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Timestamp: 2018-08-16 20:12:59+00:00

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El nuevo marco de relaciones
ANÁLISISEL NUEVO MARCOLUIS
ALBERTO INTERGENERACIONALES
DEL REY POVEDA*
intergeneracionales en las
familias ejidales: migración
y herencia en el sur de Veracruz**
La transmisión y herencia de la tierra bajo la
normatividad actual ha generado procesos novedosos al
interior de las familias respecto a las relaciones entre
géneros y generaciones; la herencia adquiere un interés
diferente, no tanto por su capacidad productiva sino por el
valor patrimonial que toma con la certificación.
La reforma de Artículo 27 constitucional en 1992 y la puesta en
marcha del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y
Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) ha sido una medida de
gran trascendencia en el medio rural, ya que la propiedad social
(ejidal y comunal) es el tipo de tenencia predominante en el campo
y especialmente si consideramos las pequeñas explotaciones agrícolas (Sector Agrario-Procuraduría Agraria, 2000). Con la aprobación de
la reforma concluye de manera definitiva la fase de reparto agrario
iniciada en 1917 y se inicia una nueva que busca dar certeza y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a ejidos y comunidades.
Al mismo tiempo, con esta medida se trataba de promover un mayor dinamismo en el sector ejidal y comunal, caracterizados por una
producción de autosubsistencia, basada fundamentalmente en la utilización de mano de obra familiar, apoyada en mecanismos comunitarios de regulación social y política, y en una gran participación en
los mercados de mano de obra y en una dependencia de la emigración (Gordillo et al., 1999; Warman, 2001). La reforma buscaba
liberar definitivamente el potencial productivo del ejido y crear un
mercado de tierra que permitiese el desarrollo y la modernización
* Maestro en Población por FLACSO y Doctor en Demografía por la Universidad Autónoma de Barcelona.
** Este trabajo obtuvo el 3er lugar del IX Premio Estudios Agrarios 2004.
Sin embargo, las implicaciones de la reforma van mucho más
allá del marco estrictamente legal y económico que define para el
sector social, y específicamente este trabajo se centrará en el ejidal.
La nueva reglamentación en la transmisión y herencia de la tierra, así
como el nuevo valor que adquiere el título de propiedad —certificado parcelario— con la aplicación de PROCEDE, han repercutido en
una transformación de las familias ejidatarias. En las sociedades agrícolas, el patrón de herencia de la tierra es fundamental para entender los procesos de filiación y residencia en el interior de la familia,
así como la sucesión de las generaciones. En la medida que éste se
ha visto modificado, se ha dado una transformación de la misma
La nueva reglamentación sobre la tierra ha desatado y acentuado procesos novedosos dentro de estas familias: por un lado, se
ha favorecido directa e indirectamente la migración de larga distancia y duración en los ejidos por parte de las generaciones más
jóvenes (los hijos de los ejidatarios), y por otro, la herencia de la tierra ha alterado su significado en la organización y sucesión en la
familia. El valor tradicional de la tierra, como medio de producción
que garantiza la sobrevivencia, ha sido desplazado hacia la posesión del título de propiedad, lo que permite captar rentas al margen
de una producción agrícola que en muchos casos está en franca
En el caso de la región de estudio,1 el sur del estado de Veracruz, la Reforma Agraria y el PROCEDE han tenido lugar al mismo
tiempo que se desarrollaba la movilidad de larga distancia y duración
hacia los mercados del norte, la frontera y Estados Unidos. Esto ha
generado en la familia una doble interferencia: la reforma favorece
Nota metodológica. El estudio se apoya en una encuesta estadística sobre Movilidad y Reproducción
Social en el sur del estado de Veracruz realizada en 36 localidades a una muestra de 947 hogares en
1999 (MORESO, 1999). Esta encuesta forma parte de un proyecto conjunto de investigación entre el
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y el Institut de
Recherche pour le Développement (IRD) sobre el “Futuro de las pequeñas agriculturas en el sur de Veracruz”. En 2002, dentro del mismo proyecto se hicieron 70 entrevistas en profundidad a familias
encuestadas previamente en 1999 (MORESO, 2002).
EL NUEVO MARCO DE RELACIONES INTERGENERACIONALES
esta nueva movilidad, pero a la vez la migración acentúa los efectos
de la reforma en las relaciones intergeneracionales.
De esta manera, el cambio en la tenencia de la tierra en los
ejidos ha contribuido y acelerado una profunda transformación en las
familias, respecto a las relaciones entre géneros y generaciones que
allí tienen lugar. La reforma ha impulsado un nuevo marco de relaciones entre el padre ejidatario y sus hijos varones, así como ha
contribuido a que la mujer, hija y esposa, ocupe un papel más relevante dentro de la familia.
Gestión de la tierra en la organización
y en la sucesión familiar:
el “sistema familiar mesoamericano”
En la mayoría de las sociedades agrícolas, la tierra ha constituido el
elemento central sobre el que se articula el sistema de organización
y de sucesión familiar. La forma de acceso y su sistema de transmisión han estado asociados a diferentes sistemas familiares (Goody,
1976; Hajnal, 1983; Barreda González, 1990; Segalen, 1995; Dérouet
y Goy, 1998; Goody, 2000; Mikelarena y Pérez-Fuentes, 2001). Cada
modalidad de transmisión de la tierra iba unida a pautas concretas
de residencia postmarital y de conformación de los grupos domésticos, así como de establecimiento de relaciones entre las distintas
generaciones familiares. Los casos extremos son los modelos divisible e indivisible (ultimogenitura o primogenitura) de herencia que a su
vez se asocian a distintas organizaciones familiares, familias nucleares y extensas.
El modelo divisible favorece la formación de familias troncales,
puesto que el padre fracciona el patrimonio entre los hijos (en determinadas sociedades sólo son considerados los hijos varones y en
otras, hijos e hijas), con lo que éstos se instalan en la proximidad.
Se favorece un sistema familiar neolocal, donde los hijos crean su
propio hogar en la proximidad del padre y todos mantienen fuertes
lazos entre sí.
El indivisible tiende a la creación de familias extensas. Basado
generalmente en una estrategia de perpetuación patrimonial, el heredero se mantiene en la casa paterna y le da continuidad —sistema patrilocal—, mientras que el resto de los miembros son en cierta
manera “expulsados” fuera de la familia (quienes se mantienen dentro de la familia pero que no son herederos, tienen una posición subordinada). En este sistema, el padre fortalece las relaciones con el
heredero pero se debilitan con el resto de los hijos.
Hay autores que señalan que las modalidades de herencia
afectan al mismo desarrollo local y regional, y por tanto al desarrollo de las sociedades (Habakkuk, 1955): la herencia divisa contribuye a retener o encadenar a la tierra a todos los miembros de la
familia campesina, lo que puede llevar en un plazo de tiempo limitado a la superpoblación, la descapitalización y la escasez generalizada
de tierra, y consecuentemente producirá migraciones masivas y repentinas; entre tanto. la herencia indivisa promueve la movilidad
geográfica y ocupacional de una parte de la población rural de manera más paulatina, y permite desarrollar una agricultura más avanzada y dinámica. Mientras que el sistema diviso favorece el
desarrollo de una industria local y dispersa, el segundo favorece una
industria regional concentrada en polos urbanos.
Estos sistemas han estado determinados por la reglamentación
existente en la sociedad que imponía la modalidad de transferencia,
si bien existen múltiples ejemplos de cambios legales que han alterado el sistema de transmisión en numerosas sociedades por diversos motivos: cambio del modelo diviso al indiviso para frenar la
fragmentación; cambios del modelo indiviso al diviso por la igualación
de los derechos entre todos los descendientes, etcétera.
En México, la herencia de la tierra en la propiedad social, comunidades agrarias y ejidos, se caracteriza por un sistema indiviso,
puesto que la Ley Agraria impone un único sucesor por título o derecho, aspecto que se ha mantenido en la Ley Agraria de 1992. A
pesar de que no existe una normatividad expresa que imponga un
heredero según el sexo u orden de nacimiento de los hijos, en general la mayoría de los trabajos antropológicos coinciden en señalar
un modelo caracterizado por la ultimogenitura masculina (Redfield,
1928; 1930; Beals, 1945; Villa Rojas, 1947; Nutini, 1968; Baez-Jorge,
1973; Collier, 1976; Pozas Arciniega, 1977; Chenaut, 1990; Münch,
1994; Flores, 2000; Rodríguez, 2000). Esta predominancia del hijo
menor como heredero es resultado, como señala Robichaux, del
momento de designación o de traspaso en el ciclo familiar: la designación del heredero por parte del padre al final de su vida favorece
que sea el hijo menor el elegido, ya que es quien tiene una mayor
probabilidad de mantenerse junto al padre (Robichaux, 1997; 2004).
La entrada en la etapa adulta del hijo menor tiende a coincidir en el
tiempo con el retiro del padre de la actividad laboral, por lo que se
produce un relevo generacional de una manera bastante armoniosa.
En la práctica y hasta recientemente en la mayoría de ejidos y
comunidades agrarias, como se apunta en los trabajos mencionados,
se ha combinado el modelo indivisible que impone la legislación con
las prácticas divisibles dentro de la familia y de las comunidades
indígenas. La tierra se distribuye entre los hijos varones que la necesiten, aunque exista la restricción legal de que el título de propiedad recaiga solamente en un hijo. Dentro del ejido esto supone que
un hijo se convierta legalmente en ejidatario, mientras que el resto
adquiere una condición de “posesionarios”, es decir, carecen del derecho legal sobre la tierra pero disponen de la aprobación de la familia y de las instituciones del ejido para trabajarla.
En este sistema familiar el padre interviene activamente en la
formación de la familia y en la constitución de los hogares de sus
hijos varones: realiza los arreglos matrimoniales, provee la residencia postmarital en un primer momento en su misma casa y después
cediéndoles un espacio en el solar para la construcción de sus casas, así como les otorga tierra para trabajar y para alimentar a su
familia. El resultado es la creación de espacios familiares de co-residencia donde se agrupan hogares nucleares y/o extensos formados
por el padre y sus hijos varones (Redfield, 1928; 1930; Beals, 1945;
Villa Rojas, 1947; Nutini, 1968; Collier, 1976; Pozas Arciniega, 1977).
Con esta modalidad de distribución de la tierra, fuertemente apoyada en las organizaciones comunales y ejidales, se construye un sistema de relaciones fuertemente controladas por el padre, en la que
el heredero legal es el máximo responsable del cuidado del padre
durante la etapa de dependencia, pero en el que el resto de los hijos instalados en la proximidad constituye igualmente una red de
apoyo. Las hijas en este sistema familiar no son consideradas, únicamente en el caso de que no haya hijos varones son tenidas en
Este sistema de organización y de sucesión familiar ha funcionado hasta recientemente con base en dos factores: el valor de la
tierra como un medio exclusivamente de trabajo y el papel de las instituciones comunales en la reproducción familiar.
Respecto al primer factor, en la medida que lo importante era
disponer de tierra para trabajar y cubrir las necesidades de consumo,
más que la propiedad de la tierra en sí o, como señala Chenaut entre los totonacas del norte del estado de Veracruz, “lo importante es
el trabajo y no la tierra” y “el trabajo crea tierra” (Chenaut, 1990:162),
este sistema se ha mantenido. Esto ha permitido que las diferencias
entre el hijo que recibía el derecho legal, el ejidatario en este caso,
y el resto de los hijos, los posesionarios, no fueran insalvables, puesto que unos y otros disponían de tierra para cubrir sus necesidades.
Por otro lado, hay que señalar el papel de las instituciones
ejidales que han sustentado este modelo. La asamblea ejidal, el
comisariado y el consejo de vigilancia han sido los verdaderos responsables de la reproducción de los grupos campesinos y de gestionar el futuro de las nuevas generaciones (Hoffmann, 1992; Zendejas,
1994; Hoffmann, 1997; 1998; De Janvry, Sadoulet et al., 1999; Gordillo, De Janvry et al., 1999; Zendejas, 1999; Warman, 2001; Quesnel, 2003). Por una parte, establecían los arreglos institucionales
entre la familia y la comunidad para el acceso a la tierra y los recurPROCURADURÍA AGRARIA
sos públicos: bien en el acceso a la tierra dentro del ejido, legitimando distribuciones de la tierra al margen de la ley o bien realizando
las gestiones para conseguir ampliaciones o nuevas dotaciones con
el Estado; el acceso a los programas públicos, al crédito para la
producción, las inversiones en infraestructuras (educación, salud, vías
de comunicación, etc.) eran igualmente gestionadas por las instituciones ejidales. El padre enfrentaba el futuro y las demandas de sus
hijos recurriendo al ejido, y a la vez el ejido intercedía ante el Estado para hacer frente a las demandas de las familias. Por otra parte, la intervención del ejido alcanzaba incluso la esfera familiar: en la
designación del heredero del título, el hijo además de hacerse acreedor a tal condición ante el padre, debía de contar con el respaldo de
las instituciones; el ejido mediaba en las disputas en la familia relacionadas con la tenencia de la tierra y se convertía en el garante de
la voluntad del padre ante los hijos. Esto permitía, por ejemplo, que
no sólo el heredero legal sino el resto de los hijos tuvieran acceso
a la tierra cuando el padre así lo establecía, puesto que el incumplimiento de estos acuerdos, establecidos dentro de la familia y sancionados por el ejido, podía conllevar la intervención de las instituciones
ejidales.2 En este sentido el ejido y sus instituciones reforzaban la
autoridad del padre sobre los hijos y permitían el funcionamiento del
sistema familiar previamente descrito.
Este sistema particular de funcionamiento explica hasta muy
recientemente la mayor retención de la población rural en los ejidos3
(De Janvry, Dutilly et al., 2001; Quesnel, 2003). En el sur del estado de Veracruz esta fuerte retención de la población en los ejidos (a
pesar de la elevada descendencia —superior a los seis hijos/as—,
más de 80% de los hijos se ha mantenido en la misma localidad del
En varios casos en que el heredero legal no cumplía con la voluntad del padre o con sus responsabilidades con el resto de los familiares, las instituciones del ejido intervenían pudiendo retirar el derecho al
hijo (MORESO, 1999 y 2002).
Comparando el crecimiento de los ejidos y de las localidades no ejidales de la muestra MORESO se
observa hasta recientemente un crecimiento diferencial: en el periodo 1990-1995, de las 18 localidades
no ejidales de la muestra, 50% (8) tuvo un crecimiento negativo, 39% (7) un crecimiento positivo pero
inferior a 2% anual y 11% (2) un crecimiento mayor a 2% (uno es de reciente creación); en el caso de
padre ejidatario), ha supuesto una fuerte precarización de sus condiciones de acceso a la tierra (ver cuadro 1): el porcentaje de hijos
que se ha mantenido en la localidad en las diferentes generaciones
se ha incrementado levemente (de 81 a 90%), pero esto ha supuesto
que generación tras generación fueran menos quienes accedían al
trabajo de la tierra por cuenta propia (de 56 a 41%), y entre quienes
lo lograban, cada vez han sido menos quienes se han convertido en
ejidatarios (de 68 a 6%).
Según la generación del padre de los actuales ejidatarios, número
de hijos sobrevivientes, porcentaje de ellos residiendo
en la localidad y tipo de acceso a la tierra. Ejidos del sur de Veracruz, 1999
Nº hijos sobrevivientes
Antes 1920 1920-1930 1930-1940 1940-1950 Desp.1950
Sin acceso a la tierra c.p.*
Con acceso a la tierra
Tipo de acceso a la tierra:
Fuente: Elaboración propia, MORESO 1999, IRD-CIESAS.
*Son hijos de ejidatarios que carecen del acceso a la tierra por cuenta propia y que trabajan en común la tierra de
otro familiar o bien son jornaleros.
El deterioro en las condiciones de producción y de trabajo en los
ejidos en las generaciones más recientes va unido a un proceso
generalizado de crisis económica del país y en particular del sector
agrícola, causa y antecedente de la reforma de 1992.
las 18 localidades ejidales, únicamente 3 (17%) tuvieron un crecimiento negativo, mientras que 44% (8)
tuvieron crecimiento positivo aunque inferior a 2% y el resto, 39% (7), creció por encima de 2% anual.
En el período 1995-2000, 74% (14) de las localidades no ejidales tuvieron crecimiento negativo, mientras
que únicamente 22% (4) en los ejidos. Esto muestra el desigual crecimiento y presencia de la migración
según el tipo de núcleo agrario y sus diferentes lógicas.
Antecedentes y causas de la reforma de 1992:
crisis económica y nuevo
modelo de desarrollo del país
La crisis de la deuda externa en 1982 conllevó un cambio radical en
la política económica, poniendo fin al modelo de desarrollo que México había mantenido desde la década de 1940, caracterizado por la
sustitución de las importaciones y la autosuficiencia nacional (Alba y
Potter, 1986; Escobar Latapí, Bean et al., 1999). Esta etapa estuvo
caracterizada por un crecimiento sostenido de la economía y un intenso reparto agrario que permitió hacer frente a las necesidades de
una población que aumentaba rápidamente como consecuencia de la
transición demográfica que estaba teniendo lugar.
La crisis en el sector agrícola era evidente desde la década de
1960, momento en el que el crecimiento del producto agrícola comenzó a ser inferior al crecimiento poblacional, a pesar de los intentos de incrementar la producción con el intenso reparto de las
décadas de los sesenta y setenta (Appendini, Pépin-Lehalleur et al.,
1983; Moguel, 1989; Mackinlay, 1991; Warman, 2001).4 Esta nueva
crisis de comienzos de los ochenta se convirtió en el detonante para
dar un giro completo a la política agrícola y sacar al Estado del sector agrícola, muy especialmente del sector social. Los nuevos lineamientos para el sector rural se concentraron principalmente en la
liberalización comercial, la desregulación económica y la privatización
de las agencias que operaban en el sector campesino, tales como
paraestatales, agroindustriales, bancos, etcétera (Gordillo, De Janvry
et al., 1999; Warman, 2001).
Durante el sexenio de Díaz Ordaz (1964-1970) para tratar de superar la crisis del sector agrícola y hacer
frente a las tensiones sociales se intensificó el reparto agrario. En este periodo se resolvió la mayor superficie jurídica en una administración sexenal, 25 millones de hectáreas, otorgando derechos a 278,000
nuevos ejidatarios. Estas grandes cifras sin embargo dejan entrever una relación preocupante: durante el
gobierno de Lázaro Cárdenas se repartieron 19 millones de hectáreas, las cuales beneficiaron a 729,000
ejidatarios, es decir, con una superficie sensiblemente inferior, el número de beneficiarios fue más del
doble. La relación entre tierra y beneficiario hace evidente que las tierras más aptas para cultivar se
habían agotado (Sector Agrario, 1997. La transformación agraria: origen, evolución y retos. México, Sector
Agrario: 238 p.).
Miguel de la Madrid (1982-1988) al llegar al poder desmanteló
el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), bajó el sistema de subsidios,
aumentó el precio de diversos insumos agropecuarios, redujo los precios de garantía y restringió el crédito (Mackinlay, 1991). Son los
inicios de la política de austeridad neoliberal que trataba de regularizar el caos en el sector rural de gobiernos anteriores. Creó el programa de Catastro Rural y de Regularización de la Tenencia de la
Tierra destinado a otorgar seguridad jurídica al sector social y al privado. Este constituye un primer antecedente de la reforma de 1992.
Con Carlos Salinas en la presidencia (1988-94) se aceleraron
y profundizaron las reformas liberales con el objetivo de preparar al
país para la firma del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN). El TLCAN como mecanismo modernizador tuvo como
una de sus principales consecuencias la reducción del déficit público y la menor intervención del Estado en la producción, incluido el
sector agrícola (Arroyo Ortiz, 1995; Randall, 1999; García Zamora,
2002). Se planteó de manera expresa la necesidad de renovar y
“modernizar el ejido”, con la consigna de menos Estado y más iniciativa privada (Cambrézy, 1992; Appendini, 1999).
La reforma de 1992 y el PROCEDE se inscriben dentro de este
proceso de liberalización política y económica que se llevaba a nivel
nacional y que trataba de reducir el papel del Estado en la economía, regularizar la tenencia de la tierra y, a la vez, buscaba reorientar
definitivamente la relación del Estado con el campo (Gordillo, De
Janvry et al., 1999; Warman, 2001).
Ahora bien, las novedades que introduce primero la reforma
constitucional y segundo el PROCEDE en cuanto a uso y manejo de
la tierra van mucho más allá de estos objetivos inicialmente propuestos y alteran por completo todo el sistema de organización familiar en
La reforma del Artículo 27 constitucional
y el PROCEDE: cambios en el manejo
y transferencia de la tierra
El cambio fundamental que introduce la reforma del Artículo 27 constitucional es la posibilidad de convertir la propiedad social de la tierra en propiedad privada a través de la adopción del dominio pleno
(artículo 75 de la Ley Agraria), con lo que desaparecería el ejido.
Aunque la mayoría de los ejidos no han adoptado el domino
pleno,5 no obstante los cambios que introduce la Ley Agraria y la
aplicación del PROCEDE, conlleva una gran individualización en el
manejo de la tierra por parte de los ejidatarios. Hasta entonces, éstos eran usufructuarios de las tierras propiedad del ejido, sin posibilidad legal de venderla, fraccionarla o utilizarla como bien inmobiliario.
Es decir, el ejidatario disponía únicamente de un derecho que le
permitía trabajar la tierra para cubrir sus necesidades y las de su
familia. Existía además una normativa muy estricta, fortalecida por los
reglamentos internos de los ejidos, sobre el uso de la tierra y su
transferencia, la cual se daba al final de la vida del ejidatario (bien
después de morir o cuando era incapaz de trabajarla) a favor de uno
de los hijos u otro familiar. Este funcionamiento, como se ha comentado, descansaba en una fuerte organización social, donde las instituciones ejidales se constituían en los garantes del sistema.
No existía otro tipo de transacciones legales,6 salvo la pérdida
de derechos por parte del ejidatario (por ausencia prolongada del
ejido por más de dos años, por incumplimiento de las obligaciones
propias del ejidatario —tales como dar tareas, pago de cuotas u
En 2003, donde 78.6% de los núcleos agrarios del país habían sido certificados, únicamente 4.9% de
ellos adoptó el dominio pleno (Procuraduría Agraria. 2003. Tendencias del campo mexicano 2003. México, Dirección General de Estudios y Publicaciones). En los ejidos de la muestra MORESO, para 1999 esta
opción ni siquiera había sido planteada.
En Veracruz en el año 2000, 81% de los ejidos ya habían sido certificados (Dato del IV Informe del
Gobierno del Estado de Veracruz).
De hecho había ventas y rentas de tierra consentidas por la asamblea ejidal y enmascaradas en depuraciones y purgas. La depuración consistía en hacer una revisión del censo de ejidatarios, analizando
aquellos que cumplían con sus obligaciones y quienes no. En ocasiones bajo el formato de estas depuraciones tenían lugar procesos de compra-venta.
otros servicios comunales), ante cuya situación la asamblea ejidal
podía retirar los derechos a este ejidatario y otorgárselos a otra persona (generalmente un avecindado del ejido).
A partir de la reforma se pone en marcha el PROCEDE, en función del cual se regularizan y certifican las tierras ejidales, siempre
y cuando los ejidatarios en asamblea lo soliciten, según el artículo
56 (se requiere una mayoría de 50% más uno de los ejidatarios del
ejido). La aplicación del PROCEDE lo primero que significa es que
los “certificados de derechos agrarios” pasen a denominarse “certificados parcelarios”. Pero más allá de este cambio de denominación, ésta es una medida que tiene importantes implicaciones para
el sector ejidal.
En primer lugar, la certificación de derechos conlleva una mayor “privatización” en la gestión de la tierra.7 En el artículo 79 de la
Ley Agraria se menciona que ahora el ejidatario dispone de la posibilidad de aprovechar su tierra (rentando, hipotecando,…) de la manera que considere, sin la necesidad de contar con la autorización de
la asamblea ejidal o de otro tipo de autoridad. Más aún, en el artículo
80 establece la posibilidad de enajenar sus derechos parcelarios a
otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población, es
decir, abre la puerta a la venta de la tierra. Esta medida otorga un
nuevo valor a la tierra, puesto que deja de ser únicamente un medio de trabajo y adquiere valor mercantil.
En segundo lugar, esta reforma conlleva para el conjunto de la
propiedad social, acepten o no posteriormente el PROCEDE, un cambio fundamental respecto al proceso de sucesión y de herencia,
como es la aparición de nuevas instancias donde se puede designar
el heredero. Antes de la reforma, las instancias de designación eran
por orden de importancia, primero la asamblea ejidal y segundo la
familia. El heredero tenía que ser aceptado por la organización del
ejido y en ocasiones éste podía intervenir en la designación, modi7
La privatización total sólo se adquiere con la adopción del dominio pleno, aunque la adopción de
PROCEDE conlleva una cierta privatización en la gestión de la tierra.
ficando lo establecido por el padre.8 Ante disputas en el interior de
la familia por la designación del sucesor y si no se había registrado
en la asamblea ejidal, como en ocasiones sucedía tras la muerte del
padre, el ejido hacía una valoración de los posibles candidatos y
otorgaba el derecho a aquel que reunía mayores méritos. Heredar el
derecho agrario significaba recibir las propiedades y acceder a una
nueva situación y condición en la tenencia de la tierra, pero también
asumir determinadas obligaciones con los familiares dependientes y
con el ejido. Ser ejidatario significaba asumir responsabilidades con
la comunidad, entre ellas cumplir con determinadas faenas y trabajos comunes. No cumplir con estas obligaciones podía llevar a ser
desposeído de la condición de ejidatario. La herencia por tanto implicaba una doble relación, con la familia, especialmente con el padre ejidatario, y también con la comunidad.
A raíz de la reforma, se transforman las instancias de registro y, de alguna manera, también de decisión. Ahora es el RAN (Registro Nacional Agrario) la instancia de más alto nivel de registro
(Título Octavo de la Ley), y sólo en caso de que no se haya notificado ante esta instancia, lo expresado ante la asamblea ejidal o
en la familia adquiere valor. En el caso de que no se haya registrado el heredero y existan disputas en el interior de la familia sobre el sucesor de los derechos, será necesario la intervención de
la Procuraduría Agraria (Título Séptimo) y en caso de no llegar a un
acuerdo, una resolución del Tribunal Agrario (Título Décimo), instituciones constituidas a partir de 1992. Estas instancias limitan claramente el poder de las instituciones ejidales en el control de los
ejidatarios y de sus familias, puesto que las autoridades ejidales
carecen de capacidad de intervenir ante una decisión registrada por
el propietario de los derechos en el RAN (lo registrado ahí sólo
En ocasiones las autoridades ejidales, asamblea ejidal, comisariado y consejo de vigilancia, decidían
modificar la decisión sobre el sucesor, alegando que el designado no reunía los requisitos necesarios para
convertirse en ejidatario y que al mismo tiempo existía otro candidato más capacitado, generalmente
dentro de la misma familia del ejidatario fallecido. Esta situación a menudo era utilizada por las autoridades
ejidales en su propio beneficio o de sus familias (MORESO 2002).
puede ser modificado por el mismo ejidatario según el artículo 17
de la Ley Agraria).
Es justamente una de las grandes novedades de la reforma, el
heredero puede hacerse al margen de la organización ejidal, por lo
que desaparece casi en su totalidad como instancia de decisión y de
control en la transferencia de la tierra. La intervención de las autoridades ejidales se restringe a obligar cumplir al sucesor lo establecido en el reglamento interno del ejido, el cual, según establece el
artículo 10 de la Ley Agraria, debe estar inscrito a su vez en el RAN.
Aunque la nueva Ley mantiene que la sucesión de manera
general se produce tras la muerte del ejidatario, abre la opción de
que pueda darse un traspaso de los derechos con anterioridad al
deceso, cuando el ejidatario y el sucesor estén de acuerdo y siempre ajustándose al reglamento interno del ejido.9 Un aspecto importante que no modifica la reforma es el hecho de que sólo puede
haber un sucesor por título con el objetivo de frenar la fragmentación
A partir de este momento adquiere una mayor transcendencia
la designación del heredero, puesto que aquel que resulte elegido
tendrá plenos derechos, desapareciendo las autoridades ejidales
como garantes de los acuerdos establecidos en el seno de la familia por parte del padre ejidatario. Esto problematiza aún más la designación del heredero legal, puesto que la elección entraña nuevos
riesgos: el heredero una vez reciba la tierra tiene capacidad para
venderla o puede modificar los arreglos fijados por el padre, retirando la tierra que disfrutaban otros hermanos, ya que legalmente esta
superficie le pertenece y aparece reflejada en el certificado
En tercer lugar, como consecuencia de la aplicación del
PROCEDE emerge el solar urbano como un bien patrimonial separa9
El reglamento del ejido puede establecer determinadas formalidades de traspaso con la comunidad, como
es el pago de una cuota a la asamblea, la necesidad de residir en la localidad y recordarle al nuevo ejidatario sus obligaciones dentro de la organización ejidal.
do de la condición ejidal y de la tierra agrícola. Anteriormente, el título de derechos agrarios que tenía cada ejidatario incluía como un
solo elemento la tierra agrícola, las tierras de uso común y de aprovechamiento colectivo (aguas, bosques), y el espacio urbano. La
transmisión del derecho significaba la transferencia de los tres tipos
de propiedad que contenía. Con la certificación se separa la tierra
agrícola de la tierra urbana para construir.
La aplicación de PROCEDE en la zona urbana, siempre y cuando lo acepte la asamblea ejidal, viene a reconocer cada solar con
un título, incluso dentro de cada solar se otorga un título por cada
casa que exista. Sin embargo, muchos ejidos han realizado el proceso de certificación únicamente de las tierras agrícolas, puesto
que certificar el núcleo urbano significa otorgar un título de propiedad a todos aquellos que se encuentren asentados en el mismo,
no sólo a los ejidatarios, sino también a los avecindados (art. 64),
quienes pasan a convertirse en dueños de pleno derecho de su
solar (art. 65). Certificar en este caso significa que la asamblea ejidal acepta otorgar la propiedad del solar a ejidatarios y avecindados, en su mayoría hijos de los primeros, pero incluso a otra
gente venida de fuera y que se instaló con el consentimiento de
De esta manera, la certificación del núcleo urbano puede significar su pérdida de control por parte de la asamblea ejidal: la junta
de pobladores, constituida por todos quienes habitaban en el ejido, y que antes del PROCEDE sus derechos estaban restringidos a
opinar e informar sobre asuntos urbanos en la asamblea ejidal (arts.
41 y 42), ahora tras el PROCEDE cada poblador o avecindado con
un certificado tiene el mismo derecho que un ejidatario en asuntos urbanos. Por lo tanto, la junta de pobladores puede desplazar a la asamblea ejidal como órgano de gestión del núcleo de
Estas implicaciones del PROCEDE en la zona urbana han llevado a que muchos ejidos decidan únicamente certificar la tierra agríESTUDIOS AGRARIOS
cola y mantener el casco urbano bajo el control de la asamblea
ejidal.10
La certificación del terreno urbano, junto con la fuerte demanda de espacio para construir a raíz de la migración al norte, ha supuesto una fuerte revalorización del solar urbano en el proceso de
herencia. Hoy día, cada vez más desde dentro de la familia, se demanda una diferenciación en la transmisión del patrimonio entre tierra para trabajar y el solar urbano o la casa paterna. El solar
urbano pasa a convertirse en un nuevo instrumento sobre el cual
se lleva a cabo el proceso de anclaje intergeneracional en las familias rurales.
En cuarto lugar, otro aspecto relevante de la certificación de los
ejidos es la posibilidad de solicitar un certificado por cada parcela
agrícola, y lo mismo por cada casa o solar urbano. La posibilidad de
disponer de más de un título de propiedad significa que legalmente
se puede nombrar a más de un sucesor, uno diferente por cada título, si así lo considera el dueño de los derechos.
Por último, hay otros aspectos más sutiles de la aplicación del
PROCEDE que afectan al proceso de herencia, como afianzar el sentimiento de propiedad y la generación de mayor incertidumbre.
Así, con la titularización de las propiedades que impone el
PROCEDE se hacen explícitas las propiedades que se traspasan, sea
tierra para trabajar o tierra urbana para construir. Esta es otra novedad, cuantificar de una manera exacta lo recibido, tierra, casa, solar,
además de concienciar al heredero de lo que recibe y afianzar el
sentimiento de pertenencia. Antes de la certificación, el certificado de
derechos agrarios reconocía la condición de ejidatario, pero no especificaba y cuantificaba el patrimonio. En muchos ejidos que se han
mantenido hasta muy recientemente bajo un régimen de explotación
comunal, es decir, que no se había realizado el parcelamiento eco10
De los 14 ejidos de la muestra en que se ejecutó el PROCEDE en las parcelas agrícolas, en cuatro de
ellos se rechazó en la zona urbana (MORESO 1999). Los otros dos ejidos de la muestra rechazaron la
certificación tanto en la zona urbana como en la tierra agrícola.
nómico,11 se podía trabajar un año una determinada superficie de tierra y al año siguiente dejarla y trabajar en otro lugar. Al no existir una
asignación de la tierra de parcelas entre los ejidatarios, el ejido podía
fácilmente permitir a no ejidatarios, posesionarios y avecindados trabajar en la tierra del ejido cuando existía sobrante. Esta falta de asignación individualizada, por ejemplo, permitía que al amparo de un título
de ejidatario, otros familiares trabajaran la tierra (hermanos o hijos), sin
que el dueño legal estuviera en capacidad de reclamarla como suya.
Tras el parcelamiento y más aún con el PROCEDE, el ejidatario tiene
constancia de los bienes que legalmente le corresponde. De ahí que
puedan darse reclamaciones, puesto que en el certificado parcelario
aparece detallada la ubicación y superficie que le corresponde.
Además, con la certificación aparece la incertidumbre en el
seno familiar sobre la herencia de la tierra y pueden poner en entredicho el sistema de relaciones intrafamiliares e intergeneracionales:
por un lado, porque ahora cabe la posibilidad de que el ejidatario la
pueda vender y no haya heredero; por otro, al momento de ejecutarse PROCEDE se solicita expresamente que el ejidatario elabore una
lista de sucesores de las propiedades. Esto va a implicar que se
introduzca en el seno de muchas familias de una manera “anticipada” la problemática de la sucesión generacional respecto al modo
tradicional de designación que consistía en posponer la decisión
hasta el último momento. El registro y la notificación del heredero, y
bajo la norma de un heredero por título, significa que el resto de los
miembros de la familia no podrán beneficiarse del patrimonio inmobiliario en que se convierte la tierra. Con la reforma, quien resulte el
heredero del título tendrá plenos derechos sobre la tierra, con la
posibilidad de venderla, rentarla o hipotecarla. Anteriormente, aunque
el derecho iba a parar a un solo hijo, en muchos casos otros hijos
igualmente podían seguir gozando de derechos de usufructo otorga11
De los 18 ejidos de la muestra, en tres de ellos el parcelamiento económico tuvo lugar antes de 1960,
12 entre 1970 y 1980, dos al momento de PROCEDE en la década de 1990 y sólo uno aún no estaba parcelado (MORESO, 1999).
do por el padre y validado en la asamblea ejidal, por lo que la cesión del título agrario no tenía tanta transcendencia. Ahora puede
generarse competencias y tensiones entre los hijos.
En suma, la modificación de la Ley Agraria en el manejo y
transferencia de la tierra introduce importantes novedades en el juego
de relaciones intergeneracionales en la familia: se pierde el control de
las instituciones, surgen nuevas formas y nuevos elementos de transmisión, pero a la vez se genera gran incertidumbre sobre el traspaso, tanto para el padre que debe de buscar el candidato más idóneo,
como para los hijos por la importancia que adquiere ahora, no tanto acceder a la tierra, sino al título de propiedad (más aún cuando
la mayor parte de las unidades familiares son incapaces de garantizar su reproducción con la tierra disponible). Esta situación tiene
lugar en un momento en que se está migrando hacia el norte, con
lo que se introducen nuevos elementos en el juego de relaciones
Las implicaciones de la reforma: desarrollo
de la movilidad al norte y problemática
de la herencia en el sur de Veracruz
Estos cambios legales que restringen la capacidad de intervención de
las instituciones ejidales y atribuyen la potestad en el manejo del
patrimonio, así como la total responsabilidad sobre el futuro de las
nuevas generaciones en manos de las familias, tienen entre sus principales implicaciones para las familias ejidatarias del sur de Veracruz
favorecer la migración de larga distancia y larga duración hacia el
norte y problematizar la transferencia de la tierra de una a otra generación en el seno de la familia.
El desarrollo de la movilidad al norte desde
La movilidad laboral en la región tiene entre sus causas la crisis de
la producción agrícola. Al igual que lo planteado para el conjunto del
país, el sector agrícola del sur de Veracruz experimentaba un fuerte proceso de desagrarización y de pérdida de rentabilidad desde
hacía varias décadas (Mackinlay, 2000; Warman, 2001; García Zamora, 2002; Léonard y Palma, 2002): la crisis del maíz, del tabaco, del
café o de la caña de azúcar, productos con gran presencia en la
región, constituyen uno de los gérmenes de la movilidad laboral en
Ahora bien, esta movilidad hasta mediados de la década de
1990 estuvo contenida dentro de la región o en los espacios cercanos, debido en primer lugar al dinamismo económico en estos
espacios y, en segundo lugar, por las restricciones que imponía la reglamentación ejidal para ausentarse por largos periodos. Aunque la
mayor parte de la propiedad ejidal se caracteriza por una producción
de autosubsistencia y por la fuerte dependencia externa (subvenciones públicas y trabajos como asalariados-jornaleros estacionales o
cíclicos), el tipo de tenencia servía y en algunos casos aún sirve
como un elemento de retención de la población en la comunidad, ya
que la ley no permitía vender ni llevar a cabo mecanismos de explotación por terceros (aparcería, arrendamiento), aunque hubiera numerosos casos al margen de la ley.
Con la reforma y PROCEDE, una de las principales consecuencias es la pérdida de acceso a la tierra por parte de los avecindados
y de muchos de los posesionarios:12 ya sea porque realmente se les
retira la tierra que trabajaban y se reparte exclusivamente entre los
ejidatarios, o bien porque la tierra al adquirir un valor mercantil13
conlleva un incremento del precio de las rentas, con lo que para
Velázquez muestra en cuatro ejidos ubicados en la sierra de Santa Marta (sur de Veracruz) diferentes
procesos de certificación: excluyente (sólo se reconocen los ejidatarios con derechos), semi-excluyente (se
reconoce parcialmente a los no ejidatarios) e incluyente (se incorporan los avecindados).
(Velázquez, E. 2004. “Apropiación del cambio legal por los actores locales: el parcelamiento de tierras
ejidales en la Sierra de Santa Marta, Veracruz, México”. Políticas y regulaciones agrarias. Dinámicas de
poder y juegos de actores en torno a la tenencia de la tierra. E. Léonard, A. Quesnel y E. Velázquez.
México, CIESAS-IRD-Miguel Ángel Porrúa: 269-296.)
A partir de ahora, legalmente es posible captar rentas de la tierra sin trabajarla, vía alquiler o venta, y
además las ayudas de PROCAMPO se otorgan por unidad de superficie. Esto encarece los alquileres,
incluso allí donde había sobrante de tierra que anteriormente era aprovechada por los no ejidatarios. Esta
muchos avecindados se vuelve inviable este tipo de arreglos. Esto
lleva a que estas familias busquen otras alternativas, y no sólo de
manera coyuntural como tradicionalmente habían realizado desplazándose a las ciudades regionales, sino a más largo plazo, por lo
que la migración al norte representa una buena alternativa, ya que
las ganancias potenciales son mucho mayores que en los mercados
Esta nueva reglamentación también favorece la migración en
las familias de ejidatarios: primero por la incertidumbre que genera en
su interior el acceso al título de propiedad, lo que lleva a algunos de
los miembros, de manera particular o incitados por sus propias familias, a realizar estos desplazamientos con la idea de buscar nuevas
alternativas; segundo porque desaparece la restricción legal existente
hasta antes de la reforma, según la cual la ausencia del ejido por
más de dos años suponía la pérdida automática de la condición ejidal. Esto afectaba directamente a los ejidatarios, pero indirectamente suponía también un freno para los hijos que querían acceder a la
condición de ejidatario, puesto que la ausencia prolongada era vista por parte del padre y de las instituciones ejidales como un desentendimiento de sus funciones y le restaba méritos frente a otros
posibles herederos, y en tercer lugar, la certificación permite el desarrollo de la migración a Estados Unidos, ya que el título al adquirir un valor mercantil se constituye en el principal instrumento de
financiamiento del viaje.14 El título de propiedad de la tierra (únicamente el certificado parcelario en el caso de los ejidos, puesto que
el certificado de derechos agrarios no es admitido al no ser
enajenable) es el aval requerido por los prestamistas para conceder
situación es apuntada en el sur del Veracruz por Almeida (Almeida, E. 2000. “Cambios y probables tendencias en el mercado de tierras ejidales en la zona de transición maíz-tabaco en la región de Los
Tuxtlas, Veracruz”. El Sotavento veracruzano. Procesos sociales y dinámicas territoriales. E. Léonard y E.
Velázquez. México, D.F., IRD-CIESAS: 171-180.)
Durante el periodo de la investigación, 1999-2002, el precio oscilaba entre 1,500 y 2,500 dólares. En
esta fase pionera de la migración internacional se desplazan fundamentalmente miembros de familias con
tierra propia, ya que son las únicas que pueden financiar el viaje.
el dinero solicitado por los “polleros” o “coyotes” que se encargan del
cruce de la frontera, hasta el momento la única forma de entrada a
Estados Unidos para estas poblaciones veracruzanas (Quesnel y Del
Las implicaciones derivadas de la reforma y de la aplicación de
PROCEDE ayudan a explicar la fuerte transformación de los flujos laborales experimentada en el sur del estado de Veracruz a partir de
199515 (MORESO, 1999; 2002). En un breve periodo de tiempo, la
movilidad laboral de las poblaciones rurales del sur de Veracruz que
había estado contenida dentro de la región (en los mismos municipios o en el corredor industrial Coatzacoalcos-Minatitlán) o bien en
otras partes del estado o estados vecinos, ha dejado su sitio en un
primer momento a los desplazamientos a la ciudad de México y
recientemente a la frontera y a Estados Unidos. Estos últimos, a finales de la década de 1990, concentraban más de 40% del flujo laboral, cuando a mitad de la década era de poco más de 5% (ver
cuadro 2). Estos datos de movilidad captados en 1999 son únicamente la punta de un proceso en plena fase de desarrollo.
Distribución de los flujos laborales de la población
rural del sur del estado de Veracruz por periodos
Después 1995
Fuente: Elaboración propia, MORESO 1999, IRD-CIESAS. Desplazamientos laborales de al menos un año de duración.
De las 18 localidades ejidales de la muestra, en 15 se realizó la certificación de derechos entre
1994 y 1997, y en tres se rechazó: en una por decisión de la asamblea y en dos por problemas de
Otro aspecto importante a destacar de esta reciente movilidad
laboral es la aparición de la mujer como un agente de primer orden:
un cuarto de los actuales flujos de estas poblaciones del sur de
Veracruz corresponde a mujeres, cuando hasta la década de 1990
era insignificante y en la mayoría de los casos constituían desplazamientos de acompañamiento o dependientes de la movilidad masculina (padre, hermano o esposo). En la década de 1990 surge la
movilidad femenina con una dinámica propia e independiente de la
masculina. Las causas de este desarrollo son achacables en parte a
este clima de movilidad generado en el conjunto de las poblaciones,
así como a las necesidades crecientes de las familias de ingresos al
margen de su producción agrícola. En muchas familias, la emigración
de los hijos no es una garantía de nuevos ingresos, puesto que
muchos de ellos se instalan en los lejanos lugares de emigración y
se desentienden de su familia, por lo que éstas deben recurrir a la
emigración de las hijas, ya sea hacia mercados regionales o en la
frontera.16
De esta manera las hijas adquieren recientemente un papel
relevante en la reproducción de las familias rurales del sur del estado
de Veracruz por su contribución económica.
La problemática de la designación del heredero en
los ejidos del sur de Veracruz
La condición de ejidatario conlleva, junto con el derecho a trabajar la
tierra, una posición social y un estatus importante en el ejido. El ejidatario está obligado a participar en la organización ejidal y adquiere ciertas responsabilidades con el conjunto de la comunidad: las
El 90% migra estando solteras o separadas, con una edad promedio de 21 años y donde el motivo
expresado es búsqueda de trabajo (81%). Los destinos de migración femenina son en primer lugar la frontera (30%), seguido de la emigración urbana, bien en las ciudades del Sotavento (26%), de Veracruz
(15%) o en la ciudad de México (19%) y destaca la ausencia de migración femenina a Estados Unidos
en esta fase pionera de la migración internacional. La ocupación principal es el servicio doméstico (52%),
seguido del comercio (26%) y el trabajo en las industrias maquiladoras (11%). Los recursos generados en
37% de los casos son para la propia sobrevivencia, 44% destinados a las necesidades de consumo de
su familia y el resto (19%) apoya en la construcción de la vivienda, así como proporcionando apoyos para
la producción agrícola de su familia (MORESO, 1999).
instituciones del ejido son las responsables de hacer frente a las
demandas y a las necesidades de la población que vive en el ejido.
Por lo tanto, la designación del heredero entre los ejidatarios es más
que el traspaso del medio de trabajo y de producción, como es el
caso de los colonos y propietarios privados.
En el caso de la propiedad ejidal, como se ha comentado, la
legislación impone un único heredero por cada derecho ejidal o título agrario y en condiciones normales la sucesión de los derechos
sólo tiene lugar tras la muerte del ejidatario. Tradicionalmente la herencia en el caso de los ejidatarios estaba controlada por la organización ejidal, asamblea y comisariado, quienes supervisaban el
proceso y disponían de capacidad de intervención. A lo largo de su
vida, los hijos debían hacerse acreedores a la condición de ejidatario, primero ante el padre y, a la vez, contar con la aprobación de
las instituciones ejidales, puesto que en el caso de haber dentro de
la familia más de un posible candidato, únicamente uno de ellos obtendrá la representación legal, aunque el resto disfrute del acceso
Designación del heredero según tipo
de tenencia de la tierra. Sur de Veracruz, 1999
Colonia/pp.
Sí nombró
No nombró
Único hijo varón
Todos los hijos varones
Todos los hijos/hijas
Otro hijo/hija
Fuente: Elaboración propia. MORESO 1999, IRD-CIESAS.
Esta particular reglamentación de la propiedad social y de acceso a la condición de heredero explica, por ejemplo, las diferencias
en la designación entre ejidatarios y propietarios privados: frente a
más de 80% de casos sin nombrar heredero en las colonias y pequeñas propiedades, en los ejidos este porcentaje disminuye a 46%,
es decir, la mayoría de los dueños de la tierra definen anticipadamente y sobre todo hacen explícito el heredero seleccionado. Este
primer dato apunta un marco diferente de relaciones intrafamiliares e
intergeneracionales en los ejidos que en las localidades de propiedad
privada respecto a la herencia de la tierra.
Los propietarios privados disponen de mayor libertad para distribuir la tierra de acuerdo con las necesidades que se presenten en
la familia en el momento del traspaso definitivo (que puede ser tras
la muerte del padre) sin establecer ninguna diferencia entre los hijos.
No existe por lo tanto la necesidad de anticipar la decisión y no se
observa que el porcentaje de designación se incremente en la medida que aumenta la edad del propietario, aspecto que sí se observa en los ejidatarios. En éstos hay una estrecha relación entre los
diferentes grupos de edad o etapas familiares con la designación del
heredero (ver cuadro 4): a medida que el jefe de familia y dueños de
la tierra alcanzan una mayor edad disminuye el porcentaje de no-designación del heredero.
Entre los herederos designados, obviando de momento la esposa que representa casi una de cada tres, se observa que el porcentaje que representa el hijo mayor como heredero tiende a
disminuir a medida que se incrementa el grupo de edad (de 18.5 a
13%), mientras que el caso del hijo menor es todo lo contrario, se
incrementa en la medida que el ciclo de vida familiar presenta una
etapa más avanzada (de 7 a 27%).
Condición de designación del heredero entre
los ejidatarios según su edad*. Sur de Veracruz, 1999
*Considerando únicamente las familias con dos o más hijos varones.
En las familias con un hijo único, éste es 60% el designado y otro 23% la esposa.
Esta evolución parece responder al ciclo de vida familiar y al desarrollo de las descendencias.17 Aquellos jefes con menos de 40 años,
presumiblemente tienen toda su descendencia en el hogar y es muy
probable que los hijos más pequeños tengan corta edad, por lo que
la primera opción es no nombrar el heredero y en caso de hacerlo
a favor de uno de los hijos, parece lógico nombrar al mayor, que es
quien estaría más capacitado para asumir las responsabilidades de
tal decisión en caso de necesidad. Por el contrario, en el grupo de
mayor edad, 60 años y más, generalmente todos los hijos son ya
mayores, por lo que disminuye claramente el porcentaje de quienes
aún no designaron heredero. En estas etapas avanzadas, es muy
probable que los primeros hijos se encuentren fuera de la casa paterna formando su propio hogar e incluso con sus propios recursos,
por lo que es el hijo menor quien tiene más probabilidad de permanecer en el hogar paterno, de ahí que sea en mayor medida el designado como heredero.
En el mismo sentido que lo apuntado por Robichaux, cuando todos los hijos son pequeños quien está
en mejores condiciones de remplazar al padre es el hijo mayor, mientras que al final del ciclo de vida familiar es el hijo menor (Robichaux, D. L. 1997. “Residence Rules and Ultimogeniture in Tlaxcala and
Mesoamerica”. Ethnology 36, núm. 2 Spring, 149-171).
Ahora bien, junto con la no-designación del heredero, el otro
dato más destacable es la designación de la esposa como tal. Designarla no es algo nuevo, pues también encontramos que se da en
la generación de los padres de los actuales ejidatarios (10%), aunque en menor porcentaje.18 La designación y transferencia de la tierra
a favor de la esposa representa un caso particular de herencia y son
varias las razones de su designación y de la mayor incidencia hoy
día. De manera general, dejar como heredera a la esposa significa
protegerla ante la posible falta del jefe de familia: por un lado, ser la
heredera le da ciertas garantías en el apoyo de los hijos, ya que
éstos necesitan mantener el contacto con la madre si en el futuro
quieren optar a ser los designados y convertirse en herederos; por
otro lado, ante cualquier eventualidad o problemas con los hijos y sin
contar con el apoyo del esposo, el control sobre la tierra le permite
más fácilmente garantizar su sobrevivencia, bien trabajando en ella,
bien como un elemento que permite captar otros recursos.19
Respecto al incremento de la designación a favor de la esposa es achacable: primero a las opciones que abre la reforma y la
aplicación de PROCEDE, que otorga plenos poderes a quien resulte el
heredero legal y, a la vez, limita el control de las instituciones
ejidales, por lo que la decisión de nombrar o no heredero y a quién
nombrar adquiere mayor transcendencia; en segundo lugar, la movilidad creciente de los hijos, con desplazamientos muy lejanos y con
largos periodos de ausencia, genera gran incertidumbre sobre el futuro responsable de la explotación familiar. Ante la ausencia de un
candidato definido entre los descendientes, bien porque haya varios
candidatos y no se tenga claro cuál es el más idóneo o bien que
ningún candidato manifieste reunir los requisitos exigidos por el pa18
Otros inciden en el mismo sentido: Sector Agrario-Procuraduría Agraria. 2000. Estadísticas Agrarias.
México, PA; Vázquez García, V. 2001. “Género y tenencia de la tierra en el ejido mexicano: ¿la costumbre o la ley del Estado?”, Estudios Agrarios, núm. 18, 117-146; Warman, A. 2001. El campo mexicano en
el siglo XX. México, Fondo de Cultura Económica.
Subvenciones del PROCAMPO, acceso al crédito, la posibilidad de rentar la tierra y en último caso a
dre, en especial cuando los hijos migren, la opción más idónea es
designar a la esposa o bien no designar.
Nombrar heredera a la mujer es, por tanto, una forma de asegurar su vejez, pero también constituye una estrategia para no descartar a ninguno de los hijos, así como de mantener la tierra en el
En suma, de lo visto respecto a la designación del heredero
entre los ejidatarios destaca, en primer lugar, la falta de una clara
preferencia por ninguno de los hijos, lo cual descarta la existencia de
una norma cultural determinante en la transferencia de la tierra (como
sería la ultimogenitura comúnmente señalada); en segundo lugar, la
evolución de la distribución de los porcentajes entre el hijo mayor y
el menor de acuerdo con las edades de ejidatarios, indica un proceso
de designación ajustado con el ciclo de desarrollo de la familia, es
decir, se hace de acuerdo con el hijo que puede ejercer mejor las
funciones como ejidatario. Además, esta idea de designación funcional es reforzada al observar la relación entre el porcentaje de los que
no designaron heredero de acuerdo con las etapas del ciclo familiar.
Por lo tanto, puede decirse que la designación en gran parte de los
ejidatarios responde a una elección que tiene que ver con el funcionamiento familiar, adoptándose la decisión más conveniente para el
grupo familiar en cada momento. En unos casos va a ser el hijo
mayor, en otros casos el menor, en otros nombrar a la esposa o bien
no nombrar. Este patrón de designación entre los ejidatarios aparece ajustado a las necesidades y posibilidades de la familia en cada
etapa, es decir, aparece como un modelo “funcional y coyuntural”
para la dinámica familiar.
Ahora bien, al momento de la aplicación del PROCEDE se solicita de manera expresa a cada ejidatario el registro de un heredero.
Este hecho es en sí mismo importante, puesto que para muchos se
les plantea la herencia y la sucesión por primera vez, con independencia de que decidan o no registrar el heredero. De aquí, se deriva otra gran problemática sobre la herencia a raíz del PROCEDE, ya
que se introduce una pregunta a los ejidatarios que en muchos casos, de acuerdo con su etapa familiar, no están en condiciones de
enfrentarla (sobre todo por que desconocen la trayectoria de los hijos y no se tienen aún los elementos para elegir “el mejor” sucesor).
Unos van a reaccionar registrando como heredero a quien de hecho
ya se tenía pensado transferirla, en el caso de los ejidatarios de
mayor edad, pero en los casos en que no existía un claro candidato y sobre todo en los ejidatarios más jóvenes, les coloca ante una
fuerte disyuntiva: no-designar o designar, y en este caso a quién.
Esta decisión puede condicionar la trayectoria tanto del elegido como del resto de la descendencia, y por supuesto las relaciones futuras padre-hijos. El hecho de pedir el registro del futuro
heredero y ejidatario afecta fuertemente el modelo normativo tradicional de selección y designación del sucesor, en el que para acceder a dicha condición es necesario reunir los méritos requeridos
ante la familia y el ejido. Además, esto se plantea en el momento
en que comienza a desarrollarse en la región la migración hacia la
frontera y Estados Unidos, lo cual introduce un nuevo elemento perturbador en el proceso de designación del heredero. La decisión
que tome el padre bajo estas nuevas condiciones puede generar
automáticamente la migración y el alejamiento de los hijos o puede que, debido a la migración de los hijos, se vea en la necesidad
de registrar un candidato para no correr el riesgo de desvinculación
de toda la descendencia. Incluso en determinados casos los hijos
aprovechan estas nuevas condiciones para exigir al padre la designación o de lo contrario marcharse.
Ejidos certificados: momento de designación del heredero
en relación con el PROCEDE según edad del ejidatario. Sur de Veracruz, 1999
Antes de PROCEDE
Con PROCEDE
Después de PROCEDE
Al momento de plantearse el PROCEDE únicamente 11.5% de los ejidatarios había designado heredero de la tierra, encontrándose diferentes situaciones de acuerdo con la edad del ejidatario (ver cuadro
5): por ejemplo, sólo 3.6% de los menores de 40 años había nombrado heredero y 21% en el grupo de ejidatarios de 60 años y más.
En los dos grupos más jóvenes según estos datos, la designación
constituía un evento excepcional e incluso, en los grupos de mayor
edad, la designación del heredero era minoritaria. Como se ha
comentado, la norma existente era designar el heredero una vez
que se han dado las condiciones familiares para llevar a cabo dicha
En los ejidos en que se realizó el PROCEDE, durante la certificación 31% del total de ejidatarios deciden nombrar un heredero. De
éstos, 63% registró un heredero a pesar de que al momento del
PROCEDE no tenía planeada la transmisión, porcentaje que se eleva
a 70% en los menores de 40 años y que disminuye a 54% entre los
de 60 años y más, lo que muestra que estos últimos se encontraban
en mejores condiciones para realizar la designación. Entre aquellos
que habían pensado en el heredero de la tierra, 43% modificó su
decisión inicial al momento de la certificación,20 dándose diferentes
Entre aquellos que cambiaron de heredero al momento de PROCEDE, las causas aducidas son: que el
heredero se marchó, el nuevo heredero es el único hijo en la casa o es él único que trabaja la tierra, o
bien porque PROCEDE sólo les dejaba registrar un heredero y antes tenían más.
arreglos: de esposa a hijos, de hijos a esposa, cambiando un hijo por
otros o dejando sin nombrar el heredero a pesar de que antes ya lo
tenían pensado, aduciendo en este último caso que aún no ven claro
el heredero y desean esperar. Estos datos clarifican el efecto de la
certificación de derechos ejidales sobre la designación del heredero
de la tierra. Para muchos ejidatarios supuso adelantar la decisión,
pero a la vez les “impuso” hacer una selección más exhaustiva por
las nuevas implicaciones, lo que se refleja en los cambios entre lo
planeado y lo registrado.
En todos los casos, a pesar de la diversidad de situaciones y
de razones aducidas, se observa que hay una reflexión al momento de llevar a cabo el registro con el PROCEDE con base en las nuevas condiciones que genera y al contexto de movilidad por el que
atraviesan las familias.
Esta nueva dinámica sobre la herencia que generó PROCEDE,
se ha mantenido una vez concluido dicho programa en los distintos ejidos (12% nombraron el heredero después del PROCEDE y
hasta el momento de la encuesta en 1999). Por un lado, porque
tras la certificación la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y la
Procuraduría Agraria (PA) ponen en marcha el Programa Nacional
de Testamento Agrario, conocido como HEREDA. Este programa incide igualmente en el hecho de la sucesión, al plantearles a los ejidatarios la conveniencia de registrar el futuro heredero de la tierra.21
Por otro lado, la nueva normatividad tras la reforma del Artículo 27
y el PROCEDE introduce definitivamente la problemática de la transmisión en las familias, por la transcendencia que cobra a partir de
este momento el heredero registrado. Por lo tanto, aquellos que no
deciden registrar el heredero durante el programa, no por eso consiguen escapar de la nueva dinámica creada: el ejidatario es consciente del nuevo escenario sobre el uso y traspaso de la tierra; en
El programa se presenta aduciendo que busca la protección y preservación del patrimonio de las familias campesinas. Menciona que el Testamento Agrario garantiza que tus derechos sobre la tierra se
puedan trasmitir de forma ordenada y pacífica.
el caso de las familias en etapas avanzadas de desarrollo, en ocasiones hay un reclamo dentro de la familia solicitando la designación, es decir la necesidad de que el padre se decida, pues los
hijos son conscientes de que quien herede será el dueño absoluto, lo cual no era así antes de la reforma, y en función de esa
decisión planificar su futuro. También el hecho de que dentro del
ejido haya otros que ya tomaron la decisión genera la expectativa
y la presión social y familiar en el conjunto de las familias. Esta
dinámica tras PROCEDE explica que un importante porcentaje de
ejidatarios de todos los grupos de edad nombrara el heredero una
vez ejecutada la certificación.
En resumen, mientras que para algunos ejidatarios, la aplicación del PROCEDE representó una oportunidad de registrar aquel que
ya se tenía decidido como heredero y sucesor (especialmente los de
mayor edad), en aquellos que aún no se habían planteado la sucesión (especialmente los más jóvenes), el periodo en que se tomó la
decisión en muchos casos pudo ser apresurado:22 empezando por el
desconocimiento de la trayectoria de los hijos, muchos de los cuales
son menores e incluso puede que no se haya completado la descendencia. De aquí se desprende, que si bien afectó a todos los grupos
de ejidatarios con independencia de la edad, las implicaciones y sus
consecuencias van a ser muy diferentes dependiendo del ciclo de
vida familiar y por tanto de la edad del jefe y sus hijos.
Las generaciones más jóvenes de ejidatarios son las principales afectadas puesto que son a quienes la certificación conlleva un
adelantamiento respecto a la problemática de la transmisión y la
sucesión. El registro del heredero para estas generaciones de ejidatarios conlleva dar un nuevo sentido a la transmisión de la herencia y a las relaciones intergeneracionales. Desde el momento en
En los ejidos en que se realizó el PROCEDE, desde el momento en que se les plantea el Programa por
parte de las autoridades agrarias hasta que se aprueba definitivamente por la asamblea ejidal, en ningún
caso sobrepasa los dos años de duración.
El primer ejido en concluir la certificación lo hizo en 1994 y el último en 1997, lo que da un periodo
de entre dos y cinco años transcurrido respecto al momento de la encuesta.
que se adelanta la decisión del heredero y sucesor, y además se
deja constancia de dicha decisión por escrito, se modifican profundamente las relaciones en la familia, ya que se hace explícito
quién va a ser el beneficiado y quiénes no. La relación de cada hijo con el padre a partir de este momento va a verse fuertemente
marcada en función de la nueva posición en el orden de herencia
Con este adelanto se introduce una diferenciación generacional
entre los mismos ejidatarios respecto al sentido de la herencia y
sucesión: para las generaciones más viejas era el resultado de una
vida de alianzas y apoyos entre el padre y el hijo o hijos, mientras
que ahora, para las generaciones más jóvenes, la herencia se constituye en el punto de partida sobre el que se asienta la ayuda y colaboración futura entre el padre y el hijo designado heredero.23
Desde este punto de vista, PROCEDE supuso un punto de
inflexión para todos los ejidatarios, al modificar los tiempos y el momento de nombramiento del heredero, en especial para los más
jóvenes. Por último, apuntar que entre los candidatos designados
no se observa que el momento de designación en relación con el
PROCEDE haya supuesto un tipo particular de heredero.
Nuevo marco de relaciones intergeneracionales
en las familias ejidatarias del sur de Veracruz
La modificación de la propiedad social de la tierra con la reforma del
Artículo 27 constitucional está generando una profunda transformación del sector ejidal: junto con los objetivos propuestos por la reforma de otorgar seguridad jurídica y promover un mayor dinamismo
económico para el sector, está teniendo lugar otra serie de transformaciones que afectan el funcionamiento, la organización y la sucesión de las familias en los ejidos.
En este sentido, Gotman señala que la herencia es un momento totalizante, a partir del cual la historia familiar se divide, constituyéndose en el fin pero también en el comienzo de nuevas relaciones
(Gotman, A. 1988. Hériter. París, Pressee Universitaires de France).
Hasta hace poco, las familias ejidatarias, de manera similar al
conjunto de las familias rurales, han funcionado bajo un sistema
patrilineal, donde el padre ha controlado las relaciones con sus hijos
con base en su capacidad de proveerles los medios necesarios para
asegurar su futuro. Este sistema se asentaba en el trabajo de la tierra como medio fundamental que permitía satisfacer las necesidades
de consumo y contaba con el respaldo de las instituciones ejidales
que fortalecían la autoridad del padre frente a los hijos. Estos dos
elementos han permitido que el sistema o modelo tradicional de las
familias ejidales, denominado “modelo mesoamericano”, se haya
mantenido de forma casi inalterable hasta recientemente. El proceso
de desagrarización (por el agotamiento de la tierra y por la pérdida
de productividad) y la reforma (se ha minimizado el papel de las instituciones del ejido y se ha producido un desplazamiento del interés por parte de los hijos de la tierra hacia el título), han vuelto
definitivamente inviable este modelo, al ser incapaz de asegurar el futuro de las nuevas generaciones.
Con la reforma, el ejidatario pierde el respaldo institucional en
el manejo de la descendencia, que pasa a ser un asunto exclusivamente privado de cada familia. En este sentido, su patrimonio y su
distribución constituyen el principal instrumento para gestionar su
descendencia, pero a la vez, éste ha perdido su capacidad para
asegurar el futuro de los hijos. Además, la falta de rentabilidad y las
nuevas necesidades de consumo no permiten, como en el pasado,
distribuir la tierra entre los hijos, puesto que ésta es requerida por el
propio padre. Más aún, con el incremento de la esperanza de vida,
se está produciendo un retraso considerable en el momento del traspaso definitivo de la propiedad de una a otra generación, con lo que
se produce un desfase en el relevo generacional al dejar de coincidir el momento del retiro del padre con el inicio de la trayectoria laboral del hijo menor.
Bajo estas condiciones familiares y en un contexto de gran
demanda de mano de obra en los mercados del norte, las jóvenes
generaciones del sur de Veracruz se ven en cierta manera “impulsadas” a migrar hacia estos mercados. Esta migración es favorecida
por la reforma de 1992: por un lado, porque la ausencia del ejido
ha dejado de constituirse en una rémora a su posible acceso a la
condición de ejidatario y por otro, a que tras la certificación, el título de propiedad se constituye en un factor que permite el desarrollo
de la migración a Estados Unidos, el gran objeto de deseo por parte de todas las familias y migrantes que viven en los ejidos del sur
A partir de este momento, el proceso de afianzamiento de las
relaciones entre padre e hijos toma un nuevo sentido: el padre es
incapaz de asegurar el futuro de los hijos en su unidad de producción y, por lo tanto, de generar una deuda a su favor que le garantice su apoyo futuro durante la etapa de dependencia, a la vez que
requieren de recursos de los hijos migrantes para asegurar la reproducción familiar actual; los hijos, más aún aquellos migrantes, dejan
de estar interesados en la tierra por su pérdida de rentabilidad productiva y su interés pasa a estar en el título de propiedad. Esta situación impide afianzar las relaciones del padre con los hijos a partir
del recurso de la tierra y únicamente es posible realizarla con uno de
ellos a través del certificado parcelario.
Con la certificación y el desarrollo de la migración de larga distancia y duración al norte se abre un nuevo marco de relaciones
intergeneracionales para las familias del sur del estado de Veracruz.
Para la mayoría de familias que carecen de medios para insertar a los hijos en su unidad de producción y que además requieren
de recursos al margen de la misma, la migración de los hijos al norte
constituye una gran oportunidad para garantizar su reproducción. Sin
embargo, en la medida que los hijos son conscientes de que con la
nueva reglamentación agraria solamente uno de ellos se beneficiará
del patrimonio agrario de la tierra agrícola, en este contexto de movilidad surge un grave riesgo de desvinculación de los hijos migrantes
con su familia de origen. Muchos de estos hijos exigen conocer su
posición en la familia, y exclusivamente en el proceso de sucesión y
de herencia, para mantener por largo tiempo su transferencia de
recursos desde los lugares de emigración.
La herencia de la tierra de esta manera adquiere un interés
renovado, no tanto por su capacidad productiva sino por el nuevo
valor patrimonial que ha adquirido con la certificación. Sin embargo,
la transmisión, dada la nueva reglamentación, adquiere mayor
transcendencia al desaparecer el control que ejercían las instituciones ejidales, por lo que el padre debe de realizar una más exhaustiva selección.
Ciertas familias, ante la migración de los hijos y la necesidad
de recursos al margen de la unidad de producción, se ven forzadas
a tomar una decisión respecto al futuro heredero de la tierra para
asegurarse el apoyo de al menos uno de los hijos y para no correr
el riesgo de desvinculación definitiva de los mismos. Esto es lo que
hace —como se ha visto— que un importante porcentaje de familias
designe de manera anticipada el heredero. En esta situación, la designación de un heredero transforma radicalmente el sentido de la
herencia de la tierra en las relaciones padre-hijos, ya que deja de ser
el resultado de una relación y se constituye en la base de la futura
relación. Esto supone para muchas familias privilegiar la relación con
uno de los hijos mientras se arriesga la relación con el resto: cuando existe gran necesidad por parte de la familia de recursos externos, se suele privilegiar la relación con uno de los migrantes, sin
embargo, cuando no hay esta necesidad inmediata, con la designación se trata de evitar la emigración de al menos uno de ellos. Esta
situación plantea relaciones intergeneracionales presididas por acuerdos explícitos entre las partes y apuntan a una “contractualización”
de las mismas, con derechos y obligaciones.
Sin embargo, hay familias que tienen dificultad para privilegiar
la relación con uno de los hijos, por carecer de un claro candidato
o por contar con más de uno. A pesar del riesgo de desvinculación
de los hijos que migran al norte, pero conscientes de la trascenESTUDIOS AGRARIOS
dencia que tiene hoy día la designación, optan por no decantarse.
En este contexto de incertidumbre, emergen nuevos actores —la
madre y las hijas— y nuevos elementos —el solar urbano— en
el juego de relaciones en la familia, que igualmente vienen a modificar el tradicional marco de relaciones intrafamiliares e intergeneracionales.
La designación de la esposa (madre) permite postergar la designación y esperar la evolución de la trayectoria de los hijos varones, sin decantarse, ni descartar a ninguno. Esto explica que uno de
cada tres ejidatarios registre a la esposa como heredera de la tierra.
De esta manera, la esposa pasa a ocupar un papel destacado en las
Esta decisión a favor de la esposa, así como en aquellos que
optan por no designar a nadie, se ve fuertemente respaldada por la
nueva posición que ocupan las hijas en la familia. Las hijas se han
incorporado recientemente de manera masiva en el flujo laboral, principalmente en los mercados tradicionales, aunque también empiezan
a dirigirse a los nuevos mercados. A diferencia de los hijos, las hijas siempre buscan el respaldo del padre para migrar, sean solteras
o estén separadas o divorciadas.
Las hijas jóvenes y solteras requieren del apoyo del padre para
migrar, recursos económicos y sobre todo contactos para encontrar
trabajo y tener un lugar donde llegar. Es el padre quien busca las
referencias (familiares, amigos o conocidos) o bien se desplaza con
la hija hasta el lugar de migración para asegurar la instalación. Esta
implicación del padre le garantiza un apoyo constante de la hija, al
menos hasta que se case y en muchos casos, incluso una vez casada, continúa ayudando a los padres.
Las hijas que son madres solteras o separadas (situación en
claro aumento en las familias rurales) también han pasado a ocupar
un papel relevante en las alianzas intergeneracionales, como se
muestra en el importante porcentaje de grupos familiares con núcleos
de descendencia formados por hijas que son a la vez madres soltePROCURADURÍA AGRARIA
ras o separadas.24 La hija que es “dejada” o que ella misma abandona al marido y regresa al hogar paterno llevándose sus hijos constituye una situación, sino reciente, sí al menos está adquiriendo cada
vez una mayor relevancia.25 Además, la ruptura con mayor frecuencia es resultado de una decisión de la misma mujer, es decir, es ella
quien abandona a su pareja y se regresa al hogar paterno, mientras
que anteriormente lo más frecuente era que fuera abandonada por
su marido. Estas hijas encuentran en la migración el medio de reivindicar una posición en la familia y de afianzar su relación con el
padre, al convertirse en un importante proveedor de recursos del
hogar para hacer frente tanto a las necesidades de sus hijos como
a las de sus padres. Estas hijas requieren aún más la participación
del padre para poder migrar, ya que necesitan que éstos asuman la
potestad de sus hijos (nietos) para que ellas puedan marcharse.
El apoyo de las hijas permite al padre dejar de depender únicamente del apoyo de los hijos varones y les libera de la urgencia
de sellar la alianza con alguno de ellos a través de la herencia de
la tierra. La posición de las hijas refuerza la estrategia de posponer la
decisión sobre el heredero y/o designar a la esposa.
Además, generalmente las hijas no están interesadas en la tierra agrícola y sí, por el contrario, en un lugar donde construir su
Según el modelo familiar mesoamericano, los hijos al casarse y formar su propia núcleo familiar permanecen un tiempo en la casa del padre, mientras que las hijas al entrar en unión inmediatamente abandonan el hogar paterno y se marchan con su marido. Actualmente en el sur de Veracruz, 12% de los
hogares tiene núcleos de descendencia formados por hijos y 9% formados por hijas (porcentajes que
varían de acuerdo con la etapa del ciclo vital), con la diferencia de que mientras 93% de los núcleos de
los hijos está completo (formado por el hijo y cónyuge con o sin hijos) y resultado de su reciente entrada en unión, 57% de los núcleos de hijas es incompleto (formado únicamente por la hija con sus hijos,
pero sin cónyuge), es decir encabezados únicamente por las hijas y resultado de una ruptura conyugal
(Fuente: MORESO, 1999).
En varios trabajos a nivel nacional se menciona la transformación en la composición de los hogares,
con una disminución del tamaño y con una diversificación en su composición, destacando los hogares
encabezados por mujeres. Tuirán, R. 1993. “Vivir en familia: hogares y estructura familiar en México, 19761987”. Comercio Exterior, julio, 25; Tuirán, R. 2001. “Estructura familiar y trayectorias de vida”. Procesos
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hogares”. Demos. Carta demográfica sobre México, 2000 13, 33-34. En este último trabajo López señala que
en la última década hay un fuerte incremento de los hogares dirigidos por mujeres que pasó de 17.3% en
1990 a 20.6% en el 2000, lo cual hace referencia a la nueva posición de la mujer.
casa. De esta manera, el padre puede sellar la alianza con las hijas
sin comprometer el patrimonio agrario. Ahora bien, en muchos casos
se vislumbra una posible transmisión a favor de alguno de los nietos (hijos de las hijas), en la medida que los hijos se desvinculan y
dado que con la creciente longevidad la fase de reemplazo del padre ya no coincide con la de los hijos, y sí por el contrario con el inicio de la vida laboral de estos nietos.
Esta posición de la esposa y de las hijas plantea un nuevo
marco de relaciones entre géneros y generaciones dentro de las familias ejidales. Lo cual, a su vez, supone un proceso de empoderamiento de la mujer en el medio rural, acrecentado por el hecho de
que en determinadas familias y localidades, la ausencia del hombreesposo, coloca a la mujer en la esfera pública. Así, la mujer participa cada vez con mayor frecuencia en las asambleas ejidales, en las
juntas de pobladores y en todos los asuntos públicos de la localidad,
incluso en determinadas localidades, por primera vez, una mujer
ocupa la agencia municipal.
Por último, mencionar que en la medida que se generaliza la
migración al norte se está produciendo un fuerte proceso de revalorización de los solares urbanos o de espacio para construir, ya que
la construcción de las casas constituye la principal inversión de las
remesas. Esto está llevando a que en determinadas localidades y
familias, los hijos comiencen a estar más interesados en el espacio
urbano que en la devaluada tierra agrícola, con lo que emerge un
nuevo elemento que desplaza la tierra agrícola como el elemento
central y único en el juego de relaciones intergeneracionales.
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jurisprudencia 143/2007 ejidatarios. para acreditar ese
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agrario. zonas urbanas de los ejidos. competencia de los tribunales
Artículo 18 de la Ley Agraria: Los herederos gozarán de tres meses
asamblea general de ejidatarios. carece de facultades para asignar
PALMO Medida de longitud equivalente a la cuarta parte de la vara
sentencia que ordena la subasta pública de derechos agrarios entre

References: Artículo 27
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 Artículo 27
 artículo
56
 artículo 79
 artículo
80
 resolución 
 artículo 17

artículo 10
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Artículo 18