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Sentencia T.S.J. Canarias 26/2010 de 5 de Febrero
Permiso de apertura de hotel: denegación. Se manifiesta que el hotel cumple con todos los requisitos legales exigibles para un hotel de cuatro estrellas y la no obtención del permiso de apertura, es el resultado de una disputa política con el anterior Ayuntamiento. El retraso de la licencia abocó a abrir el hotel puesto que la alternativa era cerrar por no poder hacer fente a las obligaciones, por ello no ha querido vulnerar la normativa sectorial. Ausencia de proporcionalidad de la sanción impuesta, se vulnera abietamente el principio de proporcionalidad cuando no existe una motivación adaptada a las circunstancias particulares del caso. Infracción muy grave. El establecimiento no tiene ni modalidad ni categoría. Infracción muy grave. Desestimación del recurso.
Las Palmas de Gran Canaria a 5 de febrero de 2010
Vistos, por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el recurso contencioso administrativo 210/2008 en el que
interviene como demandante TEIDE 10 representada por la Procuradora Dña Palmira Abengoechea Bistuer y como demandado Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias representada por el Letrado de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, sobre turismo, siendo 105.177 € la cuantía.
Primero.-Por Resolución de fecha 28 de julio de 2008 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias se desestima el recurso de reposición frente a la Orden de la Consejería de Turismo de 31 de marzo de 2008 por la que se impuso multa de 105.177,00 € por infracción de la Ley 7/1995 de 6 de abril de Ordenación del Turismo de Canarias.
Segundo.-por la representación procesal de la parte recurrente se interpuso recurso contencioso administrativo, formalizando demanda con la súplica de que se dicte Sentencia en la que estimando el recurso se anule el acto administrativo por no ser ajustado a derecho.
Tercero.-Por la parte demandada se interesó la desestimación del recurso.
Siendo ponente la Ilma Sra. Dña Cristina Páez Martínez Virel
Primero.-Se impugna la Resolución de fecha 28 de julio de 2008 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias que desestima el recurso de reposición frente a la Orden de la Consejería de Turismo de 31 de marzo de 2008 por la que se impuso multa de 105.177,00 € por infracción de la Ley 7/1995 de 6 de abril de Ordenación del Turismo de Canarias.
Segundo.-Por la representación procesal de la demandante se manifiesta que el hotel cumple con todos los requisitos legales exigibles para un hotel de cuatro estrellas y la no obtención del permiso de apertura es el resultado de una disputa política con el anterior Ayuntamiento de Yaiza.
El retraso de la licencia posteriormente denegada abocó a abrir el hotel puesto que la alternativa era cerrar por no poder hacer frente a las obligaciones. Por ello no ha querido vulnerar la normativa sectorial.
La calificación debiera haber sido la de grave tal como solicitó en las alegaciones cuestión en la que ni siquiera ha entrado la Administración, vulnerándose el artículo 113. 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Según se reconoce en la resolución debe motivarse la cuantía y no se ha citado ningún criterio pues no tiene el establecimiento ni modalidad ni categoría.
Tercero.-La Sala ha declarado en otras ocasiones que "las dilaciones de la Administración en entregar o agilizar los permisos, en su caso, podrían general responsabilidad patrimonial por mal funcionamiento, pero no pueden justificar que entre en funcionamiento el establecimiento sin tener las autorizaciones necesarias previas a las preceptivas comprobaciones sobre calidad, seguridad, etc
Respecto a la ausencia de proporcionalidad de la sanción impuesta, esta Sala en sentencia de 3 de abril de 2008 ha considerado que se vulnera abiertamente el principio de proporcionalidad cuando no existe una mínima motivación adaptada a las circunstancias particulares del caso, que es la motivación exigida en el control judicial del cumplimiento del principio en ejercicio de la potestad sancionadora
El artículo 79.2 de la LOTC "establece un conjunto de criterios o parámetros en el proceso de individualización a los efectos de cumplir la justificación de la adecuación entre gravedad del hecho constitutivo y sanción aplicada, que exige a la Administración actuante el necesario esfuerzo explicativo, no de forma genérica o abstracta, a modo de fórmula de estilo, sino en relación a las circunstancias del caso concreto" Consideramos que "se incumplió la obligación de motivación en lo que se refiere a la sanción impuesta, y que, al igual que hemos proclamado en otras ocasiones, ello debe llevar a la estimación del recurso en este particular con rebaja de dicha sanción al mínimo del grado mínimo al no ponerse de relieve por la Administración, que es la obligada a motivar, una sola razón o criterio de aquellos a los que se refiere el artículo 79.2 de la LOTC para la imposición en una cuantía superior.
Insistir que la obligación de motivación no es algo meramente formal sino que entronca directamente con el ejercicio del derecho de defensa de quien, a los efectos de su ejercicio en vía de recurso administrativo, o, en su caso, en vía judicial, tiene derecho a conocer las razones por las que se le impuso una determinada multa en una determinada cuantía y los criterios en los que se basó para ello la Administración. Y entronca también dicha obligación con el examen revisor a realizar por esta Sala del respeto al principio de proporcionalidad que mal puede realizar por intuición sin que se haya producido una verdadera exteriorización de la decisión administrativa."
Cuarto.-En el presente caso, se trata de una infracción muy grave, en un establecimiento con la modalidad de Hotel, categoría cuatro estrellas, en el que se explotan sin la autorización preceptiva 584 unidades, especificándose además que " consultados los archivos correspondientes se ha podido constatar la existencia de antecedentes...por el mismo hecho infractor".
De lo actuado resultad pues que la multa se ha impuesto dentro del juego conjugado de lo principios de legalidad y proporcionalidad puesto que actuaciones como la que nos ocupa ocasionan un grave perjuicio a la imagen turística de Canarias y a los usuarios turísticos, como posibles destinatarios de los servicios y derechos que le reconoce la normativa turística vigente.
Quinto.-No procede hacer expreso pronunciamiento sobre las costas.
Vistos los artículos citados y demás de general aplicación:
Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de TEIDE 10 SL contra el acto administrativo a que se refiere el antecedente de hecho primero de la presente sentencia por ser ajustado a derecho.
No hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del proceso.
Asi por esta nuestra sentencia que pronunciamos, mandamos y firmamos.
.Publicación:Leída y publicada ha sido la anterior resolución por la Magistrada Ponente Ilma Sra Dña Cristina Páez Martínez Virel en audiencia pública el mismo día de su fecha.CERTIFICO.-El Secretario.-

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 113
 resolución 
 artículo 79
 artículo 79
 resolución