECLARAR INEXEQUIBLE la expresión “dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil” contenida en el inciso 2º del artículo 1º de la Ley 1148 de 2007 y EXEQUIBLE el resto del inciso, en el entendido de que esta prohibición se predica de los parientes en el segundo grado de consaguinidad, primero de afinidad y único civil, como lo establece el artículo 292 de la Constitución Política.
(1) Sobre este tema se pueden consultar, entre muchas otras, las sentencias C-910 de 2007, C-860 de 2007, C-211 de 2007, C-991 de 2006, C-803 de 2006, C-777 de 2006, C-1294 de 2001 y C-1052 de 2001.
(2) Sentencia C-427 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero; Aclaración de Voto de Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero; Aclaración y salvamento de voto de José Gregorio Hernández Galindo. Sobre este tema se puede consultar también la Sentencia C-565 de 2000, entre muchas otras.
(3) En virtud del artículo 46 de la Ley 270 de 1996, “En desarrollo del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional deberá confrontar las disposiciones sometidas a su control con la totalidad de los preceptos de la Constitución”.
(4) M.P. Álvaro Tafur Galvis. Salvamento de voto de Jaime Araújo Rentería. Aclaración de voto de Rodrigo Escobar Gil.
(5) En la Sentencia C-540 de 2001 la Corte señaló al respecto, por ejemplo, lo siguiente: “De acuerdo con el principio de la supremacía de la Constitución, la ley no está facultada para dejar sin efecto práctico un principio constitucional. No es admisible que la Constitución consagre una inhabilidad de 12 meses para un cargo o posición determinado y que la ley amplíe injustificadamente, a través de la figura de la incompatibilidad, a 24 meses la prohibición señalada específicamente en la Constitución. Por lo tanto, el artículo 32 de la Ley 617 no podrá tener efecto alguno en las hipótesis señaladas”. Sentencia C-540 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(8) Sentencia C-540 de 2001. Si bien en esta sentencia la atención de la Corte se centró sobre una norma que consagraba una incompatibilidad, la doctrina constitucional que se ha transcrito es igualmente aplicable al régimen de inhabilidades, expresamente mencionado en el aparte citado.
(9) Sentencia C-015 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. SPV de los magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Rodrigo Escobar Gil.
(10) M.P. Álvaro Tafur Galvis. Salvamento de voto de Jaime Araújo Rentería. Aclaración de voto de Rodrigo Escobar Gil.
(11) Sentencia C-558 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(12) C-348 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(13) Sentencia C-181 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz.
(14) Ley 617 de 2000, artículo 33. De las inhabilidades de los diputados. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado:
Ley 617 de 2000, artículo 40. De las inhabilidades de los concejales. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

References: ARTÍCULO 1
 artículo 1
 artículo 241
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 243
 artículo 243
 artículo 46
 artículo 49
 artículo 292
 artículo 292
 artículo 49
 artículo 1
 artículo 292
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 292
 artículo 13
 artículo 40
 artículo 209
 artículo 21
 artículo 1
 artículo 292
 artículo 40
 artículo 209
 artículo 126
 artículo 292
 artículo 292
 artículo 292
 artículo 1
 artículo 292
 artículo 292
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 292
 artículo 46
 artículo 241
 artículo 32
 artículo 33
 artículo 40
 artículo 43