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Timestamp: 2020-07-08 13:38:14+00:00

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﻿ SENTENCIA C-365 DE AGOSTO 18 DE 1994
SENTENCIA C-365 DE 18 DE AGOSTO DE 1994
CONTENIDO:APELACIÓN EN MATERIA PENAL, OBLIGACIÓN DE SUSTENTAR EL RECURSO
TEMAS ESPECÍFICOS:CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, RECURSO DE APELACIÓN, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, FINALIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN, PROCEDIMIENTO PENAL, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:274 DE OCTUBRE DE 1994, PÁG.1327
Sentencia C-365 de agosto 18 de 1994
OBLIGACIÓN DE SUSTENTAR EL RECURSO
EXTRACTOS: «Decide la Corte Constitucional sobre la acción pública intentada por el ciudadano Luis Armando Tolosa Villabona, contra el artículo 32 de la Ley 81 de 1993, que dice textualmente:
“ART. 32.—El artículo 215 del Código de Procedimiento Penal, quedará así:
ART. 215.—Sustentación obligatoria del recurso de apelación. Quien haya interpuesto el recurso de apelación, debe sustentarlo. Si no lo hace, el funcionario lo declara desierto mediante providencia de sustentación (sic) contra la cual procede recurso de reposición”.
A juicio de la Corte los cargos en cuestión son infundados por las siguientes razones:
1. No se desconoce la garantía constitucional de la doble instancia en lo referente a sentencias (arts. 29 y 31 C.N.), por cuanto la exigencia de sustentación no implica negar el recurso o excluir toda posibilidad del mismo, como lo plantea la demanda. La norma no impide al afectado recurrir sino que, permitiendo que lo haga, establece una carga procesal en cabeza suya: la de señalar ante el superior los motivos que lo llevan a contradecir el fallo.
El apelante acude a una instancia superior con suficiente competencia para revisar lo actuado, y ante ella expone los motivos de hecho o de derecho que, según su criterio, deben conducir a que por parte del superior se enmiende lo dispuesto por la providencia apelada.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, en lo concerniente a los autos, no es la Constitución la que contempla la posibilidad de su apelación. Ello depende de la ley y, por tanto, cuando ésta crea el recurso en relación con dichas providencias, señala los requisitos que debe cumplir el apelante para atacar el fallo.
2. No se niega el acceso a la administración de justicia (art. 229 C.N.), ya que no se establecen obstáculos que hagan imposible llegar al juez, sino que, por el contrario, ello se facilita: mediante su alegato, quien apela tiene la oportunidad de hacer conocer al fallador de segundo grado los elementos de juicio en que se apoya su inconformidad.
El acceso a la administración de justicia implica la certidumbre de que, cumplidas las exigencias previstas en la ley, se obtendrán decisiones relativas al asunto que ha sido llevado a los estrados judiciales. No comporta, entonces, la ausencia de requisito o cargas, ya que unos y otras son inherentes al ejercicio del derecho.
3. Tampoco es cierto que mediante esta exigencia se haga prevalecer el procedimiento sobre el derecho sustancial, ya que la norma acusada no conduce a la nugatoriedad o al desconocimiento de los derechos que pueda tener el apelante. Más bien se trata de que este los haga explícitos con miras a un mejor análisis acerca del contenido de sus pretensiones y de la providencia misma; al poner de relieve los motivos que llevan al descontento del apelante se obliga al juez de segunda instancia a fundar su decisión en las consideraciones de fondo a las que dé lugar el recurso.
Obsérvese que, existiendo la prohibición de la reformatio in pejus, el apelante único conoce de antemano que, instaurado el recurso, la decisión del superior no pondrá empeorar su situación, de tal manera que, si en tal caso no le fuera exigida la sustentación de aquél, se propiciaría el ejercicio irresponsable de este derecho, con la consiguiente dilación del proceso.
4. Razones de economía procesal y de mayor eficiencia en la administración de justicia aconsejan que el apelante indique las que, en su sentir, son falencias de la decisión impugnada, haciendo así que el juez superior concentre su análisis en los aspectos relevantes de la apelación, sin perjuicio de considerar aquellos otros factores que, en su sentir, deban tenerse en cuenta para resolver. Esto último siempre que no se vulnere el aludido principio, plasmado en el artículo 31 de la Constitución, a cuyo tenor no puede el superior agravar la pena impuesta al apelante único.
Debe recordarse, adicionalmente, que, a diferencia de lo que ocurre en otra clase de procesos, los recursos que en favor del procesado consagra la legislación penal buscan preservar ante todo la libertad del reo. Una referencia técnica y precisa sobre el punto que puede llevar a revocar, modificar o aclarar la providencia apelada permite una decisión más rápida al respecto, con lo cual se brinda una protección mayor a este valor constitucional.
5. No es de recibo la afirmación del demandante en el sentido de que con la norma atacada se vulnera el artículo 13 de la Constitución, discriminando a quienes carecen de conocimientos especializados.
En efecto, por expreso mandato constitucional (artículo 29 C.N.), todo procesado debe tener un defensor, escogido por él o de oficio. Es al defensor al que corresponde, con base en su formación profesional y su experiencia, exponer ante el juez las razones que lo llevan a discrepar del fallo. No es al reo a quien se le exige especial versación en técnica procesal ni en materia jurídica. En este sentido todos los procesados se encuentran en pie de igualdad.
6. Con la norma que ha sido puesta en tela de juicio en nada se afecta la presunción de inocencia ni se quebrantan los principios del debido proceso.
En efecto, no se está exigiendo al procesado una prueba de que es inocente —lo cual implicaría partir del supuesto de su culpabilidad—, ni se lo está privando del derecho a controvertir las que se esgriman en su contra, ni se modifican las reglas aplicables a su juzgamiento.
7. Tampoco es admisible la tesis de que con el artículo acusado se desconoce el derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta Política.
Aunque la doctrina no es unánime en considerar que la posibilidad de recurrir haga parte del derecho de petición, para la Corte es claro que, aún aceptando esa filiación de los recursos, el derecho mencionado no se quebranta mediante la norma bajo examen, ya que ésta no se halla encaminada a obstruir el trámite que el juez debe dar a la apelación interpuesta sino que se limita a consignar unos requisitos, previos los cuales la parte interesada habrá de tener cabal oportunidad de que se revise la decisión de la cual discrepa.
Téngase en cuenta, por otra parte, que también el derecho de petición puede ser reglamentado por la ley, definiendo, entre otras cosas, la forma, oportunidad y requerimientos para su ejercicio, lo cual ha permitido al legislador expedir normas como las integrantes del Código Contencioso Administrativo.
Es suficiente lo que se deja expuesto para concluir en la exequibilidad de la norma demandada.
Con fundamento en las razones que anteceden, la Corte Constitucional de la República de Colombia, oído el concepto del Procurador General de la Nación y cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
Declárase EXEQUIBLE el artículo 32 de la Ley 81 de 1993, que modificó el artículo 215 del Código de Procedimiento Penal.
(Sentencia C-365 de agosto 18 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

References: artículo 32
 artículo 215
 artículo 31
 artículo 13
 artículo 23
 artículo 32
 artículo 215