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BOLETÍN INFORMATIVO: MAYO 2014 – Grupo ONCE
BOLETÍN INFORMATIVO: MAYO 2014
Miércoles, 28 mayo 2014 / Publicado en Boletin
BOLETÍN INFORMATIVO MAYO 2014
Grupo ONCE es una Firma de líderes en negocios, que proporciona servicios integrales en el sector público y privado, conformados con experimentados especialistas en cada una de nuestras áreas, que cuentan con la visión empresarial necesaria para llevarlo al éxito en los negocios.
Somos una Consultoría generadora de sinergias empresariales, gracias al amplio portafolio de servicios estratégicos, enfocados a la optimización de los recursos con el fin de incrementar su rentabilidad.
La preparación académica así como la experiencia profesional, son los elementos principales que nos han permitido proporcionarles a nuestros clientes la solución de problemas específicos.
• Prevenir al contribuyente sobre cualquier suceso o evento fiscal que tenga consecuencias importantes en el normal desarrollo empresarial.
• Seleccionar la mejor alternativa para optar por la aplicación del régimen tributario que permita lograr ahorros financieros y fiscales.
• Evitar la aplicación y el pago de impuestos innecesarios.
• Obtener una mejor capacidad de adaptación de la empresa a las nuevas reformas fiscales.
• Estar preparados para adoptar con éxito cualquier cambio de la legislación fiscal que tenga como consecuencia una afectación o perjuicio económico.
Nuestra Misión es prestar servicios integrales a las empresas y satisfacer las necesidades de nuestros clientes al más alto nivel de calidad con personal altamente calificado por su experiencia y profesionalismo.
Como parte de nuestro compromiso hemos preparado el presente Boletín donde encontrará una breve opinión y síntesis respecto de las principales noticias en Materia Fiscal y sobre los criterios más relevantes emitidos por los Tribunales Federales, esto con la única finalidad de mantenerlo informado sobre estas actualizaciones y que las mismas le sean de su utilidad.
PRIMERO.- JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SI VINCULA A JUZGADORES MEXICANOS. Como resultado de la Contradicción de Tesis 239/2011, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido o no parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales, al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicho criterio fue sustentado en la Jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.), recientemente publicada en el Semanario Judicial de la Federación.
“La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona”, así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la citada jurisprudencia que lleva por rubro: JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.
A efecto de dar cumplimiento a lo anterior, el Tribunal Pleno dispuso que los juzgadores nacionales deberán observar los siguientes lineamientos:
I. Cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento;
II. En todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y
III. De ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos.
SEGUNDO.- PRODECON. Recomendación Sistémica 003/2014. El pasado 5 de Mayo de 2014 la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente emitió una recomendación sistémica a las autoridades del Servicio de Administración Tributaria con respecto al trámite y procedimiento de devoluciones de saldos a favor de Impuesto al Valor Agregado.
Al emitir la Recomendación Sistémica 003/2014, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente examina la constante problemática a la que se enfrentan los contribuyentes al solicitar la devolución de sus saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado, dado que dicho trámite se ve constantemente obstaculizado y retrasado de manera injustificada a causa de las malas prácticas de la autoridad fiscal; tales como procesos dilatorios, negativas de devolución sin fundamentación y motivación, requerimientos extemporáneos y exorbitantes, desistimientos improcedentes, violación de plazos, entre otros.
Concretamente, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente detectó y analizó las siguientes “malas prácticas administrativas”:
1. INFORMACIÓN DEFICIENTE EN EL PORTAL DE INTERNET DEL SAT. Los contribuyentes no pueden conocer con certeza el estatus que guarda su solicitud, pues únicamente se publican frases ambiguas tales como en “En Revisión” o bien “No Autorizada”.
2. REQUERIMIENTOS EXTEMPORÁNEOS. A los contribuyentes se les solicita documentación e información fuera de los plazos establecidos en la ley.
3. REQUERIMIENTOS INNECESARIOS Y EXCESIVOS. La autoridad formula requerimientos de información y documentación que ya obra en su poder; además, a través de este tipo de solicitudes de documentos e informes, la autoridad fiscaliza sistemáticamente a los contribuyentes fuera del ejercicio de facultades de comprobación.
4. REQUERIMIENTOS GRAVOSOS. Sistemáticamente las autoridades del SAT formulan un segundo requerimiento de información y documentación que pudieron solicitar desde el primer requerimiento, o bien que no tiene congruencia con este último.
5. MOTIVACIONES AMBIGUAS E INCORRECTAS. A los contribuyentes se les tiene por desistidos de sus solicitudes con motivaciones ambiguas e incorrectas. Por ejemplo, sin precisar los documentos que les hicieron falta, se les contesta con vaguedad:“De los documentos aportados, no fue posible comprobar la procedencia de la devolución”.
6. FALTA DE RESOLUCIÓN FUNDADA Y MOTIVADA. Los contribuyentes no conocen las razones específicas por las que la autoridad los tiene por desistidos de su devolución.
7. INICIOINJUSTIFICADO DE AUDITORÍAS FISCALES. La autoridad inicia facultades de comprobación dentro del trámite de devolución sin dar a conocer a los contribuyentes las causas específicas para ello.
En virtud de lo anterior, la recomendación formulada por la Procuraduría a las autoridades del Servicio de Administración Tributaria consiste en emprender las acciones siguientes:
1. Publicar información veraz y exacta sobre el status que guardan las solicitudes de devolución de los contribuyentes, en su portal de internet; absteniéndose de efectuar cambios de manera sorpresiva y caprichosa.
2. Efectuar, cuando proceda, el primer requerimiento de información dentro de los 20 días hábiles que concede la ley y, sólo de resultar estrictamente indispensable emitir, dentro del plazo fatal de 10 días, un segundo requerimiento, fundando y motivando con precisión por qué se solicita información o documentación adicional al primero.
3. Formular, en caso de que proceda, requerimientos congruentes y lógicos con la solicitud de devolución, absteniéndose de cuestionar la forma en que opera el negocio del contribuyente mediante solicitudes de documentación e información desproporcionadas con la materia y el periodo de la solicitud.
4. Requerir información a los contribuyentes únicamente como una medida para constatar la procedencia de la cantidad solicitada, y no como una estrategia para retrasar o rechazar la devolución.
5. Cumplidos los plazos legales y satisfechos los requerimientos que, en su caso, se formulen, las autoridades del SAT deben resolver de fondo sobre las solicitudes de los contribuyentes, negándolas o concediéndolas, pero señalando las razones o causas específicas para ello y no limitarse a tenerlos por desistidos, sin mayores fundamentos y motivos.
6. Ejercer facultades de comprobación dentro de los procedimientos de devolución únicamente cuando funden y motiven de manera específica las causas concretas por las que procede la revisión o visita del contribuyente, es decir, deben indicar en concreto qué es lo que se busca con el acto de fiscalización, en relación con la solicitud de devolución presentada.
7. No ejercer en forma abusiva sus facultades en materia de devolución con el único objeto de retrasar y dilatar injustificadamente las devoluciones que procedan.
8. Respetar y reconocer la presunción de buena fe en los actos de los contribuyentes, por lo que de presumir que la devolución solicitada es fraudulenta, deben fundar y motivar con exactitud ese extremo, ya que es a la autoridad fiscal a quien corresponde la carga de la prueba.
TERCERO.- REFORMAS AL REGLAMENTO DE AGENCIAS DE COLOCACIÓN DE TRABAJADORES. El pasado 21 de Mayo de 2014, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de Agencias de Colocación de Trabajadores”, a través del cual se adecúan las disposiciones de dicho reglamento con las reformas efectuadas a la Ley Federal de Trabajo mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Noviembre de 2011, en materia de vinculación y colocación de trabajadores.
Entre las modificaciones y adiciones efectuadas al citado reglamento, se introduce una nueva disposición conforme a la cual las agencias de colocación de trabajadores que participen en el reclutamiento y selección de trabajadores mexicanos para un empleo concreto en el exterior de duración determinada, deberán observar lo siguiente:
I. Constatar la seriedad y solvencia del empleador ofertante, a través de los controles de información pertinentes, a efecto de salvaguardar los derechos de los trabajadores;
II. Adoptar las medidas pertinentes para cerciorarse de la veracidad de las condiciones generales de trabajo que se ofrecen a los solicitantes en lo referente a vivienda, seguridad social y repatriación, a que estarán sujetos los trabajadores;
III. Constatar que los aspirantes hayan realizado los trámites para la expedición de visa o permiso de trabajo por la autoridad consular o migratoria del país en donde se prestará el servicio;
IV. Informar a los trabajadores sobre el derecho a solicitar protección consular y la ubicación de la Embajada o Consulados mexicanos en el país que corresponda, además de las autoridades competentes a las que podrán acudir para hacer valer sus derechos en el país de destino; así como respecto de las condiciones generales de vida y de trabajo a que estarán sujetos, y
V. Garantizar y, en su caso, sufragar los gastos de repatriación de aquellos trabajadores a los que se les haya incumplido las condiciones de trabajo ofrecidas. (Deberán presentar fianza o depósito para garantizar los gastos de repatriación que correspondan)
Así mismo, se establece que la autorización y registro de funcionamiento de las agencias de colocación de trabajadores con fines de lucro, así como la aprobación de sus tarifas, se deberán solicitar mediante la presentación del formato que emita la Secretaría, debiendo además proporcionar la siguiente información y documentación:
I. Nombre, denominación o razón social del solicitante. Tratándose de personas morales deberán acompañar original o copia certificada del acta constitutiva y, de sus reformas, en los casos de cambio de objeto o denominación social, y del instrumento mediante el cual se acredite la personalidad jurídica e identificación oficial de su representante, así como copias fotostáticas de dichos documentos para su cotejo y certificación;
III. Original y copia para cotejo de la constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes;
IV. Registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su caso;
V. La tarifa que se pretende cobrar;
VI. El contrato modelo que utilizará en la prestación de sus servicios, el cual deberá informar sobre su gratuidad a los solicitantes de empleo y contener un apartado para describir la naturaleza del trabajo, servicio o servicios especiales que, en su caso, desarrollará el trabajador, y
VII. Para el caso de las agencias de colocación de trabajadores a que se refiere el artículo 9 Bis de este Reglamento, fianza o depósito por el monto que determine la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para garantizar y en su caso sufragar, los gastos de repatriación que correspondan de aquellos trabajadores a los que se les haya incumplido las condiciones de trabajo ofrecidas.
Aunado a lo anterior, se establece que, de acuerdo a las constancias de autorización y registro que obren en los expedientes, las órdenes de inspección deberán precisar si se trata de una agencia con o sin fines de lucro y, en su caso, si envía trabajadores mexicanos al extranjero, a efecto de que el inspector aplique el protocolo correspondiente.
La ausencia de información o registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, hará presumir que se trata de una agencia de colocación de trabajadores con fines de lucro, salvo prueba en contrario.
Finalmente, cabe también destacar la fijación de nuevas sanciones, las cuales consisten en las multas siguientes:
a) De 50 a 1500 veces el salario mínimo general, a las agencias de colocación de trabajadores que violen las disposiciones contenidas en los artículos 8, 9, fracciones II, IV y V, 10, fracción II Bis, 11, 15 y 20 del Reglamento.
b) De 50 a 3300 veces el salario mínimo general, a las agencias de colocación de trabajadores que violen las disposiciones contenidas en los artículos 10, fracción IV, 21, primer párrafo y 28 del Reglamento;
c) De 50 a 5000 veces el salario mínimo general, a las agencias de colocación que violen las disposiciones contenidas en los artículos 4, primer párrafo, 5, 6, 9, fracciones I, III, VI, VI Bis y VIII, 9 Bis, fracciones I, II, III, IV y V, 10, fracciones I, II, II Ter y III, y 22 del Reglamento, y
d) De 250 a 5000 veces el salario mínimo general, a las agencias de colocación de trabajadores que no permitan la inspección y vigilancia de sus establecimientos.
El decreto entró en vigor el día 22 de Mayo de 2014.
CUARTO.- NUEVO CRITERIO NORMATIVO SAT 00/2014/ISR. El pasado 14 de Mayo de 2014 se publicó en el Portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria el Oficio No. 600-04-07-2014-3066 de fecha 06 de Mayo de 2014, a través del cual se derogaron diversos criterios normativos emitidos en 2013, por haber quedado éstos sin materia en virtud de la Reforma Fiscal 2014 o por haber sido incluidos en el Código Fiscal de la Federación reformado.
Sin embargo, en el referido oficio también se da a conocer un nuevo criterio normativo aprobado por el Comité de Normatividad del Servicio de Administración Tributaria durante el primer trimestre de 2014, por virtud del cual se señala que el hecho de que el artículo 54, fracción VII , de la Ley del Impuesto Sobre la Renta prevea la no retención por el pago de intereses tratándose de las ganancias obtenidas por operaciones financieras derivadas de capital referidas al tipo de cambio de una divisa que se realicen en mercados reconocidos, no implica que se asigne a tales operaciones la naturaleza de intereses ni de operaciones derivadas de deuda.
Dicho criterio se reproduce textualmente a continuación:
Operaciones financieras derivadas de capital referenciadas al tipo de cambio de una divisa. El hecho de estar previstas en una disposición que regula la no retención por el pago de intereses no altera su naturaleza.
El artículo 16-A, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación establece que se consideran operaciones financieras derivadas de deuda, aquéllas que estén referidas a tasas de interés, títulos de deuda o al Índice Nacional de Precios al Consumidor; y que se entiende por operaciones financieras derivadas de capital, aquéllas que estén referidas, entre otros supuestos, a divisas.
El artículo 54, segundo párrafo, fracción VII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que no se efectuará la retención por el pago de intereses tratándose de las ganancias obtenidas en las operaciones financieras derivadas de capital referenciadas al tipo de cambio de una divisa que se realicen en los mercados reconocidos a que se refiere el artículo 16-C, fracción I del Código Fiscal de la Federación.
El artículo 20, cuarto párrafo de la Ley en comento prevé que se dará el tratamiento establecido en dicha Ley para los intereses, a la ganancia o la pérdida proveniente de operaciones financieras derivadas de deuda; sin embargo, dicho tratamiento no es extensivo a las operaciones financieras derivadas de capital en los términos de las disposiciones referidas.
Por tanto, el hecho de que el artículo 54, segundo párrafo, fracción VIII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta prevea un supuesto de no retención tratándose de las ganancias obtenidas en las operaciones financieras derivadas de capital referenciadas al tipo de cambio de una divisa no les otorga la naturaleza de operaciones financieras derivadas de deuda ni de intereses.
JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS RELEVANTES DEL
PODER JUDICAL DE LA FEDERACIÓN
Registro: 2006257
Publicación: viernes 25 de abril de 2014 09:32 h
Tesis: 2a. XXXVI/2014 (10a.)
CAPITALES CONSTITUTIVOS. EL ARTÍCULO 77, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL QUE PREVÉ SU FINCAMIENTO, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICAS. El señalado precepto legal, al establecer que el patrón está obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos de trabajo y que los avisos de ingreso o alta de sus trabajadores asegurados y los de modificación de su salario, entregados al Instituto Mexicano del Seguro Social después de ocurrido el siniestro, en ningún caso lo liberarán de la obligación de pagar los capitales constitutivos, aun cuando los hubiese presentado dentro del plazo de 5 días hábiles previsto en el artículo 15, fracción I, de la Ley del Seguro Social, no transgrede los principios de seguridad y certeza jurídicas a que se refieren los numerales 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, si se toma en consideración que el plazo de 5 días hábiles contenido en el artículo 77, párrafo cuarto, en relación con el diverso 15, fracción I, de la Ley del Seguro Social, se refiere a aquel dentro del cual el patrón, sin responsabilidad, podrá presentar ante el Instituto los avisos de ingreso o alta de los trabajadores asegurados o aquellos relativos a sus modificaciones salariales, en el entendido de que para efectos de subrogación en caso de un siniestro, el Instituto sólo responderá a partir de que se presente el referido aviso, por lo que si se hace con posterioridad a que el siniestro acontezca, el patrón no puede pretender que el Seguro Social afronte un riesgo ya ocurrido, pues para que ello suceda sería necesario que la inscripción se hiciera desde el primer día de trabajo. Por tanto, queda a elección del patrón afiliar desde el primer día a su trabajador y quedar protegido contra riesgos de trabajo o esperar y asumir el riesgo de que se presente una contingencia laboral, ya que el fincamiento de capitales constitutivos no atiende a la afiliación del trabajador dentro del plazo legal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, sino que el patrón debe cubrir el costo del servicio cuando tal inscripción se lleva a cabo después de acontecido el riesgo, aunque eso suceda dentro del plazo que para ello establece la ley, por no ser admisible que el Instituto responda respecto de sucesos ocurridos con anterioridad a la afiliación del trabajador, toda vez que el seguro obtenido mediante la inscripción únicamente puede afrontar los acontecimientos futuros, sin poder darse efecto retroactivo alguno
Amparo directo en revisión 3921/2013. Manpower Industrial, S.A. de C.V. 15 de enero de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado.
Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Registro: 2006234
Tesis: 1a. CLVII/2014 (10a.)
COMPROBANTES FISCALES. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO POR UNA INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Cuando se concede el amparo en virtud de una interpretación conforme de los citados artículos, que regulan los comprobantes fiscales, con la Constitución Federal, en términos de la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación T.A. CLVI/2014 (10a.), de rubro: “COMPROBANTES FISCALES. INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LOS REGULAN, CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”, el efecto de la sentencia deberá ser para que se emita una nueva en la que se tome en consideración que no puede cuestionarse la validez de un documento fiscal (factura) por la presencia de un elemento ajeno a la operación que pretende comprobar el contribuyente para efectos de deducir o acreditar, como el hecho de que quien lo expidió no presentó un aviso de cambio de domicilio, pues a lo que deberá atenderse es que el comprobante reúna todos los requisitos formales para ser válido para efectos fiscales y, una vez que se determine que cumple con las formalidades previstas en el Código Fiscal de la Federación, verificarse que acata las exigencias de la ley respectiva, para que el gasto pueda considerarse como deducible o acreditable según corresponda.
Amparo directo en revisión 2909/2012. Club Real Resort. S.A. de C.V. 3 de abril de 2013. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes reservaron su derecho a formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce.
Registro: 2006235
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)
Tesis: 1a. CLVI/2014 (10a.)
COMPROBANTES FISCALES. INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LOS REGULAN, CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. De los artículos 27, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, vigentes en 2009, deriva la obligación para quienes presentan declaraciones periódicas o estén obligados a expedir los comprobantes fiscales por las actividades que realicen, a solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y proporcionar información relacionada con su identidad y, en general, sobre su situación fiscal mediante los avisos correspondientes. En cuanto a la posibilidad de utilizar comprobantes fiscales para deducir o acreditar determinados conceptos, el citado artículo 29, párrafo tercero, prescribe para tal efecto, que quien los utilice, está obligado a cerciorarse de que el nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expide y aparece en ellos, son los correctos, así como verificar que contiene los datos previstos en el artículo 29-A aludido. Este cercioramiento únicamente vincula al contribuyente (a favor de quien se expide el comprobante) a verificar que esos datos estén impresos en el documento, pero no a comprobar el cumplimiento de los deberes fiscales a cargo del emisor, pues su obligación se limita a la revisión de la información comprendida en la factura, nota de remisión o comprobante fiscal de caja registradora. Así, de una interpretación conforme de los referidos numerales con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el documento fiscal se integra con una serie de elementos que permiten comprobar su veracidad, por lo que no es posible interpretar dichas normas con el fin de que el documento fiscal pierda validez por un elemento ajeno a la operación que pretende comprobar el contribuyente para deducir o acreditar, como el hecho de que el contribuyente que lo expidió esté como “no localizado” por parte del Servicio de Administración Tributaria, pues dicha interpretación no puede llegar a ese grado, porque sería contraria a la norma constitucional que prohíbe la actuación arbitraria de la autoridad (principio conocido como interdicción de la arbitrariedad). Lo anterior es así, porque el hecho de que quien expidió un documento fiscal cambie su domicilio sin dar el aviso respectivo, no invalida la formalidad de éste, ya que lo trascendente es la operación y documentación que la ampara; sin que lo anterior implique que por el solo hecho de que el documento cumpla con los requisitos formales aludidos sea suficiente para que el contribuyente pueda hacer deducible o acreditable el gasto que quiere soportar, pues el documento simplemente es el elemento que permitirá, posteriormente, que sean verificados los demás elementos que requiere la ley para ello.
Amparo directo en revisión 2909/2012. Club Real Resort. S.A. de C.V. 3 de abril de 2013. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes reservaron su derecho a formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce.
Publicación: viernes 11 de abril de 2014 10:09 h
CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Si bien es cierto que, acorde con los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que constituye un control difuso de su constitucionalidad y convencionalidad, también lo es que subsiste el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La diferencia entre ambos medios de control (concentrado y difuso), estriba en que, en el primero, la competencia específica de los órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de su ejercicio es precisamente el análisis de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, por tanto, la controversia consiste en determinar si la disposición de carácter general impugnada expresamente es o no contraria a la Constitución y a los tratados internacionales, existiendo la obligación de analizar los argumentos que al respecto se aduzcan por las partes; en cambio, en el segundo (control difuso) el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad no integra la litis, pues ésta se limita a la materia de legalidad y, por ello, el juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo argumento de las partes, puede desaplicar la norma. Ahora bien, en el juicio contencioso administrativo, la competencia específica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es en materia de legalidad y, por razón de su función jurisdiccional, este tribunal puede ejercer control difuso; sin embargo, si el actor formula conceptos de nulidad expresos, solicitando al tribunal administrativo el ejercicio del control difuso respecto de determinada norma, de existir coincidencia entre lo expresado en el concepto de nulidad y el criterio del tribunal, éste puede inaplicar la disposición respectiva, expresando las razones jurídicas de su decisión, pero si considera que la norma no tiene méritos para ser inaplicada, bastará con que mencione que no advirtió violación alguna de derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesario que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, dando respuesta a los argumentos del actor, pues además de que el control difuso no forma parte de su litis natural, obligarlo a realizar el estudio respectivo convierte este control en concentrado o directo, y transforma la competencia genérica del tribunal administrativo en competencia específica. Así, si en el juicio de amparo se aduce la omisión de estudio del concepto de nulidad relativo al ejercicio de control difuso del tribunal ordinario, el juzgador debe declarar ineficaces los conceptos de violación respectivos, pues aun cuando sea cierto que la Sala responsable fue omisa, tal proceder no amerita que se conceda el amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar respuesta a ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene competencia primigenia respecto del control de constitucionalidad de normas generales y, por ello, puede abordar su estudio al dictar sentencia. Si, además, en la demanda de amparo se aduce como concepto de violación la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley, el juzgador sopesará declarar inoperantes los conceptos de violación relacionados con el control difuso y analizar los conceptos de violación enderezados a combatir la constitucionalidad y convencionalidad del precepto en el sistema concentrado.
Registro: 2006118
Publicación: viernes 04 de abril de 2014 10:40 h
Tesis: I.6o.T.94 L (10a.)
CUENTA INDIVIDUAL. REQUISITOS PARA QUE PROCEDA LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS DE LAS SUBCUENTAS DE RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ, Y VIVIENDA DEL TRABAJADOR. Del contenido de los artículos 154, 159, fracción I y 190 de la Ley del Seguro Social, se advierte que, para tener derecho a la devolución de los recursos de la cuenta individual de la subcuenta de retiro, cesantía y vejez, el actor debe tener sesenta años de edad o más, para poder retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir las mil doscientas cincuenta semanas de cotización necesarias para que opere la pensión de cesantía en edad avanzada. Asimismo, de los artículos 40 y 43 BIS de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en relación con los citados de la Ley del Seguro Social, se advierte que la devolución de recursos de la subcuenta de vivienda se encuentra condicionada a que el trabajador obtenga una pensión y que no haya recibido un crédito para vivienda, o a que el trabajador tenga sesenta años de edad o más; por tanto, si en el caso, el actor mencionó que no había recibido una pensión y que tenía menos de sesenta años, entonces, es evidente que no tiene derecho a la devolución de los recursos de las subcuentas mencionadas.
Amparo directo 1514/2013. Raúl M. Martínez Hernández. 27 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Teresa de Jesús Castillo Estrada.
Esta tesis se publicó el viernes 04 de abril de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Registro: 2006285
Materia(s): (Constitucional, Laboral)
Tesis: VII.4o.P.T.3 L (10a.)
CUOTAS OBRERO PATRONALES. AL TRATARSE DE UN DERECHO DE SEGURIDAD SOCIAL IMPRESCRIPTIBLE A FAVOR DE LOS TRABAJADORES PROCEDE SU PAGO RETROACTIVO, AUN CUANDO YA NO EXISTA NEXO LABORAL. La seguridad social constituye un derecho a favor de los trabajadores establecido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entre otras cosas, se traduce en su inscripción ante los institutos de esa naturaleza y el consecuente pago de las cuotas obrero-patronales; de ahí que cuando se demanda del patrón que cumpla con tales obligaciones, al quedar evidenciada la existencia de la relación laboral entre el actor y demandado, sin que este último probara que lo inscribió mientras duró el vínculo jurídico, y aunque a la fecha en que se formula esta reclamación ya no existía el nexo laboral, el tribunal del conocimiento debe condenar al patrón a que inscriba al actor en el régimen de seguridad social y entere las cuotas obrero patronales respectivas, por ser imprescriptibles las prestaciones de seguridad social, incluyendo las relacionadas con la vivienda y fondo de ahorro, hasta el día en que subsistió la relación laboral, ya que su cumplimiento durante la vigencia del vínculo contractual es de tracto sucesivo, lo que constituye una serie de derechos adquiridos; de manera que se garantice al trabajador sumar las aportaciones que otros patrones hubieran realizado, antes o después de aquella relación pues, de lo contrario, quedarían sin efectividad ciertos derechos, que pudieran haberse generado durante la existencia de aquella relación en las cuales el patrón fue omiso en realizarlas, de los cuales el trabajador conservaría su beneficio si hubiese sido derechohabiente de las instituciones de seguridad social, a saber: a) El reconocimiento e incremento de cotización de semanas; y, b) El ser titular de una cuenta individual con la subcuenta de ahorro para el retiro; y que, conjuntamente con otros requisitos, podrían dar lugar, mediata o inmediatamente, a la asignación de alguna de las pensiones instituidas en la ley, con todos los derechos inherentes de mantener depositadas en su cuenta individual, en la subcuenta de vivienda, aquellas aportaciones que el patrón hubiera enterado y, excepcionalmente, verse favorecido con alguno de los créditos o beneficios implantados en materia de vivienda, hasta antes de llegar a retirar los fondos de tales subcuentas, o bien, para el caso de su fallecimiento, sus beneficiarios reciban los saldos correspondientes debidamente actualizados por el patrón.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Amparo directo 603/2013. José Luis Pazzi Maza. 7 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Riveros Caraza. Secretaria: María Isabel Morales González.
Registro: 2006240
Tesis: 1a. CLXX/2014 (10a.)
DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO CONSTITUYE UNA MEDIDA CONFISCATORIA DEL PATRIMONIO DE LOS CONTRIBUYENTES. El citado precepto prevé que, tratándose de la omisión en la presentación de una declaración periódica para el pago de contribuciones, las autoridades fiscales podrán hacer efectiva al contribuyente o al responsable solidario que haya incurrido en la omisión, una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución de que se trate. Ahora bien, esta determinación presuntiva de contribuciones no constituye una medida confiscatoria del patrimonio de los contribuyentes, toda vez que la confiscación implica la apropiación violenta, por la autoridad, de la totalidad de los bienes de una persona o de una parte significativa de éstos, sin título legítimo y sin contraprestación, lo que no se encuentra permitido en esa norma tributaria, ya que la presunción relativa determinada al contribuyente en los términos del artículo 41, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, no busca sacrificar la capacidad contributiva del sujeto pasivo en aras del sostenimiento del gasto público, sino que delimita ambos bienes de forma que se obtenga una eficacia óptima en el reparto de las cargas públicas, desmotivando el incumplimiento del particular y obligándolo a tributar mediante una determinación presuntiva, sin la cual no aportaría contribución alguna, por lo que el parámetro adoptado por el Congreso de la Unión en el citado precepto legal, no torna ruinosa o confiscatoria la cantidad determinada, al permitir la prueba en contrario.
Amparo directo en revisión 4514/2013. Comercializadora Promojol, S.A. de C.V. 12 de marzo de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada.
Registro: 2006239
Tesis: 1a. CLXIX/2014 (10a.)
DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES. EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, NO INFRINGE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. La finalidad del Congreso de la Unión al aprobar el procedimiento de determinación presuntiva desarrollado en el artículo 41, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, fue establecer una base objetiva que permita motivar correcta y suficientemente la cantidad a pagar con motivo de la omisión en el pago de la contribución respectiva, por lo cual, para desmotivar el incumplimiento del contribuyente, se estableció que la cantidad a pagar fuera igual al monto mayor que se hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución omitida. En ese sentido, el parámetro adoptado por el legislador federal responde a criterios de razonabilidad, es decir, no se previó una presunción arbitraria, sino que al determinarse la cantidad a pagar, se tuvo como fin legítimo el reparto justo de las cargas públicas, desmotivando el incumplimiento del contribuyente y obligándolo a tributar mediante una determinación presuntiva, sin la cual no aportaría contribución alguna. Así, el parámetro adoptado por el Congreso de la Unión, apoyado en una presunción iuris tantum, no infringe el principio de proporcionalidad tributaria reconocido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al basarse la carga fiscal en índices aportados por el propio contribuyente en sus seis últimas declaraciones, justificándose razonablemente esa medida en los términos apuntados, sin que exista exigencia constitucional para el citado Congreso para considerar un método diverso, porque el ejercicio de la facultad de ese órgano legislativo persigue una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, la cual no se revela como expresión de un uso distorsionado de la discrecionalidad, es decir, no resulta arbitraria, amén de admitir prueba en contrario dentro de límites precisos y objetivos, consistente en la presentación de su declaración (medio idóneo), a efecto de que el contribuyente destruya tal presunción autodeterminándose para atender a su verdadera capacidad contributiva.
Registro: 2006241
Tesis: 1a. CLXVIII/2014 (10a.)
DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES. SU ANÁLISIS A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el principio de proporcionalidad tributaria reconocido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, aportando una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada, esto es, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción. Asimismo, ha señalado que, conforme al artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, el contribuyente debe determinar las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario, es decir, es en el causante en quien recae la obligación de determinar, en cantidad líquida, las contribuciones a enterar, mediante operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las tasas tributarias establecidas en la ley. Así, la autodeterminación de las contribuciones parte de un principio de buena fe, el cual permite al contribuyente declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias e identificar, por consiguiente, su capacidad para contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, la determinación presuntiva de contribuciones por parte de la autoridad tiene lugar cuando el contribuyente violenta el principio de la buena fe, y como resultado de ello la autoridad no está en aptitud de conocer con veracidad las operaciones por él realizadas; de ahí que la función de la presunción es, por tanto, dar certeza y simplicidad a la relación tributaria, ante el incumplimiento del contribuyente de sus obligaciones formales y materiales. Consecuentemente, el análisis del principio de proporcionalidad tributaria, en el caso de presunciones relativas, implica que el cumplimiento de los criterios que lo integran tenga un mínimo y no un máximo de justificación, por lo que la elección del medio para cumplir tal finalidad no conlleva a exigir al legislador que dentro de los medios disponibles justifique cuál de ellos cumple en todos los grados (cuantitativo, cualitativo y de probabilidad) o niveles de intensidad (eficacia, rapidez, plenitud y seguridad), sino únicamente determinar si las presunciones relativas son legítimas desde el punto de vista constitucional, con dos condiciones: 1) que correspondan a criterios de razonabilidad, es decir, que no se establezcan arbitrariamente, por lo que al analizar la legitimidad constitucional de una presunción en materia fiscal, a este Tribunal Constitucional le compete determinar si el ejercicio de esa facultad contrasta manifiestamente con el criterio de razonabilidad, es decir, que se revele en concreto como expresión de un uso distorsionado de la discrecionalidad, resultando arbitraria y, por tanto, de desviación y exceso de poder; y, 2) que la prueba en contrario que admitan se establezca dentro de límites precisos y objetivos, a través de medios idóneos para destruir tal presunción.
Registro: 2006103
Tesis: PC.XXX. J/7 A (10a.)
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO Y LA AUTORIDAD, AL CONTESTAR LA DEMANDA, AFIRMA SU EXISTENCIA Y EXHIBE EL DOCUMENTO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA, PERO SEÑALA NO HABER EFECTUADO LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA, DEBE DECRETARSE SU NULIDAD LISA Y LLANA. Conforme al artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (cuyo contenido sustancial reproduce el numeral 31, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes), y a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 196/2010, cuando el actor niega conocer la resolución que pretende impugnar, la autoridad, al contestar la demanda, debe exhibir el documento original del acto impugnado o copia certificada. Ahora bien, dicha regla debe aplicarse, por igualdad de razón, cuando el demandante niega conocer dicho acto y la autoridad afirma su existencia y la demuestra con la exhibición del documento original o en copia certificada, pero señala no haber efectuado la notificación correspondiente; de ahí que si la autoridad no prueba que se notificó antes de que se instaure la demanda, el acto administrativo no puede surtir efectos y debe declararse su nulidad lisa y llana, ya que debe darse oportunidad al actor de imponerse de su contenido e impugnarlo, por lo que la ausencia de la notificación no puede generar un beneficio procesal para la autoridad demandada (como sobreseer en el juicio contencioso administrativo), sin que sea válido que ésta pretenda notificar la resolución, a través del juicio contencioso administrativo, toda vez que la ley no lo autoriza y porque no puede obligarse al particular a promover un juicio para enterarse del contenido del acto emitido en su contra, pues ello implicaría vulnerar los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente.
PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Contradicción de tesis 6/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Trigésimo Circuito. 4 de febrero de 2014. Mayoría de tres votos de los Magistrados José Luis Rodríguez Santillán, Miguel Ángel Alvarado Servín y Silverio Rodríguez Carrillo, con ejercicio de voto de calidad del primero de los nombrados en su carácter de presidente del Pleno del Trigésimo Circuito. Disidentes: Álvaro Ovalle Álvarez, Lucila Castelán Rueda y Esteban Álvarez Troncoso. Ponente: Esteban Álvarez Troncoso. Secretaria: María Ivannova Salazar Velasco.
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo directo 755/2013, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver los amparos directos 874/2010 y 779/2013.
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 196/2010 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 878, con el rubro: “JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR EL DOCUMENTO ORIGINAL O, EN SU CASO, COPIA CERTIFICADA.”
Esta tesis se publicó el viernes 04 de abril de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de abril de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Registro: 2006358
Publicación: viernes 02 de mayo de 2014 12:05 h
Tesis: I.1o.A.65 A (10a.)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA. PARA QUE PROCEDAN LAS DEDUCCIONES RESPECTO DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR UN TERCERO A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CON MOTIVO DE UN CONTRATO DE MUTUO, ES NECESARIO ACREDITAR QUE INCIDIERON EN EL PATRIMONIO DE QUIEN PRETENDE HACER EFECTIVA DICHA PRERROGATIVA. Del artículo 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el numeral 35 de su reglamento, se advierte la posibilidad de deducir gastos efectuados por un tercero en nombre del contribuyente; sin embargo, lo realmente trascendente para la procedencia de las deducciones, en general, consiste en que los pagos efectuados a su cuenta hayan incidido en su patrimonio en el ejercicio fiscal de que se trate. Por tanto, no basta con que un tercero haya realizado gastos a nombre del contribuyente con motivo de la celebración de un contrato de mutuo, pues ese gasto sólo provocaría una afectación a los ingresos obtenidos por aquél, en tanto no le sean reembolsados, ya que hasta ese momento sufre el detrimento la propia contribuyente, al ser ésta quien soporta la carga de su erogación. De este modo, aun cuando existieran cheques que acreditaran que un tercero realizó gastos en nombre del contribuyente con motivo de dicho contrato, esta circunstancia sólo pondría de manifiesto, en su caso, el origen de la erogación, pero no sería apta para demostrar que el monto respectivo fue sufragado por el contribuyente, ya sea para cubrir directamente la cantidad correspondiente a los gastos realizados, o para cumplir con el contrato celebrado con la persona moral que las efectuó en su nombre.
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 37/2014. Secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato y otro. 13 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Óliver Chaim Camacho.
Esta tesis se publicó el viernes 02 de mayo de 2014 a las 12:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Registro: 2006176
Tesis: 1a. CXLI/2014 (10a.)
RENTA. EL ARTÍCULO 152, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 2013, QUE PREVÉ UNA DIFERENCIA DE TRATO ENTRE CONTRIBUYENTES, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El citado precepto prevé que: a) tratándose de bienes adquiridos por herencia, legado o donación, se considerará como costo de adquisición o como costo promedio por acción, según corresponda, el que haya pagado el autor de la sucesión o el donante, y como fecha de adquisición, la que hubiere correspondido a éstos; y, b) que tratándose de la donación por la que se haya pagado el impuesto sobre la renta, se considerará como costo de adquisición o como costo promedio por acción, según corresponda, el valor del avalúo que haya servido para calcular dicho impuesto y como fecha de adquisición aquella en que se pagó el impuesto mencionado. Ahora bien, dicha distinción, lejos de constituir una desigualdad injustificada, tiene como efecto que los causantes que no cubrieron un costo de adquisición se igualen respecto de los contribuyentes que sí lo hicieron con una transferencia de recursos; así, esta diferencia de trato tiene una razón objetiva y justificable, pues los que sí lo enteraron al determinar el tributo levantaron un avalúo, el cual constituye un elemento objetivo que les permitió conocer la cantidad de recursos que hubieran estado obligados a pagar de haberse tratado de una adquisición onerosa; situación contraria respecto de quienes estuvieron exentos del pago del impuesto por la donación que se les efectuó, porque éstos no contaron con un elemento objetivo que les permitiera conocer la cuantía de los recursos necesarios para la obtención del bien cuando éste se adquiere a título oneroso, pues no acumularon ingreso alguno y no enteraron impuesto sobre la renta. Consecuentemente, el artículo 152, párrafo primero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2013, al prever una diferencia de trato entre contribuyentes, no vulnera el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Amparo en revisión 50/2013. Marcos Franco Hernaiz y otros. 3 de abril de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de abril de 2014 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Registro: 2006177
Tesis: 1a. CXL/2014 (10a.)
RENTA. EL CONCEPTO “COSTO DE ADQUISICIÓN”, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PARA QUE EL CONTRIBUYENTE DISMINUYA SU BASE GRAVABLE, NO ES APLICABLE PARA LOS BIENES QUE SE HUBIEREN OBTENIDO SIN HABERSE PACTADO NI EROGADO ALGUNA CANTIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2013). Para determinar los ingresos de las personas físicas por la enajenación de bienes, debe atenderse al concepto “costo de adquisición” previsto en el artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2013, que señala que dicho costo será igual a la contraprestación pagada para adquirir el bien, y que cuando se hubiese adquirido a título gratuito o por fusión o escisión de sociedades, se estará a lo dispuesto por el artículo 152 del citado ordenamiento que prevé las reglas para identificar el costo de adquisición cuando la contraprestación no existe o cuando no se pactó, por las características del acto jurídico del que derivó la adquisición del bien. De ahí que tratándose de la enajenación de bienes que se hubieran obtenido sin haberse pactado ni erogado alguna cantidad, como es el caso de bienes adquiridos por herencia, no puede alegarse la existencia de algún costo de adquisición, esto es, en esta hipótesis no puede considerarse que dicho costo sea el valor real o precio de mercado de los bienes; de ahí que en los casos en que no existió alguna contraprestación para adquirir un bien, el citado artículo 152, mediante una ficción jurídica, concede el cálculo de un costo de adquisición, permitiendo al contribuyente la deducción de su base gravable por una erogación que nunca se efectuó.
Registro: 2006333
Tesis: XI.1o.A.T.31 A (10a.)
VISITA DOMICILIARIA. LOS ARTÍCULOS 46 Y 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO FACULTAN A LOS VISITADORES DESIGNADOS POR LAS AUTORIDADES PARA DECRETAR LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA CONCLUIRLA. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 45, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, es obligación del visitado, sus representantes o la persona con quien se entienda la visita en el domicilio fiscal “… permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales …”, también lo es que dicho precepto sólo faculta a los visitadores a obtener copia de la contabilidad en los diversos supuestos que la propia norma prevé, y verificar bienes, mercancías, documentos, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento que tenga el contribuyente en los lugares visitados. En tanto que de los artículos 46 y 46-A del propio ordenamiento, que prevén cómo debe desarrollarse la visita domiciliaria, se advierte que aun cuando autorizan a los visitadores para que: i) Sean quienes materialmente lleven a cabo la visita domiciliaria; ii) Levanten las actas en las que, de manera circunstanciada, hagan constar los hechos u omisiones que observen durante su desarrollo y puedan entrañar incumplimiento a las disposiciones fiscales; y, iii) Si advierten algún motivo que les impida continuar o concluir con la práctica de la actuación, ya sea porque se concrete el supuesto que prevé la fracción V del artículo 46 citado, o alguna de las hipótesis del precepto 46-A, suspendan la diligencia que están realizando, no los facultan para decretar la suspensión del plazo para concluir la visita, cuando se concrete alguna de las hipótesis que prevé el artículo 46-A mencionado.
Amparo directo 142/2013. Gerardo Pantoja Guzmán. 12 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Juan García Orozco. Secretaria: Libertad Rodríguez Verduzco.
Registro: 2006336
Tesis: 2a./J. 34/2014 (10a.)
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. CASO EN QUE NO OPERA LA CONDICIÓN PARA EMITIR UNA NUEVA DIRIGIDA AL MISMO CONTRIBUYENTE, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 46, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONSISTENTE EN COMPROBAR HECHOS DIFERENTES A LOS YA REVISADOS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013). El análisis armónico de los artículos 46, 46-A, 50, 133 y 133-A del citado ordenamiento legal, permite establecer que la facultad otorgada a la autoridad hacendaria para ordenar la práctica de una nueva visita domiciliaria con el objeto de revisar las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos, no está limitada a la comprobación de hechos diferentes a los ya revisados, pues si la primer orden de visita se declara insubsistente por adolecer de un vicio formal, como lo es una indebida o insuficiente fundamentación, es jurídicamente posible reponer el procedimiento de fiscalización y, en su caso, emitir una nueva resolución que determine las contribuciones y los aprovechamientos omitidos, con base en los mismos hechos ya revisados. Lo que se corrobora al tener en cuenta que la referida condición, relativa a comprobar la existencia de hechos diferentes, tiene dos objetivos, por una parte, otorga certeza jurídica al contribuyente sobre la definitividad del resultado de una visita, lo que de suyo implica la existencia de una resolución firme que defina su situación jurídica respecto de las contribuciones, aprovechamientos y periodos revisados, de tal suerte que no pueda ser modificada, sino sólo en el caso de que se compruebe la existencia de otros hechos que los visitadores no pudieron conocer durante el desarrollo de la visita; y por otra, salvaguarda las facultades de comprobación de la autoridad fiscal para revisar esos hechos y, en su caso, modificar lo decidido inicialmente sobre las contribuciones y los aprovechamientos correspondientes a los periodos revisados. Por tanto, lo previsto en el último párrafo del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que una vez concluida la visita es necesario comprobar la existencia de hechos diferentes a los revisados para ordenar la práctica de otra al mismo contribuyente, no es aplicable cuando las facultades de comprobación se refieren a contribuciones, aprovechamientos y periodos que fueron objeto de una orden de visita declarada insubsistente por adolecer de vicios formales, ya que en este supuesto no puede estimarse concluida la visita respectiva, excepto cuando la insubsistencia obedezca a la incompetencia material de la autoridad que la emitió, caso en el cual sí se considera concluida, al no ser jurídicamente posible que la misma autoridad reponga el procedimiento de fiscalización.
Contradicción de tesis 475/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Tercero en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.
Tesis de jurisprudencia 34/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de marzo de dos mil catorce.
Esta tesis se publicó el viernes 02 de mayo de 2014 a las 12:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 06 de mayo de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
JURISPRUDENCIA NÚM. VII-J-SS-114
ESTÍMULOS FISCALES. NO SON INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DEL IMPUES­TO SOBRE LA RENTA, SALVO QUE SE ESTABLEZCA EXPRE­SAMENTE LO CONTRARIO EN EL INSTRUMENTO JURÍDICO QUE LE DÉ ORIGEN.- De conformidad con los artículos 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se tiene que me­diante la creación de estímulos fiscales, el Estado procura fomentar, entre otros aspectos, el empleo, la inversión en actividades prioritarias y el desa­rrollo regional; de lo que resulta que para la consecución de los objetivos apuntados, el Estado, a través del otorgamiento de estímulos fiscales, les confiere a los contribuyentes un beneficio o premio, para que éstos lo apli­quen contra ciertos impuestos federales. Ahora bien, lo anterior no implica que la contribución desaparezca ni que se exima al contribuyente del pago de la contribución, sino que el sujeto originalmente obligado al pago del tributo es relevado de su pago y la carga impositiva la asume el Estado, provocándose con ello que los mencionados estímulos incidan positiva­mente en el patrimonio del contribuyente, al reducirle la base impositiva, lo cual resulta ser el beneficio que se persigue otorgar a las personas a las que va dirigido. En ese sentido, no se estima admisible considerar que los aludidos estímulos fiscales constituyan ingresos acumulables para efectos del Impuesto Sobre la Renta, pues con ello prácticamente se haría ineficaz y nugatorio el fin perseguido por los estímulos fiscales; sin que ello impida el que en los instrumentos jurídicos mediante los cuales se concedan éstos se pueda establecer expresamente que tales estímulos sí deban considerarse con ese carácter, siendo éste el único caso en que serán ingresos gravables.
Contradicción de Sentencias Núm. 3726/10-05-01-1/Y OTRO/1625/13- PL-05-01.- Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de enero de 2014, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Praxedis Alejandra Pastrana Flores.- Encargada del Engrose: Lic. Gabriela Badillo Barradas.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/15/2014)
JURISPRUDENCIA NÚM. VII-J-SS-121
REGLAMENTO DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN POR OBRA O TIEMPO DETERMINADO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, OFICIO DE OBSERVACIONES. NO TIENE OBLIGACIÓN DE EMITIRLO CUANDO SIGUE ESTRICTAMENTE EL PROCEDIMIENTO ES­TABLECIDO EN EL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN POR OBRA O TIEMPO DETERMINA­DO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).- Lo anterior es así porque el citado precepto establece un procedi­miento de carácter sumario y específico para que la autoridad se allegue de elementos necesarios únicamente para determinar el número de trabajadores, sus nombres, días trabajados y salarios devengados, que permitan precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones incumplidas por los patrones dedicados a la actividad de la construcción, siendo ello sustancial­mente distinto al procedimiento contemplado en el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, tanto en su finalidad, como en sus reglas, pudiendo ambos ser seguidos por el referido organismo fiscal autónomo. No obstante lo anterior, si el mencionado Instituto formula un requerimiento y lo funda tanto en el artículo 18 de trato, como en el 42, fracción II, del Código en cita, deberá analizarse al acto concreto de molestia para apreciar cuál es la facultad que está siendo ejercida, esto es, si estrictamente es un requeri­miento de los elementos antes enunciados, o bien, si se trata de la práctica de una revisión de gabinete con un objeto diverso o más amplio, por lo que más allá de esa fundamentación invocada habrá que acudir a lo que está siendo solicitado y los términos en que se encuentre redactada la orden correspondiente, y de concluirse que el Instituto quiso practicar la revisión a que alude dicho numeral 42, fracción II, misma que se desarrolla en el artículo 48 del propio Código, sólo entonces será necesaria la notificación de un oficio de observaciones antes de determinar la situación del patrón en materia de seguridad social.
Contradicción de Sentencias Núm. 623/10-05-01-9/YOTRO/1851/13- PL-06-01.- Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 5 de febrero de 2014, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Ernesto Christian Grandini Ochoa.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/22/2014)
VII-P-1aS-880
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA TASA APLICABLE PARA EL CÁLCULO DE DICHO IMPUESTO ES LA DEL 15% SOBRE LA TOTALIDAD DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVI­DADES GRAVADAS, CON INDEPENDENCIA DEL PORCENTAJE QUE DE LOS MISMOS REPRESENTEN UN INGRESO.- En términos del artículo 1° primer párrafo fracción II y segundo párrafo, de la Ley del Im­puesto al Valor Agregado vigente en 2009, las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen entre otros actos o actividades, la prestación de servicios independientes, están obligadas al pago del impuesto al valor agregado; para lo cual, calcularán dicho impuesto aplicando a los valores de dichos actos o actividades, la tasa del 15%. En tal virtud, con la presta­ción de servicios profesionales independientes que se realicen en territorio nacional se está afecto al pago de dicho impuesto, con independencia del ingreso que puedan representarle al contribuyente el valor de dichos actos, dado que la Ley del Impuesto al Valor Agregado grava el valor de los actos o actividades que la propia ley contempla, mas no los ingresos que percibe el contribuyente.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1904/13-11-02-8/1297/13-S1-02- 02.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de octubre de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Beatriz Rodríguez Figueroa.
(Tesis aprobada en sesión de 5 de diciembre de 2013)
VII-P-1aS-888
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SU ARTÍCULO 41-A PREVÉ UNA FACULTAD ACLARATORIA DE LAS AUTORIDA­DES FISCALES Y NO DE COMPROBACIÓN.- Del numeral 41-A del Código Fiscal de la Federación, se desprende que las autoridades fiscales se encuentran facultadas para solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, datos, informes o documentos adicionales, que consi­deren necesarios para aclarar la información asentada en las declaraciones de pago provisional o definitivo, del ejercicio y complementarias, así como en los avisos de compensación correspondientes, siempre que se soliciten en un plazo no mayor de tres meses siguientes a la presentación de los citados avisos. Asimismo, en el segundo párrafo del numeral en cita, se señala que no se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando únicamente soliciten los datos, informes y documentos a que se refiere dicho artículo, pudiendo ejercer las facultades de comprobación en cualquier momento. En ese sentido, si la autoridad hacendaria con fundamento en el artículo 41-A del Código Fiscal de la Federación aludido, requiere a un contribuyente información relativa a las declaraciones provisionales, definitivas o complementarias, así como de los avisos de compensación correspondientes, ello no implica el inicio de facultades de comprobación previstas en el numeral 42 del propio Código Tributario, por disposición expresa del precepto analizado.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 13015/12-17-06-10/1147/13-S1- 02-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de noviembre de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga Sosa.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de febrero de 2014)
VII-CASR-2ME-2
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LAS BEBIDAS REFRES­CANTES, HIDRATANTES, DIETÉTICAS, ASÍ COMO EL TÉ, NO SON PRODUCTOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN. POR TANTO, SU ENAJENACIÓN NO ESTÁ SUJETA A LA TASA DEL 0%, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2o. A, FRACCIÓN I, INCISO B, NUMERAL I, DE LA LEY DE LA MATERIA (TEXTO VIGENTE EN 2006).- El impuesto al valor agregado es el prototipo de los gravámenes al consumo, el cual se causa, entre otros supuestos, en la enajenación de bienes a las tasas general y especial; la primera, actualmente es del 16% y la segunda del 0%. Esta última constituye un fin extrafiscal, en virtud de que el traslado al consumidor final a dicha tasa, no afecta su patrimonio; y trae como consecuencia que el Fisco devuelva el impuesto acreditable, que no se pudo recuperar por esa razón. En esa medida, al gravar la enajenación de las bebidas distintas de la leche, tales como jugos, néctares, concentrados de frutas o de verduras, cualquiera que sea su presentación, densidad o peso, se requiere que para estar gravadas a la misma tasa que la leche, es decir, del 0%, constituyan productos destinados a la alimentación, cualidad que no poseen las bebidas refrescantes, hidratantes, dietéticas y el té, al no aportar nutrientes al organismo humano.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 28501/07-17-02-8.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de febrero de 2014, por unanimidad de vo­tos.- Magistrado Instructor: Sergio Martínez Rosaslanda.- Secretaria: Lic. Olivia Gómez Toral.
VII-CASR-10ME-4
PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN. SUPUESTO EN EL QUE DEJA DE SERLO PARA CONVERTIRSE EN RESOLUCIÓN DEFINITIVA.- El artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, establece que procede el juicio contencioso administrativo, contra actos y resoluciones que tengan el carácter de definitivo, por tanto, si la autoridad pretende el sobreseimiento del juicio, aduciendo que se está ante la presencia de un acto preparatorio por lo que no cuenta con el carácter de definitividad; tal argumento debe declararse infundado si del análisis que se realice al acto impugnado se advierte que se requiere al actor para que dentro de un término perentorio acuda a realizar el pago correspondiente al valor de las acciones que aportó la sociedad mercantil de la cual es socio, ya que con ello dejó de ser un acto preparatorio, para constituirse en resolución definitiva, aun cuando en el mismo texto se haga referencia al apercibimiento de emitirse el dictamen correspondiente, pues lo cierto es que la exigibili­dad se pretende coactivamente, esto significa que tal documento contiene la última voluntad de la autoridad emisora, actualizando la procedencia del juicio contencioso administrativo.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 10370/13-17-10-2.- Resuelto por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de enero de 2014, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Yolanda Vergara Peralta.- Secretario: Lic. Samuel Mithzael Chávez Marroquín.
VII-CASR-2NE-3
ANEXOS DE RESOLUCIONES MISCELÁNEAS FISCALES. LA OMISIÓN DE SU PUBLICACIÓN NO GENERA LA NULIDAD DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL SUPEDITADAS A DI­CHAS RESOLUCIONES.- El Código Fiscal de la Federación, establece en el artículo 33, fracción I, inciso g), que las autoridades fiscales en forma anual publicaran las resoluciones que establezcan reglas de carácter general a fin de facilitar el cumplimiento de obligaciones de los contribuyentes; en este sentido, con la publicación de las llamadas Resoluciones Misceláneas Fiscales también se publican los denominados Anexos, los cuales se conside­ran documentos en los cuales se prevén los formatos y demás disposiciones explicativas o aclaratorias que establece la autoridad fiscal, a fin de atender con mayor facilidad el cumplimiento de obligaciones formales. Ahora bien, existe el caso que a fin de cumplir con lo previsto en el Código Fiscal de la Federación, la autoridad únicamente publique la Resolución Miscelánea Fiscal, no así de sus anexos, sin embargo, también lo es que en los artículos transitorios del decreto en que se haya publicado la Resolución Miscelánea Fiscal, se establezca la vigencia de la misma, o el momento en que se deberá cumplir con cierta regla. En este sentido, si la publicación de un Anexo de la Resolución Miscelánea Fiscal en el Diario Oficial de la Federación, se realiza en forma posterior a este, ello no conlleva a decretar la nulidad de las reglas que involucren la atención del anexo, máxime si con el cumplimiento de la obligación no se da desde el momento de la vigencia de la Resolución Miscelánea Fiscal, sino hasta que se aplique la regla al contribuyente y se exija el cumplimiento de su anexo; o bien, se demuestre por el contribuyente que ante la falta de su publicación se le dejó en estado de indefensión y por ello no pudo cumplir con alguna obligación.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6111/11-06-02-6.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 8 de abril de 2013, por unanimidad de votos.- Magis­trada Instructora: María Alejandra Rosas Ramírez.- Secretaria: Lic. Claudia Sánchez Marroquín.
VII-CASR-2NE-9
CÉDULAS DE LIQUIDACIÓN DE CUOTAS. RESULTAN ILEGA­LES SI EN SU CONTENIDO NO SE MOTIVÓ POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LA RAZÓN DE ESTABLE­CER UNA PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO DIFERENTE A LA DETERMINADA.- Las cédulas de liquidación de cuotas determinadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, son resoluciones en las cuales se plasman las circunstancias particulares detectadas en la situación de un patrón en relación al periodo a liquidarse, los pormenores de cada uno de sus trabajadores, tales como el salario base de cotización, cuotas fijas, ex­cedentes, así como las cantidades referentes a cada uno de los seguros que comprende el régimen obligatorio, tales como los seguros de enfermedades y maternidad, de invalidez y vida, riesgos de trabajo, guardería y presta­ciones sociales. En esa circunstancia, si el Instituto Mexicano del Seguro Social determina la omisión de cuotas por parte de un patrón, por el supuesto incumplimiento de pago en razón de asentar una prima por riesgo de traba­jo, señalando únicamente una prima diversa a la informada por el patrón, conlleva al dictado de la nulidad de dicha cédula, al no plasmar el motivo principal para considerar una prima de riesgo de trabajo diferente, lo que genera una falta de certeza y seguridad jurídica para el patrón, en el sentido de saber las razones por las cuales se determinó una prima diversa, lo cual impide que puedan realizarse argumentos en concreto. Lo anterior, pues en términos del artículo 74 de la Ley del Seguro Social, existe la obligación por los patrones de revisar anualmente la siniestralidad de los patrones en los términos que señale el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, a fin de establecer una disminución o aumento en el porcentaje del año inmediato anterior y así cubrir las cuotas correspondientes a los seguros referidos al concepto de riesgos de trabajo.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3579/12-06-02-3.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 14 de noviembre de 2013, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María Alejandra Rosas Ramírez.- Secretario: Lic. Hugo Armando Tenorio Hinojosa.
VII-CASR-2OC-1
CADUCIDAD DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS, MOMENTO A PARTIR DEL CUAL DEBE COMPUTAR­SE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 67, TERCER PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- La responsabilidad solida­ria de los socios nace desde el momento en que la autoridad se percata del cambio de domicilio fiscal de la sociedad contribuyente, sin que se haya presentado el aviso correspondiente, y no cuando advierte la ausencia de bienes de aquella; por lo que en términos del párrafo tercero, del numeral 67 del Código Fiscal de la Federación, es a partir del primero de los momentos en comento que el plazo de la caducidad debe computarse.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6735/11-07-02-7.- Resuelto por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de agosto de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alfredo Ureña Heredia.- Secretaria: Lic. Yazmín Rodríguez Aguilar.
VII-CASR-GO-3
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. NO SE DESPRENDE DEL ARTÍCULO 41, CUARTO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- Conforme a lo previsto por el artículo 41, cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, cuando resulte un crédito fiscal por el incumplimiento en la presentación de la declaración, la autoridad fiscal puede exigir su pago, a través del procedimiento administrativo de ejecución, y en tal caso, únicamente este procedimiento coactivo es impugnable a través del recurso de revocación; pero ello no quiere decir, que la contribuyente no tenga la posibilidad de atacar la determinación efectuada por vicios propios o que esté sujeta a que la autoridad decida o no ejercer las acciones de co­bro, pues es evidente que si esta hubiera sido la intención del legislador así habría quedado expresado en la porción normativa transcrita; pues donde la ley no distingue, tampoco debe hacerlo el juzgador. Consecuentemente, si la autoridad plantea la improcedencia y sobreseimiento del juicio, por in­terpretar que el artículo en comento establece que solo serán controvertibles las determinaciones fiscales, a través del recurso de revocación, y que por tal razón, debe entenderse que las determinaciones realizadas en el proce­dimiento administrativo de ejecución no deben combatirse directamente y por lo tanto resulta improcedente el recurso de revocación en su contra, es evidente que la causal planteada resulta infundada, porque si bien el particular tiene la oportunidad de controvertir ese procedimiento coactivo a través del recurso de revocación; ello no implica que las determinaciones fiscales no puedan ser atacadas por sus propios fundamentos y motivos, antes de que la autoridad decida ejercer tales actos de cobro.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2645/12-13-01-4.- Resuelto por la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi­nistrativa, el 14 de mayo de 2013, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Nora Yolanda Molina Raygosa.- Secretario: Lic. Yoshio Levit Aguilar Marín.
VII-CASR-PE-3
ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL HECHO DE QUE DICHO PRECEPTO CONTEMPLE EL PLAZO PARA CONCLUIR UNA VISITA DOMICILIARIA NO SIGNIFICA QUE UNA VEZ INICIADA, LA AUTORIDAD ESTÁ OBLIGADA A CONCLUIRLA.- El plazo de doce meses regulado en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación con que cuenta la autoridad fiscal para concluir su visita domiciliaria si bien es una facultad reglada, pues si no se concluye en ese plazo se actualizan los supuestos del párrafo último del mencionado precepto, que lo son: a) la conclusión o terminación de la visita o revisión en esa fecha, b) que la orden quede sin efectos, es decir, que no pueda ya producir consecuencias legales, y c) que todo lo actuado quede insubsistente, ello no significa que una vez iniciada la visita, la autoridad deba forzosamente de concluirla, pues en el artículo 46, fracción VIII, del Código Fiscal de la Federación, el legislador otorgó a la fiscalizadora la po­testad de reponer su visita domiciliaria cuando observe que el procedimiento no se ajustó a las normas aplicables, que pudieran afectar la legalidad de la determinación del crédito fiscal.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2102/12-16-01-5.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi­nistrativa, el 10 de febrero de 2014, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Ana Luz Brun Iñárritu.- Secretaria: Lic. Virginia Elena Romero Ruz.
VII-CASR-PE-4
EXENCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR LAS EROGACIO­NES SUPERIORES A $2,000.00, CON CHEQUES NOMINATIVOS. CUANDO LAS MISMAS SE EFECTÚEN EN POBLACIONES O EN ZONAS RURALES SIN SERVICIOS BANCARIOS, EL CONTRIBU­YENTE DEBE PRESENTAR LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN RESPECTIVA EN EL EJERCICIO FISCAL QUE PRETENDA DEDUCIR.- Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley del Im­puesto sobre la Renta, la vigencia de las autorizaciones para liberar de la obligación de pagar las erogaciones con cheques nominativos, tarjetas de crédito, de débito, de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria, cuando exceda de $2,000.00, se circunscribirá al ejercicio fiscal de su emisión, con lo cual para que el contribuyente quede liberado de la obligación contenida en el artículo 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, debe presentar la solicitud de autorización respectiva en el ejercicio fiscal cuyos gastos pretende deducir y no con posterioridad.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 13/4802-16-01-02-05-OT.- Resuel­to por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 24 de febrero de 2014, por unanimidad de votos.- Ma­gistrada Instructora: Ana Luz Brun Iñárritu.- Secretaria: Lic. Virginia Elena Romero Ruz.
VII-CASA-III-26
COMPENSACIÓN DE OFICIO. DERECHO DE LA PARTE AC­TORA PARA IMPUGNAR LOS CRÉDITOS FISCALES EN LOS CUALES SE SUSTENTÓ LA AUTORIDAD PARA REALIZAR LA COMPENSACIÓN.- Si bien es cierto que la autoridad fiscalizadora al analizar la solicitud de devolución de un contribuyente, puede realizar la compensación de oficio prevista en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, también lo es, que al interponer la demanda de nulidad en contra de esa determinación, la demandante tiene expedito su derecho para contro­vertir los créditos fiscales contra los cuales la autoridad haya efectuado una compensación, por lo que si una vez analizados los argumentos planteados por las partes, y de las documentales que obran en el expediente, se concluye que dichos créditos fiscales no eran conocidos por la actora, y son declarados nulos por vicios propios, dicha conclusión desvirtúa los motivos de la com­pensación efectuada por la autoridad fiscal y deben ser excluidos del análisis de la solicitud de devolución de saldo a favor pretendido por la contribuyente actora al no surtirse la premisa fundamental prevista en el numeral citado, que dichas cantidades hayan quedado firmes por cualquier causa.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1477/13-TSA-7.- Expediente de origen Núm. 4216/11-05-02-9.- Resuelto por la Tercera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 4 de febrero de 2014, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Manuel Bravo Hernández.- Secretaria: Lic. Norma Santacruz González.
VII-CASA-III-27
COMPENSACIÓN DE OFICIO.- SI EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SE DECLARA LA NULIDAD DE LOS CRÉDI­TOS FISCALES CONTRA LOS CUALES COMPENSÓ LA AUTORI­DAD EL SALDO A FAVOR SOLICITADO DEBE RECONOCERSE EL DERECHO SUBJETIVO A LA DEVOLUCIÓN.- Si en la substan­ciación del juicio contencioso administrativo, la parte actora desvirtúa la legalidad de los créditos fiscales contra los cuales la autoridad fiscal efectuó la compensación de oficio prevista en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, y de la resolución impugnada se advierte que la propia autoridad reconoció el derecho de la contribuyente actora a la devolución solicitada y en la misma cantidad solicitada, los efectos de la sentencia que se dicte debe ser el reconocer el derecho de la actora a dicha devolución, condenando a la autoridad al cumplimiento de la obligación correlativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, fracción V, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y en consecuencia, que se autorice la devolución a la contribuyente demandante, en la cantidad solici­tada correspondiente al saldo a favor, más los accesorios correspondientes causados hasta que se realice el pago, sin compensación alguna.
VII-CASA-III-29
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EL CASO EXCEP­CIONAL DEL ARTÍCULO 15 DE SU REGLAMENTO, NO LLEVA A CONCLUIR, EN LO GENERAL, LA EXISTENCIA DE DISPO­SICIONES QUE PERMITAN EL ACREDITAMIENTO DEL IM­PUESTO AL VALOR AGREGADO, AUN CUANDO NO SE HAYAN PAGADO LOS BIENES O SERVICIOS.- El artículo 15 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece un caso excepcional para acreditar dicha contribución efectivamente pagada ante la aduana, en tratándose de bienes tangibles importados, independientemente del pago de dichos bienes, ello en virtud de que por lógica, la factura expedida en el extranjero por el vendedor, desde donde tengan su origen o procedencia tales mercancías, no contempla el traslado del impuesto al valor agregado que sí se causa o genera por disposición legal con motivo de la importación de bienes tangibles; contribución que técnica y contablemente es trasladada directamente por la autoridad fiscal mexicana a través del documento de importación que por la operación de comercio exterior deba generarse, y termina por ser fiscalizada por la autoridad aduanera. Por lo tanto, pagadas o no las mercancías al vendedor extranjero o con independencia del conve­nio comercial alcanzado entre el vendedor en el extranjero y el comprador importador en territorio nacional, el impuesto al valor agregado sí se causa y, habiendo sido efectivamente pagado ante la aduana, es susceptible de ser acreditado; de ahí que la ley de la materia lo distinga como un impuesto al valor agregado acreditable, equiparado al que haya sido trasladado, cuando en tratos comerciales nacionales se adquieren bienes, sean prestados servi­cios independientes, u otorgados, a título oneroso, el uso o goce temporal de bienes al contribuyente del impuesto en estricto sentido; empero, tal caso excepcional no permite colegir, en lo general, que existen disposiciones de la ley y su reglamento que permiten el acreditamiento de la mencionada contribución, aun y cuando no se hayan pagado los bienes adquiridos o los servicios proporcionados o no se haya efectuado el pago del importe por el uso o goce temporal de bienes, pues en lo general, la posibilidad de acredi­tamiento solo se actualiza cuando en estos últimos casos el contribuyente en un sentido amplio, realiza el pago efectivo relativo, que es cuando se causa dicha contribución.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 572/13-TSA-1.- Expediente de origen Núm. 1577/12-03-01-8.- Resuelto por la Tercera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de febrero de 2014, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Manuel Bravo Hernández.- Secretario: Lic. José Luis Lee Elías.
VII-CASA-III-30
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA CONTRIBU­CIÓN ACREDITABLE Y EL ACREDITAMIENTO DEL ARTÍCULO 4, SON PERSONALES E INTRANSMISIBLES POR ACTOS ENTRE VIVOS, EXCEPTO EN LA FUSIÓN; POR LO QUE UNA COMISIÓN MERCANTIL NO AUTORIZA EL ACREDITAMIENTO REALIZA­DO POR LA COMISIONISTA, SI ESTA NO EROGA LOS GASTOS DE SU PECUNIA, SINO CON FONDOS DEL COMITENTE, AUN CUANDO LAS FACTURAS SEAN EXPEDIDAS A AQUELLA.- Si de conformidad con el artículo 4, segundo párrafo de la ley, el impuesto al valor agregado acreditable se compone de dos conceptos; a saber: 1.- el que un contribuyente lato sensu pague efectivamente ante la aduana con motivo de la importación de bienes tangibles; y 2.- el que a un contribuyente lato sensu le haya sido trasladado; es decir, el que los clientes pagaron, aplicando la tasa correspondiente a los valores señalados en la ley de la materia, en razón de haber adquirido bienes o servicios o por el uso o goce temporal de bienes que le haya sido otorgado y que le trasladan para que el contri­buyente del impuesto al valor agregado stricto sensu, sea quien lo entere al fisco, pues este impuesto trasladado y cobrado no forma parte del precio pactado, sino que se encuentra efectivamente pagado y debe ser enterado; y si conforme al primer párrafo del numeral 4 el acreditamiento en sí como acción o verbo, consiste en restar el impuesto acreditable (cualesquiera de los dos conceptos reseñados o ambos) de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en la ley de la materia, la tasa que corresponda, según sea el caso; y si finalmente, el tercer párrafo, del ordinal 4 ordena que el acreditamiento es personal y no puede ser transmitido por actos entre vivos, excepto tratándose de la fusión; entonces la sola existencia de una comisión mercantil no autoriza a que la comisionista realice el acreditamiento del impuesto en su favor, si esta no fue quien erogó los gastos de su pecunia, sino con fondos del comitente, aun y cuando las facturas se hayan emitido a nombre de aquella y a su nombre es que se realizan las operaciones por virtud de la comisión, pues es la comitente quien efectivamente realiza las erogaciones, por concepto de impuesto al valor agregado por los periodos que la comisionista pretende acreditar y solicita saldo a favor; y por ser la comitente quien en todo caso tendría derecho al acreditamiento del impuesto; máxime si no son actos o actividades estrictamente indispensables para la comisionista, sino para el comitente.
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 ARTÍCULO 2
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 artículo 33
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 artículo 41

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 ARTÍCULO 4
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