Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831696.html
Timestamp: 2019-11-21 04:22:21+00:00

Document:
as201831696
AUTO SUPREMO Nº 696
Demandante: Freddy Carrasco Orihuela
Demandado: Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 202 a 205, interpuesto por Abdón José Berrios Peralta, en representación legal de Cooperativa de Teléfonos Automáticos (COTEL) La Paz Ltda., contra el Auto de Vista Nº 43/17 de 15 de marzo de 2017 de fs. 186 a 187, emitido por la Sala Social y Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso laboral de pago de sueldos devengados, seguido por Freddy Carrasco Orihuela contra la Cooperativa recurrente, el Auto Supremo Nº 352-A de 11 de agosto de 2017, por el que se admitió el recurso (fs. 217 y vta.), los antecedentes del proceso y,
Que, tramitado el proceso laboral, la Juez 4º de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, en suplencia legal de la Juez 3º de Trabajo y Seguridad Social, emitió la Sentencia Nº 005/2016 de 28 de enero (fs. 160 a 167), declarando probada la excepción perentoria de cosa juzgada interpuesta por la parte demandada COTEL La Paz Ltda., de fs. 42 a 43 de obrados; consecuentemente improbada la demanda de fs. 10 a 11 y 14 de obrados, incoada por el demandante Freddy Carrasco Orihuela, y sea con las formalidades de Ley.
En grado de apelación, promovido por Freddy Carrasco Orihuela (fs. 169 a 170), la respuesta al mismo (fs. 171 “A” a 174 vta.), resuelto mediante Auto de Vista Nº 43/17 de 15 de marzo de 2017 de fs. 186 a 187, emitido por la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocó la Sentencia Nº 005/2016 de 28 de enero, disponiendo que se proceda al respectivo pago de sueldos devengados al actor aclarando que dicho pago se efectúe previo juramento de ley por parte del actor y bajo su responsabilidad, para el caso de demostrarse lo contrario, de no haberse percibido remuneración alguna por otro trabajo prestado desde el momento de su despido hasta su efectiva reincorporación.
Contra el referido Auto de Vista, Abdón José Berrios Peralta en representación legal de COTEL La Paz Ltda., interpuso recurso de casación en el fondo, conforme los fundamentos del escrito de fs. 202 a 205, recurso que fue respondido por el demandante mediante memorial de fs. 207 a 209, con los argumentos expuestos en el mismo, por lo que, luego de su remisión ante este Tribunal, mediante Auto Supremo Nº 352-A de 11 de agosto 2017 (fs. 217 y vta.), se declaró admisible; por consiguiente, dicho recurso se pasa a considerar y resolver:
1) Denunció la violación e interpretación errónea de la ley porque la Sentencia Nº 271/2011 de 21 de diciembre de 2011, que se encuentra ejecutoriada mediante Auto Resolución Nº 55/2012 de 03 de febrero, se encuentra en directa relación con lo solicitado y pretendido en esta demanda por la parte actora, ya que conforme a los Decretos Supremos (DDSS) Nos. 28699 y 0495, dispuso la reincorporación, el pago de salarios retenidos y el pago de bono a la producción; por lo que, la notificación con la Sentencia Nº 271/2011, se constituía en el momento procesal oportuno y certero para poder interponer los recursos que franquea la ley con la finalidad de poder reparar cualquier agravio que pudiera ocasionar la reiterada Sentencia Nº 271/2011, y como no ocurrió así, se interpreta en el sentido que no le ocasionó ningún agravio a la parte actora.
2) Manifestó que la nula interpretación de recursos en razón de la inexistencia de agravios hacia la parte actora porque pudo interponer diversos recurso como el de complementación, apelación entre otros, lo cual no sucedió, pese a que el contenido de su demanda versa sobre la reincorporación y su fundamento jurídico se estriba en el contenido del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 que fue modificado por el DS Nº 0945, el cual establece que a la verificación del despido injustificado procede la reincorporación más el pago de salarios devengados y demás derechos laborales, siendo estos conceptos integrantes de una misma norma, conforme a procedimiento y en razón de demostrarse algún agravio, se debió activar los recursos que le franqueaba la ley, por lo que, luego de más de seis años de haberse emitido la Sentencia Nº 271/2011, trata ahora subsanar su negligencia o impericia y procura la tutela de un derecho que no puede ser otorgado porque esta petición formaba parte de la demanda de reincorporación que realizó en el Juzgado Sétimo de Trabajo y Seguridad Social y ahora interpone otra demanda en el Juzgado Tercero de Trabajo y Seguridad Social sobre los mismos derechos.
3) Denunció también inadecuada interpretación del Tribunal de Alzada sobre la excepción de cosa juzgada porque la parte actora ya accionó a la jurisdicción laboral al demandar la reincorporación en los marcos del DS Nº 28699 y su modificación mediante el DS Nº 0945, los cuales disponen la reincorporación más el pago de salarios devengados así como otros derechos colaterales, por lo que procedió a la emisión de la Sentencia Nº 271/2011, que estableció la reincorporación más el pago de salario retenido y el bono de producción por la suma de Bs.16.500.-, sentencia que no fue objeto de interposición de ningún recurso, por lo que ahora no puede pretender iniciar una nueva demanda en la cual solo pretenda el pago de salarios devengados aduciendo que la anterior demanda solo correspondía a la reincorporación, puesto que, dicho fallo no cubría todas las expectativas o pretensiones de su demanda, debió interponer los recursos que le franqueaba la ley.
Concluyó solicitando se emita el correspondiente Auto Supremo, que disponga la nulidad del Auto de Vista Nº 43/17 de 15 de marzo de 2017 de fs. 186 a 187 de obrados; y en consecuencia, se mantenga firme y subsistente la Sentencia Nº 005/2016.
El mencionado recurso de casación, generó que el actor Freddy Carrasco Orihuela responda al mismo mediante memorial de fs. 207 a 209, señalando lo siguiente:
1) Señala que COTEL La Paz Ltda., en la interposición de su recurso de casación asume dos premisas, la primera que existe la Sentencia Nº 271/11, que se encuentra debidamente ejecutoriada y la segunda por la supuesta negligencia e impericia de parte del actor.
Tales elementos que se hacen necesario conceptualizar objetivamente bajo el principio de verdad material, por lo que, asume el fundamento del Auto de Vista Nº 43/17 que a efectos del fundamento de la demanda por los sueldos devengados claramente diferencia la demanda de reincorporación con la demanda por el derecho al pago de los sueldos devengados por el tiempo de cesantía ilegalmente causado por COTEL La Paz Ltda.; asimismo indica que ahora reclaman el cumplimiento de la Sentencia Nº 271/11, pero antes no quisieron dar cumplimiento a la misma y para tal efecto, efectuaron un acoso y hostigamiento mediante la apertura de un proceso administrativo ilegal, no le reincorporaron como jefe de relaciones públicas y buscaron las peores condiciones para el cumplimiento, así como en la relación histórica de hechos se establece como COTEL se niega a pagar los salarios devengados y demás derechos.
Continúa indicando que el Tribunal de Alzada de manera precisa estableció que no se trata de demandas iguales, ni similares sino que se trata de condiciones objetivas que hacen a verdades históricas diferentes, por lo que, deberá tratarse como se señala en el art. 17.II de la Ley Nº 025, sobre lo pedido, demandado, reclamado, y lo anterior debió efectuarse en su momento; por lo cual, no corresponde la interpretación, valoración de la anterior Sentencia Nº 271/11, puesto que COTEL en esa instancia y en ese momento jurídico debió asumir las condiciones que hoy tanto reclama y que no lo hizo.
2) Manifiesta que en el recurso se pretende asumir como forma de defensa, la norma legal vigente a través de condiciones subjetivas en su interpretación porque citando los DDSS Nos. 28699 y 0495, indica que queda determinado que la reincorporación deberá hacerse con el reconocimiento de los sueldos devengados; y establecer de esa manera es definir una condición hibrida pues se trata de conceptualizar de donde provienen estos salarios devengados y la condición es clara del incumplimiento a los arts. “9” (siendo lo correcto art. 10) del DS Nº 28699 y 46 de la Constitución Política del Estado (CPE), que definen que el trabajo es un derecho fundamental y que los retiros solo obedecerán a causas justas, si se reconoce mediante sentencia que esta causa fue ilegal, se deja al trabajador sin el derecho a percibir su sustento diario.
En ese sentido, indica que vulneró el art. 4.b) del DS Nº 28699 referente a las condiciones de continuidad laboral, más aun cuando el empleador no establece que este principio busca garantizar la más larga duración de las relaciones laborales contra el fraude, la variación, la infracción, la arbitrariedad, la interrupción y la sustitución del empleador, condiciones que en este caso no se señalan en el marco de la interpretación que reclama COTEL, puesto que a la fecha de trabajo en atención al cliente en la calle 24 de Calacoto, lejos de la condición profesional que sostengo y bajo el criterio sesgado de aquellos que no acaban de entender el principio de protección laboral por encima de la arbitrariedad usada por el uso indebido del poder y el aprovechamiento de la necesidad.
3) Indica que el Auto de Vista Nº 43/17 restablece la correcta aplicación de la norma definida por el art. 48.I de la CPE, que nos enseña que las normas sociales son de cumplimiento general y obligatorio, y que el derecho al trabajo y a la salud son parte de dicha normativa; más aún, en la especie se establece con claridad que en conformidad al art. 48.III de la CPE, los derechos son irrenunciables y son nulas las convenciones que sean contrarias a esos derechos o busque burlar su cumplimiento, lo que determina que su derecho al no haber existido causa alguna que sea atribuible a su persona que genere los fundamentos legales para su retiro, deberá establecerse que el empleador restablezca su derecho coartado ilegalmente.
Continúa señalando, que no resulta cierto que hayan transcurrido seis años desde la sentencia, puesto que, se verifica que recién el año 2012 se da cumplimiento parcial a la sentencia, esta demanda fue en el año 2014 y que más allá de aquello, el acoso provocado por el empleador fue intolerante hasta producir un nuevo retiro ilegal, condición que en derecho fue restituida mediante acción administrativa que derivó en conminatoria, que se buscó establecer maliciosamente una acción administrativa en su contra, entonces encuentra que COTEL La Paz Ltda., actúa ilegalmente y de manera fraudulenta, buscando manejar subjetivamente lo dispuesto en el marco de la Ley por el Auto de Vista Nº 43/17.
4) Finaliza señalando que, el fraude procesal no solo se infiere en las verdades a medias sino en la condición de asumir una personería que no se encuentra en el marco de la Ley, toda vez que desconoce el Estatuto de COTEL así como su Reglamento Interno, que establece que la representación legal de la Cooperativa corresponde al Presidente del Consejo de Administración y/o al Gerente General y que a falta de estos, la Autoridad de Cooperativa lo podrá hacer a través de un interventor, aspecto que no aconteció y más aún, que la Resolución Administrativa limita sus funciones a la administración del proceso electoral; por lo que, deberá rechazarse el recurso de casación por carecer de personería de la Cooperativa en cuanto a su propia normativa.
Concluye solicitando se rechace el recurso de casación interpuesto por carencia de personería legal y en caso de concederlo, se lo declare infundado y ratificando el Auto de Vista Nº 43/17.
Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación en el fondo de fs. 202 a 205, para su resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones:
Dentro del Derecho Laboral sustantivo, todos los procedimientos y trámites se deben basar en una variedad de principios que se encuentran expresamente establecidos en el art. 3 del CPT; entre los cuales, en su inciso e) se halla el de: “Preclusión, por el que el juez, no cumplido por la parte un acto procesal, dentro del tiempo conferido por la Ley, determina la clausura de la etapa procesal respectiva”; disposición legal que tiene estrecha relación con el art. 57 del CPT, que indica: “Consistiendo el proceso en el desarrollo de las diversas etapas en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, el Juez impedirá el regreso a los momentos procesales ya extinguidos o consumados, rechazando de oficio toda petición por pérdida de la oportunidad conferida por la Ley para la realización de un acto procesal, sin necesidad de solicitar informe previo al Secretario ni otro trámite” (sic).
Igualmente, en materia laboral, en cuanto a la reincorporación de un trabajador a su fuente laboral ante un despido injustificado, el art. 10.III del DS Nº 28699 del 01 de mayo de 2006, que fue modificado por el artículo único del DS Nº 495 de 01 de mayo de 2010, establece: “En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupada la trabajadora o trabajador al momento del despido; más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo” (sic) (Las negrillas son nuestras).
A continuación; resulta necesario señalar que, el instituto de la cosa juzgada que se entiende definida como "la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen medios de impugnación que permitan modificarla" (sic) (Fundamentos del Derechos Procesal Civil. Eduardo Couture. Pág. 400), se encuentra establecida en materia laboral en el art. 127 del CPT, estableciendo que en los procedimientos sociales sólo se admiten las siguientes excepciones: “(…) b) Perentorias: de pago, prescripción y cosa juzgada”; asimismo el art. 133 del Adjetivo Laboral señala que: “Las excepciones perentorias serán resueltas juntamente con la causa principal” (sic).
Finalmente; cabe señalar que, conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de la Constitución Política del Estado (CPE), la justicia es única en tanto que la potestad de impartir la misma emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, entre otros. En ese sentido, se debe considerar que, el respeto a las decisiones judiciales como manifestación del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica, requiere instrumentos y herramientas técnicas de apoyo a la gestión judicial, correspondiendo a los administradores de justicia de la función judicial dar estricto cumplimiento a los referidos principios; y en el caso de autos, al referido principio constitucional de seguridad jurídica establecido en el citado art. 178 de la Ley Suprema.
De lo referido anteriormente, se concluye que la seguridad jurídica es un principio y un valor del derecho. Garantizarla es una función específica del Estado y en esencia aquélla fue la motivación para constituirlo; en ese sentido, existe una necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima en la administración de justicia, cuya garantía es inaplazable para el ejercicio de las libertades individuales (las negrillas son añadidas).
En base a los argumentos de la parte recurrente, se pasa a resolver su recurso de casación en el fondo de fs. 202 a 205, de acuerdo a las siguientes consideraciones:
Previamente resulta preciso señalar que, de acuerdo a los reclamos debidamente identificados y enumerados del recurso de casación interpuesto; se evidencia que, los tres agravios enumerados del 1) al 3) se relacionan entre sí, puesto que, los mismos reclaman que existe una directa relación de la Sentencia Nº 271/2011 ejecutoriada, con lo solicitado en la presente demanda, en la que solicita el pago de salarios devengados y si no interpuso ningún recurso alguno es porque no le ocasionaba ningún agravio, por lo que procedía la excepción de cosa juzgada; por lo que, se resolverán de manera conjunta dichos reclamos, sin que ello amerite una vulneración al principio de congruencia, falta de motivación o fundamentación en el presente fallo, resolviéndolos de la siguiente manera:
Que, así planteado el recurso de casación, corresponde su análisis y consideración en base a los antecedentes de la causa, de donde se tiene:
Que, el derecho a la tutela judicial efectiva que tienen las partes que intervienen en el proceso se ve materializado en una Resolución motivada cuando permite a éstas, conocer las razones que han conducido al juzgador a la decisión adoptada y se pueda comprobar que la solución dada en el caso concreto es la consecuencia de una exégesis racional y no del fruto de la arbitrariedad.
En la especie, el Tribunal de alzada al revocar la Sentencia Nº 005/2016 de 28 de enero no obró adecuadamente de acuerdo a los datos del proceso, por cuanto, resolvió el fondo de la litis sin considerar la prueba aportada por las partes cursante de fs. 1 a 9, 28 a 33, 103 a 122 de obrados; documental que claramente advierte que el actor ya inició una demanda de reincorporación y otros derechos ante el Juzgado Séptimo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, por la relación laboral existente en julio del año 2006 en la función de Encargado del Departamento de Relaciones Públicas de COTEL La Paz Ltda., hasta el 12 de septiembre de 2009, donde el litigio se desarrolló conforme prevé nuestro ordenamiento procesal laboral y sobretodo que las partes no agotaron los recursos ordinarios y extraordinarios que les franqueaba la Ley, quedando ejecutoriada la Sentencia Nº 271/2011 de acuerdo a la Resolución Nº 55/2012 de 3 de febrero de 2012 (ver fs. 110); resultando pertinente hacer notar a la parte demandante que, cuando una Sentencia adquiere calidad de cosa juzgada, se derivan una serie de efectos que podemos definir como aquellas repercusiones que produce la Sentencia firme en el ámbito del Ordenamiento Jurídico, en ese sentido la cosa juzgada material produce dos efectos esenciales, uno negativo y otro positivo. El efecto negativo supone la imposibilidad de sustanciar otro proceso sobre el mismo objeto, es lo que se conoce como non bis in idem, su justificación radica en que no es posible sustanciar un mismo litigio en forma eterna. El efecto positivo, supone la prohibición de que en un segundo proceso se decida de forma diferente a lo ya resuelto en un primero.
Los efectos de la cosa juzgada, instaurados en resguardo del principio de seguridad jurídica, reconocen, con ese mismo propósito, ciertos límites de carácter subjetivo y objetivo, esencialmente; por consiguiente, la Sentencia N° 271/2011 al haber resuelto la reincorporación respectiva más el pago de otros derechos laborales de la parte demandante y como se advierte de los datos del proceso, la Sentencia mencionada llegó a adquirir calidad de cosa juzgada; aspecto transcendental del que surge la imposibilidad material de su revisión, modificación o invalidación, aspecto que no fue analizado por el Tribunal de Alzada en el presente proceso.
Por lo expuesto; resulta pertinente señalar que, el actor a través de la interposición de la presente acción laboral, pretende el pago de salarios devengados desde la fecha de ingreso, que data de 20 de julio de 2006 hasta 04 de enero de 2013, sin considerar que este período se encuentra inmerso dentro del período reclamado en el anterior proceso; por lo que tratar de rever aspectos que ya fueron discutidos y resueltos en otro proceso previo, afectaría como acertadamente fundamentó La Juez 4º de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, en suplencia legal de la Juez 3º de Trabajo y Seguridad Social, el instituto de la cosa juzgada, que se entiende definida como "la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen medios de impugnación que permitan modificarla" (Fundamentos del Derechos Procesal Civil. Eduardo Couture. Pág. 400), y conforme consta en los argumentos de la Sentencia Nº 005/2016 de fs. 160 a 167 de obrados, emitida en el segundo proceso laboral instaurado por la parte demandante (las negrillas son añadidas).
Por consiguiente, el Auto de Vista Nº 43/13 de 15 de marzo de 2017 pronunciado por el Tribunal ad quem, no observa en el ámbito de la legalidad como elemento integrador del debido proceso, la característica de la inalterabilidad de las Sentencias judiciales, o lo que en doctrina se denomina principio de invariabilidad, intangibilidad o inmodificabilidad de resoluciones judiciales firmes, por cuanto, es evidente que la acción centra su reclamo en solicitar el pago de beneficios sociales por el período comprendido entre el 20 de julio de 2006 hasta el 04 de enero de 2013, fecha que se hizo efectiva la reincorporación otorgada en el primer proceso laboral realizado, período sobre el que el actor había iniciado otra demanda por el período comprendido entre el 20 de julio de 2006 al 04 de enero de “2012” (siendo lo correcto 2013); hecho que obviamente no puede ser revisado a través de la interposición de una nueva acción laboral, ya que el primer proceso adquirió la calidad de cosa juzgada material y sustancial, conforme se advierte de la Resolución Nº 55/2012 de 3 de febrero de fs. 110, repetida a fs. 118 de obrados y el Informe de 3 de abril de 2013 emitido por la Secretaria-Abogada del Juzgado Séptimo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, la cual expresamente señaló que: “(…) por Resolución Nº 55/2012 de 3 de febrero de 2012 se declara la ejecutoria de la Sentencia Nº 271/2011 de 21 de diciembre de 2011 de fs. 172 a 177 de obrados” (ver fs. 119); asimismo, señala que la Sentencia Nº 271/2011 de 21 de diciembre de 2011 de fs. 172 a 177 de obrados, no dispone el cálculo de los sueldos devengados en ejecución de sentencia (ver fs. 119); por lo que dicho aspecto, si consideraba la parte demandante que le causaba agravio alguno, debió presentar el recurso de apelación que le franquea la Ley más aún porque era un aspecto que debió ser considerado conforme el artículo único del DS Nº 495 de 01 de mayo de 2010; sin embargo, si no se efectuaron las observaciones o reclamos en su momento respecto al pago de salarios devengados omitidos en la citada Sentencia Nº 271/2011, se considera que no le causó agravio alguno a la parte demandante; y por consiguiente, precluyó su derecho, puesto que, admitir lo contrario, implicaría trastocar uno de los principios elementales del debido proceso, cual es, la seguridad jurídica, siendo por tanto inviable a través de un nuevo proceso laboral se pueda revisar la Resolución N° 271/2011 ejecutoriada, lo contrario se conculcaría el principio de preclusión, seguridad jurídica y debido proceso.
Por lo expuesto, no es posible subsanar de manera posterior, esta inobservancia que da lugar al principio de preclusión de actos procesales, impidiendo su regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados, de tal forma que concluida la oportunidad procesal para realizar ese reclamo, y al no haberlo hecho, a precluido este derecho, caso contrario de otorgar la vigencia de un reclamo respecto a pago de salarios devengados omitido en la Sentencia Nº 271/2011 y que no fue reclamado oportunamente mediante los recursos que le franquea la Ley dentro del término legal y recién pretender hacerlo en una nueva demanda, como ya se dijo, se vulneraria el principio de seguridad jurídica consagrada en la Constitución Política del Estado en su art. 178, con relación al art. 3.4) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), ya que no se estaría aplicando objetivamente la Ley y por el cual las partes no tuvieran la certidumbre y previsibilidad de los actos de la administración de la justicia, así también se vulneraría el principio de igualdad procesal, pues no se estaría respetando la igualdad de condiciones que tiene las partes en el ejercicio de sus derechos y garantías procesales, que como ya se explicó, garantizar la seguridad jurídica es una función específica del Estado (las negrillas son añadidas).
Bajo estos parámetros, de la revisión de antecedentes del proceso, se puede establecer con precisión que la parte demandante no acreditó el motivo de su descuido o falta de reclamo oportuno respecto al pago de salarios devengados que debían ser considerados por la Juez Séptimo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz al emitir la Sentencia Nº 271/2011 y simplemente trató de cumplir lo insubsanable recién en el presente proceso laboral; es decir, después de vencido abundantemente el plazo legal para apelar la referida Sentencia, la cual ya se encontraba expresamente ejecutoriada mediante Resolución Nº 55/2012 de fecha 03 de febrero de 2012; por consiguiente, si consideraba que dicha Sentencia le causaba agravio a sus derechos laborales, tenía la obligación de presentar la apelación respectiva en el plazo establecido en el art. 205 del CPT y no como tardíamente acontece en el presente caso, que la parte demandante pretende subsanar en forma posterior mediante nueva demanda presentada el 13 de febrero de 2014; es decir, después de dos años y diez días después que se declaró la ejecutoria de la primera Sentencia (ver fs.11-12, y fs. 100 de obrados); por lo que claramente se evidencia que, el hecho de que el actor no ha observado dicha omisión en la Sentencia respecto al pago de salarios devengados interponiendo el recurso que correspondía, implica por ello que se operó la preclusión procesal establecida en los arts. 3.e) y 57 del CPT.
Que, por lo relacionado precedentemente, el Auto de Vista Nº 43/17 de 15 de marzo, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en la nueva demanda laboral, presentada dos años y diez días después como ya se explicó, y desconociendo la excepción de cosa juzgada acertadamente reconocida por la Juez 4º de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, revocó la Sentencia Nº 005/2016 de 28 de enero, disponiendo se proceda al respectivo pago de sueldos devengados al actor; y en función de las violaciones y acusaciones que contiene el recurso de casación en el fondo interpuesto, se evidencia que el Tribunal ad quem, en el Auto de Vista impugnado, ha incurrido en la causal de casación prevista en el art. 271.1 del CPC-2013, corresponde resolver en el marco de la disposición legal contenida en el art. 220.IV del CPC-2013, aplicable por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, CASA el Auto de Vista Nº 43/17 de 15 de marzo de 2017 de fs. 186 a 187, emitido por la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, mantiene firme y subsistente la Sentencia Nº 005/2016 de 28 de enero de fs. 160 a 167 de obrados conforme a los fundamentos del presente fallo. Sin multa por ser excusable el error cometido por los Vocales suscribientes del Auto de Vista recurrido conforme el art. 220.V del CPC-2013.

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