Source: https://onestepbeyondblog.wordpress.com/category/sin-categoria/
Timestamp: 2018-07-21 17:04:16+00:00

Document:
Sin categoría – ONE STEP BEYOND
en 6 noviembre, 2017 4 noviembre, 2017 por Stefan Fernández-Bermejo Téllezen Sin categoríaDeja un comentario
Poco más de un año ha transcurrido tras el referéndum consultivo producido en el Reino Unido acerca de su posible salida de la Unión Europea (de ahora en adelante UE) -denominado brexit­-, en el cual un 51,9% de la población votó a favor de desligarse de su situación como Estado Miembro.
El 29 de marzo de este año, el Gobierno británico activó el artículo 50 del Tratado de la UE (TUE), por lo que, y así lo remite el mismo precepto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), actualmente se están realizando las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea.
El brexit se puede realizar de dos maneras: de forma limpia -conocido como hard Brexit– en el cual no se celebraría ningún acuerdo entre las dos partes produciendo, como consecuencia, una relación entre la UE y un tercer Estado; y, desde la otra perspectiva, de manera blanda -denominado soft Brexit– cuyo objetivo es totalmente distinto, desprenderse de la UE dejando, a su vez, algunos cabos bien atados: en materia de circulación de bienes y servicios, relaciones laborales, extranjería …
Theresa May tomó la iniciativa en las negociaciones -si bien es cierto que dos meses antes de iniciar el proceso de desconexión- presentando una hoja de ruta con doce puntos de los cuales destacarían el mantenimiento del área de viajes común con la República de Irlanda, control de la inmigración, derechos para los nacionales de la UE en Reino Unido y viceversa, el libre comercio con el mercado comunitario y la cooperación en la lucha contra el crimen y el terrorismo.
Al otro lado del Canal de La Mancha, la Comisión Europea, representada por Michel Barnier, ha elaborado su propio programa de negociaciones refiriéndose a asuntos concernientes al presente, es decir, en un corto-plazo: procesos administrativos en marcha durante las negociaciones, funcionamientos de las Instituciones de la Unión, Euratom, cooperación judicial en materia criminal…
Hasta aquí podemos resumir a grandes rasgos lo que ha ocurrido desde dicho referéndum. Desde este momento nos hallamos en una verdadera incertidumbre, es decir, no sabemos qué va a suceder con los mercados financieros, ¿seguirá la “City” dentro de Londres? ¿O se desplazará a Fráncfort? Irlanda, el único país con el que hacen frontera, no se sabe qué sistema de comercio van a utilizar; ¿qué pasará con la libra? ¿Cómo serán las relaciones dentro de las naciones del Reino Unido?…
En fin, todos los problemas planteados en el párrafo anterior han sido comentados por todos los medios de información. Al fin y al cabo, son asuntos políticos económicos y sociales.
No obstante, a lo anterior, hay un tema que es menester apuntar acerca del Derecho Internacional Privado, más concretamente, al Comunitario. Muy pocos medios de comunicación han dado a conocer lo que en las próximas líneas se va a destacar.
Cuestiones que afectarán por seguro serán, desde el 29 de marzo de 2019, tanto a la posibilidad de constituir sociedades en Gran Bretaña para operar en otros Estados Miembros, como la celebración de negocios jurídicos que se producirán entre las empresas domiciliadas en cualquier Estado Miembro de la UE y las domiciliadas en el Reino Unido, ex art. 50 TUE.
Así las cosas, desde dicha fecha, las sociedades constituidas en Gran Bretaña perderían tanto su condición de titulares del derecho de establecimiento dentro de la UE como la puesta a disposición de sus servicios hacia otros Estados Miembros en virtud de lo dispuesto en los art. 54 y 62 TFUE.
Pero no solo ello, la salida del Reino Unido causará notorias consecuencias en toda la Unión debido a que desde el año 1999, el Tribunal de Justicia de la UE (de ahora en adelante, TJUE) resolvió y, desde entonces, construyó una corriente jurisprudencial de acuerdo con la teoría de la constitución en virtud de los dos preceptos mencionados, la cual fomentaba a constituir sociedades en EM cuya legislación era más permisiva para operar y así, radicar su “sede” económica en los países donde, en realidad, tienen la intención de dirigir su actividad profesional (por todas, As. C-212/97, Centros Ltd.).
Por lo tanto, todas aquellas sociedades constituidas en Gran Bretaña se verán obligadas, desde este momento, a realizar operaciones de estructuración empresarial ya sea a través de la modificación de sus estatutos de su sede social o de una escisión de su sede radicada en Reino Unido.
Un ejemplo muy ilustrativo sería el caso español. La Ley de Sociedades de Capital, en su artículo 9.2, prevé la obligación de constituir sede en el caso que una sociedad ejerza de forma principal su explotación dentro del territorio español. Actualmente las sociedades británicas que tienen su principal establecimiento o explotación en España operan sin problemas dado que las exigencias de la libertad de establecimiento, interpretadas por el TJUE, impiden que se deniegue el reconocimiento a las sociedades constituidas en el RU en tanto se trate de un Estado miembro de la UE. Pero una vez pierdan la condición de sede dentro de un Estado Miembro, las sociedades británicas que operen de forma principal en territorio español estarán obligadas a constituirse dentro de España en virtud de la teoría de la sede.
En segundo lugar, no podemos olvidar que se desarrolla un gran tráfico jurídico de bienes y servicios entre empresas británicas y empresas radicadas en el resto de Estados Miembros de la Unión, así como contratos de trabajo o de consumo, entre otros. Por lo que a la hora de haber un conflicto entre una persona, sea física o jurídica, y otra, hasta hora, teníamos la garantía de estar todos los países de la Unión ligados a los Reglamentos Bruselas y Roma, con lo cual, así se desprendía una solución pacífica la cual ofrecía la posibilidad de determinar el foro competente, es decir, qué Juez conoce del asunto; la libre elección de la ley aplicable al caso, o, en caso de no haberse mencionado, los criterios de Roma; y el reconocimiento y ejecución de sentencias automático sin el previo procedimiento execuátur, en virtud del principio de confianza. En otras palabras, los dos sistemas mencionados hacían efectivo el tráfico y la seguridad jurídica dentro de la Unión.
Ahora bien, en el momento en el cual Gran Bretaña se desligue de la Unión Europea, ya no podremos utilizar dichos Reglamentos, sino que habremos de acudir a la normativa nacional: en el caso de España, para poder determinar el foro competente deberemos atenernos a las normas establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial; para determinar la ley aplicable ocurrirá lo mismo, en este caso, el Código Civil nos da las pautas para determinar el derecho aplicable siempre y cuando el contrato se hubiese celebrado después de la fecha de separación del Reino Unido y la UE; por último, en relación con el reconocimiento y ejecución de sentencias, habríamos de acudir a la Ley de Cooperación Jurídica Internacional la cual, ahora sí, en el caso de reconocer una sentencia procedente del Reino Unido habría de pasar los controles execuátur con el fin de determinar si no concurren foros exorbitantes.
Todo lo explicado en el párrafo anterior, relativo al caso español, se refleja de forma similar en todos los Estados Miembros de la UE, cada uno con su propia legislación por supuesto. Se trata de dar a entender que, desde la fecha de separación, el Reino Unido sería considerado como un tercer Estado para los países de la Unión en el ámbito del Derecho Internacional Privado.
En fin, todo lo comentado anteriormente es el reflejo de la cara oculta del Brexit; la pérdida de ventajas con las que se van a encontrar las empresas situadas en el Reino Unido y en el resto de Estados Miembros dejando como resultado, y así se ha señalado, el desplazamiento o la escisión de empresas hacia otros Estados Miembros para gozar de la libre circulación y, a su vez, del marco jurídico que otorgan los sistemas de Bruselas y Roma.
Aún quedan diecinueve meses para poder negociar las condiciones de salida del Reino Unido y, en virtud de lo dispuesto en el art. 50.3 in fine, se puede prorrogar el plazo de retirada siempre que el Consejo Europeo y RU estén de acuerdo. Ello quiere decir que aún hay tiempo suficiente para no salir ambas partes escaldadas del Brexit.
Se han planteado propuestas como el retorno del Convenio de Bruselas de 1968, o la incorporación del Reino Unido al Convenio de Lugano, a su vez criticadas por la doctrina[1] pues el contenido de ambos Tratados prevé de imposibilidad de tratar al Reino Unido como un Estado Parte, sino dentro del conjunto de la Unión Europea.
Entendemos que la mejor decisión que la UE y el Reino Unido pueden tomar, en relación con la presente materia, es la creación un régimen transitorio a partir del cual se desplieguen todos sus efectos tras la fecha de retirada del Reino Unido, 29 de marzo de 2019.
Un Tratado en el cual permita el libre tráfico de bienes, servicios y capitales cuya principal consecuencia sea garantizar la seguridad jurídica a la hora de establecer relaciones comerciales cuyo fin, a grandes rasgos sería evitar un éxodo de sociedades a Estados Miembros de la UE para poder comerciar dentro del Mercado común y el reconocimiento de una sentencia favorable en el orden Civil y Mercantil.
[1] Arenas García, Rafael., Consecuencias del brexit para el derecho
Internacional privado europeo., 2016. Barcelona.
El pasado 16 de octubre salió a la luz el Auto (Juzgado Central de Instrucción Nº 3 núm. 82/2017) que decretaba la prisión provisional de Jordi Sánchez Picanyol y Jordi Cuixart Navarro (presidentes de Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, respectivamente). Como consecuencia de ello, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, surgieron diversas opiniones acerca del resultado de dicha resolución. De hecho, hubo quienes calificaron nuestro Estado como fascista o aseguraron que, como consecuencia de dicha resolución judicial, existen presos políticos.
El objetivo que tiene este artículo consiste en la exposición de unas nociones básicas acerca del funcionamiento de nuestro Estado de Derecho, las garantías que tanto nuestro sistema procesal penal ofrece y, en concreto los requisitos exigidos para la emisión de la prisión provisional
En primer lugar, es preciso destacar que la Constitución Española, en su artículo 1.1, establece que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. Además, nuestra Carta Magna, en su Preámbulo establece la necesidad de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. El fundamento de los mencionados preceptos, en palabras del Jurista Robert von Mohl, obedece a un Estado donde la autoridad encargada de imponer la ley también se somete a ella, es decir, nosotros como voluntad popular que consolida la ley quedamos sujetos bajo la misma.
A partir de esta configuración, se desarrolla todo nuestro Ordenamiento Jurídico caracterizado por la pirámide kelseniana, la cual identifica a nuestra Constitución como Norma suprema. De esta manera nuestro sistema, dentro de la sección I del Capítulo II del Título Primero de la CE, que trata nuestros Derechos Fundamentales, y con ello lo enfoco al ámbito procesal penal, ofrece una serie de garantías consagradas como principios dentro del artículo 24 CE, como son los principios de audiencia, contradicción e igualdad de partes los cuales vienen a desarrollar la posibilidad de exponer alegaciones por parte de cualquiera de las mismas y a fundamentarlas a través de iguales medios para defender sus respectivas posiciones. De hecho, en el ámbito procesal penal, prima facie, se prohíbe que el encausado sea enjuiciado en ausencia.
Las garantías de nuestro sistema u ordenamiento jurídico van más allá. De acuerdo con el caso expuesto en el primer párrafo, para que pueda decretarse prisión provisional han de concurrir una serie de requisitos: necesidad de estar dispuesto por ley, a tenor de lo expuesto por el art. 53 CE, cuya regulación se encuentra ubicada en los arts. 502 y ss. Ley de Enjuiciamiento Criminal; que se haya solicitado a instancia de parte; que se base en una serie de presupuestos como la apariencia de buen derecho y el riesgo temporal en la no adopción; que tengan un fin determinado, revisable a lo largo del proceso e idóneo para dicho fin perseguido; y, por último, que sea acordado por un Juez mediante una resolución motivada (vid. arts. 503 a 506 LECrim).
Tras lo expuesto con anterioridad, ¿aún nos parece que nuestro Estado contiene elementos propios del autoritarismo? Sugiero a los lectores que a partir de las breves nociones mencionadas echen un vistazo a lo dispuesto en el Auto.
Podemos advertir en el mismo que, efectivamente, se ha cumplido con los principios jurídico-naturales a los que antes me he referido: la defensa de ambos reos ha estado presente y, a su vez, ha formulado alegaciones.
El Ministerio Fiscal, en calidad de parte activa del proceso, ha sido quién ha solicitado el acuerdo de la mencionada medida cautelar; y el Juez ha decretado la prisión provisional de manera fundada, motivada, suficiente y razonable (art. 506.1 LECrim) (Vid. SSTC 03/92 de13 de enero y 128/95 de 26 de julio).
De la misma manera se ha fundamentado los presupuestos esenciales de la media cautelar: la existencia de hechos constitutivos de delito con pena superior a dos años como es en el caso, delito de sedición; existencia de motivos bastantes -apariencia de buen derecho- para considerarles investigados, que bien podría traducirse en impedir que se lleven a cabo las actuaciones policiales o en destrozar vehículos oficiales de la Guardia Civil; el aseguramiento de la presencia del investigado para que no pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga -peligro en la demora-, pues la responsabilidad penal derivada del hecho delictivo conlleva una privación de libertad de entre 4 a 8 años (art. 545 CP); reiteración delictiva, como podría ser otra convocatoria que persiguiera realmente interferir en las actuaciones policiales y en los registros; o la alteración de diversas fuentes de prueba mediante la realización de actividades semejantes con la finalidad de impedir las medidas de investigación oportunas.
En definitiva, esta medida cautelar es apropiada para el caso expuesto ya que en virtud de los hechos probados se refleja una excepcionalidad a la libertad sin que pueda ser posible garantizar la finalidad del proceso con otra medida menos gravosa y que sea correlativa con los fines perseguidos. Así, en palabras del Tribunal Constitucional (STC 47/00 de 17 de febrero) “[que] se haya ponderado la concurrencia de todos los requisitos que justifican su adopción […]. [Dicha] ponderación será razonable cuando sea el resultado de la ponderación de los intereses en juego -presunción de inocencia y evitación de hechos delictivos- a partir de toda la información disponible en el momento de adoptarse la decisión”.
Por último, y con el fin cerrar el círculo de garantías, el artículo 766 LECrim prevé, como fundamento para prevenir la falibilidad del Juez, que dicho Auto sea susceptible de ser recurrido en apelación y ser, finalmente, resuelto por el órgano jurisdiccional competente superior y, en el supuesto de estimarse dicho recurso y, eventualmente, dictarse sentencia absolutoria, tendrá derecho a indemnización (art. 294 LOPJ).
¿Estado Monárquico-corrupto? ¿Presos políticos? ¿Un Estado sin garantías? Permitidme la pregunta, ¿estamos de broma? ¿Cómo puede ponerse en duda nuestro sistema procesal, considerado como uno de los más garantistas del mundo? Repito, una vez tenidas en cuenta estas nociones, si proceden a leer el Auto podrán observar en él que se han respetado tanto las garantías constitucionales como los derechos de los implicados.
Y todavía hay quien considera que este asunto se trata de un conflicto político y que se ha de resolver con política. Yo a ello respondo: “No querido. Los problemas políticos que derivan en delitos se resuelven en los tribunales mediante la aplicación del Código Penal y el resto de nuestro Ordenamiento Jurídico”.
en 29 mayo, 2016 28 junio, 2016 por Stefan Fernández-Bermejo Téllezen Sin categoríaDeja un comentario
La reforma de la Constitución es un tema candente en los tiempos que corren no sólo porque los partidos políticos no paran de decir que esta Constitución está muerta y que los ciudadanos de a pie, nosotros, hayamos, a través de su frecuencia, grabado ese mensaje y, por consiguiente, lo soltemos como papagayos sino porque, actualmente, los ciudadanos, en vista de la corruptela que hay en la política y en el caciquismo y el inmovilismo que genera ésta, quieren “más democracia”. No me refiero al precepto constitucional que expresa que España es un estado democrático[1], sino que a raíz de lo expuesto más arriba, el pueblo quiere participar más en la vida política, ser más soberano de España que antes, blindar los llamados “Derechos Fundamentales”, e incluso reorganizar el territorio español de una forma más estructurada que la que da la Norma Suprema.
Personalmente, el tema de la reforma Constitucional me empezó a interesar hace un año, cuando yo cursaba mi primer año del Grado de Derecho. Recuerdo la clase en Derecho Constitucional I en la que el profesor nos preguntó qué habría que incluir en nuestra “nueva” Constitución. Creo que todos dimos una serie de ideas básicas para su constitución pero el profesor, tras nosotros acabar de “reformarla”, nos preguntó si algunos puntos, que desde luego son importantes como la Organización Territorial[2], deberían estar incluidos también. En fin, comprendí que para reformar la Constitución lo primero es leérsela, o por lo menos los Títulos que la desarrollan.
Lo que quiero decir antes de empezar a comentar las posibles reformas –o las más polémicas, en su caso- de la Constitución es que la leáis y os enteréis en primera persona, para poder así sacar vuestras opiniones, qué es lo que se debe modificar, derogar o añadir.
En este caso, a raíz de los medios, de los comentarios doctrinales y mi lectura personal de la Constitución, yo señalo tres grandes temas que requieren cierta importancia para su mejora. Ya observáis que yo no hablo de constituir una nueva ni nada parecido, hablo de mejorarla a los tiempos actuales.
¿Qué ocurre en nuestra Constitución?
Nuestra Norma Suprema es quizá muy extensa en comparación con el resto de los países de la UE[3] lo que hace que se encargue de manejar ciertos temas que probablemente hoy día deberían ser encargados a través Ley Orgánica.
También tenemos como mentalidad el cambiar la Constitución esporádicamente y no volverla a tocar hasta dentro de veinte años. Hay que pensar que la Constitución Española se ha modificado dos veces desde que nació en 1978: Una por la adhesión a formar parte de la UE (Tratado de Maastricht[4]) y otra por la reforma del famoso artículo 135 que en mi humilde opinión ese precepto ya está obsoleto. Creo que no pasa nada por innovar en nuestra Constitución y adaptarla cuando los tiempos lo pidan. No digo que debamos modificarla setenta veces cada año como ocurre en México, pero sí que cada cierto tiempo haya una revisión tanto doctrinal como jurisprudencial[5].
En este caso, hemos sido todos los españoles los que salimos a la calle y hablamos de una reforma constitucional, o incluso constituir una nueva. Al igual que el Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid Ignacio Torres Muro y José Antonio Alonso de Antonio, titular de Derecho Constitucional de la misma casa, pienso que se debería tomar este tema con más calma y con más delicadeza y tratar a la Constitución como lo que es porque todo el mundo pide cambio, pero nadie da ideas claras, ni crea enmiendas ni nada por el estilo.
Temas a reformar:
A lo largo de estos dos años he estado leyendo y escuchando críticas de manera común a ciertas instituciones que la misma Norma Suprema menciona. Temas como el Consejo General del Poder Judicial, la Organización Territorial, las Cortes Generales o incluso el medio ambiente.
Fue hace unos días cuando estuve en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid en la Conferencia acerca del tema que estoy tratando: “El País con la Constitución”[6]. Fue Don Juan Luis Cebrián[7] quién abrió el debate, seguido por Antonio Rovira[8], y mencionó la “muerte de nuestra Constitución” y sus posibles reformas.
Todo esto me ha llevado a opinar sobre qué cambios necesita nuestra Constitución para seguir funcionando con correcta eficiencia.
El asunto acerca de La Corona no lo mencionaré porque, aunque sea necesaria una reforma de la sucesión, aún queda tiempo para que la Infanta Leonor cumpla los 18 años. Tampoco hablaré de un supuesto referéndum acerca de si se quiere Monarquía o República. Creo que eso se debería haber hecho, al igual que dice un buen amigo mío, cuando SM el Rey Juan Carlos abdicó sobre su hijo. Yo soy monárquico, pero también soy partidario de que se elija de qué manera debe haber un Jefe de Estado.
En cuanto al tema del Medio Ambiente tampoco hablaré sobre ello debido a que ya profundicé en su momento por lo que me remito a lo que escribí en mi primer artículo[9].
Está situado en el Título VI de nuestra Constitución. Como bien decía Montesquieu, en su libro “Del Origen de las Leyes” sobre la división de poderes, el Poder Judicial es un órgano independiente de los poderes Legislativo y Ejecutivo. ¿Quién se encarga de que este poder sea independiente? El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Lo que ocurre es que este órgano está “politizado”. Politizado en el sentido que son los Parlamentarios (Diputados y Senadores) quienes eligen a los miembros que forman el CGPJ[10],[11],[12].
Hay quien está totalmente en contra de la existencia de este CGPJ como el profesor Torres Muro[13]. En cambio, el profesor Jaime Vegas, Catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Rey Juan Carlos considera que debería haber un ajuste proporcional designado por todos los grupos parlamentarios consiguiendo así una representación pluralizada sin que haya un monopolio o un duopolio partidista.
El profesor Jaime Vegas, desde mi punto de vista, se acerca mucho a la idea que tengo en mente acerca de la modificación de este Órgano Constitucional. Él habla de una representación proporcional en función de los escaños que tenga cada grupo parlamentario, cosa que en el fondo sería una elección indirecta por parte del pueblo español[14].
Yo voy un poco más allá. En mi opinión el CGPJ es un órgano que se encarga de la independencia del Poder Judicial, pero que la política se ha aprovechado de él. Ya era hora de manifestarse ante tal acontecimiento. Yo le daría más significado a la soberanía nacional[15] y modificaría el artículo 122.3 CE expresando que esos 12 Jueces o Magistrados fueran elegidos por sufragio universal, en una lista abierta con circunscripción nacional con un sistema de mayorías similar al del Senado, en vez de que la desarrollara la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Puede ser más complejo de definir, pero es “más democrático”.
En definitiva: ocho a propuesta de las Cortes Generales y doce a propuesta del pueblo español.
La Norma Suprema lo desarrolla en el Título III, la cual no regula del todo mal cómo debería funcionar nuestro Poder Legislativo. Digo “no del todo mal” porque en estos treinta y ocho años de Estado Constitucional los tiempos han cambiado y mucho.
-Del Congreso:
Actualmente, la mayoría de nosotros nos preguntamos por qué la circunscripción es provincial[16]. Creo que el señor Cebrián lo explicó muy bien en la conferencia: En la época de los 80´s la gente habitaba con más mayoría que ahora en el sector rural. Es por ello por lo que se le dio en su momento más importancia a la provincia.
Creo que es el momento de modificar la palabra “provincia” del artículo 68.1 de la Constitución y añadir “el territorio español” para así crear solo una única circunscripción como pasa en el caso de las elecciones al parlamento europeo y fomentar de una manera directa la unidad de España.
La configuración que atañe al sistema de listas y al sistema proporcional[17] entiendo, desde mi perspectiva, que debería ser objeto de desarrollo por la Ley Orgánica del Régimen electoral General y no por la Constitución según mantienen algunas personas pertenecientes a diferentes partidos políticos.
-Del Senado:
El Senado es el tema más polémico en cuanto se refiere a la reforma Constitucional. ¿Qué hacer con el Senado? Hay muchas opiniones al respecto: Algunos se desharían del Senado, como, y desde muchas perspectivas, Alberto Ruiz-Gallardón, Rosa Díez, Miguel Ángel Revilla, Juan Carlos Girauta o Marta Rovira[18]; otros, como el profesor Torres Muro, lo mantendrían tal y como está[19] sin tener que decidir sobre leyes estatales trascendentes. Antonio Rovira, en cambio, habla de transformarlo a un sistema parecido al Bundesrat alemán[20].
En mi opinión, coincidiendo en gran parte con el profesor José Antonio Alonso de Antonio[21], el asunto que se refiere a la reforma del Senado comprende muchos puntos de vista: Desde su configuración hasta su sistema de control del Gobierno pasando por la atribución de nuevas competencias.
Con lo referente a su composición, discrepo con Jose Antonio Alonso de Antonio. Yo soy más partidario de fomentar un sistema proporcional referido a los partidos, es decir, que haya pluralidad política en la Cámara Alta y todos lleguen a tener palabra en la misma, aunque ello conlleve una pérdida de proporción en materia de territorialidad[22]. Esta postura coincide la que propone Diego López Garrido[23] [24].
Respecto a las funciones del Senado, podemos destacar, como desarrolla Alonso de Antonio, tres:
En cuanto a su función legislativa, debería ser necesaria la atribución de ciertas competencias en materia de leyes de contenido autonómico[25] denominadas según Eliseo Aja[26] “leyes susceptibles de desarrollo o ejecución por las Comunidades Autónomas. Poniendo algún ejemplo práctico en materia de esta reforma, debería ser el Senado, en mi opinión, quien debiera hacer la primera lectura, o iniciar su tramitación en: Leyes de aprobación y reforma de los Estatutos de Autonomía; Leyes marco, transferencia o delegación, Ley Orgánica de financiación de las CCAA y Leyes de Fondo de Compensación Interterritorial[27].
Siguiendo en la trayectoria de la función legislativa, habría que plantearse la necesidad de igualar las dos Cámaras de Representación conforme a las discrepancias que pudiera haber ya que al final, es el Congreso quién ratifica las enmiendas aprobadas por el Senado a través de una mayoría absoluta; en caso de no haberla se tramita el proyecto de ley original[28]; o, también, quién puede ratificar un proyecto de ley vetado por el Senado mediante mayoría absoluta o, en caso de no haberla, mayoría simple[29]. Esto en realidad quiere decir que hay una depreciación al Senado en base a que se le da al Congreso la posibilidad ratificar el texto que ya aprobó en su momento antes de pasar por el Senado.
Concluyendo con este primer punto en base a sus funciones legislativas, creo que el Senado debería tener la capacidad de vetar o enmendar los proyectos de ley aprobados por el Congreso sin necesidad de volver a ser ratificados por la misma Cámara en materia de leyes de contenido autonómico como se ha dicho previamente.
La función de Control del Senado debe ser materia de revisión Constitucional también. Hay determinadas materias como la investidura, la cuestión de confianza y la moción de censura[30] que deben permanecer sin modificar por criterios representativos proporcionales (Caso Congreso) y no de mayorías (Caso Senado). Sin embargo, en mi opinión, si sería necesario darle a la Cámara Alta más protagonismo en la autorización de Tratados Internacionales tratándose exclusivamente en aquellos casos que afecten a competencias de las Comunidades Autónomas. Así podría llevar a cabo tareas de impulso, seguimiento y control de la política exterior en cuanto se vea implicada la estructura territorial del estado[31].
Siguiendo en la función de control, otra propuesta de revisión que cabría observar sería en su actuación en los casos de responsabilidad penal de los miembros del Gobierno[32].
La última sugerencia que cabría en las funciones de control del Senado podría ser también la supresión de medidas tomadas por el Gobierno -en los estados de alarma, excepción y sitio[33]– respecto a las Comunidades Autónomas cuando afecte injustamente a sus competencias[34].
Como último punto a destacar, habría que ver la función autonómica del Senado en lo que se refiere a poder establecer una obligación del Gobierno a informar al senado de todas sus actuaciones en el marco de la Unión Europea que afecten a competencias estatutarias de las Comunidades Autónomas.
A modo de concluir con el asunto que atañe a la reforma del Senado, me gustaría decir que antes que eliminarlo, se debería atribuirle más competencias en relación al territorio Autonómico para que así adquiriera el nombre que le otorgó en su día la Constitución.
-De las dos cámaras.
Ahora, me gustaría mencionar un Precepto Constitucional que, en mi opinión, debe ser susceptible de, al menos, de revisión.
El artículo 71de la Norma Suprema concede una serie de “privilegios” a los parlamentarios de las Cortes Generales. Uno de los privilegios es la inviolabilidad (Artículo 71.1 CE), la cual protege tanto a los Diputados como Senadores de responsabilidad jurídica[35] (que no política) en el manifiesto de sus opiniones[36] [37].
En mi opinión, el precepto susceptible de revisión debería ser el artículo 71.2 de nuestra Constitución. La inmunidad es un “privilegio” conferido por la Constitución caracterizado por afectar a la esfera procesal y generar obstáculos para actuar contra el Parlamentario en sí[38]. Es la forma de evitar ir a juicio de un Parlamentario en el tiempo que está ejerciendo dichas funciones.
Para que un Parlamentario pueda ir a juicio, necesita la autorización de las cámaras. Se le conoce como Suplicatorio. Además, es el Tribunal Supremo el que se encarga de estos asuntos[39] [40].
Aunque la doctrina y la jurisprudencia hayan definido y hayan marcado ciertos “limites” de responsabilidad jurídica, el debate constitucional acerca de este favor que se le hace a los Parlamentarios ha ido creciendo a lo largo de estos años[41]debido a que históricamente sí podrían haber ocurrido maquinaciones y conspiraciones contra Diputados que interesaba “eliminar” de la vida política. En consecuencia, de ello, podría desencadenar inestabilidad democrática. Pero actualmente, en una sociedad constituida, moderna y, viviendo en un Estado Social Democrático y de Derecho no creo, en mi opinión, que sea necesario proteger de esta manera a los Diputados[42].
En mi opinión y para defender los derechos fundamentales como la igualdad de todos y la tutela judicial efectiva yo modificaría este precepto derogando que la competencia es del Tribunal Supremo y añadiendo que pertenece a los juzgados de instrucción[43].
Mantendría, por el contrario, la necesidad de pedir el Suplicatorio a la Cámara respectiva. En este sentido sí que debería haber una seguridad política en el sentido de no poner en peligro el ejercicio de las funciones de nuestros representantes.
Como último tema de revisión constitucional planteo la relectura del Título VIII de nuestra celebre Constitución.
Es un tema muy delicado de tratar a la par que discutible. Delicado y discutible desde un punto doctrinal y político: hay autores, catedráticos, profesores que, en principio, hablan de reestructurar, reformar o aclarar la forma en la que se debe llevar a cabo nuestra organización territorial pero que, al fin y al cabo, discuten de qué manera poder hacerlo.
Dicho lo cual, tanto la doctrina administrativa y constitucional como la política, discierne entre tres diferentes formas de estado. Estas formas de estado son: La Confederación, un Estado Federal y un Estado Autonómico o descentralizado.
-Confederación:
Este sistema es muy criticable debido a la ilegitimidad que acarrearía con la unidad de España[44] y su soberanía nacional[45].
Aparte, esta supuesta reforma conllevaría que, a partir de ese momento, las Comunidades Autónomas tuvieran la plena facultad de determinar los medios económicos de los que debe dotarse al Estado.
También privaría al Estado español de su capacidad para ser sujeto efectivo de Derecho Internacional[46].
-Estado Federal:
Actualmente, es un modelo que se está planteando en España debido a la polémica generada por el referéndum consultivo en Cataluña y por las propuestas políticas ulteriores.
Algunos consideran que el Título VIII ha sido una disposición transitoria que debía de ser llenada de contenido a medida que se fueran cumpliendo sus previsiones[47], que sirvió para dar los primeros, pasos para iniciar el cambio de la descentralización política sin precisar dónde acabar[48].
Otros, sin embargo, piensan que el Título VIII presenta rasgos mixtos que comparte entre Estado unitario y Estado federal[49], o como un modesto Estado regional intermedio entre Estado central y Estado federal[50]
Para una reforma al Estado federal, las profesoras de Derecho Constitucional de ICADE[51] proponen seguir un modelo similar al belga[52] en materia territorial. Su Constitución -La Constitución refundida belga- otorga la potestad legislativa exclusiva en materias culturales, educación, asuntos sociales, sanidad, medio ambiente y economía. De acuerdo a los temas internacionales, se le otorga a los Estados federados concluir Tratados internacionales en el ámbito de sus competencias[53]. En definitiva, un modelo territorial abierto dejando en manos del legislador ordinario el establecimiento de los elementos definitivos del sistema.
-Estado autonómico:
Conocido por ser el modelo actual que tenemos en España desde 1978. Es, quizá, el mejor modelo de estado posible que hayamos tenido en la historia de nuestra Nación, pero, posiblemente, ya haya quedado obsoleto. Obsoleto no en la manera de sentir la necesidad de construir o modificar un nuevo modelo de Estado, sino que ciertos preceptos constitucionales que engloban esta materia[54] deberían, como en otras ocasiones he repetido, ser objeto de revisión y, por consiguiente, adaptados a nuestros actuales tiempos.
Yo soy partidario de continuar con un modelo de Estado autonómico ya que, por un lado, tiene que haber algunas materias que, debido a su eficacia y/o comodidad, sean mejor controladas por entes públicas más concretas[55]; y por otro lado que se siga conservando con fuerza la unidad de España y, además, que el Gobierno central se encargue, con efusiva exclusividad, de materias que conlleven un interés común o general[56].
A modo de reformar este Título (concretamente, su capítulo III), soy afín a los principios de reforma de Javier García Fernández (Catedrático Derecho Constitucional UCM)[57].
Muchos artículos de la Constitución que tratan el tema de las Comunidades Autónomas[58], se podría decir que, están anticuados, obsoletos o agotados ya que actualmente no tienen ninguna función para con las Comunidades Autónomas: Hay preceptos constitucionales que se encargan de regular los procedimientos para acceder a la autonomía –de una u otra forma más especial-[59]. Yo creo que, una vez constituidas todas las autonomías, se puede proceder a su “derogación” puesto que, hoy en día, no tienen efecto alguno.
Otro precepto constitucional establece cómo se elaboran los Estatutos de Autonomía[60]: Yo creo que, a pesar de lo que fundamenta el profesor Javier García Fernández, debería conservarse en el caso de tratar una nueva redacción entera y, por supuesto, continuar como reserva de Ley. Añadiría, de acuerdo con el mismo profesor, una disposición que se encargue de regular el supuesto de establecer un Estatuto conjunto entre dos o más Comunidades Autónomas en el caso de que hubiera una fusión entre las Comunidades preexistentes.
Llegando a la cuestión constitucional que regula las competencias pertenecientes a las Comunidades Autónomas y al Estado[61], hay que decir que la doctrina ha llegado a la conclusión de que no es la Constitución quién atribuye a las Comunidades Autónomas las competencias, sino que son éstas las que pueden tener atribuidas competencias distintas con unas y otras[62], obligando a la Administración central a encargarse de asuntos, que aunque sean capaces las Comunidades Autónomas sin óbice alguno de tomar competencia, necesarios para asegurar que los ciudadanos reciban los mismos servicios de los poderes públicos[63].
Hay matices que, aun formando exclusivamente parte de las competencias del Estado, entran en discordancia con las Comunidades Autónomas cuando éstas mismas, en sus Estatutos, crean otras categorías competenciales. Al ser el Tribunal Constitucional quién resuelve estos conflictos[64], siempre se ha posicionado a favor de las Comunidades Autónomas restringiendo, por consiguiente, las funciones del Estado.
Se debería, pues, redactar los artículos que comprenden las competencias en un sentido riguroso y claro (formalmente hablando); y en otro lo que es propio de dirigir técnicamente para una Comunidad Autónoma y lo que es propio para un Estado central (materialmente hablando).
Para acabar con este punto, pienso que sería necesario la inclusión de las Comunidades Autónomas que constituyen España debido a que es un modelo que se sigue en varios países europeos[65] y su fin es dar una seguridad tanto jurídica como política a la Constitución[66].
-Breve mención al Estado centralizado.
El Estado centralizado es un modelo que España deja a un lado en la discusión de la organización territorial. Es un modelo muy general, en mi opinión; hay ciertos temas en los que un Estado centralizado es incapaz de profundizar -mientras que un un sistema federal o autonómico sí es capaz-: no habría suficientes órganos de inspección o control, faltarían recursos u órganos que se encarguen de asuntos locales como funcionarios, más presupuesto…,
Actualmente ningún país en el mundo tiene como modelo un Estado Centralizado debido a la extensión de su territorio y a la especificación que ello conllevaría produciendo, consecuentemente, un trabajo ineficiente en comparación a uno federal
Francia es la excepción debido a la tradición histórica que tiene.
Muchos puntos se han visto tocados a lo largo de este artículo. Creo que es necesario que cada X tiempo sea necesario consultar a sociólogos, juristas, economistas… para poder mejorar nuestra Norma Suprema a los tiempos que corren.
La Constitución se ha de cuidar, se tiene que mantener. En el caso de no actualizarla ni adaptarla, lo que ocurrirá es que, habrá una transformación mediante una vía secundaria: la “mutación constitucional”[67] concurriendo graves problemas prácticos a la hora de entender la constitución según qué tiempo.
Por último, invito a todo el mundo a que se informe acerca de las consecuencias que acarrea reformar la Constitución; que se lea diferentes opiniones sobre qué enmendar para así tener consenso de los temas a regenerar.
A raíz de lo que he leído esta es mi opinión. ¿Y la tuya, cuál es?
[1] Artículo 1.1 de la Constitución Española.
[2] Título VIII de la Constitución Española.
[3] Véase las Constituciones alemana, portuguesa, austríaca, francesa o italiana.
[4] <<La primera reforma constitucional consistió en añadir, en el artículo 13.2, la expresión “y pasivo” referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales>>. http://www.congreso.es/consti/constitucion/reforma/primera_reforma.htm
[5] En el caso de cambiar con el paso del tiempo la interpretación que se les da a los preceptos constitucionales como ocurrió en la STC 198/2012 acerca del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario popular contra la reforma del matrimonio homosexual de 2005.
[6]http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886350331/1242692598985/evento/evento/Conferencia_%E2%80%9CEl_Pais_con_la_Constitucion%E2%80%9D_impartida_por_Juan_Luis_Cebrian.htm
[7] Miembro de la Real Academia Española y Presidente del Grupo Prisa.
[8] Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.
[9] https://onestepbeyondblog.wordpress.com/2016/05/29/conservacion-del-medio-ambiente-como-derecho-fundamental-en-nuestra-constitucion/
[10] En virtud del artículo 122.3 de la Constitución Española que establece que 8 de los 20 vocales serán elegidos cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado.
[11] En virtud de lo establecido en el artículo 567 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “2. Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez Vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial”.
[12] La STC 108/1986 establece que es “acorde a las previsiones constitucionales y es cosa que ofrece poca duda”.
[13] http://www.caffereggio.net/2015/02/11/un-problema-de-reforma-constitucional-de-ignacio-torres-muro-en-el-confidencial/
[14] Reflexiones sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2012.
[15] Artículo 1.2 Constitución Española.
[16] Tal y como dicen los artículos 68 y 69 de nuestra Constitución.
[17] Véase el artículo 68.3 CE que expresa la “representación proporcional” pero no desarrolla una manera específica.
[18] http://www.lavanguardia.com/politica/20151210/30714353528/senado-reforma-suprimir.html
[19] http://www.caffereggio.net/2015/02/11/un-problema-de-reforma-constitucional-de-ignacio-torres-muro-en-el-confidencial/
[20] No es justo LA CATARATA (ASOCIACION LOS LIBROS DE LA CATARATA).
[21] Algunas propuestas para la reforma constitucional, Núm. 2/2005: 359-407.
[22] Esto discriminaría a las CCAA con más población como Andalucía o Cataluña.
[23] Catedrático de derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha.
[24] De esta manera propone una modificación del artículo 69 CE: Declarando que haya un mínimo de un Senador en cada CA (Incluyendo Ceuta y Melilla). Compuesto de 180 Senadores designados más los 161 restantes divididos por las 17 CCAA finalizando con añadir el resto de Senadores a las CCAA cuyo resto sea mayor.
[25] Algo similar a lo que en Alemania se conoce como “Leyes Federativas”
[26] Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Perspectivas de la reforma constitucional del Senado.
[27] Aquí sería necesaria la reforma de los artículos 74.2, 87.2 y 88 CE.
[28] Artículo 132 del Reglamento del Congreso.
[29] Artículo 90.2 CE.
[30] Artículos 99, 112 y 113 CE.
[31] Habría que plantearse una modificación de los artículos 93 y 94 CE para dar más protagonismo al Senado en los temas referidos.
[32] Con esto, conllevaría una reforma de los artículos 102 CE y 169 RC.
[33] Artículo 116 CE.
[34] Esta sería una facultad muy similar a la que contiene el Bundesrat alemán en la Ley Fundamental de Bonn (Arts. 25, 87 y 91).
[35] “no puedan ser sometidas a procedimiento alguno” (STC 36/1981).
[36] “Libre discusión y decisión parlamentarias” (STC 51/1985).
[37] “La inviolabilidad es un privilegio de naturaleza […] en actos parlamentarios y […] en actos exteriores a la vida de las Cámaras que sean reproducción literal de un acto parlamentario” (STC 243/1988).
[38] “La inmunidad […] protege la libertad personal de los representantes populares contra detenciones y procesos judiciales que puedan desembocar en privación de libertad, evitando que […] se impida al parlamentario asistir a las reuniones de las cámaras y se […] altere indebidamente su composición y funcionamiento” (STC 243/1988 que reitera la ya contenida en la STC 80/1985; y SSTC 123 y 124/2001).
[39] En virtud de los artículos 71.3 y 71.4CE. Cierto es que solo tomará asuntos la Sala 2 de los Penal del TS.
[40] El TC sí ha mencionado, sin embargo, que el juez puede investigar de los asuntos que confieren al Parlamentario, pero eso no da a lugar que no deba pedir el Suplicatorio (STC 124/2001).
[41] Así lo dicen Manuel Alba Navarro, Letrado de las Cortes junto con Ángeles González Escudero, Letrada de las Cortes <<un presente debatido y cuestionado hasta su más honda raíz>> http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=71&tipo=2
[42] Básicamente porque este aspecto de la Constitución puede menoscabar el ejercicio de los Derechos Fundamentales como la Igualdad (Artículo 14CE) y la tutela judicial efectiva (Artículo 24.1 CE).
[43] De esta manera, salvaguardamos el derecho fundamental del artículo 14 CE pudiendo, en su caso procesar al parlamentario en más instancias.
[44] Debido a que se produciría la vulneración del artículo 2 de nuestra Constitución rompiendo taxativamente la <<indisoluble unidad de la Nación española>>.
[45] A tenor de lo expuesto por el artículo 1.2 Constitución, habría aquí un problema jurídico-político puesto que conllevaría una reforma completa de los tres poderes: Legislativo, ejecutivo y judicial.
[46] Al no haber una delimitación territorial, ni una población unida, según explica Martín Ortega Carcelén, como requisitos para ser un Estado (Ortega Carcelén, Martín Derecho Global, Madrid, 2014. págs. 99 y 100).
[47] Cfr. Torres Muro, I., Los Estatutos de Autonomía, Madrid, 1999, pág. 18.
[48] Cfr. Ramón Fernández, Tomás http://www.theeconomyjournal.com/es/notices/2013/05/-hay-que-reformar-la-constitucion-o-solo-su-titulo-viii-66753.php
[49] Cfr. Solozabal Echeverría, Juan José., Revista de Derecho Poítico UNED nº 13 pág. 15.
[50] Cfr. De burgos, Javier., España por un Estado federal, Barcelona, 1983, pág.13.
[51] Las Constituciones de los quince Estados de la Unión Europea (Textos y comentarios), Madrid,1996, págs. 145 y 146.
[52] Debido a que Bélgica es una Monarquía con un modelo federal.
[53] Artículo 167.1 Constitución de Bélgica <<1. El Rey dirige las relaciones internacionales sin perjuicio de la competencia de las Comunidades y Regiones para regular la cooperación internacional, incluyendo la conclusión de tratados para las materias que correspondan a sus competencias por o en virtud de la Constitución>>.
[54] Recomiendo, para aquellos que no se hayan documentado acerca del funcionamiento de las Comunidades Autónomas, que hagan una profunda lectura del Capítulo III del Título VIII CE.
[55] Los puertos “pequeños”; la ordenación del territorio, urbanismo, vivienda; intereses culturales autonómicos (todo ello, entre otros, perteneciente ya a las competencias de las CCAA).
[56] Asuntos como las relaciones internacionales, la legislación penal, nacionalidad e inmigración, defensa y fuerzas armadas (todos ellos pertenecientes a las competencias estatales del artículo 149 CE). Añadiría Sanidad y Educación (sin perjuicio de conservar los asuntos en relación a la higiene y en materias culturales a las CCAA).
[57] http://www.fundacionsistema.com/la-reforma-de-la-constitucion-xxi-los-defectos-del-capitulo-iii-del-titulo-viii-de-la-constitucion-de-las-comunidades-autonomas/
[58] Concretamente regulado en el Capítulo III del Título VIII.
[59] Artículos 143.2 y 3, 144 y 151 de la Constitución Española (acuerdo de las Diputaciones interesadas u órganos interinsulares, el plazo de reiteración y las funciones más específicas correspondientes autorizadas por las Cortes Generales respectivamente).
[60] Artículo 146 CE <<por una asamblea compuesta de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley>>
[61] Artículos 148 y 149 CE respectivamente.
[62] La doctrina lo trata como <<dificultad de aplicación>>: López Guerra, Luis; Espín, Eduardo; García Morillo, Joaquín; Pérez Tremps, Pablo y Satrústegui, Miguel., Derecho Constitucional, Valencia, 2010 vol. II págs. 279-289.
[63] Mejor conocido como <<Asunción estatutaria de competencias>>: Pérez Royo, Javier., Curso de Derecho Constitucional, Madrid, 2012, 13ª ed., pág 807.
[64] Vid artículo 161.1 c) <<El TC […] es competente para conocer: de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas […]>>.
[65] Preámbulo de la Ley Fundamental de Bonn (Alemania); artículo 2.2 Constitución austríaca; artículos 2-5 Constitución Belga; artículo 131 Constitución italiana y artículo 1 Constitución suiza).
[66] http://www.fundacionsistema.com/la-reforma-de-la-constitucion-xxiii-que-debe-contener-el-capitulo-iii-del-titulo-viii-de-la-constitucion-de-las-comunidades-autonomas/
[67] Acerca de las modalidades y efectos de la mutación constitucional, vid. De Vega, Pedro., La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, Madrid, 1985, págs. 179-195.
[4] <<La primera reforma constitucional consistió en añadir, en el artículo 13.2, la expresión “y pasivo” referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales>>.http://www.congreso.es/consti/constitucion/reforma/primera_reforma.htm
[9] http://stefan96.blogspot.es/i2015-10/
[41] Así lo dicen Manuel Alba Navarro, Letrado de las Cortes junto con Ángeles González Escudero, Letrada de las Cortes <<un presente debatido y cuestionado hasta su más honda raíz>>http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=71&tipo=2
en 29 mayo, 2016 30 mayo, 2016 por Stefan Fernández-Bermejo Téllezen Sin categoríaDeja un comentario
en 29 mayo, 2016 29 mayo, 2016 por Stefan Fernández-Bermejo Téllezen Sin categoría1 comentario
Introducción:El tema a discutir trata sobre la mejora que supondría la movilización del artículo 45 de la Constitución a la sección primera del capítulo II del título I de esta constitución, es decir, convertir el artículo 45 CE un uno de los derechos fundamentales y libertades públicas.
¿Por qué? Este artículo en cuestión pretende argumentar de manera jurídica la necesidad de establecer un control más eficiente en lo que se refiere a la rama ambiental. Materias como el control de los incendios forestales, o los vertidos tóxicos quizá sean temas de extrema precariedad controlar.
Sí que es cierto que en nuestra constitución de 1978, España se convierte en uno de los pioneros que se atreve a garantizar esta materia en cuestión puesto que es uno de los temas que va adquiriendo día tras día más interés. Además que bajo el artículo 45, subyace el derecho de los ciudadanos a gozar de una calidad de vida coherente con la dignidad de la persona reconocida (10CE) por lo que le da mucha más protección.
Sin embargo estas medidas se han quedado ya obsoletas puesto que no debemos establecer el derecho de la conservación del medio ambiente como uno de los principios rectores de la política social y económica, sino como uno de los derechos fundamentales ya que en diversos aspectos, como dice la STEDH de 9 de diciembre de 1994, “el disfrute de un medio ambiente tiene innegables repercusiones con el derecho a la intimidad, a la integridad física y a la moral”, entra así en conflicto con los artículos 15 CE y 18 CE –perteneciente a la sección primera del capítulo II del título I”.
En vez de equiparar el derecho al medio ambiente como otro derecho fundamental más, sería mejor establecerlo expresamente, llegando a evitar la mutación constitucional dada muchas veces como en la STC 198/2012 de 6 de noviembre sobre la reforma del matrimonio legal entre personas del mismo sexo.
Para empezar, habría que ir a la constitución alemana (Ley Fundamental para la república federal alemana de 1949) en la cual, en su Título I, en la que aparecen expresados los derechos fundamentales, viene tipificado en su artículo 15 que con fines de sociabilización, el suelo, los recursos naturales y los medios de producción pueden ser situados bajo la gestión colectiva, por lo que ya es una diferencia gradual a nuestros derechos fundamentales de nuestra constitución.
También es importante hacer una referencia a la Constitución Italiana, en la que uno de sus “Principios fundamentales”, la república salvaguardará el paisaje y el patrimonio histórico y artístico de la Nación (9CRI).
Estos dos países mencionan el derecho a la conservación del medio ambiente de una forma o de otra en sus respectivos derechos fundamentales (ya sea por motivo de propiedad, o por motivo de protección), luego, sería para España una oportunidad de entrar a ser uno de los pocos países de la UE que tenga un enfoque más proteccionista con el medio ambiente.
Para ello, la Constitución Española habla de una serie de ventajas que atribuirían en el supuesto de que “La conservación de nuestro medio ambiente” estuviera dentro del apartado de “Derechos fundamentales y libertades públicas”.
Para empezar, el desarrollo de su derecho se establecería por Ley Orgánica en vez de por Ley ordinaria –tal y como explica el artículo 81 de la Constitución. ¿Qué quiere decir ello? Supondría un mayor control legislativo y tendría una mayor protección constitucional.
Me refiero a un mayor control legislativo en cuanto, sería necesaria la exigencia de mayoría absoluta en el Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto (artículo 81.2 CE), es decir, la mitad más uno de los votos de los diputados, situación que sería complicada de alcanzar si hubiera un gobierno que no tuviera 176 diputados. Con el gobierno de Mariano Rajoy, al tener mayoría absoluta en el congreso le resultaría más fácil desde luego.
Cuando hablo de una mayor protección constitucional me refiero a que hay dos medios por el cual, en uno de ellos, el poder ejecutivo no podría alterar al ordenamiento a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos a través de la tramitación de los Reales Decretos-Leyes, es decir, las leyes orgánicas que desarrollan “el derecho a la preservación del medio ambiente” no se podrían modificar por reales decretos-leyes ya que lo establece el artículo 86.1 CE.
Al margen, de la tramitación de leyes y su protección frente a reales decretos-leyes, es importante también mencionar que la entrada de “El derecho a la conservación del medio ambiente” a “Los derechos fundamentales” significaría que habría también un marco de protección por parte del Tribunal Constitucional. Aparte de la interposición de recursos de inconstitucionalidad cuando se crea que una ley que desarrolle un determinado artículo de la CE sea inconstitucional, también se podrá interponer recursos de amparo. Esto supone una mayor legitimización de la protección de nuestros derechos constitucionales ya que en la interposición de recursos de inconstitucionalidad, los únicos legitimados son: El Presidente del Gobierno, el Defensor del pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores y los órganos colegiados ejecutivos de las CCAA, y las Asambleas de las mismas (162.1 a) CE) pero con la entrada de “El derecho de conservar el medio ambiente” en derechos fundamentales, se aplica además del citado artículo, la interposición de recursos de amparo legitimado para cualquier persona natural o jurídica (162.1 b) CE) debido a que según el artículo 53 de la Constitución Española: “Cualquier ciudadano, podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo II ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional recurso aplicable con la objeción de conciencia”.
Por tanto, quiere decir que todos los ciudadanos pueden amparar su derecho a la conservación del medio ambiente al TC.
Otra consecuencia categorizada como positiva también sería la “independencia” de este derecho. Me refiero a independencia ya que, la jurisprudencia trata el “Derecho a la conservación del medio ambiente” como si fuera un derecho fundamental, refiriéndose generalmente al artículo 15 y al artículo 18 CE. No cabe fundamento alguno la interposición del derecho a la conservación del medio ambiente dentro del derecho al honor tal y como ocurre en la STEDH Estrasburgo de 3 de julio de 2012, en la que la Profesora Rosa M. Fernández Egea en “Revista Catalana Ambiental” comenta que se trataba de los ruidos procedentes de la terraza de una discoteca, situada a poca distancia del domicilio del recurrente, que superaba los niveles mínimos establecidos en la normativa española. En dicho caso el TEDH afirmó que el Estado español —concretamente el Ayuntamiento de Cartagena— no cumplió la obligación positiva de garantizar el derecho de los reclamantes de respeto a su domicilio y vida privada, en menoscabo del artículo 8 CEDH. “En relación con los asuntos sobre contaminación acústica” –Comenta Rosa M. Fernández- “el TEDH se remitió a una consolidada jurisprudencia para afirmar que un caso de contaminación grave bien pudiera suponer una vulneración del artículo 8 CEDH por cuanto supone un impedimento para el disfrute normal del hogar y de la vida familiar y privada”.
¿Qué supone esto? El artículo 8 CEDH se usó para fines ambientales más que para fines de la propiedad, la vida y la integridad física. Lo que da resultado, como mencioné en la introducción una mutación de la interpretación de las normas.
El Catedrático de Derecho Administrativo de la UCM Lorenzo Martín Retornillo Baquer comenta también el caso Martínez Martínez en el cual establece un vínculo entre el artículo 18 CE y el artículo 8 CEDH. Él llama a esta sentencia escueta y califica su comprensión como una <<Mutación Procesal>> en su artículo “Derechos Fundamentales y Medio ambiente”.
Es por tanto que se debería redactar el derecho tantas veces ya mencionado para así dejar de actuar indirectamente a través de las mutaciones. Produciría unos fundamentos más claros y en unas sentencias más comprensibles.
A partir de los remedios constitucionales que supondría la incorporación del derecho a conservar el medio ambiente y también la purificación de sentencias y recursos en cuanto a este marco, me gustaría finalizar este artículo diciendo que la incorporación de este derecho supondría una novedad en el derecho global puesto que seríamos de los primeros países en incorporar este tipo de derecho en la parte de “Derechos fundamentales” y, en nuestro territorio ofreceríamos una protección más amplia a nuestros ciudadanos a través de los recursos de amparo.
Además supondría una notable mejoría en lo que se refiere a disminuir la mutación de la interpretación de las normas.
Como dijo Mario Vargas Llosa: “La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos”.

References: artículo 50
 artículo 218
 artículo 9
in fine
 resolución 
 artículo 1
 artículo 24
 resolución 
 artículo 766
 artículo 135
 artículo 122
 artículo 68
 artículo 71
 artículo 71
 Artículo 1
 artículo 13
 artículo 122
 artículo 567
 Artículo 1
 artículo 68
 artículo 69
 Artículo 132
 Artículo 90
 Artículo 116
 artículo 14
 artículo 2
 artículo 1
 Artículo 167
 artículo 149
 Artículo 146
 artículo 161
 artículo 2
 artículo 131
 artículo 1
 artículo 13
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 15
 artículo 81
 artículo 86
 artículo 53
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 18
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 18
 artículo 8