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Timestamp: 2020-08-04 03:19:27+00:00

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Observatorio Jurídico-Laboral de la Violencia de Género - Comentario sobre el programa de inserción sociolaboral para las víctimas de violencia de género
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Comentario sobre el programa de inserción sociolaboral para las víctimas de violencia de género
Comentario sobre el programa de inserción sociolaboral para las mujeres victimas de violencia de género. Por Rosa Quesada Segura. Directora del olvg y Catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.
1. Acaba de publicarse (BOE de 10 de diciembre de 2008) el Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre por el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres victimas de violencia de género, dándose cumplimiento, de esta forma, y no sin cierto retraso, a lo establecido en el artículo 22 de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Las políticas activas de fomento de la colocación que introduce el Real decreto no son novedosas ni por el sujeto al que se dirigen ni por su contenido, salvo alguna excepción como veremos., pero si constituyen un conjunto ordenado de acciones positivas destinadas a este colectivo y que el Preámbulo del Real Decreto justifica en base al artículo 9.2 de nuestra Constitución y a los artículos 11 y 14 de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, además de en los preceptos concretos del art. 17.3 Estatuto de los Trabajadores y 26.1 de la Ley de Empleo.
Medidas que poco aportan siendo frecuentes las remisiones a otras normas en vigor que introducen acciones positivas a favor de este colectivo.
Desde el año 2003 las mujeres victimas de violencia de género aparecen como uno de los colectivos de protección especifica en las normas nacionales y autonómicas de fomento de empleo. Así en la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, establece para dicho año “una la bonificación en las cuotas de la Seguridad Social a las empresas que contraten mujeres víctimas de malos tratos”; y el RD 945/2003 por el que se regula para el año 2003 el Programa de Renta Activa de Inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, considera como requisitos para ser beneficiario de la misma - entre otros sujetos social y económicamente débiles -, las personas que tengan “acreditada por la Administración competente la condición de víctima de violencia doméstica” siempre que cumplan los demás requisitos de estar inscritos como demandante de empleo y no tener derecho a las prestaciones o subsidios por desempleo o a la renta agraria, así como carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores en cómputo mensual al 75% del SMI. En el mismo programa se establecía una ayuda especifica para subvencionar el cambio de residencia únicamente dirigido a víctimas de violencia doméstica, consistente en una cantidad equivalente a tres meses de renta activa de inserción en un pago único, sin que ello minorase la duración máxima de dicha renta. Igualmente se habían puesto en marcha programas específicos, como el Programa Clara (Instituto de la Mujer), para mujeres en proceso de integración social y laboral. En el ámbito autonómico también la mayor parte de las CC.AA. disponían, desde fechas anteriores a la LO 1/2004, de políticas activas de empleo destinadas a la inserción laboral de las mujeres victimas de violencia de género. Ejemplo de ello es el Programa CUALIFICA – en Andalucía - que une acciones de Formación Profesional Ocupacional y ayuda económica; o las siguientes normas aprobadas en diferentes Comunidades Autónomas como la Ley de Prevención de Malos Tratos y Protección a las Mujeres Maltratadas (Castilla la Mancha 2001), la Ley de Prevención y Protección General de las Mujeres contra la Violencia de Genero (Canarias, 2003), el Programa de Fomento de la Inserción Laboral de las Mujeres Víctimas de la Violencia Domestica (Galicia, 2003), o la Ley Integral para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas (Cantabria, 2004), en todas ellas se establecen subvenciones a las empresas y entidades por su contratación así como incentivos para el empleo autónomo.
Esta misma tendencia se mantiene en la actualidad. Así el programa de Fomento de Empleo regulado en la Ley 43/2006, para la mejora del crecimiento y del empleo, el RD 1369/2006 por el que se establece el Programa de Renta Activa de Inserción, o el RD 1452/2005, por el que se regula la ayuda económica establecida en la LO 1/ 2004, incluyen a la mujer victima de violencia de género como colectivo priorizado en los programas e incentivos de fomento del empleo. Y lo mismo ocurre en el ámbito autonómico donde se mantienen los Programas específicos de inserción y ayuda a la colocación ya citados.
Por ello la aprobación actual de este Real Decreto sólo se justifica en cuanto puede mejorar lo ya establecido. Veamos en que consiste realmente el programa de inserción que introduce el RD 1917/2008.
2. El programa de inserción sociolaboral para mujeres victimas de violencia de género en el RD 1917/2008
Se trata de un conjunto de medidas dirigidas a activar la demanda y la oferta de empleo y, en menor medida, a incentivar el autoempleo, que tienen como beneficiarias a mujeres que tengan acreditada la situación de violencia de género mediante sentencia condenatoria, resolución judicial, orden de protección o excepcionalmente, informe del fiscal, hasta tanto se dicte la orden de protección y que además se encuentren inscritas como demandantes de empleo en los Servicios Públicos de Empleo.
2.1. Activación del trabajo por cuenta ajena.
La singularidad de la situación determina un conjunto de acciones que deben ser respetuosas con el derecho a la intimidad de la beneficiaria a la vez que eficaces en la gestión del empleo, ya que puede tratarse de mujeres sin experiencia laboral o de escasa cualificación profesional, lo que requiere atención personalizada y diseño individual de un itinerario de inserción que a su vez puede requerir un itinerario formativo previo.
En este sentido el programa se estructura en diferentes fases.
La primera consiste en la atención a las victimas por las Administraciones Públicas competentes en materia de empleo – es decir, por los servicios públicos de Empleo (disposición adicional primera) – que deberá ser especializada y confidencial. Como se señala en el RD, en todos los procedimientos que se establezcan en las diferentes acciones de políticas activas y en los procesos de intermediación para la colocación “se debe garantizar la confidencialidad de los datos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal”. Sin embargo, parece difícil guardar la intimidad – y el secreto -de la mujer cuando es sujeto de una atención que se suministra en puntos localizados y específicamente señalados para las mismas en los propios servicios de empleo y atendidos por técnicos igualmente especializados para su atención.
En segundo lugar, a la mujer v.v.g. se le diseñará un itinerario de inserción sociolaboral, individualizado y realizado por personal especializado. Tampoco esta medida es nueva, desde la aprobación del polemico Real Decreto-Ley 5/2002, de Reforma de la Protección por Desempleo se puso en marcha, o al menos se previo, el itinerario personalizado de inserción laboral como derecho de todo desempleado.
De acuerdo con el mismo y si así fuera necesario se le se propondrá realizar un programa formativo para favorecer su inserción sociolaboral por cuenta ajena, o bien iniciar una actividad por cuenta propia de forma incentivada.
A su vez, el programa formativo especifico puede constar de dos fases a opción del técnico especializado:
Una fase primera de preformación cuyo objetivo es facilitar a las beneficiarias el desarrollo de habilidades sociales y en su caso, una cualificación básica, así como motivarlas en su incorporación o reincorporación al trabajo. Y una fase segunda, de formación profesional para el empleo, para lo que el RD 1917/2008 se remite a otra norma en vigor - el RD 395/2007, por el que se regula el subsistema de formación profesional -y consistirá en la participación de las mujeres en las acciones formativas que oferten anualmente los SPE, con preferencia en las que de acuerdo a los arts. 22.1 d) y 23.2 d) del mismo, incluyan compromisos de contratación de al menos el 60% de los participantes en los cursos. Teniendo derecho, a fin de conciliar la asistencia a los cursos con el cuidado de hijos menores de 6 años o de familiares dependientes, a las ayudas establecidas igualmente en el RD 395/2007. La única novedad que introduce el RD 1917/2008 aquí, reside en el establecimiento de una beca por asistencia a los cursos de 10 euros por día lectivo hasta la finalización del curso, compatible con cualquier otra ayuda o beca.
En tercer lugar se introducen incentivos para facilitar la movilidad geográfica de aquellas mujeres que, como consecuencia de su contratación tengan que trasladar su residencia habitual. Se trata de subvenciones destinadas a cubrir los siguientes gastos: de desplazamiento, de transporte de mobiliario y enseres; de alojamiento, y de guardería y de atención a personas dependientes. Subvenciones limitadas tanto en la cantidad – que gira sobre el IPREM mensual vigente -, como en el tiempo de percepción – doce primeros meses de vigencia del contrato -, considerándose que existe movilidad geográfica cuando se produzca un traslado efectivo a una localidad a más de 50 Kilómetros de la de origen.
La medida no es original, ya el Real Decreto-Ley 5/2002, de Reforma de la Protección por Desempleo, había introducido un Programa de fomento de la movilidad geográfica dirigido a trabajadores desempleados que se desplacen para ocupar puestos de trabajo de carácter indefinido, y comprenden los gastos de desplazamiento y de enseres y mobiliario, si bien en este caso se amplían las ayudas en función de diferentes situaciones.
En cuarto lugar se establecen incentivos para compensar diferencias salariales. Esta medida es la realmente novedosa, pero exige, para su cumplimiento que se produzca una sucesión de contratos. Consiste en el abono a la mujer cuyo contrato de trabajo se haya extinguido por su voluntad pero obligada por su situación, de una cantidad equivalente a la diferencia entre la base de cotización del contrato extinguido y la del nuevo contrato de trabajo, cuando ésta sea inferior a la del anterior, durante un tiempo máximo de doce meses y por un importe máximo de 500 euros/mes.
2.2. Medidas para activar la oferta de trabajo
No se introducen nuevas acciones positivas que fomenten la contratación de este colectivo - lo que no deja de ser sorprendente en un Programa especifico que se denomina de inserción sociolaboral -, si bien se anuncian la suscripción de convenios de colaboración con empresas para fomentar la inserción laboral de estas mujeres.
En cuanto a la medida clásica de subvencionar la cuota empresarial, el art. 9 del RD 1917/08 se limita a remitirse a lo establecido en el art. 2.4 de la Ley 43/2006 para la mejora del crecimiento y del empleo. La única medida es la modificación que introduce la disposición final primera del RD 1917/2008 que aumenta la cuantía de la bonificación por la contratación indefinida y a tiempo completo de las mujeres victimas de violencia de género que queda establecida en la de 125 euros/mes (1.500 euros/año) durante cuatro años desde la contratación o cuantía correspondiente si el contrato es a tiempo parcial. No aumenta, sin embargo, la bonificación en caso de que se realice un contrato temporal, manteniéndose la establecida en el art. 2.4 de la Ley 43/2006.
Se hecha en falta aquí la utilización de todos los programas previstos para el fomento de la inserción socio laboral. Como y a titulo de ejemplo pueden citarse los siguientes: inclusión de este colectivo en los contratos para la formación previstos en el artículo 11.2 ET sin limite de edad, preferencia en todos los programas formativos y especialmente en los llevados a cabo en las escuelas taller y casas de oficio o en los programa de sustitución de trabajadores en formación por trabajadores beneficiarios de prestaciones por desempleo. Tampoco existe referencia alguna a la función de la negociación colectiva en esta materia, como podía ser el pacto que estableciera reserva de puestos de trabajo para la colocación de las mujeres victimas de violencia de género.
Por lo que respecta a los convenios con empresas para facilitar la contratación de estas mujeres y su movilidad geográfica, la Administración pública - Delegación del Gobierno para la Violencia de Género- suscribirá convenios de colaboración con empresas para promover la inserción laboral de las victimas. Tales convenios se difundirán entre los Servicios Públicos de Empleo y otros órganos o entidades que atiendan a este colectivo. Y se supone que tales convenios reportaran ciertos beneficios para las empresas que los suscriban.
2.3. Incentivos para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia. Tampoco en este apartado el RD 1917/08 introduce ninguna medida nueva. De nuevo se remite a otra norma en vigor, en este caso a lo previsto en la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula la concesión de subvenciones al programa de Promoción del Empleo Autónomo. Norma que, para el supuesto de mujeres victimas de violencia de género al ser considerado uno de los colectivos con especiales dificultades de inserción laboral, establece que las subvenciones o ayudas para el establecimiento como trabajadoras autónomas o por cuenta propia se incrementarán hasta un 10% respecto a las establecidas para las demás trabajadoras.
© 2020 Observatorio Jurídico-Laboral de la Violencia de Género

References: Real Decreto 
 artículo 22
 Real decreto 
 Real Decreto 
 artículo 9
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 11