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Timestamp: 2018-11-18 10:05:41+00:00

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ORDEN PRE/1031/2015, de 19 de noviembre, por la que se convocan subvenciones para proyectos de desarrollo y microacciones en el exterior para el año 2016. | Iberley
ORDEN PRE/1031/2015, de 19 de noviembre, por la que se convocan subvenciones para proyectos de desarrollo y microacciones en el exterior para el año 2016. - Boletín Oficial de Castilla y León de 30-11-2015
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León reconoce en su artículo 67.4 que en su acción exterior los poderes públicos de Castilla y León promoverán la paz, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos, la prohibición de cualquier forma de discriminación y la cooperación al desarrollo.
La Ley 9/2006, de 10 de octubre, de Cooperación al Desarrollo contempla en su artículo 13, la cooperación económica en condiciones no reembolsables como una de las modalidades de la política de cooperación al desarrollo y consistirá en la realización de aportaciones a proyectos de inversión con la finalidad de mejorar el capital físico de los países beneficiarios, así como en aportaciones a programas y proyectos de ayuda a los diferentes sectores de estos países, tales como, entre otros, el educativo, el sanitario, el agroalimentario, el de infraestructuras, el social o el productivo.
En consonancia con lo establecido en la Ley 9/2006, el II Plan Director de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León 2013-2016 recoge las prioridades sociales, sectoriales y geográficas que orientarán la política de cooperación en los próximos años.
Por otra parte, la Orden PRE/130/2013, de 6 de marzo, establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para proyectos de desarrollo y microacciones en el exterior, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a organizaciones no gubernamentales de desarrollo, como entidades de carácter privado y sin ánimo de lucro constituidas como agentes de cooperación al desarrollo. El artículo decimotercero de la citada orden prevé que el procedimiento de concesión de las subvenciones se iniciará de oficio, mediante convocatoria pública, adoptada por orden del Consejero de la Presidencia.
1. La presente orden tiene por objeto convocar para el ejercicio 2016, subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a organizaciones no gubernamentales de desarrollo, en adelante ONGD, para colaborar en la financiación de proyectos de desarrollo y microacciones en el exterior que mejoren las condiciones de vida y el desarrollo sostenible de la población de los países empobrecidos, garantizando la sostenibilidad económica, social e institucional de las intervenciones, en el marco de las ayudas económicas no reembolsables.
2. No son objeto de la presente convocatoria las intervenciones concebidas como ayudas reembolsables, fondos de cooperación multilateral, acciones humanitarias o asistencias técnicas internacionales.
3. Los proyectos de desarrollo y las microacciones en el exterior, para ser objeto de subvención, deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Orden PRE/130/2013, de 6 de marzo, por la que se aprueban las bases de concesión de subvenciones para proyectos al desarrollo y microacciones en el exterior.
1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las ONGD, constituidas como agentes de cooperación para el desarrollo de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 9/2006, de 10 de octubre, de cooperación al desarrollo, que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Orden PRE/130/2013, de 6 de marzo, en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
2. En caso de que el proyecto sea solicitado en consorcio por dos o más entidades, todas ellas deberán estar inscritas en el Registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León, según lo establecido en el Decreto 46/2008, de 26 de junio, que lo regula y deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Orden PRE/130/2013, de 6 de marzo.
Tercero.- Socio local.
1. El socio local será el encargado de la ejecución efectiva de la intervención, exceptuando las acciones de sensibilización en el territorio de Castilla y León. Las funciones de seguimiento estarán compartidas por todos los socios del proyecto incluyendo a la entidad solicitante.
2. Podrán presentarse varios socios locales para la ejecución de la intervención, no obstante, habrá de determinarse un socio principal y establecer la distribución de funciones entre socios, preferentemente en un convenio de colaboración previa a la solicitud de la subvención.
3. El socio local deberá estar legalmente constituido en el país de intervención, con personalidad jurídica propia, no tener ánimo de lucro y ser independiente, tanto de la entidad solicitante como de cualquier entidad con ánimo de lucro.
1. La concesión de las ayudas se hará con cargo a la aplicación presupuestaria 01.03.231B08.78005, con un crédito global destinado a la misma por importe de 1.945.000 ¬ para el ejercicio 2016, condicionado a las previsiones que se recojan en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para dicho ejercicio, y a la misma aplicación para el ejercicio presupuestario del año 2017 por importe de 1.700.000 ¬.
2. El presupuesto estimado en el ejercicio 2016 se distribuirá de la siguiente manera: 300.000 ¬ para microacciones en el exterior y 1.645.000 ¬ para proyectos de desarrollo. El presupuesto asignado en esta convocatoria al ejercicio 2017 se destinará en su totalidad a proyectos de desarrollo.
3. No obstante la distribución establecida en el párrafo anterior, de no agotarse el crédito asignado en alguna de las modalidades, el crédito sobrante podrá incorporarse a la otra modalidad mediante orden del Consejero de la Presidencia.
4. Excepcionalmente, y de conformidad con las reglas contenidas en el apartado 2 del artículo 58 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el Art. 16.3 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, esta cuantía podrá ser incrementada en una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria.
1. En el caso de proyectos de desarrollo las subvenciones otorgadas no podrán superar el 80% del presupuesto total del proyecto, sin que en ningún caso este porcentaje pueda exceder de la cuantía de 200.000 ¬.
2. En el caso de microacciones en el exterior las subvenciones otorgadas no podrán superar el 90% del presupuesto total del proyecto, ni exceder de la cuantía de 45.000 ¬.
Sexto.- Compatibilidad.
1. Las subvenciones concedidas al amparo de la presente convocatoria serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad otorgados por otras administraciones o entidades, públicas o privadas, nacionales o internacionales, siempre que su importe total no supere el coste total del proyecto de inversión.
2. Dichas aportaciones, ya fueren concedidas o solicitadas, serán notificadas en un plazo de quince días hábiles al Servicio de Cooperación al Desarrollo y especificar, si fuera el caso, las modificaciones que pudieran conllevar en el conjunto del proyecto y en especial en el plan de financiación.
Séptimo.- Prioridades geográficas, sectoriales y sociales de intervención en el exterior.
1. En el marco de lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 9/2006, de 10 de octubre, que regulan las prioridades de la planificación en materia de cooperación al desarrollo, en el II Plan Director de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León 2013-2016 y en el artículo 5 de la Orden PRE/130/2013, de 6 de marzo, serán preferentes las intervenciones dirigidas a cubrir necesidades fundamentales de la población destinataria.
2. Tendrán una atención preferente aquellas intervenciones implementadas en los siguientes países:
c) América del Sur: Bolivia y Ecuador, así como Colombia y Perú, para aquellos proyectos o intervenciones que cierren procesos de desarrollo.
d) Asia: India, para aquellos proyectos o intervenciones que cierren procesos de desarrollo.
3. Tendrán una atención preferente las intervenciones dirigidas a los siguientes sectores de actuación:
Se priorizarán los proyectos que promuevan la soberanía alimentaria mediante el apoyo a los cultivos, semillas y abonos autóctonos, así como mediante el acceso a recursos productivos, infraestructuras y técnicas para la explotación agraria y rural familiar o comunitaria, enfocada especialmente hacia el autoconsumo.
En el ámbito del agua se priorizará el primer acceso a fuentes de agua potable mediante un enfoque territorial que garantice el derecho al agua, así como el fortalecimiento institucional de los sistemas públicos de abastecimiento de agua potable.
1.º Educación.
En el ámbito de la educación tendrán una atención preferente los proyectos y programas de enseñanza básica, con especial hincapié en la educación primaria, el apoyo a servicios complementarios de la educación y los proyectos destinados al mantenimiento de la población femenina en el sistema educativo-formativo. También serán prioritarios los proyectos de alfabetización, formación profesional y de personas adultas, que faciliten la inserción al mercado laboral. Así mismo, será considerada prioritaria la formación continua del profesorado.
2.º Salud.
En el ámbito de la salud, se priorizarán aquellos proyectos dirigidos a la mejora de los servicios básicos de salud y la atención primaria, la salud sexual y reproductiva, así como la mejora de la atención y servicios de salud y sanitarios a colectivos en situación de especial vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social.
Así mismo, de forma excepcional y en el marco de la crisis global del Ebola, se priorizarán aquellos proyectos dirigidos al fortalecimiento de los sistemas de salud en materia de prevención y protección frente a la epidemia del Ebola en África Occidental.
3.º Habitabilidad básica y saneamiento.
Se priorizarán los proyectos que mejoren las condiciones de saneamiento y habitabilidad básica en asentamientos humanos precarios, especialmente en zonas rurales, remotas o de difícil acceso, y barrios urbanos marginales. Así también serán preferentes las intervenciones dirigidas a apoyar el suministro de electricidad de las edificaciones, especialmente de fuentes de energías renovables.
Se priorizarán los proyectos de desarrollo agrario y rural (incluyendo agrícola, ganadero y forestal) que promuevan la implementación de sistemas de producción y aprovechamiento de los recursos naturales sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, adaptados localmente, para la mejora de la productividad y la diversificación, focalizados en los colectivos más vulnerables. Serán también prioritarias las intervenciones dirigidas a la pequeña industria alimentaria y rural, preferentemente de carácter familiar, de transformación, conservación y comercialización de productos agrarios que permitan un desarrollo rural y local sostenible.
Tendrán una atención preferente las actuaciones dirigidas a fomentar el espíritu emprendedor en la población de países empobrecidos, a apoyar e incentivar la creación de redes de tejido social, el asociacionismo y el cooperativismo, en especial de mujeres y en el ámbito rural, y aquellas intervenciones destinadas a favorecer a las poblaciones más desfavorecidas a través del acceso a nuevas formas de financiación. Así mismo, se priorizarán las intervenciones que busquen la inclusión de colectivos vulnerables en el tejido económico local, así como las intervenciones que garanticen los derechos laborales y sindicales o el trabajo digno.
4. Serán colectivos sociales de atención preferente aquellos en situación de especial vulnerabilidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 9/2006 de 10 de octubre y en el II Plan Director de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León 2013-2016.
1. Serán gastos subvencionables los realizados durante el período de ejecución de las intervenciones que hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del periodo de justificación, así como los gastos derivados de los costes indirectos y de la auditoria de la intervención que sean necesarios realizar durante el periodo de justificación de cada una de las fases de la subvención.
2. A efectos de la concesión de la subvención solicitada se considerarán como gastos subvencionables los siguientes:
1.º Los correspondientes a la compra de terrenos y/o edificios, así como los demás costes directos asociados a esta que puedan ser considerados como integrantes del proyecto. En los proyectos de índole agrícola, no podrán contabilizarse como aportes en especie los terrenos pertenecientes a los beneficiarios objeto de la intervención, salvo aquellos terrenos destinados a actividades o infraestructuras comunes de la implementación del proyecto o ampliación externa de terrenos cuya propiedad recaiga en los beneficiarios. Solo serán admisibles como aporte valorizado los edificios que se transfieran a los beneficiarios a la finalización del proyecto. Las microacciones en el exterior no podrán contemplar entre sus gastos los correspondientes a esta partida.
2.º Los gastos de construcción y/o rehabilitación de edificios y otras estructuras, así como los demás costes directos asociados a esta (materiales y suministros) que puedan ser considerados como integrantes del proyecto o microacción presentados. La mano de obra ligada a estas tareas y los materiales de construcción o rehabilitación necesarios, así como los estudios técnicos se entenderán incluidos en esta partida.
3.º Los correspondientes a la compra y transporte de equipos técnicos y materiales, y los de aquellos profesionales que la empresa proveedora necesite desplazar para el adiestramiento, puesta en marcha y funcionamiento de la maquinaria, así como los demás costes directos asociados a esta que puedan ser considerados como integrantes del proyecto o microacción presentados. Solo serán admisibles como aporte valorizado los vehículos que se transfieran a los beneficiarios a la finalización del proyecto.
4.º Los de personal, debiendo desglosarse debidamente los gastos originados por el personal local y por el personal expatriado. No se podrán incluir en este apartado los gastos del personal de la entidad en España. Sólo se considera personal local el vinculado directamente a la ejecución del proyecto debiendo imputarse el porcentaje del salario correspondiente estrictamente a dicha ejecución. A estos efectos, para la fijación de los salarios a cobrar por la mano de obra local, se atenderá al índice de renta/habitante existente en el país beneficiario.
Se considera personal expatriado aquel personal dependiente de la Entidad solicitante que tiene encomendada la ejecución del proyecto en el marco de la convocatoria. No será considerado como expatriado el «delegado-país» de la entidad solicitante o figura similar, o aquel personal dependiente de la entidad solicitante con funciones de coordinación cuando ya existe la figura de director o coordinador local.
Los gastos de personal expatriado, no podrán imputarse como gasto subvencionable en el caso de las microacciones. En el caso de proyectos de desarrollo, los gastos de personal expatriado que se podrán imputar a la subvención corresponderán al sueldo, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social, y no podrán exceder de 2.000 ¬ brutos por persona y mes. Los gastos imputados a la partida de personal expatriado no podrán exceder del 10% de la subvención solicitada. Asimismo, tampoco se podrá superar el 10% del importe total de la subvención finalmente concedida.
5.º Los relativos al funcionamiento del proyecto. Revisten este carácter los costes directos y los derivados estrictamente de las intervenciones realizadas por la contraparte local que puedan ser consideradas como integrantes del proyecto o microacción presentados. Quedan excluidos los gastos correspondientes al socio local que no sean imputables directamente a la ejecución del proyecto o microacción cofinanciados. Se considerarán incluidos en esta partida:
I.- Los costes relativos a los alquileres de bienes muebles o inmuebles en el terreno, vinculados a la ejecución directa de las intervenciones. No serán subvencionables las sedes locales de la entidad beneficiaria a no ser que estén directamente vinculados a la ejecución de las actividades.
II.- Los costes relativos a la formación profesional y al adiestramiento de los recursos humanos locales cuando sean necesarios para la puesta en marcha de una intervención concreta, que formen parte de esta, o que representen el contenido de un programa de formación o asistencia técnica.
III.- Los gastos financieros, de asesoría jurídica o financiera, notarial y registral, cuando fueran indispensables para la ejecución de la intervención. En este concepto se incluyen gastos derivados de las transferencias bancarias de los fondos al país de ejecución.
IV.- Los costes de funcionamiento del proyecto o microacción en el terreno relativos al desarrollo de las acciones (desplazamientos, dietas y manutención de personal local y participantes). Serán subvencionables los gastos de funcionamientos de los vehículos como las reparaciones, combustible o mantenimiento, aunque no se admitirá como aporte valorizado.
V.- Los gastos relacionados con las acciones formativas (edición y/o adquisición de materiales didácticos o de difusión, material de papelería, etc...).
VI.- Fondo financiero que engloba el montante utilizado para la puesta en marcha y funcionamiento de herramientas de la microfinanciación en proyectos de carácter productivo y que complementen procesos sociales. Quedan incluidos dentro de esta partida los fondos rotatorios, los fondos de ahorro o, entre otros, los microcréditos. Todos los intereses y/o beneficios que pudieran generar dichos fondos, deben revertir directamente en el proyecto. Los gastos imputables a la partida del fondo financiero no podrán superar el 25% del montante total del proyecto y en su caso, el montante de la subvención destinado a dicha partida tampoco podrá superar el 15% del total de la subvención concedida por la Junta de Castilla y León.
6.º Los relativos a gastos de viajes y estancias del personal de la entidad solicitante vinculado al control y seguimiento de las intervenciones. Quedan excluidos los gastos de viajes y estancias del personal local. En el caso del personal expatriado sólo se le podrá abonar la cuantía que corresponda por concepto de viaje desde su localidad de residencia hasta el lugar de destino. No se podrá imputar a la subvención gasto alguno en concepto de alojamiento y manutención de este personal.
7.º Los gastos de auditoría externa. Se consideran incluidos en esta partida la auditoria económica necesaria para la justificación del proyecto subvencionado. Los costes de la auditoría del proyecto subvencionado deberán ajustarse a los precios de mercado y el importe a la subvención en este concepto no podrá sobrepasar la suma de 3.500 euros para el conjunto del proyecto. Toda auditoría con un importe superior a dicha cifra, no imputado a la subvención de la Junta de Castilla y León, será admitida pero el montante extra no contabilizará como parte de la cofinanciación mínima requerida en el artículo 7 de la Orden PRE/130/2013, de 6 de marzo.
8.º Acciones de sensibilización en el territorio de Castilla y León. Dichas acciones y actividades deberán organizarse partiendo de la situación o problemática del sector de intervención, de la población beneficiaria y/o de la zona de actuación abordada en el proyecto de desarrollo. Para ser consideradas como tales, en el marco del proyecto, estas actividades deberán tener un presupuestario mínimo igual o superior al 2% de la subvención solicitada y, en su caso, concedida. La aportación máxima de la Consejería de la Presidencia a estas acciones será del 4%.
No se considerarán actividades de sensibilización subvencionables por esta convocatoria aquellas que se centren en dar visibilidad a la entidad, al socio o contraparte local o al proyecto en sí, como objetivo principal y/o exclusivo de las actividades propuestas.
Los gastos imputables a las acciones de sensibilización en el territorio de Castilla y León podrán incluir los gastos correspondientes al alquiler de equipos o servicios necesarios para la realización de las actividades programadas, los gastos de suministros, los gastos proporcionales del personal contratado específicamente para la realización de las mismas y los costes de funcionamiento relativos a la puesta en marcha y ejecución de éstas. Los gastos del personal que forme parte de la plantilla de la entidad y que colabore en la planificación, ejecución y evaluación de las actividades de sensibilización se deberán incluir en la partida de gastos indirectos.
1.º Los gastos indirectos incluyen los gastos asociados a la administración de la entidad solicitante, el seguimiento del proyecto y la coordinación de las actividades de sensibilización.
2.º Estos gastos no podrán exceder del 9% de la subvención solicitada ni concedida en su caso. La cuantía asignada a cada uno de los proyectos será calculada de acuerdo con lo previsto en el artículo 3 de la Orden PRE/130/2013, de 6 de marzo, relativo a los criterios para determinar la cuantía de las subvenciones.
3.º Se podrán imputar como gastos indirectos todos los gastos administrativos derivados exclusiva y directamente del análisis, seguimiento, control y evaluación, los gastos de personal, teléfono, luz, material de oficina, amortizaciones de equipos de la entidad solicitante, etc. Estos gastos estarán exentos de justificación tal y como prevé el artículo 83.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Así mismo, podrán imputar los gastos referidos a las oficinas en terreno de la entidad solicitante y los gastos de establecimiento de línea de base.
4.º No se podrán imputar los costes indirectos como parte del 20% de cofinanciación, ni como parte de las aportaciones monetarias externas mínimas a la subvención, ni como aporte valorizado vinculado al proyecto.
c) Todos los gastos incluidos en el proyecto deberán estar pagados por el socio local o a nombre del proyecto, no pudiéndose hacer efectivos por la entidad solicitantes exceptuando el personal expatriado, los viajes y estancias, la auditoria externa y las acciones de sensibilización en el territorio de Castilla y León.
d) Los beneficios e intereses financieros generados por la subvención concedida por la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, así como los fondos extraordinarios generados por la modificación de las tasas de cambio de moneda, deberán ser revertidos en el proyecto, incluyendo las actividades de sensibilización. En caso de no consumirse el montante monetario adicional, se considerará como un reintegro ordinario.
e) Los gastos de representación o atenciones protocolarias, los intereses deudores de cuentas bancarias y los gastos derivados de los recargos y sanciones administrativas y penales o los intereses de aplicación a la demora de pagos no serán considerados como gastos subvencionables en ninguna circunstancia.
f) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación no se considerarán gastos subvencionables, según lo dispuesto en el artículo 31.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. El plazo para la presentación de solicitudes finalizará a los treinta días, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
2. Los interesados presentarán la solicitud, conforme al modelo normalizado que podrá obtenerse en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León www.tramitacastillayleon.jcyl.es (código IAPA n.º 1535, Modelo 2625 y 2626) junto los demás documentos requeridos.
3. La presentación de las solicitudes podrá realizarse directamente en el Registro General de la Consejería de la Presidencia sito en la calle Santiago Alba número 1 de Valladolid (47008), así como en los demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Si se presenta la solicitud en las Oficinas de Correos, se hará en sobre abierto para que la solicitud pueda ser fechada y sellada por el funcionario de correos, antes de proceder a la certificación del envío.
4. Asimismo, las solicitudes podrán ser presentadas por vía telemática. Para solicitarlo por dicha vía los solicitantes deberán disponer de DNI electrónico, o de un certificado digital de clase 2CA de firma electrónica emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, o bien de aquellos otros certificados electrónicos que hayan sido previamente reconocidos por esta Administración y sean compatibles con los diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas. Las entidades prestadoras de este servicio reconocidas por la Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada publicada en la sede electrónica (http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).
5. Las entidades podrán presentar un máximo de dos solicitudes: un proyecto de desarrollo y una microacción en el exterior.
a) Solicitud y datos relativos a la entidad solicitante (los que figuren en el Registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo de la Junta de Castilla y León) y al proyecto, firmada por el representante legal.
b) Modelo normalizado que serán cumplimentados de forma rigurosa en todos sus apartados, atendiendo a las indicaciones precisas que en estos se dan. En el caso de los proyectos bienales, se especificarán independientemente los presupuestos y las ayudas solicitadas correspondientes a cada fase anual. Se acompañará cronograma de actividades que establezca el mes y año en que se ejecutará cada una de ellas, para lo que se cumplimentará el apartado reservado al efecto.
c) Se acompañarán los datos del socio local, adjuntándose documentación que acredite la constitución de la entidad y su personalidad jurídica, de conformidad con la legislación del país beneficiario.
Excepcionalmente, la Consejería de la Presidencia podrá exceptuar de presentar la documentación requerida respecto al socio local en aquellos países africanos en que concurran circunstancias que administrativamente imposibiliten la presentación de dicha documentación, siempre y cuando se presente en su lugar la correspondiente certificación expedida por las Oficinas Técnicas de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación o de otras Entidades Públicas competentes en la materia en el país beneficiario. Asimismo, en aquellos países de África en los que con independencia de que exista normativa o procedimiento que regule o reconozca la personalidad jurídica de las asociaciones sin ánimo de lucro, dicho reconocimiento no sea habitual, cabe la posibilidad de eximir de la obligación de acreditar dicha personalidad jurídica a esas entidades que actúen tácitamente en el país sin personalidad jurídica reconocida, debiendo presentarse en su lugar el correspondiente certificado expedido por las Oficinas Técnicas de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación o de otras Entidades Públicas en el que se haga constar dicha circunstancia.
d) Última memoria de actividades aprobada. Facultativamente se acompañará de datos económicos de la entidad solicitante que avalen su gestión financiera.
e) En su caso, memoria explicativa sobre el personal expatriado, entendiéndose por tal aquellos profesionales desplazados a terreno, definiéndose con exactitud, las necesidades detectadas y las funciones que debe desempeñar en el marco del proyecto, el perfil profesional y currículum vitae de cada técnico enviado, precisando el tiempo de permanencia en la zona.
f) Documentación acreditativa, en su caso, del valor de las contribuciones en especie, así como la titularidad y régimen de propiedad de los terrenos e inmuebles vinculados al proyecto.
g) CD con la formulación del proyecto de desarrollo o microacción en el exterior y los anexos complementarios, salvo en las solicitudes presentadas telemáticamente.
h) En su caso, se deberá aportar un desglose presupuestario de los costes de las actividades de sensibilización.
2. La información referida a la acción para la que se solicita la subvención, cumplimentada en los anexos de solicitud correspondiente a proyectos de desarrollo y a microacciones en el exterior, deberá ser expresada de modo claro y realista. Esta información podrá completarse con documentación de soporte técnico como mapas, planos, facturas proforma, certificados, convenios, escrituras, estudios, cálculos de rentabilidad, reglamentos, etc., según lo requiera la naturaleza de la acción, que permita una mejor valoración de aquella. Se cumplimentará el cuadro de inversiones y financiación que figura en la solicitud, de forma rigurosa desglosando de manera detallada cada una de las partidas. En el supuesto de presentación de solicitud de subvención a más de una línea de ayuda de la presente convocatoria, sólo será necesario adjuntar la documentación común en una de las solicitudes, indicando tal circunstancia.
3. En el supuesto de presentación de solicitud de subvención a más de una de las líneas de ayuda, se deberá adjuntar el CD por cada modalidad de subvención.
4. Todos los documentos exigidos por la presente orden o por la Orden PRE/130/2013, de 6 de marzo, deberán ser emitidos o traducidos al español. Así mismo, toda aquella documentación que fuere requerida por el Servicio de Cooperación al Desarrollo o por la Comisión de Valoración también deberá constar en español. No obstante, el órgano instructor se reserva el criterio de reclamar una traducción total o parcial de la documentación, para poder ser adecuadamente valorada.
5. Conforme el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando la solicitud fuera presentada por una agrupación de entidades, el modelo de solicitud deberá ser firmado por el representante de cada entidad y se deberá hacer constar los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. Asimismo, deberá aportarse la documentación acreditativa del vínculo existente entre las entidades, firmada con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de subvención y nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación con poderes para cumplir las obligaciones que como beneficiario corresponden a esta. Igualmente, ambas entidades deben cumplir el requisito de estar inscritas en el Registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo.
6. En el caso de consorcio o agrupación de entidades, cada entidad acompañará a la solicitud los documentos enumerados en el apartado 1 de este artículo a excepción de los establecidos en las letras b), d), g), h) e i) del mismo.
7. En relación a la documentación que prevén los apartados anteriores, cualquier modificación que se produzca durante el período subvencionado, hasta que no se presente la justificación final del proyecto, deberá ser comunicada a la Secretaría General de la Consejería de la Presidencia.
8. La documentación se presentará ordenada y foliada, separando debidamente el documento de formulación del proyecto propiamente dicho de la documentación administrativa y complementaria que se adjunte.
9. Las solicitudes presentadas telemáticamente podrán presentar un CD con la documentación adicional que se considere oportuna y para que sea incluida en la solicitud teletramitada.
10. La documentación deberá ser remitida a la Secretaría General de la Consejería de la Presidencia, C/ Santiago Alba, n.º 1, C.P. 47008 en Valladolid, pudiendo presentarse bien directamente en su registro o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que optaran por presentar su solicitud en una Oficina de Correos, lo harán en sobre abierto para que cada una de las instancias de cada proyecto presentado sea fechada y sellada antes de ser certificada.
11. La siguiente documentación que figure en el Registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo será considerada como vinculante para todos los proyectos presentados al amparo de esta convocatoria:
a) Documento acreditativo de la representación que ostenta la persona firmante para actuar en nombre de la entidad solicitante de la subvención.
b) Documento de Identificación Fiscal de la entidad.
c) Documentación acreditativa de que la entidad está legalmente constituida e inscrita en el Registro oficial pertinente, con indicación de la fecha de inscripción.
d) Estatutos o documento análogo.
e) Dirección a efectos de notificación.
Decimoprimero.- Instrucción del procedimiento.
2. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se procederá por el órgano instructor a su examen, comprobando su conformidad con los requisitos exigidos en la Orden PRE/130/2013, de 6 de marzo y en la presente orden de convocatoria, y verificando el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario.
3. Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano instructor requerirá al interesado para que en el plazo máximo e improrrogable de diez días subsane los defectos o acompañe los documentos preceptivos, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su petición.
4. Se podrán practicar notificaciones utilizando medios electrónicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, así como en el Decreto 7/2013, de 14 de febrero, por el que se regula la utilización de Medios Electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Para ello el interesado podrá señalar dicho medio como preferente o consentir su utilización en la solicitud o en cualquier momento posterior del procedimiento.
5. La Comisión de Valoración examinará, conforme a los criterios determinados en la orden de bases, las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos, emitiendo informe en el que se concretará el resultado de la evaluación, orden de prelación e importe a conceder.
Decimosegundo.- Comisión de Valoración.
La Comisión de Valoración estará constituida por los miembros determinados en el artículo 16 de la Orden PRE/130/2013, de 6 de marzo, e integrada como mínimo por tres personas.
Los criterios de valoración son los que figuran en los artículos 9 y 10 de la Orden PRE/130/2013, de 6 de marzo.
Decimocuarto.- Propuesta de resolución provisional y trámite de audiencia.
1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de valoración, dictará la propuesta de resolución provisional en la que se expresará el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de subvenciones y su cuantía.
2. Dicha resolución provisional será publicada mediante su exposición en el tablón de anuncios de la Consejería de la Presidencia y en las Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano, otorgándoles un plazo de diez días naturales para alegar y presentar los documentos que estimen procedentes.
Decimoquinto.- Reformulación de la solicitud.
1. Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades que hayan de desarrollar el solicitante y el importe de la subvención a conceder sea inferior al que figura en la solicitud, se instará mediante la propuesta de resolución provisional al beneficiario a la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, siempre con anterioridad a la propuesta de resolución definitiva.
2. Cuando la reformulación solicitada obtenga la conformidad de la comisión de valoración, se formulará la propuesta de resolución definitiva.
Decimosexto.- Propuesta de resolución definitiva.
1. Examinadas por la comisión de valoración las alegaciones, documentos, justificaciones y reformulaciones presentadas por los interesados, y de acuerdo a su informe, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, ordenados en función de la valoración obtenida, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. Igualmente, expresará la relación de solicitantes para los que se propone la denegación de la subvención, debidamente motivada.
2. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Decimoséptimo.- Aceptación de la subvención.
1. El órgano instructor publicará la propuesta de resolución que será expuesta en el tablón de anuncios de la Consejería de la Presidencia y en las Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano durante un plazo de 5 días.
2. En el plazo de exposición mencionado las entidades que hayan sido propuestas como beneficiarias deberán aceptar expresamente la subvención, entendiéndose que de no aceptar expresamente en el plazo indicado, el beneficiario propuesto desiste de su solicitud. Cuando haya beneficiarios propuestos que no acepten la subvención y existan solicitantes a los que se les haya denegado exclusivamente por insuficiencia del crédito, la propuesta sustituirá a aquellos por estos en función de la mayor valoración obtenida en la evaluación de las solicitudes, con el límite de los créditos presupuestarios asignados a las distintas líneas de ayudas de la convocatoria para cada anualidad.
Decimoctavo.- Resolución.
1. El órgano competente, a la vista de la propuesta de resolución definitiva, resolverá expresamente la convocatoria de subvenciones en el plazo máximo de seis meses computados a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, salvo que una ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea. El vencimiento de dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa implicará que el solicitante pueda considerar desestimada su solicitud a los efectos de interponer los correspondientes recursos administrativos o contencioso-administrativos.
2. La resolución será motivada, contendrá los solicitantes a los que se les concede la subvención y, de manera expresa, la desestimación del resto de solicitudes.
3. Las subvenciones concedidas se publicarán en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y en la página Web de la Junta de Castilla y León, Secretaría General de la Consejería de la Presidencia, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad.
4. Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrán dar lugar a la modificación de la resolución o, en su caso, a la cancelación de la misma en los términos previstos en el apartado 20 de esta orden.
Decimonoveno.- Plazo de ejecución.
1. Proyectos de desarrollo:
a) El plazo de ejecución de los proyectos para los que se solicita subvención podrá comprender las actuaciones realizadas desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017.
A este respecto, se entenderá por proyectos bienales aquéllos cuyo periodo de ejecución sea de 24 meses como máximo y en su cronograma esté prevista la ejecución de actividades durante el año de la convocatoria y el siguiente a ésta. Los proyectos bienales constan inicialmente de dos fases:
1.º 1.ª fase, con una duración máxima de 12 meses estará comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.
2.º 2.ª fase, con una duración máxima de 12 meses estará comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.
b) En el caso de los proyectos bienales, queda excluida la posibilidad de transferir fondos de la subvención de la Junta de Castilla y León de una anualidad a la otra. En el caso de no ejecutarse la totalidad de la subvención al término de cada periodo de ejecución, se considerará un reintegro parcial de la subvención.
c) Las entidades beneficiarias habrán de iniciar la ejecución del proyecto en el plazo máximo de un mes contado a partir de la fecha de recepción de los fondos correspondientes al anticipo de la subvención otorgada. No obstante, quedarán exentos de dicha obligación los proyectos que tengan una fecha de inicio del proyecto (según formulación de solicitud) posterior a un mes desde la recepción de fondos. En todos los casos, los proyectos deberán comenzar la ejecución en la anualidad económica para la que se concedió la subvención. Deberán comunicar a la Secretaría General de la Consejería de la Presidencia la fecha exacta de inicio mediante modelo normalizado, así como en su caso, el nuevo cronograma. De esta manera, se podrá desplazar el cronograma de ejecución del proyecto en función de la fecha de su efectiva iniciación, manteniendo el número de meses previsto inicialmente para cada una de las fases. En los proyectos bienales, en los que se traslade el cronograma de ejecución del proyecto en función de la fecha de efectiva iniciación, el plazo de ejecución de la primera fase ha de finalizar antes del 15 de agosto de 2017, a fin de que se puedan realizar los anticipos para la siguiente fase dentro del ejercicio económico correspondiente a la segunda anualidad.
d) No obstante, cuando concurran circunstancias muy excepcionales, debidamente acreditadas, que impidan su cumplimiento, los beneficiarios podrán solicitar una prórroga al órgano que concedió la subvención, con la antelación suficiente y siempre antes de la expiración del plazo de ejecución inicialmente previsto, presentando un informe explicativo de los motivos que la justifican. El período de ampliación de éste no podrá superar la mitad de los plazos inicialmente previstos para cada una de las fases, según lo establecido en el Art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En el caso de los proyectos bienales, la autorización de ampliación del periodo de ejecución de la primera fase, implica un desplazamiento del periodo de ejecución de la segunda fase. Autorizada la prórroga en la ejecución del proyecto, automáticamente se desplazará el plazo de justificación en los mismos meses que se ha autorizado la prorroga de ejecución, respetando lo establecido en el párrafo anterior.
2. Microacciones en el exterior:
a) El plazo de ejecución de las intervenciones para las que se solicita subvención podrá comprender las actuaciones realizadas desde el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, no pudiendo superar, por tanto, el periodo máximo de 12 meses de ejecución.
b) Las entidades beneficiarias habrán de iniciar la ejecución de la microacción en el exterior en el plazo máximo de 1 mes contado a partir de la fecha de recepción de los fondos correspondientes al anticipo de la subvención otorgada y siempre dentro del ejercicio en que se le concedió la subvención, comunicando a la Secretaría General de la Consejería de la Presidencia la fecha exacta de dicho inicio mediante el modelo normalizado previsto así como en su caso, el nuevo cronograma de actividades.
c) Podrá desplazarse el cronograma de ejecución de la intervención en función de la fecha efectiva de inicio, manteniendo el número de meses previsto inicialmente.
d) Cuando concurran circunstancias muy excepcionales debidamente acreditadas, que impidan el cumplimiento de este plazo, los beneficiarios podrán solicitar una prórroga al órgano que concedió la subvención, con la antelación suficiente y siempre antes de la expiración del plazo de ejecución inicialmente previsto. El órgano competente podrá conceder una prórroga, por una duración máxima de 30 días naturales contados a partir del día siguiente al último de ejecución previsto en el proyecto. En este caso, automáticamente se desplazará el plazo de justificación en el mismo tiempo que se ha autorizado la prorroga de ejecución.
Vigésimo.- Modificación de las subvenciones.
1. Cualquier modificación sustancial del proyecto, que no comporte la modificación de la subvención concedida, ni la naturaleza de aquél, deberá ser solicitada previa y expresamente, por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y autorizada por el órgano competente para la resolución de la convocatoria.
2. Se considera modificación sustancial del proyecto, toda aquella que afecte a los objetivos, resultados, socio local, localización, beneficiarios, así como a las actividades de sensibilización. Así mismo, se consideran modificaciones sustanciales del proyecto los cambios de más de un 10% de las partidas presupuestarias vinculadas a la subvención concedida, así como los producidos en el cronograma y en las actividades vinculados a la subvención.
3. Las solicitudes de modificación del proyecto deberán presentarse, por el solicitante de la subvención, de forma motivada tan pronto como aparezcan las circunstancias que las justifiquen, junto con un informe explicativo en el que se especifiquen los cambios propuestos, la excepcionalidad de las causas que conducen a la modificación y las repercusiones presupuestarias que ello implica.
4. La modificación del proyecto no podrá suponer que la subvención financie más del 80 por 100 del presupuesto en el caso de los proyectos de desarrollo y del 90 por 100 en el caso de microacciones en el exterior, ni la variación de los límites de porcentaje o cuantía establecidos en los gastos subvencionables.
5. Transcurrido un plazo de treinta días sin haberse dictado y notificado resolución expresa, las entidades solicitantes pueden entender estimadas sus solicitudes por silencio administrativo.
6. Toda modificación sustancial no autorizada por el órgano competente para la resolución, implicará la cancelación total o parcial, previa tramitación del procedimiento contemplado a tal efecto.
Vigesimoprimero.- Anticipos.
1. Podrá anticiparse, previa solicitud por la entidad interesada, el importe del 100% de la subvención concedida por anualidades presupuestarias según lo previsto en el artículo 37.2c) de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, en el artículo 35 de la Ley 9/2006, de 10 de octubre, y en el resto de normas aplicables, en cuyo caso el beneficiario quedará exonerado de constituir garantía de acuerdo a lo previsto en el artículo 42.2 d) del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. El anticipo tendrá la consideración de pago a justificar.
Vigesimosegundo.- Plazo de justificación.
Se aplicará el plazo de justificación establecido en el artículo 24 de la Orden PRE/130/2013, de 6 de marzo.
Vigesimotercero.- Documentación justificativa.
La inversión e impacto del proyecto de desarrollo o microacción en el exterior se justificarán mediante la aportación de los siguientes documentos referidos al importe total de la microacción, del proyecto o de cada una de las fases, en el caso de los proyectos bienales:
1. Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención.
Según la duración anual o bienal del proyecto, se presentará, de acuerdo con los modelos normalizados recogidos en la página web de la Junta de Castilla y León, informe de seguimiento intermedio o memoria final, con especificación de cada uno de los siguientes aspectos: Las acciones realizadas, los resultados obtenidos, los objetivos alcanzados, los problemas detectados y, en su caso, el seguimiento de los fondos de microfinanciación. Se indicarán las modificaciones que hayan podido producirse respecto a lo previsto en la solicitud de subvención, y las previsiones futuras de continuidad. Asimismo, se reflejarán las actuaciones financiadas por la Administración de la Comunidad de Castilla y León y las que se hayan financiado con cargo a otras subvenciones o fondos propios. A esta memoria deberán incorporarse en soporte digital, material escrito, gráfico y audiovisual que pueda ayudar a realizar una mejor evaluación del proyecto.
2. Memoria económica abreviada.
La memoria económica abreviada constará de los siguientes documentos:
a) Certificado del Secretario o persona que tenga atribuidas las funciones de certificación de hechos y acuerdos en la entidad con el visto bueno del Presidente, según modelo normalizado referido a la recepción y destino de los fondos, así como a la condición de no retornables de los impuestos aplicados a los gastos del proyecto.
b) En el caso de cuenta justificativa simplificada, se deberá aportar una relación clasificada, según modelo normalizado establecido del 100% de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación, entre otros conceptos, del acreedor y n.º de documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, así como las cantidades inicialmente previstas y las posibles desviaciones acaecidas en relación a la distribución presupuestaria aprobada, distinguiendo los gastos vinculados a la aportación de la Junta de Castilla y León y al resto de las aportaciones, según modelo establecido.
c) En caso de cuenta justificativa con aporte de informe de auditor, se deberá aportar además del certificado mencionado en la letra a) del presente artículo, un informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y según lo previsto en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo. Los artículos 3 y 7 de la citada Orden EHA establecen los procedimientos de carácter general y específicos que han de ser aplicados en la revisión del auditor de cuentas, así como el modelo de informe auditor, haciendo mención a la comprobación del estampillado en los originales de todos los justificantes de gasto, según lo establecido en el apartado 25 de la presente orden, así como la existencia del documento acreditativo en el que conste la recepción de los fondos en el país de destino. En todo caso, el informe auditor deberá hacer mención expresa a la efectividad de los pagos, así como a la condición de no retornables de los impuestos aplicados a los gastos del proyecto, de acuerdo con la normativa del país.
Así mismo se aportará relación clasificada, según los modelos normalizados de la presente convocatoria del 100 % de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y n.º de documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, así como las cantidades inicialmente previstas y las posibles desviaciones acaecidas en relación a la distribución presupuestaria aprobada, distinguiendo los gastos vinculados a la aportación de la Junta de Castilla y León y al resto de las aportaciones.
En cumplimiento del artículo 25 de la Orden de Bases PRE/130/2013, de 6 de marzo, la autorización o notificación de la designación de la entidad que realizará el Informe del auditor de cuentas deberá hacerse según modelo normalizado establecido.
d) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, la entidad beneficiaria o socio local, en su caso, deberán solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se haya realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.
e) Los fondos financieros precisarán de una justificación adicional, con un análisis económico que se prolongará durante 3 años tras la concesión de la subvención y con un componente técnico que analizará el buen funcionamiento y sostenibilidad del fondo, con una periodicidad semestral.
3. Respecto a los costes indirectos, estarán exentos de justificación aquellos asociados a la administración de la entidad beneficiaria, dentro de los márgenes estipulados en el apartado octavo de la presente orden, que se fijarán en una cuantía equivalente a un tanto alzado porcentual y, de conformidad con lo previsto en el artículo 83.3 d) del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 75.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la técnica de muestreo consistirá en la selección de un 2% de los documentos justificativos, o de al menos dos documentos justificativos de la subvención concedida que serán elegidas por un sistema de selección aleatoria, y presentado en el plazo de 15 días ante el órgano gestor. Los justificantes que se examinarán serán las facturas o documentos de valor probatorio equivalente, según lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, en documento original o bien en fotocopia fehaciente pero solamente cuando se justifique la imposibilidad de aportar el original, que será estampillado conforme a lo previsto en el artículo 73.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,de 17 de noviembre. Deberá acreditarse así también la efectividad de los pagos, preferentemente a través de transferencias bancarias.
5. Aquellos documentos emitidos en idioma distinto del español deberán ser correspondientemente traducidos a éste.
6. A las ayudas bienales les será de aplicación lo dispuesto en este apartado, respecto a cada una de las fases del proyecto.
7. Los proyectos para cuya realización se hubieran solicitado ayudas a otros organismos o instituciones, públicos o privados, deberán acreditar, según el modelo normalizado, su concesión o denegación, incluyendo aquellas cuya resolución sea conocida con posterioridad a la orden de la Consejería de la Presidencia. En el balance económico del proyecto se detallarán todos los ingresos, especificándose, si hubiera lugar, los procedentes de otras Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Unión Europea, aportaciones del país beneficiario, en su caso, o fondos propios.
8. La efectividad de los pagos deberá poder ser verificada mediante transferencia bancaria o excepcionalmente mediante recibí, según modelo normalizado.
Vigesimocuarto.- Propiedad de los bienes adquiridos.
1. Todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos con la subvención concedida deben pasar a ser propiedad de la población beneficiaria del proyecto de desarrollo o de la microacción en el exterior, del socio local que presta los servicios incluidos en el proyecto de desarrollo y, en su caso, de las entidades públicas del país destinatario de la ayuda, debiendo quedar atestiguada dicha transferencia de los bienes aportando la documentación acreditativa en el momento de la justificación.
2. Asimismo, se deberán destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención, al menos, durante cinco años en el caso de los bienes inscribibles en un registro público y de dos años para el resto de bienes, en los términos previstos en el artículo 31.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Vigesimoquinto.- Obligaciones.
Los beneficiarios de las subvenciones quedan sujetos al cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de las que figuren en la respectiva resolución de concesión y, específicamente, de las siguientes:
1. Las entidades perceptoras quedan obligadas a presentar a la Consejería de la Presidencia en soporte digital adaptado los materiales gráficos y audiovisuales relativos al proyecto subvencionado en calidad suficiente para su uso en acciones de sensibilización o información a la ciudadanía sobre la cooperación al desarrollo de la Comunidad Autónoma.
2. Se deberá reflejar, explícitamente, la colaboración de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 119/2003, de 16 de octubre, por el que se aprueba la Identidad Corporativa de la Junta de Castilla y León así como, en su caso, la imagen regulada por normativa vigente nacional en materia de identidad nacional, la imagen corporativa de la cooperación española o la bandera española. Esta obligación será aplicable tanto para las actuaciones en terreno como para la publicación, en cualquier tipo de soporte, de información relativa al proyecto subvencionado en cualquier momento que ésta se produzca, incluyendo las actividades de sensibilización. En caso de incumplimiento de esta obligación se aplicará el régimen previsto en el artículo 31.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como lo previsto en el artículo 93 de este reglamento relativo al reintegro por incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión de la financiación pública recibida.
3. Informar al Servicio de Cooperación al Desarrollo de la realización de las actividades de sensibilización financiadas en el marco del proyecto subvencionado, con una antelación mínima de dos semanas a la realización de las mismas.
4. Todos los justificantes de gasto originales deberán incorporar imputación al proyecto de cooperación al desarrollo o microacción en el exterior. Los documentos originales vinculados a la subvención concedida deberán incorporar además una mención expresa de su financiación por la Junta de Castilla y León indicando su imputación parcial o total a la subvención, así como la cuantía exacta resultante.
Vigesimosexto.- Modelos normalizados.
1. Las entidades solicitantes están obligadas a presentar los modelos normalizados en las diferentes fases del procedimiento: solicitud, aceptación, gestión y justificación de la subvención, que estarán disponibles en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es, así como en la sección específica dedicada a la Cooperación al Desarrollo de la página Web de la Junta de Castilla y León www.jcyl.es.
2. El procedimiento de estas líneas de ayudas se encuentra dentro del Inventario Automatizado de Procedimientos Administrativos con el número 1535.
Vigesimoséptimo.- Responsabilidad y régimen sancionador.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones quedarán sometidas al régimen de infracciones y sanciones administrativas previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Título V de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, adecuándose la tramitación del procedimiento sancionador a lo dispuesto en su artículo 67 y en el Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Regulador del Procedimiento Sancionador de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Vigesimoctavo.- Régimen de impugnación.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponerse con carácter previo y potestativo recurso de reposición ante el Consejero de la Presidencia en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente a su publicación, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o, directamente recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Vigesimonoveno.- Régimen Jurídico.
En lo no previsto en la presente orden, ni por la orden de bases correspondiente, el régimen jurídico aplicable será el establecido por la normativa básica estatal, y sus disposiciones de desarrollo, por la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, por la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, así como por las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, por las normas de derecho privado.

References: artículo 67
 artículo 13
 artículo 7
 artículo 22
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 58
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 3
 artículo 83
 artículo 31
 artículo 38
 artículo 11
 artículo 38
 artículo 28
 artículo 16
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 38
 resolución 
 resolución 
 artículo 37
 artículo 35
 artículo 42
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 83
 artículo 75
 artículo 30
 artículo 73
 resolución 
 artículo 31
 artículo 14
 resolución 
 artículo 31
 artículo 93
 artículo 67