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Timestamp: 2018-11-15 06:46:44+00:00

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LA RESPONSABILIDAD CIVIL ANTE UNA DENUNCIA – PROCEDENCIA – RECAUDOS – EL SOBRESEIMIENTO – LA ABSOLUCIÓN – EL TIEMPO PARA INSTAR LA ACCIÓN CIVIL – EL ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES PENALES.
Condiciones generales para que la denuncia no traiga consigo responsabilidades civiles. La razonabilidad. La absolución del imputado.
La llamada acusación calumniosa y proceso penal en trámite.
Sobreseimiento definitivo o absolución.
Mi posición y la posición en la jurisprudencia es considerar absolución cuando ya no puede ser dictara una sentencia definitiva penal, por cuanto los efectos del sobreseimiento le equivalen.
Relaciones análogas con la absolución. Archivos dispuestos por los fiscales.
El archivo de las actuaciones penales en el Poder Judicial de la Nación. Efectos. Clases de archivos y fundamentos del archivo.
Conclusión respecto del archivo dispuesto por los Fiscales.
Conclusión respecto del archivo dispuesto por los Fiscales en el Poder Judicial de la Nación.
Conclusión Final y ejemplo de responsabilidad civil por denuncia.
A menudo nos encontramos en situación de tener que denunciar, y, esa denuncia, de alguna manera, involucra una atribución directa o indirecta de responsabilidad penal hacia una persona física.
Muy a menudo además, las personas físicas antes de realizar una denuncia se preguntan sobre la responsabilidad que les pudiera llegar a caber por motivo de la misma.
Este es el tema que, en esta subpágina vamos a tratar de esclarecer.
De manera general, la imputación de la comisión de un delito, sea directa u oblicua, no trae, en principio, obligación de resarcimiento económico alguno, ni tampoco por el agravio moral causado sobre el denunciado.
La denuncia es uno de los motores de encendido del proceso penal, que tiende a esclarecer la comisión de un delito.
La primera condición es que la imputación directa u oblicua, sea razonable. Ese juicio de razonabilidad es subjetivo y procede del propio pensamiento de quien la realiza, en tanto y, en cuanto, pudiera pensarse que el denunciante actuó razonablemente y creyendo, dentro de un parámetro lógico que el imputado de un obrar delictivo, bien pudo haber cometido el hecho que constituye un delito.
La ligereza en la denuncia no es admisible y la que trae consigo las responsabilidades civiles. El juicio de razonabilidad procede de las propias condiciones en las cuales, en el momento de los hechos, el denunciante conocía, sin más examen, que la necesidad del Estado, de perseguir los delitos con premura.
Es pues, una situación singular. Como habitantes estamos subjetivamente obligados a denunciar los hechos que constituyen delitos, en tanto así entendamos, al momento, que debieron haberse producido.
Ese juicio de razonabilidad, debe establecerse al momento mismo de la denuncia y conforme a la premura de las circunstancias y teniendo en cuenta que el Estado, dentro de un marco de conocimiento propio, actuaría de igual forma que el particular al impulsar el proceso penal por medio de la denuncia, sin demoras.
En consecuencia podemos establecer la primera condición: el juicio de ligereza en el acto de denunciar, debe realizarse de acuerdo al conocimiento tomado al momento de los hechos que constituyen delitos, y conforme a un parámetro de persecución policial del propio Estado.
El Estado es una persona jurídica ( arts. 30 a 33 del Código Civil ), y tiene, en este punto, iguales deberes e iguales derechos. El Estado no es más ni menos que los particulares, es sólo la comunidad jurídica organizada y por lo tanto, los funcionarios que nos representan, todos, sean designados o no en las urnas, promueven actuaciones penales cuando de las circunstancias del caso, puede pensar el funcionario instructor, que determinada persona es la causante de un supuesto hecho delictivo.
En consecuencia, y paralelamente, el particular tiene iguales derechos, y como forma parte de esa comunidad jurídica organizada, aunque no posea la representación que ejerce el Estado, si el mismo le da curso, es entonces donde podemos verificar una equivalencia de posicionamientos.
En efecto, por un lado, el Estado actúa, y, si lo hace, en virtud de una denuncia o de una “notitia criminis”, ciertamente actúa por motivos propios, y no los que corresponden al denunciante al que habitualmente toma como testigo, salvo los delitos de acción privada, tal como el de injurias.
Este es el juicio de reproche, cuando la denuncia es motor de investigación penal, y el Estado la acepta como elemento suficiente como para perseguir al supuesto delincuente. Aquí observamos que el denunciante está exento de responsabilidad, pero, sin embargo, como veremos luego, ello no le exime del deber del debido auto control.
Si el Estado comienza la persecución penal, no se advierte un solo motivo por el cual, la denuncia del particular pueda ocasionarle una responsabilidad, pero el Estado, es decir, el funcionario que ejerce las funciones de instrucción puede equivocarse, lo que significa que, si bien es cierto que el órgano jurisdiccional, ha admitido la denuncia y ha perseguido el supuesto delito, no exista en el mismo la probabilidad de error. En este caso, si el Estado persigue el delito, en principio, la denuncia se presenta como algo razonable.
Segundo requisito para que la denuncia no genere responsabilidades civiles.
El otro requisito para que el particular no sea pasible de una acción por daños y perjuicios, es que, en su conocimiento particular, no haya ocultado condiciones y circunstancias al momento de realizar la denuncia, o que la misma resulte irrazonable, cuando por las circunstancias del caso, de su conocimiento, la denuncia se enmarque en un absurdo dentro del punto de vista lógico, aún cuando el Estado, pueda haber encauzado una causa penal de investigación por inadvertencia propia del desconocimiento de parámetros subjetivos o bien cuando por este actuar es responsable el mismo Estado, ya que nada quita su responsabilidad civil. El Estado, da seriedad al instruir una causa penal. Trata la denuncia como un hecho procesal verosímil, pero no está exento de errores.
Lo indicado, que el Estado tenga una opinión equivalente, no constituye la certeza en el sentido de la razonabilidad de la denuncia. Obviamente el funcionario estatal puede bien cometer un error, que le puede ocasionar una responsabilidad civil por los daños y perjuicios ocasionados.
El error puede partir de diversos elementos que el Estado no controla adecuadamente pues, su misión es perseguir rápidamente a los responsables desde la órbita penal, y encauzar una causa para la investigación. Mientras el Estado se centra en la velocidad, el particular que denuncia debe centrarse en lo razonable de la misma, ya que la premura en la denuncia del particular, le permite señalar al Estado, el desconocimiento concreto del autor. Hay denuncias que deben efectuarse inmediatamente, mientras otras permiten una mayor reflexión, lo que, en sí mismo, no dilata mucho el tiempo de análisis tampoco.
En este punto, los Fiscales organizados, pueden, a causa de las denuncias, pedir a los jueces ordenar allanamientos y detenciones. Pero la posibilidad del error del Estado, existe como ocurre con los particulares. Lo que ocurre, es que, el error, debe ser razonable, en un juicio de razonabilidad particular y subjetivo, conforme a las circunstancias del momento. Nunca las circunstancias que surjan a posteriori, salvo en el caso del querellante que persigue junto al Estado en carácter de auxiliar de éste, como si fuera una parte en un juicio civil. De donde se sigue, que, el querellante, puede advertir, que su querella, con el correr del tiempo, carece de sentido. No así el mero denunciante.
Se ha fallado: “Tratándose de una denuncia por la cual no solo se deja constancia de un hecho delictuoso, sino que se indica a una persona como única autora responsable de una defraudación, el hecho encuadra dentro de la acusación calumniosa prevista en el art. 1090 del Código Civil, sin que se necesario desde el punto de vista del derecho civil que se haya asumido el rol de querellante. La circunstancia de que no haya prosperado la denuncia prueba que se procedió con poca prudencia, más bien con ligereza al formularla (en el caso, con motivo de la denuncia el ahora actor, persona de bien y sin antecedentes, había sido detenido en la vía pública y encarcelado. Se fijo como indemnización por daño moral la suma de $ 6000) (CNCiv., Sala A, Junio 6 1975). ED, 66-151.
Existe un presupuesto para que la acusación sea calumniosa, desde la órbita civil, la cual consiste en la absolución del imputado, pero ese es un presupuesto de la acción por daños y perjuicios, hay otras semejantes, como por ejemplo, el sobreseimiento penal. Por cuestiones de prejudicialidad se espera el pronunciamiento penal, y se ha dicho al respecto:
“Para que se configure acusación calumniosa, es necesario que e imputado por la denuncia haya sido absuelto en la causa que se le formó a raíz de aquella. Se trata de un presupuesto ínsito en la configuración del ilícito civil, pues solo a través de la sentencia penal absolutoria puede aprehenderse el carácter calumnioso de la denuncia o de la acusación, que origina responsabilidad en el denunciante (en el caso, no se hizo lugar al resarcimiento del daño moral en favor del imputado por haber sido este sobreseído solo provisionalmente en sede penal a raíz de no haberse reunido suficientes elementos de convicción demostrativos de los delitos que se le atribuyeron) (CNCiv., Sala A, Septiembre 4 1985). ED, 116-258
El sobreseimiento definitivo, se ha asimilado a la absolución, por cuanto sobreseer definitivamente a una persona significa
En el mismo sentido se ha fallado:
“Para que se configure el daño moral en el caso motivado en una denuncia penal contra el demandante, resulta necesario que el imputado por la acusación haya sido absuelto en el proceso tramitado en sede represiva; éste es un presupuesto ínsito en la conformación del ilícito civil, ya que solamente a través de la decisión del fuero penal exculpatoria puede llegarse a configurar el cuasidelito civil que motiva responsabilidad en el acusante. Por ello, el fallo absolutorio puede asimilarse el sobreseimiento definitivo de aquel que no alcanzó a ser inculpado, pero estoy firmemente persuadido que desigual consideración ha de merecer el sobreseimiento provisorio. Ahora bien, si en sede penal no se llegó a sobreseerse definitivamente el proceso a la espera de un ulterior esclarecimiento definitivo de la investigación, mal podemos, en sede civil, atribuir a la parte demandada haber incurrido en una conducta cuasidelictual, - art. 1109 y concds. del Código Civil.” “Rossney, Guillermo José c/ Mariño, Osvaldo Alberto s/ Daños y Perjuicios”
Sin embargo hay opinión jurisprudencia encontrada con este sentido, habiéndose señalado la necesidad de sentencia penal absolutoria. Y se ha dicho por la doctrina judicial lo siguiente:
El sobreseimiento definitivo no hace cosa juzgada en los mismos términos que la absolución (Borda, Guillermo A, "Tratado de Derecho Civil Obligaciones", Ed. La Ley, Buenos Aires, 2008, t. II, págs. 487/8; Mosset Iturraspe - Piedecasas, "Código Civil Comentado, Responsabilidad Civil", Ed. Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2007, pág. 268/9; Ibarlucía Emilio A., "Influencia de la absolución penal en sede civil", en Revista del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, nº 3, año 2007; CNCiv. en pleno "Amoruso Miguel G. y otra c/ Casella José L." del 02/04/46; CSJN in re "Sansi Estanislao c/ Ferrocarril Central Argentino" del 15/10/98, fallos 75:407; CSJN, "Quirós Mario c/ Gobierno Nacional", del 25/11/60, fundamentos del Dr. Boffi Boggero; CNCiv, Sala G, "Mongelli Modugno Vicente c/ Citibank NA", del 20/03/07, RCyS 2007, 1077; CNCiv, Sala M, "Olivetto, Nicanor J. y otro c/ Brusasco, Osvaldo J. y otros", del 11/08/06, RCyS 2007, 738; CNCom, Sala C, "22 de Febrero S.A. c/ Dalgar S.A. y otros", del 19/09/03, RCyS 2004, 752; CNCiv, Sala E, "Icardi, Lisandro M. y otros c/ Nalco Argentina SA; Icardi, Reynaldo E. y otro c/ Nalco Argentina SA", del 14/03/05, LL 05/04/06, 9). Tevez - Barreiro - Ojea Quintana. 16476/08 ETCHEGARAY JULIA TERESA C/ PESSINA PABLO S/ ORDINARIO. 12/07/11 Cámara Comercial: F. Código Civil: 1103. GWI6 UTSUPRA: A00386380307.
Asimismo se resolvió
“El artículo 1103 del Código Civil dispone "después de la absolución del acusado, no se podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución". Ahora bien, cabe destacar que "absolver" no es lo mismo que "sobreseer", tanto desde una perspectiva ontológica, etimológica y aún jurídica. Como explican Mosset Iturraspe y Piedecasas, "absolver, que proviene del latín "absolvere", significa dar por libre de algún cargo u obligación, o sea, es la idea de proceso final cuando se llega al convencimiento definitivo de que la persona no es la responsable de la obligación que se le imputaba. En cambio, sobreseer, del latín "supersedere" que significa cesar o desistir, da una clara idea de que se está desistiendo del proceso penal, se está cesando en el proceso penal, por distintas causas, y en una etapa absolutamente diferente" (Mosset Iturraspe-Piedecasas, "Código Civil Comentado, Responsabilidad Civil", Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2007, pág. 265/6). 2. El sobreseimiento no implica absolución, y no procede la aplicación, en tal caso, de la previsión del artículo 1103 del Código Civil. Tevez - Barreiro - Ojea Quintana. 16476/08 ETCHEGARAY JULIA TERESA C/ PESSINA PABLO S/ ORDINARIO. 12/07/11 Cámara Comercial: F. Código Civil: 1103. GWI5 UTSUPRA: A00386379406.-
En sentido diverso se falló asemejándose al sobreseimiento definitivo con la absolución.
“Cabe confirmar la sentencia de grado que admitió parcialmente la demanda promovida contra una Obra Social -O.S.P.L.A.D.- por quien se desempañara como presidente de su Consejo de Administración, a efectos de reclamarle ser resarcido por los perjuicios que dijo haberle causado la conducta del representante de aquélla, quien lo denunciara penalmente, imputándole determinadas irregularidades en la contratación de ciertos prestadores durante su desempeño de tal función, lo que provocó que fuera desplazado de tanto de ese cargo como el de Secretario General de cierto sindicato -Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica- que desempeñara simultáneamente, modificándola únicamente en lo relativo al resarcimiento por tratamiento médico; toda vez que, el referido proceso concluyó por sobreseimiento definitivo, por lo que la sentencia de grado concluyó que la denuncia había sido realizada de modo precipitado, lo cual justificó su responsabilidad civil respecto del aquí accionante; ello, por no haber adoptado los recaudos mínimos de investigación para obtener una información certera que asegurara una denuncia seria, invocando contratos no originales o precontratos, diferentes de los originales que atendían las instrucciones de la Comisión de Administración; además, ya en el transcurso de la causa penal, la accionada había retaceado su colaboración a fin de esclarecer la verdad de lo ocurrido; sin que la demandada criticara ninguno de estos fundamentos”. Vassallo - Dieuzeide - Heredia. 17570/04 ARAUJO, RAÚL JOSÉ C/ OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE S/ ORDINARIO. 29/03/11 Cámara Comercial: D. GTH3 UTSUPRA: A00385463288.-
De lo que se trata, en el debate en torno a si el sobreseimiento definitivo equivale a una absolución, es el alcance del sobreseimiento, pues, si el mismo puede equipararse a una sentencia absolutoria en los efectos, como los efectos son iguales, las consecuencias jurídicas también lo son. De lo que se trata es de evitar el escándalo jurídico de la prejudicialidad. La prejudicialidad, hemos señalado en otra página tiene varias razones ( clic aquí )
No debe dictarse sentencia civil sin que a su vez, se produzca un pronunciamiento penal. Y otras veces, no puede hacerse lo mismo a la inversa.
Ya se trate de una justicia más justa o de una cuestión institucional, más allá de que también existe prejudicialidad civil, en todos los casos, cuando hablamos de prejudicialidad, hablamos del rol del Estado en la administración de Justicia, no admitiéndose de parte de la misma otra cosa que una sola voz, un solo sentido.
De otra manera, el Estado a través del Poder Judicial, dictaría pronunciamientos contradictorios entre sí. De lo que se trata, justamente, es de evitar esto.
Jurisprudencia provincia de Salta y asimilación entre la absolución y el sobreseimiento definitivo:
“Corresponde ordenar la inscripción definitiva en la lista de Síndicos si, habiéndose concedido un plazo de seis meses para que el profesional acredite su desvinculación de la causa penal, se ha probado que había sido sobreseído hacía más de siete años, a la fecha en que solicitó su inclusión, aún cuando las fotocopias que así lo acreditan fueron agregadas con posterioridad al plazo otorgado, si se ha probado la imposibilidad de obtenerlas, por encontrarse el expediente en el Archivo General de la Provincia. Máxime cuando del informe del Registro Nacional de Reincidencia ya surgía que el contador carecía de antecedentes. El plazo fijado por la Corte no puede interpretarse con un criterio excesivamente rígido como para provocar, indefectiblemente, la pérdida del derecho de intervenir como Síndico, al peticionante, teniendo en cuenta que a la fecha de su postulación, el profesional cumplía acabadamente con lo dispuesto en el art. 4º de la Acordada nº 7871. (Del voto de los Dres. Garros Martínez, Posadas y Vicente) Nota del editor: Falta de consignación de fecha de origen. Referencia Oficial.” Fallo relacionado: 05170035 UTSUPRA: A00225397337.
Justamente se ha dicho respecto de este debate.
“Se encuentra discutido en doctrina la cuestión referida a si el sobreseimiento definitivo del acusado equivale a la absolución que prevé el CCiv: 1103, e impide que se dicte en sede civil sentencia que condene a aquél a la reparación del perjuicio. Para algunos la figura del sobreseimiento queda captada dentro de la "absolución" a la que hace mención el art. 1103; y fundan su conclusión en que, aun cuando en tales casos no se involucre en la tramitación de la causa a la víctima, la resolución en cuestión pone fin al juicio y hace cosa juzgada. Para la tesis mayoritaria, en cambio, el sobreseimiento definitivo nunca produce cosa juzgada sobre el veredicto civil, que puede ser dictado libremente por el juez; en razón de que la ausencia de referencia normativa impide recurrir a la analogía como mecanismo interpretativo en una norma restrictiva de derechos (Bueres-Highton, "Código Civil y normas complementarias", T. 3 A, p. 333/4). Por último, un sector participa de un tercer criterio que evalúa no ya el tipo de resolución a la que se arriba en el fuero criminal -sentencia dictada en plenario o sobreseimiento definitivo-, sino las razones en virtud de las cuales se resuelve en tal sentido. Cuando el juez funda el sobreseimiento definitivo en no haber existido el hecho denunciado, o en no ser el procesado su autor, "...parece inconcebible que no se le dé el valor de una absolución del acusado en juicio plenario al que en esa hipótesis ni siquiera se llegó porque faltaba todo mérito para abrirlo..."; quedando, en cambio, el juez civil en libertad de acción, cuando el sobreseimiento se basa en cualquier otro motivo como "...prescripción de la acción penal, oblación del máximo de la multa, amnistía, muerte del imputado o convicción sobre su inocencia..." (Jorge Joaquín Llambías, "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", T. IV-B, p. 96). Tevez - Kolliker Frers - Dieuzeide (Sala integrada). 21644/06, autos:. GONZÁLEZ, NÉLIDA Y OTROS C/ ANTONIO BARILLARI SA Y OTRO S/ ORDINARIO. 30/10/12 Cámara Comercial: E.. HHX6. UTSUPRA: A00384826981.-
Con relación a esto, hemos sostenido que los fiscales carecen de jurisdicción, por lo que no pueden hacer el control, por sí solos, de legalidad ni de constitucionalidad,
debiéndole hacer la correspondiente petición a los jueces. Clic aquí.
Por consiguiente la doctrina judicial se ha manifestado en contra de considerar sentencia, y menos absolutoria, a las disposiciones del Ministerio Público Fiscal atinentes a los archivos de las causas penales.
En efecto se ha sostenido en numerosos fallos que “El archivo de las actuaciones dispuesto por el señor Fiscal no reviste la calidad de sentencia, por lo que no puede atribuírsele el carácter de cosa juzgada en los términos de los arts. 1102 y 1103 del Código Civil.”
SCBA, Ac 88337 S 8-9-2004 , Sergio Raúl c/ Galliani, Gabriel Horacio s/ Daños y perjuicios
SCBA, Ac 92701 S 9-11-2005 , Xing Xiaodong y otra c/ Empresa de Transporte 25 de Mayo S.R.L. s/ Daños y perjuicios
SCBA, Ac 94640 S 19-9-2007 , Fernández, Amorín Víctor y otra c/ Sucesión de Puñet, Pedro s/ Cobro ejecutivo
“El archivo de la investigación penal preparatoria dispuesto por el agente fiscal (art. 268 cuarto párrafo del Cód. Procesal Penal) no reviste la calidad de una sentencia, por lo que no puede atribuírsele el carácter de cosa juzgada en los términos de los arts. 1102 y 1103 del Código Civil, pues sólo puede ostentar la judicatura aquella persona que se encuentra habilitada constitucionalmente para asumir dicho cargo con todas las atribuciones y funciones que la propia Carta estatuye (arts. 5ø, 108, 123 y concs. , Const. Nac.; arts. 1, 160, 166, 168, 169 y 171 Const. Prov.)”
CC0101 LP 249188 RSD-196-7 S 1-11-2007 , Juez TENREYRO ANAYA (SD)
Lazalde, Pamela G. c/ Piczak, Hugo A. y otros s/ Daños y Perjuicios.
Se ha resuelto asimismo:
“No se advierte que el pronunciamiento que se ataca incurra en la alegada transgresión al art. 1103 del C.C.- Ello así toda vez que la cuestión de la prejudicialidad presupone un pronunciamiento en concreto del juez penal sobre la existencia del delito y sobre la autoría o participación del imputado. Asimismo, la ley procesal penal solo contempla con efectos de cosa juzgada, en la etapa de instrucción, el sobreseimiento, y, en la etapa de juicio, la sentencia de condena o de absolución. De allí que el solo archivo de la causa, por no mediar requisitoria fiscal o por entender el juez que los hechos investigados "prima facie" no constituyen delito, no implica ningún efecto jurídico en los términos del art. 1103 del C.C”.. (Voto de los Dres. Balladini y Sodero Nievas). SUMARIOS RELACIONADOS: <14119> - <24610> REFERENCIAS NORMATIVAS: UTSUPRA: A00251639595.-
A pesar de lo expuesto por la jurisprudencia, en el Poder Judicial de la Nación el señor Fiscal no puede disponer el archivo de un expediente penal sin el consentimiento judicial.
Así se lo dispone en los arts. 195 al decir: “La instrucción será iniciada en virtud de un requerimiento fiscal, o de una prevención o información policial, según lo dispuesto en los artículos 188 y 186, respectivamente, y se limitará a los hechos referidos en tales actos.
El juez rechazará el requerimiento fiscal u ordenará el archivo de las actuaciones policiales, por auto, cuando el hecho imputado no constituya delito o no se pueda proceder. La resolución será apelable por el agente fiscal y la parte querellante.”
De donde se obtiene que existe un pronunciamiento judicial que da por finalizada la acción penal debe distinguirse en sus fundamentos.
Como se ha visto, en un fallo anterior, un pronunciamiento definitivo equivalente a sus efectos a la absolución, necesita ser categórico, y no fundamentarse en el hecho de que, por ejemplo, se señale, que, el hecho, “prima facie” no constituye delito, porque el fundamento otorgado de esta forma, permite otra resolución judicial penal ulterior y debe estarse siempre a la definitiva que involucra dicho pronunciamiento judicial categóricamente igual a la absolución en sus efectos.
En otras provincias, como la de Buenos Aires, no existe facultad judicial para aceptar o denegar el archivo de las actuaciones dispuesto por el fiscal, lo que hemos considerado inconstitucional en otra página ( clic aquí ).
Se ha sostenido en el Poder Judicial respecto del archivo de las actuaciones penales lo siguiente:
“La actora considera que tuvo motivos para creerse con derecho a demandar contra la empresa de estibajes, toda vez que, de las constancias de la causa penal ofrecida como prueba, no resultaba claro, al momento de iniciar el juicio, sobre quien recaía la responsabilidad del hecho delictivo, no existiendo indicios de que los autores fueran ajenos a toda relación con el codemandado Fasce S.A.. de la causa penal, no surge constancia alguna que vincule a los imputados del hecho ilícito con la empresa de estibajes. Asimismo, dichas actuaciones fueron archivadas en sede penal el día 28.11.94 mientras que la cedula de notificación del traslado de la demanda y su ampliación fue dejada por la actora en secretaria para su libramiento más de 6 meses después. de ello puede inferirse claramente que al momento de notificar la demanda, no podía la accionante ignorar el estado en que se encontraba la causa penal archivada con anterioridad. Por otra parte, en el "sub lite", la compañía de seguros no rindió prueba alguna que demostrara la responsabilidad que -a su entender- le era imputable al codemandado Fasce de servicios, más aun, desistió de toda prueba relacionada con este último, cuando en la ampliación de demanda había manifestado la necesidad de mantener la acción contra la empresa de estibajes, pues la responsabilidad de esta seria materia de dilucidación en la etapa procesal oportuna. “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS C/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. ENTRE RIOS II Y OTRO S/ FALTANTE Y/O AVERÍA DE CARGA TRANSPORTE MARÍTIMO”. Causa n° 10.197/94. Fecha: 22/06/2000 CÁMARA CIV COM FED: , DE LAS CARRERAS - FARRELL Ficha Nro.: 000009354 UTSUPRA: A00284342832.-
En la Provincia de Buenos Aires, y en todas las Provincias en las que el único titular de la acción penal es el Fiscal, no caben dudas que el archivo de las causas penales no son equiparables a absolución alguna.
Al tener que poseer el asentimiento judicial, y disponerse por pronunciamiento judicial, si los hechos no constituyen delitos, existe un decreto judicial que es equivalente a la absolución, salvo el archivo dispuesto en función de no poder proseguir la causa, por ejemplo, y sólo por dar un ejemplo, aquellas que a las que se les dispone el archivo por necesidad de un pronunciamiento civil previo.
Un ejemplo de esto último lo había constituido el delito de adulterio. se ha hablado de la “prejudicialidad civil”, cuando la condena penal, depende de una resolución en materia civil.
Un ejemplo nos ilustraría al respecto: El adulterio que estuvo tipificado como delito en el Código penal ecuatoriano hasta el 10 de Junio de 1983, para iniciar la acción penal en contra del cónyuge adúltero, era indispensable obtener previamente el pronunciamiento definitivo del juzgador en el fuero civil que estuviera conociendo el juicio tendiente a resolver sobre la demanda de divorcio por la misma causal.
En el Derecho Argentino en general, cualquier investigación de un juez civil, en el que se debate un delito en el fuero civil, sin denuncia alguna puede ser aprovechado por el juez penal y resolver éste las resultas de la investigación que el magistrado civil puede realizar cuando está más adentrado en la investigación.
Sin embargo de que estos aprovechamientos no constituyen prejudicialidad civil obligada.
Los casos más típicos se presentan en cuestiones de familia, como por ejemplo, fijación de cuota alimentaria en trámite donde se investiga algún caudal económico del alimentante para ver si se configura el delito de incumplimiento a los deberes de asistencia familiar, los casos de incumplimiento a los deberes de asistencia familiar donde el cónyuge aún no declarado culpable debe pasar alimentos al inocente, los casos de estafa, que requieren un daño efectivo patrimonial, que se están ya debatiendo en sede civil y pueden no ser tenidos por tales.
La responsabilidad del denunciante habrá de estar a las resultas de un pronunciamiento siempre judicial, que equivalga a la absolución en sus efectos, lo que involucra la posibilidad de accionar por los daños y perjuicios ocasionados al denunciado y siempre y cuando de las circunstancias del caso, resulte que la denuncia antes efectuada fue intencional, o efectuada sin la menor meditación sobre las circunstancias que rodearon la denuncia.
He tenido que instar una acción por daños y perjuicios donde el contratante de una persona de servicio doméstico, acusó inmediatamente a la señora que le hacía la limpieza en su departamento, por el daño ocasionado al honor. En el caso que comento, la denuncia implicaba, por sí sola, un hecho insólito, debía estar en 4 lugares distintos de la Capital Federal, en sólo dos minutos.
Tiempo de prescripción de la acción por daños y perjuicios.
El tiempo de prescripción de la acción por daños y perjuicios corre a partir de la denuncia, no del resultado de la misma, ello así, por el deber del habitante de tener plena confianza en la justicia. Y como no se trata de un contrato, el plazo es de dos años, ya que acción, es de naturaleza extracontractual, la prescripción aplicable es la de dos años que fija el art. 4037 del Código Civil.

References: artículo 1103
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 resolución 
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