Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/espanol/Scuba86-99.html
Timestamp: 2015-01-25 22:22:56+00:00

Document:
Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Pena y Pablo Morales v. Republica
de Cuba, Caso 11.589, Informe No. 86/99, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. en 586 (1999). I. RESUMEN
1. Con fecha 25 de febrero de 1996, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o "la Comisión Interamericana") recibió varias denuncias contra la República de Cuba (en adelante "el Estado", "el Estado cubano", o "Cuba") según las cuales un avión militar MIG-29 de la Fuerza Aerea Cubana (FAC) derribó dos avionetas civiles desarmadas de la organización "Hermanos al Rescate".1 Según un informe de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), los hechos ocurrieron
el 24 de febrero de 1996 a las 15:21 y 15:27 horas, respectivamente, y en espacio
aéreo internacional. Los misiles aire-aire disparados por el MIG-29 desintegraron
las avionetas civiles, dando muerte instantáneamente a Armando Alejandre Jr.,
de 45 años de edad; Carlos Alberto Costa, de 29 años; Mario Manuel de la Peña,
de 24 años; y Pablo Morales, de 29 años. La denuncia concluye con una solicitud
a la Comisión para que inicie el trámite de un caso de acuerdo con los artículos
32 y siguientes de su Reglamento, y declare a Cuba responsable por el incumplimiento
de sus obligaciones internacionales contenidas en la Declaración Americana
los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante "la Declaración" o "Declaración Americana") por la violación de los derechos a la vida y a la justicia consagrados en los artículos I y XVIII de dicho instrumento
4. La Comisión, mediante nota del 7 de marzo de 1996, inició la tramitación del caso y solicitó al Estado
de Cuba la información pertinente sobre los hechos materia de dicha comunicación,
así como cualquier elemento de juicio que le permitiera apreciar si en el
se habían agotado los recursos de la jurisdicción interna. A partir de esa
fecha el presente caso fue tramitado de conformidad con el artículo 32 y
del Reglamento de la Comisión. Tal como se ha señalado, Cuba nunca dio respuesta
a las solicitudes de información desde el inicio del trámite hasta la fecha,
a pesar que en reiteradas oportunidades se le notificó con la advertencia
la aplicación del artículo 42 del Reglamento de la Comisión. En efecto, el
Estado cubano fue notificado el 7 de marzo y 19 de abril de 1996; 4 de febrero
de septiembre de 1997; 21 y 30 de enero de 1998, y el 12 de junio de 1998.
La Comisión, en su sesión Nº 1432 del 103º período ordinario de sesiones
el 5 de mayo de 1999, aprobó el Informe Nº 81/99 sobre el presente caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 53, incisos (1) y (2) de su Reglamento.
En nota del 19 de mayo de 1999, la Comisión transmitió dicho informe al Estado
cubano con un plazo de dos meses para dar cumplimiento a sus recomendaciones.
El plazo otorgado al Estado cubano expiró el 19 de julio de 1999 sin que el
mismo presentara observaciones sobre el informe de la Comisión.
6. El paralelo 24 está situado bastante al norte de las doce millas de aguas territoriales de Cuba, y es el
límite más septentrional de la Región de Información de Vuelos de La Habana.
Aviones comerciales y civiles realizan vuelos de rutina en esta área, y las
prácticas de aviación requieren que los mismos notifiquen a los controladores
de tráfico de La Habana cuando cruzan al sur el paralelo 24. Ambos aviones
de "Hermanos al Rescate" cumplieron con esta costumbre al comunicarse con La Habana, identificarse y declarar su posición y la altitud.
8. Los misiles aire-aire del MIG-29 desintegraron los aviones de "Hermanos al Rescate", matando a sus ocupantes instantáneamente sin dejar casi ningún resto recuperable. Sólo
una gran capa de aceite marcó el punto donde cayeron los aviones. La Fuerza
Aérea Cubana nunca notificó ni advirtió a las avionetas civiles, no intentó
utilizar otros métodos de interceptación y nunca les dio la oportunidad de
La primera y única respuesta de los MIG fue la destrucción intencional de los
aviones civiles y de sus cuatro ocupantes. Dicha conducta violó claramente
normas internacionales establecidas, las cuales requieren que se agoten todas
las medidas antes de recurrir a la agresión contra cualquier aeronave, y prohiben
por completo el uso de la fuerza contra aeronaves civiles.7 También han sido violados --por los agentes del Estado cubano-- varios derechos esenciales de la persona humana consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
12. Pablo Morales nació en La Habana, Cuba, el 16 de mayo de 1966. El 5 de agosto de 1992 huyó de la isla
en una balsa y fue rescatado por la organización "Hermanos al Rescate", de ahí la razón de incorporarse como voluntario en dicha agrupación para volar
como co-piloto. Morales estudió Cartografía y se graduó de Técnico de Geodesia.
15. Los hechos en que se dio muerte a las víctimas ocurrieron en espacio aéreo internacional. El informe de la OACI concluyó que los aviones se encontraban sobre aguas internacionales cuando fueron derribados. El primer avión estaba a 18 millas de las costas cubanas y el segundo avión a 30.5 millas cuando fueron destruidos por los misiles de la Fuerza Aérea Cubana. Estos números ubican a los aviones muy alejados de las doce millas de aguas territoriales cubanas que permite el derecho internacional.9 Asimismo, las pruebas aportadas por la tripulación y los pasajeros de un buque
crucero que estaba en las proximidades, el "Majesty of the Seas", así como por una embarcación pesquera privada, el "Triliner", establecieron que las aeronaves civiles estaban volando en espacio aéreo internacional en
dirección a la Florida y de alejaban de Cuba cuando fueron ejecutados por los
agentes del Estado cubano.
16. La práctica de ejecución sumaria ha sido condenada firmemente por la comunidad mundial. Muchos convenios y declaraciones internacionales de derechos humanos proclaman el derecho de todo individuo a que no se le prive de la vida sin motivo ni arbitrariamente.10 Tan extendido está el consenso en contra de la ejecución extrajudicial, que
cada instrumento o convenio que ha tratado de definir el alcance del derecho
internacional de los derechos humanos ha consagrado la garantía del debido
para proteger ese derecho. La proscripción de la ejecución extrajudicial eleva
así, a nivel de derecho imperativo, una norma del derecho internacional tan
fundamental que es obligatoria para todos los miembros de la comunidad internacional.
Las normas de derechos humanos que han sido aceptadas generalmente, y que,
ende, se incorporan a las leyes de las naciones, abarcan los derechos básicos
como el derecho a no ser asesinado, torturado ni de ninguna manera sometido
a castigo cruel, inhumano ni degradante y el derecho a no ser detenido arbitrariamente.
La proscripción de la ejecución sumaria es universal y de cumplimiento obligatorio
por los Estados. Un Estado viola el derecho internacional de los derechos humanos
si, como política de Estado, practica, alienta o condona el homicidio o da
lugar a la desaparición de individuos. En consecuencia, las ejecuciones extrajudiciales
cometidas por agentes del Estado cubano en perjuicio de De la Peña, Costa,
y Morales comprometen la responsabilidad internacional de dicho Estado por
violar el derechos a la vida consagrado en el artículo I de la Declaración
de los Derechos y Deberes del Hombre. Y por la denegación de justicia, el Estado
cubano es responsable del desconocimiento del derecho a la justicia consagrado
en el artículo XVIII del mismo instrumento internacional.
19. La Comisión ha tramitado el presente caso de conformidad con las disposiciones del Capítulo III de su
Reglamento y el artículo 1, 18, y 20 de su Estatuto. El artículo 51 del Reglamento
de la Comisión establece que "[l]a Comisión recibirá y examinará la petición que contenga una denuncia sobre presuntas violaciones de los derechos humanos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en relación a los Estados miembros de la Organización que no sean partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos".
20. El procedimiento aplicado al presente caso ha sido el dispuesto por el artículo 52 del Reglamento de
la Comisión, que a la letra señala lo siguiente: "El procedimiento aplicable a las peticiones referentes a Estados miembros de la Organización que no son partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos será el establecido en las Disposiciones Generales contenidas el Capítulo I del Título II; en los artículos 32-43 de este Reglamento, y en los artículos que se señalan a continuación".
23. Con respecto a la competencia ratione loci, es evidente que la Comisión tiene competencia con relación a los hechos violatorios de derechos humanos que ocurren en el territorio de
los Estados Miembros de la Organización, sean estos partes o no de la Convención.
Conviene precisar, sin embargo, que en ciertas circunstancias la Comisión
competencia para conocer de las comunicaciones en que se denuncia la violación
de derechos humanos protegidos en el sistema interamericano por agentes de
Estado Miembro de la Organización aun cuando los hechos que constituyen esta
violación hayan ocurrido fuera del territorio de dicho Estado. En efecto,
Comisión considera pertinente señalar que, en ciertas circunstancias, el ejercicio
de su jurisdicción sobre hechos ocurridos en un lugar extraterritorial no
es congruente sino requerido por las normas pertinentes. Los derechos fundamentales
de la persona son proclamados en las Américas sobre la base de los principios
de igualdad y no discriminación: "sin distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo".13 Dado que los derechos individuales son inherentes a la persona humana, todos los Estados americanos están obligados a respetar los derechos protegidos de cualquier persona sujeta a su jurisdicción. Si bien ello se refiere comúnmente a las personas que se hallan dentro del territorio de un Estado, en determinadas circunstancias puede referirse a la conducta con un locus extraterritorial, en que la persona está presente en el territorio de un Estado, pero está sujeta al control de otro Estado, por lo general a través de los actos de los agentes en el exterior de este último.14 En principio, la investigación no se refiere a la nacionalidad de la presunta víctima o a su presencia en una determinada zona geográfica, sino a que si en esas circunstancias específicas, el Estado observó los derechos de una persona sometida a su autoridad y control.15
En el artículo 1 de la Convención, las Altas Partes Contratantes se obligaron a asegurar los derechos y libertades
definidos en la Sección 1 a todas las personas "dentro de su jurisdicción" ("within their jurisdiction", "relevant de leur jurisdiction"). Contrariamente a lo alegado por el Estado demandado, la Comisión considera que este término no se limita o es equivalente al territorio nacional de la Alta Parte Contratante en cuestión. Según surge claramente del texto, particularmente en francés, y del objeto de este artículo, así como del propósito de la Convención en su conjunto, las Altas Partes Contratantes se encuentran obligadas a asegurar tales derechos y libertades a todas las personas bajo su autoridad efectiva y responsabilidad, ya sea que dicha autoridad sea ejercida dentro de su propio territorio o en el extranjero (..).16
25. En el caso sub-lite los peticionarios manifestaron que sus denuncias estaban regidas por las disposiciones de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La Comisión, al analizar los hechos, encuentra que las víctimas perecieron como consecuencia de acciones directas de agentes del Estado cubano en espacio aéreo internacional. La circunstancia de que los hechos hayan ocurrido fuera de la jurisdicción cubana no restringe ni limita la competencia ratione loci de la Comisión por cuanto como ya se ha señalado cuando agentes de un Estado, ya sean militares
o civiles, ejercen poder y autoridad sobre personas situadas fuera del territorio
nacional, continua su obligación de respetar los derechos humanos, y en este
caso los derechos consagrados en la Declaración Americana. A juicio de la Comisión,
existen suficientes evidencias que demuestran que los agentes del Estado cubano,
a pesar de estar fuera de su territorio, sometieron bajo su autoridad a los
pilotos civiles de la organización "Hermanos al Rescate". En consecuencia, la Comisión tiene competencia ratione loci para aplicar extraterritorialmente la Declaración Americana al Estado cubano por los hechos ocurridos el 24 de febrero de 1996, en espacio aéreo internacional.
26. En cuanto al requisito del previo agotamiento de los recursos internos, el artículo 37(1) del Reglamento
de la Comisión establece que "[p]ara que una petición pueda ser admitida por la Comisión, se requerirá que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos". La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado al respecto que:
28. La Comisión pasará a presentar los documentos y demás evidencias que han sido examinadas en forma exhaustiva
y que han proporcionado elementos de juicio sobre los hechos ocurridos en
tarde del 24 de febrero de 1996, fecha en que los cuatro pilotos civiles de
la organización "Hermanos al Rescate" perdieron la vida presuntamente como consecuencia de acciones originadas por agentes del Estado cubano. Así, entre los documentos y demás elementos de convicción presentados a la Comisión --y que han sido cuidadosamente procesados, analizados, y evaluados por la misma-- están: 1) Informe de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de fecha 28 de junio de 1996; 2) Resumen descriptivo de los hechos preparado por los familiares de las víctimas; 3) Transcripción escrita del testimonio de los familiares de las víctimas ante la CIDH del 3 de marzo de 1997; 4) Folleto con biografías y fotos de los cuatro pilotos muertos y otros datos generales; 5) Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas para Cuba; 6) Sentencia definitiva contra la República de Cuba dictada por el Juez King del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de la Florida, en la demanda civil; 7) Testimonio del Capitán Charles F. Leonard, perito de aviación, presentado durante la demanda civil ante el tribunal estadounidense; 8) Testimonio del Profesor Stephen J. Schnably, perito en derecho internacional, presentado durante la demanda civil ante el tribunal estadounidense; 9) Copia de la Ley de Anti-terrorismo y Pena de Muerte Efectiva de 1996 de los Estados Unidos; 10) Copia de la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera de 1976 de los Estados Unidos; 11) Artículo de la Revista Times del 11 de marzo de 1996, titulado "The Cold War is Back"; 12) Cable EFE de fecha 5 de marzo de 1996: Decisión de derribo se tomó para evitar nueva humillación; 13) Cable EFE de fecha 5 de marzo de 1996: Piloto admite que exclamó frase despectiva en el derribo; 14) Transcripción de las entrevistas con el General Rubén Martínez Puente, Comandante de la Fuerza de Defensa Antiaérea Cubana, televisadas por Cubavisión, La Habana, de fecha 6 de marzo de 1996; 15) Cinta de audio de la grabación de la cabina de la avioneta 2506 de fecha 24 de febrero de 1996; y 16) Modelos a escala de los Cessnas y los MIGs involucrados en el derribo.
30. Uno de estos elementos de convicción que arroja luces sobre los hechos denunciados es el Informe de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el cual consta en el
del presente caso. En efecto, a la luz de los hechos, el 6 de marzo de 1996,
el Consejo de la OACI, en el curso de su 147º período de sesiones, adoptó
resolución relativa al derribo de dos aeronaves civiles privadas de matrícula
estadounidense por aeronaves militares cubanas, el día 24 de febrero de 1996.
La OACI consideró este asunto en respuesta a la solicitud del Consejo de
de las Naciones Unidas en fecha del 27 de febrero de 1996, y en virtud de las
peticiones de los Gobiernos de los Estados Unidos y de Cuba para que se realizara
una investigación exhaustiva de los hechos. En cumplimiento de esa petición,
en fecha del 28 de junio de 1996, la OACI presentó un informe al Consejo
Seguridad titulado "Informe de la investigación relativa al derribo de dos aeronaves privadas con matrícula de los Estados Unidos de América por un avión militar cubano el 24 de febrero de 1996".
31. Con relación a los hechos, el informe de la OACI establece que los pilotos y seguidores de Hermanos al
Rescate se reunieron en el hangar del aeropuerto de Opa Locka, ubicado en
sur de Florida, en la mañana del 24 de febrero de 1996, y que a las 09:12 horas
el piloto del Cessna 337C, con matrícula N2456S, quien era jefe de operaciones
de vuelo de la mencionada organización, inició la presentación de los planes
de vuelo según reglas de vuelo visual (VFR) con miras a efectuar un vuelo
rescate de balseros. Sin embargo, debido a otros compromisos adquiridos por
algunos de los pilotos, el vuelo previsto no salió a las 10:15 horas como
había planeado. Los pilotos volvieron al hangar después de las 11:00 horas
y decidieron almorzar antes de iniciar el vuelo. A las 13:01 horas las tres
Cessna 337 con matrículas N2506 (José Basulto, Arnaldo Iglesias, Andrés y Silvia
Iriondo), N2456S (Carlos Costa y Pablo Morales), y N5485S (Mario De La Peña
y Armando Alejandre) partieron con rumbo oeste a las 13:11, 13:12 y 13:13 respectivamente. Después de despegar, cada una de las tres aeronaves Cessna estableció contacto
con la AIFSS de Miami (distintivo de llamada Miami Radio) para activar sus
de vuelo. A las 14:39 horas el radar de la defensa aérea cubana detectó aeronaves
al norte del paralelo 24N. A las 14:43 horas se prepararon inmediatamente
la base aérea de San Antonio de los Baños dos aeronaves interceptoras militares.
Las aeronaves estaban armadas con misiles aire-aire equipados con buscadores
de calor y cañones. Estas aeronaves, un MIG-29 UB de dos plazas y un MIG-23
ML, despegaron a las 14:55 horas para patrullar 15 a 20 km. al norte de la
a altitudes comprendidas entre 200 y 500 m.18 Seguidamente, la OACI concluye inter-alia lo siguiente:
32. La OACI también deja constancia que "[h]ubo varios testigos oculares del suceso. El personal y los pasajeros a bordo del [buque] Majesty of the Seas de Royal Caribbean Cruise Lines y la tripulación del barco pesquero Tri-Liner observaron la destrucción de una aeronave (N2456S) así como la posterior destrucción de otra
aeronave (N5485S). Un observador que estaba de servicio en un puesto de observación
en la costa de La Habana y el tripulante del barco de vela oyeron y vieron
suceso, pero ninguno de ellos pudo decir si había visto la destrucción de la
primera o de la segunda aeronave".21 Según la OACI, el Majesty of the Seas tenía un sistema automático de registro de la hora, posición, velocidad, rumbo, viento relativo y profundidad cada cinco minutos, a partir de su sistema mundial de determinación de la posición (GPS) y otros sensores.22
38. EL DERECHO A LA VIDA. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre consagra en su
primer artículo el derecho a la vida al señalar que "[t]odo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona". Por su parte, la Comisión Interamericana ha considerado, además, que el derecho a la vida es "el fundamento y sustento de todos los demás derechos"26, al sostener que
39. La Comisión también ha señalado que "la obligación de respetar y proteger el derecho a la vida es una obligación erga omnes, es decir, debe ser asumida por el Estado cubano --al igual que todos los Estados miembros de la OEA, sean o no partes de la Convención
Americana-- frente a la comunidad interamericana como un todo, y frente a todos
los individuos sujetos a su jurisdicción, como directos destinatarios de los
derechos humanos reconocidos por la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre".28 Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado que para los Estados "la Declaración Americana constituye (...) una fuente de obligaciones internacionales. La circunstancia de que la Declaración no sea un tratado no lleva, entonces, a la conclusión de que carezca de efectos jurídicos...".29
46. EL DERECHO A LA JUSTICIA. La Declaración Americana consagra los recursos a los que debe tener acceso
toda persona que considera que sus derechos han sido violados por las autoridades
del Estado. Así, el artículo XVIII establece que "[t]oda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".
47. No obra en autos ninguna prueba que permita inferir que los familiares de las víctimas hayan intentado
agotar la jurisdicción interna cubana a fin de procesar y sancionar penalmente
a los responsables de los hechos materia del presente caso. No obstante,
Comisión Interamericana siempre ha considerado que tratándose de delitos de
acción pública --y aún en los dependientes de instancia privada-- no es válido
exigirle a la víctima o a sus familiares el agotamiento de los recursos internos,
ya que es función del Estado preservar el orden público y, por ende, es su
actuar la ley penal promoviendo o impulsando el proceso hasta el final. Esto
es, la obligación de investigar, procesar y sancionar a los responsables
violaciones a los derechos humanos es un deber indelegable del Estado. Una
consecuencia de ello es que el funcionario público, al contrario del particular,
obligación legal de denunciar todo delito de acción pública que llegue a su
conocimiento en el ejercicio de sus funciones. La afirmación precedente se confirma
en aquellos regímenes procesales que niegan a la víctima o a sus familiares
legitimación procesal, ejerciendo el Estado el monopolio de la acción penal.
Y, en aquellos otros en donde esa legitimación está prevista, su ejercicio
es obligatorio sino optativo para el damnificado y no sustituye a la actividad
6 Véase Transcripts of Cuban Military Radio Communications, Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Informe de la investigación relativa al derribo de dos aeronaves civiles privadas de matrícula estadounidense por aeronaves militares cubanas el 24 de febrero de 1996, C-WP/10441, 20/6/96, páginas 35 y siguientes, Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, S/1996/509, 1º de julio de 1996. 7 Estas normas han sido codificadas en diversos documentos internacionales. Ver, por ejemplo,
Convención sobre Aviación Civil Internacional, 7 de diciembre de 1944, 61
1180, 15 U.N.T.S. 295 (tanto los Estados Unidos como Cuba son Partes de la
Convención). La proscripción del uso de la fuerza contra aviones civiles
si los mismos penetran en el espacio aéreo de un país extranjero. Ver, por
ejemplo, Kay Hailbronner, Freedom of the Air and the Convention on the Law
77 Am. J. Int'l L. 490, 514 (1983), ("Incluso si se desatiende deliberadamente una orden de aterrizar, no se deberá disparar contra una aeronave civil desarmada que penetre en el espacio aéreo de un país extranjero"). El sentido común dicta que la insignificante amenaza que puedan significar los aviones civiles
no justifica la posible pérdida de vidas.
8 La Fuerza Aérea Cubana es claramente un agente del Estado cubano, por cuanto actúa en nombre de Cuba y está sujeta al control de Cuba. Ver Archer v. Trans/American Servs., Ltd., 834 F. 2d 1570, 1573 (11no. Cir. 1988); Redefinición (Segunda) de Agencia & 1 (1958) (definiendo la relación entre las agencias). 9 Las reglas que rigen las aguas marítimas territoriales y sus límites permisibles pueden encontrarse en United Nations Convention on the Law of the Sea (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derechos del Mar), 7 de octubre de 1982, art. 3, U.N. Doc. A/CONF 62/122 (1981), reimpreso en 21 I.L.M. 1261 (1982). 10 Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos que proscriben las ejecuciones extrajudiciales, al citar sólo unos pocos, son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948, art. 3, G.A. Res. 217A (III), U.N. Doc. A/810; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 16 de diciembre de 1966, art. 6(1), G.A. Res. 2200, U.N. GAOR, 21ra. Sess., Supp. No. 16, U.N. Doc. a/6316, 999 U.N.T.S. 171; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 2 de mayo de 1948, art. I, OEA/ser.L/V/II.23, doc.21, rev. 6 (1979). Es más, el compromiso de la comunidad internacional para resolver pacíficamente las disputas es fundamental para la estructura de la Carta de las Naciones Unidas y para otros instrumentos internacionales. Carta de las NN.UU., artículos 1, 2, 33, 39; ver también, Carta de la Organización de los Estados Americanos, artículos 24-27, 3 párr. I.
12 Párrafo tercero de la parte dispositiva de la Resolución Nº VI de la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, Punta del Este, Uruguay, OEA/Ser.F/II.8, doc. 68, páginas 17-19. 13 Carta, Artículo 3 (k); véase Declaración Americana, Artículo II; véase también Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Guerra y la Oaz, Resolución
XL (1945) (que indica que una de las metas al iniciarse el sistema regional
de derechos humanos fue la eliminación de violaciones al principio de la "igualdad entre nacionales y extranjeros").
14 Por ejemplo, "Cuando los agentes del Estado, ya sean militares o civiles, ejercen poder y autoridad (jurisdicción o jurisdicción de facto) sobre personas situadas fuera del territorio nacional, deberá presumirse que continúa la obligación
del Estado de respetar los derechos humanos pertinentes". Theodor Meron, en Extraterritorialidad de los Tratados sobre Derechos Humanos, 89 A.J.I.L. 78 (1995) 78, 81; véase también n. 7, citando a T. Buergenthal, "To Respect and Ensure: State Obligations and Permissible Derogations" en The International Bill of Rights: The Covenant on Civil and Political Rights 72, 74 (Louis Henkin ed. 1981). 15 Pueden encontrarse instancias del tratamiento por parte de la Comisión de la conducta del Estado con un locus extraterritorial en términos de su Estatuto y de la Declaración Americana en CIDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile, OEA; Ser.L/V/II.66, doc. 17 1985 (referido al asesinato de Letelier en Washington, D.C.); Segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en Suriname, OEA Ser.L/V/II.66, doc. 21, rev. 1, 1985 (sobre alegatos de que ciudadanos surinameses residentes en Holanda han sido hostigados y/o atacados por agentes de Suriname); Caso 1.983 (abierto con base en alegatos de actos extraterritoriales; archivado por otras razones); Informe sobre el caso 9.239, Estados Unidos, publicado en el Informe Anual de la CIDH 1986-87, OEA Ser.L/V/II. 71, doc. 9 rev. 1, 22 de septiembre de 1987, pág. 184 (en el que se admite el caso sobre acciones de las fuerzas de los Estados Unidos en Grenada; caso solucionada, véase Informe 3/96, publicado en Informe Anual de la CIDH 1995, OEA/Ser.L/V/II.91, doc. 7 rev., 28 de febrero de 1996, pág. 201); Informe 31/93, Caso 10.573, Estaod Unidos, publicado en Informe Anual de la CIDH 1993, OEA/ Ser.L/V/II.85, doc. 9, rev., 11 de febrero de 1994, pág. 312 (en el que se admite el caso de las acciones de las fuerza de los Estados Unidos en Panamá).
16 Eur. Court H.R. Lozidou v Turkey A 310 paras. 56-64 (1995). Eur. Comm. HR X v UK Nº 7547/76, 12 DR 73 (1977); Bertrand Russell Peace Foundation Ltd. v UK Nº 7597/76, 14 DR 117 at 124 (1978); Mrs W v UK Nº 9348/81, 32 DR 190 (1983). 17 Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia sobre Excepciones Preliminares, 26 de junio de 1987, Serie C, Nº 1, OEA, página 38, párrafo 88.
18 Según el Informe de la OACI, "El MIG-29 UB es un avión biplaza de instrucción de combate que se fabrica desde 1982. Tiene dos motores de turborreacción con
soplante Tumansky R-33D, un cañón de 30 mm, sensor infrarrojo, telémetro lasérico
y pilones
bajo las alas para seis misiles aire-aire de corto alcance. La velocidad máxima
es de Mach 2,3, el techo práctico de 17,000 m, la distancia de despegue de
m y la distancia de aterrizaje de 600 m. El MIG-29 llevaba seis misiles aire-aire
R-73. El R-73 es un misil aire-aire de propulsor sólido de corto alcance autodirigido
por los rayos infrarrojos del blanco. Tiene una configuración canard con superficies de mando cruciformes pequeñas en tándem con planos delanteros
de proa y alas cruciformes montadas en la parte posterior. Esta configuración
ofrece gran maniobrabilidad en una distancia mínima de menos de 500 m. El misil
R-73 tiene 2,90 m de longitud, 17 cm de diámetro, una masa de 105 kg. y un
máximo de 20 km. El misil tiene una espoleta de contacto y una espoleta de
proximidad. Tiene una carga explosiva de 7.4 kg que crea un anillo de metralla
hacia adelante y hacia el exterior. El MIG-23 ML es un avión monoplaza de combate
aéreo de geometría variable que se fabricó desde 1973 hasta mediados del decenio
de los ochenta. Tiene un turborreactor Tumansky R-35F-300 con posquemador.
un cañón de 23 mm, radar multimodo en banda J, colimador de pilotaje, pilones
para misiles aire-aire, bombas lanzacohetes y otros dispositivos externos.
velocidad máxima es de Mach 2,35, el techo práctico de 18.000 6m, la distancia
de despegue de 500 m y la distancia de aterrizaje de 750 m". Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Informe de la investigación relativa al derribo de dos aeronaves civiles privadas de matrícula estadounidense por aeronaves militares cubanas el 24 de febrero de 1996, C-WP/10441, 20/6/96, página 18, párrafos 1661, 1662, y 1671, en Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, S/1996/509, 1º de julio de 1996.
19 Tanto Cuba como los Estados Unidos son partes en el Convenio sobre Aviación Civilo Internacional (Chicago, 7 de diciembre de 1944). El 10 de mayo de 1984, la Asamblea [de la OACI], a la que asistieron 107 Estados contratantes, incluyendo Cuba y los Estados Unidos, adoptó por unanimidad el Protocolo relativo a una enmienda al Convenio sobre Aviación Civil Internacional [Artículo 3 bis]. Dicho Protocolo dispone lo siguiente: a) Los Estados contratantes reconocen que todo Estado
debe abstenerse de recurrir al uso de las armas en contra de las aeronaves
en vuelo y que, en caso de interceptación, no debe ponerse en peligro la vida
de los ocupantes de las aeronaves ni la seguridad de éstas. La presente disposición
no se interpretará en el sentido de que modifica en modo alguno los derechos
y obligaciones de los Estados estipulados en la Carta de las Naciones Unidas.
b) Los Estados contratantes reconocen que todo Estado tiene derecho, en el
de su soberanía, a exigir el aterrizaje en un aeropuerto designado de una aeronave
civil que sobrevuele su territorio sin estar facultada para ello, o si tiene
motivos razonables para llegar a la conclusión de que se utiliza para propósitos
incompatibles con los fines del presente Convenio; asimismo puede dar a dicha
aeronave toda instrucción necesaria para poner fin a este acto de violación.
A tales efectos, los Estados contratantes podrán recurrir a todos los medios
apropiados compatibles con los preceptos pertinentes del derecho internacional,
comprendidas las disposiciones pertinentes del presente Convenio y, específicamente,
con el párrafo (a) del presente Artículo. Cada Estado contratante conviene
publicar sus reglamentos vigentes en materia de interceptación de aeronaves
civiles. c) Toda aeronave civil acatará una orden dada de conformidad con el
párrafo (b) del presente Artículo. A este fin, cada Estado contratante incorporará
en su legislación o reglamentación todas las disposiciones necesarias para
toda aeronave civil matriculada en él o explotada por un explotador cuya oficina
principal o residencia permanente se encuentre en su territorio, tenga la obligación
de acatar dicha orden. Cada Estado contratante tomará las disposiciones necesarias
para que toda violación de esas leyes o reglamentos aplicables se castigue
sanciones severas, y someterá el caso a sus autoridades competentes de conformidad con las leyes nacionales. d) Cada Estado contratante tomará medidas apropiadas
para prohibir el uso deliberado de aeronaves civiles matriculadas en dicho
o explotadas por un explotador que tenga su oficina principal o su residencia
permanente en dicho Estado, para cualquier propósito incompatible con los fines
del presente Convenio. Esta disposición no afectará al párrafo (a) ni derogará
los párrafos (b) y (c) del presente Artículo. 20 Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, Informe de la OACI, op.cit., páginas 92 y 93, S/1996/509, 1º de julio de 1996.
29 Corte I.D.H., Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989, Serie A: Fallos y Opiniones, Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, párrafos 45 y 47, página 25. 30 Héctor Faúndez Ledesma, Administración de Justicia y Derecho Internacional de los Derechos Humanos (El Derecho a un Juicio Justo), Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 1992, págs. 61 y 62.
34 El entonces Relator de las Naciones Unidas para Cuba señaló en su informe del año en que
ocurrieron los hechos que "la manera como los incidentes se desarrollaron, en particular la circunstancia de que entre el derribo de una avioneta y otra transcurrieron aproximadamente seis minutos, indican fehacientemente que no se trata de un acto reflejo de unos pilotos confundidos, sino que hubo tiempo suficiente para que éstos recibiesen órdenes precisas de actuar de la forma como lo hicieron. El derribo de estas avionetas fue un hecho premeditado y constituye una violación del derecho a la vida". Naciones Unidas, Asamblea General, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba, A/51/460, 7 de octubre de 1996, página 13, párrafo 32. Asimismo, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Sumarias o Arbitrarias definió las ejecuciones arbitrarias como "la privación arbitraria de la vida como resultado de las muertes llevadas a cabo por órdenes de los gobiernos o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de los mismos sin un proceso judicial o legal". Naciones Unidas, Doc. E/CN.4/1983/16, parr. 66. 35 European Court of Human Rights, McCann and Others vs. United Kingdom, op.cit., p. 56, parr. 161.

References: artículo 32
 artículo 42
 artículo 53
 artículo 1
 artículo 51
 artículo 52
 artículo 1
 artículo 37

resolución 
 Resolución 
 Artículo 3
 Resolución

 artículo 64